text:
      In re Proyectos de Código de Conducta Profesional y de Reglas de Procedimiento para Asuntos Disciplinarios de la Abogacía y la Notaría.

      Número: ER-2013-004

      Resuelto: 20 de diciembre de 2013
   RESOLUCIÓN

El Colegio de Abogados de Puerto Rico en 2005 sometió ante este Tribunal un proyecto de reglas de conducta profesional. Conforme la Resolución de 18 de noviembre de 2005, este proyecto fue sometido a un proceso de consulta que permitió a la ciudadanía y a la comunidad jurídica la oportunidad de examinarlo y presentar comentarios y re-comendaciones ante el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial. Finalizado ese proceso, y contando con el beneficio de los criterios de diversos sectores, en ocasión de una sesión plenaria, este Tribunal no aprobó el proyecto.

No obstante, en consideración de la necesidad de actua-lizar el Código de Etica Profesional tras el transcurso de más de cuatro décadas de vigencia, se le encomendó al Se-cretariado de la Conferencia Judicial preparar un Proyecto de Código de Ética Profesional que tomara en considera-ción los últimos cambios realizados por la American Bar Association a sus Reglas Modelo de Conducta Profesional y las reacciones y los comentarios recibidos tras el proceso de consulta. Así también, se le instruyó analizar el Proyecto de Reglamento sobre Procedimiento Disciplinario Uni-forme de Abogados(as) y Abogados(as) Notarios(as) que so-metió el Colegio de Abogados en 2007.

En cumplimiento con esta encomienda, el Secretariado de la Conferencia Judicial presentó ante la consideración del Tribunal el Proyecto de Código de Conducta Profesional y el Proyecto de Reglas de Procedimiento para Asuntos Disciplinarios de la Abogacía y la Notaría.

Sin haber examinado ni pasado juicio sobre ambos pro-yectos, este Tribunal considera prudente que la ciudadanía y la comunidad jurídica tengan la oportunidad de conocer-los y de someter comentarios y recomendaciones al Secre-tariado de la Conferencia Judicial. Luego de culminar el proceso de consulta a la profesión y a la ciudadanía, el cual habrá de extenderse hasta el 28 de febrero de 2014, el Se-cretariado de la Conferencia Judicial preparará un informe con el análisis de los comentarios recibidos y sus recomen-daciones, para la consideración del Tribunal. Será en ese momento que el Tribunal examinará las propuestas del Se-cretariado y los comentarios recibidos y estará en posición de tomar una determinación sobre un nuevo código que rija la conducta profesional de los abogados y las abogadas.

Notifíquese a la Directora del Secretariado de la Confe-rencia Judicial y Notarial. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Ramonita Colón Rivera, María E. Crespo Virella et al., peticionarios, v. Hon. César Rey Hernández, en su capacidad personal y en su capacidad oficial como Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico et al., recurridos.

      Número: AC-2011-112

      Resuelto: 23 de diciembre de 2013

      Francisco J. González Magaz, del Bufete Francisco R. Gonzá-lez, abogado de la parte peticionaria; Luis R. Román Ne-grón, procurador general, Lisa M. Durán Ortiz, procura-dora general interina, Susana I. Peñagarícano Brown y Jannelle M. Laforet Matos, procuradoras generales auxi-liares, Jeanette M. Collazo Ortiz, subprocuradora general, y Ángel E. Rotger Sabat, de Maymí, Rivera & Rotger, PSC, abogados de César Rey Hernández, Ileana Mattei y Lisette Pillich, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso que atendemos hoy nos ofrece la oportunidad de pronunciarnos sobre una controversia de gran relevancia. En esencia, debemos resolver si cuando un empleado público tiene una causa de acción al amparo de la Ley de Derechos Civiles federal, 42 USCA sec. 1983 (Sec. 1983), por alegado discrimen político en el empleo, le corresponde presentar su reclamación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) o puede acudir directamente al Tribunal de Primera Instancia.

Luego de examinar la jurisprudencia federal y estatal, así como los parámetros estatutarios y reglamentarios de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH), ahora CASP, y las doctrinas de jurisdicción primaria y la de ago-tamiento de remedios administrativos, entendemos que el empleado público reclamante puede acudir al foro de ins-tancia con su causa de acción al amparo de la See. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra, por alegado dis-crimen político en el empleo. Así, concluimos que no pro-cede devolver el caso a CASP, como dispuso el Tribunal de Apelaciones, sino que el foro con jurisdicción para atender los reclamos de la parte peticionaria es el tribunal de instancia. Por ende, revocamos la sentencia emitida por el tribunal apelativo intermedio y remitimos el caso al foro de instancia para que se continúen los procedimientos judicia-les conforme a lo aquí resuelto.

I

En este litigio, la parte peticionaria está compuesta por un grupo de diez supervisores no docentes del Departa-mento de Educación y la entidad sin fines de lucro Educa-dores Puertorriqueños en Acción, Inc., la cual —según se expone en la demanda— se dedica a organizar y proteger los derechos de los maestros, supervisores y empleados del Departamento de Educación. Mientras, la parte recu-rrida la integran el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado), el entonces Secretario del Departamento de Edu-cación, Dr. César Rey Hernández, la Dra. Lizzette Pillich Otero, ex Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento de Educación, y la Sra. Ileana Mattei Látimer, entonces Subsecretaria de Administración de esta agencia gubernamental.

El 9 de diciembre de 2004, la parte peticionaria presentó una demanda en contra de la parte recurrida ante el tribunal de instancia. En esta, la parte peticionaria —cuyos in-tegrantes alegan ser miembros activos e identificados con el Partido Nuevo Progresista (PNP)— adujo que se vio perju-dicada cuando el entonces Secretario del Departamento de Educación (Dr. César Rey Hernández) “sin avisar, sin justa causa, violando los procesos administrativos, en forma sub-jetiva y políticamente discriminatoria [aprobó] ascensos y aumentos salariales por razones políticas discriminatorias perjudicando a los aquí demandantes”.

Entre las alegaciones de la demanda, la parte peticiona-ria incluyó que “[l]a insoportable situación la ha creado la política pública y directriz administrativa, por el presente Secretario de Educación [,] Hon. César Rey Hernández, im-plantada por sus alter egos que incluyen a los Co-Deman-dados, donde han estado ascendiendo y aumentando los salarios por activismo político en el Partido Popular en el poder”. Esto es, según la parte peticionaria, que se apro-baron ascensos y aumentos salariales a compañeros super-visores no docentes que en ese momento ocupaban puestos en clases de igual jerarquía que ellos y que estaban afiliados al Partido Popular Democrático (PPD). La parte peticionaria también señaló que ese desbalance o inequidad creado por la parte recurrida constituye una violación de naturaleza constitucional, pues tanto la Constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos prohíben el discri-men por razón de creencias políticas o de asociación polí-tica, así como una violación a lo dispuesto en la Sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra.

Por todo lo cual, la parte peticionaria solicitó al foro de instancia que: (1) dictara una sentencia declaratoria en la que estableciera que esos ascensos y aumentos salariales a ciertos supervisores no docentes, por razones políticas, fue-ron ilegales y discriminatorios; (2) ordenara al Departa-mento de Educación y a los codemandados a conceder los mismos aumentos salariales que fueron otorgados a esos supervisores no docentes y ordenara el pago retroactivo de tales aumentos; (3) estableciera que toda culpa y negligen-cia por la violación de derechos constitucionales corres-ponde a los codemandados; (4) certificara que los deman-dantes son genuinos representantes de la clase, y (5) condenara a los codemandados al pago del mismo diferen-cial que le otorgaron a los otros supervisores, intereses, daños, penalidades, costas y honorarios de abogado.

Allá para julio de 2005, el Estado contestó la demanda en representación del Departamento de Educación y dos de los funcionarios codemandados, el Dr. César Rey Hernán-dez y la Sra. Ileana Mattei Látimer. El Estado negó la ale-gación sobre discrimen político.

Entre las defensas afirmativas, el Estado esbozó que el Departamento de Educación, como autoridad nominadora y patrono de los demandantes, “tuvo razones válidas, legí-timas y no discriminatorias para llevar a cabo las acciones que la demandante califica como actos de discrimen y/o represalias en su demanda”. Por todo lo cual, el Estado indicó que procedía la desestimación de la demanda o la paralización de los procedimientos por tratarse de alega-ciones “que corresponden y requieren la determinación de la pericia de la agencia administrativa, jurisdicción prima-ria y/o agotamiento de remedios administrativos”.

La otra funcionaría demandada, la Dra. Lizzette Pillich Otero, compareció por derecho propio y contestó la demanda el 15 de agosto de 2005. Ésta expresó que la determina-ción sobre retribuir a un empleado es una prerrogativa de la autoridad nominadora, por lo que constituye una actuación discrecional. Además, aclaró que no se viola el principio de mérito ni disposición constitucional alguna, ya que la retri-bución no es un área esencial al principio de mérito. En particular, apuntó que “[l]a retribución de un empleado se hace tomando en consideración muchos factores individua-les de cada empleado, por lo que es totalmente frívolo alegar que el presente es un pleito de clase”.

En diciembre de 2010, el Estado solicitó la desestima-ción de la demanda por entender que la reclamación pre-sentada por la parte aquí peticionaria se relacionaba al principio de mérito, razón por la cual la jurisdicción prima-ria exclusiva correspondía al foro administrativo (específi-camente CASP). El Estado planteó que las alegaciones so-bre las violaciones a los derechos constitucionales, según expuestas por los demandantes, eran incidentales a la im-pugnación de los ascensos y aumentos de sueldo concedidos a sus compañeros de trabajo que estaban afiliados al PPD. Además, argüyó que la parte peticionaria no estableció en sus alegaciones un agravio de tan patente intensidad que justificara obviar el trámite administrativo, por cuanto el foro de instancia carecía de jurisdicción para atender la controversia planteada y el caso debía desestimarse.

Oportunamente, en enero de 2011, la parte aquí peticio-naria presentó su oposición a la moción de desestimación del Estado. En esa oposición, indicó que su reclamación “no en-foca en el principio de mérito, sino en una campaña de per-secución y discrimen político contra éstos por apoyar al [PNP], manifestado en la negativa de concederle reclasifica-ciones y aumentos salariales (pasos por méritos y otros)”. Añadió que mientras a ellos se le denegaban, “estos mismos beneficios se le concedían a empleados afiliados al [PPD]”, por lo que, a la luz de estas alegaciones, es que se debían tomar en consideración los argumentos de las partes. Asimismo, la parte peticionaria reiteró que sus reclamos ema-naban de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 LPRA sec. 148 et seq.) y la See. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra. También argumentó que no procedía agotar los remedios administrativos, pues no se había iniciado un procedimiento ante el foro administrativo.

A su vez, la parte peticionaria mencionó que el Tribunal Supremo federal “ha establecido consistentemente que no es necesario agotar los remedios administrativos previo a presentar una reclamación a tenor con la sección 1983”. Para finalizar, planteó que aunque entiende que el asunto jurisdiccional se puede argumentar en cualquier momento, expresó que la moción de desestimación presentada por la parte recurrida fue a destiempo, ya que el pleito fue pre-sentado en 2004, se encontraba en una etapa avanzada de los procedimientos y se habían realizado cerca de 17 deposiciones. Sobre esto, señaló que sería irrazonable y oneroso tener que presentar su caso ante otro foro, pues debido al tiempo transcurrido cualquier remedio resultaría inadecuado, se les provocaría un daño irreparable y la dilación tornaría en inútil su reclamo. Por todo lo cual, la parte peticionaria solicitó la denegatoria de la petición de desestimación.

Finalmente, el 20 de enero de 2011 (notificada el 24 de enero de 2011) el tribunal de instancia declaró “no ha lu-gar” la moción de desestimación y ordenó la continuación del trámite, según calendarizado. Inconforme con la deci-sión, el 23 de febrero de 2011, la Procuradora General —en representación de la parte aquí recurrida— presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el 7 de marzo de 2011, la parte aquí peticionaria presentó su oposición al recurso de certiorari.

Así las cosas, el 10 de junio de 2011 —notificada el 20 de junio de 2011— el Tribunal de Apelaciones revocó la reso-lución recurrida y refirió el caso a CASP para que ese foro continuara con los procedimientos. Asimismo, expresó que el tribunal de instancia retendría jurisdicción exclusiva-mente sobre la acción en daños y perjuicios.

El foro apelativo intermedio señaló que los demandan-tes (la parte aquí peticionaria) debían presentar sus recla-mos, en primera instancia, ante el foro administrativo fa-cultado para atender los asuntos relativos al principio de mérito, entiéndase CASP, y allí demostrar que son acree-dores de los ascensos y aumentos salariales que reclaman. Esto es, que debían agotar los remedios admi-nistrativos y luego podrían solicitar revisión judicial si les interesaba. A su vez, el Tribunal de Apelaciones añadió que la alegación de discrimen político no era suficiente para detener el cauce administrativo y tampoco se había demos-trado que hubiese un agravio de tan grave y patente inten-sidad que justificara eludir el cauce administrativo de ma-nera que procediera un reclamo al amparo de los derechos constitucionales.

El 5 de julio de 2011, la parte aquí peticionaria solicitó reconsideración al Tribunal de Apelaciones. Argumentó que: (1) la Ley Núm. 184-2004 conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 184), 3 LPRA see. 1461 et seq., no establece una ju-risdicción primaria exclusiva de CASARH para atender sus reclamos; (2) la reclamación es por violación de dere-chos constitucionales por discrimen político en el sector pú-blico, por lo que el foro con jurisdicción para atenderla es el tribunal de instancia, y (3) según la jurisprudencia federal, no es necesario agotar los remedios administrativos antes de presentar una reclamación conforme a la See. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra. Por todo lo cual, solicitó al tribunal apelativo intermedio que reconsiderara su decisión y, en consecuencia, confirmara la orden del foro de instancia que denegó la moción de desestimación pre-sentada por la parte aquí recurrida y que ordenó la conti-nuación de los procedimientos.

Allá para el 11 de agosto de 2011 —notificada el 19 de agosto de 2011 — , el Tribunal de Apelaciones ordenó a la Procuradora General que se expresara sobre la solicitud de reconsideración presentada. En particular, el foro apela-tivo intermedio requirió expresarse sobre dos aspectos par-ticulares: (1) que la Ley Núm. 184, supra, no concede juris-dicción exclusiva a CASARH para atender reclamos como los incluidos en la demanda, y (2) que el caso de autos trata sobre discrimen político, por lo que debe ser el foro de ins-tancia y no CASARH el que lo atienda y dilucide.

' En cumplimiento de orden, el 19 de septiembre de 2011, la Procuradora General presentó un escrito de oposición a la reconsideración, en el que indicó lo siguiente:

[c]iertamente, la Ley Núm. 184, supra, no establece de forma específica que la CASARH, ahora CASP, tendrá juris-dicción primaria exclusiva para atender los asuntos relativos al principio de mérito tales como el pago de salarios y los ascensos. Sin embargo, conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257 (1996), lo anterior no es óbice para que se concluya que en efecto la Asamblea Legislativa le delegó a la agencia esa facultad.

Añadió que las alegaciones de discrimen político presen-tadas por la parte aquí peticionaria “están supeditadas a la procedencia o no de los ascensos y los aumentos salariales, los cuales, por ser áreas esenciales del principio de mérito, son de jurisdicción exclusiva de la CASARH, ahora CASP”.

Así pues, la Procuradora General solicitó que se decla-rara “no ha lugar” la moción de reconsideración y se deses-timara la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. Sobre esto último planteó que CASARH perdió jurisdicción para adjudicar los asuntos relacionados con el principio de mérito, pues la parte aquí peticionaria no pre-sentó su recurso ante el foro administrativo en el término jurisdiccional. Ante esa situación, alegó que la decisión de la autoridad nominadora (Departamento de Educación) de no conceder los ascensos y los aumentos salariales recla-mados advino final y firme, lo que impedía que el foro de instancia pudiera atender la controversia sobre la alega-ción de discrimen político.

Luego, el 29 de septiembre de 2011, la parte peticiona-ria replicó y enfatizó en que las reclamaciones de discri-men no se supeditan a la procedencia de los ascensos y los aumentos salariales, sino que lo principal es el reclamo por discrimen político y su evidencia. Asimismo, planteó que “habiendo establecido un caso prima facie de discrimen po-lítico, no se puede considerar éste como uno de impugna-ción de determinaciones laborales o de mérito”.

Luego de evaluar los planteamientos de ambas partes, el 11 de octubre de 2011 —notificada el 18 de octubre de 2011— el Tribunal de Apelaciones declaró “no ha lugar” a la moción de reconsideración presentada por la parte aquí peticionaria (los empleados demandantes). Planteó que no aplicaba la “defensa de Mt. Healthy” sobre caso prima facie de discrimen político, porque lo formulado por la parte pe-ticionaria es una “mera alegación de discrimen”. A su vez, reiteró que los reclamos de ascensos y aumentos sala-riales constituyen áreas esenciales al principio de mérito, por lo que conforme a la Ley Núm. 184, supra, el foro con jurisdicción es CASP. Añadió que corresponderá a ese ente administrativo adjudicar si los demandantes “son merece-dores de los ascensos y aumentos salariales que reclaman y probar que hubo criterios políticos para negarles a éstos sus reclamos mientras se beneficiaba a otros empleados por igual razonamiento”.

Inconforme con la determinación del foro apelativo in-termedio, el 17 de noviembre de 2011, la parte peticionaria presentó un recurso de apelación ante esta Curia. Se se-ñala la comisión de los errores siguientes:

[...] Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al considerar el recurso de certiorari y aceptar los escritos presentados por la parte demandada. [...] Erró el Honorable Tribunal de Ape-laciones al determinar que la CASARH, ahora la CASP, posee jurisdicción exclusiva para entender en las reclamaciones de la parte demandante por ser relativas a ascensos y aumentos salariales y no sobre discrimen político que debe ventilarse ante el Tribunal de Primera Instancia. Recurso de Apelación, pág. 10.

Acogimos el recurso como una petición de certiorari y expedimos el auto el 10 de febrero de 2012. La parte peticionaria presentó su alegato el 18 de abril de 2012 y la Procuradora General presentó su alegato en oposición el 2 de julio de 2012. Posteriormente, el 10 de julio de 2012 la parte peticionaria presentó una réplica al alegato en oposición. Así las cosas, el 3 de agosto de 2012 el caso quedó sometido para su adjudicación. Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, resolvemos.

II

A. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, “establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra, a saber: falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable”.

Al evaluar una moción de desestimación, los tribunales tienen que dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas incluidas en la demanda. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Además, hay que interpretar esas alegaciones de la forma más favorable a la parte demandante. Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999). Así pues, para desestimar un caso por falta de ju-risdicción sobre la materia “es necesario determinar si, tomando como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene jurisdicción para atender el reclamo”. Íd.

Nótese que al examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser sumamente liberal y “únicamente procedería cuando de los hechos alegados no podía concederse remedio alguno a favor del demandante”. Conforme la Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, una vez surge —por indicación de las partes o de algún otro modo— que el tribunal carece de jurisdicción, procede la desestimación del pleito.

B. La jurisdicción de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH), ahora la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP)

La jurisdicción y el funcionamiento de las agencias administrativas se derivan y, a su vez, se delimitan por su ley habilitadora y su reglamento. Al aprobar la ley orgánica de una agencia, la Asamblea Legislativa autoriza y delega a esta los poderes necesarios para que actúe de acuerdo con el propósito que persiguió el legislador con su creación. Asimismo, en múltiples ocasiones hemos ex-presado que “al interpretar el alcance de los poderes delegados a una agencia administrativa, no debemos limitar el análisis a una interpretación restrictiva de su estatuto habilitador”.

En virtud de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como la Ley de Personal del Servicio Público, 3 LPRA sec. 1301 et seq. (derogada), la Legislatura creó la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). Posteriormente, esa ley fue derogada mediante la aprobación de la Ley Núm. 184-2004 (Ley Núm. 184), según enmendada, conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, 3 LPRA sec. 1461 et seq. La Ley Núm. 184, supra, estableció la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) como el organismo adjudicativo sustituto de JASAP y le confirió jurisdicción apelativa sobre todas las reclamacio-nes de los empleados públicos no organizados sindical-mente, las cuales se relacionaran con el principio del mérito. Conforme a esta ley, las acciones relacionadas al principio del mérito son: clasificación de puestos, reclutamiento y selección, ascensos, traslados y descensos, adiestramiento, y retención.

Al amparo de la Ley Núm. 182-2009, conocida como la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 2009 (3 LPRA sec. 8821 et seq.), se creó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, aprobado el 26 de julio de 2010, mejor conocido como el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público, 3 LPRA Ap. XIII. Mediante este último se estableció la nueva Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), en la cual se fusionó la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP).

Específicamente, CASP es un organismo cuasijudicial en la Rama Ejecutiva, que se especializa en asuntos obrero patronales y del principio de mérito. Esa entidad atiende casos laborales, querellas y asuntos de administración de recursos humanos, ello en cuanto a los empleados cobijados por la Ley Núm. 45-1998 (Ley 45) conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, 3 LPRA see. 1451 et seq., y aquellos empleados cubiertos por la Ley Núm. 184.

Por su parte, en el Art. 12 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, supra, se especificó cuál sería la jurisdicción apelativa de CASP. Ese artículo expresa lo siguiente:

La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las apela-ciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores Individuales y los municipios en los casos y por las personas que se enumeran a continuación:
(a) Cuando un empleado, dentro del Sistema de Administra-ción de los Recursos Humanos, no cubierto por [la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada,] conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público”, alegue que una acción o decisión le afecta o viola cualquier derecho que se le conceda en virtud de las disposiciones de [la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada,] conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”, los reglamentos que se aprueben para instrumentar dichas leyes, o de los regla-mentos adoptados por los Administradores Individuales para dar cumplimiento a la legislación y normativa aplicable.
(b) Cuando un ciudadano alegue que una acción o decisión le afecta su derecho a competir o ingresar en el Sistema de Ad-ministración de los Recursos Humanos, de conformidad al principio de mérito.
(c) Cuando un empleado irregular alegue que la autoridad nominadora se ha negado injustificadamente a realizar su conversión a empleado regular de carrera, según dispone [la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, según enmendada, conocida] como “Ley de Empleados Irregulares”.
(d) Cuando un Administrador Individual alegue que una ac-ción, omisión o decisión de la Oficina es contraria a las dispo-siciones generales de la [Ley 184], según enmendada, en las áreas esenciales al principio de mérito.
(e) La Comisión tendrá jurisdicción sobre el personal do-cente y clasificado del Departamento de Educación y el personal civil de la Policía de Puerto Rico, que no estén sindicados bajo la [Ley 45], según enmendada.
(f) La Comisión podrá tener jurisdicción apelativa volunta-ria sobre los empleados no organizados sindicalmente de aque-llas agencias excluidas de la aplicación de la [Ley 184], según enmendada, y las corporaciones públicas que operen como ne-gocio privado que se sometan voluntariamente al proceso ape-lativo y adjudicativo de la Comisión. El procedimiento y costo para que puedan acogerse a esta jurisdicción se establecerá, mediante reglamento.
(g) Cualquier asunto proveniente u originado de la adminis-tración de los recursos humanos no cubierto en otras leyes o convenios colectivos.

En fin, CASP se creó como el ente adjudicativo con ju-risdicción apelativa exclusiva para atender y adjudicar las apelaciones de los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico surgidas como consecuencia de acciones o de-cisiones de los administradores individuales y los munici-pios en cuanto a las acciones de personal relacionadas con el principio de mérito. Así se atendió el propósito jurídico medular de que sea la agencia especializada en determi-nado asunto la que lo atienda, conforme a la autoridad delegada por ley.

C. La Ley de Derechos Civiles federal y el discrimen político

La Sec. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra, establece —en lo pertinente— que:

Every person who, under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress, except that in any action brought against a judicial officer for an act or omission taken in such officer’s judicial capacity, injunctive relief shall not be granted unless a declaratory decree was violated or declaratory relief was unavailable.

El mencionado estatuto federal constituye “un vehículo para que los ciudadanos puedan hacer valer los derechos que confieren la Constitución y las leyes de Estados Unidos frente a aquellas personas que abusan de su poder cuando actúan so color de autoridad estatal”. Tal como ha expresado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es importante recalcar que la See. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra, no constituye en sí una fuente de derechos sustantivos, sino que provee un mecanismo para vindicar cualesquiera derechos civiles que se hayan conferido. Así, el primer paso en este tipo de reclamación es identificar cuál es el derecho constitucional alegadamente infringido.

Es conocido que los tribunales estatales podemos ejercer jurisdicción concurrente sobre pleitos basados en la Constitución, las leyes y los tratados de Estados Unidos, a excepción de cuando esa jurisdicción es, expresa o implícitamente, exclusiva de las cortes federales. En lo que respecta a la Ley de Derechos Civiles federal hace más de tres décadas expresamos en Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 DPR 256, 259 (1982), que “no se desprende del texto o el historial legislativo del estatuto intención alguna del Congreso [de Estados Unidos] de conferirles a los tribunales federales jurisdicción exclusiva sobre este género de casos”. Asimismo, allí indicamos que el Tribunal Supremo de Estado Unidos ha establecido que las cortes estatales “pueden ejercer jurisdicción concurrente sobre pleitos fundados en la Sec. 1983”.

Así pues, en aquella ocasión en 1982 resolvimos que el sistema judicial de Puerto Rico tiene jurisdicción concurrente para resolver pleitos al amparo de la Ley de Derechos Civiles federal. Debido a que esta es una causa de acción federal sobre la que ejercemos jurisdicción concu-rrente, los tribunales de Puerto Rico “estamos obligados a seguir nuestras propias opiniones anteriores y las decisio-nes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

Conforme a la jurisprudencia federal, un demandante puede prevalecer en su reclamo por violación a sus derechos civiles al amparo del mencionado estatuto si demuestra que el demandado actuó so color de autoridad y esa actuación le privó de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Así, hemos mencionado que “en Estados Unidos se han llevado acciones bajo la aludida sección en violación de la Primera Enmienda cuando se alega haber sido objeto de actos de discrimen político”. Es decir, que se ha reconocido que en virtud de la See. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra, pueden presentarse acciones civiles en aquellos casos en los que funcionarios gubernamentales hayan incurrido en actuaciones discriminatorias en el empleo, ello en violación a los derechos de la libertad de expresión y de asociación.

Haciendo referencia al importante caso de Rutan v. Republican Party of Illinois, 497 US 62 (1990), esta Curia declaró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos “hizo meridianamente claro que el discrimen político no era permisible no sólo en relación a despidos o [cesantías] de empleados públicos, sino además con respecto a otras prácticas como la contratación, el ascenso y el traslado de tales empleados”. (Énfasis suprimido). En particular, la Corte Suprema federal indicó lo siguiente:

We therefore determine that promotions, transfers, and recalls after layoffs based on political affiliation or support are an impermissible infringement on the First Amendment rights of public employees.

Además, el Tribunal Supremo federal añadió lo si-guiente:

The First Amendment prevents the government, except in the most compelling circumstances, from wielding its power to interfere with its employees’ freedom to believe and associate, or to not believe and not associate.

Siguiendo la doctrina federal esbozada en Branti v. Finkel, 445 US 507 (1980), dos años después resolvimos en Ramos v. Srio. de Comercio, 112 DPR 514, 516 (1982), que no se puede discriminar contra un empleado público por sus creencias políticas “a menos que el gobierno pueda demostrar ‘un interés superior’ de importancia vital que requiera que las creencias privadas de la persona coincidan con la autoridad nominadora”.

Más adelante, en Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 DPR 117, 121 (2001), nos expresamos acerca de la importante protección que ofrece la Constitución federal en contra del discrimen político en el empleo público. Allí ex-pusimos lo siguiente:

Desde hace varias décadas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, interpretando la Constitución federal, ha hecho claro que las libertades de la Primera Enmienda son tan fundamen-tales que, a menos que ello sea esencial al cargo, nadie puede ser excluido del servicio público sólo por razón de sus ideas políticas. (Énfasis en el original).

Como manifestamos en Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 935 (2010), tanto la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico proveen protección contra el discrimen por motivo de ideas políticas. Y, además, en el contexto del empleo público esa protección cobija a los empleados permanentes, irregulares, transitorios y de confianza. íd., págs. 935-936. Una demanda por discrimen político es una acción civil ordinaria en la cual la parte demandante tiene el peso y la obligación primaria de presentar prueba, para lo que puede utilizar evidencia circunstancial y las presunciones que le favorezcan.

D. Las doctrinas de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos y las acciones al amparo de la Sec. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal

En nuestro ordenamiento jurídico existen unas normas de autolimitación judicial, entre las cuales se encuentran las doctrinas de jurisdicción primaria y la de agotamiento de remedios administrativos. Estas doctrinas “tienen el fin común de coordinar y armonizar la labor adjudicativa de los foros administrativos y los judiciales”. En particular, hemos expresado que ambas “cumplen el objetivo de man-tener un adecuado balance y distribución de poder y tareas entre las agencias administrativas y el poder judicial”.

Como hemos reiterado, la doctrina de jurisdicción primaria pretende determinar si es a la agencia administrativa o al tribunal a quien corresponde la intervención inicial en una controversia. Mientras, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos se circunscribe a que los tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte afectada por esa actuación agote todos los remedios administrativos disponibles, de manera tal que la determinación administrativa refleje la postura final de la agencia.

Así, en Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, 408 (2001), expresamos que:

Debe notarse que de ordinario la norma de agotamiento de remedios administrativos se aplica en casos en los cuales una parte, que instó o tiene instada alguna acción ante una agen-cia u organismo administrativo, recurre a algún tribunal sin antes haber completado todo el trámite administrativo disponible. Es decir, la norma se invoca usualmente para cues-tionar la acción judicial de un litigante que acudió original-mente a un procedimiento administrativo o era parte de éste y que recurrió luego al foro judicial aunque aún tenía remedios administrativos disponibles. (Énfasis en el original).

En relación con las doctrinas mencionadas, en ELA v. 12,974.78 metros cuadrados, 90 DPR 506, 513 (1964), señalamos lo siguiente:

[l]a doctrina de jurisdicción primaria no debe confundirse con la que requiere que se agoten los procedimientos administra-tivos antes de acudirse a los tribunales, aunque ambas son germanas y persiguen el mismo fin: poner orden en la admi-nistración de la justicia y armonizar el funcionamiento de la rama judicial con el de su rama hermana, la ejecutiva. La doctrina que requiere que se agoten los procedimientos admi-nistrativos determina la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales; la de la jurisdicción primaria deter-mina qué organismo debe hacer la determinación inicial del asunto. (Citas omitidas).

De igual manera, el profesor Demetrio Fernández Quiñones —haciendo referencia a Quiñones v. A.C.A.A., 102 DPR 746 (1974)— plantea que “existe una aparente confu-sión de parte de la mayoría del Tribunal en lo que respecta a si el problema planteado es de jurisdicción primaria o de agotamiento de los recursos administrativos”. Añadió que “[c]on base en el hecho de que se presentó la acción directamente ante el tribunal y se hace caso omiso de la agencia, es incuestionable que se trata de una cuestión de jurisdicción primaria”.

Por otro lado, es importante considerar lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Patsy v. Board of Regents of the State of Fla., 457 US 496, 500 (1982). Allí, el Tribunal Supremo Federal, citando a Steffel v. Thompson, 415 US 452, 472-473 (1974), indicó lo siguiente: “[w]hen federal claims are premised on [sec. 1983] —as they are here— we have not required exhaustion of state judicial or administrative remedies, recognizing the paramount role Congress has assigned to the federal courts to protect constitutional rights”. Así, la Corte Suprema federal declaró categóricamente en Patsy que el agotar los remedios administrativos no es un prerrequisito para una acción al amparo de la Sec. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra. El Alto Foro federal ex-presó lo siguiente en aquella ocasión:

[T]his Court has stated categorically that exhaustion is not a prerequisite to an action under §1983, and we have not deviated from that position in the 19 years since McNeese [u. Board of Education, 373 US 668 (1963)].

En Pierson Muller I v. Feijoó, 106 DPR 838, 852 (1978) (En reconsideración), nos expresamos en términos de que “[e]l amplio ámbito de [la] Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, con raíz filosófica y filológica en 42 USC. see. 1983 y con igual eficacia que la Ley del Congreso, pro-vee en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico el foro apropiado para la vindicación del derecho del indivi-duo frente al Gobierno”. (Escolio omitido) Asimismo, enfatizamos que “[f]ue a los tribunales que la Asamblea Legislativa remitió la reivindicación de derechos fundamentales garantizados por la Constitución”. (Enfasis suplido). Id., pág. 851.

A finales de los años 90, en Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318, 332 (1998), indicamos que el empleado público que reclame a su patrono una indemnización por violación a sus derechos civiles “queda excusado de acudir en primera instancia al foro administrativo para reclamar cualquier responsabilidad civil de dicho patrono”. (Énfasis suplido). En ese caso la demandante fundamentó su reclamación en que se violaron sus derechos civiles al ser discriminada por su afiliación política. Invocó la Ley de Derechos Civiles federal y la estatal, entre otras leyes.

Con particular pertinencia a la controversia ante nuestra consideración, el profesor Fernández Quiñones ex-presa que la excepción a la doctrina de agotamiento de remedios administrativos basada en la violación de derechos civiles “ha sido ubicada erróneamente [...] Lo que en ella se establece trata sobre la ausencia de jurisdicción y no de una excepción a la doctrina del agotamiento de los remedios administrativos: ‘La reivindicación de los derechos constitucionales corresponde y puede reclamarse en primera instancia en los tribunales de justicia, sin que tenga jurisdicción sobre ello el foro administrativo’ ”. (Citas omitidas).

E. La Ley Núm. 64-2006

El 17 de febrero de 2006 se aprobó la Ley Núm. 64-2006 (Ley Núm. 64) con el propósito de añadir un inciso (12) a la Sec. 13.9 del Art. 13 de la Ley Núm. 184-2004, supra, conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 184), supra. Según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 64, supra, la inclu-sión de ese inciso fue para facultar a CASARH (ahora CASP) “a conceder indemnizaciones económicas por los da-ños y perjuicios sufridos por los servidores públicos de Puerto Rico”. Esta Ley Núm. 64, supra, comenzó a regir a los 180 días de su aprobación, es decir en agosto de 2006.

El inciso (12) de la Sec. 13.9 del Art. 13 de la Ley Núm. 184 dispone:

Sección 13.9.-FACULTADES DE LA COMISIÓN
La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes facultades: (1) [-]
(12) La Comisión tendrá facultad para conceder indemniza-ciones por daños y perjuicios e imponer multas administrati-vas en todo tipo de discrimen que sea probado por los emplea-dos que acuden ante este foro, sin menoscabo de los derechos de los servidores públicos de recurrir al foro judicial para el reclamo de daños y perjuicios cuando no lo reclamen ante la Comisión Apelativa. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 64-2006, pág. 2.

Actualmente la mencionada disposición constituye el inciso (j) del Art. 8 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, aprobado el 26 de julio de 2010, mejor conocido como el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público, 3 LPRAAp. XIII.

III

Atendemos el primer error señalado por la parte peticio-naria, específicamente en torno a que el Tribunal de Ape-laciones erró al considerar el recurso de certiorari presen-tado por la parte aquí recurrida y al aceptar un escrito presentado por esa parte. En particular, la parte peticiona-ria planteó que el foro apelativo intermedio carecía de ju-risdicción para atender el recurso debido a que la parte aquí recurrida no incluyó copia de la demanda en su Peti-ción de certiorari ante ese tribunal, por lo que no se había perfeccionado el recurso.

En su Alegato en oposición, la parte aquí recurrida aceptó que, por error e inadvertencia, no incluyó copia de la demanda como parte del apéndice del recurso que pre-sentó en el Tribunal de Apelaciones. No obstante, señaló que el defecto fue subsanado por la parte aquí peticionaria, ya que esta incluyó copia de la demanda en su oposición al recurso.

Concluimos que la omisión de incluir el mencionado do-cumento en el apéndice del recurso no provocó un impedi-mento real y meritorio para que el foro apelativo interme-dio atendiera el caso en los méritos, pues el documento fue suplido posteriormente por la parte aquí peticionaria. Esto es, esa omisión no privó de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones, foro que contó con todos los elementos de jui-cio necesarios para considerar el asunto planteado ante su consideración. Por todo lo anterior, no se cometió el primer error señalado en la Petición de certiorari.

En torno al segundo error, nos corresponde determinar si la parte peticionaria, que entabló una causa de acción al amparo de la See. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra, por alegado discrimen político en el empleo pú-blico, le correspondía presentar su reclamación ante CASP o podía acudir directamente al foro de instancia.

Luego de evaluar tanto el expediente del caso como los argumentos esbozados por ambas partes, concluimos que el foro apelativo intermedio sí erró en su determinación de referir el caso a CASP.

En Abrams Rivera v. ELA, supra, pág. 935, reiteramos que “es función ineludible de este Tribunal el dar vigencia a las garantías constitucionales establecidas en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la protección de los derechos individuales y esto incluye la garantía constitucional contra discríme-nes por motivo de ideas políticas”.

Por todo lo anterior, resolvemos que un empleado público que tenga una reclamación al amparo de la See. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra, por alegado discrimen político en el empleo, puede acudir directamente al tribunal de instancia a presentar su reclamo. En consecuencia, no procedía la moción de desestimación presentada por el Estado en el caso de autos. Véanse: Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); Torres, Torres v. Torres et al., supra; Harguindey Ferrer v. U.I., supra.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedi-mientos consistentes con este dictamen.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

       En virtud del Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010 se creó la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) para fusionar la Comisión Apela-tiva del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CA-SARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP).

       Los supervisores no docentes son: Ramonita Colón Rivera, María E. Crespo Virella, Lyzette Del Valle Lugo, Nitza M. García Narváez, Tenn D. González Irizarry, José A. Lasanta Robles, Sonia I. Nieves Ramírez, Mildred Ortiz Figueroa, Alfredo Rodríguez Leandry y Orlando Santiago Gómez. En la demanda, estos plantearon que son miembros activos y están identificados con el Partido Nuevo Progresista. (PNP).
      Este grupo de diez supervisores no docentes y la organización Educadores Puer-torriqueños en Acción, Inc. (ambos la parte peticionaria) solicitaron al tribunal de instancia que se les certificara como representantes de la clase compuesta por tres mil supervisores del Departamento de Educación porque, según estos, han sido dis-criminados por razones de creencias políticas o asociación política. Véase Apéndice del Recurso de apelación, págs. 56-58.

       A estos tres funcionarios se les demandó en su capacidad personal y oficial.

       Apéndice del Recurso de apelación, pág. 61. Luego de las elecciones generales en noviembre de 2000, hubo un cambio en la administración del gobierno central en enero de 2001 al asumir la gobernación la Hon. Sila M. Calderón Serra. Posterior-mente, esta nombró al Dr. César Rey Hernández como Secretario del Departamento de Educación.

       Apéndice del Recurso de apelación, pág. 60.

       En la demanda, la parte peticionaria mencionó que se concedieron “aumentos políticamente discriminatorios” a los supervisores no docentes siguientes: (1) Sr. Pablo Villegas (dos pasos por mérito en 2003 y otros dos en 2004); (2) Sra. Nomayra Sánchez Tirado (dos pasos por mérito en 2003 y otros dos en 2004), y (3) Sra. Carmen Pizarro Millán (una reclasificación con el máximo de tres pasos por mérito en 2003 y otros dos en 2004). Véase Apéndice del Recurso de apelación, págs. 60-61.

       Véase Apéndice del Recurso de apelación, pág. 62.

       Apéndice del Recurso de apelación, pág. 82.

       Íd., pág. 83.

       Según consta en una declaración jurada incluida con su contestación a la demanda, la Dra. Lizzette Pillich Otero indicó que el 10 de agosto de 2005 se enteró de que era parte de la demanda y que fue emplazada mediante edicto. Expresó, además, que estuvo ausente del Departamento de Educación durante diez meses, pero comoquiera esa agencia conocía su dirección y nunca fue notificada del emplazamiento. Declaró que estaba gestionando los beneficios de la Ley Núm. 9 (Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, según enmendada, 32 LPRA see. 3085). Véase Apéndice del Recurso de apelación, págs. 95-96.

       Apéndice del Recurso de apelación, pág. 88.

       Íd., pág. 125.

       Íd.

       Íd., pág. 127.

       Véase Apéndice del Recurso de apelación, pág. 131.

       Íd.

       La Procuradora General argumentó que el foro primario había incidido al no desestimar la demanda, cuando según las disposiciones de la Ley Núm. 184-2004 (Ley Núm. 184) conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Huma-nos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA see. 1461 et seq., era CASARH (ahora CASP) la que poseía jurisdicción primaria exclu-siva para atender las reclamaciones relativas a los ascensos y aumentos salariales a los que la parte peticionaria alegaba tenía derecho.

       En síntesis, alegó que no procedía la desestimación porque el pleito era por discrimen político y el tribunal de instancia era el foro con jurisdicción para atenderlo.

       Véase Apéndice del Recurso de apelación, pág. 23.

       Íd.

       Véase Apéndice del Recurso de apelación, pág. 32.

       Íd., pág. 208.

       Íd., pág. 213.

       Véase Apéndice del Recurso de apelación, pág. 213.

       Íd., pág. 221.

       Íd., pág. 34.

       Apéndice del Recurso de apelación, pág. 35.

       Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo 2008, pág. 134. http:// www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/ informe-reglas-procedimiento-civil.pdf

       R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231.

       Véase Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 936 (2011).

        D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198, 203 (2009). Véanse, además: DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008); Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 211 (2002).

        D.A.Co. v. Fcia. San Martín, supra, págs. 203-204.

        González y otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 598, 607-608 esc. 5 (2009).

       3 LPRA sec. 1462.

       Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, aprobado el 26 de julio de 2010, conocido como el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público, 3 LPRA Ap. XIII, se derogó el Art. 13 de la Ley Núm. 184, supra, que establecía la CASARH.

       Véase DACo v. AFSCME, supra, pág. 12 esc. 12.

        Arroyo v. Policía de P.R., 143 DPR 265, 279 (1997).

        Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489, 500 (1993).

        Albright v. Oliver, 510 US 266, 271 (1994); Graham, v. Connor, 490 US 386, 393-394 (1989); Baker v. McCollan, 443 US 137, 144 esc. 3 (1979).

        Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 DPR 256, 259 (1982). Véase, además, SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 679 (2009).

        Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, pág. 260.

        Leyva et al. v. Aristud et al., supra, pág. 500 esc. 5.

       Íd., pág. 501.

        SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 692.

        Aponte Burgos v. Aponte Silva, supra, pág. 125.

        Rutan v. Republican Party of Illinois, 497 US 62, 75 (1990).

       Íd., pág. 76.

       Véanse, además: Aponte Burgos v. Aponte Silva, supra, Ramos v. Srio. de Comercio, 112 DPR 514 (1982); Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 DPR 982 (1972).

        McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 DPR 113, 140 (1989).

        Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 693, 711 (2002); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 353 (1988).

        Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, 722 (1982).

       Íd.

        Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Rivera v. ELA, 121 DPR 582, 593 (1988).

       D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, Ed. Forum, 2013, pág. 613.

       Íd.

       Es importante mencionar que en Booth v. Churner, 532 US 731 (2001), el Tribunal Supremo federal estableció que en el caso de los prisioneros que presenten demandas por violación de derechos civiles estos sí deberán agotar los remedios administrativos conforme lo dispone 42 USC sec. 1997e(a), según enmendada por la Prison Litigation Reform Act of 1995. Esa sección expone lo siguiente:

        “Sec. 1997e. Suits by prisoners

      “(a) Applicability of administrative remedies
      “No action shall be brought with respect to prison conditions under section 1983 of this title, or any other Federal law, by a prisoner confined in any jail, prison, or other correctional facility until such administrative remedies as are available are exhausted”.

        Patsy v. Board of Regents of the State of Fla., 457 US 496, 500-501 (1982).

       Fernández Quiñones, op. cit., pág. 630.

       Como sabemos, la Regla 16(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRAAp. XXII-B, dispone que “[l]a omisión de incluir documentos del apéndice no será causa automática de desestimación del recurso”. En varias ocasiones hemos expresado que la desestimación como sanción debe ser el último recurso y “cuando el tribunal utiliza dicho mecanismo procesal en casos de incumplimiento con su Regla-mento, debe cerciorarse primero que el incumplimiento haya provocado un impedi-mento real y meritorio para que el tribunal pueda atender el caso en los méritos”. Román et als. v. Román et ais., 158 DPR 163, 167 (2002).

       En ese caso el demandante presentó una reclamación por discrimen político al ser despedido de su puesto de ingeniero en el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. Aunque la controversia se relacionaba con el asunto de selección y remoción de un empleado público, concluimos que la controversia principal era el alegado discrimen político, por lo que correspondía a los tribunales atender la reclamación.


author: per curiam:

text:
      In re Pablo Valentín Torres.

      Número: TS-8262

      Resuelto: 26 de diciembre de 2013

      Pablo Valentín Torres, pro se.

   per curiam:

Nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión jurídica por haber sido encontrado culpable del delito de conspiración para cometer fraude postal, delito que implica depravación moral. Por los fun-damentos esbozados a continuación, se ordena la suspen-sión inmediata e indefinida del Ledo. Pablo Valentín Torres del ejercicio de la abogacía.

I

El licenciado Valentín Torres fue admitido al ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y juramentó como nota-rio el 22 de agosto de ese mismo año. El 2 de diciembre de 2008 este renunció voluntariamente al ejercicio de la notaría.

El 27 de agosto de 2008 la Corte de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico sentenció al licenciado Valentín Torres a 12 meses y un día en prisión, y a tres años de probatoria, por el delito de conspiración para cometer fraude postal (18 USCA sees. 1341, 1346 y 1349). Dicho de-lito dispone, en lo pertinente:

Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises, or to sell, dispose of, loan, exchange, alter, give away, distribute, supply, or furnish or procure for unlawful use any counterfeit or spurious coin, obligation, security, or other article, or anything represented to be or intimated or held out to be such counterfeit or spurious article, for the purpose of executing such scheme or artifice or attempting so to do, places in any post office or authorized depository for mail matter, any matter or thing whatever to be sent or delivered by the Postal Service, or deposits or causes to be deposited any matter or thing whatever to be sent or delivered by any private or commercial interstate carrier, or takes or receives therefrom, any such matter or thing, or knowingly causes to be delivered by mail or such carrier according to the direction thereon, or at the place at which it is directed to be delivered by the person to whom it is addressed, any such matter or thing, shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both. 18 USCA sec. 1341.

La Secretaría de la Corte de Distrito federal nos remitió una copia certificada de la referida Sentencia el pasado 3 de diciembre. Transcurrieron más de cinco años desde que se dictó y la misma ya había advenido final y firme. In-cluso, el letrado terminó de cumplir su condena. Sin embargo, este nunca nos informó de esta situación. Tampoco lo hizo la Oficina del Procurador General. De hecho, el li-cenciado Valentín Torres compareció recientemente ante nos solicitando autorización para darse de baja voluntaria de la profesión y no hizo mención alguna de la Sentencia.

II

Como parte de su facultad inherente de reglamentar la profesión legal, este Tribunal puede desaforar o suspender a aquellos abogados no aptos para ejercer la profesión, entre otras razones, por toda conducta que afecte sus condiciones morales y lo haga indigno de pertenecer a este foro. In re Martínez Maldonado, 185 DPR 1085, 1087 (2012); In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007). Es conocido que aquellos abogados que sean hallados culpables por engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave, en conexión con el ejercicio de su profesión, o que culpables de cualquier delito que implique depravación moral, este Tribunal podrá suspenderlos o destituirlos de su profesión. In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013); In re Toro Goyco, 170 DPR 432, 436 (2007). Así lo establece la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 LPRA sec. 735). De particular pertinencia al caso ante nos, dicha disposición establece que “[a] la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del [R]egistro de [A]bogados”. 4 LPRA sec. 735.

Hemos indicado que cuando de una sentencia federal surge que un abogado cometió unos hechos que implican depravación moral, procede su separación inmediata de la profesión legal. In re Arroyo Arroyo, 182 DPR 83, 85 (2011). Además, cuando esta adviene final y firme, procede automáticamente la suspensión indefinida del abogado. In re Martínez Maldonado, supra, pág. 1088.

Por otra parte, este Tribunal ha definido “depravación moral” como una actuación contraria a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. In re Falcón López, supra, pág. 695; In re Toro Goyco, supra, págs. 436-437; In re Vega Morales, 167 DPR 331, 335 (2006); In re Piñero Martínez, 161 DPR 293, 295-296 (2004). A su vez, hemos considerado que en todo delito en que el fraude es un ingrediente básico se considera que implica torpeza moral. In re Toro Goyco, supra, pág. 436; Véase Jordan v. De George, 341 US 223 (1951).

III

Como ya indicamos, el licenciado Valentín Torres fue hallado culpable por el delito de conspiración para cometer fraude postal por la Corte de Distrito federal para el Dis-trito de Puerto Rico. No tenemos dudas que tal delito im-plica depravación moral. Por ello, procede su suspensión indefinida e inmediata de la profesión legal.

Es importante resaltar que este letrado lleva desde el 2008 ejerciendo la profesión cuando debió estar suspendido. Nunca nos informó sobre su sentencia de culpabilidad. Ni siquiera ahora que solicita su renuncia voluntaria hace mención del proceso criminal que enfrentó.

IV

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al licenciado Valentín Torres del ejercicio de la abogacía. El licenciado deberá notificar a sus clientes que, por motivo de la suspensión, no puede continuar con su representación legal y les devolverá los expedientes de cual-quier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, informará su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro ad-ministrativo en el que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del tér- mino de treinta días a partir de la notificación de esta opi-nión y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervinieron.


text:
    Germán J. Brau, demandante, v. ELA de Puerto Rico et als., demandados recurridos; Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, representada por su Presidenta Hon. Elizabeth Linares, peticionaria, v. ELA de Puerto Rico et als., demandados recurridos.

      Número: CT-2013-021

      Resuelto: 31 de diciembre de 2013

      Manuel Martínez Umpierre y Joaquín Martínez García, de Martínez Umpierre y Martínez García, abogados de los demandantes.
   RESOLUCIÓN

Hoy cumplimos con nuestro deber constitucional de ser el tribunal de última instancia en nuestro País, a pesar de que la controversia ante nos versa sobre un asunto que afecta directamente a cada juez del Tribunal General de Justicia: el retiro de los miembros de la Judicatura. Ante tal lamentable e incómoda situación en la que nos han puesto las Ramas Políticas, entiéndase, el Gobernador de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa, hacemos nuestras las palabras del Juez Asociado del Tribunal Supremo federal, Hon. Stephen G. Breyer:

[E]nfrentamos la seria y embarazosa situación de decidir un asunto que afectará directamente nuestros propios bolsillos; y, al hacerlo, podríamos arriesgar la buena opinión que tiene el Pueblo de este Tribunal en la medida en que esa opinión des-cansa en la creencia de que sus jueces no persiguen sus pro-pios intereses. Sin embargo, el derecho requiere que los jueces decidan casos en los que tienen interés personal cuando, como en este caso, no existe una disposición para traer otro juez que decida el caso o cuando nadie más puede ocupar su lugar. Tampoco deberían los jueces, quienes están llamados a prote-ger las causas menos populares y las personas menos popula-res cuando la Constitución así lo requiera, dejarse influenciar por la situación embarazosa potencial que ello implicaría. Siempre que un Tribunal considere un asunto sobre el cual la opinión pública es fuerte, este se arriesga al rechazo público. No obstante, el Pueblo estadounidense ha entendido la nece-sidad y la importancia de que los jueces decidan asuntos cons-titucionales importantes sin tener en cuenta consideraciones de popularidad. (Traducción nuestra y citas omitidas). Williams v. United States, 535 US 911, 919 (2002), voto particular del Juez Breyer.

I

Hace unos días, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, firmó la Ley Núm. 162 del 24 de diciembre de 2013 (Ley Núm. 162-2013). Esta ley de vigen-cia inmediata tiene como propósito reformar el Sistema de Retiro de la Judicatura.

El 30 de diciembre de 2013, la Asociación Puertorri-queña de la Judicatura (Asociación) presentó una Solicitud de Sentencia Declaratoria (Solicitud) ante el Tribunal de Primera Instancia. KAC2013-1042 (905). En esencia, soli-citó que esta ley “sea declarada inconstitucional por violar varios artículos de la [C]onstitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico”. Apéndice de la Petición de certifica-ción, pág. 6.

Ese mismo día, la Asociación presentó ante nos una Pe-tición de Certificación en la que señaló que más del sesenta por ciento de los jueces activos son miembros suyos. Sos-tuvo, además, que estos jueces no deberían atender la pe-tición de sentencia declaratoria por conflicto de interés. Asimismo, destacó que el resto de los jueces activos tam-bién se pueden ver afectados directamente por lo que en su día se resuelva en este caso.

La Jueza Superior a quien se le asignó inicialmente el caso se inhibió mediante Resolución. Luego, el caso fue rea-signado al Juez Superior, Hon. Angel R. Pagán Ocasio, quien emitió inmediatamente una Orden mediante la cual consolidó la Solicitud de epígrafe con una Solicitud de Sen-tencia Declaratoria e Injunction presentada previamente por el Juez del Tribunal de Apelaciones, Hon. German J. Brau. K PE2013-5512 (904). En síntesis, este también im-pugnó la constitucionalidad de la referida ley y solicita un injunction preliminar y permanente para prohibir que esta sea puesta en vigor. Además, el Juez Pagán Ocasio emitió una Resolución en la que señaló que la Asociación presentó ante nos la Solicitud de Certificación de epígrafe, por lo que entendió prudente aguardar por nuestra determinación. Además, sostuvo que “[s]e ordena a los abogados de los casos consolidados de epígrafe que tan pronto sean notificados de tal determinación nos notifiquen la misma”.

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedi-mos el auto de certificación y lo consolidamos con la refe-rida Solicitud de Sentencia Declaratoria e Injunction pre-sentada por el Juez del Tribunal de Apelaciones, Hon. German J. Brau, K PE2013-5512 (904).

II

A. Regla de Necesidad

Como norma general, un juez se debe inhibir en casos en que tenga conflicto de interés o un prejuicio sobre la controversia o sobre los litigantes. Regla 63 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Sin embargo, el ordenamiento jurídico provee una excepción a esta norma: la Regla de Necesidad. Véanse: Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 142 DPR 941 (1997); Noriega Rodríguez v. Gobernador, 120 DPR 267 (1988). Al respecto, el Prof. José J. Álvarez González explica que “[e]sta norma jurisprudencial de an-tigua estirpe permite, como excepción a las normas sobre inhibición, [...] que los jueces participen en la decisión de un pleito en cuyo resultado tengan interés, cuando no sea posible sustituirlos o su participación sea necesaria para constituir quorum en un tribunal colegiado”. J.J. Álvarez González, La Asamblea Legislativa de Puerto Rico y las pensiones de los Jueces del Tribunal Supremo: Reseña de un conflicto con la independencia judicial, 56 (Núms. 2-3) Rev. Jur. UPR 265, 273 (1987). De lo contrario, las partes que entablen este tipo de litigio se verían privadas de reclamar ante los Tribunales un remedio adecuado en ley. íd. Véase, además, M.H. Redish y L.C. Marshall, Adjudicatory Independence and the Values of Procedural Due Process, 95 (Núm. 3) Yale L.J. 455, 492-493 (1986).

En palabras del tratadista inglés Frederick Pollock, “aun cuando el estado de derecho establece que un juez no debe intervenir en un caso en el que tiene interés personal, no solo debe, sino tiene que hacerlo si el caso no se adjudi-caría de otra forma”. (Traducción nuestra). F. Pollock, A First Book of Jurisprudence 270, 6ta ed., Mcmillan, 1929 (“the settled rule of law is that, although a judge had better not, if it can be avoided, take part in the decision of a case in which he has any personal interest, yet he not only may, but must do so if the case cannot be heard otherwise”). En tal ocasión excepcional, “[l]as reglas de in-hibición o recusación no tienen el efecto de derogar la regla de necesidad porque si así fuese se les negaría a los litigan-tes su derecho de acceso a un foro”. J.A. Cuevas Segarra, Práctica procesal puertorriqueña: procedimiento civil, San Juan, Pubs. JTS, 1979, Vol. II, págs. 432-433.

Esta Regla ha sido reconocida e invocada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, así como por los tribuna-les de más alta jerarquía de los estados. Véase Evans v. Gore, 253 US 245 (1920). Véanse, además: Board of Trustees v. Hill, 472 N.E.2d 204 (Ind. 1985); Oakley v. Gainer, 331 S.E.2d 846 (W.Va. 1985); United States v. Will, 449 US 200 (1980). Sobre este particular, el profesor Álvarez Gon-zález explica que “[l]a más frecuente aplicación de esta re-gla es precisamente en casos que versan sobre los salarios, pensiones o condiciones de empleo de la [J]udicatura”. Álvarez González, supra, pág. 273 esc. 29, citando a Board of Trustees v. Hill, supra; Hudson v. Johnstone, 660 P.2d 1180, 1183 (Alaska 1983); Wagoner v. Gainer, 279 S.E.2d 636, 639-640 (W.Va. 1981); Olson v. Cory (I), 636 P.2d 532, 535 (Calif. 1980); United States v. Will, 449 US 200, 211-217 (1980); Stiftel v. Carper, 378 A.2d 124, 126-127 (Del. Ch. 1977), confirmado subnom. Carper v. Stiftel, 384 A.2d 2 (Del. 1977); People ex. rel. Illinois Fed. of Teach. v. Lind- berg, 326 N.E.2d 749, 751 (I1. 1975). De esta forma, se evita que este tipo de controversias eluda la revisión judicial reconocida en Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803).

Por ejemplo, el Tribunal Supremo federal aplicó esta re-gla en 1920 cuando resolvió un caso sobre el carácter contributivo de los salarios de los jueces federales, a pesar de que todos los miembros de esa Curia se afectarían directamente. Evans v. Gore, supra.

En numerosas ocasiones, este Tribunal también se ha visto obligado a invocar la Regla de Necesidad para inter-venir en controversias que encierran intereses en conflicto de los miembros de esta Curia. Solo así, los integrantes de este Alto Foro han cumplido con su deber como máximos intérpretes de la ley en Puerto Rico. Art. V, Secs. 1 y 3, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Expuesto lo anterior, veamos las normas que rigen el recurso de certificación intrajurisdiccional.

B. Recurso de Certificación Intrajurisdiccional

Mediante este recurso discrecional, el Tribunal Supremo puede traer inmediatamente ante su consideración cual-quier caso pendiente ante los foros inferiores cuando se planteen cuestiones noveles de derecho o de alto interés pú-blico que incluyan cualquier cuestión constitucional sustan-cial, la constitucionalidad de una ley, resolución conjunta, resolución concurrente, regla o reglamento. Alvarado Pa- checoy otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 272-273 (2010). Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1979, T. IV, pág. 1541. Este recurso ha sido utilizado “para atender “asunto [s] que requier[en] urgente solución, [ya sea] porque se afect[a] la administración de la justicia o bien porque el asunto exija de una pronta atención por su importancia [...]”. Rivera v. J.C.A., 164 DPR 1, 7 (2005).

El recurso de certificación es de naturaleza excepcional, pues nuestro ordenamiento prefiere que los casos maduren durante el trámite ordinario para evitar determinaciones a destiempo por parte de este Foro. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra; Rivera v. J.C.A., supra. Ahora bien, este mecanismo procesal permite que dilucidemos casos que, de lo contrario, evadirían la revisión judicial. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 273; Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149, 160-161 (2006).

III

A. Aplicación de la Regla de Necesidad

Al aplicar la normativa anterior al recurso de marras, es innegable que su resolución puede afectar directamente los intereses de todos los jueces y las juezas de este Tribunal. No obstante, según expuesto, nuestra Constitución dispone claramente que “[e]l Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo” y que este “será el tribunal de última instancia [...]”. Secs. 1 y 3, Const. ELA, supra. De hecho, esta Curia es un foro colegiado que solo puede declarar inconstitucional una ley mediante una mayoría del número total de sus Jueces, por lo que nuestra participación es necesaria para constituir quorum. Art. V, Sec. 4, Const. ELA, supra. Estas disposiciones constitucionales recogen los principios básicos de la doctrina de sepa-ración de poderes, la cual no permite que los jueces del Tribunal General de Justicia seamos sustituidos por otros entes adjudicativos ajenos a esta Rama de Gobierno. Id.

Consecuentemente, es imprescindible invocar en este caso la Regla de Necesidad. Solo así, aseguramos a las par-tes demandantes su derecho a tener acceso a un foro judicial que les pueda conceder el remedio solicitado, de ello proce-der en derecho, con la rapidez que requiere este asunto.

Habiendo invocado la Regla de Necesidad, examinemos si procede la petición de certificación intrajurisdiccional.

B. Procedencia del Recurso de Certificación Intrajurisdiccional

Indudablemente, los casos de epígrafe son de alto inte-rés público pues plantean una cuestión constitucional sus-tancial novel: la constitucionalidad de la Reforma del Sis-tema de Retiro de la Judicatura. Además, dado la vigencia inmediata de la Ley Núm. 162-2013, y como más del se-senta por ciento de los jueces activos son miembros de la Asociación y que el resto de los jueces activos también se podrían ver afectados directamente, este pleito exige la más pronta atención por parte de esta Alta Curia. Por úl-timo, la controversia es, en esencia, un asunto de estricto derecho.

Consiguientemente, procede traer los casos de epígrafe ante nos mediante la expedición del auto de certificación intrajurisdiccional. No puede ser de otra forma. Contrario a otras jurisdicciones, nuestra Constitución no provee un mecanismo mediante el cual se delegue la función judicial a un ente externo a la Judicatura. Véase I.P. Robbins, Justice by the Numbers: The Supreme Court and the Rule of Four-or Is It Five?, 36 Suffolk U.L. Rev. 1, 25 (2002). Véase, además, Oakley v. Gainer, supra. La función adjudicativa y de revisión judicial de este Foro es indelegable. Art. V, Const. ELA, supra. Incluso, ya vimos que la aplicación más frecuente de la Regla de Necesidad es en casos que tratan sobre los salarios, las pensiones y los emolumentos de la Judicatura. Álvarez González, supra.

De no invocarla, la Ley Núm. 162-2013, aprobada con vigencia inmediata y aplicable a todos los jueces en funciones, eludiría la revisión judicial reconocida hace más de dos siglos en Marbury v. Madison, supra, caso que, precisamente, involucraba jueces. Ese principio rector, que es la revisión judicial, está expresamente dispuesto en nuestra Constitución. Ignorarlo equivaldría a una clara abdicación de nuestra obligación constitucional de ser los intérpretes máximos de la Constitución y permitiría que las otras ramas de gobierno priven a la Rama Judicial y a este Tribunal de revisar judicialmente una ley, en clara violación a la doctrina de separación de poderes. Secs. 1, 3 y 4, Const. ELA, supra. En fin, por más incómodo y antipático que sea, no claudicaremos a nuestro deber constitucional de proveer a las partes demandantes un foro en el cual reclamar sus derechos.

IV

Por todo lo anterior, declaramos “con lugar” la Petición de Certificación. Por el alto interés público que reviste esta controversia, y considerando que la ley impugnada tiene vigencia inmediata, acortamos los términos reglamentarios y concedemos un término de diez días a las partes para presentar sus alegatos, de acuerdo con la Regla 50 de nues-tro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B. Además, ordenamos la celebración de una vista oral el 15 de enero de 2014 a las 10:00 a. m. para que las partes tengan la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones y aclarar las dudas que nos puedan surgir sobre los asuntos planteados.

Publíquese y notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de Primera Instancia por teléfono, correo elec-trónico o fax, y notifíquese posteriormente por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina

       El texto original dice lo siguiente:
      “[W]e face the serious embarrassment of deciding a matter that would directly affect our own pocketbooks; and, in doing so, we may risk the public’s high opinion of the Court insofar as that opinion rests upon a belief that its judges are not self-interested. But the law requires judges to decide cases in which they have a self-interest where, as here, '“no provision is made for calling another in, or where no one else can take his place.” ’ Nor should judges, who are called upon to protect the least popular cause and the least popular person where the Constitution demands it, be moved by potential personal embarrassment. Whenever a court considers a matter where public sentiment is strong, it risks public alienation. But the American public has understood the need and the importance of judges deciding important constitutional issues without regard to considerations of popularity”. (Citas omitidas). Williams v. United States, 535 US 911, 919 (2002).

       Véanse, por ejemplo: In re Toro Goyco, 175 DPR 367 (2009); San Gerónimo Caribe v. ELA II, 174 DPR 766 (2008); San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640 (2008); San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 173 DPR 241 (2008); In re López Montalvo, 173 DPR 193 (2008); Krans Bell v. Santarrosa, 172 DPR 731 (2007); In re Toro Goyco, 170 DPR 432 (2007); In re Ramos Mercado, 170 DPR 363 (2007); P.N.P. v. Calderón González, 170 DPR 268 (2007); Corp. P.R. Dif. Pub. v. U.G.T., 156 DPR 631 (2002); Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., 154 DPR 742 (2001); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150 (2000); Rebollo López v. Gil Bonar, 144 DPR 379 (1997); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 142 DPR 941 (1997); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181 (Í993); Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, 128 DPR 752 (1991); In re Arraiza Miranda, 120 DPR 368 (1988); In re García Marrero, 120 DPR 278 (1988); H.E. Vicente Cuesnongle, O.P. v. D.A.C.O., 119 DPR 457 (1987); Pradco Caribe, Inc. v. Tapia, 116 DPR 121 (1985); Campos del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 DPR 337 (1982); Monclova v. Financial Credit Corp., 83 DPR 770 (1961).


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Hernández, Apelante v. Medina et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 857.
    Resuelto en enero 17, 1913.
    Ejecución de Sentencia — Falta de Pruebas — Afirmaciones.—Las afirmaciones deben probarse por la parte que las Race. El que reclama el cumplimiento completo de una sentencia contra un tercero debe probar el pronunciamiento de la misma, que una parte está incumplida y que fué inscrita en el libro de sentencias del registro de la propiedad.
    Admisiones — Transcripción de Autos — Alegatos.—Las admisiones de las partes deben figurar en la transcripción de autos, siendo insuficiente consignarlas en el alegato.
    Los lieelios están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogado de los apelados: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la transcripción de los antos qne se ha presentado en esta corte para resolver el presente recurso, se inserta una moción de Agustín Hernández Mena a la corte de distrito, en la que exponía qne con fecha 19 de agosto de 1909, se había dictado sentencia a sn favor contra Julio Medina González,, para qne le pagara 1,480 pesos 95 centavos, intereses a seis por ciento y costas; qne tal fallo fné registrado en el libro de registro de sentencias del Registro de la Propiedad de Mayagüez con fecha 17 de enero de 1910; qne quedaban pen-diente de pago de ese fallo $867.25, los intereses y las costas; que para su cobro el márshal embargó en 16 de marzo de 1912 todo el derecho, título e-interés del demandado Julio Medina González en una finca rústica que describe; que la misma aparece inscrita en el registro de la propiedad en la propor-ción de una mitad de condominio proindiviso a favor, cada uno, de Carlos Vega y de Pedro Vicenty; que Carlos Vega y Francisco Ramírez la adquirieron por compra privada en 29 de marzo de 1911 de José Ibáñez, quien, a su vez, la había comprado a Julio Medina González en 10 de marzo de 1911, habiéndola éste adquirido por compra a Pedro R. Matos y otros en 26 de junio de 1908; que fué inscrita a favor de Vega y Ramírez el 10 degenero de 1912; que Pedro Vicenty Semidey adquirió el condominio de Francisco Ramírez por adjudicación que se le hizo en subasta para el pago de una sentencia; que cuando en 17 de enero de 1910 fué inscrito su fallo en el registro de sentencias del registro de la propiedad, dicha finca pertenecía a Julio Medina González. Concluyó pidiendo que se requiriera a Carlos Vega y a Pedro Vicenty Semidey para que mancomunada y solidariamente liberasen dicha finca pagándole los $867.25, los intereses y las costas pendientes de pagos, y que si no lo efectuaban, se ordenase la cancelación en el registro de la propiedad de las inscrip-ciones de dominio hechas a favor de dichos señores y cual-quiera otra que en su caso se hubiera extendido poste-riormente.

De una certificación librada por el Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez en 21 de marzo de 1912, aparece que la inscripción primera de dicha finca fué hecha en 10 de enero de 1912 a favor de Carlos Vega y Francisco Ramírez como consecuencia de un expediente de dominio aprobado en 4 de octubre de .1911, del que aparece que dichos señores adqui-rieron esa finca por compra privada en 29 de marzo de 1911 de José Ibáñez y su.esposa; que éstos la habían adquirido por compra a dicho Julio Medina González y su esposa en 10 de marzo de 1911, y éstos, a su vez, la compraron a Don. Pedro E. Matos y otros.

La inscripción segunda de esa finca de fecha 26 de febrero de 1912 es a favor de Pedro Yicenty por la participación que en ella tenía Francisco Bamírez y que le fué adjudicada en virtud de una ejecución de sentencia.

También aparece de la transcripción de los autos, que después de haber sido oídos el peticionario y Carlos Vega y Pedro"Yicenty, la corte, por su resolución de 20 de abril de 1912, declaró sin lugar en todas sus partes la mencionada petición con las costas a cargo de Agustín Hernández Mena, quien, contra la misma, estableció el presente recurso de apelación.

No aparecen de la transcripción otros documentos que los relatados, y, por tanto, de que la sentencia en contra de Julio Medina se dictó, de que una parte está incumplida y de que fué inscrita en el libro de sentencias del Eegistro de la Propiedad de Mayagüez, no existen otras constancias que las simples manifestaciones hechas por Agustín Hernández* Mena en su moción. No encontramos prueba alguna de ellas, y, por tanto, este solo motivo es suficiente para que su preten-sión fuera negada, ya que eran hechos que necesariamente habían de probarse por ser indispensables y previos para la discusión y resolución del derecho reclamado. Es regia anti-quísima y constante de derecho que las afirmaciones deben probarse y él debió probar esos extremos a las personas ■contra quien dirigió su petición. ' '

Expresa el apelante en su alegato ante nosotros, que los hechos expuestos en su moción fueron admitidos por las partes y que, por tanto, quedaron justificados; pero si así fué, lo que niegan los apelados, tales admisiones debieron figurar en la transcripción, sin que sea suficiente que lo consigne en su alegato.

No probados esos hechos, nos falta base para considerar la cuestión legal propuesta por el apelante respecto a los efectos de la inscripción de una sentencia, ya que no sabemos Raya sido inscrita, y debemos, por tanto, terminar en este punto la opinión y confirmar la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Palau et al., Promoventes, v. López, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para qne se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    No. 97.
    Resuelto en enero 17, 1913.
    Certiorari — Suspensión del Procedimiento Hipotecario — Quiebra—Corte Federal. — De acuerdo con la sección 11, de la Ley Federal de Quiebras, no pueden suspenderse todos los pleitos pendientes o que puedan iniciarse contra un quebrado, por medio de una orden que en términos generales decrete la suspensión de todos dichos pleitos, sino que es necesario que la orden de sus-pensión se refiera a cada caso concreto que haya de suspenderse. La orden apelada es errónea por ese motivo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Antonio Sarmiento.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en esta Corte Suprema una solicitud de José Palau Olivas y Ramona Encabado Vázquez para qne expi-damos un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Hnmacao, con'objeto de que revisemos los pro-cedimientos qne sigue en una reclamación qne para el cobro de. una hipoteca han establecido por el procedimiento ejecu-tivo de la Ley Hipotecaria, se reclamaron los autos originales, y una vez recibidos se celebró una vista a la qne sólo concu-rrió el abogado de los peticionarios.

De las actuaciones recibidas resulta1 que presentada en 15 de agosto de 1912 en la Corte de Distrito de Humacao un escrito de José Palau Olivas y Bamona Encabado Vázquez iniciando procedimiento ejecutivo hipotecario para el cobro de una hipoteca contra la razón social Solá e Hijo, acom-pañado de varios documentos, y en el que se pide el requeri-miento de pago a Marcelino Solá Rodríguez como socio gestor de Solá e Hijo, la expresada corte por su orden de 18 de noviembre de 1912, fundándose en que el Hon. Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, le había dirigido una orden en 5 de agosto de 1912, por la que le mandaba la suspensión de todos los casos que se relacionen con Solá e Hijo, con Solá e Hijos, S. en C., con Marcelino A. Solá y Marcelino Solá, mientras se resuel-ven los casos de quiebra números 61, 64 y 65, decretó la suspensión del procedimiento iniciado por José Palau Olivas y Rámona Rucabado Vázquez y de cualquier trámite que en el mismo se solicite, hasta que sean resueltos esos proce-dimientos de quiebra o sea modificada la orden de suspensión referida. Tal es la situación de esos autos al ser remitidos a esta Corte Suprema.

Así, pues, habiendo resuelto la Corte de Distrito de Huma-cao que no se tramite el procedimiento iniciado por los peticionarios y que quede paralizado hasta que se terminen los casos de quiebra a que se refiere en su orden o hasta que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, la modifique, la cuestión a resolver es si tal orden de suspensión de la Corte de Distrito de Humacao ha sido decretada de acuerdo con la ley.

La sección 11 (a) de la ley de quiebras dice así: “Se suspenderá toda reclamación de la cual quedaría exento el quebrado por consecuencia de una orden de liberación, que se encuentre pendiente al tiempo en que se presentare una petición de quiebra contra él, hasta después que recaiga la declaración de quiebra o de la desestimación de la petición de la misma. Si la persona demandada es declarada quebrada, la acción se suspenderá por once meses más, a contar desde la fecha de tal resolución, o si dentro de dicho tiempo el quebrado solicita su liberación, entonces la suspensión durará hasta que la cuestión relativa a dicha liberación quede resuelta. ’ ’

Este precepto, aplicable tanto a los pleitos o reclamaciones pendientes al presentarse la petición de quiebra, voluntaria o involuntaria, In re Geister, (N. D. Ia. 1899) 97 Fed. 322, 3 Am. Bankr. Rep., 228, como a los que se establezcan después de presentada dicha petición, In re Basch, (S. D N. Y., 1899) 97 Fed. 761, 3 Am. Bankr. Rep. 235; In re Hicks, 133 Fed. Rep. 739, 13 Am. Bankr. Rep. 654, no dispone que por la peti-ción o declaración de quiebra hayan de quedar en suspenso ne-cesariamente todos los pleitos contra el quebrado, sino aquellos fundados en reclamaciones, de las cuales quedaría exento el quebrado por consecuencia de una orden de liberación. En consecuencia es necesario que en cada caso pendiente o ini-ciado después se resuelva y decrete si el pleito ha de quedar o nó en suspenso. New River Coal Land Co. v. Ruffner, (C. C. A., 4th Cir., 1908) 165 Fed. 881, 21 Am. Bankr. Rep., 474; Wagner v. U. S., (C. C. A., 6th Cir., 1900) 104 Fed. 133, 4 Am. Bankr. Rep., 596; Knott v. Putnam, (D. C. Vt. 1901) 107 Fed. 907, 6 Am. Bankr. Rep., 80.

No basta, por tanto, una orden que en términos generales decrete la suspensión de todos los pleitos pendientes o que puedan iniciarse, de cualquiera clase que sean, sino que la orden de suspensión ha de referirse a cada caso concreto que haya de suspenderse; y como en el presente caso la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que es la que conoce de las quiebras, no ha dado la orden de suspensión del procedimiento iniciado por José Palau Olivas y Ramona Rucabado Vázquez ni tampoco la Corte de Distrito de Iíumacao ha decretado tal suspensión resolviendo alguna petición en tal sentido, hecha a ella por parte interesada, erró la expresada Corte de Distrito de Humacao al decretar, sin esos requisitos, la suspensión de tal procedimiento y al no resolver la petición de dichos se-ñores de acuerdo con lo qne fnera procedente en ley.

Debe, en consecuencia, anularse la orden de 18 de no-viembre de 1912 dictada por la Corte de Distrito de Hnmacao y devolvérsele las diligencias qne se reclamaron para qne resuelva lo qne sea procedente en derecho.

Con lugar la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeart,

text:
    El Pueblo, Apelado, v, Gestera, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 508.
    Resuelto en enero 20, 1913.
    Derecho Penal — Infracción- del Reglamento de Sanidad — Casas a Prueba de ratas. — Es insuficiente la acusación por no expresar que la casa o edificio en la que se mandan a hacer las reparaciones para ponerla a prueba de ratas sea de vivienda con el piso de la planta baja de madera, o edificio destinado a mercado, almacén, depósito, panadería, fábrica de pastas y conservas ali-menticias, lieorería, dulcería, tienda, colmado, bodega, muelle, hotel, café, restaurant, bodegón y ventorrillo. Besuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 496, Bl Pueblo v. Blanco, 18' D. P. R., 1020.
    Id. — Acusación Insuficiente. — El defecto de la acusación es de tal naturaleza que puede ser considerado por esta corte, aunque el apelante no lo haya ale-gado ante este tribunal, ni conste si lo alegó ante la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles JE. Foote, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. MacLeart,

emitió la opinión del tribunal.

Contra el apelante Teótimo Gestera se presentó en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., una acusación, de la cual las partes esenciales son las siguientes:

‘‘ El Fiscal formula acusación .contra Teótimo Gestera, por infrac-ción al Reglamento de Sanidad No. 3, sobre construcción y conserva-ción a prueba de ratas de los edificios y sus dependencias, promulgada de acuerdo con la ley, el día 15 de julio de 1912, misdemeanor, come-tido como sigue: El citado Teótimo Gestera allá el día 9 de agosto de 1912, en San Juan, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, fue notificado por el Inspector de Sanidad, J. A. Torres, de una orden expedida por el Director de Sanidad, para que dentro de un plazo de dos días, contados- desde la fecha de la notificación, hiciera las siguientes reformas en una casa de su propiedad, situada en la calle de San Agustín y marcada por la Sanidad con el No. 10, Distrito 30. Levantando la casa dos pies sobre el nivel de la calle o destru-yéndola'. Y el citado Teótimo Gestera, ilegal y voluntariamente dejó transcurrir con exceso el plazo dádole, sin que hasta la fecha haya efectuado ninguna de las reformas indicadas. Este hecho es con-trario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

En 7 de octubre, 1912, la corte dictó su resolución decla-rando al acusado culpable e imponiéndole la pena de cincuenta dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar de multa que deje de satisfacer, sin costas.

Contra el fallo condenatorio de dicha corte sentenciadora se interpuso por el acusado el presente recurso de apelación sin que presentara pliego de exposición del caso o de excep-ciones, alegato de errores ni compareciera a la vista de la apelación. Por su parte el'Hon. Fiscal de esta Corte Suprema, tanto en su informe escrito como en el oral solicitó la revo-cación de la sentencia.

Ya hemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Blanco, 18 D. P. R., 1020, que una acusación por el delito perseguido en ese caso no es suficiente y no contiene todos los elementos necesarios para que los hechos constituyan infracción de dicho reglamento de sanidad, cuando no alega que la casa o edificio en la que se mandan hacer reparaciones para ponerla a prueba de ratas sea de vivienda, que tenga el piso de la planta baja de madera, o que sea edificio destinado a mercado, almacén, depósito, panadería, fábrica de pastas y conservas alimenti-cias, licorerías, dulcerías, tiendas, colmados, bodegas, muelles, bóteles, cafés, restauranes, bodegones y ventorrillos.

En este caso, lo mismo que en el de Enrique Blanco, no se expresan esos elementos esenciales en la denuncia que presentó el Fiscal del distrito, y aun cuando el apelante no ba alegado ante nosotros la insuficiencia de la denuncia, ni sabemos si lo bizo ante la corte inferior, sin embargo, es de-fecto de tal naturaleza que podemos considerarlo, ya que es nuestro deber examinar si la denuncia imputa la comisión de un delito. Por estas razones la sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.