author: Per Curiam:

text:
      In re Alam M. Wolper, Natham Lamb y Adam Tullier, querellados.

      Número: MC-2012-024

      Resuelto: 2 de agosto de 2013

      Tanaira Padilla Rodríguez, procuradora general interina, Carmen A. Riera Cintrón, procuradora general auxiliar, y Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, en in-forme; Harold D. Vicente Colón, de Vicente & Cuebas, abo-gado de Francisco Ramón De Torres, querellante; Roberto C. Quiñones Rivera, Leslie Flores, Yahaira De la Rosa Al-garín, de McConell Valdés LLC, y Guillermo Figueroa Prieto, abogados de los querellados.
   Per Curiam:

En esta ocasión tenemos la oportunidad de expresarnos sobre la contratación de abogados admitidos a ejercer la profesión de la abogacía en jurisdicciones de Es-tados Unidos como representantes legales en procedimien-tos de arbitraje en Puerto Rico. Por los fundamentos esbo-zados a continuación, concluimos que en estas situaciones los abogados deben solicitar admisión por cortesía al am-paro de la Regla 12(f) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B.

I

El Sr. Francisco De Torres presentó una queja ante este Tribunal contra los Ledos. Alan M. Wolper, Nathan Lamb y Adam Tullier, todos abogados admitidos en el estado de Illinois. Adujo que estos representaban a Popular Securities, Inc. (Popular Securities) en un procedimiento de arbi-traje en su contra ante Financial Industry Regulatory Authority (en adelante FINRA) sin estar debidamente admitidos o autorizados a ejercer la práctica de la abogacía en esta jurisdicción ni tampoco haber solicitado admisión por cortesía. El arbitraje se está ventilando en Puerto Rico al amparo de las leyes de nuestro ordenamiento, según se pactó en el contrato de empleo entre el señor De Torres y Popular Securities. El quejoso solicitó que se les prohibiera el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.

Examinada la Queja, se concedió un término a los letra-dos para comparecer y exponer su posición. Estos compa-recieron oportunamente y alegaron, entre otras cosas, que lo dispuesto sobre la práctica ilegal de la profesión de la abogacía en la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939 (4 LPRA sec. 740) no aplica a procedimientos de arbitraje ante FINRA, por ser esta una entidad autoregulada; no un foro judicial. Adujeron, también, que es usual la práctica de que a las firmas de corretaje localizadas en Puerto Rico las representen ante FINRA abogados de otras jurisdiccio-nes de Estados Unidos. Con relación a un documento pu-blicado por FINRA en el cual se mencionan varios estados que prohíben que un abogado de otro estado participe en un procedimiento de arbitraje ante FINRA sin previa au-torización (Notice to Attorneys and Parties Represented by Out-of-State Attorneys), entienden que en Puerto Rico no hay tal procedimiento de solicitud previa.

Luego, el señor De Torres reiteró sus planteamientos iniciales, por lo que los querellados presentaron una breve dúplica. El 5 de noviembre de 2012 se refirió el asunto a la Oficina de la Procuradora General para la investigación correspondiente. Oportunamente, la Procuradora General presentó su Informe. En el mismo esboza, tras analizar los pronunciamientos jurisprudenciales de este Tribunal con relación a la controversia, que “las personas no admitidas al ejercicio de la profesión por este Honorable Tribunal, o suspendidas del ejercicio de la profesión en esta jurisdic-ción no pueden efectuar ninguna gestión propia del ejerci-cio de la profesión legal, aunque se trate de gestiones fuera del foro judicial o cuasi judicial”. (Enfasis en el original). Informe de la Procuradora General, pág. 10. Acto seguido, estudia el Reglamento aplicable al procedimiento de arbi-traje en controversia, el Code of Arbitration Procedure for Industry Disputes de FINRA, del cual se deduce que cualquier abogado admitido en cualquier jurisdicción, te-rritorio o posesión de Estados Unidos puede comparecer ante esta entidad en un procedimiento de arbitraje, siem-pre y cuando la ley de la jurisdicción en la cual se celebre el procedimiento no lo prohíba. Además, examina la Regla 12(f) del Reglamento de este Tribunal, supra, referente a la admisión por cortesía y la Regla 5.5 de las Reglas Modelo de la American Bar Association sobre la práctica multiju-risdiccional de la abogacía. ABA, MRPC, Rule 5.5.

Al analizar en conjunto todas estas normas, la Procura-dora General concluye que los letrados están ejerciendo la profesión legal en Puerto Rico sin estar autorizados. No obs-tante, como nuestro poder disciplinario se extiende única-mente a los abogados admitidos en esta jurisdicción, reco-mienda referirlos al Secretario de Justicia por práctica ilegal de la profesión o al foro máximo del estado de Illinois. Tras los letrados solicitar un término para replicar al In-forme de la Procuradora General, le concedimos diez días para eso. Oportunamente, estos comparecieron ante nos. En esencia, reiteran sus argumentos iniciales sobre que no es-tán ejerciendo ilegalmente la profesión, pues nuestra juris-dicción no requiere expresamente una admisión por cortesía para el tipo de procedimiento en cuestión. Exponen que cualquier directriz a esos efectos debe ser prospectiva.

Examinado con detenimiento el expediente del caso, el Informe de la Procuradora General y la réplica de los abo-gados, procedemos a expresarnos sobre si comparecer ante un procedimiento de arbitraje en Puerto Rico constituye un ejercicio de la profesión legal y, de ser así, si los letrados ejercieron indebidamente la profesión legal en nuestra jurisdicción.

II

A. Procedimientos ante FINRA y sus Reglamentos

FINRA es un organismo independiente que regula la industria de valores que opera en Estados Unidos. El organismo también funge como un foro de resolución de conflictos de la industria. El arbitraje, uno de los proce-dimientos de resolución de disputas en FINRA, se rige por los reglamentos aprobados por la propia entidad. El reglamento aplicable depende del tipo de disputa que se someta al arbitraje.

Según surge de las comparecencias de las partes, la disputa sometida a arbitraje relacionada con esta queja es entre miembros de la industria de valores, por lo que se puede aplicar el Code of Arbitration Procedure for Industry Disputes. La Sec. 13208 establece:

(а) Representation by a Party
Parties may represent themselves in an arbitration held in a United States hearing location. A member of a partnership may represent the partnership; and a bona fide officer of a corporation, trust, or association may represent the corporation, trust, or association.
(б) Representation by an Attorney
At any stage of an arbitration proceeding held in a United States hearing location, all parties shall have the right to be represented by an attorney at law in good standing and admitted to practice before the Supreme Court of the United States or the highest court of any state of the United States, the District of Columbia, or any commonwealth, territory, or possession of the United States, unless state law prohibits such representation.
(c) Representation by Others
Parties may be represented in an arbitration by a person who is not an attorney, unless:
• state law prohibits such representation, or
• the person is currently suspended or barred from the securities industry in any capacity, or
• the person is currently suspended from the practice of law or disbarred.
(d) Qualifications of Representative
Issues regarding the qualifications of a person to represent a party in arbitration are governed by applicable law and may be determined by an appropriate court or other regulatory agency. In the absence of a court order, the arbitration proceeding shall not be stayed or otherwise delayed pending resolution of such issues. (Énfasis suplido).

De acuerdo con esta disposición, cualquier abogado admitido en alguna jurisdicción, territorio o posesión de Estados Unidos puede comparecer ante FINRA a un procedi-miento de arbitraje, siempre y cuando la ley de la jurisdicción en la cual se celebrará el procedimiento no lo prohíba. La regla también prohíbe que un abogado desafo-rado comparezca en representación de una parte. Es evi-dente, pues, que un abogado tiene que determinar si las leyes de la jurisdicción en donde se ventilará dicho proce-dimiento autorizan o prohíben la representación legal por parte de abogados no admitidos en dicha jurisdicción, pre-vio a comparecer como representante legal de una parte en un proceso de arbitraje. Tanto es así que FINRA emitió la Notice to Attorneys and Parties Represented by Out-of-State Attorneys, en la cual se mencionan varios estados, incluso Illinois —jurisdicción en la cual los abogados querellados están admitidos— que prohíben que un abogado de otro estado participe en un procedimiento de arbitraje sin pre-via autorización. Más aún, en el referido documento se ad-vierte:

Each state has the right to determine whether representation by an out-of-state attorney in FINRA’s forum violates the state’s unauthorized practice of law provisions. FINRA has no rule on out-of-state practice, so any attorney practice issues must be addressed to the appropriate jurisdiction for resolution. Id., esc. 1.

Por tal razón, debemos examinar si en nuestro ordena-miento un abogado no admitido a la profesión puede com-parecer en representación de una parte en un procedi-miento de arbitraje.

B. Ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico

El Tribunal Supremo de Puerto Rico es el foro con el poder inherente y exclusivo para admitir abogados a la práctica de la profesión. In re Peña Peña, 153 DPR 642, 649 (2001). De acuerdo con esta facultad, aprobamos el Reglamento de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, 4 LPRA Ap. VII-B, para regular el ejercicio de la profesión y proteger a la ciudadanía de personas no aptas para ejercerla. En él encontramos los requisitos mínimos que un aspirante debe cumplir para ejercer la profesión legal en la Isla. Por su parte, la Regla 12 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, incluye varias situaciones en las cuales se autoriza a un abogado a ejercer la profesión legal en Puerto Rico: (1) la admisión mediante examen, (2) la admisión por cortesía, y (3) el ejercicio de la profesión por estudiantes de Derecho.

Pertinente a esta controversia, la Regla 12(f) de este Tribunal, supra, regula la admisión por cortesía. Esta dispone que

[c]ualquier persona admitida al ejercicio de la abogacía en un estado o territorio de Estados Unidos de América o en el Dis-trito de Columbia podrá ser autorizada por cortesía por este tribunal para postular como abogado o abogada en Puerto Rico en casos especiales.
La solicitud deberá ser endosada por un abogado admitido o una abogada admitida al ejercicio de su profesión por este tribunal, quien dará fe de la capacidad de la persona solicitante para postular como abogado o abogada en el caso correspondiente. Deberá unirse a la solicitud un certificado expedido por el más alto tribunal del estado en el cual la persona solicitante esté admitida al ejercicio de la profesión, ha-ciendo constar el hecho de su admisión y que a la fecha del certificado se mantiene debidamente acreditada. La solicitud debe estar acompañada de sellos de rentas internas por un valor de cuatrocientos dólares ($400), salvo que el tribunal autorice una dispensa por justa causa. Tanto la persona soli-citante como el abogado o la abogada que endose su solicitud, deberán hacer constar que la primera domina el español. De lo contrario, la autorización que expida este tribunal exigirá que la persona solicitante postule acompañada por un abogado o una abogada del foro puertorriqueño que domine tanto el es-pañol como el inglés. 4 LPRAAp. XXI-B.

Esta disposición aplica a cualquier abogado que, aunque no esté admitido en nuestra jurisdicción, sí lo está en uno de los estados, territorios de Estados Unidos, o en el Dis-trito de Columbia e interesa postular en Puerto Rico.

Por su parte, la See. 7 de la Ley Núm. 17, supra, dispone que

[n]inguna persona que no sea abogado autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado, ni anunciarse como tal, ni como agente judicial, ni gestionar, con excepción de sus asuntos pro-pios, ningún asunto judicial o cuasi judicial ante cualquier tribunal judicial; Disponiéndose, que la infracción de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta sección, se considerará y castigará como un delito menos grave; Disponiéndose, ade-más, que se considerará como malpractice y como causa sufi-ciente para desaforo el hecho de cualquier abogado autorizar con su firma escrituras, alegaciones y documentos en que dicho abogado no sea bona fide el verdadero abogado o notario del asunto o sustituto de dicho abogado o notario; y Disponién-dose, también, que los fiscales tendrán el deber de investigar las infracciones de esta sección, y en caso de que encontraren justa causa, podrán solicitar del Tribunal Supremo el desaforo temporal o permanente de cualquier abogado o notario que hubiere infringido las anteriores disposiciones.

Así, pues, en In re Gervitz Carbonell, 162 DPR 665, 701-702 (2004), establecimos que la práctica legal fuera de las instancias establecidas en la Regla 12 del Reglamento de este Tribunal constituye práctica ilegal de la profesión. Además, entendimos que la See. 7 de la Ley Núm. 17 pro-híbe, no tan solo la práctica ilegal de la profesión mediante comparecencias ante foros judiciales, sino que también prohíbe otro tipo de actuaciones, tales como, identificarse y representar ser abogado ante clientes potenciales. Id., pág. 702. En ese caso, también hicimos referencia al Canon 33 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, y señalamos que este, entre otras cosas, prohíbe que un abogado no admitido en nuestra jurisdicción suministre consejo legal a los clientes de un abogado aunque se trate de un asunto fuera de los tribunales. Id., pág. 701. Además, he-mos reiterado que constituye práctica ilegal de la profesión ejercerla estando sujeto a una suspensión como medida disciplinaria. Véanse: In re Gordon Menéndez I, 171 DPR 210, 215 (2007) (acompañar a un sospechoso a un cuartel de la Policía e identificarse con el carnet del Colegio de Abogados aun cuando está suspendido); In re López de Victoria Bras, 177 DPR 888, 891 (2010) (presentar un escrito al Tribunal de Primera Instancia aun cuando está suspendido); In re Añeses, 117 DPR 134 (1986) (postular ante una agencia administrativa aun cuando está suspendido).

C. Procedimientos de arbitraje

El aumento en el uso de métodos alternos de resolución de conflictos, como el arbitraje, ha generado un debate con relación a la práctica multijurisdiccional de la profesión legal. D. Ryan Nayar, Unauthorized Practice of Law in Private Arbitral Proceedings: A Jurisdictional Survey, 6 (Núm. 1) Journal of American Arbitration 1, 2 (2007). En esencia, se discute si representar a un cliente en un proce-dimiento de arbitraje debe ser considerado ejercicio de la abogacía y, por ende, estar sujeto a regulación por las dife-rentes jurisdicciones. Aunque el debate ha generado posi-ciones encontradas, el asunto ha sido resuelto por muchos estados mediante legislación. D. Spector y J. Romero, Arbitration and The Unauthorized Practice of Law, XIII-1 ARIAS Q. US 16-19 (2006).

Como punto de partida, y a modo de referencia, la Regla 5.5 sobre práctica no autorizada de la profesión y práctica multijurisdiccional de las Reglas Modelos de Conducta Profesional de la American Bar Association establece, en lo pertinente:

(a) A lawyer shall not practice law in a jurisdiction in violation of the regulation of the legal profession in that jurisdiction, or assist another in doing so.
(c) A lawyer admitted in another United States jurisdiction, and not disbarred or suspended from practice in any jurisdiction, may provide legal services on a temporary basis in this jurisdiction that:
(3) are in or reasonably related to a pending or potential arbitration, mediation, or other alternative dispute resolution proceeding in this or another jurisdiction, if the services arise out of or are reasonably related to the lawyer’s practice in a jurisdiction in which the lawyer is admitted to practice and are not services for which the forum requires pro hac vice admission [...] ABA, MRPC, Rule 5.5.

Del texto se deduce que los estados pueden, como parte de su poder inherente de regular la profesión, requerir al-gún tipo de autorización previa para que un abogado de otra jurisdicción pueda comparecer a un procedimiento de arbitraje. Esto es confirmado por el comentario a dicha re-gla el cual dispone:

Paragraph (c)(3) permits a lawyer admitted to practice law in another jurisdiction to perform services on a temporary basis in this jurisdiction if those services are in or reasonably related to a pending or potential arbitration, mediation, or other alternative dispute resolution proceeding in this or another jurisdiction, if the services arise out of or are reasonably related to the lawyer’s practice in a jurisdiction in which the lawyer is admitted to practice. The lawyer, however, must obtain admission pro hac vice in the case of a court annexed arbitration or mediation or otherwise if court rules or law so require. ABA, MRPC, Comment [12] on Rule 5.5. (Énfasis suplido).

Un examen de diferentes jurisdicciones revela que varios estados requieren algún tipo de autorización para los aboga-dos que no están admitidos y desean comparecer a represen-tar a un cliente en un procedimiento de arbitraje. Spector y Romero, supra. Esto es así, por mencionar algunos, en Arizona, California, Florida y Ohio. íd. En específico, el estado de Florida requiere que abogados no admitidos al foro some-tan un documento ante el Colegio de Abogados de Florida y paguen $250 para poder comparecer en procedimientos de arbitraje. FI. St. Bar Rule 1-3.11(e)(6). Incluso, las compare-cencias están limitadas a tres casos de arbitraje al año. Id. 1-3.11(d). Por su parte, California requiere, entre otras co-sas, presentar una certificación sometiéndose a los estánda-res de conducta profesional del estado, el pago de una cuota especial y la autorización del árbitro o del foro de arbitraje. Ca. St. Rules Of State Bar, Rule 3.380.

En fin:

Many states have adopted rules, or are in the process of adopting rules, that permit out-of-state lawyers to conduct an arbitration when the proceedings arise out of the lawyer’s home-state practice. But even when such a practice is permitted, many states impose additional requirements on out-of-state lawyers, such as filing for admission pro hac vice, or filing a statement or certificate with some state organization. Spector y Romero, supra, pág. 16.

III

En el caso de epígrafe, los letrados arguyen que en Puerto Rico no existe un requisito especial de licencia o registro para que abogados no autorizados a ejercer en nuestro país puedan participar en un procedimiento de ar-bitraje ante FINRA. Ciertamente, nuestro ordenamiento no establece requisitos específicamente diseñados para los abogados que deseen representar a una parte en un proce-dimiento de arbitraje ante FINRA. No obstante, en nuestra jurisdicción sí se prohíbe el ejercicio de la profesión de la abogacía por parte de personas no autorizadas por este Tribunal. Más aún, como hemos mencionado anterior-mente, esta prohibición no se limita a las comparecencias en los foros judiciales y cuasijudiciales. Hemos sido enfáti-cos en que para poder ejercer la práctica en esta jurisdic-ción se requiere autorización de este Tribunal, ya sea me-diante admisión por examen de reválida, admisión de estudiantes de derecho o admisión por cortesía para casos especiales.

Por tal razón, y de acuerdo con nuestro poder inherente de regular el ejercicio de la profesión en Puerto Rico, aclaramos que cualquier abogado no admitido en nuestra jurisdicción que desee comparecer en representación de una parte en un procedimiento de arbitraje debe solicitar la admisión por cortesía, según dispuesto en la Regla 12(f) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra. Este Tribunal tramita esas solicitudes de forma expedita, por lo que, salvo situaciones extraordinarias, este requisito no debe atrasar ni entorpecer los procedimientos de arbitraje celebrados en la Isla. Los abogados que comparezcan ante un procedimiento de arbitraje en esta jurisdicción sin la debida autorización serán referidos al Secretario de Justicia y al máximo foro de la jurisdicción en donde sí están admitidos para que estos tomen las acciones pertinentes.

IV

Como es la primera vez que nos expresamos sobre este particular, aplicaremos prospectivamente la norma aquí pautada. In re Andréu, Rivera, 149 DPR 820 (1999). Por ello, no referiremos a los licenciados Wolper, Lamb y Tu-llier al trámite penal ni disciplinario. No obstante, para poder continuar representando a Popular Securities en el procedimiento de arbitraje ante FINRA, estos deberán so-licitar admisión por cortesía al amparo de la Regla 12(f) de nuestro Reglamento, supra. Se advierte a los abogados no admitidos al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico que actualmente participan de este tipo de procedimientos sin autorización de este Tribunal que, a partir de la certifica-ción de esta Opinión, deben tramitar la admisión por cor-tesía para poder continuar con sus labores en el foro. No vacilaremos en referir al Secretario de Justicia y a la juris-dicción pertinente a los letrados que no cumplan con este mandato.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez señaló:

[C]oncurr[o] con el análisis expuesto en la Opinión per cu-riam con respecto a la aplicabilidad de la Regla 12(f) como mecanismo para permitir a abogados admitidos a ejercer la profesión de la abogacía en otras jurisdicciones de los Estados Unidos como representantes legales en procedimientos de ar-bitraje en Puerto Rico. Sin embargo, debido a la demora injus-tificada de los querellados ante nosotros en solicitar ante no-sotros su admisión por cortesía o pro hac vice y en efecto ejercer la práctica ilegal de la abogacía en Puerto Rico desde junio de 2011, referiría inmediatamente las querellas al Secre-tario de Justicia de Puerto Rico y a la Corte Suprema del es-tado de Illinois para que lleven a cabo las acciones corres-pondientes.
Adviértase que, según exponen los propios querellados en su Réplica a Informe de la Procuradora General, éstos participan y/o han participado como representantes en procedimientos de arbitraje, y, por lo tanto, han ejercido la práctica ilegal de la abogacía en Puerto Rico, en diecinueve (19) casos ante el Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Por la canti-dad de casos, se denota que la actuación de los abogados ante nosotros no es aleatoria, accidentada o temporal. Ello exige, a mi juicio, que este Tribunal en Pleno revise y modifique la Regla 12(f) de su Reglamento para garantizar que ningún bu-fete o abogado practicante utilice este mecanismo de forma inadecuada y logre circunvenir las limitaciones a la práctica de la abogacía por cortesía en Puerto Rico por abogados auto-rizados a ejercer la profesión en otras jurisdicciones.

       Financial Industry Regulatory Authority, Notice to Attorneys and Parties Represented by Out-of-State Attorneys, http://www.finra.org/arbitrationandmediation /arbitration/rules/ruleguidance/ noticestoparties/pl24002 (última visita, 24 de julio de 2013).

       Financial Industry Regulatory Authority, Code of Arbitration Procedures for Industry Disputes, http://finra.complinet.com/en/display/display_mam.html?rbid= 2403 & element_id=4193 (última visita, 24 de julio de 2013).

       Financial Industry Regulatory Authority, About the Financial Industry Regulatory Authority, http://www.finra.org/AboutFINRA/ (ultima visita, 24 de julio de 2013).

       Financial Industry Regulatory Authority, FINRA Dispute Resolution, http:// www.finra.org/ArbitrationAndMediation/ FINRADisputeResolution/ (última visita, 24 de julio de 2013).

       Financial Industry Regulatory Authority, Arbitration and Mediation, http:// www.finra.org/ArbitrationAndMediation/Arbitration/Overview/ (última visita, 24 de julio de 2013).

       Financial Industry Regulatory Authority, Code of Arbitration for Industry Disputes, http://finra.complinet.com/en/display/display_main.html?rbid=2403 & ele-ment_id=4193 (última visita, 24 de julio de 2013).

       EI Canon 33 dispone que
      “[t]anto en su propia oficina como fuera de ésta el abogado tiene la obligación de evitar la práctica ilegal de la abogacía o la notaría por personas no autorizadas para ello. Será impropio de un abogado el permitir o facilitar a una persona o entidad que no esté autorizada a ejercer la abogacía o el notariado que cobre total o parcialmente por los servicios profesionales o notariales prestados por el abogado.
      “También es indebido que un abogado o firma legal permita que personas no autorizadas a ejercer la profesión de abogado o notario en Puerto Rico suministren cualquier clase de consejo legal a clientes del abogado o de la firma legal aun cuando para ello dichas personas no tengan que comparecer a los tribunales. Esto no impide que el abogado o la firma legal se asesore con una persona no autorizada a ejercer la abogacía en Puerto Rico para prestar un mejor servicio a su cliente.
      “Será impropio de un abogado el unirse en sociedad con una persona que no ha sido autorizada a ejercer la abogacía o la notaría cuando cualquiera de las activida-des de la sociedad envuelva la práctica de la abogacía o la notaría”. 4 LPRAAp. IX.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Vidal Rodríguez Amaro.

      Número: TS-5018

      Resuelto: 8 de agosto de 2013

      Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general interina, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Norma G. Santana Irizarry, Secretaria regional II del Tribunal de Primera Instancia; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Luis E. Rodríguez Marín, en sustitución del abogado Vidal Rodríguez Amaro; Carlos A. Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

En el presente caso nos corresponde deter-minar la capacidad mental de un miembro de la profesión legal. Ello, porque si un abogado padece de sus facultades mentales, difícilmente podrá desempeñarse a la altura que exige el Código de Etica Profesional.

Por esa razón es que nos vemos obligados en el día de hoy a suspender preventivamente al Ledo. Vidal Rodríguez Amaro del ejercicio de la abogacía.

I

El licenciado Rodríguez Amaro fue admitido al ejercicio de la abogacía el 12 de diciembre de 1975 y, posterior-mente, al ejercicio de la notaría el 4 de febrero de 1976.

El 2 de abril de 2004 fue suspendido del ejercicio de la abogacía y de la notaría por incumplir con los requerimien-tos de esta Curia. Así las cosas, se ordenó la incautación de su obra notarial, la cual fue entregada a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Luego de una moción de re-consideración, el 16 de julio de 2004 reinstalamos al licen-ciado únicamente al ejercicio de la abogacía. Se dejó pendiente la reinstalación al ejercicio de la notaría hasta que la Directora de ODIN rindiera un informe sobre el es-tado de la obra notarial.

Ahora bien, el caso que tenemos ante nosotros surge luego de que el Hon. Francisco J. Rosado Colomer, juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, orde-nara que se emitiera copia a este Tribunal de una moción informativa, de la minuta de una vista y de la resolución emitida en el caso Sucn. Juan Ortiz Rodríguez, etc. v. María Ortiz Vélez, IAC1997-0481. En síntesis, estos documentos indican que el 23 de julio de 2012 se celebró una vista para hacer efectiva la sentencia en el caso mencionado. Allí, se le informó al juez que el licenciado Rodríguez Amaro no asistió a la vista porque se encontraba incapaci-tado e inhabilitado para ejercer la práctica y estaba resi-diendo en un hogar de ancianos. Además, en la moción in-formativa, presentada por la Sucn. Julio C. Ortiz Vélez, se hizo constar que se les había hecho imposible conseguir al licenciado y desconocían de su paradero. Ante esta situa-ción, el juez del foro de instancia paralizó los procedimien-tos, ordenó a las partes a conseguir nueva representación legal y ordenó que se informara a este Tribunal sobre la capacidad mental del licenciado Rodríguez Amaro.

Luego de evaluar la resolución del Tribunal de Primera Instancia, la minuta elevada ante nuestra consideración, así como la moción informativa presentada por la sucesión designamos al Ledo. Carlos Dávila como Comisionado Especial (Comisionado) para que recibiera pruebas sobre la capacidad mental o emocional del licenciado Rodríguez Amaro, según la Regla 15 de nuestro Reglamento.

Así las cosas, conforme a la Regla 15, supra, el 8 de enero de 2013, el Comisionado concedió al licenciado Rodrí-guez Amaro y al Procurador General de Puerto Rico (Pro-curador) diez días para informar el nombre y dirección postal del siquiatra designado por cada uno que formaría parte del panel de médicos que examinarían al abogado y ofrecerían su testimonio pericial al Comisionado. El 17 de enero de 2013, el Procurador informó que el siquiatra de-signado por su parte sería el Dr. Raúl E. López. Ahora bien, debido a que el licenciado Rodríguez Amaro no compareció, el Comisionado le concedió un término final de diez días para que informara quién sería el siquiatra designado por él. En esta orden el Comisionado ordenó al Alguacil del Tribunal a notificarle personalmente al licenciado.

Así, el 20 de febrero de 2013 la alguacila Verónica Ju-rado (alguacila) acudió a la oficina del licenciado Rodríguez Amaro a diligenciar la orden. Al llegar allí se percató de que la oficina se encontraba desocupada. Ante esta situa-ción, preguntó en la Oficina de Servicios Legales si cono-cían dónde se encontraba el licenciado Rodríguez Amaro. La directora de la oficina, la Leda. Carmen M. Ramos, le indicó a la alguacila que el licenciado se encontraba re-cluido en un hogar para ancianos llamado Hogar La Bondad. Así las cosas, la alguacila acudió al hogar de an-cianos y corroboró que allí se encontraba el licenciado. Sin embargo, le indicaron que el licenciado se encontraba en un régimen de medicamentos y que solo de vez en cuando tenía momentos de lucidez. Por tal razón, devolvió el dili-genciamiento negativo.

No obstante, el 1 de marzo de 2013 compareció el Ledo. Luis E. Enriquez Marín en representación del licenciado Rodríguez Amaro e informó que no era necesario designar un siquiatra. El licenciado Enriquez Marín indicó que, en el 2009, el licenciado Rodríguez Amaro sufrió dos preinfar-tos y al no tener familia en Puerto Rico su secretaria, la Sra. Maritza Santos, se hizo cargo de él. Explicó que, de ahí en adelante, el licenciado comenzó a desmejorar y a sufrir lapsos de pérdidas de memoria. Ante esa situación, el Dr. Urselio Álvarez Pagán del Hospital de Veteranos de Mayagüez lo diagnosticó con ‘Vascular Dementia” y “Diabetes with neurological manifestations”. Añadió que poste-riormente, debido a que la señora Santos ya no podía cui-darlo, fue ingresado al Hogar La Bondad de Mayagüez y es allí donde se encuentra actualmente. El licenciado Enri-quez Marín presentó, junto con la moción, las certificacio-nes médicas que indican las condiciones de salud del licen-ciado Rodríguez Amaro y una certificación de la presidenta del Hogar La Bondad. La certificación del hogar indica que el licenciado se encuentra en ese centro desde el 17 de enero de 2011, que no puede valerse por sí mismo y que sufre de constantes lapsos de pérdida de memoria.

De acuerdo con lo anterior, el Comisionado emitió un informe en el cual recomendó que se suspenda indefinida-mente al licenciado Rodríguez Amaro del ejercicio de la profesión según la Regla 15, supra, como una medida de protección social. Además, recomendó que se nombre un abogado para que investigue si el licenciado Rodríguez Amaro tiene casos pendientes y se tomen las medidas in-mediatas que fueran necesarias para proteger los intereses de los clientes.

II

Como parte del poder inherente que tiene este Tribunal para regular la profesión de abogacía en Puerto Rico, nos corresponde velar por que los abogados estén capacitados para cumplir con las responsabilidades de la profesión. “Este proceder es parte de nuestro interés para garantizar el buen funcionamiento del Sistema Judicial y los mejores intereses de los funcionarios y abogados que en ella traba-jan y postulan”.

Con este propósito, se creó la Regla 15 de nuestro Reglamento, supra. Esta regla “establece el procedimiento para separar indefinidamente a un abogado del ejercicio de la abogacía, por razón de una condición mental o emocional que le impida desempeñarse competentemente”. Ahora bien, distinto a los casos en los que separamos a abogados por violar los cánones del Código de Ética Profesional, el mecanismo dispuesto en esta regla no está catalogado como una sanción disciplinaria, sino como una medida de protección social.

Así las cosas, el inciso (c) de la Regla 15 dispone el mecanismo para establecer si el abogado está incapacitado mentalmente. Este inciso provee un procedimiento disciplinario especial en el que se designan tres peritos siquiatras. Así, uno de los peritos es nombrado por el Comisionado Especial, otro por el Procurador General, y el último, por el abogado querellado. Estos evaluarán al abogado, llegarán a sus conclusiones y luego informarán al comisionado.

No obstante, el procedimiento disciplinario especial contenido en la Regla 15(c), supra, se torna innecesario “cuando la incapacidad mental del abogado queda acreditada por el hecho de mediar una declaración judicial de incapacidad o por estar recluido en un hospital u otro tipo de institución de cuido de enfermos mentales”. En lo pertinente, el inciso (b) de la Regla 15 dispone que

[s]i un abogado o una abogada es declarado o declarada in-capaz judicialmente o es recluido o recluida por incapacidad en una institución para enfermos mentales, probado el hecho, el Tribunal le suspenderá del ejercicio de la profesión mientras subsista su enfermedad. (Énfasis nuestro).

Por otro lado, el inciso (g) de la Regla 15, supra, expresa que si este Tribunal determina que el abogado está mentalmente incapacitado, “podrá nombrar a uno o más abogados o abogadas para que inspeccionen los archivos del abogado suspendido o de la abogada suspendida y to-men las medidas inmediatas que sean necesarias en los casos pendientes que este o esta tuviese, para proteger así los derechos de los clientes”. Así las cosas, una vez estos abogados realicen la inspección deberán rendir un informe a esta Curia sobre las gestiones realizadas con las reco-mendaciones pertinentes.

III

Ha quedado claramente establecido que el licenciado Rodríguez Amaro está impedido de ejercer la profesión de la abogacía dada su condición mental.

En primer lugar, la alguacila de este Tribunal corroboró que el licenciado se encuentra recluido en un hogar para ancianos en Mayagüez. Allí le indicaron que el licenciado Rodríguez Amaro estaba bajo medicamentos, que no siem-pre se encontraba lúcido y que padece de pérdida de memoria. Por otro lado, el licenciado Enriquez Marín, com-pareció en representación del licenciado Rodríguez Amaro aceptando que no está capacitado mentalmente para ejer-cer la profesión y, acompañó evidencia documental de la in-capacidad de este último. Como mencionáramos, el licen-ciado Enriquez Marín presentó certificaciones médicas que indican las condiciones mentales que padece el licenciado Rodríguez Amaro. Además, presentó una certificación del Hogar La Bondad, en la cual se indica que el licenciado se encuentra allí recluido ya que no puede valerse por sí mismo.

Ante la realidad de que el licenciado Rodríguez Amaro sufre de una condición que afecta su capacidad mental y que se encuentra recluido por ello en un hogar de ancianos, corresponde, de acuerdo con la Regla 15, supra, suspender al abogado indefinidamente de la abogacía como medida de protección social.

IV

Por los fundamentos expuestos, se suspende indefinida-mente al Ledo. Vidal Rodríguez Amaro del ejercicio de la abogacía, según la Regla 15 del Reglamento de este Tribunal, supra, por estar incapacitado para ejercer la profesión. Además, según la Regla 15(g) se nombra al Ledo. Luis E. Enriquez Marín para que inspeccione los archivos del licen-ciado Rodríguez Amaro y lleve a cabo las medidas inmedia-tas que sean necesarias para proteger los intereses de los clientes, incluyendo la entrega de los expedientes.

De otra parte, se le concede un término de treinta días al Ledo. Manuel E. Avila De Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, para que someta un informe res-pecto al estado de la obra notarial del licenciado Rodríguez Amaro y nos emita una recomendación.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Es importante señalar que aunque el Ledo. Vidal Rodríguez Amaro ha subsanado varias deficiencias de su obra notarial, aún permanecen deficiencias sin subsanar y, por lo tanto, no se han podido aprobar los Protocolos.

        4 LPRA Ap. XXI-B.

        In re Valentín Maldonado, 178 DPR 906, 911 (2010); In re Manzano Velázquez, 177 DPR 581, 590 (2009); In re Gómez Morales, 146 DPR 837, 846 (1998).

        In re Hernández Rodríguez, 181 DPR 643, 651 (2011); In re Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743 (2010).

        In re López Morales, 184 DPR 334, 347 (2012), citando a S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs JTS, 2010, pág. 373.

        In re López Morales, supra; In re Gutiérrez Santiago, supra, pág. 744.

       4 LPRA Ap. XXI-A, R. 15(c).

       Íd.; In re López Morales, supra, págs. 347-348.

        In re Valentín Maldonado, supra, pág. 912; In re Costa del Moral, 164 DPR 943, 946 (2005).

       4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(g).