author: El Juez Asociado Sb. del Toro,

text:
    El Pueblo v. Ortiz et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce. '
    No. 384.
    Resuelto en diciembre 22, 1911.
    Derecho Penal — Motín—Misdemeanor—Jurisdicción Concurrente de las Cortes de Distrito. — Las cortes de distrito tienen jurisdicción concurrente con las cortes municipales para conocer de los delitos menos graves, según doctrina establecida por este tribunal en el caso No. 356, M Fuello v. Adorno, resuelto en noviembre 29, 1911.
    Id. — Motín—Elementos del Delito — Para que exista el delito de motín la ley vigente en Puerto Rico exige que sean dos o más los acusados, que obren juntos, y sin autoridad de ley, que se emplee fuerza o violencia, o se amenace emplear tal fuerza o violencia acompañada de la aptitud para realizarla-en el acto, y que se perturbe la tranquilidad pública. Examinada la acusación en el caso de autos, el tribunal resolvió que contenía esos requisitos.
    Id- — Apreciación de la Prueba — Absolución de Algunos de los Acusados.— El hecho de que el juez sentenciador absolviera a uno de los acusados por abrigar duda razonable con respeeto a su culpabilidad, a pesar de existir-contra él la misma clase de prueba que contra otros acusados a quienes con-denara, no es suficiente para que este tribunal resuelva, que necesariamente también debió existir la misma duda con respecto a la culpabilidad de dichos acusados declarados culpables y que en su consecuencia debieron y deben ser absueltos. El juez sentenciador pudo escuchar a cada uno de los testigos y observar su manera de declarar, su actitud con respecto a cada uno de los acusados, su interés, y basar finalmente su juicio en un examen concienzudo e imparcial de todas las pruebas practicadas.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Francisco Parra y Manuel A. Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación establecido contra una sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce, con-denando a Francisco Ortiz (a) Churri, Braulio Aguilú, Edel-miro Huertas,. Juan Olivencia y Nieves Olivencia como auto-res de un delito de motín previsto en el artículo 359 del Código Penal, a pagar cada uno la multa de cien dollars y. en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dollar que dejaren de satisfacer, no pudiendo exceder la prisión subsidiaria de noventa días.

Los apelantes alegaron por escrito y en el acto de la vista, qne la corte sentenciadora:

1°., actnó sin jurisdicción;
2°., erró al desestimar la excepción previa de qne los beodos, expuestos en la acusación no constituían delito público;
3°., erró al castigar bajo una sola acusación dos hechos-constitutivos de dos delitos de alterar la paz, y
4°., erró al apreciar las pruebas y al aplicar la ley.

El primero de los motivos alegados para sostener el re-curso o sea la falta de jurisdicción, se basa en que esta causa se originó en la corte de distrito y como el delito perseguido es menos grave, su conocimiento original correspondía a la corte municipal y"no a la de distrito.

Esta misma cuestión jurisdiccional ha sido resuelta por esta Suprema Corte en el caso de El Pueblo v. Adorno, decidido el 29 de noviembre de 1911, en el sentido de que las cortes de distrito tienen jurisdicción concurrente con las municipales, para conocer de los delitos menos graves, y la jurisprudencia establecida en dicho caso se acepta y confirma en el presente.

Examinemos el segundo de los motivos alegados. El artí-culo 359 del Código Penal comprendido en el Título XY del mismo, que trata de los “delitos contra la paz pública,” dice así:

‘ ‘ Todo empleo de fuerza o violencia, que perturbare la tranquilidad pública, o amenaza de emplear tal fuerza o violencia, acompañada de la actitud para realizarla en el acto, por parte de dos o más individuos,, obrando juntos y sin autoridad de ley, constituye un motín.”

Y el Fiscal en su acusación imputó a los acusados la comi-sión del siguiente hecho: “En la noche del 8 de noviembre-de 1910 y en el pueblo de Coamo, dentro del Distrito Judicial de Ponce, P. R., los referidos acusados (sus nombres), en unión de varios más desconocidos, obrando juntos y sin auto-ridad de ley, se propusieron atacar a los individuos que se encontraban en y por los alrededores &el “Club Unionista”-que estaba en la calle del Comercio de dicha población de Coamo, y allí y entonces empleando fuerza y violencia lleva-ron a cabo su propósito atacando a las referidas personas, entre las que se encontraban (sus nombres), a quienes arro-jaron piedras y dispararon sus revólveres, hiriendo al joven José Felipe Santiago, al que produjeron una fuerte contusión en la cara, y ocasionando con tal motivo en la población la consiguiente alarma y perturbación de la paz pública. ’ ’

Basta examinar la acusación en relación con el precepto de ley penal que hemos transcrito, para concluir sin dificultad alguna que el hecho imputado a los acusados y apelantes, es constitutivo del delito público de cuya comisión los declaró culpables la corte sentenciadora.

Todas las circunstancias que exige la ley vigente en Puerto Rico para que se entienda perpetrado el delito de motín, están alegadas en la acusación, a saber:

1°., que sean dos o más los acusados;

2°., que obren juntos y sin autoridad de ley;

3°., que se emplee fuerza o violencia, o se amenace emplear tal fuerza o violencia acompañada de la actitud para reali-zarla en el acto, y

4°., que se perturbe la tranquilidad pública.

Estudiemos el tercero de los motivos alegados.' Es cierto que según se demuestra por la prueba, hubo dos ataques al Club Unionista o a las personas que se encontraban en él o en los alrededores del mismo, mediando entre uno y otro algunos minutos, y que varios testigos declaran que vieron a unos acu-sados en el primer ataque y a otros en el segundo, pero esto no quiere decir que tratándose como se trata de un delito de la naturaleza del motín, tales ataques constituyan distintos actos que deban alegarse separadamente como diferentes de-litos. Una fué la intención que guió a los acusados a actuar juntos en el sentido en que lo hicieron y el conjunto de actos por ellos realizados tendentes todos al empleo de fuerza y violencia perturbadoras de la tranquilidad pública, es lo qne constituye el delito perseguido y castigado en esta cansa.

Examinemos el cuarto y último de los motivos alegados, o sea el de que la sentencia es contraria a las pruebas y a la ley.

El Hecho de la existencia del motín en la fecha y en el sitio designados en la acusación, es evidente. La prueba de la participación de cada uno de los acusados y apelantes puede resumirse así: l. Francisco Ortiz (a) Churri, fué visto con una piedra por el testigo Larrauri y el testigo Fernández lo vió tirar piedras; 2. Braulio Aguilú, fué visto disparando su revólver por los testigos Pasalacqua, Fernández y Ber-múdez; 3. Edelmiro Huertas fué visto disparando' su revolver por los testigos Pasalacqua y Fernández, y 4. Juan Olivencia y, 5. Nieves Olivencia, fueron vistos por el testigo Larrauri cada uno con una raja de leña, y el testigo Fernández los vió tirando piedras.

El juez sentenciador no obstante la prueba de los acusados y apelantes tendente a demostrar que ellos no tomaron par-ticipación en el hecho investigado, creyó a los testigos de cargo y basó en sus testimonios su declaración de culpabildad.

El hecho de que el juez absolviera a uno de los acusados por abrigar duda razonable con respecto a su culpabilidad, a pesar de existir contra él la misma prueba que contra los acusados Aguilú y Huertas, no es suficiente para que nosotros podamos resolver que necesariamente también debió existir la misma duda con respecto a la culpabilidad de Huertas y Aguilú y que en su consecuencia debieron ser absueltos. El juez sentenciador pudo escuchar a cada uno de los testigos y observar su manera de declarar, su actitud con respecto a cada uno de los acusados, su interés, y basar finalmente su juicio en un examen concienzudo e imparcial de todas las pruebas practicadas. ' El tuvo dudas con respecto a la cul-pabilidad de uno de los acusados y lo absolvió, y él tuvo la certeza de la culpabilidad de los otros y los condenó, y como no se nos ha demostrado que al- actuar así obrara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que apreciara el efecto de la evidencia de nn modo arbitrario, debemos aceptar sn sen-tencia como la justa y procedente.

No apareciendo, pues, que se baya cometido ningún error-fundamental en esta causa, debe declararse sin lugar el re-curso interpuesto y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada. ■

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

license: Public Domain

text:
    Gelabert Hermanos v. Córdova, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 83.
    Resuelto en diciembre 22, 1911.
    Sentencia — Apelación de las Cortes Municipales — Desestimación del Re-curso. — Apelada la sentencia de una corte, municipal para la corte de dis-trito, formalizado el recurso y señalado día para la celebración del nueva juicio ante la corte, apelada aquella sentencia deja de tener por ministerio de la ley valor ni eficacia alguna, sin que sea susceptible de revocación, modi-ficación o confirmación, sino que es necesario que el nuevo juicio termine por nueva sentencia.
    Id. — Incomparecencia del Demandado y Apelante — Desestimación de la Apelación. — Las disposiciones legales y reglamentos judiciales que afecten a la vista de pleitos originales entablados ante las cortes de distrito, rigen en la vista de pleitos apelados de las cortes municipales, y por lo tanto la incomparecencia del demandado y apelante no es motivo para que la corte de distrito desestime la apelación y confirme la sentencia apelada, sino que debe celebrarse el juicio en ausencia del demandado.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. José Martines Dávila.

    Abogado de la parte opositora: Sr. Adrián Agosto.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la corte municipal del Distrito-Judicial Municipal de San Juan por Kunbardt and Company contra la Compañía Latino-Americana de Iluminación, com-puesta de A. J. de Arrastia y Compañía, Gelabert Hermanos y W. H. Pinckney, en cobro de doscientos treinta y un dollars ochenta y seis centavos con intereses y costas, dicba corte dictó sentencia en '16 de febrero del corriente año-, que fué apelada por los demandados G-elabert Hermanos para ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, y ha-biendo sido llamado el pleito a juicio oral en 19 de octubre último, como no compareciera la parte demandada y apelante, dicha corte de distrito a petición de la parte demandante y apelada, declaró desierta y abandonada la apelación con cos-tas a la parte apelante.

La representación de Gelabert Hermanos presentó moción para que fuera reconsiderada la orden expresada, y la corte declaró sin lugar la reconsideración por resolución de 4 de noviembre próximo pasado.

Contra estos procedimientos de la Corte de Distrito de San Juan ha venido a esta Corte Suprema en recurso de cer-tiorari la representación de Gelabert Hermanos, solicitando se anule la orden de 19 de octubre de que se deja hecho mérito, y a ese fin alega haberse infringido la ley para reglamentar-las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales, aprobada en marzo 11 de 1908.

El auto de certiorari fué expedido y la vista del recurso tuvo lugar con asistencia de los abogados del peticionario y del demandante y apelado Kunhardt y Compañía.

Traigamos a examen la ley que se supone infringida.

Esa ley al reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en los pleitos civiles, establece en su sección 3a. los siguientes preceptos:

“La corte de distrito anotará la causa en el calendario o lista de señalamientos de pleitos civiles que hayan de verse oportunamente, conforme a las disposiciones de la ley y al reglamento- judicial para el régimen del calendario. Al anunciarse la vista de la apelación el tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideración cualesquiera providencias, resoluciones u autos por los cuales se creyere aquél perjudicado. Resueltas que fueren estas cuestiones, se procederá a la vista de la causa, a menos que la corte esti-mare que la demanda o contestación está sujeta a excepción previa, y. en tal caso, la corte, a su arbitrio, podrá permitir que se enmiende dicha demanda o contestación. Una vez dis-puesto el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio, rigiendo para el mismo todas las disposiciones y reglamentos judiciales que afecten a la vista de pleitos originalmente en-tablados ante las cortes dé distrito. Si el demandante dejare de comparecer ante la corte de distrito, ésta desestimará la demanda por abandono de acción, y dictará sentencia a favor del demandado, imponiendo las costas al demandante.”

Como se ve, la ley exige la comparecencia del apelante, sea éste demandante o demandado, para revisar y tomar en con-sideración a su instancia, cualesquiera providencias, resolu-ciones o autos por los cuales se creyere aquél perjudicado, y una vez resueltas tales cuestiones o después de enmendada la demanda o la contestación, cuando así se permitiere, debe tramitarse el pleito apelado como nuevo juicio.

Por modo expreso ordena la misma ley que, si el deman-dante dejare de comparecer ante la corte de distrito, se deses-time la demanda y se dicte sentencia a favor del demandado, y tal precepto, atendidos los términos generales en que está redactado, comprende al demandante, sea éste apelante o apelado.

Nada ordena explícitamente la (ley para un caso como el presente en que la parte apelante es la demandada y ha de-jado de comparecer ante la Corte de Distrito de San Juan. Pero como esa misma ley dispone que para el nuevo juicio regirán todas las disposiciones y reglamentos judiciales que afecten a la vista de pleitos originales entablados ante* las cortes de distrito, es lógico concluir que lo que se haga en esos pleitos, cuando no comparece el demandado al acto de la celebración del juicio, es lo que debe hacerse cuando no com-parece el demandado, sea apelante o apelado, a la vista del juicio en los casos de apelación para ante una corte de distrito.

En los pleitos de que originalmente conocen las cortes de distrito, contestada la demanda el juicio se celebra con la sola comparecencia de la parte demandante, sin necesidad de flue comparezca el demandado; al demandante incumbe el deber de probar los hechos determinantes de su acción; el demandado puede abstenerse de proponer pruebas y aceptar las resultas de las del demandante. Siendo ello así, y ha-ciendo -aplicación de esos preceptos de procedimiento al pre-sente caso, la Corte de Distrito de San Juan, ante la que compareció la parte demandante y apelada debió celebrar el nuevo juicio sin que la incomparecencia del apelante y deman-dado fuera motivo legal para impedirlo y menos para declarar desierto el recurso de apelación.

Apelada la sentencia ,d,e-la corte municipal para la de dis-trito, formalizado el recurso, y señalado día para la celebra-ción del nuevo juicio ante la corte apelada, aquella sentencia dejó .de tener por ministerio de la ley valor y eficacia alguna. No cabía revocarla, modificarla o confirmarla, sino que era necesario que el nuevo juicio terminara por nueva sentencia. La mera desestimación del recurso no podía dejar subsistente una sentencia que ya no tenía vida legal. •

En los juicios que de novo se celebran ante las cortes de distrito a virtud de recurso de apelación interpuesto contra • sentencias de las cortes municipales, no hay propiamente par-tes apelante y apelada, sino partes demandante y demandada, y por tanto no cabe invocar como aplicables aquellos pre-ceptos que regulan las apelaciones que han de resolverse sobre los mismos mérito^ que sirvieron de base a la sentencia ape-lada.

G-elabert Hermanos son partes interesadas en el juicio a que se refiere el presente recurso, y su abogado ha jurado la petición del auto de certiorari porque los hechos que lo moti-van le constan directamente en su concepto de abogado del peticionario.

Por las razones expuestas procede se anule la resolución que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 19 de octubre último, declarando desierta y abandonada la apelación inter-puesta por G-elabert Hermanos contra la sentencia de la corte municipal, y que se devuelvan los autos a' dicha corte de dis-trito para que proceda con arreglo a los principios consig-nados en la opinión, o en forma que no sea inconsistente con la misma.

CW lugar la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rivera v. Brignoni et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 600.
    Resuelto en diciembre 22, 1911.
    Apelación — Errores Señalados por el Apelante — Apelado.—Es una regla bien establecida que las cortes de apelación examinarán solamente los errores seña-lados por el apelante y que no se tomarán en consideración aquellos errores que el apelado alegue haberse cometido por la corte inferior.
    Intereses Usurarios' — Pruebas.—En el caso de autos se resolvió en apelación que debía revocarse la sentencia condenando al demandado a la devolución de $2,000 satisfechos por el demandante en concepto de intereses y a cuenta de un pagaré de mayor cantidad que le adeudaba al demandado, pues la prueba aportada al juicio no justifica que dicha suma haya sido en pago de igual cantidad de intereses usurarios a la parte demandada.
    Id. — Sucesión—Crédito Hipotecario. — También se resolvió que habiendo sido recibida la expresada suma de $2,000 por la Sucesión de Gregorio Brignoni a la que no pertenecen los esposos Práxedes Brignoni y Gregoria Mercado, sin que se haya justificado que se les diera participación en ella, no cabe condenar a los dos citados demandados a la devolución de dicha cantidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Vías Ochoteco y Ferrer y Muñoe y Brown.

    Abogados de los apelados: Sres. Hord y Scoville y Manuel F. Rossy.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente pleito versa sobre nulidad de un crédito hipo-0 tecario, por usurario, y sobre devolución de dos mil dollars, satisfechos en pago de intereses de dicho crédito. La acción ha sido dirigida contra la sucesión de Gregorio Brignoni Mercado que era el acreedor, constituida por sus hijos Enrique, Francisca, Epifanio, José y Eduardo Huertas, y Francisco Feltió, hijos naturales reconocidos del Gregorio Brignoni Mercado, y contra Práxedes Brignoni y Demetria Mercado, padres del mismo, en concepto de interesados en dicho crédito.

Según escritura pública de 20 de abril del año 1905, recibió el demandante Sixto A. Rivera de Gregorio Brignoni y Mercado en calidad de préstamo la snma de trece mil dollars qne pagaría en el término de cuatro años a vencer en 20 de abril de 1909, con el interés del doce por ciento annal a pagar por trimestres anticipados, habiendo hipotecado en garantía de dicha obligación, con el consentimiento de sn esposa, dos fin-cas de sn propiedad qne se describen en el mencionado docu-mento.

Alega el demandante qne no obstante haberse consignado en la escritura qne el préstamo devengaría el interés del 12% annal, se le exigió qne había de pagar interés sobre los trece mil dollars, no al tipo expresado sino al del 1%% mensual, o sea al de 15% annal, habiendo pagado aproximadamente dos mil dollars a cuenta de dichos intereses ilegales, y exigídole Brignoni qne por los intereses vencidos y no pagados otor-gara varios pagarés, uno de mil ochocientos sesenta y cinco dollars 32 centavos, otro por tres mil dollars, y otro por cuatro mil dollars; qne vencida la hipoteca y también los pagarés, que están en posesión de la sucesión de Gregorio Brignoni Mercado, ésta le exige el pago de la deuda y de sus intereses ilegales, qne según dicha sucesión montan veinte y nueve mil setecientos sesenta y un dollars ochenta y cinco centavos después de descontar los dos mil dollars pagados; y que habiéndose celebrado el contrato de préstamo en 1905 con intereses ilegales, es nulo dicho contrato.

Los demandados negaron las alegaciones de la demanda, y celebrado el juicio la corte dictó sentencia, que copiada a la letra dice así:

‘El día 16 de febrero de 1910, día señalado para la vista de este, pleito, fué llamado, compareciendo las partes representadas por sus abogados Henry F. Hord y Yías y Ferrer respectivamente. La corte oída las pruebas y los informes de los abogados reservó su resolución. Hoy día 31 de mayo de 1910, la corte resuelve de acuerdo con la ad-junta opinión, que aun cuando los hechos están a favor de la parte demandante, la léy está en su contra en cuanto a la nulidad del con-trato de hipoteca de 20 de abril de 1905 y a favor en cuanto a la recla-mación de la suma de dos mil dollars ($2,000) por ser estos intereses usurarios, y en su consecuencia declara sin lugar la demanda en cuanto a dicho contrato y con lugar en cuanto a la devolución de dicha suma, ordenando que los demandados Práxedes Brignoni, su esposa, los me-nores Huerta y Brignoni y el menor Feltió y Brignoni, devuelvan al demandante Sixto Antonio Rivera, la suma de dos mil dollars ($2,000) imponiendo las costas y honorarios de abogados a dichos demandados. Dada a corte abierta en Humacao a 31 de mayo de 1910. (Firmado) Jorge Y. Domínguez, Judge, District Court. Attest. Jesús L. Pereyó,’ Secretary.”

Contra esa sentencia interpuso la representación de los demandados recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema “en los particulares referentes a la declaración de la existencia de intereses usurarios y al pago o devolución de los dos mil dollars. que se consideran cobrados por cuenta de esos intéreses y al pago de honorarios del abogado de la parte contraria. ’ ’.

Alega la representación'de la parte apelante como motivos del recurso:

Io. Que no se ha justificado el convenio y pago de intereses usurarios.

2o. Que Práxedes Brignoni y consorte como simples acree-dores de Gregorio Brignoni, no pueden ser obligados a la devolución de los dos mil dollars, que no recibieron ellos sino la sucesión de Gregorio Brignoni.

3o. Que no ha existido malicia o temeridad que autorice la imposición de costas y honorarios de abogados a la parte demandada.

Ante todo debemos hacer constar que la parte demandante no interpuso recurso de apelación contra la sentencia que puso término al juicio, y por tanto la parte de dicha sentencia que declaró sin lugar la demanda en cuanto a la nulidad del contrato de hipoteca de 20 de abril de 1905 no puede ser dis-entida en el presente recurso.

Ese pronunciamiento es firme, y ambas partes, déman-' dante y demandada, tienen que sujetarse a él. Huelgan, por tanto, las alegaciones de la parte recurrida tendentes a de-mostrar que si el contrato de hipoteca fué usurario y nulo en la fecha en que se constituyó, no ha podido ser' purgado' dél vicio de nulidad por la ley de 14 de marzo de 1907 para modi-ficar la sección 4a. de la ley sobre fijación del interés en toda clase de obligaciones, aprobada en marzo 1 de 1902.

Ya dijimos en 12 de, noviembre de 1910 al resolver el casó de Carmen Puig y Monserrate Orrach v. Sucesión de Jacinto Polanco:

“Es una regla bien establecida que las cortes de apela-ción examinarán solamente los errores señalados por el ape-lante (Jackson v. F. R. W. Co., 14 Cal., 22) y que nó se toma-rán en consideración aquellos errores que el-apelado alegue haberse cometido por la corte inferior. (Poppe v. Athearn, 42 Cal., 606.”

Respecto del primer motivo del recurso encontramos com-probado en el juicio por las declaraciones del mismo deman-dante Sixto Antonio Rivera, de Gustavo Monrraille, de Eugenio O’Neill, de Eulogio Cruz y de Emilio García, que el interés del crédito consignado en la escritura hipotecaria de 20 de abril de 1905 no era realmente de 12% sino de 15% anual', como así lo apreció el juez en la opinión que sirve de fundamento a la sentencia recurrida.

No se nos ha explicado cómo para garantir el pago de los intereses de $13,000 a fazón del 15% anual, en cuatro años se otorgaron tres pagarés, uno por $1,865.32, otro por $3,000 y otro por $4,000 cuyas partidas dan el total de $8,865.32, cuando los intereses de $13,000 al tipo expresado en cuatro años sólo pueden ascender $7,800.

Los pagarés que se libraron por Sixto A. Rivera a favor de Gregorio Brignoni en garantía del pago total o parcial de los intereses convenidos, no han venido al juicio, y sobre esos documentos declara Rivera que el préstamo de $13,000 con-signado en la escritura de 20 de abril de 1905 fué convenido con el interés del 1%% mensual, pero como no podía hacerse constar así en la escritura, fué convenido que fuera de la hipoteca se extendieran pagarés comprensivos de 14% men-sual o tres por ciento anual, y como anteriormente debía a Brignoni una cantidad, fué incluida ésta en los pagarés al hacerse la hipoteca.

. .Según esa declaración, en los pagarés de que se trata fueron englobados los intereses usurarios del crédito de Rivera a favor de Brignoni y otras cantidades que aquél adeu-daba a éste. ■ •

Traigamos ahora a examen la cuenta que Oliver Shaw, yerno de Práxedes Brignoni, pasó a Sixto Antonio Rivera, cuya cuenta ha sido presentada por el demandante, y que literalmente dice así:

“Escritura en forma de hipoteca_______$13,000.00
“Con intereses por cuatro años calculados
sencillamente al 12% son_ 6,240.00
“Un pagaré de $3,965.32 del cual abonó
$2,000 el año pasado, queda_ 1,865.32
“Con intereses de 10% anual que son_ 186.53
“Un pagaré de- 3,000.00
“Con interés de 10% al primer año_ 300.00
“Agregado al principal por falta de pagarlo
e interés a ella son_ 330.00
“Un pagaré de- 4,000.00
“Con interés de 10% al año son_ 400.00
“Agregado al principal por falta de pago son - 440.00
“Suma total- 29,761.85”

El abono'a que se refiere la tercera partida de la cuenta transcrita parece haber sido consignado en otro documento también presentado por la parte demandante, que dice asi:

. “Tengo a la orden de Don Sixto Antonio Rivera, la suma de dos mil, dollars m. a. Vieques, julio 25 de 1908. Práxedes Brignoni, by Oliver Shaw.”

Ante lo alegado en la' demanda por Rivera y los docu-mentos que se dejan transcritos, es indudable que el deman-dante verificó el pago de $2,000 a cuenta de un pagaré de $3,8t>5 con 32 centavos; pero como esa última cantidad no representaba en su totalidad intereses usurarios, y tampoco se ba demostrado la parte de intereses usurarios que estuviera englobada en ella, pues no debe olvidarse que el demandante afirma que los pagarés fueron librados para garantir el pago del %% de interés usurario que no pudo consignarse en la escritura de 20 de abril de 1905, incluyéndose en ellos otra cantidad adeudada, tenemos que nos falta base para fijar la cantidad cierta qne la sucesión Brignoni debe reintegrar al demandante. Falta prueba de que los 2,000 dollars satis-fechos por el demandante representen un pago de igual can-tidad de intereses usurarios becbo a la parte demandada.

En cuanto al segundo fundamento del recurso, opinamos que la corte de Humacao ba incurrido en error al condenar a los esposos Práxedes Brignoni y G-regoria Mercado, en unión de los demás demandados, a la devolución de 2,000 dollars a Sixto Antonio Rivera, pues esa suma fué recibida por la sucesión de Gregorio Brignoni a que aquéllos no pertenecen, y no se ba justificado que se les diera participación en ella, sean cuales fueran los derechos que tengan en el crédito hipo-tecario cuya nulidad se ba solicitado en la demanda.

Huelga discutir el tercer fundamento del recurso que debe estimarse alegado subsidiariamente, o sea para el caso de que se confirmara la sentencia de la corte inferior en la parte recurrida:

Como se ve por lo que se deja expuesto, faltan en el juicio los elementos probatorios necesarios para fijar y determinar la cuantía de los intereses usurarios satisfechos por la parte demandante a la sucesión demandada, y sin ese requisito no cabe hacer un pronunciamiento condenatorio, por lo que debe revocarse en la parte en qne ha sido apelada, la sentencia* de la corte inferior, ordenándose la celebración de un nuevo juicio, sin especial condena de costas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    No. 680.
    González v. Ortiz.
    Resuelto en enero 9, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. Felipe Casalduc. Abo-gado de la parte contraria: Sr. Francisco Farra.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.

Moción para que se desestime la apelación.

Denegada la mo-ción.


text:
    No. 307.
    El Pueblo v. Delgado (a) Aguila.
    Resuelto en enero 16, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 306.
    El Pueblo v. Toste.
    Resuelto en enero 16, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San .Juan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 651.
    Hernández v. Pérez.
    Resuelto en enero 16, 1911.
    Abogado del promovente.: Sr. José B.amón Freyre. Abogado de la parte contraria: Sr. Cayetano Coll y Cuchí..

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.

Moción, para que se deses-time la apelación.

Denegada la moción.


text:
    No. 308.
    El Pueblo v. Batlle.
    Resuelto en enero 17, 1911.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Abogados del ape-lante: Sr es. Pascasio Fajardo y Leopoldo Feliú. Abogado del apeladp: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal. .

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 291.
    El Pueblo v. Marzan (a) Cafre.
    Resuelto en enero 17, 1911.

    Abogado del apelante: Sr. Tomás Castillo. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación pro-cedente de la Corte de Distrito de Ponce.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 304.
    El Pueblo v. García.
    Resuelto en enero 19, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Pedro Gómez. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy; Fiscal'.

   Apelación procedente de la. Corte de Distrito de San Juan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 309.
    El Pueblo v. Padilla.
    Resuelto en enero 19, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Esteban Ramírez Nadal. Abogado ■ del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia ápelada.


text:
    Ex Parte Picornell.
    Resuelto en enero 30, 1911.
   Moción para que se apruebe la fianza notarial presentada.

Aprobada la fianza.. El peticionario compareció en nombre propio.


text:
    No. 690.
    Toro v. Forés et al.
    Resuelto en enero 30, 1911.
    Abogado de los promoventes: Sr. Eduardos Acuña. La parte contraria no compareció.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Moción para desestimar la apelación.

Denegada la moción.


text:
    Sucesión Igaravídez et al. v. Sucesión Gallart et al.
    Resuelto en enero 31.
    Abogados de los promoventes: Sres. Antonio Alvarez Nava y José Hernández Tisera. Abogado de la parte contraria: Sr. Rafael López Landrón.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San .Juan, Sección 2a.

Moción para que se desestime la apelación.

Denegada la moción.


text:
    No. 315.
    El Pueblo v. Román.
    Resuelto en febrero 1, 1911.
    Abogado del ape-lante : Sr. Francisco R. Flores. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal. ,
   Apelación procedente de

la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 313.
    El Pueblo v. Díaz.
    Resuelto en febrero 2, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agostoi ■ Abogado del apelado: Sr. Jesús M.. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la. Corte de Distrito de San Juan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 312.
    El Pueblo v. Durán.
    Resuelto en febrero 2, 1911.
    Abogado del ape-lante : Sr. Ramón Fálcón. Abogado del apelado: Sr. Jesús-M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de-la Corte de Distrito de San Juan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 314.
    El Pueblo v. Ongay.
    Resuelto en febrero 2, 1911.
    Aboga-dos del apelante: Sres. Miguel Guerra y Enrique Márquez-Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de-la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 311.
    El Pueblo v. Salort.
    Resuelto en febrero 7, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Eduardo Gautiño. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy. Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 661.
    Rivera v. Cámara.
    Resuelto en febrero 13, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. O. M. Wood. Abogado de la parte contraria: Sr. José Martínez Dávila..

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.

Moción para que se desestime la apelación.

De-negada la moción.


text:
    No. 316.
    El Pueblo v. Rojas et al.
    Resuelto en febrero 14, 1911.
    Abogado de los ape-lantes: Sr. Francisco Gervoni. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente

de la Corte de Distrito de Guayama.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 675.
    Goenaga v. Goenaga.
    Resuelto en febrero 14, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. Emid-gio S. Ginorio. Abogado de la parte contraria: Sr. Juan Guzmán Benitez.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia.

Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y 40 del Reglamento del Tribunal,Supremo.


text:
    No. 332.
    El Pueblo v. Cruz.
    Resuelto en marzo 15, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Pascasio Fajardo. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 335.
    El Pueblo v. Delgado.
    Resuelto en marzo 16, 1911.
    Abogado del ape-lante : Sr. Augusto¡ Malaret. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.'

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 331.
    El Pueblo v. Ayala.
    Resuelto en marzo 23, 1911.
    Abogados del apelante: Sres. Francisco B. Flores y Carlos Dominguez. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 337.
    El Pueblo v. Ortiz.
    Resuelto en marzo 24, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Parra. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la

Corte de Distrito de Ponce.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 329.
    El Pueblo v. Camacho.
    Resuelto en marzo 27, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Arturo Aponte. Abogado del apelado: Sr. Jesús. M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente

de la Corte de Distrito de Humacao.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 334.
    El Pueblo v. Mena.
    Resuelto en marzo 27, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Soto. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 320.
    No. 327.
    No. 328.
    No. 318.
    No. 326.
    No. 322.
    No. 325.
    No. 321.
    No. 330.
    No. 319.
    No. 324.
    El Pueblo v. Simons. El Pueblo v. Pérez. El Pueblo v. Cecilio. El Pueblo v. López. El Pueblo v. Casanova. El Pueblo v. Torres. El Pueblo v. Ortiz. El Pueblo v. Cruz. El Pueblo v. Bermúdez. El Pueblo v. Díaz. El Pueblo v. Sánchez.
    Resueltos en marzo 27, 1911.
    Abogado de los apelantes :■ Sr. Manuel Tous Soto. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Huma-cao.

Revocadas las sentencias condenatorias dictadas en dichos casos por los fundamentos de la opinión de este tribunal en el caso de El Pueblo v. Villafaña, resuelto en marzo 24, 1911.


text:
    No. 338.
    El Pueblo v. Abella.
    Resuelto en abril 6, 1911.
    Abogado del • apelante: Sr. Severo Abella Bastón. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 33.
    Ex Parte Vilar.
    Resuelto en abril 8, 1911.
    Abogado del peticionario: Sr. Bafael López Landrón. Abogado de la parte opositora: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Solicitud presentada al Juez Asociado Sr. Aldrey para que se expida 'mandamiento de habeas corpus.

Con lugar la soli-citud.


text:
    No. 669.
    Ex Parte Dimas.
    Resuelto en abril 11, 1911.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Moción para se desestime la apelación.

Desestimada la ape-]ación por ser inapelable la resolución apelada.

Abogado del promovente: Sr. Jacinto Texidor. Abogados de la parte contraria: Sres. Vías Ochoteco y Ferrer.


text:
    No. 652.
    Graham et al. v. Crosas et al.
    Resuelto en abril 17, 1911.
    Abogado de los promoventes: Sr. Juan Hernández López. Abogados de la parte contraria: Sres. Antonio Sarmiento, Henry F. Hord y Andrés B. Cro\sas.

   Apelación pro-cedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Moción para eliminar de los antos el alegato de los apelantes.

Desestimada la moción.


text:
    No. 738.
    The Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi.
    Resuelto en abril 23, 1911.
    Abogados del apelante: Sres. Gar-úan & Armstrong y Luis Muñoz Morales. Abogados del ape-lado : Sres. Manuel Tous Soto y Garlos Travecier.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hu-macao.

Desestimada de oficio la apelación por incumplimiento del artículo 42 del Regla-mento de este tribunal.


text:
    No 34.
    Ex Parte Morales et al.
    Resuelto en abril 25, 1911.
    Abogados de los- peti-cionarios: Sres. Herminio Díaz Navarro, Cayetano Coll y Cuchí y Luis Llorens Torres. Abogados de la parte con-traria: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal, y Byron S. Ambler, Fiscal de Distrito de los Estados Unidos.

   Solicitud de habeas

corpus presentada al Juez Asociado Sr. MacLeary para que

se expida mandamiento de habeas corpits.

Desestimada la solicitud.


text:
    No. 342.
    El Pueblo v. Rodríguez.
    Resuelto en abril 26, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Augusto Malaret. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Roissy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 345.
    El Pueblo v. Hernández.
    Resuelto en mayo 4, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. José L. Pesquera. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan* Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 349.
    El Pueblo v. Rodríguez.
    Resuelto en mayo 4, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Luis'Abella Blanco. Abogado del apelado-: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 344.
    El Pueblo v. Seguí.
    Resuelto en mayo 4, 1911.
    La .parte ape-lante no compareció. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la

Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia • apelada.


text:
    No. 346.
    El Pueblo v. Martínez.
    Resuelto en mayo 5, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. José F. Fernández. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente

de la Corte de Distrito de Ponce. •

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 699.
    Llona v. Mont et al.
    Resuelto en mayo 8, 1911.
    Abogados del promovente: Sres. Antonio Sulli-veres y Eugenio Benitez Castaño. Abogado de la parte con-traria : Sr. Salvador Pi'cornell.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo. Moción para que se deses-time la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y 40 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 695.
    Goenaga v. Goenaga.
    Resuelto en mayo 11, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. Emidgio S. Ginorio. Abogado de la parte contraria: Sr. Juan Guzmán Benitez.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.

Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación, fundada en la enmienda al artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, aprobada en marzo 9, 1911.


text:
    No. 673.
    Rivero et al. v. Hernández et al.
    Resuelto en mayo 16, 1911
    Abogado de los pro-moventes: Sr. Manuel Moraza. Abogado de la parte con-traria: Sr. Luis Mendez Vaz.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. Moción para que se desestime la apelación.

Denegada la moción..


text:
    No. 706.
    Ramos v. Ball et al.
    Resuelto en mayo 22, 1911.
    Abogado de los promoventes: Sr. Emidgio S. Ginorio. Abogado de la parte contraria: Sr. Rafael López Landrón.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.

Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y 40 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 354.
    El Pueblo v. Maldonado.
    Resuelto en mayo 26, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Santiago B. Palmer. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 702.
    Rubert Hermanos v. El Pueblo de Puerto Rico et al.
    Resuelto en mayo 29, 1911.
    Abogados de los promoventes: Sres. Foster V. Brown, Attorney General, y J. H. Brown. Abogados de la parte contraria: Sres. Alvarez Nava y Dot-mínguez.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo. Moción para qne se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por ser inape-

lable la resolución apelada.


text:
    No. 701.
    Zavala v. El Pueblo de Puerto Rico et al.
    Resuelto en mayo 29, 1911.
    Abogados de los promoventes: Sres. Foster V. Brown, Attorney General, y J. H. Brown. Abogados de la parte contraria: Sres. Alvarez Nava y Domínguez.

   Ape-lación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.

Moción • para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por ser inapelable la resolu-ción apelada.


text:
    No. 712.
    Zengotita v. El Municipio de Humacao.
    Resuelto en junio 12, 1911.
    Abogado del promo-vente: Sr. Arturo Aponte, Jr. Abogado de la parte con-traria: Sr. Manuel Tons Soto.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.

Moción

para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y 40 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 682.
    Rivera v. Vargas.
    Resuelto en junio 19, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. Alfredo Blasco Pagán. Abogado de la parte contraria: Sr. Juan B. Soto.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.

Moción para que se deses-time la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 42 del Regla-mento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 721.
    Huertas et al. v. Rivera et al.
    Resuelto en junio 20, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. Henry F. Hord. Abogados de la parte contraria: Sres. Vías Ochoteco y Ferrer.

   Apelación pro-cedente de la Corte de Distrito de Hnmaeao.

Moción para qne se desestime la apelación.

Desestima-da- la apelación por haber sido interpuesta fuera de término.


text:
    No. 722.
    Ex Parte Ramírez.
    Resuelto en junio 20, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. José G. Torres.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación interpuesta por Luis Ramírez Peña por no haber sido parte en este procedimiento.


text:
    No. 359.
    El Pueblo v. Sobejano.
    Resuelto en junio 23, 1911.
    La parte apelante no compareció. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    Ex Parte Quintero.
    Resuelto en junio 24, 1911.
   Procedimiento sobre cancelación de fianza hipotecaria notarial..

Cancelada la fianza.


text:
    No. 723.
    Rossy v. París et al.
    Resuelto en junio 24, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. Manuel F. Rossy. La parte contraria no compareció.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se deses-time la apelación.

Desestimada la moción.


text:
    Ex Parte Martínez et al.
    Resuelto en agosto 2, 1911.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Víctor P. Martines.

   Procedimiento sobre cancela-ción de fianzas notariales.

Decretada la cancelación de las fianzas hipotecarias y notariales.


text:
    No. 35.
    Ex Parte Le Hardy.
    Resuelto en agosto 9, 1911.
    Abp-gados del peticionario: Sres. Lopes Landrón y Rincón. , Abo-gado de.la parte.opositora: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Solicitud presentada al Juez Asociado Sr. MacLeary para que se expida mandamiento de habeas corpus.

Denegada la solicitud por los fundamentos de la' opinión emitida.


text:
    No. 36.
    Ex Parte Le Roy.
    Resuelto en agosto 12, 1911.
    Abo-gado del peticionario: Sr. Herminio Días Navarro. Abogado de la parte opositora: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Solicitud presentada al Juez Asociado Sr. MacLeary para que se expida mandamiento de habeas corpus.

Denegada la

solicitud por los-fundamentos de la opinión emitida.


text:
    No. 36.
    Ex Parte Le Roy.
    Resuelto én agosto 15, 1911.
    Abogado del peti-cionario : Sr. Herminio Días Navarro.

   Moción del peticionario pre-sentada en la Sesión Extraordinaria del Tribunal Supremo para que conociera y resolviera la apelación interpuesta contra la resolución del Juez Asociado Sr. MacLeary, dictada en este caso en agosto 12, 1911.

Denegada la moción por estimar el tribunal que carece de jurisdicción para conocer y resolver dicho caso fen la Sesión Extraordinaria convocada para este día.


text:
    No. 37.
    Ex Parte Le Roy.
    Resuelto en agosto 25, 1911.
    Abo-gado del peticionario: Sr. Herminio Días Navarro. Abogado de la parte opositora: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Solicitud presentada al Juez Asociado Sr. del Toro para que se expida mandamiento de habeas corpus.

Denegada la solicitud por los fundamentos de la opinión emitida. '


text:
    No. 740.
    Cosío y Primo v. Fritze Lundt & Co.
    Resuelto en octubre 2, 1911.
    Abogado de los apelantes: /Sr. Julio M. Padilla. Abogado de los apelados: Sr. José A. Poventud.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.

Desistida la apelación a instancia de los ape-

lantes.


text:
    No. 744.
    Crestar v. Rosario.
    Resuelto en octubre 2, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. José- Sabater. Abogado del apelado; Sr.José Benet. :
   Apelación procedente- de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Desistida la apelación a instancia- del apelante.


text:
    No. 741.
    Lacót et al. v. Candall et al.
    Resuelto en octubre 2, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. José F. Fernández. ■

   Apelación proce-dente de la Corte -de Distrito de Ponce.

Desestimada la apelación a instancia del apelante.


text:
    No. 726.
    Ex Parte Rodríguez.
    Resuelto en octubre 2, 1911.
    Abo-gado del apelante: Sr. William J. Santos.

   Apelación procedente de la ■ Corte de Distrito de Mayagüez.

Desistida la apelación a instancia del apelante.


text:
    No. 82.
    Preston et al. v. El Juez de Distrito.
    Resuelto en octubre 5, 1911.
    Abogados del peticionario: Sres. Hartzell y Rodmguez Serra.

   Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

Desestimada la solicitud.


text:
    No. 703.
    Tellado v. Suris
    Resuelto en octubre 5, 1911.
    Abogado del: promovente: ■ Sr. Fernando Vázquez.-La parte contraria no compareció.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Desistida la .apelación por los fundamentos de la opinión emi-tida en el caso de la American Railroad Company of Porto Rico v. La Corte Municipal de Ponce, resuelto en abril 4, 1910.


text:
    No. 374.
    El Pueblo v. Saenz et al.
    Resuelto en octubre 6, 1911.
    Abogado de los apelantes: Sr. Salvador Picornéll. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 138.
    Puente et al. v. Foote, Juez de Distrito.
    Resuelto en octubre 6, 1911.
    Abogado de los peticionarios: Sr. N. B. K. Pettingill.

   Solicitud para que se expida auto de mandamus. Moción de re-consideración.

Denegada la moción.


text:
    No. 376.
    El Pueblo v. Padial.
    Resuelto en octubre 10, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. L. Figueroa Maestre. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.


text:
    No. 368.
    El Pueblo v. Pérez et al.
    Resuelto en octubre 10, 1911.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel Tous Soto. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 365.
    El Pueblo v. Santana.
    Resuelto en octubre 10, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Angel A. Vázquez. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 374.
    El Pueblo v. Serrano.
    Resuelto en octubre 10, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Cervoni. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte dé Distrito de Guayama.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 372.
    El Pueblo v. Strazara et al.
    Resuelto en octubre 10, 1911.
    Abogado de los apelantes: Sr. Pedro González. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de San Jnan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 735.
    Hernández v. American Railroad Co. of Porto Rico.
    Resuelto en octubre 10, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. José Benet. Abogados de la parte contraria: Sres. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Moción para que se desestime la apelación.

Denegada la moción por los fundamentos de la resolución en el caso número 734 García v. American Railroad Co. of Porto Rico, resuelto en octubre 10, 1911.


text:
    No. 758.
    Camerón et al v. Richard et al.
    Resuelto en octubre 12, 1911.
    Abogado de los promoventes: Sr. Domingo Mas-sari. Abogado de la parte contraria: Sr. Cayetano Goll y Cuchí.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.

Moción para que se desestime la apelación.

Desistida la apelación por incumplimiento del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1911.


text:
    No. 759.
    Cortés Hermanos & Co. v. Padró et al.
    Resuelto en octubre 12, 1911.
    Abogado de los promoventes: Sr. Domingo Massari. Abogado.de la parte con-traria : Sr: Frank Antonsanti.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.

Desestimada la apelación por incumpli-miento del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1911.


text:
    No. 709.
    Landrau v. Porto Rico Power & Light Co.
    Resuelto en octubre 12, 1911.
    Abogados del apelante: Sres. José G. Torres y Augusto Malaret. Abogados de la parte apelada: Sres. Henry F. Hord y H. H. Scoville.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Desistida la apelación a instancia del apelante.


text:
    No. 710.
    Landrau v. Porto Rico Power & Light Co.
    Resuelto en octubre 12, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Henry F. Hord.-Abogados del apelado: Sres. José G. Torres y Augusto Malaret.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Desistida la apelación a instancia del demandante.


text:
    No. 760.
    Márquez Hermanos v. Lezcano.
    Resuelto en octubre 12, 1911.
    Abogado de los promoventes: Sr. Domingo Massari. Abogado de la parte contraria: Sr. Antonio Lens Güeña.

   Apelación pro-cedente de la Corte de Distrito de Arecibo. Moción para que se desestime la apelación.

De-sestimada la apelación por incumplimiento del artículo 299 del Código- de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1911.


text:
    No. 763.
    Bras v. Sánchez et al.
    Resuelto en octubre 17, 1911.
    Abo-gado del apelante: Sr. José Benet. Abogado de la parte con-traria: Sr. José Sabater.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Desistida la apelación a instancias del apelante.


text:
    No. 379.
    El Pueblo v. Peña et al.
    Resuelto en octubre 18, 1911.
    Abogado de los ape-lantes: Sr. Pascasio Fajardo. .Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 767.
    Ex Parte Iñigo.
    Resuelto en octubre 18, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. Luis Montalvo.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Moción para que se deses-time la apelación.

Desesti-mada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado, por ley de marzo 9,1911, y 40 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 766.
    Soto et al. v. Puig et al.
    Resuelto en octubre 18, 1911.
    Abogado de los promóventes: Sr. Eduardo Acuña. Aboga-dos de la parte contraria: Sres. Land'rón y Rincón.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.

Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1911, y 40 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 370.
    El Pueblo v. Le Hardy.
    Resuelto en octubre 19, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Rafael Lopes Landrón. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 770.
    Delgado v. Camacho.
    Resuelto en octubre 24, 1911.
    Abogado del promovente: Sr. Juan R. Huyhe. Abogados de la parte contraria: Sres. Aponte y Aponte.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeao.

Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1911, y 40 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 386.
    El Pueblo v. Archilla.
    Resuelto en octubre 26, 1911.
    Abo-gado del apelante: Sr. Ramón Falcón. Abogado del apelado : Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 380.
    El Pueblo v. Ortiz et al.
    Resuelto en octubre 26, 1911.
    Aboga-dos de los apelantes: Sres. Cayetano Coll y Cuchí y Pedro González. Abogado del apelado: Sr. Jesús M, Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 383.
    El Pueblo v. Amador.
    Resuelto en octubre 30, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Ramón Falcón. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 773.
    Enrich v. Forteza et al.
    Resuelto en octubre 30, 1911.
    Abogado de los promoventes: Sr. Cayetano Coll y Cuchí. Abogados de la parte contraria: - Sres. López Landrón y Rincón.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1911, y 40 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 774.
    Enrich v. Forteza et al.
    Resuelto en octubre 30, 1911.
   Apelación procedente de la Corté de Distrito de San Juan, Sección Ia. Moción para que se desestime la apelación.

Abogado de los promoventes: Sr. Gay eterno Coll y Cuchí. Abogados de la parte contraria: Sres. López Landrón y Hincón.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1911, y 40 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 738.
    The Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi.
    Resuelto en octubre 30, 1911.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hu-macao.

Se enmienda la reso-lución de octubre 23, 1911.


text:
    No. 738.
    The Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi.
    Resuelto en octubre 31, 1911.
    Abogados de los promoventes: Sres. Garvan & Armstrong y Luis Muñoz Morales. Abogados de la parte contraria: Sres. Manuel Tous Soto y Carlos Travecier.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hu-macao. Moción para dejar sin efecto la désestimación de oficio.

Con lugar la moción.


text:
    No. 378.
    El Pueblo v. Burgos.
    Resuelto en noviembre 2, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.


text:
    No. 385.
    Ex Parte Leroy.
    Resuelto en noviembre 3, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. Herminio Díaz Navarro. Abogado de la parte contraria: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Apeláción en caso de habeas corpus contra resolución dictada por el Juez Asociado Sr. MacLeary en agosto 12,1911.

Confirmada la resolución apelada.


text:
    No. 389.
    El Pueblo v. Estévez.
    Resuelto en noviembre 10, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. José Ramón Freyre. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 390.
    El Pueblo v. Ramírez.
    Resuelto en noviembre 10, 1911.
    Abogado del ape-lante: Sr. Angel A. Vázquez. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 379.
    El Pueblo v. Anglada.
    Resuelto en noviembre 23, 1911.
    Abogado del apelante: Sr. José L. Pesquera. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 397.
    El Pueblo v. Atiles.
    Resuelto en noviembre 23, 1911.
    La parte apelante no compareció. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 739.
    Velilla et al. v. Castro et al.
    Resuelto en noviembre 23, 1911.
    Abogados de los promoventes: Sres. José de Diego y Garlos Franco Soto. Abogado de la parte contraria: Sres. Alfredo Amoldo Sevilla y Landrón y Rincón.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de Aguadilla.

Moción para que se desestime la apelación.

Denegada la moción por los fundamentos de la resolución en el caso 734, García v. American R. R. Co., resuelto en octubre 10, 1911.


text:
    No. 85.
    Borrás v. Castro, Juez de Distrito.
    Resuelto en noviembre 29, 1911.
    Abogado del peticionario: Sr. Hugh R. Francis.

   Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

Desestimada la solicitud.


text:
    No. 399.
    El Pueblo v. Ortiz et al.
    Resuelto en diciembre 4, 1911.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Ramón Freyre. Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal. •
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Desestimada la apelación a instancia de los ape-lantes.


text:
    No. 784.
    Buxó et al. v. Buxó et al.
    Resuelto en diciembre 12, 1911.
    Abogados de los promoventes: Sres López Landrón y Rincón. Abogados de la parte contraria: Sres. Alvares Nava y Dominguez.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.

Moción para que se de-sestime la apelación.

De-sestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1911, y 40 del Reglamento del Tribunal Supremo.


author: per curiam:

text:
    Sofía Martí Soler, peticionaria, v. Fernando Gallardo Álvarez, recurrido.

      Número: CC-2006-503

      Resuelto: 19 de enero de 2007

      Emilio F. Soler Mari, abogado de la parte peticionaria; Ludwing Ortiz Belaval, abogado de la parte recurrida.
   per curiam:

En esta ocasión nos corresponde determinar si presentada una moción de inhibición sin juramentar, posterior a que el Tribunal de Primera Instancia hubiese dictado sentencia, el juez contra quien se presenta debe abstenerse de resolver las mociones post sentencia pendientes hasta tanto se diluciden los méritos de la moción de inhibición ante otro juez. A la luz de los hechos particulares en este caso, resolvemos en la negativa.

I

El caso ante nuestra consideración tiene su origen el 8 de julio de 2004, cuando la recurrente, Sra. Sofía Martí Soler, instó una acción civil de liquidación de sociedad conyugal contra su ex esposo, el recurrido, Sr. Fernando Gallardo Álvarez. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 41. Poco después, la demandante presentó una moción urgente al tribunal en la cual solicitaba que se tomaran medidas provisionales sobre la administración de los bienes gananciales, ya que alegó que su ex esposo la había defraudado y había incurrido, presuntamente, en actos delictivos.

El demandado recurrido presentó una moción por derecho propio solicitando prórroga para contestar la demanda, ya que, según alegó, su representación legal estaba de viaje. Poco después, la abogada que alegadamente le representaba presentó una moción en la cual indicó que ella no había sido contratada por el señor Gallardo, por lo cual no era su representante legal. El tribunal, entonces, le concedió a éste un término de treinta días para que anunciara su representación legal.

Así las cosas, el tribunal le anotó la rebeldía al demandado recurrido. Posteriormente, el demandado presentó por derecho propio su contestación a la demanda. El tribunal le ordenó consignar $50 como sanción para proceder a levantarle la rebeldía. En la resolución indicó que la vista en rebeldía se convertiría en una vista con antelación al juicio.

La referida vista se celebró el 2 de diciembre de 2004. A ésta el recurrido compareció representado por abogado, quien días antes había asumido su representación legal. La vista se celebró en esa fecha, convirtiéndose para todos los efectos en una vista de seguimiento, por lo que la conferencia con antelación al juicio quedó pautada para el 17 de febrero de 2005. Posteriormente se señaló el caso para vista en su fondo, pero la misma no se pudo celebrar porque el abogado del demandado no compareció. Luego de varios trámites procesales se pautó el juicio para el 5 de abril de 2005. A esta vista, ante el juez Hon. Ángel Pagán Ocasio, la representación legal de la parte demandada no compareció y el abogado de la demandante le informó al tribunal el estado de las conversaciones entre las partes. La vista fue reseñalada.

El 27 de mayo de 2005 la representación legal del demandado presentó una moción para solicitar que se le autorizara renunciar a la representación del señor Gallardo. El Tribunal de Primera Instancia accedió a la solicitud y le concedió veinte días al demandado para que anunciara nueva representación legal.

El 29 de septiembre se celebró una vista de seguimiento a la cual no compareció la parte demandada. En esa fecha el foro primario le anotó la rebeldía al demandado, señalándose la fecha para la vista en rebeldía.

La vista en rebeldía se celebró en la fecha pautada y la presidió el juez Pagán Ocasio. La peticionaria compareció representada por su abogado y el recurrido por derecho propio. Del expediente surge que el demandado era consciente de que la vista era en rebeldía y él participó activamente en ésta. El Tribunal de Primera Instancia liquidó la comunidad de bienes mediante sentencia el 8 de noviembre de 2005 y la notificó a las partes el 29 de noviembre de 2005. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 1-10.

El 9 de diciembre de 2005 el recurrido, por conducto de una nueva representación legal, presentó un escrito titulado Moción Solicitando Enmiendas o Determinaciones Iniciales o Adicionales, de Reconsideración y de Nuevo Juicio al amparo de las Reglas 43.3, 47 y 48, respectivamente, de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979 y en Solicitud de Inhibición del Honorable Juez Pagán Ocasio.

En cuanto a la solicitud de inhibición, la cual fue presentada sin juramentar, el recurrido alegó “que el proceso fue presidido ... por un Juez que debió haberse inhibido motu prop[r]io, sobre todo cuando escuchó de forma ex parte a la demandante declarar bajo juramento sobre hechos que luego testificó nuevamente en el juicio ...”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 18. La alegación que antecede se basa en una orden de allanamiento emitida por el juez Pagán Ocasio el 1 de julio de 2004, para registrar un almacén público alegadamente arrendado por el señor Gallardo Alvarez en busca de un vehículo presuntamente hurtado que le pertenecía a la señora Martí Soler. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 64-66.

El juez Pagán Ocasio procedió a resolver las mociones sobre determinaciones de hecho adicionales, reconsideración y nuevo juicio, declarándolas “no ha lugar”. Sobre la moción de inhibición dispuso que, aunque tardía, la refería a la atención del Hon. Misael Ramos Torres, Juez Coordinador de Asuntos de lo Civil. Esta Resolución fue notificada el 23 de enero de 2006. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 139.

El juez Ramos Torres emitió una orden sobre el particular el 24 de enero de 2006, la cual se notificó el 10 de febrero de 2006. Indicó que no tenía nada que disponer en esa etapa de los procedimientos y que de ser necesario dispondría oportunamente. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 25 y 141.

Inconforme con dicha determinación, el recurrido presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 27 de febrero de 2006. Alegó que el Juez Coordinador erró al no resolver la moción de inhibición presentada. Además, planteó que había cometido error el Tribunal de Primera Instancia al resolver las mociones de reconsideración, de determinaciones de hechos adicionales y nuevo juicio sin haber dilucidado antes los méritos de la petición de inhibición. Como tercer error señaló que de tener la facultad el juez Pagán Ocasio para atender la moción, entonces éste cometió un error al declararla “no ha lugar”. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 33.

El Tribunal de Apelaciones, luego de declarar “no ha lugar” una moción de desestimación por falta de jurisdicción presentada por la señora Martí Soler, expidió el auto de certiorari. Oportunamente dictó sentencia en la que dejó sin efecto la resolución del Tribunal de Primera Instancia que había denegado la moción de reconsideración, de determinaciones de hechos adicionales y de nuevo juicio. Devolvió el caso al foro inferior para que el juez que fuera designado procediera a resolver la moción de inhibición y luego se resolvieran las mociones instadas por el señor Gallardo Álvarez. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 232.

De esta determinación la peticionaria recurrió ante nosotros mediante el correspondiente recurso de certiorari. Señaló que erró el Tribunal Apelativo al denegar la moción de desestimación y revocar la denegatoria de las mociones post sentencia por considerar que el Tribunal de Primera Instancia debió abstenerse de decidir.

El 21 de julio de 2006 emitimos una orden de mostrar causa —dirigida al recurrido— de por qué no debíamos ex-pedir el auto solicitado y revocar la determinación del foro apelativo. Éste compareció, por lo que, sin ulterior trámite, pasamos a resolver conforme intimamos.

II

El juez ejerce en nuestra sociedad una singular función de equilibrio en los conflictos humanos. Debe “discernir el bien del mal, para distinguir lo que puede y debe hacerse, de aquello que debe ser evitado”. F. Soto Nieto, Etica profesional y su proyección en la prueba penal, en Etica de las profesiones jurídicas: estudios sobre deontología, Murcia, Quaderna Editorial, 2003, Vol. I, pág. 591. El Estado de Derecho se asienta sobre el recto y sabio ejercició de las funciones judiciales. La singularidad de esta función configura la imparcialidad del juzgador como exigencia del debido proceso de ley. Véanse: Hernández v. Secretario, 163 D.P.R. 390 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 888-889 (1993); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 274 (1987).

El ordenamiento legal ha provisto varios mecanismos que le garantizan al ciudadano que en la adjudicación de su causa el juzgador será un ente imparcial. Y es que así debe ser, pues los tribunales constituyen el último asidero de la fe de nuestro pueblo en la Justicia. “La fe de la ciudadanía en el sistema de justicia que impera en nuestro País ... se preserva únicamente en la medida en que los ciudadanos confíen en la integridad, honestidad e imparcialidad de quienes tienen la noble encomienda de impartir justicia.” Lind v. Cruz, 160 D.P.R. 485, 488 (2003).

El Canon 20 de Etica Judicial ordena a los jueces que se inhiban en caso de perjuicio o parcialidad que les impida presidir un procedimiento judicial de la manera más justa, objetiva e imparcial. Las Reglas de Procedimiento Civil, por su parte, regulan el procedimiento para solicitar la inhibición del juez y así salvaguardar el derecho del litigante a un debido proceso de ley. 32 L.P.R.A. Ap. III.

El procedimiento para la inhibición o recusación de un juez que preside un caso civil está dispuesto específicamente en la Regla 63 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. La Regla 63.2 pauta el contenido de una moción de inhibición. A esos efectos dispone que “[cjualquier recusación deberá ser jurada y expondrá los hechos en que se funda. Dicha recusación deberá ser presentada tan pronto el solicitante advenga en conocimiento de la causa de recusación”. Regla 63.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

De lo anterior se desprende que los componentes de la solicitud de inhibición son la juramentación, la exposición de los hechos en que se asienta y, además, la exigencia temporal de que se presente sin dilación alguna una vez se conozcan las razones o los motivos para la inhibición. Estas exigencias obedecen a serias consideraciones de política pública, pues la solicitud de inhibición pone en tela de juicio la imparcialidad en la adjudicación de una controversia, elemento esencial de la Justicia. No son éstos meros requerimientos superfluos o tecnicismos triviales de los cuales se puede prescindir al antojo.

De 1904 hasta 1958 la materia de inhibición de jueces estaba regulada por los Arts. 23 y 83 del Código de Enjuiciamiento Civil ya derogados. Según estas disposiciones estatutarias la inhibición de un juez se solicitaba mediante una moción en que se especificaba la causa de inhibición a la luz de las causales allí enumeradas. La petición debía sostenerse en una vista evidenciaría citada para esos propósitos. No se exigía que la solicitud fuera juramentada.

Con las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 se introdujo por primera vez la exigencia de que hubiese una declaración bajo juramento. El eje principal del procedimiento establecido por dichas reglas fue precisamente esa declaración jurada imputando perjuicio, lo que se conoce como el affidavit of prejudice. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed. rev., New Hamshire, Equity Publishing Corp., 1981, págs. 208-210. Adviértase que previo a 1958, como indicamos, la solicitud de inhibición se dilucidaba en una vista evidenciaría donde, evidentemente, el testimonio se hacía bajo juramento. Con las Reglas de 1958 se eliminó el requerimiento de vista pero se introdujo la moción juramentada. No es irrazonable concluir a base de lo anterior que la exigencia de que la petición se juramente sustituye el testimonio bajo juramento que se requería en el esquema anterior del Código de Enjuiciamiento Civil.

La vigente Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, aprobada en 1979, simplificó el procedimiento para solicitar la inhibición de un juez, manteniendo el requisito de juramentación. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, Cap. X, pág. 1135; Hernández Colón, op. cit., pág. 213.

La regla, según redactada, pretende establecer un adecuado balance entre el derecho de todo litigante a tener un juzgador imparcial y el respeto institucional debido a los tribunales y a sus magistrados. De ahí que la regla establezca un mecanismo relativamente sencillo para que el litigante solicite la inhibición de un juez, pero a su vez exige que la solicitud sea juramentada y se presente tan pronto se tenga consciencia de la razón o los motivos para la inhibición.

Adviértase que el requisito de juramentar las alegaciones, mociones u otros escritos judiciales es la excepción y no la regla. "El propósito del juramento es el de someter a la parte a la penalidad de perjurio si se probara que el contenido de sus manifestaciones o declaraciones juradas no es cierto, por lo que carece de eficacia cualquier escrito que bajo las Reglas de Procedimiento Civil deba ser jurado y no lo esté.” (Énfasis nuestro.) Piñero v. Martínez Santiago, 104 D.P.R. 587, 590 (1976).

La exigencia de una declaración jurada sirve entonces como mecanismo profiláctico para frenar la presentación de mociones de inhibición infundadas y frívolas. Véase In re Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768, 778 (1990), opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López. Así se evita mancillar la reputación de un juez y empañar la imagen de objetividad e imparcialidad de los procesos judiciales. Después de todo, la credibilidad del juez es indispensable para la eficaz función de apaciguador de tensiones. “Dada la naturaleza y delicadeza del asunto es requisito sine qua non para ser considerada que la moción [de inhibición] debe venir acompañada de juramento.” (Énfasis nuestro.) Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1135.

En igual sentido, el requisito de que la moción se presente tan pronto se tenga conocimiento de la causa de inhibición pretende evitar el abuso en la presentación de este tipo de moción. Permitir que se dilate innecesariamente este planteamiento tiene el efecto de colocar a la parte que solicita la inhibición en una posición privilegiada frente a su contraparte. Así, si el fallo le beneficia, la parte guarda silencio, y si le es desfavorable solicita la inhibición. Depto. de la Familia v. Soto, 147 D.P.R. 618, 646 (1999).

Lo cierto es que el derecho del litigante a solicitar la inhibición de un juez está limitado por los principios de la buena fe, abuso del Derecho e incuria. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1120. Ciertamente, ninguna dimensión del comportamiento humano es ajena a la ética. Véase Gabaldón López, Reflexiones sobre la Ética Judicial, en Ética de las profesiones jurídicas: estudios sobre deontología, op. cit., Vol. II, págs. 781 et seq. En consecuencia, si una parte conoce las causas de inhibición de un magistrado y guarda silencio y se somete al procedimiento ante ese juez, renuncia a su derecho a solicitar su inhibición luego de que recaiga la sentencia. Hernández Colón, op. cit., pág. 212.

Por otra parte, la Regla 63.3 de Procedimiento Civil, supra, establece que “presentada y notificada la solicitud a que se refiere la Regla 63.2, se designará otro juez para que resuelva la misma”. En otras palabras, el mandato contenido en la Regla 63.3 es que cuando se presente una solicitud de inhibición que reúna los requisitos establecidos en el inciso anterior, ésta debe ser referida a otro juez.

Con este marco doctrinal de trasfondo veamos los hechos del caso.

III

En el caso ante nuestra consideración el recurrido, una vez recayó sentencia en su contra, presentó una moción sin juramentar en la cual solicitó la inhibición del juez Pagán Ocasio por hechos conocidos desde que se instó la demanda. Como vimos anteriormente, el requisito de juramentación es sine qua non de la moción de inhibición, por lo que su incumplimiento, en este caso, se levanta como impedimento para considerarla como tal. Como señalamos en Piñero v. Martínez Santiago, ante, “carece de eficacia” aquella moción que según las Reglas de Procedimiento Civil debe presentarse jurada. De esta forma, como se discutió, se evita la presentación de mociones frívolas que afectan la tramitación de un caso y cuestionan la integridad del proceso judicial.

Resolvemos, por lo tanto, que en este caso, y dado sus particularidades, la petición de inhibición no constituyó una eficaz moción de inhibición que le impidiese al juez de instancia atender la solicitud de determinaciones de hecho, reconsideración y nuevo juicio presentada en el mismo escrito donde se solicitó la inhibición.

Habida cuenta de lo anterior, la resolución del Tribunal de Primera Instancia en que se declaran “no ha lugar” las mociones sobre determinaciones de hecho adicionales, reconsideración y nuevo juicio marcó el inicio del término para apelar; en cuyo caso, el recurrido tenía hasta el 22 de febrero de 2006 para presentar su recurso de apelación.

Habiéndose presentado ante el Tribunal de Apelaciones el recurso de certiorari el 27 de febrero de 2006, el mismo fue tardío y dicho foro no tenía jurisdicción para acogerlo y posteriormente dictar sentencia como hizo. En conclusión, el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para considerar el recuso de certiorari presentado por el recurrido.

En atención a lo anterior, procede que se expida el auto solicitado y se dicte sentencia revocatoria de la dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Se dicta sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       No surge del expediente del Tribunal de Primera Instancia que el demandado hubiese consignado la referida cantidad.

       No fue hasta el 27 de abril de 2006, luego de dictada la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que el recurrido presentó la declaración jurada correspondiente. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 1-2.

       La orden manifiesta que el juez evaluó una declaración jurada firmada por la Sra. Sofía Martí Soler, pero no se hace referencia a testimonio alguno ofrecido por la recurrente. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 64-66.

       El referido canon dispone:
      “Las juezas y los jueces entenderán y adjudicarán los asuntos que se les asignen, salvo aquellos en los que la ley requiera su inhibición y en cualesquiera de los casos siguientes, pero sin limitarse a éstos:
      “(a) Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualesquiera de las personas, las abogadas o los abogados que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso.” 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. Véase In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 D.P.R. 403 (2005).

       Los Arts. 23 y 83 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico provienen del Código de Enjuiciamiento Civil de California. Del proceso de inhibición bajo las disposiciones del código califomiano se desprende el requisito de que la solicitud de inhibición se hiciera mediante una afñdávit. Véase Codes and Statutes of California, Code of Civil Procedure, 1901, Sec. 170, pág. 40.

       “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales.” Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       En Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983), atemperamos la doctrina de Piñero v. Martínez Santiago, 104 D.P.R. 587 (1976), al resolver que la omisión de jurar una demanda instada de acuerdo con la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976 (26 L.P.R.A. sec. 4110), podía ser subsanada mediante solicitud al efecto de la parte demandante.

       La Regla 63.3 recoge un sano principio adoptado en 1958, sin correspondencia federal. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, Cap. X, pág. 1137; Reglas de Práctica para Puerto Rico, New Hampshire, 1959, pág. 121; Tribunal Supremo de Puerto Rico, Borrador del Proyecto de Reglas de Enjuiciamiento Civil, 1954, pág. 162.

       “ei recurso de apelación deberá ser presentado en la forma antes dispuesta, dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.” Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véanse, también: Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 365-367 (2001); Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886, 897 (1997).

       En el recurso de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones también se solicitó la revisión de la orden dictada por el Hon. Misael Ramos Torres. La orden en cuestión no tiene ninguna eficacia, ya que su génesis es una moción de inhibición que, como explicamos, es inoficiosa. Cualquier trámite ulterior consecuencia de ésta es improcedente.