author: El Juez Asociado Señor FRanco Soto,

text:
    La Sucesión de Juan Bautista Domingo Antonio Pelliccia y Moratti, Compuesta de su Viuda Doña Mariana Pelliccia e Hijos Francisco A., Esteban y Magdalena Pelliccia, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Angel Acosta Quintero, Juez, demandado.
    No. 565.
    Visto: Marzo 28, 1927.

      Resuelto: Abril 29, 1927.
    1. Albaceas y Administradores — Nombramiento, Condiciones (Qualifications) y Término del-. Cargo — Terminación del Albaceazgo— Causas — Herederos Acordes Respecto a la Partición y División de la Herencia. — Cuando los herederos todos, mayores de edad, están acordes respecto a la partición y divi-sión de la herencia y solicitan de la corte se dé por terminado el albaeeazgo y se entreguen los bienes en poder del albaeea, ésta debe dar por terminado dicho albaeeazgo.
    2. Albaceas v Administradores — Nombramiento, Condiciones (Qualification) r • Término del Cargo — Terminación del Albaueazgo — Partes en el Proce-dimiento — Personas Extraías a los Herederos. — Como sólo a los herederos testamentarios interesa la solicitud de que el albaeeazgo termine, no puede darse intervención en ella a personas extrañas a aquéllos, aunque éstas ata-quen la validez del testamento.

      Gertiorari para revisar resolución de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), dando intervención a ciertos litigantes, personas ex-trañas a los herederos, en procedimiento para la terminación del albaeeazgo.

      Anulada la resolución.

      López de Tord & Zayas Pizarra, abogados de la peticionaria; Francisco Parra, abogado de María Diana Pelliccia, demandante en el pleito principal; Leopoldo Tormes, abogado del albaeea Angel María Pelliccia.
   El Juez Asociado Señor FRanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Bautista Domingo Antonio Pelliccia y Moratti fa-lleció en Marieao el 19 de noviembre de 1926, bajo testamento abierto que otorgó en agosto 14, 1882, y en el cual instituyó como tínicos herederos a los peticionarios y nombró entre sus albaceas, en primer lugar, a Angel María Pelliccia. Este albaeea aceptó su cargo y solicitó de la corte inferior la expedición de cartas testamentarias, accediendo a ello la corte por resolución de diciembre 2, 1926 autorizándole para tomar posesión de los bienes de la herencia y demás actuaciones determinadas por la ley.

En marzo 5, 1927, los peticionarios, como tales herederos del finado, presentaron una moción a la corte inferior para que diera por terminado el albaeeazgo y se ordenase al alba-cea Angel María Pelliccia la entrega inmediata a los here-deros de todo el dinero y demás efectos y valores que tiene en su poder y pertenecen a la herencia, alegando para ello: que. los peticionarios son los únicos herederos del causante Pellic->eia y Moratti; que todos son mayores de edad, estando acordes respecto a la partición y división de la herencia, ha-biendo firmado ya nn documento de conformidad entre todos, haciendo la distribución; que no existen deudas contra la herencia a favor de terceras personas; y que los herederos están en posesión de los bienes inmuebles, con excepción de dinero y otros valores que están en posesión del albacea y de los cuales se pide su entrega a los herederos.

La corte inferior, en marzo 8, 1927, proveyó a la moción, señalando una comparecencia para oír al albacea y dispo-niendo mero motu que fueran citados a la misma los litigantes en un pleito que fue radicado ante- la corte bajo el No. 1546, donde se pide la nulidad de la institución testamentaria hecha por el causante Pelliccia y Moratti. En la misma fecha los peticionarios solicitaron la reconsideración de la orden anterior y a esta moción la corte inferior dictó resolución que en parte, dice:

. La corte ha resuelto oír a las partes en sus derechos res-pectivos y resolverá.el caso éste el próximo lunes; no quedan nada más que dos o tres días para poderse resolver el caso. La corte cree que la parte puede tener su derecho expedito, que podrá ser ejerci-tado por la parte que representan los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro. Puede solicitarse que se ordene todo lo que proceda. La corte entiende, dentro de su discreción, y por las consecuencias que puedan surgir en el porvenir, que debe aplazar, como aplaza, toda resolución hasta tanto se oiga a las partes.”

De estas resoluciones es que los peticionarios se quejan mediante certiorari.

El cargo de albacea, si no se dispone de otro modo en el testamento, responde solamente a una situación provisional transitoria, que se presenta desde la muerte del testador y comprende ciertas medidas que se han de tomar en relación con los bienes, entretanto se acepte la herencia por los herederos y no haya oposición entre ellos para la división del caudal. El Código Civil Revisado prevé la situación y trata de la institución de albacea y sus funciones desde el artículo 866 al 885. Sus facultades y deberes se especifican en los artículos 876 y 877, que prescriben:

“Art. 876. — No habiendo el testador determinado especialmente las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes:
“1. — Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por él en el testamento; y en su defecto, según la costumbre del pueblo.
“2. — 'Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el conocimiento y beneplácito del heredero.
“3. — Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.
4. — Tomar las precauciones necesarias para la conservación y cus-todia de los bienes, con intervención de los herederos presentes.
“Art. 877. — Si no hubiere en la herencia dinero bastante para el pago de funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo suyo, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles; y no alcanzando éstos, la de los inmuebles, con intervención de los herederos.
“Si estuviere interesado en la herencia algún menor, ausente, corporación o establecimiento público, la venta de los bienes se hará con las formalidades prevenidas por las leyes para tales casos.’*

Estas disposiciones provienen del antiguo código, que contiene iguales prescripciones en los artículos 892 al 911, y ellas a su vez están relacionadas con preceptos de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil española. Esto puede verse del comentario que baee Manresa de las facultades y deberes d'e los albaceas, el que, entre otras cosas, dice:

“La citada facultad y al mismo tiempo obligación de los albaceas, cesa, como es lógico, cuando una vez cumplido su cometido haya herederos aceptantes, o cuando se nombra judicialmente un adminis-trador con arreglo al art. 1020 del Código o al 966, No. 39, ó 1069 de la‘ley de Enjuiciamiento Civil.” Comentarios al Código Civil, tomo 6, pág. 763, 4a. edición.

El Código de Enjuiciamiento Civil, vigente desde marzo primero, 1904, fué aprobado sin incluirse en él ninguna de las materias que se refieren a los juicios de abintestatos y testamentarías de la antigua ley; pero todo ello fné com-prendido en la ley referente a procedimientos legales espe-ciales, aprobada en marzo 9, 1905, y el artículo 71 de dicha ley, tal como fué enmendado en marzo 8, 1906, Leyes de 1906, pág. 182, dice en lo pertinente así:

“Aprobadas definitivamente las particiones cada una de las partes interesadas tendrá derecho a una copia certificada del auto defi-nitivo de la divisoria, que deberá contener todos los requisitos nece-sarios para la inscripción en el Registro de la Propiedad, declarando tales documentos títulos inscribibles. Dictado que fuere el auto definitivo, se pondrá a los herederos en posesión de la porción de bienes que respectivamente les hubiere sido adjudicada; Disponién-dose, que cuando los herederos, siendo todos mayores de edad, hubiesen manifestado a la Corte que están acordes respecto a la partición o división de la herencia, no tendrá aplicación lo preve-nido en las disposiciones precedentes de este título, y se les hará ■entrega inmediata de los bienes hereditarios por el albacea o admi-nistrador en cuyo poder se hallen. ...”

El disponiéndose de este precepto es concordante con el art. 1046 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice como sigue:

‘ ‘ Bn cualquier estado del juicio voluntario de testamentaría podrán los interesados separarse de su seguimiento y adoptar los acuerdos que estimen convenientes.
“Para este efecto se considerarán como interesados, además de los herederos y legatarios, los acreedores que hubieren promovido el juicio, y el cónyuge sobreviviente.
“Cuando lo solicitaren de común acuerdo, deberá el Juez sobre-seer en el juicio y poner los bienes a disposición de los herederos.”

En el presente caso aparece que los herederos son mayores de edad; que han manifestado a la corte que están acordes respecto a la partición o división de la herencia y solicitan que se declare por terminado el cargo de albacea y que como consecuencia se les haga la entrega inmediata de todos los bienes hereditarios en cuyo poder se hallen. El derecho de los peticionarios parece claro de acuerdo con lo que hemos visto del artículo 71, supra, y su solicitud solamente interesa a los herederos que han sido instituidos por el testador Pellic-cia y Moratti en su testamento, y ninguna relación tienen en ese respecto personas extrañas, las que aunque ataquen la validez del testamento, ningún derecho tienen déclarado y a ellas es a quienes compete solicitar y obtener el remedio legal preventivo para la seguridad de los bienes hereditarios en caso de prosperar su demanda. El juez inferior no tenía autoridad para darle intervención a los litigantes en el pleito No. 1546 como base para resolver la moción de los litigantes, y asimismo, dados los términos del artículo 71, debió dar por terminado el albaceazgo de acuerdo con lo solicitado por los peticionarios.

Por todo lo expuesto debe anularse la resolución de marzo 8, 1927.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    The Yabucoa Sugar Company, peticionaria, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandado.
    No. 560.
    Resuelto: Abril 29, 1927.
    Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — De-fectos, Objeciones, Enmiendas y Oorrección — Término para Enmendar u Objetar Contra el Récord — En General. — Presentada solicitad para que se eleve cierta prueba aducida en la corte inferior después de haberse procedido de acuerdo con los autos a la vista y ya resuelta la- petición de certiorari, no procede alterar dichos autos a los efectos de una apelación interpuesta a la Corte de Circuito de Apelaciones y menos cuando, al contestar, la parte que hace la solicitud notó la falta de tal prueba y no hizo entonces solicitud formal alguna para que aquélla se certificara.
    Moción para que la Corte Suprema certifique, para ante la Corte de Circuito de Apelaciones, cierta prueba presentada en la corte inferior que jamás fué elevada al Supremo, ni incorporada a, ni hecha parte de los autos. —
    Sin lugar.

      Blonclet <& Campillo, abogados de los demandados en el pleito principal y aquí apelantes.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes en efecto solicitan de nosotros que certi-fiquemos para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito cierta prueba presentada en la corte inferior que jamás fué elevada a este Tribunal y que nunca fué incorporada a, o hecha parte de, los autos de la corte inferior. No sólo se nos solicita que certifiquemos tal prueba, sino que también se nos pide que ordenemos al taquígrafo de la corte de distrito que transcriba sus notas, — desde luego, con la aprobación de la corte inferior.

La Ley de marzo 10 de 1904 autorizando los recursos de certiorari, dispone como sigue:

“Sección 1. (Definición). . El auto de certiorari es un auto expedido por un tribunal superior a otro inferior, por el cual se exige del último la remisión al primero, de una copia certificada de las diligencias pendientes en el tribunal inferior o los autos de alguna causa ya terminada, en aquellos casos en que el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, y con objeto de terminar los procedimientos cuando el tribunal inferior rehusare hacerlo fundado en bases erróneas.”

De acuerdo con esta ley, expedimos el auto de certiorari con fecha 15 de febrero de 1927. Si bien los apelantes en su contestación u oposición notaron la falta de tal prueba, ellos no solicitaron entonces de modo formal la certificación de la misma, ni hicieron formalmente la solicitud que ahora hacen.-Se presentó y discutió la petición de certiorari sin hacerse tal solicitud formal. En verdad los apelantes insistieron en que esta corte no tenía autoridad para revocar la actuación de la corte inferior sin tener ante sí toda la prueba que indujo a la corte inferior, en el uso de su discreción, a nombrar un síndico. La petición era post motam litem en esta corte y fué presentada después de haberse discutido el. recurso de certiorari. Nada de lo que hagamos ahora puede reconstruir los autos que estuvieron ante esta corte.

El auto de certiorari requiere que se nos envíen copias certificadas, y necesariamente sólo, pueden elevarse aquéllos documentos que son copias de algo que ya existía.

Quizás en un caso adecuado, de una exposición del caso radicada posteriormente en la corte inferior podría .certifi-carse una copia para ante este tribunal, especialmente si esta corte, informada de sn existencia, así lo ordena.

La actuación de esta corte necesariamente sólo podía gi-rar sobre el derecho de la corte inferior a nombrar nn síndico bajo las condiciones presentadas por los autos. El recurso de certiorari, al igual que el recurso de error o la excepción previa, investiga los autos para determinar si la corte estaba autorizada, de acuerdo con la ley, a dictar la orden que en realidad dictó. La cuestión que esta corte tenía que resolver era si dada la naturaleza del litigio y los derechos de las partes respectivas, la corte inferior tenía poder o autoridad para nombrar un síndico.

Los apelantes indican que la prueba solicitada es nece-saria para demostrar que la corte ejerció debidamente su discreción. Nuestra teoría fué que la corte no tenía poder o autoridad para nombrar un síndico, y que por consiguiente no había cuestión alguna de discreción envuelta.

Procedimos de acuerdo con los autos que teníamos a la vista, y en este estado del caso no pueden reconstruirse los autos. Tomamos en consideración lo que nos fué sometido. Si era necesario que tuviéramos ante nosotros otras cons-tancias, las partes debieron haber hecho una moción al efecto o sugerido una corrección de autos, y no debieron haberse con-formado meramente con decir en su oposición que no teníamos toda la prueba ante nosotros.

El caso está apelado y comprendemos que si la apelación prospera, no podemos ahora reconsiderar nuestra acción aunque estuviéramos dispuestos a hacerlo. Si la corte inferior tenía discreción y la prueba sometida la puso en con-diciones de ejercer tal discreción de acuerdo con el estado de' los autos ante ella, surgiría la presunción de que todo hecho congruente con la solicitud para el nombramiento de un síndico le fué sometido. El fundamento principal de nuestra decisión es que no podemos ahora alterar los autos que. de hecho tuvimos bajo nuestra consideración.

Debe declararse sin lugar la petición.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Rafael Saurí y Elizabeth Tyrrel de Saurí demandantes y apelados, v. William W. Woolard, Anna Belle Rollins, Clara Upton, Pedro Juan Serrallés Galiano y Juan Quesada, demandados y apelantes los dos últimos.
    No. 3915.
    Visto: Noviembre 12, 1926.

      Resuelto: Abril 29, 1927.
    L Cumplimiento Específico — Procedimientos y Remedio — Pruebas.—En acción sobre cumplimiento específico de contrato bajo la teoría de que nn agente, antes de vender a una tercera persona la propiedad de su mandante, había efectuado con el demandante un contrato de compraventa que fué ratificado por dicho mandante, para privar a dicha tercera persona de la propiedad, el demandante está obligado a probar que ella tenía conocimiento del supuesto contrato perfeccionado entre el agente y el demandante.
    2. Vendedor y Comprador — Comprador de Buena Ee — Conocimiento del Com-prador — En General. — En ausencia de demostración de que un demandado principal — verdadero comprador de una propiedad — tuviera intervención, o conocimiento de los actos habidos entre otras partes en • el pleito, su título no puede ser destruido.
    3. Fraude — Acciones—Evidencia—En General. — La mala fe no se presume; debe probarse claramente.

      á, Vendedor y Comprador — Compradores de Buena Ee — Títulos y Derechos que Adquieren — Protección Oo-ntra Contratos de Compraventa Ante-riores. — En ausencia de algo que priva a una persona de su caráeter de ter-cero, o de fraude en la transacción, suponiendo que, respecto a una propie-dad, hubiera habido tal eosa como una doble venta, el comprador que prime-ramente inscribe su título es preferido definitivamente.
    5. Cumplimiento Específico — Contratos Ejecutables (Bnforeeables) — Necesi-dad de que los Contratos Estén Perfeccionados. — No demostrándose la autoridad del agente, el ofrecimiento de pasar éste a su mandante una oferta verbal de compra héehale más bien indica que aquél no tenía autoridad para obligar a éste mediante un contrato de compraventa; y cuando con poste-rioridad el agente solicita la oferta por escrito y no se le suministra, bajo las circunstancias, nada hay recíprocamente obligatorio para las partes y ninguna puede exigir la consumación del supuesto contrato.
    6. Dilioenciamientos (Process) — Servicio — Servicio Personal en General— Personas que Pueden Ser Emplazadas — Agente de Una Parte. — Cuando se emplaza a una persona como agente de unos demandados y no se demuestra su autoridad para aceptar por ellos tal emplazamiento, éstos nunca han estado ante la corte debidamente.
    7. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — “Issues” y Cuestiones en la Corte Inferior ■ — Necesidad de que se Presenten en la Corte Inferior. — El Supremo pre-ferirá abstenerse de decidir definitivamente la cuestión relativa a la supuesta falta de jurisdicción de nn tribunal por ausencia de partes necesarias, cuando no aparece que dicha cuestión se levantara en la eorte inferior.

      SENTENCIA de Gabriel Castejón, J. (Guayama), declarando con lugar la demanda sobre cumplimiento de contrato de compraventa, con costas.
    Revocada, desestimándose la demanda.

      Francisco Parra Capó, Manuel A. Rivera y Alberto 8. Poventud, abogados de los apelantes; R. V. Pérez Marchand, abogado de apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito tiene por objeto el cumplimiento específico de un contrato sobre compraventa de una finca. La corte inferior dictó sentencia a favor de los demandantes, que son marido y mujer. Uno de los principales demandados en el pleito era William W. Woolard, que era uno de los dueños anteriores de la finca en cuestión y quien según se alegaba representaba a los otros dueños. Otro demandado lo era Juan Serrallés Graliano, quien obtuvo la escritura de la finca de William W. Woolard y de los otros condueños de la misma por conducto de Juan Quesada, y quien logró incribir la finca en el registro de la propiedad. Quesada era el apo-derado de dichos anteriores dueños para la venta de la finca y se incluyó como parte demandada.

En esencia, la teoría de la demanda era que Quesada, el agente, antes de vender la propiedad de sus mandantes a Serrallés, había efectuado un contrato de compraventa con los demandantes, que fué ratificado por William W. Woolard. Necesariamente, para privar a Juan Serrallés de esta propiedad, los demandantes estaban obligados a probar que éste tenía conocimiento del contrato que se suponía haber sido perfeccionado entre los agentes de Woolard et ais. y dichos demandantes. Trataron de probar esta obligación alegando que antes de cerrarse la venta Serrallés tenía conocimiento de una demanda radicada por los demandantes en este caso contra los distintos demandados. En realidad aparece -que al tiempo de radicar su demanda los demandantes no tenían conocimiento del título inscrito a favor de Serrallés, de suerte que para imputarle conocimiento en vista de la inscripción tenían que enmendar su demanda.

Abora bien, como Serrallés adquirió la finca en cuestión antes.de entablarse el pleito contra él se bacía necesario que los demandantes demostraran que Serrallés había procedido de mala fe. La corte inferior presumió la mala fe de Serrallés más no expuso los hechos de los cuales debía inferirse la misma. Con frecuencia hemos resuelto que la mala fe debe probarse claramente.

Antes de quedar consumada la venta en este caso, según declara la señora Saurí, uno de los demandantes, ella se en-contró con el Sr. Serrallés en Aibonito, y, refiriéndose a la finca en cuestión, le dijo: “Fíjese que bonita finca yo tengo.” Y él le contestó: “Me gustaría ser dueño de ella.” Serrallés dijo que no recordaba haber oído a la Sra. Saurí haber hecho tal manifestación. El manifestó que al tiempo de hacerse tal observación él estaba de prisa. Estamos dispuestos a creerle cuando dice que no tenía conocimiento de los hechos en que ella se fundaba. Además, la observación no tendió a probar un contrato consumado entre los demandantes y algunos de los demandados mencionados. Era consistente con la inten-ción por parte de la Sra. Saurí de aquirir la finca que ella consideraba como suya. No imputaba conocimiento al de-mandado Serrallés ni le ponía sobre aviso. Aun suponiendo que esta observación tendiera a demostrar que la Sra. Saurí había perfeccionado un contrato con Quesada, agente de los condueños, no obstante, la prueba es enteramente consis-tente con el hecho de que Quesada posteriormente pudo ha-ber dicho a Serrallés, sea cierto o no, que el contrato con los esposos Saurí nunca había sido perfeccionado.

Igualmente los apelados en su alegato llaman la aten-ción al supuesto hecho de que Serrallés tenía conocimiento de la supuesta venta entre Woolard y los Saurí antes de efectuar su contrato con Woolard por- mediación de su man-datario autorizado, Quesada. Si los apelados quieren de-cir que la Sra. Saurí hizo alguna otra manifestación a Se-rrallés antes de los Saurí recibir un cablegrama de Woolard, no hallamos tal aseveración en los autos. Cuando varias personas están tratando de adquirir la misma finca y una de ellas logra la compra de la misma, si su título puede ser destruido por manifestaciones tan vagas de uno de sus rivales, la adquisición de una propiedad resultaría en ver-dad insegura.

Por otra parte, si los apelados descansan en la acepta-ción eablegráfica de Woolard a la oferta de los Saurí y en haber enseñado el cable a Serrallés, se presenta entonces otro aspecto de la cuestión. La prueba nos convence de que para aquel entonces Serrallés había hecho su oferta a Quesada y que este último la había aceptado a nombre de Woolard. Este aceptó por cable el 4 de agosto la oferta de Serrallés. Después de esa fecha, quizás propiamente desde su punto de vista, haciendo caso omiso del agente Quesada, fué que los Saurí cablegrafiaron a Woolard direc-tamente y recibieron respuesta de él aceptando su oferta.

Los apelados confían algo en esta aceptación. Hay un am-plio campo dentro de la equidad que permite que una de las partes modifique un documento otorgado bajo un error de hecho. Sin embargo, de acuerdo con la ley, según la en-tendemos, una de las partes a un supuesto contrato puede modificar su consentimiento al mismo si lo ha prestado de-bido a un error de hecho sin antes ejecutarlo y pedir des-pués que sea reformado. La ley no exige cosas vanas e innecesarias. Resultó que Woolard había recibido la oferta de Serrallés por conducto de Quesada sin tener .conocimiento de quién era el supuesto comprador y creyó que el cable de los Saurí era del comprador que Quesada había hallado. Cuando se le explicó el asunto, dejó toda la venta en manos de Quesada, quien, de acuerdo con el entendido que él había concertado con Serrallés, dió los pasos necesarios para con-sumar la venta a éste último. No tenemos dudas de que Woolard estaba procediendo enteramente dentro de sus de-rechos al retirar su aceptación eablegráfica. Ciertamente que no puede imputársele a Serrallés ningún fraude de he-dió, por haberle mostrado los Saurí el cable de Woolard.

Iremos al extremo de suponer que al tiempo de la acep-tación cablegráfíca de Woolard a Saurí la transacción en-tre Quesada y Serrallés no había sido del todo consumada. No obstante, a menos que Serrallés tuviera conocimiento ab-soluto de un contrato consumado entre Woolard y los Saurí, no puede imputársele fraude, ni aun el habérsele mostrado el cablegrama enviado erróneamente por Woolard. Aún tenía derecho a inducir a Woolard directamente, o por con-ducto de Quesada, a que le vendiera. La presunción de honradez permitiría a una corte inferir que Quesada ase-guró a Serrallés que él tenía derecho a efectuar la venta.

De suerte que en ausencia de una demostración de fraude, Serrallés tiene a su favor la disposición de ley de que cuando existe una doble venta, suponiendo que hubiera tal cosa, la persona que primeramente inscribe su título se prefiere definitivamente. Código Civil, artículo 1376.

Hasta aquí hemos estado tratando este caso como si Quesada, en cuanto tenía autoridad para ello, había consumado el contrato con los Saurí. Los autos no nos convencen de esto. Todo lo que la prueba demuestra, según la hemos leído, es que los Saurí en el mes de mayo hicieron una oferta a Quesada y que éste convino en transmitirla por cable a Woolard. La autoridad de Quesada para obligar a Woolard en aquel entonces no está del todo resuelta y el hecho de que tuvo que comunicarse con su mandante tiende a probar que no había tal autoridad. Posteriormente Quesada le pidió a los Saurí una oferta escrita. No se la suministraron. El cable posterior de Woolard tiende a demostrar que él interesaba una oferta escrita del supuesto comprador. Bajo estas circunstancias no había nada recíprocamente obligatorio para Woolard ni para los Saurí. Ninguna de las partes podía exigir la consumación del supuesto contrato.

No haremos mucho hincapié en el hecho de que en todo este asunto Woolard estaba en entera libertad de hacer lo que quisiera, exceptuando, desde luego, el cable enviado por equivocación. Nada hay en los autos que demuestre que hasta el mes de agosto o septiembre se había dado a Que-sada plena autoridad para vender. No encontramos que Quesada defraudara a los Saurí. Aun si lo hubiese hecho, su conducta no era obligatoria para con Woolard, quien es-taba en absoluta libertad de vender a Serrallés, según lo hizo finalmente por conducto de sus agentes. Los deman-dantes, si tenían algunos derechos, no podían utilizarlos contra Serrallés o Woolard, sino contra Quesada. A este respectó es bueno notar que la corte inferior eximió a Woolard de toda culpa.

Es un detalle sin importancia, pero que tiene alguna sig-fieación, que Woolard nunca prestó todo su consentimiento hasta que obtuvo plena autoridad de los otros mandantes. Posiblemente deseaba una oferta escrita, ya que alguna ac-tuación de la corte era necesaria.

Los apelantes han atacado la jurisdicción de la corte inferior, ya que según alegan ellos los vendedores Woolard et ais. nunca fueron emplazados o citados debidamente. No tenemos dudas de que Woolard y sus condueños nunca estuvieron debidamente ante la corte. Se trató de emplazar a Quesada como agente de Woolard y de los otros vendedores, pero no se demuestra que Quesada tuviera autoridad para aceptar tal emplazamiento. No importa lo mucho que él haya sido el agente de Woolard en otros respectos, tal hecho no implica la autoridad de aceptar el emplazamiento.

Sin embargo, en la demanda enmendada que tenemos a la vista, no solamente se pedía que Woolard y sus condueños o su agente fuesen obligados a otorgar una escritura a los Saurí, sino también que los demandados (queriendo decir con ello, probablemente, Serrallés) entregaran la finca a los demandan-tes. Para cumplir con esta súplica, la corte creyó necesa-rio ordenar la cancelación en el registro de la escritura de Woolard y los otros a Serrallés, aunque tal cosa no se pe-día directamente en la demanda. Así, la demanda toma un carácter algo complejo. Probablemente Woolard y los otros pudieron incluirse como partes y citarse por edictos, en vista de que la propiedad estaba situada enteramente dentro de la jurisdicción. En cuanto a Serrallés se refería, el reme-dio final solicitado era que su título y la inscripción de la propiedad fuesen anulados. Por tanto, nos repugna tener que decir que la Corte de Distrito de Guayama no tenía ju-risdicción para ningún fin y tenemos ideas de que habién-dose obligado a Serrallés a defenderse, debe dictarse una sentencia a su favor que sería res adjudicata en tanto que esta corte tiene tal facultad.

Por tanto, especialmente como no aparece que la cues-tión fué levantada en la corte inferior, preferimos abste-nernos de decidir definitivamente la supuesta falta de ju-risdicción por ausencia de partes necesarias. Debe revocarse la sentencia y desestimarse la demanda en uno u otro caso, y así se ordena.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Feanco Soto,

text:
    Francisco Arocena, demandante y apelante, v. Hiram Gómez, demandado y apelado.
    No. 3939.
    Visto: Diciembre 3, 1926.

      Resuelto: Abril 29, 1927.
    1. Carreteras (Highways) — Reglamentación y Uso para el Tránsito — Uso de la Carretera y Ley del Camino ; — ■ Cuidado Requerido de Aquellos que la Usan — En General — Cruce de la Carretera — Negligencia.—Uno no está justificado en salir a una carretera pública, la que tiene que cruzar para coger su derecha, si ve venir un automóvil que ocupando su derecha, camina a una velocidad excesiva.
    2. Carreteras (Highways)- — Reglamentación y Uso para el Tránsito — Uso de la Carretera y la Ley del Camino — Acciones por DaSos. — Negligencia Contributoria — Cuidado Contra la Negligencia de Otro. — Cuando uno que guía un carro a velocidad en una carretera pública ve a otro salir a la carre-tera a cruzarla para tratar de coger su dereeha que aquél le tiene ocupada y, no obstante, se mantiene caminando en dirección opuesta a éste sin de-tener su carro para evitar un choque, él es culpable de negligencia contributors y no tiene derecho a recobrar por los daños sufridos con motivo del accidente.
    Sentencia de Charles F. Foote, j. (Mayagúez), desestimando la demanda y declarando con lugar la contrademanda, con costas.

      Confirmada en parte y en parte revocada, sin costas.

      Fernando B. Fornaris, abogado del apelante; José Sabater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Arocena demandó a Hiram Grómez reclamándole los desperfectos que sufrió su automóvil marca “Buiek”, de dos asientos, provenientes de un choque que tuvo con el auto-móvil del demandado, marca "Cadillac”, y manejados por las propias partes, en ocasión en que el demandado caminaba por el trozo de carretera que entra en la zona urbana de Arecibo, en dirección a Mayagüez, y el demandante salía de tomar gasolina en un puesto de la West India Oil Co., y de cuyo choque ambos vehículos resultaron con averías.

El demandante alegó substancialmente que el demandado manejaba un automóvil, en el momento de chocar, de una manera negligente: l9, porque caminaba por la izquierda del camino; 29, porque corría a velocidad excesiva, consi-derando el sitio en que ocurrió el accidente, y 39, por no dar señal de aviso o alarma.

El demandado negó. estas alegaciones y estableció a su vez contrademanda alegando que él venía por su derecha, a una velocidad no más de 20 millas, dando señal de aviso, y que el choque se debió única y exclusivamente a la negli-gencia del demandante por haber salido súbita e inesperada-mente del puesto de gasolina con una velocidad excesiva a tomar la carretera en momentos en que pasaba el demandado.

Unas fotografías fueron presentadas como prueba para mostrar el sitio en que ocurrió el suceso y la corte, después de oir prueba testifical de una y otra parte, declaró sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda. La opinión de la corte inferior es breve y el becho esencial del suceso que sienta probado, lo expresa así:

“lo., — Que el día 23 de abril de 1924, y en ocasión en que el demandado y contrademandante Hiram Gómez venía viajando con su familia en su automóvil marea Cadillac por la carretera de Utuado a Arecibo, procedente de San Juan para Mayagiiez, por su derecha y a una velocidad, moderada salió inesperadamente del de-pósito de gasolina de la West India, que está situado al lado derecho de la carretera de Utuado a Arecibo, el demandante y eontrademandado Francisco Arocena, en su automóvil Buick a velocidad excesiva, guiado por él mismo y lo lanzó sobre el lado derecho del automóvil Cadillac de Hiram Gómez sin que éste lo pudiera evitar.
# * * # # » Hf

La corte, sin duda, se ha fundado para llegar a esa con-clusión en la prueba testifical del demandado. La prueba del demandante consistió en su propia declaración, dos testigos, empleados de la West India Oil Co., y otro, agente de la Texas Oil Co. Estos testigos presenciales del accidente tienden a establecer la teoría del demandante, por lo menos en aquella parte en que se alega que el demandante al tratar de coger su derecha en su dirección a Utuado se encontró que venía ocupada por el demandado, quien manteniéndose en la misma caminaba en dirección opuesta y sin que detu-viera su carro para evitar el choque. La declaración de Arocena dice en parte:

“Yo estaba en Arecibo y salía para mi casa, tomé gasolina en la West India, cuando salía de la West India él venía de Utuado para Arecibo. Yo salía de la West India, ya estaba ya en segunda marcha, él venía hacia Utuado para Arecibo y allí me dió parado, casi parado. P. — ¿Por dónde le dió? E. — Me dió de frente. P. — ¿Ya Ud. había tomado su derecha o no? E. — Estaba en toda mi derecha. P. — ¿Por dónde venía el- carro de Gómez? Por toda su izquierda. P.- — ¿Venía despacio? E. — A una velocidad terrible venía. P. — ¿Que marca de carro manejaba él? E. — Cadillac. P. — ¿Tocó bocina o klaxon? E. —No tocó nada. P. — ¿El golpe fué violento o fué un choque leve? E. — Filé un golpe terrible, que mi carro desde luego mucho más sen-cillo que el de él, se rompió las vaneas de mi motor y no bastó con eso, todavía lo reculó, que él como no dió frenos ni hizo nada, todo eon los frenos metidos y me echó para atrás con mi carro.”

Gregorio Saavedra, empleado de la West India Oil Co., en cnanto al suceso mismo, dijo así:

“Pues a las cuatro de la tarde poco más o menos, llegó el señor Francisco Arocena a tomar gasolina al depósito de la West India personalmente, se la despáche yo, luego me quedé en la bomba que queda en la mano izquierda de la salida del señor Arocena, salió hacia su derecha, cuando cogió posición en su derecha venía el señor guiando, guiando de San Juan por su izquierda y el señor Francisco Arocena iba creo frente a la fábrica de hierro y tocó su klaxon, y cuando tomó su derecha entonces venía el. señor Hiram Gómez guiando el carro Cadillac, venía por toda la derecha de don Francisco Arocena y le dió. P. — ¿Yenía despacio? R. — Bas-tante ligero, muy ligero, entonces el señor se tiró y le dijo, ¿Le ha sucedido algo?, el señor Arocena le dijo, “No, no me ha pasado nada, solamente me he afectado,” entonces le dijo, “Ud. quiere, si se ha dado algún golpe puedo llevarlo al hospital,” dice “No me ha pasado nada,” entonces Hiram Gómez le dijo, “Bueno señor Arocena, si ha sufrido alguna avería su carro mándelo a reparar y yo pago la avería.”

Los dos restantes testigos del demandante no vieron el preciso momento del choque, pero estaban allí y al ruido del choque de ambos carros, acudieron al sitio y por la posi-ción en que encontraron los carros, confirman que el choque fue estando de frente ambos vehículos y el demandado ocu-pando la derecha del demandante.

La prueba del demandado consistió en la declaración del demandado y la de su propio chauffeur, que venía junto a él, y en el testimonio de un perito mecánico. Un examen de estas declaraciones nos lleva a la conclusión que ellas, en lo sustancial, confirman la teoría del demandante y nc sostienen la sentencia, por lo menos en cuanto por ella se declaró con lugar la contrademanda.

Si bien en algunos pasajes de la declaración del deman-dado y su chauffeur se trata de establecer que el automóvil del demandante le dió por el lado derecho al Cadillac, ellos convienen que el choque fue de frente. Y a esta conclusión llegó el perito-mecánico al examinar el carro para hacer sus reparaciones y determinar el montante de los daños. Si esto es así, es imposible físicamente sostener lo que dice el deman-dado que el choque ocurrió en el preciso momento de salir el Buick del puesto de gasolina de la West India Oil Co. y estando su carro a metro y medio del borde del camino. El demandado declaró que él venía a una velocidad moderada, como de 10 a 15 millas, (en la contrademanda se habla de 20 millas), que dados los potentes frenos del Cadillac él puede pararlo instantáneamente a una velocidad hasta de 35 millas. Sin embargo, el chauffeur sostuvo, aunque trató de contra-decirse luego, que él pudo ver al Buick que salía del puesto de gasolina a una distancia de 6 metros y que el demandado no paró el carro porque £íno tuvo la ligereza de aguantar.” Este mismo testigo también es el que dice que vió el carro Buick que ya estaba fuera de la carretera y que el choque echó al Cadillac hacia las cañas. Estando estas cañas en el lado izquierdo del Cadillac, en la dirección en que marchaba, o sea, el lado que le correspondía tomar al demandante, se hace difícil entender que el choque ocurriera en la derecha del Cadillac estando a un metro y medio de la orilla. Esta distancia parece tan corta para suponer que una masa pequeña como la del Buick de dos asientos pudiera botar el Cadillac, de un peso de 40 quintales a través de la carretera, que tiene un ancho de unos 8 metros.

Las declaraciones del demandado y sus testigos, en lo que hemos referido, hablan por sí mismas, y en lo pertinente ellos dicen:

“(Hiram Gómez) P.- — ¿Cómo fué que ocurrió el choque cuando Ud. se vino a dar cuenta de ese choque? R. — Cuando el carro Buick del señor Arocena guiado por él mismo chocó con mi carro Cadillac, el cual estaba casi parado puesto que tiene cuatro frenos y no es preciso hacer mucha fuerza para parar sin que- deje ninguna clase de marca. P. — ¿Por qué lado chocó el carro del señor Francisco Arocena con su carro Cadillac? R. — Con el lado derecho del chassis de mi carro Cadillac. P. — Cuando los dos carros se quedaron unidos por el choque, ¿en qué posición estaba su carro? R. — Mi carro estaba recto hacia Mayagüez y el del señor Arocena estaba en un semicírculo que iba a coger su curva para entrar a la derecha de él. . . . P. — ¿El carro del señor'Arocena en -qué posición quedó? R. — El carro del señor Arocena quedó frente a la parte derecha del chassis de mi carro, puesto que al él dar esa curva pretendió coger su derecha, que fué cuando chocó con mi carro que iba por su derecha, éste es el carro mío y él chocó aquí en este lado. . . R. — >Sí, señor, y aquí salió el carro en segunda a mucha velocidad, llegó con él, dióme y allí fué el choque. P. — ¿ Que distancia al borde de la carretera? R. — Había prácticamente como metro y medio, yo venía bien por mi derecha. P. — ¿En qué parte del carro fué que le dió el señor Arocena? R. — La parte derecha del chassis mío, el cual quedó en condiciones pésimas. (Juez) P. — ¿Eli qué sitio precisamente? R. — Al frente. (Demandante) P. — ¿O sea, por donde está el guarda-lodo derecho delantero? R. — Sí, señor. P. — ¿Y al del señor Arocena, por dónde le dió Ud. ? R. — Pues él me dió, yo no le di. P. — El le dió dice lo mismo. R. — No es lo mismo, por el frente porque él cogía, estaba dando una curva intentando coger su derecha, y me cogió en mi derecha y entonces me dió por ahí.. P. — ¿De manera que el carro del señor Arocena le dió a Ud. de frente-?.” R. — Sí, señor. P. — O sea, para explicar más gráficamente, ésta es.; la carretera, éste es Arecibo, y éste es San Juan a Utuado allá estái Cambalache, el carro suyo venía de allá por donde está Ud., aquí queda la West India y la Texas?. R. — Sí señor, por ahí venía yo. P. — ¿ Ud. venía como metro o metro y medio de la orilla ? R. — De la orilla. P. — ¿Y sin embargo, apesar de venir muy pegado de la orilla el señor Arocena dice Ud. que le dió de frente? R. — El carro salía del depósito de gas dando su curva y me cogió entonces. P.— ¿De frente? R. — De frente el lado derecho del chassis. . . . R.— ¿El Cadillac tiene cuatro frenos? R. — Cuatro frenos. P. — ¿Y Ud. al divisar al señor Arocena, yendo a diez millas o quince, que no hay nada más que tocar el freno del Cadillac y para? R. — Exacto. P. — ¿ No pudo parar ? R. — A esa velocidad y a treinta y cinco millas se para instantáneamente, de modo que a esa velocidad quedó parado con una simple presión sobre los frenos. P. — ¿Ud. puso el freno? Ya lo creo, si no desbarato el carro del señor Arocena porque un carro que pesa cuarenta quintales con un carro más liviano como el de Arocena, caminando uno a poca velocidad lo desbarata.”

Nicolás Detrás, chauffeur del demandado, dijo:

“P. — ¿Ud. vio salir el carro de la West India? R. — -Sí, señor. P. — & A qué distancia de donde iban ustedes Ud. se dió cuenta de que •el carro salía?. R. — ¿A que distancia? P. — Sí, señor, marque aquí •en la Córte. R. — ¿Es como a qué distancia vimos el carro? P.— Eí, señor. R. — -Una distancia muy cerca cuando lo vió? P. — ¿Ud. tiene espacio para marcar? R. — Como de aquí a la puerta, poco más o menos. P. — ¿De modo que Ud. se dió cuenta a seis metros y Ud. venía delante con el señor Gómez? R. — Sí señor. P.- — -Ud. :se dió cuenta a esa distancia de que el automóvil Buiek salía de la West India? R. — Sí, señor. P. — ¿Y venía a diez o doce millas? R. — Sí, señor. P. — ¿Cuántos frenos tiene ese Cadillac? R.- — Tiene, cuatro frenos. P. — ¿A una velocidad como la que iba para el carro instantáneamente con sólo tocar los frenos? R. — Podía parar. P.— ¿Ya. veinticinco millas no podía parar instantáneamente también? R. —Pero es medio peligroso dar una parada a veinticinco millas. P.— ,i Pero a doce millas o a quince para instantáneamente? R. — Sí, señor. P. — ¿Por qué no paró? R. — Porque errando vimos el carro, que el 'carro salía con la velocidad que salía el señor Hiram Gómez no tuvo la ligereza de aguantar. P. — ¿Luego él no tuvo la ligereza de poder meter los frenos a tiempo, no es eso? R. — Sí, señor. . . . P. — ¿A qué distancia se encontraba el carro del señor Hiram Gómez cuando ocurrió el choque en relación con el depósito de gasolina? R. — ¿A qué distancia? P. — Sí, señor. R. — Frente a frente.”

Simón Carlos, perito-mecánico, declaró:

“P. — ¿El golpe que recibió por el conocimiento que Ud. tiene, el golpe que recibió el Cadillac en qué lado del carro fué, izquierdo o derecho? R. — En la parte frente del carro, recibió todo el golpe sobre el bumper. P. — ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? R.— •Casi todo parece en el mismo centro donde sale la punta del eje, va corriendo sobre el lado izquierdo, el golpe dado así, tropezó con «1 lado derecho, y el carro quedó torcido hacia el lado ése, me parece que se hicieron. . .”

Por otro lado, el demandante no estuvo justificado en salir del puesto de gasolina y tratar de tomar su derecha si vió venir al demandado que le ocupaba su derecha y cami-nando a una velocidad excesiva. El debió tomar todas las precauciones, ya que tenía que atravesar la carretera de trá-fico público pará coger su derecha. Hubiese sido más pru-dente haber esperado que pasara el Cadillac, aún en las con-diciones ilegales en que marchaba.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada en cuanto declara sin lugar la demanda, y revocarse en la parte que declaró con lugar la contrademanda, todo sin especial condenación de costas.


text:
    Joaquin Ramos de Anaya, Jr., y Mercedes Oller, demandantes y apelados, v. Heraclio López, demandado y apelante.
    No. 3962.
    Resuelto: Abril 29, 1927.
    1. Apelación y Erro» — Señalamiento de Errores — Omisión de Señalar Deter-minado Error, y Efecto — En General. — En ausencia de señalamiento de error, el Supremo no está obligado a revisar todas las cuestiones, aunque tiene discreción para hacerlo si la justicia del caso así lo requiere.
    2. Patrono y Empleado — Responsabilidad por Daños a Terceras Personas— Acciones — De la Demanda — Su Suficiencia — Omisión de Alegar la Agen-cia o Empleo. — Guando una demanda alega que el demandante tenía una empresa de transporte y que un truck del demandado se dedicaba al dicho negocio el día del accidente — choque entre dicho truck y un carro del de-mandante — , siendo una presunción necesaria que la persona a cargo del truck era un empleado del demandado y estaba en el desempeño de las obligaciones impuéstales por el patrón, aquélla es suficiente aunque deje de alegar que la dicha persona encargada del truck era un empleado del demandado.
    Mooión sobre reconsideración, de sentencia.

      Sin lugar.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Luis Muñoz Morales y Enrique Rincón, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha presentado una moción de reconsideración fundada en la teoría de que esta corte pasó por alto la objeción del apelante de qne la demanda no adncía hechos suficientes cons-titutivos de nna cansa de acción.

No hubo señalamiento de error a este efecto. El apelante únicamente dijo que la corte cometió error al dictar sen-tencia a favor del demandante y luego hacia fines de su dis-cusión sobre este particular manifestó que la demanda era insuficiente por varias razones. En ausencia de señalamiento de error al efecto, esta corte no está obligada a revisar todas las cuestiones, aunque tiene discreción para hacerlo si la jus-ticia del caso así lo requiere.

En este caso se dejó de alegar en la demanda que la persona encargada del truck era empleada del demandado. Esta omisión pudo fácilmente suplirse durante el juicio con la prueba, de suerte que no se cometió injusticia alguna.

Además, resolvemos que la demanda determinaba una causa de acción. En ésta se alegaba que el demandante tenía una empresa que se dedicaba al transporte de piedras entre Pueblo Viejo, Bayamón y San Juan, y que en efecto el truck del demandado se dedicaba al citado negocio en dicho día. Era una presunción necesaria que la persona a cargo del truck era un empleado del demandado y que estaba en el desempeño de las obligaciones impuéstales por su patrono.

No hemos considerado la oposición escrita del apelado a esta moción, de conformidad con lo que dijimos en el caso de Calaf v. Gallardo, 36 D.P.R. 151.

Debe declararse sin lugar la reconsideración solicitacla.


author: El Juez Asociado Señob PbaNoo Soto,

text:
    Juliana García Tórres y Apolonia Rivera García, demandantes y apelantes, v. La Sucesión de Josefa García Rivera, Generoso A. Flores e Isabel García, demandada y apelada.
    No. 4001.
    Visto: Enero 20, 1927.

      Resuelto: Abril 29, 1927.
    Estoppel — Impedimento en Equidad (Equitable Estoppel) — Fundamentos o Cau-sas del “Estoppel” — Admisiones en General — Actuación Bajo Dichas Admisiones. — Cuantío el vendedor tiene oportunidades, no obstante sus pro-pias admisiones, de informarse de la condición de su título y el comprador, actuando bajo dichas admisiones, adquiere el título y finalmente obtiene la inscripción de la finca, aquél no puede quejarse de que la venta no se llevó a; efecto conforme a la intención con que creyó haberla realizado el com-prador.
    SENTENCIA de Rafael López Antongiorgi, J. (G-uayama), declarando sin lugar demanda sobre nulidad de expediente de dominio y otros extremos, sin costas.

      Confirmada.

      M. Guzmán Texidor, abogado de las apelantes; B. Fernández García, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob PbaNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Juliana García Torres y Apolonia Rivera vendieron a Josefa García Rivera nna casa radicada en el pueblo de Gayey. La escritura se otorgó en julio 30, 1915, y en la cláu-sula en que se describe la finca se dice que la casa estaba sita en solar del municipio de Cayey. La venta se bizo por la suma de $1,200, recibiendo los vendedores $700, y el resto de $500 quedó aplazado y garantizado con hipoteca sobre la misma finca. En diciembre 13, 1916, la compradora pagó los $500 aplazados y las vendedoras al otorgar carta de pago y la cancelación del gravamen, expresaron que la casa estaba radicada “en un solar propio.” En la primera escritura, por la cláusula se estipuló que como la propiedad carecía de título escrito inscribible, la compradora podía justificar el dominio e inscribir por los medios que autorizaba la Ley Hipotecaria. La compradora así lo hizo: promovió una in-formación de dominio en la que se citó personalmente a Juliana García Torres, y a Apolonia Rivera, por encontrarse ausente en los Estados Unidos, se le hizo la citación por edictos. La corte inferior aprobó la información y ordenó la inscripción.

Juliana García Torres y Apolonia Rivera, esposa e hija respectivamente, de Andrés Rivera Orellana, habían adqui-rido a su vez la finca por fallecimiento de Orellana, y habiendo descubierto luego de hacer la venta y de las manifestaciones contenidas en las escrituras antes referidas, que el solar de la casa estaba inscrito en el registro de la propiedad a nombre de su causante, y fundándose en estos hechos, establecieron este pleito pidiendo la nulidad del expediente de dominio y la reivindicación del solar.

La defensa de los demandados se limitó a sostener que los demandantes estaban impedidos de alegar que les pertenecía el solar, por las admisiones que habían hecho las demandantes en las escrituras de venta y cancelación referidas.

La corte inferior sostuvo la defensa de estoppel alegada por los demandados y declaró sin lngar la demanda.

La cuestión, por tanto, que toca resolver en este caso es deteiuninar cuál pudo ser la verdadera intención de las partes bajo las circunstancias en que se verificó la venta, o sea, si el traspaso se limitó solamente a la casa o si comprendió también el solar en que aquélla estaba enclavada.

La teoría de la demanda es que las demandantes nunca vendieron el solar én que estaba enclavada la casa y que solamente a esta última se limitó el traspaso y sostienen las apelantes en su alegato que estaban equivocadas y que así actuaron en sus manifestaciones, ignorando que sus derechos legales emanaban del registro. - Aceptando simplemente que así ocurriera, ellas estaban impedidas (estopped) de esta-blecer su acción en ausencia de una demostración en cuanto a la falta de una oportunidad razonable para haber compro-bado los hechos relatados en relación con la transacción y que luego descubrieron que no eran ciertos. Ningún esfuerzo aparece hecho en tal sentido en los autos por las demandantes. Como cosa la más natural, ya que se trata de un estoppel, en armonía con la equidad de donde nace esta defensa, debe presumirse que cada persona está más familiarizada con los derechos que le pertenecen, partiendo de que han tenido una oportunidad razonable para conocerlos, y nada podía ser más accesible al abuso permitiendo reclamaciones de la natu-raleza que nos ocupa, en oposición a circunstancias como las que se presentan en este caso, por la mera pretensión de que los reclamantes estaban ignorantes de su título.

La escritura de compraventa se otorgó en julio 30, 1915, donde se relata que ei solar pertenecía al Municipio de Cayey. En diciembre 13, 1916, las apelantes otorgan la escritura de cancelación de la hipoteca que aseguraba el resto de parte del precio que fué aplazado, y en ella refieren que la casa estaba enclavada “en un solar propio.” Esta última expre-sión, de uso corriente en la descripción de fincas urbanas, en sentido de que casa y solar forman un solo cuerpo pertene-ciente a un mismo dueño, parecía significar la admisión implí-cita de que el solar había quedado incluido en la misma. transacción. Aparentemente los otorgantes reconocían que no les quedaba o tenían ningún interés o título en el total de la finca. Mucho más tarde, en septiembre 10, 1920, la com-pradora inició la información de dominio y en ella se alegó que la casa estaba enclavada en un solar propio, describién-dose sus medidas superficiales, y así fueron notificadas las demandantes, aprobándose el expediente sin oposición de su parte. En abril 10, 1924, es que se presentó la demanda de este pleito.

De todo esto se desprende que las demandantes contaron con oportunidades razonables, no obstante sus propias admi-siones de haberse informado mejor de la condición legal de su título de modo que si la otra parte actuó bajo aquellas admisiones, obteniendo finalmente la inscripción de la casa y solar en el registro, ellas deben sufrir las consecuencias naturales de su propia conducta, o representaciones, y no pueden ahora quejarse de que la venta no se llevó a efecto conforme a la intención que la causante de los demandados creyó haberla realizado.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Leopoldo García, demandante y apelado, v. The Porto Rico Racing Corporation, demandada y apelante.
    No. 4235.
    Visto: Abril 18, 1927.

      Resuelto: Abril 29, 1927.
    1. Apelación y Erbor — Derecho de Revisión — Personas con Derecho a Apelar —Partes Agraviadas por la Sentencia — En General. — Una parte conde-nada al pago de una cantidad de dinero que reclama el apelado, es parte agraviada por la sentencia, aún cuando el dinero a pagar no sea de ella y esté en su poder como resultado de unas apuestas.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Causas o Motivos para Desestimar — Apelación Frívola. — Atendidas las admisiones del ape-lante en su contestación- — que el apelado apuntó a los siete caballos que resultaron vencedores, que fue el único que acertó todas las carreras y que del escrutinio de los cuadros resultó uno sólo acertando' los caballos gana-dores — , no habiendo base para impugnar en apelación la sentencia que mandó a pagar el importe total del pool al apelado, se resolvió que la apelación entablada era frívola.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación, entablada ésta contra sentencia de Pablo Berga, J. (San Juan) en pleito sobre cobro de dinero y cumplimiento de contrato.

      Con lugar la desestima-ción.

      A. Díaz Viera, abogado de la apelante; B. Cuevas Zequeira, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide la desestimación de esta apelación porque la .apelante no es parte agraviada por la sentencia recurrida y porque su apelación es frívola.

La sentencia dictada en este pleito y por la cual fué con-denada la apelante a pagar determinada cantidad de dinero al apelado fué pronunciada sin celebración de juicio, por los méritos de la demanda y de la contestación jurada por las partes.

La demanda alega que el demandante bizo apuesta para las carreras de caballos que el día 6 de marzo de 1927 celebró la corporación demandada en el hipódromo Quintana: que fué la única persona que acertó los caballos ganadores en las siete carreras de ese día, a saber, en la primera carrera el caballo Saturnina, en la segunda Frances Johnson, en la tercera Pirata, en la cuarta Sherman, en la quinta Colombina, en la sexta Rintintín y en la séptima Mrs. Sipi: y que la demandada debe pagarle $12,118.78 por el pool de ese día y se niega a pagárselos a pesar de haberla requerido con tal fin. En la demanda se hacen otras ' alegaciones que no es necesario mencionar ahora.

La demandada contestó aceptando la verdad de las alega-ciones de la demanda y manifestando que los caballos vence-dores en las carreras fueron los enumerados por el deman-dante con excepción de la primera carrera en que si bien llegó en primer término el caballo Saturnina esa carrera fué anulada para el pool por el jurado del hipódromo Quintana, resolución que posteriormente fué anulada por la Comisión Hípica Insular; que ignora si el demandante es la única persona que tiene derecho al pago de la cantidad reclamada: que otras personas que acertaron solamente seis caballos también lo han requerido para que les pagase el pool y que no se .niega a pagar, pero que debido a las reclamaciones que se le han hecho por el demandante y por otras personas se ha abs-tenido de hacer el pago hasta que una corte decida a quién debe pagar, por la indecisión en que está con respecto a la persona a quien debe hacer el pago.

El apelante contestó la moción de desestimación diciendo que no tiene interés material y pecuniario en este caso y que ha establecido la apelación movida por el interés moral de que la sentencia dictada sea confirmada o revocada por este Tribunal Supremo según proceda.

Si nos atuviéramos solamente a las precedentes manifestaciones hechas por el apelante tendríamos que desestimar la apelación por el primer motivo alegado por el apelado con tal fin, pero habiendo sido condenado el apelante a pagar la cantidad que le fué reclamada por el apelado no podemos declarar que no tenga interés en la apelación contra esa sentencia, tanto más cuanto que en vista de las alegaciones entendemos su manifestación de falta de interés pecuniario en el sentido de que el dinero que se le manda a pagar no es suyo sino que lo tiene en su poder como resultado de las apuestas de ese día, pero para pagarlo a quien legítimamente tenga derecho a él y quedar así libre de otras reclamaciones, si no pagare debidamente, teniendo así interés en la apelación contra la sentencia a fin de que quede resuelto si el demandante es el que tiene derecho a esa cantidad, como ha sido declarado por la sentencia, por lo que no debemos desestimar su apelación por el primer motivo que se solicita.

A pesar de lo expuesto debemos desestimarla por ser frívola la apelación, en vista de las admisiones hechas por el apelante en su contestación a la demanda. En efecto, el apelante aceptó expresamente en sn contestación qne el de-mandante apostó a los siete caballos qne resultaron vence-dores en las carreras expresadas, y aunque agregó qne la primera carrera en que llegó en primer término el caballo Saturnina fué anulada para el pool por el jurado del hipó-dromo, dice también que esa resolución fué anulada por la Comisión- Hípica Insular, quedando así destruida su afirma-ción de que fuese nula para el pool y en pie su admisión de que el demandante apostó a los siete caballos vencedores en las carreras.

La contestación del apelante a la alegación del apelado de que a él corresponden los $12,118.78 del pool por ser la única persona que acertó las siete carreras, diciendo que ignora si en realidad el demandante es la única persona que tiene derecho al pago de dicha suma, no niega específicamente la afirmación del demandante.de ser la única persona que acertó todas las carreras por lo que admite dicha alegación.

En resumen, en la forma que ha sido contestada la de-manda es frívola esta apelación interpuesta contra la sen-tencia que condena al apelante a pagar el importe del pool al apelado, porque habiendo aceptado el apelante que el ape-lado apostó a los siete caballos vencedores en las carreras, no habiendo negado que él sea el único que acertó las siete carreras, ni que en el escrutinio que se verificó de los cuadros depositados en la urna del hipódromo resultó uno solo acer-tando los siete caballos vencedores, cuyo cuadro corresponde con el triplicado que tiene el apelado, no tiene base para impugnar la sentencia que manda pagarle el importe del pool, sin que la alegación de que otras personas han recla-mado que se les pague por haber acertado seis de las carreras pueda ser obstáculo a la acción del apelado, que según admitió el apelante fué la única persona que acertó las siete carreras.

La apelación debe ser desestimada por frívola.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gabriel Segarra, Jr., acusado y apelante.
    No. 2943.
    Visto: Diciembre 23, 1926.

      Resuelto: Abril 29, 1927.
    1. Derecho Penal — Evidencia—Testimonio de Cómplices o Co-acusabos — Cóm-plices Dentro de la Regla de Evidencia Sobre Corroboración — Quienes do Son. — Un eo-aeusado que ha sido ya condenado, que deelara en el juicio en contra del otro, tiene el concepto de cómplice.
    2. Escalamiento — Proceso y Castigo — Evidencia—Suficiencia .de la Misma— En General. — Cuando, descartada la declaración de un cómplice, no hay nada en la prueba que conecte al acusado con el delito imputádole, no cabe sostener una convicción.
    Sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla condenando al acu-sado por delito de escalamiento en primer grado, sin costas.

      Revocada.

      José D. Rodrigues, abogado del apelante; José JE. Figueras, abogado de El Fuéblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Gabriel Segarra, Jr., fué acusado, en unión de Luis Mer-cado y Florencio López, como autor de un delito de escala-miento en primer grado, juzgado separadamente y conde-nado a sufrir dos años de presidio. No conforme apeló. Se-ñala como errores la insuficiencia de la prueba y la admisión de ciertas declaraciones que califica de referencia..

Como el primer error fué cometido y es fundamental y lleva consigo la revocación de la sentencia, no será necesario examinar el segundo.

La prueba practicada en el juicio resumida por el propio fiscal de esta Corte Suprema, fué como sigue:

“Declaración del perjudicado, o sea de un tío del acusado, donde refiere que en su almacén le faltaron dos sacos de café, y que aunque el almacén se encontraba cerrado la nocbe anterior, a la mañana siguiente encontró una ventana abierta y notó la desaparición de dichos dos sacos de café. También se presentó la declaración de un comerciante de Lares, quien manifiesta que compró dicho café a razón de veinticuatro dólares el quintal a dos individuos, que se lo fueron a vender, pero que ninguno de ello lo era el acusado-ape-lante Gabriel Segarra, a quien sólo vió el día del juicio.
“Se presentó también por el Fiscal la declaración de los dos co-autores o cómplices en el delito y uno de ellos manifestó que estando en un velorio se le presentó el acusado-apelante Gabriel Segarra y le manifestó que fueran a casa de su tío, que le iba a coger un café y ellos podían venderlo y que estaba conforme en que le diesen ocbo pesos y se quedasen con el resto de lo que obtuviesen por el café; que entonces fueron al almacén del perjudicado y el acusado Sega-rra se metió por una de las ventanas del establecimiento, sacó dos sacos de café y se los entregó a los dos acusados o cómplices, espe-rándoles basta que realizasen para que le entregasen la participación en la venta.
“I-Iay que tener en cuenta y llamamos la atención de este Hon. Tribunal que uno de los cómplices o co-autores, o sea Luis Mercado, manifestó en el juicio que no era cierto que el acusado Segarra hubiese sacado del almacén el café, sino que por el contrario, fué" el otro co-autor Florencio López quien sacó los dos sacos de café y ambos lo vendieron en el pueblo de Lares; que el citado Segarra no tomó participación en el hecho ni estuvo presente cuando se realizó.
“Con motivo de esta declaración presentada por el citado co-acusado el Fiscal le llamó la atención hacia la declaración prestada por éste ante el Juez Municipal de Lares con anterioridad, en la cual había manifestado que Segarra era el que había sacado los dos sacos de café y entonces él se ratificó en la declaración acabada de prestar manifestando que había dado la primera declaración por miedo a su cómplice o co-autor Florencio López, pero que lo cierto era lo declarado en el juicio.
“Con tal motivo el Fiscal presentó la primera declaración pres-tada ante el Juez Municipal por el citado Mercado.
“La prueba de descargo, en síntesis, tendió a demostrar que el acusado Segarra era sobrino del perjudicado y que por tanto tenía autorización de su principal para penetrar en dicho estableci-miento en cualquier momento y hasta para coger el café que se encon-traba en dicha tienda, ya que el propio padre refiere que el café, por ser de él también pertenecía a su hijo, quien podía disponer de él, porque también estaba encargado de sus intereses.”

No hay duda alguna que Florencio López, el co-acusado que declaró en el juicio en contra del apelante cuando ya ha-bía sido condenado, tiene el concepto de cómplice del mismo. Así se resolvió en el caso de El Pueblo v. Robles, 13 D.P.R. 309, donde esta corte, por medio de su Juez Asociado, Sr. McLeary, dijo:

“Un testigo que baya sido procesado juntamente con el acusado, y convicto del mismo delito que a éste se le imputa, tiene el con-cepto de cómplice, a los efectos del artículo 253 del Código de Enjuiciamiento, y como tal, su declaración tiene que estar corrobo-rada con alguna otra prueba que por sí mismo tienda a relacionar al acusado con la comisión del delito, sin que esa prueba corroborante sea suficiente cuando tienda a establecer simplemente la existencia del corpus delicti.”

¿Existió prueba de corroboración? Oigamos nuevamente al Fiscal de esta Corte Suprema.

“Si descartamos la declaración del cómplice Florencio López no queda nada en la prueba que conecte al acusado con el delito.
“No bay prueba alguna de que se baya visto al acusado en los momentos del becbo rondando por el sitio, de que se baya visto al acusado, en momentos en que se vendieron los efectos, en compañía de los cómplices, y, en resumen, no bay nada en la prueba que demuestre que el acusado tomó participación en el becbo, a no ser la declaración del propio cómplice, quien refiere que el acusado fué el que penetró en el establecimiento y sacó los dos sacos de café.’'’

Siendo ello así como lo es en efecto, tenemos que concluir que no existiendo prueba que corrobore la declaración del cómplice en la forma exigida por la jurisprudencia, debe ser absuelto el acusado.