author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante, v. Mateo Fajardo Dávila, Juan E. Guzmán García, Ramón Hernández Pastrana y José M. Rodríguez Bermúdez, querellados.
    Núm. 1.

    Sometido: Mayo 3, 1937.

      Resuelto: Mayo 20, 1937.

      Mariano Acosta Velarde, abogado del querellante.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Colegio de Abogados de Puerto Eico presentó ante esta Corte Suprema el 6 de abril de 1937 una querella en solicitud de que se suspendiera a varios abogados en el ejer-cicio de su profesión por no haber satisfecho las cuotas correspondientes a los años 1934, 1935, 1936 y 1937, y el tribunal ordenó que se oyera a las partes el tres de .mayo siguiente.

Algunos de los querellados satisficieron sus cuotas antes de la audiencia y otros después. Sus nombres fueron elimi-nados de la misma. El tres de mayo sólo comparecieron el Colegio por su Presidente y uno de los querellados que satis-fizo su cuota. Los querellados Mateo Fajardo Dávila, Juan E. Guzmán García, Ramón Hernández Pastrana y José M. Rodríguez Bermudez que continúan en deuda no compare-cieron ni lian presentado escrito alguno al tribunal.

En mayo 14, 1932, se aprobó por el Gobernador la Ley núm. 43 decretada por la Asamblea Legislativa determinando la organización del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Por su primer artículo constituyó, a los profesionales con derecho a ejercer la abogacía ante el Tribunal Supremo,’ siempre que así lo acordare en referéndum la mayoría de los' mismos, en entidad jurídica o corporación cuasi pública bajo el nombre de Colegio de Abogados de Puerto Rico. El refe-réndum se celebró de acuerdo con lo prescrito en las secciones. 14 y 15 de la propia ley y el Colegio quedó debidamente establecido.

Tal como determina el artículo cuarto, “serán miembros del Colegio todos los abogados que estén admitidos a postular ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y cumplan los deberes que esta ley les señala”, siendo uno de esos deberes el pago de las cuotas que fijan el artículo 9 de la ley y el 6 del reglamento, como sigue:

“Artículo 9.- — Cada año los miembros del Colegio pagarán una cuota de tres (3) dólares en la fecba o en los plazos que fije el Reglamento por disposición del cual podrá aumentarse aquélla siempre que no exceda de diez (10) dólares.”
“Artículo 6. — Cuota.—Todo colegiado pagará al Colegio anual-mente y por anticipado, en o antes del 31 de enero del año a que corresponda, una cuota de $6 (seis dólares). Los nuevos miembros que se matriculen después de transcurrido ese día satisfarán al for-mular su solicitud de ingreso, la primera cuota de seis dólares ($6) que cubrirá hasta el 31 de diciembre del año en que la misma se pague.”

Cualquier miembro del Colegio.que dejare de cumplir ese deber, “quedará suspendido como tal” ordena el artículo 10, “pero podrá rehabilitarse mediante el pago de lo que adeude por aquel concepto”, disponiendo el tercero que “celebrada la primera junta general del Colegio, ninguna persona que no sea miembro del mismo podrá ejercer la profesión de abogado en esta Isla.”

Es tan clara la ley en cuanto a la necesidad del pago de la cuota para ser miembro del Colegio y en cuanto a los efectos de la falta del pago, que sobre tales extremos no requiere interpretación. Habla por sí misma. La duda surge con respecto a si es el propio Colegio el que debe decretar la suspensión o es la Corte Suprema la que puede hacerlo a solicitud del Colegio a fin de que la orden impida ■de modo efectivo al abogado que deja de ser miembro del .mismo continuar practicando su profesión en la Isla.

Una situación semejante surgió en el Estado de California. En el caso de Carpenter v. The State Bar, 211 Cal. 358 (295 P. 23), se resolvió lo que sigue:

“La sección de la ley que creó el Colegio de Abogados del Estado (Estatutos de 1927, pág. 38) aquí envuelta, lee en su parte perti-.nente así: ‘Seo. 46. . . Todo asociado . . . que dejare de pa-gar cualesquiera cuotas ... y luego de transcurridos dos meses de habérsele dado aviso por escrito de su incumplimiento, será sus-pendido como miembro del Colegio de Abogados del Estado . . .7 Esta sección está seguida por la 47, que lee: ‘Ninguna persona ejer-cerá como abogado en- el Estado con posterioridad a la primera reu-nión del Colegio de Abogados del Estado, a menos que sea un miembro activo del mismo en la forma que antes se define.’ Por tanto, es claro que el efecto total o máximo de estas disposiciones es suspender al peticionario en la práctica del derecho, suspensión que terminará tan sólo cuando él haya cumplido con la ley. Debe notarse, sin embargo, que la ley no dice de manera expresa que la Junta de Gobierno ■dictará la orden suspendiéndole como' miembro. Se nos ocurre que como esto realmente equivale a una suspensión del derecho a ejercer la profesión de abogado y además que toda vez que un letrado es un funcionario de la corte, parecería haber sido la intención legislativa .que la separación fuera hecha a virtud de una orden de este tribunal y ’que la actuación de la Junta de Gobierno en la materia fuera con-siderada como una conclusión de beeho y como una recomendación para que este tribunal dictara tal orden. Esto también está en ar-monía con nuestras decisiones en cuestiones de admisión y separación de abogados. (In re Shattuck, 208 Cal. 6, 9-12 (279 Pac. 998) ; Brydonjack y. The State Bar, 208 Cal. 439, 443 (66 A.L.R. 1507, 281 Pac. 1018).) Ello también evita que se discuta la contención de que en efecto equivale a conferir autoridad judicial a un cuerpo distinto a una corte.”

La sentencia de la Corte Suprema de California lleva fecha enero 12, 1931. No obstante lo resuelto, Carpenter continuó practicando la abogacía, y en el procedimiento de desacato que contra él se siguiera, la corte en su decisión de julio 13, 1931, se expresó así:

“El querellado rehusó y se negó a presentar una contestación ju-rada o una contestación suficiente a la acusación contenida en la declaración jurada, y habiéndose sometido debidamente el asunto para una decisión y habiendo la corte considerado el mismo, la corte ahora declara que el querellado en las épocas y sitios y en la forma alegados en dicha declaración jurada, ejerció como letrado o consul-tor y se hacía pasar ante el público como un letrado o consultor con derecho a ejercer la profesión en este Estado, en momentos en que dichas órdenes de suspensión estaban en todo su vigor, y que todas las alegaciones de la ameritada declaración jurada son ciertas y que no se demuestra causa suficiente, o causa alguna, por la cual dicho A. H. Carpenter no deba ser declarado culpable y castigado por el delito de desacato.
“Por tanto, se ordena, manda y decreta que los aludidos actos del querellado A. H. Carpenter con respecto a esta corte constituyen un desacato, y por la presente se decreta y declara al querellado culpable de desacato a este tribunal por razón de los actos expuestos en la ameritada declaración jurada, y como castigo de ello se condena al referido A. H. Carpenter a pagar una multa de $300 y en su de-fecto que sea entregado al ‘sheriff’ del Condado de San Joaquín, Estado de California, y hasta tanto pague tal multa sea encarcelado en la prisión del citado Condado a razón de un día de cárcel por cada dos dólares que dejare de satisfacer.” In re Carpenter, 1 Pac. (2d) 983.

En tal virtud, habiendo quedado suspendidos los querellados Mateo Fajardo Dávila, Juan E. G-uzmán García, Ramón Hernández Pastrana y José M. Rodríguez Bermúdez, como miembros del Colegio de Abogados de Puerto Rico por falta de pago de sus cuotas, se les suspende ~en el ejercicio de su profesión hasta que se rehabiliten mediante él pago de lo que por tal concepto adeuden. Notifíquese y comuniqúese.


source: Caselaw Access Project

author: Mi- Juez Asociado Se#OR Travieso

license: Public Domain

text:
    Carmen Zaragoza, demandante y apelada, v. Emilia Santiago, demandada y apelante.
    Núm. 7498.

    Sometido: Mayo 17, 1937.

      Resuelto: Mayo 20, 1937.

      Luis Lloréns Torres y F. de la Torre, abogados de la apelante; José E. Segarra, abogado de la apelada.
   Mi- Juez Asociado Se#OR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En 28 de enero de 1932, la demandada apelante otorgó nn pagaré que en lo pertinente lee así:

“Debo y PAGARÉ al tenedor endosatario dé la presente obligación el día 28 de enero de 1933 la suma de Quinientos Dólares valor re-cibido en garantía de la cual y de sus intereses al uno por ciento mensual pagaderos por meses vencidos y de la suma de Cien Dólares como penalidad para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, he constituido hipoteca sobre casa y solar, etc. ’ ’

En la misma fecha de sn otorgamiento dicho pagaré fné endosado por la demandada a don Angusto Malaret y por éste a la demandante, quien radicó demanda ordinaria en la que pide sentencia por $500 de principal, $100 por intereses de nn año y ocho meses y $100 como penalidad estipulada para costas, gastos y honorarios de abogado. Habiéndose ano-tado oportunamente la rebeldía de la demandada, el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, a moción de la deman-dante, dictó y registró sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda. La demandada apeló. La demandante apelada solicita la desestimación del recurso por ser éste frívolo y que se condene a la apelante al pago de costas y honorarios de esta apelación, de acuerdo con la Ley núm. 69 de 1936 (pág. 355). Como fundamentos de su recurso, la apelante alega:

Que la corte erró al dictar sentencia por medio de su secretario, porque de acuerdo con el inciso 1ro. del Artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, el secretario sólo puede dictar sentencia en rebeldía cuando en la demanda se alega %m solo contrato sobre pago de dinero, celebrado entre demandante y demandado; y que en la demanda en el presente caso se alega el otorgamiento del pagaré e hipoteca, y también los dos endosos a Malaret y a la demandante, que son dos contratos por separado.

La frivolidad de este argumento es obvia y aparente. El Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

“Artículo 194. — Podrá dictarse sentencia, si el demandado de-jare de contestar a la demanda, en los casos siguientes:
“1. En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero. . ., si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación. . .; el se-cretario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la sentencia para el pago de la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado. . ., en los casos previstos en el artículo 96.”

La acción que se ejercita en el caso de autos nace de un contrato por el cual la demandada se compromete a pagar determinada suma de dinero, más sus intereses al tipo con-venido, más una suma estipulada como penalidad líquida para cubrir costas y honorarios, a la persona que en la fecha del vencimiento o con posterioridad a éste fuere el tenedor endo-satario del pagaré representativo de la obligación. Existe una sola obligación, la de pagar; una sola persona obligada al pago, la otorgante del pagaré; y una sola persona con derecho a exigir el cumplimiento de la obligación, el adqui-rente por endoso del pagaré.

Es evidente que cuando se trata de recobrar sumas de dinero fijadas expresamente en el contrato o fácilmente deter-minables mediante una simple operación aritmética, como en el presente caso, el secretario de la corte puede anotar la rebeldía del demandado y registrar una sentencia a favor del demandante por la cantidad especificada en la citación. Véanse: National City Bank v. De la Torre, 48 D.P.R. 134; Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951.

El alegado error carece de méritos y es claramente frívolo.

Que tratándose de una ejecución hipotecaria por la vía ordinaria, debe pedirse en la demanda y decretarse en la sentencia, que ésta deberá ser ejecutada primeramente sobre la finca hipotecada y qne sólo en el caso de que ésta no cubra la reclamación es que podrá ejecutarse la sentencia sobre otros bienes del deudor.

La frivolidad y falta de méritos de este alegado error surge sin necesidad de argumentación. La hipoteca es una obligación subsidiaria; y la persona a favor de quien ha sido constituida puede hacer caso omiso de la hipoteca y proceder al cobro de la obligación principal por la vía ordi-naria y al embargo de cualesquiera bienes del deudor, sin que por ello se entienda renunciada o extinguida la garantía hipotecaria, la cual subsiste hasta que la deuda por ella garantizada haya sido satisfecha. Fossas v. National City Bank, 50 D.P.R. 325.

Que la sentencia es errónea en cuanto concede a la demandante intereses de mora.

La demandante alegó que la demandada había dejado de pagar intereses desde abril 19 de 1935 y pidió sentencia por los intereses devengados desde esa .fecha hasta el 31 de diciembre de 1936, montantes a la suma de $100. En el empla-zamiento se hizo constar que la demandante reclamaba esa suma por concepto de intereses y se notificó a la demandada que de no comparecer a contestar la demanda dentro del término legal se dictaría sentencia en su contra por la indi-cada suma. La demandada, al no comparecer y permitir que se dictase sentencia en rebeldía, admitió el derecho de la demandante a reclamar dichos intereses, y no puede ahora en apelación levantar la cuestión sobre si la demandante tenía o no tal derecho. La demanda en este caso alegó hechos suficientes para justificar la sentencia recurrida.

Debe desestimarse por frivolo el recurso, con las costas a cargo de la apelante, debiendo incluirse en las costas de esta apelación la suma de $50 como honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Santini Fertilizer Co., demandante, apelada y apelante, v. Zenén Roldán Velázquez y Julio Muñoz Dieppa, demandados, apelantes y apelados.
    Núm. 7515.

    Sometido: Mayo 17, 1937.

      Resuelto: Mayo 20, 1937.

      H. Torres Bola, abogado de los apelantes y apelados; B. Buscaglia, abogado de la apelada y apelante.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apelada solicita la desestimación del pre-sente recurso por consideran’ que es frívolo y que ba sido interpuesto con el único fin de dilatar la ejecución de la sen-tencia, por la cual se condena a los demandados apelantes al pago de $3,000, como valor del tabaco embargado, más inte-reses desde 8 de mayo de 1930 basta el completo pago, menos $37.50 cobrados por la demandante; más las costas y $200 de honorarios de abogado.

Los demandados prestaron una fianza de $3,000, en un procedimiento de tercería, por la que se comprometieron a devolver los bienes embargados o a pagar daños y perjuicios. La demandante obtuvo sentencia contra el tercerista; y no habiendo podido hacerla efectiva, entabló esta aeción contra los fiadores para recobrar la suma de $3,000 que la deman-dante alega era el valor de los bienes embargados.

En la resolución dictada por esta Corte Suprema en Santini Fertilizer Co. v. Roldan, 49 D.P.R. 432, por la que se revocó la sentencia de la corte de distrito que declaró con lugar una excepción previa a la demanda interpuesta en este caso, se dijo:

“Nos inclinamos al criterio de que los demandados tienen derecho a ser oídos respecto al valor de los bienes al tiempo del levantamiento del embargo; en otras palabras, que el valor estimado de $3,000 no debía ser considerado como daños líquidos.”

La frivolidad del presente recurso surge de la lectura de la transcripción de evidencia y de la relación del caso y opinión de la corte inferior. La prueba aducida por la demandante para establecer el valor del tabaco está en parte en abierto conflicto con la presentada por los demandados con igual propósito. La corte sentenciadora decidió el con-flicto dando entero crédito al testigo de los demandados, J. F. McKelvy, y al de la demandante, Antonio Rojas, resolviendo, de acuerdo con sus declaraciones, que el valor del tabaco excedía de la suma de $3,000.

La resolución de los conflictos que puedan surgir de la evidencia es facultad que la ley otorga a la corte sentencia-dora. El ejercicio de esa facultad está sujeto a revisión solamente en aquellos casos en que la corte actuare movida por pasión, prejuicio o parcialidad o cometiere manifiesto error en la apreciación de la prueba. Y no encontramos en el caso de autos que se baya incurrido en alguno de dichos errores.

El recurso debe ser desestimado por frívolo e imponerse a los demomdados el pago de las costas de esta ■apelación, mcJ/wyemdo em ellas la svma de $150 oomo honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

text:
    Ana María Susoni Viuda de O ’Neill y Ana Tudela de Milán de O’Neill, demandantes y apelantes, v. Pacific Woodmen Life Ass’n., demandada y apelada.
    Núm. 6778.

    Sometido: Diciembre 17, 1936.

      Resuelto: Mayo 21, 1937.

      Arturo O’Neill, abogado de las apelantes; B. Castro Fernandes j José López Barali, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Ana María Snsoni viuda de O’Neill y Ana Tíldela de Milán de O’Neill, viuda y madre respectivamente de Francisco O’Neill y beneficiarías ambas en tina póliza expedida por la Pacific Woodmen Life Association, establecen la pre-sente acción contra la compañía aseguradora, reclamando el importe del seguro.

Se alega en la demanda que en 15 de diciembre de 1931 y en consideración de la suma de $32, satisfechos anticipada-mente y pagaderos en 15 de diciembre de cada año, la Pacific Woodmen Life Association expidió y entregó al fene-cido Francisco O’Neill una póliza de seguro marcada con el número ATE-1079325, por la cual se comprometía la de-mandada a entregar a las beneficiarías la cantidad de $2,000 al recibir pruebas satisfactorias de haber fallecido Francisco O’Neill. Se alega además que esa prueba fue ofrecida a la demandada por haber fallecido el asegurado en 16 de noviem-bre de 1932, estando vigente el contrato de segnro, y qne la compañía aseguradora se ña negado a satisfacer el importe de la póliza a pesar de baber sido requerida para ello.

Negó la demandada que hubiese expedido la póliza men-cionada en consideración a la suma de $32 y que dicha suma haya sido satisfecha. También negó que el Sr. Francisco O’Neill hubiese fallecido mientras estaba vigente el contrato de seguro. Se han establecido en la contestación otras de-fensas especiales que ños abstenemos de mencionar por ser innecesario para la resolución de la cuestión planteada.

Practicada la prueba por parte de las demandantes, la compañía demandada presentó una moción (nonsuit) para que se desestimase la demanda. La corte así lo resolvió, inter-poniendo las demandantes el presente recurso de apelación contra la sentencia dictada.

Se alega que dicho tribunal erró al declarar con lugar la moción de nonsuit, toda vez que la póliza en poder del ase-gurado establece la presunción de haberse satisfecho la prima inicial correspondiente.

Las demandantes se limitaron a presentar como prueba en apoyo de su reclamación la póliza que había sido entregada al fenecido Francisco O’Neill. Alegó la demandada que no se había establecido un caso prima facie a favor de las demandantes arguyendo qne de la póliza ofrecida como prueba aparece que el pago de la primera prima era una condición precedente a la responsabilidad de la compañía aseguradora y que este pago no ha sido acreditado por la prueba. La corte inferior opinó, de acuerdo con la demandada, que el pago de la primera póliza era una condición precedente y sostuvo que en ausencia de prueba sobre este particular debía declararse con lugar la moción presentada por la compañía aseguradora y desestimarse la demanda.

Comenzaremos por examinar los términos de la póliza para ver cuáles fueron los requisitos exigidos con respecto al pago del primer plazo. En dicha póliza aparecen las si-guientes cláusulas:

“(a) Esta póliza será válida únicamente después que se haya entregado y pagado la primera prima durante la vida y buen estado de salud del asegurado.
“ (á) No se considerará como efectuado el pago de ninguna prima, a menos que éste conste en el recibo oficial de la asociación, firmado por un ejecutivo de la misma y refrendado por el agente general, agente o cajero de la misma.
“ (e) Solamente el presidente y secretario general de la asocia-ción tendrán derecho a modificar este contrato de seguro, y esto so-lamente se hará por escrito.”

En la solicitud suscrita por el asegurado que por convenio de las partes se hizo formar parte de la póliza, aparece la cláusula siguiente:

“(1) Que si el primer premio del seguro solicitado no se paga en efectivo al tiempo de suscribir esta solicitud, el seguro no tendrá efecto, a menos que se entregue la póliza durante mi vida y buena salud ...”

En la póliza expedida por la compañía aseguradora se dice que la solicitud se adhiere a dicha póliza y se hace formar parte del contrato. El asegurado convino en que la solicitud y “lo previsto por la constitución, leyes y regla-mentos que actualmente rigen la asociación o que en lo futuro sean, adoptadas por ella., constituirán la base y formarán parte de la póliza. ’ ’

Aparentemente las cláusulas a, b y e de la póliza y la cláusula primera de la solicitud no establecen exactamente las mismas condiciones, porque aun cuando tienden a cubrir el mismo terreno, difieren realmente en lo que dicen.

La cláusula a estatuye categóricamente que la póliza no surtirá efecto hasta que la primera prima se haya pagado durante la vida y buena salud del asegurado. La cláusula primera de la solicitud, aunque establece la misma restricción, añade una excepción a la regla cuando dice: “a menos que se entregue la póliza durante mi vida y buena salud.” Es un principio claro, que no admite duda, dentro de las leyes de seguro, que cuando dos cláusulas en un contrato están en conflicto, la que favorece al asegurado debe prevalecer. Teniendo en cuenta este principio, pasamos a considerar los flechos que sirven de base a la presente acción.

Las demandantes demuestran que tuvieron la póliza en su posesión y que la misma fué entregada al finado. La con-clusión legal, en ausencia de prueba, y no puede haberla de parte de la demandada tratándose de una moción de nonsuit, es que la alegada condición precedente quedó renunciada al entregarse la póliza al asegurado.. Esto no significa nece-sariamente que lia debido dictarse sentencia en favor de las demandantes sin ulterior consideración del caso. La deman-dada puede probar en alguna forma que tal condición prece-dente no fué renunciada; pero las demandantes han presen-tado hasta ahora por lo menos un caso prima facie.

Además las decisiones, por mayoría abrumadora, sos-tienen que la entrega incondicional de una póliza equivale al abandono o renuncia del pago precedente de la primera prima.

Corpus Juris establece la regla en la siguiente forma:

‘TTna condición de que la póliza no surtirá efecto o de que la 'compañía no será responsable mientras no se baya satisfecho la pri-mera prima, siendo para el beneficio de la compañía, puede ser aban-donada o renunciada expresa o tácitamente. La renuncia o aban-dono puede consistir de actos, palabras o conducta demostrando una intención de parte de la compañía de abandonar o de no insistir en la condición. Ejemplos de estos actos son los siguientes: Conceder crédito por todo o parte del premio, aceptar un pagaré o pagarés por dicha prima, o la entrega incondicional de la póliza como un contrato perfeccionado y ejecutado bajo un convenio expreso o implí-cito de que el crédito será extendido por todo o por parte de la prima. Las anteriores reglas significan que existe un abandono del pago por adelantado en el sentido de que el seguro surte efecto inmediata-mente, aunque esto no constituya una renuncia del derecho de la compañía a demandar y a recibir el premio.” 32 C. J. 1136.

En Berliner v. Travelers’ Ins. Co., 53 P. 922, la Corte Suprema de California dijo:

“Los agentes generales de la demandada pueden renunciar al pago, entregar la póliza, y por lo tanto bacer un contrato de seguro válido y subsistente a pesar de la disposición de que el mismo no surtirá efecto a menos que la primera prima sea pagada mientras el asegurado se encuentre en buena salud. Esta es una regla bien establecida y no discutida. (Citas.) No se discute que la posesión de la póliza por el asegurado o por el beneficiario constituye evidencia prima facie de su entrega como tal contrato válido y subsistente. La póliza fué presentada por el demandante y admitida en evidencia y no habiendo controversia con respecto a la muerte del asegurado o en cuanto a la identidad del demandante como el beneficiario de-signado en la póliza, ha quedado establecido un caso prima facie y la moción de nonsuii fué propiamente negada. En este estado del caso, si el demandado se hubiese negado a cualquier evidencia, un veredicto en favor del demandante pudo haber sido ordenado, y si esto es así no puede decirse que el veredicto más tarde rendido ca-rece de evidencia para sostenerlo. El peso de destruir el caso1 prima facie establecido por el demandante descansa en la demandada, y si la evidencia introducida después destruyó o no el caso prima facie del demandante, es una cuestión a decidir por el jurado.”

En Bankers’ Reserve Life Co. v. Sommers, 242 S. W. 258, la Corte de Apelaciones de Tejas dijo así:

“Con la excepción del pago por adelantado de la prima, el con-trato de seguro quedó perfeccionado; por lo tanto la entrega incon-dicional de la póliza tuvo el efecto de una renuncia del pago por ade-lantado aunque dicha póliza contuviese una disposición expresa al efecto de'que el apelante no sería responsable hasta que la prima hubiese sido realmente pagada en moneda corriente y en virtud de la entrega la póliza vendría a ser obligatoria, asignando al apelado, el beneficiario allí designado, todos los beneficios contratados por el asegurado, continuando tal obligación a pesar de que el apelante, bajo tales condiciones, tenía el derecho de cancelar la póliza de se-guro por no haberse satisfecho la prima.”

Véanse también los siguientes casos: Ginner’s Mut. Underwriters Ass’n. of Texas v. Pickard, 34 S. W. (2) 641; Aetna Life Ins. Co. v. Roewe, 38 F. (2d) 393; Triple Link Mut. Indemnity Ass’n. v. Williams, 26 So. 19; American Employers’ Liability Ins. Co. v. Fordyce, 36 S. W. 1051; y Wright v. New England Mutual Life Ins. Co. of Boston, Mass., 163 S. E. 133. Este último caso cita coa aprobación el párrafo de Corpus Juris anteriormente transcrito en esta opinión.

La compañía aseguradora sostiene que las demandantes han variado la teoría de su caso- en apelación y copia, el siguiente párrafo de la demanda en apoyo de su afirmación:

“Que en el día 15 de diciembre de 1931 y en consideración a la suma efe treinta y dos dólares ($32) satisfechos anticipadamente y pagaderos el día 15 de diciembre de cada año, la Pacific Woodmen Life Association expidió y entregó al fenecido don Francisco O’Neill una póliza de seguro marcada con el número ATE-1079325, por la cual se comprometía la demandada a entregar a las beneficiarías aquí comparecientes la cantidad de dos mil dólares ($2,000) al recibir pruebas satisfactorias de haber fallecido el asegurado don Francisco O’Neill.”

Las apelantes se defienden alegando que de acuerdo con la exposición del caso, los Lechos en controversia versaban sobre si se babía pagado o no la prima del seguro, o si estaba o no en vigor el contrato de seguro al ocurrir la muerte del asegurado.

En las páginas 3 y 4 de la exposición del caso se dice lo siguiente:

“. . . a las nueve de la mañana, comparecieron ambos litigan-tes, las demandantes representadas por su abogado Sr. Arturo O ’Neill y la demandada por el suyo, Lie. Rafael Castro Fernández, quienes manifestaron estar listos para proceder a la celebración del juicio.
“El abogado de las demandantes, a los fines de familiarizar a la Honorable Corte con las alegaciones de la demanda, procedió a la lectura de la misma, habiendo actuado de idéntica manera el abogado de la demandada respecto a la contestación.
“Luego de leídas esas alegaciones manifestó el abogado de las demandantes que los hechos en controversia eran, por tanto, los re-ferentes a si se había pagado la prima del seguro y a si estaba o no en vigor el contrato ■ de seguro al ocurrir la muerte del asegurado; manifestación a la cual asintió la representación legal de la deman-dada. ’ ’

También citan las demandantes la alegación cuarta de la demanda, donde se dice que don Francisco O’Neill falleció en 16 de noviembre de 1932, mientras estaba vigente el con-trato de seguro. Arguye la demandada que si se babía pagado anticipadamente como se alega en la demanda la prima anual completa de $32, es una consecuencia inevitable la vigencia de la póliza. Tiene razón la parte demandada; pero también es cierto que las demandantes no necesitaban alegar en el becho cuarto de la demanda que la póliza estaba vigente una vez satisfecho el importe de la prima anual.

La demanda establece el pago en una alegación y, en seguida, en párrafo separado, la vigencia de la póliza en la fecha en que murió el asegurado. Estas alegaciones, inter-pretadas liberalmente, deben subsistir. La una no es incompatible con la otra. Si el asegurado satisfizo la primera prima, es claro que la póliza estaba en vigor al ocurrir su muerte. Si no la satisfizo y se entregó la póliza al asegurado, también se establece, en ausencia de prueba en contrario, un caso prima facie a favor de las beneficiarías.

Salvo la admisión de la compañía aseguradora de que el Sr. Francisco O’Neill entregó al agente de ella en esta isla la suma de $16, las demandantes no han probado que se hubiese satisfecho el balance del importe de la primera prima; pero se ha probado la entrega de la póliza al ase-gurado y precisamente en este hecho hacen hincapié las beneficiarías para sostener que hubo abandono o renuncia del pago anticipado de la primera prima y que por tanto el con-trato estaba vigente en la fecha en que murió el asegurado.

Entendemos que 'debe revocarse, la sentencia 'apelada y devolverse el oaso a la corte inferior para “ulteriores procedi-mientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado- Señor C-órdova Dávila

text:
    Carmelo Carrillo Rodríguez, demandante y apelante, v. Justina Santiago Martínez, demandada y apelada.
    Núm. 7253.

    Sometido: Mayo 5, 1937.

      Resuelto: Mayo 21, 1937.

      B. Hernández Matos, abogado del apelante; M. Bahamonde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado- Señor C-órdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Carmelo Carrillo Rodríguez inició demanda de divorcio contra su esposa Justina Santiago. Decretada la rebeldía de la demandada y celebrado el juicio, la corte, después de prac-ticada la prueba, decretó en 7 de junio de 1935, la disolución del vínculo matrimonial, ordenando que cuatro bijos menores de edad habidos en el matrimonio quedaran bajo la custodia y patria potestad de su padre el demandante. El menor de dichos hijos tiene cinco años de edad.

En 11 de julio de 1935, el demandante solicitó mediante moción que se adjudicasen a su favor la casa y solar ocu-pados por el demandante y sus hijos en concepto de hogar seguro. Alegó el demandante en el pleito de divorcio que adquirió dicha casa y solar con el esfuerzo de su trabajo y que desde su adquisición ha estado habitando materialmente y viviendo la referida casa en unión de sus cuatro hijos, a quienes atiende, alimenta y educa, y quienes han vivido siempre en su compañía. Añade que su antigua esposa vivió en dicha casa hasta el día en que la abandonó dando motivo al pleito, de divorcio.

. La corte inferior declaró que la casa con su solar, cuyo ■valor no excede de $500, constituye el hogar seguro del deman-dante y cabeza de familia Carmelo Carrillo Rodríguez, a quien adjudicó la propiedad. La demandada solicitó la recon-sideración de este pronunciamiento del tribunal <a quo, por entender que no se ponían a salvo sus derechos dominicales sobre la mitad proindivisa del inmueble referido pertene-ciente a la sociedad de gananciales.

El tribunal inferior, reconsiderando su resolución, decretó lo siguiente:

“Que el solar y casa que se describirán más adelante constituyen el hogar seguro del demandante y cabeza de familia Carmelo Carrillo Rodríguez, quien tiene bajo su patria potestad y custodia a los cua-tro hijos menores de edad1 habidos en su matrimonio, con la deman-dada Justina Santiago Martínez, nombrados Irma, Félix Juan, Carmelo y Elva; resolviéndose y decretándose además que la disposi-ción del hogar seguro hecha a favor del demandante estará en vigor hasta que todos los referidos menores hijos hayan arribado a su mayor edad; disponiéndose especialmente que la presente resolución no perjudicará los derechos de dominio que puedan tener la deman-dada y ’bl demandante sobre la referida propiedad por título de bienes gananciales, los cuales derechos podrán hacerse efectivos euanclo todos los cuatro hijos habidos en el matrimonio hayan arri-bado a su mayor edad.”

No conforme el demandante con este último pronuncia-miento de la corte inferior, promovió el presente recurso de apelación alegando que el referido tribunal erró al resolver y decretar que la disposición del hogar seguro a favor del demandante se limitaba hasta que los menores hijos hubiesen arribado a su mayoría de edad, en cuya fecha podría la de-mandada hacer efectivos sus derechos dominicales sobre dicha propiedad.

Esta corte ha declarado que las disposiciones sobre hogar seguro no crean un nuevo título de dominio o equita-tivo en el terreno. Tampoco fortalecen ni ensanchan el título ya existente. Es el uso de la propiedad y no el título lo que cambia. Manescau v. Usera, 46 D.P.R. 136, 143; Federal Land Bank v. Corte Municipal, 47 D.P.R. 942.

La propiedad considerada como hogar seguro, adquirida durante el matrimonio, se rige por las reglas establecidas para la sociedad de gananciales. En esa propiedad tiene 1a. esposa divorciada un condominio sobre la mitad proindivisa que debe ser protegido, sin menoscabo de los derechos de hogar seguro que amparan al jefe de familia, que obtuvo el divorcio y la custodia de los niños.

La Corte Suprema de Illinois, en el caso de Maher v. Goff, 147 N. E. 427, dice así:

‘ ‘ Cuando Golf abandonó a su esposa, ella le sucedió en los dere-' cbos al homestead como jefe de la familia, según se dispone por el artículo 2o de la ley de exención. (Citas.) El artículo 5o de dicha ley autoriza a la corte a disponer del hogar seguro de acuerdo con las equidades del caso. Cuando una esposa obtiene el divorcio y la custodia de los niños, se convierte en jefe de la familia y el derecho de hogar seguro pasa a ella. Bonnell v. Smith, 53 Ill. 375.”

En Puerto Rico, como en Illinois, de acuerdo con la ley aprobada en 12 de marzo de 1903, “en caso de divorcio el tribunal que lo conceda podrá disponer del hogar seguro según la equidad del caso.” Es lo que ha hecho la corte de distrito: ajustarse a los principios de equidad para asegurar a la esposa la mitad proindivisa de la casa poseída como hogar seguro y proteger a los hijos del demandante hasta que lleguen a la mayoría de edad.

A nuestro juicio el demandante, como jefe de familia con cuatro hijos menores de edad a quienes educa y mantiene, .tiene derecho al hogar seguro -mientras conserve sus caracte-rísticas, sin perjuicio de que cuando las pierda, cuando esa propiedad deje de constituir el hogar seguro del jefe de familia con sus hijos, la esposa pueda reclamar la mitad proindivisa de la propiedad.

Entendemos qne debe modificarse la resolución •apelada adjudicando el hogar seguro a Carmelo Carrillo, padre de los referidos menores, sin perjuicio de que la esposa divorciada pueda reclamar la mitad de dicha propiedad cuando los hijos hayan llegado a la mayoridad o cuando por cualquier otra causa autorizada por la ley, la referida propiedad deje de constituir el hogar seguro del demandante y sus hijos, y así modificada confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisou

text:
    Juana Estela, como madre con patria potestad sobre su menor hijo Esteban Camilo Estela, demandante y apelante, v. Sucesión de Benito Medraño, compuesta de su universal heredero Benito Medraño, demandada y apelada.
    Núm. 6874.

    Sometido: Mayo 7, 1936.

      Resuelto: Mayo 21, 1937.

      V. M. Fernández, abogado de la apelante; Arturo O’Neill, abogado de la apelada.

      Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchisou

emitió la opinión del tribunal.

El presente es na pleito de filiación basado en los incisos 2 y 3 del artículo 125 del Código Civil (edición de 1930). Según enfocamos el caso, la suficiencia de la prueba relativa al supuesto concubinato durante el embarazo de la madre es la única cuestión que necesita ser considerada. El juez de distrito, fundándose en cierto dictum o en ciertos dicta en la- opinión disidente emitida en el caso de Colón v. Sucesión Tristani, 44 D.P.R. 171, resolvió que la prueba no babía establecido el concubinato, toda vez que el padre putativo, aunque pasaba la mayor parte de sus momentos de ocio junto a su querida, tenía su bogar o guardaba las apariencias de una morada distinta, en la casa de un hijo casado, por razones que se coligen de la prueba.

Este tribunal nunca ba dicho que el concubinato no puede coexistir con la tenencia de una morada separada o de una morada separada ostensible donde el amante guarda su ropa y su cama, toma la mayor parte de sus comidas, y donde, al estar enfermo, recibe a sus amigos. Por el contrario, en el caso de Méndez v. Martinez, 24 D.P.R. 241, 253, dijimos (bastardillas nuestras):

“El artículo 452 del Código Penal que antes regía en Puerto Eico castiga al marido que tuviera una manceba dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo. Estas citas por sí indican que no es un elemento necesario de un estado de concubinato que él hombre tenga que tener una residencia más o menos exclusiva con la mujer. No creemos que es necesario para que exista un estado de concubinato que el hombre no deba tener otra residencia que la de la mujer. Como dijo la Corte Suprema de Louisiana, semejante condición no es indispensable en un estado de matrimonio ni lo era para un estado de concubinato. Succession of Jahraus, infra. La Enciclopedia Jurídica Española tiene un corto artículo sobre el con-cubinato en donde se dice que para que constituya concubinato la unión que existe entre un hombre y una mujer debe ser duradera, continua y persistente.
“Louisiana, que también indirectamente hereda su ley de Eoma, tenía también un precepto legal semejante al artículo 452 del Código Penal para España y Cuba, según el cual es un delito por parte del marido tener una concubina en la casa conyugal, o en algún otro sitio, notoria y públicamente. El estatuto ba sido citado en el caso de Ledoux v. Her Husband, 10 La. Ann. 663.
“El artículo 1481 del Código Civil de Louisiana dispone que aquellos que han vivido juntos en notorio concubinato son incapaces para hacerse donaciones de bienes inmuebles.
“En el caso de Sucesión de Jahraus, 114 La. 456, un hombre casado sostenía a una mujer secretamente y la corte, por tanto, resolvió que el artículo 1481 no era de aplicación, pero1 en el curso de la opinión la corte se expresó en estos términos:
“ 'El demandado niega que jamás han existido relaciones ilícitas entre él y la testadora, y que en caso de que la corte resuelva que tales relaciones realmente existieron, él niega que fueran de la natu-raleza que se les atribuye, o, en otras palabras, que constituyeran el hecho de “vivir juntos en notorio concubinato,” de donde resulta la incapacidad que determina el artículo 1481.
“ ‘Los ilustrados abogados del demandado fundan el argumento en las palabras “haber vivido juntos.” Palabras que dicen deben ser tomadas en su sentido ordinario en la interpretación de un estatuto; y el sentido corriente de las palabras “haber vivido juntos” es “haber morado o residido juntos”; y por tanto los concubinos deben haber vivido juntos en el sentido de haber morado o residido juntos para que pueda ser aplicable a ellos el artículo 1481.
“ ‘No podemos adoptar esa interpretación. El residir juntos con frencuencia acompaña al concubinato, pero no es una característica esencial. Puede haber concubinato, un concubinato publico a la vez, o sin eso, lo mismo que puede haber matrimonio sin ello. Es cosa que acompaña de modo invariable al matrimonio pero que no es esencial; su falta no, anularía el matrimonio. No creemos que deba decirse que la ley no tendrá en cuenta un concubinato en tanto se abstengan los concubinos de vivir realmente juntos. El objeto de la ley es la relación permanente de vivir juntos como hombre y mujer sin ser casados, y si esa relación se sostiene públicamente queda cumplida la condición del artículo 1481, aunque las partes no vivan juntas. Según la interpretación alegada un hombre podría poner una casa a una mujer, visitarla allí regularmente, crear una familia con ella, pagar sus cuentas, educar a sus hijos y de palabra o por su conducta, o en ambas formas, dar a conocer sus relaciones ilícitas con. ella y, sin embargo, no estar comprendido el caso dentro de las prescripciones del artículo 1481, en tanto residiera en otra- parte. Repetimos qne no creemos qne sería procedente dar esa interpreta-ción al artículo 1481.’
“En el caso de Succession of Filheil, 119 La. 998, la corte dife-renció el caso de Jahraus con respecto a lo que constituirá una rela-ción secreta entre las partes y declaró que existía un estado'de con-cubinato entre ellas cuando los hechos, dejando a un lado la cuestión de ser notoriamente conocidos, eran, muy parecidos a los del presente caso. El razonamiento de la corte en el caso de Jahraus que hemos citado, fué aceptado.
“En el caso Jahraus, supra, página 49, se cita una autoridad francesa que define el concubinato en un sentido parecido a como se define en dicho caso. En vista de los antecedentes de Puerto Rico y la ley que hemos podido hallar en las jurisdicciones que tienen condiciones parecidas a las de Puerto Rico, no vacilamos en llegar a la conclusión de que cuando un hombre sostiene una casa separada para una mujer por un período de años y va a visitarla, permaneciendo con ella por tres o cuatro días a la vez, semeja/nte' rela-ción constituye un estado de concubinato.”

De la opinión emitida en el caso de Medina v. Sucesión de Bird, 30 D.P.R. 158, 160, tomamos el siguiente extraeto (bastardillas nuestras):

“La corte inferior declaró probado que no hubo prueba de con-cubinato y con esta declaración de la corte estamos en completo acuerdo. Hubo cierta prueba, principalmente de la propia deman-dante, de haber tenido ella relaciones carnales con Jesús Bird Arias a la fecha de la concepción del niño Agustín Medina, pero no hubo prueba satisfactoria de que este hombre y esta mujer vivían juntos en forma marital alguna, o como marido y mujer. El concubinato a qne alude el Código Civil se refiere a la condición de vivir juntos lo mismo que marido y mujer sin estar realmente casados. No es suficiente que un hombre coloque a una mujer en una casa y fre-cuentemente la visite, especialmente si él tiene un hogar propio independiente como la prueba tiende a mostrar.”

En el caso de Sucesión de Bird este tribunal tenía ante sí un caso en que la corte de distrito resolvió que no había concubinato. Este tribunal estuvo plenamente de acuerdo con la conclusión de la corte de distrito. La referencia que incidentalmente se hizo al lieolio de que el padre putativo en el caso de Sucesión de Bird tenía “un Rogar propio indepen-diente” servía evidentemente de contrapeso como circuns-tancia adicional en un caso en que la sentencia apelada Rubiera sido confirmada aún si el padre putativo no Rubiera tenido “un Rogar propio independiente”. La referencia así RecRa difícilmente puede ser considerada como una repudia-ción del ratio <decidem>di del caso de Méndez v. Martínez, supra.

La parte pertinente de lo que resolvimos en Gerena v. Suau, 36 D.P.R. 170, se sintetiza en el sumario en la siguiente forma:

‘ ‘ Cuando la prueba no tiende a demostrar que las relaciones entre el padre putativo eon la madre del supuesto Rijo o Rija natural fuera similar o muy cercana al estado marital sino a aquélla en que un Rombre mantiene una querida (mistress) no cabe sostener el reconocimiento obligatorio, de un hijo tenido por la mujer contem-poráneamente con tal relación, fundado tal reconocimiento en que los padres vivían en estado de concubinato.”

En diclio caso la demandante comparecía representada por su tutor debido a que su madre, Dolores González, “tenía intereses opuestos a su citada hija.” La corte dijo (pág. 174, bastardillas nuestras):

“. . . Los hechos del caso de Méndez v. Martinez, supra, eran mucho más fuertes. En dicho caso el padre putativo vivía práctica-mente en vida marital con la madre de los supuestos hijos naturales. En el presente caso, aceptando como ciertas todas las declaraciones de los testigos del demandante, la prueba no demuestra nada seme-jante a un estado de vida marital. Hubo prueba tendiente a demos-trar que Bartolo Suau pagaba el alquiler de la habitación ocupada por Dolores González; que la visitaba con mucha frecuencia, saliendo de la casa tarde en la noche o temprano en la madrugada, es decir, de 2 a 3 de la mañana. No hubo prueba de que él se quedara con ella toda una noche. No hubo prueba de que él comiera con ella. No hubo prueba de esa clase de vida en que un hombre y una mujer constituyen un hogar juntos sin haber sido unidos solemnemente por los lazos del matrimonio, y no hubo nada que se acercara siquiera a tal estado de cosas. Se admitió y reconoció por la corte que aunque Bartolo Suau no tenía lo que puede llamarse un hogar, sin embargo, dormía en su propio establecimiento y comía con su h&rmano.
“La idea de un estado de concubinato, según indicamos en el caso de Medina y. Sucesión de Bird, et al., 30 D.P.R. 158, es una relación similar o muy cerca/na al estado marital. Tal vez podría ser un poco menos que el estado marital y■ estaríamos dispuestos a reconocer un concubinato, pero un estado de concubinato debe diferenciarse de una relación en que un hombre meramente mantiene una querida (mistress). Es cierto que Bartolo Suau pasaba muchas boras con Dolores González, pero no hallamos nada en la prueba que eleve la relación sostenida por Bartolo Suau con Dolores González a un estado de concubinato. Aunque uno o dos testigos llegan a tal conclusión, los autos no demuestran nada parecido a que era de conocimiento público un estado de concubinato entre estas dos personas.
“También hay la declaración de Bartolo Suau, a la que nos refe-riremos más tarde, en la cual él niega enfáticamente haber vivido en un estado de concubinato con nadie y su negativa está sostenida por las declaraciones de otras personas.”

En su opinión la corte también comenta luego el hecho de que Dolores González no había ocupado la silla de los testigos, y manifestó que no se había explicado por qué no se la había puesto a declarar.

Al igual que en el caso de Sucesión de Bird la corte con-sideraba la existencia de una residencia separada meramente como circunstancia que tenía que ver con la cuestión de concubinato vel now, al igual que hubiera considerado cualquier otra circunstancia que hubiera podido ser de importancia en relación con dicho punto. El caso no sirve de autoridad para la contención de que el tener una residencia separada es incompatible con la existencia de un estado de concubinato. Si pudiera considerarse como autoridad para tal contención entonces, hasta ese extremo, debe resolverse que ha sido revocada por el caso de Góñez v. Palmieri, 50 D.P.R. 457.

En el presente caso la corte de distrito llegó a la conclusión de que Juana Estela era la querida pero no la concubina-de Benito Medraño. Por tanto, no es necesario que reseñemos en detalle el testimonio para establecer la relación de amante y querida. Creemos qne la prueba también establece un estado de concubinato aún bajo el criterio con-servador sostenido por una escasa mayoría de este tribunal, conforme el mismo estaba constituido en la época en que se resolvió el caso de Gerena, v. Suau. Si estamos en lo cierto al decir esto, no es menester que discutamos las distinciones sutiles existentes entre una mujer bien tenida por un amante y una concubina. No importa cuál sea la diferencia, en caso de que la baya, la palabra “concubinato” tal cual ba sido usada por nuestra Asamblea Legislativa en el inciso tercero del artículo 125 del Código Civil, no es necesariamente sinó-nima del “concubmatus” del derecho romano.

• No es necesario que un hombre y su querida se bagan pasar ante el público como marido y mujer para que se esta-blezca un concubinato. Tampoco es necesario que las rela-ciones sean notorias. El único requisito de la ley es que “la madre sea conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo.” En caso de la muerte del padre, dentro de un mes o dos del nacimiento del niño, basta con que la madre haya sido cono-cida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y basta el momento de su muerte. Estela v. Sucesión Medraño, 44 D.P.R. 149, 151.

Este no es el caso de un hombre que alquila una habita-ción para una mujer, paga sus gastos’ y la visita con más o menos frecuencia con el objeto de tener relaciones sexuales, más bien que sociales. No podría decirse que “la prueba no demuestra nada semejante a un estado de vida marital” como cuando “un hombre y una mujer constituyen un hogar juntos sin haber sido unidos solemnemente por los lazos del matrimonio.” Medraño no “mantenía meramente una que-rida.” No puede decirse que no hay nada en la prueba “que eleve la relación” sostenida por Medraño y su querida “a un estado de concubinato” si, conforme se admite por la mayoría en el caso de Gerena v. Suau, un estado de concu-binato puede ser “un poco menos que el estado marital.”

Con nn año o dos de anterioridad a la muerte de la esposa de Medraño, ocurrida el 11 de febrero de 1929, Juana Estela visitaba frecuentemente la casa de Medraño, donde era útil a la esposa de éste. Ella no estaba empleada como sirvienta y no recibía remuneración alguna, aunque aceptaba regalos ocasionales de Medraño y su esposa. Fué durante este pe-ríodo que el interés de Medraño en Juana llegó al grado que explica la rapidez con que se desarrolló la situación una vez ocurrida la muerte de la señora Medraño. Medraño era un hombre amante de su hogar, aparentemente devoto de su esposa, y se sentía grandemente apenado por la pérdida de la compañía de ésta. Un hijo, que estaba comprometido para casarse, adelantó la boda con el propósito de tomar una casa en San Juan y de constituir un nuevo hogar para sí y para su padre en un nuevo ambiente. En el ínterin Medraño le dijo a Juana que necesitaba una mujer para que lo cuidara y que deseaba que ella fuera esa mujer. Entonces le explicó la situación al cuñado de Juana, que era donde ésta vivía para aquella época, y el cuñado le dijo a él que tenía que buscarle otro sitio a Juana puesto que él (el cuñado) tenía cinco hijos y no quería darles malos ejemplos. Medraño entonces hizo arreglos con otro cuñado que vivía muy cerca de la casa de Medraño en Santurce, y en febrero 18 Juana se fué a vivir a la casa de este cuñado. Unas tres semanas después Medraño y el cuñado de Juana, a indicaciones de Medraño, tomaron un apartamiento en San Juan, donde todos vivían juntos como una sola familia durante el tiempo que Medraño podía convenientemente pasar en el aparta-miento. Medraño y el cuñado pagaban $35 mensuales por el apartamiento. De esta suma Medraño pagaba $15 y el cuñado $20.

Para aquella misma época el hijo estaba casado y había alquilado una casa en San Juan en la cual Medraño tenía una habitación y por lo menos durante algún tiempo tomó allí sus comidas o la mayor parte de ellas. El estaba sujeto a una dieta que consistía de vegetales, sopas, cereales, ponches de leche y huevos. La suegra del hijo preparaba los alimentos de Medraño, le llamaba para el desayuno por las mañanas y ocupaba nna habitación contigua a la de éste. De ordinario, le oía cuando él regresaba por las noches y declaró que éste tenía por costumbre regresar como de diez a once. En una ocasión al despedirse de Juana le explicó que no deseaba que le echaran de menos en la casa de su hijo. Hubo prueba tendente a demostrar que a medida que el tiempo transcurría él pasaba más y más de sus momentos de ocio junto a Juana y menos de ellos en la casa de su hijo. Este testimonio también tiende a demostrar que durante algún tiempo con anterioridad a su última enfermedad él pasaba prácticamente todo su tiempo, noche y día, fuera de sus horas de trabajo, junto.a Juana y que había hecho que la morada de ésta fuera su hogar, a pesar de que aún tenía su habita-ción y la mayor parte de su ropa en la casa de su hijo. Por razones que ya hemos enunciado, no creemos necesario dar énfasis a este punto.

Medraño era el conserje principal de una institución ban-caria. Su inmediato subalterno, Juan Crespo, era su más íntimo amigo y confidente. Poco después de iniciarse el nuevo mo'dus vmemdi de Medraño, Crespo notó una mejoría en el aspecto mental y personal de Medraño y le dió bromas sobre esto último. Antes de fines de marzo Medraño le dijo a Crespo que tocara a la puerta de la habitación número 45 de la Calle de la Luna. Así lo hizo Crespo y tuvo unos momentos de charla con Juana Estela y su hermana. Luego Medraño traía a Juana al banco durante las noches, donde ella se sentaba y le esperaba hasta que él terminaba su tra-bajo nocturno. En una de estas ocasiones Crespo bromeó a Medraño sobre la perspectiva de la llegada de un nuevo here-dero, y Medraño le contestó que pronto tendría que empezar una nueva cuenta de ahorros. En junio o julio la señora Crespo obsequió a su esposo con un hijo y Medraño y Juana Estela visitaron el hogar de éstos. Medraño también utili-zaba a Crespo como mensajero en ocasiones en que le man-daba frutas y otros objetos a Juana Estela. Cuando el banco envió a Medraño al hospital, Medraño le pidió a Crespo que entregara a Juana $6 a la semana mientras permanecía en el hospital y Crespo le hizo la primera entrega precisa-mente el día en que murió Medraño. Esto fué unos dos meses antes del nacimiento del niño.

Hasta el momento, de su última enfermedad Medraño se tomó mucho interés en el hecho de que nuevamente iba a ser padre. Cuando Juana quedó en cinta y tuvo un dolor en el vientre, él la hizo examinar por el médico de la familia. Si la criatura resultaba ser varón su nombre sería Camilo. Si resultaba ser hembra sería Remedios. Antes de su última enfermedad Medraño había suministrado a Juana algunas de las cosas necesarias para su alumbramiento. Él no la trataba con tacañería. Él no hacía alarde de sus nuevas relaciones en presencia de los familiares de su finada esposa ni de sus amigos, ni en presencia de su hijo, de su nuera, ni de la suegra de éste, pero la prueba en su totalidad no deja lugar a dudas en nuestras mentes de que él y Juana Estela vivían en un estado de concubinato.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar este Tribunal adietará otra declarando a Esteban Camilo Estela hijo natural de Bmito Medraño con derecho a llevar el ape-llido de su padre y con todos los demás derechos que la ley pueda conferirle por ra&ón de su staüos como tal hijo natural, sin especial pronunciamiento■ de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    G. Llinás & Cía., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 993.

    Sometido: Abril 19, 1937.

      Resuelto: Mayo 25, 1937.

      L. López de Victoria, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En escritura otorgada el 11 de junio de 1934, los esposos Ramón Rodríguez y Elisa Barrero Morales, confesaron adeudar a G-. Llinás & Cía. la suma de $2,412.38 como resul-tado de la liquidación de las cuentas corrientes existentes entre las partes, provenientes de la refacción de cierta par-cela de terreno. Para garantizar esta obligación en la misma escritura y sobre la misma propiedad, los deudores otorgaron una hipoteca. La cláusula novena de la escritura contenía la siguiente disposición:

“Los esposos don Ramón Rodríguez Cruz y doña Elisa Barrero Morales hacen formal y expresa renuncia de todo derecho de Homestead (Hogar Seguro) que al presente tengan o al futuro adquieran sobre el inmueble hipotecado, a favor de la acreedora, sus sucesores o cesionarios en su caso, mientras esté vigente este gravamen.”

Al presentársele la escritura para su- inscripción, el regis-trador de la propiedad hizo el siguiente asiento:

“Inscrita la hipoteca que comprende el anterior documento, al folio 121 del tomo 38 de Maricao, finca número 1061, inscripción sexta, limitado dicho derecho a la cabida que le resulta a la finca a virtud de la mensura de que fué objeto para los fines de hipotecarse al Banco Federal, ascendente dicha cabida a 76.979 cuerdas, dene-gándose por tanto la inscripción en cuanto al exceso de 7.021 cuerdas resultante, tomándose en su lugar anotación preventiva por 120 días a favor de la acreedora. Se tomó anotación preventiva por igual término, en cuanto a la cláusula novena de dicha escritura, relativa a la renuncia del Homestead que hacen los deudores, que también fué objeto de denegación, por ser irrenunciable dicho derecho actual-mente de acuerdo con la Ley. La finca soporta una hipoteca anterior a-favor del Federal Land Bank of Baltimore, otra a favor de los Estados Unidos de América, y un embargo a favor de ‘G. Llinás y Compañía’. — San Germán, marzo 25, 1937.”

La sección 3 de la Ley de Hogar Seguro de marzo 12, 1903, disponía:

“Que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa, si él o ella lo tuviere, o a menos que se obtuviere o abandonare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso, o sin la orden de la corte de distrito disponiendo el traspaso del título de la propiedad, siempre que la exención se baga extensiva a un hijo o hijos.”

El -registrador admite que si se hubiera presentado la escritura al momento de otorgarse, o sea el 11 de junio de 1934, no hubiera surgido cuestión alguna, mas sostiene que a tenor del artículo 146 de la Ley Hipotecaria, no existía hipo-teca alguna hasta que se inscribiera la escritura; que toda vez que la hipoteca sólo empezó a regir a partir del 16 de marzo de 1937, la supuesta tentativa de renunciar el derecho de hogar seguro, se rige por la Ley de "Hogar Seguro de 1936 (Ley núm. 87 de ese año, pág. 461), cuya parte perti-nente lee:

“Sección 1. — . ...... Este derecho de homestead es irrenunciable; y cualquier pacto en contrario se declara nulo.”

El artículo 1758 del Código Civil dispone:

“Son requisitos esenciales de los contratos de prenda e hipoteca:
“1. — Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal.
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La obligación principal existente entre las partes lo era la deuda que ellos trataban de garantizar con hipoteca, y se convino al momento de otorgar la escritura que los deudores renunciarían a cualquier derecho de hogar'seguro. • La exis-tencia de este convenio no dependía de que se inscribiera la escritura en que se constituía la hipoteca. El pacto en que se renunciaba el derecho fue anterior a la inscripción o a la ley de 1936.

En realidad, conforme nos parece debió haber hecho, el registrador inscribió la hipoteca. En una escritura hay nu-merosos convenios, como los .que se refieren al otorgamiento de una hipoteca, que sólo tienen efecto cuando se hace la inscripción. Sin embargo, lógicamente, la mayoría de los pactos precede a la imposición del gravamen sobre la pro-piedad.

Dehe revocarse la nota recurrida y hacerse la inscripción.


author: El Juez Asociado Señoe Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Ayala Molina, acusado y apelante.
    Núm. 6519.

    Sometido: Abril 20, 1937.

      Resuelto: Mayo 25, 1937.

      Amador Ramírez Silva, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Ayala Molina fué convicto del delito de mutilación cometido en la persona de Ramón Irizarry Martínez, por haberle inutilizado el brazo izquierdo a éste. El acusado apeló de la sentencia así como de la resolución que declaró sin lugar una moción de nuevo juicio.

El Doctor Lassise declaraba sobre la naturaleza de la herida y durante el examen del testigo, Ramón Irizarry Martínez fué presentado al jurado y exhibida la herida. Se tomó excepción a esta presentación y se señaló error. Convenimos con el apelado en que este ápice de evidencia demostrativa caía muy bien dentro del desarrollo normal del caso' de El Pueblo. Tan sólo cuando semejante prueba se ofrece innecesariamente con el objeto de impresionar al jurado es. que la corte debe vacilar en tolerarla. La herida en sí, su situación y naturaleza eran apropiadas para la consideración del jurado. El caso de El Pueblo v. Quintana, 50 D.P.R. 63, citado por el apelante no le favorece. La corte en el presente caso tuvo cuidado en advertir al jurado que no debía dejarse impresionar meramente por las heridas y que el jurado solamente debía considerarlas en relación con la explicación técnica y anatómica del doctor. Wigmore, sección 1152, et se.g.

El segundo señalamiento se refiere a la negativa de la corte a admitir prueba tendente a impugnar la veracidad del perjudicado. El testimonio excluido se refería a manifestaciones hechas por él que resultaban inconsistentes con su declaración ante la corte. No se sentó base mediante el examen del perjudicado respecto a las supuestas manifestaciones inconsistentes, conforme exige el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal (1902), y no hallamos que. se cometiera error. El apelante admite esto, pero trata de sostener que las manifestaciones del perjudicado participaban ele la naturaleza de una confesión o admisión. Confesiones y admisiones proceden de nn acusado y no de un perjudicado. Por tanto, la única objeción posible era la que hemos discutido.

Resolvemos que no hubo error al admitir, como prueba de refutación, el almanaque de Bristol que es localmente bien conocido. .El apelante admite que puede acudirse a libros y obras científicas bien conocidos, y el almanaque de Bristol es suficiente para probar las fases de la luna, como en el presente caso. La corte puede tomar conocimiento judicial de las fases de la luna. Underhill Criminal Evidence, sección 54, pág. 64. Incumbía al apelante demostrar que este hecho científico era distinto.

El cuarto señalamiento se refiere a la apreciación de la prueba hecha por la corte inferior. Pué el jurado el que aquilató la prueba en este caso y el error no ha sido bien señalado. Hubo suficiente prueba en que basar un veredicto.

Convenimos con el apelado en que ño hubo error en las instrucciones y en que no se hicieron objeciones específicas.

La moción de nuevo juicio fue debidamente declarada sin lugar a discreción de la corte, toda vez que ella no com-prendía ningún error hasta ahora no discutido.

La sentencia y resolución apeladas deben ser confirmadas.


text:
    Aida Heyliger, asistida de su esposo César Heyliger, demandante y apelante, v. Bernabé Feliciano, demandado y apelado.
    Núm. 7056.

    Sometido: Noviembre 20, 1936.

      Resuelto: Mayo 25, 1937.

      Enrique Báes García, abogado de la apelante; R. Rivera Zayas, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Aida Heyliger instó demanda contra Bernabé Feliciano fundada en que éste había herido maliciosamente las ubres de algunas de las yacas de ella, impidiendo así que tales yacas fuesen utilizadas para una lechería de que la deman-dante era propietaria. Para nuestros fines, podría decirse, que el demandado, aunque no ocupó la silla de los testigos, se basó en que la demandante había dejado de probar su caso.

La Corte de Distrito de Mayagüez revisó la prueba y dijo que no creía el testimonio de Telesforo Desjardines, único testigo que prestó declaración tendente a probar la responsabilidad del demandado. El testimonio de los otros testigos de la demandante careció de importancia. La corte dictó sentencia en su contra.

En apelación, la demandante, aunque reconoce el- hecho de que este tribunal de ordinario no se pronuncia en contra de la conclusión de la corte inferior en lo que a la veracidad de determinado testigo se refiere, no obstante insiste en que la corte debió haber creído la declaración de Telesforo Des-jardines y da también algún énfasis al hecho de que el de-mandado, que se hallaba presente en la sala de la corte, no ocupó la silla de los testigos. Hallamos que la corte inferior estuvo justificada al no creer la prueba de la demandante.

La presunción en que se basa la apelante aparece en la Ley de Evidencia así (Código de Enjuiciamiento Civil, ar-tículo 464, ed. de 1933):

"Todas las demás presunciones serán satisfactorias, si no fueren contradichas. Se denominan presunciones disputables y pueden con-trovertirse mediante otra evidencia. Corresponden a esta clase las siguientes:
"5. — Que toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere.”

Aunque existen casos que sostienen el criterio de que el hedió de que el demandado deje de ocupar la silla de los testigos no levanta ninguna inferencia en su contra, no obstante, dando peso al anterior precepto de nuestra Ley de Evidencia, el juez sentenciador en el presente caso aquilató la prueba de la demandante y tuvo derecho a dictar sentencia en su contra a pesar del silencio del demandado. Esta cuestión ha sido discutida en el caso de Fajardo et al. v. Tió, 17 D.P.R 244 y en Wigmore on Evidence, Vol. 1, sección 290, pág. 597, nota 12.

El demandado levantó la cuestión del derecho de la deman-dante, mujer casada, a instruir el presente litigio a nombre propio, mas dada la conclusión a que hemos llegado, creemos innecesario considerar si la demandante tenía una causa de acción separada o si las palabras “asistida de su esposo” harían que este litigio fuera de naturaleza ganancial.

La sentencia ’apelalda 'debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.