author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. Martínez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 288.
    Resuelto en enero 9, 1911.
    Derecho Penal — Ataque con Intención de -Cometer Mutilación — Intención Criminal — Consecuencias Naturales de un Acto. — En la ejecución de todo acto, existe la presunción de que la persona que lo ejecuta tiene la intención de verificar las consecuencias lógicas y naturales resultantes de dicho acto, y toda persona mayor y de juicio normal se presume que conoce el terrible dolor producido por la aplicación del fuego al cuerpo; humano. .
    Id. — Castigo Adecuado al Delito. — El acusado impugna la pena de 9 años de presidio a que ha sido condenado por considerarla excesiva. El tribunal resolvió en apelación que dicha pena no es excesiva ni cometió abuso de dis-creción el juez sentenciador al imponerla, teniendo en cuenta que de acuerdo-con la ley puede imponer al acusado la pena máxima de 14 años de presidio, y considerando la crueldad del acto-ejecutado por el acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: St. Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado;- Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal..

Francisco Martínez fué declarado culpable por la Corte-de Distrito de San Juan, de un delito de ataque con intención de cometer mutilación, por haber atacado a Nicolás Correa,, y cansado al mismo varias quemaduras en los pies. El artí-culo 222 del Código Pena! define dicho delito como sigue:

‘/Artículo 222. — Toda persona que. atacare a otra con intención de-cometer rapto (violación), sodomía, mutilación o. robo, incurrirá.qn pena de reclusión penitenciaria por un término mínimo de un año y máximo de catorce años.”

El único error que se alega es que no se ha demostrado por la prueba, una intención criminal; pero también se alega que la sentencia de nueve años es excesiva.

Los hechos son substancialmente incontestables. Nicolás Correa es un niño, cuya madre ha muerto. Antes de morir, la madre lo había dejado en una ocasión, en casa del acusado, durante dos meses; y al morir, le suplicó que cogiera el niño. El acusado lo hizo así, cuidándole al niño, vistiéndole y dán-dole de comer. La prueba no revela el importe de dichas atenciones, y no hay evidencia de que existieran relaciones afectuosas entre los dos. Uno de los testigos hizo una de-claración, tendente a demostrar que el niño fue castigado y pegado frecuentemente, por huirse de la casa. El acusado le impuso a Nicolás el deber de llevarle su almuerzo al medio día; y el niño frecuentemente dejó de hacerlo. Según pa-rece, se le indicó al acusado — así lo dice éste en su declara-ción — que para evitar que el niño se huyera, sería un medio • conveniente ponerle un papel encendido en las piernas o pies.

Un día, hacia fines del mes de mayo de 1910, por la ma-ñana, después que un tío del muchacho lo había llevado a casa del acusado, a la una de la noche, dicho acusado fué a darle un castigo; pero su mujer tenía un papel en la mano, y el acusado se lo puso encendido en los pies al muchacho, y .según la declaración de un testigo, parece que lo sostuvo allí durante mucho tiempo.

El niño se lanzó a la hierba como un animal herido. El médico que lo examinó, encontró que no tenía piel en los pies, y que tenía ampollas y otras deformidades en los mismos; y que el niño no podía afirmar la planta del pie. El médico también declaró que la piel volvería, y que el niño estaría de nuevo en condiciones de poder andar. El hizo esta declara-ción en 15 de julio de 1910. Hubo declaraciones por parte del médico y otras personas, tendentes a demostrar que la hinchazón y demás lesiones no habían sido causadas sola-mente por la quema, sino en parte por la circunstancia de haber quedado las quemaduras expuestas al aire, y de haber sido inadecuada la primera asistencia que se le dió a dicho niño. El médico dijo también que él atribuía el largo tiempo durante el cual el niño había estado enfermo de los pies, a la infección producida por la forma en que s.e había tratado de curarle. El niño fué presentado en la corte, donde le en-señaron al juez, los pies del mismo:

El acusado declaró que sólo había tenido la intención de castigar al muchacho para evitar que- se huyera, y. para hacer de él un hombre de trabajo, y porque no quería que an-duviera vagando por las calles, temiendo que lo pisara un trolley o le ocurriera algo. Los testigos de cargo son mode-rados en sus declaraciones con respecto a lo que vieron; pero es ‘evidente por la declaración del detective de la policía, que investigó el crimen, que el suceso horrorizó al vecindario, y el acontecimiento fué divulgado por las calles.

En el informe oral no se hizo esfuerzo alguno para de-mostrar que se había incurrido en error en el acto del juicio, y tan sólo en el alegato del letrado defensor, se insiste en que no se ha demostrado ninguna intención criminal. Cualquiera persona que aplique fuego al cuerpo de otra, lo mismo que la que haga uso de un arma mortífera contra otra persona, debe considerarse que intenta las naturales y probables consecuen-cias de su acto.

Pero, el letrado defensor sostiene que la pena es excesiva; que el acusado aún cuando haya obrado criminalmente, no abrigaba malicia contra el muchacho, según lo .demuestra el hecho de que la madre de Nicolás ló confiaba al acusado, y que éste atendía a su manutención. Pero si se trata de des-cubrir un motivo de enojo, puede encontrársele en la omisión por parte del muchacho, de llevarle el almuerzo al acusado. No hay ninguna persona normal, y ciertamente ninguna persona adulta y normal que no conozca el terrible dolor produ-cido por el fuego. Si una Legislatura castigara un delito co-mo éste, mediante una pena que consistiera en quemarle los pies al acusado de una manera análoga, tal pena sería de-clarada anticonstitucional en todas partes de los Estados Unidos, como un castigo cruel e inusitado.

Hay diferentes teorías con respecto al objeto del castigo; insistiendo algunos autores en que el efecto aterrador de una pena, es uno de sus principales objetos; pero todos ellos convienen en que el castigo es de naturaleza educadora y re-formatoria, y que debe ser seguro y adecuado. Cuando se castiga un delito rápida y adecuadamente, pero no de un modo excesivo, tal castigo, aunque no disuada a un ánimo maligno, sirve para causar en la conciencia la impresión de que existe una sanción penal contra la comisión de semejan-tes delitos. En -el caso que nos ocupa, el juez tenía la fa-cultad discrecional para castigar al acusado con reclusión penitenciaria por un término máximo de catorce años. El acusado cometió un acto inusitadamente cruel contra un niño desamparado y sin recursos. No vemos ningún abuso de dis-creción en la resolución del tribunal sentenciador, ni motivo alguno para modificar la sentencia, la cual debe ser confir-mada. • '

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Calder et al. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán.
    No. 79.
    Resuelto en enero 10, 1911.
    Contribución Sobre Herencia — Inscripción de Participación Hereditaria.— En procedimientos testamentarios ocurridos • al fallecimiento de Fernando Calder, padre del recurrente, se adjudicó á éste una parcela de terreno, y aprobadas las Operaciones testamentarias, se presentó una copia de ellas al registro para la inscripción de la participación del recurrente, denegándola el registrador por no haberse- justificado que los' herederos de Enriqueta Calcler, heredera a su vez, de Fernando Calder, hubieran pagado la contribu-ción correspondiente por razón del fallecimiento de dicha señora.. Se resolvió que apareciendo satisfecha la contribución devengada en relación con la par-tición de la herencia del padre del recurrente, la participación de éste es inscribible, sin perjuicio de lo que proceda al solicitarse la inscripción de las operaciones referentes a la partición de la herencia de Enriqueta Calder.
    Los he dios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Forés.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En los procedimientos testamentarios que tuvieron lugar con motivo de la muerte de Fernando Calder y .Toro, padre del recurrente en este caso, entre otros bienes se le adjudicó una parcela de terreno en el barrio de la Tuna de San. Ger-mán, compuesta de veinte y cinco cuerdas, que se describe minuciosamente en la petición presentada en este caso. Es-tas operaciones testamentarias fueron aprobadas por la Cor-te de Distrito de Mayagüez con fecha 26 de agosto de 1910. Presentada una copia de dichas operaciones al registrador de la propiedad, para inscripción solamente de la partici-pación correspondiente al recurrente, el registrador negó la inscripción porque no se había justificado que .los herederos de Enriqueta Calder y Giménez hubieran pagado la contri-bución correspondiente por razón del fallecimiento de dicha señora, según exige el artículo 378 del Código Político.

Las contribuciones devengadas en relación con la partición de la herencia del padre del recurrente, o sea Fernando Calder, aparecen haberse satisfecho. Se deduce, sin embargo, que para que pudiera hacerse la declaración de herederos en la Corte de Distrito de Mayagüez, fué necesario que los here-deros de Enriqueta Calder figuraran como partes en la mis-ma. Enriqueta Calder era una de las herederas de Fernando Calder y murió después que él, Pero ■ el recurrente no tiene relación alguna con la herencia de Enriqueta Calder, o con la contribución que sobre la misma deba satisfacerse. La objeción que pone el registrador, si es que hay alguna, puede surgir cuando se le presenten las operaciones practicadas con motivo de la partición de la herencia de Enriqueta Calder. La nota denegatoria del registrador debe revocarse.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary y del Toro.


author: El Juez Asociado, Sr. MacLeary,

text:
    Betancourt et al. v. Rodríguez et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 569.
    Resuelto en enero 10, 1911.
    ApelacióN — Alegato del Apelante — Indicación de Errores. — En los casos en que el alegato del apelante no contuviere una indicación de errores, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 42 y 43 del Reglamento del Tribunal Supremo, éste puede concretarse, en la consideración del caso, a aquellos errores que sean fundamentales, a los efectos de la apelación.
    Bienes Parafernales — Bienes Gananciales. — El lieclio de que una finca ad-quirida por la esposa, con dinero procedente de su herencia paterna, fuera vendida por ésta y que algún'tiempo después comprara otra en unión de su consorte, no es bastante para poder afirmar que esta adquisición se hiciera con sus bienes propios y que tenga el concepto de bien parafernal.
    Id. — Adquisición por Documento Privado. — Apareciendo que la finca a que se refiere el caso de autos fué adquirida por ambos esposos constante su matri-monio, tiene que reputarse como perteneciente a la sociedad conyugal, sin que pueda afectar a su carácter de ganancial, la circunstancia de haberse hecho la adquisición por documento privado y que éste se elevara a documento público después del fallecimiento de la esposa, consignándose en él la venta a favor del viudo.
    Id. — Disolución de la Sociedad de Gananciales — -Dominio del Cónyuge Viudo.— Disuelta la sociedad conyugal por fallecimiento de la esposa, el marido no puede estimarse dueño absoluto de los bienes gananciales, o algunos de ellos, mientras no se verifique la liquidación y partición del haber social, y adquiera, por adjudicación, dominio exclusivo sobre los mismos.
    ID- — Tercero.—Tiene el carácter de tercero el que adquiera de persona que, según el registro, .aparezca con derecho para trasmitir, y no puede alegar tal carác-ter el que hubiere adquirido en época en que la finca, no estaba, inscrita a favor del vendedor, ni el que tenga conocimiento de que el vendedor adquirió la finca por documento privado constante su matrimonio, siendo por tanto ganancial, habiéndose otorgado el documento público de venta, a su favor, después del fallecimiento de su esposa.

      Pruebas — Deposiciones—Declaraciones Conteaeias á. las Contenidas en un Documento Público. — En el easo de autos se objetó a la admisión de una deposición por contener declaraciones contrarias a las hechas por el declarante en un documento público, fundándose la objeción en el No. 2 del artículo 101 de la Ley de Evidencia. Se -resolvió que ese- precepto tiene aplicación tan sólo a cuestiones entre partes, y que el declarante no es parte en el pleito, ni fué la deposición ofrecida como prueba por alguno de los que figuraron como partes en el documento público, ni tenía el declarante un interés personal en el contrato objeto del documento público, pues en él compareció como apo-derado de una de las partes, por todo lo cual iio es de aplicación al caso el precepto citado anteriormente.
    Id. — Prueba de un Hecho Accesorio o Incidental. — -La corte tiene facultades para permitir que se investigue en el juicio un hecho accesorio o incidental que estime directamente relacionado con la cuestión discutida y sea necesario esclarecer para su debida resolución.
    Id. — Admisión de Prueba Improcedente — Prueba de Referencia — Apelación. La admisión de una declaración que constituya prueba de referencia y la denegación de una moción solicitando su eliminación, no es error que justi-fique la revocación de la sentencia, si no se hubieren perjudicado por ello los derechos de la parte, por haber otra prueba suficiente para establecer el hecho sobre que versara la prueba indebidamente admitida.
    Sentencia — Nulidad de Escrituras. — En el easo de autos la corte inferior de-cretó la nulidad de determinadas escrituras y de sus inscripciones, y el ape-lante alegó que no habiéndose decretado la nulidad de los contratos contenidos en las mismas, debía sostenerse su validez. Se .resolvió que la intención evi-dente de la corte inferior fué decretar la nulidad de los contratos a que dichas escrituras se referían, pues el fundamento de la declaración de nulidad era la falta de derechos de una de las partes para hacer las enajenaciones sobre que aquellos versaban. „
    Los hechos están expresados en la oijinión.
    Abogados del apelante: Sres. Eduardo Gautiño y Jacinto Texidor.

    Abogado de los apelados: Sr. José-G. Torres.

   El Juez Asociado, Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En estos aritos no encontramos ninguna exposición de los errores en que se funda el recurso según las disposiciones de las regias 42 y 43 del reglamento de esta corté que exigen que dicha exposición esté contenida en el.alegato del apelante; por esa razón podríamos limitar la consideración de este caso a aquellos errores que pudieran ser. considerados como; funda-mentales. Sorprende aun más esta omisión porque el abo-gado de los apelantes en el presente caso ha considerado como un fundamento importante dicha omisión, para pre-sentar en otro caso una moción que ha tenido éxito, en la que se solicitaba la eliminación del alegato de la parte contraria. Una exposición de errores constituye una ayuda muy esencial para esta corte en el estudio de cualquier caso y nunca debe omitirse en el alegato del apelante.

Pero como no consta de los autos que la parte contraria haya hecho mocióii alguna y en el alegato de los apelantes se exponen siete “fundamentos legales” por los que se solicita la revocación de la sentencia apelada, los que pueden implícita-mente ser considerados como desempeñando el objeto de una exposición de errores, examinaremos el caso en la forma en que allí aparece.

En este caso se presentó una demanda en la Corte de Dis-trito de San Juan por Herminia Vicenta Betancourt et al. contra Nicolás Betancourt, Agustín Bodríguez y Francisco del Valle, en la que se alegaba en substancia lo siguiente: Que los demandantes son los únicos y universales herederos de Da. Herminia Bivera; que en el año 1889, Antonio Zechini vendió privadamente a Nicolás Betancourt, padre de los de-mandantes, cuatro cuerdas de terreno con veinticinco cénti-mos de otra, situadas en el barrio de Guzmán Abajo, término municipal de Bío Grande; que esa compra la verificó Betan-court con dinero propio de su esposa Herminia Bivera, y con dinero también de la misma se construyó en aquélla una casa de madera; que Herminia Bivera falleció con anterioridad •al otorgamiento de la escritura de^predio descrito; que a la muerte de Zechini Gracia, se adjudicó a sus hijas Josefina, Angela y María, la referida' finca, y posteriormente en 15 de marzo de 1907, Antonio Zechini y Veve, como apoderado de dichas señoras, otorgó una escritura de venta de dicha parcela de terreno' a favor de Nicolás Betancourt, haciéndose constar la circunstancia de que la venta había sido efectuada con anterioridad al acto del otorgamiento; al siguiente día Betancourt vendió á-Francisco del Valle tres cuerdas de te-rreno procedentes de dicha finca, vendiendo éste también el propio día las tres cnerdas mencionadas a Agustín Rodrí-guez; que el 17 de julio de 1907, Betancourt vendió a Rodrí-guez una cuerda y un cuadro de terreno sobrante y la casa que era lo que quedaba de la finca; que al verificarse estas ventas, los compradores del Valle y Rodríguez conocían la procedenciá de esos terrenos y casa, que habían sido adquiri-dos en vida de Herminia Rivera y con dinero propio de ésta. Y se pidió a la corte que declarara que las cuatro cuerdas y un cuadro y la casa, son de la exclusiva pertenencia de los de-mandantes por.herencia de su madre Sra. Herminia Rivera, y que Don Nicolás Betancourt sólo tiene en ellas el usufructo legal; que las ventas realizadas por Betancourt y del Valle respecto de la finca descrita, son nulas, siendo igualmente nulas las escrituras e inscripciones por ellos presentadas, y además, que en el caso de no ser bienes propios de Da. Herminia Rivera el terreno y casa vendidos,.dicha propiedad no se enajenará sin liquidar los bienes de la sociedad conyugal; y que se condene en costas a los demandados.

Solamente el demandado Agustín Rodríguez presentó su contestación a la demanda, negando en la misma las alega-ciones esenciales contenidas en la demanda con relación a la compra hecha de la finca por virtud de un contrato privado, y que dicha venta se efectuó con dinero de Doña Herminia Rivera, alegando además en su contestación, que es cierto que por virtud de las escrituras públicas.- de 16 de marzo y 17 de julio, 1907, él había comprado a Francisco del Valle tres cuerdas de terreno, y a Don, Nicolás 'Betancourt una cuerda y 'un cuarto, y una casa, adquiriendo dichas fincas por precio cierto, y libre de toda carga y gravámenes, y de sus únicos y exclusivos dueños, según sus títulos de dominio; alegando además, que aún cuando fuera cierto el contrato privado de que se habla en la demanda, este demandado nada tiene que ver con el mismo, del que nada sabía; y que ese contrato no se hizo constar en la escritura.

La corte inferior dictó sentencia a.favor de los deman-dantes, declarando:

“1. Qne pertenece a la sociedad conyugal de Nicolás Betan-court y Herminia Rivera la siguiente finca: predio de te-rreno compuesto de cuatro cuerdas veinte y cinco céntimos de otra, más o menos, sitas en el barrio de Guzmán, del tér-mino municipal de Río Grande, equivalentes a una hectárea, cuarenta y siete áreas y cuatro centiáreas, en lindes por el norte con Don Ramón Pérez Villamil; por el sur con la carre-tera que conduce 'a Río Grande; por el este con la misma carre-tera, y por el oeste con el vértice al triángulo que forman las dos líneas de la carretera en colindancias con Don Ramón . Pérez Villamil y finca denominada “Flores” que perteneció a Don Valentín Flores.
“2. Que son nulas las escrituras por las que Nicolás Betan-court vendió a Agustín Rodríguez y a Francisco del Valle parte de esa finca y también por la que éste vendió a Agustín Rodríguez una porción de su compra.
“3. Que deben cancelarse en el registro los asientos que estas compras han producido.
“4. Que los demandados paguen las costas.”

En el juicio, que fué celebrado el día 19 de Abril de 1910, la prueba estableció los siguientes hechos:

1. Los demandantes son hijos y herederos de Da. Herminia Rivera Correa que fué casada con el demandado Nicolás Betancourt García.

2. Que durante el matrimonio recibió la esposa por docu-mento público de manos de su hermano Don Felipe Rivera Correa, la cantidad de trescientos cincuenta pesos que le co-rrespondieron por herencia de su padre Don Felipe Rivera Romero.

3. Que al día siguiente de ese recibo, o sea en 23 de mayo de 1885, dicha señora asistida de su esposo, compró una finca a su hermano Don Felipe por precio de setecientos pesos, de los cuales se dió por pagado este señor en la siguiente forma: trescientos cincuenta pesos de la herencia paterna que le ha-bía entregado el día antes y los otros trescientos cincuenta pesos en ganado vacuno que existía en poder del vendedor y procedía de dádivas que a la compradora habían hecho sus padrinos.

4. La finca a que se refiere el hecho anterior fué vendida por Da. Herminia a Don Eduardo González Beltrán en 21 de mayo de 1889 por precio de seiscientos pesos que confesó tener recibidos antes de aquel acto.

5. En 15 de marzo de 1907, siendo ya viudo Don Nicolás Betancourt, otorgó con Don Antonio Zechini un contrato de compraventa de cuatro cuerdas y un cuadro de terrenos, se-gregadas de otra finca mayor, haciéndose constar en el con-trato notarial, que en dicho lote segregado el Sr. Betancourt había construido anteriormente una casa y que el convenio de venta había sido llevado a cabo Hacía algún tiempo.

* 6. Aunque este contrato se redujo'a documento público en la fecha antes consignada, sin embargo.,, la venta se había cele7 brado mucho antes, cuando aún vivía Da. Herminia Rivera Correa y fué llevado a cabo por los esposos Don Nicolás Betancourt y Da. Herminia Rivera con Don Antonio Zechini y Gracia allá por los años 1889 a 1890-,-mediante un contrato privado; y desde esa fecha hasta 189\'£u.é construida en dicho terreno por Betancourt una casa en la. que vivió y murió Da. Herminia, siendo agrandada después-.del fallecimiento de esta señora.

7. Al día siguiente del otorgamiento de lá escritura rese-ñada en el hecho 5°., el demandado Don Nicolás Betancourt vende a Don Francisco del Valle López, otro de los deman-dados, tres cuerdas de dicha finca, ño' obstante saber el com-prador que la finca de 4% cuerdas de. donde se segregaba esa porción, había sido’ comprada por :su- vendedor durante su matrimonio con Da. Herminia, aún cuando la escritura publi-cada había sido hecha después de viud'ó.

8. En 16 de marzo de 1907, en igual día en que compró Don Francisco del Valle, vendió ésté por escritura pública dos, de esas tres cuerdas a Don Agustín Rodríguez y después en 17 de julio de 1907, compró también éste a Don Nicolás Betancourt la cuerda y un cuadro con la casa que le restaba después de la venta que babía becbo a del Valle.

Cuando Don Agustín Rodríguez bizo ambas compras sabía que la finca de donde procedían babía sido comprada por los esposos' Don Nicolás Betancourt y Da. Herminia Rivera, aun cuando el .contrato público de Zecbini y Betancourt aparecía otorgado siendo éste viudo.

9. Por virtud de esas ventas, las cuatro cuerdas y cuarto ban quedado distribuidas así: tres cuerdas y cuarto, del de-mandado Rodríguez y la otra restante del otro demandado del Valle.

10. Cuando se otorgaron los contratos a que esas ventas se refieren, no estaba inscrita la finca original de cuatro cuerdas y cuarto a favor de Nicolás Betancourt en el registro de la propiedad, pues no fué presentada basta el año si-guiente, 1908.

EUSTDAMENTOS DE DERECHO.

1. El becbo de que una finca adquirida por la esposa con dinero procedente de su herencia paterna fuera vendida por ésta y algún tiempo después comprara otra en unión de su consorte, no es bastante para poder afirmar que esta adqui-sición fué realizada con sus bienes propios y que tenga el concepto de parafernales, por cuya razón no tiene ese carác-ter la finca en litigio.

2. Es indudable, por la prueba en este juicio, que la adqui-sición de 'las- m cuerdas que se litigan fué beaba por Da. Herminia Rivera y su esposo y tiene que reputarse como per-teneciente a la sociedad conyugal, por más que basta después de muerta dicba señora, el contrato privado que se otorgó cuando la compra-venta, no se elevara a documento público y que en éste se consignara la venta a favor del viudo de dicba señora.

3. Disuelta la sociedad conyugal por muerte de la esposa, el marido no era dueño absoluto de la referida finca y por consiguiente, no podía disponer libremente de ella mientras no adquiriese su particular dominio mediante liquidación, cuenta y partición del haber social.

4. Aún cuando según .el título público de la finca aparece ésta comprada por el viudo, sin embargo, los compradores sabían antes de otorgarse el documento que la adquisición fné hecha mientras fué casado con Da. Herminia Eivera, por lo que no puede considerárseles como terceros y también porque el carácter de tercero, según la ley hipotecaria, es el que adquiere la persona que según el registro aparezca con derecho para ello, y cuando los demandados compraron no estaba inscrita la finca a favor de su vendedor.

Por estas razones debe declararse que pertenece a la so-ciedad conyugal de Don Nicolás Betancourt y Da. Herminia Eivera la finca litigada, aun cuando del título aparece como comprada por el primero, ■ siendo viudo; que son nulas las ventas hechas por.Don Nicolás Betancourt a F.rancisco del Valle y a Agustín Bodríguez, así como entre estos dos últimos y cancelarse sus inscripciones.

Durante, el curso, del juicio el clemandacLo Eodríguez que ahora e,s el apelante, formuló tres excepciones a la presenta-ción de cierta prueba; tomando debida.nota de. los puntos en un pliego de excepciones que ha sido preparado.y certificado en debida forma. .

. La primera excepción según aparece en el pliego es subs-tancialmente como sigue:

“Primera. Presentada por el demandante una declaración por deposición, prestada por Antonio Zechini y Veve, el de-mandado se opuso a que fuera admitida porque el contenido de esa declaración está en oposición.con lo establecido por el mismo Don Antonio Zechini y Veve en la escritura de fecha 15 de marzo de 1907, por la que Don Antonio Zechini y Veve, como apoderado de sus hermanas, vende a Don Nicolás Betan-court una finca rústica, la que es.objeto.de este plieto.

En esa escritura el vendedor no establece que..la finca estuviera vendida por documento privado a Betancourt, ni dice en qué fecha se hiciera esa venta privada de que habla ahora por primera vez en sn declaración. En la escritura hay manifestaciones que son de pura referencia; éstas fueron excluidas por la corte; pero en cuanto a la admisión de la declaración la corte la decretó. El abogado de los apelantes prosigue:

‘ ‘ Creemos que esa declaración se ha de entender compren-dida en él número 2 del artículo 101 de la Ley de Evidencia, en cuanto en ella se contradice la manifestación hecha en un documento público. En efecto, la escritura dice que las poder-dantes de Zechini son las dueñas de la finca,- y que tenían con-venida la venta con Betancourt; y la declaración dice que Betancourt ya era en esa fecha el dueño de la finca. Entiende esta parte que esa declaración no debió admitirse por la corte.. Y por su admisión tomó excepción la parte.”

Debe notarse que el testigo Zechini no es parte en este plieto por lo que el párrafo 2°., artículo 101 de la Ley de Evi-dencia, no es de aplicación a él, pues según los términos del mismo hace referencia solamente a cuestiones entre partes T además la declaración no fué presentada como prueba por Nicolás Betancourt, que era un demandado en este caso, sino por el demandante que tenía un interés contrario a éste. Además, la declaración de Zechini debe considerarse más bien como explicativo que contradictorio de las manifestaciones contenidas en la escritura y está fuera de la regla invocada por el apelante. Además, Zechini es solamente apoderado en la escritura de traspaso y no tenía interés personal en la mis-ma. Esta excepción no puede ser por tanto declarada con lugar.

La segunda excepción referida es substancialmente como sigue:

“Segunda. Al declarar el testigo Felipe Bivera, preguntó el demandante:
“¿Quiénes ocupan el terreno ese en cuestión? ¿Lo ocupa Bodríguez, o quién?”
Testigo: “Siempre mis sobrinas.”

A tal pregunta se opuso esta parte y pidió que se borrase del récord, basándose en que no se lia alegado la posesión por parte de las demandantes. La corte admitió la pregunta y su contestación, y este demandado tomó excepción que boy ra-zona basándola en que la ley de evidencia, en su artículo 34, solamente permite la prueba de las alegaciones esenciales y pertinentes a la cuestión que se ventila!' T la de la posesión por parte de las demandadas, no es alegación de la demanda.”

La objeción formulada a penas puede ser sostenida. Aun-que la posesión no se ba alegado de un modo directo que la tenga determinada persona, sin embargo, es un becbo colate-ral de alguna importancia y la corte debe considerarlo como pertinente a la cuestión en discusión entre las partes. La corte bien podría considerar la posesión como “un becbo colateral relacionado directamente con la cuestión en disputa y necesario para su verdadera determinación”; y por lo tanto, según su discreción, la pregunta'estaba permitida por el mismo estatuto.

La tercera excepción que encontramos en el récord es en efecto como sigue:

“Tercera. Declarando el testigo Felipe Rivera, dijo a pre-guntas del demandante:
“Sobre el particular sé que Don Nicolás Betancourt, padre de Herminia y las demás hermanas, allá por el año 1907 u 8, intentó vender a Don Francisco del Valle un terreno que tenía propiedad de sus bijos, que les pertenecía por herencia por haberse comprado con dinero de la madre; me dirigí a del Valle y le manifesté que no comprase, dicho terreno y casa porque pertenecía a las bijas de Don Nicolás Betancourt y Don Nicolás no podía venderlo; del Valle me contestó que ya había dado algún dinero a cuenta del contrato, y que Don Antonio Zecbini le había manifestado que tenía que entregarle escritura a Don Nicolás y no podía él dejar perder su dinero. Al mes o los dos meses tuve conocimiento de que el negocio persistía y entonces mandé llamar a Don Luis Betancourt y Barcia, hijo de Don Nicolás Betancourt, para que se viese con el padre a ver si evitábamos el contrato devolviendo la canti-dad de dinero que había dado del Valle a Betancourt; Betan-court me dijo que iría donde- su principal Don Eduardo Gon-zález para ver si conseguía el dinero; que González le ofreció darle el dinero y fué donde del Valle y Agustín Rodríguez que ya habían comprado parte del terreno, y ninguno de los dos quiso 'aceptar la cantidad, manifestando Rodríguez que el terreno no lo vendía y valía mil dollars si lo quería; en-tonces aconsejé a las sobrinas que -buscaran un abogado y empleasen la vía legal para reclamar el derecho de ellas.’!

Y luego preguntado en contra-interrogatorio, por el abo-gado del demandante, dijo el testigo lo siguiente: ■

“Betancourt hijo, fué donde Don Eduardo González que era principal de él para ver si le facilitaba algún dinero, para devolvérselo a del Valle.”
Demandado. “¿Cómo sabe Ud. eso?”
Testigo. “Porque me lo dijo Betancourt y entonces le dije, ‘pues váyase enseguida donde Rodríguez y del Valle.’ ”
Demandado. “¿’Y entonces él se fué donde Rodríguez y le.pasó todo eso?” ■ . •
Testigo. “Si señor.”
Demandado. “¿Cómo lo sabe?”
Testigo. “Porque me lo dijo al regresar.”
Demandado. “En este caso yo pido la exclusión de esta parte del testimonio por ser de referencia.”
Juez. “Yo entiendo que.Ud. tenía razón de pedirlo antes, pero no después de haberse oído el testimonio y haberle preguntado sobre el mismo.
. Demandado. “Yo insisto en la exclusión de esa parte del tes-timonio. ’ ’
Juez. “¿Sobre el particular de Luis Betancourt y García?”
Demandado. “.Si señor.”
Juez. “Yo permito .que puede,'digo, que quede por el motivo que dije antes, porque no se hizo la objeción a tiempo.”
“Demandado. “Tomo excepción basado en que hice la objeción cuando el testigo dijo que eso se lo dijo Betancourt al regresar.”

Continúa el abogado del demandante exponiendo:

“Bií efecto, antes de ese momento el testigo había hablado como si por sí mismo y personalmente supiera lo ocurrido y solo a virtud de las preguntas de la defensa del demandado vino a. descubrir que todo eso lo sabía porque al regresar se lo había dicho Betancourt. Naturalmente que antes de que el testigo digera esto, no podía la parte que no estaba reci-biendo el testigo, digo, el testimonio, y que no venía en él por ese momento nada que indicara la referencia, oponerse basado en que era de referencia la declaración; y sólo cuando por la manifestación del testigo, en las preguntas dijo, en las repre-guntas vió cual era el origen de su testimonio, vino la parte a presentar una oposición que antes hubiera sido prematura. ’ ’

Aparece que esta excepción estuvo bien formulada a pesar de réplica que a ella se hizo por el abogado del apelado en su alegato, que el testigo había dicho en su examen principal que Betancourt así se lo había dicho; porque la moción para elimi-nar la declaración no fué hecha fuera de tiempo, habiéndose presentado antes de que terminara el examen • del testigo. Pero, tal error no era perjudicial, puesto que. Betancourt de-claró sobre todo lo que Rivera habló por referencia. La elimi-nación de la declaración de Rivera sobre ese extremo 'no podía afectar el resultado del juicio, puesto que la declaración de Betancourt quedaba en los autos y era suficiente para probar el hecho que se había incluido en la declaración de referencia.

Cuarta. Sostiene además el apelante que la sentencia ape-lada está en desacuerdo con el lógico resultado de la prueba. No aparece de modo claro que la parcela de terreno en con-troversia fuese comprada con fondos., pertenecientes exclusi-vamente a la esposa Herminia Rivera, si bien hay circunstan-cias que indican tal hecho. Como está cuestión no fué resuelta de modo definitivo en la sentencia de- la corte inferior, no es necesario que se resuelva ahora aquí .sino que debe quedar abierta para ulterior investigación y determinación judicial'si fuere, necesario. Por tanto, no examinaremos toda la prueba que ha sido presentada sobre ese punto ni tampoco, conside-raremos la apreciación que haya sido dada por el juez de la corte inferior a la prueba que se le. presentara sobre el particular. El hecho de que Nicolás Betancourt no tenía derecho o facultad alguna para hacer el traspaso que se trata de anu-lar es suficiente para sostener la sentencia que se ha dictado por la corte inferior, la que no debe modificarse por el refe-rido fundamento.

Quinta. El apelante Rodríguez invoca, en su capacidad de tercero, el artículo 1247 del Código Civil y el ártículo 23 de la Ley Hipotecaria. Estos preceptos legales no le favorecen porque el mismo documento muestra que con anterioridad al otorgamiento del mismo, la venta del terreno se había con-sumado y Betancourt ya había construido una casa en dicho terreno. Además, la prueba testifical muestra que Herminia Rivera, esposa de Betancourt había vivido y fallecido en aquella casa, siendo todos estos hechos realmente conocidos por Rodríguez en la época en que trató de comprar el terreno. El no puede alegar su carácter de “tercero,” según se define ■esta palabra en la Ley Española, o lo que la Ley Americana ■denomina “una compra de buena fe, a título oneroso, sin pre-vio conocimiento de la transacción.” Siendo esto así pode-mos salir del quinto punto contenido en los “fundamentos le-gales” que han sido presentados en el alegato del apelante.

Sexto. Con respecto al sexto punto de los “fundamentos legales” presentados por el apelante es suficiente con decir ■que él no puede alegar la protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria porque los documentos en cuestión no fueron ■otorgados por una persona que según el registro tenía derecho para ello, según lo exige el artículo de referencia, puesto que la escritura otorgada a favor de Nicolás Betancourt no estaba inscrita en esa fecha; ni aunque lo hubiera estado, mostraba dicha escritura que la propiedad traspasada era de la exclu-siva propiedad de Betancourt, puesto que hacía referencia a la venta .anterior hecha durante la vida de su esposo, y a la casa que él.ya había construido en el terreno. No existía una ins-cripción clara ni de clase alguna a favor de Betancourt en la época en que Rodríguez trató de hacer sus eompras.

Séptimo. En el séptimo “fundamento legal” que alega el apelante para la revocación de la sentencia, el abogado del apelante, con gran tacto y habilidad, establece una distinción sutil entre la nulidad de un contrato y la nulidad de una es-critura en la que está contenido un contrato. Es evidente que fué el propósito de la corte inferior decretar la nulidad de las ventas que se habían hecho del terréno por virtud de la es-critura de traspaso, puesto que la' nulidad estaba fundada en la falta de poder en Betancourt para hacer los traspasos de la finca.- Y si no se usaron palabras precisas o adecuadas en la sentencia, esta es una cuestión de la cual puede quejarse el apelante, pues no ha recibido perjuicio por ello. Es posible que esta corte hubiera, previa solicitud y demostración d'e la necesidad que para ello había por parte de los apelados, corre-gido la sentencia si hubiera sido necesario hacerlo; pero no habiéndose hecho petición alguna en tal sentido no debe modi-ficarse en manera alguna la forma en que aparece redactada la misma.

De un resumen general del caso encontramos que durante el juicio en la corte inferior quedaron probados los siguien-tes hechos esenciales:

1. Que el terreno objeto del. pleito fué adquirido durante la vida' de Doña Herminia Rivera, viuda de Don Nicolás Be-tancourt, y que en vida de ella fué fabricada la casa en la finca, donde ella murió

2. Que después de la muerte de Doña Herminia Rivera, el viudo tenía a su. favor la escritura del terreno, en cuyo docu-mento aparece que la venta se había efectuado anteriormente, y que la casa que también se menciona existía ya en la finca descrita en la demanda.

3. Que estos hechos eran sabidos por los compradores Francisco del Valle y Agustín Rodríguez, por Felipe Rivera y Luis Betancourt, tío carnal y hermano, respectivamente, del padre de los demandantes.

4. Que a pesar de tal conocimiento, se resolvieron a re-cibir de Nicolás Betancourt, primeramente dos cuerdas de terreno, después otra cnerda, y finalmente la casa con la cner-da y el cuadro restante.

5. Que los compradores se negaron a recibir el dinero que alegaban habían dado a cuenta, declarando Rodríguez que si ellos querían el terreno le costaría mil dollars.

6. Que, no obstante esto, pasaron tres años desde que se firmaron las escrituras, ni del Valle ni Rodríguez, fian en-trado en posesión del terreno, el que aún está en posesión de sus verdaderos dueños, los demandantes, que siguen esta ac-ción de nulidad.

7. Que en el registro no aparecía derecho alguno en favor de Nicolás Betancourt ni de Francisco del Valle cuando se otorgaron las escrituras a favor de éste y de Rodríguez, no estando ellos comprendidos en las prescripciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Y si el derecho hubiera aparecido, hubiera también aparecido el derecho de los demandantes, puesto que es un hecho probado que la venta tuvo lugar mucho antes de otorgarse la escritura, durante la vida de Doña Herminia Rivera, lo que aparece expresado de modo claro en la propia declaración del vendedor Antonio Zechini, testigo cuya declaración fué atacada fuertemente.

Por lo tanto, aplicando la vigente ley a los hechos de este caso debemos llegar a la conclusión de que la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. el día 2 de mayo de 1910, estuvo suficientemente justificada y re-suelta correctamente.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado, Sr. del Toro,

text:
    Hernández v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Hermán.
    No. 80.
    Resuelto en enero 12, 1911.
    Hipoteca — Contribuciones—Venta de Finca Hipotecada para Pago de Con-tribuciones — Inscripción.—Aunque la hipoteca sujeta directa e inmediata-mente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fué constituida, esto no obstante, no puede inscribirse a favor del recurrente, en este caso la adjudi-cación que en pago de su crédito se le hiciera de un condominio hipotecado, por aparecer anotado por 120 días, a favor de persona distinta de aquélla contra la que se siguiera el procedimiento de ejecución de hipoteca, el mismo condominio que se pretende inscribir, anotación que está vigente y fué to-mada a virtud de escritura de venta en pública subasta de la totalidad de la finca para pago de contribuciones; cumpliéndose así, lejos de infringirse, el precepto del artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte apelante compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado, Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Mayagüez se siguió nn procedi-miento civil titulado Agustín Hernández Mena v. Crispina Arán Cuascó, ejercitándose la acción hipotecaria. Ultimado el procedimiento, se vendieron en pública subasta los bienes hipotecados, habiéndolos adquirido el demandante. El marshal le otorgó, la escritura de venta por ante notario público el 22 de octubre de 1910, el comprador la presentó en el regis-tro de la propiedad de San Hermán y el registrador se negó a inscribirla basado en que el condominio a que se contraía la escritura aparecía anotado a favor de persona distinta de aquélla contra la cual se había dirigido el procedimiento.

Apelada dicha negativa para ante esta Corte Suprema, el recurrente alegó que el registrador había infringido los artí-culos 20, 77, 105 y 129 de la Ley Hipotecaria, el 175, último párrafo, de su Reglamento, y el 1777 del Código Civil.

Pedido informe al registrador alegó lo siguiente:

“No se trata del título en que se constituye la hipoteca, ni de la inscripción de la misma, así como tampoco del procedimiento suma-rísimo seguido para su reclamación, sino de la inscripción de la escri-tura de adjudicación del condominio ejecutado.
“Con posterioridad a la fecha de la certificación expedida por este registro, a que se hace referencia, o sea el 18 de octubre último, en virtud de un certificado de compra hecha a El Pueblo de Puerto Rico por contribuciones adeudadas por la finca, Doña Alejandrina Blanco inscribió a su favor el condominio que en dicha finca representaba Don Manuel Arán, anotándose a favor de la misma señora en cuanto a la diferencia, resultando que la repetida Doña Alejandrina tiene inscrita y anotada a su favor la totalidad de la finca de la cual pre-tende inscribir un condominio el Sr. Hernández Mena.
“La anotación a favor de la señora Blanco está vigente en la actua-lidad y puede convertirla en inscripción definitiva dentro del plazo que determina la ley.”

No se necesita una amplia discusión de los principios de ley envueltos en este caso, para llegar a la conclusión de que el registrador no ha cometido las infracciones especificadas por el recurrente. Los fundamentos aducidos por dicho fun-cionario son suficientes para sostener su negativa.

. Es cierto que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su posee-dor, al cumplimiento de la obligación, por cuya seguridad fue constituida; pero en el presente caso al aplicar tal principio para determinar el derecho del recurrente, es necesario con-siderar que existía una hipoteca preferente a aquélla de la cual deriva su, derecho, y era la constituida a favor de El Pueblo de Puerto Rico para garantizar el pago de las contri-buciones. No satisfechas éstas, la finca fué vendida y adqui-rida por Alejandrina Blanco, quien inscribió y anotó, en la forma indicada'por el registrador, su derecho en el registro de la propiedad. De acuerdo con la ley, ella, persona distinta de aquélla contra la cual se siguió la ejecución y a nombre de quien otorgó el marshal la escritura, es la que aparece como dueña en el registro, y al apreciarlo así y al negarse a inscri-bir por tal motivo la escritura de referencia, el Registrador no infringió sino que aplicó rectamente el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la nota.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados, MacLeary y Wolf.


text:
    El Pueblo v. Maldonado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de.Distrito de Ponee.
    No. 256.
    Resuelto en enero 12, 1911.
    Pruebas — Violación—Declaraciones de la Perjudicada — Testimonio de Refe-rencia. — En una causa por violación, las declaraciones de la perjudicada al comisario o a los funcionarios de policía, constituyen testimonio de referencia y no son admisibles como prueba en el juicio.
    . Id. — Instrucciones al Jurado. — En los casos en que se haya admitido una prueba improcedente, no solo debe eliminarse de los autos, sino que se debe instruir al jurado que no le preste consideración alguna, 'aunque en la mayor parte de los casos tal instrucción ha de solicitarse expresamente por el acusado.
    Id. — En el caso de autos, la corte inferior ordenó se eliminaran ciertas manifesta-ciones hechas por la perjudicada a dos testigos, pero acordó que se hiciera constar en los autos que dichos testigos declararon solamente que la perjudi-cada formuló denuncia ante ellos, de haber sido violada. El tribunal re-solvió que esta manifestación de la corte no había sido declarada por los testigos bajo juramento y no se había dado al. acusado una oportunidad de repreguntarles sobre este extremo, constituyendo, por tanto, un error fundamental la resolución de la corte.
    Id. — Corroboración del Testimonio de la Mujer-Perjudicada. — En los casos de violación, el acusado no puede ser declarado culpable con el solo testimonio-de la mujer ofendida, pues éste ha de estar - corroborado con alguna otra prueba. La prueba de corroboración no ha de. mostrar por sí misma todos los elementos del delito, pero debe tender a relacionar al acusado con el delito imputado.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Felipe Qasálduc.

      Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Ponee, se acusó a Damián Maldonado de baber cometido el delito de violación en la persona de Catalina Espinosa, mujer que no era su esposa, y que estuvo impedida de oponer resistencia a cansa de las amena-zas de grave daño corporal que le hizo el acusado con nn re-vólver que portaba. El juicio se celebró ante un jurado.

La acusadora privada declaró ser vecina de Juana Díaz, barrio de Capitanejo, de quince años, siendo sn padrastro el acusado, que está casado con su madre; que dicbo acusado con anterioridad al 23 de agosto de 1909, no la perseguía ni le bacía nada, viviendo tranquila en su casa, respetando ella al acusado como a un padre y que ella iba a la escuela; que en la madrugada del 23 de agosto, Damián Maldonado, se le fué a la cama y le puso un revólver en el pecbo, estando oscuro y cuando despertó tenía el revólver en el pecbo, y enseguida la apretó por el cuello, diciéndole que era él; que se callara y le tenía el revólver en el pecbo, sabiendo'que era revólver por-que le tocó; le levantó la camisa y le apretó las piernas y se le acostó encima y sintió un dolor sin saber lo que le estaba ha-ciendo, pues no babía pensado en este acto, viviendo inocente, sin saber que un hombre hiciera semejante cosa a una mujer; que eso pasó un lunes y durante los días veinte y tres y veinte y cuatro siguió enamorándola y la amenazó de matarla con el revólver, y la pellizcaba cuando pasaba por su lado en los días veinte y tres y veinte y cuatro; y la mordía y la seguía persiguiendo y se fué a casa del comisario a declarárselo y ■detrás de ella llegó su madre y allí ella se enteró. El comi-sario dió parte a la policía y fué reconocida por el Doctor Torres; y desde entonces para acá la perseguía su madre y la aconsejaba que declarara a favor de Damián Maldonado; que basta el veinte y tres de agosto, no babía realizado acto alguno con otra persona, sabiendo ahora lo que un hombre puede hacer con una mujer y que el acusado realizó actos carnales con ella y que sintió dolor enando el acusado le introdujo algo dentro de las piernas que penetró dentro de su cuerpo; que cuando ocurrieron los hechos, el acusado Damián Maldonado, vivía con la madre de ella, llamada María Rosario Tirado, teniendo la casa dos habitaciones, siendo una sala y otra dor-mitorio y en el dormitorio dormían esa noche, cuando ocurrió el suceso, ella, Damián, su madre y sus dos hermanos, siendo el salón dormitorio como este local. Que cuando le puso el revólver en el pecho le cogió la mano y luego él le puso la ma-no en el cuello y le dijo “cállate,” y cuando le puso la mano en el cuello le quitó el revólver del pecho y no sabe lo que Da-mián hizo con el revólver, pero siguió sujetándola por el cuello y le abrió las piernas, y mientras esto sucedía, el acusado le dijo “cállate” y no le dijo que la mataba; y cuando el acusado le dijo que se callara, la madre de ella-y-sus hermanos estaban en la misma habitación, sin que nadie sintiera nada, pasando todo en silencio; habiendo tres catres en la habitación, uno en el que dormía Damián; otro de la madre de ella y sus herma-nos en que dormían ellos y otro de ella, en el que ella dormía.

Una parte de esta prueba, evidentemente fue descubierta por medio de repreguntas; y lg testigo hizo algunas declara-ciones de menos importancia que eran insignificantes o meras repeticiones, tales como dónde estaba su escuela, y lo que ella hacía allí.

Luego el Dr. Torres declaró que había reconocido a Catalina Espinosa y que había encontrado rasgadura de la mem-brana him en, y que dicha membrana debió haber sido rota re-cientemente, como dos, tres o cuatro díás antes del reconoci-miento, según el estado de las cicatrices.

Aparece, después, en la exposición-del caso, lo siguiente: José Luciano Levis. (Testigo del Fiscal). Comisario del barrio de Capitanejo, y que ejercía ese-cargo el 25 de agosto de 1909. Por orden de la corte, se hace constar, que este testigo sólo ha declarado que Catalina Espinosa se le quejó el veinte y cinco de agosto de que había sido violada el veinte y tres de agosto de mil noyecientos nueve. Julio C. Acosta. (Testigo del Fiscal.) Policía insular de servicio en Juana Díaz, el 25 de>agosto de 1909. Por orden de la corte, se liace constar que este testigo sólo ha declarado que Catalina Espi-nosa, se le quejó el 25 de agosto de que había sido desflorada. A las preguntas de la defensa, este testigo declaró en el sen-tido de que mientras estaba haciendo la investigación, el acu-sado se fugó, y que dicho acusado tuvo la intención de fugarse-porque montó en un caballo, y luego se le encontró en una tienda de provisiones en Juana Díaz; pero que no estuvo pre-sente cuando Catalina le hizo la acusación.

Estos dos testigos, cuando fueron examinados por pri-mera vez, declararon con respecto a algunas de las cosas que Catalina Espinosa les había dicho, a saber, que su padrastro-la había violado, y otros pormenores.

El acusado pidió que se eliminaran de los autos, las referi-das declaraciones, por ser de referencia, y entonces el tribunal ordenó que se eliminaran las declaraciones que habían dado lugar a las objeciones hechas por el .acusado, y dictó con res-pecto a las declaraciones de dichos testigos, las órdenes que hemos consignado anteriormente. El acusado se opuso a la resolución de la corte, y preparó por separado un pliego de excepciones para revisar la misma.

Las declaraciones referentes a lo que la acusadora privada dijo al comisario y al policía con respecto a los actos específi-cos realizados por el acusado, nombrando a este último, fue-ron- claramente inadmisibles. (People v. Wilmot, 139 Cal., 103.)

Como quiera que sea, sé plantea la cuestión de si el error fué subsanado por lo que la corte substituyó por las referidas declaraciones. Parece que las autoridades indican que no solamente debe eliminarse de los autos la declaración contra la cual se ha hecho una objeción, sino que debe decírsele.al jurado que no la tome en consideración. (Barth v. State, 39 Texas Criminal Reports, 381; 73 Am. St. Rep. 935; People v. Prather, 134 Cal. Rep., 349; American Digest Decennial, vol. 6, p. 1169.) En la mayoría de los casos, puede ser necesa-rio que el acusado pida para el jurado instrucciones especí-ficas sobre este particular; pero en el presente caso, no sola-mente se omitió instruir al jurado, sino que la corte consignó en los autos una declaración con respecto a la cual los testigos no habían prestado juramento. De este modo no hubo la de-bida confrontación; los testigos no estuvieron sujetos a repre-guntas; y sería dudoso si estarían sujetos a pena alguna por perjurio, si resultaren falsas las declaraciones que en su nom-bre hizo el tribunal.

El jurado quedó con la impresión producida por las de-claraciones indebidamente hechas, y cualquiera que haya sido esa impresión, nos vemos obligados a declarar que todo el proceder de la corte constituyó un error fundamental. Pero hay otro aspecto del caso que quizás'es más grave. La ley de 1909 (Leyes de la Asamblea Legislativa de 1909, pág. 139), dispone:

‘ ‘ Ley para enmendar el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Decrétese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
‘ ‘ Sección 1. — El artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal, queda por la presente enmendado en la siguiente forma:
“Art. 250. — En juicio por el delito de promover o intentar la pro-moción de un aborto, o por contribuir o ayudar en su perpetración, por seducir con engaño, corromper por medio de halago o apoderarse de una mujer soltera, menor de veinte y cinco años, hasta entonces repu-tada por casta, con objeto de prostituirla, o contribuir y ayudar a ese fin, o en juicio por el delito de seducción bajo promesa de matrimonio, o por violación, el acusado no podrá ser declarado convicto por la declaración de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corrobore con otras pruebas.
‘1 Sección 2. — Toda ley o parte de 'ley que se opusiere a la presente, queda derogada.
“Sección 3. — Esta ley empezará a regir desde el momento de su aprobación.
“Aprobada en 11 de marzo de 1909.” ' .

¿Fue corroborada la declaración de la acusadora privada en alguna parte esencial1? ¿Existía en los autos, además de su declaración o de su demanda, algún dato que tendiera a relacionar al acusado con el delito? Sn demanda, aún en el caso de qne hubiera sido debidamente presentada, meramente tiende a refutar la idea de qne el acceso a sn cuerpo fuera realizado con sn consentimiento. No se hizo esfuerzo alguno para probar independientemente que el acusado erh su padras-tro o qne poseía un revólver. No se hizo esfuerzo alguno para demostrar la forma de construcción de la casa en que se-gún se alegaba, había sido cometido el delito, ni la posibilidad de realizar en silencio los actos que dieron lugar a la acusa-ción formulada por la demandante. No había ninguna prueba independiente con respecto a su edad o modo de vivir, o la posibilidad o probabilidad de que ella estuviera libre del ac-ceso de otros hombres. El mero hecho de que la demandante haya sido violada, si es que lo ha sido, no tiende a demostrar que el acusado era culpable; y la declaración del médico sola-mente tiende a demostrar que alguien ha tenido acceso carnal a ella. La prueba con respecto a la alegada fuga del acusado es demasiado vaga, remota e inconexa para que pueda tener tendencia alguna a probar la culpabilidad del acusado. La ley exige declaraciones corroborantes. Sin embargo, no es necesario que las declaraciones corroborantes por sí prueben todos los puntos esenciales del delito imputado al acusado. Pero dichas declaraciones deben por sí, tender a demostrar la relación que exista entre el acusado y el delito. Los tribu-nales de los Estados Unidos tenían la tendencia de exigir la corroboración aún antes del establecimiento de una ley (en tal sentido) como puede verse, en la nota de la página 744 del tomo 6 de la obra “American & English Ann. Cases.” Sin embargo, varios Estados tienen leyes semejantes a la nuestra; y, en esos Estados, el peso de pruebas que se exige para la corroboración de la declaración de la denunciante, es invaria-blemente mayor que la que sé ha presentado en el caso que nos ocupa. El artículo 283 del Código Penal de Nueva York, dis-pone: “Nadie puede ser declarado culpable de rapto, matri-monio compulsorio, violación o estupro, en virtud de la decla-ración de la mujer raptada, compelida o estuprada si dicha declaración no está sostenida por otras*.pruebas.” La citada ley no especifica el peso de las pruebas corroborantes ni la naturaleza o carácter de éstas, en forma más amplia que nuestra propia ley. En el caso de The People v. Terwilliger, 74 Hun., p. 310, se establece la regia de que el apoyo o la corro-boración exigida, debe ser la misma que se considera necesa-ria para corroborar la declaración de un cómplice, a saber, corroboración mediante otras pruebas que tiendan a demos-trar la relación que exista entre el acusado y la comisión del delito. Otros casos resueltos en el mismo sentido, son: The People v. Haischer, 81 Appellate Div. Rep., 561; State v. Chapman, 88 Iowa, 254, 56 N. W. Rep.; 489; State v. Stowell, 60 Iowa, 538, 15 N. W. Rep., 417. (Véase especialmente la nota L. R. A. [N. S.] vol. 26, p. 1149.)

Por los errores de que fiemos liecfio mención, debe revo-carse la sentencia y devolverse la causa para la celebración de un nuevo juicio.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary y del Toro.

El Juez Presidente, Sr. Hernández, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado, Sr. Wole,

text:
    Rodríguez et al. v. González.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 584.
    Resuelto en enero 12, 1911.
    Apelación — Transcripción de Autos. — En los casos en que la transcripción de autos contuviere algún documento que no hubiere sido debidamente certificado, deberá seguirse la práctica de solicitar su eliminación por medio de una moción presentada al efecto.
    Id. — En la transcripción presentada en el caso de autos, los documentos que cons-tituyen el legajo de la sentencia aparecen debidamente certificados por el secretario de la corte, y la relación de hechos contenida en la misma trans-cripción, ha sido certificada por el abogado del apelante solamente. Se re-

      solvió que la transcripción de autos debe prepararse en forma tal que consti-tuya un solo documento, acabado y completo, y no fraccionado, y que como la copia de la relación de hechos no estaba certificada por el secretario, ni por los abogados de ambas partes, de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, no podía ser considerada, procediendo la confirmación de la sen-tencia, por ser cuestiones de prueba las únicas alegadas como fundamentos del recurso.
    Los hechos están' expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado : Sr. Tomás Bernardini de la Huerta.

   El Juez Asociado, Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la vista del presente caso, y no antes, el apelado afir-maba que debía confirmarse la sentencia, por no estar debida-mente certificada la exposición del caso. En esta clase de casos, es mejor la práctica de presentarse, por el apelado, nna moción, solicitando que se eliminen de los autos, los docu-mentos que no estén debidamente certificados.

En los autos que tenemos a la vista, hay copias de los docu-mentos que forman el legajo de la sentencia, así como de cier-tas mociones presentadas durante la tramitación del pleito, y todas esas copias están certificadas por el secretario de la corte de distrito, y cada hoja lleva estampado en ella, el sello del- tribunal. Precede a esás páginas la citada exposición del caso que, según su tenor, es una copia de la exposición original firmada por el Juez de la Corte de Distrito de Gruayama. Nin-guna de las páginas de dicha exposición, lleva estampado en ella el sello de la corte, ni está certificada por el secretario de la misma. En una página separada que sigue á la que con-tiene la certificación del secretario, aparece una declaración del abogado del demandante y apelante, en que certifica res-pecto de la exactitud de la exposición del caso. El abogado del apelante firma solo. En el caso de A. R. R. Co. v. Corte Municipal de Ponce, resuelto en 4 de abril de 1910, resolvimos claramente que una copia, certificada por el apelante sola-mente, no estaba ajustada a las disposiciones de la ley. Es verdad, que permitimos que se celebrasen las vistas de casos pendientes, a cansa de nuestra práctica anterior, fundada en la teoría de la renuncia voluntaria por parte del apelado; y asimismo permitimos que se retirasen algunos casos, para que pudieran presentarse las debidas certificaciones; pero decla-ramos al mismo tiempo, que, en lo futuro, tendrían que obser-varse las disposiciones del artículo 302. En el caso que tene-mos a la vista, no se hizo esfuerzo alguno para lograr que la exposición del caso formara parte de los mismos autos. Ade-más, el récord no debe presentarse dividido. En el presente caso, hay una certificación del secretario que lleva fecha de 27 de junio; y hay otra, extendida por el abogado, que tiene la fecha de 28 del mismo mes. El récord presentado a los efec-tos de la apelación, debe ser un solo documento y debe estar completo. Toda vez que las únicas cuestiones planteadas por el apelado, surgen de la prueba, debe confirmarse la sen-tencia.’

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary y del Toro.

El Juez Presidente, Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez PbesideNte, Sb. PIekNÁNDez,

text:
    Mollfulleda v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 73.
    Resuelto en enero 12, 1911.
    Anotación de Demanda — Documento Auténtico^ — El aviso de la interposición de una demanda, que para los efeetos de la anotación de la misma lia de pre-sentarse al registrador de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil y 42 de la Ley Hipotecaria, debe constar por medio de docu-mento auténtico, o sea, por certificación del secretario de la corte en que se hubiere radicado la demanda, no siendo suficiente para que se tome tal anota-ción. la mera afirmación de la parte en instancia dirigida al registrador, sin que sea necesario que tal anotación haya sido decretada por el juez o tribunal ■que entienda en el asunto.

      Los becbos están expresados en la opinión.
    La parte apelante compareció en nombre propio.
   El Juez PbesideNte, Sb. PIekNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

En 2 de mayo del año 1910 Jnan Mollfulleda presentó es-crito al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., solicitando anotación de aviso de una demanda que por sí y como tutor y albacea testamentario de la sucesión de Ra-món Mollfulleda, había interpuesto contra Juana Ramos La-tour sobre nulidad de título de una finca rústica de 200 cuer-das, radicada en el barrio de Hato Rey de la jurisdicción de Río Piedras, bajo determinadas colindancias, y dicho regis-trador denegó la anotación solicitada por medio de la si-guiente nota:

“Denegada la nota de aviso de demanda solicitada en vir.tud del documento qne precede, por observarse que el referido documento no está firmado por abogado en ejercicio, por lo que carece de autori-dad el aviso, toda vez que no puede interpretarse el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, de modo que deje el derecho de pro-piedad a discreción del primer individuo que escriba una carta en igual forma al registrador; y que del mismo no consta que se haya registrado y presentado debidamente en la secretaría que corresponda demanda comprendida en el citado artículo 91 del Código de Enjui-ciamiento Civil, defectos ambos que impiden practicar definitivamente la nota marginal solicitada; como asimismo, que dicho documento adolece-de las faltas siguientes: no expresa la fecha de la demanda ni la corte en que se haya presentado, ni 'el nombre de las personas que componen la sucesión que dice representar el peticionario; tomándose en su lugar nota preventiva por el término legal, al margen de la ins-cripción 3a. de la finca número 295 duplicado, registrada al folio 125-del tomo 19 de Río Piedras. San Juan de P. R., 9 de mayo de 1910. El Registrador, José S. Belaval.”

Volvió a presentar escrito Mollfulleda al mismo registra-dor en 13 de agosto el propio año 1910, para qne se extendiera definitivamente' la nota de aviso de demanda qne antes lo babía sido denegada, y en el escrito manifestó que se trataba de una demanda establecida contra Juana Ramos Latonr ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en 28 de abril de 1909, y que la sucesión de Bamón Mollfnlleda, según el título de esa demanda, estaba constituida por Carmen, Margarita, Bamona, Teresa, Paula, Alejandrina y Gregoria' Mollfnlleda y Osorio, alegando además que para comparecer en el registro de la propiedad no necesitaba valerse de letrado.

•Denegó el registrador lá pretensión de Mollfnlleda por la razón que consignó en nota, que literalmente dice así:

“Denegada la conversión en nota definitiva de la preventiva por el término legal, a qne se refiere la puesta al pie del anterior docu-mento, por no resultar subsanado, de documento auténtico, el primero de los defectos que impidieron ‘ extender aquélla definitivamente. San Juan, P. R., 25 de agosto de 1910. E. S. Gjnorio, Registrador Sustituto. ’ ’

. Esa nota lia sido recurrida por Mollfulleda, quien ante esta Corte Suprema solicita su revocación por haber sido sub-sanados los defectos primitivos consignados en la. nota de 9 de mayó de 1910, con excepción del concerniente a la falta de comparecencia por medio de abogado por tratarse de un requi-sito que no exige la Ley Hipotecaria.

Examinados los términos en que apárece redactada la no-ta recurrida, encontramos que ésta no se funda en la falta, de comparecencia de Mollfulleda en el registro por medio de abogado, sino en el hecho de no haberse subsanado por medio de documento auténtico el primero de los defectos que motiva-ron la nota de 9 de mayo de 1910. Dicho primer defecto no puede ser otro que el de no constar que se hubiera registrado y presentado en la secretaría correspondiente demanda com- ' prendida en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, pues tal defecto puede subsanarse por medio de documento auténtico, mientras que la falta de comparecencia por medio de abogado., no se subsana del modo expresado, sino llenando ése requisito, que ciertamente no se exige por la Ley Hipote-caria, ni por el Código de Enjuiciamiento Civil en el caso a que se contrae el artículo 91 del mismo. • ■

El citado artículo 91 ordena que cuando en una acción que afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad in-mueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda y el demandado al tiempo de presentar la contestación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al regis-trador del distrito en que radicare la propiedad o parte- de ella, un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual con-tendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contestación y la descripción de la propiedad en litigio; y como precedentes del mismo artículo podemos citar el 42 de la Ley Hipotecaria, que en su número Io. reconoce al que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extensión de cual-quier derecho real, la facultad de pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el registro público'correspon-diente, viniendo el artículo 91 del reglamento para la ejecución de dicha ley a regular el ejercicio de aquella facultad.

Ciertamente que el artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil no exige, como igual artículo del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, que el juez o tribunal mánde hacer la anotación preventiva de la demanda, pues ¡aquél estatuye que el aviso de la cuestión litigiosa pendiente podrá presentarse al registrador correspondiente; y aunque no expresa en qué forma debe constar la noticia o aviso, es indudable que debe constar de modo auténtico o sea por medio de certificación que expida la secretaría de la corte de distrito en que radique el juicio, y no por mera afirmación en instancia dirigida al registrador, lo que podría dar lugar a que con mala fe se lastimaran o perjudicaran derechos de propiedad, que según dice el registrador en su nota de 9 de mayo, quedarían así a merced del primer individuo que acudiera al registro con un escrito igual al que presentó Mollfulleda.

Por las razones expuestas entendemos que procede confir-mar la nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., de 25 de agosto del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf y del Toro.


text:
    Wantzelius Oliver & Co. v. J. T. Silva Banking Commercial Co.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 564.
    Resuelto en enero 13, 1911.
    Contratos — Compra-Venta Mercantil. — En el contrato de compra-venta de cosas muebles, cuando éstas hayan de entregarse en fecha subsiguiente a la cele-bración del contrato, la pérdida que sufran le® efeetos antes de su entrega, será de cuenta del vendedor.
    Id. — Depósito Judicial. — En el caso en que el comprador no dispusiere de las mercaderías en la fecha fijada para la entrega, y el vendedor exigiere el cumplimiento del contrato, deberá depositar judicialmente las mercaderías, a fin de obligar al comprador al pago de las mismas, pues si tal depósito no hubiere tenido lugar, ni el comprador hubiere consentido en que el vendedor se constituyera en depositario de las mercaderías, el contrato no puede estimarse consumado, ni responsable el comprador por la pérdida de los efectos vendidos.
    Los Lechos.están expresados- en la opinión.
    Abogados de los"apelantes: Sres. Carlos López, de Tord y Nemesio R. Canales.

    Abogados de los apelados: Sres. Ediiardo Acuña y José E. Figueras.

   El Juez Asociado, Sr. Wole,

emitió la opinión' del tribunal.

La demanda en el presente caso expone que la sociedad de-mandante e’s una sociedad mercantil hapiendo negocios en Ponce y que los demandados son una sociedad mercantil que hace negocios en San Juan y que cada una de dichas socie-dades se dedica, entre otras cosas a la compra y venta de café; y se alega que los demandantes,-por medio de sns agentes los señores N. Llanri & Co. vendieron a la sociedad demandada doscientos sacos de café al precio de doce dollars por quintal, siendo condición de lá venta que el café debía ser entregado inmediatamente y puesto libre a bordo.del vapor “Conde Wifredo” en el puerto de Ponce; que dicba operación de compra-venta fué convenida el día 30 de noviembre de 1908, y consecuentemente con la condición estipulada- de que el café debía ser entregado inmediatamente a bordo del vapor “Conde Wifredo,” los demandantes con fecha 3 de diciembre se dirigieron por telégrafo a los demandados preguntándoles si podían embarcar dicho café ya que el vapor de referencia estaba próximo a salir del puerto de Ponce; contestando dichos demandados que embarcasen el café de referencia por el vapor francés o por el “Juan Porgas,” según aviso que les darían oportunamente; que teniendo en cuenta que los vapo-res indicados últimamente por los demandados, esto es, el vapor francés o el “Juan Porgas” debían tardar más de quince días en salir del puerto de Ponce, y no queriendo los vende-dores asumir más responsabilidades que las que les competían en virtud del contrato de compra-venta mencionado anterior-mente, se dirigieron por carta a la sociedad demandada ha-ciéndoles saber que el café quedaba almacenado a su buena disposición, y pasándole factura de venta por el importe de cuatro mil ochocientos cuarenta dollars precio del café ven-dido según convenio.

La demanda sigue exponiendo que el día 5 de diciembre de 1908, un incendio destruyó el almacén de la sociedad deman-dante en la Playa de Ponce, destruyendo según se alega todos los sacos de café que pertenecían a la sociedad demandada; y que prorrateando el importe del seguro, éste era solamente suficiente para rebajar ciento treinta y tres dollars y noventa y cuatro centavos ($133.94) de la suma reclamada de los de-mandados.

La carta que la sociedad demandante dirigió a la deman-dada no fué recibida por esta última sino después del in-cendio.

La corte inferior era de opinión que los demandantes no habían probado que fuera una condición esencial del con-trato, que el café había de embarcarse en el “Conde Wifredo” y que se había dejado en duda en qué vapor había de embar-carse el café y que dicho vapor había de ser indicado por la compañía demandada. Nosotros creemos que la prueba sos-tiene la opinión del tribunal lo mismo que las palabras de la demanda, a saber:

“Que dicha operación de compra-venta de café fué convenida el día 30 de noviembre de11908, y consecuentemente con la condición esti-pulada de que el café debía ser entregado inmediatamente a bordo del vapor ‘ ‘ Conde Wifredo ” en el puerto de Ponce, los demandantes con fecha 3 de diciembre se dirigieron por telégrafo a los demandados, preguntándoles si podían embarcar dicho café ya que el vapor de refe-rencia _ estaba próximo'a salir del puerto de Ponce.”

Por consiguiente, se dictó sentencia contra los demandan-tes fundada en el supuesto de que al celebrarse un contrato estipulando la subsiguiente entrega del' artículo vendido, el riesgo intermedio es del vendedor. Pero, los apelantes in-sisten en que a consecuencia de los hechos en el presente caso, el título de domitíio sobre la mercancía en cuestión fué tras-pasado de los apelantes á los apelados, y que los apelantes eran simplemente los depositarios a riesgo de los apelados; y que como tales depositarios hicieron cuanto razonablemente pudieren hacer- para proteger los intereses de sus deposi-tantes.

Ambas partes se apoyan en diferentes disposiciones del Código de Comercio. Ceemos que el presente caso, claramente" se regula por las disposiciones del artículo 332, que dice lo siguiente:

“Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá .el vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el primer caso las mercaderías.
“El mismo depósito judicial podrá constituir el vendedor siempre que el comprador demore hacerse cargo de las mercaderías.
“Los gastos que origine el depósito serán de cuenta de quien hu-biese dado motivo para constituirlo.”

Las alegaciones y las pruebas demuestran que los deman-dantes procuraban el cumplimiento del contrato. Por consi-guiente, para obligar a los demandados sin su consentimiento, los demandantes ban debido depositar judicialmente el café en cuestión. No habiéndose hecho solicitud ni depósito en ese sentido ni obtenido el consentimiento de los demandados, el contrato exigía la entrega de la mercancía a la sociedad demandada y debemos declarar que el contrato no fué nunca consumado, y con arreglo a la ley, el riesgo era completamente de parte de los apelantes. No encontramos en la sentencia error alguno y la misma debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary y del Toro.

El Juez Presidente, Sr. Hernández, no invervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado, Se. MacLeaey,

text:
    El Pueblo v. Allan.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 301.
    Resuelto en enero 13, 1911.
    Apelación — Sentencia Absolutoria. — El recurso de apelación no procede contra una sentencia dictada en causa criminal, absolviendo al acusado del delito que se le imputa.
    Id. — En el caso de autos el juicio tuvo lugar ante el tribunal de derecho y después de haber declarado la denunciante (es una causa por violación), el abogado del acusado presentó una moción a la corte para que se sobreseyera el caso por falta de pruebas, y declarada con lugar esa moción, dictó sentencia absol-viendo al acusado: Se resolvió que esa sentencia no es apelable por el fiscal, por no estar comprendida en ninguno de los casos enumerados en el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

      Los hechos están expresados en la opinion.
    Ahogado del apelante: Jesús M. Bossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado, Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

Este proceso principió con una acusación, formulada por el Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan, imputando al acusado la comisión de un delito de violación. Se celebró el juicio ante la Corte, sin jurado; y después de haber oído el juez la declaración de la perjudicada;, el abogado del acusado hizo una moción, pidiendo el sobreseimiento definitivo de la causa, por falta de pruebas suficientes -para sostener la acusa-ción. El tribunal sostuvo la moción, dictando sentencia ab-solutoria, y ordenando la cancelación de la fianza prestada por el acusado.

Contra esta sentencia, se interpuso por el Fiscal de la corte de distrito, recurso de apelación para ante este tribunal, fundándolo en el número 6 del artículo 348, del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Aparece en los autos una exposición del caso, en la que se consignan todos los hechos; pero, según la opinión que hemos formado del asunto, no es necesario considerar dicha exposi-ción. Con arreglo al número 6 del artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no ha lugar a una apelación a nom-bre de El Pueblo de Puerto Pico, en el -presente caso. Así ha. sido resuelto definitivamente hace mas de seis años, y es sor-prendente que se haya interpuesto el recurso de apelación.. Véanse las decisiones dictadas anteriormente con respecto a esta materia, una de las cuales fué dictada en 21 de diciembre de 1904, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Caquias, y otra posterior, que dictamos en 4 de diciembre de 1909, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Angel Martínez, y Alfredo Bravo, cuyos casos, lo mismo el último que el primero, son casos del todo análogos. En el último de los casos cita-dos, nos expresamos con respecto a dicha materia, en los tér-minos siguientes:

“Consiste la primera en determinar si cabe o no apelación contra la sentencia que en esta causa dictara la corte inferior. Se sostiene que sí cabe, de acuerdo con el párrafo 6o. del artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese párrafo dice así: ‘El ministerio público puede interponer apelación de una orden del tribunal al jurado mandando que éste pronuncie veredicto a favor del acusado.’ La sentencia en este caso fue dictada por el tribunal. EL jurado no tuvo intervención alguna en el casq, ni pudo tenerla, toda vez que el delito imputado solamente es un misdemeanor. El tribunal declaró con lugar una excepción que interpusieron los acusados a la prueba presentada por el Fiscal, y dictó sentencia absolutoria. Es verdad que el efecto era el mismo que si se hubiera ordenado a un jurado, .que pronunciara veredicto absolutorio; pero es el caso que tal sentencia no está comprendida en ninguno de los seis casos mencionados en que el Fiscal puede interponer apelación; y en nuestra opinión que tal apelación no cabe en este caso.”

Toda vez que en el presente caso, no procede la apelación, es innecesario discutir ulteriormente el asunto de que se trata;' y debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto en este caso.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado, Su. MacLeaky,

text:
    Torres v. Gill, Juez de Distrito, et al.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 69.
    Resuelto en enero 13, 1911.
    Certiorari — Errores de Procedimiento. — No todos los errores en que puedan haber incurrido las cortes inferiores en materia de procedimiento, pueden ser corregidos por medio de un auto de certiorari, pues en determinados casos lo procedente es que la parte tome excepción contra la infracción de las reglas de procedimiento, que estime cometida, y si la resolución final le fuera ad-versa, interponer contra ella apelación, y someter entonces todas las cuestiones a la consideración del tribunal.
    Id. — En este caso el peticionario trató de que se anulara en un recurso de cer-tiorari, una resolución de la corte inferior negando una moción en. que la misma parte interesaba que se desestimara, sin 'oirse, una excepción previa interpuesta contra la demanda, por el fundamento de que, habiéndose trasla-dado el caso de otra corte, dicha excepción era reproducción de otra igual que había sido considerada y desestimada por la corte „en que originalmente se entablara la demanda: Se resolvió que el recurso de certiorari no procede para revisar una resolución de tal naturaleza, y que la parte debió tomar excepción y someter el punto en apelación contra la resolución definitiva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Rafael López Landrón. ■

   El Juez Asociado, Su. MacLeaky,

emitió la opinión del tribunal.

■ La presente es una solicitud para que se expida nn auto de certiorari, dirigido al Juez de la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan. La demandante impugna la siguiente resolución, dictada por dicho juez, con motivo de una moción que se le presentó en un caso pendiente ante dicho tribunal.

‘ ‘ Este pleito se presentó ante la Corte de Distrito de Arecibo hace dos años más o menos. Por parte del demandado se interpuso ante aquella corte la excepción previa de falta de causa de acción, basán-dose en la prescripción y dicha corte la declaró sin lugar.
“Ahora, trasladado el pleito a esta corte,- se presenta la misma excepción otra vez.
“Por parte de la demandante se niega el derecho a esta corte de estudiar una excepción que ha sido fallada una vez por la Corte de Distrito de Arecibo, pero las circunstancias son especiales. Cuando aquella honorable corte dictó su opinión, en los primeros meses de 1909, seguió una interpretación de la ley que era entonces aceptada gene-ralmente, pero mas tarde el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en sus sentencias en los pleitos de Amsterdam v. Puente, y Gual v. Bonafoux interpretó el punto en otro sentido.
“Necesariamente esta excepción de prescripción va al fundamento mismo del pleito, y debe estudiarse con cuidado en vista de las dos opiniones de la Honorable Corte Suprema de Puerto Rico antes men-cionada. /
‘‘Por tanto, en pro de la justicia, se debe permitir al demandado presentar la excepción previa de falta de cansa de acción basada en la prescripción y se declara sin lugar la moción pidiendo que se rechace la excepción sin oirla, sin especial condena de costas.”

Esta no es úna resolución de naturaleza tal que justifique una solicitud para que se expida un auto de certiorari. No to-do error de procedimiento, en que haya incurrido una corte inferior, autoriza a este tribunal, a expedir' dicho auto. (Sanjurjo v. Domínguez, resuelto en li de octubre de 1909; The Fajardo Development Co. v. La Corte de Distrito de Ponce, resuelto en 6 de mayo de 1909; Martinez v. Soto Nussa, resuelto en 29 de junio de 1908.) El recurso en el presente caso, si es que se lia cometido un error, es reservar el punto, y continuar el juicio del caso; y después de dictada la sentencia, si ésta fuere adversa al peticionario, puede interponerse re-curso de apelación, y revisarse todo el asunto por este tribunal. Esto es tan evidente, al leer los autos, que no es nece-sario dictar una orden, demostrar causa, o expedir un auto preliminar.

Debe, por lo tanto, desestimarse dicha solicitud sin pro-cedimientos ulteriores.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf y del Toro.