text:
    Luis Martínez Gelabert, demandante y apelado, v. El Municipio de Río Piedras, demandado y apelante.
    Núm. 8848.

    Sometido: Junio 13, 1944.

      Resuelto: Noviembre 24, 1944.

      E. Acosta Dom&nech, abogado del apelante; José Benet, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Río Piedras ba poseído por más de se-senta y oebo años en concepto de dueño un edificio de mani-postería que hasta hace cuatro años dedicó a matadero municipal. El solar donde existe el edificio formaba parte de una finca rústica de nueve cuerdas, cuyo posesión fue ins-crita a favor de Juan Ubarri Capetillo mediante expediente posesorio tramitado en el juzgado municipal de Río Piedras en el año 1884. Una parcela segregada de la finca de nueve cuerdas fue recientemente urbanizada, figurando el solar donde enclava el matadero con el número veinticinco en el plano de urbanización. Tras sucesivas enajenaciones, este solar fue adquirido por Alejandrina Blanco, quien por es-critura de 5 de marzo de 1942 lo vendió a Luis Martínez Gelábert. El municipio mantiene aún en el solar las ruinas del matadero, y alega que tanto el edificio como el solar son de su propiedad, a título de compra y por haberlos poseído en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente desde el año 1854. Aunque Luis Martínez Gelábert expresa-mente admite que el edificio en ruinas pertenece al munici-pio, sostiene que el solar es de su exclusiva propiedad por haberlo adquirido de Alejandrina Blanco, quien tenía inscrita su posesión en el registro de la propiedad. A fin de dirimir la controversia, Martínez Gelábert. instó este pleito en la corte inferior solicitando una sentencia que lo declare dueño del solar y condene al demandado a remover las ruinas del edificio. Alegó el demandante que según información obte-nida después que él compró el solar, uno de los anteriores dueños de la finca de nueve cuerdas, cuyo nombre no ha po-dido comprobar, consintió y toleró hace más de treinta años, sin que mediara compensación alguna, que el demandado construyera el edificio mencionado con el único propósito de dedicarlo a matadero público; que movidos por un alto es-píritu cívico los posteriores dueños consintieron'que el ma-tadero público continuara en el solar, hasta qne en el mes de abril de 1937, en qne Jesús Blanco Larresca y sns hijos, como dueños de la parcela donde está comprendido el solar, resolvieron urbanizarla, prometiendo entonces el demandado remover el matadero tan pronto hubiera construido otro; ■que desde el mes de agosto de 1940 el municipio está usando un matadero que construyó en otra finca, abandonando desde entonces el viejo matadero pero negándose a reinover el edi-ficio, sosteniendo, que es dueño del solar; que el. solar en controversia tiene un valor de $1,968.96; y que él deman-dante, al igual que los anteriores dueños, han pagado las contribuciones impuestas al mismo.

El municipio negó que el demandante sea dueño del solar, que haya estado en su posesión y que esté pagando con-tribuciones sobre el mismo. Alegó afirmativamente que el inmueble le pertenece por haberlo adquirido a título oneroso y haberlo poseído en concepto de dueño por espacio de 88 años sin haber sido perturbado en la posesión. Concluye el demandado solicitando sentencia que lo declare dueño en pleno dominio del solar, y que se expida mandamiento al registrador de la propiedad para que cancele la inscripción practicada a favor del demandante.

No existe la más insignificante evidencia tendiente a pro-bar la contención del demandante al efecto de que el deman-dado edificó en el solar por mera tolerancia o permiso de una de las personas de quien trae causa el demandante. El propio demandado tampoco ha podido dar luz alguna sobre la fecha y condiciones en que empezó la posesión del muni-cipio y se construyó el matadero, ni aparece en los archivos municipales documento alguno que pueda suministrar infor-mación sobre este extremo. Es verdad que el acta de la Junta Municipal de Río Piedras de fecha 23 de febrero de 1854 (exhibit 1 del demandado) acredita que en ese día, reu-nida la junta para considerar las proposiciones que para “optar a la plaza de carnicero se presentaron,” las dos más ventajosas fueron la de Ramón Trigo y la de Francisco Cruz. Este último, según se hace constar en el acta, entre otras cosas ofrecía, mediante cierta remuneración,, construir por su cuenta un edificio de madera, obligándose a traspasarlo al municipio con sus útiles, así como la propiedad del te-rreno que ocupara el matadero. No aparece del acta, sin embargo, que esa proposición fuese aceptada, y aunque lo hubiera sido, no consta el sitio donde habría de construirse el matadero, existiendo además la diferencia de que el que se proponía construir Francisco Cruz era de madera, mien-tras que el edificio a que se refieren las alegaciones de este caso es de manipostería, lo cual tiende a demostrar que el actual edificio no es el que se menciona en el acta. No existe, pues, evidencia alguna de cómo el municipio .comenzó a po- j seer el solar. El conocimiento más remoto que sobre este punto tenemos lo debemos a José Martínez Llonín, testigo del demandado, quien declaró que vino a vivir a Río Piedras en 1878 ó 1879, y que en esa fecha el matadero actualmente en ruinas existía ya en el solar en controversia.

Veamos ahora los actos de dominio que pretende el de-mandante han ejercitado sus causantes sobre el solar:

1. Que siendo Jesús Blanco Larresca dueño de la par-cela de la cual era parte el solar, y siendo Joaquín Ema-nuelli alcalde de Río Piedras, el municipio, en consideración al uso del solar, mandaba por su cuenta a regar el estiércol que se acumulaba en el matadero en los sitios de la finca que le indicaba Blanco, y además suministraba el agua para la lechería que Blanco tenía establecida en el resto de las nueve cuerdas;

2. Que el alcalde Emanuelli en cierta ocasión trató de construir una ampliación en la parte de atrás del edificio, y Blanco Larresca le manifestó que no quería que la constru-yese en aquel sitio, por lo-que el alcalde hizo la ampliación donde le indicó Blanco, en la parte delantera;

3. Que el municipio autorizó el plano de urbanización sin protesta alguna, a pesar de que en el sitio correspondiente al solar veinticinco se consignaron las palabras “matadero a remover”;

4. Que al tramitarse el expediente posesorio el municipio expidió una certificación acreditativa de que la Sucesión Ubarri pagaba las contribuciones impuestas a la finca de nueve cuerdas objeto del expediente;

5. Que los señores Blanco, sin protesta del municipio, cortaban y utilizaban el malojillo que crecía en el solar del matadero; y que Alejandrina Blanco, quien compró el solar el 25 de octubre de 1941, algunas veces mandó a limpiarlo; y

6. Que el testigo Blanco, antes de vender el solar a su hermana Alejandrina, lo cercó personalmente, haciendo los hoyos y poniendo los espeques.

Angel Blanco, condueño de la urbanización y único testigo del demandante que declaró sobre el supuesto pago por el uso del solar, a preguntas de la corte declaró:

“P. ¿El municipio pagaba a ustedes algo por el uso? R. Sí, señor. , . , ,
“P. ¿Cuánto les pagaba? ...
“ . . . R. Nos regaba el estiércol y nos daba agua a la finca.
‘ ‘ * * * « # • * «
“P. ¿Hubo alguna ordenanza a ese respecto? R. En cuanto a ese respecto no puedo decirle.
“P. ¿ Pero le instalaron una tubería para regar la finca ? R. Para regar la finca no, . . . daban agua gratis a la lechería y el estiércol lo regaban dentro de la finca.
“P. ¿A cambio de qué? R. A cambio de la posesión que tenían del matadero.”

Y más adelante, a repreguntas del abogado del deman-dado, declara:

“P. ¿Y usted diee que nunca hubo ningún escrito sobre el con-venio para esas cosas que usted menciona? R. Nó, señor. Yo sé que hubo pleitos y demás.
“P. ¿Qué pleitos hubo? R. Bueno, yo sé que hubo pleitos con el municipio sobre eso.
“P. jPero pleitos en la corte? R. No sé. Yo sé que el muni-cipio daba el estiércol.
“P. i Pero bubo pleitos en la corte? R. Yo no recuerdo.. Yo be oído decir que bubo pleitos.
“P. ¿De manera que lo que usted está hablando aquí es lo que ha oído decir? R. En cuanto a los pleitos, sí.
“La corte: Que se elimine entonces.”

Y luego, refiriéndose al suministro de agua, declaró:

“La corte: Se aclaró que ... no era dueño el municipio del acueducto, sino que el Municipio de San Juan surte el Municipio de Río Piedras, según admite el letrado del demandante, ¿ Es un hecho cierto que suministraba el agua? R. Sí, señor.
“P. ¿Ustedes no pagaban por esa agua? R. No, señor.
“P. ¿No pagaban por tolerancia o por algún convenio? R. Yo supongo que había un convenio.
, * * * * * *
“P. Que usted sepa, personalmente, ¿no convinieron nada con el municipio sobre eso, que usted recuerde? R. Bueno, que yo recuerde, él municipio siempre regaba ese estiércol dentro de la finca y le daba agua.” (Bastardillas nuestras.)

Aceptando como cierta la declaración del testigo Blanco en cuanto al extremo indicado, veremos que su declaración se reduce a que, según su recuerdo, el municipio siempre regaba el estiércol dentro de la finca y le daba agua. Esa actuación por parte del municipio no implica necesariamente que esos actos fuesen realizados en pago del uso del solar. El municipio tenía en el solar, no sólo el edificio del mata-dero si que también un ranchón donde encerraba el ganado que había de sacrificarse al día siguiente, una extensión de concreto donde acumulaba el estiércol, y los pozos negros donde desaguaban los desperdicios. Era indispensable reti-rar de allí el estiércol para mantener el matadero en condi-ciones sanitarias. Ese estiércol que resultaba una molestia para el municipio era beneficioso 'para la finca de los seño-res Blanco colindante con el solar. Ningún sitio más conve-niente para el municipio botarlo que la finca de los señores Blanco. El suministro del agua podría racionalmente inter-pretarse como nna remuneración por permitirle botar el es-tiércol en la finca.

El mismo testigo Blanco es quien declara que el alcalde Emanuelli, obedeciendo órdenes de Blanco Larresca, al ampliar el matadero lo hizo en el sitio designado por dicho señor. Suponiendo que el testigo presenciara esa conversación entre el alcalde y su padre, ese mero incidente con el alcalde no puede considerarse como una admisión que obligue al municipio.

El hecho de que el municipio autorizara sin protesta el plano de urbanización en el cual, en el sitio correspondiente al solar del matadero, se consignó “matadero a remover,” en nada perjudica la posesión del municipio. Tanto el demandante como el demandado sostuvieron que el matadero estaba en malas condiciones y que el municipio se proponía construir en otra finca un edificio para matadero, como en efecto lo hizo. Y el propio alcalde Landrau a ese efecto declaró que el municipio no tuvo inconveniente en aprobar el plano porque tenía el propósito de remover el matadero y no creyó que las palabras “matadero a remover” pudieran interpretarse como que el municipio cedía el solar a la Sucesión Blanco ni a ninguna otra persona; y que de haber sospechado que la intención de los Blanco al consignar esas palabras en el plano era apoderarse del solar, ni él ni la asamblea lo hubieran autorizado. Manifestó además que trasladaban el matadero a otro sitio porque el solar resultaba ya pequeño y el sitio no era adecuado porque sus alrededores estaban urbanizados; que el matadero viejo fué construido cuando en Bío Piedras se sacrificaban tres o cuatro reses, mientras que a la fecha en que se construyó el nuevo se sacrificaban 16, 20 y 30 reses diarias; y que el municipio tenía el propósito de edificar una cárcel municipal en el solar en controversia.

Aceptando que en el año 1884, fecha én que se tramitó el expediente posesorio, Juan Ubarri Capetillo figurase pagando la contribución sobre el predio de nueve cuerdas, nos encontramos con que desde el año 1884 en que se ex-pidió esa certificación hasta el año 1942, en que se presentó la demanda de este pleito, transcurrieron 58 años, durante los cuales no se ha acreditado que los causantes del deman-dante hayan pagado contribución sobre el solar en contro-versia. Es verdad que en el acto del juicio el demandante ofreció en evidencia un documento para probar que pagaba contribución sobre el solar, pero la corte no lo admitió por entender que en el referido documento no se identificaba el solar a que se refería la contribución pagada, y no habién-dose solicitado que el documento fuese marcado como eviden-cia ofrecida y admitida, no consta en los autos de esta ape-lación.

Tampoco perjudica la posesión del municipio el hecho de que exista prueba por parte del demandante al efecto de que alguno de sus causantes cortase el malojillo que crecía dentro del solar ocupado por el matadero. El solar era dedicado a matadero, y el malojillo que pudiera crecer en ese solar, lejos de beneficiar, más bien perjudicaba al municipio, de manera que el permitir que se cortase el malojillo puede interpretarse como mera tolerancia por parte del municipio, que no lo necesitaba, y no como un reconocimiento de propiedad sobre el solar a favor del causante del demandante.

La declaración del señor Blanco con respecto a la cerca del solar fué contradicha por el alcalde Landrau, quien manifestó que el solar no se cercaba nunca porque no era necesario toda vez que el ganado estaba encerrado en el ranchón de que se ha hecho mérito. El propio testigo Blanco en repregunta admitió que no existía vestigio alguno de tal cerca hecha por él. Pero suponiendo que Blanco hubiera cercado el solar en alguna ocasión, no vemos cómo este acto, que no era adverso a la posesión del demandado hubiera podido perjudicarla, a menos que al establecer la cerca se privase al municipio de alguna parte del solar.

Examinemos ahora la declaración de José Benet, ahogado del demandante. Declaró que contrajo matrimonio en 1938 con Alejandrina Blanco; que desde sn matrimonio, sn es-posa le otorgó nn poder general e inmediatamente intervino en los asnntos de los hermanos Blanco como- si fnera uno de los condueños de la finca; y qne se hizo cargo de hacer la nrbanización con el ingeniero Jnlio Marrero. La declara-ción del señor Benet, lejos de fortificar la de sn cnñado Angel Blanco, más bien la debilita, pnes tiende a demostrar qne los hermanos Blanco no estnvieron seguros de sn condición de dneños del solar hasta qne en 1941 el señor Benet, en compañía del secretario municipal, hizo nna búsqueda en los archivos del municipio para cerciorarse de si el municipio tenía o no título escrito del solar. A este efecto dice el tes-tigo :

“. . . personalmente estuve con el secretario municipal en el 1941, a principios del 42, buscando si había algún documento perte-neciente al municipio en los archivos -. . . y no había ninguno. En-tonces fué que se resolvió vender el solar. Después doña Alejandrina estuvo algún tiempo con el solar y luego se lo vendimos a don Luis Martínez Gelabert. Don Luis Martínez Gelabert vino a Río Piedras, yo lo llevé a ver los documentos, le enseñé el Registro de la Propie-dad, no había carga ni gravamen sobre eso. Lo llevé sobre el terreno y tomó posesión del terreno.” (Bastardillas nuestras.)

Repreguntado el abogado Benet si recordaba haber es-tado con el abogado del municipio, Acostá Domeneeh, en el solar en cuestión y si hubo oposición a que Benet cercara el solar, contestó:

“Bueno, nosotros no estábamos cercando, ya estaba cercado. La oposición que me dijo el compañero fué . . . que no tocase ese edi-ficio del matadero ni el terreno porque ellos decían que eran de ellos; entonces yo le dije al compañero, ‘Pues-eso nosotros lo hemos com-prado,’ y entonces acordamos el compañero y yo que trajéramos el caso aquí a la corte para que la corte dijera quién era el dueño por-que no podíamos ponernos de acuerdo.
“P. ¿Hubo oposición a que ustedes tomaran posesión en alguna forma? R. Sí, hace como seis u ocho meses.”

Si como alegó el demandante el nso del solar lo obtuvo. el municipio por mera tolerancia o por permiso de uno de los anteriores dueños, sin poder precisar cuál; si según el testigo Angel Blanco, su padre y él mismo habían ejercitado actos de dominio que Habían sido acatados y respetados por el municipio, tales como la construcción de la ampliación del matadero y el corte del malojillo, ¿por qué suponer que el municipio tuviese título escrito sobre el solar, y no estar sa-tisfechos de que eran dueños del solar hasta que la búsqueda les demostró que no existía título escrito en el archivo municipal?

Del exhibit 3' del demandante resulta que antes que él y su causante Alejandrina Blanco, diez distintos dueños, entre los cuales se hallaban algunas sucesiones como las de Juan Ubarri Capetillo y Jesús Blanco Larresca, compuesta de varias personas, poseyeron el predio de nueve cuerdas donde enclava el solar. Y es muy significativo que hasta el año 1941, cuando Alejandrina Blanco adquirió título sobre el solar, a ninguno de los anteriores dueños se les hubiera ocu-rrido hacer valer sus derechos ante el municipio, ya exi-giendo la remoción del edificio o que el demandado pagase el precio del solar o el correspondiente canon de arrenda-miento. Es también significativa la circunstancia de que en la misma escritura en que el demandante compró el solar por $700.15, constituyese sobre el solar una hipoteca para garantizar un pagaré al portador por ochocientos dólares de principal y dos créditos adicionales, uno de cien dólares para intereses y otro de doscientos dólares para costas y honora-rios en caso de reclamación judicial. No creemos que el de-mandante pudiese racionalmente esperar que alguien le pres-tase ochocientos dólares con la garantía de una finca que acababa de comprar en $700.15. Y si en verdad el solar, como se alega en la demanda, tenía un valor de $1,968.96, es también significativo que el abogado Benet y su esposa lo vendieran por $700.15.

El análisis qne acabamos de bacer de la prueba nos lleva a la conclusión de qne el municipio por más de sesenta y ocho años ha venido poseyendo en concepto de dueño el solar en controversia pública, pacífica e ininterrumpidamente.

Establecida esta conclusión, nos hallamos frente a dos posesiones simultáneas: la del demandante y sus causantes, qne podríamos llamar simbólica porque sólo ha existido en los libros del registro de la propiedad; y la del demandado, que podríamos llamar de hecho porque ha existido en la realidad. Ahora bien, ¿cuál de las dos debe prevalecer a los efectos de producir la adquisición de dominio por prescripción?

Siendo la finalidad fundamental de la Ley Hipotecaria la protección de tercero, no podía dejar a éste indefenso y por eso dispuso en el primer párrafo de su artículo 35 que “La prescripción que no requiera justo título no perjudicará a tercero si no se halla inscrita la posesión que ha de produ-cirla.” (Bastardillas nuestras.) Empero el dueño que tiene inscrita la posesión de un inmueble, ya fuere el que inscribió mediante expediente posesorio, ya el último que haya adqui-rido a título oneroso o lucrativo o cualquiera de los dueños intermedios, no tiene la condición de tercero que contempla el último párrafo del citado artículo, que dice: “En cuanto al dueño legítimo del inmueble o derecho que se esté pres-cribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo a la legislación común.”

Manuel Dorta Duque, en su obra titulada Curso de Le-gislación Hipotecaria, pág. 297, explicando el alcance del ar-tículo 35 de la Ley Hipotecaria de Cuba, idéntico al 35 de la'nuestra, dice:

“El dominio es un derecho real qne implica necesariamente una relación material con el inmueble, la que se realiza por la posesión ostensible y pública; en cambio la hipoteca no es sino una simple relación jurídica, a los efectos de asegurar o garantizar, en su día, el cumplimiento de una obligación principal. Luego, es justa la so-lución del legislador cuando declara que la prescripción perjudicará al que adquiera a título de dueño un inmueble, porque frente a éste, la posesión actúa de manera ostensible y evidente; pero que, en cambio, no perjudicará, si no está inscrita la posesión o el título, por ejemplo, al acreedor hipotecario, porque a éste no le afectan, ni por ende, pueden perjudicarle,', los actos posesorios de un tercero. Al que adquiera el dominio le interesa la relación posesoria, y si ésta corresponde a otra persona distinta de la que aparece en el Registro —como que para producir efecto en la prescripción la posesión tiene que ser pública — ■, no puede el titular del dominio ampararse en la inscripción, alegando desconocer o negar los actos necesariamente ostensibles de la posesión.”

Y Morell, en su obra Legislación Hipotecaria, volumen 2, pág. 656, comentando el mismo artículo de la Ley Hipoteca-ria española, dice:

“Nosotros creemos que el artículo 35 debe ser interpretado con arreglo a sus palabras, y puesto que no distingue, tan dueño del in-mueble o derecho real es el que lo fuese al empezar la prescripción, como el que lo fuese al fin, y ya hubiera adquirido por título lucra-tivo o. por título oneroso. Todos ellos, además, se hallan en iguales circunstancias; todos, así el primero, como el último, como el inter-medio, deben saber quién posee sus fincas y por qué las posee, y son igualmente responsables de su abandono. Considera la ley, dice Es-eosura, y lo aceptamos nosotros, tanto al dueño como al poseedor, como dos representaciones únicas; la de aquél, compuesta de todos los dueños que han tenido derecho sobre la finca; la de éste, de todos los poseedoras que sucesivamente la han gozado y disfrutado; el úl-timo dueño sufre los efectos de las negligencias propias y de los descuidos de los dueños que le han precedido, así como el último poseedor reúne en sí todos los derechos que sucesivamente han ido adquiriendo por la posesión los que antes que él poseyeron.”

Y por último, como decía la Serna, “El que viendo una finca suya poseída por otro que carece de título para te-nerla, calla, sólo puede decirse engañado por su negligencia. No debe quejarse de que una ley hecha con diferente objeto, no venga en su auxilio.”

En el mismo sentido' se pronuncian Galindo y Escosura, en su obra Legislación Hipotecaria, volumen 2, págs. 411 et seq., y las sentencias del Tribunal Supremo de Cuba de 3 de noviembre de 1906, 22 de noviembre de 1913, 24 de no-viembre de 1915 y 21 de noviembre de 1935.

Pero no obstante lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Hipotecaria, el demandante en el pre-sente caso nunca hubiera podido invocar la condición de ter-cero, puesto que como hemos visto, antes de él comprar es-tuvo en el solar acompañado del abogado Benet y vió allí el edificio que, aunque en ruinas, ocupaba el solar, enterándose a la vez que dicho edificio no pertenecía a la vendedora, lo cual debió poner en guardia al demandante con respecto al título que sobre el solar pudiera tener el municipio.

A nuestro juicio la corte sentenciadora cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba, error que según apa-rece de la opinión fue en gran parte motivado por haber sido impresionado el juez por la circunstancia de que tanto el de-mandante como sus causantes tenían inscrita a su favor la posesión del solar.

Procede la revocación de la sentencia y en su lugar dic-tar otra declarando que el Municipio de Río Piedras es dueño del solar descrito en el segundo párrafo de la demanda, sin perjuicio de los derechos que pueda tener el tenedor del pa-garé al portador garantizado con la hipoteca constituida so-bre dicho solar por el demandante y su. 'esposa por escritura veintidós de 5 de marzo de 1942 ante el notario Miguel Rodriguez Alberty, por no haber sido parte en este pleito 'el acreedor hipotecario, debiendo cancelarse la inscripción prac-ticada a favor del demandante. Deben imponerse las costas al demandante.

      (1) Esta cita aparece en la obra do Galindo y Escosura, Legislación Hipote-caria, volumen 2, pág, 411.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Primitivo Hernández y su esposa Antonia Camacho, demandantes y apelados, v. Ismael Acosta Padilla y Maryland Casualty Co., demandados y apelantes.
    Núm. 8910.

    Sometido: Junio 1, 1944.

      Resuelto: Noviembre 24, 1944.

      Oscar Souffront, abogado de los apelantes; J. Alemañy Sosa, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios por la muerte de un niño de seis años de edad, liijo de los demandantes. La Corte.de Distrito de Mayagiiez condenó a los demandados a pagarles $3,500 en concepto de indemnización, más $300 de honorarios de abogado.

En este recurso si bien los demandados señalan la comi-sión de nueve errores, los consideraremos y resolveremos conjuntamente por entender que, en su mayoría y en distinta forma se reducen a plantear una sola cuestión fundamental, a saber: ¿actuó la corte sentenciadora con pasión, prejuicio y parcialidad o cometió manifiesto error al apreciar la prueba? Veamos los hechos y la prueba.

Los demandantes viven desde algunos años en una casa propiedad de Miguel Cario Pabón, enclavada en una finca de éste, en el barrio Llanos Costa del Municipio de Cabo Rojo. La casa se halla dividida en dos secciones, una rectangular que forma su cuerpo principal que contiene la sala y una habitación, y otra en forma de colgadizo, que da al patio de la casa, y donde se halla la cocina. El frente de dicha casa se encuentra a una distancia alrededor de 114 metros de un camino vecinal que en dirección de Este a Oeste llega hasta el mar, sitio donde se hallan unas salinas pro-piedad también de don Miguel Cario Pabón. De dicho ca-mino vecinal parte un camino privado que atraviesa la finca del Sr. Cario en dirección de Sur a Norte, describiendo una curva precisamente alrededor de la casa mencionada y pa-sando luego por el lado del patio de la cocina. El deman-dado, Ismael Acosta Padilla, es uno de los compradores de sal de los establecimientos del Sr. Carlo, y como tal, le era permitido conducir sus trucks por el mencionado camino pri-vado, haciendo ya algún tiempo que lo utilizaba pasando por la casa de los demandantes, teniendo así conocimiento de que en la casa que ocupaban éstos vivían niños.

El día 26 de julio de 1943, como a las diez de la mañana, el demandado mencionado conducía un truck de su propie-dad cargado de sal por el camino vecinal. Al llegar al por-tón donde comienza el camino privado, tocó 1claxon, dobló y continuó entonces por el camino privado en dirección de Sur a Norte a una velocidad moderada. La demandante Antonia Camacho se hallaba en la cocina de su casa en compañía de su hijo Pedrito Hernández, de seis años de edad. Al estar doblando el truck por la curva alrededor de la casa, salió corriendo dicho niño de la cocina, se tiró al patio aparen-temente con la intención de cruzar el camino yendo a chocar con el lado derecho trasero del truck. El golpe que recibió el niño en la cabeza fue de tal naturaleza que cayó muerto instantáneamente en la misma línea divisoria entre el patio y el camino.

Para una debida apreciación de los hechos se hace nece-sario hacer un resumen de lo que declararon los testigos de una y otra parte. Omitiremos únicamente los testimonios del fotógrafo que se limitó a identificar las fotografías que tomó del sitio del suceso. La prueba de los demandantes fue la siguiente:

Primitivo Hernández declaró haber llegado a su casa el día de autos como a las diez y media de la mañana, encontrando muerto a su hijo Pedrito en una cama; que encontró la mancha de su sangre en el patio de la casa, a una distancia de 1 metro 70 centímetros de la esquina de la casa, y a 5 metros 40 centímetros de la puerta de la cocina; que el camino privado tiene un ancho de 4 metros, pero al for-mar la curva tiene 7 metros de ancho; que los árboles que bordean el camino donde forma la curva están a una distancia de 8 a 13 metros de la casa; y del primer árbol a la esquina de la casa, donde abre la curva, hay 11 metros 30 cen-tímetros; que el demandado pasaba frecuentemente por su casa, en ocasiones de dos o tres veces al día; que en una oca-sión el demandado le mató un perro y él le llamó la atención ' en el sentido de que tomara más precauciones ya que en la casa habían varios niños pequeños.

Santos Colberg dijo que el día de los sucesos se dirigía a la casa de los demandantes, de quien era vecino; que cuando se hallaba a una distancia de 40 a 50 pasos vió venir un truck por el camino a una velocidad mínima y oyó que él truck tocó claxon; que hacía un fuerte viento del Norte; que el truck iba llegando a la casa cuando el niño salió de la parte de atrás de ésta hacia el camino, pero él no alcanzó a ver el accidente por taparle el truck la vista; que el truck le debe haber dado al niño con la parte de atrás del costado derecho, pues ya la parte del frente había pasado; que la mancha de sangre donde cayó el niño se hallaba frente a la cocina, más o menos en una línea dividiendo el patio y el ca-mino.

Agustín Montero testificó que el día de autos venía de las Salinas de don Miguel Cario Pabón, donde trabaja, en el truck de Ismael Acosta Padilla, sentado al frente con éste; que ese día soplaba mucho viento del Norte; que el truck se detuvo en el portón que da acceso al camino privado en cues-tión desde el camino público, tocó claxon y luego continuó a una velocidad mínima por dicho camino privado, él cual se Ensancha como dos metros al llegar a la casa, y allí pasó como a dos o tres metros de la cocina, pero la caja del truck pasó más pegada, como a metro y medio, de la casa en sí; que cuando ya iban pasando vió al niño salir corriendo de la cocina a cruzar el camino; que el peón que iba atrás dijo “Párate que mataste este niño”, y el truck paró rápida-mente. En lo que se apearon sólo transcurrieron uno o dos minutos, y ya el niño estaba muerto. La sangre donde ha-bía caído el niño estaba en la línea que divide el patio del camino. Aunque él no vió el choque del niño y el truck, el vehículo lo debe haber cogido con la parte trasera. El cuerpo de la casa impide en tal forma la vista, que nna persona que salga de la cocina para el camino no puede ver un carro que venga de frente.

Antonia Camacho, madre del niño, dijo que el día del accidente se hallaba cocinando en compañía del niño, cuando su hijo se tiró corriendo hacia el camino. Al mismo tiempo pasaba el truck y al ella asomarse, vió el niño tendido en el patio, de donde lo recogió muerto. No oyó venir ni tocar al truck y sólo tuvo conocimiento de su paso cuando lo sintió pasar por la cocina, en el momento de asomarse. No vió cuando el truck mató al niño por hallarse de espaldas. Be-cogió el niño del suelo más para el patio de Ja casa que para el camino.

Aquí terminó la evidencia presentada por los demandan-tes, y continuó desfilando la prueba de los demandados con la declaración de:

Alfredo Acosta quien declaró que el día de autos venía sentado sobre los sacos de sal en la parte de atrás del truck, el cual era conducido a’una velocidad de 6 a 8 millas; que el chófer demandado tocó claxon en el portón donde comienza el camino privado; que al llegar.a la casa, no oyó ninguna clase de aviso del truck; que al pasar por la casa vió a un niño salir corriendo sin darse cuenta que el truck pasaba, y chocó con la caja en el lado derecho, cayendo al suelo; que el truck se detuvo inmediatamente, quedando pegado de la casa. Que una persona que salga de la casa para el camina no puede ver un truck que venga de frente, pero que si el truck ha pasado la curva puede verlo y que el truck en este caso ya había pasado la curva y hasta su parte de atrás ha-bía pasado la curva.

Ismael Acosta Padilla, el eo-demandado, declaró que ha-cía dos o tres años él estaba pasando por la casa de Primi-tivo Hernández, habiendo visto niños allí en diversas oca-siones; que el día del accidente él venía de las salinas de don Miguel Cario conduciendo su propio truck; que antes de llegar a la casa, cuando llegó al portón, detuvo la marcha y tocó bocina, y luego siguió con el truck en segunda, a una velocidad de 8 ó 10 millas; que iba a menos velocidad cuando cogió la curva; que antes de coger ésta no tocó claxon; que no vió a nadie interceptar el tránsito del truck; que al co-ger la curva del recodo que forma la parte principal de la casa y estar pasando por el lado de la casa, sintió un cantazo en el costado derecho del vehículo y paró su marcha que-dando frente a la cocina; que él en ningún momento vió el niño.

Dr. Enrique Encarnación declaró que había hecho un examen (no una autopsia) del cuerpo del niño al día si-guiente del accidente, y que el mismo presentaba dos fuertes contusiones, una en el muslo derecho y otra en la frente. Que la muerte se debió a un shock traumático, causado.por un golpe brutal con repercusión en el cerebro, pero que por el carácter de las heridas el niño no pudo ser pisado por el truck.

Al apreciar toda esta prueba la corte inferior llegó á la conclusión de que “la muerte del referido niño tuvo como causa próxima e inmediata la culpa y negligencia del chófer Ismael Acosta Padilla al conducir su truck por el camino privado .... sin dar aviso alguno de su proximidad a la casa ocupada por los demandantes y sus niños, no obstante existir una curva bastante pronunciada al llegar a la casa y quedar ésta casi en el mismo centro de la curva del ca-mino que se acentúa y se ensancha cuando llega a la casa y teniendo espacio suficiente para pasar el truck bastante retirado de la casa guió el mismo pegado a la casa, en forma que aún a una persona mayor que hubiese tratado de salir al camino por la puerta trasera de la casa le hubiera sido difícil salvarse de ser arrollada y muerta por el truck en el mismo sitio donde fué muerto el niño hijo de los demandan-tes”. En cuanto a la actuación del niño dice la corte que “a lo más que puede llegarse .... es que el niño salió co-rriendo de la cocina para el camino sin fijarse que el truck pasaba en ese momento” y sostuvo que no fué negligente pues por su edad “ solamente podría imputársele si el niño hubiese hecho alguna cosa que otros niños de su misma edad y de las mismas condiciones y circunstancias que él, hubie-ran realizado de una manera completamente distinta”. La eprte' hizo constar, además, que el truck iba despacio en el momento del accidente y había tocado claxon en el portón.

En síntesis, la corte consideró que la causa próxima del accidente' consistente en negligencia por parte del deman-dado Acosta, se debió: 1ro. — al no haber tocado señal de aviso antes de tomar la curva cuando sabía que en dicho si-tio habían niños y 2do. al coger la curva pegado a la casa de los demandantes cuando existía sitio suficiente en el ca-mino para haber pasado retirado de la casa.

Consistente y repetida es nuestra jurisprudencia soste-niendo la doctrina de que no revocaremos una sentencia ba-sada en un error como el planteado en este caso a menos que el mismo quede plenamente demostrado. Nos inclinamos siempre a respetar las conclusiones de hecho a que llegan las' cortes inferiores siempre que al apreciar la prueba y dirimir el conflicto que en ella pueda haber se ajusten a lo que la misma prueba demuestre o tienda a establecer. Empero, cuando de la misma prueba aparece que no existe conflicto alguno y que en su apreciación del hecho fundamental en-vuelto se ha actuado con pasión, prejuicio y parcialidad o que s.e ha cometido manifiesto error, en ese único caso, es que no^ vemos precisados a revocar la sentencia.

Hemos estudiado cuidadosamente las distintas cuestiones planteadas en el extenso y bien preparado alegato de los apelantes pero no hemos quedado convencidos de que la corte sentenciadora, dentro de las circunstancias concurren-tes en este caso, actuara movida por pasión, prejuicio y par-cialidad o cometiera manifiesto error al apreciar la prueba. El caso está, al igual que dijimos del de Castro v. González, 58 D.P.R. 368, 381 “en la línea fronteriza y pudo haberse resuelto en uno u otro sentido — según se diese crédito a la prueba de una u otra parte”, especialmente en cuanto al momento en que el niño salió corriendo de la cocina de sn casa. La corte inferior no dio crédito a la prueba en el sen-tido de qne ya el track estaba pasando por frente a la co-cina cuando el niño salió corriendo y sí a las declaraciones tanto de los testigos del demandante como a los del propio demandado, corroborada por la inspección ocular, de que el sitio donde cayó muerto el niño, demostrado por la mancha de sangre, se bailaba en la línea divisoria del camino y el patio y que el truck estaba tomando la curva a la casa cuando, como declaró el demandado Acosta, de pronto sintió el golpe del choque.

Consideramos de suma importancia en este caso el hecho probado por los demandantes y admitido por el demandado de que él sabía que en la casa vivían varios niños y además que el demandante le había llamado la atención en ocasión de haberle matado un perro, de que tuviera cuidado al guiar, pues él sabía que allí habían niños pequeños.

Si tanto de la prueba como de la inspección ocular prac-ticada por la corte, aparece que el camino privado antes de llegar a la casa se extiende en la curva a una distancia de más de seis metros, existiendo, por tanto, sitio amplio por donde conducir un vehículo sin necesidad de tomar la curva al pasar por la casa a una distancia menor de dos metros y si demuestra además la prueba y la inspección ocular que el sitio. donde quedó la mancha de sangre, donde cayó muerto el niño, fué en la línea divisoria del camino con el patio de la casa a una distancia de un metro setenta centímetros de la esquina posterior del cuerpo principal de la casa, y a eso unimos el hecho probado y admitido por el demandado de que no tocó señal de aviso alguno ni al acercarse.a la casa ni allomar la curva, forzoso es concluir que la corte inferior no cometió error al resolver que el demandado Acosta fué negligente y que ésa negligencia fué la causa próxima del accidente.

El hecho de que el niño chocara con el lado del trufek y que el demandado no lo hubiera visto antes de sen-tir el golpe no es, 'dadas las circunstancias especiales de este caso, suficiente para eximir de responsabilidad a los deman-dados. Como se dijo en el caso de Messer v. Gentry, 290 S. W. 1014, 1016: “Si el demandado por su negligencia llevó su vehículo al sitio donde el niño chocó contra él (por el lado), él es tan responsable como si le hubiera dado al niño con la parte delantera del carro”. Si, como hemos dicho, el demandado fué negligente al no dar aviso antes de tomar la curvñ con su truck y al pasar a tan poca distancia de la casa, sabiendo como sabía que en dicho sitio vivían niños, el hecho de que el niño lesionado saliera corriendo por el patio de su casa en ese mismo momento y pudiera chocar contra el lado del truck debió haber sido previsto por el demandado Acosta y por tanto no debe eximir de responsabilidad a los demandados. El niño tenía derecho a estar y correr en el sitio en que se encontraba; no podía ver que se aproximaba un vehículo (se probó que desde el patio frente a la cocina no podía verse el camino antes de la curva) e independiente mente del motivo que tuvo para salir corriendo, su actuación no puede considerarse como constitutiva de negligencia con-tribuyente. No es que resolvamos que un niño no pueda in-currir en dicha negligencia sino, primero, que no fué pro-bada en este caso y segundo, que no podemos sostener que el hijo de los demandantes actuara, bajo las circunstancias concurrentes en forma distinta a como hubiera actuado cual-quier otro niño de su misma edad, inteligencia y preparación. Desde el año 1914 esta Corte, en el caso de Font v. P. R. Ry., Lt. & P. Co., 21 D.P.R. 7, al considerar la capacidad de un niño para incurrir en negligencia se explicó así: “Si bien la ley no exige a los niños el mismo grado de cuidado que a los adultos y no obstante ser la edad e inteligencia de una persona factores importantes al tomarse en consideración el hecho de si se ha ejercitado o no el debido cuidado, la de-mandante en este caso estaba sin embargo obligada a ejer-citar aquel grado de cuidado que por lo general acostum-bran observar los niños prudentes de la misma edad e inte-ligencia en casos semejantes”.

Esta doctrina es ignal a la regla expuesta en 2 Restatement of the Law, Torts, Negligence, Sec. 464, (2) pág. 1228, en esta forma:

“ (2) La norma de conducta a que un niño debe sujetarse es aque-lla que puede esperarse de un niño de similar edad, inteligencia y experiencia ’ ’.

Al comentarse esta regla el Restatement hace referencia al comentario a la sección 283, que expone lo que debe ser la conducta de un hombre razonable (“A menos que el actor sea un niño o un demente, la norma de conducta a que debe sujetarse para evitar ser negligente es aquélla de un hombre razonable bajo las mismas circunstancias”) diciéndose en la página 743 en parte lo siguiente:

'“Niños: A un niño de pocos años no se le requiere que cumpla con las normas de conducta que es razonable esperar de un adulto, pero su conducta debe juzgarse por la norma de conducta que puede esperarse de un niño de similar edad, inteligencia y experiencia. Un niño puede ser tan joven que sea manifiestamente incapaz de ejer-citar ninguna de aquellas cualidades de atención, inteligencia y juicio que son necesarias para hacerle capaz de percibir un riesgo y darse cuenta de su carácter irrazonable. Por otra parte, es obvio que un niño que no ha llegado a su mayoridad puede ser tan capaz como un adulto de ejercitar las cualidades necesarias a la percepción de un riesgo y darse cuenta de su carácter irrazonable.
“Entre estos dos extremos hay niños cuya capacidad es infinita-mente variable. La norma de conducta requerida de dicho niño es aquélla que es razonable esperar de niños de similar edad, inteligen-cia y experiencia ...
“Es imposible fijar una edad definida en la cual los niños son capaces de incurrir en negligencia o fijar la edad en que un niño, o cualquier clase de niños, es capaz de apreciar y afrontar los peligros de lina situación determinada.” ,«

Si al caso de autos aplicamos esta sabia doctrina no po-demos sostener que la corte inferior erró al resolver que el hijo de los demandantes, pequeño campesino de seis años de edad, al actuar en la forma en que lo hizo al salir corriendo por el patio de su casa, no actuó en la misma forma en que hubieran actuado “otros niños de su misma edad y en las mismas condiciones y circunstancias que él” pues, como bien hizo constar, además, la corte sentenciadora: “si el hiño no podía ver el truck antes de llegar a la casa porque se lo im-pedía el cuerpo principal de ésta que obstruía su vista y tampoco tuvo aviso alguno de la proximidad del truck, no puede considerarse negligente”.

Bajo los hechos probados tampoco puede sostenerse, como pretenden los'apelantes, que la madre del niño incurrió en negligencia al permitir que éste saliera corriendo cuando se aproximaba el truck. Si el demandado no dió aviso cuando se aproximaba a la casa y la madre del niño vino a darse cuenta de que el truck estaba frente a la cocina cuando ya había ocurrido el accidente, en ninguna forma podía ella evitar que el niño saliera de su lado por el hecho, desconocido para ella, de que el truck se aproximaba a su casa.

Los apelantes dedican gran parte de su extenso alegato a argumentar la doctrina de accidente inevitable (unavoidable accident) como aplicable a los hechos dé este caso y a citar nuestra jurisprudencia y la del Continente al efecto de que cuando una persona ocupa un sitio de seguridad donde se encuentra e inesperadamente lo abandona y se lanza frente a un vehículo de momento, el conductor no es responsable de las Consecuencias del accidente. Esta doctrina no es aplicable a los hechos que la corte inferior consideró probados en el caso de autos. Al no dar crédito a la prueba que propendió a demostrar que el accidente ocurrió cuando ya el truck había pasado^ por completo de la curva y se encontraba. más allá o al frente de la cocina de la casa, no erró dicha corte al considerar inaplicable dicha doctrina.

En cuanto a la cuantía de la indemnización y de los honorarios de abogado concedidos, somos de opinión que la corte sentenciadora • no abusó de su discreción al fijar en $3,500 la primera. Empero, dadas las circunstancias espe-ciales en cuanto a la forma en qne ocurrió el accidente no podemos sostener qne los demandados fueron temerarios al defenderse en esta acción, y por tanto, consideramos que dicha corte erró al imponer el pago de honorarios de aho-gado.

Debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de eliminarse los $300 en concepto de honorarios de abogado y ■así modificada se confirma.


author: El Juez Peesideítte SeñOR Travieso

text:
    Antonio Buscaglia, recurrente y apelado, v. El Pueblo de Puerto Rico, recurrido y apelante.
    Núm. 8989.

    Sometido: Noviembre 8, 1944.

      Resuelto: Noviembre 27, 1944.

      R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; Felipe, Colón Diaz y Arcilio Alvarado, abogados del apelado.
   El Juez Peesideítte SeñOR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En sn petición de babeas corpns radicada ante la Corte de Distrito de Ponce, el apelado Antonio Buscaglia alegó: qne en enero 10 de 1938 la referida Corte le condenó a la pena de diez años de cárcel por nn delito de infracción al artícnlo 11 de la Ley mim. 67 de 1934; qne dicba sentencia fué confirmada por esta Corte Suprema en mayo 31 de 1939; y qne el peticionario estuvo recluido en la cárcel, en suma-ria, desde julio 12 de 1937 basta la fecba en que su sentencia fué confirmada, por no baber podido prestar la fianza que le fué exigida. Alegó, además, que en diversas fechas poste-riores el peticionario fué condenado a sufrir las penas si-guientes :

1. En enero 13, 1938, por la Corte Municipal de Ponce, a $10 de multa o diez días de cárcel, por acometimiento y agresión.

2. En marzo 15, 1938, por la Corte de Distrito de Ponce, a diez años de cárcel, por infracción al artículo 11, Ley núm. 67 de 1934.

3. En julio 6, 1938, por la Corte Municipal de Ponce, a $30 de multa o treinta días de cárcel.

4. En noviembre 30, 1938, por la Corte de Distrito de Ponce, a tres meses de cárcel, por delito de daños maliciosos.

Sostuvo el peticionario ante la corte inferior que él tiene derecho a que de la primera sentencia de diez años de cár-cel, dictada en enero 10 de 1938, se le descuente el término de un año, diez meses y diez y nueve días que alega pasó en sumaria por no baber podido prestar fianza; que de acuerdo con la ley de marzo 14 de 1907, que fija las rebajas en las sentencias de los confinados, habiendo observado buena con-ducta en el penal, tiene derecho a que se le abonen diez días en cada, mes o sea una bonificación de tres años cuatro me-ses; que por las razones expuestas, el peticionario tiene de-recho a que se le abone un total de cinco años, dos meses y diecinueve días y está obligado a cumplir solamente cuatro años, nueve meses y once días; y- que habiendo ingresado en el penal el 31 de mayo de 1939, en la fecha en que radicó su petición de hábeas corpus, junio 13 de 1944, la sentencia ha-bía sido ya extinguida con exceso.

El Alcaide de la Cárcel de Distrito de Ponce se negó a poner en libertad al peticionario, entre otras razones porque, a su juicio, las sentencias dictadas con posterioridad a la de 10 de enero de 1938 no tienen el carácter de concurrentes por no expresarlo así los respectivos mandamientos de arresto y encarcelación. El peticionario sostiene qué todas dichas sen-tencias se cumplieron concurrentemente con la primera.

La corte inferior resolvió que el peticionario tenía derecho a los abonos por él reclamados; que las sentencias posterio-res a la de enero 10 de 1938 habían sido cumplidas concurren-temente; y ordenó la inmediata excarcelación del peticiona-rio. El fiscal del distrito de Ponee interpuso el presente re-curso.

En el primer señalamiento el fiscal apelante alega que la corte inferior erró al resolver que el peticionario tenía derecho a una bonificación por buena conducta de una tercera parte de la totalidad de la sentencia de diez años, o sea tres años y cuatro meses, sin que hubiera que deducir primeramente el término' de la prisión preventiva.

La parte pertinente de la sentencia recurrida lee así:

“La sentencia que nos ocupa fué por un término de diez años. De acuerdo con la Ley núm. 14 de 1937 (sic), hay que hacerle al acusado una bonificación de una tercera parte,’ o sea, de 3 años y 4 meses, lo que significa que restado de los diez años, resulta que el acusado tiene que cumplir 6 años 8 meses.”

La computación hecha por el juez de la corte inferior está en pugna con las decisiones de esta Corte Suprema en Pérez v. Saldaña, 60 D.P.R. 916 y en Echeandía v. Saldaña, 61 D.P.R. 799, 801, en las cuales resolvimos que la deducción por buena conducta y asiduidad debe hacerse del término de prisión computado a partir del día en que el convicto ingresa en la cárcel o penitenciaría, según sea el caso, a cumplir la sentencia que le fué impuesta, sin que en dicho término se incluya el tiempo que el acusado estuvo en prisión preventiva. Véase: Aderhold v. Ellis, 84 F. (2d) 543.

Si aceptáramos para los fines de resolver este señala-miento, que el peticionario tiene derecho a que se le des-cuente, de los diez años de cárcel a que fué condenado, el término de un año, diez meses y diecinueve días que él alega pasó en prisión preventiva, en ese caso la sentencia que em-pezó a cumplir en mayo 31 de 1939 quedaría reducida a ocho años, un mes y once días. Descontando los diez días en cada mes por la buena conducta observada por el confinado, éste tendría derecho a una bonificación de dos años, ocho meses y trece días, con la cual el término de su sentencia quedaría reducido a cinco años, cuatro meses y veintiocho días. Ha-biendo el peticionario ingresado en el penal para cumplir su sentencia el 31 de mayo de 1939, el término de cinco años, cuatro meses y veintiocho días debería expirar el 28 de oc-tubre de 1944. Resulta, pues, que aun cuando aceptáramos que el peticionario tenía derecho a un descuento de un año, diez meses y diecinueve días de prisión preventiva, siempre tendríamos que resolver que cuando se le puso en libertad, el día 19 de junio de 1944, le faltaban aún cuatro meses y once días para dejar cumplida su sentencia.

Sostiene el fiscal en su segundo señalamiento, que la corte inferior erró al considerar como prisión preventiva y por tanto descontable del término de la sentencia de diez años, el período transcurrido desde el 10 de enero de 1938, fecha en que recayó sentencia' definitiva en la Corte de Distrito y el 31 de mayo de 1939, fecha en que dicha sentencia fué confirmada por esta Corte Suprema.

La cuestión legal envuelta en este señalamiento fué con-siderada por esta Corte Suprema y resuelta en favor de la contención del fiscal, en Rivera v. Saldaña, 62 D.P.R. 441, 446. Resolvimos en dicho caso qne no debe computarse como parte de la prisión preventiva el tiempo transcurrido durante la sustanciación de una apelación de la corte de distrito a la Corte Suprema. La sección 1 de la ley de 14 de marzo de 1907 provee qne cuando un acusado no pudiere por motivo de pobreza conseguir fiadores y tuviere que permanecer bajo custodia aguardando la vista de su causa, “si saliere sen-tenciado a un término de prisión, se le descontará de dicho término el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha de su arresto hasta aquélla en que se hvMere dic-tado sentencia definitiva en su causa.” (Bastardillas nues-tras.) Interpretando la frase “sentencia definitiva” usada en el estatuto, resolvimos que sentencia definitiva condena-toria es aquélla de la cual el acusado puede apelar para ante esta Corte Suprema, según el inciso 1 del artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Véase Noel v. State, 188 Pac. 688, 690; 38 Words and Phrases, 597 et seq.; 24 C.J.S. Criminal Law, Sección 1995 b. y d. (3) págs. 1226, 1227. Y resolvimos en definitiva que “no habiendo la Le-gislatura incluido expresamente el tiempo que transcurra en tramitarse la apelación como parte de la bonificación por prisión preventiva, no debe descontarse dicho término de la sentencia cuando ésta es confirmada.” La corte inferior erró al incluir en el término descontable como prisión preventiva el período de un año, cuatro meses y veintiún días transcu-rridos desde enero 10, 1938, fecha de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Distrito hasta mayo 31 dé 1939, fecha de la confirmación de dicha sentencia por esta Corte Su-prema.

Los dos errores cometidos por la corte inferior nos obli-gan, para mayor claridad, a exponer concisamente la forma' en que debe liquidarse la sentencia original de diez años de cárcel impuesta al peticionario.

(a) Descontando de los diez años de prisión a que fue condenado el peticionario, los cinco meses y veintiocho días de prisión preventiva, desde sn arresto hasta enero 10 de 1938 en que se dictó la sentencia definitiva por la corte de distrito, el término por cumplir quedó reducido a nueve años, seis meses y dos días.

(b) Concedida al peticionario la bonificación de una ter-cera parte de dicho término, éste queda reducido a seis años y cuatro meses. Habiendo empezado a cumplir la sentencia en mayo 31 de 1939, el término de seis años y cuatro meses debería expirar el día 30 de septiembre de 1945.

(c) Cuando fué puesto prematuramente en libertad por virtud de la sentencia recurrida, de fecha 19 de junio de 1944, al peticionario le faltaba un año, tres meses y once días para dejar extinguida la sentencia.

En el tercero y último señalamiento el fiscal apelante alega que la corte inferior erró al resolver que la sentencia de diez años de cárcel dictada en 15 de marzo de 1938, contra el peticionario Antonio Buscaglia, había sido extinguida concurrentemente con la primera sentencia dictada en enero 10 de 1938 y confirmada en mayo 31 de 1939.

La segunda sentencia a que se refiere el fiscal fué la dic-tada en marzo 15 de 1938 por la Corte de Distrito de Ponce, en la causa núm. 6705, y confirmada por esta Corte Suprema en junio 19 de 1941, Pueblo v. Buscaglia, 58 D.P.R. 921. Esa sentencia, que empezó a cumplirse en junio 19 de 1941, desde esa fecha en adelante corrió concurrentemente con la pri-mera de diez años que el peticionario empezó a cumplir en mayo 31 de 1939. El período de tiempo durante el cual el peticionario habrá servido concurrentemente las dos senten-cias es el comprendido entre junio 19 de 1941, en que em-pezó a cumplir la segunda sentencia y la fecha en que quede definitivamente extinguida la primera. Ese período durante el cual las dos sentencias se han cumplido concurrentemente, le deberá ser descontado al peticionario del término de diez años de la segunda sentencia, debiendo el peticionario cum-plir aquella parte de la segunda sentencia que no ha cum-piído concurrentemente con la primera. De acuerdo con lo resuelto por esta Corte en Dones v. Saldaña, 60 D.P.R. 181, los efectos de la segunda sentencia dictada en marzo 15 de 1938 quedaron en suspenso hasta que la apelación interpuesta por el aquí peticionario fué definitivamente resuelta en junio 19 de 1941. En el caso citado resolvimos que “Ningún pre-cepto legal existe en nuestros estatutos dispositivo de que en situaciones como la del presente caso, la extinción de la sentencia posterior deba retrotraerse a la fecha en que em-pezó a cumplirse la anterior”.

No habiendo el peticionario extinguido totalmente la pri-mera sentencia, ni tampoco la segunda que, aunque concu-rrente con la primera, no empezó a correr sino desde el día 19 de junio de 1941, su prisión no es ilegal y por consiguiente la corte inferior erró al declarar con lugar la petición de .habeas corpus.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar dictarse otra ordenando el arresto y encarcelación del peti- . donario en la Cárcel de Distrito de Ponce, en donde deberá permanecer hasta que haya cumplido las sentencias de'enero 10 de 1938 y de marzo 15 de 1938, de acuerdo con la ley y con los términos de esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., se inhibió.


text:
    Federál Land Bank of Baltimore, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1153.

    Sometido: Noviembre 6, 1944.

      Resuelto: Noviembre 27, 1944.

      Frank Martínez, 8. García Díaz j M. A. García del Rosario, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de quiebra ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y en subasta pú-blica se vendieron y adjudicaron al Federal Land Bank cier-tas propiedades inmuebles libres de toda carga o gravamen, habiéndose ordenado por el Juez de Quiebras la cancelación-de dos contratos refaccionarios y de dos hipotecas inscritas como gravámenes posteriores a la hipoteca del Banco en el Registro de la Propiedad de Aguadilla. El registrador de-negó la cancelación de los gravámenes “por entender que ha debido acreditarse en este Registro la manera en que fué emplazado el acreedor ... a los efectos de determinar la jurisdicción de la corte, tomando en su lugar anotación pre-ventiva por ciento veinte días”.

En la orden dictada por el Juez de Quiebras se hace constar lo siguiente;

“Whereas, said junior lienholders were made party creditors in the above bankruptcy proceedings and were, served with notice of the public sale held by order of this Court. The mortgages in favor of the United States of America and María Márchese Vivó, as well as the crop lien contracts in favor of Central Pellejas, referred to under farms marked ‘B’, ‘O’ and ‘D’, were junior liens to the mortgage in favor of the Federal Land Bank of Baltimore, under which the favorable bid in favor of said bank was credited; and the mortgages in favor of the United States of America and María Márchese Vivó, referred to under farm marked ‘A’ were also junior liens to the mortgage in favor of The Federal Land Bank of Baltimore, which mortgage has been fully paid with the proceeds of the sale to José M. Vélez Hernandez of said farm marked ‘A’.” (Bastardillas nuestras)'.

Somos de opinión que no compete ni al registrador de la propiedad ni a las cortes insulares revisar los procedimientos de nna corte de quiebras federal tratando de ajustarlos a los procedimientos insulares. Lo más que puede hacer el registrador es determinar si, dentro del procedimiento 'federal, se ha cumplido con la Ley de Quiebras en cuanto a la forma de citar a las partes interesadas. Apareciendo de la orden dictada por el Juez de Quiebras que a los acreedores posteriores se les hizo partes en los procedimientos de quiebra y que fueron notificados de la subasta pública se cumplió con la sección 58 de la Ley de Quiebras que dispone lo siguiente:

“Notices: — Creditors shall have at least 10 days’ notice by mail to their respective addresses as they appear in the list of creditors Of the bankrupt, or as afterward filed with the papers in the case by the creditors, of (1) all examinations of the bankrupt,■ if the Court so directs; (2) all hearings upon applications for the confirmation of arrangements and wage earner plans; (3) all meetings of creditors; (4) all proposed sale of property.”

Arguye el registrador recurrido que su objeción en este caso “no es de fondo sino de forma”, pero insiste en que se le demuestre “que la persona cuyo derecho aparece ins-crito en el Registro y cuya extinción ahora se decreta fué claramente emplazada y notificada de la naturaleza y alcance del procedimiento de quiebra, a fin de que comparezca a defender sus derechos” y cita varios casos en los cuales este Tribunal interpreta el último párrafo del artículo 171 del Reglamento Hipotecario en relación con la constancia de la notificación del escrito inicial en nn procedimiento suma-rio hipotecario a las acreedores posteriores. Esos casos no son aplicables al caso de autos, primero porque no se trata aquí de una ejecución de hipoteca por la vía sumarísima y segundo, porque apareciendo de la orden del Juez de Quie-bras que los acreedores posteriores fueron hechos partes en el procedimiento y debidamente notificados de la subasta, prima facie dicha corte actuó con jurisdicción sin que sea ne-cesario acreditar ante el Registrador “la manera” en que fueron emplazados dichos acreedores.

Beben revocarse las notas recurridas debiendo el Regis-trador proceder a efectuar las cancelaciones ordenadas.

      (1) Cuando on las certificaciones del Registro de la Propiedad consten los domicilios de las personas interesadas en las responsabilidades que so hubieran inserito después del dereeho del actor, el Juez mandará, a la vez que el reque-rimiento de pago, que se intente la notificación del auto a dichas personas inte-resadas en aquellos domicilias si en ellos fueren habidas. ’ ’


text:
    Ana Felícita Cuevas, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1157.

    Sometido: Noviembre 6, 1944.

      Resuelto: Diciembre 1, 1944.

      José D. Rodríguez, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de febrero de 1940 se inscribió en el Registro de la Propiedad de Aguadilla un certificado de venta expedido el día 10 de febrero de 1940 por el Colector de Rentas Inter-ñas de Laxes, a virtud del cual se vendió en pública subasta, por falta de pago de contribuciones, y a favor de doña Ana Felicita Cuevas, cierta finca ubicada en Lares, la cual estaba gravada con una hipoteca a favor de Puerto Rico Hurricane Relief Commission. Dicha inscripción se hizo con el defecto subsanable de no haberse expresado en el certificado de venta “el nombre de la persona o personas a quien o quienes se notificó la adjudicación en representación de la acreedora P. R. Hurricane Relief Commission.”

El día 15 de agosto de 1944 la compradora solicitó del registrador recurrido la subsanación del defecto y-acompañó a su solicitud una certificación del Tesorero de Puerto Rico haciendo constar que en el expediente de apremio sobre la venta de la finca aparece comprobado lo siguiente:

! ‘ Que según lo dispuesto en el artículo 315 del Código Político de . Puerto Rico, se notificó entre otras personas, al Sr. ‘ J. F¡ Perkins, Appraisal and Collection Manager’, en representación de la Puerto Rican Hurricane Relief Commission, personalmente, con fecha 14 de noviembre de 1938, según resulta de la Forma 97, denominada ‘Noti-ficación de Venta’, obrante en el récord de dicho expediente de apremio, archivo Núm. 81; habiendo firmado dicho Sr. J. F. Perkins, en el sitio correspondiente.”

Asimismo se acompañó otra certificación suscrita por el Jefe de la Puerto Rican Hurricane Relief Loan Section, ha-ciendo constar que la notificación de referencia fue debida-mente hecha y recibida por el Sr. Perldns quien a la fecha de efectuarse la misma “estaba autorizado a firmar dichas notificaciones”.

El registrador denegó la subsanación del defecto haciendo constar en su nota que “Esa subsanación sólo podría prac-ticarse a virtud de un nuevo certificado de compra expedido bajo la autoridad del Tesorero de Puerto Rico ...”

Para revisar esta nota la compradora interpuso el pre-sente recurso.

Arguye el registrador que para cancelar el defecto sub-sanable en cuestión no son suficientes los certificados presen-tados sino que es necesario que el Tesorero de Puerto Rico expida un “certificado de venta enteramente nuevo a todos los efectos legales pertinentes” y cita, en apoyo de su con-tención los casos de Salgado v. Registrador, 26 D.P.R. 172 y Llambías v. Registrador, 56 D.P.R. 677.

El caso de Salgado, supra, no es de aplicación a los fie-olios del de autos. En aquél se denegó la inscripción del certificado de venta expedido por el colector porque la finca no estaba inscrita a nombre del deudor en el registro. Pos-teriormente se presentó un certificado adicional expedido por el colector en el que se identificaba la finca, volviendo el registrador a denegar la inscripción, primero, porque la finca descrita en el certificado adicional tenía una cabida dis-tinta a la inscrita y, segundo, porque esta última aparecía gravada y del certificado original no aparecía que se hubiera notificado a los acreedores del procedimiento de apremio. Pué en cuanto al primero de estos motivos que esta corte dijo que “Un certificado adicional no es la manera propia de subsanar un defecto y, dudamos si el colector tiene facul-tades para certificar aquello que no aparece en sus propios archivos”. En cuanto al segundo motivo, después de citarse la oración final del artículo 315 del Código Político, se dijo: “Para que el comprador quedara investido con el título me-diante venta por contribuciones, era necesario demostrar que se. habían dado esos pasos. ’ ’

. En el caso de autos, contrario a lo ocurrido en el de Salgado v. Registrador, supra, el certificado fue inscrito, aunque con el error subsanable de no especificar en el mismo el nombre de la persona a quien se hizo la notificación en representación de la acreedora hipotecaria, pero sí constaba en el certificado que dicha acreedora había sido notificada. Precisamente el caso de Llambías v. Registrador, supra, ci-tado por el recurrido, resuelve la cuestión planteada. En dicho caso, al igual que en el de autos, se inscribió un certi-ficado de compra con él defecto subsanable de no haberse expresado los nombres de las personas a quienes en repre-sentación del dueño y del acreedor hipotecario se hizo la no-tificación de la venta, y, distinguiendo el caso de Moraza v. Registrador, 45 D.P.R. 892, se dijo a la página 680:

“En el caso de autos, sin embargo, según se expresó en el certi-ficado de venta, fueron notificados tanto el dueño como el acreedor hipotecario, estando pendiente de acreditarse si en efecto la notifi-cación fué válida, puesto que no se expresaron los nombres de los representantes del dueño y del acreedor hipotecario respectivamente. (Bastardillas nuestras.)
“A nuestro juicio, la validez del certificado de venta depende de. que se acrediten los extremos a que se refiere la nota del registrador, y mientras tales extremos no sean acreditados, procede desestimar el recurso y confirmar la nota recurrida.”

Al mismo efecto, en el caso de autos, apareciendo del certificado original que el acreedor hipotecario Puerto Rican Hurricane Relief Commission fué notificado del procedimiento de apremio y habiéndose acreditado, a virtud de las certifica-ciones presentadas por la recurrente, la persona que en re-presentación de dicho acreedor recibió la notificación, ésta fué válida y en su consecuencia también lo es el certificado de venta.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la subsa-nación del defecto consignado.

      (1) “En todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de contribuciones, el Tesorero de Puerto Rico notificará la inscripción de dicha venta a todas las personas que tuvieren una hipoteca o gravamen' sobre dielia propiedad, consignando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la propiedad y los demás datos que estimare opor-tunos. ’ ’

      (2) En este caso se resolvió que el Colector no debió expedir el certificado mientras no se hubiera cumplido con todos los requisitos que la ley exige, y entre ellos el de la notificación de la venta al dueño, sus herederos o cesionarios, o cualquier otra persona que tuviera algún dereeho o interés en la propiedad, a fin de que el dereeho de redención pudiera utilizarse por los interesados en su oportunidad.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ulpiano Méndez Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 10550.

    Sometido: Noviembre 16, 1944,

      Resuelto: Diciembre 4, 1944.

      Federico E. Via-ella, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxilios, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ulpiano Méndez fné convicto de un delito de mutilación y no estando conforme con la sentencia de nn año de presi-dio que le fné impuesta, apeló. Basa sn recurso en tres se-ñalamientos de error, los cuales pasamos a considerar y resolver en el orden en que han sido expuestos.

Que el acusado fné juzgado y convicto sin nn debida proceso de ley, por el hecho de no haber la Corte declarado con lugar la moción impugnando el panel general de jurados.

El fundamento de dicha moción fné que la desinsaeula-ción del panel efectuada ante el Juez Janer, uno de los jue-ces de la Corte de Distrito de Humacao, es contraria a la ley y por tanto constituye un error, toda vez que dicha de-sinsaculación debió hacerse ante los dos jueces de dicha corte.

El apelante ha sido inducido a error por el cometido al traducir al español el texto inglés de los artículos 215 y 219 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, con los cuales se formó el artículo 200 de nuestro Código de Enjui-ciamiento Criminal. El artículo 215 del Código de California, que es el equivalente del primer párrafo del artículo 200 del nuestro, lee así:

“Immediately upon the order mentioned in the preceding sectioii being made, the clerk shall, in the presence of the court, proceed to draw the jurors from the ‘trial jury box.’ ”■ (Bastardillas nuestras.)

Al preparar el proyecto de ley para la aprobación de la Legislatura, el Código fue redactado en español y por un error de traducción el primer párrafo del artículo 200, to-mado del artículo 215 del Código de California, supra, se tradujo para leer así:

“Inmediatamente después de haberse dictado la. providencia in-dicada en el artículo anterior, el secretario del tribunal procederá, en pres&ncia de los jueces, a sacar de la urna los nombres de los jurados en la forma siguiente:” (Bastardillas nuestras).

Aprobado el Código en el idioma español, al traducirlo al inglés se perpetuó el error originalmente cometido, que-dando el texto ingiés del primer párrafo del artículo 200 re-dactado así:

“Immediately upon the order mentioned in the preceding section, being made, the secretary or clerk of the court, shall, in the presence of the judges, proceed to draw the jurors from the box as follows:” (Bastardillas nuestras).

Habiendo sido aprobado el Código de Enjuiciamiento Criminal en marzo 1 de 1902, cuando todas y cada una de las cortes de distrito tenían un solo juez, no es posible lle-gar a la conclusión de que la intención legislativa fuera la de que la desinsaculación del panel de jurados tuviera nece-sariamente que verificarse en la presencia de más de un juez. Esa hubiese sido una condición imposible de cumplir, pues no habiendo más que un juez en cada corte nunca hubiese sido posible efectuar una desinsaculación “en presencia de los jueces”. Besolvemos, por lo tanto, que la desinsacula-ción del jurado ante una corte de distrito presidida por el juez de distrito o por uno de los jueces del distrito, si hu-biere más de uno, es perfectamente legal. No se cometió el error señalado.

Que la corte inferior erró al admitir como prueba de rebuttal una declaración prestada por el acusado ante el Juez de Paz de Cidra, el día siguiente al del suceso.

La declaración fue ofrecida por el fiscal con el propósito de desvirtuar la teoría de la defensa, según la cual el acu-sado se había visto obligado a herir a su adversario para evitar que éste le matase. Los testigos de defensa declararon en el sentido de que la víctima, Monserrate Santos,, en ac-titud violenta pretendió continuar bailando en casa del acu-sado después que éste había dado por terminado el baile; y que al intervenir el acusado, Monserrate lo agredió con un puñal, viéndose obligado el acusado a defenderse con un machete.

En la declaración prestada por el acusado, éste declaró que algunos de los concurrentes .al baile que se celebraba en su casa se pusieron a jugar topos en el batey; que allí sur-gió una discusión entre Carmelo Alejandro y Fundador Santos ; que estando ambos en actitud violenta y a punto de irse a las manos, el acusado les llamó la atención para que no promovieran escándalos en su casa; que entonces Santos, Bienvenido Jiménez y Monserrate Santos Martínez se dieron por ofendidos, sacaron sus cuchillos, y acometieron al áeu-sado, y que el acusado tuvo que defenderse con un machete, hiriendo a Monserrate Santos y a Fundador.

Después de, un estudio detenido de toda la prueba, opi-namos que la declaración voluntariamente prestada por el acusado, la cual contradice las declaraciones de sus testigos, era admisible como prueba de rebuttal. No erró la corte inferior al admitirla.

Que el veredicto es contrario a la prueba.

Se trata de un caso en que las teorías y la evidencia ofrecida para sostener cada una de ellas son contradictorias. El jurado, que es el llamado a dirimir el conflicto de teorías y de pruebas, dio crédito a los testigos de El Pueblo. Y siendo la prueba de cargo suficiente para sostener el vere-dicto, es nuestro deber respetarlo y confirmar la sentencia..