author: El Juez Asociado Señor Madrero

text:
    Martínez Fernández & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. José García, demandado y apelante.
    Núm. 9605.

    Sometido: Febrero 3, 1948.

      Resuelto: Marzo 12, 1948.

      R. A. Arroyo Ríos, abogado del apelante; R. Dávila Ortiz y Faustino R. Aponte, abogados de la apelada.

      (1) No ha habido tal derogación. Las Reglas de Enjuiciamiento Civil son aplicables a aquellos casos y procedimientos taxativamente especificados en la Regla 81. El Código de Enjuiciamiento Civil ha seguido en toda su fuerza y vigor para aquellos casos y recursos a los cuales las Eeglas do Enjuiciamiento Civil no son aplicables.

   El Juez Asociado Señor Madrero

emitió la opinión del tribunal.

En el único error señalado alega el apelante que la Corte de Distrito de Humacao erró “al dictar sentencia conde-nando al demandado a pagar a la demandante intereses de-vengados sobre la suma de $95.14, a razón del 6 por ciento anual, desde la fecha de la interposición de la demanda hasta el día de la sentencia y las costas de esta acción.”

De los autos surge que en 9 de septiembre de 1935 la demandante Martínez Fernández & Cía., S. en C., radicó demanda ante la Corte de Distrito de Humacao en que alegaba haber concedido un crédito refaccionario al demandado José ■García por la suma de $2,000, que éste recibió en distintas partidas, y que dicha cantidad el demandado ha satisfecho a la demandante $1,304.86, adeudándole el balance de $695.14, más intereses hasta la fecha de la radicación de la demanda ascendentes a $71.16. En ella se solicitaba sentencia con-denando al demandado al pago de dicha suma, más $71.16 de intereses devengados y los que se devenguen desde la ra-dicación de la demanda hasta el pago total de la deuda, así como la cantidad de $250 fijada para costas, gastos y hono-rarios del demandante.

En 23 de octubre del mismo año contestó el demandado y luego de negar todos los hechos expuestos en la demanda, adujo como defensa especial que sólo había recibido de la demandante por concepto del aludido crédito la suma de $1,400; que de ella había pagado $1,304.86, más los intere-ses correspondientes, y que sólo adeudaba $95.14, suma “que el demandado está dispuesto y siempre lo ha estado, a satis-facer a los demandantes . . . . ” En la súplica de la con-testación se solicita de la corte “se sirva dictar sentencia en este caso, condenando al demandado a pagar a los deman-dantes la suma de $95.14 y declarar sin lugar los demás ex-tremos de la demanda, condenando en costas a los deman-dantes.”

También se desprende de los autos que en 18 de febrero de 1936 se emitió una orden de embargo y que a virtud de la misma se embargaron, tres días más tarde, dos fincas del demandado de 5 y 9 cuerdas, respectivamente, sembradas de caña de azúcar, con sus retoños.

Así las cosas, transcurrieron ocho años sin que se hiciera por una u otra parte gestión ulterior en el caso, hasta que en 26 de abril de 1943, por razones que no se desprenden de los autos, se radicó por la mercantil demandante una llamada demanda enmendada que es copia literal de la archivada en 9 de septiembre de 1935. A esa demanda enmendada no con-testó el demandado hasta el 5 de junio de 1945. Tampoco aparece explicada esta tardanza de más de dos años. La contestación a la referida demanda enmendada podría de-cirse que es igualmente una copia literal de la contestación radicada en 23 de octubre de 1935 a la demanda original.

En 7 de junio de 1945 la demandante radicó un “Reque-rimiento de Admisión”, en armonía con lo provisto por la Regla 36(a) de las de Enjuiciamiento Civil, solicitando a virtud del mismo que el demandado admitiera (1) la conce-sión y recibo del crédito refaccionario por $2,000; (2) la ^inscripción del mismo en el Registro de Contratos Agrícolas del Distrito de Humacao; .(3) la fijación en la escritura a virtud de la cual se otorgó el crédito de la suma de $250 para costas, gastos y honorarios de abogado; (4) el pago tan sólo de $1,304.86 a cuenta del referido crédito y la exis-tencia de un-balance de $695.14, más $71.16 de intereses basta la fecha de lá radicación de la demanda, así como de los que se devengaren; y que copia de la escritura de re-facción se halla en los autos. En contestación a ese reque-rimiento el demandado negó haber recibido los $2,000 men-cionados por la demandante y alegó en contrario que sólo había recibido $1,400; admitió los párrafos 2, 3, y 5 del mismo; del párrafo 4 admitió haber abonado a la deuda refaccionaria la suma de $1,304.86, y alegó que el préstamo se limitó a la indicada suma de $1,400 y que sólo restaba $95.14, sosteniendo además que los intereses devengados ha-bían sido satisfechos a la demandante antes de radicarse la demanda.

No fué hasta el 30 de julio de 1947 que tuvo lugar el jui-cio del caso. Al resolver el mismo 15 días más tarde, la corte inferior dictó una opinión en que expone y analiza la prueba aportada por ambas partes y llega a la conclusión de que el demandado José García adeuda a la sociedad deman-dante única y exclusivamente la suma de $95.14, más inte-reses a razón del 6 por ciento anual desde la interposición de la demanda. Dictó sentencia en ese sentido, incluyendo las costas de la acción. A virtud de la apelación interpuesta por el demandado contra esa sentencia se encuentra ahora el caso ante nos.

No ha cometido la corte a quo el error imputádole. Si bien en su alegato el apelante hace mención de los artículos 313 y 336 del Código de Enjuiciamiento Civil, sin embargo admite en seguida que éstos no son de aplicación al caso por haber quedado derogados por la Regla 68 de las de Enjuiciamiento Civil.() Inmediatamente hace referen-, cia a la indicada Regla () y sostiene que dada la forma en que está redactada su contestación, la súplica que aparece al final de la misma equivale a “la oferta de sentencia” a que se hace mención en la aludida regla. No estamos de acuerdo.

Aunque la demanda original se radicó en época en que a pleitos ordinarios de esta naturaleza les eran aplicables los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil, nada bay que demuestre que el demandado, no'obstante la súplica de su contestación, diera cumplimiento para aquel entonces a lo provisto por los referidos artículos 313 y 336 de dicbo Código. Por otra parte, en manera alguna puede decirse, como sostiene el demandado, que el embargo trabado sobre bienes de su propiedad equivaliera al’depósito a que alude el último de los mencionados artículos o que se diera cum-plimiento sustancial a cualquiera de ellos. • Durante años el pleito continuó pendiente() y cuando en 1 de septiembre de 1943 empezaron a regir las Reglas de Enjuiciamiento Civil al mismo- le fueron aplicables sus disposiciones, no sólo por así establecerse taxativamente en la Regia 86() sino también a virtud de la aplicabilidad de estatutos procesales a procedimientos pendientes a la fecha en que tales estatu-tos empiezan a regir. Royal Bank v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 345, 350; Vivó v. Medina, 65 D.P.R. 874, 879; Lopes v. South P. R. Sugar Co., 62 D.P.R. 238; 243; y Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 340, Bajo estas condiciones, como este pleito se hallaba pendiente en 1 de septiembre de 1943 al mismo le es de aplicación lo pro-visto en las mencionadas Reglas.

Se recordará que, según ya hemos indicado, en la contestación original se decía “que el demandado está dispuesto y siempre lo ha estado a satisfacer a los demandantes el importe total de su deuda con ellos, o sean $95.14,” y que se suplicaba de la corte dictara sentencia “condenando al demandado a pagar a los demandantes la suma de $95.14 y declarando sin lugar los demás extremos de la demanda, condenando en costas a los demandantes.” Se recordará asimismo que en la contestación a la llamada demanda enmendada se hacían alegaciones idénticas a las contenidas en la contestación original y que la súplica de la misma leía literalmente igual a la de la contestación original. También, que en contestación al Requerimiento de Admisión el demandado negó' el monto de la deuda reclamádale, así como que debiera‘intereses hasta el momento de la radicación de la demanda, y aceptó adeudar al demandante la suma de $95.14. Empero, la Regla 68 va más lejos de lo que el demandado hizo. No basta que en su contestación él mera-mente aceptara adeudar determinada suma de dinero a la demandante y que solicitara de la corte se- dictara senten-cia en su contra por esa cantidad. Tampoco que en res-puesta al “Requerimiento de Admisión” aceptara adeudar la cantidad por la cual, luego de visto el caso en sus méri-tos, se dictó sentencia en su contra. La Regia 68 exige algo más. Ella exige, entre otras cosas, que en cualquier mo-mento antes de los diez días precedentes al comienzo del jui-cio se notifique a la parte adversa una oferta para consentir que se dicte sentencia por la cantidad o la propiedad o al efecto especificado en su oferta, con las costas hasta ese mo-mento devengadas. En este caso la súplica de la contesta-ción podría considerarse como la oferta a que hace referen-cia. la citada Regia. Pero esa oferta era insuficiente, ya que le faltaba el requisito de obligarse a pagar las costas basta el momento en que se bizo la oferta. En cuanto a és-tas, lejos de aceptar el demandado que se impusieran basta' el momento de hacerse la .oferta, tal cual provee la Regla 68, solicitó en la súplica de su contestación que se condenara a la demandante al pago de las mismas. La que bajo esta Regla ba de hacerse deberá ser una oferta incondicional e incluirá las costas devengadas basta el momento de hacerse la misma. De lo contrario la oferta será insuficiente. Moore’s Federal Practice, Yol. 3, pág. 3363, et seq. Cf. Home Ins. Co. of New York v. Kirkevold, 160 F.2d 938, 941. No bubo, pues, de parte del demandado una oferta como la re-querida por la mencionada Regla.

En cuanto a los intereses, bastará con decir que de acuerdo con el artículo 1061 del Código Civil, Edición de 1930, el demandado viene obligado a pagarlos.() La corte impuso éstos a partir de la radicación de la demanda. Véase Sucrs. de Pérez Hnos. v. Sucrs. de Abarca, 33 D.P.R. 105, 108.

De haberse el demandado acogido a lo provisto por los artículos 313 ó 336 del Código de Enjuiciamiento Civil, o por la Regla 68 de Enjuiciamiento Civil, la imposición de costas estaría limitada a lo dispuesto por dichos artículos o Regla. No habiéndolo hecho así y habiéndose dictado sentencia a favor de la parte demandante, aunque tan sólo por la cantidad originalmente especificada por el demandado en la súplica de su contestación, las costas han de impo-nerse a éste a tenor de lo provisto por el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley 94 de 11 de mayo de 1937, pág. 239.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (2)“ Regla 68. — Oferta de Sentencia. — En cualquier momento antes de los diez días precedentes al comienzo del juicio, la parte que se defiende contra una reclamación podrá notificar a la parte adversa una oferta para consentir que se dicte sentencia en su contra po'r la cantidad o la propiedad o al efecto especificado en su oferta, con las costas hasta ese momento devengadas. Si dentro de los diez días siguientes a la notificación la parte adversa notificare por escrito que la oferta es aceptada, cualquiera de las partes podrá entonces archivarla junto con la notificación de su aceptación y la prueba de su noti-ficación y entonces el secretario de la Corte anotará la sentencia. Si no fuere así aceptada, será considerada como retirada y la misma no será admisible en evidencia. Si la parte adversa dejare de obtener una sentencia más favorable que la que le fué ofrecida, en ese caso no podrá recobrar costas deven: gadas con posterioridad a la fecha de la oferta y estará obligada a pagarlas a partir de dicha fecha, todo sin perjuicio de la concesión de honorarios de abogado ai la Corte entendiere que cualquiera de las partes ha procedido con temeridad. ’ ’

      (3)“ Artículo 348. — Un pleito se considera pendiente desde que principia hasta su resolución final en apelación, o hasta que haya espirado el tiempo para interponer el recurso de apelación a menos que so haya cumplido el fallo con anterioridad.”

      (4)“Begla 86. — Fecha en que Empesarán a Begir. — Estas regias empezarán a regir el día primero de septiembre de 1948. Se regirán por ellas todos los procedimientos en acciones iniciadas después que las mismas hayan empezado a regir, y también todos los procedimientos subsiguientes en acciones que estu-vieren entonces pendientes, excepción hecha en tanto en cuanto en opinión de la corte su aplicación a una acción determinada pendiente no sea factible o pueda causar 'una injusticia, en cuyo caso se aplicará el procedimiento anterior. ’ ’

      (5)(¡Artículo 1061. — Si la obligación consistiere en el pago do una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjui-cios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de-convenio, en el interés legal.” Véase también la Ley número 5 de 17 de agosto de 1933 (Prim. Ses. Ext., página 27) que fija un tipo de interés anual de $6.00 sobre cada $100 cuando se ha dictado un fallo o sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: E¡l Juez Presidektte Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Puerto Rico Cap & Tires Sales Corporation, peticionaria, v. Tribunal de Distrito de San Juan, Hon. Emilio S. Belaval, Juez, demandado; Rolando Olivieri et al., representados por el Departamento del Trabajo, interventores.
    Núm. 1728.

    Sometido: Febrero 13, 1948.

      Resuelto: Marzo 15, 1948.

      Fernando B. Fornaris j Fernando Fornaris, Jr., abogados de la peti-cionaria; Ramón Gando y Pedro Santana, abogados del Depar-tamento del Trabajo, como abogados de los interventores, deman-dantes en los pleitos principales.
   E¡l Juez Presidektte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Bolando Olivieri radicó ante la Corte Municipal de San Juan una demanda contra la Puerto Eico Cap & Tires Sales Corporation y en ella alegó que estuvo en el empleo de la demandada en calidad de Inspector General de Gomas, desde el 22 de enero de 1945 basta el 22 de octubre del mismo año, por un sueldo convenido de $20.16 por semana; que el contrato celebrado entre las partes no tenía tiempo fijo o término de duración; y que el 22 de octubre de 1945 la de-mandada sin justa causa o motivo justificado despidió de su empleo al demandante, sin abonarle previamente la suma de $80.64. Pidió se condenara a la demandada a pagarle la indicada suma, o sea un mes de sueldo. Contestó la deman-dada negando específicamente que el demandante fuera des-pedido de su empleo sin justa causa o motivo justificado, alegando en contrario que el demandante cesó en su empleo por el único motivo de falta de trabajo y actividad en la planta de la demandada para seguir utilizando los servicios del demandante.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor del demandante. No estuvo conforme la demandada e instó el presente recurso en solicitud de que la sentencia re-currida sea anulada.

La sección 1 de la Ley núm. 43 de 28 de abril de 1930 (pág. 357), según quedó enmendada por la Ley núm. 84 de 12 de mayo de 1943, pág. 197, dispone:

“Sección 1.- — Todo empleado de industria o de cualquier otro negocio lucrativo, contratado sin tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo sin justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, en adición al sueldo que hubiere devengado, el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización; Disponién-dose, que las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los mancebos ni factores de comercio, para los cuales regirá lo dis-puesto en el Código de Comercio.” (Bastardillas nuestras.)

La única cuestión que tenemos que considerar y resolver es si “'la falta de trabajo y actividad en la planta de la demandada para seguir utilizando los servicios del de-mandante” constituye la “justa causa” que autoriza al pa-trono a despedir a un empleado sin tener que pagarle el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemni-zación.

De la prueba ofrecida por el demandante resulta que cuando se le pagó al demandante la última semana le dije-ron que quedaba despedido del trabajo basta nuevo aviso, porque había poco trabajo; que cuando el demandante em-pezó a trabajar para la demandada, en enero de 1945, ha-bía en la fábrica cuarenta y un empleados, y cuando salió del empleo en octubre del mismo año quedaban alrededor de veinte o veinticinco. La demandada ofreció en evidencia una carta fechada en 27 de octubre de 1947, dirigida por la-Compañía al Presidente de la Unión de la Industria de la:-Goma, notificándole que por falta de trabajo y hasta nuevo* aviso quedaban suspendidos diez obreros', entre los cuales: figuraba el demandante Olivieri. Declaró el Superinten-dente de la Compañía que el único motivo qu.e hubo para eli-minar a esos obreros fué la falta de trabajo debido a la falta de gomas; que la Compañía tenía un contrato con el Ejér-cito para “recapear” 1,700 gomas por mes, siendo ese con-trato rescindióle por el Ejército en cualquier momento; queen octubre 10 de 1945 el Ejército notificó a la demandada que el contrato no sería cancelado de momento sino que las pocas gomas que quedaban las enviarían para acabar-de repararlas, pero que tan pronto recibieran gomas nue-vas para cubrir sus necesidades el contrato quedaría cance-lado; que la producción de la fábrica era un 70 por ciento-para el Ejército y 30 por ciento para el público; que fué-a fines del mes de octubre que se notó la merma en la pro-ducción de gomas. La prueba documental ofrecida por la Compañía demuestra que en el mes de septiembre de 1945 se recaucharon 1,768 gomas, siendo cuarenta y tres el nú-mero de empleados en ese mes; en octubre se repararon 1,610 gomas por 33 empleados; y en noviembre se repara-ron 762 gomas, siendo reducido el número de obreros gra-dualmente a medida que el trabajo disminuía, hasta el mes-de marzo de 1946 en que el número de empleados quedó re-ducido a siete. Continuó declarando el Superintendente que-la reducción de 43 a 7 en el número de obreros se debió ex-clusivamente a la falta de gomas por haberse levantado la restricción de la venta de las mismas; que a los obreros se les pagaba además de sus salarios un bqno que se cargaba a gastos de operación y que era dinero que salía del bolsillo de la Corporación; y que la Compañía cerró su primer año, de operaciones con una pérdida neta de $167.74.

Tanto nuestro Código Civil como el Español proveen que ios trabajadores asalariados por cierto término para cierto obra “no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato, sin justa causa”.

Nuestro, Código Civil, artículo 1476 y el Código Civil Es-pañol, artículo 1586, proveen que los trabajadores asalaria-dos por cierto término o para cierta obra, no pueden despe-dirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato, sin justa causa. La Ley núm. 84 de -1943, supra, hace ex-tensivo ese derecho a los trabajadores contratados sin tér-mino fijo. *

En sus Comentarios al artículo 1586 del Código Civil Es-pañol (Tomo X, 4ta. ed., pág. 668) dice Manresa:

“En cuanto a lo que debe entenderse por causas justificadas, el Código guarda silencio y su apreciación corresponderá a los Tribu-nales. Puede servir de criterio la doctrina de los artículos 21 y 22 del Código de Trabajo, aunque a los motivos que dicho Cuerpo legal enumera puedan añadirse otros que guarden analogía con ellos. Se estimarán justas causas a favor del patrono — dice el art. 21 — para poder dar por terminado el contrato antes del plazo del venci-miento, las siguientes: Ia. La falta repetida a las condiciones propias del contrato. 2o. La falta de la confianza debida en las gestiones o en la clase de trabajo a que se dedique el obrero. 3a. Los malos tratamientos o la falta grave al respeto y consideración por parte del obrero al patrono, su familia, a su representante y a los compa-ñeros de trabajo. ...
“En la prohibición de despedirse y de dar la despedida sin justa causa del artículo 1,586, va implícita la obligación de indemnizar a la otra parte, aquella que caprichosamente ponga término al contrato. El Código no lo dice; pero, en realidad, no necesitaba decirlo, por-que esa es una consecuencia del incumplimiento de lo pactado. La •cuantía de la indemnización será fijada por los Tribunales. El rigor •de los principios aconseja que una vez declarada caprichosa o injus-tificada la despedida, se considere como deudor de mala fe al que tiene que indemnizar; mas creemos, sin embargo, que los Tribu-nales procederán muy cuerdamente apartándose de ese rigorismo, y apreciando las circunstancias que concurran en el caso.”

Como se ve, es a los tribunales de justicia a quienes in-cumbe, después de tomar en consideración los beebos y cir-cunstancias especiales de cada caso, determinar si la despe-dida del trabajador estuvo justificada o si fué caprichosa o injustificada. La obligación de indemnizar al obrero que ha sido despedido del trabajo, cuando el contrato se hizo sin tiempo determinado, no es absoluta. Esa obligación surge cuando se le despide caprichosa e innecesariamente, sin una causa, razón o motivo que justifique el que el patrón pres-cinda de los servicios del obrero. La jurisprudencia citada por el obrero interventor () no es aplicable al caso de autos por referirse a casos en que el trabajador despedido había sido contratado por un término fijo o para una obra deter-minada.

No existe controversia en cuanto al hecho de que la causa que motivó la despedida del obrero interventor fué la falta de trabajo y actividad en la planta de la corporación deman-dada. No es ésa una causa que pueda ser calificada como caprichosa o injusta. Injusto sería obligar a un patrono cuya planta ha sido destruida por un incendio a pagar a to-dos sus empleados, a quienes ya no necesita, un mes de sueldo. Igualmente- injusto sería obligarle a hacer ese pago, cuando por falta de materia prima para poder seguir traba-jando el patrono se ha visto obligado a reducir el número de trabajadores o a cerrar su fábrica. El propósito del le-gislador ha sido proteger al trabajador en su derecho a con-tinuar en su empleo y a no ser despedido caprichosamente o sea sin justa causa y sustituido por otro trabajador, siem-pre que el patrono continúe sus actividades y necesite los servicios del obrero. Véase: Rodríguez v. Corte, 65 D.P.R. 614.

La sentencia recurrida será anulada y él caso devuelto a la corte inferior con instrucciones de dictar sentencia decla- rancio sin lugar la demanda. Las sentencias dictadas en los casos civiles números 3013-, 2,968, 610, 611, 2865, 468, 474, 471, 560, 470, 556, 55,9, 555, 958, 475, 467, 469, 2969, 557, 472 y 558, que fueron vistos conjuntamente y fallados en la misma forma serán igualmente anuladas y los casos devueltos a la corte inferior con instrucciones de dictar sentencia en cada uno de dichos casos declarando sin lugar la demanda.

      (1) 35 Am.Jur. Master and Servant, sec. 40, págs. 473, 474; y 32 Am.Jur. 467, 468.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Lorenzo Santana, Victoriano Nieves, Pascuala Medina y Clemente Rivera, demandantes y apelantes, v. Ramón Vélez, Dionisio Nieves Alicea y Gregorio Nieves, demandados y apelado el primero.
    Núm. 9522.

    Sometido: Enero 15, 1948.

      Resuelto: Marzo 15, 1948.

      Benigno Dávila, abogado de los apelantes; Herminio A. Concepción, abogado- del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Bayamón, después de celebrada una vista y de haber realizado una inspección ocular, expi-dió una orden de injunction dirigida al demandado, Ramón Vélez, para que éste se abstuviese d'e perturbar a los deman-dantes en el libre uso y disfrute del camino objeto de la de-manda. Dicha sentencia fué notificada al demandado Vé-lez, y éste, según alega, cumplió con ella. Posteriormente, y alegando qne el demandado no lia cumplido con la orden de injunction, al no retirar sus cercas y negarse a restablecer a los demandantes' en el libre uso y disfrute del camino, los demandantes radicaron ante la misma corte una moción de desacato solicitando que se citara al demandado a mostrar causa o razones para no ser condenado por desacato al no cumplir con la sentencia y la orden de injunction dictada. Se citó al demandado y se celebró una vista. La corte a quo, practicada la prueba y por el resultado de la misma, declaró sin lugar la moción de desacato. De esta resolución apela-ron los demandantes y señalan dos errores, los cuales discu-tiremos conjuntamente porque ambos van dirigidos a la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior.

El camino en cuestión comienza en la Carretera Insular Núm. 2 y se extiende Lacia el sur por la colindancia de las fincas de Ramón Vélez, el demandado, y Dionisio Nieves Alicea. Entonces dobla Lacia el oeste por la colindancia de las fincas del demandado y la de Gregorio Nieves. Se alega por los apelantes que el demandado cumplió con la .orden de injunction, abriendo el camino solamente en aquella parte de éste que pasa por la colindancia de las fincas de Vélez y de Nieves Alicea, pero que no cumplió con la sentencia en cuanto a aquella parte del camino que pasa por la colindan-cia de las fincas del demandado y la de Gregorio Nieves, puesto que en esa parte, el camino tiene solamente dos metros de ancho, y la orden lo requería a abrir el camino de tres metros de ancho.

De la transcripción de autos se desprende que la prueba practicada en la vista de la moción de desacato consistió úni-camente en el testimonio de Lorenzo Santana, el demandante-apelante, el cual declaró como sigue:

“P. ¿El demandado Ramón Vélez ba quitado las cercas del camino que se ordenó quitar? ¿Las quitó?
“R. Las quitó en la parte de arriba. O sea desde la carretera hasta donde comienza la casa de él.
“P. ¿O sea hasta donde comienza la finca de Nieves?
‘‘R. Sí, señor.
“P. ¿Usted recnerda en su declaración lo que usted dijo? ¿Quien fué el que tiró la cerca primero ahí, Gregorio Nieves o Ramón Yélez?
“R. Gregorio Nieves.
“P. I Cuando Gregorio Nieves tiró la verja dejó cuántos metros de camino en su terreno?
“R. Gregorio Nieves dejó tres metros o más.
“P. ¿Entonces qué pasó después que Gregorio Nieves dejó tres metros de camino de su terreno ?
”R. Que' el señor Ramón Yélez no tenía las verjas puestas.
“P. .¿Entonces echó su verja Ramón Vélez?
“R. Sí, señor, después; y entonces cerró o dejó un espacio de dos metros.
“P. ¿Cuál de los dos cogió terreno del camino, Gregorio Nieves o Ramón Yélez?
“R. Ramón Yélez.
“P. ¿De ahí Ramón Yélez no ha movido su verja?
“R. No.”

La corte a quo ordenó al demandado a restablecer a los demandantes en el libre uso y disfrute del camino en una anchura de tres metros, en toda su extensión. La declara-ción del demandante, arriba transcrita, demostró que el de-mandado no cumplió a cabalidad con dicha orden puesto que abrió el camino como había sido requerido, solamente en una parte, o sea, en la colindancia entre su finca y la de Nieves Alicea, pero ha dejado el camino estrecho a lo largo de la colindancia sur de su finca. Siendo esto así, es evidente que no se ha cumplido con la orden de injunction. No hubo prueba alguna que justificara la conclusión a que llegó la corte a quo. La prueba aportada demostró, sin haberse adu-cido evidencia en contrario, que el demandado no obedeció el mandato de la corte inferior en. su sentencia. Bajo es-tas circunstancias, procede revocar la resolución recurrida y devolver él caso a l.a corte inferior para que proceda de con-formidad con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Margarita Biaggi, peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Ángel Fiol Negrón, Juez, demandada; Sucn. de Angelina Esbri Vda. de Bauzá, interventora.
    Núm. 1735.

    Sometido: Febrero 3, 1948.

      Resuelto: Marzo 15, 1948.

      Garlos E. Colón, abogado de la peticionaria; Ramón G. Goyco, abo-gado de la interventora, demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria inició pleito contra los miembros de una sucesión, entre los cuales babía dos menores llamados William y Eleonor Biaggi Soto. Estos demandados y su señora ma-dre fueron debidamente emplazados. La madre, a nombre «de los menores, solicitó la desestimación de la demanda por ■falta de jurisdicción por el fundamento de que los menores ■sólo podían ser demandados incluyendo a la madre, que te-nía la patria potestad sobre ellos, como demandada en el pleito en representación de los mismos. La corte de dis-trito dictó resolución declarando con lugar la moción y con-cediendo a la peticionaria quince días para radicar demanda ■enmendada, incluyendo a la madre como demandada en re-presentación de los menores. El caso se encuentra ante este ■Tribunal en solicitud de certiorari para revisar diclia reso-lución.

Aquí son de aplicación dos de las Reglas de Enjuiciamiento Civil. La primera trata de la manera de notificar el emplazamiento y la demanda en un pleito contra un menor. La Regla 4(d) dice que la notificación se fiará ii . . . (2) A un menor de edad que residiere en la Isla, a dicfio menor personalmente, así como también a su padre, madre o tutor . . . A El diligenciado demuestra que aquí el emplazamiento se hizo a “los menores William Biaggi y Eleonor Biaggi Soto así como a su madre Genoveva Soto en su residencia en la calle Victoria de Ponce . . . ”. Las partes están contestes en que la madre tiene patria potestad sobre los menores y no tiene intereses en conflicto con ellos. Y como ella no es demandada por derecho propio, el ■emplazamiento a ella necesariamente fué a tenor con la Regla 4(d) (2), que exige que se emplace tanto a la madre como •a los menores cuando estos últimos son demandados. Véase Pacific Coast Joint Stock Land Bank of San Francisco v. Clausen et al., 65 P.2d 352 (Calif., 1937). En consecuencia, no puede fiaber objeción alguna al emplazamiento en este ■caso. Nuestra decisión a este efecto concuerda con los casos de Orcasitas v. Márquez et al.. 19 D.P.R. 477; Vías v. Sucn. Pérez et al., 15 D.P.R. 732; Díaz Bermúdez et al. v. Sucn. de Díaz Román et al., pág. 249, ante. Estos casos son de completa aplicación ya que la Regla 4(d) (2) constituye, a este respecto, una reexposición del artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo con el cual fueron re-sueltos.

El verdadero problema en este caso surge bajo la Regia 1 7(/). Esta dispone que “Cuando un menor, demente o persona incapacitada, es parte en un litigio, deberá com-parecer por medio de su padre o madre con patria potes-tad, si los tuviere, y en su defecto, por medio de su tutor general, o de un defensor nombrado por la corte que entienda en el asunto, en cada caso, o por el juez de la misma. El de-fensor puede ser nombrado en cualquier caso, cuando la corte que conoce del asunto, o el juez de la misma juzgare conve-niente que el menor, demente o persona incapacitada sea representada por dicbo defensor, aun cuando tuviere tutor general y baya comparecido por medio de éste.”

La Regia 17 (/) no ba cambiado la doctrina en esta ju-risdicción. Igual que bajo el artículo 56 del Código de En-juiciamiento Civil y el artículo 153 del Código Civil, bajo la Regla 17 (/) un padre o madre con patria potestad repre-senta a un menor en un litigio. Es sólo cuando los intere-ses del menor y de su padre vienen- a estar en conflicto, o si la corte lo cree conveniente que al menor Id representa su tutor general o un defensor judicial. Cibes et al. v. Santos et al., 22 D.P.R. 224; Agostini v. Registrador, 39 D.P.R. 577; véase Díaz Bermúdes et al. v. Sucn. de Díaz Román et al., supra.

Como bemos visto, las partes convienen en que la madre es la persona adecuada para representar a los menores en este caso. La única cuestión a resolver es si el caso se radicó correctamente contra los menores o si, como resolvió la corte de distrito, el pleito debe radicarse contra la madre como parte demandada en el mismo, en representación de los menores.

Los casos son contrarios a lo que resolvió la corte de dis-trito. Cuando se demanda a un menor, el pleito se insti-tuye contra él en su propio nombre. El padre con patria potestad, el tutor general o el defensor judicial no aparecen como parte demandada. El caso es contra el menor como una parte, quien comparece representado por el padre con patria potestad, su tutor general o su defensor judicial. Redmond v. Peterson, 102 Cal. 595 (1894); Keane v. Penha, 173 P.2d 835 (Calif., 1946); Ocean Accident & Guarantee Corporation v. Industrial Acc. Commission et al., 263 P. 823 (Calif., 1928); Hughes v. Quackenbush et al., 37 P.2d 99 (Calif., 1934); Loock v. Pioneer Title Ins. & Trust Co., 40 P.2d 526 (Calif., 1935); Doyle et al. v. Loyd et al., 114 P.2d 398 (Calif., 1941); Rosenberg v. Bricken, 194 S.W. 2d 60 (Ky., 1946); Baker et al. v. Boyd et al., 119 S.W. 2d 524 (Ark, 1938); 13 Cal. Jur. sección 38, pág. 186, y casos citados; 3 Bancroft’s Code Pleading, sección 1534, pág. 2528, Forma núm. 705, págs. 2532-33; 22 Calif. L. Rev. 576.

Es cierto que en Góñes v. Palmeri, 50 D.P.R. 457, resol-vimos que la corte de distrito no cometió error al desesti-mar la excepción previa a la demanda en un caso de filiación intitulado “Santos Góñez, en representación de su bija me-nor Esther Góñez”. Pero dijimos que (pág. 458) “la ver-dadera parte interesada lo era Esther Góñez y que la ma-dre compareció solamente en representación de ella.” En otras palabras, a pesar del título defectuoso el pleito füé sustancialmente instituido por el menor según lo exigen nuestras leyes y la Regla 17(/). Véase Yordán v. Ríos, pág. 259, ante.

Es significativo el hecho de que no tengamos una regla equivalente a la Regla Federal 17(c), excepto para albaceas, administradores o comisarios. Según lo reconoce Moore, en un número de jurisdicciones, Puerto Rico inclusive, bajo la ley local un pleito que envuelva un menor o una persona in-capacitada debe instituirse a su nombre y1 no a nombre de su representante. 2 Moore’s Federal Practice, sec. 17.18, págs. 2103-5. Véanse Southern Ohio Sav. Bank & Trust Co. v. Guaranty Trust Co. of New York et al., 27 F.Supp. 485 (N.Y., 1939); Horzepa et al. v. Dauski. 40 F.Supp. 476 (N.Y., 1941).

El resultado a que llegamos en el caso de Lizardi v. Corte, 57 D.P.R. 248, no es inconsistente con nuestros puntos de vista aquí. En él resolvimos que un defensor judicial puede ser nombrado en un procedimiento ex parte y debiera nom-brarse antes de que se radique la demanda en que el menor ha de comparecer como demandante. En dicho caso no es-taba envuelta la cuestión en cuanto a si el menor o su de-fensor judicial es la parte que debe aparecer como deman-dante.()

Del mismo modo, el caso de Agostini v. Registrador, supra, no establece una doctrina en contrario. Meramente re-suelve que los menores fueron debidamente representados por su padre con patria potestad en vista del hecho de que éste no tenía intereses en conflicto con los de los menores. La cuestión de si la parte adecuada en el pleito debieran ser los menores o su padre no fue considerada en dicho caso. •

Toda vez que este pleito fué debidamente radicado contra los menores por derecho propio y como éstos y su señora madre fueron debidamente emplazados de conformidad con la Begia 4(d), la corte inferior cometió error al declarar con lugar la moción de desestimación en cuanto a los menores por falta de jurisdicción.

La resolución de la corte de distrito s.erá dejada sin efecto y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos.

      (1)Sin embargo, oreemos propio indicar que si bien, como resolvimos en el caso de Lizardi, un defensor judicial puede y de ordinario debiera nom-brarse en un procedimiento ex parte antes de la radicación de una demanda en la que el menor es el demandante, sin embargo tal “ ... defensor puede [también] ser nombrado después de iniciado el pleito.” 13 Cal.Jw. seo. 54, pág. 207 (corchetes nuestros); véase Doyle et al. v. Loyd et al., supra. De ahí que el párrafo de nuestra opinión en el caso de Lizardi que aparece a la pág. 250-1 no es correcto si se lee como que significa que no puede nombrarse defensor judicial alguno dentro del procedimiento principal después de radi-carse la demanda a nombre del menor como único demandante. Aunque no afecta el resultado del caso de IAzardi o el resto de la opinión, creemos propio aclarar este párrafo de dicha opinión.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Luis Felipe Ortiz, demandante y apelante, v. Antonio Cesaní Báez, demandado y apelado.
    Núm. 9606.

    Sometido: Febrero 3, 1948.

      Resuelto: Marzo 15, 1948.

      Federico García Veve, abogado del apelante; James R. Beverley, José López Baralt y R. Rodríguez Lebrón, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Ante el Tribunal del Distrito Judicial de San Juan ra-dicó Luis Felipe Ortiz demanda sobre -rescisión de contrato contra Antonio Cesaní Báez. Dadas las cuestiones de de-recho surgidas con motivo del escrito radicado por el de-mandado, creemos imperativo hacer una exposición somera de las alegaciones esenciales de la demanda. Éstas son a saber: que el demandante es dueño de una casa de dos plan-tas, construida de concreto armado, en Eío Piedras, teniendo establecido en la planta baja un negocio de gasolina y como parte de éste, entre otros bienes, un túngar de cargar bate-rías de mano; un gato grande de garage; un tanque de gasolina; una bombita para extraer aceites; una máquina de montar frenos; una rodadora de engrase; un pino com-pleto; una máquina y manga de lavar automóviles, etc.; que el demandante cedió en arrendamiento al demandado dicha planta baja y todos los bienes ya descritos, según con-trato de arrendamiento celebrado por ellos, por el término de cuatro años, a partir del primero de agosto de 1944, por un canon mensual de $200, habiendo el demandado entrado en posesión del local y de los accesorios como tal arrenda-tario y ocupando éstos al momento de radicarse la demanda; que fué convenido expresamente por las partes que el arren-datario dedicaría el local al negocio de estación de gasolina y a la venta de accesorios de automóviles y sus derivados, así como que el incumplimiento del contrato por cualquiera de ellas daría lugar a su rescisión y al ejercicio de la' acción correspondiente; que el demandado ha dejado de satisfa-cer las mensualidades correspondientes a los meses termi-nados en noviembre 3,0 y diciembre 31 de 1946 y que en vio-lación a los términos expresos del contrato el arrendatario ha dedicado parte del local arrendado a la venta de neve-ras, radios, lavadoras eléctricas y juguetes; que en 4 de enero de 1947 el demandante notificó al demandado por carta certificada que daba por rescindido el arrendamiento por in-cumplimiento del mismo y requirió a éste para que le des-alojara la propiedad dentro del improrrogable término de ocho días; que el demandado a pesar de tal requerimiento continúa disfrutando de dicho local, mientras que el deman-dante ha cumplido en todas sus partes el contrato de arren-damiento. Termina la demanda solicitando se declare res-cindido por incumplimiento del mismo por parte del deman-dado el contrato de arrendamiento y se ordene al mársbal ponga en posesión del local y de los bienes arrendados al de-mandante, con costas y honorarios de abogado.

A la anterior demanda el demandado presentó una lla-mada “moción de consignación y sobré desestimación” en que alega haber ofrecido los cánones de noviembre y diciembre al demandante y que éste se ha negado a aceptar-los, al igual que el abogado del demandanté se negó a acep-tar dos cheques certificados por $200 cada uno; y que am-parándose en las disposiciones de la Ley núm. 268 de 1945 (pág. 939) consignaba la suma de $600 para cubrir los $400 adeudados más el canon del mes de enero de 1947. También insistía en que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción.

Luego de haberse opuesto por escrito el demandante a la moción de consignación y sobre desestimación y después de celebrada la vista correspondiente el tribunal inferior de-claró con lugar la moción para desestimar y entendiendo que la demanda no era enmendable dictó sentencia desestimán-dola, con costas al demandante.

El caso se halla ahora ante nos a virtud de apelación in-terpuesta por el demandante Luis Felipe Ortiz. En apoyo de su recurso insiste en primer lugar en que el tribunal inferior cometió error al admitir tácitamente la consignación verificada por el demandado al amparo de la Ley núm. 268, supra.

En el curso de su resolución y con respecto al escrito de consignación del demandado el tribunal a quo manifestó que “es cierto que el artículo 12(a) de la Ley núm. 464 permite el desahucio del inquilino cuando éste no paga el alquiler en los términos convenidos; pero en este caso, aunque el demandado se atrasó en el pago de los cánones, luego al consignar el importe de todos los vencidos se pro-tegió contra cualquier acción del demandante tendiente a privarle de la posesión del local que ocupa con su negocio..” Para casos corrientes de desahucio por falta de pago la anterior manifestación del tribunal inferior es correcta, ya que a tenor de lo provisto por el artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 268 de 14 de mayo de 1945 (pág. 939), cuando la de-manda se funda en falta de pago del canon convenido se dejará sin efecto el procedimiento o la sentencia dictada si en cualquier estado del recurso el demandado hace efectivos los cánones adeudados, con las costas y honorarios de abo-gado que fije el tribunal. En igual sentido se expresa el artículo 18-A de la Ley de Alquileres Razonables (núm. 464 de 1946, pág. 1327) según fué adicionado a ésta por la Ley núm. 415 de 14 de mayo de 1947, pág. 821.

Empero, la realidad es que la moción para desestimar ra-dicada por el demandado admitió, a los fines de la cuestión de derecho por ella planteada, todas las alegaciones esen-ciales de la demanda y de ésta se colige que lo que se cedió ■en arrendamiento al demandado no fué escuetamente el local sino principalmente el negocio de gasolina y accesorios de .automóviles que el demandado tenía establecido en la planta baja de la casa descrita en la demanda. A los fines de la moción para desestimar, nos parece que el presente caso es idéntico al de Orsini v. Sánchez, 67 D.P.R. 863 y que ahora podríamos decir en éste mutatis mutandis cuando en aquél ■dijimos al efecto, a saber (pág. 867):

"La única cuestión que tenemos que considerar y resolver es si las disposiciones de la Ley de Alquileres Razonables, artículo 18 A, ■que autoriza se deje sin efecto el procedimiento o la sentencia dic-tada cuando el desahucio se basa en falta de pago, son aplicables .a un caso como el de autos.
"De acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, apa-rece que Orsini es dueño de una estación de gasolina establecida en una parcela de terreno de su propiedad, con una cabida de 4,528 metros cuadrados, ubicada en Martín Peña. Dicha estación está equipada con los aparatos y máquinas necesarios para lavar y en-grasar automóviles y con todos los instrumentos y equipos necesa-rios para el negocio que habitualmente se hace en esa clase de esta-ciones, siendo todo el equipo propiedad de Orsini. De acuerdo con el contrato, párrafo tercero, la propiedad dada en arrendamiento es ‘la estación de gasolina anteriormente reseñada con los muebles que la misma contiene. ’ No se trata, pues del arrendamiento de un local para vivienda o para establecer en el mismo un negocio o industria perteneciente al arrendatario. Lo que se ba dado en arrendamiento es un negocio ya establecido y perteneciente al arrendador, para ser explotado por el arrendatario por el término y bajo las condiciones estipuladas en el contrato.' El arrendatario Sánchez Parra no es dueño del negocio establecido en la estación de gasolina. Todo lo que allí existe y es utilizado para la explotación del negocio— con excepción de las existencias de artículos para la venta — es pro-piedad del arrendador Orsini. . El objeto del arrendamiento en este caso es, pues, una estación de gasolina, con las maquinarias y equipo necesarios para su funcionamiento y explotación. Lo que se ha arrendado es un negocio ya establecido y en marcha — going concern — que a partir de la fecha del arrendamiento seguirá siendo explotado por el arrendatario en vez de serlo por el dueño. La edi-ficación o ‘garage’ es puramente incidental al negocio allí instalado, pues posiblemente el arrendatario no hubiese arrendado dicho garage a no ser por las maquinarias y equipo allí instalados y por el negocio ya establecido por el arrendador de la estación.
“La ejecución de la sentencia de desahucio no habría de causar perjuicio alguno al arrendatario, quien no tendría ante sí el pro-blema de encontrar un nuevo local para su negocio. No creemos que la Legislatura haya tenido la intención de hacer extensivo el remedio de la restricción del desahucio a casos como el de autos.”

.Es justo expresar que cuando el tribunal inferior dictó su sentencia en 3, de julio de 1947 en el recurso de epígrafe, aún no se había dictado la anterior opinión en el caso de Orsini v. Sánchez.

Por otra parte, aunque por escrito archivado en 21 de febrero de 1947 el demandado complementa su “moción de consignación” depositando las costas pagadas hasta aquel momento y solicitando de la corte que fije y determine los honorarios de ahogado de la parte demandante, tal cual lo exigen el artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil y' el artículo 18-A de la Ley de Alquileres Razonables, nada-se provejó en cuanto a tales costas y honorarios de abogado,., no obstante el hecho de haber el tribunal inferior dictado' su opinión y sentencia algunos meses más tarde. El propio» apelado admite en su alegato la existencia de este error.

Como las alegaciones de la demanda han sido admitidas por el demandado al solo efecto de su moción para desesti-mar, j»- al resolver ésta el tribunal a quo cometió error, se dictará sentencia revocando la dictada por el tribunal inferior y se devolverá a éste el caso para ulteriores procedi-mientos.


author: JEl Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Flora Rodríguez Rodrigo, peticionaria, v. Tribunal de Distrito de San Juan, Hon. Rafael Cordovés Arana, Juez, demandado; José Capó Caballero, Luis E. Alfaro e Indemnity Insurance Co. of North America, interventores.
    Núm. 1703.

    Sometido: Noviembre 5, 1947.

      Resuelto: Marzo 17, 1948.

      Harry B. Lienza, abogado de la peticionaria; Juan Enrique GéigeVy Guillermo Silva, abogados de los interventores.
   JEl Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

.Este Tribunal expidió el presente auto de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Distrito de San Juan que declaró nulo un emplazamiento. La resolución fué pre-dicada en haberse expresado en el emplazamiento que los demandados debían notificar su contestación al abogado de ia demandante “dentro de los diez días de haber sido dili-genciado este emplazamiento excluyéndose el día del dili-genciamiento”. Los demandados fueron emplazados perso-nalmente en el distrito de San Juan. Entendiendo éstos que el emplazamiento no cumplía con las disposiciones de la Be-gla 4(b) en relación con la 12(a) de Enjuiciamiento Civil, solicitaron del Tribunal de Distrito que decretase la nuli-dad del emplazamiento, dictándose, con tal motivo, la reso-lución objeto de este recurso.

Dispone la Begla 4(b) que el emplazamiento hará ■constar “el plazo dentro del cual exigen estas reglas que comparezca el demandado para defenderse”. Y la Begla 12(a) tratando de ese plazo, prescribe que será de diez días a partir de la fecha en que se le hubiere servido copia del ■emplazamiento y- de la demanda, si la citación se hiciese en ■el distrito en que se promueve la acción; dentro de veinte días si se hiciese fuera de dicho distrito, pero en la Isla de Puerto Bico; y dentro de cuarenta días si se hiciese fuera de Puerto Bico. . Completando lo que dejó de especificar la Begla 4(b) con lo provisto en la 12(a), llegaremos a la conclusión de que el plazo a que se refiere la Begla 4(b) y que, ■de acuerdo con la misma, deberá hacerse constar en el emplazamiento, es el indicado en la Begla 12(a). Por consiguiente, tenemos que convenir con el Tribunal inferior en que ■el secretario no cumplió estrictamente con la Begla 4(b) ■complementada por la 12 (á) al expedir el emplazamiento en este caso.

Arguye la peticionaria — la demandante en el caso principal — que se cumplió sustancialmente con la Eegla 4(b) por-que la citación se hizo en el distrito donde se promovió la acción, en cuyo caso el término para comparecer es de diez días y precisamente fué ése el plazo que se indicó a los de-mandados en el emplazamiento. Eeplican éstos, sin embargo, que en el momento en que el Secretario expide el em-plazamiento, no sabe ni debe presumirse que esté en condi-ciones de saber, si el demandado será citado en el distrito en que se promueve la acción, en algún otro distrito o fuera de Puerto Eico y que el hecho de haber sido citado dentro del distrito es una mera coincidencia que no convalida el em-plazamiento. Pero no debemos perder de vista que el ob-jeto principal del emplazamiento es dar aviso con certeza del plazo fijado por la ley dentro del cual el demandado debe comparecer a defenderse y advertirle, además, de las conse-cuencias que pudieran sobrevenirle si deja de hacerlo den-tro de dicho plazo. Codd v. Westchester Fire Ins. Co., 128 P.2d 968 (Wash. 1942) y Spokane Merchants’ Ass’n. v. Acord, 170 Pac. 329 (Wash. 1918).

En el presente caso los demandados fueron notificados del plazo que precisamente tenían para comparecer. El hecho de que el secretario no hiciera constar los otros dos plazos a que se refiere la Eegla 12(a) no pudo causarles perjuicio alguno toda vez que dichos dos plazos no les eran aplica-bles por haber sido emplazados en el distrito en que se pro-movió la acción. Aplicando la primera de las Eeglas de En-juiciamiento Civil que prescribe que las mismas se interpret tarán en forma tal que garanticen una solución justa, rápida y económica de toda acción debemos resolver, que si bien el secretario no cumplió estrictamente con la Eegla 4(b) com-plementada por la 12(a), las circunstancias de este caso de-muestran que se cumplió sustancialmente con dichas Eeglas y esto es suficiente. Codd v. Westchester Fire Ins. Co., supra; Spokane Merchants’ Ass’n. v. Acord, supra.

Procede declarar con lugar la petición de certiorari, anu-lar la resolución recurrida y devolver los autos a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: En Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Josefina Maldonado, demandante y apelada, v. Segundo Quetell, demandado y apelante.
    Núm. 9634.

    Sometido: Febrero 3, 1948.

      Resuelto: Marzo 18, 1948.

      Ramón R. Cabrera, abogado del apelante; J, I. Fernández Segarra, abogado do la apelada.
   En Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El primer error señalado por el apelante en este recurso es al efecto de que la corte inferior erró “al no considerar ni resolver a favor del demandado la defensa especial y se-parada de que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción en ninguna de sus dos causas de ac-ción.”

Se trata de una demanda sobre reconocimiento de hijos y alimentos, instituida por Josefina Maldonado reclamando que se declaren hijos naturales reconocidos del demandado dos hijos habidos mientras vivían en concubinato y, además, una pensión de catorce dólares semanales para los alimentos, vestuario y asistencia médica para dichos niños. En la contestación se alegó como defensa especial que la demanda no aduce hechos suficientes constitutivos de causa de acción. La corte inferior no resolvió dicha defensa especial.

Si bien es cierto que de acuerdo con el título de la de-manda quien comparece es únicamente la madre, Josefina Maldonado, - no es menos cierto que de acuerdo con las ale-gaciones contenidas en las dos causas de acción, ella nada reclama para sí. En la primera causa de acción pide se de-claren a sus hijos, hijos naturales reconocidos del deman-dado, y en la segunda, alimentos para ellos. Interpretadas liberalmente las alegaciones de la demanda, demuestran que la verdadera parte interesada son los hijos y que la madre ha comparecido en su representación, aunque expresamente no lo haya hecho constar. Cf. Góñes v. Palmieri, 50 D.P.R. 457 y Guadalupe v. Corte, 65 D.P.R. 293, en el que resolví-mos que son las alegaciones en el cuerpo de la demanda el aspecto fundamental que debe considerarse para determi-nar quién es la verdadera parte interesada que comparece en una acción. Este es el espíritu que anima la interpre-tación de las nuevas Reglas de Enjuiciamiento Civil al dis-ponerse en la Regla 1 que “Se interpretarán en forma tal que garanticen una solución justa, rápida y económica de toda acción.” Véase Rodriguez v. Tribunal de Distrito, pág. 417 ante. En su consecuencia, el caso de Olivo v. Arriví, 38 D.P.R. 717, debe considerarse expresamente revocado.

Desde luego que, velando, siempre por la pureza de los procedimientos, debe darse cumplimiento a la Regla 17(a) en relación con el apartado (/), iniciando la acción en nombre de la parte realmente interesada y que siendo un menor debe comparecer por medio de su padre o madre con patria potestad, si los tuviere, y en su defecto, por medio de un tutor general o de un defensor judicial, empero si al no darse cumplimiento estricto a dicha Regla, las alegaciones de la demanda demuestran como en el caso de autos, que la madre compareciente nada alega ni solicita en su favor y sí fínicamente alega derechos que corresponden a sus hijos menores de edad, no nos sentimos inclinados a revocar una sentencia dictada a favor de los hijos y obligarlos a comenzar el pleito de nuevo. No se cometió el primer error.

Señala, además, el apelante cuatro errores adicionales que en una u otra forma atacan la apreciación que de la prueba hizo la corte sentenciadora y le imputa haber actuado movida por pasión, prejuicio y parcialidad, al declarar con lugar la demanda en sus dos causas de acción.

La corte inferior hizo constar en su opinión que ‘'como resultado de la prueba presentada por ambas partes . . . y teniendo en cuenta la credibilidad que cada uno de los tes-tigos le ha merecido”, estimó probados determinados he-chos y, como- consecuencia, llegó a las siguientes conclusio-nes :

“Los menores José Enrique y Daisy, de apellido Maldonado, son hijos del demandado Segundo Quetell, tenidos en sus relaciones con la demandante Josefina Maldonado, siendo ambos solteros y sin que existiera entre ambos, al tiempo de la concepción y nacimiento de aquéllos, impedimento alguno para contraer matrimonio, con dispensa o sin ella.
“La demandante Josefina Maldonado fué conocida viviendo en concubinato con el demandado Segundo Quetell desde el mes de junio de 1935 hasta pasado el mes de febrero de 1938, incluyendo el período de la concepción, embarazo y nacimiento de ambos y cada,, uno do dichos menores.”

Después de citar el artículo 125 del Código Civil, se ex-presó así:

“La prueba de la demandante sostiene, a nuestro juicio, las ante-riores conclusiones de hecho y de derecho. La declaración de la pro-pia demandante y la de sus testigos Eloísa Borrero y Margarita Santos, por su forma fácil, desapasionada e ingenua le ha merecido el más completo crédito a la corte. El propio demandado admitió que. desde junio de 1935 hasta septiembre de 1937 sostuvo y mantuvo relaciones sexuales con la demandante, precisamente cubriendo el período del embarazo del primer hijo y el de la concepción del segundo.
“Hubo también prueba, creída por la corte, que el demandado atendió a los menores, les proveyó de ropa, alimentación y medicina y los trataba en público como sus hijos, llamándoles tales, acari-ciándoles y sacándolos a paseo, concluyendo también la corte que dichos hijos, durante el tiempo que el' demandado vivía con la deman-dante gozaron del estado de hijos de dicho demandado.”

Y habiéndose probado, además, que el demandado como' dueño o representante de una panadería ganaba un prome-dio de cincuenta dólares semanales, lo condenó a pasarle a sus dos hijos la suma de cinco dólares semanales, toda vez que el demandado vive con otra mujer con la cual tiene cua-tro hijos.

Hemos leído la transcripción de la evidencia practicada en este caso y somos de opinión que la prueba de la deman-dante,. creída por la corte inferior, es suficiente para sos-tener la sentencia dictada. La tínica prueba del demandado fnó su propio testimonio él cual, en parte, corroboró el he-cho de las relaciones sexuales con la demandante durante los años 1935, 1936 y 1937, precisamente el período en que la prueba de la demandante demostró que Rabian vivido en con-cubinato. La imputación del apelante en cuanto a que la corte .actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad, no queda demostrada por el hecho de qué el juez hiciera varias pre-guntas a los testigos durante el juicio. Hemos resuelto re-petidas veces que no revocaremos una sentencia por alega-dos errores en la apreciación de la prueba a menos que es-temos convencidos de que la corte a quo cometió manifiesto error en dicha apreciación, y en cuanto a la imputación de haber actuado movida por pasión, prejuicio o parcialidad que no basta con alegarlo, sino que debe probarse o que de los autos resultare evidente, que actuó en dicha forma. Velázquez v. Sucn. Blanco, 50 D.P.R. 294; Colón v. Gobierno de la Capital, 62 D.P.R. 25; Muñoz v. Sucn. López de Azúa, 65 D.P.R. 741.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Snydee

text:
    Ochoa Fertilizer Corporation, peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones, demandado; Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 169.

    Sometido: Febrero 3, 1948.

      Resuelto: Marzo 18, 1948.

      Córdova <é González y Carlos J. Paure, abogados de la peticionaria; 11 on. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snydee

emitió la opinión del tribunal.

¿Erró el Tribunal de Contribuciones al resolver que la exención contributiva coneedídale a la peticionaria en 1940 por la Comisión de Servicio Público a tenor con la Ley núm. 94, Leyes de Puerto Rico, 1936 ((1) pág. 495), no incluye los derechos de licencia sobre vehículos de motor?

La primera cuestión a determinarse es si tales de-rechos son una contribución. La peticionaria admite que bajo el poder de policía la Legislatura puede proveer para la reglamentación del tránsito y que los derechos cobrados para hacer frente a los gastos de tal reglamentación no son contribuciones. Pero arguye que tales derechos son contri-buciones cuando la renta es el fin primordial y la reglamen-tación es sólo el fin incidental de esos derechos de licencia. Y, según la peticionaria, aquí concurre esta última condi-ción porque (1) las cantidades cobradas — que oscilan entre $500,000 y $1,50”0,000 al año 'desde el 1942 hasta el 1946— exceden en'demasía el costo de la reglamentación; (2) es-tos derechos desde 1937 a la fecha han sido separados en un fondo especial, no para los gastos de reglamentación, sino para la construcción de carreteras con el fin de cumplir con la Ley Federal de Carreteras, 23 U.S.C.A. Sees. 55, 41(a) ;() y (3) los gastos de la División de Automóviles del‘Departa-mento del Interior no se han sufragado d§ los derechos de licencia sino de los fondos generales asignados en la Ley General de Presupuesto. .

Los casos en que descansa la peticionaria envuelve la constitucionalidad de las leyes en cuestión. Por diversos motivos, la mayor parte de ellos resuelve que estas leyes se-rían inválidas si proveyeran para el cobro de contribucio-nes y válidas si se aprobaron con la intención de hacer frente a los gastos de la reglamentación. Vernor v. Secretary of State, 146 N.W. 338 (Mich., 1914); Ex Parte Schuler, 139 P. 685 (Calif., 1914); State v. Wetz, 168 N.W. 835 (N.D., 1918); Firestone v. City of Cambridge, 148 N.E. 470 (Ohio, 1925); Carley & Hamilton v. Snook, 281 U.S. 66; Sprout v. South Bend, 277 U.S. 163; 4 Cooley, The Law of Taxation, 4ta. edición, see. 1784, págs. 3509-16.() Ninguno de estos easos trata sobre la cuestión de si una exención contributiva incluye los derechos de licencia.

Por otro lado, el Tesorero cita otros casos, algunos de los cuales aparentemente resuelven que aun cuando los de-rechos cobrados excedían de la suma necesaria, para la re-glamentación, los derechos de licencia impuestos sobre la operación de vehículos de motor en las carreteras no eran contribuciones. Atkins v. State Highway Department, 201 S.W. 226 (Tex., 1918); Ard v. People, 182 P. 892 (Colo., 1919); Carter v. State Tax Commission, 96 P.2d 727 (Utah, 1939); Foshee v. State, 72 So. 685 (Ala., 1916); 1-2 Huddy, Cyclopedia of Automobile Law, 9na. ed., see. 137, págs. 331-2. Cf. The RFC Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235; Félix v. Esteves, Comisionado, 41 D.P.R. 719.

Nuestro problema es enteramente diferente a las cues-tiones de constitucionalidad levantadas por los casos citados por ambas partes. Aquí sólo tenemos que ver con la inten-ción de la Legislatura al conferirle poder a la Comisión de Servicio Público para conceder exenciones contributivas. Por tanto, suponemos, sin decidirlo, que la contención de la peticionaria es correcta y que estos derechos de licencia son, en términos generales, clasificados como contribuciones, por lo menos hasta el punto de que la renta que ellos producen excede del costo de la reglamentación. En igual forma, su-ponemos, si bien este derecho de licencia no es un arbitrio clásico sobre venta o uso, que tal derecho es un arbitrio adi-cional.() Pero estas suposiciones no significan necesaria-mente que la peticionaria deba resultar victoriosa en este caso. Solamente nos llevan a considerar el segundo error.

En el segundo señalamiento la peticionaria alega que el Tribunal de Contribuciones cometió error al resolver que la Comisión no tenía autoridad para incluir los derechos de licencia en las exenciones contributivas que ésta podía con-ceder de acuerdo con la Ley núm. 94. Las secciones 3 y 4 de la Ley prescriben en parte como sigue:

“Sección 3. — Por la presente se le concede autoridad a la Comi-sión de Servicio Público para otorgar exención ele contribuciones a todas aquellas nuevas industrias que se establezcan en Puerto Pico, y su decisión deberá ser aprobada por el Gobernador de Puerto Rico. Las industrias nuevas a quienes se ebnceda exención cle contribucio-nes, sus edificios, maquinarias, materiales y en general todos los bie-nes, derechos y privilegios pertenecientes a dichas industrias, que sean imperiosamente necesarios para su trabajo y funcionamiento, esta-rán exentas de contribuciones por el período de tiempo que fijare la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico que en ningún caso deberá exceder de diez (10) años, y cuyo término se contará desde la completa instalación industrial; Disponiéndose, que, tal exención de contribuciones no comprenderá la contribución sobre ingresos que deba satisfacer la persona, firma, sociedad o corporación explotadora de dicha nueva industria, ni la cuota correspondiente a la Ley de Indemnizaciones a Obreros.
“Sección 4. — Cuando la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico otorgue a una nueva industria la exención de contribuciones que por esta Ley se dispone, el municipio en el cual radique dicha nueva industria vendrá obligado a reconocer tal exención; y, en su consecuencia, estará impedido de cobrar a dicha, nueva industria licencias, patentes, arbitrios municipales o cualquier otra contribu-ción municipal, mientras esté vigente el período de exención con-cedido; Disponiéndose, que no se decretará ninguna exención de pago de contribuciones, patentes o arbitrios municipales sin oír previa-mente al municipio afectado.” (Bastardillas nuestras).

La opinión del Tribunal de Contribuciones dice en parte así:

“Nótese que la sección 3, supra, autoriza a la Comisión de Ser-vicio Público para otorgar exención de contribuciones a todas aque-llas industrias nuevas que se establezcan en Puerto Rico, pero no dispone para la exención del pago de derechos por licencias insu-lares. Es la sección 4, supra, la que se refiere a licencias, patentes, etc., municipales.
“Resulta obvio, pues, que la Ley núm. 94 de 1936, supra, no faculta a la Comisión de Servicio Público a otorgar a industrias nuevas, exenciones del pago de derechos de licencias insulares, y por lo tanto, dicho organismo no pudo haber concedido válidamente, si es. que lo concedió, en forma alguna, tal privilegio a la aquí que-rellante. '’

No vemos de qué manera'podemos eludir esta interpre-tación de la Ley núm. 94. En la exención contributiva que le concedió a la peticionaria, la Comisión tuvo la intención de eximirla de “toda clase de contribuciones y derechos de licencias, patentes y arbitrios municipales, y de toda otra contribución municipal . . . ”. Esto cubre los derechos in-sulares de licencias, ya sean clasificados como contribucio-nes para producir rentas o como derechos para hacer'frente a los gastos de la reglamentación. Pero la dificultad estriba en el hecho de que la Ley núm. 94 no confiere a la Comisión un poder tan amplio que la autorice a eximir a la peticio-naria del pago de derechos de licencia, aun cuando se admi-tiera que éstos son contribuciones.

La peticionaria tendría un caso mejor si los derechos de licencia sobre vehículos de motor fueran siempre impues-tos exclusivamente para producir rentas. Pero si bien ello es teóricamente posible, tales derechos de licencia no son de ordinario impuestos únicamente para producir rentas. Ge-neralmente, aun cuando se impongan primordialmente para fines de rentas, tienen aspectos incidentales, pero sustancia-les, de reglamentación. Esto contrasta con los arbitrios clásicos que, en términos generales, de ordinario no tienen elemento sustancial de reglamentación y son casi invaria-blemente para producir rentas. Cf. Porto Rico Telephone Co. v. Tribunal de Contribuciones, pág. 154 ante.

El beebo de que los fondos cobrados por derechos de licencia se depositen en los fondos generales de la Tesorería o en un fondo especial para otros fines ajenos a la reglamentación, no quiere decir necesariamente que las disposiciones para derechos de licencia sean puramente medidas contributivas. Véase 4 Cooley, supra, pág. 3516; Vernor v. Secretary of State, supra; Carter v. State Tax Commission, supra, pág. 731.

Hay otros aspectos del derecho de licencia sobre vehícu-los de motor que lo distinguen de la contribución corriente, que es un tributo para el sostenimiento del Gobierno y que de ordinario es aplicada involuntariamente a todas las per-sonas que caen dentro de ciertas clases definidas. No se re-quiere el pago si el dueño deja el vehículo en el garage; si lo usa durante parte del año, sólo debe pagar una parte pro-porcional del derecho; éste puede cancelarse bajo ciertas circunstancias, a pesar del pago del derecho; y deben exhi-birse las tablillas, pagúese o no el derecho. En resumen, es-tos derechos de licencia no son exclusivamente para produ-cir renta, sino que son parte fiscales y parte reglamentarios. Como tal, representan una forma peculiar de tributación que la Legislatura no tuvo la intención de incluir bajo la Ley núm. 94 que autorizó las exenciones contributivas. En ver-dad, aparentemente nunca se le ocurrió a la peticionaria qué estuviera exenta del pago de estos derechos de licencia durante los cinco años — 1942 a 1946 — en que pagó por los mismos la suma de $957.67.

La cuidadosa diferencia fijada en las secciones 3 y 4 de la Ley núm. 94 entre los derechos de licencia y otras clases de “contribuciones” también se encuentra en el ar-tículo 3 del Acta Orgánica. El Congreso creyó aconseja-ble en 48 U.S.C.A. see. 741 establecer los derechos’ de licen-cia, quizás en vista de su naturaleza parte reglamentaria y parte fiscal, como una categoría especial de “contribucio-nes” que la Legislatura estaba expresamente autorizada a' imponer. Esto se hizo así, aun cuando podría argüirse con considerable, fuerza que la autoridad conferida por el ar-tículo 3 del Acta Orgánica para imponer contribuciones de rentas internas incluía el poder de imponer derechos de li-cencia. Véanse Buscaglia v. Ballester, 162 F.2d 805 (C.C.A. 1st, 1947). Cf. Rivera v. Buscaglia, 146 F.2d 461 (C.C.A. 1st, 1944); Domenech v. Havemeyer, 49 F.2d 849 (C.C.A. 1st, 1931).

La peticionaria podría argumentar que aun las con-tribuciones clásicas, así como los derechos de licencia, son algunas veces impuestos para la reglamentación así como para rentas, y en consecuencia el aspecto reglamentario de los derechos de licencia no los diferencia de las con-tribuciones, según éstas se definen en la Ley núm. 94. Pero disposiciones implícitas sobre reglamentación sólo aparecen ocasionalmente en tales medidas contributivas, mientras que la reglamentación es un aspecto frecuente, si no casi invariable, de la legislación que provee para derechos de licen-cia. Y la reglamentación ciertamente juega un gran papel, aun cuando sea incidental, en nuestras leyes que prescriben derechos de licencia sobre vehículos de motor. Si bien el asunto no carece de dificultades, no podemos decir que el posible aspecto reglamentario que se vislumbra en algunas contribuciones clásicas, nos exige que clasifiquemos un de-recho de licencia, que usualmente tiene un prominente as-pecto reglamentario, como una contribución. En verdad, la misma dificultad del asunto opera para destruir la reclama-ción de la peticionaria. “Las exenciones contributivas no pueden inferirse; deben consignarse específicamente en len-guaje claro e. inequívoco. (Citas.) No encontramos . .. . tal lenguaje específico” en la Ley núm. 94 para derechos insulares sobre licencias. Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914, 918; National Hats Co. v. Sancho, Tes., 65 D.P.R. 241; Crown Beverages v. Buscaglia, Tes., 65 D.P.R. 814, 819, escolio 5.

El caso de Pacific Gas & Electric Co. v. Roberts, 168 Cal. 420 (1914) en que descansa, la peticionaria, no le favorece. Allí se resolvió que una disposición constitucional que impo-nía cierta contribución sobre el ingreso bruto “en vez de toda otra clase de contribuciones y licencias, estatales, de los condados y municipales” eximía a una corporación de servicio público de derechos de licencia sobre la operación de vehículos de motor. Pero el punto es precisamente que nuestra ley no autoriza específicamente la exención de dere-chos de licencia. Y véase Connecticut Light & Power Co. v. Walsh, 16 L.W. 2381 (Conn., 21 de enero de 1948).

La peticionaria- también descansa en Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 711, en el que resolvimos que el peticionario estaba exento, de los arbitrios clásicos, y en Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 67 D.P.R. 57, donde dijimos que (pág. 60), “ . . . la Legislatura de Puerto Rico ha venido desde el año 1919 siguiendo la política de eximir del pago de contribuciones y arbitrios a varias y determina-das industrias contribuyendo así de una manera práctica ai fomento y desarrollo de la industrialización insular.” Pero, como hemos visto, el Congreso en el Acta Orgánica y la Le-gislatura en la Ley núm. 94 han puesto las “contribuciones” sobre licencias en- una categoría especial en vista de su peculiar status parte fiscal y parte reglamentario. Por tanto no caen dentro de los términos generales de la Ley núm. 94 que dispone las exenciones contributivas,- que incluyen los arbitrios corrientes. Sólo si la Legislatura hubiera expre-samente autorizado a la Comisión de Servicio Público a con-ceder exenciones de derechos de licencias podría la Comi-sión conceder tales exenciones. La Ley núm. 94 no Rizo esto. Por el contrario, elidía ley específicamente disponía la exen-ción de toda clase de contribuciones insulares, excepto de-rechos ele licencia. La sección 4 de la Ley núm. 94 autorizan la exención de derechos de licencias municipales, pero no in-sulares. En su consecuencia, la Comisión de Servicio Pú-blico carecía de autoridad para incluir los derechos de licen-cia sobre vehículos de motor en la exención contributiva que le concedió a la peticionaria.

El resultado a que hemos llegado hace innecesario exa- ' minar las contenciones del Tesorero con respecto a su auto-ridad para devolver un derecho de licencia y en cuanto a la jurisdicción del Tribunal de Contribuciones.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será confir-mada.

      (1)Ley núm. 143, Leyes de Puerto Rico, 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 316); Ley núm. 140, Leyes de Puerto Rico, 1940 (pág. 783); Ley núm. 55, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 527); Ley núm. 279, Leyes de Puerto Rico, 1946 ((1) pág. 599).

        (2) Cf. Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105, 113—114; County Com’rs. of Anne Arundel County v. English, 35 A. 2d 135 (Md., 1943); artículo 113, Income Tax Regulations, No. 1; 5 Mertens, Law of Federal, Income Taxation, see. 27.05, págs. 20-21, sec. 27.34, págs. 41-42; Holeproof Hosiery Co., 11 B.T.A. 547; Bank of Mount Hope, 25 B.T.A. 542; City of Charlottesville v. Marks’ Shows, 18 S.E.2d 890 (Va., 1942); Lamere v. City of Chicago, 63 N.E.2d 863 (Ill., 1945); Maryland Theatrical Corporation v. Brennan, 24 A.2d 911 (Md., 1942).

      (3)No podemos convenir con el Tesorero en que estos derechos de licencias son derechos de portazgo. Se cobra un portazgo por el privilegio de transitar por una carretera o puente cada vez que dicho privilegio se ejercita. Se cobra un derecho de licencia sobre el uso de vehículos de motor independientemente de carreteras específicas o la frecuencia o forma de uso. Ca/rley §• Hamilton v. Snoolc, supra, 78-74. En verdad, según,se dijo en el caso de SnooTc, la sec-ción 9 de la Ley Federal de Carreteras prohíbe el cobro de portazgo por el uso de las carreteras construidas bajo dicha ley.


text:
    Julio Laabes, demandante y apelante, v. Isidore Topp, demandado y apelado.
    Núm. 9533.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Marzo 19, 1948.

      Marcelino Romany, abogado del apelante; J. López Baralt, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Julio Laabes radicó, una demanda ante la Corte de Dis-trito de San Juan alegando que es ingeniero civil; que allá por el mes de julio de 1945 el demandado requirió sus ser-vicios profesionales para que le preparara unos planos de •una destilería situada en la ciudad de Saint Tbomas, Islas Vírgenes; que de acuerdo con la solicitud del demandado él se trasladó a Saint Tbomas y'allá, sobre el terreno, bizo los dibujos que habían de servir de base para la preparación ■de los planos requeridos por el demandado; que una vez becbos los dibujos, preparó los planos que le habían sido -encomendados por el demandado y de acuerdo con sus ins-trucciones; que en la preparación de los mismos empleó más de veinte días de trabajo, con sus noches, nueve en .Saint Tbomas y el resto en Puerto Pico; que el demandado Isidore Topp se obligó para con el demandante a pagar el valor razonable de dichos servicios, lo que no ha hecho a pesar de los distintos requerimientos con ese propósito; y que el valor razonable de los mismos es de $4,500.

El demandado contestó negando las alegaciones esencia-les de la demanda y sosteniendo, en contrario, que conociendo -él al demandante desde hacía algún tiempo, lo relacionó, puso en contacto y recomendó a Virgin Islands Distillers, Tina sociedad que hace negocios en Saint Thomas, Islas Vír-genes, de la cual el demandado no es agente, empleado, re-presentante o socio, ni lo era para la fecha del alegado re-querimiento; que fue dicha Virgin Island Distillers la que requirió los servicios del demandante y que una vez que éste preparó los dibujos, la Virgin Islands Distillers, no con-forme con los mismos, le dió instrucciones terminantes para que descontinuara ■ todo trabajo ulterior en dichos planos; que quien hizo el requerimiento y quien es responsable del pago del valor razonable de los servicios es la Virgin Islands Distillers, a quien el dem.and.ante facturó por parte de los mismos y de quien recibió una compensación parcial.

La cuestión a resolver quedó circunscrita a determinar si el demandado reveló o no, total o parcialmente, la identidad de su mandante. La corte a quo, una vez celebrada la vista, declaró sin lugar la demanda y concluyó que:

“Apreciada la prueba en su totalidad, así como las circunstancias que lian concurrido en este caso llegamos a la ineludible conclusión de que el hecho de haberse trasladado Topp y Laabes a la Virgin Island Distillers para que Laabes efectuara el trabajo; el hecho de haber puesto Solomon, administrador de la Virgin Islands Distillers, dos hombres para que cooperaran con Laabes en la realización del mismo; el hecho de haber estado Laabes nueve días asistiendo per-sonalmente a la planta de la Virgin Islands Distillers; el hecho de haber la Virgin Islands Distillers pagado los gastos de estada de Laabes en el Grand Hotel de Carlota Amalia; el hecho de haberse, entrevistado más tarde Laabes con Benjamín Bayne; el hecho de haber éste ordenado la paralización del trabajo y que se preparara un pianito distinto, por el cual la Virgin Island Distillers pagó $15; el hecho de tener conocimiento De la Torre de que el trabajo se haría para la Virgin Islands Distillers y ser De la Torre y Laabes antiguos e íntimos amigos; el hecho de saber Laabes que Topp nunca había actuado a nombre propio, sino que en todas las ocasiones anteriores en que éste lo había llamado para efectuar algún trabajo lo había hecho en beneficio de un tercero, la Compañía Ron Carioca Destilería, Inc.; el hecho de haber pasado Laabes la cuenta de sus honorarios en este caso, a la Carioca; el hecho de que al indicársele a Laabes que ese trabajo lo pagaría la Virgin Islands Distillers él remitió la cuenta a Bayne, Presidente de dicha des-tilería, y el hecho de haber declarado Topp que le dijo claramente a Laabes que el trabajo se haría para la Virgin Islands Distillers demuestran de mañera ostensible e inconcusa que el demandado en este caso reveló la identidad de' su mandante y que desde el primer momento, Laabes sabía que el trabajo se haría para la Virgin Islands Distillers de Saint Thomas.”

De esta sentencia apela el demandante, alegando como único señalamiento que “cometió error la corte sentencia-dora al resolver que el solo hecho de que Topp, al requerir los servicios de Laabes, le dijera que los servicios a pres-tarse er§,n para Virgin Islands Distillers era suficiente re-velación de la identidad del mandante que tuviera el efecto legal de exonerar de responsabilidad al mandatario.” Sos-tiene el demandante y apelante que el demandado, al no re-velar quién o quiénes eran Virgin Islands Distillers, quedó obligado personalmente por altas razones de orden público porque cuando un agente no identifica suficientemente a su principal entonces el agente es responsable como si hubiera contratado a su propio nombre; que el demandado todo lo que dijo al demandante fué que “haría el trabajo para Virgin Islands Distillers” sin expresar ni decir a éste .lo que era Virgin Islands Distillers, si era una sociedad, si una corpo-ración, o si una persona que hacía negocios bajo ese nom-bre en forma tal que el demandante pudiera saber con quién celebrabá su contrato y a quién iba a demandar en el fu-turo en caso de que sus servicios no fuesen pagados.

¿Reveló Topp la identidad de su mandante? Para contestar esta pregunta, tenemos que acudir a la prueba. Esta puede resumirse como a continuación lo haremos. Ben Bayne, socio gestor de la Virgin Islands Distillers, se comunicó desde Estados Unidos con Isidore Topp y le pidió que consiguiera a alguien que preparara ciertos planos para su destilería. Topp se comunicó con Antonio de la Torre, quien en.otras ocasiones había realizado trabajos de ingeniería para la Compañía Ron Carioca Destilería, Inc. De la Torre manifestó que no podía hacer ese trabajo por estar demasiado ocupado y recomendó a Laabes. Ambos fueron a ver a Topp y en la entrevista celebrada se convino en que Laabes baria el trabajo. El demandante se trasladó enton-ces, junto con Topp, a Saint Tilomas donde éste lo puso en contacto con Virgin Islands Distillers, presentándole al ad-ministrador de la misma, Jerome Solomon, quien le dió las instrucciones sobre el trabajo a realizarse y puso a su dis-posición dos hombres para ayudarlo. Topp regresó a Puerto Eico el mismo día y Laabes permaneció en la destilería du-rante varios días tomando apuntes para levantar los planos de situación. Todos los gastos del demandante durante su permanencia en St. Thomas y con su conocimiento, fueron satisfechos por Virgin 'Islands Distillers. Bayne llegó de Estados Unidos y Laabes le mostró los “sketches” de los planos. No estando satisfecho con ellos, Bayne le pidió un plano de situación del cuarto de destilar, que fué preparado inmediatamente por Laabes y por el cual facturó directa-mente a Virgin Islands Distillers, recibiendo de ésta el pago ascendente a $15. Laabes continuó con' el trabajo, em-pleando dos ayudantes y cuando estuvieron listos pasó una cuenta por $4,500 a la Compañía Ron Carioca Destilería, Inc. al cuidado de Topp, no recibiendo contestación alguna. Al-gunos días después Laabes sostuvo una entrevista con Topp quien le dijo que tenía que pasarle la cuenta a B. Bayne, Carlota Amalia, Virgin Islands, lo cual hizo el demandante, pero tampoco recibió contestación alguna. Fué Laabes a St. Thomas y vió a Bayne personalmente y éste le manifestó que ya no necesitaba los planos y que consideraba excesiva la cantidad que se cobraba. Volvió Laabes a entrevistarse con Topp y al éste negarse a asumir responsabilidad surgió este pleito.

La corte inferior dirimiendo el conflicto en la pueba dió crédito a aquella ofrecida por el demandado y concluyó que Topp reveló suficientemente la identidad del mandante. Dicha conclusión está sostenida por la evidencia. Siendo esto así, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 1616 del Có-digo Civil, edición de 1930, al efecto de que:

“El mandatario que abra en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes.”

En el caso de autos no solamente le dijo el demandado al demandante que el trabajo era para Virgin Islands Distillers, sino que lo llevó a St. Tilomas, lo presentó a Solomon y más tarde a Bayne, representantes ambos de la mencio-nada destilería. La Virgin Islands Distillers está dispuesta a pagar y la única razón por la cual no lo lia becbo es por-que considera la cuenta excesiva. Además, del propio tes-timonio del demandante, surge que el demandado nunca le manifestó que él se obligaba personalmente. Así lo demues-tra lo que a continuación copiamos de la declaración del de-mandante :

“P. ¿Le dijo el Sr. Topp que él personalmente le iba a satis-facer sus honorarios por ese trabajo?
“R. No lo dijo.”

Por lo expuesto, opinamos que la corte inferior no co-metió el error señalado.

Procede confirmar la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.