text:
    José de Gracia, demandante y apelado, v. Gerardo Guardiola, demandado y apelante; José de Gracia, demandante y apelante, v. Gerardo Guardiola, demandado y apelado.
    Nos. 4299 y 4276.

    Visto: Diciembre 16, 1927.

      Resuelto: Marzo 8, 1928.
    1. Negligencia — Actos u Omisiones Constitutivos de Negligencia — Materias o Substancias Peligrosas, Maquinarias u Otros Medios* — Cuidado Re-querido. — Una guagua está en el deber de caminar por una cálle en forma tal que no cause daño a las personas que caminan por la acera, y cuando se eeba tanto bacía la orilla de la calle que parte del vehículo ocupa la acera porque camina una persona y le causa daño, el permitir que el cuerpo de la guagua ocupe la acera, en ausencia de demostración alguna de que existiera una emergencia justificativa de esa penetración, es negligencia.
    2. Negligencia — -Acciones—Juicio, Sentencia y Revisión — Apelación—Revi-sión — Apreciación de las Pruebas — Negligencia Contributoria. — Cuando la teoría de negligencia del caso del demandante es el permitir que el cuerpo de la guagua del demandado sobresaliese haeia la acera — causando daños al primero que caminaba por la misma — y el demandado no ataca tal teoría pero sostiene que la causa próxima del accidente fné que el demandante se bajó de la acera a la calle, el conflicto es propiamente decidido en contra del demandado sobre una preponderancia de la prueba.
    3. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — Ma-nifestaciones Inconsistentes Hechas por Testigos — Manifestaciones o Declaraciones Hechas por Escrito — Deber de Mostrarlas al Testigo.— Cuando se deniega la admisión de un escrito, identificado en la repregunta de un testigo, no por el fundamento de que fuera ofrecido en el momento de la repregunta sino por el de que era incompetente para contradecir un testigo a menos que fuere mostrado a éste y se le diera oportunidad de explicarla, la actuación de la corte es correcta.
    4. Apelación y Error — Alegatos—Discusión o Argumentación de Errores — ■ Omisión de Discutir Errores Señalados y Efecto. — Cuando la cuestión de la cuantía de la indemnización sólo se señala como error, pero no se discute en el alegato, la sentencia de la corte inferior a ese respecto no debe ser alterada.
    5. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Condena en Costas y Honorarios. — Cuando una propia investigación hubiera con-vencido a una parte que no había una defensa meritoria a la acción y con-tinúa esta a una sentencia final adversa a él, al condenarlo la corte al pago de costas y honorarios de abogado no ejerce indebidamente su discreción.
    6. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Modificación— Modificación de la Cantidad a Recobrar — Aumento de la Misma — In-demnización por Daños y Perjuicios. — La cuantía de la indemnización queda por lo general a la aprobación del jurado o de la corte, según sea el caso, y una corte de apelación no tiene derecho a aumentarla.
    en moción de reconsideración.
    7. Apelación y Error — Listas (Dockets), Calendario y Procedimientos Pre-tIMINAR.ES A EA VISTA — NOTIFICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO PARA VISTA.-La actuación del Secretario del Supremo al notificar los señalamientos es una cortesía y no un deber; los abogados, como funcionarios del tribunal, es-tán obligados a saber las feelias para las cuales se lian señalado sus ape-laciones.
    8. Apelación y Error — Vista y Nueva Vista (Rehearing) — Incomparecenoia de los Abosados — Abogado Asociado. — La falta de comparecencia de un abogado asociado puede imputarse al abogado del caso que lo dejó.
    9. Negligencia — -Actos u Omisiones Constitutivos de Negligencia — Materias o Substancias Peligrosas, Maquinarias u Otros Medios — Cuidado. Re-querido. — Ningún conductor de un vehículo tiene derecho a introducir parte alguna de su vehículo en la acera si, al hacerlo así, lesiona a otra persona excepto en caso de emergencia; él debe evitar que la parto del vehículo que sobresale de las ruedas penetre en la acera.
    10. Apelación y Error — -Resolución y Disposición del Caso — Modificación— Modificación de la Cantidad a Recobrar — Aumento de la Misma — In-demnización por Daños y Perjuicios. — El Tribunal Supremo no interven-drá en la discreción de la eorte sentenciadora si la cuantía de la indemni-zación es ligeramente excesiva.
    11. Apelación y Error — Alegatos—-Discusión o Argumentación de Errores— Omisión de Discutir Errores Señalados y Efecto. — Cuando el apelante, según dice en la exposición del caso, deja la cuestión de la indemnización concedida para discutirlo en su alegato al contestar la contención del ape-lado, y no lo hace, una moción de reconsideración es demasiado tardía para levantar tal cuestión.
    12. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho en General — Culpabilidad o Temeridad. — Cuando un demandado cree tener derecho a que las ruedas de su vehículo coíran por el borde de la acera por donde ca-minan personas o donde están paradas, aún cuando el cuerpo del vehículo pe-netre en la acera, y lo hace así fundado en tal teoría y arrolla a una persona en la acera, él es culpable en gran parte, y siendo negligente, la corte en el ejercicio de su discreción tiene derecho a imponerle las costas tomando en consideración el grado de temeridad.
    SENTENCIA de Domingo Sepulveda, J. (San Jnan), declarando con lugar la demanda, con costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

      Confirmada.

      F. Soto Gras, abogado del demandado-apelante-apelado; Blondet y Campillo, abogados del demandante-apelado-apelante.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Por la prueba presentada en este caso la eorte tenía de-recho a creer que José de Gracia fué lesionado debido a que una guagua se echó tanto hacia la orilla de la calle que parte del vehículo ocupó la acera por que caminaba el refe-rido José de Gracia. La corte resolvió el caso a favor del demandante, dictando sentencia condenando al demandado a pagarle la snma de $10,000, y ambas partes ban apelado.

A pesar de los comentarios de la Corte de Circuito de Apelaciones y de este tribunal, los abogados ban elevado dos transcripciones separadas, cuando una hubiese bastado.

Entendemos que la teoría de negligencia en este caso fué que a pesar de lo estrecho de la calle en que ocurrió el accidente, la guagua estaba en el deber de caminar por ella en forma tal que no causara daño a las personas que caminaban por la acera. En otras palabras, que era un acto de negligencia permitir que el cuerpo de la guagua sobresaliese hacia la acera. De acuerdo con la preponderancia de la prueba, delante iba un tranvía eléctrico, y la corte aparentemente creyó que la guagua trataba de pasarle a dicho tranvía, por la derecha. Convenimos con el demandado apelante en que había espacio suficiente para los dos vehículos en la Calle Salvador Brau frente a la Cafetera, y tan es así que él no nos ha demostrado razón alguna para caminar tan pegado a la acera, según la prueba tendió a demostrar. Aun si el tranvía hubiera venido atrás, según declararon algunos testigos del demandado, no habría motivo alguno para echarse tan a la derecha que se hiciera que parte de la guagua penetrara en la acera. No se demostró que existiera emergencia justificativa de esta penetración.

Convenimos con el demandado-apelante en que no se demostró ningún otro acto de negligencia fuera del que acabamos de describir. El no ataca esta teoría de negligencia, pero sostiene que la causa próxima del accidente fué que el demandante se bajó de la acera a la calle. Sobre este punto surgió un conflicto que la corte inferior resolvió en contra del demandado al hacer un examen de la prueba que nos parece satisfactorio. La preponderancia de la prueba favoreció al demandante. Por tanto, no hubo negligencia contribuyente de su parte. Aún si el demandante hubiese descendido a la calle, el demandado nos ha dejado de satisfacer de que tal acto necesariamente constituía ne-gligencia. Puede haber sido un acto de negligencia, pero el demandado estaba en verdad obligado a demostrar que lo era. Si la guagua no se hubiese acercado tanto a la acera, el bajarse de la acera a la calle no habría tenido se-rias consecuencias. Estas consideraciones resuelven los dos primeros señalamientos de error.

El tercer señalamiento se refiere a la negativa de la corte a admitir un escrito contradiciendo la declaración de determinado testigo. Estamos muy de acuerdo con el demandado en que un escrito que es identificado en la repregunta de un testigo no necesita ser ofrecido como prueba en el momento en que tal repregunta se hace, y que puede reservarse para cuando el demandado presente su prueba, pero la corte inferior no resolvió lo contrario. Meramente decidió que el escrito no era en forma alguna prueba de impugnación competente, a menos que fuera mostrado al testigo y se le diera oportunidad de explicarse, según lo dispone el artículo 159 de la Ley de Evidencia.

Se señala como error el haberse concedido una indemnización de $10,000, pero como el demandado no discute esta cuestión, no vemos razón alguna para alterar la sentencia de la corte inferior a este respecto.

El quinto señalamiento de error se refiere a la cuestión de costas y honorarios de abogado. Somos de opinión que una investigación hecha por el demandado debió haberlo convencido de que en verdad no tenía una defensa meritoria, y que, por tanto, al condenarlo la corte al pago de las costas y honorarios de abogado, no ejerció indebidamente su discreción.

La apelación del demandante es bien extraordinaria. Sostiene que la sentencia por $10,000 es enteramente inadecuada, y que la corte debió haberle concedido por lo menos la cantidad de $26,000. Durante la vista de este caso, preguntamos a los letrados del demandante si habían hallado algún caso en que las cortes de apelación de los Estados Unidos hubieran aumentado en esa forma, o en alguna otra forma, la cantidad impuesta por la sentencia de una corte inferior. A nuestro entender, contestaron que en su alegato citaban casos al efecto, pero no hemos hallado ninguno. La explicación corriente de nuestra pregunta es que en los Es-tados Unidos la cuantía de la indemnización queda por lo general a la apreciación del jurado, y una corte de apela-ción no tiene el derecho de aumentarla. Sin embargo, el demandante-apelante sí dice que en los Estados Unidos se conceden veredictos o sentencias por sumas mayores cuando el demandante prácticamente alega una incapacidad total, como en este caso.

El demandante era un sargento del ejército de los Esta-dos Unid'os. Granaba $116 mensuales, y dentro de pocos años hubiese estado en condiciones de jubilarse y de recibir una pensión de $114. Calcula que a partir de su edad actual de 48 años hasta que se hubiere jubilado a los 54, ha-bría recibido más de $8,000. Entonces dice que esperaba vivir trece años más después de su jubilación, y que durante ese período había que pagársele una suma en exceso de $18,000.

El objeto de la ley es indemnizar, y poner al- deman-dante más o menos en una situación similar a la que hu-biese estado si no hubiera ocurrido el accidente. No tiene por objeto mejorar su posición. En Puerto Rico, no deja de ser corriente obtener el. 10 por ciento sobre las inversio-nes. La cantidad de $26,000 así invertida produciría $2,600 al año, lo que sería el doble de lo que percibía el deman-dante. No sólo es esto así, sino que el demandante, al final de los 19 años, tendría aún los $26,000, mientras que re-cibiendo su sueldo corriente, probablemente lo hubiese gas-tado todo y muy poco o nada le quedaría. La mejor forma de considerar esta cuestión es imaginarnos un fondo de amortización (sinking fund) o la amortización de una deuda, es decir, comenzar con determinado fondo, agregarle los in-tereses y deducir los egresos anuales en forma tal que el capital y los intereses queden eventualmente absorbidos y nada quede prácticamente al finalizar un período de tiempo determinado, v. g., los 19 años que esperaba vivir (expectancy) el demandante, según manifestó. $10,000 así inverti-tidos no se apartarían mucho de producirle al demandante, más o menos, año tras año, la misma cantidad que él había estado recibiendo de los Estados Unidos como sargento del ejército. Declaró el demandante que, debido a su incapaci-dad, solamente podía ganar de $8 a $10 mensuales, pero no podemos asegurar que, de cuando en cuando, no pueda ga-nar un poco más. Igualmente, la prueba tendió a demos-tra que había probabilidades o posibilidades de que el de-mandante obtuviera una pensión del Gobierno de los Esta-dos Unidos por su incapacidad.

Bajo las circunstancias, no vemos razón alguna para intervenir con la discreción de la corte inferior al fijar la indemnización en $10,000.

Debe confirmarse la sentencia en cada caso.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

Opinión del tribunal emitida por el Juez Asociado Sr. "VV OLE.

Se trata de una moción de reconsideración. La vista del caso había sido señalada originalmente para el 16. de diciembre de 1927. Debido al hecho de que sólo cuatro jueces componían el tribunal, y toda vez que nuestro colendario estaba sobrecargado más de lo corriente, pospusimos, en unión de otros casos, la vista de esta apelación. Habiendo presentado una moción de reconsideración los letrados del demandante, señalamos nuevamente el caso para la fecha para la cual había sido señalado originalmente, o sea, para el 16 de diciembre de 1927. El nuevo señalamiento fué debidamente notificado al apelante. Nadie compareció a nombre del demandado y apelante durante la vista. El abogado del apelante se queja de que la moción solicitando el nuevo señalamiento no fué notificada ni a él ni a su cliente. Sin embargo, el señalamiento sí le fné notificado, y eso era todo lo qne se necesitaba. Posiblemente, eso es nn poco más de lo necesario, toda vez que la actuación del secreta-rio de este tribunal al notificar los señalamientos, es una cortesía y no un deber. Los abogados, como funcionarios que son de la corte, están obligados a saber las fechas para las cuales se fian señalado sus apelaciones.

La notificación de esta corte fue enviada el 29 de noviembre de 1927. Los señalamientos y los nuevos señalamientos son becbos por este tribunal de propia iniciativa, o quizás ex parte. Debe notarse que la resolución original de esta corte posponiendo la fecha se hizo de propia iniciativa. El apelante tuvo tiempo suficiente desde el 29 de noviembre al 16 de diciembre para solicitar que el señalamiento se hiciera para otra fecha. Es cierto que el abogado particular del demandado estaba ausente, pero la corte no puede tomar conocimiento de las ausencias, y el abogado no se queja de que la notificación no llegara a su oficina como de costumbre. No vemos en todo esto otra cosa que la falta de comparecencia del abogado asociado o los abogados asociados. Esta falta puede imputársele al abogado en la misma forma en que puede imputársele al cliente.

Podríamos ordenar la celebración de una nueva vista y tomar en consideración la situación del abogado si tuvié-: sernos dudas acerca de la resolución de este caso. No las tenemos. Después de sugerir por varias ocasiones que este tribunal dejó de prestarle la debida atención a su alegato, el abogado admite que la principal cuestión ante esta corte es una de hecho, o sea, si el demandante, quien fué arrollado por la guagua del demandado, abandonó o no la acera. La corte inferior llegó a la conclusión general y definitiva (ultimate) de que el demandante estaba parado en la acera al ser lesionado. Al confirmar la conclusión general de la corte inferior, nuestra resolución principal giró sobre ese punto. El apelante insistió en su alegato, e insiste también en su moción de reconsideración, en que el demandante se tiró a la calle. El letrado se queja del comentario hecho en nuestra opinión de que él no atacó la teoría de negligen-cia. Su llamado ataque principalmente se dirige a insistir de nuevo en que el demandante abandonó la acera. Gene-ralmente, cuando el caso gira sobre un conflicto de prueba, y el resultado final de la contención del apelante es que debe darse crédito a sus testigos más bien que a los de la parte contraria, no creemos necesario analizar las declaraciones de los testigos, una por una.

Hace algún tiempo, en el caso de Muñíz v. Cortés, 36 D.P.R. 182, dijimos algo al efecto de que si la conclusión de la corte inferior hubiese sido en sentido contrario, no la hubiésemos alterado. Este es el comentario que frecuente-mente hacemos en nuestras opiniones o en nuestras discu-siones. En dicho caso analizamos la prueba un poco. La Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, al confirmar nuestra sentencia, dijo que habíamos llegado a una conclusión con alguna vacilación. En realidad de ver-dad, el caso siguió el principio tan frecuentemente enun-ciado por nosotros de que, no habiéndose demostrado que mediara pasión, parcialidad, prejuicio o grave error, este tribunal no alterará la conclusión de la corte sentenciadora. El presente recurso de apelación podría decidirse fundán-dose en ese solo principio, pero vamos aún más lejos y de-cimos que de la prueba no vemos que la corte pudiera ha-ber llegado a una conclusión distinta. Aunque incurramos en una repetición, podría decirse que éste fue el ratio deci-dendi de nuestra opinión en oposición a la contención del apelante. Todo- lo qué se dijo referente a negligencia eon-tributoria fué un mero obiter. En el alegato del apelante no se hizo un análisis tal de las declaraciones de los testi-gos que nos hiciera dar paso a algunas dudas. Si revisa-mos la prueba más detenidamente, lo que hacemos es tra-tar de despejar cualquier impresión que pudiera producirse cuando un abogado tan ilustrado insiste en que la corte no consideró cuidadosamente su alegato.

Además del demandante mismo, hubo cinco testigos ocu-lares del accidente que declararon a favor de él. Cada uno de ellos dijo que el demandante estaba parado en la acera, y lo dijo claramente. Algunos de ellos ni siquiera fueron repreguntados sobre este punto, y uno de ellos no fué re-preguntado en absoluto. Manifestaciones precisas de los testigos pueden bailarse en las páginas 26, 62, 65, 72 y 79 de los' autos mecanografiados y tal vez en otros sitios.

Hubo tres testigos del demandado que declararon que el demandante descendió a la calle. El número de testigos, desde luego, no determina la preponderancia de la prueba, pero se nos ocurre que los testigos del demandante en su totalidad estaban en mejor posición para juzgar el acci-dente que los testigos del demandado. Uno de los testigos del demandado fué un policía, quien iba en la guagua que ocasionó el accidente. De su declaración, y dada la posi-ción que él ocupaba no podemos ver cómo pudo estar se-guro de que el demandante se bajó a la calle. La guagua no estropeó al demandante con la parte anterior, sino con el lado. Según la prueba incontrovertida, el demandante fué bailado después de baber sido arrollado, con parte de su cuerpo en la acera y con las piernas en la calle. Des-pués que ocurre un accidente, los testigos más honrados pueden tener una impresión errónea debido a lo ocurrido inmediatamente después.

Los testigos del demandante fueron mejores. Todos se encontraban en la acera, y sus oportunidades de observa-ción eran buenas. Tres de ellos eran abogados bien conoci-dos. Uno de ellos fué impugnado puede decirse que sola-mente por el interés que tenía en el caso. Era uno de los letrados del demandante. Al igual que muchas otras cor-tes, deseamos indicar que un abogado debe evitar ser tes-tigo en un caso en que comparece como abogado. Las cor- . tes inglesas son sumamente estrictas en cuanto a este ex-tremo. Sin embargo, en este caso no había razón alguna para sospechar de la veracidad del testigo, según lo demos-traría un examen de los autos. Además del demandante, hubo dos testigos más cuyas declaraciones tenderían a de-mostrar que el demandante estaba realmente en la acera al ser arrollado. Aunque uno de estos testigos pueda haberse mostrado algo dudoso en su declaración, la corte tenía per-fecto derecho a creer la descripción que él hizo del acci-dente. El testigo insistió en que a pesar del hecho de que el demandante estaba cediéndole el paso a una dama no abandonó la acera.

Si en esta reseña hemos dado posiblemente mayor énfa-sis a las declaraciones de algunos de los testigos, la corte inferior tenía derecho, según aparece de los autos, a hacer esto y aun más, ya que tuvo los testigos ante sí. Esa es la razón por la cual, como la corte inferior llegó a una con-clusión general y definitiva, este tribunal se limitó en su opinión original a decir que la corte de distrito había he-cho un examen de la prueba que nos parecía satisfactorio. Revisando esa opinión a la luz de la experiencia posterior, no hallamos que sea inadecuada en absoluto.

En nuestra opinión dijimos:

“Convenimos con el demandado apelante en que no se demostró ningún otro acto de negligencia fuera del que acabamos de describir. El no ataca esta teoría de negligencia, pero sostiene que la causa próxima del accidente fue que el demandante se bajó de la acera a la calle. Sobre este punto surgió un conflicto que la corte inferior resolvió en contra del demandado al hacer un examen de la prueba que nos parece satisfactorio. La preponderancia de la prueba favo-reció al demandante;. Por tanto, no hubo negligencia contribuyente de su parte. Aún si el demandante hubiese descendido a la calle, el demandado nos ha dejado de satisfacer de que tal acto necesa-riamente constituía negligencia. Puede haber sido un acto de ne-gligencia, pero el demandado estaba en verdad obligado a demos-trar que lo era. Si la guagua no se hubiese acercado tanto a la acera, el bajarse de la acera a la calle no habría tenido serias con secuencias. Estas consideraciones resuelven los dos primeros seña-lamientos de error.”

Las palabras “aún si el demandante hubiese descendido a la calle,” etc., debieron haberse puesto en un párrafo se-parado. Sin embargo, fueron un mero obiter. Si bien creemos que podríamos justificar nuestra indicación de que el que una persona ponga un pie en la calle puede no cons-tituir negligencia contribuyente, es enteramente innecesario discutir tal cuestión, toda vez que el hecho probado es que el demandante no descendió a la calle.

En su moción, el apelante infiere que al igual que los peatones tienen derecho a la acera, un vehículo tiene abso-luto derecho a la calle. Si el apelante quiere decir con esto que bajo cualesquiera circunstancias el conductor de un ve-culo tiene derecho a hacer que las ruedas del mismo rocen con el borde de la acera, está claramente equivocado. El principio fundamental de la ley substantiva es sic utere tuo ut aliemim non laedas . . . Ningún conductor tiene derecho, a introducir parte alguna de su vehículo en la acera, si al. hacerlo así lesiona a otra persona, excepto en casos de emergencia, según sugerimos en nuestra opinión. La corte resolvió que parte del cuerpo de la guagua ocupó la acera. Una pequeña parte de una guagua, tal vez seis o nueve pul-pulgadas, o a veces un poco más, sobresale de las ruedas. El conductor del vehículo debe evitar que esta parte pene-tre en la acera. Uno de los testigos, el Sr. Lastra Cha-rriez, creyó que la guagua iba a chocar con él, y toda la prueba tiende a demostrar que la guagua se acercó tanto a la acera como le fué posible, sin que las ruedas penetraran materialmente en ella. Esta es la negligencia que de los autos aparece, aunque realmente no fue la discutida en es-tos términos en la opinión de la corte inferior. Si la con-tención aparente del demandado es correcta, entonces un camión cargado de maderas o de muebles podría hacer que la madera o los muebles que lleva molesten a los viandantes que van por la acera. La prueba indica que la calle en sí tiene diecinueve pies de ancho; que hay once pies desde eU borde de la acera a la vía del tranvía eléctrico. El deman-dado tenía amplio espacio para conducir su vehículo por esta calle en que solamente se viaja en una dirección. Existe alguna posibilidad de que el conductor de la guagua del demandado estuviese ansioso de pasarle al tranvía eléc-trico mientras éste estaba parado, pero el deber de todo conductor es esperar el tiempo necesario, a fin de no cau-sar daños a ninguna persona que esté en la acera. La acera tiene tres pies de ancho; la distancia total de casa a casa es veinticinco pies. El tráfico está congestionado, en ningún sitio más que en el sitio y a la ñora.en que ocurrió el accidente, es decir, a las doce del día. Los conductores de vehículos deben tomar precauciones extraordinarias al ir por esta calle estrecha y congestionada, para evitar causar daño a los peatones. Cuando una persona que va por la acera es arrollada por una guagua que pasa, la inferencia inevitable es que la guagua, debido a las condiciones del tráfico, se hallaba en un lugar en que no tenía derecho a es-tar. En esencia, ésta es la conclusión a que llegó la corte sentenciadora.

La cuestión de lá indemnización no fué discutida en el alegato del demandado y apelante. Es cierto que en la exposición del caso el demandado dijo que discutiría este punto en su alegato al contestar las contenciones del demandante, quien también había apelado del montante de la indemnización concedídale. Nuevamente en su moción de reconsideración el apelante nos hace referencia a la moción que había radicado previamente. Es innecesario decir que el sitio para discutir los errores señalados por el apelante es su propio alegato como tal apelante. Entrando ligeramente en la cuestión de indemnización por concepto de daños y perjuicios, algunos de los miembros de este tribunal pueden tener dudas respecto a si la indemnización concedida no fué algo excesiva, pero la mayoría tiene una opinión distinta, y ninguno de nosotros estaría dispuesto a intervenir con la discreción de la corte sentenciadora si la cuantía de la indemnización es ligeramente excesiva. .Refiriéndonos al caso número 4276, hallamos que el demandado nunca contestó el alegato del demandante, y una moción de reconsideración es demasiado tardía para levantar las cues-tiones que el apelante se proponía levantar.

El apelante también se queja de la imposición de las costas. Fuimos de opinión de que una investigación por parte del demandado debió haberlo convencido de que no tenía una defensa meritoria, y que, por tanto, la discre-ción de la corte al imponerle las costas y honorarios de abo-gado no fué ejercida indebidamente. Nuestra opinión era, y aún lo es, que un examen de los hechos por el deman-dado debió haberlo convencido de que el demandante nunca abandonó la acera. Creemos que le era muy posible al de-mandado averiguar este hecho. No obstante, no fué nues-tra intención limitar la cuestión de la imposición de cos-tas contra el demandado solamente a la posibilidad de que él pudiera descubrir los hechos realmente ocurridos. Si re-sulta que el demandado fué en realidad negligente, la corte, en el ejercicio de su discreción, tiene derecho a imponerle las costas, tomando en consideración el grado de temeridad. De otro modo, en un gran número de casos, nunca se po-drían imponer las costas a un demandado cuando el deman-dante careciera por completo de culpa. No deseamos ha-cer demasiado hincapié sobre este punto, pero si el deman-dado insiste en que tiene derecho a que las ruedas de su vehículo corran por el borde de la acera por donde cami-nan personas o donde están paradas, aun cuando el cuerpo del mismo penetre en ella, y que lo hizo así fundado en tal teoría, entonces él es culpable en gran parte. Por tanto, es innecesario que este tribunal discuta extensamente lo que hemos resuelto en otros casos. El caso de Josefa Candal de López v. Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, resuelto el 16- de marzo de 1928, fué muy excep-cional. Dijimos claramente en nuestra opinión que se tra-taba de tal caso excepcional, y a él no se puede acudir como precedente para la presente situación en que la corte inferior y este tribunal han llegado a la conclusión de que el demandado es culpable de temeridad.

Debe declararse sin hogar la moción de reconsideración.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Texidor,

license: Public Domain

text:
    Lorenzo J. Dávila, demandante y apelado, v. Angel Martí-nez Caballero y Carlos L. Chardón, Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, demandados y apelante el primero.
    No. 4279.

    Visto: Febrero 7, 1928.

      Resuelto: Marzo 9, 1928.
    1. Acción — Fundamentos y Condiciones Precedentes — Elementos de Toda Causa de Acción. — Cuando en una demanda no alegan hechos que envuelvan ■ el derecho del demandante, el deber del demandado y el acto del demandado en daño o violación de aquel derecho, la misma no expone una causa de acción.
    2. Acción — Fundamentos y Condiciones Precedentes — Elementos de Toda Causa de Acción. — Cuando a un acreedor hipotecario que ejecuta sumaria-mente su crédito se le entrega el producto de la venta sin tener noticias de que, en tal suma, hay una parte con la que tiene que pagar un derecho de homestead del ejecutado, y tal derecho tampoco se ha reclamado en el acto de la subasta, en ausencia de alegación alguna del deber del ejecutante de retener u ordenar retener suma alguna para cubrir dicho derecho de homestead — demostrándose así un nexo jurídico entre éste y el adjudicatario de la propiedad subastada que reclama el importe de dicho derecho — , así como una violación de dicho deber, la demanda no expone una causa de acción del adjudicatario contra el ejecutante.
    3. Pagos — Cobro de Pagos — Pagos Indebidos — Acciones Sobre Cobro de do Indebido — Causa de Acción. — Para que exista una acción en cobro de lo indebido precisa que se haya recibido una cosa que no había derecho a co-brar y que la entrega se haya hecho por error.
    SENTENCIA de Angel A costa Quintero,' J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Revocada y devuelto el caso.
    6r. 8. Pierluisi, abogado del demandante; R. Arjona Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de apelación contra sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de Ponce, en pleito civil se-guido por Lorenzo J. Dávila, demandante, contra Angel Martínez Caballero y Carlos J. Churdón, Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, demandados, sobre devolución de .cantidad y daños y perjuicios. Es apelante el deman-dado Angel Martínez Caballero.

Lorenzo J. Dávila presentó ante la Corte de Distrito de Ponce, una demanda contra Angel Martínez Caballero y Carlos J. Chardón, Mársbal de lá Corte de Distrito de Ponce, alegando sustancialmente que Martínez Caballero, en 1924, había seguido, ante la Corte de Distrito de Ponce, un proce-dimiento ejecutivo en cobro de crédito hipotecario, contra Antonio Sotomayor y G-erónima Pizarro, y que en ese pro-cedimiento se llevó a subasta una finca rústica, que en la demanda se describe, y la que se adjudicó al ahora deman-dante Lorenzo J. Dávila, en precio de $1,360, que él pagó al márshal, y que fueron entregados a Martínez Caballero; que otorgada a Lorenzo J. Dávila la escritura de compra-venta, la citada Gerónima Pizarro no abandonó la finca, y seguido un procedimiento de desahucio, ella alegó que sobre tal finca tenía su homestead, alegación que fué sostenida por este Tribunal Supremo, en grado de apelación; que el márshal demandado no retuvo, al hacer la referida subasta, ni después, los $500 importe del homestead de la Pizarro, y que por esa falta de retención, y por haber Angel Martínez Caballero recibido el importe íntegro de la subasta, a sa-biendas de que tal cobro era indebido, se ve el demandante privado de $500, y ha tenido que pagar honorarios de abo-gado y costas en el juicio de desahucio, hasta otros $500. Y pidió se condenara a los demandados, o al que de ellos correspondiera, a pagarle $1,000 y las costas.

Los demandados opusieron la excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Y la corte declaró tal excepción con lugar en cuanto al de-mandado Carlos J. Chardón, y sin lugar en cuanto al otro demandado. Este pidió sentencia sobre las alegaciones; y la corte dictó tal sentencia en fecha 29 de marzo de 1927, declarando sin lugar la demanda en cuanto a Carlos J. Chardón, y con lugar en cuanto a Angel Martínez Caballero, sin costas. Esta es la sentencia apelada.

El apelante señala nn error, consistente en haberse de-clarado sin lugar la excepción previa a la demanda en cuanta al demandado Martínez Caballero.

En la demanda en este caso, alegación número 10, se establece el becbo de que el márshal no retuvo, ni al hacer la subasta, ni después, los $500 importe legal del homestead- de G-erónima Pizarro, y entregó la total suma producto del remate, al acreedor Angel Martínez Caballero. En cuanto a este extremo, la corte, al resolver la excepción previa, decidió que el márshal había cumplido con la ley de 10 de marzo de 1904, que crea el cargo de márshal de distrito, y define sus deberes; por lo que declaró con lugar la excepción en cuanto a este demandado.

Veamos si la demanda ofrece hechos suficientes para constituir una causa de acción en cuanto al otro demandado, o sea el apelante en este caso.

Consideremos, ante todo, que en la demanda se pide una sentencia por $1,000 de los que $500 son el valor del Homestead, y los otros $500 el importe de daños y perjuicios.

No se alega en la demanda que el márshal que llevó a cabo la subasta fuera en forma alguna requerido para re-tener los $500 a título de homestead; él, por tanto, proce-dió correctamente, al retener íntegro el producto de la su-basta y al entregarlo, íntegramente también, al acreedor. Y no se alega que el acreedor, al recibir tal suma, tenía no-ticia de que de ella había una parte con la que se tenía que pagar el homestead de Gerónima Pizarro. Es más, no se alega el cumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal Supremo en julio 19 de 1926 en apelación en el casa de desahucio seguido por Lorenzo J. Dávila contra Geró-nima Pizarro, en el que surgió la cuestión del homestead. Se alega, sí, que “Por haber recibido el demandado, Angel Martínez Caballero, a sabiendas de que -tal cobro era inde-bido, según información y creencia del demandante, el im-porte íntegro de la subasta, y por no haber el márshal de-mandado retenido -en su poder, para doña Gerónima Pizarra la suma legal, importe de su homestead, de acuerdo con la ley, el demandante se ye ahora privado de la suma de $500,” etc.

De la demanda no resulta tampoco el nexo jurídico en-tre el demandante y el demandado Martínez Caballero. No encontramos alegación alguna con respecto a que Martínez Caballero tuviera que retener, u ordenar retener, suma al-guna para cubrir el homestead.

La alegación de la demanda en cuanto a que Martínez Caballero recibió la suma total importe de la subasta, “a sabiendas de que tal cobro era indebido,” no es otra cosa que una conclusión, según se ba declarado por este tribunal en el caso Cuevas v. Banco Territorial y Agrícola, 19 D.P.R. 1174, y en el caso J. Ochoa y Hermano v. Herederos de Lanza, 17 D.P.R. 420. Las alegaciones de la demanda deben ser de becbos, según el Código de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia (García v. Preston, 17 D.P.R. 586, y casos citados en la misma opinión, Green v. Palmer, 15 Cal. 412, Marshall v. Baltimore & Ohio R. R. Co., 16 How 328).

En esta demanda no se alegan becbos que envuelvan el derecho del demandante, el deber del demandado, y el acto del demandado en daño o violación de aquel derecho; ele-mentos todos fundamentales de la causa de acción, según los clásicos (véase Pomeroy Code Remedies, página 459 y siguientes concordantes).

Esta falta de alegación se da en este caso en cuanto a la acción principal para recobrar los quinientos dólares, y en cuanto a la de daños y perjuicios. Parece que se intentó algo como una acción para cobro de lo indebido. No es la situación legal, entre el demandante y el demandado, la propia de un caso de cobro de lo indebido. Para que una acción de esta clase exista, se precisa, de acuerdo con el artículo 1796 del Código Civil, que se baya recibido una' cosa que no había derecho a cobrar y que la entrega se haya hecho por error. Es claro que éste no es el caso de este pleito.

En esas condiciones, la Corte de Distrito de Ponce, pndo apreciar la excepción previa con respecto al ahora ape-lante: y el no hacerlo así, y el dictar sn sentencia en la forma en que lo hizo, constituyen errores revisables en ape-lación.

La sentencia apelada debe revocarse, y es por la pre-sente revocada, ordenándose se devuelva a la Corte de Dis-trito de Ponce, para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta decisión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    A. Alvarez & Hermanos, demandantes y apelantes, v. Victoria R. de Alamo, y Agustín Alamo, demandados y apelados.
    No. 3974.

    Visto: Marzo 29, 1927.

      Resuelto: Marzo 13, 1928.
    1. Contratos — Rescisión y Abandono — Actos Constitutivos de Rescisión.— Cuando rm. objeto material — guagua-—, en el cual una parte — vendedor condi-cional — puede tener algún interés, es devuelto, dejándose frente a su estable-cimiento, dicha parte tiene derecho a tomarla para impedir deterioro adi-cional y con el fin de conservarla en beneficio de las partes interesadas, sin que ello altere la relación jurídica existente entre ellas.
    2. Contratos — Rescisión y Abandono — Actos Constitutivos de Rescisión.— Cuando el comprador entrega al vendedor condicional la cosa vendida y tal entrega no se verifica conforme a los términos del contrato de venta con-dicional, no puede sostenerse que dicho contrato quedara rescindido por dicha entrega y relevado dicho comprador de su obligación bajo el mismo.
    3. Contratos — Cumplimiento o Quebrantamiento — De la Evidencia en General — Peso de la Prueba — Rescisión del Contrato. — En casos de rescisión como en los de cumplimiento, pago y otros similares, el peso de la prueba recae sobre los demandados para establecer la rescisión del contrato.
    4. Contratos — Cumplimiento o Quebrantamiento — De la Evidencia en General — Su Suficiencia — Rescisión del Contrato. — Atendida la prueba en este caso- — acción sobre cumplimiento de un contrato de venta condicional — , se resolvió: que habiéndose hecho la devolución de la guagua al vendedor, por el comprador, no en cumplimiento del contrato sino en oposición a que éste continuara existiendo no podía sostenerse que existiera la rescisión del contrato de venta condicional, según sostiene el comprador demandado.
    6. Contratos — Cumplimiento o Quebrantamiento — Obligación de Cumplir— Obligado que Contraviene su Obligación. — Cuando una persona hace una cosa contraviniendo el tenor de la obligación que tiene, una corte puede ordenarle que la haga.

      Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. ('San Juan), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Revocada.

      F. 8oto Gras, abogado de la apelante; M. Benitez Flores, abogado de los demandados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A. Alvarez & Hermanos es una sociedad mercantil que vende guaguas, y su socio gestor al tiempo de ocurrir los hechos de este caso lo era Alfonso Alvarez. Dicho socio hizo una venta condicional de una guagua a Victoria E. de Alamo, constituyéndose en fiador para el cumplimiento del contrato, su esposo Agustín Alamo. El precio de la venta sería pagado a plazos. De acuerdo con los términos del contrato, el título de la guagua permanecía en la vende-dora, quien tenía varios derechos de acuerdo con dicho con-trato. Entre estos derechos, a opción de la vendedora, en caso de falta de pago ella podía demandar inmediatamente en cobro del saldo adeudado o podía tomar la guagua, ven-derla y aplicar el producido a la deuda, devolviendo el saldo, de haber alguno, a la compradora. Esta efectuó va-rios pagos a cuenta de la venta. Las partes entonces cele-braron varias entrevistas y realizaron varios actos tenden-tes a la rescisión del contrato, pero si en realidad se res-cindió o no el contrato es una de las controversias del pre-sente caso, tal vez la principal. Es un hecho no disputado que después de tales entrevistas y actos, el demandado Agustín Alamo puso, o trató de poner, la guagua en manos de la demandante en la siguiente forma: envió a un agente al establecimiento de la demandante con la guagua, y, al negarse la demandante a recibirla, dicho agente dejó el ve-hículo frente al establecimiento. La demandante, para im-pedir que la guagua sufriera deterioro, se la llevó a su garage, la pintó y quizás adoptó otras medidas para conser-varla. Poco después, la demandante entabló una demanda contra los actuales demandados para el cobro de la suma de $1,115.21, saldo adeudado del'precio de la venta, siendo el precio original $1,813.83.

Podemos decir que la demanda demuestra que la deman-dante eligió vender la guagua y abonar el producido. A primera vista, parecería curioso que la súplica de la de-manda sea que se ponga a la demandante en posesión de la guagua, cuando en realidad de verdad la demandante te-nía la posesión material de ella, pero un poco más adelante discutiremos esta posición aparentemente metafísica de la demandante.

La contestación de los demandados, además de contener una negativa general, alegó que los demandados no adeuda-ban a la demandante suma alguna de dinero, en vista de que la guagua liabía sido pagada y el contrato rescindido.

La corte inferior falló a favor de los demandados. La opinión de la corte de distrito tiene un doble aspecto. Apa-rentemente, el juez estaba dispuesto a resolver que la de-mandante, al hacerse cargo de la guagua y al adoptar me-didas para conservarla, había aceptado los actos de los de-mandados. Entendemos que la corte inferior resolvió más particularmente que antes' de que la demandante tuviera al-gún derecho para demandar en cobro de una suma o saldo de dinero, era un requisito indispensable para entablar un pleito que la demandante misma vendiera la guagua cuya posesión material ya tenía. Ninguno de estos rationes de-cidendi fue realmente la posición de una u otra parte en este pleito.

La demandante sostenía que el contrato estaba en todo su vigor. Los demandados sostenían que el contrato había sido rescindido o que quizás había surgido .una dación en pago. Los demandados ahora contienden que descansaban en la rescisión del contrato. La corte inferior no llegó a conclusión alguna a favor de los demandados a este res-pecto; por el contrario, resolvió que la prueba sobre este particular no era del todo clara.

Sin hacer una investigación especial de las autori-dades, estamos convencidos de que cuando nn objeto material en el cnal una parte pnede tener algún interés es de-vuelto, n otra persona trata de devolverlo, por estar quizás en el deber de hacerlo así, o por lo menos de hacer lo qne el contrato entre las partes exige, la persona a qnien se le devuelve la cosa, como un buen padre de familia, tiene de-recho a tomarla para impedir deterioro adicional y con el fin de conservarla en beneficio de las partes interesadas. Creemos que un extraño podría realizar actos similares de conservación de la cosa sin que por ello quedara envuelto en un litigio. Haciéndose cargo de la guagua y conserván-dola, no se alteró o afectó ninguna relación jurídica exis-tente entre las partes originales en este caso.

El abogado de los apelados dijo que la cuestión principal aquí envuelta es una de hecho, y en ello conveni-mos con él en gran parte. Sin embargo, las siguientes son algunas conclusiones que derivamos de la prueba: el nego-cio de guagua de los demandados no era próspero. De acuerdo con la propia declaración de Alamo, él fué a ver a Alvarez y le expuso sus dificultades, pidiéndole que le com-prara su línea de guaguas. Según este testigo, Alvarez contestó que solamente estaba dispuesto a aceptar la guagua en pago. Aunque Alvarez nos relata la historia en forma algo distinta, no obstante, según la declaración del mismo demandado, éste no aceptó la proposición héchale por Alvarez. Alamo propuso vender a un tercero, su cuñado Eobles. Siguiendo la relación hecha por dicho demandado como tes-tigo, Alvarez dijo que primero tendría que rescindir el con-trato, pero que en cuanto a lo demás estaba conforme. De la conversación se desprende que en aquel tiempo Alamo no creyó que fuera conveniente para él devolver la guagua. Se entró en negociaciones, se redactó un documento que fué firmado por los esposos Alamo y evidentémente devuelto a Alvarez. Este documento no fué presentado durante el jui-cio y su presentación pudo ser de utilidad.

Podríamos decir por vía de paréntesis que en ningún tiempo desde que ha estado pendiente esta acción ha habido prueba alguna del valor real de la guagua o de su valor durante las varias etapas de la controversia, a no ser las varias supuestas ofertas de comprar la guagua. De la prueba nada sabemos respecto al valor de la guagua en la fecha en que fué devuelta o en el momento del juicio.

De toda la prueba se desprende indudablemente que Robles no compró ni finalmente ofreció comprar la guagua. El se oponía a las condiciones originales de pago, las que Alvarez, según creemos que la prueba demuestra, estaba dispuesto a modificar. Según vemos la prueba, la transac-ción propuesta fracasó sencillamente porque Robles, por al-guna razón que no se desprende de la misma, no quiso en-trar en la transacción.

Robles ocupó la silla testifical. Fué un testigo poco dis-puesto a decir todo lo que sabía (reluctant) y estaba dis-puesto a negar que la compra a su cuñado de la línea de guaguas incluía la guagua en cuestión, diciendo que sola-mente convino en comprar la línea. Creemos que eventual-mente hizo tal admisión. Según los autos, no tenemos du-das de que Robles estaba en negociaciones para comprar la guagua. La prueba tiende a demostrar, y así lo creemos, que la licencia para explotar el vehículo estaba a nombre 'de Robles antes de que la guagua fuera devuelta a Alvarez. Este declaró, y su declaración fué confirmada por Alamo, que lo que se propuso fué una venta a Robles.

Por tanto, llegamos a la conclusión, como cuestión de de-recho o de hecho, según sea el caso, de que una condición directa o implícita de que se hiciera algún cambio en el contrato original era una compra por parte de Robles. Al suscribir los cónyuges el documento no quedaban relevados de su obligación original, a menos que se le vendiera a Robles. Tampoco afecta las cuestiones en controversia en este caso el hecho de que la demandante, después de entrevis-tarse con los demandados, estuviera dispuesta a venderle a alguien o aún que entrara en negociaciones con alguna otra persona. El siempre dependió del consentimiento de los demandados.

Volviendo a considerar la prueba, resolvemos que en ca-sos de cumplimiento, pago, y otros similares, el peso de la prueba recae sobre los demandados para establecer la res-cisión.. Ellos dejaron de bacer esto. El documento que sus-cribieron los demandados tendente a rescindir el contrato no podía ayudar su caso. Nuevamente nos preguntamos por qué los demandados no trataron de presentarlo o hicieron que se le presentara a la corte.

Entonces, la deducción inevitable de toda: la prueba es que la guagua fué devuelta a Alvarez no en cumplimiento del contrato, sino en oposición a que éste continuara exis-tiendo. La guagua fué devuelta sobre la teoría de una res-cisión del contrato. Esto lo sabían todas las partes, según lo demuestra la prueba.

Creemos que Alamo tenía motivos para saber que Alvarez no estaría de acuerdo con que se rescindiera el contrato, y por esa razón devolvió la guagua por conducto de un agente en la forma antes expuesta. Sin embargo, la vali-dez y cmplimiento de los contratos no pueden dejarse al ar-bitrio de uno de los contratantes. Artículo 1223 del Código Civil. Estamos inclinados a creer que cuando Alvarez pro-puso la venta a Robles, actuó genuinamente. A menos que se propusiera la venta genuinamente, aparecería como si Alamo y su cuñado hubieran inducido a Alvarez a efectuar la rescisión que de lo contrario no hubiese hecho, y enton-ces surgiría un estoppel o algo parecido.

La dificultad principal que hemos tenido en este caso es el derecho de acción de la demandante. La sociedad estaba materialmente en posesión de la guagua, y de acuerdo con la sección 3 del contrato, había el derecho de vender el ve-hículo, desde luego de conformidad con las condiciones de dicho contrato. Tal vez en algunas cortes americanas se seguiría el principio de que cuando un contratante tiene el derecho a hacer una cosa generalmente no necesita que una corte le diga que tiene ese derecho, y hasta cierto punto este tribunal ha hecho lo mismo. El principio de la propia ayuda es un poco más fuerte en la jurisprudencia ameri-cana e inglesa que en el continente europeo. Pollock & Maitland, History of English Law, tomo 2, passim, y espe-cialmente las páginas 574 et seq. y la página 168. Estos autores dicen que probablemente los juristas del continente se sorprenderían de la cantidad de ayuda propia que una vez existió en Inglaterra. Sin embargo, en el continente y en Puerto Rico generalmente las partes quedan relegadas a una acción judicial, según lo demuestra un sinnúmero de artículos de los códigos.

Creemos que la solución del problema que tenemos ante nuestra consideración puede hallarse en el artículo 1065 del Código Civil. Dispone como sigue:

“Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará eje-cutar a su costa.
“Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho. ’ ’

• La obligación de los demandados después de haber de-jado de hacer los pagos era poner la guagua a disposición de la demandante, o por lo menos permitirle que tomara posesión de ella nuevamente, según entendemos los térmi-nos del contrato. Los demandados pusieron la guagua en la posesión natural y material de la demandante, no de acuerdo con los términos del contrato, sino sobre la base de que dicho contrato había sido rescindido. Los demandados no cumplieron con su obligación de acuerdo con el tenor de la misma.

La apelante dice, y su teoría fué, según entendemos, que nunca tuvo la posesión civil de la guagua, sino que mera-mente tuvo una posesión forzada por la tentativa de los demandados de devolver la guagua. Podría decirse que la demandante tuvo solamente la custodia de la guagua.

Ahora bien, el artículo 1065, supra, dispone que cuando -el demandado no hace alguna cosa de acuerdo con el tenor de la obligación, se mandará a ejecutar a su costa. Esto •quiere decir que una corte puede ordenarle que la baga, ya que nadie más tiene derecho a dar órdenes a este respecto.

Habiendo la demandante elegido vender la guagua, tiene derecho a venderla, y a que la corte dicte una orden en ese sentido. Según hemos indicado antes, no es éste un caso en que el derecho de una parte sea incuestionable, sino que en este caso se atacó el derecho a proceder de acuerdo con el contrato. Hubo una verdadera controversia.

Debe revocarse la sentencia, autorizarse a la demandante ■a vender la guagua .de acuerdo con los términos del contrato y aplicar el producido de conformidad con los términos del mismo y a dar los pasos procedentes en el pleito si el precio •obtenido en la venta no es suficiente para saldar la deuda, entendiéndose que la corte inferior tiene autoridad para dic-tar las órdenes necesarias con el fin de hacer cumplir los términos del contrato.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señoh Wolf,

text:
    Francisco Nevares López y Francisca P. Rita Nevares López, demandantes y apelados, v. Nevares Hermanos, demandada y apelante.
    No. 4255.

    Visto: Noviembre 8, 1927.

      Resuelto: Marzo 13, 1928.
    1. ARRENDADOS Y ARRENDATARIO — ACCIÓN DE VOLVER A ENTRAR EN Y RECOBRAR la Posesión por el Propietario — Desahucio—Apelación—Desestimación —Frivolidad.—Apelada una sentencia de desahucio contra iui demandado si éste después compra la propiedad objeto del pleito, no procede desestimar por el fundamento de ser académica las cuestiones levantadas cuando queda una cuestión de costas por resolver.
    2. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho en General —Culpabilidad o Temeridad. — Cuando de un examen de la cuestión principal de un caso — que se revisa sólo por estar envuelta una cuestión de cos-tas — aparece que las cuestiones de derecho y de hecho planteadas en relación con ella eran enteramente debatibles, no debe condenarse a la parte apelante al pago de costas.

      SentenCia de Pabla Berga, J. (San Juan), declarando con lugar demanda de desahucio, con costas.

      Revocada en tanto condena al pago de costas a los demandados.

      Acuña <& Janer, abogados del apelante; J. Texidor y D. Pellón Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoh Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 27 de septiembre de 1926 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor de los demandantes en un procedimiento de desahucio. Al día siguiente se interpuso recurso de apelación. Las partes argumentaron los méritos de esta apelación el día 8 de noviembre de 1927, pero los apelados también presentaron una moción de desestimación. El fundamento de la desestimación es el poco corriente de que las cuestiones levantadas en este caso se han convertido en cuestiones académicas porque la demandada y apelante es ahora la dueña por haber comprado la finca objeto de este pleito. La moción para desestimar fue radicada en esta corte el 30 de septiembre de 1927. Se acompañó a la moción la copia de la escritura traspasando la propiedad a la apelante.

No se ataca el hecho del traspaso ni el derecho de esta corte a tomar en consideración el hecho especial surgido con posterioridad a la vista del caso en la corte inferior.

Las cortes generalmente rehúsan considerar cuestiones legales simuladas. Texas & Pacific Railway Co. v. Smith, 100 U. S. 110; Wright et al. v. Board of Public Works of Los Angeles, 163 Cal. 328, 125 Pac. 353; Modoc County v. Madden, 53 Pac. 268; 4 C. J. 1135, párrafo 3129; 4 C. J. 575, párrafo 2383, et seq.

Estas citas no afectan la regla de que generalmente no se puede agregar nada a los autos de la apelación. Sin embargo, los apelados insisten en que la cuestión principal debe ser examinada en vista de que está envuelta la cuestión de costas. Algunas cortes rehúsan revocar la sentencia cuando está envuelta una mera cuestión de costas, pero existe diferencia de criterio, según lo demuestran las anteriores ci-tas de otros tribunales. En Puerto Rico cuando las costas y honorarios de abogado pueden ser crecidos, en algunas ocasiones hemos ejercido nuestra discreción y entrado en los méritos del caso, según lo haremos hasta cierto límite en el presente, aunque no nos proponemos resolver defini-tivamente las complicadas cuestiones de hecho y de dereeho levantadas por las partes.

La controversia principal giró sobre si hubo la tácita reconducción de un arrendamiento. Los demandantes ale-garon que como la finca pertenecía a menores la continua-ción o tolerancia de posesión hecha por su tutor no podía extenderse más allá del tiempo que faltaba a los menores para llegar a su mayor edad; que la resolución de la corte era contraria a tal extensión. No obstanté, se permitió que el arrendamiento continuara, aumentando el tutor el canon de arrendamiento de tiempo en tiempo. La demandada per-maneció en la posesión de la finca por un gran número de años, pagando el canon de arrendamiento, y no surgió cues-tión alguna respecto a su derecho a estar allí. Es cuestión muy discutible si cada vez que el tutor permitió que la de-mandada permaneciera en la finca durante otro año u otro período de tiempo, la situación legal o nexo jurídico que surgía era o no un nuevo arrendamiento, y si la permanen-cia adicional no debía considerarse como un arrendamiento de acuerdo con el contrato original. Nos damos cuenta, desde luego, de que los apelados permanentemente sostuvie-ron y sostienen que nadie, y especialmente el tutor, tenía autoridad para hacer prórroga alguna. La corte inferior decidió meramente que no había derecho a una renovación del arrendamiento.

Igualmente la demandada, con posterioridad a la muerte del, tutor, pagó los cánones de arrendamiento a distintas personas que se suponían ser muy allegadas a los menores y quienes aparentemente aceptaron los pagos, por lo menos hasta que Francisco Nevares llegó a su mayor edad y hasta que su hermana fue emancipada. No estamos resolviendo que se aceptaron los pagos después de la mayoridad o eman-cipación de los demandantes, siendo también muy compli-cada la cuestión de basta qué punto los cheques pueden constituir el pago en este caso.

De algo que estamos enteramente convencidos, especialmente después de la ardua labor de ambas partes, es que las cuestiones de derecho y de hecho eran enteramente debatibles y que, por tanto, no debe condenarse fuertemente a la demandada al pago de las costas.

Por consiguiente, en vista de la compra hecha reciente-mente por los demandados de la finca objeto del desahucio, nos abstendremos de decidir si es procedente o no la sen-tencia en cuanto ordena a los demandados que la desocu-pen, toda vez que siendo ellos actualmente sus dueños no pueden ser lanzados de la misma en este pleito, y nos limi-taremos a revocar el particular sobre costas declarando que cada parte debe pagar las suyas.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Ricardo Morales Barneset, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 713.

    Sometido: Marzo 1, 1928.

      Resuelto: Marzo 14, 1928.
    1. Hipotecas — Requisitos y Validez — Norma y Contenido de la Escritura de Hipoteca — Hipoteca de Varias Nincas para Garantizar un Crédito — Dis-tribución de Responsabilidad Entre las Nincas — Su Suficiencia.— Cuando constituida hipoteca sobre dos fincas la persona a cuyo favor dicha hipoteca se constituye no comparece en la escritura como parte y sólo los deudores hipotecarios distribuyen la responsabilidad de la hipoteca sobre cada finca, tal distribución no está conforme con el artículo 164 del Regla-mento Hipotecario.
    2. Hipotecas — Requisitos y Validez — Norma y Contenido de la Escritura de Hipoteca — Hipoteca de Varias Nincas para Garantizar un Crédito — Dis-tribución de Responsabilidad Entre las Nincas — Ñor Sólo el Deudor y Efecto. — Cuando la distribución de responsabilidad de una hipoteca entre las fincas hipotecadas se hace sólo por los deudores hipotecarios — únicos que comparecen en el contrato de hipoteca — es necesaria la aceptación formal de la hipoteca por el acreedor hipotecario.
    3. Hipotecas — Registro e Inscripción — Defectos Subsanables — Nincas Afec-TADAS POR LA HIPOTECA — DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD.-Constituida Mpotsea voluntaria sobre dos fincas y distribuida la responsabilidad entre éstas sólo por los deudores hipotecarios que, como únicas partes, comparecen en la escritura de hipoteca, la omisión del acreedor de aceptar formalmente la hipoteca constituye un defecto subsanable del título.
    Nota de Luis Capó Matres, R. (San Germán), denegando inscripción de un contrato de hipoteca en cuanto a un exceso no inscrito a nombre del hipotecante.

      Confirmada.

      B. A. Saliva, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitióla opinión del tribunal.

El.recurso gubernativo en este caso se refiere a parte solamente de una nota puesta por el Registrador de la Pro-piedad de San Germán, a escritura de hipoteca voluntaria constituida en 9 de enero de 1928 por Ricardo Morales Bar-neset y su esposa a favor de la sociedad “Silva & Mari.” En esta escritura, que se otorgó ante el notario don Emilio Forestier Gregory, los otorgantes Morales Barneset y su esposa, afirman ser dueños de dos fincas rústicas, que se-describen, recibiendo de la social “Silva & Mari,” que no figura para nada en la comparecencia, trescientos dólares, a título de préstamo, con interés, declarando que la deuda se consigna en un pagaré hipotecario (con ese nombre lo llaman); se obligan a la devolución de la suma prestada, sus intereses y las costas, y constituyen hipoteca voluntaria sobre las fincas; y al final de la escritura, como por adi-ción a la misma, se distribuye la responsabilidad de la hi-poteca entre las dos fincas, de por mitad.

En la nota del registrador, entre otros extremos, se hace constar la falta subsanable de no haberse aceptado la hipo-teca por la firma acreedora, y se dice que toda vez que se hace reparto de responsabilidad s entre las fincas, la acepta-ción formal de la hipoteca era necesaria. Contra este ex-tremo de la nota se interpone el presente recurso.

El registrador ha seguido el precepto del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, cuyo artículo 164 previene que los registradores no inscriban hipotecas sobre bienes diferentes afectos a la misma obligación, sin que por convenio entre las partes, o por mandato judicial, se determine previamente la responsabilidad de cada finca.

En la escritura de que se trata, la responsabili-dad de cada finca se fia establecido, aunque aparece este becbo al final, después de dar el notario fe del contrato, y abierta de nuevo la escritura para ello. Pero tal distribu-ción no aparece hecha por convenio entre las partes, ya que una de ellas, “Silva & Mari,” no comparece en la es-critura como tal parte.

La exigencia de la ley en cuanto a la distribución de responsabilidad, no es caprichosa. Es parte integrante del principio de especialidad, que es básico en el sistema. Cada finca debe aparecer con una responsabilidad definida y con-creta; lo que permite contratar acerca de ella con clara conciencia de su estado en el registro.

El artículo 164 del Reglamento no es otra cosa que la forma práctica de sanción del artículo 119 de la Ley Hipo-tecaria, que dice:

“Art. 119. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte de gravamen de que cada una deba responder.”

Y el artículo 120 de la misma ley, da la razón de esa dis-tribución de responsabilidad, que no es otra que la de que contra la finca así gravada no se pueda repetir, en perjui-cio de tercero, más que por la cantidad a que estén afectas.

El artículo 177 del Reglamento, que por el recurrente se cita, no tiene aplicación. El precepto indicado se refiere al artículo 141 de la Ley, o sea al caso de constitución de hi-poteca por un tercero, sin poder suficiente, y a su ratifica-ción por el dueño de la finca hipotecada. No podemos en-tender cómo se hace esta cita para apoyar un recurso que es innecesario, ya que el mismo precepto legal citado por el registrador da un medio tan fácil de salvar el defecto, acordando la distribución, por las partes, en documento público o en solicitud dirigida al registrador.

Debe confirmarse, y por ésta se confirma, la nota recu-rrida.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Gómez & Vega, Sucrs., demandante y apelada, v. Tiburcio Merced, demandado, y José Merced, interventor y apelante.
    No. 4086.

    Visto: Mayo 25, 1927.

    Resuelto: Marzo 16, 1928.
    1. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Procedimientos para Determinar la Reclamación — Defensas.—El que interviene en una acción reclamando como suyas mercancías embargadas, debe proceder en igual forma que lo haría en un procedimiento colateral y no puede interponer una defensa personal del demandado.
    2. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Procedimientos para Determinar la Reclamación — De la Evidencia en General — Peso de la Prueba. — Embargadas mercancías y redamadas éstas por otro como suyas, el peso de la prueba recae sobre el interventor que las reclama para demos-trar, mediante una preponderancia de prueba, que él es el dueño de loe efectos embargados; si así deja de hacerlo, él deja de probar su caso.
    8. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Procedimientos para Determinar la Reclamación — Sentencia.—Para llegar a una sentencia adversa contra un interventor que reclama como suyos bienes embargados, no es imprescindible en todos los casos que la corte resuelva que tal inter-ventor era culpable de fraude y no era así bajo los hechos de este caso.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar la demanda de intervención,, con costas y honorarios!

      Con-firmada.

      Carmelo Sonoré, abogado del interventor apelante; Adrián Agosto, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Durante la vista de este caso las cuestiones en contro-versia (issues) parecían ser confusas, aunque el juez de la corte inferior tuvo una concepción sencilla de ellas y su opinión podría ser sostenida prácticamente en su totalidad. Gómez & Vega, Sucrs. demandaron a Tiburcio Merced en cobro de provisiones vendídales. Para asegurar su recla-mación Gómez & Yega embargaron mercancías en cierto es-tablecimiento. José Merced, hermano del demandado Tibur-ció Merced, intervino, reclamando las mercancías embarga-das como snyas. La corte dijo qne José Merced no compa-reció como testigo; que José Merced obtuvo ciertas paten-tes para vender provisiones y cigarros en el número 19 de-la Calle Puerto Arturo; que según se desprendía de la prueba los efectos embargados fueron tomados de una tienda en la Calle Palma de Santurce (el establecimiento aparentemente quedaba en una esquina); que allí Tiburcio Merced estaba establecido como comerciante y que José Morced era su empleado; que se montó otro establecimiento al frente del cual estaba José, pero que aparentemente es-tuvo abierto muy poco tiempo; que el dueño de la casa de-claró que él cedió en arrendamiento el establecimiento a Ti-burcio Merced; que este último suministró los fondos para arreglar el local y que Tiburcio iba allí con frecuencia a atender el establecimiento; que poco antes del embargo, se-gún declaró la demandante, el demandado Tiburcio Merced le había hecho compras en cantidades mucho mayores de lo normal y que las mercancías que estaban en el estableci-miento eran de la procedencia de G-ómez & Vega y traían el sello de la casa; que en el momento de hacerse el embargo no hubo protesta alguna por parte de José y que no-había prueba alguna que justificara que él fuera el dueño de los artículos embargados; que el márshal, que sabía algo de los hechos, no fué llamado como testigo. Por tanto, la corte llegó a la conclusión de que el interventor no había probado su caso y que el mero hecho de tener una patente-a su nombre no establecía presunción alguna. Se dictó sen-tencia contra el interventor.

El apelante alega que cierta parte de su prueba destruyó la prueba de la demandante y que por tanto la corte cometió error. Se hacen citas de autoridades que no* nos es posible seguir. Es indudablemente cierto que un interventor debe proceder en igual forma que lo haría en un procedimiento colateral y que no puede interponer una. defensa personal del demandado, pero la cuestión aquí en-vuelta fue principalmente de hecho. Convenimos con la corte inferior en que no hubo suficiente prueba en el juicio para demostrar que los artículos embargados pertenecieran al interventor. El peso de la prueba recaía sobre el inter-ventor para demostrar mediante una clara preponderancia de la prueba que él era el dueño de los efectos embargados. En ningún momento probó cómo ni cuándo compró los ar-tículos. La prueba del interventor demostró que él tenía ciertas patentes y presentó testigos, principalmente al de-mandado, a quien pertenecía el establecimiento, pero no probó que fuera dueño de las provisiones. No hallamos que de la prueba se desprendiera claramente que José Merced fuera el dueño del establecimiento en que se embargaron los efectos y hubo suficiente prueba para indicar lo contra-rio. Aún si José Merced era el dueño del establecimiento, hecho que no ha sido probado, tal posesión quizás sólo creó una ligera presunción a su favor, pero con la prueba adu-cida en contrario, dejó de probar su caso con preponderan-cia de prueba. La corte inferior no se equivocó al decir que el hecho de que las patentes estuviesen expedidas a su nombre no establecía presunción alguna a favor de José Merced. Hemos resuelto algo similar en un caso de adul-teración de leche en que un acusado presentó una patente expedida a nombre de otra persona. El Pueblo v. Luccioni, 29 D.P.R. 49.

Bajo el segundo señalamiento de error el apelante alega que él no estaba obligado a presentar al márshal como tes-tigo, pero la corte tenía derecho a comentar la ausencia de esta declaración. Evidentemente tampoco la corte basó su conclusión sobre esta ausencia. No obstante, .el márshal pudo haber arrojado alguna luz sobre la identificación de las provisiones, hecho que no ha sido considerado como de gran importancia por el interventor.

En su tercer señalamiento el apelante alega que para llegar a la sentencia que dictó, la corte estaba obli-gada a resolver que el interventor era culpable de fraude. La corte no llegó a tal conclusión, sino que resolvió que el interventor babía dejado de probar su caso.

Si bien tal cosa no era necesaria, dudamos que hubiése-mos alterado tal conclusión si la corte inferior hubiera re-suelto que se había cometido un fraude. El mismo apelante insiste en el hecho de que él nunca compró efectos algunos a la demandante. Grómez & Vega vendió provisiones a Ti-burcio y la prueba demostró que algunos, si no todos, los efectos embargados procedían • del establecimiento de la de-mandante. El demandado y el interventor son hermanos, y mercancías que recientemente pertenecían a uno son recla-madas por el otro sin que se demuestre que mediara precio alguno para hacerse el traspaso. Hubo también alguna prueba tendente a demostrar que ambos hermanos hacían negocios en el establecimiento. La transacción tenía todas las características de un fraude, aunque puede que ése no fuera el caso y la corte inferior no resolvió tal cosa.

Sin embargo, tenemos idea, bajo las circunstancias del presente caso, en que las relaciones fraternales están tan enredadas, que José Merced estaría impedido (estopped) de poder negar que las provisiones pertenecían a su her-mano Tibureio. Nadie puede ir contra sus propios actos.

Debe confirmarse le sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Luis A. Corretjer, demandante y apelado, v. Ana Isabel Martín López, demandada y apelante.
    No. 4329.

    Visto: Marzo 13, 1928.

      Resuelto: Marzo 16, 1928.
    Divorcio — Jurisdicción, Procedimientos y Remedios — Evidencia—Su Suficien-cia — Acciones por Trato Cruel. — Una prueba que demuestra que en una ocasión la esposa, sin motivo fundado para ello, públicamente — en un hotel— insultó a su esposo, y que en otra le pegó a él en la cara así como a su suegra y que fué tan magno el escándalo producido por sus gritos e insultos quq se aglomeró, frente a la casa en que vivían, muchos vecinos y tran-seúntes, es suficiente para sostener una acción de divorcio fundado en trato cruel e injurias graves.

      SeNtencta de Luis Samalea, J. (Arecibo), declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda, sin costas.

      Confirmada.

      E. Martínez Aviles, abogado de la apelante; C. de Cacho, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia que motiva esta apelación decretó el divor-cio entre las partes de este pleito, que solicitó el marido fun-dándose en trato cruel e injurias graves de su esposa y que declaró sin lugar la contrademanda de ella basada en aban-dono.

Los dos motivos alegados por la esposa para sostener ■su apelación se fundan en la apreciación de la prueba Le-cha por la corte sentenciadora pues, dicen que cometió error al apreciarla y concluir que el demandante había probado su caso y al declarar sin lugar la contrademanda.

La evidencia fué contradictoria pues el apelado y varios testigos que presentó declararon sobre trato cruel e injurias graves hechas por la apelante a su marido, limitándose la prueba de ella, consistente en su sola declaración, a negar lo declarado por los testigos del apelado; y la prueba de este caso es bastante para haber declarado con lugar la de-manda y sin lugar la contrademanda porque de ella resulta claramente que la esposa sin motivo fundado, por triviali-dades, y en muchas ocasiones, una de ellas en un hotel y ante varias personas insultó a gritos a su marido llamán-dole “negro, sinvergüenza, grifo, canalla, borrachón,” lle-gando en una de esas ocasiones a pegarle en la cara y tam-bién a la madre de éste, que cayó al suelo, siendo de tai magnitud el último de estos escándalos producido por ella que por sus gritos e insultos se aglomeraron frente a la casa que ellos vivían muchos vecinos y transeúntes y du-rando hasta que algunas horas después llegó uno de sus fa-miliares que vivía fuera de la. población y fué avisado de lo que ocurría y se la llevó a su casa, siendo éste el motivo de estar separados los consortes desde entonces, hace más de un año.

En vista de esa prueba debemos confirmar la sentencia apelada.


text:
    Ramón González Fernández, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 711.

    Sometido: Marzo 2, 1928.

      Resuelto: Marzo 16, 1928.
    1. Menores — Contratos—Capacidad para Ello. — Emancipado un menor a los efectos de la administración de sus bienes, dicho menor no puede cancelar una hipoteca constituida a su favor sin el consentimiento de su representante legal.
    2. Hipotecas — Pago o Cumplimiento de Condición, Cancelación y Carta de Pago — Cancelación—Inscripción—Cancelación Verificada por un Me-nor — Palta de Consentimiento del Representante Legal.' — Una cancela-ción de hipoteca efectuada sin el consentimiento del representante legal de un menor emancipado a los efectos de la administración de sus bienes, no es inscribible.
    3. Menores — Contratos—Capacidad para Ello. — La cancelación de uñar hipo-teca está incluida en la limitación de enajenar — venta—sin el consentimiento del representante legal a que se contrae el artículo 307 del Código Civil.
    Nota de Augtisto Malaret, R. (San Juan, Sección Primera), dene-gando inscripción de una escritura de cancelación de hipoteca.

      Confirmada.

      Daniel Pellón, Jr., abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

' Doña Felicita Alvarez G-arcía, menor de edad emanci-pada por concesión de su madre después de la muerte del padre, otorgó escritura pública de cancelación de hipoteca de un crédito hipotecario que le fué adjudicado en la parti-ción de bienes de su padre, pero el registrador de la pro-piedad se negó a inscribir esa cancelación de hipoteca en sus libros por no haber sido hecha con el consentimiento del representante legal de la menor. Contra esta resolu-ción interpuso el deudor hipotecario don Ramón González Fernández el presente recurso gubernativo para que la re-voquemos y ordenemos la inscripción.

El registrador recurrido cita en su alegato para apoyar su negativa nuestras decisiones en los casos de Benítez Hermanos v. El Registrador, 17 D.P.R. 234; García v. Garzot, 18 D.P.R. 866; Gómez v. El Registrador, y Loubriel v. El Registrador, 26 D.P.R. 253 y 728. En el caso de García v. Garzot, supra, se trataba de la validez de una cancelación de hipoteca otorgada por un menor de edad emancipado por matrimonio y dijimos que como la cancelación de una hipo-teca es un acto de enajenación el menor no pudo otorgar la cancelación sin el consentimiento de su representante legal; y en los otros casos citados se trataba de cancelacio-nes de hipotecas hechas por apoderados y declaramos que como tales cancelaciones entrañan la enajenación de un de-recho real se necesitaba para ellas poder expreso. En uno de ellos, en el de Benítez Hermanos, fue citada la resolución de los registros de España de 22 de septiembre de 1879 se-gún la cual los actos o contratos por los que se extingan o cancelen derechos reales inscritos importan tanto como una verdadera enajenación; habiendo hecho referencia en el de García v. Garzot al artículo 335, No. 10, del Código Civil, que clasifica los derechos reales como bienes inmuebles.

No obstante esas decisiones, insiste el recurrente en que el menor emancipado no necesita consentimiento de su representante legal para cancelar hipotecas, porque las tínicas limitaciones impuestas por el artículo 307 del Código Civil a los menores de edad emancipados son las de contraer promesa u obligación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año, las de gravar y vender bienes inmuebles suyos y comparecer en juicio sin consentimiento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y, en su caso, sin el de su tutor; por lo que dice que no estando comprendida entre esas limitaciones la de cancelar hipotecas no puede ser ésta incluida entre dichas limitaciones toda vez que los estatutos prohibitivos deben ser interpre-tados restrictivamente, y cita en apoyo de su contención las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 15 de marzo de 1902 y de 3 de junio de 1890 así como al tratadista Sr. BarracMna en su obra sobre de-recho hipotecario, quien se apoya en la resolución citada de 3 de junio de 1890.

En esa resolución de 1890 no se trataba de cancelación de hipoteca hecha por menor emancipado sin el consenti-miento de su representante legal sino de venta hecha por dos mujeres casadas menores de edad y emancipadas por matrimonio, pero que fue otorgada por ellas con el consen-timiento de su madre, habiendo sido la cuestión suscitada por el registrador que ellas necesitaban también el consenti-miento de sus respectivos esposos y que el artículo 317 del Código Civil español, que es equivalente a nuestro 307 del Código Civil a que hemos hecho referencia, se refiere a la emancipación voluntaria y solamente a los varones, habién-dose decidido en esa resolución que no distinguiendo la ley en la emancipación entre varones y mujeres, no cabía hacer la distinción propuesta por el registrador, por lo que tal resolución no aporta luz alguna a la materia que estamos considerando. La otra resolución de 1902 sí resuelve la cuestión en los mismos términos que ahora alega el recu-rrente, pero debemos decir que la misma Dirección de los Registros dijo lo contrario en 22 de septiembre de 1879, que hemos citado en el caso de Benítez Hermanos, supra.

El fundamento principal del recurrente es que siendo la limitación de la ley para las ventas no debe agregarse la limitación de cancelación de hipotecas, pero es que nosotros no agregamos una nueva limitación a la ley sino que he-mos declarado que tal cancelación está incluida en la limitación de enajenar sin el consentimiento del representante legal, porque una cancelación equivale a una enajenación de un derecho real; y si bien el artículo 307 no emplea la palabra “enajenación” sino la de “venta”, ambas palabras han sido usadas como sinónimas en esta materia por el le-gislador, puesto que en su artículo 309 tratando de la eman-cipación por matrimonio dice que el menor así emancipado no podrá enajenar sin el consentimiento de su representante legal.

En vista de lo expuesto sostenemos nuestro criterio so-bre el particular discutido y declaramos que el registrador, procedió correctamente al negarse a inscribir fundándose en nuestras decisiones citadas, por lo que la nota recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Graciani, acusado y apelante.
    No. 3371.

    Visto: Marzo 14, 1928.

      Resuelto: Marzo 16, 1928.
    Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones So-bre las Pruebas — Apreciación de las Mismas — Prueba Contradictoria — Cuando se alega manifiesto error en la apreciación de las pruebas y ésta es contradictoria, el Supremo no intervendrá en la apreciación hecha por el .juez inferior si no se demuestra que dieho juez actuó con prejuicio o in-fluido por pasión o parcialidad o manifiesto error; y menos cuando ella es suficiente para sostener la culpabilidad del acusado.
    Sentencia de Tomás Bernardini de la Huerta, Juez Sustituto, (Gua-yama), condenando al acusado por delito de Portar Armas.

      Con-firmada.

      A. Porrata Doria y Luis Villaronga, abogados del apelante; José E. Higueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Graciani fué acusado ante la Corte de Distrito de Guayama por el delito de portar armas, consistente en que el 12 de julio de 1927, en Barranquitas, Puerto Rico, ilegal y voluntariamente llevaba y conducía un revólver, arma con que puede causarse daño corporal.

El acusado hizo la alegación de “inocente.”

La prueba, en el juicio, fué contradictoria. De una parte los testigos Jesús Rivera, Otilio Vázquez, Clemente Cruz, Juan Valentín Colón y Conrada Colón, declararon que el acusado sacó un revólver y amenazó con él a Jesús Rivera, y que el revólver lo sacó del automóvil en que iba con otro. De otra parte los testigos Juan Maldonado, José Pa-gán, Emilia Colón, declararon que Jesús Rivera quiso ata-car a Graeiani con un tubo de hierro del automóvil y Cle-mente Cruz y Otilio Vázquez también amenazaron a Gra-ciani: que entre éste y los citados Jesús Rivera, Otilio Váz-quez y Clemente Cruz existían disgustos por razón de cier-tas denuncias; y que no vieron que Graeiani sacara revól-ver alguno. El registro del automóvil por el Jefe de la Policía de Barranquitas Sr. Martínez, que fué testigo en el caso, no dió resultado en cuanto a encontrar el revólver.

La corte resolvió el conflicto de la evidencia en favor de El Pueblo y condenó al acusado Graeiani a un mes de cárcel. Contra esta sentencia dictada, según aparece del escrito de apelación, el 15 de septiembre de 1927, se ba in-terpuesto el presente recurso.

Se alega como error de la corte sentenciadora indebida apreciación de la prueba, por manifiesto error.

La parte apelante examina hábilmente la prueba presen-tada y sobre ese examen funda su apreciación y establece la deducción de error.

Este tribunal ha decidido en gran número de casos que en la apreciación de la prueba no ha de intervenir, a menos que se alegue y demuestre que el juez inferior actuara con prejuicio o influido por pasión o parcialidad, o manifiesto error en la apreciación de la prueba. Examinada ésta, en-tendemos que ella • es suficiente para fundar la declaración de culpable del acusado, ya que no son sólo los testigos a quienes el acusado tachó de parcialidad los que le imputan haber sacado del automóvil un revólver, sino que hay otro testimonio intachable en el mismo sentido.

No podemos convenir en la existencia del error señalado.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    Telésforo Sanabria, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 712.

    Sometido: Marzo 1, 1928.

      Resuelto: Marzo 16, 1928.
    1. Hipotecas — Registro e Inscripción — Fincas Afectadas por la Hipoteca— Distribución de Responsabilidad — Distribución Hecha por Sólo el Deu-dor y Efecto. — Guando existe una sola hipoteca y varias fincas afectadas por ella, la omisión del acreedor de aceptar en forma legal la escritura de hipoteca — cuando él no comparece en ella — -constituye un defecto subsanable del título.

      2. Hipotecas — Requisitos y Yalidez — Forma y Contenido de la Escritura de Hipoteca — Hipoteca de Varias Fincas para Garantizar un Crédito — Dis-tribución de Responsabilidad Entre las Fincas — Por Sólo el Deudor y Efecto. — Cuando una persona constituye hipoteca sobre varias fincas y dis-tribuye la responsabilidad entre éstas sin haber intervenido el acreedor hipo-tecario como parte en la escritura, es indispensable la aceptación formal de ésta por el acreedor.
    Nota de Luis Capó Maires, E. (San Germán), denegando inscripción de nn contrato de hipoteca.

      Confirmada.

      B. A. Saliva, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Telésforo Sanabria, dueño de dos fincas rústicas en Ma-' jagiiez y San Germán, constituyó sobre esas fincas hipoteca voluntaria, para responder a Juan Mari Ramos de un prés-tamo de 435 dólares, con interés al uno por ciento mensual, y además por cien dólares para costas, en caso de ejecución judicial. Esta hipoteca se constituyó por escritura pública otorgada en Mayagtiez a 31 de diciembre de 1927. En esa escritura no compareció el acreedor Juan Mari Eamos, y en cuanto al préstamo no hay consignado nada que no sea la manifestación de Telésforo Sanabria; lo mismo ocurre en cuanto a la distribución de responsabilidad hipotecaria en-tre las fincas.

Presentada al registro la primera copia de dicha escri-tura, el Eegistrador de la Propiedad de San Germán en su nota declaró el defecto subsanable de no haberse aceptado en forma legal la escritura, siendo indispensable la acepta-ción cuando se trata de varias fincas, y se distribuye entre ellas la responsabilidad hipotecaria. Contra esta nota se ha presentado el recurso gubernativo que resolvemos.

El artículo 119 de la Ley Hipotecaria es claro y concreto. Por él se ordena que, cuando se hipotequen dos o más fincas a la vez por un solo crédito se determine la parte de gravamen que a cada una corresponde. Esta es la regla,' con la única excepción de que habla la enmienda que, por adición, se hizo a dicho artículo en ley de 1923, o sea el caso de que esas hipotecas se constituyan en garantía de préstamo para fines agrícolas, y amortizable por pagos a plazos anuales: éste no es el caso de la escritura de que se trata.

El artículo 164 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria ordena a los registradores no inscribir nin-guna hipoteca sobre bienes diferentes afectos a una misma obligación sin que por convenio entre las partes, o por or-den judicial, se determine previamente la cantidad de que cada finca debe responder.

En este caso hay una sola obligación y varias fincas afec-tadas por la hipoteca; no aparece convenio previo entre las partes en cuanto a la determinación de la responsabilidad de cada finca; y el registrador no puede hacer la inscrip-ción, si ha de seguir, como debe hacerlo, lo mandado por el artículo 164 del Reglamento.

La nota del Registrador de la Propiedad de San Her-mán, a que se refiere el presente recurso, debe ser confir-mada.