text:
    Font, Demandante y Apelante, v. Castro et al., Demandados y Apelados.
    No. 3402.

    Visto: Noviembre 7, 1924.

      Resuelto: Noviembre 25, 1924.
    Sumisión de las Partes; Requisitos que Deberá Tener. — Para que la sumisión-del. deudor al domicilio del acreedor surta efecto, es preciso hacerlo constar en la obligación expresando la corte a la cual se someten las partes para la resolución de los litigios a que pudiera dar lugar la obligación.
    Traslado del Pleito — Defectos en la Moción de Traslado o en los Affidavits.— Cuando el demandado tiene derecho a cambiar el lugar del juicio al distrito-de su residencia, carece de importancia cualquier deficiencia relativa a Ios-méritos del caso en los affidavits de mérito.
    Resoluoión de R. Díaz Cimbrón, J. (Ponce), concediendo traslado-de pleito.

      Confirmada.

      R. Arjona Siaca, abogado del apelante; E. González Mena, abogado-de los apelados. ■
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela en este caso de una resolución concediendo el traslado de un pleito civil en cobro de dinero.

El apelante alega que la corte inferior ignoró la renun-cio expresa que de su derecho de domicilio habían hecho los demandados y que por otro lado dicha corte erró al estimar suficiente los affidavits de méritos en que se funda la mo-ción de traslado.

No se transcribe en la demanda jurada el documento ori-gen de la obligación y solamente se alega, en términos ge-nerales, que en la obligación suscrita los demandados re-nunciaron expresamente su derecho de domicilio.

En el caso de Gómez v. Toro, 23 D.P.R. 647, interpre-tando los artículos 76 y 77 de nuestro Código de Enjuicia-miento Civil se dijo por esta corte que la materia relativa a la sumisión previa de las partes constituye un pacto lícito y una vez que se hace en legal forma obliga a la persona que se somete y aun a sus herederos.

El punto ahora para resolver sería si de los términos de la demanda aparece hecba en legal forma la sumisión pre-via de los demandados a la corte del domicilio del deman-dante para obligar el cumplimiento del contrato. En el caso de Hernaiz Targa & Ca. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, se dijo que los artículos 76 y 77 arriba citados son de origen distinto a la totalidad de nuestro código, inspirándose dichos preceptos legales en los artículos 56,. 57 y 58 de la an-tigua Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el caso de Gómez v. Toro, supra, que a su vez cita el anterior, se hace un es-tudio comparativo de los artículos de la ley antigua y la moderna y como resultado de tal estudio se dice:

“El artículo 77 del nuevo código comprende todos los casos de los artículos 57 y 58 de la antigua ley. Pero siguiendo el legislador español la pauta marcada en el artículo 56, define en los artículos. 57 y 58 los casos de sumisión expresa y sumisión tácita, mientras que el legislador puertorriqueño, lógico con la fórmula adoptada en el artículo 76, abarca en el artículo 77 todos los casos de sumi-sión en general, aunque puede concluirse perfectamente que el nú-mero 1 del artículo 77 comprende la verdadera sumisión expresa, y los Nos. 2 y 3 del mismo, la tácita, con la única diferencia de que según el código moderno basta que se convenga la sumisión por escrito para que exista y según la ley antigua era necesario que ¿e renunciara el fuero propio y se designara el juez a que sb some-'®kre¿‘-fes !pái’tes. -,-El-código módetno preserva el principio del an--tiguo>>, per'o Iq [encierra en una fórmula más sencilla. Es ciertamente innecesaria la renuncia expresa del fuero, porque la expresa sumi-sión (Je las partes envuelve .claramente tal renuncia.” Gómez v. '‘ÍForol 23 D.P.R. 645.

s.e; puede entender claramente que'si bien el vigente Có-digo de Enjuiciamiento Civil ha simplificado el formulismo' cuando se ha de hacer constar por las partes el pacto de la sumisión previa, una renuncia en general, aunque expresa, ,.del ..fuero del demandado, no sería bastante para cumplir , con el-estatuto. Si la renuncia está demás o es innecesaria por entenderse hecha en virtud de la sumisión, parece obvio decir, como cuestión lógica, que la sumisión previa para que surta su efecto legal, es siempre indispensable hacerla cons-tar, debiendo consignarse con toda precisión en el documento la designación de la corte a quien se someten las partes .para la decisión del pleito o pleitos que sean origen del mismo o a que puedan dar lugar el cumplimiento de la obli-.gación. Y esto no se alega en la demanda y la corte inferior no cometió error al no tomar en consideración la re-nuncia en la forma alegada.

... .El segundo error que ofrece el apelante se refiere a la suficiencia de los affidavits que apoyan la moción de los de-mandados. Y alega que no son suficientes porque no ex-presan la creencia de los demandados en la existencia de una justa, buena y meritoria defensa y además no aparece de la moción ni de los affidavits que dichos demandados hu-,hieran hecho a su abogado una relación completa y justa ■de los hechos de modo que dicho abogado les hubiera po-dido informar sobre los propios méritos del caso.

’ La jurisprudencia parece que ha establecido una diferen-cia éntre los requisitos que debe contener un affidavit de mé-ritos. para abrir una rebeldía, con los que se requieren para sostener una moción de traslado. Baker, Carver & Morrel y. Healy.S Siebert, 31 D.P.R. 559. En el último sentido las-interpretaciones han sido más liberales y la discusión de las Autoridades se Ha conducido en forma cada vez más'progre-siva al extremo que se Ha declarado que el derecho a que el ■ caso sea juzgado en la residencia del demandado es ab-soluto y únicamente está sujeto a ciertas excepciones. Esto puede verse del caso arriba citado.

Puede bien afirmarse que las excepciones a que alude la jurisprudencia están comprendidas en nuestro código en los artículos 76, 77 y 82. Estos artículos, respectivamente, dicen:

"Art. 76. — Con arreglo a su jurisdicción, una corte conocerá de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de todas clases, cuando las partes Hubieren convenido en someter dicho pleito a la decisión de tal corte.
"Art. 77. — Se entenderá hecha la sumisión:
"1. Por convenio escrito de las partes.
.. "2. Por el demandante en el mero hecho de acudir a la corte interponiendo la demanda.
"3. Por el demandado en el hecho de hacer, después de perso-nado en el juicio, cualquiera gestión que no sea la de pedir que el juicio se' celebre en la corte correspondiente.
"Art. 82. — Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado, al comparecer a contestar o a formular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspon-diente.

La razón del artículo 82 puede encontrarse en el caso de State ex rel. Allen v. Superior Court, 9 Wash. 668 (38 Pac. 206), en donde se sostiene que un demandado tiene el dere-cho como cuestión legal a ser demandado en el distrito en que residiere, pero con el fin de evitar que sentencias dic-tadas de buena fe estuvieran expuestas a ataque colateral probándose que después de definitivas resultaba que el de-mandado no era residente del distrito, la legislatura Ha pres-crito sabiamente que a pesar del derecho absoluto del de-mandado a que se le demande en el distrito de su residen-cia (art. 81 de nuestro Código de Enj. Civ.) pueda ser de-mandado en obro distrito, en iguales términos que se des-prende de dicho artículo 82 del código nuestro.

En el mismo caso se discuten las decisiones de la Corte Suprema de California y en este punto la corte Suprema del Estado de Washington dice:

“Sabemos que las decisiones en el Estado de California y quizá en alguno de los otros Estados, parece haberse basado en una teo-ría diferente, pero en nuestra opinión estas cortes han pasado por alto el hecho de que la excepción por la cual a la corte donde se ha establecido la acción se le permite retener jurisdicción es una ne-cesidad, y sólo se puso en vigor para hacer efectivo el derecho ab-soluto del traslado al condado de la residencia en tanto era necesa-rio para proteger la validez de las sentencias dictadas cuando no se había presentado ninguna moción para el traslado. De acuerdo con la interpretación liberal de este estatuto, que creemos debe recibir, el affidavit de mérito en el caso de autos era suficiente. Es verdad que en él no se expresa que todo el asunto se ha puesto en conoci-miento del abogado, pero se dice que los hechos constitutivos de defensa se les había hecho saber ampliamente, y puesto que el único objeto en este procedimiento de tal affidavit es demostrar que hay algo que ha de resolverse entre el demandante y los demandados, se cumple enteramente con el fin con esta declaración defectuosa. Aparece suficientemente de la misma que los demandados deseaban alegar una defensa y que el caso se celebrara en el debido condado y de ella puede inferirse lógicamente que ellos tendrán derecho a radicar una contestación en donde se levanten las cuestiones liti-giosas para el juicio, y de este modo el objeto para el cual la legis-latura exigió el affidavit de mérito se ha cumplido debidamente.”

En nuestro Código de Enjuiciamiento Civil se prescribe por el artículo 81, en los casos no comprendidos en los ar-tículos anteriores, el derecho absoluto de un demandado a que se vea el pleito en el distrito de su residencia.

Y el artículo 83 para dar cierta efectividad al artículo-81, dice:

“Art. 83. — La corte podrá, previa moción, cambiar el lugar del. juicio en los siguientes casos:
“1. Cuando el distrito designado en la demanda no es el corres-pondiente.
“2. Cuando hubiere motivo para creer que un juicio imparcial no puede celebrarse allí.
“3. Cuando la conveniencia de los testigos y los fines de la jus-ticia se beneficiasen con el cambio.
“4. Cuando por cualquier motivo el juez estuviere incapacitado para entender en el asunto.”

La misma Corte Suprema del Estado de Washington in-terpretando preceptos procesales parecidos, si no idénticos a los artículos 81 y 83 y poniéndoles en íntima relación y armonía, llega a la verdadera conclusión radical que debía llegarse en sentido 'de que los méritos del caso son inmate-riales cuando el demandado puede cambiar el lugar del jui-cio al distrito de su residencia como cuestión de derecho, salvo desde luego, la excepción de la sumisión que autoriza nuestro código, antes o después de empezado el pleito. Gomez v. Toro, supra.

En conexión con lo que se acaba de decir, en el caso ya citado de esta Corte Suprema de Baher, Carver & Morrell v. Mealy & Siébert se cita a su vez el caso de State ex rel. Stewart & Holmes Drug Co. v. Superior Court, 67 Wash. 321 (121 P. 460), y la parte de la opinión que se transcribe es como sigue:

‘‘Esta sección debe interpretarse con referencia a las secciones 207 y 209. Cuando así se consideran, creemos que es claro que, aun admitiendo que ciertos casos en los cuales un affidavit de- méritos considerado en su sentido técnico antiguo, es un requisito esencial previo a la orden de la corte, de aquí no se sigue que lo es así én todos los casos. La sección 209 prescribe que la corte puede cam-biar el lugar del juicio cuando aparece del affidavit que ‘el con-dado designado en la demanda no es el debido condado/ o ‘para obtener un juicio impareial/ o para la ‘conveniencia de los testi-gos, o a los fines de la justicia.’ Claramente que el affidavit que aquí se menciona no es el affidavit de méritos antiguo. Los méri-tos del caso son inmateriales cuando el demandado puede cambiar el lugar del juicio al condado de sú residencia como cuestión de derecho; o la corte, como cuestión de discreción, puede ordenar un cambio cuando se le demuestra que un juicio imparcial no puede obtenerse, o cuando la conveniencia de los testigos a los fines de la justicia así lo -requieren. Un cambio del lugar del juicio se veri-fica de acuerdo con estas circunstancias cuando los hechos que acre-ditan cualquiera de estas condiciones quedan demostrados, no por-que pueda haber una defensa en la acción que se sostiene por el con-sejo del abogado, sino por razón del estatuto mismo; y cuando se llama la atención de la corte por medio del affidavit a cualquiera de estas razones; se resolverá que es un ‘affidavit de mérito’ dentro dél significado de la frase como se empleó en la sección 208, y la palabra ‘affidavit’ según aparece en la sección 269, Bern & Bal. Code. De modo que en este caso, siendo la residencia del demandado el condado de San Juan, y apareciendo que la acción principal no será juzgada por sus méritos en el condado de King, no vemos que haya razón para intervenir con la orden de la corte, ya que se funde en el derecho absoluto del demandado (4 Eney. Plead. & Prac., pág. 393), o en la facultad discrecional de la corte.”

T esta Corte Suprema por voz del Juez Hutchison dijo:

‘‘Este claro abandono de los llamados requisitos esenciales, ’tra-dicionales y técnicos en nuestro mejor criterio creemos que es una consideración sana, compatible y de acuerdo con el sentido común sobre el particular que tiende no solamente a simplificar y facilitar el juicio y despachar los casos pendientes, sino también a llevar a cabo sin la intervención judicial u obstrucción, el claro propósito de la legislatura.”

Por todo lo expuesto, la resolución de la corte inferior debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: “Conforme con la sentencia y en que es suficiente el affidavit de méritos.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Portalatín, Demandante y Apelado, v. Noriega, Demandado y Apelante.
    No. 3184.

    Visto: Abril 25, 1924.

      Resuelto: Noviembre 25, 1924.
    DaSos v 'Perjuicios — Negligencia de Menores de 18 Aítos — Diligencia de un Buen Padre de Familia. — Cuando se demanda al padre para que indemnice los daños y perjuicios causados por negligencia de su hijo menor de 18 años en la conducción de un automóvil, la defensa de que el padre empleó toda la diligencia de un buen padre de familia debe referirse a los hechos' que ocasionaran el daño y no se prueba con la mera evidencia de que el ■ padre hizo asistir a su hijo a escuelas. ,o.universidades, o. que. el men<>T.iWií?i.si<fe> autorizado por el Gobierno, mediante examen, para. manejar vehículos-<3,e • • ■ * ■ • ' .5 . ¡ i; í ¡ ¡ • motor.
    Ib. — Id.—Causa de Acción contra el Padre — Parte DemandadíI^-EI ¿adre de un menor de 18 años que causó daños por negligencia en el manejo de un automóvil no deja de ser responsable por el hecho de que el accidente ocurrió mientras el Hijo actuaba como empleado de otra persona." Esta ó el padre, a elección del perjudicado, son responsables, de acuerdo con. el artículo 3804, inciso 4°., del Código Civil.
    Id.— Id.— Negligencia Contributoria — Demandante Tuerto. — A una persona que sin su culpa se ve colocada en una situación de inminente peligro, no puede exigírsele el mismo grado de cuidado y circunspección que ejercería una persona prudente cuando no está frente a un peligro inmediato. Tal persona, como cuestión de derecho, no es culpable de negligencia contributors, por el hecho de no haber actuado en la forma más juieiósa’-ante los distintos’ riesgos que corrió, o por razón de haber podido escapar si hubiera actuado de distinta manera, y menos cuando tal persona no veía por un ojo. La cuestión en tales casos no es averiguar lo que hubiera hecho una persona cuidadosa bajo circunstancias ordinarias o normales, sino lo que hubiera hecho o lo que se hubiera podido esperar que hiciera en presencia de tal peligro.
    Id. — Id.—Un conductor que camina a gran velocidad por una carretera donde ve que transitan peatones no deja de ser negligente por el hecho de que1 haga uso de la bocina y menos cuando' el aviso es dado tan cerca de los viandantes que más bien puede producir el pánico entre ellos.
    Id. — Id.—El deber de que un automóvil quede bajo un control razonable impliea naturalmente que el conductor ejercitará el poder de dominio siempre que sea razonablemente necesario para evitar ocasionar daños a otras personas.' Si un viandante cruza su camino tan cerca del vehículo (jue puede ocurrir una colisión, la velocidad del carro debe ser reducida. Además, las cireuns,-taneias pueden ser tales como cuando es inminente una colisión que el cuidado razonable en el manejo del vehículo requiera que se pare. El conductor de un automóvil no cumple necesariamente con su deber marchando muy des-pacio, sino que debe parar el vehículo si es necesario para evitar causar un daño a un viandante.
    SENTENCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      F. B. Fornaris, abogado del apelante; D. Sepulveda, abogado del apelado. • ,
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la o’pinión del tribunal.

El 30 de abril de 1922, en la carretera qne conduce de Ponce a Santa Isabel, Jenaro Noriega y Pattern, menor de 18 años de edad, quien guiaba como conductor un automó-vil, marca “Buick,” arrolló al demandante José Pórtalatín infiriéndole lesiones de gravedad, entre ellas las fracturas del húmero del brazo izquierdo y del fémur y tibia de la pierna izquierda.

• Fundándose en estos hechos y en lo que dispone el art. 1804 del Código Civil Revisado, el demandante dirigió su acción de daños y perjuicios directamente contra el padre del menor, Cándido Noriega y González, alegando que dicho menor es hijo legítimo del demandado, que estaba bajo su patria potestad, no había sido emancipado y vivía en su compañía, y que el accidente ocurrió única y exclusivamente por inexperiencia,- descuido y negligencia del conductor del auto, Jenaro Noriega y Pattern, quien no usó de la debida prudencia y circunspección en el manejo del mencionado. au-tomóvil, conduciéndolo a gran velocidad y sin tocar bocina ni ningún instrumento de aviso.

El demandado contestó la demanda imputando el acci-dente exclusivamente a la culpa y negligencia del propio de-mandante, y alegó además como defensa: 1°, que el deman-dado empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, y 2’, que en el momento del accidente Jenaro Noriega y Pattern era un empleado de la casa de Noriega y Alvarez, Sucesores, y guiaba un automóvil pro-piedad de dicha casa comercial en gestiones de la misma, acompañado de otro empleado y uno de sus gestores.

Celebrado el juicio, la corte inferior dictó sentencia con-denando al demandado a indemnizar al demandante la suma de $1,150 y costas. No conforme el demandado interpuso esta apelación y en su alegato señala la comisión de cuatro errores. Los dos primeros se refieren a las defensas espe-ciales que el demandado utilizó en su contestación y los res-tantes tratan de la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior.

Sostiene el apelante que habiendo demostrado ser un diligente . y buen padre de familia, la corte inferior cometió error al interpretar los artículos 1803 y 1804 del Código Civil Revisado haciéndole responsable de los actos de su hijo menor de edad con motivo del accidente. Como base de ■esta contención se alega el cuidado y vigilancia que el ape-lante tuvo con su hijo haciéndole asistir a las escuelas pú-blicas de primera y segunda enseñanza y luego haciendo su ingreso en colegios del continente americano para estudiar una carrera. Todo ello, que dicho sea de paso, constituye •el deber elemental de todo padre de familia, no es suficiente por sí solo. Por sus propios términos la ley requiere para que cese la responsabilidad que se pruebe que se empleó “toda la diligencia de un buen padre de familia para pre-venir el daño.” Párrafo final del art. 1804 del Código Civil. Se necesita algo en relación con el daño mismo y las. 'circunstancias que en este caso concurren y que analizare-mos en seguida, no demuestran en verdad la diligencia del padre para prevenir el daño,.

S.e alega además que el apelante no consintió que su hijo manejara vehículos de motor por los caminos públicos hásta danto el Gobierno de'Puerto Rico no lo autorizara para ello y que al efecto sufrió el correspondiente examen y de este modo insiste el apelante que no necesitaba otra cosa para asegurarse que su hijo era hábil para guiar automóviles ■cuando el estado es el llamado a velar a los que dedicán-dose a esas ocupaciones puedan constituir un peligro para •sus semejantes. A estos razonamientos basta decir que el menor no había cumplido los 18 años de edad, y por ello ocurre todo lo contrario de lo que asume el apelante. El gobierno es quien no hubiera autorizado que dicho menor, no habiendo cumplido los 18 años, guiara vehículos de motor sin el consentimiento por escrito del apelante haciéndose responsable como padre del menor de las infracciones de la ley y por todos los daños que el menor pudiera causar.

La letra “c” del artículo 5 de la ley No. 75 para regla-mentar el uso de vehículos de motor, aprobada en abril 13 «de 1916 (p. 147), dice lo siguiente:

“ (c) No se expedirá licencia a persona menor de diez y seis años de edad. Se podrá expedir licencia a una persona cuya edad fluctúe entre los diez y seis y diez y ocho años, para manejar su propio automóvil o el de la persona bajo cuya patria potestad se, encuentre, .siempre que ésta consintiere, mediante escrito presentad© ál .Comisionado del Interior, en hacerse responsable de todas la'á multas que se impusieren al conductor por cualquier infracción de ésta íiey, y por todos los daños que pueda causar. Fuera de este caso no se expedirá ninguna licencia a personas menores de diez y ocho años.”

Esta provisión de la ley se funda lógicamente en el pe-ligro que siempre puede existir con la expedición de licen-cias a menores de 18 años para el manejo de vehículos de ■motor por la falta de un completo discernimiento en sus fa-cultades mentales debido a que en la generalidad de los ca-sos no se lia llegado a la madurez necesaria que solamente-se alcanza con los años para obrar de acuerdo con lo que exigen las circunstancias de momento o la más ordinaria prudencia. Y para ser consecuentes, si se pudiera juzgar la debida diligencia de un buen padre de familia por la au-torización que da el gobierno al que sufre un examen de-mostrando su competencia o habilidad en el manejo de au-tomóviles, tal demostración equivaldría a una patente de inmunidad para toda clase de accidente y la consecuencia ne podía ser más absurda. Ni el buen sentido ni la ley han permitido semejante proposición.

El caso de Schultz v. Morrison, 91 Mise. R. 248, 154 N. Y. Suppl. 257, es un caso ilustrativo del fundamento que tuvo el legislador para prohibir el manejo de. automóviles a personas menores de 18 años, diciendo:

“El objeto y fin del estatuto es promover la seguridad de aque-llos que viajan por los caminos públicos. Aunque un vehículo de motor no debe considerarse en sí mismo como una máquina peli-grosa, sin embargo, se convierte en tal si se usa en manos de una persona descuidada y sin experiencia. El estatuto en efecto así lo ha declarado cuando prohíbe su funcionamiento a las personas me-nores de 18 años. Declara en sustancia que tales personas no reúnen el cuidado necesario y juicio para manejar vehículos de motor en los caminos públicos sin poner en peligro la vida de- otras personas.” Huddy on Automobiles, Fifth Edition, p. 266, nota 17.

Como cuestión de hecho se probó que el menor había sido multado con anterioridad al accidente por exceso de velocidad y que de esto tuvo conocimiento el apelante, quien entonces pudo ejercer la debida diligencia de un buen padre de familia para prevenir ulterior responsabilidad, revo-cando el permiso que había concedido al hijo para el ma-nejo del auto.

Mediante el segundo error el apelante alega que la corte inferior erró al considerarlo responsable de los daños causa-dos por su menor hijo mientras éste actuaba como empleado de la mercantil Noriega y Alvarez, Sucesores, guiando el automóvil' en gestiones de dicha mercantil y desempeñando funciones de su empleo.

La proposición del apelante tiende a establecer que la mercantil “Noriega y Alvarez, Sucesores,” es la responsa-ble de los daños causados por el menor y no el apelante. Pero asumiendo como cierta esta defensa, no tendría valor en este caso. Para que fuera eficaz o tuviera efecto legal, tendría que alegarse que la mercantil “Noriega y Alvarez, Sucesores,” era la única responsable de los actos del menor en su carácter de empleado. Y no se alega ni tampoco ten-dría apoyo en la ley. Lo que en verdad quiere significar el apelante es que en virtud de lo que determina el párrafo 49 del artículo 1804 del Código Civil Revisado, sería también responsable la mercantil “Noriega y Alvarez, Sucesores,” de los daños causados por el menor, separadamente, dé la responsabilidad que al mismo tiempo se impone al padre por el párrafo 29 de dicho artículo, que en lo pertinente dice:

“Art, 1804. — La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
“El padre y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía. ■ ■ •
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“ho son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o> empres'a respecto de los perjuicios causados por sus dependien-tes en el servicio de los ramos en los que tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.”

Se desprende, pues, que si se diera el caso de dos per-sonas responsables con motivo de un accidente como el que nos ocupa, el perjudicado podía incluir en la demanda a to-das las personas responsables o elegir una de ellas, separa-damente, exigiéndole íntegramente la responsabilidad. Y el demandante al seleccionar al apelante para que indemnice los daños causados por su bijo menor de edad, que vivía en su compañía y estaba bajo su patria potestad, prescin-diendo de las relaciones que como empleado tuviera el me-nor con la mercantil citada, bizo uso de un derecho que le autorizaba la ley.

Los restantes errores comprenden la misma materia, o sea, la apreciación que de la prueba bizo la corte inferior.

La evidencia fué contradictoria y apreciada por el juez sentenciador, decidiendo el conflict o en favor del deman-dante. Es verdad que el juez inferior no sentó en su opi-nión las conclusiones de becho del caso, pero de todos mo-dos aunque admitiéramos la teoría del demandado soste-niendo que el accidente fué debido a que el demandante in-tentó cruzar la carretera en el momento de acercarse el au-tomóvil, las demás circunstancias del caso demuestran que ese incidente por sí solo no releva de responsabilidad al- de-mandado. Se demostró que el demandante era tuerto desde sus primeros años y que transitaba por la carretera en unión de cuatro personas más al ocurrir el accidente. Estas per-sonas formaban dos grupos: tres caminaban delante y a poca distancia les seguían los otros dos. La prueba, aunque nó sin alguna contradicción, tiende a establecer que ambos grupos caminaban bacia la derecha del camino. En el grupo delantero se encontraba el demandante en el lado extremo paralelo al centro de la carretera. Aparece asimismo que el automóvil caminaba a mucha velocidad y que el conductor no disminuyó la misma al acercarse al grupo de cami-nantes. Así se desprende esta última circunstancia del con-junto de la prueba y claramente de la declaración del tes-tigo Ismael Quiñones, testigo del demandado y quien ocu-paba el automóvil al tiempo del accidente. En tales condi-ciones y sin dar el conductor un razonable aviso por anti-cipado de la proximidad del automóvil, pues el aviso apa-rece que fué dado en el mismo instante de tratar el conductor de abrirse paso entre los viandantes y cuyo aviso más bien produjo la excitación y pánico consiguiente en el ánimo de dichas personas, era, pues, evidente que el demandante,' a quien le faltaba la vista del ojo izquierdo, fuera colocado frente a una situación de inmediato peligro y era natural inferirse que no pudiera ejercer por su defecto físico la misma habilidad que fué desplegada por sus compañeros, ■ escapando del peligro, ni tampoco exigírsele el mismo gradó de cuidado y circunspección que ejercería una persona normal en iguales o parecidas condiciones.

En resumen, lo que con más certeza puede deducirse de las circunstancias concurrentes en este caso es que' el de-fecto físico en la vista del demandante determinó que él no pudiera, al instante, darse exacta cuenta de la situación de peligro en que fué puesto por el conductor del automóvil. El demandante probablemente fué tardío en mirar hacia atrás, ya que si giró a la izquierda para ver la máquina que se acercaba, haciendo uso del ojo derecho, él tuvo que girar sobre sus pies y ponerse casi de frente al automóvil. La conducta del demandante, por consiguiente, al obrar como lo hizo, intentando cruzar la carretera para escapar del pe-ligro inminente o actuando en forma que no pudo evitarlo, no podemos considerarla como cuestión legal, que envuelva la cuestión de negligencia contributoria por parte del de-mandante, porque la cuestión no era pensar lo que hubiera hecho una persona prudente en condiciones normales, sum cómo hubiera actuado ante un peligro inmediato. En reía-cion con situaciones análogas, en el caso de González v. The Fajardo Development Co., 30 D.P.R. 182, se tacen las si-guientes citas:

“A una persona que sin su culpa se ve colocada en una situación de inminente peligro, no puede exigírsele el mismo grado de cui-dado y circunspección que ejercería una persona prudente cuando no está frente a un peligro inmediato. Tal persona, como cuestión de derecho, no es culpable de negligencia contributoria, por el he-cho de no haber actuado en la forma más juiciosa ante los distintos riesgos que corrió, o por razón de haber podido escapar si hubiera actuado de distinta manera. La cuestión en tales casos no es ave-riguar lo que hubiera hecho una persona cuidadosa bajo circuns-tancias ordinarias o normales, sino lo que hubiera hecho o lo que se hubiera podido esperar que hiciera en presencia de tal peligro.” (Bailey, Personal Injuries, Tomo II, pág. 1461, ed. 2».)
“Una persona que es colocada por la negligencia de otra en un sitio de peligro inmediato, y que bajo la influencia de un gran pá-nico ejecuta un acto que pueda contribuir a que resulte lesionada o muerta, no puede culpársele de negligencia contributoria e impe-dirle una reclamación.” (Consolidated Traction Company v. Scott, 55 Am. St. Rep. 620.)

Aparte de la situación de peligro inmediato en que la ne-gligencia del conductor del auto colocó al demandante, apa-rece además que se trataba de un trozo de carretera ancho y recto y en donde el conductor podía ver a distancia y dis-tintamente a las personas que caminaban en aquel sitio, y esto pone de manifiesto claramente que el conductor pudo evitar el accidente disminuyendo la velocidad o deteniendo el carro, pues el aviso que dió tan cerca de los caminantes no era suficiente y fué inútil dada la velocidad del auto. Sería una teoría subversiva sostener como lo bizo el apelante en el acto de la vista, que un conductor o chauffeur no está obligado a detener la velocidad de un automóvil en una ca-rretera pública en ninguna circunstancia en que. se encuen-tra con viandantes. Según la teoría del apelante estos úl-timos son los que tienen el deber de cuidarse a sí mismos y ejercer toda la diligencia para evitar accidentes. El ape-lanté no cita autoridades para sostener semejante teoría y por el contrario, en el caso de El Pueblo v. Blandford, 23 D.P.R. 630, se explican los principios sustanciales que de-hen, prevalecer en tales casos.

" ‘‘De acuerdo con las autoridades nos sentimos obligados a de-clarar que cualquiera que trate de pasar delante de los viandantes ■en la carretera a gran velocidad y sin estar seguro de que dichos viandantes tienen conocimiento de la llegada de la máquina, es culpable de negligencia flagrante. El procede sin el debido cuidado y circunspección. Cuando ocurre una muerte, el guiar, sin mira-miento alguno siempre ha sido castigado por la ley de homicidio.
“Como hemos visto, la corte tenía derecho a inferir que el ape-lante guiaba a una velocidad peligrosa, peligrosa por pasar delante de los viandantes que no han sido avisados y pueden ser alarmados. EL sonar la bocina fué simplemente la cosa en particular que hizo desviar a los viandantes del curso que llevaban, pero un vehículo que se acerca, algún movimiento o distracción éntre los mismos, o-cualquiera otra razón pudo asimismo haber hecho, que cruzaran ellos repentinamente frente a la máquina. La suposición del acusado parece haber sido la de que por el simple hecho .de que él se en-contraba bien a la derecha y vió que no había obstáculos en el ca-mino ante él, estaba justificado en pasar a los viandantes a gran ve-locidad sin más precaución. Esta no es la ley. El conductor de una máquina 'debe siempre manejarla de tal modo que pueda evi-tar causar daño a la gente que viaja por la carretera. El no tiene derecho a pasar delante de ellos a una velocidad peligrosa, a menos que esté justificado en creer que tienen ellos conocimiento de su llegada y estén preparados para dejarle expedito el paso. Cualquier hombre tiene derecho a caminar por la carretera y el conductor de un automóvil que pretenda pasar por delante del mismo debe te-ner motivos para creer que el viandante tiene conocimiento de la llegada de la máquina, o que ha sido avisado debidamente. Un automóvil puede causar más daño que cualquier otro vehículo en un camino. Tiene derecho a estar allí pero debe respetar los dere-chos de los demás.” 23 D.P.E. 630-31.
“El deber de que un automóvil quede bajo un control razonable implica naturalmente que el conductor ejercitará el poder de do-minio siempre que sea razonablemente necesario para evitar ocasio-nar daños a otras personas. Si un viandante cruza su camino tan cerca del vehículo que puede ocurrir una colición, la velocidad del carro debe ser reducida. Además, las circunstancias pueden ser tales como cuando es inminente una colisión que el cuidado razo-nable en el manejo del vehículo requiere que se pare. El conductor de un automóvil no cumple necesariamente con su deber mar-chando muy despacio, sino que debe parar el vehículo si es nece-sario para evitar causar un daño a un viandante.”' Huddy on¡ Automobiles, quinta edición, p. 546.

Todos los errores señalados por el apelante han sido considerados y por todo lo expuesto la sentencia de la corte inferior debe confirmarse.


author: El Juez Pbesidente SeñoR del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Flores, Acusado y Apelante.
    No. 2264.

    Visto: Junio 12, 1924.

      Resuelto: Noviembre 25, 1924.
    Apelación — -Excepciones Previas que Pueden Suscitarse bor Vez Primera em Apelación. — La regla general es que la Corte Suprema no considerará las-excepciones previas que no se hayan alegado debidamente en la corte de distrito, pero las excepciones de falta de jurisdicción y de hechos suficientes para imputar un delito tienen el privilegio de poderse suscitar por vez primera en apelación.
    Falsa Representación e Impostura — Elementos Integrantes del Delito.— Para que quede constituido el delito de obtener dinero mediante falsas repre-sentaciones, cuatro cosas deben apareeer tanto de las alegaciones como .de la prueba, a saber: debe existir la intención de defraudar, el fraude en sí, las falsas representaciones usadas para perpetrar el fraude, y tal perpetración debe haber sido hecha por med'o de las falsas representaciones como causa que indujo a -la persona dueña de los bienes a desprenderse de ellos.
    Id. — Acusación Insuficiente. — En lo pertinente la acusación en este caso alega que el acusado "voluntaria e inteneionalmente y 'valiéndose de falsas * fraudulentas simulaciones, entregó a Manuel Rubio un papel el cual decía que podía entregar a Juan Flores Javier 20 fanegas de maní,-y le dijo qq» era suscrito por Aniceto Oeide, a sabiendas que era falso y con intención .- fraudulenta, obteniendo de Manuel Rubio, 20 fanegas de maní, valoradas en la cantidad de ciento cuarenta dólares, de cuya cantidad se apropió usándola en su propio beneficio, defraudando de este modo a Manuel Rubio, en la suma de ciento cuarenta dólares.” Se resolvió: que tal acusación es insuG- . . cíente' para imputar el delito dé falsa representación e impostura, por no alegar si Rubio era o no el dueño del maní, en qué consistió la propiedad! . „ defraudada ni que Rubio se desprendiera de ella inducido por las falsas representaciones, determinándolas, que le hiciera el acusado. Si bien se ■ consigna que el acusado entregó a Rubio un papel firmado por Ceide, nada • se expresa que revele a Ceide como persona con autoridad para con Rubio.

      Sentencia de Tomás Bryan J. (Aguadilla), condenando al acusado' por delito de falsa representación e impostura.

      Revocada y de-vuelto el caso.

      A. Garda Bticós y J. B. Soto, abogados dél apelante; José E. Fí-gueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente SeñoR del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Javier Flores fué acusado y condenado como autor de un delito de falsa representación e impostura. No con-forme con la sentencia, apeló, señalando en su alegato cinco errores cometidos a su juicio por la corte, uno, al resolver que la acusación es suficiente, otro, al negarse a suspender la celebración del juicio y tres, con motivo de la práctica de la prueba.

Después de una consideración cuidadosa de todos los errores señalados, el tribunal entiende que debe revocarse la sentencia apelada. Sólo será necesario referirnos en esta opinión escrita al primero.

La acusación copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

\ “El referido acusado Juan Flores Javier, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea allá por uno de los días del mes de septiembre del año 1922, en la jurisdicción de Aguada, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, P. R., allí y entonces, voluntaria e inteneionalmente y 'valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, entregó a Manuel Rubio un papel el cual decía que podía entregar a Juan Flores Javier 20 fanegas de maní, y le dijo que era suscrito por Aniceto Ceide, a sabiendas que era falso y con intención fraudulenta, obteniendo de Manuel Rubio, 20 fanegas de maní, valoradas en la cantidad de ciento cuarenta dólares, de cuya cantidad se apropió usándola en su propio beneficio, defraudando de este modo a Manuel Rubio, en la suma de ciento cuarenta dó-lares. ’ ’

Y el apelante sostiene que no imputa debidamente el de-' lito de falsa representación e impostura porque no dice a quién pertenecen las veinte fanegas de maní a que en ella se alude, ni alega directamente quién fué el que las obtuvo de-Manuel Rubio, ni que Manuel Rubio al entregarlas lo M-'ciera actuando inducido por falsas representaciones que le hiciera el acusado.

El Fiscal de este Tribunal Supremo se limita en su ale-gato a pedir que la cuestión levantada no sea considerada por no haberse promovido, de acuerdo con la ley y la juris-prudencia, en el momento oportuno en la corte de distrito. Cita el fiscal el caso de El Pueblo v. Córdova, 9 D.P.R. 344, en el cual se estableció la siguiente doctrina: “Las excep-ciones contra la acusación deberán formularse ante la corte inferior, y no ante el Tribunal Supremo en apelación.”

La regla general está bien sentada en el caso citado. Repetidamente ha sido aplicada por. esta corte y el caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, contiene un estudio cui-dadoso sobre la materia. Pero existe la excepción que per-mite suscitar por vez primera en apelación las cuestiones jurisdiccionales y aquellas que se refieran a la falta de ele-mentos integrantes del delito. Y en la última de dichas ex-cepciones, está comprendido el error del apelante que estu-diamos.

El delito imputado, previsto y castigado en el artículo 470 del Código Penal, es como sigue:

“Toda persona que a sabiendas e intehcionalmente, valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, defraudare dinero o bienes a otra persona, .... incurrirá en la pena señalada para el hurto de la cantidad de dinero o bienes así obtenida.”

¿Qué se defraudó aquí? ¿Efectos o dinero? ¿Era Ru-bio el dueño del maní? Si no lo era ¿en qué consistió la defraudación?

Una acusación formulada por un fiscal que es un experto en la ley, de. acuerdo con el rígido sistema que en nuestro país existe, no debe dejar lugar a esas dudas. Clara y pre-cisa, debe imputar un hecho completo constitutivo de un delito previamente establecido y penado por la ley.

Pero es más y es ello lo que en verdad constituye el error fundamental que lleva consigo la revocación de la sentencia. Bn la acusación se dice que se defraudó a Manuel Rubio, pero no se expresa que Rubio actuara inducido por las fal-sas representaciones, determinándolas, que le hiciera el acu-sado, como alega el apelante. Si bien se consigna que el acusado entregó a Rubio un papel firmado por Aniceto Ceide, nada se expresa que revele a Ceide como persona con auto-ridad para con Rubio.

En el caso de People v. Wasservogle, 77 Cal. 173 (19 Pac. 270), la Corte Suprema de California, dijo:

“Para que quede constituido el delito de obtener dinero me-diante falsas representaciones, cuatro cosas deben aparecer tanto de las alegaciones como de la prueba, a saber: debe existir la inten-ción de defraudar, el fraude en sí, las falsas representaciones usa-das para perpetrar el fraude, y tal perpetración debe haber sido he-cha por medio de las falsas' representaciones como causa que indujo a la persona dueña de los bienes a desprenderse de ellos.”

En el de People v. McKenna, 81 Cal. 158 (22 Pac. 488), la propia corte decidió que:

“Una acusación en que se alega que el acusado ilegal e inten-cionalmente y a sabiendas, mediante falsas y fraudulentas simula-ciones y representaciones, defraudó a otra persona de ciertos bie-nes muebles, sin expresar los hechos constitutivos del fraude ni en qué consistían las simulaciones y representaciones, no contiene he-chos suficientes para sostener una sentencia condenatoria y debe ser desestimada al presentarse una moción de sobreseimiento.”

Y en el de People v. Ward, 145 Cal. 736 (79 Pac. 448), insistiendo en su criterio, expresó:

“Los elementos del delito de obtener dinero mediante falsas re-presentaciones, que son necesarios para establecer el corpus delicti, son las falsas manifestaciones dirigidas al fin fraudulento y la en-trega de dinero bajo la fe de tales manifestaciones.”

La cuestión no es nueva en esta Corte Suprema. En el caso de El Pueblo v. Pórtela, 27 D.P.R, 261, quedó resuelto que:

“Una acusación imputando el delito de falsa representación en la que nó hay una exposición clara de los hechos constitutivos de la 'falsa simulación y en la cual no se alega que por efecto de las simulaciones del acusado la denunciante fué inducida a despren-derse y efectivamente se desprendió de dinero o bienes que pasaron a poder del acusado, es insuficiente.”

La sentencia apelada debe, pues, revocarse,y la causa de-volverse para ulteriores procedimientos que no sean inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado SeñoR Aldeey,

text:
    Capifali, Etc., Demandante y Apelada, v. Lloveras, Demandado y Apelante.
    No. 3358.

    Visto: Noviembre 7, 1924.

      Resuelto: Noviembre 28, 1924.
    Alimentos — Excepción Previa — Demanda Suficiente. — Expresando la demanda sobre alimentos qne la madre demandante los reclama en nombre de sn bija y para ésta por el parentesco que une a la niña eon el padre demandado, no puede concluirse que constituyó error el declarar sin lugar una excepción-previa basada en que la madre estaba reclamando para sí durante el divorcio.
    .Id. — Id.—Id.—Domicilio del Demandado.- — No puede concluirse que una demanda no alega el domicilio del demandado cuando en ella se alega que éste os sargento del ejército de los Estados Unidos destacado en San Juan, en cuyo-distrito fué entablada la demanda.
    Id. — Derecho del Alimentista a Elegir. — Un alimentista que no ofrece dar los alimentos "en. su propia casa” al que tiene derecho a recibirlos, sino'en la casa de su padre y hermanos, carece del derecho a elegir que le concede el artículo 218 del Código Civil.
    Id. — Id.—Cuando el cónyuge inocente demanda alimentos para el hijo cuya patria potestad conserva, habiéndole sido concedida por la sentencia de divorcio, el padre demandado no puede hacer uso del derecho a elegir que le concede-el artículo^ 218' del Código Civil.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan),, declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      C. Honoré, abogado del apelante; F. Acosta Velarde, abogado de-la apelada.
   El Juez Asociado SeñoR Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La niña Agatha Lloverás Capifali quedó bajo la patria'. potestad de sn madre legítima Ricarda Capifali por senten-cia dictada en el pleito de divorcio que siguió contra su es-poso Santiago Lloverás. Posteriormente, cnando la. niña denía nueve años de edad, la madre en representación de su dicha hija demandó a Santiago Lloverás alegando que ella carece de recursos para sostener y educar a su hija, que el padre de la niña tiene $185 mensuales de sueldo y otras entradas y pidió que el demandado fuese condenado a pa-gar a su hija como alimentos la cantidad de $75' mensuales. Contestó Lloverás alegando que su única entrada es un sueldo de $175.50 que queda reducido a $57.50 porque tiene que sostener a su padre y a varias hermanas con $100 men-suales, y en reconvención alegó que está dispuesto a edu-car y sostener a su hija teniéndola en un colegio acreditado y “sosteniéndola viviendo en el hogar de su padre y seño-ritas hermanas” y citó el artículo 218 del Código Civil que dice lo siguiente:

“El obligado a prestar- alimentos podrá, a su elección, satisfa-cerlos, o pagando la pensión que se fije,- o recibiendo y manteniendo en sn propia casa al que tiene derecho a ellos.”

Por esas alegaciones y cita legal solicitó Lloverás de la corte que la demanda fuese declarada sin lugar y con lu-gar .su reconvención disponiéndose que su hija reciba los alimentos “en la casa de su padre y hermanas.” La sen-tencia condena al demandado a pagar a su hija como ali-mentos la cantidad de $50 mensuales, sin disponer que los reciba como se solicita en la reconvención, po"r lo que el demandado interpuso esta apelación.

Alega el apelante en su recurso que fué error de la corte inferior el haber desestimado la excepción previa que opuso a ]a demanda de alimentos pero no nos detendremos en esta cuestión porque la demanda claramente expone que lá madre hace la reclamación en nombre de su hija y para ésta por el parentesco que 1a. niña tiene con el demandado, por lo que Ricarda Capifali no está reclamando para ella misma durante el divorcio, como alega el apelante. Y en cuanto a que la demanda no alega el domicilio del deman-dado, nos bastará decir qne en ella se consigna que el de-mandado es sargento del ejército de los Estados Unidos destacado en San Juan, en cuyo distrito fué presentada la demanda.

El segundo error se funda en dos motivos: en que la ■preponderancia de la evidencia demuestra la carencia de recursos del apelante para pagar la pensión decretada y en que tiene derecho a satisfacer la pensión acordada dándola en su casa por la elección que le permite hacer el artículo 218 del Código Civil.

Hemos examinado la evidencia que se presentó en el jui-cio y estamos convencidos por ella de que la cantidad fi-jada como alimentos por la corte inferior es proporciona-da a los recursos del apelante.

Veamos el otro aspecto del segundo motivo de error. El derecho de elección concedido por el artículo 218 citado no es absoluto e inflexible según declaró este tribunal en el caso de Moll v. Llompart, 17 D.P.R. 701, en el que citando la sentencia del Tribunal Supremo de España de 5 de julio de 1901, 92 J. C. 48 se dice lo siguiente: “ el derecho de op-ción que el artículo 149 del Código Civil Español (218 del Código Civil de Puerto Eico) concede al obligado a prestar alimentos para satisfacerlos, abonando la pensión o reci-biendo y manteniendo en su propia casa al alimentista, no es absoluto, e inflexible, sino que se halla subordinado a la doble condición de que el deudor por tal concepto tenga casa o domicilio propio, y de que no exista estorbo alguno legal o moral para que el acreedor se traslade a ella, y re-ciba en la misma el conjunto de ventajas o socorros, así naturales como civiles, que se comprenden en la acepción jurídica de la palabra alimentos, pues faltando cualquiera de esas condiciones, la elección se hace imposible de hecho o de derecho, y la obligación alimenticia tiene necesaria-mente que cumplirse en la primer^. de las formas indica-das.” ‘En igual sentido se pronuncian las autoridades ame-ricanas. Véase el tomo 21 de Oye., pág. 1150.’ ” Igual principio lia sido aplicado por el Tribunal Supremo de Es-paña en sus sentencias de 31 de enero de 1902 (93 J. O. p. 128); 11 de mayo de 1897 (81 J. C. p. 950); 25 de noviembre de 1899, (88 J. O. p. 402), y 5 de diciembre de 1903, (96 J. C. p. 798.)

De acuerdo, pues, con esa jurisprudencia y especialmente con las palabras de la ley que concede al que ha de dar los alimentos el derecho de recibir y mantener en su propia casa al que tiene derecho a los alimentos, el apelante ca-rece del derecho de elección porque tanto por las alegacio-nes de su reconvención como por la prueba resulta que no recibiría a la alimentista en su propia casa.

Además como cuestión de derecho tampoco puede el ape-lante ejercitar en este caso la elección que autoriza el citado artículo porque habiendo sido concedida a la madre la pa-tria potestad sería contrario a la ley el derecho de elección en este caso porque la madre quedaría privada de esa pa-tria potestad. En un caso análogo al presente el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 25 de noviembre de 1899, Jurisprudencia Civil, tomo 88, página 402, dice que "condenado el abuelo a satisfacer alimentos a sus nietos, la pretensión del mismo de llevar a éstos consigo separán-dolos de su madre haría imposible para ésta el ejercicio de los derechos de patria potestad,' y no sería lógico ni racio-nal subordinarlos al de opción cuando legalmente pueden concillarse con una de las formas de prestación de alimen-tos, o sea pagando la pensión señalada.”

En cuanto a la imposición de costas a que se' refiere el tercer motivo de error alegado, no creemos que exista dada la actitud del demandado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: "Conforme con la sen-tencia. ” .


author: El Juez Pbesidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Escobar, Acusado y Apelante.
    Nos. 2322 y 2323.

    Vistos: Noviembre 25, 3924.

      Resueltos: Noviembre 28, 1924.
    Delito contra la Salud Pública — Adulteración de Leche — Acusación Sufi-ciente. — Es suficiente una acusación en la cual se alega que el acusado, “ilegal, intencional y voluntariamente adulteró para la venta leche de vaca.” La preposición “para” usada después del vei’bo “adulterar” y antes de las palabras “la venta,” equivale a “con la intención de. ofrecerla” que .exige el estatuto para que se entienda cometido el delito en una de las varias formas que establece.
    Sentencias de B. Díaz Cinirón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de adulteración de leclie.

      Confirmadas.

      D. Sepúlveda, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abo- • gado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En estos dos casos Juan Escobar, acusado porqué “ile-.gal, intencional y voluntariamente, adulteró para la venta leche de vaca,” fué condenado a sufrir, en el primero, diez días de cárcel, y en el segundo, cinco.

No conforme con las sentencias, apeló, señalando como único error en ambos recursos que .los hechos expuestos en la acusación no constituyen delito.

La ley aplicable está contenida en la sección 1 de la Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche, ofrecerla o tenerla para la venta, de 1910, Comp. see. 5787, que dice, en lo pertinente: “Toda persona que adulterare .... leche con la intención de ofrecerla a la venta.”

Y el apelante sostiene que no apareciendo en la acusa-ción las palabras “con la intención de ofrecerla,” no sigue el lenguaje del estatuto y es por tanto fatalmente defectuosa. Oita el apelante los casos de El Pueblo v. Birrier, 18 D.P.R. 265; El Pueblo v. Pizarro, 21 D.P.R. 17, y El Pueblo V. Wys, 25 D.P.E. 510.

Para que exista el delito no basta la simple adulteración de la leche. Es necesario que se adultere “con la intención de ofrecerla a la venta.” Sobre esto no hay dnda algnna. La cuestión a resolver es la de si la palabra “para” que conecta las palabras “adulteró” y “la venta” equivale a “con la intención de- ofrecerla.”

“Para”, según el Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española, es una “preposición con que se denota el fin o término a que se encamina una acción. ’ ’

Siendo ello así, es evidente qne la acusación significa en buen romance que el acto o acción de adulterar la leche por parte del acusado, se encaminó al fin o término de venderla, estando comprendido claramente en tal significado el hecho de que la adulteración se verificó con la intención de ofre-cerla a la venta.

No existiendo el único error que se alega cometido por lá corte procede la confirmación de la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señok del Tobo,

text:
    Ríos, Demandante y Apelado, v. The Niagara Fire Insurance Co., Demandada y Apelante.
    No. 3326.

    Visto: Junio 18, 1924.

      Resuelto: Diciembre 1, 1924.
    Seguro contra Incendio — Alegación sobre Cumplimiento del Oontrato„,por el Demandante — Demanda Suficiente. — Si el demandante en vez de alegar el cumplimiento por su parte del contrato de seguro contra incendio en la forma que establece el artículo 127 del Código de Enjuiciamiento Civil, alega la existencia del contrato y especifica en detalle el cumplimiento de las condi-ciones, formula una alegación suficiente.
    Id. — Alegación Innecesaria. — No deja de ser suficiente la demanda porque no alegue que el incendio “no se debió a la culpa o negligencia del demandante.’’ Se presume que las partes han actuado de acuerdo eon la ley y es a la parte demandada a la que corresponde alegar en su caso que está exenta de respon sabilidad porque el incendio se debió a la culpa o negligencia del demandante.
    Id. — Aviso a la Compañía sobre Desocupación de la Finca. — Estipulando la pó-liza de seguro contra incendio que la falta de utilización de la finca destinada a comercio y vivienda, por un período mayor de treinta días, haría perder su derecho al asegurado, el hecho de que éste la hubiera dejado desocupada du rante un día sin notificar al asegurador no constituye una violación del con-trato.
    Id. — Abandono de la Finca por el Asegurado — Negligencia del Asegurado.— En este caso la evidencia demostró que el demandante desocupó la casa ase-gurada y trasladó la casi totalidad de las existencias y de los muebles y que ■en -la madrugada del día. siguiente fué totalmente destruida por un incendio. El demandante no se encontraba en ella. La casa quedó sola. El demandante tenía hablada a una persona que iba a hacer ciertas reparaciones para que la cuidara, pero tal persona no llegó a hacerse cargo.’ Una de las puertas quedé meramente junta. Se resolvió: que tales hechos por sí solos no revelan negli-gencia por parte del demandante en í'orma tal que lo haga responsable (M incendio y le prive de sn derecho a reclamar.
    Id. — Prueba Preliminar del Yalor de la Propiedad Destruida. — Demostrando la prueba que el asegurado gestionó infructuosamente el llegar a un entendido con la aseguradora con respecto’ a los daños causados por el incendio; y no tratándose, por otra parte, de bienes cuya cantidad pudiera variar de un día para otro, sino de una casa a la cual se le fijó un precio, no es posible con-cluir que la corte erró al no mantener que era un requisito previo a la de-manda el someter a la compañía dentro de los quince días que siguieron ai siniestro un estado de las pérdidas.
    Sentencia de B. Díaz Cintron, J. (Pon.ee), declarando con lugar la demanda, cotí costas.

      Confirmada.

      A. S. Poventud, abogado de la apelante; López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señok del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Miguel Ríos demandó a The Niagara Pire Insurance Oo. en cobro de $2,500. Excepcionó y contestó la de-mandada, alegando además defensas especiales. Pué el pleito a juicio, practicando prueba ambas partes y la corte lo re-solvió finalmente declarando la demanda con lugar.

No conforme la parte demandada, apeló, señalando en su alegato seis errores cometidos por la corte de distrito: 1, al resolver que la demanda aducía hechos. suficientes para constituir una causa de acción; 2, al no estimar que el de-mandante había perdido su derecho a-virtud de cambios he-chos por él en la utilización del edificio asegurado; 3, al no considerar que el demandante era el único responsable del siniestro ocurrido; 4, al no reconocer que era un requisito previo indispensable para entablar la reclamación, que el demandante proporcionara a la demandada dentro de los quince días siguientes al incendio un estado de las pérdi-das; 5, al admitir como perito al testigo Pedro Oquero, y 6, al no admitir cierta prueba.

Examinemos el primer error. La demanda, copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Segundo. — Que el demandante siendo dueño de una casa de dos plantas, construida de maderas con parte de los bajos forrada de hierro galvanizado, y techada del mismo metal, destinada la planta alta a vivienda y los bajos a comercio y sita en el barrio de Canas, carretera de Ponce a Adjuntas, hectómetro 9 del término Municipal de Ponce, P. R., la aseguró en la compañía aquí demandada por término de un año y por la suma de $2,500.00, el cual riesgo em-pezó a correr el 11 de agosto de 1922, a veneer el 11 de agosto de 1923, según consta más extensamente de la póliza número 14442 ex-pedida por la demandada, Niagara Pire Ins. Co., a favor del de-mandante, Juan Miguel Ríos Rivera, de fecha 11 de agosto de 1922.
“Tercero. — Que la casa antes reseñada fué totalmente destruida por un incendio ocurrido el día 14 de octubre de 1922, perdiéndose todo lo contenido en dicho edificio, quedando únicamente los escom-bros, sin que quedara ninguna parte de dicha casa en condiciones servibles.
“Cuarto. — Que tan pronto ocurrió el siniestro antes expuesto, el demandante lo comunicó a la compañía demandada por medio de su agente señor Mayoral.
“Qiiinto. — Que el propio demandante y de acuerdo con los tér-minos de la póliza, requirió a la demandada por medio de su agente en Puerto Rico señor Mayoral para someter las pérdidas ocurridas a una tasación de árbitros, pero dicha demandada por su referido agente, se negó a tomar en consideración las manifestaciones del demandante, manifestando que no estaba dispuesta a someter a ár-bitros la fijación de los daños y perjuicios, ni estaba dispuesta a considerar la reclamación del demandante bajo ningún aspecto, ma-nifestando al demandante que debía proceder judicialmente, ya que dicha demandada no estaba dispuesta, bajo ningún concepto a con-siderar la reclamación del demandante, habiendo asimismo dicha de-mandada rehusado proporcionar al demandante los blancos de cos-tumbre para presentar dicha reclamación y habiéndose negado a re-cibir también toda reclamación por escrito o en cualquier otra forma de parte del demandante.
“Sexto. — Que la casa antes reseñada, asegurada por la deman-dada, en y antes de la fecha del siniestro valía la suma de $2,500.00, y alega el demandante que después del referido siniestro la referida casa no vale nada, ya que la pérdida sufrida por el demandante a consecuencia del referido siniestro, monta a la suma de dos mil qui-nientos dólares.
“Séptimo. — ’Que la demandada a pesar de las gestiones hechas por el demandante para llegar a un entendido con ella con respecto a las pérdidas relacionadas, ha rehusado toda tramitación extrajudicial manifestando que desea que el asunto se' lleve a los Tribuna-les, y ha rehusado por tanto satisfacer el pago de la suma asegurada o sean $2,500.00, valor de la finca asegurada en la fecha del sinies-tro.”

La apelante sostiene que la demanda no aduce hechos su-.ficientes porque no alega que el demandante “cumplió debi-damente todas las condiciones que le concernían,” y que el incendio “no se debió a la culpa o negligencia del deman-dante.”

A nuestro juicio el error no existe. Si una parte en vez de alegar el cumplimiento del contrato en la forma que es-tablece el artículo 127 del Código de Enjuiciamiento Civil invocado por la apelante, alega la existencia del contrato y especifica en detalle el cumplimiento de las condiciones, como aquí sucede, formula una alegación suficiente. Así lo deci-dió la Corte Suprema de California donde existe un esta-tuto similar al nuestro, en el caso de Clark v. Phoenix Ins. Co., 36 Cal. 168. La corte dijó:

“Una demanda en que se alega un contrato incondicional por el cual el demandado, por una causa específica, se obliga’ a asegurar el hotel y muebles del demandante contra pérdidas por fuego por un determinado período de tiempo, y una pérdida por fuego ocu-■rrida durante la vigencia del contrato,' que el demandado ha dejado de satisfacer, a pesar de los requerimientos del demandante, aduce una causa de acción y será considerada suficiente al resolver una ■ excepción previa.”

Tampoco es necesario alegar expresamente que el incen-dio ocurriera sin culpa o negligencia por parte del deman-dante. Se trata de una acción ejercitada en reclamación de dinero de acuerdo con un contrato de seguro y por haber ocurrido un accidente que ocasionó daños por valor de la suma reclamada. El incendio se supone ocurrido a virtud de un elemento extraño a las partes contratantes. Se presume que las partes Ran actuado de acuerdo con la ley y es a la demandada a la que corresponde alegar en su caso que está exenta de responsabilidad porque el incendio se debió a la culpa o negligencia del demandante.

Veamos el segundo error. Del propio contrato de seguro resulta que la casa asegurada estaba destinada a comercio y a vivienda. Y se sostiene que se violó el contrato por parte del asegurado porque dejó la casa desocupada durante un día sin notificar al asegurador.

La violación no existe. De acuerdo con el contrato mis-mo, era la “falta de utilización, por un período de más de treinta días,” la que Rubiera RecRo perder su- derecRo al de-mandante.

Argumentando el tercer error sostiene la' apelante que el demandante fué negligente al desocupar la casa y dejarla abandonada y que tal negligencia lo hace responsable del in-cendio y lo priva de su derecRo a reclamar.

Nada Ray en la prueba que tienda en lo más mínimo a presentar al demandante como autor del incendio. La evi-dencia demuestra que el demandante desocupó la casa y tras-ladó la casi totalidad de las existencias y. de los muebles el 13 de octubre de 1922 y que en la madrugada del 14 siguiente fué totalmente destruida por un incendio. El demandante no se encontraba en ella. La casa quedó sola. El deman-dante tenía Rabiada a una persona que iba a Racer ciertas reparaciones para que la cuidara, pero tal persona no llegó a hacerse cargo. Una de las puertas quedó meramente junta.

No creemos que tales circunstancias revelen negligencia por parte del demandante en forma tal que le prive de su derecRo a reclamar. Para riesgos como éste se contratan los seguros.

El cuarto error guarda relación con un caso que invoca la apelante recientemente resuelto por esta Corte Suprema, el de J. Casablanca v. The Palatine Insurance Co., 32 D. P. R. 678.

. Se trataba de seguros sobre existencias de una farmacia y sobre maquinaria para hacer calzado y existencias de cal-zado y el asegurado no proporcionó los datos exigidos en el contrato y requeridos por la compañía para poder calcu-lar el Valor de la propiedad realmente destruida. Los he-chos y circunstancias concurrentes se expusieron en la opi-nión, y la corte, por medio del Juez Asociado Sr. Hutchison, terminó diciendo:

“En los términos en que está redactado el artículo 10, la com-pañía aseguradora tenía justamente derecho a alguna prueba-pre-liminar respecto del valor de la .propiedad destruida al tiempo de ocurrir el siniestro. Si por algún motivo no era conveniente dar entero cumplimiento a la petición hecha por el árbitro tasador {adjuster), hubiera sido cosa muy sencilla para las demandantes ob-tener una declaración de las personas o mercantiles adonde se hi-cieron las compras, creditiva de las circunstancias por razón de las cuales- la información deseada no pudo suministrarse. Cualquier esfuerzo razonable para obtener los informes en cuestión, acompa-ñado de no ser posible, de una completa manifestación de dónde, cuándo y de quién la existencia de mercancías, maquinaria, muebles y enseres fueron obtenidos, junta con una relación de los precios pagados por ellos, hubiera sido suficiente. Es muy posible que hasta con menos de eso se hubiera cumplido con la regla relativa a un cumplimiento sustancial con los requisitos estipulados respecto a la prueba de la pérdida. Pero sea esto como fuere, alguna demostra-ción preliminar en este sentido era una condición previa para po-der recobrar en una acción basada en cualquiera de las pólizas en cuestión.
“Los pleitos en la fecha de la redacción de las demandas fueron prematuros y deben confirmarse las sentencias apeladas.”

Los hechos y circunstancias del caso que está sometido ahora a nuestra consideración y resolución son distintos, aunque se trata de la interpretación de una cláusula contractual similar a la de los casos de Casablanca.

La corte de distrito en su relación del caso y opinión, dijo:

. . . Asimismo la corte resolviendo el incidente suscitado en cnanto al alcance e interpretación legales del artículo 10 del con-trato de póliza de seguro, en el que se manifiesta que inmediata-mente que se declara un siniestro el asegurado tiene obligación de participarlo a la compañía por escrito y entregarle un estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro y una relación detallada de todos los demás seguros que pudieran existir sobre los mismos objetos asegurados, declara en primer término que bubo prueba por. parte del demandante de baber liecbo las gestiones tendentes al cum-plimiento de esta obligación y por otra parte, además, estima que una vez interpuesta la demanda y de acuerdo con la sección 175 de las leyes de 1921, no era un requisito necesario e indispensable para ello, por lo cual se le anota una excepción a la parte demandada a los efectos procedentes en caso de apelación.”

La prueba demostró las gestiones del asegurado a que se refiere la demanda y la necesidad que tuvo de acudir a la corte por negarse la compañía aseguradora en absoluto a satisfacer el seguro. No se trataba de mercancías ni de efectos cuya cantidad pudiera variar de día en día, sino de una casa, a la cual se fijó un valor y que quedó destruida totalmente.

Siendo ello así, no es necesario resolver si es aplicable o nó el artículo 175 de la Ley proveyendo lo necesario para la incorporación de compañías de seguros del país, para regular el negoció de seguros en Puerto Rico, y para otros fines, aprobada el 16 de julio de 1921 (p. 523), ley que no estaba aún en vigor cuando ocurrió el incendio que dió ori-gen al caso de Casablanca, supra.

Resta sólo considerar los dos últimos errores que no tie-nen importancia, en verdad, a nuestro juicio.

El testigo Pedro Oquero era un empleado del Depar-tamento del Interior que trató de comprar la casa destruida por el incendio al demandante quien le pidió por ella tres mil dólares llegando el testigo a ofrecerle dos mil setecien-tos!. Uno de los deberes oficiales de Oquero era informar sobre las solicitudes para la fabricación de casas cerca de las carreteras y otra encargarse de las reparaciones de las casas de los peones camineros. La demandada mostró de-seos de saber si el testigo declaraba como perito o como tes-tigo y el demandante contestó: “Ambas cosas.” Oqnero declaró además qne había comprado una casa en Ponce. Después describió detalladamente la casa asegurada y dijo que a su juicio valía tres mil y pico- de pesos. Y la ape-lante sostiene que la corte erró al admitir la declaración de Oquero en tal sentido.

Oquendo demostró a nuestro juicio conocimientos y expe-riencia que le capacitaban para declarar en la forma en que lo hizo. Además, la circunstancia de que el valor de la casa era superior en algunos cientos de dólares a la canti-dad asegurada, quedó tan claramente establecida por toda la prueba que, como dijimos al principio, la cuestión carece de importancia.

Igual sucede con cierta pregunta que la apelante quiso hacer al demandante cuando declaraba como su propio tes-tigo y que le fué negada por la corte en una forma muy peculiar y decimos muy peculiar porque eii realidad la pre-gunta fue hecha y contestada. Además luego la apelante introdujo al demandante como testigo y le preguntó cuanto quiso sobré el particular.

Por virtud de todo lo expuesto el recurso establecido debe declararse sin lugar y confirmarse en todas sus.par-tes la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Agostini, Demandante y Apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, et al., y Real, Demandados y Apelados.
    No. 3431.

    Visto: Noviembre 10, 1924.

      Resuelto: Diciembre 2, 1924.

      Certiorari en Casos de Desahucio — Apelación — Desestimación Denegada. — Siendo la apelación un derecho universal, las resoluciones dictadas en recursos' de certiorari establecidos para revisar cuestiones de jurisdicción o procedi-miento en pleitos de desahucio son apelables, aunque en tales pleitos no so' dé más que una apelación. Por tal motivo las cortes de distrito deben ser. cautas al librar autos de certiorari en casos de desahucio procedentes de las cortes municipales.

      Moción sobre desestimación de apelación.

      Sin lugar.

      L. Feliú, abogado del apelante; M. Tons Soto, abogado del'apelad© Real.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

De nna moción para desestimar nna apelación aparece que la Corte de Distrito de San Jnan, Primer Distrito, libró nn anto de certiorari para revisar los procedimientos de una corte municipal en nna acción de desahucio. Después de una vista y de sometido el caso, la corte de distrito anuló el auto e impuso' las costas al peticionario, apelante ahora, ante esta corte.

La apelada al solicitar la desestimación, ha insistido en que la ley de desahucio sólo tiene en cuenta una apelación de la corte municipal a la de distrito, o de una de distrito a la Corte Suprema, y que por el hecho de presentar una solicitud de certiorari para revisar el procedimiento de una corte municipal el apelante ha burlado la ley toda vez que conseguirá que su proposición sea revisada por tres cortes en vez de en un solo juicio y una sola revisión.

La ley de certiorari de 1904 (Comp. see. 1349) concede un derecho de revisión limitado. La corte de revisión sólo tiene facultad para considerar cuestiones de jurisdicción o procedimiento o completar procedimientos' cuando, la corte inferior erróneamente rehúsa hacerlo. La corte superior, no-tiene facultad alguna para considerar el caso por sus méri-tos sustanciales. Por tanto, cuando un peticionario hace una petición a una corte para que expida un auto de certio-rari en un procedimiento de desahucio, la corte de distrito-debe examinar la petición con gran cuidado. Se presumirá -que cada corte lo ha hecho así. Desde luego que la corte puede con frecuencia anular el auto después de oir a la otra parte, como sucedió aquí.

La ley, sin embargo, en un caso adecuado como el arriba indicado, confiere a todo ciudadano el derecho a que sean revisados todos los- procedimientos mediante auto de certio-rari. Es una proposición -universal de la cual no se hace excepción de los casos de desahucio. Es cuestión de razón que si ha habido serias infracciones de jurisdicción o pro-cedimiento, que existe una rápida revisión mediante certio-rari. La ley no establece excepción y no podemos estable-cerla nosotros. Una apelación proqede en todos los casos de conformidad con el artículo 295 del Código de Enjuicia- ■ miento Civil.

Si la apelada está convencida de que el certiorari era un procedimiento frívolo y de que la apelación asimismo 16 es, o que ha sido interpuesta para demorar, hay medios de llegar al asunto por medio de una moción a esta corte.

' ' Ninguna de las cuestiones esenciales están ante nuestra consideración. El apelante oportunamente solicitó una pró-rroga del término para radicar la transcripción de autos. t>ébe declararse sin lugar la moción de desestimación y como ha pasado mucho tiempo se concede al apelante un término ‘de cinco dias dentro del cuál deberá radicar la expresada transcripción.


text:
      J. Llamas & Cía., Demandante y Apelante, v. Great American Insurance Corporation, Etc., Demandada y Apelada.

      No. 3292.

    Visto: Noviembre 21, 3924.

      Resuelto: Diciembre 5, 1924.
    OOBRO DE PÓLIZA — SeSURO CONTRA INCENDIO-PRUEBA CIRCUNSTANCIAL DE INCEN- ’’ • dio Voluntario. — En este caso en el cual se reclamaban $3,300, importe de .uná'póliza contra incendio ocurrido entre 8 y 9 p. m., la prueba demostró que la propiedad asegurada al ocurrir el incendio no valía más de $3,000; que el asegurado no tenía empleados y era la única persona que tenía acceso a" la tienda en'horas no laborables; que mosquiteros, frisas, etc., impregnados de petróleo, fperon hallados en la tienda al comenzar el incendio, así como un gran número de cajas de cartón vacías; que el asegurado no llevaba libros de comerciante, habiendo declarado que las hojas de cuentas fueron ., quemadas.., Se resolvió: que tal cadena de circunstancias y otras que constan ónUá'opinión permiten inferir que el reclamante, aunque no hubiera.sido H. ' "árréstlido;'' fue él aütor del incendio para cobrar el seguro.

      SentbNoia de Charles E. Foole, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      J. Yalldejuli, abogado de la apelante; Chas. Hartzell, D. F. Kelly y B. O. Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Demandada en cobro de una póliza de seguro de incen-dio, la compañía aseguradora' logró defenderse por el fun-damento de un incendio voluntario por parte del asegurado. La prueba de este alegado incendio voluntario fué entera-mente circunstancial pero extraordinariamente fuerte. La corte declaró probado que. el demandante asegurado no te-nía empleados y era la única persona que tenía acceso al establecimiento en boras no laborables. Que la tienda fué cerrada a las 6 de la tarde y el fuego ocurrió entre 8 y 9 de la noche. Al llegar los bomberos y agentes de policía al es-tablecimiento, después de una breve lucha con las llamas, lograron entrar al interior del edificio y encontraron allí mosquiteros, frisas y otros objetos de algodón o hilo im-pregnados en gas, y un gran número de cajas de cartón va-cías. La corte también declaró probado como hecho inde-pendiente que la propiedad asegurada al ocurrir el incendio no valía más de $1,000. Ahora bien, como la póliza de se-guro era de $3,300 y el asegurado trataba de cobrar toda la cantidad, esto constituía otra carecterística de fraude. Ade--más de esto la prueba demuestra que el asegurado no lle-vaba los libros de costumbre y él declaró que aquellas ho-jas de cuentas que tenía fueron destruidas por el fuego. .Esta destrucción es otra circunstancia sospechosa. La de- - mandante, además, no pudo dar una. explicación satisfacto-ria, ya de sus compras ó de la cbhdición de abandono de hu establecimiento en el cual, como la prueba demostró,' se per-mitió. que se acumulara una gran cantidad de desperdicios. Podemos incidentalmente decir que fácilmente puede tener lugar un seguro por un valor mayor al que realmente tie-nen las mercancías, pero la atrevida tentativa a recobrar mucbo más de lo que él poseía, relacionada con otras cir-cunstancias, es una mala señal. Todos los becbos estable-cieron tal cadena de prueba circunstancial, que no es posi-ble llegar a ninguna otra inferencia razonable que no sea que la demandante deliberadamente pegó fuego a su esta-blecimiento. No importa que lás autoridades no lo arres-taran. Ni tampoco es posible, de acuerdo con los becbos y conclusiones que algunas de las mercancías aseguradas fue-ran robadas mientras el fuego tomaba incremento. La po-licía y los bomberos intervinieron bastante pronto para evi-tar tal cosa.

Sin resolver definitivamente sobre la actitud que debemos tomar, nos inclinamos a convenir con la apelada en que en un caso civil, el becbo del incendio voluntario no tiene que probarse más allá de una duda razonable. 26 C. J. 542, 10 R.C.L. 1012, sec. 204. Joyce on Insurance, tomo 5, p. 6197, sec. 3782 (como ba sido citado por la apelada). Simpatiza-mos con la instrucción dada al jurado en el caso de Schmidt v. New York Union Mutual Fire Ins. Co., 1 Gray 529 (Mass.), a saber, que “el peso de la prueba incumbía al de-mandado y que el jurado debe estar satisfecho, como hombres razonables, respecto a la veracidad de las alegaciones hechas por el demandado.” En el-presente caso la corte te-nía derecho, en vista, de la prueba, a estar convencida más allá de una duda razonable, de la culpabilidad de la deman-dante.

Tan clara fué la culpabilidad, que no hubo justificación para comenzar esta acción ni para la apelación, en vista de la prueba y conclusiones de la corte.

Debe confirmarse■ la- sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Manrique, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    No. 604.

    Sometido: Diciembre 2, 1924.

      Resuelto: Diciembre 5, 1924.
    Facultades de dos Registradores — Fundamento -de la Calificación — Negativa de Inscripción bor Defecto Distinto al SeSalado Anteriormente. — La. doctrina de que no puede fallarse dos veces el mismo asunto, aplicada en Roig v. BU Registrador, 18 D. P. R. 11, no es de aplicación a un easo en que el registrador califica como defeeto subsanable el que enl la nota que dio lugar al recurso gubernativo había calificado como insubsanable.
    Nota de B. Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando inscripción de escritura de compraventa de finca en subasta judicial.

      Con firmada.

      Ja L. López, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de Guayama se negó a inscribir una escritura de compraventa de una finca que fué otorgada como consecuencia de una subasta judicial en pro-cedimiento ejecutivo hipotecario, fundándose en que no apa-recía en forma alguna que el deudor hubiera sido requerido de pago y en que los edictos anunciando la subasta fueron publicados en tres días consecutivos en vez de serlo una vez por semana durante el término de veinte días, y además consignó en la nota denegatoria de inscripción la existencia dé varios defectos subsanables. El comprador estableció re-curso gubernativo contra esa calificación del registrador y al resolverlo dijimos que el registrador había hecho bien en negar la inscripción por no habérsele acreditado que el re-querimiento de pago fué hecho, aunque como posiblemente había tenido lugar esto podría acreditársele con el docu-mento correspondiente; en cuanto al otro motivo para ne-gar la inscripción declaramos que el haber sido publicados los edictos para la subasta en tres días consecutivos y no una vez por semana durante veinte días como requiere el artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es apli-cable a las ventas en procedimientos ejecutivos hipotecarios, era una mera irregularidad que no hace inexistente el con-trato; y con respecto a los defectos snbsanables declaramos que existían los señalados por el registrador por lo qne con-firmamos la nota recurrida excepto por el segundo de los defectos insubsanables mencionados. Véase el caso de Manrique v. El Registrador, (pág. 544.)

Después de esa resolución el registrado^ convirtió la ano-tación preventiva que babía tomado de la venta en inscrip-ción definitiva por habérsele acreditado el requerimiento de pago y por los méritos de nuestra expresada resolución en cuanto a la manera en que fueron publicados los edictos, pero haciendo constar en esa inscripción como defecto sub-sanable que. la publicación de los edictos para la venta fue hecha en tres días consecutivos, por lo que el Sr. Manrique ha establecido este nuevo recurso gubernativo alegando como único fundamento para él que la calificación recurrida infringe el principio de que no puede fallarse dos veces,el mismo asunto, aplicado en el caso de Roig v. El Registrador, 18 D.P.R. 11.

El caso citado por el recurrente no es aplicable al pre-sente pues lo que hizo el registrador en dicho caso fue ne-gar por segunda vez una inscripción por motivos distintos de los que habían sido consignados en su primera -negativa y que fueron objeto de resolución nuestra, mientras que en el caso presenté el Registrador no ha negado la inscripción ni expone un defecto que antes no consignara pues en su primera calificación hizo referencia a la manera en que los edictos fueron publicados, que estimó ser constitutiva de de-fecto insubsanable, y habiendo resuelto nosotros que no cons-tituye tal clase de defecto sino una mera irregularidad en los procedimientos para la subasta, ha consignado en la nueva calificación el mismo defecto pero como subsanable.

No habiendo consignado el registrador en su calificación recurrida ahora un nuevo defecto que antes no expusiera en la primera calificación que fué objeto de resolución nues-tra es improcedente el fundamento alegado para que la re-voquemos y debe ser confirmada.


author: Él Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Rodríguez, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    No. 597.

    Sometido: Julio 29, 1924.

      Resuelto: Diciembre 8, 1924.
    Venta Judicial — Inscripción de Venta Judicial — Jurisdicción de la Corte Sentenciadora. — Para que sea inscribible una venta judicial llevada a efecto . en cumplimiento de sentencia dictada en rebeldía por una corte municipal, debe constar de la misma escritura o de algún otro modo, la jurisdicción de la corte sentenciadora.
    Id. — Inscripción Previa a Nombre de los Herederos. — Si estando la finca ven-dida inscrita a nombre del causante la demanda se dirige contra los herederos en cobro de intereses debidos y no pagados por ellos, a nombre de ellos debe ' ' inscribirse previamente la finca para que pueda inscribirse su transmisión al , acreedor demandante.
    Nota de E. Ginorio, R. (Arecibo) denegando inscripción de escri-tura de venta judicial.

      Confirmada.

      J. E. Díaz, abogado del recurrente; el registrador no compareció.
   Él Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

Presentada para sn inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Arecibo la escritura de venta judicial otorgada el 5 de marzo de 1924, por Juan Yélez, Mársbal de la Corte Municipal de Ciales, a nombre de la Sucesión de- Salvador González demandada en cierto pleito en cobro de dinero, a favor de Faustino Rodríguez, el registrador se negó a ello, 1, porque la finca vendida no está inscrita a favor de la de-mandada; 2, porque no se trata de herencia yacente; 3, porque los demandados no venden voluntariamente cum-pliendo una obligación que contrajera su causante, ni justifi-can su carácter de herederos; 4, porque no se siguió ejecu-ción hipotecaria; 5, porque la deuda reclamada corresponde pagarla en parte a los demandados; 6, porque no se ha probado que la corte municipal que conoció del pleito tu-viera jurisdicción sobre los demandados, y 7, porque el en-doso de la orden de ejecución hecho por el Márshal de la Corte Municipal de Manatí, no dió autoridad al de la de Ciales.

Leída la escritura otorgada, se observa que sólo contiene una somera descripción de cierto pleito iniciado en una corte municipal para cobrar ochenta dólares de intereses adeuda-dos con motivo de cierto préstamo hipotecario contraído por el causante de los depaandados. Se dice que el pleito se falló en rebeldía. No se transcriben en la escritura ni se acompañan separadamente el emplazamiento y la sentencia»

Se expresa además en la escritura que dictada la senten-cia en rebeldía, “fué despachado mandamiento de ejecución de la dicha sentencia, por el Secretario de la Corte Municipal de Manatí, cuyo mandamiento fué endosado al primer com-pareciente para su cumplimiento por radicar en este término municipal los bienes embargados.” Y con ello se pretende que se haga la transferencia en el registro porque se conti-núa diciendo en la escritura que la finca embargada se ven-dió en pública subasta y se adjudicó a.Faustino Rodríguez.

No consta, pues, de modo'fehaciente que la corte adqui-riera jurisdicción sobre los demandados, ni puede juzgarse de la eficacia del endoso, induciendo más bien lo que de él se consigna en la escritura a concluir que es nulo si se aplica la jurisprudencia establecida en el caso de Sold v. Castro, 32 D.P.R. 804.

Aun cuando la venta fuera legal,' siempre se sostendría la negativa porque hallándose la finca inscrita a nombre de Salvador González y habiéndose dirigido el pleito contra los herederos en cobro de intereses debidos y no pagados por dichos herederos, debe inscribirse previamente la finca a su nombre para poder registrar la transferencia a favor de Faustino Rodríguez. Del registro debe constar quiénes son los herederos para que aparezca la trasmisión hecha por las personas con derecho.a ello. No se trata de una herencia yacente, ni de una ejecución hipotecaria. Los casos de Coy v. El Registrador, 22 D.P.R. 432, y Ortis v. El Registrador, 23 D.P.R. 702, invocados por el recurrente, no son aplicables. Revelan situaciones distintas a las de- este caso.

Bebe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ex parte Huertas, Peticionario.
    No. 35.

    Resuelto: Diciembre 9, 1924.
    Abogacía— Admisión sin Examen — Enseñanza Libre- — -Resolución Conjunta No. 28 de 1919. — Un estudiante libre que aprobó en 1911 el primer curso de la abogacía ante el tribunal creado por la ley de 1906 y que amparándoseen la Resolución Conjunta No. 28 de 1919 aprobó en 1923 y 1924 los dos cursos subsiguientes ante el tribunal creado por -la Ley No. 38 de 1916, sec-ción 3; debe pasar, además, el examen de reválida ante el tribunal creado por la sección -2 de la dieba Ley No. 38 de 1916, para poder ser admitido al ejercicio de la abogacía.
    Solicitud sobre admisión al ejercicio de la abogacía sin examen.

      Denegada.

    El peticionario compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

Edelmiro Huertas Zayas presentó una solicitud que co-piada a la letra, en lo pertinente, dice:

“19 Que en exámenes tomados ante la Junta Examinadora nom-brada por ese Hon. Tribunal, aprobó el primer curso de abogacía en el año 1911.
“20 Que al amparo de la Resolución Conjunta aprobada por la Asamblea Legislativa de P. R. en junio 20 de 1919, compareció ante ía Junta Examinadora de aspirantes al ejercicio de la abogacía, constituida legalmente en la Universidad de Puerto Rico, y aprobó los cursos segundo y tercero o último, en los exámenes celebrados en junio de 1923 y mayo de 1924, respectivamente.
“Por lo que de ese Hon. Tribunal solicita ser admitido al ejerci-cio de la abogacía en Puerto Rico sin examen de reválida, de acuerdo con las disposiciones de la See. 5 de la Ley de 8 de mayo de 1906, vigente en 1911 en la Techa de la aprobación del primer curso de la carrera, aplicable en harmonía con el espíritu que anima la R. C. No. 28 de junio 20 de 1919 ya. citada, y apoyándose además en la Resolución de ese alto Tribunal en el caso de Mario Figueroa del Rosario, ex parte — admisión al ejercicio de la abogacía.”

Acompaña dos comunicaciones que le dirigiera el Secre-tario de la Librería del Colegio de Leyes de la Universidad de Puerto Rico de las cuales resulta que aprobó en junio de 1923 las siguientes materias: Procedimiento Criminal, Evidencia, Ley de Quiebras, Procedimiento Civil y Derecho Mercantil con nn promedio superior a 75 por ciento, y en junio de 1924, Derecho Internacional público y privado* Procedimientos Legales, Especiales y Legislación Hipoteca-ria con un promedio también superior a 75 por ciento.

Nada presenta para probar su afirmación de haber apro-bado el primer curso de la carrera de abogacía en 1911, pero en verdad de los récords de esta corte así resulta.

La Resolución Conjunta que invoca el peticionario, en lo pertinente, dice:

“Por CUANTO, es de justicia y equidad que todo ciudadano que haya comenzado a estudiar la carrera de derecho en Puerto Rico de acuerdo con determinada ley regulando la misma, termine dicha ca-rrera de acuerdo con los preceptos legales que regían cuando estas personas aprobaron el primer año de la profesión de abogado;
“Por tanto, Resuélvese $or la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Sección 1. — Que todos aquellos ciudadanos de los Estados Uni-dos residentes en Puerto Rico que hubieren aprobado algún curso de, la profesión de abogado en esta Isla, tendrán derecho a terminar la carrera mediante cumplimiento de las disposiciones de la ley que había en vigor en los instantes en que aprobaron, mediante examen, el primer curso de la carrera mencionada.”

Es claro que las comunicaciones acompañadas a la soli-citud no son suficientes para acreditar que el peticionario aprobó las materias a que se refieren. Necesítase una cer-tificación expedida en debida forma por el funcionario com-petente. Pero prescindiremos de ello, a fin de resolver en definitiva el ‘caso.

De acuerdo con la Ley de 1 de marzo de 1902 (Est. Re-visados de 1902, see. 44 et seq.), el Tribunal Supremo pre-paró a los efectos de los exámenes de abogados un programa bajo la base que sigue:

Primer grado: Derecho Civil y Derecho Penal;

1 Segundo grado: Derecho Mercantil, Derecho Político y Estatutos revisados;

Tercer grado: Legislación Hipotecaria, Código de Enjui-ciamiento Civil y Código de Enjuiciamiento Criminal.

1 ‘ En 1906 la Legislatura pasó otra ley sobre la materia. Leyes de 1906, pág. 1. Se encomendó a la Corte Suprema la redacción de reglas prescribiendo grupos y materias. Así se hizo. Subsistieron los tres grupos. Se ampliaron las ma-terias. El plan quedó así:

Primer grupo: Derecho Civil,. Derecho Penal, Derecho Político;

Segundo grupo: Derecho Mercantil, Ley de Quiebras, Enjuiciamiento Civil, Evidencia, Enjuiciamiento Criminal;

Tercer grupo: Legislación Hipotecaria, Derecho Interna-cional, Procedimientos Legales Especiales, Práctica Forense y Notarial.

En 9 de marzo de 1911, Leyes de 1911, pág. 174, la Legis-latura enmendó su ley de 1906, exigiendo como requisito previo el diploma de octavo grado y fijando ella misma los cursos y materias, así:

Primer Curso: Derecho Natural, Derecho Civil, Derecho Penal,. Medicina Legal, Derecho Político, Insular y Federal, Legislación Notarial.

• ' Segundo Curso: Derecho Mercantil, Legislación Federal sobre Quiebras, Economía Política, Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, Evidencia.

Tercer Curso: Derecho Hipotecario Sustantivo y Adje-tivo, Derecho Internacional Público y Privado, Hacienda Pú-blica, Procedimientos Legales Especiales, Práctica Forense y Notarial.

Dicha ley de 1911 en cuanto al nuevo plan de estudios, no comenzó a regir hasta el 1 de enero de 1912.

Volvió en 1916 la Legislatura, Leyes de 1916, pág. 92, a ocuparse del asunto y redactó una ley completa. Exigió como requisito previo el diploma de bachiller o el de una escuela secundaria que tuviera un curso de cuatro años o prueba satisfactoria de una instrucción equivalente. El plan de estudios quedó formulado así:

Primer Curso: Derecho Natural, Derecho Bomano, Dere-cho Civil (materias que comprenden los libros primero y se-gqndo del Código Civil vigente), Derecho Penal, Medicina Legal.

Segundo Curso: Derecho Civil (materias que compren-den los libros tercero y cuarto del Código Civil vigente), Le-gislación Notarial, Derecho Mercantil, Legislación Federal sobre Quiebras, Derecho Constitucional, Derecho Político y Administrativo, insular y federal.

Tercer Curso: Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Evidencia, Derecho Internacional Público, Economía Política, Historia General del Derecho en España e Ingla-terra.

Cuarto Curso: Derecho Hipotecario, sustantivo y adje-tivo, Derecho Internacional Privado, Procedimientos Lega-les Especiales, Hacienda' Pública, Historia General del De-recho en los Estados Unidos de América y Puerto Bico, Práctica Forense y Notarial.

El tribunal de exámenes fue variado. Se encomendó a miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Bico y a abogados en ejercicio, el examen de los estu-diantes de enseñanza libre, disponiéndose que al final se les otorgara un certificado y disponiéndose además que sufrie-ran un examen de reválida ante un Tribunal compuesto de dos jueces de la Corte Suprema y tres abogados en ejercicio, al igual que los graduados de la Universidad de Puerto Bico •o de las universidades acreditadas del Continente.

Como hemos visto, el peticionario se examinó de primer grado en 1911 cuando ya había sido aprobada la ley de 9 ■de marzo de dicho año pero cuando aún no había comenzado a regir, y ahora pretende, amparado, en la resolución con-junta de 1919 que dejamos transcrita, que habiendo apro-bado las materias que se exigían en 1911 por exámenes ve-rificados en 1911, 1923, y 1924, se le admita a ejercer sin su-frir nuevo examen, porque en 1911 no existía el examen lla-mado de reválida para casos como el suyo,

De suerte que el peticionario aspira a que este tribunal lo autorice a ejercer' la profesión de abogado sin haber' aprobado las asignaturas de Derecho Natural, Medicina Legal, Legislación Notarial, Economía Política y Hacienda Pú-blica, que desde 1 de enero de 1912 la Legislatura estimó’ necesarias, y Derecho Romano, Derecho Constitucional e-Historia General del Derecho en España, Inglaterra, Esta-dos Unidos y Puerto Rico que la propia Legislatura adicionó’ al plan de estudios por ella misma fijado en 1916.

No somos legisladores. La Resolución Conjunta de 1919' es clara y tenemos que reconocer al peticionario el derecho-que le otorga, o sea probar su suficiencia de acuerdo con la ley en vigor en diciembre de 1911, esto es la de 1906, no exi-giéndole, por tanto, que se examine sino de aquellas mate-rias que fija la indicada ley, pero nos está encomendada la facultad de interpretar las leyes y especialmente en esta materia del ejercicio de la abogacía, de acuerdo con la tra-dición y la jurisprudencia, nuestras facultades son bien am-plias en verdad, y ejercitándolas resolveremos que es el de-ber del peticionario sufrir un nuevo examen ante el tribunal que designado por la Corte Suprema se constituye regu-larmente en los meses de marzo y noviembre de cada año,, por los siguientes fundamentos.

Los exámenes de los cursos segundo y tercero los sufrió' el peticionario no ante el tribunal que funcionaba de acuerdo' con la ley vigente en 1911, sino ante el tribunal nombrado siguiendo las prescripciones de la ley de 1916, tribunal que-se creó teniendo en mente el legislador el otro a que la misma ley se refiere compuesto de dos jueces de la Corte-.Suprema y tres abogados en ejercicio y ante el cual deben revalidar su certificado los estudiantes de enseñanza libre o-su diploma los estudiantes de universidades.

Tal es la realidad de las cosas en el momento actual y el verdadero proceso que deben seguir los. que se acojan a la resolución conjunta de 1919, es examinarse de cada ma-teria ante el Tribunal compuesto de profesores de la Facul-tad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y aboga-dos, y nna vez que las hayan aprobado todas, con un pro-medio mínimo. en cada curso de setenta y cinco por ciento, someterse a un examen general ante el otro tribunal en que la Corte Suprema interviene por medio de dos de sus jue-ces y de abogados designados por ella. El tribunal que existía en 1911, ha sido sustituido por los dos tribunales indicados.

Refiriéndonos al caso concreto del peticionario llamare-mos la atención a la circunstancia de haber aprobado el primer curso en 1911 o sea hace trece años. En ese primer curso figura entre otras la importantísima materia de De-recho Civil, dividida actualmente en dos cursos. ¿Cumpli-ría con su deber la Corte Suprema' autorizando a una persona a ejercer la profesión de abogado, basándose en un examen de Derecho Civil practicado hace trece años, no dando esa persona señales de actividad durante once y rea-pareciendo luego para examinarse de otras materias en los dos últimos años?

Una autorización para ejercer equivale a una notifica-ción a la comunidad entera de que la persona que la recibe está capacitada para ello por haber probado plenamente su suficiencia, esto es, por haber demostrado su pericia en el conocimiento de la ley, pudiendo confiarse a su dirección los ciudadanos todos.

¿Podría el Tribunal Supremo en este caso certificar que el peticionario conoce el Derecho Civil vigente en Puerto Rico, sin cerciorarse a virtud de un examen final si el peti-cionario ha seguido en los trece años posteriores a su exa-men las transformaciones de esa rama del Derecho a virtud de la ley y la jurisprudencia en nuestra Isla? En manera .alguna, a nuestro juicio.

El caso de Mario Figueroa invocado por el peticionario es algo distinto. Dicho Figueroa aprobó los cursos prescri-.tps por la ley de 1911. Además fué resuelto de plano. y ahora a virtud del examen detenido que se ha practicado, se ha fijado el criterio del tribunal.

En consecuencia de todo lo expuesto, debe negarse la so-licitud del peticionario, llamándosele la atención además, en evitación de dificultades para el futuro, sobre el hecho de que, si solicita examen, debe acreditar que ha aprobado tam-bién el ejercicio práctico exigido por este tribunal desde los primeros programas que redactó y que se considera de ver-dadera importancia especialmente en casos como el del pe-ticionario.