author: El Juez Asociado Señor I)b Jesús

text:
    La Correspondencia de Puerto Rico, Inc., demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado. La Misma v. El Mismo.
    Núms. 8221 y 8222.

    Sometidos: Mayo 7, 1943.

      Resueltos: Mayo 23, 1941.

      Enrique Igaravídez, abogado de la apelante; IIon. Procurador General George A. Malcolm y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor I)b Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La apelante instó estos dos pleitos para recobrar ciertas cantidades que alega baber pagado bajo protesta por concepto de contribuciones sobre ingresos y cuotas de indemnizaciones a obreros, respectivamente. Las demandas en cada pleito son susl ancialmente iguales, con excepción de las sumas recla-madas y del concepto en que se hizo el pago, refiriéndose la del 8221 a contribuciones sobre ingresos y la del 8222 a cuo-tas de indemnizaciones a obreros. Se alegó en dichas deman-das que la demandante es una corporación doméstica organi-zada el 25 de junio de 1935 y dedicada a la publicación del periódico “La Correspondencia de Puerto Rico”. Que la demandante es una entidad distinta e independiente de la que con el mismo nombre estuvo registrada en Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico hasta el 14 de junio de 1935 en que fué disuelta y que esta última publicó el periódico indi-cado hasta el 18 de enero de 1935 en que toda su maquinaria, instalación, etc., fné adquirida por don Francisco Zeno en satisfacción de la sentencia que obtuvo como cesionario del demandante en el caso del Banco Comercial de Puerto Rico v. La Correspondencia de Puerto Rico, Inc., et al. Que desde el 18 de enero de 1935 hasta el 25 de junio siguiente, en que quedó constituida la corporación ahora demandante, el Sr. Zeno continuó publicando por su propia cuenta el aludido periódico hasta que en 25 de junio, con efecto retroactivo al primero de marzo de. 1935, arrendó la indicada maquinaria a la nueva corporación. Que ésta publicó para el Departa-mento de Hacienda anuncios de subasta en procedimientos de apremio en cobro de contribuciones, ascendiendo la deuda de dicho. Departamento por el concepto indicado, a la -suma de $7,789. Que la corporación anterior, es decir, la disuelta el 14 de junio de 1935, adeudaba a El Pueblo de Puerto Rico la cantidad de $674.20 por concepto de contribuciones sobre ingresos correspondientes al año 1924 y asimismo adeudaba $690.69 por cuotas de indemnizaciones a obreros correspon-dientes a los años fiscales 1927-28,1929-30,1930-31 y 1931-32. Que a pesar de que la corporación anterior era una entidad distinta e independiente de la demandante y que esta última nada adeudaba al Tesoro de Puerto Rico, el entonces Teso-rero, Sr. Sancho Bonet, al pagar a la demandante la indicada cantidad por concepto de publicación de anuncios el 19 de septiembre de 1936, retuvo $690.69 y $674.20 respectivamente, "contra el manifiesto deseo de la demandante,” alegando que dichas cantidades pertenecían a la extinta corporación y que las retenía para aplicarlas a su deuda por contribuciones sobre ingresos y cuotas de indemnizaciones a obreros, res-pectivamente. Que el tesorero demandado se negó a reinte-grar dichas sumas a la demandante, así como a consignar en los recibos entregados, acreditativos del pago de las mismas, el hecho de que la demandante las había pagado bajo protesta y que por esa razón no acompañaba a las demandas dichos recibos con constancia de la forma del pago. Termina la demandante en cada caso con súplica de que se condene al Tesorero de Puerto Rico a devolver las sumas anteriormente indicadas, con los intereses correspondientes y las costas.

Desestimadas en cada caso las excepciones previas de insu-ficiencia de lieelios determinantes de causa de acción, contestó el demandado aceptando unos hechos y negando otros, y alegando afirmativamente, enUe otras defensas, que la deman-dante pagó voluntariamente las sumas reclamadas, que las demandas no aducen hechos constitutivos de causa de acción, y que la corte carecía de jurisdicción para conocer de uno y otro pleito.

Consideraremos en primer término el recurso núm. 8221, que se refiere a la devolución de la cantidad pagada por concepto de contribución sobre ingresos.

El Pueblo de Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento. De suerte que al consentir, puede impo-ner las condiciones que estime convenientes y haciendo uso de ese derecho ha dispuesto que en los pleitos sobre devolu-ción de contribuciones sobre ingresos no sólo precisa que la contribución haya sido pagada bajo protesta, como se exige en todos los casos sobre devolución de contribuciones, si que también que el contribuyente antes de recurrir a los tribunales haya agotado el remedio administrativo que le ofrece la ley, interponiendo recurso de alzada para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, a fin de que se revise por dicha junta la decisión o actuación del Tesorero. Mientras ese requisito no haya sido cumplido, los tribunales de justicia no tendrán jurisdicción para conocer del pleito sobre devo-lución de contribuciones sobre ingresos, por exigirlo así la ley a virtud de la cual el Pueblo de Puerto Rico prestó su consentimiento para ser demandado en esa clase de pleitos. Véase la sección 76-B de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y especialmente el caso de P. R. Fertilizer Co. v. Sancho Bonet, Tesorero, 54 D.P.R. 677, en el que se transcribe íntegramente la opinión emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el reciente caso de Sancho Bonet, Tesorero, v. Yabucoa Sugar Co., (1939) 306 U.S. 505, que confirma la reiterada jurisprudencia de este tribunal inter-pretativa de la referida sección 76-B.

Ni de la demanda ni de la prueba resulta en manera alguna que la apelante baya recurrido ante la Junta de Revi-sión e Igualamiento antes de pagar la contribución sobre ingresos. Por el contrario, de su alegato se desprende que la apelante no cumplió con ese requisito legal. Siendo ello así, no es necesario, a los electos del recurso 8221 que con-sideramos, determinar por abora si el pago se hizo o no bajo protesta. Basta que no se haya cumplido con el requi-sito indicado para que la corte sentenciadora careciese de jurisdicción para conocer de dicho pleito.

Pasemos ahora al recurso 8222, que se contrae a la devolución de lo pagado por concepto de cuotas de indemnizaciones a obreros.

Este recurso se rige por la Ley núm. 8, Disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta; estableciendo un pro-cedimiento para autorizar el cobro y devolución de las mis-mas, etc.”, aprobada el 19 de abril de 1927 (pág. 123). Esa ley, por la cual El Pueblo de Puerto Rico prestó su consen-timiento para ser demandado en pleitos sobre devolución de contribuciones de cualquier otra clase que no sea sobre ingre-sos — que, como hemos visto, se rigen por una ley especial — , en ninguna de sus secciones exige que el contribuyente tenga que recurrir a la Junta de Revisión e Igualamiento para poder demandar en los tribunales, pero sí exige, al igual que la ley de contribuciones sobre ingresos, que el pago se haya hecho bajo protesta. Por consiguiente precisa determinar, a los efectos de este recurso (8222), si en realidad la deman-dante, antes de establecer este pleito, dió cumplimiento a ese requisito jurisdiccional.

La demanda no lo alega. La única alegación que contiene a ese respecto es la siguiente frase, que aparece en su párrafo octavo, -a saber: i

“. . . y el Tesorero de Puerto Rico, el 19 de septiembre de 1936, contra el manifiesto deseo de la demandante, retuvo dicho im-porte. . .”

No es ése el pago bajo protesta que requiere la ley. La inmensa mayoría de los contribuyentes, aquí y en todas par-tes, pagan las contribuciones contra sus deseos y sólo porque saben que de no hacerlo, el Estado empleará los medios coer-citivos de que dispone para obligar al pago. La citada ley núm. 8 determina en qué consistirá el pago bajo protesta, al prescribir:

“Sección 1. — Cuando algún, contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, estará no obstante obligado a pagarla en su totalidad, a requerimiento del colector de rentas internas de su distrito, o del funcionario encargado de la re-caudación, y si desea establecer alguna reclamación, al efectuar el pago pedirá a dicho colector o funcionario recaudador, que consigne su protesta al dorso del recibo indicando específicamente si ésta se refiere al todo o parte de la contribución que ha sido pagada bajo protesta, y precisando el montante de lo impugnado. Dicha nota será firmada por el contribuyente y por el colector o funcionario encargado de la recaudación.”

En el caso de Jiménez v. Domenech, 47 D.P.R, 481, en que se trataba de uu pleito sobre devolución de cierto impuesto pagado a virtud de la Ley nóm. 19, “Para reglamentar la venta de café extranjero, puro o mezclado con café de Puerto Rico, y para proveer fondos con qué pagar los gastos que ocasione tal reglamentación, y para otros fines,” aprobada el 19 de abril de 1928 (pág. 147), la alegación de la demanda relativa al pago bajo protesta decía así:

“3. Que el demandante pagó y entregó al demandado dicha suma, involuntariamente y bajo violencia e intimidación consistentes en la amenaza hecha al demandante por el demandado y sus agentes de ser el demandante procesado criminalmente y de serle destruido su ne-gocio de acuerdo con la sección 22 de dicha ley, de no proceder el demandante a efectuar el dicho pago y a entregar dicha suma, y alega el demandante que dichos pagos y entrega fueron hechos por el demandante al demandado con el sólo objeto de evitar que se le envolviera en tal proceso y que le fuera destruido su negocio, el cual consistía al tiempo de efectuar el pago y entrega de dicha suma en la compra y venta de café de Puerto Rico y del extranjero.”

Este tribunal, al confirmar la sentencia de la corte inferior que desestimó la demanda a virtud de excepción previa de falta de hechos constitutivos de causa de acción, sostuvo que la misma no alegaba que el pago hubiese sido hecho bajo protesta, y la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, confirmando a su vez la de este tribunal, refi-riéndose al pago bajo protesta, dijo:

“La demanda suficientemente alega que los pagos en cuestión no fueron hechos voluntariamente, sino que lo fueron bajo violencia o intimidación. (Citas.) No alega que se hiciese protesta alguna al tiempo de comprar las estampillas o que se notificase al demandado en relación con la compra o uso de ellas, de cualquier reclamación al efecto de que las mismas eran ilegalmente exigidas y que se le haría responsable de las sumas pagadas por ellas.
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“La cuestión a resolver es si en tales condiciones aduce hechos la demanda.
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“La insuperable dificultad en el caso del demandante es que, asumiendo que la acción proceda, como él sostiene, no tiene dere-cho a una sentencia sin alegar y probar que el pago en cuestión fué hecho bajo protesta o con notificación al funcionario que lo recibió (el tesorero), de que se le haría responsable de su devolución. Ésta es la regla establecida en los Estados Unidos, a menos que se varíe por estatuto (citas). Ésa también es la ley en Puerto Rico. Guerra v. El Tesorero de P. R., 8 D.P.R. 292, 321.” Jiménez v. Domenech, 80 F. (2) 767, 768.

A nuestro juicio la insuficiencia de la alegación es mani-fiesta.

Veamos ahora lo que resulta de la prueba.

La evidencia, en lo que respecta al pago bajo protesta, es, a lo sumo, contradictoria. El testigo principal de la demandante, Sr. Zeno, que fué quien verificó el pago, entre otras cosas declaró:

“Entonces el Tesorero . . . me llamó allá y me dice: ‘Zeno, aquí yo tengo este dinero, pero yo quiero cobrar, nosotros tenemos que cobrar la contribución que debe la vieja corporación.’ Entonces el testigo le dijo.- ‘Bueno, mire, Tesorero, este dinero, estos cheques que usted tiene ahí corresponden casi todos a la nueva corporación. Los de la vieja corporación usted puede descontarlos, pero los de la nueva corporación yo quiero discutirlo con usted. Estamos dis-puestos, o yo, personalmente,- pero para no tener diferencias con Tesorería, estoy dispuesto a hacer un arreglo, y voy a decirle aquí a la corte (esto declaró el testigo textualmente) que yo le propuse al Tesorero y a mi me parece que él en principio aceptaba un arreglo, o sea yo le dije: ‘Yo no le voy a discutir a usted la contribución sobre la propiedad porque yo personalmente he adquirido la pro-piedad y de acuerdo con la ley la contribución sigue la propiedad a la nueva corporación. Y en cuanto a la contribución sobre indem-nizaciones y otras sobre Income Tax/ le dije, ‘yo estoy dispuesto a un arreglo con usted, a pagarle la de indemnizaciones aunque creo que es injusto porque ésta es una deuda que le debe Tesorería a la nueva corporación y no a la otra, pero yo voy a aceptar esto y usted reconoce que nosotros tenemos derecho a cobrar esta cantidad de la nueva corporación que usted nos ha retenido, a mi juicio indebi-damente, por concepto de Income Tax de la vieja corporación.’
“Que el Tesorero entonces llamó al Sr. Juliá que tenía los che-ques en su poder; que cuando el Sr. Juliá oyó la proposición que le hacía el Sr. Zeno al Tesorero, dijo el Sr. Juliá: ‘El Sr. Zeno tendrá que protestar los cheques o escribir la protesta,’ y que enton-ces dijo el Tesorero: ‘No es necesario porque eso lo resolveré yo.’ El Sr. Juliá entonces entregó al señor Zeno los cheques en su misma mano y el Sr. Zeno los firmó.”

El_Sr. José A. Fremaint, único testigo del demandado, declaró sobre el mismo particular lo siguiente:

“El testigo declara que a su mesa fueron varios cheques envia-dos por el Tesorero de Puerto Rico a favor de La Correspondencia; que entonces el testigo llamó por teléfono al señor Zeno y le dijo que allí tenía cheques por $7,000, que pasara por allí. Que el señor Zeno fué a la oficina del testigo; que no sabe si antes estuvo en la del Tesorero o no; que le dijo al señor Zeno lo siguiente: ‘Bueno,-señor Zeno, La Correspondencia tiene aquí $7,000 y La Correspon-dencia de Puerto Rico debe al Pueblo de Puerto Rico tanta cantidad por obreros e Income Tax’: que entonces el señor Zeno dijo: 'Bueno yo voy a pagar eso porque necesito ese dinero,’ y entonces se la-mentó de' que ésa era una contribución que él no debía pagar, por-que él creía que no tenía la obligación de pagar; que el testigo le dijo al señor Zeno, 'Bueno, por qué no hace una cosa, por qué no hace el pago bajo protesta, lo consignamos aquí?’ Y el testigo dijo: ‘No, yo no quiero pagar bajo protesta porque yo estoy en buena amistad con el Tesorero de Puerto Rico y eso lo podemos arreglar.’ Que entonces el señor Zeno endosó los cheques de las contribuciones y cogió el resto. Que eran cheques girados por el Gobierno de Puerto Rico a favor de La Correspondencia de Puerto Rico.”

. La corte dirimió el conflicto de la prueba a favor del demandado,' como puede verse de los siguientes párrafos de su opinión:

“No aparece en ninguna alegación de las demandas que el pago se hiciera bajo protesta. Tampoco aparece de la evidencia practi-cada, salvo aquella parte de la declaración del señor Zeno en que dice que el Tesorero le dijo que escribiera una carta protestando, como efectivamente lo hizo; pero ésa no es la protesta que dice la Ley. La evidencia demuestra que el señor Zeno se dirigió a la ofi-cina del Tesorero de Puerto Rico y allí amistosa y amigablemente recibió unos cheques de éste, que los endosó, y más tarde, en la quie-tud de su oficina, recapacitó que no había hecho el pago bajo pro-testa y entonces escribió la carta protestando.
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“Es tan claro en este caso que el pago fué voluntariamente hecho, que el propio Tesorero de Puerto Rico, en carta de 31 de marzo de 1937 y suscrita por F. Ramírez Vega, subtesorero, niega de plano el que el pago fuese hecho bajo protesta.”

A nuestro juicio la corte inferior no erró al apreciar la prueba sobre este extremo, ni hay alegación alguna, ni mucho menos prueba, de que al así apreciarla actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad

Convenimos con la corte inferior en que la evidencia no demuestra que el pago fué hecho bajo protesta. Para que así fuese, hubiera sido necesario qué en el acto de endosar y devolver la demandante los cheques en cuestión, consignase su protesta, o por lo menos, como se dijo por la Corte de Circuito en el caso de Jiménez v. Domenech, supra, notificase. al funcionario a quien hizo el pago, que lo hacía bajo protesta y que le exigiría su devolución. Pero la demandante no lo hizo así. Sólo se conformó con manifestar al funcionario, que discutiría la justicia del caso con el tesorero en su opor-tunidad. Ése no es el pago bajo protesta a que se refiere la ley.

La carta suscrita por el Sr. Zeno, que menciona el juez inferior en su opinión, y en la que dicho testigo intentó con-signar la protesta, a nuestro juicio no es suficiente, pues como dice el juez inferior, no se escribió en el momento del pago, sino algún tiempo después de haberse hecho éste.

Siendo ello así, ¿a qué continuar discutiendo otras cues-tiones suscitadas por la apelante, si siempre tendríamos que llegar a la inevitable conclusión de que la corte carecía de jurisdicción para conocer de estos casos, por no haberse recurrido en el primero de ellos para ante la Junta de Revi-sión e Igualamiento, y por no haberse hecho en ambos el pago bajo protesta, requisitos éstos imprescindibles para que dichos pleitos pudieran prosperar?

Procede, por lo expuesto, la confirmación de las sentencias! apeladas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sbñok Todd. Je.,

license: Public Domain

text:
    Manuel Font, demandante y apelado, v. Viking Construction Corporation, demandada y apelante.
    Núm. 8177.

    Sometido: Abril 23, 1941.

      Resuelto: Mayo 23, 1941.

      Juan B. Soto y Enrique Iga-ravidez, abogados de la apelante; Rafael Rivera Zayas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Sbñok Todd. Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Font alegó en una demanda en reclamación de daños y perjuicios, que siendo gerente de la Puerto Rico Cement Corporation y estando el 4 de mayo de 1938 con la anuencia de la demandada inspeccionando la planta de ce-mento que estaba construyendo la demandada Viking Construction Corporation en Cataño, P. R., se cayó dentro de un pozo registro de dicha planta que estaba bajo la posesión de la demandada y que, por negligencia de ésta se encontraba abierto completamente y sin protección alguna, sufriendo con tal motivo una dislocación del hueso del brazo derecho, te-niendo que recluirse eu cama en una clínica y ausentarse de sus negocios durante seis días y se vió obligado a gastar $76 en atención médica y hospitalaria y sufrió daños corporales y mentales por la suma de $10,000.

La demandada, en su contestación, negó que estuviera construyendo la planta de cemento; que en la fecha alegada no ocupaba ni tenía posesión de dicha planta, pero admitió que estaba trabajando en la planta instalando un sistema de tubería para conducción de fuerza', aceites, g’as, aire compri-mido, electricidad, etc., y como parte de dicho sistema, ins-talando en pozos de registro de dicha planta, válvulas de escape y registros de presión; negó que diera su anuencia o consintiese que persona alguna y específicamente el deman-dante transitara por, inspeccionara o interviniera cerca de la instalación o pozos de registro que existen en la planta; negó que el demandante fuera gerente general de la Puerto Bico Cement Corporation o estuviera facultado o autorizado para inspeccionar dichos pozos de registro o los trabajos que estaba realizando la demandada; admitió que era necesario para su trabajo remover la cubierta de los pozos de registro pero negó que en lá fecha del accidente estuviese ningún pozo de registro abierto, y alegó que cuando así lo estaban, por trabajar en ellos la demandada, siempre estaban debidamente atendidos o por un empleado de la demandada o por una red de barrotes de hierro; negó que el demandante sufriera accidente alguno el 4 de mayo de 1938 por haber estado abierto algún pozo, ni se cayera dentro de uno de los pozos de regis-tro o que esto se debiera a negligencia alguna de la deman-dada; negó que por su negligencia, el demandante sufriera dislocación de hueso alguno de su brazo derecho ni que' sufriera daños y perjuicios ele clase alguna. Admitió, sin embargo, que el demandante sufrió un accidente en dicha fecha, aunque la demandada desconoce las causas, extensión y consecuencias del mismo.

domo materia nueva de defensa especial la demandada alegó que si al caerse el demandante en el pozo de registro medió alguna culpa o negligencia por parte de la demandada o de cualquiera de sus empleados, también medió la propia culpa, descuido y negligencia contribuyente del demandante y que ésta fué la causa próxima e inmediata del accidente; que la demandada no autorizó al demandante para que transi-tara por la planta sin estar acompañado de un empleado de la demandada y que el demandante lo hizo, acompañado de otras personas, de una manera descuidada, sin mirar al piso y mirando hacia el techo a pesar de que conocía la existencia de los pozos y que en ellos se estaba trabajando, y que se cayó debido a que no observó diligencia y cuidado y distraía su vista hacia otros extremos y pormenores del -techo del edificio, todo lo cual constituyó la causa próxima del accidente y de los daños consiguientes.

Celebrado el juicio correspondiente la corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenó a la demandada a pagar al demandante $328 por concepto de gastos de hospitalización, servicios médicos y placas de radio-grafía; $2,500 como indemnización por los daños consistentes en sufrimientos físicos y morales e incapacidad parcial per-manente en el uso de su brazo derecho y $500 por concepto de honorarios de abogado más las costas. No conforme la demandada apeló para ante este tribunal y hace un señala-miento de diez y seis errores para sostener su recurso, los que pasamos a considerar en el mismo orden en que los discute en su alegato.

Por el primero y tercero se sostiene que la corte inferior erró al declarar con lugar la demanda cuando en la misma no se alegó que existiera obligación alguna de la demandada para con el demandante y tampoco de cubrir los fosos que existían en la planta de cemento. El resumen que hemos hecho anteriormente de las alegaciones de la demanda demuestra que estos errores carecen de mérito alguno. El demandante alegó que la demandada ocupaba la planta de cemento y tenía la posesión y control de un pozo de registro que, por negligencia de la demandada, se encontraba abierto y la apertura carecía de protección alguna y que el deman-dante, gerente de dicha planta, se encontraba con la anuencia de la demandada inspeccionando la planta cuando se cayó en el pozo registro. De estas alegaciones surgen los elementos esenciales que deben alegarse para que pueda prosperar una acción por negligencia, según los expone la corte inferior en su opinión, tomándolos del caso de Miranda v. P. R. Ry, Light & Power Co., 31 D.P.R. 778, al decir lo siguiente:

“En toda acción derivada de culpa o negligencia es imperativo alegar y probar los siguientes extremos: (a) la existencia de un deber por parte del demandado de proteger al demandante ■ contra daños, (b)‘ el incumplimiento de ese deber por parte del demandado, y (c) el daño resultante.”

Si el demandante, como gerente de la planta de cemento, tenía derecho a penetrar en ella y la demandada estaba en posesión y control del pozo registro y negligentemente lo tenía descubierto, claramente se alegó que la demandada dejó de cumplir con el deber de observar el debido cuidado para con el demandante.

Para la discusión y resolución de los demás errores se hace necesario examinar los hechos que la corte inferior consideró probados, los que hizo constar en su opinión en la forma siguiente:

“Examinada la prueba testifical, documental, y con vista de la inspección ocular practicada, la corte encuentra probados los hechos siguientes :
“El demandante, Manuel Font, aparenta ser un hombre como de 52 años de edad; era, en la fecha del accidente, Gerente de la Puerto Rico Cement Corporation y Coronel de la Reserva del Ejér-cito de los Estados Unidos. La Puerto Rico Reconstruction Administration estaba recibiendo en una planta de cemento que había hecho construir para la Puerto Rico Cement Corporation, todas las instalaciones eléctricas, bombas y tuberías que había contratado con dicha Administración la demandada, Viking Construction Corporation. Font había estado destacado en la planta durante su cons-trucción, desde noviembre de 1937. El día 4 de mayo de 1939 (sic), entre las 4:30 y 5 :00 de la tarde, el demandante visitó la planta en compañía del Lie. Benigno Fernández García, entonces Attorney General de Puerto Rico. No había gran claridad dentro del local, y mientras ambos andaban por el pasillo central, en dirección Norte a Sur, el demandante iba a la derecha del señor Fernández García. Ambos dieron una vuelta por la planta, y al regresar, Font cayó dentro de un foso de varios pies de profundidad, golpeándose el hombro derecho con el borde del foso, al caer. En ese momento no había nadie en las proximidades del lugar del suceso, sólo Font y Fernández García. De la inspección ocular practicada se comprobó que el foso tiene 58 pulgadas de largo, 41 pulgadas de ancho y 40 pulgadas de profundidad. A cada lado del foso hay un pasillo, el de la derecha entrando más ancho que el de la izquierda; y a ambos lados del foso y de los pasillos que lo bordean, están instala-das las maquinarias en una línea sucesiva y continua. El foso tenía una tapa de rejilla, removida y colocada al lado, que cubre toda su superficie con fines de protección. Esta tapa es de hierro fundido, estilo enrejillado, y su peso no es menor de 200 libras.
“El día del accidente, y a la hora en que sucedió, ya se habían terminado las faenas diarias, y dentro del local sólo quedaban el Ingeniero Don David Ramírez con un ayudante, revisando con una lámpara eléctrica de mano las placas de varios motores, y dos em-pleados de la demandada, Armengol Pérez y Juan Cruz Molina, haciendo ciertos trabajos en la instalación eléctrica. Ninguna de estas personas estaba cerca del sitio del accidente y todas declararon que no vieron cómo sucedió, y sólo se enteraron después de haber pasado y de oír los quejidos de Font. Ni Pérez ni Cruz Molina son precisos en sus declaraciones con respecto a la hora: el primero dice que no sabe, pero que fué después de medio día como entre dos y media y tres. Por otro lado, Font, Fernández García y Ramírez precisan la hora del accidente y fijan ésta después de las cuatro y media. A esta hora es que se termina el trabajo del día en la planta, y esto explica la ausencia de trabajadores, con excepción de los dos que se han mencionado, empleados de la demandada, y del ingeniero Sr. Ramírez, que hacía una labor especial de inspección de entrega.
“El demandado Font en muchas ocasiones anteriores había transitado por ese mismo sitio, sabía que el foso existía pero cono-cía también la existencia de un enrejillado que se ponía sobre el mismo cuando no se estaba trabajando, y la obligación en que estaba la demandada, de acuerdo con su contrato (Artículo 9, página 10, (párrafos 17. 18, 19, 20 y 21) de rodear todas sus actividades de la debida protección para el público y los trabajadores, y proveer de luces, barreras y otros medios de protección, todas las maquina-rias, equipo y otros sitios de riesgo. En ocasión anterior había visto el foso abierto pero provisto de una barandilla con luces rojas.
“El inspector Sr. Ramírez declaró que cuando se entregó el foso a la demandada para realizar el trabajo que había contratado, la parrilla estaba puesta, y que el día anterior, había pasado por el sitio, vió la parrilla sin poner, y le llamó la atención al señor Lyons, que.estaba frente del trabajo en representación de la demandada.
“Como consecuencia de la caída, Font experimentó un intenso dolor que posteriormente se comprobó fué debido a una fractura en la tuberosidad mayor del húmero derecho. Se sometió a un prolongado tratamiento con el doctor José Guzmán Soto, gastando en hospitalización, medicinas y placas radiográficas, $78, abonando a su médico $50 por servicios, y quedándole a deber, según el de-mandante, $200, y según el Dr. Guzmán Soto, alrededor de $250. Para conformar las alegaciones sobre daños específicos, a la prueba, la corte admitió una enmienda a la demanda, en el sentido de adi-cionar a la alegación sexta la oración 'y la suma de $250 por aten-ción médica prestada por el Doctor Guzmán Soto.’ La prueba pe-ricial del demandante, corroborada en su casi totalidad por los propios peritos de la demandada, Doctores González Martínez y Soto Rivera, no deja lugar a dudas acerca de la fractura sufrida por Font, como consecuencia de trauma y dislocación del brazo de-recho, de la limitación funcional de ese miembro en su abducción y rotación y de la existencia, de ruia artritis causada por la dislo-cación y fractura que justifica el dolor intenso sentido por el pa-ciente y las molestias que sigue sintiendo en el funcionamiento del brazo. Esta incapacidad en una persona de la edad del demandante es de carácter permanente y la limitación del brazo derecho puede calcularse entre un veinte y un veinticinco por ciento de su función normal. ’ ’

Con la excepción a que hacemos referencia al discutir el décimosegundo error, podemos decir que estas conclusiones de hecho están sostenidas por la evidencia presentada por las partes según la transcripción que obra en autos.

Por el segundo error se alega que no hubo prueba de que la demandada estuviera en posesión exclusiva o tuviera bajo su cuidado la planta de cemento. La alegación esencial de la demanda es al efecto de que la demandada tenía bajo su posesión y control el pozo registro en la planta de cemento y la demandada en su contestación admitió que para la fecha del accidente estaba trabajando en dicha planta ins-talando un sistema de tubería y como parte del mismo y en los pozos de registro, válvulas de escape, y que mientras se trabajaba en dichos pozos era necesario mantenerlos descu-biertos removiendo la cubierta movediza de barrotes de hie-rro que se reponía al terminar la labor. Estas admisiones de la demandada complementan las alegaciones de la demanda y, unidas a la prueba justifican plenamente la conclusión a que llegó la corte inferior de que la demandada estaba en posesión y control del pozo de registro en que estaba reali-zando el trabajo antes mencionado.

Por los señalamientos cuarto y quinto se alega que se cometió error al declarar que el demandante no fue culpable de negligencia contribuyente y que no hubo evidencia justificativa de tal extremo, y que no fueron las actuaciones del demandante la causa próxima del accidente. Al discutir estos errores la apelante sostiene que la corte inferior actuó movida por pasión y prejuicio al apreciar la prueba. Hemos leído cuidadosamente la transcripción de evidencia y somos de opinión que es correcta la conclusión a que llegó dicho tribunal al expresarse en su opinión en la forma siguiente:

“La demandada, aunque lo alega afirmativamente, no probó que el demandante asumiera el riesgo de sus actos al visitar la planta cuando lo estimaba necesario. La natural interpretación de las cosas y de las relaciones en los asuntos corrientes nos dice que el demandante con motivo de su cargo oficial, tenía el derecho a visitar la planta, y por consiguiente, correspondía a la demandada probar que no tenía obligación alguna de protegerle contra accidentes en estas visitas. Por el contrario, la prueba revela, que el demandante sabía que la demandada estaba obligada a mantener los fosos cu-biertos, muy especialmente, cuando no se trabajaba en ellos, y tenía el derecho de asumir, que terminadas sus labores, el día del acci-dente, que el foso estaría debidamente cubierto o protegido, y que esta situación no sería alterada o variada por la demandada. No hubo a juicio de la corte negligencia contribuyente por parte del demandado. Véase la excelente discusión de este concepto jurídico en el caso de Jorge v. Umpierre, 49 D.P.R. 78. La causa próxima, a juicio de la corte, fué la negligencia y descuido de la demandada en desatender su obligación de mantener el foso tapado, agravada esta desatención más aun, por razón -de haber terminado las labo-res del día en el mismo, sin qué aparezca excusa alguna que la relevara de esta elemental precaución.”

Del“’.Restatement of the Law of Torts” volumen segundo, sobre “Negligence”, tal como fué adoptado y promulgado por el “American Law Institute”, tomamos las siguientes definiciones y comentarios de la sección 466 que trata sobre negligencia contributoria.

“See. 466. — La negligencia contribuyente del demandante puede ser (a) una intencional e irrazonable exposición de sí mismo a un peligro creado por la negligencia del demandado, cuyo peligro el demandante conocía o tenía motivo para conocerlo, o (b) conducta que, en otros respectos que los mencionados en la cláusula (a), está por debajo del ‘standard’ que el hombre razonable debe observar para protegerse de un daño.”

Si aceptamos la teoría de la demandada tendríamos que aplicar al demandante una de estas dos reglas. En cuanto a la cláusula (a) no es aplicable porque no hay nada en la evidencia que tienda a probar que el demandante conocía o tenía motivo para conocer el peligro que existía, es decir, que la demandada por sus empleados había dejado el pozo regis-tro descubierto al terminar los trabajos del día. Por el contrario, se probó que la demandada por costumbre o por obligación ponía la tapa enrejillada o barandillas con luces cuando el foso permanecía abierto. Comentando la cláusula (a) se dice en la misma obra:

“Para que la conducta del demandante pueda constituir negli-gencia contribuyente bajo la cláusula («), el demandante debe co-nocer la condición física creada por la negligencia del demandado y debe tener conocimiento de tales hechos que, como hombre razona-ble, se dé cuenta del peligro envuelto. Más aun, el demandante debe intencionalmente exponerse a ese peligro. No es suficiente que el dejar de ejercer razonable atención a sus alrededores le priven de observar el peligro. . . Por último su exposición al peligro co-nocido debe ser irrazonable. Para que sea irrazonable es necesario que un hombre razonable en su posición no se expondría al mismo.”

Basta la enunciación de los distintos ejemplos expuestos para concluir que la actuación del demandante no cae dentro del alcance de la cláusula (a), supra. Veamos los comenta-rios a la cláusula (b):

“La negligencia de que trata la cláusula (b) consiste usualmente en que el demandante deja de poner razonable atención a sus alre-dedores para descubrir el peligro creado por la negligencia del demandado, o de ejercitar razonable cuidado y diligencia para evitar el peligro cuando lo percibe o de prepararse como hombre razona-ble . . . para evitar un peligro futuro.”

Los hechos probados en ei caso de autos tampoco hacen que pueda aplicarse al demandante la cláusula (6). Como hemos dicho antes, se demostró que la demandada debía tener ios pozos registros tapados cuando terminaba el trabajo pues dejarlos abiertos constituía un peligro para cualquier persona que transitara por la planta. El demandante sabía esto y, como dice la corte inferior, tenía derecho a. asumir que a la hora en que ocurrió el accidente el foso estaría cubierto o protegido. Como gerente de la planta de cemento tenía derecho a entrar a ella y no puede decirse que por el hecho de que se la mostraba al Lie. Fernández García, dejó de poner la razonable atención a sus alrededores de que nos habla el comentario anterior. Ni él ni su acompañante pudie-ron percibir el hueco que existía debido a la semioscuridad que había dentro de la planta.

El caso de Muriel v. Marchán, 21 D.P.R. 325, citado insis-tentemente por la demandada a través de su alegato no es aplicable al de autos. Los hechos de uno y otro varían fun-damentalmente. Basta citar el siguiente párrafo de la opi-nión en dicho caso:

“La corte declaró además que de las alegaciones de la demanda solamente se probaron las que se referían a la caída y a las lesiones recibidas; que no se demostró la negligencia del demandado y que el accidente sólo pudo ocurrir debido a la inexcusable negligencia del demandante; que un edificio sin divisiones interiores que en sus dos plantas tiene las puertas y ventanas que se dejaron enumeradas y que según la prueba del mismo demandante estaban abiertas indu-dablemente estaba bastante iluminado para que cualquiera persona nada más que de mediana prudencia pudiera ver el agujero y haber evitado caerse por él; que el agujero estaba en un sitio que podía ser visto por el demandante antes de llegar a él, puesto que, si bien tiene al lado la barandilla de la escalera, ésta es de balaus-tres bastante separados y que no impedían verlo; que este agujero con relación al piso y a la claridad de una y otra planta, es a ma-nera de un transparente iluminado, que sólo ha podido inadvertirse por una gran negligencia.” (Itálicas nuestras.)

101 ratio decidendi fue que el demandante dejó de probar la negligencia del demandado y por el contrario se probó la negligencia contribuyente del demandante. Los hechos ocu-rrieron en pleno día y cuando Muriel pudo haber visto el agujero por donde se cayó. Resalta, por tanto, la diferencia de los hechos del caso de Muriel con los del que resolvemos.

Por el sexto señalamiento se alega que la corte inferior erró al sostener que ésta es una acción ex-contractu y que aun siendo ex-delicto existía la obligación por parte de la demandada para con el demandante, y se cita el siguiente párrafo, incompleto, de la opinión, para sostenerlo:

“. . . Aparte de esto, la demandada tenía esta obligación de acuerdo con su contrato y aun cuando el derecho de acción del de-mandante no nazca del contrato, y no ser por tanto esta acción una ;ex contractu’, las disposiciones impuestas a la demandada en su contrato con la Puerto Rico Reconstruction Administration, obligán-dola a tomar medidas para la protección contra daños a terceros, y definiendo cuáles debían de ser estas medidas, pueden ser propia-mente admitidas en evidencia no con el fin de basar en ellas una reclamación, sino para probar el deber de la demandada de proteger al demandante contra un daño. Aparte de eso, el deber surge claro de la naturaleza del lugar donde ocurrió el accidente y de las de-más circunstancias que revela la prueba.”

La parte del párrafo que no cita la demandada dice así:

' ‘ El demandante, como gerente de la Puerto Rico Cement Corporation tenía un perfecto derecho a visitar la planta. Lo venía haciendo desde noviembre de 1937, y el propio testigo de la deman-dada Aronson admite estas visitas en su declaración. La naturaleza de su cargo conlleva el derecho de inspeccionar aquello que está o va a estar bajo su administración. Correspondía a la demandada demostrar que el curso natural de las cosas tenía una excepción en este caso. Por ser el lugar donde se trabajaba un sitio reducido, oscuro, y estar localizado el foso en medio de un pasillo, y siendo como era y es el hueco, ancho, largo y profundo, y a flor del piso, incumbía a la demandada como cuestión de la más elemental dili-gencia y cuidado, mantener este foso tapado con su rejilla de hierro, especialmente cuando no se trabajaba en él, y más aun, cuando ya habían terminado las labores del día. lista obligación de la demandada, no sólo era para con el demandante sino también para con toda persona, empleado o no, que tuviere necesidad o derecho a transitar por aquel sitio.”

No es que la corte inferior haya basado su decisión en el contrato que, innecesariamente fué admitido como eviden-cia, sino que expresamente hace constar que la acción es una eos-delido y no ex-eontractu. El error al admitir el con-Irato, de haberse cometido, no fué perjudicial, como se sos-tiene en el mismo caso de Lewis v. La Nier, et al., 270 P. 656, citado por la apelante, donde se dijo lo siguiente:

“El demandante ofreció en evidencia, y la corte, al objetarse, no admitió, las disposiciones de un contrato entre el Estado y los demandados que dicen así: (se copian).
“Si el propósito era demostrar que la demandante puede de-mandar a los demandados por negligencia al causar la muerte de su marido, el rehusar la admisión no fué per judicial, porque el caso-fué visto bajo la teoría que la demandante tenía derecho a deman-dar. Independientemente del contrato ella tenía ese derecho.
“Si la contención es que los demandados son responsables en esta acción por no haber hecho lo que requería el contrato entre el Es-tado y los demandados, independientemente de si eso constituía o no negligencia, la contención no puede sostenerse. Esta es una acción basada en negligencia; está alegada como tal; fué a juicio y sometida al jurado como tal. La medida del deber de los deman-dados en este caso tiene que determinarse por la ley que gobierna los casos de negligencia, no por las disposiciones del contrato.’'

Esto resuelve además del sexto, el decimocuarto señala-miento que se refiere a la admisión del contrato en evidencia.

En los señalamientos séptimo y décimosegundo se alega que la corte erró al admitir prueba sobre daños específicos en una acción general de daños y al conceder $328 por gastos de hospitalización, servicios médicos, etc., cuando en la demanda sólo se reclaman $76.

En su opinión la corte inferior al referirse a estos daños dice lo siguiente:

“. . . Para conformar las alegaciones sobre daños específicos a la prueba, la corte admitió una enmienda- a la demanda, en el sen-tido de- adicionar a la alegación sexta la oración ‘y la suma de $250 por atención médica prestada por el Doctor O-uzmán Soto.’ ”

Lo que realmente resolvió la corte, según aparece a la página 23 de la transcripción de la evidencia, fué lo siguiente:

"Juez — La corte, en uso de su discreción, va a admitir la enmienda a los efectos de considerar, dentro de la alegación general de daños, la determinación de la cuantía pero no para determinar esta canti-dad reclamada de $230 como daños específicos ya que los únicos daños específicos que se reclaman en la demanda son los $76 paga-dos a la Clínica Díaz García.” (Itálicas nuestras.)

Los errores fueron cometidos y serán tomados en consi-deración al dictarse la sentencia ya que, de por sí no con-llevan la revocación.

Los señalamientos octavo y decimotercero alegan que la corte inferior erró al sostener que se había probado que la Puerto Eico Reconstruction Administration estaba recibiendo la obra realizada por la demandada y al sostener que el ingeniero Ramírez fuera un inspector en la obra relacionada con el contrato de la demandada. Carecen de importancia, en la resolución definitiva que del caso hizo la corte sentenciadora, estos pronunciamientos de la opinión, ya que el hecho de la negligencia de la demandada no dependía de qne se probara qne la Puerto Rico Reconstruction Administration estaba recibiendo la obra ni de qne el Sr. Ramírez fuera o no inspector de la demandada.

Sostiene la demandada apelante por el décimoqninto señalamiento qne la corte erró al sostener qne el demandante era un “invitee” de la demandada. No encontramos nada en la opinión que en apoyo de su sentencia dictó la corte inferior que demuestre que el caso fuera resuelto aplicando la doctrina de que el demandante fuera un “invitee” de la demandada. Por el contrario, en la opinión, como hemos visto anteriormente, se hace constar que el demandante como gerente de la Puerto Rico 'Cement Corporation visitaba la planta por su propio derecho y que la demandada conocía dichas visitas y nunca se opuso a ellas. El hecho de que la planta, en cuanto a las instalaciones que en ella estaba realizando la demandada, no se había entregado a la Puerto Rico Reconstruction Administration, en nada afectaba el nombramiento que como gerente había recibido el demandante y que le daba derecho a entrar a ella. De la deposición prestada por el testigo de la demandada Samuel Aronson, aparece contestando las preguntas 17, 18 y 22 en esta forma:

“17. Do you know the person who it is alleged fell in this pit, and if so, do you know whether that person was acquainted or not with the work being done at the plant by your Company?
“A. Yes. Manuel Font. He had already been appointed head of all the manufacturing work which the plant was going to do. He had a full knowledge of the plans and specifications of the building.
“18. Did he visit the plant frequently?
“A. Yes he did.
“22. Was it customary for Mr. Font to walk through the plant showing visitors the different machinery installed therein?
“A. He did show several visitors through.” (Itálicas nuestras.)

De manera que la demandada sabía y admitió que el demandante era el gerente de la planta y que la visitaba frecuentemente solo o acompañado de otras personas sin que haya nada en la evidencia que demuestre que la demandada hiciera oposición alguna a dichas visitas. No hubo el error.

El décimosexto se refiere a que la corte admitió prueba de hechos ocurridos con posterioridad a la radicación de la demanda y que no estaban alegados. La evidencia objetada por la demandada según la relaciona en su alegato al discutir este error se refiere a la declaración del Dr. José de Guzmán Soto y a la admisión de unas placas radio-gráficas que éste le tomó al demandante el día 31 de mayo de 1938, es decir, trece días después de radicada la demanda en este caso el 17 de mayo del mismo año. El fundamento principal de la objeción de la demandada fué que en la demanda se alegó que el demandante sufrió la dislocación del hueso del brazo derecho y la declaración del perito y las placas demostraban que tenía una fractura en dicho brazo. El error al admitir esta prueba constituía una incongruencia esencial, como sostiene la apelante, a no ser por el hecho de que, de su propia prueba y por la declaración, del testigo Dr. Isaac González Martínez, no se hubiera demostrado, como • se demostró, que la placa radiográfica que se le hizo al deman-dante inmediatamente después del accidente y que por tener un defecto el Dr. González Martínez informó que no ofrecía evidencia de fractura, al compararla dicho perito con las otras traídas por el Dr. Guzmán Soto, declaró que sí demos-traba la fractura. El Dr. González Martínez explicó lo ocu-rrido en esta forma:

“T. — Bueno, estas radiografías demuestran una fractura. Ahora,' en conexión con esto permítame decirle que yo vi una radiografía que me llevó el señor Font ... El señor Font varias semanas des-pués me llevó una radiografía en la cual aparecía una fractura, esta fractura. Entonces yo le pedí a Pont que me dejase esa radiografía para yo cotejarla con la radiografía que había tomado mi ayudante: La cotejé y entonces pude ver en aquella radiografía lo que la ins-pección primera no me había dejado ver, porque era confusa, pero la misma línea de fractura que hay aquí aparece en la radiografía 4ue tomó mi ayudante. (Itálicas nuestras.) ■ ’’

Los artículos 136, 137 y 138 del Código de Enjuiciamiento Civil disponen lo siguiente:

“Artículo 136. — Ninguna incongruencia entre las alegaciones y las pruebas en un juicio se tendrá por esencial, a menos que por su índole y efectos dé lugar a que la otra parte incurra en su per-juicio, en falsas apreciaciones al mantener su demanda o su con-testación. Siempre que una de las partes resultare así equivocada, la corte podrá disponer que se enmiende la alegación en los térmi-nos que estimare justos.”
“Artículo 13.7. — Cuando la incongruencia no fuere esencial según lo previsto en el precedente artículo, la corte podrá resolver que el hecho se admita de acuerdo con la prueba, o disponer una enmienda inmediata sin costas.”
“Artículo 138.' — Sin embargo, cuando las alegaciones de la de-manda, o contestación a que se refiera la prueba, queden sin probar, no en algún particular o particulares solamente, sino en su alcance y significación general, no deberá considerarse como un caso de in-congruencia, con. arreglo a los dos últimos artículos, sino como defi-ciencia de la prueba.”

Interpretándolos y citando anterior jurisprudencia, este tribunal por medio del Juez Asociado Sr. De Jesús en el caso de Carrasguillo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395, 401, se expresó así:

“El fin de la ley es la justicia. Las reglas de procedimiento,, como las de evidencia, no son otra cosa que el medio para llegar a ese fin. De ahí que la infracción a una o más de estas reglas no. produzca efecto legal alguno a menos que dicha infracción haya cau-sado perjuicio a la parte que exige su cumplimiento. Inspirados en este principio y en la moderna tendencia a prescindir de la forma cuando lejos de facilitar obstaculiza la justicia, los tres artículos antes, transcritos requieren que para que una incongruencia entre las ale-gaciones y la prueba sea fatal, la incongruencia debe ser esencialf es decir, que 'por su índole y efectos dé lugar a que la otra parte incurra, en su perjuicio, en falsas apreciaciones al mantener su de-manda o su contestación.1
“Interpretando el artículo 136 supra, se dijo por este Tribunal en el caso de Guánica Centrale v. Colberg et al., 27 D.P.R. 684, 686:
“ ‘La verdadera intención de ese artículo es que a no ser que exista una diferencia muy esencial entre las alegaciones y la prueba, deberá probarse en el juicio la esencialidad de una incongruencia/
“En el caso de Díaz et al. v. Rosado et al., 30 D.P.R. 515, 530, se pronuncia este tribunal en igual sentido cuando dice:
“ ‘Y’, Re ha dicho, ‘que de acuerdo con tales estatutos no es bas-tante con que una parte alegue meramente que ha sido inducida a error, sino que debe probarse a satisfacción de la corte. General-mente debe presentarse un affidavit que muestre en qué particular ha sido sorprendida o inducida a error la parte.’ 31 Cyc. 703 y casos citados.” (Itálicas nuestras).

.En el oaso de autos no sólo dejó la demandada apelante de probar en el juicio a satisfacción de la corte sentenciadora la esencialidad de la incongruencia y que había sido inducida a error, sino que, por el contrario, su propia prueba demos-tró con la declaración del Dr. González Martínez que tenía conocimiento de que lo que había sufrido el demandante en su brazo derecho había sido una fractura y no una disloca-ción. De acuerdo con la prueba presentada, no sólo por el demandante sino también por la demandada, lo que el deman-dante en realidad debió haber hecho en este caso fué enmen-dar su demanda para ajustarla a la prueba. • Que este tribunal puede, en casos' apropiados, considerar la demanda •como enmendada, ha" sido resuelto en los casos de El Pueblo v. Sucn. Valdés, 31 D.P.R. 223; Montalvo v. Teatro Caborrojeño, 35 D.P.R. 785; Dragoni v. U. S. Fire Insurance Co., 36 D.P.R. 469; D. Agüero & Co. v. Navarrete, 37 D.P.R. 812, 815; Ismert Hinke Milling Co. v. Muñoz, 37 D.P.R. 819; Central Pasto Viejo v. A. Perez & Hno., 44 D.P.R. 904, 908; Canals v. Vidal, 53 D.P.R. 210, 217. En el caso de El Pueblo v. Sucn. Valdés, supra, se citó con aprobación la siguiente nota que aparece en el de Ellinghouse v. Ajax Line Stock Co., LRA 1916-D 841 a la página 843:

“Las cortes de apelación han sido liberales en permitir enmiendas a las alegaciones o considerar la enmienda como que se hace en apoyo de la sentencia, cuando la enmienda es de tal naturaleza que debió haberse permitido por la corte inferior al solicitarse y la jus-ticia substancial se promovería con tal procedimiento. En estas circunstancias se ha resuelto generalmente que la sentencia no será revocada debido a los defectos u omisiones en las alegaciones que se subsanan por la prueba o las alegaciones de la parte contraria, o debido a una incongruencia entre las alegaciones y la prueba si la suficiencia de las alegaciones no fué debidamente atacada en la corte inferior, o la prueba introducida sin objeción, o aparece cla-ramente que el defecto o incongruencia no afectó a los derechos subs-tanciales de las partes pero ... la enmienda se considerará que ha sido hecha.” (Itálicas nuestras.)

Somos de opinión que el defecto u omisión que tenía la demanda en este caso quedó subsanado por la prueba de la demandada y que es de aplicación, por tanto, el artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil que dispone que:

“Artículo 142. — En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o proce-dimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

Los señalamientos noveno y undécimo alegan que la corte cometió error al apreciar la prueba al sostener hipotéticamente y sin base alguna eñ la prueba que el demandante “tuviera necesariamente que ser afectado en mayor grado que otra persona por el hecho de la profesión que ejercía y del cargo que desempañaba” y al fijar los daños en $2,500, por sufrimientos físicos y morales e incapacidad parcial permanente en el uso del brazo derecho del demandante.

Al fijar la cuantía de los daños la corte inferior se expresó así:

“Para fijar la cuantía de los daños sufridos por el demandante se han tomado en consideración por la corte las molestias, dolores y sufrimientos del demandante, la incapacidad parcial permanente como consecuencia de la artritis producida por la dislocación y fractura, así como la edad y posición del demandante, en que como ingeniero y Coronel de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, tiene necesariamente que ser afectado en mayor grado que otra persona que ño tuviera esta profesión ni desempeñara tal cargo.”

El Dr. Guzmán Soto al describir el estado del deman-dante como consecuencia del accidente declaró, a repreguntas de la demandada, en parte, lo siguiente:

“A. — Y dígame una cosa, Doctor. Esa dislocación y esa fractura ¿qué cantidad de incapacidad dijo usted que producía?
“T. — Bueno, considerando el síntoma dolor persistente y sus alternativas de agudeza de esos síntomas dolorosos, aparte de la limitación en la abducción, y la rotación hacia atrás, de un 20 a un 25 por ciento de incapacidad en las funciones del brazo derecho.
“A. — Dígame una cosa, Doctor. Formado ya en esa fractura el callo y unido ¿es posible que el paciente recobre su normalidad?
“T. — Yo esperaba que sí al principio, pero la persistencia de los síntomas, a pesar del tratamiento y del transcurso del tiempo transcurrido, y como dije antes, considerando la edad del. lesionado, la estimo una condición permanente.
“A. — En cuanto a esa parcial incapacidad que usted . . .
“T. — Si señor. Yo no creo que progrese más. Pudiera mejorar, pero eso es eventual. Tampoco podría decir si después de muchos años mejorará.”

El demandante que ya había declarado que había ejercido su profesión de ingeniero veintiséis años, al preguntársele qué sufrimientos mentales tuvo como consecuencia de las lesiones, se expresó así:

“T. — Puede imaginarse el sufrimiento y la preocupación de ha-ber recibido una lesión como esa en mi brazo derecho. . . una persona que como yo no tiene otros medios de vida que su trabajo, que hubiera podido quedar imposibilitado en mi brazo -derecho, total o parcial-mente. Yo necesito mi brazo derecho porque yo dibujo, yo uso un tránsito, yo subo andamios, subo escaleras, en el- Ejército tiro al blanco, y no puedo tirar al blanco.
“A. — ¿Usted no puede tirar al blanco ahora?
“T. — Yo en el Ejército tenía el grado de ‘Expert' en pistola y el otro día, en la finca del Senador Iriarte, no hice ni ‘Marksmen’ ”.
Y más adelante dijo:
X‘A. — ¿Usted dice que es Coronel del Ejército?
“T. — De la Reserva del Ejército Americano.
“A. — ¿Eso significa que usted está llamado' . . . puede ser lla-mado a servicio activo en cualquier momento?
“T. — A mí me llaman los veranos.
“A. — ¿Y en un caso de emergencia nacional 1
“T. — También.
“A. — ¿Iría usted a servir con ese mismo rango?
:íT. — Bueno, quizás ascendería a General.
“A. — ¿Cuáles son los impedimentos que usted actualmente tiene en el uso de ese brazo?
“T. — Bueno, no tengo la misma libertad de movimiento que tengo con el brazo izquierdo, que lo puedo mover en todas direcciones, le-vantarlo, llevarlo hasta la espalda . . .
“A. — ¿No puede usted?
“T. — Digo, que no tengo la misma libertad, y aun los mismos movimientos que hago van acompañados de cierta molestia ... no puedo sostener una pistola en mis manos con firmeza, no puedo andar . . . este movimiento no puedo hacerlo, y no puedo defen-derme. Yo siempre me he defendido con mis brazos y el hecho do que no me pueda defender ha creado una psicología de temor y asas cosas ...”

En el contrainterrogatorio de la demandada, en cuanto a este aspecto del caso, el demandante contestó lo siguiente:

“A. — Y dígame, testigo ¿cuánto usted gana actualmente?
"T. — 7,000 dólares.
“'A. — ¿Usted no ha tenido pérdida ninguna en su sueldo a vir-tud de esa lesión?
“T. — Ninguna.
“A. — ¿Usted desempeña las funciones de su cargo actualmente con la misma eficiencia con que las desempeñaba antes, no es eso?
“T. — Con la misma eficiencia no diría yo; con un dolor cons-tante no creo que pueda desempeñarlo con la misma eficiencia.
“A. — Subjetivamente no. ¿Pero en cuanto a las funciones que usted desempeña y su oportunidad de ganarse el dinero usted la tiene igual que antes?
"T. — Bueno, es posible, pero . . .
“A. — Y desde luego, usted no ha perdido la oportunidad de as-censo dentro del Ejército de Estados Unidos. Usted sigue siendo . . .
“T. — Bueno, yo estaría sujeto a un examen físico.”

La prueba del demandante, en cuanto a las consecuencias de la lesión que recibió, no solo no fue contradicha por la prueba de la demandada, sino que tendió a ser corroborada por las declaraciones de sus testigos peritos, los Dres. I. González Martínez y M. Soto Rivera. Él primero declaró a preguntas de la demandada:

“A. — ¿Dígame una cosa, pero usted podría decirle a Ja corte, si lo puede decir, si manteniendo ese brazo en el estado de inmovilidad necesaria podría o no podría degenerar en una incapacidad perma-nente ?
“T. — Bueno, es muy difícil que por la inspección de una simple radiografía, sin el examen físico, sin baber hecho las pruebas de los nervios, sin haber hecho la prueba funcional de los músculos, yo pueda decir algo de eso. Ahora, nosotros tenemos que tomar en consideración un factor importante: yo dije que por lo general esto no deja incapacidad en las personas jóvenes. El señor Font es un viejo; de manera que puede ser que a él le deje una incapacidad, porque no consolidan las fracturas tan bien en los viejos como en los jóvenes.” (Itálicas nuestras.)

Y el Dr. Soto Rivera dijo:

“A. — (,Y de acuerdo con esa radiografía puede el Doctor deter-minar el carácter de la incapacidad del brazo?
“T.' — Bueno, por el sitio, no es una incapacidad total; por el sitio no se podría producir una incapacidad total. En cuanto a la posibilidad de causar dolores, neuralgias, algesias, eso podría durar por mucho tiempo, a veces años. En personas jóvenes desaparecen y en personas, como ya lo han dicho los médicos aquí, de la edad del señor Font da mucho más trabajo y algunas veces dura años. Puede ser que él sufra sus molestias permanentemente; ahora, la incapa-cidad nunca podría ser total. Pudiera ser que el señor Font, de-bido al sitio donde se está formando el callo, tenga alguna dificultad, como dice él, al mover el brazo hacia arriba; eso es posible. Y también pudiera ser que al tirar el brazo hacia atrás pudiera tener ciertas molestias que pudiera ser que fueran permanentes debido a que, como han dicho los otros médicos, el señor Font es un poco viejo.” (Itálicas nuestras.)

Están contestes los peritos de una y otra parte, por lo tanto, que a una persona de la edad del demandante, que declaró tenía cincuenta años, una fractura, como la que él sufrió, puede dejarle una incapacidad parcial permanente y el experimentar dolores y neuralgias por mucho tiempo, a veces años. Que la corte sentenciadora pudo tomar en con-sideración la profesión y cargo del demandante en tanto en cuanto pudieran ser afectados por su incapacidad parcial, no admite discusión. Lo que argumenta la demandada en su alegato es que habiéndose alegado en la demanda que el demandante sufrió “daños corporales y mentales” en estos últimos no'pueden considerarse incluidos los “sufrimientos mentales.” Y dice “si acaso se hubiera dicho que la recla-mación incluía sufrimientos mentales, entonces quizás, me-diante la prueba correspondiente, hubiese podido justificarse la declaración de la corte inferior.” Es demasiado técnica la distinción que hace la demandada. El alegar “daños men-tales” o no significa nada o tiene que ser equivalente a decir “sufrimientos mentales”. Lógicamente no pueden haber otros daños mentales que no sean los sufrimientos mentales, que la propia demandada admite es un elemento de recla-mación. Que la evidencia de las partes demostró que el demandante tuvo dichos sufrimientos además de quedar con una incapacidad parcial permanente de un veinte a un vein-ticinco por ciento en las funciones de su brazo derecho, tam-poco admite discusión. De acuerdo con estos hechos proba-dos no cometió error la corte sentenciadora al fijar los daños en $2,500.

Bástanos por considerar el décimo señalamiento por el que se alega que la corte sentenciadora erró al sostener que la demandada fué temeraria al defender esta acción y como consecuencia condenarla al pago de $500 de honorarios de abogado del demandante. La corte a quo, al exponer los motivos que tuvo para considerar que la demandada había sido temeraria, se expresó asi en su opinión:

“Al condenar a la demandada al pago de los honorarios de abogado, la corte lo ha hecho por creer que ha habido una injus-tificada temeridad de parte de la demandada Viking Construction Corporation. La demandada interpuso todo género de alegaciones negativas y defensas especiales a la demanda. Negó aun la ocurren-cia del accidente sufrido por el demandante, aunque, en otra parte de su contestación admitió que algo ocurrió, pero que desconocía las causas, extensión y consecuencias del suceso. La demandada parece que no tuvo gran preocupación por investigar los hechos ni deter-minar si de alegar desconocimiento de los hechos, bajo juramento, atribuye al demandado conducta descuidada y negligente mediante alegaciones, que no pudo sostener con evidencia, de que el deman-dante transitaba por el lugar del suceso, conociendo el sitio del pe-ligro, mirando hacia el techo del edificio en una actitud de completa despreocupación. El caso de la demandada, edificado sobre la base de extensas alegaciones y defensas, quedó sin probar y demostró la sin razón de su oposición a la demanda de reparación hecha por el demandante. ’ ’

La demandada al argumentar este señalamiento llama la atención hacia el hecho de que contestó la demanda dentro del término original que le concedía la ley, sin interponer mociones dilatorias de clase alguna y que no podía allanarse a una reclamación excesiva do $10,000 que la propia corte inferior se vió obligada a reducir a $2,500.

El hecho de que la reclamación original haya sido reba-jada por la corte inferior, es un elemento a considerar en relación con la cuantía de los honorarios de abogado con-cedidos pero no implica que no existan en el caso otros ele-mentos que tiendan a demostrar la temeridad de la demandada según los apreció la corte sentenciadora. En el caso de Fuentes v. Canetty, 39 D.P.R. 173, se resolvió que si la opo-sición de la demandada “se hubiera limitado a la cuantía de la indemnización reclamada, que fué reducida por la corte, entonces hubiera estado en condiciones la apelante de dis-cutir si las costas debían serle impuestas o no.” Para la fecha en que fué resuelto este caso las costas incluían hono-rarios de abogado y el error alegado fué el no haberse excluido los honorarios.

En el caso más reciente de Sucn. Mangual v. Hastings, 56 D.P.R. 21 se resolvió lo siguiente:

“No abusó de su discreción la corte sentenciadora al incluir en el pronunciamiento de costas la partida de $300.00 para honorarios de abogado. Habiendo dado crédito a la prueba de los demandantes, pudo la corte inferior estimar que el demandado apelante fné te-merario al no allanarse a pagar a los demandantes una razonable compensación por los daños por él causados.” (Itálicas nuestras.)

Bajo todas las circunstancias concurrentes del caso que resolvemos, consideramos que no abusó de su facultad dis-crecional la corte inferior al condenar a la demandada al pago de honorarios de abogado y al fijarlos en la cantidad de $500.

Por las razones expuestas, ‘procedo modificar la sentencia dictada en este caso en el sentido de que la partida de $328 por concepto de gastos incurridos en hospitalización, servi-cios médicos y placas radiográficas debe ser rebajada a $76 y así modificada, se confirma.


author: Ml Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Elvira Soto, demandante y apelante, v. Antonio Lucchetti, demandado y apelado. Urbano Soto, menor representado por su madre con patria potestad, Eugenia López, demandante y apelante, v. Antonio Lucchetti, demandado y apelado.
    Núms. 8141 y 8142.

    Sometidos: Marzo 12, 1941.

      Resueltos: Mayo 27, 1941.

      Enrique Tristcmi, Jr., abogado de la apelante; lion. Procurador General George A. Malcolm, B. García Ontrón, Subprocurador Auxi-liar, y G. Domínguez Rubio, abogado éste del Servicio de Riego, abogados del apelado.
   Ml Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Estos pleitos tienen un mismo origen, la muerte accidental de Angel Soto en la noche del diez y nueve de agosto de 1938, en el poblado de Paso Seco, Municipio de Santa Isabel.

El primero lo inició Elvira Soto, madre de Angel; el segundo, Urbano Soto, hijo natural del fallecido, y ambos se dirigen contra Antonio Lucehetti, Jefe y Director del Servicio de Electricidad en toda la isla de Puerto JEtico y de las Fuentes Fluviales que son de la propiedad del Pueblo del cual es empleado y lo era el día del accidente. Da madre reclama diez mil dólares y el hijo otros diez mil.

Contra las demandas interpuso el demandado la excepción de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción en contra suya. Le dió la razón la corte de distrito, concediendo a los demandantes diez días para el archivo de demandas enmendadas. Como el término transcurriera sin que se archivaran, pidió el demandado el pronunciamiento de las correspondientes sentencias sobre las alegaciones. Así lo hizo la corte, declarando las demandas sin lugar con imposi-ción de costas y honorarios de abogado.

Los demandantes apelaron. Señalan en sus alegatos un solo error, a saber, el que imputan a la corte sentenciadora al resolver que las demandas no contenían hechos suficientes para determinar una causa de acción. Ambos recursos serán, pues, estudiados conjuntamente en esta opinión que servirá de base a las sentencias que dictemos resolviéndolos.

Los hechos, substahcialmente, tales como se expolien en las demandas son:

Que el demandado como empleado del Pueblo de Puerto Rico es el encargado directo y único responsable del buen funcionamiento y conservación de todas las líneas conduc-toras de electricidad en la isla y el único con autoridad y obligación de ordenar reparaciones y nuevas instalaciones en las mismas siempre que sean de la propiedad del Pueblo;

Que una de las líneas del Pueblo conductora de corriente de alto voltaje que pasa por sobre el poblado de Paso Seco, de Santa Isabel, consta de tres alambres todos conductores y atraviesa la carretera insular de Santa Isabel a Coamo por un sitio donde hay más de cien casas habitadas por un millar de personas incluyendo niños, mujeres y hombres, una de las cuales era propiedad de Angel Soto. En ella vivían junto a él y por él sostenidos la madre y el hijo demandantes;

Que- Angel Soto tenía veinte y cinco años de edad, era fuerte y trabajador y ganaba un dólar diariamente, y el diez y nueve de agosto de 1938, como a las nueve y media de la noche, al ir a acostarse oyó una voz que desde la calle gri-taba que la casa se estaba quemando, quedando, al tirarse al patio, enredado en un alambre de la línea de alta tensión que no vió, ni sabía que estaba allí roto, muriendo a conse-i euencia de su contacto con él;

Que los alambres de la línea en aquel sitio para la fecha indicada se encontraban en pésimas condiciones de conser-vación, no tenían cubierta para protección de vidas y pro-piedades, estaban flojos de poste a poste siendo juguete con-tinuo del viento que al unirlos produjo a veces conatos de incendio, habiéndose dado aviso de ello por los vecinos en distintas ocasiones a los encargados de la línea en la loca-lidad y directamente al demandado;

Que dichos alambres eran viejos y estaban inservibles, condición que conocía el demandado, y que al ponerse en contacto con la casa de Angel Soto, la casa empezó a que-marse por una esquina;

Que el demandado fue negligente al permitir que alam-bres de tan alto voltaje permanecieran en esas pésimas con-diciones, a sabiendas de que en aquel sitio habitaban tantas personas y había una vía pública de mucho tránsito y no ordenó la instalación de las hamacas acostumbradas para recoger antes de llegar a tierra cualquier alambre que pudiera partirse, siendo negligente además al no ordenar que por los empleados bajo su dirección se renovaran los alambres que sabía de propio conocimiento que estaban en malas condi-ciones, máxime cuando fué de ello avisado antes del acci-dente ;

Que la muerte de Angel Soto se debió única y exclusiva-mente a la culpa y negligencia del demandado y a su descuido y temeraria imprudencia al permitir que por alambres en aquellas condiciones se trasmitiera un alto voltaje eléctrico;

Que la rotura y caída del alambre que ocasionó la muerte de Angel Soto se debió exclusivamente a su condición de inser-vibilidad. Al soplar el viento lo unió a otro de la misma línea y por no estar protegido cayó; y

Que a virtud de la muerte del hijo y padre, íespectiva-mente, los demandantes han pasado hambre y vicisitudes, viéndose privados de su protección y ayuda y por ello y por sus angustias y sufrimientos morales y físicos, reclaman del demandado quo es el responsable las sumas ya indicadas.

Sostiene en primer término el demandado que estos pleitos por su naturaleza y por sus alegaciones lo son contra El Pueblo de Puerto Eico aunque se dirijan contra el demandado en su condición de empleado, ya que los aictos que se imputan como causantes de los daños, surgen de su cargo como empleado del Pueblo que es el dueño del sistema de Utilización de Puentes Pluviales al que corresponden las líneas trasmisoras de electricidad, uno de cuyos alambres al romperse causó la muerte de Soto. En una palabra, el demandado alega que El Pueblo es aquí la “empresa”, el “superior” que debe responder.

La ley reguladora de la acción ejercitada está compren-dida en los siguientes preceptos del Código Civil, ed. 1930:

“Artículo 1802. — El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
“Artículo 1803.' — La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
“El Pueblo de Puerto Eico es responsable en este concepto cuando obra por mediación deym agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.

Se trata de una sentencia sobre las alegaciones. Según la demanda, la certeza de cuyos becbos fué admitida a los fines de la excepción, el dueño de Fuentes Fluviales o sea la empresa lo es El Pueblo de Puerto Eico y de no estar limitada la responsabilidad del Pueblo por la propia ley que la establece al caso en que actúa por medio de un agente especial, resolveríamos que la razón estaba por completo de parte, de la contención del demandado sin necesidad de más investigación.

Pero la limitación existe y precisa resolver si el deman-dado actuó o no como un agente especial.

Comentando Manresa el artículo 1903 del Código Civil Español que fija la responsabilidad del Estado en términos iguales al nuestro, dice:

“La misma consideración anterior sirve de fundamento a la obligación impuesta al Estado; pero debe tenerse muy en cuenta respecto de ella que, según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 18 de mayo de 1904, dicha responsabilidad se limita tan sólo a los daños ocasionados por los empleados del mismo, cuando éstos obran como agentes especiales suyos, y no tiene que responder de ellos cuando hubiesen sido causados por los funcionarios a quienes corresponda por' razón de su cargo la gestión practicada, porque sólo en el.,primer caso cabe presumir en aquél la culpa o negligencia que es la base generadora en esta clase de obligaciones.
“Por agente especial, en el sentido en que se emplean estas pala-bras en el art. 1903, deben entenderse, con arreglo a dicha sentencia, ‘el que recibe un mandato o comisión concreta o determinada, ajena al ejercicio de su cargo, si es funcionario público, para que en re-presentación del Estado y obligándole como mandatario cumpla el encargo que se le confíe, cuyo concepto no puede alcanzar a un agente ejecutivo, que es un empleado de la Administración activa que, bajo su responsabilidad, ejerce las funciones normales y propias de su- cargo, reguladas por la ley o por los Reglamentos’; doctrina perfectamente aplicable a todos los demás funcionarios públicos, que al llevar a cabo los actos determinantes del perjuicio causado, se limitaron a desempeñar las funciones propias del destino desempe-ñadas ppr los mismos.” 12 Manresa, Comentarios al Código Civil Español 558, 4ta. ed.

Aplicada la ley a la luz del comentario y la jurisprudencia que cita a los becbos del caso, sólo cabe resolver que El Pueblo no es responsable porque el demandado no actuó como su agente especial si que en el ejercicio regular de las funciones de su cargo.

La ley de abril 13, 1916, pág. 155, enmendada en 1928, pág. 131, autorizando a las cortes de distrito a conocer de pleitos contra El Pueblo en ciertos casos, no altera esa conclusión porque como se decidió por esta misma corte en Ortiz v. Pueblo, 44 D.P.R. 153, 154:

•‘Por tal disposición El Pueblo de Puerto Eico consintió en ser demandado en ciertos casos en que hubiera una causa de acción bajo la ley que ya estaba en vigor. La enmienda de 1928 no creó nin-guna causa de acción nueva. Era una renuncia de inmunidad contra cualquier acción para exigir una responsabilidad existente, pero no constituía una renuncia de inmunidad en casos en los cuales no existiera ninguna responsabilidad legal en que basar un pleito. Véanse 36 Cyc. 915; Saurí y Subirá v. Sepúlveda, 25 D.P.R. 242; y Austin W. Jones Co. v. State, 119 A. 577.
Según los términos del artículo 1804 del Código Civil (1803 de la Eevisión de 1930) El Pueblo de Puerto Eico no es responsable de daños y perjuicios excepto cuando obra por mediación de un agente especial.”

Ahora Men, no siendo responsable El Pueblo, ¿ quién lo es? La ley es terminante. Dice que cuando el daño se cause por el funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior, a saber: el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a repararlo.

Besolver lo contrario sería excluir de responsabilidad por sus actuaciones u omisiones culpables o negligentes a los fun-cionarios públicos por el solo becbo de ser tales funcionarios, no obstante el daño que a otras personas causaren. Y ello no tendría justificación alguna dentro' del espíritu de nues-tras leyes.

Comentando el Doctor Llerena el artículo 1112 del Código Civil Argentino que establece la responsabilidad de los fun-cionarios públicos en'casos de esta naturaleza, cita el dictamen del Procurador Fiscal de la nación que aceptó en todas sus partes la Cámara de la Capital al resolver la apelación en un caso contra el intendente municipal de la Capital por daño ocasionado a un particular en el ejercicio de sus funciones. Al dictamen corresponden los siguientes párrafos:

“Aunque en Francia y en otras naciones monárquicas que la han seguido, se haya establecido así efectivamente ese sistema pernicioso que a cada paso viene a encarar a los particulares con los ministerios, dificultando sobremanera las reclamaciones por abusos de los fun-cionarios públicos, lia sido desechado en la Gran Bretaña y los Esta-dos Unidos, donde la responsabilidad de aquéllos es directa ante los Tribunales. (Lieber, La libertad civil, t. 1, cap. 10, núm. 11, pág. 119. Tocqueville, La democracia en América, lib. 1, cap. 6, see. 2», pág. 75; Paul Odent, nota al art. 951 de Story.)
“Habiendo adoptado nosotros por modelo la Constitución norte-americana, hallamos en nuestras instituciones consignada la misma doctrina derivada de los principios fundamentales de aquélla (Ley nacional de septiembre de 1863, art. 3°.), sin que, por tanto, para responsabilizar a un funcionario sea indispensable llevar la queja gradualmente hasta el Superior antes de recurrir a los Tribunales en demanda de justicia por cualquier abuso.
“En casos tales, los Tribunales ordinarios juzgarán ciertamente sobre actos administrativos, pero examinándolos exclusivamente bajo una sola faz, la del abuso que pueda haber agraviado al particular en sus derechos perfectos'; y no por eso debe recelarse el que se dificulte o trabe la administración, pues no es de temerse seguramente en manera alguna el que sin fundamento de justicia se multipliquen reclamaciones de suyo bien difíciles.51 4, Llerena. Concordancias y Comentarios al Código Civil Argentino, 384, 4a. ed.

Y la Enciclopedia Jurídica Española en su trabajo sobre ‘'Funcionario Público” del que es autor su colaborador D. Gonzalo del Castillo Alonso, refiriéndose a la responsabilidad civil del funcionario, expresa, en parte, lo que sigue:

“Desentrañando má.s el concepto de la culpa, base indudable de la responsabilidad civil, supone, a no dudarlo, la preexistencia de un deber jurídico, porque el que falta a un deber moral no incurre en aquélla; la realización de un acto positivo o negativo, porque son imputables tanto las acciones como las omisiones y la infracción de aquel deber preexistente que trae como consecuencia la lesión del derecho ajeno, aun sin intención de ocasionarla, porque si dicha intención existiera, la culpa se convertiría en dolo. A mayor abun-damiento, si, como se lee en el art. 1,902 de nuestro Código civil, ‘el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado5, este daño no podrá ser indemnizado al particular por el funcionario que le haya producido si no se demuestra al mismo tiempo que al ser negligente dicho funcionario y faltar al deber que el particular puede exigir de él, falta asimismo con sus actos u omisiones a sus deberes frente a la sociedad política a que pertenezca.” 16 Enciclopedia -Jurídica Española 874.

Según la demanda el funcionario demandado en estos casos, como empleado del Pueblo de Puerto Rico tenía a su cargo y era el responsable del buen funcionamiento y conservación de la línea conductora de electricidad a que pertenecía el alambre que se rompió y causó la muerte de Soto y fuá negligente porque conociendo personalmente el mal estado de la línea a que se debió la rotura por habérsele dado cuenta de ello dejó de repararla negligentemente. Si ello -es así y hasta ahora está admitido que lo es, su responsabilidad, de acuerdo con los hechos y la ley, es manifiesta.

La otra cuestión que dentro del campo de la excepción se discute es la de que no alegando las demandas que los demandantes sean los únicos herederos de Soto, no aducen causa de acción, sosteniéndose además que sólo cabe una causa de acción que corresponde a todos los herederos.

La cuestión no fué resuelta por la corte de distrito, pero» le fué planteada y se insiste con razón en que debemos deci-dirla. Los demandantes descansan en el caso de Ruberté v. American Railroad Co., 52 D.P.R. 471. El demandada impugna esa decisión e invoca la de Méndez v. Serracante, 53 D.P.R. 849.

Hace sólo unos meses esta corte, en el caso de Rodríguez v. Ell Tee, Inc., 57 D.P.R. 948, 954, se expresó como sigue:

“La demanda no contiene alegación alguna al efecto de que la demandante sea la única heredera de la interfecta ni que ésta falle-ciese sin otorgar testamento. Arguye, no obstante, la demandante,, que la causa de acción por daños y perjuicios surge del artículo 1803 del Código Civil, y que por consiguiente la demandante, por ser hermana de la interfecta tiene derecho a indemnización.
“En el caso de Ruberté v. American Rairoacl Co., 52 D.P.R. 471, un padre obtuvo indemnización por la muerte de su hijo, de quien no era heredero, 3ra que el hijo había dejado descendientes legítimos. Se dijo entonces por este tribunal:
“ ‘El becho íué que Justo Euberté no sólo tenía el deber de alimentar a su padre sino que en verdad contribuía a su sosteni-miento. Habiéndose establecido la negligencia de la deniandada, sur-gió en su consecuencia una causa de acción en favor de Pablo Euberté por razón de la muerte de su hijo.’
“La decisión en el caso de Ruberté, supra, está predicada en el becbo de baber privado al padre, por el acto negligente de la deman-dada, de continuar recibiendo de su hijo los alimentos a que tenía derecho mientras éste viviese.
“De acuerdo con el artículo 143 del Código Civil, los ascendientes y descendientes legítimos están obligados recíprocamente a darse ali-mentos; pero esa obligación no existe entre los hermanos a menos que concurran las circunstancias especificadas en dicbo artículo, circunstancias que no resultan en este caso ni de la demanda ni tampoco de la prueba que sirvió de base a la sentencia.
“Como bemos visto por las disposiciones del artículo 143 supra, y por lo resuelto en el caso de Ruberté v. American Railroad, Go., supra, la demandante, por el solo becbo de ser hermana de la in-terfecta, aun en el supuesto de que dependiera de ella para su sos-tenimiento, no tiene derecho a indemnización por no concurrir las circunstancias enumeradas en el citado artículo 143. A falta de ascendientes y descendientes legítimos o legitimados, heredan los colaterales y los cónyuges, por el orden que se establece en los ar-tículos 904 al 910 del Código Civil (ed. 1930); pero esto no im-plica que cada hermano o cada pariente colateral pueda por sí solo establecer una demanda separadamente en reclamación de daños y perjuicios. Es necesario alegar y probar que el demandante o demandantes es o son el único o únicos herederos del interfecto, para que pueda prosperar la acción. En el caso de autos no sólo dejó de .-alegarse que la demandante fuera la única heredera de la interfecta, :sino que tampoco se alegó que aquélla no hubiese dejado testamento -válido, requisitos indispensables para que pueda ser llamada a la ¡herencia la sucesión intestada.”

En este caso según consta del resumen que hicimos de las demandas se alegó en ellas que tanto la madre como el hijo vivían con el padre y de él dependían para su subsistencia y ello sería suficiente de acuerdo con el caso de Ruberté, supra, y con el propio de Rodríguez, supra. Creemos, sin embargo, que no proceden dos acciones separadas, sino una conjunta, y que debe alegarse no sólo la condición de heredero o here-deros y dependiente o dependientes si que además que los demandantes son los únicos herederos o dependientes del finado.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, procede la revocación de las sentencias apeladas, declarándose sin lugar las excepciones previas en cuanto a que las demandas no aducen hechos suficientes en contra del demandado y con lugar en cuanto a qtie no alegan en el recurso núm. 8141 qué la demandante Elvira Soto, madre de Angel Soto, sea la única heredera de su hijo fallecido, y en el recurso núm. 8142 que el demandante, Urbano Soto, hijo natural reconocido de Angel Soto, sea el único heredero del finado, debiendo con-solidarse en uno ambos pleitos al que podrán y deberán aso-ciarse todos los que puedan tener a ello derecho, concediéndose al efecto un término de veinte dias contado a partir deli en que se reciba el mandato en la corte inferior para el archivo de la demanda enmendada.


author: El Jom Asociado Sbñok Tuavibso

text:
    Ramón Flores Sánchez, querellante y apelante, v. Rosendo Torres Valentín, querellado y apelado.
    Núm. 8219.

    Sometido: Abril 24, 1941.

      Resuelto: Mayo 27, 1941.

      Luis A. Ramírez, abogado del apelante; Leopoldo Tarmes Garda, abogado del apelado.
   El Jom Asociado Sbñok Tuavibso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una querella formulada de acuerdo con la ley mím. 10 de 1917 ((2) pág. 217), en reclamación de la suma de $448 por concepto ele salarios que se alega fueron deven-gados y no han sido pagados.

Alegó el querellante que en febrero 18 de 1936 él celebró un contrato verbal con el querellado, por virtud del cual el querellante fué empleado como dependiente de una pulpería del querellado, con un salario de siete dólares semanales; que las condiciones de ese contrato fueron cumplidas hasta febrero 18 de 1937, en cuya fecha las partes interesadas hicieron un nuevo contrato verbal de acuerdo con el cual el querellante recibiría solamente tres dólares semanales y dejaría $4 sema-nales a fondo en poder del querellado; y que el querellado le ha quedado adeudando por tales depósitos un total de $448, suma que ha rehusado pagarle. El querellado negó todos los hechos esenciales de la querella y alegó específica-mente que él pagó al querellante todos los salarios deven-gados, a razón de siete dólares semanales, y que nada le adeuda.

Visto el caso ante la Corte de Distrito de Ponce, dictó ésta sentencia declarando sin lugar la querella, sin especial condenación de costas.

Los ocho señalamientos formulados por el demandante apelante se refieren a la apreciación que de la evidencia hizo la corte sentenciadora, la cual, en su relación del caso y opinión, se expresó así:

“La cuestión esencial a resolver en este caso es si se ha probado o no que el querellante Ramón Flores Sánchez dejaba en poder del querellado la suma de $4 de su sueldo de $7 que le correspondía percibir todas las semanas como dependiente y encargado de una tienda de pulpería propiedad del querellado, sita en la calle Santo Domingo esquina Santiago Negroni, de Yauco, Puerto Rico.
“Sobre este punto, y sosteniendo la afirmativa declararon el querellante Ramón Flores Sánchez, Juan Pellicier, Miguel Ángel Collado y Luis Collado; total cuatro testigos. En la negativa de-clararon Cecilio Pérez Pérez, Prudencio Quiñones, Juan Olán, Julio Arzola, José Graterón y el propio querellado Rosendo Torres Va-lentín: total seis testigos.
‘‘No se lia presentado ninguna escritura, documento privado o algún principio de prueba por escrito en relación con el convenio que alega el querellante celebró con el querellado, y especialmente, con la entrega de los $4 que dejaba el querellante semanalmente, según su declaración, en poder del querellado. No se ba presentado ni un simple recibo de ninguna de dichas entregas, ni constancia escrita sobre este punto de ninguna clase.
‘‘Por consiguiente, la corte entiende que éste es uno de los casos en que es de perfecta observancia el artículo 1201 del Gódigo Civil (edición de 1930), que lee como sigue-.
“ ‘Artículo 1201. — La fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos será apreciada por los tribunales conforme a lo estable-cido en la ley de enjuiciamiento civil, cuidando de evitar que por la simple coincidencia de algunos testimonios, a menos que su veraci-dad sea evidente, queden definitivamente resueltos los negocios en que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos privados o algún principio de prueba por escrito.’
“La corte hace constar que de acuerdo con su apreciación la veracidad de todos y cada uno de los testigos presentados por ambas partes no es evidente y que éste es un caso en que únicamente hu-biera podido resolverse a favor del querellante si se hubiera intro-ducido en evidencia alguna escritura, documento privado o algún principio de prueba por escrito.”

Después de un cuidadoso estudio de la evidencia introdu-cida por una y otra parte debemos resolver que las conclu-siones a que llegó la corte sentenciadora están justificadas. Cuatro testigos del demandante tienden a sostener las ale-gaciones de la demanda. El juez sentenciador que les vió y les oyó declarar no les dió crédito, por considerar que no era evidente su veracidad. Y tampoco dió crédito a los seis testigos presentados por el demandado. Artículo 1201 del Código Civil, ed. 1930.

La regla general de evidencia es que el onus probandi, el peso de la prueba, recae sobre el que alega. El demandante alegó que él había dejado parte de sus sueldos semanales on poder del demandado, y habiendo éste negado esa alega-ción, incumbía al demandante sostenerla mediante evidencia digna de crédito. Y no habiéndolo hecho así, era el deber del juez sentenciador desestimar la demanda.

La sentencia debe ser confirmada.


author: En Juez Asociado Seño» De Jesús

text:
    María Ramos, demandante y apelante, v. Manuel Avilés y Juan Romero Agosto, demandados y apelados.
    Núm. 8346.

    Sometido: Mayo 22, 1941.

      Resuelto: Mayo 27, 1941.

      A. Casanova Prats, abogado de la apelante; G. Benitez Gautier y J. Benitez Gautier, abogados de los apela,dos.
   En Juez Asociado Seño» De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por documento privado suscrito ante el Notario Sr. Juan Lastra, la demandante compró al demandado Manuel Aviles una casa y casilla en Santurce, por precio de $260 a pagarse así: $100 que el vendedor recibió al otorgarse el documento, y los $160 restantes, que recibiría al entregar la casa a la compradora, para lo cual' se lijó un plazo de quince días a partir de la fecba del contrato. Habiendo transcurrido con exceso el plazo convenido para la entrega sin que ésta se hiciera, se radicó la demanda de desahucio en este caso, ale-gando la demandante ser dueña del mencionado inmueble que describe, que el demandado se había obligado a entregarlo a la demandante dentro del plazo anteriormente indicado, sin que hasta la fecha de la demanda lo hubiera hecho, y que el demandado lo venía ocupando contra la voluntad de la deman-dante, sin pagar canon o merced alguna, terminando con súplica de que en su oportunidad se decrete el lanzamiento del demandado, con costas y honorarios de abogado.

Contestó el demandado Avilés. Aceptó la celebración del contrato en los términos expresados, pero alegó que la deman-dante le debía aun el precio aplazado de $160 y que de los $100 que confesó haber recibido en el momento de otor-garse el contrato, sólo había recibido $50, que la demandante entregó al demandado en cinco billetes de $10 y no de $20 como había creído el. demandado, defecto que advirtió al día siguiente y de lo cual notificó a la demandante tres días des-pués de celebrarse el contrato.

En el juicio la demandante presentó en evidencia el con-trato de compraventa, admitió que no había pagado al deman-dado los $160 del precio aplazado, e insistió en que había satisfecho los $100 en cinco billetes de $20 cada uno, que el demandado guardó y rehusó contar en su presencia, a pesar de los requerimientos que a ese efecto le hicieron tanto' la demandante como el Notario Sr. Lastra. Que un día antes de vencerse los quince días antes mencionados, la deman-dante fue a la casa del demandado para urgirle que entre-gara el inmueble y que fue entonces que por primera vez el demandado le comunicó que sólo había recibido $50 en vez de los $100 que se indicaban en el contrato, insistiendo siempre la demandante en que dicha suma le había sido entre-gada en su totalidad.

En la opinión que sirvió de base, a la sentencia que deses-timó la demanda, la corte inferior, luego de reseñar las ale-gaciones y la prueba, fundamenta su fallo así:

“Siendo tales los hechos establecidos por la prueba, que refieren una controversia sobre si se pagó o no el precio de la compraventa, la corte no se considera en posición de poder resolver que la deman-dante sea dueña de la finca, a los fines del procedimiento sumario de desahucio.
“En el caso de Vallés v. Rivera, reportado en 40 D.P.R. 160, se alegó por la demandada que si bien consintió en que se pusiera una cruz por su firma en el contrato que se ofreció para probar el título del demandante, obedeció a que estaba en la creencia de que lo que firmaba era un pagaré, y el Tribunal resolvió expresándose en los términos siguientes:
“ 'La pureza del procedimiento exige y la constante jurispru-dencia de esta Corte ha sentado, que cuestión semejante no debe debatirse en un juicio sumario de desahucio.’
“Aún cuando en el caso que ahora estamos resolviendo no se trata de haber firmado una cosa por otra, sin embargo, se informa que no se ha pagado el precio convenido, existiendo, por tanto, una controversia sobre un elemento esencial del contrato de compraventa, de que se dilucide el cual depende que el demandado venga o no obligado a entregar la casa, y que entonces pueda o no titularse dueña de la casa la demandante.
“Entendemos que, como en el caso de Vallés v. Rivera, tal con-troversia no puede dilucidarse en este procedimiento sumario de desahucio, sino en otro procedimiento que bien puede ser una acción sobre incumplimiento de contrato o sobre rescisión del mismo, según mejor convenga a la parte reclamante.”

La sentencia fue dictada el .18 de febrero de 1941 y notificada a la demandante tres días más tarde. Un día antes de habérsele notificado ia sentencia, la demandante pre-sentó moción de reconsideración, señalándose la vista de la misma para el 28 de dicho mes, fecha en que, luego de oídas las partes, fné desestimada por los fundamentos consignados en la citada opinión.

Notificada esta resolución a la demandante el 3 de marzo último, cuatro días después presentó escrito de apelación.

Dos mociones ha radicado el demandado apelado en opo-sición a este recurso. En la primera solicita que se deses-time por haberse radicado el escrito de apelación fuera de término. En la segunda, suplica se confirme la sentencia por-que basándose ésta en la existencia de un conflicto de título, no procede su revocación a menos que se demuestre que al apreciar la prueba la corte actuó movida por pasión, prejui-cio o parcialidad.

Procede denegar la primera moción, porque antes de expi-rar el término para apelar, la demandante solicitó la recon-sideración de la sentencia y esta moción fué desestimada después de señalar una vista y oír a las partes, habiéndose interpuesto recurso cuatro días después de notificarse a la demandante esa última resolución.

La segunda también debe ser denegada. Al resolverse en un pleito de desahucio que se ha suscitado un conflicto de título que no debe ser resuelto dentro de dicho procedimiento, la corte no dirime una cuestión de hecho, sino de derecho, y por consiguiente no es indispensable probar que el juez, en la apreciación de la prueba, actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, pues pudo haberla apreciado correctamente y equivocarse en la aplicación de la ley.

Pasaremos ahora a considerar el recurso en su fondo.

Más que un conflicto de título es inexistencia de causa de acción lo que resulta de la prueba en este caso. La obliga-ción del demandado de entregar la casa y la de la ciernan-clante de pagar el precio aplazado, son obligaciones recíprocas. Tratando Manresa de esa clase de obligaciones dice:

“La bilateralidad o reciprocidad de las obligaciones supone desde luego que los dos sujetos, términos necesarios de la relación obligatoria, sean a la vez deudores y acreedores el uno del otro. Pero no basta con esto: significa aquella nota de estas obligaciones algo más, una reciprocidad tan perfecta, que haga proceder ambas relaciones de una misma causa, siendo también cada obligación su-puesto de la correlativa, no concibiéndose, en suma, la una sin la otra. Así, por ejemplo, puede una persona ser deudora de otra por consecuencia de un mandato, y ser acreedora de la misma por razón de un préstamo; y nadie dirá que tales obligaciones son recípro-cas, puesto que son y se conciben independientes, y proceden de distinta causa. Aun más: celebrado un contrato de préstamo co-modato, tiene el comodatario la obligación de restituir, o puede tener el comodante la de abonar a aquél gastos hechos en la cosa contractual, y, sin embargo, no se da en tales obligaciones la nota de reciprocidad en su genuino sentido, puesto que, distinguiendo bien en aquéllas, se ve que no tienen rigurosamente su origen en una misma, idéntica causa, y, sobre todo, que no surgen a la vez, como necesarias ambas y fundamento mutuo la una para la otra. En cambio si percibimos con toda evidencia esa nota de reciprocidad ^comparando en la compraventa las obligaciones de comprador y de vendedor para entregar respectivamente el precio y la cosa;, o en el arrendamiento las de acreedor y arrendatario, para permitir el uno el uso de la cosa arrendada, y para pagar el otro la merced convenida, etc., etc., y es que en todos esos casos no podemos, sin desnaturalizar cada obligación, imaginarla sin la otra.” 8, Comentarios al Código Civil, 148, 149.

Siendo recíprocas dichas obligaciones, les es de aplica-ción el último párrafo del artículo 1053 del Código Civil (ed. 1930), que dice:

“En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obli-gación, empieza la mora para el otro.”

No habiendo incurrido en mora el demandado en este caso, toda vez que no se le pagó el resto del precio aplazado, prescindiendo de decidir por ahora, por no ser necesario a los efectos de esta opinión, si én efecto la demandante pagó o no la totalidad de los $100 de que se' lia hecho referencia, no tiene la demandante compradora el derecho de exigir al demandado qne le entregue la cosa comprada. Para que tal derecho exista, precisa que la demandante cumpla primero su obligación, pagando previamente el precio aplazado o acom-pañando su importe a la demanda de desahucio, a disposi-ción del demandado, para serle entregado una vez se ejecute la sentencia o al acreditarse la. entrega del inmueble. Véase a este efecto la sentencia del Tribunal Supremo de España de 4 de enero de 1866, que sostiene que “el que no cumple la obligación que se impuso en su compromiso, no tiene dere-cho a exigir, siendo mutuos y correlativos los deberes, que la otra parte haga lo que se comprometió a hacer.” (Bastar-dillas nuestras.)

Por lo expuesto, procede l:i; confirmación de la sentencia apelada.