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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Luis A. Rivera Crespo, recurrido.

      Número: CC-2005-64

      Resuelto: 10 de mayo de 2006

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, Sariely Ro-sado Fernández y Ana Garcés Camacho, procuradoras ge-nerales auxiliares, abogados de la parte peticionaria; Luis A. Rivera Crespo, peticionario que comparece por derecho propio.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso permite que nos expresemos sobre el derecho a asistencia de abogado en los procedimientos dis-crecionales post sentencia. Nos corresponde determinar si un convicto indigente tiene derecho a que se le nombre un abogado de oficio con el propósito de presentar una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedi-miento Criminal.

H-1

Por hechos ocurridos el 13 de enero de 1990, el Ministe-rio Público presentó varias denuncias contra el Sr. Luis A. Rivera Crespo (señor Rivera Crespo) por los delitos de ase-sinato en primer grado, robo, escalamiento agravado y va-rios cargos por infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

El día del juicio, el Ministerio Público y la defensa lle-garon a un acuerdo mediante el cual el señor Rivera Crespo hizo alegación de culpabilidad por los delitos impu-tados a cambio de que se eliminara la alegación de reinci-dencia habitual contenida en la acusación. El Tribunal de Primera Instancia aceptó la alegación de culpabilidad, luego de determinar que se hizo libre y voluntariamente, y con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación. El tribunal condenó al señor Rivera Crespo a una pena de noventa y nueve años de prisión por el delito de asesinato en primer grado, más las penas correspondientes para los demás delitos, a ser cumplidas concurrentemente.

Así las cosas, en junio de 2003, más de trece años des-pués de dictada la sentencia, el señor Rivera Crespo pre-sentó una moción por derecho propio ante el Tribunal de Primera Instancia. Adujo que advino en posesión de una declaración jurada emitida por un testigo de cargo en la que se alega que los agentes del orden público fabricaron el caso en su contra. Sostuvo que dicha declaración jurada lo exculpa de responsabilidad con relación a los hechos por los cuales resultó convicto. Solicitó, por lo tanto, que se le asignara un abogado de oficio con el propósito de presentar una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El Tribunal de Primera Instancia declaró "nada que proveer” a la solicitud del señor Rivera Crespo.

No conforme con dicha determinación, el señor Rivera Crespo acudió por derecho propio al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro revocó al Tribunal de Primera Ins-tancia y dispuso que el derecho a la asistencia de abogado se aplicaba a todo momento del procedimiento criminal, incluso los remedios post sentencia. Razonó que, al existir en nuestro ordenamiento la posibilidad de que un tribunal conceda un nuevo juicio a un convicto, el derecho a solicitar dicho procedimiento adquiere una dimensión cuasi constitucional. Resolvió que no reconocer el derecho a la asistencia de abogado en este caso es contrario a la inter-pretación y aplicación que se le ha dado a tal derecho. En vista de lo anterior, devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se le asignara al señor Rivera Crespo un abogado de oficio a los fines de presentar uña moción de nuevo juicio.

Inconforme, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto del Procurador General, acude ante nos mediante un recurso de certiorari. Aduce que erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que el derecho a la asistencia de abogado de oficio en casos criminales cobija a los convictos en los procedi-mientos post sentencia. Sostiene, además, que ni la Cons-titución ni las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico avalan la solicitud presentada por el señor Rivera Crespo. Expedimos el auto de certiorari. Con el beneficio de las comparecencias de las partes, procedemos a resolver este asunto.

p-H h — I

A. La Sec. 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho ... a tener asistencia de abogado ...”. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327 (Sec. 11). Además del citado precepto constitucional, el derecho a una adecuada representación legal en los procedimientos criminales se ha consagrado como parte fundamental de la cláusula del debido proceso de ley. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 887 (1993); Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 D.P.R. 146, 163 (1992).

Ahora bien, a pesar de que el derecho a asistencia de abogado es de rango constitucional, no es absoluto ni ilimitado. Aunque el texto de la Sec. 11 dispone que el derecho a asistencia de abogado existe “en todos los procesos criminales”, hemos resuelto que dicho derecho se extiende únicamente a etapas críticas del procedimiento. Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497 (1983). Véanse además, a modo ilustrativo: Michigan v. Jackson, 475 U.S. 625 (1986); United States v. Cronic, 466 U.S. 648 (1984). Sobre este particular, hemos dicho anteriormente que una etapa crítica del proceso criminal es, por definición, una etapa en la que existe una posibilidad real de que pueda causarse un perjuicio sustancial al acusado. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 397, 399 (1968). Véase, además, J.G. Neal, “Critical Stage”: Extending the Right to Counsel to the Motion for New Trial Phase, 45 (Núm. 2) Wm. & Mary L. Rev. 783, 804 (2003).

Por otro lado, el profesor Chiesa Aponte expone que el proceso criminal, en cuanto al derecho a la asisten-cia de abogado, se extiende sólo a las etapas críticas del procedimiento hasta la terminación del juicio y el pronun-ciamiento de sentencia. E.L. Chiesa Aponte, Derecho pro-cesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1995, Vol. I, pág. 533. Aparte del juicio, se conside-ran críticas para fines del derecho a la asistencia de abo-gado las etapas siguientes: (1) durante la fase investiga-tiva, cuando ésta adquiere un carácter acusatorio; (2) en el acto de lectura de acusación; (3) en la vista preliminar, y (4) al dictarse sentencia. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra. Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 534.

No obstante lo anterior, luego del pronunciamiento de sentencia, el derecho a asistencia de abogado surge por imperativo de las cláusulas del debido proceso de ley e igual protección de las leyes. Sobre este particular, cuando existe por disposición estatutaria el derecho a una primera apelación sobre una sentencia impuesta, el derecho a asistencia de abogado no puede condicionarse a requisitos económicos que lo pongan fuera del alcance de un indigente. Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 D.P.R. 808, 815 (1998). Así resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Douglas v. California, 372 U.S. 353 (1963). En consecuencia, en nuestra jurisdicción un convicto indigente tiene derecho a que se le nombre un abogado de oficio para la presentación de esa primera apelación.

Al adjudicar la controversia de autos tenemos presente que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que no hay derecho a asistencia de abogado bajo la Cons-titución de Estados Unidos para presentar recursos discre-cionales ante el Tribunal Supremo de un estado. Ross v. Moffitt, 417 U.S. 600 (1974). En dicho caso, un convicto indigente solicitó que se le nombrara un abogado de oficio para presentar un recurso discrecional ante la Corte Su-prema del estado de Carolina del Norte. El más Alto Foro federal resolvió que, como cuestión de derecho, lo resuelto en Douglas v. California, supra, no se extiende a la presen-tación de revisiones discrecionales de una convicción más allá de la primera apelación.

Razonó el Tribunal Supremo federal que, si bien es cierto que en la etapa del juicio criminal el derecho a la asistencia de abogado es fundamental bajo la Sexta y De-cimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Uni-dos, existen unas diferencias significativas entre un juicio y las etapas apelativas de un proceso criminal. En la etapa del juicio, el Estado, por conducto del Ministerio Público, presenta evidencia al Tribunal, impugna cualquier eviden-cia presentada por el acusado y argumenta sus plantea-mientos ante el juzgador de hechos con el propósito de per-suadirlos sobre la culpabilidad del acusado. Ross v. Moffitt, supra, págs. 610-611. Bajo estas circunstancias, en nues-tro sistema adversativo no se le puede garantizar un juicio justo e imparcial a un indigente sin proveerle una ade-cuada asistencia de abogado.

Por otro lado, es por lo general el acusado, y no el Es-tado, el que inicia un recurso apelativo. Ross v. Moffitt, supra. Su propósito no es escudarse del Ministerio Público, sino revocar un veredicto de culpabilidad hecho por un Ju-rado o tribunal de derecho. íd. A esos efectos expresó el más Alto Foro federal:

Conforme a nuestra jurisprudencia, el Estado no tiene el deber de duplicar todo el arsenal legal que pueda haber retenido un acusado en un esfuerzo continuo por revocar su convicción, sino meramente de asegurarle al acusado indigente una opor-tunidad adecuada para presentar su posición en el contexto del proceso apelativo estatal. (Traducción y énfasis nuestros.) Ross v. Moffitt, supra, pág. 616.

Coincidimos con dichos pronunciamientos. Además, ello fortalece nuestras pasadas expresiones a los efectos de que, aunque un convicto indigente tiene un derecho constitucional a que se le nombre un abogado de oficio para la presentación de una primera apelación, el mismo derecho no se extiende a la presentación de recursos discrecionales o ataques colaterales a una convicción. Pueblo v. Esquilín Díaz, supra.

B. Por otra parte, en lo pertinente a la controversia de autos, la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, es-tablece que el tribunal puede, a solicitud de un acusado, conceder un nuevo juicio cuando, después de dictada la sentencia, sobreviene el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba que evidencien la inocencia del acusado. Según establecen las reglas, esta moción tiene que presentarse al tribunal dentro de los treinta días desde que el peticionario tuvo conocimiento del descubrimiento. El remedio que ofrece la referida Regla 192 es de natura-leza extraordinaria.

No hemos tenido la oportunidad de resolver si bajo nuestra Constitución el derecho a la asistencia de abogado se extiende a la presentación de la moción de nuevo juicio. A esos efectos, resulta pertinente señalar que en la mayo-ría de los casos resueltos sobre este tema por el foro apela-tivo federal, el factor determinante al evaluar si se ex-tiende o no el derecho ha sido el momento en que se presenta la moción de nuevo juicio.

A modo de ejemplo, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Séptimo Circuito distinguió entre los casos en que la moción se utiliza como un ataque colateral a la sentencia y los casos en los que el ataque no es colateral.() Kitchen v. U.S., 227 F.3d 1014 (7mo Cir. 2000). Al resolver que al peticionario se le violó su derecho a una adecuada representación legal, el Séptimo Circuito dispuso que “el momento en que se presentó la moción de nuevo juicio es un factor importante de apoyo a su derecho a asistencia de abogado”. (Traducción nuestra.) Íd., pág. 1018. No obstante, en el citado caso, el peticionario presentó la moción de nuevo juicio antes de finalizar la etapa de la apelación, por lo que no se consideró como un ataque colateral a la sentencia, sino una apelación directa para la cual se ex-tiende el derecho a un abogado. Véase Douglas v. California, supra.

Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito resolvió en U.S. v. Tajeddini, 945 F.2d 458 (1er Cir. 1991), que un convicto no tiene derecho bajo la Sexta Enmienda a que se le nombre un abogado de oficio para presentar una moción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nueva evidencia. Ra-zonó dicho foro que el hecho de que el acusado nunca pre-sentó una apelación era inmaterial en el análisis del caso. Resolvió, pues, que para efectos del derecho a asistencia de abogado para la presentación de una moción de nuevo jui-cio, se debe tratar igual al convicto cuya convicción fue confirmada en apelación y al que nunca apeló su convic-ción, por la que ésta advino final y firme. En otras pala-bras, el tribunal determinó que ambos casos se consideran ataques colaterales a una convicción a los cuales no se ex-tiende el derecho a asistencia de abogado.

Como vemos, la norma prevaleciente en la jurisdicción federal es que cuando la moción de nuevo juicio se presenta como un ataque colateral a una convicción, no se considera como una etapa crítica del proceso criminal en la cual un convicto tiene derecho a que se le nombre un abogado de oficio.

Además, como mencionamos anteriormente, la moción de nuevo juicio provee un remedio de naturaleza extraordinaria, por lo que el tribunal tiene discreción para conceder un remedio al amparo de esta regla. Pueblo v. Marcano Parrilla, supra. El Tribunal de Primera Instancia no está obligado a celebrar una vista para atender los méritos de una moción de nuevo juicio. Tampoco es una etapa por la cual todo acusado está obligado a pasar, como lo sería la vista preliminar o la lectura de sentencia, las cuales sí hemos considerado como etapas críticas del proceso criminal.

De otra parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que, en efecto, los remedios post sentencia dis-puestos en las Reglas de Procedimiento Criminal no son parte del proceso criminal en sí, y se consideran procedi-mientos de naturaleza civil. Pennsylvania v. Finley, 481 U.S. 551, 557 (1987). Véase, además, Fay v. Noia, 372 U.S. 391, 423-424 (1963). Se trata de ataques colaterales que usualmente se presentan cuando un acusado no ha logrado obtener un remedio a través de una apelación directa.

En vista de lo anterior, al examinar las características particulares de la moción de nuevo juicio, es forzoso concluir que ésta no constituye una etapa crítica del proceso criminal para la cual haya que proveerle al acusado la asistencia de abogado.

Con este marco doctrinal en mente, pasemos a analizar los hechos del presente caso.

i — H h-i H — I

El Tribunal de Apelaciones sostiene en su sentencia que nuestro Sistema Judicial garantiza el derecho a asistencia de abogado en todo momento del procedimiento criminal. No le asiste la razón. Ni en la jurisdicción federal ni en Puerto Rico existe un derecho a la asistencia de abogado en la etapa en que lo solicita el señor Rivera Crespo. Bajo nuestro esquema constitucional, el derecho a la asistencia de abogado se limita a las etapas críticas del procedimiento, desde el inicio de la acción penal hasta la primera apelación.

Según surge del expediente, el señor Rivera Crespo es-tuvo debidamente representado por un abogado durante el proceso criminal en su contra. Surge, además, que éste ad-mitió en corte abierta haber participado de los hechos que dieron lugar a su convicción.

Según mencionamos en la sección anterior, la presenta-ción de una moción de nuevo juicio bajo lo provisto en la citada Regla 192 de Procedimiento Criminal en el mo-mento en que la presenta el señor Rivera Crespo consti-tuye un recurso discrecional para el cual no existe el dere-cho a la asistencia de abogado al amparo de la Sec. 11. Al tratarse de un recurso discrecional, no podemos equipa-rarlo con una etapa crucial del proceso criminal ni con sus garantías constitucionales.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la de-terminación del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) Para efectos de la moción de nuevo juicio, se considera colateral cualquier ataque a una sentencia que ya es final y firme, sea porque se confirmó en apelación o porque se venció el término para apelar. J.G. Neal, “Critical Stage”: Extending the Right to Counsel to the Motion for New Trial Phase, 45 (Núm. 2) Wm. & Mary L. Rev. 783 (2003).


text:
      In re Enmienda a los Artículos 15(15.5) y 18(18.0) del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial.

      Número: EP-2006-01

      Resuelto: 10 de mayo de 2006
   RESOLUCIÓN

Previa recomendación de la Directora Administrativa de los Tribunales, se enmienda el Reglamento de la Adminis-tración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, como se dispone a continuación.

Se enmienda el Art. 15(15.5) del Reglamento de la Ad-ministración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, para que disponga lo siguiente:

(15.5) Cesantía por falta de fondos, falta de trabajo, provocar economías, reducción de personal, reposición de empleado o certificación. — ....
Al decretar cesantías se hará por orden inverso de antigüe-dad y eficiencia, tomando en cuenta el número de puestos en la clase o clases afectadas. A efectos de la antigüedad, se to-mará en consideración el servicio en la clase, en primera ins-tancia, y luego el tiempo total en el Servicio Uniforme.
Las cesantías se decretarán de acuerdo con el siguiente or-den:
(a) Empleados transitorios.
(b) Empleados provisionales.
(c) Empleados en el período probatorio.
(d) Empleados regulares.
A los efectos de decretar cesantías, el(la) Director(a) Admi-nistrativo(a) de los Tribunales, con la aprobación del(de la) Juez(a) Presidente(a), podrá dividir el Servicio Uniforme en áreas de cesantía.
Será deber del(de la) Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales o del(de la) funcionario(a) de la dependencia co-rrespondiente, notificar por escrito a todo(a) empleado(a) a quien haya que dejar cesante por lo menos quince (15) días antes de la fecha en que quedará fuera del servicio. A estos efectos, no se tomará en consideración la licencia que tenga acumulada por concepto de vacaciones.
Los nombres de los(as) empleados(as) regulares en el Servi-cio Uniforme que hayan sido cesantes se incluirán en el Regis-tro de Traslado para la clase y el de los(as) probatorios(as) se incluirán en el Registro del cual se certificó, si es que aún está vigente.
Antes de decretar cesantías se hará todo esfuerzo por rete-ner a los(as) empleados(as) mediante reasignaciones, trasla-dos o descensos, lo que se le notificará al(a la) empleado(a) y, de éste(a) no aceptar, se procederá con la cesantía. Cuando las cesantías obedezcan a la falta de fondos, se agotarán todos los recursos al alcance de la autoridad nominadora para evitarlas, con acciones tales como las siguientes:
(1) Licencia sin sueldo hasta tanto cese la crisis presu-puestaria, cuando la autoridad nominadora tome la decisión por insuficiencia presupuestaria temporera que no requiera la eliminación permanente del puesto. En tales casos, deberá ob-servarse el orden de prelación previamente establecido en el método para decretar cesantías.
(2) Reducción de la jornada de trabajo, conforme al pro-cedimiento que se establezca a tales efectos. A los fines de implantar un plan de reducción de jornada laboral, el(la) Directoría) Administrativo(a) de los Tribunales, con la aproba-ción del(de la) Juez(a) Presidente(a), podrá dividir el sistema de personal en áreas de servicio.

Se enmienda, además, el Art. 18(18.0) del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, según enmendado, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, para que disponga lo siguiente:

Artículo 18. Jornada de trabajo
(18.0) ....
(g) Se podrá reducir la jornada regular diaria o semanal de los(as) empleados(as) como acción para evitar cesantías. Cuando se haya adoptado una jomada regular reducida como medida para evitar cesantías, dicha jornada podrá estable-cerse sobre la base de menos de cinco días laborables.

Esta Resolución tendrá vigencia inmediata. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados Señores Rebollo Ló-pez y Fuster Berlingeri no intervinieron.

CFdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Zaida Hernández Torres, querellada.

      Número: AD-2001-3

      Resuelto: 11 de mayo de 2006

      Nilsa Luz García Cabrera, Ivonne Díaz Pérez y Nelson Javier Canabal Pérez, asesores legales de la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales, querellantes; María Elena Váz-quez Graziani, abogada de la jueza querellada; Daniel E. López Richard, presidente y director ejecutivo de la Comi-sión de Disciplina y Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disciplina y Separa-ción del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; Enid Martínez Moya, comisionada asociada de la Comisión de Disciplina y Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instan-cia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; Mercedes M. Bauermeister, directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales.
   per curiam:

La Hon. Zaida Hernández Torres funge como Juez del Tribunal de Apelaciones desde el 17 de marzo de 1998.

Ante unas expresiones públicas, alegadamente de ín-dole político-partidista, hechas por la juez Hernández Torres y publicadas en distintos medios de comunicación, la entonces Directora Administrativa de los Tribunales, Leda. Mercedes M. Bauermeister, refirió una solicitud de inves-tigación a la Oficina de Asuntos Legales de la Administra-ción de los Tribunales para que ésta hiciera una investiga-ción y rindiera un informe. Una vez rendido, el 26 de enero de 2001 la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) remitió dicho informe, en conjunto con toda la prueba documental, a la Comisión de Disciplina y de Sepa-ración del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones (Comisión), en torno a la conducta de la juez Hernández Torres.

En el referido informe la OAT le imputó a la juez Her-nández Torres haber hecho manifestaciones alegadamente político-partidistas durante el período de la celebración del juicio sobre el “fraude en el Instituto del SIDA”. Las expre-siones de prensa fueron reseñadas en veintiún artículos periodísticos —los cuales fueron anejados al informe— y fueron dividas por la OAT en cinco grupos. Estos son:

[1.] expresiones sobre el testimonio del Sr. Ángel Corcino Mauras en el mencionado juicio;
[2.] expresiones luego de ser citada por los abogados de de-fensa del Dr. Yamil Kouri;
[3.] expresiones sobre el contenido de su testimonio en el Tribunal Federal antes de entrevistarse con la fiscalía federal;
[4.] expresiones luego de ser citada por la fiscalía federal como testigo de cargo; en especial, aquellas en torno a la in-vestigación realizada por la Cámara de Representantes y so-bre el ex-Presidente de dicho cuerpo, Edison Misla Aldarondo y la ex-representante, Sra. Myrna Passalacqua;
[5.] expresiones contenidas en la entrevista concedida por la Jueza Hernández Torres en su oficina del Tribunal de Circuito de Apelaciones a la Sra. Magdalys Rodríguez, reportera de El Nuevo Día; en particular sobre la investigación antes mencio-nada y sobre la labor de la Legislatura de Puerto Rico. (Énfa-sis nuestro.) Moción para cumplir orden, pág. 2.

Dichas expresiones, según la OAT, eran violatorias de los Cánones I, V y XIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. La Comisión designó como Comisionada a la Leda. Enid Martínez Moya para que examinara el referido in-forme y determinara si existía causa para iniciar un pro-cedimiento disciplinario contra la juez Hernández Torres por las expresiones vertidas en los veintiún artículos periodísticos. En su informe, la Comisionada expresó que luego de un estudio detenido del mencionado Canon XIII y de su jurisprudencia interpretativa, entendía que no exis-tían criterios específicos para determinar cuándo las mani-festaciones de un juez eran de tipo político-partidista. En ausencia de una interpretación clara del referido canon, la Comisionada adoptó su propio criterio: en esencia, que las expresiones de un juez son político-partidistas si “delatan su preferencia política en términos de partido político o de ideología política; si las expresiones pueden entenderse que sirven de apoyo o que adelantan de alguna manera el programa o las propuestas de alguna ideología política o de algún partido político”. Informe sobre determinación de causa, pág. 9.

A la luz de este criterio, la Comisionada encontró causa para iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario únicamente en cuanto a uno de los incidentes, reseñado en uno de los veintiún artículos de periódico, el cual corres-ponde al Anejo 21 del Informe de la OAT. Determinó la Comisionada que en ese momento la Juez pasó juicio sobre la Rama Legislativa y la productividad de sus miembros, a quienes acusó de dar más importancia a los “discursos de barricada” que al trabajo de comisión. En específico, la juez Hernández Torres criticó la política prevaleciente en la Cá- mara de Representantes de asignarles igual cantidad de recursos a todos los legisladores. La mencionada Juez ex-presó, además, que la minoría —en ese momento compuesta por miembros del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño— no estaba cumpliendo adecuadamente su función, a diferencia de la forma en que ella y Edison Misla Aldarondo lo habían hecho cuando eran minoría. De otra parte, la Juez también criticó, carac-terizando como inefectiva, la legislación del Legislador a Tiempo Completo.

Estas expresiones de la Juez, según el informe de la Comisionada, eran violatorias de los Cánones I y XIII(f) e (i) de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, al atacar pública-mente a líderes políticos, incursionar en el ámbito legisla-tivo y lesionar la imagen de la independencia de la Rama Judicial. En virtud del referido informe, la Comisión requi-rió de la Oficina de Asuntos Legales de la OAT que presen-tara la querella correspondiente. No se encontró causa res-pecto a los demás artículos ni se recomendó la imposición de medidas disciplinarias provisionales.

En cumplimiento con lo ordenado, el 7 de mayo de 2001, la Oficina de Asuntos Legales de la OAT presentó ante la Comisión una querella contra la Hon. Zaida Hernández Torres, en la cual le imputó tres cargos por violaciones a los Cánones I, V y XIII(f) e (i) de Ética Judicial, ante/) La OAT, aun cuando la Comisionada los había descartado, for-muló cargos por violación al Canon V de Ética Judicial, ante, y a la Circular Núm. 3 de 22 de agosto de 1994, Año Fiscal 1994-1995, denominada Criterios para Orientar el Ejercicio del Derecho a la Expresión Judicial, porque ale-gadamente la juez Hernández Torres no había solicitado una autorización al Juez Presidente o a la Directora Admi-nistrativa de los Tribunales para participar en las referi-das entrevistas. Cabe señalar, repetimos, que en el In-forme sobre Determinación de Causa, la Comisionada entendió que la juez Hernández Torres no había violado el Canon V, ante, ni la Circular Núm. 3 de 22 de agosto de 1994.()

En su contestación a la querella presentada en su contra, la juez Hernández Torres negó que su conducta fuera violatoria de los cánones imputados. Al fundamentar su posición, relató varios incidentes reseñados por la prensa en que distintos jueces han hecho expresiones que alega-damente podrían ser calificadas como violatorias de los Cá-nones de Ética Judicial. Alegó, además, que el Canon XIII, ante, no ofrecía criterios ni guías específicas mediante las cuales un juez pudiera saber con certeza qué tipo de expre-sión pudiera ser violatoria de éste; por esta razón, según la querellada, los jueces no tenían criterios fijos para decidir qué era correcto y qué no. Indicó, además, que en la juris-prudencia de este Tribunal tampoco había una interpreta-ción clara del referido Canon XIII.

En particular, y en lo referente al anuncio periodístico por el cual se le presentó la querella, la juez Hernández Torres alegó que no había criticado a uno o varios políticos en específico, sino que había hecho expresiones generales y vagas en torno a la productividad de la mayoría de los com-ponentes de la Cámara de Representantes. Sobre su co-mentario en cuanto a la igual distribución de recursos a todos los legisladores, la juez Hernández Torres alegó que éste no cumplía con los criterios establecidos por la Comi-sión al no delatar su preferencia política en términos de partidos políticos y al no apoyar o adelantar los programas de algún partido o ideología política. Idénticos fundamen-tos utilizó para sostener que su comentario sobre la mino-ría legislativa no violaba el Canon XIII, ante.

De igual forma, la juez Hernández Torres sostuvo que las expresiones vertidas en el artículo periodístico tampoco eran violatorias del Canon I, ante, ya que ésta no había atacado a la Legislatura, sino que meramente le había he-cho una “crítica” cándida y de buena fe.

Por último, y en cuanto a los comentarios sobre la situa-ción del Legislador a Tiempo Completo, la juez Hernández Torres expresó que, si alguna controversia sobre esta situa-ción llegara ante su consideración, ella siempre tendría la alternativa de inhibirse y abstenerse de resolver sobre ese asunto. Además, señaló que el opinar sobre las deficiencias de una legislación y ofrecer modificaciones a ésta no era algo vedado a los jueces.

La querellada, además, solicitó que la Comisión deses-timara los cargos presentados contra ella en torno a las violaciones a la Circular Núm. 3 de 22 de agosto de 1994, y el mencionado Canon V, por cuanto ya habían sido deses-timados en el informe de la Comisionada y la OAT no había solicitado la reconsideración de dicha determinación, por lo cual estaba impedida de presentarlos.

Por su parte, la OAT se opuso a que dichos cargos fue-sen desestimados y reafirmó que la conducta de la quere-llada violaba tanto el referido Canon V, que obligaba a todo juez o jueza a cumplir las obligaciones administrativas que imponen las leyes y los reglamentos aplicables a la Rama Judicial, y la Circular Núm. 3.

Mediante resolución a esos efectos, la Comisión deter-minó que únicamente se había encontrado causa en cuanto a las expresiones vertidas en el artículo periodístico que correspondía al Anejo 21 del informe de la OAT y que todos los demás cargos habían sido desestimados. () Posterior-mente, el 31 de julio de 2001 la Comisión concedió un plazo a las partes para efectuar el descubrimiento de prueba que entendieran fuese necesario. Presentado el Informe de Conferencia entre las Partes, la OAT anunció como testigo de cargo durante la vista a la juez querellada. La represen-tación legal de la querellada se opuso a dicha citación y fundamentó su oposición en la Regla 29 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Ins-tancia y del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XV-A. Véase, además, R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., 131 D.P.R. 630 (1992). Mediante resolución a esos efectos, la Comisión denegó la petición de la OAT de traer como tes-tigo a la juez Hernández Torres. Inconforme, la OAT com-pareció a este Tribunal en revisión de la anterior determinación. Mediante opinión per curiam emitida el 15 de marzo de 2005, confirmamos la determinación de la Comisión.

Así las cosas, y culminada la vista evidenciaría, donde tanto la parte querellante como la querellada presentaron prueba testifical y documental, quedó admitido en eviden-cia, entre otros documentos, el antes mencionado artículo periodístico que contenía la entrevista realizada a la querellada.

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Los hechos incontrovertidos, según surge del informe preparado por la Comisión, son los siguientes: el 25 de enero de 2000 la juez Hernández Torres concedió una en-trevista en su oficina en el Tribunal de Apelaciones a la periodista Magdalys Rodríguez del periódico “El Nuevo Día”. El referido periódico publicó dos artículos sobre la entrevista titulados “La testigo estrella” y “Ve caída legislativa”. El informe de la Comisión resume este último artículo de la forma siguiente:

El artículo “Ve caída legislativa” trató en específico sobre as-pectos relacionados con la Asamblea Legislativa. En el mismo la Juez Hernández Torres mencionó que ha bajado mucho la calidad del trabajo en la Legislatura, y que la productividad no podía medirse a base de los proyectos presentados sino a base de la asistencia a las comisiones. A su entender el verda-dero trabajo se lleva a cabo en las comisiones y no brindando un “discurso de barricada” en el hemiciclo: veía pocos legisla-dores comprometidos con el trabajo en de las comisiones. Se-gún la Juez Hernández Torres era un error brindar la misma cantidad de recursos a todos los legisladores ya que esto oca-sionaba que la Legislatura fuera menos activa. Consideraba que la fiscalización de las minorías parlamentarias había dis-minuido en comparación al trabajo realizado por la Juez Her-nández Torres y sus compañeros cuando ésta formaba parte de la minoría. En cuanto a la ley del Legislador a Tiempo Com-pleto, opinaba que no era un mecanismo efectivo ya que no se logró que tuviera realmente el efecto de un legislador a tiempo completo. La legislación no tuvo el efecto de limitar las fuentes de ingresos de todos los legisladores sino sólo de un grupo, por ejemplo, a los profesionales. (Énfasis nuestro.) Informe de la Comisión de 22 de septiembre de 2005, pág. 14.()

Sobre el contenido de la entrevista no hay controversia. La juez Hernández Torres no levantó tampoco alguna ob-jeción en cuanto a su admisibilidad.

Analizado el referido artículo, la Comisión expresó que los Cánones de Etica Judicial contenían unas guías míni-mas de conducta que debían ser observadas por los jueces y que contenían numerosas limitaciones a las expresiones que ellos podían hacer. Dichas limitaciones, según la Comi-sión, tenían su fundamento en el mismo poder que tiene este Tribunal para aprobar los referidos cánones y que se derivaban además de la Sec. 12 del Art. V de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1.

En cuanto a las limitaciones a la libertad de expresión de los jueces sobre asuntos de naturaleza político-parti-dista, la Comisión determinó que, según In re Solicitud Cepeda García, 130 D.P.R. 18 (1992), las expresiones de un juez podrían en ocasiones adquirir matices políticos y aun así no necesariamente convertirse en conducta contraria a los Cánones de Etica Judicial.

Sobre el asunto específico de las manifestaciones de la juez Hernández Torres, la Comisión determinó que las ex-presiones contenidas en la entrevista “La testigo estrella” y “Ve caída legislativa” estaban dirigidas a comentar una si-tuación en la cual la querellada fue partícipe y tuvo cono-cimiento mientras fungía como Presidenta de la Cámara de Representantes (la investigación del llamado caso del “Ins-tituto del Sida”). La Comisión expresó que fue dentro de este contexto que la querellada pasó juicio sobre la produc-tividad legislativa, criticó determinadas políticas seguidas por esa Rama y criticó el rol asumido por las minorías parlamentarias. Añadió la Comisión que, dentro de la en-trevista, la juez también se había expresado sobre su expe-riencia como juez, sus sentimientos personales sobre si regresaría o no a la política, su estado de salud y su opi-nión sobre la llamada Ley del Legislador a Tiempo Completo.

La Comisión expresó que la juez Hernández Torres, aunque debió conocer lo delicado de la situación a la que se exponía, no violó ni el Canon I ni el Canon XIII de Etica Judicial, ante. Determinó que las expresiones realizadas en la entrevista, aunque fueron “de carácter personal, y en ocasiones anecdóticas, están revestidas de algún interés pú-blico aunque no involucran ni atañen de forma directa a la Rama Judicial ni al ministerio que hoy ejerce la [qjuerellada”. Informe de la Comisión de 22 de septiembre de 2005, pág. 28. La Comisión expresó, además, que estas expresiones más bien podían adquirir “matices políticos” y que, a lo sumo, reflejaron “gran insensatez”.

En fin, la Comisión concluyó que tales expresiones, ana-lizadas en el conjunto de la entrevista publicada, no eran aquellas de carácter político-partidista que el Canon XIII prohibía ni podía considerarse que éstas buscaron o enta-blaron una polémica con la Rama Legislativa, razón por la cual no encontró violación ética alguna.

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Los Cánones de Ética Judicial que regían desde 1977 fueron recientemente enmendados y sustituidos por los nuevos cánones aprobados por este Tribunal, mediante la Resolución de 5 de abril de 2005. Los referidos cánones entraron en vigor el 5 de octubre de este mismo año. In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 D.P.R. 403 (2005). Sin embargo, los hechos del presente caso ocurrieron antes de dicha enmienda, por lo cual nuestra discusión se basa en los cánones de 1977.

Según el referido Canon I de este cuerpo de nor-mas, los miembros de la Rama Judicial, en el ejercicio de su delicada función, deben velar por que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la Judicatura.

La referida disposición, como precepto general, establece la importancia de que con su conducta los jueces ayuden a mantener la fe del pueblo en la justicia a través de su integridad e imparcialidad. R.J. Torres Torres, Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico: comentarios, Año 9 (Núms. 1-4) Forum 7 (1993). Véase, además, In re Velázquez Hernández, 162 D.P.R. 316 (2004).

“La confianza de una sociedad en su sistema de justicia depende en buena medida de la confianza que se tenga en los hombres que tienen la responsabilidad de impartirla y, por otro lado, del buen funcionamiento del sistema, es decir, de la eficiencia con que esas personas desempeñan la función judicial.” Secretariado de la Conferencia Judicial, La Judicatura Puertorriqueña, octubre de 1981, pág. 147.()

En aras de proteger el principio de mantener la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia, los Cánones de Etica Judicial establecen unas normas mínimas que rigen la conducta de los jueces. Éstas son “las obligaciones más elementales que deben cumplir los encargados de ejecutar nuestro sistema de justicia”. (Énfasis nuestro.) In re Hon. Ferrán Quintana, 157 D.P.R. 622, 631 (2002). Dichas normas son aplicables tanto en el ejercicio de sus funciones judiciales como en sus vidas privadas. Véase In re González Acevedo, 165 D.P.R. 81 (2005). “Su aplicación en la vida de los jueces, tanto en sus actuaciones que tienen trascendencia pública como en los asuntos propios del ámbito personal y familiar, no es arbitraria. Es, más bien, autoimpuesta, pues su aceptación como marco normativo es consustancial al consentimiento que cada juez ha prestado al aceptar el cargo.” (Énfasis nuestro.) In re González Acevedo, ante, pág. 92.

Las limitaciones que los Cánones de Ética Judicial imponen a la conducta de los jueces son consustanciales con el poder que tiene este Tribunal de reglamentarla. Este poder emana de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24 et seq.), la cual establece, entre otras cosas, la obligación de este Tribunal de adoptar e implantar cánones sobre la Ética judicial que rijan la conducta de los jueces de Puerto Rico. Se dispone, además, que los cánones adoptados “deberán reflejar las expectativas de la sociedad respecto a la judicatura, establecer la relación fiduciaria que debe existir entre el juez y la comunidad y servir de base para la selección y nombramiento de los mejores candidatos”. 4 L.P.R.A. sec. 24(d). Así, los referidos cánones contienen restricciones que, por la naturaleza de su ministerio, debe imponerse el juez, tanto en su conducta judicial como extrajudicial.() Al asumir el cargo, éste acepta también ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio de sus funciones propiamente judiciales como en sus demás actividades, ya sean personales o profesionales. Estas limitaciones, si bien no les privan de los derechos que poseen como miembros de nuestra sociedad, representan sa- orificios en su vida pública y privada que enaltecen la inte-gridad e independencia de su ministerio y estimulan el res-peto y la confianza en la Judicatura. Id.

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No hay duda entonces que al aceptar su cargo, el juez renuncia a ciertas libertades, en especial, en el ámbito de la libertad de expresión y de asociación. En lo pertinente al presente caso, el Canon XIII de Ética Judicial, ante,() disponía que:

Los Jueces y las Juezas deben proteger y promover la inde-pendencia del poder judicial como factor de equilibrio en la estructura gubernamental de nuestro sistema de vida democrática. A tal fin, el Juez o la Jueza debe abstenerse de participar en el proceso político, sin menoscabo, desde luego, de su derecho al sufragio, a sus propias ideas sobre cuestiones políticas, y a los deberes y funciones que le fijan las leyes y reglamentos electorales.
Sin que la siguiente enumeración excluya otras actividades que por su carácter político le están vedadas, el Juez o la Jueza no debe:
(f) Hacer expresiones, comentarios o manifestaciones públi-cas sobre asuntos o actos de naturaleza político partidista.
(i) Atacar públicamente o entablar polémicas con candidatos o candidatas o líderes políticos, sin menoscabo, desde luego, de su derecho a defenderse de ataques abusivos a su persona o a su honra.
El Juez o la Jueza debe estar y sentirse exento de toda in-fluencia política y no debe dar base con su conducta para la creencia de que sus ideas políticas influyen en el cumpli-miento de sus funciones judiciales.

El referido Canon XIII tiene como base la Sec. 12 del Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado, ante, ed. 1999, pág. 400, el cual establece, con relación a las actividades políticas de los jueces, lo siguiente:

Ningún juez aportará dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos, ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o participará en campañas políticas de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos seis meses antes de su nominación.

En esencia, el Canon XIII, ante, hace un listado, no taxativo, de actividades y expresiones “políticas” que le están vedadas a los jueces. Así, por ejemplo, prohíbe que los jueces: participen en campañas políticas; ocupen cargos políticos; aporten dinero a candidatos, organismos o partidos políticos; participen en reuniones, tertulias, asambleas, primarias u otros actos políticos; endosen candidatos para posiciones de nombramiento gubernamental o líderes políticos; mantengan relaciones estrechas que le identifiquen con figuras o líderes políticos; participen en reuniones con funcionarios sobre asuntos que guarden estrecha relación con asuntos políticos; fomenten los intereses de organismo o partido político alguno, etc.() Canon XIII(a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) y (j) de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

El fin de estas prohibiciones es mantener la independencia judicial, principio fundamental de nuestro ordenamiento judicial. El propósito del mencionado canon, en conjunto con la antes citada disposición constitucional, es prohibir todo tipo de participación de los jueces en las controversias relativas a asuntos políticos que se llevan a cabo en nuestro país o que éstos se involucren de cualquier forma en el quehacer político del país. La razón de ser de este canon es que la participación de jueces en la esfera política podría tener el efecto de desmerecer y lesionar la imagen del juez en la comunidad en que ejerce su delicado minis-terio, ya que dicha participación puede causar divisiones y enconos, no sólo entre la ciudadanía y la Judicatura, sino entre los propios integrantes de la Rama Judicial.

El asunto de la participación de los jueces en asuntos “políticos” ha sido objeto de análisis en varias decisiones de este Tribunal. En 1980, en el caso Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980) —ante una posible expresión del Tribunal sobre la constitucionalidad y legalidad del re-feréndum sobre la propuesta enmienda constitucional que afectaba el derecho absoluto a la fianza— este Tribunal expresó que el asunto de si “debe o no enmendarse la Cons-titución del Estado Libre Asociado para limitar el derecho a fianza ... es una controversia de índole política sobre la que este Tribunal no puede pronunciarse.” Íd., págs. 85-86.()

Por otro lado, en 1988 el entonces Juez Presidente Se-ñor Pons Núnez y el entonces Juez Asociado Señor Negrón García criticaron a la Ramas Ejecutiva y Legislativa por intentar sustituir al juez Arbona Lago como Juez del Tribunal Superior. () Las mencionadas expresiones fueron apoyadas por este Tribunal y tuvieron como resultado la celebración de una Sesión Especial de la Conferencia Judicial para tratar el tema de la independencia judicial. Véase Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, 120 D.P.R. 838 (1988). En relación con dichas expresiones no se inició pro-cedimiento alguno contra los referidos jueces ni surgió con-troversia alguna por alegadas violaciones a los cánones de ética.()

En In re Solicitud Cepeda García, ante, atendimos una querella presentada como consecuencia de unas críticas realizadas por dos Jueces de este Tribunal al entonces Go-bernador por la práctica de nombrar a políticos a puestos en la Judicatura. En aquella ocasión, hicimos referencia a otras instancias en que Jueces de este Foro habían reali-zado manifestaciones que podrían adquirir trascendencia política. Por ejemplo, la ocasión en que el entonces Juez Presidente Señor Trías Monge se expresó, en un Mensaje a la Asociación de Miembros de la Policía, criticando a la Policía de Puerto Rico por estar muy “politizada”/) En este caso, a pesar del “matiz político” que tomaron dichas expresiones, este Tribunal no se pronunció sobre la aplica-ción de los cánones de ética en cuanto a la conducta del entonces Juez Presidente.

Sobre las expresiones particulares de los jueces quere-llados, este Tribunal expresó en In re Solicitud Cepeda García, ante, pág. 28, que

[a]l cumplir con el deber de fortalecer la Rama Judicial, los jueces debemos prudencialmente evitar pronunciamientos y juicios a destiempo sobre asuntos sometidos a su considera-ción o que podrían ser susceptibles a serles sometidos. Ahora bien, el hecho de que alguna manifestación de un juez de este Tribunal adquiera matices políticos y lo involucre en una con-troversia pública no necesariamente convierte dicha conducta en una contraria a los cánones de ética judicial. A lo sumo, podría resultar, como ocurrió en el caso de Santiago v. Super-intendente de la Policía, supra, que los jueces involucrados en el debate público se tengan que inhibir en cualquier caso que surja relacionado con la polémica. (Enfasis nuestro.)

Este Tribunal, en el caso In re Solicitud Cepeda García, ante, resolvió que los Jueces no habían violado el Canon XIII de Etica Judicial, ante, porque sus expresiones esta-ban dirigidas a defender la integridad y la independencia de la Rama Judicial. El Tribunal procedió a ordenar el archivo de la queja, “por falta de jurisdicción”, por razón de no tener autoridad para disciplinar a sus miembros.

En In re V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 D.P.R. 693 (1994), este Tribunal se enfrentó a una solicitud pre-sentada por varias personas para que se emitiera una re-solución que prohibiera a todos los jueces del país que par-ticiparan, directa o indirectamente, en actividades a favor o en contra de la enmienda constitucional propuesta en el referéndum de 6 de noviembre de 1994 sobre cómo se de-terminaría el número de integrantes de este Tribunal. Debe señalarse que se había presentado, además, una que-rella contra el juez Pierre Vivoni por haber estado partici-pando de forma activa en el debate público con relación a la aludida enmienda constitucional propuesta. En dicho caso, emitimos una resolución a los efectos de declarar “no ha lugar” la solicitud presentada y archivar la querella contra el juez Pierre Vivoni por inmeritoria.

En cuanto a la prohibición a que los jueces participaran en campañas políticas, en dicho caso determinamos que la Sec. 12 del Art. V de la Constitución, ante, y el Canon XIII de Etica Judicial, ante, se referían a la intervención de és-tos en la promoción de candidaturas a cargos electivos, a su colaboración con el proselitismo partidista y otras activida-des de naturaleza similar. “De ningún modo vedan la ex-presión pública de los jueces sobre sus propias ideas acerca de los asuntos que atañen a la Rama Judicial cuando se hace en foros idóneos que no sean actos, reuniones o asam-bleas de carácter político-partidista”. (Énfasis nuestro.) In re V. Limit. Const., Éticas Judicatura, ante, pág. 694.

Expresamos, además, en el citado caso, que el ejercicio de libertad de expresión de los jueces, en cumplimiento con el deber de defender y promover la independencia del Poder Judicial, estaba protegido cabalmente tanto por la Consti-tución de Estados Unidos y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como por los Cánones de Ética Judicial y por el Código de Ética Profesional que rige a los abogados de Puerto Rico.

Allí enfatizamos que la independencia judicial no era un asunto de naturaleza político-partidista y que por ello no podía estar vedado que los jueces dilucidaran públicamente dicho principio. A diferencia del caso Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, ante, aquí se trataba de un asunto que afectaba la Rama Judicial y por ello se autorizó la participación de los jueces. Además, citando a In re Solicitud Cepeda García, ante, Retiro del Hon. Víctor M. Pons Núñez, 129 D.P.R. 931 (1992), y Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, ante, reiteramos que el hecho de que alguna manifestación de un juez, en defensa de la independencia judicial, coincidiera con una controversia pública con matices políticos no des-legitimaba tal manifestación. In re V. Limit. Const., Éticas Judicatura, ante, pág. 695.

En consecuencia, de un análisis del entonces vigente Canon XIII de Ética Judicial, del actual Canon 28 (4 L.P.R.A. Ap. IV-B) y del precepto constitucional que los inspira, podemos razonablemente concluir que la prohibición a los jueces en cuanto a no hacer manifestaciones políticopartidistas —dentro del contexto del propósito general de los referidos cánones y en situaciones que no tengan nada que ver con la defensa de la independencia judicial— incluye toda aquella manifestación que claramente identifique su ideología política o que induzca a pensar que está afiliado a algún partido político, que exalte o promueva alguna ideología, a algún partido o a sus miembros sobre otros, o que critique sus ejecutorias, de modo que pueda inferirse que sus funciones pudieran ser afectadas por sus creencias políticas. Dichas expresiones serían violatorias de los referidos cánones.

Repetimos que el fin esencial del Canon XIII de Ética Judicial de 1977 y el vigente Canon 28, ante, es mantener a los jueces con independencia de criterio, que ejerzan sus funciones libres de todo favoritismo político que afecte la adjudicación imparcial de las controversias y evitar de esta forma el proselitismo político en la Judicatura.() De esta manera se logra que la comunidad tenga la confianza en que las ideas políticas particulares de cada juez no serán un factor que afecte su desempeño judicial.

IV

Analizadas las expresiones de la juez Hernández Torres dentro de este contexto, no coincidimos totalmente con la determinación de la Comisión en cuanto a que éstas no fueron de tal envergadura como para no ser violatorias del Canon XIII(f) de Ética Judicial, ante. En otras palabras, somos del criterio que algunas de las manifestaciones de la juez Hernández Torres resultan totalmente incompatibles con el referido canon.

Es correcto que las expresiones que hiciera la quere-llada en cuanto a la Legislatura se hicieron en forma de crítica general, sin que éstas constituyeran un plan de ha-cer campaña política ni para involucrarse de forma alguna en el quehacer político. En ese sentido, no fueron unas ma-nifestaciones político-partidistas. Sin embargo, en una parte de la entrevista en controversia, la juez Hernández Torres criticó, específicamente, el trabajo de las minorías, compuestas por el Partido Popular Democrático y el Par-tido Independentista Puertorriqueño, y exaltó la labor que hicieron tanto ella como José Granados Navedo y Edison Misla Aldarondo cuando fueron minoría, todos miembros del Partido Nuevo Progresista. Además, mencionó otros nombres de legisladores de este mismo partido, infiriendo que éstos sí trabajaban, a diferencia de los demás. () Estas expresiones resaltaron, no hay duda, la imagen de unos miembros de un partido político sobre otros; expresiones que no tienen nada que ver con la defensa de la indepen-dencia judicial.

En fin, la juez Hernández Torres, mediante sus expresio-nes, causó la impresión de que su función como jueza se po-dría ver influenciada por sus ideas políticas, situación que precisamente intenta evitar el mencionado Canon XIII. () Según mencionáramos, el Canon XIII, ante, veda que los jueces hagan manifestaciones político-partidistas. Esto in-cluye —sin limitarse a ello— las manifestaciones que exalten la labor de miembros de algún partido político. No incluye, según expresáramos, aquellas manifestaciones que, aunque adquieran matices políticos, se hagan en defensa de la inde-pendencia judicial o sobre asuntos que conciernen a la Rama Judicial.()

El respeto y la confianza en la Judicatura que tenga la ciudadanía depende, de manera principalísima, de la conducta que observen los jueces; ellos, en el desempeño de sus funciones, deben ser laboriosos, prudentes y, sobre todo, imparciales. “[E]l juez, como tal, es el árbitro designado por la sociedad, a través del Estado, para juzgar la conducta humana. Y para poder merecer el respeto de la sociedad y el acatamiento de sus decisiones, ha de ser, y ser visto, como un ser humano sin tacha. Ello exige, no solamente ser bueno, sino también parecerlo.” C.J. Irizarry Yunqué, La Ética Judicial, Año 9 (Núms. 1-4) Forum 4 (octubre 1993).

El juez tiene que ser previsor y analizar “las posibles consecuencias de sus actos en términos de las impresiones que terceras personas podrían recibir de ellos”. Torres Torres, supra, pág. 16. Además, “debe siempre estar muy pendiente de situaciones que puedan afectar negati-vamente su imagen y poner en duda su sano e indepen-diente criterio judicial”. L.M. Negrón Portillo, Ética y disciplina judicial en Puerto Rico, 1987, pág. 131.()

A esos efectos, expresamos en In re Participación Jueces, 80 D.P.R. 784, 786-787 (1958), que

□os jueces son parte de la comunidad en que viven y por la posición que en ésta ocupan son llamados ocasionalmente a prestar su concurso en actividades de interés general, sean éstas de origen privado o estén auspiciadas por funcionarios públicos. Esa cooperación, sin embargo tiene que darse dentro del marco de la Constitución, la ley y los Cánones de Ética Judicial y en armonía con la dignidad y las funciones de los tribunales. Tales limitaciones imponen a los jueces la obliga-ción de cerciorarse, por todos los medios dignos asequibles, de los propósitos y circunstancias de los actos a los cuales se les invite y de abstenerse de asistir a aquéllos que por su carácter les están vedados o que razonablemente puedan dar lugar a la impresión de que se están transgrediendo esos límites. Es ésta la única manera en que puede la judicatura mantener incó-lume su reputación de absoluta independencia. (Enfasis nuestro.)

En atención a todo lo anteriormente expuesto, somos del criterio que las expresiones de la juez Hernández Torres, en cuanto pasaron juicio sobre la productividad legislativa, específicamente en torno a su poca productividad, consti-tuyeron una crítica sobre determinadas políticas seguidas por esa Rama y una crítica sobre el rol asumido por las minorías parlamentarias —exaltando a otras minorías es-pecíficas de otros tiempos— contrarias a las disposiciones de los Cánones I y XIII de Ética Judicial, ante.

La referida funcionaría debió abstenerse de hacer dichas manifestaciones recordando que no era sólo una “ex legisladora” sino que, en el momento en que realizó la en-trevista, ocupaba el cargo de juez. Los jueces, repetimos, deben de abstenerse de hacer juicios críticos “políticos” en situaciones que nada tengan que ver con la defensa de la independencia judicial. En honor a sus deberes y obligacio-nes, la juez Hernández Torres debió mantener presente que, en sus críticas, se estaba refiriendo a otra rama de gobierno y que sus expresiones no tenían nada que ver con sus funciones en la Rama Judicial. Este proceder fue im-prudente y, además, contrario al Canon I, ante, que impone a los jueces el deber de actuar con prudencia, respeto y con la integridad que requiere su ministerio.

Por los fundamentos que anteceden y en vista de que se trata de una primera ofensa, consideramos procedente, únicamente, amonestar a la juez Zaida Hernández Torres, apercibiéndosele contra futuras infracciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado Se-ñor Rivera Pérez se inhibió.

      (1) Los cargos imputados, en síntesis y en lo pertinente, son los siguientes:
      “Primer Cargo
      “La Hon. Zaida Hernández Torres incurrió en conducta impropia incompatible con su cargo de Jueza consistente en que hizo expresiones públicas en una entrevista con El Nuevo Día, efectuada el 30 de enero de 2000, criticando a la Rama Legislativa. La crítica a los legisladores hecha por la Hon. Zaida Hernández ‘incursiona en el ámbito legislativo. Dicha intromisión lesiona la imagen de independencia de la Rama Judicial contenida en el Canon I de los Cánones de Etica Judicial... [el cual] obliga a todo Juez o Jueza a velar que en el ejercicio de la delicada función de impartir justicia, sus actuaciones respondan a las normas de conducta que honren la integri-dad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la judicatura.
      “Segundo Cargo
      “... En particular, la Jueza Hernández Torres criticó la política de la Cámara de Representantes de asignar igual cantidad de [fondos] a todos los legisladores, [alegadamente] marginando con ello a varios legisladores talentosos. La Jueza cla-sificó el trabajo de la Rama Legislativa como uno de pobre productividad, en donde se le da[ba] más importancia a los ‘discursos de barricada’. De igual manera, la Jueza criticó el trabajo de fiscalización de las minorías parlamentarias de los otros partidos políticos ....
      ‘Tor último, la Jueza Hernández Torres criticó la aprobación de la Ley sobre el Legislador a Tiempo Completo, la que catalogó de inefectiva y de haber sido apro-bada para ‘aparentar’....
      “La conducta antes descrita viola las disposiciones del Canon XIII incisos (f) y (i) de los Cánones de Ética Judicial, los cuales reglamentan las actividades políticas que les están vedadas a los Jueces y Juezas],] con el fin de proteger y promover la inde-pendencia de la Rama Judicial de las otras Ramas de Gobierno mediante el equili-brio en la estructura gubernamental de nuestro sistema de vida democrática.
      “Tercer Cargo
      “La Hon. Zaida Hernández Torres incumplió con sus deberes y obligaciones administrativas impuestas por leyes, reglamentos e instrucciones de la Administra-ción de los Tribunales sobre el ejercicio del derecho a la expresión judicial, al no solicitar autorización al Juez Presidente a través de la Directora Administrativa de los Tribunales sobre su intención de participar en entrevistas o cualquier actividad informativa.
      “Esta conducta es contraria al Canon V de los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico, el cual obliga a todo Juez o Jueza a cumplir cuidadosa y diligentemente las obligaciones administrativas que le imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina de Administración de los Tribunales.
      “En dicho contexto, la conducta de la Jueza Hernández Torres viola lo dispuesto en la Circular Número 3 de 22 de agosto de 1994, Año Fiscal 1994-1995 denominada Criterios para Orientar el Ejercicio del Derecho a la Expresión Judicial.” Querella de 7 de mayo de 2001.

      (2) Esta última fue formulada por el entonces Juez Presidente del Tribunal Supremo para establecer unas guías para los jueces que quisieran expresarse en torno a las enmiendas constitucionales que serían objeto del referéndum de 1994.

      (3) La referida determinación —en cuanto a que el tercer cargo se había deses-timado— quedó reafirmada en una resolución posterior emitida por la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones (Comisión) el 3 de abril de 2002.

      (4) A continuación, algunas de las expresiones vertidas por la juez Hernández Torres en la referida entrevista:

        “¿Qué le parece la productividad',?

      “ — ‘Sabes que la productividad no puede medirse a base de los proyectos que se radican. La productividad, siempre he dicho, se tiene que medir a base de tu asis-tencia a las comisiones. El verdadero trabajo importante se hace en las comisiones. No es en el hemiciclo dando un discurso de barricada. Es en las comisiones haciendo preguntas correctas para enmendar legislación, para asumir posición en tomo a esa legislación, para cuando vayas al hemiciclo puedas tener no un discurso de barri-cada, sino de contenido de ese proyecto. ... Y yo veo que hay muy poco legislador comprometido con ese trabajo de comisión. Siempre veo los mismos, los mismos, que trabajan y ahora, veo con tristeza y me pregunto: ¿por qué se va Néstor Aponte?, ¿por qué se va Leo Díaz?, ¿por qué se fue Pedro Figueroa?, ¿por qué veo apagado a Aníbal Vega Borges?, ¿por qué no escucho mucho a otros legisladores que antes se escucha-ban, como a Ángel Cintrón?’

        “[¿jPodría ser por razones ajenas al proceso político, podría ser porque están cansados de la política[?]

      “ — ‘Creo que no. Conmigo trabajaron mucho y nunca se quejaron de cansancio. Al contrario, por que cuando yo le daba encomiendas a cualquiera de ellos, a Toñito Silva, a Rolan Maldonado, yo sentía que ellos agradecían que yo les diera la oportu-nidad de representarme y siempre me trajeron buenos comentarios de la representación. Depende de cómo tú manejes los talentos que tienes allí. Si tú mar-ginas los talentos o no les das los recursos, por alegadamente darle los recursos iguales a todos, lo cual es un error, vas a tener una Legislatura menos activa.’

        “¿Qué le parece la fiscalización de las minorías?

      “ — “Bahh. Como fui minoría y me lo disfruté. (Medita unos segundos). No sé, no los entiendo (risas).’
      “ — ‘Las delegaciones del Partido Popular y del Partido Independentista se jus-tifican diciendo que ahora hay más oficinas del Gobierno encargadas de la fiscalización. Se quejan de que la mayoría no les aprueba sus peticiones de investigación.’

      “ — “Yo no recuerdo que a mí me hayan aprobado una sola resolución de inves-tigación cuando yo era minoría. Y eso no era óbice para que yo hiciera mis investi-gaciones e hiciera mis denuncias y las pudiera probar, por supuesto. Allá cada cual con su conciencia, pero se planteaba el issue. Y eso a la larga hace efecto por que tapar tanta cosa, por que no darle paso a unas cosas. Y entonces cuando llega el otro partido hace lo mismo, más que por razón, por la emoción. Creo un poco, creo que eso se ha desacreditado. Pero no veo una fiscalización como la había cuando yo era minoría. Jamás. Tanto cuando era portavoz José Granados como cuando era porta-voz Edison Misla cada uno de nosotros teníamos unas funciones que escogíamos para fiscalizar. Tú sabes que fuimos a los Tribunales por el presupuesto, por la Oficina de Puerto Rico en New York, se sentaron casos, que ahora son precedentes.’

        “¿Qué usted opina sobre la legislación del Legislador a Tiempo Completo?

      “ — To defendí la legislación, pero no creo que la pieza legislativa que se con-siguió realmente tenga los efectos de un legislador a tiempo completo y creo que hasta ha desalentado a algunos buenos. El que quiere seguir violando la ley la sigue violando y a mí nunca me ha gustado aprobar leyes por aparentar. No creo que fue un mecanismo efectivo.’

        “¿Por qué es flexible o es rígida?

      “— ‘En cierto aspecto parece ser rígida, pero es flexible. La prohibición de ge-nerar ingresos de otras fuentes, tal y como está, a quien limita es a los profesionales, pero no al que tenga un negocio; particularmente limita a los abogados, a los médicos. Pero si tienes un negocio, con el solo hecho de ponerlo en un fideicomiso, pasarlo a nombre de un pariente, pues, tan sencillo como eso. Limita a un grupo, no a todos. Así que unos la pueden burlar y otros no. Es una inequidad.’ ” (Énfasis suplido y en el original.) Magdalys Rodríguez, Ve caída Legislativa, en El Nuevo Día, 31 de enero de 2000, pág. 20.

      (5) Citado en In re Hon. Ferrán Quintana, 157 D.P.R. 622 (2002).

      (6) A modo de ejemplo: deber de respeto y de abstenerse de hacer críticas infun-dadas o innecesarias que tiendan a desprestigiar a sus compañeros jueces; abste-nerse de hacer recomendaciones sobre abogados o abogadas específicos a utilizarse con respecto a controversias entre ciudadanos; excluir de su conducta toda aparien-cia de que es susceptible a actuar a base de influencia de personas, grupos o partidos, el clamor público, consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias; abstenerse de unirse en solidaridad con cualquiera de las partes en un procedimiento; no celebrar entrevistas privadas con las partes o sus abogadas o abogados; tratar con consideración y respeto a los abogados y a las abogadas, a testigos, jurados, funcionarias o funcionarios del tribunal y a toda persona que com-parezca ante el tribunal; mantener su conducta dentro de la debida propiedad y circunspección sin mostrar impaciencia o severidad excesivas; tampoco hacer comen-tarios ni gestos ajenos al proceso judicial, incluso aquellos comentarios, expresiones o gestos que involucren burla o mofa; deber de comportarse públicamente de manera que sus actuaciones no provoquen dudas sobre su capacidad para adjudicar impar-cialmente las controversias judiciales, no deshonren el cargo judicial y no interfieran con el cabal desempeño de sus funciones judiciales; no hacer declaraciones públicas sobre asuntos que estén sometidos ante su consideración, ni explicar la razón de sus actuaciones. Cánones IV, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XXIV y XXV de Ética Judicial de 1977 (4 L.P.R.A. Ap. IV-A); Cánones 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 23 y 19 de Ética Judicial de 2005 (4 L.P.R.A. Ap. IV-B).

      (7) Este canon fue sustituido por el Canon 28 de los nuevos Cánones de Ética Judicial de 2005 (4 L.P.R.A. Ap. IV-B). Este último dispone, en lo pertinente:
      “Las juezas y los jueces se abstendrán de participar en el proceso político, sin menoscabo de su derecho al sufragio, a sus propias ideas sobre cuestiones políticas y a los deberes y funciones que les asignan las leyes y los reglamentos electorales.
      “Sin que la siguiente enumeración excluya otras actividades, que por su carác-ter político le están vedadas, las juezas y los jueces no podrán:
      “e. hacer expresiones, comentarios o manifestaciones públicas sobre asuntos o actos de naturaleza político-partidista.”

      (8) En consecución del principio de que el juez debe estar exento de toda parcia-lidad política y no dar base con su conducta a la creencia de que sus ideas políticas ejercen sobre él alguna influencia en el cumplimiento de sus funciones judiciales, este Tribunal, mediante Resolución de 6 de diciembre de 1974, prohibió la participa-ción de los jueces en las primarias de los partidos políticos. En este año se trataba del Canon 18 de Ética Judicial de 1957, del cual proviene el Canon XIII de 1977, ante.

      (9) El ex Juez Asociado Señor Negrón García, en su opinión concurrente, abordó el tema de las expresiones públicas de los jueces y su posible efecto en la ciudadanía y en la imagen de imparcialidad de la Rama Judicial. A esos efectos expresó, en cuanto al Canon XIII de Ética Judicial, ante, que éste constituía una inhibición ética dimanante del cargo que existía sin perjuicio al derecho al sufragio ni a tener creen-cias o ideas políticas.

      (10) El entonces Juez Presidente Señor Pons Núñez se expresó de la forma si-guiente:
      “Una de las mayores responsabilidades que tiene la Rama Judicial es proteger los intereses particulares y sociales de los ciudadanos en contra de los errores y abusos de poder de los organismos gubernamentales. ...
      “En el caso particular del Juez Arbona, por su claro, limpio y distinguido histo-rial, la falta de explicación para su sustitución [ — ] combinada con determinaciones judiciales suyas desfavorables a organismos gubernamentales [ — ] da lugar a la es-peculación prevaleciente de que su sustitución obedece a recomendaciones y juicios [fondados] en criterios ajenos a las más sanas normas democráticas susceptibles a ser interpretados como atentatorios contra la independencia de criterio judicial.” Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, 120 D.P.R. 838, 840-841 (1988).
      Por su parte, el entonces Juez Asociado Señor Negrón García expresó lo si-guiente:
      “La percepción pública es que lamentablemente el Primer Ejecutivo ha sido mal informado y que su determinación responde a fuentes divergentes sobre los méritos del Juez Arbona Lago y al carácter absoluto del ejercicio de su facultad constitucional. El primer aspecto es crucial. Por naturaleza de las funciones judicia-les, toda decisión se presta a ser defendida por el favorecido y rechazada por el litigante o abogado insatisfecho. Sin embargo, dentro de la natural discrepancia y confrontación de criterios, las fuentes de acceso subrepticias, incógnitas y directas al oído del Primer Ejecutivo conllevan el peligro de estar matizadas de revanchismo personal.” Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, ante, pág. 843.

      (11) A esos efectos, durante la celebración de la mencionada Sesión Especial de la Conferencia Judicial, el Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disi-dente, en la cual se expresó en los términos siguientes:
      “El caso del Hon. Guillermo Arbona Lago, ‘juez símbolo’ de esta Sesión Especial sobre independencia judicial, es triplemente trágico.
      “En primer lugar, se trata del intento, a destiempo, de sustituir a un juez labo-rioso, eficiente, competente, honrado e íntegro que a través de doce (12) largos años ha honrado y le ha dado lustre, por medio de sus ejecutorias, a la Judicatura puertorriqueña. Se trata, en resumen, de un atentado, en su forma más cruda, contra un miembro de la Judicatura puertorriqueña.
      “En la única ocasión en que un ser humano accede voluntariamente a que se le ampute una parte de su cuerpo es cuando la misma está dañada y enferma y cons-tituye una amenaza para su salud y bienestar general.
      “El Poder Judicial es un solo cuerpo. La acción de sustituir al compañero Arbona Lago constituye un intento de cercenar una parte saludable y llena de vida de ese cuerpo judicial. Sorprende, en su consecuencia, que la cabeza de ese cuerpo judicial • — el Tribunal Supremo— no se exprese en el día de hoy en evitación de esa amputa-ción. ...
      “Aparte del mensaje escalofriante que tiene esta acción del Poder Ejecutivo sobre el resto de la actual Judicatura puertorriqueña, el mismo tendrá un efecto extraordinariamente nocivo a largo plazo sobre dicha Judicatura en el aspecto de reclutamiento. Cabe preguntarse, ¿qué joven abogado competente estará en el futuro en disposición de abrazar la carrera judicial cuando su permanencia en la misma va a depender del capricho incomprensible de una persona?” In re Conferencia Judicial, 122 D.P.R. 420, 444-446 (1988).
      Contra el Juez Asociado Señor Rebollo López tampoco se inició procedimiento alguno por violación a los Cánones de Ética Judicial. Claro está, dichas manifesta-ciones se hicieron en defensa de la independencia judicial.

      (12) Como consecuencia de dichas expresiones, el referido funcionario tuvo que inhibirse de participar en un caso relacionado con sus expresiones. Véase, a esos efectos, Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205 (1982).

      (13) El principio de independencia judicial ahora se encuentra consagrado de forma independiente en el Canon 2 de los nuevos Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B.

      (14) Nos referimos a las menciones que hiciera de Néstor Aponte, Leo Díaz, Pedro Figueroa, Aníbal Vega Borges, Ángel Cintrón, Tbñito Silva y Rolan Maldonado.

      (15) Por ello, no se trata meramente de una “crítica cándida y de buena fe”, como alega la querellada.

      (16) Coincidimos, sin embargo, con la Comisión en cuanto a su determinación que la juez Hernández Torres no violó el inciso (i) del referido canon, ya que sus críticas se hicieron a la Legislatura en general y no a algunos de sus miembros en particular.

      (17) Citado en In re Ortiz Rivera, 163 D.P.R. 530, 536 (2004).