author: El Jdez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    Irene Aponte y Fontánez, menor representada por su padre José Aponte, demandante apelante, v. Ramón Alonso Muñoz, demandado apelado.
    No. 6355.

    — Sometido: Abril 12, 1934.

      Resuelto: Abril 20, 1934.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; Cayetano Coll y Cuchí, V. A. Coll, Diego O. Marrero y Guillermo Silva, abogados del ape-lado.
   El Jdez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Irene Aponte y Fontánez, menor de edad representada por su padre José Aponte, ejercita esta acción en reclamación de daños y perjuicios contra Ramón Alonso Muñoz, a quien acusa de haberla persuadido a mantener comercio carnal ilícito con ella bajo promesa de matrimonio. Se alega en la demanda que en marzo de 1931, la demandante gozaba de magnífica reputación moral y social, siendo una mujer sol-tera, honesta, casta y virtuosa y reputada hasta entonces como pura; y que desde hacía como dos años, con anterio-ridad a dicha fecha, llevaba y venía llevando lícitas y públicas relaciones amorosas, para casarse, con el demandado Ramón Alonso Muñoz, hombre soltero y con el cual podía contraer matrimonio sin dispensa alguna; que a principio de marzo •de 1931, el demandado sedujo a lá demandante, bajo promesa de inmediato matrimonio, teniendo comercio carnal ilícito con ella y gozando de su virginidad, en el barrio de Monacillos de Río Piedras; que la demandante realizó el acto carnal con el demandado y le rindió su virginidad, como consecuencia única y exclusiva de la promesa de matrimonio que le hizo el referido Ramón Alonso Muñoz; que el demandado no ba cumplido ni está dispuesto a cumplir la promesa de matri-monio que hizo a la demandante. Se alega, además, que la demandante ba perdido la buena reputación moral y social de que gozaba en la comunidad, ba sufrido y sufre enferme-dades, insomnios, decaimiento orgánico y dolores morales por la pérdida de su virginidad, pureza y reputación; que se encuentra avergonzada por el ultraje inferídole en su bonor por el demandado, y que se encuentra impedida, por falta de su virginidad, de contraer matrimonio con cualquier otro hombre y está expuesta, por culpa del demandado, a futuras desdichas que nada bueno le proporcionarán. La demandante reclama $20,000 por los daños y perjuicios que, según alega, se le han ocasionado.

El demandado niega, por carecer de información y creen-cia suficientes para admitirlo, que la demandante, en la fecha que se fija en la demanda, gozara de magnífica reputación moral y social, o fuera una mujer soltera, honesta, casta, virtuosa y reputada basta entonces por pura. Niega, además, que llevara relaciones lícitas y públicas con la demandante ni que le ofreciera en ocasiones algunas contraer matrimonio con ella, ni que a principios de marzo de 1931, ni en ninguna otra fecha, sedujese a la demandante bajo promesa inme-diata de matrimonio, y asimismo niega que tuviera comercio carnal ilícito con ella y que gozara de su virginidad en el barrio de Monacillos de Río Piedras, ni en ningún otro momento o sitio. En el hecho cuarto de la contestación, el demandado repite su negativa de haber realizado actos car-nales con la demandante en la forma alegada ni en ninguna otra forma.

Tanto la demanda como la contestación aparecen juradas; la primera, por el padre de la menor demandante, José Aponte, y la segunda, por el propio demandado, Ramón Alonso Muñoz.

Con excepción de la certificación de nacimiento de la de-mandante, quien según la misma, nació en 28 de marzo de 1916, la evidencia producida es toda testifical. La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. El recurso de apelación interpuesto por la demandante se basa única y exclusivamente en que el fallo se debió a una errónea apreciación de la prueba. La corte inferior, en el examen que hace de las declaraciones de los testigos, pone en tela de juicio el testimonio de la demandante, de cuya veracidad duda, y, haciendo constar que la prueba es contra-dictoria, resuelve el caso en favor de la parte demandada. Toda vez que el recurso interpuesto se limita a plantear y discutir cuestiones de hecho, se hace necesario conocer y analizar la prueba para ver si la corte inferior ha incurrido o no en el error que se le atribuye, y si este error, en caso de que exista, es de tal naturaleza que justifique la revocación de la sentencia.

La joven Irene Aponte declara lo siguiente a preguntas de su abogado:

“Me llamo Irene Aponte: conozco a Ramón Alonso Muñoz, que está aquí al lado de su abogado, Sr. Coll, quien era novio mío con promesa becba a mí y a mi madre de casarse conmigo y con quien llevé relaciones amorosas durante dos años. Lo conocí en casa de su mayordomo Eleodoro Torres, en el barrio Monacillos, No. 6, de Río Piedras cuya casa quedaba en la finca de Ramón Alonso, cerca de la en que yo vivía de don Jorge Romaní: ambas fincas quedaban frente por frente: Yo hablaba con Alonso algunas v'eces en la casa de Eleodoro Torres y otras veces en la casa que Alonso tenía en su finca, frente a la vía. Durante mis relaciones amorosas con Alonso éste me decía que me fuera con él, que se casaría conmigo y yo le dije que no me atrevía, que se lo dijera a mamá y él me decía que hablaría con ésta. Empecé a llevar relaciones con Alonso en el año 1929 y viví en el barrio Monacillos con mi familia hasta el mes de agosto de 1930 en que nos trasladamos para, el barrio de Hato Rey, en'cuya época continuaba todavía Ramón Alonso las relaciones amoro-sas conmigo. Alonso iba a mi casa y me ■visitaba y me llevaba a pasear en su auto, unas veces me iba a buscar por la mañana pero siempre me iba 'a buscar por la noche. A los paseos íbamos como novios. En uno de esos paseos me llevó a la casita que él tiene en la finca, a la orilla de la vía, en el barrio Monacillos, en el auto-móvil y me dijo allí que si yo me entregaba a él, se casaría conmigo y tanto estuvo diciéndomelo hasta que me obligó a entregarme a él y allí gozó de mi virginidad y yaciendo conmigo. En ese momento yo tenía como catorce años de edad y era virgen. Yo nunca había tenido otro novio nada más que Alonso y cuando comencé las rela-ciones amorosas con él sólo tenía trece años de edad y no había tenido ningún novio.' Alonso gozó de mi virginidad en el mes de marzo de 1931 y yo no había salido a pasear con ningún otro hombre más que con Alonso y le entregué mi virginidad porque en ese mo-mento él me repitió que se iba a casar conmigo en esa semana porque ■esperaba arreglar unas cosas para casarse. Después de ese día en •que Alonso gozó de mi virginidad continué yendo con él a esa misma •casita como tres o cuatro meses más, pues él siempre me iba a buscar en automóvil y allí en la casita realizábamos contacto carnal repitién-dome siempre que se casaría conmigo. Alonso no se ha casado con-migo pero me decía siempre que se casaría. Después él se fué y no ■volv’ió más donde mi y entonces mamá, papá y yo fuimos donde él, y yo le dije que lo iba a denunciar y él me dijo ‘tumba eso que tú cada vez que vienes no vienes más que a molestarme’, y lo de-nuncié. Después que él me abandonó en esa forma he sufrido muchí-simo, estuve enferma mucho tiempo, hay veces que no puedo dormir tranquila y fui despedida de la congregación ‘Hijas de María’, a la ■cual yo pertenecía porque el Padre (Sacerdote) supo que yo no era ■señorita, y me sacó de la congregación, porque no podía estar junta «on las otras niñas.”

A preguntas del demandado, contestó:

‘‘Yo he puesto este pleito porque Alonso me ofreció casarse con-migo. A pesar de que Alonso, en el momento antes de gozar de mi virginidad me ofreció casarse a la semana siguiente, yo continué yendo con él durante tres meses más a tener actos camales en la ■casita porque él me iba aplazando, ofreciéndome siempre casarse con-migo y a lo último fué que cogió y se fué y no volvió más. Cuando Alonso me conoció yo vivía en el barrio Monacillos con mis padres y Alonso tenía una finca frente por frente a la en que vivían mis padres. Allí todo el mundo decía que Alonso tenía dinero y yo le creí cuando por primera vez me dijo que se iba a casar conmigo y no sabía si él me estaba engañando o no, pues no pensé que me iba a engañar. Él me decía que se iba a casar conmigo. Yo estuve como tres años; viviendo frente a la finca de Alonso y después nos mudamos para Hato Rey y ahora vivimos en el campo. En Hato Rey vivimos como-un año o nueve meses toda mi familia y yo, que trabajo en mi casa atendiendo a los oficios de ésta. Con el único que salía en automóvil era con Alonso nada más. Nunca he estado enferma en el hospital. Los únicos médicos que me han tratado son el Dr. Moczó y el Dr. Mercado, El Dr. Moczó me asistía de un dolor que me da cuando-voy a caer con la regla y la primera vez que el Dr. Moczó me asistió-de ese dolor era yo virgen, como- tres meses antes de entregarme a Alonso y la última vez que me recetó fué en marzo de 1931, como dos semanas después de haberme entreg’ado- a Alonso: dos semanas después de haberme entregado a Alonso fui donde el Dr. Moczó para que me recetara para ese dolor y le dije que había sido deshonrada r de noche no duermo pensando en el engaño que me ha hecho Alonso-.. nunca he ido al cine, ni al Parque Muñoz Rivera: siempre estoy en mi casa trabajando: cuando salí de mi casa en automóvil con Alonso-para ir a Monacillo yo no sabía que Alonso iba a pretender que yo nie-le entregara: en tres horas hicimos el viaje, venció él mi resistencia y yo me le entregué. ’ ’

Filomena Fontánez, madre de la demandante, respon-diendo al interrogatorio directo, se expresa así:

“Me llamo Filomena Fontánez. Irene Aponte es mi hija. Co-nozco a Ramón Alonso Muñoz, que está 'aquí (señalándolo). En el año 1929 mi familia y yo vivíamos frente a la finca de Alonso, donde-le llamaban el No. 6, al pie de la casilla y la finca en que vivíamos, era de don Jorge Romaní, cuya finca queda frente a la de Ramón Alonso. Por ese año 1929 hablé con Alonso, pues le llamé porque llevaba amores ocultos con mi hija Irene y entonces él me dijo que le gustaba la muchacha y que quería llevar relaciones amorosas con ella, contestándole yo que hablara con el padre de la muchacha porque yo era la madre y no podía reso-lv'er sobre eso, que eran cuestiones, del papá: entonces Alonso me dijo que si yo quería él llevaba rela-ciones con Irene y que si no quería también las llevaba. En esa época él padre de Irene estaba en el hospital y Alonso iba a casa a menudo, tres días en semana, por la noche, y como Alonso me estaba-una persona seria lo dejaba que visitara a mi hija. Alonso me dijo* que quería llevar relaciones con mi hija para casarse y yo le dije-que mi Rija era pura y que no era para ser una desgraciada pues tenía 13 años entrados en 14.
“Cuando él me dijo que quería llevar relaciones con mi Rija con ideas de casarse, le advertí que ella era una niña pobre. íll la iba a buscar a menudo para pasear en automóvil y salía con él y éste la traía a casa. En agosto de 1930 nos mudamos para Hato Rey y entonces Alonso iba a visitar con más frecuencia a mi Rija porque vivíamos en el pueblo y diariamente llevaba a pasear a mi Rija. En el mes de marzo de 1931, viviendo nosotros en Hato Rey, Alonso se llevó a mi Rija a las 9 de la mañana y la trajo a casa al medio-día, porque la Rabia llevado Alonso a una casita que tenía en su finca. Al contarme mi Rija lo que le Rabia pasado con Alonso, salimos en busca de éste y lo encontramos en la carretera y cuando yo me puse a Rabiar con él me dijo que no lo denunciara que él se casaría con ella. Mi Rija no Rabia tenido ningún otro novio y llevaba relaciones con Alonso desde la edad de 13 años. No salía con nadie y 'a mi casa no iba nadie más que Alonso.”

Repreguntada por el demandado, contestó: -

“El día en que Alonso se llevó a las 9 de la mañana a mi Rija y no volvió Rasta las 12 del día con ella, me llevó un litro de leclie. Ese día yo no Rabié con mi Rija. Nosotros tratábamos a Alonso como una persona de confianza, pues como era novio de mi Rija y eso era público todo el mundo conocía esas relaciones. Cuando Alonso-iba a buscar a mi bija en automóvil siempre iba solo y solo salía con ella y nosotros la dejábamos ir, porque eran novios. Mi Rija me co-municó lo que le Rabia ocurrido con Alonso a los tres meses de ha-berle sucedido eso. Irene vive con nosotros, nunca sale ni tiene amigos, y si sale, sale conmigo y yo la dejaba salir con Alonso porque era su novio y se trataba de una persona seria.”

José Aponte, padre de la demandante, interrogado directa-mente, contestó:

“Me llamo José Aponte, soy padre de Irene Aponte, conozco a Ramón Alonso Muñoz, que está afií sentado (señalándolo). En el año 1929 estuve tres meses recluido en el Hospital Municipal. En ese año Alonso iba diariamente a casa a visitar a mi hija y yo lé llamé la atención y le pregunté con qué objeto visitaba mi casa y en-tonces me Rizo saber que llev'aba relaciones amorosas con Irene y mé dijo que era con el fin de casarse con ella, confio cuál yo estuve con-forme pero le dije que en esa época él no podía casarse con la niña porque sólo tenía unos trece años cumplidos. En el año 1930 me trasladé con mi familia a vivir a Hato Rey y allí él iba diariamente a visitar a mi bija. En uno de los días del mes de marzo de 1931 Alonso fué a casa a buscar a Irene y se la llevó al campo del barrio Monacillos y allí la deshonró, gozando de su virginidad. Después de Alonso haber deshonrado- a mi hija Irene lo llamamos para hablar con él y él me dijo que se casaría con Irene pero que tuviéramos un poquito de calma, y admitió que la había deshonrado. Yo le había dado permiso a Alonso para que fuera a mi casa a visitar a Irene y él la llevaba a pasear todos los días, en automóvil. Irene no ha te-nido ningún otro novio que no fuera el señor Alonso, pues ella era muy niña cuando empezó las relaciones amorosas con él.”

Eleodoro Torres, a preguntas del abogado de la deman-dante, contestó:”

“Me llamó Eleodoro Torres, conozco a Irene Aponte, que está aquí entre nosotros y conozco también a Ramón Alonso Muñoz que está allí (señalándolo). En eí año 1929 yo vivía en el barrio Mona-cillo de Río Piedras en una finca del señor Alonso, en donde yo tra-bajaba como mayordomo. A menudo salía yo con Alonso a voltear la finca y nos encontramos por allí con Irene. Ella venía también por mi casa, pues éramos vecinos. Irene y Alonso eran novios y no sólo lo sabía yo personalmente sino que también era público y todo el mundo lo veía a él que diariamente visitaba la casa de Irene. El la iba a buscar a pasear y la traía algunos días a la misma finca de la cual era yo mayordomo y al lado de un establecimiento que en la finca se dedicaba a lechería, Alonso tenía una casita y allí se iban los dos, estaban un rato y después él la llevaba a su casa. En la época en que Alonso e Irene llevaban sus relaciones amorosas, la re-putación de Irene en aquella comunidad era muy buena. La familia de Irene y la mía se visitaban con frecuencia y yo iba con frecuencia .a la casa de ella. Cuando yo llegué a vivir a esa finca a la primera gente que conocí fué a esta niña Irene y 'a su familia. Yo soy casado y mi familia y yo tratamos a Irene y a su familia durante más de dos años y medio, en que fuimos vecinos y durante esa época la repu-tación de Irene era magnífica y era una niña que se ocupaba de los quehaceres de la casa. Cuando ella salía con el único hombre que iba y llegaba a mi casa era con Alonso. Irene era una niña que en-tonces tendría como 13 ó 14 años.”

A preguntas del demandado contestó:

“Yo me mudé del barrio Monacillos antes que Irene y su familia se fueron de allí; pero en el mismo mes se mudaron ellos también. Después que me mudé no Rabia vuelto a saber más de Irene. Yo salí de buenas de la finca del señor Alonso y el día que yo salí de la finca Alonso mismo me dió un carro y bueyes para la mudanza.”

El Doctor Luis R. Moezó declara lo siguiente:

“Me llamo Luis R. Moczó, soy médico cirujano y ejerzo mi profe-sión Race seis años. Conozco a Irene Aponte la joven que está sen-tada allí (señalándola) y la Re tratado, como médico, en varias oca-siones de unos dolores pélvicos que se presentan por lo regular al tiempo de la menstruación y a cuyos dolores se les llama vulgarmente ‘dolor de Rijar’. Esos dolores se le presentaban a ella en el período de menstruación. La traté por primera v'ez a fines del año 1930, en que se me quejó de ese dolor, porque lo tenía muy fuerte. Le Rice esa vez varias preguntas y en el transcurso de éstas me dijo toda la Ristoria y su estado social y la receté y le dije que volviera dentro de un mes. Al cabo de un mes, o sea a 'fines de enero de 1931, volvió y me dijo que se había aliviado algo pero que todavía le persistían los dolores, entonces le cambié la medicina y le' encarecía que volviera otra vez. En ese mes de enero de 1931 como en el anterior de diciem-bre de 1930 solamente le examiné el abdomen por encima. En fe-brero de 1931, cuando ella volvió y me dijo que le persistían los dolores, la examiné abdominalmente solamente y entonces le pedí que me permitiese hacerle un examen interno, pero como ella me dijo que era virgen yo le contesté que podía examinarle aun siendo virgen y le hice un examen rectal para cerciorarme si Rabia alguna patolo-gía en los órganos de reproducción. De ese examen rectal pude llegar a la conclusión de que Irene Aponte era virgen todavía. Para el examen la puse en la mesa en la debida posición y me cercioré de que existía un Rimen más una apertura por la cual no cabía escasa-mente un lápiz, y entonces, para no hacerle daño me fui por la vía rectal y la examiné y llegué a la conclusión de que en ese momento en que yo la examinaba en febrero era completamente virgen. Al mes siguiente, o sea a fines de marzo de 1931, volvió donde mí y se quejó de los dolores, pero entonces ya ella no era virgen y me contó lo que le Rabia ocurrido para perder su virginidad. Comprobé que en ese momento no era virgen, pues la puse en la mesa, la examiné y noté que ya el himen que existía no era el mismo que existía en febrero, enero y diciembre anteriores ...”

Así declaran los testigos de la parte demandante. Veamos ahora la prueba aportada por el demandado. Transcribimos a continnación la declaración del testigo Félix Rodríguez:

“Me llamo Félix Rodríguez, vivo en Santuree, conozco a la joven Irene Aponte, que está sentada allí (señalándola) y 'a quien conozco desde que era una niña y llevaba relaciones amorosas con Ramón Alonso Muñoz. En esa época en que Ramón Alonso Muñoz llevaba relaciones amorosas con Irene Aponte yo era empleado de Muñoz como chauffeur y lo llevaba a todas partes. Muchas veces llevaba al Sr. Muñoz y a Irene Aponte en el automóvil. Varias veces llevé a Muñoz a la casa de Irene a buscar a ésta para paseo y yo no me ocupaba de lo que ellos dos hablaban en el automóvil porque yo sólo iba pendiente del guía.”

Entonces el Lie. Coll y Cuchí, abogado del demandado, hizo al testigo la siguiente pregunta:

Usted me conoce a mí, usted me ha visto a mí aquí?
“R. — Sí, señor, le he visto en su oficina el día que ellos me hicie-ron un rancho y me quisieron llevar a su oficina; me ofrecieron cien pesos porque yo viniera a engañar a la corte, y el rancho no salió de ella, porque vinimos a ver al señor Ubarri, que era instructor de jockeys, y cuando yo vine a ver estábamos en la oficina de usted, que no salimos a la oficina de usted ... Yo fui a la oficina del abo-gado Sr. Coll engañado por Alonso y creyendo que íbamos a v'er al instructor de jockeys, que viv'e en Cristo 4. Subí a la oficina del Sr. Coll y me llamaron a mí a un apartado al final de la casa donde estaba el Sr. Coll y éste me dijo que si yo podía servir de testigo al Sr. Alonso y yo le dije que no podía de ninguna manera, porque yo no venía a la corte a decir una mentira. Entonces el Sr. Coll me dijo que yo no servía. Allí me ofrecieron $100.00 y yo dije que no, porque no iba a engañar a la corte. El Sr. Coll sabe que yo no le acepté declarar aquí a favor del Sr. Alonso bajo ningún concepto.”

A preguntas de la demandante, ocurrió lo siguiente con este testigo:

“P. .¿Quién fué el que le ofreció a usted la suma de cien pesos para que viniera a declarar?
“Sr. Coll: Yo me opongo a eso. Eso lo ventilaremos, pero eso no es cuestión de ese procedimiento.
“Sr. Vázquez: Es que él declaró eso en este pleito.
“Sr. Coll: Pero es que eso no es pertinente.
“La Corte: ¿Qué eficacia tiene para resolver el juicio, este pleito, ■el que le Rajan ofrecido algo por declarar?
“Sr. Vázquez: Eficacia ninguna. No tiene valor ninguno, como ■cuestión de derecho; solamente como cuestión de hecho. Solamente para que la corte aprecie la actitud del demandado.
“Sr. Coll: Ninguna manifestación de un testigo puede imputarse .a un demandado, ni a un demandante, y mucho menos cuando la de-claración del testigo envuelve un delito. De manera que lo que puede decir el señor Vázquez es que el testigo ha dicho tal cosa y ha dicho dal cosa. Además, la corte va a oírme a mí sobre la declaración de Rodríguez en mi oficina y luego va a pesar las dos declaraciones.
“La Corte: Esas manifestaciones del testigo le parece a la corte ■que no tienen relación alguna con el caso.
“Sr. Coll: Yo no me voy a oponer a ninguna resolución de Su ^Señoría. Y yo no le pregunto nada más al testigo.
“Sr. Vázquez: Pues nada más.”

El testigo Julio Cáeeres declaró a preguntas del deman-dado :

“Me llamo Julio Cáeeres, trabajo en la agricultura y en distintos negocios, conozco al Sr. Alonso como un propietario, pues he tenido •con él relaciones de negocios en la compra de leche la cual iba yo a ñuscar en una guagua de motor. Conocí a aquella jov'en siendo novia del chauffeur mío, Félix Rodríguez. En distintas ocasiones lo íuí a buscar a casa de esa joven y entonces él se marchaba conmigo.”

A preguntas de la demandante contestó:

“En esa época Irene Aponte vivía con el padre y la madre pero no sé dónde dormía Félix Rodríguez ni con quién dormía. Rodríguez era también chauffeior de Alonso. ’ ’

Manuel Prida Izquierdo, respondiendo al interrogatorio ■directo, dice así:

“Me llamo Manuel Prida Izquierdo y estaba hoy aquí ocasional-mente en el edificio de esta corte cuando se veía este juicio ; vivo en ■el barrio Hato Rey de Río Piedras y conozco a esa jov'en que está ahí •sentada que vive cerca de mi casa. La conocí desde seis o siete meses y desde esa época para acá cada vez que yo pasaba frente a su casa •veía por allí unos carros al frente de la casa; en muchas ocasiones iba yo al cine y regresaba y la veía en la carretera. Yo veía visitas, en la casa.”

A preguntas de la demandante contestó:

“Yo veía que las personas que tenían los automóviles hablaban con ella, nada más que eso.”

Pedro Castro declara lo siguiente, a preguntas del abo-gado de la parte demandada:

“Me llamo Pedro Castro, soy comerciante en Santurce, conozco a aquella niña que está allí sentada, desde el año 1931; l'a conocí en Hato Rey. Una noche la vi en el cine ‘Estrella’ y empecé a tratarla como costumbre de los jóvenes. Le dije que si quería entrar al cine y me dijo que sí y como yo tengo novia allí le dije al portero que me dejara dos sillas arriba desocupadas. Tuve contacto carnal con ella dos veces mediante una compensación de $2.00 la primera v'ez.”

A preguntas del abogado de la demandante, contestó:

“El comercio carnal lo tuve con ella en la parada 32 en una casita que había en la entrada de ‘Las Monjas’. No me puedo 'acordar el día que entré con ella al cine ni el mes. ’ ’

Rafael Escobar, respondiendo al interrogatorio directo dice:

“Me llamo Rafael Escobar, vivo en la parada 35, Hato Rey, soy carpintero. Por ese barrio vivía esta joven. Yo trabajo con don Jesús Benitez Castaño y todas las noches acostumbro salir por el barrio ese y veía mucha gente llegar a la casa con bachata y carro y ella salía en los carros y yo después me decidí a hacer amistad con ella, a lo cual asintió. En la propiedad de don Jesús Benitez había unos ranchones de madera y ella consintió en tener allí trato carnal con-migo, más de una Vez y yo le pagaba dinero.”

A preguntas del abogado de la demandante, contestó: •

“No sé si allí había una casa pública de lenocinio y no puedo decir el nombre de ninguna persona con quien saliera ella en automó-vil, pues eso me es muy difícil. En el año 1931 tuve concúbito con ella. A ese sitio podía entrar cualquiera libremente y hacer uso de las camas que había. No puedo precisar la época en que tuve concúbito con ella la segunda vez, pero dos o tres días después de la primera y le pagué $1.00.”

Marcelino Hidalgo declara así, respondiendo al interro-gatorio directo:

“Me llamo Marcelino Hidalgo, soy empleado y conozco a aquella jovencita que está allí. Un domingo estaba yo en Santurce en la parada 22 y al acercarse ella un amigo mío se puso a hablar con ella y después de cambiar algún saludo y algunas frases observé que se tuteaban. Me la presentó el amigo y le pregunté si iba para Río Piedras y le invité a que se fuera con nosotros que íbamos para allá. Ella aceptó la invitación y montó con nosotros en el carro y la lle-vamos basta Hato Rey, parada 35. En el camino íbamos hablando con ella comedidamente. En el resto de los días de la semana yo pasaba en distintas ocasiones por la carretera y la veía a ella la mayor parte del tiempo y después seguí viéndola paseando con unos y con otros. ’ ’

A preguntas de la demandante, contestó:

“Yo no recuerdo exactamente el mes a que quiero referirme en mi declaración, pero ese día que la llevábamos para Río Piedras era como a las 4 de la tarde y llegaríamos a su casa como a las cuatro y veinte, pues íbamos poco a poco.”

Ramón Alonso fue el último testigo producido por la parte demandada. A preguntas de su abogado, contestó:

“Me llamo Ramón Alonso Muñoz, conozco a la demandante, la seño-rita aquella que está allí. Primeramente la conocí viviendo en el barrio Monacillos de Río Piedras. A la madre la conocí primeramente. Des-pués del ciclón de San Felipe un día fui a mi finca en automóvil y me encontré con la madre de esa muchacha en la carretera y me dijo que si la llevaba a Río Piedras. Yo la llevé y por el camino me dijo que iba a cambiar un giro postal, que no sabía firmar y le firmé el giro y se lo cambiaron. Tuve un tiempo de amistad con la madre de la muchacha. Así fué como yo entablé amistad con ésta, nunca de novio y menos prometerle casamiento. Se vinieron para Hato Rey. y un día vi al padre y me llamó y me estuvo contando la situación de ellos. Tuv'e contacto carnal con ella en la finca mía, a la cual ella había ido varias veces antes de ese día. Cuando yo tuve contacto camal con ella para mí no era virgen, a juzgar por los síntomas’ no había nada de eso absolutamente.”

Repreguntado por el abogado de la demandante, contestó:

“Confieso que lie tenido dos veces concúbito con la demandante y soy el mismo que lia jurado la contestación a la demanda. Y era sol-tero en esa época y ella también. Félix Rodríguez fué chcnvlffeur mío. Conozco a Eleodoro Torres, que fué mayordomo mío. Un día cuando ella vivía en Hato Rey fui a su casa.”

Volvió a declarar Irene Aponte para rebatir la prueba del demandado con respecto a los actos que se le atribuyen. A preguntas de su abogado, respondió:

“Soy la demandante, no conozco a Julio Cáceres ni nunca éste lia ido 'a mi casa a la una de la mañana a buscar a Félix Rodríguez, pues éste nunca lia dormido en mi casa. Tampoco conozco a Pedro Castro con quien no be tenido cita alguna en el Cine Estrella ni ba vivido nunca cerca de mí ni be tenido con él relaciones carnales. Tam-poco a Rafael Escobar. Nunca be tenido amistad con éste ni contacto carnal con él, pues con el único que be tenido contacto carnal es con el demandado Ramón Alonso Muñoz. No conozco a Marcelino Hi-dalgo ni be ido con él de paseo por ningún sitio. Nunca be salido de mi casa con ninguna persona en automóvil ni be sentido después de acostada que persona alguna tocara klaxon alguno de automóvil cerca de mi casa. ’ ’

Repreguntada por el abogado del demandado, contestó:

“Abora no se paran automóviles frente a mi casa. No conozco- al Dr. Boneta ni lo be visto nunca.”

En este momento el letrado del demandado, Sr. Coll CucM, bizo a la testigo la siguiente pregunta:

“Dígame, testigo, no es cierto que viviendo usted maritalmente con un individuo de apellido Rivera el día 23 de noviembre de 1931 fué a donde el doctor Luis Boneta, en Río Piedras para que la atendiera de una hemorragia producida por un aborto de dos meses y que fué tratada por el Dr. Boneta?
“R. — Todo eso son embustes de usted, que me traigan ese Rivera que dice eso.
“P. — ¿Y por qué no prefiere que le traigan al médico?
“R. — El médico y Rivera también, porque yo nunca be estado en eso.

Ésta es toda la prueba practicada. La corte inferior, al comenzar el análisis de la misma, nos dice que la demandante descansa en la doctrina sentada por este tribunal en el caso de Tous Soto v. Chevremont, 31 D.P.R. 381, al efecto de que “no es necesaria la corroboración del testimonio de la deman-dante ni tampoco la existencia de la promesa de matrimonio como elemento imprescindible para constituir cansa de acción de daños y perjuicios por seducción.” Continúa diciendo la corte que la demandante parece partir de la base de que su solo testimonio, de ser creído por el tribunal, es prueba suficiente de la seducción, y, por lo tanto, de los daños y perjuicios que alega se le ocasionaron; pero que en este caso el testimonio de Irene Aponte, si bien aparece corroborado por la declaración de la madre, ba sido también controvertido por la declaración del demandado. Conviene hacer constar que este testigo que, según la corte inferior, ha controvertido la declaración de la demandante, confiesa bajo juramento, cuando declara, que tuvo dos veces contacto carnal con la demandante, mientras que en su contestación niega insistente-mente, también bajo juramento, que tuviese comercio carnal con ella.

La corte inferior incurre en un error de importancia al relatar detalladamente en su opinión el testimonio de Irene Aponte, a la cual atribuye las palabras siguientes: “Que era novia del demandado, con quien llevó dos años de rela-ciones para casarse; que no le dijo a ella que se casaría, pero sí se lo dijo a su mamá delante de ella.” Ésta es la única vez que aparece mencionada la promesa de casamiento en la relación del testimonio de Irene Aponte hecha por la corte inferior, siendo de notar que se hace esta mención para decir que la demandante declara que el demandado no lo dijo directamente que se casaría con ella, pero que se lo dijo a su mamá delante de ella. La verdad es que no en una, sino en repetidas ocasiones, Irene Aponte testifica, de una manera terminante y precisa, que el demandado le dijo que iba a casarse con ella.

Copiamos a continuación las razones expuesta por la corte inferior para poner en duda la veracidad de Irene Aponte:

“. . . .La demandante es una joven que según su testimonio, siempre ba vivido al lado de sus padres, y que entabló amores eon el demandado, el que, según manifiesta la madre de la demandante, ‘quería tratarla porque tenía ideas de casarse con ella.’ No obstante la buena acogida que aparentemente se le dió al demandado en la casa ele la demandante, los padres autorizaban a diario la salida de su hija durante un largo período de tiempo, y no es hasta tres meses después de ocurrida la seducción que la hija lo notifica a los padres. Esta conclusión nos lleva a enlazar el testimonio del médico, el que parece hizo el examen rectal a solas con la demandante, y la que tuvo más confianza con el médico al decirle lo que le había ocurrido, que con su propia madre al reservarse para ésta y durante tres meses el acto de la seducción. Es, pues, la propia declaración de la deman-dante la que nos hace dudar de su veracidad. Si la seducción ocurrió, como alega la demandante, cuando ella tenía trece o catorce años, en-tonces no es posible considerar la declaración del demandado (sic) sobre los actos carnales realizados porque la perjudicada tenía menos de catorce años y era incapaz para consentir. Sería, de aplicación la doctrina del caso de Lebrón v. Lebrón, 31 D.P.R. 891. Pero la propia madre de la demandante dice que no es hasta el 1931 que su hija le manifiesta lo que le había ocurrido con el demandado, en marzo del mismo año. Ya tenía más de catorce años. Esta prueba, unida al testimonio pericial, parece indicar o que hubo un lapsus en el testimonio de la demandante, o que las partes condujeron el examen de sus testigos con mucha prisa y no se puch> determinar con pre-cisión el hecho cierto y exacto de la seducción, si es que la misma ocurriera. ¿Pero yendo más al fondo de la declaración de la de-mandante, podemos determinar por ella sola que la seducción ocu-rriera debido a la promesa de matrimonio que hiciera el demandado í La circunstancia de que en esta clase de pleitos ha de dársele gran peso al testimonio de la demandante, no excluye que dicho testimonio sea considerado por el tribunal con la misma justicia que el resto de la demás evidencia que se presente en el juicio, sin que deba influenciar el ánimo del juzgador ni la edad de la demandante, ni la circunstan-cia de ser mujer, ni su condición social. La declaración de la de-mandante debe ser considerada por el tribunal con aquella calma y sesuda reflexión que demanda la gravedad de esta clase de litigios por el alcance que su fallo tiene, no ya en la parte económica del de-mandado, sino en su aspecto moral.”

La prueba demuestra que Irene Aponte salía con el de-mandado a paseo, autorizada por sus padres, y que un día salió de su bogar a las nueve de la mañana y regresó a medio día. La corte inferior se extraña de que se autori-zaran estos paseos durante un largo período de tiempo, no obstante la buena acogida que aparentemente se le dió al demandado en la casa de la demandante. Sin detenernos a discutir, ’ porque no es ésa nuestra misión, que los padres bayan becbo bien o mal en permitir estos paseos, no hallamos en ello base para arrojar sombra sobre la reputación de la demandante y establecer dudas acerca de su veracidad. Puede haber familias que no permitan a sus bijas salir de paseo con ningún hombre, y puede haber otras que autoricen estos paseos. La buena acogida que el demandado recibiera en el bogar de la demandante no es razón para que los padres no permitiesen los paseos de su bija. Por el con-trario, las personas conocidas y acogidas con agrado en el seno de una familia son las que suelen inspirar confianza y las que cuentan a menudo con la tolerancia de los padres. La madre de Irene Aponte declara que trataba a Alonso como una persona de confianza y que dejaba salir a su bija con él por ser su novio y tratarse de una persona seria.

La corte inferior hace resaltar el becbo de que la deman-dante mostrase más confianza con el médico que con su propia madre, por haberle comunicado al primero que había perdido su virginidad y haber esperado tres meses para hacer saber a la madre lo que le había ocurrido. No es extraño que los hijos mantengan ciertas reservas para con sus padres y que se guarden de comunicarles sus yerros por temor a ser re-prendidos, por el respeto que les inspiran o por no hacerlos partícipes de sus propias amarguras. Esta conducta, por censurable que pueda resultar en determinados casos, no es ajena o extraña a las debilidades del temperamento humano. Además, la demandante debía saber que no hubiera podido ocultar su desgracia al médico que la reconocía y que nada conseguía con negarlo.

Apunta la corte inferior qne la demandante alega qne la seducción ocurrió cuando tenía trece o catorce años, pero que la propia madre de la demandante dice que no es hasta el 1931 que su hija le manifiesta lo que le había ocurrido con el demandado, en marzo del mismo año. Irene Aponte de-claró que cuando comenzó sus relaciones con Alonso tenía trece años de edad y que en el momento de la seducción tenía catorce, pero inmediatamente menciona la fecha en que fue seducida, fijando el mes de marzo de 1931. El 28 de ese mes y en el mismo año, cumplió quince años la demandante, quien declara que el doctor Moczó le recetó por última vez en el mes de marzo de 1931, como dos semanas después de haberse entregado a Alonso. De este testimonio, producido por la propia demandante y no exclusivamente por su ma-dre, se deduce que no había cumplido quince años cuando ocurrió la alegada seducción.

A raíz de citar la corte inferior el caso de Tous Soto v. Chevremont, supra, sobre la no necesidad de la corroboración del testimonio de la perjudicada, ni de la existencia de la promesa de matrimonio como elemento imprescindible para constituir seducción, dice que la misma doctrina se sienta en Hardin v. Davis, 21 A.L.R. 302, y copia de la opinión emi-tida en este último caso lo siguiente:

"Si bien es cierto que una promesa de matrimonio es a menudo uno de los medios empleados por el seductor para ejecutar su propó-sito, siendo necesario que así se demuestre en una causa criminal, sin embargo, tal promesa no es uno de los elementos esenciales en una acción civil por daños. El comercio carnal inducido por persuación, maquinaciones, engaño o cualquier otro artificio bastará, porque tal es la esencia del agravio. Pero la simple prueba de comercio carnal, sin más, no es suficiente para autorizar una indemnización. Volenti non fit injuria.”

No interpreta la corte inferior correctamente las palabras que dejamos transcritas y la ley aplicable al caso, a juzgar por los párrafos de su opinión que a continuación copiamos:

“En la declaración de la demandante no encontramos cuál Raya sido la artimaña que constituyó el engaño, el artificio, la falsa pro-mesa (aparte de la de matrimonio), que utilizó el demandado para rendir su castidad, virtud y virginidad. Puede ser que pesara algo en su mente el Ralago de un matrimonio ventajoso económicamente para la demandante; pero no Ray prueba de aquella reiterada per-suación o incitación a los deseos de la mujer, para que se rinda por parte del demandado. 24 R.C.L. 734 (6). Y en ausencia de tal prueba clara, robusta y convincente, no debemos dejar sin amparo los derecRos del demandado, sin olvidarnos tampoco de los de la de-mandante. Parece que la demandada (sic) le da mucho énfasis a la palabra ‘seducción’ (seduction), que emplea el artículo 58 (texto inglés) del Código de Enjuiciamiento Civil, y le da un alcance y ex-tensión que no tiene, a nuestro juicio, en su interpretación jurídica.
# # * tX- # #
“La. prueba de la demandante se transparenta en sus elementos esenciales y convincentes y no deja en nuestra conciencia de juzgador aquella sensación de reposo, de confianza-, de tranquilidad espiritual y certeza moral, que son necesarias para fallar un caso justo, moral y equitativamente. No éncontramos las armas de que se valió el se-ductor y sin las que no Rubiera rendido la castidad de la demandante. No nos explica ésta cómo fué la caída, ni su prueba la ayuda en este empeño.
“Hemos considerado detenidamente la prueba pericial y dándole entero crédito, ella no acumula elemento evidenciarlo alguno en contra del demandado, que pueda inclinar y decidir la decisión en su favor. Pudo la demandante ser virgen cuando fué examinada por el médico; pero el que dejara de serlo en el intervalo de uno a otro reconoci-miento, no es, por sí sólo, fundamento adverso al demandado. Aparte de que la jurisprudencia nos dice que no es necesario que la deman-dada (sio) sea virgen al tiempo de la seducción; basta sólo con que sea virtuosa y casta.”

Los tribunales han resuelto que la promesa de matrimonio es uno de los medios a que acude con frecuencia el seductor para realizar su propósito; pero que esta promesa no es en modo alguno un elemento necesario e imprescindible para que se cometa la seducción. Es decir, el acto carnal puede perpetrarse y cometerse la seducción sin que exista promesa-de matrimonio. En el caso de Bradshaw v. Jones, 103 Tenn. 331, 76 Am. St. Rep. 655, la corte dijo:

“Cualquier acto, ruego o manifestación que venza la resistencia de la mujer y culmine en su rendición, es suficiente.”

De acuerdo con la doctrina expuesta, la perjudicada no está necesariamente limitada a probar la promesa de matri-monio. Su esfera de acción es más amplia, ya que puede probar, aunque no exista la referida promesa, que fué indu-cida al acto carnal mediante artificios, engaños o maquina-ciones del seductor. Sin embargo, la promesa de matrimonio, cuando existe y se ba realizado el acto carnal bajo su exclu-siva influencia, es suficiente para constituir una causa de acción. El comercio carnal por sí solo no es bastante, pero sí lo es, cuando es la consecuencia de la promesa de matri-monio.

En el caso de Fletcher v. Ketcham, 141 N. W. 916, re-suelto por la Corte Suprema de Iowa, se dijo:

“Copiamos del alegato del apelante las palabras siguientes, que revelan el punto verdadero establecido por el abogado con referencia a la materia aflora bajo nuestra consideración: ‘Nuestra simple contención es que cuando una pareja soltera ba tenido comercio carnal, la prueba de un compromiso para casarse no es ordinariamente, por sí sola, y sin más, suficiente para establecer un caso prima facie de seducción contra el hombre. En adición, debe haber evidencia de algún artificio o treta practicado en la mujer; debe haber por lo menos evidencia de solicitud, insistencia o persuación irresistible de parte del hombre y alguna repugnancia y duda de parte de la mujer.’ Estamos obligados a sostener que si bien es cierto que no hay testi-monio directo de la demandante con respecto a lo que la indujo a entregar su persona al demandado, sin embargo, el récord es de tal naturaleza que un jurado estaría justificado en inferir que se entregó en virtud de la promesa de matrimonio. Hubo amplia prueba de una promesa de matrimonio mucho antes de que ocurriera el comercio camal, cuya promesa- fué repetida, ya en términos expresos o por necesaria deducción, de tiempo en tiempo, hasta cerca de la fecha en que el demandado se casó con otra mujer. El acto carnal ocurrió después que el demandado se fué a vivir al hogar de la demandante y después de haberla requerido de amores y haberla prometido ca-■sarse con ella. Aunque hubiese sido más seguro y mejor haber in-quirido de la demandante con respecto a qué fué lo que le indujo a •ella a entregar su persona al demandado, nosotros, sin embargo, es-tamos obligados a sostener que esto puede encontrarse por deducción de otros hechos y que era una cuestión para ser resuelta por el jurado y determinada teniendo en cuenta el testimonio aducido.
“El abogado cita algunos casos que parecen sostener que si una mujer se somete al acto camal con un hombre en virtud de una pro-mesa de matrimonio, esto no es seducción, sino una simple compra-venta. Pero tal no es la doctrina de esta corte ni de las cortes en general. ’ ’

Hay dos testigos que declaran que tuvieron comercio carnal con Irene Aponte: Pedro Castro y Rafael Escobar. La corte inferior resume el testimonio de estos dos testigos del modo siguiente:

“. . . . Pedro Castro declara que conoce a la demandante desde hace más de tres años; que ha tenido citas en distintas partes con la demandante y que ha realizado actos carnales con ella para fines de diciembre de 1930 y en el mes de febrero de 1931. Rafael Escobar declara que conoció a la demandante a mediados del año 1930; que tuvo actos carnales con ella a fines de 1930 y a principios de 1931 ...”

Hemos examinado la declaración de estos testigos y ninguno de ellos dice que tuviera actos carnales con la de-mandante, a mediados o a fines de 1930. Los dos se limitan .a decir que estos actos ocurrieron en 1931. Si estos testigos, -como dice la corte inferior, hubiesen declarado que tuvieron contacto carnal con la demandante con anterioridad al año de 1931, su testimonio estaría en abierto conflicto con la declaración del Dr. Moczó, quien afirma que examinó a Irene Aponte en febrero de 1931 y que para esa fecha era virgen. Eué a fines de marzo del mismo año que el Dr. Moczó, en un nuevo examen que le hizo a la paciente, se enteró de que había perdido su virginidad. Ninguno de estos testigos dice «en qué fecha de 1931 ocurrieron los actos carnales mencio-nados. Si aceptamos que el Dr. Moczó dijo la verdad, estos actos, de ser ciertos, tuvieron que ocurrir en febrero o con po sterioridad a esa fecha. Irene Aponte alega y declara que fné seducida en marzo de 1931. El demandado no ha pro-bado cuándo tuvieron lugar estos actos carnales relatados por estos dos testigos y era su obligación demostrar que fueron anteriores a los actos realizados por dicho demandado. Aunque la prueba de actos específicos sea admisible, sin haber sido alegados, hay que convenir en que la demandante se encuentra en una posición desventajosa, teniendo que enfren-tarse con cargos formulados en el momento del juicio, en los cuales interviene algún elemento de sorpresa.

La demandante negó rotundamente las imputaciones de que fue objeto al comparecer nuevamente como testigo para rebatir la prueba del demandado; pero aun en el caso de que los actos que se le atribuyen fuesen ciertos, si se realizaron con posterioridad a la fecha de la seducción, no pueden des-truir el derecho de Irene Aponte a reclamar daños y per-juicios por haber sido seducida. Y el demandado no ha probado que estos actos fuesen anteriores a la fecha en que se alega se cometió la seducción.

Del caso de Shewalter v. Bergman, 23 N. E. 686, resuelle por la Corte Suprema de Indiana, copiamos lo siguiente:

“No tenemos dudas de que la corte actuó correctamente al excluir-evidencia tendente a demostrar que la reputación de la demandante-fue mala después de la seducción. Si la reputación de la deman-dante fué buena al tiempo en que ella se entregó en los brazos del demandado su subsecuente caída no puede afectar su derecho a re-cobrar. Su conducta posterior no tiende a probar que cuando el de-mandado la sedujo ella no fuese una mujer casta. Su reputación perdida, si siguió a la seducción, puede muy bien ser atribuida al propio error del demandado, y de este error no puede él aprovecharse. La persona que causa la mala reputación de otra, -no puede derivar beneficios de su conducta ilegal.”

Habla la corte inferior de una prueba clara, robusta y convincente. Desde luego, que la prueba de la seducción debe ser suficiente para satisfacer la conciencia del juzgador; pero no es necesaria una prueba como la que se requiere en casos criminales.

En Kralick v. Shuttleworth, 289 Pac. 74, resuelto por la Corte Suprema de Idaho en junio de 1930, se dice:

“En una acción civil basada en daños ocasionados por seducción, todo lo que es necesario para obtener indemnización gs que baya una preponderancia de evidencia en favor del demandante como en otras acciones civiles. 2 Chamberlayne on Modem Law of Evidence, sec. 998; Nelson v. Pierce, 18 R. I. 539, 28 A. 806.”

Hemos apuntado los errores que a nuestro juicio ha come-tido la corte inferior por la influencia que indudablemente han ejercido en el proceso de elaboración mental del juzgador, conduciéndolo a establecer conclusiones basadas en equivoca-das premisas. La corte inferior, dándole entero crédito a la declaración del Doctor Moczó, dice que no acumula elemento evidenciario alguno en contra del demandado que pueda inclinar la decisión en su favor, es decir, en favor de la demandante, cuyo nombre no se menciona, sin duda por error. El Doctor Moczó nos dice que examinó a la deman-dante en el mes de febrero de. 1931 y que entonces era virgen. No menciona el perito, ni tenía necesidad de mencionar, al demandado. Su informe se limita a dar cuenta del reconoci-miento que practicó en la paciente. Su declaración, sin embargo, es un elemento importante, porque demuestra en una fecha determinada la virginidad de la demandante. La pér-dida de esta virginidad tuvo que ocurrir necesariamente después de esta fecha. La declaración de Irene Aponte de-muestra que fué seducida en la primera quincena de marzo, porque fué reconocida por el Doctor Moczó en dicho mes,-como dos semanas después de haberse entregado a Alonso. De manera que, según la demandante, entre el reconocimiento y la seducción mediaron solamente algunos días. El deman-dado confiesa que tuvo contacto carnal con Irene Aponte, pero no determina la fecha, a pesar de que conocía las alega-ciones de la demanda y de que la perjudicada había declarado que fué seducida en el mes de marzo de 1931. El demandado aceptó el contacto carnal y no contradice el testimonio de la demandante en cnanto a la fecha en qne tuvo lugar.

Cuando Irene Aponte declara rebatiendo la prueba del demandado lo hace con vigorosa energía. Se le pregunta si no es cierto que viviendo maritalmente con un individuo de apellido Rivera, el día 23 de noviembre de 1931 fue donde el Doctor Boneta para que le atendiera de una hemorragia producida por un aborto de dos meses y que fue tratada por el Doctor Boneta. La demandante responde que todo eso son embustes y que le traigan a ese Rivera que dice eso. Se le interroga que por qué no prefiere que le traigan al médico y contesta: “El médico y Rivera también, porque yo nunca he estado en eso.” El demandado no se cuidó de traer al Doctor Boneta ni al individuo de apellido Rivera para demostrar la veracidad de sus insinuaciones. Aunque se trata de un hecho posterior a la fecha en que ocurrió la seducción, la verdad es que insinuaciones de tal naturaleza, ajenas a toda prueba, no pueden ser bastantes para destruir la reputación de una mujer y deben pasar sin dejar huellas por la conciencia del juzgador.

Eleodor'o Torres, mayordomo que fué del demandado y quien por su testimonio demuestra ser un testigo desintere-sado, dice que Irene y Alonso eran novios y que no sólo lo sabía él personalmente sino que también era público y todo el mundo lo veía visitar diariamente la casa de Irene. La reputación de Irene era magnífica y era una niña que se ocupaba de los quehaceres de su casa. El testigo es casado y su familia y la de Irene se visitaban periódicamente. La prueba demuestra que el demandado visitaba con frecuencia la casa de Irene. Sus solicitudes, sus invitaciones y sus paseos producen la impresión de que fueron medios puestos en práctica para realizar sus propósitos. La corte inferior ha incurrido en manifiesto error al apreciar la prueba. La seducción ha quedado establecida y la sentencia debe ser revocada.

No se aportó prueba alguna acerca de la situación finan-ciera del demandado. Carecemos de este dato, que hubié-ramos tenido en cnenta al apreciar la cnantía de la indemni-zación, y en ausencia de esta prneba, nos permitimos fijar la cantidad de $2,000 en concepto de indemnización por los daños ocasionados a la demandante, con imposición de costas a la parte demandada.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar, de acuerdo con los términos de esta opmión.

El Jnez Asociado Señor Wolf está conforme .con la sen-tencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Cafeteros de Yauco, Inc., peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez demandada.
    No. 951.

    — Sometido: Marzo 12, 1934.

      Resuelto: Abril 23, 1934.

      F. Pérez Bejis, abogado de la peticionaria; José Sabater, abogado de la parte demanda en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José González Clemente & Co., que tenía un crédito hipo-tecario contra Sebastián Colón Soto, inició un pleito ordinario contra él en cobro de dinero. Solicitó y obtuvo un embargo. El embargo fué trabado sobre la cosecha de café en la pro-piedad que originalmente había sido hipotecada. Entonces José González Clemente & Co. obtuvo una orden designando un depositario para que recogiera y se hiciera cargo del café en los arbustos.

Mientras se hallaba pendiente este litigio Cafeteros de Yauco, Inc., radicó una tercería de mejor derecho. Este último pleito siguió su curso ordinario y en el mismo el depo-sitario designado por'la corte en el pleito de González Cle-mente & Co. fué sustituido por un administrador nombrado en el pleito de tercería.

Algún tiempo después José González Clemente & Co., que había pagado los gastos del depositario en el pleito original, presentó una moción a la Corte de Distrito de Mayagüez en el procedimiento de tercería, solicitando que las costas, as-cendentes a $207.57, le fuesen devueltas. La corte así lo ordenó y entonces Cafeteros de Yauco, Ine., presentó una petición de certiorari a esta corte.

La teoría de la tercería de Cafeteros de Yauco, Inc., fué que existía un contrato de refacción con el deudor Sebastián Colón Soto, que estaba debidamente inscrita y que tenía pre-ferencia sobre cualesquiera reclamaciones de otras personas.

En su alegato la peticionaria sostiene que el derecho pre-ferente se extendía a toda la cosecha y que José González Clemente & Co. no tenía derecho a que se le reembolsaran las costas por ella pagada.s; que si dicha firma había pagado dinero lo había hecho por su propia cuenta y que de todos modos era prematuro resolver la controversia principal ahora.

Aparece que la moción para el pago de estas costas fué debidamente oída en la Corte de Distrito de Mayagüez y declarada con lugar, y que una moción de reconsideración fué denegada.

Al presentarse una petición original de certiorari, el tiempo para deliberar es necesariamente breve. Por tanto, cuando una parte alega, como en este caso, que la actuación de la corte fué prematura y que no se le dió oportunidad de ser oída sobre determinada cuestión, puede que a nuestro juicio sea preferible librar el auto y oír a las partes.

Somos ahora del criterio de que si hubiésemos considerado esta petición más cuidadosamente, el auto no habría sido expedido. No hallamos que estuviese envuelta ninguna ver-dadera cuestión de procedimiento. La cuestión fundamen--talmente era si Cafeteros de Yaneo, Inc., tenía preferencia sobre la reclamación de G-onzález Clemente & Co., qne estaba -tratando de recobrar el dinero pagado para conservar el café. La cuestión qne la corte tenía ante sí era nna fundamental-mente de sustancia.

Aun si estuviesen envueltas cuestiones de procedimiento, >éste es uno de esos casos que normalmente deben dejarse a la decisión de la corte de distrito. En otras palabras, dis-■crecionalmente debimos haber negado el auto.

Debe anularse el auto.


author: TSl Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Carlos J. Torres, querellante y apelante, v. Porto Rico Dairy, Inc., et al., querellados y apelados.
    No. 6151.

    — Sometido: Noviembre 24, 1933.

      Resuelto: Abril 25, 1934

      'Carlos J. Torres, por -su propio derecho; C. Coll y Cuchí, abogado de los apelados.
   TSl Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 22 de la Ley de Corporaciones (Compilación ■de 1911, sección 428) dispone:

“Si así se dispusiere en las cláusulas de incorporación archivadas, ’bien originales o enmendadas, en cualquiera elección de directores de ■una corporación organizada bajo esta ley, cada accionista tendrá de-recho a un número de votos igual al de -sus acciones multiplicadas por el número de directores que haya de elegirse, pudiendo dar todos <-estos votos a un solo director, o distribuirlos entre los que hayan de votarse, o entre dos o más de éstos, según tuviere por conveniente, el cual derecho, al ejercitarse, se denominará ‘votación acumulativa.’ No podrá votarse en una elección por ninguna acción que hubiere sido transferida en los libros de la corporación dentro de los veinte días anteriores a dicha elección. A no disponerse otra cosa en las cláu-sulas de incorporación, en toda elección, cada accionista, fuere o no residente, tendrá derecho a un voto en persona o por apoderado, por cada acción del capital social que poseyere; pero ningún poder1 para votar será válido a los tres años de haberse otorgado. Las acciones del capital de una corporación, pertenecientes a la misma, conocidas generalmente bajo la denominación de ‘acciones de tesorería’, no da-rán derecho a voto, directa ni indirectamente. Toda persona que po-seyere acciones en calidad de representante o fiduciario podrá repre-sentarlas en todas las sesiones de la corporación, y todo accionista que tuviere pignoradas sus acciones en forma de garantía colateral, podrá votar por virtud ele ellas como accionista, a menos que en el traspaso hecho al depositario en los libros de la corporación, se hubiere expre-samente conferido poder al depositario para votar por virtud de dichas acciones, y en este caso sólo el depositario o su apoderado, podrá representar dichas acciones y votar por ellas.”

La Porto Rico Dairy, Inc., se constituyó sin incluir en sus cláusulas de incorporación la disposición sobre “votación acumulativa” contenida en el artículo 22, supra.

El 30 de abril de 1932 esta corporación celebró elecciones. Uno de los accionistas, que dominaba 657 votos, procedió a nominar siete directores y a dar todos esos votos a cada uno-de los directores que babía que elegir. Carlos J. Torres también estaba presente -en la votación y era dueño o dis-ponía de 223 acciones o votos, que procedió a darse a sí mismo como uno de los directores. El resultado, según lo-anunció el inspector de la elección, fué que salieron electos los siete candidatos arriba mencionados, habiendo recibido' cada uno de ellos los susodichos 657 votos.

Carlos J. Torres presentó a la Corte de Distrito de San Juan una petición en que alegó que la elección fué ilegal y que debió haber sido declarado debidamente electo. Su idea era qne los 657 votos debían distribuirse entre los varios directores objeto de ellos. Por supuesto, entonces los 223 votos excederían a los obtenidos por uno o más de los otros candidatos.

La corte resolvió que.como no se dispuso en las cláusulas de incorporación el voto acumulativo de que babla la ley, la regla becba para proteger a una minoría de accionistas no era aplicable a este caso; que si la corporación o el deman-dante hubieran deseado protegerse, se habría logrado ese fin efectuando un cambio en las cláusulas.

De acuerdo con varios preceptos de la ley, todo accionista tiene derecho a un voto por cada acción que posea. La regla ordinaria es, según la conocemos, que un accionista puede votar por cada candidato, con el número de acciones de que disponga. Nada hay en la ley que exija, según sos-tiene el apelante, que un accionista divida su número total de acciones o votos entre todos los directores a ser elegidos. El juez de la corte de .distrito hizo clara la situación con un ejemplo. Dijo que en vez de elegirse conjuntamente a los siete directores, cada uno de ellos pudo haber sido elegido separadamente, y entonces, por supuesto, si sólo había que votar por una persona, cada accionista tendría derecho a depositar todos sus votos a favor de cada candidato.

Otra ilustración puede servir para aclarar la situación. Supongamos que en una corporación hay 50 acciones y que los accionistas, para sus propios fines, desean nombrar 55 agentes para toda la Isla. Entonces, de acuerdo con la teoría del apelante, algunos de los agentes no podrían obtener un voto.

Hemos examinado la jurisprudencia citada por el apelante, y no es de gran peso para la cuestión que se ventila.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, a requerimiento de Bautista Rosario, demandante y apelante, v. Luis Ferrer, demandado y apelado.
    No. 6176.

    — Sometido: Marzo 16, 1933.

      Resuelto: Abril 25, 1934.

      Luis F. Camacho, abogado del apelante; Tomás Bernardini de la Huerta, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn procedimiento de quo warrcmto instituido, como de costumbre, con el consentimiento del Fiscal General. El relator atacó la actuación de la Asamblea Municipal de Cidra al designar a Luis Perrer como uno de los miembros de dicha asamblea. La Corte de Distrito de Guayama, pre-sidida por Tomás Torres Pérez como juez interino, sostuvo la actuación de la asamblea municipal y anuló el auto de quo warranto previamente expedido.

La ley de Puerto Pico dispone que la asamblea municipal fijará los días en que celebrará sus sesiones ordi-narias. Mediante una ordenanza la asamblea fijó sus sesiones ordinarias para los días 16 al 26 de enero.

Por razones que es innecesario exponer, la Asamblea Municipal de Cidra no se reunió durante ninguno de los días comprendidos entre el 16 y el 26 de enero. Los autos de-muestran que el 5 de febrero cuatro de los miembros de la asamblea se reunieron, y por votación de tres designaron a Luis Ferrer como uno de los miembros de la misma.

No hay duda alguna de que cuando una asamblea municipal se reúne en sesión ordinaria, puede cubrir las vacantes, El relator, sin embargo, insiste en que la sesión celebrada el 5 de febrero no fue una sesión ordinaria, no fue debida-mente convocada y no hubo razón alguna para su existencia. No hay duda de que en Puerto Pico la única forma en que una asamblea municipal puede celebrar una sesión ordinaria es reuniéndose en los días señalados por la asamblea misma. La ley provee que la asamblea fijará los días en que se cele-brarán siis sesiones ordinarias, y la Asamblea Municipal de Cidra así lo Mzo por ordenanza. El apelado no pone en tela de juicio que la sesión celebrada el 5 de febrero no fue una sesión extraordinaria de la asamblea. Los autos tienden a demostrar que no se Mzo la debida convocatoria y que el objeto de la sesión nunca fue notificado a los miembros de la asamblea. Por tanto, convenimos con el relator en que la supuesta sesión de febrero 4 no fue una sesión ordinaria ni extraordinaria, no fue una sesión legal y que el nombra-miento de Luis Ferrer era nulo.

Empero estamos de acuerdo con el apelado, aunque abrigando algunas dudas, en que si se convoca debidamente una sesión, los miembros de la asamblea presentes, si constituyen un quorum, pueden fijar otra fecha para la sesión ordinaria.

Igualmente estamos inclinados a convenir en que dado el estado de la ley en Puerto Rico, los cuatro miembros que se reunieron hubiesen constituido un quorum, aunque la asamblea se compusiera de nueve miembros, si la sesión fue debidamente convocada.

La Ley Municipal en vigor provee que los miembros de la asamblea municipal tomarán posesión de sus cargos el segundo lunes de enero siguiente a las elecciones de noviembre. Hubo elecciones en noviembre de 1932 y es de presumirse que los nuevos asambleístas ocuparon sus cargos el 11 de enero de 1933. Este caso no fue visto ante esta corte hasta después de dicha fecha. Por tanto, la cuestión suscitada es en realidad académica.

El juez que suscribe duda además seriamente que la apelación en este caso fuera debidamente interpuesta. El escrito de apelación dice así: “El relator, El Pueblo de Puerto Rico, a instancias de Bautista Rosario, por su abogado que suscribe, notifica . . . ” y entonces Luis F. Camacho firma como abogado del relator. La ley de quo warrcmto provee que puede entablarse la apelación al igual que en otros casos. La única parte en el caso es El Pueblo de Puerto Bico, que actúa a instancia de un relator. El relator, desde luego, no lo era El Pueblo de Puerto Bico, sino Bautista Bosario. Cuando El Pueblo de Puerto Bico apela, actúa por mediación del Fiscal General. La idea es que como el Fiscal General tiene derecho a instituir el procedi-miento de quo warranto, él también debe tener derecho a decidir si debe o no apelar de la sentencia de la corte de distrito.

Resolviendo, sin embargo, que la apelación es académica, la misma debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Hútchison,

text:
    Arden Chemical Company, demandante y apelada, v. Porto Rico Drug Co., Inc., demandada, y National Surety Company, interventora y apelante.
    No. 6014

    — Resuelto: Abril 25, 1934.

      Besosa <& Besosa, abogados de la apelante; E. B. Wilcox, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hútchison,

emitió la opinión del tribunal.

Al resolver este caso, dijimos:

“. Ésta apela ahora de una sentencia adversa y sostiene que la corte de distrito erró al considerar que no existen diferencias entre una fianza para levantar un embargo y una fianza como depositario judicial y al considerar la fianza en cuestión como que había sido otorgada con el objeto de levantar el embargo.
“La apelante en su relación de hechos dice que la Porto Rico Drug Co. entregó al síndico designado por la Corte Federal todo su activo incluyendo los bienes embargados dejados en su poder al otor-garse la fianza. El alegato no hace referencia a ninguna de las pá-ginas de los autos en apoyo de esta aseveración. Luego, en el curso de la argumentación, la apelante dice que ‘de acuerdo con la prueba' la Corte ele Distrito de San Juan Rabia designado un síndico y tomado posesión de todos los bienes de l'a Porto Rico Drug Co. A este res-pecto se Race referencia a una resolución que se dice Raber sido dic-tada en el ‘caso civil No. 2548, Antonio Canals et al. v. P. R. Drug Company, Corte de Distrito de San Juan’, en la cual (según se transcribe en el alegato) al síndico de la corte de distrito insular se le ordenó que entregara al síndico designado por la Corte Federal los bienes de la Porto Rico Drug Co. No se Race referencia a página alguna o parte del récord del presente caso. Fuera de esto nada Ray, aun en el alegato de la apelante, que demuestre que la perfumería y las medicinas de patente embargadas por la demandante, en este recurso que fueron dejadas en poder de la Porto Rico Drug Co. fue-ran jamás entregadas a uno u otro síndico.”

Luego, en dicha opinión manifestamos que nada había en el alegato de la apelante que demostrara que ella hubiera sido perjudicada por haber dejado el juez de distrito de hacer una distinción entre la fianza provista por la sección 15 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias (Estatutos, sección 5247) y la fianza mencionada en la sección 10 de dicha ley.

El primer fundamento de la moción de reconsideración presentada por la apelante es que nuestra opinión anterior no hace distinción alguna entre las dos clases de fianzas provistas por la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias y especialmente por las secciones 10 y 15 de la misma. En dicha opinión no pusimos en tela de juicio la teoría de la apelante de que la fianza que teníamos a la vista era la fianza provista por la sección 10 más bien que la mencionada en la sección 15. El ratio decidendi fue que en ausencia de algo que demostrara por qué a la interventora, bajo las circunstancias del presente caso, no debía hacérsele responsable bajo la fianza realmente otorgada por ella, cualquier error cometido por el juez de distrito al dejar de hacer una distinción entre tal fianza y la fianza a que se hace referencia en la sección 15 de la ley, no fué perjudicial.

En su alegato original la apelante dijo que la fianza por ella prestada le hacía responsable sola y exclusivamente de los actos de la Porto Rico Drug Co. “como depositaría judicial y hasta el límite del valor de los bienes puestos en sn poder como tal depósito.” La moción de reconsideración no admite tanto. La contención ahora es qne la cuantía de la fianza no se determina por el valor de los bienes embargados, sino que puede ser fijada por el juez sentenciador, en el ejercicio de una sana discreción, en una suma meramente nominal o en cualquiera otra suma, y que la responsabilidad de la fiadora se limita a los daños y perjuicios que la parte demandante pueda probar, en caso de que se enajenen los bienes embargados y una vez probada tal enajenación, o en caso de que la parte demandada desobedezca alguna orden de la corte. Luego de esta contención, se insiste nuevamente en la teoría de la apelante de que la Porto Rico Drug Co. había entregado los bienes embargados a un síndico desig-nado por la Corte Federal, de conformidad con una resolución dictada por la corte de distrito insular ordenando tal entrega.

El objeto de la fianza autorizada por la sección 10 de la ley, al igual que el objeto del embargo y de la ley misma, según su título indica, es asegurar la efectividad de cualquier sentencia que pueda dictarse en favor de un demandante. De acuerdo con los términos expresos de la sección 10, la fianza responderá del valor de los bienes embargados. La discreción de la corte existe en cuanto a la suficiencia de la fianza que debe prestarse para tal fin, pero no respecto a si el importe de la misma será o no suficiente para cubrir el valor de los bienes embargados. La fianza se refiere a una súplica anterior de la demandada al efecto de que los bienes embargados se dejen bajo su custodia al prestar una fianza por la suma de $2,500 para responder del valor de dichos bienes. La obligación asumida por la Porto Rico Drug Co. y por la National Surety Co., conforme se hace constar en la misma fianza, lo fue para pagar a la deman-dante, Arden Chemical Company, el valor de dichos bienes hasta la suma de $2,500, “garantizando así a dicha Porto Rico Drug Company, como tal depositaría judicial de los ya mencionados bienes; entendiéndose que la citada Porto Eico Drag Company dará fiel cumplimiento a toda y cualquiera orden de esta Hon. Corte, de acuerdo todo, con las leyes vigentes.” Esto quería decir que la demandada presentaría los bienes embargados al ser requerida; o en caso de que dejara de hacerlo así, la demandada o su fiadora respondería del importe de cualquier sentencia que se dictara a favor de la demandante basta una suma que no excediera del importe especificado en la fianza, es decir, del valor de los bienes embargados. Según la propia teoría de la apelante, los daños provenientes de la enajenación hecha por la demandada de los bienes embargados o de la desobediencia de ésta a una orden para que se reentregaran dichos bienes, el importe de tales daños sería el valor de los bienes embargados, siempre que la sentencia obtenida por la demandante exce-diera de tal valor, o el importe de la sentencia si el valor de los bienes embargados excedía de tal sentencia.

Puede admitirse, desde luego, que de ordinario la recla-mación de la demandante contra la compañía fiadora sería precedida por alguna orden de la corte. En el presente caso, sin embargo, la compañía fiadora insistió en que se le hiciera parte demandada en la acción original, en su contestación suscitó la cuestión de su responsabilidad como fiadora y fué a juicio sobre las controversias así planteadas. Se había dic-tado sentencia en rebeldía contra la demandada original mucho antes de celebrarse la vista de la contienda entre la demandante y la compañía fiadora como interventora. El primer documento ofrecido como prueba por la demandante, sin objeción de la interventora, fué la fianza. Prácticamente, la única cuestión de hecho ante el juez sentenciador fué si los bienes embargados de conformidad con una orden dictada por la corte de distrito insular, habían pasado a poder de un síndico designado por la Corte Federal. La compañía fiadora tuvo su día en corte. Fué derrotada en todas las cuestiones de derecho por ella planteadas y dejó de establecer el elemento esencial de su defensa especial. No puede ahora quejarse de que se dejó de demostrar que la demandada original Rubiera desobedecido cualquier orden específica en relación con los bienes embargados o con la presentación de los mismos como requisito previo a la sentencia.

La apelante se refiere abora por primera vez específicamente a ciertas partes del testimonio de determinados testigos como tendentes a establecer la teoría de una entrega por parte de la Porto Rico Drug Co. al síndico designado por la Corte Federal, de conformidad con una orden de la corte de distrito insular. Uno de estos testigos dijo que al nombrarse al síndico de la quiebra, la llave y lo que estaba en quiebra le fueron entregados. Este testigo, que era o babía sido el presidente de la Porto Rico Drug Co., no dice que él entregó la llave, ni quién la entregó, ni dice que los bienes embargados estaban incluidos “en lo que estaba en quiebra.” El síndico de la quiebra declaró que recibió de la Corte de Distrito de San Juan toda la mercancía “que estaba en la Corte de Distrito de San Juan.” Tomamos el siguiente extracto de su testimonio durante la repregunta:

“P. — ¿Usted dice que recibió de la Corte de Distrito de San. Juan los artículos que habían sido embargados ¶
“R. — Yo no sé si estaban embargados. Estaban en las manos de la corte.
“P. — ¿Quién los tomó de la corte?
“R. — Yo no sé.
“P. — ¿Cuántos embargos babía en la corte de distrito?
WR. — Yo no sé cuántos embargos, pero sé que la mercancía que pertenecía, a la Porto Rico Drug estaba en las manos de la Corte de Distrito de San Juan.
“P. — ¿Toda?
“R. — No sé cómo estaba allí. Yo fui allí con el abogado Mr. Molina, y el señor SepúlVeda que era el juez, le dió orden al márshal para que me entregara todo a mí.”

En el presente caso los bienes fueron embargados en marzo de 1926 y en mayo del mismo año fueron puestos bajo la custodia de la demandante. El procedimiento de quiebra, fue iniciado en la Corte Federal en octubre. En ausencia de algo que demuestre una reentrega de los bienes embargados por parte de la demandada al márshal, el testimonio que acabamos de citar deja de establecer una entrega de tales bienes por el márshal al síndico de la quiebra. Aun si se pudiera interpretar una orden de la corte de distrito al márshal para que entregara todo al síndico de la Corte Federal en el sentido de incluir bienes embargados que habían pasado a la custodia de la demandada con más de cuatro meses de anterioridad a la-fecha en que se dictó tal orden, nada hay que demuestre que fuera así interpretada por el márshal o que él tomó posesión material de tales bienes y entregó los mismos como parte de la quiebra. De todos modos, no estamos preparados para asumir con la apelante, en ausencia de cualquier cita de autoridad o razón satisfac-toria para tal hipótesis, que la entrega de bienes embargados sin protesta u objeción por parte de la demandada, sin noti-ficarse a la parte demandante y sin llamar la atención del juez de distrito a la forma en que se interpretaba y cumplía tal orden, hubiese relevado a la parte demandada y a su fiadora de toda responsabilidad para con la demandante.

El segundo fundamento de la moción de la apelante es que en nuestra opinión anterior pasamos por alto el hecho de que incumbía a. la demandante establecer el valor de los bienes embargados y que la demandante no adujo prueba alguna respecto a tal valor. A este respecto la apelante también asume, sin tratar de demostrarlo, que incumbía a la demandante establecer el valor de los bienes embargados. Muy bien podría argiiirse por otra parte, que las disposiciones de la sección 10 relativas a la “fianza bastante a discreción del tribunal para responder del valor de dichos bienes,” tienen por mira necesariamente por lo menos un justiprecio tentativo de los bienes por parte de la corte y que la fianza misma, al ser presentada como prueba, es una demostración suficiente prima facie del valor de los bienes. La fianza ofrecida como prueba por la demandante dice que: “en virtud de una orden de embargo librada por esta Hon. Corte, con fecha 27 de marzo de 1926, en el caso arriba in-dicado contra la Porto Pico Drug Company, demandada, el márshal de esta corte ha embargado medicinas patentizadas y perfumería, valoradas en $2,100.” De esta admisión sobre el valor de los bienes embargados al tiempo de efectuarse el embargo, unida a la cuantía de la fianza fijada por el juez de distrito, como suficiente para responder del valor de tales bienes, es lógico inferir que el importe de la sentencia — menos de la mitad de tal estimado — no excedía del valor real de dichos bienes. Sea ello como fuere, conforme ya hemos in-dicado, ésta no fue originalmente una acción o procedimiento contra la fianza. La compañía fiadora la convirtió en tal acción o procedimiento al comparecer y solicitar voluntaria-mente que se le hiciese parte demandada, al radicar su con-testación y al plantear la cuestión de su responsabilidad bajo la fianza, sin suscitar cuestión alguna respecto al valor de los bienes embargados. En estas circunstancias, cual-quiera que sea la regla en una acción o procedimiento ordi-narios, no estamos dispuestos a alterar el resultado, en la teoría de que la fianza misma no bastaba para demostrar que el valor de los bienes embargados era por lo menos mayor que el importe de la sentencia.

Dehe declararse sm hogar la moción de reconsideración.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Lebrón Bernes, acusado y apelante.
    No. 5052.

    — Sometido: Enero 11, 1934.

      Resuelto: Abril 27, 1934.

      Burset & Pérez Pimentel, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pablo Lebrón Bernes fné denunciado ante la Corte Municipal de Fajardo por Francisco Yélez Ortiz, Jefe de Distrito de la Policía Insular, por una infracción a la sección 29 de la Ley de Arbitrios No. 85 de 1925 (p. 585).

Condenado por la corte municipal, apeló a la del distrito, Humaeao. En ésta se señaló el nuevo juicio para junio 9, 1932. Se llamó la causa y ambas partes anunciaron estar listas. Muestra el récord que antes de comenzar la práctica de la prueba ocurrió lo que sigue:

“Liedo. Burset: Señor Juez, en este caso vamos a presentar una excepción perentoria, a reserva de reproducirla más tarde por escrito. Nosotros entendemos que el delito por el cual se denuncia a este acu-sado, que es una infracción a la sección 29 de la Ley Número 85, de 1925, o sea de la Ley de Arbitrios, no constituye delito público en Puerto Rico. Sostenemos que la denuncia no imputa un delito pú-blico en Puerto Rico, porque entendemos que la sección 29 de la Ley de Arbitrios No. 85, de 1925, no puede existir estando penado por una Ley Federal, o sea, la Ley de Prohibición Nacional, por poseer alam-biques o 'aparatos destinados a la fabricación de licores. . . .
“(El Hon. Fiscal argumentó en oposición a la excepción peren-toria presentada por el abogado defensor).
“Hon. Juez: La Corte resuelve l'a cuestión, indicando que su cri-terio es contrario a lo sostenido por la defensa, entendiendo' que ésa no es la teoría correcta. . . .
“Licdo. Burset: Respetuosamente anotamos una excepción, y solici-tamos ahora que se devuelva la propiedad ocupada, por entender que ha sido ilegalmente obtenida, porque la orden de allanamiento es de-fectuosa, por no describirse en ella de una manera clara y detallada como exige la ley, la propiedad que se va a registrar o sea el domici-lio del acusado que no está claramente detallado- en la orden de alla-namiento. ...
“Hon. Fiscal: ... la moción, según nosotros entendemos, está fuera de lugar.
“Licdo. Burset: La única prueba es la propia orden de allana-miento.
“Hon. Juez: La Corte entiende también que la moción es tardía, que es necesario continuar perdiendo tiempo sobre esta cuestión. La Corte tiene el criterio formado de que debe declarar sin lugar la moción,' porque es tardía, ya qué está la evidencia en posesión de El Pueblo, aún cuando haya sido obtenida por una orden de allanamiento defectuosa, o en violación de cualquiera otra Ley, y el juicio está -pró-ximo a empezar. Si no se impugna el procedimiento por cualquier otro motivo, el expuesto por la defensa no es suficiente para ordenar la devolución de la evidencia ocupada.
“Licdo. Burset: Tomamos excepción. Y ahora alega el acusado que ha sido absuelto en la Corte Municipal de Fajardo el día 16 de febrero de 1932, por estos mismos hechos, habiendo sido- denunciado por Infracción a la Ley Nacional de Prohibición.
“Hon. Fiscal: Evidencia.
“Licdo. Burset: Presentamos en evidencia una copia de la sen-tencia dictada por el Juez Municipial de Fajardo, certificada por el Secretario de aquella Corte, y una copia de la denuncia presentada por El Pueblo contra Pablo Lebrón Bernes, por infracción a la Ley Nacional de Prohibición. Y presentamos esta certificación para sos-tener que este acusado fué obsuelto por estos mismos hechos.
“Hon. Fiscal: Con nuestra oposición, señor Juez.
“Hon. Juez: A los efectos de la moción sobre absolución anterior la Corte admite la evidencia ofrecida y fundándose en ella se declara sin lugar la moción, por entender que son dos cuestiones distintas, la que aparece en la denuncia ante la Corte Municipal ,de Fajardo, y la denuncia que ahora está pendiente ante la Corte.
“Liedo. Burset: Respetuosamente anotamos una excepción.
“Hon. Juez: Alegación?
“Liedo. Burset: El acusado es inocente.”

Procedióse seguidamente a practicar la prueba con el. siguiente resultado:

Francisco Vélez, Jefe Distrito P. I., denunciante, conoce al acusado y el 30 de octubre le ocupó en su casa el alambique que está ante la corte. Le preguntó si el alambique era suyo y si lo tenía inscrito en la Tesorería de Puerto Rico y le contestó que era suyo y que no lo tenía inscrito. El alam-bique ocupado es capaz de destilar alcohol. Explica cómo funciona.

La defensa aceptó que un policía insular que había com-parecido como testigo de cargo declararía igual que su jefe.

El Fiscal introdujo entonces como prueba el alambique, compuesto de un recipiente, de un rectificador, de un tubo de goma y de una serpentina. Se opuso la defensa. La corte lo admitió y la defensa tomó excepción.

En ese estado el procedimiento la defensa presentó una moción de nonsuit que fue declarada sin lugar. No intro-dujo evidencia, y la corte dictó sentencia declarando al acu-sado culpable de un delito de infracción a la sección 29 de la Ley No. 85 de 1925, imponiéndole treinta y cinco días de cárcel con las costas.

No conforme el acusado, apeló. En su alegato señala la comisión de seis errores.

El primer señalamiento se refiere a la nulidad de la orden de allanamiento y el quinto a la admisión como prueba del alambique ocupado a virtud de dicha orden. Ambos guardan estrecha relación.

El fiscal llama la atención hacia el hecho de que la orden de allanamiento no figura en los autos y así es en verdad. El 'apelante no ha colocado, pues, a esta corte en condiciones de resolver sobre la nulidad alegada.

Además la cuestión se suscitó en el acto del juicio después de ambas partes haber anunciado que se encontraban listas y era por consiguiente tardía. En el caso de El Pueblo v. Cerecedo, 21 D.P.R. 56, 61, esta corte se expresó así:

“ ‘Entiende esta defensa que la admisión, hecha por la corte, de los dos libros de cuentas y copiador, aún en el caso de que se hubiera probado que ellos pertenecían a Cerecedo, el acusado, fué error en perjuicio de los derechos esenciales del acusado.’
“Argumentando este error, el apelante sostiene que la Corte de Distrito violó principios consagrados por las Enmiendas IV y V a la Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, hay una circunstancia que impide que este error pueda ser siquiera alegado y discutido en este caso.
“Los libros se ocuparon por virtud de cierta orden de allana-miento librada por el Juez Municipal de San Juan, y el acusado nada objetó hasta el momento de celebrarse la vista. Tal momento no era el oportuno y la Corte de Distrito al admitir los documentos que según hemos visto se referían al delito investigado, no- violó ningún principio constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia que a con-tinuación citamos.
“ ‘Admitiendo que los billetes de Lotería y los efectos fueron ocu-pados ilegalmente, esto no constituye sin embargo un motivo legal de oposición a su admisión como prueba. Si la orden de allanamiento fué ilegal, o si el funcionario que la cumplimentó se excedió en sus atribuciones, la persona a petición de la cual fué librada dicha orden, o el funcionario serían responsables del perjuicio causado. Pero ésta no es una buena razón para que sean excluidos como prueba- los do-cumentos ocupados si ellos eran pertinentes al caso, como indiscutible-mente lo fueron. En la presentación de documentos como prueba la corte no puede tomar en consideración la forma en que se obtu-vieron, o sea, si fueron adquiridos legal o ilegalmente, ni constituyen ellos una alegación de carácter independiente del punto en discusión en la que pueda fundarse la resolución de dicha cuestión.’ Com. V. Dana, 2 Mete., 329. V/Igmore sobre Evidencia, art. 2183. 35 Cyc. Searches and Seizures, 1271, 1272.
“ ‘El mismo principio se había establecido en el caso de People v. Adams, 176 N. Y. 351, contra cuya sentencia se interpuso apelación para ante esta corte, y en el que se resolvió que si los documentos ocu-pados además de los billetes de una especie de lotería eran prueba pertinente del caso, como así lo consideró la corte, eran admisibles como prueba en el juicio expresándose la Corte en la página 358, como sigue: “El principio fundamental es claramente que cuando la corte está celebrando un juicio criminal, no tomará en consideración la forma en que los testigos ban obtenido los documentos u otros objetos de uso personal, que son esenciales y que ban sido debidamente ofrecidos como prueba.” Esta doctrina de tal modo establecida por la Corte de Apelaciones de New York y que ba sido aprobada por este Tribunal y según la cual en la vista de una causa criminal la corte no permitirá que se promueva una cuestión indirecta respecto al origen de pruebas que son pertinentes, ba sido sancionada por tantas de-cisiones de los Estados que sería imposible citar o bacer referen-cia a ellas en particular. Muchas de las mismas ban sido citadas en la nota del caso State v. Turner, 136 Am. St. Rep., 129, 135 et seq. Después de citar numerosos casos dice el editor: “El principio en que se fundan todas estas resoluciones es claramente que cuando la corte se encuentra ocupada en la celebración de una causa criminal, no tendrá en consideración- la forma o manera en que ba adquirido' un testigo ciertos documentos u otros efectos objeto de prueba que son esenciales y que ban sido debidamente presentados como prueba. People v. Adams, 176 N. Y., 351, 98 Am. St. Rep., 675; 68 N. E. 636; 63 L.R.A. 406. Este examen o investigación no forma parte necesa-riamente de la acción principal y ponerlo en práctica sería demorar el curso ordenado de una causa .y considerar incidentalmente una cuestión que ba venido a interponerse en el curso de dicba causa y que es enteramente independiente de la misma.’ Weeks v. United States, 232 U. S. 383.”

Por el segundo señalamiento se levanta la cuestión suscitada por la excepción previa. Se argumenta por el propio apelante como sigue:

“En el presente caso se trata de una denuncia por una infracción a la sec. 29 de la Ley No. 85 del 1925 conocida por la Ley de Arbitrios, en la que se bace penable el poseer un alambique sin tenerlo' inscrito en la oficina del Tesorero de Puerto Rico. Esta sección es igual a la see. 61 de la misma Ley de Arbitrios de 1919.
“El acusado presentó una excepción perentoria alegando que los hechos consignados en'la denuncia no constituyen un delito público, porque entendía que esta sección está derogada o mejor dicho no puede subsistir estando penado estos hechos por la ley federal de prohibición. Con la excepción del 'apelante fué declarada sin lugar la excepción perentoria.
“¿Tiene facultad nuestra Legislatura para promulgar leyes que estén en oposición a leyes federales o que tácitamente la deroguen! Esta pregunta queda contestada indudablemente en la negativa. El poder y la facultad de nuestra Legislatura insular está limitada por el poder y la facultad del Congreso de los Estados Enidos.
“Antes de ser promulgada la ley conocida por Ley de Prohibición Nacional, existía en los Estados Unidos y existe en la actualidad otra ley conocida por Ley de Eentas Internas, y en su sección VI, o sea Estatutos Eevisados de los Estados Unidos, see. 3258 disponía que toda persona que estuviere en posesión de un alambique para fabri-car licor estaba en la obligación ele inscribirlo en la oficina del colector de rentas internas y el no hacerlo así era constitutivo de un delito. Como se ve esta see. 3258 de los Estatutos Eevisados de los Estados Unidos es análoga a la nuestra contenida en nuestra Ley de Arbitrios, la única diferencia es que en aquélla la obligación es ele inscribir el alambique con el colector de rentas internas y en ésta es de inscribirlo en la oficina del Tesorero de Puerto Eico.
“Y así se verá que todas aquellas leyes de rentas internas fede-rales que estaban relacionadas con licores intoxicantes fueron deroga-das por la Ley de Prohibición y no creemos que nuestra Legislatura insular haya de tener facultades más amplias que el propio Congreso americano para, poder legislar sobre estas materias. Para sostener nuestro punto de vista, vamos a copiarle alguna de las decisiones de los tribunales americanos resolviendo sobre esta contención.
“ 'Eev. St. see. 3258, 3281 (Comp. St. 5994, 6021), making it an offense to have an unregistered still or to carry on the business of distiller without giving bond or with the intent to defraud the United States of the tax, so far as relates to stills for the manufacture of liquor for beverage purposes, held repealed by the National Prohibition Act of October 28, 1919. Gray vs. U. S., 276 F. 395.”

Si la ley insular no se refiriera como se refiere expresa-mente a alambiques capaces de “destilar alcohol para fines medicinales, industriales, científicos o sacramentales,” tendría razón el apelante.

El propio caso de Gray vs. U. S., 276 F. 395 que el ape-lante invoca limita expresamente la derogación “a al am-Triques para la manufactura de licor con fines de bebida.” E igual limitación contienen los otros casos qne cita.

Y se comprende perfectamente qne así sea porqne lo qne tendió a prohibir la ley federal fné la bebida de licores em-briagantes, qnedando autorizado el uso del alcohol, base de dichos licores, para fines industriales, científicos, medicinales o sacramentales, siendo en tal virtud legal su fabricación para esos propósitos siempre desde luego qne se cumpliera con lo exigido por la ley sobre el particular.

El tercer señalamiento se formula así:

“La Corte ele Distrito ele Hnmacao cometió error al desestimar la alegación del acusado de haber sido absuelto anteriormente por los mismos hechos.”

Carece de fundamento. La absolución anterior que se invoca lo fue de un delito de infracción a la Ley Nacional de Prohibición consistente en la posesión de un galón de ron, bebida embriagante, hecho distinto del imputado en este caso.-

El cuarto señalamiento es como sigue:

“La Corte de Distrito de Huma cao cometió error al permitir al testigo Francisco Yélez Ortiz declarar como perito.”

No existe. Creemos que dada la competencia que reve-laron sus contestaciones, el testigo estaba capacitado para declarar sobre lo que era un alambique y sobre cómo funcio-naba.

Por el sexto y último señalamiento se sostiene que la corte erró al declarar sin lugar la moción de nonsuit.

Argumentándolo dice en su alegato el apelante:

“En el presente caso, claramente se verá examinando en su tota-lidad toda la evidencia aportada por la prueba de El Pueblo, que no establece en ninguna parte ni en forma alguna dos de los extremos más importantes en casos de esta naturalza, a saber: que el alambi-que sea capaz de destilar alcohol para fines medicinales, sacramentales o científicos; ni que dicho alambique no estuviera inscrito en la oficina del Tesorero de Puerto Rico.”

A nuestro juicio la prueba .demuestra'amibos' extremos. Basta recordar lo que declaró el testigo Vélez, a saber: que el alambique ocupado en la casa del acusado pertenecía a éste que no lo tenía inscrito en la Tesorería y era capaz do destilar alcohol qne como tal es susceptible de usarse para fines industriales, científicos y medicinales.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante apelado, v. Compañia Insular de Transporte, Inc., acusada apelante.
    No. 4938.

    — Sometido: Enero 27, 1933.

      Resuelto: Abril 27, 1934.

      Juan B. Solo, abogado de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Compañía Insular de Transporte, Inc., apela de la sentencia qne la condena en este caso a pagar una multa por haber transportado en uno de sus camiones (tnoch) más carga de la que estaba autorizada a llevar por las carreteras de la Isla.

Los motivos que alega para su apelación son los siguientes: que la corte inferior cometió manifiesto error al apreciar la prueba; al admitir como evidencia determinado documento y al dictar sentencia contra la acusada. El último de ellos no lo disente la apelante porque lo considera una consecuencia de los otros dos.

La apelante funda su primer motivo de error en que la declaración del chauffeur del truch es inadmisible para probar la relación de principal y agente; pero en los casos de Cayuga v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 457, y de Fajardo v. Schlüter & Co., Sucr., 43 D.P.R. 276, resolvimos que la agencia puede probarse por el testimonio en juicio del agente; regla de evidencia que también es aplicable en lo criminal.

El segundo motivo del recurso carece de importancia porque aunque no hubiera sido admisible como evidencia el documento llamado “conduce” a que se refiere, del que aparece que el chauffeur Rafael Meléndez recibió los sacos de azúcar que en él se especifican entregados por la Central Los Caños, de Arecibo, a la apelante para su conducción a San Juan en el truch mencionado en la acusación y con el peso que determina, siempre resulta que esos mismos hechos fueron declarados en el juicio por dicho chauffeur.

No existiendo los expresados motivos de error, cae por su base el tercero y la sentencia apelada debe ser confirmada.