text:
    Jesús Díaz Mass, peticionario, Ex parte; Antonio Frontera Ramos y Onesta Ostoloza Feo, interventores y apelantes.
    Núm. 9172.

    Sometido: Diciembre 12, 1945.

      Resuelto: Febrero 13, 1946.

      Pedro E. Anglade, abogado de los apelantes; Agustín E. Font, abo-gado del Albaeea testamentario; L. Mercader, abogado del ex Administrador Judicial; Pedro Santos Borges y Antonio Beyes

      Delgado, Diego E. Ramos y José D. Rodríguez, abogados de las demás partes interesadas.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación de una orden de la corte de distrito de Arecibo declarando sin lugar una moción de los apelantes para intervenir en la administración judicial de los bienes relictos en la muerte de un matrimonio. La moción de intervención alegaba que los peticionarios habían radi-cado una demanda enmendada en la corte de distrito de Ponce contra las sucesiones de los finados y contra otra persona, solicitando en la misma (1) la nulidad de un -procedi-miento ejecutivo sumario sobre ciertos terrenos, (2) la en-trega a los demandantes de dichos terrenos, radicados.en el distrito de Ponce, y (3) los frutos de dichos terrenos, que se alegaba ascendían a.$95,000, costas y honorarios de abogado. La súplica de la moción de intervención era que la corte de distrito de Arecibo, de los bienes a ser distribuidos entre los herederos, retuviera bienes o • dinero suficientes para satis-facer su reclamación por los frutos en el pleito de Ponce.

En una opinión per curiam ya hemos resuelto, al declarar sin lugar una moción para que se desestimara este recurso, que es apelable la resolución de la corte de distrito denegando la moción de intervención. Rivera v. Rivera, 56 D.P.R. 205. En los méritos, los apelantes basan su caso en la Regla 24(a)(3) de nuestras Reglas de Enjuiciamiento Civil al efecto de que cualquier persona tendrá derecho a intervenir en una acción “ cuando el derecho del solicitante pudiere resultar adversamente afectado por una distribución o cualquier otra disposición de la propiedad que se hallare bajo la custodia de la corte o de un oficial de la misma’’. La Regia 24(a)(3), que se copió de las Reglas Federales de Enjuiciamiento Civil, si bien un poco más amplia en su lenguaje que el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, es sustancialmente igual al artículo 72, por lo menos a los fines del problema ante nos. 2 Moore’s Federal Practice, sección 24.08, págs. 2338-50; Proceedings, Washington Institute on Federal Bules, pág. 67.

Al interpretar el artículo 72 este Tribunal ha sido liberal, resolviendo, por ejemplo, que en el caso de que exista un embargo de bienes para garantizar la efectividad de una sentencia, un tercero puede intervenir para reclamar los bie-nes, no obstante el hecho de que el remedio adecuado, el pro-cedimiento de tercería, también exista bajo tales circunstan-cias. Vélez v. Corte Municipal, ante, pág. 589, y casos allí citados; Reyes & Pagán v. Corte de Distrito, 52 D.P.R. 654. Pero aún en dichos casos el interventor tiene un interés en el propio objeto en litigio: los bienes embargados.

Por otro lado, en el presente caso los interventores no tienen interés en la administración judicial propiamente dicha. Tienen la esperanza de obtener eventualmente una sentencia personal por frutos contra los herederos, en una reclamación en el pleito de Ponce que no guarda relación alguna con los problemas de distribuir entre los herederos las herencias de los fenecidos. Nada tienen que perder o ganar de cualquier actuación de la corte de distrito de Are-eibo en el procedimiento de administración judicial. Bajo dichas circunstancias, no cumplen con el requisito del ar-tículo 72 y de la Regla 24(a)(3). Lessesne, etc. v. P. R. Drug Co., 39 D.P.R. 942; A. Méndez y Hno. v. Chavier, 39 D.P.R. 731; Bechtel v. Axelrod, 125 P.2d 836 (Calif. 1942); 20 Calif. Jur. sección 25, págs. 520-22.

Nada decimos sobre la cuestión de si los apelantes pueden obtener de la corte de distrito de Ponce una orden de embargo después de prestar la correspondiente fianza, y de conformidad con la misma embargar, con el permiso de la corte de distrito de Arecibo, el interés de los herederos en el dinero y en los bienes que, en manos del administrador judicial, están en custodia legis. Sólo resolvemos que la corte de distrito no erró al negarle permiso a los apelantes para intervenir en el procedimiento de administración judicial propiamente dicho bajo las circunstancias que aquí concurren-.

La orden de la corte de distrito será confirmada.

       Asumimos, sin decidirlo, que en un procedimiento de administración judicial radicado de conformidad con la Ley de Procedimientos Legales Especiales, artículos 534-597 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, el derecho a in-tervenir lo rige la Regla 24(a) (3).

        El artículo 72 dice en parte como signe: "Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá intervenir on una acción o procedimiento, si tu-viere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera" de las partes, o algún derecho en contra de ambas."

       Si bien no "es exactamente de aplicación, recientemente hemos resuelto en una situación análoga que "Es doctrina firmemente establecida por la juris-prudencia de este Tribunal, que el demandante en un pleito de filiación, que se encuentra aun sub judice, no tiene derecho ni personalidad bastante para solicitar la administración judicial de la herencia, ni tiene tampoco derecho a ser citado o a intervenir en las diligencias sobre administración judicial mientras no se re-suelva definitivamente a su favor el pleito de filiación. ’ ’ Sucesión de De Jesús v. Corte de Distrito, 65 D.P.R. 1, 2, 3. (Bastardillas nuestras.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Casa de España en Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 68.

    Sometido: Enero 14, 1946.

      Resuelto: Febrero 14, 1946.

      Mariano Acosta Velarde, abogado de la peticionaria ;, Hon. Procurador General E. Campos del Toro y J. B. Fernández Badillo, abogado éste de la División de Contribuciones y Litigios Especiales del De-partamento de Justicia, abogados todos del interventor, Tesorero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 9 de enero de 1942 el Tesorero de Puerto Rico requi-1. rió a la Casa de España de Puerto Rico el pago de $5,095.94 por concepto de contribuciones sobre la propiedad correspon-dientes al año 1941-1942. En febrero 16 de 1942 la Casa de España radicó ante el Tribunal de Apelación de Contribucio-nes un escrito de apelación alegando que sus propiedades estaban exentas del pago de contribuciones a virtud del art. 291, inciso (e) del Código Político de Puerto Rico, según quedó enmendado por la Ley núm. 12 del 23 de agosto de 1933 (pag. 73), por ser la apelante una asociación para fines no pecuniarios.

Tres años y ocho meses después) o sea, el 19 de octubre de 1945, el Tribunal de Contribuciones se declaró sin juris-dicción por estimar que el escrito de apelación de la peticio-naria había sido radicado después de vencido el término se-ñalado por el art. 309 del Código Político.

Expedimos auto de certiorari para revisar esta decisión.

'La única cuestión a resolver es si el artículo 309 del Código Político es aplicable a los hechos de este caso. Dicho artículo, tal y como regía el 9 de enero de 1942, en lo pertinente, disponía que:

“Cualquier persona perjudicada por la decisión del tasador res-pecto de la valuación de su propiedad puede elevar queja por escrito sobre el particular a la susodicha junta de revisión e igualamiento ... ; Disponiéndose, sin embargo, que ninguna de las quejas o reclamaciones de que se trata será tomada en consideración por la mencionada junta, a menos que sea presentada dentro de los quince dias después que al contribuyente que se crea perjudicado le haya notificado el tasador, según por la presente se dispone, la valuación o revaluación de la propiedad de dicho contribuyente; ...” (Bastardillas nuestras.)

Para el 9 de enero de 1942, ya en vigor la Ley núm. 172 creando el Tribunal de' Apelación de Contribuciones, apro-bada el 13 de mayo de 1941 ((1) pág. 1039), babía dejad'o de existir la Junta de Revisión e Igualamiento al ser dero-gada por la sección 10 de la Ley 172 la Ley núm. 75 de 2 de agosto de 1923 ((1) pág. 605) que creó dicha Junta. Véase además la sección 11 de la Ley núm. 172 en relación con su sección 4 que disponía que:

‘ ‘ El Tribunal tendrá jurisdicción para revisar la tasación y reta-sación de la propiedad mueble o inmueble y conocerá de todas las re-clamaciones que pudieran formularse ante él por ¡perdonas interesadas, contra las resoluciones del Tesorero de Puerto Rico que afeci¡0n al impuesto y pago de contribución sobre la propiedad, de la contribu-ción sobre ingresos, y de la contribución sobre trasmisión de bienes por herencia. Esta jurisdicción, sin embargo, no podrá invocarse ante el Tribunal por persona alguna hasta que sobre el asunto en dis-cusión haya recaído una resolución administrativa por parte del Te-sorero de Puerto Rico, de acuerdo con la ley.
“En aquellos procedimientos que no estuvieren claramente espe-cificados por las reglas del Tribunal se aplicarán las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil que regulan los procedimientos ante las cortes de distrito.” (Bastardillas nuestras.)

Es obvio, por tanto, que para el 9 de enero de. 1942, la aquí peticionaria no .podía apelar de la decisión del Teso-rero para ante la Junta de Revisión e Igualamiento por no existir ya dicha Junta. Tampoco pudo el Tesorero cumplir con lo dispuesto en la sección 11, supra, por no estar pen-diente ante la Jnnta el caso de la peticionaria. El único or-ganismo existente para dicha fecha con jurisdicción exclu-siva en casos relacionados con la imposición de contribucio-nes sobre la propiedad, sobre ingreso o sobre trasmisión de bienes por herencia, era el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones.

Sostuvo el Tribunal de Contribuciones, sin embargo, que la peticionaria debió radicar su apelación ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones dentro del término dé quince días especificado en el artículo 309 del Código Político, supra, y que al no hacerlo así dicho tribunal no adquirió ju-risdicción en el caso y en su consecuencia tampoco el tribunal recurrido.

La Ley núm.- 172 de 1941, supra, no estableció término alguno dentro del cual un contribuyente debía radicar su querella o apelación ante el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones. No fué hasta que se aprobó la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 (pág. 601), creando el Tribunal de Contribuciones que, por su sección 3, se estableció un tér-mino de treinta días después de la notificación del Tesorero de Puerto Rico para poder recurrir ante dicho Tribunal. No tenemos duda de que esto se hizo para corregir el de-fecto que existía en la ley anterior.

Siendo esto así, no fué la intención legislativa al abolir la Junta de Revisión e Igualamiento dejar subsistente el procedimiento establecido para poder recurrir ante ella y menos aún el término de quince días establecido por el art. 309 del Código Político, cuando al crear el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones estableció un nuevo procedimiento sin fijar término específico alguno para recurrir ante él.

Debe revocarse la resolución recurrida y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

       La sección 11 disponía:
      “Por la presente se autoriza y ordena al Tesorero de Puerto Rico en su carácter de Presidente nato de la actual Junta de Revisión e Igualamiento creada por la Ley núm. 75 de 2 de agosto de 1923, según quedó enmendada por la Ley núm. 46 de 26 de abril de 1928, a entregar al Tribunal de Apelación de Contribuciones, creada fsió) por esta Ley, todo el material, mobiliario, libros, y todos los asuntos que estén pendiente ante la Junta de Revisión e Igualamiento actualmente en función."


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Israel Méndez Deynes, acusado y apelante.
    Núm. 11214.

    Sometido: Febrero 5, 1946.

      Resuelto: Febrero 14, 1946.

      José Veray Jr., abogado del apelante; lion. Procurador General F. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar y J. Rivera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 177 del Código Penal, edición de 1937, dis-pone que “Toda persona que directa o indirectamente, diere u ofreciere dinero ... a algún elector para inclinar su voto, o inducirle a votar o abstenerse de hacerlo en cualesquiera elecciones de funcionarios públicos que ... se celebren en Puerto Rico .... será reo de ‘misdemeanor’, y convicto que fuere, sufrirá pena de multa en una suma que no bajará de veinticinco ni excederá de cien dólares, y cárcel por un término de diez días a seis meses, quedando además privada del derecho de sufragio e incapacitada para ejercer cargo de confianza o retribuido, por un período determinado que no bajará de diez años, o presidio por un término mínimo de nn año y máximo de cinco años, con privación de derecho de sufragio e incapacidad para ejercer cargos públicos retri-buidos o de confianza, por el antedicho período.”

Se imputó al acusado ante la corte municipal de San Se-bastián una infracción del artículo 177. Al declarársele culpable apeló para la corte de distrito de Aguadilla, donde se le celebró un juicio de novo, siendo convicto y sentenciado a pagar una multa de veinticinco dólares y a cumplir diez días de cárcel. La sentencia también dispuso que quedaría privado del derecho de sufragio e incapacitado para ejercer cargo de confianza o retribuido alguno por un período que no bajará de diez años.

En apelación ante este Tribunal, el acusado alega que la corte municipal carecía de jurisdicción para juzgarlo por una supuesta infracción al artículo 177, y que en su conse-cuencia la corte de distrito tampoco tenía jurisdicción sobre la apelación establecida en dicho caso.

La sección 4 de la Ley del 10 de marzo de 1904 dispone que los jueces municipales “ . . . tendrán jurisdicción para conocer de todas las causas criminales, excepto las denominadas felony . . . El acusado alega que el delito aquí envuelto era un felony y por tanto, no podía juzgár-' sele en la corte municipal, toda vez que es un delito que a discreción de la corte es punible bajo el artículo 177 con pena de presidio. Artículo 14, Código Penal.

Alega el Fiscal que de acuerdo con el artículo 14 un de-lito perseguido bajo el artículo 177 puede ser bien un felony o un misdemeanor, y que la designación correcta del mismo no puede determinarse hasta que se haya dictado la senten-cia: si se impone presidio, el caso se caracteriza como felony; de otro modo, es nn misdemeanor. Añade que cuando un caso por infracción al artículo 177 se radica en la corte municipal, la denominación de misdemeanor lo acompaña irre-mediablemente toda vez que, según dice el Fiscal, la corte municipal no puede sentenciar a un acusado a la pena de presidio.

Para convenir con esta teoría del Fiscal, tendríamos que resolver que fué la intención de la Legislatura que la juris-dicción de una corte dependiera retroactivamente de la si-tuación después de dictada sentencia. Es innecesario que consideremos esta cuestión toda vez que existe una contes-tación sencilla para este caso.

El artículo 177 califica el delito aquí envuelto como misdemeanor. En su consecuencia, la distinción general com-prendida en el artículo 14 entre un felony y un misdemeanor no es de aplicación aquí. La Legislatura eligió disponer en este caso especial, y teñía todo derecho para así hacerlo, que no obstante el hecho de que podía imponerse la pena de presidio, la infracción del artículo 177 era un misdemeanor. Y toda vez que la corte municipal tiene jurisdicción en todos los casos criminales, excepto los felonies, a no ser que al-guna ley especial disponga otra cosa, este caso específico fué correctamente visto en primera instancia ante la corte municipal. Cf. Pueblo v. Adorno, 17 D.P.R. 1102; Carroll v. United States, 267 U. S. 132, 158; Dutton v. State, 91 A. 417 (Md. 1914).

El acusado también alega que la córte de distrito erró al pesar la evidencia, la cual arguye fué insuficiente para sostener la convicción. El testigo querellante declaró sobre la oferta que le bizo el acusado el 4 de noviembre de ■ 1944 de pagarle cinco dólares si se abstenía de.votar en las elecciones celebradas el 7 de noviembre. Habiendo creído la corte de distrito esta prueba, no estamos en libertad de intervenir con la sentencia.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

       El artíeulo 14 lee como sigue:
      “ ‘Felony’ es un crimen castigado con la pena de muerte o de presidio. ‘Misdemeanor’ comprende todos los demás delitos. Cuando un delito castigable con pena de presidio, apareja también la de multa o cárcel, a discreción del tribunal, se considerará ‘misdemeanor’, para 'todos los efectos, después de dictada .sentencia imponiendo una pena que no fuere de presidio.”.

        People v. Sacramento Butchers’ Protective Ass’n, 107 Pac. 712, 720 Calif. 1910); People v. Trimble, 63 P. 2d 1173 (Calif. 1936); McKinney v. Hamilton, 10 N.Y.S. 2d 140, 13 N.Y.S. 2d 786, revocado por otros fundamentos, 282 N.Y. 393 (1940); y People v. Bellinger, 199 N.E. 213 (N.Y. 1935), esta-blecen la doctrina de que bajo las circunstancias en ellos concurrentes la deno-minación legislativa de misdemeanor no predomina; pero esos casos son distin-guibles porque envuelven diferentes situaciones estatutarias y constitucionales. Véase también Anotación, 95 A.L.R. 1115, 1121-22.


author: El Juez Asociado Seño® Cóedova

text:
    Matías Graniela, demandante, apelante y apelado, v. Yolande, Inc., y United States Fidelity & Guaranty Company, demandadas, apeladas y apelantes. Primitivo Acosta Graniela y su esposa María Tomasa Ramírez, demandantes, apelantes y apelados, v. Las Mismas, demandadas, apeladas y apelantes. Ana Rosa Acosta Ramírez, demandante, apelante y apelada, v. Las Mismas, demandadas, apeladas y apelantes.
    Núm. 9237.

    Sometido: Febrero 8, 1946.

      Resuelto: Febrero 14, 1946.

      Fernando Zapater, A. Ramirez Silva j J. Otero Suro, abogados de los demandantes, apelantes y apelados; J. Alemañy Sosa, abogado de las demandadas, apeladas y apelantes.
   El Juez Asociado Seño® Cóedova

emitió la opinión del tribunal.

AI dictar sentencia declarando con lugar tres demandas de daños y perjuicios en tres easos' que surgieron de un mismo accidente, la corte de distrito condenó a las deman-dadas a pagar intereses sobre el importe de la indemniza-ción a contar de la fecha en que se radicaron las demandas. .Apelada la sentencia, fué modificada únicamente en cuanto a la cuantía de los honorarios de abogados, extremo que .ahora carece de «pertinencia, y así modificada, confirmada. Graniela v. Yolande, Inc. et al, 65 D.P.R. 107.

Devuelto el caso a la corte inferior, consignó la deman-dada United States Fidelity & Guaranty Co. el importe de la sentencia, y los intereses desde la fecha en que ésta fué dictada, y solicitó se tuviera por satisfecha la sentencia. Se opusieron los demandantes, por no haberse incluido los in-tereses desde la fecha de radicación de las demandas hasta la fecha de la sentencia. La corte inferior resolvió que la consignación hecha era suficiente, ya que después de haberse dictado la sentencia, sé resolvió en Martínez, v. Báez, 63 D.P.R. 783 que en casos de daños y perjuicios no había de-recho- a intereses excepto a partir de la fecha de la sentencia. De esa resolución apelan los demandantes.

Posteriormente, solicitaron las demandadas se modificara la sentencia en cuanto a intereses, concediéndolos a partir de la fecha de la sentencia y no, como rezaba y aún reza ésta, a partir de la fecha de las demandas. Se negó la corte inferior a lo solicitado, por considerarlo innecesario en vista de su anterior resolución dando por satisfecha la sentencia. De esa resolución apelan las demandadas.

Como se puede ver, ambas apelaciones plantean el mismo problema, a saber, si los demandantes tienen derecho a in-tereses desde, la fecha de la radicación de sns demandas, o solamente desde la fecha de la sentencia.

Los demandantes solicitaron en sns demandas inte-reses desde la fecha de éstas. La corte accedió en sn sen-tencia a esa solicitad. Constituyó esto nn error, ya que el que reclama judicialmente una suma ilíquida, como ocurre en casos de daños y perjuicios, sólo tiene derecho a intere-ses a partir de la fecha de la sentencia. Martínez v. Báez, supra; Font v. López, 60 D.P.R. 161; Sosa v. Sucn, Morales, 58 D.P.R. 360; Frías v. Berríos, 58 D.P.R. 137; Miranda v. P. R. Ry., Light & Power Co., 50 D.P.R. 974; Ruiz v. Umpierre, 49 D.P.R. 270. Pero las demandadas, al apelar de la sentencia, no se quejaron de ese error, y la sentencia, como hemos visto, fué confirmada.

La regla general es que las cortes carecen.de fa-cultad para enmendar sus propias sentencias una vez éstas han sido confirmadas por un tribunal superior. United States v. Howe, 280 Fed. 815, certiorari negado en Howe v. United States, 259 U. S. 587, 66 L. Ed. 1077. La resolución de la corte inferior en los casos de autos, dando la senten-cia por satisfecha mediante el pago de una suma menor qué la fijada en la sentencia, equivale a una modificación de ésta.

Arguyen las demandadas que la enmienda a la sentencia es permisible por tratarse de la corrección de un error clerical, para lo cual siempre tienen facultad las cortes. No se trata, sin embargo, de un error clerical. La propia corte inferior, en la resolución apelada, explica que su actuación obedece a lo resuelto en Martínez v. Báez, supra, y aclara que dicho caso fué resuelto después de haberse dictado su sentencia. Es obvio, por lo tanto, que lo que pretendió co-rregir la corte inferior fué una errónea apreciación de los derechos sustantivos de las partes.

Tampoco tienen razón las demandadas en su contención de que, no habiéndose planteado ni resuelto nada en cuanto a intereses en la apelación entablada contra la sentencia, su confirmación no impide a la corte inferior reconsiderar ese extremo. No importa que no se planteara la cuestión al apelarse de la sentencia. Pudo haberse planteado y eso basta. In re Washington and Georgetown Railroad Co., 140 U. S. 91, 35 L. Ed. 339.

En el caso qne acabamos de citar se trataba también de nna sentencia concediendo indemnización por daños y per-juicios, pero sin intereses, de la cual se apeló, sin plantearse ni discutirse nada respecto a los intereses. (Véase el mismo caso, reportado en 135 U. S. 554, 34 L. Ed. 235). Confirmada la sentencia, la corte inferior consideró haberse equivocado al no conceder intereses, pretendió concederlos, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en un recurso de mandamus, le ordenó dejar sin efecto la sentencia enmendada y restituir la sentencia original tal cual ésta fue confirmada

Ciertamente que es de lamentarse que las demandadas se vean obligadas a pagar algo más de lo que debieran haber pagado, de habérsele llamado oportunamente la atención a la corte inferior al dictarse la sentencia, o de haberse seña-lado el error cometido en cuanto a los intereses al apelarse de la sentencia. Pero más importante que la corrección de un error judicial que la parte perjudicada tuvo ocasión de corregir oportunamente es el principio de la finalidad de las sentencias, consagrado en las reglas de res judicata y de la ley del caso. Véase Gozález v. Méndez et al, 15 D.P.R. 701; Olmedo v. Rivera, 65 D.P.R. 49; Escartín v. Comisión Policía Insular, 52 D.P.R. 725, Rosario v. Ruiz y Polanco, 63 D.P.R. 93.

El caso de De Castro v. Junta de Comisionados, 59 D.P.R. 676, que invocan las demandadas no es aplicable al que nos ocupa. En. ese caso, dictada sentencia ordenando la reposi-ción de un funcionario destituido, se apeló de la misma y íué confirmada. Al devolverse el mandato a la corte senten-ciadora, había expirado el término del funcionario. Resolvi-mos que no debía ejecutarse la sentencia en tanto en cuanto ordenaba la reposición, ya que si bien ésta procedía en la fecha en que se dictó la sentencia, las circunstancias habían cambiado, y ya no era procedente la reposición. Ni se en-mendó la sentencia ni se actuó en forma inconsistente con sus términos. Se determinó sencillamente que había trans-currido el término durante el cual era susceptible de ejecu-ción. En los casos de autos no ha habido cambio alguno en la situación de las partes después de dictarse la sentencia, ni existe impedimento para que ésta sea ejecutada tal cual se dictó.

Por los fundamentos expuestos, entendemos que erró la corte inferior al dictar su resolución del 28 de agosto de 1945 dando por satisfecha la sentencia mediante el pago de una suma inferior a la fijada en la misma, y actuó correctamente al dictar su resolución, del 20 de septiembre de 1945 negán-dose a enmendar la sentencia. Debe confirmarse \esta última resolución y revocarse la del 28 de agosto de 1945.

       El problema planteado en el caso citado no podría surgir en Puerto Pico, ya que de acuerdo con el artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuando la sentencia condenando al pago de dinero nada dispone en cuanto a intereses, devenga intereses desde la fecha en que se dicta. Concepción v. Latoni, 63 D.P.R. 693.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Angela Rivera Quirós et als., demandantes y apelados, v. Sucesión de Antonio Ramos Rodríguez, demandada y apelante.
    Núm. 8922.

    Sometido: Marzo 6, 1945.

      Resuelto: Febrero 19, 1946.

      Francisco Parra Capó, abogado de los apelantes; Francisco Capó Pagán, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, hijos y nietos de Don Marcelino Qui-rós y de su esposa Doña Isidora Figueroa, instaron esta de-demanda de reivindicación, en la que alegan, en síntesis, que al ocurrir el fallecimiento de Doña Isidora el día 29 de fe-brero de 1903 y posteriormente el de Don Marcelino, en ju-lio 30 de 1905, los demandantes fueron declarados únicos y universales herederos de ambos cansantes; que desde julio 30, 1905 los demandantes, en las proporciones que a cada uno correspondía de acuerdo con la ley, eran todos condueños proindiviso en pleno dominio y poseedores de un predio de terreno que radica en el Barrio Quebradas de Guayanilla, con cabida de 43 cuerdas, más o menos; que los demandantes, ni sus predecesores en título, jamás cedieron a persona alguna el título o derecho de posesión sobre dicho inmueble; que desde mediados del año 1921, los demandados, alegando ser herederos de doña Felicita Irizarry, sin título o derecho al-guno, tomaron y han venido detentando la posesión de la to-talidad de dicha finca, sin el consentimiento de los deman-dantes ni de sus antecesores en título; y, por último, que desde 1921 hasta la fecha de radicación de la demanda, los demandados han percibido y se han apropiado los frutos, cosechas y productos de la finca, valorados en la suma de $10,000, después de deducir los gastos de cultivo y conserva-ción. Los demandantes suplican se les declare dueños en pleno dominio y con derecho a la inmediata posesión de la totalidad del inmueble y que se condene a los demandados a rendir cuentas de y a pagar el importe de los frutos per-cibidos durante el tiempo que ocuparon la finca y hasta su restitución a los demandantes.

Contestaron los demandados, empezando por negar que los demandantes hayan tenido el dominio o estado en pose-sión de la finca en fecha alguna posterior el 30 de julio de 1905. Alegaron que don Marcelino Quirós y su esposa doña Isidora fueron dueños de la finca en controversia, a titulo de gananciales; que al morir doña Isidora, el 29 de febrero de 1903, una mitad de la finca pasó a ser propiedad del viudo, don Marcelino, pasando la otra mitad a los hijos y nietos de la difunta; que la mitad que correspondió al viudo don Marcelino fué vendida por el márshal de la Corte Municipal de Ponce en cumplimiento de una orden de ejecución de una sentencia dictada contra don Marcelino en pleito establecido contra éste por Bartolomé Toro y seguido más tarde contra sus herederos, los aquí demandados, habiendo pasado la dicha mitad de la finca al mencionado Toro por escritura de julio 10 de 1907 que le fué otorgada por el márshal; y que por escritura de marzo 5 de 1908, Bartolomé Toro vendió la mitad de la finca a Felicita Irizarry, madre de los deman-dados. Continúan alegando los demandados, que la partici-pación indivisa que correspondió a doña Isidora Figueroa al disolverse por su muerte la sociedad de gananciales y que pasó a ser propiedad de sus herederos, los aquí demandan-tes, fué adquirida por José Antonio Ramos y Rodríguez, padre de los demandados, mediante escritura otorgada a su favor por los demandantes en fecha 22 de marzo de 1904; y que la parte correspondiente a Reinalda Quirós fué más tarde adquirida por Eugenio 'Rodríguez López por sentencia de abril 3 de 1917 y vendida más tarde a los demandados, vi-niendo de este modo los padres de los demandados y más tarde éstos, como sus herederos, a ser dueños de la totalidad del inmueble, el cual han poseído unos y otros, sin interrup-ción desde los años 1904 a 1905 en que fueron otorgadas las mencionadas escrituras.

Como defensas especiales alegaron los demandados la prescripción ordinaria de 20 años y la extraordinaria de 30 años.

En el acto de la vista, la Sociedad Mario Mercado e Hi-jos fué hecha parte demandada, en sustitución de los deman-dados Alfonso y Rafael Ramos Irizarry, por haber adqui-rido las participaciones que a dichos demandados correspon-dían en la finca en litigio.

En noviembre 30 de 1943, la Corte de Distrito de Ponce reconsideró la sentencia por ella dictada en diciembre 30 de 1942 y en su lugar dictó otra, declarando que los demandan-tes son dueños de la finca que reclaman y ordenando a los demandados que dejen expedito y a disposición de los de-mandantes el referido inmueble y que paguen a los deman-dantes la suma de $10,000 por concepto de frutos percibidos, más intereses legales sobre dicha suma, costas y $600 como honorarios de abogado.

El recurso interpuesto por los demandados se basa en nueve' señalamientos de errores que se alega fueron come-tidos por la corte sentenciadora.

Antes de entrar a discutir los señalamientos de error, conviene que hagamos constar que de acuerdo con el árbol genealógico (Exhibit 1 de los demandantes), aceptado por los demandados, don Marcelino Quirós y su esposa doña Isi-dora Figueroa procrearon durante su matrimonio seis hijos, a quienes dieron los nombres de María Valentina, María Do-rotea, María Pascuala, Jesús, Kegina y María Bernarda. Jesús falleció en abril 14 de 1905, dejando como herederos a sus hijos Marcelino, Isidoro, Felicita, Juana, Jova, Ber-nardino, Leonor y Saturnino Quirós González. Regina Qui-rós Figueroa falleció el 13 de noviembre de 1900, dejando como herederos a sus hijos Juan José y Juana María Rivera Quirós. El primero murió sin sucesión y la segunda dejó como herederos a sus hijos Pedro, Simplicio, Isabel y Vicente Rivera Quirós. María Bernarda falleció en septiembre 15 de 1896, dejando como herederos a sus cuatro hijos, Dio-nisia (quien falleció siendo soltera), Lorenzo, Bernardino y Margarita González Quirós.

Alegan los demandados apelantes, que la corte inferior cometió error al declarar que los demandantes son dueños en común y proindivisamente de la finca reclamada, cuando de la prueba documental incontrovertida resulta que el causante de los demandantes había vendido a Bartolomé Toro en junio 27 de 1904, veinte cuerdas de las 43 que él y su esposa poseían en concepto de gananciales; y que Jesús, María Dorotea, María Valentina y María Pascuala Quirós y Figueroa y Juan José y Juana María Rivera Quirós, habían traspasado a don José Antonio Ramos, causante de los de-mandados “todos cuantos derechos y acciones le correspon-dieran”, entre otros bienes, sobre la finca de 43 cuerdas en-vuelta en esta controversia.

De la escritura de julio 10 de 1907 (Exhibit “B” de los demandados), presentada por éstos para probar su adquisi-ción de la mitad que en la finca de 43 cuerdas correspondía a don Marcelino Quirós, aparece que Bartolomé Toro de-mandó a Quirós para que le otorgase escritura de venta de un predio de veinte cuerdas que Quirós le había vendido en 1904. Habiendo fallecido Quirós, el pleito fué seguido contra su sucesión y ésta fué condenada a otorgar escritura a favor de Bartolomé Toro. En la escritura, otorgada por el marshal, se describe el predio de veinte cuerdas que se tras-pasa y se dice que “la finca pertenece al demandado Marcelino Quirós, sin que puedan los comparecientes expresar el título, por ignorarlo”.

Los demandados presentaron como Exhibit “C” la escri-tura de 5 de marzo de 1908, por la cual Bartolomé Toro y su esposa vendieron a Felicita Irizarry Ramos, madre de ios demandados, el predio de veinte cuerdas que Toro adquirió mediante la escritura otorgada a su favor por el Márshal. Dichas escrituras (Exhibits “B” y “C” de los demandados) no pudieron ser inscritas por no resultar inscrito el predio de veinte cuerdas a favor de Quirós ni de la sucesión.

La prueba demuestra que Bartolomé Toro adquirió las veinte cuerdas en virtud de sentencia de la Corte Municipal de Ponce,, el 11 de marzo de 1907, en una acción contra Marcelino Quirós, quien fué sustituido luego por su sucesión, para obligarles a que le otorgaran escritura de venta de las veinte cnerdas. Que dichas veinte cnerdas formaban parte de la finca de cuarenta y tres cnerdas que ahora reclaman los demandantes, lo demuestra la declaración del deman-dante Bernardina González Quirós, quien, a preguntas de su propio abogado, declaró que en el año 1907 hubo un pleito en la Corte Municipal en relación con la finca ahora recla-mada, en el que Bartolomé Toro reclamaba de Marcelino Quirós que le otorgara escritura de veinte cuerdas.

De la prueba aparece también que en el año 1916 los de-mandantes demandaron a la causante de los demandados para reivindicar la misma finca que ahora nos ocupa. En-tonces alegaban los demandantes (1) Que la sucesión de Marcelino Quirós era dueña de una finca de 63 cuerdas. (2) Que Bartolomé Toro adquirió 20 cuerdas de esa finca mediante la sentencia de la Corte Municipal de Ponce de 11 de marzo de 1907. (3) Que en virtud de esa sentencia Bartolomé en-tró en posesión de toda la finca de 63 cuerdas. (4) Que los demandantes son iónicos dueños de las 45 cuerdas restantes.

Ahora, en su nueva demanda de reivindicación, dicen los demandantes que desde julio 30 de 1905 (fecha en que murió Marcelino Quirós) estuvieron en posesión de la totalidad de una finca de 43 cuerdas, la cual hubieron por herencia de su padre Marcelino Quirós; que esa finca de 43 cuerdas está inscrita en el registro a nombre de Marcelino Quirós; y que fueron desposeídos de esa finca, no en el 1907 como antes alegaron, sino en el 1921.

La prueba de los demandantes demuestra que la finca en controversia está inscrita a nombre de Marcelino Quirós desde el 1886 como una finca de 43 cuerdas.

Resulta, pues, que la finca que .reclaman los demandan-tes, de 43 cuerdas, es la misma que los demandantes en el 1916 describieron como de 63 cuerdas. Desde mucho antes de surgir controversia alguna entre las partes o sus causan-tes, aparece inscrita como una finca de 43 cuerdas. Parece obvio que en el 1916 se. describió con una cabida de 63 cuer-das con el único fin de evadir los efectos de la sentencia que adjudicó veinte cuerdas de esa finca a Bartolomé Toro. No es ése el único recurso empleado por los demandantes en su empeño de establecer título a la finca. Su demanda abora alega, y los demandantes se obstinaron en declarar bajo juramento, que estuvieron en posesión basta el 1921. Su demanda en 1916 alega que fueron desposeídos en el 1907. Es obvio que las alegaciones de la última demanda, y la prueba que se adujo en su apoyo, en cuanto a la fecba en que fueran desposeídos los demandantes, tuvieron como único fin el de destruir el título que por prescripción adqui-sitiva pudieran tener los demandados. Basta para ello leer la declaración del demandante Bernardino González Quirós, quien dice que tiene (en el año 1941 en que se celebró el juicio) 48 años, que él y sus hermanos vivieron en la finca basta el 1921, que su abuelo murió (eso fué en el 1905) y “al poco tiempo nos desaforaron”, y que tendría 14 ó 15 años cuando les hicieron salir de la finca, pero que luego insiste en que no fueron desposeídos basta el 1921, fecha que es la única que parece recordar el testigo. Luego, su pro-pio abogado le dice: “Diga la verdad; más claro. Si hubo algún pleito o algo así”, contestando el testigo “Pleitos hubo”. Recuérdese que en el 1916 los demandantes alega-ron que fueron desposeídos en el 1907 como consecuencia del pleito en la corte municipal en que se adjudicaron veinte cuerdas de la finca a Bartolomé Toro.

La conclusión más razonable es que las veinte' cuerdas forman parte de la finca de 43. La corte inferior erró al resolver que los demandados no habían probado que tuvie-ran título sobre veinte cuerdas de la mitad que correspondía a Marcelino Quirós en la finca de 43 que se reclama. '

Con el propósito de establecer su alegado justo título sobre la mitad de la finca de 43 cuerdas, que corres-pondía a doña Isidora Figueroa de Quirós en concepto de gananciales, los demandados presentaron (Exhibit “A” de los demandados) la escritura de- 22 de marzo de 1904, por la cnal Jesús, María( Dorotea, María Valentina y María Pas-cuala Quirós y Figueroá y Juan José y Juana María Rivera Quirós, hijos de Regina Quirós y Figueroa, todos mayores de edad, en su carácter de herederos ab intestato de doña Isidora Figueroa, cedieron y traspasaron a favor de José Antonio Ramos, causante de lo,s demandados, cuantos dere-chos y acciones puedan corresponder a dichos herederos so-bre la finca de 43 cuerdas y sobre otro predio de 12 cuer-das, “quedando el cesionario subrogado en el propio lugar, grado y prelación de los cedentes”. La inscripción de dicha escritura fue denegada “por no resultar inscritos a nombre de los cedentes los derechos .por los mismos cedidos a don José Antonio Ramos”. La corte inferior admitió el docu-mento, pero resolvió que la referida escritura sobre cesión de derechos y acciones “no puede ser considerada”, por la razón de que no estando inscrita, en el Registro de la Pro-piedad no puede perjudicar los derechos de terceros. Citó en apoyo de su decisión el artículo 389 de la Ley Hipoteca-ria y las decisiones de este Tribunal en Khon v. Martínez, 40 D.P.R. 40, 42 y Alvarez v. Sucesión Chavier, 13 D.P.R. 73.

El artículo 389 de la Ley Hipotecaria provee que no se-ádmitirá en los tribunales “ningún documento o escritura-de que no se haya tomado razón en el registro, por el cual se constituyeren, transmitieren, reconocieren, modificaren o ex-tinguieren derechos sujetos a inscripción, según la misma ley, si el objeto de la presentación fuese hacer efectivo-, en perjuicio de tercero, el derecho que debió ser inscrito”.

En Alvarez v. Sucesión Chavier, supra, se trataba de una acción reivindicatoría en la que el demandante alegó que ha-bía adquirido la finca en virtud de una escritura pública que no había sido inscrita. La corte inferior sostuvo la excep-ción previa general, basándose en los requisitos del artículo 389 de la Ley Hipotecaria. Al revocar la sentencia se re-solvió que el citado artículo no era aplicable “porque el de-mandante no lia presentado a la corte ningún documento que babía sido admitido- en el registro y que debió baber sido admitido en el.registro y que debió baber sido rechazado, y además, no aparece que el demandado, con respecto al de-mandante, debía considerarse como tercero. Se resolvió, ade-más, que “el demandado no puede considerarse como ter-cero hasta que no haya sido probado a satisfacción de la corte que él tiene inscrito en el registro de la propiedad al-gún título real sobre los bienes de que se trata”.

La acción ejercitada en Khon v. Martínez, supra, fué tam-bién la reivindicatoría. El demandado señaló como error de la corte inferior el no haber considerado como evidencia ad-misible cierta escritura presentada por el demandado ape-lante, por no hallarse inscrita en el registro de la propiedad. Se confirmó la sentencia apelada, resolviéndose que “si el demandado está efectivamente ocupando la parcela que el demandante reclama y comprendida dentro del título de éste, entonces no podía tampoco presentar ese título para contra-decir o impugnar el título del demandante, porque se opone a ello el precepto terminante del artículo 389 de la Ley Hi-'poteearia cuyo texto es claro- y terminante”.

La situación legal en el caso de autos es completamente distinta a la de los casos que acabamos de analizar. La po-sesión de la finca de 43 cuerdas que reclaman los demandan-tes aparece inscrita desde el 26 de julio de 1886 a nombre de Marcelino Quirós y Centeno, causante de los demandan-tes. Habiendo Quirós adquirido la finca durante s.u matri-monio con Isidora Figueroa, al fallecer ésta en febrero de 1903, una mitad proindivisa de la finca pasó a ser propiedad de Quirós como gananciales, pasando la otra mitad, como he-rencia materna, a-sus hijos y nietos, los demandantes en esta acción. En marzo 22 de 1904, con posterioridad al fa-llecimiento de doña Isidora Figueroa, los hijos y nietos de dicha difunta, — con excepción de los tres hijos de María Ber-narda Quirós y Figueroa (fallecida en septiembre 15, 1896) —quienes habían sido declarados sus herederos ab intestato por auto de febrero 27 de 1904, cedieron todos sus derechos y acciones como tales herederos, sobre la finca de 43 cuerdas y sobre otra parcela, a José Antonio Ramos, padre de los demandados, consignándose dicha cesión en la escritura pú-blica ofrecida como Exhibit “A” de los demandados y re-chazada por la corte inferior. La descripción que se hace en dicha escritura de la finca de 43 euerdas es idéntica a 1a. que aparece en el registro en la primera inscripción de dicho ■ inmueble a favor de Marcelino Quirós y a la que se inserta en la demanda. La inscripción de la escritura de cesión fué denegada por no aparecer inscritos a favor de los cedentes los derechos y acciones por ellos cedidos, tomándose la ano-tación preventiva correspondiente.

¿Son aplicables a los hechos qjie hemos expuesto, los pre-ceptos del artículo 389 de la Ley Hipotecaria? Opinamos que lo son en cuanto a aquellos herederos — los hijos de Ma-ría Bernarda Quirós y Figueroa — que no fueron partes en el documento de cesión de derechos y acciones; y que no lo son en cuanto a los herederos que cedieron sus derechos y acciones como tales sobre el inmueble en litigio. Dichos he-rederos cedentes no pueden ser considerados como terceros en cuanto a su cesionario y a sus herederos o causahabien-tes, porque ellos intervinieron en el contrato de cesión que los demandados han presentado como base de su alegado de-recho a la posesión. Si los herederos hubiesen hecho otra cesión a favor de otra persona y el cesionario hubiese ins-crito su derecho, ese cesionario sí sería un tercero contra el cual ni José Antonio Ramos ni sus herederos tendrían de-recho a presentar su título no inscrito. El documento re-chazado colocó a Ramos y a sus herederos en la misma po-sición legal que antes de su otorgamiento ocupaban los he-rederos cedentes. Una vez adquiridos los derechos y aeeio-nes cedidos por dicha escritura, los cesionarios adquirieron ' el derecho que sus cedentes tenían para solicitar la inscrip-ción de la participaciones que a cada uno de ellos corres-pondía en la herencia materna y la inscripción de la cesión de esas mismas participaciones a favor del adquirente. Carle Dubois v. Benítez, 46 D.P.R. 188, 193.

La corte inferior erró al rechazar el documento Exhibit “A” de los demandados y al no reconocer su efecto y va-lidez en contra de los otorgantes y sus eausahabientes.

Según el análisis de la prueba que acabamos de hacer resulta que los demandados son dueños, no sólo de las 2/5 partes de la finca que adquirieron de la mayoría de los herederos de Isidora Figueroa, sino también de la mitad de la finca que pudo corresponder a Marcelino Quirós, o por lo menos de 20 cuerdas adicionales. Pero aún así, tendríamos que los demandados nunca^eompraron la décima parte de la finca que correspondía a María Bernarda Quirós, y luego a sus herederos Lorenzo, Bernardino y Margarita González Quirós.

Creemos, sin embargo, que toda la prueba demuestra que los demandados tienen título a ese condominio de una décima parte, y en verdad a toda la finca, por prescripción adquisi-tiva extraordinaria.

La prueba es terminante al efecto de que los demandados y sus causantes han poseído la totalidad de la finca, en con-cepto de dueños, y en forma abiertamente hostil a las pre-tensiones de los demandantes y sus causantes, desde el 5 de julio de 1907, o sea, más de 30 años antes de radicarse la demanda el 2 de agosto de 1938.

Es cierto que en el año 1916 los demandantes radicaron demanda de reivindicación, pero esa demanda fué declarada - sin lugar, luego de presentada la prueba de los demandan-tes y por la insuficiencia de ésta, el día 31 de octubre de 1917.

Por lo tanto, la demanda del año 1916 no'interrumpió la prescripción, de acuerdo con las disposiciones expresas del artículo 1846 del Código Civil (Ed. 1930).

Ya liemos hecho constar que los demandados y sus can-santes han poseído la finca en controversia por más de 30 años, en concepto de dueños, y surge también de la prueba que esa posesión ha sido pública, pacífica y no interrumpida y que a-1 tomar posesión la causante de los demandados tenía título, por compraventa, a ciertos condominios de la finca únicamente, correspondiendo los otros a los demandantes o a alg'unos de ellos.

El artículo 1833 del Código Civil (Ed. de 1930) dis-pone que la prescripción ganada por un copropietario o co-munero aprovecha a los demás, y el 1865 que no prescribe-entre condueños la acción para pedir la división de la cosa, común.

Ninguno de los dos citados artículos, que se fundan en lee regla general de que la posesión de un condueño no excluye los derechos de los demás condueños, es aplicable al caso de autos, donde las alegaciones y la prueba demuestran que Ios-demandados poseen desde el 1907 en forma abiertamente hostil a las pretensiones de los demandantes, y como únicos dueños.

Comentando el artículo 1965 del Código Civil Español,, igual al 1865 del nuestro, Manresa acepta que la regla general de que un condueño no puede adquirir por prescripción-ios derechos de. sus condueños, está sujeta a la excepción del caso en que el condueño posee en forma abiertamente ad-versa a los derechos de sus condueños, diciendo (12 Manresa 858):

“Sin embargo, la imprescriptibilidad de la acción para pedir In-división de la herencia, conocida en el derecho romano con el nombre-de familiae ertiscunde, no puede invocarse cuando uno de los cohere-deros ha poseído toda la herencia en concepto de dueño y por tiempo - suficiente para ganarla por prescripción, porque la expresada acción ■descansa necesariamente en la posesión de consuno o proindiviso de los bienes hereditarios, según se, baila reconocido por el mismo Tribunal en sentencia de 15 de abril de 1904. También tiene declarado éste, en sentencia de 21 de mayo del mismo año, que ‘probado, a juicio del Tribunal a quo, que no pertenecían a una herencia indivisa los bienes controvertidos, sino que eran propiedad individual de deter-minada persona, “no puede invocarse útilmente contra ésta ■ el princi-pio de la imprescriptibilidad de la acción antes citada’; cuyo principio -es el fundamento de la prohibición consignada, en cuanto a la misma, •en el mencionado art. 1965. Además, debe tenerse en cuenta que, como se halla declarado en sentencias del propio Supremo Tribunal •de 15 de enero de 1902 y de 22 de junio de 1904, la acción entre co-herederos o condueños para pedir la partición de la herencia o la división de un fundo, a que se refiere dicho artículo, es independíenle de la acción reivindicatoría ejercitada sobre la propiedad pro solido del mismo fundo, y realmente si de lo que se trata es de reivindicar bienes de la herencia o parte alguna de finca común y no de la parti-ción de ellos, no será aplicable la prohibición contenida en el artículo citado. ” '

En Filipinas, cuyo Código Civil contiene disposiciones idénticas a las del nuestro y del español que se acaban de citar, se lia resuelto repetidas veces que, aunque la regla general es que un condueño no puede adquirir por prescripción los derechos de los otros condueños, la regla no es aplicable cuando se demuestra que el condueño ha .poseído en forma abiertamente hostil a los derechos de los otros. Casañas v. Roselló, 50 Jur. Fil. 101; Ramos v. Ramos, 45 Jur. Fil. 379; De los Santos v. Santa Teresa, 44 Jur. Fil. 856; De Castro v. Echarri, 20 Jur. Fil. 23.

El carácter abiertamente hostil a las pretensiones de los demandantes que siempre revistió la posesión de los deman-dados aparece elocuentemente expuesto por los propios de-mandantes en la demanda que radicaron en el 1916, y en la que se radicó en el caso de autos. Por lo tanto opinamos que los demandados han acreditado que son dueños de la tota-lidad de la finca por prescripción extraordinaria.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar dictarse otra declarando sin htgar la demanda, com costas a los demandantes.

Los Jueces Asociados Sres. De Jesús y Córdova no in-tervinieron.


text:
    Island Needlework, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, Etc., demandado; Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 64.

    Sometido: Diciembre 17, 1945.

      Resuelto: Febrero 20, 1946.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la peticionaria; Hon. Procurador General E. Campos del Toro y J. B. Fernández Badillo, abogado éste de la División de Contribuciones y Litigios Especiales del Depar-tamento de Justicia, abogados todos del interventor, Tesorero de ' Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico ha solicitado la desestimación del presente recurso. El fundamento de su moción es que-habiéndose interpuesto el recurso después de haber expirado el término de treinta días, contados desde la fecha de la no-tificación de la resolución recurrida, este Tribunal carece de jurisdicción para conocer del mismo.

La resolución recurrida, dictada el 26 de junio de 1945, fué notificada a la corporación recurrente y copia de la misma archivada con los autos, en 28 de junio de 1945.

Habiéndose radicado el cómputo de la contribución que debería pagar la peticionaria y no habiendo ésta formulado objeción alguna a dicho cómputo, en septiembre 5 de 1945 el Secretario del Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico notificó a la contribuyente la finalidad de la resolución dic-tada por dicho Tribunal el 26 de junio de 1945. Dicha no-tificación fué hecha conforme a lo dispuesto en la Regla Núm. 29 de las Reglas de Práctica del referido Tribunal. En sep-tiembre 28 la peticionaria pagó bajo protesta el balance de la contribución, ascendente a $795, más $125.21 por concepto de recargos hasta la fecha del pago. En octubre 4 de 1945 la peticionaria instó el presente recurso.

En apoyo de su moción de desestimación alega el Tesorero que el término para recurrir para ante este Tribunal contra una resolución del Tribunal de Contribuciones, por la cual no se ordene al Tesorero que haga un nuevo cóm-puto de la contribución,, es de treinta (30) días a partir de la notificación de la resolución al contribuyente; que en la resolución objeto del presente recurso-, no se ordenó al Te-sorero que hiciera un nuevo cómputo de la cantidad que la contribuyente debía pagar al Tesoro Insular; y que no siendo necesario que el Tesorero radicase un nuevo computo, quedó automáticamente vigente el que originalmente practicó dicho funcionario. Termina el Tesorero citando nuestra de-cisión en Standard Oil Co. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 672, donde dijimos:

“Cuando Ja decisión del Tribunal, determinando la existencia de una deficiencia, no ordene al Tesorero que baga un nuevo cómputo de la cantidad que el contribuyente deberá satisfacer al Tesoro Insular, el contribuyente que no estuviere conforme y deseare solicitar la revisión por la Corte Suprema, deberá radicar su petición de cer-tiorari dentro de los treinta (30) días de habérsele notificado la deci-sión, de acuerdo con la sección 5 de la Ley núm. 169 de mayo 15 de 1943 y de haberse registrado la decisión de acuerdo con la Regla 43: ... . ”

Es cierto que por la resolución que estamos considerando no se ordenó al Tesorero que hiciera un nuevo cómputo. Pero no es menos cierto que la práctica de un nuevo' cómputo era absolutamente necesaria para que la contribuyente pudiese conocer con certeza la cantidad exacta que de acuerdo con la ley estaba obligada a pagar bajo protesta, como requisito previo para poder instar el recurso de revisión ante esta Corte.

Los hechos expuestos en la petición y no controvertidos por el Tesorero, demuestran claramente la necesidad de que se hiciera un nuevo cómputo después de dictada la resolución del Tribunal de Contribuciones. La contribución original-mente impuesta por el Tesorero montaba a $980.24, sobre una valoración de $36,990. La corporación contribuyente pagó la parte de la contribución con la cual estuvo conforme —$185.24; y en marzo 23, 1943 formuló su querella impug-nando el balance de $795.

Cuando el Tribunal de Contribuciones, en 26 de junio de 1945, o sea dos años y tres meses después de radicada la querella, dictó su resolución confirmando la imposición de la contribución hecha por el Tesorero y desestimando la que-relia, la contribuyente querellante tenía derecho a que se le informara y el Tesorero tenía el deber de informarle, la can-tidad exacta — incluyendo el importe de la contribución, más los intereses, recargos y penalidades — que estaba obligada a pagar para saldar su deuda con el Tesoro Insular o para poder recurrir ante esta Corte Suprema. Prueba evidente de la necesidad de un nuevo cómputo es el hecho de que el Tesorero lo hizo y lo notificó oportunamente a la contribu-yente.

Los hechos del caso que estamos considerando nos con-vencen de que el dictamen que hemos transcrito de nuestra decisión en Standard Oil Co. v. Tribunal de Contribuciones está equivocado.

La Regla Núm. 29 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, aprobadas en agosto 22, para tener efecto el 15 de agosto de 1943, dispone lo siguiente:

“29. Dentro de un plazo de cinco (5) días después que se le haya notificado la decisión que en cada caso emita el Tribunal, el Tesorero de Puerto Rico procederá a computar y determinar la contribución que deba satisfacer el contribuyente, de acuerdo con los términos de dicha decisión, radicando, acto seguido, en la .Secretaría del Tribunal un original de dicho cómputo, certificando que- el mismo ha sido noti-ficado, en copia fiel y exacta, al contribuyente, y el Secretario proce-derá a archivar el mismo en los autos del caso; pero el Tesorero no procederá a cobrar el importe de la contribución así computada y determinada durante los primeros diez (10) días siguientes a dicha radicación. Durante dicho plazo, el contribuyente podrá objetar ante el Tribunal el cómputo o la determinación del Tesorero, en cuyo caso' el Tribunal resolverá la objeción, después do oír a las partes sobre el particular y sólo entouees será su resolución final. En caso de que no hubiere objeción dentro del indicado plazo de diez (10) días después de la radicación de dicho, cómputo o determinación, el Secretario notificará a las partes la finalidad de la decisión; pero en ningún caso podrá la misma ser ejecutada hasta después de conver-tida en firme. ’ ’

En el presente caso, arm criando el Tribunal de Contri-buciones no ordenó al Tesorero que hiciese un nuevo cóm-puto, dicho funcionario procedió, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 29, supra, a hacerlo y a notificarlo a la contri-buyente. Dejó ésta transcurrir el plazo de diez días que le concede dicha Regla para objetar el cómputo. Notificada por el Secretario del Tribunal, en septiembre 5 de 1945, de la finalidad del cómputo, la contribuyente radicó su petición de certiorari en octubre 4 de 1945, cuando aún no había expi-rado el término de treinta días para poder recurrir ante este Tribunal.

El modo más efectivo para hacer cumplir la ley y las re-glas adoptadas por el Tribunal de Contribuciones y para la protección de los contribuyentes”y mayor orden en los pro-cedimientos, es que en todos aquellos casos en que el Tribunal de Contribuciones dicte una resolución adversa, en todo o en parte, al contribuyente, se disponga por la misma resolución que el Tesorero haga un nuevo cómputo de la contribución que deberá pagar el contribuyente, de acuerdo con los términos de la decisión, incluyendo en dicho cómputo los intereses, recargos y penalidades autorizados por la ley. Si la decisión fuere totalmente adversa al Tesorero y favorable al contribuyente, la práctica de un nueyo cómputo será innecesaria, toda vez que el contribuyente nada tendría que pagar.

Por las razones expuestas, debe declararse sin lugar la desestimación solicitada por el Tesorero.


text:
    Island Needlework, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, Etc., demandado; Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 64.

    Sometido: Diciembre 17, 1945.

      Resuelto: Febrero 20, 1946.

      J. J. Orliz AUbrán, abogado de la peticionaria; Hon. Procurador General E. Campos del Toro y J. B. Fernández Badillo, abogado éste de la División de Contribuciones y Litigios Especiales del Depar-tamento de Justicia, abogados todos del interventor, Tesorero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La corporación peticionaria tiene establecidos sns talle-res en la cindad de Mayagüez, en los cnales se dedica a ha-cer trabajos de aguja (needlework) sobre materiales que desde Nueva York le envía la casa “Lande & Miskend, Inc”, corporación organizada y domiciliada en dicho estado.

En diciembre 23 de 1942, la peticionaria fné notificada de habérsele impuesto una contribución sobre bienes muebles, para el año fiscal 1942-43, montante a la suma $980.24, to-mando como base una valoración de $36,990. En febrero 23, 1943, la peticionaria pagó $185.24, por ser la suma con la cual estuvo conforme, y en marzo 23 del mismo año formuló su querella ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones, impugnando el balance de $795.

Alegó la peticionaria que el Tesorero erró al aumentar la valoración de sus bienes, de $6,990 a $36,990, pues el au-mento de $30,000 representa mercancía, propiedad de Lande & Miskend, Inc., traída a Puerto Rico temporalmente para hacerle alguna labor y ser devuelta a sus dueños en Nueva York; y que la referida mercancía nunca adquirió situs per-manente en Puerto Rico, y de hecho, no lo tenía en enero 15 de 1943. Sostuvo el Tesorero que la valoración hecha por él es correcta, do conformidad con lo que disponen los ar-tículos 293 y 297 del Código Político. El Tribunal inferior declaró sin lugar la querella. La peticionaria hizo el pago bajo protesta e instó el presente recurso.

El Tribunal de Apelación de Contribuciones planteó la cuestión sometida a su decisión, en los términos siguientes:

‘‘Como se verá por el testimonio ele los testigos a que nos hemos referido y por la prueba documental aducida i a cuestión que nos toca resolver es si ciertos materiales que llegan a Puerto Rico para ser ela-borados en esta Isla p'or una entidad aquí residente y que sólo perma-necen en Puerto Rico mientras se efectúa la elaboración, están sujetos al pago de la contribución territorial por encontrarse en esta Isla el 15 de enero, que es la fecha en que según el art. 298 del Código Polí-tico debe hacerse la tasación.”

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es si el Tribunal inferior interpretó correctamente la ley al resolver que la mercancía perteneciente a Lande & Miskend, Inc., de Nueva York, en posesión de la recurrente en enero 15, 1942 pedía ser legalmente tasada para fines con-tributivos.

El artículo 297 del Código Político, invocado por el Te-sorero en apoyo de sus actuaciones, en lo que es pertinente, dispone lo siguiente:

“Artículo 297. — Que todos los bienes muebles existentes en o fuera de Puerto Rico, serán tasados e incluidos en el reparto de contribu-ciones a nombre de su dueño respectivo, en el municipio en que resi-diere el día 15 de enero, excepto que los bienes muebles consistentes en artículos, efectos, mercancías y otras existencias, . , ganado caballar y de cualquiera otra clase, y cualesquiera otros bienes mue-bles gue estén permanentemente en un municipio, serán tasados para la imposición de contribución a nombre de sus dueños respectivos, en el municipio en que estuvieren situados, etc.” (Bastardillas nues-tras.)

El artículo 293 del mismo Código dice así:

“Artículo 293. — ~Los comerciantes comisionistas y todas las per-sonas que negocien o comercien en el ramo de comisiones y los apode-rados autorizados para vender, y las personas que tengan en su poder propiedad que pertenezca a otras, sujeta al pago de contribución en el distrito de tasación donde la citada propiedad se encuentre, serán considerados, para los efectos de la imposición de contribuciones, como si fueran los dueños de la propiedad en su poder.” (Bastardi-lla^ nuestras.)

No existe controversia alguna en cuanto a los hechos. Lande & Miskend, Ine., residente en Nueva York, envió a la peticionaria mercancías por valor de $30,000, con el propó-sito específico de que sobre las mismas se realizaran ciertos trabajos de aguja, terminados los cuales las mercancías se-rían devueltas a su dueñn en Nueva York. La mercancía era generalmente devuelta a Nueva York cuatro semanas des-pués de ser recibida en Puerto Rico, y alguna dentro de los quince días siguientes al de su recibo. En enero 15 de 1942, la mercancía envuelta en este litigio se encontraba deposi-tada en los talleres de la peticionaria en Mayagüez.

Convenimos eon el Tribunal recurrido en que mercancía traída de un estado a otro para someterla a un proceso de manufactura y terminado éste devolverla al estado de donde fuera originalmente enviada, no debe ser considerada como mercancía in transitu, que por no haber adquirido un situs dentro del estado en donde se ha de realizar el trabajo, no está sujeta a tributación. La jurisprudencia que hemos exa-minado sostiene que mercancía traída de un estado a otro, bajo ]as circunstancias ya expuestas, está sujeta a tributa-ción dentro del estado donde se realiza el proceso de manu-factura

La jurisprudencia sostiene que no existe prohibición cons-titucional alguna en contra de la imposición de contribucio-nes a artículos de comercio que, en vez de encontrarse de tránsito, en la fecha de la imposición, se han detenido den-tro de la jurisdicción del estado para gozar allí de lo que suele llamarse una ventaja local independiente. Al detenerse allí con tal propósito, la mercancía adquiere un situs para fines de tributación. Susquehanna Coal Co. v. South Amboy, 228 U. S. 665; Bacon v. Illinois, 227 U. S. 504. Véase nota por T. R. Powell, 57 Harv. L. Rev. 1097, comentando el caso de Northwest Airlines v. Minnesota, 322 U. S. 292; Annotation, 153 A.L.R. 264, 270.

En General Oil Co. v. Crain, 209 U. S. 211, 52 L. ed. 765, la demandante era una corporación del estado de Tennessee que tenía sus pozos de aceite y refinerías en el estado de Pennsylvania. Desde allí el aceite era enviado en carros tanques a Tennessee, en donde se depositaba en tanques es-peciales para ser más luego enviado a los clientes de la com-pañía en otros estados. Como el aceite no se vendía en Tennessee, la compañía se negó a pagar los derechos de inspec-ción que trataba de cobrarle el inspector de aceites de dicho estado, alegando que la imposición de dichos derechos sería inconstitucional “porque tal inspección sería una reglamen-tación de y una interferencia con el comercio entre los es-, tados, en violación de la Constitución de los Estados Uni-dos, cláusula 3, Inciso 8 del Art. I0.”

La Corte Suprema Federal, después de revisar la juris-prudencia sobre la materia, resolvió que el aceite estalla su-jeto al pago de derecho de inspección, expresándose así:

“La Compañía estaba haciendo negocios dentro del estado, y su propiedad estaba recibiendo la protección del estado. Su aceite no estaba en movimiento a través del estado. Había llegado al destino de su primer viaje, y estaba depositada allí, no por lina dilación ne-cesaria o para esperar medios de transportación, como en State, Det-nold, Prosecutor, v. Engle, supra, sino para los propósitos comer-ciales y para beneficio de la compañía. Estaba allí, según se alega, para llenar órdenes ya recibidas. Pero para hacer esto era necesario que a la propiedad se le asignase un local en el estado, que es algo más que una mera detención en su transportación. Requería alma-cenaje allí, — el proveer las facilidades para ese almacenaje;- y guar-darla en y sacarla del almacén. La demandante ha tenido el cuidado de alegarlo así.
“Esto en verdad .describe un negocio — describe un propósito para el cual el aceite es sacado de la transportación y traído a descansar dentro del estado, y para el cual se hace necesaria la protección del estado, — un propósito no relacionado con la mera transportación del aceite. ’ ’

En Bacon v. Illinois, 227 U. S. 504—515, 57 L. ed. 615, un cargamento de grano embarcado en estados del sur y del oeste con destino a estados del Atlántico, fué sacado del tren al pasar por Chicago y llevado a los graneros que allí tenía el dueño del grano, con el propósito de examinarlo, pesarlo, limpiarlo y colocarlo en sacos, y una vez-hecho todo eso, vol-verlo a entregar a la compañía de ferrocarriles para ser lle-vado a los sitios a los cuales había sido originalmente con-signado. El estado de Illinois impuso una contribución al cargamento. Se negó el dueño a pagarla, alegando la incons-titucionalidad de la imposición. La Corte Suprema Federal sostuvo su validez, diciendo:

"Él había establecido una facilidad local en Chicago par.a su propio beneficio, y mientras para poder hacer uso de esa facilidad el grano estaba allí detenido (at rest), no había razón alguna para que no fuese incluido, junto con sus otras propiedades dentro del Estado, en una tasación para fines contributivos, hecha en la forma usual y sin discrimen.”

La doctrina sentada por la jurisprudencia que hemos ci-tado, sería aplicable al caso de autos. Lande & Miskend, Ine. tiene establecido en Nueva York el negocio de venta de ar-tículos conocidos como “needlework”. Los materiales, tales como telas, hilo, etc. necesarios para la confección de dichos artículos son enviados desde Nueva York a Mayagüez, y allí quedan depositados (at rest) en los almacenes de Island Needlework, Ine., hasta que son reembarcados con destino a Nueva York, después de haberse realizado la labor de aguja necesaria para convertirlos en el producto terminado, que Lande & Miskend, Inc. vende a sus clientes. Durante el tiempo que esté almacenada en Mayagüez y mientras se rea-liza el trabajo de aguya, la mercancía recibe la protección del Gobierno de esta Isla y es justo, por lo tanto, que su dueño contribuya en la misma proporción que los demás pro-pietarios al sostenimiento de ese gobierno.

No erró el Tribunal Inferior al resolver que las mercan-cías de Lande & Miskend, Inc. estaban sujetas al pago de la contribución que trata de cobrar el Tesorero.

La recurrente insiste en que aun aceptando que la mercancía esté sujeta al pago de contribuciones, el Tesorero erró al pretender hacer responsable a la recurrente del pago de la contribución, en vez de cobrarla a Lande & Miskend, Inc., dueños de la mercancía. Sostiene el Tesorero que el art. 293 del Código Político, supra, le autoriza para cobrar el importe de la contribución a la recurrente, como deposi-tarla de la mercancía.

Tiene razón el Tesorero. Ya liemos resuelto que de acuer-do con el art. 297, supra, la mercancía podía ser tasada para la imposición de contribuciones en el municipio de Mayagüez, donde se encontraba el 15 de enero de 1942. Y ahora resol-vemos que de acuerdo con el art. 293, supra, Island Needlework, Inc. podía ser considerada, “para los efectos de la im-posición de contribuciones, como si fueran los dueños de la propiedad en su poder”. Yernos, pues, que cuando bienes pertenecientes a un no residente se encuentran en poder de un residente, la ley requiere, como un modo de efectuar el cobro, que el poseedor de los bienes pague la contribución. Teniendo éste la posesión de los bienes, se encuentra en con-diciones para poder conseguir el reembolso por el dueño de la propiedad, sobre el cual debe recaer en definitiva, el peso de la contribución.

La enmienda al art. 293 del Código Político, conte-nida en la Ley núm. 45 de 2 de mayo de 1945 (pág. 181), no tiene el alcance que pretende darle la peticionaria. El len-guaje del “disponiéndose” agregado al artículo en su forma original, revela claramente que sus disposiciones son aplica-bles a transacciones futuras y no a las ya consumadas bajo la ley anterior.

La resolución recurrida dehe 'Ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.

       51 Am. Jur. seo. 448 et seq. y seo. 455, pág. 470; Annotation 110 AX.-R, 707, 726.

         5 Vroom (N. J.), 425, 435.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Cristóbal Puig y Gabriel Abraham, peticionarios, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 61.

    Sometido: Noviembre 13, 1945.

      Resuelto: Febrero 21, 1946.

      Damián Monserrat, Jr., G. de la Haba y Rafael Baragaño, Jr., aboga-dos de los peticionarios; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, A. D. Marchand Paz y Elmer Toro Imcchietti, abogados éstos de la División de Contribuciones y Litigios Especiales del Depar-lamento de Justicia, abogados todos del Interventor, Tesorero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Cristóbal Puig y Gabriel Abraham adquirieron por com-pra, en común proindiviso, la casa número 48 de la calle Salvador Brau y la número 43-45 de la calle San Justo de esta -ciudad. Posteriormente se constituyó una sociedad entrte Cristóbal Puig, Gabriel Abraham y José Gayá y los dos pri-meros arrendaron las dos casas a la sociedad. Para el año 1940 Cristóbal Puig y Gabriel Abraham rindieron respecti-vamente su planilla individual de ingresos, en las cuales in-cluyeron los que habían obtenido durante ese año por con-cepto de sus respectivos condominios en las casas arrenda-das a la sociedad. Entendió el Tesorero de Puerto Rico que la relación existente entre ellos, en lo que a las casas res-pecta, no era la de meros comuneros, sino la de personas de-dicadas a una empresa común con fines de lucro (joint adventurers) y que por consiguiente debían pagar la contribu-ción de 17 por ciento fijada por la sección 28 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, según fue enmendada por la Ley núm. 31 de 12 de abril de 1941 ((1) pág. 479). En su consecuencia, les notificó una deficiencia ascendente a $1,219.27, más la cantidad de $116.64 de intereses y la de $304.82 por concepto de penalidades.

El 23 de marzo de 1943 los peticionarios solicitaron del Tesorero que reconsiderase la deficiencia notificada y sién-dole denegada el 31 de marzo de ese mismo año, recurrieron para ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico el 22 de abril de 1943, previa prestación de la correspondiente fianza.

El 13 de abril de 1945 el Tribunal dictó resolución decla-rando sin lugar la querella formulada por los peticionarios, notificándoseles esa resolución el 18 de abril de 1945 y el 8 de junio último los peticionarios instaron el presente recurso en este Tribunal.

La primera cuestión a resolver es la que promueve el Tesorero al efecto de que esta corte carece de jurisdicción para conocer de este caso por haberse radicado el \Gertiorari después de vencido el término fijado por la ley. Su conten-ción está predicada en que cuando, como en el presente caso, el Tribunal de Contribuciones deniega la querella, no es ne-cesario que el Tesorero radique un nuevo cómputo; que por consiguiente ía decisión de dicho Tribunal es final desde que se notifica a las partes- la desestimación de la querella y que desde la notificación de esa decisión hasta que se radicó el recurso en este Tribunal, transcurrió con exceso el término de treinta días que para revisar la resolución del Tribunal de Contribuciones fija la ley.

El argumento del Tesorero descansa sobre una premisa falsa. Aun en los casos en que el Tribunal de Contribuciones desestima la querella, el cómputo es necesario, pues desde la fecha en que el Tesorero notifica la imposición de la contribución o la deficiencia, según fuere el caso, hasta que el Tribunal de Contribuciones desestima la querella, la cantidad que originalmente notificó el Tesorero al contribuyente para ser por éste pagada, continúa devengando intereses, y por lo tanto, la cantidad que finalmente adeude el contribuyente a la fecha en que el Tribunal de Contribuciones desestima la querella, necesariamente es mayor que la que originalmente notificó el Tesorero. Siendo ello así, se hace necesario el cómputo, para que el contribuyente sepa con certeza la cantidad exacta que debe pagar al Tesorero bajo protesta para-, poder recurrir ante este Tribunal. La necesidad del cómputo lo demuestra el presente caso donde la deficiencia original notificada el 10 de marzo de 1943 montaba a $1,640.73 intereses inclusive, mientras que el cómputo notificado el 3 de mayo de 1945, luego de denegada la querella por el Tribunal de Contribuciones, montó a $1,524.09 de principal más $280.43 de intereses que totalizan $1,804.52.

Establecida la necesidad de la radicación del cómputo, veamos lo que prescribe la Núm. 29 de las Eeglas de Procedimiento del Tribunal de Contribuciones vigentes desde el 15 de agosto de 1943. De conformidad con dicha Eegla, la resolución del Tribunal de Contribuciones no es final hasta que vencidos los diez días siguientes a la radicación del cómputo por el Tesorero sin que se hubiere radicado oposición por el contribuyente, o cuando tal oposición hubiere sido radicada y resuelta por el Tribunal, el secretario notifique a las partes la finalidad de la resolución.

En el presente caso la resolución del Tribunal de Contri-buciones denegando la querella fué dictada el 13 de abril de 1945, y el 3 de mayo siguiente el Tesorero radicó el cómputo. Los apelantes no radicaron objeción alguna al mismo, y no fué hasta el 24 de mayo que el secretario les notifico la fina-lidad de la resolución. Habiendo los apelantes radicado este recurso el 8 de junio, es decir, quince días después de habér-seles notificado la finalidad de la resolución, es evidente que el recurso fué radicado dentro del término de treinta días que les concede la ley.

Besuelta la cuestión jurisdiccional pasaremos a discutir la única cuestión suscitada por los apelantes, la de si la relación existente entre ellos en lo que a Tas dos casas respecta, es la de meros comuneros, o si como sostuvo el Tribunal de Contribuciones, es la de personas dedicadas a una empresa común (joint venture) con fines de lucro.

La ley no contiene una definición de lo que es la “empresa común con fines de lucro ’ ’ que de conformidad con la sección 2(a) (3) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, se entiende incluida en el término “sociedad’

Está bien, establecido que la mera comunidad de bienes no constituye una empresa común 'para fines de lucro. Chisholm v. Gilmer, 81 F. 2d 120 (C.C.A. 4th, 1936) y Bowmaster v. Carrol, 23 F.2d 825, (C.C.A. 8th, 1928). Para que la cons-tituya es preciso que sin formarse una verdadera sociedad, los dueños de los condominios los aporten para dedicarse, con fines de lucro, a una determinada operación; que participen todos en las pérdidas y ganancias; que baya entre ellos la ' relación fiduciaria que existe entre los socios, de suerte que cada uno sea mandatario de los demás en lo que respecta a cualquier gestión comprendida dentro del ámbito de la em-presa común, teniendo así cada uno voz y voto en su adminis-tración, si bien pueden convenir que uno o más de ellos asu-man la gestión del negocio en representación de los demás, tal y como sucede con las sociedades. Porter v. Cooke, 127 F.2d 853 (C.C.A. 5th, 1942); Beck v. Cagle, 115 P.2d 613 (Cal. 1941); Detachable Bit Co. v. Timken Roller Bearing Co., 133 F.2d 632 (C.C.A. 6th, 1943); Howard v. Societa Di Unione E Beneficenza Italiana, 145 P.2d 694 (Cal. 1944); 35 Mich L. Rev. 297 y 58 U. of Pa. L. Rev. 309.

En consonancia con los principios expuestos, se ha re-suelto en Nueva York que la “empresa común con fines de lucro” es una sociedad limitada que se rige por los principios aplicables al contrato de sociedad. George W. Haxton & Son v. Rich, 47 N.Y.S.2d 501 (1944) y Ross v. Willett, 76 Hun. 211 (N.Y. 1894). Y en Luisiana, donde impera el Derecho Civil, se ha resuelto que la “empresa común” existe cuando dos o más personas convienen entre sí poner en común bienes o trabajo para dedicarse a un negocio determinado con el fin de obtener lucro común, creando así el status de una sociedad, aunque los hechos no demuestren la constitución de una so-ciedad con todas las formalidades legales. Se lia resuelto allí, además, que si bien la “empresa común” no es idéntica a la sociedad, es análoga a ella y se rige en gran parte por los principios aplicables a las sociedades. McCann v. Todd, 14 So.2d 469 (La. 1493) y Young v. Reed, 192 So. 780 (La. 1939).

Examinemos, pnes, los hechos del caso que nos ocupa para determinar si la relación entre Cristóbal Pnig y Gabriel Abraham, en lo que a las dos casas concierne es, como sos-tuvo el Tribunal de Contribuciones, la de personas dedicadas a una “empresa común con fines de lucro.”

Aparece de la prueba que al constituirse la sociedad Puig, Abraham & Co., S. en C., los dos comuneros le arrendaron sus respectivos condominios, sin que resulte de dicha prueba que, en lo que a las dos casas respecta, el uno tuviese voz e inge-rencia en la administración del condominio del otro. Por el contrario la evidencia demuestra que actuaban independien-temente y que la gestión de cada uno de ellos se reducía a percibir el aprovechamiento de su propiedad, o sea el canon de arrendamiento de sus respectivos condominios sin realizar ninguna otra actividad en relación con los mismos. El efecto legal de haber ellos arrendado sus respectivos condominios a una sociedad de que ambos eran miembros, es el mismo que si los hubieran arrendado a cualquier otra persona extraña, pues no surge de la prueba que ellos aportaran sus condo-minios a esa sociedad.

No existiendo entre los apelantes las circunstancias que deben concurrir para que surja la “empresa común con fines de lucro”, la comunidad de bienes existente entre los ape-lantes no está incluida en la sección 2 (a)(3) antes citada y consecuentemente no está sujeta a la contribución de 17 por ciento impuesta por la sección 28 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, según fue enmendada por la núm. 31 de 12 de abril de 1941.

Procede, por lo ‘expuesto, anular la resolución recurrida y devolver el caso al Tribunal de Contribuciones para que dicte otra de conformidad con los principios temmdados en esta opinión.

       La sección 2(a)(8) dice así:
      "El término 'sociedad1 incluirá las sociedades civiles, mercantiles, indus-triales, agrícolas, profesionales o de cualquiera otra índole, conste o no, su constitueión en escritura pública, o documento privado e incluirá, además, cuando dos o más personas bajo un nombre común o'no se dediquen a una empresa común (joint ventures), con fines de lucro.”

       Para un estudio comparativo del contrato de sociedad y la comunidad de bienes, véase Carle Dubois v. Benítez, 46 D.P.R. 188.


text:
    Sara, Amanda, Antonio, José y Rafael Muñoz Sassot, demandantes y apelantes, v. Sucn. de Elisa López de Azúa, Etc., demandada y apelada.
    Núm. 9129.

    Sometido: Diciembre 14, 1945.

      Resuelto: Febrero 21, 1946.

      Ubaldo Aponte, abogado ele los apelantes; E. Martines liiiAera y Luis Blanco Lugo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El Dr. José María Muñoz casó en segundas nupcias con doña Elisa López de Azúa y falleció el 6 de septiembre de 1941. Los demandantes, bijos legítimos del primer matri-monio del Dr. Muñoz, iniciaron acción sobre adición de par-tición contra la sucesión de doña Elisa (quien falleció el 6 de julio de 1943), alegando que ciertos bienes (a saber, mue-bles, vajilla, cristalería y $2,240.80 en billetes y monedas) dejados por ella a su fallecimiento, formaban parte de la sociedad de gananciales del Dr. Muñoz y su esposa doña Elisa López de Azúa, y debían ser adicionados a la partición hecha por el Dr. Mnñoz en su testamento. La corte inferior desestimó la demanda por entender que la prueba de los de-mandantes no demostró que los bienes dejados por doña Elisa, quien falleció dos años después que su esposo el Dr. Muñoz, habían sido adquiridos durante el matrimonio. Los demandantes apelaron.

En este recurso señalan cinco errores. Todos ellos ata-can la apreciación que de la prueba hizo la corte sentencia-dora. Después de haber leído detenida y cuidadosamente la transcripción de evidencia somos de opinión que no erró la corte inferior al desestimar la demanda.

Los testigos de los demandantes no probaron que los bienes muebles hallados en la casa de doña Elisa al ocurrir su muerte hubieran sido adquiridos por ella durante su ma-trimonio con el Dr. Muñoz. No se probó en forma alguna en qué fecha fueron adquiridos ni por quién. En cuanto al dinero en efectivo tampoco se probó su origen ni desde qué fecha pudo haberlo obtenido doña Elisa.

Es cierto que de acuerdo, con el artículo 1307 del Código Civil (Ed. 1930) “Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio', mientras no se pruebe que pertenecen pri-vativamente al marido o a la mujer,” pero dicho artículo sería aplicable a una situación de hechos como los que exis-ten en el caso de autos únicamente en las mismas condicio-nes en que lo sería a un caso en el que existen bienes al ocurrir el fallecimiento de uno de los cónyuges, es decir: si se hubiera demostrado que dichos bienes fueron adquiridos durante el matrimonio, ya que, de acuerdo con el artículo Í301 del Código Civil son bienes gananciales:

“1. Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comuni-dad, bien para uno solo de los esposos.
“2. Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cón-yuges o de cualquiera de ellos.
“3. Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante-el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares, de cada uno de los cónyuges.”

La prueba de los demandantes dejó de demostrar que los bienes y el dinero en efectivo dejados al fallecimiento de doña Elisa López de Azúa, dos años después de la muerte de su esposo, fueron obtenidos por ella bajo alguna de las circunstancias especificadas en el artículo 1301, supra.

La imputación de que la corte sentenciadora actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad no ba sido pro-bada por los apelantes. Velázquez v. Sucn. Blanco, 50 D.P.R. 294; Colón v. Gobierno de la Capital, 62 D.P.R. 25.

Bebo confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova

text:
    Erasma Arvelo y la Sucesión de Santos Rosado García, demandantes, apelados y apelantes, v. Pedro Román Cintrón y su esposa Isabel de León; Puerto Rico Production Credit Association y el posible Tenedor de una obligación, de nombre desconocido, demandados, apelante el primero y apelados.
    Núm. 9160.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Febrero 21, 1946.

      Luis Mercader, abogado.del apelante apelado; Isaías M. Crespo, abo-gado de los apelados apelantes; Cipriano Olivieri, abogado de la apelada, Puerto Rico Production Credit Association.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Ambas partes apelan de nna sentencia declarando nnla la ejecución de nna hipoteca por la vía sumaria, y con lugar la eontrademanda en cobro del crédito hipotecario y de otras obligaciones.

Consideremos en primer término la apelación del deman-dado. Señala seis errores cpie se pneden reducir a cuatro, a saber, el haberse anulado el procedimiento ejecutivo hipo-tecario, el habérsele condenado al pago de honorarios de abogado, el haberse aprobado el memorándum de costas pre-sentado por los demandantes, y el haberse denegado ciertas partidas de las reclamadas en la contrademanda.

La hipoteca ejecutada se constituyó en 8 de junio de 1927, en garantía de un préstamo de $250, con intereses al tipo de 12 por ciento anual. Nada dispuso la escritura en cuanto a intereses de mora. Luego el acreedor sólo tenía derecho a cobrar intereses de mora al tipo legal de seis por ciento anual. Figueroa v. Boneta, 58 D.P.R. 811. Sin embargo, al ejecutar el demandado la hipoteca, requirió a los demandantes de pago por intereses de mora a razón del 12 por ciento anual, o sea exactamente el doble de lo que por ese concepto tenía derecho a cobrar según la escritura y según el registro de la propiedad. Ese requerimiento, por una suma en exceso de la que la hipoteca garantizaba, produjo la nulidad de todo el procedimiento. De Jesús v. Assad, 63 D.P.R. 137; Figueroa v. Boneta, supra.

Aunque las partes no han discutido el punto, lo cierto es que el fundamento de nulidad que acabamos de dejar establecido no es precisamente el que alegaron los demandantes en su demanda. Lo que alega la demanda es que se requirió de pago por noventa y cinco dólares de intereses, a pesar de que la hipoteca garantizaba solamente veinticinco dólares de intereses Lo que demuestra la prueba es que se requirió de pago por noventa y cinco dólares de intereses y que sólo se adeudaban, de acuerdo c'on la escritura de hi-poteca, cuarenta y siete dólares cincuenta centavos, o sea, que en el requerimiento de pago se incluyeron intereses de mora al 12 por ciento cuando el tipo aplicable de acuerdo con la escritura era de 6 por ciento, como ya hemos visto. Pero en esencia, la queja fundamental de los demandantes es que se les requirió de pago por una suma excesiva de intereses, y esa queja se alegó y se probó. El demandado no se ha quejado en momento alguno de inconsistencia entre las ale-gaciones y la prueba, a pesar de que la corte inferior, al de-terminar la nulidad del procedimiento ejecutivo por haberse cobrado intereses en exceso de lo pactado, fundó su decisión tanto en el hecho de que en la escritura no se estipularon intereses de mora, como en el hecho de que se estipuló que la hipoteca garantizaría $25 de intereses. Asumiendo, por lo tanto, que exista inconsistencia entre la prueba y las ale-gaciones de la demanda, deben entenderse éstas enmendadas para conformarse con aquélla. Viñas v. Hernández, 60 D.P.R. 276, Regla 15(b), Reglas de Enjuiciamiento Civil.

Tenemos, pues, que el procedimiento ejecutivo hipoteca-rio que instó el demandado está viciado de nulidád. Arguye éste, sin embargo, que los demandantes están impedidos (es-topped) de impugnar la validez del procedimiento, porque la hipoteca se ejecutó a instancia de los demandantes, como parte de un plan para liquidar las numerosas deudas de és-tos en la forma más económica y sencilla para ellos. No hay prueba de que así fuera. Si bien la prueba demuestra que el demandado, al morir el causante de los demandantes, se hizo cargo de varias deudas de la sucesión, no hay nada que indique que al ejecutar la hipoteca actuara el demandado a instancia de los demandantes. Por el contrario, de la prueba del propio demandado aparece que los demandantes rehusa-ban abandonar la finca ejecutada, y fué necesario que el már-shal los lanzara de ella. No erró, por lo tanto, la corte inferior al decretar la nulidad del procedin'áento ejecutivo hi-potecario.

Tampoco nos convence el demandado de que errara la corte inferior al condenarle al pago de honorarios de abo-gado. No podemos decir que se excediera la corte en el uso de sn discreción al considerar al demandado temerario, por haberse opuesto a la demanda de nulidad, ya que el proce-dimiento impugnado en la demanda fue claramente nulo.

En cuanto al memorándum de costas, el error que imputa el demandado a la corte inferior es el haberlo consi-derado y resuelto después de haberse apelado la sentencia. Ni existe el error, ni base para siquiera discutirlo.

Entrando ahora a considerar -la contrademanda, se-ñala el demandado contrademandante como error el que la corte no condenara a los demandantes contrademandados al pago del importe total de las sumas que el demandado dijo haber pagado para satisfacer deudas de los demandantes, ni al pago de alegadas mejoras introducidas por el demandado en la finca objeto del litigio. No nos dice el demandado cuá-les son las partidas que fueron indebidamente denegadas, ni nos explica en qué consistió el error. La corte inferior re-chazó varias partidas, por entender que no fueron debida-mente establecidas. Del examen que hemos hecho de la evi-dencia, en la cual hubo conflicto, no estamos convencidos de que la corte errara al rechazar las partidas incluidas en el señalamiento de error del demandado, con la excepción de la partida de $57.13 pagada por el demandado por concepto de contribuciones adeudadas por el causante de los deman-dantes, pago que acreditó el. demandado con prueba feha-ciente que no fué contradicha. Debe por lo tanto modificarse aquella parte de la sentencia que declara con lugar, en parte, la contrademanda y condena a los demandantes a pagar al demandado la suma total de $1,106.75, en el sentido de adi-cionar la suma de $57.13.

Consideremos ahora la apelación de los demandan-tes. Tenemos que éstos imputan dos errores a la corte inferior : el haber rechazado la reclamación de los demandan-tes por daños y perjuicios y por los frutos percibidos por el demandado mientras detentaba la finca, y el no haber con-cedido a los demandantes más de'$250 por concepto de ho-norarios de abogado.

■ La corte inferior nos dice expresamente que rechazó la reclamación por los daños y perjuicios que los demandantes alegan causó el demandado en la finca porque no dió crédito alguno a la prueba de los demandantes, y sí a la declaración del testigo José Pérez Martínez, marshal de la corte. Cree-mos que ésa es la solución más razonable del conflicto en la prueba, pero aunque no lo fuera, se trata de la apreciación de prueba contradictoria por el juzgador de los hechos, y carecemos de base alguna para alterarla.

En cuanto a los frutos reclamados, nos dice la corte inferior que la prueba de los demandantes es insuficiente, que sus testigos tras muchas dudas y vacilaciones declararon so-bre hechos que luego resultaba no conocían plenamente, y que como resultado de ello no pudo llegar a una conclusión. A fe que no exagera la corte la debilidad de la prueba de los demandantes. Concluye la corte inferior, aparentemente por no tener otra alternativa, por aceptar la declaración del demandado al efecto de que los frutos que percibió no so-brepasaron los gastos de la finca.

Aunque no podemos decir que se equivocara la corte inferior en su apreciación de la prueba- en cuanto a los frutos, no se percató la corte, como tampoco se han percatado los abogados de las partes, de que el demandado en su contes-tación a la demanda admitió haber percibido $480 por con-cepto de frutos. Debe por lo tanto ser condenado al pago de esta suma.

El segundo y último error señalado por los demandantes, impugnando la cuantía de $250 concedida por concepto de honorarios de ahogado por ser insuficiente, no existe. Den-tro de las circunstancias del caso, la cuantía fijada es más bien generosa.

Por los fundamentos expuestos, debe modificarse la sen-tencia apelada en el sentido de adicionar la suma de $57.13 a las cantidades que se condena a los demandantes a pagar al demandado, y de condenar al demandado a pagar a los demandantes $480 por concepto de frutos, y así modificada, confirmarse.

       Fundaban su argumento los demandantes en la cláusula de la escritura consütutiva de la hipoteca que en lo pertinente reza así:
      “En garantía de los doscientos cincuenta dólares de capital, veinte y cinco dólares para intereses y cincuenta dólares para gastos y honorarios de abo-gado . . . don Santos Rosado García . . . constituye hipoteca . . . ”

      Ese fundamento de nulidad no es válido, según hemos resuelto en Torres v. Fernández, ante, pág. 622, ya que la estipulación de garantizar con hipoteca sólo parte de los intereses debe entenderse que es aplicable a terceros solamente, y no al deudor, a menos que claramente se disponga lo contrario.

      Vóase el artículo 339, Código de Bajuiciamieato Civil, segúa enmeadado por la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936 ((1) pág. 353).