author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Cándido Fernández, demandante y apelante, v. Isidoro Alvarez, demandado y apelado.
    No. 5571.

    Sometido: Diciembre 9, 1931.

      Resuelto: Noviembre 25, 1932.

      C. Coll y CucM y Luis B. Polo, abogados del apelante; Henry Brown, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Reclamó en este pleito el demandante del demandado la suma de cuarenta y seis mil dólares y la Corte declaró no sólo sin lugar sino maliciosa su reclamación. No conforme el demandante apeló, señalando en su alegato cuatro errores todos los cuales versan sobre la práctica y la apreciación de las pruebas.

La demanda, en lo que estimamos pertinente transcribir, copiada a la letra, dice:

í(2. — Que el demandante el día 23 de marzo de 1929 consintió en pagar y pagó a don Benigno Díaz por cuenta del demandado la suma de CUARENTA y Seis Mil DollaRS ($46,000) que el dicho demandado adeudaba al dicho Benign’o Díaz, habiendo efectuado dicho pago con el conocimiento y consentimiento de dicho demandado y a los fines de solventar la ameritada deuda existente entre el dicho demandado y el dicho Benigno Díaz, recibiendo el dicho Benigno Díaz por cuenta y orden del demandado a su satisfacción dicha suma de CuaRBNTa y Seis Mil Dollars en buena moneda de los Estados Unidos.
“3. — El demandado se comprometió y obligó con el demandante a devolverle dicha suma el día 31 de mayo de 1929 sin interés de ninguna clase.
“4. — El demandado no ha devuelto al demandante dicha suma, ni parte alguna de ella a pesar de haber sido requerido para que lo efectuara de acuerdo con su obligación en y después de la fecha de 31 de mayo de 1929.”

El demandado la excepcionó y contestó negando específi-camente todos sus hechos esenciales. Fue el pleito a juicio. Ambas partes presentaron evidencia testifical, documental y pericial. Basándose en un examen de la misma, llegó la Corte sentenciadora a las siguientes conclusiones:

“Ia. — Que el demandante no ha probado los hechos 2, 3 y 4 de la demanda enmendada.
“2a. — Que el documento Exhibit ‘B’ del demandante, que es la base de este pleito, es un documento falsificado.
“3a.- — Que en el mes de marzo de 1929 y con anterioridad al día 23 de dicho mes, el demandado Isidor'o Alvarez no debía a Benigno Díaz la suma reclamada de $46,000 ni ninguna otra suma de dinero, y
“4a. — Que la reclamación presentada por el demandante Cándido Fernández contra el demandado Isidoro Alvarez es maliciosa e in-justa, y que se ha tratado en este caso de realizar por el demandante un fraude contra el demandado.”

Para la debida resolución de todas las cuestiones envueltas nos vemos obligados a resumir la prueba.

El primer testigo que declaró por la parte demandante fue el demandante mismo Cándido Fernández, mayor de edad, casado, vecino de Hato Bey, Bío Piedras, residente en la isla desde hace diez y nueve años. Conoció a Benigno Díaz, hombre de negocios de Caguas que le visitaba frecuentemente. A fines de marzo de 1929 fue a verlo y le dijo: “Que él nece-sitaba un dinero; que había un señor en Caguas que le debía una cantidad que le había entregado en diferentes veces para qne la invirtiera de acuerdo con las instrucciones que ellos dos habían convenido, . . . Que ahora él necesitaba que esa persona le diera esa cantidad y al efecto la llamó y esa persona le dijo que tenía que darle algún tiempo para podérsela conseguir. . . . Me preguntó si yo tenía dinero y le dije que sí, que precisamente estaba realizando todo lo que tenía para marcharse a España y él me dijo que necesitaba cuarenticinco mil pesos, que él me daría un documento por cuarentiseis mil de esa persona que se los debía a él y yo le pregunté cuáles eran las condiciones de él, y él precisamente sacó una libreta y me pidió un papel y me hizo esta nota, además de eso, me dijo, la persona que le va a presentar el documento es mucho más responsable que yo.”

La nota fue presentada como prueba y admitida con la objeción del demandado. Se marcó con la letra “A”. No figura entre la prueba documental transcrita.

Continuó el testigo declarando:

“En vista de esa Conversación y de ese estado que le presentó el señor Díaz de su situación financiera, .¿qué convinieron Uds.f — Me dijo, además, que el dinero ese lo retendría solamente un mes y que yo le haría un gran favor, si se lo facilitara. Yo no tuve inconve-niente; lo conocía y sabía que era una persona honorable y le dije que si no era nada más que por un mes, le daría los $45,000.00; que me tejera el documento ese y que podía venir a buscar el dinero cuando quisiera. . . Al día siguiente, después de almuerzo me acosté un rato y me levanté y vine a San Juan, tenía que ver al licenciado Agosto y al pasar por Fortaleza y San Justo, me llamaron: miré y vi que era don Benigno. . . . Paré, él se acercó a mi carro y me dijo que venía a buscar el dinero ese y que traía el documento. Entonces, le dije que se montara en mi carro, en vista de que él me dijo que su cario estaba por la Marina, fuimos a casa y se sentó en el come-dor ... le ofrecí un maletín para que metiera el dinero, lo metió en la maleta, después salimos los dos para San Juan en mi carro y lo dejé frente al Teatro Municipal. ... Le di tres paquetes de billetes de a CIEN; ocho de a CINCO, creo que fueron diez de a diez y cincuenta monedas de a vgiNte pesos de or'o.”

Preguntado por su abogado: “Cuando usted le hizo en-trega de ese dinero y él lo guardó en la maleta que nsted lia mencionado, el señor Díaz ¿qué le entregó a nsted?”, contestó: “El documento”. Y al mostrarle nn documento: “Este mismo fné.”

El demandante por su abogado introdujo como prueba “el documento”. Se opuso el demandado porque no se babía demostrado su autencidad, y la corte lo admitió haciendo constar que lo bacía teniendo presente la objeción del deman-dado. Este tomó excepción. El documento copiado íntegro de su original que fué elevado con la transcripción, dice:

“Caguas, P. R. Marzo 23/1929. — Sr. Benigno Díaz, Caguas, P. R. — Estimado Benigno : — No estando en condiciones, como te dije an-teriormente, de disponer de los $46,000 (Cuabentiseis Mil DollARs) que te debo, deseando serte todo lo útil posible en estos momentos decisivos para ti, ya que bas encontrado un amigo que con mi firma te facilita esa suma, me complace liacer a continuación el documento que me copias, variando la fecha del vencimiento solamente, por serme imposible basta fines de mayo del cursante año poder atender debi-damente tal obligación.
“Después de este compromiso que dejo contraído, te estimaré me mandes con el portador recibo por saldo de todas nuestras cuentas.
“Recibí de D. Cándido Fernández, p'or, mediación de D. Benigno Díaz, la suma de $46,000 (Cuabentiseis Mil Dollars) en calidad de depósito y sin intereses, cuya suma devolveré en mayo 31 de 1929 (Mil NovecieNtos Veintinueve),' a la presentación de este docu-mento, o a su orden y en su domicilio.”

La firma para una persona que no la conozca es difícil de entender. Al copiarse en la transcripción se consigna: “Fdo. Isidoro' Alvarez.”

Siguió declarando el testigo que pocos días después de la entrega del documento, Benigno Díaz se suicidó. Quince días antes de vencerse, escribió a Alvarez y recibió la siguiente contestación telegráfica:

“Como nada debo, ningún documento be firmado al Señor Díaz.”

La carta que el testigo dirigiera a Alvarez presentada luego por éste dice:

“Me permito recordarle para su gobierno, que el día 31 del co-rriente mes, vence el documento que tengo en mi poder otorgado y suscrito por Ud. como pago de lo que adeudaba a Dn. Benigno Díaz.”

Contestando al abogado del demandado dijo el deman-dante :

“Yo estuve establecido con fábrica de licores antes de la prohi-bición y después he tenido varias veces perfumería y fábrica de al-coholado. . . . En donde mismo tenía la fábrica de licores puse a continuación de la prohibición, fábrica de alcoholado; después puse otra y la cerré, o la cerró el gobierno, . . . alegando que yo> hacía mal uso del alcohol y que había adulterado1 fórmulas y demás, y des-pués puse otra a nombre de ... y que la cerraron también porque yo hacía mal uso del alcohol, entonces la puse a nombre de J'osé Pilar Ramos en la calle de Loíza y después continué fabricando1 licores sin alcohol y en eso estoy todavía.”

Conocía mucho a Benigno Díaz y en otra ocasión le faci-litó $16,000 que le devolvió religiosamente. Conocía de vista a Isidoro Alvarez pero no lo había tratado ni tenido negocio alguno con él. El 22 de marzo fue que Díaz le propuso el negocio. Cuando el 23 estaba entregando el dinero a Díaz llegó a su casa Aurelio Miró y le dijo que volviera al día siguiente. Después de explicar que había vendido una casa y cobrado un pagaré y tenido otras negociaciones dijo:

“Después que me cerraron la última perfumería yo continué fa-bricando licores sin alcohol y en eso puedo asegurar que he ganado más de 30,000 pesos. . . . En los tres años gané más de cincuenta mil pesos, ... Yo he tenido días de ganar diez mil pesos. ... El día que me traían diez drums de alcohol me ganaba diez mil pes'os. . . Eso era cuando tenía la perfumería que me cerraron la fábrica por-que decían que yo hacía mal uso del alcohol.”

A pesar de haber ganado tanto dinero nunca pagó con-tribución sobre ingresos. Tenía el dinero en su casa, “en un sitio que hice expresamente para esconderlo.” Refirién-dose a Díaz dijo:

‘ ‘ Era un hombre que' estaba de acuerdo conmigo1 en su manera de actuar y de pensar.”

No conocía la firma de Alvarez. Le1 bastaba que Díaz le entregara el documento para tener la seguridad de que era bueno. Aunque el documento dice $46,000 él entregó $45,000 porque le daban $1,000 “por un mes que tendrían ese dinero.” Díaz no le dió ninguna otra garantía. Supo que Díaz estaba en malas condiciones, pero después de su muerte.

Es falso que fuera donde el Notario Soto Rivera para que legalizara la firma haciendo constar que Alvarez había fir-mado ante él. El documento al socio de Jiménez G-arcía se hizo a nombre de Félix Torres. Estaba hecho el documento y él se lo negoció a Torres. Tuvo un pleito por una pianola que pagó y le fueron a cobrar dos veces, “me demandaron, pre-senté el recibo pagado a la corte y me fallaron el asunto a favor. ’ ’

El segundo testigo que declaró fué Carmen Camacho, de Caguas, industrial, que conoce al demandado Alvarez y cono-ció a Benigno Díaz quien vivía en el barrio de Tur abo. A fines de marzo Alvarez lo ocupó para que le llevara una carta cerrada a Díaz. La llevó y Díaz le dió un sobre abierto para Alvarez. Vió el contenido del sobre y era un recibo. “El recibo decía ‘he recibido de don Isidoro Alvarez la suma de cuarenta y seis mil dollars por saldo de todas nuestras cuentas.’ ” Entregó personalmente el recibo a Alvarez. En- . eontró a Alvarez en Caguas en la calle como a las once y fué con él a su casa y le entregó la carta. Ya la tenía es-crita. Salió. Cogió una guagua. Se apeó en la casa de Díaz. Al entregarle la carta, Díaz le preguntó “¿Vuelve al pueblo?” y le contestó “Sí, señor, más tarde” y le dió el recibo. Repreguntado sobre el contenido de éste volvió a contestar: “He recibido de don Isidoro Alvarez la suma de cuarenta y seis mil pesos por saldo de todas nuestras cuen-tas. ’ ’ Fué la primera y única vez que le ocupó don Isidoro. Nada le pagó. Tanto Alvarez como Díaz estaban solos. Nada dijo del incidente a sus amigos. Advertido de que si era así, cómo vino a declarar, contestó: “Porque días después de la muerte de don Benigno se hablaba que él había muerto por falta de dinero, se comentaba eso allí y un día yo estaba frente a la tienda de la casa donde él vivía y se comentaba entre varios de la muerte de don Benigno y yo decía que por falta de dinero no podía ser porqne yo babía traído nn recibo a don Isidoro Alvarez de cnarentiséis mil pesos de dinero y creía qne él babía cogido dinero en esos días. ... Y babía algunos carros frente a la tienda y aquel señor. . . — Juez: ¿Qué señor? — Dte. Señalando al demandante. R. Se tiró del carro, se fué baeia mí, me llamó, desde luego, que yo. me sorprendí porque no lo conocía y me dijo: ‘¿TTd. me quiere hacer el favor de ir a declarar conmigo; yo soy interesado en conseguir a alguien que me aclare este asunto, porque yo tengo un dinero aquí comprometido.’ y yo le dije que no tenía inconveniente, que de venir con él tendría que volver a mi casa, entonces me llevó basta casa. . . . Ddo. ¿Cuándo fué eso? — R. Como al mes de haber muerto don Benigno, más o menos.” Nada le pagó el demandante ni antes ni ahora porque declarara. Conoce a Félix Torres de Caguas. “No es amigo ni enemigo; es conocido.”

Siguió a Camacho el .testigo Aurelio Miró. Fernández le ha facilitado dinero algunas veces y en marzo fué a su casa y lo encontró en la mesa del comedor con otro señor que no conocía. “Estaban contando dinero. En billetes de banco que yo los vi. Bastantes.” Fernández le dijo que volviera otro día porque estaba muy ocupado en un negocio y tenía que salir. Recuerda “que ellos tenían un lápiz en la mano cada uno y una maleta en el medio y alrededor de la maleta unos paquetes de dinero.”

Aurelio Yélez, otro testigo del demandante, conocía a Don Benigno Díaz, tenía amistad pasajera con él, recuerda haberlo visto en Caguas en los primeros días de abril, habló con él y a la pregunta “¿Y le significó que venía para San Juan?”, contestó: “Se acercó a la plaza, que yo venía para San Juan y me dijo que si conocía a Cándido Fernández y le dije que no lo conocía, pero que si necesitaba que yo le servía y me mostró una maleta que tenía en la mano y me dijo que cuando venía parara en la estación de Martín Peña en Hato Rey, y que le dijera a don Cándido qne en los paquetes de billetes de a cien, faltaban tres, qne cuando viniera a San Juan arregla-, ría con él. . . Yo vine, me desmonté en Hato Rey y pregunté a un señor qne estaba allí dónde vivía don Cándido y me señaló la casa, entonces yo me metí por la puerta de atrás y llamé y se presentó don Cándido Fernández, entregué el maletín y le di la razón que él me dió, era una de esas maletas de esas que son de comisionistas, negras.”

Blas Delgado declaró que conocía a don Benigno Díaz. Tenía un carro que don Benigno utilizaba para sus viajes. A últimos de marzo por la mañana salieron de Cagnas para San Juan. No traía equipaje. Dejó el carro frente a Alonso Riera en San Juan. “Cuando yo vine como a las tres más o menos, él estaba esperándome en el carro y había una maleta dentro del carro.”

Siguió la prueba de peritos calígrafos con la qne cerró su caso el demandante. Los peritos fueron Félix Vega Nevares y Pedro C. Timothée. Refiriéndose “al documento” el pri-mero concluyó: ‘ ‘ Que el documento indubitado es auténtico de toda autenticidad y virgen de falsificaciones y adultera-ciones”; y el segundo: “Estudiando esto detenidamente, me di cuenta, comparando estas firmas, me di cuenta que en este caso no solamente no había falsificación, sino que era casi imposible que la hubiera, por la condición especial y carac-terística del escrito.”

La prueba del demandado comenzó por la del testigo José Vereher, Director Cajero de la Sucursal del Banco Territorial y Agrícola en Caguas. Conoeió a Benigno Díaz. Tenía negocios en su banco. En marzo les estaba debiendo. El mismo le dictó un estado de su situación financiera en el que no figuraba crédito alguno contra Isidoro Alvarez. La si-tuación de Díaz era completamente difícil. “El Banco de-seaba hacer efectivo su crédito y él no podía desenvolverse. El mismo procuró buscar un crédito, hablando conmigo, en el Royal Bank of Canada, en el Banco de Ponce. . . Y no lo consiguió.”

S© introdujo como prueba la copia de la cuenta corriente de Díaz con el banco reconocida por el testigo. En marzo 23 babía un sobregiro de $19,000. Al finalizar el' mes el sobre-giro subió a $39,809.65. La deuda total de Díaz para con el banco era aun mayor. La cuenta de Díaz “era unos giros que este señor descontaba a la casa de Madera Tobacco de New York; el banco creía que esto respondía a embarques de tabaco pero luego resultó que no era así.”

Ernesto Fernando Schlüter, entonces gestor de Scblüter y Co. y Presidente del Banco Industrial, dijo que conoció a Díaz desde 1918, era su agente en Caguas y cliente fuerte de abono. En marzo 1929 le solicitó un préstamo de treinta mil dólares. No pudo facilitárselo y lo acompañó a otros bancos también sin éxito. Sabe que necesitaba esa cantidad para pagar unos giros que tenía descontados en el Banco Territorial que yencían del quince al treinta de marzo. En el estado financiero que le presentara no figuraba crédito alguno contra Alvarez. El testigo trajo consigo la boj a de depó-sitos, cuenta corriente, de Díaz en el Banco Industrial. El 23 de marzo de 1929 bubo un depósito de $2,630.30, becbo por Blas Delgado consistente en dos cheques y ese mismo día se pagó en el banco un cheque de Díaz por $2,000. Blas Delgado era el que llevaba los depósitos. ■ La cuenta final da Díaz en abril arrojaba un saldo a su favor de $562.68 que le fué entregado a un marshal a virtud de un embargo. Declara también sobre la buena reputación de Alvarez.

José Madera, otro testigo del demandado, declaró que el 23 de marzo vió a Díaz en Quebradillas, Caguas. Eué a cobrarle un giro suyo que se vencía y le pagó con un cheque contra el Banco Territorial que depositó en el Royal Bank of Canada. Lo vió como entre 10 y 10% de la mañana.

Antonio Longo y Cipriano Manrique declaran sobre la difícil situación en que se encontraba Benigno Díaz y sobre las gestiones que con él realizaron para ayudarlo, a condi-ción de que Díaz anulara los traspasos de bienes que babía hecho y los trajera de nuevo a la masa común. Ambos tes-tigos refiriéndose a la reputación de Alvarez la calificaron de intachable y excelente.

Alberto F. Balzac, gerente por aquel entonces de la Su-cursal del Banco Colonial en Caguas, dijo que Díaz en el mes de marzo fué a verlo en solicitud de un préstamo de treinta mil dólares, le pidió un estado financiero, no se 3 o envió y en vista de ello escribió a San Juan para que no con-sideraran la operación. Conoce a Isidoro Alvarez y afirma que goza de “muy buena reputación y de buen crédito tam-bién. ’ ’

Jorge M. Grrindell, Sub-G-erente del Royal Bank of Canada en San Juan, conocía a Benigno Díaz quien en marzo de 1929 visitó el banco en solicitud de un préstamo de treinta mil dólares presentando un estado de cuentas en el que no apa-recía deuda alguna de Isidoro Alvarez. Repreguntado que si se deposita en su banco un cheque contra el Banco de Caguas a la una del día, cuándo se remite a Caguas, contestó: “El mismo día por correo.”

Félix Aróstegui, manager de Durlach Bros., conoció a Benigno Díaz y a Isidoro Alvarez. Cuando éste se ausentó para España en 1928 quedó como su apoderado. Preguntado: “¿Y cuál era el negocio del señor Alvarez en ese tiempo!”, contestó: “En ese tiempo dejó tabaco por liquidar que le liquidó don Antonio Longo y el dinero fué entregado en el Territorial. El señor Alvarez dejó en cada sobre el detalle del dinero que había tomado cada colono de él y la cantidad de tabaco que había quedado en el almacén de la Colectiva que fué el que liquidó a los refaccionados de don Isidoro Alvarez aunque los refaccionados de don Isidoro Alvarez habían convenido en que el tabaco sería pagado un peso menos que la liquidación de la Colectiva, yo como apoderado di órdenes a don Benigno que pagase al mismo precio que la Colectiva que fué 24 centavos; entonces don Benigno al que le sobraba le dió un cheque de él y el sábado venía Blas Delgado donde mí con una nota de los cheques que él había expedido y yo le daba entonces un cheque de don Isidoro por las cantidades que él había pagado. . . . Después cuando vino el señor Alvarez de España él arregló los cosecheros que no les había sobrado. Los que le sobraron vinieron a arreglar con don Benigno. En agosto 4 le entregué un cheque de $248.78 contra el Banco Territorial y Agrícola de Caguas y en agosto 18 le entregué otro de $37.96. Con esas dos cantidades fué cubierto lo que Benigno Díaz había pagado a distintos refaccionados de Isidoro Alvarez. — P. ¿Ud. sabía de alguna otra cantidad que debía don Isidoro Alvarez a Benigno Díaz? — R. No señor, porque cuando don Isidoro se fué para España me dejó una nota de las cantidades a quien tenía que pagar. — P. ¿En esa lista figuraba don Benigno Díaz? — R. No, señor.”

Se llamó entonces a declarar al propio demandado. Dijo que fué comerciante en Caguas hasta que embarcó para Es-paña tea 1928. Conoció a Benigno Díaz quien también era comerciante dedicándose luego a compra y venta de tabaco y refacciones agrícolas. Además de su comercio el testigo prestaba algún dinero. Poco antes de embarcarse prestó unos veinte y cinco mil pesos con garantías hipotecarias. Tam-bién refaccionó en una escala pequeña. No tuvo negocios con don Benigno. Sólo lo ocupaba algunas veces en compras de abono. Preguntado: “¿Ha habido algún otro concepto en que Ud. ha debido a Benigno Díaz?”, contestó: “Nunca, nunca. Cómo él iba a prestarme si él había tres a cuatro años que venía trabajando muy forzado en su crédito y en todo.” Y vuelto a preguntar: “¿Es cierto que en el mes de marzo de 1929 Ud. le debía a Benigno Díaz, cuarenta y seis mil pesos?”, respondió: “Nunca le ha debido ni a él ni a nadie esa cantidad. En los muchos años que he sido comer-ciante, nunca he cogido esa cantidad, porque mis negocios no me lo permiten siendo en pequeña escala.”

Explicó que sus bienes consistían en fincas urbanas y rústicas y créditos hipotecarios, pagando al tesoro de Puerto Rico contribuciones por una valoración de más de cien mil dólares. En marzo de 1929 tenía sn cuenta corriente en el Banco Territorial con saldo a sn favor. No tenía deudas.

Befiriéndose a la declaración del testigo del demandante Camacho manifestó que era incierto que le entregara carta alguna para Díaz ni existía motivo para ello, “porque a don Benigno lo veía yo pasar por mi casa tres o cuatro veces al día, porque él vivía en el pueblo y venía a almorzar, acababa' de almorzar e iba para el campo. Eran muchos los días que nos veíamos tres o cuatro veces al día. El venía a almorzar a su casa al pueblo y tenía que pasar por mi casa.”

En relación con el documento expresó:

“Nunca estuvo en mis manos; ni nunca lo be visto ni be sabido de él basta el día que fue llevado a su bufete. Fue la primer vez que lo he visto, pero nunca había estado en mis manos.”

Dijo que la firma que figuraba al pie del mismo no era suya. No sabe escribir en maquinilla, ni tiene maquinilla. Cuando se ve obligado a escribir alguna carta a persona de consideración va al Banco Territorial y uno de sus empleados se la prepara.

Sigue entonces el siguiente interrogatorio que copiamos textualmente:

“P. ¿En alguna ocasión Ud. ha firmado alguna carta a petición de otra persona? — R. Sí, señor. — P. Muchas veces o . . . . — R. "Va-rias, pero la última ya hace algún tiempo que la he firmado. — P. ¿Qué clase de carta fué ésa? — R. Yendo un día yo de mi casa para la plaza al entrar y en el medio de la plaza me. encontré con una cosa- de golpe, de sopetón, con un señor que hay allí llamado Félix Torres que me dice: ‘Hombre, tengo que hacerme una operación en el Auxilio Mutuo y no tengo nada más que cien pesos; yo quisiera que Ud. me diera una carta de recomendación o me firmase esta carta de recomendación para ver si lo consigo que me la hagan por esta cantidad.’ Y entonces yo me negaba a firmarla porque yo no era el representante del Auxilio Mutuo en Caguas, sino que- era Celedonio Pérez, entonces yo le manifesté que yo podría conseguir de don Ce-ledonio Pérez que le firmase la carta a lo que me contestó que no, que él quería la firma mía y entonces, le firmé la carta con una tinta de color especial, escrita a la mano en un papel de maquinilla .-UP. ¿La carta fué escrita a la mano? — R. De mano por él u otro porque no estaba en maquinilla. — Juez. P. ¿U., lo que dice es que la carta que le presentaron a Ud. para firmar era un papel de maquinilla y estaba escrita con la mano ? — R. Sí, señor con la mano, una tinta de un color especial. — Ddo. P. ¿Y donde fué que se firmó esa carta?— R. Esa carta fué firmada en el mismo cafetín que tenía El Chévere, detrás del Banco Territorial. Era uno de los Chéveres; era un ca-fetín que había allí de los Chéveres. — Ddo. Aquí ha declarado Carmen Camacho; Aurelio Vélez. . . . — R. Pues ese Vélez, son alias Chévere, es el mismo que tienen en Caguas;' que tenían un cafetín de tres puertas detrás del Banco Agrícola. — P. ¿Y fué en ese sitio que firmó la carta que le pidió Félix Torres? — R. Sí, señor. — P. ¿Y cómo es que Ud. se acuerda de esa carta? — R. Recuerdo es'o porque fué en los primeros días de julio o fines de junio del veinte y seis, fecha que recordaré mientras viva y a los pocos días se llevó a Ca-guas el cobro de un documento que se habló mucho y debido a eso fué que recordé la fecha, porque la apunté. — P. ¿ Quién tenía que ver con ese documento?' — Dte. Yo me opongo a otro documento que no sea el documento en litigio.”

Preguntado: “Ud. ha visto o hablado alguna vez con el demandante en este caso ? ’ ’, contestó:

“Nunca lo conocí; ni nunca le he visto, ni nunca me he dirigido la palabra ni con él ni con ninguno de sus cuatro o cinco abogados que ha tenido.”

Recibió la carta de 15 de mayo el 16 y la contestó. No ha tenido otra comunicación.

Hasta ahí el interrogatorio directo. Fue largo el de re-preguntas y el testigo se sostuvo siempre en sus posiciones.

La declaración del perito químico Rafael del Valle Sá-rraga ocupa unas cincuenta páginas de la transcripción. Dijo, en resumen, que los métodos que se usaban para falsi-ficar firmas y documentos eran:

1. Sobreponiendo un papel escrito sobre otro en blanco en cuya parte sobresaliente se va a estampar la firma.

2. Haciendo desaparecer todo o parte de un escrito sobre una firma auténtica para sustituir en el espacio ocupado por el escrito borrado lo que interese el falsificador.

3. Calcando la firma.

4. Haciendo facsímil de nna firma auténtica.

Cuando la firma se consigue mediante la sobreposición de un pliego de papel escrito sobre uno en blanco, muchas veces se ha hecho de tal manera que no queda rasgo alguno indi-cando que tal método se ha empleado. En estos casos, en la mayoría de ellos el falsificador ha conseguido su objeto.

Cuando se hace desaparecer mediante reactivos químicos lo escrito en una hoja encima de una firma, si el escrito ha sido con tinta a base de hierro o a base de campeche, se puede hacer reaparecer las letras así borradas mediante la aplicación de gases químicos, el hidrógeno sulfurado. Pero cuando la tinta que se ha usado en el escrito que se ha hecho desaparecer es tinta a base de negrosina o de cualquier otro color de anilina, no podría después conseguirse el más mínimo destello de que ese escrito se hizo en el documento anterior-mente.

Una firma grabada es bastante perfecta, mientras que la firma calcada presenta rasgos al microscopio de un sierra sin dientes, tal como si temblara la mano del que escribía; pero la otra falsificación, la que se consigue por medio de grabados de metal puede hacerse a una semejanza tan grande a veces que con el microscopio es difícil diferenciar la firma hecha en esta forma de la que se hiciera por el propio indi-viduo que se supone que la hizo.

Por último nos referiremos a lo ocurrido con motivo de la declaración del Abogado Notario José Soto Rivera. Pre-guntado: “¿Recuerda Ud. de alguna ocasión, de una conver-sación con Cándido Fernández en el año pasado después del mes de abril del año pasado, respecto a la legalización de la firma de Isidoro Alvarez en un documento que él traía?”, contestó: “El señor Cándido Fernández, no puedo precisar exactamente la fecha, porque iba a menudo a mi oficina y llevo muchos asuntos de él, me evacuó una consulta respecto a un documento pero fué en calidad de cliente y abogado y yo no me creo ahora autorizado para declarar aquí lo que habláramos sobre ese asunto, lo qne me consultó.”

Se discutió si el testigo estaba o no obligado a declarar y resuelto que lo estaba contestó: “Que me fué presentado por el señor Fernández quien me consultó si sería posible lega-lizar esa firma. Entonces yo le dije que la única manera de legalizarla era trayendo de nuevo la misma persona que lo firmó y reconociera que ésa era su firma y entonces podría hacerse constar en el documento que aquella persona recono-cía que aquélla era su firma.”

Continuó el interrogatorio así:

“P. ¿Ud. recuerda la conversación que tuvo conmigo hace un par de días?' — R. Una conversación completamente privada en la cual Le manifesté que lo que yo hablé con Ud. no podría hacer uso de esa conversación ni yo tampoco. — P. ¿ Recuerda haber tenido una conver-sación Sobre la misma materia con el licenciado González, de mi ofi-cina, hace una semana? — R. No tan sólo con el licenciado González, con el- licenciado Ruiz Nazario y a los tres le he hecho la misma ob-servación. — P. ¿No es cierto que Ud. manifestó a los señores Gonzá-lez y Ruiz Nazario y a mí que Cándido Fernández había solicitado de Ud. como Notario que legalizara la firma de Isidoro Alvarez en este documento que acabo de enseñarle, ofreciéndole una cantidad considerable si Ud. lo hiciera y que Ud. se había negado a hacerlo-? • — R. Creo que n'o debo contestar la pregunta porque la conversación sostenida por mí con el licenciado Brown, González y Ruiz Nazario fué completamente confidencial y manifestándoles antes que la conver-sación que tuviera en este asunto no podían hacer uso de ella ante la Corte, porque yo me negaría a declarar sobre eso. — Juez. ¿ Hay al-gún artículo de la ley que le ampare a Ud. en eso ? — Test. Apelo pri-mero al código del honor y de la caballerosidad. — Juez. Se le pre-gunta sobre artículos de ley que esté en los códigos del derecho.— Test. Yo no conozco ninguno, pero por lo menos ésas fueron mis ad-vertencias a ellos. — Ddo. P. ¿Ud. me manifestó que esto era privado y particular, antes de hacerme la declaración? — R. Sí, señor, Mr. Brown, que le dije que no me llamara a declarar en este asunto por-que no me quería inmiscuir en él; igual al señor González y al se-ñor Ruiz Nazario. — P. ¿Y yo no le contesté a Ud. que ningún abogado tenía el derecho de tapar un delito; que era su deber exponer hech'os de esta índole si estuvieran en su conocimiento? — R. Ud. me expuso eso pero es bajo la teoría de que Ud. considerara eso como nn delito; ya era distinto. . . . — P. ¿ Qué concepto podría tener una proposición a un Notario que legalizara la firma de una persona en un documento que lleva fecha anterior y que le va a ofrecer una cantidad considerable, si lo hiciera ? — Dte. Eso es una pregunta hipotética que no hay nada en el récord que la sostenga. No se ha probado que es’o haya sucedido, por el contrario, el compañero bajo juramento declara que el señor Fernández, profesionalmente le preguntó si era posible lega-lizar la firma y que él c'ontestó que no era posible a menos que no fuera el señor Alvarez y que el señor Fernández se quedó conforme. —Ddo. P. Entonces queda en pie mi pregunta que el señor Soto Rivera se ha negado a contestar. — Juez. La corte ordena que la Conteste. No hay nada en la ley ni se le ha demostrado a la corte que haya nada en la ley que impida al testigo contestar esa pregunta. — Dte. Esa pregunta tiende a impugnar la veracidad del propio testigo del Sr. Brown; no puede haberse hecho con otro fin, es decir, para es-tablecer que la primera contestación del compañero bajo juramento no era cierta; en esas condiciones el Compañero señor Brown está au-torizado para ello pero debe anunciar a la corte que' va a impugnar la declaración de su propio testigo, que le ha resultado hostil y que trata de impugnar su veracidad. — Ddo. No es para tachar la vera-cidad del testigo sino para demostrar que hizo declaraciones incompatibles en otra ocasión. El Art. 156 de la ley de .evidencia dice: (Leyó) — Juez. Se admite la pregunta de acuerdo con el Art. 356 de la ley de evidencia. Conteste. — Dte. La pregunta es inmaterial a menos que sea para tachar la veracidad del testigo. — Juez. Del in-terrogatorio se desprende cuál es el fin de la pregunta y el resultado del interrogatorio en relación Con el Art. 156 de la ley de'evidencia. —Dte. Si la corte lo estima así, está bien. — R. Antes de contestar la pregunta, yo quiero sentar las bases pai’a hacer mi contestación, señor Juez, porque no quiero que se ponga en duda por lo menos el secreto que yo pueda guardar de cualquier asunto que se traiga a mi bufete. Yo ignoro por quién el señor Ruiz Nazario supo que yo había tenido conocimiento de este documento. Se me preguntó y le dije. ... No acostumbro 'ocultar la verdad. Posteriormente el se-ñor Brown y el licenciado González y a ellos manifesté que por el señor Cándido Fernández se me había ofrecido pagar por la legaliza-ción de la firma, en las circunstancias en que esa firma podría lega-lizarse. — P. Lo que no entiendo de la contestación es la parte de las circunstancias en que la firma pueda legalizarse. — R. Las circunstan-cias que yo le expresé que p'odría legalizarse la firma, que declaré anteriormente. — P. ¿Ud. dijo algo de eso, de las circunstancias, de al-guna consulta, o de las circunstancias en las cuales la firma podría legalizarse, a mí, a González, o a Ruiz Nazario? — R. Más o menos en palabras diferentes, pero ese mismo sentido. — 'Ddo. Nada más. — Dte. Nada, señ’or Juez.”

Después el abogado Sr. Brown declaró como sigue:

“Me llamo J. H. Brown; soy residente de San Juan y Abogado del demandado en este caso. Con motivo de manifestaciones de los señores Ruiz Nazario y Guillermo González y estando asociados con-migo en mi oficina creí necesario hablar con el licenciado José Soto Rivera con el fin de utilizarlo como testigo en este caso, y es bien delicado en ese sentido, pero como no lo había vist'o antes del día 24 de este mes, el día antes de empezar este juicio fui a su oficina en el edificio Noa y esperaba en su sala de espera y él vino deí su oficina particular. Y entonces yo le dije que los señores Ruiz Nazari'o y González me habían dicho que les había manifestado que el deman-dante en este caso, Cándido Fernández, se había presentado en su bufete pocos días después de la muerte de Benigno Díaz trayendo con él un documento en que se llevaba la firma de Isidoro Alvarez en el cual Isidoro Alvarez puso recibo de cuarenta y seis mil dollars pa-gados por Cándido Fernández a Benigno Díaz o entregados por Cán-dido Fernández a Benigno Díaz y que Cándido Fernández le había pedido que legalizara esta firma, haciendo constar que la firma se había puesto en el documento en presencia de él como Notario. El señor Soto Rivera me contestó que era cierto, que el señor Cándido Fernández había venido donde él con el documento y le había hecho esta proposición; que declarase que esta firma se había puesto en el documento en su presencia y que además le había ofrecido una can-tidad grande de dinero o considerable con tal que hiciera esto y que él había rechazado la proposición y se había negado a hacerlo.
“Al manifestarle que pensaba preguntar en ese sentido a Cándido Fernández y caso que lo negara que lo llamaría como testigo me dij'o que no hiciera eso; que eso era una cosa que él la había dicho par-ticularmente a Ruiz Nazario. Que podría considerarse como una-venganza que él intentaba contra Cándido Fernández porque él es-taba demandando a Cándido Fernández y yo le dije que consecuente con mi deber de abogado con esta parte, era preciso llamarlo como testigo y que lo iba a hacer. Eso es todo. — Dte. Nada, señor Juez.”

Terminada la prueba del demandado, el demandante en refutación presentó al perito químico Sr. Angel Pesquera. Su declaración ocupa cuarenta y ocho páginas y es difícil de resumir. Acompañó al perito del Valle en los experi-mentos que hizo. Una de sus afirmaciones es ésta: “La con-clusión mía es la siguiente: que atendiendo a las pruebas a que se ha sometido este documento, por eliminación llegó a la conclusión de que nada ha sido escrito en la faz de este documento anteriormente a lo que contiene hoy escrito. Quiero decir que de las pruebas hechas no se ha demostrado eso. ’5 Refiriéndose a la anomalía observada en la í de la firma Isidoro Alvarez dijo que era un “flow back”, esto es, que se debía a haberse corrido la tinta. Y con respecto a la firma entera concluyó: “Que la firma que aparece en el documento dos, fué originalmente puesta en ese documento por mano del hombre sin que haya sido copiada o trasladada de otro docu-mento por medio mecánico alguno.”

Tal fué, en resumen, la prueba que llevó a la corte senten-ciadora a fallar el caso en contra del demandante.

Dijimos al principio de esta opinión que todos los errores señalados para pedir la revocación de ese fallo versan sobre la práctica y el peso de la evidencia. La primera cuestión que se levanta se refiere al error cometido por la corte de distrito al considerar como prueba el testimonio del abogado Sr. Brown cuando sólo podía tomarse en cuenta a los efectos de impugnar la veracidad de la declaración de Soto Rivera.

En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora se expresó así:

“Después ele lo que elejamos transcrito de las declaraciones pres-tadas en el juicio por los Licdos. J. I-I. Brown y José Soto Rivera, no podemos menos de llegar a la conclusión de que el demandante Cándido Fernández trató de que el Ledo. José Soto Rivera, abogado-notario, mediante el ofrecimiento de una cantidad grande de dinero hecho por el demandante al Sr. Soto Rivera, hiciera constar que la firma de Isidoro Alvarez se había puesto en presencia del referido notario Sr. Soto Rivera, a lo cual se negó el referido Notario.”

El artículo 156 de la Ley de Evidencia dice:

“A la parte que presentare un testigo no le será permitido tachar su veracidad mediante evidencia de mala reputación; pero podrá contradecirle con otra evidencia, y asimismo probar que en otras oca-siones bubo de bacer declaraciones incompatibles con su actual testi-monio, según lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y nueve.”’

Y el 159 expresa:

"También podrá tacharse a un testigo mediante evidencia de que-hizo, en otras épocas, manifestaciones incompatibles con su actual declaración; pero antes de poder bacer esto, habrá que referirle las-manifestaciones, con las circunstancias de fechas, lugares y personas que se hallaban presentes; se le preguntará si hizo esas manifesta-ciones, y de haberlas hecho, se le permitirá que las explique. Si las manifestaciones se hicieron por escrito, deberán enseñarse al testigo-antes de podérsele interrogar acerca de ellas.”

Siendo ello así, no hubo error en cuanto a la presentación y admisión de la prueba, pero sí lo hubo en cuanto-al valor probatorio de la declaración del abogado Sr. Brown.

Ahora bien, ¿se trata de un error que lleve consigo la-revocación de la sentencia? En manera alguna, a nuestro-juicio, porque estudiando la relación del caso y opinión de la corte sentenciadora en su totalidad se concluye que indepen-dientemente de esa prueba la corte había formado su criterio-contrario a la reclamación del demandante, y analizada por nosotros mismos la evidencia prescindiendo en absoluto de las declaraciones de Soto Rivera y de Brown o mejor dicho-tomando en cuenta la declaración de Brown para prescindir-de la de Soto Rivera, encontramos que es insostenible la recla-mación del demandante.

Al discutirse los demás errores se imputa por la parte apelante al juez sentenciador pasión, prejuicio y parcialidad. No estamos conformes. Lo que se observa en sus conclusiones y manifestaciones no es el prejuicio, la pasión o la parcialidad, sino la sincera y natural reacción de una conciencia honrada ante el desarrollo de las circunstancias concurrentes en el caso puestas de manifiesto por la prueba.. Quizá el juez hizo consideraciones innecesarias o indebidas,, pero ello no vicia de nulidad la conclusión a que llegara.

De la prueba surge clara la condición personal de las tres figuras principales en el pleito: el demandante, el demandado y Benigno Díaz.

Descrito por sí mismo resulta el demandante un licorista a quien se le cierran sus fábricas por el G-obierno en varias ocasiones bajo la imputación de adulteración de fórmulas 5 mal uso del alcohol y continúa en el negocio poniendo sus empresas a nombre de otras personas, y que gana grandes sumas de dinero, hasta diez mil dólares en un día cuando le llevan diez drums de alcohol, y defrauda al Pueblo ocul-tando sus ganancias a los efectos del pago de la contribución sobre rentas. Hay insinuaciones en la prueba con respecto a cierto pleito sobre una pianola en que un recibo presentado por el demandante jugó un papel decisivo y en relación con el cobro de un pagaré negociado a Félix Torres de Caguas que no llegaron a materializarse bien, pero que analizadas en relación con el resto de la prueba completan el cuadro de la fisonomía moral del demandante.

Benigno Díaz no compareció personalmente ante la corte. Cuando el demandante se dirigió al demandado en la forma que conocemos, había ya muerto. Comenzó por un pequeño comercio en Caguas, extendiendo el radio de sus negocios a la compra y venta de tabaco y a la refacción de agricultores, pero no el de sus ganancias; al contrario, llegó a encontrarse tan sin recurso a mano que se sobregiró en su cuenta de banco por cerca de cuarenta mil dólares. Sus amigos inter-vinieron en su ayuda poniendo por condición que anulara el traspaso simulado que de ciertos bienes había hecho, pero nada consiguieron. En marzo de 1929 hizo esfuerzo por obtener un préstamo de treinta mil dólares sin éxito, suici-dándose en abril a causa de su desesperada situación eco-nómica.

El demandado fué también comerciante en Caguas en pe-queña escala y al igual que Díaz extendió el radio de sus negocios, pero actuando cautelosamente. En 1928 liquidó su comercio y fué a su tierra nativa, España. Begresó en 1929. Su capital figura en los libros del Pueblo de Puerto Rico a los efectos del pago de contribuciones y está invertido en bienes conocidos. Su reputación en la comunidad es intacha-ble, su cuenta de banco tenía en marzo de 1929 un saldo a su favor, y era sólido su crédito.

Demandante y demandado declararon bajo juramento ante la corte, y a los efectos de la credibilidad que sus testimonios merecen, su personalidad moral tiene importancia extraordi-naria.

Declarando el demandante, se introdujo el documento en que funda su reclamación. Lo conocemos. Es una carta diri-gida a Díaz que contiene al pie un recibo de depósito de cuarenta y seis mil dólares. Dijo el demandante que estaba firmado por el demandado porque así se lo manifestó Díaz al entregárselo. Cuando el demandado fué requerido de pago por el demandante en la forma vaga que también conocemos, por telégrafo contestó que no había firmado documento alguno y que nada debía, y en el juicio se sostuvo en su actitud. Sobre el demandante recaía, pues, el peso de la prueba sobre la verdad del documento y de la transacción a_ que el mismo sé refiere.

El demandante no vió firmar el documento al demandado. Ni siquiera conocía su firma. No había hablado con él sobre la transacción. Su negocio con Díaz fué todo de palabra. Se encuentra con él en las calles de San Juan y accede en seguida a entregarle cuarenta y cinco mil dólares, haciéndose cargo de su devolución una persona que aun desconoce. Ai día siguiente le entrega el dinero con la sola garantía del documento privado que le entrega Díaz. Dijo que tenía plena confianza en éste y que no conoció su difícil situación finan-ciera hasta después de su muerte. Sin embargo, la propia carta habla de momentos decisivos para Díaz.

Nadie se enteró del trato entre el demandante y Díaz, nadie de la entrega del documento. Sólo el testigo Miró fué a la casa en la tarde del 23 de marzo de 1929 y vió que el demandante entregaba a nn desconocido muchos billetes de banco y que había una maleta en la mesa.

Quizá pueda darse en la realidad de la vida una transac-ción como ésa, pero hay que confesar que impresiona por lo rara. Escuetamente. expuesta, sin prejuicios de ninguna especie, la mente duda de que tan fácilmente y en tal forma se desprenda un hombre de cantidad semejante.

T la duda crece cuando se estudia la prueba aportada por el propio demandante para corroborar su testimonio, porque las declaraciones de Camacho y de Yélez son tan sospechosas en sí mismas, que aumenten la incertidumbre.

El encuentro del demandado eon Camacho en Caguas y el envío de la carta a Díaz, y la remisión por Díaz al de-mandado del sobre abierto contentivo del recibo que Camacho-lee y preserva en la memoria de modo tan perfecto que lo-recita vez tras vez con todos sus detalles como si estuviera leyéndolo, causan sorpresa, que crece cuando el testigo narra la manera cómo se enteró de ello el demandante, y cuando-luego Alvarez declara que veía pasar todos los días por su casa a Don Benigno, no existiendo la más leve necesidad de emplear a otra persona para comunicarse con él. 1

El otro encuentro de Díaz con Yélez con quien sólo tenía una amistad pasajera y el encargo que le hace en los pri-meros días de abril cuando se entera de que viene para San Juan, encargo que requiere que Yélez deje el vehículo en que viaja antes de llegar a su destino y penetre en una casa a entregar no sólo una maleta sino a dar un recado de que faltaban trescientos dólares en los paquetes de a cien, no es-sólo dudoso, es increíble si se tiene además en cuenta lo dicho por el mismo demandante sobre sus constantes rela-ciones con Díaz y el uso que hacía Díaz de Blas Delgado en sus negocios de San Juan.

¿Qué aporta la prueba pericial caligráfica? En el re-sumen que de ella hicimos nos limitamos a transcribir las conclusiones de los peritos y a nuestro juicio la misma ausen-cia de toda duda que en ellas se advierte, debilita su crédito.

En tal virtud, analizada en sí misma la evidencia del demandante, deja en el ánimo del juzgador una impresión de rareza, de incertidumbre. Y esa impresión se agranda y robustece al apreciar la prueba de la parte demandada de tal modo que ningún tribunal de justicia podría considerarse justificado en dictar una sentencia en este caso favorable ai demandante aunque ese tribunal a conciencia no pudiera resolver de modo categórico si la firma que aparece al pie del documento fue puesta o no por la mano del demandado Isi-doro Alvarez.

La declaración de éste es clara, terminante, lógica aun en los momentos en que parece vacilar, y está sostenida por todo el resto de su prueba.

Su situación pecuniaria era desahogada. Sólido su cré-dito. En marzo de 1929, cuando liquidado ya su comercio vuelve a la Isla, su capital estaba invertido en bienes inmue-bles y en préstamos garantizados con hipotecas, mostrando un saldo a su favor su cuenta de banco.

No hay un átomo de prueba fuera del documento impug-nado que demuestre que debiera algo a Díaz. Tenía buenas relaciones con él y pequeñas transacciones. Su apoderado declaró que todo fué debidamente liquidado. Es más, cuando en marzo Díaz lucha desesperadamente por obtener un prés-tamo de treinta mil dólares y presenta estados de su activo y pasivo a los bancos, en ninguno de ellos consigna crédito alguno a su favor y en contra del demandado. Además, ¿cómo es posible que si el demandado hubiera debido a Díaz éste no lo hubiera requerido de pago en aquellos momentos, o no hubiera siquiera utilizado abiertamente su firma para obtener el préstamo deseado, cuando el crédito de Alvarez en los bancos estaba en las mejores condiciones? Una rela-ción de negocios de cuarenta y cinco mil dólares deja nece-sariamente algún rastro indeleble y nada, absolutamente nada se aportó en relación con el origen, motivo y desarrollo de relación tan fuerte.

Se dirá que Díaz cobró su deuda al demandado por medio del demandante. Entonces, ¿qué hizo de suma tan crecida? Ni nn depósito en los bancos en efectivo, ni nn solo pago, la continnación de sns gestiones del préstamo de treinta mil dólares y finalmente el snicidio por no poder hacer frente a sns compromisos, es lo qne pone de manifiesto la' prneba con respecto a Díaz durante ese período.

Queda aún el documento y a destruirlo en sí mismo tendió la prneba pericial del demandado contradicha por la otra prneba pericial de igual naturaleza presentada en refutación por el demandante. A nuestro juicio esa prueba pericial no es decisiva, pero ilustra la conciencia del juzgador en el sentido de la posibilidad de haberse obtenido una firma genuina del demandado y haberse hecho desaparecer lo es-crito anteriormente sustituyéndolo por lo que actualmente aparece. Y en esa línea existe además la referencia al inci-dente del demandado con Félix Torres y la insinuación a la relación de Torres con el demandante en el asunto del pagaré de Jiménez.

El hábil abogado del demandante hace en su alegato es-fuerzos extraordinarios para presentar como perjuro al de-mandado porque en su declaración persiste en declarar que la firma que aparece al pie del documento no es la suya cuando él mismo se refirió al' incidente de Torres y la teoría de su defensa admite que la firma es genuina.

Hemos analizado esa parte de la declaración del deman-dado que es la que teníamos en mente cuando refiriéndonos ■en general a ella dijimos que era “lógica aun en momentos en que parece vacilar.” Cuando el demandado contrainte-rrogado insistentemente se enfrenta con la firma y el docu-mento, firma y documento enlazados, su dicho de que la firma no es la suya pudiendo serlo quizá, es perfectamente lógico y congruente. Ante su conciencia lo que prevalece es el con-junto y como éste es falso, niega la verdad de la firma. La explicación que puedan dar sus inteligentes defensores, es una hipótesis. La realidad ante él es que él no ha podido escribir aquel nombre porque jamás contrajo aquella obliga-ción. Y lo niega. ¿Y quién puede asegurar que no esté diciendo la verdad?

La verdadera teoría de la parte demandada donde debe buscarse es en su contestación. La declaración de su perita químico tiende a proporcionar una explicación a la corte para el caso de que ésta quedara convencida de que la firma era auténtica. Ante la gravedad del caso, ante los varios medios que pudieron ponerse en práctica para prepararlo, el deman-dado niega y explica a la vez, sin que la afirmación que la explicación pueda llevar consigo esté en contradicción con la negativa. Esta subsiste, porque de modo consistente se sostiene siempre que la obligación que se reclama jamás fue contraída y que el documento en una forma o en otra no es genuino.

Por virtud de todo lo expuesto y por lo que los hechos hablan además por sí mismos, estimamos que estuvo acertada la corte sentenciadora en su conclusión fundamental que la llevó a desestimar la demanda, y en su consecuencia que debe-declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El, Juez PresidbNtb Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Capre, acusado y apelante.
    No. 4570.

    Sometido: Abril 22, 1932.

      Resuelto: Noviembre 25, 1932.

      Juan Valide juli, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El, Juez PresidbNtb Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Capre fué acusado como autor de un delito de per-jurio y condenado a sufrir dos años de presidio con trabajos forzados. No conforme, apeló, señalando en su alegato la comisión de cinco errores.

Por el primero sostiene que debió haberse declarado con lugar; la excepción perentoria que formulara contra la acusación, por cinco motivos, a saber: porque no aparece de ella que el acusado prestara juramento ante P. del Manzano, subsecretario, porque los subsecretarios de las cortes de distrito no tienen facultad para tomar juramentos y si la tienen es personal, porque el subsecretario del Manzano no es abogado como el secretario de la corte, porque no se consignan en el juramento todos los requisitos que exige la ley y porque no se alega que el juramento fué tomado en un procedimiento sometido ya a la jurisdicción de la corte.

A nuestro juicio ninguno de los motivos especificados justi-fica el error que se señala. Lo que en la acusación se afirma que el acusado “voluntaria y maliciosamente y de una manera corrupta, habiendo prestado juramento de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ante el Subsecre-tario de la Corte de Distrito de San Juan, Pedro del Man-zano, funcionario debidamente nombrado y en posesión de su cargo, con facultades para tomar juramentos, juró como hecho cierto,, que afirmó constarle de propio conocimiento y en un procedimiento sobre declaratoria de herederos, por muerte de Luis López Laboy”, fué lo siguiente, que se transcribe íntegro en la acusación:

“DECLARACIÓN Jurada: — Yo, José Capre y Cajigas, bajo jura-mento declaro: — Que soy mayor de edad, industrial y vecino de San Juan en la actualidad, siendo mi nombre como queda dicho. — Que conocí a doña Ildefonsa López, por baber vivido el suscribiente en Mayagüez, P. R., durante mueh'os años, donde residía dicha señora. —Que me consta de propio conocimiento, que dicha señora falleció en Mayagüez, su último domicilio, allá para el mes de agosto de 1898, en el barrio del Río de dicha Municipalidad. — Que el suscribiente es-tuvo en el entierro de dicha señora, la que fué enterrada en el ce-menterio de dicha población, que queda a la salida, de Mayagüez para San G-erman.- — (firmado)—José Capre. — Jurada y suscrita ante mí, hoy a 9 de febrero de 1929, en San Juan, Puerto Rico.— (firmado) L. Vergne Ortiz. — 'Secretario, Corte Distrito. — Por P. del Manzano, Sub-secretario. ’ ’

Transcrita la declaración, continúa la acusación así: ‘ ‘ siendo falso que Ildefonsa López hubiera fallecido y cono-ciendo el acusado su falsedad, cuya declaración así jurada entregó el acusado al subsecretario, y éste recibió en el curso de sus deberes oficiales, con la intención allí y entonces de que surtiera sus efectos en el procedimiento sobre declara-toria de herederos por muerte de Luis López Laboy, incoado por Hilaria López, ante la Corte de Distrito de San Juan; y tal hecho era esencial para que la corte pudiera resolver, como en efecto resolvió, tomando en cuenta dicha declara-ción jurada, la declaratoria de herederos incoada por Hilaria López, por muerte de Luis López Laboy. Este hecho es con-trario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

El artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Criminal, prescribe:

“ Artículo 89. En una acusación por perjurio o p'or soborno para cometer el perjurio, bastará exponer la esencia del pleito o asunto con referencia al cual se cometió el delito y en qué tribunal y ante quién fué prestado el juramento que se denuncia como falso, y que el Tribunal, o la persona ante quien el juramento fué prestado, tenía facultad para tomarlo, con alegaciones convenientes acerca de la fal-sedad del asunto en que el perjurio está indicado; pero la acusación n'o necesita expresar las alegaciones, antecedentes o procedimientos relacionados con el juramento, ni precisar la autorización o poder del tribunal o persona ante quien se cometió el perjurio.”

Y una simple comparación de ese precepto legal con la acusación permite concluir que la acusación contiene todo lo que la ley exige.

Pero yendo al estudio específico de los motivos alegados, encontramos que consta de la acusación que el juramento se prestó personalmente ante el subsecretario de la corte. El hecho de que se consignara el nombre del secretario se debe a la práctica seguida en tales casos, pero no quiere decir que el subsecretario dejara de actuar personalmente.

En cuanto a la facultad de los subsecretarios de las cortes de distrito para tomar juramentos, bastará citar lo resuelto por esta corte en el caso de El Pueblo v. Colón, 17 D.P.R. 1011, 1013, así: “Los subsecretarios que sean nombrados por sus superiores están también autorizados para tomar juramentos. (Ley de marzo 8, 1904, sec. 2a., p. 141; Ley de marzo 10, 1904, sec. 2a., p. 108, y Ley de marzo 9, 1910, see. Ia., p. 78).”, y en este caso concreto el Subsecretario de. la Corte de Distrito de San Juan es nombrado por el secretario de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 5 de la Ley No. 105 de 1925, Leyes de 1925, p. 969.

La ley no exige que el subsecretario sea abogado. Exige que lo sea el secretario, careciendo de fuerza decisiva el argumento de que porque el secretario deba ser abogado necesariamente tenga que serlo el subsecretario.

La circunstancia de no haberse consignado por el sub-secretario que el que juró la declaración fuera Capre no vicia de nulidad el juramento. Se desprende del propio documento que fue Capre el que juró y se consigna expresamente en la acusación que lo fué, siendo el hecho susceptible de probarse por prueba aliunde en el juicio.

Por último, surge de la declaración jurada y se alega expresamente en la acusación que la declaración se juró para usarse como se usó en una declaratoria de herederos que es un procedimiento autorizado por la ley.

El segundo error señalado, se formula así:

“Haber declarado sin lugar la recusación general al panel del cual se constituyó el Jurado que juzgó al acusado.”

Todo lo que consta en el récord sobre el error es lo que sigue:

“Defensa. — Antes de hacer ninguna investigación en cuento a las recusaciones motivadas vamos a consignar una recusación general al panel en este caso, porque la Corte de Distrito de San Juan, sin au-toridad de ley, procedió al nombramiento de un nuevo comisionado y una nueva selección de cierto número de jurados para completar la lista de 800, bajo la teoría de que organizada la Corte de Distrito de Bayamón los señores del jurado que pertenecen a aquel distrito n'o pueden continuar siendo jurados ni formar parte de la lista general de los 300 jurados para servir en el término de esta Corte, y los mis-mos fueron seleccionados el primer'o de abril de 1930; entendiendo nosotros que con esta selección se ha violado la ley, porque habién-dose creado un distrito nuevo la ley requiere que para poder actuar com'o jurados sean residentes del distrito donde fueron seleccionados; y porque el nombramiento de un nuevo comisionado no estaba justi-ficado.
“Fiscal — -Esa cuestión fué resuelta por la Corte.
“Juez. — La Corte declara sin lugar la moción.
‘11 )ef. — Tomamos excepción. ’ ’

El fiscal sostiene que no bay base en los autos para resolver la cuestión planteada, porque no consta de ellos que el nombramiento del nuevo comisionado y la selección de los nuevos jurados realmente se hicieran, y nos inclinamos a creer que tiene razón.

Pero tomando como cierto todo lo dicho por el acusado, no estamos convencidos de que el procedimiento adoptado por la Corte de Distrito de San Juan ante la emergencia que se le presentó a virtud de la creación de la Corte de Distrito de Bayamón fuera erróneo. Al contrario, parece lógico. Tampoco resulta perjuicio para el acusado. El tenía derecho a que los doce jurados que habían de juzgarlo se extrajeran de los trescientos jurados de su distrito y de hecho así se hizo. Si hubieran continuado en la lista los jurados resi-dentes en los pueblos correspondientes al nuevo distrito judicial de Bayamón, entonces hubiera podido alegar que había sido juzgado por jurados que no formaban parte de su dis-trito — San Juan — en el momento de celebrarse el juicio.

Bajo cualquier aspecto que se considere la cuestión susci-tada, hay que concluir que no puede servir de base para la revocación de la sentencia recurrida.

En el tercer error se agrupan las excepciones tomadas por el acusado con motivo de la práctica de la prueba.

El acusado se opuso a que el fiscal hiciera al testigo del Manzano, subsecretario de la corte de distrito, las siguientes preguntas: a. — después de haber declarado que conocía al acusado: “¿Usted recuerda si en alguna ocasión estuvo él ante usted?”; b. — mostrándole la declaración jurada por Capre: “¿Ante quién está prestada esa declaración jurada?”; o. — y poco después: “Ahora voy a preguntar al testigo ¿quién fué la persona que firmó ese documento?” d. — y luego “¿Esa firma fué prestada ante usted?”. La corte permitió las pre-guntas. La primera no consta que fuera contestada, la se-gunda fué contestada así: “Esta declaración está jurada ante mí”, la tercera como sigue: “La firmó José Capre”, y la cuarta no consta que fuera contestada.

A nuestro juicio ningún error fue cometido. El docu-mento no fué alterado en modo alguno. Se suplió lo que no se hizo constar expresamente en el jurat pero se desprende del documento mismo, y ello es admisible. Véase la juris-prudencia sobre el particular tal como se resume en 1 Ruling Case Law7 769:

“El jurat es simplemente un certificado que evidencia el hecho de que la declaración jurada fué propiamente otorgada ante funcionario debidamente autorizado para ello. Aunque se ha dicho que hablando estrictamente no forma parte de la declaración jurada sino que es simplemente prueba de que ésta ha sido jurada debidamente por el declarante, la prudencia ordinaria ordena que un jurat debidamente otorgado acompañe toda declaración jurada. Sin embargo, en ausen-cia de un estatuto que prescriba lo contrario, su omisión no es fatal a la validez de una declaración jurada siempre que del resto del do-cumento o de prueba aliunde se desprenda que el escrito fué en ver-dad jurado ante un funcionario autorizado.”

El fiscal introdujo- como prueba el expediente sobre declaratoria de herederos, la defensa se opuso y la corte lo admitió. No se cometió error alguno porque el fiscal espe-cificó que presentaba del expediente en evidencia la solicitud' de insolvencia, la declaratoria de herederos, la declaración jurada de Capre y la resolución del juez todo dentro del expediente para demostrar además la existencia del mismo.

El fiscal estaba obligado a demostrar que se había pres-tado una declaración jurada en un procedimiento judicial sobre un hecho esencial en el mismo. Y el medio escogido para ello, demostrado además que la declaración jurada esen-cial fue tomada en consideración como uno de los fundamentos decisivos de la resolución judicial del asunto, fue legal.

También se opuso la defensa a la admisión de la declaración jurada de Capre porque no tenía individualmente el sello de radicación. No tiene razón. Para tramitar la declaratoria de herederos se solicitó el beneficio de pobreza. Petición de pobreza y petición de -herederos se presentaron conjuntamente, sin que pudiera radicarse la segunda sin pago de derechos hasta que se resolviera favorablemente la primera. El juez resolvió favorablemente la primera y al radicarse la segunda bastó consignar la radicación en el escrito inicial sin repetirla en cada uno de los documentos que lo acompañaban. Esa es la práctica que se sigue y que está de acuerdo con la Ley No. 17 de 1915 regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y municipales de la Isla.

Varias objeciones se levantaron con motivo de la declaración del perito calígrafo O. M. AYood. La defensa presentó como perito calígrafo a P. C. Timothée quien comparando la firma de Capre que aparece en el juramento con otra que la defensa aceptó como indubitada aseguró que no eran puestas por la misma mano. Entonces, en refutación, el fiscal presentó al perito "Wood. La defensa impugnó su competencia, sus manifestaciones sobre el aparato usado por el perito de la defensa y la declaración en sí misma.

Hemos estudiado cuidadosamente todas las cuestiones levantadas y no creemos que se cometiera error alguno. Del hecho de que el perito no obstante la experiencia que dijo tener durante muchos años sólo hubiera declarado ante los tribunales como tal muy pocas veces, no puede concluirse que fuera incompetente. Alguna tiene que ser la primera vez que un perito sea admitido a declarar. Son los conoci-mientos en sí mismos los que deben tomarse en consideración y el perito demostró por la propia declaración que prestara que los tenía y hondos en verdad.

La circunstancia de que el perito calificara de anticuado el instrumento que usó el perito de la defensa, no vicia de nulidad su declaración. Dió las razones que tenía para ello.

Y en cuanto a que el perito al declarar se saliera de los límites de su misión para convertirse en juzgador como cuando dijo: “La palabra ‘Capre’ está escrita con una incli-nación ascendente, porque cuando el hombre que la escribió llegó a esa parte de su nombre él trató de escribir algo que estaba fingiendo. . .”, cometiéndose un grave error al per-mitir que su testimonio quedara en el récord, no estamos conformes.

El perito explicó el trabajo por él realizado y estableció luego sus conclusiones. Ellas no constituían un fallo conde-natorio. El mismo razonamiento de la defensa podría apli-carse a la declaración del perito del acusado, diciéndose que constituía un fallo absolutorio.

La prueba pericial, que dicho sea de paso, es una de las que debe examinarse con mayor cautela, está sujeta a ser creída o no por el juez o el jurado.

Al jurado se sometieron ambas declaraciones. Su vere-dicto fue congruente con la conclusión del perito del fiscal, pero el veredicto no se rindió a virtud de esa conclusión. Quizá influyó, quizá se prescindió por completo de ella. La prueba básica estaba en el documento mismo, en la declaración del subsecretario y en la otra evidencia testifical y documental aportada.

El cuarto error señalado sostiene que la pena es excesiva y el quinto y último que el veredicto es contrario a la evidencia. Examinaremos primero el quinto y lnego el cnarto.

La prueba fné contradictoria. Declaró el acnsado qne la firma qne aparece al pie de la declaración de qne se trata no es snya y qne jamás compareció ante el subsecretario; qne lo único qne hizo fné acompañar a sn comadre Amalia Lloreda a la oficina del Ledo. Jnan Pabón donde oenrrió lo qne signe:

‘‘Después de la declaración que yo di que conocía mi comadre dice: ‘Firme aquí’. Me dejó un espacio en blanco y dijo: ‘tiene que firmar aquí’ y yo le dije: ‘Bueno como estoy con prisa le firmo’, y firmé abajo donde me pertenecía firmar. En lo último no quiso que firmara.”

Frente al testimonio del acnsado está el documento con su firma y la declaración jurada dql subsecretario qne aseguró que firmó ante él personalmente y está además el hecho claramente demostrado de haberse obtenido la declaración de herederos de una persona qne estaba aun viva en Mayagüez para poder la peticionaria heredar a sn vez a un soldado qne murió en Arizona, siendo la declaración jurada del acnsado esencial en dicho procedimiento.

El jurado resolvió el conflicto en contra del acusado, y nada hay en los autos que demuestre que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Ningún error manifiesto surge.

La pena impuesta por la corte fué la de dos años de pre-sidio con trabajos forzados. No parece excesiva en modo alguno. No llega ni siquiera al medio de la pena fijada por el legislador para el delito, uno a diez años. La circunstancia de que el acusado tiene 57 años de edad y nunca había sido condenado,'no es motivo para rebajar la pena impuesta. Su misma edad debió mostrarle la gravedad que entraña el hecho de comparecer ante un funcionario judicial y declarar falsa-mente que una persona que vive ha muerto a fin de que otra pueda percibir una herencia que no le corresponde. Si de algo peca la pena no es de excesiva.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Presidente Sekor del Toro,

text:
    Ramón A. Ramírez Fuentes y Carmen Ramírez Grau, demandantes y apelados, v. Consuelo Camuñas Bird, demandada y apelante.
    No. 5654.

    Sometido: Marzo 11, 1932.

    Resuelto: Noviembre 28, 1932.

      E. II. F. Dottin, abogado de la apelante; 8. Medina, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Sekor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Esta demanda se inició por R. A. Ramírez y Carmen Ramírez en reclamación de homestead. Se alegó que los de-mandantes son mayores de edad, viudo el primero y soltera la segunda; que la demandada es mayor de edad y propie-taria; que los demandantes fueron dueños basta mayo 28y 1928, de un solar con una casa de madera de dos plantas que se describe en forma; que vivieron en dieba finca come dueños desde la construcción de la casa consecutivamente por espacio de ocho años basta junio 1, 1928, en que la desocu-paron a virtud de requerimiento judicial; que no tenían antes ni después otras propiedades; que su deseo constante y ex-preso fue y es tener constituido su bogar seguro (homestead) sobre dicha finca, hasta el valor de $500 de acuerdo con la ley sobre la materia de 1903; que la casa y el solar fueron embargados por la demandada en pleito que siguiera contra ellos en cobro de pesos, y adjudicándoseles en pública su-basta a la misma para satisfacer la sentencia dictada en dicho-pleito ; que la demandada les debe por su derecho de hogar seguro la suma de $500, por cuya cantidad solicitan sentencia en contra de la demandada, con costas. La demanda está jurada.

La demandada excepcionó la demanda alegando que no-aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Señalado día para la vista de la excepción, la demandada faltó en comparecer y la corte la declaró sin lugar.

Contestó la demandada. Admitió todos los hechos rela-tivos a la propiedad de la finca por parte de los demandantes y al pleito seguido contra ellos en cobro de dinero y a la adjudicación de la finca en pago de la sentencia, y negó los demás. Aceptó que los demandantes vivían en la planta alta de la casa al ejecutarse la sentencia y que la desalojaron al ser requeridos para ello, pero sin protesta. Alegó como de-fensa que ha sido informada que los demandantes tomaron a préstamo en el Banco Popular $1,500 para ser utilizados en-la construcción de la planta alta de la casa, y no pudiendo pagar su deuda y sus intereses, tomaron para ello prestado-a la demandada $1,700, que fueron los que la demandada les cobró en el pleito. Como otra defensa alegó que hallándose-los demandantes en mala posición le rogaron que les per-mitiera segregar -y vender al nninicipio una faja de 48 metros cuadrados del solar y la demandada accedió cancelando la hipoteca que tenía en garantía de su crédito sobre la dicha faja, percibiendo los demandantes $240 como precio de la venta. Que la finca se vendió en pública subasta en pleito-seguido en cobro de $1,700 de principal, intereses y costas,, y se adjudicó a la demandada por $900 porque ni los deman-dantes, ni licitador alguno mejoró su oferta. Como última-, defensa alega la demandada que los demandantes no tienen derecho alguno al homestead sobre la referida finca,, ni lai casa reunía las condiciones requeridas por la ley, pues a la fecha del préstamo su planta baja estaba destinada a esta-blecimiento público.

Así las cosas, se señaló el juicio para el 11 de junio de 1930. Comparecieron los demandantes pero no la deman-dada, y los demandantes practicaron su prueba. Pidió la demandada que se dejara sin efecto el juicio alegando razones tendentes a justificar su falta en comparecer. No accedió la corte, pero dió a la demandada una nueva oportunidad para practicar su prueba.

Sometido finalmente el caso a la decisión de la corte, lo falló en contra de la demandada. Después de un detenido estudio de los autos y de los alegatos, creemos que no es posible confirmar la sentencia recurrida. A nuestro juicio la demanda no aduce beefios suficientes para determinar una causa de acción. La misma corte sentenciadora así lo reco-noce, pero dice que cuando se hizo la alegación, ya se había practicado la prueba con respecto a la condición de jefe de familia del demandante.

Sabemos que la excepción se formuló previamente y el solo hecho de la falta de comparecencia de la demandada, no era bastante para declararla sin lugar. Debió prosperar. Pero aceptando que los demandantes hubieran tenido derecho a enmendar su demanda como de hecho la enmendaron luego al practicar su prueba y partiendo de la base que forman la demanda completada por la ^prueba, aun así, opinamos que apreciada todas las circunstancias concurrentes, la demanda no puede prosperar.

Aceptamos la jurisprudencia que cita el juez sentenciador en su opinión, 13 R.C.L. 552 (12). Sería decisiva en un caso apropiado, mas no en éste. Analizada toda la prueba, se encuentra que es fuerte en verdad en el sentido de que el dinero tomado a préstamo a la demandada se empleó directa o indirectamente en terminar y mejorar la casa en cuestión. Véase cómo declaró en el juicio el propio demandante interro-gado por la parte demandada:

“P. ¿Cuando usted bipoteeó esa finca al Banco, la casa cómo es-taba, de uno o de dos pisos? — R. De'un solo piso cuando la hipote-qué al Banco Popular. — P. ¿Y ese segundo piso lo levantó usted des-pués de tomado el dinero al Banco ? — R. Después de tomado el dinero al Banco, y antes de hacer la hipoteca de la señorita Camuñas. — P. ¿Con qué dinero entonces levantó usted el segundo piso de la casa?— R. Yoy a decir ahora, que es un secreto, pero lo voy a confiar ahora. Mi señora era muy dada a la economía, y cuando ella murió, bus-cando yo una llave que se había perdido, había un cajoncito, y em-pecé a buscar en él y encontré que mi señora tenía quinientos pesos economizados; y con esos quinientos pesos y doscientos cincuenta más que yo tenía, levantamos el segundo piso, a raíz de haber ella fallecido. — P. ¿ Después que usted había cogido el préstamo al Banco ? —R. Sí, señor. — P. ¿Y de ese préstamo al Banco, usted no empleó ni un centavo en la casa? — R. Sí, tuve que emplear, en la cerca que se había venido abajo con el tiempo, y tuve que hacer una división para la botica y cubrir otros gastos más de la casa que tuve que hacer. — • P. ¿De modo que cuando usted tomó los $1,500.00 al Banco no era para levantar el segundo piso de la finca, verdad? ¿Usted no pidió esos $1,500.00 al Banco para levantar el segundo piso de la casa, ver-dad ? R. Los tomé para pagarle al señor Rodríguez los $1,200.00 de la hipoteca. — P. ¿ Y los $1,200.00 del señor Rodríguez de la hipoteca, de qué eran ? — R. Esos fueron los primeros que yo empleé en la casa. —P. ¿Usted empleó esos $1,200.00 de Rodríguez en fabricar la casa? ■ — R. En fabricarla no, en mejorar la casa, porque cuando yo la com-pré ya estaba empezada a fabricar; tenía el piso, tenía el techo, y tenía tres tabiques de la casa, y de ahí en adelante seguí yo; y esos $1,200.00 de Rodríguez los empleé en la casa. — P. ¿En terminar la primera planta? — R. En terminar todo lo que necesitaba para me-terme en la casa.”

Siendo ello así, tenemos que los primeros $1,200 tomados a préstamo se emplearon en la casa, en terminar su primer piso, los $1,500 tomados luego al banco en pagar los $1,200 que se debían, y en “la cerca”, en “hacer una división para la botica” y en “cubrir otros gastos más de la casa”, y los $1,700 tomados a la demandada en pagar los $1,500 al banco.

Por lo menos contra esa suma de $1,500 empleada en mejoras no cabe alegar la exención del homestead de acuerdo con lo dispuesto en la sección primera de la ley creadora del derecho, Comp. 1911 p. 230, y como los $200 restantes están más que compensados por los $240 que los demandantes per-cibieron a virtud de la venta de la -faja de terreno del solar .al municipio, ni en ley ni en equidad procede su reclamación.

Otras circunstancias concurren que también podrían in-vocarse para sostener la anterior conclusión, pero lo dicho es suficiente.

Debe revocarse la sentencia apelada y en su lugar dictarse otra declarando la demanda sm lugar, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Hipólito Colón López, recurrente, v. El Registrador, de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 871.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Noviembre 28, 1932.

      JE. López Acosia, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Hipólito Colón López promovió ante la Corte Municipal de San G-ermán nn expediente para obtener e inscribir a sn favor la posesión de tina finca de ocho cuerdas, alegando que tres cuerdas treinta y tres céntimos de esta finca los adquirió por compra a María del Carmen, conocida por Cruz, Casiano vda. de Colón. Alega además que estas tres cuerdas treinta y tres céntimos forman parte de una finca que con una cabida de cinco y media cuerdas se baila inscrita en el registro de la propiedad a nombre de Pedro Ecbavarría Pérez. Apro-bada la información posesoria se expidió copia de la reso-lución de la corte municipal para que con ella pudiese el pro-movente obtener en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán la inscripción de la finca, previa cancelación de la inscrip-ción que en el registro aparece en contradicción con los becbos probados. El registrador denegó la inscripción por las ra-zones que se expresan en la siguiente nota:

“Denegando el precedente documento por aparecer la finca de 5% cuerdas de d'onde procede la porción de 3.33 cuerdas que forma parte de la finca descrita en este documento, a nombre de Emiliano, María Sabina, Pedro Alcántara, María Eugenia, María de la Cruz y Felipe de Jesús Colón Casiano, personas distintas de la anterior dueña María del Carmen, conocida por Cruz, Casiano, sin que a dichas per-sonas se les notificara en cumplimiento del artículo 393 de la Ley Hipotecaria; tomándose en su lugar anotación por 120 días a favor ■del pr’omovente de su derecho, al folio 82 del tomo 72 de San Ger-mán, finca número 3351, anotación 0. San Germán, a 14 de marzo de 1932.”

Contra esta nota no interpuso Hipólito Colón López recurso alguno; pero algunos meses después presentó en el registro de la propiedad la misma copia certificada de la resolución de la corte, acompañada de una escritura, según la cual todas las partes interesadas en el asiento de posesión que aparecía en el registro de la propiedad (con excepción de Emiliano Colón, que fué citado oportunamente en la tra-mitación del expediente) ratifican la venta de dicha finca por María del Carmen a Hipólito Colón López. El regis-trador se negó a convertir la anotación preventiva en inscrip-ción definitiva, y contra esta nota denegatoria interpuso el Sr. Colón López el presente recurso.

Alega el registrador que si se hiciera la inscripción soli-citada, aparecería dicha finca inscrita a nombre de las per-sonas que actualmente figuran en el registro, y a nombre también de Hipólito Colón, y que si tales personas hubieran sido citadas en la tramitación del expediente posesorio, la corte municipal habría ordenado la cancelación del asiento contradictorio. Alega además el registrador que no puede tener en cuenta para su calificación ningún documento que no fué presentado a la corte correspondiente en un caso de dominio e información posesoria.

No habiéndose promovido recurso alguno contra la pri-mera nota, la única cuestión a resolver es si el defecto seña-lado por el registrador en la mencionada nota, que no ha sido recurrida, ha quedado subsanado por la nueva prueba ofrecida por el peticionario.

El artículo 393 de la Ley Hipotecaria dice así en sus párrafos primero, segundo y tercero:

"Los registradores, antes de inscribir alguna finca o derecho en virtud de las informaciones prescritas en los tres artículos anteriores, examinarán cuidadosamente el registro, para averiguar si hay en él algún asiento relativo al mismo inmueble que pueda quedar total o parcialmente cancelado por consecuencia de la misma inscripción.
"Si hallaren algún asiento de adquisición de dominio o posesión no cancelado que esté en contradicción con el hecho de la posesión justificada por la información judicial, suspenderán la inscripción, harán anotación preventiva si la solicita el interesado, y remitirán copia de dicho asiento al juez que haya aprobado la información.
"El juez, en su vista, y con citación y audiencia de las personas-que por dicho asiento puedan tener algún derecho sobre el inmueble, c’onfírmará o revocará el auto de aprobación, dando conocimiento en todo caso de la providencia que recayese al registrador, a fin de queen su vista lleve a efecto la inscripción o cancele la anotación pre-ventiva. 5 ’

La Ley Hipotecaria determina claramente el procedimiento a seguir para alcanzar los fines que se propone obtener el recurrente. Es el juez y no el registrador la1 autoridad que debe oír a las partes interesadas, cuando reciba copia de los asientos contradictorios a la posesión que se pretende inscribir. Las pruebas para obtener la aprobación de una información posesoria deben pasar por el tamiz judicial. Sostener lo contrario equivaldría a investir al registrador de las facultades judiciales concedidas expresamente por la ley al juez municipal. Del auto de aprobación autorizado por la Corte Municipal de San Germán no aparece que se baya dado audiencia en el expediente posesorio a las personas a cuyo favor está inscrita la posesión de la finca con excepción de Emiliano Colón.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Jxjbz Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Pío Marcial, et als., demandados y apelados.
    No. 5967.

    Sometido: Noviembre 22, 1932.

      Resuelto: Noviembre 28, 1932.

      Juan de Guzmán Benitez, E. Martínez Aviles y Luis Toro Cabañas, abogados del apelante; TJlpiano Crespo Jr. y Luis Mercader, abo-gados de los apelados.
   El Jxjbz Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 14 de noviembre de 1923, la Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia en el caso del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico contra Pío Marcial y otros, en nna .acción de desalmcio, declarando don lugar la demanda en -cuanto a cuarenta y seis de los demandados y sin lugar en cuanto a los demás. Apeló el banco de la parte de la sen-tencia que declaró sin lugar la demanda y esta apelación fue desestimada por esta corte en 5 de abril de 1926, o sea dos años y medio próximamente después de dictada la sentencia apelada. No consta que por la demandante se hubiese dado paso alguno para hacer efectiva la sentencia que fue firme desde 1923 en cuanto a los demandados contra quienes se declaró con lugar la demanda. En septiembre de 1931, o sea ocho años próximamente después de ser firme la sen-tencia contra los citados demandados, el demandante solicitó la ejecución de la sentencia y la Corte de Distrito de Arecibo declaró sin lugar su solicitud.

De acuerdo con el artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Civil, en todos los casos, excepto para cobro de dinero, podrá exigirse el cumplimiento de la sentencia o llevar a cabo su ejecución, después de un término de cinco años a contar desde la fecha en que hubiere sido registrada mediante autorización de la corte a instancia de parte, o sentencia dada al efecto en procedimientos adicionales.

La única razón que se alega en la moción de la parte de-mandante, que no ha sido jurada, es que los demandados continúan aún detentando la finca. Usualmente estas mo-ciones vienen acompañadas de una declaración jurada. 11 Cal. Jurisprudence, 50. La corte puede negar o resolver favo-rablemente esta moción en el uso de sus facultades discre-cionales. En el caso de Wheeler v. Eldred, 121 Cal. 28, se dictó sentencia ordenando la venta de ciertos bienes hipote-cados. Luego de expirar los cinco años de ser firme la sen-tencia, el demandante solicitó permiso de la corte para ejecu-tarla, de acuerdo con el artículo 685 del Código de Enjuicia-iMento Civil de California, enmendado, que es igual al artículo 243 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, con la única' diferencia de que en el artículo del código californiano no aparece la excepción en cnanto a las acciones en cobro de dinero. Resolviendo la cuestión planteada por el demandante en el caso citado, la Corte Suprema de California se expresó en los siguientes términos:

“Se ban suscitado en la argumentación cuestiones interesantes con respecto al efecto, y aun a la validez, del citado artículo del có-digo enmendado; sólo es necesario examinar una de ellas. El de-mandante no sostiene que la negativa de su moción era, a la luz de la evidencia que se practicó ante la corte durante la vista, im abuso de poder, si es que la corte puede ejercer discreción en tales casos; pero alega que a virtud del estatuto la corte no tenía discreción para negar su solicitud. No puede sostenerse esta posición. Según el estatuto de Nueva York, ‘después del'transcurso de cinco años de registrarse sentencia definitiva puede librarse auto de ejecución de la misma, .... 2. Cuando la corte dicte una orden concediendo per-miso para que se libre el auto de ejecución’ (Código de Enjuicia-miento Civil de Nueva York, art. 1377); y ,allí se ba resuelto p'or la corte de apelaciones que el efecto de esta disposición, en un caso abarcado por sus términos, es que la concesión de un auto de pose-sión en virtud de una sentencia para recobrar la posesión de un in-mueble sea una cuestión ‘que dependa completamente de la discreción de la corte’: Van Renssalaer v. Wright, 121 N.Y. 626. Véase el caso de Bank of New York v. Eden, 17 Johns. 105, en que se resuelve que la corte tiene discreción "para determinar si ba de conceder un scire facias en una sentencia que ba estado pendiente por más de veinte años. Con respecto a la facultad discrecional de una corte de equidad para negarse, dentro de las circunstancias, a hacer efectivo un decreto anterior, cuando por razón de la negligencia para ejecu-tarlo o por cualquier otra causa viene a ser necesario radicar un ‘bill’ para tal propósito, véase Attorney General v. Day, 1 Ves. Sr. 218; Lawrence Mfg. Co. v. Jamesville etc. Mills, 138 U.S. 552. Aparte, de las autoridades, nos parece manifiestamente prudente, por lo menos en casos en que esté envuelto el título de propiedad in-mueble, que la corte no esté obligada a conceder la ejecución de la sentencia después del término de cinco años; de lo contrario la sen-tencia se convierte en un gravamen perpetuo por la mera negligen-cía del dueño de la misma al no ejecutarla. Creemos, pues, que la lisposición. del referido artículo 685, en el sentido de que 'la sen-tencia puede ser ejecutada mediante autorización de la corte’ es per-misiva en cuanto a la facultad que se le da a la corte en pleitos como el presente, y que el tribunal debe determinar en el ejercicio de una sana discreción si la sentencia durmiente debe ejecutarse.”

En el caso de People v. Carlin, 191 App. Div. 258, la Corte Suprema de Nneva York, División de Apelación, interpre-tando un estatuto similar al nuestro dice así:

“El propósito de la ley, según se indica por las secciones 1375 y 1377 del Código de Enjuiciamiento Civil, es que una parte que tiene una sentencia y desea hacerla efectiva por el procedimiento sumario de la corte, debe hacerlo prontamente, y si se duerme sobre sus lau-reles por cinco años, el tiempo y sus cambios arr'ojan ciertas dudas sobre la sentencia, o por lo menos sobre el derecho a una ejecución sumaria, y que dicha parte no podrá obtener la ejecución a menos que la corte, basada en hechos probados, esté convencida de que la sentencia no ha sido satisfecha, y de que no existe otra razón que impida su ejecución.”

El demandante en este caso utilizó contra los demandados la acción de desahucio, que es un procedimiento sumario, y después de haber obtenido sentencia a su favor y de ser ésta firme, y de haber transcurrido ocho años sin hacerla efectiva, solicita ahora su ejecución sin explicar a la corte qué motivos tuvo para no solicitar con anterioridad la ejecución de la sentencia y sin exponer ninguna razón que pudiese haber justificado el ejercicio a su favor de la discreción judicial.

Opinamos que debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Telésforo Sepúlveda, acusado y apelante.
    No. 4830.

    Sometido: Noviembre 23, 1932.

      Resuelto: Noviembre 28, 1932.

      Leopoldo Tormos García, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de 131 Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Telésforo Sepúlveda y Raimundo Quirindongo fueron acusados del delito de turbar la paz, por haber sostenido una riña, de la cual resultaron ambos con lesiones. Ambos fueron condenados en la corte municipal a $10 de multa. Apeló de esta sentencia Telésforo Sepúlveda, y habiendo sido decla-rado culpable y condenado por la Corte de Distrito de Ponce, interpuso el presente recurso de apelación, alegando que la corte inferior cometió error al declarar que Telésforo Sepúl-veda había sido el primero en agredir a Raimundo Quirin-dongo, y que la sentencia es contraria a los hechos y la prueba. El tribunal sentenciador entendió que la agresión que provocó la riña partió de Telésforo Sepúlveda. Sobre este punto la prueba es contradictoria. José Medina, testigo de cargo, declara que el apelante y Quirindongo, después de un cambio de palabras, “se emburujaron”, que hubo trom-padas, que “se agarraron” en seguida y que no pudo apre-ciar quién dió primero porque estaba hablando. Raimundo Quirindongo declara que yendo para el pueblo tropezó con el acusado, a quien llamó la atención sobre una cantidad que le debía, que el acusado le dijo: “Que razón más sucia me manda Ud.”, y le pegó una pescozada, que el testigo, que montaba un caballo, se fue del otro lado del estribo y “se quedó guindando”, y que el acusado lo empuñó por el pelo, lo haló y le tiró con una piedra. Guillermo Vicens y Miguel de Jesús declaran que Quirindongo fue quien agredió pri-mero. El acusado declara que Quirindongo le dijo: “Oiga, Sepúlveda, déme mi dinero, ya he esperado demasiado”, y que entonces Quirindongo le tiró y le dió, cayendo del caballo ■que montaba. Que al testigo lo cogieron por un lado y a Quirindongo por otro, que la única herida que tiene se ía dió Quirindongo y que éste, al caerse, se destrozó y se dió como diez heridas.

La corte inferior apreció la prueba y declaró culpable al acusado. Se ha demostrado que ambos contendientes reci-bieron lesiones, el acusado una herida y Quirindongo como diez, aunque el primero declara que estas heridas se las pro-dujo Quirindongo al caerse del caballo que montaba. Cuando existe conflicto en la prueba y la corte resuelve este conflicto en contra del acusado, y no hay nada que demuestre pasión, prejuicio o parcialidad por parte de la corte sentenciadora, la conclusión de la corte inferior sobre la prueba debe sos-tenerse.

Además hemos estudiado cuidadosamente toda la prueba practicada y creemos que la corte inferior no estuvo desacer-tada al declarar culpable al acusado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Daniel Práxedes y Dolores Celestina Nadal Quijano, demandantes y apelados v. Mariano Daniel Antonio Nadal y Lugo, representado por su madre con patria potestad, Doña Ramona Lugo, y Oscar E. Bravo, demandados y apelante el primero.
    No. 5580.

    Sometido: Mayo 4, 1932.

    Resuelto: Noviembre 28, 1932.

      J. Alemañy Sosa, abogado del apelante; Oscar Souffront, abogado de los apelados; J. Sabater, abogado de Bravo.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Nadal y Freyre era dneño, a su fallecimiento, de una finca rústica denominada Hacienda Carolina, que se describe en la demanda. En las operaciones particionales de la herencia del mencionado Sr. Nadal y Freyre, se adjudicaron al demandado. Mariano Daniel Antonio Nadal y Lugo seis séptimas partes de dicha finca, omitiéndose hacer disposi-ción alguna de la otra séptima parte. Los demandantes en este caso, en unión del demandado, son los únicos herederos del mencionado Ramón Nadal y Freyre. La corte inferior declara en sus conclusiones de hecho que no se hizo adjudi-cación ni se valoró la referida séptima parte por creerse en dicha fecha que el causante era dueño única y exclusivamente de un condominio de seis séptimas partes de dicha Hacienda Carolina, ignorándose que el causante hubiese adquirido la otra séptima parte con anterioridad a su muerte. Los de-mandantes, en su carácter de herederos del Sr. Nadal y Freyre, reclaman el condominio que alegan pertenecerles en dicha séptima parte con los frutos percibidos. El deman-dado acepta que se le adjudicaron las seis séptimas partes del inmueble, pero alega que esto se hizo por error y niega que los demandantes tengan derecho cada uno al condominio que reclaman, alegando que el valor dado a dicha finca en su totalidad en las operaciones particionales fué el mismo de la tasación oficial, o sea $4,662.86, y que por esta misma suma fué que se le hizo la adjudicación de ella al demandado, aunque haciendo constar erróneamente que el causante sola-mente era dueño de seis séptimas partes de dicha finca, cuando en realidad era dueño de la totalidad de la misma, y se hacía la adjudicación al demandado por la totalidad de su valor.

La corte inferior declaró con lugar la demanda, desestimó la coñtrademanda interpuesta por el demandado y condenó a éste al pago de las costas.

El demandado apelante atribuye a la corte inferior varios errores, pero en realidad la única cuestión a resolver en este caso es si los demandantes son dueños o no del condominio que alegan tener en la finca Hacienda Carolina. Las partes están conformes en que don Ramón Nadal y Freyre era dueño al morir de la totalidad de la referida finca y en que al hacerse la partición de bienes se adjudicaron al demandado, en pago de su haber hereditario, seis séptimas partes de la misma, que son las únicas que aparecen en el inventario. La corte a quo, en sus conclusiones de hecho, declara que la otra séptima parte la adquirió don Ramón Nadal y Freyre por compra a doña Dolores Nadal viuda de Gálvez, que la tota-lidad de la finca está arrendada a don Oscar Bravo y que éste ha venido pagando a la viuda de Gálvez y a su sucesión una séptima parte del canon de arrendamiento como si esta señora hubiese sido la dueña de la porción de la finca no adjudicada en la partición. Declara también la corte inferior que el importe del arrendamiento de esta séptima parte, pagado a la viuda de Gálvez y su sucesión, fue consignado en la secretaría de dicha corte.

El demandado, para sostener su contención de que la finca le pertenece exclusivamente, arguye que la valoración de la propiedad inmueble adjudicada a los herederos se basó en la valoración oficial para el cobro de contribuciones, y en que a las seis séptimas partes de la finca se les dió el mismo valor de la totalidad, según resulta de la tasación oficial.

En el expediente testamentario de Ramón Nadal y Freyre, el contador partidor aparece adjudicando al demandado el condominio de la referida finca en la forma siguiente:

“El condominio de seis séptimas partes (6/7) en la finca deno-minada Carolina, radicada en el bando Guanajibo, compuesta de se-tenta y nueve cuerdas y cincuenta y dos céntimos, inventariada bajo la letra ‘B’ del número cinco, sección de Fincas Rústicas y valo-rada en Guateo Míe SeiscieNtos SeseNta y Dos Douuabs Ochenta y Seis Centavos . . .”

Esta adjudicación fue ratificada más tarde por el árbitro designado por la corte en la siguiente forma:

“El condominio por 6/7 partes de la finca denominada Carolina, o sea todo el interés que el finado tenía en dicha propiedad, está va-lorado en $4,662.86, y el mismo podría fácilmente venderse en una suma que oscilaría entre $4,500.00 y $5,000.00, toda vez que la renta líquida que paga anualmente la Mayagüez Sugar Company por su arrendamiento es de $300.00.”

Tanto el contador partidor como el árbitro hablan de un condominio y especifican claramente que se adjudican al de-mandado seis séptimas partes de la finca. Es claro que si se le adjudica un condominio no se le está adjudicando la totalidad, que es el dominio completo. El árbitro, al hablar de las seis séptimas partes, dice que es todo el interés que el finado tenía en dicha propiedad, porque no tenía conoci-miento de que la otra séptima parte de la finca le pertenecía al mencionado Ramón Nadal y Freyre. En dicho expediente testamentario se adjudican claramente al demandado y se mencionan en repetidas ocasiones las seis séptimas partes de la finca y se dice cómo adquirió el causante este condominio. Además las rentas correspondientes a la séptima parte no adjudicada se pagaban a la señora viuda de G-álvez y no al demandado. La finca fué arrendada al Sr. Oscar Bravo en 8 de diciembre de 1925. Resulta claro, y así lo admite el demandado en su alegato, que esta séptima parte de la finca no se incluyó en la partición, porque se ignoraba entonces por los interesados que pertenecía al Sr. Ramón Nadal > Freyre, y siendo ello así, fuerza es concluir que no pudo haber •sido la intención de las partes disponer de una propiedad de la eiial no tenían conocimiento de que fuera dueño el referido ■causante.

En cuanto a la valoración de las seis séptimas partes, la conclusión más razonable, dada la claridad de la prueba, •es que las partes que intervinieron en la partición convinieron, .•a sabiendas, en valorar el referido condominio en la cantidad de $4,662.86, sobre todo cuando el mismo árbitro dice en su informe que este condominio podría fácilmente venderse es nna suma que oscilaría entre $4,500 y $5,000.

El demandado alega que la corte inferior cometió error al condenarle al pago de las costas. Desestimamos este error, porque opinamos que la corte estuvo justificada en liacer dicho pronunciamiento en el ejercicio de su discreción.

Debe confirmarse la sentencia apelada.