author: Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Aneudy Crespo Cumba, peticionario.

      Número: CC-2015-0791

      Resuelto: 5 de octubre de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, e Iván E. Rivera Labrador, procurador general auxiliar; José Manuel Cruz Ellis, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la Moción en Auxilio de Jurisdicción y al Recurso de Certiorari, “no ha lugar”.

Notifíquese por teléfono, vía facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar que, al estar imposibilitado de evaluar su petición como un habeas corpus, proveería “no ha lugar”, sin perjuicio de que el peticionario presente en el Tribunal de Primera Instancia un recurso de habeas corpus que cumpla con los requisitos de forma que exige el Código de Enjuiciamiento Civil. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se unió a la expresión del Juez Asociado Señor Martínez Torres. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Disiento porque resulta imperativo expresarnos, por primera vez, en torno a si el Estado posee un poder irrestricto que le permita extender injustificada e irrazonablemente la fase de ejecución de una sentencia penal o si, por el contrario, existen garantías que resguardan a los ciudadanos y le permiten cuestionar ese grado de dilación ante el foro judicial.

A la luz de las garantías reconocidas en este disenso, opino que erraron los foros recurridos al denegar un remedio sin la celebración de una vista al respecto. En consecuencia, hubiese revocado y devuelto el caso en un término perentorio al foro primario para la celebración de una vista en la cual se aplicaran los criterios aquí expuestos.

I

Por unos hechos ocurridos el 15 de agosto de 1996, el Ministerio Público presentó dos denuncias contra el Sr. Aneudy Crespo Cumba (señor Crespo Cumba o peticionario) en las que le imputó la comisión de los delitos menos graves de agresión agravada, 33 LPRA ant. see. 4032, y de amenaza, 33 LPRA ant. see. 4194, tipificados en el Código Penal entonces vigente. Celebrados los procedimientos de rigor, el señor Crespo Cumba fue hallado culpable de los delitos imputados. Así las cosas, el 2 de septiembre de 1997, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia por medio de la cual le impuso al peticionario una pena de reclusión de 6 meses consecutivos por cada delito, para un total de 1 año. Tras varios trámites procesales, el foro primario concluyó que no existía impedimento legal por el cual no debía con-ceder el beneficio de sentencia suspendida al señor Crespo Cumba. Por tal razón, su Sentencia fue suspendida bajo el régimen de libertad a prueba.

Empero, mientras se encontraba disfrutando del beneficio de libertad a prueba, el señor Crespo Cumba incumplió con las condiciones al arrojar positivo en una prueba de sustancias controladas. Ante ello, el Ministerio Público solicitó la revocación de la sentencia suspendida. Ponderada la petición del Ministerio Público, el Tribunal de Primera Instancia inició el proceso de revocación. Luego de varios señalamientos en torno al particular, se celebró la vista final de revocación, a la cual el señor Crespo Cumba no compareció. No obstante, su representante legal estuvo presente.

Celebrada la referida vista, el 14 de enero de 1999 el tribunal de instancia dictó una Sentencia en la cual revocó la libertad a prueba del señor Crespo Cumba y ordenó su detención y arresto inmediato hasta que cumpliese la pena de 1 año de reclusión que se le había impuesto. Transcurrió el tiempo y, tras 16 años de emitida la orden de arresto, ésta se diligenció el lú de junio de 2015.

Insatisfecho con dicha actuación, el 18 de junio de 2015, el peticionario instó ante el foro primario una Moción urgente al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal. En esencia, argüyó que no existía justificación para que el expediente de su caso se archivara y no se realizara el arresto diligentemente para cumplir con la sentencia impuesta. Argumentó que, en consideración al extenso tiempo transcurrido desde que se emitió la Sentencia y a que siempre ha estado accesible dentro de la jurisdicción, se debía dar por cumplida la pena impuesta o, en la alternativa, ordenarle el pago de multas o la realización de servicios comunitarios. Ante ello, el Ministerio Público presentó un escueto escrito intitulado Contestación moción al amparo de la Regla 192.1. En éste se limitó a expresar que no procedía la petición del señor Crespo Cumba, porque vivimos en un País de ley y orden, donde cada quien tiene que cumplir con las penas legalmente impuestas por los tribunales. El peticionario presentó una réplica al escrito del Ministerio Público, pero fue declarada “no ha lugar”. En disconformidad, instó una Moción de reconsideración y otros extremos, en la cual reiteró los argumentos esgrimidos y la solicitud de remedios. Evaluada esta moción, el 6 de agosto de 2015 el Tribunal de Primera Instancia la declaró “no ha lugar”.

Inconforme, el señor Crespo Cumba recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari. Presentó, además, una Moción en auxilio de jurisdicción en la cual solicitó su excarcelación mientras se dilucidaba su recurso. En lo pertinente, el peticionario sostuvo que procedía determinar ilegal y violatoria del Art. II, Sec. 12 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, la ejecución de una sentencia penal emitida hace 16 años. Alegó que medió incuria por parte del Estado al diligenciar una orden de arresto tras 16 años de dictada. De igual forma, argumentó que por el tiempo transcurrido —y por tratarse de delitos menos graves— procedía dar por cumplida la pena impuesta o, en la alternativa, modificar la pena de reclusión por el pago de multas o por la realización de servicios comunitarios. Finalmente, reclamó que procedía la celebración de una vista para dilucidar los méritos de su solicitud al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra.

Aquilatados los argumentos del peticionario, el 31 de agosto de 2015 el foro apelativo intermedio emitió una Resolución en la cual denegó la expedición del recurso y, por lo tanto, declaró “no ha lugar” la Moción en auxilio de jurisdicción. En esencia, determinó que el dictamen del foro primario se realizó conforme a derecho. A su vez, razonó que la petición presentada por el señor Crespo Cumba no cumplió con ninguno de los requisitos dispuestos en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra. En ese sentido, concluyó que la solicitud del peticionario constituía un reclamo abstracto, huérfano de argumentos, por medio del cual se pretendía dejar sin efecto una sentencia válidamente dictada en 1999. Por último, sostuvo que el remedio solicitado por el peticionario no tenía cabida al amparo de la referida Regla 192.1.

En desacuerdo con ese proceder, el señor Crespo Cumba acude ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari, junto con una Moción en auxilio de jurisdicción. Esencialmente, reproduce los argumentos esgrimidos ante los foros recurridos. Esto es, aunque el peticionario no cuestiona la legalidad de la Sentencia dictada el 14 de enero de 1999, señala que su ejecución —luego de 16 años de emitida— no es proporcional a la gravedad del hecho, así como tampoco propicia su rehabilitación social y moral, en contravención al mandato constitucional. Reitera que, por tratarse de una situación excepcional, en la cual ha mediado incuria y desidia por parte del Estado, se debe dar por cumplida la pena de reclusión impuesta o, en cambio, modificarla al pago de multas o a la realización de servicios comunitarios.

De igual forma, el señor Crespo Cumba sostiene que la demora excesiva, injustificada e irrazonable del Estado en ejecutar la Sentencia dictada en 1999 le ha causado un perjuicio patente y extraordinario en detrimento de su rehabilitación y derechos. También arguye que el Estado no fue diligente, ya que se cruzó de brazos durante 16 años, colocándolo en un estado de desventaja. Del mismo modo, alega que el Estado tuvo amplia oportunidad para ejecutar la Sentencia emitida el 14 de enero de 1999, por lo que no debió esperar 16 años para ello.

El peticionario expresa, además, que durante los pasados 16 años ha estado accesible y dentro de la jurisdicción, sin que el Estado haya realizado gestiones afirmativas para efectuar su arresto. Para ello, presenta evidencia de que ha comparecido en innumerables ocasiones ante el Tribunal de Primera Instancia para vistas relacionadas con otros casos y que, incluso, ha colaborado con la Policía en la prevención del crimen en su comunidad. Finalmente, argumenta que no existe motivo que justifique la inacción y dilación injustificada del Estado en diligenciar una orden de arresto emitida hace 16 años, por lo que le debe asistir algún remedio. En vista de ello, nos solicita que revoquemos la determinación del Tribunal de Apelaciones, ordenemos su excarcelación y procedamos conforme a derecho.

Evaluada la petición de certiorari, el 15 de septiembre de 2015 la Sala de Verano III de este Tribunal emitió una Resolución mediante la cual se le ordenó a la Oficina de la Procuradora General que compareciera y expusiera, en un término final e improrrogable de 10 días, su posición con relación al recurso instado por el peticionario. Se le advirtió que de no comparecer, este Tribunal procedería conforme a derecho.

En su Escrito en cumplimiento de orden, la Oficina de la Procuradora General expone que procede la desestimación del recurso instado por el peticionario debido a la ausencia de determinados documentos. Además, alega que el señor Crespo Cumba no tiene remedio alguno al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, y que los remedios existentes establecidos en la Regla 51 de Procedimiento Criminal, infra, no aplican al presente caso.

Ante la necesidad de una adecuada y oportuna disposición de la controversia y de pautar una norma clara, hubiese expedido el auto solicitado.

II

En innumerables ocasiones, este Tribunal se ha concentrado en atender la problemática de las dilaciones del Estado en dos etapas del procedimiento penal, a saber: (1) la presentación de cargos criminales y (2) el desenvolvimiento del juicio, es decir, desde su inicio hasta que se dicta sentencia. En cuanto a la primera etapa, este Tribunal se ha amparado en la garantía constitucional que dis-pone expresamente que no se privará a ciudadano alguno de su libertad o de su propiedad sin el debido proceso de ley, para determinar que la dilación injustificada del Estado en presentar el caso ante el foro judicial puede constituir una violación a esta garantía constitucional. Véanse: Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 296; Emda. XTV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 206. Véanse, además: Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257, 263 (2000) (per curiam); Pueblo v. Santiago, 139 DPR 869, 875 (1996). De esta forma, se ha expresado que para analizar si se infringió el debido proceso de ley en estas circunstancias, procede determinar si la dilación del Estado en presentar los cargos provocó un estado de indefensión a la persona y si esa dilación no está razonablemente justificada, más allá de la liberalidad con que se debe analizar el proceso investigativo. Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 263. Véase, además, O.E. Resumil, Derecho procesal penal: limitaciones constitucionales al ejercicio del “ius puniendi”, 71 (Núm. 2) Rev. Jur. UPR 547 (2002). El grado de prueba requerido en estos casos es el de preponderancia de evidencia. Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 264; Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 DPR 350, 353 (1967).

Por su parte, este Tribunal ha resuelto que lo concerniente a las dilaciones en el desenvolvimiento del caso también está cobijado por la Constitución de Puerto Rico, la cual garantiza el derecho de todo acusado a un juicio rápido. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. Como regla general, este derecho cobra vigencia desde que el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder (held to answer). Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567 (2015); Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 607 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 569 (2009); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 431 (1986). En ese sentido, la protección constitucional a un juicio rápido se activa al poner en movimiento el mecanismo procesal que puede concluir con una condena. Pueblo v. Custodio Colón, supra.

Este Tribunal ha aclarado en repetidas ocasiones que el derecho a juicio rápido no se limita al acto del juicio propiamente dicho, sino que abarca todas las etapas del proceso desde la imputación inicial del delito. Pueblo v. García Vega, supra, pág. 606; Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165, 169 (1975). De esta forma, el referido derecho aplica a distintas etapas del proceso penal desde el arresto del imputado, el traslado ante un foro judicial, la celebración de la vista preliminar, la lectura de acusación y la celebración del juicio. Véase L. Rivera Román, Los derechos de los acusados en los procedimientos penales bajo la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos, XLVI (Núm. 2) Rev. Jur. UIPR 417 (2011-2012). Incluso, esta protección constitucional garantiza que se sentencie a la persona dentro de un término razonable. Pueblo v. Kuilan Santos, 113 DPR 831, 833 (1983) (per curiam)-, Pueblo v. Aponte Vázquez, 105 DPR 901, 904 (1977) (per curiam). Véase, además, E.L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. UPR 83 (1996).

Al evaluar la razonabilidad de la dilación de los términos de juicio rápido, los foros judiciales deben realizar un balance de intereses a la luz de cuatro factores, a saber: (1) la duración de la tardanza; (2) las razones para la dilación; (3) la invocación oportuna del derecho, y (4) el peijuicio resultante de la tardanza. Véanse: Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 610; Pueblo v. García Vega, supra, pág. 610; Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 143 (2011); Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 641 (2003). Véase, además, E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, T. II, págs. 151-154.

A. De lo anterior se colige claramente que la jurisprudencia se ha encargado de atender principalmente el problema de las dilaciones excesivas, injustificadas e irrazonables del Estado en presentar cargos criminales —atendido por el derecho al debido proceso de ley— y el problema de las demoras indebidas durante las etapas del juicio —atendido particularmente por el derecho a un juicio rápido—. Ello significa que no hemos abordado el asunto de las dilaciones excesivas, injustificadas e irrazonables del Estado en la fase de ejecución de las sentencias penales. Un examen de la normativa aplicable a la esfera penal revela que no existe un precepto jurisprudencial o legislativo que expresamente fije el término prudencial que debe existir entre la emisión de una sentencia penal y su ejecución. En ese sentido, tampoco hemos resuelto si el Estado tiene un poder irrestricto que le permite ejecutar una sentencia penal en un tiempo indeterminado o si, en cambio, existen protecciones que le asisten a los ciudadanos contra la dilación excesiva, injustificada e irrazonable en la ejecución de las sentencias penales.

La Regla 175 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II, se limita a disponer que, una vez se dicte sentencia, “se entregará inmediatamente al funcionario que deba ejecutarla una copia certificada de la misma, la cual será suficiente para su ejecución, sin que fuere necesaria ninguna otra orden o autorización para justificar o pedir tal ejecución”. Por su parte, lo único que hemos encontrado en las normas penales con relación a cuándo debe comenzar la ejecución de la pena impuesta es lo establecido en el Art. 70 del Código Penal vigente, 33 LPRA see. 5103, el cual abarca, más bien, el modo de diferir la ejecución de la pena en tres instancias, a saber: (1) cuando el convicto se encuentre gravemente enfermo, certificada su condición por prueba médica; (2) cuando se trate de una mujer en estado de emba razo o no hayan transcurrido 6 meses desde el alumbramiento, o (3) cuando otras circunstancias lo justifiquen por un plazo no mayor de 10 días. 33 LPRA sec. 5103.

Ahora bien, lo enmarcado tanto en la precitada Regla 175 como en el Art. 70 del Código Penal, supra, aunque arroja cierta luz, no despeja ni aclara todas las interrogantes que presenta la controversia que tenemos ante nuestra consideración. Las normas referidas resultan insuficientes para atender aspectos medulares de la fase de ejecución de sentencias penales, específicamente, en cuanto a determinar si el Estado tiene un poder ilimitado de tiempo para ejecutar sentencias penales.

El vacío jurídico que existe en nuestro ordenamiento penal en cuanto a estos asuntos exigía reconocer el remedio judicial solicitado y pautar, tal como lo hemos hecho en otras etapas, unos criterios que permitan evaluar la razonabilidad que debe existir entre el tiempo en que se dicta una sentencia penal y su ejecución. Ello permitirá sopesar las razones que tuvo el Estado para la dilación en ejecutar una sentencia penal y las salvaguardas que le asisten a los ciudadanos en esa etapa del proceso penal. Sin duda, la pronta solución de esta laguna jurídica no solo es de interés exclusivo del peticionario, sino del Estado, la comunidad jurídica y la sociedad en general. Veamos.

III

En su acepción jurídica, la etapa de ejecución se concibe como el conjunto de actos protagonizados por los organismos del Estado, encaminados a materializar y hacer cumplir los pronunciamientos adoptados en una sentencia. F.D. Olivares Grullón y otros, Constitucionalización del proceso penal, República Dominicana, Ed. Corripio, 2002, pág. 407. En otras palabras, la ejecución es el trámite procesal que consiste en el cumplimiento de lo ordenado en una sentencia. Gran diccionario jurídico de Vecchi, Barcelona, Ed. Vecchi, 1991, pág. 150. Consecuentemente, en el ámbito penal la ejecución se refiere a la actividad procesal desplegada por el Estado dirigida a hacer cumplir los pronunciamientos contenidos en una sentencia penal. Olivares Grullón y otros, op. cit. En esencia, es el momento procesal en que, recaída una sentencia penal, se procede a hacer efectivo lo ordenado por ésta.

Cabe señalar que en otras jurisdicciones existe un debate filosófico entre varias corrientes o teorías en cuanto a la naturaleza de la ejecución penal, particularmente lo concerniente a la ejecución de las penas privativas de libertad. De esta forma, existe un sector doctrinal que plantea que la naturaleza de la ejecución penal es puramente de índole administrativa. Es decir, sostienen que una sentencia penal constituye el punto final del proceso penal y, por ende, el inicio de una actividad enteramente administrativa. Esto, claro está, sin perjuicio de la intervención judicial en incidentes puntuales. Olivares Grullón y otros, op. cit.

Para un segundo sector, la ejecución penal constituye una actividad procesal. Así, argumentan que el proceso penal no concluye cuando se dicta la sentencia, sino que continúa hasta la extinción de la pena. En ese sentido, la ejecución tiene una inequívoca naturaleza procesal. Olivares Grullón y otros, op. cit.

Por su parte, existe una tercera corriente que afirma la naturaleza mixta de la ejecución penal. Esto es, concibe la etapa de ejecución penal en dos fases diferenciables, a saber: ejecución y cumplimiento. Para este sector, la ejecución es tarea que le compete a los foros judiciales. En cambio, sostienen que el aspecto del cumplimiento de las penas privativas de libertad le corresponde al ente administrativo. Olivares Grullón y otros, op. cit., págs. 407-408.

Expuesto el esquema doctrinal, resalta el hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico no hemos adoptado ninguna de las teorías sobre la naturaleza de la ejecución penal. En ese sentido, no existe un pronunciamiento jurisprudencial o legislativo que afirme cuál es la naturaleza de la ejecución penal en nuestra jurisdicción. Y es que nuestra realidad constitucional lo hace innecesario porque contiene unas garantías expresas aplicables en cualquiera de esas tres visiones de la ejecución en el proceso penal, lo que nos permite resolver la controversia ante nos. Veamos cuáles son esas salvaguardas constitucionales.

A. Conforme adelantáramos, la Constitución de Puerto Rico reconoce expresamente en su Carta de Derechos que “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin [el] debido proceso de ley [...]”. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, supra, pág. 296. Igual protección hallamos en la Carta Magna de Estados Unidos. Véase Emda. XIV, Const. EE. UU. En esencia, para que se active esta cláusula constitucional en su vertiente procesal, tiene que existir un interés individual de libertad o propiedad. Una vez se identifica que la persona cumple con la exigencia de un interés libertario o propietario, y que ese interés está amenazado por una intervención del Estado, procede determinar cuál es el procedimiento que se exige. Pueblo v. Villafañe Marcano, 183 DPR 50, 71 (2011); Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 262. Aunque la característica primordial es que el procedimiento debe ser justo, se han establecido componentes básicos del debido proceso, a saber: (1) notificación adecuada; (2) oportunidad de ser oído, y (3) derecho a defenderse. Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, pág. 71; Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, pág. 262.

En consecuencia, la cobertura del derecho constitucional al debido proceso de ley es amplísima. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, lOma ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2014, pág. 258. Según explica el profesor Chiesa Aponte, esta cláusula es fundamental y en la zona procesal penal permite la más variada gama de planteamientos. Chiesa, Los derechos de los acusados..., supra. Esas garantías del debido proceso de ley permean todas las etapas del procedimiento penal, es decir, la etapa de investigación, procesamiento, sentencia y ejecución de ésta.

En cuanto al particular, en Pueblo v. Moreno González, 115 DPR 298, 301 (1984), este Tribunal tuvo ocasión para expresar lo que debe comprender el debido proceso de ley en el ámbito criminal. A esos efectos, se determinó que ese derecho constitucional le impone al Estado el deber de aplicar las normas penales a los ciudadanos con rigurosa justicia y precisión, de manera que se minimicen los riesgos de penalizar a un inocente, se proteja a las personas del poder abusivo por parte del Estado y se genere una atmósfera de justicia imparcial. Id. Es por ello que, indiscutiblemente, se requiere una compleja red de requisitos procesales que ordenen el proceso de investigación, adjudicación y ejecución de un caso penal. Id. Véase, además, Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 258-259. En esta última etapa no podemos relegar la realidad de que en nuestro ordenamiento jurídico la ejecución de la sentencia es de suma importancia, ya que ésta es el medio que se utiliza para proveer la oportunidad de reinserción y de rehabilitación moral y social a la persona que incurra en delito. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 440.

B. Cónsono con lo anterior, opino que una dilación ex-cesiva, injustificada e irrazonable por parte del Estado en la ejecución de una sentencia penal vulnera el debido proceso de ley en su vertiente procesal. El derecho a un proceso sin dilaciones excesivas, injustificadas e irrazonables es de aplicación y necesaria observancia en todo tipo de proceso o etapa. No puede ser de otro modo. Ello, pues los ciudadanos no pueden quedar desvalidos y sin protección ante la dilación excesiva, injustificada e irrazonable del Estado en ejecutar una sentencia penal. Sin duda, es evidente que el Estado tiene que ser diligente en la tramitación de la ejecución de una sentencia penal por imperativo del debido proceso de ley.

Claro está, existirán ocasiones en que la dilación se deba a causas no atribuibles al Estado o que la dilación sea justificada y razonable. Sin embargo, no reconocer expresamente y pautar la existencia de garantías fundamentales en la etapa de ejecución de sentencias penales provocaría un indeseable limbo jurídico para los ciudadanos que se encuentran en esa fase del proceso penal. Peor aún, podría resultar en un mecanismo silente del Estado para ejercer un poder abusivo contra las personas convictas de delito. Lamentablemente, hoy se adopta un curso contrario a evitar las dilaciones excesivas, injustificadas e irrazonables en el trámite del proceso penal, incluida la etapa de ejecución de la sentencia.

Expuesto lo anterior, resultaba necesario pautar qué criterios deben aplicar ante un planteamiento de que el Estado infringió su garantía constitucional a un debido proceso de ley por la dilación excesiva, injustificada e irrazonable en la fase de ejecución de una sentencia penal. En cuanto a ello, considero que estos casos conllevan un análisis de varios factores para que el foro judicial pueda dictaminar si la dilación del Estado en ejecutar la sentencia ha sido excesiva, injustificada o sobrepasa los parámetros de lo razonable, por lo que vulnera el derecho a un debido proceso de ley. Así pues, los siguientes criterios servirían de guía a los tribunales: (1) la duración de la dilación en la ejecución de la sentencia penal; (2) las razones para la dilación; (3) el perjuicio resultante de la dilación; (4) la conducta y accesibilidad del peticionario luego de dictada la sentencia penal; (5) los efectos en la rehabilitación del peticionario; (6) el proceder de las autoridades pertinentes luego de dictada la sentencia penal, y (7) la complejidad del caso.

Los criterios mencionados permitirían que el foro judicial pueda crear un balance entre los intereses apremiantes del Estado y las garantías fundamentales que cobijan a los ciudadanos en la fase de ejecución de la sentencia penal. A manera de aclaración a la norma planteada, advertiría que la vulneración al debido proceso de ley conlleva el análisis de todos los criterios señalados. Ninguno de los factores debe ser decisivo, de suyo. Por ende, considero que la alegación de violación al debido proceso de ley en estos casos no puede adherirse a medidas de calendario o descansar en una regla inflexible basada en un simple cómputo matemático, sino que el enfoque es pragmático y responde a la naturaleza inherente que emana de la protección constitucional a un debido proceso de ley en su vertiente procesal.

Expuesto el marco jurídico aplicable y disipadas las cuestiones de umbral, procedo a aplicarlo a la controversia ante nos.

IV

Según indicado, surge de este caso que, por motivo de unos hechos ocurridos en el 1996, el señor Crespo Cumba fue acusado por dos infracciones al Código Penal. Visto el caso, fue sentenciado el 8 de julio de 1997 a cumplir 6 meses de reclusión consecutivos por cada uno de los delitos, para un total de 1 año. Cumplidos los trámites de rigor, la sentencia del señor Crespo Cumba fue suspendida bajo el régimen de libertad a prueba. No obstante, éste incumplió con las condiciones, lo que motivó que el Ministerio Público solicitara la revocación de su probatoria. Así las cosas, y luego de varios incidentes procesales, el 14 de enero de 1999 el foro de instancia revocó la libertad a prueba del peticionario y ordenó su arresto inmediato y su detención hasta que cumpliese la pena de 1 año de reclusión. Luego de transcurridos 16 años de emitida la orden de arresto, ésta se diligenció el 16 de junio de 2015.

Por lo anterior, el señor Crespo Cumba presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. En esencia, argüyó que no podía justificarse la dilación del Estado en dar cumplimiento a la sentencia impuesta. Expresó que, debido al extenso tiempo transcurrido desde dictada la Sentencia y a que siempre ha estado accesible dentro de la jurisdicción, se debía dar por cumplida la pena impuesta o, en la alternativa, modificarla. Evaluada la moción presentada por el peticionario, el foro primario la declaró “no ha lugar”. Ello sin la celebración de una vista al respecto.

Inconforme, el señor Crespo Cumba recurrió al Tribunal de Apelaciones. En síntesis, argumentó que la ejecución de una sentencia emitida hace 16 años era ilegal y contraria a las garantías constitucionales. Argüyó que medió incuria por parte del Estado al ejecutar una sentencia luego de 16 años de emitida. Del mismo modo, sostuvo que por el tiempo transcurrido procedía dar por cumplida la pena impuesta o, en la alternativa, modificarla. A su vez, alegó que procedía la celebración de una vista evidenciaría para evaluar los méritos la moción presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Examinados los argumentos del peticionario, el foro apelativo intermedio denegó la expedición del recurso.

En desacuerdo, el peticionario acudió ante este Tribunal. Ante nos, si bien no cuestiona la legalidad de la Sentencia dictada en 1999, argumenta que la dilación en su ejecución no propicia su rehabilitación social y moral. Arguye que por ser de una situación excepcional, en la que ha mediado incuria y desidia por parte del Estado, se debe dar por cumplida la pena de reclusión impuesta o, en cam-bio, modificarla. Del mismo modo, alega que el Estado ha tenido amplia oportunidad de ejecutar la sentencia emitida en 1999 —ya que ha estado accesible en la jurisdicción—, por lo que la demora innecesaria e irrazonable le ha causado un perjuicio patente y extraordinario, en detrimento de su rehabilitación y sus derechos. A su vez, plantea que no se justifica la inacción y dilación injustificada del Estado en ejecutar una sentencia dictada hace 16 años. Por lo tanto, nos solicita la revocación de la determinación del Tribunal de Apelaciones y su excarcelación.

Examinado el expediente del caso, concluyo que los foros recurridos incidieron al denegar, sin más, los reclamos incoados por el señor Crespo Cumba. Asimismo, considero que éstos actuaron de forma improcedente al dejar entrever que las alegaciones del peticionario no tenían cabida en nuestro ordenamiento jurídico. A lo sumo, ante los reclamos esgrimidos por el señor Crespo Cumba, los foros recurridos debieron ordenar la celebración de una vista. Así las cosas, no puedo imprimirle un sello de corrección al razonamiento de los foros recurridos.

V

En consecuencia, revocaría el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso al foro primario para que, en un término perentorio, celebre una vista en la cual se diluciden los reclamos del señor Crespo Cunaba a la luz de los criterios expuestos en este Voto Particular. Ello en aras de atender los méritos de los reclamos esgrimidos por éste y aquellos argumentos que a bien tenga a plantear el Estado. Una vez celebrada la correspondiente vista, el foro primario estaría en mejor posición de adjudicar si la dilación del Estado en ejecutar la sentencia penal del peticionario infringió las garantías constitucionales aquí discutidas.

       Ello significa que, el día cuando se emite este pronunciamiento, el Sr. Aneudy Crespo Cumba llevaba más de 100 días recluido en una institución penitenciaria.

       Adviértase que es pertinente distinguir la detención preventiva del derecho a un juicio rápido. Ello, pues la cláusula de detención preventiva busca evitar que la encarcelación del acusado antes del comienzo del juicio exceda de 6 meses. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 344. En cambio, el derecho ajuicio rápido tiene el propósito de que el inicio y las demás etapas del juicio no se afecten por dilaciones excesivas e irrazonables. La violación al término de detención preventiva no implica la desestimación del caso penal, sino que procede liberar al imputado y el caso continúa en la etapa en que se encuentre, tal como si se encontrara libre bajo fianza. Por su parte, cuando ocurre un menoscabo al derecho a juicio rápido, el caso se desestima y, de ordinario, regresa a la etapa inicial de causa probable para arresto. Véase L. Rivera Román, Los derechos de los acusados en los procedimientos penales bajo la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos, XLVI (Núm. 2 Rev. Jur. UIPR 417 (2011-2012).

       El derecho a juicio rápido persigue un propósito dual. Por un lado, procura proteger al acusado contra su detención opresiva, minimizar sus ansiedades y preocupaciones, y reducir las posibilidades de que se menoscabe la capacidad del acusado para defenderse. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 606 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 570 (2009). Por otro lado, se satisfacen las exigencias sociales de enjuiciar con premura a quienes son acusados de transgredir sus leyes. Pueblo v. García Vega, supra, pág. 607; Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 570. Lo anterior está unido al interés de evitar que una demora indebida obstaculice el procesamiento efectivo de los acusados, al dificultarse la prueba de los cargos más allá de duda razonable. Pueblo v. García Vega, supra, pág. 607.

       De hecho, el Art. 70 del Código Penal vigente contempla la posibilidad de dejar sin efecto la sentencia dictada cuando han transcurrido 10 años naturales en los cuales el convicto se halle gravemente enfermo y así lo certifique. 33 LPRA see. 5103.

       En cuanto a este asunto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió hace décadas que el proceso requerido para cumplir con las garantías del debido proceso de ley es una interrogante constitucional que debe responderse primariamente por los tribunales. Véase Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 US 532 (1985). Véase, también, E. Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies, 2da ed., Nueva York, Ed. Aspen, 2002, Sec. 7.4.

       Como es sabido, cualquier persona que se encuentre detenida en virtud de una sentencia penal y alegue el derecho a ser puesta en libertad puede presentar una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, ante el tribunal sentenciador en cualquier momento después de dictada la sentencia, incluso cuando ya es final y firme. Para ello, se pueden invocar los fundamentos siguientes: (1) la sentencia fue impuesta en violación de derechos constitucionales o leyes tanto estatales como federales; (2) la falta de jurisdicción del tribunal para imponer la sentencia; (3) la sentencia excede de la pena dispuesta en ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. Id. A menos que la moción y los autos del caso demuestren que la persona no tiene remedio alguno, el tribunal señalará una vista para dilucidar la moción, se asegurará de que el peticionario ha incluido todos los fundamentos para solicitar el remedio, fijará una fianza en los casos apropiados y formulará las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho respecto a la misma. íd. Si el foro judicial determina que se cumple con alguno de los fundamentos mencionados, la referida regla procesal dispone que existen varios cursos de acción que deben seguirse, a saber: (1) dejar sin efecto la sentencia y excarcelar a la persona; (2) dictar una nueva sentencia, o (3) ordenar un nuevo juicio. Id. Véase, además, D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, lOma ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2014, pág. 232.
      Una moción bajo el inciso (4) de la citada Regla 192.1 es uno de los recursos procesales adecuados para alegar una violación al debido proceso de ley por motivo de la dilación excesiva, injustificada e irrazonable del Estado en ejecutar una sentencia penal.

       Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico la imposición de las penas tendrá como objetivos generales los siguientes: (1) la protección de la sociedad; (2) la justicia a las víctimas de delito; (3) la prevención de delitos; (4) el castigo justo al autor del delito en proporción a la gravedad del delito y a su responsabilidad, y (5) la rehabilitación social y moral del convicto. 33 LPRA see. 5011. Véase Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 440.

       Estos criterios han sido reconocidos por otras jurisdicciones como aspectos primordiales para evaluar el carácter razonable de un procedimiento penal, desde la tramitación de la causa hasta la ejecución de la sentencia. Véase E. Ruiz Vadillo, Algunas breves consideraciones sobre las dilaciones indebidas en el proceso penal español, disponible en http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/129234407 1899?blobheader=application%2Fpdf&blobheadernamel=Content-Disposition&blob headername2=EstudioDoctrinal&blobheadervaluel=attachment%3B+filename%3 D1993_1690.pdf&blobheadervalue2=1288777801869.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera García.

license: Public Domain

text:
    Elba Torres Álvarez, t/c/c Elba Torres Matundan o Elba Matundan, su esposo Mitchell M. Matundan Marisigan y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, Philip Conrad Matundan y Kevin Conrad Matundan, recurridos, v. Centro de Patología Avanzada de Puerto Rico, C.S.P, Dra. Delba I. Garrastegui Carde, su esposo Dr. Francisco J. Vizcarrondo Terrón y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, Corporación X, Corporación de Seguros X, Y y Z, Sutano de Tal, A, B y C, peticionarios.

      Número: CC-2014-0868

      Resuelto: 13 de octubre de 2015

      Carlos J. Morales Bauzá y María C. Rodríguez Miranda, de Roselló & Morales, CSP, abogados de la parte peticionaria; Rosa M. Nogueras de González, de Nogueras de González Law Office, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Lamentablemente, hoy nos vemos obligados a atender una controversia que surge como consecuencia de una agresión en el lugar de trabajo. En particular debemos determinar si, en el contexto de la empresa privada, el despido de una empleada que incurrió en la primera ofensa de agredir a otra empleada durante horas laborables, y en presencia de otros empleados, fue justificado. Contestamos que sí. En consecuencia, dejamos sin efecto el dictamen del Tribunal de Apelaciones y confirmamos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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En 2005, la Dra. Elba Torres Álvarez comenzó a trabajar en el Centro de Patología Avanzada de Puerto Rico, CSP (Centro de Patología), como una de las patólogas a cargo de la institución.

La Dra. Delba I. Garrastegui Carde y, su entonces esposo, el Dr. Francisco J. Vizcarrondo Terrón eran los dueños del Centro de Patología. La doctora Garrastegui Carde, además, fungía como directora de la institución. El 10 de diciembre de 2010, esta cumplía años, por lo que varios empleados del Centro de Patología decidieron hacerle una celebración sorpresa en la oficina. Ese día, a eso del mediodía, la doctora Torres Álvarez salió de la oficina para comprarle un regalo a la doctora Garrastegui Carde, por lo que le pidió a la Sra. Johanna Reyes Millán, asistente administrativa de la empresa, que no empezaran la celebración hasta que ella regresara.

Más tarde ese día, varios empleados que habían terminado su jornada de trabajo pidieron cantarle cumpleaños a la doctora Garrastegui Carde porque tenían que irse a sus casas. Así, se llevó a cabo la celebración sin la presencia de la doctora Torres Álvarez. La señora Reyes Millán se quedó en su oficina trabajando y no participó de la celebración. Posteriormente, cuando la doctora Torres Álvarez regresó a la oficina llamó vía telefónica a la señora Reyes Millán para preguntarle si ya se había efectuado la celebración. Esta le contestó que sí, porque varios empleados querían participar de la celebración antes de marcharse del laboratorio. La doctora Torres Alvarez se enfureció y le colgó el teléfono. Esa misma tarde, le pidió excusas a la doctora Garrastegui Carde por no haber estado presente durante la celebración y le entregó el obsequio que le había comprado. Esta le agradeció el detalle y le dijo que no se preocupara.

Al día siguiente, la doctora Torres Alvarez le indicó a la doctora Garrastegui Carde que estaba molesta con la señora Reyes Millán, debido a que no siguió sus instrucciones el día anterior. Por esa razón, le solicitó una reunión con ella para discutir lo sucedido. La doctora Garrastegui Carde trató de persuadir a la doctora Torres Alvarez de que olvidara el suceso porque no era importante. No obstante, esta insistió en la reunión, la cual, por deferencia, la doctora Garrastegui Carde decidió llevar a cabo. Una vez se reunieron las tres en la oficina de la doctora Garrastegui Carde, conforme a la versión de los hechos a la que el Tribunal de Primera Instancia le brindó entera credibilidad, la doctora Torres Alvarez comenzó a reclamarle a la señora Reyes Millán por lo sucedido. Esta le explicó que no la habían esperado porque algunos empleados habían terminado su jornada laboral y deseaban regresar a sus casas. Molesta por lo ocurrido, la doctora Torres Alvarez exigió reunir a los empleados que decidieron cantar cumpleaños sin su presencia para corroborar la explicación ofrecida, a lo que la señora Reyes Millán le respondió que eso era una “ignorancia”. Apéndice, pág. 13. En ese momento, la doctora Torres Alvarez se molestó aún más y le expresó lo siguiente: “qué bueno que me fui ayer temprano porque si llego a verte no sé lo que sería capaz de hacerte”. Apéndice, pág. 13. También le dijo, en un tono de voz alto, que era una ineficiente y mala administradora. En ese momento se caldearon los ánimos al punto que la señora Reyes Millán comenzó a llorar y no toleró permanecer allí, por lo que solicitó ser excusada y se retiró a su oficina.

La doctora Torres Alvarez se enojó más e interpretó que la señora Reyes Millán la había dejado con “la palabra en la boca”. Apéndice, pág. 13. La doctora Garrastegui Carde le indicó que “ella había amenazado a la señora Reyes Millán y que esta se había puesto nerviosa y no podía continuar con la reunión”. Apéndice, pág. 14. Debido a que la doctora Torres Alvarez insistió en que la reunión tenía que continuar, la doctora Garrastegui Carde llamó por teléfono a la señora Reyes Millán para preguntarle si podía regresar a la reunión. Mientras lloraba, esta le contestó que no podía continuar con la reunión debido a que estaba muy nerviosa e incómoda con lo sucedido. La doctora Garrastegui Carde se lo informó a la doctora Torres Alvarez y esta decidió dirigirse hacia la oficina de la señora Reyes Millán. Allí tocó la puerta y la señora Reyes Millán abrió bajo la impresión de que quien tocaba era la doctora Garrastegui Carde.

Conforme a la versión creída por el Tribunal de Primera Instancia, al abrir la puerta, la doctora Torres Alvarez rápidamente agarró fuertemente a la señora Reyes Millán por el brazo y comenzó a halarla hacia afuera de la oficina. Apéndice, pág. 14. Mientras ocurría el forcejeo entre ambas, la doctora Garrastegui Carde —quien había permanecido trabajando en su oficina— escuchó los gritos y se dirigió rápidamente hacia donde estaba ocurriendo el incidente. Cuando se percató del forcejeo que estaba sucediendo, se colocó entre ambas empleadas, y le dijo a la doctora Torres Alvarez que soltara a la señora Reyes Millán, que no podía agarrar así a ningún empleado. La doctora Garrastegui Carde tuvo que hacer fuerza con los dos brazos para lograr que la doctora Torres Alvarez finalmente soltara a la señora Reyes Millán. Cuando esta última logró zafarse, corrió fuera del Centro de Patología, ya que temía por su seguridad. Es menester mencionar que la señora Reyes Millán estaba embarazada al momento de los hechos. Una vez afuera, otro empleado del Centro de Patología se percató de lo sucedido y la llevó a su casa. Luego de que la señora Reyes Millán saliera de las facilidades, la doctora Torres Alvarez dijo en voz alta: “yo soy la doctora Torres y a mí se me respeta”. Apéndice, págs. 15-16. La doctora Garrastegui Carde le pidió que se calmara y le indicó que allí todos los empleados la respetaban. En ese momento, la doctora Garrastegui Carde notó que varios empleados del Centro de Patología se habían acercado al área para ver lo que estaba sucediendo.

Luego de llegar a su casa y contarle a su esposo lo acontecido, la señora Reyes Millán acudió a un cuartel de la Policía en Bayamón para presentar una querella contra la doctora Torres Alvarez. Posteriormente, un agente de la Policía acudió al Centro Patológico para entrevistar a esta última. En ese momento, la doctora Torres Alvarez le dijo a la doctora Garrastegui Carde lo siguiente: “tienes que ayudarme, esto es agresión es un delito criminal, me tienes que ayudar”. Apéndice, pág. 17. Como consecuencia del incidente, la señora Reyes Millán no fue a trabajar los dos días siguientes porque no se sentía bien y estaba muy nerviosa. Eventualmente, decidió no continuar con la querella ni presentar una demanda civil porque estaba embarazada y no quería involucrarse en asuntos en los tribunales. Apéndice, pág. 19.

La doctora Garrastegui Carde compartió todo lo acontecido con su entonces esposo, el doctor Vizcarrondo Terrón, y decidieron, como directivos del Centro de Patología, que era necesario asesorarse legalmente. Así, acudieron ante el Ledo. Iván Garau, quien les recomendó cesantear a la doctora Torres Álvarez porque no se podía permitir esa conducta en el lugar de trabajo. Sin embargo, decidieron que necesitaban una segunda opinión. Según la doctora Garrastegui Carde, la decisión de despedir a la doctora Torres Alvarez era muy difícil y dolorosa debido a su estrecha amistad y a que esta era una excelente patóloga. Su despido también afectaría el Centro de Patología porque se quedaría con una sola patóloga, lo que no era suficiente para todo el trabajo que tenían.

Ante ese cuadro, la doctora Garrastegui Carde se reunió con el Ledo. Frank Zorrilla, quien le recomendó lo mismo que el licenciado Garau. Según el testimonio de la doctora Garrastegui Carde, el licenciado Zorrilla le indicó que debía cesantear a la doctora Torres Alvarez. Asimismo, le expresó que, como patrono, el Centro de Patología era responsable de la seguridad de todos sus empleados y que si esa situación volvía a ocurrir, el patrono sería responsable. Así, los doctores Garrastegui Carde y Vizcarrondo Terrón decidieron finalmente despedir a la doctora Torres Álvarez. Esa decisión se la iban a informar personalmente en una reunión, pero esta no se llegó a celebrar debido a que la doctora solicitó excusarse porque no se sentía bien. Al próximo día, la doctora Torres Álvarez se comunicó por teléfono con el doctor Vizcarrondo Terrón para conocer cuál era el propósito de la reunión a la que la habían citado. Este le indicó que la Junta de Directores del Centro de Patología, siguiendo la recomendación brindada por sus abogados, había tomado la decisión de cesantearla debido al incidente con la señora Reyes Millán. En ese momento le indicó a la doctora Torres Álvarez que estaba en disposición de aceptar su renuncia en lugar de despedirla, pero esta no aceptó, por lo que se le notificó que estaba despedida.

Es importante señalar que al momento de este incidente estaba en vigor el reglamento de trabajo, Manual de empleado y Normas de Conducta del Centro de Patología, el cual fue preparado por la propia doctora Torres Álvarez, junto con la doctora Garrastegui Carde. Hay que destacar que, previo al incidente que origina este caso, la doctora Torres Álvarez no había sido objeto de amonestaciones relacionadas con su desempeño en el Centro de Patología y sus supervisores estaban satisfechos con su trabajo.

A raíz de lo anterior, la doctora Torres Álvarez, su esposo, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y los hijos de ambos, presentaron una demanda sobre despido injustificado, libelo, difamación, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra el Centro de Patología, la doctora Garrastegui Carde, el doctor Vizcarrondo Terrón y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. Luego de un prolongado litigio que duró aproximadamente cinco años y que incluyó la celebración de un juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en su totalidad. Además, debido a la ausencia total de prueba respecto a la causa de acción por libelo y calumnia, le impuso a la doctora Torres Álvarez el pago de $6,000 en honorarios de abogado por incurrir en temeridad.

Inconforme con esa determinación, la doctora Torres Álvarez acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación. Ese foro confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, excepto en lo relativo a la causa de acción por despido injustificado, sobre la cual concluyó que erró el foro primario al desestimar la reclamación. Pese a las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia, el foro apelativo intermedio entendió que el Centro de Patología, la doctora Garrastegui Carde y el doctor Vizcarrondo Terrón no demostraron que la doctora Torres Álvarez incurrió en una falta tan grave y de tal naturaleza que pusiera en riesgo el lugar de trabajo o a sus empleados y que, por lo tanto, justificara su despido ante una primera falta. Según el Tribunal de Apelaciones, no se probó que las actuaciones de la doctora Torres Álvarez constituyeran una agresión o una amenaza, ni que fueran parte de un patrón de conducta impropia o desordenada, por lo que no se justificaba su despido. Además, el foro apelativo intermedio destacó en su Sentencia el hecho de que la señora Reyes Millán desistió del proceso criminal contra la doctora Torres Álvarez. Así, devolvió el caso al foro primario para que computara la suma correspondiente al pago de la mesada.

En desacuerdo, el Centro de Patología, la doctora Garrastegui Carde y el doctor Vizcarrondo Terrón acuden ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari y nos solicitan que revoquemos la parte de la sentencia del Tribunal de Apelaciones en la que se determinó que no medió justa causa en el despido de la doctora Torres Alvarez. Plantean, además, que erró el foro apelativo intermedio al no otorgar deferencia a las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia y sustituirlas por su propio criterio sin que existiese base racional para ese proceder. Finalmente, esbozan que erró el Tribunal de Apelaciones al requerir la comisión de un delito y la existencia de daños físicos para que un patrono pueda despedir a un empleado de forma justificada.

HH i—I

A. La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 LPRA sec. 185a et seq. (Ley Núm. 80), tiene el propósito de proteger al empleado de actuaciones arbitrarias del patrono e imponer remedios económicos que desalienten la práctica de despedir a los empleados injustificadamente. Romero et als. v. Cabrera Roig et als., 191 DPR 643, 649-650 (2014). Esos objetivos se instrumentan a través del Art. 1 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA see. 185a, el cual dispone que los empleados de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo que (1) están contratados sin tiempo determinado, (2) reciban una remuneración y (3) sean despedidos de su cargo sin que haya mediado justa causa, tienen derecho al pago de una indemnización por parte de su patrono, además del sueldo devengado, típicamente denominada como la mesada. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009). La mesada es el remedio exclusivo disponible para los empleados despedidos injustificadamente, siempre y cuando no existan otras causas de acción al amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan otros remedios. Romero et als. v. Cabrera Roig et als., supra, págs. 650-651. El monto de esa mesada dependerá del tiempo que el empleado ocupó su puesto y del sueldo que devengaba. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 950 (2011).

El Art. 2 de la Ley Núm. 80 (29 LPRA sec. 185b) tipifica varias causales como justa causa para el despido de un empleado. Algunas de esas instancias son atribuibles a la conducta del empleado, mientras que otras están relacionadas a aspectos económicos de la administración de una empresa. Romero et als. v. Cabrera Roig et als., supra, pág. 652. Los incisos (b) y (c) del referido artículo disponen que será justa causa para el despido “[q]ue el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada” o la “[v]iolación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado”, respectivamente. Sin embargo, esas dos instancias, al igual que las demás que se enumeran en la Ley Núm. 80, “son sólo ejemplos de las posibles causas que constituyen justa causa para el despido”. Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 DPR 734, 738 (2007) (Sentencia). Esto se debe a que “el concepto justa causa’ es dinámico, puesto que se nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles de prever”. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001). La Ley Núm. 80 “no pretende, ni puede, considerada la variedad de circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de trabajo, ser un código de conducta que contenga una lista de faltas claramente definidas y la sanción que corresponda a cada una y en cada instancia”. íd. En otras palabras, la enumeración de escenarios que se consideran justa causa contenida en la Ley Núm. 80 no es taxativa. íd.

Por esa razón, los patronos están en libertad de adoptar los reglamentos y las normas razonables que estimen necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y en las que se definan las faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como sanción. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001). Cuando un patrono despide a un empleado por una causal no enumerada en la Ley Núm. 80, nuestro análisis para determinar si esta constituye justa causa se basa en el principio rector de la Ley Núm. 80, contenido en el segundo párrafo de su Art. 2, supra, el cual establece lo siguiente: “No se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento”.

Con esa regla como norte, y a modo de excepción, hace más de treinta y cinco años reconocimos que la Ley Núm. 80 “no excluye de la sanción o despido en primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad de agravio así lo requiera en protección de la buena marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí laboran”. Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 543 (1979). Es decir, aunque la Ley Núm. 80 “no favorece el despido como sanción a la primera falta, ello podría considerarse justificado si dicha acción u omisión, por su gravedad y potencial de agravio, pone en riesgo la seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el funcionamiento del negocio”. (Enfasis suprimido). Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004). En esos casos particulares,

“[l]a falta o acto aislado que dé lugar [a]l despido del empleado en primera ofensa ha de ser de tal seriedad o naturaleza que revele una actitud o un detalle de su carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la empresa, que constituiría una imprudencia esperar [a que se repita, para entonces proceder con el despido]”. (Corchetes en el original). Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 383 (2011), citando a Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 544.

En Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499 (1990), validamos una disposición del reglamento de personal de la Puerto Rico Telephone Company que establecía que la agresión de un empleado a otro era justa causa para el despido, aun cuando fuera la primera ofensa del agresor. De esa forma, concluimos que el despido de un empleado que agredió a otro durante horas laborables y frente a sus compañeros fue justificado, dado que el efecto directo de la agresión fue la humillación y el menosprecio de la dignidad humana del agredido y la interrupción de las labores y el funcionamiento habitual de la agencia. íd., págs. 515-516. Aunque nuestros pronunciamientos fueron en el contexto de empleados públicos cobijados por la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, 3 LPRA see. 1451 et seq., no encontramos razón alguna para no aplicarlos en igual extensión a los empleados de la empresa privada cobijados por la Ley Núm. 80. El principio subyacente de esa norma es el mismo independientemente del tipo de patrono. Después de todo, la dignidad y seguridad de un empleado público tiene el mismo valor que la de un empleado de la empresa privada. Lo mismo sucede con la protección que el ordenamiento quiere brindar al ambiente y funcionamiento ordenado de los lugares de trabajo. A igual conclusión parece haber llegado el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, pues en su interpretación oficial de la Ley Núm. 80 incluye el referido caso como aplicable a instancias donde un empleado es despedido por cometer una agresión en el lugar de empleo. Véase Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía revisada para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 30 de junio de 2014, pág. 47.

Por otro lado, la Ley Núm. 80 establece un esquema probatorio mediante el cual, una vez el empleado despedido demuestra que cumple con los requisitos para ejercer la causa de acción, es el patrono demandado quien tiene el peso de la prueba para establecer que el despido estuvo justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). Si logra probarlo, no estará obligado a pagar la mesada. Romero et als. v. Cabrera Roig et als., supra, pág. 652. En cambio, si no logra hacerlo, el obrero tendrá derecho a los remedios que provee la Ley Núm. 80.

B. En nuestro ordenamiento, los tribunales apelativos otorgan gran deferencia a las determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba testifical y las adjudicaciones de credibilidad que hacen los tribunales de primera instancia. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). Esa deferencia, como norma general, prohíbe que un tribunal apelativo sustituya las determinaciones de hecho de un foro inferior. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011). Esto se debe a que el foro primario es quien ve y escucha a los testigos y, por ende, está en mejor posición para evaluar y aquilatar la prueba presentada en el juicio. Laboy Roque v. Pérez y otros, 181 DPR 718, 744 (2011). Por lo tanto, los foros revisores no deben intervenir con las determinaciones de hecho de los jueces de instancia, salvo que medie error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).

HH l-H hH

A. El Centro de Patología, la doctora Garrastegui Carde y el doctor Vizcarrondo Terrón nos plantean que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que como: (1) el incidente en cuestión fue la primera falta de la doctora Torres Alvarez; (2) esta no incurrió en un patrón de conducta impropia o desordenada o en una violación reiterada de las reglas y los reglamentos del Centro de Patología; (3) tampoco fue amonestada ni sancionada antes de ser despedida, y (4) no se demostró que la señora Reyes Millón hubiese sufrido daños físicos graves o necesitado recibir atención médica, el despido de esta fue injustificado. Igualmente, ese foro intimó que pesó en su decisión el hecho que la señora Reyes Millán hubiese desistido de la querella criminal contra la doctora Torres Álvarez. Además, los peticionarios argumentan que el foro apelativo intermedio erró al sustituir las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia por sus propias apreciaciones de la prueba testifical. Coincidimos en que los errores se cometieron.

En este caso quedó probado a satisfacción del Tribunal de Primera Instancia que la doctora Torres Álvarez agredió a la señora Reyes Millán al agarrarla fuertemente por el brazo y halarla hacia fuera de su oficina. Igualmente, quedó demostrado que la doctora amenazó a la señora Reyes Millán al decirle que si la hubiera encontrado el día anterior no sabía lo que habría sido capaz de hacerle. Tampoco hay duda de que todo lo anterior sucedió en horas laborables, en el lugar de trabajo y frente a los demás empleados, lo que tuvo el efecto directo de interrumpir el funcionamiento ordinario del Centro de Patología. Por su parte, el reglamento del Centro de Patología, según el principio rector de la Ley Núm. 80, el cual establece que los patronos pueden adoptar causales adicionales a las enumeradas en ese estatuto para el despido justificado de sus empleados siempre y cuando sean razonables y busquen proteger el buen funcionamiento de la empresa, prohibía expresamente este tipo de actuaciones. Específicamente, el reglamento disponía lo siguiente:

ACCIONES DISCIPLINARIAS
El CPAPR [Centro de Patología] tomará medidas correctivas cuando la conducta de un empleado no se ajuste a las normas establecidas. Aquel empleado que incumpla cualquiera de sus deberes como empleado se le podrá imponer las siguientes sanciones: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión de empleo y sueldo, y/o destitución, sin que necesariamente se deba seguir ese orden. Las sanciones deberán ser proporcional [sic] a la gravedad de la falta cometida. A continuación se enumera los actos que justifican la imposición de medidas disciplinarias [...] Apéndice, pág. 24.

Más adelante, el Reglamento establecía que los siguientes actos o conducta justifican la imposición de medidas disciplinarias:

15. Iniciar, incitar, causar o participar en una disputa, argumentación, discusión desordenada que altere el orden o interrumpa las labores.

16. Agresión física o incitación a la misma o amenazas al bienestar de cualquier persona en los terrenos del Centro. Apéndice, pág. 25.

Por lo tanto, resolvemos que la decisión de los directores del Centro de Patología de despedir a la doctora Torres Álvarez estuvo respaldada por las disposiciones del reglamento de personal de la institución, las cuales, a su vez, entendemos que son razonables a la luz del principio rector de la Ley Núm. 80. Si bien la amenaza y agresión a la señora Reyes Millán —quien estaba embarazada al momento de los hechos— en horas laborables, en el lugar de trabajo y en presencia de otros empleados, fue la primera ofensa que cometió la doctora Torres Álvarez como empleada del Centro de Patología, debido a la gravedad y al impacto que tales actuaciones tuvieron sobre el orden, la seguridad, la eficiencia y el ambiente de trabajo, concluimos que el despido estuvo justificado. Véase Rivera v. Pan Pepin, supra. Dado los hechos de este caso, el despido fue una sanción proporcional a la gravedad de la conducta en que incurrió la doctora Torres Álvarez. Esa actuación tampoco fue arbitraria o caprichosa.

La ley no requiere que un patrono espere a que una empleada que amenazó y agredió a una compañera durante horas laborables y en los predios de la empresa, cometa una segunda o tercera amenaza o agresión para que pueda ser cesanteada conforme a la Ley Núm. 80. Un patrono no tiene por qué permitir un ambiente de trabajo donde los empleados estén impedidos de trabajar en paz y con la tranquilidad de que no van a ser agredidos ni amenazados por sus compañeros.

Resolver lo contrario implica exponer al patrono, quien es responsable de la seguridad de todos sus empleados, a responder legalmente por las futuras actuaciones del empleado agresor. En este caso el potencial de que se repitiera la conducta de la doctora Torres Álvarez quedó de manifiesto cuando esta exigió una segunda reunión con los empleados que entendía eran responsables de que no hubiese podido participar de la celebración de cumpleaños. La Ley Núm. 80 no puede ser una camisa de fuerza para un patrono que simplemente actúa con diligencia, en protección de la seguridad de los demás empleados que trabajan en la institución.

En casos como este —donde ocurre una agresión— no se requiere que la persona agredida sufra un daño corporal que requiera atención médica. El simple hecho de utilizar fuerza física e iniciar un forcejeo contra otro empleado, particularmente cuando se trata de una mujer embarazada, es más que suficiente para entender que el empleado agresor representa una amenaza contra el buen funcionamiento de la empresa. Una agresión física, en cualquiera de sus manifestaciones, transgrede los principios más elementales de “sana convivencia social, respeto al prójimo, a su dignidad y a su autoestima”. Torres Solano v. P.R.T.C., supra, pág. 517 esc. 5. “El lugar de trabajo, sea este público o privado, no puede estar exento de la aplicación de estos principios básicos de convivencia humana”. (Énfasis suplido). Id. Tampoco entendemos que es pertinente para este caso el resultado del proceso criminal para sancionar la agresión y amenaza por la vía penal.

B. Por último, es menester señalar que el Tribunal de Apelaciones no brindó explicación alguna para descartar parte de las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia relacionadas al incidente que origina este caso. Esas determinaciones, según la sentencia del foro primario, están basadas en los testimonios de la señora Reyes Millán y la doctora Garrastegui Carde, a los que ese foro adjudicó entera credibilidad. Apéndice, págs. 14 y 34-35. El Tribunal de Apelaciones se apartó de esas determinaciones de hechos y, en cambio, concluyó que no se probó a nivel de instancia que la doctora Torres Alvarez incurriera en una “agresión física o incitación a la misma o amenazas al bienestar de cualquier persona en los terrenos del Centro”. Apéndice, pág. 83. En particular, determinó expresamente que no se había demostrado que “la doctora Torres [Álvarez] incurrió en algún tipo de conducta que tuviese el propósito de agredir o amenazar a la señora Reyes [Millán]”. Apéndice, pág. 84. Además, descartó las determinaciones de hecho relacionadas a que este incidente interrumpió las labores en el Centro de Patología y afectaron el ambiente de tranquilidad y armonía de la oficina.

Para descartar parte de las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia basadas en prueba testifical, y en cambio darle credibilidad al testimonio de otra testigo, en este caso al de la doctora Torres Álvarez, tiene que darse alguna de las excepciones a la norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento que dispone que los foros apelativos deben brindar gran deferencia a la adjudicación de credibilidad a los testigos y a las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia. No obstante, eso no surge del expediente. Por lo tanto, concluimos que erró el foro apelativo intermedio al no brindarle deferencia a las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia que establecen que la doctora Torres Álvarez amenazó y agredió a la señora Reyes Millán, en horas laborables, en el lugar de trabajo y en presencia de otros empleados, incluso de la supervisora de ambas.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se confirma el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que declaró “sin lugar” la demanda.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera García.

Opinión de conformidad emitida por la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera García.

Estoy conforme con la muy bien fundamentada Opinión que emite hoy una Mayoría del Tribunal. De acuerdo con los parámetros de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 LPRA sec. 185a et seq.) y su jurisprudencia interpretativa, el despido de una empleada que amenazó y agredió a una compañera en el lugar de empleo es justificado, aunque haya sido su primera ofensa. Como correctamente se expone en la Opinión Mayoritaria, lo esencial al analizar casos de despido, en los cuales no existe un patrón de incumplimiento con las normas establecidas por el patrono, es el impacto que ese acto tiene en el buen funcionamiento de una empresa, de modo que constituiría una imprudencia para el patrono esperar a que la conducta se repita para entonces destituir al empleado.

Si bien la Ley Núm. 80, supra, desalienta el despido por una primera falta, este estatuto no pretende ser una muralla insuperable entre el derecho del trabajador a no ser despedido sin una justa causa vis a vis el interés de un patrono de velar por el funcionamiento eficiente de su negocio. Máxime cuando el patrono actúa amparado en las normas razonables de su empresa y en protección del bienestar de sus empleados.

Reitero mi conformidad con la Opinión que antecede. No obstante, toda vez que he notado una tendencia de los jueces de nuestros tribunales de analizar pleitos de despido injustificado como si estos fueran jefes de Recursos Humanos del patrono querellado, aprovecho este caso para ex-presarme por separado en cuanto a este particular.

I

En el caso de autos le correspondía al foro a quo determinar si el despido de una empleada que amenazó y agredió a otra empleada en el lugar de empleo fue justificado, a pesar de que esa fue su primera ofensa.

Como muy bien se discute en la Opinión que antecede, al momento del incidente que redundó en el despido de la Dra. Elba Torres Álvarez (doctora Torres Alvarez o recurrida) estaba vigente el Reglamento de Trabajo, Manual de Empleado y Normas de Conducta del Centro de Patología (Reglamento), de su propia autoría. El Reglamento disponía varias acciones disciplinarias, entre ellas el despido. Inter alia, y pertinente a la controversia de autos, establecía que la siguiente conducta justificaba la imposición de medidas disciplinarias a un empleado, a saber:

15. Iniciar, incitar, causar o participar de una disputa, argumentación, discusión desordenada que altere el orden o interrumpa las labores.

16. Agresión física o incitación a la misma o amenazas al bienestar de cualquier persona en los terrenos del Centro. Apéndice, pág. 25.

Según consta en autos, el despido surge como consecuencia de la infracción por parte de la doctora Torres Alvarez de las precitadas normas reglamentarias. En síntesis, el acto específico que dio lugar a su despido surgió cuando, luego de varios incidentes —discutidos en detalle en la Opinión Mayoritaria— la recurrida se dirigió a la oficina de la Sra. Johanna Reyes Millán la agarró fuertemente por el brazo y la haló hacia el pasillo lo cual culminó en un forcejeo entre ambas. Esta versión de los hechos le mereció entera credibilidad al Tribunal de Primera Instancia.

No obstante, a pesar de que quedó demostrado a satisfacción del foro primario que la doctora Torres Álvarez agredió y amenazó a la señora Reyes Millón durante horas laborables y que esa conducta tuvo el efecto directo de interrumpir el funcionamiento ordinario del lugar donde esta laboraba, el Tribunal de Apelaciones optó por revocar la decisión de ese foro de desestimar la Demanda presentada por la recurrida en lo relativo a la causa de acción por despido injustificado.

Inter alia, el foro a quo razonó que: (1) no se demostró que la doctora Torres Álvarez incurriera en una conducta tan lesiva al funcionamiento y buen orden de la empresa que justificara su despido ante una primera falta y (2) no se probó que la conducta en la que incurrió la recurrida constituyera una agresión o amenaza ni que esta fuera parte de un patrón de conducta impropio o desordenado.

Además, el Tribunal de Apelaciones destacó en su Sentencia que: (1) la señora Reyes Millón desistió del proceso criminal que había iniciado contra la doctora Torres Álvarez y (2) no se demostró que la señora Reyes Millón hubiese sufrido daños físicos graves o necesitado recibir atención médica como consecuencia del incidente entre esta y la recurrida.

De entrada, y como muy bien destaca la Opinión que antecede, estas consideraciones sencillamente no son pertinentes para validar un despido que ocurre como resultado de una agresión entre empleados. Además, soy del criterio que, al intimar que estas consideraciones pesaron en su determinación, el foro a quo se desvió de su función revisora y analizó el caso tomando en consideración cómo hubiesen actuado ellos como jefes en esta situación. Ciertamente, un patrono puede optar por no despedir a un empleado por una primera falta grave, ya sea por razones de índole económica, personal o relacionadas con el buen funcionamiento de su negocio. Pero al analizar casos de despido al amparo de la Ley Núm. 80, supra, nuestro rol se limita a aplicar el texto de la ley, su jurisprudencia interpretativa, y las normas razonables contenidas en el reglamento del patrono, de haberlo. Si el despido cumple con los estándares jurisprudenciales pertinentes, el tribunal debe desestimar la reclamación de despido injustificado.

Lo que no nos corresponde hacer al adjudicar este tipo de controversia es sustituir el criterio del patrono querellado por lo que hubiéramos hecho en su lugar ante los hechos particulares del caso ante nuestra consideración. Es decir, el criterio decisorio no puede ser qué hubiéramos decidido nosotros como patronos en una situación similar. La decisión gerencial de despedir a un empleado le puede parecer personalmente desacertada a un juez ante unos hechos particulares, pero su análisis del caso no puede ser guiado por ese criterio subjetivo.

En este caso el foro apelativo intermedio descartó parte de las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia para sustituirlas por criterios exógenos al análisis que le correspondía hacer al evaluar un despido que está respaldado por el reglamento de personal de un patrono. En ese ejercicio le corresponde a los tribunales analizar si la conducta está prohibida por el reglamento de personal, si las disposiciones reglamentarias que el empleado conocía e infringió son razonables o, en casos de una primera ofensa, si la conducta es tan lesiva que afecta el funcionamiento ordinario del negocio. En otras palabras, que el despido no es el resultado de una actuación caprichosa y arbitraria del patrono y que la decisión fue con miras a proteger la buena marcha de la empresa.

Conforme hemos mencionado, el despido de la doctora Torres Álvarez estuvo respaldado por el Reglamento de Personal. Como vimos, el este prohíbe, entre otras cosas, incitar o iniciar disputas o discusiones que interrumpan las labores y las agresiones físicas y amenazas a otros empleados. No existe controversia de que la doctora Torres Álvarez agredió y amenazó a otra empleada durante horas laborables por lo que su conducta claramente violó el Reglamento. Ciertamente, una norma que prohíba las agresiones en el taller de trabajo sin duda es razonable y tiene el fin principalísimo de velar por el buen y normal funcionamiento de un negocio. Por lo tanto, no puede considerarse que ese despido sea injustificado, aun cuando sea una primera ofensa. Ello debido al impacto directo que esa conducta tiene sobre el orden y la seguridad en el lugar de empleo. Sería un contrasentido exigirle a un patrono que espere a que este tipo de conducta se repita para poder despedir al empleado agresor.

Es entendible que en ciertas circunstancias no estemos completamente de acuerdo con el curso disciplinario de un patrono de despedir a un empleado por una primera falta, pero ese sentir no puede nublar nuestra función judicial al interpretar la Ley Núm. 80, supra. El hecho de que pensemos que un patrono debió considerar algún elemento al momento de despedir a un empleado, no significa que si no lo hizo ese despido automáticamente es injustificado. Lo esencial es analizar si la acción del patrono, de despedir a un empleado en una primera ofensa, cumple con los requisitos jurisprudenciales que hemos desarrollado en ese tema, a saber: (1) que el despido esté respaldado por las normas de la empresa; (2) que esas normas sean razonables y, (3) que la conducta que dio lugar al despido sea tan lesiva que afecte el funcionamiento ordinario del negocio.

Por ende, espero que los tribunales inferiores se limiten al análisis anterior y cesen la práctica de colocarse en el lugar del Departamento de Recursos Humanos de un negocio al momento de analizar casos de despido injustificado. Nuevamente, en lo personal podemos pensar que en una situación particular, como patronos del negocio, hubiésemos seguido otro curso de acción en lugar de despedir al empleado. No obstante, ni la Ley Núm. 80, supra, ni nuestros precedentes en este tema, ni la esencia de la función judicial nos permiten convertirnos en árbitros de cada decisión de recursos humanos en las empresas puertorriqueñas. Como jueces nos corresponde analizar y aplicar el derecho sin dejar que nuestro sentir personal, en cuanto a un despido en particular, permee las decisiones que emitimos.

Debido a que la Opinión que antecede refleja y fomenta este análisis, estoy conforme con la decisión que hoy se anuncia.

       Conforme estableció el Tribunal de Primera Instancia en sus determinaciones de hecho, la doctora Torres Álvarez firmó un contrato con el Centro de Patología, mediante el cual se convirtió en empleada de la institución de forma indefinida a cambio de un salario y otras compensaciones. Además, según ese contrato, esta también era contratista independiente para otras tareas adicionales que realizaba para el Centro de Patología y por las cuales recibía una compensación adicional. Apéndice, pág. 9. Ese contrato disponía expresamente que estaría “gobernado” por las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq. No surge del expediente que las partes hayan controvertido este hecho.

       Según la versión de la doctora Torres Álvarez, lo que en realidad ocurrió fue que esta “agarró por el brazo [a la señora Reyes Millán] para tranquilizarla, ya que justo frente a [su] oficina están ubicadas las escaleras y temía que pudiera ocurrir un accidente y se cayera por las escaleras”. Oposición a alegato de la peticionaria, pág. 10. Esa versión de los hechos no fue creída por el Tribunal de Primera Instancia.

       Véase, además, Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994).

       Es importante resaltar que al momento de ese incidente, la señora Reyes Millán estaba embarazada. Si bien ese hecho es altamente reprochable y constituye un agravante al acto de agresión que dio lugar al despido de la Dra. Elba Torres Álvarez, no es determinante a la hora de destituir a un empleado por agredir a otro en el lugar de empleo. Ya en ocasión anterior —y hoy me reafirmo— he reprochado este tipo de conducta que lacera el derecho básico de un empleado a ganarse su sustento económico de manera digna. Véase Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368 (2015). Una agresión en el lugar de empleo, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea entre empleados del mismo sexo, de hombre a mujer o viceversa es un acto intolerable y lacera las normas de sana convivencia que deben peimear los talleres laborales de Puerto Rico.