author: El Juez Presidente Sr. Hernández JUEZ ASOCIADO, SEÑOR WOLF.

text:
    Román, Peticionaria y Apelada, v. Agosto, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en procedimiento de mandamus.

    No. 1998.
    Resuelto en junio 28, 1919.
    Notarios — Copia Certificada de Parte de un Testamento — Reconocimiento de I-Iijo Natural Iíeci-io en Testamento — Inscripción del Reconocimiento— Registro Civil — Parte Interesada con Derecho a Solicitar Copia de Do-cumentos Notariales. — Los notarios, previo pago de sus honorarios, están obligados a expedir copia certificada de la cláusula testamentaria en la cual conste el reconocimiento de un hijo natural, pues éste' tiene derecho a inscribirlo en el Registro Civil, aun cuando no haya ocurrido la muerte del testador; y a los efectos de la sección 25 de la Ley Notarial tal como quedó enmendada en marzo 12, 1914, no solamente es parte interesada para solicitar .dicha copia el hijo natural reconocido, sino cualquiera de sus padres.
    1ÍECOXOCIMIEXTO DE HIJO NATURAL HECHO EX TESTAMENTO-FILIACIÓN-INTEN-CIÓN del Testador. — Produciendo como produce sus efectos y de un modo irrevocable el reconocimiento de un hijo natural hecho por testamento desde el momento en que se otorga, huelga el ejercicio de la acción de reconocí miento para obtener lo que ya se ha obtenido por la voluntad del padre manifestada solemnemente, y cuya intención no pudo ser la de que el reco-nocimiento hubiera quedado reservado en el protocolo del notario, pues de haber sido esa su voluntad hubiera hecho testamento cerrado.
    Protocolo — Evidencia—Protocolo Ofrecido como Prueba. — No comete error un tribunal por el hecho de ordenar a un notario que exhiba su protocolo espe-cialmente en un caso como el presente en el cual la orden tiende a evidenciar-si el reconocimiento se había llevado o no a efecto.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel B. de Jesús.

    Abogado de la apelada: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Brígida Román solicitó de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en 27 de agosto de 1918, librara auto de mandamus contra el Notario Adrián Agosto para que le expidiera copia del testamento otorgado por Manuel Font Jiménez, con fecha 31 de julio de 1916, en que reco-noció como hija suya a la niña nombrada Josefina Manuela, procreada por dicho Font Jiménez y la peticionaria, cuya copia le había negado -el expresado notario a pesar de estar dispuesta a pagarle los derechos y honorarios que le corres-pondieran por tal servicio.

El auto de mandamus fué expedido en forma alternativa y habiéndose opuesto a su cumplimiento el notario deman-dado porque los hechos alegados no eran suficientes para jus-tificarlo y por impedírselo sus deberes notariales tratándose como se trataba de un testamento cuyo otorgante aun vivía, fué visto el caso con asistencia de ambas partes, recayendo sentencia en 7 de octubre de 1918 por la que se ordena al Notario Adrián Agosto Abadía expida a la peticionaria co-pia legalizada de la cláusula de reconocimiento de hija natural a favor de Josefina Manuela, cuya cláusula es parte del testamento otorgado por Manuel Font Jiménez ante el refe-rido notario en 31 de julio de 1916 bajo el No. 34 del proto-colo. de dicho año.

Esa sentencia ha sido recurrida para ante esta Corte Su-prema por el notario demandado y se alegan como motivos del recurso que la peticionaria no es parte interesada a los efectos de la sección 25 .de la Ley Notarial, porque el reco-nocimiento hecho en testamento no tiene efecto hasta des-pués de la muerte del testador y porque la sección 25 citada en relación con la 23 autoriza a los notarios para expedir copias íntegras de los documentos que ante ellos se otorguen pero no de una parte de los mismos, habiendo además la corte cometido error al ordenar al notario en el acto de la vista que le exhibiera el protocolo del año 1916 en que obraba el testamento de que se trata.

“Testamento,” según el artículo 675 del Código Civil, “es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos.” De ahí que la naturaleza jurídica del testamento es la disposi-. ción de los bienes para después de. la muerte del testador por lo que en cuanto a ellos no produce efecto legal hasta después que ocurre el fallecimiento. Servera v. Otero, 22 D. P. R. 367.

Según el artículo 727 del mismo código todas las dispo-siciones testamentarias son esencialmente revocables, aun-que el testador exprese en el testamento su voluntad o reso-lución de no revocarlas; pero como excepción a ese precepto general estatuye el artículo 731 que el reconocimiento de un hijo ilegítimo no pierde su fuerza legal aunque se revoque el testamento en que se hizo. Como consecuencia de la anterior excepción el reconocimiento de un hijo natural por medio de testamento produce sus efectos legales desde el momento en que se hace sin que sea necesario esperar la muerte del testador, y en virtud de dicho reconocimiento el hijo natural adquiere, los derechos de tal, los que no podría hacer efectivos sino mediante la prueba justificativa del acto de reconocimiento que en el presente caso no es otra que la copia de la cláusula del testamento de Manuel Font Ji-ménez en que se hizo, la que ha de anotarse en el registro civil para que exista en él constancia fehaciente del recono-cimiento de la niña Josefina Manuela.

Comentando Manresa el artículo 741 del Código Español que corresponde al 731 del revisado, después de establecer los motivos que existen para que puedan ser revocadas las disposiciones testamentarias, se expresa en los siguientes términos:

“Pero no sucede lo mismo con la declaración que se hiciere reco-nociendo un hijo ilegítimo, puesto que se trata de un hecho cuyas-circunstancias esenciales no están sujetas a modificación ni depen-den de la voluntad del otorgante. Por el contrario, ese reconoci-miento hecho constituye una confesión de la paternidad determinante desde su origen de la mutualidad’ de derechos y obligaciones, con-secuencia del estado legal de-familia; y reconocido este hecho en documento indubitado, basta que exista un solo momento para que produzca sus efectos de un modo irrevocable.” 5 Manresa 723-4.

Produciendo como producen sus efectos y de un modo irrevocable el reconocimiento de un hijo natural hecho por testamento desde el momento en que se otorga, huelga el ejercicio de la acción de reconocimiento para obtener lo que ya se ha obtenido por la voluntad del padre manifestada: solemnemente y cuya intención no pudo ser la de que el reco-nocimiento hubiera quedado reservado en el protocolo del notario, pues de haber sido esa su voluntad hubiera hecho testamento cerrado.

La sección 25 de la Ley Notarial de 8 de marzo de 1906, tal como quedó enmendada por la Ley No. 15 de 12 de marzo de 1914, dice así:

“Las partes, sus causantes y causahabientes en la materia del contrato, y cualquier persona que aparezca interesada en el mismo, podrán solicitar y obtener del notario las oportunas copias de las escrituras matrices. Y cualquier otra persona podrá también ob-tener copia de un documento notarial mediante petición justificada ante una corte de distrito, que a su razonable discreción podrá librar una orden a ese efecto.”

El texto de la sección 23 de la Ley de 8 de marzo de 1906 es el siguiente:

“Se entiende por copia el traslado literal que de un documento 'otorgado ante un notario libre éste o el que tenga legalmente a su cargo el protocolo a los que la soliciten.”

Si en los casos autorizados por la sección 25 que dejamos transcrita puede un notario expedir copia de todo un docu-mento notarial por la misma razón puede expedir copia de la parte o cláusula de un testamento en que se reconozca un derecho con independencia de las demás partes del docu-mento. Y no solamente es parte interesada para solicitar dicha copia el hijo natural reconocido sino también cualquiera de sus padres, pues tanto a la madre como al padre afectan los efectos del reconocimiento.

Tampoco cometió error la corte al ordenar al notario ex-hibiera su protocolo del año 1916 pues el cumplimiento de esa orden tendía a evidenciar si el reconocimiento se había llevado o no a efecto para en su virtud estimar la proce-dencia o improcedencia del mandamus solicitado.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada,.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO, SEÑOR WOLF.

En frecuentes opiniones esta corte ha declarado que un hijo natural adquiere un estado legal en dos formas, ya por un acto voluntario por parte del padre hecho constar en una escritura, testamento u otro documento público o acto so-lemne, o mediante sentencia de una corte ordenando que se haga tal reconocimiento por el padre del hijo, o por sus he-rederos en caso de que el padre haya fallecido.

En este caso la teoría de la peticionaria y de la corte inferior, así como de este tribunal, era que la hija en cues-tión había adquirido el status legal y voluntario de hija natural y que por ello era innecesario establecer una acción para obligar a hacerse el reconocimiento. La consecuencia necesaria de la opinión de esta corte es que ha habido y existe un reconocimiento solemne de la supuesta hija natural.

El artículo 675 del Código Civil dispone lo siguiente:

“El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes, o de parte de ellos, se llama testamento.”

El acto solamente ha de tener efecto a la muerte de la persona que lo ejecuta. De esto parece deducirse concluyen-temente que el acto no tiene efecto alguno hasta que ocurra la muerte..

Pero dice la opinión de la mayoría que por virtud del artículo 731 del Código Civil el reconocimiento no pierde su fuerza legal aunque se revoque el testamento en el cual se hizo. En vista de este precepto la corte, según parece, llega a la conclusión de que un reconocimiento hecho en tes-tamento es eficaz inmediatamente. No se expresan las pre-misas intermediarias y la corte necesariamente sostiene tam-bién que puede recurrirse asimismo a un procedimiento ad-jetivo, qua mandamus, con el fin de hacer que un notario presente determinada cláusula de un testamento que está bajo su custodia. No encuentro en ninguna parte nada que ex-prese que un reconocimiento hecho en un documento cuyo objeto es que sea un testamento, sea eficaz inmediatamente. El capítulo en el cual aparece dicho artículo 731, se refiere únicamente a la revocación e ineficacia de los testamentos. Del hecho de qne la revocación de nn testamento no afecte al reconocimiento no se deduce qne se cambie la naturaleza del “acto” mencionado en el artículo 675. Permanece allí in-mutable hasta qne la Legislatura decrete otra cosa, como nn acto qne ha de ser eficaz a la muerte del testador. La revocación no podría acelerar el acto si éste únicamente ha de tener efecto a la muerte del testador. La revocación de un testamento no es equivalente a la muerte del testador.

Pueden hacei'se escritos para convertirse luego en escri-turas, pero únicamente se convierten en tales escrituras al ser entregados. De igual modo puede hacerse un documentó o escrito para convertirse en testamento de determinada persona, pero solamente llega a ser tal testamento con motivo de su muerte.

No trato de decir ahora que este escrito no podía servirle al hijo natural para obtener un reconocimiento, pero sostengo que no existe testamento y, por tanto, ningún acto solemne hasta la muerte del testador. Antes de llegar ese momento el documento permanece en suspenso y no figura como do-cumento solemne.

Alguien podría pensar que realmente estamos tratando de un testamento revocado. Tal no es el caso. El supuesto otorgante del testamento, del acto definido en el artículo 675 que ha de surtir efecto al ocurrir la muerte, no ha revocado su testamento. Todavía se presume que es un testamento cuyo objeto es que surta efectos a la muerte de Manuel Font y Jiménez. El artículo 731 es aplicable solamente a los tes-tamentos revocados.

El supuesto testador no ha fallecido. No se trata aquí de un testamento que se encuentra en el protocolo de un notario y que adquiere la fuerza de documento público por razón del fallecimiento. Sólo en ese momento es que tiene aplicación el artículo 731 para proteger al hijo natural. El testamento, aun cuando haya sido revocado, ha de tener efecto en cnanto a nn reconocimiento como si jamás hubiera sido revocado. La cláusula o cláusulas de reconocimiento n otras análogas surtirán el mismo efecto que las que tendrán las disposiciones de un testamento que no ha sido revocado, y nada más. Estas disposiciones solamente surten efecto al ocurrir la muerte. Un hijo natural puede ser reconocido por documento público, pero un documento no es un documento público meramente porque un notario dé fe del mismo. El documento tiene que ser un acto humano lo mismo que una escritura o testamento. Si un notario certifica que se recitó ante él una poesía, la recitación no es un acto para la ley y, por tanto, no es un documento público. Un testamento se conoce por tal al ocurrir el fallecimiento, por tanto, de nuevo insisto en que no puede haber documento público ni recono-cimiento por testamento hasta que teng'a lug’ar el fallecimiento,

Supongamos, sin embargo, que el testamento surta efecto antes de la muerte para los fines de un reconocimiento, a pesar de esto, el testamento tendrá que ser examinado para ver si se otorgó de acuerdo con las formalidades de la ley, o si es en cambio ineficaz como testamento. El acto de dar fe del notario ante los testigos y demás formalidades ha de hacerse constar. En el presente caso se exige que el notarin transcriba una. cláusula cuya transcripción por sí sola no muestra las debidas' formalidades. En otras palabras, se exige el notario que transcriba una cláusula sin'demostrarse antes que la cláusula es tal acto solemne que confiere al hijo el status.

Creemos que la peticionaria debió haber tenido alguna idea de esto, pues ella solicitó una copia del testamento mismo, pero la corte inferior, según parece, creyó que no tendría ella derecho a conocer el contenido de los demás particulares del testamento y circunscribió, por tanto, su mandamus a la copia de la cláusula en que se reconoce a la hija.

Esta decisión dice además que las cortes tienen facultad para obligar a nn notario a leer un testamento, a buscar su contenido y sacar de él la cláusula en que se supone o alega que se reconoce al hijo natural. Es bien sabido que el no-tario que redacta un testamento no siempre es el guardián del protocolo, pero aun cuando lo sea, no existe presunción de - que él conoce el contenido del testamento. De acuerdo con la ley, artículo 25 de la Ley Notarial como quedó en-mendada, solamente se exige al notario el acto mecánico de hacer copias. No se le impone el deber de extraer de un testamento una cláusula la cual puede suponerse que favo-rece a persona determinada. Este no es el aspecto más im-portante del caso pero es quizás el más claro puesto que la Ley de Mandamus existe solamente para obligar al cumpli-miento de un deber. El notario no tiene obligación alguna de hacer una elección, lo que envuelve cierto ejercicio del en-tendimiento y discreción.

Supongamos que la cláusula en el testamento diga como frecuentemente sucede: “Confiero a mi hijo Juan cierta pro-piedad (especificándola).” Si el hijo que se menciona es un hijo natural, sería particularmente eficaz como un reco-nocimiento, pero que el hijo es natural u otros particulares relativos a su identificación tendría que hacerlos el notario. El notario tendría que considerar la suficiencia de la cláu-sula así como de la identificación del hijo. .

El testamento es un acto personal. El acto que se exige al notario es personal. La Ley de Mandamus es de poca aplicación bajo tales circunstancias.

Además en este caso de mandamus en particular existe el hecho de que no es la hija la que solicita la copia de la escritura notarial. Es la madre de la hija la que la exige por virtud de la patria potestad que tiene sobre ella. Si ella hubiera establecido esta acción a nombre de la hija el caso podría ser distinto, pero no me parece que tenga ella el interés que la ley requiere.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Díaz, Demandante y Apelado, v. Arkadia Sugar Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1863.
    Resuelto en junio 28, 1919.
    Daños y Perjuicios — Negligencia — Empleado — Patrono — Deber del Em-pleado de Notificar al Patrono — Ley Sobre Responsabilidad de Patro-nos, de 1901. — Cuando, eomo en el presente caso, la acción se funda, no en la ley relativa a la responsabilidad de los patronos, de 1901, sino en el ar-tículo 1803 del Código Civil, el empleado que demanda a su patrono pidiendo indemnización de daños y perjuicios no tiene el deber de notificar al pa-trono del hecho del accidente dentro de los treinta días señalados por dicha ley, ni podrá estimarse prescrita su acción por haberse interpuesto la de-manda después del plazo de seis' meses de ocurrido el accidente fijado por la misma.

      Id. — Id.—Ahdamios y Barandillas, — La Ley No. 30, de 1913, impone al patrono que intenta construir o reparar algún edificio, la obligación ineludible de construir, en beneficio y para la seguridad de sus carpinteros, albañiles u otros empleados, un “andamio, plataforma u otro aparato similar, que ten-drá, siendo posible, dos pies de ancho por lo menos, e irá cercado de una barandilla de seguridad.” Las palabras “siendo posible” se refieren al ancho del andamio. Con respecto a las barandillas, el estatuto claramente prescribe que el andamio debe ir cercado por ellas.
    Id. — Id.-—Conocimiento de los Defectos por el Patrono — Notificación por Parte del Empleado. — Cuando el defecto consiste en haber dejado el patrono de cumplir con alguna de ¡as obligaciones que le impone la ley, no es nece-sario alegar ni probar que el empleado le notificó la existencia del defecto, para concluir que el patrono estaba enterado, ya que debe presumirse que el patrono conocía necesariamente sus propias actuaciones.
    Id. — Id.—Asunción del Riesgo — Limitación de la Teoría de la Asunción del Riesgo. — Según el peso de las autoridades, la teoría de la asunción del riesgo (asumption of risk), no es aplicable al caso en que el patrono deja de cum-plir con un deber impuéstole por la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Ahogado del apelado: >Sr. Francisco González.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Inocencio Díaz entabló demanda en la Corte de Distrito de Hnmacao contra la “Arkadia Sugar Company”, una cor-poración organizada de acuerdo con las leyes de la isla, en reclamación de dos mil pesos por daños y perjuicios. Se alega en la demanda, en resumen, que el 8 de diciembre de 1915, el demandante estaba empleado,, por la corporación de-mandada, trabajando como ayudante de carpinteros, en la construcción de una casa de la factoría de la demandada, bajo las órdenes de sus capataces, sobre un andamio que se utilizaba para realizar el trabajo, y que al ir a colocar una vig’a sobre el andamio, perdió el equilibrio y a causa de no tener la demandada un andamio apropiado, rodó al suelo desde una altura bastante elevada, fracturándose un brazo y recibiendo otras contusiones de carácter grave, necesitando asistencia médica por espacio de cinco meses y quedando im-posibilitado de trabajar en el futuro en su oficio. Que el accidente se debió a la negligencia de la demandada que no facilitó a sus operarios un andamio en las condiciones exi-gidas por la ley, con baranda y pisos sólidos. Que la de-mandada tenía conocimiento del estado peligroso del anda-mio. Que el demandante se lo liizo saber repetidas veces.

La demandada alegó que la demanda no aducía beclios suficientes para determinar una causa de acción. Señalado día para la vista de la excepción, sólo compareció el deman-dante y la corte entendiendo que la demanda era suficiente, desestimó la alegación de la demandada. Esta entonces con-testó la demanda negando todos y cada uno de los hechos de la misma, y luego enmendó su contestación alegando como materia nueva que el demandante nunca trabajó con la de-mandada, ni con ninguno de sus empleados, por orden de la demandada; que el andamio en que trabajaban los empleados de la demandada estaba en perfecto estado, provisto de ba-randas, pisos y todo lo necesario para la seguridad de los empleados, y que el accidente ocurríclole al demandante se debió a su propia negligencia y no a la de la demandada que nada tenía que ver con el trabajo que realizaba el deman-dante en el edificio de la factoría de la demandada.

Trabada así la contienda, se celebró la vista en la que ambas partes practicaron pruebas, decidiendo la corte de distrito finalmente el caso en favor del demandante. Dicha corte, en sn decisión, se expresó como sigue:

“De un detenido estudio de la prueba practicada, esta corte llega a la conclusión de que se ban probado todas las alegaciones de la demanda; que las lesiones sufridas por el demandante revisten un carácter de gravedad tal que diebo individuo, joven vigoroso con anterioridad al accidente, que podía realizar cualquier clase de tra-bajo fuerte, ba quedado de tal manera y tan gravemente lesionado, que no podrá jamás realizar trabajo alguno, toda vez que ba per-dido por completo el uso y movimiento del brazo derecho y en gran parte del brazo izquierdo, y sus extremidades inferiores están tam-bién seriamente afectadas. En realidad de verdad, el demandante tendrá que vivir la vida de un menesteroso o de un indigente, puesto que careciendo de bienes de fortuna y no pudiendo trabajar, tendría que implorar para su subsistencia la caridad ajena, si la corte no le acordara el derecho que él reclama de la corporación demandada. La negligencia de ésta es negligencia per se, en atención a no haberse dado cumplimiento a las disposiciones de la ley número 30 apro-bada en 13 de marzo de 1913, proveyendo para la construcción de andamios.”

No conforme la corporación demandada, apeló para ante esta Corte Suprema. El demandante apelado compareció al acto de la vista del recurso, pero no presentó alegato escrito.

Sostiene la parte apelante que la demanda no aduce he-chos suficientes para determinar una causa de acción, porque en ella no se alega que el demandante diera aviso, dentro del término de treinta días fijado por la “Ley relativa a la responsabilidad de los patronos, por accidentes .que, en su servicio, sufran sus empleados,” aprobada en 1 de marzo de 1902, del momento, lugar y causa de la lesión; y sostiene además que habiéndose interpuesto la demanda después de seis meses de ocurrido el accidente, por mandato de la ley citada carecía ya de acción el demandante.

Las anteriores contenciones, parten de la base de que este pleito está regulado por la ley invocada. Dicha ley es-taba en efecto en todo su vigor cuando ocurrió el accidente y cuando la demanda se interpuso, pero ¿era la única en que podía basar su acción el demandante?

A nuestro juicio no era la única, existiendo como existía también en vigor el precepto general contenido en el artículo 1803 del Código Civil Revisado, precepto que ba regido en Puerto Rico desde 1889, ya que el artículo 1803 del Código Civil Revisado es igual al artículo 1902 del Código Civil antiguo.

Desde 1908 esta Corte Suprema, por medio de su juez, Sr. Figueras, dijo:

“Por la demanda parece que se ba tenido el propósito de fundar la acción de daños y perjuicios que se ejercía en la ley relativa a la responsabilidad de los patronos por accidentes que, en su servicio, sufran sus empleados. (Ley aprobada en primero de marzo de 1902.) Pero esta inteligencia desaparece luego al leer la súplica de la misma, toda vez que la reclamación se hace ascender a 10,000 pesos cuando la ley anteriormente citada sólo autoriza al demandante en este caso a reclamar como máximum la cantidad de dos mil dollars. (Véase la sección 2ª. de la ley, 323 de los Estatutos Revisados.)
“V tan natural resulta esta inteligencia de la demanda que el juez sentenciador presume que sólo por equivocación han podido pe-dirse 10,000 pesos como indemnización, y considera y analiza la reclamación como si estuviese comprendida en la ley ya citada y como si sólo se reclamasen $2,000.
“El apelante en su alegato escrito presentado ante esta Corte Suprema claramente dice que su demanda se funda en los artículos 1803 y siguientes del vigente Código Civil y puesto que no hay in-compatibilidad entre ambas leyes y que el Código Civil Revisado es posterior a la ley de patronos, consideremos y resolvamos este caso conforme al código dentro del que plantea ahora la cuestión el apelante y demandante Román Natal.” Natal v. Bartolomey et al., 14 D. P. R. 486, 488.

La opinión de esta corte está sostenida por los prece-dentes y por la jurisprudencia americanos. Bajo el epígrafe “Derechos de acción concurrentes bajo los estatutos y bajo la ley común,” dice C. B. Labatt, en sus “Comentarles of the Law of Master and Servant,” segunda edición, tomo 5, pág. 5144, párrafo 1667, resumiendo la jurisprudencia, “un empleado no está impedido por las prescripciones de cual-quiera de estos estatutos” (se refiere a las leyes sobre res-ponsabilidad de patronos), “de recobrar daños en una ac-ción basada en la ley común, si las circunstancias fueren tales que lo hubieran autorizado para sostener tal acción antes de ser aprobados dichos estatutos. Y el hecho- de que el de-mandante pueda haber sostenido una acción de acuerdo con la ley común, no le priva de los beneficios del estatuto. Pero si la acción se establece basada en que existió negligencia tal como ésta era entendida por la ley común, el demandante no puede disfrutar de los beneficios del estatuto.”

Siendo esto así, no apareciendo que el demandante fun-dara su acción en la ley relativa a la responsabilidad de los patronos de 1902, cae por su base la contención del apelante, presentada, además, al parecer, por vez primera en este Tribunal Supremo. Y habiendo llegado a la anterior conclu-sión, procederemos al estudio del caso a la luz de lo precep-tuado en el artículo 1803 del Código Civil que dispone que el que por acción u omisión cansa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

¿A qué se debió el accidente? Alegó el apelado que al hecho de no tener baranda el andamio y así lo estimó pro-bado la corte de distrito. Declarando bajo juramento el de-mandante en el acto de la vista, entre otras cosas, dijo:

“Que el día ocho de diciembre de mil novecientos quince, se ha-llaba trabajando en la Central Arkadia Sugar de ayudante de car-pintero, y se cayó de un andamio mal construido. Que esos andamios estaban ma-1 construidos porque el and'amio tenía un tablón sin más baranda ni más nada, cuyo tablón no era nada más que de ocho pul-gadas. — Ese andamio estaba afirmado a un lado y afirmado o otro, pero no había en ese andamio ninguna baranda, nada absolutamente, no había baranda, ni pasa-manos, ni sogas a los lados, no había nada. — Que le ocurrió que estando trabajando en ese andamio, en mo-mentos en que estaba maniobrando con una pieza, se resbaló de la parte contraria mía, y como me quedaba en los pies, me sacó de pies, y yo no encontrándome con otra escapatoria, tuvo que volcar con ella hacia abajo de una altura de treinta a treinta y cinco pies.”

¿Tenía o xlo baranda el andamio? La priieba fue contra-dictoria. Los testigos del demandante sostuvieron que no tenía; los del demandado que tenía. La corte resolvió el conflicto en favor del demandante y no habiéndose demos-trado que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún error manifiesto, debe prevalecer su decisión.

¿Estaba obligada la demandada a construir la baranda? Lo estaba. Era un deber impuéstole por la Ley No. 30, de 1913. Sostiene la demandada que de acuerdo con los térmi-nos de esa ley debió haberse demostrado que “era posible” la construcción de la baranda. No estamos conformes. La ley dice, en lo pertinente: “Todo andamio, plataforma u otro aparato similar, tendrá, siendo posible, dos pies de ancho por lo menos e irá cercado de una barandilla de seguridad.” Las palabras “siendo posible” se refieren al ancho. Con res-pecto a la barandilla, todo andamio debe ir cercado por ella.

Sostiene además el apelante que en la demanda existen alegaciones que no fueron confirmadas por la prueba y se-ñala la 7ª., que dice: “que el demandante había hecho saber a la demandada, repetidas veces, el estado inservible del antes citado andamio.”

En efecto la prueba es deficiente con respecto a este ex-tremo, pero a nuestro juicio para concluir que la demandada conocía la existencia del defecto, no es necesario alegar ni probar que el demandante se lo había notificado. Por minis-terio de la ley, como hemos visto, la demandada estaba obli-gada a construir el andamio. No lo hizo. ¿Qué más hay que probar? La demandada necesariamente conocía sus propias actuaciones.

Y sostiene, por último, la apelante que de la misma de-manda y de la propia prueba del demandante se infiere que en todo caso dicho demandante conocía el defecto y cono-ciéndolo asumió el riesgo que pudiera sobrevenir a conse-cuencia del mismo, no teniendo, por tanto, ningún derecho a reclamar contra el patrono de acuerdo con la jurisprudencia.

Estamos conformes en que la demanda y la prueba de-muestran que el demandante tenía conocimiento.de! defecto y se daba cuenta del riesgo, y también lo estamos en que la doctrina relativa a la asunción del riesgo ha sido reconocida y aplicada por este tribunal. Véase el caso de Cartagena v. Mayagüez Light and Ice Co. 21 D. P. R. 178, 183, y los en él citados.

Pero ocurre aquí una circunstancia que impide la aplica-ción de tal doctrina, a saber: que la negligencia del patrono se debió al hecho de haber dejado de cumplir un deber ixn-puéstole expresamente por la ley y en tal caso no puede in-vocar en su favor la defensa de la asunción del riesgo por parte de su empleado.

Labatt, en sus citados “Commentaries”, tomo 5, pág. 5059 y siguientes, párrafo 1647 a, trata de esta cuestión así:

“Aun cuando las defensas basadas en la doctrina de que por el contrato se asume el riesgo y en la máxima Volenti non fit-injuria teóricamente son distintas, es imposible mantener esa distinción al discutir los casos americanos en los cuales la causa de acción descansa en el incumplimiento del patrono con un deber específico impuéstole por el estatuto. En muchos casos la corte dice de modo expreso que la asunción del riesgo se basa en un contrato tácito; y en otros, se refiere específicamente a la defensa fundada en la máxima; pero muy a menudo se dice que la defensa de que se asume el riesgo se funda en la máxima, o como se ha llegado a decir en algunos casos, que se basa en el contrato y también en la máxima; y del examen de un gran número de casos que envuelven el incumplimiento del patrono con un deber específico del estatuto, parece deducirse que las cortes, ya hagan referencia a la defensa por virtud del contrato o de la máxima, sólo tienen presente una sola defensa, no habiéndose encontrado ningún caso que sugiera que existan dos distintas de-fensas, una de las cuales podría hacerla el patrono, mientras que no la otra. * * *” ' '
“Existe gran diversidad de criterio en las decisiones americanas respecto al punto de si la continuación del empleado en el servicio con conocimiento del hecho de haber el patrono dejado de cumplir con los requerimientos del estatuto, constituye o no defensa en una acción basada en tal incumplimiento por parte del patrono. La mayoría de las autoridades sostienen (y esta doctrina al parecer va tomando incremento), que un empleado no asume el riesgo que pueda derivarse del incumplimiento del patrono con un deber estatutorio.
“Generalmente se sostiene en casos de esta naturaleza que la doctrina de que se ‘asume el riesgo’ está basada en un contrato tá-cito; y, por consiguiente, estaría en contra de la política pública permitir que contrate el patrono en contra de los efectos de una infracción del estatuto. Se infiere necesariamente de esta teoría que un precepto del estatuto impone al patrono obligaciones superiores a las impuestas 'por la ley común; este criterio se adopta de modo expreso, por lo menos en un caso, pero no faltan casos que sostienen lo contrario. El criterio más racional parece ser que el permitir a un empleado asumir tal riesgo prácticamente sería anular el efecto beneficioso del estatuto, pues sería posible para el patrono que con simplemente hacer saber al empleado que no puede cumplir con el mandato de la ley, eludiera cualquier responsabilidad que tuviera para con dicho empleado por tal incumplimiento.”

Son muy interesantes y numerosas las decisiones citadas por el autor para sostener la doctrina enunciada, que es a nuestro juicio la correcta.

“El otro aspecto de la cuestión es,” continúa diciendo el Sr. La-batt, “que si el empleado tiene conocimiento de que el patrono ha dejado de cumplir con un deber estatutorio, dicho empleado puede asumir los riesgos de tal incumplimiento como lo asumiría por dejar el patrono de cumplir con cualquier otro deber.
“Los casos en que se considera la cuestión desde este punto de vista, sostienen en su mayor parte, que la doctrina de la asunción del riesgo no está basada en un contrato, sino en la máxima Volenti non fit injuria, y que, por tanto, no está envuelta la cuestión del interés público a que se ha hecho referencia. El principio fundamental en que descansan los casos de esta naturaleza es el de que cuando no existe un precepto terminante que elimine tal defensa, las cortes no pueden interpretar el estatuto en el sentido de que con-tiene tal precepto, puesto que los estatutos en derogación de la ley común deben ser interpretados restrictivamente.”

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe con-firmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Morales, Demandante y Apelado v. Caraballo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1915.
    Resuelto en junio 28, 1919.
    Daños y Perjuicios — Automóviles de Servicio Público. — El dueño de un auto-móvil de carga (tmclc) destinado al servicio público, es el dueño de una empresa dentro el alcance del artículo 1801 del Código Civil que le liace responsable de los daños causados por sus empleados cuando actúen dentro de sus facultades como tales.
    Evidencia Sobre el Estado del Guía con Anterioridad al Accidente — Prueba df. Negligencia. — El hecho de que con anterioridad a la fecha del accidente el tmclc no respondía fielmente al guía, era pertinente a la controversia respecto de la negligencia como materia necesariamente dentro del cono-cimiento del chauffeur del demandado y que le imponía el deber de ejerci-tar un grado mayor de cuidado.
    Excepciones Tardíamente Levantadas Sobre Pruebas de Daños. — Si bien los gastos de alquiler de automóviles usados por el demandante a causa de las averías sufridas por el suyo propio con motivo del accidente, así como el alquiler del garage donde se vio precisado el demandante a guardarlo no constituyen una apropiada medida de daños y perjuicios, sin embargo, no habiéndose objetado en la corte inferior dichas alegaciones ni las pruebas aducidas en apoyo de las mismas ni tampoco los findings de la corte y ha-biéndose por otra parte probado quo el valor del automóvil era $1,200 a la ' fecha del choque y que los restos del mismo después del choque valdrían cosa de dos o trescientos pesos, no procede reducir en apelación la cuantía de una sentencia de $800 por daños y perjuicios.
    Discreción Judicial — Costas, Desembolsos y Honorarios de Abogado. — Siendo discrecional la concesión de costas, desembolsos y honorarios de abogados, es preciso que se demuestre abuso de discreción para que las cortes de ape-lación intervengan en tal concesión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Lorenzo Jiménez Carda y Henry G. Molina.

      Abogados del apelado: Sres. Joaquín Vendrell y Francisco González.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ventura Caraballo apeló de una sentencia por la suma de $800, a que se le condena por daños causados por la ne-gligencia de su chauffeur.

A la corte de distrito se le imputan los siguientes errores:

Primero, al estimar que la demanda aduce techos sufi-cientes a constituir una causa de acción.

Segundo, al declarar sin lugar una moción de sobresei-miento (non-suit) presentada por el demandado.

Tercero, al negar la eliminación de la declaración de un testigo en lo relativo al estado del guía (steering-wheel) del truck del demandado.

Cuarto, al estimar probado que el choque ocurrió por ve-nir el truck manejado en forma descuidada y negligente.

Quinto, al estimar probado que el truck era de medio uso y que tenía el guía en malas condiciones.

Sexto, que los daños y perjuicios sufridos por el deman-dante a consecuencia del choque ascienden a $800.

Séptimo, al no estimar que el choque fue debido al desvío que experimentó el truck a consecuencia del golpe que le dió un carro Ford, y

Octavo, al condenar al demandado al pago de costas, de-sembolsos y honorarios de abogado.

El artículo 1 de la Ley No. 75 para reglamentar el uso de vehículos de motor, (aprobada en 13 de abril de 1916, p. 144), define el concepto de “chauffeur”, por la persona a quien se pagare por manejar un vehículo de motor, y dispone que el término “automóvil” incluirá todo vehículo de motor, excepto motocicletas y máquinas de tracción. El artículo 17 (p. 155) de la propia ley hace responsable al dueño de cual-quier vehículo de motor de los daños causados por la negli-gencia del conductor o chauffeur mientras dicho dueño estu-viere en el vehículo.

La teoría en que se funda el primer motivo de este re-curso es la de que el demandante debió haber alegado que el demandado estaba en el vehículo en el momento del choque o colisión. Pero creemos que ¿1 artículo 17 de la ley es sen-cillamente complementario de los párrafos que le preceden y especialmente del artículo 15, que reza como sigue:

“Siempre que el manejo de un automóvil de servicio público oca-sione un accidente, toda persona que tuviere una reclamación nacida de dicho accidente, podrá presentar una declaración jurada de los hechos constitutivos del accidente al Comisionado del Interior. El Comisionado del Interior examinará esta declaración jurada, y si, a su juicio, las circunstancias lo justificaran, registrará dicha declara-ción, anotando como antecedente en contra del automóvil, en un libro que será llevado al efecto, una breve relación de la reclamación. Esta inscripción surtirá el efecto de un gravamen sobre el automóvil por el término de treinta días, y dentro de dicho tiempo podrá hacerse permanente, entablando una acción ante una corte de juris-dicción competente, contra la persona o personas responsables del accidente, obteniendo un mandamiento de embargo contra el auto-móvil y presentando una copia certificada del mismo al Comisionado del Interior, quien la inscribirá en la forma ante dicha. ' La inscrip-ción así hecha será válida hasta que fuere cancelada por el Comi-sionado del Interior por virtud de orden de una corte. Dichas ins-cripciones harán responsable, para con la persona lesionada, a la persona por cuya cuenta se manejaba el vehículo de motor, por el montante de los daños causados, y estarán abiertas a la inspección del público. Si la persona que entablare la acción obtuviere una sentencia favorable, podrá expedirse a su favor un mandamiento de ejecución contra el automóvil el cual será válido contra la persona por cuya cuenta se manejaba el vehículo y contra todas las partes cuyo interés en el mismo sea posterior a la fecha de la presentación del primer aviso del accidente al Comisionado del Interior; Dispo-niéndose, que cualquier persona afectada por dicha notificación de embargo, podrá librar el automóvil de los efectos de la misma, me-diante la prestación de una fianza por la suma que se fijare por el Comisionado del Interior en caso de que no se hubiere decretado embargo; y en caso que se hubiere dictado orden de embargo ■ por una corte, por el montante de la suma reclamada en el pleito. Nin-guna de las disposiciones de este artículo será aplicable a personas por cuenta de las cuales se maneje un vehículo de motor de servicio público, bajo franquicia concedida por el Consejo Ejecutivo, de acuerdo con las disposiciones de la ley reglamentando la concesión de franquicias cuando fuere condición de dicha franquicia la cons-titución de fianza por una cantidad! no menor del valor de cada automóvil en explotación por virtud de la misma.”

Y en la demanda, entre otras cosas, se alega:

“Que el automóvil de carga No. B-374, está destinado al servicio público, es de la propiedad del demandado Ventura Caraballo y el chauffeur o conductor del mismo, Santiago Marrero, es en la ac-tualidad, y lo era en la fecha en que se le ocasionaron los daños al automóvil del demandante, un empleado del demandado Ventura Caraballo.”

También se alega que el demandante lia cumplido con los requisitos exigidos por la ley de 13 de abril de 1916.

No queremos que se entienda que declaramos que el ar-tículo 15 de la ley regulando el manejo de vehículos de motor haya creado alguna nueva responsabilidad. No es más que el reconocimiento legislativo de la distinción que hizo esta corte en el caso de Vélez v. Llavina, 18 D. P. R. 656, entre un carro particular y una máquina al servicio público. El dueño de un automóvil de carga (truck) destinado al servicio público es el dueño de una empresa dentro del alcance del ar-tículo 1801 del Código Civil, que por los términos de ese ar-tículo es responsable de los daños causados por sus emplea-dos cuando actúen dentro de sus facultades como tal em-pleado.

Si se lee cuidadosamente toda la prueba a la luz del se-gundo, cuarto y séptimo motivos de este recurso se verá que no existe aquel manifiesto error que se requiere para que se pueda revocar la sentencia apelada.

El tercer y quinto motivos de error pueden considerarse conjuntamente. Adrián Carmona declaró, sin oposición al-guna, que con anterioridad a la fecha del accidente había hecho varios viajes a San. Juan en el truck del demandado y qne el guía del mismo estaba tan defectuoso que para dar una curva era, cuando menos, preciso dar dos vueltas a la rueda. La moción para eliminar esta declaración se basaba solamente en el fundamento de que la misma no demostraba el estado en que estaba el guía a la fecha del accidente, y no se dió ninguna otra razón a la excepción tomada contra la actuación de la corte. La ley presume “que una vez pro-bada la existencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo que ordinariamente duran las cosas de igual naturaleza. Art. 102, inciso 31 de la Ley de Evidencia. El hecho de que el truck no respondía en seguida al guía era pertinente a la controversia respecto de la negligencia como una materia necesariamente dentro del conocimiento del chauffeur del de-mandado y que le imponía el deber de ejercitar un grado mayor de cuidado del que se le exigiría a un conductor que con un pequeño movimiento pudiera haber obtenido el mismo resultado que para manejar el carro del demandado se re-quería para dar una vuelta completa de la rueda. La incon-gruencia, si la hubo, no es esencial.

La corte sentenciadora estimó que “los desperfectos su-fridos por el carro del demandante le han dejado en con-dición de no poder ser utilizado a menos que se le practiquen costosas reparaciones; que el demandante es un comerciante con residencia en Aguas Buenas,- y tiene que realizar y ha realizado, desde octubre de 1917 hasta la fecha en que se ce-lebró el juicio, viajes a San Juan una vez por semana criando menos, y con este motivo ha tenido que gastar en automó-viles de alquiler una cantidad no menor de $200 y se ha visto obligado a satisfacer la cantidad de $10 mensuales por al-quiler de ga/rage en Caguas, donde tuvo su automóvil que ser. guardado.”

Nos inclinamos a darle la razón al apelante en cuanto a que las partidas de alquiler de automóviles y lo cargado por almacenaje en el garage no constituyen una apropiada me-dida de daños y perjuicios; sin embargo, no se hizo objeción alguna en la corte inferior ni contra las expresas alegaciones de la demanda en este sentido, las que fueron simplemente negadas por información y creencia, o contra la prueba in-troducida en apoyo de la misma, o contra las conclusiones {findings) de la corte sobre las mismas. Por otro lado, se presentó prueba para demostrar que el automóvil, según se alega en la demanda, valía $1,200 a la fecha del choque o colisión y que los restos del mismo valdrían cosa de dos o tres-cientos dollars. Dadas las circunstancias, no estamos dis-puestos a reducir la cuantía de la sentencia.

La cuestión de costas, desembolsos y honorarios de abo-gados es una cuestión que radica dentro de la discreción del juez sentenciador, y no se ha demostrado que haya abusado de la misma.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la- sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: En Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Fuentes, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando en parte la inscripción de una declaratoria de heredero.
    No. 411.
    Resuelto en julio 7, 1919.
    Expediente Posesorio Promovido por uno de los Cónyuges — Bienes Privati-vos — Bienes Gananciales. — El hecho de que el esposo compareciera en la información posesoria haciendo constar que la finca objeto de la misma era de la exclusiva propiedad de su esposa la promovente del expediente, no es bastante por sí solo para destruir la presunción de que el inmueble, habiendo sido adquirido en constante matrimonio de ambos esposos, tenía carácter de bien ganancial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr„ C. García de la Noceda.

      El Registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verrier, compareció por escrito en nombre propio.
   En Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Pablo Puentes, como heredero de Higinia Puentes pre-sentó una declaratoria de heredero al Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, para acreditar su tí-tulo como tal heredero a determinada propiedad radicada en Loíza. El registrador inscribió dicha declaratoria en tanto afectaba al derecho de Higinia Puentes a su participación en la propiedad que se presumía ser ganancial, pero denegó la inscripción en cuanto afectaba a las participaciones de su esposo que asimismo se suponía eran gananciales.

En una fecha anterior y como consecuencia de un expe-diente posesorio el título fue inscrito a nombre de Higinia Puentes y durante el curso de aquel procedimiento compa-reció el marido quien manifestó que la finca era de la exclu-siva propiedad de la esposa.

El recurrente pretende establecer una diferencia entre los casos de Delgado v. El Registrador de Caguas, 22 D. P. R. 125 y el de Crehore v. El Registrador de Guayama, 25 D. P. R. 759, pero sin éxito. En el primero de estos casos dijimos:

“La regla tercera del artículo 391 de la Ley Hipotecaria al tra-tar de las declaraciones de los testigos en un expediente posesorio, prescribe lo siguiente:
'' 'Artículo 391. * * *
‘Tercera. Los testigos justificarán tener las cualidades expresa-das en la anterior regla, presentando los documentos que las acrediten.
“ 'Contraerán sus declaraciones al becbo de poseer los bienes en nombre propio el que promueva el expediente y al tiempo que baya durado la posesión, y serán responsables de los perjuicios que puedan causar con la inexactitud de sus deposiciones.’
“El recurrente sostiene que este artículo no limita la declaración de los testigos a la simple manifestación del becbo de la posesión del promovente, pero entendemos que sí la limita. El ■ objeto del pro-cedimiento es sencillamente el de acreditar el título posesorio del peticionario. La presunción de que los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales no puede ser contradicha en un pro-cedimiento en el cual no es parte la esposa y en que el fin manifiesto es establecer la posesión. Dicha posesión puede ser declarada a favor de uno u otro de los esposos, bien que los bienes sean gananciales o privativos. La jurisdicción del juez no va más allá de la declara-ción del título posesorio. La acción de un peticionario en lo que respecta a los derechos del otro esposo constituye res inter alios acta y no puede tener efecto obligatorio. No existe examen de repregun-tas a los testigos y la mente del juez está fija solamente en la prueba de la posesión. La cuestión referente al carácter privativo de la finca no fué ni pudo ser sometida a la consideración del juez municipal. Las declaraciones ele los testigos de tal modo prestadas no tienen valor alguno como prueba de si los bienes son gananciales o privativos de uno d!e los cónyuges de acuerdo con la Ley Hipotecaria. Los casos de Després v. El Registrador, 14 D. P. R. 621, y Boscio v. El Registrador, 14 D. P. R. 624, citados por el registrador, sos-tienen estas conclusiones.”

La comparecencia del marido no establece diferencia como se indica en las referidas opiniones. El expediente pose-sorio es solamente para acreditar la posesión en el sentido de propiedad. La naturaleza de su título como entre esposo y esposa no puede ser-determinada en tal procedimiento ex parte. No está envuelta la cuestión de bienes gananciales vel non, sino como con frecuencia liemos dicho, el derecho de posesión en concepto de dueño. Tal posesión pertenece a uno o a ambos esposos y no se exige una prueba tan ri-gurosa como la que es necesaria cuando ha de establecerse la propiedad privativa entre los esposos. La declaración de posesión hecha por el juez municipal a favor del esposo o de la esposa en particular no destruye la presunción de ga-nancial que lleva consigo la propiedad adquirida durante el matrimonio como lo determina el artículo 1322 del Código Civil.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    M. Lamadrid & Co., Sucrs., Demandantes y Apeladas, v. Martorell, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 1ª., en pleito sobre cobro de dinero. Incidente sobre nulidad de embargo.
    No. 1860.
    Resuelto en julio 7, 1919.
    Embargos — Bienes Embargados. — No es por lo general razón suficiente para la disolución de un auto de embargo el que los bienes sobro que se baya tra-bado no están legalmente sujetos a embargo por virtud del auto.
    Excusión en Bienes de la Sociedad — Bienes Particulares de Socios Colec-tivos — Alegaciones Suficientes — Partes Demandadas.- — Si el artículo 237 del Código de Comercio pudiera invocarse en un pleito establecido no sola-mente contra la sociedad sino también directamente contra el socio que alega el beneficio de excusión y en el cual se alega en la demanda jurada, no por información y creencia sino como un hecho de conocimiento personal del de-mandante, la descontinuación de los negocios, el cierre de puertas, la sustrac-ción y ocultación de bienes y los infructuosos requerimientos heehos tanto a la firma como al dicho socio, entonces, con tales alegaciones acompañadas de una fianza buena y suficiente, se cumple sustaneialmente prima facie con el requisito de la excusión en el haber de la sociedad.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado de la apelada: Sr. José de Gusmán Benítes.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Bienes pertenecientes a Miguel Martorell, uno de los miembros y gestor de la mercantil Torres Martorell y Co., fueron embargados en un pleito iniciado contra Martorell por una deuda contraída por la firma, que, según se ba ale-gado, babía cesado en sus negocios sin formalizar la liqui-dación y sin anunciar la existencia de designado represen-tante alguno.

Se declaró con lugar una excepción previa con permiso para enmendar y se enmendó la demanda, alegándose la ce-santía del negocio, la clausura del establecimiento y de sus oficinas, sin notificación a los acreedores ni pagar sus deu-das, la sustracción y ocultación de todos sus bienes y sin constituirse en liquidación ni dejar a persona alguna encár-gada de entenderse con dichos acreedores y contestar las re-clamaciones de éstos, o arreglar, en forma alguna, los com-promisos de la firma.

Enmendada por segunda vez la demanda se hizo a la mercantil parte demandada.

La mercantil fué declarada en rebeldía y Martorell es quien apela contra una orden desestimando una moción para levantar y anular {quash) el embargo.

El apelante insiste en que habiéndose sostenido una ex-cepción previa a la demanda original por la que se expidió el embargo, las subsiguientes demandas enmendadas no pue-den servir de apoyo al mandamiento de embargo. A falta de citas de autoridades la cuestión así planteada no demanda detenida consideración.

La segunda proposición es la de que no pueden embar-garse los bienes de un socio sin haber hecho previa excusión del activo de la firma.

La mayor parte del alegato del apelante ha sido dedi-cada. al esfuerzo que se ha hecho para demostrar que el ar-tículo 237 del Código de Comercio es de aplicación tanto a procedimientos de embargo como a los de ejecución; y para los fines de esta opinión, puede admitirse ese punto, si se en-tendiese la proposición que significa, en un caso como el pre-sente, upa razonable aplicación del principio envuelto. Pero, en vista de especiales disposiciones del Código de Enjuicia-miento Civil así como de su espíritu, la cuestión de lo que habrá de satisfacer los requisitos estatutorios referentes a la excusión de bienes de la firma en uno u otro caso es una cuestión distinta.

En el caso de Rodríguez v. Ramírez, 19 D. P. R. 462, so-bre el que se hace mucho hincapié, la sociedad que contrajo la deuda no fue nunca parte en el pleito. En el caso resuelto por la Corte Suprema de España en 13 de junio de 1883, tomo 52 Jur. Civ., pág. 257, en el que también se funda la apelante, se trataba de un pleito contra una sociedad, cuya existencia misma Rabia sido negada por su snpnesto socio, y al parecer nnnca la probó la parte demandante. El indi-viduo cuyos bienes fueron secuestrados mediante procedi-mientos ejecutivos contra la supuesta sociedad, y quien in-tervino como dueño, negó toda conexión con la firma; y en' la apelación indicó, bajo el único motivo considerado por el tribunal de apelación, que aun por el contrario nunca se le hizo parte en el procedimiento, y que la compañía tenía bie-nes con que responder. Que el Tribunal Supremo de España fué grandemente influido por estas circunstancias es cierta-mente evidente por los términos que emplea al revocar la sentencia recurrida; a saber:

“Considerando que resultan del debate y de los autos como he-chos indubitados que son de la propiedad particular del recurrente D. Pablo Alvarez los 200 bocoyes de azúcar embargados al mismo a instancia de la razón social J. Luis Gutierrez y Compañía en la eje-cución despachada contra la de Goitía y Compañía por obligaciones que ésta contrajo; que dichos bienes no se incluyeron en la forma-ción de esta sociedad, cuya existencia legal no consta por escritura pública ni de otro modo, y que no se ha hecho excusión en forma en el haber de la misma; y, por consiguiente, faltando como faltan los requisitos que la disposición legal antes citada exige para que puedan ser ejecutados los bienes particulares de los socios por obligaciones de la sociedad, es improcedente el embargo de que se trata aunque se reconozca como cierta la existencia material de la sociedad eje-cutada, y que Alvarez era socio colectivo de la misma, según lo es-tima probado la sala sentenciadora apreciando en conjunto los dife-rentes medios de prueba aducidos al pleito por una y otra parte.” 52 Jur. Civ. págs. 262-263.

El otro caso citado por el apelante está publicado en 28 Jur. Civil 688. En ese caso, por virtud de un mandamiento de ejecución contra la sociedad demandada, se trabó embargo •en una maquinaria de la compañía demandada y en bienes personales de uno de los miembros de la firma social, quien, desde luego, intervino como dueño de tales bienes personales, alegando que los bienes de la firma así secuestrados eran .suficiente garantía de la reclamación, y que los bienes de •ruó de los miembros no estaban, sujetos a responsabilidad por las obligaciones de la sociedad mientras fuese ésta sol-vente. El demandante en la acción original, por vía de de-fensa a la demanda de intervención, contestó que no pudo bailarse comprador para la maquinaria aún en su tasado valor, y que la compañía demandada carecía de otros bienes. El interventor recurrente en casación contra la sentencia que en su contra se dictó se fundó en los artículos 267 y 352 del anterior Código de Comercio, correspondiente a los artículos 127 y 237 del Código actual, insistiendo en que no se babía becbo la excusión del baber de la sociedad en la forma prescrita por la ley y consagrada por la doctrina y la jurisprudencia.

El Tribunal Supremo de España al confirmar la sen-tencia recurrida declaró:

"* * que, conforme a lo dispuesto en el art. 267 del Código de Comercio, en la sociedad mercantil colectiva todos los socios, sean o no administradores del caudal social, están obligados solidariamente a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la sociedad, aun cuando para que los bienes particulares de los socios puedan ser ejecutados debe antes haberse hecho excusión en el haber de la misma, según el artículo 352 del referido código.
"* * qUe constando como consta que D. José María Llano fué uno de los socios colectivos de la sociedad Peñuela, Llano y Com-pañía; que los bienes de ésta embargados para el pago del crédito de D. Luis Ortiz y demás responsabilidades a él consiguientes no son bastantes para satisfacerlas, y que no existen otros suficientes y dis-ponibles en la referida sociedad, según así lo ha estimado la sala sentenciadora, en uso de sus atribuciones, es evidente que la senten-cia dictada en 31 de mayo de 1872 por la sala segunda de lo civil de esta villa no ha infringido por consiguiente las disposiciones antes, citadas.” 28 Jur. Civ. 690.

Aparentemente la sentencia así confirmada está fundada en las alegaciones que sin más parece reunir los requisitos,, sean cuales fueren, “prescritos por la ley y consagrados por la doctrina y la jurisprudencia.”

La excusión, en tanto cuanto a fiadores se refiere, con-siste de (la bastardilla es nuestra): “Un procedimiento por parte de un fiador por la cual una finca del deudor principal responde de la obligación antes de que pueda recu-rrirse contra los fiadores; esto es lo que se conoce por be-neficio de excusión.” Bouvier, Volumen 1, de su diccionario, página 581.

El artículo 237 es una limitación de la regia general enun-ciada en el artículo 127 que hace responsables solidaria y maneomunadamente a todos los socios con todos sus bienes por las deudas contraídas por la firma.

“Agere etiam es vicletur, que exceptione utitur, nam reus in ex-ceptione actor est. (Dig., Libro XLIV, tít. 1, ley 1ª.) Seaevola, Código Civil, 2°. apéndice, p. 290.
“El beneficio de excusión establecido en favor de los terceros poseedores exige como condición indispensable que el título en virtud del cual poseen sea legítimo y bastante, y que el deudor o primer obligado tenga bienes.” 7 Jur. Civ. 212.
“Teniendo por objeto el beneficio de excusión, el hacer constar si tiene o no bienes suficientes el obligado principalmente para responder de la obligación que contrajo, es innecesario aquel trámite cuando constaba en autos que la sociedad obligada era insolvente.” 53 Jur. Civ. 312.

El artículo lili del código anterior disponía que, des-pués de haberse perseguido los bienes del deudor para rea-lizar el importe de la deuda, los acreedores podían ejercitar todos los derechos y causas de acción del deudor con el mis-mo fin. En un caso resuelto por sentencia de 23 de junio de 1903, tomo 95 Jur. Civ. 989, el Tribunal Supremo de Es-paña dijo .que esa condición suspensiva no exigía procedi-miento preliminar alguno para demostrar que el deudor ca-recía de bienes, puesto que podía aducirse prueba en este sentido en el acto del juicio de la acción entablada contra un tercero por el acreedor en el ejercicio de ese derecho.

De igual modo, en el caso que dió origen a la sentencia de 12 de junio de 1892, tomo VI Jur. Civ. pág. 799, el pro-pio tribunal declaró:

“Que el embargo, sin prejuzgar derechos discutibles oportuna-mente, es el medio legal que garantiza el cumplimiento de una obli-gación, según la naturaleza y efectos de ésta.”
“No es por lo general razón suficiente para la disolución de un auto de embargo el que los bienes sobre que se baya trabado no es-tén legalmente sujetos a embargo por virtud del auto.” 6 Corpus Juris. 541, (Sec. 1001, C).

Si el artículo 237 del Código de Comercio pudiera invo-carse en un pleito establecido no solamente contra la socie-dad sino también directamente contra el socio que alega el beneficio de excusión y en el cual se alega en la demanda jurada, no por información y creencia sino como un hecho de conocimiento personal del demandante, la discontinuación de los negocios, el cierre de puertas, la sustracción y ocul-tación de bienes y los infructuosos requerimientos hechos tanto a la firma como al dicho socio, entonces creemos que con tal alegación acompañada de una fianza buena y sufi-ciente se cumple sustancialmente prima facie con el requisito de la excusión en el haber de la sociedad.

Véase también el caso del Royal Bank of Canada v. A. McCormick & Co. y Muñoz, resuelto en mayo 29 de 1919, (pág. 414).

Ciertamente este aspecto de la cuestión no hace más gra-vosa la situación del socio, que responde solidaria y manco-munadamente de las deudas de la sociedad, de lo que la ley exige del fiador, que, si bien su obligación no es de tal al-cance, si deseara “aprovecharse del beneficio de que sean embargados los bienes del deudor principal,” será su deber señalar bienes sujetos a embargo para su venta que perte-nezcan al dicho deudor principal.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Santalís et al., Demandantes y Apelados, v. “El Zenit,” Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en una acción en cobro de dólares.
    Moción del demandado sobre traslado del caso.
    No. 1903.
    Resuelto en julio 8, 1919.
    Traslado del Pleito — Conveniencia de los Testigos — Acciones Personales.— Cuaudo la aceión ejercitada es de carácter personal y la demandada ampa-rándose en el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil archiva una excepción previa a la demanda solicitando al propio tiempo el traslado del caso a la corte de sü domicilio, comete error la corte que niega el traslado bajo el fundamento de la conveniencia de los testigos, ya que no habiéndose contestado la demanda no se ha suscitado aún ninguna cuestión de hecho cuya comprobación requiera el examen de testigos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. M. Benitez Flores e Ismael Soldevila.

    Abogado de los apelados:' Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal..

En la demanda se ejercita una acción personal para hacer cumplir un contrato y fue presentada en la Corte de Dis-trito de Mayagüez. Emplazada la demandada compareció ante dicha corte formulando excepción previa a la demanda y por moción jurada solicitó el traslado del asunto a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, fundada en que tiene su domicilio en la ciudad de San Juan donde, además, se celebró el contrato cuyo cumplimiento se reclama, y en la conveniencia de sus testigos. Esta moción fué acompañada de declaraciones escritas y juradas creditivas de tener una buena defensa.

Los demandantes se opusieron a la solicitud de traslado alegando que la conveniencia de sus testigos requería que el caso continuase en la corte donde había sido presentada y la corte, sin tomar en consideración la cuestión de la resi-dencia de la demandada, negó el traslado fundado en la con-veniencia de los testigos, resolución que apeló la demandada.

Siendo personal la acción ejercitada en este pleito, ha-biendo demostrado la demandada que tiene su domicilio en la ciudad de San Juan y cumplido con el requisito del ar-tículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil de hacer su pe-tición al comparecer a contestar o al excepcionar la demanda, presentando también declaración jurada y fundada, debió la corte inferior acceder al traslado que se le pidió pues esa solicitud no podía ser resistida por los demandantes por el fundamento de la conveniencia de los testigos por ser pre-matura por no haber sido contestada la demanda. Sánchez v. Atlas Commercial Co. (pág. 61), y Carlo v. Central Bayaney, (pág. 229), resueltos por nosotros en febrero 14 y abril 4, respectivamente, de 1919.

La resolución apelada debe ser revocada.-

Revocada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Betancourt, Demandante y Apelada v. Larregui, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre alimentos provisionales.
    No. 1879.
    Resuelto en julio 8, 1919.
    Divorcio — -Alimentos Provisionales Pendente Lite — Interpretación de la Palabra “ Bienes ” Empleada en el Artículo 168 del Código Civil. — La disposición del artículo 168 del Código Civil de que la pensión que a la mujer haya de pasar el marido sea en proporción a los bienes de éste, no está limitado al caso en que el marido tenga bienes propios suyos, pues la palabra “bienes,” según dice el artículo 324 del mismo código, es apli-cable en general a cualquier cosa que pueda constituir riqueza o fortuna
      j por tanto dentro de ese concepto están comprendidos los salarios o suel-dos que una persona gana por su trabajo. Además, en el texto en inglés del artículo 168 citado se dice que la cantidad será en proporción a los re-cursos (means) del marido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Carmelo Honoré.

    Ahogado de la apelada: Sr. Enrique Campillo.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Clemencia Betancourt alegó y probó ante la corte inferior que está casada con Jacinto Larregui; que tiene inter-puesta demanda de divorcio; que no cuenta con recursos para sostenerse ni posee bienes de clase alguna y que su marido es un mecánico que gana $18 semanales.

La corte inferior condenó al demandado a satisfacer a su consorte la cantidad de $15 mensuales y en la apelación que el marido interpuso contra esa sentencia alega como fundamento para que la revoquemos que la demanda es in-suficiente y también la prueba porque no se alegó ni probó que el apelante tenga bienes de su propiedad ya que el sa-lario que gana no merece el concepto de bienes.

Al disponer el artículo 168 del Código Civil que la pen-sión que a la mujer- haya de pasar el marido sea en pro-porción a los bienes de éste, no ha limitado tal obligación al caso en que el marido tenga bienes propios suyos, como sostiene el apelante, pues la palabra “bienes”, según dice el artículo 324 del mismo código, es aplicable en general a cualquier cosa que pueda constituir riqueza o fortuna, y, por tanto, dentro de ese concepto están comprendidos los' sala-rios o sueldos que una persona gana por su trabajo. Ade-más, en el texto en inglés del artículo 168 citado se dice que la cantidad será en proporción a los recursos (means) del marido.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia> apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y HutcMson.


text:
    Fajardo, Demandante y Apelante, v. American Railroad Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 1852.
    Resuelto en julio 8, 1919.
    Alegaciones — Sentencia Sobre las Alegaciones — Negación de los Hechos.— Afirmaciones contenidas en una contestación que son contrarias a lo que-afirma la demanda equivalen a una negación de ésta.
    Certificaciones Negativas.- — Estando, como estaba autorizado el Secretario del' extinguido Consejo Ejecutivo de Puerto Rico para expedir certificados del todo o parte de los documentos obrantes en su oficina, podía también, come consecuencia de esa facultad, certificar que no consta de los documentos-bajo su custodia que se haya dictado determinada resolución por el Conseje Ejecutivo.
    Negligencia — Ferrocarriles—Barreras y Cadenas — Pasos a Nivel. — -De acuerdo eon la Ley No. 64 dé 1911 que impone a las compañías ferrocarri-leras de servicio públieo el deber de establecer y conservar cadenas, barreras-u otros medios adecuados de protección en todos los cruces de las carreteras públicas insulares “y demás cruces públicos que el Consejo Ejecutivo de-signare” no puede sostenerse que haya incurrido en negligencia una com-pañía de ferrocarril que, no habiendo sido obligada por el Consejo Ejecutivo a hacerlo, omite tener y conservar por la noche tales medios protectores en el paso a nivel establecido en una calle municipal.
    Id. — -Id.—Seguridad Pública — Vigilancia en Pasos a Nivel — Derogación de los Artículos 18 y 19 de la Ley de Policía de Ferrocarriles de 1888.— Si bien la Ley de Policía de Ferrocarriles de 1888 disponía en sus artículos 18 y 19 que las compañías de ferrocarriles aseguraran por todos los medios posibles la guarda y el servicio de las barreras en los pasos a nivel y que para el cumplimiento de este precepto habría en todos los puntos que se creyera necesario guardas do vía y vigilantes de día y de noche en número» suficiente a la seguridad de los trenes y buen éxito de la explotación, tales preceptos han sido derogados por la Ley 64 de 1911 y su enmienda de 1915.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Feliú & Alemany y P, Fajardo.

    Abogados de la apelada: Sres. F. Q. Pérez Almiroty O. H. Moscoso y Eduardo Acuña.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda jurada que - se presentó en este caso tiene por objeto cobrar indemnización por daños y perjuicios su-fridos por el demandante en su propiedad y en su persona. Alegó el demandante en el becbo segundo de la primera causa de acción por daños en su propiedad que el accidente: fué debido a la negligencia de la demandada porque el tren que tuvo la colisión con su automóvil caminaba rápidamente al cruzar la calle de Méndez Vigo de Mayagüez sin tocar la campana, sonar el pito, poner cadenas en el cruce, encender-luces de alarma o dar otra señal al aproximarse al cruce,., por lo que el demandante no tuvo conocimiento de la apro-ximación del tren a dicho cruce; y en el becbo tercero con-signó que los daños a su propiedad consistieron en el valor-de su automóvil, que es de $1,350 y en el valor del uso y beneficio de él, que es de $1,000.

La demandada contestó esas alegaciones negando todo lo contenido en dicho hecho segundo tal y como aparece redac-tado y alegó en oposición que el maquinista del tren hizo sonar el silbato a -la salida de la estación de la playa de Mayagüez y caminó a tres o cuatro kilómetros por hora so-nando también el fogonero continuamente la campana; que a una distancia de 200 ó 250 metros del paso a nivel de la calle de Méndez Vigo de dicha ciudad volvió el maquinista a usar el silbato de la locomotora para indicar su aproxi-mación a dicho paso a nivel, continuando su marcha a la misma velocidad de tres o cuatro kilómetros por hora y sin dejar el fogonero de tocar la campana de la locomotora; que al' entrar en el paso nivel dicho y observar que un auto-móvil iba hacia él a gran velocidad y que apresuraba su marcha para cruzar frente a la locomotora hizo el maqui-nista, acto seguido, cuantos esfuerzos estuvieron a su alcance? para .detener la locomotora, aplicando inmediatamente,' el freno de aire y dando contra marcha, aunque todo fué inútil para evitar el diocjue; que la locomotora llevaba en aquel momento encendido un foco de gas acetileno en su parte de-lantera cuyo radio de acción iluminatoria alcanzaba a una distancia de 200 a 250 metros claramente visibles, luz que constituía una señal inequívoca de la aproximación del tren; que en. dicho paso nivel en aquel momento existían postes en los que se leen en español e inglés las palabras “ojo al tren”, “párese”, “mire”, “oiga”; que también habían aque-lla noche luces rojas encendidas en el cruce, visibles a una distancia de 300 metros para los que cruzan la vía; que la demandada no está obligada por la ley a poner cadenas, guarda-barrera o luces en aquel sitio, como de contrario se alega, y, por tanto, negaba específicamente „ cuanto a este respecto se dice en la demanda; que expontáneamente ha puesto cadenas en aquel sitio desde la salida a la puesta del sól y por las noches sustituye esos servicios con el de luces rojas, servicios ambos que conocía el demandante. En cuanto al hecho tercero admitió que ocurrió el choque pero negó que fuera resultado de lo expuesto en el hecho segundo y negó además por falta de información que el automóvil quedara inutilizado para servicio alguno y a que estaba dedicado.

En el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez que declaró sin lugar su demanda alega como primer motivo para solicitar la revocación de la sentencia que la coi'te inferior cometió error al negar su petición de que dictase sentencia sobre las alegaciones porque, el demandado no había negado específicamente los hechos antes consignados de su demanda.

Aunque el demandado negó de una manera general el he--cho segundo de la primera causa de acción, sin embargo, como alegó en contrario materia que es una oposición com-pleta a todos los extremos consignados en dicha alegación, resultó de este modo negada específicamente dicha alegación ya que las afirmaciones en una contestación contrarias a lo <que afirma la demanda equivalen a una negación de ésta y, por tanto, la corte inferior no cometió' el error que se le atribuye. Hill v. Smith, 27 Cal. 476; Pfister v. Wade, 69 Cal. 133; Perkins v. Brock, 80 Cal. 320; Burris v. People’s Bitch Company, 104 Cal. 248; Stetson v. Briggs, 114 Cal. 511.

Se funda el segundo motivo del recurso en que la corte inferior admitió erróneamente como prueba durante el juicio dos certificaciones.

Según la exposición del caso que se nos ha presentado, la demandada adujo eñ evidencia “una certificación expedida por el secretario del extinguido Consejo Ejecutivo, Pedro Castro, concerniente a lo que se refiere la Ley No. 35 de 1911, enmendada por la ley de 1916, respecto a pasos a niveles” y el demandante se opuso a su admisión por ser una cuestión de ley que no puede probarse con certificación, pero la corte la admitió y el demandante tomó excepción.

También presentó la demandada y admitió la corte inferior con la oposición del demandante una certificación del secretario municipal accidental del municipio de Mayagüez creditiva de que en dicho municipio no existe ordenanza municipal que regule el paso de trenes dentro de dicha mu-nicipalidad.

Hemos copiado literalmente lo que aparece de la trans-cripción con respecto a la primera certificación no solamente porque lo que en ella se consigna no nos da conocimiento de lo que la certificación dice, excepto que se refiere a pasos a nivel, sino además porque la Ley No. 35 de 1911 no trata sobre pasos a nivel ni en 1916 hay ley alguna que trate sobre esa materia. Oreemos, sin embargo, que se ha quérido hacer referencia a la Ley No. 64 de 1911 y a su enmienda de 1915 por la Ley No. 12, pues éstas se refieren a que las compa-ñías de servicio público están obligadas a establecer y con-servar cadenas, barreras y otros medios adecuados de pro-tección en los cruces de las carreteras públicas insulares y en los demás cruces públicos que el Consejo Ejecutivo desig-nare; y si, como suponemos, la certificación se refiere a que el Consejo Ejecutivo no había dispuesto qne en el cruce de la calle Méndez Yigo se pusieran barreras o cadenas, era ésta una cuestión de becbo que podía probar la demandada.

El apelante no sostiene ahora su objeción por el motivo que'alegó en la corte inferior, sino porque entiende qne.el secretario del Consejo Ejecutivo no está facultado para cer-tificar hechos que no consten de los documentos obrantes en su oficina. Nosotros opinamos que estando autorizado dicho secretario para expedir certificados de todo o parte de los documentos obrantes en su oficina, puede también, como con-secuencia de esa facultad, certificar que no consta de los do-cumentos bajo su custodia que se haya dictado'determinada resolución por el Consejo Ejecutivo. De todos modos no resulta perjuicio alguno para el apelante porque si era ne-cesario probar qne el Consejo Ejecutivo había designado que en ese cruce se pusieran dichos medios de seguridad a él co-rrespondía esa prueba y lo que hizo el apelado fué demos-trar que tal designación no fué hecha.

En cuanto a la segunda certificación alega ahora por pri-mera vez el apelante que no era admisible porqué siendo el secretario municipal el autorizado por la ley para expedir certificaciones del archivo municipal, cuando firma otra persona por él tiene que hacer constar que lo hace a nombre y representación del propietario y firmar en igual forma. Como no conocemos los términos en qué la certificación fué firmada no estamos en condiciones de considerar la cuestión propuesta.

Los otros seis motivos de error que se alegan pueden con-siderarse conjuntamente porque se refieren a la apreciación de la prueba por la corte inferior y a la interpretación de la ley aplicable al caso.

Del examen de la prueba resulta que en la madrugada del 26 de marzo de 1917 y en el sitio en que la vía férrea de la demandada cruza la calle Méndez Yigo de la ciudad de Ma-yagüez, ocurrió una colisión entre la locomotora del tren de la demandada y nn automóvil del demandante en qne él via-' jaba eon otras personas, al intentar cruzar la vía férrea.

Con respecto a la cansa del accidente la corte inferior declaró probado qne el demandante no aminoró la marcha de su automóvil al entrar en ese cruce, sabiendo que por las noches la demandada ponía únicamente en él luces rojas para indicar su existencia, las que estaban encendidas; que la lo-comotora llevaba un potente foco de luz cuyo radio de acción alcanza por lo menos a 200 metros; que en dos ocasiones el maquinista hizo uso del pito de la locomotora y el fogonero de la campana, la primera al salir de la estación de la playa luego a una distancia de 150 a 200 metros del mencionado cruce, y que la locomotora caminaba a una velocidad máxima de 5 a 6 kilómetros por hora.

Con tales hechos y estimando la corte inferior que la de-mandada no está obligada por la ley u ordenanza alguna vi-gente en la época del accidente, a mantener en ese cruce servicio de cadenas o guarda-barreras, ni luces de alarma, llegó a la conclusión de que el choque fué debido única y ex-clusivamente a la culpa y negligencia del demandante y de-claró sin lugar su reclamación.

Aun cuando el apelante dedica gran parte de su alegato a atacar algunas de las conclusiones de hechos a que llegó el juez de la corte inferior para demostrar que no están soste-nidas por las pruebas, tales como que no aminoró la marcha de su automóvil al entrar en el cruce y que la locomotora caminaba a una velocidad máxima de 4 a 6 kilómetros por hora, sin embargo, el hecho cierto es que conociendo el de-mandante la existencia del cruce de ferrocarril de la deman- . dada en la calle Méndez Vigo y que de noche no se ponían en él cadenas y sí únicamente luces rojas para indicar la exis-tencia del cruce y que por haber casas próximas se hacía difícil ver la llegada de los trenes, entró en la vía férrea sin tomar precaución alguna y sin prestar atención a las se-ñales que con el pito y la campana hacía el tren, ni el po-tente foco de luz que llevaba en sn parte delantera, por' lo qne a nuestro modo de ver la cuestión el punto importante a resolver es, como también lo entiende el apelante, si la de-mandada tenía el deber legal de poner cadenas o barreras en dicbo cruce al pasar sus trenes por allí.

Sostiene el apelante que de acuerdo con la Ley No. 64 de 1911 enmendada por la No. 12 de 1915, la demandada está obligada a poner cadenas o barreras en el cruce a que ve-nimos refiriéndonos, pero que si no lo está de acuerdo con esas leyes porque el Consejo Ejecutivo no baya dictado re-glas respecto de él, entonces la obligación surge de la ley de policía de ferrocarriles del año 1888.

Dispuso la Ley No. 64 de 1911 en su sección 12 que toda compañía de ferrocarril de servicio público está obligada a establecer y conservar cadenas, barreras u otros medios ade-cuados de protección en todos los cruces de las carreteras públicas insulares y demás cruces públicos' que el Consejo Ejecutivo designare. La Ley No. 12 de 1915 no alteró ese precepto pues lo reprodujo literalmente y la enmienda de la anterior consistió únicamente en agregarle que con suje-ción a las reglas, reglamentos y órdenes del Consejo Eje-cutivo todos los ferrocarriles de servicio público deberían cercar o en otra forma defender sus vías para- evitar que en ellas entren animales y bacer otras cosas que no son del caso abora. En el caso de Domínguez v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, 19 D. P. R. 1090, considerando la expresada Ley No. 64 reconocimos el deber de los ferroca-rriles de servicio público de poner cadenas, barreras u otros medios de seguridad de parecida índole en las carreteras pú-blicas insulares, pero la cuestión en este caso es si tenía tam-bién ese deber legal en el cruce de la calle Méndez Vigo.

Nosotros opinamos que la Ley No. 64 sólo impone ese deber en los pasos a nivel o cruces en las carreteras públicas insulares y en aquellos otros que el Consejo Ejecutivo de-signare; y como la calle de Méndez Vigo no es una carre-tera pública insular sino nna calle de la población de Ma-yagüez, ni el Consejo Ejecutivo ba dispuesto qne en tal cruce se pongan barreras, cadenas u otros medios de protección de la índole de esos, no estaba obligada la demandada a tener tales medios de protección en dicho sitio y, por tanto, no ha incurrido en negligencia al dejar de tenerlos.

En cuanto a la ley de policía de ferrocarriles de 1888, si bien disponía en sus artículos 18 y 19 que las compañías de ferrocarriles aseguraran por todos los medios posibles la guarda y el servicio de las barreras en los pasos a nivel y que para el cumplimiento de este precepto habría en todos los puntos que se creyera necesario guardas de vías y vigilantes de día y de noche en número suficiente a la seguridad de los trenes y buen éxito de la explotación, tales preceptos han sido derogados por la Ley No. 64 de 1911 y su enmienda de 1915 al determinar el legislador que se establezcan ca-denas, barreras u otros medios adecuados de protección en las carreteras públicas insulares y en los demás cruces que designe el Consejo Ejecutivo.

Por todo lo expuesto entendemos que no hubo negligencia alguna por parte de la demandada y que el accidente ocurrió únicamente por el descuidó y negligencia del demandante, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Subirá, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción a la Ley de Patentes Municipales.
    No. 1356.
    Resuelto en julio 8, 1919.
    Patentes Municipales — Contribuciones Municipales — Agentes con Oficinas Permanentes — Constitución de los Estados Unidos — Compañías de Vapo-res — Negocios Sujetos al Pago de Patentes. — Tina agencia para el ser-vicio de carga y pasajeros de una compañía de vapores que trafica entre Puerto Rico y los Estados Unidos y también entre puertos de la misma isla, viene obligada a pagar al municipio la patente impuesta bajo el con-cepto de "agente con oficina permanente" comprendido en el grupo "0," sección 2ª. de la Ley No. 26 de 1914. Tal agencia es en sí mismo un ne-gocio independiente. Y además no estableciendo distinciones ilegales, dicho estatuto, que es uniforme y de carácter general, no es contrario al artículo 1°., sección 8, cláusula 3 de la Constitución Eederal.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. Tons Soto y Arturo Ortiz Toro.

    Abogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal. ■

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia imputa al acusado el hecho de tener abierta en la playa de Pónce nna agencia de negocios con oficina per-manente sin haber obtenido la patente municipal exigida por la ley. Celebrada la vista en la corte de distrito, se con-denó al acusado a pagar una multa de cinco dólares, y, no conforme, apeló para ante este tribunal.

•.. No hay disputa sobre los hechos. Se admite que el acu-sado tenía abierta la agencia de negocios y que no había sa-tisfecho la patente municipal, pero se sostiene que no dedi-cándose a negocio alguno en nombre propio, sino actuando como agente para el exclusivo servicio de carga y pasajeros de la compañía de vapores que trafica entre Puerto Pico y Nueva York denominada “New York and Porto Rico Steamship Company”, no viene obligado a satisfacer patente al-guna, primero, porque su agencia no está comprendida den-tro de los términos de la ley sobre la materia, y segundo, porque en el caso de que lo estuviera, tendría que concluirse que la ley, aplicada al negocio del acusado, es contraria al a,rtículo 1, sección 8, cláusula 3, de la Constitución Federal, y, por lo tanto, sin valor ni efecto.

1. La ley aplicable es la número 26, de 1914, promulgada “pára autorizar a los municipios de la Isla de Puerto Eico a imponer y cobrar, en concepto de patentes, una contribu-ción anual para cubrir las atenciones de su presupuesto, y para otros fines.”

Por la sección primera de dicba ley se faculta a los con-cejos municipales para imponer y cobrar las patentes que la misma ley enumera y a los tipos que prescribe también la misma ley, "a toda persona, firma, asociación, sociedad, corporación u otra forma cualquiera de organización comer-cial o industrial dedicada a cualquiera de los negocios o in-dustrias que más adelante se mencionan.”

La sección segunda expresa que “los negocios o indus-trias sobre los cuales puede imponerse la patente, son los siguientes: * * * ” y los divide en tres grupos. En la larga lista de negocios que comprenden los grupos A y B, no aparecen, en verdad, las compañías navieras o de trans-porte marítimo, pero el grupo C, dice así: “Las industrias de molinos de azúcar y mieles y los negocios de corredores, comerciantes comisionistas, agentes con oficinas permanen-tes, y corredores de bienes raíces.” Las itálicas son nuestras.

Se sostiene por el apelante que no mencionándose expre-samente el negocio de transporte marítimo en la ley, los agentes con oficinas permanentes dedicados a ese negocio, no pueden considerarse comprendidos en el grupo C. El fiscal alega que la agencia es en sí misma un negocio inde-pendiente, irrespectivamente de si el negocio que se desen-vuelve en ella está o no mencionado en la ley.

Tiene razón el fiscal, a nuestro juicio. En el caso de Stewart v. Kehrer, 41 S. E. 680, 681, se trataba del cobro de contribuciones impuestas por una ordenanza municipal que exigía el pago de cierta licencia a todos los agentes de compañías vendedoras de carnes en latas que lucieran nego-cios en aquel estado. La corte decidió que la contribución se imponía al negocio del agente, expresándose así:

“Se argumenta de manera elaborada, y en cierto modo forzada, que un agente haciendo negocios • para otro no tiene ningún negocio propio que pudiera decirse que estuviera realizando, y que, por tanto, la frase ‘haciendo negocios en- este estado’ y la expresión ‘dicho ne^-gocio ’ deben referirse necesariamente al negocio del' principal. Pa-rece algo anómalo hablar del negocio de uno que, como agente, no está realmente haciendo un negocio propio, sino el negocio de alguna otra persona; pero estaba dentro del pod'er de la Legislatura declarar que una persona haciendo precisamente esto estaba ella misma ha-ciendo negocios, y creemos que esto es exactamente lo que la Asam-blea General ha hecho en este caso.”

Y en el caso de Mayor, etc., of City of Savannah v. Cooper, 63 S. E. 138, 141, en el que se trataba ele una contribución, impuesta “a todos los agentes y representantes de casas ven-dedoras de carnes en latas y a todos los agentes y represen-tantes de traficantes en mercancías de casas empacadoras que tengan un local de negocios o existencias de mercancías' en esta ciudad y que vendan a sus parroquianos de Savannah” la Corte Suprema de Georgia, dijo: “Con referencia a la contribución que consideramos, debe tenerse en cuenta, que no se impone a la casa empacadora, sino al negocio del agente. ’ ’

La Legislatura de Puerto Rico consideró que cualquier persona que abre una oficina permanente a los efectos de' actuar como agente de cualquier empresa o combinación co-mercial o industrial, realiza un negocio independiente por sf mismo, y puede obligársele a satisfacer una patente a Ios-efectos de contribuir al sostenimiento de las cargas munici-pales al igual que cualquiera otra persona que se dedica a alguno de los múltiples negocios que expresamente mencióna-la ley en los grupos A y B y en el mismo grupo O de la sección segunda de la Ley No. 26 de 1914. Para graduar-dicha contribución se atiende al volumen de neg’ocios reali-zados en el municipio solamente. Y no vemos que exista ningún principio fundamental de- ley o de equidad, ni prohi-bición constitucional alguna que impidan a la Legislatura proceder de tal modo.

2. A los efectos de estudiar y resolver la segunda cues-tión suscitada por el apelante, debe hacerse constar que la compañía de vapores de la cual el acusado es agente además de conducir carga y pasajeros entre los puertos de la isla y los de los estados de la TTnión, se dedica también al nego-cio de conducir carga y pasajeros entre los diversos puertos de la Isla de Puerto Eico. Quiere decir que la compañía al par que su negocio entre estados, realiza un negocio insular. Y debe hacerse constar además que el estatuto es general, uniforme y no establece distinciones ilegales.

Siendo esto así, el caso debe regirse por los principios establecidos por esta misma Corte Suprema en los casos de Ponce Lighter Company v. El Municipio de Ponce, 19 D. P. R. 760 y El Pueblo v. Central Fortuna, 22 D. P. R. 106.

“Es el deber de los tribunales”, se expresa en el resumen del primero de los dos casos citados, “acatar la voluntad del poder legislativo expresada por medio de sus leyes y nunca debe ser declarada nula una ley por inconstitucional, a me-nos que se pruebe fuera de toda duda razonable que dicha ley es contraria a la Constitución, pero cualquier duda en ese sentido debe ser interpretada a favor de la validez de la ley. El mero hecho de que una compañía esté dedicada al comercio entre estados no impide el que esté sujeta'al pago de contribución de patentes de industria y comercio por ejercer dicha'industria o comercio, siempre y cuando que la ley u ordenanza' que imponga dicha contribución sea uniforme y no establezca distinciones perjudiciales.”

Y si esto es así, tratándose de una patente impuesta directamente a la compañía, mucho más tiene que serlo cuando se trata de una patente impuesta al agente de la compañia considerando la agencia como un negocio en sí mismo.

No habiéndose demostrado que la ley y ordenanza de que se trata aplicadas a este caso tengan la tendencia de in-tervenir con o de obstruir el comercio entre estados, o lo obstaculicen en la práctica, no bay base para declararlas inconstitucionales.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Turull, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre delito contra la salud pública.
    No. 1412.
    Resuelto en julio 8, 1919.
    Leche Adulterada — Venta de Leche Adulterada — Prueba Insuficiente para Sostener la Sentencia. — En este caso fueron acusados Francisco Solano Laforet y Juan R. Turull por vender leche adulterada. Apelada la senten-cia dictada contra el segundo, pues el primero fué absuelto, resulta del récord que la leehe que ese día vendía Solano Laforet estaba adulterada, habiendo consistido la prueba de cargo en que' Labiosa, inspector de sanidad, declaró que Turull no estaba en el puesto de leehe que tiene el No. 15 cuando él ocupó la leche adulterada que vendía Solano, quien le dijo que compraba la leehe a Turull. Con esta prueba y con la presentación de un certificado según el cual en agosto 2, 1918, fué inscrito un depósito de lecho registrado con el número 17 terminó El Pueblo su prueba. Se resolvió: que tal prueba es insuficiente para sostener la sentencia dictada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del acusado: Sr. Angel A. Vázquez y Abraham Peña.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal del Supremo.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Solano Laforet y Juan E. Turull fueron acu-sados de vender leche de vaca adulterada el día 11 de diciem-bre de 1918 en la ciudad de Mayagüez. El primero de ellos fué absuelto pero el segundo condenado y entonces apeló de la sentencia.

Se probó por el fiscal que la leche que ese día vendía So-lano Laforet estaba adulterada con agua y con respecto a la responsabilidad que pueda tener el apelante la prueba del pueblo consistió en que el testigo Lucas. Labiosa, inspector de sanidad, declaró que Turull no estaba en el puesto de leche que tiene el No. lo cuando él ocupó la adulterada que vendía Solano quien le dijo que compraba la leche a Tu-rull. La declaración del otro testigo Francisco Pastrana, policía insular, no aportó dato alguno en contra del apelante.

Con estas dos declaraciones y con la presentación de una certificación según la cual en 2 de agosto de 1918 fue inscrito un depósito de leche registrado con el No. 17 cuya licencia fué expedida a nombre de Juan E. Turull terminó el pueblo su prueba y el apelante acto seguido pidió ser absuelto por falta de prueba, moción que el juez le negó prestando enton-ces declaración Francisco Solano Laforet en la que mani-festó que la leche que vendía la compraba a Juan E. Turull para revenderla, extremo comprobado por la declaración del último.

En vista de toda la prueba presentada en el juicio opi-namos que tiene razón el apelante Turull al sostener en este recurso, como también lo hizo en la corte inferior, que es in-suficiente para sostener una sentencia condenatoria contra él ya que apareció de ella claramente que la leché que resultó adulterada con agua no era - de su propiedad sino pertene-ciente a Solano Laforet quien se la compraba y la vendía por cuenta propia y porque el certificado de depósito que en mayo de 1918 registró a su nombre Turull con el No. 17 no corresponde al del puesto en que la leche se vendía y que tiene el No. 15.'

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia y absuelto, el acusado con las costas de oficio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.