text:
    Wilfredo Calderón Otero, recurrido, v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, peticionaria; Wilfredo Calderón Otero, peticionario, v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, recurrida.

      Números: CC-2009-0625
    CC-2010-0189

      Resueltos: 29 de marzo de 2011

      Pablo B. Rivera Díaz y Nelcy A. Rivera-De León, del Bufete Rivera Díaz & Asociados, PSC, abogados de la Corpora-ción del Fondo del Seguro del Estado; Ramón L. Rodríguez Meléndez, abogado Wilfredo Calderón Otero.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Los dos recursos de epígrafe nos dan la oportunidad de resolver una controversia que se encuentra en dos procesos disciplinarios diferentes. Por un lado, en el recurso CC-2009-0625, debemos determinar si erró el Tribunal de Ape-laciones al revocar una decisión del Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (C.F.S.E.) mediante la cual se suspendió al Sr. Wilfredo Calderón Otero de empleo y sueldo por el término de treinta días laborables. Por otro lado, en el recurso CC-2010-0189, de-bemos resolver si obró correctamente el foro apelativo in-termedio al confirmar un dictamen de la Junta de Apela-ciones de la C.F.S.E. (Junta) en el cual, a su vez, se denegó una apelación que presentó el señor Calderón Otero a causa de su cesantía en el empleo.

Específicamente, debemos determinar si se le violó el debido proceso de ley al señor Calderón Otero al aplicár-sele el Manual de Medidas Disciplinarias de un Regla-mento que estaba derogado al momento del procesamiento disciplinario llevado en su contra. Por entender que no hubo violación al debido proceso de ley por los fundamen-tos que expondremos a continuación, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones en el recurso CC-2009-0625 y se confirma la sentencia del foro apelativo intermedio en el caso CC-2010-0189.

1 — 1

A. Los hechos que fundamentaron el recurso CC-2009-0625 son los siguientes. El 13 de mayo de 2004, el señor Calderón Otero, quien ocupaba el puesto de Supervisor de la Sección de Reembolsos de Gastos de Primas de la C.F.S.E., recibió una comunicación escrita del Administra-dor de dicha entidad gubernamental mediante la cual se le notificó la intención de suspenderlo de empleo y sueldo por treinta días laborables. Asimismo, se le informó al señor Calderón Otero sobre su derecho a solicitar una vista informal para esbozar sus argumentos de defensa y presen-tar prueba a su favor. Específicamente, mediante dicha no-tificación se le imputó al señor Calderón Otero faltarle el respeto e intentar minar la autoridad de sus supervisores, incluso al Sr. Jorge L. Martínez, Director de Finanzas, en-tre otros, y que, como consecuencia, afectó el ambiente sa-ludable que debe prevalecer en el lugar de trabajo.

Posteriormente, el 17 de junio de 2004, se celebró la correspondiente vista informal ante un Oficial Examinador. El 27 de agosto de ese año, dicho Oficial Exa-minador emitió su informe y recomendó la suspensión del señor Calderón Otero por treinta días laborables. El Admi-nistrador de la C.F.S.E. informó al empleado su intención de confirmar la medida disciplinaria antes referida, por lo que el señor Calderón Otero estuvo suspendido de empleo y sueldo desde el 24 de septiembre de 2004 hasta el 9 de noviembre del mismo año.

Inconforme con tal determinación, el señor Calderón Otero apeló la decisión de la C.F.S.E. ante la Junta. Des-pués del descubrimiento de prueba, la vista evidenciaría comenzó el 21 de mayo de 2006 y el caso quedó sometido ante la consideración de la Junta el 30 de enero de 2008. El 20 de noviembre de ese año, la Junta confirmó la medida disciplinaria proferida y, además, concluyó que el señor Calderón Otero no llena los requisitos y criterios de pro-ductividad, eficiencia, orden y disciplina que deben preva-lecer en el servicio público, según el Art. 11, Sec. 11.2 del Reglamento de Personal de 1983, y la Sec. 15.2 del Regla-mento de Personal de 2000.

Aún insatisfecho, el señor Calderón Otero acudió ante el Tribunal de Apelaciones y, en esencia, alegó que erró la Junta al confirmar la referida medida disciplinaria porque es ultra vires. Según el señor Calderón Otero, el Adminis-trador de la C.F.S.E. incumplió con su deber ministerial de establecer un manual de medidas disciplinarias y orien-tarlo sobre su contenido y alcance. Argumentó, asimismo, que en su notificación el Administrador no le imputó una violación a ninguna regla de conducta vigente al momento de los hechos y que este no tiene la facultad de suspender de empleo y sueldo a un empleado antes de ventilar un caso en su fondo, salvo que sea acusado de delito grave o que conlleve depravación moral.

Luego de ponderar los referidos errores, el foro apela-tivo intermedio revocó la decisión de la Junta. En esencia, concluyó que se le violó el debido proceso de ley en su fase procesal al señor Calderón Otero, pues no se le informó debidamente sobre las reglas disciplinarias que debía res-petar en el lugar de trabajo. Esto, pues el 11 de enero de 2000, el otrora Administrador de la C.F.S.E., el Sr. Juan A. Ramírez, promulgó un nuevo Reglamento de Personal, Re-glamento Núm. 6226, mediante el cual le correspondía a dicha agencia establecer un manual de medidas disciplina-rias que le permitiera a todo empleado conocer el alcance de la conducta que debían observar y las acciones discipli-narias aplicables ante el incumplimiento de dicho cuerpo normativo.

Al momento de ocurrir los hechos sancionados, sin embargo, no se había promulgado un nuevo manual de medi-das disciplinarias, por lo que, según el Tribunal de Apela-ciones, la C.F.S.E. carecía de un cuerpo normativo disciplinario para sancionar a sus empleados. Por lo tanto, el foro apelativo intermedio entendió que el manual de me-didas disciplinarias del Reglamento de Personal de 1983 quedó derogado por completo ante lo dispuesto en el Regla-mento de Personal de 2000.

Insatisfecha, la C.F.S.E. acude ante nos y, esencial-mente, alega que erró el Tribunal de Apelaciones al deter-minar que se le violó el debido proceso de ley al señor Cal-derón Otero porque no le notificaron sobre las normas disciplinarias vigentes al momento de los hechos sancionados. Esto, pues, arguye que el Reglamento de Personal del 2000 no derogó totalmente el Reglamento de Personal de 1983 y, en específico, que el Manual de Medidas Disciplinarias de este último estaba vigente al momento de los hechos sancionados en este caso, por lo que la actuación de la C.F.S.E. no fue ultra vires. Así, decidimos, mediante Resolución de 29 de enero de 2010, expedir el recurso que presentó la C.F.S.E. Luego de presentados los correspon-dientes alegatos de ambas partes, el 11 de mayo de 2010, el caso de autos quedó sometido para su adjudicación en los méritos.

B. Posterior a los hechos que provocaron la suspensión por treinta días laborables del señor Calderón Otero, la C.F.S.E. le impuso, por otros hechos ocurridos en el 2005, la medida disciplinaria de destitución de su empleo. Dicha determinación fue oportunamente apelada hasta llegar ante nuestra consideración. Pasamos a relatar los hechos que provocaron el recurso CC-2010-0189 que, esencial-mente, contiene la misma controversia que el referido anteriormente.

El 24 de octubre de 2005, el Ledo. Salvador Rovira Ro-dríguez, el otrora Administrador de la C.F.S.E., notificó al señor Calderón Otero, entonces Supervisor de Cuentas a Pagar por Facturas de Servicios Administrativos, la inten-ción de destituirlo de su empleo. Ello, pues alegó que el comportamiento del señor Calderón Otero era irrespe-tuoso, amenazante, desordenado e inapropiado con sus compañeros y compañeras de trabajo.

En específico, los hechos que dieron paso a la acción disciplinaria comenzaron en mayo de 2005, cuando el señor Calderón Otero entregó un permiso oficial para asistir a la Oficina del Procurador del Ciudadano sin presentar prueba de su comparecencia. Ese mismo mes, el peticiona-rio le profirió palabras ofensivas a una empleada en pre-sencia de otro empleado. Posteriormente, en octubre de 2005, se alega que el señor Calderón Otero les dijo pala-bras soeces, por teléfono y personalmente, a varios emplea-dos de la C.F.S.E., incluso al Sr. Edgardo González Domín-guez, entonces Subdirector de Presupuesto de dicha entidad.

A raíz de estos hechos, la C.F.S.E. imputó al señor Cal-derón Otero la violación de cinco incisos de la Sec. 11.8, correspondiente a las medidas disciplinarias contenidas en el Art. 11 del Reglamento de Personal de 1983. Por tal razón, el 24 de octubre de 2005 se le envió una misiva al señor Calderón Otero para informarle sobre la intención de la C.F.S.E. de destituirlo de su empleo, así como de su de-recho a solicitar una vista informal ante un Oficial Exami-nador dentro de cinco días laborables a partir del recibo de dicha comunicación. Oportunamente, el señor Calderón Otero solicitó la correspondiente vista informal, que se ce-lebró el 20 de diciembre de 2006. Luego de ello, el entonces Administrador de la C.F.S.E., Ledo. Carlos J. Ruiz Nazario, notificó la destitución del señor Calderón Otero por los car-gos imputados en la carta de intención de destitución.

El 28 de febrero de 2007, el señor Calderón Otero pre-sentó una apelación ante la Junta, foro que declaró “no ha lugar” el recurso apelativo de dicho empleado. Inconforme con tal determinación, el señor Calderón Otero acudió ante el Tribunal de Apelaciones y, esencialmente, alegó los mis-mos errores que había argüido cuando por primera vez acudió ante el foro apelativo intermedio a raíz de su sus-pensión de empleo y sueldo por treinta días laborables. En síntesis, el empleado alegó que se le violó el debido proceso de ley en su fase procesal al aplicársele un Reglamento de Personal completamente derogado, cuando el Administra-dor de la C.F.S.E. incumplió con su deber ministerial de promulgar un nuevo manual de medidas disciplinarias acorde con el Reglamento de Personal de 2000. Además, adujo que el Administrador de la C.F.S.E. incurrió en incu-ria por dilatar los procesos e imponerle una destitución aun cuando no procedía porque era una primera ofensa.

El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, confirmó el dictamen de la Junta. Esto, pues entendió que no hubo violación al debido proceso de ley al aplicar el Manual de Medidas Disciplinarias al amparo del Reglamento de Personal de 1983 al caso de autos, porque este no era incompatible con las disposiciones del Reglamento de Personal de 2000, vigente al momento de ocurrir los hechos por los cuales el señor Calderón Otero fue destituido de su empleo. Esta determinación se basa en la conclusión de que el Re-glamento de Personal de 2000 derogó parcialmente el Re-glamento de Personal de 1983, y no completamente, como alegó el señor Calderón Otero. Por lo tanto, la C.F.S.E. cumplió con los requisitos mínimos de debido proceso de ley al sancionar al señor Calderón Otero y destituirlo de su empleo.

Aún insatisfecho, el señor Calderón Otero acude ante nos y alega que erró el foro apelativo intermedio al confir-mar la determinación de la Junta. Específicamente, se basa en exactamente los mismos errores que le imputó a la Junta cuando acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Así, el 27 de agosto de 2010, le concedimos veinte días a la C.F.S.E. para que compareciera y mostrara causa por la cual no se debe revocar la sentencia recurrida que dictó el foro apelativo intermedio. Oportunamente, la C.F.S.E. pre-sentó su alegato en oposición al recurso de certiorari que presentó el señor Calderón Otero.

Contando con la comparecencia de ambas partes, expe-dimos el recurso y procedemos a adjudicarlo en los méritos. Como la controversia neurálgica de los dos recursos de epí-grafe antes reseñados es la misma, procedemos, además, a consolidarlos y resolverlos conjuntamente, pues la adjudi-cación de uno afecta directamente la adjudicación del otro.

II

A. Reiteradamente, hemos expresado que los dictámenes de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923 (2010); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005). Véase, además, Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003). Dicha deferencia tiene su fundamento último en que son los organismos administrativos los que cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia especializada sobre los asuntos que se les encomiendan. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); González Santiago v. F.S.E., 118 D.P.R. 11 (1986). Por tal razón, es un principio firmemente establecido que las decisiones de las agencias administrativas tienen una presunción de legali-dad y corrección que los tribunales deben respetar mien-tras la parte que las impugna no produzca suficiente evidencia para derrotarlas. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).

No obstante, esa deferencia no significa que hayamos renunciado a nuestra función revisora en instancias apropiadas y meritorias, pues en el supuesto de que la agencia administrativa hubiese errado al aplicar la ley, dicha actuación sería inválida. Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 D.P.R. 947, 953 (1993); Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978). Asimismo, la See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. sec. 2175, delimita la facultad de los tribunales para revisar decisiones administrativas.

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si deter-mina que el recurrente tiene derecho a un remedio.
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evi-dencia sustancial que obra en el expediente administrativo.
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal.

De igual manera, al interpretar la referida sección de la L.P.A.U. sobre las determinaciones de hecho, el criterio de razonabilidad es el que un tribunal debe usar para revisar las determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 76. Por esta razón, y en armonía con la finalidad que persigue, la revisión judicial de dictámenes administrativos se debe limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177 (2009); Comisionado Seguros P.R. v. Integrand, 173 D.P.R. 900 (2008); Fuertes y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 953; Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).

No obstante lo anterior, este Tribunal ha señalado que las conclusiones de derecho de las agencias administrativas, distinto a las determinaciones de hecho, el tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno. 3 L.P.R.A. sec. 2175. Véase, además, Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775 (1996). Esto, sin embargo, no significa que al ejercer su facultad revisora, el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000). Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, págs. 557-566.

Claro está, las conclusiones de derecho de la agencia administrativa deben estar sujetas al mandato de la ley y, en la medida en que lo estén, el tribunal las debe sostener mediante su función revisora. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra, pág. 283; Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). De igual manera, hemos determinado que en casos marginales o dudosos, la interpretación que de un estatuto haga la agencia facultada para velar por su cumplimiento, merece gran deferencia, aun cuando dicha interpretación no sea la única. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra, pág. 283; De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 D.P.R. 407, 418 (1989). Dicha interpretación, además, se debe ajustar al fundamento racional o a la finalidad principal de la ley y política pública que la inspiran. Ind. Cortinera Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 D.P.R. 654, 661 (1993); Com. Seguros P.R. v. Gen. Accident Ins. Co., 132 D.P.R. 543 (1993).

Por otro lado, cuando analizamos un planteamiento de violación al debido proceso de ley en su vertiente procesal, debemos determinar, primeramente, si existe un derecho propietario o libertario que merezca la correspondiente protección constitucional. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1 (2010); U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998). Así, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin [el] debido pro-ceso de ley ...”. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1, ed. 2008, pág. 296. Por su parte, la Constitución de Es-tados Unidos de América cobija el derecho al debido pro-ceso de ley en sus Enmiendas V y XIV, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008. En su dimensión procesal, el debido proceso de ley impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad de la persona se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 616; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562 (1992).

En nuestra jurisdicción, para que se active la referida protección constitucional que otorga este derecho en su vertiente procesal, es necesario que exista un interés individual de libertad o propiedad. Vázquez González v. Mun. de San Juan, 178 D.P.R. 636 (2010); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987). Una vez cumplida dicha exigencia, hemos adoptado y desarrollado determinados factores que se deben analizar para determinar si un procedimiento administrativo cumple con los requisitos constitucionales del debido proceso de ley. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 616. A saber, estos son: (1) el interés privado que puede resultar afectado por la actuación oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea debido al proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y (3) el interés gubernamental protegido en la acción sumaria, incluso la función de que se trata y los cargos fiscales y administrativos que conllevaría imponer otras garantías procesales. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982); Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976).

Asimismo, desde hace mucho hemos reconocido que un empleado de carrera tiene un interés propietario protegido sobre su empleo, ya sea protegido por ley o cuando exista una expectativa de continuidad sobre el mismo. Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227 (1992); Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990); Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972). De igual forma, acogimos la norma federal que reconoció el derecho de aquellos empleados públicos —poseedores de un interés propietario en sus puestos— a ser notificados de los cargos en su contra y a la celebración de urna vista informal previa a su despido. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 617; Cleveland Board Education v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985).

A tales efectos, hemos expresado que los requisitos para garantizar el debido proceso de ley en su modalidad procesal son: (1) la notificación adecuada del proceso; (2) un proceso ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su contra; (5) el tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el expediente del caso. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 889 (1993). Véase, además, Fernández Quiñones, op. cit., págs. 344-359.

Al amparo de estos preceptos, procedemos a analizar si la aplicación del Manual de Medidas Disciplinarias del Re-glamento de Personal de 1983 de la C.F.S.E. violó el dere-cho al debido proceso que le asiste al señor Calderón Otero en el caso de autos.

B. Previo a comenzar con el análisis sobre las disposi-ciones pertinentes, tanto del Reglamento de Personal de 1983 como del 2000, nos vemos forzados a delimitar el ho-rizonte hermenéuticó mediante el cual vamos a realizar la correspondiente interpretación reglamentaria.

Para ello, es imperativo señalar que el Art. 5 de nuestro Código Civil dispone que “[l]as leyes sólo se de-rogan por otras leyes posteriores; y no prevalecerá contra su observancia el desuso, la costumbre, o la práctica en contrario. Las leyes pueden ser derogadas, o entera o par-cialmente, por otras leyes”. 31 L.P.R.A. see. 5. De igual manera, el Art. 6 del Código Civil establece que “[l]a dero-gación es, o expresa o tácita. Es expresa cuando se declara literalmente por una ley posterior; es tácita cuando la nueva ley contiene preceptos que son o contrarios o irre-conciliables con los de la anterior ley. La derogación de orna ley derogatoria no restablece la primitiva ley derogada”. 31 L.P.R.A. see. 6.

Sobre la aplicación de lo dispuesto en el Art. 6 del Có-digo Civil, supra, este Tribunal ha decidido que, por analo-gía, aplicará a órdenes, resoluciones, reglas y reglamentos de una agencia administrativa. Rosario Mercado v. San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634, 645 (1967); Reyes v. Torres, 65 D.P.R. 821 (1946). Teniendo esto en mente, es per-tinente determinar si el Reglamento de Personal de 2000 derogó por completo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de Personal de 1983, o si solo lo derogó parcialmente.

El Reglamento de Personal para los Empleados Geren-ciales de la C.F.S.E., vigente al momento de ocurrir los hechos que dieron paso a este caso, se aprobó el 11 de enero de 2000, al amparo de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la Ley del Sistema de Compensacio-nes por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. Dicho Reglamento entró en vigor inmediatamente después de su aprobación. En su Sec. 15.7, dicho reglamento dis-pone que “ [e] 1 Administrador establecerá, mediante un Manual de Medidas Disciplinarias, las reglas de conducta que deben observar los empleados y las acciones correctivas y disciplinarias aplicables a dichas reglas”. Por lo tanto, dicha disposición faculta y obliga al Administrador de la C.F.S.E. a aprobar un cuerpo de reglas que regule la con-ducta que deberán observar los empleados vinculados por el referido reglamento, y las correspondientes acciones co-rrectivas y disciplinarias aplicables si incumplen con dichas reglas. No obstante, no está en controversia que al momento de ocurrir los hechos que provocaron el caso de autos el Administrador de la C.F.S.E. no había aprobado un nuevo manual de medidas disciplinarias.

Asimismo, dicha Sec. 15.7 también impone a todo supervisor de área orientar a sus empleados sobre “las reglas de conducta que imperan en la Corporación. La violación de dichas normas dará base para la toma de acción correctiva o disciplinaria”. Posteriormente, el último párrafo de dicha sección nos señala que “[l]as acciones disciplinarias son las reprimendas escritas, la suspensión de empleo y sueldo y la destitución de parte del Administrador ...”. Por ende, el Reglamento de Personal de 2000 provee las debidas dispo-siciones reglamentarias para que el Administrador de la C.F.S.E. lleve a cabo acciones disciplinarias ante la viola-ción de las reglas que rigen la conducta de los empleados en el ámbito laboral.

Por otro lado, el Art. 23 del Reglamento de Personal de 2000 preceptúa que “\p]or la presente queda derogada cual-quier otra norma, regla o reglamento que esté en conflicto con las disposiciones de este Reglamento”. (Énfasis suplido.) Así, pues, si analizamos esta cláusula derogatoria según el palio del Art. 5 del Código Civil, supra, es forzoso concluir que existe una derogación parcial y expresa, pero solamente sobre toda norma, regla o reglamento que esté en conflicto o sea contrario a las disposiciones del referido Reglamento.

Ante la ausencia de un nuevo manual de medidas disci-plinarias aprobado a raíz de la entrada en vigor del Regla-mento de Personal de 2000, no vemos que el Manual de Medidas Disciplinarias aprobado en 1983 sea incompatible o esté en conflicto con las disposiciones antes mencionadas del Reglamento de Personal de 2000 ni con dicho cuerpo normativo en su totalidad. Más aún, entendemos que el Manual es compatible con el esquema de sanciones disci-plinarias preceptuado en el Reglamento de Personal de 2000. Por esta razón, entendemos que este Reglamento de-rogó parcialmente el Reglamento de Personal de 1983. A saber, que solo se derogaron aquellas disposiciones incompatibles o incongruentes con el Reglamento de Personal de 2000.

Como vimos, el Manual de Medidas Disciplinarias de 1983 es compatible con el reglamento en vigor al momento de ocurrir los hechos que dieron base a estos casos. Decidir lo contrario sería determinar que desde la aprobación del Reglamento de Personal de 2000 hasta que se aprobara un nuevo manual de medidas disciplinarias nuevo, no se podía imponer sanción disciplinaria alguna sin violar el debido proceso de ley en su vertiente procesal, lo que sería incon-gruente con las disposiciones anteriormente referidas del propio Reglamento de Personal de 2000.

Según estos preceptos, pasemos a resolver el caso de autos.

III

En este caso, el señor Calderón Otero, según el derecho anteriormente expuesto, posee un derecho propietario so-bre su empleo y fuente de ingresos. Por esta razón, es im-perativo que, al activarse las salvaguardas constituciona-les de debido proceso de ley en su fase procesal, se le hayan honrado las garantías mínimas durante el proceso discipli-nario llevado en su contra. De lo contrario, la C.F.S.E. ha-brá actuado ultra vires y, por ende, su actuación se debería considerar nula por privar al empleado de su interés pro-pietario sin las referidas protecciones constitucionales mínimas.

En el primer recurso, mediante el cual revisamos si pro-cedía una suspensión de empleo y salario por un periodo de treinta días, el Tribunal de Apelaciones concluyó que dicha medida disciplinaria no contó con las garantías mínimas del debido proceso de ley, pues al momento de ocurrir los hechos que dieron paso al proceso disciplinario, la C.F.S.E. no contaba con un manual de medidas disciplinarias vigente. Esto, pues entendió que el Reglamento de Personal de 2000 derogó por completo el Reglamento de Personal de 1983 que facultó la creación del Manual de Medidas Disciplinarias de ese mismo año. Igual interpretación al respecto esboza el señor Calderón Otero en su alegato.

Por otro lado, en el segundo recurso traído ante nuestra consideración, en el cual se cesanteó al señor Calderón Otero, el foro apelativo intermedio decidió todo lo contrario. En esencia, dicho foro concluyó que el Regla-mento de Personal de 2000 no derogó completamente el Reglamento de Personal de 1983, lo que tuvo como efecto que, al no aprobarse ningún manual de medidas discipli-narias al amparo del Reglamento de Personal de 2000, el Manual de Medidas Disciplinarias de 1983 aplicó al mo-mento de los hechos en este caso. Esta interpretación nos es más plausible según el derecho expuesto.

Como se mencionó anteriormente, el Manual de Medi-das Disciplinarias de 1983 es compatible con las disposicio-nes del Reglamento de Personal de 2000. Este último fa-culta y obliga al Administrador de la C.F.S.E. a adoptar un nuevo manual de medidas disciplinarias, lo que, al ocurrir los eventos que provocaron el proceso disciplinario en el caso de autos, no había sucedido. Como el Reglamento de Personal de 2000 contiene una cláusula derogatoria que derogó parcialmente aquellas disposiciones incompatibles con dicho reglamento —dispuestas en el Reglamento de Personal de 1983— es forzoso concluir que al momento de ocurrir los hechos de este caso, el Manual de Medidas Dis-ciplinarias de 1983 estaba vigente. Determinar lo contra-rio, no solo sería ilógico en tanto el Reglamento de Personal de 2000 provee un mecanismo de proceso disciplinario o correctivo que no contaría con reglas disciplinarias, sino que tendría la consecuencia de privarle al Administrador de la C.F.S.E. de un procedimiento para disciplinar a un empleado. Ello, en esencia, conllevaría que no se podría suspender o cesantear, como en este caso, a ningún em-pleado o empleada de la C.F.S.E., aun cuando el Regla-mento de Personal de 2000 contiene un procedimiento co-rrectivo o disciplinario.

Determinado que regía el Manual de Medidas Discipli-naras de 1983 al momento de ocurrir los hechos que dieron paso al proceso disciplinario impugnado, procedemos a analizar si se cumplió con las demás garantías mínimas al privarle al señor Calderón Otero de su interés propietario sobre su empleo.

Luego de varias cartas de amonestación por su desem-peño en el ámbito laboral, el 13 de mayo de 2004, el señor Calderón Otero recibió una comunicación escrita del Admi-nistrador de la C.F.S.E. en la cual se le notificó la intención de la agencia de suspenderlo de empleo y sueldo por treinta días. Dicha misiva contó con la notificación al em-pleado sobre los hechos específicos que provocaron el co-mienzo del proceso disciplinario. Además, se le notificó de su derecho a solicitar, en el plazo de cinco días a partir de la notificación, una vista informal para impugnar los car-gos presentados en su contra. El 17 de junio de 2004 se celebró la correspondiente vista ante un Oficial Examina-dor, quien el 27 de agosto de ese año rindió un informe en el cual recomendó la suspensión del señor Calderón Otero por treinta días laborables de empleo y sueldo. El 10 de septiembre de 2004, el Administrador de la C.F.S.E. le in-formó al señor Calderón Otero su decisión de confirmar dicha medida disciplinaria.

Ante este cuadro fáctico, entendemos que la agencia ad-ministrativa cumplió con las garantías mínimas de notifi-cación sobre el proceso y los cargos presentados en contra del empleado; proceso ante un juez imparcial, como fue el Oficial Examinador durante una vista informal; la oportu-nidad de ser oído y presentar prueba a su favor durante la referida vista; con el derecho a abogado y con una determi-nación a base del expediente del caso. Por lo tanto, enten-demos que la acción del Administrador de la C.F.S.E. al suspender al señor Calderón Otero no fue ultra vires ni irrazonable, por lo que, en este caso, debemos darle defe-rencia al respecto.

De otra parte, luego de cumplido el período de suspen-sión de treinta días, el 24 de octubre de 2005, el señor Calderón Otero recibió de parte del Administrador de la C.F.S.E. una notificación escrita sobre la intención de des-tituirlo de su empleo por los cargos esbozados anterior-mente en los hechos de este caso. Además, dicha notifica-ción le informó al señor Calderón Otero sobre su derecho a solicitar una vista informal ante un Oficial Examinador. Celebrada la vista y rendido el correspondiente informe del Oficial Examinador en el cual recomendó la destitución del empleado, el 5 de febrero de 2007, el Administrador de la C.F.S.E. le notificó al señor Calderón Otero su destitución, además de su derecho a apelarla.

Al igual que cuando se le suspendió por treinta días de empleo y sueldo, al señor Caldero Otero se le respetaron las garantías mínimas del debido proceso de ley. A saber, dicho proceso contó con una notificación escrita mediante la cual se especificaron los cargos por los cuales se le dis-ciplinaba y los hechos que provocaron la acción correctiva de la agencia administrativa. Además, se le notificó sobre su derecho a una vista informal frente a un Oficial Exami-nador que fungiría como juez imparcial en el proceso. En dicha vista el señor Calderón Otero contó con el derecho a abogado y a presentar e impugnar prueba. A base de la prueba desfilada, el Oficial Examinador rindió un informe mediante el cual recomendó la destitución del empleado, recomendación que acogió el Administrador de la C.F.S.E. y así se lo notificó al señor Calderón Otero. En dicha mi-siva, además, se le informó de su derecho a apelar tal de-terminación ante la Junta.

Examinado el proceder de la C.F.S.E., entendemos que este se basó en un proceso que garantizó los preceptos mí-nimos del debido proceso de ley de rango constitucional. De igual manera, entendemos que las determinaciones disci-plinarias, tanto de suspensión como de destitución, se ba-saron en prueba sustancial que razonablemente sostienen la decisión de la C.F.S.E. en el caso de autos. Por lo tanto, no se extralimitó en sus funciones el Administrador de la C.F.S.E. al presentarle cargos al señor Calderón Otero a base del Manual de Medidas Disciplinaras de 1983 ni al tomar las acciones disciplinarias de suspensión ni destitu-ción según la prueba que surge del expediente.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones en el caso CC-2009-0625. Asimismo, se expide el auto de “certiorari” en el re-curso CC-2010-0189 y se confirma la sentencia del foro apelativo intermedio.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera García no interviene.

       Según surge del expediente, al Sr. Wilfredo Calderón Otero se le informó que, el 27 de agosto de 2003, usó un tono irrespetuoso para dirigirse al Director de Fi-nanzas, cuestionó su autoridad e indicó que no aceptaría sus consejos. De igual forma, se le acusó de utilizar lenguaje obsceno en el lugar de trabajo y cometer varios errores en sus tareas, como por ejemplo, utilizar códigos incorrectos para las cuentas que maneja.

       Los cinco incisos del Manual de Medidas Disciplinarias del Reglamento de 1983 son los siguientes:
      5. Conducta desordenada en predios del F.S.E. tales como juegos de mano, bro-mas pesadas, intimidar o abusar de otros empleados y palabras obscenas.
      7. Cometer o provocar agresión, riña o desorden dentro del F.S.E. (se tomará en consideración si es o no en horas laborales y cómo se afectan adversamente la moral, la productividad o la disciplina).
      9. Conducta impropia dentro o fuera de tal naturaleza que afecte el buen nom-bre, refleje el descrédito o ponga en dificultad al F.S.E. o a cualquier agencia o dependencia del Gobierno de Puerto Rico.
      21. Insubordinación (negarse a acatar órdenes, insolencia o comportamiento impropio).
      38. Insubordinación o falta de respeto a un supervisor.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Sigfredo Fontánez Fontánez, querellado.

      Número: CP-2008-25

      Resuelto: 31 de marzo de 2011

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general interina, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Sigfredo Fontánez Fontánez, pro se; Hiram Sánchez Martínez, comi-sionado especial, en informe.
   per curiam:

Hoy debemos separar de la profesión a un abogado que, tras haber ejercido deficientemente el nota-riado, hizo caso omiso de nuestras órdenes para que sub-sanara las deficiencias en su obra notarial y, peor aún, practicó la notaría mientras estaba suspendido. Por las ra-zones que se precisan a continuación, ordenamos la sus-pensión inmediata e indefinida del Ledo. Sigfredo Fontá-nez Fontánez del ejercicio de la abogacía.

I

El licenciado Fontánez Fontánez fue admitido al ejerci-cio de la abogacía y la notaría en el 1979. El 13 de junio de 2003 fue suspendido del ejercicio de la profesión por desatender ciertos requerimientos del Procurador General y de este Tribunal. Como consecuencia, su obra notarial —incluido su sello notarial— fue incautada y entregada a la Oficina de Inspección de Notarías (O.D.I.N.) para el exa-men e informe correspondientes.

Varias semanas después, el 18 de julio de 2003, este Tribunal ordenó la reinstalación del licenciado Fontánez al ejercicio de la abogacía. Su reinstalación al notariado quedó en suspenso, a la espera de que O.D.I.N. emitiera el informe correspondiente sobre la obra notarial incautada. Mientras tanto, su obra notarial, al igual que su sello, per-maneció bajo la custodia de O.D.I.N.

Al examinar la obra notarial del licenciado Fontánez para los años 1999 a 2003, los inspectores de O.D.I.N. des-cubrieron múltiples deficiencias de carácter grave, inclui-das las deficiencias arancelarias ascendentes a $15,378.50 en más del noventa por ciento de las escrituras. Asi-mismo, la mayoría de la obra notarial incautada adolecía de nulidad por no tener las firmas de los otorgantes o tes-tigos instrumentales, así como la firma, la rúbrica, el signo y el sello del notario, entre otras razones.

La Directora de O.D.I.N. hizo constar todas estas defi-ciencias en tres informes parciales, presentados ante nos entre octubre de 2003 y marzo de 2004. Tras revisar el primer informe parcial, este Tribunal emitió una Resolu-ción el 30 de enero de 2004 mediante la cual le concedimos treinta días al licenciado Fontánez para que subsanara las deficiencias señaladas por O.D.I.N. y mostrara causa por la cual, ante las numerosas deficiencias de carácter grave identificadas por O.D.I.N., no debía ser separado de la pro-fesión de abogado. El licenciado Fontánez nos solicitó en-tonces una prórroga de treinta días, la cual concedimos.

Luego que la Directora de O.D.I.N. presentara su tercer y último informe parcial sobre la obra notarial incautada, el 7 de junio de 2004 este Tribunal emitió una segunda Resolución, mediante la cual se ordenó al licenciado Fon-tánez que, dentro de un término de veinte días, subsanara las deficiencias arancelarias ascendentes a $15,378.50, in-formara qué gestiones había realizado para corregir las de-ficiencias señaladas por O.D.I.N. y mostrara causa por la cual no debía ser separado de la profesión. El abogado hizo caso omiso a nuestra orden. Emitimos entonces una ter-cera Resolución en la que le concedimos un término final de veinte días para cumplir con lo ordenado en la Resolu-ción de 7 de junio de 2004. El abogado compareció y nos solicitó otra prórroga de treinta días, la cual otorgamos.

El 12 de enero de 2006, el licenciado Fontánez presentó una moción informativa en la que nos informó que se había reunido con el inspector de protocolos asignado a su caso con el fin de preparar un plan de trabajo para corregir las deficiencias señaladas. Indicó que ello debía poder lograrse en un término “de por lo menos seis meses como término máximo”. Sin embargo, el 8 de mayo de 2006, la Directora de O.D.I.N. presentó una moción informativa en la que se-ñaló que el licenciado Fontánez aún no había corregido las deficiencias de su obra notarial. Destacó que los esfuerzos del inspector de protocolos, dirigidos a corregir las deficien-cias, habían resultado infructuosos y que las únicas gestio-nes realizadas por el abogado habían sido encuadernar sus Protocolos y adherir los sellos de Asistencia Legal a dos tomos de su Registro de Testimonios. Para esa fecha, la deuda por concepto de aranceles ascendía a $10,824.50.

Examinado el escrito de la Directora de O.D.I.N., conce-dimos al abogado un término final e improrrogable de se-senta días para que corrigiera las deficiencias en su obra notarial. Al cabo de los sesenta días, el licenciado Fontá-nez presentó otra moción informativa en la que nos in-formó que se personó a O.D.I.N. para adherir los sellos que faltaban, pero que no pudo hacerlo porque, según alega, no había personal en dicha oficina para supervisar la labor. En vista de lo anterior, otorgamos otro término final e im-prorrogable, esta vez de veinte días, para que corrigiera las deficiencias arancelarias.

Según surge de una moción en cumplimiento de orden de 14 de diciembre de 2006, presentada por la Directora de O.D.I.N., el licenciado Fontánez corrigió las deficiencias arancelarias. Sin embargo, transcurridos más de tres años desde que su obra notarial fuera incautada, este todavía no había corregido las otras deficiencias señaladas, incluida la falta de firmas e iniciales de los otorgantes en numero-sas escrituras.

En vista de lo anterior, concedimos un término de veinte días al licenciado Fontánez para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado. Luego, tras examinar otra moción en cumplimiento de orden en la que la Directora de O.D.I.N. nos informó que el licenciado Fontánez aún no había subsanado las deficiencias en su obra notarial, con-cedimos al abogado un término adicional de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado. Pasados los veinte días, el licenciado Fon-tánez presentó el 27 de junio de 2007 una moción informa-tiva en la que expuso su plan de trabajo para subsanar las faltas restantes. Asimismo, mediante carta de 3 de agosto de 2007, informó a O.D.I.N. que planificaba tener comple-tadas las actas notariales pertinentes para noviembre de ese año.

Así las cosas, el 5 de noviembre de 2007 la Directora de O.D.I.N. presentó una solicitud de medidas urgentes en la que nos comunicó que el abogado continuaba ejerciendo la notaría a pesar de no tener autoridad para ello. Dicho es-crito hacía referencia a una carta suscrita por el Archivero Notarial del Distrito de Caguas en la que éste revelaba que habían llegado a sus manos unos documentos notariales con la firma del licenciado Fontánez. Dichos documentos habían sido recibidos en el Departamento de la Vivienda del municipio de Caguas. Asimismo, la Directora de O.D.I.N. aludió a una conversación telefónica entre ella y el licenciado Fontánez, en la que este reconoció haber sus-crito varias declaraciones juradas, a pesar de estar suspen-dido del ejercicio de la notaría. Además, la funcionaría llamó nuestra atención al hecho de que el abogado todavía no había subsanado las deficiencias en su obra notarial.

En vista de lo anterior, el 11 de enero de 2008 ordena-mos a la Procuradora General que presentara la querella correspondiente contra el licenciado Fontánez. Conforme a ello, el 2 de octubre de 2008 la Oficina de la Procuradora General presentó una querella en la que se imputaron al abogado tres cargos por violaciones a los siguientes cáno-nes del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX: (1) el Canon 9, al incumplir con las órdenes y los términos con-cedidos por este Tribunal para corregir las deficiencias en su obra notarial; (2) el Canon 12, al incurrir en una inde-bida, irrazonable, injustificada y excesiva tardanza en co-rregir su obra notarial, a pesar de los múltiples requeri-mientos y términos concedidos a tales fines por este Tribunal, y (3) el Canon 38, al incurrir en conducta impro-pia y no esforzarse al máximo de su capacidad en la exal-tación del honor y la dignidad de la profesión legal. Ade-más, se le imputó un cuarto cargo por violaciones a varias disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, en especí-fico: el Art. 7 (sobre la práctica ilícita de la profesión notarial, 4 L.P.R.A. see. 2011); el Art. 29 (sobre la subsanación de defectos por el notario, 4 L.P.R.A. sec. 2047), y los Arts. 16 y 29 (sobre la firma e iniciales en los documentos nota-riales, 4 L.P.R.A. sees. 2034 y 2047).

El 10 de febrero de 2009 ordenamos al licenciado Fon-tánez que contestara la querella dentro de un término de quince días. El abogado solicitó entonces una prórroga de treinta días. Aunque su petición fue tardía, le concedimos un término adicional de veinte días para contestar la querella. Posteriormente, le conferimos un término final de quince días. Por último, y a petición suya, le otorgamos un término final e improrrogable de diez días. Sin embargo, el licenciado Fontánez nunca contestó la querella en su contra.

El 28 de agosto de 2009 designamos al Hon. Hiram Sán-chez Martínez, ex juez del Tribunal de Apelaciones, como Comisionado Especial para que, en presencia de las partes, recibiera prueba y nos rindiera un informe con sus deter-minaciones de hechos y las recomendaciones que estimara pertinentes. El Comisionado Especial señaló entonces una vista en su fondo para el 29 de septiembre de 2009. A pe-tición del licenciado Fontánez, la vista fue reseñalada para el 30 de noviembre de 2009. A esa vista compareció la Leda. Minnie H. Rodríguez López, en representación de la Ofi-cina de la Procuradora General, pero el querellado no compareció.

Según surge de la minuta de dicha vista, la Procuradora General expresó su intención de someter el caso con los documentos que constan en el expediente de la querella y los documentos suplementarios que constan en el expe-diente personal del licenciado Fontánez. El Comisionado Especial entendió que no había prueba suficiente en el ex-pediente para establecer, como un hecho probado, que el licenciado Fontánez ejerció la notaría sin autoridad para ello. A petición de la Procuradora General, le concedió a esta un término adicional para conseguir la prueba necesaria. A tales efectos, señaló la continuación de la vista para el 26 de enero de 2010. Aunque el licenciado Fontánez fue declarado en rebeldía, este fue notificado del nuevo se-ñalamiento, mas no compareció. En dicha vista, la Procu-radora General presentó el testimonio de la Directora de O.D.I.N. Luego, el 12 de febrero de 2010, la Procuradora presentó una moción con prueba documental adicional.

Así las cosas, el 5 de abril de 2010, el licenciado Fontá-nez presentó ante nos una moción para renunciar perma-nentemente a la práctica de la notaría. En dicho escrito aceptó haber cometido varias imprudencias y ofreció excu-sas por “la dejadez, inapropiada [sic] y la actitud de igno-rar los varios requerimientos” hechos por este Tribunal. En vista de que el Comisionado Especial ya había celebrado la vista en su fondo y que estábamos próximos a recibir su informe, no dimos lugar a la moción de renuncia presen-tada por el abogado.

El 28 de octubre de 2010, el Comisionado Especial pre-sentó su Informe, en el que concluyó que la Procuradora General probó todos los cargos imputados en la querella. Por consiguiente, recomendó la suspensión inmediata e in-definida del licenciado Fontánez del ejercicio de la abogacía. Además, recomendó que se refiriera el caso al Secretario de Justicia para que este determine si la con-ducta del abogado constituyó un delito.

Con el beneficio del Informe presentado por el Comisio-nado Especial, procedemos a resolver.

II

A. Como se sabe, este Tribunal tiene el poder inherente para reglamentar la admisión a la profesión de abogado, así como para tomar acción disciplinaria contra el miembro de la profesión que viola las leyes y los cánones del Código de Etica Profesional. In re Rodríguez Vázquez, 176 D.P.R. 168 (2009); In re Deynes Soto, 164 D.P.R. 327 (2005). Esta facultad disciplinaria, la cual es exclusiva de este Tribunal, se extiende a todo lo relativo al ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico. In re Amundaray Rivera, 163 D.P.R. 251 (2004); In re Madera Acosta, 144 D.P.R. 743 (1998); S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, ed. especial, San Juan, Pubs. STP, 1995, págs. 2.2-2.3.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los miembros de la profesión legal el deber de observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70, 75 (2001). Hemos dicho que “[1]a naturaleza de la función del abogado requiere de éste una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes que emiten los tribunales”. In re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833, 840 (2010). Desatender estas órdenes constituye una grave ofensa a la autoridad del tribunal, en clara violación al mandato expreso del Canon 9. In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005); In re Grau Díaz, supra; In re Otero Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998).

Por su parte, el Canon 12 del Código de Ética Pro-fesional, supra, consigna el deber de cada abogado de ejer-cer la máxima diligencia para con las partes, sus compañe-ros y el tribunal. Conforme a ello, el abogado debe evitar dilaciones innecesarias en el trámite y la solución de los casos. In re Flores Ayffán I, 170 D.P.R. 126, 129-130 (2007). Cabe recordar que “los abogados son funcionarios del tribunal y, como tales, están llamados a ayudarlos en su misión de hacer justicia rápida y económica”. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291 (1988).

A su vez, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, exige a todo abogado que se conduzca en forma que exalte la dignidad y el honor de su profesión. Este deber responde a la confianza depositada en el abogado como miembro de la ilustre profesión legal. In re Sepulveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001). Reiteradamente, al interpretar el referido precepto, hemos expresado que cada abogado es un espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión, por lo que debe actuar, tanto en su vida profesional como en su vida privada, con limpieza, lealtad y el más escrupuloso sentido de responsabilidad. In re Curras Ortiz, 174 D.P.R. 502 (2009); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313 (1974).

Por otro lado, es norma establecida que el criterio probatorio a utilizarse en los procedimientos disciplinarios es aquel de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001). Dicho criterio requiere una carga probatoria más fuerte que la mera preponderancia de la prueba, ya que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho a ganar su sustento. Id. Aunque el referido estándar de prueba no es susceptible de una definición precisa, la prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables. In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246 (2006); In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).

Por último, según la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una vista para recibir la prueba. Al desempeñar una función similar al juzgador de instancia, el Comisionado Especial está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Acevedo Alvarez, 178 D.P.R. 685 (2010); In re Gordon Menéndez 1, 171 D.P.R. 210 (2007); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994). Por lo tanto, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado Especial en un procedimiento disciplinario contra un abogado, sino que podemos adoptar, modificar o rechazar tal informe, de ordinario sostendre-mos las determinaciones de hecho de un Comisionado Especial, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007); In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994).

B. Por otra parte, como es sabido, la notaría es una función de cuidado que debe ser ejercida con suma diligencia y celo profesional. In re Bringas Rechani, 128 D.P.R. 132, 134 (1991); In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988); In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990). Los notarios están obligados a cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Ley Notarial de Puerto Rico y en los cánones del Código de Etica Profesional. In re Bringas Rechani, supra, pág. 134. El incumplimiento con estas fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción disciplinaria correspondiente. íd.; In re Raya, 117 D.P.R. 797, 804 (1986); In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205 (1983).

El Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, establece los requisitos para poder ejercer el notariado en nuestra jurisdicción. En lo pertinente a este caso, este ar-tículo dispone que “[s]ólo podrán practicar la profesión notarial en el Estado Libre Asociado quienes estuvieren au-torizados para ejercerla actualmente y los abogados que en el futuro fueren admitidos al ejercicio de la profesión, y que en lo sucesivo sean autorizados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para ejercer el notariado”. 4 L.P.R.A. sec. 2011.

Por su parte, el Art. 29 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, establece la forma en que se corregirán los defectos que surjan en un instrumento público y que sean percibidos luego de su autorización. En síntesis, este artículo dispone que los defectos de que adolezcan los documentos notariales ínter vivos podrán ser subsanados por los mismos otorgantes o por sus herederos o causahabientes mediante una escritura pública en que se haga constar el defecto, su causa y la declaración que lo subsana. Hemos dicho que esta disposición toma en consideración la posibilidad de que se cometan errores al otorgar un instrumento público. In re Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267, 280 (2001). Para preservar la verdad y la fe pública notarial, el notario debe seguir estrictamente este procedimiento para la corrección de defectos en los instrumentos públicos. íd.

A su vez, el Art. 16 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, establece el requisito de la firma e iniciales en los instrumentos públicos. A tales efectos, dicho artículo dispone:

Los otorgantes y los testigos firmarán la escritura y además estamparán las letras iniciales de su nombre y apellido o ape-llidos al margen de cada una de las hojas del instrumento, las cuales rubricará y sellará el notario.

Sobre este particular, hemos dicho que la firma es un requisito fundamental en la escritura pública, pues de-muestra que el otorgante aprueba el texto escrito que an-tecede la firma. In re Nieves Nieves, 171 D.P.R. 843, 852 (2007); In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000). La omisión de la firma de uno o más de los otorgantes o testigos no sólo es una falta notarial grave y una violación a la fe pública, sino que es causa de nulidad del instru-mento público. In re Vargas Cintrón, 153 D.P.R. 520 (2001).

A lo anterior se suma lo establecido en el Art. 28 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2046, que dispone:

Los que suscriban un instrumento público en cualquier con-cepto, lo harán firmando al final y estampando las iniciales de su nombre y apellido o apellidos al margen de todos los folios, en la forma que habitualmente empleen y el notario lo hará a continuación de los mismos, rubricándolo, signándolo y sellándolo.
Si no hubiere testigos instrumentales, será innecesario que los comparecientes firmen el documento todos juntos en pre-sencia del notario, sino que éste podrá recibir personalmente sus firmas en cualquier tiempo, dentro del mismo día natural del otorgamiento, con arreglo a lo expresado en la see. 2042 de este título.

El notario tiene, pues, la responsabilidad de que se observen en el acto de otorgamiento todas las solemnidades requeridas y de que el documento cumpla con todos los requisitos exigidos por la Ley Notarial de Puerto Rico. Incumplir con estas obligaciones podría conllevar serias sanciones disciplinarias.

Con estos preceptos en mente, atendamos la controver-sia ante nuestra consideración.

III

En el primer cargo en su contra, se imputa al licenciado Fontánez haber violado el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, al incumplir con las órdenes y los tér-minos concedidos por este Tribunal para que corrigiera las deficiencias en su obra notarial. A su vez, en el segundo cargo se le imputa haber infringido el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, al incurrir en una indebida, irrazonable, injustificada y excesiva tardanza en corregir su obra notarial, a pesar de los múltiples requerimientos y términos concedidos a esos fines por este Tribunal. Enten-demos que el licenciado Fontánez violó ambos cánones de ética profesional. Veamos.

Este Tribunal ha concedido múltiples oportunidades al licenciado Fontánez para que subsane las deficiencias con carácter grave señalados en su obra notarial. A tales efec-tos, entre enero de 2004 y octubre de 2008 —fecha cuando se presentó la querella— este Tribunal emitió al menos seis Resoluciones en las que le ordenó al querellado que subsanara las referidas deficiencias o mostrara causa por la que no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por tal incumplimiento, o ambas cosas. El licenciado Fon-tánez desatendió todas estas órdenes.

Aún hoy, su gestión se ha limitado a encuadernar cier-tos Protocolos y a subsanar las deficiencias arancelarias. El abogado tampoco cumplió con su deber de contestar la querella presentada contra él, aun cuando solicitó una pró-rroga para ello. Lo mismo hizo cuando el Comisionado Especial señaló una vista en su fondo: solicitó una prórroga, pero luego no compareció. Vemos, pues, que su conducta ha tenido el único efecto de dilatar los procedimientos. En vista de lo anterior, estamos plenamente convencidos de que con su conducta el licenciado Fontánez violó tanto el Canon 9 como el Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra.

En el tercer cargo de la querella se imputa al licenciado Fontánez haber violado el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, al incurrir en conducta impropia y no esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión legal. Como señalára-mos anteriormente, la mayoría de los documentos públicos autorizados por el licenciado Fontánez carecen de las fir-mas e iniciales de los otorgantes —y, en algunos casos, tes-tigos instrumentales— así como de la rúbrica y del sello del notario. Como se sabe, estas deficiencias son de carác-ter grave y causan la nulidad de los documentos afectados por estas. Art. 34 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2052. Véanse, además: In re Mesonero Hernández, 173 D.P.R. 632 (2008); In re Nieves Nieves, supra. Por lo general, tal efecto de nulidad perjudica a los otor-gantes de las escrituras, quienes podrían sufrir las conse-cuencias jurídicas que pretendieron evitar. En el caso de los testamentos, el perjuicio es aún más notorio pues, como se sabe, la nulidad del documento afecta la institución de herederos en sí misma.

Las deficiencias en la obra notarial del licenciado Fon-tánez trascienden la falta de firmas. En su desempeño como notario, el abogado ha infringido otras disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, a saber: el Art. 32 (4 L.P.R.A. see. 2050), por haber dejado espacios en blanco en diversas escrituras; el Art. 49 (4 L.P.R.A. sec. 2073), por no haber enumerado las páginas del Protocolo; el Art. 50 (4 L.P.R.A. sec. 2074), por no haber hecho todas las notas de apertura y cierre en sus Protocolos; el Art. 41 (4 L.P.R.A. sec. 2063), por no haber hecho la nota de saca en la escri-tura matriz; el Art. 10 (4 L.P.R.A. sec. 2021), por no haber adherido y cancelado los aranceles dispuestos por ley en el original de cada escritura, y el Art. 52 (4 L.P.R.A. sec. 2076), por no haber encuadernado los Protocolos. De todas estas deficiencias, el querellado subsanó solamente las de-ficiencias arancelarias y la encuadernación de sus Protocolos. Según surge del último informe de O.D.I.N., las demás deficiencias aún no han sido subsanadas, para des-dicha de los otorgantes.

Vemos, pues, que el licenciado Fontánez no ha ejercido la labor notarial con el esmero, cuidado y celo profesional que se espera de un notario en nuestro ordenamiento. Más aún, su pobre desempeño podría tener consecuencias fu-nestas sobre las personas que confiaron en él. Asimismo, no ha actuado con la limpieza, la lealtad y el escrupuloso sentido de responsabilidad que exigimos de un abogado. En vista de lo anterior, es forzoso concluir que el licenciado Fontánez ha incurrido en una conducta impropia que lo desmerece como abogado, en incumplimiento con el deber de exaltar la dignidad y el honor de la profesión, según lo exige el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Por último, en el cuarto cargo de la querella se imputa al licenciado Fontánez haber violado varias disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, a saber: el Art. 7 (sobre la práctica ilícita de la profesión), el Art. 29 (sobre la subsanación de defectos) y los Arts. 16 y 29 (sobre la falta de firmas e iniciales en los documentos notariales).

Sobre la imputación de que el licenciado Fontánez ejer-ció el notariado sin estar autorizado para ello, el Comisio-nado Especial hizo las determinaciones de hechos siguientes.

El 3 de junio de 2003, diez días antes de que fuera sus-pendido de la abogacía y la notaría, el licenciado Fontánez otorgó una escritura de compraventa de un inmueble que luego fue presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Tres años después, estando suspendido del ejercicio de la notaría, expidió una segunda “copia simple certificada” bajo su firma y sello notarial. De igual forma, en el 2005 otorgó otra escritura sobre “acta aclaratoria” bajo su firma y sello.

Luego, en el 2007, el abogado autorizó una declaración de “no propiedad” de un participante del Programa de Vi-vienda de Sección 8 del municipio de Caguas, la cual fue jurada y suscrita ante él mediante el Affidávit 11,306. Pos-teriormente, en octubre de ese mismo año, el licenciado Fontánez admitió ante la Directora de O.D.I.N. que había autorizado un total de ocho declaraciones juradas de “no propiedad” para el Departamento de la Vivienda del muni-cipio de Caguas.

Todas estas escrituras y el referido affidávit contienen la firma del licenciado Fontánez y la impresión de un sello notarial idéntico al que un alguacil de este Tribunal in-cautó en el 2003. Esto es evidencia indirecta de que el abo-gado tenía dos sellos idénticos, de los cuales retuvo uno, o en la alternativa, de que mandó a hacer una réplica del sello incautado. En cualquier caso, queda claro que el li-cenciado Fontánez ejerció el notariado mientras se hallaba suspendido de tal ejercicio, es decir, sin autorización para ello. Asimismo, su conducta constituye un desacato a la autoridad de este Tribunal. Art. 284 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4912.

Se le imputa, además, al licenciado Fontánez haber vio-lado el Art. 29 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, sobre la subsanación de errores que surjan en un instru-mento público y sean percibidos luego de su autorización. Sobre este particular, basta reiterar que en repetidas oca-siones hemos ordenado al hoy querellado que subsane las deficiencias graves en su obra notarial y no lo ha hecho. En los siete años que han pasado desde que su obra notarial fuera incautada, su gestión se ha limitado a subsanar las deficiencias arancelarias y encuadernar sus Protocolos. Es evidente que el querellado no ha cumplido con su deber de subsanar las deficiencias señaladas por O.D.I.N.

Asimismo, se imputa al licenciado Fontánez haber in-fringido los Art. 16 y 29 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, sobre el requisito de que, por un lado, los otorgantes firmen y estampen sus iniciales en la escritura y, por el otro, el notario rubrique, signe y selle la escritura. Ya he-mos establecido que la mayoría de las escrituras otorgadas por el abogado adolecen de esta deficiencia de carácter gravísimo. No es necesario, pues, volver sobre este asunto.

Estamos convencidos de que el licenciado Fontánez in-currió en la conducta imputada en la querella en su contra. Por consiguiente, procede tomar la acción disciplinaria que estimemos apropiada. En vista de la gravedad de las faltas cometidas por el licenciado Fontánez, la sanción más ade-cuada es la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión. Además, acogemos la recomendación del Comisionado Especial en el sentido de que se refiera el caso al Secretario de Justicia para que este determine si la conducta del abogado constituye delito bajo el Código Penal y, de este ser el caso, si la acción penal está prescrita o no.

El licenciado Fontánez notificará a sus clientes que, por motivo de la suspensión, no puede continuar con su repre-sentación legal y les devolverá los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, deberá informar de su suspen-sión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Por último, se referirá el caso al Secretario de Justicia para que determine si procede iniciar una acción penal contra el abogado.

Se apercibe al licenciado Fontánez que la presente ac-ción disciplinaria no lo exime de tener que subsanar, a sus expensas, las deficiencias señaladas por O.D.I.N. en su obra notarial. Dicha obligación subsiste y su desatención lo expone al correspondiente procedimiento de desacato.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no interviene.

       El 20 de abril de 1979 y el 18 de junio de 1979, respectivamente.

       Entre las faltas de carácter grave señaladas por la Oficina de Inspección de Notarías (O.D.I.N.) en la obra notarial del licenciado Fontánez se encontraban: (1) falta de encuadernación de las escrituras; (2) omisión del sello, rúbrica y firma del notario; (3) omisión de las iniciales y firma de los otorgantes y testigos; (4) falta de numeración interna de cada instrumento; (5) folios en blanco con solamente las fir-mas de los otorgantes; (6) exceso de espacios en blanco; (7) falta de nota de saca, y (8) no dar fe de la unidad del acto cuando se requería.

       Por ejemplo, en el 2001, el licenciado Fontánez autorizó ochenta y cinco escrituras. De estas, setenta y siete adolecían de nulidad porque faltaba, ya sea la firma de los otorgantes o la firma, la rúbrica y el sello del notario. En el 2002 auto-rizó noventa y nueve escrituras. De estas, alrededor de setenta —incluidos seis tes-tamentos abiertos— adolecían de nulidad por las faltas ya señaladas, así como por no dar fe de la unidad del acto en aquellos casos en que comparecieron testigos instrumentos.

       Resolución de 31 de marzo de 2004.

       Resolución de 21 de octubre de 2005.

       Resolución de 18 de noviembre de 2005.

       Resolución de 9 de junio de 2006.

       Resolución de 6 de octubre de 2006.

       Resolución de 1 de junio de 2007.

       De igual forma, el abogado burló a los consumidores que procuraron tales servicios notariales y su conducta podría constituir un delito bajo el Código Penal.