author: El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila

text:
    Natalia Jiménez Vda. de Cobián, demandante y apelada, v. Angel Ramos, demandado y apelante.
    Núm. 7165.

    Sometido: Marzo 5, 1937.

      Resuelto: Abril 28, 1937.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; C. del Toro Fernández, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila

emitió la opinión tribunal.

Natalia Jiménez Vda. de Cobián reclama de Angel Ramos el pago de cierta cantidad de dinero, alegando que en primero de mayo de 1929, la demandante entregó al demandado en calidad de préstamo la cantidad de $455, que el día 9 del mismo mes y año, le entregó en las mismas condiciones la suma de $460, y que en enero de 1930 le entregó también en calidad de préstamo, sin devengar intereses, la cantidad de $160.71. Se alega además que el demandado ña abonado a dicha deuda la cantidad de $500.71, resultando un balance a favor de la demandante por la suma de $575 que no ha sido satisfecho ni en todo ni en parte a pesar de las gestiones he-chas por la demandante.

El demandado acepta haber recibido las cantidades que se especifican en la demanda, para ser guardadas por él y para entregarlas parcialmente a la demandante a medida que ella lo solicitara; pero afirma que las mismas han sido satisfe-chas en su totalidad. También se establece en la contesta-ción la excepción previa de que la demanda no aduce becbos suficientes para determinar una causa de acción.

La corte inferior dictó sentencia condenando al deman-dado a satisfacer a la demandante la cantidad de $575, con las costas. De esta sentencia apeló el demandado, conside-rando en primer término que el tribunal sentenciador erró al declarar sin lugar la excepción de falta de becbos.

Alega el apelante que la demandante trata de obtener una sentencia que condene al demandado a pagar determinada cantidad de dinero que se alega le fué entregada en calidad de préstamo, sin haberse fijado plazo alguno para el cumplimiento de la obligación. Se arguye que la demanda es insuficiente, porque ba debido alegarse la fecba en que la obligación era exigible y porque esta fecba debió baber sido previamente fijada por las partes contratantes o en su defecto por los tribunales de justicia. No apareciendo incumplida la obligación a juicio de la parte apelante, la demanda carece de base por baber sido prematuramente ejercitada.

Cita el apelante en su apoyo el artículo 1081 del Código Civil, edición de 1930, según el cual “si la obligación no se-ñalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedu-jere que ba querido concederse al deudor, los tribunales fija-rán la duración de aquél. También fijarán los tribunales la duración del plazo cuando éste baya quedado a voluntad del deudor. ’ ’

Dudamos muebo de que ésta sea una obligación de la cual, por su naturaleza y circunstancias, se deduzca que ba que-rido concederse un plazo al deudor. La demandante alega que no se fijó plazo alguno para el cumplimiento de la obli-gación. El demandado nos dice en su contestación que se convino que él entregase parcialmente a la demandante el dinero a medida que ella lo solicitara. La prueba demuestra que el demandado periódicamente entregó varias sumas a la demandante a solicitud de ésta, lo cual viene a demostrar que el demandado se consideraba obligado al pago cuando la parte autora lo solicitara. No puede decirse que se trate estricta-tamente de un plazo cuya duración necesita ser fijada por los tribunales. Las alegaciones y la prueba demuestran que el dinero se entregó al demandado, sin devengar interés al-guno, y que era exigible en cualquier momento en que fuese reclamado. Una alegación defectuosa por razón de la omi-sión de algún hecho esencial puede ser suplida por la alega-ción de la parte contraria. La regla es que si la alegación omitida se suple por la parte adversa, surte el mismo efecto que se hubiese producido de haber sido insertada en las pro-pias alegaciones de la parte que incurrió en la omisión. 1 Bancroft’s Code Pleading, párrafo 737, pág. 1035.

En el presente caso la contestación, más bien que suplir una omisión, aclara los hechos, porque a la alegación de la demanda de que no se fijó fecha para el pago de la deuda, añade que el demandado quedó obligado a entregar parcial-mente el dinero a medida que la demandante lo solicitase. Es claro, a nuestro juicio, que la obligación de satisfacer el resto de la deuda era exigible a solicitud de la acreedora. La prueba demuestra que el demandado satisfizo parcialmente a la demandante varias sumas y que ésta tuvo algunas difi-cultades para obtener el saldo completo de la cantidad que últimamente se le adeudaba. En el caso de Hijos de T. Pietri v. Vicens Hnos., 33 D.P.R. 248, 250, dijimos que la circuns-tancia de no aparecer de la demanda que se concediera un plazo al deudor ni deducirse de la naturaleza de la obligación hace inaplicable el artículo 1095 (1081, ed. 1930) del Código Civil que el apelante considera infringido. Pero aun cuando así no fuese, aunque de la naturaleza y circunstancias de la obligación contraída se dedujese que ha querido concederé un plazo al deudor, entendemos que en bien de la justicia y de la rapidez de los procedimientos, debe seguirse adop-tando la regla fijada por esta corte en Nicorelli v. E. López & Cía., 26 D.P.R. 55, donde se resolvió que cuando en una ac-ción para el cobro' de una deuda reconocida en documento público, la corte por virtud del resultado de las pruebas, llega a la conclusión de que se intentó fijar' un plazo para el pago y no se fijó, puede señalarse el que se estime justo conforme al artículo 1095 del Código Civil (1081, edición 1930), sin que sea necesario el ejercicio de una acción previa limitada a la fijación del plazo. La corte en dicho caso analiza los pre-ceptos del Código Civil, cita a Manresa y Scaevola, y dice que de sus razonamientos se desprende, siendo más claros los del comentarista Scaevola, que puede ventilarse toda la cuestión en un solo pleito. Y así debe ser. El demandado en este caso adeuda cierta cantidad a la parte demandante. Tiene la obligación de entregarla cuando se le reclame. ¿Para qué ha de imponerse el acreedor la obligación de ini-ciar dos acciones, una para fijar el plazo y otra para exigir el pago de la deuda, cuando ambas cosas pueden ser resueltas en una misma acción? Opinamos que la corte inferior no co-metió el error que se le atribuye.

El apelante discute conjuntamente en su alegato los errores segundo y quinto, en los cuales se alega que la corte sentenciadora cometió error al declarar con lugar la demanda y sin lugar la moción de nuevo juicio. Entiende el apelante que la demandante no ha tenido una base cierta para ejercitar esta acción contra el demandado. Llama la atención a que la demanda original reclamaba el pago de una cantidad específica de $950 y que esta demanda fué enmendada posteriormente, quedando convertida en una reclamación por la suma de $575. Esta discrepancia, a juicio del apelante, obedece al hecho indubitado de que doña Natalia Jiménez Y da. de Cobián se aventuró a establecer esta acción sin otro fundamento que la creencia de que el demandado carecía de medios probatorios para acreditar la devolución de las cantidades recibidas de la demandante. Añade que así sólo se ex-plica que dicha demandante se viese obligada a cambiar radicalmente sus alegaciones esenciales relacionadas con la cuantía de los cheques, teniendo que reducir su reclamación a medida que en el curso de su testimonio se le presentaron cheques y recibos creditivos de cantidades que el demandado pagara a la demandante o a terceras personas por cnenta de ■ella.

La corte inferior, en sn resolución declarando sin lugar la .moción de nuevo juicio, se expresa así:

“La demandante en este caso es una anciana quien ingenuamente -confesó que ella no llevaba contabilidad alguna y que si el deman-dado le demostraba haberle pagado o presentaba cheques cobrados por «lia, estaría dispuesta a admitir que había recibido las cantidades representadas por dichos cheques. El hecho de que la demandante fuera algunas veces incoherente en su declaración e incurriera en contradicciones sin importancia, hijas a nuestro juicio de su edad y falta de experiencia en los negocios, no favorece el caso del deman-dado, pues como dijimos en nuestra opinión en los párrafos antes transcritos, incumbía al demandado y no a la demandante probar la extinción de la obligación, y la Corte después de oír a una y otra parte, dió crédito a los testigos de la demandante, resolviendo el caso a su favor. Al resolverlo así no es que descartásemos o no diésemos crédito a la declaración del testigo Teófilo Maldonado, testigo del de-mandado, que si bien era pariente político de la demandante, tam-bién era empleado y compañero del demandado en su empresa de periódico ‘El Mundo1, sino que considerando la declaración del Sr. Maldonado, por sus propios méritos, no podíamos llegar a la con-clusión de que el abono de $900 se hiciera como decía el demandado con cargo a la cuenta que éste tenía con la demandante, pues el Sr. Maldonado, según su declaración, no se hallaba en Puerto Rico en la fecha en que el demandado alega haber pagado a la demandante los $500 en cuestión, de modo que de propio conocimiento no podía informar a la Corte si los $500.00 en cuestión fueron pagados a la demandante o a la que fué esposa del demandado, Natalia Cobián.”

El demandado pone mucho énfasis en la apreciación de la prueba por la corte sentenciadora, que considera errónea, al declarar con lugar la demanda y desestimar la moción de nuevo juicio. Llama la atención a los hechos que pasamos a relatar, que constituyen a su juicio el nervio del asunto. Esta acción se inició en 22 de diciembre de 1933. El demandado, cuando se divorció de su esposa, se obligó a satisfacer a la misma cierta cantidad de dinero que habría de hacerse efec-tiva a fines del año 1935. Angel Ramos declaró que a reque-rimiento de doña Natalia Jiménez entregó en un cheque a nombre de Natalia Cobián, la cantidad de $500 para apli-carlos como saldo de lo adeudado a la que había sido su sue-gra. La demandante manifestó que dicha cantidad se entregó con cargo a la deuda de gananciales contraída por el deman-dado con doña Natalia Cobián, quien también declaró en igual •sentido. Sostiene el demandado Sr. Ramos que lo lógico era que esta cantidad se satisficiese a cargo de una obligación exigible, como lo era la de doña Natalia Jiménez, y no de la obligación contraída para ser satisfecha a su esposa en el futuro. Se arguye que es cosa muy en armonía con la lógica de los argumentos que la controversia hubiese sido decidida de acuerdo con el testimonio del demandado, robustecido por la declaración del testigo Teófilo Maldonado, que si bien es cierto que trabaja en la empresa editora que administra don Angel Ramos, es cierto también que está ligado con la de-mandante por lazos de estrecho parentesco. La corte senten-ciadora, que apreció la prueba expone su criterio para justi-ficar su sentencia a pesar del testimonio del Sr. Maldonado.

En cuanto a si la cantidad de $500 se satisfizo a cargo de la obligación contraída con la demandante o con la señora Natalia Cobián, el demandado declaró que un día fueron am-bas a su oficina para que les entregase la referida suma, que de primera intención consideró excesiva esta cantidad que le pedían para embarcarse; que entonces dichas señoras comi-sionaron a Teófilo Maldonado, que está emparentado con ellas, quien le dijo que les diera los $500, que era mejor que se fue-ran, y no tuvo inconveniente en entregarle personalmente los $500 con cargo a la cuenta de doña Natalia Jiménez. Se le pregunta más tarde al demandado si recuerda lo que declaró en el caso civil núm. 20100, en cobro de dinero, iniciado por doña Ana Josefa Jiménez Carmona contra Angel Ramos, en la Corte de Distrito de San Juan, y responde en la forma que pasamos a exponer, según consta en la transcripción de evi-dencia :

“A- ¿El testigo recuerda lo que declaró eu el caso Civil núm. 20100, sobre Cobro de Dinero, de doña Ana Josefa Jiménez Carmona v. Angel Ramos, en la Corte ele Distrito de San Juan, cuya vista se celebró el 19 de septiembre?
T. Si Su Señoría me dice lo que yo' declaré....
A. (Leyendo) 'Ella se me presentó en mi oficina y me dijo que.... El abogado interrumpe: ¿Después de estar divorciada? — Respuesta: Sí, un año y cinco meses después. ¿Un año y cinco meses después del divorcio ella fué a su oficina? — Ella se presentó en mi oficina y me dijo que se quería embarcar; me dijo que necesitaba dinero.— ¿Qué necesitas?' — $500. Quiero que me los des de mi cuenta.’ Abora, ¿ cómo se explica usted eso que declaró -en la silla de testigos cuando usted no se esperaba esto de abora? ¿Por qué esa contradic-ción ?
T. ¿Cómo dice abí?
A. Cómo usted dice abora....
Ddo. — Que le lea toda la respuesta.
A. (Leyendo) ‘Ella se me presentó en mi oficina y me dijo que. — Interrumpiendo el abogado: ,¿ Después de estar divor-ciada? — Sí, un año y cinco meses después. — ¿Un año y cinco meses después del divorcio ella fué a su oficina? — Respuesta: Ella se me presentó en mi oficina y me dijo que se quería embarcar; me dijo que necesitaba dinero. — ¿Qué necesitas? — $500.00. Quiero que me los des de mi cuenta. — Y como yo no tenía que darle a ella ningún dinero, se le dieron los $500, tres días antes de esa demanda que está ahí radicada, a ella con cargo .... A,quí está un cheque co-brado, de acuerdo con la cancelación del Royal Bank of Canada, en 4 de diciembre. ¿Podría decirme Su Señoría cuándo se radicó la demanda?’ ¿Por qué usted declara ahora a preguntas de su abo-gado, que los $500 los pidió ella a cuenta de doña Natalia?
T. Se le entregaron con cargo a doña Natalia, y abí no dice que yo se los entregué con cargo a....
A. ¿Cómo usted explica esa contradicción?
Ddo. No existe tal contradicción.
Juez: Yamos a dejar que explique.
T. Yo no veo contradicción. Yo no he dicho en mi anterior de-claración que yo entregué eso con cargo a ella. Abí no dice con cargo a quién. Que diga a quién dije yo entonces.
Demandante:
A. Yo le pregunto la contradicción esa que dice ‘Quiero que me los des de mi cuenta.’
T. Eso lo dijo ella.
A. Y cómo usted dice ahora que los pidió para el viaje ....
T. Yo no tenía que entregarle nada con cargo a ella.”

El demandado no aclara satisfactoriamente sus manifes-taciones anteriores comparadas con las que hizo en la vista de esta causa. Anteriormente manifestó que su esposa se le presentó en su oficina diciéudole que se quería embarcar y que necesitaba la cantidad de $500 con cargo a su cuenta, y ahora manifiesta que la demandante y su hija se personaron en-su oficina para pedirle la referida suma con cargo a la cuenta de la primera. Es raro que el Sr. Ramos, que había sido requerido por su esposa para que le adelantase la can-tidad de $500 con cargo a su cuenta, según admitió en su de-claración anterior, extendiese el cheque a nombre de su re-ferida esposa con cargo a la cuenta de doña Natalia Jiménez. Parece lógico que este ruego de su esposa, solicitando el dinero para ella, le sugiriese la precaución de protegerse, ex-tendiendo el cheque a favor de la demandante, si en realidad tuvo la intención de saldar el balance de la deuda contraída con la última. El hecho de haber extendido el cheque a favor de la que fué su esposa no indica otra cosa que el deseo de complacerla, anticipándole el pago de la cantidad que solici-taba.

También se arguye por el apelante que la corte inferior debió tener en cuenta que el demandado no se beneficiaba ma-terialmente en atribuir los $500 al pago de la cuenta de la demandante, porque no era lógico pensar que si la deuda con doña Natalia Cobián estaba consignada en un documento público y no había de vencer hasta dos años después, la en-trega de los $500 se hiciera con cargo a su obligación fu-tura, en tanto que la deuda de doña Natalia Jiménez Vda. de Cobián era exigible inmediatamente. Es cierto que el deman-dado no se beneficiaba materialmente en atribuir los $500 al pago de la cuenta de la demandante, pero es también cierto que Natalia Cobián en nada se beneficiaba al declarar que esos $500 fueron satisfechos a ella y no a la Sra. Natalia Jiménez. Si ésta no es la verdad, la demandante aparecería enriqueciéndose a expensas de su hija, quien quedaría pri-vada de reclamar una cantidad que según el demandado nunca había recibido, por haber sido satisfecha a doña Natalia Jiménez. En cambio, el Sr. Ramos quedaría protegido por la declaración de la señora Natalia C'obián de haber reci-bido esa suma con cargo a su cuenta. Por estas razones, nos inclinamos a creer que la corte inferior estuvo justificada en sus conclusiones de hecho. Deben desestimarse los errores apuntados.

En los motivos de error tercero y cuarto, se alega que la corte inferior dictó sentencia por una suma mayor que la que podría justificarse por admisiones de la propia de-mandante, y que la acción debió ejercitarse ante la corte municipal, porque su crédito sólo alcanzaba a $433. Se arguye que la reclamación en la demanda enmandada se limita a la suma de $575, que de acuerdo con las alegaciones la deman-dante entregó al demandado la suma de $1,075-71, de los cuales admitió haber recibido tres partidas de $100 cada una, dividi-das en pagos de $25 mensuales, y se dice que si a dichos $300 se une la cantidad de $342.71 que la demandante admitió haber recibido del demandado y que la corte en su opinión consideró como satisfecha por el mismo, resulta que la suma total de cantidades satisfechas por el demandado a la demandante asciende a $642.71. En estos cálculos se basa el demandado para decir que la deuda a favor de la demandante nunca po-dría exceder de la suma de $433, habiendo incurrido la corte inferior en error al condenar al demandado al pago de $575.

Examinemos la prueba para ver si tienen algún funda-mento las alegaciones del demandado. La corte inferior de-claró que el demandado había satisfecho a la demandante la cantidad de $342.71, incluyendo $100' satisfechos al Sr. Teófilo Maldonado, con autorización de dicha demandante. También declaró la córte que el demandado presentó un cheque al por-tador, con cargo al American Colonial Bank, de fecha 14 de febrero de 1930, por la cantidad de $100 que aparece cobrado por F. Febles & Co., y que aunque el demandado alega fué entregado a la demandante, sin embargo ésta niega haberlo recibido, ni haberlo endosado y entregado a F. Febles & Co.

La demandante en su declaración se confunde algunas ve-ces con respecto a las cantidades que le fueran entregadas; pero si se examina detenidamente se verá que no contiene las admisiones que le atribuye la parte demandada. La de-mandante también manifestó que todos los pagos becbos por el demandado los recibió por cheques, añadiendo que si bay algún otro cheque que no recuerde se muestra gustosa a aceptarlo. En las páginas 10 y 11 de la transcripción de evidencia reconoce la demandante que el demandado satis-fizo con su autorización $100 a Maldonado; que después el demandado le dijo que iba a pagarle la deuda en cantidades parciales de $25, que ella le respondió que no podía acep-tarlo, que el demandado respondió: “Bueno, está bien”; que después de eso le pidió $100, que el Sr. Ramos le res-pondió que no podía pagárselos de momento, que se los iría entregando en cantidades de $25, y que así le satisfizo $100; que después volvió a necesitar otros $100 y también le dijo que se los iría dando en cantidades parciales de $25, satisfa-ciéndole en esta forma la suma de $100; que además le sa-tisfizo $15 para pagar al dentista; que no recuerda haber recibido otras cantidades, pero que si se le ha satisfecho al-guna tiene que existir el cheque, porque el demandado siem-pre le pagaba en cheque. En las páginas 23 y 24 de la trans-cripción de evidencia vuelve a decir la demandante que le pidió primero $100 que le satisfizo en cantidades parciales de $25 mensuales, y que después le dió otra partida de $100 en la misma forma; que aceptó el pago parcial porque el de-mandado le dijo que no los podía dar todos juntos y que no podía pagarle los $200 completos. En la página 28 de la transcripción de evidencia repite la demandante la misma afir-mación de que el demandado le satisfizo la cantidad de $200 en partidas de $25 mensuales. Se lé pregunta por qué no exigió el total de la cuenta en vista de que el demandado no respondía a sus exigencias- y responde: “ Si al pedirle yo $100 me los iba dando a $25, ¿cómo iba a pagarme si yo le hubiese exigido una cantidad mayor de dinero, más cantidad de dinero? Me vería yo obligada a que me los fuera dando en esas condiciones y yo no podía aceptar eso.” Ya en la pá-gina 26 babía dicho que cada vez que le pedía dinero al "de-mandado respondía que no podía, que lo dejara para luego, y que por eso fué que le pidió el dinero; que al pensar en irse dijo: “Tengo que cobrar de alguna manera”; y por eso hizo esto. Es en la página 28 de la transcripción de evi-dencia donde la demandante dice que recuerda haber reci-bido cuatro cheques de $100, expresándose así: “Yo recibí, que yo me acuerde, cuatro cheques de $100. Ya lo dije, que uno fué a mí, otro fué a Maldonado, y otro fué extendido para dármelo $25 a $25 todos los meses.”

Las manifestaciones que anteceden demuestran que la de-mandante se equivocó, pues si bien habla de cuatro cheques, solamente hace relación de tres: el que le fué satisfecho, con su autorización, a Maldonado, otro a ella, y otro que le fué extendido en cantidades parciales de $25.00.

Como ya hemos dicho, la corte, en la relación del caso, enumera los cheques extendidos a favor de la demandante, incluyendo el de Maldonado, y dice que éstos arrojan un total de $342.71. A esta suma añade el demandado tres par-tidas de $100 cada una, divididas en pagos mensuales de $25, que la demandante admitió haber recibido. Estos cálculos no están justificados por la prueba. El demandado, pudo, además, haber presentado todos los cheques extendidos a favor de la demandante para demostrar que se le había satisfe-cho una suma mayor que la que se admite en la demanda en-mendada de acuerdo con la evidencia aportada. No lo 'hizo así, y ahora alega que la corte incurrió en error al apre-ciar la prueba. La corte inferior termina diciendo que tanto en lo que respecta al cheque de $500 que según el demandado se satisfizo a cargo de la obligación contraída con la deman-dante, como el de $100 que aparece endosado por F. Febles & Co., no se ha probado que dichas sumas fuesen pagadas a la demandante. Añade que por lo tanto, el demandado no ha acreditado la extinción total de la obligación y que, aunque de acuerdo con la prueba resulta en deber a la demandante una cantidad mayor que la reclamada por ella, sin embargo, como la demandante se limita a solicitar la cantidad de $575, no puede dictar sentencia por una cantidad mayor que la que se solicita por la Sra. Jiménez. Entendemos que la corte inferior no lia cometido los errores que se le atribuyen.

Ultimamente se alega que la corte inferior incurrió en error al imponer las costas al demandado. Luego de exami-nada la prueba practicada, no nos sentimos inclinados a mo-dificar el fallo del tribunal a quo en el ejercicio de sus facul-tades discrecionales.

Dede confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: Ei, Juez Asociado Sbñob, Cóbdova Dávila

license: Public Domain

text:
    Manuel Miguel, demandante y apelante, v. Laureano Alvarez, Rafael Rodríguez y Francisco Castagnet, demandados y apelados. José Salim y Adela Miguel, demandantes y apelantes v. Laureano Alvarez , Rafael Rodríguez y Francisco Castagnet, demandados y apelados.
    Núm. 7140 y 7142.

    Sometidos: Marzo 30, 1937.

      Resueltos: Abril 28, 1937.

      Pedro G. Quiñones, abogado de los apelantes; Dubdn & Ochoteeo, abogados de los apelados.
   Ei, Juez Asociado Sbñob, Cóbdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

José Salim y su esposa Adela Miguel entablaron una ac-ción sobre daños y perjuicios alegando sustancialmente en su demanda enmendada que allá para el día 2 de febrero de 1931 los demandados, sin tener una orden válida, allanaron la casa número 9 de la Calle Isern de Santurce, residencia de dichos demandantes, sin su consentimiento y en contra de su voluntad, estando el demandante José Salim ausente de la casa y encontrándose la otra demandante, Adela Miguel,, en ropas menores; que dada la forma en que los demanda-dos efectuaron dicho allanamiento, parecía que se acusaba a los demandantes de tener propiedades robadas en su casa;, que los demandantes sufrieron una gran humillación, que afectó su reputación, teniendo el demandante José Salim mermas en su crédito de comerciante, y que como consecuen-cia del allanamiento los daños y perjuicios ocasionados a los referidos esposos ascienden a una suma no menor de $5,000.

Manuel Miguel entabló a su vez un litigio sobre daños y perjuicios contra los mismos demandados, basado en el diligenciamiento de la misma orden de allanamiento. En su demanda alega sustancialmente que los demandados efec-tuaron el allanamiento de la casa número 9 de la Galle Isern,, en Santurce, que es de la propiedad del demandante, sin te-ner una orden válida y sin el permiso de sus moradores José Salim y Adela Miguel, en momentos en que el primero se-encontraba fuera de la casa y ésta se hallaba en ropas me-nores; que con tal allanamiento se pretendía inmiscuir al. demandante en el alegado fraude de un tal Pedro Tartalc como si se le acusara de tener propiedad robada en su po-der ; que el demandante' es un comerciante que tiene más de-$60,000 de capital y gozaba de un crédito de unos $20,000¡ en los bancos y que como resultado de dicho allanamiento se-le Iba perjudicado en. casi la totalidad de sn crédito, habiendo perdido, además de habérsele humillado, su reputación como comerciante. Los daños ocasionados se valoraron en una cantidad no menor de $15,000.

Los demandados negaron los hechos esenciales conteni-dos en la demanda y alegaron como defensas especiales que el juez de la corte de distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico libró una orden de allanamiento dirigida al marshal de los Estados Unidos autorizándolo a allanar y registrar la planta baja de la casa número 11 de ■la calle República y la casa número 9 de la calle Isern, am-bas en Santurce, que la orden fue diligenciada por el marshal auxiliar (deputy marshal) de dicha corte, acompañado de dichos demandados a su requerimiento, con el objeto de .ayudar a identificar la mercancía que se esperaba encontrar en las casas allanadas, sin que los demandados tuvieran nada que ver con la expedición de la orden de allanamiento diligenciada; que el referido funcionario, al personarse en la casa mencionada, además de ostentar y tener en su poder la orden de allanamiento referida, obtuvo voluntariamente permiso de los demandantes José Salim y Adela Miguel, mo-radores de la casa, para registrar la misma, no penetrándose, en ésta violentamente.

Ambos litigios fueron acumulados a los efectos de la presentación de evidencia, por estar dirigidos contra los mis-mos demandados y tratarse de la misma transacción.

La Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar las demandas en una sola sentencia. Se alega que dicha senten-cia es contraria a derecho y que se incurrió en error al apre-ciar la prueba.

Como se ve, se trata de dos litigios promovidos contra varias personas que acompañaron al márshal auxiliar de la Corte Federal al acto de diligenciar una orden de allanamiento. Alegan los demandantes que la referida orden es nula en su faz, por no cumplir con los requisitos que señala la. ley y que los demandados se colocaron en la posición de tranagresores (trespassers), siendo solidariamente responsa-bles de los daños y perjuicios causados.

Convenimos en que el funcionario encargado de diligen-ciar una orden de allanamiento nula es responsable de los daños que se originen al realizar el allanamiento. Grumon v. Raymond, 1 Conn. 40, 6 Am. Dec. 200; Guenther v. Day, 6 Gray (Mass.) 490; Jordan v. Henry, 22 Minn. 245; Melcher v. Scruggs, 72 Mo. 406; Hussey v. Davis, 58 N. H. 317; Johnson v. Comstock, 14 Hun. (N. Y.) 238; Casselini v. Booth, 77 Vt. 255, 59 Atl. 833.

El caso principal, citado en 45 A.L.íi. 609, en cuanto a la responsabilidad civil de aquellas personas particulares que participan, acompañando al funcionario, en el diligencia-miento de una orden de allanamiento nula, es el de Reed v. Rice, 2 J. J. Marshall 44, 19 Am. Dec. 122. En dicho caso se promovió la acción conocida en el derecho común con el nombre de guare clausum fregit, contra el funcionario en-cargado de diligenciar la orden y contra varios ciudadanos que a requerimiento de dicho funcionario participaron en el diligenciamiento. La corte resolvió que aunque la orden era nula, por no describir el sitio que había de ser allanado, aquellas personas particulares requeridas por el funcionario encargado de diligenciarla para que le ayudaran a efectuar el allanamiento, no estaban obligadas a tomar conocimiento de la ilegalidad de dicha orden y a negarse a prestar la ayuda solicitada.

La corte, al resolver que las personas así requeridas no podían ser responsables por ayudar a ejecutar el procedi-miento inválido, se expresó del modo siguiente:

“Hay algo que instantáneamente hiere el sentido moral y hace patente el error cuando se dice que un ciudadano debe considerarse como un intruso (trespasser) por ayudar conscientemente a ejecutar la ley en la que conscientemente confía en el momento- de hacerlo. Si este ciudadano actúa oficiosamente, entonces s,u conducta depende de su propio juicio, y si se equivoca, es responsable; pero si actúa bajo el mandato de otro, que en casos de esta naturaleza pueda tener autoridad legal para mandarlo, entonces no creemos que deba ser responsable. En tales casos los ciudadanos que obedecen al funcio-nario deben ser considerados como sirvientes que actúan por com-pulsión, y la parte perjudicada debe dirigirse contra el funcionario o contra aquéllos que actuaron oficiosamente.”

En el caso de Cartwright v. Canode, Tex. Civ. App., 138 S. W. 792, confirmado posteriormente en 106 Tex. 502, 171 S. W. 696, se resolvió que una persona que ayuda a diligen-ciar una orden de allanamiento a requerimiento del funcio-nario encargado de efectuar tales diligencias, es responsable de los daños que se causen, si la orden fué expedida en virtud de una ley anticonstitucional.

En Roberts v. Stuyvesant Safe-Deposit Co., 123 N. Y. 57, 25 N. E. 294, 20 Am. St. Rep. 718, 9 L.R.A. 438, se resolvió que si al diligenciar una orden de allanamiento el funciona-rio encargado de hacerlo se apodera de bienes no descritos en la orden, las personas que acompañaren a dicho funcio-nario en el acto de tal diligenciamiento son responsables de una transgresión.

La doctrina que parece más justa es aquélla que fija res-ponsabilidad civil en los casos en que-las personas particula-res actúan oficiosamente en un allanamiento de morada. No son responsables, a nuestro juicio, las personas que respon-dan al requerimiento He un funcionario con autoridad para hacerlo.

En el presente caso la corte inferior establece la con-clusión de que los demandados concurrieron al diligencia-miento de la orden de allanamiento como conocedores de la propiedad ocultada que se buscaba, a requerimiento del marshal auxiliar de la Corte Federal y del Juez de Quiebra, acom-pañando a dicho marshal para identificar la propiedad que se encontrase, sin que durante su actuación empleasen fuerza o violencia ni interveniesen para nada en la expedición de la orden de allanamiento.

La referida orden dice así:

“En virtud de declaraciones juradas de Enrique B. Sánchez, ra-dicadas en este caso, se ordena y manda que el Márshal de los Es-tados Unidos registré las siguientes premisas:
“El piso bajo de una casa situada en la calle República, núm. 11, de Santuree, P. R., y la casa situada en la calle Isern, núm. 9, Santuree, P. R.;
“Y que se apodere de .toda la mercancía que encuentre en la misma y la retenga en su posesión hasta recibir órdenes posteriores de esta Corte.
“San Juan, P. R., febrero 2 de 1931.
(fdo.) Ira E. Wells, Juez de Distrito de los Estados Unidos

La corte inferior, en la relación del caso, se expresó del modo siguiente:

“La evidencia ha demostrado que en la quiebra involuntaria de Pedro M. Tartak los acreedores peticionarios eran Hemáiz Targa & Co., Melón Hnos. & Co. y Catalán González & Co., siendo su abo-gado el Lie. Luis Toro Cabañas; que los demandados Laureano Alvarez, Rafael Rodríguez y Francisco Castagnet eran acreedores o representantes de acreedores y como tales comparecieron a las reu-niones ante el Juez de Quiebra, en relación con el asunto; que en dicha quiebra desapareció una gran parte de la mercancía del que-brado y se informó a la Corte de Quiebra que dicha mercancía había sido trasladada a distintos lugares de Santuree; que entonces el juez de quiebra, Hon. Jesús A. González, aconsejó la conveniencia de tratar el asunto con el juez de la corte; que a solicitud del Lie. Toro Cabañas, como abogado de los acreedores peticionarios de la quiebra, se ordenó en 2 de febrero de 1931 la citación de Manuel Miguel para comparecer ante la corte, y en el mismo día el juez Hon. Ira K. Wells, con la intervención del Lie. Toro Cabañas, y fundado en una declaración escrita de Enrique B. Sánchez, expidió la orden de alla-namiento, copiada anteriormente, y la cual se entregó para su dili-genciamiento al márshal auxiliar F. W. Deiter; que este funcionario, siguiendo instrucciones del Juez de Quiebra, requirió a los deman-dados, así como ú un Representante de Miranda Hnos., para que les ayudasen en la identificación de la mercancía del quebrado, como conocedores de la misma; que el márshal Deiter, acompañado de los detectives Secundino Pérez Sánchez y Susano González, cuyos au-xilios también, solicitó, y de los demandados, así como del represen-tante de Miranda Hnos., estuvieron en la casa de la Calle República núm. 11, residencia de José Francisco, y allí se ocupó la mercancía descrita en el diligenciamiento de la orden de allanamiento; y que entonces se trasladaron a la casa núm. 9 de la calle Isern, de San-turce, propiedad del demandante Manuel Miguel, y cuya casa es de tres plantas. En el primer piso Manuel Miguel tenía un estableci-miento mercantil en liquidación, y en un apartamento del tercer piso residían José Salim y Adela Miguel. El marshal tocó a la puerta de este apartamento, teniendo en su poder la orden de alla-namiento. Adela Miguel abrió, estando en bata de baño o de casa. Ella declara que su esposo José Salim no estaba allí, y creyendo que era él, abrió la puerta; que la bata era gruesa y se cubrió bien, excepto los pies, porque era corta. El márshal le informó entonces que tenía una orden para allanar la casa. La evidencia es contra-dictoria en cuanto a si Adela Miguel manifestó que su esposo no estaba allí y que no podían entrar, o si por el contrario, dijo que podían pasar, si querían, que allí no había nada. Pero es un hecho cierto que no hubo fuerza ni violencia de ningún género y que el márshal y el detective entraron, después de abierta la puerta, en-trando también Rafael Rodríguez y Francisco Castagnet. En cuanto a Laureano Alvarez y el representante de Miranda Hnos., uno u otro entró, no demostrándose cuál de ellos fuera, pues el detective Pérez Sánchez, único que afirmó que dicho Laureano Alvarez había parti-cipado en el allanamiento y registro, señaló en corte abierta a José Benito Alvarez, hermano de Laureano Alvarez, como la persona que había entrado en la casa en unión de los- demás. Laureano Alvarez está ahora en España. Se dice que el Lie. Luis Toro Cabañas tam-bién acompañaba al márshal Deiter. Ambos han fallecido. Nin-guna mercancía de Pedro Tartak se encontró en ese apartamento. Luego Adela Miguel, a petición del márshal, le entregó las llaves de dos apartamentos que estaban desocupados en la misma casa y que se tenían para alquilar, y también se registraron. El apartamento del segundo piso, ocupado por Juan de León, no se registró. Y final-mente, como la planta donde estaba el establecimiento en liquidación de Manuel Miguel estaba cerrada el márshal Deiter, el detective Gon-zález y el Sr. Castagnet fueron a la casa vivienda de dicho Manuel Miguel, en la calle Canals núm. 9, y allí el márshal le informó, según el testimonio del detective, del propósito de su visita, contestando dicho Manuel Miguel que iría en seguida. Ya en el establecimiento, Manuel Miguel pidió que se le mostrara la orden de allanamiento, lo que hizo el márshal, y abrió entonces la puerta, según la declaración del detective Pérez Sánchez. El márshal registró el establecimiento y tampoco se encontró mercancía de la que se buscaba. No apa-rece que en este registro tomaran participación alguna ni que entra-ran al establecimiento, los demandados Rafael Rodríguez y Laureano Alvarez ni el representante de Miranda Hnos.
“No se ha demostrado que para la expedición de la orden de allanamiento intervinieran los demandados ya personalmente, ni re-presentados por el Lie. Toro Cabañas, o como abogado de la Asocia-ción de Comerciantes. Meramente, a requerimientos del márshal y del juez de quiebra, y como conocedores de la propiedad ocultada que se buscaba, acompañaron al márshal para su identieaeión e in-tervinieron en la forma anteriormente expuesta, sin empleo de fuerza ni violencia. No actuaron oficiosamente, lo hicieron de buena fe y sin cometer el delito previsto y castigado en el art. 371 del Código Penal (Leyes de 1931 p. 401) ; y con vista de la doctrina establecida en el referido caso de Miguel v. Hernaiz Targa & Co., 46 D.P.R. 389, no se colocaron en la posición d¡e transgresores y, por tanto, no son res-ponsables.”

Los apelantes invocan en su apoyo el caso de Weaver v. Ficke, 192 S. W. 515. En dicho caso los demandados insta-ron y obtuvieron la expedición de una orden de allanamiento nula y luego participaron en el diligenciamiento de la misma. La Corte Suprema de Tejas resolvió que bajo tales circuns-tancias los demandados eran responsables de los daños y per-juicios causados.

Convenimos en que una persona particular que solicite y obtenga la expedición de una orden de allanamiento nula y luego ayude al funcionario encargado de diligenciarla, es responsable de los daños y perjuicios que se causen con motivo de tal allanamiento. Así lo sostuvimos • en el caso de Miguel v. Hernaiz Targa & Cía., et al., 46 D.P.R. 389. Dicho pleito tuvo su origen en el allanamiento que ha dado lugar a estos dos litigios. La Corte de Distrito de San Juan sostuvo una excepción previa de falta de hechos constitutivos de una causa de acción. Este tribunal, al revocar la senten-cia dictada por dicha corte inferior, resolvió que una de-manda incoada contra personas que, según las alegaciones, acompañaron al márshal y participaron en el diligencia-miento de una orden de allanamiento nula, y solicitaron y obtuvieron la expedición de la referida orden de allanamiento, que fué diligenciada, invadiendo y registrando determinada casa de la propiedad del demandante, a instancias e incitación de los demandados, sin el consentimiento y contra la volun-tad expresa de dicho demandante, aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

En el curso de su opinión este tribunal se expresó así:

“Aun si pudiera admitirse que las demandadas estaban exentas de toda responsabilidad criminal, no por ello es de inferirse que la demanda deja de alegar una causa de acción. Se presume que las demandadas conocen la ley. Cuando lograron que se expidiese una orden de allanamiento nula e inteneionalmente participaron en la invasión de la propiedad del demandante en la forma descrita en la demanda, se colocaron a sí mismas, por lo menos prima facie, en la posición de transgresores (trespassers). (Citas.)

En el presente caso no se alegó ni probó que los deman-dados hubiesen solicitado la expedición de la orden de alla-namiento que se considera nula. No surge de los autos que estos demandados interviniesen para nada en la expedición de la orden, ya personalmente o representados por su abo-gado. Se ha demostrado, sin embargo, que acompañaron al marshal auxiliar de la Corte Federal a requerimiento de éste y del Juez de Quiebra, con el fin de identificar la mercancía que se estaba buscando. La corte inferior estimó que no se empleó fuerza o violencia en el diligenciamiento de la or-den. No creemos que dicho tribunal haya incurrido en error manifiesto al apreciar la prueba ni que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad.

Entendemos que de acuerdo con la jurisprudencia que hemos citado, impartiéndole nuestra aprobación, los deman-dados no pueden ser considerados como transgresores (trespassers), y que por lo tanto no han incurrido en responsa-bilidad para con los demandantes.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcos A. Colón Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 6470.

    Sometido: Abril 7, 1937.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      Fulgencio Pinero j Virgilio Brunet, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila

emitió la opinión, del tribunal.

Marcos A. Colón Ortiz fué acusado de baber dado muerte a Pablo M. Vilella Saldaña con malicia premeditada y ex-presa y propósito deliberado de asesinar al referido indivi-duo. Se alega en la acusación que lo acometió y agredió con un cuchillo, infiriéndole una herida grave, penetrante, en el cuadrante superior derecho del abdomen, perforando en-tre otros órganos, el hígado1, a consecuencia de cuya herida falleció al día siguiente.

En agosto 30 de 1936, cuando se leyó la acusación, el acu-sado solicitó para contestarla un término de veinticinco días que le fué concedido. Luego, alegando ser inocente, pidió ser juzgado por un jurado.

Posteriormente el fiscal de distrito modificó sus conclu-siones en cuanto a la calificación del delito, rebajándolo a homicidio voluntario. Hizo constar el ministerio público que tomaba esta determinación considerando que los fines de la justicia quedaban cumplidos al calificarse los hechos objeto de la acusación como constitutivos de un delito de homicidio voluntario. Basó su conclusión en todos los antecedentes y circunstancias del caso, así como en la prueba practicada en la investigación preliminar. El acusado dice en su aleg'ato que admitió la acusación de homicidio voluntario y que se de-claró culpable de ese delito, confiando en la clemencia que en estos casos suelen tener los jueces para con los acusados, en evitación de gastos y trabajos para El Pueblo de Puerto Pico.

Entiende el fiscal que la petición del acusado está bien fundada, arguyendo que después de haberse calificado el de-lito de homicidio voluntario, la acusación original no debe to-marse en cuenta. Es innecesario repetir la doctrina sentada en los casos de El Pueblo v. Laureano, 34 D.P.R. 209 y El Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443, que ha sido explicada y discutida en El Pueblo v. Peña López, 50 D.P.R. 862 y El Pueblo v. Fernández González, 50 D.P.R. 896.

En el presente caso, tenemos que el fiscal originalmente calificó el delito de asesinato. Luego varía de modo de pen-sar diciendo que de acuerdo con la investigación preliminar y con los antecedentes y circunstancias del caso, debe reba-jarse la calificación por exigirlo así los fines de la justicia. Entendemos que si las circunstancias que mediaron al come-terse el delito justifican las conclusiones del fiscal, éste no debió nunca haber presentado una acusación de asesinato. La corte inferior impuso al acusado la pena de ocho años de presidio, después fie oír las manifestaciones del Fiscal.

El acusado admite, al declararse culpable, que infirió una herida grave a Pablo M. Vilella Saldaña con un cuchillo, quede perforó el hígado y le produjo la muerte. El juez de la corte inferior, cuyas facultades discrecionales en la imposición de la pena son bastante amplias, no condenó al acusado a cumplir diez años de presidio, que es el máximum señalado por la ley. Se limitó a imponer un castigo de ocho años. No creemos que en vista de la acusación, luego de modificada, y del ejercicio de su discreción por el juez sen-tenciador, estaría esta corte justificada en alterar el fallo pronunciado, rebajando la pena que lia sido impuesta al acu-sado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok Córdova Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Eliseo E. Colón, acusado y apelante.
    Núm. 6365.

    Sometido: Abril 27, 1937.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      Marmol A. Rivera, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se formuló denuncia contra Eliseo E. Colón, por un delito de portar armas prohibidas. Yisto el caso ante la la Corte de Distrito de Ponce en grado de ape-lación, el acusado fué declarado culpable y condenado a su-frir treinta días de cárcel. No conforme con esta sentencia, estableció recurso de apelación atribuyendo a la corte inferior tres errores.

En el primero se dice que la corte intervino directamente con los testigos, con marcado prejuicio, privando al acusado de an juicio justo e imparcial. Es verdad que la corte examinó con cierta extensión a los testigos Florencio Cruz, Agustín Hernández y José Colón, los cuales declara-ron ante el juez municipal, quien tomó por escrito el testi-monio de los referidos testigos. El juez de la corte de dis-trito, en vista de las declaraciones tomadas por el juez municipal, advirtiendo evidentes contradicciones entre los testi-monios prestados a raíz de los hechos denunciados y lo dicho en la vista del caso en apelación, interrogó a estos testigos, haciéndoles saber que estaban declarando bajo juramento y poniendo de relieve las contradicciones en que habían incu-rrido. El acusado nos dice en su alegato que una vez que los referidos individuos terminaron de responder al inte-rrogatorio del juez, éste ordenó su arresto para que respon-dieran de un delito de desacato.

El artículo primero de la Ley núm. 41, aprobada en marzo de 1911 (Comp. 5527-5530), para proveer un castigo sumario por el delito de perjurio cometido en corte abierta, dice que si el juez quedare convencido en cualquier caso pendiente, ante su corte, de que un testigo después de haber prestado juramento o afirmación, según se dispone por la ley, de decir la verdad en cualquier asunto, es culpable de perjurio, según se define en la ley, será entonces deber de dicho juez ante quien se celebrare el juicio, ordenar, a moción propia, el arresto y detención del ofensor, dictando una orden que se notificará a dicho ofensor para que comparezca y explique las razones que tuviera por las cuales no deba ser castigado por desacato a la corte. Esta ley impone un deber al juez, y cuando, para cumplir con el mismo, aclarar los hechos y satisfacer su conciencia acerca del testimonio del testigo, es necesario interrogarlo, no creemos que incurra en error si actúa en forma mesurada y no perjudica los derechos del acusado.

Hemos leído el interrogatorio del juez y no creemos que se excediera en el desempeño de sus funciones. Las citas que hace el abogado se refieren a casos donde .la conducta de la corte puede impresionar erróneamente al jurado. Este es un caso juzgado por el propio juez que interrogó a los testi-gos. Debe desestimarse el error apuntado.

En los dos últimos motivos de error se alega que la corte resolvió la teoría de la duda razonable a favor de El Pueblo en vez de hacerlo a favor del acusado, y que cometió error al dictar una sentencia condenatoria.

La corte declaró en su sentencia que la prueba de El Pueblo le mereció crédito, especialmente el testimonio de los testigos Jesús María Castro y Jesús Malavé, corroborado en parte por el resto de la prueba de El Pueblo. El segundo de dichos testigos declara que el acusado hizo dos disparos, uno a Jesús María Castro y otro a Peyó Irlanda, que no sabe si el arma era revólver o pistola, pero que hizo dos dis-paros.

Jesús María Castro dice que víó que el acusado tenía un revólver y que disparó en dos ocasiones, hiriendo en una pierna a Rafael Irlanda.

Manuel Pizarro, jefe de policía en Orocovis, declara que no ocupó el arma, que no presenció los hechos, pero que le preguntó al acusado qué pasaba, porque hubo quien gritara que iban a disparar de la calle para el cuartel, y entonces él confesó que iban a atacarlo y tuvo que hacer uso de un re-vólver.

Narciso Miranda, policía insular, declaró que condujo al acusado al cuartel de la policía a presencia del jefe de dis-trito, que instantáneamente le cogió la mano y que estaba olorosa a pólvora.

En presencia de esta prueba fué que el juez de la corte inferior dictó su sentencia. No surge de los autos que abri-gara dudas acerca de la culpabilidad del acusado. No incu-rrió la corte inferior en los errores que se le atribuyen.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor 'Córdova Dávila

text:
    Carmen Rosa Olivera, representada por su madre con patria potestad Ana Celia Olivera, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 995.

    Sometido: Abril 27, 1987.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      Enrique Báez García, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor 'Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Rosa Olivera, menor de edad, representada por su madre Ana Celia Olivera, inició una acción ante la Corte de Distrito de Mayagüez, solicitando ser declarada bija natural de Felipe A. González, quien falleció sin dejar ascendientes ni descendientes legítimos, y alegando, además, que es bija del referido Felipe A. González y que ba estado en posesión del estado de bija natural desde la fecba de su nacimiento basta el día de boy.

La demanda va dirigida contra una hermana supervi-viente de Felipe A. González, y contra otros demandados que ostentan la representación de dos hermanos del causante que han fallecido.

La demandante presentó al Registro de la propiedad de •San Germán copia certificada de la demanda de filiación, acompañándola de un escrito dirigido al Registro en que se describe una finca rústica de 5.40 cuerdas que aparece ins-crita en dicho registro a nombre del alegado padre natural de la demandante, Felipe A. González. Se solicitó la anota-ción de la referida demanda de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Negóse el registrador a acceder a los deseos de la deman-dante en una nota que copiada en parte dice así:

“Denegada la anotación de demanda que se solicita en el escrito que se acompaña del letrado Enrique Báez García y tomada en su lugar anotación preventiva a favor de la demandante Carmen Rosa Olivera de su expresado derecho,.... por las razones siguientes: Primero: Porque la anotación que se solicita no está de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues en dicha demanda se trata de una acción de filiación exclusiva-mente y hay en ella ausencia completa de algún hecho que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble o algún derecho real. La descripción de la propiedad afectada bajo tales circunstancias debe hacerse constar claramente en la demanda, y no puede suplirse ese requisito indispensable por un simple escrito que se dirija al Registrador acompañando la demanda, interesando en él que aquélla se anote sobre tal o cual propiedad, pues en esta forma que se pretende tal anotación los (demandados no tendrían conoci-miento en debida forma de hecho alguno que ataque el título o la posesión del inmueble anotado ...

De acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil, la anotación de una demanda puede efectuarse cuando la acción iniciada afecta al título o al derecho de po-sesión de una propiedad inmueble.

El artículo referido dice así:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante, al tiempo .de presentar la de-manda, y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier .tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que con-tenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción.”

Esta corte, en el caso de Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 533, y Fernández v. Registrador, 45 D.P.R. 716, analiza la naturaleza y alcance del aviso qne de acnerdo con la disposi-ción legal anteriormente transcrita, puede hacerse constar en el registro de la propiedad. El primero de dichos casos es-tablece la diferencia existente entre el artícnlo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil y la anotación preventiva autorizada por el artícnlo 42 de le Ley Hipotecaria. Se dice en dicha decisión qne la anotación de demanda autorizada por nuestra ley procesal depende de la voluntad de la parte.

La única cuestión a resolver en este caso es si la pro-piedad inmueble descrita en el documento que la recurrente acompañó a la demanda, queda afectada o no por la acción de filiación ejercitada.

En el caso de Cruz v. Registrador de la Propiedad de San Germán, 32 D.P.R. 34, se radicó una demanda conteniendo varias cansas de acción, entre ellas una de filiación y otra de reclamación de herencia. En la causa de acción que se refería a la reclamación de herencia se describía un número de fincas. Dicha demanda fué anotada en el registro de la propiedad. Posteriormente, el demandado obtuvo de la Corte de Distrito de Mayagüez la eliminación de todas las descripciones de las fincas. Solicitó entonces del registrador de la propiedad la cancelación de la nota, alegando que no describiéndose en la demanda las fincas, no se podía tomar anotación sobre ellas. Este tribunal sostuvo la negativa del registrador a cancelar la anotación de la demanda, por razo-nes muy distintas a las que sirven de base al presente re-curso; pero en el curso de la opinión dijo lo siguiente:

“Aún siendo de otro modo, un registrador podría encontrar cierta dificultad en adoptar la teoría que la recurrente sustenta sobre el particular, en vista de la doctrina enunciada por esta corte en el caso de Orta v. Arzuaga, 23 D.P.R. 259. En ese caso se dijo, en la página 268, con un solo voto disidente, que ‘ya que en el fondo toda acción de filiación generalmente envuelve la reclamación inme-diata o remota de alguna propiedad, hecho que resalta aun más en este caso concreto en que el demandante y apelante alega en su de-manda, como expusimos al principio de esta opinión, que parte de los bienes de su padre, en su mayoría inmuebles, se hallan radicados en los términos municipales de Carolina y Loíza, y que los deman-dados, que son los herederos nombrados por Arzuaga en su testa-mento, se niegan a reconocer al demandante como hijo natural de Arzuaga y se oponen a que el demadante use el apellido de su padre y entre en posesión de los bienes de que consiste su herencia.’ ”

Ahora la cuestión ha sido debidamente planteada ante este Tribunal y es necesario resolverla. La demandante solicita en su demanda que se le declare hija natural re-conocida de Felipe A. González, con todos los derechos que el Código Civil otorga a los hijos naturales y con los demás, pronunciamientos de ley. Entre estos derechos figura pro-minentemente el de la herencia. Declarada la naturalidad del hijo, este tiene derecho a heredar al padre en la pro-porción que la ley le concede. En este caso, se alega en la demanda que no hay ascendientes ni descendientes legítimos o legitimados. Salta a la vista que si la demandante prueba sus alegaciones tiene derecho sobre la finca que aparece ins-crita a nombre de su causante en el registro de la propiedad mientras la misma permanezca indivisa.

No podríamos decir nosotros, sin dejar desamparada a la demandante, que la propiedad referida no queda afectada por esta acción. Existe la posibilidad de que los demanda-dos hayan obtenido una declaratoria de herederos y de que se hayan realizado actos que los autoricen para la transmi-sión de esa propiedad inscrita. La demandante tiene dere-cho a ser protegida y el medio más eficaz de hacerlo es la anotación marginal de la demanda iniciada. La demandante fia cumplido con los requisitos que la ley le exige. Ha pre-sentado la demanda debidamente certificada por el Secreta-rio del tribunal donde fue iniciada y ha presentado un escrito describiendo la propiedad. El registrador no puede tener du-das de que esa finca aparece inscrita a favor del presunto padre, porque estos hechos constan en los propios libros del registro. La parte demandante describe esa misma finca en su escrito y ofrece prueba fehaciente a la parte recurrida de la acción que ejercita reclamando su filiación. No puede exigirse una información más amplia y auténtica.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

text:
    Ramón Martínez de León, peticionario y apelado, v. José Enrique Colom, Comisionado del Interior de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 6785.

    Sometido: Abril 7, 1937.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      Ron. Procurador General B. Fernández García y Emilio de Aldrey, Subprocurador, abogados del apelante; Angel M. Villamil, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

(Ramón Martínez de León era un empleado permanente del Departamento del Interior de Puerto Rico dentro del Servicio Civil Clasificado desde julio primero de 1927 en qne empezó a actuar como Inspector Residente a cargo de las obras de urbanización de los terrenos ganados al mar en Puerta de Tierra con un haber de $3,000 anuales. En el año 1932 el entonces Subcomisionado del Interior solicitó autorización de la Comisión de Servicio Civil para ascenderlo al puesto de Agrimensor con un sueldo anual de $1,800. Esta autoriza-ción no fué concedida. La parte pertinente de la comunica-ción dirigida en tal ocasión al Comisionado del Interior por el Presidente de la Comisión dice como sigue:

.... tengo a bien informarle que dicho ascenso no puede ser concedido hasta que el citado Sr. Martínez de León tome y apruebe un examen sin oposición para desempeñar la indicada plaza de Agri-mensor. Por consiguiente, permítame sugerirle se sirva disponer sean preparados a la mayor brevedad posible los cuestionarios de rigor sobre las materias correspondientes.”

El Subcomisionado del Interior solicitó entonces de la Comisión autorización para extender a Martínez de León un nombramiento temporero como Agrimensor de la División de Terrenos Públicos y Archivo de dicho Departamento, hasta marzo 31 de 1932, con. un sueldo de $1,800 anuales. La Co-misión accedió a lo solicitado, haciéndose constar que auto-rizaba dicho nombramiento hasta marzo 31 de 1932 en el ín-terin Martínez de León aprobase el examen sin oposición para la citada plaza.

Aunque parece raro este ascenso, tratándose de un cargo con un sueldo mucho menor que el que se pagaba al peticio-nario como inspector, la verdad es que tanto la' Comisión de ■Servicio Civil como el Departamento del Interior consideran que el cargo de agrimensor tiene una categoría superior al de' inspector. El peticionario explica que al agotarse los fondos y no -haber más dinero, y reorganizarse la División de Terrenos Públicos, accedió a desempeñar la plaza de agri-mensor con $150 mensuales de sueldo.

Trascurrido el término por el cual fué extendido el nom-bramiento provisional sin que Martínez tomara el aludido examen, el Departamento del Interior solicitó y obtuvo auto-rización de la Comisión para extender el término por tres meses más. En fechas posteriores solicitó y obtuvo sucesivas prórrogas que también le fueron concedidas. En julio 11 de 1933 el Subcomisionado del Interior solicitó de la Comi-sión que autorizase una prórroga de dicho nombramiento con un sueldo de $1,539, a partir del primero de julio del referido año, y por el término necesario para seleccionar un candidato de una terna que pedía se le enviara. La Co--misión autorizó la prórroga, esta vez hasta agosto 31 de 1933, pendiente de que Martínez tomara y aprobara el antedicho examen. El nombramiento temporero de que fué objeto Martínez de.León fué, pues, prorrogado en diversas ocasio-nes a instancias del departamento y con la aprobación de la Comisión de Servicio Civil, sin que en el ínterin éste sufriera y aprobara el examen exigido por la Comisión como condi-ción precedente a la extensión de un nombramiento perma-nente para dicha plaza.

En agosto 19 de 1933 el Departamento del Interior rei-teró a la Comisión su solicitud para que le enviara una terna de elegibles con el fin de cubrir la aludida plaza. Tres días después el Presidente de la Comisión envió una. comunica-ción a Martínez, por conducto del Comisionado del Interior, requiriéndole para que compareciese a tomar el examen no más tarde del 31 del mes en curso. En esa misma fecha contestó la comunicación del Comisionado del Interior fe-chada en agosto 19, informándole no ser posible acceder al envío de la terna solicitada para cubrir la vacante de Agri-mensor en la División de Terrenos Públicos y Archivos hasta tanto Martínez tomara y aprobara el examen sin oposición, y haciéndole saber además que Martínez ya había sido reque-rido para que fuera a tomar dicho examen.

Obedeciendo a un mensaje telegráfico que le fué enviado por el Subcomisionado del Interior en agosto 24, Martínez de León compareció al otro día de recibido dicho telegrama con el fin de que se le señalase día y hora para tomar el examen. El Presidente de la Comisión señaló dicho exa-men para el viernes primero de septiembre de 1933, a las ocho de la mañana, ofreciéndole a Martínez prorrogarle hasta el 30 de septiembre el término para que pudiera seguir ocu-pando el puesto referido en el ínterin tomaba el examen.

Estando Martínez en la oficina- del Comisionado tomando dicho examen, recibió una comunicación del Comisionado del Interior notificándole su cesantía por haber expirado el úl-timo término de su nombramiento temporero prorrogado con el consentimiento de la Comisión. En esa misma fecha el Presidente de la Comisión había enviado una comunicación al Comisionado del Interior notificándole haber prorrogado el nombramiento temporero en cuestión hasta septiembre 30. En contestación a esta comunicación, el Comisionado del Interior envió otra al Presidente de la Comisión informán-dole que los servicios de Martínez de León habían sido des-continuados desde agosto 31 y que toda vez que el departa-mento no había solicitado una nueva prórroga del nombra-miento de dicho empleado, estimaba no procedía tomar en consideración la concedida por la Comisión extendiendo dicho nombramiento hasta septiembre 30 de 1933.

Habiendo aprobado el examen satisfactoriamente, Martí-nez bizo gestiones para qne se le repusiese en su cargo, a lo que se negó el Comisionado del Interior.

Esta negativa es la que ba dado origen a la radicación de la presente solicitud, declarada con lugar por la Corte de Distrito de San Juan, en virtud de un auto perentorio de mandamus contra el demandado, ordenándole la rejiosición del peticionario en el referido cargo y el envío al Auditor de Puerto Pico de la nómina correspondiente a los sueldos que dicho peticionario había dejado de percibir como agrimensor desde el primero de septiembre basta el día en que fuere re-puesto en el antedicho cargo.

La corte inferior erró al resolver que el Comisionado del Interior actuó arbitrariamente al suspender al peticionario del cargo de agrimensor que desempeñaba en el Departamento del Interior. En realidad el Comisionado del Interior no destituyó al apelado. El término del nombramiento temporero venció en agosto 31 de 1933. No se solicitó de la Comisión de Servicio Civil autorización para extender el nombramiento, limitándose el Jefe del Departamento a notificar a su subordinado que a partir de la fecha mencionada sus servicios no serían utilizados.

Los documentos admitidos como prueba demuestran cla-ramente que no se trata en este caso de una suspensión o destitución del cargo que desempeñaba el peticionario. La verdad es que, expirado el término por el cual fué nombrado, el Comisionado del Interior se abstuvo de extenderle un nuevo nombramiento.

En 11 de julio de 1933 el Subcomisionado del Interior en-vió la siguiente comunicación al Presidente de la Comisión de Servicio Civil:

“Por la presente solicitamos autorización para prorrogar el nom-bramiento temporero de Ramón Martínez de León, como Agrimensor en la División ele Terrenos Públicos y Archivos, con sueldo de $1,539 anuales, a partir del 1°.' de julio y por el término necesario para seleccionar un candidato de una terna, cuya solicitud acompañamos.”

En contestación a la carta que precede, el Presidente de la Comisión envió la siguiente comunicación al Comisio-nado del Interior, fechada en agosto 10, 1933:

“En atención a lo solicitado por usted en carta del día 11 de julio de 1933, y de acuerdo con la Regla XXXVI de Servicio Civil de Puerto Rico, tengo el honor de comunicarle que la prórroga del nombramiento temporero de Ramón Martínez de León, como Agri-mensor en la División de Terrenos Públicos y Archivos, con sueldo anual de $1,539, ha sido autorizada por el término de julio Io. hasta agosto 31, de 1933, pendiente que tome y apruebe un examen sin oposición para ascenso.”

Con fecha 31 de agosto de 1933 el Comisionado del Interior dirigió la siguiente carta al apelado-:

“Habiéndose vencido con fecha de hoy, agosto 31, 1933, la pró-rroga concedida por la Comisión de Servicio Civil del nombramiento temporero de usted como Agrimensor en la División de Terrenos Públicos y Archivos de este Departamento, tengo a bien informarle que sus servicios no serán utilizados a partir de esta fecha.”

Es cierto que el Comisionado del Interior tiene que soli-citar de la Comisión de Servicio Civil autorización para po-der prorrogar el término de un nombramiento provisional por más de cuatro meses o para extender un nuevo nombra-miento provisional a favor de una persona durante un año económico, y que la Comisión tiene facultad para conceder o no tal autorización; pero en ninguna parte de la ley se dice .que el Comisionado esté obligado a solicitar una nueva prórroga o un nuevo nombramiento una vez expirado el tér-mino por el cual la prórroga o nombramiento temporero anterior fué extendido.

En el presente caso aparece de los documentos transcri-tos anteriormente que la última prórroga del nombramiento temporero del apelado solicitada por el Departamento del Interior y aprobada por la Comisión fué concedida por el término de julio primero a agosto 31, pendiente de que el apelado tomara y aprobara un examen.sin oposición para ascenso. No surge de los autos que el Comisionado del Interior sea responsable del hecho de que el apelado no baya tomado el examen durante el transcurso de dicho término, o de qne no lo haya tomado durante el año y medio transcu-rrido desde la fecha en que se le extendió el primer nom-bramiento provisional. En agosto 22 el Presidente de la Comisión envió una comunicación al apelado, por conducto del Comisionado del Interior, para que compareciese a la oficina del primero a tomar el examen antes del 31 de agosto. En agosto 24, el Subcomisionado del Interior envió un te-legrama al apelado redactado en idénticos términos. El apelado compareció a la oficina del Presidente de la Comi-sión en agosto 25. Sin embargo, el Presidente de la Comi-sión fijó como fecha para el examen el día primero de sep-tiembre de 1933, o sea un día después de vencido el término por el cual fué extendido el último nombramiento provisional. El día primero de septiembre la Comisión dirigió al Comisionado del Interior la siguiente comunicación:

“Refiriéndonos nuevamente a su comunicación arriba numerada de fecha 11 de julio, 1933, tengo el honor de informarle que por la presente se autoriza la prórroga del nombramiento temporero de Rafael Martínez de León como Agrimensor, División .de Terrenos Pú-blicos y Archivos, con sueldo anual de $1,539, por el período de septiembre Io. a septiembre 30, 1933, estando dicho empleado su-friendo hoy el examen sin oposición para ascenso, al cual examen aludimos en nuestra carta fechada 22 de agosto de 1933, dirigida al Hon. Comisionado del Interior. Sírvase disponer que un funcio-nario de ese Departamento venga a calificar las materias del refe-rido examen sin oposición.”

Es importante tener en cuenta que la carta fechada en 11 de julio de 1933, dirigida por el Subcomisionado del Interior al Presidente de la Comisión de Servicio Civil, fué contestada en 10 de agosto del mismo año, concediendo la prórroga solicitada por el jefe de departamento hasta el 31 de agosto de 1933. Ahora, en primero de septiembre, des-pués de expirado el término del nombramiento provisional que desempeñaba el peticionario, vuelve el' Presidente de la Comisión a escribir al Comisionado diciéndole que el nom-bramiento ha sido prorrogado hasta el día 30 de septiembre de 1933. ¿Tiene derecho la Comisión de Servicio Civil a extender nna nueva prórroga, después de haber respondido a una comunicación del jefe de departamento concediendo la referida prórroga para una fecha determinada? ¿Cuántas veces puede la Comisión de Servicio Civil contestar las co-municaciones que para una extensión de prórroga le dirija el jefe de departamento? Si puede hacerlo por segunda vez es necesario reconocer que está autorizada también para ha-cerlo de modo indefinido cuantas veces quiera, y esto equi-valdría a conceder a la Comisión de Servicio Civil una fa-cultad que en realidad no tiene. Es el jefe de departamento el que debe dirigirse a la Comisión para solicitar que se ex-tienda una prórroga al nombramiento ya hecho. La facultad de la Comisión se limita a autorizar esa prórroga, es decir, a permitirla cuando se le pida por el funcionario donde el empleado temporero está prestando servicios. Y es natural que así sea. La Comisión no puede estar al tanto de la necesidad y conveniencia de los servicios del empleado. El jefe de departamento hace el nombramiento provisional y cuando quiera extenderlo porque así lo requiera el servicio, es que debe dirigirse a la Comisión solicitando autorización para que se prorrogue el nombramiento.

La carta de 11 de julio de 1933 quedó definitivamente con-testada en agosto 10 del mismo año, y la Comisión, a nuestro juicio, carece de autoridad para extender una nueva pró-rroga sin haber sido solicitada por el jefe de departamento. Tampoco puede la Comisión, a nuestro juicio, prorrogar un término que ya ha expirado. Como hemos visto, la comuni-cación en que se intenta conceder la prórroga no fué escrita • mientras el'nombramiento estuvo en vigor, sino después de haber éste expirado. No fué la intención de la ley autorizar •al organismo referido para conceder prórrogas motu proprio sin la intervención del poder nominador. Es el jefe del de-partamento' la autoridad llamada a saber si los servicios del empleado provisional son necesarios o no y si conviene a los intereses públicos que siga desempeñando- su cargo. La Comisión de Servicio Civil no está en condiciones de apreciar si existe o no esta necesidad, porque sns funciones no se lo permiten, siendo -de muy distinto carácter.

El artículo 24 de la Ley de Servicio Civil dice como sigue:

“Todos los nombramientos temporeros continuarán solamente basta que sean establecidos los registros de reposiciones o los de ele-gibles, y en ningún caso deberán prolongarse tales nombramientos por más de cuatro meses, en total, ni se bará más de un nombra-miento provisional a favor de una persona, ni servirá ésta más de cuatro meses como empleado provisional durante un año económico, salvo por autorización expresa de la Comisión.”

El poder nominador no puede extender ningún nombra-miento provisional por más de cuatro meses sin la autoriza-ción de la Comisión de Servicio Civil. El precepto transcrito es demasiado claro sobre el particular para que pueda- ser objeto de interpretación judicial. -Como ya hemos dicho, este precepto sólo concede ala Comisión la facultad de autorizar las prórrogas, pero no de extenderlas a su capricho y voluntad.

No estamos conformes con el apelado en que el Comisionado consintió implícitamente a la extensión de la prórroga concedida por la Comisión, y que, por tanto, está impedido de negar ahora la validez de la misma. Es verdad que se llamó y concedió una licencia al peticionario para some-terse al examen y que se prepararon las preguntas necesarias para dicho acto; pero es también cierto que la comunicación enviada al peticionario en agosto 22 de 1933 por el Presidente de la Comisión y por conducto del Comisionado, requiriéndole para que compareciese a la oficina de la Comisión a tomar el examen, le instaba para que se personase en dicha oficina antes del 31 de agosto, fecha en que expiraba el término por el cual fué extendida la última prórroga al peticionario. El mensaje dirigido al mismo- por el Subcomisionado del Interior en agosto 24 dice así:

“Urge su presencia en ésta para tomar examen servicio civil antes clía 31 ele este mes.”

La licencia concedida al apelado autorizándole a perma-necer fuera de sn oficina mientras estuviese sometido a dicho examen fué concedida en agosto 25, o sea,'seis días antes de vencerse el referido término. Las preguntas necesarias para el examen fueron preparadas también con anterioridad al vencimiento de dicho término. Como apuntamos anterior-mente, no hay nada en los autos que arroje responsabilidad sobre el Departamento del Interior por el hecho de que el apelado no haya tomado dicho examen antes de expirar el término. No surge tampoco' que el apelado solicitase de la Comisión, durante el año y medio en que estuvo desempe-ñando el cargo de agrimensor interinamente, que se le some-tiera a dicho examen.

En tales circunstancias, opinamos que habiendo ex-pirado el término' por el cual fué extendido el último nombramiento provisional al peticionario sin que durante ese término ni durante el largo período anterior en que fué objeto de sucesivos nombramientos provisionales tomara y aprobara el examen a que tenía derecho para permanecer permanentemente como agrimensor en la División de Terrenos Públicos y Archivos, el Comisionado del Interior no actuó fuera de ley al no extender nuevo nombramiento provisional al apelado y no haber solicitado permiso de la Comisión para ello, pues los nombramientos extendidos llevaban la condición de que durante el término de los mismos sufriera dicho examen. Habiendo el apelado tomado y aprobado el referido examen después de cesar en sus funciones como empleado provisional, no tiene derecho a ser repuesto en el cargo mencionado.

Debe «ovarse la sentencia <apelada y dictarse ■otra en su lugar desestímamelo la petición sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.