text:
    Herminia Chapel de Figueroa y Mario Figueroa del Rosario, demandantes y apelados, v. La Asamblea Municipal de Añasco, P. R., compuesta de sus miembros Constantino Santos Rivera, Bruno Santos Rivera, Adolfo Méndez, Filomena Valentín, Justo Rivera, Juan Román, Ramón Rivé Gómez, Tomás Lamberty y Fernando Esteves Gimeno, demandada y apelante.
    No. 6568.

    Sometido: Noviembre 14, 1935.

      Resuelto: Febrero 20, 1936.

      Bolívar Pagan y A. García Rodríguez, abogados de la apelante; M. Figueroa del Rosario y Redro Baigés, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de oertiomri establecido de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Municipal vigente, Leyes de 1928, p. 339, solicitando de la corte que revise y anule-cierta resolución de la Asamblea Municipal de Añasco.

Los peticionarios Herminia Chapel de Figueroa y Mario Figueroa del Bosario, alegaron, en resumen:

Que son mayores de edad, casados, propietarios, vecinos de Añasco y contribuyente la primera por concepto de pro-piedad inmueble situada en dicho municipio;

Que P. M. Alvarez inició en la Corte de Distrito de Mayagüez un pleito sobre negatoria de servidumbre e indem-nización de daños y perjuicios contra el municipio de Añasco, que terminó por sentencia favorable al municipio con imposi-ción de las costas al demandante, en marzo 10, 1930;

Que Alvarez apeló de la sentencia para ante el Tribunal Supremo y éste la confirmó en mayo 25, 1932. Alvarez v. Municipio, 43 D.P.R. 521;

Que firme la sentencia, instó el municipio el procedimiento de ley para el cobro de las costas, condenando la corte de distrito a Alvarez el 15 de julio de 1932 al pago de mil dó-lares por honorarios de abogado y veinte y cuatro dólares por gastos de sellos de rentas internas incurridos en el pleito, y habiendo Alvarez apelado, la Corte Suprema confirmó la resolución de la corte de distrito en diciembre 15, 1932. 44 D.P.R. 989;

Qne en febrero 6, 1933, el secretario de la corte de distrito hizo a Alvarez la notificación correspondiente para qne con-signara las dichas sumas de mil y veinte y cuatro dólares dentro del término de cinco días, sin que llegara a verificarse la consignación;

Que al día siguiente de notificado, Alvarez solicitó por escrito de la Asamblea Municipal de Añasco que lo exonerara del pago de las indicadas sumas, oponiéndose el demandante M. Figueroa del Rosario en su carácter de ciudadano, y vecino y contribuyente de Añasco;

Que los demandados como miembros de la asamblea adoptaron una ordenanza exonerando a Alvarez del pago de los mil dólares de honorarios gratuitamente, sin considera-ción o precio legal alguno en cambio;

Que la suma de mil dólares de cuyo pago fué Alvarez exonerado constituye un crédito propiedad del municipio adquirido a virtud de sentencia firme y la exoneración gra-tuita equivale a una donación del mismo para realizar la cual no tiene facultades la asamblea.

Termina la petición suplicando que se reclamen los docu-mentos pertinentes de la asamblea y se declare nula su reso-lución.

Ordenó la corte de distrito que se diera curso al proce-dimiento de acuerdo con la ley. Después de la notificación de los demandados, componentes de la asamblea, aparecen en los autos los siguientes documentos: escrito de Alvarez; ordenanza de febrero 9, 1933, designando una comisión de tres asambleístas para trasladarse a San Juan y consultar con un abogado la cuestión suscitada, pagando Alvarez los gastos; ordenanza de febrero 21,1933, nombrando al abogado Bolívar Pagán para estudiar el asunto e informar; resolu-ción de marzo 21, 1933, exonerando a Alvarez, y carta de éste de marzo 25, 1933, aceptando la resolución.

'• Ell envío del return fue toda la contestación de la asamblea. El 28 de abril de 1933 ambas partes comparecieron ante la corte y le “sometieron el caso para ser resuelto con vista •de las alegaciones y del return, .... y de los alegatos es-critos en los cuales se plantearían las cuestiones de derecho.” En octubre 9 de 1933, la corte dictó su resolución final. Su último por cuanto y su parte dispositiva, dicen:

‘‘Por CUANTO, examinadas las alegaciones así admitidas y el return radicado, resultan todas aquéllas comprobadas por éste, y con-sideradas y estudiadas detenidamente las cuestiones de derecho plan-teadas la Corte ha llegado a la conclusión de que la Asamblea Municipal de Añasco, P. R., o sea, los demandados, al realizar el acto legislativo que se impugna, o sea al aprobar la dicha resolución el día 21 de marzo de 1938, se excedieron en sus poderes y facultades que les confiere la ley, al renunciar a, condonar, donar y ceder, sin compensación alguna y en perjuicio de los contribuyentes y del in-terés público, el dicho crédito, propiedad municipal, para lo cual no estaban ni están autorizados.
“Por TANTO, la Corte resuelve declarar y por la presente declara con lugar la petieión de certiorari en este caso y resuelve decretar y por la presente decreta que la dicha resolución antes transcrita, aprobada por la Asamblea Municipal de Añasco, o sea por los de-mandados, el día 21 de marzo de 1933, es nula y sin valor alguno, por los fundamentos antes expuestos y condena a los demandados al pago de las costas de este pleito, sin incluir en las dichas costas ho-norarios de abogado.”

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No conforme la asamblea, apeló para ante este tribunal. Señala en su alegato tres errores, cometidos a su juicio por la corte al declarar con lugar un recurso de certiorari que no fué promovido por una parte perjudicada; al decidir que la asamblea cedió propiedad municipal sin compensación, y al resolver que la asamblea se excedió en su jurisdicción.

Argumentando el primer señalamiento cita la apelante el artículo 83 de la Ley Municipal de 1928 y la decisión de esta Corte Suprema en Berrios v. Asamblea Municipal, 30 D.P.R. 414 y sostiene que de los autos no aparece que los peticionarios sean partes perjudicadas.

En la petieión se alegó directamente que Herminia Chapel de Figueroa era contribuyente por concepto de bienes inmue-bles situados en el municipio de Añasco e indirectamente que también lo era su esposo el otro peticionario M. Figueroa del Rosario, y no habiendo sido negada ni contradicha la alega-ción, es bastante de acuerdo eon la ley y la propia jurispru-dencia que se invoca.

En Berríos v. Asamblea Municipal, supra, dijo esta corte interpretando el artículo 65 de la Ley Municipal de 1919, igual substancialmente al 83 de la de 1928 que ahora rige:

“Claramente que la intención ele la Legislatura fué conferir ju-risdicción a las cortes para revisar la actuación administrativa y le-gislativa que con anterioridad a la aprobación de esta ley no podía considerarse mediante certiorari. No se prescriben nuevas reglas para el ejercicio de esta jurisdicción adicional, una vez que se invoque de-bidamente. Ni puede la corte actuar a instancia de cualquier, o todo litigante importuno, quien por razones que él mejor que nadie conoce prefiere probar la validez de una ordenanza municipal, sino solamente a instancia de ‘parte perjudicada.’ La ley no invalida aquellas re-glas y principios generales que sirven de norma a las cortes aquí, como en otras partes, en el ejercicio de una sana discreción sobre si debe o no expedirse el auto.
“Para los fines de esta opinión, sin embargo, puede admitirse que es bastante amplio el texto del estatuto para comprender en un caso adecuado, si no en la mayoría de los mismos, a cualquier contribu-yente que no ha renunciado o perdido de otro modo el derecho in-herente a tal condición legal (status).”

Los contribuyentes de nn municipio que son los que satis-facen los gastos del gobierno municipal, tienen un claro in-terés- en que los bienes de la comunidad sean debidamente administrados y conservados y en que no se disponga gra-tuitamente de ellos.

Además aunque ese interés no se invoque expresamente, surge de lo alegado que no sólo’ como contribuyentes son partes interesadas en este caso los esposos peticionarios, si que uno de ellos, el marido, fué el abogado que defendió al municipio en el caso en que se le concedieron los honorarios a cuyo cobro renunció la asamblea.

El primer error no existe. Procederemos a estudiar con-juntamente el segando y el tercero.

Los municipios en esta Isla son corporaciones políticas y jurídicas con facultades para adquirir, poseer, administrar y gobernar propiedades así como para enajenarlas o gravarlas con sujeción a las disposiciones de la ley. Sus poderes, legislativos y administrativos, son amplios y están detalladamente especificados y regulados por la ley. Actúan por medio de una Asamblea Municipal y una Junta Administrativa. Son gobiernos locales de ley de trascendental importancia para la vida social y económica del pueblo. Fueron creados y deben funcionar para el bien de la comunidad. Los ciudadanos que los forman no- pueden actuar arbitrariamente sino con sujeción a la ley. De abí que sus actos puedan ser impugnados y sus decisiones revisadas y anuladas en propios casos por los tribunales de justicia.

Una sentencia firme favorable al municipio consagrando su derecho a cobrar de determinada persona una cierta cantidad de dinero, tal como la de que aquí se trata por virtud de la cual venía P. M. Alvarez obligado a satisfacer al Municipio de Añasco la suma de mil dólares, es una propiedad (artículos 252, 258 y 280 del Código Civil, ed. 1930; 50 C. J. 729, 759, 763 y 764) de la cual no puede una asamblea disponer gratuitamente, sin consideración legal. Hemos exa-minado la ley y la jurisprudencia y no fiemos podido en-contrar en ellas algo en que pueda apoyarse una disposición gratuita, sin consideración legal alguna, de la propiedad del municipio por parte de su asamblea.

Se fia insinuado que como de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 566 del Código Civil (ed. 1930) a saber: “Po-drán hacer donación todos los que puedan contratar y dis-poner de sus bienes”, los municipios de Puerto Eico que tienen poder para contratar y disponer de sus bienes, pueden donarlos también libremente.

El precepto es general. Comentando otro igual contenido en el artículo 624 del Código Civil Español, dice Manresa: “Para hacer donación, exige el artículo 624: 1°., capacidad para contratar; 2°., capacidad para disponer de sus bienes.”

Se refiere entonces a los menores y otras personas inca-pacitadas y en relación con los ayuntamientos dice:

“Pueden donar la Iglesia y las Corporaciones religiosas; pueden donar los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, si bien suje-tándose a las formalidades legales para toda enajenación. Estas for-malidades, unidas al deber que tienen dichos Ayuntamientos y Diputaciones de cuidar y conservar los bienes y derechos cuya admi-nistración les está encomendada, hará, no obstante, difícil en la prác-tica la realización de ese derecho (véase la sentencia de 23 de junio de 1885).” 5. Manresa. Comentarios al Código Civil, pág. 93.

La ley municipal de 1878 disponía en su artículo 81 que las enajenaciones y permutas de los bienes municipales se acomodarán a las reglas siguientes:

“1®. Los terrenos sobrantes de la vía pública y concedidos al do-minio particular, y los efectos inútiles, pueden ser vendidos exclusi-vamente por el Ayuntamiento.
“2a. Los contratos relativos a los edificios municipales inútiles para el servicio a que estaban destinados, y créditos particulares a favor del pueblo, necesitan la aprobación del Gobernador, oyendo a la Comisión provincial.
“3a. Es necesaria la aprobación del Gobernador, previo informe de la Comisión provincial, para todos los contratos relativos a los demás bienes inmuebles y derechos'reales del Municipio.”

- Y la ley municipal de 1896 que regía al operarse el cambio de soberanía, contiene la siguiente disposición:

“Art. 89. Las enajenaciones y permutas de los bienes municipa-les se acomodarán a las reglas siguientes:
“1a. Los terrenos sobrantes de la vía pública y concedidos al do-minio particular, y los efectos inútiles, pueden ser vendidos exclusi-vamente por el Ayuntamiento.
“2a. Los contratos relativos a los edificios municipales inútiles para el servicio a que estaban destinados y créditos particulares a favor del pueblo, así como también todos los contratos relativos a los demás bienes inmuebles y derechos reales del Municipio, necesitan la aprobación de la Diputación provincial.
‘‘ 3a. La misma aprobación es necesaria para la adquisición de bie-nes inmuebles y derechos reales por los Ayuntamientos, aunque sea a título gratuito y para -verificar arrendamientos por más de seis años que bayan de ser inscritos en el Registro de la propiedad.
“Los Ayuntamientos no pueden de ningún modo bacer cesiones gratuitas de terrenos del común ni de otra clase de terrenos o dere-chos pertenecientes al Municipio, a no ser con la aprobación expre-sada en los dos párrafos anteriores para obras o servicios de que baya de resultar utilidad evidente a los intereses municipales.
“Todos los contratos que celebren los Ayuntamientos para toda clase de servicios, compra, obras, ventas y arrendamientos, y en general todos aquéllos que hayan de producir gastos o ingresos en los fondos municipales, se sujetarán a las prescripciones del Real decreto de 4 de enero de 1883 sobre contratos administrativos.”

Puede verse, pues, que la idea de una libre disposición gratuita de sus bienes, esto es, a quienes les plazca o a quienes estimen procedente, por parte de los municipios, no sólo no encuentra apoyo en las leyes municipales antiguas, si que. la de 1896 expresamente la prohíbe, necesitándose en los casos permitidos la aprobación de la Diputación Provincial.

En marzo de 1902 la Legislatura de Puerto Rico aprobó una nueva ley municipal. Interpretándola, en el caso de Patrón et al. v. Municipio de San Juan, 11 D.P.R. 391, sentó esta corte la siguiente doctrina:

“Las facultades que tienen lás municipalidades, como corpora-ciones, están enumeradas completamente en las secciones 602 a 615, inclusive, de los Estatutos Revisados de Puerto Rico, y de ellas no resulta que las municipalidades tengan autoridad alguna para orde-nar que se haga un censo de la población de una ciudad.
“Las corporaciones municipales son creadas por estatutos, y sólo pueden ejercer aquellas facultades que les han sido conferidas por decretos legislativos; no tienen facultades inherentes o tácitas, que sólo corresponden a los Estados, que las ejercen por medio de sus respectivas Legislaturas.
“La enmienda décima a la Constitución de los Estados Unidos no tiene aplicación alguna a las facultades conferidas por la ley a las corporaciones municipales.”

Desde entonces ha venido aplicándose a la interpretación de las leyes municipales puertorriqueñas la jurisprudencia general establecida por los tribunales del continente, consi-derando los municipios como corporaciones creadas por la legislatura para los fines especificados en la ley de su crea-ción y en aquellas otras decretadas en relación con los mismos. Y es abundante la jurisprudencia establecida por dichos tribunales que niega a los municipios la facultad de disponer gratuitamente de sus bienes.

Así, en el caso de Agnew v. Brall, 124 Ill. 314, 315, se resolvió que: “Es una proposición plena de ley que se tiene bien entendida, que en el desempeño de sus deberes, el concejo de una municipalidad puede actuar dentro de los límites prescritos por su carta municipal, y que si excede los poderes conferidos por dicha carta, tales actos son nulos. Las municipalidades no tienen poder para disponer o. donar los fondos o propiedad de la corporación, porque toda pro-piedad dentro de su control perteneciente a la corporación debe ser honestamente aplicada a los usos y propósitos espe-cificados en el acta de incorporación. El concejo de la ciudad no tiene poder para vender o disponer en alguna forma de la propiedad de la corporación sin causa, y en nuestra opinión no tiene derecho a dispensar del pago una obligación que pueda tener contra partes que son solventes y responsables, cuando no existe controversia con respecto a la validez y efecto obligatorio de la deuda.”

Y en el de Tedder v. Walker, 89 S. E. 841, la Corte Suprema de Georgia dijo: “La defensa urgida contra el pago del pagaré es que la municipalidad de Norcross ha renun-ciado a la deuda'evidenciada por el pagaré. . . . La muni-cipalidad por ordenanza intentó relevar de responsabilidad al firmante del pagaré. Esto en efecto constituye una dona-ción de un derecho de acción. El dinero representado por dicho derecho de acción era una propiedad pública, la pro-piedad de la municipalidad que no tenía poder para donarla. ”

“El poder discrecional de usar y disponer,” resolvió la Corte Suprema de South Carolina, “no incluye la autoridad de donar propiedad municipal para nn nso estrictamente privado, por la obvia razón de qne nn traspaso o renuncia de tal propiedad por la municipalidad para el dominio pri-vado, sin recibir en retorno alguna causa de razonable y equivalente valor, montaría a un quebrantamiento palpable del trust en virtud del cual se retiene la propiedad. Haesloop v. City Council, supra, 43 C. J. 1341.” Green v. City of Rock Hill, 147 S. E. 356.

De Corpus Juris tomamos lo que sigue: “Se ba dicbo que las corporaciones municipales poseen toda propiedad en su capacidad fiduciaria, y que no tienen el poder para dis-poner de las mismas que poseen los dueños privados. Todos sus poderes son poseídos en confianza (m trust) para el uso público, y la validez de su ejercicio depende generalmente de los fines para que se le utilice. Y a este respecto debe obser-varse el doble carácter de la corporación y sus funciones, es decir, gubernamental y municipal. Los bienes poseídos por la corporación para fines estrictamente gubernamentales pueden ser vendidos o enajenados solamente mediante auto-ridad legislativa expresa — que, sin embargo, es a veces otor-gada — en ausencia de restricción constitucional. Más la propiedad adquirida y poseída para fines municipales gene-rales está sujeta a su facultad discrecional de usar y dis-poner de la misma al no ser necesitada para fines municipales. Empero, esto no incluye la facultad de donarla o de disponer de ella gratuitamente.” 43 Corpus Juris, pág. 1340, sec. 2098.

Es cierto que los municipios acogen por ejemplo a los enfermos pobres en sus hospitales y a los niños y a los ancianos desamparados en sus asilos gratuitamente y abren sus parques, sus escuelas, sus bibliotecas y sus museos libremente a la comunidad. Pero al actuar así, al donar de tal modo su propiedad gratuitamente, están cumpliendo los fines específicos de su creación, Y en tales fines no cabe comprender en verdad una donación gratuita a una persona particular de la naturaleza de la que los peticionarios sos-tienen y la corte sentenciadora concluyó que se hizo en este caso.

La confirmación o la revocación de la sentencia apelada dependen, pn.es, de si aquí la asamblea dispuso gratuitamente o mediante consideración legal de la propiedad de que se trata.

Lo afirmado por los peticionarios en cuanto a la gra-tuidad de la exoneración .¿fue contradicho por el return? Examinemos éste a los efectos de contestar en justicia la pregunta.

Ya indicamos los documentos que contiene. Lo pedido por Alvarez en su carta de febrero 6, 1933, fue:

. . tengo el honor de solicitar de Uds. dicten una ordenanza dando por terminado el pleito entablado por mí contra el Municipio de Añasco por negatoria de servidumbre de la tubería del acueducto y del establecimiento de la represa en los terrenos que fueron de mi propiedad, previo el pago de los gastos que haya incurrido este mu-nicipio en la compra de sellos, y además que se me conceda gratuita el agua que consumo en mi casa habitación, comprometiéndome a pagar en el caso que se incurran otros gastos todo el importe de los mismos.”

El pleito estaba terminado desde mayo 25, 1932, y las eostas, comprendiendo en ellas no sólo los gastos por sellos si que la suma de mil dólares por honorarios de abog’ado, quedaron definitivamente fijadas desde diciembre 15, 1932.

Interpretada la carta a la luz de esos hechos, sólo puede serlo como una petición para que se dé por saldada una deuda de $1,024 mediante el pago de $24.

Dudó la asamblea de sus facultades y adoptó una orde-nanza nombrando una comisión de su seno encargándole que realizara un viaje a la capital de la Isla y consultara con un bogado si era posible acceder a lo solicitado. Uno de los por cuantos de la ordenanza, expresa:

“Bob Cuanto, este municipio no tiene interés en seguir dicho pleito a pesar de haber sido declarada sin lugar la demanda enta-blada por el solicitante, pero desea ponerse a cubierto con las resul-tas que pudiera haber por haber utilizado el Alcalde los servicios de-un abogado sin la correspondiente autorización de esta Asamblea en. la forma que indica la sección 27 de la Ley Municipal;”

No se explica por qué tenía que ponerse a cubierto la asamblea por haber utilizado el alcalde sin su autorización, los servicios de un abogado. Si el acto del alcalde era nuloy. ninguna responsabilidad podría sobrevenir al municipio. Si no lo era, ya tenía el municipio concedida la cantidad en. que se justipreciaron los servicios del abogado. La respon-sabilidad que el municipio en ese último caso hubiera con-traído para con el abogado, no cesaba por el hecho de que Alvarez la asumiera, a menos que a ello se aviniera el abo-gado, y en vez de avenirse, consta de la petición que el abogado se opuso a que la asamblea accediera a la solicitud de Alvarez.

La comisión nombrada se trasladó a San Juan y a su regreso informó verbalmente a la asamblea que el abogado-Bolívar Pagán no tendría inconveniente en estudiar el casoy la asamblea adoptó otra ordenanza que contiene las tres-secciones que sigue:

“Sección 1a. — Por la presente se autoriza al Lie. Bolívar Pagán. para que, previo un estudio de todos los documentos del caso, emita un informe a esta Asamblea Municipal, si puede ésta dictar y apro-bar una ordenanza solicitando el levantamiento del embargo en los bienes del demandante para asegurar el pago de las costas y costos-que se incurrieron en dicho pleito y dar por terminado el susodicho pleito y al propio tiempo si por esta decisión puede el Municipio-incurrir eu otro pleito con el abogado Figueroa del Rosario por sus honorarios que dice haber devengado en este asunto.
“Sección 2a. — Que los honorarios que devengue el Lie. Bolívar-Pagán por este informe sean por cuenta del demandante don Pedro-María Alvarez y Lugo.
“Sección 3a. — Que esta ordenanza, por s-u carácter urgente, em-pezará a regir tan pronto sea aprobada por el Alcalde.”

Informó favorablemente el abogado y la asamblea dictó-la resolución impugnada, que se titula: “Resolución para exonerar a don Pedro María Alvarez Lugo del pago de las-costas, desembolsos y honorarios de abogados en el pleito resuelto por la Corte Suprema de Puerto Rico, en diciembre de 1932, que lleva el No. 5519, titulado Pedro María Alvarez Lugo, demandante y apelante vs. El Municipio de Añasco, demandado y apelado y para otros fines.”

Sus por cuantos y Su parte dispositiva, expresan:

"Por cuanto, allá por el 15 de diciembre de 1932, la Corte Su-prema de Puerto Rico dictó sentencia final en el pleito núm. 5519, titu-lado Pedro María Alvarez Lugo, demandante apelante vs. El Muni-cipio de Añasco, demandado apelado declarando sin lugar la demanda, y condenando al demandante a pagar al demandado las costas, des-embolsos y honorarios de abogados;
‘ ‘ PoR cuanto, dicho caso fue un pleito iniciado hace mucho tiempo por don Pedro María Alvarez Lugo contra el Municipio de Añasco, sobre negatoria de servidumbre para que se levantara cierta tubería del acueducto de Añasco tendida en los terrenos de una finca pro-piedad de dicho señor Alvarez Lugo en el barrio Humatas, de Añasco, en el cual pleito el Municipio de Añasco no autorizó debidamente a ningún abogado para que le representara en dicho caso, porque el demandante Pedro María Alvarez Lugo abandonó la acción estable-cida en dicho pleito comprometiéndose a no cubrir daños ni perjui-cios algunos al Municipio' de Añasco ni insistir en solicitar que se levantase la referida tubería;
"Por cuanto, no es justo, dentro de las circunstancias expresa-das, y no habiendo el municipio de Añasco autorizado debidamente abogado alguno para comparecer en dicho pleito, ni haber hecho nin-gunos gastos en las gestiones del mismo, que cubra al demandante tales gastos y honorarios de abogados;
“Por cuanto, don Pedro María Alvarez Lugo es un ciudadano de ejemplares virtudes ciudadanas, está prestando una cooperación franca y entusiasta al éxito del gobierno municipal de Añasco;
"Por cuanto, es el deseo del gobierno municipal de Añasco exo-nerar a don Pedro María Alvarez Lugo de cualquier responsabilidad con motivo del susodicho pleito;
"Por cuanto, don Pedro María Alvarez Lugo acepta lo provisto en la presente resolución que aparecerá más abajo en la parte disposi-tiva, comprometiéndose, como se compromete dicho señor Alvarez Lugo a subrogarse en las obligaciones y responsabilidades que pudiera tener el municipio de Añasco en cualquier reclamación que se pudiera suscitar en relación con el susodicho pleito:
“PiOR tanto, Resuélvase por la Asamblea Municipal de Añasco, P. R.
“Sección. 1a. — 'Que se exonere, como por la presente se exonera, a don Pedro María Alvarez Lngo de cualquier responsabilidad legal que pudiera surgir en relación con el pleito civil No. 5519 titulado Pedro María Alvarez Lugo, demandante apelante vs. El Municipio de Añasco, demandado apelado, resuelto por la Corte Suprema de Puerto Rico el 15 de diciembre de 1932 en apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito entre las mismas partes no. 13951.
“Sección 2a. — Toda resolución u ordenanza en conflicto con la presente queda por ésta derogada.
“Sección 3a. — La presente resolución, por ser de carácter urgente empezará a regir inmediatamente que fuere aprobada, y don Pedro María Alvarez Lugo por escrito se dirija al Alcalde de Añasco acep-tando todo el contenido de la presente resolución.”

T por último aceptó Alvarez la resolución por carta diri-gida a la asamblea en los siguientes términos:

“Acuso recibo de la copia de una ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal de este pueblo en relación con el caso de Pedro María Alvarez y Lugo vs. Municipio de Añasco, Puerto Rico.
“De acuei’do con la ordenanza por la presente me comprometo con este municipio a defender al mismo por mi cuenta en cuantos pleitos y gastos se incurran después de aprobada la ordenanza a que me refiero.”

Convenimos con la parte apelante en que dentro del re-curso de c&rtiomri no cabe investigar los motivos que tuviera la asamblea para adoptar su resolución (Piovanetti v. Asamblea Municipal de Yauco, 31 D.P.R. 522) y en que sólo cabe considerar como admitidos aquellos hechos de la petición que no fueren contradichos por el rePurn (Rodríguez v. Asamblea Municipal de Guánica, 31 D.P.R. 493), pero ello no quiere decir que si contrastadas ciertas afirmaciones que pueda contener una ordenanza o resolución de una asamblea con los hechos básicos admitidos como ciertos, quedan dichas afirmaciones destruidas, no pueda la corte echarlas a un lado para ir hasta el fondo y establecer la verdad tal como surja de la propia ordenanza o resolución debidamente ana-lizada, depurada e interpretada.

A lo ya expresado comentando la petición de Alvarez y uno de los por cuantos de la primera de las dos ordenanzas previas a la adopción de la resolución final impugnada, agre-garemos que las afirmaciones que en el segundo por cuanto de la dicha resolución se hacen con respecto a no haber el municipio autorizado al abogado que lo representara en el pleito sobre negatoria de servidumbre en que fue demandado y a haber Alvarez abandonado la acción, están en pugna con la realidad de los hechos, esto es, con la existencia del pleito y con las dos apelaciones establecidas por Alvarez contra la sentencia y contra la resolución fijando las costas, y que siendo ello así, por el solo hecho de que Alvarez sea “un ciudadano de ejemplares virtudes” que “está prestando una cooperación franca y entusiasta al éxito del gobierno municipal de Añasco”, no está justificada la asamblea municipal para exonerarlo del pago de una deuda reconocida por sen-tencia para el cobro de la cual, a mayor abundamiento, se ha trabado ya embargo sobre propiedad del deudor, especial-mente dejando como se deja subsistente una posible, más que posible, casi cierta reclamación contra el municipio por los mismos honorarios que su asamblea renuncia.

El color de legalidad que tales afirmaciones pretenden dar a la resolución, se desvanece a la luz de la verdad que pugna por surgir y surge finalmente del propio return. Y esa verdad no es otra que la de una renuncia gratuita de una propiedad del municipio hecha por la asamblea a favor de una persona, para hacer la cual carecía de facultades. El acto que realizó en su consecuencia carece de eficacia y al declararlo así no cometió la corte sentenciadora los dos últimos errores que le atribuye la apelante.

El recurso debe declararse sm hogar y confirmarse la reso-lución apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no se encuentra presente en el momento en que se pronuncia esta sentencia, pero lia dado su consentimiento para qne se haga constar qne está conforme con la misma y con la opinión en qne se funda.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcelino Rivera, acusado y apelante.
    No. 5737.

    Sometido: Diciembre 4, 1935.

      Besuelto: Febrero 21, 1936.

      Arturo Aponte, Fmstino B. Aponte y B. García Ontrón, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Marcelino Rivera fné acusado ante la Corte de Distrito de San Juan por sn fiscal como autor de un delito de asesi-nato cometido en la persona de Domingo Bonano en Río Grande, P. R., el día 24 de mayo de 1933.

Alegó su inocencia y solicitó juicio por jurado. El juicio se celebró en noviembre 24, 1933, rindiendo el jurado un veredicto de culpable de homicidio. Presentó una moción de nuevo juicio que fue declarada sin lugar, dictando la corte su sentencia condenándolo a tres años de presidio. Apeló para ante este tribunal y en sn alegato sostiene que la corte sentenciadora erró al no anular el veredicto y al no conceder el nuevo juicio, errando además al negarse a admitir en evidencia una certificación creditiva de haber sido condenado el interfecto a tres años de presidio por el delito de ataque para cometer violación.

Hemos estudiado la evidencia aportada por ambas partes. La del Pueblo tiende a demostrar que Marcelino Bivera, el acusado, mayordomo de la colonia Blasma, había ajustado con Domingo Bonano, el interfecto, el desyerbo de una pieza de cañas; que en la mañana del 24 de mayo de 1933 estuvo el acusado en la pieza y el interfecto le pidió un adelanto, contestando el acusado que no había dinero; que el interfecto dijo a los que con él trabajaban “si no hay adelanto, nos vamos, vámonos muchachos”; que el acusado manifestó “no se vayan, que después nos arreglamos”, ex-presando el interfecto “si nos arreglamos, deme un anticipo para ir a buscar almuerzo a esta gente a la tienda”, respondiendo el acusado “vénganse que yo se lo doy por allá abajo” y siguió en su caballo y tras él el interfecto.

Nada más presenciaron los obreros del desyerbo llamados a declarar por El Pueblo. Poco después, Nicolasa Millán y Eusebia Aquino, que estaban lavando ropa en una quebrada, declaran que sintieron un tiro y casi en seguida pasó el acusado a caballo y dijo “vayan para allá que le hé pegado un tiro a uno, a ver si está vivo o muerto.” Las mujeres fueron y ambas dicen que encontraron vivo a Bonano, que “al momento de haber llegado, murió.”

¿Cómo ocurrió el encuentro? La evidencia aportada por el Pueblo consistió en la declaración de María Bodríguez, Testificó que desde su casita vió al acusado montado en su caballo y lo oyó dando órdenes a unos peones que tenía tra-bajando “y entonces llegó Domingo Bonano donde estaba •don Marcelino Bivera y le dijo: ‘¿Usted me llama? . . . don Marcelino escribía así . . . Bonano hablaba con un paquetito que llevaba así- en la mano derecha . . . hablaba y le hacía así al acusado con la mano izquierda y después se apeó don Marcelino y entonces siguió hablando Domingo y él. Yo le vi a él parado así y Domingo le hablaba, pero en una que hizo así, él hizo como que alteró la voz, hizo así, y ahí le pegó el tiro.”

Comienza la prueba del acusado por la declaración de Juan Morales. Manifestó que María Rodríguez le había dicho que ella oyó un tiro pero que nada había visto.

Siguió Eduvigis Marrero. Expresó que trabajaba al lado en que lo hacía Bonano. El acusado llegó, inspeccionó el trabajo de Bonano y encontrando algunas yerbas, le ordenó que lo repasara, a lo que se negó, contestándole don Marcelino que no lo pondría en lista, y se marchó. Bonano pidió a su hijo una lima y suspendió a los peones, y después de mani-festarle al testigo “yo me voy para allá y me doy dos matra-cazos y dondequiera que me encuentre con él vamos a tener un disgusto”, se fué.

Carlos Luis Marrero declaró que oyó gritando a Bonanor “Don Marcelo, párese ahí.” Don Marcelo se paró y al llegar Bonano lo agarró por la camisa y se la estrujó. Se tiró del caballo por el lado contrario y Bonano se le fue encima rápidamente y “ahí siento un disparo y entonces vi que el Sr. Domingo Bonano dió media vuelta y cayó al suelo y yo llegué y al llegar estaba boca abajo y el Sr. Marcelino Rivera tomándole una lima que tenía debajo de la mano.”' El acusado “montó en su caballo y se marchó.” .

Fué a la silla de los testigos el propio acusado. Depuso que estuvo examinando entre siete y ocho de la mañana el desyerbo ajustado con Bonano y encontrándolo mal, le ordenó que lo arreglara, y como se negara, le expresó que no lo pondría en la lista. Se fué y cuando bajaba a almorzar como entre diez y once Bonano lo llamó y no le hizo caso y siguió andando. Luego “viró el caballo para donde Bonano al decirle éste ‘no me va a atender, don Marcelo?’ Al acercarse Bonano le dijo ‘usted me dijo esta mañana que no me iba a, pagar el trabajo, y aquí me lo va a pagar de macho a macho’ ... y se le vino encima. El declarante se fné por el lado izquierdo y Bonano cambió y sacó nna lima qne llevaba en la cintura, y volvió y se le fue encima; el testigo se echó para atrás, y le pegó un tiro. Que el declarante conocía a Domingo Bonano de antes, hacía tres o cuátro años.

Muestra la exposición del caso que entonces ocurrió lo que sigue:

“En este instante el fiscal solicitó de la corte que se retirara el jurado para plantear una cuestión, a cuya solicitud accede el tribunal, saliendo del salón el jurado ....
“ ‘ Sr. Juez: La única cuestión que voy a plantear es la siguiente: Domingo Bonano ba cumplido una condena de tres años de presidio por un delito de ataque para cometer violación. Entendemos que eso es impertinente e inmaterial, a la cosa que estamos investigando. La defensa puede presentar prueba de que Domingo Bonano era el ser más pendenciero y más sanguinario que imaginarse pueda, porque ya ba sentado las bases para ello, Pero no puede traerse en manera alguna una condena por violación en grado de tentativa.’
“El acusado por medio de su abogado, se produjo de esta manera:
“ ‘Queremos demostrar que el acusado se encontraba en inmi-nente peligro con respecto al fenecido y'que siendo como era notoria la reputación del muerto en la comunidad donde vivía como una persona turbulenta, díscola, violenta, agresiva y peligrosa, y cono-ciendo, además, el acusado esa reputación, y encontrándose en aquella posición cuando se vió agredido por este individuo, a los efectos de determinar la disposición de ánimo por parte del acusado, ofrecemos esta evidencia, porque no es lo mismo que un hombre se enfrente con otro hombre pacífico y bueno, a que se enfrente con un hombre peligroso y que ha acometido también a mujeres, porque la violación no es nada más que un acometimiento y puede ser castigada también como acometimiento. No se puede exigir de un ciudadano el mismo grado de circunspección y prudencia cuando se encuentra frente a un individuo bueno de la comunidad que cuando se halla con una persona que ha sido licenciada de presidio, convicto de ataque para cometer violación. Además, el ataque de una persona para cometer violación o cualquier acometimiento a una mujer, inclusive besarla, implica la idea natural de que una persona que tal cósa hace pueda estar sujeta al ataque de los familiares de esa persona, y por tanto es un indicio de hombre pendenciero y agresivo, dispuesto a arrostrar todas las consecuencias de actos como éste. En relación con esos fines, ofrecemos como parte de la evidencia nna certificación del jefe del presidio de Puerto Eico creditiva de que el interfecto desde 1922 a 1925 cumplió en el presidio de esta isla una condena de tres años por ataque para cometer violación.’
“La Corte declaró con lugar la oposición del fiscal, no admitiendo la certificación y anotando el acusado una excepción.
“El Jurado volvió al salón, y el testigo continuó declarando a preguntas de la defensa:
“ ‘Que sabía la reputación de que gozaba en la comunidad Domingo Bonano; que como hombre de paz gozaba de una reputación mala; estaba desacreditado en el barrio como hombre pendenciero y guapo. Que conocía ciertos actos específicos llevados a cabo por Bonano que demostraban que era mi hombre pendenciero y díscolo. Que una vez Bonano cogió un sable y agolpeó un hijo, cumpliendo una condena de 6 meses de cárcel; también agolpeó a su mujer, y fué condenado por acometimiento y agresión por ese hecho, y cum-plió un mes de cárcel, que además fué condenado por alterar la paz, por riña, etc. Que el día del suceso cuando el declarante tuvo ese encuentro con Bonano, sabía que ése era su carácter y reputación en la comunidad: era un hombre peligroso.”

En su alegato el apelante argumentando su primer seña-lamiento de error sostiene que no hubo conflicto en la evi-dencia aportada por una y otra parte y que apreciada recta-mente la prueba en su totalidad demuestra que el acusado actuó en legítima defensa.

A nuestro juicio la evidencia es contradictoria y la de cargo sostiene el veredicto del jurado. Este creyó la decla-ración de María Rodríguez y creyéndola pudo declarar como declaró culpable de homicidio al acusado sin la concurrencia a su favor de la legítima defensa.

Argumentando el otro error que señala, el acusado hace algunas citas generales de jurisprudencia y agrega:

“Y no se arguya que una convicción por un delito de ataque para cometer violación no arroja luz sobre el carácter pendenciero y díscolo del interfecto. El delito de violación o la tentativa para co-meter violación necesariamente implican fuerza o violencia; en otras palabras, en el delito de violación está comprendido el de acometi-miento y agresión. Así lo ha resuelto este Hon. Tribunal en el caso de El Pueblo v. Arroyo, 38 D.P.R. 534, donde se produjo en la forma siguiente:
1 ‘ ‘ Hay un precepto en el Código de Enjuiciamiento Criminal que dice: “Art. 286. El jurado podrá declarar al acusado culpable de la comisión de cualquier delito, necesariamente comprendido en el delito imputádole, o de tentativa de cometerlo. ” Y la verdad es que en el delito de violación cometido por fuerza y violencia, y aún qui-zás en cualquiera otra de sus formas, está comprendido el de acome-timiento y agresión.’
“En armonía con la doctrina sentada por los tribunales norte-americanos y por todos los tratadistas de derecho penal, este Tribunal Supremo ha resuelto que constituye error revocable el ordenar la eliminación de .aquella parte de la declaración del acusado que se refiere a actos específicos realizados por el interfecto, expresándose el Tribunal en esta forma:
“ ‘Cuando un acusado declara sin oposición contraria sobre actos específicos del interfecto para explicar los fundamentos de la creencia que tenía él de sufrir grave daño corporal en el momento en que fué atacado por aquél, la eliminación posterior de tal prueba del récord es un error reversible.’ (Pueblo v. Pérez, 36 D.P.R. 713.)
“Y no se diga que el hecho de haberse permitido al acusado de-clarar sobre otros actos específicos del interfecto curan el error ale-gado.
“ ‘An error in excluding evidence as to the general reputation of the deceased as to resorting to the use of firearms when engaged in quarrels is not cured by the fact that ample testimony as to his reputation as an aggressive and dangerous man has been introduced. ’ (Wharton on Homicide, (Tercera Edición) 436.)
“Esta conducta del tribunal inferior lesionó gravemente los de-rechos del acusado, pues si esta prueba de que el interfecto había sido licenciado del Presidio hubiese llegado a oídos del jurado, segura-mente hubiese sido otro el veredicto rendido, ya que por regla general, la persona convicta de un misdemeanor, cualquiera que sea el delito, no infunde en la mente de un hombre razonablemente pru-dente el mismo temor que puede infundir quien haya cumplido va-rios años de presidio.”

En su obra sobre Evidencia Criminal, pág. 1110, párrafo 562 de la edición de 1935, dice Underbill:

“Prueba de la quieta y pacífica disposición del interfecto o de sus hábitos de sobriedad y de su reputación en general como una persona buena o un ciudadano digno, no es admisible por adelantado. •Tal prueba es solamente admisible para refutar evidencia aducida por el acusado contra el interfecto, o para refutar prueba introducida por el acusado demostrando amenazas del interfecto contra él, si tales amenazas se alega que fueron beclias antes del hecho. Prueba del mal carácter del interfecto que resulte inmaterial o irrelevante a la controversia, no puede ser presentada por el acusado. También es regla establecida que prueba de la reputación del interfecto de ser hombre turbulento, violento o perturbador, es inadmisible a menos que las circunstancias del caso demuestren que el acusado actuó en defensa propia. Un asesino no está excusado de matar meramente porque la persona asesinada fuera un mal hombre, pero cuando la evi-dencia demuestra, aunque sea en bajo grado, que la muerte ocurrió en defensa propia, o demostrare o probare demostraciones hostiles del interfecto contra el acusado en el momento de la muerte, es siempre material demostrar que el interfecto era una persona pendenciera y vengativa, siempre que aparezca que su reputación como tal era conocida del acusado. En casos donde el acusado alega la defensa propia, puede probar que el interfecto tenía la costumbre de usar pistola o armas prohibidas. Pero como cuestión previa a tal presen-tación de esa evidencia, el acusado debe demostrar alguna justifica-ción y demostrar también que tenía conocimiento de la costumbre del interfecto de llevar armas prohibidas.
“En algunos estados, las amenazas del interfecto o su carácter turbulento o pendenciero no son admisibles cuando se prueba que en el momento de la muerte, él atacó al acusado o hizo demostraciones hostiles contra él o demostró la intención de llevar a cabo algún acto de grave daño corporal ....
“. . . . El peso de las autoridades rehúsa la admisión de eviden-cia para demostrar el carácter moral del interfecto, por ejemplo, su inclinación para actuar bien; pero admite su reputación en general que prevalece en la comunidad. La reputación del interfecto de ser vengativo o turbulento, no puede deducirse por hechos específicos de violencia a tercera persona, a menos que tales hechos no estén de tal manera conectados con el hecho fatal en controversia que pueda producir una razonable aprensión de que trataba de producir grave daño corporal, como por ejemplo, que siendo el interfecto un convicto • fugado de la justicia, trataba de matar a una tercera persona .... La reputación del interfecto con respecto a actos de castidad, es or-dinariamente inadmisible. La prueba para demostrar el carácter del interfecto, debe ser por supuesto en relación con su reputación acerca de hechos de la misma naturaleza del que se trata en el caso de autos y no de actos específicos con respecto a su carácter ... Es con res-pecto a su reputación y carácter pacífico y no pendenciero al tiempo de cometerse el becbo en controversia, lo que debe admitirse y ése debe ser el standard para resolver la materialidad de la evidencia ofrecida.

Es cierto que el ataque para cometer violación envuelve un acometimiento, pero es el acometimiento hecho a una mujer para realizar actos carnales con ella. El impulso criminal es de naturaleza distinta al del acometimiento que lleva al hombre de carácter pendenciero a acometer, a herir, a matar a sus semejantes y lo convierte en persona peligrosa contra la cual otra que con ella se encuentra y que lo sabe, está justificada en tomar las necesarias precauciones para defenderse.

Siendo ello así y habiéndose permitido como se permitió declarar al acusado con toda amplitud sobre la reputación del interfecto en la comunidad y sobre los actos específicos por él realizados dentro de su conocimiento demostrativos de su carácter pendenciero, no puede concluirse que fuera errónea la actitud asumida por la corte.

Y examinando la prueba de cargo a la luz del carácter pendenciero del interfecto, aun así no es posible concluir que el acusado estuvo justificado al dar muerte como dió al inter-fecto. Ello puede explicar la condena de tres años de pre-sidio que le impuso la corte sentenciadora cuando pudo con-denarlo a diez, pero no es motivo para que esta corte revoque la sentencia y absuelva al acusado.

Debe declararse sm lugar el recurso y confirmarse la resolución y la sentencia recurridas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    José Piñero Díaz y Joaquín Villamil, peticionarios y apelados, v. Pedro Díaz Correa, opositor y apelante.
    No. 6688.

    Sometido: Febrero 4, 1936.

      Resuelto: Febrero 25, 1936.

      iRodolfo Ramírez Patón, abogado del apelante; F. García Veve, abo-gado de los apelados.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn caso sobre consignación. José Pinero y Joaquín Villanal suscribieron a favor de Pedro Díaz un pagaré por quince mil dólares vencedero en septiembre 14, 1936, “reservándose el derecho de hacer en cualquier tiempo pagos parciales no menores de mil dólares ($1,000) que el acreedor conviene y consiente en aceptar,” según reza el propio documento.

En noviembre de 1931 abonaron mil dólares y en octubre de 1932 mil novecientos, que el acreedor recibió sin dificultad. En junio de 1933 trataron de abonar mil dólares y el acreedor se negó a recibirlos porque según él el abono debería ser de tres mil y no de mil.

Los deudores acudieron entonces a la Corte de Distrito de San Juan y consignaron en ella a la disposición de su acreedor los mil dólares. Notificado el acreedor, tras algunos procedimientos preliminares que no tienen importancia deci-siva para la resolución del recurso, impugnó el procedimiento por no haberse acreditado de modo auténtico el ofrecimiento de pago, ni haberse anunciado, ni verificado la consignación siguiendo los trámites de ley.

Trabada así la contienda, los peticionarios presentaron su evidencia en noviembre 14, 1933, y en noviembre 24 la corte dictó sentencia declarando bien hecha la consignación. No conforme el acreedor, apeló. Señala en sn alegato nueve errores.

Según la opinión que del caso hemos formado tras un estudio detenido del mismo, la razón para consignar existía, se acreditó el ofrecimiento de pago y de haber sido la consig-nación previamente anunciada, procedería la confirmación de la sentencia recurrida. No se demostró que lo fuera y la sentencia tendrá que ser revocada.

Se alegó por los peticionarios que el anuncio se había hecho por medio del abogado Eamírez Pabón y llamado por ellos a declarar en el juicio, dijo:

“Lo sucedido fué que el señor Piñero Díaz fué a mi casa en mo-mentos en que yo salía para mi oficina .... Debo aclarar que yo be intervenido, o babía intervenido basta esa feeba en todas las ne-gociaciones pendientes entre el señor Piñero Díaz y el señor Díaz Correa no como mandatario de él, sino más bien como un mensajero amigable; me requirió para que gestionase cerca del señor Díaz Co-rrea que el señor Díaz Correa aceptase Mil (1,000) Dollars a cuenta del pagaré pendiente a que se refiere el expediente objeto de este pleito. Entonces yo monté en el automóvil del señor Piñero. Como la casa del señor Díaz Correa — la casa habitación del señor Díaz Corea en aquella fecha — quedaba en la planta alta del sitio en que el señor Piñero Díaz tiene su almacén, que pertenece también al señor Díaz Correa, el señor Piñero se quedó en su almacén y yo en-tonces subí a la casa residencia del señor Díaz Correa y le expliqué el motivo de mi visita. Yo tenía que tratar con el señor Díaz Co-rrea otros asuntos, y le hice saber que el señor Piñero babía estado donde mí y me babía pedido que fuese donde él (donde el señor Díaz Correa) a ver si quería aceptar $1,000. El señor Díaz Correa me contestó que no, que él no aceptaba $1,000, y que él únicamente acep-taría la suma que realmente estaba obligado a abonarle a cuenta del pagaré.
“Yo seguí hablando con el señor Díaz Correa de varios asuntos y tardé algún tiempo. Después bajé al almacén del señor Piñero Díaz, el señor Piñero Díaz me llevó a mi oficina, y en el camino el señor Piñero Díaz me preguntó ‘Y qué crees tú que debo hacer ahora?’ Y entonces yo le dije: ‘Bueno, válete del recurso de la consignación.’ Esa es la verdad. Pero yo no fui a hacerle ni a ofrecerle pago al-guno al señor Díaz Correa, ni a anunciarle consignación alguna, puesto que ése no fué el objeto de mi visita, ni yo tampoco lo hice.”

Declararon entonces los propios peticionarios manifes-tando que no sólo encomendaron al abogado Sr. Eamírez Pabón que ofreciera al Sr. Díaz los mil dólares, si que le anunciara que en caso de no aceptarlos los consignaría en la corte.

Con esa evidencia como única base no es posible concluir que el previo anuncio se hizo. ¡¿Es necesario?

Lo exige de modo terminante la ley. “Para que la con-signación de la cosa debida libere al obligado, deberá ser previamente anunciada a las personas interesadas en el cum-plimiento de la obligación,” prescribe el artículo 1131 del Código Civil, ed. 1930.

“Para que la consignación ante la autoridad judicial sea eficaz y pueda liberar al obligado, es necesario que la cantidad consignada hubiere sido previamente ofrecida al acreedor y que éste se hubiere negado a aceptarla, y además que se le haya anunciado' oportunamente la consignación, ’ decidió esta corte en García v. Fernández, 8 D.P.R. 106, 107.

Comentando Manresa el artículo 1177 del Código Civil antiguo, igual al 1131 del vigente, expone la razón del precepto y su alcance, como sigue:

“Exige la ley que a la consignación preceda un anuncio de la misma, requisito que no puede considerarse cumplido con el simple ofrecimiento de pago, ya por razón de la diferencia de concepto que entre ambors existe, ya porque la ley exige una y otra cosa con sepa-ración y nombres distintos. Se diferencian en que el ofrecimiento por sí no intima como la consignación, quedando en un orden, por cirio así, más amistoso y privado; y se explica que la ley pida ade-más el anuncio de aquélla atendiendo a que es aviso más serio, de consecuencias que tal vez venzan resistencias injustificadas, y aten-diendo, por otra parte, a que la consignación exige que se prevengan, para hacer valer los derechos que con la misma se relacionen, aqué-llos que puedan tenerlos.
“Se diferencian además por razón de las personas a quienes de-ban hacerse, en cuanto el ofrecimiento sólo se dirige al acreedor, y el anuncio de la consignación a las personas interesadas en el cumpli-miento de la obligación; término éste distinto y más amplio. La vaguedad inevitable que hay en dicha expresión ha de concretarse re-firiendo aquélla a quien tenga un interés cierto en la obligación, bien como sujeto pasivo, codeudor o fiador, bien como sujeto activo, coacreedor solidario, bien como posible litigante, en el caso de que dos o más personas ostenten aquel carácter, bien como acreedor del que a su-vez lo es del deudor, habiendo obtenido en garantía de su crédito la que supone aquél por causa del cual se procede a la consignación.
“Se diferencian también el ofrecimiento de pago y el anuncio de consignación en la distinta extensión de su necesidad; mientras la de aquél está limitada, como regla general, al caso de negativa por el acreedor, en cambio el anuncio" deberá verificarse en más casos, ya porque se extiende, no sólo al acreedor, sino a distintas personas, ya también porque en alguno de los casos previstos en el art. 1176, pá-rrafo 2°. (el de haber varias personas que pretendan ser el acreedor), no procede la oferta, pero sí el aviso.
“A pesar de esas notables diferencias (con motivo de las cuales hemos ido explicando lo relativo al anuncio de consignación), nada se opone a que se simplifique el procedimiento, haciendo aquél y la oferta de pago en un solo acto, que comprenda, con la distinción ne-cesaria, el ofrecimiento ante todo, y subsidiariamente el anuncio de que, al no ser aceptado aquél, se procederá a consignar lo debido.
- “El anuncio, lo mismo que el ofrecimiento, pueden hacerse judicial o extrajudicialmente, justificándose su práctica de un modo au-téntico por uno u otro procedimiento para proceder a la consigna-ción del pago.” 8 Manresa. Comentarios al Código Civil Español, 298, 4a. ed.

En tal virtud debe revocarse la sentencia recurrida y dic-tarse otra dedarcmdo ineficaz la consignación, sm especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: Ed Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    Gustavo Rodríguez Acevedo, demandante y apelado, v. Solivellas & Co., Sucrs., demandada y apelada, y The National City Bank of New York, interventor y apelante.
    No. 6592.

    Sometido: Abril 26, 1935.
    Resuelto: Febrero 26, 1936.

      Fiddler, Górdova & McConnell y Jorge M. Morales, abogados del 'apelante; José A. Poventud y Alberto S. Poventud, abogados del demandante y apelado; la demandada y apelada por su propio-derecho.
   Ed Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del' tribunal.

Gustavo Rodríguez demandó en la Corte de Distrito de Ponce a Solivellas & Co., Sucrs., una sociedad mercantil, en-cobro de cánones de arrendamiento e indemnización de daños y perjuicios y para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse solicitó y obtuvo que se embargara todo-derecho, interés, equidad, participación o sobrante que a la demandada corresponda o pudiera pertenecerle en un crédito-hipotecario que para garantizar $10,671.11 de capital, $6,000' para intereses y $1,000 para costas se constituyó por Encar-nación Morales viuda de Barreto a favor de la sociedad Solivellas & Co. sobre cierta estancia radicada en los muni-cipios de Yauco y Maricao y se adjudicó al disolverse dicha sociedad al socio Loreto Yiqueira, que lo aportó al capital-social de la mercantil demandada constituida por escritura pública núm. 59 de marzo 7, 1930, cediéndolo la mercantil al Crédito y Ahorro Ponceño para garantizarle nn total de $3,800, quedando así nn sobrante o equidad a favor de la demandada sobre el cual se trabó el embargo, notificándose al banco en diciembre 9, 1932, que debería retenerlo para ser entregado, al marshal y por éste al secretario de la corte, sujeto a las resultancias del litigio.

Así las cosas, The National City Bank of New York, en diciembre 28, 1932, pidió permiso que le fué concedido para intervenir en el pleito, alegando que por escritura pública núm. 24 de julio 19, 1932, el sobrante embargado hasta el montante de $7,671.11 le había sido cedido y subhipotecado por la demandada en garantía de una deuda de $38,000.

Pué el pleito a juicio y la corte lo decidió por sentencia de octubre 2,1933, declarando sin lugar la demanda de inter-vención, con costas.

No confórme el banco interventor, apeló. Señala en su alegato cinco errores cometidos a su juicio por la corte sen-tenciadora al declarar que por la escritura de julio 19, 1932, na se cedió derecho alguno sobre la propiedad embargada por el demandante en diciembre 9, 1932, al no declarar que existía un “equitable lieu” a favor del interventor sobre la propiedad embargada, al decidir que en Puerto Rico no se reconoce existencia legal a los “equitable liens”, al resolver que el embargo era superior al “lien” y al desestimar la demanda de intervención.

Eh su relación del caso y opinión, dijo la corte sentenciadora :

“Para mayor claridad transcribiremos a continuación la cláusula I. de la escritura número 24 de 19 de julio de 1932 en que funda el interventor su demanda.
“Dicha cláusula literalmente lee como sigue:
“ ‘PRIMERA: Don Antonio Viqueira y Solivellas, a voz y nombre de la Sociedad mercantil regular colectiva “Solivellas & Compañía. Sucesores”, subhipoteea al National City Bank of New York, la hi-poteca constituida a favor de dicha sociedad, por doña Blanca, doña Clara, doña Esther, doña Laura, doña Mercedes y Monserrate Ma-riani y Bartoli, por escritura pública número veintiséis, de dos de abril de mil novecientos treinta y nno ante el notario de San Ger-mán don Luis Angel Limeres, y de la cual se han insertado sus cláu-sulas en el hecho TERCERO de este instrumento, en garantía del pago a su vencimiento de cualquier suma hasta el montante de dicha hi-poteca y sus intereses que estuviere adeudando a The National City Bank of New York en cualquier tiempo, hasta el solvendo total del crédito actualmente adeudado de teeinta y ocho mil dólakes y de cualquier suma adicional que The National City Bank of New York a préstamo concediere, a la Sociedad Solivellas & Compañía, Sucesores.’
“Cuando se otorgó la escritura número 24 de 19 de julio de 1932, constituyéndose una subhipoteca a favor del interventor The National City Bank por Solivellas & Co. Sucrs., Solivellas & Co., en realidad de verdad, no cedió nada al National City Bank, porque ya Solivellas & Co., Sucrs., en escritura número 16 de 12 de abril de 1932, había cedido la hipoteca a favor del Crédito y Ahorro Ponceño,, Inc. ‘Sub-hipoteca es la hipoteca del derecho de hipoteca, o mejor dicho, la hipoteca constituida sobre otra hipoteca.’ (29 Enciclopedia Jurídica Española, pág. 133.)
“Solivellas & Co., no podía en primer lugar hipotecar una hipo-teca que ya no le pertenecía ni podía tampoco ceder ningún derecho a través de dicha subhipoteca, porque nadie puede dar más de lo que posee. (Blanco vs. Registrador, 28 D.P.R. 172; Borrero vs. Borrero, 32 D.P.R. 194; Mitchell vs. Amador Canal & Min. Co., 75 Cal. 464, 17 P. 246.)
“El artículo 1756 del Código Civil de Puerto Rico, edición 1930, dispone que son requisitos esenciales de los contratos de hipotecas, entre otros, el siguiente: que la cosa hipotecada pertenezca en propie-dad al que la hipoteca.
“Además, dicha subhipoteca no quedó válidamente constituida porque el documento en que se constituyó no fué inscrito en el Re-gistro de la Propiedad.
“El interventor National City Bank, en su alegato y para sos-tener su derecho de preferencia, argumenta que el derecho constituido a su favor tiene el carácter de equitable lien. Pero, la teoría del equitable lien invocada por el interventor no impera en Puerto Rico. En Puerto Rico, al igual que en el estado de Louisiana, no se le reconoce existencia legal a gravámenes implícitos, hijos de la presun-ción, que son los equitable liens. Romero vs. Willoughby, 10 D.P.R. 72; Ramis vs. El Registrador, 19 D.P.R. 747; Young vs. Bank, 134 La. 879, 64 S. 806; Landry vs. Blanchard, 16 La. Ann. 173; Fiol vs. Grant, 17 La. 158; Montilla vs. Van Syckel, 8 D.P.R. 160; Roméu vs. Todd, 51 L. ed. 1097.
“La Corte llega a la conclusión de que el interventor National City Bank of New York no ha probado ni demostrado en forma al-guna el derecho de preferencia alegado en su demanda de interven-ción. ’

No seguiremos a las partes en sus amplios e interesantes argumentos sobre la existencia o no existencia en esta isla de los llamados “equitable Hens.” Trataremos de resolver la cuestión envuelta de acuerdo con los techos y la ley, y si no hubiere ley escrita aplicable, teniendo “en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho,” como ordena el Código Civil en su artículo 7, ed. 1930.

Que no se constituyó una subhipoteca válida a favor del interventor por la escritura de 19 de julio de 1932, es algo que no admite discusión. El propio interventor así lo reco-noce, pero sostiene que la intención de las partes tal como surge de dicho documento fue la de garantizar la deuda que la sociedad demandada tenía contraída con el interventor con lo que pudiera quedar después que el Crédito y Ahorro Ponceño cobrara su crédito, y al efecto llama la. atención sobre el hecho cuarto de la escritura que, copiado textual-mente, dice:

‘ ‘ CUARTO: Que a don Loret'o Viqueira y Villanueva correspondió en la liquidación de la Sociedad Solivellas & Compañía, un crédito hipotecario por la suma de diez mil seiscientos setenta y un dó-XiAees once centavos, constituido por la escritura número setenta y uno de seis de junio de mil novecientos veintiocho otorgada por En-carnación Morales viuda de Barreto, y sus hijos a favor de Solive-llas & Compañía, ante el Notario don Tomás Paz Ruiz, el cual fué subhipotecado al Crédito y Ahorro Ponceño hasta el montante de tres mil dólares, perteneciendo el remanente de dicho crédito a la referida Sociedad, o sea la suma de siete mil seiscientos setenta Y UN DÓLARES ONCE CENTAVOS.”

Y tiene razón a nuestro juicio. El nombre no hace la cosa. La intención, la verdad, deben prevalecer. Y la verdad es el otorgamiento de la garantía sobre el remanente de la hipoteca, o sea, sobre lo que exactamente embargó después el demandante en este pleito.

El embargo del demandante se constituyó en diciembre 9, 1932, meses después de otorgada la escritura llamada. de subbipoteca a favor del interventor.

“La anotación preventiva, en el registro de la propiedad, de un embargo acordado por providencia judicial, como diri-gido únicamente a garantir las consecuencias del juicio,” decidió esta corte en Hidalgo v. García de la Torre, 4 D.P.R. 66, segunda edición, “no altera la naturaleza de las obliga-ciones, ni puede convertir en real e hipotecaria la acción personal que carezca de este carácter, no produciendo otros efectos que el de dar preferencia al acreedor que la obtenga, en cuanto a los bienes anotados solamente, sobre los que tengan contra el mismo deudor otro crédito contraído con posterioridad a dicha anotación.”

Aplicada esa regla a este caso, debe decidirse que como todo el derecho preferente que puede invocar el demandante lo es sobre créditos de igual naturaleza constituidos después de la fecha del embargo, habiéndose reconocido el crédito del interventor de modo fehaciente por escritura pública con anterioridad, no tiene preferencia sobre él.

Dice el artículo 1824 del Código Civil, ed. 1930:

“Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deu-dor, gozan de preferencia:
“1. . • . . . '.
“2.
“3.' .
“4. Los créditos que sin privilegio especial consten:
“(a) En escritura pública.
“(5) Por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio.
“Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de an-tigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias.”

Y si ese precepto no constituyera la ley del caso, éste debería siempre decidirse en favor del interventor de acuerdo con el principio de derecho “Qui •prior est tempore potior est jure”, refiriéndose al cual resolvió el Tribunal Supremo de España por sentencia de mayo 10, 1881: “Tratándose de ■créditos personales, de naturaleza común, debe ser reinte-grado con preferencia el de fecha más antigua, y no hacién-dolo así se infringe el principio de jurisprudencia qui prior <est tempore potior est jure.” Scaevola, Código Civil, tomo 2, Apéndice, 192.

No implica la conclusión a que hemos llegado el que sos-tengamos la existencia de gravámenes ocultos. En manera alguna. Nuestro sistema jurídico tiende a la mayor claridad, a la mayor certeza posibles en la contratación. La jurispru-dencia ha fijado la extensión del derecho que se adquiere a través de un embargo. Si los bienes embargados habían sido previamente vendidos o hipotecados por el deudor, la venta habría destruido por completo y la hipoteca limitado el de-recho del acreedor embargante. Aquí del remanente embar-gado por el acreedor demandante había ya dispuesto de modo .solemne el deudor demandado para garantizar otra deuda ■que tenía contraída con el interventor cuando se trabó el embargo. Siendo ello así, el embargo sólo es válido en lo •que pueda quedar después de hecha buena la previa garantía.

Y eso es lo lógico, lo justo. El demandante no es un tercero. Si del remanente se hubiera dispuesto legalmente antes de que el interventor reclamara su derecho, no podría el interventor hacerlo valer contra el adquirente legal. Pero del remanente no se había dispuesto. Meramente se había embargado cuando la reclamación del interventor fué esta-blecida. Y como el embargo se practica sobre la base de la realidad existente, a esa realidad establecida de modo autén-tico en este caso por el interventor tiene que ceder el derecho del demandante.

por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la sentencia ■recurrida y diciarse otra declarando con lugar la demanda de intervención, sm especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Ursula R. Lafontaine, peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 1062.

    Sometido: Diciembre 23, 1935.

      Resuelto: Febrero 26, 1936.

      José Sdbater, abogado de la peticionaria; José B. Gelpí, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Ursula R. Lafontaine inició -un recurso en la Corte de Distrito de Mayagüez para obtener alimentos provisionales de su esposo. Después de algunos procedimientos prelimi-nares el demandado acudió a la corte y retiró toda oposición a la demanda, y la corte dictó sentencia ordenando al deman-dado que pagara a la demandante la suma de $7 semanales y $25 para honorarios de abogado.

El demandado dejó de cumplir con la orden de la corte y entonces la demandante presentó un recurso para que se le castigara por desacato. Fue en ese momento que por primera vez el demandado atacó la jurisdicción de la Corte de Distrito de Mayagüez, alegando en efecto que toda vez que la suma a recobrarse sería únicamente $364 al año, la Corte de Distrito de Mayagüez carecía de jurisdicción y que el pleito debió haberse entablado en la corte municipal. La corte de distrito se declaró sin jurisdicción. La solicitud de alimentos fue lieclia al amparo del artículo 84 de la Ley de procedimientos legales especiales, que dispone:

“Tocia reclamación sobre alimentos provisionales se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Contra la sentencia que se dicta en esta clase de juicio se podrá utilizar el recurso de apelación, sin que ésta obstaculice la ejecución de aquélla.”

La peticionaria sostiene que La cumplido con la ley de desahucio al presentar su demanda; que dicho artículo 84 tiene por objeto hacer que el procedimiento sea sumario, conforme sucede al radicarse un pleito de desahucio; que no fue la idea de la legislatura que un peticionario en esta clase de casos estuviese sujeto a la demora que ocurre en un pleito ordinario; que la corte estuvo equivocada al resolver que éste no era un procedimiento de “alimentos pro-visionales”; que en realidad lo que una mujer solicita bajo estas condiciones son los alimentos provistos en la sección 84; que la Corte Suprema de España, en 9 de julio de 1907, re-solvió que no era necesario en uñ pleito de divorcio obtener alimentos permanentes, sino que podían decretarse alimentos provisionales, y la peticionaria cita de Manresa, “Comen-tarios al Código de Enjuiciamiento Civil”, edición de 1895, tomo 6, pág. 67, al efecto de que los alimentos provisionales podían ser obtenidos en el pleito sumario; que la corte estuvo equivocada al resolver que toda vez que la suma no excedía de $1,000 al año, ella carecía de jurisdicción, tal cual ocurre de conformidad con las disposiciones de la ley de desahucio.

En otras palabras, lo que la peticionaria sostenía fue que la referencia que hace el artículo 84, supra, a la ley de desa-hucio se refiere meramente al formalismo que debe seguirse en un procedimiento para obtener alimentos provisionales y que el mismo no tocaba la cuestión de jurisdicción. La peti-cionaria igualmente alegaba que los alimentos (alimony) no surgían de transacciones mercantiles, sino que provenían del matrimonio y que la corte estaba equivocada al no resolver que cuestiones de familia de esta índole debían caer bajo la jurisdicción de la corte de distrito.

La parte querellada dice que todos los errores alegados en la petición podían reducirse a uno, o sea que una corte de distrito tiene jurisdicción exclusiva en los asuntos de alimentos, irrespectivamente de la suma pedida. Sostiene además que un pleito de alimentos es necesariamente uno en cobro de dinero, y que la sentencia condenando al pago de determinada suma puede ser aumentada o rebajada a tenor con las circunstancias. Se hace referencia al artículo 145 del Código Civil, que provee que los alimentos estarán en pro-porción a los recursos del obligado. Insiste también en que como la peticionaria eligió fundarse en el artículo 84 de la Ley de procedimientos legales especiales, ella está obligada por el 'mismo, al igual que en cualquier otro pleito ordinario. La parte querellada cita de Manresa y Seaevola para de-mostrar que una reclamación de esta naturaleza es un pleito ordinario.

Si entendemos a la parte querellada, ésta sostiene que los casos citados de este tribunal que envuelven la concesión de alimentos por las cortes de distrito tuvieron todos su origen en pleitos de divorcio. La sección 84, supra, no dice que la jurisdicción en casos de alimentos dependerá de la cuantía envuelta. Cuanto ese artículo dispone es que “toda reclamación sobre alimentos provisionales se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio.” Entendemos estas palabras como que significan que cuando se instruye un pleito de alimentos provisionales el procedimiento a seguir debe ser similar al provisto para los pleitos de desahucio. No hay necesaria inferencia de que la legislatura otorgaba jurisdicción a una u otra corte de conformidad con la cuantía envuelta.

El querellado sostiene que hay envuelta una súplica de dinero. Es cierto esto, mas no es puramente una súplica de dinero. Envuelve el determinar una relación entre marido y mujer. El resolver tal cuestión conllevaría una cuestión similar o idéntica a si se hubiese presentado el pleito de divorcio. Es la determinación clara de una cuestión de fa-milia y no hallamos intención por parte del legislador de con-ferir jurisdicción en esta clase de casos a las cortes munici-pales. Mucho tiempo ha, en recursos en que no había cuantía envuelta, a saber, en que un inquilino poseía meramente a voluntad del dueño o precariamente, resolvimos que tan sólo las cortes de distrito eran las 'que tenían jurisdicción.

De ordinario, la jurisdicción de las cortes municipales de-pende de que se recobre la suma de dinero específica envuelta en el litigio, de que se recobre un objeto específico, o de que se cumpla determinado contrato o algo similar. En el pre-sente caso, si el querellado tenía razón, la corte municipal quizá tendría que conceder de tiempo en tiempo una suma mayor o menor y el importe a fijarse fácilmente podía exceder de $1,000 al año. En realidad la suma adeudada específica-mente en cada intervalo es mucho menor de $1,000 al año.

Convenimos con la peticionaria en que en un inmenso número de casos la concesión de alimentos provisionales sur-giría en situaciones en que la esposa tendría derecho a una sentencia de divorcio si deseaba entablar un pleito con tal fin.

A nuestro juicio, la jurisdicción de una corte municipal debe desprenderse claramente y estamos convencidos de que no ocurre así en este caso.

Debe anularse la resolución de la corte de distrito de diciembre 3 de 1935, y devolverse el caso para ulteriores pro-cedimientos no imconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino,.


author: El Juez Asocíalo Señoe, Wole,

text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelado, v. R. Riancho & Co. y Manuel Pascual, demandados y apelante el segundo.
    No. 7265.

    Sometido: Febrero 17, 1936.

      Resuelto: Febrero 27, 1936.

      A. Lamour, abogado del apelante; González Fagundo <& González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asocíalo Señoe, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado solicita la desestimación del recurso basado en que se apeló el 11 de julio de 1935 y nada se ha hecho desde entonces y porque el mismo es frívolo.

El apelante admite, según debe hacerlo, que hubo un jui-cio ex parte y se dictó sentencia en su contra por varias cau-sas de acción. Sostiene, sin embargo, que el demandante ori-ginalmente, después de haberse contestado, solicitó sentencia sobre las alegaciones; que la corte no actuó sobre esta mo-ción; que los demandados esperaban que se resolviera esta moción; que por eso n,o prestaron atención a la lectura del calendario general. La mayoría de estas cuestiones se hacen constar, no de certificaciones en los autos, sino mediante de-claración jurada del letrado del apelante.

Tenemos la idea de que los letrados de determinada corte deben estar al tanto del calendario general cuando ha sur-gido una contienda en sus casos, pero según el apelado sos-tiene, cualquier cuestión de esta índole pudo haberse some-tido a la corte de distrito en una moción de reconsideración, y hallamos apoyo para esta idea en el hecho de que la ape-lación envuelve una cuestión de notificación y ninguna parte de los autos se encuentra ante este tribunal a no ser a virtud de la declaración jurada del abogado del apelante.

Aun si pudiera suponerse que tenemos discreción para hacer caso omiso de la larga demora habida ante este tribunal y el apelante pudiera justificar su posición con respecto a la falta de notificación del señalamiento del caso, bajo las cir-cunstancias expuestas no debemos ejercer tal discreción en su favor.

Bebe desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Catalino Ayende, conocido por Catalino Pizarro Ayende, et als., demandantes y apelantes, v. Ricarda Ayende, conocida por Ricarda Mercado Ayende, et als., demandados y apelados.
    No. 6701.

    Sometido: Enero 23, 1935.

      Resuelto: Febrero 27, 1936.

      A. Marín Marión, abogado de los apelantes; G. Iriarte y F. Fernán-dez Ouyar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes iniciaron un recurso para que se anu-lara un testamento por varios motivos, todos los cuales a excepción de uno, lian abandonado en la presente apelación. Los señalamientos primero y segundo leen así:

“Primero: La corte erró al omitir hacer conclusión alguna, como no Ja hizo, respecto a la causa de nulidad alegada en el apartado O del párrafo 9 de la demanda, o sea, la de que el testamento no fué hecho a iniciativa de la causante, sino de otra persona, y que no fué leído a dicha causante, sobre la cual causa se presentó evidencia su-ficiente para sostenerla.
“Segundo: La corte erró al declarar que la prueba es insuficiente para sostener ‘la tercera causa de nulidad’, como lo declaró (no obs-tante lo expuesto bajo el error primero), es decir, la omisión en ha-cer conclusión sobre la verdadera causa de nulidad alegada en el apartado C del párrafo 9 de la demanda y causa de nulidad que confundió con la de incapacidad mental.”

La parte pertinente del párrafo 9 de la demanda lee como signe:

‘‘9. — T los demandantes alegan que el testamento otorgado por la causante María Elias Ayende Andrade, como queda dicho, es nulo y carece de todo efecto y eficacia legal, por las razones siguientes:
C. — Porque el testamento otorgado por dicha María Elias Ayende Andrade no fué dictado por la testadora al notario, ni leído por éste a la misma, y no ser la intención y disposición de última voluntad de dicha María Elias Ayende Andrade expresadas por ella personal-mente al notario autorizante, sino que quien tal hizo fué una tercera persona, no pudiendo dicha María Elias Ayende Andrade expresar su última voluntad en esta ocasión por encontrarse postrada en cama sufriendo de senilidad, de cuya enfermedad falleció más tarde, como queda dicho.”

Un médico declaró como- testigo, de los demandantes': que asistió a la testadora María Elias Ayende en mayo de 1908; que sn vista era defectuosa; que no oía bien, y que padecía de arteriosclerosis; que sus deficiencias de la vista y del oído se debían a la arteriosclerosis; que esta última enfermedad podía tener por consecuencia amnesia y cualquiera de los fe-nómenos cerebrales que son sostenidos por la circulación cerebral. El testamento fué otorgado en diciembre de 1908, y la testadora murió unos 22 años más tarde. Nada babía en la declaración del médico que demostrara que la testadora no estuviera en su sano juicio al momento en que otorgó el testamento.

El juez de distrito en el curso de su relación del caso y opinión dijo:

“Con respecto al tercer motivo de nulidad, la prueba de los de-mandantes es insuficiente para sostenerlo. Es verdad que según apa-rece de la prueba, cuando se otorgó el testamento el 16 de diciembre de 1908 la testadora se hallaba enferma, pero la prueba no demuestra que ella no pudiese hablar. Por el contrario, de la prueba de los propios demandantes aparece que ella habló en presencia de los tes-tigos de los demandantes. Su muerte ocurrió más de 22 años des-pués de otorgado el testamento, de modo que la postración en que se hallaba así como la senilidad de que venía sufriendo no eran tan fuertes cuando pudo sobrevivir por más de 22 años. Generalmente los testamentos se otorgan en momentos en que el testador se halla gravemente enfermo, pues son muy raras las personas que gozando de perfecta salud se disponen a otorgar disposición testamentaria.
“El Dr. Zaratt que fué traído por los demandantes como perito médico para demostrar la incapacidad de María Elias Ayende An-drade para testar, declaró que vió a dicha señora antes del mes de mayo de 1908. Que está seguro que no la vió después de dicha fecha porque en la fecha antes indicada se marchó el testigo para la isla donde fijó su residencia. Que al visitarla encontró que padecía de arteriosclerosis, estaba algo sorda y tenía falta de visión. Este examen tuvo efecto, como antes hemos dicho, antes del mes de mayo de 1908 y el testamento se otorgó en el mes de diciembre del mismo año. Re-preguntado por la parte contraria manifestó el doctor que la enfer-medad de que padecía la señora Ayende 'puede’ afectar su capacidad mental.
“Tal prueba es claramente insuficiente para demostrar la inca-pacidad de la testadora al tiempo de otorgar el testamento. En primer término, el examen no se hizo en el momento de otorgarse la disposición testamentaria, sino 7 u 8 meses antes. El hecho de que una enfermedad pueda afectar la capacidad mental del paciente, tampoco lo incapacita para testar, aún suponiendo que padezca de dicha enfermedad en el momento de otorgar el testamento, pues lo que debe probarse no es la posibilidad de que el testador esté inca-pacitado, sino que realmente lo esté al momento de otorgar testamento. Un demente o lunático puede otorgar testamento siempre que lo haga en un período lúcido. Con mucha más razón podía otorgarlo la tes-tadora en este caso cuando ni siquiera se ha demostrado que 7 u 8 meses antes de otorgarse el testamento estuviese realmente incapaci-tada para ello. Incumbía a los demandantes probar satisfactoria-mente este extremo, y no habiéndolo hecho, declaramos que no existe el tercer motivo de nulidad por ellos alegado.”

No tenemos a la vista los argumentos én la corte de dis-trito. En el párrafo C supra, los demandantes dan énfasis a la supuesta incapacidad de la testadora, por razón de su enfermedad, para otorgar testamento. Si en la argumenta-ción los demandantes hubiesen dado énfasis a otros aspectos del referido párrafo C y si hubieran deseado una conclusión más específica respecto a tales aspectos adicionales, debie-ron haberlo así solicitado. No obstante, hemos examinado la prueba en que ahora descansan los apelantes y en ella no encontramos base satisfactoria para una revocación.

Si no tuviéramos ante nos otra cosa que la prueba, quizá vacilaríamos en confirmar la sentencia. Empero, el testa-mento contiene la siguiente aseveración:

“A mi juicio corroborado por el de los testigos verifica doña Ma-ría Elias Allende Andrade este acto en la integridad de sus faculta-des mentales sin que medie dolo, violencia, fraude ni otra causa de nulidad y tiene capacidad legal para otorgar testamento. En cuya virtud a presencia de los dichos testigos que la ven, oyen y entien-den perfectamente empieza a manifestar su última voluntad y yo el Notario a reducirla a escrito en las cláusulas siguientes:

El párrafo final lee así:

. Presentes la testadora y testigos, al principio nombrados yo el Notario procedo a i a lectura en alta voz de este testamento e in-vito a los circunstantes a que lo lean enterándoles del derecho que tienen de hacerlo por sí propio y la otorgante viéndola, oyéndola y entendiéndola los testigos declara que lo escrito y leído refleja bien y fielmente su voluntad, por lo cual estando conformes testadora y testigos firman todos el presente instrumento con excepción de la otorgante que por manifestar no saber lo hace a su ruego el testigo don Victorio Rodríguez por ante mí e] Notario que del conocimiento, profesión y vecindad de la lestadora, así como de su edad y estado con relación al dicho de la misma, de haberse observado en este tes-tamento sin interrupción alguna y en un solo acto las formalidades prevenidas por la ley y de cuanto se consigna en este instrumento público doy fe.”

Al resolver otras cuestiones de lieclio, el juez sentenciador dijo que se requería prueba fuerte y convincente para des-truir el efecto de una certificación notarial. En vista de ésta y de otras expresiones similares en su relación del caso y opinión, ten.emos poca duda respecto a qué hubiera dicho el juez de distrito de haber hecho una conclusión más específica. No estamos preparados para decir que hubiéramos revocado la sentencia por error manifiesto en la apreciación de la prueba, de haberse hecho tal conclusión. Tampoco debe la sentencia ser revocada por falta de una conclusión más es-pecífica o porque parte del testimonio de los demandantes tendía a negar lo que se hizo constar en el testamento y a que parte del testimonio de los demandados era de por sí •contradictorio y poco persuasivo. Todas estas declaraciones fueron dadas no cuando los hechos estaban frescos en la me-moria de los testigos sino unos 25 años más tarde.

El tercer señalamiento se dirige a la cuestión de costas. Tomando todo en, consideración estamos convencidos de que no debió haberse condenado a los demandantes al pago de las costas.

La sentencia apelada debe ser modificada de conformidad, y así modificada, confirmada.

El Juez Asociado Señor' Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor "Wíole,

text:
    Aniceto Ceide González, demandante y apelado, v. Juan Suárez Pelegrina y Adela Alfonso Villanueva, demandados y apelantes.
    No. 6863.

    Sometido: Febrero 18, 1936.

      Resuelto: Febrero 28, 1936.

      •García Méndez <& García Méndez, abogados de los apelantes; Atigusio Beichard y Rafael O. Fernández, abogados del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor "Wíole,

emitió la opinión del tribunal.

Aniceto Ceide González es el demandante en este caso, y Juan Suárez Pelegrina y Adela Alfonso Villanueva, marido y mujer, son los demandados. En la demanda se alega:

“II. Que en la escritura número 111, otorgada en esta población, el 30 de septiembre de 1931, ante el Notario Francisco A. González Suárez, los demandados Juan Suárez Pelegrina y Adela Alfonso Vi-llanueva, confesaron deber al actor $4,598, que se obligaron a pagar al demandante el 20 de septiembre de 1936, y que devenga intereses-a razón del 12% anual.”

La demanda continúa alegando que la obligación, ha ven-cido y no ba sido pagada.

A virtud de esta demanda ordinaria el demandante pro-cedió a embargar varias fincas pertenecientes a los deman-dados. No bay duda algún,a de que por su forma la acción era una ordinaria en cobro de dinero.

Los demandados contestaron y adujeron que la escritura No. 111, supra, era de hipoteca, y sostenían que el deman-dante estaba limitado al procedimiento estrictamente pro-visto por la Ley Hipotecaria; que la opción de un acreedor hipotecario a recobrar una deuda valiéndose del procedi-miento ejecutivo sumario o de un pleito ordinario de confor-midad con, el Código de Enjuiciamiento Civil, quedó destruida por la Ley No. 69, de 1931 (pág. 433); y que aún si pudiera instruirse el presente recurso, el demandante estaba obligado a proceder primeramente contra la finca hipotecada.

La Corte de Distrito de Aguadilla resolvió que el deman-dante tenía derecho a iniciar un procedimiento ordinario en cobro de dinero irrespectivamente de si la suma reclamada estaba garantizada o no con hipoteca. El juez hizo la si-guiente cita de Escriche, Diccionario Razonado de Legisla-ción y Jurisprudencia, página 52:

“Acción personal es la que corresponde a alguno para exigir de otro el cumplimiento de cualquiera obligación que contrajo, ya sea que ésta dimane de contrato, cuasi contrato o nudo pacto, ya de de-lito o cuasi delito. Se dice personal porque nace de una obligación puramente personal; y así es que sólo se da contra la persona obli-gada o su heredero que la representa, mas no contra un tercer po-seedor. El que la entabla pide que se condene al demandado a dar o hacer aquello a que se obligó, o a pagar los perjuicios si no pu-diere darlo o hacerlo; y en consecuencia ha de acreditar la obliga-ción en cuya virtud demanda y que ésta no se cumplió por el de-mandado. ’ ’

En efecto, la corte resolvió que cuando se otorga una hi-poteca el acreedor tiene tanto una acción real como una personal y que puede elegir cualquiera de ellas, y ésta es nues-tra propia opinión.

La Ley Hipotecaria quizá sólo se refiere específicamente al procedimiento ejecutivo sumario allí definido, mas hemos resuelto en un número de casos que no obstante ello, un acreedor tiene derecho a iniciar un remedio ordinario en ejecución de hipoteca. Montes de Oca v. Báez, 23 D.P.R. 707; Hermanitas de los Ancianos v. Pinero, 45 D.P.R. 607. Lo resolvimos así no obstante las disposiciones positivas de la Ley Hipotecaria sobre el procedimiento sumario.

Una hipoteca necesariamente es un contrato accesorio para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, y por tanto el acreedor no tiene que descansar en la garantía dú-dale, sino que puede proceder a recobrar la deuda mediante una acción ordinaria, según ocurre en este caso. Podemos repetir que un acreedor no tiene que fundarse en la garantía otorgádale.

Sin embargo, los apelantes insisten en que hasta 1931 un acreedor podía elegir entre el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria y un pleito ordinario en ejecución de hipo-teca. Los apelantes sostienen que todo esto fué modificado por la Ley núm. 69, de 1931. Ahora bien, el efecto de esa ley fué restablecer el artículo 127 de la Ley Hipotecaria al es-tado que tenía antes de 1905, cuando el procedimiento, cono-cido con el nombre de “vía de apremio”, fué alterado. Véanse Jiménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128, y Porto Rico Leaf Tobacco v. Aldrey, 13 D.P.R. 234. La lectura de algunos de los ca-sos ya citados demostrará que nuestras razones para resolver que un pleito ordinario en ejecución de hipoteca podía ser iniciado, n,o dependieron de la supresión del artículo 127 de la Ley Hipotecaria. La ley de 1931 que restituyó este ar-tículo, lee así:

“Artículo 1. — El artículo 127 de la Ley Hipotecaria vigente queda enmendado en la forma siguiente:
“ ‘Artículo 127. — En la escritura de hipoteca se hará constar el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la primera subasta que se debe celebrar, en el caso de que, ven-cido el plazo del préstamo, no conste en el registro de propiedad el pago de dicho préstamo.
“ ‘Si no produjere remate ni adjudicación la primera subasta, en la segunda que se celebrare servirán de tipo las dos terceras partes del precio en que hayan tasado la finca los contratantes, pero cuando esas dos terceras partes no excedieren de la cuantía de las responsa-bilidades preferentes, esa cuantía señalará el mínimo de las posturas admisibles.
“ ‘Si tampoco hubiera remate ni adjudicación en la segunda su-basta, regirá como tipo en las otras subastas que pudieran celebrarse el valor total a que ascienden los créditos preferentes.’
“Artículo 2. — Las disposiciones de la Ley de 9 de marzo de 1905, relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, en cuanto se opongan a los preceptos del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, se-gún queda enmendado por el artículo anterior, y toda otra ley, o parte de ley, que esté en contradicción con la.presente, quedan de-rogadas.
“Artículo 3. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su aprobación.”

Leyéndola con sumo cuidado no vemos en su contexto nada que prive a un acreedor de su derecho a abandonar, temporal o permanentemente su garantía y a demandar a base de la obligación principal. El contexto se refiere, a nuestro jui-cio, principalmente, al procedimiento sumario, o tal vez, en alguna forma, al pleito ordinario en ejecución de hipoteca, mas no fija límite al derecho que tiene un acreedor a no uti-lizar su garantía y a demandar basado en la obligación principal.

He lo que antecede se desprende que cuando un,a persona inicia un pleito fundándose en una obligación principal ella puede embargar cualesquiera bienes pertenecientes al deudor y que no está obligada primeramente a repetir contra la garantía. Si puede o no proceder más tarde contra la ga-rantía es cuestión que no está ahora ante nos y que es inne-cesario resolver.

. - Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.

El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila no intervino.