text:
    Cecilia (Cécile) y María Rufina (Marie-Ruffine) Piacentini, demandantes y apeladas, v. Hon. R. Sancho Bonet, sustituído por Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8255.

    Sometido: Junio 10, 1941.

      Resuelto: Enero 23, 1942.

      Son. Procurador General George A. Malcolm j M. Rodríguez Ramos,. Procurador General Auxiliar, .abogados del apelante; José A. Poventud, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tri- - bunal.

Don Andrés Emanuelli Costa falleció en Adjuntas, Puerto Rico, el día 2 de julio de 1934, bajo testamento por el cual instituyó como única heredera, en pleno dominio, a su her-mana doña María Angela Emanuelli viuda de Antoni, ciu-dadana de y domiciliada y residente en Francia, quien a su vez falleció en noviembre 15, 1939, dejando por sus únicas herederas a sus dos sobrinas, las aquí demandantes, quienes lian sido siempre ciudadanas de y residentes en Francia.

Los bienes dejados por el Sr. Emanuelli a su hermana, y por ésta a las demandantes, ascendían a un total de $65,041, y pueden dividirse en cinco grupos, a saber:

1. Dinero efectivo en un Banco en New York_ $6, 258. 80

2. Dinero efectivo en un Banco en Puerto Rico_ 1, 273.13

3. Bonos y acciones de Gobiernos y compañías extranje-ras, depositados en el National City Bank en New York, BE. Uü. de A- 27,287.35

4. Capital comanditario en la Sociedad A. Emanuelli & Co., S. en C., con valor nominal de $20,499.39 y valor real no mayor de_!_ 10, 000. 00

5. Acciones, pagarés, saldo de cuenta corriente, crédito hipotecario y efectos situados en Ponce_ 20, 221. 72

$65, 041. 00

En enero 18 de 1936 las demandantes notificaron al Teso-rero la defunción de ambos causantes y aleg’aron, en cuanto a la herencia de doña María Angela Emanuelli, que la tota-lidad de dicha herencia no estaba sujeta a la contribución insular de herencia: (a) porque la causante nunca residió en Puerto Rico y fue siempre ciudadana de y residente y domiciliada en Francia, en donde falleció; y (b) porque siendo intangibles los bienes hereditarios — con excepción de $3.37 en efectivo y un reloj y leontina valorados en $20, los que están dentro de la excepción legal de $200 — no sólo no han sido gravados por la Asamblea Legislativa, al ser trans-mitidos en pleno dominio por un extranjero no residente a sus herederos, si que tampoco hubieran podido serlo cons-titucionalmente, ya que su situs para fines contributivos no se encontraba en Puerto Rico y sí- en Francia, ■ donde tenía su domicilio la testadora.

En enero 30, 1936, el Tesorero notificó a las demandantes informándoles que les había concedido ‘ ‘ aquella exención que la ley determina, o sea la referente a propiedad mueble intangible que tenía su situs en la residencia de la cansante ’ ’; que las participaciones hereditarias sujetas a tributación habían sido valoradas, en $41,953.04, o sea $20,976.52 para cada here-dera; y que le había impuesto a cada una de ellas una con-tribución de $1,314.90, o sea un total de $2,629.80.

Llevado el caso ante la Junta de Revisión e Igualamiento, en apelación contra la decisión del Tesorero, dicha junta resolvió excluir de la valoración hecha por el Tesorero la suma de $6,258.80 que la testatora dejó en efectivo en poder del National City Bank of New York, en la ciudad de New York, “por ser propiedad mueble situada fuera de Puerto Rico, y pertenecer a un no residente de Puerto Rico.” La valoración quedó así reducida a $35,694.24; y tomando esa suma como base, el Tesorero impuso a cada una de las demandantes una contribución de $1,033.25, o sea un total de $2,066.50, suma que las demandantes pagaron bajo pro-testa, juntamente con la de $268.65 por intereses devengados hasta la fecha del pago. Para recobrar la suma total de $2,335.15 pagada bajo protesta, más los intereses legales, costas y honorarios, las demandantes radicaron demanda ante la Corte de Distrito de Ponce.

Contestó el demandado neg’ando que el capital coman-ditario en la Sociedad A. Emanuelli & Cía.’, S. en C., tuviera un valor real de $10,000 y alegando en contrario que el valor real de dicho capital asciende a $20,499.39. Negó, además, que los bienes sobre los cuales se reclamó exención fueran intangibles o que tuvieran su situs en Francia, y alegó en contrario que los bienes sobre los cuales se cobró la contri-bución de herencia, su situación y su valor son como sigue:

1. Dos depósitos bancarios en Ponce, Puerto Rico, que en junto importan- $1, 269. 76

2. Capital comanditario en la sociedad A. Emanuelli & Co., S. en C., tasado por el Tesorero en- 20, 499. 39

3. Saldo en cuenta corriente en la propia sociedad co-manditaria por- 8, 901. 72

4. Crédito garantizado hipotecariamente, cuyo principal asciende a- 5, 000. 00

5. Joyas ($20) y efectivo en caja ($3.37), que monta todo a_ 23. 37

$35, 694. 24

Alega además el demandado que todos los bienes arriba descritos son tangibles; que el situs de dichos bienes se encuentra en Puerto Eico y no en Francia; y que dichos bie-nes están sujetos a contribución de herencia de acuerdo con las leyes vigentes y especialmente la núm. 99 de 29 de agosto de 1925 (Leyes de 1925, pág. 791), estando dichas leyes en armonía con los preceptos de la Constitución Federal y de la Ley Orgánica de Puerto Eico.

En marzo 28,1939, la corte inferior dictó sentencia a favor de las demandantes, ordenando la devolución de la suma reclamada con intereses al 6 por ciento anual desde junio 12, 1936, hasta su completo pago, sin costas y sin honorarios de abogado. No conforme con dicha sentencia, el Tesorero apeló, y para sostener su recurso alega que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción previa a la demanda; al resolver que los bienes intangibles tenían su situs exclu-sivo en Francia y no estaban sujetos a contribución en Puerto Eico; al resolver que los bienes tangibles estaban exentos de contribución por no exceder de $200 su valor total; y al declarar con lugar la demanda. Por ser una sola la cues-tión legal envuelta, consideraremos todos dichos señalamien-tos conjuntamente.

El estatuto por virtud del cual se impuso y cobró la contribución en el presente caso, es el artículo 1 de la ley núm. 99 de 29 de agosto de 1925, según fue enmendado por la ley núm. 43 de 24 de abril de 1931 (Leyes de 1931, pág. 369), y que lee así:

“Artículo 1. — Tocios los bienes inmuebles en Puerto Rico, y cual-quier participación en ellos, pertenecientes a residentes o no reci-bientes en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico; todos los bienes mué-bles en Puerto Pico o fuera de Puerto Rico pertenecientes a resi-dentes en Puerto Rico; y todos los tienes muebles en Puerto Rico pertenecientes a personas no residentes en Puerto Pico, que por tes-tamento o abintestato, o por herencia o clonación cualquiera efectuada, cuya intención fuera otorgar la posesión, la nuda propiedad o el usufructo después del fallecimiento del donante, se trasmitiesen a cualquier persona, sociedad, institución o corporación en fideicomiso o con otro carácter, estarán sujetos a una contribución que más adelante se expresa; ...” (Itálicas nuestras.)

Sostiene el Tesorero apelante que siendo los heredados por las demandantes “bienes muebles en Puerto Rico per-tenecientes a personas no residentes en Puerto Rico,” su trasmisión por testamento está sujeta a la contribución de herencia de acuerdo con el citado estatuto.

Que los bienes que constituyen la herencia y' sobre los cuales se ha impuesto la contribución son bienes “muebles” es cuestión ya resuelta por esta Corte Suprema en McCormick Vda. de McKinley v. Domenech, 44 D.P.R. 644, 645. Se tra-taba en dicho caso de recobrar contribuciones impuestas sobre depósitos de dinero, certificados de bonos y acciones y pólizas, depositados en bancos radicados fuera de Puerto Rico, por el testador, quien era residente en Puerto Rico. Al resolver que dichos bienes estaban sujetos a contribución de herencia, esta Corte Suprema se expresó así:

“El artículo 368 del Código Político, modificado y ampliado pol-la ley núm. 99 de 1925, página 791, impone contribución por herencia a todos los bienes inmuebles y muebles pertenecientes a habitantes de Puerto Rico. Los créditos del fenecido por el dinero, los bonos y las acciones que tenía son tienes muebles intangibles, y están su-jetos a contribución de acuerdo con esa ley, lo mis río que sus pólizas de seguro, que debemos entender son pagaderas a la sucesión por no haberse hecho alegación en contrario.” (Itálicas nuestras.)

Sentado, pues, que bienes muebles intangibles pertene-cientes a un testador residente en Puerto Rico y depositados fuera de la Isla de Puerto Rico, están sujetos a contribu-ción de herencia, nos toca resolver ahora si esa contribución puede ser legalmente impuesta cuando los bienes muebles. intangibles se encuentran depositados en Pnerto Eico y el testador era nna persona que residía fuera de la isla.

El lenguaje de la Ley de Contribución sobre Herencia, artículo 1, supra, es tan claro, que no podemos tener duda alguna en cuanto a que la intención del legislador fue la de que se impusiera la contribución a toda trasmisión here-ditaria de bienes muebles intangibles situados o depositados en Puerto Eico y pertenecientes a un testador residente fuera de esta Isla. Sostienen, sin embargo, las demandantes ape-ladas — y así lo resolvió la corte inferior — que la imposición de la contribución a bienes muebles intangibles situados o depositados en Puerto Eico es ilegal y constituye una viola-ción de sus derechos constitucionales, garantizados por la Enmienda 14 de la Constitución Federal y por la Ley Orgá-nica Insular.

La cuestión envuelta en este recurso es nueva en esta jurisdicción, pero ba sido considerada y resuelta tanto por las cortes federales como por algunas jurisdicciones estata-les, como se verá por la jurisprudencia que pasamos a exa-minar.

En Blackstone v. Miller, 188 U. S. 189, 47 L. Ed. 439, resuelto en el año 1903, se trataba de un testador domiciliado y fallecido en el Estado de Illinois, quien dejó grandes sumas de dinero depositadas en cuenta en un banco en Nueva York. El Estado de New York impuso y cobró contribución de herencia sobre dicho depósito. Al resolver que la imposición de tal contribución era legal, la Corte Suprema Federal se expresó así:

“Sin duda esta facultad por parte de dos estados para imponer contribuciones basándose en principios diferentes y más o menos inconsistentes, resulta en alguna injusticia. Es de sentirse también que un solo estado sea visto imponiendo contribuciones, por un lado basándose en el hecho del poder, y por el otro lado, al mismo tiempo, de acuerdo con la ñeeión de que en las sucesiones después del falle-cimiento, mobilia sequuntur personam y que el domicilio lo gobierna todo. Pero estas inconsistencias no infringen ninguna regla de de-recho constitucional.? ’

La regla sentada por Blackstone v. Miller, supra, fué seguida en numerosos casos, basta el año 1930, cuando la cues-tión fué presentada de nuevo a la Corte Suprema en el caso de Farmers Loan & Trust Co. v. Minnesota, 280 U. S. 204, 74 L. Ed. 371. En dicho caso, Taylor, el testador, tenía su domicilio y falleció en Nueva York. Entre sus bienes figuraban bonos negociables y certificados de deudas expe-didos por el Estado de Minnesota y por dos municipios de dicho estado. El testador había poseído y guardado dichos bonos y certificados durante mucho tiempo, en New York. El Estado de Nueva York impuso contribución a la trasmi-sión testamentaria de dichos valores. El Estado de Minnesota también impuso contribución por el mismo concepto. Al presentarse la cuestión por primera vez ante la Corte Suprema de Minnesota, ésta sostuvo que las obligaciones públicas negociables eran algo más que meras evidencias de deudas y que, al igual que los bienes tangibles, sólo podía imponérseles contribución allí donde se encontraren deposi-tadas, sin tomar en consideración el domicilio de su dueño. Más tarde, después de haberse resuelto el caso de Blodgett v. Silberman, 277 U. S. 1, 72 L. Ed. 749, al solicitarse la reconsideración, basándose en la decisión de dicho caso y en la dictada en Blackstone v. Miller, supra, la Corte Suprema de Minnesota se creyó obligada a considerar los bonos y certificados en cuestión como simples derechos de acción (dioses in action) y sostuvo la validez de la contri-bución. La Corte Suprema Federal, con el voto disidente de sus jueces asociados Sres. Holmes y Brandéis, revocó la sentencia de la Corte Suprema de Minnesota, expresándose así:

“Blackstone v. Miller, supra, y ciertas opiniones aprobatorias, prestan apoyo a la doctrina de que ordinariamente los derechos de acción (dioses m action) están sujetos a contribución tanto en el domicilio del deudor como en el del acreedor; que dos estados pueden imponer contribución, basándose en diferentes y más o menos in-consistentes principias, sobre la misma trasmisión hereditaria de tal propiedad sin infringir la Enmienda 14a. La tendencia inevitable de esa doctrina es perturbar las buenas relaciones entre los estados y producir el descontento que se esperaba habría de desaparecer después del establecimiento de la Unión. The Federalist, Núm. YTI. Su efecto en la práctica ha sido malo; tal vez dos terceras partes de los estados han tratado de evitar el mal recurriendo a leyes de exen-ciones recíprocas. Ha sido fuertemente atacada como cuestión de principio. Habiendo reconsiderado los argumentos que la sostienen, a la luz de nuestras más recientes decisiones, nos vemos obligados a declararla insostenible. Blackstone v. Miller no puede ya ser con-siderado como una correcta exposición de la doctrina legal prevale-ciente; y para evitar malas interpretaciones queda definitivamente derogado.

“Se han sugerido cuatro puntos de vista diferentes en cuanto al situs para fines contributivos de obligaciones públicas negociables. Uno lo fija en el domicilio del dueño; otro en el domicilio del deu-dor ; el tercero donde se encuentren los documentos, físicamente pre-sentes; y el cuarto, dentro de la jurisdicción en donde el dueño ha hecho que dichos documentos se conviertan en parte integrante de un negocio local. Si cada estado puede adoptar uno de esos puntos de vista para imponer una contribución, es obvio que los mismos bonos podrían ser declarados presentes para fines contributivos en dos, o tres, o cuatro sitios al mismo tiempo. Esa sorprendente posi-bilidad sugiere una falsa premisa.

“La doctrina actualmente aprobada por esta Corte es la de que ningún estado puede imponer contribución a cosa alguna que no esté dentro de su jurisdicción sin violar la Enmienda 14a. ’ ’

La doctrina sentada por la Corte Suprema Federal en Farmers Loan & Trust Co. v. Minnesota—al efecto de que los estados y territorios carecen de facultad para imponer contribución a aquellos bienes intangibles que estando situa-dos dentro de su territorio tienen su situs contributivo en otro estado o territorio — ha sido aplicada en numerosas decisiones'posteriores. Véanse: Union Central Life v. Tesorero, 19 D.P.R. 900; Domenech v. U. P. R. Sugar Company, 289 U. S. 739, 77 L. Ed. 1489, confirmando la sentencia de la Corte de Circuito, 62 F. (2d) 552; First National Bank v. Maine, 284 U. S. 312, 76 L. Ed. 319; Baldwin v. Missouri, 281 U. S. 586, 74 L. Ed. 1059; Rhode Island Hospital Trust Co. v. Doughton, 270 U.S. 69, 70 L. Ed. 475.

En. ninguno de los casos que ya hemos citado se consi-deró o resolvió en manera alguna la verdadera cuestión envuelta en el presente litigio, o sea si un estado o territorio puede legal y constitucionalmente imponer una contribución de herencia sobre bienes intangibles situados dentro del estado o territorio y pertenecientes a una persona residente y domiciliada en un país extranjero.

En el caso de Burnet v. Brooks, 288 U. S. 378, 77 L. Ed. 844, decidido en 1933, el testadoi', quien era súbdito de la Gran Bretaña, residente en Cuba, y no se había dedicado a negocio alguno en los Estados Unidos, dejó en este último país bonos de gobiernos y corporaciones extranjeras, bonos de corporaciones americanas, acciones extranjeras y un balance de un depósito en un banco. Al sostener la validez de la contribución impuesta por el Comisionado de Rentas Internas, sobre dichos bienes intangibles, la Corte Suprema Federal se expresó así:

“Son dos las cuestiones que se presentan, (1) si la propiedad en cuestión está comprendida dentro de estas disposiciones, y (2) si en el caso de que se consideren aplicables, dichas disposiciones son válidas bajo la Enmienda Quinta de la Constitución Federal. Las decisiones de las cortes inferiores contestaron la primera pregunta con una negativa.
“PRIMERA. La primera cuestión es una de intención legislativa. En el caso de un no residente de los Estados Unidos, se requería que se inventariase y avaluase aquella pane del caudal hereditario ‘que en la fecha de su muerte está situado en los Estados Unidos.’ En la interpretación de esta cláusula debe tenerse presente el propósito que se persigue. El Congreso estaba ejercitando su facultad de im-poner contribuciones. Al definir el sujeto do la imposición, el Con-greso hizo una descripción general del situs de la propiedad. El estatuto no estableció distinción alguna entre la propiedad tangible y la intangible. No exceptuó las intangibles. No exceptuó las ga-rantías (securities). Salvo lo previsto, no exceptuó las deudas a favor de un no residente por deudores residentes. Tanto en cuanto a tangibles como intangibles, fijó el situs como el factor determi-nante, y creeemos que es claro que a lo que se refiere es a la pro-piedad que, de acuerdo con principios aceptados, puede ser considerada como que tiene un situs en este país para los fines del ejercicio del poder federal de imponer contribuciones. Más aún, en cuanto con-cierne a la intención del Congreso, creemos que los principios así im-plícitamente invocados por el estatuto eran los principios previa-mente declarados y hasta entonces sostenidos. Es enteramente in-admisible asumir que al ejercer su facultad federal el Congreso estaba legislando sin tener en consideración la doctrina existente, o interpretar su intención a la luz de decisiones en cuanto a la facultad de los Estados que no fueron dictadas basta varios años más tarde. Se ha insistido en el argumento de que la referencia al situs debe, en cuanto a intangibles, ser considerada como que lleva envuelto si principio de mobilia seqmmtur personam y así, por ejemplo, que los bonos aquí en cuestión aun cuando están físicamente en Nueva York deberían ser considerados como situados en Cuba, en donde residía el finado. Empero, el Congreso no legisló una máxima. Cuando el estatuto fue aprobado, estaba bien establecido que el poder fiscal podía alcanzar tales obligaciones, basándose en que éstas tenían un .situs allí donde estaban físicamente situadas. En vista de que las obligaciones así actualmente presentes en este país eran consideradas como que tenían un situs aquí para fines contributivos, no podemos ■decir que el Congreso en su amplia discreción, abarcando toda la propiedad ‘situada en los Estados Unidos,’ tuvo la intención de ex-cluir tales obligaciones de la totalidad del caudal hereditario que ■debe ser declarado y avaluado.”

En la decisión en Burnet v. Brooks, supra, la Corte Suprema Federal citó con aprobación la dictada en DeGamay v. Lederer, 250 U. S. 376, 63 L. Ed. 1042, en la que se dijo:

“La cuestión certificada es: Si mi extranjero no residente es dueño de acciones, bonos e hipotecas garantizadas con propiedades en los Estados Unidos, o pagaderas por personas o corporaciones allí ■domiciliadas; y si los réditos de las mismas son cobrados y remitidos a dicho no residente por un agente domiciliado en Estados Unidos; y si el agente tiene la posesión física de los certificados de acciones, los-bonos y las hipotecas, ¿están dichos réditos sujetos a contribu-ción sobre ingresos, de acuerdo con la ley de octubre 3, 1913 ?
“La cuestión sometida se reduce a esto: ¿Son los réditos de las acciones, bonos e hipotecas-en poder de la Pennsylvania Company, •derivados de propiedades poseídas en los Estados Unidos? Se ha presentado nn hábil argumento al efecto de que los certificados de acciones, bonos e hipotecas no son propiedades; que no son otra cosa sino evidencias del derecho dominical sobre intereses que son propiedades; que la propiedad, en un sentido legal, representada por los documentos, existiría aun cuando la evidencia física de su existencia fuese destruida. Empero, somos de opinión que estos re-finamientos no son decisivos de la intención eongresional al usar el término ‘propiedad’ en este estatuto. A menos que se probare lo contrario, se presume que las palabras estatutarias han sido usadas en su sentido ordinario y usual, y con el significado que usualmente se les atribuye. De acuerdo con el entendido general y con el sig-nificado común que usualmente se atribuye a tales términos descrip-tivos, los bonos, las hipotecas, y los certificados de acciones son con-siderados como propiedades. Estatutos estatales y federales los tratan con frecuencia como propiedades y no como meras evidencias del interés que representan. . .
“No tenemos duda alguna de que las obligaciones (securities) aquí envueltas son propiedades. ¿Son ellas propiedades dentro de los Estados Unidos? Se insiste en que la máxima móbilia sequuntur personam es aplicable en este caso, y que el situs de la propiedad estaba en el domicilio del dueño en Francia. Empero, esta corte ha declarado con frecuencia que la máxima, a lo sumo una ficción, debe ceder ante los hechos y circunstancias de los casos que así la requieran; y que los pagarés, los bonos y las hipotecas pueden ad-quirir un situs en un lugar distinto del domicilio del dueño, y sei* alcanzados allí por las autoridades fiscales. ’ ’

No tenemos duda alguna en cuanto a que si la testadora en el caso de autos hubiese tenido su domicilio y fallecido dentro de un estado o territorio de la Unión Americana, el Gobierno de Puerto Pico no podría, de acuerdo con la deci-sión en Farmers Loan and Trust Co., supra, imponer con-tribución de herencia sobre las obligaciones o bienes intangibles físicamente situados en Puerto Rico. Empero, la razón fundamental que tuvo la Corte Suprema para revo-car su decisión en Blackstone v. Miller — evitar la perturba-ción de las buenas relaciones que deben existir entre los estados — no puede ser invocada en el presente caso, pues se trata, como en Burnet v. Brooks, supra, de una testadora residente y fallecida en un país extranjero. No puede. pues, ocurrir conflicto alguno entre dos o más estados de la Unión.

El caso de In Re McCreery’s Estate, 220 Cal. 26, 29 P. (2d) 186, envolvía la misma cuestión que nos presenta el caso de autos. El Estado de California impuso y cobró con-tribución de herencia sobre un número de acciones de una corporación doméstica, depositadas dentro de dicho estado. El testador era ciudadano de y residía en la fecha de su muerte en Gran Bretaña. La Corte Suprema de California sostuvo la validez de la contribución, diciendo:

“Hemos hecho un cuidadoso estudio de las varias decisiones ci-tadas y el resultado neto de las mismas hasta la fecha es que, en cuanto a bienes personales tangibles, la Enmienda Catorce de la Cons-titución Federal prohíbe la imposición de contribuciones en cualquier otro estado de los Estados Unidos que no sea aquel dentro del cual se encuentren situados los bienes; que en cuanto a derechos de acción y otros intangibles, la misma sección prohíbe la imposición de contri-bución en más de un estado. La disposición constitucional protege una clase de propiedad en el mismo grado que a la otra. La única diferencia en las dos situaciones es que en cuanto a los intangibles las cortes todavía aplican la ficción legal de móbilia sequuntur per-sonam y en esa forma han limitado el sitio de la contribución al estado del domicilio del dueño. Pero esta restricción hasta la fecha ha sido aplicada solamente a los bienes hereditarios de finados que eran residentes de los Estados Unidos. (Citas.) La regla que selec-ciona el domicilio, como una cosa distinta al situs de los intangibles, era y es una regla lógica y conveniente. Pero las razones aducidas en favor de tal selección caen por su base cuando el finado estaba domieñiado fuera de los Estados Unidos. No vemos razón alguna por la cual no haya podido promulgarse una regla válida fijando el situs constructivo de los intangibles como situs contributivo en vez del domicilio del dueño. Más aún, la decisión arriba citada no trata específicamente de fijar la regla que gobierna la jurisdicción para fines contributivos cuando el dueño de los intangibles estaba domi-ciliado fuera de los Estados Unidos, en el caso de que fuera un ciu-dadano de Estados Unidos o un ciudadano de una nación extranjera. Los bienes intangibles pertenecientes a un no residente de los Es-tados Unidos, situados dentro de un estado, reciben la protección de nuestras leyes. ¿Por qué no ha de poder imponerse contribución, por lo menos por uno de los estados de los Estados Unidos, al pri-vilegio de recibir dichos bienes por traspaso o por herencia? ¿Y si puede imponerse tal contribución, por qué razón no ha de poder im-ponerse en el estado del situs actual o constructivo de tales bienes?
“El caso de Burnet v. Brooks, 288 U. S. 378, 77 L. Ed. 844, arroja luz directa sobre esta cuestión.En una hábil y extensa opinión, revisando cuidadosamente y citando copiosamente decisiones anteriores de las cortes, se sostuvo que dichos derechos de acción tenían un situs en los Estados Unidos y consecuentemente que podían ser gravados con una contribución de herencia por el Congreso y que dicha Enmienda Quinta no interponía obstáculo alguno para el cobro de tal contribución; que parecía por lo tanto evidente que si dichos derechos de acción eran propiedad dentro de los Estados Unidos, también eran al mismo tiempo propiedad dentro del Estado de Nueva York; y también que si la Enmienda Quinta no prohibía la imposición por los Estados Unidos de una contribución sobre el traspaso de tales propiedades, la Enmienda Catorce tampoco debería prohibir una contribución similar, si ésta fuera impuesta por el Estado de Nueva York.
“Aplicando este razonamiento al caso ante nos (acciones en una corporación doméstica), ¿por qué no ha de poder el Estado do California imponer una contribución al traspaso de la propiedad de un no residente de Estados Unidos, cuando esa propiedad tiene su situs actual o constructivo dentro de la jurisdicción de este estado? Para sostener que sí, no encontramos cuestión alguna en cuanto a la debida distribución de facultades entre los estados, toda vez que no están ■envueltos los derechos de algún otro estado. La cuestión es: ¿tiene un estado la facultad de imponer contribución al traspaso de propie-dades dentro de sus límites, pertenecientes a personas que estaban ■domiciliadas fuera de los Estados Unidos? La lógica del caso de Burnet, supra, parece justificar el derecho del Estado de California a gravar tal traspaso.”

En el caso In re Lloyd’s Estate, 185 Wash. 33, 52 P. (2d) 1269, el Estado de Washington impuso contribución a depósitos bancarios dejados en Seattle por Lloyd, quien murió intestado y estaba domiciliado en British Columbia. La Corte Suprema de dicho estado sostuvo la legalidad de la contribución, expresándose así:

“La verdadera y vital distinción entre los dos casos, sin embargo, es ésta: en el caso de Lyons (175 Wash. 115, 26 P. (2d) 615), el finado era un ciudadano de los Estados Unidos domiciliado dentro de su territorio. En el presente caso, el finado estaba domiciliado en un país extranjero. El caso no envuelve cuestión alguna que afecte el derecho internacional, ni derechos de tratados o medidas de reci-procidad. Se trata simplemente de la facultad del estado, en cnanto pueda estar limitada por restricciones constitucionales.
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“Pero aquí tenemos una situación de hechos distinta, según ya hemos visto. No es posible contienda alguna entre estados. No puede ocurrir desconcierto o conflicto de sentimientos entre ellos. Ningún estado, además del de Washington, está aquí interesado. La ventaja que de otro modo pudiese perder dicho estado no habría de ganarla ningún otro estado. En resumen, la razón para la regla, basada en una ficción legal, no existe, y por consiguiente la regla no tiene ni propósito ni eficacia en este caso. Aplicar la regla en un caso como éste equivaldría a conformar la ocasión para adaptarla a la regla, en vez de aplicar una regla para hacer frente a las circuns-tancias. Los casos citados de la Corte Suprema de los Estados Uni-dos y también el caso de Lyons, rigen la facultad del estado en sus relaciones con otros estados de la Unión, pero no son aplicables criándo-las relaciones interestatales no están envueltas.
“Con excepción de las inhibiciones que surgen de las relaciones entre los distintos estados, y en ausencia de alguna regla restrictiva de derecho o convenio internacional, no existe ninguna restricción constitucional del poder soberano del estado para imponer una con-tribución de herencia.”

En el caso de Blodgett v. Silberman, 277 U. S. 1, 72 L. Ed. 757, citado con insistencia por las apeladas, no tiene a nuestro juicio la importancia que se le atribuye. La única cuestión envuelta en dicho caso era la de si el Estado de Connecticut podía legalmente imponer una contribución de herencia sobre ciertas propiedades que un Sr. Kirsch, domi-ciliado y fallecido en Stamford, Connecticut, había dejado en el Estado de Nueva York. Las propiedades envueltas eran un interés o participación en una sociedad mercantil de New York; certificados de acciones en corporaciones; bonos y certificados de adeudos de los Estados Unidos; una cuenta de ahorros en un banco en New York; una póliza de seguro ele vida en una compañía del mismo estado. Todos los docu-mentos representativos de dichas obligaciones estaban guar-dados en cajas de seguridad en Nueva York y nunca habían estado en Connecticut. Se resolvió, que siendo dichos bienes intangibles, el estado del domicilio del testador podía impo-ner una contribución de herencia, aun cuando los documentos que evidenciaban dichos bienes estuviesen depositados fuera de dicho estado, y aun cuando la transferencia estuviese sujeta a contribución en otra jurisdicción. La cuestión sobre si el Estado de New York podía imponer una contribución sobre la transferencia de dichos intangibles no estaba en-vuelta en el caso. Solamente se resolvió, aplicando la máxima móbilia sequuntur personam, que el Estado de Connecticut podía imponerla.

De acuerdo con la jurisprudencia que hemos examinado, debemos resolver que la trasmisión hereditaria de los bienes intangibles arriba descritos, sobre la cual se ha impuesto y cobrado la contribución cuya devolución se reclama, ha sido legalmente gravada, sin que se haya violado precepto alguno de la Constitución Federal o de la Carta Orgánica de Puerto Rico. La imposición de dicha contribución no solamente no crea conflicto alguno en las relaciones armónicas que deben existir entre los estados de la Unión, si que tampoco puede estar en conflicto con el poder soberano del Gobierno Nacional, pues es sabido que la contribución federal sobre herencias no es aplicable a las trasmisiones hereditarias de bienes situados en Puerto Rico.

Carece a nuestro juicio de méritos la contención de las demandantes apeladas de que la imposición y cobro de las contribuciones en cuestión constituye una violación de “la vigente convención o tratado entre Estados Unidos y Fran-cia, prohibitivo de discrímenes contributivos.” El artículo que se alega ha sido violado dice así:

“Artículo 7. — En todos los Estados de la Unión cuyas leyes vi-gentes lo permitan, mientras dichas leyes permanezcan en vigor y con igual extensión, los franceses gozarán del derecho de poseer bienes muebles e inmuebles con los mismos títulos y en igual forma que los ciudadanos de los Estados Unidos. Estarán en libertad para disponer de dichos bienes en la forma que desearen, ya sea gratuitamente o por valor recibido, por donación, testamento o en cualquiera otra forma, al igual que dichos mismos ciudadanos, y en ningún caso es-tarán sujetos a contribuciones sobre traspasos, herencias o cualesquiera otras diferentes de aquellas pagadas por dichos ciudadanos, o a con-tribuciones que no sean igualmente impuestas.” Consular Convention 1853, arts. 7 y 13. Treaties and Conventions, 1889, pág. 350. Fed. Stat. Ann., Yol. 7, pág. 551.

La ciudadanía francesa de la testadora nada ha: tenido que ver con la imposición de las contribuciones que se recla-man. Éstas no son impuestas ni a la persona ni a los bienes hereditarios como tales. Se imponen a la trasmisión por herencia de bienes hereditarios situados en Puerto Eico y pertenecientes a una persona domiciliada en un país extran-jero. Si la testadora Sra. Emanuelli hubiese sido una ciudadana americana domiciliada en Francia, la trasmisión hereditaria de los bienes intangibles que dejó en Puerto Eico estaría sujeta a la misma contribución de herencia que le ha sido impuesta siendo ciudadana de y residente en Francia. No habiéndose impuesto contribuciones diferentes a las que vienen obligadas a pagar las trasmisiones heredi-tarias de bienes intangibles de ciudadanos de Estados Unidos no residentes en Puerto Eico y domiciliados en un país extranjero, no puede decirse que se haya cometido discrimen .alguno contra las demandantes. Si sostuviéramos que por •el mero hecho de ser la testadora ciudadana de Francia, la trasmisión hereditaria de sus bienes no está sujeta al pago de la contribución que estaría obligada a pagar si hubiese sido ciudadana de Estados Unidos, estaríamos sancionando un discrimen en contra de nuestros ciudadanos no residentes y en favor de los franceses no residentes. El artículo 7, supra, da a los franceses el derecho a reclamar igualdad ante la ley, mas no el de reclamar preferencias que la ley no ■concede a los ciudadanos de este país.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar debe dictarse otra desestimando la demanda e imponiendo las costas a las demandantes apeladas, sin incluir honorarios de ahogado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Febrero 18, 1942.

En enero 23 de 1942 dictamos sentencia revocando la dictada por la Corte de Distrito de Ponce en 28 de marzo de 1939 y desestimando la demanda.

La representación de las demandantes apeladas, en una extensa moción nos pide que reconsideremos y revoquemos nuestro fallo y que, en su lugar, confirmemos el de la cortó inferior.

Hemos dado a dicha moción la más cuidadosa considera-ción, por tratarse de una cuestión de trascendental impor-tancia, por primera vez presentada en esta jurisdicción y XJor merecerla el profundo estudio que de ella hiciera la representación de las demandantes. Y hemos llegado a la Conclusión de que no ha lugar a reconsiderar la sentencia dictada, la cual debe quedar en pie, no solamente por los fundamentos expuestos en la opinión que le sirvió de base,, si que también por los que pasamos a exponer.

Los bienes hereditarios sobre los cuales se impuso y cobró' la contribución, aún cuando técnicamente son intangibles, tie-nen un situs comercial en Puerto Eico. El capital comandi-tario en la sociedad A. Emanuelli y Cía., representa una inversión de dinero en Puerto Eico, la que produce réditos que son enviados al socio comanditario residente fuera del país. Otro tanto sucede con el saldo de la cuenta corriente que el comanditario tenía en dicha sociedad. Los $5,000 dados a préstamo y garantizados con hipoteca sobre inmue-bles radicados en Puerto Eico, producen intereses que van a parar a manos del acreedor hipotecario no residente, para ser gastados fuera del país que los produce.

Todas esas inversiones de dinero hechas en Puerto Eico, a tipos de interés más alto que los que se pagan en otros-países, gozan de la protección de nuestro g'obierno y de nuestras leyes. Y parece justo que al ser trasmitidas por herencia contribuyan en la misma medida que lo liacen las inversiones de los residentes en el país al sostenimiento de los gastos de nuestro gobierno.

Si la imposición de una contribución de herencia a la trasmisión de bonos y acciones de gobiernos y corporaciones extranjeras,'pertenecientes a un finado, extranjero y no resi-dente en Estados Unidos, fue sostenida en Burnet v. Brooks,. 288 U. S. 378; y si fué válida la imposición de la contribu-ción sobre acciones en una corporación doméstica, pertene-cientes a un inglés que en la fecha de su muerte residía en la Gran Bretaña, como se sostuvo en In re McCreery’s Estate, 220 Cal. 26, no conocemos ninguna razón de ley ni de equidad, ni tampoco objeción alguna de derecho consti-tucional que nos obligue a declarar inválido el 'cobro de la ■cpntribución de herencia en el caso de autos. Más aún, nos parecería injusto para los contribuyentes residentes en el país si sostuviéramos que un extranjero no residente en esta isla tiene el privilegio, por la sola .razón de su residencia en el extranjero, de invertir su dinero en Puerto Rico y gozar de sus réditos, sin que sus herederos estén obligados a pagar-contribución por ese capital al adquirirlo por herencia.

No ha lugar a la reconsideración.


source: Caselaw Access Project

author: ’El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Sucesores de Alejandro Alfonso, S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1098.

    Sometido: Enero 13, 1942.

      Resuelto: Enero 23, 1942

      Luis López de'Victoria y Adrián Alfonso Muñís, abogados de la re-currente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   ’El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Alejandro Alfonso Bonilla, casado con Eosa Eamírez, comerciante y vecino de Tauco, falleció ab intestato en dicha ciudad el 4 de noviembre de 1938, dejando tres hijos legiti-mados y cinco naturales reconocidos. Entre los bienes relic-tos se halla un establecimiento mercantil dedicado al ramo de provisiones, valorado en $16,444.57, que fué adjudicado en su totalidad a sus hijos, con excepción de una participa-ción adjudicada a la viuda, por valor de $2,831.29, que era precisamente el montante de la deuda que dicha señora tenía contraída con el establecimiento. Con el propósito de conti-nuar el negocio a que venía dedicándose su padre, todos los hijos comparecieron ante el notario don Luis López de Victoria y por escritura número 48 de 31 de marzo de 1941 constituyeron entre ellos una sociedad mercantil en coman-dita, con un solo gestor, Adrián Alfonso Muñiz, siendo los demás hermanos comanditarios. Como la hija legitimada Ana Hilda Alfonso Eamírez y el hijo natural reconocido Arnaldo Alfonso Bodríguez eran menores de edad, estuvieron representados en la escritura por sus madres con patria potestad Eosa Eamírez y Francisca Eodríguez, respectiva-mente. En la misma escritura Eosa Eamírez cedió a la sociedad, en pago de su citada deuda, su 'participación de $2,831.29, quedando así extinguido el interés que en el esta-blecimiento tenía.

Presentada la escritura social en el Registro Mercantil de San Germán, fue denegada su inscripción por los funda-mentos consignados en la siguiente nota:

- “Denegada la inscripción del documento que precede con vista de otro, por observarse que los menores y socios comanditarios de la sociedad constituida Ana Hilda Alfonso Ramírez y Arnaldo Alfonso Rodríguez no están lo suficientemente representados en la escritura con arreglo a ley, toda vez que la patria potestad que sus respectivas madres ejercitan se traslimita de las facultades que concede el ar-tículo 159 del Código Civil Revisado, edición de 1930, al verificar éstas operaciones que exceden de la suma de $500 en nombre de dichos menores, tanto en cuanto a la constitución en sí de la sociedad, a la cual se aportan bienes muebles de dichos menores que exceden de la indicada suma, como por' la obligación de venta pactada en la cláu-sula 12a. de la escritura; y por haberse advertido además la incom-patibilidad existente en la otorgante Rosa Ramírez, quien comparece por su derecho propio aportando bienes suyos a la sociedad, y por otro lado bienes de su indicada hija menor como madre con patria potestad, todo ello en contravención con lo previsto en el artículo 5 del Código de Comercio de Puerto Rico en lo que respecta a casos de incompatibilidad ...”

La primera cuestión a resolver en este recurso es la de si era o no necesario para la validez del contrato social que se hubiese obtenido autorización judicial permitiendo a las madres de dichos menores celebrar el contrato en cuestión en nombre y representación de sus citados hijos. El recurrente sostiene que no, e invoca a su favor el caso de Vidal v. Ballester, 34 D.P.R. -381. El registrador afirma lo contrario, fundándose en lo resuelto por este tribunal en el caso de García Díaz, v. Registrador, 35 D.P.R. 1040.

Es verdad que en el caso de Vidal v. Ballester, supra, invocado por el recurrente, interpretando él artículo 5 del Código de Comercio se sostuvo lo siguiente:

‘ ‘ Cuando son tutores los que han de continuar el negocio del padre de los menores no pueden hacerlo sin autorización judicial porque tanto el Código Civil español posterior ai Código de Comercio que rigió en esta Isla hasta el año 1902 como el Código Civil de Puerto Rico, que rige desdo esa fecha, disponen en sus artículos 269 y 282, respectivamente, que el tutor necesita autorización judicial para con-tinuar el comercio o la industria a que el incapaz o sus ascendientes o los del menor hubiesen estado dedicados; pero no hay precepto alguno en nuestras leyes que para igual caso requiera que la madre obtenga tal autorización judicial por lo que no podemos imponer ese deber a ia madre con patria potestad, pues siendo ésta de carácter general no tiene más limitaciones que las expresamente impuestas por la ley, y si bien es cierto que los padres o las madres no pueden gravar ni enajenar los bienes de sus hijos menores, sino por causa de necesidad yt utilidad para ellos, esto no se refiere a la continuación del negocio de los padres, aunque sus bienes queden sujetos a las resultas del negocio o industria que continúan.”

Empero, a poco que se reflexione sobre los beodos del caso antes citado, se comprenderá que la doctrina allí establecida no puede ser de aplicación al de autos. En aquel caso la madre con patria potestad se limitó a continuar el negocio a que había venido dedicándose el causante. No realizó nin-gún acto de enajenación para el cual fuera preciso obtener autorización judicial. En el de autos, por el contrario, se celebró a nombre de los menores un contrato de sociedad mercantil, es decir, se creó una persona jurídica distinta de sus socios y a quien cada uno de ellos transmitió su apor-tación. En otras palabras, se realizó un acto de enajenación por parte de cada socio a favor de la sociedad (Hongkong & Shanghai Bank v. Áldecoa & Cía., 30 Jur. Fil. 264, 270), y como el valor de la aportación de cada uno de los menores excedía de $500, precisaba para la validez del contrato dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 159 del Código] Civil, dispositivo de que el ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna o muebles cuyo valor ex-ceda de $500 pertenecientes al hijo y que estén bajo la admi-nistración de aquéllos, sin previa autorización judicial.

En el caso de García Díaz v. Registrador, supra, si bien los becbps no son enteramente iguales a los de éste, el prin-cipio legal envuelto en uno y otro es el mismo. Allí se disolvió la sociedad mercantil de que era 'socio el padre fene-cido para constituirse una nueva sociedad de que fueron socios los menores, y se resolvió que era necesaria la previa autorización para la celebración del nuevo contrato social toda vez que dicho contrato implicaba un acto de enajena-ción.

La cláusula 12a. de la escritura, a que se refiere la nota del registrador, dice así:

“Duodécima: Cualquier comanditario, a requerimiento del socio gestor don Adrián Alfonso Muñiz vendrá obligado a venderle á éste su participación en la sociedad cuando dicho don Adrián Alfonso Muñiz quiera comprar dicha participación por el precio del importe del capital aportado por el comanditario a quien quiera comprarle don Adrián Alfonso Muñiz, más los intereses legales sobre dicho capital, por el tiempo transcurrido desde esta fecha hasta que se efectúe la venta; pero después de practicado el balance semestral se tendrá para los efectos del precio de venta el importe que resulte ser, por dicho balance la partición de cada comanditario, previa aprobación del mismo por comanditarios o por amigables componedores elegidos por dichos comanditarios.”

La mera exposición de la cláusula transcrita indica clara-mente que se trata por ella de convenir la venta de las par-ticipaciones de los menores, valoradas cada una en más de $500, sin previa autorización judicial, lo que es contrario a la ley, pues el ejercicio de la patria potestad no autoriza a los padres para enajenar bienes muebles cuyo valor exceda de $500 sin la previa autorización judicial.

Los motivos primero y segundo de la nota del regis trador están bien fundados. No así el tercero, pues siendo el interés de Rosa Ramírez en el establecimiento exactamente igual al de su deuda para con el mismo, y habiéndose cancelado su participación por la cesión, en pago que hiciera, ningún interés podia tener ella adverso al de su menor bija que le impidiese representarla en la escritura social.

Procede, for lo expuesto, confirmar la nota recurrida por el primero y segundo de los motivos en ella consignados.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Dolores Tuya Vda. de García, demandante y apelada, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8307.

    Sometido: Diciembre 16, 1941.

      Resuelto: Enero 23, 1942.

      C. Iriarte, F. Fernández Cwyar, H. González Blanes.j F. Alvarado, Jr., abogados de la apelante; Donald B. D.exter, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Seg-ún bace constar la demandada apelante al comenzar sn alegato, “no bay controversia alguna entre las partes en cuanto a los becbos esenciales del presente caso” pues la demandada “no ba controvertido su negligencia en el acci-dente ocurrido a la demandante y compareció ante el tribunal de distrito, aceptó su responsabilidad y puso en controversia únicamente’ las exageradas reclamaciones de-daños formuladas por la demandante.” Las partes están-de acuerdo en que el accidente ocurrió en la siguiente forma :

“El día 19 de diciembre de 1939 mientras la demandante viajaba como pasajera en uno de los vehículos de 3a demandada en dirección de Santurce hacia San Juan, debido a ciertás reparaciones que se hacían en la Avenida Ponee de León el omnibus desvió su trayecto hacia el boulevard del Norte, siguió por esta vía hacia San Juan, y dobló una vez más hacia la Avenida Ponce de León por una corta?, calle que separa a Smallwood Brothers ele la estación de bomberos dei Puerta de Tierra. Al tomar el vehículo la curva de dicha calle hacías el Oeste, o sea hacia la Avenida Ponce de León, el conductor hizo caminar el vehículo a negligente velocidad de suerte que la deman-dante, quien viajaba en el primer asiento delantero, fué lanzada fuera del vehículo a la calle.”

Alegó la demandante en su demanda que como conse-cuencia de diebo accidente sufrió “un serio colapso (shock) mental y nervioso y numerosos golpes, magullamientos y lesiones físicas de carácter externo e interno, de las cuales. la demandante lia venido sufriendo intensos dolores físicos y angustias mentales que la obligaron a guardar cama por varias semanas incurriendo en consecuencia, en extraordina-rios gastos por tratamiento médico a que bubo de someterse, pérdida de tiempo y de atención a sus obligaciones como dueña de una casa pensión de la cual deriva su sustento, al igual que la pérdida y perjuicio sufrido en dicbo negocio desde la fecha del accidente de referencia”. Y alegó que había sufrido daños y perjuicios en la suma de $3,000 que la demandada se ha negado a resarcir.

La demandada en su contestación negó que la deman-dante hubiera sufrido los daños que alegó pero admitió que el valor, justo y razonable de los mismos era el de $500, suma que había ofrecido pagar a la demandante por con-ducto de sus abogados los que se negaron a aceptarla. Solicitó la demandada se dictara sentencia en su contra pol-la indicada suma de $500'.

Celebrado el juicio correspondiente la corte inferior declaró con lugar la demanda y dictó sentencia condenando a la demandada a pagar a la demandante la suma de $1,000 y las costas, sin incluir honorarios de abogado, de la que apeló la demandada en este recurso y alega que dicha corte cometió cuatro errores, a saber, (1) al permitir prueba sobre el valor de los servicios médicós y al tomar en cuenta la partida de $450 de los mismos porque la demandante no estableció las bases necesarias para su derecho a recobrar dicha partida; (2) al admitir prueba sobre gastos supues-tamente tenidos por la demandante por concepto de pago de enfermeras . . . porque tales partidas constituyen . . . daños especiales y éstos no fueron alegados en la demanda ni se aportó prueba de su necesidad y de la razonabilidad de los mismos; (3) al permitir prueba sobre gastos de far-macia, vendajes, medicinas y radiografías, y (4) al fijar la indemnización en la suma de $1,000 por ser. ésta excesiva y exagerada.

En la opinión dictada por el juez de la corte inferior para sostener sn sentencia se expresó, en parte, así:

“Celebrado el juicio el día 2 de .los corrientes con asistencia de las partes y sus abogados, se practicó prueba por la demandante con-sistente en su declaración y la del Dr. Alonso, quien, en síntesis, dijo lo siguiente: que el día 19 de diciembre de 1939 asistió a la deman-dante que padecía de una contusión en efilado derecho del cuerpo y otra en la pierna derecha con hematoma y equimosis, le prescribió descanso en cama y un tratamiento de sedantes y compresas para las lesiones; que ha estado asistiendo y visitando a la demandante desde dicho día, habiéndola visto por última vez dos días antes del juicio; que la demandante tiene en la pierna derecha una adherencia de la piel que le produce dolor de cuando en cuando; y que sus servicios valen $450, los que no le han sido satisfechos.
Declara la demandante haber estado recluida en cama durante seis semanas, asistida por dos enfermeras, una de día y otra de noche, pagándole a la de día $6 diarios y a la de noche $7 diarios; que ha sufrido intensos dolores físicos, ha tenido una pérdida en su negocio de $591, y ha gastado $25 en farmacia y otros $25 en radiografías; que durante dos meses fué asistida por otra enfermera, a la que le pagó $180.
Esa es, en síntesis, la prueba producida por la demandante, prueba que, a excepción de los $591 que la misma declaró haber perdido en su negocio, no fué destruido, en forma algtma. En cuanto a esta pér-dida, no vemos cómo es posible su existencia, ya que, a preguntas del abogado de la demandada, dijo la demandante que su casa-pen-sión había estado “llena todo el pasado año, toda la vida, y aún el mismo día en que prestaba declaración.”
“Tomando en consideración la ley y la jurisprudencia aplicables a casos de esta naturaleza, las lesione^ sufridas, y toda la prueba' aportada, resolvemos que la demandada debe pagar a la demandante, por-concepto de los daños y perjuicios sufridos por la misma como consecuencia del accidente ocurrídole mientras viajaba como pasajera en uno de los autobuses de la demalidada, la suma de $1,000, cuya cantidad estimamos como una justa y razonable compensación por dichos daños y perjuicios.” (Itálicas nuestras.)

La frase usada por la corte al efecto de que la prueba de la demandante- “no fué destruida en forma alguna” se refiere al hecho de que la demandada, según aparece de la transcripción de la evidencia, no presentó prueba en la vista del caso ante la corte inferior.

Al iniciar la discusión sobre el primer señalamiento, que se refiere a la partida de $450 para bonorarios médicos, la apelante dice, a la página 4 de su aleg’ato:

“En su demanda, la demandante no reclamó cantidad alguna específica por concepto de gastos habidos para pagar honorarios médicos, limitándose a decir que incurrió ‘en extraordinarios gastos por tratamiento médico a que hubo de someterse’ (párrafo sexto de la demanda, Transcripción de Autos, página 3). Si bien no consta ello en la Transcripción de Autos (y ello es así porque este extremo no será motivo específico de imputación de error en esta apelación), es lo cierto que antes de contestar la demanda, la demandada soli-citó por escrito se le especificara ‘cuáles fueron los gastos en que incurrió por tratamiento médico’ la demandante, y asimismo que es-pecificara la demandante ‘en qué forma, de qué manera y por cuáles conceptos computa la suma de $3,000 como daños y perjuicios sufri-dos’, solicitud que le fué negada por la corte inferior ...” (Itálicas nuestras.)

Si la propia demandada apelante admite que de la trans-cripción de autos no consta que la demandada solicitara que la demandante especificara cuáles fueron los gastos en que incurrió por tratamiento médico y que esto le fué denegado por la corte inferior, y que este extremo no será motivo específico de imputación de error en esta apelación, creemos que el primer error carece de méritos. En la demanda se alegó que la demandante incurrió “en extraordinarios gas-tos por tratamiento médico a que bubo de someterse” y de la prueba aparece que el Dr.- Alonso declaró que asistió a la demandante durante odio meses; que el tratamiento a que la sometió fué necesario y razonable para curarle las lesiones, que recibió; que la demandante tiene en la pierna •derecha una adherencia de la piel, debido a la hematoma, lesión que es dolorosa principalmente - cuando se usa mucho la pierna; que la demandante como consecuencia del acci-dente necesitó tratamiento médico; que él no ha sido pagado por la demandante y qne el valor razonable de sns hono-rarios por los servicios prestados a la demandante es de $450. Esta prueba no fné contradicha en forma alguna por la de-mandada, pues como hemos dicho antes, ella no presentó prueba.

Sostiene la apelante, sin embargo que la prueba de ser-vicios médicos valorados en $450 no tiene valor alguno en ley, ni era admisible, ni puede constituir parte integrante alguna de la cantidad a que tiene derecho la demandante, porque, de acuerdo con lo resuelto por esta Corte en el caso de Roa v. Puig, 19 D.P.R. 386, en casos de daños,y perjui-cios por lesiones corporales, cuando se incluye en los mismos la partida correspondiente a la cuenta de médicos es nece-sario probar lo siguiente:

“Primero, el verdadero pago que ha hecho la demandante de las cuentas o que el demandante está legalmente obligado a pagar las mismas, y que la suma es razonable, justa y correcta; y, segunda, que la asistencia médica fué necesaria debido a los perjuicios sufridos. (Citas.) ”

Somos de opinión que la declaración del Dr. Alonso, cuyo extracto hemos hecho, cumplió con los requisitos apuntados en el caso de Roa v. Puig, supra. Él declaró que la suma de $450 era el valor razonable de sus honorarios y que la asistencia médica de la demandante fué necesaria. A falta de prueba en contrario presentada por la demandada, la corte inferior estuvo justificada en dar crédito a la decla-ración del Dr. Alonso y como consecuencia es de aplicación ei artículo 18 de la Ley de Evidencia (art. 380 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933) al efecto de que la evi-dencia directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo perjurio o trai-ción. Que el testimonio del propio médico que asistió a la demandante es suficiente para. cumplir con el requisito de que se pruebe la razonabilidad de los gastos por tratamiento médico, ha sido resuelto en muchos casos. Así en el de Missouri O. & G. R. Co. v. Collins, (1915), 150 P. 142, la Corte Suprema de Oklahoma dijo lo siguiente:

‘'Cuando e] médico que asistió al demandante declara que la suma 'cobrada por sus servicios es razonable, dicha evidencia es suficiente para someter esta partida de gastos al jurado. Si el demandado deseaba poner en controversia la razonabilidad de dicha cuenta, debió haber presentado evidencia encaminada a tal fin.”

Véanse, además, los casos de Missouri, K. & T. Ry. Co., v. Dickey, (Tex. Civ. App., 1898), 48 S. W. 626; Tarrant County Traction Co. v. Bradshaw, (Tex. Civ. App., 1916), 185 S. W. 951; Houston & T. C. R. Co. v. Bird (Tex. Civ. App., 1898) 48 S. W. 756, y Fleming v. Chicago City R. Co., (1911), 163 Ill. App. 185.

No habiendo la demandada, puesto en controversia la declaración del Dr. Alonso, presentando prueba en contra-rio, y no imputándose a la corte inferior el que actuara movida por pasión, prejuicio y parcialidad, el primer error no fué cometido.

Sí lo fueron, en nuestra opinión, el segundo y el tercero, al admitir la corte inferior prueba sobre gastos incurridos por la demandante en el pago de enfermeras, farmacia, vendajes, medicinas y radiografías. Estas partidas constituyen daños especiales y los mismos no fueron alegados en la demanda. La distinción entre daños generales y especiales está bien señalada en el caso de Heirn v. McCaughan, 66 Am. Dec. 588, 603, citado con aprobación por esta Corte Suprema en el de Torres v. Ramírez, 22 D.P.R. 450, 452, en la forma siguiente:

“Los daños que resultan necesariamente del acto que se denuncia se conocen con el nombre de daños generales, y pueden alegarse bajo la alegación ordinaria ad damnum, pues debe presumirse que el de-mandado sabe las consecuencias necesarias de su conducta. Pero los daños que no provienen necesariamente del acto denunciado, pero que tal vez sigan al mismo, se denominan daños especiales y deben ser alegados particularmente en la demanda, o no se 'permitirá al demandante presentar prueba de los mismos.” (Itálicas nuestras.)

En el caso de Bullit v. Delaware Bus Co., 180 Atl. 519, citado por la apelante en su alegato se discute ampliamente esta cuestión y se sostiene que los daños especiales deben alegarse específica y detalladamente para evitar una sor-presa al demandado y para darle la oportunidad de probar que ' la suma reclamada es irrazonable y que si no se alegan no pueden ser recobrados.

En el reciente caso de Font v. Viking Construction Co., 58 D.P.R. 689, aplicamos la misma regla pero resolvimos que si bien el error liabía sido cometido no procedía la1 revo-cación de la sentencia pues del total de la indemnización concedida podía rebajarse el importe de los daños espe-ciales, y así lo hicimos.

En el caso de autos no hay duda alguna de que los gastos de enfermeras, medicinas y radiografías constituyen daños especiales que debieron ser alegados específicamente. 82 C. J. 776. Según la declaración prestada por la deman-dante, ella pagó $180 por gastos de enfermera, $25 por medi-cinas y $25 por radiografías. Es cierto que en cuanto a la partida de $25 por medicinas la demandada no objetó la pregunta hecha a la demandante como lo hizo al pregun-társele sobre los otros gastos, pero somos de opinión que el caso es igual al de García v. Fernández, 52 D.P.R. 183, en el que por esta corte se resolvió lo siguiente:

“. . . En cuanto a los $175 que dijo haber gastado en farmacia, nos parece que su declaración es muy general, pues no trató de pun-tualizar las partidas que forman esa suma global, y mucho menos durante qué transcurso de tiempo consumió esa cantidad; en otras palabras, no hay ni un recibo, ni la declaración de ninguna otra persona que corrobora lo que a este respecto dijo dicha Elena Ortiz.”

La demandante no puntualizó en qué farmacia compró las medicinas, cuáles fueron éstas, durante qué tiempo las compró y tampoco presentó recibo alguno de su pago ni aclaró que las debiera y a quién.

Al igual que resolvimos en el caso de Font v. Viking Construction Company, supra, somos de opinión que los errores cometidos no conllevan la revocación de la sentencia en este caso pero sí qne de la suma de $1,000' concedida se deben deducir las partidas de $180, $25 y $25, o sean, $230.

Por el cuarto señalamiento se alega que la indemnización de $1,000 fijada por la corte inferior es excesiva y exagerada. Habiendo resuelto que deben deducirse los $230 indebidamente tomados en consideración al fijarse la indemuización ésta quedará reducida a $770, suma que no es exagerada ni excesiva si tenemos en consideración el hecho de que la demandada estaba conforme con pagar a la demandante $500, y reconociendo que el juez sentenciador estaba en mejores condiciones que nosotros para graduar la cuantía de la indemnización, y, repetimos, no habiéndose alegado que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, somos de opinión que no erró al elevar én la pequeña suma en que lo hizo, la cantidad que la propia demandada reconoció que debió ser condenada a pagar.

Por las razones expuestas, se modifica, la sentencia ape-lada, rebajando $230 de los $1,000 concedidos y fi,jmdo por tanto la indemnización en $770, y asi modificada se confirma.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Daniel Rijos Oquendo, acusado y apelante.
    Núm. 9043.

    Sometido: Diciembre 12, 1941,

      Resuelto: Enero 23, 1942.

      Adolfo Taides, abogado del apelante; Hon., Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Daniel Rijos Oquendo fue declarado culpable por un jurado ante la Corte de Distrito de San Juan de un delito de homicidio involuntario y apela de la sentencia que le impuso dicha corte condenándole a cumplir seis meses de ■cárcel. El rinico error que alega, como base de su recurso es “que el veredicto es contrario a la prueba”.

La acusación formulada dice, en lo pertinente, así:

. . el referido Daniel Rijos Oquendo, allá para el día 23 de noviembre de 1940, y en la. municipalidad de San Juan, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, mientras guiaba como conductor un arito-truck, vehículo pesado de motor, por la carre-tera Avenida Fernández Juncos, zona urbana, lo guió y dirigió ile-galmente, con tal descuido y negligencia y sin la debida prudencia y circunspección, que corriendo ilegalmente (1) a una velocidad exagerada (2) por el centro de dicha carretera (3) sin reducir la velocidad al aproximarse a una boca calle, no obstante estar dando alcance y acercándose a peatones que transitaban a uno y otro lado del camino, y sin tener en cuenta el ancho y tráfico del camino, no tomó las precauciones debidas y lo dejó chocar ilegalmente con el cuerpo del ser humano Juan Quiñones O’Neill, quien transitaba a pie por el centro de la mencionada carretera, cruzando la misma de Norte a Sur, arrollándole e infiriéndole de esta manera ilegal, golpes y contusiones de carácter grave, que le ocasionaron la muerte de este modo ilegal, al referido Juan Quiñones O’Neill. ...”

La prueba de cargo consistió en las declaraciones de tres testigos de los cuales uno solo presenció el accidente, Pablo Hernández Pérez que, en síntesis, declaró que el acusado venía guiando un truck por la Avenida Fernández Juncos como a las siete de la noche del día 23 de noviembre de 1940, por el centro de la carretera, a una velocidad como de 40 millas por liora, en dirección a Río Piedras; que el truck tenía sus luces encendidas y tocó klaxon; que en ese mo-mento y al acercarse a la calle Monserrate estaba cruzando la carretera el señor Juan Quiñones y cuando se acercaba ai centro de la calle que es ancha, el truck le dió con la' parte izquierda del guardalodo izquierdo, cayó y quedó tendido un poco hacia la izquierda; que el acusado paró a 25 pies, se apeó y recogió al hombre para llevarlo al hospital.

Los otros dos testigos de cargo si bien no vieron los hechos, se dieron cuenta del accidente cuando oyeron el golpe del truck con el cuerpo de Quiñones y corroboran al anterior testigo en cuanto a que vieron el cuerpo tendido hacia la izquierda del centro de la carretera.

La prueba documental del Fiscal consistió en el certifi-cado de defunción de Juan Quiñones O’Neill, y en el informe de la autopsia practicada por el Dr. Antonio Martínez Alvarez en su cadáver y en el que hace constar que la caus'a de la muerte fue una hemorragia intratorácica y el shock traumático producido por las fracturas de la segunda, ter-cera y cuarta costillas del lado izquierdo.

La prueba de la defensa consistió en la declaración de tres testigos y del propio acusado. Julio Rossy y Sixdo González, que estaban juntos, declararon más o menos lo mismo, es decir, que Juan Quiñones estaba cruzando la-carretera cuando venía el truck guiado por el acusado; que éste tocó klaxon y que ellos le gritaron a Quiñones que no cruzara pero él siguió y entonces el truck le dió; que eso ocurrió en el medio de la boca calle; que no saben qué parte del truck fué la que le dió porque ellos estaban del otro lado; que el truck paró como a tres o cuatro yardas del sitio.

El otro testigo, Tito Nieves Torres declaró que él venía guiando un truck en dirección contraria al acusado y vió cru-zar, como a 40 yardas, a un hombre hasta el medio de la carretera y entonces vió venir al truck del acusado y “al llegar a la mitad de la carretera, el muchacho (el acusado) defendió un poco y siempre le alcanzó a dar con la parte derecha de la caja”; que el truck del acusado venía a 20 ó 25 millas y tocó klaxon y paró a una yarda.

El acusado, explicando el accidente, se expresó así:

“P. — ¿Qué sucedió cuando usted se aproximó a la intersección de la calle Monserrate?
“R. — Venía un cuerpo, un anciano cruzando, un cuerpo que yo vi que cruzaba y bien alante cruzó una niñita.
“P. — ¿Qué hizo usted?
“R. — Puse el freno de pie y toqué claxon.
“P. — ¿Y qué pasó?
“R. — Después yo sentí como en la cabina del truck un golpe e1 inmediatamente paré y usé el freno de pie y miré y vi un señor en el suelo y apagué mi truck y lo recogí.
“P. — ¿Con qué parte del truck fué el golpe?
“R. — Con la parte del lado; por donde.yo voy sentado.”

Más adelante declaró que tenía sus luces encendidas y que tocó klaxon. Al ser repreguntado por el fiscal declaró;' lo siguiente:

“P. — ¿Al usted tocar claxon el señor continuaba para el centra a pesar de liaber tocado claxon?
‘ ‘ R. — Continuaba.
“P. — ¿Y usted no se paró?
“R. — Si él no estaba en la parte mía y nacía había que me obsta-culizase; él iba por el centro.
“P. — ¿Y usted por dónde iba?
”R. — Por mi derecha.
!<P. — ¿Y cómo eso es posible si ustecí oyó que los testigos dicen que le clió en el centro de la carretera?
“R. — En el centro de la carretera fué que cayó él.”

Sin objeción de la defensa la corte inferior admitió la declaración prestada por el acusado ante el fiscal en la inves-tigación preliminar del caso y en ella aparece lo siguiente:

“F. — ¿Usted vió ese hombre que cruzaba?
“T. — Sí, señor, y cuando yo le toqué klaxon, yo pensé que él se detendría, que no seguiría pasando, pero parece que siguió y tropezó con la caja del truck.
“F. — j A pesar de eso usted no frenó, sino que continuó su marcha?
“T. — Yo continuó la marcha, porque al frente no tenía nada.
“F. — ¿Usted no vióta ese hombre en el medio de la carretera?
“T. — Él iba caminando hacia adelante para el medio ele la carre-tera.” (Itálicas nuestras.)

Somos de opinión de que, con esta prueba, el jurado -estuvo justificado en rendir un veredicto de culpabilidad. Fue contradictoria y el jurado dirimió el conflicto en contra del acusado. No se alega ni se fia demostrado que el jurado •actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad y estando ■en mejores condiciones que nosotros para apreciar la forma en que declararon los testigos no puede sostenerse que incu-rriera en manifiesto error en la apreciación de la prueba. Pueblo v. Cruz, 59 D.P.R. 569, 571.

Al caso, de autos es aplicable la doctrina establecida en el de El Pueblo v. Benjamín, 44 D.P.R. 445, en el que este tribunal, por su Juez Presidente Sr. Del Toro, se expresó como sigue:

“La carretera era recta y suficientemente ancha. La viejita había llegado o estaba próxima a llegar al centro de la misma. Pudo ser vista a tiempo para evitar el accidente. No ya de la prueba del Pueblo, no obstante lo que dijo el primer testigo, si que también de la del propio acusado, puede deducirse que el auto caminaba por la izquierda y tan rápidamente que no pudo detenerse a tiempo o que el acusado guiaba con tal descuido que no advirtió al ser humano que cruzaba la carretera o que habiéndolo advertido fué tan inexperto que no supo evitar el injuriarlo. No se trata de un caso de una persona que aparece súbitamente cuando ya es im,posible dejar de chocar con ella.” (Itálicas nuestras.)

Juan Quiñones ya estaba en el centro de la carretera de la Avenida Fernández Juncos, que es ancha. Si el acusado hubiera venido guiando su truck a una velocidad moderada y tomando las debidas precauciones, habría podido fácilmente evitar el accidente. Al ver a la persona que estaba cruzando la carretera debió reducir su velocidad a tal extremo que hubiera podido detener o desviar su vehículo antes del cho-que y no confiar exclusivamente en su klaxon. Parece, sin embargo, que el acusado, según declaró, pensó que Quiñones se detendría y continuó a la misma velocidad en que iba y no pudo evitar darle con el guardalodos izquierdo. Que fue un golpe fuerte lo demuestran las tres costillas fracturadas y la hemorragia interior que ocasionaron la muerte a Qui-ñones. Bajo todas las circunstancias concurrentes no esta-ríamos • justificados ■ en variar el veredicto rendido por el jurado en este caso.

Se confirma la sentencia apelada. •

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Monserrate V. de Segarra, asistida de su esposo don Antonio Segarra, demandantes y apelantes, v. Antonio Vivaldi Pacheco, demandado y apelado.
    Núm. 8342.

    Sometido: Diciembre 19, 1941.

      Resuelto: Enero 27, 1942.

      Mario Báez García, abogado de los apelantes; Oscar Souffront, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión "del tribunal.

Monserrate V. de Segarra y Antonio Vivaldi celebraron un contrato a virtud del cual- el segundo se obligó a vender a la primera cierta finca urbana consistente en casa y solar, radicada en la carretera que de Mayagiiez conduce a Añasco, en el sitio conocido por Urbanización Vivaldi. Entre las condiciones del contrato se bailan las siguientes: (a) el precio convenido fue $2,475, del cual recibió el vendedor la cantidad de $300 al suscribirse el contrato, debiendo satisfa-cerse los $2,175 restantes a razón de $40 al vencimiento de cada mes a partir del primero de mayo de 1928; (b) la can-tidad adeudada devengaría intereses a razón del 1 por ciento mensual, los que se deducirían de cada plazo mensual, abonándose el resto del mismo al principal adeudado; (c) el incumplimiento de las condiciones del contrato por cual-quiera de los contratantes daría lugar a su rescisión y en tal caso el culpable debería pagar al' otro la cantidad de $500 por vía de indemnización, sin que dicha suma inclu-yera cualquier cantidad que adeudare la compradora por concepto de intereses a la fecha de la rescisión; (d) la com-pradora entraría en posesión del inmueble al suscribirse el contrato, debiendo el vendedor trasmitirle el título de la pro-piedad al pagarse la totalidad del precio convenido.

A virtud del aludido contrato, la demandante ocupó el inmueble y continuó poseyéndolo hasta el 19 de septiembre de 1930, en que habiéndose trasladado a San Juan, reasumió el demandado la posesión del mismo, instituyendo la deman-dante este pleito en 28 de junio de 1937 en reclamación de los daños y perjuicios que alega haber sufrido por haber quebrantado el demandado, según ella, el contrato de pro-mesa de venta.

La demanda se presentó a nombre de “Monserrate V. de Segarra, asistida de su esposo don Antonio Segarra” y como causa de acción, luego de exponer los hechos antes expresa-dos, alegó: que la demandante satisfizo los $300 que se obligó a pagar al suscribir el contrato, asi como las men-sualidades devengadas desde mayo de 1928 hasta septiembre de 1930, ambas inclusives, ascendentes a $1,120; que al tener que trasladarse a la ciudad de San Juan dejó la llave de la casa a Ramón Trabal, para que a nombre de ella la alqui-lase y aplicase el producto de la renta, con algún dinero que ella le enviaría, a los plazos mensuales que fueran deven-gándose hasta la extinción de la deuda; que pocos días des-pués de hallarse la demandante en San Juan, el demandado requirió a Trabal para que le facilitase la llave so pretexto de construir un garage en el inmueble y desde esa fecha se negó a entregarle la casa a pesar de los requerimientos de la demandante, habiéndola arrendado el demandado a dis-tintas personas y apropiádose las rentas; que durante el tiempo que la demandante poseyó la casa introdujo en ella reformas necesarias por su cuenta, con el conocimiento y consentimiento del demandado; que éste se negó a cumplir las condiciones del contrato, causando así su rescisión, y al ser requerido por los demandantes para que hiciera efectiva la indemnización convenida, aplazó el pago por algum tiempo, aplazando también la devolución de lo pagado por los deman-dantes, hasta que el 14 de mayo de 1937 se negó resueltamente a seguir cumpliendo las condiciones del contrato y a pagar la indemnización y devolver el dinero recibido. Como conse-cuencia de dichos actos del demandado, alegan los deman-dantes haber sufrido daños y perjuicios que estiman en $2,845, cuyas partidas detallan en la demanda. Termina ésta con súplica de una sentencia por $2,845 con intereses legales desde su radicación, más las costas, gastos, desem-bolsos y honorarios de abogado.

En su contestación negó el demandado haber quebrantado el contrato y en síntesis alegó que la demandante sólo había pagado plazos por valor de $452.50; que desde el mes de octubre de 1929 había dejado. de pagar las mensualidades estipuladas y que a pesar de ello continuó en posesión de la casa hasta’ el 19 de septiembre de 1930 en que llamó al demandado para informarle que no podía continuar con el contrato conviniéndose entonces entre demandante y deman-dado en que aquélla le devolvería la casa en consideración a que el demandado le diera cierta cantidad de dinero para trasladarse a San Juan, como en efecto lo hizo, y que pagase ciertas deudas de la demandante y de su hijo, ordenando el demandado preparar el correspondiente contrato de rescisión que se obligó a firmar la demandante antes de salir de Maya-güez, lo que no hizo porque al presentarse el demandado en la casa de la demandante acompañado del notario para la firma del documento, se encontró que la demandante se había marchado para San Juan y encargado al Sr. Trabal que entregase la llave de la casa al demandado, habiéndose veri-ficado dicha entrega por el Sr. Trabal.

Fué el caso a juicio, dictándose la sentencia apelada, por la que se desestimó la demanda, condenando a la demandante al pago de las costas y de la cantidad de $100 por concepto de honorarios de abogado.

La sentencia está predicada, en primer lugar, en que la suma reclamada por concepto de daños y perjuicios, en caso de ser éstos probados, pertenece a la sociedad conyu-gal y por consiguiente la acción debe establecerse a nombre del marido, por lo que, no habiéndose hecho así en este caso, de acuerdo con lo resuelto en Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467, la demandante carece de capacidad para instituir la acción; en segundo término se basa la sentencia en que no se probaron las alegaciones esenciales de la demanda.

• En su alegato los demandantes apelantes imputan a la corte a quo la comisión de once errores. Los siete primeros se contraen a la admisión de evidencia; el octavo y el noveno a haber resuelto el tribunal inferior que la acción establecida corresponde a la sociedad conyugal y que la esposa carece de capacidad para demandar en tales circunstancias; el décimo se refiere a la imposición de costas a la demandante, y el undécimo a la apreciación de la prueba.

Considerada la naturaleza de los errores señalados, parece conveniente iniciar su discusión con los numerados octavo y noveno, ya que de resolverse que la cantidad: reclamada es ganancial y que la demanda ha sido establecida por la esposa solamente y no por el marido como administrador de la sociedad conyugal, carecería aquella de capacidad legal para demandar y no habría necesidád de entrar a considerar los errores restantes.

Como hemos visto por la relación de hechos que precede, ol contrato en cuestión envuelve el derecho^ a adquirir un inmueble, sin que de la prueba aparezca que el precio a pagarse te.nga carácter privativo, siendo entonces de aplica-ción lo dispuesto en el artículo 1307 del Código Civil al efecto de que “se reputan gananciales todos los bienes del matri-monio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.” Se lia resuelto repetidamente por este tribunal que si bien la mujer por sí sola no puede enajenar o gravar los bienes de la sociedad conyugal, sin embargo nada impide que pueda ella adquirir bienes para dicha sociedad, y que no puede calificarse de defecto subsa-nable siquiera, la incomparecencia del marido en la escri-tura por la cual se adquiere el inmueble. Fuster v. Paonesa, 43 D.P.R. 760; E. Solé & Co., v. Sepúlveda, 41 D.P.R. 813.

Siendo ello así, no está el demandado vendedor impedido (estopped) en forma alguna, de alegar que un derecho así adquirido es ganancial.

Si el derecho a adquirir el inmueble una vez cumplidas por la compradora todas las condiciones del contrato es un derecho que no corresponde privativamente a cualquiera de los cónyuges y sí a la sociedad conyugal es obvio que los daños y perjuicios que puedan obtenerse por la privación de ese derecho se reputan gananciales. Tratándose, pues, de la reclamación de bienes gananciales, el pleito debe instituirse a nombre de dicha sociedad, y como prescribe el artículo 1312 del Código Civil que el marido es su administrador, corresponde a éste, como tal administrador, y no a la esposa, ejercitar la causa de acción.

En el caso de Vázques v. Valdés, supra, invocado por la corte sentenciadora, se trataba de un pleito establecido en reclamación de daños personales sufridos por la esposa. La acción fué interpuesta por ésta, asistida de su marido, y después de resolverse que la acción pertenecía a la sociedad conyugal, se confirmó la sentencia que desestimó la demanda, porque del contexto de ésta surgía que la acción se ejercitaba para beneficio de la esposa y no a favor de la sociedad de gananciales.

Aliora bien, ¿ concurren en el presente caso las mismas circunstancias que sirvieron de base a este tribunal para resolver en el caso de Vázquez v. Valdés, supra, que la acción allí establecida lo fué para beneficio de la esposa exclusiva-mente y no a favor de la sociedad conyugal, a quien en rea!-lidad pertenecía el derecho reclamado?

Si nos detenemos a examinar las alegaciones de la de-manda en el presente caso, inmediatamente veremos que la acción instada por la esposa, asistida de su marido, lia sido ejercitada en beneficio de la sociedad conyugal y no en el de la esposa, como sucedió en Vázquez v. Valdés, supra. La demanda se tituló “Monserrate Y. de Segarra, asistida de su esposo don Antonio Segarra”, y en su párrafo séptimo se alega que “los demandantes cumplieron siempre con todas las condiciones del contrato y requirieron al demandado a que también las cumpliera;” en el octavo que “como conse-cuencia de los actos del demandado, los demandantes han sufrido daños y perjuicios” que inmediatamente pasan a especificar, y por último, en la súplica se pide “que se con-dene al demandado a pagar a los demandantes la cantidad reclamada en la demanda de $2,845. . .”

Es evidente, a nuestro juicio, que la acción se establece no en beneficio exclusivo de la esposa, sino para la sociedad conyugal.

Sentada esta premisa, réstanos aliora determinar si en el presente caso la acción ha sido establecida por el esposo como exige el artículo 1312 del Código Civil. A nuestro juicio lo ha sido. Habiéndose instado el pleito por la esposa asistida de su marido Antonio Segarra, este último es parte en la acción. “Asistir”, según el Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española, 14a. ed., y el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, significa “acompañar a alguno en un acto público; ayudar; estar presente.” ‘'Asistencia”, según Escriche, “Diccionario de Legislación y Jurisprudencia”, es “la acción de asistir o la presencia actual.” De suerte que al expresarse que la esposa está asistida de su esposo, claramente se indica que este último está presente, que se ha personado en los autos, y qne junta-mente con la esposa reclama el remedio solicitado en la demanda. De aM que en las escrituras en que se enajenan o gravan bienes inmuebles de la sociedad conyugal, para lo cual es indispensable el consentimiento expreso de ambos cónyuges, frecuentemente comparezca el marido “asistido de su esposa”, y siempre se ba considerado que la comparecencia de la esposa en esa forma es suficiente. Por consiguiente, en el presente caso sólo podría decirse que la comparecencia de la esposa es superfina (surplusage), y siendo así, puede hacerse caso omiso de ella, subsistiendo la del esposo, quien, como administrador de la sociedad con-yugal, tiene el derecho de representarla en esta acción.

Por lo expuesto, opinamos que si bien se trata de una reclamación de bienes pertenecientes a la sociedad de ganan-ciales, la acción ha sido instituida por el esposo y por con-siguiente erró la corte sentenciadora al sostener la excepción previa a la demanda. Esta conclusión nos obliga a con-siderar los demás errores señalados por los apelantes. Los siete primeros se refieren a la admisión en evi-dencia de: (1) el original de una cuenta que alegó el deman-dado haber entregado a la demandante; (2) un recibo suscrito por José Rafols Roger que aparece al calce del contrato de venta condicional celebrado entre dicho señor y Carlos L. Segarra, hijo de los apelantes; (3) un documento sin fecha suscrito por la demandante; (4) un pagaré de $15 firmado por el demandante Antonio Segarra a favor del demandado; (5) permitir que se interrogara al demandado sobre transacciones entre terceras personas no interesadas on este contrato; (6) un recibo de contribuciones correspon-diente al segundo semestre de enero primero a junio 30 de 1930, sin haber sido debidamente identificado; y (7) un talonario de recibos hecho y conservado por el propio demandado.

De la contestación y de la prueba ofrecida por el deman-dado claramente surge sn posición en este pleito, qne es controvertir la aseveración de la demandante al efecto de qne no obstante liaber ella cumplido todas sns obligaciones contractuales, el demandado dejó de cumplir las suyas, apo-derándose ilegalmente del inmueble, sin el consentimiento y a espaldas de la demandante. A corroborar la declaración del demandado tiende la prueba objetada a qne se refieren los siete, errores que nos ocupan.

La cuenta a que se contrae el primer señalamiento de error es la liquidación que conforme declaró el demandado, preparó a instancias de y entregó a la demandante el 15 de septiembre de 1930 para que sirviese de base al contrato de rescisión. Este documento fue producido por la propia demandante a requerimiento del demandado y aunque ella declaró que lo recibió en 1931 por conducto de su abogado entonces, Sr. Llorens Torres, el demandado declaró que lo había entregado a ella personalmente el 15 de septiembre de 1930, fecha que coincide con la del documento y muy próxima a aquella en que debería firmarse, según el deman-dado, el contrato de rescisión.

El recibo a que se refiere el segundo señalamiento de error es uno firmado por José Rafols Roger al calce de un contrato de venta condicional celebrado entre dicho señor y el hijo de la demandante, y tiende a acreditar que el deman-dado pagó la cuenta del hijo de la demandante en cumpli-miento del contrato de rescisión.

El documento sin fecha que motiva el tercer señalamiento de error aparece suscrito por la demandante, quien admitió haberlo firmado, y está relacionado con la rescisión alegada por el demandado.

El pagaré por $15 suscrito por el esposo de la deman-dante a favor del demandado, que es objeto del cuarto seña-lamiento de error, aparece relacionado en la aludida liquida-ción y tiende a nrobar su exactitud.

El .interrogatorio a que se refiere el quinto señalamiento de error es la declaración del demandado al efecto de haber pagado cierta denda del hijo del demandante, Carlos L. Segarra, a favor de Francisca Albino, en cumplimiento de lo convenido con la demandante.

El recibo de contribuciones a que se contrae el sexto seña-lamiento de error fué admitido para probar que el deman-dado había pagado la contribución sobre la casa por cuenta de la demandante, identificándose suficientemente la propie-dad, y por último, el talonario a que se contrae el séptimo señalamiento de error se presentó para probar que el último pago hecho por la demandante a virtud del contrato de pro-mesa de venta se efectuó el 6 de septiembre de 1929, lo que corrobora la declaración del demandado al efecto de que al entregarle la casa, la demandante hacía cerca de un año que no pagaba los plazos de $40 mensuales.

Toda esta prueba es admisible, pero asumiendo que no lo fuera cualquiera de esos documentos, ese error no causa-ría la revocación de la sentencia, pues independientemente de esa prueba, subsistiría la declaración del demandado, a la que dió entero crédito la corte sentenciadora. Pero yendo más lejos aún y descartando la declaración del demandado, el resto de la evidencia no sostiene las alegaciones de la demanda.

El testigo Trabal,- a quien la demandante rehusó llamar a declarar pretextando que se hallaba ocupado en el esta-blecimiento de Smallwood Brothers y a quien dijo la deman-dante que había comisionado para que administrase su casa y pagase con sus rentas y con lo que ella le enviase los plazos mensuales, llamado por el demandado negó que se le hubiese encomendado tal gestión, y por el contrario declaró que la llave de la casa le fué dejada por la demandante con la madre del testigo para que éste la entregase al demandado una vez sacados los muebles de la demandante, declaración ésta que no sólo desacredita la de la demandante, si que corrobora fuertemente la del demandado.

Después de lo dicho, poco tenemos que agregar en rela-ción con el undécimo error, que se refiere a la apreciación de la prueba. Bastará llamar la atención al efecto de que fue contradictoria y que la corte, muy acertadamente, a nuestro juicio, no dió crédito a la de la demandante, y por el contrario lo dió a la del demandado, y bajo las circuns-tancias que concurren en este caso, no podríamos en forma alguna alterar esa decisión.

Parece conveniente consignar aquí que no debe entenderse que sostenemos que el contrato de rescisión a que se refiere la prueba del demandado, celebrado aunque no firmado por la esposa sin el consentimiento expreso del marido, sea válido. Dicha transacción sólo tiende a controvertir la ale-gación de los demandantes al efecto de que el demandado quebrantó el contrato de promesa de venta, apoderándose ele la casa sin el consentimiento y a espaldas de la deman-dante.

Finalmente, el décimo error se contrae a la imposición de costas a la demandante. El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la ley número 69 de 1936 (Leyes de 1936 (1) pág. 353) primero, y por la núm. 94 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 239) después, prescribe que a “la parte a cuyo favor se dicte cualquier sentencia o resolución final le serán concedidas las costas.” Habiéndose dictado la sentencia de este caso el 15 de diciembre de 1939, después de enmendado dicho artículo, era imperativo para el juez inferior condenar en eos tas a los demandantes, y ante la manifiesta temeridad de éstos, no dudamos que hizo buen uso de su discreción al condenarlos a pagar la cantidad de $100 por concepto de los honorarios del abogado del demandado.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Glens Falls Indemnity Co., Cities Delivery Express, Inc. y Cristino Colón Soto, peticionarios, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. Enrique S. Mestre, Juez, demandada.
    Núm. 1269.

    Sometido: Enero 19, 1942.

      Resuelto: Enero 28, 1942.

      José López Baralt abogado de los peticionarios; García Méndez & García Méndez, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Oímos este recurso de certiorari radicado contra la Corte de Distrito de Aguadilla. El pleito original en la corte inferior solicitaba supuestos daños provenientes de un accidente de automóvil. El pleito original fue radicado contra el chófer del truck en cuestión, la compañía del express, que era la dueña del truck y de la cual el chófer era empleado, y la peticionaria en este caso, una compañía aseguradora.

Los peticionarios se quejan de la resolución de la corte inferior sosteniendo que el demandante en el recurso original tenía derecho a una sentencia sobre las alegaciones debido a que la moción eliminatoria y la .excepción previa de los peti-cionarios eran frívolas. Esa misma resolución ordenaba una vista para determinar la cuantía de los daños única-mente.

Creemos que es innecesario y poco deseable entrar ahora en los méritos de este caso, en vista de la moción de reconsideración radicada por los peticionarios en la corte inferior. Habiendo los peticionarios elegido solicitar la reconsideración de dicha orden antes de radicar su petición de certiorari en esta corte, deben conceder a la corte inferior la oportunidad de resolver dicha moción antes de recurrir a este tribunal con un procedimiento extraordinario como el certiorari (González v. Corte de Distrito, 54 D.P.R. 489). El hecho de que el juez en propiedad estuviera de vacaciones al tiempo de radicarse la moción de reconsideración no altera nuestra conclusión. Como cuestión de hecho el récord demuestra que un juez sustituto fué en realidad nombrado con tiempo suficiente para resolver la moción de reconsideración si no se hubiera radicado la presente solicitud.

Sin embargo, nos sentimos obligados a decir que si no estuviera pendiente la moción de reconsideración en la corte inferior, nos sentiríamos inclinados a convenir con la contención de los peticionarios. Según éstos indican, en un caso similar resuelto recientemente en la misma corte de distrito por el mismo juez, este último declaró con lugar una moción para eliminar más o menos las mismas palabras. Sin embargo, en este caso el mismo juez decidió'que una moción similar era frívola. Además, la excepción previa, aunque de primera instancia fué dirigida, desde luego, contra las alegaciones, sugería el punto importante de responsabilidad ulterior de parte de la compañía aseguradora, peticionaria en este recurso. Los peticionarios parecen tener derecho a levantar esta cuestión tanto en las alegaciones como en la prueba. Realmente los autos reflejan que los peticionarios habían realizado otros esfuerzos substanciales para asegurarse que este mismo punto sería determinado judicialmente radicando un recurso de sentencia declaratoria ■en la Corte de Distrito de San Juan contra la compañía del express y el demandante en el caso original d¡e daños y perjuicios, solicitando una sentencia declaratoria al efecto de que la compañía aseguradora, peticionaria en este recurso, no estaba obligada a defender el caso original de daños y perjuicios o satisfacer cualquier sentencia dictada en el mismo, porque la compañía del express no había cumplido con una de las cláusulas de la póliza por haber dejado de notificar el accidente a la compañía aseguradora.

No es nuestro deseo que esta parte de nuestra opinión sea interpretada como insinuando en manera alguna que la corrección del fallo de la corte inferior sobre la moción para eliminar y sobre la excepción previa está siendo con-siderada ahora por la corte en sus méritos. Ambas partes admiten que eso no puede hacerse mediante certiorari. Lo que hemos hecho es indicar por qué encontramos dificultad en declarar frívolas la moción eliminatoria y la excepción previa de los peticionarios, fuera de los méritos de sus alega-ciones

Alegan asimismo los peticionarios que ningún caso resuelto por este tribunal ha autorizado hasta la fecha una moción solicitando sentencia sobre las alegaciones en un caso de daños y perjuicios en donde los -daños están necesariamente sin liquidar. Siendo innecesario pasar sobre este punto en el presente caso, expresamente lo dejamos pendiente.

Debe anularse el auto expedido y devolverse el caso a la corte inferior para que resuelva la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.