author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Isabel, Prudencio y José Bernier, demandantes y apelados, v. Sucesión de Víctor Honoré y Garau, compuesta de sus hijos legítimos Sabás, Trinidad y Alejandro Honoré, demandada y apelante.
    No. 4522.

      Sometido: Diciembre 19, 1928.

      Resuelto: Febrero 20, 1929.

      A. Amoldo Sevilla, abogado de la apelante; José Sabater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, Isabel, Prudencio y José Bernier presen-taron ante la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda-, contra la Sucesión de Víctor Honoré G-aran, compuesta pór-sus hijos legítimos Sabás, Trinidad y Alejandrina Honoré;, solicitando ser declarados hijos naturales reconocidos de Víctor Honoré y Garau, con los derechos qne a tales hijos con-fiere el Código Civil. Alegaron ellos qne desde 1909 Víctor Honoré y Garau y María Bernier, viudo el primero y soltera la segunda, sin impedimento para casarse, tenían relacio-nes amorosas, viviendo en público concubinato hasta la. muerte de la Bernier y habiendo procreado, como fruto de-esas relaciones, a Isabel, nacida en 5 de diciembre de 1906,, a Prudencio que nació en abril de 1908, y a José, qne nació en mayo de 1910; qne Víctor Honoré, pública y privada-mente tuvo a los demandantes por hijos suyos, se ocupó de su educación y alimentos, y les llamaba sus hijos; qne Víctor Plonoré murió sin hacer reconocimiento formal y solemne de-la condición de hijos naturales en los demandantes.

La sucesión demandada, en contestación negó las alega-ciones de la demanda.

Fué el caso a juicio. Las partes presentaron su prueba. Y la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda. A la sentencia se une opinión que copiada es así:

11 El día 6 de octubre de 1927 se llamó -este caso para juicio para cuya fecha fué debidamente señalado en el Calendario de Asuntos Civiles de esta Corte. Comparecieron las partes: los demandantes re-presentados por su abogado Ledo. José 'Sabater, y los demandados por el suyo, Ledo. Alfredo Arnaldo, y anunciaron estar listos para juicio, procediéndose a su celebración. La Corte, después de oír las alegaciones, las pruebas practicadas y sometido el ea'so por medio de alegatos escritos que presentaron los abogados de las partes, reservó bu resolución basta boy en que encuentra y resuelve que se ban pro-bado los siguientes hechos: Primero: Que los demandantes Isabel, Prudencio y José Bernier, nacieron en esta ciudad de Mayagüez el 5 de diciembre de 1906, el 28 de abril de 1908 y el 15 de mayo ■de 1910, respectivamente. Segundo: Que al tiempo de la concepción y nacimiento de los demandantes, Víctor Honoré y Garau era viudo y María Bernier era soltera, no tenían impedimento legal alguno para contraer matrimonio entre sí y ’se hallaron siempre en aptitud legal para contraerlo sin dispensa de ninguna clase. Tercero: Que Víctor Honoré y Garau falleció en esta ciudad el 16 de enero de 1926 con testamento que otorgó por escritura ante el Ledo. Angel A. Vázquez en esta ciudad en 16 de junio de 1918, en el cual instituyó por sus únicos y universales herederos a sus legítimos hijos los de-mandados. Cuarto: Que Víctor Honoré y Garau tuvo por hijos su-yos a los demandantes desde su concepción y nacimiento hasta su muerte; les llamó como tales en sus conversaciones, y se ocupó cons-tantemente de su educación, especialmente en cuanto a los dos hijos más jóvenes, Prudencio y José, haciendo gestiones personales en la escuela pública, con los profesores de sus hijos, atendiendo a su pro-greso y adelanto escolar y poniéndoles a aprender el oficio de bar: bero; realizando esas gestiones personales como padre de ello’s; pagó los gastos del parto de sus dichos tres hijos, y medicinas para ellos cuando se encontraban enfermos y los gastos de médico y dentista y proveía para ’su sustento, casa y vestidos y les visitaba asiduamente en la casa donde vivían con su madre María Bernier, no eximiéndose de reconocerles como hijos suyos pública y privadamente y de una manera constante. Por virtud de tales hechos probados, la Corte llega a la conclusión de que los demandantes tienen derecho a ser re-„ conocidos como hijos naturales de Víctor Honoré y Garau, de acuerdo eon el art. 189 del Código Civil vigente a la fecha del nacimiento de los demandantes, y por tanto, declara con lugar la demanda de este caso en todas sus partes y ordena que 'se registre una sentencia de conformidad con la ley y esta opinión, eon las costas a los deman-dados. ’ ’

Contra la sentencia se ha interpuesto' apelación por la parte demandada, qne señala tres errores:

El primer señalamiento es:

“La Corte ha cometido error en la sentencia apelada al estimar probado que Víctor Honoré y Garau tuvo por hijo's suyos a Isabel, Prudencio y José Bernier, les llamó tales en conversación y se ocupó de la educación y sostenimiento de ellos.”

Hemos visto con todo cuidado la prueba en el caso. Y declaramos que la conclusión a que llegó la corte, en este particular, es correcta. Los testigos presentados por los demandantes, los profesores Rafael Osorio, Sr. Colón, Sr. Barreto, el Doctor Pedro Monagas, Carola Castro, Petra Gonce, Valerio Martínez, Juan Raldiris, etc., confirman la alegación de que Víctor Honoré y Garau, tenía a estos de-mandantes como sus hijos, así los llamaba y se ocupaba de su alimentación y de su educación como hijos. No es prueba en contra de tales testimonios la presentada por los deman-dados, en la que la mayoría de los testigos se limita a decir que Honoré nunca les dijo que tuviese hijos naturales, y al-gunos que nunca se lo preguntaron.

La prueba tuvo que fijar en el ánimo del juez la convic-ción que se exterioriza en la opinión.

No encontramos que exista el primer error señalado.

El segundo señalamiento es así:

“Víctor Honoré y Garau y María Bernier no vivieron en con-cubinato. 1 ’

En el caso Medina v. Sucesión Bird, 30 D.P.R. 158, se fijó el concepto del concubinato, haciendo relación a la de-finición que de él presenta Escriclie, y añadiendo este Tribunal :

“ .... El concubinato a que alude el Código Civil se refiere a la condición de vivir juntos lo mismo que marido y mujer sin estar realmente casado's. No es suficiente que un hombre coloque a una mujer en una casa y frecuentemente la visite-, especialmente si él tiene un bogar propio independiente como la prueba tiende a mostrar."

Y en el caso Gerena v. Suau, 36 D.P.R. 170, dijo el Tribunal :

“La idea de un estado de concubinato, según indicamos en el caso de Medina v. Sucesión de Bird et al., 30 D.P.R. 158, es una relación similar o muy cercana al estado marital. Tal vez podría 'ser un poco menos que el estado marital y estaríamos dispuestos a reco-nocer un concubinato, pero un estado de concubinato debe diferen-ciarse de una relación en que un hombre meramente mantiene una querida {mistress). E's cierto que Bartolo Suau pasaba muchas horas con Dolores González, pero no-hallamos nada en la prueba que eleve la relación sostenida por Bartolo Suau con Dolores González a un estado de concubinato. Aunque uno o dos testigos llegan a tal conclusión, lo's autos no demuestran nada parecido a que era de co-nocimiento público un estado de concubinato entre estas dos perso-nas."

A la luz de esta doctrina, cabe creer que la prueba del concubinato no fué tan exacta y fuerte como se podía requirir. Pero en el caso presente, más que en el concubinato- entre Honoré y la Bernier, puede fundarse la resolución en los actos de reconocimiento- por parte de aquél.

El artículo- 189 del Código Civil de Puerto Rico antes de la Ley No. 73 de 1911, decía así:

“El padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo en los casos siguientes:
“1. Cuando exista e'scrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación o soste-nimiento.
“3. Cuando la madre fue conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo o cuando éste baya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.”

La obligación de reconocer nace aquí de tres distintas fuentes. Una de ellas es el baber públicamente tenido por hijo a la persona de que se trata, haberle llamado tal, y ha-berse ocupado de su educación y sustento. T éste es el caso aquí.

En cuanto al tercer señalamiento se refiere a la imposición de costas. Materia de una prudente discreción, no creemos tener que acudir a una revocación, a no demostrársenos que el juez abusó de tal discreción. Y aquí no se ha demostrado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado‘Señor Hutchison están conformes e.on la sentencia pero no con todos los fundamentos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. A. Quintana Reyes, acusado y apelante.
    No. 3536.

    Sometido: Diciembre 14, 1928.

      Resuelto: Febrero 20, 1929.

      li. Martínez Nadal y M. A. Martínez Dávila, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

A. Quintana Reyes fué denunciado como autor de un de-lito de libelo, por Pedro G-, Quiñones, ante la Corte Municipal de San Juan. Resuelta la causa, se apeló para ante la corte de distrito. Celebrado en ésta el juicio, se dictó sen-tencia condenando al acusado, quien no- conforme aún, apeló para ante esta Corte Suprema, señalando en su alegato dos errores, uno cometido a su juicio por la corte de distrito al admitir como prueba el documento original del artículo difamatorio y otro al apreciar como constitutivos de delito los hechos alegados en la denuncia y los demostrados por la prueba.

Discutiendo el primero sostiene el apelante que la corte erró al admitir como prueba el original del artículo libeloso por él firmado, porque la única evidencia que conecta al apelante con la publicación del artículo es la declaración del fiscal del distrito haciendo referencia a una conversación que tuvo con el apelante de naturaleza privilegiada.

La prueba demostró que el Sr. Romanacce, Director del periódico “S’ Accuse” entregó al editor del mismo el escrito original firmado por A. Quintana Reyes. Declaró además el fiscal del distrito como sigue:

“Me llamo Marcelino Romani y soy fiscal de este Distrito Judicial. Un día se me presentó el señor Quintana Reyes en mi oficina a hablarme de un asunto en relación con esto; él mismo, voluntaria-mente, pero cuestión personal y privada; entonces- él me expuso y admitió en conversación particular conmigo, que era cierto que él había publicado este artículo en el periódico ‘J’Accuse,’ por ciertas razones que no son ahora para ser dichas aquí. Él me admitió que este artículo lo había hecho él y que lo había mandado al periódico ‘J’Accuse,’ me dijo que por cierta declaración que había prestado el señor Quiñones en un pleito civil, no recuerdo entre. qué partes. Nada más — Abo.—P.—Nada. Fis. — Presento como prueba el pe-riódico, y este original. — Abo.—Nos oponemos porque entendemos que no lia sido identificada la firma del señor Quintana Reyes. — Fis.—Él admitió que era el autor de esto y que lo había publicado, y el señor Gotay admitió que este es el original del artículo. — Juez.'—La Corte lo admite como el documento que sirvió para la publicación.-Abo. ■ — Tomo excepción.”

A nuestro juicio la declaración del fiscal era admisible.

En primer término, como sostiene el fiscal de esta Corte Suprema, en su alegato, si el acusado estuvo donde el fiscal del distrito no en su condición de fiscal sino en la de amigo y le hizo la manifestación referida, no vemos que la misma sea privilegiada, ya que no media entonces la relación que debe existir en esa clase de comunicaciones para que el pri-vilegio exista, y en segundo término, si el acusado compare-ció ante el fiscal con motivo de la investigación que dicho funcionario practicaba en relación con los hechos por él rea-lizados, la manifestación que le hiciera tiene el carácter de una admisión voluntaria perfectamente admisible.

Underhill, en su obra sobre evidencia Criminal, se expresa así:

“ . . . . Pero cuando solamente se ha hecho un examen informal, o si los detalles de un examen ordinario y formal no se han tomado por escrito, o si los autos 'son inadmisibles por falta de jurisdicción o debido a irregularidades que aparecen de su faz, o por cualquier otra razón material o substancial, prueba oral de lo que el acusado Arolun-tariamente dijo en el examen preliminar es admisible. Así, un Fiscal o Juez Instructor puede declarar verbalmente respecto a lo que se dijo en un examen preliminar celebrado con anterioridad a la investigación final. De la misma manera, prueba oral de una con-fesión extrajudicial nunca es inadmisible meramente porque el exá-men judicial del acusado fué tomado por escrito o porque el acu-sado mismo haya hecho una confesión anterior escrita. Un Fiscal que oye una confesión puede declarar verbalmente sobre la misma. Su declaración verbal es la mejor prueba, aunque la confesión haya sido tomada por escrito por un taquígrafo en su presencia.”

Invoca el apelante el caso de Vogel v. Gruaz, 110 U. S. 311. En él la Corte Suprema de los Estados Unidos esta-bleció la siguiente doctrina:

‘ ‘ Una declaración hecha al fiscal del estado de Illinois cuyo deber es 'instituir y proseguir’ todas las causas criminales, por una persona que solicita del fiscal que le informe si los hechos expuéstosle consti-tuyen el delito de hurto, es una comunicación enteramente privile-giada y en un pleito de daños y perjuicios instituido contra esa persona por pronunciar palabras que imputaban el delito de hurto no pueden ser declaradas por el fiscal del estado, aunque haya prueba do que tales palabras fueron dichas a otras personas.”

Basta la mera enunciación de la doctrina sentada para concluir que no es aplicable. Aquí no se trata de una con-sulta y de un pleito para recobrar dinero, sino de admisiones voluntarias hechas por el acusado al propio fiscal que inves-tigaba la causa.

Examinemos el segundo error.

La denuncia es como sigue:

“Yo, Pedro G-. Quiñones, abogado, vecino de San Juan, P. R., calle Sol número 35, de 36 años de edad, formulo denuncia contra A. Quintana Reyes, por un delito de libelo (Infracción al artículo 243 del Código Penal, misdemeanor) cometido de la manera siguiente: Que allá en o’ por marzo 12 de 1927, y en San Juan, P. R, el acusado suscribió y envió al periódico ‘ J ’Accuse’ que se edita en San Juan, un artículo titulado ‘Los Manejo's de un director de Banco. Argucias de la usura,’ jiara ser publicado en el citado periódico, como efectivamente lo fué, habiendo circulado públicamente en esta ciudad, entre otros ejemplares, el marcado con el número 5 (edición de marzo 12, de 1927) de dicho periódico y forman parte de dicho artículo los siguientes párrafos: — ‘ Pedro G-. Quiñones, a pesar de sus tres títulos con que se anuncia, por su falta de capacidad para ga-narse la subsistencia dentro del campo profesional, tiene que recurrir al no envidiable negocio de la usura. Este sujeto ha tenido la suerte de ser nombrado Director del Bango Masónico de San Juan, y aprovechándose de ese cargo se dedica a realizar préstamos usure-ros usando para ello los fondos de esa Institución., ¿Cómo? Como ya es conocido en ese negocio de la usura el que necesita un préstamo lo solicita de él y si las firmas ofrecidas son aceptables, pide la obli-gación firmada, acude al Banco Masónico con ella, la de'seuenta con su ciento y a veces a mayor tipo y sino entrega el Banco concede el préstamo descontándole a su víctima por anticipado intereses al TRES o al Cinco por ciento y a veces a mayor tipo, y sin sacar un centavo de su bolsillo realiza el préstamo con una ganancia pingüe. Así se puede ser Director de un Banco. Damos la voz de alerta al Banco porque suponemos que éste ignora los manejos de ese Director, y que creemos que una vez conocidos, que al enterarse los demás caballeros que forman en esa Directiva entre los cuales bay personas bono-rabies, rehuyan su contacto y lo expulsen que es lo menos que po-drían bacer. En la próxima daremos cuenta de otra acción sucia, pero muy sucia de ese Director actuando también o tomando el nom-bro de ese Banco. — A. Quintana Beyes.”
“Que los transcritos párrafos están suscritos por el acusado, siendo éste el único autor de los mismos y ge'stionó su publicidad con la maliciosa intención de difamar al denunciante Pedro G. Quiñones, abogado y Director del Banco Masónico de Puerto Bieo, que ocupaba en aquélla y en la actualidad, el cargo de Director del Banco Masó-nico de Puerto Bico, exponiéndole al odio y ridículo público, siendo además, falsas las imputaciones que en dicho artículo se le hacen.”

Sostiene el apelante qne esa denuncia es insuficiente por-que no alega al final que los hechos son contrarios al estatuto para tal caso hecho y formulado y porque no expresa que el acusado voluntariamente publicara el referido libelo.

No debe perderse de vista que se trata de una denuncia y no de una acusación. Hubiera sido correcto que la denun-cia terminara en la forma que eh apelante sostiene que debió terminar, que es la consagrada por el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero lo verdaderamente impor-tante es que los hechos constituyan un delito de acuerdo con la ley vigente al momento de su comisión. Y así es en efecto, consignándose además en este caso en los comienzos de la denuncia el nombre del delito y la ley que lo castiga.

Tampoco existe el segundo defecto apuntado. La denuncia se presentó de acuerdo con el artículo 243 del Código Penal que dice:

“Artículo 243. — Constituye libelo cualquiera maliciosa difamación expresada por medio de escritos, impresos, signos, láminas, dibujos, n otra forma análoga, tendentes a denigrar la memoria de un difunto, o impugnar la honradez, integridad, virtud o buena fama de un vivo, o publicar sus defectos naturales o supue'stos, exponiéndole así al odio, desprecio o ridículo público.”

No se trata de la publicación voluntaria a que se refiere el siguiente artículo del Códig’o Penal estatuido para abarcar el caso de los editores de los periódicos, por ejemplo, en que no se necesita que actúen maliciosamente, bastando que lo hagan voluntariamente para que se entienda que cometen el delito de libelo en esa otra forma.

La prueba es suficiente. El acusado trató de justificar su actuación. A este respecto se expresa la corte sentenciadora así:

“El acusado trató de probar la certeza de sus imputaciones, o sea que el denunciante, siendo un abogado, y no teniendo capacidad para ganarse la subsistencia dentro del campo profesional, ba recu-rrido a la usura, aprovechándose para ello del cargo de Director del Banco Masónico de San Juan y realizando préstamos usereros, con los fondos de esa institución, sin 'sacar un centavo de su bolsillo, con una ganancia pingüe; pero la verdad de estas imputaciones no se ba demostrado, ni tampoco que la publicación se hiciera con sana in-tención y para fines justificable^. ”

Hemos examinado la evidencia y estamos conformes con el criterio del juez de distrito.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Pbesidente Señoe del Tubo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcelino Hidalgo, acusado y apelante.
    No. 3704.

    Sometido: Enero 22, 1929.

      Resuelto: Febrero 21, 1929.

      Jone J. Acosía y Acosta, abogado del apelante; José E. Pignoras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señoe del Tubo,

emitió la opinión del tribunal.

Marcelino Hidalgo fué denunciado en la Corte Municipal de Guayama como autor de una violación a la sección 3, Título 2do. de la Ley Nacional de Prohibición, consistente en transportar a sabiendas, voluntaria e ilegalmente en su automóvil una lata conteniendo cinco galones de ron, dos bo-tellas de vino moscatel, dos botellas de crema de cacao, seis botellas de brandy, seis botellas de vino y dos botellas de anís.

Juzgaba la causa en la corte municipal se apeló para ante la de distrito, y celebrado en ésta un nuevo juicio fué condenado el acusado a pagar $25.00 de multa o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. - No conforme aún, apeló el acusado para ante esta Corte Su-prema señalando en su alegato la comisión de dos errores.

Por el primero sostiene que debió haberse declarado con lugar una moción de sobreseimiento que presentó al comenzar el nuevo juicio en la corte de distrito, basada en que habían transcurrido más de 120 días a partir de la ultima suspensión. El fiscal se opuso a la moción alegando como causa justa para no haberse celebrado la vista dentro del término de 120 días tanto las ocupaciones de la corte cuanto la ocurrencia del ciclón de San Felipe que fué de tal magnitud que por algún tiempo alteró la marcha normal en - el despacho de los asuntos de la corte. Y basándose en esa causa la corte declaró sin lugar la moción.

A nuestro juicio no cometió error la corte sentenciadora. Como dice el fiscal de la Corte Suprema en su alegato no consta la fecha de la última suspensión que era el punto de partida para comenzar a contar los 120 días a que se refiere la ley que se ha considerado aplicable a estos casos. Sólo puede deducirse de las manifestaciones del juez al resolver la moción que el término había vencido seis días antes del en que se celebró el juicio. Y si se tiene en cuenta que de lo manifestado por el secretario de la corte, llamado a de-clarar por el propio abogado del acusado, resulta que la corte para terminar sus casos llamó uní término especial dentro de sus propias vacaciones que comenzó el cuatro de septiembre de 1928 y que fué interrumpido por la calamidad indicada ocurrida el 13 del propio mes de septiembre, se verá que hubo justa causa para celebrar el juicio el 12 del siguiente octubre.

Por el segundo señalamiento se sostiene que la corte erró al apreciar la prueba, ya que no se demostró en modo alguno por ella que el acusado conociera que se transportaba licor en su automóvil.

No hay duda alguna que para poder castigar a una persona por el delito de transportar licores se necesita demos-trar que conocía la existencia de los mismos. Veamos si la prueba practicada en este caso cumple con ese requisito.

Que el acusado guiaba el automóvil y que en él se trans-portaban licores, no se discute. La prueba de cargo demos-tró además que el 13 de diciembre de 1927 un policía insular que se encontraba de servicio en Guayama vió al acusado guiando un carro por la calle de Derkes de dicha ciudad yendo sentado a su lado Pedro Rodríguez; que el carro paró frente a un casino y vió al acusado desmontarse, tomar un paquete, subir al casino y regresar; que en el momento en que el acusado se acercaba de nuevo al carro y recibía de manos de Rodríguez otro' bulto el policía se interpuso y lo ocupó resultando contener los licores a que se refiere la de-nuncia, y que además había dentro del carro “un latón de esos de gas lleno como de ron” a que también la denuncia se refiere. Las botellas que contenían los licores estaban den-tro de un saco.

Por el acusado declararon Rodríguez que se babía confe-sado culpable anteriormente como el dueño de los licores y que dijo que él asumía toda la responsabilidad, otro testigo, manager del Gasino, y el propio acusado que aseguró- que no sabía que el saco contenía licores y que el pAner bulto que llevó al casino era de viandas.

A nuestro modo de ver las circunstancias son tales que demuestran el conocimiento por parte del acusado. No es posible pensar que no supiera lo que babía en la lata o latón dado como éste se encontraba y en el saco cuya naturaleza permitía conocer su contenido.

Siendo esto así, tampoco se ba cometido el segundo de los errores señalados, y debe, en tal virtud, confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señok Texidoe,

text:
    Joaquina Batlle Viuda de Vilaró, demandante y apelante, v. Sergio Torruella Costada, demandado y apelado.
    No. 4330.

    Sometido: Abril 13, 1928.

      Resuelto: Febrero 21, 1929.

      Tows Soto & Zapater, abogados de la apelante; José A, y Alberto S. Poventud, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señok Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en este oaso, ba presentado tres causas de acción; y ba alegado, substancialmente, lo que sigue: Que los herederos de Braulio Fernández, eran en 1905, dueños de varias parcelas de terreno, descritas y aparentes en cierto plano, y de las que babía una de 13.83 cuerdas, otra de 23.13 cuerdas, otra de 3.25 cuerdas, otra de 4.13 cuerdas, y otra de 36.94 cuerdas, con algunos cascajales, cuya medida ex-presa, y de las que, cuatro parcelas, que describe, daban una superficie total de 38 cuerdas y 75 centésimas, otras seis par-celas, una superficie de 42 cuerdas y 60 centésimas; y otra, que marea con el número 11, de una cabida de 14 cuerdas; que las fincas fueron transmitidas en dominio y posesión a la sociedad G-riffo y Compañía, la que refundió las parcelas 1, 2, 3 y 4 en una finca por agrupación, que se inscribió en el Registro de la Propiedad de Ponce bajo el número 6351; y las parcelas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se agruparon para formar la finca que se inscribió en el mismo registro bajo el número 6352 y con las descripciones que en la demanda se expresan; que en esas agrupaciones no se incluyó la finca que se marca en la demanda con el número 11; que Alejandro Francescbi ad-quirió las fincas números 6351 y 6352, por compra a Griffo y Compañía, y las vendió en 27 de septiembre de 1923 a Sergio Torruellas; que cuando las fincas fueron compradas por Francescbi, y luego por Torruella, estaban dadas en arrendamiento a la Bernal Estate, por un término que ven-cerá en 14 de junio de 1931, y ni Francescbi ni Torruella tomaron posesión material de las fincas 6351 y 6352, de las que tenían tal posesión material, primero la Bernal Estate, y luego su sucesora Soutb Porto Rico Sugar Company, que la tenían también de la parcela No. 11, que nunca fué enajenada por Griffo y Compañía, su dueña, basta el 3 de enero' de 1925 en que fué vendida a la demandante por el Mársbal de la Corte de Distrito de Ponce, cumpliendo orden de ejecu-ción, en cobro de crédito hipotecario, teniéndola actualmente la demandante inscrita a su favor, por virtud de escritura de venta judicial de 25 de abril de 1925; que el demandado, desde la fecha en que compró las fincas antes citadas, se halla percibiendo de la South Porto Rico Sugar Co., el canon de arrendamiento de la finca No. 11, propiedad de la actora, por alegar el demandado ser suya tal finca como- parte de la No. 6351. Como segunda causa de acción, alegó, repro-duciendo las alegaciones anteriores, que la demandante re-clamó del demandado el reconocimiento de su dominio sobre la finca No. 11, y el demandado se avino a que por el agri-mensor Sr. Roig, con vista de títulos y planos, se identifi-cara la dicha finca, localizándola si estaba incluida entre las-que en arrendamiento llevaba la South Porto Rico Sugar Co. como propias del demandado, y que el agrimensor procedió a las operaciones de mensura y replanteo de las fincas A (6351), B (6352) y número 11, consignando el resultado de pertenecer al demandado ciertos terrenos que en el plano se señalan, excepto una parcela de 14 cuerdas 90 centésimas; y el demandado ha rehusado atenerse al resultado de esas operaciones, y reconocer el dominio de la demandante sobre aquella parcela. Y como tercera causa de acción, a más de reproducir las alegaciones de las anteriores, alegó que el demandado ha percibido los cánones o rentas de la parcela No. 11 desde el 27 de septiembre de 1923 a razón de $16.20 mensuales, en daño de la demandante.

El demandado Torruella, por lo que se deduce, citó en evicción a Alejandro Franceschi, quien formuló una .excep-ción previa por falta de hechos suficientes para determinar causa de acción; y el demandado Torruellas, presentó, en cuanto a toda la demanda, las excepciones por indebida acu-mulación de acciones, y falta de hechos suficientes a deter-minar causa; en cuanto a la primera causa, la de defecto de partes demandadas, la general de falta de hechos (que también formuló en cuanto a las otras causas de acción) y la de ambigüedad, adicionando en cnanto a lá tercera cansa la prescripción.

Por petición de la demandante se señaló la andiencia en cnanto a las excepciones previas de Torrnella y de Frances-chi. T el juez dictó, en 9 de mayo de 1927 sn resolución de-clarando con tugar las excepciones previas de ambos deman-dados, y concediendo término para la enmienda.

En 17 de mayo de 1927, la demandante presentó a la corte una moción, solicitando que para los efectos de la apelación que tenía el propósito de establecer para ante la Corte Su-prema de Puerto Rico, de la resolución de la de distrito, de-clarando con lugar las excepciones, se sirviera dictar sen-tencia en definitiva. Y la Corte de Distrito de Ponee, en fecha 17 de mayo de 1927, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, con costas a la demandante.

La demandante presentó su apelación, en la forma que aparece de las páginas 44 y 45 del récord; o sea

“Escrito de apelación. — Sres. José A. y Alberto S. Poventud, abo-gados de récord del demandado. — Señor Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponee, P. R. — Sírvanse quedar noti-ficados que apelamo's para ante la Honorable Corte Suprema de Puerto Rico, de la sentencia dictada por la Corte de Distrito del Dis-tinto Judicial de Ponce, P. R., el día 18 de mayo de 1927, declarando' sin lugar la demanda en el presente caso.
“Ponee, Puerto Rico, a 10 de junio de 1927. — José Tons Soto & F. Zapater, By — £—F. Zapater, abogados de la demandante.
“Notificados con copia boy día 10 de junio de 1927, José A. Po-ventud y Alberto S. Poventud, fdo. — Abogados del demandado.”

Ante este Tribunal, se ha promovido la desestimación de la apelación, al formularse por el apelado Torruellas su ale-gato. Y éste es un extremo cuya resolución es, lógicamente,, previa.

Se funda la petición de desestimación en los siguientes' extremos:

(a) El escrito de apelación no se dirigió al compare-ciente citado en evicción, Alejandro Francesehi, que es parte-contraria.

(ó) La apelante no puede apelar de la sentencia invocada por ella misma.

. Alejandro FrancescM fué citado en evicción. Compareció y formuló excepción previa a la demanda.

.' ■ Sergio Torruella, a pesar de haber citado de evic-ción a FrancescM, compareció también a defender su título, y formuló excepciones previas. T él sostiene que tenía el de-recho de comparecer y ser parte en el pleito.

En la demanda en este caso se alegó que las parcelas números 1, 2, 3 y 4, se refundieron o agruparon para formar la finca que en el registro de la propiedad se inscribió bajo .el número 6351; y que las números 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se agruparon para'formar la finca que en el registro aparece bajo el número 6352; y que la parcela que en el plano que' se cita, aparece bajo la letra A, es la misma que lleva el número 11 en la alegación tercera de la demanda, y que no fué incluida en ninguna de las dos agrupaciones antes citadas ■(alegación 6, página 9, transcripción). Se alegó que Fran-(ceschi adquirió las fincas agrupadas números 6351 y 6352, y luego las vendió a Torruellas en 27 de septiembre, 1923, (alegación 7, página 9); que la finca número 11, nunca fué enajenada por su dueña, la sociedad Gríffo y Compañía, hasta que en 3 de enero de 1925, el Márshal de la Corte de Distrito de Ponce la vendió, en ejecución hipotecaria, a la demandante y acreedora,'quien la tiene inscrita en el registro a- su nombre, por virtud de la escritura de venta judicial de 25 de abril de 1925 (alegación 9, página 10). Y que el demandado, alegando ser dueño de esa finca número 11, como parte de una de las constituidas por agrupación, está per-cibiendo el canon de arrendamiento de' la misma.

No hay, de lo que resulta, de las alegaciones, mérito alguno para citar de evicción a FrancescM, de quien no se dice que haya vendido jamás la finca número 11 a Torruella. A Torruella no se le podía privar de nada que le haya ven-dido FrancescM; según lo que aparece de las alegaciones.

Pero no puede sostenerse que las alegaciones sean la única norma para hacer la citación de evicción. Entonces bastaría con que no se alegara de quién adquirió o apareció adquirir el demandado, para que cupiera la duda de si po-dría o no citarse de evicción. Es lo más probable que, en un caso en que se. hacen las alegaciones que hemos reprodu-cido en extracto, la citación de evicción sea innecesaria o redundante, ya que las alegaciones aparecen claras. Pero también es lo cierto que, aunque el demandante alegue que la finca no fué vendida por determinada persona, el deman-dado la haya adquirido de esa persona, y él no tiene otra ocasión de citar de evicción sino la que le da el artículo 3385 del Código Civil, esto es, dentro del término que se le da para contestar la demanda.

TJna vez que el citado de evicción ha comparecido y hecho alegación, el primer demandado tiene, en realidad, cubierta su defensa. Su título es el del que responde en evicción, y en ese concepto lo defiende: su derecho está a salvo, ya que en el caso de que se le desposea, su vendedor le res-ponde. Su comparecencia y su contestación, por más que no haya precepto legal que se las prohiba, parecen redundaren el litigio. La misma cita de Manresa (pág. 199, tomo 10, Comentarios) que el apelado ofrece parece sostener lo que acaba de decirse.

‘‘ . . . . 'si el vendedor comparece, y sale a la defensa del com-prador, con él seguirá el pleito; si lo gana, su perjuicio se habrá li-mitado al importe de las costas, si no obtuvo condena para la parte contraria; si lo pierde y la evicción llega a tener lugar, como la ac-ción de evicción quedó preparada con la notificación, el vendedor vendrá obligado a sanear en los términos que hemos explicado. Si el Tendedor no comparece en tiempo y forma, continuará, respecto del comprador, el término para conte’star la demanda; las actuaciones se seguirán entendiendo con él, pero llegado el caso de evicción tendrá derecho al saneamiento . . . . ”

En estas palabras se aclara el concepto legal. El de-recho del comprador es el de que se le haga entrega de la cosa comprada, y que ésta sea la 'misma que compró, limpia, saneada, libre de defectos materiales y legales, y no per-ceptibles. Y si el pomprador es desposeído de lo que compró, siendo vencido en juicio y recayendo sentencia final y firme que le despoje, por razón de un derecho anterior a la com-pra, es evidente que el vendedor faltó en la entrega legal de la cosa, y tiene que responder de esa falta. Pero la ley no ha querido que aquel a quien se ha de imponer tal res-ponsabilidad carezca de ocasión de defender el título bajo el que trasmitió; y de ahí el procedimiento de que habla el Código Civil.

Yese fácilmente que la relación que se crea en el sa-neamiento en caso de evicción es, en la realidad, una entre el comprador y el vendedor, y que no tiene gran importancia para el demandante la cuestión de quién va a defender el título. Pero es inevitable la consecuencia jurídica de que el citado en evicción tiene interés en el pleito, ya que sus responsabilidades, si acaso tuviera razón la demandante y apelante, van a recaer sobre él. Es una parte, y una parte adversa al demandante.

.101 apelante ha sostenido que la excepción previa de Franceschi no fue considerada por la corte en su resolu-ción. Es indudable que una de las partes, con derecho per-fecto a pedir el señalamiento de la vista de esa excepción lo pidió en tiempo (folios 18 y 19, transcripción) y para el mismo día en que se señalaron las otras excepciones. La de Franceschi fué de falta de lechos suficientes para deter-minar causa de acción; y la corte resolvió que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar causa de ac-ción; excepción que era común a las dos partes demanda-das.’

Creemos indudable el derecho del citado en evicción a alegar excepción previa, y a hacer cualquier otra clase de alegaciones que pudiera hacer o presentar el primitivo de-mandado. . No hay precepto legal que le limite ese derecho; y antes por el contrario, el caso del interventor voluntario que puede hacer toda clase de alegaciones, se halla decidida-mente en contra de la teoría que en este particular parece sentar el apelante.

¿Se notificó de la apelación a Franceschi?

La apelada disente este punto extensa y detalladamente. Pero es de tenerse en cuenta que el abogado Sr. Cristino R. Colón fia presentado un escrito en el que afirma que fué nombrado por Franceschi para que le representara en este pleito, que fué notificado de la apelación, y que por una inadvertencia no se hizo constar la notificación al pie del escrito. No importa la fecha en que esta manifestación se haga. El abogado de Franceschi admite que fué notificado, y, a nuestro juicio, ello es suficiente. Pudo faltar en el es-crito la prueba del servicio; pero esto, es distinto de la falta de la notificación. Y no puede, en esta materia, ir el de-mandado Torruella más allá, ni exigir más, de lo que fuera o exigiera el propio interesado Franceschi. "Esto aparte del affidavit presentado por la apelante, que es bastante para probar el hecho de la notificación.

- La parte apelada' sostiene que el apelante no puede impugnar la sentencia que él mismo pidió.

No estamos conformes con la proposición. La deman-dante, después de resueltas las excepciones previas, pidió a la corte que dictara sentencia a los fines de poder apelar ante este tribunal. Es lógico. De la resolución de las ex-cepciones no podía apelar; y sólo recayendo una sentencia de acuerdo con la resolución de excepciones, podía inter-poner el recurso. ¿Era indispensable que siguiera en el pleito, alegando, enmendando una demanda que no conside-raba tener que enmendar, y quizá creando, por la enmienda, situaciones distintas o contradictorias a la que se proponía, o necesitaba, crear?

El apelado cita varias resoluciones de este tribunal, como las de los casos, Vega v. Rodríguez, 17 D.P.R. 251, Capó v. Capó, 17 D.P.R. 256 (255), Lamb v. Fantauzzi, 17 D.P.R. 307, y Torres v. Calaf, 17 D.P.R. 616. En realidad en las tres primeras se declara que resueltas excepciones previas a favor del demandado, éste tiene derecho a que se dicte sentencia a su favor, salvo el caso de que se conceda per-miso para enmendar. Pero no se declara que el deman-dado sea el único con derecho a pedir que se dicte sentencia. Y en el caso Torres v. Calaf, la declaración es adversa a la teoría del apelado, ya que se dice que para que las reso-luciones en excepciones previas pongan término al asunto, y puedan ser conocidas por este Tribunal en apelación, es necesario que se registren como sentencias. Y los casos que se citan con relación a órdenes a petición de una parte, de-sestimaciones, etc., no producen el efecto que la parte ape-lante le quiere atribuir.

Nótese además, la forma en que se dictó la sentencia en este caso.

“La Corte, de conformidad con dicha moción, y por los funda-mentos de su resolución de 9 de mayo corriente declai’ando con lugar las excepciones previas alegadas en este caso, la cual resolución 'se hace formar parte de esta sentencia, declara sin lugar la demanda en todas sus partes con la's costas a la demandante.”

La moción de desestimación debe declararse sin lugar.

Entremos en el estudio y resolución de la apelación en el fondo.

Como primer error ha señalado la apelante el que sigue:

“La Corte de Distrito erró al declarar con lugar la excepción de indebida acumulación de acciones.”

Del estudio de la demanda resulta, que se está pidiendo por el demandante que se declare que él es dueño de la finca No. 11, y que, en ese concepto le corresponden los fru-tos de la misma, y que una y otros le deben ser entregados. Pero como segunda causa de acción se ha alegado que el de-mandante solicitó del demandado le reconociera su propiedad sobre esa finca y que se convino en que se hiciera, como se hizoj una mensura, replanteo e identificación de varias fincas, entre ellas la No. 11, y que las partes se atendrían al resultado de la misma; y uua vez que tales operaciones se practicaron, el demandado se lia negado a cumplir sn com1 promiso y a reconocer el dominio del demandante.

La excepción fné que las acciones para reivindicación de la finca y para pago de frutos-percibidos y por percibir, no podían ser acumuladas a la para cumplimiento del con-venio, ya que las primeras son por esencia ex-delicto y la última ex-contractu.

En el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento, Civil se encuentra la norma para la acumulación de acciones. En el apartado 8 del mismo artículo se dice:

“8. Las' acciones así acumuladas deberán todas corresponder a una sola de esta’s clases, y afectar a todas las partes en el pleito; no habrán de exigir distintos lugares para la celebración del juicio, y deberán exponerse separadamente; pero una acción por arresto y ■persecución maliciosa, o cualquiera de estas causas, podrá acumu-larse a otra por ofensa o daño a una persona.”

En la decisión en el caso Siaca v. Brunet, 13 D.P.R. 157, que se cita por la parte apelada, es cierto que se ba dicho que todas las acciones acumuladas deben pertenecer a la misma clase; pero no ha hecho esta expresión como decla-ración del tribunal, sino como reproducción del artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil. Precisamente en ese caso se pretendió que en la demanda se aducían dos causas de acción, y el tribunal declaró que era así, porque debieron ser establecidas separada y claramente, lo que no se había hecho.

Más fuerte parece la autoridad de los casos Stark v. Wellman, 96 Cal. 400, McCarty v. Fremont, 23 Cal. 197, y Cosgrove v. Fisk, 90 Cal. 75. En el caso McCarty v. Fremont, (23 Cal. 197) se habían acumulado tres causas de ac-ción, daños a la propiedad personal, daños a la propiedad real, y daños a la persona, y no se establecieron por sepa-rado, lo que era en violación del estatuto. En el. caso Cosgrove v. Fisk, las causas de acción acumuladas fueron las de costas por ún pleito tenido contra el demandado para cumplimiento de un contrato, otra basada en fraude, ma-licia y opresión y otra nacida de la violación de nn contrato de garantía, que evidentemente no eran acumulables. Y en el caso Stark v. Wellman, las causas acumuladas fueron una de responsabilidad por negligencia en el cuidado de cierta suma, y por su falta de devolución, y, otra, por baber el demandado becbo uso en su beneficio, de tal suma.

La parte apelante, argumentando este señalamiento de error, sostiene que en la realidad de los becbos, las causas de acción primera y segunda, son uno y la misma, expre-sadas en formas distintas, o sea, la acción reivindicatoria, nacida de la ley, artículo 354 del Código Civil, que da al propietario la acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla, y que esa acción ba sido expuesta en diferentes counts o formas que se ban denominado causas de acción, no siendo en realidad otra cosa que formas diversas de exposición de la misma causa. Cita, en primer lugar las decisiones en los casos Kyle v. Craig, 125 Cal. 107, y Murray v. Murray, 115 Cal. 266, y de ellos la doctrina ju-rídica de que la equivocada designación de una parte de la demanda como una causa de acción separada, no debe ser tenida en cuenta como error que no afecta los derechos subs-tanciales de las partes.

En el Caso Murray v. Murray, se trató de que se esta-blecía una sola causa de acción, y en cuanto a ciertos tras-pasos de propiedad fraudulentamente realizados se designó erróneamente como una “separada y segunda causa de ac-ción.” Y en el caso Kyle v. Craig, se trató de la efectividad de un “trust” sobre bienes; personales y sobre propiedad real, y se sostuvo que no se ocasionaba perjuicio al deman-dado porque se establecieran separadamente las dos causas, una por la propiedad mueble, y otra por la inmueble.

Nos parece más fuerte el razonamiento en el caso Jones v. Steamship Cortés, 17 Cal. 499, 79 Am. Dec. 142. Se dice allí: i

“Existe solamente una forma de acción, la cual no requiere otra cosa que la exposición en lenguaje corriente de los hechos en que se funda el remedio solicitado. El estatuto no baee distinción alguna; en lo que a la forma se refiere, entre acciones basadas en contrato y la's basadas en actos torticeros, y el remedio solicitado se administra •sin tener en consideración las regias técnicas y artificiales del dere-cho común sobre la materia. En la misma demanda pueden acumu-larse distintas causas de acción, y las única's restricciones a este res-pecto que se imponen, a la persona que alega un derecho, son aquellas exigidas por el estatuto mismo. Nuestro sistema de procedimiento se ha formado tomando de modelo el derecho civil y uno de sus obje-tivos principales es evitar litigios prolongados y molestosos. La's cor-tes están en el deber de ayudar cuanto les fuere posible en el cum-plimiento de este objetivo, el cual no debe ser eliminado mediante la aplicación de regla's que no tienen relación legítima con el sistema. Las disposiciones relativas a la evitación de multiplicidad de proce-dimientos, deben ser interpretadas liberal y provechosamente, y no vemos razón por qué todas las cuestiones que 'surjan en la misma transacción y que formen parte de ella no puedan ser ventiladas y resueltas en el mismo pleito. Causas de acción que difieren en su na-turaleza y que no tienen relación entre sí, no pueden ser acumuladas, pero el objeto de esta regia es evitar la confusión y ambigüedad que necesariamente resultaría de la acumulación de cuestiones d'stintas e incongruentes, y ella no tiene aplieac'ón alguna a un caso que comprenda una variedad de circunstancias a tal extremo relaciona-das, que constituyan una sola transacción.”

Para que no se puedan unir dos causas de acción, es pre-ciso que difieran en su naturaleza, y no tengan conexión en-tre sí. La regia no es tan rígida como parece, y no se aparta de la lógica procesal.

En el caso Asilo de Damas v. Diana, 18 D.P.R. 779, se hizo también aplicación liberal de la regla. Y en el caso Ortiz v. Texidor, 27 D.P.R. 134, se trata de la diferencia entre los remedios legales y las causas de acción; y del syllabus tomamos lo que sigue:

“Causa de AcciÓN — Remedios—Alegaoiones.—Las causas de ac-ción son claramente distintas de los remedios a que pueden dar lu-gar; y la misma causa de acción puede dar lugar a varios reme-dios, Una demanda puede, sin exponer más de una causa de acción independiente, exigir la determinación de varias materias incidenta-les al remedio principal, y será considerada como que no expone sino una causa de acción, aunque en ella se soliciten distintos y varios remedio's, cuando todos ellos sean germanos a la consecución de un solo derecho fundamental. Así, pues, en un pleito para obligar al cumplimiento ele un contrato sobre venta de terreno, la demanda no expone sino una sola causa de acción, aunque persiga además del cumplimiento personal (specific, performance) del contrato, la in-demnización por concepto de rentas y ganancias.”

La corte sentenciadora incurrió en el error que se señala.

Como segundo error se señala el siguiente:

“Segundo Error. — La Corte erró al declarar que existe un de-fecto de pártete en la demanda por no haberse hecho parte demandada en esta acción reivindicatoría a la arrendataria South Porto Rico Sugar Company.”

Las partes, al argumentar acerca de este señalamiento, proponen cuestiones distintas, de las que algunas son de verdadero interés.

Preséntase por la parte apelante la cuestión de la dife-rencia entre la' acción reivindicatoría y la de ejectment y del error de la corte al tomar por una y la misma esas dos acciones. Y, como consecuencia de este argumento, se ña presentado por la otra parte la interpretación de ciertos artículos del Código Civil, de acuerdo con la doctrina de este tribunal y del Supremo de España.

Procede aclarar y fijar un concepto que es, a nuestro juicio, importante.

Se ña citado el artículo 354 del Código Civil, y de él el último párrafo, que dice:

“El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.”

y acerca de este artículo, las sentencias de este tribunal y de otras cortes en varios casos. Por ejemplo: el caso Enmanuel v. El Pueblo, 7 D.P.R. 221, en donde se dijo que para que pueda prosperar la acción reivindicatoría, a más de acreditarse la identidad de la cosa y su dominio, debe ser aquélla ejercitada contra el tenedor o poseedor de la cosa que se trata de reivindicar; doctrina qne aparece en el caso de Ledesma v. González. 1 D.P.R. 420. Y asimismo el caso Marix v. Acevedo, XII P. R. Fed. Reports, 139, en qne se sostiene qne la acción reivindicatoría es substancial-mente la misma de ejectment.

El Código Civil, como todos los códigos, ha reconocido y regulado el derecho de propiedad, entrando, en el artículo 354, en su definición, como aquel por virtud del que una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquiera otra. En este concepto, con la nota característica de exclusión de, cualquier otra persona, es perfectamente claro que el carácter de propietario no se da en dos o más personas contradictoriamente; entre dos o más personas con opuesto interés en cuanto al dominio de una cosa, una de ellas, y sólo una, es el propietario. Puede suceder. que aun teniendo una persona el derecho de propiedad o de dominio, derecho complejo constituido por los de usar, go-zar, disponer y trasmitir, otra persona esté poseyendo, o reteniendo en otra forma, la cosa de la que no es dueño. Y de aquí que cuando se trata de la acción reivindicatoría, el código y la jurisprudencia hablen siempre del posible demandado como tenedor o poseedor de la cosa, por la razón obvia de que no pueden darle otro nombre, ya que no le pueden asignar el de propietario o dueño: si lo fuera, no habría acción reivindicatoría, ya que en sus manos estaban unidos el supremo derecho del dueño, y el hecho y quizá el derecho del poseedor. Pero, con todo, estimamos muy difícil hacer llegar las consecuencias de ese artículo y de la jurisprudencia hasta convertir el arrendatario en sujeto de la acción reivindicatoría, ya que el arrendatario-no tiene en la verdad legal, más que el uso y goce, temporal y transi-torio, de la cosa arrendada, y aun los tiene por cesión de quien se suponía dueño y como tal facultado para tras-mitir tales facultades del dominio. Bueno es recordar a este fin, y con respecto al arrendamiento que el Código Civil, en sus artículos 1462 y 1463, salva la distinción entre las facultades del dueño y las del arrendatario, en la forma si-guiente : >

“Artículo 1462. — El arrendatario está .obligado a poner en co-nocimiento del propietario, en el más breve plazo posible, toda usur-pación o novedad dañosa qtre otro baya realizado o abiertamente prepare en la cosa arrendada.
“También está obligado a poner en conocimiento del dueño, con la misma urgencia, la necesidad de todas las reparaciones compren-didas en el número 2 del artículo 1457.
“En ambos casos será responsable el arrendatario de los daños y perjuicios que por su negligencia se ocasionaren al propietario.
“Artículo 1463. — El arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero heelio que. un tercero eau'sare en el uso de la finca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador.”

El problema, en cuanto a la excepción cuya resolución da origen a este señalamiento de error, se limita a resolver si la arrendataria South Porto Pico Sugar Co. es una parte necesaria o propia, en este litigio.

No podemos decidir que el derecho que el artículo 1474 del Código Civil da al comprador de una finca arrendada, para hacer cesar el arrendamiento, sea la norma en un caso-como el presente. Excepcional como es ese derecho, ya que va contra la eficacia de un contrato de arrendamiento, no puede interpretarse o aplicarse más que de una manera es-tricta; y sólo al que adquiere, por compra, y no por cual-quier otro modo de adquirir, puede reconocérsele.

La apelante alega que tiene reconocido el arrendamiento de la parcela de que se trata, desde el tiempo en que era propiedad de Griffo y Compañía, a favor .de la Bernal Estate, de que es sucesora South Porto Pico Sugar Co., y que su acción en nada podría afectar a la arrendataria, por lo que ésta no es parte interesada.

La alegación 8, primera causa de acción de la demanda, es así:

“Que así cuando las referidas fincas fueron compradas por Don Alejandro Franceschi, como cuando lo fueron por el demandado, es-taban dadas en arrendamiento por la Sociedad Griffo y Compañía a la Bernal Estate por escritura número 28 de 27 de Julio de 1911, por un término que espirará el 14 de Junio de 1931, por lo que nin-guno de dichos compradores- tomaron po’sesión material de las parce-las A (6351) y B (6352).”

Y la número 9, de la misma cansa de acción, es como sigue:

“Que en virtud del referido arrendamiento The Bernal Estate y más tarde en 9 de julio de 1917, su sucesión en interés, South Porto Neo Sugar'Company, tomaron posesión de las fincas A (6351) y B ¡6352) y también de la parcela número 11, que nunca fué enajenada por sir dueña y poseedora la Sociedad Griffo y Compañía hasta 3 de Enero de 1925 en que fué vendida judicialmente, por el Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, en virtud de orden de ejecución para el cobro de hipoteca a la demandante y acreedor hipotecario, quien ha inscrito dicha finca a su nombre en el Registro de la Propiedad y la tiene actualmente inscrita en virtud de la escritura de venta judicial número- 32 ante el notario José Tous • Soto de 25 de Abril de 1925.”

Las fincas a que se refiere la alegación 8 son las- señala-das A (6351) y B (6352), y en ellas, según aparece de la alegación 6, primera causa de acción, no fué incluida la finca que bajo el número 11 se describe en la misma demanda. No vemos que se acepte, al menos de un modo rotundo, que el arrendamiento de esa parcela fué hecho por1 Griffo y Compañía.

Pero, prescindiendo de la forma en que la discusión se ha entablado, hay otro extremo que creemos de verdadera importancia para la resolución de este señalamiento de error.

Dados los hechos, ¿hay una causa de’ acción contra el arrendatario? Si la hubiera en derecho, no hay discusión posible en cuanto a su calidad de parte, necesaria o pro-pia. Si no la hay es indiscutible que traerla -al pleito no sería correcto ni admisible.

I, Qué alegaciones podrían hacerse contra el arrendatario ? En una aeción reivindicatoría.. en la se ha de discutir y se debe resolver en cuanto al dominio, en cuanto al título, en cuanto a la propiedad, realmente no cabe alegación contra el arrendatario, poseedor que deriva el goce y disfrute de la cosa, de quien como propietario se las cedió, y de quien tiene, por sí, que defender su título, sin que por él o en su beneficio pueda hacerlo el arrendatario.

Parece justificada la diferencia que por la apelante se establece e invoca, entre la acción de ejectment y la acción reivindicatoría. La esfera de acción en una y otra son diferentes. En la de ejectment bay,' más que otra cosa, una acción de posesión, y quizá es suficiente alguna véz el de-recho posesorio, para fundarla. En la reivindicatoría, hay el derecho al título, a la propiedad plena. T para esta clase de acciones, no es el arrendatario parte necesaria, o parte propia.

Declárase así la existencia del error señalado bajo el nú-mero segundo.

El tercer señalamiento de error es éste:

“La corte erró al estimar que la demanda en su primera, segunda y tercera causa's de acción no aduce hechos suficientes para determi-nar una causa de acción.”

Es forzoso estudiar por separado las distintas causas de acción, y la resolución en cuanto a cada una de ellas.

En la alegación 9 de la primera causa de acción, se dice, que la parcela No. 11, nunca fué enajenada por su dueña y poseedora la sociedad Griífo y Compañía hasta 3 de enero de 1925 en que fué vendida judicialmente por el Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, en virtud de orden de ejecu-ción para el cobro de hipoteca a la demandante y acreedor hipotecario, quien ha insc'rito dicha finca en el registro de 1a- propiedad y la tiene actualmente inscrita en virtud de la escritura de venta judicial No. 32 ante el notario Don José Tous Soto de 25 de abril de 1925.

El fundamento de la excepción en cuanto a esta causa de acción es que el título alegado por la demandante dimana de procedimiento judicial, y con arreglo al artículo 126 del Código de Enjuiciamiento Civil, tratándose de la alegación de una sentencia, debe llenarse uno de estos tres requisitos: (o) exponer los hechos determinantes de la jurisdicción de la corte; o, (b) alegar que la resolución o sentencia se dictó en debida forma; o, (c.) insertar en la demanda la sentencia o resolución de que se trata.

En apoyo de esa contención nos cita ahora la parte ape-lada el caso Candal v. Pierluissi, 28 D.P.R. 607, que no encontramos de aplicación ya que en el caso citado se trató por el demandante Candal de cobrar un crédito declarado por sentencia, que no es el caso ante nosotros. Aquí, el título .no es la sentencia recaída en determinado pleito, sino la venta judicial que hizo el marshal; y la escritura de venta, como título en sentido menos amplio. No sería un serio obstáculo la circunstancia de que en procedimientos hipotecarios su-marios no hay una verdadera sentencia, si hubiera una reso-lución que fuera en sí. el título alegado, ya que los dos términos, sentencia y resolución, se comprenden en el ar-tículo 126 del Código de Enjuiciamiento Civil; ni sería tam-poco materia de grave consideración la de si puede o no un tercero, extraño al procedimiento hipotecario, atacar la ju-risdicción de la corte que en él actuó, que creemos puede hacerlo, aunque en un caso como éste, sería más materia de defensa que de excepción. Lo importante aquí es que el título que se alega es la escritura de venta judicial, y ello basta para que no sean exigibles los requisitos del precepto procesal citado.

Con relación a la segunda causa de acción, y a la ex-cepción que a ella se refiere, encontramos que las partes han argumentado detallada y quizá un tanto profusamente, sus contenciones: y de esto resulta una confusión difícil de resolver.

La parte apelante, al argumentar acerca de la excepción de indebida acumulación de acciones, ha sostenido que:

“Lo que sucede es que la acción reivindicatoría se expone en dos diferentes counts o formas distintas, que se han denominado omisas de acción, cuando en realidad 'son formas, modos o maneras, de expo-ner la misma causa de acción. Rigurosamente hablando la llamada segunda causa de acción no hace otra cosa que exponer admisiones del demandado de la certeza de los hechos alegados por el deman-dante, el reconocimiento del derecho dominical de éste sobre la parcela reclamada, la aceptación de que la parcela número 11 de la alegación 2a. es la parcela A del plano levantado por el agrimensor Yalls en Abril de 1905, cuando esta parcela y las pertenecientes ahora al de-mandado eran de la propiedad de la Sucesión dé Don Braulio Fer-nández, por encargo de quien se hizo dicho plano. Podrá estar la lla-mada segunda causa abierta a la objeción de que contiene materia evi-denciaría o probativa, pero ésta no es la cuestión ahora ante la corte.”

La parte apelada recoge estas declaraciones como un serio argumento en favor de su excepción previa. Verdade-ramente, si esas alegaciones se limitan a hacer aparacer o resaltar admisiones de la parte demandada, cualquiera que sea la ocasión de usarlas, por el momento no son constitu-tivas de un fundamento de causa de acción. Y si ellas son otra forma de exponer la misma primera causa de acción, no pueden, no deben ser expuestas como causa distinta; y en el concepto de segunda causa de acción, y si los hechos que en ella se alegan tienen otro significado que el que antes se indica, las alegaciones serían' las de la existencia de un compromiso, y entonces, de acuerdo con la ley, (Código Civil, artículo 1722) y con la jurisprudencia (Mas v. Llona, 31 D.P.R. 31 falta la alegación esencial de la constancia del compromiso en escritura. Es verdad que nuestro Código Civil declara en su artículo 1245 que los contratos son obli-gatorios cualquiera que sea la forma en que se celebren siem-pre que concurran los requisitos .esenciales para su validez-. Pero a pesar de esta adhesión del código el principio espi-ritualista en la contratación, ha tenido el legislador, por razones varias, que adoptar en cuanto a algunos contratos, un término medio, de transacción; y así, en las capitulacio-nes matrimoniales exige la constancia de las mismas en es-critura pública, salvo la excepción del artículo 1291; y en la sociedad (artículo 1569) cuando se aportan bienes inmue-bles, se exige la escritura como forma de constitución; y en la hipoteca, se hace indispensable la escritura inscrita.

Sobre estas consideraciones, se hace necesario declarar que la excepción a que nos estamos refiriendo fué resuelta de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, en este particular.

En lo que la excepción afecta a la tercera causa de acción, ella se basó en que no se había alegado que el demandado tuviera conocimiento de que en su título hubiera vicio que lo invalidara.-

La parte apelada funda su excepción en los artículos 436, 437 y 453 del Código Civil, en los artículos 134, 195, 191, y 197 Código de Enjuiciamiento Civil, y en la jurispru-dencia de este tribunal y otros de los Estados Unidos.

La apelante sostiene que la alegación por ella presentada, y que dice así:

“Que el demandado ha percibido a sabiendas de que no le perte-necen, las rentas de la parcela referida, desde el día 27 de septiembre' de 1923, a razón de $16.20 por cuerda anuales en perjuicio de la. aetora, ’ ’

es bastante; y que la alegación 10 de la primera causa do acción de la demanda expresa que el demandado percibe las rentas de la parcela propiedad de la aetora y que él no com-pró tal parcela.

En esta tercera causa de acción se trata de la reclama-ción de rentas de la parcela que se alega ser de la deman-dante, y la que, según la alegación, retiene y posee como. propia el demandado, sin título y a sabiendas de que la finca no es suya, según las alegaciones.

Las decisiones en los casos Teillard v. Teillard, 18 D.P.R. 563 y Salguero v. American Railroad Company of P. R., 17 D.P.R. 622, no tienen, en el caso ante nosotros, la aplicación que por la parte apelada se le supone. En el primero do esos casos se trató de la teoría de la mala fe, en cuanto a la adquisición y posesión de bienes, en su relación con la. acción reivindicatoría; y en el segundo, de una compañía que había venido ocupando por cierto tiempo unos terrenos,, en la creencia de que pertenecían al Pueblo de Puerto Rico, y de un demandante que reclamaba indemnización por enten-der que eran suyos los terrenos.

Las decisiones en los casos González v. Pirazzi, 23 D.P.R. 399, y Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, sostienen que cuando en un pleito no aparece que el demandado haya poseído de mala fe, no se pueden conceder frutos y rentas. En el primer caso hubo un pleito, y por lo que resulta, no apare-ció que los demandados hubieran poseído de mala fe; no se trataba de la eficacia procesal de las alegaciones, sino de los hechos resultantes de la prueba. Y en el segundo caso, hubo una venta judicial, cuya inexistencia se sostuvo por la parte demandante, y hubo una expresa declaración de buena fe en los demandados al comprar y poseer los bienes.

Creemos que, tratándose de una causa de acción que se establece por separado, todos los hechos esenciales de la misma deben aleg’arse de un modo expreso. Esta es la juris-prudencia.

La excepción en este particular, está bien fundada.

El cuarto señalamiento se refiere a la resolución en lo que afecta a ambigüedad en la primera causa de acción.

La corte de distrito encontró contradicción e inconsis-tencia entre los hechos o alegaciones 2 y 3 de la demanda. Y sostiene que:

“En el hecho 2 se alega o expone, que en abril de 1905, los herederos de Don Braulio Fernández eran dueños y poseedores de te-rrenos representados en el plano que se acompaña como exhibit No. 1 o sea de 5 suertes de tierra, eompren'sivas respectivamente de 13.83 cuerdas, 23.13 cuerdas, 3.25 cuerdas, 4.13 cuerdas y 36.94 cuerdas, y de 5 cascajales con superficie respectiva de 0.68, 5.28, 3.87, 1.07 y 0.18.
fíEn el hecho 3 de la demanda se alega o expone que dichas 'suer-tes o porciones representadas en tal plano eran, al ser éste levantado en 1905, según sus'títulos, las siguientes; y se describen 11 fincas de 29 cuerdas, 3 cuerdas 25 céntimos, 4 cuerdas, 2 cuerdas y media, 3 cuadros, 10 cuerdas 85 céntimos, 18 cuerdas, 3 cuerdas, 8 cuerdas, 2 . cuerdas y 14 cuerdas, respectivamente.
“Una comparación entre las cabidas o las suertes de tierra y cas-cajales del hecho 2 y las eabida's de las mismas fincas en el hecho 3 de dicha primera causa de acción, evidencia una clara contradicción e inconsistencia que autoriza la excepción No. 7 del Artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil, por el motivo de ambigüedad y duda. ’ ’

Sin duda alguna, la intención de la demandante fué pre-cisar en lo posible los antecedentes de esas fincas, y hacer más clara la demanda. Convenimos con la apelante en .que probablemente pudo haber omitido esos antecedentes sin per-judicar sus alegaciones, ya que lo que quiere reivindicar es la finca que señala con el número 11, y esto en toda proba-bilidad, pudo hacerse prescindiendo de esos antecedentes, que serán fácilmente comprensibles para el litigante, pero quizá no lo sean para los que carezcan de los datos previos que él tiene.

No creemos que las alegaciones de que se trata llevan a confusión importante a la parte demandada, ni la pudieran traer al espíritu del juez, al resolver el caso. No hay entre ellas una contradicción de importancia, ni una incertidumbre que pueda producir efecto perjudicial. La acción se refiere a una finca que se describe suficientemente, y nos parece que no afecta de una manera seria a su descripción la dife-rencia que pueda haber .entre aquellas alegaciones. Quizá es éste uno de los casos en que pueda seguirse el precepto del artículo' 142 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuyo texto es como sigue:

“En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no ‘se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

La apelante sostiene con razón la existencia de error en la materia.

El quinto señalamiento de error se halla expresado así:

“Quinto Error. — La corte erró al estimar prescrita la tercera causa de acción en reclamación de frutos y rentas.”

Dada la forma en que se ha resuelto el tercer señala-miento de error en cuanto se refiere a la tercera causa de acción, no es necesario resolver en cuanto a la prescripción con referencia a la misma causa de acción, ya que sostenida la primera excepción relativa a ella, no puede entrarse en el estudio de la prescripción por faltar alegación en la de-manda.

Por las razones expresadas, debe revocarse la sentencia apelada en cuanto a la resolución de las excepciones, inde-bida acumulación de acciones, defectos de partes demandadas, ambigüedad en la primera causa de acción, confirmándola en lo demás y devolviéndose el caso para ulteriores procedimien-tos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Presidehte Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3492.

    Sometido: Diciembre 7, 1928.

      Resuelto: Febrero 25, 1929.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Jo-sé E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidehte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Ponce formuló acusación contra Santiago Rodríguez por el delito de falsificación, cometido en la siguiente forma:

“El referido acu'sado Santiago Rodríguez, allá en o por el día 12 de marzo de 1927, y en la municipalidad de Ponce, Puerto. Rico, que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, con inten-ción de defraudar a Domingo Martínez, dueño de una casa radicada en esta ciudad, que quería alquilar y alquiló el acusado, ilegal, vo-luntaria, maliciosa y criminalmente falsificó la firma de Miguel Álva-rez en un contrato de fianza que le exigió Domingo Martínez para garantizar los alquileres de la casa antes mencionada, obteniendo por medio de dicha falsificación, vivir un mes en dicha casa, 'sin pagar alquiler.”

Negó la acusación el acusado. Se celebró el juicio. El jurado rindió un veredicto de culpabilidad y la corte dictó sentencia condenando al acusado a sufrir un año de presi-dio, sin costas.

No conforme Rodríguez, apeló para ante este tribunal señalando en su alegato tres errores cometidos a su juicio por la corte (a) al declarar sin lugar la excepción de que la acusación no imputaba la comisión de un delito público y (b) al desestimar su moción de nonsuit, y por el jurado al rendir su veredicto en contra de las pruebas y la ley.

Argumentando el primer error sostiene el apelante que su excepción perentoria de que la acusación no le imputaba la comisión de un delito público, debió prosperar porque en la acusación “no se alega que el acusado falsamente hiciera pasar el documento de fianza como genuino y verdadero y a sabiendas de que el mismo era falsificado.”

Examinando la acusación a la luz de la ley y de la ju-risprudencia, creemos que no tiene razón el apelante.

Es cierto que en la acusación no se alega por medio de las exactas palabras lo que indica el apelante, pero es cierto también que alegándose como se alega que el acusado falsi-ficó la fianza que le exigió el dueño de la casa para alqui-lársela y obtuvo por ese medio vivir la dicha casa, implíci-tamente se alega que el acusado a sabiendas de que la fianza era falsa, puesto que él mismo la falsificó, la pasó como genuina, ya que como tal tuvo necesariamente que presen-tarla al dueño para que éste la aceptara. La intención de de-fraudar no sólo se alega expresamente, si que de los hechos imputados aparece que se convirtió en realidad. El acusado a- virtud de la fianza exigida por el dueño y falsificada por él logró vivir un mes la, c-asa.

El caso de El Pueblo v. García, 9 D.P.R. 434 invocado por, el apelante, no es aplicable. En él era necesario ale-gar expresamente que el acusado sabía que la moneda era falsa, porque no se imputaba al acusado el hecho de haberla falsificado sino el de haberla pasado defraudando a otra persona. '

Los errores segundo y tercero pueden y deben estudiarse conjuntamente. Ambos se refieren a la alegada insuficiencia de la prueba.

Cuando el fiscal terminó su caso, el acusado presentó una moción de nonsuit. La corte la declaró sin lugar. Sostiene el acusado que erró y en su consecuencia que erró también el jurado al rendir su veredicto de culpable.

En apoyo de su contención alega el apelante que el fiscal no aportó evidencia alguna para demostrar que el acusado falsificó la fianza, y en tal virtud que la prueba era clara-mente insuficiente.

La prueba consistió en la fianza que el acusado entregó personalmente al administrador de la casa que alquilara y en las declaraciones de Rodolfo Gr. Fernández, Domingo Mar-tínez y Miguel Alvarez.

El primero declaró que conoce al acusado y a Domingo Martínez de quien es apoderado; que el acusado fue a alqui-larle una casa de su poderdante; que le exigió una fianza; que el acusado le propuso a Quiteño Rodríguez y fué a verlo y Rodríguez se negó indicándole que el acusado estaba colo-cado con él y' que podía pasar a cobrar todos los meses a su tienda; que esa garantía no le* satisfizo; que el acusado en-tonces le propuso como fiador a Miguel Alvarez; que lo aceptó por ser Alvarez persona solvente y le entregó el blanco para que lo firmara el Sr. Alvarez; que el acusado al día siguiente le trajo la fianza firmada y le entregó la llave de la casa; que el acusado no le pagó el alquiler y fue donde el fiador y éste le dijo que la firma que aparecía en la fianza no era suya; que demandó entonces al fiador y la corte de-claró sin lugar la demanda porque Alvarez no tenía respon-sabilidad por no haber firmado. Contestando a repreguntas del acusado declaró que no vió firmar a Alvarez; que el acu-sado “le trajo la fianza como que era de don Miguel Alvarez.”

Domingo Martínez dijo que Fernández es su administra-dor; que conoce al acusado y sabe que su administrador le alquiló una de sus casas; que el acusado no le pagó ni tenía que pagarle a él personalmente los arrendamientos.

Miguel Alvarez, por último, depuso, que conoce al acu-sado; que allá por el 12 de marzo 1927, le fue a pedir que lo fiara para alquilar una casa y el testigo se negó porque ya había tenido que pagar otras fianzas. Se le presenta la fianza que aparece firmada con su nombre y dice que la firma no es suya ni autorizó a persona alguna a firmar el docu-mento;

Esa fue, en resumen, toda la prueba practicada.

De ella surge que el acusado presentó como genuino el documento sabiendo que era falso, con ánimo de defraudar como.defraudó al dueño de la casa. Y ello es bastante.

En el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 3 D.P.R. 292, 296, segunda edición, dijo esta corte por medio de su Juez Aso-ciado Sr. McLeary:

“Los hechos demuestran claramente que se ha cometido el delito, e indican, con bastante seguridad, que el acusado fué el autor. Si él mismo no falsificó el documento, es decir, si él no efe el autor material del delito de falsificación, cometió el delito equivalente, de presentar el documento falsificado, a sabiendas de que no era legítimo, con el objeto de eludir el pago de una deuda justa.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Martina González, como madre natural de sus menores hijos María Mercedes, Juana, Ventura, Modesta e Isabel Rodríguez y Ramona y Carla Rodríguez por su propio derecho, demandante y apelante, v. The American Railroad Co. of Porto Rico, demandada y apelada.
    No. 4518.

    Sometido: Febrero 15, 1929.

      Resuelto: Febrero 26, 1929.

      H. Tormos j Manuel A. Martínez, abogados de la apelante; M. Acosta Telar de, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Un tren correo y de pasajeros de la American Railroad Co. of Porto Rico qne caminaba de noche con sns luces encendidas mató a Modesto Rodríguez poco después de haber cruzado un camino de la Central Guánica, siendo interpuesta esta demanda sobre indemnización fundada en que esa muerte fné cansada por la negligencia de los empleados de la demandada por no haber tocado el silbato ni dado señal alguna de alarma al pasar por dicho sitio. Habiendo sido contraria a los demandantes la sentencia qne pronunció la corte inferior interpusieron esta ap'elación, en la que los tres motivos de error alegados para que revoquemos ese fallo se fundan en que la prueba es suficiente para dictar senten-cia en contra de la demandada.

La evidencia fue claramente preponderante en el sentido de que el maquinista de ¡ese tren tocó el silbato de alarma al acercarse al cruce de ese camino pero los apelantes alegan que de la declaración prestada por el maquinista resulta que la muerte ocurrió porque habiendo tenido oportunidad de evitar la muerte no lo hizo. Eso no resulta de la declara-ción del maquinista, pues éste testificó que si bien observó como a cuarenta metros después del crucé cerca de la vía férrea un bulto sin saber lo que era, por lo que dió varios pitazos, no vió que era un hombre sentado al extremo de una traviesa de la vía y con el gabán sobre la cabeza hasta diez metros antes de llegar a él y que en seguida puso los frenos de la máquina, que se detuvo como cincuenta metros después, sin que hubiera sido posible que el tren quedase detenido antes de esa distancia porque habiendo allí una hon-donada el tren domina a la máquina.

En vista de la conclusión a que llegábaos no es necesario considerar y resolver si a pesar de especificarse en la demanda la causa de negligencia atribuida a la demandada y que no fué probada, podía, sin embargo, fundarse una sentencia condenatoria en negligencia distinta de la alegada en la demanda.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro está conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor 'Audrey,

text:
    María Echevarría Vda. de Subirá, Concepción Subirá y su esposo Manuel A. Frau y Providencia Subirá y su esposo Salvador Perelló, demandantes y apelantes, v. Rafael Saurí, demandado y apelado.
    No. 4902.

    Sometido: Febrero 25, 1929.

      Resuelto: Febrero 26, 1929.

      H. G. Molina, M. León Parra y G. Rodríguez, abogados de los ape-lantes; R. V. Pérez''Marohand, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor 'Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este caso a favor de los demandan-tes presentaron aquéllos un memorándum de costas com-prendiendo cierta cantidad de dinero para honorarios de su .abogado y habiendo $ido aprobada una cantidad por ese concepto menor de la solicitada interpusieron este recurso de apelación, en el que existe una transcripción taquigráfica de la evidencia presentada con aquel motivo, aprobada por la corte inferior, e independientemente de ella se han traído también ante nosotros ciertas actuaciones sobre desacato ocu-rridas después de dictada la sentencia resolviendo el pleitos-incidente que fue resuelto a favor del demandado sin especial condena de costas. Esas actuaciones han venido formando parte del legajo de la sentencia certificada por el secretario y la apelada nos pide ahora que las eliminemos, a lo que se oponen los apelantes.

Como tales actuaciones son posteriores a la sentencia, no forman parte del legajo de la misma y no podía el secretario certificarlas como parte de él. Además, si las actuaciones del incidente sobre desacato fueron sometidas como prueba a la corte inferior para su resolución sobre el memorándum de costas han debido venir ante nosotros aprobadas por dicha corte, lo que no se ha hecho. Por otra parte, el alegato de los apelantes demuestra que dichas actuaciones no tienen importancia para la resolución de la apelación pues sólo hace una ligera referencia a ellas en cinco líneas de la úl-tima página.

Por lo expuesto tales actuaciones comprendidas en los folios 18 al 30, ambos inclusives, deben ser aliminadas de es-tos autos.


author: El Juez Pbesidentb Señob del Tobo,

text:
    Angelina Carrión, tercerista apelante, Marcelino Quiñones, Sabina Lanzot y Sotero Pizarro, demandantes y apelados, v. Juana Maldonado Carmona, como heredera de Ramón Soegaard, demandada.
    No. 4800.

    Sometido: Febrero 18, 1929.

      Resuelto: Febrero 27, 1929.

      B. García Mujica, abogado de la apelante; B. Cuevas Zequeira y Harry B. Llensa, abogados de los apelados.
   El Juez Pbesidentb Señob del Tobo,

emitió la opinión del . tribunal.

El 14 de noviembre último se solicitó la desestimación del recurso de apelación establecido en este caso por frívolo y académico. La apelante se opuso. Y la corte declaró sin lugar la moción el 11 de diciembre siguiente por falta de base para considerar la cuestión suscitada.

El 17 .de diciembre 1928 la tercerista apelante radicó una llamada “transcripción de los autos y evidencia” compuesta de 52 páginas en maquinilla. Al final aparece una certifica-ción del secretario de la corte de distrito que dice :

“CeRtietco: — Que be examinado cada nna y todas las alegacio-nes que se copian en la presente transcripción de autos y evidencia, que se componen de 46 páginas, y dichas alegaciones son copias fieles y exactas de sus originales que obran en los autos de su creación y que 'se hallan archivados en esta Secretaría a mi cargo.”

Como puede verse, la certificación sólo comprende hasta la página 46. Las páginas 47 a 51 inclusives comprenden una “transcripción del récord taquigráfico” — declaraciones de Angelina Carrión y Eloy Ruiz — -certificada por el taquí-grafo Carmelo G-. Pérez, que no fué sometida al juez sen-tenciador para su aprobación.

El once de enero de 1929 la tercerista-apelante presentó su alegato. En él se señalan tres errores, a saber: 1, que la corte erró al declarar que la sección once de la Ley de Tercerías de 1907 establece un plazo fatal para la compa-recencia; 2, que la corte erró al concluir que lo mismo que la tercerista recibió la notificación de la sentencia, debió recibir la notificación de haberse radicado la reclamación de terce-ría por el márshal; y 3, que la corte cometió error ma-nifiesto al apreciar la prueba producida por la tercerista, así como al dejar de ejercitar en favor de la apelante la facultad que le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Así las cosas, los demandantes en el pleito en que surgió la tercería, apelados aquí presentaron una moción solicitando la eliminación del récord taquígrafo por no haber cumplido la apelante con las disposiciones de la Ley No. 27 de 1917, y la desestimación del recurso una vez decretada .la eliminación. Señalada la vista de la moción para el 18 de febrero actual, sólo compareció la parte apelada.

Que la eliminación procede es tan claro que no cabe dis-cutirlo. No basta que el taquígrafo certifique. Es necesa-rio dar intervención a la parte contraria y precisa que sea aprobada por el juez sentenciador, para que pueda elevarse como documento auténtico al Supremo. Y nada de eso se hizo aquí.

Eliminada la transcripción de la evidencia ¿queda esta corte en condiciones de resolver el recurso?

En tanto en cuanto pueda esta corte entrar en el examen de los autos dada la forma fraccionada en que han sido ra-dicados, de ellos podría deducirse que Marcelino Quiñones y otros siguieron un pleito de filiación contra Juana Maído-nado. Dictada sentencia favorable a los demandantes, al tratar de cobrar las costas se embargaron varias vacas como de la propiedad de la demandada.

En agosto 14, 1928, Angelina Carrión, la apelante aquí, dirigió nn escrito al marshal reclamando como suyas las vacas embargadas. Prestó fianza y el marshal le entregó los bienes. El márshal archivó las diligencias en la corte y así lo comunicó el secretario de ésta a todas las partes el 19 de septiembre de 1928.

El 27 de septiembre de 1928 los demandantes en el pleito se personaron en la tercería y el Io. de octubre siguiente volvieron a comparecer para solicitar de la corte que deses-timara la tercería por no haber comparecido la tercerista dentro del plazo de ley a formular su reclamación. La corte accedió por sentencia de octubre 2, 1928.

El 9 del propio octubre compareció la tercerista y pidió a la corte que la eximiera de los efectos’ de la sentencia del día 2, porque si no formuló la cuestión a tiempo se debió a no haber recibido la notificación de haberse archivado en la corte por el márshal las diligencias relativas a su reclama-ción y porque tenía una buena causa de acción. Se acom-pañó un affidavit de méritos y se ofreció y practicó prueba en apoyo de la petición. Los demandantes intervinieron oponiéndose.

La corte tomó bajo su consideración el caso y por medio de una resolución razonada lo decidió en contra de la terce-rista el 27 de octubre de 1928. Y contra esa resolución de la corte es que se ha interpuesto el presente recurso de apeT lación.

En el curso de su resolución la corte expresa su opinión de que el término de diez días fijado por la sección 11 de la Ley de Tercerías es fatal.

Las secciones 11 y 12 de dicha ley, secciones 5270 y 5271 de la Compilación de 1911, prescriben:

“Sección 11.— (Enmendada según la ley de 12 de marzo de 1908, pág. 49.) Tan pronto como recibiere el secretario de la corte el jura-mentó y la fianza, se lo notificará a todas las partes, quienes deberán comparecer a los diez días de notificadas^ y si transcurrido diebo término, comparecieran las partes, la corte dispondrá que se formule por escrito la cuestión, procediéndose a su vista como en las demás causas, y serán siempre partes en el a'sunto las que lo fuesen en el que baya originado la tercería.
“Se establecerá la cuestión mediante una breve exposición de la naturaleza del derecho del reclamante al pretender reclamar como su-yos y excluir de la orden de embargo los bienes en controversia y de la autoridad y derecho del demandado o demandados en dicho proce-dimiento al pretender 'someter los mismos bienes a la orden de embargo.
“Sección 12. — Si el demandante no compareciere después de ha-bérsele notificado en debida forma, se desestimará la demanda por abandono de acción, y si no comparecieren los demandados se dictará la sentencia en su rebeldía.”

La ley no puede ser más clara. Si no se comparece den-tro del término fijado, se desestima la reclamación.

El juez de distrito no sólo expresó su criterio en rela-ción con la ley, si que además examinó las circunstancias concurrentes y la prueba practicada a los efectos de decidir si se había o no comprobado que la notificación se había hecho a la tercerista. Concluyó que se había hecho. Y ter-minó su resolución como sigue:

“No creemos estar justificados en este caso para ejercer nuestra discreción anulando una sentencia dictada. Además, en el affidavit de méritos que acompaña a la moción, se vuelve a insistir en que su abogado le había abandonado el asunto, cuando es lo cierto que en la declaración prestada ante la Corte, manifestó que no había nunca hablado con el abogado Calzada, ni le había encomendado la ge'stión de su asunto. No creemos que éste sea un caso adecuado y propio para que ejercitemos nuestra discreción, si es que la tenemos, y por lo tanto, se dese'stima la moción de la tercerista o la peticionaria.”

Aceptando que el término de diez días fijado por la sec-ción 11 de la repetida Ley de Tercerías no pueda equipa-rarse al fijado por el Códig’o do Enjuiciamiento Civil para apelar y en tal virtud que pueda dispensarse en casos real-mente apropiados, usando la corte las facultades que le otorga el artículo 140 del dicho Código de Enjuiciamiento Civil, sabemos que aquí la corte pesó las circunstancias' con-currentes, analizó la prueba practicada y decidió que no se trataba de un caso propio para ejercer su discreción.

Lo único que esta corte podría considerar en esta apela-ción es si la corte sentenciadora había cometido error mani-fiesto al apreciar las pruebas ¿y cómo hacerlo si las pruebas no están ante nosotros?

La apelación interpuesta resulta, pues, enteramente frí-(vola, y en tal virtud debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Rafael Ojeda Martínez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 747.

    Sometido: Febrero 8, 1929.

      Resuelto: Febrero 27, 1929.

      Carlos J. Torres y Rafael Buscaglia, abogados del recurrente; el Re-gistrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 170 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria lee en parte como sigue (bastardillas nues-tras) :

“El juez examinará el escrito y los documentos que lo instruyan, y 'si considera cumplidos los requisitos legales, sin más trámites, dic-tará auto, mandando requerir a los que, según la certificación del re-gistro, estuvieren en posesión de los bienes hipotecados, ora los conserve el deudor, ora se hayan transmitido a tercero en todo o en parte, para que dentro de treinta días verifiquen el pago de la 'suma reclamada con las costas, si también estuviesen hipotecariamente ga-rantidas, bajo apercibimiento die procederse a la subasta de los bie-nes hipotecados.”

El registrador de la propiedad se negó a inscribir una escritura otorgada por el marshal, fundándose en que la or-den de requerimiento insertada en el procedimiento ejecu-tivo sumario no contenía el apercibimiento estatutorio.

La orden en cuestión, después de referirse ligera-mente a “la ley aplicable al caso,” ordena que el secretario expedirá el correspondiente mandamiento de requerimiento dirigido al márshal de cierta corte de distrito, a fin de que el márshal a su vez requiera el pago de los demandados dentro de treinta días a partir de la fecha de tal requerimiento, todo de acuerdo con lo que prescribe la ley. El mandamiento expedido por el márshal contiene una copia verbatim de la orden suscrita por el juez de distrito y está seguida) de instrucciones de hacer el requerimiento correspondiente, de entregar a la parte demandada una copia de la demanda y de los documentos que a la misma se acompañan, y de devolver el mandamiento, debidamente diligenciado. El diligencia-miento del márshal que aparece en el mandamiento demues-tra que se hizo un requerimiento de pago, el cual debía efec-tuarse a partir de dicho requerimiento, sin mencionar el tér-mino dentro del cual debía efectuarse tal pago. También se señala como un error adicional para negarse a inscribir esta escritura el haber dejado el márshal de informar a los de-mandados que deberían efectuar el pagó dentro del término de treinta días. j

La teoría del recurrente es que el haber dejado el már-shal de informar a los demandados el término dentro del cual deberían efectuar el pago, no vicia el procedimiento, en vista de que la orden de la corte contenía tal información. Esta sugestión es por lo menos' más plausible que la otra contención de que la omisión del apercibimiento estaturio de la orden fue suplida por un apercibimiento verbatim a que’ se hace referencia en el diligenciamiento del mandamiento.

La ley no dice que la corte ordenará al secretario que instruya al márshal que le informe al demandado o.deman-dados que a menos que efectúen el pago dentro de treinta días los bienes hipotecados serán vendidos en pública subasta. Tampoco el mandamiento expedido por el secretario en el presente caso contiene tal orden. Lo que la ley exige es un requerimiento de pago formal, acompañado del apercibi-mie.nto estatutorio, y que la orden de la corte contenga am-bas cosas. Pero aún si la orden dirigida al secretario orde-nándole que expida el correspondiente mandamiento se con-sidera que cumple substancialmente con el estatuto, el már-shal ciertamente no puede suplir la omisión contenida en el mandamiento relativa a un apercibimiento formal, mediante un mero apercibimiento verbal.

Las condiciones precedentes a una ejecución de hipoteca y venta de conformidad con la Ley Hipotecaria, son pocas y sencillas, pero en vista de la naturaleza sumaria y práctica-mente ex parte del procedimiento, estos requisitos jurisdic-cionales deben ser observados estrictamente. De lo contrario el resultado sería una venta judicial nula. Arvelo et al. v. Banco Territorial y Agrícola 25 D.P.R. 728; Polanco v. Goffinet et al., 29 D.P.R. 120; López et al. v. Quiñones, 30 D.P.R. 342; y Cortés et al. v. Díaz et al., 31 D.P.R. 454.

Debe confirmarse la noia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ramos Hermanos, Sucesores, demandantes y apelados, v. Prudencio Muñoz y Jacinto Muñoz, demandados y apelantes.
    No. 4319.

    Sometido: Marzo 23, 1928.

      Resuelto: Febrero 27, 1929.

      Antonio L. López, abogado de los apelantes; Juan ValdejuU y Pe-llón <& Ayuso, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción fundada en dos pagarés, los demandados apelan do una sentencia adversa y alegan que la corte inferior cometió error al estimar que la demanda aducía hechos determinantes de una causa de acción, al estimar que la de-mandante tenía capacidad legal para reclamar el importe de uno de los pagarés, al estimar probado que la. demandante es dueña de dicho pagaré, y al condenar a los demandados al pago de intereses sobre intereses.

La teoría de los apelantes y los hechos envueltos, en lo que no se desprende de lo que aparece a continuación, no exi-gen una relación independiente.

El artículo 461 del Código de Comercio dispone que: “La propiedad de las letras de cambio se transferirá por endoso.” El 462 especifica lo que el endoso debe contener. El 533 provee que: “Los endosos de las libranzas y pagarés a la orden deberán extenderse con la misma expresión que los de las letras de cambio.”

Ninguno de estos artículos prohíbe la cesión formal de un pagaré, como parte del activo de una sociedad mercan-til, al disolverse ésta y organizarse su sucesor, en un docu-mento público acompañada de la entrega material del mismo, sin endoso. Cuando tal sucesor, cesionario y tenedor del pa-garé así cedido lo presenta e identifica debidamente durante el juicio, la propiedad del mismo ha sido establecida.

No hallamos ninguna indicación muy satisfactoria de que el juez sentenciador intentó incluir intereses sobre intereses, pero la fraseología de la sentencia será modificada a fin de evitar la posibilidad de que haya un mal entendido, y así mo-dificada se confirma.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,'

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pascasio Ayende, acusado y apelante; El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rogelio Ayende, acusado y apelante.
    No. 3713.

    Sometido: Febrero 14, 1929.

      Resuello: Febrero 28, 1929.

      Luis A. Castro, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,'

emitió la opinión del tribunal.

Pascasio Ayende y Rogelio Ayende fueron denunciados separadamente en una corte municipal por delito de acometi-miento y agresión con circunstancia agravante y conociendo la Corte de Distrito de San Juan en grado de apelación de esas denuncias-dictó sentencia condenatoria contra ambos. Las apelaciones interpuestas por ellos para ante nosotros fueron oídas conjuntamente y las resolveremos con una sola opinión porque los hechos que se les imputan están íntima-mente relacionados.

Los dos apelantes alegan que la prueba es insuficiente para haberles condenado. Hemos leído la prueba del fical consistente en las declaraciones del policía insular Carlos N. Montes y de Carlos Berrios y encontramos que es suficiente para llegar a la conclusión de que mientras dicho policía estaba prestando servicio vestido con su uniforme fue agredido varias veces por Pascasio Ayende y que habiendo llegado en esos momentos su hermano Rogelio Ayende sujetó al policía mientras le pegaba Pascasio y después también Rogelio agredió y pegó al policía. Ambos negaron esos hechos y Rogelio trató de probar que esa noche no estaba en San Juan sino en la Carolina, pero la corte di ó crédito a la prueba del fiscal y no vemos motivos para estimar que su decisión no fuese correcta.

Alega además Pascasio que fué error de la corte no haber ordenado la citación de un testigo suyo. Declarando ese apelante dijo que vivía con una muchacha llamada Carmen Rosa y que estando hablando con ella de diez a once de la noche a la puerta de su casa en el poblado de La Perla, estando él en la grama, llegó el policía y le dijo qué hacía allí y al contestarle que nada, el policía le mandó que se fuera a dormir por lo que le manifestó a la muchacha que cerrara y se acostase y que él subió hacia arriba: que el guardia dispuso que siguiera para el cuartel y le dio un palo por lo que se fué corriendo y entonces el policía le pegó un tiro y después otros: que él no le pegó al policía: que esos hechos ocurrieron entre él y el policía solos, sin ser pre-senciados por otra persona. Después dijo que esa muchacha fué a la corte municipal y que no vino al juicio en la corte de distrito por temor al policía y que con ella probaría que no agredió al denunciante. Entonces su'abogado solicitó de la corte que fuera citada esa muchacha, lo que le fué negado porque el acusado no solicitó esa citación al comenzar el juicio. Esa negativa no fué errónea, no sólo porque si era' un testigo a su favor sabía tal circunstancia desde que los hechos tuvieron lugar y no pidió su citación antes de co-menzar el juicio, sino también porque habiendo declarado que nadie presenció los hechos ocurridos entre él y el po-licía no resultaba ser testigo esencial para el juicio.

Ambas sentencias deben ser confirmadas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Eduardo Salichs y García, demandante y apelado, v. La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico, demandada y apelante.
    No. 4862.

    Sometido: Febrero 4, 1929.

    Resuelto: Febrero 28, 1929.

      James K. lleverlg, Attorney General j Felipe Janer, Sul)-Procurador, abogados de la apelante; A Fiol Xegrón, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En agosto 8, 1928, se apeló de una sentencia dictada en julio 9 del mismo año. La apelante simultáneamente, fun-dándose en la ley de noviembre 27, 1917, solicitó de la corte que ordenara al taquígrafo preparara la transcripción de la evidencia. Tal orden fué expedida en agosto 9 del citado año. De los> autos no se desprende que la apelante diera algún paso adicional hasta el 10 de noviembre de-1928. En-tonces la apelante radicó una moción en la que se decía que la orden dirigida al taquígrafo no había sido entregada a este funcionario por el secretario de la corte, y se solicitaba que el secretario la notificara a dicho taquígrafo. La corte expidió el mismo día la orden solicitada. Por tanto, desde el 9 de agosto hasta el 10 de noviembre la apelante no tomó acción alguna. El caso está sujeto a ser desestimado, por 10 menos por dos fundamentos, y el apelado ha solicitado la desestimación del recurso.

La excusa presentada por la apelante es que el taquí-grafo estaba enfermo y que dicha apelante no averiguó que el secretario había dejado de notificar al taquígrafo hasta que este último funcionario se puso bien.

Las partes han discutido varias cuestiones y citado un gran cúmulo de jurisprudencia, alguna de ella bastante apli-cable en el sentido de que la demora en acelerar una causa es imputable a la parte apelante. Mercado v. Sucn, Ferreiro, 26 D.P.R. 492. No es necesario que citemos ningunos otros casos.

El deber especial del apelante es ver que la orden dirigida al taquígrafo sea entregada a este funcionario. Si el secretario deja do hacer esto, tal falta es imputable al apelante.

La apelación debe ser desestimada en vista de que el período original de veinte días para preparar la transcripción taquigráfica expiró sin haberse dado el aviso correspondiente al taquígrafo y sin haberse obtenido la debida prórroga para hacer tal notificación. Además, la apelación debe ser desestimada de conformidad con la regla 59 de este tribuna], ya que han transcurrido más de noventa días sin haberse preparado ios autos del caso, ni haberse elevado Jos mismos a esta corte, y sin haberse demostrado suficiente ex-cusa.