text:
    Michael G. Nissen Holland, peticionario, v. Frederick K. Genthaller, recurrido.

      Número: CC-2006-552

      Resuelto: 7 de noviembre de 2007

      Ignacio Rivera, abogado de la parte peticionaria; Winston Vidal Gámbaro, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Condominio Stella Maris, sito en el área del Con-dado, es un edificio residencial sometido al régimen de pro-piedad horizontal. Éste consta de 36 unidades de vivienda y 21 estacionamientos. En la Escritura Matriz del condo-minio se identificaron específicamente los 21 apartamen-tos con el uso exclusivo a un estacionamiento. En lo aquí pertinente, se estableció que el Apartamento 4-A tendría el uso exclusivo del estacionamiento 4-A, mientras que el Apartamento 4-D no figura entre los 21 apartamentos con el uso exclusivo de un estacionamiento. Debemos seña-lar que, a pesar de que en la Escritura Matriz cada esta-cionamiento aparece identificado por número de aparta-mento, los estacionamientos fueron físicamente identificados utilizando una numeración del 1 al 21. Según surge de un memorando emitido por la Junta de Directores del Condominio, de 29 de diciembre de 1984, al Aparta-mento 4-A le corresponde el uso exclusivo del estaciona-miento número 16.

Así las cosas, el 17 de octubre de 2002 Michael Nissen Holland, entonces dueño del Apartamento 4-A, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda contra Frederick K. Genthaller, dueño del Apartamento 4-D. En ésta alegó que, como dueño del Apartamento 4-A, le corresponde el estaciona-miento número 16 y que Frederick Genthaller ocupaba dicho estacionamiento sin su consentimiento.

Frederick Genthaller contestó la demanda y negó que el estacionamiento número 16 le correspondiese a Michael Nissen Holland. Posteriormente, Nissen Holland presentó una demanda enmendada para añadir como codemandan-tes a Michael John Myers y a Gabriela Guzmán Ortiz, nue-vos adquirentes del Apartamento 4-A.

Luego de varios trámites procesales, Frederick Gentha-ller presentó una solicitud de sentencia sumaria. En ésta adujo que él y todos sus antecesores con interés respecto al Apartamento 4-D han tenido el estacionamiento número 16 específicamente identificado en sus contratos de venta y que todos ellos han poseído y utilizado dicho estaciona-miento de forma continua, sin interrupciones, abierta, no-toria y pacíficamente por aproximadamente 35 años. Alegó, en síntesis, que conforme a los hechos admitidos por el propio Nissen Holland en un requerimiento de admisio-nes, al momento de presentarse la demanda ya se había consumado a su favor la prescripción adquisitiva ordinaria o, en la alternativa, la prescripción adquisitiva extra-ordinaria.

Michael Nissen Holland, Michael J. Myers y Gabriela Guzmán Ortiz presentaron una oportuna oposición al res-pecto y adujeron que en el presente caso existe una contro-versia material sobre el cumplimiento de los requisitos ne-cesarios para la configuración de la prescripción adquisitiva, específicamente, la posesión ininterrumpida. Señalaron que siempre ha existido una pugna real, cons-tante e incontrovertible sobre la titularidad del estaciona-miento número 16 y que la sentencia sumaria no es el ve-hículo apropiado para determinar si se configuró la prescripción adquisitiva alegada.

El 30 de noviembre de 2005 el Tribunal de Primera Ins-tancia dictó sentencia en la cual declaró con lugar la soli-citud de sentencia sumaria, resolviendo que el derecho de uso del estacionamiento número 16 pertenece con exclusi-vidad al propietario del Apartamento 4-D, el Sr. Frederick Genthaller. Determinó que Genthaller advino titular del estacionamiento en cuestión mediante prescripción adqui-sitiva ordinaria, puesto que cumplió con todos y cada uno de los requisitos para su consumación previo a que Nissen Holland presentara su demanda. En lo pertinente, señaló que la posesión fue ininterrumpida debido a que, con ex-cepción del señor Nissen Holland, ningún propietario del Apartamento 4-A presentó reclamación judicial alguna para reivindicar su derecho sobre el estacionamiento.

De dicha determinación, Nissen Holland, Myers y Guz-mán Ortiz acudieron —mediante un recurso de apela-ción— ante el Tribunal de Apelaciones. Señalaron que no procedía la sentencia sumaria dictada por el tribunal de instancia debido a que existen dudas, avaladas con la ex-tensa documentación presentada, sobre la interrupción de la prescripción adquisitiva. Adujeron que el tribunal de instancia debió celebrar una vista evidenciaría en la cual se pasara testimonio oral y documental sobre diversas re-clamaciones extrajudiciales entre los respectivos dueños de los Apartamentos 4-A y 4-D sobre el estacionamiento 16 en cuestión. Solicitaron la revocación de la sentencia sumaria emitida y la devolución del caso al foro de instancia para la celebración de una vista en los méritos sobre la titularidad del estacionamiento 16 del Condominio Stella Maris.

El 16 de mayo de 2006 el foro apelativo intermedio emi-tió una sentencia en la cual confirmó el dictamen del tribunal de instancia, aunque por fundamentos distintos. De-terminó que en el presente caso no existen hechos medulares en controversia que impidan la resolución su-maria y que se consumó la prescripción adquisitiva, pero por la vía extraordinaria. Señaló que, independientemente de las disputas que a través de largos años ha habido con los sucesivos dueños del Apartamento 4-A por el estaciona-miento, nunca se había presentado un pleito ante los tribunales hasta que Michael Nissen Holland entabló la de-manda del caso de epígrafe el 17 de octubre de 2002; esto es, luego de haber transcurrido más de 30 años desde que en el 1969 el primer adquirente y, posteriormente los suce-sivos dueños del Apartamento 4-D comenzaron a poseer ininterrumpidamente el estacionamiento en disputa. Ex-puso, además, que las distintas reclamaciones extrajudi-ciales aducidas por Nissen Holland no constituyen una ci-tación judicial hecha al poseedor capaz de interrumpir civilmente la posesión conforme al Art. 1845 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5266. Ello debido a que únicamente la presentación oportuna de una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia y el diligenciamiento del correspon-diente emplazamiento al demandado puede interrumpir ci-vilmente la posesión.

Inconformes, Michael Nissen Holland, Michael John Myers y Gabriela Guzmán Ortiz acudieron —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal. Aducen que pro-cede revocar la sentencia emitida por el foro apelativo in-termedio debido a que éste incidió

... al determinar que el Tribunal de Instancia estuvo acertado al conceder la Sentencia Sumaria del recurrido [Genthaller] cuando había hechos en controversia que ameritaban una vista plenaria.
... al dictaminar que ante la prescripción extraordinaria sola-mente una acción judicial interrumpe dicho término. (Enfasis suprimido.) Petición de certiorari, pág. 7.

Expedimos el recurso. Luego de la comparecencia de las partes mediante sus respectivos alegatos, le concedimos permiso a la parte demandante peticionaria para presen-tar un alegato complementario respecto a que tampoco pro-cede la disposición sumaria del presente caso debido a que existe una controversia material respecto a si el uso exclu-sivo de los espacios de estacionamiento concedido en la Es-critura Matriz es o no una servidumbre predial disconti-nua la cual, por disposición expresa del Art. 1653 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4595, no puede adquirirse mediante la prescripción adquisitiva. Solicitan que revo-quemos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelacio-nes y que se ordene la celebración de una vista plenaria ante el Tribunal de Primera Instancia. Resolvemos.

I

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante el cual se le confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sobre la totalidad de una reclamación o sobre cualquier controversia comprendida en ésta sin la necesidad de celebrar una vista evidenciaría. Véase Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Para que se dicte sentencia por la vía sumaria es imprescindible que, de los documentos que acompañan la solicitud o que obran en el expediente del tribunal, no surja una controversia legítima sobre los hechos materiales del caso y que, por ende, sólo reste aplicar el Derecho. Pérez v. El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427 (1999).

“El tribunal no dictará sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una controversia real sobre al-gún hecho material y esencial!,] o (4) como cuestión de de-recho no procede.” Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 333-334 (2004).

Es norma reiterada que este mecanismo procesal es un remedio discrecional y que su uso debe ser mesurado. Sólo cuando el tribunal esté claramente convencido de la ausencia de controversia respecto a hechos materiales del caso y de que la vista evidenciaría es innecesaria, procederá que dicte una sentencia sumaria. Incluso, aun cuando no se presente prueba que controvierta la presentada por el promovente, no significa necesariamente que procede la sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, ante; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154 (2005).

“En los casos en que no exista una clara certeza sobre los hechos materiales y esenciales de la controversia, no procede una sentencia sumaria.” (Enfasis suprimido.) Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, ante, pág. 185. De otro modo, el uso irrestricto del mecanismo de sentencia sumaria constituiría una violación al debido proceso de ley, pues “tomando en consideración que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y que su concesión está a discreción del tribunal, ‘el sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede pres-tarse para despojar a un litigante de “su día en corte”, principio elemental del debido proceso de ley’ ”. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 627 (2005).

II

Conforme a los hechos y el derecho antes esbozado, nos corresponde resolver si en el caso ante nuestra considera-ción existe controversia sobre algún hecho material que impida su resolución sumaria y amerite la celebración de una vista plenaria ante el Tribunal de Primera Instancia. Veamos.

En primer término, la parte demandante peticionaria nos señala que existe controversia respecto a si se inte-rrumpió la prescripción adquisitiva en cuestión. Aduce en apoyo a su señalamiento que debe celebrarse una vista ple-naria en la que se pase prueba sobre las distintas reclama-ciones extrajudiciales habidas entre los respectivos dueños de los Apartamentos 4-A y 4-D, las cuales entiende fueron suficientes para impedir que los distintos dueños del Apar-tamento 4-D hayan poseído ininterrumpidamente el esta-cionamiento número 16 durante el tiempo que requiere la ley.

Sabido es que la prescripción adquisitiva, también denominada usucapión, “consiste en la adquisición del dominio u otro derecho real poseíble por medio de la posesión civil mantenida durante el tiempo y con arreglo a las condiciones que requiere la ley”. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: los bienes, los derechos reales, Puerto Rico, Ed. Oligraff, 1993, T. II, pág. 263. Véase, además, Art. 1830 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5241. Para que se entienda consumada la usucapión —independientemente de que sea por la vía ordinaria o la extraordinaria— deben siempre coincidir ciertos requisitos, a saber: (1) capacidad de los sujetos involucrados, entiéndase, del que pierde el derecho real de que se trate y de aquel que lo adquiere, o usucapiente; (2) que recaiga sobre cosas sus-ceptibles de usucapión, y (3) que la posesión sea en con-cepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpida, por todo el tiempo que establece la ley. Vélez Torres, ante, págs. 266-276. Véase Art. 1841 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5262.

Con respecto a la interrupción de la usucapión, el Art. 1843 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5264, específicamente establece que la “posesión se interrumpe para los efectos de la prescripción, natural o civilmente”. En lo aquí pertinente, el Código Civil dispone que se interrumpe civilmente la posesión: (1) por la citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato del tribunal o un juez incompetente; (2) por el requerimiento judicial o notarial, siempre que dentro de dos meses de practicado se presente ante el tribunal o el juez la demanda sobre posesión o dominio de la cosa cuestionada, y (3) por el reconocimiento expreso o tácito que el poseedor haga del derecho del dueño. Véase Arts. 1845, 1847 y 1848 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5266, 5268 y 5269.

De una lectura de lo antes expuesto se deduce que las reclamaciones extrajudiciales, capaces de interrumpir la prescripción extintiva, no interrumpen la prescripción adquisitiva. Ello debido a que “la interrupción ... ‘civil es de derecho estricto y sólo tiene lugar cuando concurre alguna de las causas taxativamente marcadas por la ley’ ”. Sucn. Carrera Cancel v. Sucn. Castillo, 105 D.P.R. 691, 694 (1977).

Frente a la prescripción adquisitiva “no es justificado invocar, pese a su similitud, el artículo 1973 [del Código Civil de España, Art. 1873 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 5303,] relativo a los modos de interrumpir la prescripción extintiva, ya que sus mandatos no pueden proyectarse frente a la prescripción del dominio”. J. Santos Briz, Dere-cho Civil, Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. II, pág. 246. Según expusimos en Sucn. Carrera Cancel v. Sucn. Castillo, ante, págs. 694-695, citando a Manresa:

... “en la prescripción extintiva se comprende fácilmente que cualquier gestión del interesado, aunque sea extrajudicial, baste para que surta el efecto de interrumpir la posesión, pues su objeto es asegurar la subsistencia de una acción o de un derecho que forma parte del patrimonio del que interrumpe y que en tal concepto la ley debe amparar y hacer respetar, dando todas las posibles facilidades para mantener su virtua-lidad y efectos. Por eso el Código, ... autoriza en su Art. 1.973 [Art. 1873 nuestro, 31 L.P.R.A. sec. 5303,] que la simple recla-mación particular o extrajudicial del acreedor interrumpa el curso de la prescripción citada. Pero en la adquisitiva son dis-tintas las circunstancias y la razón legal, pues como el fin de la misma es la adquisición del dominio o de algún derecho real que antes de ella no se tiene, o no forma parte del patrimonio del que prescribe, ... y cuya adquisición viene a favorecer la ley por ... motivos de interés social ... desde luego resulta de una evidencia indiscutible, que en vez de facilidades debe po-ner trabas la ley a la interrupción para no impedir el perfec-cionamiento y la plena constitución o creación del derecho que concede al poseedor por consecuencia de la posesión conti-nuada, sin contradicción eficaz, por el plazo establecido por la misma con dicho objeto.”

En el presente caso, no existe controversia alguna res-pecto a la naturaleza extrajudicial de las reclamaciones aducidas por la parte demandante peticionaria. Dicha parte así lo admite en sus distintos escritos y no se deduce otra cosa de una lectura del expediente. Resulta evi-dente, entonces, que no existe una controversia material sobre la posesión ininterrumpida de los dueños del Aparta-mento 4-D respecto al estacionamiento. Las reclamaciones extrajudiciales señaladas por la parte demandante peticio-naria resultaron insuficientes para lograr la interrupción de dicha posesión, pues —según expusimos anteriormen-te— las reclamaciones extrajudiciales no interrumpen la posesión de la prescripción adquisitiva.

Por consiguiente, no erraron los tribunales recurridos al estimar que no existe controversia sobre la posesión inin-terrumpida del estacionamiento número 16 por parte de los distintos dueños del Apartamento 4-D y al no celebrar una vista plenaria al respecto.

III

Ahora bien, la parte demandante peticionaria aduce, además, que existe controversia respecto a si el uso exclu-sivo de los estacionamientos es un bien susceptible de ser usucapido. Entiende que debe celebrarse una vista plena-ria para dilucidar si el uso exclusivo a los estacionamientos es o no una servidumbre predial discontinua, la cual, por disposición de ley, no puede ser adquirida mediante una prescripción adquisitiva. Coincidimos en que en las cir-cunstancias particulares de este caso se debe celebrar un juicio plenario para determinar si el uso del estaciona-miento es un bien susceptible a la usucapión.

Según señaláramos anteriormente, la usucapión sólo puede recaer sobre cosas susceptibles de ser adquiridas mediante usucapión. De no serlas, no podrá consumarse la usucapión sobre ellas, independientemente de que se cum-pla con los demás requisitos dispuestos en la ley.

De un análisis del expediente surge que existe contro-versia sobre la susceptibilidad de que el uso exclusivo de los estacionamientos pueda ser adquirido mediante usucapión. Los documentos que forman parte del expe-diente no nos permiten concluir con certeza la naturaleza del derecho concedido en la Escritura Matriz respecto a los estacionamientos. Esto es, si se trata de un derecho de pro-piedad u otro derecho real, o de una relación de servidum-bre entre cada apartamento, como predio dominante, y cada espacio de estacionamiento, como predio sirviente.

En Pellón v. O’Clare, 98 D.P.R. 692 (1970), reconocimos que los titulares del Condominio San Jorge tenían derecho a un espacio de estacionamiento. Señalamos que no era necesario resolver si el derecho a un estacionamiento era un derecho de propiedad, una relación de servidumbre en-tre cada apartamento y cada local de estacionamiento, u otra clase de derecho real debido a que la Escritura Matriz del condominio expresamente establecía la naturaleza pri-vada de las áreas destinadas a estacionamiento y el dere-cho de cada condomino a, al menos, un espacio de estacionamiento.

No obstante, el caso hoy ante nuestra consideración pre-senta una situación completamente distinta. La Escritura Matriz del Condominio Stella Maris se limita a hacer refe-renda a un “uso exdusivo de los estacionamientos”, sin adjudicar expresamente la titularidad de éstos a los apartamentos. Tampoco se hace referencia a los estaciona-mientos al describir las cabidas de los apartamentos con el uso exclusivo a un estacionamiento ni se designan como elemento común del condominio. Resulta aún más confuso que en algunos documentos que forman parte del expe-diente se enuncia que los apartamentos tienen derecho al “uso exclusivo de un estacionamiento”, lo que puede suge-rir que el uso de los estacionamientos es una servidumbre predial discontinua; mientras que en otros documentos se utilizan vocablos de los cuales se puede inferir que los es-tacionamientos son propiedad privada, susceptible de ser adquirida mediante usucapión.

Siendo así, no estamos claramente convencidos de que no exista controversia sobre el hecho de que los estaciona-mientos puedan, o no, ser adquiridos mediante usucapión y de que no sea necesaria una vista evidenciaría al respecto. Esto es un hecho material y necesario para la correcta dis-posición del presente caso, pues, según antes expuesto, la susceptibilidad a que la cosa pueda someterse a usucapión es un requisito indispensable para que la prescripción ad-quisitiva se entienda consumada.

El Tribunal de Primera Instancia debió haberse perca-tado de que de los documentos que forman parte del expe-diente surge controversia sobre el cumplimiento de dicho requisito, en vez de decretar la consumación de la prescrip-ción adquisitiva enfocándose únicamente en si la posesión del Apartamento 4-D por parte de los distintos dueños fue en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo establecido en la ley. El propio demandado Frederick Genthaller, en su solicitud de sentencia suma-ria, trajo a la atención del Tribunal de Primera Instancia, como un hecho que alega incontrovertido, que la normas aplicables a las servidumbres prediales discontinuas, entre éstas su insusceptiblidad de ser adquiridas por usucapión, no aplicaban a este caso. Sin embargo, de los documentos que forman parte del expediente no surge con claridad y certeza que las normas relativas a. las servidumbres pre-diales discontinuas no apliquen a la presente situación de hechos.

En consecuencia, creemos que en el caso ante nuestra consideración existe una controversia legítima sobre un hecho material que impide su resolución sumaria y que, por ende, procede devolver el caso ante el Tribunal de Pri-mera Instancia para la celebración de una vista plenaria sobre la susceptibilidad de los estacionamientos a ser ad-quiridos mediante usucapión.

La ambigüedad del lenguaje utilizado en la Escritura Matriz, unida al lenguaje confuso de los restantes documentos que forman parte del expediente, requiere que ante el Tribunal de Primera Instancia se presente prueba sobre la intención que tuvieron las partes involucradas al momento de redactarse la Escritura Matriz del Condominio Stella Maris. Esto, claro está, tomando en consideración los actos anteriores, coetáneos y posteriores de los contratantes, al igual que el uso o la costumbre y demás circunstancias indicativas de la intención contractual, conforme a lo establecido en los Arts. 1234 y 1239 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3472 y 3477, y en nuestra jurisprudencia. Sabido es que cuando no es posible de-terminar la voluntad o intención de los contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas contractuales, deberá recurrirse a la evidencia extrínseca para juzgarla, utili-zando principalmente los actos anteriores, coetáneos y pos-teriores de los contratantes, el uso o la costumbre y demás circunstancias indicativas de la intención contractual, in-cluso la ocasión, las circunstancias, las personas y el acuerdo que se intentó llevar a cabo. Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713 (2001).

Ciertamente, resolver lo contrario sería despojar a una parte de su día en corte, en clara violación al debido pro-ceso de ley.

IV

En mérito de lo antes expuesto, procede revocar las sen-tencias recurridas y devolver el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para que se celebre una vista plenaria para dilucidar cuál es el derecho aplicable en los estacionamien-tos en controversia y si con respecto a ese derecho se con-figuran los requisitos de la usucapión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no interviene.

       El Condominio Stella Maris quedó sometido al régimen de propiedad horizontal mediante la Escritura Núm. 166 otorgada el 11 de febrero de 1969 ante el notario Carlos J. Faure. En esta escritura se estableció lo siguiente respecto a los espacios de estacionamiento:
      “ — The building has twenty one (21) parking spaces for motor vehicles and the following apartments shall have the exclusive use of the space marked with a like number:----------------------------------------------------------------------------------
      -------APARTMENT NUMBER--------------------------SPACE NUMBER-
      -------FOUR-A (4-A)-----------------------------------------FOUR-A (4-A)-------
      -------FOUR-B (4-B)----------------------------------------FOUR-B (4-B)------
      -------FOUR-C (4-C)-----------------------------------------FOUR-C (4-0-—
      -------FIVE-A (5-A)-------------------------------------------FIVE A(5-A)--------

       Previo a ello, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitió una Resolución en la que ordenó a la Junta de Directores del Condominio Stella Maris asignar y correlacionar los estacionamientos enumerados del 1 al 21 a los apartamentos que aparecen en la Escritura Matriz con uso exclusivo de un estacionamiento. Ello ante una querella presentada por el entonces dueño del Apar-tamento 6-B con respecto a la asignación e identificación de los estacionamientos.

       En dicha demanda enmendada también se añadió a la Junta de Directores del Condominio Stella Maris como parte codemandada. No obstante, el 20 de agosto de 2004 la parte demandante solicitó el desistimiento, con perjuicio, de la acción contra la Junta de Directores.

       De las determinaciones de hecho del tribunal de instancia surge que me-diante un primer contrato de venta la desarrolladora del Condominio Stella Maris le vendió al señor Bravo Torruella el Apartamento 4-A. De dicho contrato surge que el apartamento tiene un estacionamiento asignado, mas no se menciona el número específico del estacionamiento. Posteriormente, durante la construcción del edificio, la designación de las letras de los apartamentos fue invertida, de manera que el Apartamento 4-D se convirtió en el Apartamento 4-A y viceversa. Para el momento en que se otorgó la escritura de compraventa del señor Bravo Torruella, éste adquirió el Apartamento 4-D. De dicha primera inscripción en el Registro de la Propiedad no surge que el Apartamento 4-D goce del derecho de uso de estacionamiento. No es hasta la tercera inscripción en el Registro de la Propiedad —mediante la cual se hace constar que el Sr. Egon Richar Heinz compró el Apartamento 4-D del señor Bravo Torruella— que se señala que el Apartamento 4-D tiene derecho al uso del estacio-namiento número 16. Mientras, la Escritura Matriz del Condominio Stella Maris, la primera inscripción en el Registro de la Propiedad del Apartamento 4-A y sus subsi-guientes inscripciones indican que el Apartamento 4-A tiene el derecho de uso del estacionamiento número 4-A. Por lo cual, el mismo estacionamiento aparece inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del Apartamento 4-A como estacionamiento número 4-A, y a favor del Apartamento 4-D como estacionamiento número 16.

       Por disposición expresa del Art. 1847 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5267, “[s]e considerará no hecha y dejará de producir interrupción la citación judicial: (1) Si fuere nula por falta de solemnidades legales. (2) Si el actor desistiere de la de-manda o dejare caducar la instancia. (3) Si el poseedor fuere absuelto en la demanda”.

       El Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, establece que: “Día prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial al acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

       Entre las reclamaciones extrajudiciales aducidas por la parte demandante peticionaria se señalan las siguientes: (1) memorandos emitidos por la Junta de Directores del Condominio Stella Maris que le adjudican el estacionamiento 16 al Apartamento 4-A; (2) cartas del Presidente de la Junta de Directores donde se cues-tiona el reclamo de los dueños del Apartamento 4-D a un estacionamiento; (3) certi-ficaciones del Registro de la Propiedad; (4) notificaciones en la cual se les solicita derrama a los condominos de acuerdo con la participación porcentual de los titulares, en las cuales el Apartamento 4-A aparece con un mayor porcentaje debido al estacio-namiento; (5) el reglamento del Condominio Stella Maris y (6) carta de Michael Nissen Holland dirigida a la Junta de Directores en la que reclama el estacionamiento. La parte demandante peticionaria también señala que existe una resolución de DACo en la cual se le reconoce al Apartamento 4-A el uso exclusivo de un estacionamiento. No obstante, de un examen de la referida resolución surge que en ésta no se le adjudicó derecho alguno de estacionamiento al Apartamento 4-A. La resolución emitida por DACo fue resultado de un pleito entre los dueños de los Apar-tamentos 6-B y 6-C, y los entonces dueños de los Apartamentos 4-A y 4-D no forma-ron parte de dicho proceso. Por ende, resulta innecesario discutir si un proceso ante DACo constituye una citación judicial capaz de interrumpir la prescripción adquisitiva.

       El Art. 475 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1653, sobre servidumbres que sólo se adquieren por título, dispone: “[l]as servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título.”

       En la Escritura Matriz se utiliza la frase “apartments shall have the exclusive use of the space marked with a like number”. En la resolución emitida por DACo se utiliza la frase “use of parking space”. En documentos emitidos por la Junta de Directores se utilizan las frases “exclusive use”, “parking right” o se hace referencia a los estacionamientos como un “non-transferable addition to the particular apartment”.

       El Art. 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3472, dispone: “[p]ara juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos coetáneos y posteriores al contrato.” También podrá tomarse en consideración los actos anteriores a la contratación y demás circunstancias indicativas de la inten-ción contractual. Véanse: Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006); Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989); Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405 (1978); Hoffman v. Cuadrado, 14 D.P.R. 590 (1908). Por otro lado, el Art. 1239 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3477, establece: “[e]l uso o la costumbre del país se tendrá en cuenta para interpretar las ambigüe-dades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse.”

       Frederick Genthaller —mediante un alegato adicional ante este Tribunal— alega que no debemos considerar los argumentos aducidos por la parte demandante peticionaria respecto a la posible aplicación de las normas sobre servidumbres pre-diales discontinuas al presente caso, debido a que dicho asunto no fue traído ante el Tribunal de Primera Instancia. No le asiste la razón.

      Según señaláramos antes, el propio Frederick Genthaller trajo a la atención del tribunal de instancia dichas normas alegando su inaplicabilidad, y aunque la parte demandante peticionara se enfocó en discutir que existía una controversia respecto a la posesión ininterrumpida, era deber del tribunal considerar si los estacionamientos son un bien susceptible de usucapirse, pues ello es un requisito esencial para decre-tar la consumación de la prescripción adquisitiva. Además, es norma reiterada que, aim cuando no se presente prueba que controvierta la presentada por el promovente de una sentencia sumaria, no significa que ésta proceda si de la totalidad de los documentos que acompañan la solicitud o que obran en el expediente surge una controversia legítima sobre un hecho material, como, en efecto, ocurrió en este caso.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re James G. McLaughlin Torres.

      Número: AB-2006-289

      Resuelto: 8 de noviembre de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Noemí de León, subprocuradora general; María de Lourdes Rodrí-guez, oficial investigadora de la Comisión de Etica del Co-legio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

El Ledo. James McLaughlin Torres (McLaughlin Torres) fue admitido al ejercicio de la aboga-cía el 23 de agosto de 1989 y al ejercicio de la notaría el 8 de agosto de 1990.

HH

Se presentaron dos quejas formales contra McLaughlin Torres por alegada negligencia en el desempeño de sus funciones. Una de ellas fue presentada ante la oficina del Procurador General y la otra ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico. En ambos casos, y a pesar de los múltiples requerimientos cursados por el Procurador General y por la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, McLaughlin Torres no compareció a contestar las referidas quejas.

El 4 de abril de 2006 y el 16 de diciembre del mismo año, bajo apercibimiento de suspensión del ejercicio de la profesión, se le concedió un término de diez días a McLaughlin Torres para contestar los requerimientos cursados por el Procurador General y por la Comisión de Ética del Cole-gio de Abogados. Ambas Resoluciones se le notificaron a McLaughlin Torres personalmente por un alguacil de este Tribunal.

El 17 de julio de 2007, el Procurador General presentó ante nos una Moción Informativa, en la cual expone que al presente no ha recibido comunicación alguna de McLaughlin Torres. De igual forma, el 20 de julio de 2007 la Comi-sión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico hizo constar que McLaughlin Torres no ha contestado la queja pendiente ante dicho foro.

En vista de lo anterior, procedemos a resolver este asunto sin ulterior trámite.

f — I I — i

Es norma reiterada que todo abogado debe responder con diligencia a los requerimientos y a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimien-tos sobre una querella disciplinaria. Hemos señalado que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado desatiende los requerimientos formulados por este Tribunal y se muestra indiferente ante nuestros aper-cibimientos de imponerle sanciones. In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992). Tal incumplimiento constituye una falta separada e independiente de la que motivó la queja. Id.

En el caso de autos, McLaughlin Torres ha hecho caso omiso a nuestras Resoluciones, que le ordenan comparecer ante el Procurador General y ante la Comisión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Asimismo, se ha mos-trado indiferente ante nuestro apercibimiento de impo-nerle sanciones disciplinarias. Tal conducta constituye un patrón de desidia y refleja falta de interés en continuar ejerciendo la profesión. En vista de ello, se le suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se le impone a McLaughlin Torres el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar re-presentándolos, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal debe incau-tarse de la obra y del sello notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.


author: PER CURIAM:

text:
      In re María Socorro Muñoz Llinás.

      Número: TS-15343

      Resuelto: 8 de noviembre de 2007

      María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Co-misión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   PER CURIAM:

I

El 7 de abril de 2006, el Sr. Víctor Garay Rodríguez presentó ante el Colegio de Abogados una queja contra la Leda. María Socorro Muñoz Llinás. En ésta alegó que ha-bía contratado los servicios de la licenciada Muñoz en julio de 2005 para que lo representara en una reclamación en cobro de dinero que tenía que instar en el tribunal de instancia. Indicó que le había pagado a la licenciada la cantidad de $600. En su queja informó, además, que desde diciembre de 2005 no había tenido comunicación con la li-cenciada Muñoz Llinás a pesar de haber visitado su oficina en varias ocasiones, así como haberla llamado por teléfono.

El 21 de abril de 2006, el Colegio de Abogados remitió una comunicación, por correo certificado con acuse, a la licenciada Muñoz Llinás solicitándole que se expresara so-bre la queja formal presentada en su contra. La licenciada Muñoz hizo caso omiso de dicha comunicación. Subsiguien-temente, el Colegio envió idénticas comunicaciones el 2 de junio, el 21 de junio y el 18 de julio. A pesar que las cartas fueron recibidas, según hizo constar el Colegio de Aboga-dos, la licenciada Muñoz no se expresó sobre la queja presentada.

El 26 de enero de 2007, el Colegio de Abogados presentó una moción informativa ante este Tribunal donde nos in-formó sobre lo anterior. El 20 de febrero de 2007 emitimos una Resolución donde le concedimos a la licenciada Muñoz un término de veinte días para que se expresara sobre la moción presentada por el Colegio de Abogados. Esta Reso-lución se remitió por correo certificado con acuse, y consta en autos que fue recibida por la licenciada Muñoz. Esta, sin embargo, no compareció.

El 11 de mayo de 2007 emitimos una nueva Resolución mediante la cual concedimos a la licenciada Muñoz un nuevo término de veinte días para expresarse sobre la mo-ción informativa presentada por el Colegio de Abogados. En nuestra Resolución, apercibimos a la licenciada Muñoz de que su incumplimiento con nuestra Resolución podría conllevar severas sanciones. La Resolución le fue notifi-cada personalmente por la Oficina del Alguacil de este Tribunal el 29 de mayo.

La licenciada Muñoz Llinás no ha comparecido ni ha solicitado prórroga para comparecer.

II

En innumerables ocasiones hemos indicado que los abogados tienen la ineludible obligación de responder diligentemente tanto a las órdenes de este Tribunal como a los requerimientos del Procurador General y del Colegio de Abogados, con respecto a las quejas que se investigan. In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004). El no hacerlo, sin tener motivos justificados para ello, acarrea severas sanciones disciplinarias. In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

La indiferencia del abogado al no atender nuestros requerimientos u órdenes resulta inaceptable. Nos parece sorprendente que, luego de alcanzar el privilegio de servir como abogado en nuestra sociedad, quienes detentan esa gracia luego de muchos sacrificios, sean tan displicentes con este Tribunal aún a sabiendas de las graves repercusiones que ello tiene. Véanse, entre otros: In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R. 857 (1999); In re López López, 149 D.P.R. 82 (1999).

III

La licenciada Muñoz Llinás fue admitida al ejercicio de la abogacía el 16 de febrero de 2005. Según se desprende de la relación que antecede, ésta ha incumplido reiterada-mente con los requerimientos que le hiciera el Colegio de Abogados con respecto a una queja presentada en su contra. Así también, ha incumplido con nuestras Resolucio-nes de 27 de febrero de 2007 y de 11 de mayo 2007. Esta última Resolución le fue notificada personalmente por la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Es evidente que a ésta no le interesa continuar desempeñándose como abogada.

Por todo lo antes expuesto, se suspende inmediata e in-definidamente a María Socorro Muñoz Llinás del ejercicio de la profesión de abogado y hasta que otra cosa disponga este Tribunal.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir representándolos, les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informe oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país.

Además, deberá certificarnos en treinta días el cumpli-miento de estos deberes.

Se dictará una sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.


text:
    Wilfredo Cruz Marcano, peticionario, v. Rafael Sánchez Tarazona y Brenda Ramos Ortiz, recurridos.

      Número: CC-2006-42

      Resuelto: 8 de noviembre de 2007

      Javier Rivera Longchamps, del Bufete Mainardi & Rivera, parte peticionaria; Luis Ramón Rodríguez Cintrón, abo-gado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente caso nos brinda la oportunidad de delimitar el ámbito de aplicación de la Ley Núm. 21 de 5 de diciem-bre de 1990, Ley sobre Contratos de Representantes de Ventas (Ley Núm. 21), 10 L.P.R.A. sec. 279 et seq.

r — ¶

A. Las partes en este caso disputan si el demandante peticionario, el señor Wilfredo Cruz Marcano (señor Cruz Marcano), sostuvo una relación de principal-representante de ventas con los demandados recurridos, la señora Brenda Ramos Ortiz y el señor Rafael Sánchez Tarazona. En vista de que el Tribunal de Primera Instancia resolvió este caso mediante el mecanismo de sentencia sumaria, expondre-mos los hechos pertinentes según aparecen consignados en las determinaciones de hechos del foro primario, las esti-pulaciones de las partes y las transcripciones de las depo-siciones que obran en autos.

B. Los recurridos operan un negocio de manufactura, impresión y venta de ropa bajo el nombre Artee Designers. En el 1994, el demandante peticionario comenzó a fungir como vendedor de ciertas líneas de ropa (camisas y panta-lones) que los demandados recurridos manufacturan. Sin embargo, las partes no otorgaron un contrato escrito que recogiera los términos de su relación comercial. Según los términos del acuerdo verbal de las partes, el señor Cruz Marcano recibía una comisión de 5% por cada venta. Véase Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 130.

El 9 de noviembre de 1998, el señor Cruz Marcano pre-sentó una demanda y solicitud de interdicto provisional contra la señora Ramos Ortiz y el señor Sánchez Tarazona. Reclamó la indemnización provista por la Ley Núm. 21, en caso de que un principal termine sin justa causa el con-trato de un representante de ventas. En su demanda, alegó que durante el mes de octubre de 1998 los demandados recurridos le notificaron su decisión de prescindir de sus servicios como representante exclusivo de varias de líneas de ropa, incluso la línea denominada Mano Sport.

Celebrada la vista de interdicto, el Tribunal de Primera Instancia denegó este remedio y ordenó la continuación de los procedimientos por la vía ordinaria. Luego de una serie de trámites procesales, los demandados recurridos presen-taron una moción de desestimación y, posteriormente, una moción de sentencia sumaria. El 30 de agosto de 1999, el Tribunal de Primera Instancia denegó ambas solicitudes.

Posteriormente, los demandados recurridos presentaron una segunda moción de sentencia sumaria el 24 de abril de 2002. Alegaron que no existía controversia en torno a que el señor Cruz Marcano no era un representante de ventas según la definición de la Ley Núm. 21, por lo que no tenía una causa de acción bajo dicho estatuto. Por su parte, el demandante peticionario presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria de los demandados y solicitó que el tribunal dictara sentencia sumaria a su favor.

Así las cosas, el 30 de agosto de 2004, el Tribunal de Primera Instancia dictó una escueta orden —notificada el 7 de septiembre de 2004— en la que declaró “ha lugar” la moción de sentencia sumaria presentada por los demanda-dos recurridos. Ante ello, el demandante peticionario soli-citó que el tribunal de instancia aclarase su orden. El 28 de octubre de 2004, el tribunal dictó una segunda orden en la cual señaló una audiencia en su fondo. Sin embargo, el 28 de junio de 2005 dictó sentencia sumaria desestimando la demanda.

En síntesis, el foro primario determinó que los siguien-tes hechos no estaban en controversia: las partes no otor-garon un contrato escrito; según el acuerdo de las partes, el demandante gestionaba órdenes de venta de la mercancía de los demandados a cambio de una comisión de 5% que el demandante cobraba cuando los demandados manufactu-raran y entregaran la mercancía; el demandante no com-praba los productos para revenderlos, no mantenía un in-ventario de la mercancía, no tenía empleados ni instalaciones de almacén; de ordinario no tenía la respon-sabilidad de cobrar la mercancía que vendía, no se encar-gaba de la entrega de mercancía ni de los costos de acarreo; no controlaba los precios o las ventas a crédito, y no res-pondía por devoluciones de mercancía, asunto que era res-ponsabilidad de los demandados.

Por otra parte, según estableció el tribunal de instancia, los demandados recurridos aprobaban las ventas a crédito o plazos, aprobaban los pactos de venta, controlaban los precios y la producción, eran los dueños del inventario y de la maquinaria de producción y sufragaban los costos de entrega de mercancía, de promoción de la mercancía y los gastos de viajes al exterior relacionados con el negocio. Fi-nalmente, el tribunal determinó que no estaba en contro-versia que Artee Designers tenía otros vendedores, mante-nía clientes propios y que el demandante no atendía a todos los clientes de la demandada. Véase Apéndice de la Solicitud de certiorari, págs. 129-131.

A la luz de los hechos antes detallados, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el señor Cruz Marcano no era un representante de ventas protegido por la Ley Núm. 21. Como cuestión de derecho, aplicó los criterios que adop-táramos en Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., 122 D.P.R. 115 (1998), al amparo de la protección que la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec. 278 et seq.) provee en caso de la terminación sin justa causa de un contrato de distribución. El foro primario entendió que la Ley Núm. 21 es una “variante” de la Ley Núm. 75 y equi-paró ambas figuras, DISTRIBUIDOR y representante de ventas. A raíz de ello, concluyó que el demandante no era un representante de ventas, puesto que no controlaba los precios ni las condiciones de venta, no asumía riesgos co-merciales, no asumía los gastos de producción o de entrega de la mercancía, no compraba la mercancía y no mantenía las instalaciones para su operación. Además, determinó que el demandante peticionario no era el único vendedor ni atendía a todos los clientes de los demandados recurridos, por lo que no era un representante exclusivo de los deman-dados, rasgo necesario para ser acreedor de la protección provista por la Ley Núm. 21.

Inconforme, el demandante peticionario recurrió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro apelativo intermedio con-firmó la determinación recurrida. Adujo que no existían controversias de hechos que impidieran dictar sentencia sumaria y que el demandante no detalló adecuadamente los hechos que estimaba estaban en controversia, ya que se limitó a argumentar la cuestión de derecho, a saber, si era un representante de ventas protegido por la Ley Núm. 21.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que las circunstan-cias del caso indicaban que el demandante no era un repre-sentante de ventas, puesto que no asumió los gastos aso-ciados a la labor de crear un mercado para los demandados mediante gestiones de venta, promoción y mercadeo de la mercancía que vendía. Resaltó que el demandante no incu-rría en gastos relacionados con la operación de una oficina y un salón de exhibiciones ni en gastos de viajes, represen-tación, muestrarios y patentes municipales. Más aún, el Tribunal de Apelaciones entendió que el demandante era un vendedor a comisión o viajante comisionista que, según dicho tribunal, no goza de protección bajo la Ley Núm. 21.

Oportunamente, el demandante peticionario presentó un recurso de certiorari ante este Foro. En esencia, cues-tiona la determinación del foro apelado sobre la ausencia de controversias de hechos. Además, arguye que erró el foro apelativo intermedio al aplicar al representante de ventas las características que distinguen a un distribuidor.

El 31 de marzo de 2006 expedimos el auto. Con el bene-ficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver la controversia que nos ocupa.

I — I

Esta es la primera ocasión en que analizamos las dispo-siciones de la Ley Núm. 21 sobre los contratos de represen-tantes de ventas. Dicho ejercicio de interpretación requiere precisar los rasgos distintivos de diversos intermediarios comerciales que colaboran con un principal en la consecu-ción de los fines de su empresa. Específicamente, debemos perfilar las diferencias entre dos intermediarios o colabo-radores comerciales tutelados en nuestro ordenamiento: el representante de ventas y el distribuidor de mercancías o servicios. Ambos participan en las actividades comerciales de intermediación entre el productor de una mercancía y el consumidor, y reciben la protección estatutaria frente al cese unilateral de sus contratos: el distribuidor, mediante la Ley Núm. 75, y el representante de ventas, mediante la Ley Núm. 21.

A. “En el ejercicio y desarrollo de la empresa, cuales-quiera que sean las ambiciones y dimensiones de ésta, ne-cesita valerse el empresario del concurso de otras personas que le ayuden a conseguir los fines previstos.” R. Uría, De-recho Mercantil, 12ma ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1982, pág. 45. Así, el empresario se rodea de auxiliares o intermediarios que colaboran en el proceso de colocar una mercancía o servicio en el mercado.

En virtud del desarrollo polifacético de las relaciones comerciales, podemos identificar diversos tipos de acuerdos mercantiles entre un principal y un auxiliar o intermediario. En general, se trata de contratos cuyo fin es ampliar el mercado y la clientela de los productos de un principal. Véase E. Chuliá Vicent y T. Beltrán Alandete, Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, España, Ed. Bosch, 1995, Vol. 2, Cap. II, pág. 333 y Cap. III, pág. 379. Como ejemplos de ellos podemos identificar el contrato de distribución y de representante de ventas (agencia).

B. Existe consenso en la doctrina mercantil en torno a las características básicas de la figura del agente y del contrato mercantil que le da vida a su función de intermediario comercial. El “contrato de agencia es aquel por el cual un empresario de manera permanente, mediante una remuneración y con una cierta independencia, asume el cargo de preparar o realizar contratos mercantiles por cuenta de otro empresario”. F. Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, 9na ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, pág. 378. Según la referida doctrina, el contrato de agencia se concreta entre dos empresarios independientes y engendra un vínculo comercial continuo y es-table en el cual el “agente es titular de su propia empresa y la prestación de su trabajo no se realiza de modo subordinado”. Uría, op. cit., pág. 555. Véanse, además: Id., págs. 378-379; Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed., Madrid, 1976, págs. 120-124; A. Estrella, El contrato de agencia o representación comercial: naturaleza de la relación; la terminación del contrato, 31 Rev. C. Abo. P.R. 241 (1970).

Según indica Rodrigo Uría, generalmente, la compensación del agente “consiste en un porcentaje sobre el importe de las operaciones que realice”. Uría, op. cit., pág. 556. Además, en este tipo de contrato, es de uso común que el principal le asigne una zona territorial al agente junto a una concesión de exclusividad que se puede configurar a favor del agente o del principal. íd., pág. 557.

Por otro lado, el comentarista Joaquín Garrigues pos-tula que el elemento de organización es decisivo para con-siderar a una persona como agente. J. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Revista de Derecho Mercantil, 1963, T. Ill, Vol. 1, págs. 540-541. Sobre ello indica que

[e]sta organización [del agente] puede ser muy primitiva (pue-de consistir, por ejemplo en la instalación de una pequeña ofi-cina unida a veces a la propia vivienda del agente, o incluso tan sólo la colocación en la puerta de su domicilio de una placa indicativa de la profesión) o, por el contrario, constituir una organización más compleja (así ocurre cuando existen locales de exposición, organización de ventas con personal auxiliar propio, propaganda propia y clientela propia que confía sus encargos siempre al mismo agente). Garrigues, Tratado de De-recho Mercantil, op. cit., pág. 541. Véase, además, Estrella, supra, pág. 246.

En Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, pág. 123, aclaramos que los contratos de distribución y de agencia comparten ciertas características, puesto que “ambas son contratos entre empresarios mercantiles independientes, de continuidad o duración fija o indeterminada [y, m]ediante los mismos se impone [n] al distribuidor o agente obligaciones de amplia y extensa actividad de promoción y venta”.

Nuestro Código de Comercio no regula el contrato de agencia. Ello lo convierte en un contrato atípico para el Código de Comercio. Sin embargo, como vere-mos, la Ley Núm. 21 regula de forma esquemática un tipo de contrato de agencia: el contrato de representante de ventas. Por otro lado, la Ley Núm. 75 reglamenta los con-tornos básicos del contrato de distribución, el cual, como indicamos, comparte ciertas características con el contrato de agencia.

I — I HH I — I

Es norma reiterada que la Ley Núm. 75 crea una causa de acción a favor de un distribuidor frente a la terminación de su contrato sin justa causa. B.W.A.C. Int’l v. Quasar Co., 138 D.P.R. 60 (1995). En varias ocasiones he-mos examinado la figura del distribuidor para distinguirlo de otros intermediarios comerciales que no gozan de protección bajo la Ley Núm. 75. Véanse Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., 154 D.P.R. 547 (2001); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900 (1996); Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896 (1989); Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra; Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 D.P.R. 172 (1988); Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., 122 D.P.R. 55 (1988); Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 797 (1982); San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 D.P.R. 211 (1971). J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, 108 D.P.R. 134 (1978).

En dicha trayectoria jurisprudencial hemos aclarado que un distribuidor es “un empresario mercantil indepen-diente que ha establecido una relación de continuidad y duración fija o indeterminada, con otro empresario principal para la distribución de un producto o servicio”. (Escolio omitido.) Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, pág. 131. Ello con el propósito de crear un mercado para el principal y atraer nueva clientela para su producto o servicios. Véase Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., supra, pág. 553.

Para delinear los rasgos que distinguen al distribuidor de otros intermediarios del comercio que no gozan de la protección provista por la Ley Núm. 75, establecimos en Roberco, Inc. y Colón v. Oxford, Inds., Inc., supra, que es menester examinar si éste: (1) promueve y concluye contratos; (2) adquiere inventario; (3) ejerce control sobre los precios; (4) tiene discreción en cuanto a pactar los términos de las ventas; (5) tiene responsabilidad por la entrega y cobro de la mercancía o servicio; (6) tiene autoridad para conceder crédito; (7) lleva a cabo gestiones, independientes o conjuntas, de publicidad; (8) ha asumido el riesgo y responsabilidad en la gestión que realiza; (9) compra el producto, y (10) tiene facilidades físicas y ofrece servicios relacionados con el producto a sus clientes. Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, págs. 131-32. Véase, además, Lorenzana v. Gen. Accid., supra, pág. 555.

Tomando en cuenta la conjunción de los criterios antes mencionados, hemos enfatizado que la Ley núm. 75 protege al distribuidor por la creación del mercado y la conquista de clientela mediante esfuerzos de publicidad, entregas, mercadeo, cobros, promoción y mantenimiento de inventario. Véase San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra, pág. 215. Sin embargo, también hemos aclarado que no fue la intención del legislador extender la protección de la Ley Núm. 75 a todo intermediario del comercio. Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, pág. 131. Conforme a ello, indicamos en Roberco que para considerar al “auxiliar ... como ‘distribuidor’ no basta un mero contacto con el producto en el camino de éste pasar del fabricante o suplidor al consumidor; hace falta algo más”. Íd.

En Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., supra, analizamos la figura mercantil del viajante, intermediario cuya labor es “ ‘ensanchar constantemente el círculo de operaciones de la empresa, conservando, renovando y aumentando en lo posible la clientela’ ”. (Énfasis suprimido.) Íd., págs. 128-129, citando a Uría, op. cit., lima ed., 1976, pág. 52. Al distinguir entre el distribuidor y el viajante, concluimos que este último no gozaba de pro-tección bajo la Ley Núm. 75, puesto que no asume el mismo riesgo comercial de un distribuidor y no “incurre en los gastos e inversiones que normalmente acarrea la distribu-ción de un producto o servicio”. Íd., pág. 130. Véase, ade-más, Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., supra, pág. 555.

En fin, en el pasado hemos esbozado las diferencias en-tre un viajante y un distribuidor para concretar el ámbito de aplicación de la Ley Núm. 75, estatuto que protege a los distribuidores y no a otros tipos de intermediarios. Por lo tanto, hasta el 1990 existió un laguna estatuaria que tuvo el efecto de negarle protección a ciertos intermediarios co-merciales, tales como los representantes de ventas o, como los denominamos en Roberco, Inc. y Colón v. Oxford, Inds., Inc., supra, “viajantes independientes”.

IV

A. Siendo consciente de nuestros pronunciamientos sobre las características del distribuidor al amparo de la Ley Núm. 75, el legislador puertorriqueño aprobó la Ley Núm. 21 con “el propósito de hacer justicia ... [al] representante de ventas ...”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990 (Ley Núm. 21), 1990 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1483. A través de dicho estatuto, el legislador extendió a los representantes de ventas una protección análoga a la que los distribuido-res poseen bajo la Ley Núm. 75. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21, supra, plasma sin ambages los propó-sitos que dicho estatuto persigue:

A tenor con lo establecido en el caso ... Roberco Colón y Oxford Industries, Inc.; 88 J.T.S. 102 (1988), la Ley Núm. 75 ... que reglamenta los contratos de distribución, no cubre a los representantes de ventas. Estos intermediarios del comercio no tienen en la actualidad protección legal alguna....
A pesar de todo el servicio que el representante de ventas rinde al principal, el primero no recibe otra compensación que no sea una comisión, sobre la cual no ejerce ningún control; está expuesto a que sin justa causa le cesen una línea de re-presentación y finalmente está expuesto, por razón de su tra-bajo que requiere su intervención directa y constante, a acci-dentes o enfermedades prolongadas que afecten las ventas y que eventualmente provoque su remoción como representante, sin compensación alguna.
La presente ley tiene el propósito de hacer justicia a ese agente comercial que es el representante de ventas, ofrecién-dole medidas de protección cónsonas con la importancia de su gestión. (Escolio omitido.) íd., págs. 1482-1483.

Preocupado por los “casos en que empresas domésticas o extranjeras, sin causa justificada, eliminan los represen-tantes de fábrica, empresarios mercantiles independientes del principal, tan pronto éstos han creado un mercado favorable y han conquistado una clientela” (Informe del P. del S. 793 de 1 de julio de 1990, 3ra Sesión Ordinaria, lima Asamblea Legislativa, pág. 13), el legislador aprobó la Ley Núm. 21 como una medida de protección para los representantes de ventas que no gozaban de protección al-guna bajo la Ley Núm. 75. De esta forma, le extendió a otro intermediario del comercio una protección en caso de la cancelación de su contrato sin justa causa.

A grandes rasgos, la Ley Núm. 21 prohíbe que un principal dé por terminada la relación comercial con su representante de ventas o que realice actos que la menos-cabe sin tener una justa causa para ello. 10 L.P.R.A. see. 279a. Además, provee para el pago de daños al represen-tante de ventas en todo caso en el que no haya mediado justa causa para el cese o menoscabo de la relación. 10 L.P.R.A. sec. 279b-c. Sin embargo, al igual que ocurre con la Ley Núm. 75, la Ley Núm. 21 provee una definición esquemática sobre los términos representante de ventas y contrato de representante de ventas, y no delimita los ele-mentos distintivos de este tipo de agente. 10 L.P.R.A. sec. 279. Por lo tanto, nos corresponde concretar su significado.

B. Según la Ley Núm. 21, el representante de ventas es un “[e]mpresario independiente que[,] con carácter de exclusividad[,] establece un contrato de representación de ventas con un principal o concedente, concediéndole un territorio o mercado definido!,] dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Incluye la figura conocida como representante de fábrica”. (Enfasis nuestro.) 10 L.P.R.A. sec. 279(a). Por otra parte, la Ley Núm. 21 define contrato de representante de ventas como

[e]l convenio establecido entre un representante de ventas y un principal [,] mediante el cual e independientemente de la forma en que las partes denominen, caractericen o formalicen dicho convenio, el primero se compromete a realizar un es-fuerzo razonable y la debida diligencia en la creación o expan-sión de un mercado favorable para los productos que vende el principal dirigido a conquistar clientela para ofrecerle un pro-ducto o servicio mercadeado por él en Puerto Rico y el segundo se obliga a cumplir con los compromisos resultantes del es-fuerzo y coordinación del representante de ventas y al pago de una comisión o remuneración previamente pactada. 10 L.P.R.A. sec. 279(c).

Acorde con las definiciones de la Ley Núm. 21, el representante de ventas es un agente que, con carácter de exclusividad, promueve y tramita contratos a favor de su principal para ampliar el mercado y la clientela del principal. Así, el representante de ventas se encarga de persuadir al cliente para que concluya un contrato. Sin embargo, las definiciones esquemáticas de la ley no nos per-miten determinar con claridad quiénes deben calificar como representantes de ventas y cuáles son las implicacio-nes del requisito de exclusividad. Por lo tanto, debemos recurrir al historial legislativo de la medida para identifi-car los elementos que el legislador consideró distinguen a esta figura de otros intermediarios del comercio, como el distribuidor.

En primer lugar, en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21 el legislador ejemplificó los gastos comúnmente asociados a un representante de ventas. Estos son: gastos de “oficina, salón de exhibición, automóvil, personal de oficina, teléfono, electricidad y agua, seguros (médico, de vida, social), gastos de viaje, gastos de representación, pago de muestrarios, materiales de oficina y patentes municipales”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21, supra, pág. 1482. Además, dicha Exposición de Motivos resalta que, a pesar de que la labor de representante de ventas conlleva una serie de gastos operacionales, éste “no controla ninguna de las variantes comerciales para realizar el negocio que le asignan sus principales, como por ejemplo ... devoluciones de mercancía, cuotas, cuentas y territorio” (id.) ni “controla el derecho de vender, negociar o ceder sus líneas, ni por sucesión, retiro o muerte”. Id.

En segundo lugar, el Informe del Proyecto del Senado 793 indica que el representante de ventas “ejerce una indus-tria independiente coordinada a la del comerciante”, por lo que no existe una subordinación jerárquica. Informe del P. del S. 793, supra, pág. 12. “[E]s el dueño de su negocio y lo organiza en forma tal que queda libre para establecer rela-ciones con otros empresarios principales y aunque éstos cambien, la organización propia del representante permanece.” Id. En virtud de este contrato, “se establece ... una relación de continuidad ... [y] el representante [realiza] una inversión de capital o esfuerzo ... dirigidla] a conquis-tar clientela y servirle bien” al principal. Id.

Como vemos, el representante de ventas, protegido por la Ley Núm. 21, mantiene un contrato de agencia con el principal. En esta relación comercial utiliza su conocimiento y experiencia para promover los productos del principal y tramitar órdenes a su favor. Al igual que el distribuidor, es un empresario independiente cuya labor persigue aumentar el mercado y la clientela del principal. Sin embargo, mientras el distribuidor usualmente adquiere y mantiene un inventario, controla los precios de los productos que vende y de ese precio obtiene su ganancia, concede créditos, compra el producto, entrega y cobra la mercancía, realiza esfuerzos extensos de publicidad, asume el riesgo de su gestión, tiene facilidades y ofrece servicios relacionados con el producto, la función del representante de ventas es un tanto más limitada.

El representante de ventas tramita contratos u órdenes a nombre del principal a cambio de una comisión y no asume el riesgo en caso de que el cliente no pague. Su gestión no le requiere comprar el producto ni mantener facilidades de almacenaje, pues usualmente remite las órdenes de compra al principal para que éste la entregue al cliente. Véase A. M. Saltoun y B. C. Spudis, International Distribution and Sales Agency Agreements: Practical Guidelines for U.S. Exporters, 38 Bus. Law. 883 (1983). Por lo tanto, no compete al representante de ventas asumir los gastos de adquisición, entrega o almacenaje de mercancía, características asociadas al distribuidor.

Como bien refleja la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21, los representantes de ventas incurren en ciertos gastos operacionales que, en conjunto, abonan a la presen-cia de la independencia empresarial característica de este tipo de agente. A modo de ejemplo, el representante de ven-tas puede incurrir en gastos de oficina, personal de oficina, gastos de viajes, seguros, automóvil y patentes municipales. Empero, esta lista no contiene todos los gas-tos en los que puede incurrir un representante de ventas; tampoco pretende ser una enumeración taxativa de los re-quisitos con los que debe cumplir un intermediario del co-mercio para ser acreedor de la protección de la Ley Núm. 21.

Es menester resaltar que los gastos operacionales de un representante de ventas varían dependiendo de la naturaleza de su organización, del tipo de producto que promueve y de los compromisos contractuales que mantenga con el principal. Es por ello que sus gastos serán distintos a los de un distribuidor. Así, mientras el distribuidor invierte en campañas publicitarias en los medios de comunicación —véase Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., supra, pág. 564— los gastos de promoción del representante de ventas se circunscriben, de ordinario, a la interacción con los clientes en sus establecimientos.

En fin, al clasificar a un intermediario comercial como representante de ventas, debemos examinar si se trata de un comerciante independiente que posee una organización comercial propia, ya sea compleja o sencilla. Se podrá exa-minar como guía el tipo de remuneración que percibe, los diversos gastos que su actividad comercial conlleva, el modo de operación y organización, y la libertad que posea para regir su actividad comercial.

Por otro lado, la Ley Núm. 21 exige que el representante de ventas ejerza su función con carácter de exclusividad. Sin embargo, la ley no define los contornos de la exclusividad ni surge del historial legislativo de ésta los criterios concretos que el legislador consideró al incluir dicho requisitos. El diccionario de la Real Academia Española define el término exclusivo como un “[p]rivilegio o derecho en virtud del cual una persona o corporación puede hacer algo prohibido a las demás”. Diccionario de la Lengua Espa-ñola, 22ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2001, T. I, pág. 1016. Además, una agencia exclusiva “se caracteriza por el hecho de que el agente puede impedir que el empresario representado realice operaciones en la zona reservada a aquél, bien se trate de operaciones realizadas personal-mente por el empresario, o bien de operaciones realizadas a través de sus auxiliares o de otros agentes”. Garrigues, Tra-tado de Derecho Mercantil, op. cit., pág. 567. Por lo tanto, en el supuesto de un contrato de representante de ventas cobi-jado por la Ley Núm. 21, el principal no puede por cuenta propia o a través de un tercero realizar los mismos trabajos que le ha conferido al agente; es decir, no podría operar en el territorio o mercado del agente.

A la luz de lo anterior, somos del criterio que el representante de ventas que goza de protección bajo la ley Núm. 21 es precisamente el agente que en el pasado indicamos que carecía de protección bajo la Ley Núm. 75. Por lo tanto, será representante de ventas aquel intermediario comercial que: (1) promueva y tramite de forma exclusiva contratos a nombre de un principal de forma continua y estable; (2) opere en un territorio o mercado definido; (3) tenga a su cargo la labor de crear o expandir el mercado de los productos del principal mediante esfuerzos de promoción; (4) perciba una comisión por sus servicios o una remuneración previamente pactada, y (5) posea independencia empresarial y una organización propia cuya complejidad dependerá del tipo de relación comercial que establezca con el principal y de la naturaleza del producto que representa.

Finalmente, debemos aclarar que el representante de ventas tutelado por la Ley Núm. 21 no controla el precio del producto; de ordinario, no invierte en la promoción de la mercancía más allá de sus propios esfuerzos dirigidos a vender el producto, no es responsable de la entrega o distribución de la mercancía, no tiene control sobre las devoluciones de mercancía y el manejo de cuentas o ventas a crédito, y no tiene potestad de vender o ceder las líneas o mercancías que representa.

V

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda. Entendió que el de-mandante no era un representante de ventas protegido por la Ley Núm. 21, ya que no controlaba los precios ni las condiciones de venta, no asumía riesgos comerciales, no asumía los gastos de producción o de entrega de la mercan-cía, no compraba la mercancía, no mantenía instalaciones para su operación y no era un representante exclusivo de los demandados. El Tribunal de Apelaciones confirmó dicha determinación y entendió que no existían controver-sias de hechos que impidieran desestimar sumariamente la demanda. Por lo tanto, nos corresponde examinar si existen controversias de hechos que impidan dictar senten-cia sumaria en este caso.

Como es sabido, la sentencia sumaria es un mecanismo procesal que confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sin necesidad de celebrar una vista evidenciaría. Pérez v. El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427 (1999). El principio rector que debe guiar al juzgador en la determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es el sabio discernimiento, ya que mal utilizada, puede prestarse para privar a un litigante de su “día en corte”, prin-cipio elemental del debido proceso de ley. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613 (1990).

Para que proceda resolver un caso sumariamente, el promovente deberá demostrar: (1) que no hay controversia esencial en cuanto a los hechos y (2) que, como cuestión de derecho, procede dictar sentencia sumariamente. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En virtud de ello, el tribunal debe examinar si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hay, surge que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho, por lo que sólo resta resolver una controversia de derecho. íd.

No empece lo anterior, hemos establecido que no procede resolver un caso por la vía sumaria cuando el tribunal no tiene certeza sobre todos los hechos pertinentes de la controversia. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154 (2005); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). Toda duda en cuanto a la existencia de una controversia debe resolverse contra la parte que solicita la sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004). En virtud de ello, al determinar si existen controversias de hechos que impiden dictar una sentencia sumaria, el tribunal debe analizar los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, así como los que obren en el expediente del tribunal. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, supra.

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria tiene la obligación de demostrar la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho material esencial, mientras que la parte promovida está obligada a contestar la solicitud de forma detallada. Véanse: Vera v. Dr. Bravo, supra; Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997). No obstante, el sólo he-cho de que la parte promovida no presente evidencia que controvierta la presentada por la parte promovente no im-plica que la sentencia sumaria procederá automática-mente. Vera v. Dr. Bravo, supra; Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001).

Un estudio de los documentos que obran en autos, inclu-yendo las estipulaciones de las partes, las transcripciones de las deposiciones y la transcripción de la vista de inter-dicto preliminar celebrada en el caso, nos convence de que existen controversias de hechos que impiden determinar por la vía sumaria si el demandante cumple con los requi-sitos que indicamos debe poseer un representante de ventas. Veamos.

En el presente caso, no existe controversia en torno al hecho que, en virtud de un contrato verbal, el demandante peticionario realizaba gestiones de ventas de ciertos pro-ductos de los demandados recurridos, en particular la línea Mano Sport. Ello a cambio de una comisión de 5%. Así, el demandante peticionario gestionaba y remitía órdenes de compra para los demandados recurridos y estos últimos se encargaban de la producción, el almacenaje y la entrega de la mercancía. Durante la relación comercial entre las par-tes, el demandado trajo nuevos clientes a la compañía —véase Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 371— y, según admitió la señora Brenda Ramos, las ventas aumen-taron luego de que el demandante peticionario comenzó a promover sus productos. Id., pág. 163.

Por otro lado, no existe controversia en torno al hecho que el demandante peticionario tenía libertad para ejercer sus gestiones de promoción y venta, pues decidía a qué clientes visitar y no tenía un horario fijo de trabajo. Ade-más, según estipularon las partes, el señor Cruz Marcano no adquiría la mercancía; no controlaba los precios, los tér-minos de pago, las ventas a crédito o las devoluciones de mercancía; no mantenía inventario de mercancía ni facili-dades de almacén; no tenía empleados; no asumía el riesgo por pérdida de mercancía, y no invertía dinero en campañas publicitarias.

Los hechos antes detallados indican que el demandante peticionario posee algunos rasgos distintivos de un repre-sentante de ventas, puesto que se dedicaba a promover y vender la mercancía de los demandados recurridos a cambio de una comisión. En esa labor determinaba el tiempo que invertiría en cada cliente y tenía libertad para gestionar órdenes que luego remitía a los demandados recurridos. De igual modo, amplió el mercado de los demandados recurri-dos, puesto que trajo nuevos clientes y colaboró al aumento en las ventas de los productos de éstos. Por lo tanto, contra-rio a lo que determinaron los foros recurridos, el hecho que el demandante peticionario no controlara los precios ni las condiciones de venta, no asumiera riesgos comerciales aná-logos a los de un distribuidor, no estuviese a cargo de los aspectos de producción o entrega de la mercancía, no com-prara la mercancía y no tuviera instalaciones para su ope-ración, no lo excluye de suyo de la protección de la Ley Núm. 21.

No empece a lo anterior, entendemos que existen ciertas controversias de hechos que nos impiden determinar si el demandante peticionario es un representante de ventas para los fines de la Ley Núm. 21. En primer lugar, existe controversia en torno a si el demandante peticionario re-presentaba de forma exclusiva los productos de los deman-dados recurridos. Un examen de las transcripciones de las deposiciones que obran en autos demuestra que el de-mandado Sánchez Tarazona indicó que “Mano Sport era la línea que le otorgamos [al señor Cruz Marcano] con el pri-vilegio, de que otro vendedor no iba a tener esa línea”. Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 377. De igual modo, la codemandada Ramos Ortiz admitió que, con ex-cepción de unas ventas que realizaba la casa (Artee Designers), no se contrató personal adicional para gestionar ven-tas de las líneas que el señor Cruz Marcano tenía a su cargo. íd., pág. 211.

Sin embargo, surge de las deposiciones que obran en autos que algunos clientes compraban directamente en la fábrica de los demandados recurridos y que éstos alegan que representaban la línea Mano Sport. Apéndice de la So-licitud de certiorari, págs. 373, 370-371 y 377. Además, a pesar de que el demandante peticionario aduce que era un representante exclusivo de la línea “Mano Sport”, él mismo reconoció que algunos clientes compraban directamente en la fábrica —íd., págs. 329-330— que no visitaba a ciertos clientes —íd., pág. 307— y admitió que advino en conoci-miento del hecho que en una ocasión otro vendedor tuvo en su poder un muestrario de la línea “Mano Sport” que él representaba. íd., págs. 331 y 335.

En virtud de las declaraciones contradictorias de las par-tes, entendemos que existe controversia sobre si el deman-dante peticionario cumple con el requisito de exclusividad dispuesto en la Ley Núm. 21. Así, existe controversia sobre si los demandados recurridos violaron el pacto de exclusivi-dad con el demandante peticionario al permitir que otro vendedor tuviese acceso a su línea o si, por el contrario, el demandante peticinario no era un representante de ventas exclusivo. En modo análogo, tampoco queda claro si los de-mandados recurridos simplemente vendían mercancía a los clientes que se acercaban a la fábrica o si tenían la facultad de promover la líneas en el mismo mercado o territorio en el que el demandante peticionario operaba. Además, no queda claro cuál era el mercado o territorio definido del deman-dante peticionario para determinar el ámbito de su operación. Ello nos impide determinar si, en efecto, el señor Cruz Marcano era un representante de ventas con carácter exclusivo en cierto mercado o territorio.

Habida cuenta de que en este caso las partes no otorga-ron un contrato escrito que recoja los términos de su rela-ción y el tipo de exclusividad que se le concedió al deman-dado recurrido, surge una controversia de hecho sobre dicho aspecto de la relación. Estamos entonces ante una determinación de hechos que el foro primario debe realizar luego de que las partes desfilen prueba sobre los arreglos concertados entre ellos.

En segundo lugar, también existe controversia sobre los gastos en los que incurría el demandante peticionario y sobre si éste percibía una compensación adicional a su comisión. A pesar de que no se ha controvertido el hecho que el demandante incurría en gastos de seguros médicos, seguros de autos, teléfono celular y beeper, seguro social y computadora, existe controversia sobre si el demandante peticionario recibía compensación por sus gastos de trans-porte, tales como gasolina y peajes. El demandante peticio-nario aduce que sufragaba esos gastos. Sin embargo, el se-ñor Sánchez Tarazona indicó en su deposición que esos gastos los cubría la compañía. Nuevamente, en ausencia de un contrato escrito entre las partes y ante el hecho que la determinación de si un intermediario comercial es un re-presentante de ventas, requiere examinar —entre otros factores— el tipo de compensación que recibe y los gastos que su operación acarrea. Somos del criterio que erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar sumaria-mente la demanda sin celebrar una vista en su fondo en la que las partes pudieran presentar prueba sobre estos as-pectos de su relación comercial.

En conclusión, luego de estudiar los documentos que obran en el expediente del presente caso, entendemos que algunos de los elementos de la relación entre las partes indican que el demandante peticionario era un represen-tante de ventas de los demandados recurridos. Empero, debido a que las partes en este caso no formalizaron un contrato escrito que recoja los elementos rectores de su re-lación comercial, persisten dudas sobre ciertos hechos esenciales para disponer del presente caso. Por lo tanto, existen controversias sobre si el demandante peticionario sufragaba todos sus gastos, tales como los de transporte, y sobre el carácter exclusivo o no de la relación. Esto es esen-cial para determinar si el señor Cruz Marcano es un repre-sentante de ventas cobijado por la Ley Núm. 21.

En vista de lo anterior, resolvemos que erraron los foros recurridos al desestimar sumariamente la presente de-manda por entender que el demandante peticionario no era un representante de ventas. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración del corres-pondiente juicio en su fondo. Advertimos que por el tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda en el 1998, el foro primario debe atender el caso sin ulterior dilación.

Se dictará sentencia en conformidad con lo antes expresado.

Los Jueces Asociados Señor Rebollo López y Señor Fus-ter Berlingeri no intervinieron.

       Sobre los auxiliares del comercio, el comentarista Garrigues indica: “[t]oda persona que, en virtud de un contrato, queda obligada a realizar una prestación o periódicas prestaciones en favor de un comerciante, viene por este hecho a auxiliarle en su comercio .... Pero estas personas no se proponen exclusivamente ser auxiliares de un comerciante; antes bien, son ellas por sí comerciantes substantivos, cuyo gé-nero de comercio no se opone, sino que se coordina o subordina, al de otros comerciantes. Más que auxiliares del comerciante son auxiliares del comercio.” J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1976, Vol. I, pág. 658.

       No existe unanimidad de criterio en torno a la clasificación y distinción entre los contratos de distribución y de agencia. Así, algunos comentaristas indican que
      “[e]l agente, aunque es un comerciante independiente, tiene la función de pro-mover la venta de bienes del productor y de disponer todo lo necesario para concer-tarlas entre éste y el consumidor.
      “A diferencia del concesionario o del franquiciado, no compra los productos para revenderlos y obtener como lucro la diferencia entre el costo y el precio de venta; el lucro del agente está dado por la comisión que le reconoce el productor.
      “[Por otro lado, e]l distribuidor adquiere el producto a nombre y por cuenta propia, para enajenarlo a otros comerciantes o a los consumidores, y lucrar con la diferencia.” H. Llobera, Contrato de concesión comercial, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2006, págs. 89-90.

       A pesar de que el Código de Comercio español —del cual proviene el nues-tro — • tampoco reglamenta el contrato de agencia, el legislador español aprobó en el 1992 la ley 12/1991, de 27 de mayo sobre contrato de agencia (BOE 25/5/92). Véase E. Chuliá Vicent y T. Beltrán Alandete, Aspectos jurídicos de los contratos atípicos II, España, Ed. Bosch, 1995, T. II, Cap. III, págs. 379-401.

       En casos posteriores al amparo de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (Ley Núm. 75), 10 L.P.R.A. sec. 278 et seq., hemos reiterado la distinción entre el distribuidor protegido por la Ley Núm. 75 y el viajante que no encuentra cabida en dicho estatuto. Cobos Liccia v. De Jean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896 (1989); Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., 154 D.P.R. 547 (2001). Concluimos en Lorenzana que el agente de seguros en dicho caso no era un distribuidor a los efectos de la Ley Núm. 75, puesto que no tenía potestad para concluir contratos de seguros, no ejercía control sobre los términos de los contratos, no podía cancelar o renovar las pólizas, no tenía derecho a recibir primas a su nombre, no podía nombrar agentes de seguros, no concedía crédito y no asumía el riesgo de su gestión. Además, aclaramos que un distribuidor debe hacer más gestiones de promoción que las asociadas a un vendedor. Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., supra.

       En las vistas públicas celebradas el 31 de julio de 1990 sobre la medida, el Sr. Manuel Taboas, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Representantes de Fábrica, aclaró que los distribuidores compran los productos, mantienen inventario y tienen potestad para establecer los términos en cuanto a ventas a crédito, el territo-rio y el mercado; los representantes de ventas no tienen esa discreción. Además, los distribuidores recuperan su inversión y gastos de operaciones al establecer el precio del producto, mientras que los representantes de ventas no tienen control sobre el producto.

       En esta ocasión no nos pronunciamos sobre los diversos tipos de comisión o remuneración que un representante de ventas debe percibir para ser considerado como tal. No obstante, es esencial que la remuneración del representante de ventas no lo convierta en un empleado, puesto que entonces no estaríamos ante un empre-sario independiente, requisito indispensable de este tipo de agente.

       En modo análogo, los tribunales federales se han enfrentado a controversias sobre las características de un representante exclusivo de ventas al amparo de la Ley Núm. 21 y han establecido que la determinación sobre la existencia del requisito de exclusividad que se puede observar en el contrato entre las partes o en los acuerdos habidos entre ellas, es una determinación de hechos. Véanse: Orba, Inc. v. MBR Industries, Inc., 49 F. Supp.2d 67 (D. P.R. 1999); Innovation Marketing v. Tuffcare, Inc., 31 F. Supp.2d 218 (D. P.R. 1998).


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Viernes 23 de Noviembre de 2007.

      Número: EM-2007-08

      Resuelto: 9 de noviembre de 2007
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido libre con cargo a vacaciones el viernes 23 de noviembre de 2007 a los empleados, las empleadas, los fun-cionarios y las funcionarias de la Rama Judicial.

A tales efectos y por nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dis-puestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los pro-cedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. secs. 72 y 73) y se considerará el viernes 23 de noviembre de 2007 un día feriado completo. Cualquier tér-mino que venza ese día se extenderá hasta el lunes 26 de noviembre de 2007, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Adalberto Fernández Díaz.

      Número: TS-5269

      Resuelto: 9 de noviembre de 2007

      Adalberto Fernández Díaz, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la moción presentada por el señor Adalberto Fernández Díaz para su reinstalación al ejercicio de la abo-gacía, se autoriza la reinstalación del Ledo. Adalberto Fer-nández Díaz al ejercicio de la abogacía y la notaría efectiva inmediatamente. Se le apercibe al licenciado Fernández Díaz que en el futuro deberá cumplir estrictamente con las normas que rigen el derecho notarial y se ordena el archivo de la presente causa.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo