text:
    Díaz v. Guerra.
    ApblaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 819.
    Resuelto en octubre 18, 1912.
    Servidumbre de Luces y Vistas — Acción Coneesoria de Servidumbre. — La ac-ción eonfesoria de servidumbre es la que compete’ al que tiene una servidumbre constituida en su favor contra el que la impide. Pertenece a la clase de las reales y exige que el actor pruebe la posesión en que apoya su dereelio.
    Id. — Constitución de la Servidumbre de Luces y Vistas — Prescripción— Contrato. — Es indudable que bajo las leyes que rigieron en esta isla con anterioridad al Código Civil Español, bajo el Código Civil Español, y bajo el Código Civil Kevisado, la prescripción y el contrato eran y son medios propios para adquirir una servidumbre de luces y vistas.

      Id. — Servidumbres Negativas Continuas y Aparentes — Principio de la Prescripción Adquisitiva de la Servidumbre. — En las servidumbres nega-tivas continuas y ap-arentes, como es la que pretende tener el demandante, el tiempo de posesión como base para adquirir la servidumbre, por prescripción, se cuenta desde el día en que el dueño del predio dominante hubiere prohi-bido por un acto formal al del predio sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre.
    Td. — Acción Gonpesoria de Servidumbre — Insuficiencia de la Demanda-— r Techos Constitutivos de la Adquisición. — De acuerdo con la doctrina sentada en el párrafo anterior, el hecho de que el dueño de un solar fabrique a dos o más metros de distancia de sus lados y abra en las paredes de su casa ventanas con vistas rectas hacia los solares contiguos, no es suficiente por sí solo para adquirir por prescripción servidumbre de luces y vistas sobre dichos solares contiguos, y una. demanda en la cual se alegan esos hechos como fundamento de la acción confesor i a de servidumbre, as insuficiente.
    Id. — Adquisición de la Servidumbre-por Convenio — Actos Constitutivos del Convenio. — El que el propietario de los solares en que están ubicadas las casas del -demandante y del demandado en el caso de autos, estuviera con-forme en que el demandante construyera su casa a dos metros o más de dis-tancia de la línea divisoria de ambos solares y en que abriera en la pared ventanas con vistas rectas, no puede implicar en manera alguna que el dicho propietario conviniera en imponer a su otro solar una servidumbre de luces y vistas en favor de la casa del demandante.
    Id. — Acción Negatoria de Servidumbre — Elementos Constitutivos de la AceróN — "Prueba de la Existencia del Gravamen — Dueíío de la Finca Gravada. — La acción negatoria de servidumbre únicamente puede ser ejer-citada por el dueño de la finca cuya libertad se pretende o por el que posea esta finca como suya. Dicha acción pertenece a la clase de las acciones reales e incumbe probar la servidumbre al demandado, porque toda propiedad so supone libre mientras no Se pruebe la existencia del gravamen.
    Id. — Oasa del Demandante Construída Sobre Solar del Municipio. — De acuerdo con la doctrina consignada en el párrafo anterior, el dueño de una casa cons-truida sobre un solar del municipio, a quien no se ha hecho parte en el pleito, no tiene derecho a ejercitar la acción negatoria de servidumbre de vistas y luces.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado del apelado: Sr. Miguel Guerra.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La primitiva demanda en este caso se presentó a la Corte de Distrito de San Juan. El demandado estableció contra ella las excepciones de indebida acumulación de acciones y falta de acción, y la corte declaró con lugar la última y con-cedió al demandante diez días para enmendar sn demanda.

La demanda enmendada fné archivada el 18 de septiem-bre de 1911 y en 29 del mismo mes el secretario de la corte de distrito a petición del demandante anotó la rebeldía del demandado. El demandante el 2 de octubre de 1911 solicitó oralmente de la corte que dictara sentencia en rebeldía contra el demandado, y la corte, el 24 de octubre de 1911, resol-vió por los fundamentos de.su resolución de 2 de septiembre de 1911, que la demanda no establecía buenas causas de acción y negó la solicitud del demandante.

El demandante volvió a pedir a la corte que dictara sen-tencia en rebeldía y la corte, en 29 de noviembre de 1911, se negó a enmendar o corregir su resolución de 24 de octubre. Por último, con fecha 25 de enero, 1912, se dictó y registró la sentencia que copiada en lo pertinente dice así:

“Esta corte lia estudiado cuidadosamente la demanda presentada en este caso, y por las razones consignadas en las resoluciones de dos de septiembre y 29 de noviembre de 1911, que se hacen partes de esta decisión, la corte dicta ahora su sentencia declarando sin lugar la demanda interpuesta, con las costas al promovente. ’ ’

Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación.

En la demanda enmendada se ejercitan tres acciones, a saber: La confesorio, de servidumbre, la negatoria de servi-dumbre y la de daños y perjuicios.

Para fundar la primera, se alegan, en resumen, los si-guientes hechos:

Que el demandante, desde antes del año 1899, es dueño de una casa que se describe debidamente.

Que el pleno dominio del solar en que está edificada la-casa; pertenece al Municipio de Eío Piedras; pero el deman-dante tiene sobre dicho solar, desde antes de 1899, el derecho de usufructo por título de concesión otorgado por el Munici-pio de Eío Piedras.

Que el demandado es dueño de otra casa, que también se describe debidamente.

Que la casa del demandado está edificada sobre un solar que es propiedad del Municipio de Río Piedras y sobre el cual el dicho demandado tiene el derecho de usufructo. Los solares en que están sitas las casas del demandante y del demandado colindan entre sí.

Que el Municipio de Río Piedras dió al predecesor del demandante el solar en que está, construida su casa sin limi-tación, ni gravamen, ni servidumbre de ninguna clase, con la única condición de que el dicho predecesor del demandante debía construir como construyó antes del año de 1879 la casa.

Que dicha casa fue construida en la forma que tiene actual-mente de acuerdo con el Municipio de Río Piedras, abrién-dose en ella desde entonces tres ventanas dando vistas rec-tas al solar en que se halla enclavada la casa del demandado, solar que estaba aún en aquella época en posesión de su dueño, el Municipio de Río Piedras.

Que la pared de la casa del demandante en la que están abiertas las referidas ventanas dista del solar contiguo (donde está la casa del demandado), más de dos metros.

Que las ordenanzas y costumbres del Municipio de Río Piedras vigentes en la fecha en que la casa fué construida, permitían levantar paredes con ventanas a la expresada dis-tancia de dos metros.

Que cuando el Municipio de Río Piedras cedió al deman-dado o a su predecesor el solar de que se ha hecho mérito, ya estaban en la casa del demandante, en su lado Oeste que es el que colinda con dicho solar, los signos aparentes de las predichas ventanas.

Que desde antes de 1879 la casa del demandante vino dis-frutando de las vistas que le proporcionaban sus ventanas, hasta 1899 en que el demandado construyó la casa de que se ha hecho mérito en el solar mencionado.

Que el demandante por sí y por su antecesor en título, había adquirido antes de 1899 sobre el repetido solar del Municipio de Río Piedras en que está la casa del demandado “la servidumbre de vistas por las tres ventanas referidas, por título de prescripción,” y venía “disfrutando dichas, vistas, de buena fe, con derecho a ellas, por acuerdo con el Municipio de Eío Piedras, y no por fuerza ni por ruego a los dueños o usufructuarios del predio sirviente.”

‘ ‘ Que la pared lateral del lado Este de la casa del deman-dado, construida como queda dicho en el año 1899, se halla levantada en la misma línea divisoria de ambos solares, del demandante y del demandado; y dicha pared, en una longitud de más de seis metros, paralela al costado Oeste de la casa del demandante, y con una altura de más de seis metros, se halla construida o levantada a una distancia menor de tres metros de la pared desde donde están las referidas ventanas, huecos o vistas de la casa del demandante.

‘ ‘ Que el demandado y sus predecesores en título, al adqui-rir su inmueble, sabían que la casa contigua era de la pro-piedad del demandante, y además: que el demandado o sus antecesores en título, al construir su casa en el año 1899, tu-vieron conocimiento de la existencia de la referida servidum-bre y que dicho gravamen y servidumbre, pesando sobre el predio del demandado tiene para el predio dominante un valor de más de mil dollars.”

Para fundar la segunda acción ejercitada, o sea la negci-toria de servidimbre, el demandante reprodujo los mismos hechos expuestos y alegó además:

“Que la pared, de mampostería que es el costado Este de la casa del demandado, se halla levantada en la misma línea divisoria que separa a ambos solares del demandante y del demandado.

“Que en dicha pared el demandado tiene abiertas dos ven-tanas dando vistas rectas al solar del demandante, siendo de .menos de un metro la distancia que media entre el solar del demandante y la línea exterior de la pared en que están construidas dichas ventanas.

“Que tal gravamen o servidumbre se está usufructuando por el demandado contra la voluntad del demandante; y tiene un valor de más de mil dollars.

“Que el demandado, al adquirir del Municipio de Río Pie-dras el usufructo del solar referido, lo adquirió sin derecho alguno a tener servidumbres ni a abrir ventanas en paredes situadas a menos de dos metros del solar del demandante.”

Y por último, para fundar la acción de daños y perjuicios el demandante reprodujo también todos los hechos estable-cidos y alegó además:

Que por culpa del demandado y de su causante se ha vis-to privado de su servidumbre de vistas de que se ha hecho mérito y ha sido perjudicado por tal motivo en la suma de mil dollars, y

“Que contra su voluntad y por culpa, y en beneficio del demandado, ha venido sufriendo la servidumbre de vistas que el demandado tiene establecida desde 1899, ascendiendo los daños y perjuicios a la suma de mil dollars.”

La demanda termina suplicando a la corte “que se sirva dictar su sentencia, en este pleito, declarando que la ley y los hechos están a favor del demandante Acisclo Díaz Val-cárcel y en contra del demandado Arturo Guerra Mondragón:

“Declarando con lugar la acción confesoria de servidum-bre y en su consecuencia, disponiendo que la casa del deman-dante tiene derecho de servidumbre de vistas, por las tres ventanas de su costado Oeste, sobre el descrito solar del de-mandado, y por tanto, condenando a éste a demoler la pared Este de su descrita casa, retirándola a una distancia de más de tres metros de la línea exterior de la pared en que se hallan las ventanas del demandante;

“Declarando, en otro caso, con lugar la acción negatoria de servidumbre y en su' consecuencia que el solar del deman-dante se halla libre de toda servidumbre a favor del solar del demandado, y por tanto, condenando a éste a tapiar los dos huecos o ventanas construidas en la pared Este de su des-crita casa con vistas al solar del demandante;

“Condenando al demandado a pagar al demandante la suma de dos mil dollars por los daños y perjuicios alegados •en la tercera cansa de acción; e imponiendo al demandado las costas de este pleito.”

Veamos si la demanda adnce o nó hechos suficientes para ■determinar las cansas de acción en la misma ejercitadas, o •alguna de ellas por lo menos. Comenzaremos por la pri-mera o sea por la acción confesorio, de servidumbre.

Dicha acción “es la qne compete al qne tiene nna servi-dumbre constituida en su favor contra el que la impide, para que el juez declare corresponderle ésta al actor, y condene al demandado a que no le perturbe en la quieta y pacífica posesión en que se halla, dando caución de no hacerlo en adelante, y restituyendo los frutos e intereses percibidos. Esta acción pertenece a la clase de las reales y exige que el actor pruebe la posesión en que apoya su derecho.” (1 Escriche, 184.)

El demandante alega que su casa se fabricó desde antes de 1879 con sus tres ventanas abiertas con vistas rectas sobre el solar en que, en el año de 1899, se construyó la casa del demandado; que la pared en que se abrieron las ventanas está a más de dos metros de la línea divisoria de ambos sola-res, y que la construcción de su casa en tal forma se hizo de acuerdo con el Municipio de Río Piedras, propietario de los dos solares.

De estos hechos hace derivar el demandante su derecho, adquirido según él, ya por prescripción, bien por convenio con el propietario del predio sirviente.

Es indudable que bajo las leyes que rigieron en esta isla con anterioridad al Código Civil Español, bajo el Código Civil Español y bajo el Código Civil Revisado, ambos medios, prescripción y contrato, eran y son propios para adquirir una servidumbre de luces y vistas.

La cuestión a estudiar y a resolver es si los hechos ale-gados demuestran en este caso la existencia de la prescrip-ción o del convenio.

El hecho de que el dueño de un solar fabrique a dos o más metros de distancia de sus lados y abra en las paredes, de sn casa ventanas con vistas rectas hacia los solares con-tiguos, no es suficiente por sí solo para adquirir por prescrip-ción servidumbres de luces y vistas sobre dichos solares con-tiguos.

Tal hecho demuestra solamente que para abrir dichas, ventanas con vistas rectas, el dueño de la casa cumplió con los requisitos que la ley exigía antes y exige ahora. Los dere-chos de los propietarios de los solares colindantes, en nada, quedan perjudicados.

Si se hubiera alegado en la demanda, por ejemplo, que al ir a levantar su casa el demandado en la misma línea de su colindancia con el demandante, o a cierta distancia de la misma, el demandante, alegando que tenía un derecho de servidumbre de luces y vistas, se había opuesto a ello for-malmente, y el demandado había desistido de su obra, y que desde la fecha de tal oposición formal hasta la en que se había comenzado por el demandado la nueva construcción, había transcurrido el término que la ley señala para adqui-rir por prescripción la servidumbre, entonces sería de apli-car el artículo 592 del Código Civil Revisado, exactamente igual al 585 del Código Civil Español, que invoca el deman-dante; porque en las servidumbres negativas continuas y aparentes, como es la que pretende tener el demandante, el tiempo de posesión como base para adquirir por prescrip-ción se cuenta desde el día en que el dueño del predio domi-nante hubiere prohibido por un acto formal al del predio sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servi-dumbre.

La doctrina que hemos expuesto está basada en lo pres-crito en los artículos 540, 544, 545, 589, y 592 del Código. Civil Revisado, iguales a los artículos 533, 537, 538, 582, y 585 del Código Civil Español; en el derecho histórico, y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de España, estable-cida entre otras muchas, en las sentencias de 6 de marzo de 1875, 31 Jurisprudencia Civil, 469; de 31 de mayo de 1890, 87 Jurisprudencia Civil, 714, y de 8 de febrero de 1899, 86 Jurisprudencia Civil, 213.

En cnanto al convenio, diremos que las palabras emplea-das en la demanda no son en manera alguna suficientes para determinar un título a favor del demandante. El que el propietario de los solares en que están ubicadas las casas del demandante y del demandado, estuviera conforme en que el demandante construyera su casa a dos metros o más de distancia de la línea divisoria de-ambos solares y en que abriera en la pared ventanas con vistas rectas, no puede implicar en manera alguna que el dicho propietario con-viniera en imponer a su otro solar .una servidumbre de luces y vistas en favor de la casa del demandante.

Procedamos ahora a examinar la demanda en lo que se refiere a la segunda acción ejercitada, o sea a la negatoria de servidumbre.

Dicha acción, dice Escriche, “es la que tiene a su favor el que niega deber su heredad o posesión servidumbre a otra, y pide la declare el juez libre, y que condene al reo a que desista del uso de la servidumbre; prestando caución de no molestar al actor en adelante, y debiendo resarcir los daños causados. Esta acción pertenece a la clase de las acciones reales, e incumbe probar la servidumbre al deman-dado, porque toda propiedad se supone libre, mientras no s,e pruebe la existencia del gravamen; pero no puede ejercitar la acción negatoria mas que el dueño de la finca cuya libertad se pretende.” (1 Escriche, 188.)

Si bien en los hechos establecidos en la demanda con res-pecto a esta causa de acción se alega que la pared del costado-Este de la casa del demandado “se haílla levantada en la mis-ma línea divisoria que separa a ambos solares, del deman-dante y del demandado,” y en la súplica se pide que se declare ‘ ‘ con lugar la acción negatoria de servidumbre, y en su consecuencia, que el solar del demandante se halla libre de toda servidumbre a favor del solar del demandado,” etc., todo lo qne parece indicar qne el demandante alega qne es dneño del solar en donde está sn casa, de los demás hechos reproducidos para sostener dicha cansa de acción se con-cluye que el demandante no es dneño del solar, y que el ver-dadero dueño no sólo del solar en qne está la casa del deman-dante, si qne también del solar en que está la casa del deman-dado, es el Municipio de Río Piedras, qne no figura como parte en este pleito, ni como demandante, ni como deman-dado.

Apareciendo, pues, de la demanda misma, que el deman-dante no es el dneño de la finca cuya libertad pretende, ni la posee como dneño, es bien claro qne no tiene acción para pedir la declaración de tal libertad.

“La acción negatoria de servidumbre únicamente' puede ser ejercitada por el dueño de la finca cuya libertad se pre-tende o por el qne posea esta finca como suya.” (Senten-cias del Tribunal Supremo de España de 24 de enero de 1867; 15 Jurisprudencia Civil, 63, y de 19 de marzo de 1872; 25 Jurisprudencia Civil, 363.)

Falta sólo examinar la última de las tres acciones ejerci-tadas, o sea la de daños y perjuicios.

Tampoco aduce la demanda hechos suficientes para deter-' minarla, ya que, basándose dicha acción enteramente en la existencia de las dos primeras, no exponiéndose en la de-manda hechos suficientes para fundamentar dichas dos pri-meras acciones, es necesario concluir que tampoco se expo-nen para fundamentar la última.

En tal virtud el recurso interpuesto debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Figueroa.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 470.
    Resuelto en octubre 21, 1912.
    Derecho Penal — Instrucciones al Jurado — Asesinato en' Segundo Grado.— En un caso de asesinato en segundo grado, puede el tribunal, cuando los hechos del caso lo justifiquen, instruir al jurado en el sentido de que al presentar su veredicto debe de apreciar el caso como de asesinato en segundo grado u homicidio voluntario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Jesús Tizol.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó la acusación contra el acusado por el delito de asesinato en segundo grado y'fué declarado culpable de homicidio voluntario. Contra la sentencia con-denatoria que fné dictada el día 15 de mayo de 1912, el acu-sado interpuso recurso de apelación para ante este tribunal, habiendo sido remitidos los autos a esta corte el día 9 de agosto siguiente. Ningún abogado compareció en represen-tación de dicho acusado ante este tribunal y no existe en los autos ningún pliego de excepciones o exposición del caso, con-teniendo solamente las transcripciones que en el mismo apa-recen y una copia de las instrucciones dadas por la corte al jurado, así como de la acusación, del veredicto y de la sentencia; cuyos documentos que forman .los autos de este -caso han sido debidamente considerados. Después que la corte dió sus instrucciones al jurado, preguntó a cada una de las partes si deseaban someter instrucciones por escrito al jurado. Y no habiéndose presentado ninguna, el caso fué sometido a la consideración del jurado, por virtud de las instrucciones de la corte. Según estas instrucciones, el ju-rado está limitado, al considerar su veredicto, a apreciar el caso como de asesinato en segundo grado u homicidio volun-tario. Esta limitación está sostenida por los hechos, y las instrucciones que han sido amplias y explícitas son tan fa-vorables al acusado como él probablemente podría esperarlo. Examinando debidamente todos los autos, resulta que no se-ha cometido ningún error esencial por la corte sentenciadora. Siendo este el caso, debe confirmarse la sentencia en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Mollfulleda v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 129.
    Resuelto en octubre 22, 1912.
    Recursos Gubernativos — Desestimación del Recurso — Término para Inter-ponerlo. — De acuerdo con la sección 3 de la ley sobre recursos contra resolu-ciones de los registradores de la propiedad aprobada en marzo 1, 1902, todo recurso gubernativo debe ser interpuesto dentro del término de veinte días, contado a partir de la fecha de la notificación de la negativa, y por tanto procede la desestimación del presente recurso por haberse interpuesto fuera de ese término.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La nota denegatoria contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo, tiene fecha 5 de agosto de 1912 y fué notificada al presentante del documento el 7 de septiembre de 1912. El escrito interponiendo el recurso es de fecha 5 de octubre de 1912 y fué archivado en la Secre-taría de esta Suprema Corte el 21 de octubre actual.

En tal virtud, y visto lo dispuesto en la sección 3 de la ley sobre recursos contra resoluciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1, 1902, y lo resuelto en repetidos casos por este tribunal, procede la desestimar ción del recurso por haberse establecido fuera del término de 20 días fijado por la ley.

Desestimado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez PresideNte Sk. Hernández,

text:
    Villanueva et al. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo.
    No. 121.
    Resuelto en octubre 23, 1912.
    ■Otorgante Imposibilitado de Firmar — Firma de una Tercera Persona a Ruego de un Otorgante. — De acuerdo con la sección 14 de la Ley Notarial de marzo 8, 1906, que es una reproducción del artículo 53 del Reglamento Notarial de octubre 29, 1873, cuando alguno de los otorgantes de un docu-mento no supiera o no pudiera firmar, lo expresará así el notario, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo de su puño en antefirma, que lo hace por sí, como testigo y a nombre del otorgante que no sabe o no puede veri-ficarlo.
    Id: — Firma a Nombre de un Otorgante por un Tercero que no es Testigo -del Documento. — De acuerdo con la doctrina expuesta en el párrafo anterior, un documento en el cual firma a nombre de los otorgantes, por no saber firmar, una tercera persona que no es uno de los testigos instrumentales, carece de eficacia legal alguna, y dicho documento adolece de un defecto insubsanable que impide su inscripción en el registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los recurrentes: Sres. Manuel Paz Urdas y Feliz Santoni.

   El Juez PresideNte Sk. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada con fecha 27 de julio del año 1904 en el pueblo de diales, ante el Notario Don Francisco Prado Morales y testigos instrumentales, Don Salvador Ledesma y Don Ramón Montijo, Doña Eusebia Gonzá-lez Ríos vendió a Don José Villanueva Bonilla una finca rús-tica de 6 cuerdas de terreno, según se describe en la mencio-nada escritura, y en ese mismo documento el comprador con asistencia de su esposa Doña Petronila Otero Miranda, reco-noció a favor de Don Juan Montes Núñez nn crédito hipo-tecario que sobre la finca pesaba, habiendo firmado el docu-mento de que se trata, Doña Eusebia González y Don Juan Montes en unión de los testigos instrumentales Ledesma y Monti jo y por Don José Villanueva y Doña Petronila Otero, lo hizo Don Pedro Hernández, que no consta fuera testigo, como tampoco su vecindad.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Arecibo la mencionada escritura para su inscripción, el registrador la denegó pór medio de nota que textualmente dice así:

. “Denegada la inscripción de este documento por aparecer fir-mando a ruego de los otorgantes Don José Villanueva Bonilla y Doña Petronila Otero Miranda, por ignorar ambos el arte de escribir, Don Pedro Hernández, lo que implica nulidad del contrato, por cuanto ha debido hacerlo uno de los testigos instrumentales, firmando por sí como tal y a ruego de dichos otorgantes por no saber, según lo dis-pone el artículo 27 de la Ley Notarial, concordante con el 53 de su Reglamento, vigentes en la fecha del otorgamiento de dicho docu-mento; y por ese defecto insubsanable se tomó anotación preventiva por término de ciento veinte días en cumplimiento de lo dispuesto en la sección 7a. de la ley de 1°. de marzo de 1902, al folio 129 del tomo 18 de Ciales, finca número 1004, anotación letra B, Arecibo 7, junio, 1912. A. Malaret, Registrador sustituto.”

Dicha nota está sometida a nuestra consideración me-diante recurso gubernativo que contra ella han interpuesto José Villanueva Bonilla y Petronila Otero.

La cuestión envuelta en el presente caso ha sido ya deci-dida al resolver en 11 de noviembre de 1908 el recurso guber-nativo de Rodríguez v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, 14 D. P. R., 738.

En el caso de Rodríguez v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, establecimos que no habiéndose dado cumpli-miento a la sección 14 de la Ley Notarial aprobada en 8 de marzo de 1906, preceptiva de que si los otorgantes o alguno-de ellos no supiere o no pudiere firmar, lo expresará así el notario, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo de sn puño en antefirma, que lo hace por sí como testigo y a nombre del otorgante que no sepa o no pueda verificarlo, carecía de eficacia legal la firma que a nombre de Don Eze---quiel Rodríguez Justiniano puso en el documento Don Adolfo* Grana y Yélez que no era testigo de su otorgamiento y por.-tanto tal documento adolecía de un defecto insubsanable que; impedía su inscripción en el registro.

Ciertamente que dicho documento fué otorgado en 30 de enero del año de 1908 cuando ya regía la Ley Notarial apro-bada en 8 de marzo de 1906, mientras que la escritura de que hoy se trata fué otorgada en 27 de' julio de 1904 y debe regu-larse por tanto, por la Ley Notarial y Reglamento de 29 de octubre de 1873 que entonces regían.

Pero es que la sección 14 de la Ley Notarial de 8 de marzo de 1906 es una reproducción de preceptos que contenía el artículo 53 del reglamento de 29 de octubre de 1873. La doctrina establecida en el. caso resuelto en 11 de noviembre de 1908, es aplicable al presente, sin que tengamos que modi-ficarla por no haber razón alguna que nos impela a ello.

Por las razones expuestas, procede la confirmación de la nota recurrida, de 7 de junio de 1912.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf„ del Toro y Aldrey.


author: En Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    El Pueblo v. Ortiz et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.,
    No. 485.
    Resuelto en octubre 24, 1912.
    Habeas Corpus — Asesinato en Primer Grabo — Motivos Razonables para la Detención de una Persona — Premeditación y Deliberación. — Para que exista el delito de asesinato en primer grado basta, de acuerdo con nuestros-estatutos, entre otros casos, con que voluntaria, deliberada y premeditada-mente se baya causado una muerte ilegal, y todos estos requisitos aparecen de la prueba practicada en el caso de autos. La deliberación y premedita-ción dependen de las circunstancias del caso, y el heebo de apuntar y dis-parar un arma do fuego contra una persona y matarla, es bastante i>ara que exista la premeditación y deliberación, sin que obste a ello la rajihlez con que al acto se haya realizado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   En Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Mariano Ortiz Machado y Ricardo Cabassa (a) Lampán presentaron en la Corte de Distrito de Mayag’üez una soli-citud .de habeas corpus, alegando estar detenidos en la cárcel de Mayagüez en virtud de un mandamiento expedido por el juez municipal de dicha ciudad, que califica al primero como autor y al segundo como cómplice de un delito de asesinato en primer grado.

Celebrada la vista de la solicitud,, el Hon. Juez de la ex-presada corte de distrito declaró sin lugar en todas sus par-tes la solicitud de los detenidos, pero fijó una fianza para la libertad provisional de Ricardo Cabassa (.a) Lampán y, ha-biendo sido ésta prestada, quedó en libertad después de haber apelado en unión de su compañero la resolución de la corte inferior, por cuyo motivo sólo consideraremos el presente recurso en cuanto a Mariano Ortiz Machado.

El mandamiento bajo el cual se halla preso actualmente Ortiz Machado ordena su detención para que responda al cargo que se le hace de asesinato en primer grado, consig-nando enseguida que con malicia premeditada dió muerte ilegal a Fernando Suárez haciéndole un disparo de revolver e hiriéndole por la espalda, a consecuencia de cuya herida falleció Suárez.

Se sostiene por el apelante que no basta que el manda-miento de arresto use las palabras del Estatuto, sino que el delito tiene que basarse en hechos probados, y que contra él no resulta de la investigación prueba suficiente para ser de-tenido por asesinato en primer grado.

.El mandamiento de arresto reúne en este caso todos los requisitos exigidos por el artículo 25 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, porque no solamente contiene la califica-ción del delito sino que, además, tace una relación, en tér-minos generales, de los hechos realizados por el detenido.

• El segundo extremo de que no hay evidencia bastante para la detención, nos lleva a considerar la evidencia pre-sentada en el acto de la vista de la petición.

Desde luego que cuanto digamos ahora respecto de ella, en modo alguno puede prejuzgar el resultado de la evidencia que en el juicio del caso pueda presentarse por las partes, ya que ahora no estamos examinando si Ortiz Machado es o nó culpable del delito que se le imputa, sino únicamente si hay motivos razonables para que esté privado de libertad por el delito de asesinato en primer grado.

Del examen de las trece declaraciones que tuvo presente el juez de la corte inferior al negar la libertad de Ortiz Ma-chado resulta prueba tendente a demostrar que estando Mariano Ortiz Machado, el día 28 de septiembre último, en el cafetín de Esteban Hernández en la ciudad de Mayagüez, tuvo unas palabras con Miguel Sacarello a quien insultó; que habiendo intervenido Miguel Cruz para ponerlos en paz, también fué insultado por el apelante quien, además, sacó un revólver con el que hizo dos disparos contra Cruz, y que, pasando en esos momentos por frente a dicho cafetín Fernando Suárez, que huía a otro cafetín de Celina Medina, contra él dirigió su arma el expresado Ortiz Machado, dis-parándole cuando Suárez estaba de espaldas y causándole una'herida que le produjo la muerte instantáneamente.

Con estos elementos de prueba podemos llegar a la con-clusión de que Mariano Ortiz Machado está bien detenido por el delito de asesinato en primer grado, pues el acto de que voluntaria e ilegalmente dirigiera su arma contra Suárez, y la descargara, causándole la muerte, implica deliberación y premeditación, que son por lo que una muerte causada en esas condiciones, constituye un delito ele asesinato en primer grado.

Para que exista el mencionado delito, basta, de acuerdo con nuestros estatutos, entre otros casos, con que voluntaria, deliberada y premeditadamente se baya causado una muerte ilegal, y todos estos requisitos aparecen de la prueba que hemos examinado. La deliberación y premeditación dependen de las circunstancias del caso, y el hecho de apuntar y disparar un arma de fuego contra una persona y matarla es bastante para que exista la premeditación y deliberación, sin que obste a ello la rapidez con que el acto se haya realizado.

Por las razones expuestas, y toda vez que, detenido legal-mente Mariano Ortiz Machado por imputársele el cargo de autor de un asesinato en primer grado, no puede admitírsele fianza, debe ser confirmada la resolución que le negó la excarcelación.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Jtjez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

text:
    El Pueblo v. Guzmán.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 478.
    Resuelto en octubre 25, 1912.
    Perjurio — Desacato—Procedimiento Sumario — Comienzo del Procedimiento Durante la Pendencia del Caso Principal — Sentencia'Válida.'—Es valida una sentencia condenatoria por desacato dictada en un procedimiento sumario iniciado en virtud de la ley No. 41 de marzo 9, 1911, aun cuando, dicha sen-tencia se haya dictado después de haber sido fallado el caso principal en el cual declaró falsamente el testigo acusado do desacato, siempre y cuando que el procedimiento se haya iniciado antes de dictada la sentencia en el caso principal, pues el juez conserva su jurisdicción para fallar el procedi-miento sumario por desacato, aun después de dictada sentencia en el caso en el cual se cometió el perjurio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José E. Benedicto.

      Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal..

   El Jtjez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Marniel Antonio Guzmán Alvarez se encontraba preso én la cárcel del distrito municipal de Añasco bajo la custodia del alcaide de la cárcel de dicbo pueblo, cumpliendo condena que en procedimiento de desacato por perjurio en cansa criminal le impuso el juez municipal de Añasco, por sentencia de 30 de agosto del corriente año.

En la misma fecha solicitó Guzmán Alvarez del juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, la expedición de auto de hateas corptis para obtener su inmediata libertad, ale-gando al efecto que su prisión era ilegal, toda vez que la causa criminal contra José N. Guzmán, por infracción del artículo 370 del Código Penal, en que se supone cometido el desacato, terminó por sentencia que dictó la Corte Municipal de Añasco en 28 de agosto citado, y la sentencia condena-toria por desacato recayó dos días después, o sea en 30 del propio mes-, cuando ya dicha corte carecía de jurisdicción para castigar el desacato por perjurio.

Tramitada la petición de habeas corpus, fué dictada reso-lución en 31 de agosto declarándola sin lugar y ordenando que el peticionario quedara bajo la custodia del alcaide de la cárcel municipal de Añasco, hasta que cumpliera la pena im-puesta por la corte municipal, contra cuya resolución inter-puso el prisionero recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, quedando en libertad provisional mediante fianza que prestó, hasta que fuera decidido el recurso.

La única cuestión a discutir y resolver en el presente recurso es, si la Corte Municipal de Añasco, después de ha-ber fallado la causa criminal en que Guzmán Alvarez come-tió el desacato por perjurio, tuvo jurisdicción para castigar el desacato.

De la prueba practicada ante la Corte de Distrito de Mayagüez resulta que cuando se celebraba contra José N. Gruzmán en 28 de agosto último el juicio por infracción del artículo 370 del Código Penal, quedó convencido dicho juez de que los hechos declarados por Manuel Antonio Gruzmán Alvarez eran falsos y esenciales en dicha causa, por lo que ordenó que prestara una fianza de $500 para permanecer en libertad y que compareciera el día 30 del mismo mes a las 9 de ia mañana a explicar las razones que tuviera,- por las cuales no debiera ser castigado por desacato a la corte.

La sentencia en el caso contra José N. Gruzmán, según muestra el récord, fué dictada en 28 de agosto y la condena por desacato es de 30 del propio mes.

Como se ve, el procedimiento por desacato fué iniciado antes de dictarse sentencia en el caso principal, o sea cuan-do éste se encontraba aún pendiente ante la corte, y el hecho de que la sentencia por desacato fuera dictada cuando el caso principal estaba ya terminado, no la vicia de nulidad.

La ley número 41 para proveer un castigo sumario por el delito de perjurio, cometido en corte abierta, y para otros fines, aprobada en 9 de marzo de 1911, dice en su sección Ia.:

“Si el juez que preside en dicho caso quedare convencido en cual-quier caso pendiente ante su corte, de que un testigo, después de haber prestado juramento o afirmación, según se dispone por la ley, de decir la verdad en cualquier asunto pendiente ante la corte, es culpable de perjurio según se define en la presente, será entonces el deber de dicho juez, ante quien se celebrare el juicio, ordenar, y por la presente se le faculta para que ordene, a moción propia, el arresto y detención del ofensor; y dictará una orden que se notificará a dicho ofensor para que comparezca y explique las razones que tuviere por las cuales no deba ser castigado por desacato ante la corte. El acu-sado, dentro del plazo que la corte fijare, presentará su defensa contra dicha citación, la corte oirá las declaraciones de la acusación y de la defensa, y después de practicadas las pruebas, pronunciará sentencia en el caso.”

Atendidos los preceptos legales que dejamos transcritos, no vemos sea necesario qne la sentencia en procedimiento por desacato se dicte antes de qne termine el asunto principal, pues basta que el caso esté pendiente ante la corte y que antes de terminarse éste, el juez quedare convencido del desacato y dé comienzo a los procedimientos para castigarlo, expi-diendo orden para el arresto y detención del ofensor. El procedimiento por desacato pnede continuarse después de dictada sentencia, y el juez conserva su jurisdicción para dictarla, esté o nó terminado el asunto principal.

T no está en oposición con la doctrina expuesta, la esta-blecida por este tribunal en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Ramón Valcourt, decidido en junio 10 del corriente año, pues en dicho caso los procedimientos para castigar el desacato comenzaron después de haber la corte dictado sen-tencia en el pleito de divorcio en que se originó el procédi-miento por desacato, mientras que en el presente caso, según ya hemos dicho, el procedimiento por desacato se inició antes de que terminara la cansa en que se originó.

Por las razones expuestas, procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, "Wolf, del Toro y Alclrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
      La Iglesia Católica, Apostólica, Romana en Puerto Rico v. El Municipio de Bayamón.
    Acción' entablada ante el Tribunal Supremo como tribunal de primera instancia, sobre reivindicación de bienes inmuebles.
    No. 11.
    Resuelto en octubre 25, 1912.
    Jurisdicción Original del Tribunal Supremo — Término Concedido para el Comienzo de Acciones de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. — De acuerdo eon la ley de marzo 10, 1904, confiriendo jurisdicción al Tribunal Supremo de Puerto Rico para conocer de ciertas reclamaciones de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana de Puerto Rico, este tribunal carece de juris-dicción original para conocer de acciones entabladas por la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, después de transcurridos tres meses desde la aprobación de dicha ley, y por lo tanto procede la desestimación de la demanda pre-sentada en este caso.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Joseph Anderson, Jr.

    Abogado del demandado: Sr. Rafael López Landrón.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecba 3 dé junio último la Iglesia Católica Apostólica Bomana de Puerto Bico a nombre de la Iglesia Católica de Bayamón, representada por el Reverendo Padre Martín Luyke, por medio de su abogado Joseph Anderson, Jr., pro-dujo demanda ante esta Corte Suprema para obtener la reivindicación de una parcela de terreno que alega ser de su propiedad, y de que se había posesionado el Municipio de Bayamón, inscribiéndola en el registro de la propiedad, cuyo municipio debía pagar a la demandante por vía de indemni-zación de perjuicios, la-cantidad, de $2,000.

Contra dicha demanda alegó el Municipio de Bayamón como excepciones previas, que esta corte no tiene jurisdic-ción sobre la persona del demandado, ni por la materia de la acción, que la demanda no aduce hechos suficientes para de-terminar una causa de acción y que el demandante no tiene capacidad legal para demandar.

Señalado día para la vista de las excepciones propuestas, compareció únicamente la representación del municipio de-mandado, quien ha presentado un alegato escrito en su de-fensa.

Aunque no se ha- alegado por la parte demandada que esta Corte Suprema carezca de jurisdicción para conocer de la demanda, por el fundamento específico de que esa juris-dicción no le ha sido concedida por la ley “Confiriendo juris-dicción original al Tribunal Supremo de Puerto Bico, para conocer sobre ciertas propiedades reclamadas por la Iglesia Católica Bomana de Puerto Bico, y resolver acerca de las mismas,” aprobada en 10 de marzo de 1904, pues sus alega-ciones tienden principalmente a demostrar falta de acción y falta de capacidad en la parte demandante, examinemos cuestión jurisdiccional tan importante.

La ley aprobada el 10 de marzo de 1904 confirió jurisdic-ción original al Tribunal Supremo de Puerto Eico para cono-cer de todas las cuestiones pendientes o que pudieran sus-citarse entre la Iglesia Católica Eomana en Puerto Eico y el Pueblo de Puerto Eico, o cualquier municipio de la isla, que afectaran a derechos de propiedad, ya sea ésta inmueble, mueble o mixta, reclamados por cualquiera de las partes, y para resolver acerca'de las mismas, disponiéndose que el Attorney General de Puerto Eico procediera desde luego a prepararse para la vista de las causas, y que si la Iglesia Católica Eomana no iniciaba los procedimientos con arreglo a dicha ley, dentro de los tres meses de aprobada la misma, sería en tal caso obligación del Attorney General, promover los procedimientos a nombre del Gobierno Insular, siendo aplicable a la Iglesia Católica Eomana el precepto indicado, cuando se tratara de cuestiones pendientes o que pudieran suscitarse entre ella y cualquier municipio.

Atendidos los términos en que está redactada la ley de 10 de marzo de 1904, entendemos que a la Iglesia Católica Eomana de Puerto Eico fué concedido el término de tres meses a contar desde la aprobación de dicha ley para que con arreglo a la misma, y ante este Tribunal Supremo, recla-mara, bien al Pueblo de Puerto Eico, bien a cualquier muni-cipio de la isla, los derechos de propiedad inmueble, mueble o mixta de que se creyera asistida, y sobre los que hubiera pendientes o pudieran suscitarse cuestiones entre las partes mencionadas, y a esta Corte Suprema se otorgó jurisdic-ción original para conocer y decidir tales reclamaciones in-terpuestas por la Iglesia Católica Apostólica Eomana dentro de los tres meses expresados. Transcurrido ese término, faltaba jurisdicción original a esta corte para conocer de las demandas que posteriormente presentara la Iglesia Católica Eomana contra el Pueblo de Puerto Eico o cualquier munici-pió de la isla. No puede menos que ser así, pues la Legisla-tura no se propuso establecer en términos absolutos una juris-dicción especial y privilegiada y bajo cualesquiera circuns-tancias a favor de la Iglesia Católica Romana, sino decidir y terminar en tiempo no lejano, las cuestiones sobre propie-dad inmueble, mueble o mixta, surgidas entre la Iglesia Cató-lica y El Pueblo de Puerto Rico y municipios de la isla con motivo del cambio de soberanía, que vino a establecer un cambio radical de • relaciones entre la iglesia y el poder temporal.

Entendiéndolo así la Iglesia Católica, Apostólica, Romana,, inició distintos pleitos contra El Pueblo de Puerto Rico y varios municipios de la isla, dentro del término de tres meses señalado por la ley, siendo , éste el primero que se inicia ante esta corte después del vencimiento de aquel término.

Lo dicho no impide que la parte interesada pueda ejer-citar los derechos de que se crea asistida ante corte compe-tente.

Por las razones expresadas, opinamos que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer de la demanda y que ésta debe ser desestimada.

Desestimada la demanda. '

Jueces concurrentes: Sres: Asociados MacLeary, Woíf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. González et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 451.
    Resuelto en octubre 29, 1912.
    Derecho Penal — Libelo—Malicia—Presunción.—Una persona denunciada por un miembro de la policía, tiene derecho a negar públicamente la veracidad de los hechos imputados en la denuncia, pero no puede, sin incurrir en el delito de libelo, imputar al denunciante hechos tendentes a demostrar que había obrado impulsado por motivos deshonrosos y que había cometido el delito de perjurio, y el hecho de haber el denunciado ‘publicado estas im-putaciones contra el denunciante, es suficiente para presumir que obró con malicia, y a falta del pliego de excepciones, este tribunal tiene que presumir que la malicia fué probada, si hubiera habido necesidad de probarla.
    Los hechos están, expresadas en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso no existe pliego de excepciones y la única cuestión que puede ser tomada en consideración es la. qne hace referencia a la suficiencia de la denuncia. El delito imputado fué el de libelo y la denuncia expresa que al de-nunciante, oficial de la Policía Insular, se le había atribuido-por los acusados en un telegrama publicado en La Democracia,, el hecho.de haber presentado una denuncia falsa contra ellos; que dicho oficial de la policía había mentido y denunciado a sabiendas a los referidos acusados, con el fin de ganar méri-tos, queriéndose decir que el denunciante había presentado-anteriormente una denuncia falsa contra los acusados para lograr su ascenso. La denuncia presentada en este caso tam-bién expresa con palabras adecuadas, no solamente la inten-ción maliciosa sino la falsedad del libelo y que el mismo tenía, por objeto atacar la honradez, virtud, y buena fama del denunciante.

Alega el apelante, que puesto que los acusados solamente negaban la acusación falsa, que contra ellos se presentó, no podía atribuírseles malicia alguna a los mismos. Ellos tenían, según expresó el juez de la corte inferior, perfecto derecho a negar públicamente la veracidad de los hechos imputádoles-pero no tenían razón para imputar hechos tendentes a de-mostrar que el denunciante había estado impulsado por mo-tivos que lo deshonraban así como tampoco para hacer ver que tal vez había cometido el delito de perjurio. Al publicar el relato que por sí j necesariamente tendía a perjudicar al denunciante, debe presumirse la malicia. Este caso y la sen-tencia que lia sido dictada son semejantes al de The State v. De Long et al., 88 Ind., 312.

Además, si hubiera sido necesario probar la malicia, este tribunal, a falta del pliego de excepciones, hubiera tenido qne presumir que dicha malicia quedó probada. La imputación de malicia fué suficientemente alegada en la denuncia.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: En Juez Asociado Sr. MacLeaey,

text:
    El Pueblo v. García.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 463.
    Resuelto en octubre 31, 1912.
    Derecho Penal — Seducción—Elementos del Delito de Seducción. — Para que exista el delito de seducción es necesario además de la promesa de matrimonio que haya contacto carnal fundado en dicha promesa. Tampoco el acto carnal por si solo constituyo dicho delito sino existe también la promesa del matrimonio.
    Id. — Seducción — Distrito Donde se Consumó el Delito — Jurisdicción.— Guando, como en el caso de autos, la promesa de matrimonio se hace en un distrito, y el acto carnal se ejecuta en el otro, la corte de distrito del dis-trito en donde se ejecutó el acto carnal, o sea en donde quedó consumado el delito de seducción, es la que tiene jurisdicción para conocer de la causa, y por lo tanto la sentencia condenatoria dictada por la corte de distrito del distrito en donde se hizo la promesa de matrimonio es nula por carecer de jurisdicción dicho tribunal.
    Moción Sobre Suspensión de Sentencia — Palta de Jurisdicción. — Guando en un caso de seducción, de la prueba practicada en el juicio resulta que la corte de distrito que conoce del caso no tiene jurisdicción, porque el acto carnal se ejecutó en otro distrito distinto, el acusado puede, antes de que se dicte sentencia, presentar una moción sobre suspensión de sentencia, fundada en la falta de jurisdicción del tribunal sentenciador, sin que pueda estimarse que el acusado había renunciado a impugnar la jurisdicción del tribunal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Muñoz Morales.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   En Juez Asociado Sr. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el acusado fné procesado por el delito de seducción. Hizo la alegación de ‘ no culpable ’ ’ y se celebró el juicio el día 23 de abril último en la forma ordinaria. Se sometió el caso al tribunal de derecho, y después de oirse las pruebas la corte declaró al acusado culpable, señalando el día 26 del mismo mes para el pronunciamiento de la sentencia. En ese día, y antes de que se dictara sentencia, el acusado presentó una moción para que se suspendiera el pronuncia-miento de la sentencia, fundada en la alegación de que la corte carecía de jurisdicción del caso por haberse consumado el delito en el distrito judicial de San Juan, y nó en el de Guayama, y la cuestión referente a jurisdicción no se había promovido anteriormente, pues se fundaba en hechos que se desarrollaron durante el curso- del juicio. Aparece que si bien la promesa de matrimonio se hizo en Cayey que está comprendido en el distrito judicial de Guayama, el acto carnal, sin embargo, se realizó en la ciudad de San Juan, fuera de dicho distrito judicial. La corte sentenciadora desestimó la moción sobre suspensión de la sentencia, y el acusado pre-sentó una moción de nuevo juicio que fué también denegada. El acusado no interpuso apelación contra la orden desesti-mando la moción de nuevo juicio, sino que apeló contra la propia sentencia. En 29 de abril de 1912, el acusado fué condenado a sufrir tres años de pr '.-Uo con trabajos forza-dos y al pago de las costas. Cuotra esta sentencia fué que se interpuso el recurso de apelación.

El Sr. Muñoz Morales compareció ante la corte en repre-, sentación del apelante, presentó un alegato e informó oral-mente fundándose en el punto de que el delito no se consumó en el distrito judicial de Guayama, y por consiguiente que la corte sentenciadora carecía de jurisdicción. El Fiscal parece estar conforme en cuanto a esta alegación con el abo-gado del apelante. Sin embargo, cita un caso de Nueva York, el de The People v. Crotty, 9 N. Y. Supp., 937, en el que se resolvió que un caso como ese puede seguirse, juzgarse y resol-verse en cualquiera de los distritos, pero llama la atención con respecto al lieclio de que esta sentencia se fundó en un esta-tuto especial del Estado de Nueva York, y que nosotros no tenemos semejante estatuto en Puerto Eico. También cita el Fiscal el artículo 8°., de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, alegando que ésta es la única legislación que tene-mos sobre la materia, en donde se dice que la jurisdicción en cuanto a un delito reside en la corte de distrito del distrito en que el delito ha sido cometido.

La cuestión que surge en este caso es si el delito se come-tió o nó en Cayey o en San Juan. Para que se complete el delito es necesario no solamente que exista la promesa de matrimonio, sino que haya contacto carnal fundado en esa promesa. Puede ciertamente decirse que el delito no se eje-cuta enteramente y no puede considerarse así hasta que el acto carnal se realiza, pero es asimismo cierto que el delito de seducción no quedaría completamente realizado por el acto carnal sin que exista la promesa de matrimonio. Surge, por tanto, la cuestión con respecto a donde debe ser el verdadero lugar y jurisdicción en este caso.

Según expresó el Lord Presidente Piale, según la ley co-mún, cuando se asesta un golpe mortal en un condado y la víctima muere en otro, se consideraba que el delito se había cometido en el condado en donde se dió el golpe, siendo la muerte simplemente una consecuencia de dicho golpe. (Ball v. United States, 140 U. S., 134.)

Se dispone en la Constitución de los Estados Unidos y en la de varios Estados, que en todas las causas criminales el acusado tendrá el derecho de ser juzgado en el Estado y distrito en que se haya cometido el delito, pero existen muchos estatutos que disponen que cuando un delito en violación de la ley se inicia en un distrito y se termina en otro, se consi-derará que ha sido cometido en cualquiera de los dos, y puede considerarse, juzgarse, resolverse, así como ser casti-gado en cualquier distrito, de igual modo que si real y total-mente hubiera sido cometido allí. (Estatutos Revisados de los Estados Enidos, art. 731.)

Y se ha resuelto que el delito de proponer a. un adminis-trador de correos que haga un contrato mediante el pago de cierta cantidad, por medio de una carta echada al correo en un distrito y dirigida al administrador de correos de otro distrito, induciéndole a que infrinja sus deberes oficiales, es un delito que puede ser juzgado en el distrito en que reside -el administrador de correos .que recibe la carta. (In re Palliser, 136 U. S., 257.)

Este caso se cita con aprobación en el caso de Ball a que se ha hecho referencia anteriormente, y también en los de Horner v. U. S., 143 U. S., 214 y Dealey v. U. S., 152 U. S., 546.)

Pero todos estos casos, al igual que el de Crotty arriba mencionado, fueron juzgados y resueltos con arreglo a estatu-tos especiales y sólo nos queda tomar en consideración los principios gmrerales en la resolución del caso que ha sido sometido a íiuestra consideración.

Podemos volver al hecho de que en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, artículo 8°., anteriormente citado, se emplea la palabra “jurisdicción,” y no “lugar del juicio,” y a !a corte de distrito del distrito en que el delito ha sido cometido, se le confiere jurisdicción para conocer de la causa. El delito de seducción en este caso no fué ciertamente termi-nado en eh distrito de Guayama, sino que dicho delito se con-sumó en el distrito judicial de San Juan, según aparece de las declaraciones contenidas en los autos. Por esta razón la Corte de Distrito de San Juan tenía jurisdicción del delito con arreglo a nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal y no la Corte de Distrito de Guayama. Este aspecto del caso no se desarrolló hasta que se prestaron las declaraciones, y cuando el acusado hizo la moción sobre suspensión de la sen-tencia dictada, fundada en la falta de jurisdicción de la corte sentenciadora,, estaba aún dentro de tiempo suficiente para alegar sus derechos y no había renunciado ninguno de los mismos. En resumen, si la Corte de ’Distrito de Guayama no tenía jurisdicción del caso, la sentencia dictada por dicha corte fué nula y de ningún valor y debió haber sido anulada por esta corte, aun cuando ninguna moción se hubiera hecho en la corte inferior, y al haberse negado el juez sentenciador a conceder dicha moción para impedir que se dictara la sen-tencia, cometió error, siendo éste en realidad el único error que se alegó haberse cometido en esta causa, el cual debemos considerar como fattd.

Por consiguiente., o o teniendo jurisdicción sobre el caso sometido a nuestra- consideración la Corte de Distrito de Guayama, la sentencia dictada por dicha corte el día 29 de abril de 1912, debe dejarse sin efecto y desestimarse la acu-sación.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PeesideNte Se. HeiotÁNdez,

text:
    El Municipio del Dorado v. El Cura Párroco del Pueblo del Dorado.
    Acción entablada ante el Tribunal Supremo como tribunal de primera instancia, sobre reivindicación de bienes inmuebles.
    No. 12.
    Resuelto en octubre 31, 1912.
    Jurisdicción Original del Tribunal Supremo — Reclamaciones de un Mu-nicipio Contra el Cura Párroco de un Pueblo.- — De acuerdo eon la Ley de Marzo 10, 1904, confiriendo jurisdicción original a este tribunal para conocer de ciertas reclamaciones de la Iglesia Católica Romana de Puerto Rico, este Tribunal no tiene jurisdicción para conocer de una acción en-tablada por un municipio contra el cura párroco de un pueblo, pues la acción no se dirige contra la Iglesia Católica Romana en Puerto Rico, cuyo repre-sentante. es el Obispo Católico.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogante del demandante: Sr. Rafael Lopes Landrón.

    Abogado del demandado: Sr. Jibán Hernández López.

   El Juez PeesideNte Se. HeiotÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 26 de septiembre próximo pasado, el municipio del Dorado, representado por su Alcalde Don Pedro López, radicó demanda en la Secretaría de esta Corte Suprema, contra el Cura Párroco de dicho pueblo, cuyo nombre no expresa, non súplica de que en su día se dictara sentencia declarando de la propiedad del demandante, la casa y solar que se des-criben en dicha demanda y condenando a la parte deman-dada a su restitución e indemnización de $3,000 en concepto de daños y perjuicios, con intereses legales y las costas del litigio.

Emplazado para contestar la demanda, Don José Balles-teros Muñoz, cura encargado de la Parroquia del Dorado, opuso a ella como excepción previa, la de que, siendo esta corte un tribunal de apelación y no refiriéndose el pleito pro-movido a una cuestión entre un municipio y la Iglesia Católica Romana, carecía de jurisdicción original para conocer de dicha demanda.

La excepción previa fué discutida por ambas partes en el día señalado para la vista, haciendo cada una de ellas las ale-gaciones que estimó conducentes.

Examinemos la demanda en relación con la ley de 10 de marzo de 1904, “Confiriendo jurisdicción original al Tribunal Supremo de Puerto Rico para conocer sobre ciertas propie-dades reclamadas por la Iglesia Católica Romana de Puerto Rico, y resolver acerca de las mismas.”

Esa ley en sus secciones Ia. y 5a. confiere jurisdicción original al Tribunal Supremo de Puerto Rico para conocer de todas las cuestiones pendientes o que pudieren suscitarse en-tre la Iglesia Católica Romana en Puerto Rico y El Pueblo de Puerto Rico o cualquier municipio de la Isla, que afecten a derechos de propiedad, ya sea ésta inmueble, mueble o mixta, reclamados por cualquiera de las partes y para resolver acerca de las mismas.

En el presente caso el municipio del Dorado presenta de-manda contra el Cura Párroco de diclio pueblo en reclamación de propiedad inmueble, pero no contra la Iglesia Católica Romana en Puerto Rico, cuyo representante es el Obispo Ca-tólico. Siendo ello así, resalta a la simple vista sin necesidad de razonamientos, que esta Corte Suprema carece de jurisdic-ción para conocer de la cuestión suscitada entre el municipio del Dorado y su Cura Párroco.

No discutiremos dentro de qué término puede el municipio del Dorado entablar reclamación de propiedad inmueble contra la Iglesia Católica Romana en Puerto Rico, pues como no la lia presentado, sino contra el Cura Párroco de dicho pueblo, huelga toda discusión sobre el particular.

Por las razones expuestas, procede declarar con lugar la excepción propuesta y desestimar la demanda, por falta de jurisdicción de esta corte, sin perjuicio de que la parte deman-dante pueda ejercitar ante corte competente, los derechos de que se crea asistida.

Desestimada la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidekte Sr. Hernández,

text:
    Echandi v. El Registrados de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo.
    No. 122.
    Resuelto en octubre 31, 1912.
    Disolución y Liquidación de Sociedad Mercantil' — Adjudicación de Bienes de la Sociedad — Facultades de un Mandatario para Disolver y Liquidar una Sociedad. — El mandatario con poder expreso del único heredero de uno de los socios de una sociedad mercantil, para disolver y liquidar dicha socie-dad, carece de facultades para adjudicar una de las fincas de dicha sociedad a otro socio en pago de la parte que le correspondía en la sociedad disuelta.

      Id. — Facultades de los Liquidadores. — De acuerdo con el artículo 228 del Código de Comercio, las facultades de los liquidadores de una sociedad mer-cantil, están limitadas a percibir los créditos de la sociedad, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano según vayan venciendo, y a realizar las operaciones pendientes.
    Id. — Adjudicación de los Bienes de una Sociedad. — El acto de adjudicación de bienes de una sociedad en liquidación, a uno de los socios en pago de su haber social en la sociedad disuelta, constituye un verdadero acto de enaje-nación, el cual no puede ser ejecutado por un mandatario sin poder expreso, de acuerdo con el artículo 1605 del Código Civil revisado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Manuel Paz Urdáis.

   El Juez Presidekte Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en la ciudad de Bermeo, Vizcaya, España, a 7 de mayo de 1903, ante el Notario Don Lorenzo de Begoña, otorgó poder Doña Pascuala de Otazabal y Lartitegui, vecina de dicha villa, a favor de Don Adolfo Egüen y Otazabal, del pueblo de Barceloneta en esta isla, entre otras cosas, “para que disuelva y liquide la sociedad o socie-dades mercantiles o civiles en que su finado hijo Don Eugenio Jaureguizar y Otazabal tuviese intervención como socio en la Isla de Puerto Eico, apruebe o nó las operaciones y cuantos actos y contratos hayan otorgado su causante Don Eugenio, y su socio o socios así como los inventarios, balances y demás que se hayan ejecutado o ejecutaren, nombre peritos y liquidadores, estableciendo las bases, pactos y condiciones que considere pertinentes para la mejor y más pronta liquidación. ’ ’

Por otra escritura pública otorgada en la ciudad de Are-eibo, a 21 de julio de 1909 ante el Notario Don Manuel Paz Urdaz, Don Francisco Echandi Alemán, por su propio de-recho y Don Adolfo Egüen Otazabal en representación de Doña Pascuala Otazabal Lartitegui, única y universal here-dera de Don Eugenio Jaureguizar Otazabal, declararon disuelta la mercantil Jaureguizar y Ca., que habían constituido Don Francisco Echandi Alemán y Don Eugenio Jaureguizar Otazabal, por escritura pública de 8 de abril de 1892, y para facilitar la división de su masa social sin quebranto de nin-guno de los partícipes, la Doña Pascuala Otazabal Lartitegui por voz de su mandatario declaró haber recibido con anteriori-dad, en bienes no inscribibles el importe del haber que le co-rrespondió en la referida sociedad como causahabiente del socio finado Jaureguizar y se adjudicaron a JEchandi Alemán en pago de su haber social y para su libre disposición todos los bienes y derechos de la mencionada sociedad, entre los que figura una finca rústica denominada “La Chacoteco,” sita en el barrio de Florida adentro del término de Manatí, antes de Barceloneta, con cabida de 45 cuerdas, bajo los lindes que en la escritura se expresan.

La anterior escriturare 21 de julio de 1909 fuá presentada en el Eegistro de la Propiedad de Arecibo para su inscrip-ción en cuanto a la finca rústica de que se deja hecho mérito, y el Registrador denegó dicha inscripción por medio de nota que copiada a la letra, dice así:

“Denegada la inscripción de la finca rústica a que se contrae la nota de presentación que antecede, por no tener el apoderado Don Adolfo Egüen Otazabal facultad más que para disolver y liquidar la sociedad mercantil Jaureguizar y Compañía, sin estar autorizado expresamente para ceder o adjudicar los bienes de .dicha sociedad, visto lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes del Código de Comercio y las Resoluciones del Tribunal Supremo de 27 de noviem-bre de 1903 y 21 de diciembre de 1905, tomos 2o. y 9o. de las Decisiones, páginas 17 y 578 respectivamente; y en cumplimiento de lo dispuesto en la sección 7 de la ley de Io. de marzo de 1902, se tomó anotación preventiva por término do ciento veinte días, al folio 222 vuelto del tomo 19 de Barceloneta, finca número 102 duplicado, anotación letra A.
“Arecibo, 2 de julio de 1912.
“A. Malaret,
‘Registrador Sustituto.'’

Esa nota está sometida hoy a nuestra consideración a vir-tud de recurso gubernativo interpuesto contra ella por Don Francisco Echandi Alemán y Don Adolfo Egüen Otazabal como apoderado éste de Doña Pascuala Otazabal Lartitegui.

La única cuestión a resolver en .el presente recurso es si Don Adolfo Egüen Otazabal como apoderado de Doña Pascuala Otazabal Lartitegui ha podido en virtud de la escri-tura de mandato de 7 de mayo de 1903J adjudicar a Don Francisco Echandi Alemán en pago de su haber social, entre otros bienes y derechos de la sociedad Jaureguizar y Compañía, la finca rústica denominada “La Chaco teco,” perteneciente a la referida sociedad y de la que únicamente eran socios Don Francisco Echandi Alemán y Don. Eugenio Jaureguizar Ota-zabal, del cual es hoy causahabiente Doña Pascuala Otazabal Lartitegui.

Es indiscutible que en virtud de la escritura de poder de 7 de mayo de 1903 Don Adolfo Egüen Otazabal estaba auto-rizado por Doña Pascuala Otazabal Lartitegui como heredera de su hijo Don Eugenio Jaureguizar Otazabal para disolver y liquidar la sociedad Jaureguizar y Compañía, de que eran socios Echandi Alemán y Don Eugenio Jaureguizar; pero como las facultades de los liquidadores de una sociedad mer-cantil están limitadas según el artículo 228 del Código de Comercio a percibir los créditos de la compañía, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano según vayan ven-ciendo, y a realizar las operaciones pendientes, tenemos que llegar a la conclusión de que Don Adolfo Egüen Otazabal como mandatario de Doña Pascuala Otazabal Lartitegui carecía de poder para adjudicar la finca Ohacoteco con otros bienes, a Don Francisco Echandi Alemán en pago del haber que le correspondía en la sociedad Jaureguizar y Compañía.

Las facultades de Don Adolfo Egüen Otazabal estaban limi-tadas a los actos expresados en la escritura de mandato y como éntre éstos no figura la enajenación o venta de bienes raíces, que tal es la adjudicación de la finca Chacoteco a Don Francisco Echandi Alemán, para cuya enajenación necesitaba el mandatario, mandato expreso del mandante, según el artículo 1605 del Código Civil, es obvio que tal adjudicación es nula por infracción de dicho artículo.

Y no se diga que por escritura posterior de mandato, otor-gada en 25 de noviembre de 1909 por la misma Doña Pascuala Otazabal y Lartitegui a favor de Don Adolfo Egüen y Otaza-bal, fné autorizado éste para vender la finca o fincas qne per-tenezcan a la mandante en concepto de heredera de sn finado hijo Don Engenio Janregnizar y Otazabal, y para ratificar todas las escrituras de compraventa, quedando así ratificada la adjudicación de la finca Chacoteco a Don Francisco Echandi Alemán, pnes en el supuesto de que el Registrador de Arecibo hubiera tenido a la vista esa escritura al denegar la inscrip-ción solicitada según alega la parte recurrente, siempre resul-taría que la adjudicación no fué ratificada en forma ni se ha subsanado bajo concepto alguno el defecto sustancial de que adolece tal adjudicación.

Por las razones expuestas entendemos que procede la confirmación de la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    The Porto Rico General Telephone Company v. El Registrados de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Mayagüez.
    No. 128.
    Resuelto en noviembre 1, 1912.
    Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Menores — Autorización Judicial— Inscripción del Arrendamiento por Convenio de las Partes. — Un arrenda-miento de bien inmueble por término de eineo años, inseribible en el registro por eonvenio expreso de las partes, constituye un derecho real a favor del arrendatario, y está por tanto sujeto a los preceptos del artículo 229 del Código Civil, enmendado por la Ley No. 33 de marzo 9, 1911, según los cuales el ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles del hijo, que están bajo su adminis-tración, sin previa autorización de la corte de distrito correspondiente.
    Id.' — -Títulos Inscribibles — -Interpretación de Ley — Bienes de Menores. — Los preceptos contenidos en el párrafo 5o. del artículo 2 de la Ley Hipotecaria, declarando cuales son los contratos de arrendamiento inscribibles, deben in-terpretarse en el sentido de que dichos preceptos no tienen limitación al-guna cuando se trata de arrendamiento otorgado por personas que están en el pleno goee de sus derechos civiles; pero cuando se trata de arrendamiento de bienes de menores, la capacidad de los otorgantes debe regularse por los preceptos del Código Civil sobre la materia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente; Sr. José E. Benedicto.

    El recurrido compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Fné presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, escritura de arrendamiento de finca urbana otorgada en 29 de septiembre del año 1911, por Doña Luisa Roselló, viuda de Perea, por su propio derecho y en concepto de madre con patria potestad sobre cinco hijos me-nores de edad a favor de The Porto Rico General Telephone Company, por el término de cinco años, con derecho a favor de la compañía arrendataria de prorrogar el contrato por cinco años más, habiendo prestado las partes su consenti-miento para que dicho contrato fuera inscrito en el registro de la propiedad, a pesar de no reunir las condiciones necesarias a tenor de lo preceptuado en el párrafo 5o. del artículo 2o. de la Ley Hipotecaria.

El registrador inscribió el documento en cuanto éste hacía referencia a la viuda Doña Luisa Roselló, y denegó su inscrip-ción en nota de 15 de mayo de 1912, respecto de los'menores hijos de la misma, porque si el arrendamiento efectuado se consideraba como fuente de obligaciones personales no era inscribible, y si se calificaba de verdadero derecho real a favor de la sociedad arrendataria por haberse pactado expresa-mente su inscripción, tampoco era inscribible por falta de autorización judicial previa para que Doña Luisa Roselló cons-tituyera gravamen sobre bienes inmuebles de sus menores hijos. La compañía arrendataria interpuso para ante esta Corte Suprema, contra la nota del registrador, un recurso, y ambas partes han formulado alegatos escritos en apoyo de sirs respectivas pretensiones. .

Opinamos que el Registrador de Mayagüez procedió-, con razón derecha al denegar la inscripción del contrato de arren-damiento de que se trata, en cuanto liace referencia a los menores hijos de Doña Luisa Roselló.

El articulo 2o. de la Ley Hipotecaria, en su número 5°., señala como títulos inscribibles, los contratos de arrenda-miento de bienes inmuebles por un período que exceda de seis años o los en que se hayan anticipado las rentas de tres o más años, o cuando sin tener ninguna de estas condiciones hubiere convenio expreso de las partes para que se inscriban. Entendemos que cuando se trata de personas que están en el pleno goce de sus derechos civiles, ese precepto no tiene limitación alguna, pero no sucede lo propio cuando, como en el presente caso intervienen en el contrato como arrendadores, menores de edad cuya capacidad o la de sus representantes para contratar debe regularse por los preceptos del Código Civil.

Un arrendamiento inscribible constituye un verdadero de-recho real a favor del arrendatario, y está por tanto sujeto, al artículo 229 del Código Civil, enmendado por la ley número 33, de 9 de marzo de 1911, según el cual el ejercicio de. la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles, del hijo, que están bajo su adminis-tración, sin previa autorización de la corte de distrito correspondiente.

Ciertamente que el arrendamiento de que se trata no es por un término mayor de seis años, pero el convenio de que se inscriba en el registro lo hace igual en sus efectos al de un arrendamiento que excede de seis años y de todos modos constituye un verdadero derecho real regulable por los pre-ceptos del artículo 229 del Código Civil según ha quedado enmendado.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


text:
    Rubert Hermanos v. El Pueblo de Puerto Rico et al.
    Apelación procedente de la Corte de-Distrito de Arecibo.
    Moción sobre eliminación de la exposición del caso y deses-timación de la apelación.
    No. 888.
    Resuelto en noviembre 7, 1912.
    ELIMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL CASO-PRÓRROGA PARA PRESENTAR LA EX-POSICIÓN del Caso — Notificación de las Prórrogas. — Una solicitud de pró-rroga no es uno moción que pueda considerarse enteramente comprendida dentro de las prescripciones de los artículos 337 y 323 del Código de En- - juieiamiento Civil y de la regla cuatro de las de las cortes de distrito, y es de tal naturaleza que en muchas ocaciones preeisa que se haga ex parte.

    Id. — Entrega de la Exposición del Caso al Secretario en su Casa Particular. — En este pleito la exposición del caso fué entregada al Secretario de la Corte de Distrito de Arecibo en Su casa particular a las diez de la noche del mismo día en que vencía la prórroga concedida a la parte apelante para presentarla y fué radicada en la secretaría de la corte el día siguiente. Los apelantes solicitaron una nueva prórroga el día anterior al día en que vencía la prórroga concedida y la corte denegó dicha prórroga el mismo día en que vencía la otra. Los apelantes residían fuera del distrito de Arecibo y haciendo esfuerzos extraordinarios enviaion la exposición, sin que su emisario pudiera llegar hasta la noche del día en qpe vencía el término. Los apelantes entre-garon en la tarde del 'dicho día copia de la exposición a los apelados. Se resolvió, atendidas las circunstancias concurrentes y a que un proyecto de exposición del caso no va a formar parte del récord inmediatamente, sino que ha de ser previamente aprobado por el juez sentenciador con la interven-ción de las partes interesadas, que el proyecto en el caso de autos fué presen-tado en tiempo y pudo ser admitido y aprobado como lo fué por el juez sen-tenciador.
    Id. — Complemento de una Exposición del Caso. — El juez sentenciador a quien se presenta un proyecto de exposición jlel caso tiene la facultad discrecional de ordenar de oficio o a instancia de cualquiera de las partes que la exposición sea completada añadiéndole una relación de las pruebas practicadas durante el juicio y omitidas en la exposición.
    Id. — Cuestiones Jurisdiccionales — Se resolvió que no tienen el carácter de cues-tiones jurisdiccionales las planteadas en la moción de la parte apelada para eliminar la exposición del caso y para desestimar la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la parte promovente: Sr. J. Henri Brown.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Alvares Nava y Domínguez.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados presentaron una moción solicitando que se eliminara la exposición del caso y pliego de excepciones archi-vada en esta corte por los apelantes, y que en su consecuencia se desestimara la apelación.

Los apelados se basan para pedir la eliminación:

1. En que las prórrogas concedidas para presentar el pliego lo fueron sin notificación a lá parte contraria;

2. En que la presentación del pliego al secretario de la corte de distrito, a las 10 de la noche del 17 de enero de 1912, en su casa particular, no constituyó una presentación y ar-chivo de tal pliego dentro del término prorrogado;

3. En que el proyecto de pliego y exposición presentado' no cumplía con los requisitos del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, y

4. En que el llamado complemento de la exposición del caso fué presentado sin haberse archivado previamente en la secretaría de la corte y fuera del plazo concedido.

Como puede verse, no existe envuelta en este caso ninguna cuestión verdaderamente jurisdiccional-. La apelación se in-terpuso en tiempo y forma. Las cuestiones suscitadas se ' refieren todas a la exposición del caso presentada y aprobada por el juez sentenciador después de interpuesta la apelación.

Examinemos la primera. Una solicitud de prórroga no es una moción que pueda considerarse enteramenté comprendida dentro de las prescripciones de los artículos 317 y 323 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y de la regla 4 de las de la Corte de Distrito de Arecibo, y es de tal naturaleza que en muchas ocasiones precisa que se haga eos parte. Al resolverla, la corte no decide ninguna de las cuestiones envueltas en el liti-gio. Además, la parte contraria si se considera perjudicada por el hecho de la concesión de una prórroga inmotivada o excesiva, puede pedir a la corte que reconsidere y anule la orden dictada al efecto.

Examinemos la segunda. No hay cuestión alguna con res-pecto a que el proyecto de exposición del caso fué entregado por la parte apelante al secretario de la corte de distrito antes . de las 12 de la noche del 17 de enero de 1912, y, por tanto, dentro del plazo concedido por la corte. La cuestión levan-tada consiste en que la exposición se entregó al secretario pero no se archivó en la secretaría el dicho día 17 de enero en que vencía el término, sino al siguiente.

Aparece demostrado suficientemente que los apelantes-solicitaron de la corte de distrito una nueva prórroga para presentar su exposición el día 16 de enero de 1907, prórroga que le fué negada el día 17 en que vencía la anterior conce-dida. Que entonces los apelantes, que residen en San Juan, a las 2.40 de la tarde del expresado día 17, notificaron a la parte apelada con copia del proyecto, y enviaron el original,, haciendo enfuerzos extraordinarios, a Arecibo, sin que le-fuera dable a su emisario llegar a dicha ciudad hasta la noche del repetido día.

Atendidas todas estas circunstancias y la naturaleza del acto de la entrega de un proyecto de exposición del- caso que, de acuerdo con la misma ley, interpretada en su totalidad, y con la jurisprudencia, no va a formar parte del récord inmedia-tamente, sino que para ello tiene que ser enviado al juez sen-tenciador por el mismo secretario y aprobado por el juez con la intervención de todas las partes interesadas, es necesario-eoncluir que el proyecto fué presentado en tiempo y pudo ser' admitido y aprobado como lo fué por el juez sentenciador.

Examinemos la tercera. El que el proyecto presentado el 17 de enero fuera -defectuoso, no es motivo para pedir ahora sn eliminación si, como veremos más adelante, fué enmendado-incluyéndose en él toda la prueba practicada.

Examinemos la cuarta y última de las cuestiones susci-tadas. Aparece que ya en poder del juez sentenciador el pro-yecto entregado el 17 de enero, los apelantes presentaron una. adición al mismo que el juez admitió con la oposición del apelado.

No consideramos como buena la práctica de presentar fraccionada una exposición del caso, pero creemos que el juez sentenciador tenía discreción y usó de ella al admitir el lia-ruado complemento. El juez tenía ya en sus manos el pro-yecto, y a instancias de cualquiera de las partes o por su propia orden pudo ordenar que la exposición se completara consignando en ella todas las pruebas practicadas durante el juicio.

Eesueltas en tal sentido las cuestiones levantadas por los apelados, no cabe acceder a lo que solicitan con respecto a la eliminación de la exposición del caso y pliego de excepciones de los apelantes, ni menos a desestimar la apelación inter-puesta.

La moción debe declararse sin lugar.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    American Trading Company v. Sepúlveda, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

    No. 95.
    Resuelto en noviembre 7, 1912.
    Síndico — Nombramiento de Sindico — Discreción del Tribunal Sentenciador.— Cuando una petición sobre nombramiento .de un síndico se funda en una declaración jurada por información y creencia de que la propiedad en litigio sufría y seguiría sufriendo un perjuicio muy grande por la negligencia de la parte contraria, y esta declaración jurada es contradicha por otra declaración jurada de la parte contraria negando la negligencia y el perjuicio alegados, el Tribunal Supremo no intervendría en el ejercicio de la facultad discrecional del tribunal sentenciador al denegar el nombramiento del síndico, aun en el supuesto de que esta cuestión - pudiera plantearse por medio de apelación contra la orden denegando el nombramiento del síndico.
    Id. — Certiorari—Error de Procedimiento. — La denegatoria del nombramiento de un síndico por un tribunal en el ejercicio de su facultad discrecional, no constituye un error de procedimiento que pueda servir de base a un recurso de certiorari.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Felipe Casalduc.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó una solicitud interesando la expe-dición de un auto de certiorari. De los hechos que dieron ori-gen a las cuestiones entre las partes, sólo es necesario men-cionar que el peticionario, American Trading Company, ha presentado demanda contra los apelados para reivindicar la propiedad y posesión de una parcela de terreno comprendida en la jurisdicción de la Corte de Distrito de Mayagiiez.

La peticionaria alegó en una declaración jurada que hizo, fundada en la información y creencia de su abogado, que la propiedad sufría y seguiría sufriendo un perjuicio muy grande con motivo de la negligencia del'apelado, por lo que solicitó que se hiciera el nombramiento de un síndico. La corte negó la moción y la peticionaria, alegando la imposibilidad en que se encontraba de interponer apelación; estableció el presente recurso de certiorari.

La negligencia y perjuicio, tanto actual como futuro, se negó bajo juramento por el apelado.

Y en estas condiciones, y siendo un affidavit en contra del otro, esta corte no intervendrá con la discreción de la corte sentenciadora, aun cuando la cuestión pudiera ser revisada por nosotros directamente. Por tanto, el certiorari tendrá que ,ser denegado aun cuando sea por sus méritos.

El peticionario insiste en que la corte inferior fundó su sentencia en el hecho de que el soheiiante no estaba compren-dido en ninguna de las disposiciones del artículo 182 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

La corte, sin embargo, al negar la orden citó jurispruden-cia en el sentido de que a falta de fraude u otro fundamento por el que pueda solicitarse un remedio en equidad, no se nombrará un síndico si solamente se trata de una cuestión que afecta al título y posesión 'de una propiedad.

Por consiguiente, es evidente que la corte negó la solicitud por considerar que no se le había presentado ningún caso en equidad. El ejercicio de su discreción por parte de la corte al negar -una solicitud en que se solicita el nombramiento de un síndico, no constituye un error de procedimiento, si es que lo hubiera.

Por lo tanto, el auto de certiorari no precede, y debe ser anulado.

Sin lugar la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole.

text:
    Pueyo v. Real Hermanos.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 833.
    Resuelto en noviembre 7, 1912.
    Contratos con Cláusula Penal — Arrendamiento de Servicios — Indemniza-ción en Caso de R-escisión del Contrato. — Las disposiciones del artículo 1121 del Código Civil revisado únicamente son aplicables en aquellos casos en que una de las partes puede ser obligada al cumplimiento del contrato. Cuando, por el contrario, se trata de contratos de carácter personalismo, como son los contratos de arrendamiento de servicios, y cuando existe un con-trato con cláusula penal, el deudor solamente tiene derecho a reclamar el im-porte de la indemnización estipulada en el contrato, no pudiendo exigir una indemnización mayor de la convenida, y en tales casos, las disposiciones del artículo 1121 de dicho Código Civil no son aplicables.
    Id. — Resolución de las Obligaciones — Indemnización de Daños y Perjuicios. — • Los preceptos del artículo 1091 del Código Civil revisado, que dan derecho al perjudicado a elegir entre el cumplimiento de la obligación o la indem-nización de daños y perjuicios, no son aplicables a un contrato con cláusula penal de carácter personalísimo en que las partes han estipulado una pena en caso de incumplimiento del contrato.
    Id.- — Convenio de las Partes con Respecto a la Indemnización. — Cuando de los términos de un contrato se deduce claramente que la intención de las partes ha sido convenir en una cantidad fija en concepto de indemnización de daños y perjuicios en caso de incumplimiento del contrato, los tribunales americanos no dejarán sin efecto la cantidad estipulada, al menos que sea injusta, ex-cesiva o contraria a la moral pública.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Ahogado de los apelados: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Wole.

emitió la opinión del tribunal.

En la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, el día 1°. de mayo de 1911, Julián Pueyo Cámara celebró un contrato con la mer-cantil de Real Hermanos, sobre arrendamiento de servicios, estipulándose, en el contrato que en el caso de que se rescin-diese por culpa de los Sres. Real Hermanos, quedarían estos últimos obligados a pagar al Sr. Pueyo Cámara, la suma de $88 en concepto de indemnización. El contrato se cumplió por una y otra parte, basta el día 31 de julio de 1911; pero en Io. de agosto, 1911, los demandados y apelados Real Hermanos, sin motivo ni causa legal alguna notificaron al demandante y apelante por escrito que babía cesado en el desempeño de los trabajos que venía llevando a cabo como dibujante en la em-presa Puerto Rico Ilustrado, de la propiedad de- la deman-dada y apelada. En esta notifiacación los apelados le advertían al apelante que podía disponer de la suma de $88 de acuerdo con lo convenido en la cláusula penal consignada en diebo con-trato. Como el demandante y apelante no estuvo conforme con este proceder, al siguiente día 2 de agosto, 1911, manifestó a Real Hermanos de palabra y por escrito que no se avenía a la rescisión del convenio; y que por el contrario optaba por su cumplimiento y se negó percibir la suma que se le ofrecía para resarcirle de los daños y perjuicios que pudieran origi-nársele de acuerdo con lo convenido en la cláusula penal. Los demandados y apelados se negaron al cumplimiento del contra-to y el Sr. Pueyo presentó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, alegando que por el incumplimiento de los deman-dados se vió privado mensualmente de la suma de $75 durante los 19 meses que faltaban para la terminación del contrato. La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor de los demandados.

Para sostener su apelación, el apelante se fundó principal-mente en el artículo 1121 del Código Civil. Para interpretar debidamente este artículo, debe leerse en relación con el artí-culo 1120:

“Artículo 1120. — -En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y el abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.
“Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme con las disposiciones del .presente Código.
“Art. 1121. — El deudor no podrá eximirse de cumplir la obliga-ción, pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá exigir con-juntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada.”

Convenimos en que las palabras del artículo 1121 significan que una parte contratante puede insistir en el cumplimiento de un contrato aun cuando exista en el mismo una cláusula pena], con tal que sea siempre susceptible el contrato de cumplirse específicamente. El artículo 1121 necesariamente es de aplicación solamente a aquella clase de contratos en que la ley puede obligar a su cumplimiento. Cuando el contrato no puede hacerse cumplir, el demandante queda en la situa-ción a que se ha hecho referencia por los comentaristas y por la corte inferior. En relación con esta cuestión, Manresa se expresa como sigue:

“Creemos que en el supuesto general de la ley, y una vez incum-plida la obligación, puede optar el acreedor entre pedir la pena o el cumplimiento de aquélla; pero con la diferencia de que si pide lo primero, no podrá luego exigir lo segundo, puesto que ambos obliga-dos han decidido prescindir de la ejecución de lo pactado, y en cambio, optando por exigir que se cumpla la obligación, podrá pedir, si así no se lleva a cabo, el pago de la pena.”

Y Seaevola, en el Tomo XIX, página 837 de sus Comen-tarios al Código Civil, es de opinión que las partes quedan obligadas por su contrato y que como las mismas tuvieron presentes el incumplimiento que posiblemente podía ocurrir de la obligación principal, y estuvieron conformes en cuanto a la cuantía de la compensación que el acreedor debía recibir, no hay medio alguno de que las partes puedan librarse de la situación en que se colocaron.

Las condiciones del contrato demuestran que la indemni-zación que tuvieron presente las partes para el caso de incum-plimiento por el apelado, era la suma de $88. Si según se alega por el. apelante, él insistiera en el cumplimiento del contrato, y al no cumplirlo los demandados fuera indemni-zado por hvs daños y perjuicios, al- obrar así sustituiría, otro contrato por el que en realidad firmaron las partes. La con-formidad. de las partes tuvo lugar al fijar la suma de $88 como pago por incumplimiento del contrato.

El apelante cita el artículo 1091 del Código Civil, que es la cláusula general que autoriza a la parte contratante para, escoger entre el cumplimiento del contrato y el resarcimiento-de los daños y perjuicios, pero este artículo solamente es apli-cable cuando las partes no han hecho convenio de ninguna; clase por.el que hayan de estimarse los daños y perjuicios,.

. El apelante hizo alguna referencia a casos americanos. Propiamente hablando, la suma especificada en este contrato, de acuerdo con el sistema americano se consideraría como daños líquidos, más bien que una pena. Al expresar las partes contratantes que ,1a suma de $88 sería la'compensación por cualquier incumplimiento del contrato por culpa de Eeal Her-manos, parece haberse tenido en cuenta que la suma de $88 comprende todos los daños y perjuicios. Este punto ha sido bastante discutido en el caso de K. P. Mining Co. v. Jacobson, 4 L. R. A. ;(N. S.), 757, 758. Es particularmente pertinente al punto, la cita contenida en el tomo 13 de Cyc., p. 90, a saber:.

“El contrato ha de regir, y la verdadera cuestión es ¿En qué con-sistía el contrato? El hecho de si era conveniente o nó a las partes contratantes obligarse de tal modo no tiene importancia alguna si aparece que la intención es clara. Si no existe fraude, trampa o ile-galidad en el caso, la corte está obligada a hacer que se cumpla el contrato. ’ ’

La reparación es la cuestión fundamental, y cuando las partes han estado conformes con respecto a la cuantía de Ios-daños y ésta no resulta injusta, excesiva o contraria a la moral pública, las cortes no anularán la verdadera intención de las partes contratantes.

La sentencia debe confirmarse.

Confirmada-.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.