text:
    Ex parte, Pedro F. Gotay, peticionario, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelante.
    No. 3233.

    Visto: Noviembre 21, 1927.

      Resuelto: Diciembre 9, 1927.
    1. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Demedio — Apelación—En General. — Para que una apelación establecida para ante el Tribunal Supremo de la decisión de uno de sus jueces en un caso de habeas corpus se entienda interpuesta a nombre de El Pueblo de Puerto Eieo, no basta que apele el Eiseal del Tribunal Supremo.- Es necesario que al apelar exprese que lo liace a nombre de El Pueblo de Puerto Rico.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Eorma del Remedio, Jurisdicción y Derecho de. Revisión — -Del Remedio en General. — El de-recho de apelación, siendo estatutorio, debe ejercitarse siguiendo estricta-mente los términos del estatuto.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra RE-SOLUCIÓN del Hon. Juez Asociado Señor Wolf, declarando con lugar petición de habeas corpus y ordenando la libertad del pe-ticionario.

    Desestimado el recurso.

      José E. Figueras, Fiscal del Supremo, compareció por sí como ape-lante; Cayetano Coll y Cuchí y O’Neill & O’Neill, abogados del peticionario apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 29 de abril último se radicó una solicitud de habeas corpus por Pedro F. Gotay ante el Juez Asociado de esta Corte Suprema Sr. Wolf. En el propio día el juez ordenó la expedición del auto, decretó la libertad provisional del peticionario y fijó la vista para el 30 de abril. En dicho día los Sres. J. B. García Méndez, José Sabater y Miguel Guerra Mondragón pidieron al juez que siendo el primero Presidente del Comité Jurídico Penal, el segundo Presidente del Comité Jurídico Civil y el tercero Vice Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y estando fa-miliarizados con el caso, les permitiera intervenir e inter-vinieron, en. efecto, en el procedimiento como amicus curia con facultades para exponer los lieclios y la ley. El peti-cionario se hallaba en prisión a virtud de nn mandamiento de arresto firmado por el Presidente de la dicha Cámara de Representantes. Se trataba de cierto artículo publicado por el peticionario en cierto periódico que la Cámara consideró ■como una violación de sus privilegios legislativos.

El 3 de mayo siguiente el Juez Asociado Sr. Wolf de-claró con lugar la petición y decretó la libertad definitiva del peticionario, exponiendo los fundamentos que para ello tenía en una larga opinión que termina así: £<No hay duda en mi mente' de que la Cámara de Representantes puede castigar por desacato dentro de la esfera de sus actuacio-nes legislativas, conferidas implícitamente por el Acta Or-gánica de Puerto Rico, pero creo que la resolución de la Cámara de' Representantes en el presente caso cae fuera de su esfera y que el acusado debe ser absuelto.”

El propio día 3 de mayo, 1927, se radicó un escrito que, copiado a la letra, dice:

“En el Tribunal Supremo ele Puerto Rico. — Pedro F. Gotay, Peticionario. — Ex Parte. — Habeas Corpus. — Escrito de Apelación.' — ■ Al Honorable Adolph G. Wolf, Juez Asociado del Tribunal Supremo; Al Ledo. Cay. Coll Cuchí, abogado del peticionario, y al Secretario de este Tribunal: Sírvanse quedar notificados que no es-tando conforme con la resolución dictada en el día de hoy por el Honorable Adolph G. Wolf, Juez Asociado de este Tribunal, en el caso arriba titulado, por la cual se declara con lugar el habeas corpus interpuesto por el peticionario, y se absuelve al mismo, apelo de di•cha resolución para ante el Honorable Tribunal Supremo en pleno. San Juan, Puerto Rico, mayo 3, 1927. (fdo.) José E. Figueras, Fiscal del Tribunal Supremo. ■ Notificado con copia hoy día 4 de mayo, 1927. (fdo.) Cay. Coll y Cuchí, por G. Cruzado Silva, abo-gado dél Peticionario.”

A virtud, de dicho escrito se admitió y tramitó la apela-ción presentándose un “alegato del Fiscal” y señalándose día para la vista del recurso.

Así las cosas, compareció el apelado Gotay y pidió la desestimación de la apelación por no haberse presentado a nombre del Pueblo de Puerto Pico. Sobre la moción fue-ron oídos G-otay por su abogado y “el apelante por el suyo fiscal Figueras. ’ ’

La ley sobre la materia es la decretada por la Asamblea Legislativa y aprobada por el Gobernador el 12 de marzo de 1903. Las secciones 1 y 2 de la misma, (Comp. 1911, secciones 6547 y 6548) que son las pertinentes, dicen:

“Sección 1. — Podrá interponer recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, contra la providencia definitiva de un tribunal o juez al devolverse diligenciado el auto de habeas corpus, cualquiera de las partes que resultare agraviada.
“Sección 2. — Contra una orden definitiva excarcelando libre-mente a un preso o detenido bajo acusación criminal o mandando ponerlo en libertad bajo fianza, podrá apelarse en nombre del Pueblo de Puerto Rico o por el fiscal del distrito respectivo, o por el Fiscal del Tribunal Supremo, o por el Fiscal General, o por el abo-gado defensor debidamente autorizado por el Fiscal General. El recurso así interpuesto contra una orden mandando poner en libertad a un preso bajo fianza o reduciendo ésta, no producirá el efecto sus--pensivo. ’ ’

En ninguna parte del escrito se dice que la apelación se interpone a nombre del Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo de Puerto Rico no se encuentra ni siquiera mencionado en todo él. Todo lo que aparece del texto del escrito es que el Fiscal no está conforme con la resolución y apela de ella. T la ley no le reconoce ese derecho.

Sostuvo el Fiscal del Supremo oralmente en el acto de la vista de la moción que como sólo le es dable representar-a El Pueblo de Puerto Rico, aunque así no se expresara en el escrito de apelación, implícito está que se presentó a nom-bre de El Pueblo.

Si examinamos la legislación vigente sobre la materia, el argumento del Fiscal resulta contraproducente. La Ley No. 39 de 1912 impone al Fiscal del Tribunal Supremo el de-ber de representar a El Pueblo de Puerto Rico en todas las apelaciones criminales y en todas las causas civiles en que esté interesado El Pueblo de Puerto Pico pendientes ante el Tribunal Supremo. Otra ley aprobada en 9 de marzo de 1905 prohíbe al Fiscal del Tribunal Supremo ejercer la abogacía pero prescribe • que tal prohibición no le impedirá postular como defensor de El Pueblo de Puerto Rico o de cualquier funcionario público según lo autoricen las leyes. Y por la ley estableciendo el recurso de apelación en casos de habeas corpus, supra, hemos visto que puede interpo-nerse por cualquiera de las partes que resultare agraviada o en nombre del Pueblo de Puerto Rico.

Según el acta de la vista del auto diligenciado sólo com--parecieron el peticionario asistido de su abogado, “los re-curridos representados por su abogado, el Ledo. F. Pérez Almiroty, Fiscal Especial at-large” y las otras personas a quienes nos hemos referido y que fueron admitidas “más bien como ayudantes del Attorney General,” informando oralmente una de ellas, el Ledo. García Méndez.

Como puede verse, el Fiscal del Tribunal Supremo no compareció en los procedimientos originales y como de acuerdo con la ley no sólo puede defender al Pueblo sino a sus funcionarios y un funcionario era el alcaide de la cárcel' que tenía bajo su custodia al peticionario y recibió y devol-vió el auto, la necesidad por parte del Fiscal al, personarse por vez primera en el procedimiento archivando el escrito de apelación, de expresar a nombre de quien actuaba, era aún más evidente.

Además, aunque se admitiera que la única intención del Fiscal había sido la de apelar a nombre del Pueblo, no ha-biéndolo expresado así, el escrito carece de valor. Se trata de un derecho estatutorio que debe ejercitarse siguiendo estrictamente los términos del estatuto. No sólo es el de-recho de que se trata estatutorio sino que la justicia de su concesión no ha sido por todos reconocida como puede verse de la siguiente cita que tomamos de Ruling Case Law. Es así:

“De conformidad con la regla establecida por un sinnúmero de autoridades, y sostenida, según se cree, por el mejor razonamiento, no procede un recurso de error o una apelación por parte del estado para revisar una resolución o sentencia de una corte de jurisdicción competente, en un procedimiento de habeas corpus que ordena la excarcelación de una persona que ha sido convicta y encarcelada por un delito. Teniendo en mente el fin original del recurso, es difícil concebir el fundamento o la razón en que se basan los esta-tutos que permiten se apele en casos en que el acusado ha sido puesto en libertad. La demora que podría ocasionar y que generalmente' ocasiona la apelación, en muchos casos destruiría el verdadero fin del recurso, que no es otro que obtener la excarcelación material del acusado, y en muchos casos su valor sería obstaculizado al ex-tremo de que perdería su naturaleza distintiva y el fin que siempre ha perseguido, y, en vez de ser una salvaguardia de la libertad hu-mana, llegaría a ser una forma de opresión. Sin embargo, hay al-gunas autoridades que sostienen que una resolución final ordenando la excarcelación en un procedimiento de habeas corpus, puede ser re-visada en un recurso de apelación; y también se ha resuelto que una resolución ordenando la excarcelación del acusado puede ser revisada mediante un recurso de certiorari. En caso de que la ape-lación se interponga a nombre del estado, la orden de excarcelación puede ser suspendida por el tribunal superior.” 12, R.C.L. Pag. 1258, párrafo 76.

En apoyo de su contención invoca Grotay el caso de People v. Gittens, 209, N. Y. 527.

Dicho caso fué resuelto por la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York sin opinión. Sólo se consigna en la resolución que la apelación se desestima por no ha-berse interpuesto a nombre del Pueblo como se requiere por la- sección 2059 del Código de Enjuiciamiento Civil, haciéndose referencia ah caso de People ex rel. Breslin v. Lawrence, 107 N. Y. 607.

• Hemos examinado este último caso y en él se transcribe la sección 2059 del Código de Enjuiciamiento Civil que es-tablece que “una apelación de una orden final decretando la libertad de una persona reducida a prisión a virtud de una acusación criminal, o de la sentencia confirmando dicha orden, puede ser establecida en el nombre del Pueblo por el fiscal general o fiscal del distrito.”

El estatuto es, pues, esencialmente igual al de Puerto Rico, pero los hechos del caso son distintos. Allí Breslin fué arrestado. Presentó una petición de habeas cor pits ante el Juez Lawrence y el juez la declaró sin lugar. Apeló a la Corte Suprema y ésta a su vez revocó la orden del Juez Lawrence y entonces el Juez Lawrence apeló a su vez para ante la Corte de Apelaciones del Estado y esta corte de última instancia basándose en la sección 2059 del Código de Enjuiciamiento Civil desestimó el recurso.

Los hechos del caso de Gittehs, supra, no son conocidos. La referencia al otro caso de Breslin, supra, resta gran fuerza a la cita. Sin embargo, no puede negarse que es pertinente a la cuestión envuelta.

Parece conveniente hacer constar que ni Gotay ni el Fiscal del Supremo han citado ninguna otra jurisprudencia y que habiendo estudiado el asunto con el detenimiento que nos ha sido posible, nada tampoco hemos podido encontrar nosotros.

La actitud que asumimos es ciertamente técnica, pero técnico' es también el derecho de apelación que se intentó ejercitar y habiendo invocado la parte interesada su dere-cho a que la decisión favorable a su libertad personal que obtuvo sea respetada, ese derecho debe serle plenamente re-conocido.

La apelación se desestima.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchisoít,

license: Public Domain

text:
    Eulogio Hidalgo Medina, como tutor de Gilberto Avilés, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    No. 696.

    Sometido: Noviembre 29, 1927.

      Resuelto: Diciembre 12, 1927.
    1. Tutor y Pupilo — Custodia y Cuidado de la Persona del Menor y de sus Bienes — Enajenación o Gravamen de Inmuebles — Autorización Judicial Necesidad de la Misma.' — El objeto del inciso 5 del artículo 282 del Código Civil según fué enmendado por Ley No. 33 de 1911 (pág. 126) fué indudable-mente el de exigir autorización judicial para el otorgamiento de contratos ins-cribibles en los casos en que se enajenen o graven o puedan perjudicarse pro-piedad inmueble o dereclios reales de menores.
    2. Tutor y Pupilo — Custodia y Cuidado de la Persona del Menor y de sus Bienes — Enajenación o Gravamen de Inmuebles — Autorización Judicial Necesidad de la Misma. — Si bien el inciso 5 del artículo 282 del Código Civil, según quedó enmendado por Ley No. 33 de 1911 (pág. 126) no prohíbe al tutor que efectúe un contrato o se otorguen documentos inscribibles, para ello es necesario la previa autorización judicial.
    3. Tutor y Pupilo — Custodia y Cuidado de la Persona del Menor y de sus Bienes — Enajenación o Gravamen de Inmuebles — Inscripción—Denega-toria de Inscripción — Defectos Insubsanables — Palta de Autoriza-ción Judicial. — En ausencia de demostración de que, claramente, una venta hecha a un tutor para su pupilo menor) representado por aquél, y sin la previa autorización judicial no cae dentro de la regla estatutoria que pro-híbe al tutor otorgar contratos sujetos a inscripción sin tal autorización, aquélla no es inscribible.
    4. Tutor y Pupilo — Custodia y Cuidado de la Persona del Menor y de sus Bienes — Enajenación o Gravamen de Inmuebles — Inscripción—Denega-toria de Inscripción — Defectos Insubsanables — Palta de Autoriza-ción Judicial.' — -Tratándose de la venta o enajenación de bienes inmuebles o derechos reales de menores la falta de una previa autorización no equivale a un defecto subsanable, y sí a uno insubsanable.
    Nota de L. Abella Blanco, E. (Aguadilla), denegando inscripción de un contrato de compraventa por lo que respecta a la parte de un menor.

      Confirmada.

      García Méndez & García Méndez, abogados del recurrente; el regis-trador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoít,

emitió la opinión del tribunal.

En la escritura que está ante nos se trata de vender una casa y dos solares a Juana Medina Hernández, viuda de Hidalgo y a don Eulogio Hidalgo Medina para su pupilo Gilberto Avilés, un menor representado por dicbo Hidalgo Medina como tutor, en la proporción de tres puartas partes de un condominio pro indiviso de dicha propiedad a la re-ferida viuda y la cuarta parte a Gilberto Avilés. Se espe-cifican $4,000 como la causa (consideration) para esta ena-jenación y se reconoce haber recibido esta cantidad de ma-nos de los compradores con anterioridad a la fecha del do-cumento.

.El registrador de la propiedad se negó a inscribir el traspaso del condominio pro indiviso de una cuarta parte a nombre del menor Gilberto Aviles por el fundamento de que de acuerdo con los términos del artículo 282 del Código Civil, inciso 5, un tutor no puede otorgar un contrato ins-cribible.

El artículo 282 del Código Civil revisado, tal como fué adoptado por nuestra Legislatura Insular en el 1902, leía en .parte como sigue:

“Artículo 282. — El tutor necesita autorización de la corte de distrito competente:
“5. Para enajenar o gravar bienes que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a ins-cripción. ’ ’

En el 1911 el inciso 5 fué enmendado para leer como sigue:

“5. — Para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos su-jetos a inscripción, así como para enajenar bienes muebles cuyo valor pase de doscientos dollars, y para otorgar contratos de arren-damiento de bienes inmuebles por un término mayor de seis años, sin que en ningún caso el arrendamiento pueda efectuarse,' ni la autorizáeión concederse por un período de tiempo que exceda al que falte al menor para cumplir su mayoridad.
. “Las limitaciones contenidas en el apartado anterior, sobre arren-damiento de bienes inmuebles, serán aplicables a los contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, autorizados por la ley apro-bada en marzo 10 de 1910.
“La prohibición de enajenar bienes muebles, por valor excedente de doscientos dollars, sin autorización judicial, no comprende la enajenación de los frutos de una finca rústica, en su última cosecha.”

No fué la intención de la Legislatura en el 1911 extender la prohibición de manera que incluyera arrendamientos “por un término mayor de seis años.” Tales convenios habían sido ya incluidos en los contratos inscribibles por los tér-minos expresos del artículo 2 de la Ley Hipotecaria. El propósito de la enmienda fué extender la restricción esta-tutoria lo suficiente para cubrir contratos de refacción agrí-cola, así como la enajenación de bienes muebles cnyo valor exceda de $200 para agregar la disposición de que ningún contrato de arrendamiento deberá extenderse en caso al-guno más allá del período de la minoridad.

Tanto antes como después de la enmienda, arrendamien-tos bajo los cuales se habían pagado cánones por más de tres años por adelantado y arrendamientos a corto plazo sin el pago de canon alguno por adelantado, si contenían la- estipulación necesaria de las partes, eran inscribibles por equivaler a una enajenación de bienes muebles o de de-rechos reales sobre la propiedad. La cancelación de una hipoteca es una enajenación. La inmensa mayoría de los documentos inscribibles envuelve la enajenación o gravamen de propiedad inmueble q de derechos reales. Evidentemente de acuerdo con el principio de noscitur a sociis, el objeto del inciso 5, supra, es exigir la autorización judicial para el otorgamiento de contratos inscribibles en los casos en que se enajenen o graven o pudieran perjudicarse propiedad in-mueble o derechos reales de menores. La anterior conclu-sión es más bien robustecida que debilitada por una cuidadosa consideración del contexto. Así, por ejemplo, el inciso 10 expresamente exige la autorización judicial para que el tutor repudie una donación, pero brilla por su ausencia una restricción parecida con respecto a la aceptación de dona-ciones. En el caso de Palou v. Registrador, 19 D.P.R. 372, se resolvió, de acuerdo con el sílabo, que:

“Ni la letra ni el espíritu del párrafo 5 del artículo 282; del Có-digo Civil Revisado, enmendado por la Ley No.. 33 de marzo 9, 1911, exigen la autorización judicial para que el tutor de un inca-pacitado pueda agrupar en una, dos fincas inscritas en el registro e inscribirlas de nuevo así agrupadas, de acuerdo con lo precep-tuado en el artículo 60 del reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria. ’ ’

Por tanto, estamos obligados a convenir con el apelante en que la ley no prohíbe que se acepte una donación, que se efectúe un contrato o que se otorgue un-documento inserí-bible, lo cual evidentemente no lesiona o perjudica, ni puede lesionar o perjudicar en ninguna forma posible, los dere-chos o intereses de nn menor. Pero no podemos estar de acnerdo con el criterio de qne la venta qne estamos consi-derando sea una donación o qne sea innocua en .alguna otra forma; y debe sostenerse, desde luego, la nota del regis-trador, a menos que pueda considerarse que el presente caso cae claramente dentro de la excepción de la- regla estatuto-ria que prohíbe que un tutor otorgue contratos inscribibles sin autorización judicial.

Es una inferencia razonable de la disposición en cuanto a la causa (consideration) que la cuarta parte de los cuatro mil dólares en cuestión, o por lo menos más de doscientos dólares de esa cantidad, fueron pagados por el tutor de los fondos pertenecientes al menor. Pero, aún en ausencia de tal disposición, se presume la existencia de una causa buena y de valor (good and valuable consideration) satisfecha por el menor al vendedor. Y nada hay en la escritura que in-dique bien una donación o un contrato simulado, a menos que se considere que la mera circunstancia del hecho de re-conocerse que se ha recibido el precio con anterioridad al otorgamiento de la escritura, equivale a admitir que en rea-lidad no hubo causa. Ni siquiera aparece que el vendedor estuviera relacionado con los compradores o con cualquiera de ellos por lazos de consanguinidad o matrimonio, ni hay ningún otro fundamento en que basar una sospecha razona-ble de que la verdadera causa fue el cariño y el afecto natural o cualquiera otra cosa que no fueran los cuatro mil dólares especificados en la escritura. Ni es necesario asu-mir que la parte o proporción de la causa que fué satisfe-cha a nombre del menor ascendía a doscientos dólares o más. El inciso 6 del artículo 282, supra, expresamente pro-híbe colocar “el dinero sobrante en cada año después de cubiertas las obligaciones de la tutela.”

Por tanto, no podemos decir que el registrador cometiera error al sostener que la escritura caía dentro de la prohibí-ción del estatuto como un documento inscribible, aun cuando pudo baber basado su negativa a inscribir el documento con igual o mayor propiedad en el becbo de que la transacción envolvía la enajenación o inversión de dinero perteneciente ál menor.

La contención de que la falta' de una previa autorización judicial equivale a lo sumo a un defecto subsanable carece igualmente de mérito. El caso de Del Rosario v. Rucabado, 23 D.P.R. 473, así como las decisiones de esta corte con posterioridad a la de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, parecen ser concluyentes en cuanto a este extremo. Bebe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Eleuterio Pagán Molina, demandante y apelado, v. Serafina Santiago, demandada y apelante.
    No. 4438.

    Visto: Diciembre 5, 1927.

      Resuelto: Diciembre 12, 1927.
    Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Falta de Diligencia en la Tramitación del Recurso. — Cuando solicitada la desestimación de un recurso por no haberse incorporado la evidencia aparece que en la corte inferior se radicó una exposición del caso a la cual el apelante presentó obje-ciones y que, señalado día para oir las partes, en él se concedió un término al apelante para que las contestara y que finalmente se ha señalado día para ,su aprobación, no existe tal abandono o descuido que justifique la desesti-mación.
    Mooión sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla, en pleito sobre injunction para recobrar posesión.

      Sin lugar.

      García Méndez <& García Méndez, abogados del apelante; Buenaven-tura Esteres, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción distinta a la mayoría de las mociones de desestimación basadas en no haberse incorporado la evi-dencia, en vista de que el apelante realmente radicó una ex-posición del caso en la Corte de Distrito de Aguadilla. El apelado presentó algunas objeciones a la exposición del caso, las cuales no notificó al apelante. La corte señaló un día para oir a las partes. En dicho día el apelante compa-reció, mas no así el apelado, y al apelante se le concedieron diez días para contestar las objeciones. Aparentemente la corte convino en señalar otro día, pero no se señaló ninguno hasta que se radicó la presente moción de desestimación. El apelante alega que en el ínterin la corte de distrito es-tuvo ocupada celebrando otros casos. De todos modos, no hallamos que haya habido tal abandono o descuido que jus-tifique la desestimación de este caso; tampoco nos convence el apelado de que la apelación es frívola.

Se declara sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Alejandro Laborde, demandante y apelado, v. Municipio de Isabela, demandado y apelante.
    No. 3881.

    Visto: Noviembre 28, 1927.

      Resuelto: Diciembre 12, 1927.
    Apelación- y Error — Desestimación, Retiro t Abandono — Reinstalación del Recurso. — Desestimado uu recurso por haberse interpuesto fuera del término según una certificación en relación a ese efecto, y justificado posteriormente por otra certificación literal de los autos, no impugnada por el apelado, que el derecho de apelación se ejercitó dentro del término, procede reinstalar la apelación así desestimada.
    MociÓN sobre reconsideración de sentencia.

      Dejada sin efecto reso-lución desestimando la apelación y reinstalado el recurso.

      B. A. Gómez, Sub-Procurador General, abogado del apelante; Leopoldo Feliú, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

En 8 de octubre de 1925 la Corte de Distrito de Agua-dilla dictó sentencia condenando al municipio de Isabela a pagar determinada cantidad de dinero a. su demandante Alejandro Laborde. Apeló el municipio de esa sentencia y el apelado nos pidió que desestimáramos tal apelación porque habiendo sido notificado el apelante de la.sentencia el 9 de octubre no interpuso su apelación hasta el 8 de diciembre siguiente, después de los treinta días concedidos por la léy, moción qne fué acompañada de una certificación del Secre-tario de la corte inferior en que se dice “que dicha sentencia le fué notificada al municipio demandado el día 9 de octubre de 1925.”

En vista de tal certificación y de lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil desestimamos la ape-lación el 12 de julio de 1927. Posteriormente se nos pide por el apelante que dejemos sin efecto esa resolución y reinstale-mos su apelación apoyado en otra certificación del mismo se-cretario en la que se inserta literalmente la sentencia, la noti-ficación de ella hecha al demandante el 9 de octubre de 1925, e igual notificación hecha al abogado del municipio deman-dado el día 12 de noviembre de 1925.

Dando más valor a la última certificación, que no ha sido impugnada por el apelado, porque es literal de los autos mientras que la anterior es sólo una relación, tenemos que llegar a la conclusión de que si bien el demandante apelado fué notificado de la sentencia el 9 de octubre el demandado apelante no fué notificado hasta el 12 de noviembre y por consiguiente no habían transcurrido los treinta días que la ley le concede para establecer su apelación cuando el 8 de diciembre presentó su recurso.

Por la razón expresada debemos dejar sin efecto nuestra resolución en este caso de julio 12,1297, desestimando la ape-lación, la que debe ser reinstalada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Lawyers Cooperative Publishing Company, peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez y P. N. Colberg, demandados.
    No. 587.

    Visto: Noviembre 28, 1927.

      Resuelto: Diciembre 12, 1927.
    1. Apelación- y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Término para Interponer el Recurso — Comienzo del Mismo — Notifica-ción de la Sentencia — En General. — No obstante la presencia de un abo-gado en corte al dictarse sentencia en su contra, debe dársele notificación de la misma.

      2. Cortes — Cortes de Jurisdicción Original General — Cortes de Distrito— Apelación — Casos Procedentes de las Cortes Municipales — Casos Civi-les — Desestimación.—No obstante la presencia del abogado en corte al dic-tarse sentencia en una corte municipal, si no se le notifica la sentencia no cabe desestimar la apelación que interponga para ante la corte de distrito porque no se ejercitara ese derecho dentro del término estatutorio contado desde la fecha en que se dictó la sentencia.
    CERTIORARI para revisar resolución de Charles F¡. Foote, J. (Maya-güez), desestimando apelación procedente de una corte municipal.

      Anulada, la resolución.

      Besosa & Besosa, abogados del peticionario; P. N. Colberg, compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de un recurso de certiorari inter-puesto ante nosotros.

El peticionario presentó en la Corte Municipal de Cabo Bojo demanda en reclamación del pago de $283.50. Se opuso a ella el demandado y señalado el día 6 de septiembre de 1927 para el juicio a él asistió el abogado del demandante pero no presentó prueba alguna, y en el mismo acto fué dictada sentencia declarando sin lugar su demanda. Esa sentencia no fué notificada al demandante ni a su abogado y veintitrés días después interpuso recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Mayagüez donde presentó la transcripción de los autos para su apelación dentro de los veinte días siguientes. Entonces el apelado solicitó la desestimación de la apelación fundado en que estando presente el abogado del demandante cuando fué dictada la sentencia no era necesario notificársela y la apelación debió establecerla dentro de los diez días siguientes al 6 de septiembre, en cuya fecha fué dictada la sentencia, y que por esto la transcripción de los autos fué presentada también fuera de tiempo. La corte de distrito desestimó la apelación y contra esa resolución se interpuso este recurso.

Hemos resuelto en el caso de Sucesión Rivera Colón contra Corte Municipal, 37 D.P.R. 165 que a pesar de la presencia del abogado en la corte al ser dictada sentencia en su contra el precepto de la Ley No. 13 de 1917, tomo 2, página 225, es imperativo y debe dársele notificación de dicha sentencia: y en el caso de Rodrigues contra Corte de Distrito, 31 D.P.R. 300, en el que la parte que perdió el pleito no fue notificada de la sentencia y apeló de ella des-pués de los diez días de dictada, revocamos la resolución de la corte de distrito desestimando esa apelación.

De acuerdo con esas sentencias, la resolución recurrida debe ser anulada y devolverse los autos a la corte de dis-trito para que siga conociendo del caso.


text:
    Francisco Rivera Collazo, firmando bajo el nombre de Rivera Collazo & Cía., demandante y apelante, v. El Municipio de San Juan, demandado y apelado.
    No. 4217.

    Visto: Noviembre 29, 1927.

      Resuelto: Diciembre 13, 1927.
    Corporaciones Municipales — Acciones Contra las Mismas — De la Demanda —Su Suficiencia. — Sostenida excepción previa de falta de hechos aducida contra una demanda en cobro de $600 importe de materiales o efeetos com-prados por un municipio de primera clase por no haberse hecho la compra de aquéllos mediante subasta y apareciendo que la Ley No. 11 de 1924 (pág. 77) enmendatoria de la sección 10 de la Ley No. 60 de 1921 es la reguladora del caso y no exige tal subasta cuándo ol valor de los efeetos o materiales no excede de $600, la demanda, en cuanto a ese extremo, es suficiente.
    SentenCia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), sobre excepción previa de falta de hechos.

      Revocada, y devuelto el caso.

      Manuel Martines Dávila, abogado del apelante; Leopoldo Feliú y M. Rossy, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión' del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta contra sentencia que sostuvo la excepción aducida contra la demanda por no aducir hechos determinantes de causa de acción y sin dar permiso para enmendarla la declaró sin lugar.

En la demanda se alega substancialmente lo siguiente: que en enero de 1925 el Dr. Víctor Coll Cuchí, en su carác-ter de Director de Beneficencia del Municipio de esta ciu-dad, contrató y compró al demandante, para dicho munici-pio, dos neveras, por precio ambas de $600: que las neve-ras fueron compradas por dicho Director de Beneficencia mediante orden escrita en consideración a que se trataba de un caso de emergencia y urgente necesidad, de acuerdo con la sección 24 del Reglamento para el régimen de la conta-bilidad municipal y para conservar en ellas sueros y drogas del municipio que de otra manera corrían el riesgo de per-derse, habiendo sido entregadas las neveras en dicho mes de enero desde cuya fecha han estado en la posesión del mu-nicipio, quien las ha usado en sus hospitales: que a fines de junio de 1925 el alcalde de esta ciudad requirió al de-mandante para que retirara las neveras de las dependencias municipales, a lo que se negó el demandante: que el Alcalde se ha negado a que sean pagadas y que el demandado no ha satisfecho el importe, de ellas.

La corte inferior fundó su sentencia contraria al deman-dante en que la Ley No. 60 de 12 de julio de 1921 requiere en su artículo 10 que las compras de materiales hechas por los municipios de primera clase, como lo es el de San Juan, se hagan por subasta pública cuando, su valor exceda de $500; y el apelante admite que ésa es la ley pero que a pe-sar de ella la compra objeto de este pleito es válida de acuerdo con el artículo 24, apartado “h” del Reglamento para el régimen de la contabilidad municipal aprobado el 26 de mayo de 1920 porque se hizo por el Comisionado de Beneficencia Municipal en un caso de emergencia.

El municipio apelado no presentó alegato escrito en este tribunal pero su abogado fué el único que asistió a la vista de esta apelación, argumentando bajo la base antes dicha de ser necesaria la subasta de acuerdo con esa ley cuando el valor de la cosa que ha de adquirirse es superior a $500.

Es claro que si ésa es la ley aplicable cualquier regla-mento que estuviera en conflicto con ella carecería de valor legal y no vemos cómo podría ser enmendada la demanda ni se nos ha demostrado cómo lo sería por lo que debería ser confirmada la sentencia apelada; pero al estudiar nos-otros este caso para resolverlo fiemos llegado a la conclu-sión de qne tanto el juez de la corte inferior como los abo-gados de ambas partes están equivocados con respecto a la ley aplicable a él, pues habiendo ocurrido los fiecfios alega-dos en la demanda en el mes de enero de 1925 la ley enton-ces en vigor es la No. 11 de 1924 que empezó a regir el 1Q de julio de ese año y que enmendó la sección 10 de la ley No. 60 de 1921 en el sentido de ser necesaria la subasta en los municipios de primera clase para la adquisición de to-dos los efectos y materiales cuyo valor o costo exceda de $600, por lo que no excediendo de esa cantidad el valor de las dos neveras su adquisición sin subasta no cae dentro de los límites fijados por esa ley y la sentencia debe ser revocada y continuarse los procedimientos, a menos que en moción de reconsideración se nos demuestre que la sen-tencia puede ser sostenida bajo otro precepto de ley.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcos Jiménez, acusado y apelante.
    No. 3221.

    Visto: Noviembre 29, 1927.

      Resuelto: Diciembre 13, 1927.
    “Indictment” y Acusación- — Renuncia de Defectos y Objeciones y Subsa-nación pon Veredicto — Renuncia de Defectos y Objeciones al “Indictment”, Acusación o Denuncia; — En General. — Cuando en el acto de la lectura de la acusación (arraignment) el acusado no levanta cuestión alguna sobre los defectos de forma de que adolece la acusación ni anuncia su in-tención de así hacerlo antes de que se señale el caso para vista, y llamado el caso a juicio presenta excepción perentoria a la acusación, en ausencia en los autos de algo que indique que dicha excepción se presentó antes del juicio, o de autoridad en contrario, la actuación de la corte inferior al deses-timar dicha excepción no es tal que dé lugar a una revocación.
    SENTENCIA de Roberto TI. Todd Jr., (Ponce) condenando al acusado por delito de portas armas.

      Confirmada.

      R. Martínez Nadal y L. Tormos, abogados del apelante; José TU. Pi-gnoras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Marcos Jiménez fné convicto del delito de portar armas, mediante una acusación que especificaba un arma de fuego que según se alegaba era un instrumento con el cual se po-día producir daño corporal.

La acusación parece haber sido radicada el 2 de febrero de 1927.

En febrero 15 la corte de distrito, en virtud de moción presentada por el abogado del acusado, dejó sin efecto una resolución anterior ordenando el arresto del acusado y exi-giendo a los fiadores que mostraran causa por la cual no de-bía decretarse la confiscación de la fianza. Entonces se pro-cedió a la lectura de la acusación; el acusado hizo la alega-ción de no culpable y al hacerse entrega de una copia de la acusación la corte anunció que se señalaría el caso para vista.

En aquel momento el acusado pasó por alto o hizo caso omiso deliberadamente de una oportunidad excelente para 'levantar cualquier cuestión de defectos de forma en la acu-sación, o por lo menos de anunciar la intención de levantar tal cuestión y pedir que el caso no se señalara para vista hasta que tal cuestión preliminar fuese resuelta. El caso fué llamado para juicio en marzo 2 y el acusado entonces anunció que tenía que presentar una excepción perentoria a la acusación por el fundamento -de que los hechos según es-taban alegados no constituían delito público y sometió la cuestión a la corte sin hacer ningún otro comentario y sin argumentarla.

La corte inmediatamente declaró sin lugar la excepción perentoria fundándose en el caso de El Pueblo v. Velasco, 36 D.P.R. 273, y al hacerlo así citó el siguiente pasaje de la opinión de dicho caso: “A. falta de la oportuna objeción y de algo más definido por vía de autoridad en apoyo de una resolución en contrario, estamos obligados a resolver que la acusación imputa un delito.”

El acusado se conformó con anotar una excepción a esta resolución de la corte sin especificar fundamento alguno para la misma ni tratar de distinguir en forma alguna el presente caso del de Velasco a qne hizo referencia el juez de distrito.

El apelante ahora se queja de que la corte cometió error al declarar sin lugar una moción .solicitando el sobresei-miento de la acusación por el fundamento de que los hechos en la forma en que estaban alegados no demostraban la co-misión de ningún delito por parte del acusado y de que la Ley No. 14 es inconstitucional.

La moción de referencia está fechada el 2 de marzo de 1927. No tiene sello o marca alguna de radicación. Nada hay que indique si el caso fué llamado para vista en la ma-ñana o en la tarde de dicho día, ni si la moción fué radicada en el momento de celebrarse la vista del caso o antes. En uno u otro caso nada hay que indique que se llamara la atención de la corte en momento alguno hacia el hecho de que había la intención de atacar la constitucionalidad de la ley. Tampoco, como ya hemos dicho, hubo indicación ah guna de que quizá se podía hacer una distinción entre el presente caso y el caso citado por la corte en apoyo de su resolución. Los casos de El Pueblo v. Velasco, supra, y El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, fueron citados y segui-dos en el de El Pueblo v. Piris, 36 D.P.R. 494, caso este úl-timo que fué resuelto unas tres semanas después de ocu-rrido el incidente que ahora discutimos.

Por el mismo principio en que se basó la decisión en los tres casos que acabamos de mencionar y admitiendo para los fines de la argumentación que la corte inferior realmente declaró sin lugar la moción solicitando el sobre-seimiento de la acusación, según sugiere ahora el apelante, no hallamos en tal actuación error alguno que dé lugar a una revocación.

No obstante, no entendemos por qué un fiscal deba in-sistir en ocultar del acusado en una causa criminal la clase de arma de fuego que tiene que identificarse y ofrecerse como prueba durante el juicio como el arma a que se hace referencia en la acusación. Si el fin de tal insistencia es obtener eventualmente una resolución definitiva por esta corte sobre una cuestión, desde el punto de vista del fiscal, trivial y técnica, más o menos dudosa, bien por mera cu-riosidad o por cualquiera otra razón, nos gustaría tener al-guna cita de autoridades en apoyo de la forma de alega-ción (pleading) que parece haberse adoptado y seguido uni-formemente en casos de esta índole en la Corte de Distrito de Ponce.

Con referencia a la otra contención del apelante, o sea que la sentencia es contraria a la prueba y a derecho, basta decir que hemos examinado las notas taquigráficas a la luz del argumento contenido en el alegato del apelante y no hemos hallado fundamento suficiente para revocar la sen-tencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PresidbNte Señor del Toro,

text:
    Solivellas & Co., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    No. 692.

    Sometido: Noviembre 7, 1927.

      Resuelto: Diciembre 16, 1927.
    Principal y Agente — Derechos, Deberes y Responsabilidades Mutuas — Eje-cución del Mandato — Substitución del Poder a Pavor de Otro — Susti-tución del Sustituto. — En ausencia do facultad expresa en el poder para que el sustituto nombrado por el mandatario pueda sustituir a su vez el po-der en favor de otro sustituto, o de un precepto estatutorio que lo autorice, tal sustitución no puede hacerse.
    Nota de William J. Santos, R. (Aguadilla), negando cancelación de hipoteca en cuanto a la participación que en el crédito corres-pondía a una de las mandatarias.

      Confirmadla.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del recurrente, El Regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PresidbNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el registro de la propiedad de Aguadilla se presentó la escritura de cancelación otorgada ante el notario Zayas Pizarro por Antonio Yicens como apoderado de la Sucesión Trujillo Pizá el 20 de mayo de 1927, y el registrador la ins-cribió en cnanto a las participaciones qne en el crédito can-celado correspondían a Dolores Costa, Juan Trujillo To-rruella y José, Julio, Cándido y María Trujillo Costa, miem-bros de la indicada Sucesión, y la denegó en cuanto a la participación correspondiente al otro miembro de la Suce-sión Isabel Trujillo Torruella

“por no aparecer de la escritura de poder.que la poder-dante dé facultades para que el sustituto nombrado por su manda-tario pueda 'sustituir a su vez el poder en favor de otro sustituto.'’

De la escritura de poder acompañada a la de cancela-ción aparece que doña Isabel Trujillo Torruella otorgó po-der general a su esposo Jaime Pizá, autorizándolo para “sustituir este poder en todo o en parte, revocar las sus-tituciones y liacer otras, sin limitación alguna.”

. En ejercicio de las facultades que le confirió su esposa, Pizá sustituyó el poder en todas sus partes a favor de Jaime Montaner y a su vez Jaime Montaner lo sustituyó a favor de Antonio Vicens a quien también nombraron su apoderado los demás miembros- de la Sucesión Trujillo Pizá y quien como apoderado de todos otorgó, según se lia dicho, la escritura de cancelación de que se trata.

La cuestión a estudiar y a resolver es, pues, la siguiente: ¿Puede el sustituido en un poder sustituirse en otra persona, sin que haya sido expresamente autorizado para ello por el mandante?

En su alegato dice el recurrente que no ha- podido en-contrar precedentes exactos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de España, ni en la de ésta de Puerto Rico. Tam-poco cita el registrador caso alguno en que la cuestión en-vuelta haya sido decidida, ni lo hemos encontrado nosotros.

La primitiva idea de que el mandato se basaba única-mente en la amistad y la confianza, parecía contraria a la sustitución. Las relaciones humanas, los negocios entre los hombres se fueron extendiendo de tal modo que la sustitu-ción se impuso y así el Código Civil español avanzando en el camino abierto por el Código de Napoleón estableció que el mandatario podría nombrar sustituto, a menos que se lo prohibiera el mandante. Art. 1721 del Código Civil Espa-ñol y 1623 del Código Civil Revisado.

Basándose en ese movimiento progresivo impuesto por la necesidad y en una sentencia de la Corte Suprema de Es-paña, que aparece en el tomo XXI de la Enciclopedia Ju-rídica española, página 590, como dictada el 6 de diciembre de 1897, sostiene el recurrente que el apoderado sustituido por el sustituto queda colocado exactamente en las mismas condiciones en que lo estaba el primitivo apoderado y por tanto tiene la expresa facultad de sustituirse en otra persona.

La sentencia de la Corte Suprema de España invocada, resuelve que:

“Dada la naturaleza del mandato y los derechos y obligaciones que de él nacen, cuando un • mandatario hace uso de las facultades de substitución que el poderdante le confiere, con o sin la designa-ción de la persona del substituto, e's evidente que, cumplido en esta parte el mandato, se desliga aquél de todas sus relaciones jurídicas con el mandante, salvo el caso previsto en el núm. 29 del art. 1,72.1 del Código Civil, quedando en 'su lugar el substituto, único que desde entonces tiene el carácter de mandatario con relación al poderdante, a diferencia del caso en que el primer mandatario por sí, y no en cumplimiento de un mandato, confiere a un tercero poder para que haga lo que él sigue obligado a hacer en sus relaciones con la persona que le confirió el mandato.”

No hay duda alguna del principio establecido. Una vez que el apoderado nombrado directamente por el poderdante ejercita la facultad de sustitución que le fue expresamente conferida o la asume y ejercita de acuerdo con la ley, cesa en su cometido y queda desligado de toda ulterior relación con excepción de la que pueda surgir a virtud de las res-ponsabilidades que la misma ley le impone. ¿Pero quiere esto decir que la persona por él nombrada como su susti-tuto pueda nombrar otra que lo sustituya y esta otra otra a su vez y así indefinidamente, sin estar para ello autori-zada expresamente por el mandante y sin que el caso esté previsto y resuelto expresamente por la ley?

La opinión del recurrente no está desprovista de lógica y es digna de considerarse y de tenerse en cuenta, pero la verdad es que si nosotros la aceptáramos y la convirtiéra-mos en jurisprudencia, penetraríamos en un campo de ac-ción que no corresponde a la rama judicial sino a la legisla-lativa del gobierno.

La facultad de sustituir la tiene el mandatario primitivo tanto cuando actúa a virtud del poder conferídole expresa-mente por el mandante como cuando lo Lace usando del que le concede la ley. Es a él, al elegido personalmente, al que se confiere la facultad. El primitivo apoderado ■ puede es-coger otra persona para cumplir el encargo que a él se le encomendara pero no puede, a menos que lo diga el poder-dante o lo disponga la ley, trasmitir a ésa otra persona la facultad de sustituirse a sí misma. De los mismos térmi-nos en que se otorgó la escritura del poder original en esté caso se desprende que ésa es la verdadera interpretación legal. Se autorizó al apoderado para sustituir el poder en todo o en parte y para revocar las sustituciones y hacer otras sin limitación alguna.

Si examinamos la cuestión a la luz de la jurisprudencia americana llegaremos a la misma conclusión. La regla general en el continente, tal como la expone Cyc. es que:

“un agente en quien se deposita fe o confianza, o a quien se exige que ejercite su discreción o juicio, no puede confiar a otro fein el eonsentimento de su principal el cumplimiento de sus deberes; y como casi todos los actos de agencia envuelven discreción y la selec-ción misma de un agente ordinariamente implica confianza per'sonal on el agente escogido, se desprende que una persona investida con autoridad para actuar en beneficio de un principal debe ordinaria-mente realizar el acto por sí mismo." 31 Cyc. 1425.

Las excepciones a la regia se exponen en la misma obra así:

“Sub-agentes pueden claramente ser nombrados cuando su nom-bramiento ha sido expresamente autorizado por el principal, y en tul caso el agente no asume responsabilidad alguna por los actos del subagente, quien es directamente responsable al principal. El con-sentimiento del principal en hacer responsable al subagente se pre-sumirá cuando a sabiendas consiente en la sustitución de otro en lugar del agente nombrado.
“No siempre es necesaria autorización expresa para nombrar sub-agentes. Tal autorización regularmente debe deducir'se cuando la agencia obvia y naturalmente es tal que hace necesaria el empleo de subagentes. En tales casos el empleo de subagentes se presume que ha sido contemplado cuando se dió el poder, y el agente tiene auto-ridad implícita para nombrar tale's subagentes dentro de los límites de las necesidades del caso. Por tanto no incurre en responsabilidad por los actos de tales subagentes si éstos 'son escogidos con cuidado razonable, y el principal queda obligado por lo actos de un sub-agente así nombrado aun cuando no tenga conocimiento personal de él. Lo contrario de la proposición e's igualmente cierto, y un agente no tiene poder implícito para delegar su autoridad a un subagente cuando tal delegación no es necesaria, propia o usual.” 31 Oye. 1427, 1428.

El caso de autos por su naturaleza no cae dentro de las excepciones. Lo que se hizo aquí fué cancelar una deuda hipotecaria.

Hemos consultado la jurisprudencia de Louisiana, estado que tiene un código civil basado en el de Napoleón que también sirvió de base primitivamente al nuestro y no arroja mucha luz' sobre la exacta cuestión en controversia. De acuerdo con ella bajo un poder general, el agente tiene el derecho de nombrar un sustituto. Dubreuil v. Ronzan, 1 Mart. (N.S.) 158, y el agente que sustituye a otro en su lugar con el consentimiento del principal no puede revivir su extinta autoridad y obligar al principal sin su consenti-miento. Código civil arts. 2997, 2998, 2999.—Saul v. Lalaurie, 1 La. Ann. 401. De lo resuelto no puede inferirse que el que actúa por sustitución tenga a su vez la facultad de hacerse sustituir por otra persona.

Seguramente se trata aquí de una transacción correcta, pero tal como consta realizada, de acuerdo con la ley estaba el registrador obligado a negarse a inscribirla. Puede ser fácilmente ratificada y la inscripción verificarse entonces sin dificultad.

Debe confirmarse la nota recurrida en la parte en que lo fué.


author: El- Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arturo Izquierdo, acusado y apelante.
    No. 3304.

    Visto: Diciembre 15, 1927.

      Resuelto: Diciembre 19, 1927.
    Armas — Portar Armas Prohibidas — Personas Dentro de la Exención o Pri-vilegios — Tesorero Municipal. — El Tesorero do un municipio no está auto-rizado por la ley para usar armas prohibidas.
    SENTENCIA de Pablo Barga, J., (San. Juan) condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

    BolívaR Pagán, abogado del apelante; José E. Pignoras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El- Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Siendo el apelante Tesorero del Municipio de Toa Alta en esta isla disparó su revólver estando en su oficina y fué denunciado y condenado por el delito de portar arma pro-hibida.

La única cuestión que se suscita en la apelación inter-puesta contra esa sentencia es que la corte inferior cometió error al condenarlo porque de acuerdo con el artículo 6, pá-rrafo 10, de la Ley de 25 de junio de 1924 prohibiendo por-tar armas, él tiene derecho a usar su revólver legalmente pues autoriza a usar armas a los conductores de fondos piíblicos, mientras estuvieren éstos bajo su custodia, ya que según el artículo 30 de la Ley Municipal él tenía a su cargo la custodia de los fondos municipales y los pagos de los servicios y atenciones públicas de dicho municipio.

La exención o privilegio alegado por el apelante no tiene la extensión y alcance que le atribuye pues como sus pala-bras dicen es para los conductores de fondos públicos, y conductor es el que conduce, adjetivo que se deriva del verbo conducir, cuyo primer significado es, según el Diccio-nario de la Academia Española, “llevar, transportar de una parte a otra” por lo que conductor de fondos públicos es el que lleva o transporta de una” parte a otra esa clase de fondos. Entre los deberes del cargo del tesorero municipal apelante no está en la Ley Municipal el de conducir o trans-portar los fondos municipales; y aunque el apelante de-claró que en algunas ocasiones transportaba dinero de esos fondos municipales al correo para obtener giros postales, ni en la ocasión que portaba el revólver transportaba fon-dos municipales con tal fin, ni esto hubiera justificado la excención de pena porque su deber no es transportar o con-ducir esos fondos sino custodiarlos, que es guardarlos, y los. que custodian fondos públicos no están autorizados por la ley para usar armas prohibidas. El caso de El Pueblo v. Segarra, 36 D.P.R. 116, no tiene aplicación al presente por-que lo que en él resolvimos fué que el derecho a portar arma' no se pierde porque se haga indebido uso de ella y que si hizo uso ilegal de la misma será culpable de un de-lito pero no del de portar arma.

Confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Ramón Delgado López y Candelaria Delgado López, recurrentes, v. El Registrados de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 688.

    Sometido: Noviembre 7, 1927.

      Resuelto: Diciembre 21, 1927.
    1. Información de Dominio — Inscripción—Denegatoria de Inscripción — Bie-nes Adquiridos por Título Hereditario — Falta de Pago de los Derechos de Herencia. — Acreditado el dominio de una finca adquirida por título de herencia, el hecho de que tal propiedad sea de poeo valor y la contribución de herencia sea pequeña no. justifica la inscripción del título de dominio cuando los derechos de herencia no se han pagado, aún cuando, no se hayan instruido los procedimientos necesarios para el cobro de tales derechos pres-critos por el artículo 376 del Código Político.
    2. Información de Dominio — Inscripción—Facultades del Registrador — CÁ- • LIEICACIÓN DEL TÍTULO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL-RESOLUCIÓN Aprobatoria del Dominio. — En. los informativos de dominio de bienes ad-quiridos por título de' herencia la cuestión del pago de los derechos de he-reñeia no es una obligatoria para el registrador.: 1
    Nota de Lemuel Marqués, E. (Caguas), negando inscripción de una ‘ resolución dictada en un informativo de dominio.

      Confirmada.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el Eegistrador recurrido • ■ compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humacao expidió a los recurren-tes una. certificación de título en un expediente de dominio y la orden de la corte demostraba que los recurrentes adqui-rieron la propiedad de su madre por herencia. El Eegis-trador de Caguas se negó a hacer la inscripción fundándose en que no se había demostrado que se pagara un derecho de herencia sobre la propiedad, tal como la exige la ley.

Los recurrentes dicen que se trata de un caso de de mini-mus non curat lex, toda vez que la propiedad solamente valía setenta dólares y por tanto la contribución sería pequeña. En materia de contribuciones no vemos razón alguna para la aplicación de la máxima. Generalmente se aplica cuali-tativamente, como cuando los derechos no son importantes, y icon más rareza cuantitativamente.

El artículo 376 del Código Político dispone como sigue:

“Art. 376. — Todas las contribuciones impuestas por virtud del Capítulo III de este título serán, ingresadas en la Tesorería de Púérto Eico por los administradores, albaceas, fideicomisarios u otras personas que administren los bienes sujetos al pago de dichas con-tribuciones; y todos Tos referidos administradores, albaceas, fideico-misarios o personas serán responsables por dichas contribuciones, con intereses, como más adelante aquí se prescribe, hasta que las mismas hayan sido satisfechas. Dichas contribuciones serán deven-gadas y pagaderas inmediatamente, después del fallecimiento de un poseedor de bienes, o constituirán desde luego un gravamen sobre .tales bienes, y seguirán siendo gravamen hasta que se satisfagan. Si dichas contribuciones no se pagan dentro de diez días contados 'desde la presentación del recibo de contribuciones, el Tesorero exi-girá al correspondiente albacea, administrador, o fideicomisario fianza del doble del montante de dichas contribuciones vencidas que se adeudan, la cual garantice el pago total y saldo de dichas con-tribuciones, en la forma y dentro del plazo que por esta ley sé es-tablecen; y el Tesorero está autorizado para embargar la propie-dad de dicho fallecido, sujeta al pago de contribución, hasta tanto que se haya prestado la antedicha fianza. Si dichas contribuciones -no se pagasen dentro de un año, contado. desde el expresado falleci-■miento, se cargarán y se cobrarán intereses sobre ellas, al tipo de diéz por ciento; y si dichas contribuciones no se pagasen dentro de los diez y ocho meses contados desde el fallecimiento, será obli-gación del Fiscal del distrito en donde dichas contribuciones que-daron en descubierto, instruir los procedimientos necesarios para su ■cobro, al recibir oportuno aviso del Tesorero de no haberse pagado.”

Bajo este artículo los recurrentes alegan que ha pres-crito cualquier derecho que pudiera haber en su contra. Ellos admiten que el artículo 376 establece un gravamen, pero sostienen que el referido gravamen es más bien personal que real. G-eneralmente cuando la ley habla de gravámenes tiene en mente bienes inmuebles, especialmente por ser difícil im-poner un gravamen sobre bienes muebles. El gravamen se aplica universalmente. Se crea un gravamen sin la nece-sidad de ejercitar una acción y por tanto no hay posibilidad de prescripción.

Los recurrentes dicen también que existe una presunción de regularidad al obtener de una corte una certificación de •un título de dominio. Hay ciertas cuestiones de hechos resueltas por una corte al considerar una solicitud sobre expedientes de dominio que' serían obligatorias para un re-gistrador de la propiedad. El pago de contribuciones no es una- de esas cuestiones. Por virtud del artículo 18 de la Ley Hipotecaria el registrador está obligado a calificar si se han cumplido con los requisitos de ley. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley No. 99 del año 1925, se prohíbe al registrador que inscriba cualquier documento en que estén envueltos bienes heredados, a menos,.que se haya pagado la contribución por herencia.

Debe confirmarse la nota del registrador.