text:
    Pérez, Apelado, v. Pérez et al., Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 929.
    Resuelto en mayo 19, 1913.
    Expediente de Dominio — Oposición—Resolución.—En los expedientes de domi-nio la misión del jnez se reduce a oir las alegaciones y las pruebas de los que hayan comparecido en el expediente, para venir a declarar en definitiva si los promoventes del informativo han justificado o nó el dominio de los bienes que pretenden inscribir.
    Id. — Desestimación de la Oposición. — La pretensión del promovente de un ex-pediente de dominio y la oposición a ella por los que la impugnan deben resolverse por una sola resolución que declare justificado o nó el dominio del terreno a favor del promovente, y comete error la corte que desestima una oposición y continúa el curso del expediente de dominio en cuanto al promo-vente.
    Id. — Oposición—Apreciación de las Pruebas. — Las pruebas del promovente de un expediente de dominio y de la oposición al mismo, deben ser apreciadas conjuntamente, constituyendo error el apreciar las pruebas relativas a la oposición para desestimar ésta y reservarse el examen de las prufebas relati-vas a la justificación del dominio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Benet.

    Ahogado del apelado: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 15 de abril del año 1912 Herminio Pérez Vilanova promovió expediente ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, para acreditar el dominio que alega tener en unión de nueve hermanos del mismo, sobre una parcela de terreno de catorce cuerdas, situada en el barrio de Llanos del término municipal de Lajas, y concluye su soli-citud con la súplica de que por los méritos de la prueba testi-fical de que habría de valerse, se declare justificado a favor del promovente ■ y de sus hermanos el dominio pretendido a fin de que tal resolución sirva de título para la inscripción en el registro de la propiedad.

A la declaración de dominio solicitada se opusieron Aurelia Pérez Feliciano y Juana López, esta última en representa-ción de seis hijos menores de edad, por el fundamento de que el terreno de que se trata les corresponde por título de heren-cia testada de Francisco Esteban Pérez Yilanova y piden en su virtud se dicte resolución denegando la inscripción de do-minio solicitada* con costas al promovente.

Eecibidas las pruebas propuestas por ambas partes, la Corte de Distrito de Mayagiiez dictó sentencia en 30 de agosto del año citado por la que desestima en todas sus partes la oposición hecha al espediente de dominio, con imposición de costas y desembolsos a los opositores, ordenando que la infor-mación de dominio continúe su curso legal como si tal oposi-sión no hubiese sido presentada.

Contra esa sentencia interpuso la representación de los. opositores recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema y alega como motivos del recurso, que la corte inferior cometió error al desestimar la oposición por el fundamento de que los opositores no habían probado en manera alguna los, hechos esenciales de su oposición y al dictar sentencia en los, términos en que lo hizo, pues en su lugar debió dictarla de-jando a las partes en libertad para dirimir y determinar sus, derechos en el juicio ordinario correspondiente, a cuyo fin invoca en su defensa la sección 3a. del artículo 395 de la Ley Hipotecaria.

El artículo 395 de la Ley Hipotecaria en su regla 3a., dis-pone que el juez en el expediente de dominio oirá por escrito sobre las reclamaciones y pruebas que se hubiesen presentado, al Ministerio Fiscal y a los demás que hayan concurrido al juicio y en vista de lo que alegaren y calificando dichas prue-bas con un criterio racional, declarará justificado o nó el dominio de los bienes de que se trate.

Como se ve, y así lo dijimos al resolver el caso de Díaz et al. v. Waymouth, 13 D. P. R., 332, “* * * la declaración final de esa clase de expedientes [de dominio] debe reducirse a declarar el juez, después del examen que haya hecho de las ale-gaciones de las partes y calificando las pruebas presentadas con un criterio racional si los promoventes del informativo han jus-tificado o nó su dominio sobre los bienes que pretenden inscri-bir, pero no sobre el dominio que otras personas puedan temer sobre esos mismos bienes, pues éste no es el objeto del informa-tivo en el cual la misión del juez se reduce a oir las alegaciones y las pruebas de los que hayan comparacido en el expediente, para venir a declarar en definitiva si los promoventes del informativo han justificado o nó el dominio de los bienes que pretenden inscribir. Esto y nada más es lo que el juez-puede declarar en esa clase de expedientes; otra cosa sería desna-turalizar la verdadera índole de las informaciones de esta índole, en las que los terceros interesados no pueden pretender que se hagan a su favor declaraciones de propiedad que re-quieren un juicio ordinario en que las partes controviertan su derecho ampliamente con arreglo a las formas y por los trá-mites que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente.”

Lejos de cumplir el juez con el precepto legal que dejamos citado declarando justificado o nó el dominio de la parcela de terreno de que se trata, se limitó a desestimar la oposición deducida ordenando que la información de dominio conti-nuara su curso legal como si tal oposición no hubiese sido presentada, con cuyos pronunciamientos dicho juez dejó abierto el procedimiento en cuanto al promovente Herminio Pérez Yilanova y lo cerró en cuanto' a los opositores, negán-doles el derecho de oponerse al mismo.

La pretensión del promovente Herminio Pérez Vilanova y la oposición a ella por los que la impugnan, han debido ter-minarse por una sola resolución o sea por una que declarara justificado o nó el dominio del terreno de que se trata. Si se declaraba justificado el dominio, implícitamente se declaraba sin lugar la oposición, y si se declaraba no justificado el domi-nio, implícitamente se declaraba con lugar la oposición. Y no cabe argüir que al desestimar el juez la oposición, tácita-mente declaró justificado el dominio, pues el mismo juez expresamente ordenó qne la información de dominio conti-nuara sn curso legal y dicto se está, por tanto, qne no la aprobó.

El Juez no ba podido dividir la continencia de la cansa apreciando las pruebas relativas a la oposición para desesti-mar ésta y reservarse el examen de las pruebas relativas a la justificación del dominio, pues ba debido apreciar conjunta-mente todas las pruebas y llegar mediante sn examen a la conclusión de si estaba o nó justificado el dominio. Tampoco podía ultimar el expediente con una resolución en que dejara a las partes en liberta^, según pretende el apelante, para dirimir y determinar sus derechos en el juicio ordinario correspondiente.

El juez en la sentencia recurrida infringió no solamente la regla 3a. del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, sino tam-bién los artículos 188 y 193 del Código de Enjuiciamiento Civil que le imponían el deber de dictar decisión final sobre los derechos de las partes discutidos en el caso.

No es momento oportuno de discutir si el juez cometió o nó error en la apreciación de las pruebas al declarar sin lugar la oposición, pues tal punto legal sólo podrá discutirse cuando se dicte' la resolución final correspondiente y venga ésta a nosotros, si viniere, en grado de apelación.

Procede la revocación de la sentencia apelada y que el juez dicte la que proceda atemperándose a la regia 3a. del artículo 395 de la Ley Hipotecaria.

Revocada con instrucciones de que la corte inferior dicte la resolución que proceda de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


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author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Ex parte González, Peticionario, v. Collazo, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 894.
    Resuelto en mayo 20, 1913.
    Desestimación de Apelación — Expediente Posesorio — Oposición—Jurisdicción del Tribunal Supremo. — De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 295 dél Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por ley de marzo 9, 1905, debe desestimarse una apelación contra resolución de una corte de distrito en un caso de oposición a que se deelare justificada la posesión de una finca, pro-movido y decidido en una corte municipal y fallado en apelación en la de distrito, cuando la oposición se contrae a una finca valuada en cantidad menor de $300, o cuando el recurso ha sido interpuesto fuera del término de 15 días. !'
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. R.ossy.

    Abogados del apelado: Sres. Reichard y Reichard.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión dél tribunal.

El apelado en su alegato solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso, por falta de jurisdicción por parte de esta Corte Suprema para conocer del mismo.

El asunto se originó en la Corte Municipal de Lares y versa sobre oposición a una información posesoria de cuatro cuerdas de terreno valuadas en cantidad menor de trescientos pesos. Dictada sentencia por la corte municipal desestimando la oposición, se apeló el caso para ante la Corte de Distrito de Aguadilla, y resuelto por la.corte de distrito en igual sentido, se apeló entonces para ante este Tribunal Supremo.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1905, Leyes de 1904, página 258 y Leyes de 1905, página 213, en lo pertinente, dice así:

“Artículo 295. Podrá establecerse apelación para ante el Tri: bunal Supremo contra las resoluciones de la corte de distrito en los casos siguientes: * * *. :
“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada la sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediere de trescientos dollars.”

Y como en el presente caso el valor de la finca cnya pose-sión se trató de disentir aparece fijado según liemos dicko en cantidad menor de trescientos dollars, es necesario concluir que no tenemos jurisdicción para conocer del recurso y que éste debe ser en tal virtud desestimado.

Los autos demuestran además que aun aceptando que esta corte tuviera jurisdicción por razón de la materia en litigio, aun así procedería la desestimación del recurso por haberse interpuesto después de vencido el término que la ley concede para ello. Dicho término es de quince días para casos de esta naturaleza; la resolución se dictó el 6 de julio de 1912, y la apelación no se interpuso hasta el 26 de julio de 1912. Véase la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de Ex parte: In the matter of William J. Dante, 228 U. S., 429, sobre mandamus. Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. MacLeary,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Díaz, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de .Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 447.
    Resuelto en mayo 21, 1913.
    Homicidio Voluntario — Muerte de la Víctima — Declaración de los Médicos — • Prueba Directa. — De acuerdo con el artículo 206 del Código Penal, la decla-ración de los médicos que vieron el cuerpo de la víctima, que lo identificaron y que practicaron su autopsia, es mejor prueba para probar la muerte, que la certificación de defunción tomada del registro civil, no siendo aplicable en estos casos el artículo 320 del Código Civil.
    Id. — Prueba Impertinente — Palta de Objeción — Eliminación de la Misma.— Sin perjuicio. de la facultad discrecional de los tribunales para eliminar la prueba impertinente que se presente sin objeción alguna, no comete error la corte que deniega una moción de eliminación de dicha prueba fundada en razones que pudieron ser alegadas en oposición a la admisión de la misma.
    .Id. — Instrucciones al Jurado — Errores no Perjudiciales — La manifestación inadvertidamente hecha por la corte sentenciadora en sus instrucciones al jurado de que “algunos testigos” presenciaron la comisión del crimen, cuando en realidad solamente fué uno, no constituye error perjudicial al acusado, por-que dicha manifestación no ha podido influir en la mente cjM jurado que presenció las declaraciones de todos los testigos.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogados del Pueblo: Sres. Charles E. Foote, Fiscal, y Frank Martines, fiscal interino.'

    Abogado del apelante :• Sr. Herminio Días.

   El Juez Asociado Se. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el apelante fué procesado ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., a virtud de una acusación ' presentada por el Fiscal, en la que le imputaba la comisión de un delito de homicidio voluntario, alegando en la misma que el acusado allá para el día 9 de julio de 1911 en la jurisdic-ción de Naranjito, ilegal y voluntariamente, y con motivo de una riña acometió y agredió con un revólver a Roque Moure infiriéndole una herida en la región costal izquierda de la que falleció a las pocas horas. El día 17 de octubre de 1911 se dió lectura de la acusación al acusado, haciendo éste la ale-gación de no culpable y solicitando un juicio por jurado, el que tuvo lugar el día 14 de noviembre siguiente; y oídas las ale-gaciones de las partes, la prueba presentada, los informes orales de los abogados y las instrucciones de la corte, el ju-rado emitió su veredicto declarando al acusado Rafael Díaz culpable del delito de homicidio voluntario que se le había imputado en la acusación. El acusado presentó al efecto.una moción solicitando un nuevo juicio,-que fué denegada por la corte; y el día Io. de diciembre de 1911 la corte dictó sen-tencia condenando al acusado Rafael Díaz a sufrir la pena de seis años de presidio con trabajos forzados y pago de las costas procesales. Contra esta sentencia el acusado inter-puso el mismo día por medio de su abogado recurso de apela-ción para ante esta corte.

En los autos aparece una exposición del caso y un pliego-de excepciones, cuyos documentos fueron aprobados por el juez de la corte inferior, así como también un alegato escrito-presentado por el abogado del acusado. Cinco son los funda-mentos contenidos en el alegato del apelante por los cuales, se solicita la revocación de la sentencia contra él dictada por la corte sentenciadora. Los consideraremos por el orden en que lian sido expresados en el alegato del apelante.

El primer error que se alega fué cometido por la corte-sentenciadora, es como sigue:

La corte erró en el curso del juicio y en sus instrucciones al jurado, al interpretar el artículo 206 del Código Penal en el sentido de admitirle a la acusación que probase la muerte del interfecto con las declaraciones de dos facultativos sin demostrar antes que no existía la certificación de defunción del Registro Civil, e infringiendo así el artículo 320 del Código Civil.

El apelante sostiene que de acuerdo con el artículo 320 del Código Civil y el 206 del Código Penal, si puede solici-tarse la certificación de defunción del registro civil, ésta será la mejor y única prueba del hecho referente a la muerte, y que las declaraciones prestadas por los médicos, sin probarse antes que la inscripción de la certificación de defunción no aparece en el registro, constituye prueba secundaria y es inadmisible sin que se pruebe que no existe la primaria. Los artículos qpe han sido citados del Código Civil y del Código Penal son los siguientes:

“Artículo 320 (Código Civil). Las actas del registro serán la prueba del estado civil, la cual sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquéllas o hubiesen desaparecido los libros del registro, o cuando ante los tribunales se suscite una contienda.
“Artículo 206 (Código Penal). Ninguna persona podrá ser con-victa de asesinato u homicidio, a menos que la muerte de la persona que se alegare haber sido muerta, y el hecho de la muerte que se alegare haber sido causada por el acusado, resultaren probados como actos independientes; aquélla por medio de pruebas directas y éste de modo que no haya lugar a duda razonable.”

De conformidad con el artículo del Código Penal que lia sido citado, el hedió de que la muerte lia tenido lugar deberá probarse mediante prueba directa. Y siendo esto así, debemos-considerar si las declaraciones de los médicos que vieron e identificaron el cadáver del interfecto, y practicaron la autop-sia del mismo y determinaron la causa de la muerte, consti-tuyen o nó la prueba directa exigida por el estatuto. Enten-demos que tal prueba es la que la ley exige y además que es la mejor, la más satisfactoria y enteramente concluyente, in-dependientemente de cualquier certificación del registro civil o de alguna otra parte. Ya liemos resuelto este punto en los casos de El Pueblo v. Vega, 15 D. P. R., 339, y El Pueblo v. Rosado, 17 D. P. R., 441 y siguientes.

El artículo 206 de nuestro Código Penal citado anteriormente y al cual fiemos fiecfios rererencia, es idéntico en su redacción al 358 del Código Penal de Montana y al artículo 181 del Código de New York. Las resoluciones de las cortes de última instancia en los Estados de que se fia fiecfio men-ción al tratar de esta proposición están de acuerdo en que cuando el cadáver de la persona que se alega fia sido muerta aparece y queda identificado, esto constituye la mejor prueba, que puede presentarse para establecer el fiecfio de la muerte. State v. Calder, 23 Mont., 504; People v. Benham, 160 N. Y. App. R., 402, 425; Bines v. State, 68 L. R. A., 33.

■ Esta proposición está sostenida también por los trata-distas, como puede verse consultándose la obra de Wharton sobre Homicidio, artículo 579 y la del mismo autor sobre-prueba en casos criminales, artículos 324 y siguientes.

Somos enteramente de opinión que el artículo 206 del Código Penal es la ley que regula esta cuestión, siempre que se trate ele probar el hecho de la muerte de una persona que se alega ha sido asesinada, y no el artículo 320 del Código Civil; pero aun cuando resolviéramos que el último artículo es aplicable, tal certificación del registro no sería la única prueba para establecer el hecho de la muerte, puesto que éste podría probarse por cualquiera otra prueba adecuada.

El segundo error que se alega fué cometido por la corte sentenciadora es como sigue:

La corte erró al admitir como parte de la res gestae, las manifestaciones de los testigos de la acusación Monserrate Días, Ramón Rodrigues, y José María Figueroa, que decla-raron qite el interfecto les dijo como tres-cuartos de hora des-pués del momento en que se le hirió y en que fué trasladado desde el campo en que fué herido a su casa, y hallándose en ésta, que fué el acusado\ el que le infirió la herida, siendo de advertir que dicho acusado no estaba presente cuando se hicieron dichas manifestaciones.

Deberá observarse que la cuestión referente a si la corte •cometió o nó error al admitir las declaraciones de los testigos de referencia no es una cuestión que sea necesario considerar •en esta apelación, porque dicha prueba fué recibida sin obje-ción por parte del acusado en el momento de ser presentada. Es cierto que después de haber declarado los testigos acerca de los hechos mencionados por el apelante, se presentó una moción para eliminar de los autos aquella parte de sus decla-raciones que se consideró como prueba impertinente y que •dicha moción fué desestimada. La corte no cometió ningún error al proceder así puesto que el acusado tuvo oportunidad para formular sus objeciones a las preguntas que se hicieron a los testigos y a sus contestaciones a las mismas cuando se •ofrecieron sus declaraciones, y por iguales razones a las que se alegaron en apoyo de la moción, habiéndose formulado las objeciones fuera de tiempo en forma de moción para eliminar. El acusado no tiene derecho a permitir que se presente prueba y aceptar la misma sin hacer oposición y luego soli-citar la eliminación de dicha prueba de los autos por cual-quier razón que hubiera podido alegarse a su debido tiempo. Esto decimos sin perjuicio de que la corte en el ejercicio de su discreción pueda acordar la eliminación solicitada. Así lo hemos declarado frecuentemente. El Pueblo v. Massó, 18 D. P. R., 530; El Pueblo v. Zambrana, 18 D. P. R., 758.

El tercer error que se alega fué cometido por la corte sentenciadora en este caso es el siguiente:

La corle erró al hacer en las instrucciones al jurado apre-ciaciones sobre el valor de la evidencia introducida afirman-do categóricamente que el Fiscal había probado la muerte del interfecto y entrando además en otras consideraciones sobre dicha evidencia.

En el alegato del apelante no se determina de modo sufi-ciente en qué parte de las instrucciones hechas al jurado fué que ocurrió el error que se alega, y al examinar dichas instruc-ciones no hemos podido determinar cuál es la parte de las mismas que pudiera haber sido objeto de la impugnación que se ha hecho. Hemos examinado las instrucciones dadas por la corte al jurado y aunque en ellas se hicieron más conside-raciones que las que había necesidad de hacer y probable-mente contienen muchas cosas que pudieran ser omitidas, sin embargo no vemos en ellas absolutamente nada que sea perju-dicial a los derechos dél acusado o por lo menos algo de bastante importancia en que pueda fundarse la revocación de esta sentencia.

El cuarto error que ha sido alegado y que se dice fué cometido por la corte inferior es como sigue:

Erró la corte al instruir al jurado de que varios testigos de la acusación habían visto ¡al acusado realizar el hecho imputádole, siendo así que sólo un testigo del Fiscal hizo tales manifestaciones.

Aparece de la prueba según alega el apelante, que el único testigo que se encontraba presente; en la fecha en que se dice fué cometido el delito era José Antonio Moure y la corte come-tió error al expresar que algunos testigos de la acusación liabían declarado que el acusado fué quien disparó a Roque Moure, indicando con la frase “algunos testigos” que más de uno de éstos liabían declarado en cuanto a ese hecho. Sin embargo, esta manifestación fué simplemente una inadver-tencia por parte de la corte, la que no pudo razonablemente . haber influido en la mente del jurado acerca del número de testigos que habían declarado con respecto al hecho de refe-rencia. El jurado oyó todas las declaraciones de los testigos y sabía perfectamente lo mismo que la corte, que solamente uno de dichos testigos estaba presente cuando se hizo el dis-paro y no podemos presumir que los jurados admitan o con-sideren la manifestación errónea del juez de que “algunos testigos” habían declarado tal o cual cosa para indicar que más de un' testigo había declarado en cuanto a este punto. No creemos que esta manifestación inadvertida de la corte influyera en la mente de los jurados en perjuicio del acusado, y no siendo esencial dicho error no se considerará como sufi-ciente para fundar en él la revocación de la sentencia. El Pueblo v. Lassalle, 18 D. P. R., 421.

El quinto- error que se alega fué cometido por la corte inferior es como sigue:

El veredicto del jurado no está sostenido por la prueba.

Con respecto a este error, diremos solamente que la prueba contenida en los autos es enteramente suficiente para soste-ner el veredicto. La declaración de José Antonio Moure, testigo ocular de los hechos constitutivos del delito que se imputó al acusado, sirve'de base a la acusación en todas sus alegaciones • esenciales. Esto es suficiente para impedir la revocación de la sentencia. Por tanto, estamos obligados a declarar que no se ha cometido error esencial por la corte inferior en el juicio de esta causa, debiendo por consiguiente confirmarse la sentencia apelada en todas sus partes.

. Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    Sucs. de José Martínez, Apelante, v. Tomás Dávila y Ca.,
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a.
    No. 928.
    Resuelto en mayo 21, 1913.
    Enmiendas a las Alegaciones — Facultad Discrecional de los Tribunales:— Los tribunales de Puerto Rico tienen la facultad discrecional inherente reco-nocida además por el Código de Enjuiciamiento Civil, de permitir enmiendas a las alegaciones escritas de las partes.
    Id. — Circunstancias cjue Deben Tenerse en Cuenta. — La facultad discrecional que tienen los tribunales de permitir enmiendas a las alegaciones, debe ser ejercitada teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, con el fin de obtener los fines de la justicia.
    Id. — Abuso de la Facultad Discrecional. — Las resoluciones de las cortes infe-riores permitiendo enmendar las alegaciones únicamente son revocadas en ape-lación cuando se demuestra de una manera clara que se ha cometido abuso en el ejercicio de la misma, o que el tribunal ha excedido sus facultades discrecionales.
    Id. — Tiempo Oportuno para Resolver una Enmienda. — Guando una parte pide permiso para enmendar su demanda en el acto del comienzo del juicio, la corte debe resolver en un sentido u otro dicha petición y no pedir a la parte que retire su enmienda para que la presente más tarde si lo estima necesario.
    Id. — Error Fundamental — Denegación de una Enmienda. — Atendidas las cir-cunstancias de este caso, la corte sentenciadora cometió error fundamental al no permitir al demandante enmendar su demanda en el acto del juicio para añadir la alegación de que Tomás Dávila y Oa. se había hecho cargo del activo y pasivo de la anterior sociedad Tomás Dávila.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Bosch y Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. Cay. Goll Cuchí.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

Se entabló esta acción en cobro de $4,033.43, cuya cantidad se alegó que los demandados debían a los demandantes por mercancías que les vendieron y entregaron' estos últimos. La demanda original en este caso fue presentada en 20 de' mayo de 1911 en la Sección Ia. de la corte de Distrito de San ■Juan. El caso al parecer fué luego trasladado a la sección 2a. Los demandados contestaron la demanda en tiempo oportuno. Se dictó sentencia contra la cual se interpuso apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Eico, en donde la sen-tencia fue revocada, devolviéndose las actuaciones al tribunal sentenciador para que siguiera dicha corte conociendo del pleito. Enmendadas las alegaciones, el demandante final-mente, en 6 de junio de 1912 presentó su demanda enmendada, con cuyo documento comienza la transcripción que ha sido remitida a este tribunal. ,

No se ha presentado una relación de errores en debida forma como lo disponen las reglas números 42 y 43 de este tribunal, pero puede inferirse, sin embargo, de las alegaciones contenidas en el alegato de los apelantes, que dos son los errores que éstos alegan fueron cometidos por lá corte inferior, a saber: primero, que la corte sentenciadora cometió error al no conceder a los demandantes permiso para enmen-dar su demanda, dejando a la vez de aplicar los artículos 136, .137 y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil a los procedi-mientos de este caso; y segundo, que la corte sentenciadora interpretó erróneamente el artículo 138 del Código de Enjui-ciamiento declarando que era aplicable al presente caso.

El abogado del apelado hace mención nuevamente en su alegato de estos errores, que alega el apelante en la siguiente forma: primero, que la corte erró al no admitir la enmienda propuesta al principio del juicio y antes de la práctica de la prueba; segundo, que la corte erró al no admitir la enmienda propuesta después de la práctica de la prueba. El apelante no formuló objeción alguna a esta nueva exposición.

Después de estudiado cuidadosamente el .presente caso, resulta evidente que la única cuestión fundamental envuelta en el mismo es la de si debió o nó permitirse a la parte de-mandante que enmendara su demanda. Para resolver dicha cuestión es necesario expresar en qué consiste la enmienda, por qué se solicitaba, y por qué fue negada por la corte.

Sucesores de José Martínez, los apelantes en este pleito, según concisamente se ha indicado, presentaron una demanda en cobro de dinero en la corte de Distrito de San Juan, contra Tomás Dávila y Ca. Los demandados contestaron la demanda y la vista del pleito se señaló para el 23 de julio de 1912. En dicho día, llamado el pleito para la vista, las partes anunciaron que se encontraban listas para ehjnicio, se leyeron; las alegaciones y acto seguido la parte demandante solicitó, permiso para enmendar su demanda, añadiendo la siguiente alegación: “8. El demandado se hizo cargo;del activo, y palsivo de la casa extinguida, Tomás Dávila, engendradora de. las cuentas corrientes objeto de esta demanda.”,

Para mayor claridad debemos además consignar que en la demanda se había hecho constar que el demaiídado Tomás-Dávila y Ca. había comprado en distintas' ocasiones a la de-mandante, mercancías de su establecimiento situado en Sail Juan, y no había pagado su importe; así..como también qué-el dicho demandado había comprado a diferentes casas -de comercio de San Juan mercancías en las fechas y por- loé montantes expresados y tampoco había pagado su importe, y que las casas de comercio habían transferido a'favor.de la del mandante sus respectivos créditos. Los hechos se narran en la demanda con la debida amplitud.

Expuesto lo que antecede, sigamos considerando la cues-tión de la enmienda presentada. El abogado de:1a parte, des-mandada se opuso a que se concediera permiso'para presen--., tarla, y la corte entonces ordenó que ‘£ se retirará la enmiendáJ en aquel momento a reserva de presentarla-más-.tarde si fuera; necesario.” Se dió comienzo a la práctica!.de-la. prueba yr declaró el testigo Generoso Candina, reconociendo un extractó1 de la cuenta corriente existente entre Tóínás-''.Dávila y Cán-b dina, Castaños & Co., cuya cuenta arrojaba un saldo no satis-' fecho a favor de los últimos por $418.84. -Se ofreció entonce®; como prueba el extracto y la parte demandada se opuso entre.-otros motivos, porque la cuenta aparecía- sed cón Tomás Dá-vila y no con Tomás Dávila y Cá. .La corte-no;..admitió ésta-prueba, la parte demandante tomó excepción'.y,, acto seguido-reprodujo su petición de enmienda que le fué negada de nueVo; • Contra esa negátiva tomó también, excepción la parte de-mandante.

El testigo Jnan Miró, socio de la sociedad demandada, declaró entonces que: “Tomás Dávila-y Ca. se estableció sola y se 'hizo cargo del activo y pasivo de Tomás Dávila.” El abogado de la parte demandada pidió la eliminación de la contestación del teátigo y la corte lo acordó así. La parte demandante tomó excepción y volvió a solicitar permiso para enmendar su demanda en la forma ya indicada. La corte negó el permiso y la parte demandante tomó excepción.

■ Entonces el demandante ofreció como prueba la escritura otorgada en Manatí el 13 de mayo de 1911, ante notario pú-blico, sobre constitución de la sociedad Tomás Dávila y Ca. Dicha escritura consta transcrita íntegramente en la exposi-ción del caso y su cláusula 15a..dice lo siguiente: “Esta razón social se hace cargo del activo y pasivo de la anterior razón * Tomás Dávila.’ ” Se opuso la parte demandante y la corte xesolvió denegar la admisión del documento porque se trataba •de probar que la sociedad Tomás Dávila y Ca. era sucesora de Tomás Dávila y esto no había sido objeto de ninguna ale-gación en la demanda. El demandante tomó excepción.

A Juan Miró, quien según hemos dicho es socio de la compañía demandada, se le puso de manifiesto una circular suscrita por el testigo y el otro socio de la razón Tomás Dávila y Ca. El testigo reconoció el documento y admitió la autenticidad de sus firmas, la parte demandante ofreció en-tonces como prueba la circular, en la que se hacía constar que Tomás Dávila y Ca., se había hecho cargo del activo y pasivo de la casa Tomás Dávila que cesó desde entonces en las ope-raciones. La parte demandada se opuso y la corte negó la admisión del documento en cuestión. El demandante tomó excepción.

Entonces el demandante presentó como prueba la contes-tación del demandado Tomás Dávila y Ca. de fecha 13 de mayo de 1911, obrante en los autos de este pleito. Dicha con-testación se copia íntegra en la exposición del caso. El hecho 4o de la misma dice así: “La demandada hízose cargo del activo y pasivo del comerciante Tomás Dávila hoy gestor de la mercantil colectiva Tomás Dávila y Ca. ” El demandado se opuso y la corte negó la admisión del documento en cues-tión contra cuya resolución el demandante tomó excepción.

Declararon luego los siguientes testigos: Eudosio Cué-tara, Servando Picó, José Herrero, José María del Valle, Bo-nifacio Cerame, Francisco Ortega y Boque G-onzález. Todos ellos que son comerciantes de la ciudad de San Juan, recono-cieron las cuentas corrientes de sus casas respectivas con To-más Dávila, cuyos importes eran debidos aún, y los traspasos hechos de los saldos de dichas cuentas a favor de los deman-dantes Sucesores de José Martínez. Al ofrecerse como prueba los extractos de las cuentas corrientes así reconocidas, los demandados se opusieron por referirse a Tomás Dávila y no a Tomás Dávila y Ca., y la corte negó la admisión de los documentos, tomando excepción la parte demandante.

Después de las declaraciones de todos los testigos men-cionados, la parte demandante pidió de nuevo permiso para enmendar la demanda en el sentido que ya hemos indicado y con el fin de conformarla a la prueba. La parte demandada se opuso y la corte no admitió la enmienda, a cuya resolución el demandante tomó excepción.

La loarte demandante olió entonces por terminada su prueba y acto seguido la demandada presentó una moción de won suit que fué declarada con lugar, desestimando la. de-manda por los fundamentos de que toda la prueba presentada se había dirigido a demostrar que Tomás Dávila solamente era deudor de la demandante; que Tomás Dávila no figuraba para nada en el procedimiento y que la acción se había ini-ciado contra Tomás Dávila y Ca., persona enteramente dis-tinta de Tomás Dávila. Las costas se impusieron a la de-mandante. La sentencia fué debidamente registrada el día 24 de,julio de 1912, contra la cual se interpuso el presente recurso de apelación.

De lo anterior se verá que solamente una proposición legal ha sido presentada a nuestra consideración. Se refiere ésta a la facultad y deber de las cortes sentenciadoras en cuanto a las enmiendas que se hacen o tratan de hacerse por las partes en sus alegaciones antes o durante la celebración del juicio. Según consta de los autos en este pleito, la. demanda original había sido presentada haciéndose luego dos enmiendas suce-sivas a la misma con permiso de la corte, y que la que trata-ron de hacer los demandantes que fué denegada por la corte era una tercera enmienda, en la que se alegaba una cuestión muy esencial para fundar en ella la presentación de la prueba necesaria en apoyo de la sentencia. Los artículos del estatuto que se alegan fueron debidamente interpretados por la corte sentenciadora y que no se aplicaron en debida forma a los hechos de este caso, son los números 136, 137, 138 y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, contenidos en el capítulo 8 del Título VII de dicho código, qué trata de los varios errores y enmiendas, y comprende siete artículos, siendo el primero el 136 y el último el 142. Véanse las páginas 221, 222 y 223 del Código de Enjuiciamiento Civil. Podemos ahora expresar lo mismo que luego, que no hay duda alguna según la ley de que las cortes sentenciadoras tienen el derecho inherente de per-mitir que se enmiende una alegación contenida en los alegatos y que tal facultad les ha sido conferida por nuestro Código de Enjuiciamiento y.es puramente discrecional; desde luego que la discreción que ha de ejercitarse en tales casos es una discreción legal y no arbitraria, estando además sujeta a ser revisada en cualquier momento por la corte de apelación si se demuestra que ha habido abuso de la misma. Marine Ins. Co. v. Hodgson, 10 U. S. (6 Cranch), 217 y siguientes; Bullitt County v. Washer, 130 U. S., 145; L. N. A. & C. R. R. Co. v. Hubbard, 116 Ind., 193; Pierson v. McCahill, 22 Cal., 127; Glasscock v. Hamilton, 62 Tex., 143; Cooke v. Spears, 2 Cal., 409; Shepard v. McNiel, 38 Cal., 73; Wells, Fargo & Co. v. McCarthy, 5 Cal., 301 (90 Pac., 203); Burnett v. Milnes et al., 148 Ind., 230; Donnolly v. Pepper, 91 Conn., 363 (15 S. W. Rep., 879); Baskerville v. Gaar, Scott & Co., 15 S. Dak., 211 (88 N. W. Rep., 103); Benjamin v. Casey, 181 Mass., 542; Merchants’ Life Association of the United States v. Yoakum, 98 Fed. Rep., 251; Dublin v. T. B. & H. R. R. Co., 92 Tex., 535. La Corte Suprema de Puerto Rico ha tenido en consideración las resoluciones dictadas en las cortes de última instancia de los Estados de la Unión americana acerca de esta cuestión. Véase también el caso de Asilo de Damas v. Martinez, 8 D. P. R., 353; y el de Pérez Hermanos v. Oliver et al., 11 D. P. R., 397. Además esta discreción deberá ejer-citarse por la corte sentenciadora a su debido tiempo y jui-ciosamente, haciéndolo en bien de la justicia y de los derechos de todais las partes interesadas. En verdad que muy raras veces ha revocado una corte de apelación la acción tomada por la corte sentenciadora al conceder permiso a cualquiera de las partes para enmendar sus alegaciones, aunque pueden encontrarse, sin embargo, numerosos casos en que errores co-metidos en sentido contrario han sido corregidos.

Existe alguna confusión con respecto a la teoría en que basaba su solicitud de enmienda la parte demandante. Es claro que al principio hizo su petición seguramente para estar en condiciones de presentar prueba sobre los hechos expresa-dos en la enmienda. Luego formuló su petición para confor-mar sus alegaciones con su-prueba. Es evidente que éste no es un caso de enmienda para conformar las alegaciones con la prueba. Esta no fué admitida y por tanto no, existía prueba practicada alguna que demostrara la certeza de los hechos consignados en la demanda original o en alguna en-mienda propuesta. La prueba ofrecida y no admitida sólo puede examinarse para resolver sobre la justicia de la en-mienda. Antes de que se haga una enmienda para ajustarla a la prueba deberá haber prueba admitida a la cual la en-mienda ofrecida se ajustará. Tal cosa no ocurre en este caso. Si la enmienda ya hubiera sido hecha, toda la prueba ofrecida hubiera sido admisible y sin duda alguna se hubiera admi-tido sin ninguna dificultad.

También existe alguna confusión con respecto-a los fun-damentos que tuviera presente el juez sentenciador para ne-gar permiso al demandante para enmendar su demanda, pues a veces parece deducirse que la corte creyó que en el estado en que se encontraba el pleito no tenía facultades para decre-tar la enmienda, y otras veces que la corte, con conocimiento de sus facultades, resolvió, apreciando las circunstancias del caso, que debía negar como negó la enmienda solicitada. Pero de todos modos, analizando en su totalidad los lieclios acaecidos y las circunstancias concurrentes, se llega a la con-clusión de que la parte demandante en el acto de la celebra-ción del juicio y antes de comenzar la práctica de la prueba, solicitó que se le permitiera enmendar su demanda, adicio-nando la alegación de que la sociedad demandada se había hecho cargo del activo y pasivo de la casa extinguida Tomás Dávila, engendradora de las cuentas corrientes objeto de la demanda; y que la parte demandada se opuso; que la corte negó la enmienda, no en absoluto, sino ordenando a la parte que la había presentado que la retirara en aquel mo-mento, a reserva de presentarla más tarde si fuere necesario. Que más tarde la parte demandante en efecto, considerándolo necesario, insistió en que se le permitiera enmendar su de-manda en varias ocasiones, a medida que iba presentando a la consideración de la corte prueba consistente en declara-ciones de testigos, uno de ellos socio de la misma sociedad demandada, en una escritura notarial, en una circular de la parte demandada reconocida como auténtica por uno de sus socios, y en una contestación anterior obrante en el pleito, prueba toda tendente a demostrar la existencia real y posi-tiva del hecho consignado en la enmienda propuesta. Y final-mente solicitó el demandante que se le permitiera enmendar su demanda para conformarla a la prueba.

Las cortes de Puerto Rico así como las de los diferentes Estados de la Unión, de acuerdo con la ley, tienen amplias facultades para autorizar las debidas enmiendas a las alega-ciones. La concesión de dichas enmiendas descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, que deberá ejer-citarla de acuerdo con las circunstancias concurrentes en cada caso, y siempre con la mira de que se cumplan en cuanto sea posible los fines de la justicia. Y es doctrina bien estar blecida por todas las cortes americanas, que el tribunal de apelación sólo revocará una resolución de una corte senten-* ciadora en materia de enmiendas, cuando se demuestra sin lugar a dudas que dicha corte sentenciadora se negó a ejerci-tar su facultad discrecional o se extralimitó en el ejercicio de la misma. El fundamento en que descansa dicha jurispru-dencia es el de que la corte sentenciadora está'en mejores condiciones que el tribunal de apelación para apreciar la importancia de las circunstancias en general que concurren en el caso, y ejercitar su facultad de acuerdo con dichas circuns-tancias en bien de la justicia. Véanse los casos de Marine Insurance Co. v. Hodgson, 10 U. S. (6 Cranch), 217; Bullitt County v. Washer, 130 U. S., 145; Cooke v. Spears, 2 Cal., 409; Burnett v. Milnes et al., 148 Ind., 230; Donnelly v. Pepper, 91 Conn., 363; Benjamin v. Casey, 181 Mass., 542; Merchants’ Life Association of the United States v. Yoakum, 98 Fed. Rep., 251; Dublin v. T. B. & H. R. R. Co., 92 Tex., 535; Asilo de Damas v. Martínez 8 D. P. R., 353; Pérez Hermanos v. Oliver et al., 11 D. P. R., 397; Más et al. v. Borinquen Sugar Co., 18 D. P. R., 304.

A la luz de los anteriores principios- hemos estudiado cuidadosamente los hechos y las circunstancias de este caso ■ y llegado a la conclusión de que debe revocarse la sentencia apelada, por haberse cometido por la corte sentenciadora un error fundamental al negar a la parte demandante el permiso que solicitara para enmendar su demanda,.

En primer lugar, la corte sentenciadora. no ejercitó su discreción oportunamente. No debió haber ordenado a la-parte demandante que retirara la enmienda para que la presentara más tarde si fuera necesario. La práctica de la prueba estaba para comenzarse y la corte debió’ haber re-' suelto la cuestión en la afirmativa' o- en la negativa. “Las cortes no deben reservar sus decisiones con;•'■respecto a la-propiedad dé las enmiendas hasta el final del juicio.” 31 Cyc., 376; nota 86 y casos de Kenney v. Gas. Co., 126 App. Div. (N. Y.), 236.

Y en segundo lugar la enmienda era muy esencial para la parte demandante y la verdad de lo alegado en la misma s,e puso de manifiesto con tanta amplitud y certeza .al juez sentenciador, que éste quedó obligado a ejercitar su discre-ción en el sentido de autorizar la enmienda.

Es bien cierto' que la parte demandante pudo y debió haber propuesto don anterioridad la enmienda, pero su negli-gencia no puede estimarse como fatal en este caso. Aunque tarde, aun había'tiempo para concederla cuando solicitó el permiso. Se dirá que la parte demandada como se alegó por :sq abogado, pudo sufrir alguna sorpresa. ‘ Pero los autos de-muestran que la dicha parte demandada había admitido an-teriormente la existencia del hecho alegado en la enmienda propuesta, por la escritura de su constitución, por la circular que transmitió a sus relacionados en negocios, y por su anterior contestación; y además lo admitió en el juicio por medio de la declaración jurada de uno de sus socios. Siendo esto así no cabe suponer sorpresa. Pero si la. corte hubiera estimado que la parte demandada necesitaba algún tiempo más para preparar su defensa, pudo haber suspendido el juicio con im-posición de las costas del mismo a la parte demandante, y esta imposición de costas hubiera sido la justa pena que pudo haberse impuesto a la demandante por su falta de diligencia. 'La pena que se le impuso o sea la de obligarla a perder su ■acción al no permitírsele alegar ni probar que la demandada ■•se había hecho cargo del activo y pasivo del primitivo deudor, no está autorizada por los debidos principios de ley, y no puede por consiguiente ser sostenida por este tribunal.

Por las razones expresadas la sentencia apelada debe revo-cárse y devolverse el caso a la corte inferior para que con-tinúe tramitándolo de acuerdo con los principios legales enun-ciados en esta opinión.

Revocada con instrucciones de que continúe el proce-dimiento de acuerdo con los principios enunciados en la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Bao, Apelado, v. Irizarry et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 959.
    Resuelto en mayo 22, 1913.
    Partes — Muerte de uno de los Demandados — Procedimientos en la Corte Municipal. — Cuando en una acción iniciada en una corte municipal contra dos deudores solidarios muere uno de ellos, y apelada la sentencia ante la corte de distrito se celebra un juicio de nuevo y se dicta sentencia de acuerdo con las alegaciones y las pruebas, no puede discutirse en la apelación de la sentencia de la corte de distrito, la corrección de los procedimientos habidos en la corte municipal con motivo del fallecimiento de uno de los demandados, cuando, como en el caso de autos, ocurre que los herederos del difunto no son parte en la apelación y que la sentencia de la corte de distrito fué dictada únicamente contra la parte superviviente.
    Pagarés — Deudores Solidarios — Firma de uno de los Deudores. — La manifes-tación de uno de los deudores solidarios de un pagaré reconociendo como legí-tima su firma, pero diciendo que la había puesto sin darse cuenta de la obli-gación que contraía, no es suficiente por sí sola para destruir la eficacia de dicho pagaré.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de Tnliclania Cancel: Sr. Mcmuel F. Rossy.

    Ahogado del apelado: Sr. José Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Bao presentó una demanda en la Corte Municipal de Utnado contra los esposos Herminio Irizarry y Tulidania Cancel, alegando:

“I. Que el día doce de junio del corriente año los demandados otorgaron a favor del demandante un pagaré que copiado a la letra dice así:
“ ‘Pagaremos el día doce de diciembre del corriente año a la orden de Don Manuel Bao, la suma de quinientos dollars valor recibido de' dicho Sr. Bao a nuestra entera satisfacción y para garantizar el1, buen cumplimiento obligamos nuestros bienes, y especialmente las ca-sas de nuestra propiedad números once y trece de la calle General Maceo de esta ciudad. Declaramos solemnemente que no pesa ningún gravamen sobre dichos bienes, y que nos .comprometemos a no gra-varlos por ningún concepto mientras no hayamos satisfecho total-mente el importe de la presente obligación, estando ambos y cada una por separado obligados a cumplir este compromiso. Y jpara que así conste, firmamos el presente en TJtuado a doce de junio de mil nove-cientos ocho. Firmado. Herminio Irizarry. Tulidania Cancel. Testigo: José Blanco, (testigo) Macario Zapater.’
“II. Que requeridos por el demandante en el día de hoy los demandados para que hicieran efectiva la obligación trans-crita, por estar ya vencida, dichos demandados han contestado' que no pagaban porque no tenían recursos para hacerlo.”

Los demandados contestaron negando en general la de-manda y alegando como materia nueva de oposición:

“1. Que sólo el demandado Herminio Irizarry adeuda al-guna cantidad de dinero al demandante, cuya cantidad no' llega a los quinientos pesos.
“2. Que el pagaré a que se refiere la demanda fué un docu-mento que firmaron los demandados y especialmente la de-mandada Doña Tulidania Cancel, por error, pues ni el de-mandado Irizarry debe a Bao quinientos pesos, ni la deman-dada Doña Tulidania le debe un sólo centavo, pues nunca recibió ningún dinero del demandante.
“3. El gravamen especial que se hace ón ese documento a que sé refiere la demanda, sobre las casas once y trece de la calle del General Maceo de Utuado, es otro error pues tanto el demandante como los demandados saben que esas dos casas, pertenecen en legítima propiedad a Don Francisco Cancel,, quien las gobierna y administra como su verdadero dueño.
■ “4. Los testigos José Blanco y Macario Zapater que apa-recen firmando el pagaré a que se refiere la demanda, no firmaron dicho documento én presencia de los demandados.”

Ambas partes de común acuerdo solicitaron y obtuvieron el traslado del pleito a la Corte Municipal de San Juan, y mientras el pleito se encontraba pendiente en la corte municipal, falleció el demandado Irizarry. Con tal motivo tuvie-ron lugar algunos procedimientos cuya corrección no nos co-rresponde investigar en este recurso. Finalmente la corte-municipal, el 21 de septiembre de 1911, dictó senteneiá decla-rando con lugar la demanda únicamente en contra de la de-mandada Tulidania Cancel, a quien condenó a pagar al de-mandante la suma de quinientos pesos reclamada y las costas.

Contra esa sentencia de la corte municipal interpuso la demandada Tulidania Cancel apelación para ante la Corte de Distrito de San Juan. En la corte de distrito se celebró el juicio de nuevo y, tomándose en consideración las alegaciones y las pruebas, se dictó sentencia el 23 de septiembre de 1912 condenando a la demandada Tulidania Cancel a pagar al de-mandante los quinientos pesos reclamados y las costas. En la misma sentencia se bizo constar que los herederos de Iri-zarry no figuraban como partes en el litigio. Contra la sen-tencia de la corte de distrito apeló Tulidania Cancel para ante este Tribunal Supremo.

La.parte apélante pretende que esta Corte Suprema in-vestigue los procedimientos que tuvieron lugar -en la corte municipal con motivo de la muerte del demandado Irizarry. Ya hemos dicho que no nos corresponde investigar la correc-ción de dichos procedimientos. Los herederos de Irizarry no son parte en este recurso, ni la sentencia apelada contiene pronunciamiento alguno en contra de ellos. La parte de-mandante de hecho abandonó su pleito en contra de los here-deros de Irizarry, y lo continuó únicamente en contra de la demandada Tulidania Cancel. Esta apeló de la sentencia y obtuvo la completa revisión del caso en la corte de distrito. La sentencia de la corte de distrito se basó en las alegaciones y en las pruebas ante ella practicadas, y si esas alegaciones y esas pruebas son suficiente para sostener su sentencia, dicha sentencia no puede revocarse por esta Corte Suprema, por errores de procedimiento que pudieran haberse cometido en la corte municipal.

Aclarado este punto, veamos si las alegaciones y las prue-bas son o nó suficientes para sostener la sentencia apelada.

En la demanda se alega la existencia de la obligación y la falta de cumplimiento de la misma.

La acción se ejercitó por el acreedor en un principio contra las dos personas que según los términos del documento in-cluido en la demanda se había constituido en deudores soli-darios para con el demandante y luego continuó contra uno • sólo de dichos deudores solidarios, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en el artículo lili del Código Civil revisado, a saber: ,

£í Artículo lili. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los’ demás, mientras no resulte co-brada la deuda por completo.”

La prueba del demandante consistió en las declaraciones de la demandada Tulidania Cancel y del demandante Manuel Bao y en la presentación del pagaré original copiado en la demanda. La prueba de la demandada consistió en la presen-tación de una escritura notarial otorgada el 10. de diciembre de 1908 referente a la venta al parecer de las mismas casas a que se refiere el pagaré.

Al declarar la demandada reconoció como legítima la firma suya que aparece al pie del pagaré, diciendo que la había puesto sin darse cuenta de la obligación que contraía. Tal manifestación no es suficiente para destruir la eficacia del documento y si se tiene en cuenta además la declaración del demandante que explica detalladamente los términos de la transacción, es necesario concluir que la corte sentenciadora no cometió error alguno al declarar probados los ñecbos ale-gados en la demanda.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Truyol, Apelado, v. El Municipio de Guayama, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    No. 925.
    Resuelto en mayo 22, 1913.
    Ordenanzas Municipales — Injunction—Nulidad de las Mismas — Jurisdicción de las Cortes de Distrito. — Las cortes de distrito tienen jurisdicción para resolver sobre la validez o nulidad de las ordenanzas municipales y para con-ceder un injunction con el fin de impedir la ejeeueión de dichas ordenanzas. La opinión de este tribunal en el caso de la Liga de Propietarios v. La Cmdad de San Juan, 14 D. P. R., 86, sostiene esta doctrina.
    Id. — Reglamentación de la Venta de Carnes — Facultades del Concejo Municipal. — Un concejo municipal no tiene facultades para imponer a los abaste-cedores de carne para el consumo público, por medio de una ordenanza municipal, la obligación de aceptar y pagar como servidores suyos personas nom-bradas por el alcalde, a quienes los abastecedores no pueden separar de su servicio cuando no convengan a sus intereses.
    Id. — Acción de Nulidad de las Mismas — Injunction—Prescripción.—Cuando en una acción sobre nulidad de una ordenanza municipal se solicita un injunction como remedio subsidiario, la defensa de prescripción debe ser alegada en oposición a la demanda original y nó a la concesión del injunction.

    Id. — Prescripción—Acción de Nulidad de las Mismas. — El término de prescrip-ción de 30 días establecido en la segunda parte del artículo 93 de la ley municipal de marzo 8, 1906, no se refiere a la acción de nulidad de una ordenanza municipal fundada en que ocasiona perjuicios a individuos particulares.
    Id. — Injunction Provisional — Recurso Adecuado en Ley. — El ejercicio de una acción para anular una ordenanza municipal no impide al demandante soli-citar un injunction provisional para impedir que se ponga en vigor dicha ordenanza.
    Id. — Injunction—Funciones Legislativas del Concejo Municipal. — Puede de-cretarse un injunction contra un concejo municipal para impedir que se qjonga en vigor una ordenanza municipal, cuya nulidad es objeto del pleito.

      Id. — Injunction Contra un Concejo Municipal — Alcalde.—No constituye error el decretar un injunction preliminar contra un alealde en una acción de nulidad de ordenanza municipal dirigida contra un concejo municipal y pedido en una solicitud de injunction dirigida contra el mismo concejo municipal, pues el alealde es el ejecutor de los acuerdos de las corporaciones municipales y su representante en juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José C. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. Celestino Domínguez Rubio.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en la Corte de Distrito de Guayama una demanda de Miguel Truyol Borges en la que interesaba que se declarase la nulidad de ciertas secciones de unas ordenanzas municipales votadas por el concejo municipal de dicha ciu-dad, presentó al mismo tiempo una solicitud de injunction para que las secciones atacadas como nulas quedaran sin ejecutarse mientras por la corte se resolvía la demanda original. La expresada corte, después de haber oído a las par-tes, decretó el injunction provisional, cuya resolución ha mo-tivado el presente recurso de apelación, interpuesto por la corporación municipal de Guayama.

La demanda principal alega sustancialmente que la corpo-ración demandada es dueña de un mercado público denomi-nado “Plaza del Mercado” en la que existen puestos para la venta al público de carnes, pescados, etc.; que el demandante tiene, entre otros negocios, el de dedicarse a la matanza y venta de ganado vacuno destinando su carne al consumo pú-blico, lo que verifica en los puestos de esa plaza mediante el pago de un alquiler por el puesto; que allá por el mes de febrero de 1911 la corporación demandada, por medio de su concejo municipal, votó una ordenanza, por cuyas secciones Ia. a la 7a., se exige a las personas que desempeñen puestos en el matadero municipal y en las mesas de expender carnes una licencia que otorgará el alcalde, siempre que las solicitudes de los interesados vayan acompañadas de una certificación de buena salud extendida por el oficial de sanidad y de dos firmas ■de reconocidas personas que acrediten la capacidad necesaria jpara desempeñar el cargo que soliciten, licencias que durarán trienta días y podrán ser revocadas por razones convenientes, •.siendo castigada la infracción a la tal ordenanza; que en 28 de septiembre de 1911 fné votada otra ordenanza aprobada por ■el alcalde, en la que figuran las secciones 7, 32 y 40 que dispo-nen que todo el personal que deba emplearse en las labores de matanza y expendio de carnes será nombrado por el alcalde con arreglo a la anterior citada ordenanza y que si por cual-quier causa imprevista se viese de momento impedido el inspector de utilizar los servicios de un empleado, podrá llevar a cabo las labores de momento con cualquier otra persona ■con condiciones para ello,’ así como que el alcalde procederá .a clasificar el personal que fia de dedicarse a las labores de matanza y expendio de carnes; que como consecuencia de ■esas ordenanzas, cada vez que el demandante presenta alguna •cabeza de ganado vacuno para su sacrificio y dedicación a la venta pública de la carne muerta, el alcalde de la corporación ■demandada nombra al empleado que fia de vender la carne ■que pertenece al demandante, a quien éste tiene que pagarle por sus servicios; que con fecba 12 de septiembre de 1912 pidió al concejo de la corporación demandada la derogación ■de esas secciones, lo que le fue negado, según contestación que .se le dió en 8 de octubre.

La solicitud de injunction hace referencia a la anterior ■demanda haciéndola parte de la misma, y alega además, que ■aunque paga el empleado nombrado por el alcalde, a que. se hace referencia, no puede removerlo en caso de que no atienda & los intereses del demandante; que mientras subsista la orde-nanza no podrá dedicarse al negocio de matanza y venta de carnes aunque tiene ganado que ha comprado y pone en con-diciones de matanza, sin que pueda dedicarlo a otros negocios; que recibe múltiples perjuicios, no teniendo otro remedio para proteger sus intereses durante la sustanciación del liti-gio principal que el de obtener el injunction que restrinja la vigencia de la ordenanza mientras dure el mismo; y des-pues de agregar que la corporación municipal no obtiene be-neficio alguno con esta ordenanza, pues las personas así nom-bradas por el alcalde no son empleados según el presupuesto,, ni tampoco de aquellos que la ley determina expresamente que deben existir en los municipios,-y de hacer algunas conside-raciones sobre el asunto, concluyó con la súplica de que el injunction fuese decretado.

El primer motivo -de error alegado contra la resolución apelada es que la Corte de Distrito de G-uayama no tiene juris-dicción por la materia para conocer del caso original del cual el injunction es incidente.

La asignación de este error ha sido motivada por la interpretación errónea que la parte apelante ha hecho de la opinión de esta Corte Suprema en el caso de la Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D. P. R., 86, pues entiende queentonces se dijo que las cortes de distrito no tenían jurisdic-ción para declarar la nulidad de ordenanzas votadas por Ios-ayuntamientos, siendo así que lo que en aquel cascr se resolvió fue que las cortes carecían de tal jurisdicción cuando no había una real y verdadera cuestión entre las partes.

En ese caso se dijo:

“La corte de distrito no podía considerar la cuestión abstracta, de la legalidad o constitucionalidad de la ordenanza municipal en un caso seguido para anular dicha ordenanza. # * >x-
“En California se ha declarado que para conseguir que un tribunal dicte una resolución con respecto a una cuestión que envuelve la constitucionalidad de una ley, la controversia debe ser un pleito real y verdadero entre las partes y entablado de buena fe, en el debido curso del litigo, y no meramente para gratificar la curiosidad de los abogados o de una parte que- procurara que se estableciera en su contra por personas que no tuvieran interés alguno en el asunto * * *.
“De acuerdo con las autoridades que hemos citado, opinamos que es claro qne la corte de distrito no era competente para conocer de este caso, puesto que no puede seguirse un pleito con el fin directo de anular un estatuto sin demostrar que exista independientemente de aquella abstracta cuestión, una causa bona fide entre las partes.”1

Por el contrario es tan claro que las cortes de distrito tienen jurisdicción para resolver sobre la validez o nulidad de las ordenanzas municipales, que no necesitamos repetir abora lo que ba dicbo este tribunal en otros casos. Véase el caso antes citado y el de Saldaña v. El Concejo Municipal de San Juan, 15 D. P. R., 37.

Podemos considerar conjuntamente el segundo y tercer motivos de error, pues ambos están íntimamente ligados; Ellos son, que erró la corte inferior al no sostener la excepción de que la demanda principal sobre nulidad y la solicitud incidental de injunction, no aducían becbos que determinasen una causa de acción por cuanto el concejo municipal tenía facultad para reglamentar la venta de carnes. El citado concejo no sé limitó a reglamentarla, sino que quitó a los - abastecedores la facultad de nombrar sus empleados y los obliga a aceptar necesariamente los que nombrase el alcalde, privándoles del derecho de contratar libremente con los empleados que paga y de poder separarlos de su servicio cuando no convenga a sus intereses.

El mercado es público y todos los habitantes de la muñir cipalidad tienen derecho a usar de él, mientras cumplan con las ordenanzas referentes al mismo, siempre que éstas seáh legales, pero no vemos que la corporación municipal demah-dada tenga derecho a imponer a los abastecedores de carné para el consumo público, la obligación de aceptar y pagar, como servidores suyos, personas sobre las cuales no tienep ninguna autoridad.

En bien de la comunidad hay el derecho' de exigir que- las personas que intervienen en la matanza de: resés y en la venta-de las carnes reúnan las condiciones de salubridad que exige la sanidad, pero esto no autoriza a que el alcalde las nombre quitando ese derecho al abastecedor, por cuyo motivo no sob sostenibles los errores examinados. ' i . í . ■

El cuarto error versa sobre la prescripción de la acción. Con respecto a este motivo, que también fué alegado en el caso citado de Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, recordaremos lo que entonces dijo esta Corte Suprema y que es de aplicación al presente caso:

' “* * * Suponiendo que esta objección fuera buena, nunca podría hacerse en oposición a la concesión de un injunction, sino que debe ser alegada en oposición a las peticiones formuladas en la demanda original. El injunction concedido en este caso es una medida de carácter subsidiario y solamente temporal y si la alegación de prescripción fuera en definitiva declarada con lugar, el injunction caería juntamente con la demañda que le diera origin. * * * ’ ’

Pero examinemos el estatuto en que los demandados basan su alegación de que la causa de acción, si es que ha habido alguna, ha quedado prescrita y no puede prosperar.

La sección de la ley municipal que se cita como fundamento de esa alegación se encuentra en el tomo de leyes de 1906, página 134 y dice así:

" lección 93. — Cualquier persona residente dentro de los límites de íun municipio que se crea lesionada por cualquier acuerdo o resolución «o por cualquier acto de un concejo municipal o de un funcionario municipal, podrá impugnar dicho acuerdo, resolución o acto, mediante el ejercicio de una acción ante un tribunal de justicia de jurisdicción competente. Del propio modo podrá interponerse por cualquier persona residente en el municipio una acción judicial contra cualquier acuerdo o resolución de un concejo municipal que lesione los intereses generales del municipio, siempre que la demanda se establezca en el término de treinta días, a contar de la fecha en que el acuerdo o reso-lución sean publicados.”

El presente caso está comprendido dentro de la primera clase porque se refiere a perjuicios ocasionados a individuos particulares y por consiguiente no está prescrita la acción.

En el quinto error se queja el apelante de que se concediera él injunction provisional, cuando el apelado tenía un recurso en ley, como lo demuestra el hecho de interponer la demanda original y porque resistiendo la ordenanza que ataca, al ser denunciado por su infracción podía plantear la cuestión de la nulidad de la misma.

Si el alcalde es el que nombra a los tablajeros, no vemos cómo el demandante podía resistir las disposiciones de la ordenanza en otra forma que como lo bizo, esto es, acudiendo a los tribunales para que declarasen su nulidad.

Quizás pudo la parte demandante prescindir de su de-manda original y pedir un injunction perpetuo, pero esto no cambia la naturaleza del caso. El demandante ejercita su derecho de pedir que se declare nula cierta ordenanza, y como medida provisional únicamente, se ba decretado la sus-pensión de la vigencia de la misma.

En cuanto a que no existan daños irreparables, la solicitud de injunction alegó que los sufría el peticionario porque tenía ganado comprado, que pone en condiciones de matanza y sin que pueda dedicarlo a otros negocios, extremos no contra-dichos por el demandado.

En cuanto al sexto motivo de error fundado en que se ba impedido la ejecución de un acto legislativo, diremos que efectivamente el injunction no puede decretarse para impe-dir que el concejo municipal ejecute sus funciones legisla-tivas, para que legisle, pero después de decretada una orde-nanza, puede impedirse su cumplimiento por ser nula al violar algún derecho.

‘‘Las cortes de equidad no impedirán a los concejos municipales <(ue decreten ordenanzas o resoluciones; pero después que las mismas han sido aprobadas, dichas corles podrán impedir que se pongan en vigor si se les presenta un caso en debida forma, y suspender procedi-mientos que se ejerciten con arreglo a las mismas, los que de no adop-tarse esta medida podrían causar un perjuicio irreparable. Mock v. City of Santa Rosa, 126 Cal., 332.
“Es elemental que no procede ninguna acción para impedir la mera aprobación de una ordenanza de una corporación municipal.
“La mera votación o aprobación de la ordenanza en cuestión no puede por sí causar perjuicio alguno al demandante. Habrá luego tiempo suficiente para impugnarla si dicha ordenanza es objeto de impugnación, cuando se tomen medidas y se inicie la cuestión de poner dicha ordenanza en vigor. Harrison v. City of New Orleans, 33 La. Ann., 223-224.”

Tampoco tiene, razón el apelante en sil séptimo funda-mento de error, porque si bien la petición de injunction con-tiene algún becho por información y creencia, tal como el de los abusos que cometen con las carnes de los abastecedores los empleados que ellos no nombran, ni pueden separar del cargo, hay otros que no son de esa naturaleza y que son los esenciales para el decreto de injunction. Nosotros en la rela-ción de beclios consignada al principio hemos relatado sola-mente éstos y prescindimos de aquéllos.

El último motivo del recurso es que el injunction se decretó contra el alcalde sin estar él ante la corte. Es cierto que la demanda original está dirigida contra la corporación municipal al igual que la solicitud de injunction y la orden para exponer razones para que éste, no se decretara, pero como el alcalde es el ejecutor de los acuerdos de las corporaciones municipales, y su representante en juicio, estaba ante la corte y como- tal representante y ejecutor de los acuerdos fué que ordenó la corte que una vez prestada la fianza exigida al demandante, se le comunicara la prohibición decretada, en lo que no hubo error.

Por las razones expuestas la resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sresi Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    Rivera, Apelada, v. Díaz, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 869.
    Resuelto en mayo 23, 1913.
    Non Suit (Mociones de Sobreseimiento) — Prueba del Demandado — Benun-cia. — Las mociones ele sobreseimiento son dirigidas a la consideración de la corte y cuando un demandado quiere sostener su objeción a la evidencia del demandante, debe sostener la cuestión sobre ese punto no presentando la suya, porque de hacerlo se entiende que es un abandono de su moción y no será revisable en apelación si la evidencia que ha presentado el demandado suple los defectos que pudiera tener la prueba del demandante.
    Pruebas — Objeciones—Besolución.—Todas las cuestiones sobre admisibilidad de la evidencia deben ser resueltas durante el juicio y antes d.el fallo, pero ello no es de gran importancia cuando el caso sea juzgado sin un jurado, porque si la evidencia realmente es impertinente, la corte está en condiciones de sus-traerse a la impresión causada por ella.
    Id. — Acción de Beconocimiento de Hijos Naturales — Belaciones Carnales de la Madre con Otros Hombres. — En pleitos sobre reconocimiento de hijos naturales, la evidencia de que la demandante tuvo relaciones carnales con otros hombres en la época en que el niño pudo ser concebido, es pertinente si se ofrece para demostrar las relaciones carnales con esos hombres en la época de la concepción, y comete error fundamental la corte que elimina dichas declaraciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados y defensor ad litem de la demandante men 01/ Josefa Rivera representando a sn hijo menor Ramón Ri/era: 8r. C. Domínguez y Rubio.

    Abogados del apelante: Sres. López de Tord y Canales.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La presente apelación trata sobre nn caso de filiación en el qne Josefa Rivera como madre del menor Ramón Rivera solicitó de la Corte de Distrito de Gruayama qne declarase qne dicho niño Ramón Rivera es hijo natural reconocido de Josefa Rivera con Ramón Pastor Díaz Molinaris, qne tiene derecho a llevar sn apellido y a los demás pronunciamientos legales consecuencia de esa declaración, así como qne el de-mandado pague las costas con inclusión de honorarios de abogado. Negada esa demanda y celebrado el juicio corres-pondiente, dicha corte de distrito dictó sentencia con fecha 12 de enero de 1912 declarando con lugar la demanda y en sn consecuencia, qne el menor Ramón Rivera es el hijo natural de la demandante con el demandado Pastor Díaz Moli-naris, siendo éste su padre ilegítinlo y aquél su hijo natural reconocido, con derecho a llevar, su apellido y a percibir la cuota hereditaria que en su día pueda corresponderle, con todos los demás derechos que el Código Civil vigente le reco-noce; dispuso que firme la sentencia se inscribiera en el Re-gistro Civil de Salinas, y condenó al demandado además a pagar las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abo-gado. Contra esta sentencia interpuso el demandado el pre-sente recurso de apelación.

. El apelante solicita la revocación de la sentencia, fun-dado en los cinco errores que sostiene ha cometido la corte inferior, a saber:

Primero: Al declarar sin lugar la moción de sobresei-miento que al terminarse la prueba de la demandante pre-sentó eJ demandado, fundándose en insuficiencia de dicha prueba.

Segundo: Al resolver, después del juicio, en el cuerpo-mismo de la sentencia, cuestiones de evidencia relativas a eliminación de ciertas declaraciones.

Tercero: Al declarar, después del juicio en opinión que dictó para resolver el caso, que era inadmisible toda evidencia con respecto a actos carnales realizados por la demandante con otros individuos en la fecha probable de la concepción.

Cuarto: Al permitirle a la demandante, contra las reite-radas objeciones del demandado, que practicase prueba ten-dente a contrariar las manifestaciones hechas por la misma demandante en un documento público otorgado ante notario y ofrecido y admitido como prueba del demandado.

Quinto: Al declarar como un hecho probado que el menor Ramón Rivera es el hijo natural de la demandante con el demandado Ramón Pastor Díaz Molinaris, siendo éste su padre ilegítimo y aquél su hijo natural reconocido.

La demanda alega sustancialmente que allá por el año 1906, el demandado Pastor Díaz llevó a la demandante Josefa Rivera a vivir consigo en una casa de su propiedad donde la tenía bajo el mismo techo y donde hacía vida marital con ella como si fuera su esposa: que mientras vivieron en concubi-nato, concibió Josefa Rivera y en 26 de noviembre de 1908 dió a luz un niño que'se llamó Ramón, quien es el hijo de ella eo'n Ramón Pastor Díaz Molinaris, el que no se ocultaba de hacer con él los actos de padre para hijo, y a quien sostenía en sus necesidades al igual que a la madre; que durante la-concepción y el nacimiento no existía entre los padres ningún impedimento legal que imposibilitase la legítima unión de ellos, y que poco tiempo después de nacido dicho niño, el demandado abandonó a la demandante.

Con respecto al primer motivo del recurso, diremos que efectivamente al terminar la parte demandante la presenta-ción de toda su evidencia, el demandado solicitó de la corte que por no ser suficiente para sostener las alegaciones de la parte demandante, se dictara sentencia de sobreseimiento (■non-suit). La corte desestimó esa moción, el demandado tomó excepción de esa resolución y entonces presentó su evi-dencia.

Las mociones de sobreseimientos son dirigidas a la consideración de la corte, Delucca et al. v. Delucca et al., 15 D. P. R., 387, y cuando un' demandado quiere sostener su objeción, a la evidencia del demandante, debe sostener la cuestión sobre ese punto no presentando la suya, porque de hacerlo se entiende que es un abandono de su moción y no será revisable en ape-lación si la evidencia que ha presentado el demandado suple los defectos que pudiera tener la prueba del demandante. 38 Cyc., 1560, 1562; Elmore v. Elmore, 114 Cal., 521; Lowe v. San Francisco, etc., Ry. Co., 154 Cal., 576.

Por tanto, para considerar ese primer motivo de error en apelación, sería necesario examinar la evidencia del de-mandado para ver si con ella ha suplido los defectos que pueda tener la del demandante; y como esto equivale a una revi-sión de toda la evidencia, sin considerarla, no podemos exa-minar el primer motivo del recurso, lo que haremos si tene-mos, que llegar hasta el quinto de los errores alegados y con-siderar toda la presentada en este caso para ver si sostiene o nó la sentencia condenatoria.

En cuanto al segundo motivo de error, aparece que des-pués que declararon los testigos Juan Ortiz y Juan Santiago, presentados por el demandado, y luego que éste había con-cluido la presentación de toda su evidencia, la parte deman-dante hizo constar que la misma oposición que había hecho cuando declaró el testigo Juan Ortiz, la reproducía en lo que respecta a la declaración de Juan Santiago, de no ser ellas pertinentes a la cuestión controvertida, moción que la corte desestimó por entonces, y que luego en la opinión que redactó para fundamentar su sentencia, resuelve acceder a ella y eli-minar esas declaraciones.

Toda cuestión de evidencia debe ser resuelta durante el juicio, 1 Wigmore 62, Sec. 19; y en el caso de Asbury v. Hicklin, 181 Mo., 658, 81 S. W., 390, la corte dijo: “La práctica de reservarse la resolución de una objeción hasta el fallo del asunto, es errónea.” Y en el de Carpentier v. Small, 35 Cal., 346, se dice: “Si la corte dicta una resolución durante el juicio, la parte a cuyo favor fue dic-tada tiene derecho a que el caso sea decidido de acuerdo con ella.” No cabe duda de que todas las cuestiones sobre admi-sibilidad de la evidencia deben ser resueltas durante el juicio 'y antes del fallo, pero ello no es de gran importancia cuando el caso sea juzgado sin un jurado, porque si la evidencia realmente es impertinente, la corte está en condiciones de 'sustraerse a la impresión causada por ella. Por consiguiente, ■el error que hubo en este caso por ese motivo, no era sustan-cialmente perjudicial para el apelante.

■■ El tercer motivo de error es el que se refiere a que des-pués del juicio- y en opinión dictada para resolver el caso, se declararon inadmisibles declaraciones tendentes a probar actos carnales- realizados por la demandante con otros indi-viduos, en la fecha probable de la concepción.

En la opinión redactada por el juez de la corte inferior para fundamentar su sentencia condenatoria, se resuelve eli-íninar las declaraciones de Juan Ortiz y Juan Santiago, tes-tigos presentados por el demandado, porque en esta acción dé filiación la cuestión a resolver es si el menor Ramón es hijo del demandado y no debe irse más allá de lo alegado, permitiendo evidencia tendente a justificar si tal niño pudo ser de otro padre, .que para nada figuraba en las alegaciones del litigio.

En verdad, esas declaraciones no- debieron ser eliminadas, porque en pleitos sobre reconocimiento de lujos, la evidencia de que la demandante tuvo relaciones carnales con otros hombres en la época en que el niño pudo ser concebido, es per-tinente si se ofrece para demostrar las relaciones sexuales con esos hombres en la época de la concepción, 5 Cyc., 660, y cuya teoría se halla consignada también en Wigmore, vol. 1, pág. 195, see. 133, y en innumerables casos resueltos por las cortes, entre ellos los de Bell v. State, 124 Ala., 94; Allred v. State (Ala.), 44 So. R., 60; Short v. State, 4 Harr. (Del.), 568; Smith v. Yaryan, 69 Ind., 445; 35 Am. Rep., 232.

Al eliminar esas dos declaraciones cometió el juez de la corte inferior un error fundamental que pudo influir en la apreciación de las pruebas, toda vez que las consideró bajo la idea equivocada de que no eran admisibles ni podía tenerlas en cuenta para resolver el caso.

Como en atención a ese error de la corte inferior hemos de conceder un nuevo juicio, en el que tal vez se aporten otras pruebas, no creemos que debamos hacer un estudio de la exis-tente ahora para determinar si ella es tan vigorosa y convin-cente como es necesario en esta clase de acciones, según declaró esta Corte Suprema en el caso de Negueruela v. Somohano, 16 D. P. R., 693, en el que se aceptó esa misma doctrina consignada en las sentencias del Tribunal Supremo de España.

La sentencia apelada debe ser revocada y concederse un nuevo juicio.

Revocada la sentencia y se ordena la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en Ir reso-lución de este caso.

PebsbNtada moción de reconsideración por la parte deman-dante fué declarada sin lugar en junio 25, 1913.


text:
    Monroig, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a.
    No. 144.
    Resuelto en mayo 23, 1913.
    Cancelación de Censo. — Para que pueda cancelarse por la Iglesia Católica de Puerto Rico un censo que figura inscrito en el registro de la propiedad a favor de la Real Hacienda, no basta sólo afirmar en general, sino que es necesario demostrar en particular que dicho censo pasó del dominio de la Hacienda al dominio de la Iglesia.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Frank Antonscmti.

    El Registrador, Don José A. Benedicto, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En 27 de diciembre de 1911 comparecieron Monseñor William A. Jones, Obispo de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Puerto Rico, y Valentín Monroig, ante notario pú-blico, y el primero canceló cierto censo que el segundo Labia reconocido a favor de la Real Encienda por escritura pública dé diez de mayo, de 1910. En la escritura de cancelación se describe debidamente la finca gravada con el censo, se con-signan los Lechos relativos al pleito iniciado por la Iglesia contra El Pueblo, terminado por transacción aprobada final-mente por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por Reso-lución Conjunta de 16 de septiembre de 1908, leyes de 1909, páginas 107-129, y se afirma que el censo que se cancela' pasó de El Pueblo a la Iglesia a virtud del diqho pleito.

La escritura de cancelación se presentó en el registro de la propiedad, acompañada de nna certificación qne dice así:

“El Tesorero de Puerto Eico, que suscribe, certifica: Que por sentencia dictada en 15 de diciembre de 1906, el Tribunal Supremo de esta Isla adjudicó a la Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico, entre otros censos pro-cedentes del extinguido Convento de Santo Domingo, uno, cuyo asiento al folio 44 del registro de bienes de regulares que obra en el archivo de este departamento, es como sigue:
“ ‘Registro del 1872. No. 39. Deudora, Enriqueta Buen viuda de Santiago Rapp. Hato Tejas, Término Municipal de Bayamón. $300 moneda de Puerto Rico. ’
“Que dicho censo fue de los transferidos a la mencionada Iglesia Católica en esta Isla, por acuerdo de la ‘Comisión para el arreglo de ciertos pleitos entre la Iglesia Católica, el Grobierno de los Estados Unidos y El Pueblo. de Puerto Rico,’ siendo, en esa fecha, censatario • del mismo, don Antonio de los Santos, su valor $180 y sus réditos anuales de $8.55 moneda americana.
“Ya petición de Don P. Antonsanti, como abogado de la Central Juanita Incorporated, libro la presente en San Juan de Puerto Rico a quince de agosto de mil novecientos doce. ■
“[Sellos de ReNtas.] B. R. Dix,
Tesorero de Piherto Rico.”

Y el registrador denegó la cancelación por medio de la siguiente nota:

“Denegada la cancelación a que se refiere el precedente documento, porque del registro consta que el censo que, en cuanto a sesenta y nueve cuerdas se cancela, está reconocido a favor de la Real Hacienda, sin que en el mismo registro se exprese que dicho censo proceda de las extinguidas comunidades religiosas, y porque de la certificación del Tesorero, fecha 15 de agosto de 1912, que se ha acompañado, no> puede determinarse que el censo a que dicha certificación se contrae,, sea el mismo que aparece del registro, y que se cancela en la escritura respecto a la indicada parcela, extendiéndose en su lugar * * *. San Juan, P. R., abril 28 de 1913. (Firmado) José Benedicto.”

Contra la negativa del registrador interpuso Valentín Mon-roig el presente recurso gubernativo en el que ban presen-tado sus alegatos escritos tanto el apelante como el registra-dor de la propiedad.

Explicando su nota, el registrador se expresa en estos términos:

“El infrascrito entiende que en el caso que motiva el recurso no es necesaria la transmisión por escritura pública del censo de que se trata, en armonía con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Hipotecaria; pero estima que es ab-solutamente preciso probar que el censo que se cancela está comprendido entre los que ban sido transferidos a la Iglesia, y esa demostración no resulta de los documentos que fueron presentados.
“En el registro aparece un censo de 300 pesos recono-cido a favor de la Real Hacienda, sin que en el mismo regis-tro conste que tal derecho se derive de las suprimidas ór-denes regulares. El Reverendo Obispo de Puerto Rico mani-fiesta en la escritura fecba 27 de diciembre de 1911, que la Iglesia Católica que representa es dueña de un censo por ciento ochenta dólares sobre la finca que en dicho documento se describe,- en virtud de la transacción celebrada con El Pueblo de Puerto Rico, y cancela el referido censo, mediante pago que de su importe e intereses ha hecho Don Valentín Monroig, solicitándose la cancelación en este registro, acom-pañándose al efecto una certificación del Tesorero de Puerto Rico, en la que no se describe ni especifica predio alguno.
“Con tales elementos; se imponía la negativa de inscrip-ción, porque apareciendo del registro el censo a favor de la Real Hacienda, sin expresarse que tuviera carácter eclesiás-tico, y no justificándose que la Iglesia sea causa-habiente de, la Real Hacienda en ese derecho real, resulta que está pres-tando el consentimiento para la cancelación una entidad dis-tinta de la que aparece dueña del derecho, y debe negarse la cancelación con arreglo al artículo 82 de la Ley Hipotecaria. ’ ’

Lo expuesto por el registrador es suficiente para sostener la nota recurrida, debiendo, en tal virtud, declararse sin lugar el recurso interpuesto.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.