author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    San Juan Racing & Sporting Club et al., Peticionarios, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, Hon. Cliarles E. Poote, Juez.
    No. 363.
    Resuelto en noviembre 9, 1922.

      Injunction — Specific Performance. — Como un injunction para impedir el quebran-tamiento de un contrato generalmente surte el efecto de una orden para su cumplimiento especifico, y en ese caso el injunction es, por su naturaleza, mandatorio, no se concederá diebo remedio para impedir la violación de un contrato cuyo cumplimiento no habría de exigirse específicamente; especial-mente cuando se trata de un contrato unilateral, a cuyo cumplimiento espe-cífico la parte obligada por el contrato no tendría derecho, o cuando el con-trato implica una sucesión de actos cuyo cumplimiento no puede efectuarse mediante una transacción, exigiendo, por el contrario, una serie de transac-ciones y una inspección prolongada.
    Id. — Hipódromos.—Sólo el Estado puede obtener de una corte la restricción de los actos ultra vires de una corporación pública, y en el caso de una corpora-' eión privada, además del Estado pueden obtenerla los accionistas dentro de ciertas limitaciones; y cuando se trata de corporaciones dedicadas al man-tenimiento y explotación de hipódromos, generalmente las cortes no interven-drán en los acuerdos que tomen sus juntas directivas respecto al orden interior del deporte.

      Id. — Apelación—Certiorari.—El principio general de que habiendo el recurso or-dinario de apelación no cabe el de certiorari no es absoluto, pues si aquél no es tan adecuado, rápido y eficaz como éste lo sería, entonces cabe eoneedor el certiorari, aun después de establecido recurso de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. L. Feliú.

    Ahogado de la parte contraria: Sr. R. Rivera Zayas.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, Jesús Mediavilla y Francisco Mesa interpusieron una de-manda solicitando la anulación de ciertos acuerdos tomados por la corporación peticionaria, y mediante los cuales se sus-pendió al primero el derecho, por seis meses, de inscribir sus caballos para correr en el hipódromo de la peticionaria; pro-hibiéndole también la inscripción de la yegua “Dotty” y ex-pulsando para siempre del hipódromo a su jockey Francisco Mesa, otro de los demandantes. Como remedio auxiliar los demandantes pidieron en la misma demanda que se librara nn anto de injunction preliminar (pendente lite) ordenando a la peticionaria qne se abstuviera de poner en vigor los referi-dos acuerdos y mandando que se permitiera la inscripción de los caballos de Mediavilla, la inscripción de la yegua “Dotty” y la del jockey Francisco Mesa para las carreras que la pe-ticionaria celebrara en su hipódromo mientras se sustanciaba el litigio iniciado para la anulación de los repetidos acuerdos.

La corte inferior en 11 de mayo de 1922 decretó el auto de injunction preliminar, y la parte dispositiva del mismo lite-ralmente dice:

“PoR TANTO, de acuerdo con la Ley de Injunctions, y previa fianza de diez mil dollars ($10,000) que ba sido prestada por los demandantes y aprobada por esta corte, expido el presente auto de injunction preliminar contra los demandados San Juan Racing & .Sporting Club y su juez de inscripciones, ordenándoles que sin ex-cusas de ninguna clase se abstengan por sí o por sus agentes y em-pleados de cumplimentar los acuerdos a que se refiere este auto, y se les ordena que permitan y bagan la inscripción de los caballos propiedad del Sr. Mediavilla, o por él representados, para las ca-rreras que se ban de verificar el próximo domingo, y las que se verificaren mientras se resuelve este pleito en definitiva; y que asi-mismo permitan la inscripción y empleo como jockey del demandante, Francisco Mesa, para las mismas carreras mencionadas y durante se resuelva este asunto en definitiva; apercibiéndoles de que la desobe-diencia a este auto será castigada como desacato por este tribunal. Y dichas inscripciones se entienden sujetas a la ley y reglamentos vigentes. — Dado bajo mi firma y sello de esta corte, boy 11 de mayo de 1922, San Juan, Puerto Rico. — Charles E. Foote, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito. — Certifico: C. Marrero, Secretario. ’ ’

Posterior a' la anterior resolución, la misma corte dictó, con fecha 26 de mayo, 1922, otra orden dirigida a la corpo-ración peticionaria, requiriendo a sus directores para que comparecieran ante dicha corte a exponer las causas que tu-vieran por las cuales no debían ser castigados por desacato o-desobediencia a la orden de injunction preliminar que babía decretado, consistente el tal desacato en haberse negado la peticionaria a inscribir algunos de los caballos del deman-dante Mediavilla y negarse a la inscripción del jockey Francisco Mesa para las carreras que habían de celebrarse el 28 de mayo de 1922.

Contra los procedimientos que se dejan relacionados la corporación peticionaria ha establecido ante esta corte el presente recurso de certiorari, solicitando la revisión de los mismos y para que deje sin efecto ni valor alguno la orden preliminar de injunction, así como la de mostrar causa, decre-tadas respectivamente en 11 y 26 de mayo de 1922.

La petición alega como un fundamento esencial que la corte inferior actuó al dictar la orden preliminar de injunction en exceso de su jurisdicción sin tener facultad ni poder algunos para ello, y en violación de la ley y reglamentos que gobiernan el procedimiento en las acciones civiles; y se aducen, además, diversas razones legales que consideraremos en el curso de esta opinión.

Es ya elemental en materia de certiorari, que no pode-mos considerar en la resolución de este recurso, nada más que aquellos puntos que se relacionan con la falta de jurisdicción de la corte inferior o con la violación de reglas que encauzan las acciones en los procedimiento civiles. Como consecuen-cia nada podríamos resolver ahora en cuanto a los méritos del caso ni respecto a cuestiones de fondo o apreciación de los hechos. Así es que para determinar fijamente si ha exis-tido o no falta o exceso de jurisdicción al expedir la corte inferior la orden preliminar de injunction, se nos hace nece-sario hacer un examen de los términos de la demanda en la acción principal y ver en qué se ha fundado dicha co.rte para ejercer su poder jurisdiccional.

A este efecto, es importante reproducir, en esencia, de dicha demanda, las siguientes alegaciones: que el demandante Mediavilla es un dueño de caballos, los cuales tiene inscritos en la Comisión Hípica Insular y además ha satisfecho todas las licencias y los derechos correspondientes exigidos por la ley y los reglamentos, que habiendo obtenido las licencias y pagado los derechos exigidos por la ley y los reglamen-tos, adquirió el derecho de inscribir y correr caballos en el hipódromo que mantiene y explota la corporación pe-ticionaria sujeto, sin embargo, a las condiciones impues-tas por la ley y reglamentos; que Mediavilla ha invertido un capital de veinte mil dólares en el negocio de caballos y cuadra; que sus caballos son especiales de carrera y no po-drán dedicarse a otro fin con beneficio alguno y que la corpo-ración peticionaria, sin tener facultades para ello, ha adop-tado el acuerdo de suspenderlo en su derecho de inscribir caballos y correrlos en dicho hipódromo por seis meses y que amenaza poner en práctica dichos acuerdos, ocasionándole perjuicios irreparables al demandante; que Francisco Mesa, otro de los demandantes, es un jockey debidamente autori-zado por la ley y reglamentos para correr los caballos de Me-diavilla y que sin él no podida correrlos: que también la cor-poración peticionaria tomó el acuerdo de expulsar del hipó-dromo al referido jockey; y que asimismo, si este acuerdo se llevara a cabo durante la tramitación del pleito, los deman-dantes habrían de sufrir daños irreparables; que dichos acuerdos fueron tomados sin haberse oído a los demandantes, quienes han cumplido las leyes y reglamentos que rigen las carreras en el citado hipódromo y no han cometido violación ninguna de los mismos, en virtud de la cual pudieran perder sus derechos a participar en las carreras que se celebren.

No nos podemos salir del círculo en que giran las ante-riores alegaciones y, atendiendo solamente a ellas, cabe pre-guntar: ¿cuáles son los hechos que se exponen, no para des-cubrir si existe o no una causa de acción, sino para dar a la corte inferior el poder de oir y determinar la materia en controversia, o sea, el poder jurisdiccional de dicha corte, y por tanto, su facultad para expedir el injunction preliminar?

Los demandantes argumentan en su alegato que en su demanda no se alega la existencia de ningún contrato y que la demanda se basa en el principio universalmente aceptado de que toda persona que sufre perjuicios irreparables con mo-tivo de un acto ultra vires de una corporación, tiene derecho a un injunction para impedir que la corporación siga reali-zando los actos que pretende realizar sin facultad ninguna para ello.

Creemos que existe una confusión en la manera en que consideran la situación del caso los demandantes.

No debemos perder de vista que la controversia estriba sobre un remedio preliminar, como medida auxiliar, de una acción principal; y en esta acción es que bay que buscar la materia propia para definir la jurisdicción de la corte inferior. Las relaciones contractuales siempre ban de surgir por actos de la ley misma o por voluntad de las partes, que es la ley del contrato. No es la discusión del nombre o na-turaleza de un contrato lo que vamos a poner en claro; es la existencia o el nexo jurídico que los demandantes, en una forma u otra, tratan de establecer con la corporación peticio-naria al exigir de ella el cumplimiento de una obligación espe-cífica. Esta obligación se traduce, según la demanda, en el derecho que alegan tener los demandantes de correr sus ca-ballos en el hipódromo de la demandada, así como el del jockey a correrlos. Son derechos, que creen exigibles los deman-dantes, sin alegar sus deberes para con la peticionaria, siendo esta la forma contractual que se expone existente entre los partes. De manera que cuando se alega además que la cor-poración peticionaria tomó acuerdos pretendiendo suspender al demandante Mediavilla, por seis meses, para correr sus ca-ballos en el hipódromo que mantiene y explota la peticionaria, así como la expulsión de su jockey, no se hace otra cosa sino alegar que un contrato fué quebrantado y roto por la corpo-ración peticionaria, y el injunction pendente lite que se ha de-

cretado no tiene otro propósito sino operar como nn decreto para sn cumplimiento específico.

“Un injunction para impedir la violación de un contrato con frecuencia produce el efecto, para todos los fines y propósitos, de una orden para su cumplimiento específico.” Beach sobre Injunctions, tomo 1, pág. 444.

Nuestra Ley de Injunctions aprobada en marzo 8,1906, en su sección 4a dice:

“Sección 4. — No podrá otorgarse un injunction:
* # # * * * #
“4. Para impedir el quebrantamiento de un contrato cuyo cum-plimiento no habría de exigirse específicamente.”
“Y esta regla de que el injunction como remedio para el cum-plimiento específico será negado cuando los hechos que se alegan en la demanda no muestran un caso que dé derecho al demandante al cumplimiento específico, es especialmente rigurosa cuando se pide un injunction mandatorio pues tal injunction raras veces se concede antes de la vista final.” Beach sobre Injunctions, tomo 1, pág. 444.

El comentario anterior refleja enteramente una situación semejante a la que está siendo objeto de nuestra considera-ción. Esa es la regla que cabe aplicar al presente caso. El injunction decretado podría ser objeto de discusión en cuanto a su naturaleza, pero es mandatorio en sus efectos. Implíci-tamente lia quedado aceptada la regla que citamos por los demandantes cuando de una manera colateral tratan de man-tener el cumplimiento de una obligación por parte de la cor-poración peticionaria, basándose en acuerdos que alegan ultra vires, pero que surtiría el efecto de impedir quebrantar una obligación específica. Son, pues, relaciones contractuales las que se exponen en la demanda, de las que, sin embargo, no aparece una mutualidad de obligaciones entre las partes. Es un derecho unilateral el que reclaman los demandantes. Es algo así como una opción en sus efectos cuando hacen depen-der la obligación de la peticionaria (de tener que admitir ca-ballos y jockey del demandante Mediavilla) del hecho de su inscripción y pago de licencia en la Comisión Hípica Insular sin alegar los deberes recíprocos de dichos demandantes

“No se concederá un in,function como remedio en una acción para el cumplimiento específico de un contrato unilateral, y por tanto no se decretará para que sea específicamente cumplido, como en el caso en que el demandado tiene una mera opción de compra pues no tiene ninguna obligación de comprar.” Beach sobre Injtmctions, tomo 1 pág. 449.

En Wood v. Dickey, 17 S. E. Rep. 818, la corte dice:

“Una corte de equidad en Virginia no decretará el cumplimiento específico de un contrato si no existe mutualidad tanto en la obli-gación como en el remedio. Ambas partes, por el propio contrato, deben tener derecho para obligar al cumplimiento específico del mismo, de otro modo la equidad no lo hará cumplir.
“En el caso de Duvall v. Myers, 2 Md. Ch. 401, la corte expresa que el derecho al cumplimiento específico de un contrato en lo que concierne a la mutualidad, depende de si el contrato mismo es obli-gatorio para ambas partes; de modo que a solicitud de una de ellas contra la otra la corte obligaría su cumplimiento específico. Rider v. Gray, 69 Am. Dec. 135; Marble Co. v. Ripley, 10 Wall. 359.”

Además, la materia envuelta en’la controversia de este asunto, está representada por una serie de actos sucesivos que implican una solución de continuidad. El hipódromo de la peticionaria no es mantenido para celebrar un solo acto; son sucesivas y continuadas carreras de caballos las que en él se celebran; de manera que el derecho del Sr. Mediavilla a co-rrer sus caballos y a inscribir su jockey no se concreta a una carrera ni se consume por una sola transacción, según así re-sulta de la demanda, sino que comprende una sucesión de las mismas lo que necesariamente había^ de exigir una larga y prolongada vigilancia de la corporación peticionaria. Siendo este otro aspecto de este caso, la jurisprudencia de los tribu-nales americanos ya tiene decidido que una situación jurídica de tal naturaleza no es materia de injunction y el quebranta-miento de una transacción semejante no puede ser objeto de injunction para impedir el incumplimiento del contrato.

Beach sobre Injunctions, tomo 1, pág. 445, dice:

“La regia general no es decretar el cumplimiento específico d'e contratos en los cuales en sus términos se estipula una sucesión de actos cuyo cumplimiento no puede efectuarse mediante una tran-sacción sino que serán continuos y exigirán inspección prolongada. Fry See Perf. 69; Waterman Spec. Perf. págs. 68-69; Blacketh v. Pates L. R. 1 Ch. App. 117; Powell Duffryn Coal Co. v. Taffvale R. Co. L. R. 9 Ch. App. 331; Blanchard v. Railroad Co. 31 Mich. 43; Atlanta etc. R. v. Speer, 32 Ga. 550; Danforth v. Philadelphia, etc. R. Co., N. J. Eq. 12.”

En i-elación con la doctrina enunciada, nada más análogo al presente caso que el de una corporación de ferrocarriles que conviene suministrar a una compañía de expreso, de tiem-po en tiempo, acomodación, vagones, trenes extras y asisten-cia á sus empleados cuando fuese necesario. En el caso de Fargo v. New York etc. R. Co. 23 N. Y. Supp. 360, se dice pol-la corte:

“Por tanto, no se concederá un injunction para impedir el in-cumplimiento de un contrato por el cual una compañía de ferroca-rriles se comprometió a suministrar a una compañía de expreso, de tiempo en tiempo, las indispensables comodidades y alojamiento, carros y trenes extras y ayuda de empleados cuando fuese nece-sario.”

Asimismo es similar la doctrina que se deja sentada en el caso de Age Publishing Co. v. Western Tel. Co., 83 Ala. 498, en donde se declara:

“No procederá el injunction contra la violación de un contrato ■por la Prensa Asociada de dar el derecho exclusivo de publicar sus despachos por un término indefinido, en ciertos sitios, a una com-pañía editora en compensación a los servicios d'e esta última como corresponsal y agente de la primera, toda vez que el contrato no podía ser obligado a cumplir específicamente por el demandante.”

La jurisprudencia de esta corte ya había reafirmado el principio de la falta de jurisdicción o poder de una corte cuando el propósito es impedir el quebrantamiento de un con-trato cuyo cumplimiento no había de exigirse específicamente, interpretando en tal sentido el inciso 4o. de la sección 4 de nuestra Ley de Injunctions más arriba citada. Nos referi-mos al caso de Laura Núñez v. Soto Nussa, Juez de Distrito, 14 D. P. R. 199.

El hábil abogado de los demandantes conviene y reconoce que en el caso de la Núñez el contrato cuyo quebrantamiento quería reprimirse por medio de un injunction no podía eje-cutarse específicamente y que era claro y manifiesto que por la misma Ley de Injunctions la corte de distrito carecía de poder y de jurisdicción para decretar un injunction de esa na-turaleza ; pero alega al mismo tiempo que el presente caso es completamente distinto ya que la demanda se basa en el prin-cipio universalmente aceptado de que toda persona que sufre perjuicios irreparables con motivo de un acto ultra vires de una corporación, tiene derecho a un injunction para impedir que la corporación siga realizando los actos que pretende rea-lizar sin facultad ninguna para ello. El principio que de un modo tan general se invoca, no tiene aplicación a casos de la naturaleza del que debatimos, y el alcancte y efectos de una doc-trina como la enunciada, así como el error de los demandantes al intentar sostenerla en este caso, podemos apreciarlo de las siguientes palabras :

. “Según el criterio que prevalece una corte de equidad a solicitud del Estado mediante el debido funcionario puede restringir a una corporación pública o privada de que abuse de las facultades que le han sido conferidas o pretenda ejercitar facultades que no tiene, y parece que tal remedio puede concederse en una acción seguida por un accionista de una corporación privada, pero no en la accción que entable un extraño, ni se concederá en beneficio de un accionista cuando el efecto ha de ser suspender el negocio social y hacer im-posible su conducción por los métodos corrientes. La regia respecto a la prevención de daños irreparables solamente, no tiene aplicación a los actos de la corporación que carecen enteramente de autoridad y para los cuales no hay remedio adecuado en la ley, y las corpo-raciones serán restringidas mediante injunction de poder actuar sin autoridad' en perjuicio de otros, como por ejemplo, cuando una com-pañía de ferrocarriles pretende levantar su vía sobre la propiedad de un individuo particular sin la debida autoridad. En tales casos la cuestión no es meramente la de un daño sino más bien de una usurpación de un derecho.’’ 14 R. C. L. 369.

Puede notarse que en la demanda nada se alega que pueda estar en concordancia con los principios que se desenvuelven en la doctrina que acabamos de insertar. No son, pues, los demandantes quienes puedan estar autorizados para pedir la nulidad o discutir el alcance de los acuerdos tomados por la corporación peticionaria, ya que ellos son extraños a dicha corporación; y siendo ello así, y concretándonos al caso que es objeto de nuestra discusión, El Pueblo de Puerto Rico, o los accionistas en su caso, serían las partes legítimas para atacar la legalidad de tales acuerdos cuando se crea que ellos son abusivos o ultra vires; y la acción del primero podría al-canzar, si fuese necesario, la cancelación de la franquicia de la peticionaria, así como de cualquier otra corporación que abusara de sus poderes. No son, por tanto, los demandantes los que podían suplantar la acción del Pueblo de Puerto Rico o la de los accionistas al intentar atacar los acuerdos tomados por la corporación peticionaria ni tampoco sus relaciones con-tractuales pueden poner en sus manos un remedio como el injunction; porque además de las razones ya expresadas, cualquiera que fuera la interpretación que diéramos a tales relaciones, es un principio que prevalece en relación con las asociaciones que en los Estados Unidos se dedican a los mis-mos o análogos deportes, que los dueños de caballos y sus jooheys quedan sometidos a los acuerdos que toman los boards ejecutivos de dichos asociaciones, y generalmente, contra esos acuerdos no procede la intervención de las cortes. Si fuera de otro modo dichas corporaciones carecerían de toda fuerza moral y de facultades necesarias para corregir las infraccio-nes y faltas que cometieran los dueños de caballos y sus jooheys, y una situación semejante basada en un poder nega-tivo de tal naturaleza en que ya envuelta la sana moral de un deporte y que afecta al bien público en general estaría en contra del poder de policía y de la moral, y en esas condiciones, un remedio esencialmente equitativo como lo es el injunction, jamás debía decretarse.

La apelación que se alega en la petición que ba sido estable-cida contra la orden preliminar de injunction parece que se-ría un obstáculo para tomar en consideración y resolver la petición de certiorari. Sin embargo, el principio general de que habiendo el recurso ordinario de apelación no cabe el de certiorari no es tan absoluto. En el caso de la Núñez v. Soto Nussa, supra, fué una cuestión muy bien debatida y se resolvió que en dicho caso concreto la apelación no era un obstáculo para que procediera el auto de certiorari. En este caso se cita la regia adoptada por la Corte Suprema de Missouri, que dice:

“La existencia de un remedio mediante apelación o recurso por causa de error no es suficiente para constituir un obstáculo al auto, de certiorari, a menos que dicho remedio sea adecuado para llenar los requisitos del caso; es decir, que sea igualmente beneficioso, rápido y suficiente, no meramente un remedio que algún tiempo en lo fu-turo efectuara la revocación de la sentencia recurrida, sino un re-medio que librará al peticionario, de un modo rápido, de los efectos perjudiciales de la sentencia -y de los actos de la' corte o tribunal inferior.”

Este caso está comprendido dentro de la anterior doctrina, porque habiendo la corte inferior actuado en exceso de su ju-risdicción al decretar el injunction preliminar, y estando ame-nazada la peticionaria de un procedimiento por desacato, el recurso de apelación representaría en este caso un medio tar-dío que no sería tan adecuado, rápido y eficaz como lo es el certiorari, para librar de este modo, en bien de la justicia, a la peticionaria de los actos de la corte inferior.

Como conclusión a todo lo expuesto, deben revocarse y anu-larse la orden de injunction preliminar de 11 de mayo de 1922 y la de 26 de mayo de 1922 para mostrar causa por de-sacato.

Anulada la orden de injunction preliminar y la orden para mostrar causa por desacato.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Suau, Demandante y Apelado, v. Junta Escolar de San Juan, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre rescisión de contrato de compraventa. — Mociones sobre desestimación de la ape-lación y eliminación de la transcripción del récord.
    No. 2808.
    Resuelto en noviembre 10, 1922.
    Desestimación de Apelación — Eliminación de la Transcripción del Bécord— Discreción del Tribunal Supremo. — Aunque una apelación baya sido radi-cada fuera de tiempo no procede desestimarla ni eliminar la transcripción de la evidencia, cuando las mociones en que tales peticiones se hacen fueron notificadas al apelante después de radicado el reeurso. La ley de marzo 9, 1911, para enmendar el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil no privó al Tribunal Supremo de la facultad discrecional que tiene de acuerdo con el artículo 58 de su reglamento.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Juan de Gusmán Benítes.

    Abogado del apelado: Sr. S. Suau.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En 21 de octubre de 1922 la parte apelada presentó una moción en la que solicita la desestimación del recurso de ape-lación interpuesto por la demandada y apelante, y alega para sostener su petición que la parte apelante no ba cumplido con los preceptos del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la ley de marzo de 1911 en relación con el artículo 40 del reglamento de esta corte y por haberse in-fringido asimismo el artículo 59 del citado reglamento. Se acompaña, además, una certificación del secretario de la corte inferior en donde se hace constar que la sentencia apelada fué registrada el 16 de noviembre de 1921; que el recurso de apelación se interpuso el 16 de diciembre de 1921 y que con fecha 24 de mayo de 1922 se aprobó por la corte inferior la ex-posición del caso presentada por la parte demandada y ape-lante.

Se alega, además, en la moción, que la transcripción del record fué radicada en esta corte el día 19 de octubre de 1922, después de haber transcurido más de cuatro meses desde la aprobación de la exposición del caso; casi un mes desde que expiró la última prórroga concedida por esta corte para ra-dicar dicha transcripción, y por último, después de haberse denegado una prórroga que fué solicitada, ya vencido el tér-mino de la prórroga anterior.

En 26 de octubre de 1922 el apelado radicó otra moción solicitando la eliminación de la transcripción del récord por haberse radicado en esta corte fuera de término.

La vista de dichas mociones fué celebrada y ambas partes fueron oídas, quedando el caso sujeto a nuestro estudio y re-solución.

Durante la argumentación oral se pudo notar que el ape-lado ofreció a la consideración de la corte ciertas razones de aparente fuerza legal, pero que eran aducidas desprovistas de citas legales o jurisprudencia que las sostuvieran. Esto bastaría para que no debiéramos tomar en consideración la moción del apelado, porque los abogados, generalmente, deben ilustrar sus razonamientos con jurisprudencia que facilite el trabajo de esta corte, a menos que tales razonamientos fueren claros y convincentes por sí solos. Parece, sin embargo, que el propósito de la parte apelada era intentar demostrar que el artículo 58 del reglamento de esta corte había quedado de-rogado en virtud de lo que dispuso la ley de marzo 9 de 1911, enmendando el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, o lo que sería equivalente decir, que la expiración del término de treinta días para radicar la transcripción del record en esta corte sería fatal y esta corte carecería de poder para ejercer su discreción en la forma que dispone el artículo 58 citado. Aparte que esta corte lia resuelto repetidos casos aplicando el artículo 58 de su reglamento y declarándole sub-sistente después de la vigencia de la ley de 11 de marzo de 1911 citada, es indudable que la jurisprudencia de esta corte se ba fimdado en el control que tienen las cortes sobre los casos sujetos a su jurisdicción mediante la apelación interpuesta, pudiendo dictar reglas que encaucen las apelaciones y ejercer una sana discreción y aplicarla según las circunstancias de cada caso.

Un examen de los autos demuestra que una de las razones que tuvo la apelante para pedir prórroga con el objeto de radicar la transcripción del récord, era de que estuvo pendiente de que el demandante y apelado presentara una co-pia de cierto plano que original fué presentado como prueba y que sería usado como exhibit en la apelación.

En la transcripción de dicbo récord página 9, al relatar la declaración y prueba propuesta por el demandante, se encuen-tra un párrafo que dice:

“Dicbo plano fué propuesto y aceptado como prueba sin objeción, mandando la corte marcarlo letra D; y con motivo de ser dicho plano un documento oficial del departamento, según manifestó el demandante, éste se obligó a presentar una copia fiel de dicho original cuyo título es: Trazado de la carretera en proyecto entre los puentes San Antonio y Martin Peña.”

A pesar de las declaraciones que se hacen en dicho pá-rrafo por el demandante, el abogado de la parte apelante acompaña una declaración jurada en la que acredita haber pe-dido al demandante la copia del plano para terminar la trans-cripción del récord y que dicho demandante y apelado se negó a hacerlo, fundándose en que a él no le interesaba dicha pre-sentación. Sin que podamos considerar la importancia de esa prueba ni ser éste el momento de referimos al fondo del caso, no se pnede negar que la parte apelada creyera que estaba justificada a esperar qué el demandante entregara la copia del plano, según la constancia que del record liemos transcrito, y que fué uno de los motivos para solicitar las diferentes pró-rrogas para la radicación de la transcripción del récord. En estas condiciones no cabría aplicar el artículo 59 de nuestro re-glamento y sí la segunda parte del artículo 58 del mismo, toda vez que cuando se presentó la moción del demandante ape-lado solicitando la desestimación de la apelación, a la fecha de la notificación de la moción, ya la transcripción había sido ra-dicada en esta corte.

Por las anteriores consideraciones la moción solicitando la desestimación de este recurso debe ser declarada sin lugar así como la segunda moción solicitando la eliminación de la transcripción del récord.

Sin lugar ambas mociones.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Audrey,

text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. Hernández et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre nulidad y reivindica-ción. — Moción sobre desestimación de apelación.
    No. 2880.
    Resuelto en noviembre 10, 1922.
    DESESTIMACIÓN DE APELACIÓN — TRANSCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA — ORDEN DE LA Corte al Taquísraeo. — Según los términos de la Ley Núm. 27 de noviem-bre 27, 1917, la orden de la corte inferior para que el taquígrafo prepare la transcripción de la evidencia es necesaria y no puede ser suplida por el secretario; y aunque dice la ley que será el deber de la corte ordenar que la transcripción sea beeha por el taquígrafo, tal precepto no es imperativo puesto que debiendo ser dada cuando exista una apelación y cuando la pe-tieióu se Race dentro de los 10 días de haber sido establecida es indudable que la corte debe estar convencida de que tales condiciones existen para que tenga el deber de dar dicha orden.
    Id. — Término para Radicar el Record de Apelación — Prórroga Concedida Puera de Tiempo. — Aun admitiendo como cierto que el taquígrafo podía preparar la transcripción de la evidencia en virtud de petición del apelante dirigida a la eorte pero no provista por ella; y que era válida una primera prórroga concedida por ésta, siempre procedería desestimar la apelación en este caso pues la moción pidiendo una segunda prórroga fué radicada fuera de tiempo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. A. Marín Marién.

    Ahogado de los apelados: Sr. L. Méndez Yaz.

   El Juez Asociado Sb. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Ley No. 27 de 27 de Noviembre de 1917 autoriza a las partes que apelan de cualquier materia n orden revisable en apelación de una sentencia para que en lugar de preparar el pliego de excepciones o de exposición del caso que determina el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, puedan sustituirlos por una transcripción de la evidencia preparada por el taquígrafo, y a tal fin podrán radicar en poder del secre-tario de la corte de cuya sentencia, orden o resolución se hu-biera apelado, un escrito solicitando que se haga por el ta-quígrafo la transcripción de la evidencia, escrito que deberá presentarse dentro de 10 días después de haberse archivado la apelación; y según la sección 2a. de dicha ley, al recibir dicho-escrito será el deber de la corte ordenar al taquígrafo que haga la transcripción, la que deberá ser preparada dentro de los 20 días después de habérsele así ordenado por la corte, de-biendo ser entregada al secretario. Ese término puede ser prorrogado por la corte y según otra ley, la No. 81 de 1919, enmendatoria de la anteriormente citada, la prórroga puede pedirse por el taquígrafo o por el apelante.

En el presente caso el 9 de agosto fué registrado el es-crito de apelación y el 18 del mismo mes la parte que interesa, la revisión de la sentencia presentó un escrito dirigido al se-cretario de la corte inferior solicitando de la corte que se pre-parara la transcripción por el taquígrafo, pero no aparece del pleito ni del libro de minutas de la corte que ésta diera orden alguna al taquígrafo con tal fin, aunque según declaración ju-rad del secretario él notificó personalmente dicha petición al taquígrafo.

El 7 de septiembre el taquígrafo solicitó- por escrito de la corte una primera prórroga de 30 días que le fué concedida, sin que ese escrito aparezca registrado por el secretario, ni la orden de prórroga aparezca en el libro de minutas de la corte. Después en otro escrito fechado el 7 de octubre, que fué registrado por el secretario el día 9, el taquígrafo solicitó y obtuvo de la corte otra prórroga de .30 días más. En 31 de octubre el taquígrafo entregó la transcripción al secretario, pero antes, el día 19 de ese mes, la parte apelada había pre-sentado en este Tribunal Supremo su moción solicitando que desestimemos la apelación por el fundamento de que sin orden de la corte el taquígrafo no está autorizado para preparar la transcripción; por haber vencido el término de 20 días fijado por la ley, y porque aún suponiendo que la corte de distrito concedió el 7 de septiembre una primera prórroga de 30 días a solicitud del taquígrafo, la petición de la segunda prórroga fué registrada el día 9 de octubre, dos días después de haber vencido la primera, por lo que siendo nula la segunda pró-rroga concedida, la transcripción de la apelación debió ser pre-sentada en este Tribunal Supremo dentro de los 30 días si-guientes a haber sido interpuesta la apelación.

En oposición a esa solicitud alegan los apelantes que no es necesaria la orden de la corte para que el taquígrafo hiciera la transcripción de la evidencia porque, según la ley, cuando tal petición se hace la corte está en el deber de ordenar al ta-quígrafo que haga la transcripción y así carece de discreción para negarla, y porque la ley fija al taquígrafo como término el de 20 días aunque puede ser prorrogado.

No solamente dispone la ley con palabras claras y expresas que la corte será la que ordene al taquígrafo que prepare la transcripción de la evidencia, por lo qne su mandato no pnede ser suplido por el secretario sino qne, además, es ne-cesaria tal orden porque desde que se dicta es que empiezan a contarse los 20 días que tiene el taquígrafo para hacer su trabajo; y aunque dice la ley que será el deber de la corte or-denar que la transcripción sea becba por el taquígrafo, tal precepto no es imperativo puesto que debiendo ser dada cuando exista una apelación y cuando la petición se hace den-tro de los 10 días de haber sido establecida es indudable que la corte debe estar convencida de que tales condiciones exis-ten para que tenga el deber de dar dicha orden. Por consi-guiente es necesario que la corte ordene que se haga la trans-cripción por el taquígrafo para que ésta sustituya a la exposi-ción del caso o pliego de excepciones dispuestos en el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, según ha sido en-mendado.

■ Por otra parte, aunque se aceptara lo que sostienen los ape-lantes y en consecuencia admitiendo como cierto que el taquí-grafo aún sin orden de la corte y por la sola petición podía preparar la transcripción dentro de 20 días o de las pró-rrogas qúe le fueran concedidas, siempre resultaría que ven-ciendo el 7 de septiembre la primera prórroga de 30 días que le fué concedida, hasta el día 9 no radicó con el secretario la otra petición de prórroga por lo que estando vencida entonces la primera, no tenía facultad la corte para conceder la segun-da y por tanto el término para presentamos la transcripción de la apelación venció a los 30 días de haber sido interpuesta sin que dentro de él se nos haya presentado la transcripción de la apelación.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Pericás, Demandante y Apelante, v. The Porto Rico Drug Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2583.
    Resuelto en noviembre 10, 1922.
    Daños y Perjuicios — Prueba.—En el presente caso se reclamaron daños y perjui-cios contra una droguería porque habiendo recetado el médico inyecciones de Serobaeterina Estafiloeóciea Mixta de Mulford para ser administradas a un enfermo despachó1 y le fué puesta una inyección de Serobaeterina Es-tafilocoeiea Simple de Mulford, alegándose que tal sustitución sin permiso del médico impidió ponerle la inyección que había de producirle resultado be-neficioso y fué causa de la muerte del enfermo. Se resolvió: que habiendo demostrado la prueba que dada la intensidad de la invasión microbiana la inyección recetada no hubiera tenido resultado alguno favorable, si hu-biera sido puesta, no cometió error la corte inferior al estimar que la sus-titución no fué la causa de la muerte.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Brunet.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Tons Boto.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El niño Luis Perieás, de unos doce años de edad, llegó en-fermo a su casa en la tarde de un jueves del mes de noviembre de 1920 y visitado por un médico a las doce del día siguiente encontró que tenía un dolor de oído bastante pronunciado, se quejaba mucho de él, y tenía fiebre y síntomas catarrales en la nariz y en la garganta, siendo su diagnóstico entonces de oti-tis, o sea, inflamación del oído medio, y le recetó unas gotas calmantes para el oído, una poción para tomar y que le pu-sieran una inyección de Serobaeterina-Estafiloeóciea Mixta de Mulford como preventiva. TJna enfermera puso la inyección al niño esa tarde a las dos. Avisado el médico de que el en-fermo estaba grave lo visitó otra vez a las 5 de la tarde y en-contrándolo con meningitis ordenó que inmediatamente fuera llevado a mi hospital lo que se hizo en seguida. No pudo en-' tonces hacerle la punción lumbar, parece que por falta de agu-jas apropiadas, pero la practicó al día siguiente (sábado) y dispuso que se le pusiera otra inyección de las que Rabia re-cetado. Entonces se notó que la botica np había entregado el día anterior las inyecciones recetadas y que las sustituyó por otras »de Serobacterina Estafilocócica Simple de Mulf ord, siendo de esta clase la inyección puesta al niño el día anterior, por lo que ordenó que se buscase la que había sido recetada y entonces la botica entregó la Mixta y de esta clase fué la segunda inyección que se le puso al niño, quien murió a la una de la tarde. Después fué hecho el eximen del líquido ra-quídeo cerebral extraído en la punción lumbar hecha por la mañana.

El padre del niño demandó a la corporación “Porto Rico Drug Company,” cuya botici en Ponce fué la que entregó la inyección sustituida y le reclamó el pago de cierta cantidad de dinero como indemnización por la muerte de su hijo, ale-gando que por su conducta no se puso al enfermo la inyec-ción que le fué recetada dando' así lugar a que la enfermedad tomara un rápido desarrollo que impidió se suministraran al paciente los elementos necesarios para combatir la enferme-dad. Celebrado el juicio recayó sentencia declarando sin lu-gar la demanda, fundada en que el medicamento sustituido no puso en peligro la vida o salud del paciente ni le hizo daño de ninguna clase porque debido al curso agudo que tomó la en-fermedad la invasión microbiana fué tan intensa que la apli-cación del medicamento recetado no hubiera tenido efecto al-guno favorable, al igual que no lo tuvo el medicamento sus-tituido.

Apelada esa sentencia expone el demandante en su alegato' escrito para sostener su recurso que son erróneas las conclu-siones a que llegó la corte inferior pues la teoría de su deman-da es que si bien el medicamento sustituido no produjo efecto alguno, sin embargo, impidió que se suministrara al paciente-la medicina que le iba a causar efecto beneficioso y puso en pe-ligro su vida.

Admitido por el apelante que la medicina sustituida no pro-dirjo efecto alguno en el niño, la cuestión a decidir ahora es si la corte sentenciadora cometió error al estimar que dado el curso agudo de la enfermedad la inyección recetada no hubiera tenido efecto alguno favorable si hubiera sido aplicada. So-bre extremo tan importante informaron al tribunal dos mé-dicos, uno por cada parte.

El fundamento de la teoría del apelante es que conteniendo la inyección Mixta recetada Estafilococos áureos, Estafilococos Albos, Estreptococos, Colibacilos y Neumococos, de cuyas tres últimas clases de bacterias carece la inyección Simple en-tregada por la botica, y habiendo demostrado el examen post mortem del líquido raquídeo cerebral que hubo en las meninges una gran invasión microbiana de neumococos causante de la muerte, por no contener neumococos la inyección entregada por la botica, no se pudo contrarrestar dicha invasión, toda vez que la Serobacterina Estafilocócica Mixta se receta como preventiva contra las enfermedades producidas por cualquier clase de bacterias que contiene.

Esas inyecciones son para poner cada 24 horas, están ro-tuladas A, B, C y D, contiene cada una doble cantidad de bacterias que la anterior y sus efectos inmunizantes no empie-zan hasta 24 o 48 horas después de habert sido aplicadas, aun-que no puede asegurarse que la inmunidad sea segura, y son necesarias tres o cuatro inyecciones para neutralizar los orga-nismos vivos.

El médico que asistió al niño en su enfermedad y que fue presentado como perito por la parte demandante declaró, entre otras cosas, que la cantidad de neumococos contenida en la inyección A de la Serobacterina Estafilocócica Mixta que recetó no hubiera sido bastante para neutralizar los organis-mos vivos que había en las meninges; que si al niño Peri-cás se le hubiera puesto la inyección Mixta en lugar de la Simple no se hubiera curado ni tampoco con otra inyección más, dada la virulencia del caso, la intensidad de los síntomas y la rapidez con que se sucedieron hasta su muerte; que habiendo sido puesta la inyección Mixta antes de la infección cerebral podía haber tenido algún efecto; qne según la información qne se le dió en la casa al visitar al paciente por segunda vez por la tarde, cuando la inyección le fué puesta tenía los sínto-mas de la meningitis y que el caso no podía tratarse de otra manera que con la punción lumbar y las inyecciones. Por su parte el perito médico de la parte demandada declaró entre otras cosas, que la enfermedad que tuvo el niño fué una otitis supurada y como consecuencia una meningitis; que la inyec-ción A de la Serobacterina Estafilocócica Mixta puesta poco después de la primera visita del médico, y una segunda a las 24 boras, no podían tener ninguna acción dada la infección que tenía el enfermo; que no. había otra solución que abrir el foco infectado; que si la inyección hubiera sido puesta antes de la menigitis hubiera podido tener alguna acción preventiva pero que según los síntomas la infección en las meninges se desarro-lló antes de ser puesta la primera inyección; que una meningitis como la que se desarrolló en el niño Pericás no se trata con bacterias sino yendo inmediatamente a la punción lumbar y a la operación para descubrir y buscar el foco y que el uso de sueros es perder el tiempo y morirse el enfermo.

Las anteriores manifestaciones de esos peritos nos llevan a la conclusión de que el haber dejado de ponerse al enfermo la inyección mixta cuando fué recetada, por haber entregado la botica la simple, no fué la causa de la muerte dado el de-sarrollo de la enfermedad y que por tanto la corte inferior no cometió error al estimar que debido a lo intensa de la invasión microbiana la aplicación del medicamento recetado no hubiera tenido efecto alguno favorable.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso* ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no in-tervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelado v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre indemnización.
    No. 2864.
    Resuelto en noviembre 10, 1922.
    Apelación — Accidente del Trabajo — Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros. — Contra la sentencia pronunciada por una corte de distrito, resolviendo la apelación que puede establecerse ante ella contra la decisión de la comi-sión en casos de accidentes a obreros, no pnede recurrir la comisión para ante el Tribunal Supremo de acuerdo con la ley especial sobre la materia.
    Los. hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Eon. Attorney General y L. 8 amalea.

    Abog’ado del apelado: Sr. B. Esteves.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rodríguez sufrió un accidente trabajando en ciertas obras. Se dió cuenta a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. Se acordó el pago de sumas ascendentes a $168.20. No conforme Rodríguez, apeló para ante la corte de distrito y ésta decidió definitivamente el caso por sentencia de 22 de julio de 1922 ordenando a 1a- comisión que pagara a Rodríguez como indemnización, la suma de dos mil dólares.

Contra la sentencia de julio 22 interpuso la Comisión de Indemnizaciones a Obreros el presente recurso de apelación. Radicados los autos, la parte apelada presentó una moción so-licitando la desestimación del recurso basándose en que la ley especial sobre la materia sólo concede el derecho de apelar al obrero, no a la comisión.

La ley invocada para sostener la moción es el artículo 9 de la Ley de Indemnizaciones sobre Accidentes del Trabajo, tal como quedó enmendado por la sección 6 de la ley No. 61, de 1921, Leyes de 1921, p. 487. Dicho artículo 9 dice así:

"Artículo 9. — Se concederá al obrero recurso de apelación contra la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros para ante la corte de distrito del distrito en donde ocurrió el accidente al reclamante, en todos los casos en que se considere perjudicado por el acuerdo de la comisión.
"Asimismo se concederá apelación de la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros a cualquier patrono que hubiere ra-dicado en la comisión su informe de empleo o planilla, figurando como patrono asegurado, a la fecha del accidente, solamente en caso que la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros fuere al efecto de que el accidente es uno por el cual debe concederse in-demnización de acuerdo con las disposiciones de esta ley.
"Dichas apelaciones se formalizarán presentando al secretario de la corte d'e distrito del distrito judicial donde ocurrió el accidente, y dentro de los treinta días subsiguientes al recibo del aviso de la decisión de la comisión, una exposición por escrito en la cual se ex-presen los hechos del accidente que motivó la reclamación ante la comisión y, además, una relación de los hechos en que se funda la apelación. Dicho, escrito se hará en igual forma que una demanda corriente, de acuerdo con las disposiciones del Código de Enjuicia-miento Civil de Puerto Rico. La comisión deberá ser emplazada, con copia de dicha demanda y del emplazamiento, en las personas de sus miembros y en la forma que determina el Código de Enjuiciamiento Civil; Disponiéndose, que el obrero que apelare de la resolución de la Comisión d'e Indemnizaciones a Obreros, no tendrá que pagar costa ni incurrirá en gastos de clase alguna en la tramitación de estos asuntos en las cortes de distrito de Puerto Rico.
"Tendrá, además, el obrero el derecho de apelar de la resolución de la corte de distrito para ante la Corte Suprema de Puerto Rico de acuerdo con lo que determina el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico para las apelaciones en pleitos civiles de las cortes de distrito para ante el Tribunal Supremo; Disponiéndose, que será deber de los taquígrafos de las cortes de distrito, transcribir las notas de los juicios, sin cobrar derecho alguno al apelante, y los secretarios de las cortes de distrito tendrán la obligación de preparar y certi-ficar d'e oficio la transcripción de autos que deba elevarse al Tribunal Supremo de Puerto Rico, a los fines de dicha apelación.
"La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, por conducto del Attorney General de Puerto Rico, comparecerá dentro del término fijado en el emplazamiento y alegará en la forma que determina el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico.
"Tanto las cortes de distrito como la Corte Suprema darán pre-ferencia a la consideración y resolución de estos asuntos sobre todos los demás asuntos pendientes ante las mismas.”

La 'ley es clara. El derecho a apelar para ante la Corte Suprema sólo se concede expresamente al obrero. La cues-tión suscitada, de acuerdo con los términos de la ley especial sobre la materia, debe resolverse, pues, en favor del apelado.

La apelante sostiene que si se interpreta la ley en el sentido indicado, se reconocería un privilegio a una parte contrario al espíritu de nuestras instituciones. Si se tratara de un pleito entre dos ciudadanos, estaríamos conformes. Pero la rela-ción que existe entre el obrero lesionado y la comisión, es dis-tinta. El obrero reclama. La comisión decide. La comisión es un organismo que forma parte de la maquinaria guberna-mental del pueblo. El pueblo por su legislatura y con la apro-bación de su Ejecutivo decretó que de la resolución de la co-misión pudiera apelar el obrero a la corte de distrito, otro de los organismos del gobierno, y decretó, además, que en caso de que la resolución fuera adversa al obrero éste pudiera re-currir al tribunal más alto de la Isla. Si bien la comisión está obligada a pagar, de fondos sujetos a su control, la indemniza-ción, y tiene por tanto cierto interés pecuniario en el asunto, tal interés es el del pueblo y éste pudo considerarlo perfectamente garantido aceptando como final la resolución que dictara la corte de distrito, organismo, como hemos dicho, también creado por él mismo.

Invoca la apelante el artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil que establece el derecho a apelar en general de las sentencias definitivas pronunciadas en pleitos o procedimien-tos especiales por las cortes de distrito.

Es indudable que la resolución apelada en este caso tiene el carácter de sentencia pronunciada en un pleito o procedi-miento especial, y es indudable también que debería aplicarse al artículo invocado a no haber el legislador expresado su pen-samiento de modo tan claro en el artículo 9 de la ley sobre in-demnizaciones que dejamos transcrito.

Pide, por último, la apelante que en el caso de qne el tribunal desestimare la apelación, baga un pronunciamiento decla-rando que el recurso apropiado es el certiorari.

Tal pronunciamiento no procede. No debemos prejuzgar la cuestión. Si de acuerdo con la ley y la jurisprudencia cabe el certiorari por estar envuelta una cuestión de jurisdicción, como sostiene la apelante, ésta sin reserva de ninguna especie por parte del tribunal podrá ejercitar su derecho en la segu-ridad de que si demuestra que le asiste le será reconocido.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Quiñones et al., Demandantes y Apelados, v. Ozores et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en pleito sobre desahucio y cobro de alquileres.
    No. 2815.
    Resuelto en noviembre 10, 1922.
    Jurisdicción — Competencia—Sumisión de las Partes. — En este caso el deman-dante presentó su demanda en una corte que aunque tenía jurisdicción no tenía competencia; el demandado se personó en juicio pero en vez de pe-dir el traslado del pleito se limitó a presentar una excepción previa de falta de jurisdicción. Se resolvió: que las partes, por sus actos, dieron a la corte la competencia de que carecía y por tanto que la corte conoció válidamente del pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Bres. Texidor & de la Haba.

    Abogado de los apelados: Sr. Juan de Gusmán Benitez.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

No se siguió en este caso el procedimiento especial de desahucio. Las demandantes alegaron que habían arrendado al demandado Ozores cierta finca urbana de sn propiedad por término de dos años y canon de ciento veinte y cinco dó-lares mensuales pagaderos por mensualidades vencidas, ha-biéndose constituido en fiador de Ozores el otro demandado Zalduondo, y que habían transcurrido los meses de julio, agos-to y septiembre de 1921 sin que el arrendatario ni el fiador sa-tisficieran los arrendamientos no obstante haber sido reque-ridos para ello, por todo lo cual solicitaron de la corte que dic-tara sentencia condenando a los demandados al pago de tres-cientos setenta y cinco dólares más los alquileres que ven-cieran hasta que las demandantes fueran puestas en posesión de su finca, decretándose además el lanzamiento del deman-dado Ozores. La demanda se radicó en octubre de 1921 en la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.

Emplazado el demandado Ozores, en noviembre 25, 1921, radicó una excepción previa alegando que la corte no tenía jurisdicción sobre su persona por residir en la ciudad de San Juan. Alegó además que el caso se había originado en San Juan, correspondiendo, de acuerdo con la ley No. 41 de 1921, el conocimiento del mismo a la Corte del Primer Distrito.

Celebrada la vista de la excepción, fué declarada sin lu-gar el 2 de diciembre de 1921 concediéndose diez días a los demandados para contestar la demanda. Ozores no con-testó. Pué acusada su rebeldía y finalmente el 12 de mayo de 1922 se dictó sentencia declarando con lugar la demanda en cuanto al mismo. Contra esa sentencia interpuso el de-mandado Zalduondo el presente recurso de apelación.

El único error que se señala es el siguiente': La Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, erró al conside-rarse con jurisdicción sobre este pleito, porque según la Ley No. 41 de 1921, la jurisdicción correspondía a la Corte del Primer Distrito del Distrito Judicial de San Juan.

Interpretando la ley No. 41, de 1921, en el caso de Toro y Lippitt v. La Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, 30 D. P. R. 542, el Tribunal Supremo se expresó así:

“ * * * La ley otorgó a cada una de las dos creadas la misma jurisdicción que tienen las otras cortes de distrito que actúan en la Isla y dijo luego que con arreglo a esa jurisdicción cada corte cono-cería de todos los asuntos civiles y criminales que se originaran en determinados pueblos del distrito. Siendo esto así y no habiendo fijado el legislador reglas especiales para el traslado, se ve clara su intención de que se apliquen las generales que prescribe la ley para todas las cortes de distrito de la Isla. * * * ”

30 D. P. R. 542.

No se trata de una verdadera cuestión jurisdiccional. La materia del pleito ordinario aquí seguido es común a todas las cortes de distrito. No obstante estar situada la casa arren-dada y haberse celebrado el contrato de arrendamiento en San Juan, y corresponder, por tanto, el conocimiento del liti-gio a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, las partes pudieron someterse a la del Segundo.

¿Se sometieron? A nuestro juicio la pregunta debe con-testarse en la afirmativa. Las demandantes quedaron some-tidas por el mero becbo de acudir a la corte interponiendo la demanda. Artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, No. 2, y los demandados quedaron también sometidos porque después de personados en juicio en vez de pedir el traslado del pleito se limitaron a presentar la excepción previa indi-cada. Artículo 77 citado, No. 3. Debe hacerse constar que el demandado Zalduondo también compareció en el pleito limi-tando su actuación a archivar una excepción previa seme-jante a la archivada por el otro demandado Ozores.

Habiendo llegado a la. conclusión que antecede, se hace in-necesario estudiar y resolver otra cuestión suscitada por la parte apelada relativa a la falta de derecho para apelar por parte de Zalduondo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. HutcMson firmó: “Conforme con la. sentencia.”

El Juez Asociado Sr. "Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Banco de San Germán, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán en un procedimiento de embargo.
    No. 549.
    Resuelto en noviembre 13, 1922.
    Embargo para AsEGURAMiENTq de Sentencia — Anotación de Embargo — De-fecto Subsanarle. — Constituye defecto subsanable el no insertar en la or-den de embargo o acompañar con ésta, como dispone el artículo 72 de la Ley Hipotecaria en relación con el 97 de su reglamento, el documento o documentos en que conste la causa que ha originado el embargo; y cuando, como en el caso presente, el embargo se deerete previa la prestación de una fianza, de aeuerdo eon la Ley de Aseguramiento de Sentencias, porque la obli-gación que va a garantizar no consta en documento auténtico, entonces de-berá presentarse en el registro la demanda por ser ésta el documento en que consta la causa que motiva la orden de embargo.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido por el Banco de San Germán contra De-metrio Irizarry Basora, a instancia del demandante la Corte Municipal de San Germán decretó, exigiendo fianza, el asegura-miento de bienes del demandado. El secretario de la corte libró mandamiento al marshal para que practicara el embargo y habiendo sido trabado en bienes inmuebles lo comunicó al Registrador de la Propiedad de San Germán para que lo anotara, lo que éste hizo pero consignando el defecto subsa-nable de “no haberse insertado en el mandamiento ni acompa-ñarse por separado el documento o documentos que motiva-ron dicha anotación,” El Banco de San Germán entiende que no existe tal defecto subsanable e interpuso este recurso gubernativo con el fin de que hagamos esa declaración.

Dispone el artículo 72 de la Ley Hipotecaria que las anota-ciones preventivas que deban su origen a procedimiento de embargo o secuestro expresarán la causa que haya dado lugar a ellas, y el importe de la obligación que las hubiere origi-nado ; y dice el primer párrafo del artículo 97 de su reglamento que “Toda anotación preventiva que no pueda hacerse sino por providencia judicial, se verificará en virtud de la presenta-ción en el registro de mandamiento del juez o tribunal, en el que se insertará literalmente el particular de la providencia en que se haya dictado, su fecha y el documento o documentos que hayan motivado dicha anotación.”

De acuerdo con esos preceptos debe presentarse en el re-gistro el documento o documentos en que conste la causa que ha originado la orden de embargo y cuando, como en el caso presente, el embargo se decrete previa la prestación de una fianza, de acuerdo con la ley de aseguramiento de sentencias, porque la obligación que va a garantizar no consta en docu-mento auténtico, entonces deberá presentarse en el registró-la demanda por ser ésta el documento en que consta la causa que motiva la orden de embargo. Así lo hemos resuelto en el caso de Luce & Co., S. en C., v. Registrador de Guayama, 28 D. P. R. 968.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.


text:
    Toledo, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de un expediente posesorio.
    No. 547.
    Resuelto en noviembre 14, 1922.
    EXPEDIENTES POSESORIOS-TESTIGOS EN LA INFORMACIÓN POSESORIA. — No 6S ins-cribible un expediente posesorio en el cual los testigos a que se refiere el ar-tículo 391 de la Ley Hipotecaria no acreditaron en la información, mediante juramento o en alguna otra forma, que eran vecinos y propietarios del tér-mino municipal donde radica el inmueble objeto del expediente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentado en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán un expediente posesorio tramitado a instancia de Juan Toledo y -resuelto favorablemente por el juez municipal, el registrador se negó a inscribirlo por las siguientes razones:

“Primera, porque no consta del citado expediente que los testigos Antonio Yelázquez y Juan Bautista Irizarry hayan justificado su cualidad de vecinos del pueblo de Sabana Grande, bien por prueba -documental o por sus declaraciones juradas, toda vez que de las mismas aparece excluida dicha cualidad, y, segunda, porque si bien los referidos testigos juran tener la cualidad de propietarios en dichas ■declaraciones, no muestran concretamente que fueran propietarios del municipio de Sabana Grande como exige la ley. Reglas segunda y tercera del artículo número trescientos noventa y uno de la Ley Hipotecaria. Torres et al. v. El Registrador de Guayama, 28 D. P. R. 57.”

Las declaraciones de los dos testigos que comparecieron en el expediente son exactamente iguales. El primer pá-rrafo de la primera, copiado textualmente, dice así:

, “En San Germán a 1°, de septiembre de 1922, ante la corte com-pareció el testigo don Antonio Yelázquez, mayor de edad, vecino de Sabana G-rande y propietario, cuya última cualidad jura tener y después de prestar el correspondiente juramento a preguntas de la corte contesta:”

En ninguna otra parte de la declaración vuelve a hacerse referencia a la vecindad y condición de propietario del testigo.

La Ley Hipotecaria prescribe que en los espedientes pose-sorios declararán dos testigos £‘vecinos propietarios del pueblo o término municipal en que estuviesen situados los bienes” y que “justificarán tener las cualidades expresadas, presen-tando los documentos que las acrediten.” Yéase el artículo 391 de la Ley Hipotecaria.

Y la misma ley, artículo 392, dispone que a los efectos de la inscripción se presentará el “expediente original” en el registro, circunstancia de la cual puede deducirse la facultad del registrador para examinar en propios casos toda la docu-mentación no obstante haberlo sido ya por la autoridad judicial competente.

Si bien no existen hoy las cédulas de vecindad, documento que tuvo sin duda en mente el legislador de la Ley Hipote-caria, la residencia puede acreditarse mediante el juramento-del testigo y aquí no existe tal juramento.

En cuanto a la condición de propietario del pueblo en que radican los bienes, dentro del sistema actual existen documen-tos que pueden obtenerse fácilmente para acreditarla. Pero-estimando bastante de igual modo el juramento del propio testigo, resulta que juró simplemente que era propietario pero no que lo fuera dentro del municipio de Sabana' Grande, sitio-de los bienes, como exige la ley.

Por virtud de lo expuesto y visto lo resuelto en el caso de Torres et al. v. El Registrador de Guayama, 28 D. P. R. 57, debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison., y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf uo intervino en la resolución de este caso.


text:
    Hermida, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Beourso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de San Germán, denegando la inscripción de un expediente de dominio.
    No. 551.
    Resuelto en noviembre 16, 1922.
    Expediente de Dominio — Citación de los Anteriores Dueños. — En este caso el registrador se negó a inscribir un expediente de dominio porque en el procedimiento no fueron citados todos los anteriores dueños de cuyo tiempo de posesión se aprovechaba el promovente para acreditar el dominio. Se re-solvió: que la persona que debe ser citada es aquella inmediata de quien el recurrente adquirió el inmueble y no de los remotos anteriores dueños, siendo en tal forma que ha de darse cumplimiento a la disposición conte-nida en el inciso 2o. del artículo 395 de la Ley Hipotecaria para la citación de “aquel de quien procedan los bienes.”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. A. A. Vázquez.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En 5 de septiembre de 1922 la Corte de Distrito ele Maya-güez dictó resolución declarando justificado el pleno dominio de cierta finca rústica a favor del recurrente Fernando Her-mida ; y presentada al registro dicha resolución el registrador denegó su inscripción mediante la siguiente nota, que dice -.

“Denegada la inscripción del documento que precede por no cons-tar de la ameritada resolución acreditando el dominio dé la finca des-crita, que hayan sido citados de acuerdo con el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, todos los anteriores dueños mencionados en dicha resolución, con excepción de José Vélez, a saber: Josefina Bracero, Eita López Silva, Miguel López y Clara López Bracero de quienes trae causa el promovente y de cuya posesión se aprovecha éste para unirla a la suya con el fin de acreditar dicho dominio, * '* ” '

En vista de la anterior negativa, el reenrrente lia estable-cido el presente recurso, en el qne solicita la revocación de le nota del registrador.

En la resolución de la corte inferior se hace constar qne el reenrrente adquirió la finca objeto del recurso, por compra a José Yélez, y éste a su vez la obtuvo de las diferentes personas que se mencionan en la nota recurrida, y también por título de compra.

El artículo 395 de la Ley Hipotecaria, que señala el procedi-miento que fia de seguirse en la tramitación de los expedientes de dominio, dice en el inciso 2o. que el juez “citará a aquel de quien procedan los bienes o a su causababiente, ” y en el mismo inciso se añade, “y convocará a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos * '* *

Las reglas que establecen la disposición citada parecen cla-ras en sus términos y su interpretación más natural es que la persona que debe ser citada es aquella inmediata de quien el recurrente adquirió el inmueble y no de los remotos an-teriores dueños. Esto babía de entenderse fácilmente, por-que una regla que dispusiera en general la citación de los an-teriores dueños babía de tener su límite, pues de otro modo tendríamos que seguir sucesivamente las citaciones basta lle-gar' a los primitivos dueños, lo que nos conduciría al absurdo. Hoy en el vigente reglamento que rige en España, la regla que impone la citación de los anteriores dneños está limitada, y prescribe que solamente deben ser citadas las personas que hu-bieren poseído los bienes cuyo dominio se pretende inscribir durante los diez últimos años, ya que conste este dato por ma-nifestación del interesado, o por la certificación del registro. Pero tal prescripción no existe en nuestro actual reglamento para la aplicación de la Ley Hipotecaria, y por tanto tenemos que interpretar la ley tal como resulta de sus palabras, y dejar al poder legislativo que enmiende la ley en ese sentido si lo ere-yere conveniente a la mayor seguridad y garantía de tales procedimientos.

En la imposibilidad de qne la citación de los anteriores dueños se pudiera llevar basta sus últipios límites, la ley dis-pone que se convoque a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción por medio de edictos, a fin de que comparezcan si quisieran alegar su derecho, siendo esa la ra-zón de este precepto.

De la resolución de la corte resulta citado José Vélez, que es la persona anterior inmediata de quien procede la finca, y por edictos las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, por lo que habiendo quedado debida-mente cumplido el requisito de la citación que determina el artículo 395 citado, la nota debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez PresideNte Sr. del Toro,

text:
    Fragoso, Demandante y Apelado, v. Marxuach, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre nulidad de hipoteca, etc.
    No. 2579.
    Resuelto en noviembre 16, 1922.
    INSTRUMENTOS PÚBLICOS NULOS — FIRMA, SIGNO, RÚBRICA Y SELLO BEL NOTARIO— Escritoras Matrices — Tercero. — Una escritura original de hipoteca que lleva la fecha del otorgamiento escrita en lápiz y que no está firmada, sig-nada ni sellada por el notario autorizante, es nula; y su inscripción en el registro de la propiedad mediante copia aunque se haga constar en ella por el mismo notario autorizante que el original está fechado, firmado, signado y sellado por él, es también nula y no puede perjudicar al tercero que ad-quirió libre de gravámenes la finca objeto de la hipoteca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Soto Oras & Siaca.

      Abogado del apelado: Sr. E. H. F. DotUn.

   El Juez PresideNte Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Telémaco Fragoso inició este pleito en solicitud de que se declarara nula cierta escritura de hipoteca constituida sobre una finca urbana de su propiedad e inscrita en el registro. Sostuvo el demandado Asisclo Marxuach su derecho a la hipo-teca y a la inscripción, y trabada así la contienda fué el pleito a juicio, dictándose finalmente sentencia declarando la de-manda con lugar. El demandado apeló señalando como único error el cometido, a su juicio, por la corte, al pronunciar su sentencia.

De las alegaciones y de las pruebas examinadas en conjun-to resulta que el 21 de enero de 1918 Ramón Miranda suscri-bió a favor de Telémaco Fragoso, el demandante, un pagaré por la suma de mil dólares vencedero el 30 de julio de 1919. No satisfecha la deuda, el acreedor requirió de pago al deudor por acta notarial de 23 de agosto de 1919, y archivó mía de-manda en la corte de distrito el 10 de septiembre siguiente que terminó por sentencia favorable al acreedor, pronunciada el 20 de octubre de 1919. Mientras se tramitaba el pleito en cobro de pesos contra Miranda, el demandante Fragoso solicitó; y obtuvo una orden pana asegurar la efectividad de la sentencia que pu-diera dictarse y dicha orden trató de cumplirse embargando en el registro una casa y solar sitos en la calle del Culto de Santurce, San Juan, P. R., pertenecientes al deudor. El re-gistrador, el 6 de octubre de 1919, se negó a verificar la anota-ción solicitada por no constar inscrita aún la propiedad a favor de Miranda, tomando en su lugar anotación de suspensión por el término reglamentario.

Librado mandamiento de ejecución para satisfacer la sen-tencia de 20 de octubre, se subastó el 26 de diciembre de 1919 la propiedad indicada, y se le adjudicó al demandante por la suma, de ochocientos dólares que se abonarían a cuenta del im-porte de la sentencia. El 12 de enero de 1920 se otorgó la es-critura de venta judicial de la finca subastada a favor de Fra-goso. Diclia escritura no consta inscrita en el registro deja propiedad. Cuando la finca fue subastada, estaba libre de gravámenes en el registro, inscrita no a nombre del deudor Miranda sino a nombre de la persona de quien Miranda derivaba su derecho. Cuando se otorgó la escritura de venta judicial a favor de Fragoso, ya Marxuach había presentado en el regis-tro su escritura de hipoteca, habiendo negado el registrador su inscripción por no constar la finca registrada a nombre del deudor Miranda, o sea, por el mismo motivo que antes había negado la anotación del embargo a favor de Fragoso.

No hay duda alguna con respecto al derecho dominical de Miranda. Tampoco la hay con respecto a que ese derecho se transmitió al demandante Fragoso. La cuestión a resolver es la de si Fragoso adquirió la finca libre de gravámenes o gra-vada con la hipoteca de Marxuach. ¿ Cómo y cuándo se cons-tituyó esa hipoteca?

Según copia certificada expedida por el notario público Manuel Paz Urdaz ante él comparecieron el 31 de mayo de 1918 Ramón Miranda y Acisclo Marxuach hipotecando el primero a favor del segundo la casa de que se trata, para responder de una deuda de mil dólares. La copia expresa la fecha de la escritura y consigna que fue firmada, signada y sellada por el notario autorizante que lo fue el mismo Paz Urdaz.

Dicha cópia se presentó en el registro como se ha dicho el 2 de enero de 1920 y se negó su inscripción por el motivo indi-cado. Luego parece que se inscribió la casa y solar a nombre de Miranda y entonces, el 30 de marzo de 1921, o sea, más de un año después, se inscribió la escritura de hipoteca a favor de Marxuach y surgió este pleito.

Si la copia do que venimos hablando fuera exacta, debería-mos entrar de lleno a resolver el conflicto aplicando las reglas del derecho civil y de la Ley Hipotecaria, pero antes de lle-gar a ese punto, se hace necesario investigar y resolver ama cuestión fundamental en relación con la escritura original en que se constituyó la hipoteca.

La copia dice que la escritura original está firmada, sig-nada y sellada por el notario y bajo esa base se verificó la ins-cripción de la hipoteca en el registro, pero es lo cierto que el original tiene la fecha en lápiz y no está firmado, ni signado, ni sellado por el notario.

Siendo esto así ¿puede sostenerse que la hipoteca se consti-tuyó por escritura pública y por tanto que pudo inscribirse en el registro y perjudicar a tercero, o bien es necesario resolver que se trata de un simple documento privado valedero entre las partes, que no pudo inscribirse en el registro ni perjudicar a tercero ?

La sección 9 de la Ley Notarial, vigente a la fecha de la es-critura de hipoteca y en la actualidad, prescribe:

“Sección 9. — Escritura original es la que redacta el notario sobre el contrato o acto sometido a su autorización, y que firman los otor-gantes, los testigos instrumentales, o de conocimiento en su caso, autorizándola el notario ante el que se otorgue, con su firma, signo y sello, no siendo permitido el firmar con marquilla.”

Y la 20 de la propia ley dispone:

“Sección 20. — Serán nulos los instrumentos públicos:
“Io. En que baya intervenido como parte el notario que los auto-rice, o contengan alguna disposición a favor de éste.
“2o. En que sean testigos los parientes de las partes en ellos inte-resadas, o los parientes, escribientes o criados del notario autorizante.
“3o. En que el notario no certifique sobre el conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia con testigos de conocimiento, o en que no aparezcan las firmas de las partes y testigos cuando deban hacerlo, y la firma, signo y rúbrica del notario.”

Ante preceptos de ley tan claros y terminantes, no caben interpretaciones más o menos lógicas o tendentes a asegurar la justicia que pueda estar envuelta en determinado qaso particular.

No es posible aceptar, como sostiene la parte apelante, que el hecho de haber expedido el propio notario la copia bajo sn firma, signo y sello, suplió la deficiencia del original. El original es la base, lo que queda, lo que forma el protocolo, lo que permanece en el archivo del notario y luego va al archivo general, aquello en que puede confiarse, el verdadero documento público del cual emana el otro documento público que se llama copia. La copia debe ser conforme al original. Consignar en una copia algo que en el original no existe, es sencillamente una falsedad. No importa que el notario tuviera la intención de firmar. La ley no se limitó a la intención, o a la deducción, sino que exigió la realidad de la firma, signo y sello puestos en el acto mismo del otorgamiento.

Siendo, pues, nula la escritura de hipoteca como documento público, nula necesariamente es también sn inscripción en el registro. El contrato queda reducido a un documento pri-vado que no perjudica a tercero. Fragoso adquirió la finca libre de gravámenes y sn derecho debe serle reconocido por las cortes.

Procede por el motivo expresado, la confirmación de la sen'-tencia recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Gijón, Demandante y Apelado, v. Surillo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de actos y otros extremos.
    No. 2620.
    Resuelto en noviembre 20, 1922.
    Herencia- — Hijo Natural Reconocido. — Según el Código Civil Revisado un hijo natural reconocido tiene derecho a heredar, en representación de su madre natural, al padre legítimo de ésta, debiendo fijarse tal derecho de acuerdo con la ley vigente al fallecimiento del causante de la herencia y no con arreglo a la vigente en la- fecha del nacimiento del hijo.
    Id.-SENTENCIAS-PRONUNCIAMIENTOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LO SOLICITADO.En este caso el demandante reclamó derechos hereditarios provenientes de sus bisabuelos por línea materna, pero sólo logró probar el derecho de uno de sus bisabuelos que le fué reconocido por la corte. Se resolvió: qué la corte no erró, por estar lo concedido comprendido dentro de lo reclamado en la demanda.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. F. González.

    Ahogado del apelado: Sr. A. Aponte, Jr.

   El Juez PresideNte Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada contiene los siguientes pronuncia-mientos :

“1. Que es nulo y sin ningún valor el expediente posesorio tra-mitado por el demandado Manuel Surillo Aponte, de la finca que se describe a continuación ’* * . (Se describe).
“2. Que es también nula, y sin ningún valor ni efecto, la escri-tura de partición de bienes otorgada en Humaeao, ante el notario Manuel Tous Soto, en 18 de julio de 1909, por Manuel Surillo Aponte, Carmen Surillo García y Joaquín Gijón Surillo, de los bienes relictos al fallecimiento de Manuel María Surillo Cintfón y María del Rosario Aponte.
“3. Que la finca de 180 cuerdas, anteriormente descrita, es pro-piedad del demandante Alfredo Gijón Surillo y de los demandados Manuel Surillo Aponte, y Carmen Surillo García, en la proporción siguiente: una tercera parte para el demandado Manuel Surillo Aponte, otra tercera parte para Alfredo Gijón Surillo y Carmen Surillo García, como herederos de Pedro Surillo Díaz, y otra tercera parte, que perteneció a María del Carmen Surillo y Aponte, y que deberá distribuirse entre el propio demandado Manuel Surillo Aponte, quien recibirá una doble porción por ser un hermano germano, y Alfredo Gijón Surillo y Carmen Surillo García como herederos de dicho Pedro Surillo Díaz, quien debía recibir una porción sencilla y la que deben recibir hoy sus herederos.
“é. Que el demandado Manuel Surillo Aponte pague al deman-dante Alfredo Gijón Surillo, por concepto de rentas y frutos perci-bidos, la cantidad de dos mil dollars; más las costas de este pleito. ’ ’

Hemos examinado cuidadosamente las alegaciones v las pruebas y de ellas resulta que el 28 de enero de 1860 Manuel María Surillo y Cintrón y su padre Luis Francisco Surillo otorgaron una escritura de la venta que abora tiempo hi-ciera” el segundo al primero de una finca rústica situada en Guayanés, término municipal de Yabucoa. Parte de esa finca es la de ciento ochenta cuerdas reclamada en este pleito:

El comprador Manuel María Surillo era en 1860 viudo de Manuela Díaz con quien había casado en primeras nupcias. La señora Díaz murió en 1850 quedando del matrimonio un solo hijo nombrado Pedro Surillo y Díaz.

En el propio año de 1860, pero después del otorgamiento de la escritura, Manuel María Surillo casó en segundas nup-cias con María del Eosario Aponte procreando dos hijos lla-mados María del Carmen y Manuel.

En la demanda se alegó y se intentó probar en el juicio que la finca de que se trata fue adquirida por Manuel María Surillo durante su primer matrimonio, pero estamos confor-mes con la conclusión a que llegara el juez sentenciador en cuanto a que lo único que puede concluirse fuera de duda es que se adquirió por Surillo con anterioridad a su matri-monio con María del Eosario Aponte.

En 1885 falleció Manuel María Surillo dejando como he-rederos a sus hijos Pedro, del primer matrimonio, y María del Carmen y Manuel, del segundo.

De los dos últimos hijos María del Carmen murió con an-terioridad al 21 de diciembre de 1900 y Manuel vive y es el demandado que posee la finca en cuestión.

El otro hijo Pedro casó con Josefa Braulia García pro-creando dos hijas Carmen y Aurora. Carmen vive y figura como demandada en el pleito. Aurora murió el 21 de diciem-bre de 1900, dejando un hijo natural reconocido, el deman-dante Alfredo Gijón Surillo, que nació el 4 de febrero de 1899. Pedro Surillo Díaz falleció el 20 de diciembre de 1905.

Conocida la historia de la familia, tal como consta del “record,” veamos lo ocurrido con la finca, de acuerdo tam-bién con las constancias del record. No existiendo testa-mento, la finca adquirida por Manuel María Surillo en I860., debió pasar a su muerte a sus tres hijos Pedro Surillo Díaz, María del Oarmen Surillo Aponte y Manuel Surillo Aponte. ¿Pasó en realidad? No. El demandado Manuel Surillo Aponte se adueñó de ella y tramitó un expediente posesorio a' su nombre en 1906 y la inscribió en el registro. Luego y como consecuencia de cierto pleito, se practicaron unas ope-raciones divisorias de los bienes relictos al fallecimiento de Manuel Surillo Cintrón y su esposa María del Rosario Aponte, haciéndose constar en ellas que la finca de que se trata fué adquirida durante el segundo matrimonio de Suri-llo, y consignándose en ellas además un convenio que tex-tualmente dice: "Doña Carmen García Surillo por sí, y don Joaquín Gijón a nombre de su hijo Alfredo Gijón Surillo, se obligan a vender a don Manuel Surillo Aponte, por el pre-cio de tasación la porción adjudicada al heredero don Pedro Surillo Díaz, una vez aprobadas estas operaciones, pudiendo solicitar a nombre del Sr. Gijón la correspondiente autori-zación, judicial para la venta.” Dichas operaciones se efec-tuaron en 1909, cuando el demandante Alfredo Gijón Surillo era menor, sin haberse obtenido la autorización judicial pre-via que exije la ley.

De los hechos anteriores surgen claras las conclusiones primera, segunda y tercera de la sentencia apelada. Sus pronunciamientos son justos. El expediente posesorio y las operaciones divisorias son nulos. El demandado Surillo Aponte no era dueño de la totalidad de la finca. La finca no perteneció a la sociedad de gananciales del segundo matrimo-nio. No se podía disponer de los bienes del menor en la forma que se intentó sin la previa autorización judicial. La distribución de las herencias de Manuel María Surillo, de María del Carmen Surillo y Aponte y de Pedro Surillo Díaz contenida en el tercer pronunciamiento, sigue las reglas fija-das por la ley.

En su alegato señala la parte apelante seis errores. Los tres primeros se refieren a la admisión de las pruebas, Los fiemos examinado y a nuestro juicio no requieren una ex-posición y discusión por escrito de nuestra parte. Son ma-nifiestamente improcedentes.

Por el cuarto error se sostiene que siendo el demandante un fiijo natural reconocido, no tiene derecfio a heredar en re-presentación de su madre natural al padre legítimo de ésta.

Si la muerte del abuelo hubiera ocurrido bajo el imperio del Código Civil español, tendría razón el apelante. Desde 1912, en el caso de Correa et al. v. Correa et al., 18 D. P. R. 117, esta corte estableció la siguiente doctrina:

“De acuerdo con las disposiciones del Código Civil español vigente en Puerto Rico en 1890, el hijo natural reconocido tampoco tiene derecho a heredar, en representación de su padre natural, al padre legítimo de su padre natural.”

Pero el fallecimiento del abuelo ocurrió aquí en 1905 cuando estaba en todo su vigor el Código Civil Eevisado que disponía en sus artículos 905, 913 y 898, lo que sigue:

“Art. 905. — Los hijos legítimos o ilegítimos reconocidos y sus des-cendientes, suceden a los padres y demás ascendientes sin distinción de sexo ni edad, y aunque aquéllos procedan de distintos matrimo-nios.”
“Art. 913. — Los hijos ilegítimos reconocidos y sus descendientes tendrán los mismos derechos hereditarios que los hijos legítimos y sus descendientes, en la forma dispuesta en los precedentes artículos, así para heredar por derecho propio como por derecho de represen-tación.
“No obstante el hijo ilegítimo y sus descendientes no tienen de-recho a suceder abintestato a los hijos y descendientes legítimos y parientes colaterales legítimos del padre o madre que los hayan re-conocido, ni ellos al hijo ilegítimo y sus descendientes.
“Los padres con respecto al hijo ilegítimo reconocido y sus des-cendientes, tendrán los mismos derechos hereditarios que los padres legítimos en la herencia abintestato de sus hijos y descendientes legítimos.”
“Art. 898. — Llámase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederíe en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar.”

La cuestión no es nueva. Fué decidida por esta misma corte en el caso de Ex parte Smith et al., 14 D. P. R. 664.. En elidió caso se hizo un detenido estudio de la materia y se concluyó finalmente que í£con arreglo a las disposiciones de nuestro Código Civil Eevisado vigente en julio 29, 1906, un nieto natural reconocido, tiene derecho a heredar por de-recho de representación a su abuelo natural. ’ ’

Alega el apelante que no es la ley vigente a la fecha de la muerte ele la persona a quien se hereda, sino la vigente cuando el nacimiento del hijo la que regula el derecho a here-dar del hijo e invoca para sostener su alegación el caso de Esterás v. Esterás, 24 D. P. R. R. 440. El caso invocado no tiene el alcance que le atribuye el apelante.

El artículo 746, párrafo 1, del Código Civil Eevisado, igual al 758 del Código Civil antiguo, dispone:

“Art. 746. — Para calificar la capacidad del heredero o legatario se atenderá al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate.”

En el propio caso de Ex parte Smith et al., la corte se ex-presó así:

“Los derechos hereditarios de un nieto a heredar por derecho de representación a su abuelo paterno se regulan por las leyes vigentes al tiempo del fallecimiento de su abuelo, cuya herencia es la que va a distribuirse y no por las leyes vigentes al fallecer el padre.” 14 D. P. R. 664.

Y en el también citado caso de Correa et al. v. Correa et al. el tribunal expuso:

“Para estudiar debidamente esta cuestión, es necesario fijar antes las fechas del fallecimiento de los abuelos, pues es un principio bien establecido que la ley o las leyes vigentes en tales fechas, son las que deben regular los derechos de los herederos.” 18 D. P. R. 117, 120.

El quinto error levanta la misma cuestión que el primero. Sostiene el apelante que habiéndose alegado en la demanda que la finca en cuestión se adquirió por Manuel Alaría Suri-llo durante su primer matrimonio y no habiéndose probado tal hecho, la demanda debió haber sido declarada sin lugar, careciendo la corte de facultad para declarar probado que la finca se adquirió por Surillo siendo viudo.

La escritura demuestra que la venta se había realizado con anterioridad a su otorgamiento. Se presentó un testigo para probar que estando casado Surillo con su primera es-posa poseía ya la finca como dueño. Sin embargo, de esa prueba no aparece tan claramente como es necesario que la finca se adquiriera constante dicho primer matrimonio y el juez estuvo justificado en fijar como fecha de la adquisición la indiscutible de la escritura, en cuya fecha era viudo el adqui-rente. Con ello se redujo en extensión la reclamación del de-mandante, pero quedó en parte subsistente. Reclamó el de-mandante sus derechos hereditarios a una finca que alegó había pertenecido a sus bisabuelos por la línea materna y logró tan sólo demostrar sin duda alguna que la finca perte-neció al bisabuelo. Lo concedido por la corte está compren-dido dentro de lo reclamado en la demanda, siendo por tanto su pronunciamiento válido. Véase Gandía v. Trías y Stubbe et al., 29 D. P. R. 676, 710.

Resta sólo examinar la cuestión relativa al cuarto pronun-ciamiento de la sentencia, levantada por el sexto y último se-ñalamiento de error.

Se reclamaron veinte mil dólares por concepto de rentas y frutos percibidos. La corte concedió dos mil. Se trata de una finca de ciento ochenta cuerdas por lo menos que vale como mínimo, a razón de cincuenta dólares la cuerda. Desde hace más de veinte años el demandado disfruta esa finca por sí solo. Considerables cuerdas de ella se dedicaron al cul-tivo de cañas en los mejores tiempos. La prueba demostró que terrenos de igual clase se arrendaban por un precio que llegó a subir a ocho dólares mensuales por cuerda. Aun cuando se fijara en cincuenta centavos al mes el precio del arrendamiento, un simple cálculo aritmético daría por resul-tado una suma mayor que la concedida por la corte. Oree-mos que la suma redonda de dos mil dólares está sostenida por la prueba y por tanto que también es justo el último pro-nunciamiento.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchi-son y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.