author: En Juez Pbesidewte Sb. IíeRháhdez,

text:
    Rigo, Demandante y Apelante, v. Pou, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de una suma de dinero e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1152.
    Resuelto en diciembre 10, 1914.
    Arrendamientos — Pago Anticipado de Alquileres — Devolución de Alquileres Anticipados Percibidos por el Arrendador y de que no se Había Rein-TEGRADO EL ARRENDATARIO AL VENDERSE LA CASA ARRENDADA. — Cuando, <‘0)110 en el caso de autos, el arrendatario de una casa anticipa al dueño de la misma el pago de alquileres por un tiempo determinado y después el mismo arren-datario compra dicha casa, el dueño que la vendió está obligado a devolver al comprador el importe de las mensualidades anticipadas de que no llegó a reintegrarse.
    Id. — Mejoras y Obras Higiénicas I-Iechas por el Arrendatario de Acuerdo con el Contrato de Arrendamiento. — Cuando, como en el caso de autos, de acuerdo con lo estipulado entre las partes arrendadora y arrendataria, el arrendatario verifica por su cuenta mejoras y. obras higiénicas en la casa arrendada exigidas por el servicio de sanidad, dicho arrendatario no tiene derecho alguno a ser reintegrado del importe de dichas mejoras y obras por impedirlo la ley del contrato.
    Id. — Compra de la Casa Arrendada por el Mismo Arrendatario — Acción de Daños v Perjuicios Entablada por él por Infracción del Término del Arrendamiento. — Cuando, como en el caso de autos, el dueño de una casa arrendada la ofrece en venta a una persona antes de vencerse el término del contrato y concede al arrendatario el derecho preferente de comprarla por el mismo precio, lo que acepta el arrendatario verificando la, compra, no puede éste reclamarle al dueño de la casa daños y perjuicios por infracción del término del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el principio jurí-dico scienti et volenti nulla fit injuria.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan Hernández López.

    Abogados del apelado: Sres. Gabriel Guerra y Miguel Guerra.

   En Juez Pbesidewte Sb. IíeRháhdez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se originó en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección Primera, a virtud-de demanda jurada presentada en 12 de enero del corriente año por Antonio Eigo Sagrera contra José Pou Eíos en que alega como hechos fundamentales de la misma, los si-guientes :

(a) Que el demandado era dueño de la casa No. 48 de la.calle de San Francisco de esta Capital.

(&) Que por escritura pública de 15 de junio de 1907 demandante y demandado, representado éste por Aureliano Ferrer, celebraron contrato de arrendamiento sobre la refe-rida casa, ratificando y modificando anterior contrato pri vado de 2 de noviembre de 1906, por precio de $45 mensua-les a pagar por meses anticipados y por término de cinco años que empezarían a contarse desde el Io. de enero de 1907 y concluirían en 31 de diciembre de 1911.

(c) Que el expresado contrato de 15 de junio de 1907 fné modificado por documento privado de Io de agosto de 1911, en cnanto al término del arrendamiento que quedaba prorrogado hasta el día último de diciembre de 1917 y bajo condición además que el pago de agua, así como las repa-raciones y obras que exigiera la sanidad habían de ser por cuenta del demandante, sin derecho a reintegro, habiendo confesado el demandado en ese documento privado haber recibido de Don Antonio Eigo por adelantado la suma do $450 a cuenta de los alquileres de la casa, de los que serían satisfechos $150 en los últimos meses del año 1912, igual' suma en los últimos meses del año 1913, y los $150 restan-tes en los últimos meses del año 1914, a razón de $45 men-suales.

(d) Que en Io. de septiembre de 1911, Don Antonio Eigo anticipó a José Pou y Eíos la cantidad de $540 en concepto de pago de doce meses de alquiler de la casa, a razón de $45 mensuales y a contar desde el Io. de septiembre de 1911, hasta el 31 de agosto de 1912.

(e) Que en mayo de 1912 tuvo conocimiento el deman-dante de que José Pou y Eíos, representado por Petronila del Carmen Eíos y Berrios, viuda de Toro, estaba haciendo-gestiones para vender la casa, y en efecto un agente o corre-dor de negocios nombrado Eovira, se la ofreció en venta, al demandante por precio de $12,000 habiéndose negado a aceptar el negocio; y pocos días después en el mismo mayo, José Toro Eíos como representante de Petronila Eíos y Be n-íos que a su vez lo era de José Pou Eíos, manifestó al demandante a voz y nombre de la referida' señora que tenía, concertada la venta de la casa con Manuel Cereeedo por precio de $13,000, pero que no obstante se le había reservado la opción de comprar con preferencia a Cereeedo, en iguales condiciones dentro del plazo improrrogable que vencería alas tres de la tarde de' aquel mismo día.

(/) Que Cerecedo le comprobó la verdad del hecho, y habiendo mostrado a Toro Ríos los documentos que acre-ditaban el arrendamiento celebrado con José Pou Ríos, y preg-untádole si estaba dispuesto a consignar en la escri-tura de venta a Gerecedo la existencia de ese contrato con la estipulación de que el comprador había de respetarlo,, le contestó Toro Ríos que desconocía tal contrato y que no estaba dispuesto a tenerlo en cuenta, pues vendería la finca a Gerecedo sin condición de clase alguna.

(g) Que el demandante había sub-arrendado la casa a la sociedad industrial Abraham y Rigo hasta el 31 de diciem-bre de 1917 por el mismo precio de $45 mensuales en que la tenía arrendada a José Pou Ríos.

(h) Que apremiado el demandante por la situación en que se encontraba de tener que comprar la casa por el alto' precio de $13,000 o perjudicarse en sus negocios y compro-misos establecidos bajo la base del contrato de arrendamiento que había celebrado con José Pou Ríos, optó por comprar la finca como así lo hizo otorgando un documento privado provisional de la compraventa que fué elevado a escritura pública en 13 de mayo de 1912, habiendo satisfecho el com-prador al vendedor $4,000 de contado y obligádose a satis-facer los $9,000 restantes dentro del término de cinco años que vencería en 13 de mayo de 1917 con el interés del 10 por ■ciento anual, pagadero por mensualidades vencidas, quedando la finca hipotecada para garantía del pago de los $9,000 más los intereses convenidos y $300 calculados para costas y honorarios de abogado en caso de ejecución.

(i) Que la Sanidad exigió mejoras y obras higiénicas en la casa que verificó conforme a lo estipulado en el documento privado de Io. de agosto de 1911, cuyo importe ascendió a. nina suma mayor ele $3,000 habiendo esas reformas y mejo-ras aumentado el valor de la finca y servido para que José Pon Eíos pudiera pedir por ella corno pidió la suma de $13,000.

(j) Que si hubiera continuado el contrato dé arrenda-miento celebrado por el demandante con José Pou Ríos por el término convenido y por precio de $45 mensuales, la can-tidad que hubiera pagado a Pou y Ríos sería inferior en $4,274.97 a la suma que tendrá que pagarle por intereses, con arreglo al 10 por ciento estipulado en la escritura de compraventa, cuya suma unida a la de $3,000 pagados por mejoras da un total de $7,274.97.

(k) Que ni José Pou y Ríos ni sus apoderados Aureliano Ferrer y Petronila Ríos y Berrios han devuelto hasta la fecha al demandante, a pesar de sus reclamaciones extra-judiciales, la suma de $540 que anticipó por alquileres, como tampoco $170-50, importe de tres meses y 17 días de alqui-leres pagados por adelantado, cuyas partidas, según alega, dan un total de $620.50.

(Z) Que el demandante, extrajudicial y amistosamente ha .gestionado para conseguir que José Pou. Ríos le indemnice de los perjuicios sufridos por el incumplimiento del contrato de arrendamiento, y su contestación más favorable ha sido la de ofrecerle por medio de su representante Petronila Ríos y Berrios, la insignificante suma de $1,000, cuya oferta ha rechazado. La demanda concluye con la súplica de que se •declare por sentencia que José Pou y Ríos venía obligado a respetar y cumplir los contratos de arrendamiento de quo se deja hecho mérito en los hechos consignados en lá de-manda, y que no habiéndolo verificado debe devolver los al-•quileres cobrados y no satisfechos ascendentés a $620.50, y pagar al demandante por vía de indemnización de perjui-cios la suma de $7,274.27, condenándolo a pagar esas suma;-! ■que dan un total de $7,894.77 o la parte de ellas que la corte ■estime justificada y procedente, más los intereses legales del 6 por ciento anual desde la fecha de la interposición de la demanda, con las costas, gastos y honorarios del abogado de la parte demandante.

A la anterior demanda opnso el demandado José Pou Eíos la excepción previa de qne no aduce hechos suficientes para determinar una cansa de acción, y la corte, estimando qne la demanda aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, por cuanto en ella se reclama la suma de $620.50 que el demandado adeuda al demandante según alega, pero no en cuanto a la suma de $7,274.27 cuyo pago tam-bién reclama, conteniendo en su consecuencia la demanda, una vez limitada a la reclamación de $620.50, un número de alegaciones que deben eliminarse, dictó resolución en 4 de abril último, por la que ordena se redacte una demanda enmendada en el plazo de cinco días, de acuerdo con su opi-nión.

La parte demandante, lejos de enmendar la demanda, soli-citó en moción de 4 'de mayo se registrara como sentencia la resolución de 4 de abril, con los requisitos del caso, para poder interponer contra ella recurso de apelación, y la corte dictó sentencia en 8 de mayo citado, declarando sin lugar la, demanda con imposición de costas al demandante, al que se reserva su pretendido' derecho para cobrar los 600 y pico de dollars que según sus alegaciones, satisfizo anticipada-mente por alquileres, al demandado.

Contra dicha sentencia se interpuso por la representa-ción de la parte demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, pendiente hoy de resolución- después de sustanciado en forma;

Veamos si los hechos expuestos en la demanda son bas-tantes a determinar una causa de acción. En la demanda se establece una doble reclamación: Primera, la de reinte-gro al demandante por el demandado de ciertas cantidades pagadas por aquél a cuenta de alquileres anticipados de la casa No. 48 de la calle de San Francisco, de cuyas cantida-des no ha sido satisfecho; y segunda, • la de indemnización de $7,274 y centavos por mejoras sanitarias hechas en la finca arrendada a virtud del contrato de arrendamiento, y por el perjuicio que se ha causado al demandante teniendo que pagar al demandado por intereses del precio aplazado del contrato de compraventa una cantidad superior en $4,274, y centavos a la qne hubiera tenido qne satisfacer si se hubiera respetado el término señalado al contrato de arrendamiento a razón de $45 mensuales.

Los hechos qne dejamos consignados bajo las letras c, el, h, aunque redactados con cierta confusión y con error nñmerico, cual es el de qué las partidas de $540 y $170.50 dan la suma de $620-50, indudablemente muestran una causa de acción fundada en las alegaciones de que el demandado recibió por anticipado dinero a cuenta de alquileres de la casa y no llegó a reintegrar al demandante de las sumas recibidas. A nadie es dable enriquecerse con perjuicio de otro y si los hechos alegados son ciertos como debe supo-nerse que lo son para el examen de la excepción previa ale-gada, surge como consecuencia la conclusión legal de que el demandado está obligado a devolver al demandante las cantidades que éste satisfizo en concepto de pago anticipado de alquileres, sin haberse reintegrado de las cantidades pa-gadas.

La confusión en la relación de los hechos y el error numé-rico existentes pueden subsanarse mediante aclaración y rec-tificación de esos hechos.

Por lo que atañe a la segunda reclamación - de $7,274.27 en los conceptos que dejamos indicados, examinados deteni-damente los hechos consignados en la demanda atinentes a dicha reclamación, hemos de concluir que esos hechos no determinan la procedencia de tal reclamación.

Según se afirma en las alegaciones, c, i de la demanda, el demandante verificó por su cuenta las mejoras y obras higiénicas que la sanidad exigió en la casa, cumpliendo lo estipulado entre las partes arrendadora y arrendataria en documento privado de Io. de agosto de 1911, y por tanto en virtud del contrato de arrendamiento no tenía derecho alguno a ser reintegrado de la suma de $3,000 que impor-taron las mejoras, siendo indiferente al caso que con ellas se aumentara o nó el valor de la finca. Y del lieclio de haber vendido el demandado la casa antes de vencerse el término-del contrato de arrendamiento y de las demás alegaciones qne contiene la demanda sobre esa venta, no pnede nacer para el demandante derecho alguno al reintegro de esos $3,000 ni tampoco al de $4,274 y centavos que alega el deman-dante tener que desembolsar a virtud de los intereses del precio aplazado de la venta y que no hubiera desembolsado-si se hubiera sostenido el contrato de arrendamiento en las condiciones de precio y término en que fué convenido.

Si el demandado hubiera vendido la casa a Cerecedo y éste no hubiera aceptado el contrato de arrendamiento, el arrendatario Rigo Sagrera hubiera podido esigir a José Pon y Ríos la indemnización de los daños y perjuicios que se le causaran en virtud de los preceptos que contienen los ar-tículos 1457, 1459 y 1474 del Código Civil vigente, los quo el recurrente cita como infringidos en la sentencia; pero como la venta no llegó a hacei'se a Cerecedo por haber que-rido el mismo Rigo Sagrera comprar la finca a virtud de la preferencia o derecho de opción que para la compra le concedió Pou Ríos, es claro que si sufrió algún perjuicio lo sufrió por voluntad propia contribuyendo al contrato de com-praventa que nunca hubiera podido celebrarse sin su con-sentimiento. Tal consentimiento fué prestado por el deman-dante y no adolece de vicio alguno que pueda invalidarlo. Los artículos citados no son de aplicación al presente caso, y sí el principio scienti et volenti 'milla fit injuria. Desde el momento en que Antonio Rigo Sagrera compró, quedó impedido {estopped) de alegar perjuicios por un acto que a todas luces fué realizado a plena satisfacción de su volun-tad y sin que mediara violencia, intimidación o dolo.

Y no ocurre como alega la parte apelante, que la acción de daños y perjuicios no se deriva del contrato de compra-venta celebrado por demandante y demandado, sino del con-trato de compraventa que anteriormente habían concertado Cerecedo y José Pqu y Ríos, pues ese presunto contrato no llegó a tener existencia legal por voluntad del mismo deman-dante, el cual impidió que se realizara al optar por la com-pra de la casa con preferencia a Cerecedo en las mismas condiciones propuestas !a éste. En el presente caso no Ixobo adquisición de dominio por parte de Cerecedo ni ejercicio del derecho de retracto convencional por parte del deman-dante, según éste sostiene, pnes la venta a Cerecedo no llegó a hacerse.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeet,

license: Public Domain

text:
    Ferraioli, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce denegando la anotación preventiva de un mandamiento de anotación de demanda.
    No. 198.
    Resuelto en diciembre 11, 1914.
    Calificación de Títulos — Facultades de los- Registradores — Resoluciones Judiciales — Falta de Jurisdicción de la Corte. — De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, los registradores de la propiedad están facultado^ para calificar si las resoluciones judiciales que se les presentan para surtir efecto en el registro, lian sido dictadas con la necesaria jurisdicción.
    Jurisdicción de las Cortes Municipales — Asunto Civil — Cuantía Litigiosa.— De acuerdo con la sección 4 de la ley de marzo 10, 1904, página 95, reorga-nizando el sistema judicial, las cortes municipales únicamente tienen juris-dicción en materia civil para conocer do cuestiones cuya controversia sea sueep-tible de ser tasada y resuelta en dinero con tal que esa cantidad no exceda de $500 incluyendo los intereses y por tanto, una corte municipal no tiene jurisdicción para conocer de un pleito- en que no se reclama cantidad alguna sino que se pide una sentencia que condene al demandado a tramitar una declaratoria de herederos, y un mandamiento expedido por -una corte municipal en una acción, de esa naturaleza para que se anote la demanda en el registro de la propiedad, no es inscribible.
    Los hechos están expresados en fe, opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Francisco Jiménez y Leopoldo Formes.

    El Registrador Sr. José Miguel Márquez no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Ponce se presentó una certificación librada por el secretario de la corte municipal de dicha ciudad, según la cual en el pleito seguido por Blas Perraioli y ,Florenzano contra Doña Seferina. Estrada y Rosa, viuda de Grau sobre formalización de una declaratoria de herederos que interesa el demandante se pro-mueva por la demandada para poder inscribir á su nombre el derecho que tiene por virtud de una fianza hipotecaria de $500 sobre la mitad proindivisa del solar y casa que posee la demandada, la corte municipal dictó resolución decretando la anotación preventiva del derecho que demanda la parte actora, y disponiendo se expidiera para ello el oportuno man-damiento por duplicado al registrador de la propiedad del partido. En la expresada certificación se consigna la des-cripción de la finca sobre la que se ha constituido la fianza hipotecaria.

Esa certificación fué devuelta por el registrador al inte-resado con la siguiente nota:

“Denegada la anotación del precedente documento por el defecto insubsanable de falta de competencia de la corte municipal, toda vez ■que en la acción entablada, el resultado es Ja tramitación de una de-claratoria de herederos que compete a la corte de distrito; y tomada en su lugar anotación preventiva por 120 días al folio 228 vuelto del tomo 27 de Ronce, finca número 1363, anotación letra B.”

Interpuesto en tiempo oportuno por Blas Perraioli Flo-renzano recurso gubernativo contra esa calificación, se nos pide su revocación alegando que la corte municipal tiene com-petencia para obligar a la demandada Ceferina Estrada a formalizar ante la corte de distrito competente la declara-toria de herederos de qne se hace mención en la demanda; y además porque el registrador de la propiedad carece de facultades dentro de la ley para examinar los fundamentos de las resoluciones judiciales y para apoyarse en la aprecia-ción que haga de la legalidad de su fundamentos para dene-g’a.r, como denegó, por falta de competencia de la Corte Municipal de Ponce, la anotación del mandamiento que le fue librado, citando en su apoyo el caso de Ramírez v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 348.

Examinando primero la última de estas cuestiones, tene-mos que llegar a la conclusión de que tanto el caso citado por el recurrente como los de Fernández v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R., 1062, y el de Orcasitas v. El Registrador de la Propiedad, 20 D. P. R., 37, claramente sostienen la doctrina de que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, los registradores de la propiedad están facultados para calificar si las resoluciones judiciales que se le presentan para surtir efecto én el registro han sido dictadas con la necesaria competencia. El registrador recu-rrido no negó en este caso la anotación porque fuera inde-bidamente decretada y por tanto no se fundó en examen alguno de los fundamentos de la resolución, sino que su nega-tiva se basa en que la corte carece de competencia para cono-cer del pleito en que la resolución recayó, y para ello está áutorizado según acabamos de decir.

Sentado esto, pasemos a considerar si la corte tiene com-petencia para conocer del pleito que originó el mandamiento que es objeto de este recurso.

Según se desprende del expresado mandamiento, que en lo sustancial hemos transcrito al principio, el objeto de la acción es que se obligue a la demandada a que promueva ante el tribunal competente una declaratoria de herederos para que el demandante pueda inscribir a su nombre el dere-cho que dice tener sobre la mitad proindivisa del solar y casa, derecho que parece emanar de una fianza hipotecaria de $500. Siendo este el objeto de la acción, tenemos que llegar con el registrador a la conclusión de que la materia en controversia está fuera de la jurisdicción de la corte municipal que expidió el mandamiento, ya que la sección 4a. de la Ley de • Marzo 10, 1904, página 95, define la jurisdicción de las cortes municipales en la siguiente forma:

“Sección 4a. — A excepción de lo que se determina más adelante en la presente ley, el juez municipal creado por la presente, ejercerá todas las funciones que actualmente corresponden a los jueces de paz y jueces municipales. Tendrá jurisdicción en todos los asuntos civi-les que se promuevan en su distrito hasta la suma de $500, intereses inclusive; * * V’

Tal como está redactada esta ley es indudable que las cortes municipales únicamente tienen jurisdicción en materia civil para conocer de cuestiones cuya controversia sea susceptible de ser tasada y resuelta en dinero, con tal que esa cantidad no exceda de $500, incluyendo los intereses; y como en. este caso el objeto del pleito no,versa sobre cantidad alguna, sino que se persigue una sentencia que condene a la demandada a tramitar una declaratoria de herederos, es claro que la corte no tiene jurisdicción para conocer de ese caso, ni por tanto para expedir el mandamiento que libró, ya que la acción entablada no es susceptible de tasación.

Por las razones expuestas la nota recurrida debe ser con-firmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Ortiz, Demandante y Apelante, v. Gómez, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un caso de certiorari iniciado en dicha corte contra el Juez de la Corte Municipal de Guayama para anular cierta orden denegando el traslado de nn pleito.
    No. 1173.
    Resuelto en diciembre 14, 1914.
    Sumisión del Demandado a la Jurisdicción de una Corte — Comparecencia Pi-diendo la Nulidad del Emplazamiento — El demandado que comparece ante una corte a los únicos efectos de solicitar la nulidad del emplazamiento, no queda sometido a la jurisdicción de la corte si el emplazamiento es en reali-dad de verdad nulo, pero queda en' principio, si no lo es.
    Traslado de un Pleito — Si Puede Solicitarse Después de Pedir la Nulidad del Emplazamiento. — La comparecencia de un demandado a los únicos efec-tos de pedir la nulidad del emplazamiento, aun cuando se resuelva después que el emplazamiento es válido, no le impide solicitar el traslado del pleito-a la corte de su residencia al comparecer a contestar a o formular excep-ciones.
    Id. — Interpretación del Artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil — A los efectos del traslado de pleitos, el artículo 77 del Código de Enjuicia-miento Civil debe aplicarse siempre en relación con el 82 y siguientes de dicho* código. Sernaig, Target $• Co. v. Vivas, 20 D. P. R., 106, 114.
    Comparecencia Especial del Demandado — Comparecencia de Carácter General. — La comparecencia de un demandado para atacar únicamente la validez del emplazamiento, es de carácter especial, mientras que la comparecencia de un demandado pidiendo a la corte que ordene al demandante que separe las eausas de acción que ejercita en la demanda y que se le conceda una pró-rroga para archivar su contestación, es de carácter general.
    Traslado de Pleitos — Residencia del Demandado en un Distrito Distinto— Cuestión de Derecho. — La solicitud de traslado fundada en que el deman-dado reside en un distrito distinto de aquel en que se interpone la demanda, es una cuestión de derecho y no discrecional. •
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel Tous Soto.

    El apelado no compareció. ■
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal. '

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra resolución de la Corte de Distrito de Guayama por vir-tud de la cual se desestimó finalmente cierta petición de “cer-tiorari.”

Los hechos, tales como aparecen de los autos, son así: Mariano Rovellat Canals estableció nna demanda en la Corte Municipal de Gruayama contra José María Ortiz y Rivera, representado por su madre natural Simona Rivera, en cobro de honorarios profesionales. En la misma demanda se hizo constar que el demandado José María Ortiz era menor de edad. Se emplazó únicamente a Simona Rivera. Se pidió y obtuvo la anotación de rebeldía del demandado, y se dictó sentencia en contra suya concediendo lo pedido en la de-manda. Así las cosas, compareció el demandado Ortiz, re-presentado por su madre natural Simona Rivera, por medio de su abogado, y solicitó que se dejara sin efecto todo lo actuado por ser nulo el emplazamiento. El demandante se allanó y la corte resolvió de conformidad con lo solicitado por el demandado. Volvió a expedirse nuevo emplazamiento y volvió el demandado a solicitar su nulidad y la corte a decretarla. Se expidió un tercer emplazamiento; el deman-dado solicitó también que fuera declarado nulo y esta vez la corte resolvió en contra suya. En tal estado el procedi-miento, el demandado archivó conjuntamente una excepción previa alegando que la demanda no aducía hechos suficien-tes para determinar una causa de acción, una solicitud de traslado del pleito a la corte municipal de su domicilio y un affidavit de méritos a los efectos de demostrar que le asis-tía una buena y suficiente defensa. La corte municipal, sin entrar a considerar los méritos de la solicitud de traslado, la desestimó por entender que el demandado se había some-tido a su jurisdicción. El demandado acudió entonces a la Corte de Distrito de G-uayama por medio de un recurso extraordinario de certiorari, y la corte de distrito, el 19 de mayo de 1914, desestimó su petición y ordenó la devolución de los autos a la corte municipal para que continuara el procedimiento de acuerdo con la ley.

Expuestos los hechos que anteceden, procederemos al es-tudio y resolución de la cuestión legal envuelta.

¿Queda sometido a la jurisdicción de una corte el deman-dado que ante ella comparece a los únicos efectos de solici-tar la nulidad del emplazamiento qne se le lia hecho para contestar una demanda entablada por otra persona ante la expresada corte?

A nuestro juicio, si el emplazamiento es en realidad de verdad nulo, no queda sometido; pero si no lo es, queda, en principio.

En el presente caso, por dos veces se declaró por la Corte Municipal de Guayama la nulidad del emplazamiento hecho al demandado. Hasta ese momento -el estado de derecho del asunto, era: una demanda entablada y nada más.

Pero volvió a emplazarse al demandado. Este solicitó la nulidad del emplazamiento y la corte resolvió que el em-plazamiento era valido. Si la resolución de la corte municipal estuvo bien fundada, entonces, de acuerdo con la ley, artículo 98 dol Código de Enjuiciamiento Civil, debe consi-derarse que la corte adquirió en principio jurisdicción sobre las partes y que todo procedimiento subsiguiente le quedó-sometido desde la entrega del emplazamiento válido y de la copia de la demanda.

Ahora bien, el hecho de que el demandado fuera debida-mente emplazado y de que por tanto deba partirse de la base de que la corte municipal adquirió jurisdicción en prin-cipio sobre su persona, ¿impide que el dicho demandado-pueda, al comparecer a contestar o a formular excepciones, solicitar el traslado del pleito a la corte de su residencia? A nuestro juicio, no lo impide.

Cita el juez municipal en apoyo de su resolución negando-el traslado del pleito, el artículo 77, No. 3, del Código ,de Enjuiciamiento Civil, y la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Busó v. Borinquen Sugar Co., 19 D. P. R., 357.

Con respecto al origen e interpretación del artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, debe examinarse el caso-de Hernaíz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D. P. R., 106, 114. A los efectos del traslado de pleitos, dicho artículo debe apli-carse siempre en relación con el 82 y siguientes del propio cuerpo legal.

El caso de Busó v. Borinquen Sugar Co. es distinto a éste que estamos considerando. En el de Buso la parte de-mandada no presentó como en éste su solicitud de traslado al comparecer a excepcional' la demanda. Allí la parte de-mandada pidió a la corte que ordenara al demandante que separara las causas de acción que ejercitaba en la demanda y que le concediera una prórroga para archivar su escrito de contestación. Aquí la parte demandada limitó sus pri-meras comparecencias a pedir la nulidad del emplazamiento, esto es, a atacar la validez del documento determinante de la jurisdicción de la corte sobre la persona del demandado. En el caso de Buso la comparecencia del demandado es cla-ramente de carácter general. En éste, de naturaleza especial. In re Clarke, 125 Cal., 388; Security etc. Co. v. Boston etc. Co., 126 Cal., 418. En el caso de Buso la petición de traslado no se hizo siguiendo el procedimiento marcado por la ley. En éste se ha seguido a la letra tal procedimiento. Art. 82 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En tal virtud y siendo la solicitud de traslado fundada en que el demandado reside en un distrito distinto de aquel en que se interpone la demanda una cuestión de derecho y no discrecional, Watts v. White, 13 Cal., 321, O’Neil v. O’Neil, 54 Cal., 187, opinamos que el procedimiento seguido por la corte municipal de G-uayama, negándose de hecho a considerar por su méritos la petición de traslado dél deman-dado en el pleito seguidole por Mariano Rovellat Canals en cobro de honorarios profesionales y resolviendo que el dicho demandado no tenía derecho a hacer tal petición por haberse sometido a la jurisdicción de dicha corte por virtud de sus comparecencias solicitando la nulidad del emplazamiento, es erróneo y debió haber sido corregido por la Corte de Dis-trito de G-uayama en el recurso de certiorari ante ella inter-puesto.

En su consecuencia, debe revocarse la resolución apelada y ordenarse al juez municipal que proceda a considerar la solicitud de traslado que se le presentara y a resolverla por sus propios méritos.

Revocada la resolución apelada, anulada la orden de la Corte Municipal de Quay ama denegando la solicitud de traslado y se or-dena a dicha corte municipal que resuelva dicha solicitud de traslado por sus propios méritos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Serrano, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de A recibo en una causa por alteración de la paz pública.
    No. 704.
    Resuelto en diciembre 15, 1914.
    Alteración de la Paz Pública — Denuncia Suficiente — Riña.—Es suficiente una denuncia que imputa al acusado el que voluntaria y maliciosamente per-turbó la paz y tranquilidad del vecindario con un fuerte escándalo riñendo mutuamente, no siendo necesario alegar más, pues la riña es uno de los medios de alterar la paz pública.
    Prueba Contradictoria• — Apreciación del Tribunal Sentenciador' — Pasión, Prejuicio, Parcialidad o Manifiesto Ereor. — Cuando la prueba es contradic-toria la apreciación que de la misma haga el tribunal sentenciador no alegán-dose que haya sido influida por pasión, prejuicio; parcialidad o con mani-fiesto error, no será alterada por este tribunal.
    Los hechos cstáu expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Crispin Serrano fuá denunciado en unión de otros cinco más ante la Corte Municipal de Manatí por el delito de turbar la paz. La misma denuncia fué juzgada de nuevo por la Corte de Distrito de Arecibo contra él y dos de los otros denunciados, recayendo allí sentencia con-denatoria contra Crispin Serrano y Juan C. García, que sólo apeló el primero y por la que se le condenó a sufrir dos meses de cárcel.

Los motivos en que el apelante funda su recurso son dos: que la denuncia es defectuosa y que la sentencia condenato-ria no está sostenida por la prueba.

No encontramos justificados los errores que se alegan. La denuncia imputó a los acusados' el que voluntaria y mali-ciosamente perturbaron la paz y tranquilidad del vecinda-rio con un fuerte escándalo riñendo mutuamente, y no nece-sitaba alegar más, pues la riña es uno de los medios de alte-rar la paz pública.

En cuanto al segundo motivo de error nos bastará decir que, siendo contradictoria la evidencia respecto de la par-ticipación del apelante en el delito porque se le condenó, según él reconoce, y habiendo sido decidido por el juez ese conflicto en contra del apelante, sin que se alegue que al decidirse en ese sentido lo hiciera influido por pasión, pre-juicio, parcialidad o con manifiesto error, no estamos jus-tificados para prescindir de su apreciación.

La sentencia apelada debe -ser confirmada.

Confirmada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tribunal en la vista de qste caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro

text:
    Behn, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la inscripción de una escritura de arrendamiento.
    No. 197.
    Resuelto en diciembre 17, 1914.
    Recurso Gubernativo Interpuesto Dentro del Término Legal — Computación" de Dicho Término — Presentación del Alegato del Recurrente. — El tér-mino de 20 días que marea la sección 3 de la ley sobre recursos contra las. resoluciones de los registradores de la propiedad, de marzo 1, 1902, sección 801 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico, empieza a contarse desde la notificación de la nota del registrador, y el recurso se entiende interpuesto-cuando el recurrente radica en este tribunal los documentos presentados al registro con el escrito interponiendo el recurso, y no cuando radica su alegatoen apoyo del recurso.
    Id. — Nota del Registrador Consentida por la Parte — Cuestiones que Pueden. Discutirse en un Recurso Contra Nota Denegatoria de Inscripción por no Haberse Subsanado los Defectos Señalados en una Nota Consen-tida. — Cuando, como eri el caso de autos, se presenta al registro de la pro-piedad un documento para su inscripción y es ésta denegada y la parte no recurre contra dicha nota dentro del término legal, se entiende que la con-siente, y si dicha parte presenta de nuevo el documento acompañado de otros que a su juicio subsana los defectos, señalados por el registrador, en el caso de que el registrador insista en su negativa, Ta parte interesada podrá recurrir para ante este tribunal, pero en el recurso sólo podrá discutirse si los defectos señalados en la primera nota consentida fueron o nó debidamente subsanados.
    Defectos Subsañables — Arrendamiento de Manglares por el Comisionado del Interior — Subsanación de los Defectos. — Examinados en el presente recurso los nuevos documentos presentados al registrador, se resolvió que habían quedado ■ subsanados los defectos subsanables marcados con las letras A, B, C, D y B en la nota consentida de 15 de junio de 1914.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Herminioi Días Navarro.

    El Registrador Sr. José S. Belaval compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso gubernativo interpuesto contra la negativa del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, a inscribir cierto contrato de arrendamiento • celebrado entre el Comisionado del Interior de Puerto Eico y Hernand Behn.

Aparece de los documentos remitidos a este Tribunal Supremo, que el 21 de mayo de 1914 comparecieron ante el No-tario Público Roberto H. Todd, Ernest S. Wheeler, Súb-comi-si onado del Interior, actuando como Comisionado por encon-trarse vacante dicho cargo, y Hernand Behn, y elevaron a escritura pública y ratificaron un contrato de arrendamiento que habían celebrado el 12 de noviembre de 1913.

La propiedad arrendada consiste en una parcela de man-glares, perteneciente al Pueblo de Puerto Rico, situada en la Bahía de San Juan, al este del Muelle de San Antonio. Los términos y condiciones del contrato son, en resumen, los si-guientes :

1, Treinta años de plazo contados a partir del 12 de no-viembre de 1913, sin que el arrendatario, sus sucesores o ce-sionarios, tengan que pagar canon de arrendamiento, siempre que cumplan con las otras condiciones que se les imponen;

2, el arrendatario deberá construir una línea de muelles <o malecón, dragar el canal y rellenar el terreno, en la forma ■en que se especifica, gastando en las referidas obras una suma no menor de $105,000 moneda americana,-

3, dicho arrendatario comenzará los trabajos de mejoras especificados, dentro de cuatro meses de la fecha del contrato, y concluirá dichas mejoras dentro de dos años de dicha fe-cha, ‘ ‘ siendo entendido y convenido que las referidas condicio-nes con respecto a las fechas de empezar y completar dicho trabajo quedan substituidas por las condiciones enumeradas ■en el párrafo número uno (1) de las condiciones suspensivas del arrendamiento, copia de las cuales se hizo parte de la pro-posición original sometida por el referido arrendatario para el arrendamiento del terreno en cuestión.”

4, el arrendamiento no empezará a tener efecto hasta ha-berse completado por el arrendatario las obras especificadas y hasta que éstas sean aceptadas por la Junta del Puerto de San Juan;

5, tocio el terreno rellenado, el malecón y el dragado, que-daran de la propiedad del Gobierno Insular, libre de gastos, a la terminación del contrato;

6, los edificios qne construya sobre el terreno el arrenda-tario, serán de su propiedad siempre que los retire dentro ele los cuatro meses siguientes al vencimiento del contrato. De otro modo quedarán de la propiedad del Gobierno Insular, libre de gastos;

7, la propiedad arrendada y sus mejoras quedarán exen-tas del pag® de contribución, pero todas las demás propieda-des sobre el terreno rellenado estarán sujetas al dicho pago;

8, el arrendatario hará todas las reparaciones que le or-dene la Junta del Puerto de San .Juan y entregará al Gobierno Insular la propiedad arrendada en buenas condiciones;

9, dicho arrendatario, construirá y mantendrá durante la vicia del arrendamiento un malecón permanente en el frente del agua del terreno arrendado, con sujeción a las condiciones •que se especifican, quedando además estipulado y convenido que “en lo que se refiere a aquella parte de la propiedad arrendada que da frente al Canal de San Antonio, el referido arrendatario construirá un malecón temporal, siendo enten-dido y convenido que dicho arrendatario podrá, si así qui-siese hacerlo, hacer una proposición suplementaria al Con-sejo Ejecutivo de Puerto Pico, que' podrá ser rechazada o aceptada a discreción del mismo, en cualquier tiempo antes de cinco años anteriores a la expiración de su arrendamiento,' ofreciendo construir un malecón permanente para tomar el lugar del malecón temporal, en consideración de una exten-sión de. los términos de este arrendamiento.”

10, El arrendatario dragará y mantendrá, durante la vida del contrato, a lo largo del malecón permanente construido por él, un canal de treinta metros de ancho y de una profun-didad no menor que la fijada en el mapa de “Mejoras del Puerto de San Juan.”

.11, el arrendatario rellenará y mantendrá la propiedad arrendada a nn nivel no menor de nn metro cinco centímetros sobre la mínima marea baja;

12, el arrendatario no emprendará las obras sin antes re-cibir la aprobación de la Jnnta del Puerto de San Juan;

13, el malecón y la proyectada área de calle al final y cerca de la orilla del embarcadero, al este del Muelle de San Antonio, (plano de Mejoras del Puerto de San Juan), no se-rán arrendados, debiendo construirse el malecón correspon-diente a dicha sección por el Gobierno Insular cuando lo crea conveniente, sin que el arrendatario pueda reclamar nada por la falta de su construcción;

14, el arrendador proporcionará al arrendatario dentro de dos años contados a partir de la fecha del contrato, “un derecho de vía que conduzca a la propiedad arrendada, en tal sitio, que dicho arrendatario pueda tener acceso razonable-mente seguro y conveniente a dicha propiedad siempre que el referido derecho de vía se proporcione sobre terrenos perte-necientes al Gobierno Insular.”

15, El arrendatario usará la propiedad como depósito para almacenaje de carbón, aceite, etc., y para la venta de dichos productos;

16, se concederán iguales derechos a todos los que quie-ran comprar los artículos almacenados, “bajo una tarifa es-tablecida por el concesionario dependiente de las cantidades compradas; ”

17, todos los barcos tendrán iguales derechos para atra-car al depósito y “tomar carbón u otros productos a iguales precios, dependiente de la cantidad tomada;”

18, para atracar al muelle debe obtenerse el consenti-miento del arrendatario, y

19, Los barcos del Gobierno de los Estados Unidos, en caso de emergencia, tendrán derecho de prelación, libre de gasto alguno, a usar del depósito.

Presentada la escritura pública así otorgada para su ins-cripción en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, el registrador se negó a inscribirla por medio de la nota que a continuación se transcribe:

“Denegada la inscripción del precedente documento, por los si-guientes defectos:
“1. Carecer de facultades el Comisionado del Interior para cele-brar un contrato de arrendamiento por más de seis años, toda vez que la Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para autorizar el arrendamiento o venta de los manglares de la Bahía de San Juan, de 11 de marzo de 1909, no le concede expresamente esa facultad, como lo requiere el artículo 1451 del Código Civil vigente.
“2. No estar inscrito el dominio o posesión de la parcela que se pretende arrendar, a favor del arrendador, con arreglo a lo que prescribe el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
“3. Que la ley citada de la Asamblea Legislativa autoriza al Comi-sionado del Interior sólo para arrendar o vender todo o parte de los manglares, en sus secciones Ia. y 12a; y el clausulado que consta en la precedente escritura ni corresponde al de un contrato de venta de la parcela a que se refiere, ni al de arrendamiento de la misma, puesto que, en cuanto a este último, -no se estipula el canon, renta o precio cierto por el goce o uso de la cosa que se dice arrendada, y por tanto carece de uno de los requisitos esenciales del contrato de arrendamiento que fija el artículo 1446 del citado Código Civil vigente.
“4. No resulta expresa y claramente cumplida la condición de la sección 2a. de la ley citada, puesto que, el arrendatario, que sola-mente contrae en la clausula 2a. de la escritura la obligación vaga e indeterminada de ‘rellenar el terreno,’ estipula en la subsiguiente cláusula 3a. que las condiciones con respectó a las fechas de empezar y completar el trabajo ‘quedan sustituidas por las condiciones enume-radas en las cláusulas número 1 de las “condiciones suspensivas del arrendamiento’’ ’ sin que en el documento presentado consten cuáles sean éstas.
“5. Porque la facultad de arrendar o vender una parcela de los manglares, que confiere la sección' 12a. de la indicada ley, está limi-tada al caso de que dicha venta o arrendamiento fuera conveniente por los motivos que consigna aquélla, y estos motivos no resultan de la anterior escritura.
“6. En cuanto a la servidumbre establecida en la cláusula 14a., no está autorizado el Comisionado para constituirla, con arreglo a la ley del caso.
“7. Que la exención de contribuciones que establece la cláusula 7a. no es la que autoriza la sección 3a. de la expresada ley -de 11 de marzo de 1909.
“8. El convenio comprendido en la última parte de la cláusula 9a. de esta escritura no está autorizado por la antedicha ley de 9 de marzo de 1909.
“Y queda tomada en su lugar anotación preventiva, por el.término legal, al folio 144 del tomo 5°. de Puerta de Tierra finca No. 130, anotación letra A, en la que se consignan los siguientes defectos subsanables:
“ (A) Oscuridad en-la primera parte de la cláusula 3a.
“(B) Que refiriéndose la escritura a otros documentos, que con-tienen pactos y condiciones del- contrato a que este título se refiere, no se insertan en el mismo ni se acompañan copias de aquéllos.
“ (C) Que la ya expresada ley de 11 de marzo dispone que el Co-misionado del Interior realice los contratos a que se refiere ‘mediante autorización del Consejo Ejecutivo’; y no se acompaña ni se copia documento alguno que contenga dicha autorización para el referido contrato de arrendamiento, que se intenta estipular en esta escritura.
“ (D) En la misma no se expresa la situación ni la cabida de la parcela que se dice arrendada.
“ (E) Siendo casado el arrendatario, no consta el nombre de su esposa. San Juan, Puerto Rico, quince de junio de mil novecientos catorce. El Registrador (firmado) José S. Belaval.”

Notificada la nota transcrita al presentante del docu-mento, fue recogido éste, y, el 29 de julio de 1914, ambas par-tes contratantes comparecieron ante el Notario Público Her-minio Díaz Navarro y otorg-aron una escritura pública con elfin de subsanar los defectos anotados por el registrador y aclarar la anterior otorgada ante el Notario Roberto H. Todd.

En la escritura de 29 de julio se hizo constar que la finca de la cual se segregó la parcela arrendada había quedado ins-crita en el registro, describiéndose debidamente la finca y la parcela, que el arrendamiento de la parcela se sacó a público remate bajo las condiciones que constan en el documento que se agrega a la escritura; que en dicho remate sólo fué Imita-dor el Señor Behn, agregándose también a la escritura su proposición escrita; que a virtud del remate se otorgó el do-cumento de 12 de noviembre de 1913 que se insertó íntegro y se ratificó en la escritura de 21 de mayo de 1914; y que el con-trato fue autorizado por el Consejo Ejecutivo, en sesión pú-blica celebrada el 23 de octubre de 1913, según documento que se une de igual modo a la escritura.

Las cláusulas tercera, décima-cuarta y novena de la escri-tura de 21 de mayo de 1914, quedaron aclaradas en la de 29 de-julio de mismo año del siguiente modo: con respecto a la tercera, que las llamadas “condiciones suspensivas del arren-damiento” eran las que constaban de un documento que se unió a la escritura y que el contenido de ese documento demos-traba que el contrato de que se trata es de interés público puesto que el arrendatario se compromete a invertir una buena suma de dinero en el saneamiento de terrenos hoy in-servibles, quedando luego los terrenos desecados de la pro-piedad del Pueblo de Puerto Pico; en cuanto a la décima-cuarta, que el derecho de paso o vía que el arrendador se compromete a facilitar al arrendatario está basado en la obli-gación que le impone el artículo 574 del Código Civil, toda vez que la parcela arrendada no tiene otra salida propia que por los terrenos del Pueblo de Puerto Rico que forman el resto de la finca de que aquella ha sido segregada, y con res-pecto a la cláusula novena, que lo hecho constar obedecía al estudio que en el Departamento del Interior se había llevado-a efecto para que la obra de relleno, dragado y construcción de malecones del Puerto de San Juan quede técnicamente fi-nalizada.

También contiene la escritura de 29 de julio de 1914 cier-tas manifestaciones de las partes explicando por qué entien-den que la ley de 11' de marzo de 1909 sobre arrendamiento o venta de los manglares de la Bahía de San Juan, autoriza la celebración del contrato de que se trata, y el nombre de la esposa del arrendatario.

La escritura de 21 de mayo de 1914, acompañada de la de 29 de julio del mismo año a la cual se unieron los documen-tos en ella especificados, se presentó de nuevo en el registró y el registrador volvió a negar su inscripción por medio de la siguiente nota:

“No practicada la conversión de la anotación preventiva a qne se refiere la precedente nota, y que se solicita en virtud de la escritura de veinte y nueve de julio último ante el Notario Don Herminio Díaz Navarro, que también se ha presentado, porqué por esta escritura sólo quedan subsanados los defectos que en dicha nota se consignaron con los números 2o y 4o en su último extremo, permaneciendo subsistentes los demás, en la misma relacionados, respecto a los cuales ningún nuevo documento se aporta, limitándose el otorgante de la citada es-critura a expresar meras opiniones particulares y razonamientos, que no bastan para modificar la anterior nota denegatoria, ya consentida. Y no practicada operación alguna en cuanto a los defectos subsanables que en la misma se consignan por no haberse solicitado. San Juan, P. R., 24 de agosto de 1914. El Registrador, (firmado) José S. Be-laval. ’

Notificada esta última nota el 3 de septiembre de 1914, el arrendatario Befin, por medio de su abogado, el 23 de sep-tiembre de 1914 archivó en la secretaría de este Tribunal Supremo un escrito estableciendo el presente recurso guberna-tivo, presentando luego, el 1 de octubre de 1914, un alegato en apoyo del mismo.

Dado traslado al registrador, este funcionario presentó su alegato por escrito pidiendo la desestimación del recurso, Io., por haberse interpuesto fuera de término, y 2°., porque la nota denegatoria de la inscripción de la escritura de 21 de mayo de 1914, fué consentida y quedó por consiguiente firme.

En cuanto a la primera de las cuestiones previas suscita-das por el registrador, diremos que carece de importancia al-guna. La contención del registrador se basa en el error de haber considerado la fecha del 1 de octubre en que se archivó el alegato del recurrente, como la verdadera fecha de la in-terposición del recurso.- El recurso se interpuso el 23 de sep-tiembre, y como la última nota del registrador se notificó el día 3 de dicho mes, el recurrente estaba dentro de los veinte días que la ley le concede para acudir en alzada a este tribunal contra la negativa del registrador. Sección 3 de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad. Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico de 1902, pág. 314.

En el caso de Hernández v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, 14 D. P. R., 795, 798, se presentaron para su inscripción en el registro ciertas escrituras de constitu-ción de hipoteca y cesión de la misma, negándose a inscribir-las el registrador. La parte interesada dejó transcurrir el término que la ley le concedía para acudir en alzada ante este Tribunal Supremo y presentó de nuevo las escrituras para su inscripción en el registro acompañadas de otro documento. El registrador volvió a negar la inscripción “por observarse ios mismos defectos expresados en la nota denegatoria prece-dente.” La parte interesada acudió entonces a este Tribunal Supremo, y esta corte desestimó por extemporáneo el re-curso en cuanto pudiera referirse a las primeras notas dene-gatorias de inscripción, y confirmó las segundas por estimar, de conformidad con el registrador, que no se habían subsa-nado los defectos consignados en las anteriores. Los consi-derandos de la resolución de esta corte en dicho caso, dicen así:

“Considerando: Que las notas del Registrador de Aguadilla de-negando la inscripción de las dos escrituras de 4 de octubre de 1905 y de 10 de noviembre del mismo año fueron notificadas al presentante de los documentos en la 'misma fecha de aquellas notas, o sea en 22 de julio de 1908, y que la presentación de dichos documentos en la se-cretaría de esta Corte Suprema tuvo lugar en 18 de agosto siguiente cuando ya habían transcurrido los veinte días que para dicha presen-tación señala la sección 3a. de la ley sobre recursos contra resoluciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1°. de 1902, debiendo, por tanto, estimarse consentidas aquellas notas.
“Considerando: Que por lo que atañe a las notas denegatorias de inscripción de 30 de julio de 1908 contra las cuales puede estimarse interpuesto el recurso dentro del término legal de 20 días, sólo cabe discutir si el registrador incurrió o nó en error al estimar que no se habían subsanado los defectos que motivaron en 22 de julio la dene-gatoria de inscripción de los dos documentos aludidos, defectos que la parte interesada no contradijo en tiempo oportuno, sino que por el contrario aceptó, constituyéndose así en el deber de subsanarlos.
“Considerando: Que la certificación de la declaratoria de herede-ros de Don Lorenzo Orilla no subsana los defectos que el registrador-tuvo en cuenta al consignar las notas denegatorias de inscripción de 22 de julio de 1908, pues semejante declaratoria es documento ex-traño a aquellos defectos.”

La doctrina establecida en el caso de Hernández fné apli-cada y confirmada en el de Barreras v. El Registrador, 15 D. P. R., 556, 558, expresándose esta corte en los dos últimos con-siderandos de sn resolución, así:

“Considerando: Que contra la nota denegatoria de inscripción de 19 de marzo último, que es la materia del presente recurso, pues contra ella es que Barreras Padró dirige sus alegaciones, no cabe apelación siendo como es reproducción de la nota anterior de 27 de julio de-1908 que consintió Barreras Padró.
“Considerando: Que en apoyo de la doctrina que dejamos ex-puesta viene la resolución dictada por esta Corte Suprema en 30 de-noviembre de 1908 en recurso de Fabio A. Hernández contra el Re-gistrador de la Propiedad de Aguadilla, robustecida por .el funda-mento de que si se permitiera la renovación incesante de anotaciones, de títulos no inscritos por defectos insubsanables se impediría inde-finidamente la inscripción de títulos perfectos de otras personas.”

De acuerdo, pues, con nuestra misma jurisprudencia, nues-tro campo de acción en este caso está limitado a examinar y a resolver si se subsanaron o nó por la parte interesada los de-fectos consignados por el registrador en su primera nota. Dicha primera nota fué consentida en la vía gubernativa por la parte interesada. Esta pudo acudir al Tribunal Supremo-en el ámplio término que le concedía la ley. No lo hizo así, y debe ahora estar y pasar por las consecuencias de sus pro-pios actos.

Resuelta en tal sentido la segunda y última de las cuestio-nes prévias suscitadas por el registrador, veamos si procede o nó la desestimación del recurso como sostiene el mismo fun-cionario. Seguiremos en nuestro examen el orden fijado en la¿ nota de 15 de junio de 1914.

1. El primer defecto, o sea el de la carencia de facultades por parte del Comisionado del Interior para celebrar el con-trato, no pnede sostenerse que quedara subsanado. Si el Comisionado tenía o nó facultades, dependía de la misma ley-vigente al otorgarse las escrituras de 21 de mayo y 29 de julio de 1914, a saber: la ley para autorizar el arrendamiento o venta de los manglares que rodean la Babía de San Juan, aprobada el 11 de marzo de 1909. La última escritura nada pudo agregar a la primera. La pureza del procedimiento exigía que la parte interesada si no estaba conforme con la teoría del registrador consignada en cuanto a este extremo en su nota de quince de junio, recurriera contra ella para ante esta Corte Suprema en el término que la misma ley prescribe.

2. El segundo defecto quedó subsanado, según reconoció el mismo registrador en su nota de 24 de agosto. Cuando se presentó por segunda vez el contrato en el registro, estaba ya inscrita a favor del arrendador la propiedad de la finca arrendada

3. El tercer defecto no quedó subsanado. La cuestión en-vuelta en el mismo, a saber: si se trata o nó de un contrato de arrendamiento, pudo someterse a la decisión de este tribunal inmediatamente después' de la primera nota.

4. El cuarto defecto quedó subsanado en su último ex-tremo, como acepta el registrador en su nota de 24 de agosto. Antes de otorgarse la escritura de 21 de mayo, se babía cele-brado el contrato de arrendamiento de que se trata por docu-mento privado En este documento privado se babía fijado un plazo dentro del cual debían comenzarse las obras, y en la escritura se sustituyó ese plazo por el que aparecía en las condiciones suspensivas (precedentes) del arrendamiento. Examinando la escritura de 21 de mayo por sí sola, el defecto existe. Pero examinando la escritura de 21 de mayo en rela-ción con la de 29 de julio y sobre todo con el documento acom-pañado que contiene las condiciones precedentes de que se trata, el defecto queda subsanado.

La existencia o nó existencia del primer extremo qne com-prende este defecto, pndo someterse a esta corte apelando directamente de la nota de 15 ele. junio, ya qne en la escritura de 29 de julio no se impuso ninguna nueva obligación al arren-datario, constando todos los derechos y deberes del mismo en la de 21 de mayo de 1914.

5, 6, 7 y 8. Todas las cuestiones envueltas en los de-fectos quinto, sexto, séptimo y octavo, pudieron discutirse y resolverse por esta Corte Suprema si la parte interesada hu-biera recurrido en tiempo de la primera nota. Lo que en cuanto a dichas cuestiones se consigna en la escritura de 29 de julio y aparece en los documentos acompañados, tiende so-lamente a aclarar más los hechos, pero éstos surgían distin-tamente de la escritura de 21 de mayo.

Terminado el examen de los defectos calificados de insub-. sanables, procederemos al de los subsanables, siguiendo-tam-bién el orden establecido en la nota de 15 de junio.

A. Ya hemos visto que la obscuridad que se notaba en la escritura de 21 de mayo por no haberse acompañado las lla-madas condiciones suspensivas del arrendamiento, quedó sub-sanada al presentarse de nuevo dicha escritura en unión de la de 29 de julio y del expresado documento.

B. Quedó subsanado puesto que se presentaron en la se-gunda ocasión los documentos cuya falta notó el registrador.

C. Quedó subsanado. Uno de los documentos acompaña-dos cuando el contrato se -presentó por segunda vez en el re-gistro, contiene la autorización del Consejo Ejecutivo a que se refiere el registrador1.

D. Quedó subsanado. La finca de la cual se segrega la par-cela arrendada y la misma parcela objeto del contrato se des-criben debidamente en la escritura de 29 de julio.

E. También quedó subsanado. El nombre de la esposa' del arrendatario se consigna en la escritura de 29 de julio.

Terminado el examen de las únicas cuestiones envueltas ■en este caso que nos es dable resolver dentro de este recurso, de acuerdo con la jurisprudencia establecida, debemos hacer constar con toda claridad qne al eonclnir qne los defectos se-ñalados en la nota de 15 de junio con los números 1, 3,- 4, primer extremo, 5, 6, 7 y 8 no quedaron subsanados, no implica en modo alguno que nosotros aceptemos la existencia de tales defectos, sino únicamente que no podemos investigar si exis-ten o no por no haberse recurrido en contra de ellos dentro del término que la ley prescribe.

También debemos en justicia hacer constar que lo re-suelto por el registrador obliga en este caso, dentro del or-den administrativo, al arrendatario que presentó el docu-mento y consintió la resolución, mas no al arrendador que en nada intervino en el registro. Esta cuestión está resuelta por la ley y la jurisprudencia. Artículo 6 de la Ley Hipote-caria; Colonial Company v. El Registrador, 1 D. P. R., 396, 401.

Por virtud de todo lo expuesto, debe desestimarse por ex-temporáneo el recurso en cuanto pueda considerarse estable-cido contra la nota de 15 de junio de 1914, y debe confirmarse la nota recurrida de 24 de agosto de 1914, pero modificándola en el sentido de que quedaron subsanados los defectos subsa-nables marcados con las letras A, B, O, D, y E en la nota de 15 de junio de 1914.

Desestimado el recurso en cuanto se refiera directamente a la nota de junio 15,1914, y con-firmada la nota recurrida de 24 de agosto de 1914 modificándola en el sentido de decla-rar subsanados los defectos subsanables marcados con las letras A, B, C, D y E en la-dicha nota de junio 15, 1914.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó haciendo constar estar conforme con la resolución.


author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    Ex Parte Deliz et al., Peticionarios y Apelantes, v. Franco, Opositor y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso sobre administración judicial de los bienes de un difunto.
    Moción de la parte opositora para que se desestime la apela-ción por no haberse radicado la transcripción de autos.
    No. 1253.
    Resuelto en diciembre 18, 1914.
    Exposición del Caso Presentada Nuera de Tiempo — Prórroga Conoedida Des-pués de Vencido el Término. — El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no da facultades a una corte de distrito para admitir y aprobar una exposición del caso presentada dentro de una prórroga concedida después de vencido el término.
    Prórroga Concedida Después de Vencido el Término. — Una prórroga concedida después de vencido el término es nula.
    Desestimación de Apelación — Prórroga Concedida Después de Vencido el Término para Presentar la Exposición del Caso — Cuando Empieza a Correr el Término para Presentar la Transcripción de Autos. — Siendo nula una prórroga concedida después de vencido el término para presentar el proyecto de exposición del caso, el término de 30 días para radicar la trans-cripción de autos empieza a contarse desde que se radicó el escrito de apela-ción, y expirado dicho término sin que se presente dicha transcripción de autos, procede la desestimación dé .la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelada: Sres. Jimi García Ducós y Ce-lestino Iriarte, Jr.

    Abogados de Pedro Deliz Sosa: Sres. Luis Llorens Torres y Rafael Martínez Alvarez.

   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para desestimar la apelación. La ape-lada ante la Corte de Distrito de Aguadilla, mientras actuaba temporalmente como juez de la misma el Juez Foote, se opuso a la partición de una herencia en la forma recomendada por el contador partidor y dicha oposición fué declarada con lugar. La resolución fué dictada el 21 de septiembre de 1914. Pedro Deliz Sosa apeló el 6 de octubre de 1914. El 16 de octubre de 1914 la Corte de Distrito de Aguadilla concedió una prórroga •de 10 días para la presentación del proyecto de exposición del •caso. Nada se Mzo después por el apelante hasta el 31 de •octubre o sea cinco días después de haber expirado dicha pró-rroga, en que el apelante presentó al Juez de la Corte de Dis-trito de Aguadilla, Isidoro Soto Nussá, una solicitud para •que se concediera otra prórroga, y dicho juez el 2 de noviem-bre de 1914 concedió diez días más de prórroga a contar desde la fecha en que el apelante fuera notificado de la orden de la corte, cuya notificación se hizo el 3 de noviembre de 1914. La moción para desestimar esta apelación fué escrita el 20 de .noviembre y radicada en esta corte el 25 de noviembre El mismo día 25 de noviembre de 1914 el abogado del apelante .alegando varias razones para justificar su tardanza en pre-sentar la exposición del caso pidió a la Corte de Distrito de Aguadilla que le prorrogara el término para la presentación de dicho documento El Juez de Distrito de Aguadilla el 26 ■de noviembre de 1914 dictó una orden concediendo la moción •de prórroga y dándole al apelante hasta el 27 de noviembre para presentar la exposición del caso, fundando dicha orden •en la facultad que le confiere la sección 140 del Código de En-juiciamiento Civil. '

En el caso de Pardo v. Pardo, 19 D. P. R., 1188, se resol-■vió que mía corte de distrito no tenía facultades por razón de la sección 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para ad-mitir una exposición del caso después que el término legal Tiabía expirado: Y en el caso de Ferrer v. El Pueblo, 14 D. P. R., 395, esta corte resolvió que una prórroga concedida des-pués de haber expirado el tiempo fijado por la ley era nula. De acuerdo con esta jurisprudencia y por razón de que una-prórroga fija de un término debe significar lo que ella misma ■dice, la apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison firma-ron haciendo constar estar conformes con la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf

text:
    Rossy, Demandante y Apelado, v. Fernández, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. contra' resolución denegando la aprobación de la exposición del caso en un pleito sobre cobro de honora-rios de abogado.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación por ser inapelable la resolución apelada.
    No. 1202.
    Resuelto en diciembre 18, 1914.
    Desestimación de Apelación — Exposición del Caso — Orden Denegando su Aprobación. — Una orden denegando la aprobación de una exposición del caso, es apelable.
    Exposición del Caso — Orden Denegando su Aprobación — Interpretación de la Regla 64 de Este Tribunal. — El procedimiento establecido en la regla 64 del reglamento de este tribunal no es exclusivo, ni impide el que la parte perjudicada pueda apelar contra la orden denegando la aprobación de una exposición del caso.
    Prórroga Concedida Después de Vencido el Término — Exposición del Caso. — ■ Una prórroga concedida después de vencido el término es nula y debe dene-garse la aprobación de nna exposición del caso presentada dentro de dieha prórroga nula.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelado compareció en nombre propio.
    Abog’ado de la apelante: Sr. Luis 8amalea Iglesias.

   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso en el cual se interpuso apelación contra nna orden dictada por la Corte de Distrito de San Juan denegando la aprobación de una exposición del caso el ape-lado presentó nna moción para que la apelación fuera deses-timada. Dicha moción se funda en el hecho de que la regla 64 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico concede nn remedio al apelante para el caso de qne la corte inferior se negare a aprobar nna exposición del caso o pliego de excepciones. Ya tuvimos ocasión de considerar esta cues-tión en el caso de Ríos et al. v. Ríos, 15 D. P. R., 280, en el cual resolvimos que si bien el apelante podría fundarse en la re-gla 64 de este tribunal, era sin embargo, un remedio natural para presentar la cuestión a la consideración de este tribunal la apelación interpuesta contra una orden dictada después de la sentencia y no vemos razón por la que debamos cambiar de parecer. La moción para desestimar la’ apelación debe ser declarada sin lugar.

Pasando abora a considerar los méritos de la apelación nos encontramos con que el apelante en 3 de julio presentó una moción solicitando prórroga para archivar la exposición del caso; la apelación, sin embargo, fué interpuesta el día 22 de junio y el término para presentar dicha exposición del caso había vencido en 2 de julio; por tanto la Corte de Distrito de San Juan no tenía facultad para prorrogar el término para la presentación de la referida exposición. Hemos resuelto en el día de hoy una cuestión semejante en el caso de Ex parte Delíz et al. v. Franco, en el cual resolvimos que una prórroga concedida después de vencer el día fijado por la ley para presentar la exposición del caso no podía beneficiar al apelante y citamos en dicho caso todas las autoridades. No establece diferencia alguna, como alega el apelante, el hecho de que el apelado no hubiera hecho ninguna moción en la corte inferior puesto que la corte carecía de facultades para aprobar la exposición del caso en tales circunstancias, ha-biendo procedido dicha corte correctamente al negarse a apro-barla.

Debe confirmarse la orden apelada.

Denegada la moción de desestimación y con-firmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey. ;

Los Jueces Asociados Sres. Del Toro' y'Hutchison firma-ron haciendo constar estar conformes'con'l:a resolución.


text:
    Olivar et al., Peticionarios y Apelados, v. Andino et al., Opositores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distinto de San Juan, Sección 2a. en nn expediente de dominio.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación por no haber radicado su alegato la parte apelante.
    No. 1083.
    Resuelto en diciembre 18, 1914.
    Abogados — -Renuncia de la Representación de su Cliente — Notificación a sus Clientes y a la Parte Contraria. — La renuncia hecha por un abogado de la representación de su cliente ante este tribunal, sin demostrar qne ha notificado dicha renuncia a sus clientes y a la parte contraria es irregular.
    Desestimación de Apelación — Notificación de la Moción — Fallecimiento de la Parte Apelante. — Cuando, como en el caso de autos, el abogado de la parte apelante renuncia la representación de su cliente sin que conste de los autos que ha notificado dicha renuncia a su cliente o a la parte apelada, el abogado de esta parte estaría justificado bajo tales circunstancias en notificar una moción de desestimación de la apelación a dicha abogado.
    Id. — Notificación de la Moción — Fallecimiento de uno de los Apelantes.— Cuando se pide la desestimación de la apelación contra todos los apelantes y uno de estos ha fallecido, es necesario practicar gestiones para llegar al ■conocimiento de quienes son los verdaderos herederos o sucesores de la parte fallecida y notificarles t dicha moción;- no siendo suficiente para este fin, la ■declaración jurada presentada por una persona cualquiera alegando haber notificado la moción a dos personas como sucesores del difunto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. Francisco Socorro.

    Los apelantes no comparecieron.
   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se encontraba pendiente nna petición sobre información de dominio en la Corte de Distrito de San Jnan. Domingo Andino.) Agustina Cepeda y María Ayala compare-cieron y se opusieron a qne fuera declarada con lugar dicha información. Habiéndose expedido el certificado o resolución •de la corte por el cual se declaraba justificado dicho dominio, ■el mencionado Domingo Andino y los demás interpusieron ■apelación contra la resolución para ante este tribunal el día 18 de junio de 1913. En 9 de febrero de 1914, comparecieron los abogados de récord de los apelantes y presentaron nn es-crito renunciando sn representación en el caso. No consta de los antos qne dicha renuncia hubiera sido notificada en forma alguna a los apelantes. En 2 de mayo de 1914, los apelados presentaron una moción para desestimar la apelación por no haberse archivado el alegato Según el affidavit ‘qne fné acom-pañado a la moción los apelados no habían podido notificar la moción a Agustina Cepeda por haber fallecido, habiendo de-clarado sin lugar este tribunal la referida moción por no apa-recer qne se hubieran hecho las gestiones procedentes en el caso con motivo de tal fallecimiento.

En 28 de octubre, 1914, reprodujeron los apelados su mo-ción por el fundamento de haber dejado de presentar su ale-gato los apelantes. Se acompañó un affidavit a la moción, sus-crito por Antonio G-uardiola que fué quien notificó dicha mo-ción a dos de los apelantes en cuyo affidavit el declarante juró que había notificado la moción a Eladio Cepeda y a Luis Escuté como sucesores de Agustín Cepeda.

Gran parte de la dificultad que presenta este caso se debe al proceder irregular de los abogados de los apelantes. Ellos ■simplemente renunciaron su representación sin haber acredi-tado en forma alguna ante este tribunal que habían notificado •dicha renuncia a sus clientes o a sus contrarios. No creemos ■conveniente expresar en esta opinión cuál es el procedimiento •adecuado que deben observar los abogados antes de renunciar su representación en un caso en este tribunal o si es necesario obtener permiso del tribunal según parece ser ser el criterio de algunas de las autoridades. 4 Cyc., 955; 3 Am. & Eng. Ency. of Law, 410. Es bastante con indicar qne según el estado de los autos los abogados de los apelados hu-bieran estado justificados en notificar su moción a los aboga-dos que habían hecho su comparecencia primeramente. 4 Oye., 955; 3 Am. & Eng. Ency. of Law, 410. Sin embargo, los ape-lados no siguieron el método indicado sino que prefirieron hacer la notificación a los mismos apelantes. Debe notarse ■que si bien parece que el apelante fallecido era Agustina Ce-peda la segunda moción de desestimación se dirige, no obs-tante, contra Agustín Cepeda y Antonio Guardiola jura que Eladio Cepeda y Luís Escuté son los sucesores de Agustín Cepeda. En otras palabras, a la corte no le consta que en ninguna ocasión baya sido notificada alguna persona que pueda ser sucesora de Agustina Cepeda.

Cuando se trata de bacer una notificación a los causaba-bientes de un apelante fallecido no es suficiente el affidavit de cualquier persona para acreditar quienes sean estos su-cesores. Puede ser que las personas mencionadas no tengan el interés legal necesario o que el affidavit contenga alguna conclusión legal. En algunos casos es el administrador el inte-resado legalmente. En otros lo es el heredero. Debe darse a la corte la oportunidad de saber que la "persona notificada es el representante del fallecido.

En el presente caso los apelados ban tratado de obtener que se desestime la apelación contra todos los apelantes. Por consiguiente era necesario que todos hubieran sido notifica-dos. En caso de que uno de ellos hubiera fallecido debierop. tomarse das medidas adecuadas para desestimar la apelación. Se ha resuelto que cuando un apelante falleciere, el deber de restablecer- el caso a nombre del fallecido corresponde a la parte que deseaba practicar la inmediata gestión. 4 Am. & Eng. Encyc. of Law & Pract., 112; Raine v. Bank of Virginia, 4 Gratt. (Va.), 150; Powers v. Manning, 154 Mass., 376. No resolveremos que fue necesario restablecer la apelación en este caso, pero insistimos en que antes de que pueda ser de-sestimada la apelación es necesario bacer ciertas gestiones con el fin de notificar a los sucesores legítimos de Agustina Cepeda y que éstos sean notificados de la moción de desesti-mación. La moción debe desestimarse.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Vega, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayaron en un procedimiento de certiorari contra el juez municipal de Salinas..
    MociÓN del apelado para que se desestime la apelación por no haberse radicado la transcripción de autos y por carecer de finalidad práctica el recurso.
    No. 1209.
    Resuelto en diciembre 21, 1914.
    Certiórari — Apelación Procedente de la Corte de Distrito — Preceptos que Regulan la Tramitación de la. Apelación. — No existiendo en la ley de ■ certiorari de marzo 10, 1904, precepto alguno que regule la tramitación del recurso de apelación en procedimientos de certiorari, dicha tramitación debe regularse por los mismos preceptos que gobiernan las apelaciones ordinarias en casos civiles.
    Desestimación de Apelación — Certiorari—Radicación de los Autos Origina-les — Transcripción de Autos. — De acuerdo con el artículo 299 dél Código-de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la Ley No. 70, de marzo 9, 1911, en relación con el artículo 40 del Reglamento de esta Corte Suprema, consti-tuirá el récord de una apelación la certificación' que librará el secretario del tribunal o quo, o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación, sin que exista precepto alguno que auto-rice la remisión a este tribunal de los autos originales de un procedimiento . de certiorari en sustitución de la certificación expresada, y cuando, como en el caso de autos, se radiean los autos originales y nó dicha certificación, debe desestimarse la apelación.
    Id. — Finalidad Práctica del Recurso. — Habiéndose celebrado las elecciones ge-nerales el 3 de noviembre de 1914, carece de finalidad práctica la resolución del presente recurso, pues aun en el supuesto de que procediera la inclusión del nombre del demandante en la lista de los electores del municipio de Santa Isabel, no podría ya emitir su voto.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mostré, Fiscal.

    El apelante no compareció.
   RESOLUCIÓN

Por cuanto, la parte demandante promovió en la Corte de Distrito de Guayama nn procedimiento de certiorari contra el Juez de la Corte "Municipal de Salinas con el fin de obtener su inclusión en la lista de electores del municipio de Santa Isabel, de la cual fué excluida por sentencia de la referida corte municipal de 29 de septiembre de 1914, y dictada sen-tencia en 8 de octubre de 1914 desestimando la petición de certiorari, el demandante interpuso contra ella recurso de apelación, habiendo sido radicados en la secretaría de este tribunal los autos originales tanto de la Corte Municipal de Salinas como de la Corte de Distrito de Guayama.

Pon cuanto, el Fiscal de esta Corte Suprema ha solicitado la desestimación del recurso de apelación por no haberse ra-dicado una transcripción de autos en lugar de los autos origi-nales y por carecer de finalidad práctica la decisión de dicho recurso por haberse celebrado desde el día 3 de noviembre último las elecciones generales en las cuales pretendía emitir su voto el demandante.

Poe cuanto, según el número primero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por Ley de marzo 11, 1908, podrá establecerse apelación para ante este Tribunal Supremo contra las resoluciones que dicten las cortes de distrito en un pleito o procedimiento especial, siendo en su consecuencia apelables las resoluciones de las Cortes de Dis-trito en un procedimiento especial como el de certiorari, y que no existiendo en la ley de certiorari de marzo 10, 1904, pre-cepto alguno que regule la tramitación del recurso de apela-ción en procedimientos de certiorari, dicha tramitación debe regularse por los mismos preceptos que g’obiernan las apela-ciones ordinarias en casos civiles.

Por cuanto, de acuerdo con el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por Ley No. 70 de marzo 9, 1911, en relación con el artículo 40 del reglamento de esta Corte Suprema, constituirá el récord de una apelación la certificación que librará el secretario del tribunal a quo o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la no-tificación de la apelación, sin que exista precepto alguno que autorice la remisión a este tribunal de los autos originales de un procedimiento de certiorari en sustitución de la certifica-ción expresada.

Pob cuanto, habiéndose celebrado las elecciones generales en 3 de noviembre último, carece de finalidad práctica la re-solución del presente recurso, pues aun en el supuesto de que procediera la inclusión del nombre del demandante en la lista de electores del municipio de Santa Isabel, no podría ya emi-tir su voto.

Poe tanto, vistos los preceptos legales ya citados, los ar-tículos 303 del Código de Enjuiciamiento Civil y 58 y 60 del reglamento de este tribunal, y la jurisprudencia establecida en los casos de Ex Parte Sánchez et al v. El Pueblo, 20 D. P., R., 117; San Juan Hippodrome Co. v. Comisión Hípica Insular, 21 D. P. R., 1; Post et al. v. Veve et al, 21 D. P. R., 32, y El Pueblo v. Ramírez, resuelto en noviembre 30 de 1914:

Se desestima la apelación interpuesta por el demandante-contra la resolución de la Corte de Distrito de Gfuayama de 8 de octubre de 1914, y con devolución de los autos originales, a la corte inferior, comuníquesele esta resolución a los efec-tos procedentes. *

t, ,. , 7 7 Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-cia,dos Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Ortíz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez: en causa por delito contra el derecho electoral.
    Moción del apelante para que se ordene al secretario de la corte inferior que remita los autos originales presentados como prueba por. dicha parte.
    No. 773.
    Resuelto en diciembre 23, 1914.
    Exposición del Caso — Prueba Documentad — Autos Originales de un Caso.— La única forma de traer a este tribunal la prueba documental presentada en el juicio, eomo son los autos originales que el acusado presentó como prueba en este caso y que ahora pide que se ordene al secretario de la corte inferior que los remita a esta corte, es transcribiendo en la exposición del caso dichos autos originales o la parte de ellos que sea necesaria para las pretensiones de la parte.
    Id. — Modificación de la Exposición del Oaso por el Tribunal Supremo.— Este tribunal no puede modificar la exposición del caso incorporada en la transcripción de autos, que a eso equivale una moción para que por este tribunal se ordene al secretario de la corte inferior que remita a esta corte los autos originales presentados como prueba por el acusado; sin la intervención y aprobación del juez sentenciador que aprobó dicha exposición del caso.
    Corrección de Autos — Alcance de la Regla 55 de la Corte Suprema — Ex-posición del Caso. — La regla 55 del reglamento de este tribunal no puede servir de base para pedir que este tribunal ordene al secretario de la corte inferior que remita a esta corte los autos originales de un caso presentados como prueba por el acusado.
    Los lieclios están expresados en la resolnción.
    Abogado del PuebloSr. Jaime Sifre, Jr.

    El apelante no compareció.
   RESOLUCIÓN.

Pob cuanto, la parte apelante ba presentado una moción' alegando que el secretario de la corte sentenciadora ba dejado de transcribir en la transcripción de autos de este caso, los autos de una causa criminal que presentó como prueba en el acto del juicio, y pide que por este tribunal se ordene al Se-cretario de la corte inferior que remita los autos originales de dicha causa para formar parte de la transcripción de autos de esta apelación.

Por cuanto, existe una exposición del caso aprobada por el juez sentenciador, en donde la única constancia que existe acerca de la presentación como prueba de los autos referi-dos, es la siguiente: “La defensa presenta como prueba el caso de El Pueblo de Puerto Rico, contra Tomás Ortíz, .visto en juicio del día 22 de octubre de 1914. La corte lo admite. ’ ’

Por cuanto, la única forma de traer a este tribunal la prueba documental presentada en el juicio, como son los autos originales que el acusado presentó como prueba en este caso, es transcribiendo en la exposición del caso dichos autos ori-gánales o la parte de ellos que sea necesaria para las preten-siones de la parte.

Pob cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por este tribunal en el caso de El Pueblo v. Sierra, 17 D. P. R., 634, la regla 55 del reglamento de este tribunal no es apli-cable a un caso de la naturaleza del presente, ni puede el Tribunal Supremo modificar la exposición del caso incorporada en la transcripción de autos, que a eso equivale la moción de la parte acusada, sin la intervención y aprobación del juez sentenciador que aprobó dicha exposición del caso.

Pos, tanto, vista la jurisprudencia y los preceptos legales citados anteriormente y las regias 40 y 40A del Begiamento de este tribunal, y el artículo 356 del Código de Enjuicia-miento Criminal enmendado por Ley de marzo 7, 1908, pág. 56, se declara sin lugar la moción de la parte apelante.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.