text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alejandro Lebrón (a) Tito, acusado y apelante.
    Núm. 9316.

    Sometido: Enero 26, 1943.

      Resuelto: Marzo 29, 1943.

      F. Gffl'cía Qioiñones, abogado del apelante; R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto de los delitos de asesinato en segundo grado y portar armas prohibidas y sentenciado a cumplir diez años de presidio y tres meses de cárcel, respec-tivamente. No negó baber dado muerte al interfecto; pero alegó haberlo hecho en defensa propia. La naturaleza de los errores que a la corte inferior imputa el apelante, requiere que para la mejor inteligencia de la discusión hagamos un resumen de la prueba de una y otra parte así como una re-lación de los procedimientos que tuvieron lugar desde que el acusado fué convicto de ambos delitos el 17 de enero de 1941 hasta que se le impuso la pena el 3 de octubre de 1941 en el caso felony y el 10 del mismo mes en el misdemeanor.

La teoría del fiscal puede resumirse así: Allá por el 5 de octubre de 1940, el acusado, el interfecto, un tal Williams y otros, se hallaban en un patio de una casa de la calle Cerra, de Santurce, jugando un juego de naipes denominado “treinta y una”. Williams se dispuso a retirarse y como el interfecto le debía 12 centavos con motivo del juego, solicitó de éste que se los pagara antes de marcharse. El interfecto, ale-gando no tener dinero, indicó al acusado que pagase a Williams los 12 centavos que el acusado adeudaba al interfecto por idéntico concepto. Esta indicación del interfecto dió mo-tivo a ciertas palabras entre él y el acusado, quien se puso de pie e hizo ademán de sacar un arma para atacar al inter-fecto. En vista de la actitud del acusado, el interfecto, ar-mado de una silla, agredió con ella por la cabeza al acusado, produciéndole una herida en el cráneo y derribándolo como resultado de la agresión. Intervinieron las personas allí presentes para evitar que continuara la riña y una de ellas, Lorenzo Vélez, lavó la Lérida del acusado y lo condujo a casa de éste. El interfecto también se marchó a la snya, en la misma calle Cerra, cerca de la del acnsado. Lnego que el interfecto hubo comido en su casa y cambiádose de ro-pas, fué a visitar a su novia que también vivía en la calle Cerra, cerca del interfecto y del acusado. Mientras esto ocurría el acusado salió de su casa armado de un cuchillo y entró en el cafetín de Ramón Avilés, también en la calle Cerra, muy cerca de la casa de la novia del interfecto. Des-pués de comprar allí cigarrillos, se situó en la puerta del es-tablecimiento y al notar que el interfecto se hallaba junto a a verja de la casa de su novia hablando con ésta, lo llamó. Correspondió él a la llamada y se dirigió hacia el acusado, quien sin mediar palabras lo atacó con el cuchillo que por-taba, cayendo inmediatamente el interfecto, para morir po-cas horas después a consecuencias de la herida recibida.

. La teoría de la defensa, en síntesis, es la siguiente: El día de autos el acusado se hallaba comiendo en su casa. El interfecto, a quien el acusado debía 12 centavos que aquél le había prestado anteriormente, fué por el patio del acusado y lo llamó. El acusado fué donde el interfecto y éste le pidió que le pagase los 12 centavos que le debía, pero como el acu-sado no tenía a la sazón menudo, le mostró un billete de un dólar y le indicó que esperase a que lo cambiase. Volvió la espalda el acusado y el interfecto en ese momento cogió una silla y le infirió con ella dos golpes en el cráneo, cayendo he-rido el acusado. Le lavaron la herida en su casa y como brotaba mucha sangre, decidió ir a curarse al Cuarto de So-corros en la parada 17. En esos momentos ya el .acusado tenía conocimiento de que el interfecto había manifestado su propósito de quitarle la vida. Mientras se dirigía al Cuarto de Socorros, entró al cafetín de Ramón Avilés, compró ciga-rrillos y le dió uno a un amigo que encontró allí, a quien le relató lo que le había sucedido con el interfecto. El amigo se brindó para acompañarlo al Cuarto de Socorros, pero el acusado-lo rehusó. No había dado dos pasos fuera del cafe-tín cuando se encontró con el interfecto que estaba parado por allí. Inmediatamente el interfecto le tiró un puntapié y el acusado echó hacia atrás, pero al ver que el interfecto sacó del seno un arma y le acometió varias veces con ella, el acusado, creyendo que el interfecto lo iba a matar, lo atacó una sola vez con un cuchillo que traía de su casa, producién-dole la herida fatal.

Desde que se inició el juicio por asesinato hasta que el jurado rindió el veredicto el 17 de enero de 1941, presidió el tribunal el entonces juez, de la corte inferior Hon. R. H. Todd, Jr. Al mismo tiempo, por estipulación de las partes, el caso de portar armas fué sometido al mismo juez por la evidencia que habría de someterse en el de asesinato. El Juez Sr. Todd recibió el veredicto y declaró aL acusado con-victo del delito de asesinato en segundo grado. Al mismo tiempo, por el mérito de la prueba presentada en el caso de asesinato, declaró al acusado culpable del delito de portar armas prohibidas. En ambos casos la imposición de la pena fué señalada para el día 24 de enero de 1941, ya que el acu-sado solicitó que se pospusiese hasta entonces la correspon-diente al de portar armas.

Antes de la fecha señalada para la imposición de la pena en ambos casos, el acusado solicitó y obtuvo permiso para presentar una moción de nuevo juicio. Esta circunstancia dejó sin efecto el señalamiento que se había hecho para el 24 de enero en el caso de asesinato y como el de portar ar-mas había sido sometido por la misma prueba, sin duda es-timó el juez que en este último era conveniente dejar pen-diente la imposición de la pena hasta que se resolviese la moción de nuevo juicio en el caso de asesinato. Pero el Juez Sr. Todd fué nombrado Juez Asociado de este Tribunal el 20 de febrero y al siguiente día tomó posesión de su cargo, y por consiguiente no pudo imponer las sentencias en los re-feridos casos. El día 3 de octubre de 1941. otro de los jue-oes de la corte inferior, el Hon. Marcelino Bomany, dictó nna resolución por la que declaró sin lugar la moción de nuevo juicio en el caso de asesinato e inmediatamente impuso al acusado la pena de diez años de presidio por dicto delito. En cuanto al de portar armas prohibidas, creyendo errónea-mente el Juez Bomany que el Juez Todd no había hecho pro-nunciamiento alguno, de su propia iniciativa ordenó que se celebrase un nuevo juicio, para lo cual señaló el 10 de oc-tubre de 1941, ante otro juez de la misma corte que para aquella fecha entendía de los casos misdemeanors. En dicho día, enterado por la minuta del 17 de enero de 1941 que el Juez Todd había declarado al acusado culpable del delito de portar armas prohibidas y que sólo estaba pendiente de la imposición de la pena, dejó sin efecto la orden concediendo el nuevo juicio y estando presentes el acusado y su abogado, sentenció al acusado a la pena de tres meses de cárcel, sin costas.

Sostiene el apelante que no habiéndose celebrado el juicio por asesinato ante el Juez Bomany, carecía éste de jurisdicción para la imposición de la pena. Ninguna autori-dad cita en apoyo de su proposición. Ya hemos expuesto las razones que impidieron al Juez Todd imponer la pena en ambos casos.

Es la mejor práctica que el juez que empieza un juicio y oye la prueba dicte la sentencia correspondiente, pero dada la situación extraordinaria que se creó con el nuevo nombra-miento del juez que conoció del caso y no causándose per-juicio alguno al acusado al ser sentenciado por un juez de la misma corte ante quien no se celebró el juicio, la actua-ción de dicho juez al imponer la pena en uno y otro caso es perfectamente .válida.

En la obra American Law Reports, tomo 114, pág. 435, se encuentra una extensa monografía en la que se hace un cuidadoso estudio de la materia y se clasifican y analizan un considerable número de casos tanto federales como estatales. Todos están de acuerdo en qne si bien es nna práctica qne no debe alentarse, sin embargo cnando concnrren como en este caso circnnstancias extraordinarias .qne impiden al juez qne empezó el juicio dictar la sentencia, si el dictarla otro jnez no cansa perjuicio al acusado, la sentencia es válida.

Qne en el caso de asesinato no pudo perjudicarse al acu-sado lo evidencia el becbo de qne la pena que le fué impuesta es la mínima qne para dicho delito señala la ley. El Jnez Todd bajo ninguna circunstancia podía imponerle nna pena menor de la de diez años de presidio. No queremos decir con esto qne para qne se entienda que no bubo perjuicio al acusado el jnez que sustituye a otro venga obligado en todo caso a imponer el mínimo de la pena. Es su deber exami-nar toda la prueba para ponerse en condiciones de ejercitar su discreción en la imposición del castigo. En el caso de portar armas prohibidas el jnez sentenciador no le impuso el mínimo de la pena; pero su resolución denegando la mo-ción de nuevo juicio en el de asesinato, revela el cuidadoso estudio que hizo de la prueba antes de imponer la pena en uno y otro caso.

Se queja el apelante de que la sentencia dictada el 10 de octubre de 1941 en el caso de portar armas prohibidas lo fué después que el propio Juez Eomany había ordenado un nuevo juicio y que por esta razón no es válida. Ya he-mos explicado antes el error que sufrió el Juez Eomany ai ordenar la celebración de un nuevo juicio bajo la impresión de que el Juez Todd no había declarado al acusado culpable de dicho delito. Descubierto el error, actuó dentro de las facultades que a todo juez concede el artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil para corregir sus órdenes y providencias de manera de ajustarlas a la verdad y a la justicia. Según alega el apelante, al llamarse el caso el 3 de octubre de 1941, el cusado alegó que el Juez Eomany no tenía jurisdicción para dictar sentencia por no haber sido el juez ante quien se celebró el juicio, y el día 10 de octubre siguiente, al volverse a llamar el caso para la imposición de la pena, alegó también falta de jurisdicción por baber transcurrido con exceso, según el apelante, el término legal para dictarla. Ya hemos dicho que dadas las circunstancias extraordinarias que concurrieron en este caso, no existió razón legal alguna que impidiese al Juez Romany dictar sentencia por el hecho de no haberse celebrado el juicio ante él. En cuanto al su-puesto término legal para dictarla, parece que el apelante cree ser de aplicación a este caso el párrafo 5 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal que fija un tér-mino de dos días dentro del cual la corte de distrito deberá dictar sentencia en los casos criminales apelados ante ellas. El caso de portar armas se originó, de acuerdo con la ley, en la propia Corte de Distrito y por consiguiente no es de apli-cación el citado precepto legal.

Llama la atención en estos dos casos el hecho de haber transcurrido unos ocho meses desde que el acusado fué convicto el 17 de enero de 1941 hasta que fué sentenciado el 3 de octubre de 1941 en el caso felony y el 10 del mismo mes en el de portar armas. No encontramos nada en el récord que justifique esa dilación, aparte de la moción de nuevo juicio presentada en el caso felony; pero sea como fuere, no consta de los autos que en momento alguno el acusado hubiere, antes de dichas fechas, insistido en que se impusiese la pena correspondiente. Siendo ello así, su derecho a que las sentencias fuesen dictadas dentro de un plazo razonable, debe entenderse renunciado, y la corte conservó su jurisdicción para dictarlas no obstante haber transcurrido un término mayor que el razonable. Zerbst v. Nahas (1933) 67 Fed. (2d) 742. Al mismo efecto, véase Miller v. Aderhold, 288 U. S. 206, 77 L. ed. 702.

Resueltas ya las cuestiones jurisdiccionales suscitadas por la defensa, pasemos ahora a considerar los errores que se imputan a la corte sentenciadora en relación con las siguientes instrucciones:

“1. Para reducir el delito de asesinato al de homicidio debe me-diar una provocación suficiente para producir una pasión irresistible en una persona de ordinario dominio sobre sí misma. La provoca-ción que la ley estima suficiente para reducir el delito' de asesinato a homicidio debe ser notable y es necesario, además, que esa provo-cación haya producido en el matador un arrebato de cólera y que única y exclusivamente por ese arrebato de cólera es que el acusado ha dado muerte a la persona que se dice haber sido matada. Si esa provocación no ha producido un arrebato de cólera y se da muerte por algún otro motivo que no haya sido esa provocación, entonces existe la malicia.
“2. Debo decirles, ampliando esta cuestión un poco, aunque no se ha entrado en el análisis de la prueba, de que para determinar si este acusado actuó o no en defensa propia al herir a Tomás López, ustedes deben resolver si él actuó en defensa propia de acuerdo con los he-chos que ocurrieron en el momento en que él infirió la herida a Tomás López. La prueba ha tendido a demostrar que hubo un incidente entre Tomás López y el acusado bien en el patio de la casa, según dicen los testigos de la defensa, o en una jugada, según dicen los testigos de cargo, con motivo de unas palabras por el cobro de doce centavos y que Tomás López le dió con una silla al acusado y lo tumbó a] suelo y lo recogieron y se lo llevaron y después que estuvo en su casa, que estuvo en un cafetín y al salir del cafetín fué que se encontró con Tomás López de nuevo. Estos primeros hechos no pueden servir de base para determinar si el acusado actuó en defensa propia. El acusado dice que en el segundo encuentro Tomás López sacó un cuchillo y le dió unas patadas y que entonces en defensa propia él sacó el cuchillo y le dió. Es en cuanto a este segundo en-cuentro que tienen que determinar si el acusado actuó o no en de-fensa propia. En otras palabras, ninguna persona, ni este acusado, por el hecho' de que le den ahora un silletazo o lo que sea puede dejar pasar ese momento y después un cuarto de hora, media hora, o una hora después sale y ataca al que lo agredió, y decir entonces que actuó en defensa propia porque le dió el silletazo. Si el acusado le hubiera dado la puñalada cuando el silletazo, entonces podría deter-minarse si actuó o no en defensa propia. La teoría del acusado fué que él actuó en defensa propia en el segundo encuentro y lo dicen ■sus testigos porque Tomás López volvió después de haberle dicho a uno de los testigos de que si encontraba a Tito lo iba a matar y que el acusado al verse agredido de nuevo fué que sacó el arma y lo mató.
“3. La declaración prestada por el acusado debe interpretarse y tomarse en consideración en todo aquello que pueda favorecerle en cuanto a su credibilidad y que fué a los fines en que fué admitida-la declaración del acusado.
"4. Un acusado puede declarar o no, según lo desee. En el caso-presente, el acusado ha declarado y su testimonio deben tomarlo en consideración como el de cualquier otro testigo.
“5. A ustedes toca determinar si se ha establecido la defensa-propia. Debo decirles, ampliando esta cuestión un poco, aunque nose ha entrado en el análisis de la prueba, de que para determinar si este acusado actuó o no en defensa propia al herir a Tomás López,, ustedes deben resolver si él actuó en defensa propia de acuerdo con los hechos que ocurrieron en el momento en que él infirió la herida a. Tomás López. La prueba ha tendido a demostrar que hubo un in-cidente entre Tomás López y el acusado bien en el patio de la casa,, según dicen los testigos de la defensa, o en una jugada, según dicen los testigos de cargo, con motivo de unas palabras por el cobro de-doce centavos y que Tomás López le dió con una silla al acusado y lo tumbó al suelo y lo recogieron y se lo llevaron y después que es-tuvo en su casa, que estuvo en un cafetín y al salir del cafetín fué que se encontró con Tomás López de nuevo. Estos primeros hechos-no pueden servir de base para determinar si el acusado actuó en. defensa propia. El acusado dice que en el segundo encuentro Tomás López sacó un cuchillo y le dió unas patadas y que entonces en de-fensa propia él sacó el cuchillo y le dió. Es en cuanto a este se-gundo encuentro que tienen que determinar si el acusado actuó o no en defensa propia. En otras palabras, ninguna persona, ni este acusado, por el hecho de que le den ahora un silletazo o lo que sea puede dejar pasar ese momento y después un cuarto de hora, media hora, o una hora después sale y ataca al que lo agredió, y decir en-tonces que actuó.en defensa propia porque le dió el silletazo. Si el acusado le hubiera dado la puñalada cuando el silletazo, entonces-podría determinarse si actuó o no en defensa propia. La teoría del. acusado fué que él actuó en defensa propia en el segundo encuentro* y lo dicen sus testigos porque Tomás López volvió después de haberle dicho a uno de los testigos que si encontraba a Tito lo iba a matary que el acusado al verse agredido de nuevo fué que sacó el arma y lo mató.”

La primera de las instrucciones impugnadas no va diri-gida, como erróneamente cree la defensa, a ilustrar al ju--rado sobre las distintas modalidades del homicidio volunta-rio. Sil propósito fue explicarles la circunstancia bajo la cual un acto delictivo que de otro modo constituiría asesinato-se reduce al de homicidio voluntario. Esa circunstancia existe cuando, como dice la corte inferior, ha mediado una provo-cación suficiente para producir una pasión irresistible en una persona de ordinario dominio sobre sí misma. La provoca-ción no sólo debe haber existido, si que también haber cau-sado la súbita pasión bajo el influjo de la cual se cometió el delito. Si no existe esa provocación o si habiendo existido tío es lo suficientemente grave y la actuación del matador está fuera de toda proporción con el grado de la provocación, el acto de dar muerte constituye asesinato aunque el acusado-no hubiese preconcebido la intención de matar. Para un am-plio estudio de esta materia, véase la monografía que apareceen 5 L.R.A. (N. S.) 809. Está sin duda equivocada la defensa al creer que procedía hacer referencia dentro de esta ins-trucción a la muerte que se causa durante una súbita pen-dencia. Cuando existe una súbita pendencia y .como resul-tado de la misma uno de los contendientes es privado de la vida, en ese caso, salvo excepciones que no concurren aquí,, como cuando el acusado provoca la contienda como un pre-texto para matar a la víctima, el único delito que se cornete-es el de homicidio y por consiguiente no sería correcto y ten-dería a confundir al jurado en perjuicio del propio acusado,, el referirse al delito de asesinato no justificando la evidencia una instrucción sobre ese delito.

En otra instrucción que no es impugnada ahora por la. defensa se ilustró al jurado sobre lo que constituye el delito-de homicidio y se hizo referencia ■ entonces a la súbita pen-dencia como una de las modalidades de ese delito. No se hizo entonces referencia a si desde el primer incidente- — en que resultó herido el acusado- — hasta que tuvo efecto el se-gundo — en que fué muerto el interfecto — había transcurrido-o no tiempo razonablemente suficiente para calmar la pasión que al acusado debió producir el primer encuentro, o sea la •doctrina que en inglés se conoce con el nombre de cooling time. Esa instrucción era innecesaria en este caso en vista •de la posición asumida por el acusado al efecto de que causó la muerte en defensa propia y no bajo influencia de un arre-bato de cólera o súbita pasión producida por la herida que poco antes recibiera de manos del interfecto.

A nuestro juicio la primera instrucción es correcta. Con-sideremos la segunda.

Fué incompleta la instrucción de la corte al decirle al jurado que en relación con la defensa propia alegada por el acusado no debían ellos tener en cuenta el incidente que una hora antes había tenido lugar entre el interfecto y el acusado en el cual aquél agredió a éste en la forma que ya conocemos. Es obvio que al tener lugar una hora después el segundo incidente, ya había cesado el peligro inminente •de perder la vida o recibir grave daño corporal en que pudo entonces haberse encontrado el acusado. Siendo ello así, no podía alegar con éxito que un peligro que ya no existía lo colocó en la imperiosa necesidad de matar a su anterior agresor. Pero la prueba del acusado tendió a demostrar que había sido advertido de que el interfecto había manifestado su intención de quitarle la vida, y en el segundo encuentro el interfecto, sin mediar provocación, le dió un puntapié primero y en seguida lo acometió dos veces con un cuchillo que portaba. El acusado ofreció en evidencia un cuchillo, alegando que era el mismo con que había sido acometido por el interfecto. Si el jurado daba crédito a esa prueba, era lógico que también tuviese en cuenta lo sucedido en el primer incidente, ya que el conocimiento que en aquella ocasión adquirió el acusado de lo que podía ser capaz el interfecto era un elemento a considerar por el jurado para determinar si ■el acusado tuvo razón para creer que al dar muerte al interfecto se hallaba en inminente peligro de perder la vida o recibir grave daño corporal.

Al exeepeionar el acusado la indicada instrucción, la corte rectificó en los siguientes términos:

“No be diebo que no baya relación entre un incidente y otro. Yo quiero decir que la teoría del acusado es que no actuó por la del primer incidente, sino porque en' el segundo incidente Tomás López lo volvió a agredir con los pies y sacó un arma. El primer incidente deben tomarlo para considerar toda la situación del caso. Todos los becbos del caso están ante la consideración del jurado y pueden tomarlo en consideración para los efectos de si es cierto que Tomás López lo volvió a agredir en la segunda ocasión.”

La instrucción adicional, a nuestro juicio, subsanó el de-fecto de la originalmente transmitida, ya que en la misma se expresa que el incidente “deben tomarlo para considerar toda la situación del caso”, y a continuación vuelve a decir que pueden tomarlo en consideración “para los efectos de si es cierto que Tomás López lo volvió a agredir en la segunda ocasión.” Si bien el lenguaje usado en esta última manifes-tación de la corte no es todo lo claro que debió ser, puede fácilmente inferirse que lo que quiso decir es que podían to-marlo en consideración en caso de que estimaren cierto que Tomás López volvió a agredirlo en la segunda ocasión. Claro es que si Tomás López no volvió a agredir al acusado en la segunda ocasión, no había posibilidad de considerar la ale-gada defensa propia.

En relación con la instrucción que nos ocupa, se queja el acusado de que “después de haberse estipulado por la defensa y el fiscal que no se entrara en el análisis de la prueba”, la corte, ello no obstante, hizo un breve resumen de'la presentada por una y otra parte.

Esa estipulación, aunque en verdad existió, no podía re-levar a la corte del deber imperativo impuéstole por el in-ciso 8 del artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice así:

“Art. 233.
“8. Entonces el juez (terminados los informes), en corte abierta y a presencia de las partes y de los abogados, hará un resumen del caso, omitiendo todas las eirennstaneias supérfluas, llamando la aten-ción del jurado hacia la cuestión esencial a resolver y puntos prin-cipales en discusión, expresando cuál ha sido la prueba practicada para sostenerlos, con las observaciones que estime necesarias para el gobierno del jurado, y expresando su opinión solamente sobre las ■cuestiones de derecho que surjan de la prueba.” (Paréntesis nues-tro.)

La práctica de omitir el juez hacer el resumen de la prueba, no sólo es contraria al precepto expreso de la ley, si que perjudicial a los fines de la justicia. La razón por la ■cual debe hacerse un resumen de la prueba es, como dice el precepto transcrito, traer a la atención del jurado los hechos esenciales presentados por una y otra parte. En otras pa-labras, separar la paja del grano, evitando así que el jurado pueda ser inducido a error o confusión al tomar en cuenta hechos que son inmateriales para la resolución del caso. Es más, el juez en sus instrucciones no debe transmitir la ley •en abstracto. El jurado se compone de personas legas en materia de Derecho y transmitirles la ley en esa forma, equi-vale a poner en sus manos los estatutos para que ellos re-suelvan el caso de acuerdo con la interpretación que crean más correcta. Por eso la mejor práctica es, después de ha-cer el resumen, exponer al jurado las distintas conclusiones a que pueden llegar en la apreciación ele la prueba e indicar-les entonces el veredicto que proceda de acuerdo con cada una de dichas conclusiones. De esa forma la misión del ju-rado queda circunscrita a sus verdaderos límites, es decir a determinar las cuestiones de hecho, y se evita que a pesar de estar todos de acuerdo en cuanto a los hechos, incurran en error en la aplicación de la ley. No existe, a nuestro juicio, el error imputado en relación con la instrucción que acabamos de discutir.

La tercera instrucción impugnada es errónea, pero el error no es perjudicial al acusado. Conforme aparece de la prueba, el fiscal en el acto del juicio ofreció en evidencia y fue admitida la declaración que prestó el acusado la noche de autos ante dicho funcionario. Esta declaración fué ofre-cida para' impugnar el testimonio oral que había dado en el acto del juicio el acusado. La corte equivocadamente en esta instrucción les dice al jurado que deben tomar esa declara-ción “en consideración en todo aquello que pueda favorecerle en cuanto a su credibilidad y que fué a los fines en que fué admitida la declaración del acusado.” Si esta declaración ha •de tomarse en consideración solamente en cuanto favorezca al acusado, no hay duda que tal instrucción, si bien es erró-mea, no pudo en manera alguna perjudicarle.

La cuarta instrucción impugnada es también deficiente. En ella se instruye al jurado que el testimonio del acusado ■deben tomarlo en consideración como el de cualquier otro •testigo. Hasta ahí está correcta. Pero faltó algo más, o sea •que al considerar la declaración del acusado debe tenerse en •cuenta el interés que todo acusado naturalmente tiene en su propia causa. Sin embargo, esa deficiencia, lejos de perjudi-carle, favoreció al acusado, puesto que'de acuerdo con ella •debía considerársele como a un testigo que ño tiene interés alguno en el asunto sobre el cual declara.

Otro de los errores señalados por el apelante es al -efecto de que la corte sostuvo que el fiscal había hecho en debida forma las advertencias legales al acusado al tomarle la noche de autos la declaración que en el acto del juicio presentó el fiscal en evidencia para contradecir el testimonio del acusado. Sin duda el apelante se refiere a las advertencias •que es costumbre en esta jurisdicción hacer a todo acusado cuando se le toma declaración en la investigación del delito, a saber: que está acusado de un delito, que tiene el derecho de declarar o no declarar, y que si declara su testimonio puede ser usado en contra suya. Esas advertencias fueron oportunamente hechas, conforme aparece de la propia declaración jurada presentada y admitida en evidencia. Sin embargo, parece conveniente decir una vez más que tales advertencias no son necesarias para que la declaración sea admi-síble en evidencia. Tanto el artículo 2 de la Ley Orgánica como el 7 del Código de Enjuiciamiento Criminal sólo garan-tizan a un acusado el derecho de no ser obligado a declarar en contra suya. Desde hace más de treinta y seis años la jurisprudencia constante de este tribunal, interpretativa del citado precepto legal, viene sosteniendo que el único requi-. sito para que dicha declaración sea admisible en evidencia es que haya sido prestada voluntariamente. Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343, 370; Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228; Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501; Pueblo v. Colón, 39 D.P.R. 904, 906; Pueblo v. Saldaña, 40 D.P.R. 580, 581; y Pueblo v. Méndez, 54 D.P.R. 195.

En el caso de autos la declaración del acusado, ofrecida en evidencia para impugnar su testimonio en el juicio, fué prestada voluntariamente y por lo tanto no era inadmisible por ese motivo.

En el acto del juicio el fiscal, con el fin de impugnar el testimonio de Marcelina Alicea, esposa del acusado, le interrogó en relación con la declaración jurada que ella había prestado ante él la noche de autos. No se mostró a la testigo el escrito contentivo de dicha declaración, y tanto las repreguntas del fiscal, que contenían lo dicho en tal declaración jurada, como las contestaciones de la testigo negando o diciendo que no recordaba haber hecho tal manifestación, fueron consignadas en el récord taquigráfico, a pesar de que la declaración escrita en ningún momento fué ofrecida en evidencia. Sin duda el procedimiento seguido por el fiscal para impugnar el testimonio oral de esta testigo no fué el prescrito por la ley. El artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el 159 de la Ley de Evidencia, que son iguales, dictan el procedimiento a seguir para impugnar el testimonio oral de un testigo mediante declaración escrita que hubiera prestado anteriormente. El escrito por medio del cual se trata de contradecir al testigo debe mostrársele antes de ser interrogado en relación con el mismo. El propósito para el cual exige la ley que se le muestre su declaración escrita antes de interrogársele sobre sn contenido es para qne vel testigo pneda leerla o pneda serle leída, y nna vez en-terado de sn contenido, deberá preguntársele si lo escribió o firmó, y si lo admite, debe llamársele entonces la atención a las contradicciones o inconsistencias qne pudieran existir en-tre la primera declaración y el testimonio oral, permitiéndole también relatar los hechos o circunstancias qne expliquen o reconcilien las manifestaciones inconsistentes o qne demues-tren la relación de unas y otras entre sí y el significado y propósito de las mismas. Admitida por el testigo la auten-ticidad de la declaración escrita, se ofrecerá en evidencia, y una vez admitida, debe ser leída al jurado como la mejor evidencia de lo que el escrito contiene. De esa forma puede el jurado determinar por sí mismo si en efecto existe o no la contradicción y dar al testimonio oral el crédito que me-rezca. Si el testigo negare haber escrito o firmado tal de-claración, entonces puede probarse su autenticidad y se ofre-cerá en evidencia. Admitido el documento, se leerá al jurado como en el caso de haberse aceptado la autenticidad. Véanse Pueblo v. Rodríguez, 36 D.P.R. 427, y Pueblo v. Lafontaine, 43 D.P.R. 23, 26.

En el caso de autos el fiscal, sin que la testigo en ningún momento admitiese que el escrito que él tenía en sus manos fuese su declaración, aparentemente leyendo de la misma, se limitó a preguntarle más o menos en la siguiente forma: ¿No es cierto que usted en la declaración prestada el 5 de octubre de 1940 declaró tal y cual cosa?- La testigo unas veces ne-gaba y otras decía que no recordaba haber dicho entonces lo que el fiscal ponía en boca de ella. La defensa objetó opor-tunamente, pero su objeción fué desestimada y tomó excep-ción.

Es obvio que el fiscal al así proceder estaba haciendo in-directamente lo" que la ley le prohibía hacer de un modo directo, pues sin haber presentado en evidencia la declaración escrita estaba vaciando en el récord su contenido y llevándola al conocimiento del jurado. Pero el error así cometido no fue perjudicial a los derechos sustanciales del acusado. . En la supuesta declaración prestada la noche de autos, la testigo ■decía que el acusado al llegar a su casa después de ocurrido el primer incidente en que resultó herido, cogió allí un cu-chillo. En el examen oral la testigo dijo que ella no vió que él cogiera tal cuchillo en su casa. El propio acusado declaró en el acto del juicio que él salió de su casa llevando el cu-chillo y que lo llevaba consigo a pesar de que iba con el pro-pósito de curarse, temeroso de que el interfecto lo fuese a matar. (T. de E., pág. 71.) Siendo ello así, .¿qué materia-lidad tenía que la esposa declarase que no vio que el acusado al salir de su casa después de haber sido herido, se armase del cuchillo, si el propio acusado lo había admitido %

Dicho error, si bien existió, no perjudicó los derechos sustanciales del acusado. Por tanto, no motiva la revocación de la sentencia.

El acusado no apeló de la resolución denegatoria de la moción de nuevo juicio. Por consiguiente, carecemos de jurisdicción para revisarla. Véase Pueblo v. Mediavilla, 54 D.P.R. 565.

La improcedencia de los restantes señalamientos de error es tan manifiesta que su discusión en esta opinión resulta tan innecesaria como inútil.

Procede confirmar las dos sentencias apeladas.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presideííte Señor Del' Toro

license: Public Domain

text:
    Marcos Puente, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Ramón A. Gadea Picó, Juez, demandada.
    Núm. 1513.

    Sometido: Marzo 25, 1943.

      Resuelto: Marzo 31, 1943.

      Felipe Colón Díaz, abogado del peticionario.
   El Juez Presideííte Señor Del' Toro

emitió la opinión del tribunal.

Marcos Pnente por sn abogado solicita de esta Corte la expedición de un auto de certiorari dirigido a la de distrito de Ponee ordenándole que remita el expediente original en los pleitos 6791 y 6792 seguidos ante ella en contra suya por Lucindo López y Julio Pérez en cobro de salarios, para ser revisados, anulándose las sentencias dictadas en los mismos por la corte de distrito en tanto en cuanto lo fueron en ex-ceso de su jurisdicción.

De dichos pleitos conoció la corte de distrito en grado de apelación. Se iniciaron en la Corte Municipal de Ponee.

En el primero o sea en el establecido por López se ale-garon tres causas de acción. Por la primera se reclama el importe de 5,822 horas de trabajo en exceso de la jornada de ocho, en días laborables; por la segunda el de 117 domingos de trabajo, y por la tercera el sueldo de una mesada antici-pada a la fecha de haberse despedido al peticionario sin pre-vio aviso y sin causa. La sentencia se dictó por $2,527.64.

En el segundo o sea en el interpuesto por Pérez se ale-garon dos causas de acción. Por la primera se reclamó el importe de 7,216 horas en exceso de la jornada de ocho, en días laborables, y por la segunda el de 104 domingos de tra-bajo. La sentencia se dictó por $1,699.06.

Sostiene el peticionario que en ambos adujo como defen-sas especiales que la corte municipal carecía de jurisdicción por razón de la materia — cuantía reclamada en exceso de quinientos -dólares — , que las demandas no aducían hechos constitutivos de causa de acción y que la Ley núm. 49 de 1935 ((2) pág. 539) no era aplicable a las reclamaciones por estar basadas en causa ilícita, y que eso no obstante la corte declaró las demandas con lugar, habiendo apelado de las sen-tencias dictadas para ante este Tribunal que desestimó los re-cursos por haberse entablado fuera del término legal. Pérez v. Puente, etc., ante, pág. 593.

Refiriéndose al recurso extraordinario que ahora establece sostiene que procede porque la corte de distrito actuó en ex-ceso de su jurisdicción; porque sus sentencias consagran ac-tos realizados por los demandantes contrarios a la ley y al orden público violando la sección primera de la Ley núm. 49 de 1935 que prohibe a toda persona trabajar más de ocho horas en un día natural; porque por ellas se condenó al pago de un tipo doble de jornal por horas trabajadas des-pués de la novena cuando la ley sólo dispone el pago de la novena hora únicamente; porque conoció de los pleitos sin que se hubieran pagado los derechos que determina la Ley núm. 17 de 1915 (pág. 45), según enmendada, sin determinar los hechos, y porque los fines de la justicia requieren la ex-pedición del auto.

Al estudiar la jurisprudencia lo más favorable que hemos podido encontrar para el peticionario lo ha sido en la nota al caso de Wulzen v. Board of Supervisors, 101 Cal. 15, que aparece en 40 Am. St. Rep. 28, 30, y en la nota al caso de Duggen v. McGruder, de Mississippi, que consta en 12 Am. Dec. 529, 531, a saber:

“. . . No puede el peticionario mantener su derecho al certiorari a base de que el tiempo que tuvo para apelar u obtener remedio ha expirado, a menos, quizá, cuando demuestre que su omisión de ser-virse del remedio que pudo haber seguido no se debió a negligencia o falta que le sea imputable [citándose un gran número de casos de Arkansas, West Virginia, California, Nevada, Iowa, Michigan y Washington].” 40 Am. St. Rep. 30.
“. . . Cuando la parte agraviada puede obtener remedio por ape-lación o por auto de error, no hay razón por la cual deba concedér-sele el extraordinario de certiorari. . . Pueden existir, sin embargo, circunstancias especiales que apelen a la discreción de la corte con tal fuerza que la induzcan a conceder el remedio, aunque el peticio-nario hubiera una vez tenido a su disposición la apelación o el auto de error. Así, si el derecho a apelar se ba perdido por el peticio-nario sin falta o negligencia de sn parte, aún en algunas jurisdic-ciones podría obtener una revisión de su caso por medio del cer-tiorari. [Citas.]
“. . . 1. . . Pero si por una actuación de la corte, errónea u opre-sivamente producida, se negó la apelación; o, si por un acto negli-gente o malicioso del secretario, no se perfecciona; o, si por inter-vención o gestión de la parte contraria, se obtiene el mismo resul-tado; o, si por un accidente inevitable, o por la desgracia sin falta de la parte agraviada, se viera ésta impedida de obtener el beneficio de una segunda investigación de los hechos del caso por el medio prescrito de apelación, se recurre al certiorari como un sustituto para obtener el remedio. . . .’ Perkins v. Hadley, 4 Hayw. 143. . .” 12 Am. Dec. 531.

Empero, las circunstancias que concurren en este caso, por más esfuerzos que se hagan, no lo colocan dentro de las espeeialísimas que concurrieron en los indicados casos del continente que llevaron a sus cortes a expedir el recurso ex-traordinario de certiorari no obstante haberse perdido el or-dinario de apelación.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Desde el año 1914 en el caso de Montalvo v. Soto Nussa, 20 D.P.R. 380, se resolvió, tomándolo del resumen, lo que sigue:

“Desestimada una apelación por culpa del apelante, no puede ejercitarse el recurso extraordinario de certiorari para revisar los procedimientos en los cuales se dictó la sentencia apelada.”

Por virhid de todo lo expu&sto, debe declararse no haber lugar a expedir el auto que se solicita.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Luis M. Ortiz, demandante y apelado, v. Juan G. Palmer y Pedro Meléndez Santiago, Secretario Auditor y Tesorero Director Escolar, respectivamente, del Municipio de Santa Isabel, demandados y apelantes. Jorge Finlay, haciendo negocios con el nombre comercial de Santa Isabel Drug Co., demandante y apelado, v. Los Mismos, demandados y apelantes.
    Núms. 8335 y 8336.

    Sometidos: Enero 22, 1943.

      Resueltos: Marzo 31, 1943.

      Felipe Colón Días, abogados de los apelantes; Rafael Hernández Ma-tos, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Santa Isabel, en sesión extra-ordinaria celebrada el 24 de enero de 1938, pasó la orde-nanza número 42 que fné aprobada por el Alcalde al día si-guiente, en la qne se consignaron las siguientes circunstan-cias :

a. Que existía entonces en dicho municipio una epidemia de malaria, conforme lo notificó al Alcalde el Dr. Abel de Juan, N.C.C.P.R., Jefe del Negociado de Epidemiología y Estadística Demográfica por comunicación del 22 de enero de 1938;

b. Que la epidemia era de tal naturaleza que se había hecho necesario agotar totalmente los créditos existentes en el presupuesto de 1937-38 en las partidas del Departamento de Beneficencia, a saber: compra de medicinas, alimentos para enfermos, materiales de curaciones y compra de ataú-des para pobres insolventes;

o. Que no era posible hacer transferencias de otras par-tidas por estar casi agotadas unas y ser de suma utilidad pública las otras;

d. Que los recursos con que contaría el municipio para la formulación del presupuesto de 1938-39 serían suficientes para cubrir sus necesidades normales, así como la deuda que en dicha ordenanza se autorizaba;

e. Que existían varias firmas comerciales dedicadas a la venta de medicinas, alimentos, material de curaciones y ataú-des que estaban dispuestas a suministrar a crédito, a un año plazo, cualquier cantidad que el municipio necesitase;

/. Que era deber de la Asamblea Municipal resolver den-tro de las disposiciones legales, de manera justa y efectiva, el estado de emergencia existente en el municipio; y

g. Que el pagaré o pagarés que se emitieran como evi-dencia de esta deuda llevarían las firmas del Alcalde y el Secretario Auditor de Santa Isabel.

A virtud de los antecedentes expuestos, se autorizó al Alcalde para que incurriera en una deuda por la suma de $3,000, o la parte de la misma que fuera necesaria para las atenciones antes indicadas desde la aprobación de la orde-nanza hasta el 30 de junio de 1938, sin que dicha deuda de-vengase intereses.

Se' dispuso además que la referida cantidad de $3,000 au-torizada por la indicada ordenanza se consignaría debida-mente en el presupuesto ordinario correspondiente al año económico 1938-39 bajo el capítulo “Otras Deudas” de ma-nera que durante dicho año económico se satisficiera total-mente la deuda.

Por la sección 4 se dispuso que por existir un estado de emergencia dicha ordenanza sería efectiva tan pronto fuera aprobada por el Alcalde y por el Consejo Ejecutivo de Puerto Eico.

La citada ordenanza fue aprobada por el Consejo Ejecu-tivo el 5 de abril de 1938 bajo las siguientes condiciones: (1) que los pagarés que se expidiesen a virtud de las dispo-siciones de la ordenanza no devengarían interés, y (2) que todas las compras fueran hechas mediante subasta pública de conformidad con las disposiciones del inciso 1 de la sec-ción 8 y de la 38 de la vigente Ley Municipal.

A virtud de la citada ordenanza Jorge Finlay, haciendo negocios con el nombre de “Santa Isabel Drug Company”, en fechas comprendidas entre el 14 de abril y el 13 de junio de 1938, de acuerdo con las órdenes expedidas por el fun-cionario correspondiente despachó medicinas, recetas, mate-riales de curación y otros efectos farmacéuticos para el in-dicado municipio, por la suma total de $729, pero el valor de las compras en una sola ocasión no alcanzó a la suma de $600.

También desde el mes de febrero de 1938 hasta junio del mismo año, Luis M. Ortiz suministró provisiones para el Hospital Municipal en cantidad total de $741.57, represen-tando las siguientes cantidades el valor de lo suministrado en cada uno de los meses expresados a continuación: fe-brero, $154.39; marzo, $170.46; abril, $166.52; mayo, $125.74; y junio, $124.46.

Como para el 24 de junio de 1939 el municipio adeudaba a Jorge Finlay la cantidad de $729.09, y a Luis M. Ortiz $141.57, por los conceptos indicados, cada uno de ellos pre-sentó en la corte a quo una petición de mandamus contra Juan Palmer y Pedro Meléndez Santiago, Secretario Auditor y Tesorero Director Escolar del Municipio de Santa Isabel respectivamente, solicitando que "se les ordenase extender a los demandantes los correspondientes cheques en pago total de sus respectivas acreencias. Alegaron los peticionarios en adición a los hechos expuestos, que el Municipio de Santa Isabel desde enero de 1938 y al radicarse las peticiones de mandamus tenía fondos en cantidad suficiente para pagar totalmente los créditos de los peticionarios; que todos los documentos y comprobantes necesarios fueron presentados y archivados en la oficina del Auditor Municipal; que todas las gestiones de cobro verificadas por los peticionarios resul-taron inútiles a pesar de haberse hecho asignaciones especia-les para tales obligaciones, y que los peticionarios carecían de un remedio rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley para obligar a los demandados a verificar el pago de dichas deudas.

En su contestación los demandados aceptaron la certeza de las cantidades reclamadas, y contestando al demandante Finlay alegaron que el valor total de las recetas por él des-pachadas desde febrero de 1938 a junio siguiente ascendió a $706.75 y el valor de los materiales de curación suministra-dos por él al hospital montó a $1,222.34, y que toda vez que de acuerdo con las condiciones impuestas por el Consejo Ejecutivo al aprobar la citada ordenanza, las compras debe-rían hacerse mediante pública subasta de conformidad con las secciones 8, inciso 1, y 38 de la Ley Municipal, todo lo vendido en exceso de $600 había sido en violación de los po-deres conferidos por la ley a los funcionarios de dicho mu-nicipio. Alegaron como defensa especial que el recurso de mandamus no procedía en dichos casos por tener.los peti-cionarios otro remedio adecuado en ley, cual es la acción de cobro de dinero.

La corte inferior expidió finalmente nn anto de mandamus perentorio en cada caso y contra diclias sentencias in-terpusieron los demandados estos dos recursos, que por en-volver las mismas cuestiones liemos consolidado a los efec-tos de esta opinión.

Como el artículo 8 de la Ley Municipal dispone quetoda obra pública se verificará, y todos los efectos y materiales se adquirirán por los municipios mediante subasta cuando su valor o costo exceda de $1,000 en los municipios, de primera clase, de $600 en los de segunda y de $300 en los. de tercera, estando el de Santa Isabel comprendido entre Iosde segunda clase, el juez inferior basó su sentencia en el'. Lecho de que como ninguna de las distintas órdenes servidas, por los demandantes, tomada separadamente, alcanzaba a la. cantidad de $600, no era de aplicación el requisito de la subasta pública.

• El razonamiento de la corte inferior es erróneo, a nues-tro juicio. Pero ello no implica necesariamente que sus sen-tencias también lo sean. Está bien establecido tanto en el Derecho Civil como en la Ley Común el principio legal de que no puede hacerse indirectamente lo que- la ley prohíbe-que se haga de un modo directo. A nuestro juicio el propó-sito del legislador es que se sume el valor de todas las mer-caderías compradas a una persona o firma durante el año económico. Cualquier otra interpretación convertiría en le-tra muerta el precepto legal contenido en la sección 8, que en lo pertinente dice así:

“Las facultades conferidas por esta Ley a los municipios las ejer-citarán con sujeción a las siguientes limitaciones especiales: (1) toda obra pública se verificará y todos los efectos y materiales se adquirirán mediante subasta cuando su valor o costo exceda de mil (1,000) dólares en los municipios de primera clase; seiscientos (600) dólares en los de segunda clase; y trescientos (300) dólares en los de tercera clase; y cuando ocurriese una emergencia y el trabajo fuese de tal naturaleza que no se pudiese esperar el trámite de una subasta, podrá el Alcalde citar a la Asamblea Municipal en sesión extraordinaria para este objeto y dicba Asamblea tendrá la facultad de declarar la urgencia de la obra, o necesidad de los materiales, y ordenar que se baga por administración.”

La sección antes transcrita contiene, como hemos visto, nna excepción al requisito de la subasta, aun cuando el im-porte de las compras de materiales o el valor de la obra pú-blica exceda de los límites fijados en dicha sección. Esa ex-cepción se aplica cuando existe una emergencia, la cual presume que el trabajo a realizarse o la adquisición de los ser-vicios es tan urgente que no permite la dilación que signifi-caría la tramitación de la subasta. Para esos casos se prescribe en la citada sección que el alcalde citará a sesión ex-traordinaria a la asamblea municipal y se confiere facultad a ésta para declarar la existencia de la emergencia y la ur-gencia de la obra o necesidad de los materiales o servicios, pudiendo en tal caso ordenar que se haga por administra-ción o se adquieran sin el requisito de la subasta, sin tener en cuenta si el valor de los materiales o servicios excede de los límites fijados en la sección 8, supra.

Interpretando un estatuto similar al nuestro, la Corte Suprema de California, en el caso de Los Angeles Dredging Co. v. Long Beach (1930) 71 A.L.R. 161, 168, cita con apro-bación la siguiente doctrina de la Corte de Apelaciones de Nueva York, -expuesta en el caso de Harlem, Gaslight Co. v. Mayor, etc. of New York, 33 N. Y. 309, 329:

“Las ofertas competitivas o las subastas no tienen otro objeto-que asegurar la economía y excluir el favoritismo y la corrupción en el suministro de labor, servicios, propiedad y materiales para Ios-usos de la ciudad. Éste fue el propósito, y el único propósito, de los redactores ele los estatutos. No debe dárseles una interpre-tación que destruya su propósito, impida el progreso usual y regular-de los negocios públicos, o prive a los habitantes, aunque sea tempo-ralmente, ele aquellas cosas necesarias e indispensables para su sub-sistencia, su salud o la seguridad y protección de sus personas o propiedad. Pueden surgir emergencias en que los servicios, mate-riales y propiedad de un valor superior al prescrito puedan neee-sitarse inmediatamente y en que las ofertas competitivas y contratos escritos sean imposibles o inefectivos. En tal caso los estatutos no se aplican, porque no pudo ser ésa la intención legislativa. ’ ’

La facultad de declarar la existencia de la emergencia fue concedida exclusivamente a la Asamblea Municipal. Hecha la declaración, la emergencia se presume y al que niegue su existencia incumbirá el peso de la prueba. Véanse Los Angeles Dredging Co. v. Long Beach, supra, pág. 171, y la monografía sobre la materia que aparece en 71 A.L.R. 173-9.

No podrá argiiirse que los peticionarios no tienen derecho a cobrar sus créditos por el hecho de no haberse cumplido con la condición impuesta por el Consejo Ejecutivo al efecto de que las compras se hiciesen mediante pública subasta, pues el Consejo Ejecutivo carecía de facultad para imponer tal condición, ya que esa facultad no le había sido concedida y de ejercitarla privaría a la Asamblea de un poder expresamente eoncedídole por la ley. Es verdad que la ordenanza estaba sujeta a la aprobación del Consejo Ejecutivo, pero la misión de este último estaba limitada a determinar si el préstamo estaba comprendido dentro del límite constitucional para que el municipio pudiese contratarlo, así como la conveniencia de contraerlo y la forma y condiciones del pago. Véase a ese efecto el artículo 48 de la Ley Municipal. Es evidente que si el municipio hubiese tenido fondos disponibles para atender a la emergencia, una vez declarada la existencia de ésta por la Asamblea, hubiese podido comprar dichas mercaderías de contado, aunque su valor excediese de $600.' En tal caso no hubiera sido necesario someter la ordenanza a la aprobación del Consejo Ejecutivo.

En el presente caso los demandados no han negado la existencia de la emergencia, y no pueden, por tanto, impug-nar la deuda por el mero hecho de haberse prescindido de la subasta.

No tienen razón los apelantes al alegar qne el remedio de mandamus no es el procedente. La Ley Municipal,, en su sección 83, dispone que las cortes de distrito tendrán jurisdicción, a instancia de parte perjudicada, para compeler mediante auto de mandamus al cumplimiento de deberesministeriales por los funcionarios municipales. Como el deber impuesto a los demandados de pagar los créditos reclamados por los demandantes es un deber ministerial, es evidente que el recurso de mandamus procede de acuerdo con la citada sección.

Por todo lo expuesto, procede en estos casos desestimar-los recursos y confirmar las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor Almodóvar, acusado y apelante.
    Núm. 9598.

    Sometido: Enero 21, 1943.

      Resuelto: Marzo 31, 1943.

      Francisco González, Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxi-liar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de Distrito de Humaeao formuló acusación contra Víctor Almodovar por un delito subsiguiente de escala-miento en primer grado. Mientras desfilaba la prueba de cargo el acusado por medio de su abogado admitió que babía sido sentenciado anteriormente por la Corte Municipal de Humaeao por un delito de hurto de menor cuantía a cumplir seis meses de cárcel y que dicha sentencia la cumplió. Pre-sentada prueba, por la defensa y sometido el caso al jurado éste trajo un veredicto declarando al acusado culpable del delito de escalamiento en primer grado sin incluir en el mismo la calificación de subsiguiente.

Al celebrai'se el juicio contra este acusado estaba actuando como Juez Interino de la Corte de Distrito de Humaeao el Juez Sr. Luis Janer, pero el día que fue sentenciado a cum-plir 15 años de presidio ya el juez en propiedad de dicha corte Sr. Rafael Arjona Siaca se había reintegrado a su cargo, siendo éste el que lo sentenció. Contra esta sentencia estableció el acusado el presente recurso de apelación en el que imputa a la corte inferior la comisión de cuatro errores.

Por los tres primeros arguye el apelante que fué convicto de un delito distinto al imputado en la acasación debido a que el veredicto del jurado lo declaró culpable de escalamiento en primer grado, mientras que en la acusación se le imputó el de subsiguiente de dicho delito; que no se instruyó al ju-rado sobre este delito subsiguiente y que la sentencia dic-tada por el Juez Sr. Arjona Siaca es nula por no haber sido dicho juez quien presidió el juicio sino el juez substituto Sr. Janer.

Habiendo aceptado el acusado durante el juicio que había sido condenado a y cumplido seis meses de cárcel por un delito de hurto menor, no era necesario que el juez instruyera al jurado sobre la naturaleza de los delitos subsiguientes. El veredicto del jurado tenía que circunscribirse a resolver si el acusado había cometido o no el único delito obre el cual versó la prueba, es decir, el de escalamiento en primer grado.

El artículo 285 del Código de Enjuiciamiento ■ Criminal ■exige que el jurado, al declarar al acusado culpable del de-lito que se le imputa, también declare si fue o no convicto ■anteriormente conforme la acusación, “a menos que el mismo reo lo hubiera confesado.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de autos el acusado confesó que había sido convicto anteriormente y que había cumplido la sentencia impuéstale y, por tanto, de acuerdo con el precepto citado ■el jurado no tenía que determinar en su veredicto si el acu-sado había sido o no convicto anteriormente.

En cuanto a la contención del apelante de que fue ■convicto de un delito distinto al imputado en la acusación, la misma cuestión fue suscitada en el caso de Pueblo v. Conroig, 60 D.P.R. 168, y resolviéndola dijimos que: “No .se trata de un delito distinto en sus elementos integrantes. al ■regular imputado, sino que ha sido cometido después de haber sido el reo convicto de otro, circunstancia que sólo se alega, prueba y toma en consideración a los efectos de la imposición de la pena de acuerdo con la ley.”

Arguye por último el apelante que la sentencia es nula porque el Juez Sr. Arjona no estaba facultado para actuar por no haber intervenido en el juicio. Esta misma cuestión fué planteada en el caso de Pueblo v. Lebrón (a) Tito, resuelto el 29 de marzo de 1943, 61 D.P.R. 657 y en el cual esta Corte después de hacer referencia a los casos citados en la monografía que se encuentra en 114 A.L.R. 435, resolvió que “si bien es una práctica que no debe alentarse, sin embargo; enando concurren como en este caso circunstan-cias extraordinarias que impiden al juez que empezó el jui-cio dictar la sentencia, si el dictarla otro juez no causa per-juicio al acusado, la sentencia es válida.”

En el caso de autos aún cuando la circunstancia de haber cesado el juez interino Sr. Janer en sus funciones al reinte-grarse en su cargo el juez en propiedad Sr. Arjona Siaca, no pueda calificarse de extraordinaria pues pudo el primero obtener una comisión para continuar actuando en aquellos casos vistos ante él pendientes de resolución definitiva, no se ocasionó perjuicio alguno al acusado por la sentencia dic-tada por el Juez Sr. Arjona.

Dispone el artículo 57 del Código Penal que:

“Todo reo convicto de hurto 'de menor cuantía ... si cometiere cualquier otro delito después de dicha convicción será castigado según se expresa a continuación:
“1.
“2. Si el subsiguiente delito fuere de tal naturaleza que, en primera convicción, aparejaría pena de presidio temporal, dicho reo será castigado con pena de reclusión temporal en su grado máximo* convicto que fuere del delito por primera vez.
í i 3 tf

(Bastardillas nuestras.)

Y de acuerdo con el artículo 410 del Código Penal el de-lito de escalamiento en primer grado se castiga con pena de presidio de 1 a 15 años. Tenemos, por lo tanto, que si de acuerdo con el artículo 57, supra, debe castigarse al reo en el delito subsiguiente con la pena en su grado máximo, la pena de quince años impuesta en este caso era mandaforia, tanto para el juez en propiedad Sr. Arjona como para el juez interino Sr. Janer, de haber sido éste quien la hubiera dictado.

Por el último señalamiento de error alega el apelante que el veredicto del jurado es contrario a la prueba. Hemos examinado la transcripción de la evidencia y estamos convencidos de que este error carece de méritos. Como parte de la prueba de cargo declaró la testigo Teodora Laiz, quien identificó al acusado como el hombre que penetró en la casa de Bernardo Tirado, por haber pasado por debajo de la ha-maca donde ella dormía y al ella despertarse lo vió entrar y salir de la habitación del dueño de la casa; que el acusado tenía un pantalón debajo del brazo en el cual Tirado ya ha-bía declarado que tenía $100; que ella pudo identificar al acusado por ser el mismo que acostumbraba venderle carne de cabro a la dueña de la casa y a quien le llamaban por mal nombre “carne vieja”; que ella gritó después que salió el acusado y se fué a la cama de la esposa de Tirado a quien le informó lo que había visto pero que ésta le dijo que se durmiera que eso era tina pesadilla, pero al día siguiente se corroboró el hecho de que faltaba el pantalón con los $100, apareciendo más tarde el pantalón cerca de un alambre en los alrededores de la casa. La única prueba de descargo con-sistió en la declaración del propio acusado quien se limitó a negar el hecho de haber penetrado en la noche de autos en la casa de Tirado.

El jurado dirimió el conflicto que hay en esta prueba dando crédito a la declaración de la testigo Teodora Laíz y al así hacerlo somos de opinión que no cometió error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: El Jijee Asociado SeñOR Todd, JR.,

text:
    Juan Clabaguera y su esposa Pilar Defilló de Clabaguera, demandantes y apelantes, v. Ernesto Espéndez Mandés, demandado y apelado.
    Núm. 8557.

    Sometido: Enero 26, 1943.

      Resuelto: Marzo 31, 1943.

      Ángel B. Díaz, abogado de los apelantes; Ulpiano Crespo, Jr., abo-gado del apelado.
   El Jijee Asociado SeñOR Todd, JR.,

emitió la opinión del tribunal.

En el año 1939 Juan Clabaguera y su esposa Pilar De-filló adquirieron por compra de August F. Kopf una finca urbana situada en la urbanización Las Palmas de Santurce compuesta de una casa y solar de 325 metros cuadrados. Este inmueble perteneció originalmente a Rufus Rolla.Lutz quien en el año 1928 se lo vendió a Ernesto Espéndez sujeto a una hipoteca de $3500 constituida a favor- del mencionado •Kopf. En el año 1935 Kopf ejecutó dicha hipoteca y ya dueño de la finca se la vendió, como hemos dicho, en 1939, a los esposos Clabaguera-Defilló.

Alegando que Ernesto Espéndez está detentando una faja de terreno de 3 metros de frente por 16 metros de fondo, que según los demandantes forma parte de la finca principal adquirida por ellos, los esposos C'labaguera-Defilló iniciaron esta acción en la Corte Municipal de San Juan para reivin-dicar dicha faja de terreno. El demandando Espéndez sos-tiene que los 48 metros cuadrados, aunque adyacentes a la finca principal, constituyen una unidad territorial indepen-diente adquirida por él del mismo Eufus Eolia Lutz en no-viembre de 1928 por $100, habiéndose ratificado dicha venta por escritura pública en el año 1933 o sea dos años antes de haber Kopf ejecutado la hipoteca sobre la finca principal, y que por tanto cuando en el año 1939 le vendió a los deman-dantes no estaba incluida como parte de dicha finca.

La corte municipal declaró con lugar la demanda y ape-lado el caso ante la Corte de Distrito de San Juan y cele-brado un juicio de novo esta corte desestimó la demanda con costas. Los demandantes establecieron el presente recurso para ante esta Corte Suprema e imputan a la corte inferior la comisión de once errores.

Los tres primeros se refieren a la admisión como prueba de un croquis levantado por el ingeniero Gonzalo Diago, Jr. y de la declaración de éste como testigo del demandado. No aparece del récord taquigráfico que los demandantes tomaban excepción a la decisión de la corte admitiendo dicha prueba y sí únicamente cuando se les denegó su eliminación del récord. Hernández v. F. Carrera & Hno. et al., 22 D.P.R. 538; Torres v. P. R. Racing Corp., 40 D.P.R. 441. De todas maneras la referida prueba no era “self serving” como arguyen los apelantes, y se limitó a establecer la mensura hecha por el testigo. La corte no resolvió, como dicen los apelantes en su alegato: “que se trataba de un deslinde” sino todo lo contrario. Lo que la corte dijo en su opinión fué: ‘‘no se trata de un deslinde con el cual se pretenda obligar al demandante.”

Los señalamientos de error sexto, séptimo, octavo y undécimo se refieren, en distinta forma expresados, a que la corte inferior actuó movida por pasión, prejuicio y parciali-dad en la apreciación de la prueba. La conclusión a que llegó el juez sentenciador en este caso está expuesta, en forma concisa, en la relación del caso y opinión que dictó en apoyo de -su sentencia y dice así:

“Los demandantes, dueños de una finca urbana, alegan que el demandado ocupa una parte de dicha finca, que mide tres metros de frente por diez y seis de fondo.
“Do la prueba aparece en forma clara y no controvertida que la faja de tres metros que ocupa el demandado no está comprendida dentro de los terrenos a los cuales tienen título los demandantes. Según el título de éstos, su finca debe colindar en 24.40 metros con la calle Morell Oampos. Según la declaración no controvertida del testigo Gonzalo Diago, los demandantes están en posesión de un solar cuya colindancia con la calle Morell Campos es algo mayor de 24.40 metros, quedando fuera de los límites del solar de los demandantes la faja que posee el demandado.
“Aparte de lo expuesto, de la prueba aparece claramente el tí-tulo del demandado a la faja que ocupa. El demandado adquirió en el 1928 la finca que hoy pertenece a los demandantes. Poco después quedó inutilizado el garage de la casa, por haberse elevado el nivel de la calle Morell Oampos al afirmarse ésta. Entonces el demandado compró la faja de tres metros, con el fin de ampliar su casa añadiéndole un garage. La escritura correspondiente a los tres metros no se otorgó hasta el año 1933, fecha en que aún era el de-mandado dueño de la finca principal. Poco después se ejecutó una hipoteca que pesaba sobre la finca principal, y que no incluía la faja adquirida por el demandado, se adjudicó la finca al acreedor, y de éste la adquirieron los demandantes. Desde que se ejecutó la hipo-teca ha estado el demandada en posesión de la faja que hoy reclama la demandante.
“En resumen, los demandantes no han establecido título alguno a la faja que posee el demandado, y por el contrario éste ha de-mostrado un título suficiente. De la prueba no surge acto alguna del demandado que indujera a los demandantes a creer, al comprar éstos la finca principal, que la faja en controversia formaba parte de la propiedad.”

Hemos leído detenidamente la prueba aportada por las partes y no vemos cómo pnede sostenerse que el juez actuó movido por pasión, prejuicio y parcialidad en la apreciación de la misma. Los demandantes trataron de probar qne la faja de tres metros en posesión del demandado estaba incluida en el solar que les fué vendido por el acreedor hipotecario después que éste había ejecutado la hipoteca que gravaba la finca entonces' propiedad del demandado Espéndez. Pero la prueba del demandado demostró que dicha faja fué ad-quirida por él después de estar constituida la hipoteca sobre la finca principal y que dicha faja no pudo ser ni fué objeto de la ejecución hipotecaria. La prueba fué contradictoria y a nuestro juicio el conflicto, fué bien resuelto por la corte inferior.

En el quinto señalamiento los apelantes sostienen que la corte inferior erró al admitir prueba oral para variar los términos del contrato escrito a virtud del cual el demandado adquirió la faja de terreno en controversia, en violación del artículo 25 de la Ley de Evidencia. No tienen razón.

En primer término no se objetó por los demandantes en la corte inferior a la admisión de dicha prueba y es ahora, en apelación, que por primera vez se levanta la cuestión. Es cierto que las autoridades están en conflicto en cuanto a si la regla sobre admisión de prueba extrínseca para variar los términos de un contrato escrito debe considerarse como una mera regla de evidencia o de derecho substantivo, pero aparentemente el peso de la jurisprudencia sostiene que a menos que se objete y excepcione la presentación de dicha prueba no procede levantar en apelación la cuestión por' pri-mera vez. Véase la monografía al caso de Higgs v. De Maziroff, (N. Y.) 189 N. E. 555 en 92 A.L.R. 810. No creemos necesario resolver esta cuestión porque somos de opinión que la- prueba presentada y admitida por la corte inferior no tendió a variar las condiciones del contrato de adquisición del demandado.

Por la escritura de 24 de septiembre de 1933 Lutz rati-ficó la venta hecha al demandado Espéndez de la faja de te-rreno de tres metros de frente por dieciséis metros de fondo por el precio de $100 que fueron pagados por el demandado. Éste fué el contrato y concurriendo en el mismo los requisi-tos que exige el artículo 1213 del Código Civil, consentimiento, objeto y causa, quedó perfeccionado. Abora bien, en dicha escritura se hizp constar por Lutz que dicha faja era segre-gada del solar núm. 158 (él tenía una urbanización con so-lares numerados) y la prueba ofrecida por el demandado en el juicio y admitida por la corte fué al efecto de demostrar que dicha faja fué segregada del solar número 159 y que a todoá los solares restantes se les corrió la colindancia tres metros.

Esta prueba no tendió a variar las condiciones del con-venio contenido en la escritura sino a corregir la equivoca-ción que en ella existía en cuanto a de qué solar había sido segregada la parcela de tres metros vendida al demandado. Esta prueba era admisible de acuerdo con la excepción esta-blecida en el propio artículo 25 de la Ley de Evidencia en su inciso 1. La corte inferior no erró al admitir esta prueba y al darle crédito a la misma.

Por el noveno señalamiento sostienen los apelantes que la corte sentenciadora erró “al no aplicar los artículos 1357 al 1361 del Código Civil (ed. 1930), ya que, suponiendo cierto el exceso en la superficie de la finca, cedería en favor del adquirente de éste, si lo hizo, como en este caso, por precio alzado y determinándose el perímetro.”

Los apelantes tendrían razón si la corte inferior hubiera declarado probado que la faja en controversia había sido segregada del solar número 158 vendido originalmente por Lutz a Espéndez que es actualmente propiedad de los ape-lantes. Habiendo comprado Espéndez el solar por precio alzado hubiera sido aplicable el artículo 1360 del Código Civil. Empero, la corte inferior, como hemos dicho, llegó a una conclusión diaxnetralmente opuesta a la contención de los demandantes al declarar probado qne la faja de tres me-r tros se había segregado del solar núm. 159 propiedad de Lutz y contiguo a.1 de Espéndez, y qne por tanto no formaba parte de la finca principal vendida originalmente a Espén-dez, y siendo correcta la conclusión a que llegó la corte eS completamente inaplicable el referido artículo del Código Civil.

Sostienen finalmente los apelantes qne la corte erró al no aplicar el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, al permitir al demandado impugnar resultancias del Registro en relación con la extensión del derecho de dominio de los apelantes, ád-quirentes de persona que en el Registro aparecía con derecho a transmitirles, como parte de una finca, la parcela que po-see el demandado.

Al discutir este señalamiento se limitan los apelantes a copiar el artículo 34 de la Ley Hipotecaria y citar por sus títulos la jurisprudencia de esta Corte aplicándola y termina diciendo que los “demandantes apelantes adquirieron una finca de un perímetro declarado en el Registro y nada de lo incluido en ese perímetro pueden perder”.

Según el artículo 34 de la Ley Hipotecaria “los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anúle o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo Registro . . . Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse en perjuicio de tercero otro título posterior también inscrito ...”

Somos de opinión que este precepto legal no es aplicable a los hechos probados en este caso. Se demostró que la finca de los apelantes, que según su título debía tener 24.40 metros en su colindancia con la calle Morell Campos, de hecho tiene una extensión de 24.56 metros, es decir, un exceso de 16 centímetros, y que a continuación de los 24.56 metros de los demandantes están los tres metros de la faja del deman-dado. No se probó que los demandantes Rayan perdido nada de lo incluido en el perímetro de sn finca según aparece ins-crito en el Registro. No se fia invalidado el título de los apelantes en manera alguna. Por el contrario, lo que se ba hecho es limitarlo a lo que realmente compraron de acuerdo con el título inscrito que no incluía los tres metros adquiri-dos por el demandado con posterioridad a la constitución de la hipoteca sobre la finca principal que fué la que Kopf ven-dió a los apelantes.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Máximo Díaz, acusado y apelante.
    Núm. 9802.

    Sometido: Marzo 3, 1943.

      Resuelto: Marzo 31, 1943.

      .Crus Ortiz Stella, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Ncgrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a resolver en este recurso es si la corte inferior cometió error al admitir la prueba de cargo a pesar de referirse a que el acusado tenía para la venta en su establecimiento comercial lecbe de vaca adulterada el día 27 de enero de 1941 cuando en la acusación se especificó que el delito se cometió el día 3 de marzo de 1941. El apelante no impugna la suficiencia de la'prueba admitida sino que sostiene que la incongruencia en cuanto a la fecha entre lo alegado y probado es fatal. Arguye que dicha prueba constituyó sorpresa para el acusado y se le dejó “en completa indefensión y sin medios adecuados con qué rebatirla”.

Para que una discrepancia entre la fecha que se alega en la acusación en que se cometió el delito y la fecha que se prueba en el juicio pueda considerarse que es fatal, deben existir por lo menos dos requisitos: 1, que la fecha sea una circunstancia esencial del delito imputado y, 2, que la dis-crepancia afecte los derechos sustanciales del acusado. Esto se deduce claramente de los preceptos legales que a conti-nuación extractamos.

De acuerdo con el artículo 78 del Código de Enjuicia-miento Criminal el momento preciso en que el delito fué co-metido no es necesario expresarlo en la acusación con excep-ción de “aquellos casos eii los cuales es una circunstancia esencial el momento en que se cometió el delito”. Asimismo, el artículo 82 del mismo cuerpo legal dispone que la acusa-ción es suficiente si de ella se deduce: “5. Que el delito fué cometido en época anterior a la fecha de la presentación de la acusación” y, por último, el artículo 461 dispone que: .

“Ni el hecho de separarse de la forma prescrita por este Código para cualquiera alegación o procedimiento, ni el de que éste adolezca de algún error p equivocación, bastará para invalidarlo, a menos que real y efectivamente haya perjudicado al acusado o tienda a perju-dicarle, en cuanto a algún derecho sustancial.”

En el caso de Pueblo v. Ramos, 28 D.P.R. 800, esta Corte resolvió que el permitir una enmienda a la acusación en cuanto a la fecha de la comisión del delito no constituye error por tratarse de subsanar “una incongruencia que no era esencial y que en manera alguna fué perjudicial a los dere-chos del acusado”. Después de citar los artículos 78 y 82, supra, se dijo: “El espíritu que fundamenta a estos dos ar-tículos tiende a demostrar que el acusado no fué perjudicado-por la inexactitud de la acusación”. Al mismo efecto véase Pueblo v. Albino, 38 D.P.R. 215.

En los Estados Unidos la regla prevaleciente es la misma. Véanse 2 Wharton’s Criminal Evidence, 1824 et seq. (11th Ed.); State of Minnesota v. Dufour, 123 Minn. 451, 143 N. W. 1126; State v. Yanetti, 101 N. J. Law 927, 127 A. 183.

Es cierto que en el caso de autos no se intentó por el fiscal enmendar la acusación, pero es obvio que de haberlo so-licitado no se hubiera cometido error por la corte al autori-zar tal enmienda.

La fecha no es un elemento esencial del delito de adulteración de leche siempre que se alegue y pruebe que el delito se cometió con anterioridad a la fecha de la presentación de la acusación y dentro del límite de prescripción. La discrepancia no afectó los derechos sustanciales del acusado ya que la corte le ofreció suspender la vista para que él pudiera traer la prueba que creyera necesaria para refutar la del Pueblo y el acusado prefirió descansar en su moción de non suit. Es por este motivo que el argumento del acusado de que fué una sorpresa para él la variación en la fecha y de que quedó indefenso, carece de méritos.

Debe confirmarse la sentencia.

Los Jueces Asociado Sres. Travieso y De Jesús no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor SnydeR

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Marchany, acusado y apelante.
    Núm. 9681.

    Sometido: Marzo 19, 1943.

      Resuelto: Marzo 31, 1943.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

El doctor Antonio Marebany, por orden del fiscal de dis-trito, practicó la autopsia al cadáver de Roque Pérez, quien había fallecido a consecuencias de una herida de bala. En el juicio contra Ovidio Vélez por el alegado asesinato de Pé-rez, Marchany fué testigo del Pueblo. Durante su interro-gatorio, el doctor Marchany declaró que un plomo mostrá-dole por el fiscal de distrito no era el plomo que él extrajo del cadáver de Pérez. El doctor Marchany también declaró que Pérez Segarra, un jefe de policía que estuvo presente al practicarse la autopsia, había solicitado ver el plomo y, ha-■ciendo caso omiso de su petición para que lo devolviera con •el fin de que el doctor lo entregara al fiscal de distrito, se marchó llevándoselo.

Al día siguiente, mientras continuaba celebrándose el juicio por asesinato, la corte inferior, en un nuevo caso ti-tulado El Pueblo de Puerto Rico v. Antonio Marchany, de-lito : Desacato por Perjurio, dictó la siguiente orden:

“Por CUANTO: En el día de ayer y durante el caso original de El Pueblo de Puerto Rico contra Ovidio Vélez Hernández, que está pendiente en esta Corte por el delito de asesinato en segundo grado, el Dr. Antonio Marchany compareció como testigo y prestó juramento -de decir la verdad ante esta corte y después de prestar dicho jura-mento, intencionalmente y aparentemente contrario al mismo declaró •que una bala que le fué mostrada por el fiscal no fué la bala que él extrajo del cuerpo del interfecto Roque Pérez cuando hizo la .autopsia de dicho finado, a pesar de que el Jefe de la Policía, Ángel Pérez Segarra, declaró que la autopsia se hizo en su presencia y •que allí el Dr. Marchany le entregó la bala que éste niega ser la misma, y a pesar de que dos testigos más corroboran bajo juramento la declaración del Jefe Segarra, y el hecho de haber estado presente en el momento de la autopsia y de la entrega de la bala;
‘ ‘ Por Cuanto : La declaración referida es sobre un hecho esencial al resultado del proceso y el Juez de esta corte, ha quedado, prima ■facie, convencido de que el Dr. Antonio Marchany después de prestar un juramento ante esta corte para decir la verdad es aparentemente culpable de perjurio, de acuerdo con la Ley de 9 de marzo de 1911 para proveer el Castigo Sumario por el Delito de Perjurio cometido ■en Corte abierta y para otros fines;
‘ ‘ Por tanto : A moción propia de esta corte se ordena el arresto -del Dr. .Antonio Marchany y se dispone, además, que dicho Antonio Marchany comparezca ante esta corte el día 9 de mayo de 1941 .a las dos P. M, y explique las razones que tuviere por las cuales no debe ser castigado por desacato a la corte, en cuyo acto presentará su defensa y las pruebas que tenga, a los efectos de que el caso quede resuelto de acuerdo con la ley. Mientras se celebra el juicio ■el acusado podrá prestar una fianza de $500 para obtener su libertad provisional. ’ ’

Posteriormente, el doctor Marchany fué juzgado y con-victo por la corte de distrito por el referido delito de desa-

"■por perjurio. Ha apelado de la sentencia qne lo con-a dos meses de cárcel.

11 fiscal de esta Corte se nne al abogado del acusado en. fitud de que la sentencia condenatoria sea revocada. Sin [>argo, el fiscal solicita que se ordene un nuevo juicio,, entras que el acusado suplica que se dicte una sentencia lolviéndolo.

El fiscal admite que la corte inferior cometió un [•or fundamental cuando, poco antes de que el Pueblo ter-|nara su caso, resolvió lo siguiente:

. Éste no es un caso corriente en que bay una presunción de pcencia, la presunción es de culpabilidad en estos casos de per-nio. Cuando el Juez dicta la orden, la ley dice que tiene que estar Invencido de que él ba mentido, luego la presunción es de eulpa-flidad. ’ ’

El abogado del acusado inmediatamente tomó excepción le la resolución de la corte afirmando que “en todo caso la presunción es la de que el acusado es inocente basta que se pruebe lo contrario”.

Ningún derecho es más fundamental bajo nuestras leyes, pie el de la presunción de inocencia en una causa criminal-[Si las cortes no se adhieren firmemente'a esta doctrina, uno. ¡4e los baluartes más sólidos de nuestro sistema de vida pe-ligrará. Véase Pueblo v. Plata, 38 D.P.R. 89. La presun-ción prevalece tanto ante un tribunal de derecho como en un juicio por jurado (1 Wharton’s Criminal Evidence, Sec. 72,. pág. 87; People v. Ward, 239 N. W. 355 (Mich. 1931) ). Acompaña al acusado tanto en un juicio por desacato criminal como en cualquiera otra causa criminal. (Michaelson v. United States, 266 U. S. 42, 66).

, Al resolver que en un caso de esta naturaleza existía -una presunción de culpabilidad, la corte inferior estaba en efecto, resolviendo que tan pronto como se dicta la orden para mos-trar causa, debe considerarse el caso como uno ya probado contra el acusado, y que lo único que hay que hacer es oír su defensa, si alguna tiene. Tal interpretación de lal Estableciendo el Delito de Perjurio en Corte abierta 11 ría graves dificultades constitucionales. Debe tenerse^ sente que un testigo no es el enjuiciado. Si se tiene la o.íj cia de que fia declarado falsamente, debe así acusársef celebrársele una vista en la que debe presentarse todl prueba contra él. En el presente caso la corte inferior! lebró la vista. Pero en vez de exigir al Pueblo que con! zara un nuevo proceso y se ofreciera toda la evidencia! cesaria para declarar culpable al acusado, la corte inferí bajo el concepto erróneo de que se había establecido ya* caso prima facie contra el Dr. Marchany, declaró que exis una presunción de culpabilidad contra el acusado y dirigió! procedimiento por el delito de desacato como si fuera paJ integrante del caso de asesinato, refiriéndose a y tomanj en consideración evidencia que había sido presentada en¡ juicio de asesinato ante un jurado, pero que no había sil presentada en ningún momento ante el juez, el cual estalj únicamente viendo la acusación de desacato. En verdad, defecto del pronunciamiento de la corte inferior al efecto < que el acusado se defendía bajo una presunción de culpabíj lidad, se hizo evidentemente clara cuando la corte, durantj el juicio, tomó en consideración evidencia que se le habíS] presentado en el caso de asesinato en el cual el doctor Mar-j chany no era el acusado.

Es obvio que la corte inferior confundió sus dos funcio-1 nes separadas en casos de esta clase. Cuando se acusa a uní testigo de desacato por perjurio en corte abierta, el juez all dictar la orden para mostrar causa puede ser comparado con ] un juez instructor (committing magistrate) que encuentra causa probable, o con un fiscal de distrito que radica una acusación. Pero en el juicio por tal delito, cuando el testigo por primera vez se convierte en acusado, el proceso debe em-pezar de nuevo e introducirse toda la evidencia necesaria para declarar culpable al acusado, quien en todo momento durante el curso del nuevo procedimiento goza del beneficio de la presunción de inocencia. Esto se ha hecho constar muy claramente en una serie de casos resueltos por esta Corte. En Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255, dijimos, por voz del Juez Presidente Sr. Del Toro, lo siguiente, a la página 262:

“Estudiando en su totalidad la ley de que se trata, se observa ■que hay dos momentos en que se mueve y actúa la conciencia del juez. Es el primero cuando al prestar su declaración en el juicio, queda el juez convencido de que el testigo es un perjuro. Entonces es el deber del juez, a moción propia, ordenar el arresto del testigo, ■fijando día para la comparecencia. Y es el segundo cuando el juez habiendo ya actuado, se dispone a investigar el caso en sí mismo, •oyendo no sólo las declaraciones de la defensa, sino las de la acusa-ción. Para que la ley sea constitucional, el acusado debe ser infor-mado claramente del cargo, debe la acusación aportar la prueba de la existencia del delito y debe darse una oportunidad de defenderse al acusado, incluyendo su claro derecho a confrontarse con los testigos •en su contra. Todo sumariamente, pero todo derecho garantido por igual.”

La mayoría de los otros errores señalados por el acusado fueron cometidos por la corte inferior como resultado de su ■equivocada interpretación del alcance del estatuto estable-ciendo el delito en cuestión y la función de la corte de dis-’' "trito de conformidad con el mismo. Como se dijo en el caso ■de Aquino a la página 262, “No debe el juez basar su sen-tencia en su primera apreciación. Su primera apreciación lo llevó a iniciar el procedimiento. Libre de prejuicios debe disponerse luego a juzgar el caso en sí mismo, independien-teniente, de acuerdo con la prueba que ante él se practique (Bastardillas nuestras). Sin embargo, el juez de distrito, en violación de esta regla de que la vista de desacato debe ser de novo, repetidamente recurrió a su memoria en cuanto a la prueba presentada en el caso de asesinato, en vez de per-mitir al abogado desarrollar los hechos independientemente en el juicio por el delito de desacato. Por ejemplo, cuando a un tal Carrasquillo, quien había estado presente cuando se hizo la autopsia y se extrajo el plomo del cuerpo del inter, fecto, se le hizo al ser contrainterrogado por el abogado dell acusado la pregunta, sumamente importante, de que si había] declarado en el juicio por asesinato' que el plomo había sido! marcado para futura identificación, el juez de distrito, antes! de que el testigo pudiera contestar, interrumpió manifestando] “No declaró que se haya marcado”.

De igual modo, la corte inferior restringió severamente^ el contrainterrogatorio de los testigos, particularmente el de| Pérez Segarra, el principal testigo del Pueblo, algunas veces] negándose a permitir el contrainterrogatorio sobre cuestiones] tan vitales como la de si el plomo fue marcado para futura^ identificación y a veces empeñándose en contestar por los. testigos, y dando por respuesta información que el juez de^ distrito aparentemente había recogido al presidir el juicio] por asesinato.

El juez de distrito también se convirtió en testigo en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando el fiscal de distinto era contrainterrogado por el abogado del acusado, se le pre-guntó: “¿El testigo asegura que el Doctor no vió esa bala el día del juicio ? ’ ’ Antes de que pudiera contestar, la corte in-tercaló el siguiente comentario: “La corte tiene conocimiento de ello: El dijo: ‘Ésta no es la bala,’ sin examinarla, y eso. me indujo a librar la orden.”

La versión del doctor Marchany en cuanto a este episodio, fué bastante diferente. Declaró que mientras se hallaba en la silla testifical en el juicio por asesinato pudo ver claramente el plomo mientras éste estaba sobre una mesa cerca de él y mientras el fiscal de distrito lo tenía en su mano y tuvo am-plia oportunidad de examinarlo cuidadosamente antes de que-se le preguntara si ése era el plomo extraído por él del ca-dáver de Pérez. Es difícil comprender cómo pudo el doctor Marchany tener un juicio imparcial de un juez que se em-peña en declarar en un caso y cuyo testimonio está en con-flicto con el del acusado.

La corte inferior distó mucho de seguir la pauta impués-tale por el caso de Aquino, mediante la enal tenía que des-prenderse de todas las nociones preconcebidas en cnanto a la culpabilidad del acusado, y conducir un juicio de novo de una manera -imparcial y desprendida. Ejemplos de las vio-laciones de la corte inferior a esta regla saturan todo el ré-cord. Señalarlas sería alargar indebidamente esta opinión. Nos limitamos a citar los ejemplos típicos ya mencionados.

Es también evidente que la corte de distrito había prejuz-gado este caso antes de que el juicio comenzara. Esto quedó-demostrado, -entre otras cosas, por sus frecuentes referencias a la apelación para ante esta corte, que sólo podía ocurrir en caso de una convicción. No debe entenderse como que resol-vemos que el mero hecho de que una corte inferior tenga en mente la posibilidad de una apelación constituye error. -Al contrario, es el deber de la corte de distrito velar que-el ré-cord se haga de tal manera que el derecho de apelación sea protegido con- efectividad. Pero aquí la corte inferior, como admite el fiscal de -este tribunal, fué mucho más lejos. La declaración al comenzar el juicio de que el acusado era pre-suntivamente culpable, la manera en que el juez de'distrito discutía una apelación — que él indicó en muchas ocasiones que se establecería — y la forma en que insistía en desarrollar los hechos, todo indica que era su creencia que sólo estaba cumpliendo con la mera formalidad de dar al acusado una oportunidad de refutar, si podía, la imputación de culpabili-dad de la que la corte inferior ya estaba convencida.

No olvidamos los males y circunstancias especiales que indujeron a la Asamblea Legislativa a establecer el delito de desacato por perjurio en corte abierta. Véase Pueblo v. Aquino, supra. Es un arma poderosa de prosecución que el Pueblo y las cortes pueden y deben usar con efectividad. Pero una determinación laudable de conservar la integridad de los procedimientos ante las cortes no debe degenerar en un juicio pro forma (trial by fiat). El hecho de que éste es un procedimiento sumario no autoriza a las cortes a prescindir del requisito constitucional de que un acusado debe ser con-frontado con los testigos en su contra durante su juicio, esto es, en el juicio por el delito de desacato. La Asamblea Le-gislativa, al instituir al juez tanto en acusador como en juz-gador, le impuso una delicada tarea. Si no se cree compe-tente para cumplir su tarea en un caso determinado, debe buscar los medios para que el juicio sea presidido por otro juez.

El acusado también alega que la orden para mostrar causa no contenía hechos suficientes para imputar el delito de desacato por perjurio en corte abierta. Si bien la orden fué redactada en un lenguaje algo perifrástico, estamos convencidos de que los elementos esenciales del delito imputado surgen del cuerpo de la orden. Por tanto estaríamos dispuestos a revocar la- sentencia y devolver el caso para nuevo juicio, a no ser por un error que, aunque no ha sido señalado y discutido por el acusado, es tan serio que nos obliga a dictar una sentencia absolviéndolo.

La sección 1 de la Ley núm. 41, Leyes de Puerto Rico, 1911 (pág. 136), tal como se encuéntra a la página 69 de nuestro Código Penal, ed. 1937, al definir el delito de desa-cato por perjurio en corte abierta, dispone, como en -todos los estatutos sobre perjurio, que el acusado debe falsamente declarar como cierta “cualquier cosa substancial”. La corte inferior tenía conocimiento de este requisito. Su orden para mostrar causa decía que “La declaración referida es sobre un hecho esencial al resultado del proceso . . . ”. Sin embargo, hubo una completa falta de prueba en el juicio por desacato en cuanto a la materialidad de la declaración del, doctor Marchany en el juicio por asesinato en relación con la identificación del plomo extraído por él del cuerpo del in-terfecto. Aquí también la corte inferior pudo haber creído pie tenía derecho a descansar en su conocimiento previo del testimonio ofrecido en el juicio por asesinato. Pero el per-paitir tal práctica equivaldría, en adición a lo que ya se ha Licho aquí, a destruir, el derecho de apelación del acusado. ‘La ley expresamente concede una apelación. ¿Cómo po-Lrán los jueces de la corte de apelación formar concepto si ;1 juez sentenciador deja guardada en su propia conciencia La prueba que apreciara en un juicio distinto no conocido >ara ellos?” (Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255, 63).

El 'acusado tiene derecho a que se decidan ésta y todas Las demás cuestiones aquí envueltas, por el récord tomado [en el caso de desacato y que es el único récord ante nos. [Por tanto, era el deber del Pueblo presentar en el juicio de [desacato prueba tendiente a demostrar la materialidad de [esta parte de la declaración del doctor Marchany. No se [hizo esto. Nada hay en el récord que demuestre afirmativa-ímente la materialidad de la declaración en cuestión. Si, por ejemplo, el caso dé asesinato hubiera ido a juicio bajo la teoría de defensa propia, la identificación del plomo hubiera podido ser enteramente inmaterial. No tenemos manera al-guna de conocer 'los hechos y no tenemos derecho a especu-lar en cuanto a las posibilidades. Toda vez que los hechos tal como se adujeron en el juicio de desacato son tan consis-tentes con la inocencia como lo son con la culpabilidad, no tenemos otra alternativa que decretar la absolución del acu-sado.

La sentencia de la corte de distrito que condenó al acu-sado a dos meses de cárcel será revocada, y se dictará una nueva sentencia absolviéndolo.

El Juez Asociado Sr.Todd, Jr., no intervino.