author: El Juez Asociado Señok Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. César Garcés, acusado y apelante.
    Núm. 8153.

    Sometido: Abril 9, 1940.

      Resuelto: Abril 30, 1940.

      Diego E. Ramos, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole

emitió la opinión del tribunal.

El apelante César Garcés fué convicto del delito que se le pretende imputar en la siguiente denuncia:

“Yo, P. Rodríguez G-uzmán, Agente de R. I., vecino de Arecibo, Calle de Gonzalo Marín, mayor de edad, formulo denuncia contra César Garcés por delito de infracciones a las secciones 16-a, 39 y 50 de la Ley de Rentas Internas, Ley 85 de agosto 20, 1925, con en-miendas hasta junio 30, 1936, por Ley Núm. 7, cometido de la ma-nera siguiente: que en 13 de octubre de'1937, y en la ciudad de Arecibo, del Distrito Judicial Municipal de Arecibo, que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. R., el referido acusado César Garcés, allí y entonces de manera ilegal, voluntaria, maliciosamente y con el fin de defraudar el erario de Puerto Rico, introdujo en Puerto Rico y levantó de la custodia de la compañía de transporte Porto Rican Express en la fecha arriba indicada según el ivay-bill núm. 34898, un paquete conteniendo ‘one picture frame’ con un peso de-12 libras y cuya mercancía es tributable, sin haber pagado el im-puesto que exige la ley. Hecho contrario a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

La corte inferior declaró sin lugar una excepción peren-toria y convenimos con ella en que la denuncia suficiente-mente alega la introducción en Puerto Pico de un artículo de otro puerto fuera de la isla. El caso del Pueblo v. Cabassa, 30 D.P.R. 3, citado por el apelante presenta un caso en que la introducción pudo haberse becbo de otro puerto de la Isla de Puerto Rico.

Sin embargo, ni la opinión de la corte inferior ni el alegato del fiscal nos demuestran exactamente qué secciones de la ley pudo haber violado el acusado o qué fué lo que realmente hizo él. El apelante da énfasis al becbo de que la sección 16-a es la única que exige el pago en el momento o antes de introducirse o retirarse la mercancía del correo o de la compañía del c-vfress, etc., según sea el caso. Las otras secciones que Lcinos pudldu bailar se refieren a ventas hechas por importadores o a la contribución del 2 por ciento que toda persona tiene que pagar al introducirse cualquier mercadería, y todo ello de conformidad con el Reglamento a promulgarse por el Tesorero de Puerto Rico. Por tanto, si nos referimos a la denuncia, se liace evidente que al acu-sado no se le imputó el haber efectuado una venta en viola-ción de la ley, o aun el no haber pagado el 2 por ciento a que estaba sujeto de conformidad con una o más de las varias leyes relativas a esa clase de impuestos.

En realidad, leyendo la denuncia y dando al acusado el beneficio de la duda, parecería que el delito filé cometido el 13 de octubre de 1937, o sea precisamente el día que el acu-sado recibió la mercancía de la Porto Rican Express Co.

Podría ser que la persona que redactó la denuncia, y la corte inferior, entendieron que el acusado había dejado de pagar posteriormente el 2 por ciento, mas la denuncia no imputa tal infracción.

Tal vez podamos tomar conocimiento judicial de que de ordinario el Tesorero notifica a las personas que importan artículos de que la contribución debe ser pagada dentro de determinado período, es decir, dentro de diez días. Nos damos cuenta de que de ordinario se acude a un proceso criminal tan sólo cuando la persona sujeta al pago de la contribución se niega a ello o deja de hacerlo así sin excusa alguna.

Bebe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño®, Tkavieso

license: Public Domain

text:
    García & González, demandante y apelada, v. Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7964.

    Sometido: Febrero 16, 1940.

      Resuelto: Abril 30, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm (B, Fernández García Ex-Procurador General, en el alegato) y M. Rodrigues Ramos, Procurador Auxiliar, abogados del apelante; M. Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño®, Tkavieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recobrar una suma de dinero pagada al Te-soro Insular bajo protesta. En la demanda se alega que la sociedad demandante presentó al Tesorero de Puerto Rico una declaración de ingresos para el año contributivo 1929, de la que aparecía un ingreso neto de $5,396.42, sobre el cual la demandante pagó una contribución ascendente a $299.56; que con posterioridad a ese pago el Tesorero notificó a' la demandante que de una investigación practicada en sus libros de contabilidad aparecían ciertas deficiencias en la planilla del año 1929 y que el ingreso neto tr-ibutable para dicbo año, sujeto a contribución de 12% por ciento, ascendía a $17,396.42; que de acuerdo con dicbo cómputo la demandante debía pagar $2,174.56, suma que quedó reducida, por virtud de los $299.56 ya pagados, a $1,875; que añadiendo a esa suma la de $412.50 por intereses, el Tesorero esigió a la demandante el pago de la suma total de $2,287.50; que ba-biendo acudido la demandante en alzada ante la Junta de Revisión e Igualamiento ésta confirmó la tasación becba por el Tesorero y denegó la reconsideración que le fué solicitada; y que la demandante pagó bajo protesta la suma de $1,837.60, cuya devolución se reclama en la súplica de la demanda.

Se queja la demandante de que la Junta de Revisión e Igualamiento no le concedió deducción alguna por los $12,000 de sueldos pagados a los socios, ni una exención específica de $5,000, por ser la demandante una sociedad doméstica, y alega que de habérsele concedido tales deducciones el ingreso neto tributable de la demandante hubiera ascendido a $396.42 y la contribución a $49.55 en vez de la que se le ha cobrado.

La contestación del Tesorero demandado alega que los sueldos pagados a los socios no son deducibles del ingreso bruto de una sociedad, a los fines de computar el ingreso neto; que la demandante no reclamó la exención de $5,000 en sus planillas para 1929 y que a pesar de no haberla reclamado se le concedió una exención específica de $3,000; que la demandante no apeló de la decisión del Tesorero para ante la Junta; que no habiéndole sido planteada esa recla-mación la Junta no tomó acción alguna en relación con ella a favor o en contra de la demandante; y que no habiendo agotado la demandante la vía administrativa, la corte de distrito carece de jurisdicción para conocer de esta recla-mación.

Yisto el caso, la corte de distrito dictó sentencia decla-rando con lugar la demanda en cuanto al crédito específico de $5,000 reclamado por la demandante, por entender que la sección 6 de la Ley Num. 18 de 3 de junio de 1927 (pág. 491), enmendatoria del apartado (b) de la sección 34 de la Ley Núm. 74 de 1925 (pág. 483) es nula por ser anti-constitucional; y sin lugar en cuanto a los demás pedimentos de la demanda, sin especial pronunciamiento en cuanto a costas. El Tesorero interpuso el presente recurso y lo basa en dos señalamientos de error, a saber:

1. El haber declarado que la enmienda introducida en la-sección 34 (b) de la Ley de Ingresos de 1927 es inconstitu-cional, y que dicha sección continuó en vigor tal y como fué aprobada en 1925.

2. Haber asumido jurisdicción para conceder un crédito' que no fué reclamado al Tesorero ni considerado por la Junta de Revisión e Igualamiento.

La sección 34(5) de la Ley Núm. 74 de 1925, antes de ser enmendada leía así:

“Sección 34. — Para los fines de la contribnción impuesta por la sección 28 solamente se concederán los siguientes créditos:
“ (a) * * * * * * #
“ (b) En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de veinte y cinco mil dólares, un crédito es-pecífico de $5,000 y en los demás casos, un crédito específico de $4,000."

La Ley Núm. 18 de 1927 enmendó la sección 34(5), supra, la cual lee ahora así:

“ (b) En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de diez mil (10,000) dólares, un crédito es-pecífico de tres mil (3,000) dólares y en los casos en que el ingreso neto exceda de diez mil (10,000) dólares no se concederá crédito al-guno. ’ ’

En el caso de F. Febles. & Cía. v. Sancho Bonet, Tesorero, 50 D.P.R. 778, se levantó como en el presente caso la cues-tión sobre la validez constitucional de la sección 34(5) en la forma en que quedó enmendada por la Ley Núm. 18 de 1927. Se alegó, como ahora se alega, que el estatuto es discriminatorio porque a una sociedad que tenga un ingreso de menos de $10,000 se le concede un crédito específico de $3,000, mientras que a la sociedad que tenga un ingreso neto de más de $10,000 no se le concede rebaja alguna. Esta Corte Suprema revocó la sentencia de la corte inferior, que había declarado inconstitucional dicho estatuto, y por voz de su Juez Asociado Sr. Wolf se expresó así:

“La demandante tuvo un ingreso durante cada uno de los tres años de que se queja de menos de $10,000 y por tanto no fué afec-tada por las disposiciones de la Ley de 1927, que no otorgaba crédito alguno a las personas que recibieran más de $10,000. Nadie dudaría que la Legislatura tenía el derecho bajo un estatuto que por otra parte fuera constitucional, a fijar la rebaja en $3,000 más bien que en $5,000, si así lo hubiera deseado, como lo deseó. La parte del es-tatuto que concedía exenciones solamente a personas que recibían menos de $10,000 es un precepto independiente y el dejar de exentar a las personas que recibían más de $10,000 no está entrelazado con el hecho, ni de él depende, de que las personas que reciban menos de $10,000 tengan una exención. Una persona que recibe menos de $10,000 no queda perjudicada a no ser por la rebaja de su exención de $5,000, existente bajo la ley de 1925, a $3,000 bajo la ley actual. Indudablemente la demandante podría ser beneficiada al declararse la ley inconstitucional pero por el presente se halla solamente en la posición de tener derecho a una rebaja de $3,000 más bien que de $5,000. Una entidad que reciba más de $10,000 es la que sufriría verdadero perjuicio, de sufrirlo. Fácilmente podría suceder que las personas que reciben más de $10,000 nunca ataquen el estatuto por-que la ley podría ser derogada o enmendada antes de que éstas pu-dieran ser por ella afectadas. Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que la demandante no fué afectada por la disposición legal y en su consecuencia que no tenía status ante la corte para atacar la validez del estatuto. (Citas).”

Es un hecho admitido que en el caso de autos el Tesorero de Puerto Rico, interpretando y aplicando el estatuto vigente con espíritu de liberalidad y equidad, concedió a la sociedad apelante un crédito específico de $3,000, no obstante no haber sido reclamado dicho crédito por la demandante y no obs-tante haber tenido dicha demandante un ingreso neto tributable de más de $10,000.

¿Tiene la sociedad apelante status para atacar ante la corte la validez del estatuto? Las mismas razones que tuvi-mos para resolver que P. Febles & Cía. no lo tenía, nos obligan a decidir que la sociedad apelante tampoco lo tiene. La única base o fundamento que podría aducirse para sos-tener la invalidez constitucional del estatuto — el discrimen en favor de las sociedades con ingreso neto de menos de $10,000 y en contra de las que tienen ingresos por más de esa suma— no puede alegarse en el presente caso. El Tesorero no actuó en forma discriminatoria. Trató a la sociedad demandante tal y como si su ingreso neto para 1929 no hubiese excedido de $10,000 y le concedió una rebaja de $3,000, la única que autoriza el estatuto. La demandante no ha sido afectada en manera alguna por la disposición estatutaria que no otorga crédito alguno a las sociedades que reciban menos de diez mil dólares. Si sostuviéramos como pretende la apelante que el estatuto es válido en cuanto a las sociedades que ganan menos de diez mil dólares: que no lo es en cuanto a las que reciben más de esa suma, aun cuando se les conceda igual crédito que a las primeras; y que las que ganan más de diez mil dólares tienen derecho al crédito que autorizaba el estatuto antes de ser enmendado, estaríamos autorizando un discrimen en favor de las sociedades que realizan mayores beneficios y en contra de las menos afortunadas. La inter-pretación y aplicación del estatuto por el Tesorero en el caso de autos deben ser sostenidas como justas y razonables. La demandante no ba sufrido perjuicio alguno, pues ba recibido el mismo trato que una sociedad cuyo beneficio neto fuera menor de diez mil dólares. Por eso dijimos en el caso de Febles, supra, que “Una entidad que reciba más de $10,000 es la que sufriría verdadero perjuicio, de sufrirlo. ’ ’ Y aquí, repetimos, no ba habido discrimen y sí igualdad de trato.

En el caso de J. M. Blanco, Inc. v. Sancho Bonet, Tesorero, 55 D.P.R. 389, se levantó la misma cuestión constitucional que en el de Febles. Y esta Corte Suprema, por voz de su Juez Presidente Sr. Del Toro, después de citar y comentar los casos de Domenech v. Havemeyer, 49 F. (2d) 849 y Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tesorero, 43 D.P.R. 892, se expresó así:

“De suerte que si el discrimen entre unos y otros contribuyentes observado en la Ley núm. 43 de 1921 (pág. 313), sección 17, fué la base de su declaración de inconstitucionalidad, siendo dicho discri-men similar al que se observa en la Ley núm. 18 de 1927, sección 6, también debe servir de base a su declaración de ineonstitueionali-dad.
“Ahora bien, ¿debe dicha declaración limitarse a la ley en cuanto resulta en realidad de verdad discriminatoria o hacerse en términos generales como lo hizo la corte de distrito, de tal modo que nula la enmienda quede en todo su vigor la ley que se trató de enmendar?
“A nuestro juicio la declaración debe hacerse en forma limitada, de acuerdo con el razonamiento contenido en la opinión del citado caso de F. Febles y Cía. v. Sancho Bonet, Tes., supra, que dejamos transcrito. Y siendo ello así, no tiene derecho la demandante a la exención de cinco mil dólares que reclama sino a la de tres mil que fija la sección 6 de la Ley núm. 18 de 1927 en su parte constitucio-nal.
“A virtud de esta interpretación se da efecto a la voluntad le-gislativa en cuanto a la reducción de la exención de cinco a tres mil dólares (F. Febles y Cía. v. Sancho Bonet, Tes., supra, pág. 780) y se concede la exención a todos por igual, lo mismo a los contri-buyentes cuyos ingresos no excedan de diez mil dólares que a aquéllos cuyos ingresos pasen de esa suma, desapareciendo en tal virtud el discrimen y quedando la ley como si estuviera redactada en la forma indicada por la propia corte sentenciadora para que resultara constitucional, a saber, exención de tres mil sobre los pri-meros diez mil dólares en todos los casos.”

Por las razones expuestas, creemos innecesario discutir el segundo señalamiento de error y opinamos que habiéndose cometido el primero la sentencia recurrida debe ser revo-cada y desestimada la demanda, sin especial condenación en amito a costas.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. South P. R. Sugar Co. (Corporación de New Jersey), South P. R. Sugar Co. (Corporación Doméstica) y Russell & Co., Sucesores, demandados.
    Núm. 4.

    Sometido: Enero 10, 1939.

      Resuelto: Abril 30, 1940.

      James R. Beverley y R. Castro Fernández, abogados de la demandada South P. R. Sugar Co. (Corporación de New Jersey) ; I-Ion. Pro-curador General George A. Malcolm (B. Fernández García, Ex-Procurador General, en los alegatos) y Miguel Guerra-Mondragón, Rafael Rivera Zoyas y Luis Venegas Cortés, abogados asociados estos últimos, abogados del querellante, Pueblo de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Procurador General de Puerto Rico presentó en este tribunal una solicitud para que se instruya información de la naturaleza de quo warranto a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, contra las tres demandadas arriba nombradas, alegando que la primera, una corporación extranjera, South P. R. Sugar Co. (New Jersey), que en lo sucesivo llamare-mos “la corporación de New Jersey”, a través de las co-demandadas South P. R. Sugar Co. (P. R.), que en lo sucesivo llamaremos “la corporación doméstica”, y la socie-dad Russell & Co. Suers., que conoceremos por Russell & Co., en contravención de la Carta Orgánica de Puerto Rico (sección 39) y de la Ley núm. 47 de 7 de agosto de 1935 (Sesión Extraordinaria, pág. 531), está poseyendo tierras en esta Isla en cantidad de 24,000 acres. Alegó además el Procurador General que “la corporación de New Jersey” es dueña de las acciones e interés o capital respectivamente de “la corporación doméstica” y de la sociedad Russell & Co., que las maneja o controla, y que son éstas meros mani-quíes creados por “la corporación de New Jersey” para evadir el cumplimiento de las leyes antes citadas, que prohí-ben a las corporaciones poseer tierras en esta Isla en exceso de quinientos acres.

Permitida la radicación de la solicitud, se ordenó el empla-zamiento de las demandadas, y una vez diligenciado, fué devuelto por el márshal con el siguiente certificado:

• “Corte Suprema de Puerto Rico, Oficina del Mársbal. — Yo, William O. Látimer, Mársbal de la Corte Suprema de Puerto Rico, CeRtipico : — Que recibí la presente citación a las 11:00 a. m. del día 25 de noviembre de 1938 y que notifiqué la misma en las fechas que a continuación se indican, entregando copias fieles de ella, de la pe-tición de quo warranto, de los exhibits A, B, C, C-l, C-2, C-3, C-4, C-5, D, E, F, O, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z y AA a dicha petición acompañados y de la resolución del Tribunal Supremo de fecha 23 de noviembre de 1938, a las siguientes personas:
“Al Lie. James R. Beverley, en su carácter de Vicepresidente de ‘The South Porto Rico Sugar Company’ (corporación doméstica) personalmente en su oficina sita en la calle Tetuán núm. 1, en San Juan Puerto Rico, hoy día 25 de noviembre de 1938.
“Al Sr. Carl S. Nadler, en su carácter de socio gestor (managing partner) de Russell & Co., Sucesores, personalmente en su oficina sita en Ensenada, Puerto Rico, hoy día 29 de noviembre de 1938.
“Al Sr. Carl S. Nadler, en su carácter de socio gestor (managing partner) de Russell & Co., Sucesores, firma social que, de acuerdo con las alegaciones 8 y 9 de la querella, es agente en Puerto Rico de ‘The South P. B. Sugar Co.’, corporación extranjera organizada bajo las leyes del Estado de New Jersey. El Sr. Carl S. Nadler se opuso a aceptar esta notificación alegando que Rusell & Co., Suce-sores, de la cual él es socio gestor, no es agente en Puerto Rico de la susodicha South Porto Rico Sugar Co., de New Jersey, y mani-festó que él devolvería a esta Corte Suprema estos documentos para recalcar su no aceptación de los mismos; hoy día 29 de noviembre de 1938.
“San Juan, Puerto Rico, hoy día 2 de diciembre de 1938.- — (Fdo.) William G-. Látimer, Márshal.”

Comparecieron las tres demandadas el 20 de diciembre de 1938 y sin someterse a la jurisdicción de esta corte soli-citaron el traslado del caso a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico, por el fundamento de ser éste un pleito de naturaleza civil en el que la cuantía envuelta, sin incluir intereses y costas, excede de $3,000 y surge bajo las leyes de los Estados Unidos. Denegado el traslado el 24 de enero de 1939 (54 D.P.R. 131), “la cor-poración de.New Jersey”, por medio de una comparecencia-especial, radicó una moción en la que solicitó se declarase nulo el emplazamiento, alegando que es una corporación extranjera, que hace muchos años cesó de hacer negocios en esta Isla, que no tiene oficial o agente en esta jurisdicción a quien pueda emplazarse en su representación, y que ni Russell & Co. ni Carl S. Nadler son ni han sido sus agentes en Puerto Rico, y que hace muchos años la peticionaria no hace negocios en esta Isla, ya directamente o a través de cualquiera otra persona o entidad, y que en tales condicio-nes, de asumir esta corte jurisdicción y dictar sentencia contra la peticionaria, la privaría de su propiedad sin el debido procedimiento de ley. Termina la moción con súplica de que se anule la citación y se desestime la demanda.

El 10 de enero de 1939 se celebró una audiencia en la que las partes presentaron sus pruebas en pro y en contra de la moción y se les concedió un plazo a cada una para la presentación de alegatos que oportunamente radicaron. Mientras tanto, Rubert Pinos. Inc., demandada en otro pro-cedimiento de quo warranto semejante al que nos ocupa, apeló del fallo adverso de este tribunal para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, y habiendo resuelto dicha corte que este tribunal carecía de jurisdicción para entender del caso, dejamos pendiente las cuestiones aquí envueltas hasta tanto se determinase defini-tivamente nuestra jurisdicción; pero habiendo resuelto la Corte Suprema de los Estados Unidos que la Asamblea Legis-lativa de Puerto Rico actuó dentro de sus facultades al apro-bar la Ley núm. 47 supra, y que este tribunal al resolver dicho caso actuó dentro de la jurisdicción válidamente con-ferídale por la Asamblea Legislativa (The People of Puerto Pico v. Rubert Hnos. Inc., decidido el 25 del mes pasado), procederemos a resolver ahora la cuestión suscitada por “la corporación de New Jersey” sobre la validez del empla-zamiento.

La cuestión en controversia es la siguiente: ¿Está “la corporación de New Jersey” haciendo negocios en Puerto Rico, a través de sus agentes y fiduciarias, de tal forma y •en tal grado que justifique la inferencia de que se halla pre-sente en esta Isla y que se ha sometido a su jurisdicción y a sus leyes? Philadelphia & R. Ry. Co. v. McKibbin, 243 U.S. 264; 18 Fletcher Cyclopedia Corporations, Revised and Permanent edition, pág. 351, sec. 8713; Boise Flying Service Inc. v. General Motors Acceptance Corporation, 55 Idaho 5, 36 P. (2d) 813, 817.

No existe una regla inflexible para determinar qué se entiende por la frase “haciendo negocios” a los efectos de poder considerar la corporación extranjera como presente en la jurisdicción y sujeta a ser emplazada por medio de sus agentes. Cada caso> debe resolverse por sus. propios méritos. Fletcher, tomo citado, pág. 338, sec. 8711; International Harvester Co. v. Kentucky, 234 U.S. 579.

Establecida la regla legal que ha de guiarnos para deter-minar si “la corporación de New Jersey” está haciendo negocios en Puerto Rico de tal forma y en tal grado que podamos inferir que ha quedado sujeta a ser emplazada en •esta Isla, examinaremos la prueba que una y otra partes nos han presentado sobre la cuestión en controversia.

“La corporación de New Jersey” fué organizada de acuerdo con las leyes de dicho estado el 16 de noviembre de 1900, unos meses después de estar en vigor la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos, de primero de mayo de 1900, que prohibe a las corporaciones poseer en esta Isla tierra en exceso de 500 acres. Dicha corporación hizo negocios directamente en Puerto Rico y algún tiempo después se retiró de esta Isla, siendo cancelada su licencia. Sin embargo, quedaron haciendo negocios sus subsidiarias South Porto Rico Sugar Co. (P.R.), organizada bajo las leyes de esta Isla el 8 de diciembre de 1917, Ensenada Estate y Fortuna Estate. La primera sólo se ha dedicado a poseer y explotar la factoría de azúcar conocida por Guánica Cén-trale, poseyendo además unos 400 acres de terreno, y las otras dos poseían tierras que dedicaban principalmente a la siem-bra y cultivo de cañas de azúcar que eran molidas en la factoría de la primera. Estas entidades eran poseídas por “la corporación de New Jersey.”

El 18 de abril de 1917 se constituyó en Ponce la sociedad (partnership) Russell & Co., S. en C., siendo sus socios-comanditarios los Sres. Arnold, Welty y Orde, y sus ges-tores los Sres. Russell, Havemeyer y Dillingham, los dos últimos, miembros de la Junta de Directores de “la cor-poración de New Jersey.” El capital social fue de $103,000, del cual aportaron $100,000 los tres comanditarios, en la siguiente proporción: Arnold, $40,000, y Welty y Orde, $30,000 cada uno. Los tres gestores sólo aportaron $1,000 cada uno, lo que bace un total de $103,000 como dijéramos antes. Los fines de esta sociedad eran y son adquirir y ope-rar una empresa para sembrar, cultivar y vender caña de azúcar y su término de duración hasta el 30 de junio de 1947. El socio administrador era el Sr. Dillingham, Pre-sidente de “la corporación de New Jersey.” Los beneficios de la sociedad se habían de distribuir en la siguiente forma: $1,000 anuales para cada uno de los gestores, y el remanente para los comanditarios. Se estipuló que el socio adminis-trador percibiría además un sueldo de $3,000 y que los socios gestores no responderían de las deudas y obligaciones de la sociedad. Es de notar que el mismo día en que en Ponce se constituía esta sociedad, los comanditarios Arnold, Welty y Orde, a través de un apoderado, celebraban un contrato en Harpers Perry, West Virginia, a virtud del cual cedían al American Colonial Bank, por la suma de $100,000, todas las cantidades de dinero y otros beneficios pecuniarios que en su carácter de comanditarios tuviesen derecho a percibir de la sociedad agrícola, bien por ganancias o ya por reparto de capital, reservándose cada uno, sin embargo, una partici-pación de $500 anuales en las ganancias de la sociedad y una aportación de $500 cada uno en el capital social.

Precisamente el mismo día 18 de abril de 1917 en que estos dos documentos se otorgaban en Ponce y en Harpers Ferry respectivamente, otro documento, un trust agreement, se firmaba en esta última cindad por los socios comandita-rios y el American Colonial Bank como trustee, por el cual $98,500 del capital en comandita ya cedido por el otro docu-mento y las ganancias que produjera serían administrados por dicho trustee. Se estipuló además que el trustee estaría bajo el control de los accionistas comunes de “la corpora-ción de New Jersey” y podría ser destituido por ellos, pudiendo también los accionistas dar por terminado el trust cuando lo estimaren conveniente. A este efecto dice el inciso 5 de la cláusula 2 del trust agreement:

“The trustee shall at all times exercise all the rights and powers which it may have as trustee, including all rights and powers relating to said partnership or its dissolution or liquidation or the distribution of its assets or change in its membership, or relating to the articles of said partnership, or the amendment thereof, or relating to airy claim against the partnership or its general partners, in such manner as 80% in interest of the beneficiaries hereunder may direct ...”

De esta suerte el trustee tiene el control de $98,500 mien-tras los seis socios sólo retienen $4,500 del capital total de $103,000, siendo obligación de diebo trustee repartir el bene-ficio de dicho capital entre los accionistas comunes de “la corporación de New Jersey.” En armonía con este convenio, en los certificados de acciones de “la corporación de New Jersey” se consigna lo siguiente:

“Tins certificate entitles the owner, for the time being, of the shares of stock represented hereby to a beneficial interest in profits of Russell & Co., Sucesores, S. en C., distributable under and pursuant to a certain Trust Agreement, dated April 18, 1917, between Edwin L. Arnold and others, and The American Colonial Bank of Porto Rico as trustee, said interest is inalienable except by transfer of the stock represented by this certificate and passes to any assignee of said stock.”

Esta sociedad, que se constituyó el 18 de abril de 1917, compró el 18 de agosto del mismo año, a Fortuna Estate. cuarenta y nueve fincas por $869,833.62, y otras treinta y seis a Ensenada Estate por $907,497.19, pagando por ellas en efectivo un total de $1,777,330.81, suma que le fué pres-tada por “la corporación de New Jersey” el 29 de junio de 1917, y más tarde, el 18 de agosto de 1917, constituyó hipoteca sobre dichas fincas, por igual cantidad, a favor de la acree-dora, “la corporación de New Jersey”, por el mismo tér-mino que había de durar la sociedad, o sea hasta el 30 de junio de 1947, con intereses al 8 por ciento anual.

La hipoteca en cuestión fué cedida por “la corporación de New Jersey” a la South Porto Rico Sugar Co. (P.R.), cuyas acciones posee totalmente la primera.

Después de los distintos cambios que por motivos de muerte o venta del interés de los llamados socios han ocu-rrido, la sociedad se compone actualmente de tres socios gestores: Cochran, Paine y Nadler, el primero con una apor-tación de $1,000, y $1,500 cada uno de los restantes. Ninguno de ellos recibe participación alguna en las ganancias ni responde de pérdidas. Cochran percibe un sueldo de $1,000 anuales, Paine percibe otro de $4,800, y Nadler, en su doble carácter de socio administrador y administrador general, percibe dos sueldos, de $4,800 y $12,000 respectivamente, montantes a $16,800 anuales.

La prueba que en apoyo de su moción presentó “la cor-poración de New Jersey”, consiste de tres affidavits de los Sres. Dillingham, Paine y Nadler, respectivamente, en los que se niega la agencia, y de ciertos contratos sobre siembra y molienda de cañas, celebrados entre la sociedad y la cor-poración doméstica, evidencia que, a nuestro juicio, no tiene gran fuerza probatoria. Industrial Research Corp. v. General Motors Corp., 29 F. (2d) 623, 626; Henderson v. Richardson Co., 25 F. (2d) 225.

A nuestro juicio, considerada la forma en que se ha cons-tituido la sociedad Russell & Co., S. en C., razón social que actualmente es Russell & Co. Sucesores, habida cuenta del Lecho de que sus llamados socios no participan en las pér-didas y ganancias, lo cnal es contrario a la naturaleza .del contrato de sociedad (art. 1556, Código Civil), considerando además que la sociedad está controlada y manejada por el ■trustee, quien a su vez lo está por los accionistas del capital común de la corporación extranjera, quienes pueden a través del trustee dictar la política a seguir por los socios adminis-tradores, etc.', y considerada además la circunstancia adicio-nal de que todos los beneficios de la sociedad se distribuyen entre los accionistas comunes de “la corporación de New Jersey’5, opinamos que todas estas circunstancias tienden a demostrar que la corporación extranjera está presente haciendo negocios en Puerto Rico a través de su agente Russell & Co., Sucespres, y habiendo sido emplazado el admi-nistrador general de esta última, Sr. Madler, en tal capacidad representativa, debemos resolver que la corporación extran-jera ha sido legalmente citada y que esta corte ha adquirido jurisdicción in personam sobre ella.

Procede, por lo expuesto, desestimar la moción sobre nuli-dad de emplazamiento y conceder a la demandada South P. B. Sugar Go. (Ne%v Jersey), un plazo de quince días para radicar nuevas alegaciones contra la querella, plazo que empezará a contarse a partir. de la fecha en qu-e se le notifique con copia de la querella enmendada que a virtud de la reso-lución de M del actual deberá presentar el querellante.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dionisio Fuentes, acusado y apelante.
    Núms. 7789 y 8000.

    Sometidos: Abril 5, 1940.

      Resueltos: Mayo 3, 1940.

      Arturo Aponte y F. Rehollo López, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Fidel Rodríguez, Policía Insular, formuló dos denuncias contra Dionisio Fuentes en la Corte Municipal de Pío Grande, una por acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes y otra por portar armas prohibidas.

Condenado el acusado en la corte municipal, apeló para ante la del Distrito, San Juan. Llamadas las causas en ésta a los efectos de la celebración del juicio de novo, las partes estipularon practicar la prueba conjuntamente. La corte aprobó la estipulación.

Cuatro testigos declararon por el Pueblo, a saber: Carlos Pérez, Campoamor Rivera, José Antonio Carrasquillo y Pidel Rodríguez.

Dijo el primero que el 25 de agosto “venía de la tienda de comprar un encargo para casa, unas grampas, y al llegar al paso nivel y tirar para el paso del río él (Dionisio Puen-tes) bajaba con una vaca para la cárcel, y al poco rato, yo seguí la misma dirección para cruzar para casa y él bajaba con la vaca y entonces salió Campoamor que venía de allá arriba y vi que allí tuvieron una lucha y cuando llegué esta-ban luchando los dos con la vaca, y entonces yo llegué y cuando llegué Campoamor levantó el lazo de la vaca y se lo sacó de la cabeza, y este maestro (refiriéndose al acusado) sacó un espadín y le tiró a él, y yo avancé para meter la paz y le dije: ‘Deje eso, no lo corte. . . .’ .pero como tenía las dos manos ocupadas y no tenía nada con él me paré al pie de él y al poco rato sacó el machete y me tiró y me dió esta herida y me tumbó casi la mano, y entonces viró para atrás y se fué y yo me vine para el pueblo a curarme. Ya ha mutilado tres hombres conmigo.”

Que eso “ocurrió en Mameyes, de Río Grande, en la carre-tera que tira al Yunque.” Repreguntado insistentemente sobre si llevaba una hachuela tratando de agredir con ella al acusado, sostuvo que no la llevaba, ni trató de agredir a Puentes. Que su intención al intervenir fué “meter la paz.”

El machete del acusado fué entonces ofrecido en evidencia y admitido sin objeción. Seguidamente declaró Campoamor Rivera, como sigue:

“Lo que pasó fué que habiéndoseme perdido una vaca y después de haberla buscado en el palmar, en Luquillo y por todos los alre-dedores, después de haber perdido la esperanza de encontrarla iba a darle cuenta a la Policía y entonces vi un'individuo con ella por la carretera de El Yunque y fui donde él y al hacerle la pregunta que para dónde llevaba aquella vaca que era mía y nada me contestó ; volví y le hice de nuevo la pregunta y tampoco me contestó, y en-tonces me acerqué a la vaca y le saqué el lazo que tenía en los cuer-nos, y al sacarle el lazo me tiró un tajo con el machete y me cogió de plano y siguió, y pasaba Carlos Pérez y al pasar Carlos Pérez sacó el machete y le dió un tajo y siguió para arriba.”

Repreguntado contestó que Pérez no traía hachuela, sino un cartucho de grampas.

El tercer testigo, José A. Carrasquillo, dijo:

“Mientras el señor Diego Carrasquillo y yo íbamos con una vaca de la finca de Don Luis González, ya que habíamos pasado el río a eso de las 8;00 .... Oí una voz que dijo: 'Ay me cortó.’ Enton-ces como venía para acá vi al señor Carlos Pérez herido frente a la casa de Onofre Plaza y estaban ligándolo.”

Y el cuarto, Rodríguez, manifestó: que ocupó al acusado “un machete y al ocuparle el machete le dije: 'Voy a arres-tarlo a usted por haber herido a Garlos Pérez’, y dijo: ‘¿No tiene la mano en el suelo? —No, señor, está herido, pero no tiene la mano colgando.’ Eso me dijo el acusado. Dijo entonces que él le había tirado a cortarle esa mano porque le iba a quitar un ganado por el gusto.”

Repreguntado: “-¿Le dijo que Carlos Pérez tenía una hachuela en el momento que le tiró?” Contestó: “No me hizo esa manifestación.”

La prueba de descargo consistió en las declaraciones de Marcelo Vega, Ricardo Algarm, Juan Rosa y Diego Carras-quillo.

Dijo Vega que era mayordomo de una finca de don José Vahamonde y el acusado, a la fecha de los sucesos, guardia de la misma, siendo sus deberes “tapar los boquetes, voltear la finca y si encuentra en la finca algún animal llevarlo a la cárcel; si hay un boquete le pone espeque al boquete y anda pon espeques y soga. . . . Por si hay alguna res haciendo daño la coge y la lleva a la cárcel, y lleva un machete por si necesita cortar un espeque, y lleva diez o doce grampas. también. ’ ’

Algarín manifestó:

“Ese día el señor Juan Rosa y yo estábamos cortando una palma y bajaba el señor Dionisio Fuentes con una vaca para la cárcel. El señor Campoamor corrió y Regó donde Dionisio y le empuñó la soga y lucharon, y bajaba Carlos Pérez con una haehuela en la mano y un cartucho de grampas y hubo una lucha entre Carlos y Dionisio, y ocurrió que el señor Dionisio al ver que Carlos Pérez le tiró con la haehuela le metió el machete y lo hirió en una mano y se le cayó la haehuela de la mano y yo seguí.”

Rosa, el tercer testigo de descargo, narró los hechos como sigue:

“Ese día que pasó el caso estábamos nosotros en la guardarraya del río tumbando unas palmas y cuando bajaba el señor Dionisio Puentes con una vaca para la cárcel, que cruzó el río, Campoamor se puso a quitársela y se emborujaron los dos a luchar, y entonces vino Carlos Pérez con una haehuela para encima de él, y cuando lo vió venir se le despegó a Campoamor y le metió el espadín cuando él le tiró con la haehuela.”

Por último, Diego Carrasquillo declaró:

“. . . venía Dionisio Puentes con unas reses para la cárcel, y venía Campoamor y lo vió y cruzó el río y se le fue encima a qui-tarle la vaca y tuvieron una lucha él para quitársela y él para no dársela, y bajaba Carlos Pérez con una haehuela y cuando vió la lucha corrió con la haehuela y se le vino frente a Dionisio y le tiró con la haehuela y Dionisio le metió el machete.”

Terminada la práctica de la evidencia, la corte sentencia-dora se expresó así:

“La Copte da entero crédito a la prueba de cargo y no da abso-lutamente ningún crédito a la prueba de defensa. Esto no es un acometimiento y agresión grave; esto es un delito de mutilación, y de la propia declaración del Policía se desprende que después de realizada por usted la agresión le preguntó usted al Policía si se le había caído la mano. La Corte cree que éste es uno de los casos más serios y graves. En cuanto al caso de portar armas, usted puede andar son su machete en la finca, pero no por los caminos. La Corte Municipal en el caso de portar armas le impuso un mes de cárcel y esta Corte le impone dos. En el caso de acometimiento y agre-sión grave la Corte estima que la Corte Municipal fué muy be-nigna al no imponerle nada más que cuatro meses de cárcel. La Corte cree que le debe imponer el máximo de la pena y le impone dos años de cárcel. Ese hombre ha quedado inútil.”

Apeló el acusado en ambos casos y los sometió por un solo alegato en el que señala cinco errores. Por el primero sostiene que la corte de distrito actuó sin jurisdicción. Argumenta:

“Las dos denuncias que sirvieron de base a ambos recursos con-signan por manera expresa que el supuesto delito tuvo lugar ‘en la CARRETERA del yunque’, y así se demostró. Trans, pág. 1 y Récord adicional pág. 1.
“Es de conocimiento judicial, Príncipe v. Am. R. R. Co., 22 D.P.R. 303, que la carretera del 'Yunque’, o sea la que empieza en el poblado de ‘Palmer’, junto a la Núm. 5 de Río Piedras a Fajardo, y termina en el barrio de ‘Río Blanco’, carretera de Naguabo a Juncos, es una carretera que pertenece a Estados Unidos y que se baila bajo el exclusivo control del Gobierno Federal con peones cami-neros federales, guardias y policías federales y sobrestantes e inspec-tores federales.
“Siendo esto así, es indudable que cualquier delito cometido en dicha carretera es de la exclusiva jurisdicción de los tribunales fe-derales.”

Como dice el fiscal en su informe:

- “La verdad única de conocimiento público y notorio en relación con la jurisdicción de la carretera del Yunque, es la siguiente:
“En el kilómetro 32.909, entre Mameyes y Luquillo, de la carre-tera insular Núm. 3, que empieza en Río Piedras y remata en Ponce, empieza el camino o carretera del Yunque, que atraviesa toda la montaña para terminar en la carretera insular Núm. 28, Qentre Juncos y Naguabo.
“Esta carretera del Yunque, tiene una longitud de 30.80 kms., y está dividida en tres secciones, a saber :
• “1» — Desde enlace con la carretera insular Núm. 3, en el km. 32.909, entre Mameyes y Luquillo, hasta el km. 7.40 monte arriba en que empieza la reserva forestal federal, (insular).
“2» — Desde el Ion. 7.40 hasta el barrio Río Blanco, km. 21. Este trozo, por atravesar terrenos pertenecientes al gobierno federal, re-serva forestal, es exclusivamente federal, y es por eso que tanto en el Ion. 7.40 en que empieza dicha reserva, como en el 21, en que termina, existen sendos letreros bien grandes y visibles a larga dis-tancia, avisando al público en general, que todo ese trozo del ca-mino, y nada más que ése, es exclusivamente federal.
'‘3* — Desde el km. 21, Río Blanco, hasta el 30.80 en. que remata en la carretera insular Num. 28 que va desde Juncos a Naguabo, (insular).”

Y no existiendo como no existe prueba de que el Gobierno Insular hubiere traspasado al federal la parte de la carretera que le pertenece y tendiendo como tiende la evidencia a demostrar que los hechos ocurrieron en esa parte, no está el señalamiento de error bien fundado.

En el caso de El Pueblo v. Suárez, 51 D.P.R. 903, 906, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Travieso, se expresó así:

“La acusación en el caso de autos se ajusta al lenguaje del esta-tuto y es suficiente para informar al acusado sobre la naturaleza del delito que se le imputa. Las palabras ‘el edificio que ocupa la ofi-cina de correos de Puerta de Tierra’ no imputan al acusado la co-misión de un delito federal. Esas palabras han sido insertadas en la acusación para describir e identificar mejor la propiedad que se alega el acusado trató de destruir ilegalmente. La acusación sería igualmente suficiente si imputase al acusado el propósito de destruir ‘el edificio situado en la esquina de la Avenida Ponce de León y de la calle Padre Hoff.’ Todo lo que requiere el estatuto es que se use el explosivo con el propósito de hacer daño o destruir una pro-piedad, no importa quién pueda ser su dueño. Si el acusado levanta la cuestión jurisdiccional, alegando que la propiedad que se ha tra-tado de destruir pertenece al Pueblo de los Estados Unidos y que por consiguiente la Corte Federal tiene jurisdicción exclusiva sobre el caso, es a él a quien incumbe sostener tal alegación.”

Por los otros señalamientos se imputa a la corte que apreció la prueba movida por pasión, prejuicio y parcialidad, que erró al condenar al acusado por portar armas, al no tomar en consideración las circunstancias especiales en que se hallaba, infringiendo las secciones 2 y 3 de la Ley sobre acometimiento y agresión, y al no darle el beneficio de la presunción de inocencia y de la duda razonable que estatuye el artículo 236 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El examen de la transcripción no revela que la corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad. De modo enfático manifestó que creía la prueba de cargo y que no daba crédito a la de descargo. Al actuar de tal modo lo liizo en el cumplimiento de su deber, ejercitando su razón y su concien-cia. Ambas pruebas eran irreconciliables en cuanto a la ma-nera como se desarrollaron los hechos. El conflicto tenía que resolverse en un sentido o en otro, y lo fué en contra del acusado. De las manifestaciones que hizo el juez no puede deducirse que estuviera prejuiciado en su contra. Tampoco de la circunstancia del aumento de la pena.

Los casos de Pueblo v. Segarra, 36 D.P.R. 116 y Pueblo v. Soto, 34 D.P.R. 286 que cita el apelante al discutir su tercer señalamiento, o sea, aquél por el que sostiene que la corte erró al condenarlo por portar armas, no son aplicables. En ambos se resolvió que el acusado no era culpable porque el arma la portaba con motivo de su empleo y dentro del ejercicio del mismo. T ésa no es la situación en éste. Para conducir al depósito municipal la res que encontró en la finca de su principal, no necesitaba el acusado armarse de un machete. Y la portación de un arma prohibida en un camino publico, bajo tales circunstancias era claramente ilegal. Pueblo v. Rivera, 35 D.P.R. 546; Pueblo v. González, 40 D.P.R. 71; Pueblo v. Piña, 41 D.P.R. 762; Pueblo v. Muñiz, 45 D.P.R. 590; Pueblo v. Echevarría, 46 D.P.R. 646; Pueblo v. Cardona, 50 D.P.R. 206; Pueblo v. Nevares, 52 D.P.R. 801; Pueblo v. García, 52 D.P.R. 297.

En tal virtud y no surgiendo de la prueba que creyó el juez sentenciador que el acusado actuara en defensa propia, ni que fuera despojado de su derecho a ser absuelto por existir duda razonable y fundada de su culpabilidad, no puede concluirse que se infringieran los preceptos de ley que expresamente invoca el apelante.

En cuanto a que la pena sea excesiva, no creemos en verdad que los dos años de cárcel impuestos no estén justificados, si se considera el resultado de la agresión. Gráficamente dijo el agredido al declarar: “Sacó el machete y me tiró y me dió esta herida y me tumbó casi la mano.” Agregando: “Ya ha mutilado tres hombres conmigo.” El caso de Pueblo v. Quiñones, 22 D.P.R. 626 es claramente inaplicable.

Deben confirmarse las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Seños De Jesús

text:
    Isabel Carmen Llambías, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1068.

    Sometido: Mayo 1, 1940.

      Resuelto: Mayo 6, 1940.

      Gaspar Gerona Bras, abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Seños De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Cierta finca urbana radicada en Lares fué vendida en pública subasta para el pago de contribuciones adeudadas al Pueblo de Puerto Rico. El inmueble se hallaba afecto a una hipoteca a favor del Banco Industrial de Puerto Rico, el cual se hallaba entonces en administración judicial. Antes de inscribirse el certificado de venta que se extendió el 4 de marzo de 1939 a favor de Antonio Alcover Pol, se inscribió a favor del Tesorero de Puerto Rico la hipoteca antes men-cionada por habérsela cedido el Banco Industrial de Puerto Rico.

Conforme consignó el Registrador al inscribir el certifi-cado de venta a favor de Alcover, la inscripción se practicó con el defecto subsanable de no resultar del expediente de apremio el nombre de la persona natural que en representa-ción de Suau, Fiol & Co. fué notificada del procedimiento, ni tampoco el nombre del receiver del Banco acreedor, a quien se hizo igual notificación como dueño del crédito hipotecario.

El comprador Alcover no interpuso recurso contra la nota del Registrador ni tomó medida alguna tendente a subsanar el defecto señalado. Posteriormente, por escritura número 26, de 14 de marzo de 1940, ante el Notario Salvador Vilella, Alcover vendió la misma finca a Isabel Carmen Llambías, y al inscribir el título de ésta, el registrador consignó al calce del documento la siguiente nota:

“Inscrito este documento al folio 187 v. del tomo 81 de Lares, finca 550, inscripción 13% sujeta al defecto subsanable de no haberse expresado los nombres de las personas a quienes en representación de la mercantil Suau, Fiol & Co. y como Síndico del Banco Industrial de P. R., se notificó de la venta en pública subasta por la cual adquirieron los vendedores, esposos Alcover Bauza, que fué consig-nado en la anterior inscripción 12». Queda afecta la finca a una hipoteca a favor de la precitada mercantil cedida hoy al Tesorero de P. R. por $15,926.93 de capital en la que responde la finca objeto de este documento, de $1,500; y a un aviso de demanda anotada a favor de don Francisco Bauzá, anotada, al margen de dicha inscrip-ción 12. — Aguadilla, marzo 28, 1940. ”

Contra la nota transcrita interpuso Llambías el presente recurso, solicitando su revocación y que se ordene la inscrip-ción sin el defecto subsanable y se cancele la inscripción de la hipoteca.

Ninguna razón alega la recurrente para que se revoque la nota en cuanto al defecto subsanable. Por el contrario, de los autos resulta que la nota fué consentida por el anterior dueño.

En cuanto a la cancelación de la hipoteca, se alega que siendo el Pueblo de Puerto Rico el dueño del crédito y habién-dose vendido la finca por el Pueblo de Puerto Rico en el procedimiento de apremio, no era necesario notificarlo como acreedor, pues en él concurría la doble condición de vende-dor y acreedor, lo que hacía innecesaria la notificación a sí mismo del procedimiento que dicha entidad estaba llevando a efecto.

El artículo 315 del Código Político dispone que en todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de contribuciones, el Tesorero de Puerto Rico notificará la inscripción de dicha venta a todas las personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad, consignando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiera vendido la propiedad, y los demás datos que estimare oportunos. Y el artículo 348 del mismo cuerpo legal prescribe que el derecho de redención concedido al dueño de la propiedad, sus herederos o cualquier persona que tuviere algún derecho o interés en la misma, puede ejer-citarse dentro de un año a partir de la fecha del certificado de compra.

Tendría razón la recurrente en lo que al Pueblo de Puerto Rico concierne si la cesión de la hipoteca se hubiese verifi-cado antes de extenderse el certificado de venta, pues dueño, entonces el Pueblo de Puerto Rico de la hipoteca, no hubiera sido necesario que se notificase a sí mismo del procedimiento que a su nombre se estaba tramitando. Pero de los autos se infiere que la cesión se hizo después de extendido el cer-tificado, pues de otro modo no se hubiera intentado la noti-ficación al Banco Industrial a través de su receiver. Si en efecto el banco fué notificado en la persona de su receiver,, entonces el procedimiento en cuanto al banco es válido y un año después de extendido el certificado quedaría consolidado-el título del comprador libre de la hipoteca,, si dentro de dicho año no se hubiera hecho uso del derecho de redención, Si en realidad el banco no fué notificado porque la persona en que se intentó la notificación no era su legitimo repre-sentante, en ese caso el derecho de hipoteca subsiste y al adquirirlo el Pueblo de Puerto Rico, se sustituyó en los mismos derechos que tenía su cedente el Banco Industrial,

En el caso de Moraza v. Registrador, 45 D.P.R. 829, 832, se dijo por este tribunal que el colector de rentas internas^ no debió expedir el certificado mientras no se hubiera cum-plido con todos los requisitos que la ley exige, y entre ellos el de la notificación de la venta al dueño, sus herederos o cesionarios, o cualquier otra persona que tuviera algún derecho o interés en la propiedad, a fin de que el derecho-de redención pudiera utilizarse por los interesados en su oportunidad. En el caso de autos, sin embargo, según se expresó en el certificado de venta, fueron notificados tanto1 el dueño como el acreedor hipotecario, estando pendiente de-acreditarse si en efecto la notificación fué válida, puesto-que no se expresaron los nombres de los representantes del dueño y del acreedor hipotecario respectivamente.

A nuestro juicio, la validez del certificado de venta depende de que se acrediten los extremos a que se refiere la nota del registrador, y mientras tales extremos no sean acre-ditados, procede desestimar el recurso y confirmar la nota recurrida.


author: El Juez PkesideNte Señob Del Tono

text:
    Georgina Luisa Lókpez Finlay, peticionaria, v. Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R., Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1207.

    Sometido: Marzo 25, 1940.

      Resuelto: Mayo 7, 1940.

      Daniel Pellón, Jr., Federico Acosta Velarde y Mariano Acosta Ve-larde, abogados de la peticionaria; Monserrat, de la Haba & Monserrat, abogados de la Sra. Palmieri, demandada en el pleito principal.
   El Juez PkesideNte Señob Del Tono

emitió la opinión del tribunal.

Georgina Lókpez Finlay presentó originalmente en esta Corte Suprema una solicitud de certiorari en el pleito que sigue en la Corte de Distrito de San Juan contra Víctor Luis-Lókpez y Amelia Palmieri sobre nulidad de contrato de préstamo garantizado con hipoteca.

Sostiene que el auto procede porque “la Corte de Dis-trito de San Juan, al desestimar la oposición formulada por la demandante a la petición para que se tome deposición al codemandado Víctor Luis Lókpez, lo hizo en violación del artículo 504 del Código de Enjuiciamiento Civil en tanto en cuanto no se le demostró debidamente al tribunal la nece-sidad y materialidad de la declaración de dicho testigo, así como por no existir precepto en nuestro estatuto que auto-rice la toma de deposición de una parte y porque aunque supuestamente admitiéramos que de acuerdo con nuestra ley se le puede tomar la deposición a una parte, por residir don Víctor Luis Lókpez en país extranjero hay que cumplir estrictamente con lo preceptuado en el artículo 504 del Código de Enjuiciamiento Civil, resultando, además, que don Víctor Luis Lókpez es persona inhábil para declarar en el caso, de acuerdo con la ley de 10 de marzo de 1904.”

Expedido el mandamiento se recibieron los autos recla-mados y se oyó a las partes interesadas por medio de sus abogados el 25 de marzo último.

La moción solicitando la toma de la deposición fué pre-sentada a la corte de distrito en enero 8, 1940. En ella se alegó:

“Primero: — Que el presente caso está casi listo para juicio, pero es indispensable para la defensa del derecho que asiste a esta de-mandada la declaración del codemandado Dr. Víctor Luis Lókpez, quien se encuentra en la actualidad ausente temporalmente de Puerto Rico, residiendo en la ciudad de la Habana, Cuba, a donde se trasladó para atender a sus negocios, y por encontrarse enfermo no puede regresar por ahora a esta Isla.
“Segundo: — Que teniendo esta demandada la seguridad de que dicho codemandado ha de permanecer ausente de Puerto Rico por un tiempo indefinido, en bien de la justicia, y de acuerdo con lo que la ley establece, la demandada solicita de la Corte ordene que se tome deposición a dicho testigo Dr. Víctor Luis Lókpez, y al efecto acom-paña, para la aprobación de la Corte, el interrogatorio directo que esta demandada se propone someter a dicho testigo, previa notificación y copia a la parte demandante.
“Tercero: — Que la actual dirección de dicho testigo es: Apar-tado Núm. 2148, Habana, Cuba.
“Cuarto: — Que esta demandada sugiere a la Corte que se comi-sione para tomar dicha deposición, al Sr. Cónsul de los Estados Unidos de América en la Habana, Cuba.”

íáe opuso la demandante acompañando un amplio memo-rándum. Otro amplio memorándum fue presentado por la demandada Palmieri. Replicó por escrito la demandante y la corte, el quince de febrero último, dictó la siguiente reso-lución :

“De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Evidencia (Art. 400, Cód. Enj. Civil de 1933) todas las personas, sin excepción, fuera de lo especificado en los artículos 39 y 40 (que no son de apli-cación al caso de autos) son aptas para testigos, pues dice dicho ar-tículo :
“ 'Así, pues, ninguna de las partes, ni otras personas interesadas en el resultado de la acción o procedimiento, serán excluidas
“El artículo 138 de la Ley de Evidencia (art. 500, Cód. Enj. Civil de 1933) autoriza que se tome la deposición de un testigo fuera de Puerto Rico y establece el procedimiento a seguir, así como los artículos subsiguientes.
“El artículo 37 de la misma ley define al testigo como 'la persona cuya declaración bajo juramento es recibida en evidencia para cualquier objeto, ya la preste mediante examen oral o mediante de-posición o affidavit.’
“Tenemos, además, que la sección 1* de la Ley aprobada el 10 de marzo de 1904, definiendo quiénes son testigos hábiles y para derogar el artículo 1215 del Código Civil dispone:
“ 'Que ninguna persona estará inhabilitada para declarar por motivo de ser parte en el juicio o procedimiento, ser pariente de alguna de las partes, o por estar interesada en tal juicio o procedi-miento.’ (Bastardillas nuestras.)
"La argumentación principal de la demandante para sostener que no procede tomar la deposición de una parte es que nuestro Código de Enjuiciamiento Civil no lo autoriza expresamente, mien-tras que el de California de donde fué copiado el nuestro, sí lo auto-riza. Cita autoridades al efecto de California y otros estados.
"Somos de opinión que esta interpretación técnica de nuestro estatuto procesal no debe prevalecer. La ley no debe ser letra muerta que exija que nos acomodemos a la interpretación arcaica que en otras jurisdicciones hayan querido darle, por el hecho de que en el derecho común una parte no fuera testigo hábil.
"En 16 Am. Jur. sec. 21, se expone la doctrina moderna así:
" ‘Ordinarily, the right to take a deposition is dependent upon the competency of the proposed deponent as a witness. Where parties are competent witnesses, their depositions may he taken, as in the case of other luitnesses, in the absence of any restrictive provision(Bastardillas nuestras.)
"En los casos de Nash v. Williams, 22 L. ed. 877; State of Texas v. Chiles, 22 L. ed. 650 y N. J. R. Co. v. Pollard, 22 L. ed. 877, la Corte Suprema de los Estados Unidos, interpretando el estatuto federal que reconoce el derecho de una parte a ser testigo en cual-quier acción civil (no meramente en casos de equidad como sostiene la demandante) resolvió que procedía expedirse una orden para la deposición de dicha parte. En el caso de Chiles se dice lo siguiente:
" ‘But if there were doubt on the subject, the statute being remedial in its character, the doubt should be resolved in a liberal spirit in order to obviate as far as possible the existing evils. To permit parties to testify, and to limit the statute to this, would deprive it of half its efficacy, and that much the most beneficial part. Where the testimony of one party is important to the other, there is, of course, unwillingness to give it. The narrow construction suggested would leave to the party needing the evidence in such cases no choice but to forego it, or fall back upon a bill of discovery. It is hardly credible that Congress, departing from the long established restriction as to parties to the record, intended to stop short of giving the full measure of relief. We can see no reason for such a limitation. The purpose of the Act in making the parties competent, was, except as to those named in the proviso, to put them upon a footing of equality with other witnesses — all to be admissible to testify for themselves and compellable to testify for the others. This conclusion is supported by all the considerations applicable to the subject.
“ ‘The order asked for will be made.’
“En cnanto a la segunda cuestión planteada somos de opinión que la sección 3 de la Ley de 1904, supra, no es aplicable al caso de autos porque el codemandado, Lókpez, no ba sido demandado como albacea testamentario, administrador o tutor, sino que se alega que él actuó como apoderado de la demandante después de ésta haber sido emancipada y la acción es una de nulidad de contrato.
“Se declara sin lugar la oposición de la demandante a la moción sobre toma de deposición.”

Pidió reconsideración la demandante y negada que le í'ué, acudió a esta Corte Suprema radicando su solicitud de certiorari.

Las cuestiones a estudiar y resolver, son, pues, las siguien-tes: 1, ¿Autoriza la ley en Puerto Rico la toma de la decla-ración de una parte en un pleito por medio de deposición?; 2, Si la autoriza ¿se demostró la necesidad y materialidad de la decoración a tomar en este caso?; 3, Bajo las circuns-tancias que concurren ¿puede autorizarse la deposición ante el Cónsul Americano en la Habana, Cuba?; y 4, ¿Es el demandado cuya deposición se intenta.tomar un testigo hábil ante las Cortes de Puerto Rico?

Para contestar en la afirmativa la primera pregunta bastan el razonamiento y las autoridades citadas por la corte del distrito en la opinión de la misma que dejamos transcrita. Agregaremos sin embargo como un fundamento adicional lo resuelto por la Corte Suprema de Oklahoma en el caso de Cooke v. Coronado Oil Co. et al., 240 P. 739, muy parecido al presente.

En dicho caso se señaló como errónea la resolución de la corte declarando sin lugar la moción de los demandantes sobre eliminación de la deposición del demandado Black tomada en el Canada ante un notario público, entre otros motivos porque “siendo Black una parte en el litigio, no era un testigo dentro del significado del estatuto autorizando tomar por deposición la declaración de un testigo.”

Y al decidir la corte que el error no existía, se expresó, en lo pertinente, como sigue:

“El artículo 585 C. S. 1921, dispone que ninguna persona es-tará incapacitada para declarar como testigo en cualquier acción o procedimiento civil por razón de interés en el resultado del mismo como parte o en otro carácter. El artículo 606 autoriza la toma de deposición a un testigo. Estos artículos del 'estatuto no parecen es-tablecer ninguna diferencia entre las partes en litigio y otros testi-gos. Ya que estos estatutos colocan a las partes en el mismo plano que los otros testigos, y proveen la toma de deposición de testigos sin hacer ninguna distinción entre las partes del pleito y otros tes-tigos, somos de opinión que el tomar la deposición de una parte en la acción bajo las mismas circunstancias en. que se toman las depo-siciones de otros testigos, está autorizado. Esta interpretación de la ley se halla sostenida por Nash v. Williams, 20 Wall. 226, 22 L. ed. 254; Doherty v. Healy, 36 Colo. 460, 86 P. 323, 10 Ann. Cas. 958; Hart v. Eastman, 7 Minn. 74 (Gil. 50); Roberts v. Parrish, 17 Or. 583, 22 P. 136: Abshire v. Mather, 27 Ind. 381.”

Examinemos la segunda cuestión. En su moción pidiendo que el auto expedido sea anulado, la demandada en el pleito Señora Palmieri, sostiene que esta cuestión no fuelevantada en la corte de distrito y por tanto que no debe ser considerada añora. En su informe oral la peticionaria contestó que lo fué.

Sea como fuere lo ocurrido, nos parece que habiéndose acompañado a la moción solicitando la toma de la deposición el interrogatorio, de él puede fácilmente desprenderse si la declaración es o no necesaria y material. Tampoco debe perderse de vista que lo basta añora resuelto por la corte de distrito es que la oposición de la demandante en el pleito a la toma de la deposición no procedía. La comisión no ña sido aún expedida y el último documento que se unió a los autos del pleito antes de remitirse a este tribunal en obe-diencia al certiorari} es precisamente una moción titulada “Oposición adicional especial al interrogatorio” presentada por la demandante en quince de marzo último. La corte del distrito está aún en condiciones de exigir que se cumpla con cualquier requisito formal que fuere necesario y de negar lo que la demandada Señora Palmieri le lia pedido si quedare convencida de que no es material ni necesario a los fines de la debida administración de la justicia.

Para resolver la tercera cuestión parece conveniente •que transcribamos la ley que rige en Puerto Rico sobre la materia. Está contenida principalmente en los artículos 500 y 504 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, que leen:

“Artículo 500. — La deposición de un testigo fuera de Puerto Rico, podrá tomarse mediante una comisión del tribunal, bajo el sello del mismo, expedida por dicho tribunal o uno de sus jueces, a solicitud de cualquiera de las partes, y con cinco días de notificación a la otra parte. Si fuese expedida para cualquier punto en los Estados Unidos, podrá dirigirse a una persona aceptada por las partes, y en caso contrario, a cualquier magistrado, juez de paz, o comisionado elegido por el tribunal o juez que la hubiere expedido. Si se expidiere para cualquier país fuera de los Estados Unidos, podrá dirigirse a un ministro, embajador, cónsul, vicecónsul, o agente consular de los Estados Unidos en dicho país, o a cualquiera persona aceptada por las partes.”
“Artículo 504. — Siempre que el tribunal estimare material y necesaria la declaración de un testigo residente en país extranjero, y las leyes de dicho país no permitieren el otorgamiento de una co-misión para tomar su testimonio, deberá dicho tribunal resolver el interrogatorio de acuerdo con lo prescrito en el artículo 139, y remitirlo al Gobernador con la solicitud de que obtenga del Gobierno de los Estados Unidos una suplicatoria para la toma de dicha decla-ración. El Gobernador deberá desde luego trasmitir el interroga-torio al Presidente de los Estados Unidos, con la solicitud, a nombre de Puerto Rico, de que ordene se expida y trasmita una suplicato-ria al gobierno de dicho país extranjero, solicitando de dicho go-bierno que disponga sea tomada la deposición del testigo de acuerdo con el interrogatorio; o el tribunal ante el cual hubiere de prestarse la deposición, en vez ele remitir dicho interrogatorio al Gobernador, podrá designar un tribunal del país extranjero para tomar la de-claración del testigo, y, en este caso, el secretario del tribunal deberá unir a dicho interrogatorio un oficio, autorizado por su firma y el sello del tribunal, solicitando de dicho tribunal extranjero, que dis-ponga se tome, de acuerdo con el interrogatorio, la deposición del testigo. Cualquiera deposición tomada en cumplimiento de dicha solicitud o suplicatoria, podrá leerse en evidencia, según lo dispuesto en el artículo 136, siempre que el tribunal estuviere convencido de haberse tomado y devuelto en toda regla.”

Como puede verse la regla es la comisión y sólo debe acu-dirse al más complicado método del suplicatorio cuando el país extranjero donde deba tomarse la deposición no per-mitiere el otorgamiento de una comisión.

Como demostración de que Cuba no permite el otorga-miento de comisiones de esta naturaleza cita la peticionaria lo resuelto en el caso de Nelson et al v. United Stales, 17 Fed. Cas. 1340. En efecto en dicho caso, en nota a la opi-nión del mismo tribunal, se dice:

“Una comisión en la forma usual, fué expedida por la corte de distrito a la Habana, pero las autoridades en esta última impidieron su ejecución. Cualquier tentativa para tomar la declaración de acuerdo con lo que dicha comisión dispone, fué allí considerada como una interferencia con los derechos de los tribunales de justicia. Fue-ron expedidas suplicatorias de acuerdo con la forma y práctica del derecho civil, y el testimonio fué obtenido. ”

Pero se trata de una decisión rendida en 1816. Más de un siglo ha transcurrido, y es de conocimiento judicial que Cuba que era entonces una colonia española, constituye hoy una república independiente, rio pudiendo en tal virtud con-cluirse que con la cita del caso se haya demostrado cuál es la ley que rige en la actualidad.

Bajo esas circunstancias, no habiéndose demostrado por la parte opositora que la comisión no pueda expedirse y estando al parecer satisfecha la corte de distrito de que puede, no creemos que debamos intervenir con su discreción y facultades dentro de este recurso extraordinario.

Se admite que si el demandado, ciudadano de Cuba, se negara a comparecer ante el Cónsul Americano, éste no ten-dría potestad para obligarlo a ello, pero se sostiene que es prematura la cuestión porque el demandado puede someterse voluntariamente a la autoridad consular y declarar ante ella, y así es en efecto.

En tal virtud se resuelve también en la afirmativa la ter-cera de las cuestiones envueltas.

Resta sólo considerar la cuarta. Sabemos lo que dijo la corte al resolverla y nos inclinamos a creer que le asiste la razón, sin que se entienda que la decidimos en definitiva, porque en verdad no es propia para ser resuelta dentro de un recurso de certiorari.

De otra suerte cada vez que una de las partes en un pleito se opusiera a que declarara un testigo por no ser hábil y el juez desestimara su objeción, podría reeurrirse en cer-tiorari para ante este tribunal, y ello sería claramente impro-cedente.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, procede la anulación del mito expedido y la devolución del pleito a la corte de su origen para que continúe actuando en el mismo de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señoh Wolf

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rutilio Lamboy, acusado y apelante.
    Núm. 8179.

    Sometido: Mayo 1, 1940.

      Resuelto: Mayo 7, 1940.

      M. Guzmán Texidor, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Rutilio Lamboy, quien se dedica a la elaboración y venta de pan, fuá acusado y convicto en la Corte Municipal de Cayey de exhibir para la venta en julio 14 de 1939, volun-taria e ilegalmente y por conducto del vendedor Joaquín León unos bollos de pan cuyo peso era inferior al especifi-cado en el rótulo. Apeló para ante la Corte de Distrito de Gruayama y, luego de un juicio en que ambas partes pre-sentaron prueba, el acusado fue declarado culpable del delito imputádole y sentenciado a $25 de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar. La evidencia no ba sido elevada a este tribunal y el único señalamiento de error es que la denuncia no imputa delito público. Esta defensa se basa en que la denuncia no alega que Rutilio Lamboy vendiera bollos de pan faltos de peso ni que Joaquín León fuera agente suyo.'

El artículo 2 de la Ley núm. 25 de 1921 (Leyes de ese año, pág. 167) provee que todo pan que se venda, ofrezca o exhiba para la venta deberá ser envuelto en una bolsa de papel y llevar sobre la misma un rótulo claro e inteligible con el peso correcto.

La denuncia le imputa suficientemente el haber ofrecido pan a la venta sin tal rótulo correcto. La sección 4 de la referida ley provee:

“Toda persona, firma o corporación, ya se trate de un fabricante o de un vendedor o repartidor de pan, que por sí misma o por medio de sus empleados o agentes, infrinja cualquiera de las precedentes disposiciones de esta ley, será considerada culpable de un delito me-nos grave (misdemeanor) y convicta que fuere será castigada con una multa que no excederá de 25 dólares, o prisión que no excederá de 25 días de cárcel; por la segunda infracción con una multa que no bajará de 25 dólares ni excederá de 100, o prisión que no bajará de 50 días de cárcel ni excederá de 90 días, y por cualquiera infrac-ción subsiguiente con una multa que no bajará de 100 dólares ni excederá de 500; o prisión que no bajará de 90 días de cárcel ni excederá de un año, o ambas penas, a discreción del tribunal; Dis-poniéndose, que cuando se trate de infracciones que no se refieran al peso o precio del pan, el juez, al aplicar la pena, podrá prescin-dir del límite mínimum, en los casos de reincidencia.”

Una vez que se imputó al acusado el haber ofrecido ile-galmente pan falto de peso por conducto del vendedor Joa-quín León, tal alegación equivale a decir que Joaquín León era agente de Rutilio Lamboy.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Lucien Longchamps, demandante y apelado, v. Julia Franceschi Antongiorgi, demandada y apelante.
    Núm. 8040.

    Sometido: Marzo 25, 1940.

      Resuelto: Mayo 7, 1940.

      Luis López de Victoria, abogado de la apelante; Lucien Longchamps, pro se.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El día 23 de febrero de 1940 esta corte dictó sentencia en el caso de autos revocando la que dictó la Corte de Dis-trito de Ponce en 12 de junio de 1939 (ante, pág. 194). El demandante apelado ha solicitado la reconsideración de esa sentencia. Para oír a las partes sobre su procedencia, seña-lamos el día 25 de marzo de 1940. La audiencia se celebró sin la asistencia de las partes contendientes, aunque ambas han radicado sus alegatos respectivos.

Nuestra anterior sentencia se basó en que de la faz de la demanda aparecía que la corte inferior no tenía juris-dicción, por razón de la cuantía, para conocer del asunto, o sea que la cantidad mayor que el demandante tenía derecho a recibir de la demandada de acuerdo con las alegaciones de la demanda era solamente $491.90.

El fundamento principal de la moción de reconsideración estriba en que, a pesar de que en el hecho tercero de la demanda se alega que “entre el 30 de octubre de 1934 y el 7 de noviembre de 1936, conforme lo requería el gasto y-costas de los distintos servicios antes enumerados, ia deman-dada entregó al demandante diversas cantidades, de tiempo en tiempo, y diversas partidas por un total de $310.60” en calidad de anticipos, en realidad dichos anticipos ascendie-ron a sólo $299.10, en cuyo caso, la diferencia de $11.50 entre $310.60 y $299.10 sería suficiente para aumentar la cantidad que el demandante tiene derecho a recibir de la demandada, de $491.90 a $503.40, que es mayor del límite requerido por la ley para darle jurisdicción a las cortes de distrito.

Si bien es cierto que en unos estados demostrativos de anticipos y desembolsos preparados por el demandante éste dice que el importe total de las cantidades anticipadas suma $299.10 y que la diferencia hasta $310.60, o sea $11.50, “repre-senta gastos en que incurrió la demandada en Ponce el día 26 de abril de 1935, en uno de los juicios,” esas manifes-taciones, más bien que a aclarar, tienden a confundir, pri-mero, por ser contrarias a lo alegado en la demanda, en tanto en cuanto se sostiene que las cantidades recibidas en calidad de anticipos sólo ascendieron a $299.10 y no a $310.60, y segundo, porque de ellas no aparece claramente que dichos $11.50 a pesar de ser un gasto en que incurriera la deman-dada, no fuera considerado por el demandante como un anti-cipo. Así parece admitirlo el demandante cuando en su moción de reconsideración dice :

“Por otra parte, obsérvese que a la misma página 54 del legajo de la sentencia, en relación con dicha diferencia de once dólares cincuenta centavos ($11.50) entre la cantidad total que en la de-manda el apelado admite ser el montante de los anticipos y la relación de anticipos en efectivo representados por cheques, el apelado hace la siguiente aclaración:
“ ‘El demandante aclara que la diferencia representa gastos en que incurrió la demandada en Ponce el día 26 de abril de 1935, en uno de los juicios.’
“El demandante apelado admite que hubiera sido más claro, en lugar de decir en esa nota aclaratoria que el desembolso hecho por la apelante el día 26 de abril de 1935 lo fue ‘en uno de los juicios,’ debió haber dicho ‘en el juicio de tercería, partida “C” de la de-manda.’ ”

Como aparece documentalmente demostrado que en rea-lidad los anticipos ascendieron no a $310.60 como el demandante alega en su demanda, sino a $299.10, resultando entonces que el demandante tendría derecho a recibir de la demandada una cantidad en exceso del límite de $500 fijado por el estatuto para darle jurisdicción a las cortes de distrito, creemos que debe declararse con lugar la moción de recon-sideración, y en su consecuencia debe ordenarse que la demanda se considere enmendada para conformarla a la evidencia, al efecto de que las cantidades recibidas por el demandante en calidad de anticipos sumen $299.10; y modifi-carse la sentencia apelada, reduciendo a $403.40 la cantidad que la demandada deberá pagar al demandante, con costas a cargo de la demandada, y así modificada confirmarse.


text:
    Tomás Torres Torres, demandante y apelado, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico; Leslie A. MacLeod, Auditor de Puerto Rico y Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7949.

    Sometido: Abril 4, 1940.

      Resuelto: Mayo 8, 1940.

      I-Ion. Procurador General George A. Malcolm (B. Fernández García, Ex-Procurador General, en el alegato) y Emilio de Aldrey, Pro-curador General Auxiliar, abogados de los apelantes; C. Coll Cuchí j Víctor A. Coll, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y 57 otros miembros de la Policía Insular se retiraron del servicio cuando regía la ley aprobada en julio 16 de 1921, titulada “Ley para establecer el retiro de los miembros de la Policía Insular, etc.,” (Ley núm. 68 de 1921, pág. 653) según fué enmendada. De acuerdo con las disposiciones de diclia ley, el demandante tenía derecho a recibir una pensión .de $68.71 mensuales.

Por virtud de la Ley núm. 70 de mayo 3, 1931 (pág. 435), la pensión del demandante quedó reducida a $20 mensuales, con lo cual el demandante dejó de recibir $48.71 mensuales, o sea un total de $584.52 por el año económico 1934^35.

Alega el demandante que de acuerdo con la sección sép-tima de la citada Ley núm. 70 de 1931, él y sus compañeros tienen derecho a que se les paguen las sumas que dejaron de recibir “con cualquier sobrante de cualquier asignación del Gobierno Insular a la terminación de cada año econó-mico”; que a la terminación del año económico 1934-35 bubo un sobrante que era más que suficiente para atender al pago de las sumas reclamadas por los demandantes; que éstos habían adquirido el derecho a ser pagados de acuerdo con la ley anterior; que los demandados se han negado a pagar a los demandantes las sumas que cada uno de ellos reclama; y pide en la súplica de la demanda que se condene a los demandados a pagar las sumas reclamadas por cada uno de los demandantes.

Alegaron los demandados que la demanda no aduce hechos suficientes constitutivos de causa de acción. Declarada sin lugar dicha excepción, contestaron los demandados, y alega-ron como defensas:

(a) Que el Gobernador no está autorizado para pagar las sumas reclamadas, porque la autoridad que le confería la sección 7 de la Ley núm. 70 de 1931 le fue abrogada o suprimida al ser enmendada dicha ley por la núm. 18 de 15 de julio de 1935 ((2) pág. 111).

(5) Que no existen sobrantes para el año 1934^35, pero que si los hubiera no podrían ser destinados al pago de pen-siones, por haber sido abrogada la autoridad que para ello tenía el Gobernador.

(c) Niegan que el demandante hubiera devengado en con-cepto de pensiones la suma de $584.52 para la fecha en que se aprobó la Ley núm. 18 de 1935, y alegan en contrario que el demandante no tiene derecho a recibir dicha cantidad por cuanto desde la aprobación de la Ley núm. 70 de 1931 su pensión fué fijada en la suma de $20 mensuales.

La fínica evidencia ofrecida por el demandante en el acto de la vista fué el testimonio de llamón Sárraga, Jefe del Negociado de Pagaduría y Cuentas del Departamento de Hacienda, quien declaró que de la liquidación del presu-puesto de 1934-35 resultó un sobrante de $122,137.82; que “eso no representa dinero en efectivo, sobrante, sino única-mente sobrante en asignaciones, cantidades no gastadas”; que la cantidad así sobrante fué transferida al fondo de emer-gencia; que lo que existe boy no es un sobrante de $122,137.82 y sí un fondo de emergencia.

Fallado el pleito a favor de los demandantes, apelaron los demandados, señalando como error de la corte inferior el baber declarado sin lugar la excepción previa por ellos interpuesta y con lugar la demanda.

La Ley núm. 68 de 1921 (Leyes de 1921, pág. 653) que estableció el retiro de los miembros de la Pobcía Insular, disponía:

“Sección 16. — El Fondo de Pensiones de retiro estará constituido con las consignaciones siguientes: con el dos por ciento del baber total de todos los miembros de la Policía Insular en servicio activo y retirados, el total del importe de las multas impuestas a los miem-bros de la Fuerza por infracciones reglamentarias, .... y la cantidad de trece mil dólares que más adelante se designa en la presente.
“Todo miembro del Cuerpo de la Policía Insular que en calidad de tal reciba un sueldo de ‘El Pueblo de Puerto Rico’ por prestar sus servicios como tal miembro del Cuerpo de la Policía Insular después de estar en vigor la presente Ley, contribuirá al Fondo de Pensiones que por ésta se establece, con el dos por ciento del importe del sueldo mencionado.
“Al ser fijados los sueldos que de tiempo en tiempo se señalan a los miembros del Cuerpo de la Policía Insular de Puerto Rico, se tendrán en cuenta las disposiciones de la presente Ley y la obliga-ción de contribuir los mencionados miembros del Cuerpo de la Policía Insular al sostenimiento del fondo supradiclio formará parte de los contratos a que éstos se sujeten al ser enlistados en el Cuerpo.
“A los efectos de la anterior disposición, por la presente se or-dena al Tesorero de Puerto Rico retenga del sueldo correspondiente a cada miembro .'.... y de la pensión que se pague a cualquier persona de acuerdo con la presente Ley, el dos por ciento del refe-rido sueldo o pensión que quedará en Tesorería como parte del Fondo de Retiro que por la presente se establece ...” (Bastardillas nues-tras. X

La sección 16, supra, fné enmendada por la Ley núm. 86 de 1925, Leyes de ese año, página 663, en el sentid,o de aumen-tar a tres por ciento del importe de sus haberes la contri-bución que debían hacer los miembros de la Policía Insular al Fondo de Pensiones. También se imponía a los que fue-ran admitidos al cuerpo una cuota de entrada de $5, con des-tino al mismo fondo, cuota que les será descontada de sus sueldos a razón de un dólar mensual. Tal era la ley que regía en la fecha en que los demandantes se retiraron del servicio.

La Ley núm. 70 de mayo 3 de 1931 redujo las pensiones de que venían disfrutando los demandantes al amparo de la ley anterior, y por su sección 7 dispuso:

“Sección 7. — En el caso de antiguos miembros de la Fuerza de la Policía que, antes de entrar en vigor esta Ley, hubieren sido re-tirados con pensión de acuerdo con las disposiciones de la Ley de julio 16, 1921, o de dicha ley según ha sido enmendada, la anualidad será pagada de acuerdo con las disposiciones del inciso (1) de la sección 5 de esta Ley; Disponiéndose, que el Gobernador de Puerto Rico queda autorizado para pagar y pagará a los referidos miembros reti-rados con pensión con anterioridad a la aprobación de esta Ley, con cualquier sobrante de cualquier asignación del Gobierno Insular a la terminación de cada año económico, la diferencia entre la cantidad que por esta Ley se les concede y la a que tienen derecho de acuerdo con las disposiciones de las leyes vigentes para la fecha de sus re-tiros, a cuyo objeto las anualidades correspondientes a dichos miem-bros se computarán y ajustarán a tenor de dichas leyes vigentes a la fecha del retiro; Disponiéndose, además, que si en cualquier año económico no hubiere sobrante alguno con el cual atender al pago de esa diferencia, el Gobierno de Puerto Rico no habrá incurrido en obligación alguna de pago respecto a la diferencia que hubiere en dicho año, y en caso de que en cualquier año los sobrantes de asig-naciones no fuesen suficientes para satisfacer el total de la dife-rencia que hubiere, el total de dichos sobrantes será prorrateado por partes iguales entre todos los miembros pensionados en proporción a la cantidad a que respectivamente tienen derecho.
“En el caso de cualquier heredero de un miembro antiguo de la fuerza, con derecho el primero a una anualidad temporal antes de la fecha de aprobación de esta Ley, la anualidad será fijada en $240 por año y continuada por un término que no exceda de diez (10) años a partir de la fecha del fallecimiento del miembro antiguo de la fuerza.”

La sección 7 que acabamos de transcribir fue enmendada por la Ley núm. 18 de julio 15 de 1935, quedando redactada en la forma siguiente:

"Sección 7. — En el caso de antiguos miembros de la Fuerza de la Policía que, antes de entrar en vigor esta Ley, hubieren sido retirados con pensión de acuerdo con las disposiciones de la Ley de julio 16, 1921, o de dicha ley según ha sido enmendada, la anuali-dad será pagada de acuerdo con las disposiciones del inciso (1) de la sección 5 de esta Ley.”

La contención de los pensionados demandantes es que cuando terminó el año económico 1934 — 35, con un sobrante de asignaciones del Gobierno Insular suficiente para pagar a dicbos pensionados la diferencia entre la cantidad que les concede la Ley núm. 70 de mayo 3 de 1931 (inciso 1, sec. 5) y aquella a que tenían derecho por virtud de la ley vigente en la fecha de su retiro (Ley núm. 68, 1921, y Ley núm. 86, 1925), ellos adquirieron el derecho a que se les pagase dicha diferencia con cargo a dicho sobrante, de acuerdo con lo dis-puesto por la sección 7 de la Ley núm. 70 de 1931, supra; y que ese derecho así adquirido no puede ser afectado o menoscabado por legislación posterior.

La contención de los demandados es que en la fecha en que se radicó la demanda, octubre 27 de 1937, ya el Gober-nador carecía de autoridad para hacer los pagos, por haber sido revocada la que le concediera la sección 7 de la Ley núm. 70 de 1931, supra.

Es indudable que tratándose de un sistema de pensiones de carácter compulsorio, como lo es el establecido para el retiro de los miembros de la Policía Insular por la Ley núm. 68 de 1921, enmendada por la núm. 86 de 1925, la Asamblea Legislativa tenía facultad para reducir en cualquier momento el montante de las futuras pensiones, como lo hizo mediante la aprobación de la sección 5, inciso (1) de la Ley núm. 70 de 1931. Véanse: MacLeod v. Fernández, 101 F. (2d) 20; 21 R.C.L. 242; City of Dallas v. Trammell, 129 Tex. 150, 101 S. W. (2d) 1009; Dodge v. Board of Education, 364 Ill. 547, 5 N. E. (2d) 84; Dodge v. Board of Education, 302 U. S. 74, 82 L. Ed. 57; Luján v. Comisión de la Policía Insular, 38 D.P.R. 58; y García et al. v. Gallardo, ante, pág. 166.

La cuestión envuelta y que debemos resolver es:

¿Tenían los demandantes en la fecha en que comenzó a regir la Ley núm. 18 de julio 15 de 1935, un derecho adqui-rido (vested right) para que se les pagase la diferencia de sus pensiones con cargo al sobrante de las asignaciones del año 1934-35, derecho que no podía ser afectado por legisla-ción posterior? La pregunta debe ser contestada en la afir-mativa.

Cuando en 1931 el legislador se vió obligado por la situa-ción difícil que atravesaba el Tesoro Insular a reducir las pensiones de que habían venido disfrutando los policías insu-lares demandantes, las redujo en la forma provista por la sección 5, inciso (1) de la Ley núm. 70 de 1931; pero, queriendo proveer un sistema mediante el cual los policías retirados del servicio pudieran recibir íntegra la pensión que les concedía la ley vigente a la fecha de su retiro, cuando la situación del Tesoro Insular lo permitiese, dispuso por la sección 7 de la misma ley (supra) que si a la terminación de cualquier año económico quedaba un sobrante de cualquier asignación del Gobierno Insular, ese sobrante debía ser uti-lizado por el Gobernador para pagar a los policías retirados las sumas necesarias para completarles, por ese año econó-mico, las pensiones fijadas por la ley de julio 16 de 1921. El efecto legal de tal disposición fué el de reasignar y dejar disponible para el pago del complemento de las pensiones, las cantidades sobrantes de cualquier asignación del Gobierno Insular.

Al terminar en 30 de junio de 1935 el año económico 1934-35, estando aún vigente la Ley núm. 70 de mayo 3 de 1931 y teniendo el Tesoro Insular un sobrante de asigna-ciones ascendente a $122,137.82, quedó consolidado (vested) el derecho de los demandantes a que se les pague el com-plemento de sus respectivas pensiones con cargo a dicho sobrante. T desde ese momento el Gobernador quedó obli-gado a hacer el pago.-

La Ley núm. 18 fué aprobada y puesta en vigor en 15 de julio de 1935, cuando ya las pensiones que ahora reclaman los demandantes habían sido devengadas al amparo de la ley anterior y los demandantes habían ya adquirido el derecho a que esas pensiones les fueran pagadas-del sobrante de las asignaciones del año 1934-35. La citada Ley núm. 18 de 1935 no contiene cláusula o disposición alguna que revele la intención legislativa de que la ley sea aplicada retroactivamente; pero si tal cláusula existiese, sería nula y anticonstitucional, porque en ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior (artículo 3, Código Civil).

La jurisprudencia que ya hemos citado, en la cual se sostiene la validez constitucional de estatutos que reducen el importe de pensiones fijadas por leyes vigentes en la fecha del retiro del pensionado, se refiere a pensiones futuras, no devengadas aún, y no a pensiones que ya han sido devengadas y son por tanto exigibles.

La regla general, expuesta en 21 R.C.L. 242, es como sigue:

“La regla aceptada es que una pensión concedida por las auto-ridades públicas no es una obligación contractual y sí una concesión gratuita, en la continuación de la cual el pensionado no tiene ningún derecho adquirido; y que por consiguiente una pensión es terminable a voluntad del que la concede, en todo o en parte. Se concede, sin embargo, que cuando un pago determinado bajo una pensión se .ha vencido, él pensionado tiene un derecho adquirido (vested right) sobre él mismo.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de People v. Retirement Board, 326 Ill. 579, 158 N. E. 220, se dijo:

“En contra del estado o sus subdivisiones políticas no existe ningún derecho adquirido sobre pensiones que han de devengarse en el futuro de mes en mes.” (Bastardillas nuestras.)

En Dodge v. Board of Education, supra, se resolvió que “plazos futuros de pensions no son derechos adquiridos de propiedad” y que “el Estado puede reducir los plazos futu-ros de pensiones sin violar las disposiciones de la constitu-ción estatal o de la federal.” Y en el mismo caso, se dijo:

“Bajo un estatuto tal como en Pennie v. Reis, supra, según el cual, al ocurrir cierto hecho (event), una cierta suma de dinero quedó devengada, el interés del beneficiario al ocurrir tal hecho es análogo al interés de un pensionado cuyo plazo de pensión se ha devengado bajo los términos de la ley de pensiones.”

Y, por último, la Corte de Circuito de Boston, en MacLeod v. Fernández, supra, sostuvo que esta. Corte Suprema había errado al resolver que al retirarse del servicio en 1931 el pensionado Fernández había adquirido un derecho a que se le pagasen las pensiones “a las cuales tenía derecho solamente cuando las mismas se devengasen en el futuro.”

Habiéndose cumplido la condición fijada por el estatuto — la terminación del año económico 1934r-35 con un sobrante de asignaciones — para que los demandantes tuviesen derecho a cobrar el complemento de sus pensiones, es inevitable llegar a la conclusión de que los demandantes adquirieron un derecho que no puede ser afectado por la legislación posterior. Esa legislación posterior revocó la autoridad del Gobernador para pagar pensiones que pudieran devengarse en el futuro, pero ni expresamente ni implícitamente pudo revocar la facultad de pagar sumas ya devengadas al amparo de la legislación anterior. Véase Escartín v. Comisión Policía Insular, 52 D.P.R. 725, en el que sostuvimos que las pensiones devengadas y no satisfechas constituyen un derecho adquirido.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.