author: El Juez Asociado Señok Snydeü

text:
    Juan S. Mangual, en su carácter de Alcalde del Municipio de Juana Díaz, peticionario, v. Hon. Alberto S. Poventud, Juez de la Corte de Distrito de Ponce, demandado.
    Núm. 1292.

    Sometido: Junio 1, 1942.

      Resuelto: Julio 29, 1942.

      Felipe Colón Díaz y Carlos J. Teissonniere, abogados del peticionario; R. Hernández Matos, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señok Snydeü

emitió la opinión del tribunal.

El 20 de agosto de 1941, el Alcalde de Juana Díaz le formuló tres cargos a Sixto Acosta, Secretario-Auditor de dicho municipio, que dicen como sigue:

Cargo Número Uno: Porque el domingo día 17 de agosto actual, como a las 6:15 P. M., se personó Ud. en el Hospital Municipal de Juana Díaz, P. R., y sin autoridad legal despidió Ud. de dicho Hospital Municipal, a la sirvienta, Andrea Santiago, quien desem-peñaba interinamente dicho cargo, sustituyendo a la empleada Fe-licita Rodríguez, y estando dicha empleada sustituía Andrea Santiago desempeñando su cargo interinamente con el consentimiento del Alcalde que suscribe.
“Cargo Número Dos: Que en el día 20 de agosto, 1941, de 9: 30 a las 10: 00 A. M. faltó Ud. el respeto y la debida considera-ción al Alcalde que suscribe, provocándole de palabras, botándole de su oficina, y sacando de la gaveta de su escritorio un revólver, arma mortífera, apuntándole y amenazándole con dicha arma, al ex-tremo de que tuvieron que intervenir e intervinieron, para evitar que Ud. hiciera uso del arma, los señores siguientes: Ramón García Rodríguez, conserje de la Alcaldía; Emilio R. Rodríguez, escribiente de su oficina; Víctor Cruz, capataz de obras públicas municipales; Pedro A. Ocasio, Representante a la Cámara; y la señorita Elvira Ortiz, Clerk de auditoría municipal.
“Cargo Número Tres: Que en el día 3 de agosto, 1941, sin tener Ud. autoridad legal, procedió a nombrar y nombró a Aurora Sierra Cuascú nurse graduada del Hospital Municipal de Juana Díaz, P. R., y en virtud de dicho nombramiento, entró a desempeñar sus funcio-nes y la que estuvo en dicho cargo hasta el día 19 de este mes, sin que en ningún momento el Alcalde que suscribe autorizara a Ud. para dicha actuación.”

El día señalado para la vista, el abogado de Acosta radicó una contestación y una petición solicitando del Alcalde que se inhibiera, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Núm. 53, Leyes de Puerto Pico, 1928 (pág. 335), según quedó en-mendada por la Ley Núm. 98, Leyes de Puerto Pico, 1931 (pág. 595), como el funcionario que consideraría estos car-gos, y que nombrara un funcionario administrativo que lo reemplazara para dicho fin. Esta petición estaba firmada solamente por el abogado de Acosta, no fue jurada, y no se ofreció evidencia para probar las manifestaciones que allí se hacían, con excepción de “los cargos en sí”. La petición, en lo pertinente, dice como sigue:

“2. Que usted es la persona que ha formulado dichos cargos, uno de los cuales consiste en que el querellado provocó de palabras a usted, le faltó el respeto y consideración, lo-botó de su oficina y lo amenazó con un revólver; los otros se relacionan con intromisiones del querellado en las funciones de usted como Alcalde;
”3. Que usted no puede ser a la vez querellante, testigo y el propio Juez de sus actos, ni puede usted, por estar tan directa e in-mediata, y personalmente interesado en el resultado de estos cargos, darle al querellado una oportunidad justa, impareial y ecuánime para que se defienda; teniendo usted personal y marcados prejuicios contra este querellado que lo incapacitan para resolverlos libre de toda pasión.”

El Alcalde declaró sin lugar la petición, y procedió a ver la prueba. El abogado de Acosta rehusó contrainterrogar los testigos traídos para probar los cargos y ofrecer testi-monio en su favor, bajo la teoría de que la negativa del Alcalde a inhibirse hacía que todo el procedimiento fuera nulo ab initio. El Alcalde, con la objeción del abogado de Acosta, fue uno de los testigos que declaró para sostener el segundo cargo. El 12 de septiembre de 1941, el Alcalde dictó una ‘‘Relación de Hechos y Resolución”, llegando a la conclusión de que “aun excluyendo de consideración su propio testimonio” se probaron todos los cargos, y destitu-yendo a Acosta de su cargo de Secretario-Auditor.

El 10 de octubre de 1941 Acosta radicó en la Corte de Distrito de Ponee un pleito intitulado “Revisión de Proce-dimiento Administrativo” de conformidad con las referidas Leyes Núms. 53 y 98. Acosta solicitaba que se anulara la resolución del Alcalde y que se le restituyera en su cargo de Secretario-Auditor. Señalaba los siguientes alegados erro-res: (a) que los cargos no alegaban hechos suficientes que justificasen su destitución como empleado; (b) que no se probaron los cargos; (c) que el Alcalde debió haber decla-rado con lugar la petición para que se inhibiese; y (d) que el Alcalde actuó con pasión, prejuicio y parcialidad.

El caso fué sometido a la corte de distrito para su deci-sión a base del récord que tuvo el Alcalde ante sí. La corte de distrito concluyó que el Alcalde debió haber declarado con lugar la moción de inhibición. En su consecuencia, la corte resolvió que se incurrió en los errores (c) y (d), y que no era necesario considerar los errores (a) y (¾). Por tanto la corte de distrito anuló la resolución del Alcalde. Con el fin de revisar esta actuación de la corte de distrito expedimos el auto de certiorari.

Para llegar a la conclusión de que el'Alcalde estaba im-pedido de ver los cargos en el caso de autos, la corte inferior descansó en los casos de In re Ortiz v. Venegas, Alcalde, 43 D.P.R. 390 y en Peña v. García, 45 D.P.R. 44. La corte citó, pero intentó distinguir, el caso de Asamblea Municipal v. González, Alcalde, 55 D.P.R. 542.

Los hechos en el caso de Peña eran distintos a los del presente caso. En el caso de Peña resolvimos que debió declararse con lugar una moción de traslado, radicada en un pleito ante una corte de distrito alegando pasión y pre-juicio del juez de distrito hacia el demandante. Pero en dicho caso la moción “fue acompañada de una declaración jurada suscrita por el demandante, sin que se presentara testimonio alguno bajo juramento para contradecir las ma-nifestaciones de dicho demandante.!’ (45 D.P.R. 44, 45). Y esta declaración jurada exponía en detalle varios incidentes que establecieron fuera de toda duda la enemistad personal que existía desde hacía tiempo entre el demandante y el juez de distrito. En el caso de autos la petición de inhibi-ción distó mucho de establecer tales cargos específicos de-pasión y prejuicio, y aun en relación con la alegación que se hizo, no se ofreció prueba alguna para sustanciarla. Para sostener su moción de inhibición Acosta descansó únicamente en la naturaleza de los cargos en sí y en el hecho de que el propio Alcalde los había formulado.

Debe también tenerse en cuenta que el caso de Peña pnvolvía la alegada impropiedad de que se celebrara un juicio en un pleito privado ante un juez de distrito que estaba prejuiciado hacia una de las partes. El presente caso, por otro lado, no envuelve en manera alguna un pleito. La cuestión en este caso fue si la conducta de un empleado subalterno justificaba, después de una vista de los cargos que se formularon en su contra, su destitución por su jefe superior. [2] Aunque el standard general en cuanto a qué constituye un juicio justo e imparcial en una corte, es aplicable al procedimiento administrativo aquí envuelto, el factor de-terminante (test) en cuanto a la inhibición del funcionario que presidirá la vista, por la naturaleza misma de las cosas, es algo diferente. Sin duda alguna un juez de distrito ten-dría que inhibirse si él hubiera formulado los cargos que luego fueron el asunto de que se trató en la vista. En el caso de un funcionario ejecutivo como un Alcalde, por otro lado, no solamente no es impedimento que él formule los cargos y los juzgue, sino que como jefe superior del incum-bente acusado, lo más probable es que tenga conocimiento previo de los hechos en controversia. Ninguno de estos factores inhabilitaría al Alcalde ipso facto. “Y aunque el Alcalde es el acusador, no por ello está inhabilitado para conducir la vista y considerar los cargos formulados por él mismo ...” (McQuillin, Municipal Corporations, segunda edición revisada, vol. 2., see. 589, página 483). Véase Sharkey v. Thurston, 268 N. Y. 123.

Los casos de In re Ortiz v. Venegas, Alcalde, y Asamblea Municipal v. González, Alcalde, supra, citados por la corte de distrito, están contestes en esta cuestión. El caso de González, a la página 555, cita con aprobación el siguiente lenguaje del caso de Venegas-.

‘No queremos decir que por el solo hecho de que sea el alcalde el que formule los cargos contra el funcionario, deba inhibirse. En manera alguna. El alcalde es el jefe ejecutivo de la administración municipal y en el cumplimiento de sus deberes puede venir en co-nocimiento directo de actos realizados por los funcionarios por él nom-brados que exijan su destitución, y en tales casos ¿quién mejor que el alcalde para resolver el asunto, después de haber escuchado la defensa del funcionario o de haberle dado la oportunidad de de-fenderse? El alcalde no actúa por su interés personal, sino en bien de una buena administración municipal.
“ ‘Pero cuando se imputan al alcalde hechos de la naturaleza de los alegados en la moción de inhibición, la situación varía, y debe darse una oportunidad al funcionario de presentar su prueba. Si fueren ciertos, procedería la inhibición.’ ”

En su opinión la corte inferior, para mantener su deci-sión, copia nuestra cita de la opinión de la corte inferior en el caso de Venegas al efecto de que (pág. 400) “ ‘No nece-sita seria ni extensa argumentación el hecho de que un al-calde que es enemigo personal de otro funcionario municipal, y así lo expresa públicamente, no está en condiciones de actuar con una mente libre de prejuicios al juzgar a esa persona por cargos que él mismo le ha formulado.’ ” Pero en el presente caso la corte inferior pasó por alto el hecho de que para fundamentar la petición de inhibición no o se presentó prueba de tal enemistad o de alguna manifestación pública a tal efecto.

El caso de autos por tanto se contrae a esto: hablando en términos generales, se requiere la inhibición de un alcalde para conducir tal vista administrativa, solamente cuando en realidad se demuestra pasión y prejuicio. Aquí no se ofreció prueba a tal efecto. Acosta -aparentemente descansó en los hechos de que (a) en cuanto a dos de los cargos, éstos habían sido formulados por el propio alcalde, y (b) en cuanto al cargo restante, el Alcalde tenía un interés personal en el resultado. Pero cada uno de estos cargos, incluyendo el de la amenaza contra el Alcalde, en último análisis, envolvía la alegada conducta de Acosta en el curso de su empleo. El Alcalde, bajo las autoridades arriba citadas, estuvo por tanto justificado en formular los cargos y en verlos, en ausencia de prueba, que no se ofreció aquí, para demostrar que le era imposible conceder a Acosta una vista imparcial.

La corte de distrito cometió error al anular la resolución del Alcalde debido a que éste se negó a inhibirse. Cuando se devuelva el caso, la corte inferior estará llamada a con-siderar si los cargos como han sido alegados justificaban la destitución y si los mismos fueron probados por la evidencia.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y devuelto el caso a la corte de distrito para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Senos, Del Toso

license: Public Domain

text:
    Isabelo Boria Santana, demandante y apelado, v. The Maryland Casualty Co., Inc., The Northern Porto Rico Railroad Co., Carmen Centrale, Inc. y Finlay & Waymouth Trading Co., demandadas y apelantes las dos primeras.
    Núm. 8477.

      Sometido: Junio 18, 1943.

      Resuelto: Julio 30, 1942.

      G. Goll y Cuchí y Diego O. Marrero, abogados de las apelantes; Lionel Fernández Méndez, abogado del apelado.
   El Juez Peesidente Senos, Del Toso

emitió la opinión del tribunal.

Isabelo Boria Santana reclamó de The Maryland Casualty Co , Inc., The Northern Porto Rico Railroad Co., Carmen Céntrale, Inc. y Finlay i& Waymouth Trading Co. $2,580.11 por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido a conse-cuencia de un choque de una locomotora de la Northern Porto Rico Railroad Co. con un truck de su propiedad manejado por él mismo.

Se opusieron las demandadas a la reclamación, fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió; por sentencia absol-viendo de la demanda a las demandadas Finlay & Waymouth Trading Co. y Carmen Céntrale, Inc., y condenando a The Maryland Casualty Co., Inc. y The Northern Porto Rico Railroad Co. a pagar al demandante setecientos dólares como compensación, más las costas, incluyendo doscientos dólares por honorarios de abogado.

Las demandadas perjudicadas por la sentencia apelaron. Señalan dos errores, el primero cometido al condenarlas sin prueba y el segundo al variar la teoría del caso. En su alegato no discuten la negligencia. Parten de ■ la base de qiíe fué alegada y probada. Lo que discuten es que no se presentó evidencia que permita fijar la cuantía de los per-juicios reclamados y que la corte dictó sentencia a base de la destrucción total del truck no pudiendo hacerlo porque dicha destrucción no fué alegada'como la causa determinada de los daños.

Para resolver el recurso parece lógico que conozcamos el criterio de la corte sentenciadora y veamos si está o no sos-tenido por los hechos, la ley y la jurisprudencia. En su relación del caso y opinión se expresó así:

‘''Consideramos que el demandante no ha probado el estimado de los gastos de reparación de las averías en la cuantía alegada de $790.11, ni en ninguna otra suma. Sobre este extremo declaró sola-mente el demandante a preguntas de su abogado lo que pasamos a transcribir del récord:
“ ‘P. ¿Ha hecho usted gestiones para reparar ese truck? T. No he hecho nada. Está según lo dejó la locomotora. P. ¿ Usted no ha podido volver a usar ese truck? T. No he podido. P. ¿Usted sabe lo que le costaba la reparación de ese vehículo? T. No sé más o menos lo que podía costar. P. (Mostrándole al testigo un docu-mento) Dígame, ¿es ése o no es ése el estimado del precio de las piezas? Sr. Coll: Nos oponemos a esa pregunta porque eso es re-ferencia. P. Contésteme, ¿es ése o no es ése el estimado del costo de las piezas necesarias para la reparación de su truck? T. Sí, señor. Sr. Coll: El hecho de que el estimado se haya trasladado a un borderó, es referencia. La corte: Sostenida la objeción. P. ¿Cuánto costaban las piezas necesarias para la reparación de ese vehículo? T. Yo, legalmente, sobre ese punto no sé decirle porque más o menos habría que... P. ¿Quién hizo las gestiones para averiguar el costo de esa reparación? ¿La hizo usted o alguna otra persona? T. La hice yo, pero más o menos los precios no.... ’
“Esta es la evidencia aportada por el demandante sobre el esti-mado de gastos de reparación, cuya insuficiencia es completa.
“La alegación del demandante de que no tenía ni tiene medios para sufragar la reparación de su vehículo, la consideramos sostenida por la prueba.
“El demandante ha probado suficientemente que el truck fué completamente destruido a causa del-accidente, y que quedó inservi-ble. Así refiere su propio testimonio, el cual especifica además las serias averías que sufrió el vehículo, expresando que el chassis está en dos bandas, con los atravesaños todos como una horquilla; el diferencial se salió hasta de las uniones; la plataforma completamente destruida y el gabinete también; y que lo compró a Geferino Prieto el 1 de octubre de 1938 por precio de $900.
“Opinamos que habiendo quedado destruido el truck como con-secuencia del accidente y no habiendo sido reparado — más bien de-bemos decir, reconstruido — , no hay derecho a recobrar daños por depreciación del vehículo y tampoco por rendimiento de ganancias por término alguno. Si el vehículo hubiese quedado en condiciones de ser propiamente reparado y su dueño hubiese tenido medios para repararlo, y lo hubiese reparado, entonces el demandante tendría derecho a recobrar daños por rendimiento de ganancias durante el tiempo de la reparación, y también por depreciación.
“Habiendo sido el demandante privado del vehículo por la des-trucción total del mismo, o por lo menos por ser las averías que sufrió tan importantes que hacían sin duda alguna extraordinaria y costosa su reparación para el demandante, quien es un chófer sin medios para sufragarla, que compró el vehículo a plazos para pagarlo con su trabajo y que además vivía de lo que le producía la explotación del mismo, nos parece que una compensación por el valor del camión al tiempo del accidente, con deducción de su valor actual, sería justa medida de daños en este caso.
<t* ⅜ ⅜ ⅞ * * *
“El truck costó al demandante en octubre primero de 1938, $900, y no hay otro motivo para creer que tenía más ni menos valor en esa fecha. Calculamos una depreciación del vehículo por el uso del mismo desde dicha fecha hasta la del accidente, de cien dólares; y estimamos como valor actual del vehículo, más bien, de sus partes aprovechables, otros cien dólares. Consiguientemente concluimos que una compensación de $700 sería apropiada y razonable en este caso, y debe concederse. Al efecto una sentencia en tal sentido debe ser dictada contra las demandadas The Northern Porto "Rico Railroad Co., propietaria de la empresa ferroviaria causante del daño, y de su aseguradora The Maryland Casualty Co:, solidariamente, con im-posición de las costas incluyendo honorarios de abogado en una suma razonable.”

¿Pudo la corte sentenciadora basar sn fallo en que el truck fué completamente destruido por la locomotora?

Vámoslo. Los daños y perjuicios reclamados se es-pecificaron en el h.eeh.0 séptimo de la demanda, así:

“Que el demandante ha sufrido daños y perjuicios como conse-cuencia de dicha colisión por los siguientes conceptos:
"Averías sufridas por el truck y estimado de gastos de reparación de las mismas $790.11
"Depreciación del truck H-601 como resultado de la colisión 150.00
“Rendimiento diario de ganancias a razón de $10 diarios que producía el ya mencionado vehículo H-601 al demandante y totalidad de dicho rendimiento com-putado desde la fecha del accidente, o -sea desde el día 4 de abril de 1939 y hasta el día de hoy 1, 640. 00
$2,580.11.”

Y al presentar su caso en el acto del juicio, el abogado del demandante terminó diciendo'lo que sigue:

"... que como consecuencia de ese choque el truck sufrió serios desperfectos, el costo de cuyas reparaciones es lo que se reclama, así como también la pérdida, de los beneficios en el uso del vehículo.”

En tal virtud creemos que en verdad asiste la razón a las apelantes al sostener que la corte de distrito varió sin autoridad la teoría de la reclamación. “Al resolver la Sala sentenciadora sobre un extremo diferente de los sometidos expresamente a su decisión en la demanda, infringe las re-glas de jurisprudencia non valet sententia lata de re non petita; si judex pronunciat ultra petita, sententia est ipso jure nulla, S. de 11 de febrero y 2 de octubre de 1867. — • 24 y 28 de enero de 1869 y 15 de octubre de 1880.” Scaevola, Principios Generales del Derecho Civil, página 329.

Prescindiendo de la variación, fiemos estudiado los autos y encontramos que la única evidencia aportada por el demandante fue su propia declaración. Todo lo que dijo so-bre la materia, además de lo transcrito por el juez de dis-trito en su relación del caso y opinión, fue, en resumen, lo que sigue:'

Como consecuencia del choque “el truck está completa-mente destruido.” El chassis está en dos bandas, el dife-rencial se salió hasta de las uniones, la plataforma comple-tamente destruida y también el gabinete.

Se le pregunta que cuánto costaban las piezas necesarias para la reparación y contesta que no sabría decir,- que él hizo las gestiones, que le pidieron cincuenta pesos y pico . . . . Sin terminar interviene su abogado, “¿No lo recuerda, . . . dígame, testigo,■ cuánto costó ese truck?” Y contesta, “El truck me costó novecientos pesos. ... Lo compré desde oc-tubre 1 de 1938.” Sigue su abogado interrogándole, “¿Como consecuencia' de este accidente, el truck quedó totalmente in-servible?” “Sí, señor.” Y el abogado dice “Nada más.”

A las repreguntas del abogado de las demandadas con-testa que trabajaba al mes con el truck de 18 a 20 días. En abril, mes del accidente, trabajó tres días. En febrero no recuerda. Se dedicaba a la carga de arena, por subasta. Prieto la subastó en la PERA y se la traspasó. Beneficio diario, teniendo en cuenta el de la arena, diez pesos. Cada viaje le producía tres pesos y medio. Le sobraba siempre diez pesos después de pagados la gasolina y el aceite. Cada viaje dejaba un beneficio de dos pesos y pico. Hacía de cinco a seis viajes diarios. Hacía cuatro meses que trabajaba en el sitio. Lo único que tenía era el truck. Luego dice, “Tengo una casita más.”

Vuelve a ser preguntado por su abogado y contesta:

“P. Cuando usted dijo que calculaba un beneficio de dos dólares en la arena, ¿usted incluía en ese beneficio o no. . . 1 T. Los pagos de los peones, gasolina, aceite. . . P. ¿Y uso y costo de su carro? T. Esos dos pesos eran limpios en cada viaje. P. ¿A cómo compraba la arena? T. Pagaba noventa pesos. P. ¿A qué la vendía? T. A peso el metro. P. ¿Usted calcula esos dos pesos por viaje porque tenía, su truck? T. Sí, señor. P. Si no hubiera tenido truck y ló hubiera ido a alquilar, ¿a cómo se transporta la arena por el truck? T. Bueno, dependería, como eso es cuestión de negocios. P. ¿Usted alguna vez ha alquilado su truck por día? T. Yo, nunca. P. &Y usted no sabe a cómo se transporta cada metro de arena? T. A peso, . . . bueno, depende también para los sitios que sea. P. ¿Ese peso es el costo del transporte de arena? T. Sí, señor. P. ¿Eso es lo que se gana el truck por transportar arena? T. Sí, señor. P. .¿Y esos dos pesos los estaba calculando, cuando, dijo así al señor juez, a base de que la arena no le costaba nada y porque tenía su truck podía transportarla en su truck y así realizar ese beneficio de dos pesos? T. Sí, señor.”

Repreguntado de nuevo por el abogado de la parte con-traria contesta que pagó el precio del truck — novecientos dó-lares — a Prieto en plazos. Del mismo .trabajo lo pagó. Lo cogió antes de octubre en que lo compró formalmente. Le dió primero cuatrocientos pesos, después doscientos y por último trescientos. Luego dice, “tengo familia que tiene dinero y me presta,” y que el pago lo verificó “parte de mi trabajo y parte de préstamo de mi familia.” Su familia— su tío Eleuterio Santana — le prestó quinientos dólares que aún no le lia devuelto.

Por mayores que sean los esfuerzos que se hagan no po-drán encontrarse elementos en esa evidencia suficientes para fijar la depreciación del truck desde su compra hasta el mo-mento del accidente, ni para valorar las piezas del mismo después del choque, y en su consecuencia queda sin base el cálculo hecho por la corte sentenciadora. Esto aparte de que la afirmación de dicha corte de que el demandante care-cía de medios para sufragar la reparación, no sólo no en-cuentra apoyo en la evidencia, si que ésta la contradice, y aparte también de que no quedó demostrado que el truck no pudiera repararse.

Ninguna evidencia fué aportada que permita fijar el valor del truck el día o alrededor del día del accidente. Véase 8 E.C.L. 486. El truck de que aquí se trata se compró usado seis meses antes del accidente y siguió usándose en la carga de arena. El precio de la compra era un dato a considerar, pero no por sí solo suficiente para fijar su valor el día en 'que fué destruido.

Dejando ahora a un lado el método seguido por la corte para llegar a la suma en que fijó la indemnización, ¿puede encontrarse en los autos algo que permita conceder alguno o algunos de los daños específicos reclamados, a saber, ave-rías, depreciación, y ganancia dejada de obtener?

Se probó la existencia de averías, pero no su valor. La depreciación no fué objeto de evidencia, Queda sólo la ga-nancia dejada de obtener, que se reclamó por un tiempo cla-ramente improcedente, esto es, desde la fecha del accidente hasta la de la interposición de la demanda, sin indicarse el tiempo probable que hubiera exigido la reparación, tiempo que luego tampoco suplió la prueba.

Faltando ese dato, no puede verificarse el cálculo.

Pocas veces podrá presentarse al juzgador un caso más claro que éste en cuanto a la procedencia de la indemniza-ción, en que, eso no obstante, no pueda concederla por ha-ber dejado de proporcionarle la parte que la reclamó y que por tanto tenía el deber de hacerlo, los datos necesarios para fijarla.

En su consecuencia, debe revocarse la sentencia apelada en la parte en que lo fué, esto es, en aquella por virtud de la cual fueron condenadas las demandadas The Maryland Casualty Company, Inc. y The Northern Porto Rico Railroad Co. a pagar setecientos dólares de indemnización, con costas y honorarios, absolviéndose también de la demanda a dichas demandadas, con las 'costas al demandante, sin incluir en ellas los honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señoe Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Robert Riport, acusado y apelante.
    Núm. 9430.

    Sometido: Julio 15, 1942.

      Resuelto: Julio 30, 1942.

      Víctor J. Vidal González, abogado del apelante; lion. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Contra el acusado apelante el Fiscal del Distrito de San Juan formuló dos denuncias separadas. En la primera le imputó que el día 30 de junio de 1940, ilegal, voluntaria y maliciosamente “tenía en su poder y dominio un arma de fuego, a saber: una pistola marea Colt, sin haberla decla-rado y registrado”, infringiendo así el artículo 7 de la Ley Núm. 14 de julio 8 de 1936 ((2) pág. 129); y en la segunda le acusaba de portar ilegalmente dicha pistola, en violación del artículo 1 de la Ley Núm. 14 de 25 de junio de 1924 (pág. 115). .

Convicto de ambos delitos y no estando conforme con las sentencias de seis y dos meses de cárcel que respectivamente le fueron impuestas, el acusado interpuso el presente recurso. Para sostenerlo, alega que la corte sentenciadora erró al decidir en su contra las varias cuestiones levantadas por el acusado y que, a su juicio, constituyen defensas válidas y su-ficientes contra ambas denuncias.

Alega el apelante que no violó la ley sobre registro de armas de fuego, porque la pistola Colt no pertenecía a él y sí a José Nicolás Orsini, a cuyo nombre se encontraba registrada; que el acusado la poseía accidentalmente y no estaba obligado a tenerla registrada a su nombre.

La evidencia introducida por ambas partes establece como hechos indiscutibles los siguientes:

En junio 30 de 1940, el acusado Eafael Eobert ocupaba el cargo de pagador en la firma de contratistas de obras “Santos & Pérez” y estaba encargado de hacer los pagos a los trabajadores en tres obras que dicha firma tenía en Ja-yuya. El señor Santos, uno de sus jefes, le aconsejó que para la seguridad del dinero que tenía que llevar semanal-mente a la isla, debía obtener una licencia para portar un arma, y el mismo Sr. Santos le ayudó a conseguir la licencia, la cual le fue concedida en 22 de junio de 1940. El acusado pidió a Santos le adelantara el dinero para comprar un re-vólver, pero Santos lo aplazó para la semana siguiente. El 29 de junio por la mañana, antes de salir para Jayuya con unos $3,800 en efectivo para pagar a los obreros, y te-niendo ya licencia para portar un revólver, el acusado le pidió prestada a Nicolás Orsini, sobrestante de la firma, una pistola que éste tenía guardada en la oficina. Orsini le prestó la pistola por ese día, para que fuese a hacer el pago a la isla, informándole que estaba registrada a su nombre. Eob-ert regresó de Jayuya como a las diez de la noche del mismo día, encontrándose en la Terraza del Parque, en Santuree, con José Torres Silva, otro pagador de la misma firma Santos & Pérez. A los dos les había sobrado dinero, el que guar-dar on junto con las libretas en nna caja de lata, y salieron juntos para ir a entregar el dinero sobrante á la caja de seguridad que el Sr. Santos tenía en el Añádales Beach. Club.

Al pasar por el Bar Guarin, que está situado en el kiló-metro 7 de la misma carretera de Loíza que conduce al Ana-dales Beach Club, Bobert y Torres, que no habían comido aún, entraron a dicho bar, se sentaron en una mesa y orde-naron les preparasen comida. En una mesa cercana se en-contraban cinco o seis jóvenes, tomando licor y en aparente estado de embriaguez. Al ir Bobert a echar una moneda en una radiola que allí había, trató de impedírselo uno de dichos jóvenes y con ese motivo surgió una discusión entre el joven y Bobert. Al ver que los demás jóvenes venían hacia él en actitud agresiva, Bobert hizo ademán de sacar la pis-tola, pero no hizo uso de ella. Terminado el incidente, Bob-ert y Torres volvieron a su mesa y los jóvenes salieron del bar para ir a avisar a la policía. Cuando llegaron al bar los policías Nieves y Ortiz, el acusado le entregó la pistola a Nieves, le dijo que él era pagador de la casa Santos & Pé-rez y le mostró la licencia que le autorizaba a portar un re-vólver. El policía Nieves declaró que el acusado no estaba en estado de embriaguez cuando él le ocupó el arma, y que los jóvenes que fueron a denunciarlo estaban ebrios. De-claró también que Bobert tenía en su poder una suma considerable de dinero.

La prueba de cargo estableció el hecho de que la pistola que portaba el acusado estaba registrada a nombre de su dueño, José Nicolás Orsini.

Como consecuencia del incidente ocurrido entre los jóve-nes ya mencionados y el acusado, éste fué denunciado por un delito de acometimiento y agresión grave, del cual fué absuelto.

La corte sentenciadora llegó a las siguientes conclusiones:

la. Que el acusado fué al Bar Guarin con el propósito de divertirse; y que en ese momento no estaba allí como pa-gador de Santos &¡ Pérez y sí como un individuo cualquiera.

2a. Que la corte municipal erró al absolver al acusado del delito de acometimiento y agresión, pues no se trataba de un caso de defensa propia.

3a. Que el acusado trató de disparar e hizo todo lo hu-manamente posible para que el tiro saliera, y si el disparo no salió y no mató fue por causas ajenas a su voluntad— porque el arma amarró fuego.

4a. Que la pena de un mes de cárcel impuesta por la corte municipal, por portar armas, es benigna; y tomando en cuenta las circunstancias cómo se portaba el arma y cómo se utilizó esa arma, la corte le va a imponer dos meses de cárcel.

5a. Que como el acusado no tiene el arma inscrita a su nombre, a él le compete demostrar que hubo necesidad im-periosa de portar el arma y justificar a satisfacción de la corte que Orsini le prestó el arma. Que la corte no está sa-tisfecha en absoluto en cuanto a que Orsini le diera el arma al acusado y que por eso lo declara culpable de tener un arma no inscrita y le impone seis meses de cárcel.

Las anteriores conclusiones no están justificadas por la prueba y son a nuestro juicio contrarias a derecho.

¿Si el acusado estaba autorizado para portar un arma “mientras se encuentre en el desempeño de las funciones del cargo que ejerce” o sea mientras lleve sobre su persona su-mas de dinero de su principal, y en la noche de autos por-taba un arma registrada a nombre de otro como su dueño, quien se la prestó para el desempeño de sus deberes, perdió el acusado su condición de portador legal del arma por el solo hecho de haberse detenido a comer en un restaurante antes de llevar el dinero sobrante a su principal?

No creemos que el rigor de la ley deba llegar hasta el extremo de exigir que el portador de sumas de dinero, con licencia para llevar un arma para su defensa, esté obligado a abstenerse mientras dure su misión de satisfacer la nece-sidad fisiológica de comer y beber, so pena de convertirse por ese solo hecho en un transgresor de la ley. La prueba demos-tró que el acusado y su compañero, llevando bajo su custodia los fondos sobrantes, entraron al restaurante a comer; y que mientras esperaban la comida fué que ocurrió el incidente que ya hemos relatado. El acusado tenía derecho a comer en el restaurante y al hacerlo así no se convirtió en un por-tador ilegal del arma. ■ El incidente entre él y los jóvenes, del cual fué exonerado y absuelto por no haber sido provo-cado por él, no convirtió en ilegal la portación del arma. La prueba demostró que el acusado no hizo uso de ella y que se limitó a hacer el ademán de sacarla, al ver que sobre él venían cinco o seis hombres en actitud hostil.

La conclusión de que el acusado disparó y que si no hubo un herido o muerto fué porque la pistola amarró fuego, se basó exclusivamente en la declaración de dos testigos, dos de los jóvenes que provocaron el incidente, quienes en el momento del suceso se encontraban ebrios y en él del juicio tenían interés en demostrar su inocencia. Esas dos declara-ciones quedaron destruidas por las de los dos policías que arrestaron al acusado y ocuparon y examinaron la pistola y las balas que ésta contenía. "Las balas no habían sido pica-das. Es de conocimiento general, que cuando se hace uso de una pistola o revólver y -el arma amarra fuego, el casquillo aparece picado por el gatillo.

Fué grave error el que cometió el tribunal inferior al aumentar a dos meses la pena por la portación del arma, tomando en consideración el uso que del arma hiciera el acu-sado para defenderse de los jóvenes que-trataron de agre-dirle. El acusado fué absuelto de la denuncia que se le for-muló por agresión grave y tenía y tiene derecho a la pro-tección que le da esa séntencia absolutoria. La sentencia de la corte .inferior le privó de esa protección al sostener que el acusado era culpable de portar un arma prohibida por ha-ber hecho uso de ella para fines de ofensa y no de defensa. La sentencia recurrida equivale a una revocación del fallo absolutorio.

La prueba de cargo estableció el hecho de que la pistola ocupada al acusado estaba inscrita a nombre de Orsini. Vicente Santos, principal del acusado, declaró que el acusado le pidió prestada la pistola a Orsini para llevarla en el viaje a Jayuya, y que Orsini se la entregó. Esa declaración fue corroborada por- la del otro pagador, Torres. De todos mo-dos quedó demostrado que el acusado tenía licencia para portar un revólver, y que teniendo que salir de viaje con tres mil y pico de dólares de su principal, en presencia de éste tomó una pistola que había en la oficina y se la llevó con-sigo para hacer el viaje que estaba obligado a hacer. Bajo ■esas circunstancias, es inmaterial si Orsini le entregó la pis-tola o si el acusado la tomó. El hecho esencial es que el acusado la tomó y portó para un fin específico y determinado, para la realización del cual él estaba autorizado a portar un arma.

El fiscal admite en su alegato que “si la licencia obtenida por el acusado para portar un revólver no hubiere contenido limitación alguna en cuanto a las ocasiones en que dicha arma podía ser portada por el acusado, tendríamos que convenir con el apelante en que no se había cometido el de-lito de portar armas, no obstante portar éste una pistola y no un revólver como le autorizaba dicha licencia.”

Convenimos con el fiscal en que si una persona autorizada para portar un revólver para un fin determinado, lleva con-sigo una pistola en vez de un revólver, no viola por ese sólo, hecho la ley prohibiendo la portación de armas, siempre que el acusado no se haya desviado innecesariamente o sin justi-ficación de la misión que se le encomendara y para la cual se le autorizó a portar un arma. 68 C. J., pág. 28, sección 19(2); Pueblo v. Rodríguez, 35 D.P.R. 276.

La licencia obtenida por el acusado le autorizaba para portar un revólver “para fines de defensa solamente, mien-tras se encuentre en el desempeño de las funciones del cargo que ejerce”. No violó la ley por el sólo hecho de portar una pistola.

El acusado tenía la obligación de transportar el dinero y el arma que llevaba para su protección por la vía más expe-dita posible, sin dilaciones o desviaciones innecesarias o in-justificadas. Dice 68 C. J., pág. 22, sec. 14:

“. . . No debe haber ninguna desviación de su curso, ni volver hacia un lado, detenerse en el camino o andar de un lado para otro en busca de placeres u otros asuntos, ni debe exhibirse ni dispararse el arma en la calle pública ni en la casa de otra persona; pero una desviación o el detenerse o ir hacia un lado para propósitos razonables o necesarios es permisible.”

El propósito que llevó al acusado y a su compañero al Bar Guarin,- el de comer, era un propósito razonable y ne-cesario que a nuestro juicio justifica que ellos se desviaran de o se detuvieran en su camino antes de terminar la misión que les fue encomendada. El ir a echar una moneda en una caja de música, para oír un récord fonográfico mientras es-peraban la comida o mientras eomían, no es un acto ilegal ni tan irrazonable o innecesario que pueda ser considerado como suficiente para convertir al que lo realiza en un criminal. A no ser por la intervención agresiva de aquellos jóvenes que actuaban bajo la influencia del licor que allí mismo ha-bían consumido, nada hubiese ocurrido y la misión del acu-sado y su compañero se hubiese terminado en paz.

Procede por lo tanto revocar las dos sentencias recurri-das y absolver al acusado apelante.


author: El Juez Asociado Seño» Thavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Díaz Vázquez y Ramón Martínez Cortés, acusados y apelantes.
    Núm. 9346.

    Sometido: Julio 6, 1942.

      Resuelto: Julio 30, 1942.

      Ramón S. Pesquera, abogado del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño» Thavieso

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia radicada en la Corte Municipal de Bayamón lee como sigue:

“Durante el año 1940 y en la tienda de provisiones de Obdulio Correa, calle Dr. Yeve núm. 88, del distrito judicial municipal de Bayamón, P. B., que forma parte del Distrito Judicial de Baya-món, F. R., los referidos acusados Jesús Díaz Vázquez y Ramón Mar-tínez Cortés, allí y entonces, de una manera ilegal, voluntaria y ma-liciosamente, actuando conjuntamente y de mutuo acuerdo, y con la intención criminal de defraudar a la firma comercial de esta plaza Correa Hermanos, allí y entonces defraudaron los intereses de la referida casa Correa Hermanos, consistente en que en distintos días del año 1940, y mientras actuaba el primero de los acusados de men-sajero y el segundo de dependiente de dicha casa comercial, el men-sajero llevó distintas compras a distintos sitios de la población de Bayamón, cobraba el importe de las mismas, y en ningún momento entregaba dicho dinero a la casa Correa Hermanos, poniéndose más tarde de acuerdo con el dependiente Martínez Cortés para dividir el importe de dichas compras entre ambos, defraudando de ese modo los intereses de la casa Correa Hermanos.
“Mediante orden de allanamiento expedida por el Hon. Juez Municipal, de Bayamón fué registrada la residencia de Jesús Díaz Vázquez en donde se encontró la cantidad de $66, que junto a $10.32 que se ocuparon en su poder, y dos declaraciones juradas de los acusados en este caso, se hacen parte de esta denuncia como materia de prueba en este caso.”

Apelado el caso a la Corte de Distrito de Bayamón, ésta condenó a ambos acusados a seis meses de cárcel y al pago de costas. Ambos apelaron para ante este tribunal.

'El fiscal ha solicitado la desestimación de la apela-ción interpuesta por el acusado Bamón Martínez Cortés, por cuanto el mismo no notificó del escrito.de apelación al fiscal de Distrito de Bayamón sino tres meses y medio después de vencido el término estatutario de treinta días para radicar y notificar al fiscal del distrito el escrito de apelación.

Del récord del caso no aparece que la apelación inter-puesta por Bamón Martínez Cortés fuera notificada al fiscal en ningún momento.

No hay evidencia alguna en el caso que demuestre que el fiscal realizara actos demostrativos del conocimiento por su parte de la existencia del recurso, antes de transcurrir el término para apelar del acusado Martínez. La intervención del fiscal en la aprobación del récord taquigráfico tuvo lugar en 12 de diciembre de 1941, o sea casi tres meses después de transcurrido el término de treinta días para apelar. No creemos que sea de aplicación la regla sentada por esta corte en los casos de Pueblo v. Cruz, 57 D.P.R. 823, y Pueblo v. Varela, 41 D.P.R. 889, en el sentido de que “no procede de-sestimar un recurso, no empece no baber sido notificado al fiscal, cuando surge claramente que el fiscal conocía la exis-tencia del mismo, intervino en la aprobación de la transcrip-ción de evidencia y que si hubo un cumplimiento sustan-cial de la ley no procedía la desestimación. ’ ’ Esta regla también aparece en el caso de Pueblo v. Loubriel, 54 D.P.R. 1010, resuelto per curiam, y aparece extensamente comentada en el caso de Casasús v. White Star Bus Line, Inc., 58 D.P.R. 865, donde se distingue en cuanto a la aplicación de esta re-gla en los casos en que el término 'es de treinta días. En este caso termina diciendo esta corte (pág. 874):

“De manera, que el tribunal no sólo tuvo en mente al resolver estos casos (Pueblo v. Cruz, supra; Pueblo v. Varela, supra; Pueblo v. Loubriel, supra) que el fiscal tenía conocimiento de la apelación y que se le había notificado la moción solicitando la transcripción de evidencia en la que se hacía constar que el acusado había apelado, sino que todo eso se hizo dentro del término que el acusado tenía para apelar o sea seis meses. De manera, que la notificación o cum-plimiento sustancial con el estatuto se hizo dentro del término esta-tutario. Tanto en lo criminal como en lo civil la notificación de la parte contraria debe hacerse dentro del término para que esta Corte adquiera jurisdicción.
“Habiéndose notificado la apelación en este caso a la codeman-dante Isabel Casanova Vda. de Casasús después de haber vencido los treinta días que marca la ley, esta Corte carece de jurisdicción para conocer del mismo, y como consecuencia, se desestima el recurso.”

En el caso de autos también el término para apelar es de treinta días y no de seis meses, por tratarse de uno originado en la Corte Municipal (artículo 345, Código de Enjuicia-miento Criminal), y por consiguiente al aplicarse la regla resulta que el fiscal vino a tener conocimiento de la apela-ción después de transcurrido el término estatutario. Pro-cede, por lo tanto, la desestimación de la apelación de Eamón Martínez Cortés.

Pasamos ahora a considerar los errores señalados por la parte apelante, el primero de los cuales lee como sigue:

“Que la corte careció ele jurisdicción para conocer del caso y dictar sentencia, a virtud de no haberla tenido la Corte Municipal para iniciar los procedimientos judiciales.”

Los apelantes dividen este error en dos partes, a saber: (a) que no se alega el montante o la cuantía de dinero que se apropiaron los acusados, siendo esto necesario para deter-minar si el delito es felony o misdemeanor; (b) que no se alega el lugar de la supuesta comisión del delito de abuso de confianza.

Si examinamos la denuncia vemos que es cierto que no se alega la cuantía que se ■ apropiaron los acusados, mas, sin embargo, se hace constar en la misma las cantidades encon-tradas en poder del acusado Díaz, siendo éstas $66 y $10.32.

Es indudable que la práctica más aconsejable es la de ha-cer constar específicamente en la denuncia la cantidad exacta cuya apropiación ilegal se imputa al acusado. Haciéndolo así, será mucho más fácil determinar, por la simple lectura de la denuncia, si' es la corte de distrito o la municipal la que tiene jurisdicción para conocer del caso. La denuncia en el caso de autos imputa a los acusados, dependiente uno y mensajero el otro, haberse apropiado y dividido entre am-bos el importe de mercancías sacadas del establecimiento co-mercial en que ambos estaban empleados. Esas mercancías tenían necesariamente un valor. Y el hecho de haberse ra-dicado la denuncia en la corte municipal, unido a la circuns-tancia expresada en la misma denuncia de que en poder de uno de los acusados se encontraron sumas de dinero por un total de $76.32, debe ser considerado como información su-fieiente para los acusados de que el valor de la propiedad por ellos apropiada ilegalmente no excedía de $100 y qne por tanto era la corte municipal la qne tenía jurisdicción para conocer del caso originalmente. Si los acusados deseaban tener información más detallada, su remedio era solicitar un pliego de especificaciones.

También convenimos con el fiscal en que son de aplica-ción los casos de Pueblo v. Delgado, 50 D.P.R. 658, y Pueblo v. Galarza, 60 D.P.R. 208, en los cuales, aunque se trata de hurto, no se especificó en la denuncia el valor de las cosas hurtadas.

En cuanto a la alegación de que no se establece' su-ficientemente la jurisdicción de' la Corte Municipal de Baya-món para conocer del caso por cuanto se dice en la denuncia qne los hechos ocurrieron en la “calle Dr. Veve núm. 88, del distrito judicial municipal de Bayamón, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Bayamón, P. R.,” opinamos que tampoco es motivo de revocación. Las alegaciones de la denuncia son suficientes para que se infiera de ellas que los hechos expuestos ocurrieron dentro de la jurisdicción de la Corte Municipal de Bayamón y que ésta tiene jurisdicción, pues ni el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sobre el contenido de la denuncia, ni el artículo 82 de dicho Código, sobre los requisitos de una acusación, exigen que en la misma se especifique el sitio exacto donde ocurrie-ron los hechos, bastando que en una acusación (artículo 82, inciso 4) se especifique “que el delito fué cometido en un lugar comprendido dentro de la jurisdicción del tribunal...”

Resolviendo esta misma cuestión y haciendo referencia al artículo e inciso citados, esta Corte en el caso de Pueblo v. Aranda, 12 D.P.R. 313, 315, dijo:

“Sin embargo, el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal en su párrafo 4 revela que una acusación es suficiente si de ella puede venirse en conocimiento de que el delito fué cometido en algún lugar dentro de la jurisdicción de la corte. Aun menos detalles se exigen para las denuncias que para las acusaciones, y solamente se liaría un esfuerzo solicitando el sobreseimiento de una causa, cuando en la denuncia se ve que el delito fué cometido dentro del distrito judicial de dicha corte municipal. La corte de distrito procedió correctamente al desestimar la moción. . .”

Además, este tribunal en repetidas ocasiones ha decidido que no se exige la misma precisión en las denuncias que se presentan a las cortes inferiores por misdemeanor que en las acusaciones formuladas en las cortes de distrito por felony. (Pueblo v. Cordero, 27 D.P.R. 329; Pueblo v. Bonilla, 13 D.P.R. 41; Pueblo v. Fontana, 16 D.P.R. 656; Pueblo v. Muñoz, 22 D.P.R. 383; Pueblo v. Ferrer, 43 D.P.R. 987; Pueblo v. Telmain Escalera, 45 D.P.R. 447, 455.)

En el caso de Pueblo v. Ortiz (a) Golden Flint, núm. 9345, resuelto por esta Corte en junio 9 de 1942 (ante, pág. 536), citado por el fiscal en su alegato, se dijo:

"Basa su segunda cuestión el apelante en el hecho de que en la denuncia se alega que los hechos ocurrieron en el Km. 2-5 de la carretera de Cataño a Palo Seco, Barrio Palmas, y que no especifi-cando la denuncia si dicho sitio pertenece a Cataño o a Palo Seco, no confiere jurisdicción ni a la Corte Municipal de Bayamón, ni a la corte de distrito en apelación, ya que Palo Seco pertenece al dis-trito judicial municipal de Toa Alta y Cataño al distrito judicial municipal de Bayamón. No tiene razón el recurrente, porque en la propia denuncia se hace constar expresamente que dicho Km. 2-5 de la carretera de Cataño a Palo Seco, Barrio Palmas, está dentro del distrito judicial municipal de Bayamón que forma parte del distrito judicial de Bayamón, Puerto Rico.”

Véanse los casos de Pueblo v. Aranda, 12 D.P.R. 313, 315; Pueblo v. Birrier et al., 18 D.P.R. 265, 269, y Pueblo v. Torres, 34 D.P.R. 629, 631.

En el segundo señalamiento se alega la insuficiencia de la denuncia para fundar en ella una sentencia condena-toria.

También divide la parte apelante este error en dos par-tes. La primera se refiere exclusivamente al acusado Martí-nez Cortés, cuya apelación hemos desestimado por no haber cumplido con el estatuto, y por tanto no entraremos a con-siderarla.

La segunda parte del segundo señalamiento lee así:

"Que en la denuncia se alega ‘en la tienda de Obdulio Correa’, luego ‘a la firma comercial de esta plaza Correa Hermanos,’ y más adelante ‘casa Correa Hermanos,’ sin que tales conceptos expresen la personalidad jurídica del defraudado y su capacidad para poseer bienes, contratar sobre ellos y que los mismos sean susceptibles de ser apropiados.”

Opinamos que las palabras de la denuncia son suficientes y estamos de acuerdo con el fiscal en que es de aplicación la doctrina sentada en cuanto a esta misma cuestión en el caso de Pueblo v. Cardona, 59 D.P.R. 716, 718, 719, en el que esta Corte dijo, revocando el caso de Pueblo v. Matos, 31 D.P.R. 594, lo siguiente:

"Las personas pueden ser naturales y jurídicas y expresar como se expresa en la denuncia que el acusado sustrajo los bienes muebles de que se trata ‘con la intención criminal de privar a su legítimo dueño del libre goce de su propiedad para lucrarse en su propio beneficio’ con indicación de que ese dueño lo era ‘la casa comercial de esta plaza del Sr. M. Blanco & Co.’ es suficiente aunque no se diga si el Sr. M. Blanco & Co. era una sociedad, una corporación o un individuo haciendo negocios bajo un nombre mercantil, porque lo importante es que sea una persona, natural o jurídica, capaz de ser dueña de los bienes muebles sustraídos, y sobre ese punto no creemos que pueda existir duda alguna.”

En el caso de autos la denuncia es todavía más específica que -la del caso citado, pues en la misma se dice que es una tienda de provisiones de Obdulio Correa y más adelante la denomina “firma comercial de esta plaza Correa Herma-nos”. De manera que se establece claramente a quién per-tenecían los bienes defraudados.

Debe confirmarse la sentencia de la corte inferior.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    White Star Bus Line, Inc., sustituída por el Receiver J. W. Riviere, demandante y apelada, v. Glens Falls Indemnity Co., Jaime Ortiz, Juan González, Alejandro Salgado y La Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 8446.

    Sometido: Junio 24, 1942.

      Resuelto: Julio 30, 1942.

      José López Baralt, abogado de la apelante Glens Falls Indemnity Co.; Dubón <& Ochoteco, abogados de los apelantes Ortiz y Salgado; C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y G. González Blanes, abogados de la apelada White Star Bus Line, Inc.; Fiddler, McGonnel & Gonzalez, abogados del síndico (receiver) de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

• Hace alrededor de quince años la Comisión de Servicio Público de Puerto Eico concedió a la demandante apelada una franquicia exclusiva para transportar pasajeros entre las ciudades de San Juan y Eío Piedras por ciertas rutas fijadas por dicba Comisión. En vista de que un buen número de automóviles públicos sin autoridad legal infringían la franquicia de la apelada transportando pasajeros por asiento por las rutas mencionadas, la Comisión de Servicio Público de Puerto Eico, con fecba 4 de enero de 1938 tuvo a bien aprobar una orden final que en lo pertinente dice así:

“Se ordena, además, y por la presente queda prohibido, a todo vehículo de motor que no hubiere sido previamente autorizado por esta Comisión, que actúe, sirva, funcione u opere como porteador público en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofre-ciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general, entre los municipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de San Juan y Río Piedras o entre puntos intermedios. El hecho de que un vehículo de motor actúe como porteador público trans-portando pasajeros por asiento de un sitio a otro entre los munici-pios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de San Juan y Río Piedras, o entre puntos intermedios, constituirá prueba prima facie de una violación de las disposiciones de esta orden.”

Sintiéndose agraviados por la referida orden, los aquí demandados Jaime Ortiz, Juan González y Alejandro Sal-gado, a fin de revisarla, el 21 de enero de 1938 recurrieron ante la corte inferior, la que previo los trámites legales el 16 de mayo siguiente desestimó el recurso. Cuatro días des-pués apelaron para ante este tribunal, confirmándose la sen-tencia apelada el 26 de julio de 1938 (53 D.P.R. 615).

No conforme dichos tres demandados, el 30 de enero de 1939, por sus abogados Dexter & Dexter, radicaron un es-crito de apelación para ante la Corte de Circuito de los Es-tados Unidos para el Primer Circuito. No limitaron sn ape-lación a ellos exclusivamente, sino qne contrario a lo que habían hecho al recurrir a la corte inferior y al apelar ante este tribunal, el nnevo escrito de apelación se hizo no sólo a nombre de dichos tres demandados, si que también a nombre de todos los propietarios y conductores de vehículos dedica-dos a servicio público. Esta inclusión de los demás dueños y conductores de vehículos dedicados a servicio público no se limitó al escrito de apelación. En el affidavit sobre la cuan-tía en controversia, suscrito por el demandado Juan Gonzá-lez, se expresó también que él y los otros dos apelantes, Alejandro Salgado y Jaime Ortiz, comparecían por su propio derecho y además por el de todos los propietarios y conduc-tores de vehículos de servicio público en igual situación que ellos y afectados del mismo modo por la sentencia de este tribunal y por la orden de la Comisión de Servicio Público de Puerto Eico. Se dijo además que el número de las otras personas en igual situación que ellos ascendía a trescientos más o menos y que los tres demandados y los demás ape-lantes estaban siendo privados cada uno de ellos de una en-trada de $5 diarios al prohibírseles operar sus vehículos por las indicadas rutas, exponiéndose además que en adición a dicha pérdida cada uno de los tres demandados y de los tres-cientos restantes estaban siendo privados del uso, valor e in-versión de los automóviles poseídos o manejados por ellos, valor e inversión que en cada caso representaba un promedio de $1,000 o un total en exceso de $5,000.

Fué a base de ese' escrito de apelación y de esa declara-ción jurada sobre la cuantía en controversia que el 8 de fe-brero de 1939 el Juez Sr. Bingham, de la Corte de Circuito, dictó la siguiente orden:

“Se ordena que los apelantes radiquen en la Corte Suprema de Puerto Rico una fianza para costas en apelación por la cantidad de $250 y una fianza supersedeas por la suma de $3,000 con fiadores aprobados por la Corte Suprema de Puerto Rico.”

En armonía con lo expuesto por los tres demandados ape-lantes en su escrito de apelación y declaración jurada sobre cuantía en controversia, la compañía Glens Falls Indemnity Co., que prestó la fianza de supersedeas, en el indicado do-cumento de fianza consignó lo siguiente:

“Por CUANTO en una sesión ele la Corte de Circuito de Apela-ciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito se concedió apelación en el caso arriba expresado a dicho Jaime Ortiz, Alejandro Salgado y Juan González y otros, contra la sentencia dictada en el caso arriba expresado contra ellos. . . .
“Por tanto la condición de la obligación arriba expresada es que si dichos Jaime Ortiz, Alejandro Salgado y Juan González y otros prosiguen su apelación. . .” (Bastardillas nuestras.)

Después de aprobada la fianza, la policía siguió denun-ciando a los dueños y conductores de vehículos públicos (con excepción de los tres demandados apelantes) que continua-ban violando la orden de la Comisión y esto dió motivo a que los abogados de los demandados, Sres. Dexter & Dexter, dirigieran una comunicación al Jefe de la Policía Insular, Sr. Orbeta, protestando de que la policía estaba arrestando con-ductores y vehículos públicos por supuestas violaciones a la orden de la Comisión de Servicio Público de Puerto Pico de 4 de enero de 1938, y luego de referirse a la orden y fianza de supersedeas, decían:

“Gomo esta acción de la Policía debe ser el resultado ele una mala inteligencia o desconocimiento de • la orden de supersedeas y suspensión de dicha orden de Servicio Público por la Corte de Cir-cuito de Apelaciones de los Estados Unidos e infringe (la acción de la Policía) la orden de supersedeas a nombre de los apelantes antes nombrados y de todos los otros conductores y dueños de vehículos públicos que indirectamente son partes en esta apelación, nosotros, como abogados de ellos, respetuosamente llamamos su atención a esta acción de la Policía a fin de que usted pueda corregirla y de este modo evitar ulterior complicación y conflicto con la autoridad de la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos.” (Parén-tesis y bastardillas nuestros.) (Traducido del inglés.)

De conformidad con la referida comunicación el Jefe de la Policía dio las órdenes pertinentes para qne no se denun-ciase a los dueños o conductores de vehículos que violasen la ameritada orden. En vista de los graves perjuicios que la orden del Jefe de la Policía irrogaba a la apelada, ésta re-currió ante la Corte de Circuito y el propio Juez Sr. Bing-ham el 29 de marzo de 1939 tuvo a bien limitar los efectos de la orden de supersedeas en la siguiente forma:

“Vista la moción radicada por la apelada White Star Bus Line, Inc. para dejar sin efecto la orden y fianza de supersedeas, y vistas las objeciones a la misma radicadas por los apelantes, se ordena que la orden de supersedeas decretada en este caso el 8 de febrero de 1939 se aplique y limite exclusivamente en sus efectos a los tres apelantes originales ante la corte de distrito, a saber, Jaime Ortiz, Alejandro Salgado y Juan González como conductores de cualesquiera vehículos poseídos por ellos en febrero 8, 1939, . . .
“Se ordena además que dicha orden de supersedeas no parali-zará o suspenderá la orden de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico fechada enero 4 de 1938, en cuanto a ninguna otra apersona.” (Ex. B, demandado, T. de E., pág. 279.) (Traducido del inglés.)

Él primero de abril de 1939 los apelantes, por los mis-mos abogados, presentaron una extensa moción a la Corte de Circuito de Apelaciones interesando que la citada orden del Juez Sr. Bingham, de 29 de marzo de 1939, fuese revi-sada por la corte in bank, de suerte que la misma se modi-ficase y ampliase, haciéndola extensiva a todos los propieta-rios y conductores de vehículos públicos que constituyen la misma clase a que pertenecen los tres apelantes, “todos los cuales desean proveer facilidades de transportación barata y adecuada entre la ciudad de San Juan y Río Piedras.” (Ex. 10, dte., T. de E., pág. 264.)

La Corte de Circuito no accedió a lo solicitado por los apelantes, quedando firme la prohibición en cuanto a los de-más dueños de vehículos de servicio público.

Posteriormente la Corte de Circuito de Apelaciones des-estimó la apelación y con tal motivo la apelada White Star Bus Line, Inc. instituyó esta acción en la corte inferior contra Glens Falls Indemnity Co., como fiadora, y Jaime Ortiz, Jnan G-onzález y Alejandro Salgado, como principales, y contra la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, por-que siendo ésta parte necesaria, rehusó asociarse a la de-mandante. Reclamó esta última la cantidad de $15,400 por los perjuicios que alega haber sufrido durante el tiempo en que la orden final de la Comisión estuvo en suspenso para todos los dueños o conductores de vehículos públicos, es de-cir, desde el 15 de marzo de 1939 en que el Jefe de la Po-licía Insular ordenó a la policía que no denunciase por in-fracción a la orden final, hasta el 29 del mismo mes, en que fué limitado el alcance de la orden de supersedeas. Visto el caso en sus méritos, se dictó la sentencia apelada, conde-nando a los demandados, con exclusión de la Comisión de Servicio Público, a pagar solidariamente a la demandante la cantidad de $8,572.90 por concepto de daños y perjuicios, limitando la responsabilidad de la fiadora al importe de la fianza — $3,000—, y condenando a dichos demandados a pagar la cantidad de $200 por concepto de honorarios de abogado y las costas.

Fué contra dicha sentencia que los tres demandados y la coxñpañía fiadora establecieron este recurso. Dos son las cuestiones fundamentales a resolver: (1) ¿Responden los demandados apelantes de los daños causados a la deman-dante por los trescientos otros dueños o conductores de ve-hículos' de servicio público, al violar la orden de la Comisión durante los catorce días antes mencionados? (2) ¿Erró la corte inferior al calcular el montante de los daños?

Contrario a lo que aparece de la evidencia documen-tal a que nos- hemos referido, sostienen ahora los apelantes que la orden finál nunca fué suspendida y rechazan toda res-ponsabilidad por los actos ilegales de los trescientos otros dueños y conductores de vehículos públicos, de cuyos supues-tos derechos tan solícitamente se ocuparon en el escrito de apelación, en la moción sobre cuantía en controversia, en la comunicación al Jefe de la Policía Insular, en sn oposición a que se modificase la orden de supersedeas, y finalmente en su solicitud para que la orden enmendada dictada por el Juez Sr. Binglaam fuese revisada por el tribunal in bank.

La relación de causa y efecto entre los actos de los aquí apelantes y el daño causado por ellos a través de los tres-cientos otros dueños y conductores es tan manifiesta que no comprendemos cómo pueda sostenerse seriamente que dichos actos no constituyen la causa próxima de los daños causa-dos. Tampoco puede la compañía fiadora evadir su respon-sabilidad por tales daños hasta el montante de la fianza. En dicho documento se consignó no en una, sino en dos ocasio-nes, que la fianza garantizaba el resarcimiento de los daños causados por “Jaime Ortiz, Alejandro Salgado y Juan Gon-zález y otros”. ¿Cómo es posible aceptar, como pretende la compañía fiadora, que la frase “and others” después de los nombres de los apelantes, nada signifique, especialmente cuando en el escrito de apelación y en la declaración jurada sobre la cuantía en controversia — documentos éstos de fecha anterior a la fianza — de manera expresa y terminante se dice que la apelación se establece a nombre y en beneficio, no sólo de los' tres demandados mencionados, si que también de tres-cientas personas que se hallan en iguales condiciones que ellos? Esto no lo ignoraba la compañía fiadora. Ningún fiador suscribe una fianza sin antes cerciorarse de la obliga-ción que va a garantizar, y si contrario á como debió haber actuado, la compañía no examinó los documentos pertinentes, asumió entonces un riesgo de que ella y sólo ella debe responder.

Sostiene la compañía fiadora que admitiendo como' admite la validez y exigibilidad de la fianza, ésta sólo puede exten-derse a las tres personas relacionadas por sus nombres en la misma y a nadie más, y que las palabras “and others” no tienen ni pueden tener efecto legal alguno por la sencilla ra-zón de que la apelación en este pleito, en sns distintas eta-pas, .fué siempre interpuesta como cuestión de derecho por dichos tres demandados. Es verdad que la apelación ante la corte inferior y ante este tribunal fueron interpuestas por dichos tres demandados solamente, pero no es menos cierto que en lasque se instó para ante la Corte de Circuito, los tres demandados, constándoles su falsedad, manifestaron que la apelación se interponía a su nombre y en el de los trescien-tos demandados, induciendo así a la corte a creer que se tra-taba de un pleito de clase, y a base de esas falsas manifes-taciones aquel tribunal decretó el supersedeas previa fianza que prestó la compañía apelante, obligándose ésta, en armo-nía con el escrito de apelación y con la declaración jurada antes mencionada, por los tres demandados “and others”. ¿Quienes son estos otros si no los trescientos individuos que componen la clase supuestamente perjudicada por la orden de la Comisión? El hecho de que esos individuos no tuvie-sen derecho a apelar .por no haber sido partes en el pleito en los tribunales insulares, no releva de responsabilidad a la fiadora, que, siguiendo el escrito de apelación, los incluyó en su fianza; pero independientemente de su responsabilidad directa por esos trescientos individuos, la fiadora es siempre responsable porque no puede perderse de vista que la actua-ción ilegal de dichas personas fué inducida e instigada por las actuaciones de los tres demandados dentro de este pleito. Es cierto que la orden original de supersedeas no menciona expresamente a los trescientos dueños y conductores, ni tenía para qué mencionarlos. De acuerdo con el escrito de apela-ción para ante la Corte de Circuito, dichas personas consti-tuían una clase, eran apelantes y a ellas se refirió dicha or-den al disponer: “Se ordena que los apelantes radiquen en la Corte Suprema de Puerto Rico una fianza, etc.” Los pro-pósitos de la orden de supersedeas quedaban cumplidos or-denando la suspensión de la ejecución de la sentencia mien-tras se tramitaba la apelación, y así se hizo. Filé después, cuando empezó a realizarse el daño que la Corte de Circuito, enterada de la falsa manifestación de los apelantes, aclaró su orden y limitó sus efectos en la forma que conocemos. El caso de Avilés v. Hijos de Rafael Toro, S. en C., et al., 27 D.P.R. 671, invocado por la apelante, no favorece su conten-ción. En lo pertinente al caso que nos ocupa, aquél resolvió que todo lo que esté incluido en la fianza judicial, que la ley no exige, debe considerarse eliminado, y todo lo que en ella no se exprese, que debió haberse consignado en la misma, debe tenerse como incluido en ella. La fianza de supersedeas, de acuerdo con la ley, responde de los daños que se causen al demandado con motivo de la suspensión de la sentencia, y esos daños se obligó a resarcirlos la compañía, no sólo a nombre de los tres individuos, si que de la supuesta clase. Es obvio que estos últimos no tenían derecho a apelar; pero la realidad es que apelaron, que la corte los tuvo por ape-lantes, que la compañía los cubrió en su fianza y que se cau-saron daños a la apelada. Independientemente del derecho de ellos a apelar, la fiadora responde del daño causado.

Pasemos ahora a la segunda cuestión planteada, es decir, a la cuantía de los daños. A este efecto prescribe el artículo 1059 del Código Civil, ed. 1930, que la indemniza-ción de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor. Para probar la apelada la ganancia que dejó de obtener, demostró que durante los catorce días que precedieron al período de igual extensión durante el cual la orden final estuvo totalmente suspendida, transportó un promedio de 79,238 pasajeros diarios, mientras que durante el período de suspensión sólo transportó 66,991, siendo los gastos idénticos en uno y otro período, puesto que trabajaba en ambos el mismo número de guaguas. La ape-lada dejó de transportar, de acuerdo con esa prueba, 12,247 pasajeros diarios durante catorce días, y siendo 5 centavos el precio del pasaje, la ganancia dejada de obtener por la demandada ascendió a $8,572.90. El número de pasajeros transportado durante los catorce días inmediatamente poste-riores al período de suspensión fue mayor que el de este úl-timo período y algo menor que el que precedió a la orden de suspensión. Sostienen los apelantes que a los efectos de calcular los daños debió tomarse en cuenta esta cifra, o sea la representativa del período posterior a la suspensión; pero como muy acertadamente alega la representación de la ape-lada, dicho período no debe tomarse en consideración porque sin duda estaba afectado por la situación anormal creada con motivo de la suspensión total de la orden final.

Arguyen los apelantes que los daños en este caso con-cedidos por el tribunal a quo son inciertos y especulativos. No debe confundirse la existencia de los daños propiamente dichos con la forma de determinar su cuantía. Las acciones por daños personales existen desde los primeros tiempos de la Ley Común y la acción por muerte ilegal existió por pri-mera vez en Inglaterra desde que se aprobó el célebre esta-tuto de Lord Campbell en 1846. Nadie ha sostenido con éxito hasta ahora que los daños reclamados en acciones de esa na-turaleza sean inciertos o especulativos. Sin embargo, ⅞ existe quien pueda determinar con absoluta certeza la indemniza-ción que deba pagarse por la pérdida de una vida o de un miembro importante del cuerpo humano? Lo esencial es que la existencia del daño no sea incierta o especulativa. Pro-bado que el daño existe y que su casa próxima fue la ac-ción u omisión del demandado, no puede decirse que el mismo sea incierto o especulativo, no importando que -la determi-nación de su cuantía sea aproximada, siempre que el cálculo descanse en una base razonable y no sea hijo del capricho o adivinación. Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co. (1931) 282 U. S. 585, 75 L. ed. 544; Palmer v. Connecticut Ry. Co., 311 U. S. 544 (1940); y Eastman Kodak Co. v. Southern Photo Materials Co. (1927) 273 U. S. 359, 71 L. ed. 684, donde se dijo que aquél cuya conducta ilegal ha hecho difícil la determinación exacta de los daños sufridos por el demandante no tiene derecho a quejarse de que tales daños no puedan ser calculados con la misma precisión y exactitud que de otro modo lo hubieran sido. Y en Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co., supra, se cita con aprobación de Gilbert v. Kennedy, 22 Mich. 117:

“Cualquier incertidumbre que pudiera haber en esta manera de calcular los daños, es una incertidumbre causada por el mismo acto ilegal del demandado y la justicia y el orden público requieren de consuno que sea él quien sufra el riesgo de la incertidumbre así causada. ’ ’

Que se causaron daños a la apelada y que su causa pró-xima fué la actuación de los demandados, es cuestión fuera de duda, a nuestro juicio, como tampoco admite dudas la justicia y razonabilidad del método adoptado para la deter-minación de su cuantía, método que está sostenido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Palmer v. Connecticut Ry. Co., supra.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada..

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Enrique Rosado Alvarez, peticionario y apelante, v. Sixto M. Saldaña, Jefe de la Penitenciaría Insular, demandado y apelado.
    Núm. 8579.

    Sometido: Julio 28, 1942.

      Resuelto: Julio 30, 1942.

      Enrique Rosado Alvarez, por su propio derecho; Ron. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En 22 de noviembre de 1932, el apelante fué senten-ciado a diez años de presidio. Terminó de cumplir esta sentencia en 11 de diciembre de 1940. Mientras la cumplía, el apelante en primero de abril de 1937 fué sentenciado a veinte años por otro delito. Esta última sentencia fué de-jada sin efecto en 22 de agosto de 1941 en un recurso de hábeas corpus. En 3 de septiembre de 1941 el apelante fué sentenciado a doce años por el referido segundo delito.

La única cuestión ante nos es si el apelante tiene derecho a que se lo rebaje de la sentencia de doce años que ahora está cumpliendo, el período comprendido entre el primero de abril de 1937 (fecha de la sentencia de veinte años posterior-mente declarada nula en el recurso de hábeas corpus) y el 11 de diciembre de 1940, fecha en que acabó de cumplir su primera sentencia de diez años. La contención del apelante es que durante dicho período, se le tenía preso en lo que se ventilaba el segundo delito contra él, y por tanto tenía de-recho a que se le acreditara este período sobre la sentencia de doce años dictada en 3 de septiembre de 1941.

El juez de distrito resolvió correctamente esta contención de la siguiente manera:

“En cuanto al resto ele la petición, debe declararse sin lugar por cuanto resulta en el último análisis de la prueba que el tiempo que alega el peticionario debe abonársele como preventiva de su senten-cia de asesinato, o sea el tiempo comprendido desde el 1ro. de abril de- 1937 hasta el 11 de diciembre de 1940, no estuvo el peticionario preventivamente en presidio en espera de la sentencia de septiembre 3 de 1941; estuvo en presidio cumpliendo otra sentencia. Si se hu-biese tratado de una prisión preventiva hubiese estado en la cárcel. No tiene derecho, por lo tanto, de acuerdo con la Ley relativa al abono de la preventiva, a que se le abone a la sentencia de 3 de septiembre de 1941 el período comprendido desde el 1ro. de abril de 1937 hasta diciembre 11 de 1940. Sí tiene derecho, desde luego, a la preventiva desde diciembre 11 de 1940 hasta septiembre 3 de 1941, y ésa le ha sido concedida.”

Además, como indica el fiscal de esta corte, la única sentencia válida en cuanto al segundo delito fue dictada el 3 de septiembre de 1941. En su consecuencia no está envuelta en este caso cuestión alguna en cuanto al cumplimiento de dos sentencias concurrentes, toda vez que el cumplimiento de la primera sentencia se extinguió en 11 de diciembre de 1940, con anterioridad al 3 de septiembre de 1941, fecha en que se dictó la sentencia de doce años en el segundo delito. (Véase Dones v. Saldaña, 60 D.P.R. 181.)

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alejandro Ramírez González, acusado y apelante.
    Núm. 9081.

    Sometido: Julio 15, 1942.

      Resuelto: Julio 31, 1942.

      Felipe Colón Días, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes. Alejandro (Ramírez González fué denun-ciado ante la Corte Municipal de Ponce por el cabo Rosario de la Policía Insular, de haber acometido y agredido a Moreno Martínez con una escopeta, en la playa de Ponce, el 27 de noviembre de 1937, con intención de causarle daño en su persona, infiriéndole varias heridas.

La causa fué en apelación a la corte de distrito y cele-brado el nuevo juicio que ordena la ley, Ramírez fué decla-rado culpable imponiéndosele cien dólares de multa y en de-fecto de pago un día de cárcel por cada dólar dejado de sa-tisfacer. Apeló para ante esta Corte Suprema y el único error que señala es el que se dice cometido por la corte de distrito al apreciar la evidencia como demostrativa de la cul-pabilidad del acusado.

De modo terminante declaró Moreno que en el sitio y en la fecha fijados en la denuncia, yendo con unos mucha-chos en busca de unas hojas para su mamá que estaba en-ferma, el acusado le dijo, “Yen acá, Grande, que te estoy buscando a ti.” Explica que lo llaman “Grande,” y conti-nuó: “Entonces yo me iba de allí; cuando me apuntó con la escopeta, yo creía que no me iba a hacer nada, me tiró, me tiré en una zanja y me escondí.” Indica donde fué herido con los perdigones de la escopeta. Dijo que andaba con Pedro Rosado, Domingo Ruiz y Tomás Ramírez, a quienes desde un principio puso como testigos, pero que la policía no llamó. Niega que estuviera comiendo caña ni que tuviera cuchillo alguno en la- mano. Sus acompañantes corrieron cuando el disparo.

Frente a esa declaración están las del acusado y el tes-tigo Baldomero Soler. Dijo el primero que era celador de la hacienda Reparada y que portaba una escopeta en defensa de la propiedad y su persona; que Moreno estaba acompa-ñado de cuatro más, cada uno con su cuchillo; que los vio salir de una pieza de caña y les dijo que se fueran de allí y se negaron, y al amenazarlos con llevarlos a la hacienda, se le armaron y él entró a cejar y Moreno se le fué encima con el cuchillo a cortarlo y tuvo que hacer uso de su escopeta. El testigo Soler, que trabajaba en la pieza de cañas, tiende a corroborar lo dicho por el acusado.

La corte resolvió el conflicto en contra del apelante y éste se esfuerza en su alegato en demostrar que su resolución fué errónea. Invona los artículos 520 y 524 del Código de En-juiciamiento Civil, en el sentido de que no debió darse cré-dito a la declaración del perjudicado porque se demostró en el juicio que había faltado a la verdad declarando en él que el hecho no había ocurrido en la pieza de caña, cuando había manifestado a la policía que sí.

Examinadas las declaraciones del sargento Rosario y del policía Arce encontramos que la llamada contradicción puede explicarse sin que sufra el crédito del testigo. En el juicio el perjudicado declaró directamente. Lo que el sargento y el policía declararon es lo que dijeron que les dijo el perju-dicado cuando se practicó la investigación preliminar. Y lo manifestado finalmente por el sargento explica satisfactoria-mente lo ocurrido, a saber: que el perjudicado admitió “que estaba en la pieza de caña. Él nunca negó que había ido allí a buscar unas hojas para una medicina para la mamá.” Y ello armoniza con la totalidad del testimonio del perjudicado ante el juez sentenciador.

Por el contrario, lo que no se explica es que, como de-claró el policía Arce que fué el que primero se comunicó con el acusado, nada le manifestara éste acerca de que Moreno se le fuera encima con un cuchillo, diciéndole únicamente que era celador de la colonia Reparada y los muchachos habían insultado a su esposa, que estaba por la finca, agregando que esos muchachos acostumbraban meterse allí para comer caña.

No se ha demostrado pasión, prejuicio o parcialidad por parte del tribunal sentenciador ni error manifiesto al dirimir el conflicto de la prueba dejando de dar crédito a la teoría de la defensa propia en relación con la de la propiedad pre-sentada últimamente por el acusado.

Y si éste no fué atacado, el hecho de que el perjudi-cado y sus amigos estuvieran en los terrenos que custodiaba aun cuando los encontrara comiendo cañas, no lo justificaba para disparar su escopeta y herir a uno de ellos.

La condena de cien dólares de multa cuando pudo im-ponerle mil o dos años de cárcel o ambas penas a la vez, re-vela que el juez sentenciador apreció cualquier circunstancia que pudiera concurrir en favor del acusado, no llegando nunca a la absolución porque ello hubiera constituido una injusticia dado el juicio que formó sobre la verdad de lo ocu-rrido.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencia.


text:
    Ludovino Acosta, en su carácter de padre con patria potestad sobre su menor hija Radegunda Acosta, demandante y apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelante.
    Núm. 8416.

    Sometido: Junio 24, 1942.

      Resuelto: Julio 31, 1942.

      (Brown, González & Newsom y E. Córdova Díaz, abogados de la ape-lante ; E. Acosta Domeneck, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito de daños y perjuicios fallado en favor del demandante. En la demanda se reclamaron quince mil dólares. La sentencia concedió dos mil.

Se alegó que el 19 de julio de 1938, a las 7:50 p. m., en la parada 17 de la avenida Ponce de León, en Santúrce, un carro eléctrico de la demandada, conducido de manera negli-gente y descuidada, arrolló a la niña Eadegunda Acosta, lan-zándola entre los rieles de la vía y causándole la fractura de la pierna derecha, fuertes contusiones en ambas caderas, contusiones en el pecho y en la espalda y una herida pro-fusa en la región parietal izquierda.

La causa del accidente se expuso en el hecho cuarto de la demanda como sigue: “Que el accidente se debió única y exclusivamente a la negligencia, temeridad y falta de cui-dado del conductor, quien manejaba dicho carro eléctrico a velocidad excesiva mientras bajaba por una pendiente, sin' tocar aparato alguno que -anunciara su proximidad y sin to-mar precauciones para garantizar la seguridad de las per-sonas que cruzaban y pasaban por dicho sitio. ’ ’

En sn contestación la demandada admitió la ocnrreneia del accidente, pero'negó que se debiera a la negligencia de sn empleado, en los siguientes términos: “Niega esta de-mandada qne el accidente mencionado se debiese única o ex-clusivamente, o en forma otra alguna, a negligencia, teme-ridad o. falta de cuidado alguna del conductor que manejaba el carro eléctrico mencionado, y niega además específicamente esta demandada que dicbo conductor manejase dicbo carro eléctrico a velocidad excesiva, sin tocar aparato alguno que anunciase su proximidad, o sin tomar precauciones para ga-rantizar la seguridad de las personas que cruzasen o pasa-, sen por dicbo sitio; aunque admite esta demandada que antes de ocurrir dicho accidente el tranvía bajaba por una pen-diente ; alegando, sin embargo, esta demandada que era una pendiente muy pequeña, y alegando además que antes de ocurrir dicbo accidente el tranvía de la demandada era con-ducido a una velocidad moderada, dándose aviso de su pro-ximidad mediante el toque de campana y por el ruido de, su movimiento y tomando su motorista o conductor todas las precauciones necesarias e indicadas.”

Como defensas especiales alegó que no medió culpa o ne-gligencia por su parte, que el accidente se debió únicamente a la culpa y negligencia de Badegunda Acosta, y que en el supuesto de que pudiera imputársele negligencia, también medió negligencia contributoria de parte de Badegunda.

Celebrado el juicio, se dictó sentencia declarando la de-manda con lugar con la limitación indicada. Explicando su criterio, el juez sentenciador, en su relación del caso y opi-nión, se expresó así:

“La vista del juicio fué celebrada el día 27 de noviembre de 1939, con asistencia de ambas partes y sus respectivos abogados, prac-ticándose prueba oral y documental.
“De esa prueba y de las admisiones contenidas en ]a contestación de la demandada, resultó probado a satisfacción de la corte que el día 19 de julio de 1938, de 7:30 a 7:45 de la noche, en los mo-mentos en que el tránsito de vehículos estaba detenido en la avenida Ponee de León, parada 17, Santurce, el carro eléctrico de la de-mandada estaba detenido en dicha parada y que la demandante, apro-vechando esa oportunidad, cruzó la carretera, y al tratar de cruzar las vías de la demandada, dicho carro eléctrico había emprendido la marcha, el motorista, sin darse cuenta que la demandante cruzaba las vías, siguió desarrollando el carro eléctrico sin mirar lo que pa-saba al frente hasta desarrollar cinco puntos, que hacen una velo-cidad de 20 a 25 kilómetros por hora, y que al venir en contacto con la demandante, la lanzó y atrapó bajo las ruedas del carro y la arrastró algunos pies sobre la vía, causándole los daños referidos.
“La prueba de la demandada tendió a demostrar que el accidente se debió exclusivamente a la negligencia de la demandante; que la demandante cruzó violentamente la carretera Ponee de León y subió las vías de la demandada sin fijarse en la proximidad del carro eléctrico que se acercaba.
“Tanto la prueba de la demandante como la de la demandada están contestes en que en el- sitio donde ocurrió el accidente hay un paso o puentecillo de concreto por donde el público cruza de la avenida Ponee de León a la acera contigua a las vías de la deman-dada (véanse exhibits 1, 2, 3, 4, 5 y 6) ; que estas vías corren para-lelas a la carretera o avenida Ponee de León, y que el-tránsito de peatones por este sitio es continuo.
“Existe un mareado conflicto en cuanto a las precauciones to-madas por el motorista del carro eléctrico de la demandada. Los testigos de la demandante declararon que el motorista no venía mi-rando hacia el frente ni tocaba campana, y ello lo demuestra la forma en que ocurrió el accidente. La declaración de la Dra. Mar-colina Fernández, corroborada por su hermana Ricarda Martínez, pasajeras en el carro eléctrico y testigos de la demandada, lo describe así: ‘Sentí un campanazo fuerte, y entonces vi la aglomera-ción de gente.’ Ello indica que fué en ese preciso momento que el motorista se dió cuenta de lo que sucedía ante él.
“El sitio del accidente es muy concurrido, inmediatamente al teatro Martí, situado entre las paradas 16 y 17 de Santurce. El su-ceso ocurrió de 7:30 a 8:00 de la noche, hora en que gran parte del público que asiste a los espectáculos en dicho teatro tiene nece-sariamente que cruzar la vía, y por lo tanto, era ineludible el deber del motorista de usar el mayor grado de diligencia para proteger la seguridad de las personas que necesariamente cruzan de un lado para otro, pasando por sobre la vía de la demandada.
“No sería irrazonable asumir que si el motorista hubiera venido mirando hacia adelante hubiera tenido oportunidad de ver a la de-.mandante momentos antes del suceso y evitar el suceso. La prueba demuestra que el carro le dió con el lado izquierdo, según la direc-ción en que iba, esto es, de Santurce Hacia San Juan.
“Y la corte abora, resolviendo en conjunto el conflicto de la prueba, y tomando en consideración la forma en que declararon los testigos de ambas partes, da entero crédito al testimonio de la de-mandante y de sus testigos, y de acuerdo con lo probado, estima que éste es un caso de negligencia por parte del motorista, y llega a la conclusión de que este accidente se debió a su falta de cuidado, y que la demandante no es responsable de descuido o imprudencia al-guna, siendo por lo tanto la Porto Rico Railway, Light & Power Co. responsable de los daños y perjuicios sufridos y ocasionados a la demandante I^adegunda Acosta como consecuencia del accidente.
“La demandante sufrió la fractura de la pierna derecha más abajo de la rodilla, con motivo de lo cual fué sometida a dos ope-raciones quirúrgicas en el Plospital Presbiteriano de San Juan, donde tuvo que ser recluida por espacio de cinco meses. Además de la fractura, recibió una herida en forma de herradura en la región parietal izquierdaj y golpes en distintas partes del cuerpo. Apre-ciando en conjunto los daños sufridos, los sufrimientos morales y los dolores físicos, la corte crece que una indemnización de $2,000 es razonable para la demandante.”

La demandada apeló. Señala cuatro errores, el primero cometido a su juicio por la corte al admitir la prueba sobre el hecho no alegado en la demanda de que el conductor del tranvía no miraba hacia adelante, el segundo al resolver que el hecho de que el conductor viniera mirando hacia atrás fué la causa próxima del accidente, el tercero al declarar pro-bado que el conductor no miraba hacia adelante y el cuarto al condenar a la demandada a pagar dos mil dólares de in-demnización.

El primero no fué cometido. Conocemos cómo se alegó la negligencia. Es cierto que se imputaron los actos específicos de velocidad excesiva y falta de aviso de aproxi-mación, pero seguidamente se agregó que el motorista guió el tranvía sin tomar precauciones para garantizar la seguri-dad de las personas que cruzaban y pasaban. Y de ser cierto que al poner en marcha de nuevo el carro en vez de mirar hacia adelante lo hizo hacia atrás, difícilmente pnede conce-birse nna falta mayor de precanción por parte del motorista y por consiguiente de la demandada.

“La prueba y el derecho a recobrar deben limitarse a la negli-gencia alegada, aunque las alegaciones a este respecto no sean es-pecíficas necesariamente. Si en vez de hacer meramente una ale-gación general permisible, el demandante expone en detalle los actos específicos de negligencia, sus derechos quedan limitados de confor-midad. Así, si en vez de alegar en general un descarrilamiento ne-gligente, expone los motivos específicos del descarrilamiento, él no puede descansar en otros motivos. Pero el demandante no está limi-tado a un alegado acto específico de negligencia cuando los otros hechos en conjunto alegados por él demuestran negligencia indepen-dientemente de dicho acto específico. Y si alega conjuntamente ne-gligencia general y específica, fundando su reclamación en ambas, no está limitado a l'a alegación específica, como cuando alega negli-gencia tanto en el manejo de un tranvía como en la condición de-fectuosa e insegura del combinador (controller). ...”
2 Bancroft’s Code Pleading 1777, sección 1140.

Para resolver si los errores segundo y tercero fue-ron o no cometidos, hemos examinado toda la larga y con-fusa evidencia que ambas partes practicaron. Quizá el ac-cidente ocurrió como dicen los testigos de la demandada. Pero la corte que los vió y oyó declarar no les dió crédito y puso por el contrario su confianza en los del demandante.

La argumentación del apelante impresiona en su favor mas no hasta el punto de dejar convencido al juzgador en apelación de que el juzgador en primera instancia erró de modo manifiesto o actuó con pasión, prejuicio o parcialidad. No cabe en su consecuencia la revocación. Creída la prueba del demandante, hay base en ella para sostener las conclu-siones de la corte de distrito y no es del todo imposible que el accidente ocurriera en la forma expuesta en dichas con-clusiones.

El cuarto y último de los errores señalados no se ar-gumenta separadamente en el alegato del apelante. No en-contramos razón de peso para rebajar la indemnización con-cedida. Las heridas fueron serias y largo su tratamiento. Los sufrimientos físicos debieron ser intensos. Y no resul-taría excesiva la compensación aunque la paciente pudiera sanar por completo como aseguró el perito médico de la de-mandada.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez PresideNTe Señor Del Toro

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada, y José Rafael Rosario, Obrero.
    Núm. 248.

    Sometido: Julio 15, 1942.

      Resuelto: Julio 31, 1942.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, G. Atiles Moréu, Angel de Jesús Matos y J. Correa Suárez, abogados los tres últimos del Fondo del Estado, abogados de la demandada; Ortiz Toro & Ortiz Toro y

      Eli Beléndeg G.arcía, abogados de los presuntos beneficiarios del obrero fallecido, peticionarios ante el Fondo del Estado.
   El Juez PresideNTe Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de revisión interpuesto por el Admi-nistrador ‘del Fondo del Seguro del Estado contra la deci-sión de la Comisión Industrial en el caso del obrero José Rafael Rosario.

Practicada la investigación de ley, el Administrador el 30 de diciembre de 1941 resolvió el caso como sigue:

'‘El obrero José Rafael Rosario sufrió un accidente que ocurrió de la siguiente manera: el obrero trabajaba para la Arundel Corporation la nocbe del día 10 de enero, siendo aproximadamente las 32:00 p. m. Venía de su trabajo en el estribo del carro que con-ducía el continental Sr. Smith. Otros trabajadores de la misma corporación venían en un truck. Era costumbre del patrono con-ducir a los obreros del trabajo a esas horas de la noche hasta un sitio conveniente para que los mismos regresaran a sus casas. El obrero José Rafael Rosario abandonó el estribo del carro en que venía y mientras abordaba el truck en que iban los otros obreros, el cual había ya emprendido la marcha, resbaló cayéndose al suelo, y dando motivo a que las ruedas traseras del truck le pasaran por en-' cima. Con motivo de este accidente el obrero falleció el 14 de enero de 1941. Certificó su muerte el Dr. M. A. Godinez como ocurrida a ' consecuencia de la ‘fractura de la base del cráneo complicada con meningitis supurada. ’
“De un detenido estudio de la prueba testifical que obra en el expediente, surge el hecho evidente de que la muerte de este obrero ocurrió como consecuencia de haber asumido un riesgo adicional a los inherentes a su trabajo al intentar abordar el truck una vez éste había iniciado su marcha. En tales circunstancias debe llegarse a la conclusión de que este caso no está comprendido dentro de los amparados por la vigente Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y así lo resuelve el Administrador.”

No conformes Demetrio Rosario Díaz y su esposa María Lugo, padres del obrero fallecido, apelaron para ante la Co-misión Industrial, a la que se sometió el caso mediante la siguiente estipulación:

“Comparecen ante esa Hon. Comisión los abogados que suscriben, Jorge Ortiz Toro y Eli Beléndez García en representación del bufete de Ortiz Toro y Ortiz Toro, y Guillermo Atiles Moréu en repre-sentación del Fondo del .Estado, y respetuosamente someten la si-guiente estipulación:
“1. Que los Ledos. Ortiz Toro y Beléndez a los fines exclusiva-mente de plantear una cuestión de derecho aceptan como cierta la conclusión a que ba llegado la Administración del Fondo del Estado en el sentido de que el obrero occiso José Rafael Rosario intentó abordar el truck cuando éste se encontraba en marcha.
“2. Que aceptan este hecho . . a los fines de evitar innecesario consumo de tiempo en celebrar una vista pública y por creer que el derecho a compensación que corresponde a los. peticionarios es in-dependiente de cualquier riesgo que hubiera asumido el obrero.
“3. Que los abogados de ambas partes han convenido en someter este caso a la resolución de esta Hon. Comisión, y aceptar a los efectos de determinar previamente la cuestión legal consabida que el obrero interfecto abordó el camión mientras iniciaba su marcha, en-tendiéndose que si esta Comisión llegase a la conclusión de que tal estado de hecho como cuestión de derecho impide el derecho a una indemnización, que se fije una vista subsiguiente para que los pe-ticionarios puedan presentar su prueba demostrativa de que el obrero abordó el vehículo mientras estaba parado.”

La Comisión el 1 de junio de 1942 resolvió “que-el obrero José Rafael Rosario perdió la vida por un accidente que le provino de un acto o función inherente a su trabajo, le ocu-rrió en el curso de éste y como consecuencia del mismo, por lo que es compensable de acuerdo con el artículo 2 de la Ley núm.. 45 de abril 18 de 1935.”

Pedida reconsideración, fue negada, recurriendo el Admi-nistrador en revisión para ante este tribunal. Señala tres errores como cometidos por la Comisión 'al resolver que el accidente ocurrido al obrero después de abandonar el medio provístole por el patrono para salir del lugar del trabajo, ocurrió en el curso y con motivo de su empleo; al resolver que el abordar el truck en marcha, en la calle, fuera de los “premises,” no constituía un riesgo adicional, y al resolver que la adición por el obrero de un riesgo no contemplado por, el contrato de trabajo no lo coloca fuera del curso del empleo.

Expedido el auto, ambas partes fueron oídas el quince de este mes. La situación como puede verse, si bien tiene pun-tos de contacto, es en realidad distinta a la que presentaba el caso de Guillot v. Comisión, resuelto el ocho de julio en curso (ante, pág. 674).

Aquí como allí el accidente ocurrió fuera de los “premises” del patrono al regresar de su trabajo el obrero, pero aquí el patrono proporcionaba al obrero medios de trans-portación y fue al tratar de usarlos que encontró la muerte el obrero, mientras que en el caso de Guillot el obrero regre-saba por su propia cuenta y al salir a la carretera pública quedó en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos que por ella transitaban.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, dice Corpus Juris:

“Cuando el empleado sufre lesiones mientras va o viene de su empleo en un vehículo proporcionado por el patrono, ‘la responsa-bilidad del patrono . . . depende de si el vehículo es proporcionado por él, después del verdadero comienzo del empleo, de conformidad con uno de los términos tácitos o expresos del contrato de empleo, para el uso exclusivo de los empleados, y es uno que los empleados están obligados, o como cuestión de derecho les está permitido, a usar por virtud de ese contrato.’ De conformidad se sostiene que son compensables lesiones sufridas por un empleado mientras es con-ducido a o de su trabajo en un vehículo proporcionado por el patrono de acuerdo con un término expreso o tácito del contrato de em-pleo, ...” 71 C. J. 722, sección 446.

Se admite por el Administrador recurrente que si el ac-cidente hubiera ocurrido dentro de los “premises” del pa-trono, irrespectivamente de si el obrero había sido o no ne-gligente, sería compensable, pero se sostiene que habiendo sucedido fuera, no lo es.

No cabe la distinción, dadas las circunstancias que en el caso concurren. La teoría de la asunción de un riesgo adi-cional no está bien fundada, a nuestro juicio. Aunque no está distintamente dicho en la declaración de hechos proba-dos del Administrador, aceptada por la estipulación, puede deducirse que el obrero tomó el anto del señor Smith en el mismo sitio de su trabajo, con el fin de alcanzar el truck del patrono, siendo por lo tanto de poca trascendencia qne abor-dara el truck fuera de dicho sitio. En casos de esta na-turaleza debe hacerse todo lo que sea posible para que los fines de la ley se cumplan, aplicando sus preceptos con libe-ralidad. Aceptando que el caso puede calificarse de dudoso, creemos que la duda debe resolverse en favor de la compen-sación, ya que el riesgo de accidentes ocurridos durante el transporte fué uno tomado en consideración. Véase Cardona v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 847.

Debe declararse no haber lugar a revocar las resoluciones recurridas, devolviéndose a la Comisión el expediente por ella remitido.