author: El Juez Asociado Sr. Wole, El Juez Asociado Sr. Wole, El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Gandía, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Fertilizer Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dividendos.
    No. 2474.
    Resuelto en abril 24, 1922.
    Corporación — Accionista—Presunción.—Cuando están inscritas originalmente acciones de una corporación a nombre de un accionista tal hecho establece la presunción a su favor de ser el verdadero dueño de las mismas.
    Id. — Id.—Cesión • — ■ Dividendos. • — ■ Cuando una corporación funda su derecho en cierta cláusula de un contrato para negarse a reconocer los supuestos de-rechos de un accionista por virtud de una cesión de acciones, dicha corpora-ción está obligada por la misma cláusula que fija el derecho a dividendos vencidos en el mismo accionista.
    Resuelto en reconsideración en mayo 22, 1922, y nuevamente en julio 3, 1922.
    Reconsideración — Autos—-Apelación.—A virtud de moción de reconsideración y en ausencia de alguna circunstancia espeeial, una parte no tiene derecho a adi-cional los autos con certificaciones de otro caso y tratar de ventilar nuevas cuestiones por primera vez en esta corte.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. C. Coll Cuchí, G. Cru-zado Silva y R. Rivera Zayas.

    Abogado del apelado: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Para sostener nna sentencia a favor del demandante la corte inferior en su opinión declaró probado qne* el deman-dante era el dueño de sesenta acciones de la compañía de-mandada y qne dicbo demandante tenía derecho a recobrar de la demandada la suma de $8,234.06 por razón de dividen-dos declarados y no repartidos. ITna de las principales ale-gaciones de la apelante fné qne no había conexión íntima entre estas dos declaraciones de la corte y qne estos dividen-dos en manera alguna habían sido asignados a dichas sesenta acciones. La apelante asimismo sostiene que el dominio de dichas sesenta acciones minea lo tuvo el demandante sino siempre la mercantil Grandía & Stnbbe de .la enal él era nn socio ignal. La apelante también alegó la defensa inconsis-tente de qne las sesenta acciones habían sido asignadas por el demandante a Stnbbe en la escritnra de disolución de Gran-día & Stnbbe y qne por tanto los dividendos habían sido pa-gados a Stnbbe Brothers por razón de la prueba presentada a la demandada tendente a acreditar el dominio de las sesenta acciones en Stnbbe Brothers. Se sugiere, además, qne la corte cometió error al ordenar a la demandada conservar en sn libro de acciones nn record de las sesenta acciones a favor del demandante toda vez qne la prueba tendió a demostrar el traspaso intermediario de Grandía a Stnbbe Brothers, y los reclamantes contrarios de las acciones no fueron hechos partes.

Esta ultima cuestión en realidad de verdad se trató de promover primero mediante excepción previa. Pero los ac-tos del demandante tendentes a mostrar un traspaso no cons-taban de la faz de la demanda. En el juicio, sinembargo, la escritura de disolución fué presentada como prueba y en ella aparece qne Grandía convino en que “él venderá sus ac-ciones a Stnbbe” por su valor a la par. Ya convengamos o no con el apelado en cuanto al último verdadero traspaso de las acciones, no debió ordenarse a la compañía demandada llevar un record y declarar definitivamente el dominio en ■una persona cuando dicha compañía tenía ante sí la prueba al parecer robusta de una reclamación contraria. Es verdad que las acciones nunca fueron cedidas prácticamente ni pa-gado el valor a la par de las mismas al apelado, pero la ape-lante sostiene que según el texto de la escritura de disolu-ción las acciones se traspasaban ipso facto a Stubbe y-que-daba Grandía con una reclamación por su valor a la par; que el uso del tiempo futuro era común a varias de las cláusulas de disolución en las que surgían derechos en cualesquiera de los socios. Podemos ver cómo es que el apelado podría alegar una falta de causa, que esta parte de la escritura de disolución pudiera ser separable e independiente, y él podría también insistir en que el título quedó en él, pero en este punto antes de obligarse a la compañía no debe quedar su-jeta a la posibilidad de un pleito establecido por los recla-mantes contrarios. Los cesionarios, lo mismo que lo hizo la compañía, podrían dar una interpretación distinta a la escri-tura de disolución y la demandada tenía derecho a insistir en que dichos cesionarios tengan su día en corte antes dé que puedá hacerse responsable a la compañía por la reclama-ción adversa del demandante.

Nos' inclinamos a convenir con la apelante también en que no hay relación lógica matemática o directa entre las sesenta acciones y el dividendo de $8,234.06. La escritura de diso-lución demuestra, sin embargo, que cualquiera que fuera el origen de las reclamaciones antes de existir dicha escritura, en ella se hizo una distribución específica de los referidos' $8,234.06 a Gandía. La compañía tenía la escritura de diso-lución ante sí. Confió en ella para decir que las acciones de Gandía habían sido traspaladas a Stubbe, y este conocimiento, independientemente de otras cuestiones, no surgió de una parte remota o indefinida de la escritura de disolución sino de la misma cláusula en la cual la demandada en parte basó su derecho a considerar la suma asignada. La cláusula en cuestión fué la siguiente:

“Octavo: Son condiciones especiales convenidas entre los socios para efectuar esta liquidación, las siguientes: — (a) El señor Gandía venderá al Sr. Stubbe todas sus acciones en la Porto Rico Fertilizer Companj’- al precio de la par, quedando en favor del Sr. Gandía la mitad de todos los dividendos declarados por dicha compañía. — (b) El señor Gandía podrá utilizar hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos diez y seis la casa conocida con el nombre de fá-briea de algodón, en SantUrce, sin poder dedicarla a otros fines que a los que actualmente tiene, pagando al Sr. Stubbe los alquileres que el Sr. Gandía cobre por dicba casa a J. & F. Coats & Co., Ltd. — ■ (c) El saldo que resultare después de la liquidación a favor de cualquiera de los dos socios se pagará por el deudor en documentos negociables de a un mil dollars cada uno, pagaderos a un año plazo de la fecha de esta escritura. — (d) El Sr. Gandía quedará con los contratos referentes a las casas y sitios de la antigua firma Gandía & Stubbe sin compensar por ello en forma alguna al socio Sr. Stubbe.”

Que los dividendos de $8,234.06 habían sido declarados anteriormente, no se refuta, ni que fueron declarados e'n favor de los socios o de cualquiera de ellos. Por tanto la compañía sabía por esta cláusula que no tenía derecho a pa-gar los dividendos a nadie sino a Gandía, y esto indepen-dientemente del hecho de que había otra prueba tendente a establecer la misma conclusión como dedujo la corte inferior.

En tanto esto puede tener alguna relación, estamos con-vencidos por la prueba, y así lo declaramos, de que hasta la fecha en que se firmó la escritura de disolución dichas se-senta acciones pertenecían a Gandía. Fueron originalmente inscritas a su nombre, cualquiera que fuera la causa u ori-gen de las mismas' y la demandada estaba en la obligación de demostrar que el caso era distinto. Podría militar contra la demandada el hecho de haber alegado ella la defensa inconsistente de que las referidas sesenta acciones fueron traspasadas de Gandía a Stubbe por la escritura de disolu-ción. No pudo haber traspaso alguno sin haber dominio y los autos no acreditan ningunas otras acciones que las partes pudieran haber tenido en mente cuando convinieron en la cláusula octava arriba transcrita. Con la clara presunción del dominio primitivo a su favor, como aparece del libro de acciones, de las cláusulas de incorporación y de la enmienda a éstas, la falta de Gandía en declarar como testigo en su propia defensa no tenía importancia y ésta se compensa por la falta semejante de Stubbe en declarar como testigo. Se demostró que él estaba íntimamente identificado con la de-mandada y esta última pudo claramente presentarlo como testigo.

Habiendo llegado a la conclusión, como bemos dicho, de que el dominio anterior de las sesenta acciones no era cues-tión de importancia, uno de los puntos en que más se insiste no parece tener gran importancia, pero sin embargo lo consi-deraremos. Se alegó con insistencia que cuando la “Porto Eico Fertilizer Company” fué formada se celebró un contrato entre Gandía y Stubbe, socios, de una parte, y la “Virginia Carolina Chemical Company” de la otra, por el cual se esti-puló o convino en que 250 acciones de la compañía que se for-maba las tendría Gandía y Stubbe y otras 250 la compañía de Virginia y que ninguno de ellos debía vender o traspasar sin aviso al otro. La forma del contrato no es incompatible con el dominio de parte de las acciones en Gandía y Stubbe in-dividualmente. La prueba no nos satisface de que las sesenta acciones de Gandía, sesenta de Stubbe y otras cinco acciones de otra persona, fuera una simulación con el objeto único de la incorporación, ni que el origen de estas 125 acciones resultara indirectamente de la venta de una finca en Santurce perteneciente a Gandía & Stubbe. Hubo otro número de 125 acciones pertenecientes a Gandía y Stubbe, que hubiera po-dido tener su origen por la venta de dicha finca. Gandía y Stubbe convinieron con la “Virginia Carolina Chemical Company” en no vender o traspasar, pero debemos considerar que este es un coñtrato en el que el objeto es no alterar el status quo, por el cual todas las acciones bajo el control de Gandía y Stubbe o cualquiera de ellos debían continuar así. Fuera del hecho de que la córte encontró el documento en forma dudosa, es únicamente una ligera prueba parcial del dominio de las 250 acciones en la mercantil Gandía & Stubbe, y el hecho declaramos que se demostró ser distinto por la prueba a que hacemos referencia, por la existencia de sesenta ac-ciones en poder de Stubbe y por los actos de la compañía demandada misma reconociendo el dominio en Stubbe Brothers, una entidad distinta de Gandía & Stubbe. A lo sumo se-ría la “Virginia Carolina Chemical Company” la que podría quejarse, pero claramente no recibió perjuicio alguno, y las partes actuaron dentro del significado de la alegada estipu-lación o convenio, sin mezclar en él a ningún extraño. La supuesta estipulación era lo que se conoce por un “pooling arrangement” por el cual una corporación íntima se levanta y todas las acciones quedan en poder de unas pocas perso-nas. 31 Cyc. 912.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE MAYO 22, 1922.

La sentencia apelada debe ser revocada en tanto ordena a la demandada que tenga registradas en sus libros de ac-ciones y de traspasos de acciones las sesenta acciones de la corporación demandada, que considere al demandante como uno de sus accionistas en cuanto se refiere a las sesenta ac-ciones, y que le pague cualesquiera dividendos distribuidos de las ganancias de la corporación demandada; y en todo lo demás debe ser confirmada. Esta confirmación deja subsis-tente una sentencia contra la demandada por la suma de $8,234.06 y las costas.

Revocada eoi parte y en parte confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Al archivarse la sentencia dictada en este caso cada una de las partes ha solicitado su reconsideración. La apelante se onone a la concesión de la suma de $8,234.06 y acompaña certificaciones para acreditar que se está tramitando ejecu-ción por esta misma suma contra Arturo Trias y Johann D. Stubbe en otro pleito que también fué revisado por esta corte. Asumiendo que estas certificaciones estén debidamente ante nos, somos de opinión de que el becho de si el demandante puede cobrar dos veces esta misma cantidad a diferentes demandados, o quién es el verdadero demandado contra el cual ba de procederse, son cuestiones que no pueden ser ven-tiladas en esta forma y por primera vez en esta corte. Estos son puntos que deben levantarse en las alegaciones y prueba en algún pleito, o de otro modo, menos en esta corte. Lo que tenemos ante nuestra consideración son los autos de un caso seguido contra Tbe Porto Rico Fertilizer Company, en los cuales aparece que la referida compañía debía a Candía la suma reclamada.

En una moción de reconsideración, sin embargo, en au-sencia de alguna circunstancia especial que aquí no se ba probado, una parte no tiene derecho a adicionar los autos y especialmente con certificaciones que proceden de otro caso.

El apelante solicita también la reconsideración de la sen-tencia sobre el punto relativo a las costas, toda vez que nunca negó que se debía a Gandía la suma de $8,234.06 sino que la compañía babía traspasado esta cantidad de buena fe a los Sucesores de Stubbe. Los autos tienden a acreditar que no babía justificación alguna por parte de la compañía para pa-gar este dinero a los Sucesores de Stubbe, pero como orde-namos la reconsideración a instancia del apelado, estamos dispuestos a oir ulteriores razonamientos sobre este punto.

El apelado solicita la reconsideración insistiendo en que por el mismo razonamiento por virtud del cual esta corte confirmó la sentencia de $8,234.06 debió haberse dejado in-tacto un pronunciamiento por el cual de acuerdo con la sen-tencia de la corte inferior el demandante hubiera tenido de-recho a algunos $20,000 adicionales.” Según ya leimos la sen-tencia de esa corte, la parte que se revoca y a la cual alude el apelado, se refería solamente a futuros dividendos. No babía pronunciamiento en ella sobre dividendos vencidos, pero estamos dispuestos a oir argumentos sobre este punto.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE JULIO 3, 1922.

El caso, por tanto, será nuevamente señalado y las partes podrán informar sobre dos pnntos, a saber, la cuestión de costas y de si la sentencia de la corte inferior puede ser in-terpretada como sostiene el apelado.

Reconsiderada la sentencia de 24 de abril de 1922 y señalada una nueva vista para él 5 de junio, 1922.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fue una vista por virtud de reconsideración solicitada por ambas partes en la apelación. Por nuestra sentencia de abril 24, 1922, revocamos la sentencia de la corte inferior en cuanto por ella se ordenaba a la apelante a reconocer al apelado como dueño de sesenta acciones y a considerar a dicho apelado como uno de los accionistas de la referida cor-poración, y a pagarle los dividendos que han de repartirse. Entendimos la sentencia de la corte inferior en el sentido de significar que todas estas subsiguientes cosas ordenadas eran consecuencia del dominio de dichas sesenta acciones. El apelado insiste, al parecer, en que el pronunciamiento de la sentencia era que él había de tener futuros dividendos o beneficios por razón de una cláusula adicional en la escritura de disolución'de sociedad entre Gandía y Stubbe, por la cual los beneficios no divididos ascendentes a $20,208.80 debían de ser pagados por Stubbe. Pero por las mismas razones que nos negamos a dejar que subsistieran los pronunciamien-tos de la sentencia en cuanto al dominio de las sesenta ac-ciones y sus consecuencias, nos sentiríamos obligados a hacer la misma declaración respecto a los beneficios que han de ser repartidos. Los dividendos no fueron declarados a la fecha del juicio. La escritura de disolución requería que Stubbe verificara su pago. No puede ordenarse a la Porto Rico Fertilizer Company a pagar futuros dividendos en un pleito en el cual dicbo Stubbe no es parte.

Sin embargo, creemos que la sentencia en su forma es aplicable solamente a las sesenta acciones. La propia de-manda no expresa la cláusula de la escritura de disolución a que abora se bace referencia y la súplica de la misma parece referirse únicamente a dichas sesenta acciones, y esto después de bacer específica mención de los $8,234.06 que sos-tuvimos eran pagaderos al apelado. La sentencia es con-gruente con la demanda. En otras palabras, tanto la de-manda como la sentencia expresan, primero, la suma espe-cífica que el apelado tenía derecho a recobrar y todo lo de-más es una consecuencia aparente de dicbo dominio. A falta de una referencia más específica en la demanda sobre los dividendos que han de ser repartidos en concepto de beneficios ya obtenidos nos sentimos obligados a resolver que el deman-dante y apelado renunció a cualquier derecho que tuviera en esta acción a tales futuros dividendos.

En la vista de este caso la apelante renunció a toda otra petición con excepción de que la sentencia sea modificada en cuanto a las costas. Es perfectamente cierto que la ape-lante tenía derecho a defenderse toda vez que Stubbe no había sido hecho parte, pero no encontramos que jamás ad-mitiera la apelante, como alega, que Gandía tenía derecho al pago de los $8,234.06. Teníamos la fuerte impresión de que la apelante negó toda responsabilidad hacia Gandía, aun-que el dominio de estos dividendos declarados constaban en la misma cláusula por la cual la apelante se oponía a la idea del dominio de las sesenta acciones en Gandía. No hubo ofrecimiento de pago o consignación en la corte de dichos $8,234.06. Aunque creemos que debe subsistir la sentencia? por costas al fijar la corte inferior los honorarios de abo-gado debe tomar en consideración que la sentencia ha sido revocada en parte. Debe dictarse sentencia en los mismos términos qne los de nuestra sentencia de abril 24, 1922.

Revocada en parte.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

license: Public Domain

text:
    Cividanes, Demandante-Apelado-Apelante, v. A. Hartman & Co., Demandada-Apelante-Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2462.
    Resuelto en abril 24, 1922.
    ARRENDAMIENTO — MEJORAS INTRODUCIDAS POR EU ARRENDATARIO DESAHUCIADO.-Un arrendatario que ha sido- condenado en pleito de desahucio por íalta de pago no tiene derecho a reclamar del arrendador el valor de las cercas puestas por aquél a la finca cuando fué convenido que las mejoras que en la finca in-trodujese el arrendatario “ * * * quedarían a favor del arrendador'al vencimiento de este contrato.”
    Id. — Cañas Vendidas, Tocones Vendidos. — Un arrendatario que como consecuen-cia del desahucio de que fué objeto cobró el valor de las plantaciones de cañas existentes al entregar la finca, no tiene derecho a reclamar el valor de los tocones de dichas plantaciones pues las cañas y su pie, que es el tocón cuando aquéllas son cortadas, eran entonces una sola cosa cuyo valor fué pagado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogados de la demandada: Sres. M. A. Martines y T. Bernardini.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

A Hartman & Co. pagó a Manuel Cividanes el valor de las cañas que éste tenía sembradas en una finca al desocu-parla como consecuencia de una sentencia recaída en juicio de desahucio del primero contra el segundo, y ahora Manuel Cividanes por sí y como administrador judicial del intestado de Rufina Molinari demanda a A. Hartman & Co. para que le pague el valor de las cercas puestas por el demandante en la finca y el de los tocones de las cañas sembradas en ella, ascendentes ambas partidas a $1,458. Se opuso el deman-dado a esa reclamación y celebrado el juicio la corte condenó a la demandada a pagar al demandante por ambos conceptos la cantidad de $540, contra cuyo fallo las dos partes litigantes establecieron este recurso de apelación que ban sometido a nuestra decisión con una exposición del caso.

Como el fundamento del recurso de la demandada es que no tiene obligación de pagar cantidad alguna por las recla-maciones que se le bacen consideraremos esta cuestión en primer término, pues' si tiene razón no babrá necesidad de examinar la prueba para decidir si el demandante tiene de-recho a recobrar mayor cantidad que la que la sentencia le concede, que es el único motivo de su apelación..

El demandante tenía en arrendamiento cierta finca de la demandada y antes de vencerse el término del mismo fué lan-zado de ella como consecuencia de una sentencia dictada contra él en juicio de desabucio. Una de las estipulaciones del contrato escrito de arrendamiento dice así:

“El arrendatario podrá destinar la finca arrendada a los fines y cultivos que estime e'onvenientes, y todas las mejoras que en dicha finca introdujese quedarán a favor del arrendador, al vencimiento de este contrato.”

A pesar de que no hay discusión respecto a que las cercas que hayan sido puestas en la finca por el arrendatario cons-tituyen una mejora de la finca y que según el contrato de arrendamiento las mejoras habrán de quedar a beneficio del dueño, la corte sentenciadora condenó al dueño a pagar el valor de dichas cercas fundándose en que al dar el arrenda-dor por terminado el contrato por su propia voluntad re-nunció a todos los derechos que el contrato le concede por lo que el arrendatario ha de beneficiarse con todo derecho renunciado por la otra parte.

El fundamento único de la condena de pagar el valor de las cercas descansa en la premisa errónea de que el arren-dador dió por terminado el contrato por sn propia voluntad antes de su vencimiento, cuando lo cierto es que tuvo que demandar en desahucio a su arrendatario porque no pagó el precio convenido, según dice el juez de la corte inferior al fundar su sentencia. Por esto no tenemos que decidir cuá-les serían las consecuencias legales si el arrendador por su propia voluntad hubiera dado por terminado el contrato, y de acuerdo con esto no está obligado a pagar esa mejora.

La otra condena de pagar el valor de los tocones también es errónea porque en el momento de desocupar la finca el arrendatario no existían tales tocones independientemente de las cañas en pie. Las cañas y su pie, que es el tocón cuando aquellas son cortadas, eran entonces una sola cosa cuyo valor fué pagado.

Lo que hemos dicho resuelve también la apelación del de-mandante.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condena de costas.

Revocada, la sentencia apelada y dictada una. nueva declarando sin lugar la demanda, sin-especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. AudRey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Montalvo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en causa por adulteración de leche.
    No. 1812.
    Resuelto en abril 24, 1922.

      ovigío Bápido — Sobreseimiento del Proceso — Exposición del Caso. — Una certificación del secretario de la corte inferior ereditiva del día.en que se celebró el juieio y otro documento en el que una persona que dice ser ex-taquígrafo de la corte de distrito certifica respecto a ciertos heebos parti-culares ocurridos antes de comenzar la vista de la prueba en cuanto a una moeión de sobreseimiento presentada por el acusado por haber transcurrido más de 120 días para la celebración del juicio desde el en que fué radicada •la acusación, la oposición que a ella hizo el Fiscal y la resolución de la corte, no son los documentos que puede tomar en consideración el Tribunal Supremo para resolver si fué errónea o no la resolución que negó el sobre-seimiento, porque no es esa la manera de traer ante nosotros lo que haya ocurrido en el juicio sino mediante un pliego de exposición del caso o de excepciones aprobado por la corte sentenciadora.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. L. Villaronga.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. AudRey,

emitió la opinión del tribunal.

José Montalvo apela de una sentencia qne lo condenó por el delito de tener en venta leche de vaca adulterada con agua y el único motivo que alega como fundamento de su apela-ción es que la corte inferior cometió error al negarse a so-breseer y archivar el caso por haber transcurrido más de 120 días entre la presentación de la acusación y el juicio.

No existe en la transcripción de los autos que tenemos ante nosotros pliego de exposición del caso- ni de excepciones pero para demostrar el apelante los hechos que sirven de base al error que alega nos ha presentado una certificación del secretario de la corte inferior creditiva del día en que so celebró el juicio y otro documento en el que una persona que dice ser ex-taquígrafo de la corte de distrito certifica respecto a- ciertos particulares ocurridos antes de comenzar la vista de la prueba en este caso en cuanto a una moción de sobre-seimiento presentada por el acusado por haber transcurrido más de 120 días para la celebración del juicio desde el en que fué radicada la apelación (sic), la oposición que a ella hizo el fiscal y la resolución de la corte.

No podemos tener en cuenta ese documento para resolver este recurso porque no es esa la manera de traer ante noso-tros lo que haya ocurrido en el juicio sino mediante un pliego de exposición del caso o de excepciones aprobado por la corte sentenciadora.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres/ Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Echeandía, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Agmadilla en causa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1829.
    Resuelto en abril 24, 1922.
    Alambiques' — Prueba de no Estar Inscrito el Alambique. — De acuerdo con la doctrina establecida en El Pueblo v. Hernández, resuelto en abril 21, 1922, el fiscal no está obligado a probar que el acusado de tener bajo su control un alambique para destilar licores no lo tenía inscrito. Es ál acusado a quien incumbe probar que tenía licencia del Tesorero para poseerlo.
    Discreción Judicial — Período de Prueba. — No puede concluirse que baee mal uso de la facultad discrecional que tiene una corte para negar a un acusado •la admisión de evidencia una vez pasado el período de prueba, cuando aún admitida, la evidencia negada no hubiera sido bastante para cambiar el re-sultado1 del juicio.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Negrón Benitez.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de infracción al artículo 61 de la Ley de Arbitrios porque tenía en su poder y custodia como guardián cuatro alambiques o aparatos para destilar, conec-tados, sin haberlos inscrito en la oficina del Tesorero de Puerto Eico, y uno de los motivos que alega en su apelación contra la sentencia condenatoria dictada contra él es que fné admitida como prueba una certificación del Tesorero de Puerto Rico creditiva de que el apelante no tiene inscritos en su oficina dichos alambiques.

En el caso de El Pueblo v. Hernández, que hemos fallado el día 21 del corriente mes y año, (pág. 368) hemos declarado que tal prueba no es necesaria en estos casos.

Otro motivo del recurso se funda en que hubo error en la corte inferior en la apreciación de la prueba contradic-toria y en que no hay suficiente evidencia para sostener la sentencia condenatoria.

La prueba en este caso fué ciertamente contradictoria pues mientras tres testigos de la acusación declararon que el día a que se refiere la denuncia vieron al acusado desti-lando alcohol en unos alambiques que estaban en un cafetal, la defensa trató de probar con sus testigos que en dicho día y hora no estaba el acusado en dicho sitio y sí en otro dis-tinto y también trató de demostrar esa prueba que los alam-biques ocupados eran trabajados por un tal Betancourt. El apelante se limita a expresar su opinión de que debió ser creída su prueba pero no nos expone las razones por las cua-les debió la corte dar más crédito a la prueba del acusado que a la del fiscal. En verdad la cuestión era en este caso si el apelante el día a que se refiere la denuncia tenía en su poder y manipulaba los alambiques sin tenerlos inscritos en la Tesorería de Puerto Rico o no y ese conflicto fué re-suelto en su contra sin que por el examen que nosotros hemos hecho de la prueba podamos decir que la corte inferior co-metió un manifiesto error en la decisión del conflicto entre unos y otros testigos por lo que creída la prueba de la acu-sación no podemos tampoco negar que es suficiente para po-der dictar con ella una sentencia condenatoria.

Después que ambas partes terminaron de presentar la prueba y cuando el abogado del acusado hizo su argumen-tación a la corte solicitó que se le permitiera presentar otra prueba para demostrar que un tal Betancourt había becbo manifestaciones ante el juez municipal de ser el culpable en este caso, y por no haberle permitido la corte retrotraer el juicio al período de prueba alega ahora que fué un error de la corte que hace necesaria la revocación de la sentencia.

La corte tenía poder discrecional para acceder o no a esa petición pero no encontramos que hiciera un mal uso de esa facultad al negarse a la solicitud toda vez que los testigos del acusado ya habían declarado sobre ese extremo y además porque las declaraciones de otras personas de que ante ellas había reconocido Betancourt ser el dueño de los alambiques no eran bastantes por sí solas para cambiar necesariamente el resultado del juicio.

También se alega que la sentencia es errónea porque con-dena al apelante a cien dólares de multa y en su defecto a sufrir treinta-días de cárcel siendo de este modo alternativa y a elección del acusado.

Aunque la imposición de la pena no está hecha claramente en forma electiva para el acusado, sin embargo, puede en-tenderse así desde el momento en que lo condena a pagar una multa y en defecto de su pago a sufrir treinta días de cárcel pero no lleva como consecuencia la revocación de la sentencia toda vez que podemos modificarla en el sentido de que, en este caso, en defecto del pago de la multa sufra el acusado prisión a razón de un día por cada dólar que deje de satisfacer no excediendo de treinta días.

La sentencia apelada debe ser confirmada con la modifi-cación dicha.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cándola en el sentido de imponer al acusado un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, no excediendo de treinta días.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Concejo de Administración de Aguada, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en recurso de certiorari.

    No. 2410.
    Resuelto en abril 25, 1922.

      Certiorari — Cuestiones Levantadas por. Primera Vez en Apelación. — La regla general de que no serán consideradas por la corte de apelación las cuestiones levantadas por primera vez en apelación, es aplicable al procedimiento de certiorari.

    Id. — Contribuyentes—Derechoi a Impedir la Indebida Asignación de Pondos Públicos — Injuntion—Corporaciones.—Está bien establecido que los contri-buyentes, ya sean personas naturales o corporaciones, tienen derecho a impe-dir mediante demanda de injunction u otro procedimiento legal adecuado, la indebida asignación de fondos públicos por los actos no autorizados o ultra vires de funcionarios públicos, si no existe estatuto que designe algún fun-cionario en particular en cuyo nombre la acción debe establecerse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. González Mena, García Méndez & García Méndez y J. Valldejuli.

    Abogados del apelado: Sres. A. Arroyo Rivera e I. Sol-devila.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario acudió a la corte de distrito en solicitud de un auto de certiorari, fundando su derecho en las siguien-tes alegaciones:

“I. Que es mayor de edad, residente del Municipio de Aguada, miembro de la asamblea municipal de dicho pueblo, y contribuyente por bienes raíces en dicha municipalidad.
“II. Que el día 13 de septiembre de 1920, el Concejo de Admi-nistración de Aguada, con infracción de la ley, aprobó un presupuesto supletorio por la cantidad de $8,345.62, que importa el balance exis-tente en efectivo en junio 30 último.
“III. Que dicho presupuesto supletorio fué confeccionado inclu-yendo la suma de $351.88 que corresponde a depósitos y fianzas, la cual suma no debió haberse tomado en consideración para la forma-ción de dicho presupuesto supletorio, porque este dinero no es pro-piedad del municipio, sino de los acreedores del mismo por tales con-ceptos.
“IV. Que en dicho presupuesto supletorio se incluye asimismo la suma de $5,811.60, que corresponde a fondos escolares, y que por tanto no podían entrar a formar parte de dicho presupuesto suple-torio.
“V. Que sobre la ilegalidad de dicha ordenanza del presupuesto supletorio se le llamó la atención a dicho concejo de administración, de parte del Auditor de Puerto Rico, y por conducto del Secretario-Auditor del Municipio .de Aguada, a pesar de lo cual dicho concejo de administración aprobó el día 14 de octubre en curso una orde-nanza, declarando su intención de no enmendar ni modificar dicho presupuesto supletorio.
“VI. Que el referido concejo de administración celebró una se-sión extraordinaria en septiembre 9, 1920, con el fin' de considerar una oferta hecha por Anastacio Ramos para la compra de una casa con solar que el día anterior le había vendido Teodoro Badillo, Co-misionado de Servicio Público; siendo dicha sesión nula por no ha-ber precedido la convocatoria adecuada al efecto.
“VII. Que dicho concejo de Administración celebró otra sesión extraordinaria en septiembre 13, para la cual los miembros del mismo fueron citados verbalmente y sin autoridad de ley, habiendo dicho concejo de administración aprobado en esta sesión una ordenanza autorizando la compra de la referida casa'por $5,000, y habiéndose expedido el cheque No. 83 de la Municipalidad de Aguada por $5,000, a favor del referido Anastacio Ramos.
“VIII. Que las ordenanzas relacionadas en las alegaciones ante-riores, inclusive la ordenanza votando el referido presupuesto suple-torio, son nulas y contrarias a la ley y con ellas se causa al deman-dante, como contribuyente de dicho municipio, graves e irreparables daños, careciendo, como carece el demandante, de cualquier otro re-curso legal adecuado y rápido que presentar ante esta corte, con el fin de que se declaren nulas e inexistentes las referidas ordenanzas.”

La parte dispositiva de la sentencia es como sigue:

“Y la corte, después de considerar debidamente el presente re-curso de certiorari, con vista de los documentos acompañados a la contestación o return del demandado, y -por las razones consignadas en la relación del caso y opinión que se bace formar parte de esta sentencia.
“Declara con lugar la solicitud de certiorari presentada por Eugenio González contra el Concejo de Administración de Aguada, y en su consecuencia, anular, como anula, el presupuesto supletorio por la cantidad de $8,345.62, y la ordenanza aprobatoria del mismo adoptada en la sesión extraordinaria de dicho concejo celebrada el 18 de agosto, 1920, y anular,'como anula también, la ordenanza de dicho concejo votada en sesión extraordinaria que tuvo lugar el día 13 de septiembre, 1920, y por la que se autorizó la compra a Anas-taeio Ramos, de una casa y terreno por la suma de $5,000 con cargo a dicho presupuesto supletorio; con las costas al demandado. El secretario comunicará esta sentencia con copia de la relación del caso y opinión en que se funda, al Concejo de Administración de Aguada, para su conocimiento y efectos consiguientes.”

Los siguientes son los errores que alega el apelante fue-ron cometidos por la corte sentenciadora, a saber:

“Que la corte sentenciadora cometió error al sustituir el nombre del Licenciado José J. Acosta, Fiscal del Distrito, por el del Licen-ciado Miguel Guerra Mondragón, para que actuara en el presente caso como abogado del demandante.
“Que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar la excep-ción previa de falta de jurisdicción.
“Que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar la moción de sobreseimiento presentada por la demandada.
Que la sentencia es contraria a la prueba.
“Que la sentencia es contraria a derecho.”

En apoyo del primer señalamiento de error el apelante sostiene lo siguiente:

“De la faz de la solicitud de certiorari, resulta que el deman-dante no comparece en su simple carácter de contribuyente del Mu-nicipio de Aguada; y por el contrario alega que es miembro de la asamblea municipal de dicho pueblo. En tales circunstancias, no es posible que esté representado ante los Tribunales Insulares por persona alguna que no sea un representante de El Pueblo de Puerto Rico. La sustitución del Sr. Acosta no debió haberse decretado nunca, por ser él el único y legítimo representante en Aguadilla que hubiera podido actuar como abogado del peticionario.”

La mera enunciación de una cuestión que por su faz no es evidente no requiere detenida consideración.

Suponemos que el segundo señalamiento se refiere a un incidente del cual tomó nota el taquígrafo de donde consta la presentación de una excepción previa al efecto de que la corte carecía de jurisdicción. Al ser declarada sin lugar esta alegada excepción previa, el abogado del demandado dijo al parecer lo siguiente:

“Dmdo. — Los abogados que representan a los demandados toman excepción de la resolución de la corte y fundan la excepción primero: en que en Puerto Rico existe una Ley de Certiorari y que si se ha querido extender un auto de tal procedimiento o recurso especial ha debido enmendarse expresamente dicha ley. — Segundo:—Porque el acto del Concejo de Administración del pueblo de Aguada, aprobando un presupuesto supletorio, es un acto puramente legislativo y las cortes de distrito del país ni ninguna corte tiene jurisdicción sobre actos legislativos de dicho cuerpo jurídico, por ser ese cuerpo jurí-dico municipal una prolongación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que es el único juez de sus propios actos.”

El razonamiento bajo el segundo señalamiento en poco o nada amplía esta vaga declaración. La teoría es según pa-rece que la ley reciente que confiere a las cortes de distrito jurisdicción para revisar por certiorari los actos adminis-trativos y legislativos municipales es nula por equivaler a una enmienda a la vigente Ley de Certiorari, por no cum-plir con las disposiciones de la Ley Orgánica en materia de enmiendas. Toda vez que no se citan autoridades ni se da ninguna razón muy persuasiva para sostener este pa-recer, no es necesario que hagamos ahora una investigación personal de la cuestión que de tal modo trató de levantarse.

La moción de sobreseimiento a la cual se hace referencia en el tercer señalamiento impugna la jurisdicción de la corte y la suficiencia de la petición por los siguientes fundamentos:

“A. Porque no asegura o afirma que exista error en el procedi-miento y porque el hecho de usar de las partidas, unas de otras, no es error en el procedimiento, sino autoridad ejercida más allá de la que tiene dicho concejo de administración. Los procedimientos pue-den ser correctos aunque el fin en el cual resulten, no lo sea. 17 D. P. R. 947. — B. Porque no alega que exista en el curso ordinario de la ley otro recurso rápido y eficaz para hacer valer los derechos del peticionario. 17 D. P. R. 948. — C. Porque no basta afirmar que una resolución judicial o actuación cualquiera es errónea, sino que es pre-ciso demostrarlo prima facie de la petición de certiorari. La pre-sunción está a favor de la legalidad de los procedimientos. 17 D. P. R. 948. — D. Porque el auto no se da para corregir meras infor-malidades de procedimientos que no tiendan a lesionar los derechos de las partes. 17 D. P. R. 952. — E. Porque el peticionario tiene que alegar que dicho Concejo de Administración de Aguada, al hacer las transferencias de que la petición trata, ejerció funciones judiciales. Lewis v. Bishop, 19 Wash. 312, 53 Pac. 165, Sutherland Code Pleading & Practice, Vol. II, pág. 1997; tiene además que alegar en dicha petición que el concejo de administración se excedió en su jurisdic-ción. Sutherland Code P. & P., Yol. II, pág. 1999. — F. Al hacer la alegación de que el concejo de administración ejerció funciones judi-ciales, tiene que afirmar que no tiene medios para hacer valer sus derechos. Sutherland Code P. & P., pág. 200, Yol. II. — G-. Porque no alega que tal petición la hace de buena fe y no para entorpecer cualquier procedimiento o actuación. Cunmngham v. La Grosse Packet Company, 10 Minn. 297, Sutherland Code P. & P., Yol. II, pág. 2005. — H. Porque la petición no incluye copia de los autos o procedimientos que se tratan de corregir, y por eso debe ser dene-gada. State v. District Court, 26 Mont. 224, 67 Pac. 114, y 68 Pac. 470, Sutherland Code P. & P., Yol. II, pág. 2005, 2013. — I. Porque no alega ningún motivo para tal revisión. Spelling sobre Injunction and Other Extraordinary B-emedies, Yol. II, página 1763. — -I. Porque no alega que los actos legislativos del Concejo de Adminis-tración de Aguada, haya perjudicado los derechos constitucionales del querellante, o sean contrarios a la Ley Orgánica, o Leyes de Puerto Rico. — K. Porque según aparece de la misma petición el presupuesto supletorio fue aprobado en 18 de agosto 1920, alegando que una par-tida perteneciente a fondos escolares fué incluida en el mismo, y no procede el certiorari, porque la ley dispone que todos los fondos sobrantes en junio 30 de cada año, se considerarán fondos munici-pales y podrán usarse en presupuesto supletorios.”

La petición, supra, habla por sí. En tanto se considere que no contiene los particulares cuya omisión se alega, esta-mos satisfechos con decir que los casos citados por el ape-lante o giran sobre requisitos estatutorios no prescritos en nuestra ley, o por otras razones que son de igual modo cla-ras no tienen aplicación.

La única nueva alegación en el alegato sobre este aspecto' del caso se fúnda en la siguiente cita:

“ * * * el mero hecho de que el peticionario es un contribu-, yente y residente de la comunidad para que pueda ser afectado por los procedimientos, no es por sí suficiente para conferirle un derecho mediante certiorari a revisar los procedimientos de los comisionados; su interés debe ser mayor que ese, o por lo menos el daño de que se queja debe ser peculiar a él.” 5 R. C. L., p. 256, see. 8.

Tal vez sería bastante contestación a esto decir que la cuestión no fue promovida en la corte inferior.

“Las reglas generales que regulan todas las apelaciones y autos de error relativas a la reserva de cuestiones para ser revisadas me-diante objeciones, excepciones, etc., en la corte inferior son aplica-bles; y las resoluciones sobre cuestiones que no han sido objetadas en el procedimiento de certiorari o las resoluciones a las cuales no se hizo objeción ni se tomaron excepciones no pueden alegarse o ser materia de objeción por primera vez en la corte de apelación.” 11 C. J., p. 218, see. 402,

Una referencia a la anterior sentencia del texto de Ruling Case Law citado por el apelante, será bastante para demos-trar que los “comisionados” referidos son “comisionados de carreteras” ocupados “en trazar una carretera.” Asi-mismo en la nota citada en Ruling Case Law en apoyo del texto que cita el apelante, Ann. Cas. 1913 C. 910, encontra-mos lo siguiente:

“Un ciudadano y contribuyente cuyos intereses son afectados per-judicialmente por la actuación de una junta o comisión que carece de facultades, o en exceso de sus poderes, tiene derecho a revisar sus procedimientos mediante certiorari, siempre que la junta o comisión estuviera ejercitando una función judicial y no legislativa. * * * Y se ha declarado que un residente y contribuyente de ima ciudad tiene derecho a solicitar un certiorari para, probar la validez de una ordenanza municipal.”

Y en la misma nota, página 890, encontramos lo siguiente:

“Está bien establecido que los contribuyentes, ya sean personas naturales o corporaciones, tienen derecho a impedir mediante de-manda de injunction u otro procedimiento legal adecuado, la inde-bida asignación de fondos públicos por los actos no autorizados o ultra vires de funcionarios públicos, si no existe estatuto que designe algún funcionario en particular en cuyo nombre la acción debe esta-blecerse para beneficio de todos los contribuyentes.”

Véase también a “Dillon sobre Corporaciones Municipa-les,” tomo IV, p. 2763, sec. .1579; p. 2767, see. 1581; p. 2770, see. .1584; p. 2781, seo. 1586; p. 2783, see. 1587; p. 2792, see. 1592, y p. 2795, see. 1593.

No creemos que sea necesario discutir en sus pormenores la cuestión que se sugiere en el cuarto señalamiento de error. En el alegato del apelante no se establece de modo claro un error tan manifiesto que exija la revocación de la sen-tencia apelada, y esta obligación incumbe al apelante y no a esta corte.

Al argumentar el apelante sobre el quinto señalamiento de error y después de lo que al parecer es una cita-copiosa de la opinión del juez sentenciador, se expresa en los si-guientes términos:

“Aceptamos como cierta la brillante exposición de la corte sen-tenciadora excepto en lo que se refiere a la aplicación que de dichos preceptos hace a los hechos específicos de este caso. Es cierto que el artículo 71 de la vigente Ley Municipal dispone que la Ley Es-colar Compilada ha quedado en vigor en cuanto no se oponga a la autonomía administrativa municipal; es cierto que la Ley Escolar no está en conflicto con la Ley Municipal a este respecto, y aquella establece en sir artículo 65 que los fondos que ingresen en la Teso-rería de cada municipio por concepto de la contribución escolar que impone el artículo 63 de dicha ley, sólo podrán emplearse en aten-eiones escolares; es cierto que nuestra Ley Orgánica dispone que todo dinero que se recaude por contribución impuesta o fijada para un fin especial será considerada como fondo especial en la Tesorería y desembolsada para diclio fin únicamente, a no ser que medie la aprobación del Presidente de los Estados Unidos; y es cierto ade-más, que la contribución escolar es una para un fin especial; pero lo que nosotros no podemos aceptar porque no aparece de ningún sitio, es que los fondos o parte de ellos que constituyen el presupuesto supletorio del Municipio de Aguada, cuya nulidad se pretende, sean el producto directo o indirecto de la Ley de Contribución Especial, School Tax. — Si de alguna parte se desprendiera el hecho de que tales fondos son el resultado o producto de la contribución escolar, seríamos los primeros en aceptar que el Municipio de Aguada no tenía facultad y había obrado ilegalmente al incluirles en el presupuesto supletorio.”

El record taquigráfico contiene copias certificadas de las siguientes cartas:

' “Septiembre 17, 1920. — Sr. Luis R. García, Secretario-Auditor, Aguada, P. R. — Señor:—Acuso recibo a su comunicación del 13 del corriente, con la que acompaña copia del presupuesto supletorio apro-bado por el concejo dé administración de esa recientemente, para re-gir durante el corriente año económico, y el cual encontramos defec-tuoso por los siguientes motivos: — 1. Dicho presupuesto supletorio ha sido formulado por el montante de $8,345.62, o sea el importe total del balance en caja en junio 30 de 1920. Esta suma incluye $351.88 que corresponden a depósitos y fianzas. Los depósitos y fianzas no deben tomarse en consideración ‘para la formación de presupuestos supletorios, puesto que este dinero no es propiedad del municipio, pues en cualquier momento sus dueños pueden reclamar y exigir su devolución. — 2. La cantidad total disponible para la formación del presupuesto supletorio es $7,993.74, y de ésta deben deducirse las0 deudas que hubieren quedado pendientes de pago en junio 30 con cargo al presupuesto y para las cuales hubiere crédito disponible en las partidas. — 3. Dicha suma de $7,993.74 está distribuida en $5,811.60 que corresponden a fondos escolares y $2,182.14 a fondos ordinarios. Por consiguiente, el importe total del sobrante de fondos escolares, de acuerdo con la Ley Municipal debe invertirse exclusivamente en atenciones del departamento municipal de instrucción, y el sobrante de fondos ordinarios puede invertirse en atenciones de los demás de-partamentos municipales, o en atenciones del departamento municipal de instrucción si así se consigna en el presupuesto. Sírvase, por consiguiente, no dar efecto a dicho presupuesto supletorio en los libros de contabilidad, notificando de esta carta al concejo de admi-nistración, para que a la brevedad posible pueda aprobar un nuevo presupuesto supletorio en debida forma, remitiendo copia del mismo a esta oficina. De Ud. atentamente, J. W. Bonner, Auditor de Puerto Rico.”
“Septiembre 22, 1920. — Sr. Luis R. G-areía, Secretario-Auditor, Aguada, P. R. — Señor:—Acuso recibo a su comunicación del 21 del corriente, y en contestación a la misma deseo informarle que si en el presupuesto figura la partida de ‘Depósitos y Fianzas’ con un crédito de $151.88 ésto se hizo indebidamente, y por consiguiente dicha cantidad debe la asamblea, por medio de ordenanza, transfe-rirla a cualquiera de las otras partidas de fondos ordinarios del pre-supuesto, quedando siempre incluida en el balance en caja en junio 30. la suma de $351.88 como balance en esa fecha en el fondo de de-pósitos y fianzas. En lo que respecta al balance en caja en fondos escolares en junio 30, paso a darle la siguiente información por la cual verá usted que éste montaba a la suma de $5,811.60, partiendo de la distribución del balance en caja en abril 1, 1920, que fué com-probado por un Investigador de Cuentas de esta oficina, según in-vestigación que se estaba practicando en aquella época y tomando en consideración los ingresos y egresos habidos subsiguientemente:
“Esta oficina ha sido informada de que el concejo de administra-ción en sesión celebrada el 13 de septiembre, 1920, acordó comprar una casa para hospital municipal por la suma de $5,000, con cargo al presupuesto supletorio, y con respecto a esta compra le agradeceré se sirva informarme si ya el pago ha sido efectuado; en caso afirma-tivo, sírvase informarme la fecha y número del libramiento y cheque, su importe y el nombre de la persona a la cual éstos fueron expedidos. Asimismo sírvase remitirme copia de la ordenanza del concejo de ad-ministración autorizando la compra de dicha casa; una descripción en cuanto a la situación de la misma; y si la escritura de compra-venta ya ha sido formalizada y debidamente registrada en el registro de la propiedad. Tan pronto el concejo de administración tome ac-ción con respecto al presupuesto supletorio, sírvase notificarme sobre el particular. De Ud. atentamente, (firmado) J. W. Bonner, Auditor de Puerto Rico.”

No se hace mención o referencia alguna a estas cartas en el alegato. La corte inferior estuvo según parece conforme con el criterio sustentado por el Auditor. Deducimos del alegato que el abogado del apelante disiente de la conclu-sión a que así se llegó. La ‘‘relación del caso” a que se refiere el juez sentenciador en su sentencia, supra, como que forma parte de la misma no se le hizo formar parte de la transcripción y nada sabemos del razonamiento que sirvió de base a la corte inferior para dictar su sentencia.

Se presume que es correcta la sentencia apelada y no existiendo un claro ¡fundamento para su revocación, debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    In Re Casablanca, Peticionario.
    Sobre admisión al ejercicio de la abogacía (reconsideración.)
    No. 2.
    Resuelto en abril 25, 1922.
    Abosado — Admisión al Ejercicio de la Abogacía — Comisión de Reputación— Certificado de Buena Conducta. — La regla general es que el Tribunal Supremo descansa en el certificado expedido por la Comisión de Reputación para juzgar la conducta de los aspirantes al ejercido de la abogacía, pero, en pro-pios easos, no obstante haberse expedido por la comisión a un aspirante un certificado de buena conducta, el tribunal puede llegar a una conclusión con-traria a virtud de su propia investigación y en el ejercicio de su propio cri-terio.
    Id. — Indulto.—No obstante haber sido indultado un abogado, si los actos por él realizados en conexión con el delito revelan que es incapaz para ejereer su profesión, el tribunal puede negarse a admitirlo. El indulto o el pago de una multa, o el cumplimiento de una sentencia pueden devolver al abogado sus derechos civiles, pueden borrar el delito cometido, pero no el acto de que fué declarado culpable y es el acto lo que la corte considera en un procedimiento de disbarment.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de noviembre de 1921 esta corte dictó nna resolu-ción que copiada a la letra dice así:

"Atendidas las circunstancias del caso, no ha lugar a admitir a Justo A. Casablanca al ejercicio de la profesión de abogado.”

No conforme Casablanca, pidió al tribunal que reconsi-derara sn resolución. Se basa en que habiendo informado favorablemente la Comisión de Reputación su solicitud, la corte debe admitirlo sin más trámites.

Según consta de su expediente personal, Casablanca, ha-biendo obtenido el diploma de abogado en la Universidad de Puerto Rico, solicitó examen de reválida en octubre de 1916 y fué suspendido. En marzo del siguiente año volvió a examinarse con el mismo resultado. En noviembre de 1918 fué finalmente aprobado y se pidió a la Comisión de Repu-tación que informara con respecto a su conducta moral.

Bn febrero de 1919 la comisión se dirigió al tribunal por medio del siguiente informe:

“Comparece la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejer-cicio de la Abogacía y respetuosamente expone:
“Io. Que 'ha examinado detenidamente la solicitud del candidato Justo A. Casablanca y de los documentos que se acompañan resulta que el candidato mencionado fué convicto y cumplió condena por un delito de falsificación (felowy), obteniendo luego del Gobernador de Puerto Rico la restitución de sus derechos civiles por medio de un perdón que también se acompaña.
“2o. Que según dispone la sección 5a. de la ley sobre admisión al ejercicio de la abogacía de 11 de marzo de 1909 el aspirante debe acompañar con su solicitud una declaración jurada creditiva de no haber sido convicto de un delito grave (felony) y por la sección 9a. de dicha ley esta Hon. Corte Suprema tiene facultad discrecional para fijar el alcance y efecto del perdón concedido.
“Por tanto, A la Corte Suplicamos: que con vista de los docu-mentos acompañados y lo dispuesto en la ley instruya a esta Comi-sión si debe continuar la tramitación del expediente o archivarlo de-finitivamente. ’ ’

T el tribunal, el 11 de marzo de 1919, dictó una resolu-ción que dice así:

“Por cuanto, si bien Justo A. Casablanca fué convicto y cumplió condena por delito de falsificación, se le concedió por el Gobernador de esta Isla completo e incondicional perdón no sólo del delito sino de las penalidades en que hubiera incurrido por razón del mismo en virtud de la ley, restituyéndole en todos sus derechos- y privilegios, que anteriormente le correspondieron.
“Por cuanto, para apreciar los efectos legales del perdón expre-sado con relación a la práctica de la profesión de abogado, conviene que la Comisión de Reputación tomando en cuenta no sólo las cir-cunstancias expresadas de condena y perdón sino las pruebas que tuviere a bien exigir, informe a esta corte si juzga o no digno al soli-citante de ser admitido al ejercicio de la abogacía.
“Por tanto, vistas las secciones 5,a. y 9a. de la ley sobre la ma-teria, contéstese a la Comisión de Reputación, con devolución de los documentos remitidos, que continúe la tramitación del expediente y y dicte la resolución que estime procedente, la que comunicará a este tribunal.

Volvió el caso a la comisión y cuando se Rallaba practi-cando la investigación de ley, llegó a sn conocimiento qne Casablanca babía sido convicto de otro delito grave y babía apelado de la sentencia. La comisión pidió a la corte, y así lo decretó ésta, que el caso quedara pendiente mientras la apelación se decidía.

Pasó algún tiempo. La apelación fue declarada sin lu-gar. La comisión continuó su trabajo y por último envió a esta Corte Suprema una ‘ ‘ certificación de buena conducta moral” que dice así:

“La Comisión de Reputación,
“INFORMA, que la solicitud del peticionario Justo Casablanca ba. estado pendiente ante esta Comisión desde hace muebo tiempo y ha. sido investigada debidamente.
“Las dudas que han tenido los miembros de esta comisión res-pecto a la reputación, conducta y condiciones morales de dicho can-didato para ser admitido a ejercer ante los Tribunales Insulares,, todas han nacido y se relacionan con la convicción de dicho candi-dato de dos distintos delitos graves como resultado de los cuales fué sentenciado a pena de prisión.
‘ ‘ Que después de cumplidas dichas sentencias el candidato ha sido indultado por el Gobernador de Puerto Rico y el peticionario resta-blecido a todos sus derechos civiles y políticos.
“Que como hemos dicho, los hechos y circunstancias que motiva-ran un informe desfavorable al peticionario, se relacionan exclusiva-mente con los delitos de los cuales fué declarado culpable y luego indultado. Tomando en cuenta dichas sentencias nuestro informe necesariamente sería adverso al peticionario. Excluyéndolas de nues-tra consideración no hay otro motivo para negar a expedirle el cer-tificado que solicita.
“Hemos tenido dudas y existe discrepancia de opinión y de cri-terio entre los miembros de la comisión en cuanto al efecto y alcance del indulto del candidato por el Poder Ejecutivo.
“Una mayoría de esta comisión opina que una vez concedido un indulto completo y sin condiciones no tenemos derecho a tomar en cuenta para nada los delitos que motivaron las sentencias indulta-das ; que es el propósito de la ley que el delito perdonado y borrado mediante el indulto no constituye ni puede constituir obstáculo o-impedir que el indultado ocupara cualquier cargo público o ejerciera cualquier función que pueda autorizar cualquier rama del Gobierno.
“Bajo este criterio y en vista de que los demás informes respecto a la conducta del peticionario son favorables, procede informar favo-rablemente su petición y expedirle el certificado, a los efectos de lo dispuesto en la sección sexta de la ley de once de marzo de mil nove-cientos nueve.”

La corte entonces dictó la resolución que transcribimos al principio.

La primera cuestión que debemos estudiar y resolver es ésta: ¿Está la corte obligada por el certificado expedido por la comisión? En otras palabras: ¿Carece de poder la .corte para juzgar por sí misma la conducta del solicitante?

'“Como los abogados,” dice Corpus Juris resumiendo la jurispru-dencia sobre la materia, “son funcionarios de la corte, la facultad de ^admitir aspirantes al ejercicio de la abogacía es judicial y no legis-lativa, y radica sólo en las cortes. Esta facultad de admitir aboga-dos no es una arbitraria y despótica que pueda ejercitarse a gusto de la corte, o por pasión, prejuicio u hostilidad personal; sino que es el deber de la corte ejercitarla y regularla mediante una sana y justa discreción judicial. Pero a pesar de la jurisdicción de las cor-tes sobre la materia, se fia concedido generalmente que la Legislatura puede, en el ejercicio de su poder regulador (police poiver), pres-cribir reglas y reglamentos razonables para la admisión de abogados, los cuales serán seguidos por las cortes. Pero la Legislatura no puede imponer reglas irrazonables ni privar a las cortes de su facultad in-herente para prescribir otras reglas y condiciones para la admisión a la abogacía.” 6 O. J. 571.

La buena conducta es un requisito necesario para la ad-misión de un abogado al ejercicio de su profesión. En Puerto Rico, desde 3909, se encomendó a una “Comisión de Repu-tación” la investigación de la conducta de los aspirantes: véase la Compilación de 1911, pág. 36. La ley dispuso que si después de un examen cuidadoso de las declaraciones bajo juramento y demás pruebas que se hubieren requerido, la comisión opinase que el solicitante es persona de buena con-ducta moral y digna de ser admitida al ejercicio de la abo-gacía, le expedirá nn certificado al efecto, y que el solicitante presentará dicho certificado en la corte para su archivo antes. de prestar juramento.

La jurisprudencia no es uniforme sobre el efecto que debe darse al certificado. Hay cortes que sostienen que el certificado es concluyente y que la corte no tiene nada más que investigar. In re Hovey, 7 Cal. Unrep. Cas. 203, 81 P. 1019; In re Applicants for License, 143 N. C. 1, 19, 55 S. E. 635, 641, 10 L. R. A. (N. S.) 288, 10 Ann. Cas. 187, donde el Juez Presidente Clark dijo: “Habiendo la Asamblea General, ya intencionalmente o no, retirado a esta corte el de-ber de considerar la reputación moral de los aspirantes, y habiéndolo sustituido con un certificado de reputación ex-pedido por dos miembros de la profesión, estamos impedi-dos de entrar a considerar los cargos contra estos dos aspi-rantes. Sólo tenemos poder para certificar que habiéndose radicado el certificado de reputación exigido por el estatuto, y habiéndose probado por certificación que ellos tienen la edad legal, ellos han sido examinados por nosotros, y me-diante tal examen hemos encontrado que poseen un conoci-miento suficiente para el ejercicio de la abogacía.”

Pero la anterior no es, a nuestro juicio, la jurisprudencia más sabia. En su investigación sobre la reputación moral de un aspirante al ejercicio de la abogacía, las cortes no es-tán limitadas al certificado presentado por aquél, sino que han de mirar detrás de él, y están obligadas a hacerlo así en casos donde existan circunstancias sospechosas, dice Corpus Juris, basándose en las siguientes autoridades: “In re Attorney’s Licence, 21 N. J. L. 345; In re Application for License to Practice Law, 67 W. Va. 213,- 221, 67 SE. 597 donde el Juez Miller dijo: ‘Debemos interpretar el estatuto como que su propósito es ayudar a las cortes, y dejar a esta corte, en caso de una solicitud de licencia, y a todas las cor-tes en casos de solicitud de admisión a la abogacía, en liber-tad para considerar la orden de la corte del condado simple-mente como prueba prima facie, y para practicar cualquiera otra investigación posterior que parezca necesaria sobre la reputación moral del solicitante. De otro modo el acto de la Legislatura tendría que ser considerado como una inva-sión de la judicatura, y nulo por fundamentos constitucio-nales.’ Véase también la opinión disidente de los Jueces Brown y Walker, In re Applicants for Attorney’s License to Practice Law, 143 N. C. 1, 22, 55 SE. 635, 10 L. R. A. (N. S.) 288. Como bien dice el Juez Brown en ese caso: ‘Siendo el fin de la ley excluir de la profesión hombres de mala reputación, se deduce lógicamente que los certificados de buena reputación son meramente un requisito preliminar antes de que el aspirante pueda ser examinado sobre sus conocimientos legales. Constituyen un caso prima facie, y, de no ser controvertidos, dan derecho al aspirante a su li-cencia si pasa el examen legal. El estatuto sólo prescribe la fuerza legal que ha de darse a determinada clase de evi-dencia cuando exista por sí sola e incontrovertida.’ ” 6 C. J. 574, nota 86. Véase también el caso de Claudio v. Ortiz, 29 D. P. R. 435, 439.

A virtud de todo lo expuesto, creemos que la ley de 1909 debe interpretarse como creadora de un organismo — la Co-misión de Reputación — auxiliar de la corte en la investiga-ción de la conducta moral de los aspirantes' al ejercicio de la abogacía, pero en modo' alguno como destructora de la facultad que sobre tal extremo ha tenido siempre esta corte. Generalmente los certificados de la comisión son aceptados y basándose en ellos se admite o rechaza al solicitante, pero la corte conserva sus facultades para investigar y juzgar por sí misma la conducta del aspirante.

Decidida así la primera cuestión envuelta, surge en se-guida la consideración de los méritos del caso. No se trata de un certificado corriente. La actitud de la mayoría de los miembros de la comisión está bien explicada. La comisión llegó a la conclusión de que debía expedir el certificado de buena conducta, a virtud de las razones que en el mismo ex-presa. Así es que estamos en perfectas condiciones para juzgar por nosotros mismos la fuerza del certificado.

Es un hecho indiscutible que Casablanca fué condenado en 1910 y en 1917 por dos delitos graves, pero- se sostiene que en ambos casos fué indultado y que por lo tanto tales condenas no pueden tomarse en consideración ahora para juzgar su conducta.

Tampoco es uniforme en este extremo la jurisprudencia de los tribunales. Dice Corpus Juris: “En un. procedimiento para separar a un abogado del ejercicio de su profesión bajo la base de que ba sido convicto de un crimen, el becbo de que bava sido restituido al goce de sus derechos de ciuda-dano mediante perdón, o el de que baya cumplido la senten-cia o pagado la multa, no constituye, en muchas jurisdic-ciones, una defensa en los procedimientos de separación; pero hay decisiones que sostienen lo contrario.” 6 C. J. 857.

Como “decisiones que sostienen lo contrario” se citan las de Samborn v. Kinball, 64 Me. 140, 150, y Scott v. State, 6 Tex. Civ. A. 343, y se hace referencia al caso de In re Garland, 4 Wall (U. S.) 333, 380, pero tienen más peso, a nues-tro juicio, para aplicarlas a este caso que consideramos, las decisiones que sostienen la regla primeramente enunciada, entre las cuales se cita la misma de In re Garland, supra, de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

“ ‘Aunque el efecto del indulto fué relevarlo de las consecuencias penales de su acto, ello no podía restaurar su reputación. Ello no le daba de nuevo aquellas cualidades que es absolutamente esencial que un abogado posea. Ello no podía rehabilitarlo en la confianza de la corte.’ Nelson v. Com., 128 Ky. 779, 789, 109 S. W. 337, 33 Ky. L. 143, 16 L. R. A. (N. S.) 272. A igual efecto son Peo. v. Gilmore, 214 Ill. 569, 73 N. E. 737, 69 L. R. A. 701; Peo. v. George, 186 Ill. 122, 57 N. E. 804.
“ ‘El indulto alcanza al delito del cual él (el abogado) fué con-victo, y efectivamente lo borra de tal modo que no puede ser ahora considerado como culpable de él. Pero no puede borrar el acto que cometió, que fué declarado un delito. Fué cometido, y continuará siendo un beeho en todo tiempo * * '* (Un indulto) no devuelve el cargo confiscado, ni la propiedad o los intereses que hayan radi-cado en otras personas como resultado de la convicción y la senten-cia, (In re Garland, 4 Wall. (U. S.) 333, 18 L. ed. 366; In re Deming, 10 Johns, (N. Y.) 232, 483; y se ha dicho que no devuelve la capacidad para ocupar un cargo civil. (Com. v. Fugate, 2 Leigh. (29 Va.) 724.) En esta época ya no seguimos esa decisión en todo su alcance.’ Matter of, 86 N. Y. 563, 569. Véase también Eighmy v. Peo., 78 N. Y. 330; Baum v. Clause, 5 Hill N. Y. 196; U. S. v. Jones, 2 Wheel, Cr. (N. Y.) 451; Nicholas Cases, Fost. 64.” 6 C. J. 587, nota 36.
“Peo. v. Weeber, 26 Colo. 229, 231, 57 P. 1079 donde se dijo: ‘El indulto, o el pago de una multa, o el cumplimiento de una sen-tencia puede devolver a uno sus derechos civiles — puede borrar el delito cometido — pero no puede borrar el acto de que él fué decla-rado culpable, y es el acto lo que la corte considera en estos procedi-mientos de disbwrment’.” 6 C. J. 587-8, nota 38.

Es cierto que Casablanca lia sido indultado. Es cierto que las condenas no pueden invocarse como tales para basar una negativa de admisión. Pero prescindiendo de las con-denas, quedan los hechos. Es la conducta del solicitante la que debemos investigar. Y esa investigación demuestra que Casablanca a los veintitrés años de edad falsificó un cheque y cobró una suma que no le pertenecía y luego, siete años más tarde, cuando ya había recibido el diploma de abogado, en un pleito de divorcio seguido contra su esposa archivó un emplazamiento del que constaba que su esposa había sido notificada cuando lo cierto es que jamás lo había sido.

Si se tratara simplemente del primer hecho cometido hace doce años, podríamos tal vez decir que la conducta posterior del aspirante siendo buena le hacía acreedor al honor de ser admitido al ejercicio de la abogacía. Pero el aspirante en fecha relativamente reciente reincide y realiza un hecho de igual naturaleza más grave todavía, y siendo ello así, ¿cómo es posible que esta corte permita, en los actuales mo-mentos, que un hombre de tal conducta sea investido con la toga del letrado y autorizado para ser el defensor de la propiedad, ele la vida, del honor de sns semejantes1?

No queremos decir que Casablanca esté para siempre im-pedido. Quizá a virtud de repetidos actos reveladores de una reforma sólida, pueda demostrar a esta misma corte que está en condiciones de ejercer la profesión de abogado. Pero, por ahora, sólo faltando al cumplimiento de nuestro deber y a nuestro propio juramento, podríamos aceptarlo.

En apoyo del criterio que hemos adoptado, citaremos, por último, la misma ley de 1909 creando la Comisión de Repu-tación. El final de la sección 9 dice así: “Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Grobernadoí1 de Puerto Rico, la Corte Suprema estará facultada para dejar sin efecto o modificar la orde^i de suspensión (disbarment).” Las itálicas sop nuestras.

No ha lugar a la reconsideración.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Delgado, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente • de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito contra la justicia pública.
    No. 1879.
    Resuelto en abril 27, 1922.
    Delito Contra la Justicia Pública — Moción de Nonsuit — Prueba Insufi-ciente. — El denegar una moción de sobreseimiento, una excepción a la prueba, o una moción de nonsuit, aun cuando sea errónea, es un error que no perjudica y por consiguiente no puede ser causa para una Tevoeaeión siempre que subsiguientemente se presente por cualquiera de las partes prueba que supla la omisión.
    Id. —■ Prueba Insuficiente. — A, portando una botella de ron, se dirigía a un grupo de personas que había en la calle, entre las cuales estaba B. Un po-licía, esperando ulteriores acontecimientos vigilaba a A y seguía detrás ele él a eiei'ta distancia. Al llegar A al grupo, sin que el policía le hubiera dado alcance, B le quitó la botella y la rompió contra el suelo. Denun-ciado y convicto B por una infracción al artículo 137 del Código Penal, se resolvió: que en tales circunstancias no puede concluirse que el acusado hizo resistencia, ni demoró ni obstruyó al funcionario en el cumplimiento de su deber.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Cervoni.

    Abogado del apelado: \8r. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 137 del Código Penal prescribe que “Toda persona que voluntariamente resistiere, demorare, o estor-bare a cualquier funcionario público en el cumplimiento de alguna de las obligaciones de su cargo, o al tratar de cum-plirla, siempre que no hubiere otra pena señalada, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5,000) dollars y cárcel por un término máximo de un año.”

El apelante fué declarado culpable del delito así definido, y condenado a pagar una multa de veinte dólares, y costas y a cumplir cinco días de cárcel. La denuncia alega que “el acusado Juan Delgado, voluntaria y maliciosamente, en mo-mentos que el policía denunciante en este caso, trataba de ocupar a Cecilio Rivera, una botella que contenía ron, be-bida embriagante, siendo objeto de tráfico clandestino por parte de Cecilio Rivera, la cual fué arrebatada de las manos de éste, por el acusado, quien la destrozó tirándola al suelo, entorpeciendo de este modo al policía denunciante en el libre funcionamiento de las obligaciones de su cargo.”

Claramente que la denuncia, en tanto sugiere una infrac-ción de la Ley Volstead se funda en la teoría de una venta de licor, o tal vez de un ofrecimiento de venta. La prueba, al celebrarse el juicio de novo en la corte de distrito, en lo que revela la comisión de algún delito por el cual el indivi-duo de quien se sospechaba pudo haber sido arrestado, in-dica una transportación ilegal de licor.

En cierta noche del mes de septiembre de 1921 estaban de servicio en 1a. calle Cristóbal Colón de Yabucoa, bacia la salida para Maunabo, un cabo de la Policía Insular y dos guardias, cuando vieron que salía un hombre de un callejón con una botella en la mano. El aparente deseo de esconder la botella parece produjo sospechas y llamó la atención, que era precisamente lo que trataba de evitarse. El cabo ordenó al policía Rodríguez que adelantara el paso bacia este fur-tivo portador de un contrabando. Rodríguez, que procedió a cumplir con estas instrucciones, dice que cuando el porta-dor de la botella, Cecilio Rivera, llegó a un grupo de per-sonas, entre las que estaba el apelante Juan Delgado, Juan dijo a Cecilio “dame acá esa botella” y “la cogió y la res-talló contra el suelo;” que habiendo llegado al sitio del su-ceso el cabo y los otros guardias, el testigo recogió la bo-tella rota que todavía contenía un poco del líquido en el fondo, lo probó y vió que era ron que picaba. El cabo tam-bién lo probó. El testigo iba a arrestar a Cecilio por trans-portar ron. El no fue arrestado, pues no había cometido ningún delito toda vez que el ron no fue ocupado en su poder.

El otro policía, Justo Colón, declaró que siguió tras Ro-dríguez basta la calle y el cabo iba detrás. Que al llegar a la salida para Maunabo, Rodríguez “trató de quitarle una botella de ron que llevaba Cecilio Rivera, pero el acusado le cogió la botella a Cecilio y se la rompió.” El propio Ro-dríguez no declara acerca de otra cosa que no sea de la in-tención no manifestada de coger la botella, y la tendencia general de toda la prueba indica que él simplemente iba si-guiendo los pasos a una persona sospechosa. La declaración de Colón está sujeta a esta interpretación, a falta de todo detalle o especificación de lo que el testigo realmente vió y oyó, y propiamente puede interpretarse de tal modo. En el examen de repreguntas declara que los fragmentos de la bo-tella no fueron presentados como prueba en la corte municipal porque no se sabía que se necesitaba la botella ese día, pero que pudieron probar que la botella contenía ron “por-que el testigo olió la botella. ’ ’ El cabo declara que ‘ ‘ al apro-ximarse Cecilio al acusado, a cierta distancia del policía, Juan Delgado le quitó la botella y la restalló contra el suelo.

Este testigo dice además “que la botella fué presentada como prueba en la Corte Municipal de Yabucoa;” que el testigo está “seguro de que la botella fué presentada como prueba en Yabucoa.” Entonces el abogado del acusado pi-dió a la corte que dictara una orden para mostrar causa por qué el testigo no debía ser procesado por perjurio mediante desacato; y luego, en contestación a las nuevas preguntas del fiscal, el testigo explicó que no declaró en la corte municipal; “que el testigo había dejado la botella en el cuartel de la policía para que la presentaran como prueba y por eso creía-que la habían presentado.”

La defensa consistió en las declaraciones de dos testigos, a saber:

“Juan Rosa. — Declara que la noche de autos se encontraba reu-nido con varios amigos en Yabucoa, a la salida para Maunabo, cuando llegó Cecilio Rivera, a la reunión, y el policía Rodríguez; que al llegar Rodríguez, dijo: cabo, venga acá. Y el cabo, que estaba a alguna distancia con otro policía, llegaron al grupo y el policía Ro-dríguez le dijo: éste traía una botella y éste se la quitó y la botó. Entonces el policía registró a Cecilio, no le halló nada y el cabo mandó meter en la cárcel a Juan Delgado. Que allí no había botellas.
“Juan Ortiz. — Declara lo mismo que el anterior, pero dice que al momento de llegar Cecilio a la reunión de amigos que estaban a la salida para Maunabo, llegó el policía Rodríguez y le dijo: entrégueme la botella de ron. Cecilio contestó que no tenía ninguna botella y entonces el guardia lo registró no encontrándole nada. Que entonces el guardia llamó al cabo que estaba a alguna distancia y el cabo or-denó el arresto de Juan Delgado. Que allí no había botella ninguna de ron.”

El único de los errores señalados que debemos considerar es el haber desestimado la corte la moción de sobreseimiento (nonsuit) hecha al terminarse la prueba del Pueblo.

El fiscal cita el caso de El Pueblo v. Ojeda, 26 D. P. R. 438, en el que resolvimos, Paciendo cita del sumario, que “Guando nn acusado al cual se le lia desestimado una mo-ción de nonsuit, introduce su prueba, este paso equivale a una renuncia de su moción, ya que la regia es idéntica en casos civiles y criminales.”

Pero esta ligera referencia al principio elemental de “es-toppel” envuelto, presupone que la prueba así presentada por el acusado suministra todos aquellos elementos de que pudiera adolocer el caso como fue presentado por el deman-dante, y por tanto, que no ba sido menoscabado ningún de-recho sustancial del acusado.

Una verdadera exposición de la regia sería que la nega-tiva a sobreseer o desestimación de una excepción perento-ria a la prueba, o la negativa de una moción de sobresei-miento por falta de prueba suficiente, aún cuando fuera erró-nea, es error que no perjudica y por tanto no puede servir de base para una revocación, siempre que la prueba que suple la omisión y que así corrige el defecto se baya presentado luego por cualquiera de las partes. 4 Corpus Juris, p. 1020, secciones 3005-07; 9 R. C. L. 215, sección 39.

Ni es tampoco de aplicación el caso de El Pueblo v. Rivera, 25 D. P. R. 752, citado por el fiscal. En ese caso la cuestión era si el artículo 137 es aplicable solamente a casos en que está envuelta la resistencia que se opone a los fun-cionarios de orden público al baeer arrestos, y a los funcio-narios de las cortes al cumplimentar órdenes judiciales le-gales, o si debe declararse que di’cbo artículo comprende a un inspector de sanidad en el cumplimiento de sus deberes oficiales al tomar muestras de lecbe que está expuesta a la venta pública, para su análisis químico con el fin de deter-minar si ba sido o no adulterada. La mayoría de este tribunal fué de este último criterio, pero no estamos dispuestos a dar a la regla tal alcance que comprenda toda tentativa concebible para anticipar la posible ocupación y destrucción de un contrabando, sin tener en cuenta su valor, probatorio o utilidad como prueba.

En este caso la prueba demuestra claramente, como lo indicaría el sentido común en ausencia de toda prueba, que no eran necesarios los exámenes de laboratorio para deter-minar la verdadera naturaleza del líquido contenido en la botella. El acto del acusado al romper lo que parece haber sido una botella en buen estado, cualquiera que baya sido el motivo o idea particular que tuviese del probable efecto legal de tal actuación, tendía realmente a corroborar la teo-ría puesta en práctica y por virtud de la cual procedieron los representantes de la ley, y a robustecer el caso contra Cecilio, por el mismo principio de que la fuga de un prófugo de la justicia por lo general se considera como una circuns-tancia inculpatoria. Era en verdad igual a los síntomas ma-, infestados por el propio Cecilio, que llamaron primero la atención del cabo y se utilizaron con provecho por el fiscal en el presente caso. Basado en esta misma creencia el cabo instintivamente se dijo a sí mismo, según admite en su de-claración: “Caramba, a qué obedece que este hombre haya hecho eso? Nada, que no quería que le ocuparan la botella, porque el ron me supongo que era para ellos mismos. Que ordenó que lo trajeran a la cárcel.”

El arresto por transportar licor pudo hacerse en cual-quier momento después de salir Cecilio del callejón y no se hizo esfuerzo por arrestarle al ser rota la botella. La prueba demuestra fuera de toda, duda, que la policía tenía mera-mente al presunto G-anymede bajo vigilancia y esperaba ul-teriores acontecimientos. No hubo intervención, obstrucción u ocultación con nada que se estuviese llevando a cabo. Sin duda que ellos no esperaban el cambio repentino en el curso de los sucesos, pero el artículo 137 no tiene por objeto cas-tigar a una persona cuya conducta no es la que de ella se espera, por contraria que pueda ser para la policía. Admi-tiendo en pro del argumento que era el deber oficial de dichos policías perseguir no solamente al sospechoso violador de un estatuto federal, sino capturar el envase intacto, el no obtenerse este resultado se debió tanto a sus actuaciones dilatorias, como a cualquier cosa que hubiera hecho el acu-sado en este caso. Si el acusado con razón se indignó por la conducta censurable de Cecilio, ya se considere esto como una pura y simple infracción de la ley, o que envuelve com-plicaciones al parecer inminentes para el acusado y sus amigos, el acto de romper la botella claramente que no fué un delito. Si la actuación de que se queja el denunciante se debió al deseo de proteger a Cecilio o al acusado y a sus compañeros de las probables consecuencias de sus mismas relaciones criminosas con la transacción, entonces pudo ha-ber sido culpable el acusado de algún delito, pero no del de-finido en el artículo 137. De todos modos el único resultado palpable era envolver a Cecilio de una manera más intrin-cada en la red de las circunstancias ya preparada a su derre-dor y hacer más clara la sospecha que ya había acerca del acusado y sus amigos. Desde ningún punto de vista pode-mos concluir que el acusado voluntariamente hizo resisten-cia, demoró u obstruyó a ningún funcionario público en el cumplimiento o al tratar de cumplir con algún deber de su cargo.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “Conforme con la sen-tencia. ’ ’

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Estoy de acuerdo con la anterior sentencia y conforme con el razonamiento de la Opinión menos en cuánto en ella se trata de establecer una diferencia entre el presente caso y el de El Pueblo v. Rivera, 25 D. P. R. 752. En ese caso disentí y la razón que tuve para disentir fué que no había en-vuelta ninguna resistencia a un funcionario cuando un acu-sado temiendo a un arresto y condena destruyó una botella de leche El quizás podría estar destruyendo prueba. Con-vengo particularmente en que -el artículo 137 no castiga a una persona cuya conducta meramente no se espera de él, pero sostengo que el mismo razonamiento era aplicable en el caso de la leche y que el presente caso revoca el de El Pueblo v. Rivera, supra.


author: El Juez Asociado Sk. Hutchison,

text:
    Berrios, Demandante y Apelante v. Asamblea Municipal de Yabucoa, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un procedimiento de certiorari.

      No. 2637.
    Resuelto en abril 27, 1922.

      Certiorari — Ley Municipal — Contribuyentes: Sus Derechos en Relación con el Presupuesto Municipal — CuandoI Deben Ejercitarse — Funcionarios Municipales. — Aunque interpretando liberabnente el inciso (a) del artículo 65 de la Ley Municipal de 1919 hubiera de considerarse a cualquier contri-buyente como comprendido en la frase "parte perjudicada” allí contenida y, por tanto, con derecho a revisar mediante certiorari los actos administrativos y legislativos de los organismos y funcionarios municipales, el derecho de un contribuyente a un auto de certiorari para anular el presupuesto municipal tendría que ejercitarse antes de entrar dicho presupuesto en vigor, y de lo contrario el auto debe ser denegado; aparte de que su expedición o denega-ción siempre descansa en la sana discreción de los tribunales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Soto Rivera.

   El Juez Asociado Sk. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humacao, después de una vista a virtud de auto de certiorari librado para, aprobar la vali-dez de una ordenanza municipal, anuló el auto así expedido y declaró sin lugar la solicitud de certiorari presentada, en-tre otros motivos, por los siguientes:

“1. El artículo 45 de la Ley Municipal, según fué enmendado por Ley No. 9 de 12 de mayo de 1920, establece que el concejo de administración formará el presupuesto y lo publicará en la parte exterior de la casa municipal, en la colecturía de rentas internas, en el cuartel de la policía y, en la corte municipal o de paz, por el término de diez días consecutivos, haciéndose constar al final del mismo que cualquier vecino de la municipalidad que desee oponerse o hacer objeciones con respecto a cualquiera de sus partidas deberá hacerlo por escrito al presidente de la asamblea municipal con ante-rioridad al día en que ésta deba reunirse, el cual día deberá indicarse claramente.
“El peticionario no parece haber usado de ese derecho que le concede la ley para solicitar de la asamblea la corrección o eliminación de las partidas relativas a sueldos y tributos que estima perjudiciales a sus intereses como contribuyente cuando dicho presupuesto se presume fué publicado, dando así a la asamblea una oportunidad para actuar en el asunto, y en estas condiciones nos parece improcedente el auto de certiorari para anular el presupuesto. Y llegamos a esta conclusión por la lógica que nos dice que el presupuesto de un mu-nicipio no puede quedar siempre abierto a impugnación u objeciones en sus partidas cuando ellas tienen una fecha fija para empezar a usarse, y la Ley Municipal determina tiempo y forma dentro del cual dichas objeciones pueden hacerse.
# i# # «
“Este recurso de certiorari no fué establecido hasta el 20 de sep-tiembre de 1921, esto es, seis meses después de haber sido aprobado y de haber comenzado a regir el presupuesto y de haber, por tanto, el municipio contraído obligaciones con cargo al mismo y no alegán-dose por el peticionario una razón especial que justifique la tardanza ■en su actuación, nos parece que en esta condiciones él no ha sido diligente en la defensa de sns derechos, siendo por otra parte más grande a considerar los perjuicios que pudieran irrogarse al muni-cipio con la anulación del presupuesto.
‘Para que una parte que vea sus derechos lesionados por virtud de un procedimiento ilegal o defectuoso, pueda acogerse a los bene-ficios del auto de certiorari, es necesario que demuestre que ha ejer-citado debida diligencia en la defensa de sus derechos. Delgado v, Corte de Distrito de Mayagüez, 8 D. P. R. 509; Jiménez v. Corte Distrito San Juan, 9 D. P. R. 334. Véase además Hernández v. Hutchison, Juez de Distrito, 20 D. P. R. 517.”

Los siguientes errores lian sido alegados:

“Io. La corte cometió error aplicando indebidamente a este caso el artículo 45 de la Ley Municipal vigente.
“2o. La corte cometió error al denegar la petición de certiorari por el fundamento de que ésta se presentó después de estar en vigor el presupuesto.”

El razonamiento bajo el primer señalamiento es que el peticionario funda su derecho en el apartado (a) del artículo 65 de la Ley Municipal, y que el artículo 45 de dicha ley no tiene nada que ver con el caso.

Se afirma, además, que la ordenanza es absolutamente nula toda vez que fue aprobada después de vencido el tér-mino fijado por la ley para la duración de las sesiones del concejo municipal y por tanto que puede ser atacada donde quiera y en cualquier momento. Pero no se cita ninguna autoridad, ya para sostener la interpretación que el apelante trata de dar al estatuto, en oposición a la interpretación dada por el concejo municipal, o para sostener la proposición de que una ordenanza aprobada después de vencido el término prescrito es absolutamente nula, o en apoyo de la conclusión de que en tales circunstancias no es de aplicación la regla invocada por la corte de distrito.

Respecto a la cuestión promovida en el segundo señala-miento de error dice el apelante lo siguiente:

“Las razones alegadas al tratar el error anterior son aplicables a este segundo error y no puede la corte, para sostener su doctrina, fundarse en las decisiones que cita de la Corte Suprema de Puerto Rico, porque estas decisiones se refieren única y exclusivamente a recursos de certiorari establecidos para anular decisiones judiciales y ninguna de ellas ba sido promulgada interpretando el artículo 65 de la Ley Municipal, que por primera vez, dió el recurso de certiorari para anular ordenanzas de los municipios cuando estas ordenanzas eran contrarias a las leyes de Puerto Rico.
“Las citas que bace el juez inferior de preceptos de jurispruden-cia americana no tienen tampoco aplicación alguna porque ya la misma Ley Municipal determina que no sólo procede el recurso de certiorari cuando se lesionan derechos constitucionales, sino también cuando los actos realizados son contrarios a las leyes de Puerto Rico y bemos probado que el presupuesto aprobado lo fué en violación de los artículos 17 y 46 de la Ley Municipal, y aún suponiendo que el señor Berrios no fuera contribuyente, dicba ley concede a cualquier ciudadano el derecho a establecer el recurso objeto de este litigio.
“No es necesario que sufra perjuicio personal, pues basta sólo que el acto sea contrario a la ley como en el presente caso.”

El artículo 65 de la Ley Municipal prescribe lo siguiente (bastardilla nuestra):

“Artículo 65. — Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a ins-tancia de parte perjudicada—
“(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la asamblea municipal o concejo de administración o de los comisionados, que lesione derechos constitucionales de los que-rellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las Leyes de Puerto Rico, mediante certiorari; * *

Leyes de 1919, pág. 721.

Claramente que la intención de la Legislatura fué confe-rir jurisdicción a las cortes para revisar la actuación admi-nistrativa y legislativa que con anterioridad a la aproba-ción de esta ley no podía considerarse mediante certiorari. No se prescriben nuevas reglas para el ejercicio de esta ju-risdicción adicional, una vez que se invoque debidamente. Ni puede la corte actuar a instancia de cualquier, o todo liti-gante importuno, quien por razones que él mejor que nadie conoce prefiere probar la validez de una ordenanza municipal, sino solamente a instancia de “parte perjudicada.” La ley no invalida aquellas reglas y principios generales que sirven de norma a las cortes aquí, como en otras partes, en el ejercicio de una sana discreción sobre si debe o no expe-dirse el auto.

Para los fines de esta opinión, sin embargo, puede admi-tirse que es bastante amplio el texto del estatuto para com-prender en un caso adecuado, si no en la mayoría de los mis-mos, a cualquier contribuyente que no fia renunciado o per-dido de otro modo el derecho inherente a tal condición legal {status). Podría también admitirse, según el criterio que ■tenemos de este caso, que porque no se comparezca ante el 'concejo municipal, o acuda prontamente a las cortes, sin otra cosa, la negativa del auto no estaría justificada. Pero la corte inferior tenía derecho a considerar estas cuestiones en relación con la de interés y conveniencia pública. Y en tanto la decisión de la corte inferior puede basarse, o estar sos-tenida, por el fundamento a que acabamos de referirnos, no vemos error alguno que pueda ser materia de revocación.

“Se deniega propiamente el certiorari * * "* cuando, si se concediera el auto y anularan o revocaran los procedimientos, sobre-vendrían consecuencias perniciosas y las partes o terceras personas no podrían ser restablecidas en su status quo. El auto nunca se concede cuando ha de producir un efecto contrario a la equidad y sería injusto.
“Cuando resultara o pudiera resultar un gran detrimento o in-conveniencia para el público por la intervención con los procedimien-tos de organismos públicos que ejercitan derechos en los cuales el pueblo en general está interesado, y de su negativa no resultaría ningún perjuicio sustancial, el auto ha sido negado y su concesión en tales casos es discrecional * * 1#
“Generalmente no se concederá el certiorari cuando el peticionario ha sido culpable de abandono (laches), o no lo ha solicitado opor-tunamente, pero estas objeciones se dirigen a la sana discreción de la corte y el auto será concedido o denegado, según que con él se promuevan o no los fines de la justicia.” 11 C. J., p. 130, 131, sees. 82, 83 y 86.
“ Cuando la cuestión no está regulada por el estatuto o el pro-cedimiento fijado, puede decirse como regla general que deberá soli-citarse el auto dentro de un tiempo razonable, o será denegado o desestimado si ha sido espedido por descuido * * * .
“Cuando la revocación de los procedimientos que tratan de revi-sarse resultaría en detrimento o inconveniente para el público, o puede perjudicar los intereses de la sociedad, se exige a la parte que actúe rápidamente al hacer su solicitud, y toda demora injus-tificada en proceder así justificará la negativa o la desestimación del auto. Por ejemplo, en el caso de mejoras públicas la demora injus-tificada es fatal.
“De modo que cuando el peticionario ha confiado en sus dere-chos y pospuesto su solicitud hasta que los procedimientos que pre-tendan revisarse han sido confirmados o cumplimentados y el dinero del público se ha gastado por tal motivo, el auto deberá ser dene-gado.” Id. págs. 146, 147, sees. 133, 134 y 135.
“Aunque las autoridades públicas de una ciudad, pueblo, con-dado u otro organismo municipal puedan estar procediendo en una cuestión que afecte a los contribuyentes sin justificación legal, de modo que esté justificada la intervención de la corte a solicitud de un contribuyente, el remedio de los contribuyentes puede perderse por su abandono (laches) en solicitar el remedio.” Ann. Gases 1913 C., p. 898.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.