author: El Juez Asociado Señor Hdtchison,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Francisco del Moral, Moral & Co., S. en C., Rosa Torruellas del Moral y Carmen Nadal Vda. de del Moral, hoy sustituída por su Administrador Judicial Esteban Ferrer y Martínez, demandados y apelantes.
    No. 6175.

    — Sometido: Febrero 9, 1934.

      Resuelto: Mayo 3, 1934.

      J. Sabater, abogado de los apelantes; O. Saikffront, abogado del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Hdtchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados en acción basada en dos pagarés, apelan de una sentencia adversa y sostienen que la corte de distrito cometió error al resolver que los pagarés otorgados por Francisco del Moral como mandatario y apoderado de doña Carmen Nadal viuda de del Moral caen dentro de la excepción establecida por el inciso 6 del artículo 1247 del Código Civil tal como fué enmendado en 1912 (Leyes de ese año, pág. 109) (art. 1232 ed. 1930) y que por tal motivo los pagarés así otorgados eran válidos. El artículo 1195 del Código Civil (1181 ed. 1930) según fué enmendado en 1912, establece las reglas mediante las cuales debe determinarse la fecba de un documento privado, respecto de terceros. Al principal se le coloca entonces en la posición de un tercero en lo que se re-fiere a contratos celebrados por su mandatario y apoderado en los casos indicados en los párrafos finales de los artículos 1232 y 1629 (ed. 1930), y con sujeción a las excepciones allí especificadas. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 1232 (ed. 1930) los contratos efectuados por inter-vención de mandatario deberán constar en documento autén-tico; pero “serán válidos . . . todos aquellos en'que la for-malidad del documento auténtico pueda constituir una demora perjudicial a la naturaleza y rapidez del tráfico mercantil.” La argumentación de los apelantes asume, pero deja de de-mostrarlo, que los pagarés en el presente caso, a menos que caigan dentro de la excepción que acabamos de copiar, eran enteramente nulos. No podemos estar de acuerdo con este criterio. No hay duda alguna respecto a la fecha real de los pagarés, respecto a la autenticidad de la firma del agente o sobre los términos y condiciones del contrato. Si, según re-solvió la corte de distrito, la autoridad del agente para actuar no hubiese terminado antes de otorgar los pagarés, las obli-gaciones por él asumidas a nombre de su principal eran obli-gatorias para ella, aunque la corte de distrito pueda haber errado al resolver que en todo caso eran válidas por estar cobijadas por la excepción a que se refiere el párrafo final del artículo 1232 (ed. 1930).

Sostienen luego los apelantes que la corte de distrito co-metió error al no resolver que la autoridad del agente para actuar había terminado antes de otorgar los pagarés. Poco antes de expedirse los pagarés, doña Carmen Nadal, a con-secuencia de-un ataque de parálisis, se incapacitó para cele-brar contrato alguno, pero no fué declarada mentalmente in-capaz hasta algún tiempo después. El artículo 1623 del Có-digo Civil (ed. 1930)' especifica un número de formas en que puede concluir el mandato. El tercer grupo de aconteci-mientos que pueden tener ese efecto son (bastardillas nues-tras) : “3. Por muerte, interdicción, quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario.” La pérdida de la capacidad mental no se menciona como una de esas causas. Puede pre-sumirse que los redactores del código tenían conocimiento de la diferencia existente entre incapacidad mental y una deter-minación judicial de tal estado. Este puede o no ser un caso de lex scripta o de expressio unius. Dado el criterio que he-mos formado del caso, ninguna de las cuestiones suscitadas por los señalamientos primero y segundo que hemos discu-tido en cierto grado, necesita determinarse definitivamente por ahora.

Ambos pagarés eran renovaciones de obligaciones anteriores. No bay duda alguna acerca de la autoridad del mandatario y apoderado para otorgar los pagarés anteriores. Si, según asumen los apelantes, los nuevos pagarés eran nulos por falta.de autoridad para otorgarlos, entonces no bubo novación de los contratos anteriores y el demandante tenía derecho a recobrar bajo los mismos. Por consiguiente, no importa si la corte de distrito cometió error o no al resolver que los nuevos pagarés caían dentro de la excepción establecida por el inciso 6 del artículo 1247 según fué enmendado en 1912 (artículo 1232 ed. 1930) y por tanto, válidos; o al no resolver que la autoridad del mandatario había terminado antes de otorgarse dichos pagarés.

La tercera contención de los apelantes es que el mandatario y apoderado no estaba autorizado para tomar dinero a préstamo en unión a otras personas y para otras personas. La escritura de poder concedía al mandatario y apoderado plena autoridad para tomar dinero a préstamo y para suscribir pagarés. En ausencia de' cualquier condición o limitación a este poder el mismo incluía la facultad de tomar dinero a préstamo en unión a otras personas. Todas • las obligaciones en el presente caso eran mancomunadas y solidarias. Nada hay que demuestre que el mandatario y apoderado tomó dinero a préstamo para otras personas y no para su mandante.

La contención final de los apelantes es que la corte de distrito cometió error al no permitir que se practicara -una investigación respecto a quién solicitó el préstamo. Lo que la corte hizo fué sostener una objeción a una pregunta hecha durante la repregunta de un testigo del demandante. La pregunta fué: “P. — '¿Este préstamo quién lo solicitó al American Colonial Bank, fué la casa del Moral & Compañía, fué doña Carmen Nadal vda. del Moral, o fué alguno de los otros que lo suscribían'?” El letrado de la demandante citó en apoyo de su objeción el caso de National City Bank v. J. Martinez Llonín, 41 D.P.R. 163. El letrado de la defensa no con-testó a la objeción sino qne se anotó una excepción a la re-solución ele la corte sin exponer los fundamentos en que ba-saba la excepción. Si el letrado de los demandados en res-puesta a la objeción hubiera hecho constar claramente a la corte que la pregunta era preliminar a una investigación para determinar si doña Carmen Nadal había recibido el dinero tomado a préstamo del banco o si el banco antes de otorgarse el pagaré tenía conocimiento de tal hecho, de ser un hecho, o algún motivo para creer que doña Carmen Nadal no habría de recibir el dinero o parte del mismo, entonces se habría presentado una cuestión distinta. Si el letrado de los deman-dados hubiese hecho nuevas preguntas en torno a ese particular, y si la corte al sostener las objeciones a estas pregun-tas hubiera cerrado las puertas a tal investigación, esto quizá hubiese sido un error justificativo de revocación. El error, si alguno hubo, al sostener la objeción del demandante a la sola pregunta arriba transcrita, a nuestro juicio fue inofen-sivo. Cualquier duda que pudiéramos tener a este respecto hubiese quedado disipada p.or el hecho de que los demanda-dos en ningún otro momento hicieron esfuerzo alguno para demostrar que doña Carmen Nadal no recibió realmente el dinero tomado a préstamo y que el banco, antes de suscri-birse el pagaré tenía conocimiento de que ella no -recibiría el dinero o parte del mismo, ni beneficio práctico alguno de la transacción del préstamo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Societé Anonyme de Photographie Industriale, demandante y apelada, v. Manuel Vallés y Cerame López & Co., demandados y apelantes.
    No. 6098.

    — Sometido: Junio 16, 1933.

      Resuelto: Mayo 3, 1934.

      Angel A. Vázquez, abogado de los apelantes; Besosa é Besosa abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Cerame López & Co., en acción iniciada contra Gastón Bloncourt embargó ciertos bienes muebles que fueron puestos bajo la custodia del socio gestor Manuel Valles. Societé Anonyme de Photograpbie Industríale, en acción iniciada contra Gastón Bloncourt, o contra Gastón Bloncourt & Com-pañía, embargó los mismos bienes que se bailaban en poder de Vallés. Posteriormente, al no poderse localizar los bienes embargados, Societé Anonyme de Pbotograpbie Industríale entabló la presente acción de daños y perjuicios contra Vallés y contra Cerame López & Co., y obtuvo sentencia a su favor.

El primer señalamiento es que la corte de distrito erró al’ desestimar la excepción previa de que la demanda no aduce Lechos suficientes para determinar una causa de acción: (a) porque la demandante no alegó ninguna culpa o negli-gencia de parte de los demandados; (b) porque la deman-dante no alegó la suma de que respondía el segundo embargo; (o) porque la demandante no alegó que Vallés aceptó el cargo de depositario, o tomó posesión de los bienes embargados por la demandante; (d) porque la demandante no alegó la existencia de relación alguna entre Bloncourt y Bloncourt & Compañía, que son dos entidades distintas, ni la insolvencia de ninguna de ellas, ni la existencia de otros bienes sujetos a ejecución; y (e) porque la demandante no alegó que la corte hubiese dictado en la segunda causa de acción ninguna sentencia de la cual no se hubiera apelado o no pudiera apelarse, determinando la cuantía de que Gastón Bloncourt & Compañía respondía.

La demanda no usa las palabras culpa y negligencia. Aduce las circunstancias en que Vallés, con pleno conocimiento del segundo embargo, devolvió los bienes embargados a Gastón Bloncourt. Cerame López & Co. era responsable del acto torticero de Vallés como depositario de los bienes embargados. No era necesario alegar que Vallés cometió un acto torticero al entregar los bienes embargados a Bloncourt en vez del marshal, de quien los había recibido, ni indicar que Cerame López & Co. era responsable de las actuaciones del depositario en cuyo poder Cerame López & Co., como demandante en la acción original, había hecho que se pusieran los bienes embargados. Empero la demandante sí alegó que Valles había sido designado como depositario de los bienes embargados, a instancia y bajo la responsabilidad de Cerame López & Co.

La demandante alegó que como resultado de cierta investigación y vistas celebradas en cierta causa, sucedió que Vallés había entregado los bienes embargados a Bloncourt como resultado de una transacción celebrada entre las partes en el pleito original al presentarle Bloncourt ciertos documentos demostrativos de que se había llegado a una transacción sin la aprobación de la corte. Los apelantes dan énfasis a esta alegación como prueba de buena fe por parte de Vallés. La demandante también alegó que se notificó este segundo embargo a Vallés como depositario de los bienes embargados, a fin de que retuviera en su poder la citada mercancía embargada hasta nueva orden de la corte. Debe presumirse que él tenía conocimiento de sus deberes y de la responsabilidad impuéstasele al trabarse implícitamente un segundo embargo, ora se le instruyera expresamente o no respecto a la naturaleza de tal deber y responsabilidad. Debe presumirse que sabía que los bienes que estaban en su poder se hallaban en custodia legis y que él no estaba en libertad para entregar los mismos a la parte demandada en el pleito original sin permiso u orden de la corte. El hecho de que Bloncourt presentara prueba documental de una transacción extrajudicial de la controversia original pnede o no ser nna circunstancia atenuante. No puede considerarse como sufi-ciente para relevar a los demandados de toda responsabilidad.

La demandante alegó que en la segunda acción se había librado contra los bienes embargados un mandamiento de ejecución por la suma de $591.71, más intereses al tipo legal. Un inventario detallado de los bienes, que comprende cuatro páginas escritas a máquina a un solo espacio, fue unido a la demanda como exhibit. La demandante también alegó que el valor de los bienes excedía de $1,200 y que los daños ocasionados por los actos torticeros de los demandados importaban $591.71, con intereses al tipo legal, más $200 como honorarios que la demandante se había comprometido a pagar a sus abogados. Puede admitirse que la demanda es ambigua y dudosa, mas los demandados no la excepeionaron por ese motivo ni solicitaron de la corte que ordenara que la alegación fuese más específica. La inferencia que surge de los hechos aducidos es que la suma especificada en el segundo embargo era suficiente para responder de los daños y perjuicios que se trataban de recobrar en la presente acción. Sea ello como fuere, la cuestión aquí presentada envolvía una exposición deficiente de la causa de acción, más bien que el dejar de aducir una causa de acción, y el defecto alegado no es suficiente para justificar una revocación.

Hemos asumido aquí con los apelantes, primero, que la demandante estaba obligada a alegar hechos que demostraran la responsabilidad máxima de los demandados, y segundo, que la cuantía especificada en el segundo embargo era el límite máximo de tal responsabilidad. Entre la cuantía del segundo embargo y el valor de los bienes embargados, y en tanto estuviese envuelto uno u otro de estos factores, no vemos motivo por qué no deba determinarse el límite de la responsabilidad de los demandados a base de la segunda en lugar de la primera.

La argumentación de los apelantes admite por necesaria deducción una responsabilidad por daños y perjuicios dentro de Tin límite máximo no especificado. Igualmente admite una responsabilidad por toda la suma que se trata de recobrar, a menos que esa suma exceda de tal límite má-ximo no especificado, y sea ello como fuere, por cierta parte de la suma reclamada por el demandante. El dejar de aducir hechos suficientes para demostrar de una manera concluyente que la demandante tenía derecho a toda la- suma reclamada por concepto de daños y perjuicios no equivalía a dejar de aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción.

La alegación de que Vallés aceptó el cargo de depositario, o que tomó posesión de los bienes embargados por la demandante, era innecesaria. Él ya estaba en posesión de los bienes embargados y el hecho de que continuara en tal posesión después de haber sido notificado del segundo embargo, fué suficiente aceptación de responsabilidad como depositario. Él quizá pudo relevarse de esa responsabilidad al trabarse el segundo embargo, o en cualquier momento después, entregando nuevamente los bienes embargados al márshal de la corte, de quien los había recibido.

La demandante alegó que cuando el márshal fué a to-mar posesión nuevamente de los bienes embargados de con-formidad con el mandamiento de ejecución los bienes ha-bían desaparecido; que, siguiendo instrucciones de los abo-gados de la demandante, el márshal entonces practicó una búsqueda de otros bienes pertenecientes al “demandado Gastón Bloncourt o a Gastón Bloncourt & Co.,” y no le fué posible hallar ningunos bienes pertenecientes “al demandado Gastón Bloncourt o a Gastón Bloncourt & Co.,” siéndose imposible diligenciar en todo o en parte alguna la orden de ejecución. Ésta fué una alegación suficiente respecto a la no existencia de otros bienes sujetos a ejecución. Bajo las circunstancias, no era necesario alegar la insolvencia de Gastón Bloncourt o de Gastón Bloncourt & Co. Tampoco podemos asumir con la demandante que Gastón Bloncourt y Gastón Bloncourt & Co. eran necesariamente entidades distintas. Gastón Bloncourt pudo haber estado haciendo negocios bajo la razón social de Gastón Blonconrt & Co. De todos modos no tendríamos mayor razón para asnmir qne los bienes embargados pertenecían a Gastón Blonconrt qne la qne tendríamos para asnmir qne pertenecían a Gastón Blonconrt & Co. En lo qne a la suficiencia de la demanda concierne, basta qne los mismos bienes hubiesen sido embar-gados dos veces y, asumiendo la validez del segundo embargo, qne el depositario de los mismos, designado por el primer acreedor qne embargó, se desprendiera ilegalmente de ellos. Al resolver la excepción de falta de hechos para determinar una cansa de acción, el juez de distrito no podía asnmir la nulidad del segundo embargo y el omitir cualquier alegación respecto al mismo existente entre Gastón Blonconrt y Gastón Blonconrt & Co. no fné un defecto fatal.

Las alegaciones de qne en el segundo litigio se había librado un mandamiento de ejecución, qne el márshal había tratado de practicar un embargo de conformidad con dicho mandamiento, que no había podido hallar bienes sujetos a ejecución, y qne se había practicado una investigación judicial con el propósito de localizar los bienes embargados, eran suficientes para demostrar qne la corte había dictado sen-tencia en la segunda cansa y qne no estaba pendiente una apelación contra tal sentencia.

A manera de introito a una segunda contestación enmen-dada, los demandados nuevamente excepcionaron la demanda, fundándose en falta de hechos suficientes para determinar una cansa de acción, por haber prescrito la misma de con-formidad con el inciso 2 del artículo 1869 del Código Civil Revisado, y el haberse declarado sin lugar esta excepción también se señala como error.

La demanda fné radicada el 23 de enero de 1931. En ella se alegaba:

“6. — Que la demandante en este caso, también demandante en el caso No. 8345 al obtener orden de ejecución el día 9 de mayo de 1929 por la suma de $591.71 más los intereses legales, procedió a ejecutar dicha orden de ejecución contra los bienes ya embargados, y cuya descripción aparece copiada fielmente en cuatro hojas de papel legal que se adjuntan a esta demanda, y se hacen formar parte de esta ale-gación.
“7. Que al proceder el marshal a ejecutar la citada mercancía y los citados bienes, se encontró que los mismos habían desaparecido.
i t ¿fc ')f íí* ^
“12. Que la demandante en este caso posteriormente allá para principios del 1930 solicitó la citación de Cerame López & Co. y de Manuel Yallés, para que comparecieran ante esta Hon. Corte a de-clarar sobre los citados bienes embargados.
“13. Que en las vistas que se llevaron a efecto a consecuencia de la petición de la demandante en este caso, resultó que Manuel Yallés, depositario que era de los bienes bajo la designación y responsabilidad de Cerame López & Co., entregó ilegalmente la-citada mercancía a Gastón Bloncourt, por haberse transigido el pleito No. 8314, y a virtud de haberle mostrado el Sr. Bloncourt al Sr. Yallés, docu-mentos demostrativos de que el pleito No. 8314 había sido transigido sin autorización judicial. ’ ’

De estas alegaciones se desprende que al márslial le fue imposible bailar los bienes embargados en mayo de 1929. Esa circunstancia, sin más, no bastaba para bacer respon-sable a Valles y a Cerame López & Co. Tan sólo en el curso de los procedimientos iniciados a principios de 1930 fue que la aquí demandante averiguó que Valles babía devuelto los bienes embargados a Gastón Bloncourt. Los hechos alegados en la demanda indican que ésta fué archivada dentro del año siguiente a la fecha en que el demandante, haciendo que se iniciara contra Valles y Cerame López & Cía. una investiga-ción judicial, pudo determinar lo que-Valles había hecho, y en armonía con las disposiciones del inciso 2 del artículo 1869 el período estatutario debe contarse “desde que el agraviado” tuvo conocimiento del acto torticero. El juez de distrito no cometió error al declarar sin lugar la excepción previa.

Los señalamientos tercero y cuarto se dirigen a la sufi-ciencia de la prueba y al supuesto error en la apreciación de la misma. Igualmente carecen de mérito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

text:
    Alfredo Negrón, demandante y apelado, v. La Sucesión del Dr. Eladio María Izquierdo y Serrano, demandada y apelante.
    No. 6192.

    — Sometido: Febrero 2, 1934.

      Resuelto: Mayo 4, 1934.

      B. Bivera Zayas, abogado de la apelante; B. Buscaglia, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de filiación ejercitada por Alfredo Negrón para que se le declare Mjo natural del Dr. Eladio María Izquierdo Serrano. Se alega en la demanda que ei Dr. Izquierdo falleció en Morovis, Puerto Rico, el día 10 de octubre de 1931; que el demandante, Alfredo Negrón, nació el día 3 de agosto de 1903, en el pueblo de Toa Alta, Puerto Rico y que es Mjo natural de doña Nicomedes Negrón y del Dr. Eladio María Izquierdo Serrano; que en la época de la concepción y nacimiento del demandante, su madre, doña Nicomedes Negrón, vivía en concubinato con don Eladio María Izquierdo Serrano; que desde la fecha del nacimiento del demandante, el Dr. Izquierdo lo tuvo bajo su amparo y protección, habiéndole llamado “Mjo” en público y en pre-sencia de sus amigos y habiendo cnidado de sn alimenta-ción, sostenimiento y edncación y bienestar; qne dnrante la época de la concepción y el nacimiento del demandante sns padres antes mencionados, doña Nieomedes Negrón y don Eladio María Izquierdo Serrano, eran solteros, no habiendo relación de parentesco alguno entre ellos ni ningún otro im-pedimento legal que les impidiera casarse uno con el otro, con dispensa o sin ella.

Admiten los demandados que durante la época de la con-cepción y nacimiento del demandante, doña Nieomedes Negrón y don Eladio María Izquierdo Serrano eran solteros, y que no existía relación de parentesco entre ellos, pero niegan que no existiera impedimento legal que les impidiera contraer matrimonio entre sí, con dispensa o sin ella, o en alguna otra forma, pues durante la fecha a que se refiere la demanda el Dr. Izquierdo era un sacerdote católico, consagrado activa-mente al ejercicio de su ministerio. Se niegan además todos los hechos esenciales de la demanda y se alega que la misma no contiene hechos suficientes para constituir una causa de acción.

La corte inferior dictó sentencia declarando a Alfredo Negrón hijo natural reconocido de Eladio María Izquierdo Serrano, con todos los derechos inherentes a su filiación. El primer error atribuido a la corte inferior consiste en haber desestimado dicho tribunal la excepción previa de falta de causa de acción. Los demandados basan esta excepción en que no se expone ni un solo hecho en la demanda, limitándose el demandante a transcribir las disposiciones del Código Civil Revisado sobre los casos en que un padre está obligado a reconocer a un hijo natural.

Esta es una cuestión decidida ya por este tribunal, resol-viendo excepciones de falta de hechos en acciones de filiación, donde las alegaciones de la demanda han sido más o menos iguales a las que han servido de base a la excepción de los demandados.

.En el caso de Ramos v. Sucesión Cabán, 18 D.P.R. 534, se alegó que Juan Tomás Cabán, en sns relaciones amorosas con María Ramos, tuvo al demandante Prudencio Ramos, quien pública y privadamente fue siempre tenido por su padre, Juan Tomás Cabán, como hijo suyo; y que al tiempo de la concepción y nacimiento del demandante, sus referidos padres eran solteros y estaban en aptitud de contraer matri-monio. Refiriéndose a estas alegaciones, dijo la corte:

“Esos hechos constituyen las alegaciones esenciales que es nece-sario establecer en un caso de esta naturaleza. Los diferentes actos ejecutados por el padre, demostrativos del reconocimiento, debían ser y fueron objeto de la prueba durante el juicio, prueba que se practicó además sin la oposición de la parte contraria.”

En el caso de Vega v. Sucesión Vega, 32 D.P.R. 596, se alegó en la demanda que la demandante era hija de Laó Vega y de Venancio Vega, quienes sostuvieron relaciones amorosas, naciendo como consecuencia de ellas la demandante el 25 de julio de 1899; que Venancio Vega visitaba la casa de Laó diaria y públicamente y sostenía sus gastos; que desde el nacimiento de la demandante su padre la tuvo bajo su amparo, la sostuvo, la llamó hija suya en público y en presencia de sus amigos, realizando con ella actos de padre para con su hija, no interrumpidos durante toda su vida, y que durante la concepción y alumbramiento de la demandante, sus padres eran solteros y estaban en condiciones de contraer matrimonio. Esta corte dijo que, aunque en realidad la demanda pudo ser más específica, no cabía concluir que dejara de alegar hechos suficientes tendentes a establecer el estado de hija natural reconocida. Lo mismo decimos en el presente caso, debiendo añadir que los diferentes actos ejecu-tados por el padre y por su familia, demostrativos del reco-nocimiento, fueron objeto de prueba durante el juicio, sin oposición de los demandados. Debe desestimarse el primer error.

Se alega en segundo término que la corte cometió manifiesto error y actuó movida por prejuicio y parcialidad en la apreciación del testimonio de los testigos, dándoles credibilidad a pesar de la forma inconsistente en qne decla-raron y calificando de actos de reconocimiento los declarados por dichos testigos como realizados por el snpnesto padre natural, sin qne la prneba referente a estos actos demuestre una intención clara y expresa de reconocimiento, ni sea dicha prueba vigorosa y convincente. Se alega que los actos cali-ficados erróneamente por el juez, con pasión y prejuicio, como significativos de reconocimiento, consisten primordial-mente en que el supuesto padre natural llamara algunas-veces “hijo” al demandante y en ciertos actos"de ayuda que de acuerdo con las circunstancias de este caso no pueden considerarse sino como demostraciones de interés y de gene-rosidad, ajenas a todo reconocimiento.

La corte inferior, en sus conclusiones de hecho, se expresa así con respecto a la prueba testifical aportada por la parte demandante:

“Aparece de la prueba practicada por el demandante que en el año 1903 Nicomedes Negrón era una mucama de doña Manuela Serrano, madre del doctor Eladio Izquierdo y Serrano, en el pueblo de Toa Alta, que el doctor Izquierdo era entonces sacerdote católico y residía en su parroquia de Toa Baja; que él iba dos veces todas las semanas a Toa Alta a visitar a su señora madre, pernoctando en ese bogar; que durante sus estadas en casa de doña Manuela él sostuvo relaciones carnales con la citada Nicomedes Negrón, quedando ésta embarazada o encinta; que doña Manuela Serrano, al observar- el estado grávido de la Negrón, la requirió para que la informara de quién estaba encinta y ésta le manifestó que de su hijo, y eso motivó la salida de la Negrón de la casa de doña Manuela; que el doctor Izquierdo alquiló una casa propiedad de Elvira Martínez, ubicada en la calle de los Mangoes de Toa Alta, y allí llevó a vivir a Nicomedes Negrón, visitándola todas las tardes, quedándose allí a dormir du-rante las noches regresando por las mañanas a Toa Baja; que el doctor Izquierdo sufragaba todos los gastos de manutención; que en ese estado de cosas Nicomedes Negrón dió a luz el 16 de diciembre de 1903 un niño varón al que se le puso el nombre de Alfredo y fué inscrito en el Registro Civil como hijo natural de la Negrón; que el doctor Izquierdo cubría todas las atenciones de la Negrón y del niño nacido; que cuarenta días después de nacido este niño el doctor Izquierdo envió a Nicomedes Negrón con el niño a casa del padre de la primera, que residía en el campo, le dió una vaca p'arida para la ali-mentación del niño y le dijo que más tarde le entregase el niño a doña Manuela Serrano para su cuido; que teniendo el niño dos años de edad fué entregado a doña Manuela Serrano con quien vivió Rasta que fué un joven; que durante esos dos años todos los gastos y ma-nutención del niño fueron sufragados por el doctor Izquierdo; que cuando el niño estuv’o en poder de doña Manuela, el doctor Izquierdo marchó a estudiar a Estados Unidos a cursar otros estudios y í'egresó teniendo ya Alfredo diez o doce años, desde cuyo momento continuó atendiendo personalmente a todas las necesidades del menor, j le llamaba pública y privadamente hijo; que en 1925 Alfredo casó y el doctor Izquierdo arrendó una finca para que Alfredo residiera en ella y la explotara en su propio beneficio; y así ocurrió que allí iba a visitarle el doctor Izquierdo y en presencia de testigos llamaba a Alfredo ‘su hijo’; que con motivo de que los negocios en la finca no tuvieron éxito, él le mandó entonces a Santo Domingo, dándole dinero para el viaje, de donde regresó Alfredo con motivo del ciclón, recibiendo la ayuda inmediata del doctor Izquierdo; y que en cierta ocasión 'ambos vivieron juntos en Cataño, en í’elaciones de padre e hijo.
“Todos estos hechos aparecen de las declaraciones de Nicomedes Negrón, Pedro Rivera, Carlos Rivera, Cándido Santiago, Simplicio Santiago, Angel Ortega y Alfredo Negrón, con minuciosos detalles, y exposición de circunstancias. No fueron controvertidos en forma alguna. Se presume que todo testigo dice la verdad. Esta presun-ción puede ser destruida o rechazada por su manera de declarar, por el carácter de su testimonio, por evidencia que afecte a su integridad, motivos o por evidencia contradictoria. Nada hay que tienda a des-truir esa presunción.
“La única prueba ofrecida por los demandados es una. tendente a establecer el hecho no negado por el demandante y por el contrario aceptado de que el doctor Izquierdo en la época a que se refiere lo de la concepción y nacimiento del niño era un sacerdote católico.”

Los demandados arguyen que la prueba presentada en este caso no demostró que el Dr. Eladio María Izquierdo tuviese la intención de reconocer, y que reconociera como hijo natural suyo, a Alfredo Negrón. Se añade que de acuerdo con la jurisprudencia no basta que una persona realice algunos o muchos actos de benevolencia, cariño, pro-tección e interés respecto de otra para que se pueda afirmar un reconocimiento de paternidad, qne es nna cosa de snyo tan grave y de tal trascendencia para la paz, el orden y la economía de la familia.

El artícnlo 189 del Código Civil Eevisado, en vigor cnando nació el demandante, dice en lo pertinente lo qne signe:

“El padre está obligado a reconocer al Rijo ilegítimo en los casos siguientes:
if?
“2. Cuando pública o privadamente le tenga por Rijo suyo o le' Raya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y soste-nimiento.
“3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del Rijo, o cuando éste Raya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.”

La corte inferior descarta el concubinato por no haber sido probado y dicta su sentencia basándose en el inciso segundo del artículo anteriormente copiado. Las conclu-siones del tribunal sentenciador han quedado establecidas por una prueba clara y abundante. “Desde el día que Alfredo Negrón nació,” dice la corte inferior, “su padre se encargó de establecer su estado legal, teniéndole pública y privada-mente por hijo suyo, y llamándole tal en sus conversaciones y ocupándose de su sostenimiento.” “Estos actos,” conti-núa diciendo la corte, “más que aislados, constituyen una se-rie ininterrumpida de relaciones entre padre e hijo. Guando eso se prueba, puede obtenerse la declaración de hijo natural.”

Los demandados en su alegato analizan la evidencia apor-tada y tratan de desacreditar el testimonio de los testigos. Esta prueba no fué controvertida. La corte inferior declara que es convincente, y nosotros así lo creemos. Los actos realizados por el Dr. Izquierdo bastan por sí solos para dejar establecidas las alegaciones de la demanda. A estos actos hay que añadir la conducta para con el demandante de la madre del Dr. Izquierdo, acogiéndolo en su hogar, donde vivió; hasta que se hizo hombre. Hemos examinado la prueba en todos sus detalles y podemos decir que todas y cada una de las conclusiones de hecho del juez sentenciador están justificadas por esa prueba, la cual ha sido apreciada con acierto y serenidad, y no con parcialidad y prejuicio, como alegan los demandados. Puede que algún testigo haya in-currido en exageraciones; pero la prueba en conjunto nos da la sensación de la verdad y resulta convincente, como afirma la corte inferior.

Se alega en último término que la corte erró al declarar que el demandante reunía las condiciones exigidas por la ley vigente en la época de su nacimiento, para ser considerado como hijo natural, capaz de ser objeto de un reconocimiento, pues teniendo en cuenta el carácter sacerdotal del supuesto padre putativo, y siendo el matrimonio una institución procedente de un contrato, tal contrato sería completamente nulo, de acuerdo con las leyes vigentes.

Arguyen los demandados en su alegato, por conducto de su abogado, que con anterioridad a la aprobación del Código Civil Bevisado, existía la prohibición a las personas ligadas, por solemne voto de castidad religiosa para contraer matri-monio, y dicen:

“Con el advenimiento de las instituciones angloamericanas, el Có-digo Civ'il Revisado dej'a fuera esa prohibición, pero lo que no ha po-dido eliminar del espíritu puertorriqueño, de la creencia y de la tra-dición de la sociedad puertorriqueña, que es enteramente católica, es el postulado de moral pública (public policy) de que un sacerdote ca-tólico, por la esencia de su sagrado ministerio y por la solemnidad de sus votos de castidad, no puede en modo alguno contraer matrimonio al menos mientras esté en el activo ejercicio de su ministerio.
“Y este último aspecto de la cuestión plantea un problema inte-resante dentro del derecho civil. De acuerdo con el código el matri-monio es una institución civil que procede de un contrato y de acuerdo con el propio código^ no puede celebrarse un contrato válido que ofenda y contravenga las costumbres y la moral pública y si la moral pública en nuestra sociedad está opuesta al matrimonio de los sa-cerdotes católicos, mirada esta cuestión desde el punto de vista de los contratos, podría sostenerse que el contrato matrimonial de un sacerdote en el activo ejercicio de su ministerio, quebranta la moral publica y sería nulo.”

Resolviendo la cuestión planteada por los demandados, dice el Juez Samalea Iglesias en sn relación' del caso y opinión:

“Los razonamientos de la parte, que merecen nuestros más pro-fundos respetos, no pueden, a la bora de decidir la cuestión envuelta en este caso que ba de serlo necesariamente a la- luz de nuestros preceptos estatutarios, desviar las claras consecuencias de un estado civil que tiene sanción, reconocimiento y amparo taxativos en la ley.
“Esta no habla de que sea un impedimento legal para contraer matrimonio los votos religiosos que baya contraído una persona; y ese silencio de la ley civil no podemos nosotros suplirlo incorporando al precepto una adecuada disposición. Aquí un viejo aforismo legal toma cuerpo y se manifiesta: ‘Expressio wvms est exclusio alierius.’ Hasta 1902 era imposible el casamiento de un profeso en religión, porque así lo estatuía la ley; pero desde la promulgación del Código Civil Revisado, nada bay que lo probiba, por lo que un bijo nacido fuera de matrimonio, no obstante tener uno de sus padres la condi-ción de profeso, puede aspirar a la legitimación. El concepto de bijo espúreo por sacrilego desapareció de nuestras instituciones jurídicas al impulso de las ideas reinantes en las modernas legislaciones. Aquella nomenclatura tiene hoy, para nosotros, el solo recuerdo de las cosas que fueron. El clérigo regular, el que se liga a la Iglesia con los tres votos solemnes de pobreza, obediencia y castidad, no está impedido por nuestras leyes de contraer matrimonio. Esto podrá estar en pugna con los cánones de la Iglesia Católica, pero no con nuestras leyes. El único motivo que puede inducir a rechazar este medio procede, por tanto, de otro orden de consideraciones que el de puro derecho civil puertorriqueño. Faltará a sus deberes el sacerdote que prescindiendo de las disposiciones de la Iglesia huye de su voto de castidad y procrea un bijo, pero no consienten nuestros principios de derecho civil que tal falta pueda por sí anular el derecho del bijo a reclamar su legitimación y permitir que se desate el vínculo.
“En ausencia de algún principio de derecho constitucional o esta-tutario de política pública, o parecido, las partes pueden celebrar los contratos que tuvieren a bien. Clauasells v. Comercial, 37 D.P.R. 117. La sucesión demandada ataca la libertad de los padres del deman-dante para efectuar un contrato matrimonial por razón de los votos religiosos del padre, fundándose en principios filosóficos de 'política pública y moralidad, e invoca para ello el art. 1222 del Cód. Civil.
. “Es cierto que el citado artículo prohíbe que en los contratos se estipulen pactos, cláusulas y condiciones que sean contrarias a las leyes, a la moral o 'al orden público. Pero no vemos razón legal alguna para que deje de ser lícito, por lo que respecta a la moral y al orden público, un contrato matrimonial entre partes de las cuales una es profesa en religión. Tal pacto no reúne ninguno de los caracteres a que se refiere el artículo citado. La ley, al hacer relación a la moral, lo hace refiriéndose a aquellos principios o preceptos morales no dis-cutibles y sí generalmente admitidos. Estos, por lo común, no con-ciernen 'al orden jurídico sino al fuero público o al respeto humano. Y el orden público a que alude la ley es aquel que representa el interés público, social y de ley en el derecho privado.
“Nos damos perfecta cuenta de la solemnidad de una promesa como la hecha a la Iglesia por aquellos Varones que son investidos con los atributos sacerdotales, más ello no puede lograr impedir el recono-cimiento por los tribunales de justicia de las consecuencias naturales y probables de sus actos . . . .”

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Aurelio Ramírez Marini, demandante y apelante, v. Dolores Rivera, conocido por Lole, demandado y apelado.
    No. 6242.

    — Sometido: Enero 12, 1934.

      Resuelto: Mayo 4, 1934.

      F. Otero Rivera, abogado del apelante; L. Tornes García y C. Oli-vieri, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito comenzó en una corte municipal y contra la sentencia que en ella se dictó fué interpuesta apelación para ante la Corte de Distrito de Ponce. Celebrado en ésta el juicio de nuevo recayó sentencia declarando sin lugar la de-manda. Contra ese fallo interpuso el demandante la' pre-sente apelación.

El apelante reclama del demandado él pago de $369.25 por servicios médicos y de clínica que le prestó con motivo de haber recibido heridas de bala en el vientre. El deman-dado contestó que tales servicios no los debía sino don Alejandro Franceschi, conocido por Chalí, porque fué quien se obligó con el demandante a pagárselos. La corte de dis-trito estimó probada esa alegación del demandado.

El apelante alega como único motivo para su recurso que la corte inferior cometió error al fundarse para su sentencia en que el demandado no estaba obligado a pagar la suma reclamada. Se alega otro error que es derivación del anterior, a saber, que la sentencia es contraria a la ley y a los hechos.

La única controversia entre las partes en el juicio fue sobre si don Alejandro Franceschi, conocido por Chalí, con-vino con el demandante en pagarle los servicios que prestase al demandado. Esa prueba fué contradictoria pues mientras el demandante y Franceschi declararon en el juicio que no había habido tal convenio entre ellos, el demandado y dos testigos declararon lo contrario, habiendo en favor de la declaración del demandado cierta manifestación que no fué contradicha por el demandante, como la de que el Sr. Fran-ceschi pagó todas las medicinas e inyecciones que se com-praron en una botica para aplicárselas al demandado, y una carta que robustece la prueba del demandado, por lo que no encontramos manifiesto error en la corte inferior para la conclusión a que llegó.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Julia Lugo Ramírez, demandante y apelada, v. Silvestre, Julia y Cecilia Bartolomey, demandados y apelantes.
    No. 5341.

    Sometido: Junio 22, 1932.

      Resuelto: Mayo 8, 1934.

      R. V. Pérez Marchand, abogado de los apelantes; G. 8. PierlvAsi, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el año 1906 fueron adjudicadas a Mariano Bartolomey dos casas en juicio que siguió para el cobro de hipoteca que había constituido José Lugo Marcucei.

En 1914 Julia Lugo Ramírez y Mariano Bartolomey otor-garon .escritura por ante notario cuyas cláusulas son las si-guientes :

“Primera: Que en la venta judicial que por escritura pública número setenta, otorgada ante el notario y abogado don Gustavo Ro-dríguez Acevedo, de Ponee, se Mzo a favor del compareciente señor don Mariano Bártolomey y Piacentini, de dos casas, una de madera y la otra de mampostería, con los números once y trece, respectivamente, sitas ambas en la calle San Francisco, boy Pacheco, de la ciudad de Yaueo, que fueron propiedad de don José Lugo Marcucci, se exclu-yeron de la venta por no haber sido embargados, unos terrenos que forman los patios de las susodichas casas con muralla de ladrillo de dos varas más o menos de altura, que los cerca en una extensión de ochocientos metros cuadrados de los cuales está en posesión del com-pareciente Bartolomey y Piacentini desde la fecha catorce de junio de mil novecientos seis en que le fué otorgada la escritura de dicha venta judicial. (Sigue la descripción de los terrenos y continúa):
“Segunda: Que doña Julia Lugo y Ramírez a título de heredera de sus difuntos padres don José Lugo Marcucci y doña Luisa Ramírez y Rodríguez como también a nombre de cuantos pudieran tener derecho alguno sobre los terrenos más arriba descritos por los que sale ella garante, tanto para la presente venta como para el cobro y el reparto de su importe entre los demás interesados, si los hubiere, vende a don Mariano Bartolomey y Piacentini los patios o terrenos en cuestión ya mencionados en el párrafo primero del documento de venta judicial número setenta otorgado en catorce de junio de mil novecientos seis ante el notario de Ponee don Gustavo Rodríguez y Acevedo por la cantidad de cuatrocientos dollars moneda americana que el refe-rido don Mariano Bartolomey entrega en mi presencia a doña Julia Lugo y Ramírez.
“Tercera: Y al finalizar la presente escritura doña Julia Lugo y Ramírez a quien reconoce el señor Bartolomey y Piacentini con dere-cho a realizar l'a venta de los terrenos descritos en el hecho primero de esta escritura como dueña en virtud de su calidad y título de heredera de sus difuntos padres don José Lugo Marcucci y doña Luisa Ramírez y Rodríguez declara hallarse plenamente satisfecha del valor por que verifica esta transacción y en la misma calidad que arriba se menciona renuncia y cede todos los derechos y acciones que pudiera hacer valer contra el compareciente y comprador don Mariano Bartolomey y Piacentini, respeto de los bienes procedentes de la sucesión de sus difuntos padres en lo que se refiere a la venta judicial de las dos casas de madera y mampostería números once y trece de la calle Pacheco, de Yauco, y sus dependencias que le fueron ad-judicadas a don Mariano Bartolomey en pago de una cuenta que le adeudaba su padre don José Lugo Marcucci, según sentencia de once de abril de mil novecientos seis y escritura pública de catorce de junio del mismo año mil novecientos seis.”

En 1922 Julia Lugo y Sinforoso Irizarry, viudo el segundo de Luisa Gonzaga Lugo Ramírez, única hermana legítima de Julia Lugo, que había muerto sin descendientes, de-mandaron a Mariano Bartolomey alegando que las dos casas adjudicadas en 1906 a Mariano Bartolomey fueron compra-das por José Lugo Marcucci durante su matrimonio con Luisa Ramírez, por lo que eran bienes de la sociedad conyugal: que José Lugo constituyó la'hipoteca después de fallecida su esposa: que al ser ejecutada la hipoteca había fallecido José Lugo Marcucci y también la esposa de Irizarry, la que murió después que su madre: y que en el juicio para el cobro de la hipoteca no se demandó a Julia Lugo como heredera de su madre y de su hermana, ni al heredero de ella Sinforoso Irizarry como cónyuge viudo. Por esas alegaciones solicita-ron sentencia que declarase nula la hipoteca, la sentencia, la orden de ejecución y la subasta por la hipoteca en cuanto al condominio de una mitad de dichas fincas correspondiente a la cónyuge viuda (sic) María Luisa Ramírez y nulo el título de Bartolomey en cuanto a dicho condominio. Fallecido Mariano Bartolomey siguió ese pleito contra sus hijos y here-deros, quienes contestando la demanda alegaron como mate-ria nueva de defensa que después de la adjudicación de las fincas hipotecadas por Lugo, su hija Julia Lugo, como here-dera de sus padres, vendió, cedió y traspasó a Mariano Bartolomey cuantos derechos pudiera tener en esos bienes, según escritura pública de 15 de febrero de 1914. Sobre esta cues-tión resolvió la corte de distrito que Julia Lugo cedió y re-nunció a favor de Bartolomey los derechos y acciones que pudiera haber tenido como heredera de sus padres pero no como heredera de su hermana y dictó sentencia declarando las nulidades solicitadas en cuanto al condominio de la que fué esposa de Irizarry. En la apelación que los herederos de Bartolomey interpusieron contra esa sentencia, la que fué confirmada (Irizarry v. Bartolomey, 32 D.P.R. 924), se dijo sobre ese particular lo siguiente:

“. También algo se insiste en una supuesta cesión y renuncia de todos los derechos por parte de la demandante Julia Lugo que anteriormente había comparecido ante un notario como heredera de sus difuntos padres y (después de vender al causante de los deman-dados los patios colindantes de las casas vendidas en el procedimiento ejecutivo, lo que por inadvertencia no había sido incluido en el embargo ni por tanto en la escritura del márshal), con la misma capa-cidad, esto es, con su carácter de heredera de sus difuntos padres, cedió y renunció cualquier derecho o causa de acción que pudiera haber tenido contra dicho acreedor hipotecario con respecto a la pro-piedad en cuestión. Bajo la regla de la interpretación estricta que regula tales cuestiones, al documento de referencia n0‘ puede dársele un alcance tal que comprenda cualquier derecho, título o interés ad-quirido por herencia de la hermana o de otro modo que no sea por herencia de los padres del vendedor y cedente. Por supuesto, no creemos necesario indagar sobre cuestiones que no han sido discutidas en absoluto en el alegato.”

Posteriormente, en 1926, Julia Lugo Ramírez demandó a los herederos de Mariano Bartolomey para que la corte de-clarase nula por falta de causa aquella parte de la escritura de febrero de 1914, cuyas cláusulas hemos transcrito antesr en la que la demandante renuncia y cede todos los derechos, y acciones que pueda hacer valer contra Mariano Bartolomey' respecto de los bienes procedentes de sus difuntos padres en lo que se refiere a la venta judicial de las dos casas que fue-ron adjudicadas a Bartolomey. Para esa petición alegó la adjudicación de las casas hecha a Bartolomey en 1906; que antes de firmarse la escritura de venta de los patios o terre-nos de esas casas exigió Bartolomey a la demandante que ratificara la venta hecha en la subasta, lo cual hizo la deman-dante con el fin de no obstruir la venta de los patios men-cionados, por creer de buena fe que no era nula esa subasta, por lo que creyéndola legal y que nada vendía a que pudiera tener derecho, firmó la escritura sin recibir causa o conside-ración alguna, ya que el dinero que recibió era por los patios. También alegó lo que por la sentencia dictada por la corte de distrito en el pleito iniciado en 1922 antes referido, con-firmado en apelación, se declaró con respecto a los derechos que cedió por la escritura de 1914.

Los herederos de Bartolomey alegaron como excepción previa que la acción de nulidad ejercitada en la demanda está prescrita por haber sido interpuesta después de cuatro años de haberse otorgado la escritura de 1914. La corte de-sestimó esa excepción y entonces uno de los herederos con-testó la demanda negando sus hechos y aduciendo como de-fensa especial que la demandante está impedida de proceder en este caso por haberse declarado por sentencia que no tiene derecho alguno en dichas fincas por haber cedido los que tu-viera por la escritura de 1914, por lo que existe cosa juzgada.

Celebrado el juicio recayó sentencia a favor de la deman-dante. Contra ella interpusieron los demandados el presente recurso de apelación.

Tres son los motivos alegados por los apelantes para sos-tener su recurso, a saber:

“Primero: La Corte de Distrito de Ponce cometió error al decla-rar sin lugar la excepción previa especial de prescripción que fue oportunamente radicada contra la demanda en el presente caso.
1 ‘ Segundo: La Corte sentenciadora cometió un grav'e error al de-clarar, como declaró, sin lugar la defensa especial del demandado compareciente don Silvestre Bartolomey, en cuanto a que la deman-dante estaba impedida (en estoppel) por los términos de su propia demanda para pedir la nulidad de su escritura de 15 de febrero, 1914, por resultar asimismo de los términos de la referida demanda que la acción ejercitada era asunto resuelto (res judicata) entre las partes.
Tercero: La corte sentenciadora cometió finalmente el error de declarar con lugar la demanda con las costas a los demandados. ’ ’

Veamos la cuestión de cosa juzgada a que se refiere el segundo motivo de este recurso.

Los requisitos exigidos por la ley para que exista cosa juzgada se encuentran determinados en el artículo 1219 del Código Civil que en lo necesario dice así: “Para que la pre-sunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es nece-sario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.”

El pleito de 1922 y el de 1926 tienen por objeto la misma cosa pues habiendo ejercitado Julia Lngo como heredera de sus padres una acción de nulidad del procedimiento ejecutivo que siguió Bartolomey para el cobro de una hipoteca consti-tuida por José Lugo y habiendo alegado los demandados que ella había renunciado esos derechos hereditarios en escritura pública a favor de Bartolomey, surgió así úna controversia entre las partes sobre si existía o no tal renuncia, cuestión que la corte tenía que resolver y que decidió por su senten-cia, que es firme, declarando que ella renunció tales derechos; y en el segundo pleito se .trata de que se declare que ella no renunció tales derechos por no haber habido causa para esa renuncia. Besulta, pues, que el objeto o cosa es el mismo en ambos pleitos, de tal suerte que en el segundo se interesa que se declare lo contrario de lo que antes fué resuelto toda vez que si se declara inexistente la renuncia contenida en la expresada escritura por carecer de causa para ello, entonces no existiría renuncia válida de los derechos hereditarios de sus padres en cuanto a la acción que pudiera tener para so-licitar la nulidad del ejecutivo, que es lo contrario de lo que se resolvió en el pleito anterior.

También existe en ambos litigios la misma causa de pedir porque en el primero la demandante solicitó la nulidad del ejecutivo como heredera de sus padres y en el segundo, aunque demanda en nombre propio, ejercita su acción como heredera de sus padres, aunque no lo diga así, ya que si no fuera la heredera de sus padres no podría ejercitar la acción de inexistencia de renuncia de esos derechos porque no le afectaría que tal renuncia sea válida o no.

También hay identidad de personas en ambos pleitos, pues los demandados son las mismas personas yen ambos lo fueron como herederos de Mariano Bartolomey. En cuanto a Julia Lugo es demandante en los dos pleitos y en la misma calidad pues aunque en el primero demanda como heredera y en el segundo dice que lo hace por su derecho propio, ya hemos manifestado antes que en verdad demanda como here-dera de sus padres, ya que de no ser así en nada le afectaría la renuncia de los derechos hereditarios. En resumen, existe la cosa juzgada en este pleito.

En vista de la conclusión a que hemos llegado y toda vez que en el pleito anterior fué resuelto que Julia Lugo Ramí-rez renunció los derechos hereditarios de sus padres a que nos hemos referido, se hace innecesario resolver los otros motivos de la apelación que se refieren a si la renuncia de tales derechos es nula o inexistente y si la acción que se ejer-cita en este pleito ha prescrito o no.

La sentencia apelada debe ser •revocada y dictarse otra por nosotros declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.


text:
    Manuel Benítez Rexach, como manager del Escambrón Beach Club, demandante y apelante, v. José Antonio Pillado, demandado y apelado.
    No. 6653.

    Sometido: Mayo 7, 1934.

      Resuelto: Mayo 9, 1934.

      Samuel B. Quiñones, abogado del apelante; M. Benitez Flores, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada nos pide que desestimemos esta apela-ción.

De los escritos de las partes que tenemos ante nosotros aparece que solicitado un injunction por la parte apelante fné declarado sin lugar por haber sostenido la corte inferior las excepciones previas opuestas a esa petición por lo que, no habiendo habido prueba, la transcripción de los autos para esta apelación habrá de consistir en la solicitud de injunction, en el escrito de excepciones previas, en la resolución de la corte declarando sin lugar dicha petición y en el escrito in-terponiendo la apelación.

La solicitud para el auto interesado fué presentada en la corte inferior en agosto de 1933 y la sentencia negándolo fué dictada en febrero de 1934. El 23 de marzo de este año vencía el término que el apelante tenía para presentarnos la transcripción de los autos y le concedimos una prórroga para radicaría hasta el 22 de abril siguiente con la oposición del apelado, quien en 11 de abril nos presentó escrito interesando que desestimemos el recurso interpuesto. El 21 de ese mes solicitó el apelante otra prórroga de treinta días que le fué concedida hasta el 22 de mayo corriente, sin perjuicio de la moción para desestimar radicada.

Ciertamente que, como alega el apelado, los apelantes no deben demorar la tramitación de sus apelaciones con mayor motivo cuando se trata de procedimientos especiales como el que nos ocupa, y también cuando la preparación de la apelación es trabajo de poco tiempo como parece que ocurre en este caso, pero nuestro reglamento en su artículo 59 fija noventa días como el tiempo en que la demora o tardanza en la preparación de los documentos que han de servir para la apelación es motivo para desestimarla, si se probare satisfactoriamente que la apelación no ha sido proseguida con la diligencia debida o de buena fe. Tal término no ha transcurrido en este caso desde febrero de 1934 en que se interpuso la apelación, quizá el día 23 pues ignoramos la fecha exacta, hasta el 11 de abril en que la desestimación fué solicitada.

La moción del apelado debe ser negada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Eduardo Acevedo, demandante y apelado, v. Eleonor Acevedo, demandada y apelante.
    No. 6485.

    Sometido: Mayo 1, 1934.

      Resuelto: Mayo 9, 1934.

      La Costa & La Costa, abogados de la apelante; José Yeray, Jr., abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de octubre de 1931 compareció Eduardo Acevedo ante la Corte de Distrito de Aguadilla y por medio de su abogado formuló demanda de divorcio contra su esposa Eleonor Matheossian, conocida por Eleonor Acevedo, por causa de abandono.

El propio día 7 de octubre pidió a la corte la citación de la demandada por edictos por residir fuera de Puerto Rico, en 183 Wyckoff Street, Brooklyn, New York. Acompañó a su moción el affidavit de ley y la corte dictó al día siguiente una orden accediendo a lo solicitado, debiendo publicarse los edictos en “La Democracia” una vez por semana durante un mes y notificarse a la demandada por correo con copia de la demanda.

El 27 de noviembre siguiente volvió a comparecer el demandante para pedir al secretario de la corte la anotación de rebeldía de la demandada, acompañando a sn moción la declaración jurada del administrador de ‘‘La Democracia” haciendo constar que los edictos se publicaron en los números correspondientes al 12, 19 y 26 de octubre y al 5 y 12 de noviembre, 1981. Con respecto a la notificación por correo, se limitó a hacer constar que se había verificado.

El párrafo final de los edictos publicados, en lo pertinente, dice:

“Y se NOTIFICA a usted, que ele no comparecer a contestar dicha demanda dentro de los diez días después de notificada, si la notifica-ción se hiciera en el distrito, y dentro de los veinte días si se hiciera fuera del distrito, pero en la Isla de Puerto Rico, y dentro de los cuarenta días si se hiciere en otra parte, el demandante podrá pedir que se anote la rebeldía y que se dicte sentencia declarando con lugar la demanda, una vez vista la prueba, ...”

El propio día 27 de noviembre de 1931 anotó el Secretario la rebeldía, se llamó el caso para juicio y la corte tomando en consideración las alegaciones y la prueba del demandante dictó sentencia declarando con lugar la demanda y en su con-secuencia roto y disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes, ordenando que la hija menor habida en el matri-monio quedara bajo la custodia y patria potestad del deman-dante.

Así las cosas, el 20 de junio de 1932 compareció la deman-dada por medio de su abogado con el solo y único propósito de pedir como pidió la nulidad de la sentencia, entre otros motivos porque cuando la sentencia se dictó la corte no había adquirido jurisdicción para dictarla.

La moción fue declarada sin lugar por resolución de 24 de julio de 1933, contra la que se interpuso el presente recurso de apelación.

Tres errores señala la apelante. Limitaremos nuestro estudio a uno, el que se refiere al motivo que dejamos indicado.

El criterio del tribunal sentenciador consta del signiente párrafo de sn resolución. Es así:

“El término de la publicación del edicto en este caso expiró el día 12 de noviembre de 1931. De acuerdo con el artículo 98 del vi-gente Código de Enjuiciamiento Civil, se considerará que la Corte ha adquirido jurisdicción sobre las partes y que ha quedado sometido al tribunal todo procedimiento subsiguiente en el caso, desde el momento en que hubiere expirado el término de la publicación cuando la cita-ción se hubiere hecho, como se hizo en este caso, mediante publicación de edictos.”

Estamos conformes en que el término de la publicación venció el 12 de noviembre de 1931. También lo estaríamos en que de acuerdo con el artículo 98 del Código de Enjuicia-miento Civil la corte habría adquirido jurisdicción sobre la persona de la demandada si dicha jurisdicción hubiera de-pendido solamente de la publicación, ya que dicho artículo expresamente dispone que “Desde la entrega de la citación y de la copia de la demanda en un pleito civil en los casos en que se requiera la entrega de una copia de la demanda, o desde que hubiere expirado el término de la publicación, cuando se ordenare la citación por publicación, se considerará que la corte ha adquirido jurisdicción sobre las partes y que ha quedado sometido a dicha corte todo procedimiento sub-siguiente. ’ ’

Pero aquí la citación se ordenó que se hiciera además por correo tal como lo prescribe la ley — artículo 95 del Código de Enjuiciamiento Civil — y ese extremo no consta que se comprobara debidamente. La simple manifestación del de-mandante por su abogado no es suficiente.

Ahora bien, aunque se hubiera comprobado ese extremo, nunca el secretario hubiera estado en condiciones de anotar como anotó la rebeldía de la demandada ni la corte de dictar como dictó sentencia sin oírla el 27 de noviembre de 1931 ya que a esa fecha sólo habían transcurrido quince días con-tados a partir de la citación y la ley y la citación misma le concedían cuarenta a la demandada para comparecer.

“En pleitos en qne la citación fuere hecha por edictos,” dice el artículo 194, No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, “una vez vencido el término para la contestación, podrá el demandante, previa prueba de la publicación de los edictos y de no haberse presentado contestación, pedir que se dicte sentencia, en vista de lo cual deberá la corte exigir prueba de lo pretendido en la demanda; ...”

El demandado se entiende citado, si la citación es por publicación, cuando vence el término por el cual la publica-ción fué ordenada y se demuestra que la orden fué cumplida, pero es a partir del perfeccionamiento de la citación que comienza a correr el término que se le concede para contestar. Y ese término era claramente aquí el de cuarenta días por tratarse de un demandado residente fuera de la Isla de Puerto Eico.

Desde 1855 la Corte Suprema de California interpre-tando el estatuto sobre la materia que rige en esta Isla desde 1904, resolvió:

“El único error que es necesario considerar, es el primero señalado, a saber: qne la sentencia fué dictada antes de expirar el término concedido por la ley al demandado para contestar.
“Hubo un affidavit respecto a la no residencia del demandado y una orden para que se publicaran los edictos por tres meses. Casi inmediatamente después de cesar la publicación de los edictos se dictó sentencia.
“Esto fué un error, de conformidad con l'a clara interpretación del estatuto. Véase Ley de Procedimientos, secciones 25, 30 y 31. La ley concede al demandado diez días después de publicados los edictos para radicar su contestación, si la notificación se hace dentro del condado; veinte días si la notificación se hace fuera del condado, pero dentro del distrito judicial; cuarenta días en todos los demás casos. Una persona que no reside en el estado, por consiguiente, caería dentro de la última cláusula y tendría derecho a cuarenta días después de la publicación de los edictos.
“Luego, en aquella parte de la ley en que se habla de notificación por edictos a los no residentes, se declara: ‘La publicación de los edic-tos se considerará cumplida al expirar el término prescrito por la or-den decretando la publicación.’
“Se verá, por consiguiente, que la publicación tiene por único efecto notificar el emplazamiento,- y como la parte demandada tiene cuarenta días para contestar, después de notificársele el emplazamiento, se desprende que debe tener cuarenta dí'as luego de transcurrido el período de la publicación de los edictos.
“Debe revocarse la sentencia y devolverse la causa a la corte inferior.” Grewéll v. Henderson, 5 Cal. 465, 466.

Y la propia corte, cuarenta y seis años después, en el caso de Foster v. Vehmeyer, 133 Cal. 459, 460, se expresó así:

“La rebeldía en este caso no podía anotai’se basta treinta días después de completarse la publicación de los edictos. Entonces surge la siguiente cuestión. ¿ Cuándo se completó la publicación de los edic-tos? El artículo 413 del Código de Enjuiciamiento Civil, entre otras cosas, dispone: ‘La orden dispondrá que la publicación se baga en un periódico, designándose el que con más probabilidad sirva para notificar a la persona que deba ser citada, por un período de tiempo razonable, a lo menos una v'ez por semana; pero la citación por pu-blicación contra el demandado residente fuera del estado, o ausente de él, no será por menos de dos meses.’ En el presente caso el de-mandado residía fuera del estado. Sólo parece baber una interpre-tación racional a este estatuto, o sea, que el demandado tiene derecho a que los edictos sean publicados durante dos meses. No es necesa-rio que medien dos meses completos entre la primera y la última pu-blicación; pero sí es necesario que el edicto se publique una vez por semana durante esos dos meses; y también que desde la feeba de la primera publicación traneurran dos meses antes de que la publica-ción del edicto se considere como terminada. En otras palabras, ha-biéndose hecho la primera publicación en este caso el 14 de junio, el término de dos meses expiró el 13 de agosto, y deben transcurrir treinta días contados desde esa última fecha antes de que pueda ano-tarse la rebeldía. En el presente caso los dos meses expiraron el 13 de agosto y habiendo sido anotada la rebeldía el 11 de septiembre, es evidente que ello se hizo prematuramente.”

Aunque se trata de una ley distinta, véase, sin embargo, como expresión clara del criterio legislativo en el sentido que resolvemos en este caso, lo dispuesto expresamente al final de la sección 1 de la Ley No. 10, de 1921, Leyes de 1921, p. 113.

Debe serse rmiy cuidadoso en el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley, ya que como dijo la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de California, en el caso de Quigley v. Ellenwood, 82 Pac. 974, 975: “Al anotar una sentencia en rebeldía el demandante actúa a su propio riesgo. Debe ver que se cumpla la ley y que el término para com-parecer expire. De lo contrario se expone a que su sentencia sea dejada sin efecto o revocada.”

En tal virtud, procede revocar la orden recurrida y dic-tarse otra dejando sm efecto la sentencia de noviembre 27, 1931.


text:
    The Shell Company (P. R.) Ltd., demandante y apelada, v. Gregorio Cortés y Marcelino González, demandados, y apelante el último.
    No. 6342.

    Sometido: Mayo 9, 1934.

      Resuelto: Mayo 11, 1934.

      E. H. F. Dottin, abogado del apelante; Jcdme Sifre, Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Tbe Shell Co. (P. E.) Ltd. demandó a Gregorio Cortés y Marcelino González en la Corte Municipal de San Juan, Sección 2a., en cobro de $415, intereses y costas. Alegó, en resumen, que Cortés le compraba gasolina, teniendo con ella nna cuenta corriente; que llegó a deberle $415, y que Gon-zález fió a Cortés basta $500, convirtiéndose de acuerdo con el contrato que se acompañó a la demanda en un verdadero deudor solidario.

Sólo compareció a defenderse González. Su contestación contiene entre otras las siguientes alegaciones:

“Alega además el demandado aquí compareciente, que entre el día 4 de septiembre de 1928, fecba en que se firmó el contrato de fianza hasta octubre 31 de 1928, fecha en que cesaron las negociaciones entre el fiado Cortés y la demandante, el dicho demandado Gregorio Cortés, compró a crédito 1000 galones de gasolina a 23 centavos arrojando un total de $230 y 750 galones a 22 centavos galón cuyo importe asciende 'a $165.00 arrojando estas dos cantidades el total de $395.00.
“Alega además el demandado, Marcelino González, que su fiado Gregorio Cortés hizo abonos a cuenta de la dicha deuda de $395.00 ascendentes a $347.25, y restada esta suma de $347.25 de la suma adeu-dada anteriormente de $395.00 queda debiendo el dicho demandado la suma de $47.75, suma que el demandado ha estado en todo tiempo dispuesto a pagar a la demandante quien a su vez se ha negado a recibir lo que justamente se le debe. ’ ’

La súplica de la contestación es así:

“Por tanto, el demandado a la Hon. Corte suplica que en su día y previos los trámites de ley se sirv'a declarar sin lugar la demanda en cuanto a la suma de $415.00 reclamada y dicte sentencia declarán-dola con lugar en cuanto a la suma de $47.75 sin especial condena-ción de costas.”

Fallado el pleito en la Corte Municipal, fné apelado para ante la corte del distrito donde, celebrado el juicio de nuevo, se decidió por sentencia condenando al demandado González a pagar a la demandante “$20 con intereses legales desde la interposición de la demanda, o sea el 4 de ¡junio de 1929, y las costas de este procedimiento, incluyendo costas, gastos, y honorarios de ahogado que se. obligó a pagar en el contrato de fianza.”

No conforme González apeló para ante esta Corte Su-prema “de la condena de costas y honorarios” que contiene la sentencia señalando en su alegato la comisión de dos errores. El primero se refiere a cierta enmienda a la con-testación que le negó la corte de distrito y que a nuestro juicio carece de importancia. Es por el segundo que se plantea la verdadera cuestión envuelta en el litigio, a saber: si estuvo justificada la corte sentenciadora al imponer las costas y honorarios de abogado al demandado González.

Sabemos que la demandante reclamó $415. Conocemos la contestación del demandado. Aceptaba deber aun más de lo que la corte reconoció que debía a la demandante. La reclamación de la demandante no estaba bien fundada. La evidencia demostró que dejó de abonar a la cuenta corriente garantizada por el demandado González ciertas sumas que el demandado Cortés le entregara, abonándolas a una vieja deuda de Cortés para con ella. El conflicto de hecho y de derecho origen del litigio fué decidido claramente en pro del demandado González y en contra de la demandante. Y eso no obstante se impusieron las costas y honorarios al demandado González. ¿Por qué? Porque a ello se obligó según el contrato de fianza, dijo la corte sentenciadora en su opinión y repitió en su sentencia.

El contrato de fianza dice:

“8. El fiador solidario renuncia al derecho de que se le demande en las cortes de su domicilio y se somete a la jurisdicción de la corte insular competente en donde The Shell Company (Porto Rico) Ltd. establece su acción contra este fiador solidario, obligándose éste a su-fragar las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado que se originen a consecuencia de dicho pleito.”

Creemos que la obligación contraída lo fué para pleitos que tuvieran justificación, no para acciones ejercitadas sin razón alguna. De allí que consideremos que la corte pudo prescindir de ella, quedando en libertad de ejercitar su dis-creción como en cualquier otro caso.

Para sostener que no bubo error por parte de la corte sentenciadora la demandante y apelada invoca los artículos 328 y 336 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 328 no rige. Fué derogado por ley de marzo 12, 1908. Véase la edición de 1933 del Código de Enjuicia-miento Civil, p. 154.

El 336, dice:

‘ ‘ Cuando en un pleito para obtener únicamente el cobro de dinero, el demandado alegare en su contestación que antes de entablarse'la demanda ofreció al demandante la suma total a que tenga derecho, e inmediatamente depositare en la corte, para aquél, la cantidad que ofreció, y resultare que dicha alegación es cierta, el demandante no sólo no podrá cobrar costas sino que tendrá que pagarlas al deman-dado. ’ ’

No es aplicable al caso presente. Si el demandado hubiera actuado en la forma en él prescrita, entonces, como cuestión de derecho, no sólo no hubiera podido la demandante recobrar costas si que hubiera tenido que pagar las del demandado.

El caso debe, pues, juzgarse de acuerdo con las prescrip-ciones generales que contiene el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como rige desde 1917. Código de. Enjuiciamiento Civil, Edición de 1933, p. 154.

Recientemente, en el caso de Otero & Núñez v. Sucrs. de M. Pérez, 46 D.P.R. 4, 11, dijimos:

“Alega también la apelante que habiéndose reducido por la corte la cuantía de la indemnización, no procedía la condena en costas.
“Tampoco estamos conformes. Es una circunstancia que puede tomarse en consideración para el ejercicio de la discreción de la corte tanto para imponer las costas como para graduar la cuantía de las mismas, pero no podemos aceptar que por el solo hecho de que no se conceda toda la indemnización reclamada, tenga necesariamente que dejarse de condenar en costas.
“Es verdad que una parte a quien se reclama una cantidad ex-eesiva está justificada en defenderse, pero si ésa es su sola defensa debe limitarse a alegarla, aceptando la responsabilidad que le corres-ponda. Si 'así lo hiciere y la corte le diera la razón, claro está que no podría imponerle el pago de las costas.”

Resuelve el punto en cuestión. Una persona que se de-fiende en la forma en que lo hizo el demandado fiador en este caso y que obtiene el pleno reconocimiento de que le asistía la razón dentro del mismo litigio como lo obtuvo aquí el fiador demandado, no debe en manera alguna estar obli-gada a satisfacer las costas del litigio especialmente cuando dichas costas comprenden honorarios de abogado.

Debe declararse con lugar el recurso y revocarse la sen-tencia apelada en la parte en que lo fue, esto es, en cuanto, a su prommciamiento sobre costas y honorarios, quedando asi el pleito decidido sin especial condenación de costas tal como lo solicitó en su contestación el demandado González.


author: El Juez Asociado Señ>OR ‘Wolf, JUEZ ASOCIADO SR. AUDREY

text:
    Guillermo y Antonio Fernández Pérez, demandantes, apelantes y apelados, v. Félix Luyando y su esposa Josefa Ramos, y Ulpiano Hernández, demandados, apelados y apelantes.
    No. 5947.

    Sometido: Febrero 2, 1933.

      Resuelto: Mayo 11, 1934.

      II. Torres Solá, abogado de los apelantes y apelados; A. Marín Ma-rión, abogado de los esposos Luyando-Ramos.
   El Juez Asociado Señ>OR ‘Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Félix Luyando y su esposa debían $1,000 a Guillermo Fer-nández Pérez y $2,000 a Antonio Fernández Pérez y para garantizar la deuda Félix Luyando y su esposa otorgaron hipoteca a favor de los hermanos Fernández sobre una finca que se describe en la demanda. Más tarde Luyando y su es-posa vendieron la finca a Ramón Díaz Díaz, quien la vendió a Vicente Tellado y éste a su vez la vendió a Ulpiano Her-nández.

La deuda hipotecaria venció y no fué satisfecha. Enton-ces Guillermo y Antonio Fernández presentaron una acción ordinaria contra Ulpiano Hernández, que era el poseedor material de la finca, y contra Félix Luyando como deudor original. En la demanda se decía que la finca no valía más de $1,500, hecho que la evidencia aportada durante el juicio tendió a probar.

La teoría de la demanda evidentemente fué que la finca hipotecada debía responder de la deuda en cuanto fuere po-sible, y que a Luyando, el deudor original, debía hacérsele responsable de la diferencia.

La Corte de Distrito de San Juan, siguiendo nuestra de-cisión en el caso de Malgor & Co. v. Clivillés, 42 D.P.R. 457, resolvió que la demanda no aducía una causa de acción con respecto a Luyando. La teoría de la corte, de conformidad con dicho caso, fué que hasta tanto se vendiera la finca eu pública subasta, la acción contra Luyando era prematura. Aquel caso fué uno en que resolvimos, en efecto, que antes de que pudiera surgir una obligación personal contra otra persona, debía venderse la finca. No podemos convenir en que pueda hacerse una distinción del caso. Si bien de acuerdo con los hechos podría llegarse a la misma decisión por otro fundamento, sin embargo, el caso resuelve terminantemente que no surge causa de acción alguna basta efectuarse la venta. La decisión fué correcta, pero no puede sostenerse que la opinión prevalece cuando se inicia una acción ordinaria tanto contra la finca como contra otra persona que también es res-ponsable, en el presente caso el deudor original. Las si-guientes autoridades tienden a sostener esta conclusión: Santos v. Morón, 32 D.P.R. 59; Truéba v. Rosales, 33 D.P.R. 1027; Molina v. Pascual, 42 D.P.R. 668; 42 C. J. 296, nota 25.

Es claro, conforme indican los apelantes, que la hipoteca es- accesoria a una obligación principal (artículo 1758 del Có-digo Civil) y que la obligación de Luyando continúa insoluta y exigible hasta que sea pagada. Por supuesto, los herma-nos Fernández pudieron haber elegido renunciar a su derecho-hipotecario enteramente e iniciar un procedimiento exclusi-vamente contra Luyando. No'lo hicieron así. Promovieron un procedimiento hipotecario corriente contra Hernández e-incluyeron a Luyando como deudor personal. Por ende, aun-que creemos que el caso debe ser revocado y que el pleito' no fué prematuro, sin embargo, los hermanos Fernández no-tienen derecho a una sentencia absoluta contra Luyando, y no la solicitaron. Lo que deben obtener en este caso, según la forma en que han instituido su acción y de acuerdo con la súplica de la misma, es una sentencia contra la finca hi-potecada y una sentencia por el saldo de la deuda {deficiency judgment) no cubierto por la venta. En otras palabras, la. sentencia debe ser revocada y en su lugar dictarse otra se-gún la cual, y de acuerdo con la ley, debe venderse en pú-blica subasta la finca hipotecada y ordenarse y decretarse que Luyando pague cualquiera deficiencia que pueda surgir con motivo de la venta de la finca.

VOTO DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. AUDREY

MAYO 12, 1934.

Félix Luyando reconoció deber cierta cantidad de dinero a los hermanos Guillermo y Antonio Fernández Pérez y para garantía de esa deuda hipotecó una finca de su propiedad, la que después de sucesivas ventas es ahora de Ulpiano Her-nández. Cuando esa obligación venció y no fué satisfecha los hermanos Fernández Pérez demandaron en juicio ordi-nario al actual dueño de la finca, Ulpiano Hernández, para cobrar su crédito con el producto de la venta de la finca hi-potecada y también, en el mismo pleito, al deudor original Félix Luyando para que le pagase la cantidad de su deuda que no cubriese la venta de la finca.

No hay duda de que los hermanos Fernández tienen contra Luyando la acción que tratan de ejercitar pero su ejer-cicio es prematuro como dijo este tribunal en el caso de Malgor & Co. v. Clivillés & Co., 42 D.P.R. 457, por las razones que entonces fueron expuestas, pues mientras la finca hipo-tecada no sea vendida en la subasta no puede saberse si ha quedado insoluta alguna parte del crédito hipotecario que tenga que pagar Luyando. Hasta que tal cosa ocurra no puede determinarse si Luyando debe pagar alguna cantidad, ni el montante de ésta. Puede ocurrir que la subasta de la finca cubra toda la deuda hipotecaria, no quedando entonces responsabilidad para Luyando. Por tanto, mientras ocurra el suceso futuro de tener que pagar Luyando la diferencia entre el dinero obtenido en la subasta y el de su deuda y se sepa el montante de esa diferencia no puede ejercitarse acción contra él y obligársele a los gastos de un litigio en el que no se puede afirmar que tiene que pagar alguna dife-rencia a los hermanos Fernández ni por consiguiente cuánto tiene que pagarles.

Que lo antes expuesto es así lo demuestra la sentencia dictada por la mayoría del tribunal en este caso, pues no contiene condena concreta contra Luyando de pagar cantidad alguna a los Fernández sino la futura e incierta de que en el caso de que el producto de la venta no resultare suficiente para satisfacer la totalidad del crédito' hipotecario pague Luyando cualquier saldo o deficiencia que quede en descu-bierto. Así, pues, se le condena a pagar sin determinarse ni saberse si en realidad tiene que pagar algo, ni la cuantía de lo qne deberá pagar. Se ha dictado nna sentencia que no puede ser ejecutada abora y quizá nunca, por estar su-jeta a una condición futura e incierta que tal vez no llegue.

Por lo expuesto mi opinión es que no debió ser revocada la sentencia apelada que declaró ser prematuro el ejercicio de la acción de cobro de dinero contra Luyando y su esposa.


author: El Juez Asociado Señob Wole, JUEZ ASOCIADO SE. ALDKEY

text:
    Félix Luyando, demandante y apelante, v. Ramón Díaz Díaz, demandado y apelado.
    No. 5915.

    Sometido: Enero 12, 1933.

      Resuelto: Mayo 11, 1934.

      A. Marín Marión, abogado del apelante; B. S. Blondet y E. Díaz Santana, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Félix Luyando vendió una finca a Ramón Díaz Díaz. Ellos son las partes en este litigio. La demanda de Félix Luyando alegaba que el precio de la compraventa lo consti-tuyó la suma de $4,000; que $1,000 fueron pagados en efec-tivo; que el demandado convino y se obligó a pagar $1,000 a Guillermo Fernández Pérez y $2,000 a Antonio Fernández Pérez, acreedores bipotecarios de Luyando, estando la deuda hipotecaria garantizada con la finca mencionada. En la de-manda también se alega que el contrato entre las partes fué que el demandado en su día pagaría a los acreedores los $3,000, queriendo decir con ello que Díaz pagaría a su venci-miento la hipoteca o dentro del término de dos años fijado en la escritura de hipoteca; que la aludida deuda de $3,000 no fué pagada a su vencimiento ni hasta el momento de ra-dicarse la demanda. Otra alegación principal de la demanda fué, según hemos visto, ante pág. 687, que Luyando había sido demandado por los hermanos Fernández en cobro de la suma de $3,000 garantizada por la hipoteca. El pleito de los hermanos Fernández fué entablado en la forma alterna-tiva de que si en la venta la finca hipotecada no cubría la deuda, los demandantes, Fernández, recobrarían de Luyando o de un comprador posterior de Díaz, la diferencia que se adeudara; que al ser demandado por los Fernández, Luyando notificó a Díaz a fin de que este ríltimo se hiciera cargo de pagar los $3,000 y él se negó.

La súplica de la demanda es como sigue:

“Por lo que el demandante suplica a esta Iíon. Corte que dicte sentencia condenando al demandado Bamón Díaz y Díaz a satisfacer al primero la suma de tres mil dollars, sus intereses al doce por ciento anual desde 30 de junio, 1931, hasta el completo pago, más las costas, gastos y honorarios de abogado a que fuere condenado este deman-dante en la acción referida bajo el apartado quinto de esta demanda, disponiéndose en la sentencia aquí solicitada que si vendida en su-basta pública la finca descrita, a virtud del pleito aludido en dicho apartado quinto, no alcanzare su producto para satisfacer las sumas que hipotecariamente garantiza, como queda dicho, el ahora deman-dante recobre la diferencia del demandado Bamón Díaz y Díaz; y condenando a éste al pago de las costas, gastos y honorarios de 'abo-gado ya irrogados por la presente acción y los que se irroguen en lo sucesivo.”

El demandado excepcionó la demanda y la corte declaró sin lugar la excepción.

El demandado contestó y alegó que había traspasado la 'propiedad; que la interpretación de las palabras “en su día” no era como el demandante alegaba; que la deuda hipoteca-ria aparecía del Registro y fué asumida por la persona que adquirió de él; que no existía obligación personal del deman-dado para con los Fernández, acreedores de Luyando, y algo más en el mismo sentido o en sentido similar.

El caso fué a juicio. Se probaron los hechos de la de-manda. Sin embargo, la corte resolvió que de acuerdo con el caso de Malgor & Co. v. J. Clivillés & Co., Sucrs., 42 D.P.R. 457, el pleito era prematuro; que la causa de acción de Lu-yando dependía de un acontecimiento futuro e incierto; que de conformidad con el artículo 1081 del Código Civil no sur-gía causa de acción alguna hasta que ocurriera dicho acon-tecimiento; que hasta que Luyando pagara la sentencia que los Fernández pudieran obtener en su contra no surgía causa de acción alguna; que, en efecto, se había admitido, que el importe de la reclamación de Luyando contra Díaz era in-cierto y no podía surgir reclamación alguna si la finca se ven-día y era suficiente para cubrir la hipoteca. La corte dijo que el día en que se emitió la opinión se había dictado otra sentencia declarando sin lugar la demanda radicada por los Fernández contra Luyando; que el dictar ahora sentencia contra Díaz permitiría a Luyando enriquecerse a sí mismo a. expensas de Díaz.

Dados los hechos de este caso, era enteramente claro que Ramón Díaz convino y se obligó a pagar los $3,000 adeuda-dos por Luyando a los hermanos Fernández, estando la deuda garantizada con una hipoteca sobre la finca en cuestión. Ori-ginalmente Luyando debía a los hermanos Fernández $3,000. Esta era una obligación principal por la cual él y su esposa otorgaron una hipoteca. Cuando Luyando vendió la finca a Díaz, el convenio específico de este último fué pagar los $3,000 en su día. En lo que a Luyando y Díaz se refería, Díaz con-vino en pagar la obligación de Luyando cuando ésta venciera. Díaz no lo hizo así. Tenía una obligación que cumplir y al no cumplirla surgió una causa de acción en favor de Lu-yando.

A excepción de unos pocos casos, todas las autoridades que liemos podido hallar demuestran que cuando el adqui-rente de bienes hipotecados conviene en pagar la hipoteca y deja de satisfacerla en su oportunidad, surg’e una causa de acción en favor del deudor original que le traspasó la finca. Dawson v. Grote, 222 Mass. 240; 41 C. J. 738, nota 97; 41 C. J. 739, nota 20; 41 C. J. 747, nota 37. También se men-cionan algunas' de las excepciones, pero la excepción principal en esta jurisdicción es el caso de Malgor v. Clivillés, supra. Ése fué un caso en que el adquirente de la finca no convino en pagar la hipoteca y esta corte resolvió que aún si él hubiese asumido tal obligación, su responsabilidad de-pendía de la deuda que existiera una vez efectuada la venta de los bienes hipotecados. No podemos convenir con el ape-lante en que puede hacerse distinción del caso. Si bien de acuerdo con los hechos de dicho caso pudo llegarse a la misma decisión por otro fundamento, sin embargo, el caso terminan-temente resuelve que no surge causa de acción alguna hasta que se ha efectuado una venta.

En su demanda el apelante no insistía en que Díaz debía pagarle inmediatamente los $3,000 o más adeudados con mo-tivo de la obligación hipotecaria. La idea de que los bienes hipotecados deben ser vendidos primeramente no es absolu-tamente nueva. Se ha presentado el argumento en varias jurisdicciones de que antes que el acreedor hipotecario mismo pueda cobrar la deuda, debe proceder primeramente contra la finca hipotecada. Esta contención ha sido constantemente resuelta por las cortes al efecto de que el acreedor no está obligado a proceder contra los bienes hipotecados, sino que puede proceder directamente contra el deudor hipotecario original o contra el cesionario que ha asumido el pago de la hipoteca, y aun contra ambos. Entre el deudor y su cesio-nario la relación es algo similar, de no ser la misma, a la existente entre el fiador y el fiado, equivaliendo la posición del fiado a la del cesionario.

Según toda la jurisprudencia que hemos podido hallar de los Estados Unidos, el acreedor hipotecario no tiene que pro-ceder contra los bienes hipotecados sino qne puede radicar sn pleito directamente contra el deudor, según hemos resuelto en varias ocasiones.

Nos hemos tomado el trabajo de revisar alguna de la ju-risprudencia con respecto a cuáles son los remedios del acree-dor hipotecario, o sea, si puede establecer una acción personal y si puede proceder contra posteriores adquirentes, o aun optar por demandar al deudor original.

Fernández v. Hernández, 16 D.P.R. 75, fué un caso en que sin referirse a ninguna otra jurisprudencia, este tribunal resolvió que una persona que adquiría una finca hipotecada podía pagar la deuda-, si así lo deseaba, y exonerar la misma de responsabilidad, pero que esa persona no estaba en forma alguna obligada a satisfacer la deuda de sus otros bienes si el importe obtenido en la subasta de la finca hipotecada era insuficiente.

El caso de Luis Sanquírico v. Registrador de la Propiedad, 44 D.P.R. 326, hace referencia al asunto, pero no toca el caso que aquí tenemos a la vista.

Aunque el caso de Martínez v. Registrador de la Propiedad, 44 D.P.R. 638, trata de otras cuestiones, demuestra que puede entablarse una acción personal en cobro de un crédito hipotecario, aunque la cuestión de si tal pleito procedía no fué plenamente suscitada.

En Santos v. Morán, 32 D.P.B. 59, dijimos:

“Aduce hechos determinantes de causa de acción la demanda en juicio ordinario de ún acreedor hipteeario dirigida contra el com-prador de la finca hipotecada para que le pague la cantidad que retuvo del precio de compra para satisfacer la hipoteca y en cuya demanda se alega que el demandado tomó de su cuenta y cargo dicha hipoteca. ’ ’

El caso de Font v. Rosales Cueli, 42 D.P.R. 627, fué uno en que resolvimos, para citar del sumario, que “Ejercitada acción personal en cobro de una obligación garantizada por hipotecas, la referencia en ella a las hipotecas existentes es una simple descripción del origen de la deuda que no con-vierte la acción personal en real hipotecaria.” Además, que “Ejercitada acción personal en cobro de una obligación ga-rantizada por unas hipotecas, el secretario de la corte tiene derecho, ... a anotar y registrar una sentencia en rebeldía. ’ ’

En el de Molina v. Pascual, 42 D.P.R. 668, aparentemente decidimos que cuando los varios adquirentes de una finca hi-potecada asumían la responsabilidad, tal responsabilidad es mancomunada y solidaria con el deudor original, o por lo menos entre los diversos adquirentes.

En Rosales v. Corte de Distrito, 33 D.P.R. 316, resolvi-mos que cuando se promueve una acción en cobro de dinero, el hecho de que la finca esté hipotecada no convertía la acción personal en una real.

En Valledor v. Diez, 35 D.P.R. 21, se cita del caso de Rosales v. Corte de Distrito de San Juan, y se decide que no puede sostenerse una acción personal contra el adquirente para recobrar el importe de la hipoteca; es decir, según en-tendemos, que en ausencia de un convenio de parte del ad-quirente, no procede una acción personal contra él.

A tenor de nuestra decisión en el caso de Fernández, ante pág. 687, llegamos a la conclusión de que Luyando tiene de-recho a una sentencia por virtud de la cual se condene a Díaz a pagarle cualquiera cantidad que aquél tenga que pagar a los hermanos Fernández. Por tanto, debe revocarse la sen-tencia apelada y-dictarse otra a ese efecto.

VOTO DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. ALDKEY

Los motivos de mi disentimiento en este caso son los mis-mos que los que acabo de exponer en el de Guillermo y Antonio Fernández Pérez v. Félix Luyando y su esposa Josefa Ramos, y Ulpiano Hernández, No. 5947, por lo que los doy por reproducidos para el presente.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

JUNIO 8, 1934.

Se ha presentado una moción de reconsideración. Los letrados de Díaz sostienen en efecto que cuando se otorga una hipoteca sobre una propiedad, no surge causa de acción alguna hasta que el derecho hipotecario se agota primera-mente. Entendamos o no del todo la argumentación del pro-movente de la moción, la razón primordial para la posición que hemos asumido es que cuando una persona adquiere una finca hipotecada y se obliga a pagar la deuda hipotecaria a su vencimiento y deja de hacerlo así, surge una causa de ac-ción en favor del vendedor. La obligación de parte de Díaz de pagar formaba definitivamente parte del precio de la com-praventa; en otras palabras, el pago de $3,000 fué diferido. La persona en cuyo favor existe la obligación debe tener de-recho a recobrar en alguna forma. Ubi jus, ibi remediwm. La única duda que tuvimos en el caso fué la forma de la ac-ción que Luyando tenía contra Díaz. En Puerto Rico tene-mos nuestro propio sistema de derechos y obligaciones y cuando surge un derecho puede exigirse el cumplimiento de la obligación.

Esta posición es fortalecida por el hecho de que tenemos un sistema completo para proteger los derechos de los de-mandantes al exigir el cumplimiento de una obligación. Te-nemos la ley de'1902, conforme a la cual un demandante puede asegurar la efectividad de la sentencia. La sección 2(h) concede a la corte amplia discreción para proteger los dere-chos de los demandantes. Si existe el incumplimiento de una obligación que da derecho a una persona a recibir compen-sación, líquida o ilíquida, ella tiene derecho a que se le pro-teja mediante litigio y a asegurar la efectividad de la sen-tencia que pueda obtener.

Al redactar nuestra decisión nos dimos cuenta de que no teníamos precedente en Puerto Rico para la posición que asu-mimos, pero también tuvimos en mente las disposiciones ge-nerales del artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, según el cual si el procedimiento no estuviere específicamente señalado por dicho código, podrá adoptarse cualquier otro modo consistente con la justicia o la equidad.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.