text:
    Artemio Camacho, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona, Juez, demandada
    No. 831.

    Sometido: Junio 13, 1932.

      Resuelto: Junio 23, 1932.

      A. L. Lopes, abogado del peticionario; Luis Muñoz Morales, abogado de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artícnlo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil auto-riza el nombramiento de un síndico después de sentencia para conservar los bienes litigiosos mientras se resuelva la apelación. Como resultado de nna alegación de que en el caso presente ese nombramiento se había basado en el testi-monio de un solo testigo al efecto de que la casa en cues-tión necesitaba pintura y que el balcón de la misma estaba algo deteriorado, este Tribunal expidió un auto de certiorari.

De la transcripción de la evidencia aducida en la vista en la corte de distrito aparece que el testigo aludido declaró que la casa estaba en muy malas condiciones; que cuando la misma pasó a la posesión de Artemio Camacho, peticionario en este procedimiento, unos dos años antes de la fecha de la vista sobre la solicitud de nombramiento de síndico, estaba pintada y en buenas condiciones; que al tiempo de la vista la mitad del balcón de hierro y la parte posterior de la casa habían desaparecido; que algunas de las puertas se habían perdido; que eran menester más de quinientos dólares para efectuar las reparaciones necesarias; que durante el tiempo de la estancia de Camacho no se habían hecho reparaciones; y que la casa se estaba deteriorando constantemente.

La demandante en la acción original había sido declarada dueña de la propiedad de que se trata, y, en vista de la si-tuación descrita por el testimonio arriba bosquejado, no hallamos abuso de discreción en el nombramiento de un síndico.

En Schlüter v. Texidor, 26 D.P.R. 107, la solicitud sobre nombramiento de síndico fuá hecha bajo el inciso 5 del ar-tículo 182, swprá, que autoriza tales nombramientos “en to-dos los demás casos en que como hasta el presente se han nombrado síndicos, conforme a los usos de las cortes de equidad,” pero no bajo la autoridad específica del inciso 3 de ese artículo, como en el presente caso. Un examen cui-dadoso de la opinión en el caso de Schlüter y de la del de González v. Benitez Flores, 29 D.P.R. 307, también citado por el peticionario, bastará para distinguir esos casos del pre-sente, por sus hechos.

Debe anularse el auto expedido.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Sucesión de Salomón Maldonado, compuesta de su Viuda Doña Aleja Irizarry y de su hija María Maldonado Irizarry, demandante y apelada, v. Rito Maldonado Toro, demandado y apelante.
    No. 5233.

    Sometido: Febrero 19, 1931.

      Resuelto: Junio 23, 1932.

      Guillermo 8. Pierluisi j B. Atiles Moren,, abogados del apelante; Lms Mercader, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta por el demandado contra la sentencia que en nn procedimiento de injwiction esta-blecido de acuerdo con la Ley No. 43 de 1913 condena al ape-lante a que se abstenga de cometer actos de perturbación contra los apelados en la posesión de cierta finca rústica.

Los dos primeros motivos de la apelación se fundan en no haber accedido la corte inferior a que fueran eliminadas determinadas palabras de la demanda y en que ésta no expone hechos determinantes de causa de acción, por lo que tendremos que hacer un resumen de sus alegaciones.

Del título de la demanda aparece que la establece la su-cesión de Salomón Maldonado compuesta por su viuda Aleja Irizarry y por su hija María Maldonado Irizarry y en sus-alegaciones dice que tanto Aleja Irizarry viuda de Salomón Maldonado como su hija María Maldonado Irizarry, quienes forman la sucesión de dicho Salomón Maldonado, se hallan en la posesión material de la finca rústica que describe, he-rencia de Salomón Maldonado, por más de un año con ante-rioridad a la presentación de la demanda: que desde el A de agosto de 1929, o sea desde un mes antes de la radicación de la demanda, el demandado Rito Maldonado por sí y con sus empleados se introduce en la finca que poseen las de-mandantes desde hace unos veinticinco años y sin consenti-miento de ellas y contra su voluntad ha labrado la tierra, sembrado frutos, ha cortado árboles y ha realizado otros actos análogos.

Dice el apelante que fué error de la corte no haber orde-nado que se eliminara de la demanda la siguiente frase: “viuda de Salomón Maldonado como su hija María Maído-nado Irizarry, quienes forman la sucesión de Salomón Maldonado.” Su fundamento es que no alegándose la muerte de Salomón Maldonado no tenían para qné exponer las de-mandantes qne son sn vinda y sn hija y qne las dos forman sn sncesión.

No creemos qne la corte debió ordenar la eliminación de esas palabras de la demanda pnes al decirse en ella qne Aleja Irizarry es la vinda de Salomón Maldonado se alega implí-citamente qne él murió, pues esa demandante no puede ser vinda de Salomón Maldonado si éste no ha fallecido.

En cnanto a las alegaciones de la demanda entendemos qne son suficientes en esta clase de acción pnes dicen qne los demandantes tienen la posesión material de la finca desde hace más de nn año y expone actos de perturbación en ella por el demandado realizados nn mes antes de ser presentada la demanda.

Los restantes motivos de error se refieren a la prueba, pero de ellos sólo trataremos conjuntamente el tercero, cuarto y sexto, o sean los qne dicen qne no fné probada la personalidad de las demandantes; qne erró la corte al sostener que las demandantes están en posesión de la finca y también qne el demandado se introdujo en ella contra la voluntad de las demandantes y qne sus actos fueron de perturbación, así como por no haber estimado la corte qne el demandado adquirió la posesión de aeuerdo con nn contrato válido y eficaz en derecho.

De las declaraciones de los testigos de ambas partes re-sulta qne Salomón Maldonado murió, qne estaba casado con Aleja Irizarry y qne María Maldonado es la única hija de ese matrimonio, por lo que no puede sostenerse qne no quedó probada la personalidad de las demandantes.

Hubo prueba testifical de la parte actora de qne Salomón Maldonado estuvo en posesión de la finca por unos veinti-cinco años, de qne a sn muerte continuaron en ella las de-mandantes y de qne el demandado se introdujo en dicha finca nn mes antes de ser demandado y aró terreno de ella e hizo plantaciones de guineos. La prueba del demandado reco-noce que las demandantes y Salomón Maldonado han estado en la finca por machos años pero por ella se trata de demos-trar qne tanto la posesión de las demandantes como la de Salomón Maldonado fné como medianeros del dueño de la finca a quien la compró el demandado Rito Maldonado; que las demandantes convinieron con el demandado en marcharse de la finca pagándoles sus siembras por las cuales entregó el demandado $350, después de lo cual el demandado comenzó a hacer siembras en la finca. Poco antes de la presentación de la demanda en este caso el apelante demandó en desahu-cio por precario a las dos demandantes, juicio que no estaba fallado cuando este juicio fue celebrado.

No puede haber duda por la prueba de que las deman-dantes están en la posesión material de la finca en cuestión desde hace varios años y de que el demandado penetró en la finca y comenzó a hacer siembras en ella, por lo que está justificada la sentencia apelada a pesar de que en la prueba del demandado se dice que él compró la finca a tercera persona que era dueña de ella, que Salomón Maldonado y su viuda e hija han tenido la posesión como medianeros o apar-ceros y que las apeladas convinieron con él en desocupar la finca con el pago que les hizo de las siembras que tenían, pues este procedimiento de injunction tiene sólo por objeto mantener en la posesión al que la tiene y es perturbado en ella, sin que en él puedan resolverse cuestiones de título. Si las cosas han ocurrido como dice el apelante, tiene otros re-medios en la ley para hacer valer sus derechos y conseguir que las apeladas desocupen la finca.

El quinto error alegado es porque la corte inferior no permitió prueba de que hubo una negociación por virtud de la cual cesó la posesión de las demandantes a virtud del artículo 462 del Código Civil. El precepto citado dispone que el poseedor puede perder la posesión, entre otras cosas, por cesión hecha por título oneroso o lucrativo.

La negociación a que se refiere ese error es la que se dice celebrada entre Rito Maldonado y las demandantes para que abandonaran la finca pagándoles cierta cantidad de dinero. Pero el error alegado por la negativa de esa prueba, cuando era repreguntado un testigo de las demandantes, de existir, no es perjudicial en este caso porque la prueba del deman-dado se refirió a esa negociación o contrato. Además, ese testigo no declaró en el interrogatorio directo sobre tal ne-gociación.

El último error aducido es porque la corte inferior impidió la impugnación del testigo Pedro Cortés.

Después de no haber permitido la corte, como hemos dicho en el error precedente, que el testigo Cortés declarase sobre la referida negociación, manifestó la defensa del demandado que iba a sentar las bases de la impugnación sin decir si era del testigo o de lo que no se permitió repreguntarle, y se le interrogó si Rito Maldonado tomó posesión de la finca, si a su presencia la viuda le entregó la posesión de las plantas y frutos que en ella cultivaba, si el demandado entregó a ella $350 y otras preguntas similares, todas las cuales' fueron con-testadas en la negativa por dicho testigo; lo que demuestra que no hubo impugnación del testigo como dice el apelante, por lo que no existe el error alegado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Pedro Pérez y Felícita Plata, como padres de la menor Ana Delia Pérez Plata, demandantes y apelantes, v. Francisco García Fernández, demandado y apelado.
    No. 5148.

    Sometido: Febrero 10, 1931.

      Resuelto: Junio 24, 1932.

      B. Arjona Siaca y B. Atiles Moreuabogados de los apelantes; Felipe Colón Díaz, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes como padres de sn bija natural reconocida menor de edad Ana Delia Pérez Plata y en representación de ella demandaron a Francisco G-arcía Fernández para qne pagase cierta cantidad de dinero como indemnización por las lesiones qne le cansó un automóvil dedicado al negocio del demandado y qne manejaba en aquella ocasión sn sobrino Alfredo Fernández y Vidal.

En la relación del caso y opinión en qne la corte inferior fundó sn sentencia declarando sin lugar la demanda dice qne la cuestión primordial en este caso es si se ha probado satis-factoriamente qne Alfredo Fernández Vidal era un empleado o agente del demandado en la fecha en qne ocurrió el acci-dente y, si lo era, si estaba realizando algún acto en el curso de sn empleo; agregando qne la prueba fné contradictoria en cnanto a lo declarado por los testigos de una y otra parte y que los testigos de la parte demandante no han satisfecho ni convencido a la corte de que sus declaraciones sean sufi-cientes en derecho para dejar establecida la relación de principal y agente. Después consigna un resumen de la decla-ración de cada testigo, las estudia en relación con otras prue-bas y concluye diciendo que no habiéndose probado que Alfredo Fernández fuera agente o empleado del demandado el día del accidente huelga hacer mi análisis de la prueba en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente, aunque no tiene inconveniente en liacer constar que Alfredo Fernández fue negligente en el manejo del automóvil y el único responsable de los daños causados a la niña menor de edad Ana Delia Pérez Plata, pero que esa negligencia no puede imputarse al demandado.

Aunque la parte apelante señala en su alegato dos moti-vos de error para su recurso reconoce que se trata de uno solo fundamental que es el cometido por la corte al sostener que no se probó en el juicio la agencia o relación de principal y empleado entre el demandado y Alfredo Fernández Vidal y haber aplicado jurisprudencia que no cuadra con los he-chos probados.

El accidente por el cual se reclama indemnización en este pleito ocurrió el 29 de diciembre de 1927, y en esa fecha y desde hacía varios años el demandado tenía en Ponce un negocio de torrefacción y venta de café tostado. El era dueño en la fecha expresada de un automóvil privado Cadillac, azul. Ese día y en ocasión en que Alfredo Fernández guiaba ese automóvil la niña en cuyo nombre se demanda fué cogida por ese vehículo en la carretera de Juana Díaz a Ponce sitio de Coto Laurel, recibiendo lesiones.

Para demostrar la demandante que el automóvil azul Cadillac del demandado no estaba dedicado exclusivamente al uso de su familia presentó al testigo Carlos Cordero, quien declaró que el demandado transportaba en ese automóvil ataúdes y que así lo hizo para el entierro de Teresa Negrón, tía del testigo, que tenía como dos años de muerta, de su pariente Ramón Cordero Matos, fallecido en la misma época, y para el entierro del padre del abogado Manuel Toro. Para contradecir a ese testigo presentó el demandado certifica-ciones creditivas de que Teresa Negrón murió el 29 de agosto de 1926 y Ramón Cordero Matos el 6 de enero de 1927, y probó que ese automóvil azul lo compró posteriormente el demandado, el 17 de octubre de 1927, según admitió la de-mandante.

Para probar la demandante la relación de principal y em-pleado entre el demandado y Alfredo Fernández presentó tres testigos. Lo substancial de lo declarado por ellos es así:

Agustín Rodríguez Torres declaró que es comerciante en Coto Laurel: que conoce al demandado a quien cree que por período de años ba comprado café tostado y molido: que en algunas ocasiones iba el demandado a su establecimiento: que el 29 de diciembre de 1927 no fué pero sí un jovencito cuyo nombre no recuerda, que fué a venderle café: después de decir que supone que llevaba el café del demandado afirmó que iba de parte del demandado, agregando que cree que sería del demandado porque era el mismo negocio: que su negocio era con el demandado: que no tenía negocio con el jovencito: que el jovencito fué en un automóvil grande que le parece era azul: que le parece que en ocasiones anterio-res estuvo ese joven en su tienda: objetada esa contestación afirmó que babía estado: que unas veces iba el demandado y otras el muchacho, a quien pagaba: que las otras veces que estuvo allí el joven iba en un carrito tirado por un caballo que tenía un letrero que decía, no recuerda, si “Yaucosi” o “Yaucono”; que el 29 de diciembre de 1927 fué el único día que llegó en dicho automóvil y que no recuerda cuánto tiempo hacía que no iba el demandado.

Isidoro León Ramos declaró ser comerciante en Callabo, de Juana Díaz, en la carretera central que de allí va a Ponce: que compraba café tostado al demandado desde 1917 ó 1918: que un jovencito llamado Alfredo Fernández le llevó cafó el 27 de diciembre de 1927: que desde hacía tiempo se lo lle-vaba : que no sabe si lo llevaba por cuenta propia o del de-mandado y que dicho día fué en un automóvil y otras veces en un carrito de caballo.

Leocadio Rodríguez Torres dijo ser comerciante en Coto Laurel: que en 1927 compraba café tostado, primeramente a un empleado,' cuyo nombre no recuerda, del demandado y después últimamente a Alfredo Fernández, yendo el deman-dado entre meses a llevarle café: que nunca tuvo negocios particulares o directos de café con Alfredo Fernández: que éste estuvo en su establecimiento el 29 de diciembre de 1927 en un automóvil azul: que en otras ocasiones fue el deman-dado en el mismo automóvil: que le parece que después de esa fecha fué con el café otro empleado del demandado en un carrito tirado por caballo: que le parece que desde prin-cipio de 1928 no ha comprado más café: que Alfredo Fer-nández iba como empleado del demandado de lo que tiene la certidumbre porque distintas veces iba el mismo demandado a llevarle el café: que no recuerda cuándo empezó a com-prar café al demandado pero luego dice que como un año antes le compraba: que cree que por el 1925 empezó a com-prar café al demandado: luego dice que como un año antes de haber sucedido el accidente empezó a comprar al deman-dado y después a Alfredo Fernández, quien fué como diez o doce veces antes del accidente, siempre en un automóvil: que cuando empezó a comprar café iba un empleado del de-mandado cuyo nombre no recuerda, a quien compró muchas veces y le entregaba el dinero: que iba en un carro de ca-ballo : después de ese empleado le compró a Alfredo Fernán-dez y otras veces al demandado, sin que pueda decir cuándo al último: que no empezó comprando al demandado sino a un empleado de él, lo que sabe porque llevaba café “Yaucosi,” que es del demandado: que el carro de caballo decía “Yau-co si” de García, más o menos, pero luego declaró que lo que decía era “Yaucosi”: que llega a la conclusión de que com-praba a un empleado del demandado porque el carro decía “Yaucosi” y debajo tenía el nombre del demandado García: que no se acuerda del nombre de García en el carro ni el año en que empezó a comprar: después de ese empleado conti-nuó comprando a Alfredo Fernández como doce o veinte veces: que Alfredo Fernández iba siempre en un automóvil azul: no puede decir la época en que fué el demandado con el café: que cuando no iba Fernández iba el demandado: preguntado en qué fecha iba el demandado dijo en 1928-0 en 1927, sin poder precisar el mes pero sí que fué varios meses antes del 29 de diciembre de 1927: que después de esta fecha compró a otro empleado que no conoce: que recuerda el nom-bre y apellido de Alfredo Fernández y no el de los otros em-pleados porque con aquél tenía más intimidad: que no tenía con él mucha intimidad pero más que con los otros: que un día de trabajo le pidió que lo llevara a Juana Díaz adonde fué a pasear: que es comerciante pero tiene dependiente y que compraba el café una vez por semana.

El último de esos testigos no mereció crédito a la corte, según dice en su opinión, por la forma en que declaró, su ma-nera de expresarse, el interés que demostraba y lo exagerado de su declaración.

El demandado declaró que empezó su negocio de café al por menor en 1920 y que desde enero de 1927 se dedicó a ventas al por mayor exclusivamente a las personas que le compraban en su establecimiento: que el automóvil Cadillac lo compró su señora y nunca lo ha dedicado a vender café: que el 29 de diciembre su sobrino político Alfredo Fernán-dez cogió el automóvil sin permiso y salió con él en momen-, tos en que el declarante estaba ausente de la casa y que al regresar a ella supo lo del accidente: que nunca ha llevado ataúdes en dicho automóvil, pues tiene un carro especial para conducirlos: que Alfredo Fernández vivía en su casa y nunca fué empleado suyo: que al cesar el testigo en la venta al por mayor entonces Alfredo Fernández le compró el carrito con un caballo y vendía por su cuenta café en las tiendas.

El testigo Wenceslao Román dijo ser comerciante en café tostado en Ponce y declaró que el demandado dejó la venta de café tostado al por menor desde enero o febrero de 1927: que nunca vió el automóvil Cadillac dedicado al negocio del demandado y que Alfredo Fernández le dijo que compraba café tostado al demandado para venderlo al por menor.

Juan Pérez, también comerciante en Ponce, compró café tostado al demandado por siete u ocho años y declaró que desde enero de 1927 empezó a servirle el café Alfredo Fer-nández y al preguntarle de dónde era el café le contestó que él lo vendía por cuenta suya: que una vez pidió café al de-mandado pero le contestó que ya sólo vendía al por mayor.

José Fernández, comerciante de Ponce, dijo que era tío de Alfredo Fernández, quien en 1927 le vendía café mani-festándole que lo compraba al demandado García.

Cristino Renta, también comerciante, dijo que primero compraba café al demandado en 1925 ó 1926 y después a Alfredo Fernández, que lo llevaba en un carrito de caballo y sólo una vez, el día del accidente, lo llevó en un automóvil.

Ermelindo Auffant declaró que era amigo de Alfredo Fer-nández, quien le dijo que compraba café al demandado y lo vendía para ganarse un par de dólares.

Otra prueba que fué presentada no tiene relación con el motivo de este recurso.

Dispone el artículo 1803 del Código Civil que el que por acción u omisión causare daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado; y el 1804 que la obligación que impone el artículo anterior es exi-gible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder; diciendo en uno de sus párrafos que lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. En esto está fundada la demanda, toda vez que no fué el demandado sino Alfredo Fernández el que causó las lesiones por las cuales se reclama indemnización y por tanto la cuestión en controversia es si el joven Alfredo Fer-nández era dependiente o empleado del demandado en su ne-gocio de café tostado para hacer las ventas en la fecha del accidente y si se encontraba en las funciones de su empleo.

Al demandante incumbe la prueba de la relación entre principal y agente. Colón v. Schlüter & Co., 27 D.P.R. 850. Y también que cuando el empleado causa el daño está cum-pliendo órdenes de su principal, o como dice nuestro Código Civil, está en el servicio del ramo en que estuviere empleado o con ocasión de su función.

La prueba en este caso fué contradictoria en cuanto a si el automóvil privado azul marca Cadillac a que se refiere la prueba no se usaba solamente para el servicio de la familia sino también para los negocios del apelado, tales como para transportar ataúdes y para conducir café tostado para su venta al por menor; conflicto que fué resuelto por la corte inferior en contra del apelante sin que podamos decir que co-metiera error en tal conclusión toda vez que la preponderan-cia de la prueba justifica esa decisión, teniendo en cuenta tam-bién que se demostró plenamente que el apelado no era dueño del automóvil en la fecha en que el testigo Carlos Cordero, presentado por el demandante, decía que era usado por el apelado para conducir ataúdes.

La otra evidencia respecto a que Alfredo Fernández era empleado del demandado para la venta de café y que en oca-sión de las funciones de ese empleo o agencia fué que causó las lesiones a la demandante la estimó insuficiente la corte inferior para poder sostener esa conclusión, y creemos que no estuvo equivocada en esa apreciación, pues aparte de que dicha corte no dió crédito al testigo Leocadio Rodríguez Torres por las razones que consignó en su opinión y que hemos copiado antes, los otros dos testigos, Agustín Rodríguez e Isidoro León Ramos, declararon en tal forma, según aparece de la transcripción de evidencia que tenemos ante nosotros, que nos lleva a la conclusión de que ellos no saben positiva-mente que Alfredo Fernández fuese empleado del demandado sino que lo deducen o suponen del hecho de que habiendo co-menzado sus compras de café con el demandante era el joven Fernández qnien se lo llevaba en 1927, tanto más cnanto qne de otra evidencia aparece probado que a principio de dicbo año cesó el demandado en la venta al por menor de café tos-tado, dedicándose exclusivamente a la venta al por mayor en su establecimiento y que entonces su sobrino político le com-praba café para venderlo por su cuenta.

El caso de Sánchez v. The Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104, citado por el apelante, según el cual cuando se cau-san daños por un vehículo de un establecimiento o emprésa en una carretera no es necesario que el perjudicado pruebe que estaba manejado en ese momento por un empleado de tal establecimiento o empresa y que estaba en el cumplimiento de sus deberes como tal empleado, no tiene aplicación al caso presente porque en aquél se trataba de un autocamión (truck-tanque) dedicado a transportar gasolina que tenía pintado el nombre de la corporación The Asiatic Petroleum Co., la que lo tenía registrado a su nombre en el Departamento del Interior, por lo cual llegamos a la conclusión de que surgía la presunción de que era manejado por un empleado en el cumplimiento de sus deberes para con su principal; mien-tras que en el caso que resolvemos el automóvil que causó el daño no tenía letrero o anuncio alguno como en el caso a que nos referimos, ni se probó que estaba registrado a nombre del establecimiento comercial del demandado, y en contrario se presentó prueba de que no era usado en tal negocio.

Para concluir diremos que para probar Pedro Pérez y Felicita Plata que ellos son padres de la menor a cuyo nombre establecen el pleito y que es su bija natural reconocida, presentaron una certificación del registro civil del nacimiento de dicha menor que no es copia literal de dicho asiento sino una relación que de él hace el secretario. El demandado se opuso a la admisión de ese documento por tal circunstancia y la parte ofreció aportar al juicio una certificación literal del nacimiento de la niña, pero no lo hizo. Ya hemos declarado antes de ahora que los secretarios sólo pue-den certificar literalmente los documentos que tienen en su poder y qne no están autorizados para librar certificaciones en relación, por lo que los demandantes no han prohado su capacidad para demandar en nombre de la niña lesionada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, ex rel, Sabat Santos, demandante y apelante, v. Artemio Camacho Díaz, demandado y apelado.
    No. 5921.

    Sometido: Mayo 17, 1932.

      Resuelto: Junio 24, 1932.

      Son. Attorney General Charles E. Winter, A. Ortiz Toro, Primer Procurador General Auxiliar y Felipe Janer, Subprocurador, abogados en representación de El Pueblo; B. Ortiz Pacheco, abo-gado del peticionario apelante; F. Bamos Antonini, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que El Pueblo de Puerto Pico, a ins-tancias de Sabat Santos, instituyó un procedimiento de quo warranto contra Artemio Camacho Díaz. En las alegacio nes se suscitaron varias cuestiones, mas en la vista celebrada ante la corte de distrito la cuestión a resolver se limitó a si era el gobernador o el alcalde quien tery'a la facultad de hacer el nombramiento en los municipios de segunda y tercera cía-ses'del secretario-auditor designado por la Ley No. 98 de 1931. Las disposiciones de dicha ley, en lo pertinente, leen como signe:

“Sección. 8. — El artículo 28 de la ‘Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Rico’, aprobada en 28 de abril de 1928, queda por la presente enmendado de manera que lea como sigue:
“ ‘Artículo 28. — Los funcionarios administrativos municipales se-rán los que sé expresan a continuación, cuyos cargos se declaran ■ incompatibles con el de miembros de la asamblea municipal y con cualquier otr'o cargo federal, insular o municipal retribuido:
“ ‘En los municipios de primera clase:
“ ‘1. Alcalde,
“ ‘2. Tesorero-Director Escolar,
“ ‘3. Director de Beneficencia,
‘4. Director de Obras Públicas,
“ ‘5. Auditor,
“ ‘6. Secretario.
“ ‘En los de segunda y tercera clase:
‘“1. Alcalde,
“ ‘2. Tesorero-Director Escolar,
“ ‘3. Secretario-Auditor,
“ ‘4. Director de Beneficencia.
“ ‘No podrá crearse por la asamblea municipal ningún otro cargo u oficina administrativa fuera de los mencionados en este artículo, pero los municipios podrán consolidar los cargos en la forma que lo acordare la mayoría del número total de miembros de que se com-pone la asamblea municipal; Entendiéndose, que en ningún caso-podrán consolidarse entre sí los cargos de tesorero y auditor; Dis-poniéndose, que el cargo de director de beneficencia, consolidado o no, deberá en todo caso recaer en un médico cirujano autorizado para ejercer su profesión en Puerto Rico.
“ ‘El poder ejecutivo en todos los municipios residirá en el al-calde, quien tendrá facultad para riombrar a los respectivos funcio-narios con la aprobación de la asamblea municipal, excepto el auditor municipal que será nombrado según se dispone más adelante. El alcalde podrá nombrar los funcionarios administrativos cuando la asamblea municipal no estuviere en sesión, y dichos funcionarios desempeñarán sus cargos hasta que se reúna la asamblea municipal en sesión ordinaria o extraordinaria y confirme sus nombramientos.
“Sección 9. — El artículo 29 de la ‘Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Rico’, aprobado en 28 de abril de 1928, queda enmendado de manera que lea como sigue:
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“ ‘El auditor municipal será nombrado por el Gobernador de Puerto Ric'o, de una terna de candidatos que someterá a tal efecto el comité central del partido que ganó las elecciones en la munici-palidad, y podrá ser destituido por el Gobernador sólo por causa justificada y contra la resolución que dicte el Gobernador destitu-yéndole, podrá apelar el auditor, dentro de un término de quince días después de habérsele notificado su destitución, para ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial con jurisdicción sobre el mu-nicipio donde él prestare sus servicios, y dicha apelación se trami-tará en la misma forma dispuesta para las apelaciones concedidas a los alcaldes en casó de la destitución de éstos, y en ella se revisarán por la Corte todas las cuestiones de hecho y de. derecho. La reso-lución de la Corte de Distrito será definitiva para las partes. ’ ’ ’

La Corte de Distrito de Humacao resolvió que era el al-calde quien tenía el derecho a hacer el nombramiento. Una decisión similar fué dada por la Corte de Distrito de Baya-món. Las Cortes de Distrito de San Juan, Arecibo, Agua-dilla y Mayagüez resolvieron lo contrario. La cuestión fué sometida a este Tribunal a virtud de apelaciones de las Cor-tes de Distrito de Humacao yBayamón. En el seno de esta Corte ha habido una considerable vacilación al tratar de lle-gar a una decisión correcta.

En la vista y en los alegatos ambas partes sostuvieron que la cuestión era enteramente sencilla. No la hemos hallado así. La solución no ha sido fácil, toda vez que el estatuto contiene palabras en que cada parte ha podido atribuir a la Legislatura una intención en favor de su criterio particular. Esto fué apuntado por cada uno de los jueces que conocieron de los casos cuyas apelaciones están ante nos.

La parte apelante sostiene que la Legislatura aprobó una ley general a virtud de la cual el Gobernador debía designar al auditor en todos los municipios; que fué tan clara la in-tención de la Legislatura en el sentido de que él nombrara al auditor y tuviera el dominio de los poderes fiscales de los municipios, que cualesquiera otras palabras que aparezcan en la ley no deben ser interpretadas en el sentido de que mi-litan contra la supuesta intención clara de la Legislatura.

La parte contraria sostiene con igual tesón que la inten-ción de la Legislatura fue claramente abolir el cargo de auditor como tal para los municipios de segunda y tercera clases; y que debió haber sido la intención de la Legislatura que el alcalde no fuese privado de designar su propio secretario, que es persona de su confianza.

- La Corte de Distrito de Humacao escribió una elaborada opinión para tratar de demostrar que el cargo de auditor como tal había sido abolido en los municipios de segunda y tercera clases. La Corte de Distrito de Bayamón, enfocando la cuestión, dijo desde el principio que el cargo de auditor había sido abolido para dichas municipalidades y que por consiguiente el alcalde tenía el derecho a nombrar cuales-quiera otros funcionarios creados por los términos de la misma Ley No. 98. Se adujeron y pueden aducirse más ar-gumentos en favor de una u otra parte.

Los letrados del Gobierno sostienen que la Corte de Dis-trito de Bayamón adoptó una posición muy equivocada. Se critica la opinión de la corte por haber dicho el juez que desde un punto de vista técnico el caso tendría que ser fallado a favor del alcalde. Los abogados alegan que no debe preva-lever una posición técnica cuando la intención del estatuto es perfectamente clara. Empero, según hemos visto, hay un conflicto de intenciones. La Corte de Distrito de Bayamón necesariamente quiso decir lo que es casi rutinario, que cuando las palabras de un estatuto son claras o cuando los prece-dentes lo son, una corte debe seguir la letra del estatuto o los precedentes a menos que se presente alguna razón patente en contrario. Este es el deber de la Corte. Cada vez que una corte sigue un estatuto podría decirse que es técnica. Fre-cuentemente la letra aparente de un estatuto debe ceder ante la clara intención de la Legislatura, pero lo que la Corte de Distrito en este caso necesariamente qniso decir fné que como no podía descubrirse en la ley una intención marcada, debía seguirse la letra de aquélla.

Sin hallar ninguna autoridad directa que indique la regla a seguirse, somos enteramente de opinión que en los muni-cipios de segunda y tercera clases el cargo de auditor como tal fué definitivamente abolido por la Ley No. 98, y que igual-mente quedó abolido el cargo de secretario. Se creó un nuevo puesto que debía ser conocido como secretario-auditor. Nos es imposible decir que la Legislatura estuviera dando prefe-rencia a los deberes de secretario o a los de auditor. Los deberes de cada uno de estos cargos fueron consolidados en el de secretario-auditor designado por la ley. En los muni-cipios de segunda y tercera clases el auditor y el secretario como tales han dejado de existir. Sus deberes han sido im-puestos a un nuevo funcionario creado por la ley. Por tanto, si bien pueden aducirse y fueron aducidos numerosos argu-mentos en favor de la idea de que el Gobernador debería tener el derecho de hacer los nombramientos, subsiste el hecho, conforme resolvieron ambas cortes, de que el cargo de auditor fué suprimido, y de acuerdo con la ley de 1931, éste es el único cargo municipal que debe llenar el Gobernador. Por consiguiente, el alcalde es quien de conformidad con el ar-tículo 28, supra, tiene la facultad de designar todos los fun-cionarios municipales, excepto el auditor. Como el auditor fué suprimido para los municipios de segunda y tercera cla-ses, de acuerdo con la letra de la ley, es el alcalde quien debe designar el secretario-auditor.

En los municipios de primera clase — Arecibo, Caguas, Mayagüez y Ponce — queda el cargo de auditor y el Goberna-dor tiene la facultad de designar tal funcionario. Hasta ese punto subsiste la intención de la Legislatura de que el Go-bernador designe al auditor. Sin embargo, el apelante sos-tiene que los municipios de primera clase tienen derecho a consolidar los cargos de secretario y auditor si así lo desea-ren y que de ese modo podría frustrarse enteramente la inten-ción de la Legislatura de que el Gobernador sea el que nom-bre al Auditor. La cuestión de la posibilidad de una conso-lidación en esta forma no está necesariamente ante nos, mas aun suponiendo tal consolidación, el poder de realizarla fué puesto en manos de los municipios y si como consecuencia de tal consolidación también se crea allí un nuevo cargo — cues-tión que no es necesario resolver abora — entonces sería apli-cable el razonamiento que antecede y el cargo de auditor de un municipio de primera clase tendría también que ser con-siderado como suprimido.

Los artículos 52 y 167 del Código Político son inaplica-bles. Ellos comprenden los casos en que a nadie se otorga la facultad de bacer un nombramiento. Bajo la Ley Municipal, según bemos resuelto, el alcalde es la persona autori-zada para bacer la designación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

Un examen cuidadoso de los hechos y la ley, me lleva a la conclusión de que no sólo corresponde al Gobernador el nom-bramiento de los auditores en los municipios de primera clase, si que también el de los secretarios auditores en los de se-gunda y tercera.

La sección 28 de la Ley No. 98 de 1931 que se transcribe en la opinión de la mayoría, no sólo especifica cuáles son los funcionarios administrativos, si que autoriza a los munici-pios para consolidar sus cargos con excepción de los de te-sorero y auditor y ella misma puso en práctica la medida— tendente a la economía en la administración — al ordenar que los de secretario y auditor en los municipios de segunda y tercera clase fueran desempeñados por una sola persona. Aun más, la propia sección establece que el Alcalde tendrá la facultad de nombrar los respectivos funcionarios del mu-nicipio, “excepto el auditor municipal que será nombrado se-gún se dispone más adelante”, esto es, por el Gobernador.

La reforma introducida por la Legislatura fné la de poner en manos de un poder extraño el nombramiento del auditor. Esto es evidente a mi juicio, y resolver lo contrario me pa-rece que es ir contra el espíritu de la ley.

Creo que no puede sostenerse que no baya auditores en los municipios de segunda y tercera clase. Los bay, como hay también secretarios. Lo que sucede es que una sola persona desempeña por ministerio de la ley ambos cargos. ¿Quién nombra esa persona? A mi juicio debe nombrarla el Gobernador para que la intención del Legislador se realice, ya que esa intención dejó una huella tan vigorosa en la ley que no obstante no especificarse como debió haberse especi-ficado para evitar cualquier duda que el Gobernador nom-braría al Auditor y al Secretario Auditor, es siempre predo-minante. Una interpretación contraria no sólo deja sin efecto la reforma en los municipios de segunda y tercera clase, sino que pone a merced de los municipios de primera el que se deje en ellos sin efecto. Bastaría que dichos mu-nicipios consolidaran los cargos de secretario y auditor para que surgiera un cargo nuevo cuyo nombramiento correspon-dería al Alcalde y no al Gobernador.

A mi modo de ver se trata de la omisión de algo que puede y debe suplirse penetrando en el espíritu de la ley y apli-cando si fuere necesario por analogía las disposiciones del Código Político sobre la materia.


author: El Juez Asociado Señor, Wolf,

text:
    Municipio de Caguas, demandante y apelante, v. West India Oil Company, demandada y apelada.
    No. 5720.

    Sometido: Mayo 24, 1932.

      Resuelto: Junio 24, 1932.

      González Fagundo efe González, Jr., abogados del apelante; José Carbia Miranda, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso envuelve la cuestión de lo que debe considerarse como la zona urbana de Caguas. Evidentemente, la prueba de si cierta parte de un municipio tiene servicio de luz eléctrica y agua no puede propiamente determinar en Puerto Rico lo que constituye la zona urbana a menos que todo el municipio baya de ser considerado como urbano, toda vez que el agua y la luz eléctrica van frecuentemente a gran parte de cualquiera comunidad en particular, incluyendo sitios campestres. Cuando el municipio de Caguas aprobó una ordenanza disponiendo que no se establecerían más estaciones de gasolina dentro de la zona urbana, sino en las afue-' ras, necesariamente quiso dar alguna definición de las partes del municipio de Caguas que podían ser ocupadas por estaciones de gasolina. La Asamblea Municipal no estaba creando un imposible. Las dos palabras, consideradas con-juntamente, debieron haber tenido un significado más o me-nos definido para la asamblea, para los habitantes de la ciudad y para su alcalde. El juez de distrito de Iíumacao estaba en buena posición para determinar lo que debía considerarse como la zona urbana de Caguas y como sus afueras, y así lo hizo. El también practicó una inspección ocular del sitio y llegó a la conclusión precisa de que la estación de gasolina en cuestión no fué establecida dentro de la zona urbana de Caguas. Es cierto que en su opinión él dijo que el Alcalde de Caguas originalmente había concedido permiso a la de-mandada para instalar su estación de gasolina en su actual ubicación. Hemos tomado la conclusión de la corte como la cuestión principal en el caso, pero la corte también tenía de-recho a dar algún peso a la actitud original del alcalde. Po-siblemente sea aplicable la presunción de la Ley de Eviden-cia de que los deberes de un cargo han sido cumplidos con regularidad. • Desde luego que esta presunción es controvertible, y el alcalde trató de controvertirla durante la vista diciendo que primeramente él estaba bajo la impresión de que el sitio estaba fuera de la ciudad, pero que había llegado a un convencimiento contrario, segrin entendemos, a causa del uso de luz y agua en el local, de la existencia de una escuela, y de otros edificios. Probablemente la asamblea tuvo en mente los límites de la antigua ciudad de Caguas y no la parte más moderna que ha sido construida fuera del pueblo. No cree-mos que la presunción de haberse cumplido los deberes ofi-ciales fue suficientemente rebatida. El impulso original del alcalde fué probablemente el correcto, según resolvió la corte.

Esta ordenanza es de orden penal. La violación de la misma sometería a la West India Oil Company a multa o prisión. Cualquiera duda acerca de la ordenanza debe resolverse estrictamente a favor de la demandada.

El alcalde al principio concedió el permiso. Debe existir algo así como un impedimento (estoppel) contra el alcalde para impedirle solicitar la ayuda de una corte de equidad.

En casos de duda, según liemos resuelto, no' debe conce-derse un injunction.

Además, puede también dudarse si cuando una ordenanza fija una pena el municipio puede acudir a una corte de equidad, sino que más bien está limitado a la pena fijada por la ordenanza.

Según apunta la apelada, normalmente cualquier persona tiene derecho a disponer de su propiedad según le plazca basta que sea debidamente restringida por la ley. Puede dudarse que el municipio haya invocado debidamente el poder de policía al amparo del cual alega haber actuado. No hay presunción del poder de policía. Debe aparecer claramente la necesidad de su ejercicio. Dudamos que surgiera en Caguas tal necesidad, y el apelante no demuestra que la hubiera. La Corte inferior se negó a expedir un injunction, y toda presunción favorece esta sentencia hasta que el apelante nos convenza claramente de lo contrario.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Universal Commercial Co., Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 868.

    Sometido: Junio 8, 1932.

    Resuelto: Junio 24, 1932.

      Enrique Cannpillo, abogado de la recurrente; el Registrador recu-rrido compareció por escrito.

         Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Universal Commercial Company, Inc., presentó al Re-gistro de la- Propiedad de San Juan un documento que decía ser la escritura de venta de una finca ubicada en Santnrce. La vendedora mencionada en la escritura era la Universal Commercial Company, “representada por su socio gestor Gonzalo Diago Rodríguez.” El registrador denegó la ins-cripción de la escritura, fundándose en que Gonzalo Diago Rodríguez no liabía acreditado debidamente su carácter y fa-cultades como socio gestor de la Universal Commercial Company. La recurrente, Universal Commercial Company, Inc., admite que el que Diago dejara de acreditar su carácter y facultades era un defecto, pero sostiene que el mismo era subsanable, y cita varias opiniones de esta corte en apoyo de su contención.

En 1923, Diego Agüeros & Co., S. en C., como vendedora, representada por su socio gestor, vendió a alguien una finca. El-registrador denegó la inscripción del documento, por no haberse acreditado las facultades del socio gestor. Sucedió en dicho caso que la escritura de compraventa a Diego Agüe-ros & Co. había sido inscrita y que en dicha escritura Diego Agüeros comparecía como socio gestor para aceptar la escri-tura de venta. Esta corte resolvió que la posición de Agüe-ros al adquirir podía ser distinguida de su posición al efec-tuar una venta; que el defecto anotado por el registrador, que el recurrente admitió, podía ser o no subsanado; que si Diego Agüeros tenía facultad para otorgar el documento a nombre de la sociedad, el defecto podía ser subsanado con la mera presentación de la escritura social, pero que si él no tenía tal facultad y la sociedad no ratificaba la venta, ésta - sería enteramente nula. El Tribunal indicó que el medio más rápido para el recurrente hubiera sido presentar la escritura •de constitución social. Palacios v. Registrador, 32 D.P.R. 454.

La decisión en que principalmente se funda la recurrente es la de Acarón v. Registrador, 39 D.P.R. 179, así como los casos allí citados. No se consideró el caso de Palacios, supra. El caso de Acarón fné uno en que un supuesto apoderado compareció ante un notario para otorgar una escritura y en que el poder no fué acompañado a la escritura ni se presentó ninguna otra prueba para demostrar la existencia del mismo. Este Tribunal resolvió que cuando una escritura resultaba haber sido otorgada por un apoderado, el dejar de presen-tar el poder mismo era meramente un defecto subsanable. El registrador indica que la ausencia de un poder es distinta al hecho de que un supuesto socio gestor omita probar su ca-rácter como tal.

Quizá el registrador tenga razón. De momento sería difícil, sin embargo, señalar la característica que distingue a los dos casos. De todos modos, el Tribunal, después de una de-bida consideración, ha resuelto seguir la regla sentada en el caso de Palacios, supra. Los otros casos citados, en que se fundó la opinión del caso de Acarón, no tienen, a nuestro jui-cio, una tendencia tan fuerte contra el de Palacios.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


text:
    Otilia Henna Pérez, demandante y apelada, v. Teodoro Hedilla Mejía, demandado y apelante.
    No. 6079.

    Sometido: Junio 20, 1932.

      Resuelto: Junio 24, 1932.

      F. Colón Díaz y L. Tormes, abogado del apelante; López de Tord & Zayas Bizarro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción para desestimar el recurso por-que el apelante dejó de radicar en la corte inferior la trans-cripción de la evidencia dentro del tiempo concedídole, y, en consecuencia, inferimos, no perfeccionó su apelación para ante este tribunal. Resulta que en la Corte de Distrito de Ponce al apelante se le exigió que consignara en secretaría doscientos dólares para honorarios del taquígrafo. El ape-lante radicó una moción de prórroga para radicar la trans-cripción de la evidencia, y alegando ser insolvente solicitó que se dictara una orden permitiéndole tramitar su apelación in forma pauperis. La corte denegó esas mociones. El aquí apelante también apeló de las resoluciones rehusando permitirle proseguir su recurso in forma pauperis y negán-dole la prórroga.

En oposición a la moción para desestimar, el apelante dice que su recurso principal es meritorio y que el caso no debe ser desestimado, en razón a las apelaciones existentes contra las susodichas resoluciones de la corte.

La apelada dice que las referidas resoluciones no son apelables. El apelante mantiene que son órdenes dictadas después de sentencia y, por tanto, apelables a tenor del inciso 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y cita • isos a ese efecto. Avalo Sánchez v. Sucn. Díaz, 9 D.P.R. 339; Ayoroa v. Sucn. Méndez et al., 13 D.P.R. 286; Hernaiz Targa v. Vivas, 20 D.P.R. 106. Véase también Ríos v. Ríos, 15 D.P.R. 280.

Más bien creemos que una orden de esta índole es apela-ble, pero este hecho no impide necesariamente que este tribunal desestime la apelación en el caso principal. Resolve-mos que cuando el apelante no obtuvo una prórroga surgió el derecho a favor de la apelada de solicitar la desestima-ción por no haberse cumplido con la ley o las reglas de esta corte. ¿Debe el hecho de que una parte haya apelado de una orden de la corte negándose a concederle una prórroga impedir que la apelada obtenga la desestimación en todos los casos? Puede verse fácilmente que todo lo que un apelante necesita hacer en tal caso sería apelar de cualquier orden de la corte rehusando darle una prórroga, y así todos los casos podrían ser dilatados indefinidamente. El deber del apelante fue convencer a este tribunal de que sus apelaciones de las órdenes negándole la prórroga y el derecho a litigar in forma pauperis eran meritorias. A falta de habernos demostrado tal cosa, el derecho a que se desestime la apelación en este caso no debe ser demorado o pospuesto.

Si surgiera el problema respecto a qué será de las ape-laciones que el demandado ha interpuesto contra las dos resoluciones, la contestación sería que esos recursos han lle-gado a ser académicos y carentes de finalidad práctica. El apelante perdió su derecho a proseguir su apelación en el caso principal al dejar de justificar la naturaleza meritoria de las mociones posteriores a la sentencia. La práctica preferible es no apelar sino acudir a este tribunal al amparo del Regla-mento o por medio de petición especial.

Por los motivos de la moción para desestimar, unidos a la omisión del apelante al no justificar sus actuaciones subsi-guientes, debe desestimarse la apelación en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Francisco Servera Silva, demandante y apelante, v. Juan Pedrosa, Celso Caballero y Celestino Iriarte Jr., demandados y apelados.
    No. 5777.

    Sometido: Mayo 27, 1932.

      Resuelto: Junio 24, 1932.

      Luis A. Limeres, abogado del apelante; Celestino Triarte y F. Fer-nández Cuyar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción en cobro de dinero basada en un pagaré que copiado a la letra dice así:

“Pagaremos solidariamente a don Francisco Servera Silva, o a su orden, en San 'Germán, Puerto Rico, el día diez y ocbo de marzo de mil novecientos treinta, la suma de un mil DOLLARS, valor reci-bido. En caso de mora, dicha suma devengará interés a razón de doce por ciento anual. — Nos sometemos expresamente a la compe-tencia de la Córte de Distrito de Mayagüez, Puerto Rico, y nos obligamos a satisfacer las costas y gastos que el cobro de aquella suma ocasione, incluyendo los honorarios del abogado de que el te-nedor de este documento se valga en su reclamación. — San Juan,
P. R., a 18 de diciembre de 1929. — -(Fdo.) Juan Pedrosa. — Deudor.— (Fdo.) Celso Caballero. — Deudor.—Por la presente me constituyo fiador solidariamente responsable del cumplimiento de la precedente obligación. — San Juan, P. R.. a 18 de diciembre de 1929.— (Fdo.) Celestinó Triarte Jr. — Fiador.”

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de Mayagüez declarando sin lngar la demanda, el demandante interpuso el presente recurso de apelación.

El primer error atribuido a la corte inferior por el apelante se basa en que dicba corte dejó de archivar una opinión escrita fundamentando su sentencia de acuerdo con la ley. Esta corte lia insistido en que los jueces deben cumplir con el deber que la ley les impone. No bay razón alguna que justifique el incumplimiento de este deber. La obediencia y acatamiento a las leyes es lo menos que puede pedirse a un tribunal de justicia. El hecho de que esta corte haya declarado que la falta de cumplimiento de tal deber no justifica la revocación de la sentencia, no releva a las cortes de la obligación de obedecer los preceptos del estatuto.

El demandante señala además otros tres errores que pueden condensarse ón uno sólo, porque todos se refieren a la apreciación de la prueba.

Los demandados admiten haber otorgado el documento que sirve de base a esta acción, pero alegan que el Sr. Iriarte suscribió la obligación para facilitar el descuento de la misma en el banco, sin contraer compromiso alguno con respecto al pago y que no han verificado el pago de dicha obligación porque el demandante convino en prorrogar su vencimiento hasta que el demandado Celso Caballero liquidara con el go-bierno dominicano una cuenta pendiente de cobro por la eje-cución de ciertas obras públicas en aquella república, cuyo pago había de verificarse próximamente en el mes de fe-brero de 1931.

El demandante Sr. Servera declara entre otras cosas que tenía que recibir de los Sres. Pedrosa y Caballero cierta cantidad de dinero, que el Sr. Iriarte le hizo saber que esos señores no estaban en condiciones de pagar la deuda y se convino en darle un documento por la cantidad de $1,000. Añade que como no podía aceptar un documento si no era bien garantizado el Sr. Iriarte convino en garantizarlo y se le dió el pagaré por $1,000. El Sr. Iriarte, dice, fué simple-mente un mediador amigable en relación con los Sres. Pe-drosa y Caballero e intervino para ayudar a unos y a otros. El Sr. Iriarte no fué su representante, pero actuó como su amigo para allanar las cosas. En cuanto al documento, toda la intervención del Sr. Iriarte fué como fiador solidario, con objeto de darle valor al documento, toda vez que Pedrosa y Caballero le manifestaron que no podían consignar dinero en ningún banco de Puerto Rico. Repite que el Sr. Iriarte firmó como fiador solidario y que no entendió que suscribiera el documento para descontarlo en San Germán, que como cues-tión de fieclio no es cierto que el documento se descontara en el banco de San Germán, que el Sr. Iriarte hizo el documento y se lo remitió acompañado con su firma, que Iriarte se com-prometió a firmar el pagaré y que de otro modo no lo hu-biera aceptado porque no tenía valor. Agrega que recibió algunos telegramas del Sr. Iriarte donde le decía que hacía gestiones para que le pagaran, que en realidad de verdad no cobró al Sr. Iriarte por cuestión de cortesía, pero que este señor tenía que darse por aludido, toda vez que el cobro no podía efectuarse, que en ningún momento acordó prorrogar dicho pagaré; que ese pagaré nunca ha sufrido prórroga.

El Sr. Iriarte, después de explicar extensamente la inter-vención que tuvo en este asunto, dice que Servera quería que Caballero le diese una obligación descontable en el banco a cambio de aplazarle una hipoteca que estaba vencida para cuando Caballero terminara la cuestión en Santo Domingo; que entonces Caballero le dijo: “Vamos, yo voy a firmar una obligación para que la descuente, pero ¿para- cuándo si es así?”, a lo que respondió Servera que a noventa días; que el declarante dijo que Pedrosa había quedado en firmar y que entonces el Sr. Servera dijo: “Bueno, Sr. Iriarte, usted fir-mará la obligación”, a lo que le contestó que no tenía incon-veniente y la firmó, no como fiador, sino para facilitar el descuento en el banco; que tres o cuatro días más tarde, cuando el Sr. Caballero vino de-la isla, firmaron todos la obli-gación y el declarante se la mandó al Sr. Servera; que vino entonces el golpe de estado en Santo Domingo, todas las ne-gociaciones se paralizaron y el Sr. Servera le escribió varias cartas diciéndole qne gestionara de los Sres. Pedrosa y Caballero el pago de la obligación; que en ninguna de las car-tas se refería al Sr. Iriarte cobrándole dicha obligación; que el declarante no tenía ninguna deuda con el Sr. Servera para que tuviera que garantizarle una obligación; que en esas con-diciones el Sr. Servera se personó en su oficina y le dijo: “Vea Ud. mi situación, Sr. Iriarte,” y que el declarante con-testó: “¿Qué quiere Ud. que yo haga? A Caballero le han demandado, le debe al banco más de $130,000 y no tiene cré-dito ; Pedrosa ha sido demandado innumerables veces por los bancos y no puede pagar;” que entonces el Sr. Servera pre-guntó cuándo se arreglaba lo de Santo Domingo y al contes-tarle el declarante que de un momento a otro, convino en dejar todo pendiente hasta que se arreglara la cuestión de Santo Domingo, y que cuando menos lo esperaba el decla-rante, recibió una carta del Sr. (Jarcia Méndez donde le decía que Servera le había encargado del cobro de los Sres. Pe-drosa y Caballero y que el declarante le contestó diciéndole: “Creo que don Pancho no va a sacar nada demandándolos. El hecho de que me demande ante este Tribunal no va a sacar nada. Dígale que aguarde y que ellos están dispuestos a re-novar la obligación y a pagar los intereses;” que el Sr. Gar-cía Méndez le escribió diciéndole que Limeres se había hecho cargo del asunto; que el Sr. Servera nunca se refería al de-clarante y que jamás le había hablado de la obligación que tenía con él; que sí en algún momento se hubiera insinuado que iba a firmar ese documento como fiador, no hubiera fir-mado para garantizar una cantidad de $1,000 de la cual no era responsable.

Como hemos visto, el Sr. Iriarte estampó su firma en el documento como fiador solidario, y declaró, sin la oposición de la parte demandante, que no firmó como fiador sino para facilitar el descuento del documento en el banco. El deman-dante cita el caso de Sarria v. Alvares, 38 D.P.R. 921, y argumenta que la sola declaración de la propia persona obligada al pago no constituye base bastante para refutar el compro-miso consignado en una obligación que originó un estado de derecho entre demandante y demandados. •

Claro es que el demandante se refiere más bien al valor probatorio de la evidencia oral que a su admisibilidad, ya que el Sr. Iriarte relató extensamente su intervención en este asunto sin ser interrumpido ni molestado durante el curso de su declaración. Declara el Sr. Iriarte que no hubiera fir-mado el documento si se le hubiera insinuado que lo hacía como fiador. Sin embargo la verdad es que sus palabras apa-recen claramente consignadas en el pagaré, y que este pagaré fué enviado por el Sr. Iriarte al Sr. Servera, después de la entrevista celebrada por el demandante con los demandados. El Sr. Iriarte dice que firmó el documento para ser descon-tado en el Banco, es decir, para que fuese a manos de un ter-cero, que al vencer la obligación podría exigir su cumpli-miento de cualquiera de los firmantes, incluyendo el fiador solidario. Este tercero no estaba obligado a relevar al Sr. Iriarte de la obligación contraída. Resulta, pries, que el Sr. Iriarte sabía, al firmar el documento, que contraía un com-promiso que no podía eludir. El Sr. Servera declara que el documento no fué descontado en el banco de San G-ermán. No aparece que fuese descontado en ningún otro banco. La obligación se firmó en 18 de diciembre de 1929 y la demanda se interpuso en 21 de octubre de 1930. El Sr. Iriarte, sa-biendo que el documento permanecía en poder del Sr. Ser-vera, a pesar de las gestiones de cobro que éste practicara, permitió que su firma continuase en el documento, sin que aparezca de los autos que practicara esfuerzo alguno para retirarla. Si el Sr. Iriarte prestó su firma únicamente para que se descontara la obligación, y si el documento no fué des-contado, parece natural que procurara retirar su firma al des-aparecer las razones que le indujeron a firmar la obligación. El Sr. Iriarte declara que no tenía ninguna deuda con el Sr. Servera para que tuviese que garantizarle una obligación. El Sr. Iriarte no firmó el documento como deudor, sino como fiador. Precisamente la fianza es un contrato gratuito por su naturaleza, aunque nuestro Código Civil dispone que puede ser también a título oneroso.

En cuanto a la prórroga de la obligación alegada por los demandados, el Sr. Iriarte declara que él dijo al Sr. Servera que lo de Santo Domingo se arreglaría de un momento a otro, y que entonces Servera convino en dejarlo todo pendiente basta que se arreglara lo de Santo Domingo. No dice el Sr. Iriarte cuándo fué que tuvo esta entrevista con Servera. No sabemos el tiempo que transcurrió desde esta conversa-ción hasta la interposición de la demanda. La misma decla-ración del Sr. Iriarte demuestra que Servera, si consintió, lo hizo bajo la impresión de que lo de Santo Domingo se arre-glaría de un momento a otro. No sabemos si la cuestión de Santo Domingo se arregló o estaba pendiente de arreglarse cuando se interpuso la demanda. Servera niega rotunda-mente que hubiese concedido prórroga. En estas condicio-nes, teniendo en cuenta los hechos tales como aparecen rela-cionados por los mismos interesados, nosotros creemos que no se ha probado que el Sr. Servera concediera la prórroga que se alega por los demandados en su contestación.

Alega por último el Sr. Iriarte en su defensa que no fué requerido de pago. El artículo 1078 del Código Civil, edición 1930, dispone que las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue, y el artículo 63 del Código de Comercio vigente en las fechas en que se otorgó y venció la obligación dice que los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzará, en los contratos .que tuviesen día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes o de la ley, al día siguiente de sn vencimiento. En este caso se trata de nn pagaré a la orden que venció en 18 de marzo de 1930. La exigibilidad de la obligación está cla-ramente determinada en la ley, por tratarse de nn pagaré para cnyo cumplimiento se ba señalado nna fecha cierta, y el acreedor pndo reclamar judicialmente el pago desde la fecha de sn vencimiento.

Reconocemos que el Sr. Iriarte actuó en este caso en be-neficio de todos y guiado de los mejores propósitos; pero no podemos ignorar que suscribió la obligación como fiador soli-dario y que tiene que arrostrar las consecuencias de sus pro-pios actos.

Por las razones expuestas, entendemos que debe revocarse la sentencia apelada y condenarse a los demandados Celso Caballero, Jucm Pedrosa y Celestino Iriarte Jr., a pagar soli-dariamente al demandante la cantidad de $1,000, con los inte-reses convenidos y las costas.


author: El Juez Asociado Señor Córdova D Ávila, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF

text:
    Emilio Rivera Maldonado, demandante y apelante, v. Central Pasto Viejo Inc., demandada y apelada.
    No. 5651.

    Sometido: Mayo 19, 1932.

      Resuelto: Junio 24, 1932.

      F. Gallardo Díaz, abogado del apelante; Walter L. Newsom, Jr., J. Henri Brown y R. Castro Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova D Ávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de daños y perjuicios interpuesta por Emilio Rivera Maldonado contra la Central Pasto Viejo Inc. El demandante alega, entre otras cosas, que la demandada tiene establecido un ferrocarril de su pertenencia dentro. de la municipalidad de Humacao y que la vía de dicho ferroca-rril cruza la carretera insular que de la ciudad de Humacao conduce a Naguabo, estando dicho cruce en un sitio denomi-nado Entrada a Pasto Viejo.

Alega además el demandante que en 22 de febrero de 1927, al pasar por dicho cruce de vía, fué atrapado por la máquina No. 4, propiedad de la demandada, y que como resultado de este accidente dicho demandante sufrió numerosas lesiones, tuvo que recluirse en cama por algún tiempo, quedando su automóvil absolutamente inservible. Declarada sin lugar la demanda, el demandante interpuso recurso de apelación atri-buyendo a la corte inferior los siguientes errores:

1. La corte debió dictar • sentencia por los méritos de las alega-ciones a favor del demandante.

2. La corte erró porqne la sentencia dictada es Contraria a la ley y a los hechos.

Se trata en este caso de una demanda jurada. De acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, cuando se jura la demanda la negación de cada alegación impugnada deberá ser específica, y hacerse por afirmación absoluta o según información y creencia del demandado. El demandante notificó oportunamente a la demandada, que se proponía solicitar sentencia sobre las alegaciones antes de comenzarse la celebración del juicio. La demandada solicitó y obtuvo de la corte permiso para radicar una contestación enmendada. Inmediatamente después de radicada la primera contestación enmendada, el demandante solicitó sentencia sobre las alegaciones. La demandada se opuso y la corte le concedió permiso nuevamente para enmendar su contestación con la oposición del demandante, quien tomó excepción de la resolución de la corte. Después de radicada la segunda contestación enmendada, el demandante se opuso a que fuera admitida, porque ya la demandada había enmendado su contestación varias veces. La corte admitió dicha contestación, el demandante tomó excepción alegando que la nueva contestación enmendada era defectuosa y envolvía lo que en derecho se llama un “negative pregnant”. Alegó además el demandante que las alegacio-nes de la demanda estaban admitidas puesto que el juramento de la última contestación enmendada era defectuoso. El demandante hizo constar entonces que la última contestación enmendada aceptaba las alegaciones de la demanda, que el juramento era defectuoso, y que deseaba darle todavía nueva oportunidad a la demandada para que corrigiera tales defectos. La parte demandada rechazó esta oportunidad y el demandante, sin haber solicitado sentencia sobre las alegaciones cuando fue radicada la última contestación, empezó a practicar su prueba.

Es innecesario proceder a disentir los defectos de que ado-lece el juramento y las admisiones contenidas en la contesta-ción. Reconocemos que se trata de una contestación defec-tuosa y de un juramento defectuoso también; pero el de-mandante no solicitó sentencia sobre las alegaciones y está impedido para plantear esta cuestión en apelación.

En el caso de Nelson v. Merced County, 55 Pac. 421, la Corte Suprema de California se expresó en los siguientes términos:

. . La contestación, tomada en su totalidad, en nuestra opinión hacía que la cuestión del pago fuera un hedió en contro-versia, y la corte debidamente res'olvió el mismo. Además, las par-tes parecen haber procedido a celebrar el juicio con la contestación, sin hacer objeción a su suficiencia para suscitar la controversia, y se admitió prueba sobre los hechos alegados en la contestación, y la controversia fué resuelta. En tal caso no se permitirá que se pre-sente una objeción ante esta corte por primera vez al efecto de que la conclusión a que llegó la corte no está de acuerdo con las cues-tiones planteadas.”

Como liemos dicho, el demandante procedió a practicar su prueba, sin insistir en su moción original para que se dic-tara sentencia sobre las alegaciones y sin reproducir su mo-ción cuando se radicó la última contestación enmendada.

En el caso de Illinois Trust & Savings Bank v. Pacific Ry. Co., 115 Cal. 285, 47 Pac. 60, dicha Corte Suprema de California dijo:

. . Ha sido bien establecido que cuando las partes han ido a juicio fundándose en una alegación, sin presentar objeción a su suficiencia con el objeto de plantear determinada controversia, y se ha admitido prueba respecto al hecho y se ha dictado resolución so-bre tal controversia, esta corte no permitirá a la parte a quien in-cumbía presentar la objeción decir que la resolución dictada no está en armonía con las controversias planteadas. King. v. Davis, 34 Cal. 100; Horton v. Domínguez, 68 Cal. 642, 10 Pac. 186; Moore v. Campbell, 72 Cal. 251, 13 Pac. 689; Sukeforth v. Lord, 87 Cal. 399, 25 Pac. 497.”

De la obra “Bancroft’s Code Pleading,” página 1012, sec-ción 720, copiamos lo siguiente:

“De manera qne una parte que, después de denegada su moción para que se dicte sentencia sobre las alegaciones, va a juicio y trata de establecer su derecho mediante prueba, renuncia a la moción.”

Véanse también los casos de Guzmán López v. Ortiz, 39 D.P.R. 185 y Paulson v. Bergman, 62 Colo. 93, 160 Pac. 189.

Declara el demandante entre otras cosas que al llegar al paso a nivel de la vía que cruza la carretera que de Humacao conduce a Naguabo, detuvo el vehículo cerca de dicha vía y, viendo que no sentía nada, metió primera para pasar la vía y en ese momento apareció la máquina y le dió al vehículo por su lado derecho tirándolo a una cuneta. Esta declaración está corroborada por el testigo Pedro Vasallo, quien acompañaba a Emilio Rivera cuando ocurrió el accidente. Este testigo dice que cuando iban por el cruce de Pasto Viejo, que es un paso a nivel que queda entre Humacao y su playa, apareció una locomotora a bastante velocidad y arrolló al Ford, tirando a éste a la cuneta de la derecha de la carretera, cayendo el testigo y Emilio Rivera fuera del automóvil, y recibiendo este último golpes en la cara, en las manos y en ambas rodillas. El automóvil, dice, quedó inservible. Ambos testigos declaran que la locomotora no tocó pito ni campana.

La negligencia de la corporación demandada surge de su propia prueba. Sus testigos están conformes en que al lle-gar al cruce de la carretera hay una pendiente y en que para subir esta pendiente, cuando el tren lleva mucha carga, la máquina tiene que desarrollar velocidad. Cuando la carga es poca se puede caminar despacio, pero cuando es mucha hay que caminar ligero. Estos testigos, que son empleados de la demandada, dicen que la máquina llevaba velocidad, y el fogonero de la locomotora, Sotero Pizarro, declara que “la máquina venía a un paso bastante agigantado”. El ma-quinista Rafael García declara que a la máquina se le per-dieron los reflectores y que cuando ocurrió el accidente tenía los faroles de gas, dos farolitos de gas pequeños. El tes-tigo Julio Luzunaris declara que es mecánico y que trabaja en la Central Pasto Viejo; que el día 22 de febrero de 1927 iba conduciendo para la central un tren de cañas detrás de la máquina No. 4; que vió a esta máquina cruzando el paso a nivel donde ocurrió el accidente y que de noche no ponen, persona.alguna allí para hacer señales a los carros que vie-nen pasando, y que la noche del accidente no había nadie para hacer tales señales; que a veces el testigo ha estado ex-puesto, en el sitio donde ocurrió el accidente, a pasarle algo, porque es una curva, siendo aquel sitio peligroso; que el tes-tigo se quejó varias veces a sus superiores de ese peligro, temiendo que pudiera ocurrir alguna desgracia; que se lo dijo al jefe del tráfico, pues el testigo era.quien trabajaba de noche; que a pesar de eso no había nadie para hacer seña-les ni pusieron a nadie allí después; que debido a las pen-dientes antes y después de la carretera es preciso darle velo-cidad a la máquina para subir desde el llano, y que cuando va la máquina más ligero es cuando pasa la carretera.

Declaran también los testigos de la demandada que se tocó pito y campana antes de llegar al paso a nivel de la carretera. El maquinista dice que cuando suena el pito se descarga vapor, pero muy poca cosa, y que cuando sube una pendiente no se le puede descargar vapor a la máquina.

La corte inferior, en sus conclusiones de hecho, dice:'

“Que en el sitio en cuestión la demandada no tiene establecidas barreras, cadenas o cualquier otro aparato análogo a ellas para la protección de los transeúntes y que en la noche de autos, tampoco existían luces rojas ni persona alguna encargada de dar avisó a los transeúntes que pasaban por la carretera, de la aproximación del dicho ferrocarril. ’1

La prueba de la demandada basta por sí sola para poner de relieve su negligencia. La demandada, a pesar de que uno de sus empleados se quejó.de lo peligroso del sitio, no se cuidó de establecer barreras ni cadenas, ni de adoptar ninguna medida para la protección de los transeúntes; ni si-quiera colocó un guardia para vigilar y avisar la aproxima-ción del tren durante las horas de la noche. Estas precau-ciones, que deben adoptarse siempre para beneficio del pú-blico, son aun más necesarias en un caso como el presente, en que los mismos testigos de la demandada nos dicen que cuando el tren va muy cargado la máquina tiene que desarro-llar velocidad para subir la pendiente y que cuando va' más ligero es cuando cruza la carretera. De modo que la deman-dada, además de no haber adoptado las precauciones men-cionadas, permitió que el tren llevara una carga pesada, sa-biendo que la máquina tenía que desarrollar velocidad para subir la pendiente y cruzar el paso a nivel.

La corte inferior reconoce la negligencia de la parte demandada, pero falla el pleito en contra del demandante, basándose en la negligencia contribuyente de éste. Copiamos a continuación los fundamentos que sirven de base a la corte inferior para dictar su fallo:

“La prueba en el particular resulta en un todo contradictoria. Los testigos de la demandada sostienen que el ferrocarril al acer-carse al cruce, hizo uso del pito de vap’or, así como de la campana, hecho que se niega por el demandante y a la vez por un testigo que venía en el automóvil en su compañía. Sostiene el demandante que al acercarse al sitio del accidente, él paró su carro, miró y oyó, sin que percibiera nada que le demostrara la aproximación del tren.
“Como ya dijéramos, la vía, por varios metros antes de llegar al cruce, corre casi paralela a la carretera, el ruido que hace un tren que arrastra treinta vagones, el hecho de ocurrir el accidente du-rante las horas de la madrugada, tiempo en que el silencio es com-pleto y absoluto y mucho más aún en el campo, en donde n'o existe movimiento alguno, nos hacen dudar grandemente de que el de-mandante, si en verdad paró su automóvil', miró y trató de oír, no oyera el tren que se aproximaba y que tan cerca de él estaba, aun suponiendo que la locomotora no avisara por medio del pito'y de la campana. El testigo del demandante, Cándido Báez, nos dice que él vió venir un carro y al pasar por la vía lo cogió la máquina, sin decirnos que el automóvil. estuviera parado, sino que venía a cruzar en aquellos momentos el paso nivel.
“Si aceptamos la teoría de la demandada, que sus empleados tocaron el pito y la campana al acercarse al cruce, es claro y evi-dente que el demandante fue negligente al tratar de cruzar el paso a nivel, teniendo aviso de que el tren se aproximaba; si por el con-trario asumiéramos que el demandante paró su carro, miró y trató de oír, nos parece inexplicable cómo durante el silencio de la noebe, dada la situación de la vía en relación con la carretera y la proximidad del tren, él y su compañero no se dieron cuenta, por el ruido de la máquina, de que el ferrocarril se encontraba cerca y de que era una imprudencia de su parte el tratar de cruzar la vía en aquellos momentos, ya que una persona cuidadosa, como lo exige la ley y la jurisprudencia, hubiese esperado hasta cerciorarse de una manera cierta y categórica, de que el tren estaba próxim'o a pasar o cruzar por el paso a nivel que él trataba de utilizar para pasar también en aquellos momentos.”
“Además, se .ha demostrado también por la prueba que el chófer que conducía el automóvil en cuestión, conocía perfectamente bien la carretera de Humacao a la Playa, y a más que le constaba que en aquel sitio no existían barreras ni cadenas para la protección de los transeúntes así como también que no había persona o guarda barrera encargada de dar aviso a los viandantes de la proximidad del tren.”

Uno de los testigos de la corporación demandada declara que hay veces que está una máquina cerca y con el viento no se oye, y que en una noche serena se puede oír. Según la prueba de la propia demandada la máquina desarrollaba ve-locidad al cruzar la carretera y venía, usando las mismas palabras de uno de sus-testigos, “a un paso bastante agigan-tado”. La negligencia que la corte inferior atribuye al de-mandante se basa en la situación de la vía, el silencio de la noche y el ruido que hace un tren que arrastra treinta vago-nes. La corte inferior duda grandemente de que el deman-dante, si en verdad paró su automóvil, miró y trató de oír, no oyera el tren que se aproximaba, que tan cerca de él es-taba, aun suponiendo que la locomotora no avisara por medio del pito y de la campana. Esta duda la resuelve la corte a quo en contra del demandante sin resolver el conflicto de la prueba sobre si se tocó o no pito y campana, indudable-mente porque lo creyó innecesario, ya que dicha corte afirma que encuentra inexplicable que el accidente ocurriera sin la negligencia contribuyente del demandante.

Sin embargo, habiendo sido probado que la máquina ca-minaba a “un paso bastante agigantado”, al subir la pen-diente, es posible que el pito de la locomotora, el sonido de la campana y la llegada del tren al cruce de la carretera se hayan sucedido con tan cortos intervalos de tiempo que el demandante, aun tomando precauciones, no hubiera podido evitar el accidente. Nos parece que se apura mucho el ar-gumento para establecer deducciones que pueden estar equi-vocadas. Nosotros creemos que no se ha probado en este caso la negligencia que se atribuye al demandante como una causa próxima del accidente.

Sobre los daños y perjuicios declaran los testigos del de-mandante. Pedro Vasallo dice que el automóvil valía $600 y que quedó inservible, no valiendo más de $50. El deman-dante dice que su automóvil era un carrito nuevo que no lo había querido dar en $600. Manifiesta además que recibió golpes en la cara, las manos y las rodillas; que en la rodilla izquierda recibió un golpe muy fuerte; que fué asistido por el Dr. Peña y que estuvo en cama de diez a doce días. Añade que dedicaba su automóvil al servicio público y que se ganaba de cuatro a cinco dólares diarios, y que desde que perdió su automóvil ha tenido que dedicarse a trabajar alquilado, no ganando lo mismo que antes cuando tenía su vehículo.

El Dr. Peña declara que asistió al demandante, quien pre-sentaba lesiones en la rodilla, en la cara y en las palmas de las manos, que la asistencia médica duró desde el 23 de fe-brero continuamente hasta el 4 de marzo de 1927, y que des-pués siguió asistiendo al paciente en su casa; que el deman-dante presentaba una inflamación de tal naturaleza que le retuvo en cama, teniendo derrame sinovial y en la rodilla de-recha un edema enorme.

Teniendo en cuenta las lesiones recibidas por el deman-dante y los daños ocasionados al automóvil, que se aprecian en $500, entendemos que debe revocarse la .sentencia apelada y dictarse sentencia condenando a la corporación dema/ndada a satisfacer al demandante la cantidad de $700 con costas.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF

El artículo 1803 del Código Civil es la fuente principal de nuestra jurisprudencia en lo relativo a negligencia. Orta v. P. R. Ry. Light & Power Co., 36 D.P.R. 743; Carbou Rodríguez v. Mir, 36 D.P.R. 809. En nuestro desarrollo de la obligación cuasi contractual definida en ese artículo liemos aceptado la aplicación de la doctrina americana de negligencia contribu-yente por parte del demandante, que de ser probada destrui-ría la acción. Esto lia sido reseñado recientemente por esta corte en el caso de Miranda v. P. R. Ry. Light & Power Co., 42 D.P.R. 719. Desde luego, cuando uno aplica la doctrina de última, oportunidad para evitar el daño debe preexistir tanto negligencia como negligencia contribuyente. La opinión de la Corte de Distrito de Humacao me convence de que ella es-taba siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal que aplica la doctrina de negligencia contribuyente.

La. corte llegó a la conclusión de que la demandada había sido negligente de conformidad con el caso de Domínguez v. P. R. Ry. Light & Power Co., 19 D.P.R. 1096, al no tener es-tablecidas barreras, cadenas o un guardia en el cruce del fe-rrocarril. Entonces la corte procedió a examinar la conducta del demandante. El juez asumió lo que hemos considerado como una regla fija, es decir, que como el demandante cono-cía el camino y sabía que podía surgir un tren en cualquier momento, él estaba obligado a detenerse, mirar y oír. El de-mandante no pone en duda su obligación de hacerlo así; en realidad insiste en que se detuvo, miró y trató de oír, pero que nada oyó ni vió. Teniendo en mente este deber la Corte de Distrito de Humacao llegó a la conclusión de que el de-mandante había sido culpable de negligencia contribuyente. La corte no lo expresó así exactamente en estas palabras y en verdad no Rizo en absoluto mención de las palabras “negli-gencia contribuyente”, pero Rizo lo que era la prueba más fuerte de haber llegado a tal conclusión; dictó sentencia en favor de la demandada no obstante el hecho de haber llegado a la conclusión de que ésta había sido negligente. Tal senten-cia envolvía necesariamente el hecho de que el demandante había sido culpable de negligencia contribuyente.

Aunque una corte esté obligada a hacer sus conclusiones o a escribir una opinión comprensiva de los hechos, si en dicha opinión o conclusiones de hecho la corte deja de hacer determinada manifestación que quizá debió haberse hecho,-cualquier cosa que aparezca en los autos, especialmente en. la prueba, que justifique la sentencia de la corte debe ser aplicada en favor de la sentencia. Breece v. Brooks, 97 Cal 72, 31 Pac. 742, 22 L.R.A. 256; Perkins v. West Coast Lumber Co., 129 Cal. 427; Paine v. San Bernardino Valley S. Co., 143 Cal. 644, 77 Pac. 659; Nevills v. Moore Mining Co., 135 Cal. 561, 67 Pac. 1054; 4 C. J. 778. Toda intención está a favor de la sentencia dictada por una corte de récord hasta que lo contrario aparezca claramente. Stoddard v. Fox, 15 Idaho 704, 99 Pac. 122; 4 C. J. 76, Sec. 2739 et seq.; Municipio de Caguas v. West India Oil Co., decidido junio 24, 1932, ante, p. 697. Empero, la corte, en mi opinión, llegó a todas las conclusiones específicas que eran necesarias. Es cierto que lo hizo en forma alternativa, pero no obstante eran conclu-siones completas. Si un juez tiene dudas respecto a deter-minado hecho, o sea, a si un demandante se detuvo o no, pero ya se detuviera o no, fué culpable de negligencia contribu-yente, no se exige que la corte haga una determinación especial. Una corte, al apreciar la prueba, tiene ciertas reglas, que le sirven de guía. Si un demandante deja de probar su caso debe dictarse sentencia en favor del demandado. Si el demandante presenta un caso prima facie y la parte deman-dada ofrece prueba que está en conflicto con la presentada-por el demandante, la corte está obligada a resolver el con-flicto, aunque arrojando el peso de la prueba sobre el deman-dante. Cuando un demandado se funda en la doctrina de ne-gligencia contribuyente, a él incumbe el peso de probar tal negligencia contribuyente, según la ley lia sido enunciada por nosotros. Se admite en este caso que el demandante estaba obligado a detenerse, mirar y tratar de oír. La corte dijo, o en efecto dijo, que o el demandante no se detuvo, miró y trató de oír, o que si se detuvo, miró y trató de oír, estaba obligado a haber oído o visto el tren que se acercaba. La corte se expresó así:

“Si aceptamos la teoría de la demandada, de que sus empleados tocaron el pito y la campana al acercarse al cruce, es claro y evi-dente que el demandante fué negligente al tratar de cruzar el paso a nivel, teniendo aviso de que el tren se aproximaba; si por el con-trario asumiéram'os que el demandante paró su carro, miró y trató de oír, nos parece inexplicable cómo durante el silencio de la nocbe, dada la situación de la vía en relación con la carretera y la pro-ximidad del tren, él y su compañero no se dieran cuenta, por el ruido de la máquina, de que el ferrocarril se encontraba cerca y de que era una imprudencia de su parte el tratar de cruzar la vía en aquellos momentos, ya que una persona cuidadosa, como lo exige la ley y la jurisprudencia, hubiese esperado hasta cerciorarse de una manera cierta y categórica, de que el tren estaba próximo a pasar o cruzar por el paso a nivel que él trataba de utilizar también en aquellos momentos.”

La corte necesariamente quiso decir que si el demandante en realidad se detuvo, y no vió u oyó el tren, ello se debió a que en realidad no bacía uso de sus facultades y que por tanto fué negligente. La alternativa adoptada por la corte fué una forma de silogismo conocida en los libros de lógica como un dilema. Cuando un razonante se funda en un dilema para llegar a determinada conclusión de negligencia, no tiene que especificar a qué proposición disyuntiva del dilema se acoge, toda vez que en uno u otro caso emana la conclusión. Otras cortes ban llegado a conclusiones similares mediante los mis-mos procesos de razonamiento.

En el caso de Almodóvar v. Acosta Calderón, 43 D.P.R. 200, la corte de Distrito de San Juan hizo uso de nn razona-miento alternativo en favor del demandante, y esta corte re-solvió que era innecesario que la corte inferior hiciera una conclusión más específica. Si podía usarse este razonamiento en favor de un demandante, debe aplicarse de igual modo en favor de un demandado, especialmente cuando en uno u otro caso la cuestión envuelta era una de negligencia de la parte envuelta.

De la lectura que yo mismo be hecho de la prueba debo llegar a la conclusión de que el demandante no se detuvo porque me parece que era imposible que si él se hubiese de-tenido el accidente hubiera ocurrido.


text:
    Ramón Hernández García, peticionario y apelante, v. María Hernández Carrión, opositora y apelada.
    No. 6067.

    Sometido: Junio 20, 1932.

      Resuelto: Julio 5, 1932.

      Luis Viscarrondo, abogado del apelante; Molina, Bubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Hernández García presentó ante la Corte de Dis-trito de San Juan una petición para que se declarase a Gas-par Hernández Carrión incapacitado para administrar su ipersona y bienes, y para que se le nombrase tutor del mismo . en caso de que fuese resuelta favorablemente la solicitud de incapacidad. La corte inferior declaró al referido Gaspar Hernández Carrión incapacitado para administrar sn persona y bienes, y nombró como tntora a sn hermana legítima María Hernández Carrión. Ramón Hernández García, qnien alega ser hijo del incapacitado, interpuso recurso de apela-ción contra el nombramiento de tutor. Esta corte ha declarado, en el caso de Solá v. Solá, 30 D.P.R. 758, que no cabe recurso de apelación contra una resolución poniendo término a un expediente de incapacidad. De la opinión emitida por el Juez del T.oro en este caso copiamos lo siguiente:

“Es cierto que dada la transcendencia de una declaratoria de in-capacidad, parece que debería reconocerse sin demora el derecho de acudir a la Corte Suprema por la vía ordinaria de apelación, pero es cierto también que el legislador no perdió de vista esa trascendencia y en la misma ley no obstante prescribir que para dictar la resolución el juez debería oír ‘el dictamen de facultativos y las demás pruebas que estimare necesarias,’ dispuso que la resolución no sería definitiva si los interesados deducían demanda ordinaria, debiendo ventilarse en-tonces el asunto en el juicio oral y público correspondiente y exis-tiendo en tal caso contra la sentencia que ponga término al pleito claramente reconocido en la ley el derecho de apelación.
“La presunción es que los jueces de distrito actuarán en justic'a. Además los recursos extraordinarios con que cuenta nuestro actual sis-tema procesal, siempre permitirían corregir cualquier injusticia noto-ria o verdadera desviación que pudiera cometerse. Por último, no debe perderse de vista que en muchos casos de la naturaleza del pre-sente se requiere una pronta y efectiva resolución del problema para beneficio de todas las partes interesadas y de la misma sociedad.”

El nombramiento de tutor es una consecuencia de la in-capacidad, la cual tiene que ser declarada como un paso preliminar para la designación de una persona que repre-sente legalmente al incapaz. El verdadero objetivo que se persigue es el nombramiento de un tutor. Una vez que la corte ha llegado a la conclusión de que la persona que se supone incapaz está realmente incapacitada para cuidar de sí misma y administrar sus bienes, debe proceder al nombra-miento de un tutor. En este caso la solicitud pedía ambas cosas y ambas fueron concedidas por la corte inferior en una misma sentencia.

Como ya liemos dicho, la declaración de incapacidad no es apelable. No lo es tampoco el nombramiento de un tutor que es el objetivo que se persigue en la tramitación de un expediente de incapacidad, en ausencia de un estatuto que conceda el derecho de apelación.

Debe desestimarse la resolución apelada.


text:
    Micaela del Moral de Domínguez, et als., Ex parte María del Carmen del Moral, Tutora de Carmen Nadal, opositora y apelante.
    No. 5721.

    Sometido: Diciembre 2, 1931.

      Resuelto: Julio 6, 1932.

      Alfredo Arnaldo & Alfredo Arnaldo, Jr., abogados de la apelante; José Sdbater, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez declaró incapacitada a doña María del Carmen Nadal y nombró como tutor suyo a don Francisco del Moral. Como consecuencia de cierta resolución judicial quedó sin efecto el nombramiento de ese tutor y en su lugar fué nombrada para tal cargo doña Ma-ría del Carmen del Moral. Después de haber cesado el primer tutor nombrado presentó el abogado don José Sabater en el expediente de incapacidad y nombramiento de tutor de doña María del Carmen Nadal una moción para que la corte le fijase el montante de la cantidad que debe serle pa-gada por sus servicios como abogado de la incapacitada y del tutor don Francisco del Moral. La corte oyó a las par-tes acerca de esa moción y después fijó determinada canti-dad como honorarios de dicho abogado. Contra esa resolu-ción interpuso la actual tutora el presente recurso de ape-lación.

El artículo 1473 del Código Civil, edición de 1930, según el cual en cuanto a los servicios profesionales, se estará, para la remuneración de los mismos, a lo convenido entre las partes y que cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el importe razonable de dichos servicios, se refiere a contratos expresos o tácitos entre personas capaces de contratar y no tiene aplicación a casos como el presente en que el abogado ha prestado sus servicios a la incapacitada por indicación de su tutor. En el caso de Cole v. Superior Court, 83 Cal. 86, se suscitó una cuestión similar a la presente y con un precepto substantivo que decía que el montante y modo de compensación de los abogados se deja al convenio expreso o tácito de las partes, y en el que se alegó que la compensación por los servicios de un abogado a una persona incapacitada y a sus hijos menores de edad debía ser objeto de un pleito ante el jurado y no ser fijada por la corte en el procedimiento en que fueron prestados los servicios, se declaró que el precepto substantivo, similar a nuestro artículo 1473, se refiere a contratos expresos o tácitos entre personas capaces y se aprobó la fijación de honorarios hecha por la corte. En el caso de Correa v. Corte, 40 D.P.R. 421, un abogado presentó moción en - un procedimiento de tutela para que la corte fijase sus honora-rios por los servicios que había prestado. Hubo oposición a esa petición alegándose que la reclamación debía ser he-cha en una acción civil distinta, pero la corte fijó los honora-rios y su resolución fué sostenida por este tribunal.

En vista de lo expuesto procede desestimar la apelación por frívola, como solicita el apelado.


text:
    Manuel Cardona, demandante y apelado, v. Angel Nigaglioni, demandado y apeante.
    No. 4712.

    Sometido: Febrero 18, 1931.

      Resuelto: Julio 6, 1932.

      A.rjona <& Arjona y B. Hernández Matos, abogados del apelante; Felipe Colón Díaz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Nigaglioni pidió prestado a Manuel Cardona su automóvil para hacer un viaje a un barrio de Tauco, a lo que Cardona accedió gratuitamente. Ese viaje fué hecho pero después de él no fué devuelto el automóvil a su dueño. En ese viaje encomendó Nigaglioni el manejo del automóvil a Baúl Bacó, que no tenía licencia del Departamento del Interior para manejar vehículos de motor, y el automóvil se fuá por un precipicio y se destrozó. Demandó Cardona a Nigaglioni para que le pagase cierta cantidad de dinero como indemnización por su automóvil y dictada sentencia condenatoria interpuso el demandado este recurso de apela-ción. El único motivo alegado por el apelante es el si-guiente :

“Erró la corte al declarar que el accidente se debió a imperic;a, descuido y negligencia del Sr. Raúl- Bacó, así como al declarar que el demandado-apelante con la evidencia del demandante-apelado demos-tró la existencia de relación causal entre la negligencia del deman-dado (sic) y el daño realizado-”

Por el contrato de comodato el dueño de una cosa no fungible la entrega a otro gratuitamente para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva. Artículo 1631 del Código Civil, edición de 1930. Por consiguiente, después de realizado el viaje para el que fué prestado el automóvil a Nigaglioni éste debió devolverlo a Cardona y no habiéndolo hecho debe indemnizarlo de acuerdo con el artículo 1054 de la misma edición del código, preceptivo de que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.

Es cierto que el automóvil quedó destruido con la caída, pero ya ha sido resuelto para contratos de comodato que es obligación ineludible del comodatario devolver la cosa misma a su dueño o abonarle los perjuicios si por culpa del como-datario se hubiere perdido o deteriorado aquélla. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 21 de marzo de 1895, Jurisprudencia Civil, tomo 77, página 337.

Es cierto que en el juicio no se demostró acto alguno de impericia de Baúl Bacó en el manejo del automóvil que fuera cansa de que. el vehículo se fuera por un risco de la carretera y se destrozara, pero tal prueba no era necesaria en este caso porque de la evidencia resulta que Raúl Bacó no estaba autorizado por el Departamento del Interior para manejar esa clase de vehículos. Nuestra legislatura ha dis-puesto en la Ley No. 75 de 1916 para la protección de vidas y propiedades que sólo pueden manejar automóviles por ca-minos públicos las personas que mediante un examen de su suficiencia y otras condiciones obtengan licencia del Depar-tamento del Interior. Y también ha dispuesto en el artículo quinto, apartado (k), de esa ley lo siguiente:

“Ninguna persona permitirá que un vehículo de motor de su pro-piedad o que esté bajo su gobierno sea manejado por persona que no esté legalmente autorizada para hacerlo o en contravención de las dis-posiciones de esta Ley, y ninguna persona tomará a su servicio a un chauffeur para manejar su automóvil, sin antes cerciorarse de que posee una licencia adecuada.”

Si el apelante hubiese requerido a Raúl Bacó, como era su deber, para que le mostrase su licencia para manejar automóviles se hubiera convencido de que no la tenía. No lo hizo así y permitió que el automóvil que le fue prestado fuese manejado por persona que no había demostrado su suficiencia ante el Departamento del Interior y que en el juicio no se demostró que aun careciendo de ella sabía ma-nejar automóviles. Maldonado v. Hamilton, 32 D.P.R. 234.

El comodatario debe conservar la cosa que recibe en préstamo como un buen padre de familia y no procede así el que entrega el manejo del automóvil recibido a una persona que no está capacitada para guiarlo. El que recibe una cosa en comodato está obligado a devolverla después del tiempo o del servicio para el cual le fue entregada y al no hacerlo tiene que justificar una causa justa para no entre-garla, lo que no ha hecho el apelante.

La sentencia apelada dehe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.