author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Blanco, Apelada, v. Hernández et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 935.
    Resuelto en junio 23, 1913.
    Prescripción de la Acción ' de Daños y Perjuicios. — Computación del Tér-mino — Palta de Datos en la Transcripción. — En el presente caso se vendió en pública subasta una finca perteneciente a la demandante. El procedi-miento no se siguió contra la demandante, sino por uno de los demandados contra el otro demandado que aparecía como dueño de la finca en cuestión, pero que en realidad no lo era. La fecha de la inscripción de la venta en el registro de la propiedad, no aparecía de la transcripción. Se resolvió: que el hecho de la venta en pública subasta no implicaba necesariamente que la demandante tuviera conocimiento de la existencia del mismo, ni podía por tanto su fecha tomarse como base para empezar a contar el término señalado por la ley para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios, sin que pudiera tampoco computarse el término tomando como punto de partida la fecha de la inscripción de la venta en el registro de la propiedad, ya que dicha fecha ■ no se hizo constar en la transcripción del caso.
    Confabulación para Defraudar a un Tercero. — En este caso, se demostró que el demandado E. E. L. se puso de acuerdo con el otro demandado A. H. M. y lo demandó en cobro de una deuda simulada; que dictada sentencia la hizo • efectiva en una finca que aparecía inscrita en el registro a favor del deman-dado A. H. M., pero que había pasado ya a poder do la demandante, según constaba a los demandados, y que al actuar así ambos demandados lo hicieron con la intención- de defraudar a- la demandante, la que se vió obligada a . .instituir procedimientos y a gastar dinero para despejar'su situación y poder 1 • inscribir su título en el registro .de la propiedad. Se resolvió: que tales hechos constituían una confabulación para defraudar a la demandante y que ésta tenía derecho a recobrar de los demandados los daños y perjuicios que se le ocasionaron.
    Id. — Fijación de la Indemnización. — Analizadas las pruebas y las circunstancias del caso, la corte aceptó como la justa y procedente la cantidad de seiscientos dólares fijada por el tribunal inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Leopoldo Feliú.

    Abogado de Agustín Hernández Mena: Sr. José Sdbater.

    Abogado de Francisco Falagán: Sr. William J. Santos.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre 16, 1911, Alejandrina Blanco Bamírez pre-sentó demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Agustín Hernández Mena y Fráncisco Falagán Lobato, sobre daños y perjuicios. Los demandados separadamente excep-cionaron y contestaron la demanda y el primero de ellos, Hernández Mena, estableció además una reconvención que fué eliminada por orden de la corte dictada a solicitud de la parte demandante.

Celebrada la vista, la corte declaró probados los siguientes hechos: ■ •

“Que el día 22 de junio de 1910, en un procedimiento ejecutivo sumarísimo que se tramitó en esta corte de distrito, con el número 2704 del registro de causas civiles de la misma, seguido por Alejan-drina Blanco y Bamírez, la demandante, contra el abora demandado Agustín Hernández Mena y Manuel, Francisco, Emilio y Agripina C. Aran y Cuascú, la demandante adquirió por adjudicación que de ella se le hizo por el marshal de esta corte de distrito, el dominio en propiedad absoluta de siete octavas partes proindiviso de la finca que se describe en el hecho segundo" de la demanda, que es una casa de manipostería de dos pisos, con balcón corrido y que da frente a la calle de San José, con solar propio. Que dicho procedimiento eje-cutivo se siguió por la demandante contra dichos demandados para cobrar un crédito que tenía la demandante garantizado con hipoteca sobre la propiedad antes mencionada, la que aparece inscrita en el registro de la propiedad, habiendo hecho demandado en el mismo, al ahora demandado Agustín Hernández Mena, quien adquirió dicha propiedad en pleito civil que siguió en la Corte Municipal de Maya-güez, con el No. 145 de causas civiles de dicha corte, contra Inocencia O. Viuda de Aran, de cuya, adquisición le fué otorgada la oportuna escritura pública, la que inscribió en el registro de la propiedad, quedando la finca siempre sujeta a la hipoteca antes referida a favor de la demandante Alejandrina Blanco Ramírez.
“Que subsiguientemente, y el día siete de septiembre de 1910, cuando todavia.no había inscrito la adjudicación que de la propiedad referida se hizo en el pleito ejecutivo sumario a la demandante y estando todavía la referida finca, que fué ejecutada, inscrita a nom-bre del demandado Agustín Hernández Mena en el registro de la propiedad, dicho demandado Agustín Hernández Mena maliciosa y fraudulentamente y de acuerdo y en combinación con el otro deman-dado Francisco Falagán Labato, entraron en una conspiración y conspiraron con el propósito de cometer un acto encaminado a de-fraudar a la demandante y a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leyes, obligando a litigar y gastar dinero, en consecuencia, a la demandante; y obrando así en virtud de dicha conspiración y ambos de acuerdo, el demandado Agustín Hernández Mena se hizo demandar simuladamente por el otro demandado en el presente caso, Francisco Falagán y Lobato, ante la Corte Municipal de Mayagüez, en cobro de una deuda supuesta y ficticia por la cantidad de quinientos dollars, cuya causa se registró en dicha corte municipal, bajo el número 526 del registro de causas civiles de dicha corte; haciéndose anotar y registrar el demandado Agustín Her-nández Mena, una sentencia en rebeldía por la referida suma de quinientos dollars, cuya sentencia fué registrada el día 20 de sep-tiembre de 1910.
“Que subsiguientemente, y obrando siempre de acuerdo ambos demandados, Agustín Hernández Mena y Francisco Falagán Lobato, en prosecución y en virtud de la susodicha conspiración, el deman-dado Falagán Lobato, sin antes hacer la excución de bienes muebles de su demandado aparente en dicha subasta en la corte municipal, y aprovechándose de que el título de Alejandrina Blanco y Ramírez, la demandante, sobre la propiedad que se deja inscrita en el hecho segundo de la -demanda, no aparecía inscrito en el registro de la propiedad y sí la adjudicación que de la misma propiedad se había hecho anteriormente al demandado Agustín Hernández Mena, en el pleito que éste siguiera con el número 145 en la corte municipal contra Inocencia C. Viuda de Arán, dicho demandado Francisco Falagán Lobato hizo embargar por el márshal de la Corte Municipal de Mayagüez, para satisfacer la sentencia por quinientos pesos, inte-reses y costas, así fraudulentamente obtenida, la finca o participa-eión de la demandante Alejandrina Blanco Ramírez, descrita en el becbo segundo de la demanda y también bizo librar el mandamiento-de ejecución para satisfacer dicba sentencia.
“Que subsiguientemente y prosiguiendo siempre en su dicba cons-piración los referidos demandados Hernández Mena y Falagán Lo-bato, obrando siempre de acuerdo, hicieron verificar la venta en publica subasta de dicba propiedad en virtud del embargo y-man-damiento de ejecución antes mencionados, cuya venta en pública subasta se llevó a cabo el día siete de noviembre de 1910, a las nueve de la mañana, adjudicándose la finca al referido demandado Francisco Falagán Lobato, por la cantidad de cuatrocientos dollars que se abonó a cuenta dicho Francisco Falagán Lobato, otorgándose escritura de dicha adjudicación en venta pública por el márshal de la corte municipal, el día nueve de noviembre de 1910 autorizada por el Notario Don Mariano Riera Palmer, bajo el número 592, cuya escritura la hizo inscribir el demandado Francisco Falagán Lobato en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, al tomo 92 de dicho municipio, finca número 2394 triplicado, inscripción'oncena, al folio 246 de dicho tomo.
“Que en virtud de los hechos y actos de dichos demandados que se dejan como probados, la demandante Alejandrina Blanco y Ramí-rez, estuvo privada por algún tiempo, indebida e ilegalmente de inscribir en el registro de la propiedad su título y se vió obligada a hacer gastos en procedimientos judiciales, invirtiendo en ellos, sola-mente para pagar honorarios de abogado la cantidad de doscientos dollars, gastando además en sellos del registro algunas sumas y tam-bién en viajes y desembolsos necesarios que hiciera para atender a dicho asunto relacionados con la inscripción de la referida finca en el registro de la propiedad.”

Basándose en los anteriores hechos y después de liacer un análisis minucioso de la evidencia practicada, el juez sen-tenciador estimó que debía condenar y condenó a los deman-dados a pagar mancomunada y solidariamente a la deman-dante, como indemnización de daños y perjuicios, la suma de seiscientos dollars, con más las costas, desembolsos y hono-rarios de abogado. La sentencia se registró el 25 de sep-tiembre de 1912 y contra ella interpusieron los demandados el presente recurso de apelación. .

Los fundamentos del recurso pueden resumirse como sigue:

1. Que la acción de daños y perjuicios estaba prescrita por ministerio de la ley, al tiempo en que se presentó la demanda.

2. Que la demanda no aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción de daños y perjuicios;

3. Que la demandante no probó la existencia de la cons-piración alegada; y '

4. Que tampoco probó la existencia de daños positivos, ni la cuantía de los mismos.

Examinemos el primer fundamento. La parte apelada sostiene en su alegato que la prescripción no se alegó en tiem-po y forma y que no fué considerada por la corte inferior, ni debe serlo por esta Corte Suprema. Prescindiremos de. estas objeciones y estudiaremos la contención tal como la presentan los apelantes. Estos alegan que la demandante el 7 de no-viembre de 1910 sabía que el márshal había vendido los bie-nes a Falagán Lobato y que la demanda no se interpuso hasta el 16 de noviembre de 1911, cuando había transcurrido por tanto más del año que la ley concede para entablar la acción de daños y perjuicios. Hemos examinado la demanda y la prueba practicada y no aparece, de la primera, ni se demuestra por la segunda que la demandante supiera el 7 de noviembre de 1910 que se había vendido la finca a Fala-gán Lobato, ni menos que estuviera enterada en esa fecha de" la existencia de la conspiración que alegó luego en su de-manda. Todo lo que consta y así se declaró probado por el juez sentenciador, es que el 7 de noviembre de 1910 se vendió en pública subasta a Falagán Lobato la finca en cues-tión, pero este hecho no implica necesariamente que la deman-dante tuviera conocimiento del mismo. La fecha de la ins-cripción de la venta en el registro de la propiedad no se hizo constar en la transcripción.

No habiendo, pues, la parte que tenía el deber de hacerlo, proporcionado a esta Corte Suprema la base necesaria para la computación del término para la prescripción, no - cabe apreciar la existencia de la misma.

Veamos el segundo fundamento. La demanda alega subs-tancialmente los mismos hechos declarados probados por el juez sentenciador y basta leer esos hechos para convencerse de que, si son ciertos, la demandante tiene una buena causa de acción contra los demandados.

Estudiemos el tercer fundamento. Ya hemos dicho que la corte hizo un minucioso examen de la prueba practicada, consistente en documentos y testigos. No lo transcribimos íntegro, porque sería alargar innecesariamente esta opinión. Procuraremos extractarlo en la forma más breve que nos sea posible. Se presentaron documentos indubitados escri-tos en maquinilla por Hernández Mena y los autos en el caso de Falagán v. Hernández, tramitado en la corte municipal. Por una comparación cuidadosa de ellos y no obstante haber asegurado Hernández bajo juramento en el acto del juicio, que no había escrito la demanda en el dicho caso de Falagán v. Hernández, la corte concluyó que el papel era exactamente el mismo y también la clase de máquina em-pleada, observándose los mismos desniveles en las letras. En el acto de la vista Falagán declaró que él fué el que es-cribió en maquinilla la demanda; también declaró que sabía escribir en maquinilla picando con los dedos y que se equi-vocaba a cada rato, y la corte habiendo examinado la de-manda y no encontrando ninguna faltá en ella, no dió crédito a su testimonio.

Hernández Mena declaró que. no llevó la demanda de que se trata a la corte municipal. El secretario auxiliar de dicha corte declaró que Hernández Mena llevó personalmente la demanda y fué quien hizo el depósito. La corte no creyó a Hernández y dió crédito al secretario.

La corte dió crédito a la declaración dél Notario Eiera Palmer sobre el extremo de haber sido el propio Hernández Mena el que le llevó ya preparadas, para que las legalizara, la escritura de venta y su copia otorgada por el márshal de la corte municipal a favor de Falagán, en el pleito de referencia.

La corte apreció el hecho de que Hernández Mena, un litigante que la corte conocía como tenaz e incansable, en el pleito de que se trata, se dejó condenar en rebeldía sin hacer alegación alguna.

La corte por los testimonios del abogado Benet y del se-cretario de la corte de distrito y por ruia certificación del registrador de la propiedad, estimó probado que Manuel Pa-rra, mandadero y empleado de Hernández Mena, hizo ges-tiones qué específica a nombre y en pro de Falagán en el asunto de que se trata.

La corte dedujo, en fin, la confabulación de los deman-dados, de un análisis de sus propias declaraciones. Ambos eran amigos íntimos. La cantidad que Falagán cobró a Her-nández por la vía judicial procedía según ellos de un prés-tamo que no se hizo constar por escrito y del cual no se llevó nota a los libros de Falagán, no obstante tener Her-nández abierta cuenta en ellos.

Las expuestas, y otras circunstancias más apuntadas por la corte y que aparecen de la prueba, demuestran que la corte sentenciadora no erró al declarar justificada la exis-tencia de la confabulación de los 'demandados para defrau-dar o por lo menos obstaculizar a la demandante en el ejer-cicio de su derecho.

Veamos, examinando el cuarto fundamento, si la corte erró o nó al declarar la existencia de daños positivos en este caso y al fijar su cuantía. .

La demandante tenía ya otorgada a su favor y como con-secuencia de un pleito que siguiera, un título de propiedad. Cuando fué a inscribirlo en el registro se encontró con que no pudo hacerlo, porque la finca figuraba inscrita a favor de otra persona, a virtud de la confabulación de'los. demandados. Entonces se vió obligada a instituir procedimientos judiciales para despejar su situación. Esto le ocasionó gastos. La corte sentenciadora apreció que sólo por honorarios de abo-gado, pagó la demandante $200, y que hizo además otros gas-tos en sellos, viajes, etc. La existencia, pues, de daños posi-tivos es indudable. La cantidad de $600 fijada por la corte, nos parece moderada y como no se nos lia presentado nin-gún argumento poderoso que nos obligue a reducirla, creemos que, dadas las circunstancias de este caso, no debemos al-terarla.

Existe en los autos un pliego de excepciones que contiene ocbo, relativas a la prueba. Dichas excepciones no se sos-tienen por los apelantes en su alegato. Las hemos exami-nado, y, a nuestro juicio, fueron resueltas correctamente por la corte de distrito.

También hemos examinado la resolución de la corte de distrito relativa a la eliminación de la reconvención y la esti-mamos enteramente correcta.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

G onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Rojas, Apelado, v. Porto Rico Motor Co., Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 1001.
    Resuelto en junio 24, 1913.
    Apelación — Palta de Exposición del Cas.o — Término para Radicar la Trans-cripción de Autos. — De acuerdo con el artículo 40 del Reglamento del Tribunal Supremo, el término de treinta días para radicar en dicha corte la transcripción de autos en una apelación debe empezarse a contar, cuando no se ha presentado ninguna exposición del caso, desde el día en que se radicó en la corte inferior el escrito de apelación.
    ' Los hechos están expresados en la resolución.

      Abogado del apelado: Sr. Hugh R. Francis.

    Abogado del apelante: Sr. Roberto H. Todd.

   RESOLUCIÓN.

Por Cuanto, con fecha 1 de mayo de 1913, la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., dictó sentencia en el caso arriba expresado, la cual fné apelada por la parte demandada el 8 del mismo mes, ,y con fecha 21 del indicado mes le- fné concedida a la parte apelante por dicha corte nna prórroga de 10 días para presentar la exposición del caso, qne venció el día- 31 del expresado mes.

Por Cuanto, habiendo expirado la prórroga de 10 días para presentar la exposición del caso, sin qne se haya archi-vado ésta, el término para radicar ante esta corte la trans-cripción de antos debe empezarse a contar desde el día 8 de mayo de 1913 en qne se radicó el escrito de apelación, según así lo preceptúa el artículo 40 del reglamento de este tribunal, habiendo, por tanto, vencido el día 7 de junio corriente los 30 días qne dicho artículo concede a la parte apelante para radicar en esta corte la transcripción de antos, sin que lo haya hecho.

Por Tanto, vistos los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por ley No. 70, de 1911, y el 303 del mismo código y 40 y 60 del reglamento de este tribunal, se declara con lugar la moción y en su virtud se desestima la apelación interpuesta por la parte demandada, Porto Rico Motor Company, contra la sentencia que dictó en el caso arriba expresado la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a. el día 1 de mayo de 1913; y comuniqúese a la corte sentenciadora a los fines procedentes.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente' Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Se. Heenández,

text:
    Sociedad Agrícola de Gurabo, Apelada, v. Hernández et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 947.
    Resuelto en junio 24, 1913.
    InjuNction — Reparación de un Edificio — Solar del Municipio. — Los apelantes obtuvieron permiso por medio de ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Gurabo para reconstruir parte de una casa de su propiedad edificada sobre solar del municipio, cuya reconstrucción había de hacerse en los mismos puntos y en el mismo sitio ocupado por la parte que se deseaba reparar. De acuerdo con otra ordenanza del mismo municipio, entre dos casas de madera debe existir un espacio de dos metros. Los apelantes al hacer la reconstruc-ción se extendieron fuera de los sitios que comprendía la parte que se iba a reedificar. La corte inferior, a petición de los demandantes, expidió un injunction preliminar que luego convirtió en perpetuo prohibiendo dicha re-construcción. Se resolvió:
    1. Que los demandados al reconstruir fuera de los límites marcados en el permiso que les fué otorgado por el municipio infringieron la ordenanza municipal relativa a dicho peimiso y causaron perjuicios a la sociedad de-mandante dueña de la casa contigua.
    2. Que los hechos probados justifican la concesión del injunction perpetuo decretado por la corte inferior, no estando obligada la sociedad demandante a dirigir su acción contra el municipio de Gurabo. .
    3. Que la inspección ocular hecha por el Concejo Municipal de Gurabo no podía ser tomada en consideración por este tribunal, porque está en contra-dicción con las pruebas practicadas, las cuales deben regir para la resolución de este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelada: Sr. Francisco González.

    Ahogado de los apelantes: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   El Juez Presidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 21 de mayo del año próximo pasado, la entidad Sociedad Agrícola de Gurabo presentó solicitud de injunction a la Corte de Distrito de Humacao contra Ursula Her-nández de Morales y Santiago Morales, con súplica de que se ordenara a los demandados, subalternos, empleados, sirvientes, representantes o agentes de los mismos, se abstuvieran todos y cada uno de ellos de continuar la obra que estaban ejecutando hacia el sur de la casa de la propiedad de los de-mandados que se describe en la demanda, a no mediar reso-lución o sentencia de tribunal competente, y habiendo solici-tado la demandante la expedición de una orden de entredi-cho o restraining order, se acordó así. mediante prestación de la correspondiente fianza, habiéndose limitado luego el entredicho a moción de los demandados, a sólo la parte sur del lado izquierdo de la casa de los mismos.

Señalado día para que los demandados manifestaran causa por la que no debiera expedirse el injunction solicitado, comparecieron éstos a la vista que se celebró en 6 de junio de 1912, y después de haber contestado la demanda y practica-das pruebas por ambas partes, la corte, apreciando en con-junto la prueba presentada, establece como ciertos y proba-dos los siguientes hechos:'

Primero. Que la demandante y los demandados son vecinos residentes de Gurabo, la primera una sociedad agrícola, y los segundos, casadps y mayores de edad.

Segundo. Que la demandante es dueña de una finca ur-bana, casa terrera de maderas y techada de tejas de barro, sita en la calle de Santiago del pueblo de Gurabo, en solar del municipio de dicho pueblo, de catorce metros ochenta cen-tímetros de frente, por trece metros setenta centímetros de fondo, midiendo la fabricada, doce metros cuarenta centí-metros de frente, por siete y medio metros de fondo, lindando por su derecha entrando, que es el norte, con casa de los de-mandados; por su izquierda, que es el sur, con casa de Don Celestino Morales; por su fondo, que es el oeste, con casa de Don Isidoro Carrasquillo, y por su frente, que es el este, con la citada calle de Santiago. Cuya casa la adquirió la de-mandante por conducto de Don Manuel Seoane, por compra a la Sucesión Díaz, en 7 de noviembre de 1911..

Tercero. Que los demandados son dueños de una casa de maderas, terrera, cubierta de tejas de barro, sita en la esquina de las calles, “Santiago” y “Lago” del pueblo de Gurabo, colindando por el norte con la calle de Lago, por el sur con la casa de la Sociedad Agrícola de Gurabo; por el este, con la calle de Santiago, y por el oeste con Don Santiago Morales.

Cuarto. Que en 15 de mayo de 1912, el Concejo Municipal de Gurabo votó una ordenanza municipal concediéndole a la demandada, Ursula Hernández de Morales, permiso para reedificar o recomponer, la parte trasera de la casa descrita en el hecho tercero, en la parte correspondiente al comedor, cocina y letrina de la misma, cuya reconstrucción se verifi-caría en lo o mismos puntos y en el mismo sitio que ocupaba la parte que se deseaba reparar, cuyo permiso- fué ratificado por otra ordenanza aprobada en 31 de mayo de 1912.

Quinto. Que de acuerdo con dicho permiso, la demandada empezó la recomposición .de' su casa referida, destruyendo y reedificando dé nuevo un colgadizo existente en la parte sur de dicha casa y en el callejón comprendido entre la casa de la demandante y la de los demandados, cuyo colgadizo nacía de la parte trasera de la casa, yendo hacia adelante al largo del callejón, midiendo un ancho por la parte de atrás de cinco pies nueve pulgadas, por un largo de doce’ pies siete pulga-das, con un ancho por lá parte del frente de tres pies una pul-gada, cuyas dimensiones aparecen mareadas en el plano con las letras a a b, de a a c, y de c a el, respectivamente.

Sexto. Que al hacer dicha reconstrucción, los demanda-dos extendieron y agrandaron dicho colgadizo, quedando de las siguientes dimensiones: por la parte de atrás, cinco pies nueve pulgadas; por el costado hacia el largo del callejón, de veinte pies cinco pulgadas, y un ancho de frente, de tres pies y una pulgada.

Séptimo. Que la distancia que existe entre dichas casas actualmente, es de tres pies once pulgadas en la parte de atrás, y en la del frente, de siete pies cuatro pulgadas.

Octavo. Que tanto las casas de los demandantes y deman-dados, como el colgadizo primitivo han sido construidos hace mucho tiempo, y las reparaciones llevadas a cabo en el dicho colgadizo están aún sin concluir.

Noveno. Que el Concejo Municipal de Gurabo en 31 de agosto de 1911, votó una ordenanza' que fué aprobada en 3 de septiembre del mismo año, en cuya ordenanza municipal y en la sección quinta de la misma, se ordena que entre dos casas de madera deberá existir un espacio de dos metros, y que dicho espacio se entenderá dividido en dos partes iguales correspondiendo un metro a la servidumbre de cada casa contigua. Que tanto esta ordenanza como las anteriores están vigentes.

Décimo. Que los solares en que radican las casas de las partes litigantes pertenecen al municipio de Gurabo y no han sido deslindados.

Bajo esos hechos y a virtud de las conclusiones de derecho que la corte estimó aplicables al caso, fué pronunciada sen-tencia en 17 de junio del año pasado en los siguientes tér-minos :

“Que la ley y los hechos están a favor de la parte demandante y en contra de la parte demandada, y por tanto debe dictar y dicta una orden de injunction perpetuo, ordenándose a los demandados Ursula Hernández de Morales, y Santiago Morales y sus representantes, mandatarios o empleados, por sí o por persona intermedia, se abstengan ,de fabricar o permitir que se fabrique en la parte sur de su casa, sita en la esquina de las calles de Santiago y Lago del pueblo de Gurabo, número 29, o en su colindancia con la casa de la Sociedad Agrícola de Gurabo, un colgadizo o estructura cualquiera, que sea mayor de- las siguientes medidas: por lá parte trasera a par-tir de la esquina de la casa, cinco pies nueve pulgadas de ancho, línea a a, b del plano; de la parte atrás, hacia adelante a lo largo del calle-jón, de una longitud de doce pies siete pulgadas, o sea lá línea a a c del plano; por la ’parte del frente, de un ancho de tres pies y una pulgada hasta llegar al seto de la casa, o sea de líneas o y d del plano, quedando por tanto impedidos de realizar acto alguno refe-rente a dicha construcción, que no sean los autorizados por esta sentencia. Sin especial condenación de costas.”

Contra esta sentencia interpuso la representación de los. demandados recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema y en apoyo del recurso alega los siguientes motivos:

Primero. Que la sociedad demandante no ha sufrido ni sufriría perjuicio alguno por virtud de las obras de los de-mandados.

Segundo. Que siendo el municipio de Gurabo dueño de los solares de que se trata y habiendo ratificado dentro de sus facultades la concesión que hizo a Ursula Hernández, aun después de haberse .dictado por la corte de distrito el restraining order, dicha corte no ha debido intervenir en el caso por medio del injunction.

Tercero. Que la sociedad demandante carece de causa de acción por no haberse probado en el juicio que los demanda-dos hayan invadido parte alguna de su solar y por ser ina-plicable al caso la ordenanza que exige dos metros de sepa-ración entre casas de madera.

Cuarto. Que en todo caso la demandante si se conside-raba perjudicada, ha debido dirigir su acción no contra los demandados que son simplemente usufructuarios, sino contra el municipio de Gurabo que es el dueño de los solares en cuestión.

Es un hecho establecido por el juez como probado y no impugnado por la parte apelante, que el Concejo Municipal de Gurabo le concedió permiso para reedificar o recomponer la parte trasera de su casa correspondiente al comedor, cocina y letrina de la misma y que esa reconstrucción había de veri-ficarse en los mismos' puntos y en el mismo sitio que ocupaba la parte que se deseaba reparar. Dicha parte apelante no se sujetó en el uso del permiso a los términos en que le fué con-cedido, pues al hacer la reconstrucción, el colgadizo desti-nado a comedor, cocina y letrina que antes medía una longi-tud de 12 pies y 7 pulgadas se extendió en ese sentido hasta 20 pies 5 pulgadas. Al proceder así, además de infringir la ordenanza del Concejo Municipal de Gurabo contentiva del permiso, causó perjuicio a la sociedad demandante, la que si luego quisiera construir su casa de nuevo, tendría forzo-samente que dejar libre el espacio de dos metros que debe existir entre las casas de maderas según la sección décima-quinta de la ordenanza de 31 de agosto de 1911.

La intervención de la Corte de Distrito de Humacao en el caso, accediendo al injunction solicitado está suficientemente justificada, pues la parte demandada no se atemperó a los términos del permiso que le fue concedido por el Concejo Municipal de Gurabo para reparar su casa dentro de los lími-tes que le fueron indicados, y al proceder como procedió vulneraba los derechos de la parte demandante y apelada.

T la sociedad demandante, atendidos los hechos proba-dos en el juicio, tiene causa de acción contra los demandados, pues aunque en el presente caso no sea aplicable la ordenanza que exige dos metros de separación entre casas de madera, esa ordenanza tendría que aplicarse si la parte demandante en uso de su derecho, quisiera destruir su casa y levantarla de nuevo.

No hay motivo alguno para que la Sociedad Agrícola de Gurabo deba dirigir su acción contra el municipio de dicho pueblo, pues ese municipio no ha infringido derecho alguno de la dicha sociedad, atendidos los términos del permiso con-cedido a los demandados para reconstruir la parte trasera de su casa.

Aunque el Concejo Municipal de Gurabo hizo constar des-pués de haber verificado una inspección ocular, que Ursula Hernández se había sujetado en todo a los términos de la concesión, puesto que había hecho la reedificación en los mis-mos puntos y en la misma línea que ocupaba la parte des-truida, como el resultado de ésa inspección está en contra-dicción abierta con las pruebas practicadas en el presente caso, a esas pruebas y no a otras debemos atenernos para la resolución del recurso.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

' ' ' Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: -El Juez Asociado Sb. Audrey

text:
    Monroig, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Rectjbso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a.
    No. 145.
    Resuelto en junio 24, 1913.
    Servidumbres — Servidumbre de Ferrocarril a Favor de una Central: — Cons-tituye nna servidumbre real y no personal aquella que se establece a favor del una central para que pueda establecer un ferrocarril para la conducción de cañas a la misma.
    Id. — Descripción del Predio Dominante. — De acuerdo c.on el artículo 13 de la Ley Hipotecaria, para que pueda. inscribirse una escritura de constitución de servidumbre real es necesario describir no sólo el predio sirviente sino también el predio dominante.
    Acta Aclaratoria — Defectos.—Denegada la inscripción de una escritura y pre-sentada nuevamente ésta al registro acompañada de un acta aclaratoria para subsanar los defeetos puestos por el registrador a la primera.,, puede éste en esta segunda presentación fundar la denegatoria de inscripción en defectos dirigidos contra el acta aclaratoria, cuando ésta no subsana los defectos que impidieron la inscripción del primer título.
    Servidumbres — Segregaciones del Predio Sirviente. — No comete error el regis-trador que deniega la inscripción de la escritura de constitución de servi-dumbre real cuando del registro resulta que con posterioridad a la fecha de dicha constitución se han hecho segregaciones del predio sirviente que han sido inscritas a nombre de varias personas y no es posible apreciar si la servidumbre afectará o nó a dichas segregaciones.
    Id. — Acta Aclaratoria sobre Descripción del Predio Dominante. — No es necesaria' la intervención de la esposa de la parte contratante que compareció en un documento de constitución de servidumbre real a favor de una central, para otorgar otro documento que sólo tiene el alcance de describir el predio dominante.
    Id. — Descripción del Predio Dominante — Intervención de los Dueños del Predio Sirviente. — Los dueños del predio sirviente son partes necesarias en el otorgamiento de un acta aclaratoria que comprende la descripción del predio dominante para prestar su aquiescencia a la exactitud de la descrip-ción, sobre todo cuando el predio dominante ha tenido alteraciones desde la fecha en que se constituyó la servidumbre.
    Id.. — Descripción del Predio Dominante — Intervención de sus Dueños. — En la constitución de una servidumbre real es necesario que compare! can todos los dueños del predio dominante cuando se crean obligaciones, para que presten su consentimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Frank Antonsanti.

      El Registrador Sr. José A. Benedicto, compareció por es-crito en nombre propio.
   -El Juez Asociado Sb. Audrey

emitió la opinión del tribunal.

En 19 de agosto de 1911 los esposos Parker, dueños de una finca denominada Río Hondo, radicada en Bayampn, consti-tuyeron sobre ella a favor de Antonio Monroig Obrador, ca-sado con Doña Consuelo Falbe, sus lierederos, sucesores, representantes y cesionarios, el derecho de servidumbre per-petua de paso de ferrovía, para utilizar la cual, Monroig ten-dría el derecho de construir una vía férrea sobre una faja de terreno de cinco metros, de ancho en esa finca, faja de terreno que fué descrita en la siguiente manera: ‘ ‘ * * * partiendo del antiguo camino donde el mismo cruza la .carretera de Comerío en dirección al sur en una extensión de trescientos pies; de aquí a una distancia no menos de cien pies de una ciénaga con rumbo al suroeste hasta encontrarse con las ori-llas del Río Hondo; y de aquí con rumbo oeste siguiendo el río hasta llegar a una ciénaga, cruzando aquél y ésta en direc-ción sur, hasta encontrarse con la colindancia de Luis Medina. ’ ’

La servidumbre fué concedida por el precio de $100 reci-bidos de Monroig, siendo sus condiciones, que éste indemni-zara a los esposos Parker, los daños y perjuicios que puedan sufrir en sus cañas por el arrastre y conducción de materia-les para el establecimiento de la vía; que si en el futuro se construye un tranvía eléctrico o trolley que atraviese la finca paralelamente al camino de Comerío, consentirá Monroig en que tal vía cruce la del ferrocarril que se construye en la faja de terreno sobre la que se establece la servidumbre; que Mon-roig utilizará la vía con el fin de conducir cañas de azúcar de su propiedad o de sus colonos, así como el material ro-dante para el sostenimiento de la vía a la Central Juanita de Bayamón; y por último, que si Monroig o sus herederos, sucesores, cesionarios o, representantes, dejaren de utilizar la servidumbre con el. fin indicado, ésta quedará nula y el te-rreno volverá a ser ocupado por el Señor Parker o sus suce-sores en interés. Presentado ese documento al registro de la propiedad para su inscripción, fue denegada en 28 de septiem-bre de 1911, por el motivo de que, tratándose de una servidum-bre predial, no se determina ni describe la finca dominante.

Posteriormente en 17 de diciembre de 1912 Antonio Mon-roig Obrador, también por ante notario, otorgó un acta en la que, después de hacer referencia al anterior documento, expuso que por un olvido involuntario no se había hecho la descripción del predio dominante en el antes mencionado do-cumento, lo que hacía por el acta, y al efecto describió como tal la hacienda Central Juanita. Presentado nuevamente al registro el anterior documento y el acta aclaratoria, el regis-trador negó la inscripción, por los motivos que aparecen de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento con vista del acta aclaratoria número 75, fecha 17 de diciembre.de 1912, en que se describe la hacienda Central Juanita, como predio dominante, por los defectos insubsanables siguientes: Primero, porque desde la fecha de la escritura de constitución de servidumbre se han efectuado las segregaciones de varias parcelas de terreno de la finca ‘Río Hondo,’ inscritas a favor de diferentes personas, y no puede determinarse si la faja de terreno que constituye la servidumbre está en el resto de dicha finca que pertenece a Don Cornelio B. Parker, o en las parcelas segregadas pertenecientes e inscritas a favor de personas distintas del referido señor; segundo, porque en el acta aclaratoria no ha inter-venido Doña Consuelo Palbe, esposa de Don Antonio Monroig, a favor del cual se constituyó la servidumbre; tercero, porque en la escritura aclaratoria en que se determina el predio dominante, no han intervenido los esposos Parker, cuya intervención es necesaria, tanto más cuanto que en la fecha en que se constituyó la servidumbre no existía la Central Juanita, tal como se la describe en el acta, puesto que fué formada en escritura de 16 de octubre de 1911; y cuarto, porque imponiéndose obligaciones al constituirse la servidumbre ha debido estar representada la' Corporación Central Juanita; habién-dose extendido anotación preventiva, por el término legal, a folios 231 y 144 vuelto, tomos 30 y 41 de Bayamón, fincas 217 sextuplicado y 2001,'anotaciones letras C. y A. San Juan, abril 29 de 1913.”

Contra esta negativa ha interpuesto Antonio Monroig Obrador en tiempo oportuno, el presente recurso guberna-tivo, en el que solicita que sea revocada la expresada nota y que se ordene la inscripción del título presentado.

El primero de los argumentos aducidos por el recurrente en apoyo .de su recurso es que como la servidumbre se cons-tituyó a favor suyo mediante cierta consideración de dinero, no es requisito indispensable describir predio dominante al-guno, por lo que la escritura de 19' de agosto de 1911 es ins-cribible, lo que .equivale a decir que no se trata de una servi-dumbre predial, sino personal a favor de Antonio Monroig Obrador. Esta objeción hubiera podido hacerse cuando el registrador denegó la inscripción la primera vez que se pre-sentó el título, toda vez que no lo inscribió fundándose única-mente en que se trataba de una servidumbre predial y que por tanto era necesaria la descripción del predio dominante, mas no ahora, después no sólo de haber sido consentida aque-lla resolución, sino también cuando la propia parte recu-rrente está dando la razón al registrador, toda vez que en el acta aclaratoria no sólo expresa que se olvidó de hacer la descripción del predio dominante, sino que determina cuál es éste. Pero aparte de todo esto, indudablemente se trata de una servidumbre predial, ya que en el título de constitu-ción se consigna que será utilizada la servidumbre para lle-var cañas a la Central Juanita, y del contexto del documento se llega a la conclusión de que la servidumbre se constituyó en provecho de dicha central, por cuya razón la servidumbre es real y no personal.

Siendo, pues, una servidumbre predial, es necesario no sólo la descripción del predio sirviente, como se hizo, sino también la del predio dominante, ya que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Hipotecaria, la inscripción de toda ser-vidumbre deberá hacerse en las hojas correspondientes a las dos fincas.

Dejando a un lado la alegación que hace el apelante de que los motivos de la negativa actual del registrador se fun-dan todos en defectos dirigidos contra el acta aclaratoria y no contra el título, pnes esto no resulta comprobado de la lectura de la nota recurrida, a más de que puede hacerse así si el acta contiene tales defectos que no subsanaban el título,, entraremos a considerar los cuatro motivos que tuvo el regis-trador para denegar la inscripción, considerando conjunta-mente los dos documentos presentados.

Cuando se han presentado últimamente los documentos para su inscripción, constaban en el registro varias segrega-ciones que del predio sirviente habían hecho sus dueños los esposos Parker y, como el artículo 20 de la Ley Hipotecaria impone al registrador el deber de negar la inscripción de un gravamen cuando resulta la finca inscrita a favor de persona distinta de la. que la gravó, procedió correctamente el regis-trador al negar en este caso la inscripción de la servidumbre, ya que en la manera en que está descrita la faja de terreno sobre la que se constituye, no es posible que dicho funciona-rio pueda determinar si la porción restante a los esposos Parker es la que ha de soportarla, o si afectará también a las porciones segregadas, y ante el riesgo de lastimar dere-chos adquiridos por terceros, no debe verificarse la inscripción. Díaz v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 275.

El segundo motivo de la nota no es sostenible. No cree-mos como sostiene el registrador que el acta aclaratoria con-tenga una transmisión del derecho de servidumbre de Antonio Monroig Obrador a favor de la Central Juanita y que por ello se hace necesaria la intervención y consentimiento de la esposa de dicho señor. Tal acta es solamente una descrip-ción que hace Monroig de la finca en cuyo favor se consti-tuyó la servidumbre, y no contiene transmisión de derechos de servidumbre a favor de la Central Juanita, ya que siendo predial se había constituido a favor de tal finca y por consi-guiente no es necesaria la intervención de la esposa en un documento que no tiene otro alcance que la descripción del predio dominante.

El tercer motivo de la negativa está ajustado a la ley. El acta aclaratoria tenía por objeto describir el predio domi-nante y por consiguiente, los dueños de la finca sirviente deben prestar su aquiescencia' a la exactitud de la descripción, siendo más necesario en este caso cuanto que, según el regis-trador, en la fecha de la constitución de la servidumbre no existía la Central Juanita en la forma que se describe en el acta aclaratoria, y porque siendo la servidumbre un gravamen impuesto por el dueño de una finca en beneficio del pro-pietario de otra, debe concurrir la voluntad de las dos partes en la determinación de las fincas.

También creemos sostenible el cuarto y último motivo de la nota, porque constituida la servidumbre, en favor de la Central Juanita como predio dominante, adquirió ésta por el con-trato obligaciones para las cuales los dueños de dicha Central no han prestado su consentimiento, lo que constituye un defecto insubsanable.

Por las razones expuestas debe confirmarse la nota recu-rrida menos en el segundo de sus motivos, que debe, ser revocado.

Confirmada en parte.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Su. Aldkby,

text:
    Orama et al., Apeladas, v. Oyanguren, Apelante.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 937.
    Resuelto en junio 24, 1913.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Naturaleza de la Acción.— La acción de reconocimiento de un hijo natural es de carácter personal y debe ser regulada por la ley del país del hijo natural.
    Td. — Acción de Reconocimiento — Demandado Ausente. — La regla general de que una corte no adquiere jurisdicción sobre demandados no residentes en acciones personales a menos que hayan sido notificados personalmente de la demanda dentro del Estado o que en éste tengan bienes que hayan sido embargados, no es aplicable a una acción de reconocimiento entablada por un hijo natural, pues en estos casos las cortes de distrito de Puerto Rico adquieren jurisdicción sobic demandados no residentes, aunque no hayan sido notificados personal-mente dentro de la Isla ni tengan bienes en ella.
    Id. — Demanda—Alegaciones Pertinentes. — La alegación hecha en la demanda de que tanto al tiempo del nacimiento como al de la concepción de las deman-dantes los supuestos padres de ellas vivían en concubinato, es una alegación pertinente de acuerdo con el artículo 189 del Código Civil revisado vigente en el año 1903 cuando nacieron las demandantes.
    Id. — Demanda—Alegaciones Compatibles. — La alegación hecha en la demanda de que el padre de las demandantes las reconoció en diversas ocasiones de-muestra los actos de reconocimiento realizados por el padre, y no es incompatible con la otra alegación de que él nunca reconoció válidamente a sus hijas las demandantes, pues esta segunda alegación significa que no tienen el reconocimiento solemne y fehaciente .necesario para eximirlas de la obliga-ción de ejercitar ésta acción.
    Id. — Pruebas—Partida de Nacimiento con Apellido Distinto del de las De-mandantes. — No cometió error la corte sentenciadora al permitir la presen-tación de copia certificada de las actas de nacimiento de Ana Luisa y Ana Teresa Mérida a reserva de que se probara como se probó que se referían a las demandantes Ana Luisa y Ana Teresa Orama.
    Id. — Enmienda de la Demanda para Ajustarla a la Prueba. — Las demandantes alegaron en su demanda que su padre les había consignado dinero en el Banco Territorial el 18 de junio de 1910 y el 7 de agosto de 1911 y para probarlo presentaron una libreta do dicho banco, que fué admitida como prueba sin objeción de las partes, según cuya libreta el último asiento era el 23 de mayo’ de 1911. Dicha parte obtuvo permiso de la corte para enmendar la demanda alegando esta última fecha en lugar de la de 7 de agosto. Se resolvió que la corte no cometió error al conceder dicha enmienda y que ésta no causó per-juicio a la parte contraria, la cual nada alegó sobre ello en el acto del juicio ni pidió un tiempo razonable para presentar prueba para impugnar esta enmienda.
    Id. — Cosa J uzgada — Actos de Reconocimiento Posteriores a la- Primera Sen-tencia. — Una sentencia firme dictada en una acción de filiación no impide el ejercicio de otra acción de filiación entro las mismas partes, cuando esta última está fundada en actos de reconocimiento ejecutados por el padre con pos-terioridad a la fecha de la sentencia dictada en el primer pleito.
    Id. — Oosa Juzgada — Su Alcance. — La sentencia dictada en una acción es con-clusiva en cuanto a los hechos alegados y debatidos en el pleito, y no produce el efecto de cosa juzgada en otro pleito entre las mismas partes y en una acción de la misma naturaleza, fundada en hechos distintos que no existían cuando entabló su primera acción.
    Id.' — Educación y Sostenimiento de los Hijos. — Bajo el párrafo 2o. del artículo 189 del Código Civil revisado, no puede estimarse insuficiente la prueba pre-sentada en una acción de filiación por el mero hecho de que si bien se ha presentado prueba para demostrar el sostenimiento de los hijos por el padre, no se presentó ninguna para probar la educación por el mismo, cuando la prueba de actos de reconocimiento ejecutados por el padre es suficiente para establecer el reconocimiento.

      Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado de las apeladas: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogado de la apelante: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado Su. Aldkby,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso de apelación fué establecido por Margarita Oyanguren contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a., registrada en 12 de octubre de 1912, por la que se declara que las demandantes Ana Luisa y Ana Teresa Orama son bijas naturales reconocidas de Nicolás Oyanguren, con los derechos consiguientes a tal condición.

A la demanda opuso la 'demandada y apelante excepción previa por los motivos de que la corte no tenía jurisdicción sobre su persona y, para el caso de que por' ese motivo fuera desestimada, por el de que es dudosa. La excepción fue deses-timada por la corte y esta resolución motiva los dos primeros errores en los cuales la apelante funda su recurso; presen-tada después moción para que fueran eliminados ciertos par-ticulares de la demanda, la corte negó la eliminación de uno de ellos, résolución que estima errónea la apelante y sirve de fundamento a su tercer motivo de error en esta apelación; los cuarto y quinto errores alegados, se refieren a la admisión indebida por la corte durante el juicio de cierta evidencia y del permiso que concedió para durante él enmendar la deman-da; y los dos últimos atacan directamente a la sentencia por haber rechazado la defensa de cosa juzgada y porque la prueba no es suficiente para sostener el fallo que la corte pronunció.

La demanda alega que las demandantes, nacidas en esta isla, fueron reconocidas por actos realizados aquí por Nico-lás Oyanguren, como hijas naturales suyas, y piden que así se declare por la corte, con los demás derechos que les concede la ley vigente al fallecimiento de su padre; demanda que está dirigida, contra Margarita Oyanguren como heredera de su padre Nicolás Oyanguren, la que reside en España con domicilio desconocido. La apelante fundándose en que la demanda no alega que ella tenga bienes en Puerto Rico, ni qne se baya trabado embargo aquí en bienes de sn propier dad, sostiene que por los motivos expresados y por tratarse en la demanda de una acción personal, la corte no tenía juris-dicción sobre su persona en el presente caso.

La acción que al bijo corresponde para bacer declarar en virtud de pruebas quién sea su padre natural, es sin duda alguna un derecho personal suyo y por consiguiente, cuando el bijo está en posesión, de tal derecho, debe ser regulado con-forme a la ley bajo la cual fue adquirido, por lo que las cues-tiones que conciernen al estado de la persona deben regirse por la ley del Estado de quién lo reclama. El estado civil de los ciudadanos debe regirse en todo por la ley de su país y sólo puede determinarse con arreglo a ella. En consecuen-cia, si bien es regla general que una corte no adquiere juris-dicción sobre personas no residentes por acciones personales, a menos que hayan sido notificadas personalmente de la de-manda dentro del Estado o que en éste tenga bienes que hayan sido embargados, sin embargo, tal regia general no puede ser aplicada a los casos que se refieren al estado civil de la persona, cuyo carácter tiene la demanda de filiación, ya que siendo un derecho originado por la concepción y el nacimiento, no puede quedar a merced de que la persona a quien se-atri-buye la paternidad, o los representantes legales de su per-sonalidad, se hayan ausentado del territorio de la persona con derecho al reconocimiento, dado que no en todos los países tal derecho es reconocido, ni admiten pruebas de reconoci-miento, por entender que son contrarias al orden público y a las buenas costumbres tal como éstas las entienden. En este orden de ideas dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Pennoyer v. Neff, 95 U. S., 714, lo que sigue:

“Para evitar cualquiera errónea interpretación de los puntos' de vista expuestos en esta opinión, consideramos oportuno observar que nuestra palabras no deben interpretarse en el sentido de sostener que un Estado no puede utilizar para determinar el status de uno de sus ciudadanos hacia una persona no residente, procedimientos que serían obligatorios dentro del Estado aunque seguidos sin haberse emplazado o notificado personalmente al ausente. La jurisdicción que un Estado posee para determinar el status civil y capacidades de sus habitantes, envuelve autoridad para prescribir las condiciones en que pueden iniciarse y proseguirse dentro del territorio de dicho Estado los procedimientos relativos al status civil y capacidades de sus habitantes. El Estado, por ejemplo, tiene derecho absoluto para prescribir las condiciones en que ha de basarse la relación matrimonial entre sus propios ciudadanos y las causas por las cuales puede disolverse el matrimonio. Una parte culpable de actos que bajo las leyes del Estado autorizan la disolución del vínculo matrimonial, puede trasladarse a otró Estado donde no sea posible obtener el divorcio. En este caso, la parte agraviada no podría reclamar sus derechos en el Estado adonde se trasladó la otra parte, y si no estu-viese autorizado para promover la acción en los tribunales de su pro-pio domicilio, sin emplazar ni notificar personalmente a la parte ofensora, el agravio quedaría sin reparación.”

Podemos, por tanto, concluir diciendo, que la 'corte del Estado de una persona que litiga por su estado civil tiene jurisdicción sobre demandados no residentes, aunque no ha-yan sido notificados personalmente dentro de él ni tengan bienes en el país, por lo que la corte inferior no cometió el primer error alegado en el recurso.

El segundo error alegado, se funda en que la corte no sos-tuvo el fundamento de ser dudosa la demanda, a pasar de que mientras en una de sus alegaciones se expresa que Nicolás Oyanguren reconoció en diversas ocasiones y ante varias per-sonas su paternidad sobre las demandantes, se dice en otra que Oyanguren nunca las reconoció válidamente por sus hijas naturales. Tal como nosotros comprendemos la de-manda, la primera de estas alegaciones demuestra los actos de reconocimiento realizados por el padre que han de servir de base para la declaración que se pretende de la corte, y la otra solamente alega que las demandantes no han sido recono-cidas de una manera válida y eficaz, o sea, de tal suerte que no necesiten acudir, a la corte a obtener la declaración judicial de ser tales hijas naturales, por existir un documento auténtico y eficaz en que conste el reconocimiento, y por estas razones no creemos qne la demanda fnera dndosa como sos-tiene la parte apelante.

La negativa de la corte a eliminar cierto particular de la demanda, sirve de base al tercer error alegado en este recurso. Las alegaciones 3a. y 4a. de la demanda, dicen así:

“3a. Que tanto al tiempo del nacimiento como al de la concepción de las demandantes, Don Nicolás Oyanguren era viudo y Fa-biana Orama soltera y ambos vivían en concubinato en la propia casa del Señor Oyanguren durante el cual concubinato, la Señora Orama quedó en cinta y dio a luz a las demandantes.
' ‘ 4a. Que la madre de las demandantes falleció hacía unos seis años y con posterioridad a su fallecimiento y muy especialmente en los años 1910 y 1911, Don Nicolás Oyanguren reconoció en diversas oca-siones y ante personas varias, su paternidad sobre las demandantes.”

La demandada pidió en la corte inferior que las palabras que bemos subrayado fueran eliminadas por ser impertinen-tes, y se sostiene' abora que lo son, en cuanto al primer particular, porque afirmándose en la demanda que Nicolás Oyan-guren y Fabiana Orama eran respectivamente viudo y sol-tera al tiempo de la concepción de las demandantes y, además, que vivían en concubinato, era impertinente alegar que estos mismos becbos ocurrían al tiempo del nacimiento; y en cuanto-ai segundo particular, porque con él se buscaba bacer frente anticipadamente a la alegación de cosa juzgada que pudiera utilizar la demandada.

En cuanto al primer particular, diremos que habiendo-nacido ambas demandantes, que son gemelas, en el año 1903,. cuando regía el artículo 189 del Código Civil Revisado, según el cual el padre está obligado a reconocer a su bijo ilegítimo,, entre otros casos, cuando la madre fue conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del bijo, pudieron alegar las demandantes, como alegaron, no-sólo que sus padres vivían en concubinato cuando fueron con-cebidas, sino también al tiempo del nacimiento.

En cuanto al segundo particular, si bien las palabras de la alegación cuarta pudieron tener el propósito, que le atri-buye la apelante, sin embargo, esto no aparece claramente de la lectura de la demanda, siendo más bien indicativas de las fechas en que tuvieron lugar los actos de reconocimiento del padre.

En el título de la demanda en este caso aparecen como demandantes Ana Luisa y Ana Teresa Orama y durante el juicio, su abogado presentó como evidencia las copias certi-ficadas de las actas de nacimiento de Ana Luisa y Ana Teresa Mérida, objetando su admisión la demandada porque tales nombres no eran los nombres y apellidos de las deman-dantes, no obstante lo cual, fueron admitidas por la corte a reserva de que se probara que se referían a las demandantes, de cuya resolución la apelante tomó excepción. Y ahora sos-tiene ésta, como cuarto fundamento de su recurso, que al proceder la' corte como lo hizo, cometió error.

Aun cuando hubiera sido más propio que antes de admi-tirse los documentos referidos se hubiese justificado que ellos correspondían a las demandantes, lo que luego se probó, sin embargo, no podemos decir que la' conducta de la corte inferior infringiera ningún precepto de procedimiento ni fuera lesiva a los derechos de la parte apelante, ya que si por falta de justificación del extremo que estaba pendiente cuando los documentos fueron admitidos hubiera resultado que no eran pertinentes y admisibles, el juez de la corte podía sustraerse fácilmente a los efectos de una evidencia impertinente y por tal motivo no hubo error fundamental en la corte inferior. Rivera v. Díaz, resuelto en mayo 23, 1913, (pág. 548).

Las demandantes habían alegado que Nicolás Oyanguren había consignado en el Banco Territorial y Agrícola dinero para las demandantes en 18 de junio de 1910 y 7 de agosto de 1911 y, para probarlo presentaron una libreta de dicho banco que fué admitida como prueba sin objeción de las partes; mas al tratar de probar la demandada que Nicolás Oyangu-ren no podía haber hecho la consignación de 7 de agosto de 1911 porque en esa fecha no estaba en Puerto Rico, solicita-ron las demandantes que la corte les permitiera enmendar dicha alegación para ajustarla a lo que resultaba de dicha libreta y cambiar la fecha de 7 de agosto de 1911 por la de 23 de mayo de ese mismo año, que es la fecha del último in-greso que aparece en la libreta, permiso que la corte conce-dió y que fue excepcionado por la apelante por la razón de que el documento que ha servido para la rectificación ha es-tado a disposición de las demandantes desde que establecieron la demanda y aun antes, por lo que era demasiado tarde para enmendarla. Tal fue la objeción que sirve de base para el quinto motivo de error en este recurso, aunque agregándose ahora, que la enmienda perjudicó sus derechos porque no podía presentar prueba contra esa nueva fecha como lo había hecho contra la anterior. Si la apelante creyó que la en-mienda que autorizaba la corte podía causarle el perjuicio que ahora por primera vez alega, debió hacerlo presente a la corte para que le concediera un tiempo razonable para defen-derse de esa nueva alegación, ya que si bien la corte puede conceder enmiendas durante el juicio para ajustar las ale-gaciones a la prueba, nunca debe hacerlo de tal manera que cause un perjuicio a la otra parte; mas no habiéndose ale-gado entonces ese motivo cuando se consignó la excepción, no pudo presumir la corte que tal motivo pudiera existir, ya que las partes están en el deber de exponer a las cortes todos los motivos de objeción que tengan y esos son los que la corte toma en consideración y resuelve, porque debe presumir que cualquier otro motivo -que pueda existir ha sido abandonado. Por el motivo que expuso la parte apelante en la corte inferior no era en verdad sostenible su objeción, pues la enmienda ordenada tenía por objeto acomodar la demanda a lo que resultaba de la evidencia admitida sin objeción; claramente corregía un simple error de fechas y el mero hecho de que pudo ser conocido antes, no es suficiente fundamento para negar la enmienda que se solicitó de la corte.

¿Pechazo la corte indebidamente la defensa de cosa juz-gada, como se sostiene por la parte apelante en el sexto mo-tivo de su recurso1? Para resolver esta cuestión debemos ' consignar como hechos, qne la demanda qne motiva este re-curso claramente establece nna acción de filiación fundada en hechos ocuridos con posterioridad al fallecimiento de Fa-biana Orama, y muy especialmente durante los años de 1910 a 1911, y que toda la prueba de él versó sobre actos de recono-cimiento realizados en esas fechas. También resulta- de los. autos que en el año 1905 se radicó en la Corte de Distrito de San Juan, una demanda contra Nicolás Oyanguren, en la que Fabiana Orama alegó en su propio derecho .y como tutora de sus hijas Ana Teresa y Ana Luisa, que en 27 de septiembre-de 1902 fué alquilada como cocinera por el demandado Nico-lás Oyanguren y que habiendo sido requerida de amores por-éste sostuvieron relaciones camales de las que quedó encinta y dio a luz en 27 de junio de 1903 dos niñas gemelas; que el demandado la proveyó de dinero en diversas ocasiones para el sostenimiento de dichas niñas, pero luego se negó en abso-luto a pasarle cantidad alguna a sus hijas para su manuten-ción, y además se niega a reconocerlas . como suyas, faltando-así a la promesa hecha a la madre y a su deber como padre de las niñas; demanda que concluyó con la súplica de que se declarase con lugar reconociendo como hijas del deman-dado a las dos expresadas niñas. Tal demanda fué resuelta, en contra de la demandante por sentencia dictada en ,25 de abril de 1905 después de tomar en consideración las alega-ciones, las pruebas y los informes de ambas partes.

Sostiene la parte apelante que existe en este caso cosa juzgada porque concurren los requisitos de identidad de per-sonas, cosas, acción y carácter con que se litiga, toda vez que-habiendo versado la demanda de 1905 sobre acción de filia-ción o reconocimiento de las niñas Ana Luisa y Ana Teresa. Orama y habiendo sido declarada sin lugar su demanda, está, resuelto ya que no son hijas reconocidas de Nicolás Oyan-guren y no puede esta cuestión resolverse otra vez en el pre-sente litigio, que tiene-también por objeto el que se declare-la filiación de las demandantes con respecto a Nicolás Oyan-guren, representado ahora por su heredera.

En el caso de González v. Méndez, 15 D. P. R., 701, se ha tratado extensamente la razón de ser de la presunción de cosa juzgada, tanto según el antiguo derecho como en el moderno, y el porqué del respeto que debe darse a una cuestión ya resuelta judicialmente, por lo que no trataremos ahora estos particulares. De ese caso tomaremos algunos párrafos y citas que contiene, sin perjuicio de que agreguemos otros, porque son pertinentes a la cuestión que vamos a resolver; mas antes diremos que es nuestra opinión que, aun cuando en las dos sentencias se resuelva la misma acción, sin embargo, si la de la segunda nació de hechos enteramente dis-tintos y posteriores a los que produjeron la primera, no puede sostenerse que ésta sirve de .obstáculo a que vuelva a discu-tirse la misma acción. No podemos estar conformes con la parte apelante en que si una persona estableció una vez una demanda de filiación y fué vencida en juicio, no puede otra vez volver a ejercitar la misma acción derivada de hechos ocurridos con posterioridad al primer fallo y por tanto, si Ana Luisa y Ana Teresa Orama fundan su acción en que después del primer fallo que declaró que el demandado Nico-lás Oyanguren no las había reconocido como tales hijas, éste ha realizado actos posteriores que demuestran el reconoci-miento, no están impedidas de ejercitar su acción por virtud de aquel fallo. T la razón es clara, toda vez que la causa de pedir es distinta, resolviendo la primera sentencia que hasta entonces el padre no había verificado acto alguno de reco-nocimiento de dichas niñas; y la segunda sentencia estaría basada en actos posteriores del padre.

En el caso citado anteriormente sostuvo esta Corte Su-prema la excepción de cosa juzgada porque el motivo de nuli-dad que se alegó en la segunda, existió al establecerse la pri-mera demanda, aun cuando en ellos no se apoyó la parte demandante; porque los demandados en el primer pleito tenían derecho a esperar que no se les molestara nuevamente respecto a la eficacia de su título, por razonamientos nuevos, pero que tenían el mismo objeto de la primera demanda y que pudieron alegarse antes, ya que se conocían al entablar su primer litigio; y porque aun cuando la razón de pedir era distinta en el segundo, era conocida al promover el primer pleito.

La sentencia del Tribunal Supremo de España que en ese caso se cita, de 18 de noviembre de 1903, dice que existe pre-sunción de cosa juzgada cuando en ambos litigios la acción se ejercita con el mismo objeto, invocando iguales funda-mentos y apoyando la pretensión en alegaciones que hacen idéntica la condición de las partes y el resultado a que se aspira en relación con el título que se invoca. La sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de septiembre de 1897, declaró que “es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo, que, cuando termina un pleito por sentencia ejecutoria se litiga sobre la misma cosa, pero por diversa razón de pedir, no se falta al respeto debido a la cosa juz-gada fallando el segundo pleito contra el litigante que triunfó en el primero.”

■ Y en la sentencia de 14 de marzo de 1908 del mismo tribunal se dijo que, si bien en el segundo pleito se habían ale-gado razones de nulidad que no se habían invocado en el pri-mero, eran inadmisibles, porque cuando se planteó el primer pleito eran ya conocidas las causas o razones de nulidad ale-gadas después.

La doctrina de cosa juzgada es igual en el derecho espa-ñol y en el derecho americano, por lo que las reglas estable-cidas en éste pueden tener aplicación al presente caso, aunque esté regulado por el Código Civil Eevisado, que está tomado del Código Civil español.

En el derecho americano se ha declarado que el obstáculo que opone una sentencia no puede ir más allá de los hechos particulares en que descansa, determina solamente las cues-tiones que hayan sido suficientes para sostener la conclusión legal de la sentencia y que solamente alcanza a los hechos en controversia existentes al tiempo en qhe el fallo fué rendido, mas no impide un nuevo litigio sobre las mismas cuestiones entre las mismas partes, cuando en el transcurso de ambos pleitos los hechos han cambiado o han ocurrido nuevos hechos que pueden alterar los derechos legales o relaciones de los litigantes. 23 Cyc., 1290 y 1291. La doctrina americana con-cuerda con la sentencia que hemos citado de los tribunales españoles en la regla de que el fallo es conclusivo no solar mente sobre las cuestiones por él resueltas, sino sobre todas aquellas que pudieron haber sido litigadas y decididas en el pleito, 23 Cyc., 1295; y en la página 1299 del mismo tomo se expone, que un primer fallo no puede ser obstáculo a un se-gundo pleito cuando la cuestión en éste, aunque similar a la primera, surge de diferentes hechos. En el caso de Wagner v. Wagner, 104 Cal., 293,. 37 Pac., 935, se resolvió que cuando el fundamento alegado fué la voluntaria negligencia del ma-rido de suministrar los recursos necesarios, que según el estatuto debe existir por un año, la desestimación de la de-manda no es obstáculo a una acción subsiguiente basada en la continuada negligencia del marido por un año después de aquel fallo; y el de Farquar v. Farquar, 25 Pac. R., 146, que un fallo entre las mismas partes por la misma causa es obs-táculo a una nueva consideración de los mismos hechos, pero cuando nuevos hechos han ocurrido desde la primera senten-cia, el demandante tiene derecho a un fallo sobre esos hechos.

Estamos, pues, sostenidos en la opinión consignada al principio de que el primer pleito fallado contra las deman-dantes en este caso no es obstáculo de cosa juzgada a este segundo pleito, porque la acción surge de hechos posteriores al primer fallo y no se discute ninguno de los que existieron o pudieron existir cuando la primera sentencia se dictó.

Réstanos el séptimo motivo de error alegado por la parte apelante, que es el referente a la insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia.

Sostiene la parte apelante que el artículo 189 número 2o. del Código Civil Revisado, aplicable a este caso porque bajo su vigencia nacieron las demandantes, exige que el padre no solamente se haya ocupado de la educación .de sus presuntos hijos, sino también que los baya sostenido; y que si alguna prueba bay del segundo extremo no bay en absoluto alguna respecto al primero.

Es innecesario que discutamos la cuestión bajo ese aspecto porque en el presente caso, según veremos, la sentencia no está fundada únicamente en el becbo de que el demandado baya sostenido como padre a las demandantes sino que, ade-más, bay otra prueba referente a que en conversaciones pri-vadas ba tenido por bijas a las reclamantes. En efecto, poco después de nacidas esas niñas murió su madre y fueron recogidas caritativamente por Leocadio Martínez; y después, al conocer el Doctor Don Rafael del Valle la situación económica angustiosa de dichas niñas y con posterioridad al pleito-que babía entablado la madre Fabiana Orama, trató de conseguir de su amigo Nicolás yanguren que les facilitara recursos pecuniarios, y en esas entrevistas Nicolás Oyanguren reconoció en varias ocasiones ante el Señor del Valle que aquéllas eran sus bijas, y se avino a suministrarles dinero para atender a sus necesidades, y con tal objeto llamó a Leo-cadio Martínez a quien dijo quería consignarle una cantidad en el banco para que mantuviera a dichas niñas, que eran sus bijas y juntos fueron al Banco Territorial y Agrícola donde se ingresó dinero a nombre de Martínez por dos ocasiones. Es cierto que el demandado presentó prueba de varios amigos de Oyanguren de que nunca le habían oído hablar respecto a esas niñas, pero esta prueba negativa no puede destruir las manifestaciones del Señor del Valle ni las de Leocadio Martínez. También una de las niñas declaró que en algunas ocasiones fueron ambas donde Nicolás Oyanguren a quien pedían la bendición como padre y éste se la daba; y si bien esta testigo declaró que su madre le encargaba que le pidiera la bendición en esa forma, lo que nos parece muy natural, él -no rechazó nunca esas manifestaciones. Por el conjunto de la prueba entendemos pues, que Nicolás Oyanguren reco-boció privadamente que las demandantes eran sus bijas.

Es verdad que cuando por primera vez fué demandado no solamente se opuso a la reclamación de paternidad sino que obtuvo sentencia favorable, pero esto no impide que con posterioridad cambiara de conducta y que la primeramente seguida obedeciera, como él manifestó al Señor del Valle, a su disgusto por haberse hecho públicas en los tribunales sus relaciones con la madre de las demandantes. Así, pues, a pesar de aquella primera negativa entendemos que la prueba en este caso es suficiente para estimar que las demandantes fueran reconocidas por el demandado como sus hijas y por él sostenidas como tales, por lo que la corte inferior no cometió el error que se alega bajo el séptimo fundamento del recurso.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.

En julio 5, 1913, se interpuso recurso de apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.


author: El Juez PresideNte Se. Hernández,

text:
    Guzmán, Apelante, v. Vidal, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 915.
    Resuelto en junio 25, 1913.
    Violación — Acción de Daños y Perjuicios — Suficiencia be la Demanda— . Convicción del Ofensor. — Para ejercitar la acción de indemnización de daños y perjuicios por el delito de violación no es necesario que el ofensor liaya sido declarado culpable del mismo y por lo tanto es suficiente una demanda que alega la comisión del delito sin expresar que el ofensor ha sido juzgado y convicto.
    Id. — Acción Civil y Acción Criminal. — El ejercicio de la acción civil de daños y perjuicios por el delito de violación no está subordinado a la acción criminal, sino que ambos son completamente independientes y subsisten separadamente.
    Id. — Obligaciones Nacidas de Delitos o Paltas — Ley que las Regula. — Desde que fué enmendado por ley de mar; o 10, 1904, el artículo 1059 del Código Civil revisado, las obligaciones civiles nacidas de delitos o faltas se rigen, por analogía, por las disposiciones del artículo 1803 de dicho Código Civil.

      Prescripción — -Acción de Daños y Perjuicios por Yiolación. — La acción de daños y perjuicios por violación prescribe en el término (le un año por serlo de aplicación los preceptos del artículo 1869 del Código Civil revisado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del Apelante: Sres. Iriarte Hermanos.

    Abogado del apelado: Sr. Rafael F. Ferrer.

   El Juez PresideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 31 de enero del año próximo pasado, Carmen Gzmán, representada por los abogados Iriarte Hermanos, presentó demanda a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 1a., contra Teodoro Vidal en reclamación de la suma de $10,000 por daños y perjuicios y al efecto alega como fundamento de su acción los siguientes hechos:

Primero. Que la demandante era una mujer soltera, casta y virtuosa en la fecha en que se originó la acción.

Segundo. Que en 15 de mayo de 1909 y en una casa del barrio de Puerta de Tierra, el demandado Teodoro Yidal, conocido por Lolo atacó violentamente a la demandante en forma muy indecente y allí y entonces, valiéndose de sus fuer-zas la deshonró inicuamente, violándola y obligándola por la fuerza a realizar actos-carnales con él.

Tercero. Que desde dicho día la demandante quedó emba-razada como consecuencia de los actos carnales tenidos con el demandado y permaneció así durante algunos meses al cabo de los cuales, en 15 de diciembre del año expresado, tuvo un niño al que se le puso el nombre de Angel Manuel.

Cuarto. Que durante el estado de embarazo y como conse-cuencia de ese estado, la demandante sufrió grandes enferme-dades de las cuales curó milagrosamente.

Quinto. Que como resultado de los hechos expuestos, la demandante ha sufrido y sufre grandes dolores morales por la pérdida de su virginidad, pureza y buena reputación, y ha sufrido y sufre daños que estima en la suma de $10,000.

A la anterior demanda opuso el demandado Vidal como excepciones previas las de que no aduce hechos suficientes para determinar nna cansa de acción y de qne ann declarando sin lngar dicha excepción, la demandante no tiene derecho a reclamar por haber prescrito sn cansa de acción de acnerdo con lo estatuido en el apartado 2o. del artículo 1869 del Código Civil y 1870 del mismo cuerpo legal en relación con lo esta-blecido en el 37 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La corte declaró con lngar la excepción general de insufi-ciencia de hechos para determinar una causa de acción y en sn consecuencia desestimó la demanda sin especial condena de costas, por sentencia de 13 de mayo de 1912, registrada dos días después, contra cuya sentencia interpuso la representa-ción de la demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Fúndase la sentencia recurrida en que la ley aplicable al caso es el artículo 192 del Código Civil Revisado, según el cual, para que sea exigible indemnización por delito de viola-ción es requisito necesario que el responsable haya sido sen-tenciado por dicho delito, lo que no se alega en la demanda y en que el Código Civil no contiene ningún otro precepto que autorice aquella indemnización, por no ser aplicable al caso el artículo 1803 del código citado.

El artículo 135 del Código Civil español que rigió en Puerto Rico hasta 1o. de julio de 1902, después de fijar dos casos en que el padre está obligado a reconocer al hijo natural concluye disponiendo que en los casos de violación, estupro o rapto se estará a lo dispuesto en el Código Penal en cuanto al reconocimiento de la prole.

El articuló 468 del Código Penal aludido dice así:

“Artículo 468. — Los reos de violación, estupro o rapto, serán tam-bién condenados por vía de indemnización:
“1. A dotar a la ofendida, si fuere soltera o viuda.
“2. A emanciparla si estuviere en su servidumbre.
“3. A reconocer la prole, si la calidad de su origen no lo impi-diere. ’ ’

El Código Civil español fué reemplazado por el Código Civil Revisado y éste no contiene el precepto transcrito del artículo 135 de aquel código, sino el siguiente, bajo el artículo 192 que copiamos a continuación:

“En los casos de violación, estupro o rapto el reo sentenciado por cualquier de dichos delitos contraerá la responsabilidad de in-demnizar en la siguiente forma:
“1. Deberá dotar a la ofendida si fuere soltera o viuda.
“2. Deberá reconocer la prole que resultare.”

Ese artículo estuvo en vigor basta que fué aprobada en 9 de marzo de 1911, la Ley No. 73 para enmendar los capítulos 3o. y 4o. del Título VII, libro Io. del Código Civil, compren-diendo los artículos 187 y siguientes basta el 197 del mismo código, por cuya ley fué suprimido en absoluto el precepto del artículo 192. Eero su derogación no pudo perjudicar los derécbos que pudieran asistir a la demandante por un becbo realizado en fecba anterior, con sujeción al artículo 3o. del mismo código.

Dicho artículo 192 no puede tener más alcance que el de su texto literal, esto es, que en los casos de violación, estupro o rapto, el reo sentenciado por cualquiera de dichos ■ delitos contraerá las responsabilidades fijadas. No dice si, además de tales responsabilidades pueden exigirse otras, ni precep-túa cuándo y en qué forma debe ejercitarse la acción civil para obtenerlas, ni menos probibe ejercitarla sin perseguir en el orden criminal el delito que las origine y sin obtener antes sentencia condenatoria contra el reo.

Ni era posible que la legislatura estableciera como exclu-sivas las responsabilidades de que se deja hecho mérito, pues contrayéndonos al delito de violación, éste puede traer como consecuencia, no sólo la pérdida del honor sino lesiones a la mujer agraviada, aparte de los sufrimientos morales y enfer-medades que también pueden ser causa de indemnización. Ade-más, el artículo 192 se limita a dar indemnización a la ofen-dida por medio de dote si fuere soltera o viuda y nada provee para el caso de que se tratare de mujer casada, la cual, lo mismo que la soltera o la viuda, debe tener derecho a alguna ’ indemnización. La responsabilidad de indemnizar en casos de violación, establecida por el artículo 192, no es la única exigi-ble sino que puede haber otras responsabilidades exigibles al ofensor, sin que sea condición precisa que se le juzgue y con-dene antes por dicho delito, pues esa condición previa estaría en contradicción abierta con el artículo 2o. del Código de En-juiciamiento Civil, el cual ordena, que cuando la violación de un derecho permita el ejercicio de ambas acciones, la civil y la criminal, el derecho de ejercer la una no impide el derecho de ejercitar la otra. Al ejercicio de esa acción no pueden oponerse más limitaciones que las expresamente estatuidas por la ley.

La demanda, pues, no es defectuosa por falta de la alega-ción de haber sido sentenciado el demandado por delito de violación y contiene todos los hechos necesarios para cons-tituir la causa de acción a que se refieren los artículos 1059 y 1803 del Código Civil Revisado.

El artículo 1059 del Código Civil Revisado estaba redac-tado primitivamente en el sentido de que las obligaciones civi-les que nacen de los delitos o faltas se regirán por las dis-posiciones del Código Penal, pero por la Ley de 10 de marzo de 1904 quedó enmendado en la siguiente forma:

'‘Artículo 1059. — Las obligaciones civiles nacidas de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones de este código.1 ’

Dicho código en su artículo 1803 dice:

“El que por acción u omisión causa daño a otra persona intervi-niendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Al resolver el caso de Zalduondo v. Sánchez, 15 D. P. R., 231, en que se reclamaba a Sánchez por Zalduondo indemnización de daños y perjuicios por agresión, considerando alegación hecha por el demandado de que no existe en Puerto Rico la acción civil establecida por el demandante, dijimos:

“El Código Penal que rigió en esta Isla basta el 1 de jnlio de 1902, establecía en su artículo 16, que toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo era también civilmente, y en su artículo 119, a] especificar los extremos que comprendía la res-ponsabilidad civil, enumera la indemnización de perjuicios.”

Conforme con esos preceptos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal que rigió hasta la misma fecha anteriormente expre-sada, prescribía en su artículo 100, que de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la repara-ción del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible.

Ordinariamente la acción civil y la penal se ejercitaban conjuntamente con arreglo a los artículos 108 y 650 de la misma ley; pero el artículo 111 reconocía el derecho de ejer-citarlas junta o separadamente aunque con la limitación de que mientras estuviese pendiente la acción penal, no se ejer-citaría la civil con separación hasta que aquélla hubiera sido resuelta en sentencia firme, salvo siempre lo dispuesto en los artículos 4,. 5 y 6 de la propia ley.

Como se ve, la acción civil, para obtener la reparación de daños y la indemnización de perjuicios derivados de un hecho delictivo, era reconocida por el Código Penal y el de Enjuicia-miento, Criminal que rigieron hasta el día Io. de julio de 1902, y esa misma acción era reconocida por el artículo 1902 del Código Civil antiguo, concordante con los 1089 y 1092 del mismo código.

En nuestro estado de derecho la acción penal y la civil . evenientes de un delito son completamente independientes y nunca pueden ejercitarse conjuntamente. Sólo el Fiscal puede ejercitar la acción penal y el ejercicio de la acción civil correspondiente queda reservado a la parte interesada en el juicio que proceda.

La existencia de ambas acciones está reconocida por el artículo 2o. del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice así:

“Cuando la violación de un derecho permita el ejercicio de ambas acciones, la civil y la criminal, el derecho de ejercer la una no impide el derecho de ejercer la otra.”

Los artículos 1089, 1092 y 1902 del Código Civil antiguo ban sido reproducidos en el revisado con los números 1056, 1059 y 1803.

Por consiguiente, tanto según la legislación antigua como según la que actualmente rige, cnando una persona es violen-tamente acometida sin que se justifique tal ataque.o sin me-diar provocación, es evidente que tal persona tiene derecho a establecer una acción civil por cualesquiera daños o perjui-cios que pudieran sobrevenirle.

Entonces dejamos establecido que la acción civil para ob-tener la reparación de daños y la indemnización de perjuicios había sido reconocida por los artículos 1056, 1059 y 1803 del Código Civil Revisado. Esa doctrina es aplicable al presente caso, pues no encontramos razón alguna que nos induzca a anularla o modificarla.

T al interpretar el artículo 1803 del Código Civil Revisado en los términos en que lo hemos hecho, dimos aplicación al artículo 1059 del Código Civil Revisado tal como' quedó en-mendado por la ley de 10 de marzo de 1904 y que en esa forma no existía en el Código Civil español.

La Legislatura sabía que había obligaciones civiles prove-nientes de delitos o faltas como no podía menos de recono-cerlo y a falta de preceptos del Código Penal vigente que regularan esas obligaciones, ordenó que se regularan por las disposiciones del Código Civil Revisado.

Esta Corte Suprema en el caso de Zalduondo v. Sánchez hizo aplicación del artículo 1803 del Código Civil Revisado para no dejar burlado el propósito de la Legislatura, pues por más que entiende con el ilustrado comentarista Sr. Manresa, que el artículo 1902 del Código Civil español del cual es reproducción el 1803 del revisado, se refería al que por acción n omisión cansara daño interviniendo culpa o negligencia no delictivas, opinó que el artículo 1803 del revisado debía apli-carse también al caso en que el daño se causara por medio de delito o falta penados por la ley por baber desaparecido del Código Revisado el artículo 1059, preceptivo, de que las obligaciones civiles procedentes de los delitos o faltas se regi-rían por las disposiciones del Código Penal, siendo sustituido por otro, en que se ordena, que esas mismas obligaciones se regulan por las disposiciones del Código Revisado.

Las disposiciones del Código Civil Revisado no pueden ser otras que las contenidas en el artículo 1803 que dejamos trans-crito y del que hemos hecho aplicación, por cuanto el funda-mento de la responsabilidad proveniente de culpa o negli-gencia no delictivas y la derivada de delitos o faltas es el mismo.

Ese fundamento por lo que toca a las obligaciones deri-vadas de culpa o negligencia lo describe el Sr. Manresa en los siguientes términos, al comentar el artículo 1902 del Código Civil español equivalente al 1803 del revisado:

Fúndanse dichas obligaciones en un principio indiscutible de jus-ticia, reconocido por todas las legislaciones, y sancionado por el primero de los artículos de este capítulo, según el que todo agra-vio, todo daño o perjuicio que reciba una persona en sus derechos, ya sea por acción, yá por omisión, crea una relación jurídica de la que se deriva el derecho que tiene el agraviado a ser indemnizado, y la obligación consiguiente por parte del agraviante.”

Tal fundamento es también el de las obligaciones nacidas de delito o falta.

También en el caso de Díaz v. The San Juan Light and Transit Co., 17 D. P. R., 69, reprodujimos la misma doctrina en los siguientes términos:

“Si bien el artículo 1803 del Código Civil Revisado es igual al 1902 del Código Civil español, a virtud del cambio político operado en esta Is1?., y a consecuencia de la implantación del nuevo sistema penal, sus preceptos tuvieron y tienen un campo de aplicación más. amplio y sirven de base tanto al ejercicio de las acciones civiles pro-venientes de culpa y negligencia cuasi-delictivas, como al ejercicio» de las que se originan de culpa y negligencia delictivas.”

Y ahora cabe preguntar, ¿ha prescrito la acción de daños y perjuicios que se ejercita en virtud del artículo 1869 del Código Civil"?

Ese artículo dice así:

“Artículo 1869. — Prescriben por el trancurso de un año:
“Ia. La acción para recobrar o retener la posesión.
“2a. La acción para exigir la responsabilidad -civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negli-gencia de que se trata en el artículo 1803, desde que lo supo el agraviado. ’ ’

Hemos dejado establecido, haciendo aplicación del artículo 1059 del Código Civil Revisado enmendado por la ley de 10 de marzo de 1904, que el artículo 1803 de dicho código se refiere generalmente a las obligaciones derivadas de culpa o negligencia, sean éstas delictivas o no; y siendo ello así, surge como consecuencia lógica que la acción civil proveniente del delito de violación es de las sujetas al término de un año de prescripción marcado por el artículo 1869.

El delito de violación en que se funda la acción de daños y perjuicios ejercitada por el demandante tuv.o ejecución en 15 de mayo de 1909, habiéndose registrado la demanda en 31 de enero de 1911.

Por los fundamentos expuestos llegamos a la conclusión de que si bien los hechos consignados en la demanda deter-minan una causa de acción de daños y perjuicios, esa acción ha prescrito por el transcurso del tiempo señalado por la ley para su ejercicio.

La sentencia debe confirmarse en cuanto desestima la de-manda, sin especial condena de. costas.

Confirmada.

Jueces • boncurrentes y. Sres: Asociados 1 MacLéary, ' Wolf, del Toro -y Aldrey.

'‘''■'Presentada 'moción dé reconsideración, fué retirada más tarde. ‘