text:
    Miriam N. Fonseca, Rosa M. Fonseca y Felícita Rodríguez, recurridas, v. Hospital Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA), Dr. Guillermo Tirado Menéndez, Dr. Arnulfo Santana y SIMED, peticionarios.

      Número: AC-2010-62

      Resuelto: 5 de enero de 2012

      Sonia Ortega Rivera,' abogada de la parte peticionaria; Alfredo Cruz Resto, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión tenemos otra oportunidad de aplicar a un pleito de daños y perjuicios un contrato de transacción mediante el cual se libera de toda responsabilidad a unos médicos que incurrieron en impericia. Nos corresponde de-terminar si el acuerdo también tuvo el efecto de liberar al único codemandado que no formó parte de su otorga-miento: el Hospital. Por entender, que el Tribunal de Ape-laciones erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada, cuando solo correspondía poner en vigor el referido contrato, revocamos.

I

La Sra. Miriam N. Fonseca, la Sra. Rosa M. Fonseca y la Sra. Felicita Rodríguez (las demandantes) instaron una acción de daños y peijuicios por impericia médica en contra del Dr. Guillermo Tirado Menéndez, el Dr. Arnulfo Santana, el Sindicato de Aseguradores de Impericia Médica (S.I.M.E.D.), asegurador de los referidos médicos, y el Cen-tro Médico del Turabo Inc. h/n/c, HIMA San Pablo (HIMA), a raíz de la muerte de la Sra. Iris Fonseca. El foro primario declaró con lugar la demanda y responsabilizó solidaria-mente a los médicos demandados. No obstante, desestimó la reclamación contra HIMA, al concluir que las enferme-ras y el personal del Hospital siguieron las instrucciones de los médicos, quienes no eran empleados de HIMA. Por último, calculó los daños y sufrimientos mentales de las demandantes en $370,000.

Inconformes, las demandantes solicitaron reconsidera-ción para que se le impusiera a HIMA responsabilidad so-lidaria con los médicos codemandados, al amparo de la doc-trina de autoridad aparente. En específico, recalcaron que la Sra. Iris Fonseca era originalmente paciente de otro hospital y que fue llevada a HIMA por ser el hospital más cercano. Por su parte, HIMA no compareció, a pesar de habérsele concedido un término para que se expresara. En consecuencia, el foro primario emitió una resolución en la que impuso responsabilidad solidaria a HIMA por las ac-tuaciones de los médicos autorizados a prestar servicios profesionales en dicha institución. HIMA no solicitó recon-sideración o revisión de este dictamen.

Luego de varios trámites procesales, en 2009, las de-mandantes llegaron a un Acuerdo Transaccional Privado con el doctor Tirado Menéndez, el doctor Santana y S.I.M.E.D. Mediante el acuerdo, estos codemandados fue-ron liberados de responsabilidad respecto a cualquier otro asunto relacionado con la muerte de la Sra. Iris Fonseca. La causa del contrato de transacción fue la cantidad límite de las pólizas de los referidos médicos, a saber, $350,000. En específico, el inciso seis (6) de este contrato establece que, con este pago, la parte demandante quedaba satisfe-cha “por cualquier obligación que pudiese imponerse a ellos por los daños alegados o no, que surjan del evento que propició la presentación de la demanda. Bajo ningún con-cepto, las partes comparecientes pagarán cantidad alguna adicional a las especificadas en este documento”. Apéndice del Certiorari, pág. 104.

Respecto al trámite ulterior contra HIMA, este acuerdo transaccional dispuso lo siguiente:

7. ... La parte demandante expresamente se reserva ínte-gramente el derecho de proseguir cualquier trámite post-sentencia en contra del co-demandado HIMA, el cual queda en el pleito y no ha sido relevado de responsabilidad por este acuerdo ni podrá beneficiarse del mismo. Al presente acuerdo le será aplicable todo lo establecido en Szendrey Ramos v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R. 648 (2003), 2003 T.S.P.R. 18, y en US Fire Insurance Company y otros v. Autoridad de Energía Eléctrica y otros, 17[4] D.P.R. [846] (2008), 2008 T.S.P.R. 160, a los fines de que el co-demandado HIMA, el cual queda en el pleito y contra quien prosiguen los trámites post-sentencia, no será responsable de forma alguna por los daños que pudieran ser atribuibles ay lo hayan sido causados por los co-demandados comparecientes. El co-demandado HIMA sólo responderá a la parte demandante por los daños causados por sus propias ac-ciones u omisiones negligentes, las acciones u omisiones negli-gentes de sus empleados y lo de aquellas personas por las cua-les deba responder bajo cualquier doctrina legal vigente en Puerto Rico, o por la participación que en su momento se es-tablezca compete a HIMA pagar según la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. (Énfasis suplido.) Apén-dice del Certiorari, págs. 104 — 105.

Así las cosas, las demandantes llevaron a cabo gestiones extrajudiciales para requerir de HIMA el balance pen-diente de la sentencia del foro primario. Ante la negativa de pago, acudieron ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitaron una orden de embargo en ejecución de sentencia en su contra.

Por su parte, HIMA se opuso a la solicitud de embargo y adujo que, aunque el foro de primera instancia le impuso responsabilidad solidaria junto a los médicos codemanda-dos, no fue cocausante de los daños que sufrieron las demandantes. Asimismo, señaló que, conforme a la cláu-sula siete (7) del contrato de transacción, las demandantes se reservaron el derecho de continuar contra HIMA única-mente por la propia negligencia de HIMA. Por lo tanto, alegó que no procedía el embargo en su contra, pues el foro sentenciador determinó que HIMA no fue negligente. Las demandantes se opusieron a las alegaciones de HIMA e invocaron nuevamente la doctrina de autoridad aparente. Asimismo, señalaron que la señora Fonseca llegó a HIMA a través de la Sala de Emergencias.

Así las cosas, el 28 de octubre de 2009, el foro primario emitió una resolución en la que declaró sin lugar la solici-tud de embargo en contra de HIMA. Esta resolución re-saltó que los doctores demandados no eran empleados del hospital. Esto, pues el doctor Tirado Menéndez fue contra-tado por la corporación que administra la Sala de Emer-gencia de HIMA y el doctor Santana tenía privilegios para atender pacientes allí.

Además, recalcó que no se presentó evidencia en cuanto a si hubo o no supervisión de parte de los facultativos mé-dicos, empleados de HIMA, de esos médicos que resultaron responsables por impericia. Tampoco se presentó evidencia sobre actos previos de impericia profesional de esos doctores. Además, concluyó que HIMA no tenía responsa-bilidad porque sus empleados actuaron según las directri-ces de los doctores Tirado y Santana. Por ello, se denegó el embargo y cobro de lo reclamado a HIMA.

Inconformes, las demandantes acudieron ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro concluyó que lo resuelto acerca de la responsabilidad solidaria del Hospital era cosa juzgada y no se podía alterar. Por ello, revocó la resolución del foro primario.

Tras haber solicitado reconsideración sin éxito, HIMA acude ante nos mediante recurso de apelación y solicita que revoquemos la decisión del foro intermedio. HIMA nos plantea que, aunque reconoce el efecto de la resolución emitida en el 2007, que le impone un deber de solidaridad junto a los codemandados, nunca se adjudicó un grado de culpa en su contra. Por lo tanto, al relevar a los médicos de su culpa mediante el acuerdo transaccional, las demandan-tes, a su vez, relevaron a HIMA de cualquier reclamación. En síntesis, HIMA no impugna la aplicación de la doctrina de cosa juzgada; solo nos solicita que reconozcamos que fue liberada mediante el acuerdo de transacción.

Examinado el recurso de apelación presentado por HIMA, decidimos acogerlo como certiorari y expedirlo. Ha-biendo comparecido ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. Responsabilidad de los hospitales para con los pacientes

Durante las últimas décadas hemos ido estableciendo distintas bases para imponerle responsabilidad a los hospitales por los daños que puedan sufrir los pacientes. Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 404—405 (1985); Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960). En primer lugar, concluimos que los hospitales responden por los actos u omisiones negligentes de su personal médico o paramédico en el ámbito de sus funciones. Para ello, nos fundamentamos en la doctrina de responsabilidad vicaria, decretada en el Art. 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5142. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 512 (2009); Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 405.

Luego, resolvimos que los hospitales también responden por políticas institucionales que obstaculicen el cuidado de los pacientes. Véanse: Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598 (1984); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984). Asimismo, hemos sostenido que los hospitales responden por los daños ocasionados por no tener disponible el equipo básico necesario para atender situaciones previsibles o por tenerlo en estado obsoleto o deficiente. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 323-327 (1998). En caso de que la responsabilidad del hospital concurra con la responsabilidad del médico, la responsabilidad del primero es solidaria con el segundo sin menoscabo de la determinación de los grados exactos de culpa en la relación interna entre ambos, para obtener rembolso directo en proporción a esa responsabilidad. Núñez v. Cintrón, supra, pág. 606.

Por otra parte, también hemos concluido que los hospitales responden por los médicos, dependiendo de la relación jurídica que estos tengan con el hospital. Primero, los hospitales responden vicariamente por los médicos que son sus empleados. Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra. Segundo, el hospital es responsable vicariamente por los actos negligentes de los médicos que, aunque no son sus empleados, son parte de su facultad (staff) y están dis-ponibles para consultas de otros médicos. íd., pág. 407; Núñez v. Ontrón, supra, pág. 606. Tercero, los hospitales responden conjuntamente con los concesionarios de fran-quicias exclusivas para prestar servicios en el hospital cuando cometen actos de impericia médica. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 515 y 516. Son ejemplos de estos concesionarios los anestesiólogos, radió-logos y proveedores de servicios de sala de emergencia. íd. Respecto a estos, el hospital es responsable por haber se-leccionado a ese personal y tenerlo ofreciendo servicios a los pacientes. íd.

Como última categoría, tenemos a los médicos que, sin ser empleados del hospital, gozan del privilegio de usar las instalaciones del hospital para recluir a sus pacientes privados. Al respecto, hemos impuesto responsabilidad a los hospitales por los actos de impericia médica cometidos por estos médicos, dependiendo de una distinción: si el hospital le asignó el paciente a ese médico no empleado o si se trata de un paciente privado del médico no empleado. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 513; Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, págs. 402-405.

Por un lado, si la persona acudió directamente al hospital en busca de ayuda médica y este le proveyó al paciente los facultativos médicos que lo atendieron, aplica la doc-trina de autoridad aparente. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra. En ese caso, el hospital responderá vicaria y solida-riamente con el médico responsable del acto de impericia, sin importar que este último sea un empleado del hospital, o uno a quien el hospital le haya concedido una franquicia para brindar servicios médicos especializados a los pacien-tes del mismo, o uno que es miembro de la facultad (staff) del hospital y a quien este llama en consulta para atender al paciente. Id.

En Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, aplicamos esta doctrina a una situación de hechos en que la víctima de impericia médica era una paciente privada del médico no empleado del hospital, que tenía el privilegio de recluir en esa institución a sus pacientes privados. En ese caso, no hubo alegación sobre actos negligentes de empleados del hospital ni se alegó que la institución fue negligente al concederle y mantenerle el privilegio al doctor imperito. Tampoco se alegó que las instalaciones y el equipo del hospital tuvieran relación con el acto de impericia. Por ello, no le impusimos responsabilidad al hospital y desestimamos el caso en su contra.

B. Acuerdo transaccional para liberar a uno o varios cocau-santes del daño

Una vez se impone responsabilidad solidaria entre un hospital y los médicos que incurrieron en impericia, la víctima puede otorgar un contrato de transacción, ya sea con uno de los codemandados, con varios o con todos. La transacción es un acuerdo mediante el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la prolongación de un pleito o ponen término al que ya había comenzado. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4821.

Hemos expresado que los elementos que constituyen un acuerdo transaccional son: (1) una relación jurídica incierta litigiosa; (2) la intención de los contratantes de componer el litigio y sustituir la relación dudosa por otra cierta e incontestable, y (3) las recíprocas concesiones de las partes. Con relación a este último elemento, se requiere que cada uno de los contratantes reduzca y sacrifique a favor de otro una parte de sus exigencias a cambio de reci-bir una parte de aquello que es objeto del litigio. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 239 (2007); Ñeca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870 (1995).

Asimismo, hemos establecido que, al interpretar un contrato de transacción, aplican las normas generales sobre la interpretación de contratos en lo que no sean incompatibles con una norma particular de interpretación. En específico, aplican las normas decretadas sobre la necesidad de descubrir la verdadera intención de los contratantes cuando esta no surge claramente de los términos del contrato. Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 789 (1981); Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409-411 (1969).

En el contexto de responsabilidad extracontractual y solidaridad legal, expresamos recientemente que el que una víctima libere de responsabilidad a uno de los codemandados mediante un acuerdo transaccional no necesariamente significa que relevó a los otros codemandados, si esto último no está dispuesto claramente en el acuerdo. Por lo tanto, la víctima podría continuar su reclamación contra los demás codemandados. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; US Fire Insurance v. A.E.E., 174 D.P.R. 846, 855 (2008).

Asimismo, hemos resuelto que los efectos de este tipo de contrato transaccional dependen de lo pactado entre las partes, en lo que respecta a la relación interna entre code-mandados solidarios y la relación externa entre codeman-dados y demandantes. Lo decisivo es la intención de las partes sobre los efectos de la transacción. Así, cuando surge claramente del acuerdo transaccional que el deman-dante libera a un codemandado de toda responsabilidad que pueda surgir del evento que causó el daño, se enten-derá que ese codemandado ha sido liberado ante el deman-dante (relación externa) y ante los demás codemandados (relación interna). En ese caso, el demandante asumirá el grado de responsabilidad que el tribunal finalmente atri-buya al codemandado liberado. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; Blás v. Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439, 450-453 (2006); S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R. 648, 655-656 (2003).

Por su parte, los demás cocausantes no liberados solo responderán por el porcentaje de responsabilidad que quede luego de restar el monto correspondiente a la por-ción de responsabilidad del cocausante liberado, y no por el monto de la indemnización. A su vez, esto significa que el resto de los cocausantes no pueden instar la acción de ni-velación en contra del cocausante que fue liberado de responsabilidad. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; US Fire Insurance v. A.E.E., supra.

En cierta medida, ambas partes asumen un riesgo en este tipo de acuerdo transaccional. Por un lado, el deman-dante asume el riesgo de que el monto correspondiente a la porción de responsabilidad del cocausante liberado sea mayor a lo recibido a cambio del relevo de responsabilidad. Por otro lado, el cocausante liberado asume el riesgo de que el monto correspondiente a su porción de responsabili-dad sea menor a lo pagado a cambio de su exoneración. Además, si al cocausante liberado no lo hallan responsable, no tendrá derecho a recobrar lo que pagó. Los cocausantes no liberados tampoco podrán exigir que se les descuente lo lo que pagó el cocausante liberado, pero hallado no responsable. En este caso, el demandante percibe la ganancia. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.

Por otro lado, el contrato transaccional puede liberar a un cocausante solo en la relación externa, sin relevarle de la responsabilidad que pueda tener con los demás cocausantes en la relación interna. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. Esto tendrá el efecto de reducir del monto de la sentencia la cantidad obtenida mediante la transacción, pero no se reducirá la cantidad equivalente al grado de responsabilidad del cocausante liberado. íd. Así, el demandante podrá reclamar a cualquiera de los demás cocausantes la cantidad restante del monto correspon-diente a la indemnización que otorgó el tribunal, sin tener que restar el monto equivalente al grado de responsabili-dad adjudicado al codemandado liberado. Consecuente-mente, el demandante no podrá recobrar el monto de la sentencia más la cantidad obtenida mediante la transacción. Respecto a la relación interna, los cocausantes no liberados podrían instar una acción de nivelación en contra del cocausante que fue liberado solo en la relación externa. Íd.; US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Blás v. Hospital Guadalupe, supra.

En cuanto al grado de responsabilidad entre cocausantes, hemos establecido que el juez sentenciador deberá fijarlo al dictar sentencia. Si no lo hace, aplicará la presunción de igualdad de culpas. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 707-708 (1987). No obstante, cuando se libera de responsabilidad a un cocausante mediante un acuerdo de transacción en medio de una acción en daños y peijuicios, antes de que se dicte sentencia, el foro primario deberá determinar en su sentencia el monto líquido total de los daños ocasionados a la víctima por todos sus cocausantes y deducirá del monto total el porcentaje de responsabilidad del codemandado liberado. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, págs. 658-659.

Asimismo, el foro primario deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los cocausantes no libe-rados de responsabilidad, para efectos de la nivelación posterior entre ellos. S.L.G. Szendrey v. Hospicare Inc., supra, págs. 658-659. De no ser así, existiría como alternativa la acción independiente de nivelación. Soc. de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 109 D.P.R. 279, 282-283 (1979).

C. Cosa juzgada

Por otra parte, la doctrina de cosa juzgada, decretada en el Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3343, impide que, luego de emitida una sentencia en un pleito anterior, las mismas partes relitiguen en un pleito posterior iguales causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber litigado. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 769 (2003); Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 464 (1996). Para que se active la presunción de cosa juzgada en otro juicio, se requiere que entre el caso resuelto mediante sentencia y el caso en que esta se invoca concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron. 31 L.P.R.A. sec. 3343. Véanse, también: Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253, 267 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732 (1978).

La doctrina de cosa juzgada se fundamenta en consideraciones de orden público y necesidad. Por un lado, vela por el interés gubernamental en que se finalicen los pleitos. También, busca dar la debida dignidad a los fallos de los tribunales. Por otro lado, se interesa en no someter a los ciudadanos a las molestias de tener que litigar dos veces una misma causa. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 218-219 (1992); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). No obstante, la aplicación de la doctrina de cosa juzgada no procede de forma inflexible y automática cuando hacerlo derrotaría los propósitos de la justicia o las consideraciones de orden público. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 269 (2004).

III

A. Responsabilidad de los hospitales para con los pacientes

El foro de primera instancia determinó, en reconsidera-ción, que HIMA era responsable solidariamente por los ac-tos de los médicos codemandados. Esta determinación sur-gió como resultado del planteamiento que las demandantes hicieron al amparo de la doctrina de autoridad aparente, en su moción de reconsideración.

Con relación a los doctores Tirado Menéndez y Santana, surge del expediente que no son empleados de HIMA. Al doctor Tirado Menéndez lo contrató la corporación que ad-ministra la Sala de Emergencia de HIMA y el doctor Santana tenía privilegios para atender a sus pacientes priva-dos en HIMA. Al ser así, debemos determinar si HIMA es responsable vicaria y solidariamente por los actos de impe-ricia de ambos, al amparo de la doctrina de autoridad aparente.

Surge del expediente que la Sra. Iris Fonseca acudió al Hospital a través de la Sala de Emergencia, sin ser previa-mente una paciente privada de los galenos codemandados. Asimismo, surge que la Sra. Iris Fonseca era paciente de otro hospital y que fue llevada a HIMA por ser el hospital más cercano. Allí, HIMA le proveyó los servicios de ambos galenos. Siendo así, conforme a la doctrina de autoridad aparente, HIMA responde vicaria y solidariamente junto a los doctores codemandados.

Nos queda considerar si se le impuso a HIMA responsa-bilidad directa por su negligencia propia. Como dijimos an-teriormente, este tipo de responsabilidad se puede imponer cuando el hospital no fue cuidadoso al conceder y mantener el privilegio a médicos no empleados para recluir a sus pacientes privados en las instalaciones hospitalarias, cuando no cuenta con el equipo necesario para atender si-tuaciones previsibles o lo tiene en estado defectuoso, o cuando implementa políticas administrativas que obstacu-lizan la provisión de servicios médicos. Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia no impuso en su sentencia res-ponsabilidad a HIMA por sus propios actos.

Respecto a la resolución certificada en 2009, esta se li-mitó a reiterar la doctrina de responsabilidad corporativa que impone la solidaridad a los Hospitales por su propia negligencia. Al respecto, señaló que las demandantes nunca presentaron evidencia de negligencia por parte de HIMA al supervisar a los médicos codemandados o con re-lación a actos previos de impericia médica de estos. Por último, recordó que había concluido en la sentencia que advino final y firme que HIMA no tenía responsabilidad porque sus empleados actuaron de acuerdo con las direc-trices de los doctores Tirado y Santana. Así, denegó la so-licitud de embargo que presentaron las demandantes.

Por otra parte, no surge evidencia, ni de las determina-ciones de hecho del foro primario ni del expediente, rela-cionada con negligencia independiente de HIMA, falta de equipo necesario o implantación de políticas administrati-vas que obstaculizaran el servicio médico. Consecuente-mente, el foro primario no le impuso a HIMA responsabili-dad directa, ya que no incurrió en negligencia propia.

Por todo lo anterior, es forzoso concluir que el foro de primera instancia solo impuso a HIMA responsabilidad vi-caria por los actos imperitos de los galenos codemandados. Por ello, no procedía imponerle grado de responsabilidad por actos independientes de negligencia.

Habiendo concluido esto, debemos determinar si el acuerdo transaccional liberó de responsabilidad a HIMA.

B. Acuerdo transaccional para liberar a uno o varios cocau-santes del daño

Las demandantes suscribieron el contrato de transac-ción para liberar de toda responsabilidad a los doctores Tirado Menéndez y Santana, así como a S.I.M.E.D. Con-forme a ello, en el inciso seis (6) del acuerdo transaccional, las demandantes los relevaron de responsabilidad

... por cualquier obligación que pudiese imponerse a ellos por los daños alegados o no, que surjan del evento que propició la presentación de la demanda. Bajo ningún concepto, las partes comparecientes pagarán cantidad alguna adicional a las espe-cificadas en este documento. (Énfasis suplido.) Apéndice del Certiorari, pág. 104.

Consiguientemente, la parte demandante dio por termi-nado el caso en cuanto a los doctores Tirado Menéndez y Santana, así como a S.I.M.E.D.

Al analizar este acuerdo de transacción, concluimos que la parte demandante los liberó de responsabilidad, tanto en la relación externa como en lo que respecta a HIMA en la relación interna. El texto del referido inciso seis (6) uti-liza un lenguaje abarcador y extensivo cuando describe las obligaciones por las cuales libera a los médicos codemandados. De la misma manera, este inciso usa un lenguaje que excluye absolutamente la posibilidad de que los codemandados liberados paguen alguna cantidad adicional. Además, el inciso (7) establece que HIMA no será responsable de forma alguna por los daños causados por los doctores codemandados. Esto refuerza nuestra conclu-sión de que las demandantes liberaron a los médicos code-mandados, tanto en la relación externa como en la interna. Así, las demandantes se subrogaron en el lugar de los co-causantes liberados y asumieron su grado de responsa-bilidad.

En cuanto a HIMA, la parte demandante se reservó el derecho de continuar el trámite de ejecución de sentencia en su contra. Sin embargo, aclaró en el inciso siete (7) del acuerdo que

HIMA, el cual queda en el pleito y contra quien prosiguen los trámites post-sentencia, no será responsable de forma al-guna por los daños que pudieran ser atribuibles a y/o hayan sido causados por los co-demandados comparecientes. ... HIMA sólo responderá a la parte demandante por los daños causados por sus propias acciones u omisiones negligentes, las acciones u omisiones negligentes de sus empleados y/o de aque-llas personas por las cuales deba responder bajo cualquier doc-trina legal vigente en Puerto Rico, o por la participación que en su momento se establezca compete a HIMA pagar según la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. (Én-fasis suplido.) Apéndice del Certiorari, págs. 104-105.

Al respecto, debemos tener presente que el Tribunal de Primera Instancia, en su resolución del 2007, determinó que HIMA era responsable solidariamente “por las actua-ciones de los médicos autorizados a prestar servicios profe-sionales en el Hospital”. Esto, luego de haber resuelto me-diante sentencia que la muerte de la Sra. Iris Fonseca se debió a la impericia médica de los doctores Tirado Menén-dez y Santana. Fue precisamente en cuanto a los actos negligentes de los galenos codemandados que el inciso (7) del acuerdo transaccional estipuló que HIMA no será responsable.

Ahora bien, las demandantes sí se reservaron la facul-tad de proseguir el pleito contra HIMA por los daños cau-sados por sus propias acciones u omisiones negligentes o por las acciones u omisiones negligentes de sus empleados. No obstante, nunca se ofreció prueba de que HIMA o sus empleados incurrieron en acciones u omisiones negli-gentes.

El foro primario resolvió que las enfermeras y el personal del Hospital siguieron las instrucciones de los médicos, por lo que HIMA no respondía vicariamente por sus actos u omisiones negligentes. Asimismo, en la resolución del 2009, el foro de instancia encontró que no se presentó evi-dencia en cuanto a si hubo o no supervisión por parte de los facultativos médicos, empleados de HIMA, de los doctores Tirado Menéndez y Santana. Tampoco se presentó eviden-cia sobre actos previos de impericia profesional de esos doctores. Así, pues, el foro primario concluyó nuevamente que HIMA no tenía responsabilidad porque sus empleados actuaron según las directrices de los doctores Tirado Me-néndez y Santana. Por lo tanto, el tribunal sentenciador fue consecuente al determinar que HIMA no incurrió en negligencia, independiente de la negligencia de los médicos codemandados. Por su parte, las demandantes tampoco nos han puesto en posición de determinar que HIMA incu-rrió en negligencia independiente a la de los médicos codemandados.

Al aplicar el acuerdo transaccional a estos hechos, ve-mos que las demandantes liberaron de toda responsabili-dad a los médicos codemandados por la muerte de la Sra. Iris Fonseca, tanto en la relación externa frente a las de-mandantes como en la relación interna frente a HIMA. Al ser así, las demandantes subrogaron el lugar de los code-mandados liberados y asumieron toda la responsabilidad que se les adjudicó. Respecto a HIMA, las demandantes se reservaron la facultad de proseguir la acción en su contra, pero únicamente por la negligencia propia de HIMA o de sus empleados, independiente de la negligencia de los mé-dicos codemandados. Como discutimos anteriormente, el foro de instancia no le adjudicó grado de responsabilidad a HIMA ni encontró que hubiera incurrido en negligencia. Al contrario, le impuso responsabilidad solidaria solo por los actos negligentes de los médicos codemandados. Como a estos últimos los relevaron de toda responsabilidad, nos vemos forzados a concluir que las demandantes también relevaron a HIMA, pues este era responsable solidaria-mente solo por los actos negligentes de los médicos code-mandados y no incurrió en negligencia propia.

Habiendo resuelto lo anterior, nos corresponde determi-nar si el Tribunal de Apelaciones erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada a este caso.

C. Cosa juzgada

El foro primario no impuso responsabilidad a HIMA. Luego, el foro de primera instancia determinó en reconsi-deración que HIMA era solidaria y vicariamente responsa-ble por las actuaciones de los médicos autorizados a pres-tar servicios profesionales en el Hospital. Ello, al amparo de la doctrina de autoridad aparente. Esa determinación de solidaridad se tornó final y firme.

Luego, en la resolución del 2009, el foro primario denegó la solicitud de embargo contra HIMA. En esta resolución, se limitó a discutir someramente la responsabilidad solida-ria de los hospitales por sus propias acciones. La resolución no discutió la responsabilidad de los hospitales al amparo de la doctrina de autoridad aparente. En su parte exposi-tiva, señaló que nunca se presentó evidencia de negligencia propia por parte de HIMA. Así, denegó el embargo solicitado. Para esta determinación, el Tribunal de Pri-mera Instancia tuvo ante su consideración el acuerdo transaccional. Asimismo, HIMA alegó en oposición al embargo que, aunque se le impuso responsabilidad solidaria junto a los doctores codemandados, no fue cocausante de los daños ocasionados a las demandantes y no incurrió en negligencia propia.

Por lo tanto, al considerar los planteamientos de HIMA, el foro primario no reconsideró su imposición inicial de res-ponsabilidad solidaria a HIMA, al amparo de la autoridad aparente, sino que aplicó correctamente el acuerdo tran-saccional, según interpretado anteriormente. Es decir, el foro primario se limitó a recalcar que no se le impuso res-ponsabilidad a HIMA por sus actos propios, lo que significa que las demandantes no tienen una causa de acción contra HIMA como resultado de la liberación total de responsabi-lidad que hicieron a los únicos cocausantes del daño. Así, pues, concluimos que no aplica la doctrina de cosa juzgada a este caso, pues no se trata de la reconsideración de un asunto resuelto mediante dictamen final y firme. Lo con-trario sería un fracaso de la justicia, al imponerle respon-sabilidad adicional a un codemandado que ya fue liberado de responsabilidad por las demandantes mediante un acuerdo transaccional.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la senten-cia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia que denegó un embargo contra HIMA.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Rivera García y Feliberti Cintrón concurrieron sin opinión escrita.


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text:
      In re Olga E. Birriel Cardona.

      Número: AD-2010-2

      Resuelto: 5 de enero de 2012

      Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, en informe; Cristina Guerra Cáceres y
      Félix J. Fumero Pugliessi, abogados de la Directora Admi-nistrativa de los Tribunales; Luis José Torres Asencio y Alex Omar Rosa Ambert, abogados de la Hon. Olga E. Birriel Cardona, peticionaria.
   per curiam:

Nos corresponde analizar si una juez, luego de juramentar en su cargo, violó el Canon 27 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, al presentar una moción ante la Junta de Personal de la Rama Judicial en la que, además de renunciar a la representación legal de un cliente, argu-mentó a su favor. Veamos los hechos que originan este pro-ceso disciplinario.

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El 14 de septiembre de 2009 el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuno Burset, designó a la Leda. Olga E. Birriel Cardona para el cargo de Juez del Tribunal de Apelaciones. El Senado confirmó el nombramiento el 17 de noviembre de 2009. La juez Birriel Cardona juramentó en su cargo el 1 de diciembre de 2009. En el transcurso de las semanas subsiguientes, asistió a la Academia Judicial y, poco después, se integró de lleno a sus funciones judiciales en el Tribunal de Apelaciones.

Durante los ocho años previos a su designación, la juez Birriel Cardona se dedicó ininterrumpidamente a la prác-tica privada de la abogacía. Por tal razón, al momento de su nombramiento como Juez del Tribunal de Apelaciones existían varios casos, tanto en foros administrativos como judiciales, en los cuales figuraba como abogada de parte. En lo que nos concierne, la juez Birriel Cardona figuraba como abogada de parte en el caso administrativo Jorge Ortiz Estrada v. Directora Administrativa de los Tribunales, Caso Núm. Q-09-16, que se tramitaba ante la Junta de Personal de la Rama Judicial. En ese procedimiento, el Sr. Jorge Ortiz Estrada, alguacil de la Rama Judicial, im-pugnó su traslado del Centro Judicial de Carolina al Cen-tro Judicial de San Juan.

Luego de presentada la acción, el señor Ortiz Estrada recibió un pliego de interrogatorios de parte de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Sin embargo, este y otros trámites procesales del caso coincidieron con quebrantos de salud de parte del señor Ortiz Estrada y de su entonces abogada, la hoy juez Birriel Cardona.

En específico, el alguacil Ortiz Estrada y su familia se enfermaron durante el mes de agosto de 2009 de la enfer-medad conocida como fiebre porcina. De igual forma, en octubre de 2009, la entonces licenciada Birriel Cardona fue hospitalizada en dos ocasiones: primero en el Hospital Pa-vía de Santurce y, posteriormente, en el Hospital del Maestro. Estos padecimientos de salud imposibilitaron que el señor Ortiz Estrada y su representación legal atendie-ran los incidentes procesales del caso.

Ante la inacción de la parte querellante en el proceso, la Junta de Personal emitió una orden el 21 de octubre de 2009 en la que concedió diez días al señor Ortiz Estrada para que mostrara causa por la cual no debía desestimarse su querella por falta de interés.

El 18 de noviembre de 2009 el Gobernador informó a la licenciada Birriel Cardona la confirmación de su designa-ción y su consiguiente nombramiento como Juez del Tribunal de Apelaciones. El 1 de diciembre de 2009, al momento de juramentar en su cargo, Birriel Cardona no había re-nunciado a la representación legal del señor Ortiz Estrada en el caso ante la Junta de Personal.

El 10 de febrero de 2010 la Junta de Personal emitió una resolución mediante la cual archivó la querella del se-ñor Ortiz Estrada por falta de interés. Esta resolución la recibió la jueza Birriel Cardona tres meses después de asu-mir su cargo.

Ante el archivo de la querella del alguacil Ortiz Estrada, la juez Birriel Cardona presentó el 2 de marzo de 2010 un escrito titulado Reconsideración, Solicitud de Re-levo de Archivo de Querella y de Representación Legal. En él, además de renunciar a la representación legal del al-guacil Ortiz Estrada, argumentó las razones por las cuales no procedía desestimar el caso. En específico, indicó a la Junta de Personal que “ ‘no ha sido falta de interés de parte del querellante, sino una acumulación de circunstan-cias ajenas a la voluntad de este y/o de su representación [las] que han afectado el caso’ Caso Núm. AD-2010-2, Informe de la comisión, pág. 11.

Añadió que

“[l]a decisión impugnada es una que adolece de fundamentos legales, arbitraria, contraria a los preceptos constitucionales que protegen el derecho al trabajo y que garantizan que los procesos en que intervenga el Estado que afecten los derechos de propiedad y libertad sea [sic] uno justo. La decisión que se trata es una que atenta contra los derechos civiles y constitu-cionales de los ciudadanos de este país que cobijan a los que trabajan en la Rama Judicial como lo es el derecho a la intimidad. [Es] por ello que el querellante debe ser oído, su reclamo es uno valido [sic] y legitimo [sic], merecedor de eva-luarse sobre todo por su patrono; la Rama Judicial.” íd., págs. 11-12.

Finalmente, la juez Birriel Cardona solicitó la reconsi-deración del archivo de la querella y que se aceptara su renuncia como abogada del caso. íd. Ante la moción presen-tada, la Junta de Personal emitió una Resolución el 10 de marzo de 2010 en la que declaró “con lugar” la solicitud de reconsideración y ordenó continuar con los trámites de la querella. Además, relevó a la juez Birriel Cardona de la representación legal del señor Ortiz Estrada y concedió 20 días a este para que anunciara su nueva representación legal.

El 11 de junio de 2010 la juez Birriel Cardona recibió una carta de la Oficina de Asuntos Legales de la OAT en la que se le notificó que era objeto de una investigación. Esta iba dirigida a auscultar si la comparecencia de ella ante la Junta de Personal en el caso del alguacil Ortiz Estrada constituyó una violación al Canon 27 de Ética Judicial, supra. Además, en la referida comunicación se le solicitó a la juez Birriel Cardona que enviara por escrito sus comen-tarios en torno a la investigación. Así lo hizo.

El 12 de enero de 2011 la OAT presentó la querella que nos ocupa ante la Comisión de Disciplina Judicial. En ella se adujo que la juez Birriel Cardona incurrió en una con-ducta contraria al Canon 27 de Ética Judicial, supra, al comparecer como abogada ante la Junta de Personal de la Rama Judicial en el caso Jorge Ortiz Estrada v. Directora Administrativa de los Tribunales, Caso Núm. Q-09-16, y argumentarlo. La OAT recomendó una censura como sanción.

La juez Birriel Cardona fue notificada de la querella en su contra el 14 de enero de 2011. Luego de varios inciden-tes procesales, las partes estipularon como evidencia va-rios documentos. También presentaron sus respectivas po-siciones mediante memorandos de derecho al efecto. Así, el caso quedó sometido en los méritos para que la Comisión de Disciplina Judicial emitiera su informe.

La Comisión de Disciplina Judicial formuló su informe el 16 de agosto de 2011. En él concluyó que la actuación de la juez Birriel Cardona constituyó una violación al Canon 27 de Ética Judicial, supra. Por consiguiente, recomendó que se amonestara a la juez Birriel Cardona por su conducta. Luego de evaluar el expediente, estamos en po-sición de resolver.

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Es un principio reiterado de nuestro ordenamiento jurídico que los “cánones [de ética judicial] son nor-mas mínimas que deben cumplir celosamente quienes tienen la encomienda de impartir justicia”. Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B. Véase, además, In re Claverol Siaca, 175 D.P.R. 177, 188 (2009). Por esa razón, sus “enunciados son de carácter general” y, en consecuencia, aplican a la vida privada y pública de los magistrados. Preámbulo, supra. Eso implica que los jueces deben ser rigurosos al estudiar y aplicar los cánones de ética a sus realidades particulares, pues “[s]u contenido y alcance serán delimitados por los distintos escenarios en los que se desempeñen Id.

El Canon 27 de Ética Judicial de 2005, supra, establece:

Las juezas y los jueces no ejercerán la abogacía ni la nota-ría, excepto las funciones de autenticación y autorización de documentos que les asigna la ley. Tampoco actuarán como ase-sores o asesoras legales de individuos o entidades públicas o privadas, independientemente de que conlleve o no remuneración.
Se abstendrán de recomendar abogadas o abogados para que brinden representación legal ante cualquier foro o servi-cios profesionales para cualquier gestión, excepto cuando lo hagan como parte del manejo de asuntos de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

Conviene señalar que el Canon 27 actual corresponde al derogado Canon IX de Ética Judicial de 1977. 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. Como señala el historial de ese precepto, la pro-hibición de ejercer la abogacía no formaba parte de los Cá-nones de Ética Judicial de 1957. Sin embargo, el Canon IX de 1977, supra, la introdujo por primera vez. De esta forma, se acogió la norma recogida en el Canon 4-G del

Código Modelo de Conducta Judicial publicado por la American Bar Association. Véase J. Alfini y otros, Judicial Conduct and Ethics, 4ta ed., Nueva Jersey, Ed. Lexis Nexis, 2007, App B-31.

Como se aprecia, la prohibición del ejercicio de la abo-gacía y la notaría por los jueces contiene únicamente una excepción: Las funciones de autenticación y autorización de documentos que les son asignadas a los jueces por la Ley de 12 de marzo de 1908, según enmendada, 4 L.P.R.A. sees. 890, 892 y 892(a). La facultad limitada que les concede esa ley para ejercer la notaría se limita a tomar de-claraciones juradas que son incidentales al descargo de la función judicial. Por el contrario, se excluyó específica-mente toda declaración de autenticidad que comprendiera un interés privado, no relacionado al quehacer judicial.

De igual manera, el Canon 27, supra, extiende la res-tricción del ejercicio de la profesión al establecer que los magistrados tampoco pueden ofrecer asesoramiento legal a individuos o entidades públicas o privadas, exista lucro o no.

El propósito del Canon 27, supra, es evitar conflictos de intereses o la apariencia de parcialidad y actuación impropia en el ejercicio de las funciones judiciales. In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 D.P.R. 403, 456 (2005). Dicho de otro modo, infringir el Canon 27, supra, podría colocar a los jueces en la posición de tener que emitir juicio sobre controversias que tendrían el potencial de ser presentadas ante la Rama Judicial. Por esa razón, el Art. 2.018 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24p, indica que “[n]ingún juez ejercerá la profesión de abogado o el notariado”. Su conducta se debe caracterizar por el más alto grado de imparcialidad e integridad y debe responder a las normas que salvaguardan la independencia de su ministerio. In re Grau Acosta, 172 D.P.R. 159, 164 (2007).

Precisamente en In re Grau Acosta, id., tuvimos la opor-tunidad de analizar una situación parecida a la que nos ocupa hoy. Allí, el Ledo. Eduardo Grau Acosta fue nom-brado y confirmado como Juez Superior. Con anterioridad a su nombramiento, el entonces licenciado Grau Acosta re-presentaba a ciertos miembros de una sucesión en un pleito de partición de caudal hereditario. Id., pág. 165.

Así las cosas, el ya juramentado juez Grau Acosta pre-sentó su renuncia en el pleito de partición. Sin embargo, incurrió en una serie de infracciones éticas. Entre ellas, y en lo que nos atañe, compareció como abogado en varias ocasiones, incluso en la misma sede del Tribunal de Pri-mera Instancia donde ejercía la magistratura. En sus com-parecencias se identificó como abogado de parte e, incluso, en una ocasión se presentó como abogado de los demanda-dos a pesar de que había renunciado a su representación legal hacía mucho tiempo. Todas estas actuaciones se de-bieron a que el entonces juez Grau Acosta quería proteger su interés en los honorarios de abogado.

Al sopesar esas actuaciones, indicamos que

... con su comportamiento, Grau Acosta dejó a un lado los preceptos éticos que gobiernan la conducta de los miembros de la Judicatura. Sin duda, éste actuó impropiamente al compa-recer ante el tribunal de Guayama en calidad de abogado de la parte demandada y después en su carácter personal. Dado que en ese momento ya era efectiva su renuncia a la representa-ción legal de los demandados y, puesto que estaba ejerciendo su cargo como Juez Superior en ese mismo tribunal, Grau Acosta tenía el deber de informar al Juez Administrador su interés personal en el caso para que dispusiera el traslado administrativo de éste, conforme lo establecen las Reglas de Administración de los Tribunales. Sin embargo, Grau Acosta no sólo omitió informar la situación, sino que también inter-vino en el pleito sin permiso de su supervisor y dentro del horario regular de trabajo. Dicha conducta es incompatible con sus responsabilidades judiciales y da margen a la creencia de que estuvo ejerciendo influencia indebida en el ánimo del juez que presidía el caso. Reiteramos que la imparcialidad en el ejercicio de las funciones judiciales es un factor tan esencial para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Judicatura que aun la apariencia de ello puede ser muy perniciosa y, por ende, debe ser evitada por todo miembro de la Judicatura. In re Grau Acosta, supra, págs. 178-179.

Finalmente, destituimos al señor Grau Acosta del cargo de juez superior y lo suspendimos indefinidamente del ejercicio de la abogacía. Id., pág. 181. En lo relativo al tema de la renuncia de representación legal, indicamos lo siguiente:

[L]a nominación por parte del Gobernador constituye la etapa inicial del proceso de nombramiento al cargo judicial, ya que puede ocurrir que el Senado no preste su consentimiento. Por ende, en ese momento la persona nominada que es abogado todavía no está obligada a renunciar a la representación legal de sus clientes. Sin embargo, cuando el Senado confirma el nombramiento y el abogado tiene la intención de ocupar el cargo —aproximándose el momento en que va a juramentar como juez— surge la obligación de renunciar a cualquier re-presentación legal que ostente. íd., pág. 176.

Esta norma obedece a que hasta el momento en que juramenta en su cargo, el abogado no es juez. Hasta ese momento, incluso puede rechazar el nombramiento y no juramentar. Como las obligaciones éticas del cargo están vigentes una vez el abogado juramenta al cargo de juez, no puede comparecer como abogado a partir de esa fecha. Por eso tiene la obligación de renunciar a la representación legal que ostentó antes de ocupar el cargo de juez.

En nuestra jurisdicción no contamos con un procedimiento uniforme que regule la transición del abogado litigante a juez. Solo contamos con el Canon 27, supra, y lo mencionado en In re Grau Acosta, supra. Ante ese panorama, reiteramos que todos los jueces recién nombrados deben renunciar a todos los casos en los que son abogados de parte. Véase J. Riley, Ethical Obligations of Judges, 23 Mem. St. U.L. Rev. 507, 519 (1993). Para ello tienen el periodo que comprende desde su confirmación por el Senado hasta la investidura como juez. De esta forma se evita la apariencia de parcialidad que surgiría de una comparecencia como abogado de parte mientras se ejerce el cargo de juez.

Por ello, la mejor práctica forense que debe seguir un juez recién nombrado es planificar de antemano la forma en que va a culminar las relaciones profesionales en su despacho. Lo recomendable es que, en la medida que sea posible, haga los arreglos pertinentes con sus clientes y renuncie a todas las representaciones legales antes de ju-rar como juez, pues luego de ocupar el cargo no podrá com-parecer como abogado. La organización temprana en ese aspecto redundará en una mejor transición de la práctica del Derecho al ejercicio de la magistratura.

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La Comisión de Disciplina Judicial concluyó en su in-forme que la juez Birriel Cardona infringió el Canon 27, supra, al comparecer ante la Junta de Personal para defender los intereses del alguacil Ortiz Estrada. Coincidimos con su postura.

Conforme nuestro ordenamiento jurídico, no existe ex-cepción que permita el ejercicio de la abogacía por parte de un miembro de la Judicatura. Por el contrario, la ley de la Judicatura y los cánones de ética contienen una prohibi-ción absoluta en ese aspecto. Todo abogado que asume el cargo de juez tiene la obligación de renunciar a toda repre-sentación legal.

En este caso, la juez Birriel Cardona no se limitó a re-nunciar a la representación legal del alguacil Ortiz Estrada. Por el contrario, solicitó también la reconsidera-ción de la determinación de archivo de la querella. En es-pecífico, la juez Birriel Cardona argumentó que la decisión de la Directora Administrativa de los Tribunales carecía de fundamentos legales y que era arbitraria y contraria a va-rios preceptos constitucionales. A su vez, reclamó que los planteamientos del señor Ortiz Estrada debían ser escu-chados, pues eran, a su entender, válidos y legítimos.

Evidentemente, la moción presentada por la juez Birriel Cardona tuvo un efecto persuasivo en la Junta de Personal, pues dio lugar a que se ordenara la continuación de la querella. Nos resulta ineludible concluir que la juez Birriel Cardona actuó en contravención al Canon 27 de Ética Judicial, supra. Somos conscientes de que la juez Birriel Car-dona tenía un deber ético de presentar su solicitud de re-nuncia a la representación legal del señor Ortiz Estrada. Sabemos también que dos hospitalizaciones dificultaron la presentación oportuna de la moción de renuncia. No obs-tante, la juez debió ser más prudente y limitarse a renun-ciar como abogada de parte. Debió dejar que fuera la nueva representación legal de su cliente quien abogara por él. De ser necesario, podía servir de testigo para declarar bajo juramento las dificultades que tuvo para cumplir las órde-nes de la Junta de Personal.

Ahora bien, si comparamos la conducta desplegada por la juez Birriel Cardona en este caso con la conducta que realizó el entonces juez Grau Acosta, notamos que la úl-tima fue mucho más desafiante e impropia. Es decir, el señor Grau Acosta litigó personalmente en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, donde también labo-raba como Juez Superior. Además, faltó a la verdad cuando indicó que comparecía como abogado de la parte deman-dada, aunque en realidad ya había renunciado a la repre-sentación legal. De igual forma, el juez Grau Acosta declinó inhibirse en unos casos ante su consideración, a pesar de que como cuestión de derecho ello procedía. A la hora de imponerle una sanción a la juez Birriel Cardona, tenemos presentes estas distinciones.

También pesan en nuestro ánimo las enfermedades que tuvieron que afrontar la juez Birriel Cardona y el alguacil Ortiz Estrada durante los meses en controversia. No duda-mos que las dificultades que ambos enfrentaron hicieron que fuera escabrosa la comunicación entre ellos. La jueza nunca tuvo la intención de continuar como abogada de parte después que juramentó a su cargo en la Rama Judicial. Su único interés fue evitar que esa circunstancia y su hospitalización previa causaran que se archivara un caso de una parte con interés. Todas estas circunstancias demuestran que la juez Birriel Cardona actuó motivada por evitar que se cometiera una injusticia. No obstante, la comparecencia indebida de la juez Birriel Cardona ante la Junta de Personal, en la que abogó por el señor Ortiz Estrada, engendró la falta ética que atendemos hoy.

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Atendidos los hechos probados, el cargo imputado, las circunstancias concomitantes y el historial profesional in-tachable de la juez Birriel Cardona, limitamos la sanción en esta ocasión a una amonestación. Le advertimos que cualquier transgresión futura a las normas mínimas de conducta que imponen los Cánones de Etica Judicial con-llevará una sanción disciplinaria más severa.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón no interviene.

       Para' un análisis de una jurisdicción en la que los jueces cuentan con un periodo de 180 días luego de asumir el cargo para renunciar a los casos en que sean abogados de parte, véase State v. Lipford, 67 S.W.3d 79 (2001).


author: Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    Everilde Pérez Droz, peticionario, v. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, recurrida.

      Número: CC-2010-9

      Resuelto: 10 de enero de 2012

      Francisco Dávila Vargas, abogado de la parte peticionaria; Sylvia Roger Stefani, procuradora general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón y Leticia Casalduc Rabell, subprocurado-ras generales, abogadas de la parte recurrida.
   SENTENCIA

En esta ocasión, debemos determinar si es cosa juzgada una resolución final y firme mediante la cual la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro (Junta de Síndicos) confirmó, en 1998, la suspensión de una pensión por incapacidad ocupacional. Por entender que aplica la doctrina de cosa juzgada, confirmamos al Tribunal de Apelaciones que ordenó la desestimación del pre-sente caso.

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El Sr. Everilde Pérez Droz trabajó como agente de la Policía de Puerto Rico y tiene cotizados once años de servi-cios en la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Administración). El 7 de agosto de 1966 el señor Pérez Droz tuvo un acci-dente automovilístico en el que sufrió un trauma en la cabeza. Consecuentemente, comenzó a padecer de ansie-dad y neurosis postraumática. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (C.F.S.E.) relacionó el accidente con el empleo. Por ello, la Administración aprobó al señor Pé-rez Droz los beneficios de pensión por incapacidad ocupa-cional, a partir del 1 de enero de 1970, hasta tanto fuese repuesto al servicio.

Posteriormente, la Administración realizó una investi-gación y encontró que el señor Pérez Droz estaba traba-jando en la empresa privada. Así las cosas, el 30 de julio de 1991, la Administración concedió diez días al señor Pé-rez Droz para que mostrara causa por la cual no se le de-bían suspender los beneficios de la pensión. Este no respondió. Por consiguiente, el 12 de septiembre de 1991 la Administración le notificó la suspensión de los beneficios de pensión. El señor Pérez Droz solicitó reconsideración ante la Administración, sin éxito. Al año siguiente, la Ad-ministración le notificó haber incurrido en un cobro inde-bido de pensión por la suma de $23,093.75, por el período en que recibió los mencionados beneficios, entre el 1 de julio de 1986 y el 15 de septiembre de 1991.

Así las cosas, el 6 de abril de 1992, el señor Pérez Droz solicitó nuevamente a la Administración que reconsiderara su dictamen. Sin embargo, el 17 de mayo de 1996, esta se reafirmó en su determinación de suspenderle los beneficios de pensión. Inconforme, el señor Pérez Droz apeló la deter-minación de la Administración ante la Junta de Síndicos. El 2 de septiembre de 1998, esta última confirmó las deter-minaciones de la primera. Todavía insatisfecho, el señor Pérez Droz acudió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual denegó expedir el recurso. Finalmente, el señor Pérez Droz acudió ante nos. En 1999, denegamos su Solicitud de Cer-tiorari y las posteriores solicitudes de reconsideración, de-bido a que el apéndice que acompañaba su recurso no cum-plió con la Regla 20(k) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Por lo tanto, advino final y firme la determinación de la Junta de Síndicos que confirmó las determinaciones de la Administración.

Así las cosas, la Administración realizó gestiones de co-bro mediante cartas y un procedimiento judicial ante el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, el antiguo Tribunal de Distrito paralizó los procedimientos de cobro y ordenó el archivo sin perjuicio de la reclamación, en con-formidad con un proceso de quiebras iniciado por el señor Pérez Droz ante el foro federal.

Casi seis años después de la determinación de la Junta de Síndicos confirmando a la Administración, el 20 de marzo de 2004, el señor Pérez Droz solicitó la restitución de los beneficios de pensión. Luego de varios trámites pro-cesales, la Junta de Síndicos celebró una vista de conferencia. Allí, el señor Pérez Droz argumentó que, al momento de la aprobación de los beneficios por incapaci-dad, no surgía del texto de la Ley de Retiro prohibición alguna a que un pensionado por incapacidad realizara la-bores remunerativas. Es decir, el señor Pérez Droz preten-día que se le aplicara retroactivamente la doctrina que es-bozamos en Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467 (2003).

Finalmente, la Junta de Síndicos confirmó la determi-nación de la Administración, tras concluir que las contro-versias referentes a la suspensión de pagos y al cobro de lo indebido por parte del señor Pérez Droz habían sido pre-viamente adjudicadas por la agencia.

Inconforme, el señor Pérez Droz acudió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la determinación de la Junta de Síndicos. El foro apelativo intermedio encontró que la determinación sobre suspensión de sus beneficios había advenido final y firme. También, enfatizó que una nueva teoría legal y la reclamación de remedios adicionales no operan como excepción a la doctrina de cosa juzgada. Aún insatisfecho, el señor Pérez Droz acude ante nos y solicita que revoquemos lo dictaminado por los foros inferiores. Expedimos el auto y, con el beneficio de la com-parecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver.

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La doctrina de cosa juzgada está preceptuada en el Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3343. En lo pertinente, este artículo dispone que, para que se active la presunción de cosa juzgada en otro juicio, se re-quiere que entre el caso resuelto mediante sentencia y el caso en que esta se invoca concurra la más perfecta iden-tidad entre las cosas, las causas, las personas de los liti-gantes y la calidad en que lo fueron. Id. Véanse, además: Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253, 267 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732 (1978). Si se cum-plen estos requisitos, no procede dilucidar nuevamente los méritos de la controversia que está ante la consideración del foro judicial. Pagán Hernández v. U.P.R., supra; Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816, 834 (1961).

Para determinar si se satisface el requisito de identidad entre las cosas, es necesario identificar cuál es el objeto o la materia sobre la cual se ejercita la acción. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 764 (1981). Lo esen-cial es determinar que ambos litigios se refieren a un mismo asunto. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 220 (1992), citando a Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1958, pág. 534.

Hay identidad entre las causas cuando, tanto en el pleito anterior como en el que se invoca la excepción de cosa juzgada, las acciones ejercitadas implican un mismo motivo o razón de pedir. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765. Por lo tanto, no debe confundirse la causa con los medios de prueba ni con los fundamentos legales de las pretensiones deducidas por las partes. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra, págs. 219-220. Satisfecho lo anterior, el requisito de identidad de causas se cumple aunque la acción ejercitada sea distinta de la primera en su calificación jurídica o en términos nominales. A & P General Contractors v. Asoc. Caná, supra. Tampoco impide la aplicación de la doctrina de cosa juzgada el que se introduzca una nueva teoría legal y se reclamen remedios adicionales en el segundo litigio. Id. Así pues, hemos enfatizado que la causa o motivo de pedir no debe confundirse con el remedio solicitado. Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 951-952 (1972).

Respecto a la identidad entre las partes litigantes, así como la calidad en que lo fueron, los efectos de la doctrina de cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso a nombre y en interés propio. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, págs. 761-762; Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra, pág. 220.

Cumplidos estos requisitos, la doctrina de cosa juzgada impide que, luego de emitida una sentencia en un pleito anterior, las mismas partes relitiguen en un pleito posterior las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber litigado. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 769 (2003); Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 464 (1996).

La doctrina de cosa juzgada se fundamenta en conside-raciones de orden público y necesidad. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra. En primer lugar, protege a los ciudadanos para que no se les someta a los rigores de un proceso judicial, en múltiples ocasiones, para litigar una misma causa. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra, págs. 218-219; Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). Al mismo tiempo, vela por el interés gubernamen-tal en que se finalicen los pleitos y en que se les dé la debida dignidad a los fallos de los tribunales. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 732; Bolker v. Tribunal Superior, supra, pág. 832.

No obstante, la aplicación de la doctrina de cosa juzgada no procede de forma inflexible y automática cuando ha-cerlo derrote los fines de la justicia o consideraciones de orden público. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 269 (2004); Pagán Hernández v. U.P.R., supra. Tampoco pro-cede su aplicación cuando se trate de una sentencia nula por haber sido dictada sin jurisdicción, Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 870 (1953). Asimismo, una senten-cia sobre alimentos nunca será cosa juzgada. Castrillo v. Palmer, 102 D.P.R. 460, 463 (1974); Molini v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 945, 949 (1951).

En cuanto al derecho administrativo, la doctrina de cosa juzgada podría aplicar en tres vertientes: (1) dentro de la misma agencia; (2) interagencialmente, es decir, de una agencia a otra, y (3) entre las agencias y los tribunales. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra, pág. 770; Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 733. Para que la doctrina de cosa juzgada aplique en alguna de estas ver-tientes, hemos enumerado dos requisitos: (1) la agencia debe actuar en una capacidad judicial donde resuelva las controversias ante sí, y (2) las partes deben haber tenido una oportunidad adecuada para litigar. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, citando a U.S. v. Utah Const. & Min. Co., 384 U.S. 394 (1966).

Sin embargo, la doctrina de cosa juzgada no es de apli-cación automática y absoluta a los procesos administrati-vos, pues la Rama Judicial tiene el poder de modificar o rechazar las determinaciones administrativas cuando ha-cerlo sea lo más justo y conveniente de acuerdo al interés público. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra. No obstante, la mera invocación de un derecho constitucional frente a una actuación administrativa no nos obliga auto-máticamente a descartar la presunción de cosa juzgada, sino que debemos investigar las circunstancias de cada caso individualmente. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, págs. 735-737.

III

En el caso de autos, la Junta de Síndicos se negó en 2004 a reinstalar al señor Pérez Droz los beneficios que se le suspendieron en 1991, por entender que el asunto plan-teado era cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones con-firmó esta determinación, por los mismos fundamentos. Al analizar el historial procesal del caso de marras, conclui-mos que los foros inferiores actuaron correctamente. Veamos.

En 1991, la Administración notificó al señor Pérez Droz la suspensión de los beneficios de pensión. Este solicitó re-consideración ante la Administración, sin éxito. En 1992, la Administración le notificó haber incurrido en un cobro indebido de pensión por la suma de $23,093.75. Ese mismo año, el señor Pérez Droz solicitó nuevamente a la Adminis-tración que reconsiderara su dictamen. En 1996, la agencia reafirmó su determinación. Así las cosas, el señor Pérez Droz apeló ante la Junta de Síndicos, la cual confirmó en 1998 las determinaciones de la Administración. Incon-forme, el señor Pérez Droz acudió ante el Tribunal de Ape-laciones, el cual denegó expedir el recurso. Aún insatisfe-cho, el señor Pérez Droz acudió ante nos. En 1999, denegamos su petición de certiorari, debido a su incumpli-miento con las disposiciones reglamentarias de este Tribunal respecto al apéndice que acompañaba su recurso. Luego, nos solicitó que reconsideráramos nuestra denega-toria. Sin embargo, mantuvimos nuestra posición. Por lo tanto, en 1999 advino final y firme la determinación de la Junta de Síndicos de confirmar la suspensión de los bene-ficios de pensión al señor Pérez Droz.

Media década más tarde, en 2004, el señor Pérez Droz intentó revivir esta controversia y solicitó que se le resti-tuyera su pensión por incapacidad. Para ello, invocó los fundamentos que establecimos en Rodríguez v. Retiro, supra. No obstante, entre esta nueva reclamación y la de-terminación inicial que advino final y firme en 1999, existe la identidad requerida para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. 31 L.P.R.A. sec. 3343. Véanse, además: Méndez v. Fundación, supra, pág. 267; Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 732.

En la reclamación presentada en 2004, el señor Pérez Droz solicita una vez más que se le reinstale su pensión por incapacidad ocupacional y que se deje sin efecto el co-bro de $23,093.75 por parte de la Administración por pen-sión pagada indebidamente. Asimismo, en ambas reclama-ciones, el señor Pérez Droz alega que la enmienda de 1986 no podía aplicarle retroactivamente. Además, las partes en las dos reclamaciones son las mismas. Por lo tanto, entre ambas reclamaciones concurre la más perfecta identidad entre cosas, causas, litigantes y la calidad en que lo fueron.

En cuanto a la aplicación de esta doctrina en el ámbito administrativo, el historial procesal de este caso demues-tra que la Administración resolvió la controversia ante sí actuando en su capacidad cuasijudicial y que el señor Pé-rez Droz aprovechó las herramientas apelativas disponi-bles para defender su causa, lo que significa que tuvo una oportunidad adecuada para litigar. Siendo así, se satisfa-cen los dos requisitos jurisprudenciales para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada a los procesos administrativos. Pagán Hernández v. U.P.R., supra.

De la misma forma, encontramos que en el caso de autos no se configura ninguna de las excepciones a la doctrina de cosa juzgada.

Alcanzada esta conclusión, es inmeritorio el argumento del señor Pérez Droz de que procede restituirle su pensión conforme a lo que establecimos en Rodríguez v. Retiro, supra. Cuando resolvimos ese caso en 2003, la determina-ción de la Junta de Síndicos respecto a la solicitud del se-ñor Pérez Droz había advenido final y firme. Asimismo, al momento de adjudicar el primer reclamo del señor Pérez Droz, no existía aún la norma que luego establecimos en Rodríguez v. Retiro, supra. En 1999, el señor Pérez Droz pudo haber alegado los mismos fundamentos de Derecho que nos presenta ahora. Inclusive, pudo haber traído los mismos argumentos que nos movieron a establecer la norma de Rodríguez v. Retiro, supra. No obstante, incum-plió con los requisitos procesales de este Tribunal. Ello le impide ahora relitigar la misma controversia. Además, como recalcamos anteriormente, la introducción de una nueva teoría legal no impide la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. A & P General Contractors v. Asoc. Caná, supra.

Por todo lo anterior, concluimos que los foros inferiores no erraron al confirmar la determinación de la Adminis-tración sobre la suspensión de pagos y el cobro de lo inde-bido, a base de la doctrina de cosa juzgada. Consiguiente-mente, confirmamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión disidente. La Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco no interviene.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente de la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disiento. Hoy, una mayoría del Tribunal rehúsa hacerle justicia a un exmiembro de la Policía de Puerto Rico cuya pensión por incapacidad ocupacional fue suspendida indebidamente. Por entender que en este caso no procede aplicar la doctrina de cosa juzgada, revocaría la decisión del Tribunal de Apelaciones y, al amparo de nuestra deci-sión en Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467 (2003), reinsta-laría de manera prospectiva la pensión del señor Pérez Droz.

I

El Sr. Everilde Pérez Droz trabajó como agente de la Policía de Puerto Rico, alcanzando los años de servicio acreditados en la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. El 7 de agosto de 1966, después de trabajar por 11 años para dicha institución, sufrió un accidente automovilístico en el que sufrió un trauma en la cabeza. Como consecuencia de ello, padeció de varias condiciones emocionales, incluyendo an-siedad y neurosis postraumática. El Fondo del Seguro del Estado relacionó su accidente con el empleo. Acto seguido, el 23 de mayo de 1969, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico solicitó a la Administración una pensión por incapacidad ocupacional a nombre del señor Pérez Droz. El 23 de enero de 1970, la Administración aprobó dicha pen-sión a partir del 1 de enero de 1970 “hasta tanto fuese repuesto al servicio”.

Varios años después, la Administración llevó a cabo una investigación en la que concluyó que el peticionario se de-dicaba a labores no gubernamentales remuneradas. El 12 de septiembre de 1991, la Administración le notificó que le suspendería la pensión efectivo el 30 de dicho mes. El 10 de octubre, el peticionario solicitó reconsideración. El 9 de marzo de 1992, la agencia le notificó una reclamación por cobro de lo indebido, ascendente a $23,093.75, calculada del 1 de julio de 1986 al 15 de septiembre de 1991. Dicho período responde al tiempo transcurrido entre una en-mienda hecha a la Ley de Retiro en 1986, que prohibía a los beneficiarios de una pensión por incapacidad ocupacio-nal llevar a cabo trabajo remunerado que igualara o supe-rara lo pagado por dicha pensión, y la fecha en que la agen-cia decidió suspender los beneficios al señor Pérez Droz. El 6 de abril de 1992, el peticionario presentó un nuevo es-crito de reconsideración. El 17 de mayo de 1996, la Admi-nistración se reafirmó en su decisión original.

Inconforme con la determinación de la Administración, el 13 de junio de 1996 el señor Pérez Droz apeló a la Junta de Síndicos de dicha agencia, la que confirmó la determinación. Posteriormente, el señor Pérez Droz pre-sentó una petición de certiorari a este Tribunal, la que fue declarada “no ha lugar” por “craso incumplimiento con el Reglamento.” Dicha determinación advino final y firme.

Por otro lado, la agencia continuó con sus gestiones de cobro, pero el 28 de agosto de 2000 el Tribunal de Primera Instancia paralizó los procedimientos a raíz de la presen-tación de una solicitud de quiebra ante el Tribunal Federal por parte del señor Pérez Droz. En 2003, en Rodríguez v. Retiro, este Tribunal resolvió que la interpretación que ha-bía hecho la Administración de los Sistemas de Retiro a partir de la enmienda de 1986 no aplicaba a las pensiones por incapacidad autorizadas antes de la aprobación de dicha enmienda. Es decir, que la agencia erró al darle efecto retroactivo a los cambios aprobados en 1986.

Ante este panorama y poco después de la publicación del citado caso, el 20 de marzo de 2004, el señor Pérez Droz solicitó la restitución de los beneficios suspendidos. La Ad-ministración denegó dicha solicitud el 19 de abril de 2005. El 23 de mayo de ese año, el peticionario apeló a la Junta de Síndicos de la agencia. El 20 de agosto de 2008, la Junta celebró una vista de conferencia y el peticionario presentó su posición por escrito. En síntesis, el señor Pérez Droz alegó que, conforme la determinación tomada en Rodríguez v. Retiro, la decisión de la agencia de suspender sus bene-ficios en 1991, al aplicar retroactivamente la enmienda de 1986, fue un error de derecho. Es decir, solicitó que se co-rrigiera la situación aplicándose la doctrina adoptada en aquel caso y se le restituyera la pensión otorgada en 1970.

El 15 de jimio de 2009, la Junta de Síndicos confirmó la decisión de la Administración de suspender los pagos de la pensión e instar una acción por cobro de lo indebido. La Junta concluyó que las controversias planteadas por el se-ñor Pérez Droz ya habían sido adjudicadas previamente, por lo que aplicaba la doctrina de cosa juzgada.

Inconforme, el peticionario recurrió al Tribunal de Ape-laciones alegando que la Junta de Síndicos de la Adminis-tración de los Sistemas de Retiro erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada para denegar su solicitud de reinstalación. El foro intermedio confirmó la determinación de la agencia aplicando las figuras de cosa juzgada e impedimento cola-teral por sentencia.

Inconforme con la determinación del Tribunal de Apela-ciones, el señor Pérez Droz acudió ante este Tribunal. Se-gún él, la aprobación original de su pensión por parte de la Administración de los Sistemas de Retiro estaba sujeta a la ley vigente en 1970. Es decir, que la aplicación retroac-tiva en 1991 de la enmienda a la Ley de Retiro en 1986, mediante la cual se le suspendieron los beneficios única-mente porque se dedicaba a una ocupación no guberna-mental, sin llevar a cabo exámenes médicos que certifica-ran que ya no estaba incapacitado y sin ofrecerle una reposición como proveía la Ley en 1970, no debe prevalecer. Además, enfatiza que, dado que la decisión anterior de sus-penderle los beneficios de la pensión fue un error de dere-cho, ello anula la presunción de cosa juzgada. En particular, alega que la representación legal deficiente que tuvo durante la primera parte de esta controversia choca con la doctrina de cosa juzgada que requiere que la persona contra quien se emplea la figura haya tenido una oportunidad adecuada para presentar su caso. Finalmente, alega que el derecho a recibir su pensión por incapacidad ocupacional, la que fue indebidamente suspendida en 1991, está reves-tido de un alto interés público, por lo cual se configura una excepción a la aplicación de la doctrina de cosa juzgada.

Por su parte, la Procuradora General, en representación de la Administración, sostiene que no se debe aplicar al caso del peticionario nuestra determinación en Rodríguez v. Retiro, resuelto en 2003, pues este caso fue discutido por primera vez por el peticionario cuando “[e]l caso cobró vida nuevamente al emitirse la decisión de Rodríguez Sierra en el 2003 y el recurrente reclamar que, a base de ésta, no procedía la suspensión de los beneficios”. Los recurridos plantean que el objetivo de la doctrina de cosa juzgada de darle finalidad a los pleitos debe prevalecer. El 28 de mayo de 2010, expedimos el auto de certiorari.

II

En Rodríguez v. Retiro nos enfrentamos a la interro-gante de si la Ley Núm. 61 de 1 de julio de 1986, que enmendó el Artículo 11 de la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 771 (ed. 1978), tenía efecto retroactivo, como sostenía la Administración de los Sistemas de Retiro. Dicha enmienda “autorizaba a la Administración a suspender automática-mente el pago de la pensión por incapacidad sin la necesi-dad de un examen médico en aquellos casos en los cuales el pensionado estuviese trabajando y devengando un salario igual o mayor al importe de la pensión”.

Los hechos de ese caso son evidentemente similares a los de la controversia ante nuestra consideración. En esa ocasión, el demandante, quien se desempeñaba como poli-cía, sufrió un accidente que le incapacitó. Posteriormente, solicitó y obtuvo una pensión por incapacidad ocupacional al amparo de la Ley de Retiro, la que finalmente fue apro-bada indefinidamente en 1977. Es decir, obtuvo la misma antes de que se aprobaran las enmiendas de 1986. Según explicamos, “[l]a ley entonces no prohibía, al menos no sur-gía del texto, el que una persona pensionada por incapaci-dad pudiera laborar en la empresa privada desempeñando funciones distintas a las que realizaba al momento de su incapacidad”. Por el contrario, lo único que establecía la ley era que el pensionado se sometería a exámenes médicos periódicos para determinar que continuaba la incapacidad. Por lo tanto, para que la Administración suspendiera los beneficios de la pensión, tenía que demostrar que la inca-pacidad ya no existía y no se justificaba la continuación de los beneficios. No obstante, en 1994, la agencia descubrió que el demandante se dedicaba a labores remuneradas mientras recibía los beneficios de la pensión por incapaci-dad ocupacional. Por lo tanto, decidió suspenderle la pen-sión e instó una acción en cobro de dinero por los pagos hechos entre 1986, fecha de vigencia de la enmienda que prohibía que los pensionados trabajaran por una remune-ración mayor a la pensión, y la fecha de la efectividad de la suspensión. La Junta de Síndicos de la agencia confirmó la determinación.

Tras considerar la controversia, resolvimos que la apli-cación retroactiva de las enmiendas de 1986 perjudicaba derechos adquiridos. Por lo tanto, dicha aplicación era improcedente. Particularmente en cuanto a los derechos relacionados a una pensión, hicimos referencia a la norma establecida en Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987), manifestando lo siguiente:

[U]na vez el empleado se ha retirado, su pensión no está sujeta a cambios o menoscabos que resulten de posteriores enmiendas legislativas a la Ley de Retiro, supra. Aunque nuestras expresiones fueron únicamente en cuanto a las pen-siones de retiro y [a] claramos que no nos manifestamos sobre algún otro tipo de pensión de naturaleza diferente, como podría[n] ser las de rango o mandato constitucional... no cabe duda que el mismo razonamiento es de aplicación al caso que nos ocupa.
En virtud de todo lo antes expuesto, resolvemos que a la luz de la doctrina de derechos adquiridos, una vez el empleado se ha retirado o incapacitado, su pensión no está sujeta a cam-bios o menoscabos que resulten de posteriores enmiendas le-gislativas a la Ley de Retiro, supra. Por consiguiente, la en-mienda al Art. 11 de la Ley de Retiro de 1986, supra, no podría ser aplicable a Rodríguez Sierra. Al ser inaplicable dicha en-mienda, era irrazonable suspender los pagos de la pensión. El deber de la Administración era someter al pensionado a los exámenes médicos requeridos por ley y, de determinarse que había cesado la incapacidad, continuar entonces con el proceso para su reubicación. De otra manera, no podría concluir que hubo cobro indebido de pensión.

De lo anterior se deduce inequívocamente que la prác-tica de la Administración de suspender automáticamente pensiones y demandar en cobro de dinero a personas cuyas pensiones fueron otorgadas antes de la vigencia de las en-miendas a la Ley de Retiro en 1986, por el mero hecho de estar trabajando por una remuneración, es contraria a derecho. Lo anterior es cónsono con nuestros pronuncia-mientos recientes acerca de los derechos adquiridos. En Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 D.P.R. 121, 145-146 (2009), manifestamos que un derecho adquirido es aquel “que se encuentra definitivamente incorporado al pa-trimonio de una persona y que como regla general han [sic] de ser respetados [sic] por las nuevas leyes”. Por lo tanto, [u]n derecho adquirido se incorpora dentro del patrimonio del titular del derecho y está protegido constitucional-mente frente a cualquier gestión gubernamental que pre-tenda intervenirlo. En ese caso resolvimos que el dere-cho de escoltas de los exgobernantes era un “derecho adquirido constitucionalmente protegido”. Lo que nos corresponde determinar ahora es si el hecho de que hu-biese advenido final y firme la determinación de suspender los beneficios al señor Pérez Droz antes de que se resol-viera Rodríguez v. Retiro impide que se le dé efecto en este caso a esa decisión, por virtud de la doctrina de cosa juzgada.

III

La doctrina de cosa juzgada, establecida en el Artículo 1204 del Código Civil, evita que una controversia sea litigada nuevamente cuando ya hubo una resolución defi-nitiva de la misma mediante determinación final y firme. Hemos resuelto que “[e]n nuestro acervo jurídico la pre-sunción de cosa juzgada se rige por los postulados del De-recho Civil”. Para que dicha doctrina aplique, hace falta “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. Esta figura cumple con dos importantes objetivos. En primer lugar, poner fin a las cuestiones litigiosas. En segundo lugar, no someter a un ciudadano a las molestias de litigar la misma causa después de que ha habido una adjudica-ción en los méritos. Sin embargo, los tribunales se han negado a aplicar en forma inflexible la defensa de cosa juz-gada, especialmente si involucran consideraciones de orden público. Hemos resuelto que “si la aplicación rigurosa de [esta doctrina] derrotaría en la práctica un derecho per-meado en alguna forma del interés público, los tribunales se inclinar[án] hacia la solución que garantice cumplida justicia, en lugar de favorecer en forma rígida una ficción de ley que obedece fundamentalmente a un principio de conveniencia y orden procesal”. En otras palabras, la re-gla no es absoluta y debe siempre considerarse conjunta-mente con el saludable principio de que debe dispensarse justicia en cada caso. Por ejemplo, en Pérez v. Bauzá rehusamos aplicar la doctrina de cosa juzgada, a pesar de que estaban presentes todos los elementos requeridos por dicha figura, por tratarse de una acción de filiación y alimentos. Ahora bien, en casos que versen sobre “relacio-nes puramente privadas entre las partes que no justifican una desviación del efecto normal de la cosa juzgada”, aplicaremos la doctrina.

En Pagán Hernández v. U.P.R. discutimos la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, y sus excepciones, en el ám-bito administrativo. Allí explicamos que “[e]l efecto de la doctrina de cosa juzgada, cuando ésta aplica, es que la sen-tencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior”. En el caso particular de los procedimientos administrativos, resolvimos que la doctrina de cosa juzgada tiene tres ver-tientes: (1) “su aplicación dentro de la misma agencia, a sus propias decisiones”; (2) “su aplicación interagencial-mente, es decir, de una agencia a otra”, y (3) “su aplicación entre las agencias y los tribunales”. En cualquiera de estas circunstancias, hace falta que la agencia actúe “en una capacidad judicial y [resuelva] controversias de hechos ante sí, las cuales las partes han podido litigar en forma oportuna y adecuada”. En esos casos, los tribunales apli-carán la doctrina de cosa juzgada para imponer descanso en la controversia. Ahora bien, “la aplicabilidad de la doctrina en el campo administrativo es flexible y depende de la naturaleza de la cuestión que se plantea en el ámbito judicial”. En particular, cuando la sentencia “cuya revi-sión se intentó pero que no se pudo lograr por razones aje-nas a la voluntad del apelante” o derrotaría los “fines de la justicia, especialmente si se plantean consideraciones de interés público” la flexibilidad será aún mayor. Esto aplica con mayor fuerza cuando se trata de derechos de rango constitucional. Claro está, “[l]a mera invocación de un derecho constitucional frente a una actuación admi-nistrativa no es la llave que automáticamente nos obligue a descartar la presunción de cosa juzgada. Precisa investi-gar las circunstancias de cada caso en particular”. En Pagán Hernández v. U.P.R. rehusamos aplicar la doctrina de cosa juzgada por tratarse del derecho constitucional a la educación. Igual hicimos en Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E. por tratarse de la protección de nuestros recur-sos naturales y el ambiente. Finalmente, hemos insistido en que, para que se aplique la doctrina de cosa juzgada a un procedimiento administrativo, hace falta evaluar “si las partes han podido litigar oportunamente y adecuadamente la controversia presentada en el foro administrativo”.

IV

No cabe duda que la decisión de la Administración de los Sistemas de Retiro de suspender automáticamente la pensión del peticionario al concluir que éste llevaba a cabo trabajo remunerado fue un error de derecho. A dicha con-clusión llegamos en Rodríguez v. Retiro, donde atendimos una situación de hechos casi idéntica a la de autos. Ese hecho no está en disputa. Por el contario, el argumento principal de la agencia, acogido por una mayoría del Tribunal, es que la doctrina de cosa juzgada le impide cambiar su decisión en cuanto a la suspensión de la pensión del señor Pérez Droz. Como hemos visto, la doctrina de cosa juzgada, si bien es de naturaleza sustantiva, tiene un ob-jetivo procesal y no es absoluta. Por el contrario, cede cuando éstan involucrados derechos constitucionales im-portantes y consideraciones de política pública. Además, en el ámbito administrativo, dicha figura opera con mayor flexibilidad.

En el caso de autos, se trata de una pensión por incapa-cidad ocupacional a la que el señor Pérez Droz, quien es una persona de edad avanzada, tiene derecho. Evidente-mente, estamos ante un derecho adquirido que goza de protección constitucional y la controversia no trata exclu-sivamente sobre derecho privado. Privaral señor Pérez Droz de la pensión que nunca se le debió haber cancelado automáticamente en primera instancia, porque la agencia actuó antes de nuestra decisión en Rodríguez v. Retiro, de-rrota el interés público en que nuestros pensionados gocen de los beneficios a los que tienen derecho. Aplicar la doc-trina de cosa juzgada ante estos hechos constituye un ejer-cicio formalista rígido que resulta en un fracaso de la justicia. Nuestra normativa no permite dicho desenlace. En cuanto al remedio a otorgarse en este caso, entiendo que lo más prudente y equitativo era conceder al peticio-nario los beneficios solicitados desde el momento en que éste solicitó la restitución de su pensión.

La Sentencia que hoy emite el Tribunal describe correc-tamente la figura de la cosa juzgada y reconoce que opera una excepción a su aplicación cuando están involucrados asuntos de alto interés público. Sin embargo, una vez con-cluye que hay identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron, la Sentencia ignora completamente la discusión de si estamos frente a un asunto de alto interés público; en este caso, la pensión de un exmiembro de la Policía que sufrió un acci-dente ocupacional. Por el contrario, la Sentencia se limita a afirmar, sin discutir ni profundizar, que en el caso de autos no se configura ninguna de las excepciones a la doc-trina de cosa juzgada. Es decir, para el Tribunal, el de-recho del señor Pérez Droz a que se le devuelva una pen-sión que nunca se le debió haber quitado no es un asunto de interés público. De esa forma, hoy triunfa la inflexibili-dad y fracasa la justicia.

       Esta pensión se concedió al amparo de la derogada Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la Ley de Retiro de Personal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 761 et seq. (ed. 1978) (Ley de Retiro). Esta ley imponía como condición para continuar disfrutando de los beneficios de la pensión, que el participante se sometiera a exámenes médicos periódicamente para determinar su estado de salud y grado de incapacidad. Art. 11 de la Ley de Retiro, 3 L.RR.A. see. 771 (ed. 1978). En aquel momento, la ley no prohibía expresamente que una persona pensionada por incapacidad laborara en la empresa privada desempeñando funciones distintas a las que realizaba al momento de su incapacidad.

       En 1986, el Art. 11 de la Ley de Retiro fue enmendado por la Ley Núm. 61 de 1 de julio de 1986 (3 L.RR.A. sec. 771). Esto, para autorizar a la Administración a suspender automáticamente el pago de la pensión por incapacidad sin la necesidad de un examen médico en aquellos casos en los cuales el pensionado estuviese traba-jando y devengando un salario igual o mayor al importe de la pensión.

       En Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467 (2003), atendimos un escenario muy similar al de autos y concluimos que la enmienda de 1986 a la Ley de Retiro no aplicaba retroactivamente a pensiones concedidas antes de su vigencia, porque lo impedía la doctrina de derechos adquiridos. En esa ocasión, no resolvimos si la norma allí establecida aplicaría de forma retroactiva. Nótese la diferencia entre la retroactividad de la enmienda a la Ley de Retiro y la retroactividad de la norma pautada en Rodríguez v. Retiro, supra. Ahora bien, la doctrina que plasmamos en Rodríguez v. Retiro, supra, no existía al momento de suspenderse losbeneficios al peticionario.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de noviembre de 2009, pág. 2; Apéndice, pág. 3.

       (Énfasis suplido.) Resolución de 15 de octubre de 1999, Apéndice, pág. 80.

       Entre las alegaciones que hace el peticionario, quien enfatiza la identidad entre los hechos del caso de Rodríguez v. Retiro y el suyo, así como el derecho apli-cable a ambas controversias, está que la razón por la que este Tribunal resolvió dicho caso a favor de Rodríguez Sierra, mientras que su caso fue declarado no ha lugar por incumplimiento craso con nuestro Reglamento, fue producto de una deficiente repre-sentación legal. En apoyo a su alegación nos refiere a In re Rivera Colón, 172 D.P.R. 340 (2007), en el que se suspende del ejercicio de la profesión al primer abogado del señor Pérez Droz por incumplir las órdenes de este Tribunal.

       Conclusión de Derecho Núm. 19, Resolución de la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro, pág. 7; Apéndice, pág. 19.

       Alegato de la parte recurrida, págs. 7-8, Apéndice, pág. 46. Esta postura de la Procuradora General es confusa, pues evidentemente el peticionario tenía que esperar a que se resolviera y publicara Rodríguez v. Retiro para poder citarlo.

        Rodríguez v. Retiro, supra, pág. 470.

       íd.

       Id., pág. 476, citando el Artículo 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3.

       (cita omitida.) Rodríguez v. Retiro, supra, pág. 477, citando a Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 615.

       (Énfasis suprimido.) Rodríguez v. Retiro, supra, pág. 477.

       íd., pág. 146.

       íd., pág. 145.

       31 L.P.R.A. sec. 3343.

         Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452 (1996).

       31 L.P.R.A. sec. 3343.

        Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961).

       íd., pág. 226.

       (Énfasis suplido.) íd.

       íd.

        Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 953 (1972). En dicho caso, aunque aplicamos la doctrina de cosa juzgada por ser una controversia puramente privada, reafirmamos la norma de que la aplicación de dicha figura cederá a los fines de hacer cumplida justicia o cuando involucra consideraciones de orden público. Id.

        Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978). Curiosamente, dicho caso también versó sobre una determinación administrativa final y firme, una decisión judicial posterior que afectó positivamente los derechos del demandante, la presencia de derechos de gran importancia y una defensa de cosa juzgada. En este caso, la defensa no prosperó.

       Íd., págs. 732-733.

       Íd., pág. 733.

       Íd., pág. 734.

       Íd.

       (Énfasis suplido.) Íd., pág. 735. Véase además Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 770 (2003): “A pesar de lo anterior, la aplicabilidad de la doctrina a los procesos administrativos no es automática y absoluta.”

       (Énfasis suplido.) Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 736 y esc. 6.

       Íd., pág. 737.

       Íd., pág. 738.

        Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra, pág. 770, citando a Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra, pág. 454.

       Además, hay suficiente información en el expediente como para cuestionar si el peticionario tuvo una oportunidad adecuada para defenderse en el procedi-miento administrativo que le despojó de su pensión.

       Sentencia, pág. 11.