text:
    Salvador Díaz de la Torre, demandante y apelante, v. Porto Rico Ry., Light & Power Co., demandada y apelada.
    Núm. 8723.

    — Sometido: Febrero 11, 1944.

      Resuelto: Junio 20, 1944.

      José L. Novas, abogado del apelante; Brown, González & Newsom y Caños J. Faure., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Salvador Díaz de la Torre demandó a la Porto Rico Railway Light & Power Co., Inc., reclamándole daños y perjuicios debido a alegadas manifestaciones calumniosas dichas acerca de Díaz por José M.' Prado, empleado de la demandada, en el curso del cumplimiento de sus deberes. El demandante ha apelado de la sentencia de la corte de distrito declarando sin lugar la demanda.

Francisco Mercado era dueño de una casa de dos vivien-das. El demandante tenía una alquilada y Felicita Izquierdo tiene la otra. Felicita Izquierdo obtenía su energía eléc-trica de la demandada a tipo fijo, estando conectada su ins-talación al alumbrado de la calle. El demandante tenía ins-talado un contador en su apartamiento y pagaba a la de-mandada por la cantidad de energía eléctrica que éste re-gistraba. Los agentes de la demandada se personaron en la vivienda de Felicita Izquierdo y quitaron los alambres eléc-tricos que allí había, suspendiéndole el servicio, e instalando en el apartamiento del demandante un alambre concéntrico de los utilizados para impedir el hurto de energía eléctrica. Cuando Mercado fué a la oficina de la demandada y preguntó a Prado por qué se había hecho esto, Prado manifestó que Belén, uno de los inspectores de la Compañía que había in-vestigado el asunto, le había informado que el demandante se estaba robando la energía eléctrica. Se demostró durante el juicio que el tabique que separaba la vivienda de Izquierdo de la del demandante no llegaba hasta el plafón, y que los inspectores encontraron en la vivienda de Izquierdo ciertos alambres y conexiones que ella no estaba autorizada a tener.

La corte de distrito halló probados estos hechos pero re-solvió que la manifestación de Prado era privilegiada condi-cionalmente, y que el demandante no podía recobrar de la demandada debido a dichas manifestaciones, en vista de que no se demostró “malicia expresa” o “malicia de hecho”.

La demandada no hizo esfuerzo alguno para probar que la imputación de que se estaba “robando’’energía eléctrica era un hecho positivo. Su principal contención fue que la manifestación era una comunicación privilegiada.

Una comunicación privilegiada es aquella que, a no ser por la ocasión o las circunstancias, sería difamatoria y su-jeta a reclamación. No puede haber duda bajo nuestra ley y nuestros casos que se imputó al demandante la comisión de un delito, según lo interpretaría un lego, y que la mani-festación de que aquí se trata fué por tanto calumniosa per se (artículo 3 de la Ley Estableciendo las Acciones de Daños y Perjuicios por Libelo y Calumnia, Código de Enjuiciamiento Civil, Edición 1933, pág. 308; Méndez v. Kraidman, 63 D.P.R. 281, resuelto en marzo 24, 1944; Palou v. Ríos, 63 D. P.R. 363; Vélez v. Toraño, 63 D.P.R. 339, resuelto el 28 de marzo'de 1944; Mulero v. Martínez, 58 D.P.R. 321). Es, asi-mismo, claro, que nuestro estatuto siguiendo' el derecho co-mún — aunque, como podrá verse, no ha ido tan lejos — ha es-tablecido comunicaciones privilegiadas, algunas de las cua-les son absolutas y otras solamente condicionales o restrin-gidas.

Es difícil interpretar la Ley sobre esta materia a menos que se tenga en cuenta el significado especial, técnico y singular, de las palabras “malicia” y “privilegio” de la Ley de libelo y calumnia. Echando a un lado la cuestión do pri-vilegio absoluto por no tratarse de ella en el presente caso, encontramos que el fin primordial de un demandado al in-vocar la doctrina del privilegio restringido es poner sobre el demandante el peso de la prueba en cuanto a que la ma-nifestación fue hecha con malicia expresa, motivada por al-guna razón ulterior o propósito malévolo o intención de in-juriar deliberadamente (Mulero v. Martínez, supra; Franco v. Martínez, 29 D.P.R. 237, 240; Jiménez, v. Dìas Caneja, 14 D.P.R. 9; Boehm v. Western Leather Clothing Co., 161 S. W. (2d)-710, 717 (Mo. 1942)). De no existir tal privilegio restringido, la ley “presume” que existe la malicia, y el de-mandante por tanto, para poder probar la malicia exigida, sólo tiene que probar la manifestación en sí, siempre y cuando que, como en este caso, la comunicación sea difama-toria per se; entonces de la publicación de la materia difa-matoria se infiere la malicia como cuestión de derecho.

En esta jurisdicción el alcance exacto del privilegio res-tringido en la ley de calumnia, tal como se distingue de la ley de libelo, no es enteramente claro, en vista del lenguaje un poco lacónico del artículo 3 de nuestra ley al efecto de que calumnia es “a false and unprivileged publication”. En el pasado ha surgido alguna confusión debido a la erró-nea traducción en nuestro Código del texto inglés original de este artículo (Mulero v. Martines, supra). Es difícil deter-minar, en vista de la interrelación arriba mencionada de las palabras “privilegio” y “malicia” en la Ley de calumnia, si las palabras “no privilegiada” son sinónimas de “maliciosa”. De ser cierto esto, esta corte cometió error al de-clarar en el caso de Mulero, mediante un dictum, que bajo nuestro estatuto la malicia no es requisito en una acción por calumnia. Como ya sé ha indicado, esta corte hizo tal de-claración debido a la errónea traducción de “unpriviledged” por “ilegal”. Sea ello como fuere, no vamos ahora a con-siderar nuevamente dicha cuestión. Asumimos, sin decidirlo, que la malicia es un requisito en este caso, y procederemos a determinar si tal malicia se “presume” que existe no obs-tante, a tenor con los términos de nuestra ley bajo las cir-cunstancias de este caso.

El artículo 5 de la ley que se refiere tanto a libelo como a calumnia, dice como signe: “se presumirá que existe ma-licia en cualquier comunicación o escrito infamatorio o ca-lumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pariente dentro del tercer grado, o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando dicha comunicación se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra aso-ciación semejante.

Aunque dicha sección a primera vista parece algo con-fusa, su significado, por lo menos al aplicarse al presente caso, se torna bastante claro al leerse a la luz de la ley so-bre calumnia. Aunque el significado legal preciso de las palabras “sin motivo justificable” puede ocasionar alguna dificultad en otros casos, es innecesario que nos preocupe-mos con dicho problema en este recurso, toda vez' que aquí los hechos demuestran la imputación de un delito en len-guaje corriente. Bajo dichas circunstancias hemos resuelto que en vista del hecho de que tal manifestación es difamato-ria per se y que la presunción de inocencia protege al de-mandante, los requisitos de una causa de acción, incluyendo las disposiciones del artículo 5, han sido cumplidos (Casanova v. González Padín Co., supra, pág. 496; Mulero v. Martínez, supra); es decir, con tal prueba, la ausencia de un “motivo justificable” se estableció por lo menos prima facie. Hacemos énfasis, sin embargo, en que nunca hemos resuelto y no resolvemos ahora, que la doctrina general de privilegio restringido encontrada en el derecho común y que más adelante se discutirá en detalle, fue importada m toto a esta jurisdicción sencillamente por el uso de esta breve frase — sin motivo justificable — que se encuentra en el ar-tículo 5.

Ks de mucha más importancia a los fines de este caso que determinemos si la manifestación de Prado se dirigió a (1) alguna otra persona fuera de un pariente dentro del tercer grado, (2) o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela (3) o era una comunicación entre personas que ten-gan negocios en sociedad, (4) u otra asociación semejante. De haber sido así, se presume que no existe malicia en dicha manifestación; por tanto, ésta era una manifestación privi-legiada condicionalmente; y el demandante no puede reco-brar por no haber probado la malicia.

La dificultad estriba en que inmediatamente se hace evi-dente que la comunicación de que se trata no puede por nin-gún esfuerzo de la imaginación encajarse en alguna de las cuatro categorías enumeradas en el artículo 5. Y debe ser obvio que al considerar la cuestión de privilegio restrin-gido estamos limitados al cuadro de la Ley. Sin embargo, la corte de distrito encontró tal privilegio bajo las circunstan-cias de este caso. ¿Cómo pudo llegar a tal conclusión?

La corte de distrito basó su conclusión principalmente en varios casos del derecho común y en algunos textos. Admi-timos en seguida que de regir aquí tales autoridades la co-municación en este caso era privilegiada. El abrumador peso de autoridades en el derecho común es al efecto de que “manifestaciones hechas con ol objeto de proteger algún in-terés del que escribe o del que habla; manifestaciones he-chas sobre un asunto sobre el cual hay un interés común al que escribe o al que habla y a la persona a quien se dirige la manifestación; o manifestaciones hechas en el desempeño de un deber legal,'moral o social” son restringidamente privi-legiadas (Fraser, Libel and Slander, 5a. Edición, pág. 177, tal como se cita en Smith, Liability of a Telegraph Company for Transmitting a Defamatory Message, 20 Col. L. Rev. 369, 372. Al mismo efecto véanse Newell, Slander and Libel, 4a. Edi-ción, sección 424, pág. 450 y sección 432, pág. 460; Restatement, Torts, Topic 3, Conditional privileges, pág. 240, sección 593 et seq.’, Jones, Interest and Duty in relation to qualified privilege, 22 Mich. L. Rev. 437; Smith, Liability of a Telegraph Company for Transmitting a Defamatory Message, 20 Col. L. Rev. 30, 369; Smith, Conditional Privilege for Mercantile Agencies, 14 Col. L. Rev. 187, 189; Montgomery Ward & Co. v. Watson, 55 F. (2d) 184 (C.C.A. 4o. 1932); Kroger Grocery & Baking Co. v. Yount, 66 F. (2d) 700 (C.C.A. 8th, 1933); Lonergan v. Love, 150 S. W. (2d) 534 (Mo., 1941); 54 A.L.R. 1143. Véase especialmente Caruth v. Dallas Gas Co., 282 S. W. 334 (Tex., 1926), qne envolvía la imputa-ción de intervenir con nn contador.

La dificultad está en que la Legislatura deliberadamente optó por crear en el artículo 5 un privilegio restringido para comunicaciones, sólo bajo cuatro grupos de circunstancias, ninguno de los cuales existe aquí. El aplicar nosotros al presente esos casos del derecho común, equivaldría a crear un privilegio restringido en una situación para la cual la Legislatura no ha provisto tal privilegio. No estamos en libertad de tomar tal acción, no importa lo que pensemos de su conveniencia como cuestión de interés social o público (Cf. Pueblo v. Escambrón Beach Club, Inc., ante página 761, resuelto el 5 de junio de 1944).

Estamos satisfechos en que la Legislatura se dió cuenta de que en el artículo 5 estaba limitando el privilegio condi-cional del derecho común. Cuando quiso proveer un privi-legio tan amplio como el del derecho común, la Legislatura supo cómo hacerlo. Artículo 251, Código Penal, Edición 1937. California, de donde se copió el artículo 251, tiene un artículo igualmente amplio en su Código Civil. Pero nues-tro artículo para casos civiles — Artículo 5 — es, como hemos visto, bastante diferente.

Esto no quiere decir que nuestra Ley requiere que el de-mandado investigue tales asuntos y haga manifestaciones en relación con los mismos a su riesgo. El artículo 4 dispone que “ . . . No se presumirá que es maliciosa la publicación que se hace: . . . Tercero: a un funcionario oficial apoyada en causa probable, con la intención de servir al procomún, ó de conseguir remedio a un perjuicio hecho a un particular”. Si la demandada hubiera reportado este asunto a la Comi-sión de Servicio Público, solicitando permiso para hacer lo que hizo en las residencias de Izquierdo y del demandante, o si hubiera reportado el asunto a un fiscal o hubiera radi-cado la correspondiente denuncia, las manifestaciones aquí hechas, de hacerse a los correspondientes funcionarios, hu-bieran sido condicionalmente privilegiadas bajo el artículo 4. Pero si intercalamos tal privilegio en el artículo 5, ello equi-valdría a injertar en dicho artículo un lenguaje que no existe allí. Si la política social contemplada en las limitaciones del artículo 5 es más conveniente a esta jurisdicción que la del derecho común, es cuestión a determinarse por la Legisla-tura y no por esta Corte.

No podemos hacer caso omiso del hecho de que en 1926 en un caso que se originó ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, nuestra Corte de Circuito de Apelaciones aplicó la regla del derecho común sobre pri-vilegio condicional en un caso análogo al presente. New York & Porto Rico S.S. Co. v. García, 16 F. (2d) 734 (C.C.A. 1st. 1926). Pero dicho caso fue resuelto tanto antes del caso de Erie v. Tompkings, 304 U. S. 64, (Cf. Sweeney v. Schenectady Union Pub. Co., 122 F. (2d) 288 (C.C.A. 2d, 1941), como antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos hubiera “reexpuesto en forma más enfática” la doctrina de que esta Corte no deberá ser revocada por la Corte de Circuito de Apelaciones a menos que se llegara a la conclusión de que estábamos inescapablemente equivocados.

No hace tres semanas que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos trazó la pauta a seguir con respecto al dilema que ahora confrontamos. Dicha corte en el caso de De Castro v. Junta de Comisionados de San Juan en_ U.S-, resuelto el 29 de mayo de 1944, dijo lo siguiente:

- “Tampoco debe inferirse que la deferencia que deba prestarse) en apelaciones de tribunales locales, a la interpretación de éstos' de asuntos de ley local, dará lugar a que se establezca una ley local diferente a la desarrollada en decisiones apeladas de las cortes de distritos federales radicadas en nuestras posesiones insulares. Tam-poco es menos el deber de las cortes federales en casos pendientes-ante las cortes de distrito federales o en apelación de las mismas, prestar deferencia a tal interpretación, cuando ha encontrado expre* sión en los pronunciamientos judiciales de las cortes insulares, (ci-tando casos). Una vez que se sepa cuál es la deferencia que debé prestarse, puede compararse el problema con aquel que se presenta cuando, al resolver apelaciones de las cortes de distrito federalq^ radicadas en los estados, se exige a las cortes federales de apelación que se ciñan a la ley estatal siguiendo la doctrina de Erie v. Tompkings, 304 U.S. 64. Véanse Wichita Company v. City Bank, 306 U.S. 103, Huddleston, v. Dwyer, Núm. 628, resuelto el 15 de mayo de 1944.”

Al ejercitar lá responsabilidad que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha puesto de esta manera sobre nuestros hombros, creemos que es nuestro deber resolver que bajo las circunstancias de este caso, esta opinión, y no la emitida por la Corte de Circuito de Apelaciones en el caso de New York & Porto Rico S. S. Co. v. García, expone la ley local sobre la cuestión de privilegio restringido bajo nuestro estatuto local.

El demandante alega también que cuando Mercado le in-formó sobre los hechos, fué inmediatamente a la oficina de la demandada donde le preguntó a Prado si éste había hecho lá manifestación de que se trata. Prado respondió en la afirmativa, en presencia de personas (a) que habían acom-pañado al demandante a la oficina a instancias suyas, y (b) que estaban en la oficina en gestiones personales. Estos he-chos dan lugar a interesantes cuestiones de acuerdo con los casos y nuestro estatuto en relación con (1) republicación, (2) el invitar, provocar o inducir- tales manifestaciones de mala fe y (3) circunstantes ocasionales (véanse Montgomery Ward & Co. v. Watson, supra; New York & Porto Rico S. 8. Co. v. Garcia, supra; Walgreen Co. v. Cochran, 61 F. (2d) 357 (C.C.A. 8th. 1932); Ecuyer v. New York Life Ins. Co., 172 P. 359, 363 (Wash., 1918)). Si la manifestación hecha allí por Prado fuera la única comunicación alegada, tendría-mos que confrontarnos y contestar estas preguntas. Pero en vista del hecho de que ya hemos resuelto que el demandante estableció su caso bajo la primera manifestación y que el episodio tuvo lugar bajo las referidas circunstancias quince minutos después de ocurrido el primero, no concederemos da-ños separados por el segundo (artículo 131, Código de En-juiciamiento Civil). Por tanto posponemos la consideración de esta cuestión hasta que surja un caso en el que tenga una importancia más práctica.

Por los motivos aqiá expuestos, la sentencia de la corte de. distrito será revocada y se dictará una nueva sentencia a favor del demandante por $300, más $100 para honorarios de abogado, y las costas según dispone la ley.

      (1)Rechazamos por frívola la contención do la demandada de que Prado no hizo esta imputación, sino que únicamente repitió lo que le dijo el inspector. Tanto Prado como los inspectores realizaban funciones dentro de su autoridad, y la Compañía es responsable por ellas. (Casanova v. González Padin Co., 47 D.P.R. 488 y casos citados en el escolio 18 en 20 Col. L. Rev. 30, a la página 35.)

      (1a) El texto original en inglés de este artículo define la calumnia como ÍCa false and unpriviledged publication. ” Ea traducción del mismo en español que aparece en nuestro código como “la publicación falsa o ilegal1 ? es errónea. Debe ser “publicación falsa y no privilegiada”.

      (1b)La frase “without justifiable motive’’ que aparece en el texto inglés, y que es de suma importancia en la cuestión bajo consideración, no se tradujo sa-tisfactoriamente en el texto español de esta Sección.

      (2) Reconocemos que esta eo:ta frase es difícil de aplicar. Quaere, en cuanto a. si tiene el mismo significado, en casos ajenos al presento, en vista de la dis-posición mucho más definitiva de nuestro Código Penal, copiada del de California, con referencia a libelo criminal, de que “se presumirá maliciosa toda publicación injuriosa, si no se probare que hubo motivo justificable para hacerla”. (Ar-tículo 245 Código Penal, Edición 1937). La dificultad estriba en el hecho de que si los artículos civil y penal significan exactamente la misma cosa, el articule civil, así interpretado, podría ser tautológico. Sin embargo, como dicha cuestión, no está ante nos, la dejamos sin resolver.

      (3) Dicho artículo dice como sigue-:
      “251 — (255 Cal.) Comunicaciones Privilegiadas. Una comunicación diri-gida a persona interesada en tal comunicación, por otra persona que también lo estuviere, o cuyas relaciones con aquélla justificare la suposición de haber obrado sin malicia, no deberá presumirse maliciosa, sino que se tendrá por comunicación privilegiada.”
      En cuanto a si el libelo civil y el criminal son sustancialmente los mismos en el derecho común, véase Renfro Drug fío. v. Lawson, 160 S.W. (2d) 246, 248, y siguientes (Tex. 1942.)

      (4) Deering’s Civil Code of California, Sección 47, párrafo 3, pág. 16; véase Swift Co. v. Gray, 101 F. (2d) 976 (C.C.A. 9th. 1939).

      (5)De Castro v. Junta de Comisionados de San Juan, _ U. S. _, __, resuelto el 29 de mayo de 1944.

      (6) Compárese Carrasquilla v. Am. Missionary Ass’n. 61 D.P.R. 867, eon Caudal de López v. Sociedad Bspañola de Auxilio, etc., 45 F. (2d) 331 (C C.A., 1st. 1930).
      Indicamos de paso que en su opinión en el caso de New Torlc # .Porto Meo S.S. Co. el Juez Bingham sólo cita un easo resuelto por esta Corte, Quiñones v. J. T. Silva Banking & Commercial Co., 16 D.P.R. 696. Pero dicho caso, lejos de encontrar un privilegio en circunstancias similares a aquéllas del caso de New York & Porto Eieo S.S. Co., específicamente resuelve que para poder existir en Puerto Eico un privilegio restringido que refute la presunción de malicia que do otro modo se infiere como que emana de una manifestación que os calumniosa per se, la comunicación debe caer dentro de los términos del artículo 5. Jiménez v. Díaz Caneja, supra, aparentemente el único otro easo resuelto por esta Corte cojo, anterioridad al 1926, en el que la cuestión que ahora consideramos estaba específicamente envuelta, también limitó tal privilegio a los términos del artículo 5. La Corte dijo, a la página 18: "No hay duda alguna de que las tres pala-bras en cuestión son difamatorias per se; y se presumirá la malicia lo mismo que el,.daño consiguiente, a. no ser que el demandado esté comprendido dentro de las cuatro excepciones mencionadas en la sección 5a. de la ley de libelo . ...”
      .,Es cierto que en 1934 en el caso de Ayala v. Maryland Casualty Co., 47 D.P.R. 345, posterior al de New York & Porto Eieo S.S. Co. esta .Corte eita con aprobación, a la página 352, lenguaje de un easo de Colorado, Melcher v. Beeler, 110 Pac. 181, que establece la amplia teoría del derecho común en cuanto a pri-vilegio condicional arriba indicada. Pero dicha declaración era innecesaria para la decisión de dicho caso, y ahora limitamos la regla al lenguaje de nuestro esta-tuto, tal como se hizo correctamente en nuestros primeros casos (Cf. Maymí v. Banco Popular, 63 D.P.R. 536, resuelto el 2 de mayo de 1944, donde resolvimos on. forma, similar un problema análogo, aunque no se usó específicamente la termi-nología de un alegado privilegio condicional).

      (7)En verdad,, el propio demandante no alega dos causas de acción, sino que sencillamente incluye en su demanda ambas manifestaciones en párrafos sepa-rados.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asocíalo Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico y Partido Unión Republicana Progresista, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Emilio S. Belaval, Juez Interino, demandada.
    Núm. 9.

    — Sometido: Mayo 31, 1944.

      Resuelto: Junio 21, 1944.

      Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y G. Benitez Gautier, Procurador General Atoxiliar, abogados de la Junta insular de Elecciones, peticionaria; Celestino Iriarie, F. Fernández Cuyar, H. González Blanes y M. Cruz Horta, abogados del Par-tido Unión Republicana Progresista; Emilio 8. Belaval, pro se, Juez demandado; Samuel B. Quiñones y Miguel Guerra-Mondra-gón, abogados de la interventora Luisa Boix.
   El Juez Asocíalo Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de abril de 1944 Luisa Boix Domínguez y otras 2,585 personas radicaron en la Corte de Distrito de San Juan una petición interesando la expedición de un auto perentorio de mandamus contra la Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico y contra el Superintendente General de Elecciones de Puerto Rico, ordenando, en cuanto a la primera, que inmedia-tatamente proceda a incluir a los demandantes en el registro de electores, y en lo que al segundo respecta, que en cumpli-miento de la sección 27 de la Ley Electoral envíe a las perso-nas que en la aludida sección se especifican, y retenga en el archivo de la Junta, copias de la lista suplementaria que dicho funcionario había ya preparado, conteniendo los nom-bres de los demandantes y demás datos que deben constar en las listas de votantes. El 14 de abril el Juez señor Massari expidió el auto alternativo, señalándose la vista para el dos de mayo siguiente. Antes de esta última fecha, el juez de la Corte de Distrito de Bayamón, señor Belaval, fué nombrado juez especial de la Corte de Distrito de San Juan en sustitución del señor Massari, y en el referido día dos de mayo compare-cieron las partes, presidiendo la corte el Juez señor Belaval. Los demandados radicaron su contestación alegando, entre otras, la defensa de cosa juzgada, y en el mismo acto se llamó a la vista de una moción de intervención que había ra-dicado ese día el Partido Unión Republicana.

Discutida la moción de intervención, fué declarada con lugar el día tres de mayo, permitiéndose la radicación de la contestación que había preparado el interventor en oposición a la petición de mandamus. En esta contestación se levantó también la defensa de cosa juzgada. A petición de todas las partes, la corte les concedió nn plazo de tres días para ra-dicar alegatos en relación con la defensa de cosa juzgada, y ordenó que continuase el caso el nueve de mayo a las dos de la tarde. En esa fecha el interventor radicó una moción so-licitando que el Juez señor Belaval se inhibiese de conocer del caso y que diese traslado del mismo a los tres jueces res-tantes de la Corte de Distrito de San Juan para que éstos conociesen del asunto in tañe. Al empezar la sesión del nueve de mayo, el interventor pidió que se oyese en primer término su moción de inhibición. Se opuso al principio la corte, pero finalmente accedió, declarándola sin lugar, sin permitir al interventor presentar la prueba que insistentemente ofreció en apoyo de la moción. Manifestaron entonces los demanda-dados y el interventor que necesitaban presentar prueba en apo3m de la defensa de cosa juzgada, y con la oposición de los demandantes, la corte lo permitió, siendo entendido, tanto por las partes como por la corte inferior, que esa prueba se presentaba a los únicos efectos de la defensa de cosa juz-gada. Después de sometida dicha evidencia y presentados los alegatos discutiendo la defensa de cosa juzgada, en una extensa opinión la corte no sólo consideró la cuestión de cosa juzgada, si que resolvió el caso en sus méritos, dictando el auto perentorio de mandamus. Para revisar la denega-ción de la moción de inhibición y la de la defensa de cosa juzgada, y la expedición del auto perentorio en las condicio-nes antedichas, a instancias de la Junta Insular de Elecciones y del Partido Unión Republicana Progresista — como ahora se denomina el Partido Unión Republicana — , expedimos este auto de certiorari bajo la Ley núm. 32 de 1943 (pág. 85).

El día señalado para la vista, el Juez recurrido compareció en persona, radicando su contestación así como una moción suplicando a este tribunal que recibiese la evidencia que el Partido Unión Republicana había ofrecido en la corte inferior para sostener su moción de inhibición. Este tribunal, entendiendo que dentro del presente recnrso de certiorari carece de jurisdicción para oír evidencia que en primera ins-tancia debió presentarse en la corte inferior, denegó la mo-ción del recurrido.

Inmediatamente después, Luisa Boix Domínguez et al. — los peticionarios en el pleito de mandamus en la corte inferior — solicitaron permiso para intervenir en este caso, y al serles concedido, presentaron su contestación oponiéndose a las pretensiones de los aquí peticionarios.

En orden lógico, corresponde discutir en primer término si erró o no la corte recurrida al denegar la moción de in-hibición, sin antes dar una oportunidad al Partido Unión Bepublicana para presentar su evidencia.

La moción, sin duda, imputa al Juez señor Belaval par-cialidad a favor de los demandantes en el pleito de mandamus. Se expone en ella que el Gobernador Tugwell está ac-tuando como un líder conspicuo del Partido Popular Demo-crático, al cual pertenecen Luisa Boix Domínguez y los co-demandantes en el pleito de mandamus; que el Gobernador está interesado en que el referido pleito sea fallado a favor de los demandantes, y que a ese fin ha verificado innecesa-rios traslados de jueces, de ese modo logrando designar al Juez señor Belaval, también de afiliación Popular democrá-tica, según se alega, para que continúe y resuelva el pleito de mandamus; que el medio de que se valió el Gobernador para sobornar al Juez señor Belaval fué haciéndole “secre-tamente ofertas de ascenso en la judicatura, cuyas promesas fueron aceptadas, existiendo actualmente el convenio formal de que de vacar la plaza del señor Jorge Luis Córdova en la Corte de Distrito de San Juan, el Juez señor Belaval será nombrado para ocupar dicho cargo.”

El propio Juez señor Belaval interpretó que en la moción de inhibición se le imputaba haber sido sobornado, y así lo consignó en el párrafo “e” de la moción que presentó ante este tribunal solicitando se oyese la prueba en relación con la inhibición:

“Que eon el fin de evitar ulteriores interpretaciones de la opi-nión pública sobre los hechos envueltos en el alegado soborno que fué aceptado por este Juez a cambio de fallar favorablemente a favor de los peticionarios el procedimiento recurrido, sería conveniente que se ventilara previamente ante este Tribunal Supremo dicho incidente con toda la evidencia necesaria para probar la gravedad del cargo o para exonerar a este Juez de esa imputación.”

Y luego, al argumentar oralmente la moción a que aca-bamos de hacer referencia, manifestó el juez recurrido que cualquier persona que leyera la moción de inhibición tendría que llegar a la misma conclusión a que él llegó, al efecto de que se le imputaba haber sido sobornado.

En el caso de Peña v. García, 45 D.P.R. 44, 46, 49, 52, se hace un estudio sobre la ley de esta jurisdicción relativa a la parcialidad o prejuicio en los jueces. Se dijo entonces:

“La parcialidad o el prejuicio de parte del juez con respecto a alguno de los litigantes no aparece en el artículo anteriormente citado [art. 23, Código de Enjuiciamiento Civil], Sin embargo, se advierte claramente el propósito de que el juzgador sea una persona com-pletamente desinteresada, libre de vínculos y relaciones que puedan alterar el equilibrio ecuánime y sereno de la discreción judicial. El artículo 170 del Código de Enjuiciamiento Civ'il de California con-tiene un apartado que cubre los casos de parcialidad o prejuicio de parte del juez. Según este apartado, que no ha sido incluido en nuestro artículo 23, cuando de la declaración jurada de una de las partes aparezca que no puede obtener un juicio imparcial y justo ante cualquier juez de la corte que va a juzgar la causa, por razón de prejuicio o parcialidad de dicho juez, éste inmediatamente ase-gurará los servicios de cualquier otro juez del mismo condado para presidir la vista de dicha acción o procedimiento. Esta declaración jurada debe notificarse a la parte contraria o a su abogado por lo menos con un día de anticipación a la vista del caso, disponiéndose que podrán presentarse c,orára,affidavits un día después, a menos que la corte prorrogue el término por un período que no excederá de cinco días.
“Esta es la diferencia que existe entre el artículo 23 de nuestro Código y el 170 del de California. El primero determina los casos en que el juez debe inhibirse, sin hacer mención de las palabras ‘parcialidad y prejuicio’; el segundo determina que la parcialidad o el prejuicio obligan al juez a abstenerse de actuar. A pesar de la omisión que se advierte en el artículo 23, no están las partes en Puerto Rico huérfanas de protección contra la parcialidad o prejui-cio de un juez. El artículo 83 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, equivalente al 397 del de California, dispone que:
“ ‘La corte podrá, previa moción, cambiar el lugar del juicio, en los siguientes casos:
“ < # $ « * * '« #
“ 2. Cuando hubiere motivo para creer que un juicio imparcial no puede celebrarse allí.
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“‘4.. Cuando por cualquier motivo el juez estuviere incapaci-tado para entender en el asunto. ’
“Arguye el demandado que el apartado que autoriza el traslado cuando hubiere motivo para creer que no puede obtenerse un juicio imparcial se refiere a juicios por jurado, y no tiene aplicación en Puerto Rico, porque aquí no hay jurado en casos civiles. Conve-nimos en que esta disposición tiende a evitar, en los estados de la Unión donde está en vigor, la selección de un jurado en el seno de una comunidad prevenida contra una de las partes, cuando hubiese motivos para creer que no puede asegurarse la celebración de un juicio imparcial, libre de prejuicios y animosidad.
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“La Legislatura Insular, sabiendo que en Puerto Rico no hay juicios por jurado en casos civiles, aprobó el apartado segundo del artículo 83 de la ley procesal. Esta disposición, que se aplica gene-ralmente en los estados de la Unión a la parcialidad o prejuicio de los habitantes de un distrito con derecho a ejercer las funciones de jurados, tiene necesariamente- que aplicarse Puerto Rico a la par-cialidad y prejuicio de las personas que lian de actuar como jueces, porque aquí no hay juicios por jurado en casos civiles. Cuando se incorporó esta disposición en nuestro código, fué indudablemente con el propósito de que pudiese de algún modo hacerse efectiva. No cahe pensar que el legislador aprobara viciosamente, un precepto que, si se descarta a los jueces, no tendría prácticamente aplicación.
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“Nosotros, que no tenemos un precepto constitucional que requiera expresamente que la justicia se administre sin prejuicio, sostenemos que es éste un principio tan necesario para la adminis-tración de justicia, que no puede prescindirse de él sin menoscabo de la propia justicia que los tribunales tienen el deber ineludible de proteger. El apartado segundo del artículo 83 no respondería a ningún fin práctico, si no se aplicase a los jueces. Este apartado debe interpretarse en relación con el apartado cuarto, que autoriza el traslado cuando el juez estuviese incapacitado por cualquier motivo para entender en el asunto.”

Es verdad que el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil se refiere al cambio del lugar del juicio, y que en la moción de inhibición no se solicita que el caso sea trasladado a otro distrito. Sin duda no se hizo tal solicitud de traslado porque era innecesaria, toda vez que la Corte de Distrito de San Juan consta de cuatro jueces, y cualquiera de los tres restantes que no se hallase en las condiciones en que se alega se encontraba el juez recurrido, hubiese podido conocer del caso. El hecho de que el interventor solicitase que el caso fuese visto por la corte in bane y que el reglamento de la corte inferior impidiese al juez que estuviese asignado a la sección criminal formar parte del tribunal in banc, no per-judica la moción, porque el juez recurrido tenía discreción para no acceder a que el caso se viese in banc y podía tur-nar la moción a otro de los jueces, si la prueba en relación con la inhibición requería que el juez recurrido se inhibiese.

La moción de inhibición no fue presentada tardíamente, como alegan el juez recurrido y los aquí interventores. Esa moción no podía ser presentada por quien no fuese parte en el procedimiento, y como el Partido Unión Republicana originalmente no lo era, era preciso obtener previamente el permiso para intervenir, a cuyo efecto acompañó su contestación, de la cual se desprende su interés en el caso para poder intervenir. Fué después de permitida la intervención, y antes de que se presentase la prueba en relación con la defensa de cosa juzgada, que el interventor presentó su moción de inhibición.

Tampoco afecta a la suficiencia de la moción el hecho de no haber sido jurada, pues estaba firmada por el abogado del interventor y la firma de un abogado en una moción tiene el efecto legal de un juramento de conformidad con la núm. 11 de las Reglas de Enjuiciamiento Civil.

La necesidad de oír la prueba del interventor se hace más patente por haber tenido lugar en la corte inferior el si-guiente incidente:

“La Corte: . . . Abora bien, frente a esta moción de inhibición, que yo voy a declarar sin lugar de plano, el Juez que preside este Tribunal quiere que en el récord consten los siguientes hechos:
“Sr. González Blanes: ¿Me permite la corte? Si vuestro Honor va a hacer declaraciones sobre hechos que le constan a vuestro Honor, yo deseo que se nos ofrezca a nosotros entonces la oportunidad de traer prueba con respecto a cualquier cuestión de hecho que vuestro Honor desee hacer constar en el récord.
“La Corte: Después que yo haga eso, lo discutiremos. Es bien sabido en Puerto Rico que don Enrique Campos del Toro fué nom-brado Procurador General. Es un hecho sabido en Puerto Rico que el Li.c. Antonio R. Barceló, Juez de la Corte de Distrito de Gua-yama, pasará a ocupar el cargo de Primer Procurador General. Tan pronto se supo el nombramiento del señor Enrique Campos del Toro se me llamó a mí a una reunión en casa del Lie. Enrique Campos del Toro, en la cual estuvimos presentes el Lie. Enrique Campos del Toro, el Juez Barceló y yo. En esa reunión se me preguntó si yo creía que representaba un perjuicio para Antonio R. Barceló dejar su puesto de juez y venir a ocupar el puesto de Primer Procurador, porque el Lie. Enrique Campos del Toro había deci-dido que el Primer Procurador General de Puerto Rico Auxiliar fuera el Juez Barceló. Entonces existía el problema de que al Juez Barceló había que darle unas vacaciones para resolver los casos que él tenía pendientes, para hacerse cargo de la Primera Subprocura-doria General. Allí se discutió quién de los dos podía, si el Juez Massari podía cubrir esa plaza en Guayama, y se llegó a la con-clusión de que por ser el Juez at Large, era conveniente de que fuera el juez Massari quien cubriera esa plaza, porque ésas son sus obli-gaciones como Juez de Distrito at Large.
“Entonces, al momento de considerar la vacante en San Juan, se me consultó a mí si yo creía que yo podría ser nombrado, de que era el propósito del Departamento de Justicia considerar mi nombra-miento en propiedad, si como se esperaba en aquellos días, el Juez Córdova Díaz sería nombrado Juez del Tribunal Supremo. Tuvimos todas las discusiones. Yo presenté mis argumentos en cuanto a lo que yo tenía que bacer, el tiempo que se me tenía que dar para la nueva combinación. El señor Campos del Toro aquella noche me informó que el Juez Jorge Luis Córdova sería nombrado de un mo-mento a otro, que esa era la impresión que él traía de 'Washington. Entonces se mandó al Juez Calderón, porque el Juez Calderón, si el Juez Jorge Luis Córdova va a la Corte Suprema y yo vengo a la Corte de Distrito de San Juan, con toda seguridad será el juez en propiedad de Bayamón, y se mandó al Lie. Borinquen Marrero a Guayama, porque con toda seguridad Borinquen Marrero será juez en. propiedad de Guayama.
“Claro, ésta fué una conv’ersación informal y el Procurador General puede cambiar este criterio cuando él lo crea conveniente, pero yo he venido aquí bajo la impresión de que si el Juez Jorge Luis Córdova pasa a la Corte Suprema yo inmediatamente recibiré, por lo menos el Attorney General me recomendará para Juez de la Corte de Distrito de San Juan en propiedad.
“Después de esas manifestaciones eñ el récord, que es lo único que quería hacer constar, la moción me parece simplemente una coac-ción moral ante los tribunales, cuya coacción moral yo, como Juez, no voy a tolerar, y la voy a declarar sin lugar de plano.”

Si el juez estimó conveniente expresar lo que él creyó que era la verdad de lo sucedido, parece altamente injusto y contrario a todo debido procedimiento de ley, que impidiese a la otra parte probar mediante evidencia lo que afirmaba en su moción. A este efecto, es de aplicación lo dicho en el caso de Pueblo v. Gelpí, 59 D.P.R. 36, 45:

“A los querellados debió concedérseles la oportunidad de probar los hechos alegados en su moción y de resultar estos falsos y mali-ciosos entonces haberse procedido en su contra de acuerdo con la ley. De ser ciertas las alegaciones contenidas en la moción los deman-dantes en el pleito tenían derecho a solicitar y obtener la inhibición del juez o traslado del caso.”

Dada la gravedad de la imputación que se hizo al juez recurrido, era aconsejable que éste hubiese suplicado a uno de sus colegas que conociese de la moción de inhibición. Parece conveniente repetir aquí lo dicho por la Corte Su-prema de los Estados Unidos, por voz de su Juez Presidente Sr. Taft, en el caso de Cooke v. United States, 267 U. S. 517,, 539:

“Otro aspecto de este caso requiere algún comentario. Es indispensable y de importancia suma el poder de castigar por desacato, que todo juez debe tener y ejercitar en protección de la correcta y ordenada administración de justicia y en el mantenimiento de la autoridad y dignidad de la corte. Pero el ejercicio de esa facultad es muy delicado, y debe actuarse con cautela en evitación de con-clusiones arbitrarias u opresivas. Esta precaución es más impera-tiva cuando la conducta constitutiva del desacato conlleva el elemento de crítica o ataque personal contra el juez. Este debe evitar el más mínimo impulso personal de venganza, pero no debe adoptar una actitud tal que por exceso de lenitud perjudique la autoridad de la corte. Su sustitución por otro juez evitaría amibas tendencias,. aunque la sustitución no siempre es posible. Desde luego, cuando los actos constitutivos de desacato son manifiestamente agravados por ataque personal contra el juez con el propósito dé evitar que conozca del caso por ulteriores razones, no debe permitirse que prospere el plan. Pero atentados de esta índole son raros. Tales casos, sin embargo, presentan cuestiones difíciles para el juez. Todo lo que podemos decir sobre la materia es que cuando las condiciones lo permitan o cuando la dilación no perjudique derechos públicos o privados, el juez llamado a actuar en un (\aso de desacato con motiva de un ataque, personal a él, sin rehuir el cumplimiento de su deber,, puede apropiadamente pedir a %mo de sus colegas que ocupe su sitio. [Citas]. [Bastardillas nuestras]
“El caso ante nos es de tal naturaleza que la controversia entre el juez y las partes había llegado a envolver pasión personal tan marcada, que no permitía que la cuestión fuese considerada judi-cialmente con la calma e imparcialidad necesarias, según lo demues-tran abundantemente los autos del caso. Opinamos, por lo tanto, que- cuando este caso vuelva a la corte de.distrito, a la cual deberá ser devuelto, el juez que impuso la sentencia debería solicitar del juez presidente del circuito [senior circuit judge] la designación de otro juez para que entienda en la segunda vista del cargo contra el peticionario.”

Erró la corte inferior al denegar la moción sin dar al in-terventor una oportunidad de presentar evidencia.

Consideramos ahora la cuestión de si procede o no la defensa de cosa juzgada.

Alegaron como defensa especial los demandados y el Partido Unión Republicana en el pleito de mandamus se-guido por Luisa Boix Domínguez et al. en la corte de dis-trito, que las cuestiones suscitadas en dicho pleito fueron resueltas contra los allí demandantes por sentencia final de este Tribunal dictada en el pleito número 396, mandamus, seguido por el Partido Popular Democrático, Luis Muñoz Marín, Samuel R. Quiñones, y David Benjamín Cruz, este último por sí y en representación de unas 85,018 personas más, contra la Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico, en el cual, por hallarse esta Corte dividida, se dictó senten-cia el 28 de marzo último declarando no haber lugar a la ex-pedición del auto de mandamus solicitado, ante, pág. 296; y que entre este último pleito y el seguido por Luisa Boix Do-mínguez et al. existe la más perfecta identidad entre las par-tes y la causa de acción.

Para que pueda interponerse con éxito la defensa de cosa, juzgada, es preciso que entre los dos pleitos exista identidad de partes y de causa de acción, y que la sentencia en el pleito anterior haya sido dictada en los méritos por un tribunal con jurisdicción.

El juez de la corte inferior admitió la existencia de iden-tidad de partes. A ese efecto expresó a la página 63 de la opinión que sirvió.de base a la expedición del auto perento-rio de mandamus:

“Nos inclinamos a opinar con los demandados a (sic) que David Benjamín Cruz, como miembro de una clase, representó a los aquí demandantes en el primer recurso ante el Tribunal Supremo do Puerto Rico, y que 'sería la misma parte de prevalecer la defensa de cosa juzgada.”

Volvió a admitirlo expresamente el referido juez en el párrafo tres de la contestación que radicó en este recurso de certiorari; a saber:

“Del hecho correlativo numerado tres de la petición, el juez recurrido acepta lo alegado al principio de dicho hecho, en el sen-tido de que parte de las 85,0,19 peticiones que incluye el procedi-miento de mandamus anles referido ante esta corte, radicaron en la Corte de Distrito de San Juan una demanda también de mandamus con alegaciones iguales a los hechos ante este Tribunal e interesando idéntico remedio(Bastardillas nuestras.)

También los demandantes en el pleito de mandamus en la corte de distrito, interventores en este procedimiento de cer-tiorari, en el párrafo dos de la contestación que radicaron en este procedimiento, admitieron la identidad de partes al alegar:

“Contestando la alegación tres de dicha demanda de certiorari, la parte interventora admite que parte de Ios 85,019 peticionarios que-instaron el procedimiento de mandamus ante esta honorable Corte Suprema radicaron en la Corte de Distrito ele San Juan una demanda de mandamus interesando idéntico remedio.” (Bastardillas nues-tras. )

Concedemos que en lo que respecta a si el pleito de mandamus instado en este Tribunal por David Benjamín Cruz y otros era o no apropiadamente un pleito de clase, existió discrepancia entre la opinión emitida por el Juez Todd, con la cual estuvo conforme el Juez Snyder, y la emitida por el autor de esta opinión, con la cual, en opinión separada, con-currió el Juez Presidente.

Pero debemos tener presente que por no haber concurrido en ninguna de ellas una mayoría de los jueces de este tribu-bnnal, dichas opiniones sólo exponen el criterio individual de sus autores, la división de opinión entre los jueces fue la razón para que se dictara la sentencia que desestimó la pe-tición de mandamus, pero los fundamentos no son partes de la sentencia. Herts v. Woodman, 218 U. S. 205, 213. Ha-Mda cuenta de la expresa admisión que de la cuestión lian hecho todas las partes, podemos considerar que la identidad de partes ha sido establecida a los efectos de la alegada de-fensa de cosa juzgada.

Que hubo identidad de causa de acción es incuestionable. Tanto el juez recurrido como los aquí interventores expresa-mente lo admiten en los transcritos párrafos de sus respec-tivas contestaciones. Pero si alguna duda abrigásemos que-daría disipada comparando la petición de mandamus de uno y otro pleito.

Es innecesario, por obvio, discutir si este Tribunal Supremo tenía jurisdicción para conocer del pleito de mandamus instado por David Benjamín Cruz et al. Y finalmente, es cuestión fuera de duda que dicho caso de David Benjamín Cruz fue resuelto sobre sus méritos, pues la sentencia no fué dictada por motivo de defecto en las alegaciones, o por falta de jurisdicción, o por cualquiera otro defecto que no afecte los méritos del caso. Durant v. Essex Company, 74 U. S. 107, 109.

En defecto de estatuto que disponga lo contrario, una sentencia dictada por una corte dividida, pero con jurisdicción, es tan final y concluyente entre las partes o sus causahabientes como cualquier otra dictada por mayoría de sus jueces, y si dicha sentencia es sobre los méritos constituye cosa juzgada en otro pleito entre las mismas partes o sus causahabientes, por la misma causa de acción, ya se inste en el mismo tribunal o en otro inferior. Sin embargo, la sentencia dictada por una corte dividida no constituye autoridad ni establece precedente para casos posteriores sencillamente porque los principios de derecho envueltos en el caso no han sido resueltos por una mayoría del tribunal. Durant v. Essex Company, 90 Mass. 103; Durant v. Essex Company, 74 U.S. 107; Durant v. Essex Co., 101 U. S. 555; Kolb v. Swann, 13 Atl. 379; Lyon v. Ingham Circuit Judge, 37 Mich. 378; Hertz v. Woodman, supra; United States v. Pink, 315 U. S. 203, 216. El recurrido y los interventores tratan de distinguir entre la sentencia dictada por nna corte dividida en el ejercicio de su jurisdicción apelativa y la dictada por la misma corte en el ejercicio de sn jurisdicción original. Parecen admitir que en el primer caso, es decir, cuando la sentencia se dicta en el ejercicio de la jurisdicción apelativa, dicha sentencia constituye cosa juzgada, pero que no tiene ese efecto cuando es dictada en el ejercicio de su jurisdic-ción original. Esa distinción no está justificada por las au-toridades ni por los principios generales de derecho. Los efectos legales que se derivan de una y otra sentencia son exactamente los mismos. Cuando esta corte en el ejercicio de su jurisdicción apelativa pasa sobre una sentencia o re-solución de una corte inferior, se requiere acción afirmativa de la mayoría de sus jueces para declarar con lugar el re-curso. De igual modo, cuando se recurre a la jurisdicción original de este tribunal, se requiere acción afirmativa de la mayoría de sus jueces para que pueda concederse el remedio solicitado. En uno y otro caso, la sentencia que impera es' la dictada por este tribunal, ya confirmando la apelada, en el primer caso o denegando el remedio solicitado en el se-gundo. Véase Hartman v. Greenhow, 102 U. S. 672.

Es indiscutible que una vez dictada’nuestra sentencia de-clarando sin lugar la petición de mandamus radicada por el Partido Popular Democrático, Luis Muñoz Marín, Samuel R Quiñones y David Benjamén Cruz, estos mismos peticio-narios o cualquiera de ellos no pueden radicar después lá misma petición u otra sustancialmente igual en esta corté,' contra los mismos demandados, por impedirlo la defensa dé cosa juzgada al ser interpuesta por los demandados. Sí esa' sentencia constituye cosa juzgada ante este Tribunal,' ¿pó'i* -qué no ha de constituirlo, al presentarse después en la 'córte' de distrito el mismo pleito entre las mismas partes?

El caso de Hertz v. Woodman, supra, invocado por el juez recurrido, sostiene la tesis de los peticionarios en este casó, puesto que lo que en él se resuelve es que bajo los preceden-tes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, una senten-cia dictada por una corte dividida que confirma la apelada, constituye una adjudicación final entre las partes, pero que como los principios de ley envueltos en la misma no han sido concurridos por la mayoría de la corte, esa circunstancia im-pide que el caso pueda ser citado como un precedente para la determinación de otros análogos, ya en la Corte Suprema de los Estados Unidos o en cualquier otro tribunal inferior. El de Gary Realty Co. v. Swinney, 17 S. W. (2d) 505, tam-bién citado por el juez recurrido, es manifiestamente erróneo. En dicho caso se sostiene que el de State v. Trimble, 247 S. W. 187, no podía constituir res judicata porque en la opi-nión dictada en el referido caso de State v. Trimble no con-curría una mayoría de los miembros de la corte.

Ya hemos visto que una sentencia, dictada por una corte dividida constituye cosa juzgada si reúne los demás requisi-tos necesarios para poder invocar dicha defensa, es decir, identidad de partes, identidad de causa de acción, jurisdic-ción para dictarla y que el caso haya sido resuelto en sus méritos. Pero es más, independientemente del - error que acabamos de apuntar, existe en el citado caso de Gary Realty G.q. v. Swinney, supra, el error de hecho de estimar que la sentencia en el caso de State v. Trimble, supra, fué dictada pqr una corte dividida. Basta examinar la opinión en este último caso, para darse cuenta de que lo que verdaderamente ocurrió en dicho caso fué que la corte que lo resolvió se com-ponía de siete jueces; que dos de ellos concurrieron en la opinión del ponente, dos estuvieron conformes con el resul-tado a que llegaron los tres primeros, y los dos restantes disintieron. Siendo ello así, se trataba en dicho caso de una sentencia dictada por cinco jueces contra dos. El caso de State v. Trimble, supra, no puede servir de precedente para otros análogos donde estuviesen envueltos los mismos prin-cipios legales, pero indudablemente que puede constituir res judicata si entre dicho caso y el que se presente posterior-mente existen los requisitos necesarios para poder invocar con éxito dicha defensa.

Los demás casos invocados por el juez de distrito no tie-nen aplicación al de' autos.

Habiendo llegado a la conclusión de que debió prevalecer la defensa de cosa juzgada, es innecesario determinar si dentro de las circunstancias de este caso, y consideradas las alegaciones que para controvertir la petición de mandamus hicieron los demandados y el interventor en la corte inferior, erró o no dicha corte al dictar el auto perentorio de mandamus sin oír evidencia en relación con el caso en su fondo.

El resultado a que acabamos de llegar en relación con la defensa de cosa juzgada, resuelve el caso y hace innecesario que el Juez señor Belaval o cualquiera otro en su lugar pase sobre la moción de inhibición. Pero mucho más que el mero resultado de un pleito está envuelto en el presente caso. Un miembro del foro ha hecho una grave imputación contra un juez, en la cual están complicados otros funcionarios, inclu-yendo al actual Gobernador de Puerto Rico. Una situación tal no debe pasar inadvertida para este tribunal. Procede su esclarecimiento mediante la debida investigación criminal. Si los hechos contenidos en la moción resultan ciertos, evi-dentemente el Juez señor Belaval y otros deben recibir su castigo. Por el contrario, si la imputación fue hecha por un miembro del foro sin fundamento alguno para ello, en adi-ción a la acción criminal que pueda establecerse contra él, deberá instarse en esta Corte el procedimiento adecuado para tomar contra él la correspondiente acción disciplinaria!

Procede por lo expuesto anular el auto perentorio de mandamus y devolver el caso a la corte inferior, para que proceda a dictar sentencia declarando sin lugar la petición de mandamus.

      (1)El señor Massari, en su carácter de juez de distrito at large, venía susti-tuyendo interinamente al juez en propiedad de la Corte de Distrito de San Juan, señor Jorge L. Córdova, quien se halla en uso de licencia. El juez señor Massari fué trsaladado a una corte de distrito de la Isla, y para reemplazarlo en la Corle de Distrito de San Juan fué designado el juez de distrito de Bayamón, señor Belaval.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Eulalio Rosaly Hosta y su esposa María Méndez, demandantes y apelados, v. Matilde Ríos Ovalle, demandada y apelante.
    Núm. 8888.

    — Sometido: Mayo 5, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Fernando Zapate.r Martínez, abogado de la apelante; E. Huertas Zayas y M. Bahamonde Iticomar, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Enlalio Rosaly y Hosta y sn esposa María Méndez insta-ron aeeión de retracto legal de comuneros contra Matilde Ríos Ovalle. Los demandantes son dueños de un condominio de una quinta parte de una finca de 378 cuerdas, situada en el-barrio Anón, de Ponce, la cual adquirieron conjuntamente con Manuel Rosaly Hosta y su esposa Agnes Tessonniere, Jorge Rosaly Hosta y su esposa Emilia Méndez, María Rosaly Hosta y sn esposo Francisco Mattei Jr., y Ednardo Rosaly Hosta. Por escritura pública otorgada en Ponce, en 28 de octubre de .1941, ante el notario Lie. Fernando Zapater Martínez, el Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, representando al condueño Eduardo Rosaly y Hosta, vendió a la demandada Matilde Ríos Ovalle la participación de una quinta parte que dicho comunero tenía en la finca, a que ya hemos hecho refe-rencia, por el precio de $500.

Los demandantes son también condueños de una finca de 72 cuerdas, radicada en el barrio Collores, de Juana Díaz, siendo los demás condueños Angeles, Eduardo y Manuel, de apellidos Rosaly y Hosta. Además, en esta finca el co-de-mandante Eulalio Rosaly Hosta tiene una participación de carácter privativo.

Por la misma escritura de 28 de octübre de 1941, el Már-shal de la Corte de Distrito de Ponce, representando a la con-dueña de dicha finca Angeles Rosaly y Hosta, también ven-dió a la demandada Matilde Ríos Ovalle el condominio de $1,374.23, 3/9 en el valor de $3,000 que dicha condueña tenía en la finca de 72 cuerdas antes mencionada, verificándose la venta por la suma de $500. Alegaron los demandantes que como condómines de las descritas fincas ej ercitaban su' derecho de retracto legal y que consignaban eñ corte la cantidad de . $1,000, .moneda corriente de Estados Unidos, a la disposición de la demandada, comprometiéndose a satisfacer los gastos que irrogase el otorgamiento de la escritura de retracto a favor de dichos demandantes, así como cualquier otro gasto legítimo que proceda, subrogándose en lugar de la compra-dora con las mismas condiciones estipuladas en el contrato de venta.

■ Declarada sin lugar la excepción previa, contestó entonces la demandada aceptando todos y cada uno de los hechos ale-gados en la misma, pero añadiendo que al precio de $500 por el cual se le adjudicaron cada uno de los condominios por el márshal, había que agregar la parte proporcional de cualquier hipoteca, censo o gravamen qne afectare las referidas fincas y negó qne la cantidad de $1,000 consignada por los deman-dantes en corte fnese el ¡jnsto, razonable y verdadero' valor de los condominios de cnyo retracto se trata.

Además, como defensas especiales, alegó:

(a) Qne la demanda no adnce hechos constitutivos de cansa de acción:

(b) Qne el derecho de retracto de los demandantes está prescrito toda vez qne los condominios qne se trata de retraér fneron vendidos a la demandada por el márshal de la Corte de Distrito de Ponce en 30 de septiembre de 1941, de cnya fecha y venta tenían conocimiento los demandantes, habiendo ejercitado la acción de retracto el 6 de noviembre de 1941;

(c) Qne en las adjudicaciones a qne se refieren los hechos 3 y 5 de la demanda, por $500 cada nna, no hubo transferencia alguna de dinero ya que fueron hechas a Matilde Ríos' O valle en abono de sentencia por $2,600 dictada por la Corte de Dis-trito de Ponce en el caso civil número 11,471 en cobró 'de pensión alimenticia seguido por Matilde Ríos Ovalle contra Manuel, María, Eulalio, Eduardo y Jorge Rosaly y Hosta; María Hosta vda. de Rosaly, por su propio derecho y cóiho madre con la patria potestad sobre los menores Miguel Angfel y Angeles Rosaly y Hosta; Valois Pagán y Crédito y Ahorró Ponceño;

(d) Que Matilde Ríos Ovalle no es un tercero o un extraño en la comunidad, ya que su pensión alimenticia fue expresa-mente reconocida como una de las bajas de la herencia de los demandados (en el pleito civil número 11,471 á que hemos hecho referencia) y de los cuales formaban parte los retrá-yentes.

Celebrada la vista, la corte inferior dictó sentencia con fecha 17 de agosto de 1943, declarando con lugar la demanda y ordenando a la demandada a otorgar escritura de venta a favor de los demandantes, de los condominios mencionados en la demanda y condenándola al pago de costas y honora-rios de abogado.

Contra dicha sentencia ha interpuesto la demandada el presente recurso basado en que la corte inferior erró:

1-4. Al no permitir que el marshal declarase si había visto al retrayente Eulalio Rosaly el día de la subasta; y sobre el conocimiento que tuvo Rosaly de que se había cele-brado una subasta, cuando la misma corte resuelve que la demandada no presentó prueba alguna para demostrar que el demandante tuvo conocimiento de la venta, anteriormente a ■la fecha alegada en la demanda.

5. Al no declarar prescrita lá acción de retracto legal por haber sido ejercitada después de los nueve días de celebrada la subasta y de tener el retrayente conocimiento de ella.

6. Al declarar sin lugar la excepción previa de la deman-dada.

7. Al resolver, que la demandada no presentó prueba al-guna para demostrar que el demandante tuvo conocimiento de la vénta, anteriormente a la fecha alegada en la demanda.

8. Gravísimo error en la apreciación de la prueba.

Creemos conveniente comenzar con el quinto seña-lamiento de error que es en el que se alega la prescripción de la acción por no haber sido ejercitada sino después de transcurridos más de treinta días desde la venta en pública subasta de los condominios objeto de la presente acción.

Establece el Código Civil en su artículo 1414 (Ed. 1930) que “no podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve días contados desde la inscripción en el re-gistro, y en su defecto desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta”. La acción de retracto ha de ejer-citarse, pues, dentro de un plazo de nueve días tomando como punto de partida uno de dos momentos. El primero consti-tuye la regla general; el segundo tiene el carácter de subsi-diario y sólo procede en defecto del primero, esto es, cuando rio hay inscripción.

El primer punto de partida es la fecha de la inscripción en el registro, pero como la inscripción no siempre existe, ya que, según la Ley Hipotecaria, es voluntaria, se hace nece-sario fijar otro momento como punto de partida para evitar que el comprador pueda burlar la acción de retracto dejando de inscribir sn títnlo en el registro.

En el caso de autos, annqne los condominios objeto de la acción estaban inscritos a nombre de los vendedores a quie-nes el mársbal representó en la subasta, sin embargo, al tiempo de ejercitar su acción los retrayentes, la compradora no había aún inscrito su título sobre los mismos en el registro. Fácil es comprender que el caso cae, pues, dentro del segundo inciso del. citado artículo del Código. Establecido como punto de partida por los demandantes la fecha del otorgamiento de la escritura de venta a favor de la demandada, y contro-vertido este hecho en la contestación, alegando en contrario la compradora que la fecha en que tuvieron los retrayentes conocimiento de la venta fué la de la subasta de dichos con-dominios, procede decidir cuál de estas dos fechas es la que debe tomarse como punto de partida para determinar si es-taba o no prescrita la acción.

Si tomamos como punto de partida la fecha de la subasta nos encontramos, en primer lugar, que la adjudicación en subasta pública no es la consumación del contrato de compra-venta, sino solamente el perfeccionamiento del contrato. Se ha hecho una oferta y se ha aceptado, pero la venta no se consuma hasta tanto no se ha hecho entrega de la cosa, y en el caso de los inmuebles el otorgamiento de la escritura de traspaso es lo que constituye la entrega. Artículo 1351 del Código Civil, (Ed. 1930). Sobre esta misma cuestión se ma-nifiesta Scaevola en la forma siguiente: (Comentarios al Código Civil, Tomo XXIII, Ed. 1906, pág. 910)

“No mediando inscripción en el Registro, el término para el ¡retracto se ha de contar desde que el retrayente tuviera noticia de la consumación de la venta, porque el mero perfeccionamiento sólo da acción a los contrayentes para exigir el cumplimiento del con-trato. Así lo aclara la Sentencia de 10 de octubre de 1901, aña-diendo que la confesión en juicio por el retrayente de haber tenido noticia de que cierta finca se vendía y no haberla comprado por parecerle cara o por falta de dinero, no implica el conocimiento de la perfección de la venta, ni el hecho de haberle enseñado el retra-yente al comprador algunos mojones de la finca arguye el conoci-miento por el primero de la consumación, la cual hay qufe inducirla del otorgamiento de la escritura de venta, contándose desde su fecha el término del retracto.”

Constituyendo el otorgamiento de la escritura la consu-mación del contrato de compraventa, la demandada, antes de esa fecha no podía inscribir título alguno a su favor en el registro y por consiguiente, aunque los retrayentes tuvieran conocimiento de la subasta no podían demandar de la com-pradora el traspaso de una cosa que aun no le había sido entregada. Hay más, ya hemos dicho que se trata en este caso de inmuebles que constaban inscritos en el Registro y lógico es suponer que los demandantes esperasen que la de-mandada inscribiera su título, ¿pero qué título iba ésta a inscribir antes de otorgarse la escritura de compraventa? ¿El acta de subasta? Ése no es un documento inscribible de acuerdo con las disposiciones del artículo 3 de la Ley Hipo-tecaria. La demandada no podía, pues, inscribir título alguno antes del otorgamiento y los demandantes no podían ejercer acción alguna de retracto antes de esa fecha, lis a partir de la fecha del otorgamiento que comienza a correr el plazo para el ejercicio de la acción, toda vez que si dentro de nueve días de esta fecha el comprador no ha inscrito su título cabe suponer que no lo hará y puede, entonces ejercerse la acción, dentro del término estatutario para evitar que sea burlada la acción del retrayente. Sin embargo, como el conocimiento de la fecha del otorgamiento de la escritura de compraventa sería una cuestión subjetiva, el retrayente puede alegar no haber tenido conocimiento de dicho otorgamiento hasta una fecha posterior, aseveración que está sujeta a ataque por el comprador. '

Al tratar sobre esta misma cuestión, nos dice Manresa al comentar el segundo inciso del artículo 1524 del Código Civil Español, del cual es equivalente el artículo 1414 del nuestro (Ed. 1930):

“Alora bien: ¿estará obligado el demandante a probar la verdad de su aserto cuando afirme en la demanda que hasta tal o óual día no ha llegado a su noticia el hecho de la venta? La sentencia de 21 de mayó de 1902, va a contestar luminosamente a esta pregunta. Dados los términos, dice, del art. 1542 del Código, es manifiesto que cuando el plazo para el ejercicio del derecho de retracto hay que contarlo desde que el retrayente hubiese tenido conocimiento de la venta, por no haberse llegado a inscribir ésta en el Registro, pueden los Tribunales estimar al efecto, como manifestaciones de este cono-cimiento, cualquier acto público del retrayente que lo revele, mientras no existan elementos de prueba que contradigan la eficacia y signifi-cación de dicho acto, sin necesidad de exigir la'justificación especial de la verdad de tal conocimiento; pues ni esto sería posible tratán-dose de una mera situación subjetiva, que permanece desconocida mientras que actos positivos no la exterioricen, ni existe presunción alguna juris tantum, de la que sea forzoso partir para suponer seme-jante conocimiento, por lo que corresponde al demandado y no al actor probar que la fecha del conocimiento es distinta y anterior de la alegada como fundamento de la demanda.” (Manresa, Comenta-rios al Código Civil, Tomo X (Ed. 1931), pág. 339.) Sobre la misma cuestión, véase Seaevola “Comentarios al Código Civil, Tomo XXIII, (Ed. 1906), págs. 908 in fine y 909.)

Es, pues, obvio que los demandantes, en el caso de autos, ejercitaron su acción dentro del término fijado por el Código. Antes del otorgamiento no tenían base para ejercitarla, y radi-caron su demanda dentro de los nueve días fijados por la ley. Una simple operación aritmética así nos lo demuestra: la escritura de compraventa se otorgó el 28 de octubre de 1941 y el 6 de noviembre de ese mismo año los retrayentes radicaron su demanda,, esto es, el mismo día en que se vencía el plazo.

Por las razones antes expuestas sostenemos que la acción de los retrayentes no estaba prescrita y por consiguiente, no se cometió el quinto error señalado.

En cuanto a los cuatro primeros señalamientos de error, así como también el séptimo, creemos innecesario entrar a considerar los mismos. Las cuestiones allí planteadas pue-den reducirse a que la corte erró al no permitir a la deman-dada presentar prueba de que los demandantes tuvieron cono-cimiento de la venta con anterioridad a la fecha alegada en la demanda y luego al resolver que la demandada no había presentado prueba alguna para demostrar este extremo. La cuestión resulta académica ya que de haberse cometido tales errores, los mismos no serían suficientes para revocar la sen-tencia apelada, toda vez que, al considerar el quinto error hemos llegado a la conclusión que es la fecha del otorga-miento de la escritura y no la de la subasta la que debe to-marse como punto de partida para el ejercicio del retracto en este caso.

El sexto señalamiento es en el sentido de que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción previa de los demandantes de falta de hechos constitutivos de causa de acción.

Alega la apelante para sostener este señalamiento que los demandantes no alegaron en la demanda que Matilde Ríos Ovalle, la demandada apelante, fuese una extraña en la comu-nidad.

Admiten los apelados no haber alegado en su demanda que la demandada sea una extraña en la comunidad, pero sos-tienen que esta omisión quedó subsanada al relacionarse en los hechos segundo y cuarto de la demanda quiénes eran los otros condómines a quienes pertenecían cada una de las fincas objeto del retracto.

Efectivamente, de la faz de la demanda surgen los nom-bres de los condómines a quienes pertenecían las fincas objeto de la presente acción, antes de adquirirlas la demandada. De dicha relación no aperece que la demandada apelante fuese condueña de ninguna de dichas fincas. Surge, pues, de la propia faz de la demanda la presunción controvertible de que la demandada no era condueña de las fincas siendo, por tanto, una extraña a la comunidad.

No se ha cometido el error señalado. La propia deman-dada aceptó la relación de condómines hecha en la demanda al formular sn excepción previa contra la misma, toda vez qne nna excepción previa formulada a nna demanda admite los hechos en ella alegados. (Droz v. Caballer, (1941) 58 D.P.R. 228.) Más tarde, en sn contestación, la demandada admite la verdad de los hechos alegados en la demanda. La corte, pnes, no cometió error al no desestimar la demanda por insuficiencia. La demanda establecía la presunción de que la demandada era extraña a la comunidad; a ella, pues, correspondía destruir esta presunción.

En su octavo señalamiento la apelante alega que la corte inferior cometió gravísimo error en la apreciación de la prueba.

Varias son las cuestiones planteadas, de manera desor-denada, bajo este señalamiento de error.

(a) En el primer lugar sostiene la apelante que ella no es una extraña para los efectos del retracto. Se basa en que habiendo obtenido sentencia a su favor en pleito seguido contra los herederos de Eulalio Rosaly Vázquez, entre los cuales se encuentra Eulalio Rosaly Hosta, en cobro de pen-sión alimenticia, no se la puede considerar tercera, toda vez que este tribunal, en el caso de Bíos Ovalle v. Rosaly, 50 D.P.R. 682, dijo que todos los herederos vienen obligados al pago de las bajas aunque se grave determinada finca para tales fines y, además, que los herederos y causahabientes de-una persona no pueden ser considerados como terceros con respecto a las obligaciones contraídas por el causante de la herencia.

¿Es la demandada una extraña para los efectos del re-tracto? Creemos que sí. El concepto de extraño usado en el Código Civil se refiere a toda persona que no sea comunero-o copropietario de la cosa común. La Enciclopedia Jurídica Española (tomo 27, págs. 523 y 524) en el artículo sobre “Retracto de Comuneros”, al enumerar los requisitos para ejercitar el retracto legal dice:

“(c) Que la enajenación sea a favor de un extraño, de un no comunero o copropietario, pues si esta es a favor de un comunero, el retracto que con ocasión de la misma se concediera carecería d.» finalidad. ’ ’

¿Era la apelante condueña de las fincas objeto de esta acción? No. La apelante era simplemente una acreedora de los herederos de Eulalio Rosaly Vázquez, pero no era con-dueña de las fincas. Así lo admite la propia apelante al aceptar en su contestación los hechos alegados en los párrafos 2 y 4 de la demanda.

Lo dicho por este tribunal en el sentido de que “los here-deros y causahabientes de una persona no pueden conside-rarse como terceros, con respecto a las obligaciones contraí-das por el causante de la herencia” no es de aplicación a los casos de retracto en los que se requiere únicamente que el comprador no sea comunero. Es más, según Manresa:

“El comprador primero'y el retrayente no tienen entre sí el carác-ter de.- terceros ante la ley Hipotecaria, (citas).” (Obra citada, tomo X, pág. 320).

No encontramos base alguna que sostenga la contención de la apelante de que ella no es extraña a la comunidad. Ella es extraña y contra ella procede el retracto.

(b) En segundo lugar, la apelante sostiene que el retrayente Eulalio Rosaly Hosta está impedido de ejercitar la acción de retracto contra ella toda vez que como heredero de Eulalio Rosaly Vázquez está obligado solidariamente a pagar la sentencia recaída a favor de la apelante en el caso a que antes hemos hecho referencia. Que además un condominio de dicho retrayente fué vendido en la subasta y adjudicado a la apelante, por lo- cual el retrayente Eulalio Rosaly Hosta está en la situación de vendedor y retrayente a la vez, lo cual no es posible en derecho.

La corte inferior encontró probado que: las dos fincas de las que forman parte los condominios qne tratan de retraer los demandantes pertenecieron a Enlalio Eosaly Vázquez, a cuyo fallecimiento se debió el derecho a pensión alimenticia que la demandada, como demandante en el caso 11,471 antes citado, reclamó y en el cual, en abono a la deuda le fueron adjudicados los condominios que en dichas fincas tenían los condómines Eduardo y Angeles de apellido Eosaly y Hosta.

“Los demandantes en este caso Eulalio Eosaly Hosta y María Méndez, casados entre sí, adquirieron sus condominios en las fincas de referencia por compra para su sociedad de gananciales, como así mismo los codemandados en aquel caso Manuel Eosaly Hosta y su esposa Agnes Tessoniere, Jorge. Eosaly Hosta y su esposa Emilia Méndez y María Eosaly Hosta y su esposo Francisco Mattei, Jr.” Dijo la corte inferior, más adelante:

“La demandada parece que confunde la capacidad de Eulalio Eosaly Iíosta como demandante en esta acción con la capacidad d^ Eulalio Rosaly Hosta como demandado en el caso 11,471; en el caso' 11,471 respondía a una acción en su carácter de heredero de Eulalio Rosaly Vázquez y en el presente-caso ejercita una acción como miem-bro de su sociedad de gananciales.”

Así es en efecto. En el caso de autos el retracto se ejer-cita por la sociedad legal de gananciales compuesta por los esposos Eulalio Eosaly Hosta y María Méndez. Dicha so-ciedad era condueña de las fincas objeto del retracto; sus condominios no fueron objeto de la venta en ejecución de sen-tencia contra los herederos de Eulalio Eosaly Vázquez y no siendo parte demandada en aquel pleito puede ejercitar, dicha sociedad, el retracto de comuneros.

Ahora bien, ¿puede el retrayente Eulalio Eosaly Hosta en su carácter de miembro de la sociedad legal de gananciales compuesta por él y su esposa ejercitar el retracto de aquellos condominios que en su carácter particular de heredero per-mitió fueran ejecutados en cobro de un crédito del cual era él deudor solidario?

Dispone el Código Civil (Ed. 1930) qne:

“Art. 1310. — El pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio no estará a cargo de la sociedad de-gananciales. ”

T más adelante el mismo artículo dice que:

“Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y con-denas que se le impongan, podrá repetirse contra los gananciales después de cubiertas las atenciones qué enumera el artículo 1308, si' el cónyuge deudor no tuviese, capital propio o fuera insuficiente,, pero al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargará lo satisfecha por los conceptos expresados.”

Comentando este artículo, que lleva el número 1410 en el Código Civil Español, dice Manresa refiriéndose a la última, parte del mismo: (Obra -citada, tomo IX, Ed. 1904, págs. 633)

“Las deudas y obligaciones anteriores al matrimonio, y las mul-tas y condenas pecuniarias impuestas durante el mismo son a cargo del cónyuge deudor o responsable. Debe pagar con sus propios bienes. ’ ’

Así, no siendo la sociedad de gananciales que ejercita el retracto en este caso, responsable de las deudas privativas del marido, puede la misma retraer los condominios vendidos a un extraño.

No tiene razón la apelante en cuanto a esta cuestión levan-tada en su alegato.

“Los bienes gananciales no pueden ser embargados por deudas, particulares de uno de los cónyuges contraídas con anterioridad al matrimonio.” Hernández v. Registrador, 19 D.P.R. 274.

Este mismo principio se consagra en los casos de Hernández, Mena v. Registrador, 22 D.P.R. 642, y Flores v. Silva, 60 D.P.R. 372.

La sentencia recaída en contra del marido como heredero de Eulalio Rosaly Vázquez no obligaba a la sociedad de ganan-ciales. Es ésta una entidad completamente distinta de los. socios que la componen. Ex parle García, 54 D.P.R. 503.

La sociedad conyugal en este caso adquirió condominios pertenecientes a algunos de los herederos de Eulalio Eosaly Vázquez, convirtiéndose así en copropietaria de las fincas objeto de este pleito y al ser algunos de dichos condominios vendidos, para satisfacer la sentencia a una extraña en dicha comunidad estaba dicha sociedad conyugal en su perfecto derecho al ejercitar el retracto. !

Tampoco se cometió el error señalado en esta alegación de la apelante.

(e) En tercer lugar sostiene la apelante que no pro-cede el retracto en este caso por cuanto los retrayentes no se han subrogado con las' mismas condiciones que la apelante en el contrato de compraventa.

El artículo 1411 del Código Civil (Ed. 1930) define el retracto como ‘ ‘ el derecho de subrogarse, con las mismas con-diciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago.”

Alega la apelante que según aparece del acta de subasta, Matilde Eíos Ovalle no pagó dinero alguno y sí simplemente ofreció $1,000 por los condominios en abono de su sentencia la cual está aún insatisfecha en su mayor parte. Sostiene que la subrogación sería una tremenda injusticia para ella, y el retrayente no podría nunca subrogarse en sus derechos, toda vez que ella simplemente abonó $1,000 y bajo esa situa-ción de derecho no cabe la subrogación.

Está en un error la apelante, A ella se le adeudaba,una sentencia por más de $1,000 y para hacerla efectiva embargó bienes de los deudores de dicha sentencia y en la subasta.de los mismos ofreció $1,000 por ellos. Se le adjudicaron dichos bienes por la cantidad ofrecida y ahora pretende que* .em.act-ción de retracto ejercitada por un condómine — la sociedad: conyugal compuesta por Eulalio Eosaly H'osta y su esposa María Méndez — que no fué demandado en el pleito anterior; responda del total de la sentencia. -

La apelante no puede pretender tal cosa. Ella ofreció $1,000 por los condominios en la subasta y por esa cantidad le fueron adjudicados. Ése es el precio que tiene derecho a recibir de los retrayentes.

Debe confirmarse la sentencia apelada. ■


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco León Santos, acusado y apelante.
    Núm. 10532.

    — Sometido: Junio 8, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Francisco García Quiñones, abogado del apelante; B. Ai. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxi-liar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En lá corte inferior, en grado de apelación, se llamó a lá vista de tres casos en que se imputaban tres delitos de ácométimiento y agresión grave contra Francisco León San-to’s-. Por estipulación de las partes los tres casos fueron so-nciótido's por la misma prueba. En dos de ellos el acusado fué convicto de' acometimiento' y agresión con circunstancias agravantes. La, agravante consistió en que en uno de dichos casos, en él cual se impuso la pena de tres meses de cárcel, la persona agredida recibió serio daño corporal y en el otro, donde la pena impuesta fué.la de dos meses de cárcel, la persona agredida era una mujer, habiéndose admitido que el acusado era un varón adulto. En el caso de acometimiento y agresión simple el acusado fué sentenciado a un mes de cárcel y las costas. La evidencia en algunos extremos fue contradictoria. La de cargo, a la cual dió crédito la corte sentenciadora, tiende a probar que el día de autos el acusado penetró en un cafetín donde se hallaban Mario Urdaneta y otros jugando dómino; que sin que mediara provocación por parte de Urdaneta o de sus compañeros, el acusado provocó a Urdaneta y lo agredió con el puño y con un banco, quedando el agredido en tal estado que las personas allí presentes cre-yeron que estaba muerto; que el acusado inmediatamente se dió a la fuga y un grupo de quince o veinte personas que se aglomeraron en aquel sitio corrieron tras él con el propósito de arrestarlo y entregarlo a las autoridades; que el acusado, al verse perseguido por dichas personas, lanzó piedras contra ellas, una de las cuales causó una seria lesión en la cara a Rosalía Melián Aviles quien se hallaba asomada por la ven-tana de su casa, y poco después el acusado vió al anciano Jacinto Budén Cora y le dijo: “A este viejito lo mato yo”, y acto seguido le lanzó dos pedradas, la primera de ellas hizo impacto en una pierna del anciano que lo obligó a recibir tratamiento médico por algún tiempo y a permanecer recluido en su casa sin poder trabajar por más de dos -meses; y la otra pedrada fué a dar en el costado izquierdo de Budén; que después de correr algunos heetómetros el acusado fué arrestado por un policía a quien los que le perseguían le gri-taron que arrestara al acusado que había matado a un hombre.

La prueba de descargo tendió a demostrar que el acusado actuó en defensa propia.

Hemos examinado toda la evidencia que tuyo ante sí el juez sentenciador y no encontramos que haya incurrido en error al dirimir el conflicto de la prueba en la forma en que lo hizo. Y mucho menos que haya actuado movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Sólo encontramos que come-tió error en la imposición de la pena en el caso de acometi-miento y agresión simple. En dicho caso se impuso al acu-sado la pena de treinta días de cárcel que no es la señalada por la ley para el delito de acometimiento y agresión simple. El artículo 5 de la ley de 10 de marzo de 1904 que define y castiga el delito de acometimiento y el de acometimiento simple y acometimiento y agresión con circunstancias agravantes (Código Penal, ed. 1937, pág. 155) prescribe que la pena para el delito de acometimiento o de acometimiento y agresión que no apareje circunstancias agravantes consistirá en multa que no bajará de un dólar ni excederá de cincuenta dólares.

Habida cuenta del error cometido en la imposición de la pena en el caso de acometimiento y agresión simple y consi-deradas las circunstancias que concurrieron en dicho caso, procede modificar la sentencia dictada en el mismo de forma que se condene al acusado a pagar una multa de cincuenta dólares y las costas y en defecto de pago, a un día de cárcel por cada dólar de multa que dejare de pagar. Véase artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Así modificada la sentencia en el caso de acometimiento y agresión simple se confirma y se confirman también las otras dos sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Señou db Jesús

text:
    El Municipio de Ciales, demandante y apelado, v. Valentín Polanco de Jesús, demandado y apelante. El Mismo, demandante y apelante, v. El Mismo, demandado y apelado.
    Núms. 8917, 8925.

    — Sometidos: Junio 21, 1944.

      Resueltos: Julio 3, 1944.

      Angel Rivera Colón, abogado del demandado, apelado y apelante; Valentín Polanco den Jesús, pro se.

   El Juez Asociado Señou db Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Ciales instó este pleito en cobro de ser-vicio de alcantarillado y de agua del acueducto suministrada a dos casas de viviendas y a una fábriea de hielo que el de-mandado posee en dicha población

Por servicio de alcantarillado suministrado, se reclamó en la primera causa de acción:

Gasa, Calle Betanees. Desde el 1 de julio de 1936 hasta el 30 de junio de 1942, o sea 72 meses, $72. OO
Casa, Calle Obreros. Desde el 1 de enero de 1933 hasta el 30 de junio de 1939; desde el 1 de julio de 1940 hasta el 30 de julio de 1941, y desde el 1 de octubre de 1941 hasta el 30 de junio de 1942, en total 99 meses, 99. 00
Casa, Prolongación de la Calle Palmer. Desde el 1 de julio de 1933 hasta el 30 de noviembre de 1940, y desde el 1 de julio de 1941 hasta el 30 de marzo de 1942, en total 98 meses, $98. 00
Total adeudado por servicio de alcantarillado, $269. 00

Por servicio de agua se reclamó en la segunda causa de acción:

Casa, Calle Betanees. Desde el 1 de julio de 1935 hasta el 30 de junio de 1942, o sea 84 meses, a razón de sesenta centavos mensuales, $50. 40
Casa, Calle Obreros. Desde el 1 de abril de 1932 hasta el 30 de junio de 1939; desde el 1 de julio de 1940 hasta el 1 de julio de 1941, y desde el 1 de octubre, de 1941 hasta el 30 de junio de 1942, en total 108 meses, a razón de sesenta centavos mensuales, ' 64.80
Casa, Prolongación de la Calle Palmer. Desde el 1 de julio de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1940, y desde el 1 de julio de 1941 hasta el 31 de marzo de 1942, en total 110 meses, a ra.zón de $7.20 mensuales, $792. 00 Abonado, 39.60 752.40
Total reclamado por suministro de agua, $867. 60

La corte inferior dictó sentencia a favor del demandante por $848.60, con intereses legales y las costas, en vez de $1,136.60 reclamados en las dos cansas de acción. Contra esa sentencia ambas partes interpusieron récnrsos de apelación, los cuales perfeccionaron separadamente, siendo radicados én este tribunal con el número 8917 el del demandado y con el número 8925 el del demandante.

En relación con el recurso número 8925 interpuesto por el demandante, el demandado presentó una moción solicitando su desestimación por el fundamento de no habérsele notificado el legajo de sentencia.

Hemos comparado el legajo de sentencia en uno y otro recurso, y tenemos que concluir que ningún perjuicio pudo ocasionársele al demandado al no entregársele copia del legajo de sentencia que formó parte del recurso interpuesto por el demandante. El legajó de sentencia en uno y otro caso son virtualmente los mismos. En el recurso interpuesto por el demandante no se transcribe una “Orden Resolviendo Moción de Especificaciones” que incluye el demandado en el recurso por él interpuesto, pero esa omisión no tiene importancia, toda vez que el propio demandado, a pesar de que la incluyó en el legajo de sentencia, no levanta en su recurso ninguna cues-tión relativa a ella. Otra diferencia que existe entre los dos recursos es que en el legajo de sentencia en el recurso inter-puesto por el demandado se incluye la notificación de senten-cia, mientras que ella fué omitida en el recurso interpuesto por el demandante. Y finalmente el legajo de sentencia en el recurso interpuesto por el demandado aparece certificado por los abogados, mientras que el legajo de sentencia del re-curso del demandante aparece certificado por el secretario de la corte inferior. Ningún documento se incluyó en el legajo de sentencia que aparece en el recurso interpuesto por el de-mandante, que no forme parte del legajo de sentencia én el recurso interpuesto por el demandado. Siendo, como demos-traremos que es, meritorio el recurso interpuesto por el muni-cipio, y no habiéndose causado ningún perjuicio al demandado por el defecto de notificación del legajo de sentencia, artículo 142, Código de Enjuiciamiento Civil, procede denegar la mo-ción de desestimación.

El demandado sostiene que erró la corte inferior (1) al declarar sin lugar la defensa de prescripción por él invocada; (2) al admitir y apreciar la evidencia, y (3) al condenarlo a pagar por agua suministrada a inquilinos de la casa radicada en la Calle Obreros.

El. demandante a su vez impugna la sentencia porque (1) condenó al demandado a pagar el agua suministrada a la fábrica de Meló durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1932 y el 30 de junio de 1937, a razón de $2-.40 mensuales, en vez de $7.20 como establece la ordenanza municipal; y (2) no condenó al demandado a pagar honora-rios de abogado.

Consolidaremos ambos recursos a los efectos de esta opi-nión.

El demandado, luego de referirse a cierto convenio que más adelante discutiremos, celebrado con el alcalde, resu-miendo su propia declaración dice en la página 39 de su ale-gato :

. “Se pagó $1.20 al mes hasta el año 1936 en que el declarante adquirió créditos contra el Municipio. • Entonces el testigo le dijo al Alcalde que en vista de que tenía fuertes créditos contra el Muni-cipio y éste no abonaba nada, quedaría la cuenta pendiente hasta tanto el' Municipio pagara para entonces el testigo pagarle a él y así se quedó hasta que vino la nueva administración en 1941.”

Habiendo aceptado el demandante la proposición del de-mandado y no apareciendo que el municipio haya pagado su deuda, a virtud de su propio convenio el demandado está impedido de alegar la prescripción contra el demandante, quien por haber aceptado su proposición no cobró oportuna-mente la deuda.

Actuó por lo tanto con arreglo a derecho la corte senten-ciadora al desestimar la defensa de prescripción.

Discutiendo la defensa alegada por el demandado en relación con la imposibilidad de usar el agua suplida por el municipio para operar la fábrica de hielo, la corte sentenciadora dijo en su opinióm

“Ahora bien, de la prueba quedamos convencidos que hasta el año 1937, el Municipio de Cíales tenía muy poca presión en el acue-ducto, a tal extremo, que el demandado solamente podía usar el agua, en su planta de hielo, para fines de limpieza, hasta 1937, y tuvo que comprar una máquina especial para halar el agua y construir depó-sitos especiales para almacenar agua al efecto de alimentar el con-densador durante las horas de trabajo, pues el agua del acueducto no tenía la presión suficiente para mover la planta de hielo, como declaró en forma específica el perito presentado en la vista del caso.
“El señor Andrés Robles, que fué el Alcalde anterior, declaró que en el 1937 se hizo un nuevo acueducto de la represa de la que-brada ‘Sonadora’ y que desde entonces hubo bastante presión, pero que anteriormente la presión era muy poca.
“La suma de $7.20 mensuales es la que fija la tarifa cuando se usa una tubería con diámetro de una pulgada, en casas dedicadas a industrias, y las otras casas, por ese mismo servicio, les corresponda pagar la suma de $2.40 mensuales.
“Si el demandado desde julio primero de 1932 hasta el 1937, no podía utilizar para su planta de hielo un servicio eficiente por falta de presión, sería injusto cobrarle la tarifa triple de $7.20. Como él usaba alguna agua, según él admitió, para fines de limpieza en la planta, la tarifa correcta debe ser $2.40 mensuales, hasta 1937 en que hubo bastante presión, según admitió el anterior alcalde, Andrés Robles, traído por el propio demandado.
“Como la demanda cobró 110 meses a razón de. $7.20 por el ser-vicio de acueducto a la casa donde estaba instalada la planta de hielo del demandado, hay que hacer una deducción de acuerdo con las razones arriba expresadas, en la forma siguiente: Entendemos que debe cobrarse al demandado por cinco años, o sea, desde julio de 1932, a junio de 1937, por el servicio de acueducto a la casa de la planta, que incluyen 60 meses, a razón de $2.40 mensuales, y desde el primero de julio de 1937 hasta marzo 31 del 1942, o sean, 50 meses, a razón de $7.20. Esto arroja un total por el servicio de acueducto a la referida- casa de la planta de hielo de- $504 en vez de $792 como se cobra en la demanda.”

La ordenanza municipal fija — y así lo admite la corte inferior — el precio de $7.20 mensuales por el suministro de agua a la planta de hielo, usando como usa ésta un tubo de una pulgada de diámetro. Es verdad que el demandado presentó evidencia al efecto de que al iniciarse el servicio de agua en la fábrica de hielo, el alcalde, teniendo en cuenta las deficien-cias alegadas por el demandado y a las cuales se refiere el juez en los párrafos que acabamos de transcribir de su opi-nión, convino con el demandado en que en vez de $7.20 men-suales solamente pagase $1.20 mensuales. Pero no podemos perder de vista que el alcalde carecía de facultad para, por su propia cuenta y sin que hubiese un previo acuerdo de la Asamblea al efecto, alterar el precio fijado para el agua en la ordenanza municipal. Si el agua era insuficiente, el deman-dado pudo solicitar que la Asamblea, considerando esa cir-cunstancia, tomase un acuerdo rebajando la tarifa, o pedir que se descontinuase el servicio, pero no vemos con qué auto-ridad el juez de la corte inferior pudo variar la tarifa especi-ficada en la ordenanza.

Por lo expuesto, el convenio celebrado entre el demandado y el alcalde debe considerarse como inexistente a los efectos legales.

También es cierto que al tomar posesión la nueva administración del Municipio de Ciales, encontró que en los libros del municipio sólo se cargaba al demandado la cantidad de $1.20 por el servicio de agua a la fábrica de hielo, y que el nuevo tesorero, al encontrarse con que esa cantidad no era la que debía cobrarse de acuerdo con la ordenanza, hizo la correspondiente enmienda en los libros, cargándosele al demandado, por todo el tiempo transcurrido desde que se inició el servicio, a razón de lo especificado en la ordenanza municipal. Esa actuación del tesorero municipal no fue ilegal, como alega el demandado. Por el contrario, se ajustaba a lo prescrito en la ordenanza.

Se queja el demandado de que la corte lo condenó a pagar el agua consumida por los inquilinos que ocupaban la casa de la Calle Obreros. A este efecto dijo la corte senten-ciadora :

‘No hemos quedado convencidos de la alegación que hace el de-mandado con respecto a que inquilinos de su casa fueran responsables por el uso del acueducto. Si bien el Tribunal Supremo ha resuelto que la deuda por agua o alcantarillado no es un gravamen sobre la propiedad y que vendida una casa al comprador no es responsable de lo que adeuda el vendedor, la cuestión en este asunto es distinta. La cuenta fué abierta a nombre del demandado en los libros del Municipio. Y él notificaba por cartas ah Municipio las fechas en que los inquilinos se mudaban para que le rebajasen el tiempo en que la casa no estaba usando el servicio. La costumbre general es que el dueño de la casa es quien paga el agua, aunque admitimos que si el Municipio se entiende directamente con el inquilino, no puede después reclamar contra el propietario. Tal situación no fué probada.”

El propio demandado, conforme resulta de la evidencia, se dirigió por escrito al municipio avisándole haberse des-ocupado la casa, y en su declaración (T. de E., pág. 101) expresamente admitió que los inquilinos en distintas ocasio-nes dejaron en su poder dinero para pagar el agua. Si en verdad el demandado no venía obligado a pagarla, no vemos por qué los inquilinos habían de entregarle el montante de lo adeudado por ellos ni por qué el demandado había de acep-tarlo para por su conducto satisfacerlo al Municipio.

A nuestro juicio, la conclusión a que llegó la corte senten-ciadora sobre este punto se ajusta a la ley y está sostenida por la prueba.

Sólo nos resta considerar si erró la corte inferior al no condenar al demandado al pago de honorarios de abogado.

Sobre este punto dijo la corte sentenciadora:

“No se condena al demandado a pagar honorarios de abogado, porque las circunstancias que han mediado en los hechos de esta demanda, obligaron al demandado a defenderse y fué necesario el liti-gio para ajustar el débito a la suma razonable.”

Como hemos visto, no existe el fundamento expuesto por el juez de la corte- inferior para eximir al demandado del pago de honorarios de abogado. No era necesario practicar reajuste alguno con respecto a lo reclamado por concepto de agua consumida por el demandado en su fábrica de hielo. Todas las partidas reclamadas por el demandante han sido concedidas,, sin que pueda haber duda alguna a nuestro juicio sobre la procedencia de las mismas. Siendo ello así, erró la corte inferior al no condenar al demandado al pago de una cantidad razonable para honorarios de abogado.

Por lo expuesto, procede modificar la sentencia de forma que condene al demandado a pagar al municipio demandante la cantidad de $1,136.60, con intereses legales, costas y cien dólares por concepto de honorarios de abogado. Así modi-ficada, se confirma.

      A virtud de la Ordenanza núm. 8 “Para Reglamentar el Uso del Alcan-tarillado y del Acueducto del Municipio de Cíales, Puetro Rico, y para otros fines,” aprobada el 12 de septiembre de 1931, enmendada por la Ordenanza núm. 1 del referido Municipio aprobada el 28 de julio de 1932, todo propietario o ad-ministrador de casas deberá pagar por el uso del alcantarillado un dólar mensual por eada acometida. En relación con el servicio de agua del acueducto, la misma Ordenanza prescribe:
      “Sección 16. El servicio do agua a los abonados se cobrará de acuerdo con el diámetro de la tubería que se usare, en la siguiente forma:

        “Hasta % pulgada, $7.20 al año, o sea $1.80 el trimestre por cada aco-metida;
      “Y de 1 pulgada, $28 al año, o sea $7.20 por trimestre, por cada acometida.
      “ . . . Las graneles industrias como . . . plantas 'de hielo . . . pagarán el triple de la tarifa establecida. ’ ’

      Esta casa está dedicada a fábriea de hielo y su tubería tiene un diá-metro de una pulgada, por lo cual la tarifa es tres veces la correspondiente a una casa de vivienda con tubería (le idéntico diámetro.