author: El. Juez Asociado Señou Texidor,

text:
    Germana Pagán, asistida de su esposo Raúl. Seda, demandante y apelante, v. La Sucn. de Juan Asencio Padilla, compuesta de Juan y Acisclo A. Segarra, Fernando A. Camacho y Rosa Blanca Asencio y Martínez, menores de edad los últimos, representados por sus madres Carmen Camacho e Isabel Martínez, respectivamente, demandados y apelados.
    No. 5387.

    Sometido: Julio 21, 1930.

      Resuelto: Julio 24, 1930.

      P. Fajardo, abogado del apelante; Miguel A. García Méndez, abo-gado de los apelados.
   El. Juez Asociado Señou Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido ante la Corte de Distrito de Maya-güez por G-ermana Pagan contra la Sucesión de Juan Aseneio Padilla, se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en cuanto a dos de las causas de acción ejercitadas. Apeló la demandante, y pidió a la corte' se ordenara al taquígrafo que preparase la transcripción, conforme a la ley que rige ese procedimiento. Presentóse la transcripción, y la parte apelada radicó una moción para que de ella se eliminaran varios particulares. De la moción parece que en la trans-cripción se incluían documentos que habían sido presentados en evidencia, y no admitidos por la corte. En cuanto a lo que ocurrió con la denegación de admisión, nos bailamos a oscuras; porque mientras la apelante sostiene que contra la regla no admitiendo la prueba, tomó la oportuna excepción, la apelada sostiene que se dictó la regla sin que la deman-dante excepcionara. Y con respecto a esta diferencia, no tenemos medio de solucionarla, porque no bay aquí más que las afirmaciones contradictorias de las partes; y si bien bay una certificación del secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez, ella se refiere a constancias de la transcripción, que se rechazó por la corte; y la apelada afirma que en esa transcripción el taquígrafo cometió serios errores, y que la corte que tenía una clara memoria de los hechos, noi admitió que la transcripción fuera exacta.

Aparece que el taquígrafo, en vez de copiar ciertas de-claraciones de testigos, las extractó y resumió, a su modo.

La corte de distrito declaró con lugar las enmiendas apuntadas por la apelada, y concedió al taquígrafo treinta días para que presentara nueva transcripción enmendada.

Y ahora la apelante acude a este tribunal, por una moción en la que invoca los artículos 36, 218 y 219 del Código ele Enjuiciamiento Civil, y la regia 64 de este tribunal, y nos pide que declaremos que las enmiendas ordenadas por la corte de distrito son improcedentes, y ordenemos que por el taquígrafo de la corte inferior se baga una transcripción complementaria insertando las constancias cuya eliminación del record fué solicitada y ordenada, para que se apruebe por la corte inferior, y se una al récord del caso.

Los artículos 218 y 219 del Código de Enjuiciamiento Civil, son como sigue:

“Art. 218. Si el juez en algún pleito se negare a admitir una excepción de acuerdo con los hechos, la parte que pretendiere la aprobación del pliego, podrá acudir mediante solicitud a la Corte Suprema para justificar dicha excepción. La solicitud se hará en la forma y de acuerdo con las reglas que prescriba dicha corte'; y jus-tificada que fuere la excepción, deberá ser aprobada su exactitud por un juez de la misma y entregada al secretario de la corte que entendiere en el pleito, y llenado este requisito, tendrá la misma fuerza y efecto que si hubiere sido aprobada por el juez que cono-ciera del asunto.
“Art. 219. Cuando la decisión a la cual se opusiere excepción, fuere dada por un funcionario judicial aue no sea un juez, el pliego de excepciones se presentará a dicho funcionario judicial y será aprobado y firmado por éste, en la misma forma establecida para la presentación de tales pliegos y para su aprobación y firma por una corte. Un juez o funcionario judicial podrá aprobar y firmar un pliego de excepciones aun después que dejare de ser tal juez o fun-cionario judicial. Si antes de haberse aprobado el pliego de excep-ciones. dicho juez o funcionario judicial, falleciere, fuere depuesto, quedare incapacitado, se ausentare de la isla, o se negare a dar su aprobación a dicho pliego; o si la ley no dispusiere forma alguna para tal aprobación, se hará y certificará ésta, como lo prescriban las órdenes o reglamentos de la Corte Suprema. Los jueces, fun-cionarios judiciales y la Corte Suprema, tendrán respectivamente la misma facultad, en la aprobación y certificación de relaciones de pruebas, que la conferida en este artículo para aprobar y certificar los pliegos de excepciones.”

No vemos en. qué puedan aplicarse a este caso. No se trata de la denegación a admitir una excepción, que es lo que se fija en tales artículos.

En cnanto a la regia 64 del Reglamento de este tribunal, ella trata el caso de que nn juez o tribunal o funcionario judicial dejare de aprobar o se negare a admitir un pliego de excepciones o una exposición becba y sometida de acuerdo con los becbos; y en ese caso se preceptúa la forma en que ba de aeudirse a este tribunal para justificar tal pliego o exposición. Pudiéramos decir que concretamente está determinado que sea un pliego de excepciones o una exposición del caso y no una transcripción de evidencia en la que aparece que el juez! de la corte ba de tener todavía mayor autoridad y mejor conocimiento para aprobarla o negarla. Pero sin hacer argumento en esto es indudable que debe tratarse de excepciones o exposiciones becbas y sometidas de acuerdo con los becbos, lo que implica que ba de justificarse ante esta corte que tal pliego o exposición se ajusta a los becbos del caso; y esto ciertamente no se bace en la moción que se nos presenta. Desde luego, como regia para éste y para cualquier caso debemos confirmar la ya conocida de que la prueba denegada puede o debe insertarse en la exposición, excepciones o en la transcripción, si contra la regia de denegación de una admisión de esa prueba se ba presentado la oportuna excepción por la parte a quien perjudica tal regia. De no tomarse excepción ello implica la conformidad de la parte con la regia. Pero tomada tal excepción, es regla de procedimiento que se inserte el documento o documentos de que se trata, ya que sobre la regla de la corte ba de poderse fundamentar una asignación de error.

Es perfectamente indudable que dentro del sistema de transcripción de la evidencia no cabe que el taquígrafo, los abogados ni aun la corte bagan un resumen o extracto de las declaraciones sino que en la transcripción han de aparecer éstas literalmente tal como fueron prestadas. Y 'en este particular debe denegarse la moción.

En cuanto a los demás extremos, la obscuridad de la moción, la falta de precepto legal alguno que la ampare, y la existencia de procedimientos distintos de esta moción para lograr el mismo fin, nos lleva a denegar lo solicitado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ- PRESIDENTE SR. DEL TORO

license: Public Domain

text:
    Angel Bracero, demandante y apelado, v. S. Ramírez & Co., Inc., demandada y apelante.
    No. 4453.

    Sometido: Diciembre 13, 1929.

      Resuelto: Julio 24, 1930.

      F. RamArez de Arellano y L. Formes, abogados de la apelante; R. V. Pérez Marchand, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción de daños y perjuicios provenientes de la caída repentina de sacos de arroz sobre el demandante en cierto establecimiento, la demandada alegó y trató de probar que no era dueña ni tenía el dominio del referido estable-cimiento, y, - además, que el demandante era un obrero em-pleado por los dueños del establecimiento y, por consiguiente, que estaba obligado a presentar sn reclamación de acuerdo con la ley de Indemnizaciones a obreros.

La corte declaró que el demandante era un contratante independiente según toda la prueba tendía a, demostrar, y no nos detendremos a estudiar la prueba en conjunto.

La prueba no fue tan fuerte con respecto a la pertenencia del establecimiento. Este estaba situado en Ponce. Las cláusulas de incorporación revelaban que la demandada estaba autorizada para tener una sucursal en Ponce; ella admitió que Cintrón era su agente vendedor en Ponce, y tubo prueba tendente a demostrar que a personas que tenían negocios con el establecimiento se les presentaban cuentas a nombre de la demandada. La evidencia directa y circunstancial es sufi-ciente para justificar la conclusión de la corte inferior de que la demandada tenía una sucursal en Ponce. No damos mayor atención a los puntos arriba enunciados, porque la sentencia debe ser revocada por otro fundamento.

No estamos en absoluto satisfechos de los alegatos presentados por las partes. El alegato de la apelante no contiene una relación concisa del casó tal como lo exige la regla 42 y según lo hemos declarado enfáticamente en nuestra jurisprudencia. Gandía v. Pizá Hermanos, 17 D.P.R. 916 Fajardo Development Co. v. Zalduondo, 20 D.P.R. 253; Díaz et al. v. Cividanes, 29 D.P.R. 581; y G. Ferrer e Hijo v. Am. R. R. Co., 39 D.P.R. 40. Al igual que en muchos otros casos, la apelante hace un resumen considerablemente extenso de las alegaciones y de las declaraciones de los testigos, y discute el efecto de la presentación de tal prueba, y es sólo en la página 41 de su alegato que hallamos el señalamiento de errores. Debe ser un caso muy raro aquél en que el señalamiento' de errores se posponga para después de la tercera o la cuarta página del alegato; y los argumentos relativos a los efectos de la prueba deben siempre seguir más bien que preceder al señalamiento de errores. Por otraj parte, la apelante insistió fuertemente en que no había prueba de negligencia.

El apelado contestó a este señalamiento' relativo a la falta de negligencia con argumentos sobre lo qne este tribunal generalmente ha hecho en los casos de conflictos de prueba, y finalmente sostuyo qne se trataba de nn caso de res ipsa loquitur. La corte inferior no basó su- fallo en, la doctrina de res ipsa loquitur. Empero, el apelado no dis-cute en absoluto tal doctrina como aplicable a los hechos del caso, ni trata de exponer la prueba tendente a demostrar la negligencia, según la declaró la corte en términos generales.

Este era nn caso en qne la prueba tendió a demostrar qne Angel Bracero, nn contratante independiente, fné alquilado por la demandada para que transportara unos sacos de arroz de cierto establecimiento de Ponce perteneciente a la deman-dada, y cuando él regresó al establecimiento por segunda vez para trasladar los sacos de arroz, mientras se hallaba de espaldas, unos treinta sacos de la estiba le cayeron encima, lesionándolo. La prueba no controvertida tendió a demostrar que no sólo hubo una segunda visita por parte de Bracero a la estiba, si que también otros trabajado-res estaban remo-viendo sacos de la misma estiba.

Ahora bien, la doctrina de res ipsa loquitur-presume que el accidente no hubiera ocurrido normalmente si la deman-dada hubiera ejercitado el debido cuidado. Coloca el peso de la prueba sobre los hombros de la parte demandada. Los tribunales se sienten renuentes a aplicar la doctrina cuando existe prueba directa de negligencia, aunque, desde luego, cuando se levanta la doctrina, ligera prueba de negligencia no excluiría su aplicación. Podría asimismo decirse que esa doctrina es aplicada por lo general únicamente cuando la cosa que produjo el accidente se halla bajo el dominio ex-clusivo de la parte demandada, o quizás que la situación es tal que el demandado está obligado a explicarla.

Si por invitación, una persona, sin más, hubiese entrado en el establecimiento de la demandada, y la estiba de sacos le hubiere caído encima, la doctrina de res ipsa loquitur sería aplicable. Se presenta una situación; diferente cuando personas distintas al demandado han intervenido, especial-mente cuando, como en el presente caso, el demandante mismo ha intervenido. Non constat que el accidente no habría ocurrido si el demandante y los otros trabajadores no hubiesen extraído sacos de la estiba. El demandante estaba obligado a demostrar mediante una clara preponderancia de la prueba que, para la aplicación de la doctrina, la interven-ción extraña a la de la parte demandada era inofensiva. La demandada ofreció prueba tendente a demostrar que la estiba había sido cuidadosamente levantada, aunque nó basamos nuestra decisión en esa evidencia.

Un testigo declaró que él había manifestado al agente de la demandada que la estiba había sido levantada defectuosa-mente. Eso sucedió por lo menos algún tiempo antes de ocurrir el accidente. Todavía estamos discutiendo la don-trina de res ipsa loquitur. Naturalmente, nada de lo que ese testigo dic.e revela el estado de las cosas en el momento del accidente. Non constat que el agente o la demandada, si actuó como un hombre prudente, cual es de presumirse, .corrigió el defecto. La prueba tendió además a demostrar que el demandante era perito en la manipulación de estibas de sacos.

No vemos razón alguna para aplicar la doctrina de res ipsa loquitur, y dudamos que pueda ser invocada por primera vez en este tribunal. La corte, inferior dijo:

1 ‘ También se- ha probado que la estiba de sacos que causó el acci-dente, fué levantada por empleado’s a las órdenes de la demandada y fué dicha estiba hecha de una manera defectuosa o mal preparada, y que no había señal aparente de peligro en la estiba, ni fué advertido el demandante en ningún míomento, por los empleados de la deman-dada, de que la estiba estaba defectuosamente formada y que el acci-dente ocurrió mientras el demandante quedaba de espaldas a la refe-rida estiba de sacos de arroz.
“Se ha probado además que el accidente ocurrió única y exclusi-vamente debido a la culpa, negligencia y falta de la demandada al formar defectuosas las estibas de Sacos de arroz en -su almacén, y no hacerle ninguna advertencia sobre ellas al demandante Bracero.”

Es evident© que la corte no estaba aplicando la doctrina.

Convenimos con la apelante en que los autos no revelan que hubiera negligencia atribuible a la demandada al tiempo del accidente, y debe revocarse la sentencia recurrida.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ- PRESIDENTE SR. DEL TORO

Al resolverse por esta Corte Suprema el recurso inter-puesto en este caso revocando la sentencia que la Corte de Distrito de San Juan dictara a favor del demandante, disentí por estimar que la prueba obrante en autos sostenía el criterio del juez sentenciador. He vuelto a examinar el asunto y mi juicio es abora aun más fuerte.

La corte sentenciadora declaró probados los siguientes hechos:

‘‘Que el día 8 d,e julio de 192.2, el demandante Bracero contrató con la sucursal de la demandada en la Playa de Ponee, Puerto Rico, una carga de sacos de arroz para trasportarlos desde dicha sucursal, a un establecimiento en la Ciudad de Ponce, y trasportó en su carro la primera partida de dicha carga, la que entregó al destinatario se-, gún instrucciones recibidas; que en la misma mañana volvió el de-mandante a la oficina de la demandada en la Playa de Ponee para recoger y trasportar órdenes del dependiente Eduardo Aneiro para trasportar otros 50 sacos de arroz, de a cien libras de peso cada uno.
“Que los sacos de arroz estaban colocados en una estiba a una altura de veinte sacos; que estando el demandante Bracero dentro del establecimiento de la demandada para cargar la segunda partida de sacos de su contrato, frente a la estiba antes mencionada y sin haber tocado ningún saco, Se vino abajo la estiba y cogió debajo de ella al demandante Bracero cayéndole encima como 25 o 30 sacos de arroz; que lo sacaron de debajo de la estiba sin conocimiento, lo con-dujeron al Hospital Tricoche de Ponee, en donde estuvo asilado dos meses.
“Que a consecuencia del accidente Bracero sufrió una fractura del muslo derecho y de la cadera, habiéndole quedado una pierma más corta que' otra y una diferencia, en las caderas; habiendo per-dido dicho demandante Bracero de un quince a veinte por ciento en el uso de la pierna lesionada, habiendo quedado parcialmente inca-pacitado para dedicarse a los trabajos a que antes se dedicaba, y ha-hiendo sufrido además, el demandante Bracero, dolores físicos y mo-rales y no pudiendo hásta la fecha de la vista del caso, trabajar en ocupaciones en que tenga que hacer fuerzas.
“También se ha probado, que la estiba de sacos que causó el ac-cidente, fué levantada por empleados a las órdenes de la demandada y fué dicha estiba hecha de una manera defectuosa o mal preparada, y que no había señal aparente de peligro en la estiba, ni fué adver-tido el demandante en ningún momento, por lo's empleados de la de-mandada, de que la estiba estaba defectuosamente formada y que el accidente ocurrió mientras el demandante quedaba de espaldas a la referida estiba de sacos de arroz.
“Se ha probado además, que el accidente ocurrió única y exclu-sivamente debido a la culpa, negligencia y falta de- la demandada al formar defectuosas las estiba's de sacos de arroz en su almacén, y no hacerle ninguna advertencia sobré ellas al demandante Bracero.”

El testigo Miguel Mayol, de Ponce, comerciante en pro-visiones, socio de la casa “Iiostos y Mayol,” dueña del almacén en que estaba instalada la sucursal que la deman-dada tenía establecida en Ponce, en cuyo almacén estaba también instalada la oficina de “Hostos y Mayol,” dijo:

“R. 'Pues recuerdo que ellos almacenaron una partida algo grande de arroz en el local que les teníamos alquilado, y se hizo la estiba bastante alta y a los pocos día's o al día siguiente observé que la estiba se había inclinado hacia el frente y le llamé la atención a Luis Cintrón y a otro joven que estaba allí de apellido Aneiro, que la es-tiba estaba mjal hecha y podía caerse, y me dijeron que no, que estaba bien, pero luego le hicieron otra estiba al frente, en sentido inverso aguantando la estiba que e'staba inclinada hacia nuestra oficina. Salí de viaje y al regresar vi que unos carros fueron a coger esa mercancía en la oficina de S. Ramírez & Co.; era uno de esos días que había casi nada que hacer en nuestra oficina, y oí unos gritos, y corrí por la puerta de la oficina que comunicaba con la oficina de ellos y estaba otro joven que está aquí presente, que había sido cogido por unos sa-cos de arroz de la estiba que se cayó, pero inmediatamente m.e dijo otro de los que estaba allí trabajando, me dice. . .
“Bdo.: Señor Juez. . .
“Juez: No, no diga lo que le dijeron.
“R. Ayudamos a aquel joven e inmediatamente empezamos a sa-car sacos del montón de la estiba que se había caído y sacamos de debajo- de lo's sacos, que estaba completamente cubierto por ellos al joven éste, el demandante.”

El demandante, declarando como su propio testigo, se expresó así:

‘ ‘ El sábado'- a las siete de la mañana salimos de nuestra casa para el trabajo y pasando por la calle del Comercio salía el señor Aneiro a la puerta llamando los carros para cargar y nos mandó a cargar arroz para el pueblo, no recuerdo qué cosa era; 'sé que cogí un viaje y lo llevé y cuando volví por el otro entré así a la oficina donde él estaba, me puse a hablar con él y ahí se cayó la estiba encima y ahí no supe nada más. ’ ’

Otro testigo, Francisco Torres, declaró:

“P. Sí, señor; estando yo frente a la casa del señor Ramírez el empleado llamó unos cuantos carreteros para cargar y yo me quedé para último y a'sí que los demás carreteros habían cargado me arrimé a cargar también y entonces llegaba el señor Angel Bracero delante de mí a preguntar la cantidad que quedaba para cargar y el señor preguntándole y la estiba que viene para abajo y entonces llegó el señor Mayol y Francisco Mayoral y me sacaron y entonces al sacarme a mí se encontraron con el señor Bracero.”

D.e la declaración de Remigio Morales, testigo de la de-mandada, parece conveniente transcribir lo que sigue:

“P. ¿Quién dijo que la estiba estaba mal puesta?
“R. Lo's carreteros, los que cargaban el arroz.
“P. i, Cómo fueron las palabras que Ud. escuchó?
“R. Se hablaba allí de eso, entonces un joven que estaba allí le dijo al principal. . . Yo entré a la oficina, pregunté por Luis Cin-tron y me dijeron que no estaba, entonces yo traté de salir y cuando yo regresaba para salir, la oficina era chiquita, entonces oí que le de-cía el dependiente, o el encargado, ‘tengan cuidado que la estiba se puede caer’ y al momento se cayó la estiba.
“P. ¿Les advirtió que tuvieran cuidado en qué?
“R. En sacar los sacos.
“P. i,Y se cayó esa estiba?
‘‘R. Sí, señor.
“P. ¿Cuánto tiempo después?
“R. Al momento que yo oí eso.”

A nuestro juicio la prueba del demandante sostiene los hechos declarados probados por la corte. Sólo nos hemos referido en particular a aquella parte de la misma que con-cierne al extremo que sirvió de base para la revocación, pero deseamos consignar que a nuestro juicio es también amplia y robusta en todos los otros extremos fundamentales de la acción ejercitada y la sentencia pronunciada por la corte de distrito.

La sola declaración del testigo Mayol, que mereció entero crédito a la corte, y el hecho mismo de la caída de la estiba, hubieran sido suficientes.

La demandada fué advertida a tiempo del defecto. No quiso reconocerlo. Se limitó a hacer “otra estiba al frente, en sentido inverso aguantando la estiba que estaba inclinada. ’ ’ Esto demuestra no ya una negligencia corriente, sino crasa y persistente, porque lo natural era que la fuerza de gravedad siguiera actuando sobre los nuevos sacos hasta inclinarlos y derribarlos, o por lo menos que en cuanto los nuevos sacos se quitaran, como la prueba demuestra que se quitaron o comen-zaron a quitarse, los antiguos inclinados terminaran por caer como cayeron produciendo al demandante el grave daño que sufriera.

Era el claro deber de la demandada al ser advertida del' mal estado de la estiba, reformarla, no ocultar el defecto, haciéndolo aún más peligroso, que fué en verdad lo que hizo.

Conocemos la declaración del testigo de la demandada Morales. Por medio de otro testigo trató la demandada de demostrar que la primitiva estiba fué debidamente formada.

La teoría de la demandada parece ser que el derrumbe de la estiba se debió a la falta de cuidado de los mismos tra-bajadores que estaban cargando de los sacos en ella colo-cados. El propio demandante, declarando como testigo, ex-presó cómo tomaban los sacos. Se trataba de personas acostumbradas a ese trabajo y no parece lógico que fueran ellos mismos a ocasionarse el daño. Además, si se estima que la evidencia fué contradictoria, hay que reconocer que el conflicto fué resuelto por la corte y que su resolución, de acuerdo con nuestra repetida jurisprudencia, no será alte-rada por nosotros a menos que se demuestre pasión, pre-juicio, parcialidad o manifiesto error, y aquí si algo se ha demostrado de modo evidente es la crasa negligencia de la demandada, por el hecho mismo del derrumbe de la estiba y por la directa observación y clara advertencia a tiempo de Mayol.

A nuestro juicio procede la confirmación de la sentencia recurrida.

Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Viana, acusado y apelante. El Pueblo de Pueblo Rico, demandante y apelado, v. Ramón Viana, acusado y apelante.
    Nos. 4029, 4030.

    Sometidos: Febrero 14, 1930.

      Resueltos: Julio 24, 1930.

      Celestino Triarte Jr., abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de TSl Ruéblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Pereira Leal presentó dos denuncias en la Corte Municipal de San Juan contra Ramón Viana, una por portar armas prohibidas, y otra por acometimiento grave. La prueba en la corte de distrito' tendió a demostrar que Ramón Viana era un vendedor o distribuidor de leche; que en julio 28, 1929, el acusado estaba distribuyendo leche en una guagua ‘ ‘ Chevrolet, ’ ’ cuando tres inspectores y un chauffeur llegaron al sitio. Parece que Viana echó a correr hacia arriba en su camión por la calle del Sagrado Corazón. La prueba no controvertida fue al efecto de que mientras la guagua corría calle arriba, dos peones que iban en la parte trasera del vehículo lanzaban la leche fuera. Los inspectores la seguían de cerca. De acuerdo con las declaraciones de dichos inspec-tores, aunque algo confusas, cuando su automóvil se acercó al autocamión, Ramón Viana les hizo varios disparos, uno de los cuales dió contra el automóvil entre el radiador y el bonete. La prueba de El Pueblo tendió a demostrar que el automóvil de los inspectores seguía de cerca a la guagua cuando los supuestos disparos fueron hechos. Los aconte-cimientos tuvieron lugar como a las cuatro de la mañana, cuando estaba completamente obscuro. Necesariamente, Ra-món Viana estaba sentado. al lado izquierdo de su camión “Chevrolet,” y la prueba tendió a demostrar que el asiento a su derecha estaba desocupado. Según los inspectores, mientras ellos se acercaban, Ramón Viana hacía zigzags. Ellos declararon, no obstante, que el acusado se inclinó sobre el asiento hacia el lado derecho, sacó' el brazo por una venta-nilla, y disparó a los inspectores mientras guiaba su carro y hacía los zigzags. En la denuncia por acometimiento grave se alegaba que el acusado tuvo la intención de inferir grave daño corporal a Severiano Quiñones, quien resultó ser el chauffeur del automóvil de los inspectores.

Los testigos de El Pueblo tendieron a demostrar que finalmente el automóvil de los inspectores pasó o alcanzó el camión de Viana, y que todos se detuvieron. Los inspectores admitieron que habían disparado al aire previamente con el fin de amedrentar a Viana. Insistieron en que lo hicieron así después de los disparos de éste. Los inspectores reco-gieron una pequeña cantidad de leche que quedaba en el camión, y uno de ellos declaró que estaba adulterada. A su llegada, uno de los inspectores le apuntó a Viana con la pistola hasta que llegó la policía, y también es cierto que Ramón Viana descendió1 de su camión blandiendo una mani-gueta y tal vez algo más. A instancias del •chauffeur, un policía vino, y después de unos minutos todos fueron al cuartel.

Respecto a si Ramón Viana tenía algo más en la otra mano, uno de los inspectores declaró que la noche estaba demasiado obscura para poder estar seguro de la naturaleza de lo que fuera. Sin embargo, a los inspectores en esa misma noche obscura les fué posible ver a Ramón Viana inclinarse y disparar por una ventanilla. Uno de los inspec-tores declaró que estaba seguro de que era Viana, porque los otros dos hombres que iban en la guagua eran negros.

Hasta el momento en que uno de los inspectores radicó esta denuncia, no había el más mínimo indicio de prueba de que cuando llegó la policía cualquiera de los inspectores se quejara de los disparos hechos por Viana. Tampoco mani-festaron tal cosa en el cuartel de la policía. Todo eso es evidente de las declaraciones de la policía y de la constancia hecha en el libro de novedades por uno de ellos. El libro de novedades revela que la versión dada por los inspectores fué al efecto de que ellos le dispararon a Viana a fin de que se detuviera. Los inspectores nada comunicaron a la policía respecto a los supuestos disparos. El parte de la policía fué que los inspectores y los ocupantes de una guagua tuvieron un altercado en el cual uno de los- inspectores recibió con-tusiones. No sólo de la declaración del policía presentado como testigo por el acusado, sino también de las declara-ciones de los propios testigos de El Pueblo, es evidente que los inspectores no hicieron imputación o denuncia alguna contra Viana por los disparos hechos por éste.

Lo que parece mucho más probable es lo manifestado en el libro de novedades, y por el acusado, a saber, que los inspectores dispararon para que Viana se detuviera y final-mente lo lograron; que cuando el acusado descendió de su vehículo se armó por temor a los disparos de los inspectores.

Si bien en general esta corte ha aplicado más bien rigurosamente el principio de que la apreciación de la prueba hecha por la corte inferior no debe ser alterada en apelación,, no obstante, dadas las declaraciones de los inspectores mismos y su silencio al llegar la policía respecto a los supuestos dis-paros, y la fuerte improbabilidad de que los inspectores pudiesen haber visto a Ramón Yiana hacer todas las cosas que ellos le imputan — aunque es posible que sean ciertas— creemos que este caso es uno en que, conforme alega el apelante, la corte debió haber tenido una duda razonable en cuanto a la culpabilidad de Yiana tanto en relación con la imputación de acometimiento grave como respecto al delito de portar armas prohibidas. Puede agregarse que no se halló arma alguna, aunque estamos dispuestos a admitir que el arma pudo haberse ocultado o haber desaparecido.

La sentencia en cada caso debe ser revocada y absolverse al acusado.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO

Mi disentimiento en este caso se basa en que después de un detenido estudio de la prueba, no encuentro motivos bastantes para dejar de aplicar al mismo la repetida juris-prudencia que dice que en casos1 de evidencia contradictoria debe prevalecer la decisión de la corte sentenciadora. A mi juicio no se ha demostrado pasión, prejuicio, o parcialidad-Tampoco manifiesto error. Las; dudas que puedan surgir no son suficientes, en mi opinión, para sostener quo los testigos del Pueblo, a quienes dió entero- crédito la corte, declararan falsamente al imputar como imputaron directamente al acu-sado el hecho de haber disparado contra el chauffeur del automóvil que lo perseguía.

Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr, ■Aldrey está conforme con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José E. Carrero González, demandante y apelado, v. Virginia del Castillo Santos, demandada y apelante.
    No. 5036.

    Sometido: Noviembre 21, 1929.

      Resuelto: Julio 24, 1930.

      F. Piñeiro, abogado de la apelante; González Fagundo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada en un pleito de divorcio apela de una orden declarando sin lugar una moción de traslado.

En la demanda se alega que el actor y su esposa son ciudadanos americanos, residentes en Puerto Rico por más de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del comienzo de la acción. No hay ninguna otra alegación res-pecto a la, residencia de cualquiera de las partes.

La moción y las declaraciones juradas revelan que la demandada nació en Rincón, en el distrito de Aguadilla, donde ha vivido desde entonces; que es ahora, y lo ha sido por más de diez años, maestra en las escuelas públicas de Rincón; que ella y su esposo contrajeron matrimonio en Rincón, y vivieron allí hasta enero de 1929, cuando el esposo —un torrero — fue trasladado a Culebra; que la demandada, a virtud de su contrato con el Departamento de Instrucción, estaba obligada a dar fin al año escolar, y que su esposo no la invitó a acompañarle a Culebra, ni la ha invitado a unirse a él. No hubo declaraciones juradas para contrarrestar las que hemos mencionado.

La demanda fué radicada en mayo de 1929, en la Coirte de Distrito de Humacao. Nada hay que indique un cambio de domicilio, a no ser que el esposo fué trasladado de un faro a otro.

El demandante alega como causa de divorcio que hacía más de un año con anterioridad a la radicación de la demanda, la esposa, voluntariamente y sin el consentimiento del deman-dante, lo había desertado y abandonado, sin razón algunal para ello, y desde entonces, sin el consentimiento de él y contra su voluntad, ella ha vivido separada de él con el propósito firme de no volver a vivir con él. La demanda no está jurada.

La demandada en su affidavit de méritos sostiene que la alegación relativa a deserción y abandono es falsa, que la demandada en ningún momento ha dejado de cumplir los deberes conyugales para con el demandante, y que la de-manda de divorcio es una verdadera sorpresa para ella.1 Manifiesta además que no fué la intención de su esposo que ella violara su contrato con el Departamento de Instrucción, y que aquél radicó la demanda en el distrito de Humacao con el fin de privarla de la oportunidad de defenderse

Que marido y mujer vivieron juntos en Rincón hasta el momento de la partida del consorte para Culebra, queda demostrado por tres declaraciones juradas. La aseveración de la esposa de que su marido no la invitó a acompañarle a Culebra está corroborada por el hecho de! que la demanda de divorcio fué entablada poco después de él haber llegado allí, basada en supuestas causas preexistentes.

En ausencia de contradeclaraciones juradas, los affidavits en apoyo de la moción deben aceptarse como ciertos a fin de determinar la cuestión de jurisdicción. El caso así pre-sentado es el de una esposa abandonada por su marido, más bien que el de un esposo abandonado por su mujer.

El sitio en que una persona realmente vive se presume que es prima facie su domicilio legal, pero la verdadera residencia es meramente una circunstancia, y la presunción que surge en virtud de la misma no es concluyente. Una vez obtenido o adquirido un domicilio, se presume que continúa, y a la parte que alega que ba habido un cambio, incumbe probarlo. 19 C. J. 431, sección 66.

Cuando no bay cuestión de jurisdicción o de traslado envuelta para los fines del divorcio, no faltan auitoridad.es que sostienen, especialmente entre las decisiones antiguas, que “la residencia en cualquier otro lugar puede destruir la presunción relativa a la continuación de la residencia original, particularmente cuando ella es. de tal duración o está caracterizada por circunstancias tales que indican la inten-ción de adoptar la nueva localidad como domicilio.” 19 C. J. 432, 433, sección 67. Aun en tales casos, “la mera residencia en cualquier otro sitio no destruirá la presunción en cuanto a la continuación de la misma, a menos que sea inconsistente con la intención de regresar al domicilio original.” Id., id. Fué en el caso de Williamson v. Osenton, 232 U. S. 619, 624, que la Corte Suprema de los Estados Unidos, por voz del Juez Asociado Sr. Holmes, dijo en 1914:

‘1 El hecbo esencial que transmuta un cambio de residencia en uno de domicilio, es la ausencia de cualquier intención de vivir en cual-quier otro ‘sitio — Story sobre Derecho Internacional Privado, sección 43 — , o, como lo expresa Mr. Dicey en su admirable libro, ‘la ausen-cia de una intención de momento de residir permanente o indefini-damente en el nuevo lugar. ’ Derecho Internacional Privado, segunda edición, página 111.”

En el presente caso el traslado de un faro a otro no era “inconsistente con la intención de regresar al domicilio original.” Carpenter v. Carpenter, 2 Pac. 122. No tenemos motivo alguno, para asumir que el traslado llevaba consigo un aumento de salario, o que las condiciones de vida en la isla de Culebra son mejores que en Rincón. Si tomamos conocimiento judicial del tamaño, situación geográfica, nú-mero de habitantes y características generales de la isla de Culebra, existen menos motivos para creer que aun un to-rrero avezado optaría por permanecer allí más de lo nece-sario. No existe base satisfactoria para la inferencia del animus manendi, que' es lo que “transmuta un cambio de residencia en uno de domicilio.”

El traslado oficial, sin más, no efectuó un cambio del domicilio del marido. Ni ¡mucho menos varió el domicilio conyugal. “Para los fines del divorcio, el domicilio no es un favorito de la ley.” Harrison v. Harrison, 84 Atl. 57, 59. El domicilio conyugal, una vez establecido, “continúa liasta que se adquiera uno nuevo; no se puede adquirir uno nuevo, aun implícitamente, mediante el abandono de un cón-yuge al otro con la-intención clara y decidida de romper los lazos matrimoniales, aunque tal abandono esté justificado.” 19 C. J. , sección 36, páginas 26 y 27.'

Desde cualquier ángulo que se observe el caso, el esposo no podía llevarse consigo el domicilio de la esposa en forma tal que la privara de su derecho al traslado del pleito.

En Champon v. Champon, 40 La. Ann. 28, 31, 32, el tribunal dijo.-

“El verdadero significado de este aforismo, relativo a ser el do-micilio de 1a. esposa el del marido, es que el domicilio de la esposa es el del e'sposo al tiempo de contraer matrimonio, o el que él provea para sí y su consorte después de celebradas las nupcias, y al que, aunque él pueda cambiarlo a voluntad, la esposa sea llevada o invi-tada, o, por lo menos, del cual ella tenga conocimiento y al que ella pueda ir y permanecer en él a su antojo.”

• En Harteau v. Harteau, caso resuelto en 1883 que fija el derrotero a seguir por futuras decisiones, la Corte Suprema de Massachusetts, por voz del Juez Presidente Sr. Shaw, expresó un pensamiento que ha seguido los pasos del pro-greso a través de un siglo de opiniones judiciales conserva-doras. Eué el siguiente:

“Es probablemente un punto de vista máte justo considerar que la máxima se funda en la teoría de identidad de persona y de inte-reses existente entre marido y mujer, según lo establecen la ley y la presunción de que, dada la naturaleza de esas relaciones, el hogar de uno es el hogar de la otra, y su intención e's promover, fortalecer y garantizar los intereses de los cónyuges, mientras perduran las re-laeiones que ordinariamente existen cuando hay unión y armonía. Pero la ley reconoce que una esposa tiene existencia separada, inte-reses separados y derechos separados en aquellos casos en que el pro-pósito expreso de todos los procedimientos es demostrar que las rela-ciones mismas deben disolverse o modificarse en forma tal que se es-tablezcan intereses separados, y especialmente un domicilio y hogar distintos, conceptuándose el albergue y la comida — -la parte en repre-sentación del todo — como expresivos de la idea del hogar. De lo contrario, las partes estarían sobre bases muy desiguales, pudiendo el marido cambiar su domicilio cuando le plazca, mas no así la esposa.
“El marido puede privar a la mujer de los medios de hacer valer 'sus derechos, y, en efecto, puede privarla de los derechos mismos y de la protección de las leyes del estado, al par que la mala conducta de él puede darle a ella el derecho de libertarse de él a causa de sa mala conducta para con ella. Dean v. Richmond, 5 Pick, 461; Barber v. Root, 10 Mass. R. 260.”

Unos treinta años más tarde, en el caso de Colvin v. Reed, 55 Pa. St. Rep. 375, 379, dijo el Tribunal Supremo de Pennsylvania:

. . La unidad de persona creada por el matrimonio es una fic-ción legal que debe seguirse para todos los fines provechosos y justos, y no debe ser usada para destruir los derechos de uno u otro con-sorte, en contra de los principios de la justicia natural, en procedi-mientos que, por 'su naturaleza, los convierten en partes contrarias.
“Fué necesario el consentimiento mutuo para establecer la rela-ción de que emana esta unidad; y la misma ley exige que sean con-siderados separadamente en su condición natural cuando cualquiera de ellos procede contra el otro en forma tal que destruya esta relación. Tal es el efecto neee'sario de ser partes adversas en el mismo proce-dimiento. ’ ’

Más adelante, bailamos en la misma opinión lo que sigue:

“. . . En un procedimiento para disolver un matrimonio las par-tes se sitúan sobre el mismo nivel de derechos. Cuando la parte agraviada busca un nuevo domicilio y los domicilios respectivos son, por tanto, distintos, no existe razón mayor para que el nuevo domi-cilio del esposo prevalezca sobre el de la esposa que la que hay para que el de la mujer prevalezca sobre el del marido. En ese sentido, la justicia exige que ninguno de ellos lleve al otro al'regazo de. una jurisdicción extraña.
"Si una esposa que disfruta de las comodidades del bogar, de amigos y refinamiento, se negare a seguir el antojo y el capricho de su esposo de marcharse a las selvas del oeste o hacer frente a lo's pe-ligros y vicisitudes de un viaje a las minas de California, ¿bajo qué principio del derecho natural que regula la ley interestadual puede la nueva residencia del esposo variar el domicilio de su consorte?”

El presente status de la ley queda indicado por el si-guiente extracto del caso Buchholz v. Buchholz, Ann. Oas. 1912-D 395, 396:

"Cuando el marido ha abandonado a la myjer, o cuando ha ha-bido un abandono mutuo de las relaciones matrimoniales en forma tal que los fines del enlace quedan destruidos, el ■fundamento de la regla de que el marido puede fijar el domicilio de la familia cesa, y la regla cesa también, estando la mujer entonces en libertad de es-tablecer un domicilio separado para todos los fines. Gordon v. Yost, 340 Fed. 79; Watertown v. Greaves, 112 Fed. 183, 50 C.C.A. 172, 56 L.R.A. 865; Shute v. Sargent, 67 N.H. 305, 36 Atl. 282; Matter of Florance, 54 Hun. 328, 7 N.Y.S. 578; 84 Am. St. Rep. 33, 34, nota 8.”

La sabiduría de este parecer está sostenida por las auto-ridades revisadas en la opinión, por la nota que aparece al pie de la misma, por los casos citados, y por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Williamson v. Osenton, supra, en el cual se dijo que:

". . . La única razón que podría aducirse para no reconocer el hecho del cambio efectuado por el demandante, si es que está justi-ficada, es la ficción, que actualmente está desapareciendo, de la iden-tidad de persona. Pero de no prevalecer esa ficción sobre el hecho de la relación por la cual fue creada, no hay razón alguna en el mundo para dársele efecto en torno a cualquier otro hecho. Cual-quiera que 'sea la regla en Inglaterra, el que en este país una mujer en las circunstancias de la demandante en este caso pueda obtener un domicilio distinto del de su esposo para los fines del divorcio, no ha sido disputado ni está ‘sujeto a controversia. Haddock v. Haddock, 201 U.S. 562, 571, 572. Ella puede hacer esto no por necesi-dad, sino porque le plazca, según revelan los casos, y el cambio que es válido con respecto al espo'so debe serlo con respecto a todo el mundo. En las decisiones posteriores, el derecho a cambiar el domi-cilio y el efecto del cambio quedan establecidos en términos absolu-tos. Gordon v. Yost, 140 Fed. Rep. 79: Watertown v. Greaves, 112 Fed. Rep. 183, Shute v. Sargent, 78 N.H. 305; Buchholz v. Buchholz, 115 Pac. Rep. 88. Véase Haddock v. Haddock, sup., Barber v. Barber, 21 How. 582, 588, 597, 598.”

A menos que en Puerto Eico deba prevalecer una regla distinta, de lo que antecede se desprende que cuando el de-mandante en el presente caso abandonó a su esposa, se fué para Culebra y entabló demanda de divorcio en Humacao, anuló su derecho a fijar el domicilio conyugal, y la demandada quedó en libertad de retener como suyo el domicilio matrimonial ya establecido en Eincón, teniendo derecho, por tanto, a solicitar el traslado del caso.

En De la Viña v. Villareal y Geopcmo, 41 Jur. Fil. 14, el Tribunal Supremo de Filipinas unánimemente fué del cri-terio de que no existe diferencia fundamental entre la doc-trina americana y el derecho español sobre la materia. La forma en que se discute y resuelve este aspecto de la cuestión indica que no hubo duda alguna en la mente de ninguno de los miembros de aquella corte. La parte pertinente de la opinión lee como sigue:

“Consultando las autoridades españolas, vemos que convienen con las americanas en sostener que la máxima o regla de que el domicilio de la esposa sigue al del marido no es absoluta. Scaevola, compu-tando el artículo 40 del Código Civil (que e's la única disposición o autoridad legal en que se funda el solicitante en este asunto), dice:
‘Si bien el artículo 64 de dicha ley (Ley de Enjuiciamiento Civil) prescribe que el domicilio de la mujer casada, no separada legal-mente, sea el de su marido, cuando el consentimiento tácito de éste y otras circunstancias del caso lo justifiquen, es de estimar, a los efec-tos de la competencia, como domicilio de aquélla el de su habitual residencia, donde, con arreglo al citado artículo 63, pueda ejercitar su derecho.’ (Scaevola, Código Civil, págs. 354, 355.)
“Manresa, comentando el mismo artículo (art. 40), dice:
“ ‘El domicilio de las mujeres casadas, que no e'stén separadas le-galmente de sus maridos, será el que éstos tengan. Este principio, sostenido por el Tribunal Supremo en multitud de fallos, fué recti-ficada en un caso especial por la sentencia de 17 de junio de 1887, y conformes con ésta se ban dictado después otras tres, en 13, 23 y 28 de octubre de 1899, en todas las cuales se declara que cuando las aluje-res ca’sadas, y lo mismo los hijos sujetos a la patria potestad, vivan con aquiescencia de sus maridos o padres, en lugar distinto que éstos, tienen domicilio propio e independiente, que es al que debe aten-derse para determinar la competencia' en casos de alimentos provi- • sionalete, depósito de personas, etc.’ (1 Manresa, 2.23.)”

En la Enciclopedia Jurídica Española, tomo XII, pág. 438, bailamos lo siguiente:

“En España hemos entendido que bastaba la separación de he-cho, cuando resulta consentida por el marido a diferencia, de lo que ocurre en Francia, Bélgica, etc., donde se ha resuelto la necesaria concurrencia de la separación de hecho y de derecho tanto que, en un caso en que la mujer demandada prestaba servicios domésticos en casa de un tercero, domiciliado en distinta población, prevaleció el fuero del marido. Cuando éste abandona a su mujer, habrá que ate-nerse al último domicilio conyugal.”

Manresa, en el primer tomo de sus Comentarios al Código de Enjuiciamiento Civil Español, págs. 225, 226 j 227, dice:

“Por la residencia en un lugar con casa abierta y ánimo de per-manecer’ en él, se adquiere el domicilio: este ánimo o intención, cuando no consta por declaración del interesado o por otro's actos po-sitivos, se deduce del hecho de tener o haber adquirido bienes en aquel pueblo, de haber trasladado a él su familia e intereses muebles, de haberle hecho asiento de la profesión, granjerias o negocios res-pectivos ; en suma, de cualquier hecho que indique que el interesado ha establecido definitivamente su residencia en aquel punto, aban-donando la que antes tenía en otro lugar. . .
“Ahora bien ¿qué se entenderá por domicilio para los efectos del fuero f Indudablemente el lugar en que tiene su residencia habitual el demandado, con casa abierta, ejerciendo allí su profesión, arte u oficio, u otra cualquiera manera de vivir conocida, o manteniéndose con el producto de sus bienes. La residencia en un lugar con estas circunstancias por espacio de seis meses a lo menos es bastante, según el espíritu del artículo 16 de la citada ley municipal, para que se repute o considere comp el domicilio deb demandado, ante cuyo juez podrá serlo en los casos en que se siga el fuero del domicilio. Sin embargo, téngase presente que no 'se pierde el domicilio por la au-seneia temporal del lugar eir que se vive, sin ánimo expreso o pre-sunto de abandonarlo: es necesario que al hecho se reúna la volun-tad expresa o presunta. El que tiene la vecindad legal en un punto, y reside temporalmente en otro, si en aquél conserva 'su casa abierta y sufre las cargas del vecino, no podrá considerarse como domiciliado en el segundo: mas si en el primer punto no conserva su casa abierta ni sufre la's cargas vecinales, es claro que de hecho habrá perdido la vecindad, y su domicilio será el pueblo en que reside: la ley no debe proteger los fraudes a que suele dar lugar el residir en un punto apa-rentando ser vecino de otro.”

De forma que en España, al igual que en los Estados Unidos, el cmimus manendi es un elemento esencial en la adquisición de un nuevo domicilio. El demandante en el presente caso dejó a su familia, presuntivamente en la misma casa en que había vivido con su esposa e bija hasta el mo-mento en que fué trasladado a Culebra. No se demuestra que él haya adquirido ni que posea bienes en Culebra. Fuera del hecho de que el demandante es un empleado del gobierno, y de ser distintas las circunstancias concurrentes, al tiempo de radicar su demanda el demandante no había vivido en Culebra suficiente tiempo para siquiera establecer un domicilio presuntivo, de acuerdo con la Ley Municipal española. Desde el punto de vista del derecho español, así como del de las decisiones americanas, no hubo cambio de domicilio.

El artículo 40 del Código Civil vigente en Puerto Rico con anterioridad a la revisión de 1902, lee en parte como sigue:

“Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obli-gaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual; y, en su caso, el que determine la ley de En-juiciamiento civil. ’ ’

El artículo 64 del antiguo Código de Enjuiciamiento Civil disponía lo siguiente :

“El domicilio de las mujeres casadas que no estén separadas le-galmente de su's maridos, será el que éstos tengan. . .”

El artículo 1879 proveía, entre otras cosas, que:

"Podrá decretarse el depósito:
"Io. De mujer casada que se proponga intentar, o haya intentado, demanda de divorcio, o querella de amancebamiento contra su marido, o la acción de nulidad del matrimonio.
"2o. De mujer casada contra la cual baya intentado su marido demanda de divorcio, o querella de adulterio, o la acción de nulidad del matrimonio.”

Los artículos sucesivos prescribían los detalles del pro-cedimiento a seguir en relación con la solicitud y preparación de semejantes decretos. Fue en un procedimiento de esta dase que la Corte Suprema de España en su decisión de 17 de junio de 1887, 62 Jur. Civ. 25, resolvió:

". . . si bien en el art. 64 de dicba ley se prescribe que el domi-cilio de la mujer casada sea el de 'su marido, no separada legalmente, en el caso presente, atendidas las circunstancias, el consentimiento del marido permitiéndole viviese y residiese en Sevilla desde que se ea'saron en 25 de septiembre de 1866, pues no consta que él se opu-siere a ello, demuestran que el domicilio de la misma era Sevilla, donde con arreglo a la disposición del art. 63 ba podido ejercitar su derecho.”

En un procedimiento similar relativo a la custodia de menores, la misma corte, en una decisión de octubre 23, 1899, 88 Jur. Civ. 153, dijo:

". . . si bien es cierto que los hijos constituidos bajo la potestad de su padre 'se reputan domiciliados con éste, esa regla general ca-rece dé aplicación al caso en que sea el mismo padre quien reclame el fuero de su domicilio contra el que hubieren ganado los hijos re-sidiendo con autorización expresa de su madre, porque entonces el padre, que ha contribuido a crear tal situación, está obligado a re-conocerla, sometiéndole al fuero del domicilio de los hijos que hayan de ser depositados, como para casos análogos, o sea para el caso del depósito de las mujeres casadas, tiene repetidamente declarado e'ste Tribunal Supremo.”

El artículo 40 del antiguo Código Civil fue omitido en la revisión de 1902 y el antiguo Códig’o de Enjuiciamiento Civil fue substituido por el de 1904. El artículo 11 del actual Código' Político, informado por una comisión codifi-cadora conjuntamente con el Código Civil Bevisado, y adop-tado simultáneamente con el mismo por la Legislatura Insular en 1902, contiene hoy en día la única disposición estatutoria que trata directamente la cuestión de domicilio. Dice así:

" “Toda persona tiene domicilio legal. Para determinar el lugar de domicilio se observarán las siguientes reglas:
“1. Es el lugar donde reside habitualmente una persona, cuando no es llamada a otra parte para trabajar u otro objeto temporal, y al cual retorna en las épocas de descanso.
“2\ Sólo puede haber un domicilio.
‘13. Para los efectos de la competencia de los tribunales, no puede perderse un domicilio hasta adquirirse otro.
“4. E's domicilio de los hijos no emancipados el domicilio de su padre, y después de la muerte de éste, el de su madre.
“5. El domicilio de la esposa se presume ser el del marido.
“6. El domicilio de un menor no casado, sujeto a tutela, es el de su tutor.
“7. El domicilio puede cambiarse sólo mediante la unión del acto y del intento.”

Los artículos 156, 157 y 158 del Código Civil Bevisado leen como sigue:

“Artículo 156. Lo's cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.
“Artículo 157. El marido debe proteger a la mujer y ‘satisfacer sus necesidades en proporción a su condición y medios de fortuna.
“Artículo 158. La mujer está obligada a obedecer y seguir a su marido dondequiera que fije su residencia.”

Ninguna parte de cualquiera de estos artículos puede ser removida del sitio en que se halla y considerarse aislada-mente. Los tres artículos deben ser interpretados conjunta-mente; cada uno a la luz de los otros, y todos en armonía con el artículo 11 del Código Político, y a la luz de la ten-dencia general de la legislación moderna en esta Isla y en cualquier estado de la Unión hacia la emancipación de la mujer casada. En Shute v. Sargent, 36 Atl. 282, del cual se copia con aprobación en Buchholz v. Buchholz, supra, y en la nota que consta al pie, 7 citado también en Williamson v. Osenton, la Corte Suprema de New Hampshire dijo:

“La máxima de que el domicilio de la mujer sigue al del marido "‘resulta del principio general de que uua persona que se baila bajo el poder y autoridad de otra no tiene el derecho a elegir un domici-lio.' Story Sobre Derecho Internacional Privado, see. 46. ‘Mediante el matrimonio, el marido y la mujer se convierten en una persona ante los ojos de la ley, — es decir, la existencia legal de la esposa •queda suspendida durante el matrimonio o por lo menos se incorpora y consolida con la del marido, bajo cuyo dominio, protección y am-paro ella lo realiza todo.’ 1 Bl. Com. 442. Siendo tal el status do la e'sposa de acuerdo con el derecho común, su domicilio necesaria-mente seguía al del esposo, y la máxima se aplicaba sin límite o res-tricción alguna. Pero la teoría del matrimonio del derecho común ha perdido terreno en todas partes, y especialmente en este estado, donde la ley durante largo tiempo ha reconocido a la mujer una exis-tencia distinta, derechos distinto's, e intereses distintos. Con res-pecto' a los deberes y obligaciones que surgen del contrato matrimonial y que' constituyen su objeto, el marido y la mujer continúan siendo y deben continuar siéndolo, una unidad legal; pero la anti-gua unidad ha sido quebrada a tal extremo, y la teoría de la servi-dumbre de la esposa 'suplantada por la teoría de igualdad establecida por la legislación y las decisiones del último medio siglo, que hoy en día ella está situada, casi sin excepción, al mismo nivel que el esposo en lo referente a bienes, actos torticeros, contratos y derechos civiles. Pub. St. c. 176; ib. c. 90, s. 9; Seaver v. Adams, 66 N.H. 142, 143, y las autoridades allí citadas. Y toda vez que la ley la coloca, en si-tuación similar en forma tal que actualmente el marido no tiene más poder y autoridad sobre ella que los que ella tiene sobre él, no pa-rece existir razón alguna por la cual no pueda adquirir un domicilio distinto para todos lo's fines conocidos por la ley. Si bien hay ciertos casos excepcionales en que para ciertos fines tal vez podría resolverse correctamente lo contrario, áin embargo, no habría en esta jurisdic-ción fundamento alguno para resolver que cuando el esposo ha per-dido 'sus derechos conyugales a cansa de su mala conducta, la esposa no pueda adquirir un domicilio distinto y ejercer los derechos y de-beres correspondientes a la ciudadanía de que ha sido investida la mujer casada. Resolver lo contrario no sólo quebrantaría la línea de consistencia y de progreso que paulatinamente ha ido avanzando hasta que la's antiguas distinciones entre ambos sexos, que fueron adaptadas a una situación que ha dejado de existir y que nunca po-(Irá. volver, han sido eliminadas en su mayoría, sino que subvertiría el derecho estatutario de votar y de ser electo para un cargo de ca-rácter educativo que la esposa posee en la actualidad, pues obligaría a la cónyuge inocente a re'sidir y a constituir su hogar en cualquier precinto electoral en que el esposo culpable decidiera fijar su domi-cilio, o verse privada de la franquicia electoral; y si el esposo tras-lada su domicilio a otro estado y ella permanece en este estado, el ejercicio de todos sus derecho's que dependen del domicilio quedaría igualmente afectado. Esta no puede ser la ley. Por el contrario, la buena lógica nos lleva a concluir que una esposa no puede ser pri-vada del derecho del sufragio ni de ningún derecho civil o legal por las actuaciones de su consorte; y entendemos que ésa es la ley. Guando sea necesario o apropiado para la esposa adquirir un domi-cilio distinto, ella puede adquirirlo.”

• Por ejemplo, gi el primer requisito del artículo 158 debe interpretarse al pie de la letra y seguido ciegamente y puesto en vigor en forma de todo punto estricta, las mu-jeres casadas en Puerto Rico en las próximas elecciones, de ser instruidas por sus esposos respecto a la forma en que deben emitir sus votos, deben obedecer a sus maridos y votar en la forma que se les ordene.

Los tres artículos en conjunto se basan en la misma idea de unidad en la relación conyugal que sirvió de oimiento a la ficción del derecho común relativa al domicilio implícito. Interpretados en armonía con el artículo 11 del Código Político, estos artículos nada establecen fuera del domicilio presuntivo allí definido como de la esposa. La regla general así prescrita está sujeta a las mismas excepciones y limita-ciones que la ficción del derecho común. La presunción debe permanecer en pie, o caer, de acuerdo con las circunstancias, al ser puesta a prueba por la regla que se extiende cual hebra de oro a través de cien años de jurisprudencia ameri-cana.

Los derechos y deberes de ambos cónyuges son correla-tivos y recíprocos. El marido que exige que su mujer lo siga doquiera él fije su residencia, debe suministrarle un sitio adecuado para vivir. Debe estar preparado para “sa-tisfacer sus necesidades en proporción a su condición y medios de fortuna.” Debe invitarla a que lo acompañe, o, por lo menos, a que se una a él en su nueva morada. La ley no exige que la esposa siga al marido sin invitación previa y sin que medie razón alguna para que ella crea que será bien acogida.

En el presente caso la esposa, desde el día de su matri-monio, ba contribuido al fondo común de la sociedad de. gananciales con su salario como maestra de instrucción pú-blica. Nada bay que demuestre que ella hubiese tenido la oportunidad de contribuir en esta forma o en alguna otra a su sostenimiento y al de su bija, en Culebra. Nada bay que demuestre que el esposo estaba en mejores condiciones o más dispuesto a mantener a su esposa e bija en Culebra que en Rincón. Nada bay que demuestre que él estuviera dis-puesto a suministrarles los gastos de viaje desde Rincón a Culebra. Nada bay que demuestre que él deseaba que ellas se unieran a él en Culebra. Por el contrario, aparece que la esposa, al ser notificada con el emplazamiento en el caso de divorcio, estaba obedeciendo a su marido, cumpliendo con los deseos de él de que ella terminara el año escolar en Rincón. Ella no podía continuar acatando a su esposo en esa forma y al mismo tiempo' siguiéndolo contra la voluntad de él basta Culebra. Ella no tenía obligación legal o moral de renunciar su empleo y, cual can que no será echado de las colinas del amo que se aleja, seguir a su esposo desde un confín a otro de esta Isla, y de allí cruzar un brazo de mar basta un faro situado en aquella “estrecha faja de terreno rodeada por el mar” (asumiendo, con licencia poética, la existencia de terreno allí) llamada Culebra.

Es ley familiar, según se expresa en 19 C. J. págs. 418, 419, sección 39, que:

“El domicilio de un soldado o marino que está en el servicio mili-tar o naval de isu país, generalmente permanece sin alterar, no ga-nándose ni perdiéndose el domicilio por el hecho de estar destacado temporalmente en cumplimiento de sus deberes, en determinado sitio, aun durante un período de años. Sin embargo, puede adquirirse un nuevo domicilio si concurren tanto la acción como la intención.”

Se lia dicho que la misma regla es aplicable al servicio del gobierno en general. 9 R.C.L. 551, sección 14; Lankford v. Gebhard, 130 Mo. 621, 32 S. W. 1127.

La razón de ser de la regla (19 C. J. 418, 419, see. 39, nota 95 (a)) es que:

“A fin de adquirir una residencia de becbo o de derecho necesa-riamente tiene que estar envuelto por lo meno's el ejercicio de la vo-luntad al escogerla, y no puede afirmarse esto con respecto a la resi-dencia de un soldado o marino en servicio activo.”

En el caso de autos, nada bay que demuestre que el tras-lado fué involuntario, o solicitado por el empleado del go-bierno. De baber sido voluntario, fué un mero acto, sin prueba alguna de la intención requerida expresamente por el inciso 7 del artículo 11 del Código Político. Si fué invo-luntario, el caso cae dentro del razonamiento- de la regla rela-tiva a soldados y marinos, y, a fortiori, no bubo cambio, de domicilio.

Debe revocarse la resolución apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey están con-formes con el resultado.


author: El Jijez Asociado Señoe. HutchisoN,

text:
    Elisa Montval Viuda de Cuevas, demandante y apelada, v. López Hermanos, S. en C., demandada y apelante.
    No. 4751.

    Sometido: Diciembre 6, 1929.

      Resuelto: Julio 24, 1930

      Feliú & La Costa, abogados de la apelante; J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados de la apelada..
   El Jijez Asociado Señoe. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Los motivos primero, tercero y sexto de esta apelación son que la corte de distrito erró al declarar que las lesiones recibidas por la demandante fueron causadas por haberse enredado en sus pies un pedazo de alambre procedente de la fábrica de la demandada; al resolver que la demandada era culpable de negligencia; y al dirimir el conflicto de prueba a favor de la demandante. Una lectura del alegato y de la transcripción taquigráfica nos convence de que nin-guno de estos fundamentos es sostenible.

El segundo motivo de la apelación es que la corte de distrito erró al declarar que el pedazo de alambre de que se trata había sido arrojado a la calle negligentemente por un empleado de la demandada, actuando dentro de las atribuciones de su empleo. Muchos casos se citan o discuten por la apelante en apoyo de esa contención.

En el caso de autos, el empleado en cuestión se dedicaba a hacer cajas, de duelas atadas con alambre. El utilizaba más de cien atados diariamente, y de cada atado removía dos o tres pedazos de alambre. Tiraba este alambre' a la acera o a la cuneta contigua a la acera próxima al sitio donde trabajaba. Hubo algún testimonio tendente a demostrar que él había recibido instrucciones de remover el alambre de la acera o de la cuneta al cabo de cada día de trabajo, o en cual-quier intervalo conveniente, y echarlo a un corral cerca de la factoría. Si esas instrucciones fueron desobedecidas o cumplidas descuidadamente, no importa. Ninguno de los ca-sos citados por la apelante llega al extremo de resolver que el dar esas instrucciones constituye una buena defensa en una acción de daños personales debidos a la negligencia de un empleado al cumplir esas instrucciones, o a su desobe-diencia de las mismas.

Al tiempo del accidente, de acuerdo con la declaración de un testigo, había suficiente alambre en el corral para llenar un camión, y lo bastante para un cargamento, o más, espar-cido por la calle y sus alrededores. De todos modos, en la calle había diseminados sendos alambres en pedazos y en masas enmarañadas, y la prueba en conjunto deja poco lu-gar a dudas de que esta situación se debía a la negligencia del empleado arriba aludido mientras actuaba dentro de los límites de su empleo.

Los motivos cuarto 3^ séptimo para esta apelación son que la corte de distrito erró al desestimar una moción de nonsuit y al no declarar que la demandante incurrió en negligencia contribuyente, o que asumió el riesgo de utilizar la calle.

La moción de nonsmt se basaba en nueve motivos. Los enumerados bajo las letras (ó) a (/), inclusive, y bajo la le-tra (i), se refieren a cuestiones de hecho discutidas por la apelante en conexión con los señalamientos de error primero, segundo y tercero. Este aspecto de la moción de nonsmt, tal como se presenta en el alegato de la apelante, no de-manda ulterior consideración. Los fundamentos (g) y (h) de la moción de nonsuit se refieren a la cuestión de negligen-cia contribuyente y a la de riesgo asumido, en que se apoya la apelante como el séptimo fundamento de su recurso. El motivo (a) de la moción de nonsuit, que es la única fase del cuarto señalamiento de error discutida separadamente por la apelante, se dirige a la suficiencia de la demanda. Admi-tiendo, para los fines de la argumentación, que la demanda era defectuosa, las omisiones acusadas fueron suplidas por la prueba.

En el párrafo sexto de la contestación, después de ne-garse la negligencia, la demandada dice que “si algún acci-dente sufrió la demandante en la fecha y sitio que se alegan en la demanda, se debió única y exclusivamente a la negligen-cia y culpa de la propia demandante al transitar por dicha supuesta calle.” Esto es lo más que se aproxima a una alegación de negligencia contribuyente como defensa.

En el curso de su argumentación la apelante cita las si-guientes autoridades: 43 C. J., See. 1850, 1076; 5 Thompson Com. on the Law of Negligence, ed. de 1905, sec. 6241; Southern Ry. Co. v. Rowe, 59 S. E. 462; Bridgford v. Stewart, etc., 231 S. W. 22; Mullon v. Sensenbrenner, etc., 260 S. W. 982; Ryan v. Foster, 21 L.R.A. (N. S.) 969; Hausman v. Madison, 21 L.R.A. 263, 277, 278; Gryning v. Philadelphia, 13 A.L.R. 71; Lerner v. Philadelphia, 21 L.R.A. (N. S.) 614; Nicholas v. Peck, 40 Atl. 418; 43 Atl. 1038; Kennedy v. Pittsburgh, 79 Atl. 550.

La demandante vivía en la calle de que se trata. Era un camino público. Constituía la vía mejor y más conve-niente para llegar a su casa. Ella se dirigía a su hogar cuando sufrió las lesiones, y, como cuestión de derecho, no fue culpable de negligencia contribuyente al usar la calle. 29 C. J. 700, párr. 463; Henry County Turnpike. Co. v. Jackson, 86 Ind. Ill, 44 Am. Rep. 274, 276 y nota; 13 A.L.R. 79 a 82, párr. V; Klepper v. Seymour House Corp. (1927), 26 N. Y. 85, 158 N. E. 29, 62 A.L.R. 955;. Mesheuvel v. District of Columbia, 191 U. S. 247-266.

Al tratar la demandada de establecer que la demandante usaba zapatos de taco alto cuando se cayó, -el letrado de la demandante se opuso por el fundamento de que no se había alegado como defensa la negligencia contribuyente. Este reparo fué contestado con la manifestación de que el fin de la. pregunta era el de impugnar la credibilidad de la deman-dante — una señora entrada en años pero activa— que ‘había declarado que llevaba zapatos de taco bajo. Si se llamó la atención del juez sentenciador en alguna otra forma o en cualquier. otro momento a algún acto de negligencia contri-buyente fuera del especificado en la alegación sexta y en los fundamentos (g) y (h) de la moción de nonsuit, ese hecho no se hace constar en el alegato.

La contestación había sido redactada bajo la teoría de que la calle aludida no era un camino público. Para los fines de la argumentación, puede admitirse, sin resolverlo, que la alegación sexta de la contestación era suficiente para informar al juez sentenciador de la intención de apoyarse en la negligencia contribuyente como defensa, y para exi-girle una conclusión a ese respecto.

El caso fue sometido por alegatos en la corte inferior. En su relación del caso y opinión, el juez sentenciador formula la contención de la demandada así: “{a) en que de existir los alambres en la calle, tal circunstancia era cono-cida de la demandante, y ella pudo evitar la caída; y (b) que inmediatas y paralelas a la calle en que vivía la deman-dante, había otras dos calles que pudo utilizar la deman-dante.” La corte resolvió que el que la demandante cono-ciera las condiciones de una calle en que vivía y por la que tenía que caminar para llegar a su casa, no establecía el he-cho de la negligencia contribuyente, y que la demandante tenía derecho a usar esa calle, no embargante la existencia de otras vías paralelas a aquélla en el mismo vecindario. A esto sigue la conclusión de que la demandante no era culpable de negligencia contribuyente. No hubo error mani-fiesto alguno en esa declaración ni al desestimar la moción de nonsuit.

La quinta contención de la apelante es que la corte de distrito cometió error al no permitir que la demandada probara ciertas manifestaciones que se dice haber sido hechas por una testigo de la demandante, para fines de impug-nación. Ni a la testigo ni a la corte inferior se les hizo in-sinuación alguna de lo que se suponía qne la testigo había dicho en determinada ocasión. A la testigo se le había in-terrogado si había o no tenido una conversación con cierta persona en una época y sitio especificados. La testigo ha-bía contestado que no recordaba. - No se hizo esfuerzo al-guno para refrescarle la memoria. No se había sentado ninguna base adecuada, y la prueba fué propiamente recha-zada.

La octava contención de la apelante es que la corte de distrito erró al dictar sentencia a favor de la demandante. Se somete por la parte apelante como un corolario de las proposiciones precedentes, y no ha menester ser discutida separadamente. La novena y última contención es que la corte de distrito erró al concederle las costas a la deman-dante. No vemos abuso de discreción en la concesión así hecha.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez PeestdeNtb Señor del Toro,

text:
    Logia Adelphia No. 1, etc., demandante y apelada, v. La Gran Logia Soberana de Puerto Rico, etc., demandada y apelante.
    No. 5162.

    Sometido: Mayo 23, 1930.

      Resuelto: Julio 24, 1930.

      R. Ramírez Rabón, abogado de la apelante; José 8abater, 'Amador Ramírez, Enrique Báez Jr. y José Benet, abogados de la apelada.
   El Juez PeestdeNtb Señor del Toro,

emitió la' opinión del tribunal.

Este es nn caso de mandamus iniciado por nna logia ma-sónica, constituida de acuerdo con las leyes fundamentales de la Masonería, bajo la jurisdicción de la Gran Logia Sobe-rana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico, contra la propia Gran Logia Soberana.

Presentada la demanda que contiene catorce liecbos y ocupa más de diez páginas en maquinilla, se libró una orden para mostrar causa. La demandada presentó una moción pidiendo que se dejara sin efecto la orden para mostrar causa por varias razones que expuso, y contestó. Su contestación ocupa también más de diez páginas en maquinilla y está cui-dadosamente preparada.

Celebrada la vista, la corte dictó sentencia ordenando a la demandada que entregara a la demandante su carta pa-tente, sin condición alguna y definitivamente. La sentencia se basa en las siguientes conclusiones ele Lecho y de derecho:

“1. Que el día 12 de junio de 1929, el demandado Rodolfo Ra-mírez Rabón, ostentando la autoridad de Gran Maestro de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, en unión de otros directores y ofi-ciales de la Gran Logia demandada, se personó en el local que tiene establecido en esta ciudad su templo la Logia Adelphiá No. 1, y allí y entonce's decretó la suspensión de dicha Logia Adelphiá No. 1, hasta la próxima reunión de la Gran Logia y allí y entonces también retiró y se apoderó de la Oarta Patente de la Logia demandante lle-vándosela consigo y se incautó de los fondos de dinero y archivos j propiedades de la Logia Adelphiá No. 1 y desde entonces la Logia demandante y los miembros de la mi'sma están paralizados en sus de-rechos corporativos y prácticamente dísuelta dicha Logia, sin poder reunirse ni celebrar sus sesiones ni disponer de su's propiedades ni de los fondos existentes en la asociación. 2. Que la Gran Logia Sobe-rana de Puerto Rico celebró su 'sesión trimestral ordinaria el día 20 de julio de 1929, en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, y allí re-solvió que se devolviera la Carta Patente a la Logia Adelphiá No. 1 que le había sido retirada por el Gran Maestro, el demandado Rodolfo Ramírez Pabón, previa ratificación de sus promesas o juramen-tos masónicos para aquellos hermanos que quieran continuar for-mando parte de la Logia. En virtud de tale's hechos probados, la corte llega a las siguientes conclusiones legales: Primera: Que esta corte tiene jurisdicción para conocer de este caso. 19 R.C.L. 1226. Segunda: Que los procedimientos adoptados por el demandado Rodolfo Ramírez Pabón, comb Gran Maestro de la Gran Logia, fueron irregulares y contrarios a la ley fundamental de la Institución, o sea a su Constitución en su artículo 12, porque él no tiene autoridad ni poder como Gran Maestro para, retirar la Carta Patente y llevársela consigo, produciendo así prácticamente una disolución de la Logia demandante; siendo la Gran Logia la única que puede retirar la Carta Patente, siempre que haya procedido un juicio contradictorio y se hñ,j&. dictado fallo y tal juicio nunca se celebró ni fué la Gran Logia la que retiró dicha Carta Patente. Tercera: Que si bien la Gran Logia demandada resolvió devolver o reponer la Carta Patente a la Logia demandante, no podía hacerlo imponiendo. condiciones, porque fué retirada dicha Carta irregularmente y ha debido devol-verla sin condiciones.”

No conforme la demandada, apeló señalando en su ale-gato la comisión de once errores.

Desearíamos contar con el tiempo necesario para emitir una opinión que abarcara todas las cuestiones suscitadas y discutidas, pues son interesantes, en verdad. No contando con él-, nos limitaremos a estudiar y resolver el punto que consideramos esencial. Se levanta en el tercer señalamiento, así;

"3. La corte erró al declararse con jurisdicción para conocer de este asunto.”

Los antecedentes del caso constan expuestos en los decre-tos de suspensión temporal y de levantamiento de suspen-sión, presentados y admitidos como prueba.

El primero, en parte, dice:

‘‘Considerando que en 19 de diciembre de 1928 la Resp:. Log:. ‘Adelphia’ No. 1 de Mayagiiez, consultó al Muy Respetable Gran Maestro acerca de la conducta que deberá observar el Yen:. Mtro:. de una Logia de esta obediencia en el caso de que un candidato se niegue a besar la Biblia durante la ceremonia de Iniciación. Con-siderando que en 6 de febrero del corriente año el Muy Respetable Gran Maestro, por conducto del Gran Instructor General, evacuó dicha consulta contestando a la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 que si un candidato se negare a besar la Biblia o cualquier otro libro sa-grado por no creer en él, hecho que 'se debe averiguar antes de su entrada en Logia, entonces el candidato deberá ser conducido fuera del Templo y despedido. Considerando que en vista de la contesta-ción dada por el Gran Instructor General a la mencionada consulta, la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 hizo circular entre los Maestros Masones miembro's de su cuadro una circular (convocatoria) impresa que copiada textualmente dice como sigue: ‘En la noche del día 10 de mayo esta Logia celebrará tenida extraordinaria en Cámara de tercer grado. En esta reunión se discutirá si deberán ser rechazados de la Masonería aquellos candidatos que, aceptando la existencia de un Ser o Cau'sa Suprema, no acepten corno sagrados los libros repu-tados como tales por las religiones reveladas. Este asunto es de tanta trascendencia para la Masonería, que confiamos asistirá usted a eSta reunión. Eugenio Orsini, Venerable Maestro. Salvador Lojo, Se-cretario.’ Considerando que en la reunión celebrada el 10 de mayo de 1929, previa convocatoria circulada al efecto y que ha sido trans-crita anteriormente, la Cámara de Maestros de la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 tomó el siguiente acuerdo: ‘1. No tomar en con-sideración la carta del Gran Instructor y continuar la iniciación de cualquier candidato aun cuando se negare a besar la Biblia o cualquier otro libro llamado sagrado; II. Informar de este acuerdo a la Gran Logia y a todas las demás Logias de la Obediencia para que este asunto sea considerado en la próxima 'sesión trimestral y re-suelto en la próxima Asamblea anual, enmendando las nuevas litur-gias en consecuencia con estos principios.’ Considerando que este acuerdo de la Cámara de Maestros de la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 fue comunicado a esta Gran Maestría y circulado a las Logias de la Obediencia en una carta circular sin firma en que aparece es-tampado el sello de la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1, lo que dió motivo a que esta Gran Maestría con fecha primero de junio del co-rriente año dictase un decreto desautorizando y condenando los pro-cedimientos y actuaciones de la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 y recomendando a las Logias de la Obediencia que se abstuviesen de tomar en consideración dicha circular o hacer comentario alguno en relación con la misma, y a la vez ratificando en absoluto la contesta-ción dada en 6 de febrero del corriente año por el Gran Instructor General al evacuar la consulta de la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 a que se ha hecho referencia anteriormente, y ordenando y deere-lando la estricta observancia del principio sentado en dicha contes-tación en todas y cada nna de las Logias de la Obediencia. Consi-derando que la Cámara de Maestros de la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 reunida en tenida ordinaria el día 5 de junio del corriente año ratificó el acuerdo tomado por dicha Cámara en 10 de mayo de 1929 y se hizo solidaria y responsable de la circular sin firma y con el sello de la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 que fué comunicada a esta Gran Maestría y circulada anónimamente a las Logias de la Obedien-cia. Considerando que en sesión trimestral celebrada, por la Gran Logia Soberana de Puerto Rico el día .28 de enero de 1928, se apro-baron las Liturgias preparadas por la Comisión de Liturgias de la Alta Cámara para los tres grados simbólicos de la Masonería en esta Obediencia, con orden de editarlas bajo la autoridad de esta Gran Logia y para uso oficial y exclusivo en todas las Logias de nuestra Ju-risdicción. Considerando que según la Liturgia del Grado de Apren-diz aprobada por esta Gran Logia para uso oficial y exclusivo en to-das las Logias Subordinadas de esta Jurisdicción, los candidatos, para demostrar su sinceridad a] prestar el juraménte que habrá de ligarlos para siempre a nuestra Institución, deberán besar la Sagrada Biblia, que como una de las Tres Grande's Luces de la Masonería reposa so-bre el Ara en el centro del Templo. Considerando que esta Gran Logia gobierna soberana y exclusivamente la asociación de la Maso-nería en esta Jurisdicción y está formada por la confederación de las Logias, debiendo ésta's conservar incólume en sus trabajos el espíritu y la forma orgánica de la Institución y trabajar uniformemente por los rituales que adopta la Gran Logia. . . Considerando que en vir-tud del acuerdo tomado por su Cámara de Maestros en 10 de mayo de 1929, la Resp.-. Logia ‘Adelphia’ No. 1 de Mayagüez ha proce-dido en abierta violación de las leyes y tradiciones masónica's, por cuanto ha realizado actos que infringen los artículos primero, sexto y séptimo de la Constitución de esta Gran Logia, y 128 y 144 de los Estatutos de la Fraternidad. Con'siderando que los deberes funda-mentales de las Logias constituyentes de esta Gran Logia son cumplir fiel y estrictamente los Antiguos Límites, Constitución, E'statutos y demás Leyes Generales que la Gran Logia promulgue, así como sus reglamentos interiores; conservar incólume's el espíritu y la forma de la. Institución, y trabajar en la instrucción y perfeccionamiento moral de sus miembros y demás habitantes de la localidad en que se hallen instaladas. Considerando que la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 de Mayagüez está constituida bajo la. Jurisdicción de esta Gran Logia y en tal virtud se encuentra en el caso de cumplir fiel y es-trictamtente los Antiguos Límites, Constitución, E'statutos y demás Leyes Generales que esta Gran Logia promulgue, así como sus regla-mentos interiores, con la fuerza de Ley que se establece en el Art. 13 de la Constitución de esta Gran Logia. Considerando que las Litur-gias Oficiales de esta Gran Logia fueron sancionadas en sesión ordi-naria de la Alta Cámara y promulgadas en debida forma, de lo cual se dió conocimiento a todas y cada una de las Logias de la Obedien-cia, con orden de ser usadas obligatoria y exclusivamente por todos los Talleres constituyentes de esta Jurisdicción. . . Considerando que mientra's no se disponga lo contrario por la Alta Cámara, las Liturgias aprobadas para uso oficial de esta Gran Jurisdicción en enero de 1928 deben mantenerse en toda su fuerza y vigor, debiendo las Logias de la Obediencia trabajar uniformemente por ella sin al-terarlas ni modificarlas en forma o manera alguna, cualquiera que sea la opinión particular de un Masón o grupo' de másones, ya quo actuar en sentido contrario implica un perjurio y una traición contra la Fraternidad y un atentado contra, la Soberanía y el Poder Le-gislativo de esta Gran Logia. . . Considerando que la negativa de tomar en consideración una decisión del Gran Instructor General equivale para todos los efectos de ley a un desacato al Gran Maestro, e implica un meno’spreeio de la Suprema Autoridad que al Gran Maestro y a sus delegados le ba sido conferida por las leyes funda-mentales de esta Gran Logia. . . Considerando que no es potesta-tivo de las Logias de e’sta Obediencia ni de ninguna de sus Cámaras discutir o poner en entredicho los acuerdos de la Alta Cámara ni las decisiones o resoluciones de la Gran Maestría o sus delegados. Con-siderando que lejos de atemperar sus actos al verdadero espíritu de fraternidad, de disciplina y de orden que debe prevalecer en todo procedimiento o actuación masónica, la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 por conducto de su Cámara de Maestros en tenida ordinaria celebrada el 5 de junio del corriente año, acusa a la Gran Maestría de haber adoptado una actitud contraria a la tolerancia y a la Fra-ternidad masónica por haber denunciado y condenado ante las Logias de la Obediencia los procedimientos subversivos y antimasónicos de dicha Resp:. Logia. Por tanto: en uso de las facultades que me confiere el inciso II del Art. 27 de la Constitución, yo, Rodolfo Ra-mírez Pabón, Gran Maestro de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico, Resuelvo: 1. Suspender, como suspendo, a la Resp:. Logia ‘Adelphia’ No. 1 de Mayagüez hasta la próxima sesión de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico, en los término’s que señala el mencionado precepto legal. 2. Recogerle temporalmente su Carta Patente mien-tras la Gran Logia no disponga lo contrario. 3. Recoger y poner en seguridad los fondos y pertenencias de dicba Logia mientras esté vi-gente este Decreto.”

-Y el segundo expresa:

“DECRETO No. 11. LEVANTAMIENTO DE DA SUSPENSIÓN DE LA Respetable Logia ‘Adelphia’ No. 1 y Reposición de su Carta Patente. Nos, el Muy Re’spetable Gran Maestro de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico, A las Po-tencias Masónicas de Nuestra Amistad, A las Respetables Logia's de Nuestra Jurisdicción, A todos los Masones regulare's, Sabed : Que la Muy Respetable Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Maso-nes de Puerto Rico, en su sesión trimestral ordinaria, celebrada en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, el día 20 del mes en curso, tuvo a bien aprobar todas las actuaciones del Muy Respetable Gran Maestro en relación con la suspensión temporal de la Respetable Logia ‘Adelpbia’ No. 1 de. Mayagüez que había sido decretada por mí disciplinariamente en 12 de junio del corriente año en los términos que señala el Inciso II del Artículo 27 de la Constitución, y acordó a la vez que la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico 'se constituya.en Mayagüez en Comisión Ejecutiva y levante la suspensión de dicha Respetable Logia y reponga su Carta Patente, previa ratificación de su juramento por aquellos hermjanos que quieran continuar formando parte de aquel Taller. Por tanto, en uso de las facultades de ley que me están conferidas, vengo en Deoretar el levantamiento de la suspensión de la Respetable Logia ‘Adelphia’ No. 1 de Mayagüez y la reposición de su Carta Patente, colocando en tal virtud a dicha Respetable Logia en el mismo ser y estado en que se encontraba en la fecha de su suspensión disciplina-ria. Transitorios. 1. Todos lo's miembros de la Respetable Logia ‘Adelphia’ No. 1 serán convocados para el miércoles día 31 del mes en curso a las ocho de la noche para dar cumplimiento al mencionado acuerdo y proceder a la reposición de la Carta Patente de dicha Res-petable Logia en los términos que señala el acuerdo de la Alta Cá-mara. ' 2. El Muy Réspetable Gran Maestro en su carácter de Presi-dente nato de todas las Logias, girará convocatoria a tal efecto a to-dos los miembros.de la Respetable Logia ‘Adelphia’ No. 1 y se cons-tituirá con su Gabinete en Sesión Ejecutiva en el Templo de dicha Respetable Logia en la fecha antes expresada, con el objeto de rea-nudar los trabajos de dicho Taller en los términos que señala el mpn-cionado acuerdo de la Alta Cámara. 3. Todos los fondos y perte-nencias de la Respetable Logia ‘Ad.elphia’ No. 1 serán devueltos a su’s funcionarios conjuntamente con la reposición de su Carta Pa-tente. 4. Con el levantamiento de la suspensión de la Respetable Logia ‘Adelphia’ No. 1, y la reposición de su Carta Patente quedan reanudadas todas las actividades y relaciones de dicha Respetable Logia y podrá ésta continuar su's trabajos de conformidad con lo pre-ceptuado en la Constitución y demás leyes generales y especiales de la Alta Cámara. 5. Suplícase a las Grandes Potencias Masónicas de nuestra amistad que hagan conocer el presente Decreto en sus res-pectivas Jurisdicciones para los efectos consiguientes. 6. Este de-creto causará efecto desde el día 20 del mes en curso en que fué acor-dado el levantamiento de la suspensión de la Respetable Logia ‘Adel-phia’ No. 1 y la reposición de su Carta Patente. 7. Todo Decreto o parte de Decreto que se oponga al presente, queda por éste dero-gado. ’ ’

Ruling Case Law, resume la ley aplicable, así:

“Como las asociaciones para beneficio mutuo, ya estén incorpo-radas o no, son constituidas mediante la asociación puramente volun-taria de individuos para la realización de aquellos fines que mutua-mente han convenido, y comp la selección de los fines para los cuales se constituye la sociedad y la determinación de lo’s medios a virtud de los cuales deban realizarse tales fines, son peculiarm.ente cuestio-nes que deben ser resueltas por la asociación misma, generalmente se admite que dentro de su propio campo de acción son supremas en lo relativo a cuestiones de disciplina y de orden interno, cuando no es-tén evidentemente envueltos derechos privado^, como una sociedad religiosa, y que los miembros de tal asociación pueden sin duda al-guna limitarse a sí mismlos, en lo relativo a cuestiones incidentales al desenvolvimiento de la asociación, a los remedios concedidos por los tribunales por ellas creados. De conformidad con lo anterior, en todas aquellas cuestiones de orden, disciplina, o economía'interna de la organización, las reglas por las cuales han convenido los 'socios ser regidos constituyen la carta constitutiva (charter) de sus derechos, y por lo general las cortes se niegan a considerar cualquier a'sunto que surja en relación con las mismas; y dejan que tales cuestiones sean resueltas en la forma indicada por su's reglamentos. Si el re-glamento ha sido violado o si uno de los socios ha sido culpable de tal conducta que autorice una investigación por parte de la sociedad o la imposición de la pena por ella prescrita, es un a'sunto entera-mente propio para ser resuelto por la asociación misma; y si la in-vestigación se practica de conformidad con el reglamento, la parte acusada no tiene motivos de queja toda vez que la sociedad única-mente está poniendo en vigor el convenio que ese 'socio celebró al in-gresar como miembro de ella. Por ejemplo, se ha resuelto que un eomité de una sociedad que actúa dentro del reglamento y leyes de la misma, al expulsar de su seno a un miembro será sostenido y 'su decisión no será puesta en tela de juicio. A menos que esté también, envuelta la determinación de algún derecho civil, o de un derecho de propiedad, las cortes no intervendrán con lo's reglamentos de orga-nizaciones de esta naturaleza y una corte de equidad no expedirá un auto de injunction a petición de un miembro que es juzgado por la asociación cuando los procedimientos son estrictamente de acuerdo eon el reglamento de la orden, ni librará un vnjwncUon imperativo para compeler que el secreto de una sociedad benéfica sea dado al delegado de una logia subordinada con el fin de permitirle que par-ticipe en 'sus deliberaciones, a menos .que esté envuelto también al-gún derecho de propiedad.
“ Si bien por lo general las cortes no intervienen en los asuntos de sociedades benévolas y benéficas cuando solamente están envueltas cuestiones de disciplina, doctrina u orden interno, de ahí no se des-prende que las cortes no ejercerán jurisdicción al estar envueltos de-rechos de propiedad. Cuando uno de los asociados solicita se ponga en vigor un derecho de propiedad o una reclamiación de dinero contra tal organización, la relación contractual ■ existente entre la 'socie-dad y sus miembros exigen la aplicación de una regla distinta y en tales casos las cortes tendrán jurisdicción y concederán el remedio adecuado. Cuando asociaciones de esta naturaleza proceden en forma tan arbitraria que manifie'stamente violan los derechos privativos de sus socios, como cuando tratan de anular sus contratos de seguros y substituirlos por otros de naturaleza enteramente distinta bajo el vi'so de enmiendas a sus reglamentos, tales asociaciones son responsables ante la ley al igual que cualquiera otra persona, ya fuere natural o jurídica. Además, se ha resuelto que las corte's tendrán jurisdicción para intervenir contra las decisiones de los miembros de una asocia-ción o de un tribunal creado por ellas cuando se pueda demostrar que sus reglamentos son inmorales, contrarios al orden público o que están en contravención con la ley del país; o cuando el reglamlento, no obstante ser válido, no fué observado, por ejemplo, como cuando un miembro que ha sido expulsado de la asociación no se dió aviso u oportunidad de 'ser oído en su propia defensa o cuando el tribunal ha actuado de m'ala fe o con malicia al llegar a una conclusión. Por consiguiente, puede librarse un mandamus para obligar a una socie-dad que reinstale al seno de la misma a un miembro que ha sido ex-pulsado de ella, cuando el delito de que ha sido convicto no justifica su expulsión o cuando los procedimientos han sido irregulares en puntos esenciales. Para invocar la ayuda de las cortes, sin embargo, la dem'anda interpuesta por el miembro de la asociación debe de-mostrar que sus derechos contractuales o de propiedad están envuel-tos, aunque no es necesario anticipar y refutar las posibles defensas que podrían levantarse bajo el reglamento, ya que es suficiente ’si su demanda presenta un caso prima facie. Tratándose de asociaciones voluntarias no incorporadas, debe aparecer no solamente que la corte está en la obligación de actuar sino que ésta puede actuar efectiva-mente en el caso.” 19 R.C.L. 1224.

A primera vista, examinando los hechos a la luz de la ju-risprudencia, resulta claro que lo que en verdad está en-vuelto en el caso es algo interno, privativo de la institución masónica, para ser resuelto por sus propias reglas aplicadas e interpretadas por su reconocida autoridad, y no por los tribunales de justicia..

Para dar color a su reclamación la logia demandante alega e insiste en que los decretos de suspensión y de levan-tamiento de suspensión del Gran Maestro y de la Gran Logia Soberana, respectivamente, son contrarios al inciso segundo, artículo primero, de la Constitución Masónica de Puerto Pico, que dice:

“Son 'sus principios la Moral Universal y la Ley Natural dicta-das por la razón y definidas por la Ciencia; reconoce un Ser Supremo; no admáte más diferencias entre los hombres que e] mérito o el demérito; a nadie rechaza por sus creencias y opiniones y no da cabida a debates de religión ni de política.”

También levanta, varias cuestiones de procedimiento y dice que ni la conducta del Gran Maestro, ni el trámite se-guido al resolverse por la Gran Logia Soberana la apelación establecida para ante ella por la demandante, se ajustaron, a las reglas de la propia institución.

Podemos ver el punto fundamental levantado y no hay duda alguna que las cuestiones de procedimiento suscitadas son dignas de consideración, pero ni la primera destruye el hecho de la existencia de las prácticas y reglas en que se ba-saron el Gran Maestro y la Gran Logia, aceptadas por la lo-gia demandante y por sus miembros al- ingresar en la insti-tución, ni las segundas son de tal naturaleza que interfieran con los derechos de los ciudadanos en tal grado que se re-quiera para garantizarlos la intervención de los tribunales de justicia.

Tampoco existe, en verdad, cuestión alguna de propiedad envuelta. Se levantó en la demanda la relativa al seguro de sus miembros, citándose el caso de uno de ellos fallecido, cuya familia no había recibido lo que le correspondía, por razón de la suspensión. Se demostró por la demandada que se habían expedido los libramientos necesarios en dicho caso concreto y el cheque a favor de los herederos del miembro fallecido, no obstante la suspensión, y que si el cheque no se había hecho efectivo se debía a haberlo impedido la propia demandante.

La impresión primera subsiste después de un detenido estudio de los autos. Oreemos que con la sola intervención de los tribunales en casos de esta -naturaleza, se causa un mal mayor que aquél que se trata de evitar. El funciona-miento interior, la regla de vida interna de instituciones como la iglesia, la masonería y otras, corresponde a ellas mismas, y una parte no puede imponerse al todo. Claro está que.hay un límite: el de la violación de los derechos de los ciudadanos garantizados por las leyes, o el de la realización de actos contrarios a la política pública, o a las leyes del país. Aquí nada demuestra que se. ha llegado a y rebasado ese lí-mite y por lo tanto carecen de jurisdicción los tribunales de justicia. La decisión de la cuestión de si al iniciarse los masones deben o no besar la Biblia “que como una de las Tres Grandes Luces de la Masonería reposa sobre el Ara en el centro del Templo,” — que es la única que en realidad de verdad está envuelta en el litigio, — es de la exclusiva juris-dicción de la Masonería.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.