author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    F. Carrera y Hermano, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 663.
    Sometido: Enero 14, 1927.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    1 Hogar, Seguro [Homestead) — Protección y Efectividad (Enforcement) del Derecho — Procedimientos Judiciales que Envuelven la Cuestión del “Homestead” — En General. — En procedimiento judicial que envuelve la cuestión del homestead, el deudor debe demostrar que es jefe de familia antes de que pueda obtener el beneficio de la reclamación del homestead.

    2. Ejecución — Venta—Traspaso al Comprador, — Inscripción de la Escritura de Venta Otorgada — Venta en Procedimientos que Envuelven la Cues-tión del ‘1 Homestead ’ —Efectuada venta judicial procede inscribir la es-critura a favor del comprador cuando de los documentos todos presentados al registro no aparece que se hiciera reclamación del homestead antes de efectuarse tal venta y de entregarse la propiedad al comprador.
    3. Hogar Seguro (Homestead) — Protección y Efectividad (Enforcement) del Derecho — Necesidad de que se Haga la Reclamación db Exención. — De acuerdo con la sección 4 de la Ley del Homestead (Oomp. 1003) euando se embarga y vende propiedad de un demandado, el márshal no está obligado a hacer una exención, de $500 a beneficio de aquél a menos que dicho deman-dado haga la reclamación de exención.
    Nota de Luis Capó Medres, R. (San G-ermán), denegando inscrip-ción de venta judicial.

      Revocada.

      Nazario <& García Méndez, abogados del recurrente; El Registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Hay algunas cuestiones subsidiarias, pero la principal cuestión envuelta en esta apelación es si al embargar y vender la propiedad de un demandado, el marshal está obli-gado a hacer una exención de $500 a beneficio del deman-dado, de acuerdo con la Ley del “Homestead” (hogares se-guros) que dispone en sus secciones primera y cuarta lo si-guiente :

“Sección 1. Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio-de terreno y en los edi-ficios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legal-mente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocu-pado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeu-dare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la respon-sabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y ex-cepción hecha también de lo que más adelante se establece; Dispo-niéndose, que en caso de arrendamiento u otro contrato análogo nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohiba al dueño o propietario de dicha estancia, plantación o predio de .terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumpli-miento de las condiciones del mismo.”
“Sección 4. Que no se hará venta alguna, por virtud de senten-cia o ejecución, de ninguna estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, cuando se reclamare u ocu-pare dicha finca como homestead, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos dollars ($500). En caso que dicha estancia, plantación o predio de terreno y los edificios en el mismo, se vendieren por más de quinientos dollars, el excedente sobre la suma últimamente- citada, se pagará al acreedor y la suma de $500 se pagará al deudor, y estará libre de ejecución en virtud de senten-cia o decreto por un período de treinta días; Disponiéndose, que esta sección no será de aplicación a ninguna venta que se haga para obligar al pago de contribuciones, que adeúde dicha propiedad, o a la deuda o gravamen incurrido para (por) la compra de la misma, o para las mejoras que en ella se hicieren, o cuando se hiciere dicha venta en virtud de traspaso en que se haga renuncia de la exención que dispone la sección 3 .de esta ley.” (Compilación de 1911, págs. 230 y 231, secciones 1000 y 1003.)

La sección 1 presupone que el deudor es padre de fa-milia, y, como puede verse, la sección 4 usa las palabras “cuando se reclamare u ocupare dicha finca como homestead.” La teoría del apelante era que no había nada en los documentos presentados al registrador que demostrara que la propiedad fuera “ocupada como homestead,” o que el demandado la “reclamara” como tal, o que el deudor fuera en realidad jefe de familia.

Quizás si uno pudiera imaginarse un caso , en que se ven-diera una propiedad sin reserva del homestead, cuando éste se reclama en debida forma, entonces no estaríamos de aciierdo ‘ eon el recurrente en que para los fines del registro, la escritura de compraventa presentada tendría que demos-trar que el deudor era jefe de familia.

En un procedimiento judicial que envuelve la cuestión del homestead, el deudor debe demostrar que es el jefe de la familia antes de que en realidad pueda obtener * el beneficio de la reclamación del homestead. Sin embargo, cuando se efectúa una venta estando pendiente una reclamación del homestead, el registrador no debe inscribir dicha venta, a menos que los documentos' presentados demuestren que la cuestión de que el que solicita la exención es jefe de familia fuera resuelta contra el deudor o abandonada por éste. El registro debe mostrar certeza cuando se trata de una contienda litigiosa de hechos. El comprador en una venta en pública subasta en la cual hay una reclamación del homestead tomará la propiedad sujeto a tal reclamación, hasta que ésta sea resuelta por la corte.

Sin embargo, la situación es enteramente distinta cuando como en el presente caso, todos los documentos se le pre-sentan al registrador y de ellos no aparece que se hiciera reclamación alguna del .homestead antes de efectuarse tal venta y de entregarse la propiedad al comprador. Los autos ele la corte municipal, junto con los procedimientos segui-dos por el márshal, excluyen la idea de que en momento alguno se hiciera la reclamación de dicha exención. La máxima “de non apparentibus et de non existentibus eadem est ratio” es aplicable cuando los autos no demuestran que en realidad se presentara una reclamación o que se levan-tara una cuestión. Sucede lo contrario cuando se hace una reclamación y queda por determinar una contienda litigiosa de hechos, según hemos indicado.

Ciertas obligaciones, una inmensa mayoría de ellas, surgen en derecho por las meras relaciones humanas o por las transacciones de las partes, sin ningún otro acto volitivo de ellas, como sucede con ciertos contratos o actos tortice-ros. Hay, sin embargo, nn campo amplio dentro del cual una persona tiene que dar algún paso antes de que surja una obligación. En algunos casos es necesario el requeri-miento, en otros, el cumplimiento del contrato o un acto de elección. deben tener lugar, y en otros, como en el presente, debe hacerse una reclamación. De acuerdo con la sección 4, supra, debe hacerse la reclamación de exención. Riggs v. Sterling, 60 Mich. 643, 27 N. W. 705, 1 A. S. R. 554; 13 R.C.L. 656; 29 C. J. 970, et seq.

Convenimos con el recurrente en que el hecho de que el deudor fuera casado aparece suficientemente de la demanda y de los demás procedimientos en la corte municipal.

El registrador también se negó a inscribir dos casas que aparecían en la escritura de compraventa como pertenecien-tes al deudor original. La teoría era, a nuestro entender, que el récord no demostraba que estas dos casas estuviesen enclavadas sobre la propiedad. Sin embargo, creemos, de .acuerdo con el recurrente, que la regla de que lo accesorio sigue a lo principal, es aplicable.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Francisco Soto Gras, demandante y apelado, v. Nimaca Shoe Factory, demandado y apelante.
    No. 4151.
    Visto: Enero 17, 1927.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    1. Arrendador y Arrendatario — Acción de Viodver a Entrar en y Recobrar la Posesión hor el Propietario — Desahucio—Apelación—Desestimación —Depósito o Consignación de Cánones Vencidos al Interponerse el Re-curso. — No 'puedo quejarse un arrendador apelado do que el apelante en un caso de desahucio no ha depositado los cánones vencidos del arrendamiento, cuando el arrendatario se los envió en cheques certificados y él los aceptó aunque después se limitara a retener los cheques sin hacerlos efectivos.
    2. Arrendador y Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en y Recobrar la Posesión por el Arrendatario — Desahucio—Apelación—Desestimación —Depósito o Consignación de Cánones Vencidos al Interponerse el Re-curso. — Cuando el arrendador se niega a recibir el precio del arrendamiento después de iniciada acción de desahucio y antes de dictarse sentencia en la misma, el pago hecho por consignación en la corte' que tiene jurisdicción por razón de la cuantía, es eficaz.

      Moción sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Sin lugar.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; Francisco Soto Oras y Salvador Suau, abogados del apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de desahucio y se solicita la desestimación del recurso de apelación establecido contra la sentencia dictada en’ el mismo por no haberse depositado en forma por la demandada y apelante los cánones de arrendamiento vencidos a la fecha de la apelación.

Según la moción el desahucio se fundó en la falta de pago del arrendamiento correspondiente a los meses venci-dos el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 1926, ascen-dentes a trescientos dólares en junto. Mientras se tramitaba el pleito, venció el canon de noviembre. Se dictó sentencia, favorable al demandante y la demandada apeló el 29 de diciembre de 1926, consignando al día siguiente la suma de ciento cincuenta dólares correspondientes al mes de su fe-cha. Sostiene el apelado, en resumen, que la apelante dejó-de depositar los cánones vencidos a la fecha de la apelación correspondientes a los meses de septiembre, octubre y no-viembre de 1926.

Si lo alegado por la parte apelada fuera cierto, no habría, duda alguna de que esta corte no habría adquirido jurisdic-ción para conocer del recurso, de acuerdo con lo precep-tuado en la sección 12 de la Ley de Desahucio de 1905. Pero la apelante sostiene que no lo es.

Aunque reconocemos que el caso es peculiar, a nuestro juicio no puede sostenerse dadas las resultancias de los autos, que se haya dejado de cumplir con la ley que exige el pago al arrendador o la consignación o depósito a su favor de los cánones de arrendamiento vencidos al interponerse el recurso.

Debe, aclararse que no se trata aquí de investigar y resolver si los cánones de septiembre y octubre se pagaron o no a sn debido tiempo. Eso es lo que constituye el fondo, del pleito. Lo que hay que tener en cuenta es si a la fe-cha de la apelación el apelante había pagado al apelado dichos cánones o los había depositado a su favor, y esto apa-rece suficientemente demostrado.

Se ha traído a los autos de la apelación una copia certi-ficada de una carta escrita por el apelado a la apelante el 3 de noviembre de 1926 presentada como prueba en el pleito de desahucio y en la que, no obstante las reservas que es-' tablece, el apelado termina diciendo:

"En tocio caso mi intención al aceptar el pago ele los arrenda-mientos vencidos y no pagados en su oportunidad, no es la de renun-ciar con dicha aceptación al derecho que tengo a desahuciar a ustedes y a la demanda que ha sido radicada y con esa salvedad y así clara-mente expuesta mi intención es que únicamente acepto y cobraré el cheque mencionado, pues de lo contrario no lo aceptaría ni lo cobra-ría y recurriría a una acción de cobro de dinero, en perjuicio de los intereses de esa corporación, pero en defensa de los míos propios.”

Parece que el apelado se limitó luego a hacer certificar los cheques sin cobrarlos, pero él no puede decir ahora, des-pués de su carta, que no los aceptó, ni invocar la falta de pago para pedir la desestimación • del recurso.

El pago del arrendamiento de noviembre también se de-muestra suficientemente a nuestro juicio. Venció cuando se estaba tramitando el litigio. No había recaído aún senten-cia final. Trató la apelante de pagarlo al apelado. No pudo y recurrió al procedimiento de pago por consignación. Acudió a la corte municipal que tenía jurisdicción por ra-zón de la cuantía y se ha traído a los autos de la apelación copia certificada de la resolución judicial declarando bien hecha la consignación de ciento cincuenta dólares a disposi-ción del apelado en pago del repetido canon de arrenda-miento correspondiente a noviembre, y de su notificación al apelado.

Debe declararse no haber lugar a la desestimación del recurso.


author: El Juez Asociado Señok Franco Soto,

text:
    P. Millón & Co., Sucesores, demandante y apelante, v. R. Caamaño y Manuel García, demandados y apelados.
    No. 4090.
    Visto: Enero 26, 1927.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    Desistimiento t "Non Suit" — Involuntario—Casos que se Dejan de Prose-guir — Inoómp aeecencía del Demandante en el Juicio. — Cuando un deman-dante deja de comparecer en el juicio y no media una reconvención o con-trademanda, la corte no tiene jurisdicción para rendir una sentencia sobre los' méritos, ya a favor o en contra del demandante, sino para desestimar o ■tener por abandonado al demandante de su demanda.
    Sentencia de Luis Samalea Iglesias, J. (Arecibo), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada, teniéndose por desistido al demandante de su 'demanda, sin costas.

      José G. Torres y Garlos del Toro Fernández, abogados del apelante; José A. Vargas y Luis Mercader, abogados de los demandados.
   El Juez Asociado Señok Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito en cobro de nn pagaré, alegando la mercantil demandante liaber sido suscrito a sn orden por los demandados, solidariamente.

El pagaré se copia en la demanda y los demandados E. Caamaño y Mannel García, separadamente, impugnaron bajo juramento sn autenticidad. La demandante a sn vez exeep-cionó las contestaciones de los demandados por el motivo de ser ambiguas, ininteligibles o dudosas. La corte deses-timó las excepciones así como la eliminación que al mismo tiempo solicitó la demandante en defecto de tener éxito sus excepciones.

Más luego se llamó el caso para el juicio y no babiendo comparecido la demandante, los demandados pidieron que se celebrara el juicio y se dictara sentencia sobre los méri-tos. La corte inferior así procedió, recibió la prueba que ofrecieron los demandados y finalmente dictó sentencia de-clarando sin lugar la demanda.

El artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil dice:

“Se podrá desistir de una demanda, o declararse abandonada en los casos siguientes: v
"1. Por el mismo demandante en cualquier tiempo antes del jui-cio, previo pago de costas; salvo que mediase una reconvención, o que el demandado en su contrademanda o en la contestación, hubiere solicitado alguna resolución a su favor. Si se hubiese acordado al-guna medida provisional deberá, el secretario entregar el documento de la fianza al demandado, quien podrá proceder contra el importe de la misma.
“3. Por la corte, cuando el demandante deje de comparecer en el juicio, y compareciendo el demandado, pida que se declare a aquél desistido. ’'

De acuerdo con el inciso 3 lo que debieron pedir los de-mandados y así haberlo acordado la corte, no habiendo com-parecido la demandante y no mediando una reconvención o contrademanda, es haber tenido por desistido a la deman-dante y no proceder sobre los méritos del pleito. Bajo estas circunstancias, la corte inferior no tenía jurisdicción para rendir una sentencia decidiendo sus méritos, ya a favor o en contra de la demandante. 9 E.C.L. 209.

Señala además como error la demandante haberse deses-timado las excepciones a las contestaciones. Este error no existe. Aun cuando las alegaciones de los demandados son algo confusas, de ellas se desprende en sustancia que ellos negaron la autenticidad del pagaré que se copia en la de-manda porque alegan haber sido otro documento distinto el que firmaron bajo diferentes condiciones. Se puede enten-der de ambas contestaciones que el verdadero documento no era exigible a la presentación de la demanda y que el demandado García lo suscribió en su carácter de testigo y no como deudor solidario.

Por todo lo expu,esto debe revocarse la sentencia y dic-tarse otra teniendo por desistido a los demandantes de su demanda, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Frabtco Soto,

text:
    P. Millón & Cía., Sucesores, demandantes y apelantes, v. R. Caamaño y Manuel García, demandados y apelados.
    No. 4025.
    Visto: Diciembre 9, 1926.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    Nuevo Juicio — Fundamentos—Sorpresa, Accidente, Inadvertencia o Error — ' Accidente que la Prudencia no Pudo Prevenir — Enfermedad de Uno de los Abogados de Récord. — La enfermedad do uno de los abogados de réeord como ‘ ‘ accidente que la verdadera prudencia no pudo prevenir ’ ’ es alega-ción más bien para ser considerada dentro de las prescripciones del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y no como base para serlo en moción para nuevo juicio.
    BesoluciÓN de Luis Sam alea Iglesias, J. (Arecibo), declarando sin lugar moción de nuevo juicio.

      Modificada y así modificada, con-firmada.

      José G. Torres y Garlos del Toro Fernández, abogados del apelante; José A. Vargas y Litis Mercader, abogados de los demandados.
   El Juez Asociado Señor Frabtco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Las circunstancias de este caso son idénticas a las que se relatan en el caso No. 4090 que hemos resuelto en el día de hoy. Les separa únicamente, el que, en aquel caso se apeló de la sentencia y en el presente la apelación se esta-blece contra la resolución qne denegó la solicitud de un nuevo juicio. Esta última circunstancia no varía, sin embargo, para que le sean aplicables los motivos consignados en la opinión emitida en dicho caso No. 4090.

No parece innecesario significar además qne la alegación del demandante qne se .refiere a la enfermedad de uno de sus abogados del récord, como “accidente que la verdadera prudencia no pudo prevenir” era más bien para ser consi-derada dentro de las prescripciones del artículo 140 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y no como base para serlo en una moción para un nuevo juicio.

En este caso, por tanto, debe modificarse la resolución apelada, añadiendo las siguientes palabras: “y se concede a la parte demandante permiso para presentar una solicitud enmendada basada en el artículo 140 del-Gódfigo de Enjui- ciamiento Civil dentro del término de treinta días contados a partir del 5 de mar so de 1927.”

El Juez Asociado Señor HntcMson no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    The Mayagüez Light, Power and Ice Company, Inc., demandante y apelada, v. Enrique O. Green y Juan Rullán, demandados y apelantes.
    No. 3928.
    Visto: Junio 22, 1926.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    1. Corporaciones Munioipales — Administración Fiscal (Fiscal Management), Deuda Pública, Garantías (Securities) y Contribuciones — Contribución u Otras Rentas y Aplicación de las Mismas — Contribuciones Cuyo Ob-jeto o Materia ha Sido Objeto de Impuesto, Arbitrio o Contribución Federal o Insular — Ventas de Artículos Objeto de Comercio. — Gravada la venta de determinado artículo por la Legislatura Insular, los municipios no pueden gravarla otra vez por medio de una ordenanza.
    2. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Imposición de o Condena en Costas — En General. — Entablada demanda de injunction contra unos funcionarios municipales — tesorero y alcalde — para impedirles el cobro de cierta contribución impuesta por una ordenanza municipal y resuelto el caso contra ellos sin que so demostrara temeridad por parte de dichos funcionarios, no cabe condenarlos al pago de costas. *
    SENTENCIA ele Charles F. Foote, J. (Mayagüez), declarando con lugar demanda de injunction, con costas.

      Confirmada en cuanto de-clara nula la ordenanza y revocada en su pronunciamiento' de costas.

      Ángel A. Vázquez, abogado de los apelantes; José Tous Soto, abo-gado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Mayagüez Light, Power and lee Company, una cor-poración puertorriqueña que tiene su oficina principal en la ciudad de Mayagüez y que se dedica, entre otros negocios, al de fabricación y venta de hielo, al por mayor y al detall, radicó una demanda de injunction en' la corte de distrito competente contra Enrique O. Green y Juan Bullón, como tesorero y alcalde, respectivamente, del municipio de Maya-gñez, en solicitud de que se prohibiera a dichos funciona-rios el cobro de cierta contribución impuéstale por una or-denanza municipal.

Excepcionaron y contestaron los demandados. Se cele-bró una vista en la que ambas partes practicaron prueba, y sometido el caso finalmente a la corte ésta lo resolvió en contra de los demandados quienes apelaron señalando en su alegato cinco errores cometidos, a su juicio, por la corte, 1, al desestimar la excepción de indebida acumulación de par-tes demandadas, 2, al desestimar la excepción de ambigüe-dad, 3, al desestimar la excepción de falta de becbos deter-minantes de la acción ejercitada, 4, al declarar con lugar la demanda estimando la prueba practicada suficiente, y 5, al imponerles las costas.

La resolución del caso depende de si es nula o no en sí misma o aplicada a la demandante la Ordenanza Municipal de Mayagüez aprobada en febrero 1 de 1926, imponiendo un arbitrio o contribución de cinco centavos por cada quin-tal de bielo que se venda en el municipio.

Discutiremos los errores tres y cuatro conjuntamente, esto es investigaremos si las alegaciones y las pruebas examinadas a la luz de la ley y la jurisprudencia demuestran o no la nulidad indicada.

Parece conveniente comenzar transcribiendo la parte que sigue de la opinión emitida por la corte de distrito para fundar la sentencia apelada. Es así:

“La demandante impugna la validez de dicha ordenanza por va-rios fundamentos, entre ellos, que la contribución que impone dicha ordenanza no es uniforme, que impone una doble contribución, que 'se ha decretado y aprobado por la Asamblea Municipal de Maya-güez sin facultad ni poder alg'uno para ello y en contra de la Ley y que el tipo de contribución es confiscatorio. Se alega en la de-manda y se acepta en la contestación que la demandante paga al Municipio de Mayagüez una contribución por volumen de su nego-cio de hielo, de acuerdo con la ley aprobada por la Asamblea Legis-lativa de Puerto Rico, con el número 26, en 28 de marzo de 1914, que lo comprende en el grupo ‘A’ de su sección (2). Dicha ley dispone que la contribución establecida por la misma, que designa como patente, se pagará sobre la base de volumen de los negocios, entendiéndose por esto los ingresos brutos que tengan en cualquier Municipio, el negocio o industria, sin tenerse en cuenta sus ganan-cias o beneñcios, que se determinan por el importe de las ventas, tra-tándose de tiendas, casas de comercio u otras industrias. La orde-nanza aprobada por el Municipio de Mayagüez impone un arbitrio o contribución Municipal de cinco centavos por cada quintal de bielo que se venda en la Ciudad o Municipio de Mayagüez. Y las reglas dictadas por el Tesorero y aprobadas por el Alcalde en cum-plimiento de la Ordenanza, imponen la obligación a todo el que ven-diere al público hielo en la Ciudad de Mayagüez, de rendir el día último de cada mes una declaración jurada que contenga exacta-mente el número de quintales de hielo que hubiere vendido dúrante dicho mes. Por estas disposiciones se ve claramente que la llamada Ley de Patentes y la citada Ordenanza Municipal de Mayagüez im-ponen su contribución sobre un mismo objeto, le sirve una misma materia de fuente contributiva y establecen, por consiguiente, una doble contribución. Además los negocios e industrias comprendidos en cualquiera de los grupos enumerados por la Ley de Patentes de 1914, no pueden ser objeto de ninguna otra contribución Municipal, así como tampoco pueden serlo ninguno de los elementos constitu-yentes y esenciales de dichos negocios e industrias. (Sucesión de Fantauzzi v. Municipio de Arroyo, 295 U. 'S. Fed. II., 803.) En el único precepto legal que se podía amparar la Asamblea Municipal de Mayagüez para imponer la contribución citada por dicha Orde-nanza, es en el apartado F del artículo 43 de la Ley Municipal (página 727, Leyes 1925), en el que se dispone que los ingresos Mu-nicipales se constituirán de cualquier impuesto, arbitrio o contribu-ción que se decrete por la Asamblea Municipal, siempre que su ob-jeto o materia no haya sido objeto de algún impuesto, arbitrio o contribución Federal o Insular. Pero ya en el citado caso de Fan-tauzzi la Corte de Circuito de apelaciones, Primer Circuito resolvió que esta facultad de imponer contribuciones los Municipios se refe-ría a negocios o industrias que no hubieran estado comprendidos en la Ley de Patentes de 1914, y nosotros ahora añadimos, siguiendo la letra clara, y el espíritu de dicho precepto legal, que dicha facul-tad Legislativa no podrá ponerse en práctica cuando la materia u objeto de la contribución, arbitrio, o impuesto Municipal haya sido objeto de algún impuesto, arbitrio o contribución Federal o Insular. En este caso la materia u objeto del impuesto creado por la impugnada ordenanza Municipal de Mayagüez, es la venta de hielo. Pero esta misma materia ya ha sido objeto de la Ley de la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico sobre Rentas Internas, aprobada con el número 85 en la última Legislatura de 1925, que en su sección sexta impone una contribución del 2% sobre el precio o valor de las ventas diarias de cualesquiera artículos u objeto de comercio, que no tuvieran especificados en la sección 16 de dicha Ley, o exentos de contribución según lo dispuesto en la misma. El hielo no está es-pecificado en la sección 16, pero en las excepciones, que figuran en el artículo 83, se declaró exenta del pago de dicha contribución la venta de víveres, comestibles y productos alimenticios. Si el hielo no es un producto alimenticio, entonces está comprendido en la Ley de Ventas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y no puede ser materia u objeto de contribución alguna Municipal. Y si el hielo es un artículo alimenticio, ha sido expresamente eximido de contribución sobre su venta por la misma Ley de la Legislatura, y no puede ser gravado, en violación de dicha disposición por una Asamblea Municipal cuyos poderes emanan del poder-Legislativo Insular y cuyas ordenanzas y resoluciones no pueden estar en con-flicto con las Leyes de la Legislatura.”

¿Qué demostró la prueba? Sólo dos testigos declararon: Bodolfo Vera, por la demandante, y Enrique O. G-reen por los demandados. El primero dijo q.ue la demandante ade-más de a la fabricación se dedicaba a la venta de hielo fa-bricado, al por mayor y al detall; que la 'demandante es la-única que se dedica a ese negocio en Máyagüez; y que el impuesto de cinco centavos por quintal,- dado el precio a que se vende el hielo representa un siete por ciento del pro-ducto bruto de las ventas. Y Green manifestó que como Tesorero que es del municipio recibe las declaraciones sobre el volumen de los negocios; que recibió la de la deman-dante por generación de luz eléctrica y fabricación de hielo, por venta de hielo no. Bepreguntado: ¿Pero de acuerdo con la ley no debería involucrarse?, contestó: “Hoy no están in-volucrados; están aparte, en el libro de patentes municipa-les que yo llevo, pues -está una patente por hielo simple-mente, otra por luz eléctrica y otra por venta de efectos eléctricos”. Vuelto a repreguntar, “¿Ud. fambién tiene da-tos en su oficina de cuál es el volumen de cada uno de los negocios a que se dedica la Mayagüez Light and Ice-Co.?”, contestó: “Si, señor, para este año tengo por ejemplo, la electricidad con ciento diez y nneve mil dólares, el volumen ciento diez y nueve mil dólares y el volumen del negocio del hielo con sesenta mil pesos.” T el testigo contestó además que por cada negocio la demandante pagaba una patente distinta.

Según la opinión que del caso hemos formado no es ne-cesario estudiar todos los motivos en que basó su sentencia la corte de distrito para resolver si están o no bien funda-dos. A nuestro juicio la sentencia se sostiene claramente por el último, a saber: una vez que la Legislatura por vir-tud de la Ley No. 85 de 1925 sobre contribución sobre ven-tas había cubierto el campo que invadió el municipio por su ordenanza de febrero 1, 1926, la actuación del último no puede prevalecer.

La sección 62 de la citada Ley No. 85 de 1925, dice:

“Se impondrá y cobrará sobre las ventas de cualesquiera artícu-los objeto de comercio, que no estén especificados en la sección 16 de esta Ley, o exentos de contribución según lo dispuesto en la misma, una contribución del dos (2) por ciento sobre el precio o valor de las ventas diarias, bien de contado o bien a crédito, de dichos artículos, la cual contribución deberá pagar al final de cada mes la persona que haya efectuado dichas ventas.”

Se acepta que la venta de hielo no está exenta y como tampoco está especificada en la sección 16, es necesario con-cluir que está gravada por la ley insular.

La ley y la ordenanza gravan, pues, la misma materia. Pueden subsistir ambos gravámenes? En el caso de que no puedan ¿cuál de ellos debe prevalecer?

Para sostener que ambos gravámenes pueden subsistir citan los apelantes la decisión de esta corte en el caso del Pueblo v. Central Los Caños, 35 D.P.R. 28.

En efecto, en dicho caso, esta corte dijo:

“La Legislatura Insular en 1920 autorizó a los municipios por •su Ley No. 9 de ese año, artículo 49, apartado f, para imponer ar-bitrios siempre que el objeto o materia de la contribución no lo fuera de algún impuesto federal o insular; y el beclio de que la legisla-tura concediera a los municipios el derecho de imponer esa contribu-ción no la privó de su derecho para imponerla también. Bn Cooley sobre Tasaciones, vol. 4 p. 1705, se dice lo siguiente: ‘Las contribu-ciones impuestas a los fabricantes son generalmente arbitrios (excise). En un tiempo, durante la Guerra Civil, casi todas las in-dustrias estuvieron sujetas a contribución por el Gobierno Federal, pero sólo algunas son tasadas ahora por la nación o por los estados. Cualquiera de ellas o todas pueden ser impuestas por ambos.’ Ni la imposición de la contribución por la legislatura que pueda consi-derarse como una contribución adicional, crea una doble contribu-ción porque uno de los requisitos para que exista la doble contribu-ción es que sea impuesta por el mismo estado o gobierno, y en el tomo primero de la misma obra se contiene la siguiente nota: ‘4. No existe doble contribución cuando una contribución la impone un estado y la otra contribución un condado o un municipio. Com. v. Hillside Cemetery Co., 170 Pac. Stat. 227-228, 32 Atlantic 404.’ Y en el caso de El Pueblo v. Garzot, 24 D.P.R.. 236, hemos dicho ci-tando también el tratado de Cooley, que las autoridades son claras en cuanto a que el mero hecho de que una contribución sea doble no afecta su validez, a menos que funcione de un modo desigual sobre la misma clase o clases de la comunidad, y que la cuestión de si debe o no haber una doble contribución generalmente es una cuestión que pertenece a la discreción de la legislatura misma.”

Como puede verse la decisión de esta corte en sí misma sólo es autoridad para sostener la contribución impuesta por la Legislatura Insular. Y las citas que contiene no son aplicables dados los términos en que están redactadas las leyes de Puerto Pico y la interpretación dada a las mismas tanto por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito como por la Corte Suprema Nacional e'n los casos de Sucesión Fantauzzi v. Municipio de Arroyo, 295 Fed. 803 y Cami v. Central Victoria, 268 U. S. 468.

Los otros fundamentos de la excepción previa, no requieren un detenido estudio. Sólo examinaremos la cuestión de costas. Creemos que los apelantes tienen razón. En su alegato la parte apelada se limita a decir:

“La Corte inferior se ha ajustado estrictamente a la ley y a la jurisprudencia. Ha ejercitado a nuestro juicio, rectamente su dis-creción. ’ ’

Por el contrario estimamos de peso las razones alegadas por los apelantes a saber:

“Es cierto que los demandados se opusieron a la demanda y fue-ron a juicio, pero no debemos perder de vista el becho de que ellos fueron demandados en su carácter oficial de Tesorero Municipal y Alcalde, respectivamente, del Municipio de Mayagüez para que se les prohibiera la ejecución de una Ordenanza aprobada por la Asam-blea Municipal.
“Ellos no podían allanarse a la demanda ni dejar de contestarla, Art. 29 de la Ley Municipal vigente, porque para tal cosa no tenían el consentimiento de la Asamblea Municipal.
“Y siendo ello así, no puede estimarse que por parte de los de-mandados haya habido temeridad en este asunto, por lo cual la con-dena de costas, es, a nuestro entender, una medida demasiado rigu-rosa de la Hon. Corte Sentenciadora.”

A nuestro juicio no era éste un caso propio para la im-posición de costas, y en tal virtud debe revocarse la senten-cia apelada en cuanto por ella se impusieron las costas a los demandados y confirmarse en■ todos sus demás pronun-ciamientos.


text:
    Cárlos J. Tórres, peticionario y apelante, v. Asamblea Municipal de San Juan, Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 4037.
    Visto: Noviembre 16, 1926.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    Mandamus — Materias y Objetos del Remedio — Actos o Procedimientos de Funcionarios Públicos, Juntas o Municipalidades — Cuestiones Discre-cionales. — Las asambleas municipales, al ejercer la facultad que les concede la sección 22 de la Ley Municipal como quedó enmendada en 1925 (p. 699) para cubrir o no una vacante existente en dichos organismos, actúan discre-cional y no ministerialmente y su actuación no puede controlarse por auto de mandamus. La mencionada ley establece el procedimiento a seguir cuando las asambleas dejan de o se niegan a nombrar el candidato propuesto por el comité local del partido.

      SbntbnCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lugar petición de mandamus, sin ‘costas.

      Confirmada.

      Carlos J. Torres, abogado del peticionario; Rafael Martínez Nadal, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Doctor Martínez Roselló, miembro de la Asamblea Municipal de San Juan, elegido por el pueblo, renunció sn cargo. Pertenecía al Partido Constitucional Histórico. El Comité local de dicho Partido, dentro del término de ley, propuso para sustituirlo a Carlos J. Torres. La asamblea se negó a nombrarlo. Torres estableció un procedimiento de mandamus. Contestó la asamblea. T la corte de dis-trito declaró finalmente no haber lugar a ordenar a la asam-blea que nombrara al peticionario. No conforme éste in-terpuso el presente recurso de apelación.

Toda la cuestión a estudiar y a resolver gira alrededor de la interpretación que debe darse a la sección 22 de la Ley Municipal, tal como fue enmendada en 1925, Leyes de 1925, p. 699.

Sostiene el apelante que la corte de distrito erró al no seguir la doctrina establecida por esta Corte Suprema en el caso de Tórres v. Guánica, 33 D.P.R. 349.

En dicho caso se decidió en efecto lo que sigue que hay que convenir que es enteramente favorable a la contención del apelante. Es así:

“Ratificando la doctrina establecida en Piovan&tH v. Paz, 28 D.P.R., 337, se resolvió en el presente caso: que el poder de nombra-miento de la asamblea municipal para cubrir vacantes de sus miem-bros es meramente subsidiario. La designación la hace principal-mente el pueblo por conducto del organismo local del partido polí-tico a que pertenece el miembro saliente. Al hacer, pues la sustitu-ción, la asamblea actúa ministerial y no discrecionalmente. La en-mienda introducida al artículo 22 de la Ley Municipal de 1919 des-pués de la resolución de Piovunetti v. Paz (supra) no afectó la doctrina de dicho caso.”

Pero como dice el juez sentenciador en la opinión qne emitiera para basar su sentencia, esa jurisprudencia se es-tableció antes de la enmienda de 1925.

¿En qué consistió dicha enmienda? En adicionar a la Ley lo. que sigue:

“Cuando el organismo director local que deba hacer la propuesta no lo hiciere dentro de los cinco días de ocurrir la vacante- o la asam-blea municipal en su primera sesión ordinaria o extraordinaria no cubriere la vacante con la persona propuesta, entonces dicha va-cante será cubierta por el G-obernador de Puerto Rico con la apro-bación del Senado Insular a propuesta del presidente del comité directivo central del partido que eligió el miembro cuya vacante debe cubrirse.”

Descartando la cuestión del término ya que se' alega en la solicitud y no se impugna en la contestación' que la pro-puesta se hizo por el comité local del partido dentro del plazo de ley, y limitando nuestro estudio a la segunda parte de la enmienda, diremos que estamos enteramente confor-mes con el criterio de la corte de distrito expuesto en su opinión así:

“Pero existe otra situación especial, y es la siguiente: ‘cuando la Asamblea Municipal en su primera sesión ordinaria o extraordi-naria no cubriere la vacante con la persona propuesta’. Al ocurrir esto, la Ley dice claramente que se hará lo siguiente: ‘entonces dicha vacante será cubierta por el Gobernador de Puerto Rico, con la aprobación del Senado Insular, a propuesta del Presidente del comité directivo central del partido que eligió el miembro cuya vacante deba cubrirse’. Es decir, que existiendo una vacante en una asamblea municipal, y siendo propuesto un nombre por el comité local corres-pondiente para cubrir dicha vacante, si ésta no fuere cubierta con la persona propuesta por el. comité local, entonces, de acuerdo con la disposición clara y terminante de la Ley, esa materia queda por completo fuera ya de la jurisdicción y autoridad del comité local del partido y de la Asamblea municipal correspondiente, y pasa a crear una situación que viene por mandato de la misma Ley a re-caer en manos de otro funcionario a quien la Ley le impone la obli-gación de solucionarla. Eso es lo que de los términos del precepto' a que nos hemos referido claramente se desprende.”

Si la ley conservó los anteriores casos, a saber: “cuando por empate en la votación o por encontrarse vacante varios puestos o por baber renunciado varios miembros de la asam-blea no hubiere quorum” y agregó el de que la asamblea no cubriere la vacante en la primera sesión ordinaria o ex-traordinaria que celebrase después de la propuesta del or-ganismo local del partido, claro es que implícitamente reco-noció a dicho cuerpo la facultad para actuar en un sentido o en otro y el ejercicio de esa facultad no puede controlarse por un auto de mandamus. La asamblea puede por mera negligencia o de propósito dejar de actuar sobre la proposi-ción. Puede también negarse abiertamente a aceptarla. En todos dichos casos queda sin cubrir la vacante y termina la acción del comité y la asamblea. El caso está previsto en la ley, correspondiendo entonces decidirlo al Presidente del Comité Central del Partido y al Gobernador de la Isla. Los principios del gobierno' popular se conservan. Primero se da la oportunidad a los organismos elegidos directamente por los miembros del partido en la comunidad local y. por el pueblo de la misma. Cuando su actuación se hace impo-sible, por estar en desacuerdo, no cabe ahora como antes obligar a la asamblea a ejecutar la voluntad del comité local, sino que la decisión del caso pasa de la comunidad local a la insular, esto* es, al Presidente del Comité Central del Partido y al Gobernador del Pueblo con la aprobación del Senado.' Eso' es todo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: ®l Juez PeesideNte Señob del Tobo,

text:
    María Echevarría Viuda de Subirá, Concepción Subirá y su esposo Manuel A. Frau, y Providencia Subirá y suesposo Salvador Pereyó, demandantes y apelados, v. Rafael Saurí, demandado y apelante.
    No. 4169.
    Visto: Febrero 14, 1927.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    3. Apelación y Error — Récord y Procedimientos -que no Están en Bécwrd— Envío, Radicación, Impresión y Servicio de Copias — Término para Ba-DICAE EL “TRANSCRIPT” DEL BÉCORD — COMPUTACIÓN DEL TÉRMINO.-El tér-mino j>ara radicar el transcript de apelación comienza a eorrer desde la fecha en que se archiva la notificación del escrito de apelación con el secretario y no desde aquélla en que se notifica a la parte contraria.
    2. Apelación t Error — Bécord y Procedimientos que no Estén en Bécord— Envío, Badicación, Impresión y Servicio de Copias — Badicación Fuera del Término y Efecto — Desestimación—Badicación Posterior a la Moción de Desestimación.- — Archivada moción de desestimación, notificada a la parte contraria, una hora antes que la transcripción de autos, el archivo de ésta no constituye la contestación eficaz a que se refiere la Begla 58 del Supremo.
    3. Apelación y Error — Bécord y Procedimientos que no Estén en Bécord— Envío, Badicación, Impresión y Servicio de Copias — Término para Ba-dicar el “Transcript” del Bécord — Computación del Término — Exis-tiendo Transcripción Taquigráfica. — Cuando existe una transcripción ta-quigráfica, el término de 30 días para archivar el transcript de apelación comienza a correr desde la fecha en que aquélla se apruebe por el Juez.
    4. Apelación y Error — Bécord y Procedimientos que no Estén en Bécord — ■ Envío, Badicacj-ón, Impresión y Servicio de Copias — Badicación Fuera del Término y Efecto — Desestimación—En General. — Tratándose de un día en el vencimiento del término para radicar el transcript de apelación y de horas en la notificación de una moción de desestimación, la Corte Suprema, en el ejercicio de su discreción, no desestimará el recurso.
    MocióN sobre desestimación de apelación presentada por los apela-dos.

      Sin lugar.

      Yordán Dávila y Pérez Marchand, abogados del apelante; Henry '<?. Molina, abogado de los apelados.
   ®l Juez PeesideNte Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso de apelación in-terpuesto en 'este caso porque la transcripción no se archivó en tiempo. Sostiene la parte apelada qne la apelación se interpuso el 4 de enero, 1927, y como el 4 de febrero no se había radicado la transcripción, es evidente que había trans-currido el término de treinta días que fija la ley, y el re-curso no puede en tal virtud proseguirse. La moción de desestimación se archivó en la secretaría de esta • corte el 5 de febrero actual alrededor de las once de la mañana. Al pie de la moción se hace constar qne se notificó por correo depositando el sobre en la oficina de San Juan, P. B., el propio 5 de febrero dirigido a los abogados del apelante residentes en Ponce, P. B.

La parte apelante se opuso, 1, porque la apelación se estableció el 5 de enero y por tanto el término para archi-var la transcripción vencía el 5 de febrero, en qne fné en' efecto archivada; 2, porqne annqne así no. fñera, la trans-cripción se archivó antes de qne la moción de desestimación se notificara al apelante, y porqne en todo caso los treinta días no deben contarse a partir del 5 de enero sino del 1 de febrero en qne la transcripción taquigráfica fné aprobada por el juez.

Los motivos de oposición primero y segundo no están bien fundados.

Es lo cierto qne el término comenzó a correr el 5 de-enero y no el 4 en que se notificó a la parte contraria, por-qne la apelación debe entenderse que se estableció cuando-se archivó la notificación, con el secretario y dicho acto se-realizó el 5, pero aún así el término venció el 4 de febrera porque el mes de enero tenía treinta y un días.

También es cierto qne constituye una buena defensa el que la transcripción esté archivada antes -de la moción de desestimación aunque hubiere vencido el término de ley y que el punto de partida es la notificación al apelante (Pórtela v. Viera, 31 D.P.R. 413), pero la moción se archivó en secretaría el día cinco de febrero una hora antes que la transcripción y contiene una afirmación bajo- juramento de haber sido notificada al apelante.

El motivo tercero está 'bien fundado. De acuerda con la ley y las reglas de la corte, existiendo como existióaquí una transcripción taquigráfica, el término para archivar la transcripción de los autos no comenzó a correr el 5 de enero sino el 1 de febrero cuando la transcripción taquigráfica fué aprobada por el juez.

Se sostuvo en el acto- de la vista de la moción por el abogado de la parte apelada que habiéndose fallado esto pleito sobre las alegaciones, la transcripción taquigráfica era innecesaria, pero el propio abogado manifestó que se había practicado prueba en relación con cierto injunction prelimi-nar aunque dijo que tal injunction nada tenía que ver con las qnestioues envueltas en la apelación. '

La transcripción está ya en esta corte. Consta de cien páginas. Se tramitó con la intervención de la parte ape-lada y ésta no obtuvo, ni siquiera pidió que fuera eliminada.

No estamos convencidos de que dicha transcripción sea innecesaria para resolver el recurso y pocas veces se ra-dican las transcripciones con la rapidez con que se ha radi-cado la de este caso.

Siendo ello así, por lo menos, por ahora, deberíamos declarar no haber lugar a la desestimación, pero deseamos decir además que tratándose de un día en el vencimiento del término y de horas en la notificación de la moción, y no siendo el término jurisdiccional, la corte, en el ejercicio de su discreción, declararía siempre no haber lugar a desestimar el recurso aunque las pruebas practicadas fueran innecesarias para resolverlo. Gandía v. Pizá, 17 D.P.R. 337.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Américo Rodríguez, peticionario y apelante, v. La Junta de Subasta y La Asamblea Municipal de Mayagüez, recurridas y apeladas.
    No. 4030.
    Visto: Diciembre 10, 1926.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    1. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Personas oon Derecho a Revi-sión por Certiorari — Estoppel del Peticionario. — Cuando una persona toma parte eomo lidiador en una subasta, ronunda a las irregularidades que puedan existir en las actuaciones anteriores a dicha subasta y está impedida de atacar dichas actuaciones, especialmente en ausencia de alegación al efecto de que sufriera perjuicio alguno.
    2. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Actuaciones de Juntas y Muni-cipalidades — Actuaciones Discrecionales — Adjudicación de Buena Pro en Subasta Municipal. — Cuando la facultad de una junta municipal de adjudicar la buena pro do una subasta es discrecional, los tribunales no tieuen acción en tal asunto a menos que se demuestre un abuso manifiesto de esa facultad.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Mayagüez-), declarando-sin lu-gar petición de certiorari, con costas.

      Confirmada.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del apelante; Amador Ramírez Silva y O. Souffront, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Américo Rodríguez fué licitador en una subasta cele-brada para suministrar 1,600 contadores para agua al muni-cipio de Mayagüez en la que se adjudicó la buena pro a otro de los Imitadores, y estableció recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra la Junta de Subasta y contra la asamblea municipal de dicüa ciudad con el fin de que fuese anulada esa subasta. La corte de distrito expidió el auto solicitado y después de examinar las actuaciones que tuvieron lugar para la misma declaró sin lugar la petición anulando el auto expedido, con impo-sición de costas al peticionario, quien interpuso esta apela-ción.

Pocos días antes del señalado para su vista en este tribunal nos presentó la parte apelada una moción para que no resolviésemos la apelación por carecer de finalidad prác-tica por cuanto la Asamblea Municipal de Mayagüez había anulado dicha subasta por otras razones independientes de las alegadas por el apelante, y presentó certificación li-brada por el secretario de dicho municipio creditiva de que había sido anulada esa subasta porque el Departamento del Interior le negó su aprobación por no habérsele sometido previamente las especificaciones y condiciones de ella. El apelante se opuso a esa moción alegando entre otras cosas que había sido condenado en costas.

Como hemos dicho al principio, Américo Rodríguez fué uno de los Imitadores en la subasta y al ser adjudicada la misma a otro concurrente a ella solicitó por medio de certiorari no sólo la nulidad de la adjudicación por entender que su oferta era más ventajosa pai*a el municipio sino también la nulidad de las actuaciones anteriores al acto de la subasta porque en la ordenanza acordándola no se ex-puso la naturaleza de la- operación especificando detallada-mente todos los requisitos que habían de llenarse y por no expresar el lugar donde se someterían los pliegos de propo-siciones, ni el sitio de la celebración de la subasta, ni la bora exacta de cerrarse las licitaciones, ni la de abrirse los pliegos de proposiciones y por no bacer especificación clara de cómo ban de ser las cajas de los contadores ni respecto a su instalación: pero como el peticionario no alega que por virtud de las irregularidades que expone anteriores a la adjudicación de la subasta sufrió perjuicio alguno él o la comunidad, dijo bien la corte inferior que está impedido de ataeatar los procedimientos por irregularidades que pu-dieran existir y a las cuales voluntariamente renunció al tomar parte en la subasta y por las cuales no sufrió perjui-cio alguno que afectase su derecho o condición de licitador.

El otro motivo del certiorari se funda en no haber otorgado la Junta de Subasta la buena pro a los contadores “Niagara” que ofreció el peticionario y sí a los “Hersey” ofrecidos por el licitador Bermúdez Hermanos, cuando aquéllos son de mejor o igual calidad y de más bajo precio que los “Hersey,” perjudicando así los intereses de la comunidad y al peticionario.

La sección 7'* de la ordenanza en cuestión dice que la Junta de Subasta al resolver acerca de las proposiciones que reciba no lo hará ajustándose al precio solamente y que deberá considerar la calidad y cualquier otra circunstancia beneficiosa a. los fines e intereses del municipio; sección que está de acuerdo con la Ley Municipal, que en el cuarto pá-rrafo del artículo 39 dispone que al adjudicarse el contrato al mejor postor se tendrá en cuenta no solamente el mon-tante de la oferta sino todas las condiciones y circunstan-cias que, por su naturaleza, bagan más beneficiosa la pro-posición. Por consiguiente, la facultad de adjudicar la buena pro en esa subasta es discrecional y los tribunales no tienen acción en tal asunto a menos que baya un abuso ma-nifiesto de esa facultad discrecional; y aunque el apelante alegó en su petición que bubo abuso de esa facultad discre-cional, no creemos que tal cosa surja por sí misma del he-cho de haber adjudicado la buena pro en la subasta al con-tador “Hersey,” de Bermúdez Hermanos, por ser $3.60 más caro que el “Niagara” ofrecido por el apelante, con una diferencia total en contra del municipio de $5,670, y porque según el informe que a la Junta de Subasta rindió el Director de Obras Públicas Municipales de aquella ciu-dad, de los contadores “Niagara,” “Badger,” “Neptuno,” “Nash,” y “Hersey” que podían ser admitidos, de los cua-tro primeros, después de desmontarlos y estudiarlos, le llamó su atención por su calidad y construcción interior el conta-dor “Nash” por lo que sugirió que si la junta no se deci-día por comprar el más barato, el “Niagara,” que a su en-tender no puede competir con los dos restantes, sólo cabía una comparación entre el “Nash” y el “Hersey,” que es $1.03 más caro que el “Nash” y valdría la pena esa dife-rencia por ser el último un contador probado satisfactoria-mente en esta isla por trece años: apareciendo además de dicho informe que el promedio de servicio en esta Isla del contador “Niagara” es de seis años. Después de ese in-forme, la Junta de Subasta otorgó la buena pro al contador “Hersey” y ese acuerdo fué ratificado por la asamblea municipal.

En vista de lo expuesto no resulta justificado que hubo abuso de discreción al no conceder la buena pro de la su-basta al contador que ofreció el apelante, y no se hace ne-cesario resolver si la adjudicación de la subasta debió ser aprobada o no por el Comisionado del Interior porque tal cuestión no le afecta al apelante por haber sido rechazada su proposición.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Crédito y Ahorro Ponceño, demandante y apelado, v. J. Moisés Colón, demandado y apelante.
    No. 4120.
    Visto: Febrero 3, 1927.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    Embargo de Bienes Pertenecientes ¿i Terceras Personas (Garnishment) — Per-sonas y Propiedades Sujetas a “Garnishment” — Fondos Destinados a Obras Públicas — Fondos del Contratista en Poder de Corporaciones Mu- ■ nicipales. — Aún cuando nuestros estatutos no eximen de embargo específica-mente, los fondos que, pertenecientes a un contratista y destinados a obras públicas, estén en podeT do un municipio, aquéllos no están generalmente sujetos a embargo.
    Resolución de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), declarando sin lugar solicitud para que se declarara nulo e inexistente un embargo trabado.

      Revocada.

      Carlos J. Torres, abogado del apelante; Francisco Parra Capó, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso Rizo que el mársbal embar-gara ciertos créditos pertenecientes al demandado que esta-ban en poder del municipio de Adjuntas. En una moción dirigida a la Corte de Distrito de Ponce, el demandado alegó que estaba construyendo una casa-escuela de doce sa-lones y que el mársbal babía embargado dinero perteneciente a él que estaba en poder de dicho municipio, y que necesi-taba el dinero para satisfacer el pago de los materiales y mano de obra utilizados en la construcción de dicha escuela. La corle declaró sin lugar la moción del demandado, y éste apeló.

El demandante y apelado ha presentado una moción so-licitando la desestimación del recurso porque, si bien algu-nos de los documentos elevados a este tribunal han sido certificados, incluso la demanda enmendada en el pleito, el demandado ha dejado de certificar la moción solicitando embargo para asegurar la efectividad de la sentencia y el diligenciamiento del embargo practicado por el mársbal de-mostrativo de lo que dicho funcionario hizo.

En el párrafo tercero de la moción del demandado se alegaba que en el diligenciamiento, el mársbal hizo constar que embargó $2,300 del crédito que el demandado J. Moisés Colón tenía contra el municipio de Adjuntas y a su favor, para la construcción de una escuela en dicho pueblo. De los autos y las minutas de la corte que han sido elevados a este tribunal aparece que la moción fué sometida a la corte y que se sometió el caso por virtud de dicha moción y de una estipulación al efecto de que el demandante y apelado más tarde presentaría su alegato. Bajo las circunstancias, se desprende suficientemente que el márshal en realidad em-bargó cierta propiedad que estaba en poder del municipio de Adjuntas, y si tuviéramos serias dudas en cuanto a esto, permitiríamos que el apelante certificara el diligenciamiento.

La corte inferior, al resolver la moción del demandado, dijo que por virtud del artículo 246 et seq. del Código de Enjuiciamiento Civil el demandante tenía derecho a embar-gar cualquier propiedad a menos que estuviera exenta por la ley; que el demandado no alegó que el dinero embargado era necesario para la construcción de la casa-escuela, ni que por virtud del embargo hubiera tenido que suspender la construcción de dicha escuela, y que a la corte sólo le cons-taba que al demandado se le había embargado determinada cantidad de dinero que estaba en poder del municipio de Adjuntas. Entonces la corte dijo que los casos citados por el demandado no eran aplicables. Trató de hacerse distin-ción del caso de Lamboglia v. La Junta Escolar de Guayama, 15 D.P.R. 318, por el fundamento, a nuestro entender, de que una casa-escuela ya construida o en proceso de cons-trucción no debía ni podía ser embargada porque tal embargo iría contra el orden público (public policy), pero que había cortes que permitían embargos (garnishments) contra distritos escolares, de acuerdo con los estatutos que exi-gían semejante interpretación; que en dicho caso se trataba de una casa-escuela que estaba funcionando y el embargo trataba de afectar alquileres que la junta escolar necesi-taba, no sólo para la conservación de la casa, sino para todas las necesidades de la Junta Escolar; que el caso de Fernández v. Oben, 26 D.P.R. 150, no hizo más que ratificar la doctrina sentada en el caso de Lamboglia v. Junta Escolar, supra.

La corte manifestó que en el presente caso se trataba de una casa-escuela en construcción, que no estaba abierta a la instrucción, y que el demandado adeudaba determinada cantidad dé dinero y su acreedor deseaba asegurar la sen-tencia ; y la corte preguntó si un contratista de edificios pú-blicos podía coger materiales para la construcción de un edificio o casa-escuela sin pagarlos o satisfacerlos en forma alguna, porque el dinero que había de recibir estaba exento de ejecución.

En el caso de Lamboglia, supra, el juez que suscribe disintió, según recuerda, probablemente por creer que la junta escolar en cierta forma estaba impedida de tomar la pro-piedad del demandante en dicho caso sin pagar el alquiler, pero en general nunca tuvo dudas del principio de que ge-neralmente no pueden embargarse fondos que estén en po-der de las juntas escolares y los municipios. Véase, por la relación que puede tener, la sentencia de la Corte de Dis-trito de San Juan a que hacemos referencia en nuestra opi-nión en el caso de Tórres v. Corte Municipal de San Juan, 35 D.P.R. 378. Creemos que el caso de Lamboglia esta-blece claramente que los fondos destinados a obras públicas en poder de los municipios, no pueden ser embargados salvo ciertas excepciones que no están envueltas en el presente caso.

No importa que los estatutos de Puerto Rico no eximan específicamente los fondos de un contratista que estén en poder de una corporación pública. Esta exención se deriva de la naturaleza de un cuerpo político y la importancia de terminar las obras públicas.

Debe revocarse la resolución de la corte y anularse la orden de embargo.


author: El Juez Pkestdente Señok del Tobo,

text:
    Finlay Waymouth & Lee, Inc., demandante y apelada, v. José N. Quiñones, demandado y apelante.
    No. 4067.
    Visto: Diciembre 20, 1926.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Finalidad de la Reso-lución — Providencias Especiales Dictadas Después de Sentencia — Orden Dejando sin Efecto Una Sentencia. — Una orden dejando sin' efecto una sentencia didada por abandono es una providencia espeeial dictada después do sentencia definitiva y por tanto apelable de acuerdo con el inciso 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Moción sobro desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Sin lugar.

      José N. Quiñones, abogado del apelante; Carlos J. Torres, abogado de la apelada.
   El Juez Pkestdente Señok del Tobo,

emitió la opinión del • tribunal.

Finlay Waymoutii & Lee, Inc., demandaron en la Corte de Distrito de San Juan a José N. Quiñones, en cobro de pesos. Contestó el demandado. Se señaló la vista del pleito para determinado día. No compareció el demandante y la corte, a instancias del demandado, dictó sentencia desesti-mando la demanda.

Así las cosas, pidió el demandante que se dejara siu efecto la sentencia porque su falta de comparecencia se de-bió a haberle sido imposible a su abogado llegar a tiempo por el motivo que expuso. Oyó la corte a ambas partes y finalmente dictó una orden dejando sin efecto la sentencia.

No conforme el demandado apeló de la orden para ante este tribunal y radicados los autos de la apelación el de-mandante presentó una moción solicitando la desestimación del recurso porque la orden apelada no es una sentencia definitiva.

Se oyó a ambas partes sobre la moción y el caso quedó sometido a nuestra consideración y resolución sin el benefi-cio de argumento o cita de autoridades por escrito de nin-guna especie.

Es bien claro que la orden apelada no es una senten-cia definitiva, pero el lieclio de qne no lo sea no es motivo por sí sólo para desestimar la apelación.

El número tercero del artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil otorga el recurso de apelación de muclias resoluciones que no son sentencias definitivas, entre ellas de “una providencia especial dictada después de sentencia de-finitiva. ’ ’

En este caso la sentencia que se dictó por abandono era definitiva. Por ella quedaba el pleito resuelto. ¿Consti-tuye la orden dejándola sin efecto una providencia especial dictada después de sentencia definitiva?

No se trata de una orden rehusando anular una sentencia u orden apelables por sí mismas, en cuyo caso hemos deci-dido que no cabe apelación porque el recurso debe estable-cerse contra la sentencia u orden apelables (Am. R. R. Co. v. Quiñones, 17 D.P.R. 261, 263), con las excepciones a que se refiere el caso de Hernaie, Targa y Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 110.

Por el contrario, a virtud de la orden apelada se anuló la sentencia que se había dictado en el pleito, privándose a la parte apelante de un derecho que había adquirido. Si esta Corte Suprema resolviera que la corte de distrito ha-bía procedido ilegalmente o había abusado de su discreción al dejar sin efecto su anterior sentencia, ello solo bastaría para que el fallo anterior quedara restablecido y el pleito de nuevo terminado en su primera instancia.

Las anteriores consideraciones colocan claramente la or-den apelada dentro del concepto de una orden especial dic-tada después de sentencia expresado por este tribunal desde hace muchos años, según resulta del siguiente párrafo que copiamos de, la citada decisión en el caso de Hernaiz, Targa y Co., supra:

“Esta Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Ayoroa v. Sucesión Méndez, 13 D.P.R. 286, 290, invocando lo decidido en el de Avalo Sánchez v. Sucesión Díaz, resolvió que a los efectos del número 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, se entiende por 'providencia especial aquella que lesiona un derecho al resolver sobre una cuestión no discutida en el pleito, ni resuelta por la sentencia definitiva, o que provee en contra de lo resuelto' por la sentencia.” 20 D.P.R. 109.

Debe declararse no haber lugar a desestimar la apela-ción interpuesta.


text:
    Julio Tórres, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Angel Acosta Quintero, Juez, demandado.
    No. 562.
    Sometido: Febrero 16, 1927.

      Resuelto: Febrero 25, 1927
    1. Desistimiento y “Non Suit” — Involuntario—Su Efecto en General — So-breseimiento Respecto a Uno de Varios Demandados en Acción Manco-munada v Solidaria. — En aceión que surge de una obligación mancomunada y solidaria, el sobreseimiento del pleito en cuanto a uno de los deudores, sea o no válido, no es óbice para que, si la aceión del demandante es meri-toria, éste obtenga sentencia contra el deudor emplazado debidamente.
    2. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Resoluciones u Ordenes de Tribunales Inferiores — Sobreseimiento Respecto a Uno de Varios Deman-dados — Acción Mancomunada y Solidaria. — En acción que surge de una obligación mancomunada y solidaria., aún cuando el sobreseimiento del pleito en cuanto a uno de los deudores puedo ser erróneo, si el objeto del peticio-nario es el obtener sentencia contra el sólo deudor que fué debidamente em-plazado, no habiendo perjuicio, no ha}' razón para expedir auto de certiorari para revisar la validez de la orden de sobreseimiento.
    Solicitud para que se expida auto de ceRtioRábi para revisar reso-lución de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), disponiendo el so-breseimiento de un caso respecto a un eo-demandado.

      Denegado. Leopoldo Tormes, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es mía solicitud para qne se expida nn anto de certiorari, en la cnal el peticionario alega qne el haber ar-chivado la corte inferior el caso contra nno de los deman-dados le impide obtener sentencia contra el otro, habiendo sido ambos demandados conjuntamente, pero sin qne se emplazara a aquél a cuyo nombre se dictó la orden de ar-chivo y sobreseimiento.

La cansa de acción surgió de una obligación solidaria y mancomunada. El demandante originalmente pudo empla-zar a uno de los deudores, mas no al otro, debido a bailarse éste fuera de Puerto Rico. Posteriormente este último re-gresó a Ponce, pero cuando se le emplazó o trató de em-plazársele, logró demostrar que se le babía notificado de-masiado tarde, ya que no se le babía emplazado dentro del año de haberse iniciado el pleito. Entonces la corte or-denó el archivo y sobreseimiento del pleito contra él.

No se ha levantado cuestión alguna en cuanto a si el emplazamiento se hizo o no dentro de tiempo. Parece admitirse que no se hizo a tiempo. El peticionario tan sólo alega que la orden de archivo y sobreseimiento le perjudica y le impide obtener sentencia contra el deudor que fué debidamente emplazado. La teoría aparentemente es que cuando hay deudores mancomunados y solidarios y se demanda a ambos, el archivar el caso en cuanto a uno de ellos es res adjudicata en cuanto al otro, y cita él caso de Central Banking & Security Company v. U. S. Fidelity and Guaranty Company, 51 L.R.A. (N. S.) 797.. El peticionario presentó una moción de reconsideración, pero la corte ratificó su resolución anterior.

El caso citado no sostiene la contención del peticiona-rio. Dicho caso aparentemente resuelve lo contrario, pero de todos modos, la cuestión era si el sobreseer un caso contra ciertos fiadores podría alegarse que constituía res ad-judicata en un pleito contra otros fiadores que tal vez es-taban en igual situación. No nos detendremos más a ana-lizar el caso. El peticionario mismo llama la atención al artículo 96 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual dis-pone lo siguiente:

“Cuando la acción es contra dos o más demandados responsables solidaria' o mancomun,adamente en un contrato, y se hiciere la cita-ción a uno o más de aquéllos, pero no a todos, el demandante puede proceder contra los demandados citados, tal como si fuesen los úni-cos demandados.”

Por tanto, sea o no válida la orden de sobreseimiento, el peticionario tiene perfecto derecho, si sn cansa de acción es meritoria, a obtener sentencia contra el dendor qne ha sido emplazado debidamente. Tal vez podría levantarse una cuestión distinta en una obligación exclusivamente man-comunada {joint), pero aquí se trata de una acción man-comunada y solidaria. La orden de sobreseimiento no es óbice, y el hecho alegado de que no se registró sentencia solamente podría ayudar en vez de perjudicar al peticio-nario.

El sobreseimiento del caso puede haber sido erróneo, pero si el objeto del peticionario es obtener sentencia contra el deudor que fué emplazado debidamente, no vemos que haya habido perjuicio ni hay razón para que se expida un auto de certiorari.

Debe denegarse la petición.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Reyes, acusado y apelante.

      No. 2968.
    Visto: Febrero 30, 1927.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    Armas — Portar Armas' Prohibidas — Proceso y Castigo — Apelación—Bevisión —Presunciones en General. — Cuando la declaración de un testigo tiende a demostrar que el acusado salió de su casa a la calle con una pistola, la corte tiene derecho a creer esto debiendo presumirse que concluyó O110 d acusado llevaba consigo el arma por la calle, especialmente cuando las decla-raciones de otros testigos tienden a demostrar que hubo un tumulto en la calle.
    SENTENCIA de B. H. Todd, Jr., J. (Ponee), condenando al acusado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      Francisco Parra Capó, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponee declaró a Juan Reyes culpable del delito de portar un arma prohibida. Al final de la transcripción de las notas taquigráficas se reproducen las observaciones qne hizo la corte al dictar sentencia. La corte se expresó como signe:

“A pesar de las contradicciones en que hayan podido incurrir los testigos de El Pueblo, todos están contestes en que vieron la pis-tola; bien sea apuntándole. Pero la declaración más espon-tánea es la de aquel testigo que menos interés tiene en este asunto, Ildefonso Eangel, que pasó y oyó la frase ‘Eeyes (el acusado) no dispares.3 33

El fiscal de esta corte, después de referirse a la prueba en general, dice que esta manifestación de Eangel no ten-día a probar nada por sí sola y qne si la corte descansó ex-clusivamente en diclia manifestación, el caso debe ser revo-cado, ya que el acusado había estado en su casa hasta cierta hora y la meta manifestación del testigo no tendería a de-mostrar si la pistola fue usada en la casa o en la calle. Desde luego, si se usó la pistola en la casa, aunque el acu-sado podía ser culpable de acometimiento y agresión, o aún de un delito mayor, a él no se le podía declarar culpable del delito de portar armas. Por otra parte, el fiscal dice que de creerse la manifestación de Torres, entonces debe confirmarse la sentencia.

Hubo 'prueba tendente a demostrar, especialmente la de-claración del testigo Torres, que el acusado salió con la pistola a la calle. La corte tenía derecho a creer esto y debe presumirse que la corte llegó a la conclusión de que el acusado llevaba’ consigo el arma por la calle. Aunque hubo alguna duda en la mente de la corte, esta duda desa-pareció con la manifestación de Eangel. La declaración de Eangel tendía a demostrar que el tumulto tuvo lugar en la calle.

Bajo estas circunstancias, la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob "VVole,

text:
    Santini Fertilizer Co., Inc., demandante y apelante, v. Modesto G. Capiel y Eladia Castejón, demandados y El Banco Popular de Economías y Préstamos de San Juan, demandado y apelado.

      No. 3955.

      Visto: Diciembre 2, 1926.

      Resuelto: Febrero 25, 1927.
    1. Embargos — Reclamaciones de Terceras Personas — Reclamaciones por Vir-tud de Embargos — Oposición a éstas. — Cuando en realidad nunca se ad-quiere un derecho preferente sobre una propiedad al trabarse embargo sobre la misma, aquél que esté en posesión y alegue ser dueño de aquélla tiene derecho a oponerse a la reclamación preferente que se haga jior virtud de dicho embargo.
    2. Embargos — Práctica de Embargo (Levy), Derecho de Retención (Lien) y Custodia y Disposición de los Bienes — Pérdida del Perecho de Reten-ción Sobre Propiedad Embargada — Remedio del Acreedor — Persona Contra Quien Debe Ejercitarlo. — Cuando al venderse una finca en ejecución de sentencia ya se ha levantado embargo de un acreedor por haberse devuelto aquélla a un tercerista, habiendo el acreedor perdido todo derecho de reten-ción sobre la misma está obligado, si tiene algún derecho, a ejercitarlo contra el tercerista y no contra el comprador.
    3. Ejecución — Vjnta—Forma, Proceder (Conduct), Validez y Confirmación y Anulación — Anuncio de Subasta — Aviso de que la Propiedad Queda Afecta a un Derecho de Retención por Embargo. — El aviso de un marshal al efecto de que una propiedad a ser vendida en subasta queda afecta a un derecho de retención a virtud de embargo no puede crear ni crea ta-1 derecho si éste no existía anteriormente.
    ResoluoiÓN de Pablo Barga, J. (San Juan), declarando ■ sin lugar la moción de la demandante sobre consignación en incidente so-bre ejecución de sentencia.

      Confirmada.

      Enrique Rincón, abogado del apelante; Monserrat & Monserrat, abo-gados del bancó apelado.
   El Juez Asociado Señob "VVole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación envuelve una lucha de diligencia entre acreedores rivales reclamantes de la propiedad que una vez perteneció a y está en posesión de Modesto G. Capiel y Ela-dia Castejón.

La Corte de Distrito de San Juan dictó una opinión de la cual haremos el siguiente resumen:

En 25 de mayo de 1925 en ejecución de una' sentencia obtenida por el Banco Popular de Economías y Préstamos contra Modesto GCapiel, el primero compró en venta en pública subasta la siguiente propiedad:

A. Una opción de compra que Modesto G. Capiel había adquirido de Mr. Bay P. Meaker y su esposa en una finca rústica radicada en Pueblo Viejo.

Otra parcela de terreno en el mismo barrio que medía 15 pies de ancho por 60 pies de largo, más o menos.

B. Una plantación de cañas de azúcar en la misma pro-piedad.

C. La actual cosecha de toronjas y chinas para ser re-cogidas en dicha finca.

Dicha adjudicación se hizo por la suma de $100 por la propiedad descrita bajo la letra A y $50 por la descrita bajo las letras B y C.

Un la venta el márshal hizo constar que los bienes se vendían sujetos a dos gravámenes, uno perteneciente al Dr. Eugenio Fernández García por virtud de un embargo y otro a la Santini Fertilizer Company, Inc., con motivo de un embargo y obtenido igualmente por esta última firma.

Que la Santini Fertilizer Company, Inc., la demandante en un pleito seguido contra Modesto G. Capiel y Eládia Cas-tejón solicitaba en una moción que se obligara a dicho banco a consignar en la corte la suma de $1,617.46 por razón del embargo, ya que, así se alegaba el banco había adquirido dicha propiedad sujeta al embargo de la Santini Fertilizer Company, Inc.

Entonces la corte procedió a hacer una descripción del caso No. 1344 instituido anteriormente por la Santini Fertilizer Company, Inc., y luego dijo:

“De este caso No. 134.4 resulta que en 31 de enero de 1925, la Corte de Distrito de San Juan, Distrito 2, ordenó, por vía de asegu-ramiento de sentencia, el embargo de bienes de los demandados Modesto G. Capiel, y Eladia Castejón, para responder de la cantidad de $1,522.91 de principal, intereses de la deuda, honorarios de abo-gado, costas, gastos y desembolsos del procedimiento, sin fijarse el montante de estas responsabilidades accesorias, y que en igual forma y en el mismo día se libró mandamiento al marshal de la corte para hacer efectivo el embargo apareciendo trabado éste sobre una plan-tación de 25 cuerdas de caña situadas en el barrio Pueblo Viejo, del Municipio de Guaynabo, que debía molerse en la Central Juanita, Tnc. de Bayamón. No aparece librado mandamiento al Regis-trador de la Propiedad y la acción del márshal se limitó a espedir una notificación a la demandada Eladia Castejón haciendo constar la traba del embargo y requiriéndola para que no dispusiera de la plantación ni de su producto sino a virtud de subasta judicial de la misma, con citación de la demandante y de acuerdo con la ley sobre aseguramiento de sentencias, sin que aparezca constancia de haberse diligenciado dicha notificación; y un requerimiento firmado por el mismo márshal y dirigido a Antonio Monroig, como adminis-trador de la Central Juanita, Inc. de Bayamón, notificándole la traba del embargo y designando a dicha Central, a indicación de la demandante, como depositaría de la plantación de cañas que se ha-bía embargado y requiriéndola para que se constituya en deposita-ría y para que el producto de dichas cañas, una vez molidas, lo pu-siera a disposición de la Corte hasta la suma de $1,522.91. No apa-rece orden de la corte haciendo el nombramiento de depositario, ni ninguna otra actuación que la orden decretando el aseguramiento.

En 12 de Febrero de 1925 se solicitó por la demandante una am-pliación del embargo sobre una finca rústica de 50 cuerdas en el barrio de Pueblo Viejo de Guaynabo, y de otra parcela de terreno en el mismo barrio de 15 pies de ancho por 60 de largo, cuyos inmue-bles se dijeron adquiridos por Modesto G. Capiel por compra a Mr. Ray P. Meaker, en el año 1917, y el tribunal, en orden del día siguiente, autorizó la ampliación, ordenando al secretario expidiera al márshal el correspondiente mandamiento de embargo, que no aparece expedido.

En 5 de Marzo de 1925, Federico García Dávila reclamó del márshal de la corte, medíante procedimiento de tercería de bienes muebles, la plantación de cañas de 25 cuerdas que habían sido em-bargadas como de la propiedad de Eladia Castejón, apareciendo de autos el juramento y la fianza correspondiente y el certificado del márshal de haberse verificado la entrega al tercerista.

En 12 de Noviembre de 1925, la misma Santini Fertilizer Co., Inc., alegando la adjudicación hecha al Banco Popular de Economías y Préstamos de San Juan, y por tanto que la sentencia que en su día pudiera recaer en el pleito (de Santini) había quedado sin asegu-rar, solicitó ampliación de embargo sobre propiedad mueble del de-mandado Modesto G. Capiel, decretándose la misma en la propia


text:
    Zoa Rodríguez Mattei y Nestor Rodríguez Mattei, demandantes y apelantes, v. Elvira Rodríguez Cuevas, demandada y apelada.
    No. 3904.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Marzo 9, 1927.
    Apelación v Error — Vista y Nueva Vista — Reconsideración de Sentencia— En General. — Solicitada reconsideración de sentencia en el caso do autos solamente en cuanto a dar a la peticionaria oportunidad para presentar en la corte inferior prueba de su contrademanda, dentro de los hechos que ocu-rrieron y se exponen, se denegó la reconsideración solicitada.
    MooiÓN sobre reconsideración de sentencia.

      Denegada.

      Arjona & Arjona, abogados de los apelantes; Tomás Pas Jr., abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada nos pide que reconsideremos nuestra senten-cia en este pleito solamente en cuanto a que le demos una oportunidad para presentar en la corte inferior la prueba de su contrademanda.

La demanda tenía por objeto que se declarase nula una declaratoria judicial de única heredera hecha a favor de la demandada como hija natural reconocida de Conrado Bodrí-guez Mattei en la que se presentó el acta de sn nacimiento según la cual es tal hija de Conrado Bodríguez, pero que no contiene la firma de éste. La demandada se opuso a la demanda y alegó como defensa varios actos de Conrado Bo-dríguez que daban a ella el concepto de hija natural reco-nocida de él.

El día señalado para el juicio, un año después de la pre-sentación de la demanda, solicitó verbalmente la deman-dada que fuera suspendido porque no tenía su prueba, pero la corte negó la suspensión porque la petición no cumplía los requisitos requeridos por el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil. Después la demandada, con permiso de la corte, radicó una contestación enmendada cuyo objeto fué presentar como contrademanda los hechos de filiación expuestos en la defensa e incluir nuevos contrademanda-dos. Todos éstos contestaron inmediatamente la contrade-manda negando sus alegaciones y entonces comenzó el juicio. Cuando los demandantes presentaron toda su prueba vol-vió a solicitar la demandada de palabra que el juicio fuese suspendido porque no esperando que los contrademandados contestasen tan rápidamente la contrademanda y que nega-sen los actos de reconocimiento alegados en ella no estaba preparada para presentar su prueba, pero la corte negó la suspensión porque la petición carecía de los requisitos re-queridos por el Código de Enjuiciamiento Civil y porque la contrademanda no presentaba cuestión nueva. Después de esa resolución la demandada solicitó permiso para de-sistir de su contrademanda y para enmendar su contestación eliminando de ella la eontrademanda y habiéndole sido ne-gado ese permiso, manifestó que no iba a presentar prueba. Terminado el juicio la corte inferior dictó sentencia a favor de la demandada, pero fue revocada por nosotros y de-claramos con lugar la demanda. (36 D.P.B. 883.)

De una certificación que se lia presentado con la moción de reconsideración aparece que después del juicio y antes de la corte inferior dictar sentencia en este caso, la deman-dada solicitó de ella que le permitiera presentar la prueba de su contrademanda, abriendo de nuevo el caso, pero la corte negó esa petición y dictó sentencia.

La exposición de hechos que acabamos de hacer no justi-fican la reconsideración que se nos pide de nuestra sentencia en el extremo que se solicita, pues las suspensiones de jui-cio fueron propiamente negadas por la corte porque no cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil; y siendo los hechos de la defensa en la contestación los mismos que los alegados en la eontrademanda para la acción de filiación, debió estar preparada para probarlos el día del juicio, celebrado un mes después del en que fué señalado; y no pudo ser sor-presa para la demandada que los demandantes le negaren su condición de hija natural reconocida de Conrado Bodrí-guez Mattei, porque no tenía motivo alguno para esperar lo contrario, tanto más cuanto que en la demanda se ne-gaba que ella fuera hija natural de Conrado Bodríguez. Además, la demandada renunció voluntariamente a presen-tar prueba de los hechos de su contrademanda sobre filia-ción, prefiriendo descansar únicamente en que ella había sido reconocida en el acta de su nacimiento como hija natural y que por tanto no era nula la declaración de única heredera hecha a su favor, por lo que ahora no puede vol-ver sobre sus pasos y hacer que se abra de nuevo el juicio para presentar la prueba que antes no quiso utilizar.

La reconsideración de nuestra sentencia debe ser negada.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Truyol, Jr., acusado y apelante.
    No. 3077.
    Visto: Febrero 3, 1927.

      Resuelto: Marzo 9, 1927.
    1. Licencias — Por Ocupaciones o Privilegios — Procesos y Castigos — Acusa-ción o Denuncia — Su.Suficiencia—Manejo de Automóvil sin Licencia.— Una denuncia que imputa el manejar un automóvil sin licencia por una calle de una ciudad imputa un delito público.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Eliminación de Prueba's — Hechos a que se Refiere la Prueba Establecidos pior Otra Prueba. — En proceso por manejar un auto-móvil sin licencia, la negativa a eliminar evidencia relativa a la falta de licencia no constituye error perjudicial cuando, con posterioridad, el mismo testigo y otro, sin oposición por parte de la defensa, declaran sobre la falta de tablillas en la fecha de la denuncia y la ostentación posterior de aquéllas.
    3. Licencias — Por Ocupaciones o Privilegios — Procesos y Castigos — De la Evidencia — Falta de Licencia. — En proceso por manejar un carro sin licen-cia, la ausencia total de tablillas puede considerarse como prueba prima facie de la no existencia de una licencia para el año fiscal en curso.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Manifestaciones o Admi-siones del Acusado — Su Admisión Antes de Probarse el “Corpus1 De-licti”. — Si bien el corpus delicti debe probarse antes de presentarse mani-festaciones o admisiones extrajudiciales del acusado, en ausencia de perjuicio u otra irregularidad, la admisión de la prueba no os fatal si finalmente, aunque sea con prueba prima facie o indiciarla, se establece la comisión del delito independientemente de las supuestas admisiones.
    SENTENCIA de Rafael López Antongiorgi, J. (Guayama), condenando al acusado por infracción al Art. 2, inciso A de la Ley de auto-móviles.

      Confirmada.

      C. Domínguez Rubio, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 2 de la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, y para otros fines (Leyes de 1916, página 144), dispone, entre otras cosas, lo siguiente : ‘ Será ilegal el manejar cualquier vehículo de motor en un camino público de Puerto Rico sin tener licencia' para ello, expedida por el Comisionado del Interior.” El artículo 1 de dicha ley expresamente dispone que el término “camino público” significará cualquier camino, insular o municipal, o cualquier calle o callejón de cualquier municipio.

La contención del apelante de que una denuncia impu-tando el manejar un automóvil sin licencia por una calle de una ciudad, no imputa un delito público, evidentemente pasa por alto la definición estatutoria del término “camino pú-blico.”

£2, 3] Una cuestión algo más plausible es la siguiente:

"‘La Corte erró al aceptar con la oposición del acusado, prueba inferior en categoría a aquella que debió producirse para demostrar que el automóvil que el acusado guiaba no estaba inscrito en el Departamento del Interior de Puerto Rico; permitiendo que el tes-tigo declarara sobre hechos que el acusado había manifestado, en vez de aportar la mejor prueba en relación con lo que se declaraba y aceptando además admisiones y confesiones del acusado sin que antes se hubiera probado el corpus delicti independientemente de la confesión del acusado.”

En apoyo de este último aspecto de la apelación, que es más serio, el apelante cita tres casos de California, así como la doctrina en ellos enunciada, como sigue:

“Cuando la única prueba sobre el corpus delicti consiste en la mera confesión del acusado, se comete error al condenarlo. People v. Long, 1 Cal. Unrep. 710.”
“No es esencial, al establecerse el corpus delicti, que haya prueba directa sobre los elementos constitutivos del mismo; pero es sufi-ciente que todos los elementos que constituyen el delito se le hayan puesto de manifiesto al acusado por medio de prueba circunstancial, que justifique al jurado rendir un veredicto de culpabilidad, sin te-ner en cuenta las admisiones y confesiones hechas por el acusado. People v. Rowland, 12 Cal. App. 6, 106 Pac. 428.”
“El corpus delicti, que envuelve todos los elementos del delito, debe establecerse independientemente de la evidencia que mera-mente tienda a conectar al acusado con el delito imputádole; y las admisiones o confesiones del acusado no pueden considérarse como prueba del corpus delicti, ni pueden utilizarse para establecer cual-quier elemento necesario para la comisión del delito. People v. Ta-pia, 131 Cal. 647.”
“El término ‘corpus delicti’ envuelve los elementos del delito; y, para probarlo, deben establecerse los elementos del delito antes de que puedan admitirse las confesiones del acusado para cualquier fin, y éstas no pueden usarse para establecer ninguno de los elemen-tos necesarios para la comisión del delito. People v. Simonsen, 107 Cal. 345, 40 Pac. 440.”

El fiscal prácticamente pasa por alto este importante aspecto del presente caso y tenemos poco tiempo para dedi-carlo a una investigación independiente, aún en casos de mayor importancia qne el que nos concierne.

Durante el juicio, un policía declaró que había formu-lado denuncia contra el acusado por manejar un automóvil sin licencia.

El acusado solicitó la eliminación de tal manifestación por el fundamento de que la mejor prueba para demostrar el hecho de que el carro no tenía licencia era una certifica-ción negativa del Departamento del Interior.

La corte admitió que el abogado defensor estaba en lo cierto, en ausencia de otra prueba, pero se dispuso a inves-tigar los motivos que tuvo el testigo para hacer tal manifes-tación.

El testigo entonces declaró que el carro no llevaba tabli-llas; que él paró al acusado y le preguntó por qué estaba guiando el automóvil sin tablillas, y el acusado le contestó:

“. . . . que guiaba el carro ese porque él había mandado el dinero a San Juan con un individuo para comprar las tablillas, pero que parecía que el individuo ese se había metido en fiesta y había gastado los chavos y no había venido.”

Después de hacer esta relación sobre la admisión impu-tádale al acusado, el policía manifestó que por eso fué que dedujo que el carro no tenía licencia.

El abogado del acusado entonces insistió en la “elimina-ción,” sin hacer ninguna otra referencia específica a deter-minada parte de la declaración, por el fundamento de que la falta de tablilla era una conclusión del testigo. La corte declaró sin lugar la moción, y el acusado anotó excepción.

Evidentemente, la cuestión aquí levantada no iba diri-gida a la admisibilidad de la evidencia en cuanto a la au-sencia total de las tablillas.

El testigo a que bemos hecho mención anteriormente des-pués repite la manifestación de que el carro, en la fecha es-pecificada en la denuncia, no tenía tablillas, sino que apare-ció nuevamente algunos días después caminando por las ca-lles provisto de las mismas.

El jefe de distrito de la Policía Insular fué también un testigo ocular en cuanto a la detención del carro, la falta de tablillas y la ostentación posterior de tales tablillas. El ar-tículo 3 de la referida ley lee como sigue:

“Artículo 3. — (a) Al recibirse dicha solicitud y pagarse los de-rechos que más adelante se determinan, el Comisionado del Interior asignará un número al vehículo, y espedirá una licencia y placas conteniendo dicho número y las letras P. R. las cuales se exhibirán siempre en el vehículo cuando esté funcionando. En el caso de una motocicleta, sólo se suministrará una placa, y en los demás casos, dos. Dichas placas tendrán por lo menos quince pulgadas de largo y seis pulgadas de ancho, y los caracteres cuatro pulgadas de altura, y sus rasgos no menos de media pulgada de ancho. Los colores de los caracteres y los de la superficie de las placas contrastarán fuerte-mente, y el color de las placas para cada año económico sucesivo será distinto del usado el año precedente. La placa de número de una motocicleta podrá .ser de ocho pulgadas de largo con caracteres en proporción al tamaño, y será fijada en la parte posterior del ve-hículo en posición horizontal y de manera que no se balancee.
“(6) Las placas de número de otros vehículos de motor serán colocadas una al frente y la otra en la parte posterior, en forma tal que sean visibles claramente a una distancia de cincuenta pies en la dirección hacia la cual o desde la cual marcha el vehículo, con los caracteres perpendiculares a los ejes del mismo, y de modo que no se balanceen.
“ (c) Durante las horas en que se exija a los vehículos de motor llevar luz, la placa de número posterior será alumbrada de manera que el número pueda leerse a una distancia de cincuenta pies en la dirección desde la cual marche el vehículo de motor, y todas las placas de número deberán conservarse suficientemente limpias para que pueda leerse fácilmente el número.
“ (d) No se exhibirán en el exterior de ningún vehículo de motor otras placas de número que las prescritas por los artículos 4 y 7 de esta Ley.
“ (e) Las placas de número son propiedad de El Pueblo de Puerto Rico y serán devueltas al Comisionado del Interior a la ter-minación del año económico por el cual se expidieron; Disponién-dose, que cuando así no se hiciese se dejará la cantidad de un (1) dólar en depósito por cada juego de placas cuya suma podrá ser reembolsada al interesado si devolviere dichas placas dentro de los noventa días subsiguientes a la terminación del año económico para el cual fueron expedidas, de lo contrario tales depósitos serán con-fiscados.
“ (/) Podrán expedirse licencias duplicadas de acuerdo con las reglas que estableciere el Comisionado del Interior. !Si fuere practicable, el Comisionado del Interior podrá suministrar placas de nú-mero duplicadas para reemplazar las perdidas o inutilizadas. Si no lo fuere, podrá expedirse un nuevo juego de placas con un nuevo número.
(g) En el caso de que un automóvil quedare inservible antes de la expiración de la licencia expedida para cualquier año econó-mico, y el valor de los derechos de la licencia no vencida excediera de $10, el Comisionado del Interior, al recibir prueba satisfactoria de tal inutilización, acreditará al propietario de dicho automóvil la cantidad de los derechos no devengados, al expedir nueva licencia a dicho dueño para un vehículo de igual clase, siempre que se ex-pidiere dentro de los sesenta días subsiguientes a la fecha en que la licencia anterior quedó sin uso.
“ (h) El Comisionado del Interior podrá suspender o cancelar la licencia, y ordenar que se ocupen las tablillas de cualquier ve-hículo de motor destinado a servicio público, cuando solamente ob-tuvo licencia y tablillas para ser destinado a servicio privado; y podrá cancelar la licencia de cualquier vehículo de motor destinado a servicio público, cuando, a su juicio, el automóvil está traficando en condiciones tales que constituya una amenaza para la seguridad pública. ’ ’

En el sílabo del caso de Feeley v. Melrose, 27 L.R.A. (N. S.) 1156, se dice lo siguiente:

“El que un automóvil no estuviera debidamente inscrito en la fecha de un accidente puede deducirse del hecho de que en aquella fecha llevaba la tablilla de su anterior dueño, la que de acuerdo con el estatuto había expirado al tiempo del traspaso del automóvil.”

En el presente caso, se cometió el delito como a media-dos del primer mes del nuevo año fiscal, época para la cual, de acuerdo con la Ley, debían haberse devuelto al Comisio-nado del Interior las tablillas expedidas para el año anterior a cambio de nuevas tablillas de diferente color, demostrati-vas de que se había renovado la licencia. La ausencia de las tablillas nuevas en tal época se hacía a la vez más no-torio y significativo que el dejar de ostentar las tablillas vie-jas durante las últimas semanas del año fiscal.

Entre las definiciones contenidas en el artículo 1 de la ley ya citada está la siguiente:

“ ‘Placa de número’ significará la tablilla suministrada por el Comisionado del Interior sobre la cual se exhibe el número de la li-cencia asignado por éste a un vehículo de motor.”

La manifiesta importancia dada por la ley al tamaño, color y visibilidad de estas tablillas y a la manera en que deben ser llevadas en todo tiempo, según indican los minu-ciosos detalles que se hacen tan notorios en el artículo 3, supra, tienden claramente a demostrar, según creemos, la intención de que las tablillas se consideren como prueba prima facie de la existencia de una licencia para el año fiscal indicado por el color de las tablillas. Por la misma ra-zón la ostentación de una tablilla que se conoce por su color que ha sido expedida para el año anterior, o la ausencia total de tablillas, pueden muy bien considerarse como prueba prima facie de la no existencia de una licencia para el año fiscal en curso.

La regla que exige que se establezca el corpus delicti mediante prueba distinta a las admisiones extrajudiciales de un acusado, según sientan y resuelven los casos de California, está resumida en el tomo 8 de Cal. Jur., páginas 234 y 235, sección 303, como sigue:

“Lógicamente, el primer punto al cual debe dirigirse la prueba de cargo es al corpus delicti. Este debe establecerse antes de la pre-sentación de la prueba tendente a conectar al acusado con el delito. Sin embargo, esta regla no se extiende al extremo de excluir, para establecer el corpus delicti, prueba de la relación existente entre el acusado con el delito imputádole, cuando las circunstancias del caso son tales que el probar el delito equivale a probar la culpabilidad del acusado.
“El corpus delicti debe probarse antes de la presentación de manifestaciones o admisiones y confesiones extrajudiciales. Pero no demostrándose que bubo perjuicio o irregularidad, la admisión de la prueba no tiene mayores consecuencias, si finalmente se establece la comisión del delito independientemente de las supuestas admisio-nes del acusado.
“Para autorizar que prueba de confesiones o admisiones extra-judiciales de un acusado se comunique al jurado y que éste la tome en consideración no es necesario que El Pueblo establezca el corpus delicti con la prueba clara y convincente que se exige para probar la culpabilidad del acusado. Es suficiente si bay alguna prueba, aunque sea prima facie, o aún indicios de prueba del corpus delicti.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cándido Santini, acusado y apelante.
    No. 3108.
    Visto: Febrero 23, 1927.

      Resuelto: Marzo 9, 1927.
    1. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Denuncia—Sufi-ciencia de la Misma. — La denuncia que alegue quo el acusado "portaba y conducía” el arma en cuestión, asumiendo que las palabras portaba y con-ducía no son sinónimas, imputa sólo un delito cometido en más de una forma.
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Escopeta.—La escopeta es un.arma pro-hibida.
    Sentencia de Rafael Lopes Antongiorgi, J. (G-uayama), condenando al acusado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      José J. Aponte, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto de nn delito de portar armas prohibidas, y dice que la corte erró, primero, al declarar sin lugar la moción solicitando el archivo del caso, segundo, al declarar sin lugar la excepción perentoria, y tercero, al apreciar la prueba.

La teoría de la moción solicitando el archivo del caso era que la denuncia imputaba más de un delito, ya que alegaba que el acusado, “portaba y conducía” el arma en cuestión. Sin embargo, el argumento del alegato parece fundarse más bien sobre la idea de que la alegación se hace en forma disyuntiva, no obstante la substitución de la conjunción “y” en la denuncia por la disyuntiva “o” del estatuto. Evidentemente, y aun admitiendo para los fines de la argumentación que las palabras “portaba y conducía”, a diferencia de lo resuelto en el caso de El Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R., 634, no son sinónimas, la denuncia imputa sólo un delito, cometido, según se alega, en más de una forma. Véase El Pueblo v. Posado, 35 D.P.R. 735.

La excepción perentoria se fundaba en la falta de hechos constitutivos del delito, de acuerdo con la ley de 1924, por el fundamento de que una escopeta no es un arma de la clase especificada en la ley anterior de 1905. Esta cuestión fué resuelta; en forma adversa al apelante en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 35 D.P.R. 276.

Después de una lectura cuidadosa de toda la prueba, no nos es posible convenir con el apelante en que la prueba es insuficiente para sostener la sentencia, o que la senten-cia es contraria a la prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.