author: El .Juez Asociado Señor Travieso

text:
    José Isern Aponte, sustituído por Carmen Isern de la Cruz, demandante y apelada, v. Luisa Ramírez Santana y Clotilde Benítez Rexach, demandadas y apelante la última.
    Núm. 7912.

    Sometido: Abril 10, 1940.

      Resuelto: Julio 18, 1940.

      Jaime Benitez y Géigel & Silva, abogados de la apelante;

      Francisco González Fagundo, abogado de la apelada.
   El .Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Durante su matrimonio con la demandada Luisa Ramírez Santana el demandante adquirió por título de compraventa una casa ubicada en el pueblo de Caguas. Alega el deman-dante que en mayo 19 de 1928 el demandante y su esposa de común acuerdo traspasaron el título sobre dicta casa a doña Belén Maldonado para que lo retuviera basta que el demandante le ordenara traspasarlo a cualquiera otra persona o al demandante y su esposa; que en el traspaso hecho a la Sra. Maldonado no medió precio o consideración alguna; que en noviembre 10, 1928, la Sra. Maldonado traspasó el título sobre la casa a Luisa Ramírez Santana, quien estaba aún casada con el demandante; que en la escritura de tras-paso se hizo constar falsamente que el precio de la venta había sido recibido en el acto del otorgamiento y en presencia del notario y de los testigos, cuando en realidad no medió precio ni consideración de clase alguna; y que en dicha escri-tura se dijo también falsamente que el .dinero invertido en la compra por Luisa Ramírez Santana pertenecía a ella exclu-sivamente por herencia de su hermana doña Dolores Ramírez Santana. Se alega además que en marzo 1 de 1934, estando ya divorciada del demandante, Lnisa Ramírez Santana tras-pasó la casa a la otra demandada Clotilde Benitez Rexaeh, por $500 que dijo haber recibido, sin que fuera cierto, pues ■ el traspaso se hizo sin que mediara precio o consideración alguna y con el único objeto de privar al demandante de su participación en el inmueble. Pide el demandante que se ■dicte sentencia declarando que la casa pertenece a la sociedad ' de gananciales y que el contrato de venta entre las dos deman-dadas es inexistente.

Contestó la demandada Clotilde Benitez Rexaeh haciendo una negación general de los hechos de la demanda y alegó: que la finca en cuestión fué adquirida por Luisa Ramírez Santana desde 1917 por compra a varias personas de ape-llido Martínez Chapel; que dicha señora Ramírez obtuvo del municipio de Caguas el usufructo del solar en que está edifi-cada la casa; que fué ella también la que en 1917 tramitó ' un expediente para acreditar la posesión de la casa, quedando dicho expediente inscrito a su favor en el registro de la pro-piedad; que siendo la casa propiedad de Luisa Ramírez Santana, el esposo de ésta, el demandante, firmó la escritura de traspaso a Belén Maldonado con el único fin de prestar su consentimiento; que Luisa Ramírez compró la finca a Belén Maldonado por $500 que pagó con dinero adquirido por herencia de su hermana Dolores Ramírez, según escri-tura de partición de bienes de mayo 23, 1928; que en la demanda de divorcio entablada por Luisa Ramírez contra el demandante se hizo constar que no existían bienes que tu-vieran la condición de gananciales; que la adquisición de la finca por Clotilde Benitez Rexaeh fué un contrato lícito; y que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción.

Visto el caso ante la Corte de Distrito de Humacao, dictó esta sentencia declarando nulo e inexistente el contrato entre Luisa Ramírez y Clotilde Benitez Rexaeh en cuanto el mismo 'pueda afectar la participación qúe por concepto de ganan-cíales pertenecía al demandante, y válido en cnanto a la par-ticipación que por igual concepto pertenecía a Luisa Ramírez.

Clotilde Benitez Rexach, apelante ante esta Corte Su-prema, sostiene que la corte inferior erró: al declarar sin lugar la moción de nonsuit presentada por la demandada; al declarar parcialmente con lugar la demanda; al apreciar la evidencia; al dictar sentencia en contravención del artículo 191 del Código de Enjuiciamiento Civil; y al resolver este pleito mediante la aplicación de una teoría distinta a la que sirve de fundamento a la demanda. Alega además, que la sentencia recurrida es contraria a derecho por que. resuelve el caso a base de cuestiones legales (issues) que no fueron plan-teadas en las alegaciones; porque no está sostenida por las alegaciones de la demanda; y porque priva a la demandada apelante de su propiedad sin el debido proceso de ley.

Examinemos la prueba:

En el acto de la vista la parte demandante ofreció en evidencia las tres escrituras públicas a que se hace referencia en la demanda y la siguiente prueba testifical: Belén Maído-nado, declaró: que doña Luisa Rodríguez Santana le vendió la casa por $500, suma que ella le pagó en billetes de banco en presencia del notario Lie. Luis Mendín Sabat; que conoce a don Andrés Mena, allí presente; que nunca ha hablado con Mena acerca de la escritura de compra de la casa; que no es cierto que le baya dicho a Mena que ella no había dado un centavo por la finca y que había aceptado el traspaso a su favor para complacer a Pepito Isern y a su esposa; que tampoco es cierto que ella haya dicho tal cosa a Francisco Ramis; que es falso que ella dijera a doña Carmen Cruz, o a Ramis o a Mena que ella no había pagado nada por la casa. Preguntada tres veces por el juez si ella había hecho tales manifestaciones, contestó enfáticamente en la negativa.

Llamado a declarar Andrés Mena, abogado-notario, de-claró: que conoce a Belén Maldonado; que ella fué a su bufete a decirle que había recibido una citación para venir a declarar como testigo en este caso;, que él le preguntó: “¿Y qué hay de esa cuestión'?,” y ella le respondió: “Yo voy a decir la verdad”; que ella le dijo que no recordaba la fecha de la escritura.

La Sra. Carmen de la Cruz, madre de la niña Carmen Isern de la Cruz, hija y heredera de José Isern Aponte, declaró: que conoce de vista a Belén Maldonado; que ésta fué a su casa a decirle que la habían citado como testigo y que no tenía dinero para el viaje; que le dijo que ella venía a la corte a decir la verdad, que ella no tenía interés en este caso ni en nada, que venía a decir lo que había quedado Pepito con ella, que Pepito había ido con Luisa, porque en esos días estaban los negocios muy malos y que iba a perder la casa, y por no dejar a la señora en la calle él le dijo a ella y le suplicó que hicieran la escritura a nombre de ella y ella no recibió dinero en aquel momento ni nada, y quedaron en que cuando no hubiera peligro de nada, entonces cambiarla otra vez a nombre de Luisa.

La moción de nonsuit de las demandadas se basó en que no se había presentado evidencia en lo más mínimo para impugnar la prueba sobre la consideración del contrato de la demandada Clotilde Benitez; y en que asumiendo que la venta a Belén Maldonado fuese un convenio de traspaso, el demandante estaría ahora impedido en cuanto a Clotilde Benitez de impugnar su propio contrato.

Examinemos la prueba documental de ambas partes, en orden cronológico:

1. Escritura de mayo 21, 1917, por la cual don Juan Martínez Chapel y cinco condueños más, venden seis octavas partes indivisas de la casa a Luisa Bamírez, mayor de edad, casada con José Isern Aponte, por $360 que los vendedores confiesan haber recibido. El párrafo segundo de la escritura lee así:

“Segundo: La compradora, sin otro acto que este otorgamiento, entrará en posesión de las participaciones que adquiere por el pre-sente título y ratifica en todas sus partes la escritura número ciento veinte y siete, otorgada ante el notario autorizante, por la cual el esposo de dicha compradora, aceptó a su nombre la compraventa de dos participaciones de la descrita finca hecha a doña María del Carmen y don Ramón Martínez Chapel.”

2. Escritura de 19 de mayo de 1928; los esposos Isern-Ramírez exponen que son dueños de la casa por haberla adqui-rido por compra a doña Rosario Martínez Chapel y otros; y que “Don José Isern Aponte, asistido y con el consentimiento de su esposa, la compareciente Luisa Ramírez Santana, vende y transmite en favor de Belén Maldonado, la casa que se describe en esta escritura..., por el convenido precio de $500 que los esposos vendedores reciben en este acto de la compradora, en billetes de banco de curso legal.” El notario no da fe de la entrega del dinero en su presencia. Al final del documento da fe de todo cuanto en él se deja consignado.

3. Escritura de 10 de noviembre, 1928, por la cual Belén Maldonado vende la casa a Luisa Ramírez Santana, casada con José Isern Aponte “que no concurre a este acto por tratarse de bienes privativos de la esposa compareciente.” La venta se efectuó por precio de $500, “cuya suma recibe la vendedora en este acto a mi presencia y la de los testigos.” No da fe el notario de la entrega del dinero.

En cnanto a la procedencia del dinero que doña Luisa Ramírez Santana dice pagó a Belén Maldonado como precio de la casa objeto de la compraventa, la escritura expone:

“Doña Luisa Ramírez Santana, manifiesta que el dinero invertido en la compra de la casa que se describe en esta escritura, pertenece exclusivamente a ella, por haberlo adquirido por herencia de su hermana doña Dolores Ramírez Santana conocida también por Dolores Ramírez de Arellano y Santana, que falleció en el pueblo de Cayey, Puerto Rico, habiéndose consignado la escritura de parti-ción de los bienes dejados al óbito de dicha Dolores Ramírez Santana, en la escritura número veinte, de fecha veinte y tres de mayo de 1928, la que fué aprobada por la Corte de Distrito de Guayama, siendo por tanto la indicada suma, bienes privativos de Luisa Ramírez Santana, haciendo esta aclaración a los efectos del Registro de la Propiedad. ’ ’

En la inscripción de la venta hecha por Belén Maldonado a Lnisa Ramírez, practicada en diciembre 10, 1928, se hizo constar el defecto snbsanable de no acreditarse en debida forma la procedencia del dinero invertido en la compra, no obstante lo que se dice en el documento, pues no se acom-pañó la escritura de partición de bienes de la herencia de Dolores Ramírez. El citado defecto' fue subsanado en el registro en marzo 13 de 1934.

4. Copia de la demanda de divorcio interpuesta por Luisa Ramírez Santana contra su esposo José Isern Aponte, por abandono, en la que la demandante hace constar que no existen bienes gananciales; y copia de la sentencia en rebel-día, dictada el 15 de abril de 1932.

5. Escritura de marzo 1, 1934, por la cual Luisa Ramírez Santana, divorciada, vende a Clotilde Benitez Rexach la casa en cuestión por $500 “que la vendedora recibe de la compradora en este acto,” sin que el notario dé fe de la entrega del dinero en su presencia.

6. Escritura de mayo 23, 1928, sobre partición de la herencia de Dolores Ramírez Santana, de la cual aparece que a la heredera Luisa Ramírez Santana se le adjudicaron dos casas valoradas en $1,500, más $647.18 en efectivo, o sea un valor total de $2,147.18, suma que debía ser aplicada a cubrir su participación en la herencia por $320.38, y el resto para pago de deudas del caudal hereditario.

Como testigo de la demandada declaró el notario Luis Mendín Sabat ante quien fueron otorgadas todas las escri-turas antes relacionadas, y dijo: que a Luisa Ramírez Santana se le adjudicaron bienes por valor de dos mil y pico de dólares y seiscientos y pico de dólares en efectivo; que el dinero que ella hizo con los bienes que se le adjudicaron se quedó con él y con ese dinero fue que ella' compró la casa para su exclusiva conveniencia y uso; que en la escritura de Belén Maldonado hubo pago; que hubo pago en las otras escrituras y que también lo hubo en la de Clotilde Benitez Rexach.

La apelante no disente separadamente los nueve errores que en su alegato le atribuye a la corte sentenciadora, sino que los agrupa alrededor de tres cuestiones fundamentales. En la primera de dichas tres cuestiones se mantiene que la corte inferior infringió las disposiciones del artículo 191 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone:

“Artículo 191.- — La declaración que se hiciere en favor del de-mandante, si no hubiere contestación, no podrá exceder de lo que hubiere pretendido en la demanda; pero en cualquier otro caso, la corte puede concederle, lo que siendo compatible con lo alegado en la demanda, estuviere comprendido en el asunto objeto del litigio.”

Como en el caso de autos la demandada Clotilde Benitez Rexach radicó una contestación a la demanda, no está envuelta la aplicación de la primera parte del artículo antes transcrito, de la cual podemos prescindir.

Sostiene la apelante que es incompatible con lo alegado en la demanda el decretar como lo decretó en su sentencia del día 24 de mayo de 1938 la corte inferior “ .. .la nulidad e inexistencia del contrato celebrado entre doña Luisa Ramírez y doña Clotilde Benitez Rexach el día 1 de marzo de 1934... en tanto en cuanto el mismo se refiere a o afecta la participación que por concepto de gananciales pertenecía a don José Isern Aponte, correspondiente hoy a sus herederos, continuando subsistente y en vigor dicho contrato en lo concerniente a todo derecho y participación que sobre la finca objeto del mismo pertenecía a doña Luisa Ramírez Santana en la fecha en que el mismo se otorgó.” Si en dicho contrato no medió precio, dice la apelante, el mismo es inexistente según el artículo 1213 del Código Civil y no pudo por tanto la corte inferior sostenerlo en cuanto a la participación de doña Luisa Ramírez y al mismo tiempo anularlo en cuanto a la de don José Isern Aponte. Hasta aquí está en lo cierto la apelante al decir que existe incompatibilidad entre lo pedido y lo concedido, ya que el demandante no ataca en su demanda la validez parcial de la escritura número 3, otorgada el día 1 de marzo de 1934, sino que la impugna en sn totalidad por motivos qne van a la raíz misma del contrato de compra-venta en ella consignado. Pero, ¿y si hubiera mediado causa en el contrato, podría decirse lo mismo? Opinamos que no. Si contrario a lo que el demandante alega en su demanda, hubiera mediado precio en las tres escrituras impugnadas, entonces la casa objeto de este litigio hubiera pertenecido a la sociedad de gananciales constituida por don José Isern Aponte y doña Luisa Eamírez Santana, pues la demandada no logró destruir con su evidencia la presunción que establece el artículo 1307 del Código Civil, reputando gananciales todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que perte-necen privativamente al marido o a la mujer. Esa presun-ción nació en el presente caso desde el momento mismo en que se otorgara en 10 de noviembre de 1928 la escritura número 76, por virtud de la cual doña Luisa Eamírez Santana, durante su matrimonio con don José Isern Aponte, adquirió a título oneroso la casa objeto de este litigio. No destruye esa presunción el hecho de que en la escritura de adquisición la compradora manifieste que ha heredado de su hermana el dinero invertido en la compra, pues como muy bien dice la corte inferior en su opinión, £ ‘... no parece razo-nable en derecho que la sola manifestación de uno de los cónyuges, en su propio beneficio y en contra del interés del otro cónyuge, en ausencia del perjudicado y sin que éste en forma alguna con posterioridad ratifique dicha manifesta-ción, pueda ser considerada suficiente para lesionar su de-recho o perjudicar sus intereses.” Tampoco la destruye el hecho de que en la demanda de divorcio radicada por Luisa Eamírez Santana contra su esposo José Isern Aponte, éste permitiera que se fallara el pleito en rebeldía, existiendo en la demanda una alegación de que no había bienes gananciales sujetos a liquidación.

La corte de distrito falló este asunto partiendo de la base de que en las escrituras impugnadas medió precio. Si el demandante hubiera logrado probar las alegaciones de su demanda, o sea que eran nulas por no haber mediado precio las escrituras otorgadas en 19 de mayo de 1928, en 10 de noviembre de 1928 y en 1 de marzo de 1934, la corte senten-ciadora hubiera tenido que llegar a la misma conclusión a que llegó, rechazando la contención del demandante. Anu-ladas las tres escrituras impugnadas y siendo insuficiente la evidencia presentada por la demandada para destruir la pre-sunción de propiedad ganancial recaída sobre la casa desde que originalmente la adquirió para sí la demandada por medio de la escritura número 128 otorgada en 21 de mayo de 1917, cuando estaba casada con José Isern Aponte, la sentencia de la corte inferior no hubiera podido ser otra que la que dictó. Y puesto que las alegaciones de la demanda, de haberse aquéllas probado, hubieran ameritado un fallo igual al emi-tido, no encontramos la incompatibilidad alegada por la ape-lante en esta primera cuestión, que debe por tanto desesti-marse. Pasemos ahora a la segunda.

Se sostiene en ella que la corte sentenciadora resolvió el pleito a base de una teoría distinta a aquella que se alega en la demanda. El pleito se resolvió, dice la apelante, a base de la validez de las tantas veces mencionadas escrituras; precisamente lo contrario de lo que en la demanda se alega. No hay duda ninguna de que al resolver la corte sentenciadora el pleito en la forma que lo hizo tuvo que partir de la premisa de que en dichas tres escrituras medió precio. La cuestión se reduce, pues, a decidir si a pesar de no haber probado el demandante las alegaciones de su demanda pudo la corte a quo declararla con lugar en parte, basándose, según la apelante, en una teoría distinta. El verdadero propósito de la demanda, según lo en ella alegado, parece ser el que se decretase que la finca objeto del pleito es un bien ganancial. El demandante no pide que se le dé título a él solo sobre toda la finca. Por el contrario, es bien explícito en la súplica de la demanda al solicitar de la corte que “ .. .dicte sentencia declarando que la casa descrita en esta demanda pertenece a la sociedad de gananciales constituida por José Isern Aponte y Luisa Ramírez Santana, y declarando inexistente el contrato consignado en la escritura número 3 de 1 de marzo de 1934, otorgada por Luisa Ramírez Santana a favor de Clotilde Benitez Rexach, condenando a las demandadas al pago de las costas.” Y si bien es cierto que la súplica no forma parte de la demanda, también lo es que sirve para interpre-tarla. Al solicitar el demandante la nulidad de las escrituras núms. 19, 76 y 3, antes referidas, indudablemente lo hizo con el propósito de que la finca quedase como un bien pertene-ciente a la sociedad de gananciales constituida por él y por su esposa doña Luisa Ramírez Santana.

Es verdad que la corte sentenciadora no creyó la prueba del demandante al efecto de que en el otorgamiento de dichas tres escrituras no medió precio. Pero ello no le impedía hacer una adjudicación de la casa a favor de la sociedad de gananciales. La verdadera esencia de la demanda, la única, teoría expuesta, de acuerdo con la súplica, y con los resul-tados si la corte inferior hubiera encontrado probadas las-alegaciones de la demanda, era que por un tribunal de jus-ticia se dictaminase que la casa pertenecía a la sociedad de gananciales habida entre José Isern Aponte y Luisa Ramírez. Santana. Creemos que la teoría es la misma aunque los fundamentos no lo son. Pero como los fundamentos de-una sentencia, de acuerdo con lo tan repetidamente resuelto por este tribunal, no son objeto de apelación, y sí sólo la. sentencia, si ésta es correcta, aunque aquéllos no lo sean,, debe sostenerse,

Nos falta decidir con relación a esta misma cuestión si la demandada Clotilde Benitez Rexach es un tercero hipotecario cuyo derecho quedó afectado por la sentencia apelada.. La. escritura núm. 76 otorgada el día 10 de noviembre de1928, fué inscrita en el Registro de la Propiedad “ ... con el defecto subsanable de no acreditarse en debida forma la procedencia del dinero invertido en la compra, aunque en el documento se expresa que dicho dinero pertenece exclusivamente a doña Luisa Ramírez Santana por haberlo heredado de su. hermana Dolores Ramírez Santana según se consignó en la escritura de partición de bienes de dicha cansante, la cual escritura no se acompañó ni de la cual se tiene conocimientoen este registro.” Este defecto fue subsanado el día 13 de-marzo de 1934, o sea doce días después de haber adquirido-Clotilde Benitez Rexach la finca, de doña Luisa Ramírez Santana. De modo que en la fecha de lá adquisición el registro-ponía sobre aviso a Clotilde Benitez Rexach de que el carácter-privativo de la finca que adquiría no había sido acreditado-debidamente, por lo que al adquirir corría el riesgo de que ocurriera lo que como cuestión de hechos ha sucedido. No creemos, por tanto, que Clotilde Benitez Rexach pueda re-clamar los derechos que a un tercero le confiere la Ley Hipo-tecaria.

Veamos ahora la tercera cuestión suscitada por la apelante en su alegato, o sea: que la prueba del demandante es insuficiente, y que la corte se equivocó al apreciar tanto la del demandante como la de la demandada.

Aun aceptando que la evidencia del demandante es insu-ficiente para probar que en el otorgamiento de las escrituras núms. 19, 76 y 3, antes mencionadas, no medió precio, opi-namos que era suficiente para establecer el hecho de -que la casa en cuestión pertenecía en propiedad a la sociedad de-gananciales. La prueba documental de la demandada, consis-tente en la escritura núm. 76 de 10 de noviembre de 1928 en que Luisa Ramírez Santana manifiesta que el dinero con que adquiere la finca procede de una herencia de su hermana, y los autos del pleito de divorcio núm. 16,588 establecido por Luisa Ramírez Santana contra su esposo José Isern Aponte en el que aparece en la demanda la alegación de la allí deman-dante al efecto de que no existían bienes gananciales sujetos a liquidación, y la sentencia de la corte fallando el pleito en rebeldía, no puede considerarse suficiente para destruir la presunción de ganancial que tiene la casa objeto de este litigio. T si como hemos visto antes, la corte inferior no aplicó a este caso una teoría de derecho distinta a la alegada en la demanda, debemos llegar a la conclusión de que los errores que constituyen la tercera cuestión tampoco se come-tieron.

En tal virtud, es de confirmarse la sentencia apelada, y así .debe ordenarse.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Antonio Romero Cabrera, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada, y Juan Márquez Rivera, obrero lesionado.
    Núm. 200.

    Sometido: Junio 17, 1940.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      Miguel A. Muñoz, abogado del recurrente;

      M. León Parra, abogado ■ de la Comisión demandada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un recurso de revisión interpuesto por un patrono «contra la decisión de la Comisión Industrial declarando que dicho patrono debe satisfacer a cierto obrero determinada indemnización.

■ Alega el recurrente qne la Comisión erró al resolver que el obrero era uno de los comprendidos en el estatuto, al deci-dir que el recurrente era el patrono del obrero con obligación de asegurarlo y al declarar al recurrente responsable de los daños que el obrero sufriera con motivo del accidente.

De los autos originales elevados por la Comisión resulta que el 2 de febrero de 1939 el obrero Juan Márquez Eivera archivó ante ella su petición exponiendo que el 5 de junio de 1938 sufrió la fractura de su pierna derecha mientras tra-bajaba para el patrono Antonio Eomero — el recurrente— como peón de un truck de la propiedad del patrono.

Pidió la Comisión informe sobre el status del patrono al Administrador del Pondo del Seguro del Estado y éste le contestó que dicho patrono para el año 1937-38 en que estaba comprendido el accidente figuró asegurado para el transporte de pasajeros de guaguas, claves 7382 y 8385, pero no para el riesgo de truck, clave 7219. También le informó que había fijado la suma de ochocientos dólares para asegurar la efec-tividad de la compensación que pudiera concederse.

Al ser el patrono notificado compareció ante la Comisión alegando que el caso no caía dentro de su jurisdicción por no tratarse de un accidente del trabajo. Se abrió la inves-tigación correspondiente y refiriéndose al resultado de la misma la Comisión, después de resumir y analizar los proce-dimientos habidos y la evidencia de una y otra parte, se expresó como sigue:

“De la prueba se desprende que Juan Márquez Rivera bacía como tres años que venía trabajando en el truck del Sr. Antonio Romero Cabrera, en calidad de peón de carga. Faustino Soto, en quien depositaba el Sr. Romero Cabrera la facultad de emplear los peones del truck declaró en calidad de testigo del patrono que el día del accidente él y' Márquez (pág. 40 Rée.) iban a buscar un peón, y que él necesitaba a Márquez; añadiendo a preguntas del obrero que el día del accidente él le echó gasolina al truck y Juan Márquez Rivera le echó agua. Estuvo conforme también en que el día del accidente, después de baber ocurrido el mismo a Juan Márquez Rivera, babía invitado a Nicolás Rosario para que susti-tuyera al primero en el viaje que iban a dar a la Sierra. En ningún momento presentó el patrono prueba alguna en contrario a lo ex-puesto por su propio testigo Faustino Soto en virtud de todo lo cual creemos que ese día del accidente Juan Márquez Rivera estaba trabajando.
"Juan Márquez Rivera en los momentos de recibir los primeros auxilios médicos olía a alcohol un poquito (véase declaración de la Sra. Jesusa Colón, pág. 7 R.V.P. 4/20/39) y el Dr. Hilario Caso clasificó el estado del paciente como de embriaguez. La alegada embriaguez de Juan Márquez Rivera, sin embargo, no parece que le impedía realizar su labor, pues si recordamos la declaración de Faustino Soto, Juan Márquez Rivera fué quien le eebó agua al truck antes de ocurrir el accidente, y, en los momentos en que éste ocurriera, toda la prueba demuestra que Juan Márquez Rivera se encontraba ocupando el sitio que babitualmente ocupaba en el truck cuando estaba trabajando... El patrono en este caso no produjo la prueba necesaria que nos convenciera que el estado de embriaguez de Juan Márquez Rivera fuera la causa del accidente, y estudiada detenidamente toda la evidencia ofrecida consideramos que aun cuando Juan Márquez Rivera hubiera tomado licor, sin embargo esto no demuestra ni prueba que ese hecbo fué la causa del accidente.
"Sostiene en su alegato el abogado del patrono que Faustino .Soto hace su negocio de transporte sin la supervisión, sin la inter-vención y sin la dirección de Antonio Romero Cabrera, dueño del truck. Dice en su alegato el patrono que lo único es que en cuanto a los gastos del negocio éstos se pagaban de lo que producía el mismo negocio, incluyéndose aceite, gasolina, sueldos de peones, y que entonces Faustino Soto cobraba el 15 por ciento de lo que hiciera por cada flete que llevara.
"Esto demuestra a nuestro juicio, que Faustino Soto no era un patrono independiente. Faustino Soto, no hay duda, gozaba de ciertas condiciones superiores a las de aquellos obreros que traba-jaban en el truck de Antonio Romero Cabrera, pero era un obrero al servicio del patrono Antonio Romero Cabrera.
"Por las razones expuestas la Comisión Industrial Resuelve que Juan Márquez Rivera era un obrero al servicio del patrono Antonio Romero Cabrera para la fecha en que sufrió el accidente;
"Que el patrono Antonio Romero Cabrera estaba obligado a asegurar a los obreros que trabajaban en el truch de su propiedad de la misma manera que tiene asegurados a los obreros que se em-plean en sus guaguas;
"Que el obrero Juan Márquez Rivera sufrió un accidente que le provino de un acto o función inherente a su trabajo y le ocurrió en el curso de éste y como consecuencia del mismo por lo cual el caso es compensable de acuerdo con la Ley 45 de abril 18 de 1935 y el patrono Antonio Romero Cabrera es responsable de dicho acci-dente;
"Que el obrero tiene derecho por su incapacidad parcial perma-nente consistente en la pérdida de un 66% por ciento de la pierna derecha por el tercio superior de la misma a la compensación que provee la ley en adición a sus compensaciones semanales computadas durante el período que estuvo bajo tratamiento e imposibilitado de trabajar, debiéndose descontar del montante de la compensación que corresponde al obrero la suma de $174.50 que el patrono proveyó al obrero mientras estuvo bajo tratamiento médico; que además de la compensación que corresponde al obrero, el patrono debe pagar los gastos incurridos por la Comisión Industrial en este caso.
"Se ordena al Administrador del Fondo del Seguro del Estado determine la compensación que proceda más los gastos en el caso' y certifique su decisión al Tesorero de Puerto Rico, para que éste cobre al patrono dicha compensación y gastos de acuerdo con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley 45 de abril 18 de 1935.”

La indemnización a satisfacer fue liquidada así:

"Jornales perdidos para el obrero_ $32.00
‘ ‘ Compensación por incapacidad_ 450. 00
‘ ‘ Compensación total para el obrero_$482. 00
"Anticipado por el patrono al obrero_ 174. 50
"Remanente para el obrero_.$307.50
"Vista pública Comisión Industrial_ $78.50
"Gastos de viajes Comisión Industrial_ 10.70
"Embargo_ 1.00
"Gastos de Administración Fondo del Estado_ 1. 50
1 ‘ Gastos de Administración Comisión Industrial_ 5. 00
$404. 20.. "Total.

Veamos si el accidente está o no comprendido dentro del estatuto.

El artículo 4 de la ley aplicable — Ley núm. 45 de 1935, págs. 251 y 273 — determina que no son accidentes del tra-bajo entre otros los que ocurren “Estando el obrero o em-pleado embriagado, siempre que la embriaguez fuere la caus'a del accidente.”

Como cuestión de hecho sabemos que la Comisión concluyó que si bien había signos de embriaguez por parte del obrero, esos signos no demostraban que el obrero estuviera embria-gado de tal modo que le fuera imposible trabajar habiendo por el contrario realizado actos demostrativos de que lo estaba, y no se nos ha demostrado que la Comisión estuviera errada en su criterio.

¿Se trata de un obrero al servicio de un contratista independiente?

Sosteniendo la afirmativa alega el recurrente que si se examina el récord se verá que Soto hacía el negocio de trans-porte con completa independencia y sin su intervención, ya que contrataba la carga por sí mismo con quien quería y para cualquier punto de la isla, fijando la compensación y cobrán-dola, siendo él el que empleaba los peones que necesitaba. Cita abundante jurisprudencia, haciendo énfasis en la esta-blecida en los casos de Fidelity & C. Co. v. Industrial Acc. Com., 191 Cal. 404, Luckie v. Diamond Coal Co., 183 P. 178, 183, y en la nota que aparece a las páginas 1312 a 1319 del volumen 43 A.L.R.

En el primero de los casos invocados por el recurrente, o sea en el de Fidelity & C. Co. v. Industrial Acc. Com., 191 Cal. 404, se resolvió que:

“Cuando una parte que se dedica al negocio de transportación de carga por medio de automóviles entre determinados puntos, con-trata con otra, arrendando sus servicios exclusivos para transportar carga durante un período determinado, quedando obligada la se-gunda parte a proveer su propio camión y carro de remolque {trailer), a ocuparse de reparar éstos, pagar todos los gastos de explotación inclusive salarios de conductores y a bacer un viaje cada veinticuatro boras, salvo ser demorada por algún percance, no de-biendo la compensación ser menor de determinada suma por cada cien libras de carga transportadas, con una cantidad mensual mí-nima, la parte (la dueña del negocio) con la obligación de conseguir los fletes de carga a ser transportados, facilitar almacenes, y asumir toda la responsabilidad de la facturación y cobro de los precios, por lo cual debía el dueño del camión pagarle determinado por ciento de su entrada bruta, debiendq la primera parte ocuparse de y llevar a cabo todos los servicios relacionados con la carga, descarga, distri-bución y reunión de los fletes, para lo cual habría de tener el uso del camión y había de ser pagada una suma mensual por el dueño del camión, siendo el contrato transíerible a un tercero, sujeto a la aprobación de la primera parte, como el dueño del camión, debido a su contrato se hallaba bajo el control de la primera parte respecto al resultado de su trabajo solamente, y no respecto a los medios de alcanzar tal resultado, él era un contratista independiente.”

Y en el curso de la opinión se dijo:

“Al determinarse en un caso dado, si una persona era un em-pleado o un contratista independiente, usualmente concurren varias circunstancias favorables a una conclusión y otras circunstancias persuasivas de la conclusión opuesta. Pero un análisis de los casos demuestra claramente que el factor determinante se encuentra gene-ralmente en la solución de la siguiente cuestión: ¿Quién tiene el poder o control, no en cuanto al resultado del trabajo solamente, sino sobre los medios y método por los cuales se alcanzó tal resul-tado?.
“Se conceptúa patrono a aquel que tiene la suprema elección, control y dirección del empleado y cuya voluntad el empleado repre-senta, no meramente en los resultados finales del trabajo, sino en todos los detalles. La manera jurídica de determinar la cuestión se halla expuesta por Thompson en la forma siguiente: ‘Un contra-tista independiente .dentro del significado de esta regla, es el que presta servicios en el curso de un empleo, representando la voluntad de su patrono sólo en cuanto al resultado de su trabajo, y no en-cuanto a los medios de llevarlo a efecto.’ (1 Thompson on Negligence, sees. 621, 622).”

El caso se decidió por mayoría, disintiendo tres de los siete jueces de la corte.

En el segundo, o sea el de Luckie v. Diamond Coal Co., 183 P. 178, también de California pero no de la Corte Suprema sino de la Corte de Distrito de Apelaciones del Segundo Distrito, sección 2, se resolvió que:

"El comprador y arrendatario condicional de un camión de .motor, quien se baila sujeto a un contrato de arrendamiento de ser-vicios para transportar carbón para el arrendador, quien no tiene derecho a dirigir la forma en que debe verificarse la transportación, es un contratista independiente, por la negligencia de cuyos em-pleados no responde el arrendador.
"La doctrina de respondeat superior es de aplicación sólo cuando se demuestra que la relación de patrono y empleado existe entre el causante de la negligencia (turongdoer) y la persona a quien se trata de imputar responsabilidad por el resultado del daño al tiempo y respecto a la propia transacción de la cual surge el perjuicio.”

Por último, en la nota de 43 A.L.R. 1312 a 1319 invocada, se establecen los siguientes principios y se cita lo pertinente de los casos de los cuales se toman, a saber:

"Entre todas las circunstancias relacionadas con la determina-ción de si un dueño de camiones es un contratista independiente o un empleado, el derecho del patrón a controlar al dueño del camión es la más decisiva.... ”
"Cuando el patrono asume el control sobre la manera y medios de hacer el trabajo, más bien que sobre el resultado, el dueño del camión es un empleado antes que un contratista independiente...”
"Cuando el dueño del camión es investido del derecho a controlar los medios y métodos para llevar a cabo el trabajo y responde a su patrón sólo por el resultado final, entonces el dueño del camión es un contratista independiente más bien que un empleado...”
"En muchos de los casos, el derecho de cualquiera de las partes a terminar la relación a voluntad, sin incurrir en responsabilidad respecto a la otra, lo que incluye el derecho del patrono a despedir al dueño del camión en cualquier momento, es considerado como el factor principal en la determinación de la prueba primordial, esto es, que el patrono tiene el derecho a controlar al dueño del camión y que por consiguiente este último es un empleado más bien que un contratista independiente...”
"El hecho de que el contrato exija el cumplimiento de nn tra-bajo específico distinguido del trabajo en general, es una circuns-tancia indicativa de que el empleo es independiente...”
"Cuando bajo un contrato de arrendamiento de servicios, el dueño del camión no se' halla obligado a hacer personalmente el trabajo, sino que puede emplear substitutos a ese fin, el empleo es generalmente uno independiente...”
"El mero hecho de que un dueñ.o de camión provea y cuide de un camión, no afecta su status como un empleado, aunque pueda llegarse a una opuesta conclusión en el caso de una p'ersona dedicada al negocio de camiones (trucking business) quien facilitó y tuvo a su cargo un minero de camiones. (Citas.)”
"El hecho de que el dueño del camión en cuestión fuera un sir-viente del patrono antes de emprender sus deberes como truckman, es una circunstancia indicativa de una continuación de la relación de patrono y empleado. (Citas.)...”
"El hecho de que el dueño del camión rindiese servicios a otras personas puede ser una circunstancia que indica independencia de empleo, pero no es en forma alguna concluyente...”

Como puede verse, la cuestión envuelta se lia presentado muchas veces ante los tribunales y cuando está en la línea no es de fácil solución. Examinados los hechos del caso a la luz de la jurisprudencia citada hay que reconocer que no está desprovista de fundamento la conclusión de que Soto Nieves era un contratista independiente.

Sin embargo, tampoco está desprovista de fundamento la conclusión a que llegara l'a Comisión. Faustino Soto Nieves declaró, en parte, como sigue:

"Pues yo hace cuatro años que estoy con el señor Romero y él me da ese truck y yo trabajo a un tanto por ciento; yo busco la carga y cuando la cobro entonces liquido la gasolina, el aceite, los peones y cojo mi tanto por ciento, y el resto lo entrego al señor Romero.” (Pág. 33 Réc.) Al explicar la forma en que dispone del dinero dice: "El señor Romero tiene un empleado en la oficina y yo voy a la oficina para que él lo distribuya, se paga la gasolina, se paga el dinero de los peones, yo cojo mi por ciento y lo demás se entrega en la oficina del Sr. Romero, yo cojo un quince por ciento.” (Pág. 35 Réc.); que a los peones se les paga 50 centavos por viaje; que él paga los peones pero va donde el empleado de Romero para, que él liquide (Pag. 43 Réc.); que él vive en una parte de la carretera de Bayamón a Comerlo y tiene el truc 1c allí bajo su control; que trabaja con él como le da la gana. (Pág. 36 Réc.)

Y Márquez, el obrero lesionado, dijo:

“P. — ¿Usted no sabe si es -Faustino que contrata los peones?— R. — No, señor, no es el que los contrata. — P.—¿Romero contrató al otro peón? ¿Usted dice que el que lo contrató a usted fué Romero y no Faustino? — R.—Sí, señor, el señor don Antonio Romero Cabrera me llamó a mí para que trabajara en ese truck.”

La evidencia no suple con claridad y en detalle todos los requisitos que se lian tomado en consideración por los tribunales para resolver la cuestión en la afirmativa o en la negativa. Bajo esas circunstancias e incumbiendo la prueba al que afirma — y el que afirma que aquí se trata de un contratista independiente es el patrono — creemos que debemos declarar no baber lug’ar a la revisión solicitada.

Más que de un contratista independiente parece que se trata aquí de un negocio en común en que Romero pone el truck y Soto el trabajo, siendo Romero el que lo controla final-mente aun cuando Soto tiene todas aquellas facultades nece-sarias para el mejor éxito del mismo. Y en ese caso no bay duda de que Romero es el patrono que debió cuidarse de asegurar sus obreros y el que en todo caso responde del accidente.

Debe declararse no haber lugar a la revisión soUcitada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Díaz, Rodríguez & Compañía, demandante y apelada, v. G. Llinás & Cía., S. en C., demandada y apelante.
    Núm. 8107.

    Sometido: Mayo 21, 1940.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      Luis López de Victoria, abogado de la apelante;

      Francisco Parra Capó y Francisco Parra Toro, abogados de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Díaz, Rodríguez y Compañía, una sociedad mercantil domiciliada en Yauco, demandó en la Corte de Distrito de Ponce a Gr. Llinás y Compañía, otra sociedad mercantil del mismo domicilio, en solicitud de una sentencia declarando que era dueña del derecho de uso y aprovechamiento de cier-tos solares del Municipio de Yauco y ordenando a la deman-dada que le entregara la parte de los mismos que detenta.

Excepcionó la demanda la demandada y su excepción fué declarada sin lugar. Contestó y la demandante solicitó y obtuvo la eliminación de ciertos particulares de la contes-tación. Fué el pleito a juicio y la corte, el 13 de septiembre último, declaró la demanda en parte con lugar y sin lugar en parte. No conforme la demandada, interpuso el presente pecurso de apelación.

En la demanda se ejercitan dos causas de acción. Por la primera se alega que según resulta de escritura de mayo 2, 1917, inscrita en el Registro, el Municipio de Yauco cedió a la mercantil Solivellas y Compañía, el uso y aprovecha-miento a perpetuidad de un solar ubicado en las calles de Muñoz Rivera, Pasarell y Buena Yista de Yauco, de 1,911 metros 83 centímetros cuadrados.

La cabida del solar fué rectificada por el municipio hacién-dose constar por escritura de noviembre 12, 1931, que dentro de sus límites había 2,132 metros 87 centímetros cuadrados, y que el municipio consentía en que el solar se dividiera en tres porciones, una de 1,255 metros 69 centímetros cuadra-dos, otra de 158 metros y 5 centímetros cuadrados y otra de 718 metros 63 centímetros cuadrados.

A virtud de posteriores trasmisiones el derecho al uso y aprovechamiento de los solares uno y dos pasó a Ja pro-piedad de la demandante y el del tres a la demandada. Ésta admite la verdad de todos esos hechos.

La primera causa de acción termina alegando que la demandante sólo está en posesión de 1,376 metros 96 centí-metros cuadrados y que la demandada detenta la porción de 37 metros 28 centímetros cuadrados que le falta, hecho que negó la demandada.

Por la segunda causa de acción se reprodujeron los hechos aceptados y se alega que según mensura practicada por el Municipio de Yaueo a instancias de la demandante, la cabida total del primitivo solar asciende a 2,147 metros 6 centíme-tros cuadrados lo que revela un excedente de 14 .metros 19 centímetros cuadrados que la demandante adquirió por cesión que le hiciera el anterior dueño del derecho al uso de los tres solares, y que detenta la demandada. Ésta negó la nueva alegación.

A la demanda se acompañó un plano que abarca el solar primitivo en toda su extensión con indicación de lo que está actualmente en posesión de las partes y de lo que se reclama, plano que se hizo formar parte de la misma.

Para sostener su recurso, en un alegato de setenta y ocho páginas, la apelante señala y discute ocho errores. Los cua-tro primeros versan sobre cuestiones suscitadas antes del juicio, los tres siguientes se levantan con motivo de la prác-tica de la evidencia y el último se refiere a la apreciación de la prueba.

Se sostiene por el primero que la corte erró al no declarar con lugar la excepción previa de falta de hechos determinantes de una causa de acción, porque infringe el artículo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque pone de manifieslo que el derecho que pueda tener la demandante está prescrito y porque no demuestra que se agotó la vía gubernativa.

El artículo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que en una acción para recobrar propiedad inmueble, ésta deberá describirse en la demanda con tal precisión que un agente judicial pueda identificarla en caso de ejecución.

Examinada en efecto la demanda se encuentra que no contiene la descripción de las porciones que alega que le fal-tan a la demandante y que detenta la demandada, pero esa falta la suple el plano acompañado, y ello es bastante.

Para sostener que la acción había prescrito se invocan los artículos 1360' y 1361 del Código Civil, ed. 1930, que for-man parte de sus disposiciones relativas al contrato de compraventa y especialmente de las dictadas para aplicarse a la entrega de la cosa vendida, y aquí no se trata de un contrato de compraventa ni de la entrega de la cosa vendida por parte del vendedor, no siendo por tanto aplicables dichos artículos.

Además, como sostiene la demandante en su alegato:

“La teoría de la apelada fué que la faja de terreno en discusión no solamente estaba comprendida en sus títulos de adquisición del derecho de uso y aprovechamiento, sino además que como cuestión de hecho estaba también comprendida en la compra que de dicho derecho hizo al National City Bank of New York, cuyo Gerente Sr. Ramiro Lázaro había recibido ofertas de la apelante, quien era su colindante, para adquirir por compra el derecho de uso de la faja en cuestión.”

Tampoco tiene razón la apelante al sostener que era necesario agotar la vía gubernativa en un caso como éste, antes de poderse acudir a los tribunales de justicia. Cita el párrafo quinto del artículo 70 de la Ley Municipal vigente, Leyes de 1928, pág. 391, pero el procedimiento en él fijado se refiere al caso de la caducidad de concesiones de solares y. aquí no se trata de caducidad alguna. Aquí se actúa sobre la base de una concesión vigente. No hubo error.

Por el segundo señalamiento se sostiene que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar la excepción previa de defecto de parte demandada, por no haberse becbo parte en la acción al municipio, dueño de la nuda propiedad de los sobres que ambas partes poseen. A nuestro juicio tampoco erró la corte al actuar en la forma en que lo hizo.

El municipio no es parte necesaria porque la acción enta-blada se encamina únicamente a determinar sobre el terreno la extensión del derecho usufructuario concedido para ajus-tarlo a los términos de la concesión, sin que ello implique alteración alguna de la propiedad. Cualquier sentencia a dictarse no afectaría el derecho a la nuda propiedad del municipio.

Bajo esas circunstancias consideramos aplicable la si-guiente jurisprudencia:

“Partes necesarias, en la capacidad de demandados, son aquéllas interesadas, o que se alega que están interesadas en oponerse a las reclamaciones del demandante, ya inmediata o consiguientemente, y cuyos derechos pueden ser afectados perjudieialmente por la contro-versia.” Rowland v. Horst, 188 Cal. 772.
“A la inversa, las personas de quienes nada se requiere no son partes necesarias demandadas y no son en forma alguna esenciales para la determinación de los respectivos derechos del demandante o demandado.” Burns v. Ross, 190 Cal. 269, 272.

Por el señalamiento tercero se sostiene que la corte erró al decretar a petición de la demandante la eliminación de ciertos particulares de la contestación de la demandada.

No trataremos en detalle las cuestiones envueltas porque ello extendería innecesariamente nuestra opinión. Bastará decir que si hubo error, no fué perjudicial porque las cues-tiones suscitadas en lo eliminado o fueron resueltas al resol-verse las excepciones previas, o se permitió a la parte demandada introducir evidencia sobre ellas y eso no obstante la demanda fué declarada con lugar o se refieren a la parte de la demanda declarada sin lugar por la propia corte de distrito.

Que erró la corte al interpretar la estipulación comprendida en la deposición tomada a don Loreto Viqueira, se sostiene por el cuarto señalamiento.

El incidente que motiva el error ocupa alrededor de diez y seis páginas del récord. No vamos a referirnos a él en detalle. Bastará decir que lo que se advierte después de una .discusión prolongada e innecesaria es que la parte deman-dada no entendió Men el alcance de la regla final de la corte y en todo caso que si hubo error no fué perjudicial pues la oposición fundamental que parece que la parte tenía a que se admitiera la deposición fué levantada y resuelta y será considerada por esta corte con motivo de las declaraciones de otros testigos como veremos en seguida.

El quinto señalamiento imputa error a la corte de dis-trito al admitir evidencia oral tendiente a cambiar las con-diciones del contrato principal y escrito por el cual la demandada adquirió el usufructo del solar a que se refiere el pleito.

La cuestión se levantó con motivo ele las declaraciones de los testigos Jaime Viqueira, Modesto Torres, Ramiro Lázaro, Antonio Rodríguez y de la deposición cuya admisión dió ori-gen al señalamiento de error que antecede.

Hemos examinado las declaraciones y la deposición y el gran número de excepciones tomadas por la parte demandada y estamos conformes con la parte demandante en que no se varían los términos del contrato original. Éste subsiste tal como fué acordado y consta de escritura pública. Las declaraciones y la deposición versaron sobre la existencia de una cerca en sitio que no era el que correspondía y la admisión por parte de la demandada de que ello era así y sobre advertencias liecbas a la demandada-. En tal virtud no cometió el juez sentenciador error alguno al admitirlas.

El sexto señalamiento se refiere al error atribuido a la corte al admitir el plano acompañado a la demanda.

Si hubo error, no fué perjudicial. La propia corte sen-tenciadora se expresó así:

“Para nosotros no tiene ningún valor probatorio el plano qne se acompañó a la demanda por la actora Díaz, Rodríguez y Cía., toda vez que la prueba que tenemos ante nosotros nos demuestra que la demandada no fué citada, ni notificada, ni tuvo conocimiento de la mensura a que se refiere el becbo 2o. de la segunda causa de acción. Abundando aún en más razonamientos tenemos que decir que según la certificación expedida por la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el Sr. Juan Bautista Filardi, quien trazó el plano, no aparece en la secretaría de aquel ■ organismo con licencia de ingeniero civil ni con licencia de agrimensor.”

Además el plano no fué finalmente necesario porque la evidencia aportada por la demandante suplió los datos que el mismo contenía.

El séptimo error se atribuye a la corte al negarse a eliminar la declaración del ingeniero Edil M. Rivera.

La capacidad del testigo fué admitida por la parte deman-dada pero ésta sostiene que su declaración no puede tomarse en consideración porque el testigo realizó una operación de mensura sin que citara a los dueños y colindantes.

El testigo declaró que recibió encargo de medir el solar usufructuado por la demandada tal como se encontraba. “Sus linderos, tal como están ahí,” dijo, “hay una cerca, una. valla, tal como está.”

Realizó el acto y declaró ante la corte sobre el resultado-obtenido. La operación pudo realizarse físicamente sin difi-cultad por la parte exterior porque se trata de colindan® as con calles y con el solar usufructuado por la demandante que fué la que dió el encargo, calles y cercas que encierran una. porción de terreno perfectamente determinada. Siendo ello-así, no se trata de un deslinde sino de una conclusión peri-cial basada en un examen directo practicado por una persona cuya capacidad para ello, repetimos, fué reconocida por la parte demandada. La negativa de la corte estuvo justificada. No hay error.

Por el último señalamiento se sostiene que erró la corte al apreciar la prueba.

Se trata de un pleito enconado, circunstancia que lo hizo complicado en su tramitación. La relación del caso y opinión revela un estudio detenido y concienzudo por parte de la corte de distrito. Creemos que su fallo debe sostenerse.

Los títulos son claros y detallados. No sólo dan en metros y centímetros cuadrados la superficie de los solares si que fijan también en metros y centímetros la extensión de los lados ■de cada uno. Basta un cálculo sobre el terreno y becbo ese cálculo por testigo competente revela que dentro de las calles y las cercas tiene la demandada los 47.55 metros cuadrados •que la corte le ordenó por su sentencia que entregara inme-diatamente a la demandante.

La explicación de lo ocurrido surge clara de lo declarado [por los testigos. Veamos, por ejemplo, el testimonio de Loreto Viqueira. Fué, en lo pertinente, así:

“¿Don Loreto, ese solar mientras fué usted el dueño del derecho de uso y aprovechamiento sobre el mismo, se consideró siempre como una sola parcela o no?
“No.
“¿En cuántas parcelas fué dividido?
“En tres.
“¿Al tiempo de vender usted su derecho de uso y aprovecha-miento sobre la parcela que colinda con la Calle Manuel A. Negrón .a Solivellas & Co., Sucrs., existían cercas interiores que la separaran de las otras dos parcelas?
“No recuerdo, pero me parece que cuando yo le vendí a Soli-yellas & Co., Sucrs. me parece que no las había porque eran nuestras las tres parcelas. Al vender a Solivellas no se hizo división porque eran nuestras.... no había cercas, lo recuerdo ahora bien. La puse después.
“¿Se levantó alguna cerca posteriormente que separara la par-■cela del lado Norte vendida a Solivellas & Co., Sucrs.-de las otras .dos parcelas?
“Posteriormente sí y le voy a decir cuándo. Los muchachos arrendaron una casa al lado contiguo, la de la Vda, de Vicario pero para comunicarnos interiormente se rompió una muralla por la eolin-■daneia de Vicario y entonces al romperse la muralla se hizo la cerca esa objeto del litigio que tienen ustedes hoy.
“¿Esa cerca, Don Loreto, a que usted se refiere con qué objeto se levantó?
“Para evitar qne los empleados y obreros de las dos fábricas y hasta de casa de la Yda. de Vicario se comunicaran entre sí.
“¿Al romperse la muralla de la colindancia entre la Yda. de Vicario y los solares propiedad de usted a través de esa abertura que se hizo, se dió comunicación a qué solares?
“Se daba entrada a los tres solares y a todos los edificios.
“¿Dónde tiró usted esa cerca?
“En aquel momento al romper la muralla en el sitio que era más fácil para establecer la conexión entonces hicimos la cerca en el sitio que más fácil venía para la comunicación.
“¿Quedó esa cerca en terrenos de Solivellas 1 & Co., Sucrs.?
“No, quedó en terreno mío.
“¿El solar que usted cedió a Solivellas i& Co., Sucrs. pasó luego a ser de la propiedad de Gr. Llinás i& Co.?
“Sí, señor.
‘ ‘ ¿ Intervino usted en la venta que hiciera Solivellas & Co., Sucrs. a Gr. Llinás & Co.?
“Sí, señor.
“¿En qué carácter intervino usted?
“Como socio gestor de Solivellas & Co., Sucrs.
“¿En relación con lo que usted nos ha explicado respecto a la cerca de zinc y madera construida por usted, habló usted alguna vez con los socios de Gr. Llinás i& Co.?
“Sí, señor. Con Jorge Llinás y le dije que aquella cerca no le pertenecía y que él sabía que había que ponerla más hacia la fábrica de chocolate. Eso puede estar usted seguro que es verdad como el día que nos alumbra; y mi hijo Jaime estaba también presente y además Jorge Llinás sabía eso de que la cerca no estaba en su sitio debido a la amistad íntima que nos unía y conocía nuestros negocios.
“¿Ud. está positivamente seguro que al hacerse cargo G. Llinás l& Co. de esa parcela donde está la fábrica de chocolate o sea la que da a la calle Negrón, usted advirtió a Jorge Llinás que la cerca quedaba en terrenos propiedad de usted en la distancia a que usted se ha referido antes?
“Sí, señor. Estoy seguro.”

Y la apreciación que la corte de distrito hace de la decla-ración del testigo Lázaro, como sigue:

“El testimonio de Don Ramiro Lázaro, Gerente del National City Bank of New York en esta ciudad de Ponce, nos ba merecido entero crédito. Su declaración corrobora el testimonio prestado por Don Loreto Viqueira Villanueva, en el sentido de que Jorge Llinás, socio de la demandada, tenía conocimiento de que esa faja de terreno no le pertenecía.”

La falta que encontramos y que no lleva consigo la revoca-ción de la sentencia pues es susceptible de enmienda por la corte de distrito a virtud de los datos que constan de los autos, es que la dicha sentencia no contiene una descripción completa de los cuarenta y siete metros y cincuenta y cinco centímetros cuadrados que se mandan entregar.

Debe en su consecuencia declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada con orden a la corle de dis-trito qtoe la adicione con una descripción exacta y completa de la porción de terreno que se manda reintegrar a la deman-dante.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lino de Jesús, acusado y apelante.
    Núm. 8139.

    Sometido: Julio 15, 1940.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      El acusado compareció por su propio derecho;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión, del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló en mayo 22, 1939, dos acusaciones contra Lino de Jesús, una por asesi-nato perpetrado en la persona de Petra Méndez Rodríguez en mayo 12, 1939, en la municipalidad de San Juan, y otra por portar un revólver, arma prohibida, en el sitio y fecha indicados.

Celebrado el juicio por asesinato ante un Jurado éste declaró al acusado culpable del delito imputádole, en segundo grado. Por su sentencia, dictada el 30 de enero de 1940, la corte le impuso veinte años de presidio con trabajos forzados.

El caso por portar armas se sometió a la corte por la prueba del de asesinato. La corte estimó dicha prueba sufi-ciente y dictó sentencia declarando culpable al acusado e imponiéndole seis meses de cárcel.

Apeló el acusado en ambos casos. La transcripción de los autos fué elevada y el apelante personalmente archivó su ale-g’ato que contestó el fiscal. La vista se celebró el 15 de julio en curso.

Sostiene el apelante en relación con el caso de asesinato, que el veredicto es contrario a la prueba, que se violaron sus derechos constitucionales, que pidió juicio ante la corte y se le celebró ante nn jurado y que l'a corte erró al impo-nerle la pena y al declarar sin Ingar sn moción de nuevo juicio.

Examinemos el primer señalamiento de erroi\ La prueba de cargo tendió a demostrar que el 12 de mayo de 1939, como a las nueve de la noche, frente a la fundición Abarca, en Santuree, Petra Méndez Rodríguez y Jovita Cordova acompañadas de dos amigos, caminaban en dirección al aeropuerto y que el acusado las seguía y sin que mediaran palabras disparó su revólver por detrás e hirió a Petra que murió a consecuencia de la herida, encontrándose por el doctor Martínez Alvarez al practicar la autopsia del cadáver, la bala alojada en el cerebro. Y tendió a demostrar además que Petra vivió en concubinato con el acusado y tuvo con él disgustos el último de los cuales ocurrió en la mañana del propio día 12 de mayo de 1939.

La evidencia del acusado, consistente en su propia decla-ración, tendió a demostrar que en la noche de autos se encon-traba con otra mujer, que Petra Méndez se les acercó y comenzó a insultarlos, acometiendo a su compañera por encima de él que retrocedió y al pisar un arco de barril cayó al suelo. Entonces sacó su revólver y disparó para asus-tarla pero sin intención de herirla.

El jurado recibió las debidas instrucciones y decidiéndose por la prueba del Pueblo, declaró culpable de asesinato en segundo grado al acusado. Nada demuestra que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera error alguno. Su veredicto está ampliamente sostenido por la evidencia a que dió crédito. No hubo error.

La violación de derechos constitucionales que se señala cómo error, se hace consistir en que el acusado no tuvo la asistencia legal que la Constitución le garantiza porque tenía derecho no ya a ser defendido por un abogado nombrado de oficio si que a que se le nombrara el abogado que él eligiera.

Claro es que cualquier acusado tiene derecho a ser repre-sentado por el abogado que él elija y lleve consigo. Pero si acude a la corte sin abogado, la corte cumple con la ley si le nombra abogado de oficio que lo asista y guíe en su-defensa.

Además, los autos no demuestran que el acusado- en este caso hiciera la más leve objeción al abogado que se le nona-’ bró de oficio cuando se le leyeron las acusaciones. Lo que de los autos surge es lo que sigue:

Al acto de la lectura el acusado compareció “en persona y asistido de su abogado de oficio el Lie. Justo A. Casablanca.”

Luego, al celebrarse el juicio, el acusado compareció “en persona y asistido de sus abogados Sres. Antonio J. Amadeo v Ciro Malatrasi.”

T por último, al discutirse la moción de nuevo juicio estuvo dicho acusado representado “por su abogado Sr. Santana Becerra.”

No encuentra, pues, apoyo en los autos el segundo seña-lamiento de error. Tampoco el tercero que se hace consistir en que el acusado pidió que lo juzgara el tribunal y lo juzgó, un jurado, ya que de los autos todo lo que aparece os que el acusado al leérsele la acusación “manifestó ser inocente y solicitó juicio por jurado.”

Para sostener el quinto señalamiento de error o sea el que se imputa a la corte al imponer la pena, se alega por el acusado que su abogado le había ofrecido que si se declaraba culpable le impondrían diez años de presidio, a lo que se negó el juez.

En primer lugar, si es que existió tal promesa, ni tuvo facultad el abogado para hacerla, ni la corte quedó por ella obligada en modo alguno. Además, el acusado no se declaró culpable. Pué juzgado a virtud de la evidencia apor-tada y la pena que le impuso el juez sentenciador está auto-rizada por la ley.

El último error señalado se refiere a la moción de nuevo juicio que ni siquiera forma parte de la transcripción. .

En cuanto al recurso en el caso de portar armas, aunque el alegato indica al principio que lo comprende, no contiene luego argumento alguno para sostenerlo. Examinados l'os autos, no sólo surge de la prueba de cargo si que de la de descargo que el arma prohibida la portaba el acusado.

Ambos recursos carecen, pues, de mérito y deben decla-rarse sin lugar, confirmándose las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Doro

text:
    Antonio Vega Rosado, representado por su padre con patria potestad Antonio Vega Alvarez, demandante y apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 8000.

    Sometido: Abril 12, 1940.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelante;

      Juan B. Soto y Enrique Igaravídez, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Doro

emitió la opinión del tribunal.

En febrero 26, 1936, Antonio Yega, de ocho años de edad, •representado por su padre, demandó ante la Corte de Dis-trito de San Juan a la American Railroad Co. of Porto Rico, una corporación organizada de acuerdo con las leyes del estado de Nueva York y autorizada para explotar el negocio de porteador público en Puerto Rico, en reclamación de cuatro mil- dólares por daños y perjuicios, y obtuvo una sentencia por mil,, con costas, en diciembre 12, 1938. La demandada interpuso contra la sentencia el presente recurso de apelación.

El debate se planteó como sigue: Por el demandante: En noviembre 18, 1935, de siete a ocho de la mañana, cerca de la estación Tras Talleres, en el paso a nivel que atraviesa la calle de Cerra, en Santurce, P. R., mientras se encontraba aguardando que terminara de cruzar la calle una máquina del ferrocarril de la demandada que tiraba de varios vago-nes, fué atropellado por un automóvil de vía poseído y explo-tado por la demandada que lo arrolló lanzándolo sobre la calle, causándole varias contusiones de gravedad que espe-cifica, teniendo que ingresar én el Hospital Municipal. Guiaba el automóvil Miguel Gavilán, empleado de la demandada. El choque se debió a la culpa y negligencia de dicho empleado que condujo el vehículo sin fijarse en las personas que esta-ban en la calle, en dirección opuesta a la parte delantera, del mismo, sin dar aviso de su proximidad. De tal modo la demandada causó al demandante daños y perjuicios por valor de cuatro mil quinientos dólares.

Y por la demandada: La demanda no aduce hechos sufi-cientes determinantes de causa de acción. Acepta que es una corporación y que en el día y sitio indicados por el deman-dante éste fué alcanzado por el automóvil de vía, pero niega que ló fuera en el paso a nivel formado por la calle Cerra y las vías férreas y que el demandante se encontrara parado, alegando en contrario que el accidente ocurrió fuera del paso a nivel y al intentar el demandante cruzar la vía. Niega que el demandante sufriera las contusiones que alega y que tuviera que ingresar en el Hospital Municipal. Acepta que Gavilán, su empleado, guiaba el auto de vía, pero niega espe-cíficamente que el choque se debiera a la culpa y negligencia que el demandante le imputa. Niega que el demandante sufriera perjuicios en la suma que reclama ni en otra alguna.

Como materia nueva de defensa especial alegó que si en el accidente medió culpa o negligencia alguna por su parte o de cualquiera de sus empleados, también medió la propia culpa, descuido o negligencia eontributoria del menor, siendo esa negligencia eontributoria la causa próxima del accidente.

Para basar su sentencia, la corte de distrito de acuerdo con la ley archivó una relación de hechos y opinión de la cual transcribimos lo que sigue:

“.. .En la parada 15, en Santurce, cerca de la estación conocida con el nombre de TRAS Talleres bay un paso a nivel que atraviesa la Calle Cerra de este a oeste. En este cruce público existen tres líneas de vías formando casi ángulos rectos con la referida calle cuya prolongación viene a ser la carretera pública que llega basta Bayamón. La primera vía, viniendo de Bayamón bacia San Juan, es un pequeño desvío; la siguiente es la línea principal de la deman-dada y que continúa basta Ponce; y la tercera es otro desvío. El 18 de noviembre de 1935 y como a las 8 de la mañana, el deman-dante, un niño que en dicba fecha aún no había cumplido 8 años de edad, se dirigía a la escuela por la acera oeste de la calle Cerra y en dirección de sur a norte. Al llegar al cruce comenzó a atravesarlo en los momentos que por la línea principal de la demandada iba un tren compuesto de una máquina y varios vagones; el demandante se paró en el primer desvío al sur a esperar que el tren terminara de pasar para él entonces reanudar su marcha. Las barreras estaban bajadas, alegando el demandante que ellas fueron bajadas cuando ya él estaba dentro del cruce, diciendo por el contrario la demandada que esta operación se realizó antes que el niño entrase en el paso a nivel. Lo cierto es que al mismo tiempo que .el tren cruzaba, un automóvil de vía propiedad del ferrocarril venía por la vía donde se encontraba el demandante, de Tras Talleres bacia San Juan, arrollándolo y causándole contusiones de carácter grave que lo tuvieron recluido en el Hospital Municipal desde la fecha del acci-dente basta diciembre 12 del mismo año. La prueba fué contradic-toria en cuanto a si el automóvil venía o no tocando campana; pero dada la opinión que tenemos en cuanto al caso, creemos que esta cuestión no tiene importancia alguna. Asumiendo que el conductor del automóvil viniera usando el aparato de alarma, estamos seguros que el niño, absorto como estaba en la contemplación del tren que pasaba, o no oyó la campana por impedírselo el enorme ruido del ferrocarril en marcha, o confundió el sonido de la campana del vehículo de motor con el de la máquina que tiraba de los vagones. Lo cierto es que el demandante no oyó la señal de alarma del automóvil de vía y que el niño estaba sin la menor sospecha de que por la vía en que se encontraba viniese hacia él un automóvil. Este coche venía de es-paldas, esto es, en dirección opuesta a la parte delantera del auto-móvil (en reversal). Era guiado por un empleado de la compañía demandada y no tenía en su frente ninguna persona que le indicase al conductor la presencia de personas que pudieran encontrarse en la vía. El paso a nivel que nos ocupa es un cruce público, de mucho tráfico, y quedó firmemente establecido por los propios empleados de la corporación demandada que aún después de bajadas las barreras la gente continuaba atravesando las vías. El choque ocurrió al ex-tremo oeste de la Calle Cerra, o sea a la parte opuesta de donde salió el automóvil que ocasionó el accidente. Creemos además que el niño estaba allí parado y pudo haber sido visto por cualquier vigía que hubiera tenido el automóvil.”

Expuestos los hechos, llega a la conclusión de que la demandada fué negligente a virtud del siguiente razona-miento :

“No tenemos duda alguna de que la compañía demandada fué negligente. En un cruce público, como el que nos ocupa, de tanto tráfico, y que los propios empleados de la corporación demandada sabían que aún después de bajadas las barreras continuaba el trajinar, y que aún personas conduciendo carritos de mano se aventuraban a cruzar el paso a nivel, era obligación de los empleados de la com-pañía anticipar en ese sitio la presencia de adultos, y mucho más de niños; y si ello era así, el conductor del automóvil de vía debió tomar todas las precauciones razonables posibles para la debida protección y seguridad de dichas personas. Si el automóvil iba caminando hacia atrás, su conductor debió tener una persona que le indicase la pre-sencia en la vía de personas extrañas. Creemos que al no hacerlo así fué negligente; y su negligencia es imputable a la compañía. No creemos suficiente con que el automóvil de vía tocara campana de acuerdo con todas las circunstancias concurrentes en este caso. Al salir el automóvil al cruce, era sabido por su guía que otro tren venía en dirección contraria; que éste hacía mucho ruido, siendo lo más natural y probable que las personas en el cruce no oyesen su señal de alarma por estar pendientes del tren que pasaba, cuyo ruido ahogase el sonido de la campana del automóvil o confundiesen su sonido con la del ferrocarril. Aunque es cierto que no es negli-gencia per se el conducir una máquina o automóvil hacia atrás, sí lo es, cuando ello se hace sin tener en la parte delantera una persona como vigía. No tenemos duda alguna que este accidente se hubiera evitado si la compañía demandada hubiese cumplido con esta obli-gación de tener un vigía pára anticipar la presencia de personas extrañas en ese cruce público. Dícese en Ryan v. Louisiana Railway etc. Co., 83 So. 371:
“ 'It was the lookout’s duty to have seen the child, and his failure to do so constitutes negligence. He, too, says that he gave the necessary signals to the fireman to stop the train but, as has been seen before, his testimony is contradicted by the fireman and the engineer, who discovered the accident for themselves and the engineer pnt on tbe emergency brake. He may have signaled tbe fireman, but bis signal was too late to be effective.’... ”

Se transcribe de los casos de Hollins v. N. O. & N. W. R. R. Co., 119 La. 418, 44 So. 159, y Texas etc. Railroad Co. v. Brouillette, 126 S. W. 287, y se continúa diciendo:

“Véase además 52 C. J. 213, sección 1811, n. 79, y Mannino v. Boston & Maine Railroad Co., (Mass.), (1938), 14 N. E. (2d) 122; Central etc. Railway Co. v. Graham, (Ala.) 119 So. 654; Simmons v. Chicago etc. Railway Co., (1934), (Ia.), 252 N. W. 516. No importa que baya barreras; ellas no han sido hechas con el propósito de impedir la entrada al cruce de las personas, sino simplemente con el propósito de dar aviso de un peligro inmediato. No importa tam-poco que la compañía hubiera cumplido con todos los requisitos estatutarios en el sentido de dar aviso con sus aparatos de alarma. Reed v. Queen Anne’s Railroad Co., (Del.) 57 A. 529; 52 C. J. 214, sección 1811, n. 83; Mannino v. Railroad Co., supra.
“Nos sentimos fuertemente influenciados en este caso por la de-cisión de Ramos v. Sucn. Serrallés, 51 D.P.R. 343. El nervio del caso de Serrallés, dedueible claramente de la opinión emitida, fué el hecho de la costumbre que 'tenían los niños de jugar en el callejón donde se instaló la vía portátil de la demandada en aquel caso. De ese hecho, dijo el Tribunal Supremo, había que llegar necesariamente a la conclusión de que los carreteros, empleados de la sucesión deman-dada, estaban en la obligación de anticipar la presencia del menor objeto del accidente, y que por tanto, antes de poner a caminar los bueyes que tiraban de los vagones era el deber de ellos, cerciorarse de que no había ningún niño debajo o entre los vagones, y al no hacerlo así fueron negligentes. Aunque en ese caso se hace mucho hincapié sobre la doctrina del peligro atrayente (attractive nuisance), creemos que el caso se sostiene por los principios generales de negli-gencia. Si allí se dictó sentencia a favor del demandante por la obligación en que se estaba de anticipar la presencia de niños, iguales motivos existen en el presente caso. Repetimos: la prueba demostró terminantemente que a pesar de las barreras los niños penetraban; esto lo sabían los empleados de la demandada; siendo ello así de-bieron tomar precauciones adicionales. Es cierto que una compañía de ferrocarriles no es una aseguradora de la vida de los viandantes que crucen sus vías y que tampoco se le debe exigir un grado extremo de cuidado en condiciones tales que hagan indebidamente onerosa la explotación de un negocio que es tan necesario para la vida eeonó-mica de un pueblo, pero sí es necesario, para la protección de los ciudadanos, y especialmente de los niños, que se le exija un grado razonable de cuidado, que tome medidas que-no perjudiquen o lesionen su negocio. El colocar un vigía cuando una máquina o automóvil de vía camina bacia atrás (en reversal) no ocasiona ninguna gran molestia y puede obtenerse a un ínfimo costo.”

Diez errores imputa a la corte sentenciadora la apelante. Por el primero se sostiene que dicha corte erró al aplicar a este caso la doctrina del peligro atrayente.

Al argumentarlo refiere la apelante lo ocurrido en el juicio al querer el demandante enmendar su demanda sustituyendo las palabras “mientras el demandante se encontraba parado,” por las que siguen: “mientras el demandante, atraído por los carros de pasajeros del tren en movimiento.” Se opuso la demandada por entender que con la enmienda se cambiaba substancialmente la causa de acción. Argumentaron ambas partes y la corte resolvió:

"... en este estado del procedimiento, la corte no permitiría la enmienda,... No obstante, la corte va a permitir prueba sobre la cuestión del attractive nuisance; la va a permitir a pesar de que no baya enmienda. Pero si para que pueda presentarse prueba es nece-sario una enmienda, la corte no tomará en consideración la teoría del attractive nuisance- para resolver el caso.”

Y seguidamente cita la apelante los casos de Pérez v. Pueblo, 54 D.P.R. 34, Rivera v. The Porto Rico Drug Co., 32 D.P.R. 510, y González v. Porto Rico R. L. & P. Co., 34 D.P.R. 573, como demostrativos de que la jurisprudencia de esta corte es al efecto de que en una demanda basada en la teoría de un peligro atrayente es necesario alegar y des-cribir lo que constituye la atracción, así como el conocimiento que tiene la demandada de que los niños serían atraídos.

Toda la cuestión fia surgido por haber expresado el juez de distrito en su opinión que se sentía fuertemente influen-ciado por la decisión de esta corte en el caso de Ramos v. Sucesión Serrallés, 51 D.P.R. 343, pero ello no quiere decir que la demanda se fundara ni que la corte basara su fallo en la doctrina del peligro atrayente.

Como sabemos la manifestación se hizo por la corte des-pués de haber dicho: “No tenemos duda alguna que la com-pañía demandada fué negligente” y dé haber examinado la evidencia y citado la jurisprudencia general en que basa su conclusión. Además, al referirse a los hechos del caso de Ramos, supra, se cuidó muy bien la corte de consignar que “Aunque en ese caso se hace mucho hincapié sobre la doc-trina del peligro atrayente (attractive nuisance), creemos que el caso se sostiene por los principios generales de negli-gencia.” T con esa apreciación en mente y basándose exclu-sivamente en lo alegado y probado, fué que dictó su sentencia.

El que el espíritu que dió vida a la decisión de esta corte en el repetido caso de Ramos, supra, y en ella palpita, influ-yera en su mente y en su conciencia de juzgador, no quiere decir que dictara su sentencia a base de la doctrina del peligro atrayente.

A nuestro juicio el error señalado no fué cometido. Los casos de' esta corte que se invocan presentan situaciones dis-tintas, debiendo llamarse la atención hacia el hecho de que el párrafo que la apelante transcribe como del caso de Rivera v. The Porto Rico Drug Co., supra, corresponde a la opinión disidente y no a la de la corte.

El segundo señalamiento de error se funda en que no pudo la corte sentenciadora tomar en consideración la falta de un vigía en el automóvil de la demandada, por no haberse alegado en la demanda esa circunstancia. Otra vez cita la apelante la opinión disidente en el caso de Rivera v. The Porto Rico Drug Co., supra, en apoyo de su contención.

La cuestión que se levanta fué tratada expresamente por la corte sentenciadora en su opinión y resuelta como sigue:

“... estamos conformes con la demandada, de que al alegarse específicamente en la demanda los actos que constituyen la negli-gencia la prueba debe estar limitada a esos actos con exclusión de los demás y por eso hemos considerado solamente la negligencia de la demandada al entrar al cruce en reversal sin tener un vigía, acto de negligencia que está claramente incluido en la demanda al decirse:
‘Que el empleado de la demandada que conducía el automóvil, lo bizo sin fijarse en las personas que se encontraban en la calle, mani-pulando dicho vehículo en dirección opuesta a la dirección en que se encontraba el frente o parte delantera del automóvil.’ ”

No creemos que la conclusión de la corte esté de tal modo desprovista de fundamento que pueda considerarse tan erró-nea que deba como consecuencia de ella revocarse la sentencia.

Por el tercer señalamiento se discute de nuevo la cuestión del vigía para sostener que erró la corte sentenciadora al concluir que el accidente se hubiera evitado de cumplir la demandada con su obligación de dotar su auto de vía, bajo las circunstancias concurrentes, de un vigía.

“Aunque es cierto”, dijo en su opinión la corte senten-ciadora, “que no es negligencia per se el conducir una máquina o automóvil hacia atrás, sí lo es cuando ello se hace sin tener en la parte delantera una persona como vigía.” Y a nuestro juicio no cometió error alguno si se toman en con-sideración las circunstancias concurrentes, a saber: el sitio, la presencia usual en él aunque estuvieran bajas las barreras, de viandantes, incluyendo niños y carros de mano, el tren que pasaba al mismo tiempo que salía el automóvil y el ruido producido por el tren que ahogaba el toque de aviso del automóvil.

En cuanto a que el accidente se hubiera evitado si el automóvil de vía de la demandada que caminaba hacia atrás hubiera estado dotado de un vigía, es tan lógica la conclu-sión que no puede ser otra. El niño hubiera sido visto nece-sariamente por el vigía y no hubiera sido arrollado por el auto, bien deteniendo el auto su marcha, ya avisando el vigía rápida y eficazmente al niño para que él mismo se pusiera a salvo.

Parece conveniente transcribir la regla tal como se expresa en 2 Restatement of the Law of Torts, páginas 918 y 919, sección 338:

“Un poseedor de tierras, quien tiene el inmediato dominio de una fuerza y sabe, o de los hechos que le constan de propio cono-cimiento deberá estar enterado de la presencia de transgresores (trespassers) en una cercanía peligrosa, responde de los perjuicios corporales ocurridos a tales transgresores por sn omisión en emplear un cuidado razonable
'''(«).
“ (5) dar un aviso que sea razonablemente adecuado para permi-tirles protegerse.
‘ ‘ Comentarios.
“(a) .......
“ (b) La regla expresada en esta sección se aplica a cualquier fuerza en movimiento (moving force) sobre la cual'tenga el poseedor un inmediato dominio, en tanto la fuerza se baile conectada con una condición creada o sostenida por él. Esto es así independientemente de si la fuerza en cuestión es realmente puesta en movimiento por él, por una fuerza de la naturaleza o por un tercero con o sin su consentimiento.
“Ejemplos.
“1.— .......
“2. — A ve a B, un niño, próximo a pararse frente a un ala descen-dente de su molino de viento. A podría fácilmente detener el movi-miento del ala a tiempo para evitar que ésta le diera a B, pero nO‘ lo hace. A responde a B independientemente -de si el ala fué puesta, en movimiento por él o por una ráfaga de viento imprevista.
“Comentario sobre la cláusula (6) :
“ (c) Un aviso puede ser apropiado para un transgresor prote-gerse de una fuerza en movimiento, bajo el dominio del poseedor, ya, permitiéndole evitar la fuerza o bien tomar las medidas necesarias; para protegerse de daños caso de enfrentarse con ella.”

El cuarto error se liace consistir en haberse admitido por la corte, no obstante la objeción de la demandada,, evidencia tendiente a probar que era la práctica y costumbre de los viandantes cruzar las vías férreas a pesar d.e estar puestas las barreras, y al tomar en consideración dicha evidencia al resolver el pleito en contra de la demandada.

No vemos cómo pueda sostenerse por la apelante el seña-lamiento cuando dos de sus testigos declararon como sigue:

Germán Serrano, encargado de poner las barreras, a repreguntas del abogado del demandante, al final de su decla-ración, página 91 de la transcripción de evidencia, dijo:

“A. — ¿Y nrnebas veces no se meten carros dentro de las barreras aun a pesar de haberlas bajado? ¿Antes de que baje la de Bayamón hacia San Juan?
‘‘T. — Allí hay veces que se paran los carros y uno los manda a .salir para poner las barreras y no obedecen.
"A. — ¿ Y desde luego los niños y las personas entran allí sin límite?
“T. — El público tiene por costumbre allí después que se bajan las barreras pasar por debajo de ellas y aunque uno le llama la atención no hacen caso.
“A. — ¿Eso hace tiempo que sucede?
“T. — Desde que estoy allí.”

Y Bienvenido González, a repreguntas del abogado del demandante, páginas 116 y 117 de la transcripción taquigrá-fica, contestó:

“A. — ¿Pero dentro de las barreras había gente?
“T. — Acostumbra la gente meterse allí... Unos dentro, otros fuera... .como son los mismos trabajadores.. .
"A. — Pero otras personas, transeúntes...
“T. — Bueno, ésa es costumbre de la gente, que no respetan las barreras cuando las ponen y cruzan por debajo de ellas.
“A. — Usted declaró que había estado un cuarto de hora allí. ¿:Qué esperaba usted allí a esa hora?
, ‘ ‘ T. — Costumbre... Que me voy a conversar con los demás allí.
"A. — ¿Dentro de las barreras usted estaba?
“T. — Costumbre de uno cuando está sin trabajo.
“A. — ¿Y cuál fué el primer movimiento de tránsito que hubo állí? ¿Fué el tren o el automóvil?
“T. — Las dos cosas casi fueron a la vez: el tren que entra al •pasó a nivel y el carro que sale.

Por el quinto señaTamiento se afirma que erró la corte al concluir que la vía general, de las tres que existen, es la segunda viniendo de Bayamón para San Juan.

' ' Para sostener su afirmación se refiere la apelante a las fotografías presentadas en evidencia. Las liemos examinado ■y a nuestro juicio en vez de ser contrarias, explican la con- ' c’usión de hecho impugnada. De todos modos resulta claro de ellas que la vía por donde salió el automóvil es la primera viniendo de Bayamón hacia San Juan. No hubo error y si lo hubo no fné perjudicial.

Por el sexto señalamiento se imputa error a la corte al condenar a la demandada a pagar doscientos dólares como honorarios médicos.

La cuestión que se levanta fue estudiada cuidadosamente en su opinión por la corte sentenciadora y resuelta correcta-mente a nuestro juicio, como sigue:

“Durante la vista la corte permitió al Dr. Arsenio Comas, con la oposición de la demandada, declarar sobre el valor de los servicios médicos prestados al demandante, y además sobre una pequeña defor-midad que le resultó con motivo de las lesiones recibidas. El funda-mento de la oposición fué el de no haberse alegado específicamente en la demanda la resultante deformidad ni la prestación de tales servicios. Creemos que no era necesaria ninguna alegación especial. En la demanda se detallaron las contusiones recibidas por el menor, de por sí graves, y que daban suficiente aviso a la demandada de que ellas requerían intervención facultativa. Además bajo- una ale-gación general de daños puede presentarse prueba del efecto perma-nente de las contusiones recibidas. Dícese en 1 Bancroft’s Code Pleading, 285 -.
“ 'In an action for personal injury suffered, the plaintiff may recover all the damages proximately caused by the tort, under a general allegation of the. whole of the amount of damage caused. And so, the plaintiff is entitled to recover damages for any impairment of his capacity, as a previously healthy person, to earn money, as well as for expenses incurred for medical treatment, under a general averment of damage.’
“Y dícese además en 1 Bancroft’s Code Pleading 284:
“ ‘The future and permanent effect of injuries necessarily resulting to the plaintiff from the negligence of the defendant need not be specially alleged in- order to warrant a recovery therefor, but are recoverable under the general ad deamnum clause.’
“Tampoco es necesario demostrar que hubiesen pagado los hono-rarios médicos. Basta con que existiera la obligación moral de hacerlo. 8 R.C.L. 500, sección 61; 17 C. J. 803, sección 129. El médico declaró que sus servicios valían $200 y creemos que éste sea un valor razonable. Atendidas todas las circunstancias del caso creemos que una indemnización de $1,000 es razonable, en la cual hemos incluido $200 como honorarios médicos.”

Se insiste por la apelante en que no liay derecho al cobro de honorarios porque el Dr. Comas, cirujano residente del Hospital Municipal de San Juan, trató al paciente como un caso de beneficencia y se cita a García v. Fernández, 52 D.P.R. 183, 188.

El doctor declaró: “En este caso los familiares del paciente no me han pagado a mí nada, pero si pudieran pagar valdría doscientos dólares el tratarlo.” Y todo lo que se dice en el caso citado al analizar la prueba es:

“De acuerdo con la prueba, D. R. Carrión, Inc., sufragó los gastos de curación en que incurrió el Dr. Rolenson tratando a este menor, incluyendo sus honorarios por servicios profesionales, y las radiografías tomadas por el Dr. Roses Artau. El Dr. Biascoechea dijo que había tratado el caso como uno de beneficencia y no hubo prueba en cuanto a quién pagó las radiografías que tomó.” García v. Fernández, 52 D.P.R. 183, 188.

Un médico de beneficencia municipal dentro del hospital en que presta sus servicios está obligado a tratar cualquier persona que allí se lleve necesitada de auxilio, y si es pobre, nada cobra. Pero ello no quiere decir que si no lo es o el pago de su curación corresponde a otra persona, no pueda obtener del paciente o de la persona responsable, la remu-neración apropiada.

En García v. Fernández, supra, el Dr. Biascoechea trató el caso como uno de beneficencia y no hubo prueba en cuanto a quién pagó las radiografías que tomó. Aquí el Dr. Comas trató también el caso como uno de beneficencia y hubo prueba de que sus servicios no pagados, valían doscientos dólares. No es el mismo el problema a resolver en ambos casos.

Los señalamientos séptimo y octavo se argumentan conjuntamente por el apelante y es que en verdad leA'antan la misma cuestión a saber, la de la suficiencia de la prueba, sosteniendo la apelante que no lo es.

No trataremos de analizar la evidencia que ambas partes presentaron. Bastará decir que la hemos estudiado y a núes-tro juicio sostiene la declaración de hechos probados de la corte sentenciadora. El conflicto que se observa entre ciertos testimonios de una y otra parte, como por ejemplo acerca de si el accidente ocurrió estando parado el demandante espe-rando para cruzar a que pasara el ferrocarril de la deman-dada o si ocurrió al tratar el demandante de cruzar corriendo, lo dirimió la corte en contra de la demandada sin que ésta haya demostrado pasión, prejuicio o parcialidad, o error manifiesto por parte de la corte.

Por el noveno error se suscita la interesante cuestión de la negligencia contributoria imputada por la demandada al demandante.

Como todas las cuestiones envueltas en este caso, ésta ha sido tan bien estudiada por el juez de distrito, en la opi-nión que sirve de fundamento a su sentencia, que dejaremos que sea él el que demuestre con sus razonamientos la no exis-tencia del error que se le imputa. Dijo:

“Habiendo resuelto que la compañía demandada fue negligente nos toca decidir si a este niño, que aún no había cumplido ocho años de edad en la fecha del accidente, puede atribuírsele negligencia contributoria. No tenemos duda alguna que si se hubiera tratado de un adulto o una persona sui juris la sentencia hubiera tenido que ser a favor de la demandada. La negligencia contributoria del de-mandante hubiera derrotado la reclamación a pesar de la negligencia del ferrocarril demandado. No tenemos duda alguna, está firme-mente establecido que constituye negligencia contributoria el atra-vesar un cruce cuando las barreras están bajadas. Existe la obliga-ción del viandante al acercarse al paso a nivel, de pararse, oír y mirar para determinar la aproximación de un tren. Las vías del ferrocarril es aviso suficiente del peligro que corre al no hacerlo así. Y. esta obligación del viajero sube de punto cuando las barreras están bajas. Ellas le dan aviso de que mientras están en esas condi-ciones el cruce será utilizado por los vehículos de la compañía y si se..trata de cruzar, a pesar de ellas, lo hace a su propio riesgo. Si existen varias vías, el hecho de que un tren pase por una, no significa que las barreras se hayan bajado para ese tren exclusivamente, sino que también para cualquiera otro u otros que puedan posiblemente pasar por las demás, importando poco, por tanto, que el accidente haya sido causado, no por el tren que pasa en el momento que el viandante entra en el cruce, sino por otro tren que corre por otra de las vías del paso a nivel. Lake Shore, etc. Railway Co. v. Ehlert, (Ohio), 58 N. E. 812; Hatch v. Railroad Co., 141 N.Y.S. 1055; Duvall v. Michigan Cent. R. Co. (Mich.) 63 N. W. 437; Allerton v. Boston & M. R. Co. (Mass.) 15 N. E. 621; Douglas v. Chicago, etc. Railway Co. (Wis.) 76 N. W. 356, y Hatch v. Railroad Co., 145 N.Y.S. 781.
“Nada hay tan contradictorio en el campo de la jurisprudencia como la regla a seguir para determinar la negligencia contributoria de un niño. Las autoridades están en un conflicto irreconciliable. Yéase la nota en L.R.A. 1917F página 10 a 203. Mientras algunas sostienen que un menor de siete años de edad se le presume conclu-yentemente que no puede ser culpable de negligencia contributoria, y que entre las edades de siete a catorce años existe una presunción refutable de incapacidad, otras sostienen por el contrario que basta un menor de siete años puede ser negligente, debiendo tomarse en cuenta para determinarlo, su edad, talento y discreción. Una cosa es cierta, sin embargo, y que está firmemente establecida. Ella es que no se exige a los niños el mismo grado de cuidado que a un adulto. Es natural que así sea. La regla que impide una recla-mación cuando el demandante fué negligente se basa en razones de orden público. No es posible, dice la jurisprudencia, permitir que un demandante recobre daños que él mismo ba contribuido a causarlos. Ello sería un aliciente peligroso. La razón de la regla deja de existir cuando la persona no tiene el suficiente discerni-miento para darse cuenta del peligro que corre. La verdadera cuestión a resolver en este caso es si el demandante ejercitó el mismo grado de cuidado que acostumbran observar los niños prudentes de la misma edad e inteligencia en casos semejantes. En otras palabras, si el menor se dió cuenta del peligro que corría al pararse en la vía después de estar las barreras bajas. Rivera v. P. R. Drug Co., 32 D.P.R. 510 y Rivera v. Sucrs, de L. Villamil efe Co., 29 D.P.R. 275. Al muchacho le faltaban unos días para cumplir los ocho años de edad; estaba en segundo grado; de su declaración y de la observa-ción personal el día de la vista hemos llegado a la conclusión de que distaba mucho de gozar de una precocidad superior a la ordinaria de niños de su edad; a pesar de que conocía el sitio por la fre-cuencia con que por allí transitaba, no creemos que se le deba exigir que supiera que cuando las barreras se bajan fuera para dar aviso del peligro que se corría en cualquiera de las vías del cruce. Un niño de tan corta edad pudo quizás creer que las barreras se bajaron únicamente para el tren qne pasaba. La negligencia contribntoria-es una defensa afirmativa. El peso de la prueba correspondía a la demandada. Y la evidencia dista muebo de convencernos de que este niño pudiera tener la discreción suficiente para ser culpable de negligencia contribntoria atendidas todas las circunstancias que concurren en este caso.” :

El décimo y último de los errores señalados se formula en términos generales, a saber, que la sentencia dictada es con-traria a la prueba y a derecho. Ha sido por consiguiente estudiado y resuelto al estudiarse y resolverse los otros seña-lamientos de error. No existe. Los hechos y la ley sostie-nen la sentencia.

En tal virtud, la apelación debe ser declarada sin lugar y dicha sentencia confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resul-tado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

       Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Presidente Señor Del Turo

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. M. León Parra, Presidente, F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada, y Alejandro, Carlos y María Concepción Ramos, representados por su madre con patria potestad, Ramona Vélez Matías, peticionarios ante la Comisión.
    Núm. 204.

    Sometido: Julio 15, 1940.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados estos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente;

      Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados de los peticionarios ante la Comisión.
   El Juez Presidente Señor Del Turo

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso versa sobre si cierta apelación interpuesta por unos menores contra una decisión del Administrador del Pondo del Seguro del Estado para ante la Comisión Industrial, lo fué o no en tiempo.

El cadáver del obrero Alejandro Santiago apareció flo-tando en las aguas del puerto de Mayagüez. Hasta el momento de su desaparición el obrero estuvo trabajando para su patrono Mayagüez Dock & Skipping Co.

Practicada la investigación de ley por el Pondo del Seguro del Estado se vino en conocimiento de que durante los últimos cinco años el obrero vivió en concubinato con Ramona Velez én la que tuvo dos kijos que murieron y la que llevó al hogar tres kijos habidos con otro hombre. Declaró un hermano del obrero que éste sólo mantenía con el producto de su trabajo a su concubina y a los dichos tres hijos de ésta. Según tes-timonio de la madre, sus hijos tenían trece, once y nueve años de edad.

El Administrador del Fondo resolvió que el caso no era compensable por no tratarse de un accidente del trabajo. Su decisión fué notificada a la concubina del obrero en julio 20, 1939.

Así las cosas, en noviembre 29 siguiente Ramona Yélez por su propio derecho y como madre con patria potestad de sus hijos Mario, María Concepcion y Alejandro Santiago, por conducto de sus ahogados, apelaron de la resolución del Administrador para ante la Comisión. Dos días después el Administrador pidió a la Comisión que desestimara el recurso por haberse interpuesto después de vencido el término de treinta días que señalan las reglas fijando un término para que los obreros apelen ante la Comisión Industrial de .Puerto Rico de las decisiones del Administrador del Fondo del Seguro del Estado, promulgadas de acuerdo con la ley por el Gobernador de Puerto Rico el 26 de junio de 1939. Bole-tín Administrativo núm. 616.

Oyó la Comisión a las partes y resolvió que si bien la notificación estuvo bien hecha a la madre de los menores, el término para apelar no había comenzado ni siquiera a correr por tratarse de menores de edad. Se basó en el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil. Declaró en su conse-cuencia la moción de desestimación sin lugar y es contra esa declaración que entabló el Administrador del Fondo el pre-sente recurso de revisión, en el que también comparecieron para oponerse los menores interesados.

A nuestro juicio la resolución apelada se sostiene por uno de los fundamentos aducidos por la representación legal de los menores, sin que sea necesario considerar el que sirvió de base a la Comisión para dictarla. Y ese fundamento es que los dichos menores, cuyo interés surgía de la propia investigación del Administrador del Fondo, nunca fueron notificados debidamente de la resolución adversa del Administrador y establecieron su reclamación dentro del año de ocurrido el accidente.

La notificación hecha a Ramona Vélez, no es la notifica-ción que debió hacerse a sus hijos menores de catorce años de edad. “Notifíquese a doña Ramona Yélez Santiago, resi-dente en el barrio Santo Domingo, Mayagüez”, dice al final la resolución del Administrador, es decir, a ella personal-menté, no a sus hijos, ni aún a ella como madre con patria potestad de sus menores hijos.

La ley especial sobre la materia no fija la forma en que habrán de hacerse las notificaciones, debiendo en su consecuencia aplicarse las reglas generales del Código de Enjuiciamiento Civil que exigen la notificación al menor mismo. Artículo 93, inciso tercero de dicho cuerpo legal. Vías v. Sucesión Pérez et al., 15 D.P.R. 732; Federal Land Bank v. Corte, 45 D.P.R. 117, 123.

Siendo ello así, debe concluirse que la apelación inter-puesta por los menores lo fue dentro del término de ley y que el recurso de revisión no procede.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.