author: El Juez Asociado Señob Flanco Soto,

text:
    Francavilla et al., Demandantes y Apelantes, v. Orlando, Demandado y Apelado.
    No. 3343.

    Visto: Diciembre 16, 1924.

      Resuelto: Enero 30, 1925.
    .Reivindicación — Prueba del Título a Pavor del Demandado. — La partición de bienes de la madre del demandado en la cual se adjudiea a éste la finca objeto de la reivindicación no prueba el título a favor del demandado, cuando, no hay evidencia de que el causante de los demandantes transmitiera la pro-piedad de la finca a la madre del demandado.
    Id. — Brums—Mala Be — Conocimiento por el Heredero de los Vicios de su Título. — Cuando la posesión se adquiere infringiendo la ley, como sucede cuando una persona hace suyos bienes en que interesan menores sin autoriza-ción judicial, la mala fe del poseedor se presume a no sor que posea a título hereditario, en cuyo caso la mala fe en relación con la devolución de frutos es más bien, de hecho y es preciso probar, como se probó en el presente caso, que el heredero tenía conocimiento do los vicios que invalidan su titulo.
    Sentencia de R. Díaz Cinlrón, J. (Ponce), en una acción reivindi-catoría, declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Revocada.

      Martínez Nadal, Tormes <& Colón, abogados de los apelantes; L. Torres Gran, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Flanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una demanda para reivindicar cierta 'finca ur-bana y la devolución de frutos.

La corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda en cuanto a la reivindicación de la finca, pero negó la devolución de las rentas percibidas por el demandado du-rante el tiempo de su posesión, así como tampoco le impuso las costas. La apelación de los demandantes se refiere a estos dos últimos extremos y constituyen la materia de error que discuten en su alegato.

Los apelantes tienen plena razón. La prueba que sirvió' de base a la corte inferior para declarar la reivindicación, debió llevar consigo el pronunciamiento de los frutos y la imposición de costas.

De la evidencia se desprende que la casa objeto del pleito fué fabricada por Rafael Volpe, causante de los demandan-tes, en un solar que le concedió el municipio de Tauco. El era un albañil que se mantenía de su oficio y después de realizar su obra y terminarla, le sorprendió la muerte al poco tiempo de vivir en la casa en unión de su esposa y de sus menores hijos, los demandantes. Asimismo aparece que después del fallecimiento de Rafael Yolpe quedaron pendien-tes como consecuencia de la construcción del inmueble, cier-tas deudas montantes a la suma de $100 y que fueron satis-fechas por el demandado. Del mismo modo resulta que la demandante a la muerte del marido intentó trasladarse a su país natal, Italia, y para ello recibió de su tía y madre del demandado Ana María Francavilla, la suma de $125. Este viaje no tuvo lugar por dificultades de la gran guerra pero la demandante declara que fué la intención de su tía y el demandado facilitar su viaje con el propósito de apoderarse de la casa objeto del pleito. La prueba también tendió a es-tablecer que desde el año de 1916 el demandado, tenía la po-sesión de la finca, cobraba los alquileres en su beneficio, cuyo montante oscilaba de $5 a $8 mensuales y pagaba las contribuciones.

Hubo prueba por parte del demandado en sentido de que si la casa empezó a ser fabricada por el causante de los de-mandantes, más tarde se hizo cargo de continuar la cons-trucción la madre del demandado por haberse agotado los recursos de dicho causante. Sin embargo, esta prueba no tiene una explicación razonable si se tiene en cuenta las deu-das que quedaron pendientes, originadas en la fabricación de la casa, y que habían sido contraídas directamente por el causante y que luego fueron pagadas por el propio deman-dado, no sin cobrar intereses a la propia demandante. No se estableció por ninguno de los medios de evidencia que Rafael Volpe trasmitiera a Ana María Francavilla el título o propiedad de la casa. No importa que el demandado haya presentado la partición de bienes de su madre Ana María Francavilla en donde se adjudica la finca al mismo deman-dado. En ausencia de toda prueba que demuestre la adqui-sición de la casa por la madre del demandado, la partición no tiene más peso que el que podía tener la declaración del demandado y de uno de sus testigos, a quienes no creyó la corte inferior y quienes manifestaron que Ana María Fran-cavilla se hizo cargo de continuar la construcción de la casa por la falta de recursos de Rafael Yolpe para terminarla.

Es de advertir que el demandado-apelado no se queja de las conclusiones a que llegó la corte para decretar la reivin-dicación y solamente sostiene en su alegato que su posesión era de buena fe no estando obligado a devolver las rentas dejadas de percibir por los demandantes, ni tampoco a sa-tisfacer las costas.

Era pues necesario revisar la prueba para resolver la controversia en cuanto a los frutos toda vez que la misma era una cuestión que parecía inherente a los méritos de la acción principal.

Si la prueba ha demostrado que la finca urbana pertene-ció al Rafael Yolpe y no aparece que éste trasmitiera su de-recho de propiedad a Ana María Francavilla, madre del de-mandado, se hace claro inferir que dicho demandado care-cía de todo título en relación con dicha finca. Tampoco el demandado, como cuestión de ley, podía quedar protegido' bajo la presunción de la buena fe por la sola circunstancia de que él pagara ciertas deudas que Rafael Yolpe dejara de satisfacer después de su muerte y que fueron originadas con motivo de la construcción de la casa. El demandado ni su causante podían adjudicarse la propiedad, existiendo meno-res, sin llenar las formalidades que prescribe la ley No. 33 de 9 de marzo de 1911, p. 106 (Comp. sección 3299) enmen-dando los artículos 229, 282 y 284 del Código Civil. Es una-prohibición de la ley. No es pues necesario una prueba directa para probar la mala fe del poseedor por ser uno de los casos en que la mala fe es congénita de la misma situa-ción posesoria anormal que se origina por la falta del cum-plimiento de la ley y en ello va más bien implícita la pre-sunción de la mala fe del poseedor, como cuestión legal. Scaevola, siguiendo a Laurent, dice que el artículo 434 del Código Civil Español, equivalente al 437 de nuestro Código Civil Revisado, se refiere al hecho de la buena fe, al caso que esta cualidad dependa de la apreciación del juez,, no al en que resulte ostensible por virtud de una infracción de la ley. Y el artículo aludido del Código Civil Revisado, dice:

“Art. 437. — La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba.”

Manresa, tomo 4, página 106, abunda en la misma doc-trina comentando el 434 del Código Civil Español y dice qne si nn demandante además de reclamar sn derecho, pide qne se declare la mala fe, debe probarla, pero al mismo tiempo sostiene qne si la nnlidad envuelve nna ignorancia inexcusable de las leyes, se establece nna presunción contra-ria al artículo 434.

Y la sentencia de la Corte Suprema de España de 14 de mayo de 1867, 15 J. C. 480 declara: “El principio de dere-cho de que la mala fe no se supone, no se quebranta cuando la ley la da por existente, haciendo o dejando de hacer lo que ella previene.”

Por último el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, es la expresión más alta de la doctrina que dejamos expuesta sosteniendo en ese punto el comentario de Scaevola y la ju-risprudencia española. Es de notar sin embargo, que en él se distingue el carácter de la posesión que disfruta el pri-mitivo dueño (author) de la que, por su muerte, continúa en sus herederos o causahabientes. Bajo este aspecto se hace aplicación del art. 444 del Código Civil Revisado, que tiene su equivalente en el 442 del Código Civil Español, pu-diendo deducirse entonces que cualquiera que fuera el vicio que invalide el título de una adquisición o la omisión inexcusable de la ley que lo anule, si el poseedor sucede a título hereditario, la cuestión de mala fe en relación a la devolu-ción de frutos es más bien de hecho y hay que probarla, de-mostrándose para ello por el que reclama, que el heredero tenía conocimiento de los vicios que invalidaban su título.

En el caso que nos ocupa es verdad que el demandado alega el carácter de heredero, pero el conjunto de la prueba deja establecido claramente el conocimiento del demandado, no de los vicios o defectos de título, sino más bien de la falta absoluta del mismo por no haber trasmitido Rafael Yolpe a Ana María Franca villa, cansante del demandado, su derecho dominical por ninguno de los modos de adquisi-ción.

Examinando los méritos de la prueba en cuanto a los frutos reclamados se puede deducir de la misma que el pro-medio de las rentas que ha producido la casa es de $>6 men-suales y el tiempo que los ha percibido el demandado el de 7 años. El total de los frutos asciende por tanto a la suma de $504. De esto hay que descontar, como lo hace 'el deman-dante, no demostrando el demandado lo contrario, que las contribuciones y g’astos de reparación podían calcularse en $16 al año. Después de dicha deducción en cada año, queda un producto líquido de $392 que es lo que debe satisfacer el demandado a los demandantes-apelantes por razón de los frutos reclamados en la demanda. Asimismo la naturaleza del caso implica la temeridad manifiesta del demandado y debe pagar las costas.

Quizás no sea innecesario decir que las cantidades o deu-das que podía deber el causante. de los demandantes al de-mandado, o las contraídas por su viuda, es un issue extraño a este pleito y en este caso no es objeto de consideración.

Por lo expuesto la sentencia de la corte inferior debe re-vocarse en cuanto niega la devolución de frutos y dictarse otra condenando al demandado a que satisfaga a los deman-dantes la suma de $392 resultante del producto líquido de los frutos percibidos por dicho demandado y las costas.


source: Caselaw Access Project

author: Eu Juez Asociado Señor Feanco Soto,

license: Public Domain

text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Currá, Demandado y Apelado.
    No. 3306.

    Visto: Noviembre 18, 1924.

      Resuelto: Febrero 3, 1925.
    DaSos v Perjuicios — Negligencia del Chauffeur. — El chauffeur de un truck que al ponerlo en movimiento lo hace de tal suerte que la parte posterior de la plataforma invade la acera y causa la muerte de una persona que caminaba por ésta, es culpable prima facie de negligencia. Era deber del chauffeur y de su auxiliar cerciorarse de que la acera estaba libre.

      Sentencta de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada y dic-tada otra en su lugar.

      E. H. F. Dottin, abogado del apelante; F. B. Fornaris y 8. Suau, abogados del apelado.
   Eu Juez Asociado Señor Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción de daños y perjuicios establecida por el padre de un menor, la que funda en la negligencia del chauffeur del demandado quien manejaba un truck de carga y arrolló a dicho menor produciéndole la muerte.

Las alegaciones 451 y 5‘- de la demanda que describen cómo ocurrió el accidente y donde se imputa la negligencia del de-mandado, literalmente dicen:

“IV. Que el demandante ha sido informado y cree y alega-por información y creencia que el día 30 de octubre de 1922 y alrededor de las tres y media de la tarde de dicho día el dicho Francisco Curra placa No. 10856 que actuando dentro de los límites de su mandato (acting within the scope of his duty) como tal empleado y sirviente •del demandado José Curra guió el dicho truck tan negligentemente y aproximándose tanto a la acera que llegándole por detrás con el borde de la plataforma le dió por la aspalda un golpe al niño Jorge Rivera quien acababa de salir de la escuela y se dirigía a su hogar sito en el lugar denominado ‘Tras Talleres’, sección Sur del barrio de Santurce de este término municipal, caminando dicho niño por la aeera Oeste de la calle ‘Cerra’ y el golpe que le infirió el truck al citado niño fué tan inesperado y tan violento que lo derribó y cayó a la calle y le pasó por encima de su cuerpo la rueda derecha trasera del indicado truck causándole al niño la muerte instantá-neamente.
“V. El demandante alega que la muerte de su citado hijo Jorge Rivera se debe sólo y exclusivamente a la culpable negligencia del demandado José Currá por medio de su empleado y sirviente Francisco Curra, placa No. 10896 por haber éste arrimado el citado truck del demandado tan cerca de la acera que pudo agolpear, derribar y matar al citado niño Jorge Rivera que caminaba por la acera sin te-ner motivo de sospechar que estuviera en peligro de ser lesionado por el indicado vehículo.”

El demandado negó en general dichas alegaciones y alegó-corno defensa que el niño fallecido corría huyendo de otro niño que le perseguía por aquellos contornos y en su huida vino a pasar por la acera donde se hallaba estacionado el truck, escurriéndose entre el peón auxiliar del chauffeur que a la sazón había subido a la plataforma y la rueda trasera derecha, perdiendo su equilibrio y cayendo en el pavimento de la calle en el sitio donde estaba dicha rueda trasera con la cual fué arrollado sin poderse evitar el accidente; ale-gando además que la muerte del menor se debió exclusiva-mente a la falta de precaución y negligencia del niño la que en nada podía ser imputable al chauffeur del demandado.

La sentencia de la corte inferior declaró sin lugar la de-manda y contra ella se interpuso este recurso, señalándose por el apelante la comisión, a su juicio, de una errónea apre-ciación de la prueba y la falta de una aplicación de la ley y jurisprudencia pertinentes al caso. El Juez inferior no hizo una relación del caso contentiva de las conclusiones de he-cho y de ley que sirvieron de base a su sentencia.

La prueba del demandante consistió en las declaraciones de tres testigos quienes están contestes en que el truck del demandado se encontraba parado, “pegado”, según pala-bras de algunos testigos, a la acera derecha en la calle Ce-rra de Santurce, en dirección a Bayamón; que el menor caminaba por la acera y que en el momento que pasaba por el costado de la plataforma del truck en que el chauffeur iniciaba su marcha, desviándolo hacia afuera, la parte tra-sera de dicha plataforma entró en la acera, dió un golpe a!l niño y le derribó, cayendo entonces a la calle donde la rueda trasera ya en movimiento le arrolló causándole la muerte.

El demandado produjo tres testigos: el chauffeur y el peón auxiliar del truck, y Carmelo Puentes, carpintero que dice que trabajaba el día del suceso en un taller situada frente a la acera en que estaba parado el truck. La parte esencial de la declaración de este último testigo textualmente dice:

“A. ¿Ud. recuerda si el 30 de octubre del año pasado ocurrió algo extraño enfrente del taller? — T. La fecha más o menos exacta no la recuerdo, pero sí recuerdo que estando trabajando ese 9 día como a las 3 de la tarde del mismo ocurrió el hecho que estaba un truck parado. A. — ¿Dónde estaba parado? — T.—Frente al mismo taller que estaba yo. Hacía lo menos hora y media que es-taba parado el tru,ck allí, lo que esperaba no sé; lo que sí sé es que a la salida ocurrió el hecho de ser atrapado un niño cuando el truck empezaba a andar. Fué en la siguiente forma. Yo hacía rato que veía al niño que tuvo la desgracia de ser atrapado jugueteando con otros niños, tirándose chinas y guineos, pero a la sazón que el truck salía el niño venía corriendo en la misma dirección que el truck sa-lía. . . . A. — ¿Por delante o por detrás del truck? — T.—Por detrás del truck. Aquella acera donde estaba el truck parado es tan es-trecha que cuando uno de los peones trató de subir al truck el niño en su carrera, ya estaba en esta posición, y el niño pasó por dentro de las piernas en su'velocidad y tropezó con la puerta del edificio que estaba abierta y se dió y cayó y ahí mismo se paró, y como aque-llo es tan estrecho y el truck estaba tan pegado, y como en ese mo-mento el truck había andado 1 metro próximamente cuando cayó al encintado de la mano derecha es que lo atrapó.”

El peón auxiliar Colón, entre otras manifestaciones, hizo las qne siguen:

“Entonces enganché el calso y montaba por el tapalodo en una tabla que tiene el carro y cuando yo montaba vi un celaje. Cuando yo montaba por detrás que ya tenía la pierna izquierda arriba y la otra iba para arriba, vi ún celaje que venía y noté que era el niño que venía a caer debajo de la rueda .... al ver el ce-laje correr traté de cojerlo, pero como estaba pegado arriba a la ba-randa y los pies en la tabla no pude y entonces le grité a Paco: ‘Paco para que has matado un niño,’ y él instantáneamente paró.— A.' — Antes de estar Ud. en disposición de" estar montando que vió ese celaje, ¿había visto Ud. algún niño por allí? — T.—No señor, no ha-bía visto nada. . \ . . Cuando vi que pasó por debajo de mí. Yo estaba trepado en la tabla .... Juez. — ¿Ud. lo vió venir corriendo? T. — Detrás no lo vi venir corriendo. Lo vi según la posición que cayó era porque venía corriendo. A. — ¿üd. vió a ese niño o a cualquiera otro en aquellos alrededores momentos antes de ocurrir ésto? — T.—No señor.Dte. A. — ¿No es verdad testigo que hacía rato que ese niño jugaba alrededor de ese truck? — T.—No se-ñor, yo no lo vi. . . . A. — ¿De modo que Ud. no ba visto el mu-chacho sino en el preciso momento en qne cayó? — T.—En el preciso momento qne cayó.”

Y el chauffeur Francisco Currá, en lo que creemos perti-nente, dijo:

“El carro estaba parado y yo le dije al peón: 'dale manigueta’ y entonces le dió manigueta y al darle- manigueta metí la primera de marcha. — A.—¿Al darle manigueta el peón se montó en el truckf— T. — Sí señor, fué por atrás. . . . A. — ¿Ud. vio momentos antes de ■salir o en el momento de salir o de iniciar la marcha el truck, Ud. vio algún niño o niños paseando, corriendo o caminando alrededor del truck? — T.—No señor, no había nadi'e. — A.-—¿Se dió cuenta Ud. de si había algún niño por allí corriendo? — T.—No señor. A. — ¿Oyó Ud. algún aviso o alguna señal que le diera cuenta de al-gún peligro ese día antes de ocurrir el accidente con el niño? — T.— Nada. No había ocurrido nada y seguí la marcha, cuando después me dijo Pedro Colón: ‘Para que mataste uno’. . . . A. — ¿En qué dirección paró Ud. el truck cuando Colón le dió el aviso? — T.—A la derecha. — A.—¿En qué forma en relación con la acera derecha, es decir, paró Ud. alineado paralelamente u oblicuamente? — T.—Yo caminaba a la calle; tenía que darle una vuelta. . . . T. — Estaba un poco retirado, como 1 pie o 2. — A.—¿1 pie o 2 de la acera?.— T. — Sí señor. — A.—¿Al salir hizo su marcha derecho para abajo?— T. — Sí señor.. No tuve que darle toda la curva al guía sino un po-quito. . . . A. — ¿Pero Ud. no sabe con qué parte del truck Ud. le dió al muchacho?- — T.—-Fué con la rueda de atrás.”

Tales fueron las alegaciones y las pruebas en este caso. A nuestro juicio tiene razón el apelante .al sostener que la corte erró al apreciar la prueba y al aplicar la ley y la ju-risprudencia.

La prueba del demandante es suficiente y de la misma del demandado se desprende su culpabilidad. El niño cami-naba o corría, cualquiera que sea el caso, por la acera, y la propia declaración del chauffeur Francisco Currá nos da la clave de cómo tuvo lugar el suceso. El no inició la marcha en dirección paralela a la acera. El dice que desvió hacia afuera, o sea, hacia el eje de la calle, y esto explica mecáni-camente cómo la plataforma por la parte trasera invadió la acera y produjo el accidente. El' truck y el filo de la acera formaron nn ángulo y dentro de éste tnvo que caer el me-nor al ser derribado por efecto del choque. En relación con esto carece de importancia la teoría del demandado de que el efecto del choque tuviera que impeler al menor hacia la pared del taller, pues esta teoría sería practicable si el truck al iniciar su marcha no se hubiera desviado hacia afuera. Otro detalle que puede ser influyente es que el peón auxi-liar del truck en ningún pasaje de su declaración refiere, pues hay que presumir que tuvo ocasión de verlo si fuera cierta la declaración de Puentes, que el niño en su carrera, como afirma este último, chocara con la puerta del taller que estaba frente al truck ni menos que en su rechazo el me-nor se pusiera de pie para luego caer debajo del truck.

La Corte Suprema de Iowa en un caso muy interesante y que consideramos de aplicación, dice:

"La negligencia presupone un deber de hacer, o no hacer, alguna cosa determinada. Era un deber del conductor del automóvil el go-bernar y dirigir su vehículo en la parte frecuentada de la calle con tal cuidado y prudencia razonablemente suficientes para no desviarlo ■o permitir que se desviara en su curso de la calle a la acera en que había gente parada. Por lo tanto, cuando se demuestra que una persona que va por la parte de la calle destinada al uso de vehículos de súbito y sin aviso desvía su curso y sube a la acera en que hay gente parada, dicha persona infringe el deber que tiene para con los que están, con derecho, en la acera, y consiguientemente incurre, prima facie, en negligencia. Ello envuelve la doctrina de res ipsa loquitur, y le dice: Ud. infringió su deber para con las personas •que con todo su derecho se hallaban en la acera, permitiendo que su carro súbitamente se desviara de su curso y subiera a la acera, .sin aviso a los que allí se hallaban legalmente congregados. Sería una doctrina contraria a toda razón el sostener que una persona que guía un vehículo peligroso, pesado y veloz por la parte frecuentada de una calle puede permitir que su vehículo de súbito se desvíe de su curso por la calle y suba a la acera destinada al uso de viandan-tes. No nos parece ir muy lejos al decir que tal acto no sólo en-vuelve negligencia sino que tiende a demostrar un temerario e im-perdonable desprecio a los derechos de las personas que se encuen-tran en la acera, y la violación de un deber evidente, por cnanto- la ley exige a todo hombre que ejercite sus propios derechos en forma tal que no ponga en peligro, irrazonable o innecesariamente, a otras personas que se hallen en el ejercicio de sus derechos.” Brown v. Des Moines Steam Bottling Works, 156 N. W. 831.

¿Justificó el demandado su conducta?

La ley para reglamentar el uso de vehículos de motor, (No: 75) aprobada en abril 13, 1916, (p. 144) en su artículo 8, apartado letra (e), prescribe:

“Art. 8, letra (e). — Todo vehículo pesado de motor que fuere-conducido en condiciones tales que la persona que lo manejase no pueda ver claramente hacia atrás, deberá estar provisto de un es-pejo colocado en forma tal que permita al conductor obtener dicha vista, o llevará un hombre en la parte posterior, provisto de un apa-rato de señales, que le permita avisar a la persona que maneja dicho vehículo de motor.”

No se desprende de la prueba que el truck estuviera pro-visto de un espejo a que se contrae la disposición anterior. Es verdad que llevaba un peón auxiliar, pero no se demos-tró que estuviera provisto de un aparato de señales que lo hubiera permitido avisar al chauffeur cuando se acercaba el niño en el momento de iniciar su marcha el truck. Si el peón auxiliar hubiera estado atento al cumplimiento de su deber, necesariamente hubiera visto al niño y evitado el ac-cidente.

La existencia de calles estrechas y las exigencias del trá-fico comercial requieren que muchas veces los trucks de carga penetren en las aceras, pero es precisamente por ello y por casos semejantes que el legislador dispuso que se to-maran las medida expresadas en el artículo 8 de la Ley de Automóviles. Cuando se va a poner en marcha un vehículo de motor y se sabe que va a invadirse la acera, es el deber del chauffeur y del peón auxiliar cerciorarse de que la acera esté libre. .No es este el caso de un niño que súbitamente sale de una casa y se lanza sin poderse evitar sobre el au-tomóvil. Todos los testigos, así los del demandante como los del demandado, colocan al niño en la acera.

Con respecto a lo qne constituye negligencia contributors por parte de un niño de la edad del qne murió a causa del accidente, que sólo contaba nueve años de edad, véanse los casos de Rivera v. Sucesores de López Villamil, 29 D.P.R. 275, y Flores v. Sucrs. de Pérez Hermanos, 29 D.P.R. 1046, pareciendo conveniente citar la siguiente doctrina es-tablecida en el último:

“Cuando un agente peligroso como un vehículo de motor retro-cede- o va a retroceder, el conductor debe primero dar aviso y asegu-rarse de que puede hacerlo sin causar daño a las personas o a la propiedad. La ley prescribe que los trucks lleven un observador o que estarán provistos de un espejo que permita al conductor mirar hacia atrás, pero aunque en este caso los apelantes no cumplieron con la ley, el mero cumplimiento no les eximiría de responsabilidad. ’ ’

for virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la sentencia apelada dictándose otra condenando al de-mandado a pagar al demandante la suma de mil Quinientos dólares, sin costas.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Asociado Señor, Aldkey,

text:
    Febres, Demandante y Apelante, v. Febres, Demandado y Apelado.
    No. 3354.

    Visto: Enero 14, 1925.

      Resuelto: Febrero 3, 1925.
    DaSos y Perjuicios — Cesión Nula — Contrato Sin Causa.' — Habiendo admitido el demandado en la contestación qne el precio que se hizo figurar en la escritura de cesión nunca fué entregado a la demandante, hay que eoneluir que la cesión fué nula por falta de causa.
    In. — Prueba de los Daños — Nonsuit.—Admitido por el demandado que un testigo del demandante declararía que la finca tenía un valor de $4,500 en el momento de la cesión cuya nulidad se alega, es preciso concluir, al considerar una moción de nonsuit, que la demandante probó el valor de los daños alegados.
    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada y de-vuelto él caso.

      P. G. Quinones, abogado de la apelante; Campillo & Campillo, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor, Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El objeto de este pleito es que sea declarada nula la es-critura de 28 de junio de 1920, ratificada por otra de 21 de febrero de 1921, por la que la demandante cedió al deman-dado los derechos y acciones que como heredera de su madre tenía sobre cierta finca, alegándose que fué otorgada me-diante engaño del demandado y que no medió causa para ella por no haber recibido nunca la demandante los $500 que como precio de la cesión se hizo constar en la escritura que había recibido antes.de su otorgamiento; y se pide que toda vez que la finca pertenece ahora a tercera persona, se con-dene al demandado a pagar a la demandante la cantidad de $2,250 como indemnización, más sus intereses legales desde la fecha de la escritura.

Contestó el demandado, y cuando la demandante terminó la presentación de su prueba en el juicio, el demandado so-licitó que se dictase sentencia a su favor por ser insuficiente la prueba presentada para dictar sentencia condenatoria {nonsuit) y la corte así lo hizo fundándose en que no se ha-bía probado el engaño ni la realidad y cuantía de los per-juicios reclamados, contra cuyo fallo interpuso la deman-dante este recurso de apelación.

Hemos examinado la evidencia presentada por la deman-dante y convenimos con la corte inferior en que no prueba que la cesión de derechos fué otorgada en virtud de engaño del demandado, pues la única evidencia sobre-ese particular fué de referencia y muy vaga, por lo que dicho contrato no puede ser anulado por ese motivo; pero habiendo admitido el demandado en su contestación que el precio de la cesión que se hizo constar en la escritura como recibido nunca fué entregado a la demandante porque la finca nunca fué de la madre de los litigantes sino del demandado, aunque el título de propiedad y la inscripción en el registro se hizo a nom-bre de la - madre por conveniencia del demandado, y qne para normalizar esa situación, qne conocía la demandante, fné que convinieron en otorgar por un precio convencional la escritura de cesión de los derechos hereditarios que apa-recía tener la demandante y que en realidad no tenía, tene-mos que llegar a la conclusión de que dicho contrato carece de causa, mientras no se pruebe otra verdadera y válida, de acuerdo con los artículos 1228, 1242 y 1243 del Código Civil y nuestras sentencias en los casos de Rosado v. Rosado, 17 D.P.R. 471, y Martines v. Cerezo, 25 D.P.R. 709, por lo que dada la admisión del demandado sólo restaba a la deman-dante probar que había sufrido perjuicios y su cuantía.

Cuando la demandante quiso demostrar los daños sufri-dos probando que la finca tenía un valor de $4,500 cuando fué otorgada la escritura de cesión, el demandado admitió que el testigo que se quería presentar con tal fin declararía que dicha cantidad era el valor de la finca en aquella fecha; y como al resolver una moción de sobreseimiento (nonsuit) por insuficiencia de la prueba del demandante, el tribunal debe admitir cómo ciertos todos los hechos a que se refiere la prueba presentada por el demandante, según dijimos en el caso de Rosado v. Ponce Railway & Light Co., 18 D.P.R. 609, hemos de concluir que la demandante probó el valor que la finca tenía cuando otorgó la escritura de cesión nula por falta de causa, y como á ella no se le ha pagado precio alguno por dicha cesión resulta una realidad que sufrió per-juicios con el otorgamiento de la expresada escritura y que su cuantía es de $2,250 porque sus derechos en la finca eran por una mitad de ella.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Falcón et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Ignacio, Demandados y Apelados.
    No. 3325.

    Visto: Noviembre 28, 1924.

      Resuelto: Febrero 4, 1925.
    Apelación. — Notificación de Apelación — Paste Contraria. — Cuando en una de-manda de nulidad por fraude en actos y contratos se incluye como demandado al hipotecario de una de las fincas objeto de la reclamación y a su cesionario y no so imputa fraude contra estos, la apelación de una sentencia desestimando la demanda en cuanto al hipotecario y su cesionario no es preciso notificarla a los demandados restantes.
    Nulidad. — Conocimiento de los Defectos en el Título del Hipotecante — Vicios que Constan del Registro — Alegaciones Insuficientes.. — La alegación de que eran del dominio público las irregularidades'y simulaciones de los deman-dados que se confabularon para defraudar a los demandantes el derecho hereditario que tenían sobre cierta finca, no imputa suficientemente el conoci-miento que es necesario para que el acreedor hipotecario y su cesionario, demandado también, no pudieran invocar su condición de terceros; y no es suficiente tampoco la afirmación, hecha en forma de conclusión, de que los vicios de nulidad constaban del registro.
    Sentencia de Angel Acosta, J. (Mayagüez), desestimando la de-manda en cnanto a ciertos demandados, sin costas.

      Revocada.

      J. C. Rivera, abogado de los apelantes; J. Sabater, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició este” pleito con objeto de obtener la nulidad de determinados contratos y el pago de ciertas rentas. Se alega, en resumen, que doña Francisca Isasa falleció en 1915 dejando como herederos a sus hijos Ignacio Seín y Rafael Buet y a sus nietos Juan, Monserrate y María, hijos de su hijo Juan, casado con la demandante Gumersinda Fal-cón. Que doña Francisca era dueña al morir de cinco fin-cas rústicas que se describen y de las cuales se posesionaron los herederos Ignacio Seín y Rafael Buet, encontrándose los nietos, menores de edad, fuera de Puerto Rico. Que con objeto de despojar de su derecho a los nietos, se simularon varios contratos y últimamente no se pagaron las contribu-ciones, y, por la suma de $78.16 valor de dichas contribucio-nes, se vendieron todas las fincas que valían miles de pesos, adquiriéndolas Francisco del Moral en combinación con los dichos Seín y Bnet. Que se tramitó nn expediente de do-minio agrupándose todas las fincas y entonces, simulada-mente, del Moral vendió una porción a Ignacio Seín y otra -a Rafael Buet. Y que así las cosas, Ignacio Seín hipotecó la porción adquirida del modo indicado a Oliva Cintrón, quien traspasó la hipoteca a Hirán Gómez.

Oliva Cintrón e Hirán Gómez demandados en el pleito •en unión de los herederos de Ignacio Seín, Rafael Buet, Francisco del Moral y otras personas, alegaron la excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una -causa de acción en cuanto a ellos. Oídas las partes, la corte declaró la excepción con lugar y ordenó que se registrara sentencia desestimando la demanda en cuanto a los dichos demandados Cintrón y Gómez, con imposición de las costas a los demandantes. No conformes los demandantes, inter-pusieron el presente recurso de apelación señalando en su alegato tres errores cometidos, a su juicio, por la corte, al resolver que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, al reconocer el carácter de terceros en los demandados Oliva Cintrón e Hirán Gómez, y al no concederle en todo caso a los demandantes permiso para enmendar su demanda.

Antes de proceder al estudio y resolución de los errores señalados, precisa decidir una cuestión previa suscitada por los apelados.

Sostienen dichos apelados Cintrón y Gómez que debe desestimarse el recurso porque el escrito interponiéndolo no se notificó a todas las partes interesadas. En efecto la no-tificación sólo se hizo a Oliva Cintrón y a Hirán Gómez y no a los restantes demandados en el pleito. ¿Eran los restan-tes demandados partes realmente interesadas en el recurso? Yeámoslo.

No se imputa a los demandados Cintrón y Gómez parti-cipación en los fraudes a virtud de los cuales se solicita la nulidad de los actos y contratos a que se refiere la demanda. Se les atribuye conocimiento de los mismos. ¿Ganarían o perderían los otros demandados con la revocación o confir-mación de la sentencia apelada?

La sentencia se dictó sobre las alegaciones. Los deman-dados Cintrón y Gómez actuaron independientemente. La sentencia en verdad sólo interesa a los demandantes y a los demandados Cintrón y Gómez; no a los otros. Si las nuli-dades fueran decretadas quedando en vigor la sentencia ape-lada, la hipoteca a favor de Cintrón y Gómez subsistiría-Si la sentencia apelada se revoca, la cuestión de la subsis-tencia de la hipoteca quedaría abierta nuevamente ante la corte inferior. Cambia, pues, la situación del acreedor, pera no la del deudor que está obligado a pagar siempre cual-quiera que sea la resolución del pleito en cuanto a él.

En el caso de Ninlliat v. Suriñach et al., 25 D.P.R. 548, se decidió lo que sigue:

“Alegándose en la demanda de este caso que el causante de las. demandadas, que no fueron notificadas de la apelación, vendió al demandante la finca que luego embargaron y remataron los otros demandados ahora apelantes como si fuera de la propiedad de dicho, causante, en nada afecta a los herederos de éste la sentencia que pueda dictarse en la apelación, porque si se dicta sentencia revo-cando la que declaró la rescisión de la venta hecha a los apelantes-la finca vendría a quedar en poder de éstos y nada perderían aque-llas demandadas con la revocación de la sentencia que nada les din ni a nada las condenó, por lo que no son partes contrarias en la ape-lación. ’ ’

Y la doctrina de que la frase “parte contraria” a los efectos de la notificación del recurso de apelación que usa el art. 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, no se refiere a todas las partes demandadas, sino solamente a las que de ellas puedan ser afectadas por la revocación o modificación de la sentencia apelada, está sostenida en repetidas decisio-nes de esta corte, entre otras, en los casos de Buonomo v. Sucesión Juncos, 27 D.P.R. 273; Collaso v. Rivera, 26 D.P.R. 92; Martínez v. Sucesión Laurido et al., 21 D.P.R. 30; Candelas v. Ramírez, 20 D.P.R. 34.

Siendo ello así, opinamos qne bastaba la notificación de la apelación a los demandados Cintrón y Gómez para qne el recurso quedara debidamente interpuesto y en sn virtud qne no procede por tal motivo sn desestimación.

Examinemos abora si la demanda aduce o nó una buena cansa de acción en cnanto a los demandados Cintrón y Gó-mez. El párrafo pertinente de la misma es el once, que: dice:

“Que a pesar que era y es de dominio público las irregularida-des y simulaciones puestas en práctica por don Ignacio Seín e Isasa y don Rafael Bouet e Isasa, para privar de sus derechos heredita-rios a estos demandantes, y a pesar que del propio Registro de la Propiedad constan los defectos de los títulos de adquisición de don Francisco del Moral, y del título de adquisición de los hermanos Seín y Bouet Isasa, no obstante, por escritura número 129 otorgada en Mayagüez el 8 de agosto de 1918, ante el notario de la misma ve-cindad don José Sabater, los esposos Ignacio Seín y Angela Falcón, suscribieron una escritura de hipoteca por la suma de $2,500.00, a favor de doña Oliva Cintrón, sobre la finca de sesenticuatro cuerdas que se describe, o sea la finca número 1286; inscrita en el Registro de la Propiedad,.hipoteca, que por escritura número 124, .doña Oliva Cintrón, por la suma de $2,000.00 cedió a favor de don Hirám Gómez,.”

Sostienen los apelantes que imputándose como se imputa el conocimiento de los fraudes a los demandados Cintrón y Gómez y alegándose el becbo de que los vicios de nulidad ■constan del registro, los dichos demandados no tienen el ca-rácter de terceros, único que les aseguraría su hipoteca aun-que se destruyera el título de su deudor.

Si el conocimiento se imputara debidamente y se alegara también debidamente que los vicios de nulidad constaban del registro, estaríamos conformes con los apelantes, ya que como decidió esta corte en el caso de Ninlliat v. Suriñach et al., 24 D.P.R. 67, “no tiene el carácter de tercero el que compra con conocimiento de que su vendedor no es dueño de la cosa vendida,.” principio que es aplicable al que hipoteca, pero la alegación de que eran del dominio pú-blico las irregularidades y simulaciones es demasiado amplia y la afirmación de que los vicios de nulidad constan del re-gistro se hace en forma de conclusión y ello no es en ver-dad suficiente.

Ahora bien, ¿ fue procedente que el juez al declarar con lugar la excepción ordenara como ordenó que se registrara una sentencia desestimando la demanda en cuanto a los de-mandados Cintrón y Grómez con las costas a los demandan-tes, sin dar a éstos la oportunidad de enmendar su alega-ción?

A nuestro juicio la demanda es susceptible de enmienda y en tal virtud la justicia requería y requiere que se dé la oportunidad solicitada a los demandantes, procediendo por este motivo y con tal fin la revocación de la sentencia re-currida.


text:
    Felices, Peticionaria y Apelada, v. Felices, Opositor y Apelante.
    No. 3506.

    Resuelto: Febrero 6, 1925.
    Apelación; Notificación de — Partes Necesarias — Desestimación d- Apela-ción. — Cuando un heredero apela una orden rehusando el sobreseimiento do la petición que hicieran otros herederos para que so nombre administrador judicial do la herencia, la omisión de notificar la apelación a todos los here-deros es motivo de desestimación.
    Id. — Id.—Pedida en 10 de diciembre la desestimación de una apelación entablada en diciembre 1°. contra una orden de 15 de noviembre anterior, por no haberse notificado el recurso a todos los herederos, el defecto no se subsana notificando a todos una nueva apelación entablada en 30 de diciembre contra una orden que no varió substaneialmente la orden apelada de 15 de noviembre, y me-nos cuando la segunda apelación fué entablada fuera de tiempo.
    MociÓN sobre desestimación de apelación.

      Con lugar.

      A. Sarmiento, abogado del apelante; B. Sancho Bonet j B. Bivera Zayas, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de diciembre último se archivó una moción solici-tando la desestimación del recurso interpuesto en este caso, porque el escrito de apelación no se notificó a todas las par-tes interesadas y porque la resolución recurrida no era ape-lable.

Debido a haberse impugnado la certeza de los becbos ale-gados, se presentó el 23 de enero último una transcripción completa de los autos certificada por el secretario de la corte de distrito. De ella resulta que solicitada la administración judicial de los bienes dejados a su fallecimiento por Felices por uno de sus herederos, la Sra. Antonina V. Felices, se citó a los otros y, después de varios incidentes, Apelio Fe-lices, por medio de su abogado Sarmiento, pidió que se so-breseyera el caso y se archivara por no haber sido iniciado por persona autorizada para ello, de acuerdo con el art. 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales (Comp. see. 1562).

El 10 de octubre de 1924, día señalado para la vista so-bre el nombramiento de administrador, se discutió también la indicada petición de sobreseimiento y el 24 del propio oc-tubre aparece dictada una orden en cuyos por cuantos se hace referencia a lo ocurrido, limitándose el juez a declarar contencioso el expediente.

Así las cosas, el 29 de octubre la peticionaria, represen-tada por su abogado Sancho Bonet, unida a otros herederos representados por el letrado Bivera Zayas, expuso en una moción las dificultades que surgían, debido a la actitud asu-mida por Apelio Felices, para llegar a un acuerdo en la de-signación de una persona para que fuera nombrada admi-nistrador, y pidió a la corte que en uso de sus facultades es-cogiera ella misma la persona.

En 31 de octubre la peticionaria unida de igual modo a los otros herederos indicados solicitó la reconsideración de la orden dictada el 24 del propio mes, y, oídos los interesa-dos, la corte, el 15 de noviembre siguiente, decidió, 1, negar la reconsideración, 2, desestimar la moción de Apelio Felices pidiendo el sobreseimiento, 3, conceder al dicho Apelio Fe-lices diez días para que formulara su contestación.

En 22 de noviembre, Apelio Felices pidió a la corte que ampliara su resolución del día 15 en el sentido de que el término para contestar comenzaría a correr a partir de la fecha en que se le entregara una copia de la petición inicial. El mismo día 22 Apelio Felices recibió la copia y el 1 de diciembre siguiente la corte aclaró su orden en el sentido de que el término concedido comenzara a contarse a partir del 22 de noviembre de 1924.

Así las cosas, el 1 de diciembre de 1924 aparece radicado el escrito interponiendo la apelación cuya desestimación se pidió el día 10 del indicado mes. Tal escrito sólo fué notifi-cado al abogado Sancho Bonet.

Luego aparece de los autos otro escrito de apelación fe-chado el 30 de diciembre de 1924, notificado a los abogados Sancho Bonet y Rivera Zayas.

Expuestos los hechos, veamos si procede o nó la desesti-mación del recurso.

La contención del apelante de que esta corte no tiene ju-risdicción para resolver la cuestión planteada, carece de mé-rito. Interpuesto el recurso adquiere esta corte jurisdicción para conocer del mismo en su fondo, si la apelación es pro-cedente y ha sido debidamente establecida, o para desesti-marlo, si la apelación no es procedente o no se ha interpuesto de acuerdo con la ley.

El escrito de apelación de 1 de diciembre de 1924 no se notificó a varias de las partes realmente interesadas, esto es, a los herederos representados por el letrado Rivera Za-yas, que tenían igual interés que la peticionaria, y siendo ello así, aplicada la ley y la jurisprudencia, la desestimación solicitada claramente procede por tal motivo.

Sostiene el apelante que el defecto quedó subsanado por su nuevo escrito de 30 de diciembre, notificado a todos los otros herederos. No estamos conformes. Aún suponiendo que se hubiera apelado en tiempo, siempre habría que con-cluir que se trataba de una nueva apelación, y aquí se soli-citó el 10 de diciembre la desestimación del recurso inter-puesto el día primero de ese mes. El nuevo escrito se ar-chivó veinte días después de la moción de desestimación.

Además y a fin de que este asunto pueda quedar definiti-vamente terminado, diremos que es evidente que la segunda apelación se interpuso fuera del término de treinta días que fija la ley, y es por tanto baldía. La orden apelada es la de 15 de noviembre de 1924. El primero de diciembre siguiente ló único que hizo el juez fue acceder a la petición del propio apelante con respecto a la fijación de un término. La natu-raleza de la orden én nada varió. No hubo alteración esen-cial alguna.

La moción de desestimación debe, pues, declararse con lugar, sin que sea necesario entrar a discutir y a resolver si la orden de que se trata era o nó apelable.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Rivera et al., Demandantes y Apelantes, v. Sanz Cintrón, Demandado y Apelado.
    No. 3186.

    Visto: Marzo 21, 1924.

      Resuelto: Febrero 18, 1925.
    Descendencia y Distribución — Derechos y Responsabilidades de Herederos y “Distributees” — Naturaleza y Establecimiento del Derecho en General — Acciones Ejecutadas por Herederos — Reivindicatoría.—Practi-cada una partición de bienes en que bay menores, y adjudicados bienes para el pago de deudas sin haberse obtenido autorización judicial previa para ello, dicha adjudicación es una enajenación que cae dentro de la sanción de la ley, y a falta de dicha autorización judicial, los menores tienen derecho, mediante acción reivindicatoría, a reclamar su participación en la propie-dad así adjudicada (Longpré v. Díaz, 237 If. S. 512, seguido; Vázquez v. Santalís, 26: 677, distinguido).
    SENTENCIA de Enrique Lloredo,, J. (Areeibo), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada y dictada otra en su lugar.

      R. Agrait Aldea, abogado del apelante; Antonio Lens Quena y Luis Mercader, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

A la muerte de Eladio Rivera Colón sus tres hijos natu-rales reconocidos, Emilio Rivera Vélez, Osvaldo de iguales apellidos y Juana de León, que se nombra en este pleito Juana Rivera, siendo los dos últimos menores de edad pero representados legalmente por otras personas, practicaron en 7 de agosto de 1912 las operaciones de inventario, avalúo, partición y adjudicación de los bienes relictos de su padre, las que fueron aprobadas judicialmente, protocoladas en una notaría e inscritas en el registro de la propiedad. En esas operaciones fueron inventariados varios bienes inmuebles y dinero, así como algunas deudas de cuyo pago se hizo cargo el heredero mayor de edad Emilio, a quien se adjudicaron bienes en cantidad suficiente para el pago de las deudas y de su participación hereditaria. Posteriormente, y siendo ya mayor de edad el heredero Osvaldo, vendió a tercera persona el condominio que le fue adjudicado en uno de los bie-nes inmuebles de la herencia y más tarde, en agosto 22, pre-sentó este pleito en unión de Juana Rivera para que se declare que cada uno de ellos es dueño de una tercera parte o condominio pro indiviso de la finca objeto del pleito, y que se cancele en el registro la inscripción de la partición de bie-nes de que se ha hecho mención en cuanto a dos terceras partes de la finca a que se hace referencia por ser inexis-tentes y sin eficacia alguna los actos que dieron motivo a esas inscripciones y que el demandado les restituya la pose-sión de esos condominios y les pague cierta cantidad por las rentas percibidas y las que se perciban hasta terminar el pleito. La acción en este caso fuá dirigida contra plácido Sanz Cintrón, actual dueño de la finca, que ha llegado a su poder después de varias transmisiones, y fue defendido en este pleito en evicción por el que le vendió. Dictada senten-cia en contra de los demandantes, interpuso apelación sola-mente Juana Rivera. Por el hecho de no apelar Osvaldo y tal vez por otras razones sus derechos no necesitan ser con-siderados en este caso. Como nadie estaba autorizado para actuar a nombre de ella en este sentido, la adjudicación que se hizo a su hermano de propiedad en pago de deudas era una enajenación y cae dentro de la sanción de la ley, como se resolvió en el caso de Longpré v. Díaz, 237 U.S. 512. En el de Vázquez v. Santalís, 26 D.P.R. 677, dijimos: “Los de-rechos sustantivos de los menores hijos de Ramón Olivares y García eran quizás iguales o semejantes a los derechos del menor en el caso de Longpré, a saber, la adjudicación como tal hecha en favor de Santalís no obligaba a los citados me-nores, en otras palabras, la citada adjudicación de haber per-manecido sola y debidamente impugnada ha podido des-truirse o descartarse. El caso de Longpré, sin embargo, ño determina los derechos de un número de herederos entre sí, cuando han intervenido otros elementos que no fuese una mera adjudicación.” (Itálicas nuestras). Dijimos que el caso de Longpré no era aplicable cuando otros elementos ha-bían intervenido, y lo demás del caso muestra que tuvimos presente otras cosas como las ratificaciones, confirmaciones y otras semejantes. Allí los actos de ratificación tuvieron lugar cuando los demandantes eran mayores de edad, pero aquí no hubo tal posibilidad u ocurrencia. Juana Rivera era todavía menor de edad cuando este pleito fué estable-cido.

También en- el caso de Vázquez v. Santalís, supra, las porciones de los demandantes, divisas o indivisas, se tuvie-ron por indeterminadas, pero aquí Juana Rivera tiene clara-mente derecho a una tercera parte del solar en cuestión.

En el de Fernández v. Capó, 27 D.P.R. 715, y en Santini v. Díaz, 27 D.P.R. 816, y Sucesión De Jesús v. Pérez, 28 D.P.R. 319, dijimos claramente que la partición o división ge-neralmente no era necesaria para justificar una acción de reivindicación, y estamos convencidos de que tal acción puede establecerse aún entre herederos. En otras palabras, que los demandados, aunque substituyen a uno o más de los he-rederos, no pueden defenderse en reivindicación contra este menor. De acuerdo con la ley la propiedad de ella ha sido enajenada y ella era incapaz, durante todo este tiempo de dar efecto legal a la alegada partición o división.

Existe discrepancia entre los mismos miembros de la corte acerca de si debe haber una concesión de frutos. Como la mayoría de la corte, por distintas razones, no está incli-nada a conceder frutos, y el apelante no sólo ba dejado de hacer el señalamiento de error exigido por las reglas 42 y 43 del Reglamento de esta corte, sino que en su alegato in-sistía únicamente en la reivindicación, no indicaba cómo puede hacerse un cálculo de los frutos, ni tampoco la parte o partes de los autos de donde tal cálculo podía hacerse, debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra sin con-cederse frutos o costas.

Debe revocarse la sentencia y en su lugar dictarse otra por esta corte declarando que la demandante tiene derecho a una tercera parte de la finca en cuestión, y ordenando que una vez que esta sentencia haya sido registrada en la Corte de Distrito de Arecibo se remita copia de la misma al Re-gistrador de la Propiedad de Arecibo para su debida ins-cripción.


author: 'El Juez Pbesidebte Señob bel Tobo,

text:
    The Royal Bank of Canada, Demandante y Apelado, v. Balle, Demandado y Apelante
    No. 3312.

    Visto: Noviembre 21, 1924.

      Resuelto: Febrero 18, 1925.
    Documentos Negociables — Ley Aplicable — Endoso en Blanco Válido — Pago a Persona Distinta del Tenedor. — -En las controversias sobre documentos negociables debe aplicarse la ley del lugar de sil otorgamiento, del lugar de su cumplimiento o del lugar donde se establece la acción, según los casos. Si se trata del endoso de una letra, que es un contrato independiente de ésta, debe regir la ley del lugar del endoso, y cuando para dicha ley la sola firma del endosante constituye un endoso válido que transmite la propiedad de la letra al tenedor, el pago hecho a otra persona no extingue la obligación del librado que ha aceptado la letra.
    Id. — Endoso Ineficaz — Defensa de Pago — ¡Autoridad de la Persona que Recibe el Pago a Nombre de una Corporación. — Cuando un librado que ha aceptado' una letra alega en defensa de una acción establecida por el actual tenedor que el endoso sin fecha es ineficaz para transmitir la propiedad y que ya ha pagado a la corporación a cuyo favor la -letra era originalmente pagadera, debe demostrar la autoridad de la persona a quien pagó para recibir el pago a nombre de la corporación.
    SenteNCIa de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      J. Martínez Dávila, abogado del apelante; Ch. Harizell y F. Ramí-rez de Arellano, abogados del apelado.
   'El Juez Pbesidebte Señob bel Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Tbe Royal Bank of Canada, nna corporación organizada bajo las leyes del Canada, autorizada legalmente para ha-cer negocios en esta Isla, entabló demanda contra Bernardo Balle, vecino de San Juan, P. R., en cobro de $497.17 proce-dentes de un giro que copiado a la letra, tal como aparece en la transcripción, es como sigue:

“EdwáRD Jolles Company, Inc. — No. 3496.' — Exchange for $497.17 U. 'S. Currency New Yobk June 12, 1920. — Ninety days after date of this First of Exchange (Second Unpaid) Pay to the order of oubselves Four Hundred Ninety Seven and 17/100 Dollars U. S. Currency. — Payable at the Collecting Bank’s Rate for Sight Draft of New York. — Value received, and charge the same to account of
(Signed) Edward Jolles Company, Inc.,
R. S. Rubinstein, See’y.
To Sr. Bernardo Balle,
San Juan, Porto Rico.”
” Al dobso: — Edward Jolles Company, Inc. — R. S. Rubinstein.— Pagadero en Diciembre 15, 1920. — Firmado.—Bernardo Baile.”

Eduardo Soler, la persona que está a cargo del departa-mento de cobros del banco demandante, declarando en el juicio dijo:

“A nuestro poder llegó un giro para el cobro de nuestra agen-cia de Nueva York, expedido por Edward Jolles & Co., Inc., a cargo de Bernardo Balle. El Sr. Balle aceptó el giro para pagarlo el 15 de diciembre. Al vencimiento le presentamos el giro al Sr. Balle y no lo pagó, y después de algunas semanas en vista de que no lo pagaba lo devolvimos a Nueva York. Luego la agencia de Nueva York nos lo devolvió diciendo que Balle tenía que pagarlo porque ■pilos no habían podido obtener el dinero. En vista de eso como Balle se negó a pagar lo entregamos al abogado para su cobro.”

El demandado admite que aceptó el giro pero alega que le pagó al tesorero de “Edward Jolles & Co., Inc.’’ en San Juan, P. R., en enero de 1921.

En el acto del juicio presentó el demandado una deposi-ción de Harris Aronowitz empleado que fue de “Edward Jolles & Co., Inc.”, de Nueva York. En ella dice el testigo, al mostrársele el documento transcrito:

“Sí, me acuerdo de ello, nosotros salimos juntos del Banco con el Sr. Baile y Mr. Rubinstein para recoger un giro por la cantidad que representa ese cheque y los banqueros le dijeron que habían devuelto el giro. Cuando el Banco le manifestó a Baile que había devuelto el giro Mr. Rubinstein le dijo a Baile delante del tes-tigo que le entregara el importe del giro que al llegar a Nueva York él le remitiría el giro.”

Luego expresa el testigo que Rubinstein era “Secretario de dicha Corporación, (Edward Jolles & Co., Inc.), no es-tando seguro si desempeñaba el cargo de tesorero también.”

La anterior deposición y la siguiente carta fueron las únicas pruebas del demandado:

“Hotel Trianón. — Consulado III. — Habana, Cuba. — June 3 de 1921. — Dear Mr. Baile:—
“As written to you in my previous letter I am now in Cuba on business for the firm. Consequently your letter had to be forwarded to me from New York and therefore the delay in answering.
“I was surprised to read that the Royal Bank of Canada had threatened to bring suit against you if you did not make payment to them of the item for $497.17 — which adjustment was duly reported to the Edward Jolles Co. who in turn notified the bank.
“I have already written to New York requesting that this matter be immediately adjusted and as soon as sufficient time has passed for the exchange of letter believe that you will not be further troubled in this connection.
“Exceedingly regretting the inconvenience caused you by this misunderstanding and hoping that business is improving with you and that you are able to meet your obligations promptly, I beg to remain.
Very truly yours,,
(Signed) R. S. Rubinstein.”

La corte tomó bajo su consideración el caso y el 28 de septiembre de 1923 lo falló declarando la demanda con lugar.'

No conforme el demandado apeló, señalando como único error el cometido por la corte, a su juicio, al apreciar la prueba y concluir que sostiene la demanda.

Los anteriores hechos demuestran que se trata de una le-tra de cambio expedida en Nueva York por “Edward Jolles Co., Inc.” a favor de ellos mismos y contra el demandado. Que el librador recibió el importe del giro en Nueva York y lo endosó en blanco. Que el endoso no tiene fecha. Que el librado o sea el demandado aceptó en Puerto Eico la letra hallándose en poder del banco demandante y que en el acto del juicio dicho demandante introdujo la letra como prueba.

La primera cuestión a resolver es ¿qué ley es aplicable, la del estado de Nueva York o la del territorio de Puerto Eico?

“Surge la cuestión en relación con documentos negociables,” dice Billing Case Law, “con más frecuencia que en cuanto a cual-quiera otra clase de contrato de si se liará referencia a la ley de un sitio o de otro al resolverse los derechos de las partes en dicho con-trato. La cuestión se 'considera debidamente con relación al dere-cho particular o deber impuesto, pero algunos de los principios son de tal importancia general y aplicación que merecen citarse al em-pezar. Se dice que tres proposiciones han sido firmemente estable-cidas, a saber: 1. Todas *las cuestiones relativas al otorgamiento,'in-terpretación y validez de los contratos, incluyendo la capacidad de las partes para contratar, están determinadas por la ley del lugar donde el contrato se otorga; 2. Todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento, incluyendo la presentación, notificación, reque-rimiento, etc., están reguladas por la ley del lugar donde el contrato según sus términos ha de cumplirse; 3. Todas las cuestiones refe-rentes al remedio que ha de seguirse, incluyendo el establecimiento de pleitos y el servicio de diligencias, dependen de la ley del lugar donde se establece la acción. Estas reglas han sido generalmente adoptadas por todas las cortes al resolver cuál es la ley que debe regir respecto a documentos extranjeros.” 3 R.C.L 856-857.

De acuerdo con la ley del estado de Nueva York, la letra expedida a favor del propio librador es válida. “ General-mente,” dice Euling Case Law, tomo 3, página 877, “una letra de cambio tiene, primero, tres partes, el librador, el li-brado y la persona a quien ha de pagarse la letra. No es raro, sin embargo, que el librador baga que una letra sea pagadera a sn misma orden y entonces la endose y ponga en circulación. ’ ’

En cnanto al endoso, a juzgar por la jurisprudencia que sigue, rige también la ley del Estado de Nueva York.

“Lr>s autoridades no están enteramente en harmonía en cuanto a si la validez del traspaso de un documento comercial ha de deter-minarse por la lex loci contractus, por la lex loci solutionis, o por la lex fori. La regla general es, toda vez que el endoso de una le-tra de cambio o pagaré es un contrato independiente, • que la validez del endoso y la responsabilidad del endosante dependen de la ley del lugar donde se hace el endoso, y no de la ley del sitio donde la letra o pagaré ha de pagarse, o donde se establece la acción fundada en el mismo.” 3 E.C.L. 966.

Siendo ello así, es necesario concluir que el endoso en blanco, sin fecha, es válido y trasmitió la propiedad de la letra al tenedor, el demandante, y, por tanto, que el pago hecho a otra persona que no sea el tenedor, o su represen-tante debidamente autorizado, no extingue la obligación con-traída por el deudor, que lo es en este caso el librado que aceptó pagar la letra. Art. 1130 del Código Civil Revisado.

“No es esencial ninguna fraseología particular para traspasar el título a una letra de cambio o pagaré en aquellos casos en que es necesario el endoso. 'Sólo la firma del que la traspasa es suficiente para el objeto.” 3 R.C.L. 966.
“Un endoso en blanco consiste en la simple firma de la persona a quien ha de pagarse o el tenedor del documento. Una letra o pa-garé endosado en blanco es transferible sólo por entrega y mientras continúe el endoso en blanco hace la letra o pagaré en efecto paga-dero al portador.” 3 E.C.L. 970.
“Un documento negociable endosado en blanco se presume que ha sido endosado de tal modo en el día de su fecha.” 3 R.C.L. 971.

Véase también la Ley de Instrumentos Negociables. "Terry Uniform. State Law Annotated,” página 57 y siguientes y 8 C. J. 105 y siguientes.

Ahora bien, si se aplicara como pretende el apelante la “lex loci solutionis” y por tanto se concluyera que la ley de Puerto Rico es la que rige para fijar los efectos del en-doso, surgiría la cuestión de si estando el endoso sin fecha no se entendía trasmitida al tenedor la propiedad, sino la simple comisión de cobranza. Esa misma cuestión surgió en el caso de Noriega & Alvarez v. Cruz & Co. S. en C., de julio 14, 1924 (pág. 559), quedando abierta para ser de-cidida basta que un caso de más importancia incitara “el interés de los abogados a hacer una investigación más aca-bada.” No es éste en verdad “el caso de más. importancia” que tenía en mente el Tribunal. Los abogados se limitan aquí a esbozar la cuestión y su decisión además no es nece-saria para la resolución del litigio, porque aún aceptando que la propiedad no se hubiera trasmitido, siempre se con-cluiría que el banco demandante tenedor del documento es-taba comisionado para su cobro por “Edward Jolles Co., Inc.” y tenía autoridad para iniciar el pleito.

Todo entonces quedaría reducido a decidir si la prueba demostró o nó que el demandado pagó a “Edward Jolles Co., Inc.”

De la deposición de Aronowitz y de la carta de Rubinstein, no surge de modo fehaciente, indiscutible, la autoridad de Rubinstein para percibir el importe del giro y por tanto el pago por el demandado a Rubinstein no puede conside-rarse como hecho a “Edward Jolles Co., Inc.”

Bajo cualquier aspecto que se considere, pues, la cuestión, apliqúese la ley de Nueva York a la de Puerto Rico inter-pretada ésta en el sentido indicado, procede la confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señou Franco Soto, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Baragaño, Acusado y Apelante.
    No. 2298.

    Visto: Noviembre 18, 1924.

      Resuelto: Febrero 18, 1925.
    Prohibición — Denuncia a Nombre de El Pueblo de Puerto Eioo — Jurisdicción Concurrente en Delitos Contra la Prohibición. — Una denuncia por delito contra la prohibición formulada a nombre y por la autoridad de El Pueblo de Puerto Rico, cumple con lo dispuesto en la'sección 10 del Acta Jones. El Congreso de los Estados Unidos tenía poder para promulgar la ley de 21 de septiembre de 1922 dando jurisdicción concurrente a -las cortes insulares para conocer de las violaciones de la Ley Nacional de Prohibición y fué su intención considerar dicha ley, en sus medios de hacerla efectiva, eomo ley local, tal como si hubiera sido decretada por la Legislatura de Puerto Rico. MI Pueblo v. Rodríguez, resuelto en junio 17, 1924, (pág. 393).
    Id.— Cortes Municipales — Cortes 1 ‘ Territoriales ’ —Las cortes municipales, como parte del sistema judicial de Puerto Rico, son cortes "territoriales1’ dentro del significado de la Ley del Congreso confiriendo a éstas jurisdicción sobre los delitos de prohibición, y tienen, por consiguiente, tal jurisdicción, como implícitamente so resolvió en el caso de MI Pueblo v. Rodríguez en junio 17, 1924, (pág. 393).
    Sentencia de Pallo Barga, J. (Humaeao), condenando al acusado por delito contra la Ley de la Prohibición Nacional.

      Confir-mada.

      C. Traveoier y A. Aponle, abogados del apelante; José E. Pignoras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señou Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de prohibición. La Corte de Distrito de Humaeao, en grado de apelación, condenó al acusado a pa-gar una multa de $25 y costas por haber infringido la Ley Nacional de Prohibición.

El apelante señala la comisión de los siguientes errores:

I. La falta de jurisdicción por estar autorizada la de-nuncia a nombre de El Pueblo de Puerto Rico y no a nom-bre de los Estados Unidos por tratarse de la violación de una ley nacional, y

II. La errónea apreciación, a su juicio, de la prueba por el juez inferior.

El primer señalamiento de error fué extensamente discu-tido y resuelto por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, de junio 17, 1924 (pág. 393). En dicho caso el encabezamiento de la denuncia estaba redactado en igual forma que en este caso y se resolvió que la denuncia al ser formulada a nombre y por la autoridad de El Pueblo de Puerto Rico cumplía con lo que dispone la sección 10 de nuestra carta orgánica (Acta Jones (Mar. 2, 1917, Fed. Stat. Ann. 1918). Entre otras declaraciones que se tuvieron como base para llegar a tal conclusión, se declaró el poder que tuvo el Congreso para promulgar la ley de 21 de septiembre de 1922 (Leyes de 1923, p. 97, Fed. Stat. Ann. 1922) dando jurisdicción concurrente a las Cortes Insulares para cono-cer de las violaciones de la Ley Nacional de Prohibición y de su clara intención de considerar dicha ley, en sus medios de hacerla efectiva, como ley local, tal como si hubiera sido decretada por la Legislatura de Puerto Rico.

En relación con - este error parece oportuno decir que más antes, con motivo de su discusión, el Departamento de Justicia de esta Isla había consultado el asunto al Depar-tamento "de la Guerra y el Fiscal de esta Corte Suprema en su alegato adicional acompaña copia de la opinión emitida sobre la materia por el Acting Judge Advocate General del Departamento de la Guerra.

Atendido el valor intrínseco de dicho trabajo y robuste-ciendo como robustece nuestras conclusiones en aquel caso en cuanto al poder del Congreso para promulgar la ley de 21 de septiembre de 1922 y de su clara intención de consi-derar dicha ley como local cuando se aplicara por las cortes insulares en sus medios o procedimientos para darle cumpli-miento, se hace conveniente transcribirlo. Dice así:

“ HUMEE. ENDOSO.
Departamento de la Guerra. Negociado de Asuntos Insulares. Washington, D. C., noviembre 15, 1922. Al Juez Procurador General del Ejército, invitando su atención al párrafo primero de la carta del Fiscal General de Puerto Rico.
Frank McIntyre,
Jefe del Negociado.
Incl.
Civil
Trent-kjw Jag. 250.1
Departamento de la Guerra, J.A.G.O.
Diciembre' 15, 1922.
segundo endoso.
Al Jefe, Negociado de Asuntos Insulares.
“1. Por este primer endoso la comunicación del Fiscal General de Puerto Rico, de fecha noviembre 8, 1922, y dirigida al Jefe del Negociado de Asuntos Insulares, junto con una copia de una comu-nicación de dicho Fiscal General, fechada en octubre 31, 1922, y dirigida al Hon. Arthur F. Odlin, Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, han sido remitidas a esta oficina para una opinión sobre las siguientes cuestiones:
“(a) ¿Es el deber del Fiscal General de Puerto Rico y de los funcionarios de su departamento, en vista de la ley de septiembre 21, 1922, arriba copiada, hacerse cargo de los procesos ante las cortes insulares de los delitos por virtud-de la Ley Nacional de Prohibición, y
“ (Z>) En caso de que la contestación a la anterior pregunta fuera afirmativa, si deben seguirse tales procesos a nombre de los Estados Unidos o de El Pueblo de Puerto Rico.
“La Ley de septiembre 21, 1922, es el estatuto No. 327 del 67* Congreso, la cual es como sigue:
‘Decrétese por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, en Congreso reunidos, que se confiera como por la presente se confiere, a los jueces y cortes territoriales de Puerto Rico, jurisdicción concurrente con los comisionados y cor-tes de los Estados Unidos en aquel distrito, sobre toda infracción de la ley de octubre 28 de 1919, conocida por el nombre de Ley de Pro-hibición Nacional, y de cualquier ley enmendatoria y supletoria de la misma, siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes te-rritoriales en los casos de dichas infracciones la misma que en la ac-tualidad tienen sobre otros delitos de su jurisdicción.’
“2. ¿Convirtió la ley de septiembre 21, 1922, a la Ley Nacional de Prohibición y a todas las leyes enmendatorias y supletorias a la misma en leyes de Puerto Rico que han de ser tenidas, en tanto ha-cen referencia a las autoridades locales, como si hubieran sido decre-tadas por la Legislatura de Puerto Rico y que han de ser considera-das como si los delitos en ellas declarados no son delitos contra los Estados Unidos sino contra el Pueblo de Puerto Ricof ¿O, dió dicha Ley a los ‘magistrados territoriales y cortes de Puerto Rico’ dos caracteres por su naturaleza, conociendo de dichos casos como magistrados locales y cortes al administrar las leyes de Puerto Rico y como magistrados y cortes de los Estados Unidos al aplicar las leyes de Prohibición Nacional? -Si lo segundo, surge entonces la-pregunta de qué maquinaria judicial, incluyendo a los fiscales, los magistrados locales y cortes, han de emplearse en la administración de tales Leyes.
“El sistema judicial de Puerto Rico con anterioridad a la ane-xión a los Estados Unidos comprendía una Corte Suprema, cortes inferiores de jurisdicción general y cortes municipales. Los proce-dimientos en todas las cortes se llevaban a cabo en el idioma español y de conformidad con las formas de la ley civil. Por la sección 33 de la ley de abril 12, 1900, (31 Estatutos, 77, 84), estas cortes insu-lares continuaron en vigor. Por la sección 40 de la ley de marzo 2, 1917, (39 Estatutos, 951), la jurisdicción de estas cortes y for-mas de procedimiento en las mismas continuaron en vigor (Porto' Rico Ry. Co. v. Mor, 253 U. S. 345). El Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico prescribe que ‘Todo delito respecto del cual tuviere jurisdicción original la Corte de Distrito, deberá perseguirse por virtud de acusación presentada por el'fiscal. (Compila-ción Estatutos Revisados de Puerto Rico, see. 6014) ; que el pro-ceso criminal se entabla a nombre de “El Pueblo de Puerto Rico” (Id. 6016); que ‘Todas las intimaciones u órdenes judiciales se dic-tarán en nombre del “Pueblo de Puerto Rico” ’ (Id. 6079); que el fiscal es el acusador público (Id. see. 6111); que el secretario de la corte enviará al Tesorero Insular todo el dinero cobrado por él, cualquiera que fuere la clase o naturaleza de su procedencia (Id. see. 6126); que las cuestiones de hecho en casos de delito grave (y también ahora en casos de delitos menos graves bajo la ley penal general) habrán de ser juzgados por el jurado, cuando el acusado o acusados o cualquiera de ellos lo pidiere (Id., see. 6197); que es competente para actuar como jurado un individuo si fuere ciuda-dano varón de los Estados Unidos o de Puerto Rico, de 21 años de edad y de no más de 60 años, etc. (Id., see. 6208); y, que al estable-cerse una apelación para ante la Corte Suprema de Puerto Rico, el secretario de la corte-inferior debe remitir a la Corte Suprema va-rios documentos, incluyendo el pliego de excepciones (Id., sec. 6400). El Código Penal de Puerto Rico prescribe que un felony es un cri-men castigado con la pena de muerte o de presidio y qúe todos los demás delitos son misdemeanors (Id., sec. 5420); y que aunque un ’ delito pueda ser castigado con multa que no exceda de $5,000, o con cárcel por un término que no exceda de 2 años, o ambas penas, multa y prisión, sin embargo, el delito es un misdemeanor y no un Jelony (Id., sec. 5420). La ley de febrero 21, 1902, prescribe que en todos los tribunales de Puerto Rico se emplearán indistintamente
los idiomas inglés y español, excepto en los tribunales municipales o de policía, a los cuales no será aplicable la ley (Id., sees. 1678 y 1682). La ley para reorganizar el sistema judicial, de marzo .10, 1904, como fué enmendada, divide a Puerto Rico en siete distritos judiciales y prescribe que todo juez de distrito deberá reunir los re-quisitos que en ella se especifican (Id., secs. 1148, 1149).
"La sección 41 de la ley de marzo 2, 1917, supra, prescribe que Puerto Rico constituirá un distrito judicial; que el Presidente nom-brará un juez de distrito, un fiscal de distrito y un marshal; que la corte de distrito se denominará ‘la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Rico;’ y que tal corte de distrito tendrá la jurisdicción prescrita en dicha sección. La sección 42 hace las leyes de los Estados Unidos referentes a apelaciones,' etc., aplicables a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y de-clara que ‘Todas las alegaciones y procedimientos en dicha corte se harán en el idioma inglés;’ y la sección 44 prescribe:
“ ‘Las condiciones de los jurados, según se establecen en las le-yes locales de Puerto Rico, no serán aplicables a jurados elegidos para actuar en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico; sino que las condiciones requeridas a los jurados en dicha corte serán, que cada uno de ellos sea mayor de veintiún años y no mayor de sesenta y cinco, residente en Puerto Rico por no menos de un año, y que tenga suficiente conocimiento del idio-ma inglés para poder servir de jurado debidamente; deberá ser también ciudadano de los Estados Unidos. Los jurados para dicha Corte serán elegidos, nombrados y sujetos a exención de acuerdo con las leyes del Congreso que reglamentan los mismos en las Cortes de los Estados Unidos, hasta donde dichas leyes sean localmente apli-cables. ’
‘‘Se verá, pues, que las cortes de Puerto Rico y la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos actúan separada e independientemente. Las cortes de Puerto Rico se constituyen para juzgar delitos come-tidos contra las leyes locales. Los jurados son citados .para el dis-trito judicial o demarcación en que los actos criminales fueron co-metidos, y del conjunto de ese distrito o demarcación, por el márshal local. Los requisitos que deben reunir los jurados están fijados por las leyes locales. La supervisión de apelación sobre las sentencias y decretos de estas cortes está investida en la Corte Suprema de Puerto Rico, confiriéndose la facultad de hacer una revisión final de las sentencias y decisiones dictadas por la Corte Suprema en cier-tos casos a la Corte Suprema de los Estados Unidos y a la de Cir-cuito de Apelaciones para el Primer Circuito. Los gastos que ori-ginan las cortes locales son satisfechos por Puerto Rico, y la dispo-sición respecto a todas las multas, derechos, etc., así como a la reclu-sión de los varios prisioneros que cumplen sentencias, están regula-rizadas por las leyes de Puerto Rico.
“La Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico administra las leyes penales de los Estados Unidos en vigor en la isla, llevando a cabo sus procedimientos exclusivamente en el idioma inglés. Los jurados son citados por el marshal de los Estados Uni-dos y del conjunto de todo el distrito o isla. Las condiciones que deben reunir los jurados son, en algunos particulares, radicalmente distintas a las exigidas por las leyes locales a jurados elegidos para servir en las cortes insulares. Los casos criminales se siguen por el fiscal de los Estados Unidos y dichos casos son delitos contra los Estados Unidos. La supervisión de apelación sobre las sentencias y decretos de esta corte está investida en la Corte Suprema de los Estados Unidos y en la de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, dependiendo de la naturaleza y carácter del caso en particular. Todos los gastos para el mantenimiento de la Corte de Dis-trito de Puerto Rico son satisfechos por los Estados Unidos, y la disposición sobre- todas las multas, derechos, etc., así como al lugar de confinamiento de todos los presos que cumplen sentencias finales, están reguladas por las leyes de los Estados Unidos.
“Todas estas circunstancias son tan variables por la naturaleza de la jurisdicción y la forma en que- ha de ejercitarse, que la con-dena de una persona por una corte territorial bajo el procedimiento prescrito por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, o viceversa, infringiría la cláusula de ‘debido procedimiento de ley’ contenida en la nueva Ley Orgánica de marzo 2, 1917, supra. Esta proposición está sostenida en el caso de Gen-Shay-EE, peticio-nario, 130 U.S. 343. El resultado es que si las leyes de Prohibición Nacional han quedado convertidas en leyes locales por la ley de septiembre 21, 1922, supra, deben ser administradas por las cortes territoriales de acuerdo con el procedimiento criminal de Puerto Rico, incluyendo los servicios de los fiscales locales; pero si estas leyes no han sido de tal modo convertidas en locales, deben ser administra-das por las cortes territoriales en concurrencia con la Corte de Dis-trtio de los Estados Unidos y de conformidad con el procedimiento criminal prescrito para dicha corte, incluyendo los servicios del fiscal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos.
“3. Si las leyes de Prohibición Nacional quedaron hechas locales o nó, es cuestión que puede determinarse fijando la intención deí Congreso al pasar la ley de septiembre 21, 1922, pues la intención del legislador es la esencia de la ley, no existiendo duda alguna en cuanto a la facultad del Congreso para aprobar la referida ley. Al seguir adelante en esta investigación puede tomarse y necesaria-mente se toma en consideración las circunstancias que existían en Puerto Rico en la fecha en que la ley fue aprobada y los defectos que tratan de corregirse.
“Puerto Rico tiene una superficie aproximada de 100 millas de largo y de 40 de ancho. Una cadena de montañas cruza la isla de oeste a este. La población dedicada al trabajo generalmente es po-bre e ignorante, y ocupada principalmente en la agricultura, cultivo de pequeñas fincas, siembra de caña, tabaco y café. Ha estado acos-tumbrada toda su vida y por generaciones a la fabricación de ron de caña de azúcar para su propio uso y a la venta a sus convecinos. Grandes cantidades de ron se hicieron por destiladores para el co-mercio en general. La Corte de Distrito de los Estados Unidos ce-lebra dos sesiones regulares en San Juan y en Ponce cada año, y puede celebrar una sesión especial en Mayagüez, pero como cuestión de hecho la corte sólo ha podido celebrar un término especial allí en tres años. Desde San Juan al punto más remoto de la isla hay una larga distancia cuando se considera desde el punto de vista de una mayoría de aquellos que tienen que comparecer a la Corte Federal. Lo mismo sucede con respecto a Ponce. El Juez Federal expresa en su comunicación al presidente Townér, citado en el informe H. R. 9270. 'En caso tras caso yo impuse una multa nominal de $1 a $5, porque si yo hubiera impuesta más la víctima hubiera tenido que ir a la cárcel por treinta días y sus vecinos hubieran tenido que ali-mentar a su esposa e hijos, que por lo general son de tres a ocho en número. Hay muchos de estos casos en los cuales el gasto para los Estados Unidos es de $60 a $150.’
“La Corte de Distrito de los Estados Unidos y el Fiscal no pue-den tener al corriente el trabajo, como se verá del registro. En oc-tubre 1, 1922, había pendientes 348 casos criminales (Yolstead), y de octubre 1, 1922, a diciembre 1, 1922, fueron radicados otros 508 casos más.
“Fué para ayudar en parte al Pueblo de Puerto' Rico en estas molestias, trayendo la administración de las leyes de Prohibición' más cerca de ellos, y para evitar esta congestión de trabajo en la corte de los Estados Unidos, que impide que el trabajo de la corte' se lleve a cabo con la debida atención a los intereses del público y de los litigantes, que el Congreso confirió a los magistrados y cortes locales jurisdicción concurrente con los comisionados y cortes de Ios-Estados Unidos de todos los delitos comprendidos en dichas leyes,. y declaró que ‘siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes territoriales en los casos de dichas infracciones la misma que en la actualidad tienen sobre otros delitos de su jurisdicción.’ La juris-dicción concurrente ha de ejercitarse por las dos clases de tribuna-les al mismo tiempo y dentro del mismo territorio; y donde un proceso, en el primer caso, puede ser seguido en una u otra clase de tribunal indistintamente. La palabra ‘jurisdicción’ se emplea aquí en su más amplio sentido general, la facultad judicial. Significa la facultad para oir y resolver cualquiera y todos los casos de viola-ción de las prescripciones penales de las leyes de Prohibición, y para hacer cumplir las sentencias, órdenes o decretos dictados o rendidos en tales casos. Con este fin toda la maquinaria judicial debe ser utilizada, pues el juez solo no puede, con arreglo a uno u otro sis-tema judicial en Puerto Rico, oir y resolver casos criminales y hacer cumplir órdenes y sentencias. El fiscal, el jurado y el marshal y alguaciles son elementos esenciales todos para estos fines. Sin ellos esta facultad judicial no puede ser ejercitada eficazmente. La ju-risdicción o facultad judicial conferida a los magistrados y cortes de Puerto Rico por la ley de septiembre 21, 1922, es ‘la misma que en la actualidad tienen sobre otros delitos de su jurisdicción.’ Esto es, que no se diferencia en su naturaleza o esencia de la conferida a ellos por las leyes de Puerto Rico. Resolver que los magistrados locales y cortes actúan con el doble carácter, siendo tribunales de los Estados Unidos cuando administran las leyes de Prohibición, resul-taría tal confusión e impondría un gravamen tan grande al Fiscal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos y a su único auxiliar, que anularía los fines principales que tuvo en cuenta el legislador.
“4. Soy, por tanto, de opinión de que es el deber del Fiscal General de Puerto Rico y de los funcionarios de su departamento ha-cerse cargo de los procesos en las cortes insulares de los delitos bajo las leyes de Prohibición Nacional y que tales procesos deben ser se-guidos a nombre de El Pueblo de Puerto Rico. Estas conclusiones no están en conflicto con el criterio sustentado por la Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de El Pueblo v. Torres, 28 D.P.R. 8,35, pues en ese caso la corte tuvo bajo su consideración ciertas disposi-ciones de la sección 2 de la ley de marzo 2, 1917, supra.
J. A. Hull,
Procurador General Interino.”

El apelante no obstante en el acto de la vista alegó que el caso de Rodríguez, supra, no resolvió el punto de que al extenderse la jurisdicción a las “Cortes Territoriales de Puerto Pico/’ palabras de la ley de 21 de septiembre de 1922, esta ley se refería a las cortes de distrito, esto es, a las cortes de récord. T sostuvo que las cortes municipales no tienen jurisdicción para conocer de los casos de prohi-bición.

Implícitamente esta cuestión fué resuelta en dicho caso toda vez que el mismo procedía en su origen de una .corte municipal, y por otra parte, el apelante al hacer dicha ale-gación no hizo cita alguna de jurisprudencia o autoridades que pudieran sostener su contención.

No está demás decir, sin embargo, que el término “Cor-tes Territoriales” que emplea la ley del Congreso se refiere a nuestro sistema de cortes tal como fué implantado por la ley reorganizando el sistema judicial de Puerto Rico etc., aprobada en marzo 10 de 1904 (Comp. 1148). Esta es una de las conclusiones que se desprende del documento antes transcrito, y además en Bouvier’s Law Dictionary, Rawle’s Revision, vol. 2, p. 1122, refiriéndose a las Cortes Territo-riales, también se dice:

“Las Cortes Territoriales. — En los territorios, el poder judicial está investido en la corte suprema, constituida de un juez presidente y jueces asociados, que desempeñan sus cargos por un término de. cuatro años, cortes de distrito, cortes de testamentaría, y juzgados de paz. En Arizona el poder judicial estaba investido en una corte suprema y en aquellas cortes inferiores que el consejo legislativo pueda por ley establecer, y de acuerdo con esta facultad se regulaba sobre la constitución de cortes de testamentaría y juzgados de paz; y por la ley de febrero 11, 1891, el Congreso dispuso lo concerniente a la constitución de cortes de distrito que habían de ser desempe-ñadas por un juez de la corte suprema. Estas cortes territoriales no son cortes constitucionales, esto es, cortes a las cuales se confiere facultad judicial por la constitución de los Estados Unidos; pero sus facultades y deberes son conferidos a las mismas por las leyes del Congreso que las creó. No es necesario enumerar estas leyes. En cuanto a una relación detallada de la legislación sobre la mate-ria, véase 1 Garl. & Ralst. Fed. Pr. see. 444. Véanse también los títulos sobre los varios territorios.”

Corpus Juris trata del sistema judicial de Puerto Rico y habla de las. Cortes Insulares como Cortes Territoriales, y en él se lee:

“Puerto Rico — 1. —Cortes Territoriales. — El poder judicial de Puerto Rico está investido en las cortes y tribunales de Puerto Rico según están ahora establecidos, a saber, la Corte Suprema, cortes de distrito insulares, cortes municipales, y juzgados de paz.” 25 C. J. 983.

Mediante el segundo error el apelante sostiene que la prueba no demuestra el hecho de la transportación porque no aparece que el automóvil se moviera del sitio en que fué sorprendido con los licores. La prueba tendió a establecer que un policía vió unos sacos en la acera del Casino Español de Humacao, y sospechando que contuvieran licores se acercó al sitio ya cuando habían sido puestos dentro de un automó-vil que permanecía parado frente a dicho casino. Los sacos resultaron contener 27 botellas de champagne y 12 de ron. El acusado estaba presente y dirigiéndose al policía señaló a los sacos diciendo: “esto es mío.” Dicho policía proce-dió entonces al arresto del acusado quien insistió con el po-licía que esperara mientras hablaba con el sargento para arreglar el asunto. Ante este. último oficial el acusado ad-mitió habérsele ocupado por el primero los licores y dicho oficial procedió a presentar la denuncia.

En virtud de estos hechos parece inútil insistir en razo-namiento .alguno para considerar el delito tal como ha sido especificado en la denuncia. No era necesario que el .auto-móvil se hubiera movido del sitio en que se encontraba para que se consumara' el delito. El automóvil por sí es un me>-dio de locomoción o transporte y el simple hecho de encon-trarse dentro del vehículo los licores que fueron vistos fuera del mismo implica la materialidad del delito así como la in-tención clara y manifiesta del acusado para cometerlo.

La prueba en conjunto es suficiente para sostener la de-ntmeia y no apareciendo error alguno de los autos, debe confirmarse la sentencia.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutcbison disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

Las razones para mi disentimiento en este caso lian sido expresadas en el de El Pueblo v. Rodrigues, sentencia de junio 17, 1924, (pág. 393 ante).