text:
      In re Rafael Torres Alicea.

      Número: AB-2006-0169

      Resuelto: 4 de febrero de 2009

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Rafael Torres Alicea, pro se.

   per curiam:

El Ledo. Rafael Torres Alicea fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de enero de 1989 y el 28 de febrero de ese mismo año al ejercicio de la notaría.

El pasado 6 de julio de 2006, la Sra. Laura E. Martínez Morales presentó ante este Tribunal una queja contra el licenciado Torres Alicea. En ésta alegó que el notario de epígrafe autorizó la Escritura de Compraventa Número 16, mediante la cual sus padres, el fenecido Sr. Emmanuel Martínez Rodríguez y la Sra. Paz Morales Rodríguez, ad-quirieron un inmueble sito en Río Piedras. En dicho ins-trumento público, el licenciado Torres Alicea consignó que el inmueble estaba gravado con una hipoteca en garantía de pagaré a favor de Doral Mortgage Corporation por la cantidad de $51,200. Acto seguido, manifestó que la ven-dedora había satisfecho el balance total de la obligación, pero estaba en espera del pagaré para proceder con su cancelación. Luego de examinar la escritura, nos hemos percatado que no contiene referencia alguna sobre la rea-lización de un estudio de título de la propiedad en cuestión ni una advertencia legal a esos efectos.

No obstante, tras comenzar los trámites de refinancia-miento de la propiedad y realizar el estudio de título co-rrespondiente, la señora Martínez Morales supo que la propiedad estaba afecta a una hipoteca en garantía de pa-garé a favor de First Financial Corporation, ascendente a $44,670. Según se desprende del estudio de título, dicha hipoteca fue constituida ante la notaría Gloria B. Aquino Aponte mediante la escritura número 2788 el 17 de diciem-bre de 1993.

Ante tal situación, la señora Martínez Morales se comu-nicó en múltiples ocasiones con el licenciado Torres Alicea para que éste procediera a cancelar el referido pagaré. Sin embargo, la señora Martínez Morales adujo que el quejoso nunca consiguió el pagaré en cuestión. Como consecuencia de lo anterior, la señora Martínez Morales tuvo que pagar $1,500 al Banco Popular para que dicha entidad efectuara la cancelación del referido pagaré.

Posteriormente, el licenciado Torres Alicea contestó la queja formulada en su contra y admitió que no había can-celado el pagaré en cuestión al momento de la compraventa. No obstante, señaló que la hipoteca siempre había estado inscrita y que ello era de conocimiento de las partes. Sin embargo, señaló que había hecho constar tal situación en el párrafo tres de la parte expositiva de la escritura.

El licenciado Torres Alicea indicó, además, que se com-prometió con la señora Martínez Morales a tratar de loca-lizar el aludido pagaré. Por ello, procedió a comunicarse con la Sra. Ethel Torres Arroyo y la Sra. Esther Arroyo Rivera, parte vendedora en el negocio jurídico. No obs-tante, el referido pagaré nunca apareció.

Finalmente, el licenciado Torres Alicea argüyó que no había cometido falta ética alguna, puesto que nunca había suscrito un contrato con la señora Martínez Morales, a quien trató de ayudar; que había especificado en la escri-tura que dicho pagaré estaba pendiente de cancelación, y “que por ser notario de la transacción mencionada, ... hizo todo lo más que podía hacer: cooperar para ver si la tran-sacción se podía efectuar”.

Posteriormente, la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Leda. Lourdes I. Quintana, sometió a nuestra consideración el informe correspondiente. Con-cluyó que el notario de epígrafe no realizó una investiga-ción adecuada de los antecedentes regístrales del inmueble en cuestión, ya que éste estaba gravado con una hipoteca distinta a la que se describió en la escritura. Señaló, ade-más, que el licenciado Torres Alicea no les advirtió a los otorgantes la necesidad de realizar un estudio de título.

Luego de concederle varios términos al licenciado Torres Alicea para contestar el informe de ODIN, éste compareció ante nos. En su contestación al informe, admitió los hechos antes reseñados y se limitó a exponer que el derecho plas-mado en el informe no aplicaba a la querella de autos. Fi-nalmente, sostuvo que no tenía la obligación de proveer el pagaré para su cancelación.

I

Reiteradamente hemos expresado que el notario es el custodio de la fe pública, espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental. Como tal, al autorizar un documento, el notario da fe y se cerciora de que dicho instrumento público cumple con todas las formalidades de la ley, que es legal y verdadero, y que es una transacción legítima y válida.

La fe pública notarial impone al notario el deber de hacer las averiguaciones mínimas que requieren las normas de la profesión al momento de autorizar el otorgamiento de la escritura. Sobre este particular, en In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 9 (1999), resolvimos que "el notario que autoriza una escritura no puede ignorar el estado registral de la propiedad sobre la cual las partes otorgan la escritura a la fecha del otorgamiento”. El notario tiene la indeclinable obligación de conocer el estado registral de la propiedad, en su función principal de custodio de la fe pública.

Según esta obligación, el notario tiene el ineludible de-ber de ilustrar a los otorgantes para lograr que éstos con-curran al acto notarial en un estado de conciencia informada. Para ello, el custodio de la fe pública tiene que cerciorarse de hacer a las partes todas aquellas explicacio-nes, aclaraciones y advertencias necesarias para lograr el consentimiento informado de los otorgantes. Tal deber conlleva una gestión intelectual y aplicación inteligente de los principios de derecho positivo y de jurisprudencia. Ahora bien, dicha función no se da en el vacío, pues implica tomar en cuenta el contenido del negocio y significado total e integral de las estipulaciones a suscribir y consentir.

Para lograr el consentimiento informado de los compradores en una escritura de compraventa, es imperativo que el notario les advierta sobre la conveniencia de realizar un estudio de título, de manera que éstos conozcan las cargas y los gravámenes a los cuales está afecta la propiedad. Ahora bien, si las partes no quieren ordenar la preparación de un estudio de título, el notario deberá consignar por escrito que les explicó la necesidad y conveniencia de prepararlo. Asimismo, el notario deberá advertirles que el estudio de título no asegura que en el Registro de la Propiedad hayan sido inscritas otras cargas posteriormente.

En In re López Maldonado, 130 D.P.R. 863 (1992), enfa-tizamos la importancia de que el notario haga una investi-gación de los antecedentes regístrales de la propiedad antes del otorgamiento de una escritura, y expresamos que viola la fe pública notarial el no hacer un estudio de título en el Registro de la Propiedad y proceder a preparar y autorizar una escritura, dando fe de hechos que no coinciden con la realidad registral. Tal proceder constituye, a su vez, una violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

II

Al aplicar al caso de autos la normativa antes expuesta, es forzoso concluir que el licenciado Torres Alicea violó la Ley Notarial de Puerto Rico y el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Al examinar la escritura de com-praventa, nos percatamos que, en efecto, el licenciado Torres Alicea expuso que el inmueble estaba gravado con una hipoteca distinta a la que consta en el estudio de título. Evidentemente, el licenciado Torres Alicea se cruzó de bra-zos y no cumplió con su obligación de conocer el estado registral de la propiedad en cuestión ni realizó un estudio de título a esos efectos. Además de ello, el licenciado Torres Alicea no les advirtió a los compradores la conveniencia de realizar un estudio de título.

Lo que más nos sorprende es que aún hoy, el licenciado Torres Alicea parece que no se ha percatado que la hipoteca descrita en la escritura de compraventa no es la misma que consta en el estudio de título. En tal escritura se hizo cons-tar que la propiedad estaba afecta por una hipoteca a favor de Doral Mortgage —la cual se había satisfecho— y estaba pendiente la cancelación del pagaré. No obstante, en el es-tudio de título realizado aparece una hipoteca a favor de First Financial Corporation. Lo anterior nos confirma que el licenciado Torres Alicea no realizó las investigaciones mínimas para conocer el estado registral de la propiedad.

En In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, infra, resolvimos que procede sancionar con una amonestación al abogado-notario que incurra en la conducta antes descrita si están presentes las circunstancias atenuantes siguien-tes: (1) que los hechos demuestren que no hubo mala fe ni intención de engañar de parte del querellado; (2) que una vez se percató del error y de las consecuencias adversas para el querellante, el notario desplegó gran diligencia co-rregirlo y subsanarlo, y (3) que el querellante exprese que no tiene interés en ulteriores procedimientos en relación con el notario querellado.

En este caso no están presentes tales atenuantes. Aun cuando los hechos particulares del caso no evidencian que el licenciado Torres Alicea tuvo mala fe o intención de en-gañar, éste no desplegó diligencia alguna para subsanar la negligencia cometida. Tal y como señalamos, surge de los documentos que obran en autos que el licenciado Torres Alicea no se ha percatado de que no detalló todas las car-gas a las cuales estaba afecta la propiedad. Tampoco está presente el tercer atenuante, puesto que la señora Martí-nez Morales inició este procedimiento disciplinario ante la conducta del licenciado Torres Alicea.

En resumen, la conducta desplegada por el licenciado Torres Alicea en la autorización de la escritura número 16 demuestra fehacientemente que éste violó la fe notarial. Ciertamente, no actuó con la corrección y diligencia que se requiere de todo abogado-notario. Recordemos, pues, que la función pública del notario trasciende a la de un autó-mata legalizador de firmas y penetra al campo de la lega-lidad de la transacción que ante él se concreta. Por ello, es imperativo que el notario conozca el estado registral del inmueble objeto de la transacción y supla a los otorgantes las explicaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para el otorgamiento de la escritura.

Por los fundamentos antes expuestos, se suspende in-mediatamente y en forma indefinida al Ledo. Rafael Torres Alicea del ejercicio de la notaría. Apercibimos, a su vez, al licenciado Torres Alicea para que en el futuro conteste los requerimientos de este Tribunal dentro del término señalado. Se ordena al Alguacil del Tribunal Supremo que incaute los Protocolos y los Registros de Affidavit de dicho notario.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Según se deduce de los documentos de autos, dicha escritura fue otorgada ante la notaría Teresita Navarro García el 28 de junio de 1990.

       Dicho estudio de título fue preparado el 9 de marzo de 2006.

       Contestación a la queja, pág. 3.

       Véanse: Feliciano v. Ross, 165 D.P.R. 649 (2005); In re Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267(2001).

       Véase In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

        In re Peña Clos, 135 D.P.R. 590, 601 (1994).

        Feliciano v. Ross, supra, pág. 659.

        In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94, 106 (2000); In re Jiménez Bracket, 148 D.P.R. 287 (1999).

        In re Salas Davis, 145 D.P.R. 539 (1998).

       Íd.

        Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 445 (1984).

       Íd.

       El Canon 35 de los Cánones de Ética Profesional dispone, en lo pertinente: “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar a[f]fidávit u otros documentos, y al presentar causas.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.

        In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988).

        In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

license: Public Domain

text:
    Rafaela A. Olmo Nolasco, recurrida, v. Belén del Valle Torruella, peticionaria.

      Número: CC-2007-904

      Resuelto: 5 de febrero de 2009

      Radamés A. Torruella, abogado de la parte peticionaria; Ma-reline Acevedo Morales, abogada de la parte recurrida; Arnir Cristina Nieves Villegas, procurador general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Por medio del presente recurso de certiorari se nos soli-cita que revisemos una sentencia del Tribunal de Apelacio-nes, la cual desestimó un recurso de revisión judicial. Me-diante el referido recurso se solicitó que se dejara sin efecto una resolución y orden emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA), adscrita al Departamento del Tra-bajo y Recursos Humanos. El foro apelativo intermedio re-solvió que debido a la norma deferencial hacia las agencias administrativas, debe entenderse que una dama de compa-ñía o dama acompañante no es lo mismo que un empleado doméstico y que por ello tienen derecho a vacaciones con paga, pues así lo resolvió la OMA.

Analicemos los hechos y el trámite procesal que dieron paso a la presente controversia.

I

Los hechos del presente recurso no están en controver-sia debido a que fueron estipulados por las partes. Veamos: el periodo comprendido en la reclamación comienza el 1 de febrero de 2004, fecha en que la Sra. Rafaela A. Olmo No-lasco comenzó a trabajar en la residencia de la Sra. Belén del Valle Torruella. La reclamación se extiende hasta el 1 de septiembre de 2005, cuando la señora Olmo Nolasco de-cidió renunciar voluntariamente al empleo. La señora Olmo Nolasco fundamentó su reclamación en la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998. Dicho estatuto establece, en-tre otras cosas, un beneficio de vacaciones pagas para al-gunos empleados y bajo ciertas condiciones.

En todo momento en el que la señora Olmo Nolasco tra-bajó para la señora Del Valle Torruella, su lugar de trabajo fue la residencia de la peticionaria querellada. La señora Del Valle Torruella es una persona de edad avanzada, no trabaja y tampoco es una entidad ni individuo que se dedi-que a rendir servicios de cuido. La señora Del Valle Torrue-lla se dedica exclusivamente a ser ama de casa.

El trabajo de la señora Olmo Nolasco consistió en ser acompañante de la señora Del Valle Torruella, estar pen-diente de cualquier ayuda que ésta pudiera necesitar, asis-tirla alcanzándole o consiguiéndole algún objeto, atender el teléfono, la puerta de entrada de la residencia, preparar alimentos, asistirle cuando fuera necesario en el aseo personal, y cualquier otra tarea en el hogar de la señora Del Valle Torruella semejante a la función tradicional de una dama acompañante para el cuido de una persona de edad avanzada. En todo momento la señora Olmo Nolasco lle-vaba a cabo sus tareas en el ambiente familiar de la resi-dencia de la señora Del Valle Torruella. Valga aclarar que el trabajo de la señora Olmo Nolasco nunca fue de chofer.

La querellada peticionaria, señora Del Valle Torruella, goza de relativa buena salud, tiene su mente perfecta-mente hábil, bastante movilidad por sí misma usando en ocasiones un bastón. Ella atiende por cuenta propia mu-chas necesidades hogareñas y personales. Durante los pri-meros dos meses, la jornada laboral de la señora Olmo No-lasco era de ocho de la noche a ocho de la mañana, luego fue desde las seis de la tarde hasta las ocho de la mañana.

La señora Del Valle Torruella normalmente se duerme entre las ocho o nueve de la noche. Mientras ésta dormía, la señora Olmo Nolasco estaba libre para dormir en un cuarto separado preparado para ella, ver televisión, leer o atender sus asuntos personales. La única condición era que permaneciera en la residencia de la señora Del Valle Torruella para asistirla en cualquier necesidad que ésta pudiera tener. A pesar de ello, en ocasiones la señora Del Valle Torruella requería la asistencia de la señora Olmo Nolasco y no la recibía hasta el otro día cuando la quere-llante recurrida se levantaba. Hasta aquí los hechos esti-pulados y con los cuales tanto la OMA como el Tribunal de Apelaciones atendieron la presente controversia.

El trámite procesal de este caso comenzó el 1 de mayo de 2006, cuando la señora Olmo Nolasco presentó una que-rella ante la OMA contra la señora Del Valle Torruella. La señora Olmo Nolasco alegó que tenía derecho a vacaciones adeudadas conforme a la Ley Núm. 180. El 20 de febrero de 2007 se celebró una vista administrativa ante la OMA y ésta emitió una resolución en la cual determinó que proce-día el pago en liquidación de vacaciones. Esto debido a que la OMA entendió que ser una dama de compañía o dama acompañante no es lo mismo que ser una empleada doméstica.

Inconforme con la Resolución de la OMA, la señora Del Valle Torruella presentó una reconsideración, la cual fue declarada “NO HA LUGAR”. Ante esta situación, la señora Del Valle Torruella presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, quien emitió una senten-cia confirmando la Resolución de la OMA.

Por lo anterior, la señora Del Valle Torruella acude ante este Tribunal para señalar en síntesis la comisión de los errores siguientes: Erró el Apelativo al no resolver que la Ley que crea la OMA es inconstitucional; al aplicar la norma deferencial hacia las agencias administrativas; al no revocar a la OMA y no determinar que la señora Olmo Nolasco es una persona empleada en el servicio doméstico excluida por las disposiciones de la Ley Núm. 180.

II

El señalamiento de error consistente en la inconstitucio-nalidad de la ley que crea la OMA carece de todo mérito. Como bien señala la peticionaria querellada, un tribunal no entrará a resolver la constitucionalidad de una ley si puede resolver la controversia por otros medios. La norma anterior es harta conocida y no merece mayor dis-cusión en la presente controversia.

La querellada peticionaria, señora Del Valle Torruella, alega que el Tribunal de Apelaciones erró al aplicar la norma deferencial a favor de las resoluciones de una agencia administrativa. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.) establece una norma de revisión judicial de los hechos, la cual le da suma deferencia y respeto a las resoluciones de las agencias administrativas. La norma se basa en el conocimiento especializado y la experiencia de las agencias administrativas, siempre y cuando estén basadas en evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. Ahora bien, en el presente caso no existe tal situación debido a que los hechos fueron estipulados por las partes y no se trata de una situación de alta complejidad técnica que haya requerido un conocimiento especializado para resolver la controversia. En otras palabras, la deferencia que los tribunales deben darle a las resoluciones administrativas por su grado de especialidad en la materia, no esta aquí presente. Sólo hay que interpretar en esta instancia el Derecho y para ello ningún foro está más capacitado que un tribunal.

Meritorio es mencionar que la L.P.A.U. establece que “[Z]as conclusiones de Derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. La norma sobre las conclu-siones de derecho es obvia porque los tribunales como co-nocedores del Derecho no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de derecho que hacen las agencias administrativas. A pesar de lo expuesto, este Tribunal ha establecido que se le debe dar deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una agencia administrativa sobre la interpretación de las leyes y los reglamentos que ésta administra. Por ello, no se puede descartar de forma liberal estas interpretaciones. En el caso de autos la inter-pretación que hace la OMA no es sobre alguna ley o regla-mento de ésta, sino sobre la Ley Núm. 180. No debe olvidarse que es a los tribunales a quienes le compete inter-pretar las leyes y la Constitución.

Es imprescindible reconocer que este máximo foro judicial no se ha expresado sobre lo que constituye una dama de compañía. Lo que sí hemos resuelto son las funciones correspondientes a un empleado doméstico.

Para determinar si una persona se dedica al empleo doméstico es imperativo analizar las funciones que ésta lleva a cabo. Por ello, resulta necesario analizar: la naturaleza del trabajo que realiza; si la labor se desarrolla dentro del hogar del patrono o fuera de él; pero lo más importante es analizar si la labor principal es deseable para atender las variadas necesidades familiares, así como favorecer su bienestar o si propicia un mayor disfrute de la residencia. Este Tribunal atendiendo el presente recurso se ha dado a la tarea de interpretar la Ley Núm. 180 y determinar si una dama de compañía o dama acompañante cae o no dentro de lo que hemos reconocido como empleados domésticos.

Según lo establecido en Colocho v. Hebard, 95 D.P.R. 796 (1968), las funciones realizadas por la querellante re-currida señora Olmo Nolasco son labores que caen dentro de lo que es un empleado doméstico. Este Tribunal reco-noce que desde que se emitió la opinión de Colocho no he-mos tenido oportunidad de abundar o ampliar más lo que constituye un empleado de servicio doméstico. Por ello, aprovechamos la ocasión para pautar lo que constituye un empleado en el servicio doméstico.

III

El diccionario de la Real Academia Española define do-méstico como “[perteneciente a la casa u hogar”; “[d]icho de un criado: [q]ue sirve en una casa”. El Art. 1474 de nuestro Código Civil dispone que un empleado domés-tico es considerado como la persona que atiende las nece-sidades del jefe de familia o a la familia en general.

Manresa, Castán y Santa María concurren en que la función que distingue al empleado doméstico es el servicio directo hacia el jefe de familia o a la familia en general, conviviendo generalmente el empleado con éstos. Es de fácil apreciación que el servicio doméstico consiste en rea-lizar determinadas labores para beneficio directo del jefe de familia, su familia o algún dependiente. No es impres-cindible, sin embargo, que el empleado viva en la residen-cia de la persona que contrata sus servicios o en el de la persona a quien se los ofrece.

Analizando lo anterior podemos afirmar que un empleado doméstico es la persona que ejerce funciones dentro de una residencia para beneficio de un miembro de la familia o a la familia en general. El término abarca per-sonas que realizan funciones de cocinero, camareros, ma-yordomos, sirvientes, ama de llaves, institutriz, niñeras, porteros, conseijes, lavado y planchado de ropa, guardia-nes, jardineros, servicios de compañía, entre otros. Estas funciones, como ya hemos mencionado, se limitan a los em-pleados que las realizan dentro de una residencia pero no impide el que ocasionalmente las provean fuera del hogar siempre y cuando el beneficio sea dirigido a un miembro de la familia o para la familia en general.

Claramente podemos ubicar a los empleados de compañía que brindan servicios en el hogar como empleados en el servicio doméstico debido a que las funciones que realizan benefician directamente al jefe de familia, su familia o algún dependiente.

Aplicando lo anterior al caso ante nos, y según se des-prende de las estipulaciones realizadas entre la quere-llante recurrida y la querellada peticionaria, claramente se puede apreciar que las labores de la señora Olmo Nolasco se realizaban dentro de la residencia de la señora Del Valle Torruella: le brindaba compañía, la asistía en sus necesi-dades alcanzándole algún objeto, atendía el teléfono, la puerta de entrada de la residencia, preparaba los alimen-tos y en ocasiones, cuando era necesario, la ayudaba en el aseo personal, entre otras tareas hogareñas, sin incluir la labor de chofer. Es imprescindible mencionar que según acuerdan las partes estas labores se realizaban en un am-biente familiar. Muestra de lo anterior es que la señora Olmo Nolasco contaba con un cuarto independiente prepa-rado para ella, en el cual podía ver televisión, leer o utili-zar su tiempo para atender sus necesidades personales cuando la señora Del Valle Torruella no necesitaba de sus servicios.

Si bien es cierto que la Ley Núm. 180 establece unos beneficios de vacaciones, no menos cierto es que ésta excluye taxativamente a los empleados domésticos. El Art. 8 de esta ley dispone como sigue: “Las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a: (1) Personas empleadas en el servicio doméstico en una residencia de familia, con excepción de los choferes....”

IV

Por lo anterior, nos resulta forzoso concluir que la contención en cuanto a las vacaciones acumuladas por la señora Olmo Nolasco carece de méritos. Las funciones realizadas por una dama de compañía o dama acompañante, como en el caso de autos, son propias de un empleado doméstico, los cuales están excluidos de la Ley Núm. 180.

Por todo lo antes expuesto, revocamos el dictamen recu-rrido emitido por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el presente caso a la OMA para la continuación de los pro-cedimientos acorde con lo expresado.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

       29 L.P.R.A. sec. 250 et seq.

       Íd.

       Véase Apéndice, págs. 55-80.

       Íd., págs. 133-147.

        Aswander v. Valley Authority 297 U.S. 288, 346 (1935); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 597-598 (1958).

       3 L.P.R.A sec. 2175; Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592 (2006); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275, 290 (1992); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).

       3 L.P.R.A. sec. 2175. Véanse: Hernández, Álvarez v. Centro Unido supra; Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582, 589 (2005); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 132 (1998).

        San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 374, 397 (2001).

        Martínez v. Rosado supra; Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 357 (2005); Misión Ind. P.R. v. J.P. supra.

        O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 124 (2003).

        Colocho v. Hebard, 95 D.P.R. 796, 800-801 (1968); López Figueroa v. Valdés, 94 D.P.R. 238, 246 (1967).

        Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa, T. 1, 2001, pág. 846.

       31 L.P.R.A. sec. 4112.

       J. SantaMaría, Comentarios al Código Civil Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1958, T. II, pág. 635; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral 8va ed., Madrid, Inst. Ed. Reus, 1956, T. IV, pág. 475; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español 5ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1950, T. X, págs. 902-903.

       29 L.P.R.A. sec. 250f(a)(1).


text:
      In re Steven T. Scott.

      Número: TS-7974

      Resuelto: 6 de febrero de 2009

      Steven T. Scott, pro se.

   RESOLUCIÓN

El peticionario Steven T. Scott fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 1985. Posteriormente, me-diante una Resolución emitida el 25 de septiembre de 1992, el señor Scott fue dado de baja del Registro de Abo-gados de este Tribunal tras presentar una solicitud a esos efectos. El señor Scott se trasladó al estado de Florida, donde había sido admitido a practicar la profesión el 29 de mayo de 1985.

Mediante un escrito titulado Petición sobre Reactiva-ción al Ejercicio de la Abogacía en Puerto Rico, el señor Scott comparece ante este Tribunal y nos solicita que lo readmitamos al ejercicio de la profesión en nuestra jurisdicción. Aunque éste reconoció en su petición que tiene pendiente una deuda ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico, nada expuso sobre su estatus como abogado en la jurisdicción del estado de Florida.

En atención a lo anterior, el pasado 7 de enero de 2009 la Secretaría de este Tribunal cursó una misiva al Secreta-rio del Tribunal Supremo de Florida en la que solicitó que se nos aclarara el estatus del señor Scott como miembro de ese foro. El Tribunal Supremo de Florida procedió a referir el asunto ante el Florida Bar. Posteriormente, el 15 de enero de 2009 el Florida Bar contestó la misiva cursada por la Secretaría de este Tribunal.

En su comparecencia, el Florida Bar expone que el se-ñor Scott fue suspendido permanentemente en esa juris-dicción en el 2002. Como parte de dicha comunicación, nos remitió copia de la documentación relacionada con el pro-cedimiento disciplinario seguido contra el señor Scott.

Surge de los referidos documentos que la suspensión permanente del señor Scott en la jurisdicción de Florida se debió a que éste incurrió en la práctica ilegal de la abogacía. El señor Scott había consentido a renunciar a la práctica de la profesión con el propósito de culminar un proceso disciplinario que se seguía en su contra y que in-volucraba unas alegaciones de malversación de fondos y mal manejo de cuentas y expedientes (“failure to keep accurate records” y “failure to provide an accounting”). En mayo de 2001 el Tribunal Supremo de Florida concedió la petición de renuncia y emitió una orden a esos efectos. Véase The Florida Bar v. Scott, 790 So.2d 1110 (2001).

Como parte del referido procedimiento, el señor Scott prestó dos declaraciones juradas, a saber: una en la que afirmó que no aceptaría clientes nuevos y cesaría de repre-sentar a sus clientes, y otra posterior en la que afirmó que no tenía clientes ni asuntos pendientes. A pesar de ello, el señor Scott continuó practicando la profesión y compareció como abogado en dos casos. Véase State v. Joubert, 847 So.2d 1023 (2003). Lo anterior ocasionó que se iniciara un segundo procedimiento disciplinario en su contra. Como parte de dicho procedimiento, éste admitió haber incurrido en la práctica ilegal de la abogacía y consintió a su suspen-sión permanente en la referida jurisdicción. Véase The Florida Bar v. Scott, 821 So.2d 303 (2002).

Los hechos anteriores —los cuales no están en contro-versia— demuestran que el señor Scott no es apto para ser readmitido a nuestra jurisdicción. Véase In re Folch Diez I, 159 D.P.R. 163 (2003). La conducta desplegada por el señor Scott ante la jurisdicción de Florida revela que éste incu-rrió en la práctica ilegal de la abogacía en dicha jurisdic-ción, lo que constituyó una crasa violación a la orden del Tribunal Supremo de Florida que concedió su renuncia. Ello es contrario a las normas deontológicas que rigen la profesión en nuestra jurisdicción. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 33; In re López de Victoria Brás, 164 D.P.R. 193 (2005); In re Sepúlveda Valentín, 162 D.P.R. 785 (2004). Procede, por lo tanto, que deneguemos la petición de readmisión.

Por los fundamentos antes expuestos, “no ha lugar” a la Petición sobre Reactivación al Ejercicio de la Abogacía en Puerto Rico. Se ordena a la Secretaría de este Tribunal unir al expediente personal de Steven T. Scott una copia de esta Resolución, así como las comunicaciones cursadas por la jurisdicción de Florida y la documentación relacionada con el procedimiento disciplinario seguido contra el señor Scott en dicha jurisdicción.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Marylin R. Llanis Menéndez.

      Número: TS-9270

      Resuelto: 9 de febrero de 2009

      Marylin R. Llanis Menéndez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Transcurrido ya el término de suspensión de un (1) mes del ejercicio de la notaría de la Leda. Marylin R. Llanis Menéndez, decretado mediante una opinión per curiam y Sentencia de 31 de octubre de 2008 (In re Llanis Menéndez I, 175 D.P.R. 22 (2008)), y en vista de que la Oficina de Inspección de Notarías nos ha informado que aprobó la obra notarial el 26 de enero de 2009, se accede a la Solici-tud de Reinstalación al Ejercicio de la Notaría, a partir de la notificación de la presente Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Mari E. Meléndez Gnemi.

      Número: TS-16,016

      Resuelto: 9 de febrero de 2009

      Mari E. Meléndez Gnemi, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la moción titulada Moción Solicitando Readmisión al Ejercicio de la Abogacía, se reinstala a Mari E. Meléndez Gnemi al ejercicio de la abogacía y se le aper-cibe que en el futuro deberá cumplir con su deber de pagar las cuotas del Colegio de Abogados y con las órdenes de este Tribunal, así como con su deber de informar inmedia-tamente cualquier cambio en su dirección, según lo dis-puesto en la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo