text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Álvarez de Jesús, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 8406 y 8407.

    Sometidos: Diciembre 16, 1940.

      Resueltos: Diciembre 17, 1940.

      Leopoldo Tomes García, abogado del apelante;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Sxipremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné arrestado el 5 de octubre de 1938 pa'ra responder de ciertos actos delictivos por los cuales se le pre-sentaron dos acusaciones por atentado a la vida. Fueron éstas radicadas después de los sesenta días de haberse veri-ficado el arresto y la corte, a moción del acusado, ordenó gu sobreseimiento, a virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Sobreseídas dicha dos acusaciones, el fiscal presentó dos nue-vas, por los mismos delitos, que resumiremos así:

Caso número 8406:
Que el 5 de octubre de 1938 y en Ponce, Puerto Rico, el acusado ilegal, voluntaria y maliciosamente, y con el propósito de asesinarlo, allí y entonces acometió y agredió con un revólver cargado de balas al ser humano Marcelino Martínez, haciéndole un disparo con dicho revólver y produciéndole una herida de bala en la parte posterior del cuello.
Caso número 8407:
Que el acusado, allá para el día 5 de octubre de 1938 y en la ciudad de Ponce, voluntaria y maliciosamente y con el propósito de asesinarla, allí y entonces acometió y agredió con un revólver al ser humano Carmen Rosa Merced, infiriéndole varios golpes en la ca-beza con dicho revólver, produciéndole varias contusiones.

Se concedió al acusado hasta el 5 de septiembre de 1939 para formular alegaciones y en la fecha últimamente citada radicó una moción en cada caso en la que después de ex-presar los hechos antes reseñados, agregó:

"3. Que el Fiscal del Distrito indebida o erróneamente ha cali-ficado los hechos contenidos en la acusación como constitutivos de un delito de atentado a la vida {felony), cuando en realidad dichos he-chos a lo sumo, y cuando resulte el acusado culpable de la realización de los mismos, podrán constituir un delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes (misdemeanor), por lo que el Fiscal no podía radicar una nueva acusación contra este acusado por esos mismos hechos.”

Desestimada que fué la moción referida, se celebraron los dos juicios por jurado, el cual declaró al acusado culpable de un delito de acometimiento y ag'resión con circunstancias agravantes en cada caso. La corte aceptó los veredictos, pero antes de que se dictara sentencia, el acusado, con fecha primero de junio de 1940, reprodujo su moción anterior so-licitando el archivo y sobreseimiento de ambos casos, invo-cando el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que textualmente dice:

“Art. 452. Un auto para el sobreseimiento de una causa, según lo prescrito en este capítulo, imposibilita la formación de otro pro-ceso por el mismo delito si éste es un misdemeanor (delito menos grave) ; pero no así cuando el delito es un felony (delito más grave).” (Bastardillas nuestras.)

Desestimadas ambas mociones, se dictaron en cada caso las sentencias que motivan estos' dos recursos.

Conocemos ya las dos acusaciones que dieron lugar a los veredictos antes mencionados y no tenemos duda alguna de que suficientemente imputan el delito de atentado a la vida. Este delito comprende el de acometimiento y agresión, dis-tinguiéndose de este último en que en el primero se imputa la intención de cometer asesinato. Pueblo v. Pagán, 23 D.P.R. 828.

No consta de los autos el texto de las dos acusado-' nes que fueron anteriormente sobreseídas, pero sí aparece que eran por un delito de atentado a la vida, delito que núes-tro Código Penal califica de felony. Siendo ello así, al sobre-seerse dictas acusaciones, el artículo 452 citado no impide que puedan presentarse nuevas acusaciones contra el acusado por los mismos delitos. El becbo de que el jurado declarase culpable al acusado de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes en ambos casos, no varía la calificación del delito imputado en las acusaciones archivadas. El acu-sado fué procesado por dos delitos de atentado a la vida {felony) y esos procesos fueron l;os que se archivaron de acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y siendo ello así, su sobreseimiento no impidió la for-mación de otro proceso por el mismo delito, pues como hemos visto las acusaciones sobreseídas se referían a delitos felony y no misdemeanor.

En el caso de Pueblo v. Pagán, supra, citado por el fiscal, se dijo por esta corte:

“Carlos Pagán fué acusado del delito de atentado a la vida, pero habiendo sido sobreseída la causa por el tribunal el día antes del se-ñalado para el juicio a petición del Fiscal, basada en que no tenía evidencia suficiente para probar ese delito, fué presentada nueva acusación en la que se le imputó por el mismo hecho el delito de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes. Al leérsele esta acusación, pidió el sobreseimiento y archivo de la causa fundán-dose en que el delito de atentado a la vida comprende el de acome-timiento y agresión con circunstancias agravantes, y en el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal por ser menos grave el delito por el que se le persigue en la segunda acusación. La petición fué desestimada por el tribunal inferior, quien, celebrado el juicio, lo declaró culpable y le impuso pena, contra cuya sentencia apeló el acusado.
“El artículo 452 que se cita dispone que el sobreseimiento de una causa imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, si éste es un delito menos grave, pero no así cuando el delito es muy grave, precepto que carece de aplicación en el presente caso porque el primer delito sobreseído no era menos grave sino muy grave.”

En el presente caso, la segunda acusación no fué como en el de Pagán, por acometimiento y agresión grave (misde meanor) sino por el mismo delito anteriormente imputádole de atentado a la vida. Si el sobreseimiento de la acusación anterior en el caso de Pagán no impidió la acusación posterior por acometimiento y agresión grave — por tratarse de que la acusación sobreseída imputaba un felony — , tampoco puede impedirla en el presente caso por el hecho de que la segunda acusación sea por el mismo delito (felony), por autorizarlo así de manera expresa el artículo 452 del Código de Enjui-ciamiento Criminal.

El caso del Pueblo v. Ramos, 28 D.P.R. 800, invocado por el apelante, no es de aplicación al de autos. En aquél, Ramos fue acusado de un delito de hurto de mayor cuantía (felony), y el jurado lo declaró culpable de hurto de menor cuantía (misdemeanor). Según el apelante, la acusación se había presentado después de expirado el plazo de un año desde la comisión del delito y siendo el realmente cometido según el veredicto del jurado el de hurto de menor cuantía (misdemeanor), de haberse radicado en realidad la acusación des-pués de un año de la comisión del delito, éste hubiera estado prescrito al radicarse la acusación.

El artículo 452 supra no se refiere al delito cometido, sino al delito imputado en la acusación, y es a la acusación y no al veredicto, o sentencia en casos vistos por tribunal de de-recho, donde debe recurrirse para determinar si es o no apli-cable la prohibición de nuevo proceso contenida en el artículo 452 supra.

Por lo expuesto, opinamos que no cometió la corte sen-tenciadora el error que se le imputa, por lo que procede de-sestimar el recurso en uno y otro caso y confirmar las sen-tencias apeladas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Luis Torregrosa, acusado y apelante.
    Núm. 8336.

    Sometido: Noviembre 7, 1940.

      Resuelto: Diciembre 18, 1940.

      B. Fernández García y Angel M. Torregrosa, abogados del apelante;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Contra el acusado apelante se formuló denuncia por de-lito de injuria y calumnia, imputándosele haber pronunciado desde la tribuna pública, voluntaria y maliciosamente, las si-guientes palabras:

“. . . Que los marinos de los barcos de guerra eran unos pre-sidiarios y que hacían de nuestras mujeres unas prostitutas llenando los cabarets en San Juan; que cuando venía un barco de turistas a Puerto Rico, se veían las turistas desembarcar casi desnudas con un pañuelo por vestido y que eran tan hábiles que de un pañuelo hacían un vestido; que eran unas prostitutas y que él lo podía probar; que el coronel de la policía Sr. Enrique de Orbeta y el Jefe de la Policía de Ponce Sr. Felipe Blanco se habían cruzado telegramas planeando la massacre y asesinatos de Ponce; que más tarde fué sancionad© por el Gobernador de Puerto Rico Sr. Blanton Winship, premiando los guardias asesinos y aumentándoles el sueldo; que el verdadero terrorista de Puerto Rico era el Gobernador Blanton 'Winship por-que había premiado los asesinos, aumentándoles sueldos y ascendién-dolos. ’ ’

Se alega en la denuncia que dichas manifestaciones son falsas y que fueron hechas en deshonra y menosprecio de las personas en ellas mencionadas y con la intención aviesa de exponer a dichas personas al ridículo público.

El acusado formuló excepción perentoria a la denuncia, alegando en substancia:

1. Que las palabras referentes a los marinos y a las turistas no constituyen delito ni causa posible de injuria y calumnia, ya que no se hace referencia a ninguna persona natural o jurídica, y debido a que los nombres de los presuntos perjudicados no pueden relacionarse con las imputaciones generales que contiene la denuncia.
2. Que las manifestaciones que se le atribuyen, referentes al coro-nel Orbeta, al capitán Blanco y al Gobernador "Winship carecen de certeza “positiveness,” porque no pueden ser las palabras exactas pronunciadas por persona alguna. Su redacción en forma de relato, no lleva al ánimo ni a la conclusión de un talento común la cita exacta que se exige en acusaciones por calumnia.
3. Que del texto de la denuncia no aparece que los presuntos per-judicados estuviesen “presentes o ausentes” mientras se hacían las supuestas manifestaciones.
4. Que en la denuncia no se alega que las manifestaciones se hi-cieran “para deshonrar y menospreciar a los presuntos perjudicados ante la opinión de los allí presentes en el dicho acto.”
5. Que la denuncia no imputa al acusado un delito público, puesto que las alegadas manifestaciones injuriosas no son susceptibles de ser interpretadas en el sentido de que ellas pudieran imputar un delito a los supuestos perjudicados.
6. Que en la denuncia no se citan las palabras exactas, tal y como hubieron de salir de labios del acusado.
7. Que la denuncia imputa más de un delito.

Desestimada la excepción perentoria y visto el caso ante la Corte de Distrito de Gfuayama, el acusado fué declarado culpable y condenado a pagar una multa de $25 más las cos-tas. Y no estando conforme apeló.

No existe controversia alguna en cuanto a la prueba, ex-cepto la alegación de insuficiencia que hace el apelante. Se señalan como errores de la corte sentenciadora (1) haber de-sestimado la excepción perentoria a la acusación y (2) haber declarado sin lugar la excepción en contra de la suficiencia de la prueba.

Convenimos con el apelante en que la primera parte de la denuncia, o sea la referente a los marinos y a las turistas, no imputa la comisión de delito alguno. Para que exista el delito de calumnia e injuria (slander) es necesario que las palabras injuriosas o la imputación falsa se refieran a otra persona natural o jurídica. En el presente caso, los conceptos proferidos por el acusado no se refieren a un marino o a una turista determinada. El Pueblo v. Santos, 24 D.P.R. 64.

Eliminadas las palabras referentes a los marinos y turis-tas, veamos si el resto de la denuncia aduce hechos suficien-tes para constituir un delito de calumnia e injuria.

La ley para definir y castigar el delito de calumnia e in-juria (slander), aprobada en 9 de marzo de 1911 (Código Penal, 1937, pág. 173), dispone:

“See. 1. CalumNia, definición. Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa imputación hecha de palabra y pública-mente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comi-sión de hecho constitutivo de delito.
“Seo. 2. Otra definición. Entiéndese también por calumnia toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente en des-honra, descrédito, menosprecio de otra persona natural o jurídica.
“See. 3. Constituyentes del delito. Se presumirá maliciosa y será calumnia procesable toda expresión calumniosa hecha pública-mente en presencia o en ausencia de la persona agraviada.”

La denuncia alega y la prueba sostiene, que en un mitin, público, en el que había presentes más de cien personas, el acusado, dirigiéndose al público allí congregado, imputó al Sr. Enrique de Orbeta, Coronel de la Policía Insular y al Sr. Felipe Blanco, Jefe de dicho cuerpo en la ciudad de Ponce, haber planeado “la massacre y asesinatos de Ponce”; y que en el mismo acto el acusado imputó al Sr. Blanton Win-ship, Gobernador de Puerto Rico, haber sancionado la comi-sión de dicha massacre y asesinatos, premiando a los asesi-nos y aumentándoles el sueldo. Es indudable que los hechos cuya comisión se imputó por el acusado a los mencionados funcionarios públicos son hechos constitutivos de delito. De ser ciertas las imputaciones proferidas por el acusado, dichos funcionarios serían culpables, los dos primeros como coautores y el último como cómplice de un delito de asesinato.

No erró la corte inferior al tomar conocimiento judicial de que “la massacre y asesinatos de Ponce” a que se refirió el acusado en su discurso era el lamentable suceso ocurrido en la ciudad de Ponce el día 21 de marzo, o sea el Domingo de Ramos, de 1937, en el que perdieron sus vidas miembros de la Policía Insular, jóvenes afiliados al Partido Nacionalista y aun inocentes espectadores. El hecho fué objeto de intensa y prolongada publicidad, siendo calificado por una parte de la prensa y de la opinión pública como una “massacre” o asesinatos en masa cometidos por la policía; y por la prensa y opinión contrarias como un hecho legalmente justificado. La corte inferior no podía ignorar hechos que son de pública notoriedad y que desgraciadamente constituyen una página luctuosa en nuestra historia contemporánea. El juez, en el desempeño de sus funciones, no está obligado a asumir un grado de ignorancia tal que sería imperdonable en él en su carácter privado. El Pueblo v. López, 23 D.P.R. 114-116; Jarvis v. Robinson, 21 Wis. 523, 526, 530, 94 Am. Dec. 560; Amos v. Moseley, L.R.A. 1918C, 482; Brass v. Texarkana etc., R. Co., 218 S. W. 1040; Hurst v. Chicago, etc. R. Co., 219 S. W. 566.

No existe duplicidad en la denuncia. Desestimada como lo fué por insuficiente Ja parte referente a los marinos y turistas, la denuncia imputa al acusado un solo delito, el de haber imputado falsa y maliciosamente a tres personas distintas la comisión de hechos constitutivos de un delito. El Pueblo v. Collazo, 20 D.P.R. 203, y El Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.R. 361.

Hemos examinado la prueba y a nuestro juicio ella es suficiente para justificar la sentencia.

El recurso debe ser desestimado y confirmada la sentencia - apelada.


text:
    Pedro Juan Serrallés y Galíano, demandante y apelado, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8118.

    Sometido: Noviembre 14, 1940.

      Resuelto: Diciembre 18, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm j R. García Cintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelante;

      Vicente Zayas Pizarro, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Juan Serrallés y Galiano compró en Estados Uni-dos una embarcación que describe así: “Un yate de 85 pies de largo, 5y2 de calado, 16 pies de anebo, 200 G. F., de dos motores, N. T. Tacbt Engine Co., (builders), el cual fué de-bidamente inscrito o matriculado (licensed) en el puerto de Nueva York, N. Y., EE. UU., para ser usado no solamente en las aguas inmediatas a Puerto Rico sino en viajes inter-estaduales y también entre otras naciones ...”

El Tesorero de Puerto Rico requirió de Serrallés el pago de un arbitrio de acuerdo con el inciso 8 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, aprobada en el año 1931 (Ley Núm. 83 de 1931, pág. 505), y enmendada por la Ley núm. 108 de 15 de mayo de 1936 (pág. 567), y que lee así:

“8. ‘Vehículos y aparatos de auto-impulsión’ y lanchas y botes de motor. — Sobre todo vehículo y aparato movido por propia impulsión, tales como automóviles, autovagones, camiones, locomotoras, tracto-res, autos de arrastre, motocicletas (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), incluyendo chassis, motores, . cuerpos de autos sin motor, tanques, baterías, lanchas, tengan o no puestos los moto-res, motores para las mismas, incluyendo motores usados para la parte exterior, y sobre toda parte o accesorios para cualesquiera de los artículos aquí enumerados, excluyendo neumáticos, tubos interiores y gomas sólidas, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o intro-duzcan en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico siempre que dicho precio de venta en Puerto Rico no exceda de mil quinientos (1,500) dólares; Dispo-niéndose, que sobre la venta, traspaso, fabricación, uso o introduc-ción en Puerto Rico de los vehículos o aparatos de propia impulsión y partes y accesorios de los mismos descritos en esta sección, con excepción de lanchas y botes, cuyo precio de venta en Puerto Rico sea mayor de mil quinientos (1,500) dólares y no exceda de dos mil (2,000) dólares, el impuesto será de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de venta, y sobre la venta, traspaso, fabricación, uso o introducción en Puerto Rico de los vehículos o aparatos de propia impulsión, y partes y accesorios de los mismos, descritos en esta sección, con excepción de lanchas y botes, cuyo precio de venta en Puerto Rico exceda de dos mil (2,000) dólares, el impuesto será de quince (15) por ciento sobre el precio de venta; Disponiéndose, además, que las personas no residentes en Puerto Rico que usen automóviles de su propiedad para fines exclusivamente personales, estarán exentas del pago del impuesto prescrito por esta Ley por el período que usen licencia especial del Comisionado del Interior. Al expirar este período y adquirir la licencia ordinaria de "dicho Comisionado, o antes, si el automóvil es destinado a otros usos, que los aquí se consignan, pagarán los impuestos de rentas internas.”

El Tesorero incluyó el yate dentro de la palabra “lan-cha. ’ ’ Alegando que su yate no caía dentro de esa clasifica-ción, negóse Serrallés a pagar el mencionado arbitrio, pero más tarde, habiendo el Tesorero embargado sus bienes para efectuar el cobro, pagó bajo protesta la suma de $3,441.50, que incluye contribución, recargos, intereses y multa admi-nistrativa.

Entablada demanda para recobrar la cantidad pagada bajo protesta, ante la Corte de Distrito de Ponce, el Teso-rero interpuso excepción previa de falta de causa de acción, que fué desestimada, y entonces radicó su contestación. Or-denado el traslado a la Corte de Distrito de San Juan, por resolución de esta Corte Suprema de junio 5, 1939 (55 D.P.R. 973), el demandado solicitó de la corte que dictara sentencia sobre las alegaciones. Así lo hizo la corte inferior decla-rando con lugar la demanda y condenando al Tesorero a re-integrar al demandante el importe de la contribución pagada, con intereses y costas.

El Tesorero apeló y señala dos errores:

1. La Corte de Distrito de San Juan cometió error al dictar sen-tencia por los méritos de las alegaciones.

Alega el Tesorero que es su contención que el yate del Sr. Serrallés es una lancha y que eso es una cuestión de he-cho ; y además, que en las alegaciones no se describe con suficiente detalle la embarcación para que la corte, en au-, seneia de prueba, pueda determinar si es o no una lancha.

El apelado alega en contrario que el demandado aceptó en su contestación el apartado 1 de la demanda, en el que se describe el yate en la forma copiada en el primer párrafo de esta opinión, y que en la referida contestación se men-ciona varias veces la embarcación bajo el nombre de “yate.”

La contestación del Tesorero no sostiene que la embar-cación del Sr. Serrallés es una lancha, y sí que el yate cae bajo la clasificación “lancha” que hace la Ley de Rentas In-ternas. Dice la contestación:

“Del inciso (b) del apartado (4) de la demanda el demandado niega que la Ley de Rentas Internas vigente en Puerto Rico no es-tatuye impuesto alguno sobre esta clase de embarcación, alegando en contrario que el yate ‘Solana’ del demandante cae dentro de las disposiciones del inciso 8 de la Sección 16 de la Ley de Rentas In-ternas, según fué enmendado por la Ley núm. 83 de 6 de mayo de 1931, por tratarse bien de nn bote de motor o de una lancha que específicamente están sujetos en dicha sección a pago de arbitrios.”

Por lo tanto, la única cuestión a resolver es la que levanta el apelante en su segundo señalamiento, que dice así: “. . . . la corte inferior erró al resolver que un yate no está sujeto a tributo por la Ley de Rentas Internas.”

En apoyo de su contención arguye el apelante: “Asu-miendo que por analogía conforme a lo resuelto en los casos de Bull Insular Line v. Sancho Bonet, 53 D.P.R. 865, y Serrallés v. Sancho Bonet, 55 D.P.R. 96, que un yate no es un vehículo de motor ni un bote de motor, entendemos que dicha embarcación está comprendida dentro del vocablo lancha.” Y cita un número de definiciones de “yate” y “lancha”, en inglés y en español ; y cita el caso de The Mamie, 8 F. 367 (1881), donde se resolvió que el yate “Mamie” caía dentro de la clasificación “barcaza” (barge) en un estatuto federal. Y cita por último el caso de Russell & Co. v. Domenech, 50 D.P.R. 52, donde se resolvió que un “ Gyrotiller ” o arado mecánico es un tractor.

El apelado también copia numerosas definiciones de las palabras “yate” y “lancha.” Acepta que el caso “The Mamie,” 8 F. 367, resuelve que un yate es una barcaza; pero hace constar que dicho caso fué la opinión dada por la Corte de Circuito, en apelación de una sentencia dictada por la Corte Federal del Distrito de Michigan. En dicha opinión (5 P. 813) se exponen los hechos en detalle. Allí se ve clara-mente que el fundamento que tuvo el juez de la corte inferior fué el considerar que el yate estaba dedicado a tráfico local. Dijo el juez: “No trato de decir que los yates de placer, que hacen largos viajes por los lagos o por el océano, no puedan estar comprendidos en la ley, pero creo que los botes de placer, ya sean impulsados por vapor o velas, dedicados a navegación puramente local, entrando y saliendo del mismo puerto, aun cuando algunas veces lleven pasajeros mediante paga, caen dentro de la excepción.”

Cita entonces el apelado el caso de Serrallés v. Sancho, Tesorero, 55 D.P.R,. 96, donde se interpretó el mencionado inciso 8 en relación con aeroplanos y se resolvió que un aero-plano no era un vehículo de motor a los efectos del estatuto; y también Bull Insular Line v. Tesorero, 53 D.P.R. 865, donde se resolvió que un remolcador no está comprendido dentro de las clasificaciones “lancha” o “bote” del inciso 8.

En la opinión emitida en el último caso citado, por voz del Juez Asociado Sr. Wolf, se dijo: “La mayor dificultad surge sobre el uso de la palabra 'bote.’ Es claro que un remolcador no es una lancha, pero en su significado más lato no se podría decir que un remolcador no es un bote.” La opinión termina con el siguiente párrafo:

“Lo que principalmente se resuelve, sin embargo, es que la Asamblea Legislativa al usar la palabra ‘bote’ en el título no tuvo en mente cualesquiera y todos los objetos que flotan en el agua, toda vez que demostró lo contrario al hacer una enumeración específica. Con mucha frecuencia sucede que una palabra que tiene un signi-ficado muy general es usada en forma especializada, pero el poder legislativo cubrió tan sólo una parte limitada de un posible campo de operaciones. Además, aunque la palabra ‘bote’ puede ser usada para describir un buque (vessel), de ordinario y corrientemente, ‘bote’ significa una embarcación pequeña y no un buque de vapor (steamboat) un remolcador {tugboat), un bote de canal (canal-boat) ni aun un barco {ship) o yate. Si hubiese sido la intención de la Asamblea Legislativa incluir un remolcador, hubiera sido fácil hacerlo en términos expresos. Ambas partes han citado auto-ridades que tienden a sostener sus respectivos criterios, pero cree-mos que la conclusión se desprende de la lectura del inciso 8 mismo. ’ ’

De la opinión emitida por el juez de la corte inferior co-piamos lo que sigue :

“Tampoco creemos que un yate sea una lancha-, en Bull Line v. Sancho, supra, se sostuvo que un remolcador no era una lancha. Si un remolcador no es una lancha no vemos con qué esfuerzo de la imaginación podemos llegar a la conclusión de que lo sea un yate. Ambas son embarcaciones completamente distintas en su estructura, construcción y usos a que se dedican. La idea que surge de la pa-labra lancha en el lenguaje usual y corriente es la de una embar-cación pequeña y sin cubierta, cruzada de listones de madera, que sirven de asiento a los que la controlan y a los pasajeros. Empléase principalmente en el servicio de los buques mayores en las faenas de anclar y en llevar a bordo carga y pasajeros. Se usa también para el transporte en el interior de los puertos o entre puntos cer-canos de la costa.
“El yate, por el contrario, no tan sólo de acuerdo con el len-guaje popular, sino que también de acuerdo con las definiciones de diccionarios y enciclopedias, envuelve únicamente aquellas embarca-ciones privadas para gala o recreo de sus dueños y usada solamente para viajes privados u oficiales o para regatas. Tiene cubierta y camarotes, sus viajes no son únicamente interportuarios o costaneros, sino que también son largos, cruzando océanos, entre puntos lejanos, de continente a continente, llevando a menudo personas distingui-das a bordo, como el ‘Mayflower' del Presidente de los Estados Unidos. Son tan distintas embarcaciones que a nadie que se le ha-ble de lancha puede pensar en un yate.”

Estamos conformes con el rasonamiento y con las conclu-siones de la corte inferior y opinamos que la, sentencia recu-rrida debe ser confirmada.


author: .El Jue2¡ Pbesidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Zoilo Nieves Santiago, acusado y apelante.
    Núm. 8312.

    Sometido: Noviembre 14, 1940.

      Resuelto: Diciembre 19, 1940.

      Diego E. Ramos y Buenaventura Esteves, abogados del apelante;

      IIon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal d'el Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   .El Jue2¡ Pbesidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Arecibo formuló acusación contra Zoilo Nieves, imputándole un delito de asesinato en primer grado cometido en Utuado el 17 de junio de 1937, en la persona de Pascual Nieves Camacho.

El acusado alegó que era inocente y solicitó juicio por ju-rado. El juicio se celebró en abril de 1939 y el Jurado rindió un veredicto de culpable de homicidio voluntario. Solicitado un nuevo juicio, fué negado, dictando la corte sentencia en mayo siguiente imponiendo al convicto siete años de presidio con trabajos forzados.

No conforme Zoilo Nieves, interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato diez errores cometidos a su juicio por la corte al permitir al fiscal que rebajara la calificación del delito, al permitir al testigo Angelino Alvarez que declarara sobre manifestaciones que hiciera el interfecto horas antes del crimen, al permitir al testigo Juan B. Molina que declarara sobre hechos inmateriales, al prohibir a la de-fensa que interrogara a la testigo Camila Nieves, al inter-venir indebidamente en el examen de los testigos, al prohibir a la defensa que presentara en evidencia ciertos autos sobre declaratoria de herederos y administración judicial, al ne-garse a trasmitir determinadas instrucciones al jurado y al trasmitir otras, y al declarar sin lugar la solicitud de nuevo juicio.

Parece conveniente comenzar analizando la evidencia que sirvió de base al veredicto. Tras ese análisis nos encontra-remos en mejores condiciones para considerar y resolver los señalamientos de error.

El primer testigo que declaró fué el Dr. Miguel Peregrina. Practicó la autopsia de Pascual Nieves. Presentaba tres he-ridas de bala, una leve en la frente, otra grave pero no mortal en la boca y otra mortal por necesidad en la clavícula de-recha, atravesando la aorta y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. La hemorragia interna tuvo que ser violenta y la muerte debió ocurrir de uno a dos minutos después de in-ferida la herida tercera.

Dijo además que fué llamado para asistir a una señora que se suponía que se había envenenado. Llegó a la casa donde había una excitación grandísima. Penetró en la habi-tación, examinó la enferma y ordenó que fuera trasladada al hospital al darse cuenta de la gravedad del caso. Eso fué como a las once de la noche del 16 de junio de 1937. En el hospital la atendió hasta las dos y media o tres de la ma-ñana. Al salir del cuarto se enfrentó con el joven Armindo Nieves que le preguntó si su mamá estaba fuera de peligro. Le contestó que lamentaba decirle que era un caso perdido y entró a su oficina a dar instrucciones a la enfermera. Dos o tres minutos después sintió varios disparos sin que pueda precisar el número ni si los intervalos entre unos y otros fueron los mismos. A poco entró el conserje y le entregó dos revólveres que guardó. Cerró la puerta. Hizo que llamaran la Policía. Pascual Nieves, que cree era el esposo de la en-ferma, le pidió que tratara de salvarla, que por dinero no lo hiciera le dijo, como queriendo estimularlo. Al hospital fue-ron algunos familiares, entre ellos vió al principio al acu-sado, después no volvió a verlo, el acusado no fué el que le preguntó por el estado de la enferma.

Llamada Casimira Nieves, conocida por Camila, casada, de veinte y un años de edad, hermana del acusado, declaró que supo de la muerte de sus padres por los periódicos, es-tando en Nueva York. Se trasladó a Puerto Bico yendo a vivir a la casa que fué de sus padres donde estaban varios de sus hermanos, entre ellos el acusado.- Al día siguiente hallándose en su cuarto orando en memoria de su madre muerta, su hermano el acusado le dijo “que cuando mi ma-dre estaba envenenada llamó a mi hermano Armindo y le dijo que si no mataba a mi padre lo mataba él y dijo que si lo mataba mi padre a él él mataría a mi padre . . . Cuando Zoilo dijo a Mindo eso le dijo Mindo que si mi padre lo ma-taba a él, Mindo, entonces Zoilo mataría a mi padre, y como quedaron en eso Mindo siguió donde estaba él y él se quedó atrás pero velando sus pasos y cuando Mindo entró donde estaba mi padre, que le dió el revólver, al poco rato llegó él y cuando llegó encontró a mi padre encima de Armindo, que le'iba a dar, y como mi padre era fuerte, él con una mano le cogió la mano a mi padre con que le iba a dar y con la otra le tiró a él y lo mató, que fué el último tiro que lo mató a él y ése fué el que le dió él.”

Bepreguntada por la defensa sobre si tuvo disgustos con su hermano el acusado con motivo de un cafetín, contestó negativamente; sobre si tenía interés en que su hermano fuera condenado para que su porción hereditaria aumentara, respondió también negativamente; le pidió que explicara al Jurado por qué esperó más de cinco meses después de la confesión de su hermano para comunicársela al fiscal, y con-testó: “Porque él no quería que yo dijera la verdad y siem-pre estaba peleando conmigo, . . . me amenazaba con darme, porque no quería que dijera la verdad, y no podía permitirlo y lo hice y dije la verdad”; insistió en que expresara cómo era “posible que un hombre se iba a oponer con tenacidad y se opuso, llegando hasta el extremo de amenazarla y pe-garle porque viniera a delatarlo, espontáneamente fuera él mismo el que le hiciera esas manifestaciones”, y la testigo contestó: “El salió de casa y cuando salió vine aquí y se lo dije al fiscal y cuando llegué a mi casa no estaba en casa y le dió coraje y me fué a dar y cuando me fué a dar el jefe oyó las palabras: maté a mi padre y según maté a mi padre te mato a ti de aquí a la tarde. ’ ’

Manifestó la defensa que la testigo no había entendido su pregunta y la hizo de nuevo. La testigo contestó reafir-mando que el acusado le había hecho la confesión. Otra vez ■insistió la. defensa' e intervino entonces la corte como sigue: “Me parece- eso es más bien de argumentar, porque no po-dría ella explicar esa actitud de él. Puede declarar sobre hechos y si son inverosímiles explicarlos al argumentar, pero ella no podría explicar los motivos que tuvo él.”

Roberto Edwin Nieves fué el siguiente testigo. Es un niño de doce años de edad. Declaró que cuando se llevaron a su mamá envenenada, fué al hospital con su papá y estando ambos en el cuarto con ella entró su hermano Mindo “con dos revólveres y le dió uno a papá y le dijo: ‘tenga éste y defiéndase’, y papá haló el revólver y al abrirlo se cayeron las balas y entonces Mindo disparó dos tiros. Me metí de-bajo de la cama. Me quedé mirando y se le fué encima papá y Mindo disparó otro tiro y falló y salí para afuera del hospital.” Vió al acusado que venía corriendo en una bicicleta cerca del hospital y después de verlo sintió otro disparo.

Angelino Hernández, cabo de la Policía Insular, dijo que en la noche del suceso el padre del acusado le manifestó que quería sacar de la casa a su esposa que estaba envenenada para que le prestaran auxilio y sus hijos armados de revól-veres se oponían, y le contestó que ésos no eran asuntos de la policía, que fuera donde el Juez. Luego se decidió a ir a la casa y vió el carro en que llevaban la enferma para el hospital. Fué al hospital y vió que el acusado y su hermano Armíndo Nieves “se paseaban por el frente mientras el mé-dico daba la asistencia a la señora y el padre estaba dentro. ’ ’

Aracelio Figueroa, policía insular, declaró que el 17 de junio de 1937 prestaba servicio como retén en el Cuartel de Utuado y como a la una y media el policía Molina llevó detenido a Armindo Nieves acusado de asesinato y su her-mano Zoilo le pidió permiso para hablar con él. Se lo con-cedió y Zoilo habló al oído con Armindo como dos minutos y le dijo que iba a buscarle fiadores, contestando Armindo que no los quería.

Juan B. Molina, el policía que llevó a Armindo al cuartel, depuso que como a las dos de la mañana salió para el hospital al enterarse de que pasaba algo allí y al acercarse se encontró con los hermanos Armindo y Zoilo Nieves.

Ofreció entonces el fiscal en evidencia una declaración escrita del acusado. Pidieron los abogados de éste diez mi-nutos para examinarla, al ca'bo de los cuales manifestaron: “La admitimos sin oposición y hacemos nuestra esa declara-ción.” Fue admitida. Es larga y confusa. Se prestó ante el fiscal el 23 de junio de 1939. De ella tomamos lo que sigue:

“. . . en la noche del 17 de junio de 1937 . . . Armindo me dijo: ‘Quédate cuidando la casa’ ... y estando en la .calle .pero frente a la casa . . . vió salir a Armindo de la tienda ... y se fué a darle alcance . . . cuando yo subía bajaba el telegrafista, la señora, la hermana del telegrafista, me dijeron que por allí iba Mindo, que avan-zara y lo alcanzaría y por más que avancé no pude alcanzarlo, en-tonces cuando sonaron las detonaciones yo estaba llegando al primer escalón del hospital . . . paré por el medio de la habitación ... ya había pasado todo ... mi hermano estaba abajo contra el armario, en el pasillito y papá encima; entonces yo vi que mi her-mano tenía un revólver así como apuntando para arriba, yo rápido me le abalancé encima y le quité el revólver y mi papá que tenía el brazo detrás de él cayó para atrás, yo le cogí el revólver a cada uno y los puse sobre la mesa, vino Plumilla al ratito, mi hermano le dió los dos revólveres ... y él se los entregó al Doctor Peregrina. ■ — P.—¿Está seguro que el papá suyo tenía un revólver en ese mo-mento? — Sí, señor. — P.—¿Descargado o cargado? — No me fijé. — P.— ¿Su hermano también tenía un revólver? — Sí, señor. — P.—¿Su her-mano estaba debajo y su papá encima? — Sí, señor. — P.—¿Su papá lo tenía dominado? — Yo supongo porque estaba debajo.' — P.—¿Esta-ban luchando ellos o no? — Sí, luchando.”

Preguntado sobre si hizo o no la confesión de ser él el autor del último disparo, contestó en la negativa.

En relación con el envenenamiento de la madre y la ac-titud de Armindo y suya con respecto al .padre declaró:

“P. — ¿Antes de Armindo salir para el hospital Ud. habló con él? —Sí, señor. — P.—¿Dónde?—En la tienda. — P.—¿Qué conversación tuvo con él? — Yo le pregunté a él que qué era lo que le había dicho papá el día antes, que mamá estaba llorando; porque papá llamó a solas a Mindo y le contó algo; mi mamá se puso a 'escuchar y no se atrevía decirme a mí y lloraba; entonces fui donde 'Mindo. ‘ ¿ Qué te ha contado, Mindo?’ — ‘Nada, no tengo que decirles -a Uds. nada.’ Pues al otro día cuando mamá se envenenó, le dije: ‘Mindo, tú erees que yo no soy un hombre; yo soy capaz de guardar .cualquier secreto; entonces tú me vas a decir lo que papá le dijo a usted;’ entonces me dijo: ‘Yo te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie: tú vete de casa; que si venden la casa; que mamá le había sido infiel’. Entonces yo le dije: ‘Caramba, ésa es una cosa grandísima; una señora que nunca sale de casa y si nunca sale no hay oportunidad ninguna; que ha salido dos veces para en casa de tía y ha ido con Eoberto Edwin y ha venido el mismo día y que va en casa del her-mano de papá, de la hermana de él; así que eso es mentira; yo no creo eso.’ Entonces fué cuando me dice: ‘Bueno, está bien.’ ”

Mega que concertara con su hermano la muerte del padre.

Con la presentación de ese documento, terminó la eviden-cia del fiscal. Comenzó la de la defensa con la declaración de Iraida Medina, enfermera que asistió a la señora Nieves cuando la llevaron al hospital. Dijo que oyó los disparos pero no podía precisar su número ni si fueron corridos, uno detrás de otro. No sabe quién mató a don Pascual Nieves, ni quién hizo los disparos.

Vicenta Villalba, enfermera auxiliar, manifestó que vió al acusado en el hospital cuando trajeron a su mamá envene-nada. Durante la tragedia no lo vió. Llegaría como cinco minutos después. Estaba llegando a la cocina del hospital cuando sintió los disparos. Los sintió corridos.

Inocencio Montalvo, depuso que el acusado tenía un ca-fetín al que entró Camila Nieves a provocarlo diciéndole que saliera de allí, que el acusado le contestó que se fuera a aten-der sus quehaceres arriba y ella Je escupió la cara. Pregun-'tado"si la hermana amenazó al acusado, contestó: “Ella dijo que lo iba a hacer ir a la cárcel, y Zoilo dijo: probaría eso si tiene prueba para hacerme ir a la cárcel. ’ ’ Al fiscal contestó que una hija suya estaba casada con el acusado.

Llamó entonces la defensa a Camila Nieves. Como tra-tara de hacerle preguntas sugestivas, la corte lo impidió y el acusado tomó excepción. Luego la testigo contestó que era casada desde hacía más o menos nueve meses. Tiene ocho hermanos. Cuando regresó a la isla Zoilo estaba al frente del cafetín. Cuando Zoilo fue arrestado dejó de existir el cafetín. Ella no lo administró. Visitó al acusado en la cár-cel varias veces. No le ofreció ponerle abogado ni le dijo que estaba arrepentida. No lo está. Se enteró de que se tramitaba una declaratoria de herederos. Interrogada sobre cierta administración judicial, el fiscal admitió que instada la administración judicial de la herencia de los padres de la testigo por la hermana mayor de ésta, la testigo compareció, por su consejo, a oponerse, y se opuso a que continuara el interrogatorio por irrelevante, y por no ser materia de de-fensa. Sostuvo su oposición la corte, y la defensa tomó ex-cepción. Trató entonces la defensa de presentar los autos originales relativos a la declaratoria de herederos, a la ad-ministración judicial y al proceso seguido contra el hermano del acusado, Armindo. La corte expresó que la manera de hacerlo era por medio de copias certificadas, y la defensa tomó excepción.

Llamado a declarar Juan Soto Afanador manifestó que en junio de 1937 era empleado del hospital de Utuado y en la noche del 16 al 17 de dicho mes, llevaron envenenada al hospital a la señora de don Pascual Nieves. La señora mu-rió la misma noche. Estando en la cocina del hospital sintió un tiro. Fueron varios, pero de los demás no puede dar exacta cuenta. Armindo le entregó dos revólveres para que los entregara a la policía y dijera que él había matado a su padre. Vió juntos a Armindo y a Zoilo.

Polidor Santiago, guardia de penales, conoció en la cár-cel al acnsado y a sus hermanas quienes lo visitaban juntos y separadamente, llevándole frutas y dulces. No oyó lo que hablaban.

Higinio González, guardia de penales como el testigo anterior, declaró en igual sentido.

Armindo Nieves, actualmente en el Presidio Insular dijo que su mamá se llamaba Emilia Santiago Ortega, que se de-claró culpable y fué condenado como autor del delito de ase-sinato en segundo grado cometido en la persona de Pascual Nieves, padre suyo, el 17 de junio de 1937, hecho ocurrido en una alcoba del Hospital Municipal de Utuado. A la pre-gunta de la defensa “¿A qué obedeció esa actuación de us-ted?”, contestó:

“Señor Juez, caballeros del Jurado, letrados y demás miembros de la corte: El que está presente es hijo de una familia que se ve envuelta en la más temible de las tragedias. . . . Bien, el aspecto o motivos que indujeron a este acusado son de naturaleza tan honda y envuelven tales aspectos psicológicos,' que este acusado no se en-cuentra capacitado para poder explicar a la corte y miembros del Ju-rado hasta qué punto pudieran aquellos motivos inducirle a cometer un delito de tal naturaleza. ... La gravedad existe en . . . que se trataba de la muerte de mi querida madre, y este acusado entiende que aquellos motivos que le indujeron a cometer hostilidad fueron provocados por mi querido padre y el estado en que nos vimos en-vueltos todos los miembros de nuestra casa en una gran tensión nerviosa, (oyendo) los gritos agónicos, la misma naturaleza se tenía que conmover y este acusado perdió todo dominio. ... Yo entonces tomé armas. . . . Dos. . . . Un revólver Colt y uno Smith. . . . Me dirigí al hospital. . . . Iba completamente solo. . . . Entregué las armas, una a mi padre y yo otra. . . . Entonces dije . . . que esperaba que me matara a mí o yo a él y tomando el arma él dis-puesto a disparar y yo disparé también. ... Se abalanzó y caímos al suelo y él cayó agarrado de mí.”

Y siguió contestando como sigue:

“¿Qué participación tomó este acusado Zoilo Nieves en esos hechos que nos ha relatado? — Ninguna en absoluto.- — P.—¿La única actuación de él fué entrar, quitarlo y sacarlo debajo y coger las -armas y entregárselas y ponerlas 'Ud. «obre una silla y salir eon Ud. ? —Sí, señor. — ;¿ Tuvo .oportunidad en algún momento de disparar contra su padre? — No, señor. — P.—¿Ni lo -aguantó y quitó el revólver a Ud.? — Tampoco.—P.—¿En ningún momento su hermano ha hecho ningún disparo? — En ningún momento.”

La repregunta fué muy extensa. De ella transcribimos lo que ¡sigue:

“P. — ¿Recuerda si abrió el revólver y se cayeron las balas?— . . . ■recuerdo que lo abrí para mirarlo si tenía balas y lo volví a cerrar.— ¿Y se cayeron las balas? — Eso no puedo precisar. Si veo que se le caen las balas no hubiera -disparado. — . . . . — P.—¿ Y Ud. disparó ?— Sí, señor. — P.—¿En seguida? — Sí, señor.- — P.—¿Cuándo?—Al mi-nuto. — P.—¿Tardó un minuto en hacer el primer disparo?- — Tardé algún tiempo. — P.—¿Para qué? — Para darle tiempo. — P.— ¿Tiempo a qué? — -Para que pudiera hacer lo mismo que yo, defenderse. — P.— ¿De manera que le quería dar tiempo para que lo matara a Ud.? — Sí, señor. — P.—¿Él no disparó? — No tuvo tiempo. — P.—En qué queda-mos : ¿le quería dar tiempo para que disparara, pero no tuvo tiempo? —El instinto de conservación se impuso. — ■ . . . ■ — P.—¿Ud. le hizo el primer disparo estando de pie él? — Sí, señor. — P.—¿Y qué hizo él entonces?- — -Se fué hacia adelante. — P.—¿Hacia encima de Ud.?■ — • Sí, señor. — P.—¿Lo agarró a Ud? — . . . —P.-—¿Dónde estaban cuando eso? — -En el recinto del hospital. — P.—¿En el cuarto donde estaba su mamá y papá? — Sí, señor. — P.—¿Se quedaron todo el tiempo durante los disparos o se movieron a algún sitio? — Nos movimos hacia la parte afuera. — P.—¿Luchando?—Sí, señor. — P.—¿Pasaron de la puerta ? — Sí, señor.— . . . —P.—¿ Estuvieron por el pasillo luchando ? —-Sí, señor.- — P.—¿Dónde hizo el segundo disparo? — En el mismo cuarto. — P.-—¿Y el tercero?- — Allí mismo. — . . . —P.—¿Y está seguro que en el pasillo no disparó ninguno? — No, señor. — P.—¿De manera que después de su padre recibir todos los tiros que le hizo siguió luchando con Ud., salieron del cuarto, atravesaron el pasillo y ca-yeron allá, él encima de Ud. ?• — -Sí, señor.

Llamada Leocadia Nieves, hermana del acusado, declaró que su hermana Camila está en posesión de la herencia de-jada por sus padres — una casa “que los mejores tasadores de Utuado creen que puede valer dos mil dólares”; que pidió quo. le nombraran administradora de la herencia y el Juez Nombró interinamente a Camila; qne ésta .se negó .a .darle alojamiento en la nasa; qne “-después vino nomo loca a de-nirme qne me pedía perdón porqne be sido nna madre para ella y a rogarme que fuera non ella a donde Zoilo”; qne .fue-ron a verlo a la .cárcel y allí Camila le dijo: “Zoilo, estoy arrepentida de haberte entregado a la justicia y estoy dis-puesta a ayudarte y a buscarte un abogado; que ella actúa así, a la lig*era . . . unas veces pide perdón y otras no, no sé por qué.”

Julio Suárez Garriga, Fiscal del Distrito, declaró que for-muló acusación contra Armindo Nieves por asesinato de Pas-cual Nieves imputándole haber inferido tres heridas a Pas-cual las mismas imputadas a Zoilo en la acusación que contra •él formuló luego. Cuando formuló la acusación contra Ar-mindo .“tenía evidencia indiciarla, circunstancial en cuanto a Zoilo Nieves y después que declaró Camila Nieves tenía evi-dencia no sólo circunstancial sino directa. En otras pala-bras : si hubiera acusado a Zoilo Nieves hubiera sido sacado por hábeas corpus, porque había evidencia circunstancial, que no era suficiente para sostener un caso y después se completó con la confesión que hizo a su hermana y con su declaración posterior ante mí que corroboró en todas sus par-tes la confesión de su hermana excepto en el hecho de que él había disparado.”

Anunció la defensa que había terminado su prueba y el fiscal que tenía contraprueba que introducir. Llamó a Ca-mila Nieves, que a sus preguntas contestó: Que no visitó con su hermana Leocadia a su hermano el acusado en la cárcel, ni pidió a éste perdón en ocasión alguna, ni le prometió bus-carle un abogado; que sólo vió a su dicha hermana una vez en fiscalía cuando le dijo que le desocupara un cuarto inme-diatamente y le contestó que no podía, que tenía que esperar a que una de las personas que en él estaban lo dejara, que representaba la casa y no podía hacerlo de momento, que viste y da de comer a su hermanito más pequeño.

Tal, en resumen, la evidencia de este caso extraordinario en verdad en los anales del crimen en nuestra Isla.

Examinemos ahora los errores señalados. Son diez como ya dijimos. Seguiremos en sn estudio el orden en que se exponen y argumentan por el apelante en su alegato. -• /

Por el primero se sostiene que la corte erró al permitir, con la oposición del acusado, que el fiscal rebajara la calificación del delito de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado, con sólo anunciarla oralmente después de comenzado el juicio.

Argumentándolo dice la defensa en su alegato:

“No discutimos el derecho que tiene el fiscal para rebajar la ca-lificación de un delito de asesinato en primer grado a asesinato-en segundo grado, pues claramente ello beneficia al acusado y éste no puede ni debe protestar de dicha rebaja. Lo que discutimos y con-denamos es el procedimiento que se usó en este caso, que a nuestro juicio constituye una grave desviación de la justicia y del orden legal. El que un fiscal, ya comenzado el juicio, anuncie sin contar con la anuencia del juez y con la enérgica oposición de la defensa, 'que va a seguir el caso por asesinato en segundo grado/ cuando la acusación no ha sido enmendada y contiene todos los ingredientes de un delito de asesinato en primer grado, es, a nuestro juicio, un procedimiento fatal, ya que el documento que va, como fué en este caso a la consideración del jurado y que se llevó éste al cuarto de deliberaciones, es la acusación originalmente redactada por asesinato en primer grado. 30 C. J. 116.”

Lo que los autos revelan es que llamada la causa para juicio las partes manifestaron que estaban listas e inmediata-mente dijo el fiscal: “Anuncio que voy a seguir el caso por asesinato en segundo grado,” — la acusación se había formu-lado por asesinato en primer grado. Se opuso la defensa porque con ello se le privaba de cierto número de recusacio-nes perentorias, y la corte resolvió: “La corte deniega la moción, porque aún no ha comenzado la insaculación del Ju-rado y el fiscal antes del juicio tiene derecho y aun al co-mienzo del juicio, a rebajar la calificación de la acusación, pero no tendrá derecho a acusar por otro delito o por un grado más alto, pero por un grado más bajo si, porque es en beneficio del acusado.”

La- defensa ■ tomó excepción. Se procedió a la constitu-ción del Jurado y terminada dijo el fiscal: “Acepto el ju-rado” y agregó la.defensa: “Acepto el jurado también.”

Al comenzar la sesión del día siguiente la defensa sus-citó de nuevo la- cuestión manifestando que quería- exponer un motivo más de oposición consistente en que el procedi-miento seguido había sido irregular porque lo procedente era que el fiscal con permiso de la corte hubiera archivado una nueva acusación a fin de que el acusado hubiera tenido la oportunidad de oponer reparos a la misma.

La corte instruyó al Jurado en ese momento, así:

“La corte instruye al Jurado y hace constar en el récord, que antes del juicio el fiscal puede rebajar la calificación en la forma que lo hizo en este caso, porque se trata únicamente de rebajar a un grado inferior y no se perjudica en nada al acusado, porque los hechos, que es lo importante, son los mismos en la acusación, siendo la única diferencia que en el asesinato en primer grado el fiscal ten-dría que probar deliberación mientras que en el segundo grado so-lamente tiene que probar malicia premeditada. Como esa rebaja en la acusación favorece al acusado y como el acusado estaba pre-parado no sólo para defenderse de un acto premeditado, sino también deliberado no hay perjuicio alguno, y es cosa corriente en los tribunales americanos el que se haga esa rebaja antes del juicio. Por tanto, la corte desea instruiros, que a juicio de la corte no hay error ninguno.”

La cita de Corpus Juris que contiene el alegato, nada específico dice que sostenga el argumento de la defensa. No creemos que fuera necesaria la formulación de una nueva acusación. Eebajado el grado, el delito quedaba compren-dido dentro del imputado, y si no se' pusieron reparos a la acusación como formulada, menos hubieran podido ponérsele como rebajada. En cuanto al número de recusaciones, se recordará que la defensa finalmente aceptó expresamente el jurado tal como quedó constituido.

En ausencia de cita alguna específica d!e ley o- jurispru-dencia en contrario y no habiéndose demostrado perjuicio para el acusado, resolvemos que no bubo- error y que de exis-tir no fué perjudicial.

Se basa el segundo señalamiento en que la corte erró al permitir declarar al testigo de cargo Angelino Alvarez, con 1-a oposición del acusado, sobre manifestaciones que hiciera el interfecto horas antes del crimen, sin demostrarse que el acusado oyera esas manifestaciones-.

Hemos examinado íntegra, la declaración objetada, pági-nas 50 a 58 de la transcripción, y de ella puede deducirse perfectamente que las manifestaciones del interfecto al tes-tigo fueron o pudieron ser oídas por el acusado. Cae, en tal virtud, por su base el señalamiento de error.

El tercer error carece de importancia. Se formula porque se permitió declarar al testigo J. B. Molina sobre hechos inmateriales. En realidad su declaración no es importante. Se limitó en resumen a situar al acusado y a su hermano Armindo cerca del hospital donde se cometió el crimen, en la noche en que fué perpetrado. No hubo error y de haberlo no fué perjudicial.

Los errores cuarto y quinto se argumentan conjuntamente. Por ellos se imputa a la corte sentenciadora parcialidad y prejuicio “al prohibir a la defensa que interrogara a Camila Nieves” y al “intervenir indebidamente en el examen de los testigos.”

Con respecto al primer extremo lo que surge del récord— páginas 90 y 91 — es que habiendo llamado la defensa a de-clarar a Camila Nieves como su propio testigo, al hacerle ciertas preguntas sugestivas intervino la corte y dijo a la defensa que no podía continuar por ese camino. La defensa anotó una excepción “a la dirección del caso” fundándose en la jurisprudencia establecida en El Pueblo v. Acevedo, 35 D.P.R. 966, a saber:

“Si bien el juez sentenciador, en el ejercicio de discreción, puede participar en el examen de los testigos, deberá hacerlo en forma tal que lleve al jurado la impresión de que fué enteramente impar-cial, y de modo que no aparezca como- si fuera un defensor o favo-reciera una de las partes.”

Quizá la corte debió esperar a que el fiscal interviniera. Sin embargo, era tan manifiesto que la defensa comenzó a dirigir su interrogatorio en forma improcedente, que su in-tervención fué como algo natural, lógico, impuesto por las mismas circunstancias. En tal virtud y no pudiendo dedu-cirse parcialidad ni prejuicio algunos de su actuación, no creemos que el error que pudiera haberse cometido sea per-judicial.

En cuanto, a la indebida, intervención de la corte en el examen de los testigos, examinada en su totalidad la transcripción de la evidencia no creemos que se extralimitara en momento alguno en el ejercicio de sus poderes.

Por el señalamiento octavo se sostiene que la corte erró al trasmitir al jurado la siguiente instrucción:

“Ustedes pueden creer a un testigo, parte de una declaración y no creer otra parte, si creen que en parte dijo verdad y en parte dijo mentira. Antiguamente cuando un testigo decía mentira en parte de su declaración no se le creía en el resto. La tendencia moderna es que a veces un hombre declara y en parte dice verdad y en parte dice mentira. La dificultad es no saber apreciar dónde está diciendo la verdad y dónde dice mentira.”

Invoca el apelante el inciso tercero del artículo 162 de la Ley de Evidencia (art. 524 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933), que dice:

“Un testigo que hubiere faltado a la verdad en una parte de su declaración, deberá ponerse en duda respecto a otras.”

Ese precepto no tiene el alcance que le atribuye el ape-lante. Cuando el testigo falta a la verdad en una parte de su declaración, deberá ponerse en duda el resto de la misma, pero ello no quiere decir que debe rechazarse por completo. El Jurado actuará con cautela sabiendo que no camina por terreno firme, pero si en el ejercicio de su discreción se con-vence' de que el resto de la declaración es verdadero, puede tomarlo en consideración para rendir sn veredicto.

La propia parte apelante finaliza • su discusión del error con la siguiente cita:

“La máxima 'falsus in uno, falsus in omnibus,’ no debe inter-pretarse .como que autoriza a la corte a instruir que si un testigo falta a la verdad respecto de uno o más particulares, el jurado debe rechazar toda su declaración.” People v. Sprague, 53 Cal. 494.

No hubo error. La instrucción impugnada se ajusta a la ley y a la jurisprudencia sobre el particular a que la misma se refiere.

Por el noveno señalamiento se imputa error a la corte al trasmitir al jurado esta otra instrucción:

“Yo doy instrucciones de homicidio en este caso, porque tanto la prueba del fiscal como la prueba de la defensa aceptan que el acusado llegó en momentos que había una lucha. Si el acusado no llevaba idea de matar a su padre cuando entró al hospital, pero se encontró allí la lucha y se mezcló en esa lucha y disparó, enton-ces, Señores del Jurado, si esa muerte fué ilegal, sería un homicidio si fué sin malicia y no tuviera justificación ninguna. Si disparó y a virtud de los disparos, estando vivo el padre, el padre murió por los disparos de él y por los que había recibido podríais dar un veredicto, porque puede ser un homicidio, si creyeren que se ha probado, si llegaran a esa conclusión, no meramente por buscar otro delito, por suposición, sino por lo que crean que ha pasado.”

Se invoca la jurisprudencia de esta corte sentada como sigue:

“El que pueda estar comprendido en el delito mayor objeto de una acusación, no justifica al juez dictar instrucciones sobre un delito menor, a menos que haya alguna evidencia que pueda servir de base a un veredicto declarando al acusado culpable del mismo. Tal evidencia se resolvió que no la hay en el caso de autos.” Pueblo v. Andino, 55 D.P.R. 71.

No bubo error. Contrario a lo que sucedió en el caso in-vocado, en éste se encuentra en los autos evidencia que justi-fica la instrucción.

En el señaMmiento séptimo se levanta la cuestión de - las instrucciones denegadas.

Muestran los autos que el acusado presentó a la corte un pliego conteniendo siete largas instrucciones para su trasmi-sión al jurado.

La corte dijo primero:

“La corte ordena que esta proposición de instrucciones se una al récord para caso de una apelación, porque la corte las va a de-negar, por entender que gran parte de ellas las ba dado y en parte: no se pueden dar en la forma que se piden.”

Y luego añadió: ' *

“La corte no da estas instrucciones al Jurado, porque parte de ellas están comprendidas en las que acaba de dar, y parte llevarían a confusión al Jurado por ser en ciertos puntos equivocadas.”

Transcribir las instrucciones solicitadas y discutirlas una a una alargaría innecesariamente esta opinión de suyo de-masiado extensa ya. Bastará decir que del examen que he-mos hecho encontramos justificada a la corte sentenciadora en su actuación. Ella cubrió en sus propias instrucciones de-manera comprensiva todo el campo de los hechos y la ley y las que se le pidieron y denegó si bien contienen principios aceptables están todas redactadas en forma tal que producen confusión o tienden indebidamente a favorecer la causa del acusado. Bajo tales circunstancias creemos que actuó dere-chamente la corte al negarse a trasmitirlas.

Resta sólo por considerar los señalamientos sexto y décimo que se argumentan conjuntamente en el alegato. Se imputa por ellos error a la corte sentenciadora al “prohibir a la defensa que produjera como prueba los autos de los casos civiles sobre declaratoria de herederos y sobre administración judicial relativos a las personas y bienes de los padres del acusado” y al “declarar sin lugar la moción de íiuevo juicio.”

Ya al resumir la prueba tuvimos ocasión de referirnos al incidente que motiva el sexto error. Creemos en efecto que la corte erró al no admitir los originales de los expedientes de que se trata como tales, exigiendo en su lugar copias de los mismos. ¿Perjudicó con ello los derechos del acusado? Veámoslo.

Todo lo que dice en su alegato el apelante sobre la rela-ción de los expedientes con el caso es:

J ‘ El propósito que teníamos al tratar de presentar dicha evidencia -era el de impugnar la veracidad de la testigo Camila Nieves y de-jar sentado el interés que ésta tenía en que su hermano Zoilo Nieves, aquí apelante, fuese convicto de un delito que ella se había inventado con el solo fin de que su referido hermano quedara des-heredado por mor de las disposiciones contenidas en el Art. 830 del Código Civil de 1911, ya que de este modo aumentaría la cuota hereditaria correspondiente a dicha testigo.”

Los expedientes no se han traído a esta Corte. Debieron •elevarse como evidencia presentada y no admitida, a fin de ■que pudiéramos juzgar por nosotros mismos sobre su impor-tancia. Aunque el fiscal no actuó en la forma clara y pre-cisa que debió hacerlo, es lo cierto que cuando se trató de introducir en evidencia los expedientes, dijo: “Me opongo porque no es prueba de defensa ésa.”

Además, a virtud de las preguntas que se hicieron a Ca-mila y a Leocadia Nieves, de las admisiones del fiscal y de las manifestaciones e insinuaciones de la defensa, los jura-dos quedaron enterados de todo lo que la defensa deseaba que conocieran sobre el particular.

Y por último, si bien la corte erró al no permitir la pre-sentación de los autos originales, es lo cierto que dio a la defensa, la oportunidad de presentarlos en copias, suspen-diendo la sesión y anunciando que si se pedía la certificación ordenaría al Secretario que la sacara inmediatamente, a lo que contestó la defensa: “Anunciamos que no vamos a pedir ninguna.

Se ve de todo lo expuesto que se quiere ahora inflar un error puramente formal que en realidad no tiene importan-eia, para pedir la revocación de la sentencia. No estando Convencidos de que exista el más leve perjuicio para el acu-sado, no accederemos a la petición.

De los varios motivos que contiene la solicitud de nuevo juicio, sólo se discute especialmente el quinto que se refiere a la suficiencia de la prueba. Los otros fian sido discutidos y resueltos en contra del acusado involucrados en los correspondientes errores señalados como fundamento de la apelación.

Creemos que la prueba es suficiente. Es éste un caso raro, extraordinario, de suma gravedad. Se trata de carac-teres exaltados, cuyas manifestaciones deben recibirse y juz-garse con cautela. Camila Nieves, la testigo que llevó al jurado la confesión del acusado, fué por él creída, y pudo serlo porque su testimonio aunque de naturaleza excepcional no puede sostenerse que sea inverosímil.

La actuación del acusado, la manera como describió a su hermana su intervención en la perpetración del crimen, están en armonía con el resto de la prueba que lo conecta con el mismo, explicándose perfectamente su negativa ulterior a re-conocer su confesión y la actitud de su hermano ya conde-nado al asumir por entero la responsabilidad. Cuando el acusado habló a su hermana lo hizo espontáneamente, sin me-dir seguramente las consecuencias de sus palabras. Des-pués, al darse cuenta exacta de esas consecuencias, no es iló-gica su reacción. Y en cuanto al hermano condenado ¿no parece natural que estándolo ya tratara de salvar al acusado ?

Se explica también perfectamente que Camila vacilara en comunicar a las autoridades la confidencia de su hermano. Actuó como un alma atormentada que al fin resuelve el con-flicto de conciencia que la perturba siguiendo el camino de la verdad. Lo que sí resulta insostenible es que ideara una confesión de tan tremenda trascendencia como la que expuso primero al fiscal y sostuvo luego firmemente en la corte por virtud de la cual sería juzgado de parricidio su hermano, con el único propósito de acrecer en una sexta parte de una oc-tava parte su porción en una herencia valorada en su totali-dad en unos dos mil dólares.

Doce jurados la creyeron unánimemente, pesaron su tes-timonio y consideraron que unido al resto de la prueba de-mandaba un veredicto de culpabilidad y lo rindieron. Un juez letrado, el mismo que dirigió el juicio y tuvo oportuni-dad de ver y oír declarar a los testigos, negó la petición de nuevo juicio, considerando la evidencia suficiente. Ningún error substancial de derecho ha sido cometido. Bajo tales circunstancias, veredicto, resolución y sentencia deben sub-sistir.

Procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Luisa Brunet Vda. de de la Haba, hoy Regina Kerscher, demandante y apelada, v. Sucesión de Antolín Nin Martínez, compuesta de sus únicos herederos, sus hijos Salvador R. Nin, Dolores, José, María de los Ángeles, Milagros y Aurora Nin y Ruiz, demandados y apelante la antepenúltima.
    Núm. 7933.

    Sometido: Diciembre 13, 1940.

      Resuelto: Diciembre 19, 1940.

      Edelmiro Soldevila, abogado de la apelante;

      Bubón & Ochoteco y Otero Suro & Otero Suro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción se estableció contra los herederos de Antolín Nin Martínez en cobro de un préstamo por $10,000, con inte-reses que originalmente fueron convenidos a razón de 1 por ciento mensual pero que más tarde, por convenio entre las partes, se redujeron al tipo de 8 por ciento anual, plazo de cuatro años que venció el 23 de marzo de 1930, garantizado con hipoteca que se constituyó por escritura número 23, de 23 de marzo de 1926, ante el notario Miguel García González. La demandada María de los Angeles Nin contestó la de-manda haciendo una negación general, y como defensa especial interpuso excepción previa de insuficiencia de hechos para constituir una causa de acción. Los demás codeman-dados no comparecieron, y anotada sn rebeldía, posterior-mente se dictó la correspondiente sentencia contra ellos. Continuó el caso contra María de los Ángeles Nin Euiz, seña-lándose el juicio para el 14 de noviembre de 1938. Al lla-marse la vista del caso, la demandada, aquí apelante, mani-festó que desistía de su contestación, procediéndose entonces a oír la prueba de la demandante, esta última ya sustituida por M. Eegina Kerscber. El 23 del mismo mes se dictó una sentencia contra esta demandada, condenándola “como here-dera universal de don Ántolín Nin Martínez, a pagar a la demandante $10,000 de principal del préstamo, $1,799.86 por intereses devengados y vencidos desde agosto 23, 1936, basta octubre de 1938, a razón de 8 por ciento anual, más los que se devenguen a igual tipo basta el pago total de la deuda, más $1,000 de crédito adicional para pagar las costas, gastos y honorarios de abogado, cuya suma fué convenida y acep-tada por las partes en el contrato de hipoteca.”

Fué contra dicha sentencia que la apelante interpuso él presente recurso. Fundamentándolo, sostiene que en el jui-cio no se probó el fallecimiento de Antolín Nin Martínez, que los demandados fueran sus únicos y universales herederos ni tampoco la falta de pago a la acreedora original del prés-tamo que se reclama; que no se dispone en la sentencia que los bienes hipotecados se vendan en pública subasta en de-fecto de pago; que la sentencia apelada es individual, recae exclusivamente sobre la apelante y no se dictó en forma com-plementaria a la dictada antes contra los otros demandados, y finalmente, que de no considerarse ésta como una acción de ejecutivo hipotecario por la vía ordinaria, no procede la con-dena de $1,000 para costas y honorarios de abogado.

Juntamente con el recurso en sus méritos nos fué some-tida una moción de la apelada solicitando su desestimación por no haberse notificado a los codemandados con copia del escrito de apelación. Presentó la apelada affidavits suscritos por los demás codemandados creditivos de que la apelante en ningún momento los liabía notificado con copia del escrito de apelación.

Procederemos a considerar en primer término la moción de la apelada, por envolver nna cuestión jurisdiccional, para luego considerar el recurso en sus méritos en caso de que la moción sea desestimada.

Idéntica cuestión fué levantada en el caso de Ipa•¡raguirre v. Nin, resuelto por este tribunal el día 16 del actual (ante, pág. 759). La responsabilidad de los herederos por las deudas de su causante es de carácter solidario (Hernández et al. v. Cuebas et al., 16 D.P.R. 546, 547), y aunque en la sentencia nada se expresó sobre este particular, si esta corte decidiese confirmarla, tendría antes que modificarla de forma que la obligación de la apelante se entienda mancomunada y solidariamente con la de los demás coherederos que no han apelado. Siendo como es la de la apelante una obligación solidaria, en caso de revocarse la sentencia en nada podría perjudicar a los demás coherederos, quienes podrían reclamar de la apelante la parte correspondiente de su obligación. Si por el contrario la sentencia fuere confirmada, la situación existente al dictarse la de la corte inferior no podría ser afectada. Por consiguiente, los demás coherederos no son partes adversas o contrarias a la apelante, con derecho a ser notificados del recurso por ella interpuesto. Iparraguirre v. Nin, supra. Por lo expuesto, procede denegar la moción de desestimación.

Procederemos ahora a considerar el recurso en sus méritos.

Al llamarse este caso a juicio oral en la corte inferior, antes de que la demandante procediese a presentar su prueba, el Lie. Edelmiro Soldevila, abogado de la apelante, dirigién-dose al tribunal hizo la siguiente manifestación:

“Oda. (Edelmiro Soldevila.) Nosotros abora hemos tenido con-versaciones con la otra parte y como resultado de las mismas vamós a desistir de la contestación. Hemos llegado a tin acuerdo, a mi entendido, y vamos a desistir.”

Se procedió a oír inmediatamente la declaración de la de-mandante. Depuso la Sra. Kersclier que la hipoteca estaba vencida;' que ni el capital ni los intereses le han sido satis-fechos y que aunque ella personalmente no ha hecho gestio-nes de cobro, las hizo la Sra. de la Haba. Al terminar su declaración la' Sra. Kersclier, el Juez, dirigiéndose al Sr. Soldevila, dijo:

“Juez: ¿Alguna pregunta de la parte demandada?
“Dda.: (Edelmiro Soldevila.) No, señor.”

La declaración de la demandante tiende a probar que la deuda estaba vencida y no había sido satisfecha a la Sra. de la Haba, pues si ésta la hubiera cobrado, no podría decir la Sra. Kersclier el día del juicio que la deuda estaba vencida y no satisfecha. (T. de E., pág. 3.) Además, la propia ape-lante, por el mismo abogado que ahora la representa, al em-pezar el juicio manifestó, como hemos visto, que desistía de su contestación por haber llegado a un acuerdo o entendido con la demandante. Es lógico concluir que si su represen-tada nada debía a la demandante por haber sido pagada la deuda anteriormente a la Sra. de la Haba) no hubiera desis-tido de su contestación ni tenía por qué celebrar un convenio con la parte demandante que le cobraba una deuda ya satis-fecha. Si el abogado de la apelante hubiese deseado que la Sra. Kersclier fuese más específica en su declaración, bien pudo, cuando se lo indicó la corte, repreguntarle sobre ese extremo, cosa que entonces estimó él innecesaria.

Se presentó en evidencia el exhibit 4 de la demandante, consistente en una certificación del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, sección primera, de fecha 31 de agosto de 1937, de la que aparece que la finca hipotecada se halla inscrita a favor de los demandados, incluyendo desde luego a la apelante, por partes iguales, a título de herencia de An-tolín Nin Martínez. Quizás pudo presentarse copia certifi-cada de la resolución de la Corte de Distrito de San Juan de fecha 4 de junio de 1931, recaída en el caso civil numero 14730, por la que se declaró a los demandados únicos y uni-versales herederos de don Antolín Nin Martínez, resolución que se menciona en la escritura núm. 16, de 2 de mayo de 1938, por la cual el crédito objeto de este pleito fué cedido a la demandante Sra. Kersober; pero a nuestro juicio de la evidencia en este caso presentada resulta satisfactoriamente probada la deuda de la apelante, y como dicha apelante no objetó a la presentación de esa evidencia y por el contrario manifestó a la corte, como hemos visto, haber llegado a un acuerdo o entendido con la demandante, y como los otros de-mandados consintieron la sentencia al no establecer recurso alguno contra la misma, en el supuesto de que dicha certi-ficación del registro de la propiedad no fuese la mejor prueba, uq nos sentimos obligados a revocar la sentencia por ese solo fundamento.

Una mera lectura de la demanda en este caso presentada nos llevará a la conclusión de que la acción ejercitada no es la real hipotecaria como arguye la apelante, sino una simple acción personal en cobro de un préstamo garantizado con hipoteca, pues no se solicitó que el inmueble hipotecado fuese vendido para satisfacer la deuda.

No erró la corte sentenciadora al imponer la condena de costas y honorarios de abogado montante a $1,000, pues de la escritura de préstamo con hipoteca resulta que esa cantidad fué la convenida por los contratantes en la escritura de hipoteca, contrato que no sólo obligó al causante Sr. Antolín Nin Martínez, si que también a sus herederos. Véase el caso de Iparraguirre v. Nin, supra, donde se discuten ampliamente las dos cuestiones últimamente discutidas. •

Convenimos con la apelante én que la sentencia dictada debió serlo condenando a esta demandada apelante a pa-gar las indicadas sumas mancomunada y solidariamente con sus demás coherederos, pero éste no es un error que justifique la revocación de la sentencia, ya que esta corte, al considerar un caso en grado de apelación, puede dictar la que originalmente debió haber dictado la corte sentenciadora, y por consiguiente procede que modifiquemos la sentencia apelada, de suerte que la apelante sea condenada a pagar a la deman-dante las cantidades en ella especificadas, mancomunada y solidariamente con los demás herederos de Antolín Nin Mar-tínez, y como complemento de la sentencia que, en rebeldía fué dictada contra dichos herederos.

Así modificada, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez PeesideNte Señor Del Toko

text:
    Ramiro Rivera González, demandante y apelado, v. Jose Vahamonde, demandado y apelante.
    Núm. 8148.

    Sometido: Noviembre 13, 1940.

      Resuelto: Diciembre 20, 1940.

      Harry P. Besosa, abogado del apelante;

      A. Quirós Méndez y Fernando B. _Fornaris, abogados del apelado.
   El Juez PeesideNte Señor Del Toko

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de automóvil en el que se recla-maron cinco mil dólares y las costas y honorarios de abogado y se concedieron mil quinientos con las costas, sin honora-rios.

No conforme el demandado, apeló. Señala cuatro errores como cometidos por la corte al negar su solicitud de un pliego de particulares, al actuar sin jurisdicción, al dar crédito a testigos falsos y al apreciar la prueba.

Examinemos el primero. Para ello y también para el estudio del segundo precisa conocer la demanda. Alegóse en ella que el demandante es mayor de edad, casado, comerciante y vecino de Pío Grande, P. E.; que el demandado era dueño el 10 de mayo de 1938 del truck H-1013, dedicado a empresa de transporte de carga por los caminos públicos de la Isla; que el demandante con anterioridad a esa fecha era hombre fuerte, sano, dedicado al comercio del que derivaba ganancias substanciales; que el expresado día el indicado truck, manejado negligentemente por Juan Maldonado, chófer al servicio del demandado que actuaba dentro de las atribuciones de su empleo, caminaba por la carretera que del Yunque conduce a Eío Grande y ocasionó al demandante las contusiones que especifica, viéndose obligado a ingresar en un hospital y a dejar de dedicarse a sus ocupaciones habituales, debiéndose el accidente exclusivamente a la negligencia del chófer consistente en no haber tenido en cuenta el ancho y tráfico de la carretera, en caminar a velocidad ex-cesiva, en tener los frenos desajustados y en no tomar las debidas precauciones para garantizar la seguridad de las personas que transitaban.

Y seguidamente alega:

“Que como consecuencia y resultado del accidente ameritado, el demandante ba sufrido daños y perjuicios que estima en la suma de Cinco Mil Dólares ($5,000) consistentes dichos daños y per-juicios en sufrimientos físicos y morales del demandante, las lesiones recibidas, los gastos en que ha incurrido con motivo del tiempo que ha dejado de trabajar y de atender a sus negocios.
“Que el demandado ni ninguna otra persona a su nombre ha satisfecho al demandante los daños y perjuicios causados.”

Emplazado el demandado presentó a la corte un escrito titulado “Bill of Particulars” que contiene la siguiente pe-tición :

“Requiere el demandado que se detallen específicamente los da-ños que alega sufrió el demandante ascendente a Cinco Mil Dólares ($5,000) para poder el demandado preparar y presentar su de-fensa de acuerdo con el derecho que le concede la ley.
“Se previene al demandante por medio de sus abogados que de no entregar al demandado los detalles solicitados dentro del período de diez días, quedará imposibilitado de presentar prueba en apoyo de los mismos, todo lo cual es de acuerdo con el artículo 124 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil.”

El demandante no proporcionó voluntariamente los par-ticulares solicitados y vista la moción ante la corte ésta la-declaró sin lugar.

Examinada la demanda, no creemos que pueda sostenerse que la corte abusara de su discreción al actuar en la forma en que lo hizo, único caso en que procedería la revocación de la sentencia por el motivo indicado en un pleito de esta naturaleza.

Expresamente invocó el apelante en su moción el artículo 124 del Código de Enjuiciamiento Civil, que prescribe:

“En las alegaciones no es necesario que la parte que alegue la existencia de alguna cuenta, detalle las partidas de ésta, pero deberá entregar a la parte contraria, dentro de los diez días de haberla pe-dido por escrito, una copia de dicha cuenta, requisito sin el cual quedará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presentación de otra cuenta ade-más de la presentada, si ésta fuera demasiado general o resultare defectuosa en alguno de sus particulares.”

Como puede verse, el artículo se refiere expresamente al caso en que se alegue la existencia de alguna cuenta y aunque es cierto que el principio se ha extendido a otras acciones, como la de daños y perjuicios, por ejemplo, se lia conside-rado que su aplicación descansa entonces en la sana discre-ción de la corte.

El artículo es igual al 454 del Código de Enjuiciamiento Civil de California y su propósito se expone como sigue en • 1 Cal. Jur. 159:

“El propósito del artículo 454 del Código de Enjuiciamiento Civil al requerir a una parte que entregue a la parte contraria, dentro de cinco días de haberla pedido, una copia de una cuenta objeto de la acción quedando, de no hacerlo, imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma, es proteger a la parte oponente contra difi-cultades durante el juicio, permitiéndole requerir y obtener por adelantado una relación detallada de las • partidas cargadas a su cuenta.”

Y refiriéndose a la materia en general dice Ruling Case Law:

“El pliego de particulares se considera en ciertos respectos como una ampliación del documento; y su objeto es informar al deman-dado de la reclamación contra la cual habrá de defenderse. A fin de realizar su objeto debe ser tan específico y suministrar tanta información como un documento especial; y lo mismo puede decirse con respecto a las materias especiales de defensa. Sin embargo, la causa de acción o la defensa debe exponerse en las alegaciones y no en un pliego de particulares; y no es propio alegar en tal pliego materia de evidencia. Una relación de hechos, debidamente redac-tada y radicada en apoyo de un documento debe considerarse como parte del mismo; y por tanto es buena práctica determinar por medio de excepción previa la suficiencia de la causa de acción ale-gada en tal relación de hechos y alegación. En acciones en cobro de dinero consistentes en varias partidas, un pliego de particulares especificando las fechas y describiendo las transacciones de las cua-les se alega surge la deuda, se concede casi como cosa corriente. Pero es erróneo suponer que los pliegos de particulares se limitan a acciones que envuelven cuentas o acciones en cobro de dinero provenientes de un contrato. Pueden propiamente concederse en toda clase de acciones en que las circunstancias concurrentes sean tales que la justicia requiera una minuciosidad mayor que la requerida de ordi-nario bajo las reglas de procedimiento. Usualmente su concesión o negativa descansa en la discreción de la corte .sentenciadora, y en con-sonancia con la regla ordinaria en cuestiones de naturaleza discrecio-nal, la orden de la corte sentenciadora a ese respecto no será revocada en apelación a menos que haya habido un manifiesto abuso de tal discreción. Sin embargo, no se concederán pliegos de particulares cuando el caso se halla expuesto en la alegación con amplitud sufi-ciente para informar al demandado de su naturaleza; o cuando la reclamación es una y simple en su índole.” 21 R.C.L. 480.

En un caso en que se trataba de una acción sobre cuenta corriente y por tanto de la aplicación estricta del estatuto, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison, se expresó como sigue:

“El apelado también" insiste en que la corte de distrito ejerció su discreción al considerar la moción, y que no debe alterarse el resultado en este recurso. Puede dudarse seriamente que la corte de distrito tenga discreción alguna en torno a materias claramente comprendidas en el estatuto. I Bancroft’s Code Pleading, 703, pár. 488. De todos modos, ‘donde los estatutos relativos a pliegos de particulares se interpretan en el sentido de investir a los tribunales de facultades liberales al ordenarlos, esos pliegos deben ser liberal-mente concedidos, a menos que sean claramente inútiles, y se soli-citen con el mero propósito de molestar.’ 49 C. J. 626, pár. 887. También hay autoridad para decir que ‘puede revisarse la resolución cuando es claramente errónea; y la discreción del tribunal senten-ciador respecto de la suficiencia del pliego de particulares que se radica con mptivo de la moción es una discreción judicial que puede ser revisada.’ 4 C. J. 801, pár. 2759. El caso de Molina v. Rodríguez, 40 D.P.R. 690, que sirve de apoyo al apelado, no es de estricta aplicación al presente.” Berio v. Rivera, 42 D.P.R. 460, 462.

Por último, si alguna duda pudiera existir con respecto a perjuicios que hubiera podido sufrir el demandado por no habérsele proporcionado los medios de defenderse en debida forma, dados ios términos en que aparece redactada la de-manda, esa duda desaparecería a virtud de la acción final tomada por la corte denegando la reclamación de daños y perjuicios por gastos y pérdidas y limitándose a concederlos por las lesiones recibidas y los sufrimientos físicos y morales alegados y demostrados.

Tampoco existe el segundo de los errores señalados. Por él se sostiene que no alegándose en la demanda el distrito judicial dentro del cual ocurriera el accidente, la Corte de Distrito de San Juan ante la cual se presentó carecía de jurisdicción para conocer del pleito. La cuestión se suscitó en la corte de distrito por medio de un escrito titulado “Ex-cepción previa” que contiene dos, la primera “que la demanda no aduce Lechos suficientes para determinar una causa de acción” y la segunda que “la corte no tiene jurisdicción sobre la persona del demandado ni por la materia de la acción”, que fue declarado por la corte sin lugar, archivando entonces el demandado su contestación.

Aunque la demanda pudo ser más específica y debió serlo de acuerdo con la mejor práctica, es lo cierto que en ella se encuentran datos suficientes determinantes de la jurisdicción y competencia de la corte para actuar. La Corte de Distrito de San Juan al igual que las del resto de la Isla es una corte de jurisdicción general, teniéndola para conocer de acciones de la naturaleza de la ejercitada en este pleito. El accidente se alega que ocurrió en la carretera que del Yunque conduce a Río Grande, pueblo éste comprendido dentro del distrito judicial de San Juan, Puerto Rico. Y el demandado se so-metió a la jurisdicción de la corte al hacer ante ella una com-parecencia general como la que hizo.

Los errores tercero y cuarto se señalan como sigue:

“3. Erró (la corte) manifiestamente al dar valor probatorio a las declaraciones de testigos que premeditada, maliciosa y descara-damente declararon falsedades y en la apreciación y aquilatación de la prueba y además ejerció parcialidad y prejuicio en contra del demandado, no dando valor alguno a las declaraciones de los testigos ■de éste, condenándole al pago de costas cuando la sentencia dictada ■es menor que la cantidad reclamada, y arbitrariamente valorando los ■daños en $1,500.
“4. Erró al dictar sentencia contraria a la prueba presentada.”

Conocemos la teoría del demandante expuesta en su de-manda. El demandado contestó admitiendo la propiedad del truck y el negocio que realizaba con el mismo y alegó que guiado dicho truck por su chófer Maldonado, caminaba vacío por la carretera que de Río Grande conduce a Luqnillo y al doblar a la derecha para tomar la carretera que va a,l Yun-que a poca velocidad y tocando el claxon, cruzaba negligente-mente el demandante con una caja al hombro que le impedía ver y al oír el c'axon se paró y repentinamente se lanzó contra el guardalodo, cayendo y causándose contusiones leves en la pierna izquierda y en el codo, debiéndose lo ocurrido a la sola negligencia del demandante.

Pué el pleito a juicio, practicándose una larga prueba con-tradictoria que fué apreciada por el juez sentenciador, así:

“Hemos considerado cuidadosamente la evidencia de ambas par-tes. Por el resultado de la misma declaramos probado que en día, hora y lugar a que se refieren las alegaciones, el demandado tenía su truck destinado al transporte de cañas, aunque en ese momento iba descargado, y estando guiado como chófer por su empleado Juan Maldonado Yega en funciones del empleo; que el demandante Ramiro Rivera González cruzaba a paso natural de la tienda de Felipe Maldonado a la de Suárez Hermanos, donde él trabajaba, y cuyos establecimientos quedan precisamente en las esquinas opuestas a la derecha y a la izquierda, respectivamente, entrando de la carretera del Yunque, llevando el demandante una caja de cartón con unos dulces sobre el hombro derecho y sostenida dicha caja con la mano de ese lado; que cuando el demandante se encontraba ya en el lado izquierdo de la carretera, fuera del firme de la misma, y como a tres pies de la pared del establecimiento, el truck del demandado, guiado por su chófer, dobló la esquina o curva a bastante velocidad, tomán-dola muy abierta hacia el lado izquierdo del camino, en vez del lado derecho, alcanzando al demandante con el guardalodo izquierdo de-lantero, arrastrándolo como a unas cuatro yardas, y yendo el vehículo a parar como a veinte pies de distancia del sitio del accidente.
“La evidencia (es) contradictoria con respecto a si el chófer al doblar la curva tocó claxon o aparato de alarma avisando su apro-ximación. Declaramos que no dió aviso alguno al doblar la curva y aceptando que lo diera al enfrentarse con el demandante, de su propio testimonio aparece que fué muy tardío e ineficaz, pues dice que lo dio como a dos pies de distancia, cuando estaba ya muy cerca del demandante, que lejos de producir el efecto deseado ,y exigido por la ley, causó susto y confusión al demandante.
“En la contestación se alega que el demandante llevaba la.caja en el hombro izquierdo, que le tapaba la cabeza y le impedía, ver, pero declaramos probado, por el resultado de la. evidencia, que la caja con los dulces la llevaba el demandante sobre el hombro dere-cho, sin que tuviera obstáculo alguno por el lado izquierdo y que si el accidente ocurrió fué debido no a negligencia alguna del de-mandante y sí a que el chófer tomó la curva muy abierta por el lado izquierdo, dando aviso con el claxon cuando ya era ineficaz, y principalmente a que los frenos del vehículo no estaban en buenas condiciones de funcionamiento.
“Es cierto que Eugenio Méndez declaró que Blas Rivera Mén-dez y el policía insular, Fidel Rodríguez, cogieron el truck y lo echaron a andar para probarlo y que Pablo Suárez declaró que fué Juan Maldonado, el propio chófer del truck, quien lo probó con el policía para demostrar si los frenos estaban o no bien. Pero sea quien fuere el que guió el truck para conocer el verdadero estado de sus frenos, es lo cierto que el policía Rodríguez también declaró, traído como testigo del demandado, que la operación de la prueba de los frenos se hizo por Juan Escobar, que era un chófer autori-zado, y que el truck no pudo parar inmediatamente como debía hacerlo al aplicarle los frenos, de hallarse éstos en buenas condicio-nes, y que entonces le preguntó al chófer Juan Maldonado, por qué guiaba el carro, si los frenos estaban flojos, contestándole él ha-bía cogido el truck en buenas condiciones pero eso se debía a que había tenido que pasar el río y los frenos se habían aflojado. El policía Rodríguez, persona sin interés alguno en el asunto, ha mere-cido entero crédito a la corte. Fuera porque los frenos estaban desajustados o porque se hallaban mojados, es lo cierto que no estaban en buen estado de funcionamiento y cuando el chófer los aplicó no respondieron.
“Véase la jurisprudencia establecida en los casos de El Pueblo v. Blanford, 23 D.P.R. 625, 627; Ramos v. Sucn. de Salvador Nadal, 29 D.P.R. 587; Portalatín v. Noriega, 33 D.P.R. 790; y Cortijo v. Domínguez, 36 D.P.R. 936, 939.
“La evidencia demuestra que el demandante después de ser arrollado por el vehículo del demandado, fué llevado en estado de shock a la Clínica Pereira Leal, de Río Piedras, siendo atendido por el Dr. Miguel Alonso, y que presentaba diferentes contusiones y lesiones- en el cuerpo, o sea en la región pretibial de la pierna iz-quierda en su tercio medio, en el bajo vientre, en los muslos, en el tórax anterior, y una fractura del brazo izquierdo. Se le tomaron radiografías. Estuvo recluido veintiséis días en la Clínica. Des-pués asistió a ella semanalmente durante un período de dos y medio a tres meses en que el brazo estuvo enyesado. El carácter general de las lesiones y fracturas eran dolorosas de por sí. El perito médico declaró que la condición física del paciente en las funciones del brazo izquierdo no eran normales, teniendo una incapacidad parcial permanente que le imposibilita para el trabajo, porque no podía extender por completo el brazo, existiendo cierto grado de .angulaeión.
“El demandante reclama en la demanda, además de los daños y perjuicios por las lesiones y sufrimientos físicos y morales produ-cidos por las mismas, los gastos incurridos y las pérdidas ocasiona-das por el tiempo que ba dejado de trabajar y de atender su negocio. Parece que el demandante estima que habiéndose admitido el hecho de la demanda donde alega que los demandados ni ninguna otra persona habían satisfecho los daños y perjuicios causados, quedó admitido que éstos montaban a cinco mil dólares ($5,000) pero ello no es así, pues es en la alegación sexta donde se alegan los daños y su valor, hecho que ha sido negado. Y sobre esos extremos de los daños se presentó evidencia testifical tendiente a demostrar que el demandante era empleado en el establecimiento de Flores Her-manos, donde tenía un sueldo de $40 mensuales, más un 25% del beneficio líquido, que era de $300 mensuales, o sea de $75 (sic). Los dueños del establecimiento Suárez Hermanos, son Juan Suárez y Víctor Rodríguez.. Requeridos . . . para presentar los libros de contabilidad de su negocio y la cuenta de Ramiro Rivera, así como a éste para producir la libreta que dijo tenía donde anotaba las cantidades recibidas, dicho Juan Suárez sólo trajo una libreta donde meramente tenía algunos nombres y números en desorden, sin que ella demuestre el debe y haber, ni el volumen de negocios, y manifestando Ramiro Rivera que no había traído la libreta suya porque ya no la tenía, pues había desaparecido. La evidencia es claramente demasiado general e insuficiente para declarar de modo positivo y concreto cuáles fueran los gastos en que incurriera el demandante con motivo del accidente y las pérdidas sufridas por el tiempo dejado de trabajar y de atender a su empleo o negocio. Véase García v. Fernández, 52 D.P.R. 183.
“Debe concederse indemnización (mil quinientos dólares) por las lesiones recibidas y los sufrimientos físicos y morales como con-secuencia de las mismas y denegarse por los demás daños reclamados.
“. . . no debe . . . concederse honorarios de abogado . . . Las costas se imponen por disposición de la ley.”

Examinado el caso en sn totalidad, nos parece que el ape-lante fué demasiado lejos en la formulación de su tercer error. No demostró lo que afirma. Quizá tenga razón, pero no encontramos en los autos base para sustituir el juicio que formara el juez sentenciador en la apreciación de los hechos ni en la fijación de la indemnización. Los errores no fueron cometidos.

La sentencia debe confirmarse.