author: Ei, Juez Asociado Señok Wole,

text:
    Manuel Marrero Marrero, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 942.

    Sometido: Enero 18, 1935.

      Resuelto: Enero 30, 1935.

      José E. Díaz, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   Ei, Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Marrero Marrero presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Se-gunda, un certificado de compra expedido por el Colector de Rentas Internas de Yega Baja. El registrador inscribió el mismo sujeto a varias menciones de hipoteca que figuraban en el registro. El recurrente sostiene que debió efectuarse la inscripción libre de toda carga, de conformidad con el ar-tículo 347 del Código Político. Este artículo habla del de-recho de redención y dispone que si la redención no se ejer-citare dentro del año la inscripción debe efectuarse libre de gravamen.

El registrador se fundó en el artículo 315 del Código Po-lítico y sostiene que el certificado dejaba de demostrar que los acreedores que tenían sus derechos inscritos fueron noti-ficados de la subasta efectuada para el cobro de las contri-buciones, según el mismo provee. Al final del artículo 315-aparece lo siguiente:

“En todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de contribuciones, el Tesorero de Puerto Rico notificará la inscripción de dicha venta a todas las personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad, consig-nando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la propiedad y los demás datos que estimare opor-tunos. ’ ’

La cuestión no es nueva ante este tribunal, conforme demuestran las citas hechas por el registrador. En Fernández et al. v. Olivencia, et al., 19 D.P.R. 329, resolvimos, en efecto, que estatutos similares al artículo 315 que allí estaba envuelto tenían por miras la protección de los ciudadanos y que era esencial para la validez de una subasta efectuada en cobro de contribuciones, que se cumpliera estrictamente con las disposiciones del estatuto, tanto en lo que se refería al cumplimiento de cualesquiera condiciones anteriores como a cualesquiera condiciones posteriores a la venta, citando va-rios casos.

En Salgado v. Registrador de la Propiedad de San Juan, 26 D.P.R. 172, llamamos la atención al hecho de que la persona que solicitaba la inscripción libre de cargas no podía fundarse en la presunción de que uñ funcionario había cum-plido con sus deberes. Que no podía confiarse en tal presun-ción para probar un hecho esencial, sino meramente para los detalles y que todos los pasos necesarios para la validez de la venta debían probarse de manera positiva, citando casos.

Este último caso fué seguido en el de Mengell v. Registrador de Mayagüez, 31 D.P.R. 336.

El artículo 347 tan sólo es aplicable si se han observado las condiciones impuestas por el artículo 315 del mismo có-digo.

Debe confirmarse la nota recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Senos, Wolf,

license: Public Domain

text:
    Armour Fertilizer Works, demandante y apelante, v. Faustino Carrasquillo, demandado y apelado.
    No. 6214.

    Sometido: Febrero 7, 1934.

      Resuelto: Enero 30, 1935.

      B. Buscaglia, abogado de la apelante; J. Vendréll, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Senos, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Durante el juicio de este caso se presentó prueba tendente a demostrar que Faustino Carrasquillo adeudaba a la San-tini Fertilizer Company cierta cantidad de dinero. Original-mente se permitió que un testigo declarara sin objeción al-guna que la obligación de la Santini Fertilizer Company per-tenecía abora a la Armour Fertilizer Works, demandante en este caso. A instancia del demandado esta declaración fué eliminada. La teoría del demandado y de la corte fué que, como la reclamación de la Santini Fertilizer Company estaba garantizada con hipoteca, la cesión del crédito debía demos-trarse mediante un documento auténtico similar.

La apelante sostiene y demuestra que al iniciar esta acción no se fundó en la garantía de la hipoteca sino meramente en el traspaso de la obligación principal. Convenimos con la apelante. Todo lo que la demandante trataba de obtener era una sentencia en cobro de dinero y a ella tenía derecho. Podría presentarse otra cuestión si la apelante se hubiese basado en la hipoteca. Nada había en la demanda que justificara un ejecutivo y la apelante lo hizo constar así específicamente durante el juicio. Véanse a este respecto Font v. Rosales Cueli, 42 D.P.R. 627 y Luyando v. Díaz, 46 D.P.R. 691.

Otro de los errores señalados se refiere a la resolución de la corte sobre los honorarios. Toda vez que esta reclamación estaba basada en una suma convenida, la demandante no tenía que esperar hasta que se presentara un memorándum de costas, sino que podía solicitar dicha suma en la demanda, tal cual se hizo.

La apelante solicita de este tribunal que dicte sentencia en su favor, y sostiene que de los autos aparece lo suficiente para justificar tal sentencia. Sucede, sin embargo, que la corte inferior accedió a la eliminación solicitada por el demandado y que más tarde éste presentó una moción de nonsuit. Es evidente que después de dicha eliminación no había la debida evidencia ante la corte que el demandado pudiera refutar. De un examen de los autos parece probable que la demandante hubiera debido tener éxito, mas no cree-mos tener facultad para dictar esa sentencia toda vez que, conforme estaba el caso, no había suficiente prueba en los autos para demostrar las alegaciones de la demanda, y aun si la hubiese habido, debe dársele oportunidad al demandado para hacer frente a la misma. Por tanto, nos .sentimos obligados a resolver que el caso debe ser devuelto para ul-teriores procedimientos. Podría suceder que la corte inferior se sintiera con derecho a proseguir el juicio permitiendo a la demandante continuar su caso, pero si esto no puede hacerse, debe celebrar un nuevo juicio o algo por el estilo, a discreción de la corte. La idea es dar al demandado la opor-tunidad de ser oído en su defensa después que la demandante presente un caso prima facie.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: En Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Quirós Díaz y Manuel García Quiñones, acusados y apelantes.
    No. 5515.

    Sometido: Noviembre 20, 1934.

      Resuelto: Enero 30, 1935.

      R. Rivera Zoyas y A. Qtiirós Méndez, abogados de los apelantes; R. A. Gómez, Fiscal y L. Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   En Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel García Quiñones y Juan Quirós Díaz fueron de-nunciados por el Fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón del delito de conspiración para defraudar a Justo Brañuelas en su propiedad y habiendo sido condenados por esa corte del expresado ¿delito interpusieron el presente recurso de apela-ción alegando que la sentencia recurrida es errónea porque los hechos probados no demuestran en modo alguno, fuera de duda razonable, que los acusados cometieran el delito de conspiración por el cual han sido condenados, por lo que so-licitan su absolución. El fiscal de este tribunal está con-forme con esa alegación de los apelantes y con que los de-claremos absueltos de dicho delito.

Según la evidencia que el fiscal presentó en el juicio, el día 22 de mayo de 1933 se presentó el acusado Manuel García Quiñones en una finca que Justo Brañuelas tiene en el barrio Dajaos de Bayamón y trató con él la compra de 14 bueyes, conviniendo en que el próximo sábado, día 27, Brañuelas tu-viera reunidos los animales cerca de la carretera en un sitio donde habían de ser pesados. El día 27 volvió dicho acu-sado a la finca de Brañuelas y fueron pesados los 14 bueyes, que al precio convenido por arroba dieron un valor de $583.50, que según el dueño de las reses debía ser pagado en aquel momento. Sin embargo, habiendo manifestado García Qui-ñones a Brañuelas que no llevaba el dinero consigo pero que lo acompañara a la Central Vannina de Río Piedras en el automóvil en que viajaba porque allí ie entregaría don José Moran, que era conocido por Brañuelas como comprador de ganado, el dinero para pagarle los bueyes, consintió Bra-ñuelas en esa proposición, entregó los bueyes a García, quien ordenó a un peón que llevaba y a dos más que allí alquiló que cogieran el ganado y lo llevaran a Juan Quirós, el otro acusado, y salió Brañuelas con un sobrino suyo y con García para Río Piedras, donde en la Central Vanilina bajó García del automóvil, y habiéndole esperado por mucho tiempo sin que regresara volvieron los restantes para Bayamón, donde Brañuelas denunció lo que le había sucedido. Cuando a eso de las cinco de la tarde llegaban los peones a Bayamón con el ganado encontraron en un calle a Quirós quien les ordenó que lo llevaran a una finca que está contigua al pueblo, siendo visto allí el ganado por la policía esa misma tarde. Por la noche recuperó Brañuelas sus bueyes manifestándole enton-ces Quirós que los había comprado a García. Quirós al-quiló a Alejandro Ortiz para que ayudara a llevar los bueyes que estaban para llegar y le dijo que los había comprado a Manuel García en $400 y pagó los peones que los conducían. Quirós se dedica a la matanza de ganado para venta de la carne en el puesto que tiene en Bayamón y consiguiente-mente a la compra de ganado.

La prueba de la defensa de Quirós consistió en su decla-ración, según la cual está dedicado desde hace muchos años a la matanza de ganado para cuyo negocio tiene que com-prar reses por mediación de varios vendedores; que conoce al otro acusado, quien le compraba ganado cuando estaba con José Morán; y que el día a que se refieren los autos entregó por la mañana a Manuel García Quiñones $400 para unas reses que le dijo había comprado y tenía que pagar, las cuales le vendía; que otras veces había entregado dinero a Manuel García Quiñones para que le comprara reses y que le ofreció pagarle a $3 la arroba, siendo la ganancia de Manuel García Quiñones lo que él pudiera conseguir más bajo de dicho precio; y que al saber por Brañuelas que le habían robado el ganado fué en seguida donde el fiscal y le manifestó que él lo había comprado a Manuel García Quiñones a quien salió a buscar encontrándolo en Río Pie-dras y lo llevó al fiscal. Un testigo declaró haber visto cuando esa mañana Quirós entregó a Manuel García Quiño-nes. la expresada cantidad.

También declaró Manuel García Quiñones diciendo que Quirós le entregó $400 para un ganado que iba a comprar para Quirós y que entregó esa cantidad a Justo Brañuelas cuando su ganado le fué entregado después de ser pesado.

En el caso de El Pueblo v. Torrellas, 10 D.P.R. 542, dijo este tribunal que lo que castiga el artículo 62 del Código Penal es la. confabulación de dos o más personas para eje-cutar un acto que es ya un crimen en sí mismo o que esté expresamente prohibido por el capítulo que trata de la cons-piración. En ese artículo está penada la conspiración para estafar y defraudar a alguna persona en sus bienes por medios en sí criminales, u obtener dinero o bienes valiéndose del engaño. Y en el caso de El Pueblo v. Díaz, 22 D.P.R. 192, hemos declarado que el artículo 62 citado sólo se refiere a actos de conspiración, independientemente de si el objeto de la misma se llevó a término o no, pues son actos distintos el de la conspiración y el de la ejecución del crimen que fué objeto de ella. La conspiración puede probarse con eviden-cia circunstancial; y si siendo dos los acusados existe prueba de que uno de ellos ha-cometido el delito pero no de que existiera una confabulación entre ambos para cometerlo, los acusados deben ser absueltos del delito de conspiración por-que no hay la confabulación de dos o más personas. Pueblo v. Torrellas, supra.

En este caso existe evidencia contra Manuel García Quiñones de haber defraudado a Justo Brañuelas de propiedad suya mediante engaño, aunque no declaramos que ha come-tido ese delito porque no ha sido acusado, juzgado ni conde-nado por él. La acusación actual es por conspiración con Juan Quirós Díaz para cometerlo. Pero la prueba circuns-tancial obrante en los autos no es suficiente para declarar que ambos acusados son culpables de conspiración. Ni el hecho de que Quirós, que es un comprador de reses para su negocio de venta de carne, recibiera el ganado que era de Brañuelas, que después de atravesar las calles de Bayamón fué intro-ducido y dejado en terrenos contiguos al pueblo, en sitio visible; ni el que pagara los peones que condujeron de día el ganado, son circunstancias que demuestren necesariamente una conspiración entre ambos acusados, teniendo en cuenta también que Quirós dijo al policía Alers y a Brañuelas que había comprado esos bueyes en $400 a Manuel García cuando le fueron reclamados los bueyes. Por consiguiente, la prueba del fiscal, independientemente de la de las defensas no fué suficiente para declarar culpables a los apelantes del delito de conspiración, por lo que la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra absolviendo a ambos acusados del expresado delito.


author: El. Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

text:
    Jorge M. Font Ruiz, demandante y apelante, v. Junta de Retiro de Funcionarios y Empelados Permanentes del Gobierno Insular, demandada y apelada.
    No. 6120.

    Sometido: Enero 24, 1935.

      Resuelto: Febrero 1, 1935

      Litis Tirado Géigel, abogado del apelante; Non. Procurador General Benjamin J. Norton y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados de la apelada.
   El. Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Jorge M. Font Ruiz solicita la expedición de un auto de mandamus en que se ordene a la junta demandada que pro-ceda a decretar el retiro del peticionario.

Se alega en la solicitud que Jorge M. Font Ruiz fue nom-brado en septiembre de 1925 ayudante del Laboratorio Biológico en el Departamento de Sanidad Insular, empleo que -sirvió hasta el primero de julio de 1927, en que fue ascen-dido al cargo de Técnico Bacteriólogo en el mismo departa-mento, que estuvo desempeñando hasta marzo 20 de 1930; que en enero 27 del referido año el peticionario solicitó de la junta demandada su retiro por causa de incapacidad física de acuerdo con la Ley No. 104 de 1925, (pág. 949); que con fecha 28 de agosto de 1930 la referida junta dictó la siguiente resolución:

“Jorge M. Font, ex-empleado del Departamento de Sanidad, so-licita retiro por incapacidad física. Vistas las certificaciones de los Dres. Gutiérrez Igaravídez y Costa Mandry, la Junta acordó de-negar la solicitud del Sr. Font porque a juicio de ella no se ha probado que el solicitante esté físicamente incapacitado para rendir un servicio útil y eficiente al Gobierno, segiin expresa la ley.”

Continúa, alegando el peticionário que presentó a la Junta demandada, al tiempo de radicarse su petición, certificaciones de haber sido examinado por los médicos Dres. E. Martínez Rivera y Abel de Juan, que comprenden un amplio y completo informe sobre sn estado físico, y en las que se afirma categóricamente que el examinado se encuentra incapacitado permanentemente para desempeñar los deberes de su cargo de técnico bacteriólogo en el Departamento de Sanidad Insular, a causa de las condiciones especificadas en dichos informes; que habiendo la junta recurrida solicitado poste-riormente por conducto del Comisionado de Sanidad Insular examen radioscópico y de sangre del peticionario, los Dres. P. Gutiérrez Igaravídez y Osear Costa Mandry, Roentge-nólogo y Director del Laboratorio Biológico del Departa-mento de Sanidad Insular respectivamente, rindieron infor-mes que sólo comprenden y señalan resultados de investiga-ción parcial, pero que no establecen ni consignan conclusiones patológicas; que la junta demandada fundó su resolución denegando el retiro al demandante en los susodichos informes de laboratorio y Rayos X, no concediendo valor al dictamen de los Dres. Martínez Rivera y de Juan, médicos al servicio del Departamento de Sanidad Insular, que expresamente es-tablecen la incapacidad física del recurrente para desempeñar sus funciones oficiales; que con fecha 29 de julio de 1931 el peticionario solicitó de la junta recurrida la reconsidera-ción de su resolución y que en 25 de enero de 1932 recibió del secretario de la junta demandada la comunicación que sigue:

“Me refiero a la petición de reconsideración que presentara usted en julio 29, 1931, para informarle que la Junta de Retiro en su sesión de enero 19, 1932, acordó ratificar su resolución anterior de-negándole el retiro, basándose en la certificación médica del Dr. E. García Cabrera, Médico de esta Junta, quien opina que actualmente su condición no le inhabilita para el trabajo.
“Por orden de la Junta:
Atentamente,
(Fdo.) Juan M. Herrero,
Secretario Junta de Retiro.”

Alega además el peticionario que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley y que se encuentra inca-pacitado físicamente para prestar mi servicio útil y eficiente por cansa de sn enfermedad. Añade que la junta recurrida carece de facultad para determinar por sí misma, como lo lia hedió en este caso, el lieclio de la incapacidad física del peticionario, viniendo obligado a aceptar el dictamen médico no controvertido ofrecido por el peticionario y procedente de facultativos al servicio del gobierno.

La demandada alega en su contestación que no debe conce-derse el auto solicitado por los siguientes motivos:

“Por haber incurrido el demandante en este caso en abandono de su alegado derecho (laches) .al dejar transcurrir un período de tiempo excesivamente considerable sin hacer gestiones ante la Junta demandada de clase alguna después de denegada su solicitud de re-tiro, y asimismo para presentar su petición de mandamus.
“Por aparecer de la faz de la petición que el fundamento de la solicitud de mandamus descansa en el deber ministerial de la demandada de decretar el retiro a favor del peticionario por virtud de las certificaciones por él presentadas, y la ley faculta únicamente a la Junta demandada a designar el médico que ha de examinar al solicitante, después de presentada la solicitud de retiro.”

. La corte inferior declaró sin lugar la solicitud por en-tender que el auto de mandamus no debe expedirse en este caso. La resolución de la corte inferior prácticamente de-clara que de acuerdo con los lreclios alegados en la solicitud no se establece una causa de acción en favor del peli ionario para utilizar el remedio extraordinario de mandamus.

El primer motivo de error se basa en haber declarado el tribunal a quo que el recurso incoado es improcedente, porque con arreglo a las disposiciones de la Ley No. 104 de 1925 (pág. 949), cabe la existencia ante la junta recurrida de una controversia sobre cuestiones de hecho cuya determinación corresponde discrecionalmente a dicho organismo.

Niega el apelante que la Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular, creada por la Ley No. 104 de 1925, tenga facultades discrecionales en lo que se refiere a la concesión o denegación de los beneficios pres-eritos por dicho ley. La posición del peticionario, a juzgar por sus alegaciones y los comentarios que le sugiere la ley, es que la junta carece de facultades para determinar por sí misma el hecho de la alegada incapacidad, viniendo obligada a aceptar el dictamen médico no controvertido ofrecido por el peticionario y procedente de facultativos al servicio del gobierno. Estima el peticionario que de acuerdo con el cri-terio judicial exteriorizado por esta corte después de un estu-dio detenido del texto de la ley citada, el organismo encargado de su cumplimiento no tiene otra misión que la de cumplir estrictamente el mandato legislativo, siendo su deber impe-rativo reconocer el derecho estatuido cuando concurren las circunstancias previamente señaladas como determinantes de tal derecho. Si no interpretamos mal al peticionario, la junta, a su juicio, carece de facultades para declarar que la incapacidad ha quedado o no probada, porque sus actuacio-nes no envuelven más uso de discreción que el que implique el hacer estimación de si está presente con cada reclamación a ella sometida el estado de hechos que previene la ley. Se cita por analogía la jurisprudencia establecida por esta corte interpretando la ley para la creación de un fondo de ahorros y préstamos para los empleados del gobierno insular de Puerto Rico, con relación a las reclamaciones de seguros por inutilidad física. Esta ley, al igual que la que ahora comen-tamos, no concede expresamente facultades discrecionales al organismo encargado de su cumplimiento para declarar si se ha probado o no que el empleado está permanentemente incapacitado o físicamente incapacitado para rendir un ser-vicio útil y eficiente al gobierno según sea el caso. Sin embargo, un estudio detenido de la ley conduce a la inevitable conclusión de que el referido organismo no carece de aquella discreción sin el ejercicio de la cual no podrían hacerse efec-tivas las disposiciones de dicha ley para cuyo cumplimiento, según la sección 16, se creó la Junta de Retiro. También 'dispone la sección 11 que este organismo podrá practicar las investigaciones que crea convenientes, y sus miembros tendrán facultad para tomar juramentos en relación con las disposi-ciones de la ley.

En el caso de Muñoz v. Ramos, 39 D.P.R. 405, dijimos lo siguiente:

“La ley no confiere a la Junta de Directores facultad alguna para citar testigos, tomar juramentos o tomar declaraciones. No dispone expresamente que la junta determinará la cuestión de inutilidad física permanente. Cualquier facultad que tuviere la junta para con-siderar esa cuestión, debe derivarse por mera inferencia de la ne-cesidad de que se estudie, y apruebe o rechace cada reclamación presentada, del hecho de que la Junta de Directores es el cuerpo directivo de la asociación, y de la circunstancia adicional de qué la junta tiene el poder de formular reglamentos razonables para darle efecto a la ley.”

Comentando las palabras anteriormente copiadas, dijimos en el caso de Feliciano v. López, 44 D.P.R. 937:

“Esta junta, que designa los médicos que han de comprobar el estado de salud del empleado, tiene deberes que cumplir y uno de ellos es velar por que el empleado a quien se pague el seguro esté real y permanentemente incapacitado para el desempeño de sus funciones oficiales. Además de estas disposiciones de la sección 25, que indican dónde radica la facultad de considerar estas solicitudes ba-sadas en inutilidad física, entendemos, como se apunta en el caso de Muñoz v. Ramos, 39 D.P.R. 410, que dicha facultad surge de la necesidad de que se estudie y apruebe o rechace cada reclamación presentada, del hecho de que la junta de directores es el cuerpo directivo de la asociación y de la circunstancia adicional de que la junta tiene el poder de formular reglamentos razonables para darle efecto a la ley.”

Admite el peticionario que la junta antes de actuar debe satisfacerse a sí misma del estado de hechos que previene la ley. ¿Y cuál es el estado de hechos que debe producirse en este caso para que proceda la concesión del retiro ? La ley lo dice claramente: la incapacidad, física del empleado para rendir un servicio útil y eficiente por causa de su enferme-dad. ¿Cómo puede la jpnta, sin ejercer, alguna discreción en la apreciación de la.prueba, formular su juicio sobre la existencia o inexistencia del hecho en aquellos casos en que los médicos difieran en cnanto a esta cnestión fundamental? La incapacidad, si existe, es nn hecho qne debe acreditarse. La misión de la junta no es establecer el hecho, sino reconocer su existencia cuando le ha sido acreditado, pero si no queda satisfecha de su existencia no puede quedar obligada a aceptarlo.

En cuanto a la procedencia del auto de mandamus, hemos declarado, interpretando la ley, que los tribunales superiores, al ejercer su propia y sana discreción en el uso de este recurso flexible, revisan y regulan hasta cierto punto la discreción de juntas y tribunales inferiores, aun en casos en que el deber es tal que necesariamente requiere el examen de evidencia y la decisión de cuestiones de derecho y de hecho. Muñoz v. Ramos, supra. La corte puede apreciar la evidencia sometida, a la junta para apreciar si se ha cometido alguna arbitrariedad o se ha incurrido en un error tan manifiesto y palpable que esté justificada la expedición de un auto de mandamus. El ejercicio de la facultad discrecional no debe ser caprichoso, abusivo y arbitrario, por que allí donde intervienen estos elementos puede decirse que no se ha ejercido discreción. Si se incurre en un error de tal naturaleza que equivalga a una negación de la justicia, los tribunales estarán justificados en intervenir mediante este procedimiento extraordinario para corregir el error. Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772. Hemos leído la solicitud en este caso. He la misma surge que fueron sometidos a la junta los informes de los Hres. Martínez Eivera y de Juan, designados por el peticionario, y de los Hres. Gutiérrez Igaravídez y Costa Mandry, designados por la referida Junta, amén del informe del Hr. García Cabrera, que se produjo algún tiempo después. Es verdad que se alega que la junta no concedió valor al dicta-men de los Hres. Martínez Rivera y de Juan; pero esto, que parece más bien una conclusión que la alegación de un hecho, no puede interpretarse en el sentido de que la junta dejó de considerar y apreciar el informe de los referidos médicos. No se alega que este organismo baya incurrido en error ma-nifiesto ni que haya sido arbitrario en el ejercicio de su discreción. Por el contrario, se dice que la junta recurrida carece de facultad para determinar por sí misma, como lo ba hecho en este caso, el hecho de la incapacidad física del peticionario, viniendo obligada a aceptar el dictamen médico ofrecido por éste procedente de facultativos al servicio del gobierno.

Opinamos que los hechos alegados, admitidos como ciertos, no son bastantes para la expedición de un auto de mandamus.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author:
El Juez PRESIDENTE Sbñor obu Tono,
      El Juez Pbesidentb Señob Del Tobo,

text:
    Rafael Arenas, demandante y apelante, v. Rafael Batalla Córdova, en su carácter de Márshal de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Caguas, P. R., demandado y apelado; y Miguel Francisco, interventor y apelado.
    No. 6734.

    Sometido: Noviembre 27, 1934.

      Resuelto: Febrero 5, 1935.

      A. Fernández Sánchez, abogado del apelante; Pablo Defendini y Rafael F. Barbosa, abogados del apelado.
   El Juez PRESIDENTE Sbñor obu Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Arenas, de Caguas, P. R., inició en la Corte de Dis-trito de Iíumacao este procedimiento de injunction contra Rafael Batalla, márshal de la Corte Municipal de Caguas, alegando en resumen que para ejecutar la sentencia dictada por la Corte Municipal de Caguas en el pleito en cobro de pesos seguido ante ella por Miguel Francisco contra Felipe Licha, el márshal demandado había embargado como de la propiedad de Licha un automóvil marca Buick, tablilla 3343 y anunciado su venta en pública subasta; que el demandante era tenedor de un pagaré por ochocientos dólares suscrito por Licha el 6 de junio de 1932 para garantizar el cual Licha hipotecó el referido automóvil inscribiéndose la hipoteca en el registro el 14 de julio de 1932; que Francico no había con-signado el importe de la hipoteca en la corte, y que de veri-ficarse la subasta se causarían daños y pérdidas irreparables al peticionario.

La corte ordenó que el demandado compareciera a mostrar causa y así las cosas intervino en el procedimiento Miguel Francisco, archivando una excepción previa y una contesta-ción en la que repetidamente alega que la hipoteca a favor de Arenas era fraudulenta porque cuando fué constituida Licha no era el dueño del automóvil habiéndolo adquirido a virtud de un contrato de venta condicional.

No aparece alegación alguna archivada por el márshal demandado. De hecho el pleito siguió entre el demandante y el intereventor, decidiéndose el 20 de junio de 1933 en contra del primero que no conforme interpuso el presente recurso de apelación.

En su relación del caso y opinión dijo la corte senten-ciadora que en vista de las contradicciones que advertía qn la evidencia llegaba a la conclusión de que la hipoteca era simulada, “becba con el único fin de burlar los derechos de terceros con créditos legales por ejecutar contra los bienes de Licha.”

El alegato de la parte apelante señala nn gran número de errores y los discute extensamente. Sólo nos referiremos a la simulación. Hemos examinado cuidadosamente la prueba practicada y a nuestro juicio no es bastante para concluir que está viciada de fraude la transacción entre Licha y Arenas que evidencia el documento de hipoteca.

Por prueba documental demostró el demandante que el automóvil de que se trata fué hipotecado por Licha a su favor en garantía de un pagaré por ochocientos dólares el 6 de julio de 1932, quedando inscrita la hipoteca en el registro el 14 de julio de 1932. Y no fué hasta marzo 18 de 1933 que el interventor Francisco obtuvo la sentencia contra Licha por trescientos dólares para ejecutar la cual el marshal, el 17' de mayo de 1933, embargó el automóvil de Licha.

El origen de la transacción fué explicado por el deman-dante bajo juramento en el juicio como sigue:

“(Dte.)—A.—Refiera de dónde surgió la deuda de $800 que se obligó él a pagarle y por qué razón se constituyó esa hipoteca. — T.— Licha me solicitó primero $200 y se los facilité; después fué con un apuro de que se le vencía un plazo del automóvil y me pidió $100 más y se los facilité, eran $300; volvió poco después a decirme de un .apuro que tenía, que si no pagaba el automóvil perdía el au-tomóvil porque era un contrato de venta condicional. Para esa fe-cha ya estaba atrasado en los cánones de arrendamiento, me debía $100; de modo que yo le tenía $300 facilitados al señor Licha y $100 de la casa son $400; el automóvil estaba debiendo $300 y convinimos en pagar otro plazo del automóvil que eran $100, y $200 que quedaba a deber a la casa que lo había comprado eran $700, y calculé $100 más de 4 meses con intención de que siguiera pagando después y en eso hicimos un total de $800; de modo que yo garan-ticé la deuda mía de $800 con una hipoteca sobre el automóvil, que-dándome yo con el dinero que se le debía a la casa vendedora para pagarlos a su vencimiento, para lo cual convine por conducto del señor Mangual que en vez de pagar $91 que se pagarían $50, y en 4 meses diferentes por conducto del señor Mangnal pagué los $200 que debía el automóvil cuando se hizo la hipoteca. De modo que Felipe Licha no recibió en ningún momento los $800 sino que los $800 eran los cánones de arrendamiento que me debía y lo que le debía a la casa vendedora. — A.'—¿ Hasta cuándo estuvo viviendo Li-cha en esa casa? — T.-—Hará como hasta 3 ó 4 meses. — A.-—¿Ud. sabía que ese automóvil estaba en venta condicional? — T.—Sí, señor. —A.—¿Él se lo dijo a Ud.? — T.—Sí, señor. — -A.—¿Y sabiendo Ud. que eso estaba en venta condicional hizo el negocio? — T.—Porque no le entregué el dinero que debía del automóvil sino que me quedé con él para yo pagar la deuda que tenía del automóvil. — A.—¿Él tenía alguna otra propiedad? — T.—No, señor. — A.—¿Para la fecha que él contrajo esta deuda tenía algún otro bien? — T.—Cuando em-pezó a coger él tenía su negocio establecido de vendedor ambulante. —A.—¿Él alguna vez le dijo a Ud. que él tuvo cuenta alguna con un tal Miguel Francisco ? — T.—No, señor. — A.-—¿ Cuándo fué que Ud. supo que un tal Miguel Francisco tenía una deuda en contra de Felipe Licha? — T.—Cuando el automóvil fué embargado por Miguel Francisco. — A.—¿Ud. podía hacer ese negocio? — T.—Sí, señor. — A. —¿Ud. estaba en condiciones de hacerlo? — T.—Sí, señor. — A.—¿Ud. puede decirnos qué capital tiene Ud. más o menos? — T.—Entre mi esposa y yo creo que tendremos de $20 a $25,000 de capital.”

La contradicción que advierte el juez sentenciador entre la declaración del testigo y la prueba documental del interventor consiste en que esta prueba demuestra que el 13 de enero de 1933 el automóvil continuaba inscrito en el Depar-tamento del Interior a favor de Licha bajo contrato de venta condicional celebrado con Manuel Colón Vázquez, en julio 22, 1932, y registrado en agosto 25, 1932, por la suma de $202.45 pagadera en cuatro mensualidades la primera de $52.45 y las restantes de $50, motivo por el cual concluye el juez sen-tenciador que no es cierto lo manifestado por Licha al cons-tituir la hipoteca y por Arenas al declarar en el juicio “que en los ochocientos dólares del pagaré estaban incluidos los doscientos del crédito de Colón Vázquez y que ha pagado tal cantidad. En julio 6, 1932, .no se había cancelado el con-trato de $1,750 (el primitivo de venta condicional) y no se había constituido el de julio 22, 1932.”

Arenas no declaró que a la fecha de la hipoteca hubiera pagado lo que debía Licha, como consecuencia de la compra-venta condicional, sino que se incluyó en la hipoteca asu-miendo él la responsabilidad de pagar dicha deuda por men-sualidades de cincuenta dólares.

Es cierto que el segundo contrato de Licha con Colón aparece celebrado en julio 22, 1932, o sea, unos días después del de hipoteca, pero existía el anterior y coincide en la suma que alrededor de esas fechas debía Licha bien a Colón ya a la casa que vendió a Colón, pomo consecuencia de la venta condicional.

También es cierto que el último contrato, el de julio 22, 1932, no aparece cancelado en el Departamento del Interior, pero ello si bien debilita no destruye lo dicho por Arenas con respecto a haber cumplido su compromiso y pagado lo que se debía a virtud de la venta condicional.

Para que pudiera concluirse que el contrato de hipoteca es fraudulento, se necesita algo más que las dudas que puedan surgir a virtud de las indicadas contradicciones en que basa su conclusión el juez sentenciador.

En su alegato sostiene el apelado que examinando el contrato de hipoteca a la luz de la prueba practicada, debe necesariamente concluirse que carece de eficacia a virtud de las falsas afirmaciones hechas por Licha en cuanto a ser el dueño del automóvil y a estar el mismo libre de gravámenes cuando lo cierto era que el automóvil pertenecía aún al vendedor condicional y estaba sujeto al gravamen de la parte del precio no satisfecha, hechos éstos admitidos por el propio demandante en el juicio.

El affidavit de Licha en el documento de hipoteca dice:

“Felipe Licha, de Caguas, Puerto Rico, habiendo prestado jura-mento en debida forma declaro y digo:—
“Que resido en el municipio de Caguas, Puerto Rico; que soy el dueño legal de la propiedad que en la precedente hipoteca se describe, de la cual hipoteca es parte esta declaración jurada; que dicha propiedad está libre de gravámenes y cargas, excepción hecha de la hipoteca de la cual forma parte esta declaración jurada; que no existen sentencias u órdenes de ejecución contra mí que afecten el título de dicha propiedad que se describe en dicha hipoteca; que la precedente hipoteca se otorga con el fin de garantizar la obliga-ción especificada en ella y con ningún otro fin y que constituye una obligación justa y válida.”

Hubiera sido más claro y exacto si Licha se hubiera re-ferido a la venta condicional y al estado actual de la misma, pero no creemos que lo que dijo pueda considerarse como falsas y fraudulentas manifestaciones que produzcan la nu-lidad del contrato en cnanto al interventor Francisco.

En cuanto a ser dueño del automóvil que hipotecaba, su afirmación encuentra apoyo en lo resuelto en Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545. En la opinión de esta corte emitida por su Juez Asociado Sr. Texidor se estudia la Ley No. 61 de 1916 (pág. 126) que estableció el sistema de las llamadas ventas condicionales y la jurisprudencia española y americana sobre el particular y se termina diciendo:

“Como un aspecto práctico de las ventas condicionales y sus efectos, es de conveniencia recordar que en las ventas condicionales de automóviles en Puerto Rico, el comprador condicional paga los gastos y primas del seguro, la licencia y la contribución del au-tomóvil. Se halla, por tanto, en el caso de cumplir todos los debe res del dueño o propietario del carro. Y es que, legal y prácticamente, es el dueño, con el riesgo de que su dominio se extinga si no cumple la condición de pagar lo convenido. Pero ésta es una relación jurídica exclusiva entre el comprador y el vendedor, ya que nadie que no sea el vendedor puede ejercer el derecho de ha-cer cesar aquel dominio.”

Y en cuanto a que el automóvil hipotecado estaba libre de gravámenes, la afirmación aunque inexacta porque pesaba sobre él aún el de la parte del precio que se debía, se ex-plica por haber asumido el acreedor hipotecario la obliga-ción de pagarla. Si fuera el vendedor condicional el que estuviera reclamando contra Arenas, la cuestión sería de im-portancia, pero tratándose de un acreedor por sentencia die-tada ocho meses después de inscrita la hipoteca en el registro, no la tiene en verdad.

Marzo 27, 1935

En tal virtud, no habiendo destruido el interventor Miguel Francisco la eficacia en cuanto a él de la hipoteca del demandante Arenas, sólo pudo obtener que se embargara el automóvil hipotecado para ejecutar su sentencia, previa con-signación del importe de la obligación hipotecariamente ga-rantizada por el mismo, y como no lo hizo, debió la Corte decretar el injunction solicitado. La sección 10 de la Ley No. 19 de 1927, como quedó enmendada por la Ley No. 71 de 1930, Leyes de 1930, p. 449, es como sigue:

“Sección 10. — Ningún deudor hipotecario de propiedad mueble venderá, pignorará y de otro modo dispondrá o gravará propiedad hipotecada por él, o parte alguna de la misma sin el consentimiento por escrito del acreedor hipotecario. Pero tal propiedad podrá ser embargada previa consignación en la secretaría, de la corte que en-tienda en el asunto, del importe de la obligación hipotecariamente garantizada; Disponiéndose, que los bienes embargados no podrán ser removidos del municipio en que se encontraren antes de que tal consignación se hubiese efectuado, salvo lo dispuesto en la sec-ción 9 de esta Ley.”

Debe declararse con lugar el recurso y revocarse la sen-tencia apelada, dictándose otra decretando el injunction soli-citado, sin especial condenación de costas.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Pbesidentb Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Resuelto el recurso por sentencia de febrero 5, 1935, re-vocando la apelada, el interventor apelado Miguel Francisco pidió su reconsideración por moción de marzo 5, sobre cuyos méritos se oyó a las partes interesadas en marzo 18 actual. ■

No se atacan los fundamentos de la opinión que sirvió de base a la sentencia. Se levanta una cuestión de jurisdicción enteramente nueva.

Convenimos con el interventor apelado en que, si tuviera razón, la reconsideración procedería, porque si esta corte.no había adquirido jurisdicción, su sentencia sería nula.

Veamos ahora si la razón le asiste al sostener que esta Corte Suprema no adquirió jurisdicción para conocer del re-curso.

Alega en primer término que la apelación no fué notificada a su codemandado Batalla y en efecto no aparece de los autos que tal notificación se hiciera, pero como de los autos resulta que si bien el pleito se inició contra Batalla, éste no hizo alegación alguna, siendo el interventor Francisco el que suscitó la única contienda que consideró y resolvió la corte sentenciadora, pudiendo concluirse que Batalla no es una verdadera parte contraria interesada en el litigio, su notificación no era necesaria para que esta corte adquiriera jurisdicción de acuerdo con la ley y la jurisprudencia.

Y alega en segundo término que tampoco consta que fuera notificado él mismo de la interposición del recurso. De los autos aparece que el escrito de apelación se notificó en tiempo por correo al Lie. Rafael F. Barbosa, Abogado. De la certificación sobre el diligenciado de la notificación no consta expresamente que el sobre depositado en el correo fuera debidamente franqueado ni que Barbosa fuera el abogado del interventor Francisco, pero sí consta del récord que Barbosa fné el abogado por medio del cual Francisco pidió intervenir y archivó sn excepción previa y su contestación y concurrió al juicio en compañía de su otro abogado Defendini. . Eso antes del escrito de apelación. Después consta que con Bar-bosa, como abogado del interventor, se tramitó la preparación de la transcripción que certifica como correcta el otro, abo-gado Defendini, firmando Barbosa con Defendini el alegato del interventor apelado ante esta Corte Suprema y siendo Barbosa el único que compareció a representarlo y defenderlo en el acto de la vista del recurso.

Bajo esas circunstancias, uno y otro defecto quedan cura-dos, pudiendo afirmarse que el escrito fué notificado en tiempo. Si la certificación tuviera que hablar por sí sola, no sería suficiente para concluir que la notificación se había he-cho y en tal virtud que la corte había adquirido jurisdicción, pero hablan además de ella, los hechos, supliendo sus defi-ciencias. Los casos que cita el interventor apelado en el memorándum que presentara en apoyo de su moción de re-consideración, se refieren a situaciones distintas y no son por tanto aplicables.

No ha lugar a la reconsideración.


author: El Juez Asociado SeñoR Cókdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Celestino Torres Rivera, acusado y apelante.
    No. 5499.

    Sometido: Febrero 1, 1935.

      Resuelto: Febrero 8, 1935.

      Burseb & Pérez Pimentel, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusa a Celestino Torres Rivera de un delito de homicidio voluntario cometido en ocasión de una súbita pendencia o arrebato de cólera. Se alega que la acusación es vaga e indefinida y que tiende a confundir al acusado, porque no expresa de un modo claro los actos constitutivos del delito, porque se imputa en la misma más de un delito, y el acusado no está informado de cuál de ellos ha de defenderse.

Aparece de los autos que la lectura de la acusación se llevó a cabo en 15 de mayo de 1933 y que el juicio tuvo lugar en 13 de septiembre del mismo año. El acusado no hizo objeción alguna a la acusación cuando le fué leída, limi-tándose a alegar sn inoceücia y a solicitar juicio por jurado. Y si bien es cierto que compareció sin abogado, la corte, varias semanas antes del juicio, nombró para defenderlo al abogado José Pérez Pimentel.

No se interpuso objeción alguna a la acusación basta el día de la vista, después de baber anunciado las partes estar listas para juicio y cuando iban a sortearse los jurados. La defensa presentó entonces una excepción perentoria a la acu-sación. La corte manifestó que ya se babía interpuesto la ale-gación de inocencia y la defensa anunció que se trataba de una excepción privilegiada. No lo entendió así la corte al ente-rarse de su contenido. Manifestó entonces el abogado que se proponía alegar que los hechos alegados no constituían delito público. Finalmente la corte declaró sin lugar la moción, aparentemente por baber sido presentada en el acto del juicio, algunos meses después de leída la acusación.

No siendo privilegiada la excepción ofrecida por el acu-sado, no puede decirse que la corte inferior cometiera el error que se le atribuye. La defensa se basó en que la acu-sación imputa la comisión del delito en forma disyuntiva, a saber: en ocasión de una súbita pendencia o un arrebato de cólera. Creemos, como la corte inferior, que esta excepción fué presentada demasiado tarde.

En el caso de State v. Mahoney, 24 Mont. 284, 61 Pac. 647, resuelto por la Corte Suprema de Montana, se sostuvo que cualquier objeción a la inclusión en un cargo (count) de las diferentes formas en que se baya cometido un delito, debe ser presentada en la corte de distrito antes de contes-tarse la acusación. Si la cuestión no fué levantada en la corte sentenciadora no debe ser considerada en apelación. El artículo 77 de nuestro Código Penal es idéntico al artículo 9151 de los códigos revisados de Montana. Este artículo dice así:

“La acusación habrá de comprender sólo un delito, pero el mismo delito puede ser expuesto en diferentes formas y bajo distintos car-gos, y cuando el delito haya sido cometido usando de medios diversos, los medios pueden ser alegados alternativamente en el mismo cargo.

Esta corte, en el caso de El Pueblo v. Alomar, 10 D.P.R. 297, expresa un criterio muy parecido al sostenido por la Corte Suprema de Montana. Dispone el artículo 152 del Código de Enjuiciamiento Criminal que tanto la excepción per rentoria como la confesión o negación, deberá hacerse en sala de justicia, bien al leerse el acta de acusación o en cualquier otro tiempo que para ello le fuere concedido al acusado.

En el caso de Smith v. State, 191 N. W. 689, resuelto por la Corte Suprema de Nebraska, se alegó como motivo de error el hecho de que la acusación hubiese sido redactada en la disyuntiva. Resolviendo la cuestión planteada la corte dijo:

“En este caso no aparece que el acusado haya sido perseguido por más de un delito, y cuando el uso de la disyuntiva se traduce en una 'acusación de crímenes distintos y separados, la objeción de que la alegación se hizo en la disyuntiva no puede ser alegada con éxito en apelación.”

No estuvo desacertada la corte inferior al desestimar por tardía la excepción de la defensa, pero aun cuando esta excepción hubiese sido oportunamente presentada, no proce-dería la revocación de la sentencia, porque la acusación si bien defectuosa (Pueblo v. Rodríguez, 43 D.P.R. 134), así como la prueba, demuestran que en este caso concreto no ha habido perjuicio sustancial para los derechos del acusado. No se imputa en la acusación más de un delito. La transacción que culminó en la muerte de Antonio Mercado es una. Tanto la teoría de la defensa como la de la acusación demuestran que entre Celestino Torres Rivera y Antonio Mercado se cambiaron algunas palabras, que hubo una agresión y que en el calor de la lucha el acusado privó de la vida a su con-tendiente. En realidad, ambas modalidades intervinieron en la comisión del delito; la súbita pendencia y el arrebato, de cólera. Basta leer la prueba practicada para llegar a la con-clusión de que Celestino Torres actuó bajo la excitación pror dncida por la ludia sostenida con el interfecto. No lia ha-bido perjuicio sustancial para los derechos del acusado. Cualquiera de las dos modalidades alegadas hubiese sido bastante para hacer frente a la prueba. El acusado no puede decir que ha sido inducido a error por los términos en que está redactada la acusación. Los hechos demuestran que es-tuvo informado acerca de la forma en que se cometió el delito imputado.

En el caso de Smith v. State, supra, la Corte dijo:

“La información ba sido vigorosamente atacada porque las ale-gaciones están en la disyuntiva. En este particular ba seguido el lenguaje de la ley verbatim. Esta corte ba aprobado frecuente-mente la práctica de redactar la información usando las palabras del estatuto, y en' este caso no ba habido sorpresa ni desventaja para el acusado y no puede resultar ningún perjuicio para la jus-ticia. ’ ’

Como segundo motivo de error se alega que la corte ordenó al secretario que tomase juramento definitivo a parte del jurado, sin estar el jurado completo. Examinados los primeros doce jurados y habiendo manifestado las partes que no tenían recusaciones motivadas, se procedió a las perentorias. La defensa excepcionó perentoriamente a dos jurados, manifestando que no tenía más excepciones perentorias por ahora. El fiscal no estableció recusación alguna. El secretario procedió a tomar juramento definitivo a los diez miembros del jurado, con la oposición de la defensa por no estar el jurado completo. La corte hizo constar que se tomaba el juramento después de haber confesado ambas partes que habían terminado las recusaciones de estos caballeros. Sorteáronse entonces dos jurados más,'que fueron examinados. El fiscal no formuló recusación perentoria. La defensa recusó a uno. Se tomó al otro juramento definitivo. El acusado reiteró su objeción. Se sorteó un nuevo jurado, que fué examinado por ambas partes y recusado por el fiscal. Hubo otra recusación perentoria por parte de la defensa y finalmente el jurado quedó constituido con otro nuevo miembro que fué aceptado por arabas partes. En estos momentos la defensa recusó al jurado Luis Muñoz Jr., que fué uno de los diez miembros del jurado que habían tomado juramento por orden de la corte después de examinados y de haberse invi-tado a las partes a hacer uso de sus recusaciones perentorias. La defensa en esa ocasión recusó a dos jurados, quedando el Sr. Muñoz Jr., entre los diez que tomaron juramento para entender en la causa.

Negó la corte la recusación perentoria del jurado Muñoz, haciendo constar qué las recusaciones deben ser hechas antes del juramento definitivo y de completarse el jurado, de acuerdo con el artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal y con la regla que dicha corte dictara el día en que comenzó el término por jurado, o sea el 5 de septiembre. La defensa tomó excepción a la resolución del tribunal.

Ambas partes, el fiscal y la defensa, están de acuerdo en que la corte cometió error al denegar la recusación peren-toria del Sr. Muñoz Jr. No aparece del récord que la defensa adujese ninguna causa o razón para la recusación de este jurado después de haberse tomado el juramento definitivo. A juzgar por sus manifestaciones, el fiscal entiende que el artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal no au-toriza a la corte inferior para denegar la recusación peren-toria solicitada por el acusado. Cita el ministerio público en su apoyo la doctrina sentada por este tribunal en El Pueblo v. Rivera, 37 D.P.R. 760, y El Pueblo v. Munera, 39 D.P.R. 295. En este último caso se estudia la jurisprudencia sentada por este tribunal interpretando el artículo 221 anterior-mente citado, y se copian los siguientes párrafos de la decisión de esta corte en Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.R. 361, 366:

“Alega también el apelante qne la corte erró al no obligar al Fiscal a hacer sus recusaciones en el acto en que se presentaba cada jurado. Parece que el Fiscal pospuso sus recusaciones perentorias y la Corte admitió tal procedimiento, concediendo igual derecho a la defensa.
“El artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal dis-pone que la recusación deberá hacerse al presentarse el miembro del jurado, y antes de que se le tome juramento para entender en la causa, y dispone también que, si para ello hubiera razón, el tribunal puede permitir que esto se haga después del juramento y antes de que el jurado se complete.
“Todo jurado presta dos juramentos, uno para contestar1 las preguntas que se le hagan con respecto a su capacidad para servir como tal y otro para actuar especialmente en la causa que se va a juzgar. Indudablemente que el juramento a que se refiere el ar-tículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal que hemos ci-tado, es el segundo.
“Al parecer el procedimiento adoptado por el Fiscal en este caso no siguió estrictamente lo prescrito en la ley, pero no consta que estuviera en, completa oposición a la misma, pues si bien se con-signa que el Fiscal pospuso sus recusaciones perentorias, no se de-muestra que tal posposición se hiciera para después de haberse to-mado juramento al jurado para actuar en la causa.
“Además, como hemos visto, la misma ley autoriza al juez para variar el orden que prescribe, cuando existen razones suficientes para ello, y como la jurisprudencia ha establecido que los jueces pueden resolver estas cuestiones ejercitando una sana discreción, People v. Montgomery, 53 Cal. 576; People v. Rodríguez, 10 Cal. 50; People v. Durrant, 116 Cal. 179, 197, tendría que demostrarse que la corte había abusado de su poder discrecional, para que el error que pudiera haber tal vez cometido sirviera de base a k revocación de la sentencia.
“Y por último, como bien dice el Fiscal de esta Corte Suprema en su alegato, ‘el récord no demuestra que, después de resolver la corte la moción de la defensa y de invocar la regla que debía ob-servarse en el empleo de las recusaciones perentorias por el Fiscal, éste hubiere recusado perentoriamente a ningún jurado, y no apa-reciendo así del récord, aun en el caso de que la corte hubiera in-currido en algún error, éste hubiera sido inmaterial, por no per-judicar ningún derecho sustancial del apelante.”

En el caso de El Pueblo v. Rivera, supra, citado por el fiscal, se formuló excepción perentoria por la defensa a un jurado antes de haber prestado el juramento definitivo. La corte inferior estableció la regia de que los jugados admiti-dos por las partes después de las recusaciones perentorias se entenderían admitidos como miembros del jurado en el caso, y basándose en estas razones denegó la excepción perentoria. El tribunal sentenciador interpretó erróneamente la ley y la sentencia fue revocada. Las recusaciones deben hacerse antes de que se tome juramento a los jurados para entender en la causa. Hasta ese momento las partes tienen derecho a re-cusar perentoriamente sin aducir causa. Después de pres-tado juramento únicamente puede permitirse la recusación cuando exista razón para ello.

En el caso de El Pueblo v. Munera, supra, esta corte, sin apartarse del criterio emitido en el caso de El Pueblo v. Vázquez, supra, dijo lo siguiente:

“El procedimiento más sencillo y que se ajusta mejor a la inter-pretación liberal del artículo 221 contenida en el caso de El Pueblo v. Rivera, supra, es el de insacular el número suficiente de jurados y tomarles el primer juramento. Acto seguido se procede a su exa-men y a las recusaciones motivadas. Luego a las perentorias. Si no hay recusaciones, se les toma el segundo juramento a todos. Si las hay, sin tomar el segundo juramento a los que queden, se in-saculan nuevos y se sigue el mismo procedimiento. Cuando las par-tes aceptan finalmente el jurado o no hay más recusaciones moti-vadas y el número de las perentorias a que se tiene derecho se ha agotado, entonces se procede a tomar a todos los jurados a la vez el segundo juramento.”

En las palabras que anteceden este tribunal recomienda a las cortes inferiores una práctica que a nuestro juicio debe ser observada. En el caso de Mathis v. State, 34 So. 287, resuelto por la Corte Suprema de Florida, se dice que la mejor práctica es posponer el juramento definitivo de los jurados hasta que se ha obtenido el panel completo, de modo que se prolongue todo lo posible el tiempo para las recusa-ciones perentorias; pero que en la ausencia de una disposición legal, la regia es que el tiempo y manera de jurar, después que se ha hecho el examen de los jurados para apreciar su capacidad, descansa en la sana discreción judicial de la corte, el ejercicio de la cual no debe ser perturbado por un tribunal de apelación a menos que se haya cometido un claro abuso de discreción. En dicho caso se tomó juramento antes de completarse el jurado, a algunos miembros del mismo, y se negó a los acusados el derecho de recusar perentoriamente ciertos jurados después de haber prestado juramento defini-tivo. Aunque consideramos que debe observarse la práctica recomendada por nosotros y aceptada como buena por el tribunal de Florida, sin embargo, si el tribunal inferior no ha cometido un abuso de discreción y se atiene a las disposiciones de la ley, no es posible revocar una sentencia por el hecho de que no se haya ajustado estrictamente al procedimiento por nosotros aconsejado.

No procede la recusación perentoria después dé haberse prestado juramento definitivo por el jurado que se intenta recusar. 35 C. J., pág. 416, pár. 479.

El artículo 1068 del Código Penal de California, que co-rresponde al 221 de nuestro código, dice, en su texto inglés, que la recusación debe formularse when the juror appears, and before he is sworn to try the cause; but the court may for cause permit it to be taken after the juror is sworn and before the jury is completed.

La ultima decisión que conocemos del estado de California interpretando este artículo, es la de People v. Schmitz, 94 Pac. 407, resuelto por la Corte de Apelaciones, Primer Distrito, en 1908. En dicho caso se negó la reconsideración por la Corte Suprema de dicho estado. Antes de exponer la doctrina sentada por el tribunal calif orniano, vamos a permitirnos copiar lo que dice la Corte Suprema de los Estados Unidos en St. Clair v. U. S., 154 U. S. 147, porque, aunque la regla interpretada por el alto tribunal no es exactamente igual al estatuto de California, sin embargo, sus palabras indican la práctica establecida por algunos tribunales con respecto al momento en que deben presentarse las recusaciones:

“La regla 63 de la corte inferior dispone que ‘en todas las cau-sas criminales la designación, insaculación y recusación de los miem-bros del jurado se hará de conformidad con las leyes del estado en-tonces en vigor, excepto en tanto en cuanto las leyes del Congreso o las reglas de esta corte dispongan lo contrario; pero un miembro del jurado será recusado o aceptado y juramentado en el caso tan pronto como se termine su examen y antes de que se inicie el exa-men de otro miembro del jurado.’
“Esta regla fué puesta en vigor durante el juicio de esta causa. Después que el primer miembro del jurado fué examinado respecto a si estaba o no capacitado, la corte anunció que debía tomársele ju-ramento para juzgar el caso, a menos que fuese recusado por una u otra parte — alegando el acusado tener derecho a examinar todos los miembros del jurado sobre su capacidad antes de podérsele exi-gir que ejercitara el privilegio de presentar recusación perentoria a todo's ellos.
“Esta cuestión general fué considerada cuidadosamente en los casos de Lewis v. United States, 146 U.S. 379, y en Pointer v. United States, 151 U.S. 396, 407, 410, 411. Refiriéndose al artículo 800 de los Estatutos Revisados, y a la ley de junio 30, 1879, capítulo 52, 21 Stat. 43, 44, dijimos en este último caso:
‘Nada hay en estas disposiciones que sostenga la objeción in-terpuesta a la forma en que se constituyó el pequeño jurado. Res-pecto a los requisitos y exenciones de los miembros del jurado para servir como tales en las cortes de los Estados Unidos, las leyes del estado gobiernan la materia. Mas el Congreso no ha hecho que las leyes y costumbres relativas a la designación e insaculación de los miembros del jurado en las cortes de los respectivos estados sean aplicables a las cortes de los Estados Unidos, excepto en tanto en cuanto estas últimas, por una regla general en vigor o por orden especial en determinado caso adopten la práctica del estado a ese respecto. United States v. Schackleford, 18 How. 588; United States v. Richardson, 28 Fed. Rep. 61, 69.’ Se dijo además que ‘en au-sencia de tal regla u orden, el modo de designar e insacular los miembros del jurado para juzgar los casos en las cortes de los Es-tados Unidos cae dentro del dominio de las mismas, sujeto sola-mente a las restricciones que el Congreso ha prescrito, así como a aquellas limitaciones reconocidas por los principios consagrados de derecho penal esenciales para que jurados imparciales juzguen los delitos . . . En algunas jurisdicciones el modo acostumbrado para la recusación de los miembros del jurado es que tanto el acusado como el pueblo formulen sus recusaciones perentorias a medida que cada miembro del jurado — quien con antelación se ha determinado está capacitado y que no puede ser recusado motivadamente — se presenta para ser recusado o aceptado. Pero no es esencial que se adopte este método. ’ Refiriéndose a ciertas observaciones hechas por el Juez Presidente Sr. Tindal, en el caso de Regina v. Frost, 9 Car & P. 129, 137, se dijo adejnás: ‘En relación con el informe del caso, ellas tienden a demostrar a lo sumo que la práctica en Inglaterra, al igual que en algunos de los estados era que las re-cusaciones perentorias a cada uno de los miembros del jurado — al tomársele el juramento de voir dire y al bailarse que estaba exento de toda objeción legal — fuesen determinadas antes de examinarse otro jurado para averiguar si estaba o no incapacitado. Mas en el caso de Frost ninguno de los jueces hizo indicación alguna de que ése fuera el único modo a seguir sin menoscabar los derechos del acusado a hacer recusaciones. La autoridad de las Cortes de Cir-cuito de los Estados Unidos para considerar la cuestión relativa a la insaculación de jurados en casos criminales fué reconocida en el caso de Lewis v. United States, supra, sujeta a la condición de que tales reglas deben adaptarse en el sentido de asegurar todos los derechos del acusado’.”

En el caso de People v. Schmitz, supra, la corte se expresó así:

‘‘El tribunal, bajo las objeciones de la defensa, permitió las re-cusaciones de los jurados Harris y Bray. Después de haber sido-examinados tres jurados y de tomado juramento para entender en la causa, el fiscal pidió permiso para recusar perentoriamente al ju-rado Harris. La corte entonces, sin que se le demostrase causa al-guna y con la oposición de la defensa, permitió al pueblo recusar a dicho jurado perentoriamente. El artículo 1068 del Código Penal dispone que una recusación debe hacerse ‘al presentarse el miem-bro del jurado y antes de que se le tome juramento para entender en la causa, pudiendo el tribunal, si hubiere razón para ello (for cause), permitir que ésta se haga después del juramento y antes de que el jurado se complete.’ Es evidente que la corte no pudo, bajo este artículo, permitir sin causa una recusación, y que ésta debe basarse en algún hecho derivado de una demostración de he-chos sobre la cual la corte pudo haber ejercido su discreción. Si la corte, después de haberse tomado juramento al jurado para en-tender en el caso, puede permitirle ser recusado sin causa, las pa-labras for cause deben ser eliminadas del estatuto. El código evi-dentemente intentó que después que un jurado ha sido examinadoy ha tomado juramento solemnemente para entender en la causa, no-puede, sino por una válida razón, recusarse caprichosamente por uná de las partes. La persona .que ha. prestado juramento se convierte en un jurado del caso y en una parte de la maquinaria de la corte. Es una parte del tribunal para el propósito de determinar la cul-pabilidad o inocencia del acusado. Este tribunal fué cambiado sin el consentimiento de la defensa y en interés de su adversario. Greer v. Norvill, 3 Hill (S.C.) 262. El acusado podía fundarse en el beeho de 'que el miembro del jurado había sido ya juramentado para ejercer el derecho que le asistía para formular sus propias recusaciones perentorias. El mandato del estatuto aparece pleno y debe ser observado. No conocemos ningún caso, y no se nos ha llamado la atención a ninguno en que tal recusación haya sido sos-tenida. En el antiguo caso de El Pueblo v. Rodríguez, 10 Cal. 59, la corte dijo: ‘La recusación puede permitirse por una buena causa después de prestarse juramento por el jurado. En este caso no se ha demostrado una sana razón y la recusación fué debidamente rechazada.' Véase People v. Reynolds, 16 Cal. 132; People v. Scoggins, 37 Cal. 679; People v. Bemmerly, 87 Cal. 120, 25 Pac. 266; People v. Ward, 105 Cal. 338, 38 Pac. 945; People v. Durrant, 116 Cal. 196, 48 Pac. 75. En el caso últimamente mencionado, el Juez Henshaw, hablando a nombre del tribunal, estableció la regla co-rrecta en las siguientes palabras: ‘El artículo 1068 del Código Penal dispone que una recusación (ya sea perentoria o por causa) debe hacerse al presentarse el miembro del jurado y antes de que se le tome juramento para entender en la causa, pero la corté puede, si hubiera razón para ello, permitir que esto se haga después que el juramento ha sido prestado. No incurrió la corte en error, por lo tanto, al permitir que se examinase de nuevo al jurado sobre materias que vinieron a conocimiento del pueblo o del acusado des-pués de la aceptación del jurado y antes de tomarse el juramento definitivo. El curso aquí seguido es el mismo observado en Pueblo v. Bemmerly, 87 Cal. 117, y aprobado por esta corte.’ La misma regla se estableció en el caso de People v. Owens, 123 Cal. 488, 56 Pac. 251. Allí el jurado Spencer fué excusado por causa después que había sido juramentado para entender en el caso, habiéndose ‘demostrado en virtud del examen correspondiente que el jurado, para dictar su veredicto, hubiera’ sido influido por su amistad con los familiares del acusado.’ ' El artículo 371 del Código de Enjui-ciamiento Criminal de Nueva York es en sustancia igual al 1068 de nuestro Código Penal. Este artículo dispone que ‘úna recusa-ción debe hacerse al presentarse el jurado y antes de prestar juramento; pero que la corte puede, en su discreción, por una buena eaüsá, retirar a un jurado en cualquier tiempo antes dé-haberse co-menzado la práctica de la prueba.’ La corte de Apelaciones, en People v. Hughes, 137 N.Y. 29, 32 N.E. 1105, dijo: 'La significación obvia del artículo 371 es que la recusación por causa que debe tomarse antes de prestarse el juramento, puede, sin embargo, ha-cerse después de acuerdo con la discreción del tribunal. Si no sig-nifica esto, necesariamente tiene que significar que la. corte puede, por una buena razón, aunque no haya sido descubierta, retirar un jurado dentro de su discreción. Yo no creo que éste sea. su signi-ficado ni su propósito. Si lo fuera, no habría una sana objeción posible de parte del abogado del acusado’.”

En el presente caso la defensa no estableció la base que requiere la ley para ejercer el derecho de recusar al jurado después de haber prestado el juramento definitivo. No se adujo razón alguna en apoyo de dicha recusación. La de-fensa estableció su excepción, cuando el secretario de la corte procedió a tomar el juramento a varios jurados, después de examinados y de formuladas por el. acusado dos excepciones perentorias. No apeló la defensa a la discreción de la corte para que, posponiendo el juramento, le diese algún tiempo más para ejercitar sus derechos, limitándose a tomar ex-cepción, por entender, según se deduce de su alegato, que la corte carecía de facultades para tomar juramento definitivo antes de haberse completado el jurado. Debe desestimarse el error apuntado.

Se alega por último que el tribunal inferior cometió error al condenar al acusado por un delito de homicidio voluntario, toda vez que el veredicto del jurado es contrario a derecho y a la prueba. A juicio de la defensa éste es un caso en que el acusado ejercitó legítimamente el derecho a la defensa propia. Hemos examinado detenidamente la prueba y no creemos que haya base para dejar sin efecto el veredicto rendido por el jurado. De acuerdo con el testimonio de los dos testigos oculares, Cándido Ortiz Pérez y Cipriano Cruz, el día 12 de marzo de 1933, como entre una y dos de la tarde, pasaba el interfecto, Antonio Mercado, por la carretera, a caballo, y al llegar frente a la casa de Cándido Ortiz Pérez, se detuvo, sin bajarse del caballo, a hablar con Ortiz, que estaba en su casa, a la orilla de la misma carretera. A los pocos momentos pasó por allí el acusado apelante, también a caballo, y al ver a Mercado hablando con Ortiz lo llamó y le dijo: “¿En qué quedamos del encarguito aquél?” Entonces Mercado fué para donde él y le contestó: “Pues vé y búscalo si quieres, si no, dé-jalo.” Entonces hubo algunas otras palabras entre ellos que los testigos no oyeron. Aquí se advierte alguna discre-pancia entre los testigos oculares, pues mientras Cándido Ortiz Pérez declara que inmediatamente después de las pala-bras los dos se apearon de los caballos y se acometieron con los puños, el otro testigo ocular, Cipriano Cruz, asegura que Mercado, al acercarse al acusado, le tiró una gaznatada desde el caballo que montaba, y entonces fué que se tiraron de los caballos y se agarraron a pelear con los puños. En ese mo-mento Mercado echó mano de un machete que el acusado llevaba en una de sus banastas, y le tiró, hiriéndole en un brazo. Avanzó entonces Torres, y empuñó a Mercado, arro-jándolo al suelo. Estando ambos en el suelo corrieron hacia ellos los dos testigos oculares, Cándido Ortiz y Cipriano Cruz, y le quitaron el machete a Mercado, ayudándolos a ambos a ponerse de pie. Ya de pie el acusado se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó una cuchilla curva. Mercado arrancó a correr, huyendo para detrás de la casa de Ortiz, persiguiéndole el acusado armado de su cuchilla. Mercado corrió hasta detrás de la casa, donde hay una cerca de alambre. Allí cogió un pedazo de palo de leña de cocinar que encontró, pero el acusado, que le había dado alcance, le asestó dos heridas con la cuchilla que portaba, sin que pu-dieran evitarlo los dos testigos. Una de estas heridas, de •catorce pulgadas de extensión, fué la que produjo la muerte a Mercado a los pocos días de herido, a consecuencia de una peritonitis violenta. El testigo Cipriano Cruz, que es el que favorece más al acusado, declara que cuando Antonio Mercado se levantó, arrancó a correr para la cocina de Cándido Ortiz, y que. .allí cogió un palo en la mano y vino para encima de Celestino Torres, y que entonces éste le hirió. Añade que Mercado no le tiró con el palo a Celestino porque estaba Cándido Torres por el medio y que no vió que le tirara des-pués que se separó. La herida, según este testigo, fué pro-ducida de frente. El acusado no dice que corriera detrás del interfecto. Declara que trató de correr, que corrió un poquito, y vió que Mercado le iba a tirar y entonces se paró y lo empuñó; que corrieron como doce varas de distancia de donde estaban y que entonces intervino Cándido Ortiz, le quitó el machete a Mercado y lo botó, y que no los dejaron pelear más; que entonces no sacó la cuchilla; que ellos se metieron por el medio y él, Mercado, corrió a casa del Sr. Cándido Ortiz y en el batey cogió un palo; que entonces trató de huir pero que como estaba herido no pudo; que Mercado se le acercó y le dió un palo y al darle fué que sacó la cuchilla y lo cortó a él.

Esta es la prueba que tuvo bajo su consideración el jurado. La declaración de Cándido Ortiz demuestra que Mercado huyó y que fué perseguido por el acusado hasta detrás ele la cocina del testigo, donde había una cerca de alambre. El hecho de que el interfecto hiciera uso de un palo al llegar á la referida cerca donde se paró, porque no podía caminar por allí, seguín manifiestan ambos testigos oculares, no revela que el acusado actuara en defensa propia. Cipriano Cruz no vió que Mercado le tirara con el palo a Celestino ni cuando Cándido Torres estaba por el medio ni después que se separó, aunque dice que Mercado vino para encima de Celestino Torres, cuando éste le perseguía. Este testigo dice, al ter-minar su testimonio y a preguntas del Fiscal, que vió co-rriendo a Antonio Mercado hasta la cocina de Cándido Ortiz donde se paró porque no podía correr más de .allí para allá debido a que había unos alambres; y que allí detrás de la cocina fué que cogió el palo. A preguntas de la defensa dice que había unos alambres y que estaban abiertas las puertas de la cocina por donde una persona podía meterse y salir de un sitio a otro.

Celestino Torres dice que sacó la cuchilla cuando Mercado se le acercó y le dió un palo, lo que está en pugna con la de-claración de los testigos oculares que vieron al acusado correr detrás de Mercado, cuchilla en mano, hasta que le infirió las heridas que le acasionaron la muerte.

Examinada la prueba que sirvió de base a la decisión del jurado, creemos que el veredicto debe ser sostenido y con-fi,rmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Russell & Co., Sucrs., S. en C., peticionaria y apelante, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6744.

    Sometido: Noviembre 20, 1934.

      Resuelto: Febrero 8, 1935.

      B. Castro Fernández y José López Baralt, abog’ados de la apelante; Ilon. Procurador¡ General Benjmiin J. Horion y B. Cordovés Arana, Sitbprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Russell & Co. Sucrs., S. en C., una sociedad con residencia en Ensenada, P. R., organizada de acuerdo con- las leyes de esta Isla, solicitó, el 20 de enero de 1934, de la Corte de Distrito de San Juan que expidiera un auto de injunction dirigido contra el Tesorero de Puerto Rico ordenándole abs-tenerse de cobrar ciertas cuotas de riego impuestas sobre fincas de la peticionaria mediante embargo sumario u otro procedimiento que no sea el pleito ordinario en cobro de contribuciones, cuotas o impuestos y de vender en pública subasta dichas fincas. Solicitó además la expedición de un injunction preliminar y pidió que el Tesorero fuera puesto inmediatamente en entredicho.

El propio día 20 de enero la corte decretó el entredicho y ordenó al Tesorero que compareciera a mostrar causa por virtud de la cual no debería expedirse el injunction prelimi-nar solicitado. Compareció en efecto el Tesorero y pidió por las razones que expuso que la solicitud de la peticionaria fuera desestimada y anulada la orden de entredicho. Oyó la corte a ambas partes y decidió el caso en. contra de la peticionaria. Esta pidió la reconsideración, declarándose sin lugar su petición el 16 de julio último, apelando entonces para ante este tribunal.

Los hechos en que la solicitud se basa son, en resumen, que la peticionaria es dueña de cinco predios de terreno si-tuados en el término municipal de Juana Díaz que el Tesorero de Puerto Rico tasó de acuerdo con la Ley No. 49 de 8 de julio de 1921 (pág. 367), imponiendo a cada uno por los años ¿conómicos 1930-31, 1931-32, 1932-33 y primer semestre del 1934-una determinada cuota de riego, y que el 12 de enero, 1934, el Tesorero, por conducto de su agente el Colector de Rentas Internas de Juana Díaz, embargó los cinco predios para el cobro de las siguientes sumas:

Y sigue alegándose en la solicitud que el embargo trabado es ilegal y nulo por las siguientes razones:

“a. — Porque la Ley No. 49 de 1921 no autoriza al Tesorero de-mandado a embargar sumariamente en cobro de las cuotas o im-puestos de riego que provee dicba ley.
“T>. — Porque el Tesorero de Puerto Rico no tiene poder inhe-rente para cobrar mediante el procedimiento de embargo sumario provisto en los Arts. 335 y 336 del Código Político, cuotas o im-puestos de riego.
“o. — Porque aunque la Ley No. 49 de 1921 denomina las refe-ridas cuotas o impuestos de riego, ‘contribuciones’, tales cuotas o impuestos no son contribuciones en el sentido jurídico de la palabra.
“d — Porque la contribución, cuota o impuesto de riego que pro-vee la Ley No. 49 de 1921 es ilegal, anticonstitucional y nula por-que menoscaba derechos contractuales de la peticionaria y delega poderes legislativos al Comisionado del Interior, según fué resuelto por la Corte de Circuito de Boston al pasar sobre la constitucio-nalidad de la referida Ley No. 49 de 1921 en el caso de People of Porto Rico vs. Havemeyer et al., 60 Fed. (2d) 10, donde el Pueblo de Puerto Rico trató de cobrar a esta peticionaria las cuotas o impuestos de riego sobre las fincas descritas en esta petición por los años económicos 1922-23 al 1929-30 inclusive.
“7. — Que las fincas embargadas son muy necesarias e indispensables en el negocio de la peticionaria, cada una de ellas tiene un valor mucho mayor al total de las cuotas o impuestos de riego que el Tesorero demandado intenta cobrar mediante el alegado ilegal embargo y la venta de las mismas en pública subasta causará graves e irreparables daños y perjuicios a la peticionaria.
“8. — Que la peticionaria carece de un remedio adecuado en ley y si esta Iíon. Corte no impide mediante injunction el cobro por la vía sumaria de las referidas cuotas o impuestos de riego y per-mite que el Tesorero demandado venda en pública subasta las fincas embargadas como lo ha amenazado hacer y hará si esta Hon. Corte no lo impide, se privará a la peticionaria de su propiedad sin el debido procedimiento.
“9. — Que aun suponiendo que la Ley No. 49 de 1921 fuese cons-titucional y válida, a falta de autorización expresa en dicha ley para el cobro de las referidas cuotas o impuestos de riego, el Te-sorero demandado no puede cobrarlas nada más que en un pleito ordinario. ’ ’

En su alegato la parte apelante atribuye a la corte sen-tenciadora la comisión de seis errores, y dice:

“Antes de empezar a discutir los errores señalados queremos hacer constar 'que estamos conformes con la conclusión a que ha llegado la Corte Inferior en su opinión, a saber:
“Que no se puede impedir mediante injunction el cobro de una contribución aunque la misma sea ilegal, si existe un remedio en ley claro, adecuado y eficaz, Matthews vs. Rodgers, 76 U.S. L. Ed. 347, citado en la opinión (Record P. 15) pero sostenemos que no estamos tratando de impedir mediante el injunction solicitado, el cobro de una contribución sino de impedir que el Tesorero de Puerto Rico siga el procedimiento de embargo sumario en cobro de cuotas o impuestos de riego, por dos razones:
“1. — Porque dichas cuotas o impuestos de riego, no son contri-buciones, y
“2. — Porque el Tesorero de Puerto Rico no está autorizado por la ley a cobrar, mediante el procedimiento sumario de embargo, las referidas cuotas o impuestos de riego.”

Lo expuesto simplifica el estudio y resolución del recurso, pero antes de proceder a ello, parece conveniente referirnos al caso de People of Porto Rico v. Havemeyer et al., 60 Fed. (2d) 10 que, como sabemos, se invoca como uno de los funda-mentos de la solicitud.

Diclio caso se inició en la Corte de Distrito de San Juan y los miembros que companían la sociedad demandada Russell & Co., Suers. S. en C., aquí peticionaria, a saber: Horace Havemeyer, Frank A. Dillingham, Edward S. Paine, Edwin L. Arnold, Frank M. Welty y H. B. Orde, obtuvieron que fuese trasladado a la Corte Federal sobre la base de diver-sidad de ciudadanía. El Pueblo insistió en la Corte Federal en que el caso fuera devuelto a la Insular. La Corte Federal se neg'ó y al resolver el pleito por sus méritos lo hizo en contra de El Pueblo de Puerto Rico, apelando éste para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito que confirmó la sentencia recurrida. El resumen de la opinión emitida al efecto por la Corte de Circuito es como sigue:

“La jurisdicción de las cortes federales sobre litigios incoados contra sociedades es determinada por la ciudadanía de los socios que las constituyan, aunque sea una entidad que bajo la ley de su domicilio pueda ser demandada como tal sociedad.
“S.e resolvió que una ley que fija una contribución especial sobre terrenos .que reciben aguas de un sistema público de riego, es nula por menoscabar ía obligación del contrato sobre entrega de agua equivalente al valor de los derechos de agua que anteriormente te-nía el dueño. (Ley Orgánica de Puerto Rico, sección 2; 48 USCA, sección 737; Ley del Riego Público de Puerto Rico de 1908, según fué enmendada; Ley 49 de 1921, de Puerto Rico, sección 1.)
"Una ley que provee que el Tesorero de Puerto Rico tomará un estimado hecho por el Comisionado del Interior para determinar el tipo de la contribución especial sobre terrenos que reciben agua del servicio público de riego fué declarada nula por delegar po-deres legislativos a dicho Comisionado. (Ley 49 de 1921, de Puerto Rico, secciones 1 y 2; Ley del Riego Público de Puerto Rico, 1908, según ha sido enmendada).” 60 F. (2d) 10.

No conforme el Pueblo, acudió a la Corte Suprema de los Estados Unidos y obtuvo un auto de certiorari, dentro del cual dicha corte el 13 de marzo de 1933 revocó la sentencia que contra él se había dictado y ordenó que el caso fuera devuelto a la Corte Federal para que fuera trasladado a la Insular.

El resumen de la decisión de la Corte Suprema es como sigue:

"Una sociedad en comandita de acuerdo con las leyes de Puerto Rico no es un limited partnership tal cual estas sociedades son co-nocidas en el derecho común, siuo una entidad jurídica con per-sonalidad similar a la de una corporación. P. 478.
"Una demanda iniciada contra una sociedad en comandita de Puerto Rico no puede ser trasladada por los miembros que la cons-tituyen de la corte insular a la de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico según los artículos 41 y 42 de la Carta Orgánica, fundándose en que dichos socios no son ciudadanos de Puerto Rico ni están domiciliados en la isla. P. 482.
“Un pleito iniciado por El Pueblo de Puerto Rico en cobro de contribuciones insulares no debe calificarse como un pleito que surge bajo las leyes de los Estados Unidos, dentro del significado de los estatutos jurisdiccionales sobre traslado de causas, a, porque la au-toridad para instituirlos emana de una ley del Congreso, o b, porque el demandante ha sido reconocido como una entidad política por la ley del Congreso bajo la cual su gobierno ha sido constituido. PP. 482, 484.
"La doctrina de que un pleito iniciado por' una corporación or-ganizada bajo una ley del Congreso cae dentro de la jurisdicción de las cortes federales como uno que surge bajo las leyes de los Estados Unidos, ha sido limitada por los precedentes y por las leyes del Congreso, y no debe ser ampliada. P. 485. 60 F. (2d) 10, revocado.” Puerto Rico v. Russell & Co., 288 U. S. 476.

Como puede verse, la decisión de la Corte Suprema sólo comprende la de la cuestión de traslado envuelto en el litigio. Como era fundamental y previa, hizo que cayera como cayó por su base todo el edificio levantado por las Cortes de Dis-trito y de Circuito Federales sobre los méritos del caso que-dando sin fuerza decisiva sus pronunciamientos en cuanto a la anticonstitucionalidad de la Ley No. 49 de 1921 que es la aplicada por el Tesorero para el cobro de las cuotas o con-tribuciones de que aquí se trata, conservando sólo la fuerza persuasiva que puedan llevar consigo sus razonamientos.

'Aclarado este punto, procederemos al estudio y resolución de la verdadera cuestión envuelta en el recurso, a saber: ¿Procede el injunction solicitado?

Todo depende de si las sumas cobradas por el Tesorero son o pueden considerarse como verdaderas contribuciones porque si lo son o pueden considerarse como tales entonces la ley sobre pago de contribuciones bajo protesta propor-ciona a la peticionaria el verdadero procedimiento a seguir para reclamar los derechos que alega que le asisten y el injunction que interpuso debió ser como fue desestimado.

Resolviendo la cuestión dice la corte de distrito en la opi-nión que emitiera para fundar su fallo:

"Frente a las pretensiones de la demandante, nos encontramos con el Artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933) que en lo pertinente dice así:
"‘Art. 678. — No podrá otorgarse un Injunction:
" ‘1.— .......
" ‘2.— .......
" ‘3.— .......
“ <4__
" ‘5.— .......
" ‘6.— ........
" ‘7. — Para impedir la imposición o cobro de cualquier contri-bución establecida por las leyes de los Estados Unidos o de Puerto Rico.’
“La cuestión a determinar en este caso es si no obstante'el pre-cepto terminante del artículo 678 supra, puede la corte dictar el auto de injunction solicitado en este caso.
“La jurisprudencia es uniforme y está toda conteste en el sen-tido de que las cortes no ven con simpatía la. expedición de autos de Injunction para impedir el cobro de las contribuciones impuestas por el Estado. La regla se impone ante el peligro en que estaría el Estado de no poder cumplir sus obligaciones como tal si la libe-ralidad en la concesión de este recurso le impidiese cobrar sus con-tribuciones. Para que se expida el Injunction es necesario que el derecho del peticionario sea sumamente claro. La regla establecida generalmente es, que no obstante la ilegalidad o antieonstituciona-lidad de la ley imponiendo la contribución, los tribunales no inter-vendrán mediante el recurso de Injunction para impedir el cobro de las mismas siempre que el contribuyente tenga un recurso adecuado en ley, y a menos que existan especiales circunstancias demostrati-vas de que el caso del demandante cae bajo algunas de las recono-cidas causas de equidad, tales como daños irreparables, multiplici-dad de procedimientos, etc.
“Tratando de esta cuestión la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho lo siguiente:
“ ‘Siempre que esta cuestión se ha presentado, este Tribunal in-variablemente ha resuelto que la mera ilegalidad o ineonstituciona-lidad de una contribución del Estado o municipal no es en sí mo-tivo para obtener un remedio en equidad en las cortes de los Estados Unidos. Si el remedio en ley es claro, adecuado y eficaz, el perjudicado debe recurrir al remedio que le proporcionan las cortes del Estado, de las cuales puede trasladar la causa a esta corte para ser revisada, siempre que estuviera envuelta una cuestión federal, Código Judicial Sección 237 U.S.C. título 28, sección 34. Se citan varios casos.’ Matthews v. Rodgers, 76 U.S. L. ed. 447, 452.
“En el caso de Long v. Norman, el Juez Bingham hablando por la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, dijo lo siguiente:
“ ‘El cobro de contribuciones bajo la autoridad del Estado no puede ser impedido por una corte de los Estados Unidos por la sola razón de que la contribución sea ilegal. Debe aparecer de la faz de la demanda que el perjudicado por la contribución, no tiene un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley y que existen además circunstancias especiales que colocan el caso bajo algunas de las reglas de equidad.’ Long v. Norman et al., 289 F. 5.
“En el caso de Long v. Norman, el Juez Bingham analiza la ley de Massachusetts sobre pago bajo protesta sustaneialmente igual a la nuestra, y declara que el remedio es adecuado.
“Se ha resuelto que una ley que permita al contribuyente re-cobrar la cantidad que ha pagado bajo protesta por una contribu-ción ilegal, ofrece un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley. Véase Long v. Norman supra; 61 C. J. 1085; Camuñas v. New York & P. R. Steamship Co., 260 F. 40.
“Se ha resuelto además, que el hecho de que se venda en pú-blica subasta uiia finca por falta del pago de contribuciones no causa en sí daño irreparable al contribuyente, aun cuando dicha finca sea necesaria e indispensable para la continuación de su negocio. 32 C. J. 156.
“No se alega en la demanda la existencia de ninguna otra cir-cunstancia especial que coloque el caso dentro de algunas de las causas de equidad, pero sí se alega que la denominada contribución para el cobro de la cual el Tesorero ha embargado y pretende vender la finca descrita, no es una contribución en el sentido jurídico de la palabra, y que por consiguiente el contribuyente no tendrá de-recho a recobrarla al pagarla bajo protesta, pues como alega el demandante, no tratándose del pago de una contribución, no podría el perjudicado acogerse al derecho que concede la ley para recobrar el importe de las contribuciones pagadas bajo protesta.
“La contribución que ha dado motivo a este pleito fué creada por la Ley No. 49 de 8 de julio de 1921, que se titula:
“ ‘Ley para fijar una contribución a determinados terrenos que se proveen de agua del sistema de riego público de la costa sur, a las cuales no se le impuso contribución alguna por la Ley de Riego Público, y para otros fines.’
“La Sección Ira. de la referida ley, dice así:
“ ‘See. Ira. — Por la presente se impone una contribución especial adicional a las ya fijadas por la Ley, a todos los predios de terreno, que para fines de riego se proveen de agua del sistema de Riego Público de la costa Sur, que fué construido y funciona de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Riego Público y sus en-miendas, pero que bajo la Ley actual del Riego no contribuyen al pago de los gastos de sostenimiento de dicho Sistema.’
“El último párrafo de la Sección 2 de la Ley a que venimos re.-firiéndonos, dice:
“ ‘ Esta contribución será impuesta y recaudada por el Tesorero de Puerto Rico, al mismo tiempo que cualquier, otra contribución impuesta por la Ley del Riego Público y el dinero recaudado será ingresado en el Tesoro Insular, acreditándose al fondo especial que se titula:
“ ‘ “Fondo del Riego, para invertirse en la misma forma y para los mismos fines prescritos en la Ley del Riego Público y leyes en-mendatorias de la misma”.’
“Claramente expresa el legislador en la ley antes citada toda su intención de crear una contribución igual a la que se creó por la Ley del Riego Público. Esta Ley, la No. 49 antes mencionada, no hace nada más que extender la contribución del riego público a otros terrenos sobre los cuales no se impuso dicba contribución. Por eso la denomina contribución especial adicional. Dispone que se im-ponga y recaude por el Tesorero de Puerto Rico, al mismo tiempo que cualquier otra contribución impuesta por la Ley del Riego Pú-blico y que el dinero recaudado, al igual que el que se recauda por la contribución impuesta por la Ley del Riego Público,’ se acredite al fondo especial que se titula ‘Fondo del Riego.’ Estas conside-raciones nos llevan a la conclusión de que la contribución creada por la Ley No. 49, es de la misma naturaleza que la creada por la Ley del Riego Público y la disposición legislativa de que se im-ponga y recaude al mismo tiempo que cualquier otra contribución impuesta por la Ley del Riego Público, claramente demuestra que si para recaudar la contribución impuesta por dicba Ley del Riego Público debe el Tesorero embargar sumariamente la propiedad, el mismo procedimiento debe seguir en lo que respecta a la recauda-ción de esta contribución, pues no podía ocultarse al legislador que si para el cobro de esta contribución babía de seguir el Tesorero el procedimiento ordinario, dilatorio por naturaleza, mientras que para el cobro de la otra habría de recurrir al sumario del Código Político, sería de todo punto imposible que una y otra contribución fuesen recaudadas al mismo tiempo.
“No es necesario resolver aquí si la contribución es ilegal o anti-constitucional, porque como antes expresamos, la anticonstitueiona-lidad o ilegalidad de una contribución no da derecho por sí solo al' contribuyente a recurrir al recurso extraordinario de Injunction. Si la Ley es ilegal, si la ley es inconstitucional, páguese la contri-bución bajo protesta y aléguese la anticonstitucionalidad o ilegali-dad de la contribución dentro del remedio que ofrece la ley al con-tribuyente que paga su contribución bajo protesta.”

Y luego al decidir la moción de reconsideración que le presentara la peticionaria, se expresó así:

“Examinada nuestra relación del caso y opinión que sirvió de base a la sentencia de 11 de abril de 1934, no vemos motivo legal alguno que nos justifique en variar nuestro criterio. No tenemos duda alguna de que la contribución adicional creada por la Ley No. 49 de 8 de julio de 1921 es de la misma naturaleza que la contribución establecida en la Ley del Riego Público, según apa-rece- en la Sección 11 de la Ley No. 128 aprobada el 8 de agosto de 1913.
“En la Sección 11 de la Ley No. 128 antes citada, se dice que la contribución creada por la misma se impone como una carga sobre ías tierras (no como una responsabilidad personal de sus dueños) en favor de El Pueblo de Puerto Rico y que constituirá una contribu-ción el gravamen de la cual es superior y anterior en derecho a cual-quier derecho, reclamación o gravamen de cualquier otra naturaleza, excepto las contribuciones generales de Puerto Rico, y que dicha con-tribución vencerá y el Tesorero procederá a su cobro y a embargar y vender la tierra para compeler el cobro de la misma, en la misma forma y al mismo tiempo que hasta aquí se ha dispuesto o se dis-ponga para el cobro de cualesquiera otras contribuciones, etc.
“La Ley No. 49 de 1921 creadora de la contribución objeto de este pleito, en su sección Ira. en lo pertinente dice así:
“ ‘See. Ira. — Por la presente se impone una contribución especial adicional a las ya fijadas por la Ley, a todos los predios de terreno que para fines de riego se proveen de agua del sistema de riego pú-blico de la Costa Sur, etc.’
“Y el último párrafo de la Sección 2 de la misma ley dice así:
“ ‘Esta contribución será impuesta y recaudada por el Tesorero de Puerto Rico, al mismo tiempo que cualquier otra contribución impuesta por la Ley de Riego Público, y el dinero recaudado será ingresado al fondo especial de depósito que se titula “Fondo del Riego’’ para invertirse en la misma forma y para los mismos fines prescritos en la Ley del Riego Público y leyes enmendatorias de la misma. ’
“Claramente se desprende de los párrafos antes transcritos que la intención del Legislador fué crear una contribución de la misma naturaleza que la impuesta por lá Ley del Riego Público y si den-tro de esta última el Tesorero tiene facultades para embargar tierras y venderlas en la misma forma que lo hace para el cobro de las 'contribuciones generales, igual derecho debe tener bajo la Ley No. 49 de 1921, pues donde existe la misma razón debe aplicarse el mismo derecho.’

Insiste la apelante en qne dentro del concepto esencial de lo que es una verdadera contribución, no es posible in-cluir las cuotas de riego que se le cobran y quizá tenga razón, pero a nuestro juicio habiendo en consideración todas las circunstancias que concurren, los hechos y la ley, dichas cuotas pueden considerarse como verdaderas contribuciones que pueden y deben ser pagadas bajo protesta si se quiere obtener su devolución por mandato judicial.

Una de las citas de la propia parte recurrente abarca a nuestro juicio la totalidad del problema.

Transcribimos de su alegato, alterando sólo las itálicas:

“El Juez Cooley cita la siguiente opinión de la Corte Suprema de Mississippi (Macon v. Patty, 57 Miss. 378), en aclaración de la diferencia entre una contribución y una cuota:
“ ‘Una tributación local solamente puede ser impuesta sobre te-rrenos; no puede ser, según sucede con una contribución, un pasivo personal del contribuyente; es una tributación sobre la cosa que se supone salir beneficiada. Una contribución es fijada en todo el es-tado o en determinada subdivisión política conocida, como en un con-dado o ciudad. Una tributación loca] es fijada sobre bienes situados en un distrito creado para el fin específico de la tasación y no tiene ningún otro objetivo o móvil que ser la cosa sobre la cual se fija la tributación. Una contribución es una carga continua y debe ser co-brada durante todo el tiempo a intervalos cortos y sin la misma lo.-, gobiernos no pueden existir. Una tributación local es una excepción tanto en lo que a tiempo como a localidad se refiere, su existencia surge para determinada ocasión y para realizar determinado fin, y se extingue al cesar la ocasión y realizarse el fin. Una contribución es impuesta, cobrada y administrada por una agencia pública elegida por la comunidad a que se le impone y a ella le es responsable. Una tributación local es impuesta por una autoridad ab extra. Sin embargo, se asemeja a una contribución en que es impuesta por una autoridad que emana de la Legislatura y en que contribuye al bien-estar publico, y su pago puede ser exigido por el procedimiento su-mario para el cobro de contribuciones. Se asemeja a una contribu-ción en que debe ser impuesta para un -fin público y en que debe ser distribuida de acuerdo con alguna regla razonable entre aquellas personas sobre cuyas propiedades se fija. Se diferencia de una conr tribución en que el producto de la tasación debe ser gastado en. una mejora que, como excepción clara, sea ele una manera definida reci-bida por la propiedad sobre que se impone.’ Citado en Willoughby Treatise on the Constitution, Vol. 2, página 1887.”

Y la verdad es que la recurrente no puede llamarse a en-gaño porque ella misma como contribuciones consideró las cuotas anteriores de igual naturaleza que se le cobraron en el caso del Pueblo v. Havemeyer et al., supra, y como tales fueron tratadas por las Cortes Federales, de Distrito y de Circuito, que decidieron el asunto en su fondo.

Consideramos infundado el temor que alega que tuvo o pudo tener la recurrente de que si acudía al pago bajo pro-testa El Pueblo le opondría la excepción de que no era apli-cable la ley especial sobre la materia, ya que el Pueblo hubiera estado impedido en todo caso de hacerlo así por haber él mismo denominado contribuciones las cuotas y haberlas impuesto y cobrado como tales contribuciones.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.