text:
    Enrique Ponsa Parés, peticionario y apelado, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, Leslie A. Mac Leod, R. Sancho Bonet y B. Fernández García, Auditor, Tesorero y Procurador General de Puerto Rico, respectivamente, demandados y apelantes.
    Núm. 7491.

    Sometido: Marzo 15, 1937.

      Resuelto: Marzo 19, 1937.

      Hon. Procurador General B. Fernández García j Emilio ele Aldrey, Subprocurador, abogados de los apelantes; F. Ponsa Feliú, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En sus aspectos principales este caso debe seguir el principio sentado en el de Durand v. Sancho Bonet, 50 D.P.R. 940. En otras palabras, cuando el sueldo de un funcionario es fijado por una ley especial por un término dado, la cuantía del sueldo así fijado no puede ser alterada durante su incumbencia.

El apelado Ponsa Parés fué nombrado Fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón el 29 de julio de 1930 a tenor de las disposiciones de la Ley núm. 57 del mismo año. Dicha lev fijaba su sueldo anual en $3,850 y el término del cargo en cuatro años. En 1932 se le Fizo una rebaja de $385 y en 1934 se le liizo otra rebaja adicional de $173.25. Fué nombrado por un nuevo término el 13 de julio de 1935. En 5 de septiembre de 1936 radicó una .petición ante la Corte de Distrito de San Juan solicitando una sentencia que declarara que las rebajas anteriores eran nulas. Bajo principios similares a los del caso de Durand, supra, la corte inferior resolvió que el referido fiscal tenía derecho a tal sentencia declaratoria y convenimos en ello.

La corte de distrito, conforme hemos visto, resolvió que todas las rebajas, tanto las anteriores como las que continua-ban en vigor lnego de sn renominación y aceptación del cargo al sueldo rebajado, eran ilegales. ■ Sobre este punto abriga-mos una seria duda y la moción del apelado para desestimar el recwrso por frívolo dehe ser declarada sin lugar.


source: Caselaw Access Project

author: Ei; Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    Prudencio Caraballo, lesionado; Central Aguirre Sugar Co., patrono; Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado; La Comisión Industrial, integrada por los Comisionados Manuel León Parra, Juan M. Herrero y F. Paz Granela; Teodora Caraballo, peticionaria, recurrente y apelante.
    Núm. 9.

    Sometido: Marzo 17, 1937.

      Resuelto: Marzo 19, 1937.

      Fernando Beiró Rovira, abogado de la recurrente.
   Ei; Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Prudencio Caraballo y Andrés Vázquez estaban repa-rando un muelle. Cuando Vázquez pasaba bajo el muelle en una balsa una ráfaga de viento le arrastró a cierta distancia del mismo. Hizo señales de auxilio y Caraballo fué en su ayuda en un bote de vela. Caraballo recogió a Vázquez de la balsa y trató de regresar en el bote. Sin embargo, el viento aumentó su intensidad y ninguno de ellos fué vuelto a ver con vida. El cadáver de Vázquez fué bailado dos días más tarde. El de Caraballo jamás.

Teodora Caraballo, hermana y madre de crianza de Caraballo, solicitó compensación bajo la Ley de Indemnizaciones a Obreros. El Director del Pondo del Estado declaró sin lugar su petición por falta de prueba de que ella dependía de Caraballo para su sostenimiento e igualmente por falta.de prueba suficiente respecto a la muerte de Caraballo. La Comisión Industrial, al apelarse la decisión del Director del Pondo del Estado, resolvió que en armonía con las disposiciones del artículo 56 del Código Civil no incumbía a la comisión, sino a la corte de distrito, determinar la cuestión de la muerte. En vista de la conclusión a que así se llegó, la comisión no creyó necesario resolver, ni resolvió, la cuestión relativa a la supuesta dependencia de Caraballo para su sostenimiento. El artículo 56 del Código Civil lee así:

“Pasados quince años desde el día en que fuere concedida la posesión provisional de los bienes del ausente, o desde el día en que el marido o la mujer se hubiese hecho cargo de la administración de los bienes del cónyuge ausente con arreglo a lo anteriormente dis-puesto, o pasados noventa años desde el nacimiento del ausente, la corte de distrito, a instancia de parte interesada, declarará la pre-sunción de muerte.”

La peticionaria ahora acufie en solicitud de un auto de revisión. Empero este tribunal ha résuelto que no revisará ■la, decisión de la Comisión Industrial" á 'menos que ésta haya tenido la oportunidad de reconsiderar sus resoluciones y de corregir cualquier error de derecho. En su consecuencia, no libraremos el auto por abora. Véase Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10.

No obstante, podemos indicar que la Comisión Industrial es un cuerpo cua,si-judicial con plena facultad para resolver todas las cuestiones de derecho y de becbo que sean llevadas ante ella debidamente. El artículo 56 del Código Civil debe ser interpretado a la luz de su contexto. Este no es un caso de mera ausencia. Es un caso de evidencia circunstancial y la desaparición de Caraballo debe ser considerada a la luz de •todas las circunstancias que rodean el caso, las que junto a su desaparición, tienden persuasivamente a la conclusión de que él bailó su muerte el día en que desapareció. Véanse Lesser v. New York Life Insurance Co., 200 P. 22 y Matter of Miller, 67 Mise. 660.

Bebe declararse sin lugar la petición.


author: El Juez Asociado Sewob Hutchison

text:
    Andrés Delgado Berríos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 985.

    Sometido: Marzo 10, 1937.

      Resuelto: Marzo 19, 1937.

      Willis A. Ramos Vázqiiez, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sewob Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Ernesto Collazo Rodríguez y su esposa vendieron en diciembre 8 de 1936 cierta casa y solar por la suma de mil dólares y junto con ellos su derecho de hogar seguro en dicha propiedad por la suma de quinientos dólares. El Registrador se negó a inscribir la escritura por falta de autorización jurisdiccional, toda vez que la finca se hallaba inscrita como el hogar seguro de los vendedores y de sus hijos menores de edad.

En una escritura notarial fechada 20 de mayo de 1935 Collazo y su esposa hicieron constar que habían establecido su residencia y la de sus hijos en dicha casa y que la habían convertido en el hogar seguro de ellos y “en beneficio de los hijos habidos en el matrimonio.” Expresaron su deseo de que a la muerte de cualquiera de ellos el derecho de hogar seguro quedara a beneficio del cónyuge superviviente y des-pués de la muerte de ambos quedara dicho derecho a benefi-cio de sus hijos. En la misma escritura solicitaban se inscri-biera la propiedad como el hogar seguro de ellos y de sus hijos, “a tenor de lo dispuesto en los artículos 541 y siguien-tes del Código Civil.”

La sección 1 de la Ley de Hogar Seguro, que figura ahora como el artículo 541 del Código Civil, edición de 1930, provee:

“Todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de hogar seguro, hasta el valor de quinientos dólares, en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia. ...”

La sección 2 (artículo 542 del Código Civil, edición de 1930) dispone:

“Dicha exención continuará después de la muerte del jefe de familia, a beneficio del esposo o esposa superviviente, mientras él o ella continúe ocupando dicho hogar seguro, y después de la muerte de ambos, esto es, del esposo y de la esposa, a beneficio de sus hijos, hasta que el menor de éstos haya llegado a la edad de veinte y un años. ...”

En vida de los padres los Rijos no tienen interés (estate) alguno en la finca. El contexto de la escritura milita fuerte-mente contra la existencia de una intención de transferir o de conferir a los Rijos semejante interés. La solicitud de que se inscribiera la finca como el Rogar seguro de los padres y de sus Rijos “a tenor de lo dispuesto en los artículos 541 y siguientes del Código Civil,” no confirió a estos últimos mayor dereclro, título o interés que el conferídoles por la ley. La inscripción de la propiedad de conformidad con tal soli-citud, no operaba como una carga contra el título.

Nuestra Ley de Hogar Seguro difiere de la de California y de la de otros Estados. Los casos de Illinois citados por el registrador no van tan lejos como desea él que vayamos. Éstos son: Zachmann v. Zachmann, 201 Ill. Rep. 380; Mc Gee v. McGee, 91 Ill. 548; Best v. Jenks, 123 Ill. 447; In Re Brown, 204 Ill. A. 596 y Gaunt v. Stevens, 241 Ill. 542, 89 N.E. 812. Véase también 13 R.C.L. 622, sección 82; 56 L. R.A. 33; Brown v. Coon, 36 Ill. 243, 85 Am. Dec. 402.

Cualquier cuestión relativa a una enmienda compete a la Legislatura, mas no a los tribunales.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Bigio Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 5905.

    Sometido: Febrero 4, 1936.

      Resuelto: Marzo 19, 1937.

      Martínez'Nadal & Navarro Ortiz, abogados del apelante; R. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Pablo Bigio Rodríguez fué declarado culpable de desacato por los tres jjieces de la Corte de Distrito de San Juan, cons-tituidos “in bank”.

Bigio, con su conducta contumaz como miembro del jurado \en una causa criminal, babía impedido un veredicto conde-natorio. La médula de la acusación era que valiéndose de engaño, ocultación y falsas manifestaciones en respuesta a preguntas formuládasle como jurado antes de tomársele el juramento definitivo, liabía logrado formar parte del jurado con el deliberado propósito de obstruir la causa de la justicia. Para mayores detalles, véase Bigio v. Corte de Distrito de San Juan, 46 D.P.R. 448.

Existe sólo un señalamiento de error en debida forma. Es al efecto de que la corte de distrito cometió error al apreciar la prueba. Hemos examinado cuidadosamente la evidencia a la luz de la argumentación del apelante y no bailamos tan manifiesto error en la apreciación de la misma que exija la revocación.

En el alegato del apelante, luego de hacerse una discusión de la prueba bajo el encabezamiento “cuestiones de hecho” aparece otro epígrafe “errores de derecho”. Aquí encontramos, aunque no expuestas separadamente, un número de especificaciones: una es que la corte de distrito cometió error al permitir al testigo Jorge Bird que declarara, con la objeción y excepción del acusado, sobre conversaciones de éste en los recesos del jurado o cuando estaban almorzando en el hotel, porque el cargo específico en la querella es que tales manifestaciones se hicieron en el cuarto de deliberaciones. Otra es que la corte cometió error al permitir que el fiscal preguntara al mismo testigo, sobre la objeción y excepción del acusado, respecto a la actitud de éste y acerca dé las manifestaciones hechas por él en el cuarto de deliberaciones. La tercera, que la corte de distrito cometió error al permitir al testigo Esquilín que declarara en torno a las conversaciones celebradas' por él y el acusado en el dormitorio de un hotel, primero, porque el- jurado no estaba deliberando en aquel momento, y segundo, conforme ya se ha indicado, porque en la acusación no existe cargo alguno sobre manifestaciones del acusado en el cuarto-dormitorio del hotel. La cuarta, que la corte de distrito cometió error al permitir ¿ este testigo que declarara sobre los comentarios hechos' por él en cuanto a la actitud del acusado, porque esos comentarios no fueron hechos por él ni estaban especificados en la acusación. La quinta, que la corte erró al permitir al jurado ■José Somohano que declarara sobre manifestaciones hechas por el acusado en el restaurante en momentos en que no es-taba el jurado deliberando, por los mismos motivos legales ex-puestos en relación con las anteriores cuestiones de derecho. La sexta, que la corte cometió error al declarar sin lugar una moción de absolución perentoria o nonsuit después de practi-cada la prueba del fiscal, por no sostener dicha prueba las alegaciones de la querella ni demostrar propósito alguno por parte del acusado de engañar a-la corte, bajo juramento, ni tampoco conducta violenta, desordenada, irrespetuosa, desde-ñosa o desobediente hacia la corte, de la cual formaba parte como juez de hecho.

La acusación no imputa que las manifestaciones atribui-das a Bigio por los testigos Bird, Esquilín y Somohano fue-ran hechas en el cuarto de deliberaciones del jurado. El contexto de la acusación es: “en el curso de las deliberacio-nes.” La acusación pudo haber sido más específica, pero si el acusado deseaba ulteriores detalles acerca del tiempo y del sitio de las conversaciones en cuestión, debió haber solicitado un pliego de particulares. No se sugirió, ni en la corte inferior ni en el alegato del apelante, que hubiera habido sor-presa. Nada hay que demuestre que el acusado fué inducido a error en forma alguna por la acusación. La incongruencia no fué fatal.

Comentando el segundo grupo de supuestos errores, la contención del apelante es que no debe permitirse a ningún miembro del jurado que declare sobre lo ocurrido en el cuarto de deliberaciones. Esta cuestión fué discutida y resuelta 'en el caso de Bigio v. Corte de Distrito, supra. La corte de distrito, en una relación del caso y sentencia, dijo que había declarado sin lugar ciertas objeciones porque a su juicio El Pueblo había establecido un caso prima facie suficiente para justificar a la corte a admitir prueba respecto a lo ocurrido durante las deliberaciones del jurado. El apelante no discute la suficiencia del caso presentado por el fiscal antes de que se permitiera al testigo Bird o a cualquier otro testigo que declarara en torno a lo ocurrido en el cuarto de deliberaciones. En realidad, si el fiscal venció la objeción presentada por el acusado a las preguntas hechas por el pri-mero mientras Bird ocupaba la silla testifical sobre lo ocu-rrido en el cuarto de deliberaciones, ello ha escapado a nues-tra atención.

Técnicamente, la cuestión planteada por la moción de nonsuit desapareció al presentarse la prueba del acusado. Existe siempre la posibilidad de que cualquier deficiencia en la prueba de cargo pueda haber sido subsanada por la de la defensa. En su consecuencia, una vez terminado el juicio, si el acusado ha presentado prueba, la cuestión surge respecto a la suficiencia de la prueba en su totalidad. Sin embargo, si apareciera claramente que la moción de nonsuit debió haberse declarado con lugar y si apareciera además que el acusado no había subsanado la deficiencia con. su propia prueba, no estaríamos dispuestos a confirmar la sentencia apelada por motivos técnicos.

En este caso el apelante discutió la prueba en su totali-dad en su argumentación bajo el primer señalamiento, supra, y a este aspecto del caso le impartimos debida consideráción al examinar la prueba. Aunque hay margen para argumen-tación sobre la existencia o inexistencia de duda razonable, no estamos preparados para revocar la sentencia solemne de los tres jueces que presidieron el juicio y que apreciaron la suficiencia de la prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Górbova Dávila

text:
    Segundo Costa, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Núm. 988.

    Sometido: Marzo 11, 1937.

      Resuelto: Marzo 19, 1937.
   El Juez Asociado Señor Górbova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Es éste un recurso elevado a este Tribunal Supremo de acuerdo con los artículos primero y segundo de la ley apro-bada en primero de marzo de 1902 (Leyes de 1902, pág. 313) sobre recursos gubernativos (Comp. 2180-2190).

Mario Fuentes Morales, en su carácter de alcalde y jefe ejecutivo del municipio de Humacao, hace constar que dicho municipio es dueño de una finca rústica de diez y siete cuer-das aproximadamente que se describe en la escritura; que el municipio de Humacao ha urbanizado la referida finca tra-zando sus calles y dividiéndola en 109 solares, según el plano de urbanización aprobado por los Departamentos de Sanidad e Interior, y que en virtud de ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal de Humacao el alcalde del municipio fué autorizado para dar y ceder en usufructo los referidos sola-res a aquellas personas que fueran acreedoras a ello a fin de que pudieran construir en los mismos; que de acuerdo con la referida ordenanza, en su carácter de alcalde y jefe ejecu-tivo del municipio de Humacao cede y da a don Segundo Costa en usufructo perpetuo, graciosamente y sujeto a cier-tas condiciones, el solar,que se describe en la escritura; que el usufructuario tendrá la obligación de edificar sobre dicho solar dentro de un plazo no mayor de cinco años a contar desde la fecha en que queden terminadas y afirmadas debi-damente las calles que han de ser trazadas en dicha urbani-zación.y previa aprobación de los planos de construcción por el Departamento de Sanidad Insular.

Presentado el referido documento para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Humacao, el registrador se negó a inscribirlo alegando en apoyo de su actuación los fun-damentos que a continuación se expresan:

‘ ‘ Que el señor alcalde de Humacao carece de capacidad para otor-gar concesiones de solares para construir casas, pues esta facultad la concede específicamente la vigente ley municipal a la Asamblea me-diante el procedimiento fijado en su artículo setenta, no pudiendo ésta por ordenanza delegar en el alcalde tales poderes,- que el derecho que se concede al señor Segundo Costa dándole un término de cinco años para edificar el solar en cuestión es contrario a la letra y &> píritu de dicbo artículo por cuanto éste en su párrafo tercero dis-pone que ‘no se tomará en consideración solicitud alguna si el peti-cionario no la acompaña de los planos y presupuesto del edificio que se haya de construir de modo que la Asamblea pueda darse cuenta de la obra al acordar la concesión’, requisito que no consta haberse cumplido en este caso; y porque de otro modo habría que conside-rar el usufructo concedido como un gravamen impuesto sobre.pro-piedad inmueble municipal, en cuyo caso quedaría sujeto a las pres-cripciones del artículo 38 de la referida ley municipal vigente en re-lación con el inciso cinco del artículo 8 de la misma, prescripciones que tampoco aparecen cumplidas en este caso.”

Es verdad que según ordenanza aprobada por la munici-palidad de Humacao en 15 de octubre de 1936 la finca rústica mencionada ha sido urbanizada, “habiéndose aprobado debi-damente los correspondientes planos de urbanización por los Departamentos de Sanidad e Interior de Puerto Rico. Dicha ■propiedad ha sido dividida en solares, estando cada uno de ellos numerado de acuerdo con el referido plano de urbani-zación, en. el cual se han trazado los proyectos de calles.” En la referida ordenanza se autoriza al alcalde para conce,-der y dar en usufructo a perpetuidad a las personas que así lo solicitaren y que a su juicio se les deba conceder y sean acree-doras a ello, los solares radicados en la propiedad que ha sido urbanizada para barriada obrera. La persona a cuyo favor conceda el alcalde el usufructo de uno de dichos sola-res, tendrá la obligación de construir en el mismo, dentro de un plazo no mayor de cinco años a contar desde la fecha en que queden terminadas y afirmadas debidamente las calles que, han de ser trazadas en dicha urbanización, previa apro-bación de los planos de construcción correspondientes por el Departamento de Sanidad Insular. Estas son las disposicio-nes sustanciales de. la ordenanza que sirvió de base a la con-cesión del usufructo en el caso objeto de este recurso.

El artículo 70 de la vigente Ley Municipal (núm. 53 de 1928, pág. 335) citado por el registrador dice, en lo perti-nente, así:

“La Asamblea Municipal podrá, a petición, conceder solares a perpetuidad, pata construcción de casas en los mismos, en las con-diciones que fije aquélla en ordenanza aprobada al efecto . . .
“Las Asambleas Municipales deberán especificar en las concesio-nes que otorgaren los derechos respectivos del cedente y del cesiona-rio o sus sucesores respecto a la propiedad de los edificios, su recons-trucción, en los casos en que fueren destruidos o deteriorados.
“La cesión se hará necesariamente mediante ordenanza o resolu-ción adoptada por la mayoría del número total de miembros de que se componga la Asamblea; siendo entendido que no se tomará en consideración solicitud alguna si el peticionario no la acompaña con los planos y presupuesto para el edificio que se haya de construir, sobre el solar solicitado, de modo que la Asamblea pueda darse cuenta de la obra al acordar la concesión.”

Arguye el registrador que el alcalde carece de poder para hacer la mencionada concesión, por ser ésta una facultad es-pecífica de la asamblea municipal, que no puede ser delegada en ningún otro funcionario del municipio. Nos parece acer-tada la conclusión del registrador. La asamblea municipal puede delegar en el alcalde funciones de orden ministerial o administrativo, pero no aquéllas de carácter discrecional.

Dice McQuillin -en su obra “Municipal Corporations”, tomo primero, páginas 996-997: ministeriales son aquéllas de carácter absoluto, fijo y cierto, en cuyo cumplimiento la junta o funcionario no ejerce discreción alguna.’

“Aunque los poderes o facultades legislativos o discrecionales con-cedidos por una franquicia o ley a un concejo o cuerpo gubernamen-tal o a determinada junta o funcionario no puede delegarse a otros ha sido igualmente bien establecido que las funciones ministeriales o administrativas pueden ser delegadas a subordinados. ‘Funciones
“La ley siempre ha reconocido y dado énfasis a la distinción exis-tente entre aquellas ocasiones en que ha de ejercerse discreción por el funcionario, departamento o cuerpo gubernamental a quien se concede la discreción, y el desempeño de deberes puramente ministeriales por parte de subordinados y mandatarios. En su consecuencia, la designación de agentes para que ejerzan la autoridad del concejo es de todo punto procedente, y no 'viola la regla delegatus non potest delegare. Así pues, el concejo puede crear comités u otros cuerpos para que investiguen determinados asuntos, obtengan información, rindan informes y recomendaciones, mas el concejo por sí solo debe finalmente determinar toda cuestión sometida a su discreción o dis-cernimiento. ’ ’

El artículo 70 anteriormente transcrito dice que la cesión se hará necesariamente mediante ordenanzas, siendo enten-dido que no se tomará en consideración solicitud alguna si el peticionario no la acompaña con los planos y presupuesto para el edificio que se haya de construir sobre el solar soli-citado, de modo que la Asamblea pueda darse cuenta de la obra al acordar la concesión. Los planos de construcción y el presupuesto de la obra que se proyecta construir deben estar a disposición de la asamblea para que pueda exami-narlos y darse cuenta de la obra al adoptar su acuerdo. No basta que hayan sido aprobados los planos correspondientes de urbanización general por los Departamentos de Sanidad e Interior de Puerto Rico y que la propiedad haya sido divi-dida en solares. Es necesario que el solicitante someta en cada caso su plano de construcción a la asamblea municipal con el presupuesto de la obra, cada vez que se va a hacer una concesión, a fin de que queden cumplidos los requisitos de ley. Son éstas facultades concedidas expresamente a la asam-blea municipal que no pueden ser delegadas en el jefe eje-cutivo del municipio.

Debe confirmarse la nota del registrador.


author: El Juez Asociado Señoe Oóedova Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Áureo Ocasio Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 6579.

    Sometido: Marzo 16, 1937.

      Resuelto: Marzo 30, 1937.

      Ismael Soldevila, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Oóedova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Áureo Ocasio Rivera, declarado culpable de nn delito de adulterio en 17 de diciembre de 1936, y condenado a sufrir la pena de un año de cárcel, $100 de multa y las costas, apeló de la sentencia, y, habiendo transcurrido el término señalado por la ley sin solicitar orden alguna para la transcripción de evidencia, pide ahora que esta corte le conceda autorización para radicar la referida transcripción dentro de un término razonable. Basa su petición el acusado en que el Lie. Justo A. Casablanca cesó como abogado del caso estando el peticio-nario en la creencia de que se había solicitado y obtenido la correspondiente orden sobre transcripción de evidencia den-tro del término legal. Alega que basado en esta creencia pi-dió al taquígrafo que actuó en el juicio que preparase cuanto antes la transcripción de evidencia, cuyo importe tiene satis-fecho, y que por carta del citado taquígrafo ha sabido que no -se pidió dentro del término legal la orden referida. Añade, por conducto de su nuevo abogado Sr. Ismael Soldevila, que en lo acontecido no ha mediado culpa de ;S'u parte y que no habrá demora innecesaria en la. prosecución del recurso, ya que el taquígrafo del tribunal de distrito ha prometido pre-parar la transcripción dentro de nn breve plazo. Las razo-nes aducidas en apoyo de la petición no parecen suficientes para conceder el término solicitado. No dice el acusado que estuviese en la creencia de que se babía solicitado la trans-cripción de evidencia, porque su abogado le suministrara erró-neamente esta información. Su creencia, en todo caso, debe surgir de haberse figurado que se babía cumplido con este requisito por parte del referido abogado. No se explica en la moción cuándo fué que cesó el Sr. Casablanca en la repre-sentación del acusado ni se expone excusa alguna para la negligencia de su abogado, si es que la bubo. Tampoco ex-pone el acusado en su moción becbos de los cuales podamos nosotros deducir que la apelación tiene méritos bastantes para que este tribunal pueda ejercer su discreción en su favor. No se ba ofrecido ni la más remota alegación relacio-nada con los méritos del caso. Ni siquiera se sienta bajo ju-ramento la afirmación de que la apelación sea meritoria.

No ha lugar a conceder él término solicitado.


author: El Juez Asociado Señoh Gordo-va Dávila

text:
    Josefa Vázquez Colón, demandante y apelante, v. Carlos Díaz, demandado y apelado.

      Núm. 6990.

    Sometido: Marzo 17, 1937.

      Resuelto: Marzo 31, 1937.

      ■ Miguel A. Guzmán Texidor, abogado de la apelante; Adolfo Porrata Doria, .abogado .del apelado.. .. . ■ . , ■
   El Juez Asociado Señoh Gordo-va Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Josefa Vázquez Colón inició el presente litigio para reco-brar la posesión de una finca que se describe en la demanda, alegando sustancialmente los siguientes hechos: que adquirió dicha finca en junio de 1931 y que desde esa fecha la viene-poseyendo sin interrupción; que en 11 de mayo de 1934 el demandado Carlos Díaz penetró violentamente en el inmueble referido contra la voluntad de su dueña, ocupando una por-ción de la misma que también se describe en la demanda; que el demandado está ejecutando actos de dominio consis-tentes en la preparación y trituración del suelo y prepara-ción del mismo con destino a siembras, impidiendo con tales actos que la demandante continúe en la libre posesión y dis-frute de dicho predio de terreno, habiéndose negado el de-mandado, a pesar de las gestiones de la demandante, a des-ocupar la referida- parcela. Negó el demandado los hechos alegados por la demandante, y practicada la prueba, la corte inferior declaró sin lugar la demanda, con las costas a la parte perdidosa.

Alega la demandante que la Corte de Distrito de Guayama erró al resolver y considerar este caso como uno en que está-envuelta una cuestión de propiedad y nó una cuestión de po-sesión, y al apreciar la prueba con prejuicio y apasiona-miento, siendo la sentencia dictada contraria a derecho y a la evidencia aportada.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba testifical por ambos litigantes aportada. Declararon por parte de la de-mandante seis testigos y ocho por parte del demandado. La evidencia es contradictoria. El juez de la corte inferior, en una juiciosa opinión, hace un resumen de las declaraciones de los testigos, expresándose luego del modo siguiente:

“De todas las declaraciones vertidas en este caso, las que a nues-tro juicio dan más luz en el asunto, son las de Marcelo Cruz que fué la' persona que le vendió a doña Josefa Vázquez, la demandante, y quien nos dice que las tres cuerdas no están comprendidas en el te-rreno de doña Josefa y que las posee el demandado Carlos Díaz, Este testigo, que conoce la finca que vendiera, así como las eolindancias de la misma y hasta donde ellas llegaran, es el más autorizado a nues-tro juicio para dar luz en el presente caso. Otro testimonio que merece nuestra preferente atención, es el del ingeniero Sr. López de Victoria, que hizo una medición de la finca del demandado Díaz y nos asegura que éste estaba en posesión de las tres cuerdas y que los puntos están hoy en el.mismo sitio en que se pusieron en el plano cuando se hizo la mensura. Existiendo, además, un detalle en la prueba y es el que se refiere a que en la colindancia entre el demandado' Díaz y los. terrenos de la demandante Josefa Vázquez existe un pelo de alambre, cuya existencia ha sido negada por la demandante y explicada por los testigos de ésta como que el referido alambre se puso allí como-cerca para un caballo, y nos parece una circunstancia muy grande-que la cerca haya sido puesta en el mismo punto en que se dice co-lindan ambas propiedades. Esta prueba, unida a las demás declara-ciones del demandado, nos hace dudar mucho de que la demandante-haya estado en la posesión de hecho del predio de las tres cuerdas, pues habiendo estado la finca en su poder por espacio de tres años-no se nos ha dicho qué actos de posesión realizara ella en el referido-terreno, sino se ha limitado a decir que estaba en posesión del mismo,, pero no existe prueba de que ella haya cultivado, sembrado o lim-piado dicho predio de terreno, cuyos actos serían los que constitui-rían y demostrarían de una manera clara y categórica el hecho, por su parte, de la posesión. Y en cambio, tenemos al demandado Carlos' Díaz en una posesión de hecho constante, o sea, cultivando y tra-bajando en el terreno en cuestión no sólo actualmente, sino con mucho-tiempo de anterioridad, lo que es una demostración palpable de una posesión de hecho de su parte. Si examinamos toda la prueba pre-sentada, nos parece que en este caso se trata más bien de una cues-tión de propiedad que de posesión. Las fincas de la demandante y del demandado conlindan entre sí, y la discusión entre ellos es, si el predio de tres cuerdas forma parte de una o de otra finca, cues-tión a nuestro juicio, que no puede ni debe resolverse en un proce-dimiento de la naturaleza del injunction para recobrar la posesión en que hay que atender únicamente a la posesión y no al dominio o! propiedad. Véase el caso de Díaz v. Annexy, 46 D.P.R. 367, y los casos que en el mismo se citan. Pero aún dando por sentada que la ■ cuestión levantada por las partes sea una de posesión, ya hemos dicho-que no estamos convencidos de que la demandante doña Josefa Váz-quez Colón haya estado en posesión de hecho del predio de terreno a que se refiere la demanda, y que el mismo le haya sido arrebatado de una manera violenta, como se alega, por el demandado Garlos Díaz, y en estas condiciones nos falta base segura para poder de-clarar con lugar la demanda en el presente pleito.”

No creemos, dada la prueba practicada, que baya podido •dictarse una sentencia distinta a la pronunciada por la corte sentenciadora. Es muy común alegar prejuicio y apasiona-miento en la apreciación de la prueba de parte del juzgador. Deseamos bacer constar que en ningún caso está menos jus-tificada esta imputación que en el presente. La prueba es abundante y contradictoria; el juicio de la corte inferior ecuánime, desapasionado y sereno. Sus conclusiones nos pa-recen acertadas, ya que en vista de la prueba no es posible llegar a la conclusión de que la demandante ba probado sus alegaciones. La prueba del demandado, por el contrario pa-rece demostrar que ba venido poseyendo la parcela de terreno que se reclama por un período mayor de un año a contar desde la fecba en que fué radicada la demanda. No es úni-camente Marcelo Cruz, vendedor de la finca de trece cuerdas a la Sra. Josefa Vázquez, quien declara que la demandante no ba sido perturbada ni molestada en la posesión de su te-rreno por el demandado Carlos Díaz, y que este demandado viene poseyendo desde bace mucbo tiempo las tres cuerdas objeto de este litigio. Hay otros testigos que declaran en el mismo sentido. La prueba del demandado tiende a demos-trar que la finca de trece cuerdas fué vendida a la deman-dante en el año 1931, y que desde antes de esa fecba Carlos Díaz cultivaba las referidas tres cuerdas, donde ba becbo más de seis talas. Según esta prueba la posesión de esta parcela por parte de Carlos Díaz data de algunos años acá, no es-tando comprendido dicbo terreno en la finca de la deman-dante. Creemos que la corte inferior no estuvo desacertada al sostener, en vista de la evidencia aportada, que carecía de base para poder declarar con lugar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Górdoya Dávila

text:
    Guillermo González Aguayo y su esposa Luz Carazo, demandantes y apelantes, v. Esteban A. de Goenaga, demandado y apelado.
    Núm. 6989.

    Sometido: Febrero 23, 1937.

      Resuelto: Marzo 31, 1937.

      C. del Toro Fernández, abogado de los apelantes; Juan B. Soto, Juan F. Soto y Enrique Igaravídez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Górdoya Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Guillermo González y sn esposa Luz Oarazo reclaman de Esteban A. de Goenaga indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de subarrendamiento de parte de una casa radicada en la calle José Celso Barbosa. El demandado a su vez solicita como contrademandante la resolución del contrato por no baber los referidos esposos cumplido con las condiciones del mismo.

Alegan los demandantes como causa de acción que el de-mandado no obstante haberse comprometido a no dedicar ninguna parte del. edificio al negocio de cafetín, restaurante, repostería u otro negocio similar, permitió que se abriese al público en 25 de marzo de 1933, en la planta baja del mismo edificio, otro establecimiento con el nombre de “Fuente de Soda Galiñanes” en el que desde entonces y basta la fecha se expenden comidas, café, tabacos, cigarrillos, frutas, refres-cos y otros artículos similares comprendidos en el negocio de los demandantes. Añaden que con motivo de haberse abierto este otro establecimiento en el local mencionado, los deman-dantes han sufrido daños y perjuicios ascendentes a la suma de $13,157.81.

El demandado por su parte alega que el local en que se abrió la fuente de soda fué cedido o subarrendado a G-aliña-nes por otro subarrendatario, Sr. Dinet, quien ocupaba dicho local en virtud de un contrato celebrado con el demandado con anterioridad al que se llevó a efecto con los demandantes y que la obligación contraída por el demandado no puede interpretarse en el sentido de incluir aquella parte del edi-ficio ocupada por Dinet con anterioridad al contrato cele-brado con los esposos demandantes. Continúa alegando el demandado que los subarrendatarios están impedidos de re-clamar daños por incumplimiento del contrato, porque en la fecha en que según la demanda el demandado había infrin-gido el contrato, ya lo habían infringido los demandantes de-jando de constituir la fianza a que se obligaron en virtud del referido contrato. Acordaron las partes que Consuelo Ca-razo de Glover debía ser fiadora solidaria y principal paga-dora del cumplimiento por parte de los subarrendatarios de todas y cada una de las obligaciones por los mismos contraí-das, renunciando dicha Consuelo Carazo de Glover al bene-ficio de excusión y comprometiendo sus bienes presentes y futuros al fiel cumplimiento de la obligación. Y dicha se-ñora en ningún momento constituyó la fianza convenida en favor del demandado.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda, y resol-viendo la contrademanda decretó la resolución del contrato de subarrendamiento, sin especial condenación de costas.

Alegan los apelantes que la corte inferior erró al recha-zar como evidencia de los actores el contrato ofrecido por ellos, atribuyéndole impropiamente y en desacuerdo con el mismo documento, que no está firmado ni sellado por el no-tario ni tiene adherido el sello de rentas internas que corres-ponde pagar por cada affidavit o declaración de autenticidad.

También se alega que la corte inferior erró al exigir a los apelantes la presentación del documento original del con-trato, cuando rechazó una copia al carbón del mismo, y al admitir sólo condicionalmente, luego de haberlo rechazado, el contrato ofrecido por los actores apelantes.

Éstos son los cuatro primeros motivos de error señalados por los apelantes al impugnar la sentencia del tribunal inferior.

No surge de los autos que los apelantes tomaran ex-cepción a la resolución de la norte, si es que ésta en realidad se negó a admitir la evidencia por ellos ofrecida. Los referidos apelantes ofrecieron como prueba una copia del contrato de subarrendamiento. El demandado se opuso a la admisión de la copia, entre otras razones por aparecer en la misma una firma que no se ha puesto en el original y que constituye una falsificación, y por carecer del sello notarial. Con respecto a este particular, tomamos de la transcripción de evidencia lo siguiente:

“Juez: El original es un documento público suscrito ante notario. Si esta copia en carbón apareciera en ella la firma del Notario con su sello de rentas internas y sello notarial, entonces podría admitirse. Pero en este caso aparece que el Notario no autoriza esta copia.
“Dte. Tiene el sello notarial y la firma del Notario.
“Juez: Pero no tiene el sello notarial ni está cancelado el sello de rentas internas. En estas condiciones la corte tiene que exigir el documento que fué originalmente suscrito ante Notario.
“Dte. i La parte demandada, dice que tiene el original?
“Ddo. Sí, señor, a disposición de S. S. Yo lo voy a poner a disposición de la parte contraria.”

Presentaron entonces los demandantes como prueba el contrato original, que fue admitido, y al insistir en presen-tar también la copia, se opuso nuevamente la parte deman-dada. Tomamos de la transcripción de evidencia lo siguiente:

“Ddo. Me opongo. Tenemos el documento original que se ba pre-sentado y admitido a los efectos de probar las bases del contrato. Se viene ahora con un documento que se dice es una copia de aquél. Si la parte contraria entiende que aquél ha sido falsificado y es a los efectos de probar algún extremo, a ese respecto entonces, no ten-dríamos inconveniente en que se presente.
“Dte. Es a fin de probar alguna anormalidad.
“Ddo. Entonces está bien.
“Juez: La corte lo acepta con ese solo objeto y lo marca Exhibit núm. 2 de la parte demandante.”

Como se ve, en ningún momento aparecen los demandan-tes tomando excepción a la resolución de la corte, que aceptó la copia del contrato como prueba en la forma sugerida por los propios demandantes. La ausencia de excepción a la re-solución del tribunal inferior y la conducta de los demandan-tes impiden que señalen ahora como errores actuaciones por ellos sugeridas y con las cuales estuvieron conformes. Deben desestimarse los errores apuntados.

Comentando esta evidencia, presentada y admitida para probar alguna anormalidad, de acuerdo con la sugestión de los demandantes, dijo la corte inferior:

“Una y otra parte están de acuerdo en que la prestación de la fianza por parte de los demandantes fué una condición esencial del contrato, pero, mientras el demandado asegura que los demandantes nunca prestaron ]a fianza en cuestión, éstos tratan de probar lo con-trario presentando en evidencia una copia del contrato de subarren-damiento, en la que aparece estampada la firma de la fiadora Consuelo Carazo de Glover.
“En el contrato original, sin embargo, que fué el que permaneció todo el tiempo en poder del demandado, no aparece la firma de doña Consuelo Carazo de Glover, y aparece tachado su nom-bre en la certificación que al pie de dichas firmas hace el notario al efecto de haberse suscrito ante él dicho contrato. De modo, que hay una discrepancia entre el contrato original, que lleva estampado el sello del notario y cancelado el sello de rentas internas, y la copia que íué entregada a los demandantes y en la que no se canceló sello de rentas internas.
“Los demandantes tratan de explicar esta discrepancia, decla-rando que el contrato se redactó en el mes de noviembre de 1931, y que para esa fecha tanto la demandante, doña Luz Carazo, como su hermana doña Consuelo, firmaron el contrato, no habiendo firmado el original doña Consuelo, por haberle indicado el notario que .era suficiente con que firmase una copia. El abogado, Sr. Soto, en cuya presencia se firmó el contrato, asegura que los contratantes firmaron el documento, pero que no estaba presente la señora Consuelo Ca-razo de Glover, no recordando siquiera haberla visto alguna vez en su oficina.
“La explicación que ofrecen los demandantes no nos satisface. No podemos concebir que pueda haber un notario tan ignorante que crea que la firma de un fiador sea innecesaria en el contrato original de subarrendamiento que generalmente se entrega, como se entregó en este caso al subarrendador, en cuyo beneficio se presta la finza. Podría aceptarse que la firma de la fiadora fuese innecesaria en la copia que habría de entregarse al subarrendatario, ya que la fianza no se presta en beneficio suyo, y por consiguiente, no tiene interés en la obligación que contrae la fiadora. Además, si la demandante y la fiadora estuvieron en el mismo acto en la oficina del notario, y la demandante firmó la copia y el original, no vemos qué fin se per-seguía, qué gran trabajo se evitaba a la fiadora con que sólo diese una firma en vez de dos. Además, el ejemplar del contrato donde ■aparece la firma de la fiadora, estaba en poder de los demandantes. Si hubiese sido a la inversa, es decir, si la firma hubiese aparecido en la copia que estaba en poder del demandado, entonces tal circuns-tancia le obligaría y estaría impedido de negar que la fiadora no había suscrito el documento, a menos que satisfactoriamente probase que dicha firma había sido puesta por otra persona sin su consen-timiento.”

Nos parecen atinados y lógicos los comentarios de la corte inferior sobre la copia del documento ofrecido como prueba por los demandantes. Se trata de un contrato privado que tiene carácter de auténtico, porque fue firmado ante un no-tario. El demandado conservó el original de ese contrato, que no contiene la firma de la Sra. Consuelo Carazo de Clover; los demandantes aparecen en posesión de una copia de ese contrato, conteniendo la firma de la señora referida. Es raro que los demandantes se hayan reservado exclusivamente para sí la firma de la fiadora, que debió otorgarse a favor del demandado, dejando a éste huérfano de toda prueba para poder exigir la correspondiente responsabilidad en caso de que no se hubiesen cumplido las condiciones del contrato. Si como admiten las partes la prestación de la fianza fué una •condición esencial del contrato, ¿cómo se explica que en el original del mismo no se estampase la firma de la fiadora para que el demandado estuviese en condiciones de quedar protegido en el futuro? El hecho de que el demandado fir-mase el documento sin aparecer en el mismo la firma de la garantizadora, resulta aclarado por su propio testimonio y la admisión de los demandantes. Cuando se preguntó al Dr. Coenaga si la garantía de la Sra. Consuelo Carazo de G-lover era una condición del contrato, los demandantes admitieron que sí, añadiendo el demandado que no lo hubiera firmado si no se hubiera convenido eso. En vista de esta admisión no se continuó interrogando al testigo.

La corte inferior conviene con los demandantes que el demandado infringió la cláusula novena del contrato, al permitir que en el edificio se arrendase un local al Sr. Calíñanes para establecer allí un negocio similar al de ellos. Dicha cláusula novena dice así:

“Se hace constar por medio de este contrato que el subarrenda-dor no dedicará ninguna parte de este edificio al negocio de cafetín, restaurante, repostería u otro negocio similar.”

El demandado se defiende alegando que cuando contrató con los demandantes ya había subarrendado la parte del edi-ficio donde se estableció el negocio referido. No es de su-ponerse que los demandantes hubiesen aceptado la cláusula novena, admitiendo excepciones que hubiesen destruido el propósito que perseguían. Si el demandado contrajo una obligación que no estaba en condiciones de cumplir, no es aceptable la excusa de que la referida cláusula no debe in-terpretarse en el sentido de incluir aquella parte del edificio ocupada con anterioridad al contrato de los demandantes. Luego de admitir la infracción del contrato por parte del demandado dice la corte inferior:

“No obstante haber llegado a la conclusión que hemos llegado de que el demandado infringió el contrato al permitir que se estable-ciese en el edificio la Puente de Soda Galiñanes, como también he-mos llegado a la conclusión de que los demandantes infringieron el contrato antes que el demandado al no prestar la fianza que ellos admiten era esencial en el contrato, tenemos que llegar a la conclu-sión de que los demandantes no tienen causa de acción contra el de-mandado, pues es un principio bien establecido en materia de obli-gaciones y contratos, que para que una parte pueda reclamar daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, es indispensable que pruebe que él cumplió en todas sus partes con las obligaciones que a él le correspondían en virtud del contrato. Así lo ha resuelto nues-tro Tribunal Supremo repetidas veces, especialmente en los casos de Palacios v. Arzuaga, 37 D.P.R. 289; Portela v. P. R. American Tobacco Co., 4 D.P.R. 30 (2a. ed.) ; y Sucn. Iglesias v. Bolívar, 11 D. P.R. 441.”

La doctrina anteriormente expuesta está respaldada tam-bién por la jurisprudencia americana. En el caso de Loudenback Fertilizer Co. v. Tennessee Phosphate Co., 61 L.R.A. 402, 407, la corte se expresó así:

“El demandante, de acuerdo con los hechos relacionados en la demanda, demuestra que fué el primero en quebrantar sustancial-mente el contrato .... Si hay alguna doctrina bien establecida es aquella que sostiene que la parte que comete el primer quebranta-miento del contrato no puede iniciar una acción contra la otra por el incumplimiento subsecuente del mismo. El demandante no ha observado el contrato y no aduce excusa por su quebrantamiento. No demuestra, por lo tanto, un cumplimiento de su parte que le dé derecho a exigir que el demandado cumpla la suya o le pague daños y perjuicios por una subsecuente negativa a reconocer el contrato como si estuviese vigente.”

Con respecto a la contrademanda, la corte inferior entiende qne habiéndose demostrado qne los demandantes habían infringido el contrato con anterioridad a la infracción cometida por el demandado, dejando de prestar la fianza qne ellos mismos admiten estaban obligados a dar, debe decla-rarse rescindido el contrato. Cita el tribunal inferior la sen-tencia del Tribunal Supremo de España de 9 de julio de 1904, donde se sostiene que, faltando una de las partes contratan-tes a lo convenido, puede pedir la otra la resolución del con-trato, sin que sirva para ello de obstáculo el que el deman-dante dejase también de cumplir después sus obligaciones, ya que la conducta del primero es la que motiva el derecho del segundo y le libera desde entonces de sus compromisos. La rescisión del contrato fué cosa convenida entre las partes, a elección del subarrendador, en el caso de que los subarrenda-tarios faltaren al cumplimiento de cualquiera de las cláusu-las, condiciones y términos del mismo. También se convino que la fianza era un elemento esencial del contrato. El de-mandado declaró que no lo hubiera firmado si no se hubiese convenido eso. De modo, pues, que la resolución se rige por él mismo acuerdo de las partes, que constituye la ley del contrato.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Jtjez Asociado Señor Cóbdova Dávila

text:
    Andrés y Luciana Aybar, demandantes y apelantes, v. Natalia Vara Smith, Concepción y María de la Gloria Salas Smith y Pilar Moreno Smith, demandadas y apeladas.
    Núm. 7270.

    Sometido: Marzo 10, 1937.

      Resuelto: Marzo 31, 1937.

      Los apelantes comparecieron en persona; M. Rivera de la Vega, abo-gado de las apeladas.
   El Jtjez Asociado Señor Cóbdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso los apelantes solicitan que se eliminen del récord el nombre del abogado M. Rivera de la Vega y el alegato por el mismo presentado, por carecer dicbo abogado de autoridad legal para representar a las demandadas. Se alega que el referido abogado no tiene representación directa y expresa de sus supuestos clientes para representarlas en este litigio. Se babla de una combinación tramada y fraguada bace dos años por el abogado F. de la Torre, de común acuerdo con el Sr. M. Rivera de la Vega, y se dice que las demandadas apeladas son personas simuladas e inventadas por el primero de dichos abogados. No se presenta prueba alguna en apoyo de estas alegaciones. Ni siquiera aparece jurada la moción presentada por los apelantes. No se rebate en modo alguno la presunción legal de que el abogado que comparece a nombre de un cliente, está autorizado por el mismo para ostentar dicha representación. En vista de esta ausencia de prueba, se declara sin lugar la moción de los apelantes.

Debemos añadir que la corte inferior, en 23 de noviembre de 1935, dictó una resolución haciendo constar, luego de exa-minada la prueba oral y documental ofrecida por el abogado Manuel Rivera de la Vega, que dicho abogado tiene plena autorización del apoderado de las demandadas en Puerto Rico, para comparecer en este pleito a nombre de ellas.

Los demandantes ejercitan esta acción para obtener la nulidad y cancelación de la inscripción a favor de las demandadas en el registro de la propiedad de la finca urbana que se describe en la demanda. Las demandadas presentaron la excepción de cosa juzgada por entender que de los hechos alegados surge claramente que la cuestión planteada ha sido resuelta definitivamente en un pleito anterior entre las mismas partes. Las alegaciones que han dado lugar a esta excepción son las siguientes:

“Que el día 3 de junio de 1918 los abogados F. de la Torre y José Ramírez Santibáñez, sin tener representación legal alguna radi-caron ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, una demanda con el número 10605, sobre nulidad de inscripción de la finca descrita en primer término en esta demanda, contra Cristina Marta Smith y Guillermo Smith Delgado, en la cual aparece como una de las demandantes doña Carmen Smith Aybar, cuando en dicha fecha ya dicha señora había fallecido y por' tanto no podía compa-recer en corte.
“Que en dicha acción los ahora demandantes Andrés y Luciana Aybar Muñoz presentaron una demanda de intervención con el núm. 10605, alegando el derecho que ahora reclaman y en cuya demanda le fué anotada la rebeldía a dicha Carmen Smith Aybar y Natalia Yara Smith; pero por una dilación del abogado defensor de los ahora demandantes, y habiéndose allanado los demandados Cristina Marta Smith y Guillermo Smith Delgado, se dictó sentencia a favor de dicha Carmen Smith Aybar y Natalia Yara Smith, anotándose a favor de ellas la casa número 10 de la calle de San José.
“Que posteriormente las ahora demandadas, Pilar Moreno Smith, Concepción Sala Smith y María de la Gloria Sala Smith, valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones y haciéndose pasar como hijas y herederas de doña Carmen Smith Aybar, cuando hacía escasamente cuatro .años que dicha Carmen Smith Aybar había comparecido en dicha demanda, aprovechando la circunstancia de tener el mismo apellido, sorprendieron al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, y presentándole un testamento apócrifo, hicieron inscribir a su nombre una parte de la finca descrita en el hecho quinto de esta demanda, que es de la exclusiva propiedad de los deman-dantes.
“Que la otra demandada, Natalia Yara Smith, luego de haber obtenido por la sentencia mencionada en el hecho 12° de esta demanda, y haciéndose pasar fraudulentamente como hija de Carolina Smith Aybar y por ende nieta de don Guillermo Smith Junco, la inscrip-ción de la finca descrita en esta demanda, y también quiso hacerse pasar como heredera de sus alegados padres Felipe Yara Sáez y Carolina Smith Aybar, y para lo cual inscribió en el Begistro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, un testamento apócrifo y tramitó ante la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan varias declaratorias de herederos con el núm. 3690-91-92-93 usando documentos apócrifos, cuando es lo cierto que dicha Natalia Yara Smith no es tal hija ni heredera de dicho Felipe Yara Sáez y Carolina Smith Aybar, pues éstos no tuvieron hijos.”

La corte inferior declaró con lugar la excepción de cosa juzgada, basándose en las alegaciones de la demanda. Puede que no esté completamente desacertado el tribunal a quo ál sostener esta excepción en cuanto a la identidad de causa y de partes, aunque los hechos alegados resultan algo confusos sobre este último particular; pero no debemos olvidar que se hacen en la demanda imputaciones de fraude, alegándose que Oarmen Smith Aybar había fallecido cuando se inició el pleito anterior en junio 3 de 1918; y que los abogados que inicia-ron este pleito no ostentaban representación legal de sus pre • suntos representados. Para los efectos de la resolución de la cuestión previa, tenemos que admitir como cierto que la referida Carmen Smith Aybar había muerto cuando se inició el anterior litigio y que los abogados que comparecieron a nombre de las demandantes carecían de representación legal. Estos hechos, que debemos aceptar como si hubiesen sido probados, impiden, a nuestro juicio, que pueda aplicarse en este caso la doctrina de cosa juzgada, partiendo de la base de las alegaciones de la demanda.

En cuanto a Pilar Moreno Smith, Concepción Sala Smith y María de la Gloria Sala Smith, se afirma también por los demandantes que se hicieron pasar fraudulentamente como hijas y herederas de Carmen Smith Aybar para inscribir a su nombre una parte del .inmueble objeto de este litigio. Lo mismo ocurre con Natalia Yara Smith, de quien se alega que se hizo pasar fraudulentamente como hija de Carmen Smith Aybar y de Felipe Yara Sáez, siendo la verdad que dicha Natalia Vara Smith no es tal hija ni heredera de los referi-dos esposos.

Convenimos en que los demandantes se limitan a solicitar la nulidad y cancelación de- la inscripción en el registro de la finca urbana inscrita a favor de las demandadas; pero toda vez que en la demanda se alegan hechos que de ser ciertos determinan la nulidad de la sentencia dictada en el pleito anterior, no creemos que esa sentencia, nula de acuerdo con las alegaciones, pueda servir de base para sostener que los demandantes están impedidos de promover este pleito en virtud de la sentencia recaída en el litigio referido. Dicho pleito, según la demanda, se falló a favor de las demandan-tes, y si se decretó la nulidad y cancelación de la inscripción en el registro a favor de las entonces demandadas y se ins-cribió la finca a favor de las demandantes, la corte tiene ne-cesariamente que entrar a considerar la validez de la senten-cia dictada para anular y cancelar la inscripción y ordenar la inscripción de la finca a nombre de los demandantes.

Hay decisiones que sostienen que una sentencia obtenida por medio de fraude es de tal modo inválida que no puede tener fuerza concluyente entre las partes. Central Trust Co. v. Bridges, 57 F. 753. La sentencia debe haberse dictado en un litigio honrado y genuino y no fraudulento o simulado. Andes v. Ely, 158 U. S. 312. Otras decisiones sostienen que una sentencia obtenida por fraude ó colusión no es nula sino simplemente anulable, y que constituye cosa juzgada a me-nos que haya sido dejada sin efecto o anulada en un proce-dimiento directo. Hutchinson Co. v. Coughlin, 42, Cal. A. 664, 184 P. 435. Véase también 34 C. J. páginas 769, 900 y 901.

Nosotros creemos que en el presenté caso, cualquiera que sea la doctrina que se aplique, no procede declarar con lugar la excepción previa de cosa juzgada, tomando como base una sentencia que aparece fraudulentamente obtenida de acuerdo con las alegaciones de la demanda. De ser ciertos los becbos alegados, y lo son para los efectos de la excepción previa, el fallo recaído en el pleito anterior es completamente invá-lido, y no vemos cómo pueda llegarse a la conclusión de que una sentencia así dictada constituya un impedimento para que los demandantes ejerciten una nueva acción.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte^ inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

text:
    Aurelia Guzmán Feliciano, demandante y apelada, v. Pablo Cintrón González, demandado y apelante; In re Dionisia Cintrón González y Juan Nazario Ramírez, interventores y apelantes.
    Núm. 7190.

    Sometido: Diciembre 1, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1937.

      Leopoldo Tormos García, abogado del demandado y los intervento-res y apelantes; Tomás Castillo León y Guillermo S. Bierlnissi. abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de desahucio iniciada por Aurelia Guz-mán Feliciano contra Pablo Cintrón González. Se alega en la demanda que la demandante obtuvo título de dominio so-bre dos predios rústicos sitos en el barrio Jáoana, de Tauco, en virtud de escritura de venta judicial otorgada por el már-shal de la Corte de Distrito de Ponce en 7 de marzo de 1934. La demandante, habiéndose divorciado del demandado, soli-citó judicialmente, años después de roto el vínculo matrimo-nia], la liquidación de la sociedad de gananciales y obtuvo sentencia a su favor. En cumplimiento de esta sentencia fue que se otorgó por el marshal la escritura de venta judicial a favor de la Sra. Guzmán Feliciano.

Se alega, además, en la demanda, que el demandado viene detentando desde entonces la posesión material de estos pre-dios sin pagar canon ni merced alguna.

Niega el demandado los hechos esenciales de la demanda y alega que los predios referidos pertenecen a Dionisia Cin-trón González y Juan Nazario Ramírez, quienes los adqui-rieron por herencia intestada de Felipe Nazario Ramírez. Alega, además, que la demandante y el demandado vendie-ron dichos predios a América Cintrón González, de quien los adquirió el referido Felipe Nazario.

Dionisia Cintrón González y Juan Nazario Ramírez, ad-mitidos como interventores en el presente litigio, niegan que la demandante sea dueña de dichas fincas, alegan que here-daron las mismas de Felipe Nazario Ramírez, y dicen que en un pleito seguido por la demandante contra Pablo Cintrón González en reclamación de alimentos para su hija legítima Adelina Cintrón Guzmán, se embargaron las referidas fincas, habiéndose establecido un procedimiento de tercería por Felipe Nazario Ramírez, quien obtuvo sentencia a su favor.

La corte inferior, considerando probadas las alegaciones de la demanda, declaró con lugar el desahucio.

La demandante, de acuerdo con su prueba, contrajo ma-trimonio con Pablo Cintrón González en 1899. En noviem-bre 23 de 1914, ambos cónyuges comparecieron ante el notario Fernando ,B. Fornaris,-haciendo constar en un acta notarial que los dos predios que se describen en la demanda, en uno de los cuales hay enclavada dos casas de madera, formaban parte de la sociedad de gananciales. Algún tiempo después la demandante inició acción de divorcio contra dicho deman-dado y obtuvo sentencia a su favor en abril de 1916. En junio de 1933, la demandante solicitó judicialmente la liqui-dación de los bienes gananciales. En diciembre de dicho año la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia condenando al demandado Pablo Cintrón González a traspasar a la deman-dante los dos predios objeto de este litigio en pago total del haber de esta última en la referida sociedad. El márshal de la corte, en representación del demandado, adjudicó dichos inmuebles a la demandante y otorgó la escritura correspon-diente. El demandado ha permanecido siempre viviendo en las referidas fincas y continúa disfrutando de las mismas en. unión de su hermana Dionisia y del cuñado de ésta, Juan. Nazario Pamirez, sin pagar canon o merced alguna.

Ésta es la prueba de la parte demandante. La prueba, de los interventores tiende a demostrar que en mayo de 1917 Felipe Nazario Ramírez y su esposa Dionisia Cintrón Gon-zález adquirieron las dos fincas envueltas en este litigio-, a título de compraventa, de América Cintrón González, por es-critura otorgada ante el notario Ángel Padró, de Mayaguez. La vendedora hace constar en esta escritura que hubo dichas fincas a título de compraventa de Pablo Cintrón González y su esposa Aurelia Guzmán Feliciano en virtud de documento privado suscrito en 21 de enero de 1916. Felipe Nazario-Ramírez falleció intestado, dejando como únicos herederos a su esposa Dionisia Cintrón González y a su hermano Juan Nazario Ramírez, quienes, -como ya hemos dicho, son los in-terventores en el presente caso. Éstos, después de tomar posesión de los predios mencionados, permitieron al deman-dado Pablo Cintrón González permanecer en los mismos corno-mero agregado.

La demandante ofreció como prueba el caso civil núm. 7645, promovido por Joaquín Díaz Díaz contra Pablo Cintrón-González, sobre desahucio en precario, ante la Corte de Dis-trito de Ponce, para demostrar que los interventores no son los dueños de las fincas en cuestión. En los autos de este-pleito aparece una escritura otorgada por Felipe Nazario y s.u esposa Dionisia Cintrón González, vendiendo a Joaquín Díaz entre otros bienes los inmuebles referidos. Para con-tradecir esta prueba declaró Dionisia Cintrón González que ella y su difunto esposo vendieron las referidas fincas a Joa-quín Díaz en garantía de una deuda por la cual le embarga-ron. Este testimonio quedó corroborado por el propio Joa-quín Díaz, quien declaró que recibió las referidas fincas en garantía.

Hemos visto que América Cintrón González hace constar que bubo dichos, inmuebles a título de compraventa de Pablo Cintrón González y su esposa Aurelia Guzmán Feliciano, que es la demandante en este caso, en virtud de un documento privado. También vemos que Felipe Nazario, quien en unión de su esposa compró estas mismas fincas a América Cintrón González, inició un procedimiento de tercería cuando la de-mandante Aurelia Guzmán Feliciano embargó los menciona-dos bienes en un procedimiento incoado contra Pablo Cintrón González. La corte, al declarar con lugar la tercería en favor de Felipe Nazario, hizo constar que se había presentado como prueba un documento privado otorgado por los esposos Pablo Cintrón González y Aurelia Guzmán Feliciano, que es la demandante en este caso, a favor de América Cintrón Gon-zález, sobre venta de dos «casas y terreno.

Alegan los interventores que la. demandante está impe-ndida de ejercitar esta acción de desahucio, después de haber sido vencida en el juicio de tercería incoada contra ella por Felipe Nazario, causante de dichos interventores.

Este es un caso en que se ha ofrecido prueba tendente a ■demostrar que la propia demandante en unión de su esposo ise desprendió, vendiéndolas, de las fincas que han dado ori-■gen a esta acción. La demandante, que ha esperado diez y siete años después de divorciada para reclamar sus ganan-ciales y embargar estas fincas, no ha ofrecido evidencia para negar que se hubiese desprendido de los referidos predios, vendiéndolos a América Cintrón González. Por el contrario, 1.a presentado como prueba la escritura en que Felipe Na-zario y su esposa vendieron a Joaquín Díaz los bienes refe-ridos, habiendo derivado el primero sn título de América Cin-trón González, quien a sn vez obtuvo dichos bienes de Pablo Cintrón González y la demandante, su esposa. Aunque esta prueba se presentó para negar a los interventores su carác-ter de dueños, por haber sido las fincas trasmitidas a Joa-quín Díaz, la verdad es que éste, ya sea dueño o haya reci-bido los inmuebles en garantía, deriva su título de la misma demandante y su esposo, quienes aparecen trasmitiendo a América Cintrón González las fincas que esta última vendió a Felipe Nazario y su esposa.

Dada'la prueba presentada por la demandante y la que ha sido aportada por el demandado y los interventores, y la jurisprudencia establecida por este tribunal, entendemos que no procede el desahucio solicitado y que debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    United Porto Rican Sugar Co. of Porto Rico, demandante y apelada, v. Sucesión de Pedro Sánchez, compuesta de Doña Monserrate Concepción Correa, Don Simón, Doña Merminuta, María de Jesús, Juliana, Sebastiana y Simona Sánchez, demandada y apelante.
    Núm. 5909.

    Sometido: Marzo 13, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1937.

      L. Lloréns Torres, abogado de la apelante; González Fagundo & González, Jr., y Walter L. Newsom, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito de injunction para impedir a la deman-dada que perturbe a la demandante en la posesión de cierta parcela de terreno. Entre otras defensas, la demandada adujo la falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Esta cuestión fue sometida por medio de una excepción previa antes del juicio y declarada sin lugar por la corte de distrito.

Las secciones 1 y 2 de la “Ley proveyendo procedimientos para recobrar la posesión de propiedad inmueble”, aprobada el 13 de marzo de 1913 (leyes de ese año, pág. 85) leían así:

“Sección 1. — Se concederá un ‘injunction’ para recobrar la pose-sión material ele propiedad inmueble cuando una parte demuestre ante la corte que ha s’.clo privada de la posesión material por actos violentos o fraudulentos de la otra, a menos que tales actos fueren ejecutados por virtud de procedimiento legal.
“Sección 2. — La demanda será redactada y jurada de acuerdo con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, y hará constar:
“(1) Que el demandante, dentro de los cuatro meses con ante-rioridad a la presentación de la demanda, estaba en posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe.
“(2) Que ha sido privado de ella por los predichos actos violen-tos o fraudulentos. Deberá también describir claramente los actos constitutivos de la privación de la posesión, así como si diebos actos fueron realizados por el demandado u otra persona por orden de éste.”

Estas dos secciones, según fueron enmendadas en 1917 (leyes de ese año, tomo 2, pág. 221), prescriben:

‘ ‘ ‘ Sección 1. — Se concederá un injunction para retener o recobrar la posesión material de propiedad inmueble, a instancia de parte in-teresada, siempre que ésta demuestre, a satisfacción de la corte, que lia sido perturbada en la posesión o tenencia de dicba propiedad, por actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle, o cuando baya sido ya despojada de dicba posesión o tenencia.’
“ ‘Sección 2. — La demanda será redactada y jurada de acuerdo con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, y bará constar:
“ ‘(1) Que el demandante, dentro del año precedente a la pre-sentación de la demanda, estaba en la posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe, si se trata de recobrarla, y estaba y está, si de retenerla.
“ ‘ (2) Qíue ba sido perturbado o despojado de dicha posesión o tenencia.
“ ‘Deberá también describir claramente los hechos constitutivos de la perturbación o despojo, así como si dichos actos fueron reali-zados por el demandado o por otra persona por orden de ésta.’ ”

La teoría de la apelante es que la frase del inciso 1 de la sección 2 “dentro del año precedente a la presentación de la demanda”, debe ser interpretada como que significa du-rante más de un año anterior a la pérdida de la posesión o perturbación de la misma. La apelante también sostiene que la demandante debió baber alegado que su posesión no la dis-frutaba por mera tolerancia y que no había sido obtenida clandestinamente, por medio de violencia o por actos clan-destinos desconocidos por el poseedor anterior. En apoyo de estas contenciones la apelante descansa en las secciones 446, 447, 448, 462, inciso 4, y 1869 del Código Civil (Estatu-tos de 1911).

No existe la presunción de que un demandante se halla en posesión por la mera tolerancia de un demandado o que éste había estado previamente en posesión del terreno en cuestión en momento alguno. Ni el artículo 446 del Código Civil ni el alegato de la apelante presentan base satisfactoria para la conclusión de que el demandante en un pleito de este gé-nero debe negar la posibilidad, primero, de que quizá pudo haber adquirido del demandado, y segundo, de que tal vez pudo haber adquirido la misma mediante violencia o valién-dose de medios clandestinos desconocidos al demandado, o de que quizá puede estar en posesión por la mera tolerancia de este último. En cuanto a la interpretación que se trata de dar al inciso 1 de la sección 2 de la ley de 1913, según fué enmendada en la forma que se indica más arriba, bastaría tal vez decir que éste es un pleito para impedir que s.e per-turbe una posesión que nunca se ha perdido, mas no un pleito para recobrar la posesión. El inciso 4 del artículo 462 del Código Civil a nuestro juicio no tiene que ver con el presente caso. Los pertinentes son los artículos 448 y 1869, que pro-veen:

"Artículo 448 (375, ed. de 1930). — Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que! las leyes de procedimientos establecen.”
“Artículo 1869 (1868, ed. de 1930). — Prescriben por el transcurso de un año:
' “1. — La acción para recobrar o retener la posesión.
“ >>

Sin embargo, si se tratara de una cuestión de interpreta-ción, estamos convencidos de que el inciso 1 de la sección 2, supra, debe ser interpretado en el sentido de que significa lo que sus términos dicen, o sea, “dentro del año precedente a la presentación de la demanda,” y no por espacio de más de un año anterior a la fecha de la alegada perturbación.

En realidad la demandante alegó haber poseído por espa-cio de más de un año anterior a la presentación del litigio, pero la apelante dice que esto no bastaba puesto que la de-mandante también alega que la perturbación ocurrió unos cuatro meses antes de entablarse el recurso y que por tanto no se desprende que la demandante estuviera en posesión por más de un año anterior a la fecha de la perturbación. Po-dría admitirse que un demandante que ha adquirido la po-sesión por medio de la fuerza o contra la voluntad de un poseedor anterior, luego de transcurrido un año, pueda im-pedir por medio de injunction al poseedor anterior que le per-turbe en la nueva posesión así adquirida. De ello no se co-lige que todo demandante en un recurso para impedir que se perturbe en su posesión deba alegar que ha poseído por un período mínimo de un año y un día con anterioridad a la fecha de la supuesta perturbación o amenaza de perturbación.

Otra contención de la apelante es que la corte de distrito cometió error al no aplicar o al interpretar erróneamente el artículo 1866 del Código Civil. A nuestro entender, carece igualmente de mérito.

Nos inclinamos a convenir con la demandada en que a Mon-serrate Concepción Correa, Merminuta, María de Jesús, Juliana, Sebastiana y Simona Sánchez no debió hacérseles res-ponsables de los actos no autorizados de su codemandado, co-heredero y condueño al perturbar la posesión de la deman-dante.

Otros señalamientos se refieren a la apreciación de la prueba. Aunque no se discuten estas cuestiones en el ale-gato de la apelante, hemos examinado la evidencia y no ha-llamos un error tan manifiesto en la apreciación de la misma que exija la revocación.

Debe modificarse la sentencia apelada eliminándose de la misma los nombres de Monserrate Concepción Correa, Mer-minuta, María, de Jesús, Juliana, Sebastiana y Simona Sán-chez, y así modificada, confirmarse.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Francisca Sotomayor, demandante y apelante, v. Thomas H. Smallwood, et al., asociados y haciendo negocios bajo el nombre común de Smallwood Brothers, y The Great American Indemnity Co., demandados y apelados.
    Núm. 7004.

    Sometido: Marzo 17, 1937.

    Resuelto: Marzo 31, 1937.

      José Veray, Jr., abogado de la apelante; Juan Valldefuli, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos aceptados por ambas partes, pueden resumirse así:.

El día 19 de febrero, 1932, como a las 4.30 P. M., un au-tomóvil marca “Ford,” propiedad de los demandados y guiado por Luis Bellaflores, Jr., caminaba por la carretera pública en dirección de Isabela hacia Aguadilla. En direc-ción contraria, o sea de Aguadilla hacia Isabela, viajaba un automóvil marca “Packard,” conducido por Gonzalo Aponte. Al lado izquierdo de la carretera, siguiendo la dirección de Isabela a Aguadilla, se encontraban varias jóvenes y entre ellas la demandante. Al cruzarse los dos automóviles choca-ron uno con otro y como consecuencia de ese choque el “Packard” se desvió en la dirección del sitio donde estaba la demandante, la qne fné arrollada, sufriendo lesiones por las qne reclama daños y perjuicios.

La acción de la demandante se basa en la alegación de qne el accidente se debió ñnica y exclusivamente a la culpa, negli-gencia y descuido de Luis Bellaflores, Jr., quien conducía el vehículo “Ford,” actuando como empleado de los demanda-dos Smallwood Brothers.

En su defensa alegaron los demandados que el accidente no fué motivado por la negligencia de su empleado y sí por la culpa y negligencia de Gonzalo Aponte, conductor del carro “Packard.”

Celebrada la vista, la Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial con-denación de costas. La demandante apeló y en su alegato señala como errores cometidos por la corte sentenciadora los siguientes:

1. Iíaber desestimado la demanda y dictado sentencia a favor, de los demandados.

2. Haber permitido declarar al Juez Municipal de Aguadilla, ha-ciendo éste referencia a las minutas o notas tomadas por él en la causa criminal seguida contra Luis Bellaflores, Jr.

El primer error señalado se refiere a la suficiencia de la evidencia presentada por la demandante para sostener su teoría del caso y a la alegada apreciación errónea de la prueba por el juzgador. Y para resolverlo hemos hecho un cuidadoso estudio de la transcripción de la evidencia.

Las declaraciones de los testigos de la demandante ten-dían a probar que el “Ford”, poco antes del choque, mar-chaba despacio, salido de su derecha, hacia la izquierda; que la persona que lo guiaba, o sea Luis Bellaflores, Jr., venía distraído mirando hacia la demandante y tres muchachas más que estaban paradas a la izquierda, frente a una tiendita, a orillas de la carretera; y que a medida que se iba acercando hacia el sitio donde estaban las muchachas el “Ford” se des-viaba más hacia la izquierda.

La prueba de los demandados tendió a probar que el conductor del “Packard” y sus dos acompañantes no se encon-traban en estado normal, por baber tomado bebidas embria-gantes; que el “Packard” venía a gran velocidad en el mo-mento de cruzarse con el “Ford,” y que al tratar su conductor de desviarlo le dió al “Ford” y el exceso de velocidad lo arrastró hacia la derecha, causándole las lesiones a la de-mandante; que antes de chocar con el “Packard” y en el momento del choque el carro “Ford” marchaba por el lado derecho de la carretera.

Salvador Planas de Val, testigo de los demandados, de-claró ser socio y amigo de Gonzalo Aponte, que es la persona que guiaba el carro “Packard” en el momento del ac-cidente; que estando en Mayagüez el día de autos el decla-rante aconsejó a Gonzalo Aponte que tomara un chófer para que le guiara el carro porque en el estado en que estaba Aponte después de haber tomado licor, pues habían estado de fiesta, no le parecía prudente que él siguiera guiando el “Packard”; que un poco antes del sitio dónde ocurrió el accidente, le llamó la atención que Gonzalo Aponte no iba guiando el carro de manera cuidadosa, pues después que le pasó hizo una serie de zigzags; que Gonzalo Aponte cuando sale a la Isla lleva consigo a su empleado Emilio Fernández para que le maneje el carro, porque Aponte “por lo general, después que termina su trabajo le gusta darse sus palitos y quiere tener un hombre de confianza que le maneje el carro y porque además es muy nervioso manejando en las carre-teras”; que el día de autos Emilio Fernández estaba tan pi-cado como Aponte; que presenció el accidente y vió cuando el “Packard” al hacer uno de los zigzags le dió un “can-tazo” al “Ford” que venía en dirección contraria y por su derecha.

La corte sentenciadora resolvió el conflicto que presentaba la evidencia, dando crédito a las declaraciones de los testigos de la parte demandada. Somos de opinión que la corte pro-cedió correctamente y que la prueba aducida por los deman-dados era más que suficiente para dejar establecida como cansa directa e inmediata del accidente la negligencia del conductor del automóvil “Packard.”

No cometió la corte inferior el segundo error imputádole. Del récord aparece que el abogado de los demandados sentó debidamente las bases para la impugnación de las declaraciones de varios testigos de la demandante, preguntando a cada uno de dichos testigos si era o no cierto que hubiese declarado ante el Juez Municipal de Aguadilla en el sentido de que el testigo no se había dado cuenta del accidente. Y habiendo negado dichos testigos que ellos hubiesen hecho al juez municipal declaraciones distintas a las que hicieran en el acto del juicio, el abogado de los demandados ofreció la declaración del señor Víctor Igartúa, Juez Municipal de Aguadilla, quien en su carácter oficial había practicado una investigación del accidente. Al preguntarle el abogado de los demandados si podía informar a la corte sobre lo que habían declarado ante él los testigos Gaspar A. Gorbea, Emilio Fernández y Rosa Sotomayor, manifestó el Juez Municipal declarante que para recordarlo tendría que referirse a las notas tomadas por él en el acto de la investigación. La corte permitió al testigo que refrescase su memoria leyendo las notas tomadas por él durante el curso de la investigación, y después de haberlas leído declaró que los testigos impugnados habían declarado ante él que no se habían dado1 cuenta del accidente; y que no sabían hacia dónde iba mirando el conductor del “Ford” momentos antes del choque.

La regla generalmente aceptada es que las notas sobre determinados hechos, tomadas por un testigo, pueden ser usadas por éste para refrescar su memoria, aun cuando el testigo no se recuerde de los hechos en el momento de decla-rar, siempre que él recuerde que cuando tomó las notas sa-bía que eran ciertas y pueda, por lo tanto, jurar que fueron hechas correctamente. Véase: 22 O. J. §1091, pág. 893.

En el caso de autos las notas tomadas por el Juez Municipal no fueron ofrecidas en evidencia. Solamente se permi-tió al testigo que las leyera para refrescar su memoria. Y al permitirlo uo cometió la corte error alguno.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramona Morales, acusada y apelante.
    Núm. 6345.

    Sometido: Marzo 12, 1937.

      Resuelto: Marzo 31, 1937.

      E. E. F. Dottin, abogado de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ramona Morales fuá convicta por la Corte de Distrito de San Juan de un delito de infracción a la Ley núm. 25, apro-bada el 17 de julio de 1935 (Leyes de 1935 (2) pág. 153), y condenada a pagar una multa de cien dólares y costas, o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que de-jare de pagar, no excediendo la prisión de sesenta días. El recurso de apelación contra esta sentencia es el que ahora consideramos.

La denuncia presentada, textualmente transcrita, lee así:

“Yo, Juan José Silén, Jefe de Dtto. P. I., vecino de Trujillo Alto, P. R., calle de La Cruz, de T. Alto, P. R., mayor de edad, formulo denuncia contra Ramona Morales, por delito de Inf. la Ley núm. 25, aprobada en 17 de julio de 1935, ‘Bolita,’ cometido de la manera si-guiente : Que en 2 de agosto, hora 6.00 P. M. de 1935, y en el barrio de Quebrada Infierno, de Trujillo Alto, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Carolina, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., la citada acusada Ramona Morales allí y enton-ces de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente tenía ba.jo su control en su casa de residencia sita en el barrio de ‘Quebrada In-fierno,’ de Trujillo Alto, P. R., como dueña y administradora de los artefactos siguientes: tres candungos, treinta bolos enumerados del 1 al diez, dentro de un estuche de madera, un sello de numerar, otro sello para usos varios con su tinta, sesentieinco libretas varias de ellas con números varios, varios tickets enumerados algunos y varios plie-gos de papel carbón para uso de las libretas, cuyos artefactos y ob-jetos descriptos los tenía para manipular el juego prohibido conocido por ‘Bolita,’ y que dicho juego era conocido por los jugadores con el nombre ‘La Estrella,’ que es un juego de los enumerados y pro-hibidos en la Ley núm. 25, aprobada en 17 de julio de 1935, y cuyo juego lo lleva a efecto mediante el uso de los bolos dentro de los candungos y cada jugador paga por un número compuesto de tres unidos formando centena, un centavo y por cada centavo la acusada le ofrece pagar si el jugador adivina el número por él seleccionado cinco dollars y si no tiene la suerte de adivinarlo corre la aventura de perder el centavo o el dinero jugado y pagado por anticipado y comoquiera que este juego está prohibido por la Ley antes citada y la acusada era la administradora y dueña del juego conocido por ‘Bolita,’ y a la vez dueña de los artefactos antes citados, mediante orden de allanamiento expedida por el Hon. Juez de Paz, de Trujillo Alto, P. R., me incauté de los artefactos antes mencionados en-contrados en la residencia de la acusada Sra. Ramona Morales, por-que los Misíüos forman parte y son utilizados por ella en el juego clandestino denominado ‘Bolita,’ siendo los mismos que pongo a dis-posición, de esta Hon. Corte como materia de prueba. Hecho con-trario a la ley.”

El único error señalado se refiere a la apreciación de la prueba, que consistió, por El Pueblo, en las declaraciones de Juan José Silén, Jefe de Distrito de la Policía Insular, y de tres policías a sus órdenes; y por la acusada, de su propia declaración, de la de Basilisa Rodríguez, su bija, más un certificado acreditativo del matrimonio de la acusada con Luis Conde Maldonado.

Declaró el primero, que el día 2 de agosto de 1935 prac-ticó un registro en la casa de Ramona Morales, mediante or-den al efecto, encontrando en la babitación de la acusada í£y debajo de la cama de ella, en una esquina, dentro de una lata de ésas que se usan para galletas ‘export soda’ . . . sesenta y pico de libretas para el juego de la bolita; . . . dos sellos, uno con números y otro que decía ‘La Estrella,’ . . . que era el nombre que le daban a la banca ... y en un virote de la casa . . . una caja conteniendo 30 bolos numerados desde el 1 al 10 ... y tres candungos.” Preguntado por el juez qué relación tenía la acusada con esos objetos, contestó “que es la dueña de la banca” y que “precisamente aquella tarde al ocuparle nosotros los artefactos ésos, dice ella: ‘Me llevan ustedes precisamente lo que me ba dado estos muebles y el arreglar esta casa.’ ” Declaró además el testigo que “Esa banca se jugaba en el barrio Las Cuevas, ’ ’ habiéndola él per-seguido basta allí, en casa de Germán Hernández, quien pa-recía ser socio de la acusada; que la acusada le preguntó por qué no se la habían cogido a Hernández y que él le contestó que porque no habían tenido oportunidad; que tuvieron co-nocimiento de que la acusada “se había llevado para la casa de ella la banca y entonces tan pronto llegamos a la convic-ción de que ella la poseía, juré yo un allanamiento y fui a ocupar la banca.”

A preguntas de la defensa contestó que el día que estuvo en la casa de la acusada, encontró también a su esposo, a su madre y a su bija; que en ese momento no estaba nadie ma-nipulando los objetos referidos;' que no cogió dinero y que sabía que la acusada estaba casada y que tenía un bijo como de 18 años, más o menos.

Consta del récord que el fiscal y el abogado defensor es-tipularon que los tres policías que intervinieron en el allana-miento y registro de la casa declararían en la misma forma en que lo babía becbo el Jefe Silén.

Sostiene la apelante que la ley que se le imputa baber infringido no castiga la posesión de los objetos que le fueron ocupados, y que como' la prueba de cargo sólo demostró dicba posesión y no que los objetos ocupados se estuvieran utili-zando en el juego, la acusada debió baber sido absuelta.

No estamos convencidos de que la corte inferior errara en la apreciación de la prueba. La sección 2 de la Ley núm. 25 de 1935 ordena a la Policía Insular ocupar y poner a dis-posición de la corte municipal correspondiente cualesquiera artefactos, materiales, enseres o implementos que se estén utilizando para llevar a efecto juegos prohibidos conocidos por “bolita” y “boli-pool,” y arrestar y denunciar a las personas que violen dicba Ley. Y la sección 4 de la misma ley dispone:

“ y todo dueño, apoderado, agente, encargado, director o ad-ministrador de los juegos prohibidos por esta Ley, convicto que fuere, podrá ser castigado a pagar una muita no menor de cien (100) dó-lares ni mayor de doscientos (200) dólares” etc.

La prueba demuestra que la Policía, habiendo tenido co-nocimiento de que en el barrio Las Cuevas se estaba llevando a efecto un juego de “bolita,” bajo la denominación de “La Estrella,” procedió a practicar un registro en la casa de la persona de quien tenían sospechas ya quien creían ser dueña o encargada o administradora de dicho juego. Los efectos encontrados debajo de la cama de la acusada eran evidente-mente de la clase de los que se usan corrientemente para dicho jnego. No era necesario que dichos efectos se estuvie-ran usando en el' preciso momento en que fueron ocupados por la policía.

La posesión de los objetos por la acusada, su negación de que en su casa hubiere tales objetos y su admisión al ser éstos encontrados debajo de su cama, de que se le privaba de aquello que le había dado para arreglar su casa y com-prar muebles, fueron elementos de prueba suficientes para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que los efectos encontrados se estaban utilizando por la acusada en la ex-plotación del juego de “bolita.” No se ha alegado que la corte sentenciadora haya actuado movida por pasión, prejui-cio o parcialidad, y es por tanto nuestro deber respetar su fallo.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.*