author: El Juez Asociado Señor Sítyder

text:
    Alfonso Latoni, recurrente y apelado, v. Corte Municipal de San Juan, Hon. V. M. Fernández, Juez, recurrida; Cruz Rodríguez Rosario, interventor y apelante.
    Núm. 9447.
    Sometido: Marzo 14, 1947.

      Resuelto: Abril 8, 1947.

      David Curst Cuevas, abogado del apelante; Carlos D. Vázquez, abo-gado del apelado; Don. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, A. Torres Braschi, Procurador General Auxiliar y Manuel Ledesma Dávila, abogado éste del Administrador de Precios de Puerto Bico, radicaron alegato en el caso.

      (l) Dejamos sin resolver por ser innecesarias para la resolución de este caso dos cuestiones: Primera, la disposición de la seeción 12 (/) de que un arrendador que “ habitualmente ” ha alquilado su propiedad debe continuar alquilándola, puede ser de dudosa constitucionalidad. El Congreso con gran cuidado dispuso lo contrario en la Ley Federal. Dijo en la sección 4(d) : “Nada en esta Ley se interpretará en el sentido de obligar a persona alguna a vender cualquier ar-tículo o a ofrecer cualquier alojamiento en alquiler.” 50 U.S.C.A., App., sec-ción 904(d). Como hemos visto el Reglamento Federal 6(a)(6) instrumenta esta renuncia. La Corto de Apelaciones de Emergencia resolvió por tanto que un arrendador no puede ser obligado a continuar alquilando su propiedad; puede desahuciar a un inquilino para vivir él mismo la casa o piara dejarla deshabi-tada. Al así resolver la corto manifestó que “Quizás [la seeción 4(d)] . . . fué incluida en la Ley para evitar dificultades constitucionales.” Taylor v. Bowles, 145 F.2d 833, 34 (E.C.A., 1944); Taylor v. Porter, 156 F.2d 805, 810 (E.C.A., 1946). Cf. Bowles v. Willingham, 321 U.S. 503, 517; Yakus v. United States, 321 U.S. 414, 431, 437-38; Wilson v. Brown, 137 F.2d 348, 351-52 (E.C.A., 1943) ; Block v. Hirsh, 256 U.S. 135; Marcus Brown Co. v. Feldman, 256 U.S. 170; Levy Leasing Co. v. Siegel, 258 U.S. 242; Miranda v. Corte, 63 D.P.R. 161; Ex parte Irizarry, 66 D.P.R. 672; Roig v. People of Puerto Rico, 147 F.2d 87 (C.C.A. 1, 1945).

        Segunda: Aunque la sección 12(/) fuera constitucional, puede ser inválida por el fundamento de que “está en conflicto” con una Ley Federal sobro la misma materia. Ballester Hnos. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 560, 578, nota 17, y casos allí citados. Tal argumento estaría predicado en. lo si-guiente: El Congreso dispuso que bajo ciertas circunstancias no habrá restric-ciones sobre desahucios, es decir, un arrendador, aun cuando haya dedicado “ha-bitualmente” su propiedad a alquiler, no necesita seguirla alquilando si opta por retirar su propiedad del mercado de alquiler o por vivirla él mismo. Sección 4(d); Taylor v. Bowles, supra. ¿Está la sección 12(/) en “conflicto” con esta Ley Federal cuando dispone que tal arrendador no puede desahuciar a su in-quilino ?

   El Juez Asociado Señor Sítyder

omitió la opinión del tribunal.

La cuestión aquí envuelta es si una ley insular que res-tringe los desahucios de arrendadores contra sus inquilinos, además de las restricciones impuestas por la Ley de Emer-gencia Federal sobre Control de Precios, infringe una dispo-sición de esta última que prohíbe el control estatal o local sobre los alquileres.

En 1945 Bodríguez compró una casa notificando a Latoni, quien la ocupaba bajo un contrato de arrendamiento oral de mes a mes, que la desocupara, pero Latoni no lo hizo. Bo-dríguez convenció a la oficina Federal de Administración de Precios que necesitaba la casa para él vivirla, y de conformi-dad con los Beglamentos de esta oficina, obtuvo un certifi-cado que le autorizaba a radicar demanda de desahucio para lanzar a Latoni, transcurridos seis meses desde la fecha del certificado. Después de cumplir con todos los requisitos exigidos por los Beglamentos Federales, el 26 de marzo de 1946, Bodríguez radicó este pleito de desahucio contra La-toni ante la Corte Municipal.

El 18 de abril de 1946, las partes radicaron una estipula-ción en la Corte Municipal en la que el demandado admitía las alegaciones de la demanda, se allanaba a que se dictara sentencia en su contra y renunciaba al derecho de apelación, de suerte que la sentencia fuera firme inmediatamente. Sin embargo, las partes estipularon que la sentencia no se eje-cutaría basta el 30 de septiembre de 1946, pagándose en el ínterin el mismo canon de renta mensual. El 3 de mayo de 1946, la Corte Municipal dictó sentencia a favor del deman-dante de conformidad con la estipulación.

El 17 de septiembre de 1946, el inquilino radicó una mo-ción ante la Corte Municipal solicitando la suspensión de los procedimientos por el fundamento de que así lo exigía la sección 12 de la Ley núm. 464, Leyes de Puerto Rico, 1946 ((1) pág. 1327). La Corte Municipal declaró sin lugar esta moción. En un recurso de certiorari, la corte de distrito dictó una resolución dejando sin efecto (1) la resolución de-clarando sin lugar la moción del inquilino, y (2)' la senten-cia de la corte municipal de 3 de mayo de 1946 a favor del demandante en lo que a la ejecución de la misma se refería. El arrendador apeló para ante este Tribunal de la resolu-ción de la corte de distrito.

El Congreso en la sección 2(b) y (el) de la Ley de Emergencia sobre Control de Precios de 1942 autorizó al Administrador (1) a fijar cánones máximos para viviendas y (2) a restringir o prohibir desahucios que tendieran a resultar en un aumento de los cánones. 50 U.S.C.A., App., sección 902(6), (d). El Congreso dispuso la restricción de los desahucios en unión a los cánones máximos debido a que reconocía que los cánones máximos serían efectivos solamente si se controlaba también la ocupación. Si “un inquilino que se ha negado a pagar en exceso del canon máximo estuviere sujeto al desahucio, el arrendedor podría encontrar en seguida, ejerciendo presión entre los aspirantes al arrendamiento, alguien que estuviera dispuesto a una violación subrepticia del Reglamento [de canon máximo].” Taylor v. Bowles, 145 F.2d 833, 834 (E.C.A., 1944).

El Administrador Federal estableció cánones máximos y restricciones para los desahucios en Puerto Rico. El Regla-mentó 6(a) provee que el arrendador no puede desahuciar a un inquilino a menos que (1) éste se niegue a renovar un contrato; (2) éste irrazonablemente le niegue la entrada al arrendador; (3) viole una obligación en su alquiler o cometa un daño; (4) subarriende bajo ciertas .circunstancias; (5) [revocado]; y (6) que el arrendador necesite la propiedad para él vivirla. Estos reglamentos que restringen los des-ahucios han sido sostenidos como “adecuados a una regla-mentación efectiva sobre alquileres.” Taylor v. Brown, 137 F.2d 654, 662-3, (E.C.A., 1943), certiorari denegado, 320 U.S. 787; véase también Taylor v. Bowles, supra.

. El Congreso permitió que la Ley prescribiera el 30 de ju-nio de 1946, pero después de un período de veinticinco días, el 25 de julio de 1946, aprobó una Ley extendiendo el tér-mino de su efectividad hasta el 30- de junio de 1947. El texto en el Senado de la Ley Prorrogando el Control de Precios de 1946 fué a conferencia proveyendo la derogación del control Federal sobre alquileres en cualquier Estado que estu-viera preparado para funcionar bajo su propia ley sobre control de alquileres. Los miembros del Comité de confe-rencia no sólo eliminaron esta disposición sino que se situa-ron al otro extremo. La Ley nunca había prohibido antes el control local de alquileres. Pero los miembros del Co-mité de conferencia insertaron tal disposición y así se aprobó. Cong. Bec., julio 22, 23, 24, 1946, págs. 9777, 87; 9895-6; 9905-06; 10001, respectivamente. El último párrafo de la sección 2(b), 50 U.S.C.A., App., sección 902, provee por tanto ahora que “Mientras estén en vigor los cánones máximos de alquileres de acuerdo con esta ley en relación con las vivien-das en cualquier área de inflación de alquileres, tales vivien-das no estarán sujetas a control por parte de cualquier go-bierno estatal o local.”

Al preguntársele el porqué de este cambio, el senador Barkley, uno de los miembros del Comité de conferencia, dijo ante el Senado que “era la opinión general que aun en aque-llos estados que temporalmente habían intervenido durante el interregno en la creencia de que quizá no se aprobaría una ley Federal, era la creencia e información de los miembros del Comité de conferencia de que los estados y comunidades realmente preferían que el Gobierno Nacional se hiciera ¿largo de este asunto desde abora basta el resto del año, hasta la fecha de expiración de la ley. De cualquier manera, sólo cuatro Estados habían actuado para controlar los alqui-leres dentro de sus demarcaciones. Bajo todas las circuns- • rancias los miembros del Comité de conferencia creyeron que era mejor para el próximo año seguir el curso que habíamos seguido durante el control de alquileres, y permitir que fuera una función exclusivamente Federal.” (Cong. Rec., julio 24, 1946, pág. 10001; bastardillas nuestras). Los miembros del Comité de conferencia de la Cámara informaron que “Un efecto de esta disposición es hacer claro que en cualquier caso en que cualquier Estado, desde junio 30 de 1946, ha puesto en vigor su propia ley sobre control de alquileres, las disposiciones sobre alquileres de la Ley sobre Control de Precios y las órdenes y Eegiamentos a ella pertenecientes, dentro del campo de su funcionamiento, sustituirá tal ley es-tatal.” (Cong. Rec., julio 22, 1946, 9787).

La Ley núm. 464, Leyes de Puerto Eico, 1946, conocida como “Ley de Alquileres Eazonables”, fué aprobada el 25 de abril de 1946. La Legislatura contempló la posibilidad de que el Congreso pudiera permitir que la Ley Federal expi-rara el 30 de junio de 1946. Por tanto aprobó una ley com-pleta sobre el control de alquileres. Dispuso en las seccio-nes 3 y 6 la fijación de alquileres máximos para viviendas bajo la ley insular; y dispuso además que la ley entraría en vigor solamente si lo oráenara el Consejo Ejecutivo. Cuando la ley Federal expiró el 30 de junio de 1946, el Consejo Eje-cutivo tomó apresuradamente cartas en el asunto y puso en vigor en julio 1 la Ley núm. 464 para viviendas.

Sin embargo, el Congreso renovó la Ley Federal después, de un interregno de veinticinco días. Además, por primera vez el Congreso insertó una disposición en la Ley de Pró-rrogas de 1946, prohibiendo una ley local sobre control de alquileres. Por tanto se admite que las disposiciones sobre cánones máximos de la Ley núm. 464 en lo que se refiere a viviendas están en suspenso mientras se fijen en Puerto Rico cánones máximos bajo la Ley Federal.

Se admite esto a pesar de la disposición de la sección 4 de nuestra Ley al efecto de que mientras esté en vigor en Puerto Rico la Ley Federal, las viviendas estarán sujetas a sus tér-minos, pero que tales propiedades estarán también “sujetas a todas las disposiciones de esta Ley que no sean incompatibles con los términos de la citada Ley Federal.” Guando se aprobó en abril la ley insular, la Legislatura no pudo te-ner conocimiento de que la Ley Federal, aprobada en julio, incluiría una nueva disposición prohibiendo el control local sobre alquileres. Por tanto, aparentemente creyó que aquí podían coexistir el control Federal y el local sobre alquile-res, si el Consejo Ejecutivo así lo ordenaba a tenor con la sección 27. Pero ahora todos los interesados reconocen que, a pesar de la sección 4, los cánones máximos insulares no pueden subsistir juntamente con las disposiciones Federales que los regulan, aun cuando no estén “en conflicto” con las disposiciones Federales. Esto es así porque la Ley Federal, aprobada posteriormente a la Ley Insular, terminante-mente prohibe todo control local de alquileres y no simple-mente los que “estén en conflicto”.

Sin embargo, se alega y la corte inferior así lo resolvió, que la sección 4 tiene el efecto de dejar en vigor la sección 12 de la Ley 464, a pesar de la renovación de la Ley Federal y la prohibición en ella contra cualquier ley local 'sobre control de alquileres. Por tanto se impone un examen minucioso de la sección 12.

La sección 12 dispone que ningún arrendador podrá ins-tar un procedimiento de desahucio aun cuando haya expirado el arrendamiento, y éstos se entenderán renovados. De no haber un contrato escrito, “pero sí estipulación en cuanto a la suma a pagar por concepto de alquiler, el inquilino tendrá derecho a ocupar la propiedad mientras pague el alquiler básico, o el alquiler razonable que fije el administrador.”

Luego dispone la sección 12 que “sólo podrá promoverse el desahucio contra inquilinos en los siguientes casos:” (a) Calando el inquilino no pague el canon correspondiente a una o más de una mensualidad; (fe) cuando el inquilino usa la propiedad arrendada para fines ilegales o inmorales sin el conocimiento del arrendador; (c) cuando el inquilino sub-arrienda la propiedad sin el consentimiento del arrendador; (d) cuando el arrendador desee recobrar el local a fin de de-molerlo con intención de construir un nuevo edificio; (e) cuando el inquilino cause daños negligentes o maliciosos a la propiedad; “ (/) cuando el propietario procura de buena fe recuperar la posesión de una vivienda, no dedicada habitual-mente a alquiler . . . para la inmediata y personal ocupación por él como sitio de residencia, siempre que no tuviera otra propiedad en la cual fijar su residencia en la misma locali-dad y que por lo menos durante el término de un año antes do la radicación de la demanda de desahucio hubiera vivido en una casa de alquiler ...”

Sigue disponiendo la sección 12 que “A partir de la fe-cha de vigencia de esta Ley quedará en suspenso, hasta la terminación de la emergencia declarada en la misma, todo procedimiento de desahucio que no se ajuste a las causas, condiciones y términos fijados en esta Ley.”

Así vemos que la sección 12 no se refiere a cánones má-ximos. Por el contrario, enmienda las causas por las cuales procede un desahucio en esta jurisdicción. A este respecto cubre por tanto el mismo terreno que cubrió el Administra-dor en su Reglamento promulgado de acuerdo con la sección 2(d) de la Ley Federal. Es decir, tanto los Reglamentos Federales como la sección 12, si bien con algunas pequeñas diferencias, congelan la ocupación del inquilino y restringen ios procedimientos de desahucio excepto en ciertas situacio-nes específicas.

La corte de distrito resolvió que la prohibición de la Ley Federal contra una ley local sobre control de alquileres está dirigida solamente hacia una ley local que, o bien (a) fije cánones máximos o (b) elimine el requisito de que un arren-dador debe obtener un certificado de lanzamiento del Admi' nistrador Federal antes de que pueda tratar de conseguir su remedio bajo la ley local. Pero, según la corte inferior, la prohibición en la Ley Federal contra una ley local sobre al-quileres, no impide a nuestra Legislatura modificar o suspender el remedio local para el desahucio.

Consecuentemente, la corte inferior resuelve que la sec-ción 12 no es un control local sobre alquileres sino mera-mente la última expresión de nuestra Legislatura sobre los motivos por los cuales puede invocarse el remedio local del desahucio; que actualmente está en vigor como tal porque no viola la prohibición Federal contra una ley local sobre control de alquileres; y por' tanto, que este procedimiento debe paralizarse en virtud de la disposición de la sección 12 de que todos los procedimientos que no cumplan con sus tér-minos quedan paralizados mientras exista la actual emer-gencia.

La corte de distrito no dijo en qué forma específica el presente procedimiento viola las condiciones provistas en la sección 12. Pero parece obvio de las alegaciones por qué la corte inferior paralizó los procedimientos bajo la sección 12. Aquí el arrendador deseaba la casa para él mismo vi-virla. En su consecuencia, obtuvo el certificado de lanza-miento del Administrador Federal que lo autorizó a seguir con el desahucio del inquilino bajo la ley local. Pero la sec-ción 12(/) de la Ley Insular contiene un requisito en adición a aquéllos contenidos en los Reglamentos Federales para tal arrendador: debe demostrar también que la propiedad que trata de recobrar no ha sido dedicada ‘‘habitualmente” a al-quiler. Toda vez que el arrendador no alegó ni podía alegar que esta propiedad no había sido dedicada ‘‘habitualmente” a alquiler, la corte de distrito ordenó que se paralizara este procedimiento.

La decisión de este caso por tanto gira sobre si el requi-sito que añade la sección 12(/) a los Reglamentos Federales sobre la materia — un arrendador que intenta recobrar una propiedad con el fin de vivirla sólo puede hacerlo si la pro-piedad no ha estado dedicada en el pasado “habitualmente” a alquiler — viola la prohibición de la Ley Federal Prorro-gando el Control de Precios de 1946 contra una ley local so-bre control de alquileres^)

El primer punto significativo es el propio lenguaje que usó el Congreso. Dispuso que mientras estén en vigor los “cánones máximos” bajo la Ley Federal, no habrá ninguna ley local sobre “control de alquileres”. Si el Congreso hu-biera querido decir que mientras estén en vigor los cánones máximos, no habrá ninguna legislación local sobre cánones máximos, fácilmente pudo usar este lenguaje. Por. el con-trario, deliberadamente optó por usar “control de alquile-res ’ ’ como la frase para prohibir, cuando sabía que él mismo había usado el término “control de alquileres” ampliamente para que incluyera no sólo la fijación de cánones máximos si que también la restricción de los desahucios.

Pasemos ahora a la discusión que hay en los casos en cuanto a si el poder fiel Administrador bajo la Ley Federal para restringir desahucios es un fin primordial de la Ley o sólo es incidental a su poder para evitar un aumento infla-cionario en los cánones. La Corte de Apelaciones de Emergencia resolvió en Parker v. Porter, 154 F.2d 830 (E.C.A., 1946), que un inquilino no estaba “sujeto” a una orden del Administrador concediéndole a su arrendador un certificado de lanzamiento, y por tanto no tenía derecho a que se revi-sara la orden por dicha Corte. Al llegar a esta conclusión, la Corte dijo que un inquilino no tenía derecho adquirido alguno a la posesión bajo la Ley, y que el poder del Admi-nistrador para restringir desahucios era sólo incidental a su poder para fijar cánones máximos. Hubo un fuerte disenso al efecto de que la Ley tenía ambos propósitos — la fijación de cánones máximos y la restricción de desahucios. Snyder v. Reshenk, 38 A.2d 803 (Conn., 1944) está de acuerdo con el disenso. Y véanse 91 U. of Pa.L.Rev. 652; 16 So.Calif. L.Rev. 315.

En un recurso de certiorari la Corte Suprema de los Es-tados Unidos revocó a la Corte de Apelaciones de Emergen-cia. Parker v. Fleming,_U.S._, 91 L.ed. 395. La Corte Suprema manifestó que era innecesario resolver la controversia en cuanto a si las disposiciones de la Ley Federal sobre viviendas tenían un fin primordial y uno incidental o si tenían dos fines primordiales. Afirmó en efecto que comoquiera que sea, la restricción de los desahucios era un aspecto integral de la Ley Federal y que nn inquilino está sustancialmente afectado por una resolución concediéndole a su arrendador un certificado de lanzamiento. En su conse-cuencia resolvió que un inquilino está “sujeto” a tal orden y por consiguiente tenía derecho a obtener su revisión de la Corte de Apelaciones de Emergencia.

De igual manera no necesitamos determinar si la res-tricción de desahucios es un fin propiamente dicho o es incidental al fin de fijar cánones máximos. La importancia que para nosotros tiene,el caso de Parker es que aun la opinión de la mayoría en la Corte de Apelaciones de Emergencia re-conoció que, conjuntamente con la fijación de cánones máxi-mos, la restricción de los desahucios es una parte importante del “control de alquileres”.

Existe otro curso de razonamiento que nos lleva a la con-clusión de que disposiciones contra los lanzamientos están incluidas dentro del término “control de alquileres.” Pro-bablemente podrían establecerse constitucionalmente los cá-nones máximos sin disponer la restricción de desahucios. Pero como ya hemos visto, Taylor v. Bowles, supra, pág. 834, un arrendador que libremente pueda desahuciar a sus inquilinos puede fácilmente evadir los cánones máximos. “Debido a que la amenaza de lanzamiento es la presión más poderosa que un arrendador puede ejercer para influir y co-accionar a su inquilino, cualquier programa efectivo sobre control de alquileres debe contener un plan para la regla-mentación de los desahucios.” Borders, Emergency Rent Control, 9 Law and Contemporary Problems, 107, 119. De suerte que las legislaturas invariablemente han provisto como cuestión práctica la restricción de los desahucios con el fin de asegurar una reglamentación efectiva sobre cánones máximos.

Ahora, supongamos el caso a la inversa en que se aprueba legislación disponiendo solamente la congelación de la ocu-pación de viviendas, sin ninguna disposición de que el inqui-lino viene obligado a pagar un canon razonable y equitativo. Esto probablemente sería nulo por privarse de la propiedad sin el debido procedimiento de ley: los casos que ban sos-tenido la restricción de desahucios ban sido predicados en disposiciones de que el arrendador continuará recibiendo un canon razonable y equitativo. Block v. Hirsh, supra; Yakus v. United States, supra. La razón es que un arrendador que no pudiera desahuciar a un inquilino ciertamente estaría a merced de éste si se le exigiera que negociara el importe del canon con dicho inquilino, sin que exista un requisito en la ley de que el canon debe ser razonable y equitativo. Parece claro por tanto que la Legislatura no puede disponer una absoluta prohibición de los desahucios, que subsista por sí sola; debe acompañarla con una disposición sobre cánones máximos.

Así vemos que en un caso las restricciones sobre desahu-cios están relacionadas, por motivos prácticos, con las dis-posiciones de cánones máximos; en el otro caso las disposi-ciones sobre desahucios quizás no pueden subsistir por sí solas, sino que deben relacionarse con las disposiciones so-bre cánones máximos para resistir la prueba de constitucio-nalidad. El efecto final es que en ambos casos la restricción de desahucios está entrelazada con las disposiciones sobre cánones máximos. Todo esto es otra forma de decir que el término genérico de “control sobre alquileres” cubre tanto los cánones máximos como las restricciones de desahucios, los dos aspectos de una situación que exige una ley sobre control de alquileres.

Es más, la mejor prueba de que ambos estatutos operan en la misma área generalmente caracterizada como “control de alquileres”, son las disposiciones de la sección 4(d) de la Ley Federal que dice que a nadie se le exigirá que conti-núe alquilando su propiedad frente al requisito de la sección 12(f) de que un arrendedor debe seguir alquilando su pro-piedad si ésta ha estado alquilada “habitualmente”. Deja-mos a un lado la cuestión en cuanto a si estas disposiciones están en conflicto. Véase el segundo párrafo de la nota 1. Pero nadie puede argumentar seriamente que no cubren la misma materia. En breve, ambas leyes son estatutos sobre control de alquileres.

En verdad la corte inferior reconoció que una ley de “control de alquileres” tiene dos aspectos: (1) fija cánones máximos; y (2) restringe los desahucios. Admite en su opi-nión que la prohibición federal contra una ley local sobre control de alquileres impide a nuestra Legislatura no sola-mente fijar cánones sino también eliminar o suavizar el re-quisito de que un procedimiento de desahucio no procederá a menos que lo autorice el Administrador Federal. La corte de distrito reconoció así que la reglamentación contra los desahucios pertenece íntegramente al “control de alquile-res”. Pero si la Legislatura insular no puede suavizar los Reglamentos Federales sobre desahucio porque éstos son un aspecto del “control sobre alquileres”, de la misma manera los Reglamentos Federales sobre desahucio no pueden ha-cerse más severos por una ley local. Ambas son disposicio-nes sobre “control de alquileres”. Y el Congreso no dijo que se prohibían solamente las leyes locales que suavizan el “control de alquileres”. Dijo que no habrá leyes locales so-bre control de alquileres. Esto significa que no se aproba-rán localmente ni leyes más liberales ni más severas sobre control de alquileres.

Al disponer por primera vez en 1946 que el control de alquileres será exclusivamente una función federal, induda-blemente el Congreso quiso lograr reglamentación solamente por ley federal en esta área hasta el punto del procedi-miento provisto por la ley local para obtener el desahucio. Quizás entre el 1942 y 1946 se podían poner en ejecución las leyes locales que trataban de (a) cánones máximos y (b) res-tricción de desahucio que podían reconciliarse con la ley federal. Irizarry v. Corte, 64 D.P.R. 94; cf. Miranda v. Corte de Distrito, supra. Pero el 25 de julio de 1946 el Con-greso se reservó para sí el campo del control de alquileres. Esto quiso decir, en cuanto a los desahucios, que el derecho a la posesión emanaba exclusivamente de la ley federal. Por tanto si la ley federal permitía que un arrendador desahu-ciara. a su inquilino, la Legislatura insular no podía, so pre-texto de modificar el procedimiento o el remedio provisto por la ley local, intervenir con este derecho de posesión, del arrendador, al disponer que no tendrá tal derecho de pose-sión a menos que pueda cumplir con un requisito adicional que no se encuentra ni en la ley ni en los reglamentos fede-rales.

El inquilino y el Administrador Insular, quien compare-_ ció aquí como amicus curiae, dan gran énfasis, lo mismo que la corte _ inferior, a los reglamentos federales. Estos dis-ponen que después que el Administrador Federal expide su certificado de lanzamiento, el arrendador debe conseguir su remedio bajo la ley local y el Reglamento 6(e) dispone que “No se interpretará ninguna disposición de esta Sección como autorizando el lanzamiento de un inquilino a menos que tal lanzamiento esté autorizado por la ley local.”

Si la sección 12.(/) hubiera estado en vigor entre 1942 y 1946, quizá las cortes insulares hubieran estado justifica-das en ponerla en vigor mediante el Reglamento 6(e). Por otro lado,, se podría argüir que el propósito del Reglamento 6(e) fué evitar la desorganización en los recursos locales de procedimiento o de remedios, y no autorizar restricciones substantivas adicionales sobre desahucios; y por tanto que dicho Reglamento 6(e) no le dió a nuestra Legislatura carta blanca para imponer restricciones adicionales sobre desahu-cios. De cualquier modo esta cuestión se ha tornado acadé-mica. El Reglamento 6(e), expedido antes de la aprobación de la Ley Federal de 1946, debe ahora leerse junto a y a la luz de la Ley Federal de 1946 que prohibe las leyes locales sobre control de alquileres. El remedio local — de cualquier modo, desde julio de 1946 — no puede invadir el campo del control de alquileres. Y cualquier disposición de ley local — ■ ora se le llame un estatuto que modifica un remedio local u ora se- le llame un estatuto que dispone el control sobre al-quileres — que es en efecto una ley sobre control de alquileres, está sustituida por la Ley Federal.

Por ejemplo, la sección 12(a) de nuestra Ley dispone que un arrendador puede desahuciar a su inquilino solamente si éste deja de pagar el canon mensual fijado por el Administrador Insular. Pero supongamos que el Reglamento Federal fija un canon máximo mayor y provee el desahucio por no pagar el canon semanal. Luego, un arrendador obtiene un certificado del Administrador Federal para el lanzamiento de un. inquilino que, después de estar en descubierto por tres semanas, pagó su canon al tipo insular más bajo. No puede alegarse que este inquilino no puede ser desahuciado a pe-sar del hecho de que la Legislatura había modificado el “re-medio” de desahucio en la sección 12(a), que impide el des-ahucio bajo tales circunstancias. Por el contrario, tal res-tricción sobre desahucio es una disposición sobre “control de alquileres” que está prohibida por la Ley Federal de 1946. De la misma manera, la sección 12(/) al prohibirle a un arrendador en el presente caso que desahucie a su inquilino para él vivir la propiedad si ésta ha sido alquilada “habi-tualmente”, impone una restricción sobre desahucio que equi-vale a “control de alquileres”. En ambos casos, mientras la Ley Federal de 1942 no tiene por miras modificar los re-medios provistos por la ley local, con el fin de evitar el control local sobre alquileres, necesariamente tiene que penetrar dentro de cualquier supuesta ley local sobre remedio o pro-cedimiento y suspender la parte de la misma que, so pre-texto de un cambio en el procedimiento o en el remedio, dis-ponga en substancia el control sobre alquileres. Cf. Testa and Fleming v. Katt, _U.S._, resuelto el 10 de marzo de 1947.

La corte inferior cita en apoyo de su decisión, Edison Savings & Loan Ass’n v. Stamberger et al., 53 N.Y.S.2d 578 (1945); New York City Housing Authority v. Curington, 50 N.Y.S.2d 445 (1944); y Cannon v. Gordon, 48 N.Y.S.2d 124 (1944). Estos casos se relacionan con la necesidad de seguir el procedimiento exigido por la ley local y nada tienen que ver con el problema aquí envuelto.

Resta sólo uri punto más a considerarse. Hemos estado suponiendo que la Legislatura quiso decir en su sección 12 que se eliminarían todos los procedimientos para obtener la posesión de bienes inmuebles a menos que el arrendador pudiera cumplir con las condiciones allí provistas. Pero el inquilino afirma en su alegato que “no hay nada en la ley que impida al demandante seguir, en vez del procedimiento sumario de desahucio, el procedimiento ordinario .para recobrar la posesión de su ¿asa.” De ser cierta esta manifestación y si la sección 12(/) le dejara al arrendador mano libre para radicar tal pleito civil corriente, convendríamos en que la sección 12 (/) simplemente modifica el remedio y no es un estatuto sobre control de alquileres en violación de la ley federal que prohíbe una ley local sobre control de alquileres. En verdad, esto es precisamente lo que los Reglamentos Federales contemplaron cuando le dejaron la cuestión de remedios a la ley local: la Legislatura puede disponer un remedio ordinario o sumario. Lo único que la Legislatura no podía hacer fué eliminar todos los remedios a menos que el arrendador pudiera cumplir con las condiciones substantivas adicionales impuestas por la ley local que equivalía al control sobre alquileres.

Nuestra dificultad está en que interpretamos la sección 12 diferentemente. No podemos convenir en que cuando la Legislatura aprobó la Ley núm. 464, que disponía la fijación de cánones máximos y restringía los desahucios bajo la ley insular, quiso decir no obstante que permitiría el lanzamiento no restringido de inquilinos mediante acciones civiles ordi-narias. Más bien estamos satisfechos con que al disponer la Legislatura dentro del contexto de la Ley 464 que no se per-mitirá ningún recurso de “desahucio” a menos que concu-rrieran ciertas circunstancias, quiso decir que prohibía cual-quier recurso, ordinario o sumario, para recobrar la posesión de viviendas. De otro modo la Legislatura estaría frus-trando sus propios fines de congelar la ocupación de vivien-das. Véase Miranda v. Corte de Distrito, supra. También, la sección 12 restringe el desahucio de inquilinos de edificios comerciales que no están cubiertos por la Ley Federal. Es difícil creer que la Legislatura quiso decir que los arrenda-dores podían radicar una acción ordinaria para recobrar la posesión de los edificios comerciales a pesar de las disposi-ciones de la Ley núm. 464. No podemos atribuirle a la Le-gislatura tal brutum fulmen. El Administrador Insular en su aleg’ato no adopta esta sugestión del inquilino. Tampoco nosotros. Por el contrario resolvemos que la sección 12 dis-pone una prohibición absoluta contra todos los recursos de un arrendador para recobrar la posesión de su propiedad en manos de su inquilino, a menos que se cumpla con sus condiciones. Y como tal la sección 12(/) es una disposición sobre control de alquileres.

Nuestra decisión puede sintetizarse como sigue: El Con-greso ha dispuesto que el “control sobre alquileres” de vi-viendas consistirá de cánones máximos y de restricción de desahucios. Pero el Congreso ha dispuesto, quizás debido a motivos constitucionales, que nadie vendrá obligado a con-tinuar alquilando su propiedad. El Administrador Federal ha dispuesto de conformidad, por Reglamento, que un arrendador puede desahuciar a su inquilino para vivir él la casa. Pero la Legislatura insular ha legislado sobre esta misma cuestión. En la sección 12(/) prohibía que un arrendador que ha te-nido su propiedad alquilada “habitualmente” desahuciara a su inquilino, aun cuando el arrendador deseara la casa para vivirla. No nos detenemos a determinar si la sección 12(f) es constitucional o si está en conflicto con la disposición de la Ley Federal de que nadie estará obligado a continuar al-quilando su propiedad. Más bien basamos nuestra decisión en lo siguiente: la sección 12(f) es una disposición sobre “control de alquileres” porque dispone una restricción sobre desahucios en adición a las restricciones sobre desahucios provistas en la Ley Federal sobre control de alquileres y sus Reglamentos. La Ley Federal de 1946, aprobada después de la sección 12(f), dispone que mientras estén en vigor los cánones máximos bajo la Ley Federal, las viviendas no es-tarán sujetas a control de alquileres por ley local alguna. El mandato de la Ley Federal de 1946 es claro. La sección 12(f) puede o no estar en conflicto con la Ley Federal. Pero es una ley sobre control de alquileres. Eso nos obliga a de-cidir que queda. en suspenso basta el 30 de junio de 1947, cuando la Ley Federal expira.

En vista del resultado a que bemos llegado, es innecesa-rio que consideremos las otras cuestiones suscitadas por el apelante.

La resolución' de la corte de distrito será revocada y el casa devuelto con instrucciones de que lo remita a la corte municipal para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

license: Public Domain

text:
    The Spanish American Tobacco Company, Inc., demandante y apelada, v. Luis A. Izquierdo, Comisionado de Agricultura y Comercio, demandado y apelante.
    Núm. 9330.
    Sometido: Noviembre 14, 1946.

      Resuelto: Abril 9, 1947.

      Won. Procurador General Interino Luis N<egrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y J. Rivera Barreras, Proctcrador General Auxiliar, abogados del apelante; Rafael Arjona Biaca, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demandante es dueña de cierta cantidad de picadura de tabaco que lia sido confiscada por el demandado en su carácter de Comisionado de Agricultura y Comercio, a vir-tud de la Ley núm. 16 de 1939, Sesión Especial, pág. 45. Existiendo una divergencia acerca de la interpretación del art. 6 de la referida Ley, según fue enmendado por la Ley núm. 89 de 12 de mayo de 1943 (pág. 213), la demandante instó en la corte inferior un procedimiento en solicitud de una sentencia declaratoria que determinara la divergencia entre ella y el demandado acerca del concepto de polvo de tabaco definido en el citado artículo, el cual dice así:

“Por la presente se prohíbe la fabricación y la compra y venta en Puerto Rico de cigarros elaborados con polvo de tabaco y la compra y venta de polvo de. tabaco con fines de elaboración de cigarros; Dis-poniéndose, que se considerará como polvo de tabaco para los efectos de esta Ley, todo tabaco, residuo o mezcla de tabaco cuyas partículas o pedazos pasen por un-cedazo de perforaciones de dos (2) milíme-tros de diámetro; Disponiéndose, además, que en el proceso de la elaboración de cigarros se permitirá o tolerará el uso del polvo de tabaco que produjere el desmenuzamiento involuntario por la acción y efecto de la manipulación, en cantidad que no exceda de dos (2) por ciento del peso de la cantidad sometida al proceso de cernido que establezca el Departamento de Agricultura y Comercio en cumpli-miento de las disposiciones de esta Ley; Disponiéndose, además, que para los efectos de esta Ley se considerará que es para fines de ela-boración de cigarros la existencia de polvo de tabaco que tal como se define en esta Ley, hubiere en cualquier almacén, depósito, estable-cimiento, oficina o local, para su venta con fines de fabricación de cigarros en Puerto Rico.” (Bastardillas nuestras.) (Pág. 215.)

Según interpretación de la demandante, el polvo de ta-baco, a los efectos de la citada ley, consiste tan sólo de las partículas o pedazos de tabaco que pasen por un cedazo de perforaciones de dos milímetros de diámetro al ser sometido al proceso de cernido establecido por el Departamento de Agricultura y Comercio. El resto de la picadura sometida al proceso, que no pase por el cedazo, no constituye, según la demandante, polvo de tabaco y consecuentemente no está prohibido por la ley.

El demandado, por el contrario, considera polvo de ta-baco a toda 'picadura que sometida al referido proceso de cernido, contenga partículas o pedazos de tabaco que pasen por un cedazo con perforaciones de dos milímetros de diáme-tro, en una proporción mayor del 2 por ciento del peso de la cantidad sometida al proceso de cernido. Para el deman-dado basta que la picadura contenga pedazos o partículas que pasen por el cedazo en exceso del 2 por ciento del peso de la cantidad sometida al proceso de cernido, para que la totalidad de la picadura, tanto la parte que pasa por el ce-dazo como la que no pasa, se considere polvo de tabaco cuya posesión está prohibida y sujeta a confiscación por la citada ley.

• Sin someterse a la jurisdicción de la corte, el demandado radicó una moción en la que impugnó su jurisdicción sobre la materia y sobre la persona del demandado y atacó la sufi-ciencia de la demanda, alegando que no aduce hechos cons-titutivos de causa de acción.

Desestimada su moción, el demandado contestó. Alegó que la demandante tenía en su posesión, para la venta, y en ciertas ocasiones vendió, polvo de tabaco según se define en el referido art. 6, y que lo confiscó actuando de acuerdo con la ley.

La controversia quedó reducida a determinar cuál era la correcta interpretación de la ley. La corte inferior rechazó la que dió el demandado y resumió en su sentencia lo que entiende es la correcta interpretación, a saber:

“. . . se declaea. que la verdadera y correcta interpretación de los términos del art. 6 de la Ley núm. 89 de 1943, es la de que, pro-hibiéndose como se prohibe el uso en la elaboración de cigarros y la compraventa de polvo de tabaco, que con arreglo a la definición es-tatutaria lo es todo tabaco, residuo o mezcla del mismo cuyas partícu-las o pedazos pasen por un cedazo de perforaciones de dos (2) milí-metros de diámetro, resulta permisible el uso de todo tabaco que como parte integrante de determinada cantidad o lote cualquiera sometido al proceso de cernido establecido por el Departamento Insular de Agricultura y Comercio en cumplimiento de dicho precepto legal, no pase por tal cedazo, siendo aceptable que el mismo contenga polvo de tabaco en cantidad que no exceda del dos por ciento (2%) del peso de la cantidad total o lote sometido a dicho proceso de cernido; de-clarándose además, por consiguiente, que la interpretación de la dis-posición legal de referencia adoptada por el funcionario demandado, es errónea, resultando su actuación en el presente caso, a virtud de la misma, arbitraria e ilegal, siendo de lugar que se devuelva a la demandante el tabaco a ella perteneciente por él eonfiscádole. ”

I

El primer error que señala el demandado en apoyo de este recurso de apelación consiste en haberse denegado su moción para que se desestimara la demanda. La falta de jurisdicción alegada por el demandado está predicada en que en el presente caso, aunque el procedimiento lia sido dirigido contra un funcionario público, se trata en realidad deun pleito contra El Pueblo de Puerto Rico y éste no ha sido demandado ni ha prestado su consentimiento para ello. La sentencia que se dicte en este caso, ¿puede afectar a El Pueblo de Puerto Ricoí Si no puede afectarle, somos deopinión que se trata de un pleito contra el funcionario público y no contra el soberano.

En el caso de Valiente & Cía. v. Cuevas, Comisionado:, 65 D.P.R. 181, se trataba de la interpretación de nn contrato celebrado entre la demandante y el Superintendente de Obras Públicas y aprobado por el Comisionado del Interior, para la eonstrución por la demandante de un puente en una carretera insular. Dijimos entonces:

“Una lectura de la demanda no deja dudas de que el contrato fue celebrado para y en beneficio de El Pueblo de Puerto Rico', y que es éste y no los funcionarios demandados el responsable del pago de la reclamación — si hubiere derecho a ello — si se tratase de un pleito por el procedimiento ordinario. En la demanda expresamente se alega que el contrato' fué celebrado por el Superintendente de Obras Pú-blicas Sr. Dávila ‘a nombre y en representación de El Pueblo de Puerto Rico’, y no creemos que la demandante pretenda, dentro de las alegaciones de su demanda, que son los demandados con su propio peculio los obligados a pagar en todo o en parte el impoite de la obra verificada para El Pueblo de Puerto Rico. Siendo ello así, es obvio ■que se trata de un pleito contra El Pueblo de Puerto Rico, a pesar de que la demanda se presenta contra sus funcionarios. (Citas).” (Pág. 184.)

Y en el caso de Terceiro v. División de Hogares Seguros, 53 D.P.R. 598, se trataba de una acción para obligar a los funcionarios públicos demandados al cumplimiento especí-fico de un contrato de compraventa y al pago de daños y perjuicios. Resolvimos allí que se trataba de un pleito con tra El Pueblo de Puerto Rico, a pesar de que la demanda fué dirigida contra la División de Hogares Seguros, puesto que la causa de acción procedía de un contrato celebrado con el demandante por funcionarios del Gobierno Insular, ac-tuando en su capacidad oficial a nombre y para beneficio de El Pueblo de Puerto Rico; De obtenerse una sentencia en ■ dicho caso, hubiera tenido que satisfacerla El Pueblo de Puerto Rico, pero como éste'no había sido demandado ni mu-cho menos había prestado su consentimiento para serlo, se ■.desestimó la demanda. ' »

En el presente caso, de las alegaciones de la demanda surge que la sentencia que pueda dictarse en. cualquier sen-tido que fuera, no afecta a El Pueblo de Puerto Rico. Nin-gún remedio se solicita contra éste. Tan sólo se trata de de-terminar si la interpretación que ha dado a un estatuto el funcionario encargado por la ley de hacerlo cumplir, es o no correcta. En tales circunstancias, somos de opinión que éste no es un pleito contra El Pueblo de Puerto Rico y con-secuentemente no erró la corte inferior al desestimar la de-fensa de falta de jurisdicción.

Tampoco erró al desestimar la defensa de insuficien-cia de hechos para constituir una causa de acción. Bastará repetir aquí lo que dijimos en Quiñones v. Rodrigues, 58 D.P.R. 217:

“Consideremos ahora la excepción previa de insuficiencia de he-chos para constituir una causa de acción. Al iniciarse la discusión, no debemos perder de vista que nos hallamos ante una demanda inter-puesta dentro del procedimiento especial prescrito por la ley sobre sentencias y decretos declaratorios (Leyes de 1931, pág. 379),( ). . . .
“Dentro del procedimiento prescrito por la citada ley, la cuestión litigiosa (issue) suscitada por una excepción previa, no es la de si la interpretación propuesta por el demandante es o no correcta. La verdadera cuestión a resolver es si de la faz de la demanda aparece que existe entre las partes una controversia dirimible por un tribunal de justicia (a justiciable, controversy) de acuerdo con dicha ley. - .
“Surge de la faz de la demanda que el demandante es dueño de un crédito hipotecario sobre una finca de los demandados, y que existe una divergencia entre las partes sobre la interpretación de una cláu-sula del contrato de hipoteca. Concediendo la citada ley a cualquiera de las partes el derecho a recurrir a un tribunal competente para obtener la determinación de esa controversia, bien sea antes o después de haber sido infringido el contrato (sección 3), claro es que la de-manda aduce hechos constitutivos de la acción que se ejercita. Cuál deba ser la correcta interpretación es una cuestión que puede ser de derecho solamente o mixta de hecho y de derecho, a resolverse después de recibir y apreciar la prueba presentada.” (Págs. 220-221.)

II

Pasemos a considerar ahora el caso en sus méritos, o sea, a determinar cuál es la correcta interpretación del art. 6 de la Ley núm. 16 de 1939, según fué enmendado por la núm. 89 de 12 de mayo de 1943. Con arreglo a dicho precepto legal, se entiende por “polvo de tabaco”, todo tabaco, residuo o mezcla de tabaco, que sometido al proceso de cernido establecido por el Departamento de Agricultura y Comercio, contenga partículas o pedazos que pasen por el cedazo de perforaciones de dos milímetros de diámetro en cantidad que exceda del 2 por ciento del peso de la muestra de tabaco sometida a dicho proceso. A la inversa, si las partículas o pedazos que pasen por el cedazo no exceden del 2 por ciento, esa circunstancia demuestra que el tabaco, residuo o mezcla de tabaco sometido al proceso, reúne las condiciones exigidas por la ley. Si la intención legislativa hubiera sido considerar polvo de tabaco solamente a las partículas o pedazos que pasen por el cedazo, fácil le hubiera sido expresarlo en la siguiente forma: “Disponiéndose, que se considerará'polvo de tabaco, a los efectos de esta ley, todas las partículas o pedazos de tabaco, de residuo o de mezcla de tabaco, que pasen por un cedazo de perforaciones de dos (2) milímetros de diámetro.” Pero ésa no fué la intención legislativa. Las partículas o pedazos de tabaco que pa-sen por el cedazo en exceso del referido 2 por ciento, constituyen un mero signo indicador de que el tabaco, residuo o mezcla de tabaco, sometido al proceso es “polvo de tabaco”.

Somos de opinión que la interpretación que al art. 6 dió el demandado es la correcta y que al confiscar el lote de ta-baco de la demandante por no reunir las condiciones exigidas por la ley, actuó de conformidad con el art. 8 de la misma, según fué enmendado por la Ley núm. 89 de 12 de mayo de 1943. ()

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra de conformidad con los términos de esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      (1)La sección. 2 de dicha ley dice:

        “(Facultad de Interpretación, etc.). — Toda persona . . . cuyos derechos . . . fuesen afectados por un estatuto, . '. . podrá obtener la determinación do cualquier divergencia acerca de la interpretación ... de dichos estatutos, y ade-más que se diete una declaración de derechos, . . . que de aquéllos se deriven. ’ ’

      (2)E1 art. 8 de la Ley en cuestión prescribe:
      "El Comisionado de Agricultura y Comercio o los empleados autorizados por éstfe, quedan por la presente facultados para confiscar . . . cualquier clase de ta-

        ñaco que no reúna las condiciones exigidas por esta Ley, . . . Disponiéndose, que, el Comisionado de Agricultura y Comercio o las personas por él designadas pro-cederán a destruir los productos así confiscados una vez haya sido declarado el traficante, fabricante, o comerciante, culpable en última instancia de la viola-ción de esta Ley, por un tribunal de jurisdicción competente.” (Bastardillas nuestras.)


author: El Juez Asociado Señor De Jesús emitió

text:
    Julio Jiménez Guzmán y Guillermina Vega Vda. de Fletcher, demandantes y apelante el primero, v. Madison J. Fletcher, demandado y apelado. Los Mismos, demandantes y apelados, v. El Mismo, demandado y apelante.
    Núms. 9351 y 9352.
    Sometidos: Noviembre 12, 1946.

      Resueltos: Abril 9, 1947.

      G. Rivera Gestero y R. Rivera Zayas, abogados de los demandantes, apelante y apelados; Santiago de la Fuente, abogado del deman-dado, apelado y apelante.
   El Juez Asociado Señor De Jesús emitió

la opinión del tri- ■ bunal.

Julio Jiménez y Guillermina Vega viuda de Fletcher ra-dicaron una demanda contra Madison J. Fletcher para re-cobrar la posesión de un camino que, partiendo de la finca de Jiménez, continúa por la de Guillermina Vega y empalma con la carretera insular que conduce de Cataño a Toa Baja, después de atravesar la finca del demandado. Alegaron los demandantes que dentro del año anterior a la radicación de la demanda habían utilizado ese camino para conducir abono y materiales de construcción y para sacar de las fincas yerba y otros productos, y que continuaron utilizándolo hasta que fué cerrado por el demandado el 5 de octubre de 1945. La demanda prosperó en cuanto a Guillermina Vega, pero fué desestimada, con costas, en lo que respecta a Julio Jiménez.

En cuanto a Guillermina Vega, la corte declaró probado que ésta venía utilizando el camino que pasa por la finca del demandado dentro del año anterior a la radicación de la de-manda y hasta que fué cerrado por el demandado. Péro en lo que se refiere a Jiménez, declaró que no estuvo en la po-sesión del camino dentro del año anterior a la radicación de la demanda. Consecuentemente, declaró con lugar la de-manda en cuanto a Guillermina Vega y sin lugar en lo que ■respecta a Jiménez.

Fletcher apeló de la parte de la sentencia a favor de Gui-llermina Vega. Jiménez, de la parte que desestimó su pre-tensión.

Consideraremos, en primer término, la apelación interpuesta por Fletcher. Alega que erró la corte inferior al denegar su moción solicitando que se desestimase la demanda por no aducir hechos constitutivos de causa de acción. Esta defensa está predicada en que la demanda no describe el camino con tal precisión que el funcionario encargado de ejecutar la sentencia pueda identificarlo con certeza.

En la demanda se expresa que el camino tiene alrededor de 1,750 metros de largo por 12 metros de ancho aproxima-damente; que empieza en la finca del demandante Jiménez, pasa por la de la demandante Guillermina Vega y finalmente' atraviesa la del demandado, empalmando con la carretera insular antes mencionada. Las tres fincas se describen en la demanda. A nuestro juicio, esta descripción es lo suficien-temente precisa para, que el márshal pueda razonablemente identificar el camino.

Se queja el demandado de la resolución de la corte negando la inspección ocular por él solicitada. La concesión de una inspección ocular descansa en la sana discreción del tribunal, y a menos que se demuestre perjuicio sustancial, su' resolución no será alterada por este Tribunal. Pueblo v. García, 66 D.P.R. 504.

Los tres restantes errores van dirigidos a la apreciación de la prueba. De la evidencia resulta que dentro del año anterior a la radicación de la demanda, la demandante ha venido utilizando el camino en la forma que se ha dicho.' El propio demandado admitió en su testimonio que ella uti-lizaba el camino después de muerto el padre del demandado, ?i bien limitó su admisión a que sólo lo utilizaba para ir a ver al demandado. Pero sea ello como fuere, la corte no dió crédito a la declaración del demandado en cuanto negó que la demandante utilizase el camino en la forma que se dice en la demanda y estando sostenida su sentencia por la prueba de la demandante, no debemos' intervenir con la decisión de la corte al dirimir el conflicto de la evidencia, pues no se ba demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o par-cialidad o que incurriera en error manifiesto al resolverlo en' la forma en que lo hizo.

Pasemos ahora a considerar el recurso interpuesto por el demandante Julio Jiménez. El primer error que señala el apelante Jiménez es el de no haberse ordenado la eliminación de la contestación y declarado con lugar la demanda, por ser nulo el juramento de la contestación. Se alega que el juramento es nulo porque al negar los párrafos de la demanda, la negación no se hizo en forma específica, es decir, se hizo una negación general, aunque separadamente, de los distintos párrafos de la demanda^)

Bajo el imperio del Código de Enjuiciamiento Civil, art. í 10, inciso 2, si la demanda es jurada, la negación de cada alegación impugnada debe ser específica, pero no es esa la ley, bajo las Eeglas de Enjuiciamiento Civil. La Eegla 8(b) prescribe, en lo pertinente, como sigue: v

“. . . . Cuando el que hace una alegación intente de buena fe negar solamente una parte de un hecho, especificará lo que sea cierto y esencial y negará solamente lo demás. A menos que el que conteste intente de buena fe negar todos los hechos expuestos en la alegación ‘precedente, podrá formular sus negativas específicamente en cuanto a determinadas alegaciones o párrafos, o podrá negar generalmente todas las alegaciones, con excepción de aquellas alegaciones o párra-fos que admite expresamente; pero meando de buena'fe intente con-trovertir todos los hechos alegados, podrá hacerlo en forma de una negación general sujeto a las obligaciones establecidas en la Regia 11.” (Bastardillas nuestras.)

Estando provista en las Reglas de Enjuiciamiento Civil la forma de contestar, el inciso 2 del art. 110 del Código de Enjuiciamiento Civil lia quedado sin efecto. Sobre este particular dice Moore:

“La negación en cualquier acción que se rija por estas Reglas [Reglas de Enjuiciamiento Civil] deberá formularse ele acuerdo con las Reglas, y cualquier estatuto que prescriba una forma o método diferente, debe considerarse sustituido o modificado en cuanto estu-viere en conflicto con dichas reglas.” 1 Moore’s Federal Practice, pág. 565.

Se queja también el apelante de que la corte cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba al declarar que él no estuvo en posesión del camino dentro del año precedente a la radicación de la demanda. La prueba es contradictoria. Los testigos del demandante declararon que Jiménez usaba el camino para llevar a su finca abono y materiales de construcción y para sacar de ella yerba y otros productos de la finca. Pedro Correa, mayordomo del demandado, declarando como testigo de éste, manifestó que Jiménez pasaba por el camino con una camioneta de entrega basta que fué cerrado por el demandado. Pero éste declaró terminantemente que no era verdad que Jiménez usara ese camino con camiones y carros dentro del año anterior a la radicación de la demanda. Admitió que cuando Jiménez actuaba como apoderado del padre del demandado, pasaba por su finca en camioneta y a caballo otras veces, pero esto lo bacía como apoderado de su padre; que muerto éste en marzo de 1945, Jiménez no volvió a pasar. La corte inferior, en lo que a Jiménez respecta, dió crédito a la declaración de Fletcber y no habiéndose demostrado que al así hacerlo cometiera error manifiesto o actuara movida por pasión, prejuicio o parcia-lidad, no debemos intervenir con su discreción en la aprecia-ción de la prueba.

Refiriéndose a Jiménez, la corte dijo en su opinión:

. . No existe un derecho claro a favor del demandante Jiménez a la posesión material del camino en discusión con un año de antela-ción a la radicación de la demanda.”

Arguye el apelante Jiménez que esa manifestación de la corte demuestra que confunde la ley relativa al injunction ordinario con el injunction posesorio, en el cual, sólo se ven-tilan cuestiones de hecho, y que esa confusión la indujo a fa-llar el caso en contra suya.

Considerada aisladamente, esa manifestación de la corte parece indicar que entendió que la demanda de injunction po-sesorio no puede prosperar si el demandante no tiene un derecho claro a la posesión material. Pero del contexto de la opinión se infiere que cuando la corte a quo expresó que no existe “un derecho claro a favor del demandante Jiménez a la posesión material,” lo que tuvo en mente fue que Jimé-nez no tenía un derecho claro al remedio de injunction pose-sorio porque los hechos que consideró probados no sostenían su alegación de háber estado en la posesión material del ca-mino dentro del año anterior a la radicación de la demanda. Precisamente, la oración que precede a dicha manifestación de la corte, dice así:

“La Corte estima que si el demandante Julio Jiménez ocasional-mente pasaba por la finca del demandado, lo háeía como empleado o socio de Fletcher.”

Además, párrafos anteriores de la opinión, revelan que el juez de la corte inferior tiene un concepto claro de la verda-dera controversia en los casos de injunctions posesorios.

Procede desestimar los recursos interpuestos por el de-mandado Madison J. Fletcher y por el demandante Julio Ji-ménez, respectivamente, y confirmar la sentencia apelada.

      (1)Los párrafos de la contestación a que se refiere este señalamiento de error, dicen así:
      “1. Que por falta de información y creencia, niega todos y cada uno de los hechos contenidos en el párrafo primero de la demanda.

        “2. Que niega todos y cada uno de los hechos contenidos en el párrafo se-gundo de la demanda.
      ‘■‘3. Niega todos y cada uno de los hechos contenidos en el párrafo tercero de la demanda.”


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Ricardo La Costa, Hijo, peticionario, v. Tribunal del Distrito Judicial de San Juan, Hon. Emilio S. Belaval, Juez, demandado; Club de Ajedrez de San Juan, et al., interventores.
    Núm. 1688.
    Sometido: Abril 1, 1947.

      Resuelto: Abril 9, 1947.

      Luis E. Bubón y Otero Suro & Otero Suro, abogados del peticionario; F. Prieto Azúar, abogado de los interventores, demandados en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Ricardo La Costa, hijo, entabló ante la corte municipal un recurso de desahucio contra el Club de Ajedrez de San Juan para obtener la posesión de una parte del edificio que el Club ha venido ocupando como su inquilino a base de un arrendamiento de mes a mes. El demandado apeló para ante la corte de distrito de una sentencia a favor del demandante. La corte de distrito resolvió que bajo la Ley número 464, Leyes de Puerto Rico, 1946 ((1) pág. 1327), el demandado no podía ser lanzado. Expedimos el auto de certiorari para determinar si la Ley número 464 era aplicable al caso de autos.

Las partes estipularon ante la corte de- distrito que el de-mandado utilizaba la propiedad para sus actividades “socia-les y culturales”, y no la utilizaba con propósitos mercan-tiles, industriales o comerciales, para oficinas profesionales, o para clínica. La estipulación también disponía que el Club mantenía su "residencia o domicilio” en la propiedad en cuestión; que despachaba todos sus asuntos allí; que perió-dicamente se celebraban allí partidos de ajedrez; que allí había un escritorio, algunas sillas, un archivo, una maquini-11a para la correspondencia y papelería; que el Club tiene aproximadamente cuarenta socios en su matrícula, los cuales pagan una cuota mensual de $2 con la cual, además de los ingresos recibidos por concepto de las exhibiciones de aje-drez, se sostiene el Club; que se escriben allí sueltos para la prensa en relación con los partidos de ajedrez; que está abierto diariamente; que su. Junta de Directores se reúne allí; que ha mantenido siempre una cuenta bancaria y un apartado de correos; y que una gran parte de los gastos de viaje del campeón de ajedrez de Puerto Eico cuando sostiene partidos fuera de la isla son pagados por el Club.

El artículo 12 de la Ley número 464 prohíbe el lan-zamiento de inquilinos que pagan el alquiler de edificios "que se usen para negocios, oficinas profesionales o propósitos comerciales o industriales.” El artículo 4 expresa que la Ley será aplicable a edificios dedicados a "negocios ... y propósitos comerciales e industriales.” El artículo 22 define "Propiedad de alquiler” como un edificio utilizado "para negocios, oficinas profesionales, o propósitos comer-ciales o industriales.” Y el artículo 22 además especifica que “Edificaciones que se usen para negocios” incluyen edi-ficaciones que se usen para clínicas, hospitales privados y consultorios.

La corte inferior fue de opinión que un “negocio” puede ser explotado lo mismo sobre una base pecuniaria como no pecuniaria, y que en su consecuencia la Ley es aplicable a una asociación no pecuniaria siempre y cuando que esté dedicada a "negocio”. Suponemos, sin resolverlo, que podríamos estar de acuerdo con la corte de distrito en este punto. Pero no vemos- cómo podemos decir que el Club de Ajedrez está dedicado a un "negocio” cuando sus activida-des son exclusivamente sociales o culturales dirigidas a fo-mentar el ajedrez entre sus miembros y la comunidad.

La Legislatura no dispuso, como arguye el demandado, que la Ley fuera aplicable a todo edificio usado para propó-sitos que no fueran de vivienda. Por el contrario, estable-ció como requisito el que se usara para “negocios”. Fue cuidadosa al incluir los hospitales al definir “negocio”. Pero nunca incluyó organizaciones sociales o culturales den-tro de la palabra “negocios” y por tanto dentro de las dis-posiciones de la Ley número 464. Tal vez esos inquilinos deban tener la misma protección que la Ley 464 extiende a los otros. Pero no podemos negarnos a seguir el claro len-guaje del estatuto. El remedio, de ser alguno necesario, des-cansa en las manos de la Legislatura^)

La sentencia de la corte de distrito será anulada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.

      (1) Dictamos una resolución concediendo al Administrador insular el derecho a radicar, si lo creía conveniente, un alegato en este caso, pero dicho alegato nunca fué radicado.


text:
    Pascual Cruz, demandante y apelante, v. Alfonso Sanz Allende, demandado y apelado.
    Núm. 9435.
    Sometido: Marzo 3, 1947.

      Resuelto: Abril 11, 1947.

      César Andréu Ribas, abogado del apelante; G. Jiménez Sioardó, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito de desahucio en el cual la corte inferior, antes de terminar la presentación de la evidencia del demandante, desestimó la demanda porque entendió que existe un conflicto de título. Conforme resulta de la eviden-cia del demandante, el dueño del edificio en cuestión lo había arrendado a Arturo Bernard para establecer allí un nego-cio de dormitorios. Bernard vendió al demandante Pascual Cruz el equipo de la casa de dormitorios y le cedió sus de-rechos en el contrato de inquilinato o subarrendó el local a Pascual Cruz, a lo cual asintió el dueño del edificio, si bien continuó extendiendo los recibos del alquiler a nombre de Bernard. Más tarde, Pascual Cruz celebró un contrato de arrendamiento del equipo con el demandado Alfonso Sanz y le subarrendó el local por un canon de $8 diarios que com-prendía, tanto el uso del equipo, como el del local. Algún tiempo después, Sanz se dirigió al dueño del local y le dijo que él había comprado a Pascual Cruz el equipo del negocio y que deseaba celebrar un contrato de arrendamiento del local. Creyendo que era cierto lo que le decía Sanz, el dueño formalizó con él un contrato de arrendamiento y como ga-rantía "del mismo le exigió una fianza que Sanz prestó entre-gándole un cheque certificado expedido por otra persona. Inmediatamente se enteró Pascual Cruz de la transacción ce-lebrada entre Sanz y el dueño del local e informó a éste y a su abogado la falsedad de que se había valido Sanz, al de-cirle que era dueño del equipo y con tal motivo el dueño del local comunicó por escrito a Sanz que dejaba sin efecto el contrato y devolvió al fiador el cheque certificado. Sanz no consignó protesta alguna ante el dueño del local, ni pagó nin-gún canon de arrendamiento, ni al dueño ni a Pascual Cruz, siendo éste quien continuó pagando dichos cánones por su propia cuenta, como lo había venido haciendo antes a virtud del contrato que había celebrado con Bernard.

Conforme ha resuelto el Tribunal Supremo de España, sólo puede existir el conflicto de título cuando el demandado opone un título de dominio que tienda a justificar que la posesión en que se baila no es la de arrendatario, administrador, custodio del inmueble o lo disfrute en concepto de precarista, es decir, sin título, por la tolerancia del dueño y sin satisfacer renta o merced alguna. C) Sentencia de 29 de mayo de 1920, 150 Jur. Civil, pág. 440. Pero, cuando como en el presente caso, el demandado sólo opone la condición de arrendatario que es una de las contempladas por el art. 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, entonces no puede existir un conflicto de título que impida la acción especial de desahucio porque, precisamente, de conformidad con dicho precepto legal, el arrendatario es una de las personas contra quien puede interponerse el procedimiento especial de desahucio y dentro de ese procedimiento la controversia es: quién tiene el mejor derecho a la posesión, si el demandante que debe ser una de las personas mencionadas en el art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, () o el demandado que como el de este caso está comprendido dentro de las personas contra quienes puede establecerse el desahucio. Maceira v. Pietri et al, 30 D.P.R. 587; Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97; Abarca v. Cordero, 60 D.P.R. 519 y De Arrastia v. Quiles, 65 D.P.R. 912.

No existiendo en el presente caso conflicto de título que impida el procedimiento especial de desahucio, pues el único título que opone el demandado es el de arrendatario, pro-cede revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para que continúe el juicio y oída, toda la prueba, dicte la sentencia que fuere procedente.

      (1) art. 621 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) scg'án fué en-mendado por la Ley núm. 14 de 21 de noviembre de 1941, Sesión Especial, pág. 45, en lo pertinente, dice así:
      "Procederá el desahucio contra los inquilinos, colonos y demás arrendata-rios, los administradores, encargados, porteros o guardas, puestos por el propie-tario en sus fincas, y cualquiera otra persona que detente la posesión material o disfrute precariamente, sin pagar eanon o merced alguna; ..."

      (2)E1 art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) prescribe:
      "Tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, los usufructuarios y cualquiera otro que tenga derecho a disfrutarla, y sus causa-habientes. ’ ’


text:
    Angel Luis López, peticionario, v. Tribunal de Distrito de San Juan, etc., demandado; El Pueblo de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 1692.
    Sometido: Abril 1, 1947.

      Resuelto: Abril 11, 1947.

      G. Gruzado Silva, abogado del peticionario; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández y Garlos Snntana Becerra, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, interventor, demandante en el pleito principal; Gabriel Guerra-Mondragón, José Vila Ruiz y Antonio M. Bird, abogados éstos de la Autoridad de Fuentes Fluviales.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

' El Pueblo de Puerto Rico radicó en representación de la Autoridad de Fuentes Fluviales un pleito para expropiar ciertos bienes inmuebles. Junto con la demanda se ra-dicó una declaración de adquisición, y el 16 de mayo de 1946 la corte de distrito dictó resolución invistiendo el título en El Pueblo de Puerto Rico y concediendo a los demandados treinta días para entregar la posesión de la propiedad. Las partes estipularon (a) en cuanto al importe de la indemni-zación y (6) en cuanto a' fijar el 15 de julio como la fecha en que los demandados entregarían la posesión. La corte dictó de conformidad sentencia final el 15 de julio.

Angel Luis López, peticionario en este recurso, había es-tado ocupando parte de la propiedad como inquilino de uno de los demandados. El 22 de julio la Autoridad le escribió al peticionario en el sentido de que había adquirido la pro-piedad mediante expropiación y que la necesitaba urgente-mente; sin embargo, para ocasionarle la menor inconvenien-cia posible, la> Autoridad le concedería hasta el 31 de agosto para desalojar el local, y que desde el 15 de julio hasta que lo desalojase, debería pagar a la Autoridad' el canon del mismo. Más tarde, el 10 de septiembre, a solicitud del abo-gado del peticionario, la Autoridad le concedió una prórroga, de dos meses para desalojar el local.

No habiendo el peticionario desalojado el local al vencer-el 4 de noviembre el término que tenía para, ello, El Pueblo radicó una moción, dentro del procedimiento de expropia-ción, solicitando una orden para lanzar al peticionario. Se opuso éste por el fundamento de que la aceptación por la Au-toridad del canon de arrendamiento suyo creó entre ellos la relación de arrendador y arrendatario y por tanto que no. se podía lanzar al peticionario dentro del procedimiento de expropiación forzosa, sino sólo por medio de una acción de-desahucio independiente. El 22 de noviembre la corte inferior oyó la moción, declaró sin lugar la contención del peti-cionario y le ordenó qne desocupara el local en el término de dos meses. No habiéndose ido el peticionario el 24 de enero de 1947, la corte de distrito, a moción de la Autoridad, dictó una resolución ordenando su inmediato lanzamiento. El 11 de febrero de 1947 la corte inferior desestimó la mo-ción de reconsideración del peticionario. Expedimos el auto de certiorari solicitado por López para determinar si la corte inferior estaba autorizada para lanzarlo dentro del recurso de expropiación forzosa en vez de exigir de El Pueblo la ra-dicación de una acción de desahucio independiente.

La sección 5(a) de nuestra Ley sobre Expropiación Forzosa, según fue enmendada por la sección 3 de la Ley núm. 19, Leyes de Puerto Pico, 1942, Tercera Sesión Extraordinaria (pág. 83), dispone lo siguiente:

“Una vez radicada la petición de adquisición, la corte tendrá fa-cultad para fijar el término dentro del cual y las condiciones bajo las cuales las personas naturales o jurídicas que están en posesión de las propiedades objeto del procedimiento deberán entregar la xoosesióu material al expropiante. La corte tendrá facultad para dictar las órdenes qne fueren justas y equitativas en relación con los gravá-menes y otras cargas, que pesen sobre las propiedades, si algunos hubiere.
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Ésta claramente confiere facultad a la corte de distrito para fijar (1) el período dentro del cual los ocupantes deben •desalojar los locales, y (2) la cantidad que deben pagar al Estado por su uso desde la fecha en que el Estado se convir-tió en dueño de los mismos»hasta la fecha en que los desocu-|Den. El hecho de que la Ley Federal, 40 U.S.C.A., Sec. 258a, de la cual se calcó sustancialmente nuestra Ley, incluya espe-cíficamente la facultad de fijar la renta, no tiene significa-ción en este punto. El alcance de nuestra Ley es suficien-temente amplio para cubrir la situación ante nuestra consi-deración sin necesidad de facultad tan específica.

Después de dictarse sentencia final, el caso de ex-propiación forzosa no se Rabia concluido aún: la corte a tenor con la sección 5(a) estaba facultada a conferirle a El Pueblo la posesión, y para fijar la justa compensación que los ocupantes debían satisfacer por el uso de -las propiedades basta que las desalojaran. En vez, de traer ante la consideración de la corte este asunto, las partes se pusieron de acuerdo sobre ambos extremos: (1) la fecba en que la propiedad debería ser desocupada; y (2) la compensación por su uso durante ese tiempo. Pero meramente porque El Pueblo no obtuvo de la corte una orden a tal efecto no cambiaron las relaciones entre las partes. Únicamente habría sido necesaria la orden si las partes hubieran estado en desacuerdo. Su convenio ocupó el lugar de la orden y estaba por tanto relacionado con y en virtud del procedimiento de expropiación forzosa, que permaneció abierto basta tanto El Pueblo tomara posesión de la propiedad.

■ Si el inquilino no paga canon y rehúsa mudarse de una propiedad expropiada, ciertamente no puede alegarse que su lanzamiento debe regirse por un recurso de desahucio en vez de dentro de la expropiación forzosa. El hecho de que se exija del inquilino el pago de canon durante este período —y ciertamente él no debe tener derecho a disfrutar de la propiedad gratis — no altera su status. En este caso la Au-toridad ejerció cuidado desde el comienzo para recalcar que ella no estaba arrendando la propiedad y que sí únicamente estaba permitiendo que el peticionario permaneciera en la misma hasta que pudiera abandonarla convenientemente. A moción de El Pueblo la corte habría dictado una orden al mismo efecto, incluyendo un requisito para que el peticiona-rio pagara por tal uso de la propiedad. El hecho de que las partes llegaran a un acuerdo y que por tanto fuera in-necesaria una orden de la corte, no cambia la naturaleza de sus relaciones. El canon no fué para el uso bajo un con-trato de arrendamiento, pero sí solamente para compensar a JK1 Pueblo por el uso de la propiedad mientras éste espe-raba por su entrega dentro del procedimiento de expropia-ción.

En vista de lo anteriormente expuesto, El Pueblo no te-nía la obligación de entablar un recurso independiente de des-ahucio para lanzar al peticionario, y fue correcto el que la corte inferior declarara con lugar la moción de El Pueblo dentro del procedimiento de expropiación forzosa ordenando al peticionario que desalojara el local.()

Se emulará el auto expedido.

      (1)Recientemente resolvimos que el recurso de apelación radicado por ol peticionario contra la resolución del 22 de noviembre no ora Pweblo. Pueblo v. Guijarro, et al., 66 D.P.R. 887, resuelto en 29 de enero de 1947. Sin embargo, como dicha apelación envuelve la misma cuestión legal de que se trata en este recurso do certiorari, resulta ahora académica y se desestimará a menos que el peticionario radique, dentro de cinco días, una moción que nos convenza de que no debemos actuar en tal forma.


text:
    José Suárez Martínez, demandante y apelante, v. Rexford Guy Tugwell y otros, demandados y apelados.
    Núm. 9331.
    Sometido: Noviembre 14, 1940.

      Resuelto: Abril 14, 1947.

      Edélmiro Martínez Rivera, Luis Blanco Lugo y E. Fornaris, Jr., abo-gados del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Ne-grón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y L. Venegas Cortés, abogado especial del Procurador General, abogados todos de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de diciembre de 1945 el demandante radicó una ac-ción del contribuyente contra los miembros del Consejo Eje-cutivo y la Junta de Directores de la Compañía Agrícola de Puerto Rico, alegando que la Compañía fné creada en vir-tud de la Ley número 31, Leyes de Puerto Rico, Í945 (pág. 75); que la sección 27 de la Ley núm. 31 asigna la suma de $10,100,000 de los fondos públicos de Puerto Rico a ser úSñ-clos por la Compañía; que esta asignación es ilegal porque la Ley núm. 31 infringe varias disposiciones del Acta Orgá-nica; que la Compañía tiene en su poder $5,000,000 que se propone invertir bajo la autoridad conferídale por la Ley núm. 31; y que. de permitirse a los demandados invertir es-tos fondos públicos de acuerdo con esta ley inconstitucional se ocasionarían graves e irreparables daños al demandante así como a todos los otros contribuyentes de Puerto Rico. El demandante solicitó se dictara un injunction dirigido a los demandados prohibiéndoles invertir los fondos en su po-sesión bajo la Ley núm. 31.

El 17 de enero de 1946, después de celebrarse una vista sobre una moción de injunction preliminar, la corte de dis-trito dictó una orden de entredicho prohibiéndole a los de-mandados que invirtieran los fondos en cuestión. El 28 de enero el demandante solicitó el nombramiento de un síndico. En febrero 1 la corte, diciendo que (a) las partes estaban de acuerdo y consentían en que se nombrara un síndico sin per-juicio de levantar los demandados cualquier cuestión en cuanto a la legalidad de estos procedimientos y que (b) las partes han sometido los nombres de distintas personas para ser nombradas síndicos, entre las que se encontraba Thomas A. Fennel, Administrador General de la Compañía, nombró síndico a Fennell para que actuara mientras estuviera en vigor la orden de entredicho.

El 18 de febrero la corte declaró con lugar la moción de injunction preliminar, y nombró a Federico López del Valle para que actuara como síndico hasta que se decidiera defini-tivamente el caso. El nuevo síndico nunca tomó posesión de su cargo.ya que la fianza fijádale en la resolución de la corte nunca fue prestada. El mismo día los demandados solici-taron un juicio en los méritos. El 19 de febrero la corte de distrito señaló el caso para el 26 de febrero a las 9 a. m.

El 25 de febrero la corte de distrito, sin notificar ni oír a las. partes, dictó sentencia, dejando sin efecto el injunction' preliminar y el nombramiento de López del Valle como sin-. dico y archivando el caso, por el fundamento de qne la Le-gislatura había aprobado el 25 de febrero las leyes números 1 y 2, Leyes de Puerto Rico, 1946 ((1) págs. 3 y 7), qne pri-vaban a la corte de cualquier jurisdicción ulterior sobre el caso excepto para dictar sentencia archivando y dejando sin efecto las resoluciones en el mismo dictadas. El demandante apeló para este Tribunal de la sentencia de la corte de dis-trito.

La Ley núm. 2 expresamente dispone en su artículo 2 que “La acción conocida en equidad como acción del con-tribuyente {taxpayer’s suit) queda por la presente prohi-bida.” Y el artículo 3 extiende esta prohibición a las accio-nes pendientes. Pero alega el demandante que la Ley núm. 2 es nula y que de cualquier modo no podía aplicarse al pre-sente caso que se encontraba pendiente cuando se aprobó la ley.

En Buscaglia, Tesorero, v. Corte, 64 D.P.R. 11, esta Corte resolvió, con el voto disidente del infrascrito, que un contri-buyente puede incoar un procedimiento para impedir el uso ilegal de fondos públicos por funcionarios públicos. De ha-ber sido esa cuestión una federal o constitucional, este Tribunal se hubiera visto obligado a seguir el caso de Massachusetts v. Mellon, 262 U. S. 447, que resuelve qué un contribuyente federal no tiene capacidad para incoar tal procedimiento contra funcionarios federales. Pero resolvi-mos a la pág. 21 que la cuestión era local y que estamos en libertad de establecer nuestra propia doctrina local contra-ria a la establecida en Massachusetts v. Mellon. Al confir-mar nuestra sentencia, la Corte de Circuito dijo que “no te-nemos dudas de que cae dentro de la autoridad del gobierno territorial, bien sea por acto legislativo o por decisión judicial autorizar una acción del contribuyente en equidad . Ruscaglia v. District Court, 145 F.2d 274, 284 (C.C.A. 1, 1944), certiorari denegado, 65 S.Ct. 434. (Bastardillas nues-tras). Y si - el remedio de- una acción del contribuyente puede ser creado por acto legislativo, de la misma manera puede ser abolido por acto legislativo.

Esta no es una jurisdicción de derecho común. Para que exista un remedio en Puerto Rico debe asi disponerse por estatuto. Pueblo v. Escambrón, 63 D.P.R. 761. La opinión- de la mayoría en el caso de Buscaglia resolvió en efecto que no era necesaria una disposición legislativa específica autorizando una acción del contribuyente, y que en ausencia de legislación restrictiva contra tal acción, nuestro estatuto general estableciendo el remedio de injunction autorizaba a un contribuyente a obtener un injunction contra funcionarios públicos que estuvieran ilegalmente invirtiendo fondos públicos. Véase Crompton v. Zabriskie, 101 U. S. 601, 609. Pero la Legislatura mediante la Ley núm. 2 ha actuado sobre una cuestión local; en dicha Ley se enmendó en efecto nuestro estatuto general de injunctions y se abolió la acción del contribuyente en Puerto Rico. El artículo 1 dice que las cortes insulares deben seguir la doctrina de Massachusetts v. Mellon. Y el artículo 3 dispone que ninguna corte insular “tendrá jurisdicción” sobre una acción del contribuyente.

No podemos convenir con el demandante en que la Ley núm. 2 es nula. Los casos son unánimes al resolver que cuando como en esta jurisdicción, 48 U.S.C.A., see. 861, la Legislatura ha sido investida con el poder de determinar la jurisdicción de las cortes, puede' legislar en relación con los remedios limitando o retirando la jurisdicción de las cortes para expedir injunctions en una clase específica de controversia, tales como las disputas obreras o como aquí las acciones de los contribuyentes. Y tal legislación restrictiva es válida aun al aplicarse a casos pendientes porque el remedio de injunction es un remedio en el cual no hay un derecho adquirido. Smallwood v. Gallardo, 275 U.S. 56, 62; Gallardo v. Santini Co., 275 U.S. 62; Fajardo Sugar Co. of P. R. v. Domenech, Tes., 45 D.P.R. 553; Trainmen v. Toledo, P. & W. R. Co., 321 U.S. 50, 63-64; Lockerty v. Phillips, 319 U.S. 182; Yakus v. U.S., 321 U.S. 414, 440-443, especialmente la nota 8; Ponce v. Roman Catholic Church, 210 U.S. 296; Pueblo v. The Fajardo Sugar Co. of P. R., 50 D.P.R. 163, 179; Drivers’ Union v. Lake Valley Co., 311 U.S. 91, 101; New Negro Alliance v. Grocery Co., 303 U.S. 552; Levering & Garrigues Co. v. Morrin, 71 F.2d 284, 287 C.C.A. 2, (1934); Cinderella Theater Co. v. Sign Writers’ Local Union, 6 F. Snpp. 164, 169 (Dist. Ct., Mich., 1934); Dehan v. Hotel and Restaurant Employees, etc., 159 So. 637, 647 (La., 1935); Ex Parte McCardle, 7 Wall. 506. ()

En verdad, si bien al principio de su alegato el demandante alega qne la Ley núm. 2 es nula, luego admite que no tiene derecho adquirido alguno en el remedio de injunction del cual la Legislatura no le puede privar. Argumenta sin embargo que “cuando el demandante radicó su demanda tenía una buena causa de acción contra los demandados para ser efectiva la cual no puede dejársele sin remedio judicial alguno.” En apoyo de esta manifestación, cita los casos de Honeyman v. Jacobs et al., 306 U.S. 539; United States v. Standard Oil Co. of California et al., 21 F. Supp. 645 (Dist. Ct. Calif., 1937); Ritholz et al. v. March et al., 105 F.2d 937 (C.C.A. D.C., 1939). Nada encontramos en estos casos que sostenga la contención del apelante. Pero suponiendo que ellos fueran de aplicación, el llamado derecho del demandante aquí no era un derecho privado que la Constitución y la Carta Orgánica le protegen. Sostuvimos en el caso de Buscaglia a la pág. 22, que una acción del contribuyente era de naturaleza pública y no privada. Tanto allí como aquí el contribuyente instó sn acción para vindicar el interés pú-blico. Véase IV Dillon, Municipal Corporations (5ta ed.) págs. 2784-5. Como cuestión de beebo, el propio deman-dante alega en su demanda que la radica a nombre propio como contribuyente y a nombre y en representación de todos los demás contribuyentes de Puerto Eico. Bajo dichas cir-cunstancias, aun si supusiéramos, sin decidirlo, que cuando se aprobó la Ley núm. 2 existía un derecho adquirido en el caso pendiente, éste era un derecho que pertenecía al pú-blico, y no a ningún individuo en particular. En su conse-cuencia, cuando la Legislatura por la Ley núm. 2 privó a las cortes de jurisdicción para conocer de tales derechos públi-cos aun en casos pendientes, ello no menoscabó los específi-cos e individuales derechos privados del demandante que tanto la Constitución como la Carta Orgánica protegen.

Arguye además el demandante que la Legislatura no puede por fíat legislativo privarlo de un fallo judicial a su favor; a saber, las resoluciones de la corte inferior concediéndole un injunction preliminar y el nombramiento de un síndico. Pero no hemos encontrado caso alguno que resuelva que un litigante no puede ser privado de un “fallo” judicial a su favor que es meramente provisional y tiene por miras preservar el statu quo hasta que se decida definitivamente el caso. La teoría del demandante, hasta donde sabemos, es aplicable sólo a sentencias finales. Y en el presente caso no existía sentencia final a favor del demandante. De cualquier modo, la cuestión primordial aquí es que la Legislatura no privó al demandante del beneficio de las resoluciones concediéndole un injunction preliminar y el nombramiento de un síndico. Ambas expresan que únicamente continuarían en vigor hasta la resolución del caso. Y ellas efectivamente continuaron en vigor hasta la resolución final del caso. Esto es, cuando la corte inferior por primera vez. dictó sentencia final en el caso principal pendiente porque carecía de jurisdicción después de fia aprobación de la Ley núm. 2, el injunction preliminar y la sindicatura fueron necesariamente terminados por la corte con motivo de la sentencia final a favor de los demandados. ()

El apelante sostiene además que la corte inferior erró al dictar sentencia sin darle una oportunidad de ser oído en relación con la validez y aplicabilidad de la Ley núm. 2. La corte de distrito, según fiemos visto, dictó sentencia desestimando el caso por falta de jurisdicción en febrero 25, horas después de la aprobación de la Ley núm. 2, sin notificar u oír a las partes, a pesar de que el caso estaba señalado para juicio a la mañana siguiente.

La corte inferior debió conceder al demandante la opor-tunidad para que tanto ante ella como ante este Tribunal, pudiera atacar la validez y aplicabilidad de la Ley núm. 2 al caso de autos. En verdad, si existía una cuestión sustan-cial en cuanto a la validez y aplicabilidad de la Ley núm. 2, la corte inferior habría tenido la facultad para conservar el statu quo a través de una orden de entredicho mientras re-solvía la cuestión sustancial, aun cuando se> resolviera en úl-tima instancia como en el presente que la Ley núm. 2 prohi-bía este pleito. United States v. John L. Lewis et al.,_ U. S. _, 91 L.ed. 595.

Aún más, en adición a atacar la validez y aplicabilidad de la Ley núm. 2, el demandado hubiera deseado levantar algu-nas cuestiones relacionadas con las fianzas prestadas o la sindicatura. O pudo haber expresado el deseo de cambiar su súplica de remedio y solictar una sentencia declaratoria en vez de un injunction. Véase art. 4, Ley núm. 2; Núñez v. Benítez, Rector, 65 D.P.R. 864; Cook v. Fortson,_U.S. _, 91 L.ed. 65, 66, nota 6, opinión separada del Juez Rutledge. Pero cf. Colegio de Farmacéuticos v. Junta de Far- macia, 60 D.P.R. 811; Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434. Ocurre que el demandante no lia hecho reclamación concreta alguna en relación con tales cuestiones ante nos y se lia circunscrito a atacar la validez y aplicabilidad de la Ley núm. 2. Por tanto no encontra-mos razón alguna para devolver el ca'so a la corte inferior para que resuelva estas cuestiones. Pero aun cuando el de-mandante haya deseado hacer valer éstas u otras cuestiones en la corte inferior, ésta lo privó de su oportunidad a ha-cerlo desestimando el caso sin oír a las partes.

Tratando de justificar esta acción de la corte de distrito, los demandados citan Casanovas & Cía., Sucrs., Inc. v. Tribunal de Apelaciones, 61 D.P.R. 56, y Santana v. Salinas, 54 D.P.R. 116. Pero en esos casos nadie fué privado d§ una oportunidad de ser oído. Las partes argumentaron sus ca-sos y los sometieron a esta Corte. Luego, concluimos que no teníamos jurisdicción. En su consecuencia, era nuestro de-ber archivar los casos. Pero ellos escasamente constituyen autoridad para la proposición de que una corte, sin esperar a oír a las partes quienes pueden desear enmendar sus ale-gaciones o levantar cuestiones que no se le han ocurrido a la corte, deba revisar sus registros y archivar todos los casos sobre los cuales crea ella que no tiene jurisdicción.

Este caso fué uno de gran interés público. Los jueces no viven en un vacío. Sabemos lo que el resto de la comu-nidad sabe. Y sabemos de que el fin inmediato de la Ley núm. 2 fué quitarle el derecho al demandante para conseguir su remedio en este caso. Bajo tales circunstancias era de suma importancia que las cortes, una ramá independiente del gobierno, le dieran al demandante toda oportunidad de demostrar, de poder hacerlo, que la Ley núm. 2 era nula o no se aplicaba a este caso, o hacer cualesquiera otras alega-ciones. Este caso estaba señalado para vista en la mañana siguiente al día de la aprobación de la Ley núm. 2. Indu-dablemente que los demandados al comenzar la vista del caso habrían solicitado el archivo del mismo en virtud de la apro-bación de la Ley núm. 2. Y la corte hubiera- podido enton-ces oír al demandante y decidir prontamente el asunto.

Estamos satisfechos ahora, después de oír a las partes y examinar el récord, el estatuto y los casos, que la corte inferior resolvió correctamente, al ordenar el archivo del caso en vista de las contenciones hechas por el demandante ante esta Corte. Pero la corte de distrito debió haber espe-rado hasta la mañana siguiente y debió haber oído a las par-tes en cuanto a la validez y aplicación de la Ley núm. 2. Re-cientemente pusimos de manifiesto la importancia de per-mitirle a las partes argumentar sus casos. Resolvimos que era un error que daba lugar a la revocación de un caso criminal visto ante tribunal de derecho, el que una corte de distrito se negara a permitirle al abogado del acusado, infor-mar su caso después de haberse sometido toda la prueba. Pueblo v. Díaz Rivera, ante, pág. 80. Nadie ha sugerido que este Tribunal debió decidir las importantes cuestiones presentadas por este caso sin oír a las partes. Otorgamos al demandante tal vista; no podemos ver por qué la corte inferior no pudo hacer lo mismo. Esperar hasta la mañana siguiente no podía en manera alguna perjudicar a los de-mandados : los bienes de la Compañía nunca salieron de ma-nos de Pennell, su Administrador General, ya que el nuevo síndico nombrado para reemplazarle nunca tomó posesión de su cargo. Por otro lado, la celebración de una vista, no im-porta cuán breve fuera, se hubiera ajustado a la tradición de nuestras cortes de que una parte en un caso será oída antes de que se le dicte sentencia en contra.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      (1)Se queja el demandante de que la Ley núm. 2 deja a la comunidad sin remedio alguno ante los tribunales para proteger la erogación de fondos públicos. Pero “debe recordarse que las legislaturas son guardianes de las libertades y del bienestar del pueblo en tan alto grado como lo son los tribunales.” El Juez Holmes, en Missouri, Kansas & Texas Ry. Co. v. May, 194 U.S. 267, 270. “Los tribunales no son la única rama del gobierno que se presume tenga capacidad para gobernar.” El Juez Stone disintiendo en United States v. Butler, 297 U.S. 1, 87. Y si los funcionarios públicos se apartan del cumplimiento de su deber, existen en una democracia otras sanciones, incluyendo las urnas, mús efec-tivas que la judicial.

      (2) En vista de la prohibición absoluta de la sección 2 de la Ley núm. 2 contra las acciones del contribuyente, no creemos necesario examinar aquí la- va-lidez de la Ley núm. 1. De igual manera, este caso no envuelve una situación en que los derechos particulares 'de un individuo estén directamente afectados por las operaciones de la Compañía Agrícola. . " •


author: El Jvez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Rivera Irizarry, acusado y apelante.
    Núm. 11818.
    Sometido: Abril 1, 1947.

      Resuelto: Abril 14, 1947.

      Leopoldo Tormos Garda, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis N&grén Fernández, y Joaquín Correa Suarez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Jvez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó al apelante en la corte de distrito de haber ven-dido el 20 de julio de 1946, media libra de bacalao en 15 centavos, en violación de la Orden Administrativa número 68 del 30 de junio de 1946, promulgada por el Administrador General de Suministros de conformidad con la Ley núm. 228, Leyes de Puerto Eico, 1942, ((1) pág. 1269). El acusado fúé convicto y apeló de la sentencia condenándolo a la pena de tres meses de cárcel y $50 de multa.

El acusado alega primeramente que la Orden Administrativa núm. 68 es nula. Arguye que la Ley núm. 228, bajo la cual se promulgó la Orden, es nula porque al establecer en ella el cargo de Administrador General de Suministros, la Legislatura violó la sección 37 de la Carta Orgánica, 48 U.S.C.A., see. 774, que prohibe la creación por la Legislatura de un nuevo departamento ejecutivo.

El artículo 2 de la Ley núm. 228 crea una Administra-ción General de Suministros, bajo la dirección de un Admi-nistrador General de Suministros, nombrado por el Gober-nador con el consentimiento del Senado. El artículo 2 fa-culta al Administrador para dictar aquellas reglas y órdenes que crea necesarias para poner en vigor las disposiciones de la Ley. Y el artículo 3 dispone en detalle para el esta-blecimiento de precios máximos por orden del Administra-dor.

La -Ley Federal de Emergencia Sobre Control de Precios no regía durante el período comprendido entre el primero y el 25 de julio de 1946. Latoni v. Corte Municipal, ante, pág. 140. En su consecuencia, el 30 de junio el Administrador General de Suministros promulgó la Orden General Admi-nistrativa núm. 68, adoptando por referencia todas las órde-nes y reglamentos de la Oficina Federal de Administración de Precios en cuanto a las ventas de artículos de primera ne-cesidad y disponiendo que las infracciones a dicta orden se-rían castigadas con multa no mayor de $5,000 y cárcel por no menos de tres meses ni más de dos años. El delito aquí im-putado ocurrió el 20 de julio de 1946, mientras la Ley Federal no estaba en vigor, cubriendo dicto delito la Orden Ad-ministrativa.

Suponemos, sin decidirlo, que a pesar del art. 12 de la Ley núm. 228 y del caso de Yakus v. United States, 321 U.S. 414, puede atacarse en este procedimiento la validez de la Orden Administrativa. Sin embargo, no podemos convenir en que la Orden sea nula.

En Irizarry v. Corte de Distrito, 64 D.P.R. 94, 101, resolvimos que la Legislatura Insular puede adoptar por referencia reglamentos federales sobre precios, ya existentes. También resolvimos a las págs. 102-4 que la Legislatura puede adoptar por referencia reglamentos federales a promulgarse en el futuro. La teoría de esta última decisión fué que al así disponerlo la Legislatura válidamente “ba elegido al Administrador Federal como el funcionario administrativo que tendrá poder ‘para ultimar los detalles’ dentro de las amplias pero válidas normas establecidas por la propia ley” (pág. 102). Y dijimos a la pág. 104, citando Eco parte Cerino, 77 P. 166 (Calif., 1904), que “el poder de ultimar los detalles a veces es delegado válidamente -aun a entidades privadas.”

La cuestión aquí envuelta es limitada. No tenemos que ver en este caso con el punto de si la Administración General de Suministros es un departamento ejecutivo. Más bien la cuestión es si la Legislatura lia establecido válidamente un delito que el acusado ba cometido. Como temos visto, aun un individuo particular puede ultimar los detalles dentro de una norma válida fijada por la Legislatura. Por tanto no tenemos que investigar en cuanto a la capacidad oficial del Administrador o en cuanto a su status dentro del Acta Orgánica. La Legislatura creó el delito. El Administrador, ya le llamemos un funcionario o un ciudadano particular, tomó la acción para la cual estaba autorizado en virtud de la Ley núm. 228. Por tanto resolvemos que la violación de la Orden Administrativa constituyó un delito y no tiene pertinencia en este caso la cuestión de si la Administración es un departamento ejecutivo.

No podemos convenir con la contención del acusado de que el delito aquí imputádole no estaba definido por ley. El artículo 10(a) bace ilegal la venta de cualquier artículo en violación de cualquier regla u orden expedida bajo la Ley núm, 228. Y el artículo 13(b) dispone que cualquier persona que voluntariamente violare alguna disposición de la Ley será castigada con multa que no excederá de. $5,000 y cárcel por un término no menor de tres meses ni mayor de dos años. En adición, el artículo 13(b) y las disposiciones de la Orden Administrativa fijando penalidades por violación a la misma son idénticas. Por tanto dejamos sin resolver por ser académica la cuestión en cuanto al poder del Admi-nistrador bajo la Ley núm. 228 para fijar penalidades.

El acusado alega también que aunque el artículo 2(c)' autoriza al Administrador a dictar reglas y órdenes, la Leyno dispone que tales reglas y órdenes tendrán fuerza de ley.. Esta es una contención frívola. El artículo 10(a) expresamente bace ilegal la venta de cualquier artículo en violación, de una orden o regla del Administrador.

Finalmente, afirma el acnsado que el récord no contiene evidencia suficiente para sostener sn convicción, ya que la Orden Administrativa no fné introducida en evidencia y los tribunales no pueden tomar conocimiento judicial de la misma. No hacemos un alto para determinar si las cortes pueden tomar conocimiento judicial de una Orden estableciendo precios específicos. Aquí la orden simplemente adoptó por referencia todos los reglamentos de la Oficina de Administración de Precios, incluyendo uno prohibiendo la venta de bacalao a más de 23 centavos libra. Y una vez que aparecen publicados en -el Federal Register, las cortes pueden tomar conocimiento judicial de tales reglamentos federales. United States ex rel. Brown v. Lederer, 140 F.2d 136, 139 (C.C.A. 7, 1944), certiorari denegado, 64 S.Ct. 1047. En su consecuencia, todo lo que se nos pide que aquí hagamos es tomar conocimiento judicial de que durante el interregno de 25 días cuando no estaba en vigor la Ley Federal, los reglamentos promulgados bajo la misma fueron adoptados por referencia en virtud de la ley insular. Esto fue proclamado oficialmente por el Gobernador y fué un hecho tan notorio y de conocimiento tan general en esta comunidad que las cortes pueden tomar conocimiento judicial del mismo. Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 136, 140; véanse De Castro v. Junta de Comisionados, 59 D.P.R. 676, 684-86; Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, 507-9; Tugwell, Gobernador, v. Corte, 64 D.P.R. 220, 246.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.