text:
      In re Elfrick Méndez Morales.

      Número: TS-10,947

      Resuelto: 11 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra facultad disciplinaria en contra de un miembro de la profesión jurídica que ha incumplido con los requisitos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y no ha acatado las órdenes de este Tribunal.

Dada la inobservancia de los preceptos antes estableci-dos, suspendemos al Ledo. Elfrick Méndez Morales (licen-ciado Méndez Morales) de forma inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría.

I

El licenciado Méndez Morales fue admitido al ejercicio de la abogacía el 6 de julio de 1994 y prestó juramento como notario el 17 de febrero de 1995. El 8 de septiembre de 2015, la ODIN, a través de su director, el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, compareció ante este Foro mediante un Informe Especial sobre Incumplimiento de la Ley Notarial Puerto Rico y su Reglamento y en Solicitud de Remedios (Informe). En éste indicó que se le había notificado al licen-ciado Méndez Morales que adeudaba veintinueve índices mensuales de actividad notarial y cuatro informes estadís-ticos anuales de actividad notarial. Por ello, la ODIN le concedió un término de diez días para que el abogado se expresara al respecto.

El 19 de febrero de 2015, el licenciado Méndez Morales presentó una misiva ante la ODIN en la que señaló que no autorizaba documentos notariales desde hacía varios años y que pensó erróneamente que no podía presentar los índi-ces mensuales de actividad notarial de forma impresa. A esos efectos, se comprometió a presentar a tiempo los futu-ros informes.

El 26 de febrero de 2015, la ODIN emitió una Resolu-ción en la cual le reiteró al licenciado Méndez Morales la importancia de cumplir con la presentación de los informes estadísticos anuales y los índices mensuales de actividad notarial dentro de los términos correspondientes. Además, le apercibió que, de presentar nuevamente de forma tardía los mencionados informes, se referiría el asunto automáti-camente al Tribunal Supremo.

El 2 de septiembre de 2015, el licenciado Méndez Morales presentó ante la ODIN una Moción Explicativa junto a siete índices mensuales de actividad notarial negativa, co-rrespondientes a los meses de marzo hasta septiembre de 2015. En la referida moción indicó que, debido a la carga de trabajo y a que actualmente no realiza trabajo notarial, olvidó presentar los índices a tiempo, por lo cual solicitó que la ODIN excusara su inobservancia y aceptara la pre-sentación tardía de los informes. No obstante, el licenciado Méndez Morales no cumplió con la presentación de los res-tantes índices. Por ello, el Director de la ODIN presentó el Informe ante este Foro.

Así las cosas, el 28 de septiembre de 2015 emitimos una Resolución en la cual le concedimos un término final de veinte días al licenciado Méndez Morales para que mos-trara causa por la cual no debía ser sancionado por trans-gredir la Ley Notarial de Puerto Rico, el Reglamento Notarial de Puerto Rico y el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Además, se le apercibió que su incumplimiento resultaría en la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. El notario aún no ha comparecido ante este Tribunal.

II

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder in-herente de regular la profesión y, como tal, nos corresponde asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones de manera responsable, competente y diligente. Con el propósito de mantener la excelencia de la clase togada, reiteradamente hemos enfatizado la obligación que tienen los abogados de cumplir fiel y cabalmente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión.

Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX, que le impone al abogado el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La desatención de las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que representa una infracción al Canon 9. Por tal motivo, los abogados tienen una obligación inexcusable de atender y responder pronta y rigurosamente a nuestras órdenes y requerimientos, en especial los referentes a la investigación, tramitación y resolución de quejas y proceos disciplinarios. Ello, independientemente de los procedimientos iniciados en su contra.

Asimismo, sabemos que todo notario está obligado a cumplir cabalmente con la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., y el Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV. Su importancia es de tal magnitud, que desacatar los requerimientos cursados por la ODIN equivale a ignorar las órdenes de este Tribunal. El abogado debe ser cuidadoso y debe desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional. Por lo tanto, el incumplimiento con estas fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción disciplinaria correspondiente.

El Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2023, y la Regla 12 de su Reglamento, supra, dispone que todo notario tiene la obligación de rendir índi-ces mensuales sobre sus actividades notariales no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al mes informado. De igual forma, los notarios tienen que remitir el índice mensual a la ODIN aun cuando no hayan tenido actividad notarial durante ese mes, en cuyo caso deberán enviar un informe negativo sobre la actividad notarial.

A esos efectos, hemos señalado que “ la omisión de rendir índices notariales es una falta grave a los deberes que le impone la investidura de la fe pública notarial al notario, y por ello tal conducta merece severas sanciones disciplinarias’ ”. Además, hemos enfatizado que “ ‘dejar de enviar los referidos índices dentro del término exigido por ley puede prestarse a actuaciones de naturaleza grave y contribuir a la desviación de la fe pública que reviste a los notarios’ ”. A su vez, este Tribunal ha señalado que cuando un notario contraviene la Ley Notarial, viola el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

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A pesar de los múltiples apercibimientos, tanto de este Tribunal como de la ODIN, el licenciado Méndez Morales ha desplegado una conducta temeraria en desatención a nuestra autoridad como foro regulador de la profesión legal. Esa conducta, en sí misma, constituye un craso in-cumplimiento con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Por otro lado, el incumplimiento con las disposiciones de la Ley Notarial constituye una violación del Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Al igual que en otras ocasiones, no dudaremos en tomar acción disciplinaria en contra de abogados que incumplan tanto con nuestras órdenes y las de ODIN, como con las disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento.

> HH

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspen-sión inmediata e indefinida del licenciado Méndez Morales del ejercicio de la abogacía y la notaría.

El licenciado Méndez Morales deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá conti-nuar proveyéndoles consultoría ni representación legal, por lo que les devolverá los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar de su sus-pensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certifi-car ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se le ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado Méndez Morales y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investiga-ción e informe.

Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 29 de septiembre de 2015.

        In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

        In re Sosa Suárez, 191 DPR 261, 261-262 (2014).

        In re Bryan Picó, 192 DPR 246, 251 (2015); In re Martínez Romero, 188 DPR 511, 514-515 (2013).

        In re Bryan Picó, supra; In re Vera Vélez, supra.

        In re Martínez Romero, supra, pág. 515.

         In re Santaliz Martell, 194 DPR 911 (2016).

       íd.; In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337 (2015).

        In re Santaliz Martell, supra; In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 499 (2013).

       Íd.

       4 LPRA sec. 2023.

        In re Santaliz Martell, supra, pág. 5, citando a In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 778 (2009).

       Íd. Véanse, además: In re Feliciano Lasalle, 175 DPR 110, 114 (2008); In re Montañez Miranda, 158 DPR 738 (2003); In re Alvarado Tizol, 122 DPR 587 (1988).

        In re Cabrera Acosta, 193 DPR 461 (2015); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012).


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Juan O. Rodríguez López, querellado.

      Número: CP-2013-22

      Resuelto: 13 de mayo de 2016

      Tatiana M. Grajales Torruella, Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradoras generales, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Juan O. Rodríguez López, pro se; Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   PER CURIAM:

HH

El 9 de octubre de 2013, la Oficina de la Procuradora General de Puerto Rico (OPG) presentó una querella sobre conducta profesional en contra del Ledo. Juan O. Rodríguez López (querellado o licenciado Rodríguez López). La querella imputaba la violación de los Cánones 12, 18 y 38 del Código de Ética Profesional (Código), 4 LPRA Ap. IX.

El licenciado Rodríguez López fue admitido a la práctica de la abogacía el 30 de junio de 1995. El 27 de febrero de 2012, el Hon. Jaime José Benero López, en aquel entonces juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, emitió un Acta en la cual nos refirió la conducta del licenciado Rodríguez López en el proceso criminal Pueblo de Puerto Rico v. Radamés Rosario Díaz, JITR201100843, para que el asunto fuera evaluado a la luz de los cánones del Código de Ética Profesional (Cánones). En esencia, el juez expuso que el patrón de conducta del licenciado Rodríguez López durante el juicio provocó dilaciones excesivas en el proceso y que su reacción a la sanción impuesta podría ser contraria a la conducta requerida por los Cánones.

En lo pertinente, en el Acta se estableció lo siguiente:

A preguntas del Tribunal, informa el acusado que se ha tratado de comunicar con el abogado y no ha podido.
Señala el Tribunal que se emitió una orden de mostrar causa contra el abogado por la cual no se debiera imponérsele una sanción de $1,000. Sin embargo, se le indica al señor al-guacil que informe si la misma fue diligenciada porque al abo-gado hay que también darle el debido proceso de ley.
Informa el alguacil de sala que la misma fue diligenciada el 13 de febrero de 2012.
El alguacil de sala, a preguntas del Tribunal, informa que el licenciado no se ha comunicado a la Sala 504, no ha llamado a esta Sala, ni se ha comunicado con su secretaria. Querella, Anejo III, pág. 1.

El 30 de marzo de 2012 emitimos una Resolución concediendo al licenciado Rodríguez López el término de 20 días para que se expresara en torno al Acta de la vista del 23 de febrero de 2012 en el Tribunal de Primera Instancia. Transcurrido el término y sin haber recibido respuesta por parte del licenciado Rodríguez López, el 27 de marzo de 2012 el foro de instancia emitió una Resolución y un Acta Enmendada, y presentó una Moción Informando Envío de Transcripción, en la cual se presentó para el expediente la transcripción de la vista del 23 de febrero de 2012. Por lo anterior, el 3 de mayo de 2012 le concedimos un nuevo término de 20 días al licenciado Rodríguez López para que se expresara en respuesta a la Resolución y a la transcripción de la vista presentada por el Tribunal de Primera Instancia.

El 7 de mayo de 2012, el licenciado Rodríguez López presentó su Contestación a Queja, en la cual expuso su posición en cuanto a la situación en controversia. En su escrito expresó que asumió la representación legal del Sr. Radamés Rosario Díaz (señor Rosario Díaz) apenas 2 días antes de la vista del 14 de diciembre de 2011. Alegó que ese mismo día le informó al señor Rosario Díaz que el día de la vista tenía otros asuntos señalados previamente fuera de la jurisdicción de Ponce. El licenciado Rodríguez López ar-güyó que, por no poder asistir a la vista, orientó al cliente que compareciera temprano a la Sala 504 para que excu-sara su ausencia. Además, según nos expuso, le dejó saber a su cliente que él personalmente llamaría al tribunal para excusarse y explicar los motivos de su incomparecencia.

En cuanto a la vista del 24 de enero de 2012, el licen-ciado Rodríguez López expresó que mientras se dirigía al Tribunal de Primera Instancia de Ponce, recibió una lla-mada de un contratista que estaba realizando labores de construcción en su oficina en Ponce. En dicha llamada el contratista le comunicó que personal de la Oficina de Per-misos del Municipio de Ponce se había presentado en los predios y estaban solicitando los permisos de construcción y no los encontraban. Por ello, el licenciado Rodríguez Ló-pez tuvo que desviarse y atender la situación personal en su oficina, en ese momento, para que no se paralizaran las labores de construcción. No obstante, alegó que se comu-nicó inmediatamente con el Tribunal de Primera Instancia para explicar la situación y solicitó que se pospusiera la vista para más tarde ese día o se recalendarizara a una fecha posterior. Luego, durante el día, el licenciado acudió al tribunal y se le informó que el caso había sido recalen-darizado para el 23 de febrero de 2012, a las 8:30 a. m.

En su contestación, el licenciado expuso que el 23 de febrero de 2012 compareció al Tribunal de Primera Instan-cia de Ponce, pero se reportó a otras salas en las cuales tenía otros asuntos pendientes. A eso de las 9:20 a. m. se dirigió a la Sala 503 y encontró a su cliente en el pasillo. Su cliente le informó lo acontecido previamente en sala. Así, el licenciado entró a la sala y el alguacil le indicó lo sucedido y la sanción impuesta en su contra.

El licenciado Rodríguez López alegó que en ese mo-mento reaccionó sorprendido por el suceso y que le expresó al alguacil que, a su entender, el tribunal estaba abusando de su discreción, pues le podían haber dado un turno posterior como se le concede al Ministerio Público cuando la prueba no está presente. Así las cosas, el licenciado Rodrí-guez López le comentó al alguacil que “el Honorable Tribunal le había en varias ocasiones expresado a [sus] clientes que si no llegaban [con él] inmediatamente [lo] iba a meter preso, en momentos en los cuales [se] encontraba postulando en otras salas”. Por último, el licenciado opinó que “el Honorable Juez iba a seguir con esa conducta hasta que alguien le radicara una querella y que las ganas que [le] daban eran de radicarle una querella”. Acto seguido, el alguacil le informó que iba a hablar con el juez para ver qué se podía hacer. Luego de hablar con el juez, el tribunal de instancia llamó el caso nuevamente y se le tomó jura-mento al alguacil para que narrara lo acontecido minutos antes con el licenciado Rodríguez López.

Conforme lo anterior, el 29 de junio de 2012 referimos el asunto a la OPG para que nos rindiera su informe. El 8 de agosto de 2012 recibimos el Informe del Procurador General, en el cual nos expuso que durante la investigación se descubrieron algunas incongruencias entre las alegaciones del querellado y la Resolución de 27 de marzo de 2012. En particular, el licenciado Rodríguez López manifestó original-mente que no compareció el 2 de diciembre de 2011 por te-ner señalamientos previos, mientras que el Acta del tribunal establecía que su cliente había informado a la corte que el licenciado Rodríguez López no podía comparecer por te-ner un familiar enfermo en San Juan. Además, la OPG ex-puso que en cuanto a la ausencia a la vista de 24 de enero de 2012, el licenciado Rodríguez López antepuso sus intereses personales a los de su cliente.

Así las cosas, el 15 de agosto de 2012 —notificada el 17 de agosto de 2012— emitimos una Resolución en la cual le concedimos al licenciado Rodríguez López el término de 20 días para que se expresara en torno al Informe del Procu-rador General. El 18 de septiembre de 2012, el licenciado Rodríguez López compareció mediante una Réplica al In-forme del Procurador General. Con el beneficio de la com-parecencia de ambas partes, el 25 de enero de 2013 instrui-naos a la Procuradora General a que presentara las querellas correspondientes a la luz de la conducta del licenciado.

Conforme lo anterior, el 9 de octubre de 2013 la Procuradora General presentó la querella. Otorgamos entonces un término de 15 días al licenciado Rodríguez López para que contestara la querella. Transcurrido el término sin que éste respondiera, el 27 de diciembre de 2013 —notificada el 10 de enero de 2014— concedimos 10 días adicionales al licenciado para que contestara la querella en su contra.

El 30 de abril de 2014 se celebró la conferencia con ante-lación a la vista, durante la cual el licenciado Rodríguez López solicitó un término adicional de 15 días para contes-tar la querella. Por su parte, la Procuradora General solicitó que se ordenara al Tribunal de Primera Instancia que ele-vara el expediente del caso J1TR201100843. Ese mismo día se señaló la vista en su fondo para el 27 de agosto de 2014.

Según solicitado por la Procuradora General, el 2 de mayo de 2014 el Comisionado Especial emitió una orden en la cual solicitó a la Secretaria Regional del Centro Judicial de Ponce que elevara los autos originales o una copia certificada del expediente del caso y la regrabación de las vistas celebradas los días 2 y 4 de diciembre de 2011, 24 de enero y 23 de febrero de 2012.

Con el beneficio de todo lo anterior, el 27 de agosto de 2014 se celebró la vista en su fondo. En ésta, el Comisio-nado Especial dirimió la prueba y llegó a las determinacio-nes de hechos siguientes:

1. El Sr. Radamés Rosario Díaz contrató los servicios profesio-nales del Ledo. Juan Carlos Rodríguez López en una fecha no especificada del año 2011 para que lo representara en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Radamés Rosario Díaz, por Art. 5 07 (Imprudencia o Negligencia Temeraria) de la Ley de Tránsito, Niím. J1TR201100843 y para que entablara una demanda en daños y perjuicios. Ambos casos están relacionados con un accidente de vehículo de motor.
2. El 2 de diciembre de 2011, fue llamado para vista en su fondo el caso número J1TR201100843 en la Sala 504 del TPI, Sala de Ponce. El imputado, el señor Rosario Díaz, compareció sin re-presentación legal. El señor Rosario Díaz informó al TPI (Hon. Mariano Daumont Crespo, Juez) que su abogado era el licen-ciado Juan Carlos Rodríguez López. Luego de un receso, el im-putado informó que se comunicó con su abogado quien se encon-traba en San Juan atendiendo un asunto familiar. La vista se transfirió para el 14 de diciembre de 2011 a las 8:30 a.m. El tribunal ordenó la cancelación de un sello de suspensión.
3. El lunes 12 de diciembre de 2011, dos días antes de la vista en su fondo, el licenciado Juan Carlos Rodríguez López y el señor Rosario Díaz le solicitaron al querellado Juan Oscar Ro-dríguez López que a partir de ese momento atendiera el caso número J1TR201100843. Le informaron a éste que el juicio estaba señalado para el 14 de diciembre de 2011. El querellado aceptó representar al señor Rosario Díaz y le expresó que no podría comparecer a la vista del 14 de diciembre de 2011.
4. El licenciado Juan Oscar Rodríguez López no presentó una moción solicitando la transferencia de la vista señalada para el 14 de diciembre de 2011. Éste testificó que en tan corto tiempo para solicitar una transferencia de vista, se acostum-bra llamar a la sala el día de la vista para solicitar la misma.
5. El 14 de diciembre de 2011, el caso número J1TR201100843 fue llamado para la vista en su fondo. El imputado compareció sin representación legal. El Ministerio Público expresó estar preparado. El alguacil del salón de sesiones 504 habló por telé-fono con el Ledo. Juan Carlos Rodríguez López, hermano del querellado, quien le indicó que el licenciado Juan Oscar Rodrí-guez López se encontraba en San Juan. Por lo que no podría comparecer. El tribunal transfirió la vista en su fondo para el 24 de enero de 2012 a las 8:30 a.m. en otro salón de sesiones, el 503 y ordenó la cancelación de un sello de suspensión. Ese mismo día el alguacil notificó por teléfono el nuevo señala-miento al querellado.
6. El 24 de enero de 2012, el querellado se comunicó por telé-fono con el alguacil de la Sala 503 para informar que no podría comparecer por una situación con un proyecto de construcción y que otro abogado lo sustituiría. Al ser llamado el caso esta-ban presentes el imputado representado por el licenciado Athos Vega en sustitución del licenciado Juan Oscar Rodrí-guez López, la prueba de cargo y el Ministerio Público. El li-cenciado Vega informó al tribunal que el licenciado Juan Oscar Rodríguez López no podría comparecer por estar atendiendo una situación relacionada con una construcción que estaba llevando a cabo en su casa. El Hon. Benero García, emitió una orden para que el querellado compareciera el 23 de febrero de 2012 a las 8:30 de la mañana a la Sala 503 para mostrar causa por la cual no deba imponerse una sanción eco-nómica por $1,000.00. [sic] por su incomparecencia a la vista del 24 de enero de 2012, a pesar de haber sido citado. Le aper-cibió que de no comparecer a la vista para mostrar causa, se le considerará culpable de desacato al tribunal y se le impondrá la sanción económica de rigor. El imputado y la prueba queda-ron citados para el 23 de febrero de 2012 a las 8:30 a.m.
7. El 13 de febrero de 2012, un alguacil notificó personalmente al querellado la orden de mostrar causa del 24 de enero de 2012.
8. El 23 de febrero de 2012, fue llamado el caso del señor Rosario Díaz para juicio. Estaban presentes la prueba de cargo, el Ministerio Público y el imputado sin representación legal. Cuando fue llamado el caso, el querellado se encontraba en otra sala del Centro Judicial de Ponce atendiendo otro asunto. El Tribunal preguntó al alguacil de la sala si el quere-llado se había comunicado esa mañana por teléfono, respon-diendo éste que después de verificar con las oficinas de las Salas 503 y 504 el querellado no se había comunicado. Ante la incomparecencia del querellado, el tribunal ordenó citar per-sonalmente al querellado con la notificación de la ejecución del pago por $1,000.00 para el día siguiente a las 5:00 p.m. y transfirió la vista en su fondo para el 20 de marzo de 2012. Posteriormente, a las 9:45 a.m. llegó a la sala el querellado. El alguacil le informó al querellado del nuevo señalamiento y de la sanción impuesta por el tribunal. A lo que el querellado respondió que el juez “se supone que primero me amoneste”, que no procedía la imposición de una sanción y que por la acción tomada por el juez, él podría presentar una querella contra éste. El querellado le indicó al alguacil que él estaba en otra sala atendiendo otro asunto y que había dejado éste [sic] caso para lo último porque era para verse en los méritos. Pro-cedió el alguacil a entrar a la oficina del juez a informarle de la comparecencia del querellado y de lo manifestado por éste. Habiendo el juez escuchado al alguacil, llamó nuevamente el caso, estando presentes el imputado junto al querellado y el Ministerio Público. El juez ordenó que se le tomará [sic] jura-mento al alguacil y una vez juramentado, le solicitó que ver-tiera para el récord lo expresado a éste por el querellado. [...]
Después de escuchar al alguacil, el tribunal dejó sin efecto la sanción impuesta al querellado, ordenando su archivó [sic] bajo la Regla 247-B de Procedimiento Criminal, ordenó la transcrip-ción de la vista y refirió el expediente al Tribunal Supremo para que tomara cartas en el asunto. El juez no le permitió al que-rellado contrainterrogar al alguacil. (Escolio omitido). Informe del Comisionado Especial de 13 de enero de 2015, págs. 7-11.

Con el beneficio del expediente del caso y del Informe del Comisionado Especial, resolvemos.

II

El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, recoge las normas mínimas de conducta que regulan la profesión de la abogacía y promueven las guías de comportamiento ejemplar para beneficio de la ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia. Aquellos que ostentan el privilegio de ser admitidos a este Foro tienen la obligación de actuar siempre de acuerdo con los más altos principios éticos.

A. Canon 12

El Canon 12, supra, específicamente impone a los abogados la obligación de ser puntuales en su asistencia, así como concisos y exactos en la tramitación de las causas. Este canon dispone:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razo-nes poderosas y sea indispensable para la protección de los de-rechos sustanciales de su cliente. 4 LPRA Ap. IX, C. 12.

Conforme con lo anterior, los abogados deben la más estricta observancia a las órdenes judiciales; de otro modo, pueden quedar sujetos al rigor disciplinario.

Esta Curia ha resuelto que la continua desobediencia a las órdenes de los tribunales demuestra una grave infracción a los principios básicos de ética profesional, que exigen el mayor respeto hacia los tribunales. El comportamiento de todo abogado “ ‘no debe ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial’ ”.

Por lo tanto, las incomparecencias injustificadas del abogado a las vistas señaladas por el tribunal y las actuaciones que pongan en riesgo la acción de su cliente, son violaciones al Canon 12, supra.

B. Canon 18

El Canon 18, supra, impone a todo abogado el deber de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.

Esta Curia ha expresado reiteradamente que todo miembro de la profesión legal tiene el deber de defender los intereses de sus clientes con un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. Este deber se infringe cuando se asume una representación legal conscíente de que no se puede rendir una labor idónea y competente o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.

Al asumir un caso, el abogado se obliga a realizar todas las gestiones posibles, dentro del marco ético, en beneficio del cliente. No hay espacio para que los abogados actúen con displicencia, dejadez y desidia en la tramitación de los asuntos que le han sido delegados. Por lo tanto, este deber de diligencia profesional genera una obligación dual frente a su cliente, así como frente a los tribunales en la administración de la justicia. Así, la diligencia “ ‘implica que el [abogado] realice las gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de la controversia’ (Corchetes en el original).

Cónsono a lo anterior, un abogado infringe el Canon 18, supra, cuando exhibe una conducta negligente al no responder planteamientos fundamentales, ignorar órdenes ju-diciales, incurrir en errores crasos o desatender o abandonar el trámite de un caso, entre otras conductas.

C. Canon 38

Por último, el Canon 38, supra, dispone que el abogado o la abogada “deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Además, según dicho canon, “ ‘[p]or razón de la confianza pública en él depositada [...] todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable’ ”. (Corchetes en el original).

En múltiples ocasiones hemos señalado que cada abogado representa la profesión y debe actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce. Consecuentemente, se le recomienda a todos los abogados actuar a un nivel superior y no al margen de lo establecido por los Cánones.

Es por esto que todos los abogados deben estar en un ejercicio constante de introspección en el cual analicen si su conducta está acorde con la responsabilidad ética y moral que permea el ejercicio de la abogacía. Por lo tanto, la responsabilidad moral y ética que rige nuestra profesión obliga a todo abogado a examinar su comportamiento continuamente.

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A. La Procuradora General presentó la querella el 9 de octubre de 2013, en la cual formuló tres cargos contra licenciado Rodríguez López. En los primeros dos cargos se le imputa haber incurrido en una conducta violatoria de los preceptos enunciados en los Cánones 12 y 18 de Ética Profesional, supra. Esto es, el licenciado causó dilaciones in-necesarias en la tramitación y solución del caso criminal J1TR201100843 de la Sala Superior de Ponce.

Así, el licenciado Rodríguez López incumplió con su deber de comparecer a todos los señalamientos del referido caso. Las incomparecencias de los abogados a los señalamientos debe ser la excepción, no la costumbre, y solo de-ben ausentarse por razones excepcionales. Por su parte, el querellado no explicó ni justificó adecuadamente la razón por la cual no podía comparecer a las vistas previo a la fecha de las mismas, lo que privó al tribunal de poder atender el asunto. Igualmente, el querellado infringió el Canon 18 por no ser diligente ni competente en la defensa de los intereses de su cliente, causando con ello demoras irrazonables en el asunto para el cual fue contratado.

Luego de estudiado el expediente y el Informe del Comisionado, entendemos que el licenciado Rodríguez López violó los Cánones 12 y 18 de Ética Profesional, supra, al dilatar injustificada e irrazonablemente el trámite del caso para el cual fue contratado. Así, el querellado asumió la representación legal a sabiendas de que el caso tenía una vista pautada para el 14 de diciembre de 2011, sin embargo, no compareció ni presentó una moción previa para excusar su incomparecencia. Además, el querellado fue citado para comparecer el 23 de febrero de 2012 a las 8:30 a. m. a la Sala 503 del Tribunal de Primera Instancia de Ponce y llegó a las 9:45 a. m., sin haberse excusado previamente. Lo anterior causó que la vista fuera pospuesta en múltiples ocasiones debido a su incomparecencia.

B. En cuanto al cargo III de la querella, se le imputa al licenciado Rodríguez López haber infringido el Canon 38 de Ética Profesional, supra. Este canon establece que los abogados deberán esforzarse al máximo para exaltar el honor y la dignidad de su profesión y no incurrir en una con-ducta impropia o en la apariencia de ésta.

Por no haberse desempeñado de manera diligente, con el cuidado y esmero en la tramitación del caso, el querellado incumplió con el deber de exaltar la dignidad y el honor de la profesión, según lo exige el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Entendemos que el querellado violó el referido canon al no comparecer a la vista del 14 de diciembre de 2011, sin presentar una moción para exponer la razón para su incomparecencia y al no presentarse a la Sala 503 el 23 de febrero de 2012 a las 8:30 a. m., según fue citado.

De la misma manera, la conducta desplegada por el querellado el 23 de febrero de 2012 ante un funcionario del tribunal en reacción a la sanción impuesta es repudiada por los Cánones y por esta Curia. El licenciado Rodríguez López mostró una actitud desafiante y amenazante hacia el juez.

Una vez el querellado faltó a su deber de comparecencia, el tribunal de instancia le citó para el 23 de febrero de 2012 para que mostrara causa por la cual no debía impo-nerse una sanción económica de $1,000 por sus continuas incomparecencias. Sin embargo, contrario a lo esperado, el licenciado Rodríguez López no compareció según había sido citado, sino que llegó con más de una hora de tardanza sin excusarse previamente. Al momento de informarle so-bre las consecuencias de su incumplimiento, el querellado se tornó desafiante y amenazante ante la figura del juez. Así quedó recopilado con el testimonio bajo juramento del alguacil de sala.

Cuando un abogado está en desacuerdo con las determi-naciones del tribunal tiene disponible el recurso de reconsideración. No obstante, la actitud tomada por el licen-ciado Rodríguez López y sus amenazas de presentar una querella contra el togado constituye, en esta circunstancia en particular, una clara violación al referido Canon 38.

C. Por último, debemos señalar que las acciones en in-cumplimiento del deber del licenciado Rodríguez López ha-cia los procesos en los tribunales lamentablemente se vio reflejado ocurrieron aun durante el proceso disciplinario en su contra. El 27 de diciembre de 2013 —notificado el 10 de enero de 2014— se le concedió un término para que repli-cara a la querella presentada en su contra. No obstante, el día de la conferencia con antelación a la vista el querellado manifestó que se le había traspapelado la querella, por lo que solicitó un término adicional para expresarse en torno a ésta. Sin embargo, y a pesar de las múltiples solicitudes de prórroga y de haberle concedido el tiempo adicional so-licitado, el licenciado no presentó su contestación a la querella. Con este proceder, el querellado incumplió con nuestras órdenes de 14 de octubre de 2013 y de 27 de diciembre de 2013, y con la Orden del Comisionado Especial emitida el 30 de abril de 2014, alegando que decidió esto como “estrategia” para su caso. Ciertamente, las solicitu-des de prórroga son un mecanismo excepcional que per-mite a las partes un tiempo adicional. Lo que no podemos permitir es que una parte abuse de este mecanismo utili-zándolo como estrategia de litigación para dilatar los procesos.

El incumplimiento de un abogado con las órdenes emitidas en un procedimiento disciplinario quebranta el compromiso de éste con el deber de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz. Este incumplimiento constituye una falta ética separada y distinta de los méritos de la querella y conlleva la imposición de una sanción.

IV

Por los fundamentos expuestos en la Opinión per curiam que antecede, se ordena la suspensión inmediata del Ledo. Juan O. Rodríguez López de la práctica de la abogacía por el término de 30 días.

En caso de que éste se encuentre representando clientes ante nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el deber de notificarles sobre su inhabilidad de continuar representándolos y devolverles los honorarios por trabajos no realizados. Deberá asimismo informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga casos pendientes. También deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término de 30 días contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. Notifíquese personalmente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Contestación a queja, 7 de mayo de 2012, pág. 3.

       íd.

       Debido a la designación de la Leda. Margarita Mercado Echegaray como Procuradora General el 15 de marzo de 2013, en adelante haremos referencia a su oficina como “Oficina de la Procuradora General” y a su persona como “Procuradora General”.

        In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826, 830 (2013); In re Falcón López, 189 DPR 689, 695-696 (2013).

        In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 28 (2008).

        In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 36 (2011); In re Collazo I, 159 DPR 141, 148 (2003).

       Íd., pág. 149.

        In re Díaz Alonso, Jr., 115 DPR 755, 762 (1984). Véase In re Nieves Nieves, supra.

        In re Nieves Nieves, supra; In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 197-198 (2012).

        In re Mulero Fernández, supra, pág. 29.

        In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199; In re Meléndez Figueroa, 166 DPR 199, 206 (2005); In re Martínez Miranda, 160 DPR 263, 266 (2003); In re Aguila López, 152 DPR 49, 51-52 (2000).

        In re Meléndez Figueroa, supra,

        In re Cuevas Borrero, supra.

        In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1012 (2013); In re Cuevas Borrero, supra; In re Nieves Nieves, supra, pág. 37.

        In re Nieves Nieves, supra, pág. 38, citando a S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 179.

        In re Rivera Nazario, supra; In re Nieves Nieves, supra.

        In re Rivera Navarro, 193 DPR 303, 319 (2015). Véanse: In re Guemárez Santiago, supra, págs. 619-620; In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 821 (2007).

        In re Rivera Navarro, supra; In re Guemárez Santiago, supra, pág. 620; In re Santiago Ríos, supra, pág. 822; In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005); In re Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541 (2001); In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542, 556 (2000).

        In re Rivera Navarro, supra.

        In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 642 (2011).

        In re Nieves Nieves, supra, pág. 45; In re Rodríguez Vázquez, 176 DPR 168, 177 (2009).

        In re Vega Lasalle, 164 DPR 659 (2005); In re Ríos Acosta I, 143 DPR 128 (1997).

        In re Grau Díaz, 154 DPR 70 (2001); In re López López, 149 DPR 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 DPR 55 (1998); In re Ríos Acosta I, 139 DPR 117 (1995); In re Pérez Benabe, 133 DPR 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 DPR 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 DPR 717 (1992).


author: per curiam:

text:
      In re Noelma Colón Cordovés.

      Número: TS-12,457

      Resuelto: 16 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

En atención al siguiente marco fáctico que revela una reiterada desatención a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y de este Tribunal, así como por no mantener actualizada su información en el Registro Único de Abogados y Abogadas, suspendemos in-mediata e indefinidamente a la Leda. Noelma Colón Cor-dovés del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Veamos.

HH

El 16 de marzo de 2015 el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías (Director de la ODIN), presentó un Informe Especial sobre Incumplimiento de la Ley Notarial y su Reglamento, y en Solicitud de Remedios, relacionado con el incumplimiento de la Leda. Noelma Colón Cordovés (licenciada Colón Cordovés) con algunos de sus deberes ministeriales en calidad de notaría. Específicamente, el Director de la ODIN ex-puso que el 31 de octubre de 2014 le dirigió una carta por correo certificado con acuse de recibo a la abogada de epígrafe en la cual le informó que adeudaba un total de treinta y ocho índices de actividad notarial mensual, así como informes estadísticos de actividad notarial anual desde el 2004 hasta el 2013. En vista de lo anterior, se le concedió un término de diez días calendario a la licenciada Colón Cordovés para que rindiera todos los documentos adeudados a la ODIN y expresara las razones de su reite-rada inobservancia. Además, se le apercibió sobre la gravedad de su conducta, así como de las consecuencias disciplinarias que podría acarrear tal incumplimiento. La notificación aludida se le remitió a la dirección de notificaciones que aparecía en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA).

Ante la devolución de la primera carta dirigida a la letrada por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), el 16 de enero de 2015 se le envió una segunda notificación vía correo certificado y vía correo ordinario. En esta oportunidad, el Director de la ODIN le concedió hasta el viernes, 6 de febrero de 2015 para verificar su cumplimiento con los requerimientos de esa dependencia. Once días más tarde, el 27 de enero de 2015, la segunda carta remitida a la licenciada Colón Cordovés fue igualmente devuelta.

En otras gestiones, el Director de la ODIN le envío una tercera comunicación el 11 de febrero de 2015 por correo ordinario a la dirección postal personal que consta en RUA. Esta carta, a diferencia de las anteriores, no fue devuelta. Asimismo, el 5 de marzo de 2015 se llamó al número de teléfono que surge de RUA, pero la persona que contestó expresó que no era la licenciada Colón Cordovés y que ese número le pertenecía a ella y no a la letrada.

Examinado el referido Informe presentado por el Director de la ODIN, el 29 de mayo de 2015 emitimos una Resolución mediante la cual le otorgamos a la abogada un término de quince días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría ni multada al amparo del Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2102. Además, se le concedió un término de cinco días para que cumpliera con sus deberes ministeriales y presentara tanto los índices notariales mensuales como los informes notariales anuales adeudados, actualizara su información en RUA y sometiera evidencia acreditativa del pago de su Fianza Notarial desde el 2011 hasta el 2015. Esta Resolución se le notificó personalmente a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal el 15 de junio de 2015.

Ante la inercia de la licenciada Colón Cordovés, el 28 de julio de 2015 el Director de la ODIN presentó una Moción Notificando Incumplimiento de Orden. En su escrito nos informó que habían vencido todos los términos que se le concedieron a la abogada sin que ésta tomara acción alguna para cumplir con nuestros requerimientos. Por tal razón, solicitó que tomáramos conocimiento de la conducta desplegada por la licenciada Colón Cordovés y que emitiéramos cualquier pronunciamiento procedente en Derecho.

rH HH

A. Conducta del abogado ante los tribunales y ante las entidades judiciales

Los abogados admitidos a la práctica de la profesión, por ser funcionarios de este Tribunal, están llamados a respetar, obedecer y responder diligentemente nuestras órdenes. In re Santaliz Martell, 194 DPR 911 (2016); In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753 (2016); In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337 (2015). Así pues, el Canon 9 del Código de Etica Profesional formula esta obligación y dispone, en lo que nos concierne, que “ [e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Consecuente con lo anterior, procede suspender inmediata e indefinidamente de la práctica de la abogacía en nuestra jurisdicción a cualquier miembro de la profesión legal que opta por ignorar nuestras órdenes y muestra indiferencia ante nuestros apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re Santiago Rodríguez, supra; In re López Santos et al., 194 DPR 960 (2016).

“Idéntica consecuencia supone el incumplir con los requerimientos de entidades a las cuales le hemos delegado alguna función en la tarea de regular el ejercicio de la profesión, como lo son la Oficina de la Procuradora General, la Oficina de Inspección de Notarías y la Junta del P[rograma de] E[ducación] J[urídica] C[ontinua]”. In re Ezratty Samo et al., 2016 TSPR 19, págs. 8-9, 194 DPR Ap. (2016). Véanse, además: In re Bello Rivera, 192 DPR 812 (2015); In re Ponce Ponce, 190 DPR 504 (2014). Menospreciar los requerimientos de cualquiera de estas entidades públicas posee el mismo efecto disruptivo en nuestra función reguladora de la profesión que cuando se ignora una orden emitida directamente por este Tribunal. In re Rodríguez Zayas, supra; In re Maldonado Nieves, 192 DPR 973 (2015); In re Ponce Ponce, supra.

B. Actualización de la información en RUA

En conformidad con la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B (Regla 9(j)), todo abogado autorizado a postular en nuestro Foro posee la obligación de mantener actualizada su información personal en la base de datos de RUA. Dicha información incluye la dirección postal personal y de su oficina, la dirección seleccionada para recibir las notificaciones, su dirección electrónica y sus números de teléfono. Véanse: In re Álvarez Westwood et al., 194 DPR 960 (2016); In re López Santos et al., supra; In re Nieves Vázquez et al., 194 DPR 960 (2016); In re Ezratty Samo et al., supra. El cumplimiento cabal con la Regla 9(j) permite que los miembros de la clase togada atiendan con prontitud las comunicaciones que se le remitan. In re Nieves Vázquez et al., supra. “Lo anterior garantiza que podamos ejercer eficazmente nuestra facultad de velar [por que] la clase togada cumpla con sus obligaciones ético-profesionales”. In re Ezratty Samo et al., supra, pág. 9. Fallar en el cumplimiento de esta disposición regla-mentaria obstaculiza nuestra jurisdicción disciplinaria y, por lo tanto, representa un fundamento suficiente para decretar la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. In re Alvarez Westwood et al., supra.

III

El Director de la ODIN intentó, a través de diversas gestiones, comunicarle a la licenciada Colón Cordovés so-bre su incumplimiento con los deberes legales impuestos tanto por la Ley Notarial de Puerto Rico como por su Reglamento. Sin embargo, éstas resultaron infructuosas. Habida cuenta que la letrada no actualizó su dirección postal en la base de datos de RUA, las notificaciones fueron devueltas por el USPS. Lo anterior motivó que intervinié-ramos para concederle un término con el propósito de que cumpliera con los requerimientos de la ODIN y con la Re-gla 9(j) de nuestro Reglamento. Al presente, la licenciada Colón Cordovés, quien estaba apercibida de las consecuen-cias que podría acarrear su desatención a las órdenes de este Tribunal, no ha comparecido.

Es pertinente destacar que, en este caso, la abogada expresó al alguacil que diligenció la Resolución de 29 de mayo de 2015 que presuntamente llevaba años sin ejercer la profesión. Si esa era la circunstancia particular de la letrada, bien pudo haber solicitado el cambio de estatus a abogada inactiva en RUA, en conformidad con nuestra Resolución de 30 de septiembre de 2011, ER-2011-04, In re R. 4 Prog. Educ. Jur. Cont., 183 DPR 48 (2011). En su lugar, optó por desatenderse e ignorar los deberes que impone la profesión legal en nuestra jurisdicción.

IV

En vista del craso incumplimiento de la Leda. Noelma Colón Cordovés con los requerimientos de la ODIN, con la Resolución de este Tribunal, así como con la obligación que dimana de la Regla 9(j) de nuestro Reglamento, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría a partir de su notificación.

Por tal razón, le ordenamos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos. Asi-mismo, se le ordena que devuelva a sus clientes tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios re-cibidos por trabajos no rendidos. Se le impone, además, la obligación de informar inmediatamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Por último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la Leda. Noelma Colón Cordovés y los en-tregará al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia a la Leda. Noelma Colón Cordovés a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       La Leda. Noelma Colón Cordovés fue admitida al ejercicio de la abogacía el 16 de julio de 1998 y prestó juramento como notaría el 4 de diciembre de ese mismo año.

       El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) devolvió la referida carta por la siguiente razón: Undeliverable as Addressed—Addressee Unknown. Cabe señalar que del expediente personal de la letrada surgen otras noti-ficaciones devueltas por el USPS desde el 2009, ya sea por dirección insuficiente (Insufficient Address) o por destinatario desconocido (Addressee Unknown, Return to Sender).

       En esta ocasión el USPS consignó que el motivo de la devolución fue Attempted —Not Known, Unable to Forward.

       Surge del diligenciamiento de esta Resolución que la abogada de epígrafe supuestamente llevaba varios años sin ejercer la profesión legal.

       Los notarios tienen la obligación de dar fiel cumplimiento a las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA. sec. 2001 et seq., y a su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIV. Además, éstos tienen que desempeñar su ministerio con sumo cuidado, esmero, diligencia y estricto celo profesional. In re Santaliz Martell, 194 DPR 911 (2016); In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753 (2016). Como consecuencia, el incumplir con estos deberes y obligaciones los sujeta a la facultad disciplinaria de este Tribunal. In re Santaliz Martell, supra; In re Santiago Rodríguez, supra.


text:
      In re Nelson Vélez Lugo, querellado.

      Números: AB-2008-127
    AB-2015-96

      Resueltos: 17 de mayo de 2016

      Dorcas J. Olivera Batista, quejosa, por derecho propio; Nelson Vélez Lujo, por derecho propio.
   per curiam:

En esta ocasión, nos corresponde atender nue-vamente una situación en la que un miembro de nuestra profesión desatiende las órdenes de este Tribunal y asume una conducta de extrema indiferencia durante el trámite de un proceso ético-disciplinario en su contra. En particular, sancionamos a un abogado que hizo caso omiso a las resoluciones de este Tribunal y violó así las disposiciones de nuestro Canon 9 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. De esta forma reiteramos, sin ambages de clase alguna, que no dudaremos en suspender de la profesión jurídica a aquellos letrados que falten al deber de diligencia y respeto hacia este Tribunal.

I

El Lcdo. Nelson Vélez Lugo fue admitido al ejercicio de la abogacía el 6 de junio de 1983 y prestó juramento como notario el 23 de junio de 1983. Durante su trayecto pro-fesional, éste ha sido objeto de múltiples quejas y procedi-mientos disciplinarios que han desembocado en amonestaciones, censuras enérgicas y suspensiones del ejercicio de la abogacía y de la notarial. A continuación, reseñamos los hechos que motivan la queja de epígrafe y que, según discutiremos más adelante, nos llevan a disciplinarle una vez más.

El 3 de junio de 2008, la Sra. Dorcas Olivera Batista presentó una queja ética contra el licenciado Vélez Lugo. Sostuvo, en síntesis, que en mayo de 1990 éste otorgó como notario tres escrituras de compraventa, segregación e hipo-teca las cuales no han podido ser inscritas. Ello se debió a que la información contenida en ellas no coincide con la información que consta en el Registro de la Propiedad. Añadió que, representada por el letrado, presentó una de-manda ante el Tribunal de Primera Instancia en el 2002 con el fin de lograr la inscripción de las referidas escrituras públicas. No obstante, señaló que el caso fue archivado eventualmente por la inacción del licenciado.

El 6 de agosto de 2008, el licenciado Vélez Lugo pre-sentó, tardíamente, su contestación a la queja. Alegó que su esposa había sufrido unos percances de salud que le imposibilitaron contestar a tiempo la queja presentada en su contra. En cuanto a los méritos del asunto que nos ocupa, aceptó haber autorizado las escrituras indicadas en la queja, pero negó haber estado a cargo de su presentación ante el Registro de la Propiedad. Además, reconoció que los problemas de inscripción de los instrumentos públicos es-taban relacionados con una incongruencia en la cabida re-manente de la finca principal, causada a su vez por la ins-cripción de otras escrituras de su segregación. Mencionó que presentó la demanda a la que aludió la señora Olivera Batista en aras de lograr la inscripción de las escrituras en controversia. Añadió, finalmente, que resolvería el asunto de la inscripción sin cobrar honorarios adicionales.

Así las cosas, el 10 de diciembre de 2010, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) rindió su Informe. Indicó que el licenciado Vélez Lugo “pudo haber incurrido en conducta negligente y contraria a los postulados del Código de Etica Profesional, al no atender oportunamente las deficiencias regístrales de sus escrituras y, en general, el asunto encomendado”. Mencionó que la obra notarial del letrado presentaba una multiplicidad de deficiencias. Recomendó a este Tribunal ordenar al licenciado Vélez Lugo llevar a cabo las gestiones necesarias para lograr la inscripción de los ins-trumentos públicos en controversia, antes de evaluar las po-sibles violaciones éticas en que éste incurrió.

El licenciado Vélez Lugo se expresó en torno al Informe de ODIN. Empero, éste únicamente atendió los señala-mientos relacionados a las deficiencias señaladas en su obra notarial. Es decir, no atendió la cuestión medular de la queja de epígrafe.

Así las cosas, el 4 de marzo de 2011 emitimos una Re-solución, mediante la cual ordenamos al licenciado Vélez Lugo presentar ante ODIN “un plan de acción” para lograr la inscripción de las escrituras en cuestión y mantener in-formado a este Tribunal de las gestiones efectuadas para cumplir con esta orden. Se le apercibió que su incumpli-miento podría conllevar sanciones.

El 7 de julio de 2011, ODIN compareció e informó que el licenciado Vélez Lugo no había remitido la información re-querida mediante la Resolución de 4 de marzo de 2011. Ante ello, el 21 de octubre de 2011 emitimos una segunda Resolución, notificada personalmente el 26 de octubre de 2011 mediante la cual concedimos al licenciado Vélez Lugo un término final de veinte días para cumplir con nuestra Resolución de 4 de marzo de 2011. Se le advirtió que su incumplimiento con lo anterior podría conllevar un proce-dimiento de desacato.

Para el 31 de enero de 2014, habiendo transcurrido más de dos años desde que emitimos la anterior Resolución, el licenciado Vélez Lugo no había cumplido con las órdenes de este Tribunal ni había planteado la existencia de justa causa para tal incumplimiento. Ante ello, el 31 de enero de 2014 emitimos una Resolución mediante la cual referimos el asunto a la Jueza Administradora del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para que el foro primario celebrara una vista de desacato.

El 3 de marzo de 2015 recibimos copia de un escrito presentado por ODIN ante el Tribunal de Primera Instancia con relación al caso de desacato. En éste, ODIN informa nuevamente que “no surge de [sus] expedientes que el licenciado Vélez Lugo haya presentado el plan de acción ini-cialmente requerido en la Resolución emitida por [este Tribunal] el 4 de marzo de 2011 y reiterada ulteriormente en la Resolución emitida el 21 de octubre de 2011”.

Conviene mencionar que entre diciembre de 2015 y fe-brero de 2016, el licenciado Vélez Lugo presentó varias mo-ciones ante este Tribunal en las que expresó que ha inten-tado comunicarse con la señora Olivera Batista por teléfono y mediante carta en ánimo de lograr la inscripción de las escrituras que motivan el presente caso. Anejó copia de una moción presentada ante el foro de instancia en el caso de desacato el 7 de diciembre de 2015 en la que informó las gestiones que ha realizado para, según alega, inscribir las escrituras. Entre éstas se encuentran, por ejemplo, llamar y escribir una carta a la señora Olivera Batista, revisar el expediente de la queja de epígrafe y reunirse con un abogado. Nótese que tales gestiones, lejos de ser un plan de acción como el ordenado, constituyen actuaciones aisladas que carecen de especificidad y que, como mínimo, el licenciado Vélez Lugo debió haber realizado desde que emitimos la orden en controversia en el 2011.

HH HH

Todo abogado tiene el deber ineludible de cumplir con diligencia las órdenes de este Tribunal, sobre todo cuando tales órdenes se dictan en el contexto de un proceso disciplinario ético. In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579 (2011). Así lo expresa el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, que regula lo relativo a la conducta de los abogados hacia los tribunales y requiere que ésta “se caracterice por el mayor respeto”. Id.

Cónsono con lo anterior, hemos advertido reitera-damente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999). Sin lugar a dudas, cuando “un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias” procede decretar su suspensión de la profesión de la abogacía. In re Pérez Román, supra, pág. 188. Véanse, además: In re Colón Olivo, 187 DPR 659 (2013); In re Marrero García, 187 DPR 578 (2012); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011).

Actuar con indiferencia, despreocupación y falta de cooperación es incompatible con la norma ética que el Canon 9, supra, pretende salvaguardar. In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217 (2011). Hemos sido enfáticos al expresar que este Tribunal no tolerará la actitud de indiferencia por parte de un miembro de nuestra profesión ante nuestras órdenes. In re López González, 189 DPR 581 (2013). Y no es para menos. Después de todo, desatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, “revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. (Énfasis suprimido). In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 126 (2013), citando a In re Escalona Colón, 149 DPR 900, 901 (1999).

Finalmente, conviene destacar que al momento de imponer una sanción disciplinaria, hemos de tomar en consideración los factores siguientes:

“(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado peijudicada; (iv) la aceptaci[ó]n de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el [á]nimo de lucro que meditó] en su actuaci[ó]n; (vii) resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. (Énfasis suprimido). In re Pérez Marrero, 185 DPR 449, 461 (2012), citando a In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 147 (2005).

III

En 2011 emitimos una Resolución mediante la cual le ordenamos al licenciado Vélez Lugo que presentara un plan de acción para lograr la inscripción de las escrituras relacionadas con la queja de epígrafe, so pena de sanciones. Este no cumplió con lo solicitado. A pesar de su incumplimiento, le otorgamos una segunda oportunidad para cumplir con nuestra orden. No obstante, habiendo transcurrido un término de más de cuatro años, el licenciado Vélez Lugo no ha presentado el plan requerido.

La actitud de indiferencia y dejadez del licenciado Vélez Lugo ante los requerimientos de este Tribunal es inaceptable. Su proceder es de menosprecio hacia nuestra autoridad y es incompatible con el ejercicio de la profesión de la abogacía. Su actitud constituye, pues, un absoluto menosprecio a lo dispuesto por el citado Canon 9 y a esta Institución. A lo anterior se suman factores agravantes tales como su historial disciplinario y el perjuicio que ha causado a la señora Olivera Batista la falta de diligencia del letrado durante un transcurso considerable de tiempo.

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el licenciado Vélez Lugo infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y ordenamos su suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía. En vista de lo anterior, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos correspondientes. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en el término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

La suspensión del licenciado Vélez Lugo no le exime de cumplir con las órdenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en el caso de desacato Pueblo v. Nelson Vélez Lugo, K FJ2014M0012, que se celebra en virtud de nuestra Resolución de 31 de enero de 2014. Por el contrario, lo aquí dispuesto en nada afecta los trámites del mencionado caso de desacato.

Notifíquese personalmente al licenciado Vélez Lugo esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Mediante opinión per curiam de 27 de abril de 2009, suspendimos al licen-ciado Vélez Lugo del ejercicio de la abogacía por un término de tres meses. In re Vélez Lugo, 175 DPR 854 (2009). Ante ello, su obra protocolar fue incautada. El 22 de julio de 2010 decretamos la reinstalación del licenciado Vélez Lugo a la abogacía, mas no a la notaría. Posteriormente, en In re Vélez Lugo, 180 DPR 987 (2011), suspendimos nuevamente de la profesión jurídica al letrado por un término de tres meses y, eventualmente, lo reinstalamos al ejercicio de la abogacía, pero no al de la notaría. En vista de ello, actualmente no está activo en el ejercicio la notaría.

       Véanse: In re Vélez Lugo, 164 DPR 751 (2005); In re Vélez Lugo, 168 DPR 492 (2006); In re Vélez Lugo, 175 DPR 854 (2009); In re Vélez Lugo, 180 DPR 987 (2011).

       Cabe destacar que el 9 de septiembre de 2008, la queja fue referida a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para la correspondiente investigación e informe. No obstante, en vista de que el 27 de abril de 2009 suspendimos por un término de tres meses al licenciado Vélez Lugo mediante opinión per curiam, el 9 de julio de 2009 archivamos administrativamente la queja de epígrafe. El 22 de julio de 2010 decretamos la reinstalación del licenciado Vélez Lugo, reactivamos la presente queja y, posteriormente, concedimos un término a ODIN para que presentara su informe en este caso.

       Véase el Informe de la ODIN de 9 de diciembre de 2010, pág. 8.

       Conforme a esta orden, el Tribunal de Primera Instancia ha celebrado varias vistas de desacato en el caso Pueblo v. Nelson Vélez Lugo, KFJ2014M0012. Particu-larmente, el 10 de septiembre de 2015 se celebró una vista a la cual compareció la Leda. Ana Cristina Díaz Velasco en representación de ODIN. Según se desprende de la minuta de la referida vista, el licenciado Vélez Lugo, representado por su abogado, expresó haber realizado gestiones dirigidas a finiquitar el asunto en cuestión. Soli-citó un término adicional de cuarenta y cinco días para completar las gestiones ne-cesarias para ello. A esto, la licenciada Díaz Velasco respondió que era preocupante el término transcurrido en este caso y que el licenciado debió trabajar el plan de acción con anterioridad. Resaltó que “no es el interés [de ODIN] promover una sanción!,] pero el término transcurrido y la falta de diligencia de las partes hace que no haya otra alternativa en este momento”. Véase Minuta de 10 de septiembre de 2015 del caso Pueblo v. Nelson Vélez Lugo, supra. Asimismo, el 10 de marzo de 2016 se llevó a cabo otra vista de cuya minuta surge que el licenciado Vélez Lugo se comprometió a contratar, en un término de treinta días, a un abogado para llevar a cabo un expe-diente de dominio con el fin de atender el asunto que nos ocupa. La siguiente vista de desacato en este caso está pautada para el 30 de junio de 2016.

       Véase Moción en cumplimiento de orden de ODIN del 3 de marzo de 2015, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia en relación al caso Pueblo v. Nelson Vélez Lugo, supra, págs. 2-3.

       Resaltamos, además, que el 29 de diciembre de 2015, la señora Olivera Batista presentó ante este Tribunal una moción en la que expresó que ‘lian pasado 25 años desde que se otorgaron las escrituras, 7 años desde que present[ó] [su] queja y 4 años desde que este Tribunal le ordenara corregir la situación [...] y es ahora, por el caso de desacato criminal, que el [licenciado] Vélez Lugo intenta comunicarse” con ella. Moción urgente solicitando remedio, pág. 1. Añadió que algunas de las personas relacionadas con las escrituras en controversia han muerto, y en cuanto a otras, desconoce su paradero. Asimismo, detalló que el remanente del Registro de la Pro-piedad ya no es el mismo, puesto que se han inscrito varias segregaciones posteriores a la otorgación de las escrituras en cuestión. Finalmente, indicó que no interesa que el licenciado Vélez Lugo lleve a cabo las gestiones dirigidas a la inscripción de su propiedad, pues no es una persona de su confianza.

       Según señalamos, es ahora, en el contexto de un procedimiento de desacato ordenado por este Tribunal y habiendo transcurrido más de cuatro años desde que emitiéramos la orden en cuestión, que el licenciado Vélez Lugo comparece ante nos y alega haber efectuado ciertas gestiones —tales como llamar por teléfono, enviar una carta a la señora Olivera Batista y revisar el expediente de la presente queja ética— supuestamente dirigidas a lograr la inscripción de las escrituras otorgadas. Aun así, nótese que tales gestiones no constituyen el cumplimiento con lo ordenado.


text:
      In re Héctor Luis Torres Dávila.

      Número: TS-13648

      Resuelto: 17 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Hoy nos corresponde ejercer nuevamente nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión inme-diata e indefinida de un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requisitos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y no acatar las órdenes de este Tribunal.

A tales fines, procedemos a delimitar los hechos que nos mueven a imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

r-H

El Ledo. Héctor Luis Torres Dávila (licenciado Torres Dá-vila) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001 y prestó juramento como notario el 16 de marzo de 2001. El 8 de diciembre de 2015, la ODIN, a través de su Director el Ledo. Manuel E. Avila de Jesús, compareció ante este Foro mediante Moción en auxilio del tribunal para in-cautación de obra notarial y otros remedios. En ésta, indicó que el licenciado Torres Dávila no ha atendido los señala-mientos de deficiencias notificados sobre la obra protocolar formada para 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009, en particular, las deficiencias arancelarias. Además, el abogado cerró su sede notarial y trasladó la obra protocolar a una nueva dirección física, sin contar con la autorización expresa de la ODIN.

Por otro lado, el licenciado Torres Dávila adeuda los in-formes de actividad notarial mensual de junio de 2001, oc-tubre de 2011, enero a diciembre de 2012 y desde diciem-bre de 2013 hasta el presente, así como los informes estadísticos de actividad notarial anual correspondientes a 2012, 2013 y 2014. El licenciado Torres Dávila tampoco ha pagado su fianza notarial desde el 2011 hasta el presente. Además, el abogado no tiene actualizada su información en el Registro Único de Abogados y Abogados (RUA).

A esos fines, la ODIN le hizo varios requerimientos al licenciado Torres Dávila. En particular, le solicitó la en-trega de su obra protocolar y completar los trámites relacionados al proceso de cesación voluntaria del ejercicio de la notaría. No obstante, las gestiones realizadas por la ODIN han resultado infructuosas.

Ante tales circunstancias, el 23 de diciembre de 2015 emitimos una Resolución en la cual se ordenó la incauta-ción de la obra notarial del licenciado Torres Dávila. A su vez, le concedimos un término de treinta días al abogado para que subsanara las deficiencias que le fueron notifica-das, acreditara el pago de la fianza notarial para los años en controversia y rindiera los informes adeudados. Final-mente, se le otorgó un término improrrogable de diez días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspen-dido del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Luego de incautar y examinar la obra protocolar del licenciado Torres Dávila, el 1 de marzo de 2016 la ODIN presentó Informe sobre estado de obra incautada, en el cual nos notificó las múltiples deficiencias encontradas en la obra protocolar del abogado. Entre éstas se encuentran: Protocolos sin encuadernar; ausencia de índice, nota de cierre y foliación al margen superior del Protocolo; falta de sello y rúbrica del notario; omisión de cancelar los sellos de rentas internas y de la Sociedad para la Asistencia Legal; ausencia de circunstancias personales de las partes compa-recientes, método de identificación y firmas de los otorgan-tes, y extravío de instrumentos públicos autorizados. Transcurridos los términos concedidos, el licenciado Torres Dávila aún no ha comparecido ante este Tribunal.

II

Nuestro Código de Ética Profesional establece las nor-mas mínimas de conducta que deben regir a los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de sus funciones. Con el propósito de mantener la excelencia de la clase togada, reiteradamente hemos enfatizado la obligación que tienen los abogados de cumplir fiel y cabal-mente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión.

Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que le impone al abogado el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La desatención de las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que representa una infracción al Canon 9. Por tal motivo, los abogados tienen una obligación inexcusable de atender y responder pronta y rigurosamente nuestras órdenes y requerimientos, en especial aquellos referentes a la investigación, tramitación y resolución de quejas y procesos disciplinarios. Ello, independientemente de los procedimientos iniciados en su contra.

Asimismo, sabemos que todo notario está obligado a cumplir cabalmente con la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see. 2001 et seq., y el Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRA Ap. XXIV. Su importancia es de tal magnitud que desacatar los requerimientos cursados por la ODIN equivale a ignorar las órdenes de este Tribunal. El abogado debe ser cuidadoso y tiene el deber de desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional. Por lo tanto, el incumplimiento con estas fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción disciplinaria correspondiente.

Por otro lado, en múltiples instancias hemos señalado que el notario es el custodio de los Protocolos y que tiene la obligación de guardarlos y conservarlos responsablemente para que no se pierdan o deterioren. Sabido es que la custodia y conservación de los Protocolos es de vital importancia para su protección e integridad. Tan importante es el deber de custodia de los Protocolos que el Art. 53 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2077, prohíbe su remoción de la oficina del notario, a menos que exista un decreto judicial a esos fines o una autorización de la ODIN.

En armonía con la Ley Notarial, el Reglamento Notarial también prohíbe el traslado físico de los Protocolos de la oficina del notario, excepto cuando se obtenga previamente una autorización del Director de la ODIN. Solo se puede prescindir del requisito de autorización previa de la ODIN cuando existe una emergencia y la integridad de los Protocolos está en peligro.

A su vez, el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2023, y la Regla 12 de su Reglamento, supra, dispone que todo notario tiene la obligación de rendir índices mensuales sobre sus actividades notariales no más tarde del décimo día natural del mes siguiente al informado. De igual forma, los notarios tienen que remitir el índice mensual a ODIN aun cuando no hayan tenido actividad notarial durante ese mes. En cuyo caso, éstos deberán enviar un informe negativo sobre la actividad notarial.

A esos efectos, hemos señalado que “la omisión de rendir índices notariales es una falta grave a los deberes que le impone la investidura de la fe pública notarial al notario, y por ello tal conducta merece severas sanciones disciplinarias”. Además, hemos enfatizado que “dejar de enviar los referidos índices dentro del término exigido por ley puede prestarse a actuaciones de naturaleza grave y contribuir a la desviación de la fe pública que reviste a los notarios”. A su vez, este Tribunal ha señalado que cuando un notario contraviene la Ley Notarial, incurre en una práctica que constituye una violación del Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen “la obligación de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Registro Único [de Abogados del Tribunal Supremo (RUA)]”. Entre otras cosas, el abogado deberá notificar cualquier cambio en su dirección, teléfono, fax y correo electrónico. El incumplimiento de lo anterior también podrá conllevar la imposición de sanciones disciplinarias. No olvidemos que cuando un letrado incumple con su deber de mantener al día su información de contacto, este obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

HH H-1 1—i

El licenciado Torres Dávila ha desplegado una conducta temeraria en desatención a nuestra autoridad como foro regulador de la profesión legal. Este ha incumplido reite-radamente con los apercibimientos y órdenes que, tanto este Tribunal como la ODIN, le hemos remitido. Esa con-ducta constituye un craso incumplimiento con el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra. Además, el licen-ciado Torres Dávila ha incumplido con varias disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento, lo que representa gran menosprecio a la práctica de la profesión jurídica.

Por otro lado, su omisión de mantener informado a este Tribunal sobre su dirección actual ha obstaculizado el ejer-cicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Ante tales cir-cunstancias, no dudaremos en tomar acción disciplinaria contra abogados que incumplan con nuestras órdenes o las de ODIN y que no demuestren interés en practicar la pro-fesión de la abogacía en esta jurisdicción.

> HH

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Torres Dávila del ejercicio de la abogacía y la notaría.

El licenciado Torres Dávila deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representación legal y deberá devolverles los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución, y los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar de su suspensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente, y la obligación de comunicarse con la ODIN para subsanar las deficiencias encontradas en su obra notarial y reponer la deuda arancelaria señalada en el Informe sobre estado de obra incautada presentado por la ODIN el 1 de marzo de 2016. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior en el término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam”y sentencia. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El 24 de febrero de 2015, la Leda. Ana C. Díaz Velasco, directora auxiliar de la Oficina de Inspección de Notarías, recibió una llamada telefónica del Ledo. Héctor Luis Torres Dávila, quien le confirmó que reside en el estado de Florida.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 23 de diciembre de 2015.

        In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, también: In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015); In re López González et al., 193 DPR Ap. (2015).

        In re Sosa Suárez, 191 DPR 261, 261-262 (2014).

        In re Bryan Picó, 192 DPR 246, 251 (2015); In re Martínez Romero, 188 DPR 511, 514-515 (2013).

        In re Bryan Picó, supra; In re Vera Vélez, supra.

        In re Martínez Romero, supra, pág. 115.

        In re Santaliz Martell, 194 DPR 911 (2016).

       Íd.; In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337 (2015).

        In re Santaliz Martell, supra; In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 499 (2013).

       Íd.

        In re Morales Maldonado, 193 DPR 340, 346 (2015); In re Rosenbaum, 189 DPR 115, 119 (2013); In re Sáez Burgos, 164 DPR 704, 707 (2005).

        In re Morales Maldonado, supra; In re Carrasquilla Martínez, 173 DPR 798, 803 (2008); In re Algarín Otero, 117 DPR 365, 369-370 (1986).

        In re Morales Maldonado, supra; In re Sánchez Quijano, 148 DPR 509, 512 (1999).

       4 LPRA Ap. XXIV.

       Íd.; In re Morales Maldonado, supra; In re Sáez Burgos, supra.

       4 LPRA sec. 2023.

        In re Santaliz Martell, supra, pág. 910; In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 778 (2009).

       Íd. Véanse también: In re Feliciano Lasalle, 175 DPR 110, 114 (2008); In re Montañez Miranda, 158 DPR 738 (2003); In re Alvarado Tizol, 122 DPR 587 (1988).

        In re Cabrera Acosta, 193 DPR 461, 467 (2015); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012).

        In re Bryan Picó, supra.

        In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).


text:
      In re Luis A. Alvarado Hernández.

      Número: TS-15,105

      Resuelto: 18 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Luis A. Alvarado Hernández, pro se.

   PER CURIAM:

Una vez más suspendemos a un abogado del ejercicio de la abogacía y la notaría por desatender reiteradamente nuestras órdenes.

I

El Ledo. Luis A. Alvarado Hernández fue admitido al ejercicio de la abogacía el 16 de febrero de 2005 y a la práctica de la notaría el 31 de marzo de 2005.

El 24 de septiembre de 2015, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó un informe especial en el que nos informó que el licenciado Alvarado Hernández incumplió con la Ley Notarial y su Reglamento. En esencia, esos incumplimientos consisten en no presentar los índices de actividad notarial para múltiples meses ni los informes estadísticos de actividad notarial anual para cinco años. La ODIN también nos informó que el licenciado Alvarado Her-nández no tiene una fianza notarial vigente desde 2011.

Surge del expediente que la ODIN le notificó esas defi-ciencias al letrado mediante correo certificado con acuse de recibo a las direcciones que incluyó en el Registro Unico de Abogados y Abogadas (RUA). Un agente autorizado del li-cenciado Alvarado Hernández recibió esa comunicación. Además de notificarle esas faltas, la ODIN le concedió al letrado un término para que las subsanara. No obstante, el licenciado Alvarado Hernández no compareció dentro del término provisto. Por lo tanto, la ODIN le envió una se-gunda notificación a la dirección de su sede notarial y a otras dos direcciones que aparecían en el RUA. Una de esas notificaciones fue devuelta por el servicio postal. De-bido a que el licenciado Alvarado Hernández tampoco com-pareció, la ODIN refirió el asunto a nuestra consideración.

El 26 de octubre de 2015, tomamos conocimiento del informe de la ODIN y ordenamos la incautación preventiva e inmediata de la obra protocolar y el sello notarial del letrado. Además, le concedimos un término de diez días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esa Resolución se le notificó perso-nalmente al licenciado Alvarado Hernández. Expirado ese término, compareció la ODIN para informarnos que el le-trado incumplió con el término provisto por este Tribunal. Al día de hoy, el licenciado Alvarado Hernández todavía no ha comparecido ante nos en respuesta a nuestra orden.

II

El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece las normas que deben seguir las personas que practican la abogacía y la notaría en Puerto Rico. In re Crespo Peña, 195 DPR 318 (2016). Estas reglas se establecieron para beneficio de la ciudadanía, la profesión legal y las instituciones de justicia. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015).

En lo aquí pertinente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que los letrados tienen el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Como corolario de esa obligación, se exige que los abogados cumplan pronta y diligentemente las órdenes de todos los tribunales. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011). Por esa razón, “asumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes, denota falta de respeto hacia nuestra autoridad, por lo que viola dicho Canon”. In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015). Esa violación es completamente independiente de los méritos que pueda tener la queja o el señalamiento pre-sentado contra el abogado. In re Crespo Peña, supra.

Por eso, desatender nuestras órdenes acarrea sanciones disciplinarias, incluso la suspensión inmediata de la profesión. In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015). Esto también aplica a cuando un abogado des-atiende los requerimientos que hace la ODIN. In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015). De esta forma, “ ‘[s]i luego de proveerle un término al abogado para que mues-tre causa por la cual no debe ser suspendido de la profe-sión, [e]ste incumple con nuestro mandato, procede que el abogado sea sancionado con la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía [...]’ ”. In re López González, 2015 TSPR 107, págs. 7-8, 193 DPR 1021 (2015), citando a In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77, 20 (2013).

r—i hH h-1

En este caso, el licenciado Alvarado Hernández desatendió nuestra orden para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía y la notaría. Tan es así, que aun hoy no ha comparecido. Igualmente, ignoró las comunicaciones de la ODIN para que subsanara varias deficiencias en su obra notarial. Esa conducta, por sí sola, es contraria al Canon 9 al Código de Ética Profesional, supra.

Con su proceder, el letrado nos ha demostrado que no interesa practicar la abogacía y la notaría en Puerto Rico. Como ese es su designio, no tenemos objeción a separarlo indefinidamente de la profesión.

IV

Por los fundamentos expuestos, suspendemos inmediata e indefinidamente al Ledo. Luis A. Alvarado Hernández del ejercicio de la abogacía y la notaría. Si este interesara que consideremos una futura solicitud de reinstalación, deberá, primero, subsanar todas las deficiencias notificadas previa-mente por la ODIN. Luego de que nos acredite lo anterior, estaremos en posición de evaluar una solicitud a esos fines.

Por otro lado, le imponemos al señor Alvarado Hernán-dez el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabili-dad para seguir representándolos y de informar inmedia-tamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en los que tenga algún caso pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y certi-ficar ante este Tribunal el cumplimiento de todo lo anterior, en el término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.


text:
      In re Javier Pérez Rojas, querellado.

      Número: AB-2015-225

      Resuelto: 18 de mayo de 2016

      Christine M. Mac Lachlan Rodríguez, quejosa, pro se.

   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión inme-diata e indefinida de un miembro de la profesión jurídica por incumplir con su deber de contestar una queja presen-tada en su contra y por desobedecer las órdenes de este Tribunal.

I

El 22 de junio de 2015, la Sra. Christine M. Mac La-chlan Rodríguez (promovente) presentó una queja contra el Ledo. Javier Pérez Rojas. La promovente aduce que el abogado de epígrafe fue contratado para la presentación de una solicitud de declaratoria de herederos y que no la realizó, a pesar de haberle satisfecho una suma excesivamente alta de honorarios.

En conformidad con el procedimiento dispuesto en la Regla 14(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, la Secretaría de este Tribunal le cursó una comunicación al licenciado Pérez Rojas para que cumpliera con su obligación de contestar la queja. El letrado incumplió.

Ante ese cuadro, la Secretaría le cursó otra comunicación, con fecha de 13 de agosto de 2015, en la que le concedió al licenciado Pérez Rojas un término adicional para contestar la queja.

Habida cuenta de que el licenciado Pérez Rojas incumplió con los requisitos de la Secretaría, el 29 de septiembre de 2015, este Tribunal emitió Resolución y le ordenó que con-testara la queja en un término final e improrrogable de cinco días. Además, fue apercibido de que su incumplimiento conllevaría sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. El licenciado Pérez Rojas fue notificado personalmente el 2 de octubre de 2015, con copia de la Resolución. A pesar de ello, el letrado incumplió con nuestra orden y no compareció.

II

Sabido es que nuestro Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el desem-peño de sus funciones. In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, también: In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015); In re López González et al., 193 DPR Ap. (2015).

Específicamente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que los abogados y abogadas deben “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Como corolario de ese deber, las personas que ejercen la profesión de la abogacía tienen que cumplir pronta y diligentemente con las órdenes de todos los tribunales, al igual que con todas las entidades públicas que intervienen en los procesos disciplinarios contra un letrado, incluyendo la Secretaría de este Tribunal. In re Maldonado Nieves, 192 DPR 973, 981 (2015); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011). Por tanto, “[a]sumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes, denota falta de respeto hacia nuestra autoridad, por lo que viola dicho canon”. In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015).

En múltiples ocasiones, nos hemos visto obligados a disciplinar a abogados que incumplen con su deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal y acatar nuestras órdenes. In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013); In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013). Desatender nuestros requerimientos es incompatible con la práctica de la profesión, pues constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y menoscaba nuestro poder inherente de regular la profesión jurídica. In re Cepero Rivera et al., supra, pág. 10; In re López González et al., supra, pág. 6; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829. Por lo tanto, tal conducta conlleva la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re López González et al., supra; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829.

Al amparo de la normativa jurídica expuesta, evaluaremos la conducta exhibida por el abogado de epígrafe.

III

Este Tribunal le concedió al abogado de epígrafe amplia oportunidad para que compareciera ante nos y contestara la queja presentada por la promovente. Éste incumplió, en clara inobservancia a nuestras órdenes.

De lo anterior, resulta claro que el licenciado Pérez Rojas ha incumplido y asumido una actitud despreocupada en cuanto a este asunto. Asimismo, ha tomado livianamente nuestros requerimientos y, al día de hoy, no ha compare-cido ante nos para cumplir con lo ordenado.

Así pues, la dejadez y la desidia de este abogado nos obligan a decretar que ha incumplido con su deber de guar-dar el mayor respeto hacia este Tribunal. Ello, relegando su responsabilidad de regirse por el Código de Ética Profe-sional y satisfacer los requisitos reglamentarios que se han establecido para garantizar el mejoramiento profesional y la diligencia de aquellos y aquellas que ejercen la profesión jurídica.

IV

Por los fundamentos que anteceden, suspendemos inmediata e indefinidamente al Ledo. Javier Pérez Rojas del ejercicio de la abogacía y la notaría hasta tanto cumpla con las órdenes de este Tribunal. Se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Pérez Rojas y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la la investiga-ción y el informe correspondientes.

Asimismo, se le impone al señor Pérez Rojas el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en el término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia. La Oficina del Alguacil de este Tribunal noti-ficará personalmente esta suspensión al Sr. Javier Pérez Rojas.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El Ledo. Javier Pérez Rojas fue admitido a la abogacía el 3 de enero de 1990 y prestó juramento como notario el 31 de enero de 1990.


text:
      In re Diana M. Pérez Padín.

      Número: TS-17,768

      Resuelto: 18 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en Informe.
   per curiam:

En el ejercicio de nuestro poder disciplinario, nos corresponde ordenar la suspensión inmediata e indefinida de un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), desacatar las órdenes de este Tribunal y no mantener actualizados sus datos personales en el Registro Único de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo (RUA).

A tales fines, procedemos a delimitar los hechos que nos mueven a imponer medidas disciplinarias a la abogada de epígrafe.

I

La Lcda. Diana M. Pérez Padín (licenciada Pérez Padín) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 9 de febrero de 2010 y juramentó como notario el 14 de enero de 2011.

El 8 de mayo de 2015, el Ledo. Manuel E. Ávila de Je-sús, Director de ODIN, compareció ante nos mediante el Informe Especial sobre Incumplimiento de la Ley Notarial Puerto Rico y su Reglamento y en Solicitud de Remedios (Informe). En éste indicó que la licenciada Pérez Padín ha incurrido en múltiples omisiones de sus obligaciones como notario y ha incumplido con varios requerimientos realiza-dos por ODIN.

En específico, la licenciada Pérez Padín ha incumplido con su obligación de remitir a ODIN, en los términos dis-puestos en el ordenamiento notarial, sus índices de activi-dad notarial correspondientes a diciembre de 2013 y enero a octubre de 2014.

Además, ODIN señaló que la licenciada Pérez Padín no había presentado el Informe Estadístico de Actividad Notarial Anual para el año natural de 2013. Por otro lado, ODIN informa que del expediente que custodian en sus oficinas no surge que la fianza notarial de la licenciada Pérez Padín esté vigente.

A pesar de que se le advirtió de la gravedad de esta conducta y se le concedieron múltiples oportunidades para rendir todos los documentos adeudados, la abogada no con-testó los requerimientos de ODIN.

Como situación agravante, cabe señalar que no está ac-tualizada la información que consta en RUA y en ODIN. La misiva con fecha de 10 de diciembre de 2014, en la que se le concedió un término para cumplir con los requerimientos de ODIN, fue devuelta el 15 de enero de 2015 por el Servi-cio de Correo Federal. De igual forma, resultó infructuosa la comunicación vía telefónica a través de los números que obran en RUA.

Conociendo que la licenciada Pérez Padín incumplió con los requisitos de ODIN, el 29 de mayo de 2015, este Tribunal emitió una Resolución y le ordenó que se expresara en torno al Informe. Además, se le apercibió de que su incum-plimiento conllevaría sanciones disciplinarias severas que podrían incluir la suspensión del ejercicio de la abogacía.

A pesar de ello, la licenciada Pérez Padín incumplió con nuestra orden y no compareció. El 28 de julio de 2015, el Director de ODIN presentó una Moción Notificando Incum-plimiento de Orden, en la que nos reiteró el incumpli-miento por parte de la abogada de epígrafe.

En consecuencia, el 18 de marzo de 2016 este Tribunal emitió una Resolución en la que le ordenó a la letrada mos-trar causa por la cual no deba ser suspendida de la aboga-cía por incumplir con las órdenes de ODIN, no mantener actualizado el RUA e incumplir con lo ordenado en nuestra Resolución de 29 de mayo de 2015. En esta ocasión, la li-cenciada Pérez Padín fue notificada personalmente. Nue-vamente incumplió con nuestras órdenes.

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Nuestro Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de sus funciones. In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, también: In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015); In re López González et al., 193 DPR Ap. (2015).

Consecuentemente, nos hemos visto obligados a disciplinar a abogados que incumplen con su deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal y acatar nuestras órdenes. In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013); In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013). Sabido es que desatender nuestros requerimientos es incompatible con la práctica de la profesión, pues constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional y menoscaba nuestro poder inherente de regular la pro-fesión jurídica. In re Cepero Rivera et al., supra; In re López González et al., supra; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829. Por lo tanto, tal conducta conlleva la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re López González et al., supra; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829.

Cónsono con esta obligación de atender con pre-mura nuestros requerimientos, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B, exige a los abogados mantener actualizados en el RUA sus datos personales, entre estos la dirección seleccionada para recibir notificaciones. Véanse: In re Cepero Rivera et al., supra; In re López González et al., supra; In re Rivera Trani, supra, pág. 460. Es norma reiterada que incumplir con esta exigencia obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y, por ende, es motivo suficiente para ordenar la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

Al amparo de la normativa jurídica expuesta, evaluaremos la conducta exhibida por la abogada de epígrafe.

III

Mediante el informe presentado ante este Tribunal, el Director de ODIN ha expuesto de forma detallada las gestiones realizadas para requerirle a la abogada de epígrafe que cumpla con los requisitos reglamentarios que hemos examinado. Lamentablemente, ésta ha desatendido en repetidas ocasiones sus requerimientos. En vista de ello, éste nos refirió el asunto para que ejerzamos nuestra facultad disciplinaria. De igual forma, la letrada ha observado un reiterado incumplimiento con nuestras órdenes.

De lo anterior, resulta claro que la abogada de epígrafe ha incumplido con los requisitos de ODIN y de este Tribunal y ha asumido una actitud despreocupada en cuanto a este asunto. De igual forma, ésta ha tomado livianamente nuestros requerimientos y, al día de hoy, no ha compare-cido ante nos para cumplir con lo ordenado.

Por lo tanto, con su dejadez y desidia, esta abogada ha faltado a su deber de guardar el mayor respeto hacia este Tribunal. Ello, relegando su responsabilidad de regirse por el Código de Etica Profesional y satisfacer los requisitos reglamentarios que se han establecido para garantizar el mejoramiento profesional y la diligencia de aquellos que ejercen la profesión jurídica. Como guardianes de nuestra jurisdicción disciplinaria, no podemos avalar este proceder.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspen-sión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de la Leda. Diana M. Pérez Padín. Como consecuencia, se le impone a la abogada el deber de notificar a todos sus clien-tes sobre su inhabilidad para continuar representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por los servicios no rendidos. Se le impone también la obligación de informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por último, acreditará a este Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado, dentro del término de treinta días contados a partir de la notifica-ción de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

El Director de ODIN mantendrá incautada la obra y el sello notarial de la señora Pérez Padín, y la examinará para rendir el correspondiente informe a este Tribunal. En consecuencia, se le ordena a la señora Pérez Padín que pre-sente los Indices Mensuales de Actividad Notarial y el In-forme Estadístico Anual de Actividad Notarial adeudados. Además, se le ordena que presente evidencia acreditativa del pago de su Fianza Notarial hasta el presente y subsane cualquier otra deficiencia de su obra notarial. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam”y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.