author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    Villar & Co., Inc., demandante-apelante-apelada, v. Carlos Conde Casariego, demandado-apelado-apelante.
    No. 3901.

    Visto: Febrero 24, 1927.

      Resuelto: Febrero 9, 1928.
    1. Corporaciones — Facultades y Responsabilidades — Contratos y Obligacio-nes o Deudas (Indebtedness) — Contratos o Convenios Previos a la In-corporación — Su Ratificación o Confirmación y Efecto. — 'Cuando dos personas contratan en beneficio de una corporación que no existe a la fecha del contrato y por actos posteriores de la corporación, ya formada, ésta ra-tifica y confirma dicho contrato, ella, al utilizar los servicios de una de dichas personas como su administrador a tenor de aquel contrato, está impedida de negar la existencia de éste, y la corporación queda obligada por el mismo.
    2. Corporaciones — Funcionarios (Officers) y Agentes — Elección o. Nombra-miento, Condiciones (Qualifications) y Término del Cargo (Tenure)— Nombramiento de Funcionarios o Empleados Subalternos — Estoppel para Impugnar el Empleo de Uno Como Administrador (Manager) 1 de la Corporación: — Expedidas acciones del capital de una corporación a nom-bre de una persona, a fin de que pudiera ser administrador o director de la corporación, aún cuando el título equitativo (equitable ownership) de diclias acciones esté en otro de los ineorporadores a quien le fueron tras-pasadas, la compañía está impedida de alegar que aquella no fuera dueña de dichas acciones con. el fin de ser tal administrador de la corporación, especialmente cuando incumbía a la corporación, de acuerdo con un contrato existente, hacer posible que ella fuera tal administrador o director.
    3. Patrono y Empleado — De la Relación — Terminación y Destitución (Discharge) — Acciones por Quebrantamiento del Contrato al Empleado— Evidencia — Su Suficiencia. — En el caso de autos se convino el pago de un sueldo por servicios a prestar durante un número de años a un tanto anual. Despedido de su empleo el obligado a la prestación de dichos servicios, se resolvió: que los cargos formulados contra él eran insuficientes y no cons-tituían excusa legal alguna para que se le negara el pago de la suma de-jada de percibir, por los servicios a prestar, en concepto de daños y per-juicios.
    4. Patrono y Empleado — De la Relación — Terminación y Destitución (Discharge) — Acciones por Quebrantamiento del Contrato al Empleado — • Defensa en General — Quiebra del Empleado. — El procedimiento de quie-bra generalmente no exime a una persona que está obligada de otro modo con el quebrado de cumplir su parte en un contrato legal.
    5. Patrono y Empleado — De la Relación — Terminación y Destitución (Discharge) — Acciones por Quebrantamiento del Contrato al Empleado — • Evidencia — Peso de la Prueba — Obtención de Otro Empleo. — Cuando una persona es despedida de su empleo, él tiene derecho, nominalmente y prima facie, a recibir remuneración por todo el período que abarca el contrato y el peso de la prueba recae sobre aquél que despido al empleado para de-mostrar que éste obtuvo otro empleo o que pudo haberlo obtenido.
    6. Contratos — Cumplimiento o Quebrantamiento (Breach)- — Cumplimiento de las Obligaciones Impuestas por el Mismo — Prueba del Cumplimiento— Su Suficiencia. — Cuando se transfiere, entre varios, una representación que la representada no acepta y confiere su agencia a otro, y a virtud de ello el precio del contrato de venta queda reducido en una cantidad que el ven-dedor viene obligado a devolver de no restablecerse la representación per-dida, el hecho de obtener el vendedor una representación de otra compañía tan buena como la perdida no equivale a obtener de nuevo la representación de dicha compañía perdida ni constituye defensa alguna para negar el pago de la cantidad a que venía obligado el vendedor, especialmente cuando se resolvió, por la corte inferior, que la nueva compañía fué más bien conse-guida en virtud de la intervención de persona distinta al vendedor.
    7. Quiebras — Derechos, Remedios y Rehabilitación (Discharge) del Quebrado —Deudas Afectadas por la Rehabilitación — Deudas no Incluidas Debida-mente para Ser Probadas — Conocimiento del Acreedor del Procedi-miento de Quiebra. — Cuando un acreedor tiene conocimiento real de una deuda probable (provable) la rehabilitación generalmente exime de su pago al quebrado.

      8. Libelo y Calumnia — Acciones—Daííos y Perjuicios — Bn General. — Cuando se reclaman daños y perjuicios por libelo al aprobar una corporación reso-lución despidiendo un empleado y haciéndole acusaciones, aún cuando las palabras de la publicación sean en realidad libelosas, en ausencia de prueba de que con ello se causaran daños y perjuicios, no procede la concesión de aquellos.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando con lugar la demanda y la contrademanda en parte, sin costas.

      Revocado, en parte y confirmada.

      J. Texidor y R. Cuevas Zequeira, abogados del demandante; F. Soto Gras, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Conde, dueño de una finca y representante de va-rias compañías de vapores y firmas comerciales, en 3 de diciembre de 1920 efectuó un contrato en virtud del cual la finca y la “representación” de varias compañías y casas fueron vendidas a Manuel Mendía. El convenio de Conde era que transferiría la propiedad a Mendía o a la corpora-ción que éste organizara. Se convino además que Conde prestaría sus servicios a la nueva compañía por un período de cinco años, recibiendo por ello un sueldo de $6,000 anuales.

Entre las agencias transferidas en dicho convenio estaba la Red D Line S. 'S. Co. Esta compañía se negó a seguir el convenio hecho por Conde y posteriormente cedió su re-presentación a otra persona. Entonces las partes agrega-ron la siguiente estipulación al contrato del 3 de diciembre de 1.920:

“Cláusula adicional (5o.). Teniendo en cuenta que la Red D. TÁne ha transferido a distinta persona su representación en esta Isla, el contrato que precede queda enmendado en el sentido de reducir el precio de la venta y cesión de la suma de Quince Mil ($15,000.00) dollars; pero, esto no obstante, el Sr. Conde percibirá la cantidad total convenida, debiendo reintegrar los indicados Quince Mil ($15,000.00) dollars el Sr. Conde al Sr. Mendía, en dos plazos sin intereses, de Siete Mil Quinientos ($7,500.00) dollars cada uno ven-cederos en dos de enero de los años 1922 y 1923, por cuyos plazos suscribirá el Sr. Conde dos pagarés comerciales.”
!íEs entendiólo que si la Bed D Line desistiere de transferir su agencia en esta Isla a otra persona, esta enmienda quedará sin valor ni efecto, debiendo el Sr. Mendía devolver cancelados al Sr. Conde los pagarés antes referidos. — San Juan, P. R., 31 de Dicbre., 1920. Firmados: C. Conde. — M. Mendía.”

Por este contrato se convino en que Conde recibiría $40,000. Conde recibió materialmente de Mendía o de la compañía los $40,000 estipulados en el contrato original. Otorgó a Mendía los dos pagarés de $7,500 cada uno, los cuales Mendía endosó a Villar & Co., Inc., que fué la persona que se tuvo en mente al efectuarse el contrato y es la demandante en el presente caso.

Estos pagarés nunca fueron satisfechos por Conde, y el 6 de febrero, 1923, Villar & Co., Inc., lo demandó para co-brarlos. Conde levantó varias defensas y también presentó mía contrademanda por la suma de $17,500 por servicios prestados, toda vez que mucho antes de haber expirado el término fijado en el contrato de diciembre 3, 1920, él había sido despedido de la casa de Villar & Co., Inc. Conde tam-bién presentó una reclamación por daños y perjuicios por libelo.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor de Villar & Co., Inc., por los dos pagarés ascendentes a la suma de $15,000 más los intereses, dictó sentencia a favor de Conde por la suma de $17,500 en concepto' de servi-cios prestados, y resolvió que los daños y perjuicios por libelo no habían sido probados. Ambas partes han apelado.

■ Como estamos enteramente de acuerdo con la corte inferior en cuanto a la sentencia dictada contra Villar & Co., Inc., consideraremos primeramente la apelación interpuesta por dicha corporación.

La cláusula del contrato original a considerar leía como sigue:

”4. — A su vez, Carlos Conde, personalmente, se compromete y obliga a prestar sus servicios como director o manager de la corpo-ración que se forme y a quien se trasmiten las cesiones de agencias y comisiones material ele la precedente cláusula, por un período de cinco (5) años y mediante un sueldo de seis mil dólares ($6,000.00) cada año, siendo entendido que la prestación de dichos servicios se efectuará en relación con los negocios ahora cedidos, y con otros más que en el curso de su vida legal, y por dicho período la corporación dicha pudiera realizar.”

Si bien la persona que quedaba obligada por esta cláu-sula del contrato lo era nominal y gramaticalmente Conde, sin embargo, no hay duda alguna de que Villar & Co., Inc., al aceptar la venta hecha por Conde a Hendía o a la com-pañía, igual o recíprocamente convino en pagarle a Conde la suma de $6,000 durante la vigencia del contrato, siempre que, por otra parte, Conde cumpliera con los términos del mismo. La intención de Hendía claramente era que Carlos Conde ayudara a la compañía a hacer que las agencias trans-feridas resultaran buenas y lucrativas. Carlos Conde hacía negocios bajo la razón de Villar & Co. La nueva compa-ñía adoptó el nombre bajo el cual él había estado haciendo negocios y agregó la palabra “Incorporada” a la razón social. A muchos clientes les gusta continuar efectuando negocios con la persona con quien han tenido relaciones, y la personalidad y buen nombre (good will) de Conde des-empeñaban algún papel en la nueva entidad.

No tenemos duda alguna de que Hendía y Conde podían contratar en beneficio de un tercero que en realidad no existía entonces, si esa persona aceptaba más tarde el contrato. Los actos posteriores de la corporación al aceptar las agencias y al emplear a Conde como administrador, equivalían a una novación, ratificación y confirmación del contrato. Habiendo utilizado Villar & Co., Inc., los servicios de Carlos Conde como administrador, estaría impedida por sus propios actos de negar la existencia del contrato. Después de todo, una corporación tiene alguna relación con sus incorporadores, y si los incorporadores, como en el presente caso, efectúan un contrato con el consentimiento de todas las personas envueltas, la corporación naciente puede ser obligada.

Se le ha dado gran énfasis al hecho de que CarlosConde en realidad nunca fué dueño de acción alguna de la corporación, y que las cláusulas de incorporación exigían que el administrador de la misma fuese uno de sus directores. El director de una corporación debe poseer acciones. Se expidieron cinco acciones del capital a nombre de Carlos Conde, y éste se las endosó en blanco a Mendía. Se hizo esto con el fin de que Carlos Conde pudiera literalmente cumplir con las cláusulas de incorporación, pero es cierto que Mendía siempre retuvo por lo menos- el título equitativo (equitable ownership) de las cinco acciones. Mendía era el presidente de la compañía, y nos inclinamos a convenir con la corte inferior y con Conde en que la compañía estaría impedida de todos modos de alegar que Conde no era dueño de cinco acciones con el fin de ser administrador de la corporación. Con este arreglo, Conde no cometió fraude alguno contra la compañía ni contra el público. Si las consecuencias afectaban al público, entonces se podía resolver que Conde era el dueño legal de las cinco acciones, y sería Mendía el perjudicado en su título equitativo.

Además, si se examinan los término^ de la cláusula 4, supra, literalmente se verá que Carlos Conde convino en prestar sus servicios como director o administrador y po-dría decirse que, de acuerdo con los términos del contrato, incumbía a la compañía hacer posible que Carlos Conde fuera tal director o administrador; de lo contrario, la com-pañía estaría perpetrando un fraude al aceptar las agen-cias. El pago de un sueldo por servicios a prestar fué lo que se tuvo en mente y era la intención de las partes, espe-cialmente de Villar & Co., Inc.

Creemos que se desprende claramente de la prueba presentada que Conde fué eu realidad despedido de su empleo a causa de diferencias irreconciliables habidas entre él y Mendía. Convenimos con la corte inferior en que los cargos formulados no constituían excusa legal alguna para negarse a pagarle daños y perjuicios a Conde. No halla-mos prueba suficiente de que Conde desatendiera grave-mente los negocios de la compañía.

El que se negara a pagar los $15,000 representados por los pagarés no constituía razón alguna. Puede que no tu-viera el dinero, según tiende a demostrarlo su quiebra posterior y tal como lo indica en algo el hecho de que no com-prara cinco acciones de la corporación. Conde había otor-gado los pagarés y había cumplido, por lo menos literal-mente, con su parte del contrato. El que dejara de satis-facer una deuda no sería excusa alguna para despedirlo. Aparentemente, él creyó de buena fe que tenía defensas le-gítimas, y una de ellas, según veremos, era de hecho válida. El que creyera que los pagarés no eran una obligación exis-tente queda además evidenciado por el hecho de que no los incluyó en su petición de quiebra voluntaria radicada pos-teriormente. Aunque técnicamente él no tenía derecho a insistir en que había cumplido el contrato, por la razón, según él sostenía, de que había hallado un substituto para' la Red D Line, no obstante, sus servicios al ayudar a Vi-llar & Co., Inc., a obtener la representación de otra compa-ñía podrían fácilmente ser tenidos en cuenta por un pa-trono generoso, y probablemente así lo hubiesen sido si Mendía y Conde hubieran seguido en buenas relaciones.

Tampoco fué la radicación de la petición de quiebra vo-luntaria una razón para no cumplir con los términos del contrato. Mientras la ley de quiebra permita que un deu-dor insolvente obtenga la condonación de sus deudas decla-rándose en quiebra, sería contrario a la política pública resolver que un procedimiento de quiebra eximiría a una persona que está obligada de otro modo con el quebrado de cumplir su parte en un contrato legal.

No hallamos prueba suficiente de que Conde no fuera un empleado fiel a la corporación. Pudo haber ciertos indicios, en opinión de Villar & Co., Inc., pero no hubo suficiente prueba. La demandante y apelante no nos convence de que los robos cometidos por otras personas, o ciertos deterioros o pérdidas, se debieran a negligencia tal de parte de Conde que justificara sn remoción.

Una cuestión presentada que es algo más seria es la apreciación del valor de los daños y perjuicios. Carlos Conde fue despedido de su puesto de administrador antes de que expirase su término, y cuando aún le quedaba por percibir la suma de $17,500 por concepto de servicios a pres-tar. La teoría de Tillar & Co., Inc., es que cuando Conde fué despedido, tenía, de acuerdo con varios artículos de los códigos Civil y de Comercio, derecho a percibir daños y perjuicios solamente, y que él ño ha probado tales daños. Aceptaremos lo que hemos considerado y consideramos como el peso de las autoridades, según lo alegó el apelado Conde, que cuando una persona es despedida de su empleo, tiene derecho, nominalmente y prima facie, a recibir remuneración por todo el período que abarca el contrato, y que el peso de la prueba recae sobre la persona que despide al empleado para demostrar que éste obtuvo otro empleo o que pudo haberlo obtenido. Hardouin v. Krajewski, 22 D.P.R. 689. Véase, entre otras autoridades citadas en el alegato complementario de Carlos Conde, Labatt sobre Patrono y Empleado, tomo 1, pág. 1132.

Llegamos ahora a la apelación interpuesta por Conde. No podemos convenir con él en que el que se obtuviera otra compañía tan buena como la Red D Line equivalía legalmente a obtener de nuevo la representación de dicha compañía que se había perdido. Esta era una de sus defensas para negarse a pagar los $15,000 reclamados por Villar & Co., Inc. El contrato expresamente exigía el restablecimiento de la representación de la Red D Line, y en aquel entonces las partes no tomaron en consideración substituto alguno' de dicha compañía. Aparecería que en la época en que obtuvo la representación de otra compañía, Conde de hecho era empleado de Villar & Co., Inc., la que tenía derecho al beneficio de sus servicios. Además, la corte llegó a la conclusión, y no vemos que lo hiciera erróneamente, de qne la nneva compañía fné conseguida más bien en virtud de la intervención de Mendía que de la de Conde.

Tampoco podemos convenir con Conde en que la cláusula adicional del contrato copiada anteriormente no fuera obli-gatoria para él. La mejor manera de considerar esta cláu-sula adicional es considerándola como una enmienda al con-trato, hecha para cubrir el detrimento sufrido por Villar & Co., Inc., al no obtener la agencia de la Red D Line pro-puesta en el contrato.

Los pagarés fueron otorgados por Conde a favor de Mendía. Ellos llegaron a ser en realidad obligaciones, exigibles independientemente, y Mendía los endosó a Villar & Co., Inc. Como eran obligaciones exigibles independientemente, nos sentimos obligados a resolver que los pagarés quedaron extinguidos por la rehabilitación de quiebra que Conde solicitó y obtuvo bastante tiempo después del otorgamiento del contrato y de los pagarés. La corte inferior omitió considerar este punto levantado por el demandado original, y Villar & Co., Inc., no lo ha discutido. Tanto el apelante Conde como nuestras propias investigaciones nos han convencido de que la defensa es buena. Cada parte probablemente ha levantado toda defensa concebible contra la reclamación de su contrario, y nos sentimos obligados a resolver éste a favor de Conde.

La sección 17 de la Ley Nacional de Quiebras dispone:

“Deudas no afectadas por la rehabilitación.- — En tina quiebra la rehabilitación eximirá al quebrado de todas sus deudas probables, excepto: (1) Las contraídas por concepto de contribuciones im-puestas por los Estados Enidos, el estado, condado, distrito o mu-nicipio en que reside el deudor; (2) la responsabilidad incurrida al obtener propiedad fraudulentamente o en virtud de falsas re-presentaciones, o por daño voluntario y malicioso a la persona o propiedad de un semejante, o por pensión alimenticia adeudada a la esposa o que pueda adeudarle en el futuro, o por el manteni-miento o sostén de la esposa o hijo, o por la seducción de una mujer soltera, o por comercio carnal ilegal; (3) las que no hayan sido debidamente incluidas a tiempo para que se puedan probar y conceder, con el nombre del acreedor, si el quebrado lo cono-ciere, a menos que tal acreedor tuviera aviso o conocimiento real del procedimiento de quiebra; o (4) las creadas por fraude, mal-versación, apropiación indebida o desfalco cometidos por el deudor mientras actúa como funcionario o en cualquiera otra capacidad fiduciaria.5 ’

De acuerdo con la cláusula 3, las deudas que no lian sido debidamente incluidas a tiempo para que se puedan probar y conceder, no son afectadas por la rehabilitación, a menos que el acreedor tuviera aviso o conocimiento real del pro-cedimiento de quiebra. Hallamos que en el caso de una reclamación corriente que se puede probar, las autoridades sostienen unánimemente que el conocimiento real o la noti-ficación oportuna al acreedor para que radique su reclama-ción, le impedirán, después de la rehabilitación, de cobrarle al quebrado. Perry Naval Stores Co. v. Caswell, 63 Fla. 556, 57 So. 662, caso en el cual se resolvió que notificacio-nes hechas a los principales funcionarios de un banco mien-tras se estaban haciendo negocios eran notificaciones hechas al banco; Reinhardt v. Friederich, 58 Ind. App. 425, 108 N. E. 260, y casos allí citados; Dycus v. Brown, 135 Ky. 140, 28 L.R.A. (N. S.) 190; Morrison v. Vaughan, 119 App. Div. 184; Kreitlein v. Ferger, 238 U. S. 35; Birkett v. Columbia Bank, 195 U. S. 345; Roig v. Barletta, 28 D.P.R. 603, siendo este último caso uno en que citó el principio, pero en el cual no se demostró que hubiera suficiente notificación.

Las autoridades difieren entre sí respecto a la parte en quien recae el peso de la prueba para, demostrar si una deuda fué incluida o no en la lista, y otras cuestiones simi-lares, pero no hay duda alguna de que si un acreedor opor-tunamente tuvo conocimiento real de una deuda probable, la rehabilitación exime de su pago al quebrado. En el pre-sente caso no pudo haber surgido duda seria alguna en cuanto a que Villar & Co., Inc., tenía completo conocimiento de que había un procedimiento de quiebra pendiente. Sus funcionarios tuvieron intervención en el procedimiento. Se adoptó como fundamento para despedir a Conde el hecho de que estaba pendiente la petición de quiebra. La compa-ñía en su defensa en este caso dijo que la quiebra de Conde fue una excusa para su remoción.

Si se-alegara que el contrato de diciembre 1920, era una cosa no divisible entre las partes, sin embargo, la reclama-ción de Conde por los $17,500 no había vencido durante el tiempo en que estuvo pendiente el procedimiento de quiebra. Conde o su fideicomisario no podían, fundándose en los ser-vicios a prestar, defenderse con éxito contra la reclamación de $15,000 de Villar & Co., Inc. No se hubiesen podido presentar reconvenciones mutuas por las dos reclamaciones al tiempo de la radicación de la petición de quiebra o du-rante el tiempo dentro del cual pudieran presentarse deu-das probables.

Conde también presentó una reclamación por libelo, toda vez que la corporación aprobó una resolución con fecha 3 de febrero de 1923, despidiéndolo de su empleo y haciéndole varias acusaciones. No resolvemos que las palabras de esa publicación fueran en realidad libelosas, pero aún si lo fueran lo que la corte inferior resolvió fue que no se probó que se hubieren causado daños y perjuicios, y nosotros tampoco hallamos que esto sucediera.

La sentencia de la Corte de Distrito de San Juan dele ser revocada en tanto en cuanto condena a Carlos Conde a pagar la suma de $15,000, y confirmarse en todos los de-más extremos.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

Nota: En este caso so ha presentado una moción, que está x>endiente, pi-diendo la reconsideración de parte de la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: En Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Ramón Calero y Serafín Alfaro, demandantes y apelantes, v. Asamblea Municipal de Isabela, demandada y apelada
    No. 3944.

    Visto: Enero 19, 1928.

      Resuelto: Febrero 10, 1928.
    1. Qertiorari — Procedimientos y Resolución — Revisión por Certiorari y su Alcance — Cuestiones Académicas. — Cuando un acuerdo declarando vacan-tes ciertos cargos de asambleístas municipales, impugnado ante las cortes, queda confirmado, es académico resolver si está, bien o mal fundado un sfe-gundo acuerdo declarando vacantes los mismos cargos por otras razones.
    2. Certiorari — Procedimientos y Resolución — Costas del Procedimiento — Te-meridad o Mala Pe. — Examinadas las circunstancias concurrentes se resol-vió que no apareciendo que los recurrentes fueran temerarios no debió con-denárseles al pago de las costas.
    SenteNcia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando sin lugar recurso de certiorari con costas, incluyendo honorarios de abogado.

      Revocada, en cuanto a su pronunciamiento de gastos y costas y confirmada. '

      V. M. Fernández y M. Tons Soto, abogados de los apelantes; Guerra Mondragón & Soldevila y R. Rivera Zayas, abogado de la ape-lada.
   En Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión cíe! tribunal.

Ramón Calero y Serafín Alfaro presentaron en la Corte de Distrito de Aguadilla una solicitud para que se expi-diera un auto de certiorari dirigido a la Asamblea Municipal de Isabela. El auto fue expedido y finalmente anulado por la corte de distrito. Calero y Alfaro apelaron enton-ces para ante este tribunal.

Aparece de la solicitud que los peticionarios fueron electos miembros de la Asamblea Municipal de Isabela en las elecciones generales celebradas en 1924; que tomaron posesión de sus cargos el segundo lunes de enero de 1925 y el 18 de junio del propio año la Asamblea los expulsó de su seno y declaró vacantes sus puestos; que los peticionarios establecieron un procedimiento de certiorari en el cual obtuvieron sentencia favorable; que la sentencia fue apelada por la Asamblea el 12 de agosto de 1925 y pendiente aún la apelación la Asamblea, el 13 de mayo de 1926, declaró otra vez vacantes los puestos de los peticionarios basándose en que siguieron dejando de asistir a las sesiones de la Asamblea. La nulidad de ese último acuerdo fué lo que se pidió a la corte que decretara en este segundo recurso de certiorari.

Mientras esta apelación se lia estado tramitando, la pri-mera fné resuelta en sentido contrario a los peticionarios. La corte de distrito había resuelto que ellos habían sido se-parados ilegalmente y esta Corte Suprema decidió que la sentencia apelada debía revocarse y' dictarse otra declarando que la petición de certiorari no era suficiente y en tal virtud que debía anularse el auto expedido, todo sin especial con-dena de costas. Alfaro v. Asamblea Municipal, 35 D.P.R. 788, 794.

Siendo esto así, habiendo quedado en pie el primer acuerdo de la asamblea declarando vacantes los puestos de los peticionarios, ¿qué necesidad existe de investigar y resolver si el segundo acuerdo decidiendo lo mismo por ulte-riores razones está o no bien fundado?

A nuestro juicio sólo cabe la siguiente contestación: Ninguna.

Ahora bien, no obstante ser académica la cuestión de fondo a resolver, existe contra los peticionarios apelantes un pronunciamiento de gastos y costas, incluyendo honorarios de abogados, que exige por lo menos la investigación de los méritos a los efectos de juzgar si fueron o no temerarios al entablar su segunda petición.

Ellos habían obtenido una sentencia favorable, la sen-tencia fué apelada y creyeron que la • apelación suspendía los efectos de la sentencia y no insistieron en volver a la asamblea esperando la decisión definitiva de esta Corte Suprema. Además, en forma más o menos correcta surge de los autos la cuestión de no habérseles citado para nin-guna de las sesiones a las que dejaron de concurrir. Bajo esas circunstancias, cuando se enteraron del segundo acuerdo de la Asamblea, nos parece que no actuaron temerariamente al volver a las cortes de justicia, y, por tanto, que no de-bieron ser condenados en costas.

La sentencia .en tal virtud quedará de hecho confirmada pero eliminando de ella • el pronunciamiento de costas. Dieho pronunciamiento quedará redactado así: “Sin especial condena de costas.”

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    El Pueblo de Puesto Rico, demandante y apelado, v. Isaías Báez y Antonia Quiutana, acusados y apelantes.
    No. 3407.

    Visto: Enero 31, 1928.

      Resuelto: Febrero 10, 1928.
    1. Derecho Penal — Juicio—Objeciones a la Evidencia, Mociones para Eli-minar v Excepciones — Solicitud de Eliminación de Evidencia — Prueba Obtenida por la Parte que Solicita la Eliminación. — No comete error una corte que se niega a eliminar una contestación dada a una pregunta del abogado de la defensa aún cuando la declaración se refiera a manifes-taciones que, hechas por un eo-aeusado, afecten a otro no presente al aquél hacer diehas manifestaciones.
    2. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Relativas a las Pruebas — Apreciación de las Pruebas — Credibilidad de los Testigos. — La credibilidad que merezca la declaración de un testigo es una cuestión de la incumbencia del juez sentenciador en la que no puede entrar el Supremo a menos que se demuestre que hubo pasión, prejuicio o parcialidad por parte de dicho juez.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores sin Importancia o no Perjudiciales — Sentencia.—Manifestaciones de un juez al dictar sentencia sin otro alcance que el de un comentario que, aún cuando innecesario, no está prohibido, no constituye error.
    SbnteNcia ele Angel Acosta Quintero, J. (Ponee), condenando a los acusados por delito de adulteración de leche.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abo-, gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de la apelación contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponee en causa criminal por adulte-ración de leche seguida contra Isaías Báez y Antonia Quin-tana, por virtud de acusación presentada por el fiscal de dicho distrito, en la que se imputa a' los acusados el hecho de transportar para ofrecer en venta, y vender, ilegal, vo-luntaria e intencionalmente, en 4 de mayo de 1927, en lá ciudad de Ponee, Puerto Rico, leche de vaca, adulterada.

El juicio en este caso tuvo efecto en 8 de septiembre de 1927; y la corte declaró a los acusados culpables del delito de adulteración de leche, y les condenó a pagar, cada unoi, una multa de noventa dólares, y en defecto de pago a Isaías Báez a noventa días de cárcel, y en cuanto a la multa a Antonia Quintana, se deduzca de la fianza que ella tiene prestada para dedicarse a la venta de leche.

Contra esa sentencia se interpuso la apelación que aquí se resuelve.

En 4 de mayo de 1927, el acusado, Isaías Báez, transpor-taba, para ofrecer en venta, y vender, en las calles de Poncej, leche de vaca, del puesto de Antonia Quintana, y tal trans-portación para la venta se hacía bajo la licencia que para ello tenía Antonia Quintana. Un inspector de Sanidad tomó muestras de la leche así transportada, la que resultó adul-terada, de acuerdo con el análisis.

El acusado Isaías Báez, en el juicio, declaró que la le-che que el inspector de Sanidad tomó para análisis era una que- él había comprado a un vendedor ambulante, y no la del puesto de Antonia Quintana. Esta declaración no tuvo confirmación o corroboración alguna. El juez sentenciador no le dió crédito.

Ahora en la apelación se proponen cuatro cuestiones como materia de error.

La primera cuestión se refiere a que la corte permitió que el testigo Piquer declarara en cuanto a manifestaciones del acusado Isaías Báez, que afectaban también a la acusada Antonia Quintana, quien no estaba presente. De lo que aparece del récord resulta que el abogado de la acusada preguntó al testigo Piquer cómo sabía que Isaías Báess vendía leche de Antonia Quintana, y el testigo contestó que Isaías Báez se lo dijo así, y que Antonia Quintana era la •esposa de Isaías Báez, y preguntado el testigo, por el mismo abogado, si ella estaba presente, contestó que no. Entonces el abogado pidió que se eliminara la contestación, y la corte negó la eliminación, y el abogado tomó excepción. Aparece qne el mismo testigo declaró qne la acnsada Antonia Quintana era la qne tenía la autorización para la venta de leche, y autorizaba a su esposo Isaías Báez para transr portarla, según éste manifestó al testigo. Este, a pregun-tas del juez, contestó qne había dicho a la acusada Antonia Quintana que había tomado muestra de la leche que trans-portaba su esposo, y que era sospechosa, y que ella aceptó que la leche que le habían tomado era de su depósito. Esta parte del testimonio aclara suficientemente la cuestión.

La denegación de eliminación hecha por el juez es co-rrecta. La contestación de que se trata, fué dada a una pregunta del abogado de la defensa, que luego pidió la eli-minación.

En realidad, el punto queda reducido a la credibilidad que merecía la declaración del testigo Piquer; y éste es un. extremo que pertenece al juez, y en el que no puede en-trarse a menos que se nos demostrara que hubo pasión,, prejuicio o parcialidad, de parte del mismo juez, lo que n© se ha hecho por el apelante.

En cuanto al segundo señalamiento de error, en reali-dad, no se trata de otra cosa que de la apreciación de la prueba, en cuanto a si Antonia Quintana autorizó al otro acusado para transportar y vender la leche. Un examen de la prueba nos convence que la apreciación hecha por el juez fué correcta.

Se alega por el apelante que las manifestaciones del juez al dictar sentencia demuestran un estado de ánimo especial, y se alega que todo ciudadano tiene el derecho de ser juzgado imparcialmente y sin prejuicio. No creemos que esas manifestaciones revelen prejuicio, o pasión, o parcialidad. No tienen otro alcance que el de un comentario que no es de necesidad, pero que no está prohibido. Esto en. cuanto al tercer señalamiento de error.

El cuarto señalamiento de error, o sea, que la sentencia es contraria a las pruebas y a derecho, se baila resuelto al tratar de los tres anteriores. La sentencia está de acuerdo con los becbos y con la ley.

La sentencia apelada debe ser modificada de manera que se declare a los acusados culpables del delito de transportar para ofrecer en venta para el consumo humano, leche adul-terada, y confirmada en cuanto a las penas impuestas a los acusados.


author: El Juez Asociado Señor Aldeby,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Santiago, acusado y apelante.
    No. 3260.

    Visto: Diciembre 1, 1927.

      Resuelto: Febrero 10, 1928.
    1.-IiHurto — Proceso y Castigo — -“Indictment” y Acusación Piscad — Inten-ción Criminal — Intención de Privar al Dueño de la Cosa Hurtada.— Tina acusación por hurto de mayor cuantía es suficiente sin alegar que el acusado tuvo la intención de privar permanentemente de la cosa hurtada —un caballo — a sus dueños cuando, además de seguir las palabras del esta-tuto, en ella se alega que el acusado sustrajo el caballo maliciosamente y con intención criminal.
    2. Derecho Penal — Evidencia—-Evidencia en el Examen Preliminar o en Juicio Anterior — Su Admisibilidad en Evidencia — -Declaraciones Pres-tadas por el Propio Acusado. — Alegado como error la admisión en eviden-cia de una declaración jurada prestada por el acusado ante el juez de paz fundado en que de ella no consta que se prestara libre y espontáneamente, cuando de dicha declaración aparece que el acusado fué advertido de su derecho a declarar o no y que, de hacerlo, podría utilizarse en el juicio, no existe el error alegado y menos cuando el propio juez de paz manifiesta, ante el jurado, que el acusado declaró ante él voluntariamente.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Necesidad de que las Objeciones se Presenten en la Corte Inferior — Instrucciones al Jurado — Omisión de Instruir en General. — En proceso por hurto de mayor cuantía — sustracción de un caballo valorado en $150 — si el acusado no solicita que la corte instruya al jurado respecto al artículo 444 a del Código Penal no puede luego alegar que la corte erró al no dar instrucción alguna sobre el delito previsto en dicho artículo.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Señalamiento de Erro- ' res y Alegatos — De los Alegatos en General — Discusión de Errores-Omisión de Argumentarlos y Efecto. — Cuando se alega que la sentencia es errónea por ser el veredicto contrario a las pruebas, y el acusado no ar-gumenta tal error en su alegato, el Supremo no considerará el mismo; en el caso de autos, no obstante, se examina la.prueba y se resuelve que no existía el error alegado.

      SentbnCia de Luis Samalea, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de Hurto de mayor cuantía.

      Confirmada.

      JE. Martínez Aviles, abogado del apelante; José JE. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldeby,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Santiago fué acusado por el fiscal del delito de burto de mayor cuantía imputándole que el 16 de noviem-bre de 1926 y en el dfstrito de Arecibo, ilegal, voluntaria y maliciosamente, con intención criminal, sustrajo un caballo valorado en $150, propiedad de Agustín Ecbeandía y de Juan González.

Celebrado el juicio ante un jurado éste lo declaró culpable y fué condenado por la corte a sufrir la pena de un año de presidio, contra cuya sentencia interpuso este re-curso de apelación alegando la comisión de varios errores, siendo el primero de ellos porque la acusación no le imputa el delito de burto pues no dice que tuviera la intención criminal de privar a los dueños del caballo de su legítima pro-piedad de una manera permanente.

Esa acusación es suficiente sin alegar que el acusado tuvo intención de privar permanentemente del caballo a sus dueños, porque sigue las palabras del estatuto y porque dice que sustrajo el caballo maliciosamente y con intención criminal, pues Sustracción (stealing) significa el tomar la propiedad personal de otro con intención de defraudar o privar a su propietario permanentemente de su uso. Com. v. Kelly, 184 Mass. 320; Kellar v. State, 76 Tex. Cri. 602, 176 SW 723.

En el segundo motivo del recurso se alega que bubo error en admitir en el juicio la declaración prestada por el acusado ante un juez de paz, porque no se bace constar en ella que la prestó de su libre y espontánea voluntad. Sin embargo, de esa declaración jurada aparece que el acusado fué advertido por el juez de paz que él tenía el derecho de no declarar pero que si lo hacía su declaración podía ser utilizada en el juicio; y declarando dicho juez ante el ju-rado manifestó que el acusado declaró ante él voluntaria-mente, por lo que no existe el error alegado.

El tercer motivo de error es por no haber instruido la corte al jurado sobre el artículo 444 a del Código Penal.

En ese artículo se castiga como delito el uso o empleo temporal de vehículos, embarcaciones o animales sin auto-rización de su dueño; y aunque es cierto que la corte inferior no instruyó sobre él al jurado, habiendo declarado el acusado en el juicio que había cogido el caballo con el pro-pósito de devolverlo, contrario a lo que declaró ante el juez de paz al que manifestó que lo cogió para venderlo a quien se lo comprara, sin embargo, como el acusado no solicitó que la corte instruyera al jurado respecto a tal artículo no puede ahora alegar que existe error por no haber dado la corte instrucciones sobre ese delito, según ha resuelto este tribunal en los casos de El Pueblo v. Robles 10, D.P.R. 496, El Pueblo v. Dones, 9 D.P.R. 470, y El Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 549.

Por último alega el apelante que la sentencia apelada es errónea porque el veredicto del jurado es contrario a las pruebas.

Ese motivo de error no ha sido argumentado por el ape-lante en su alegato, pero hemos leído las declaraciones pres-tadas en el juicio y encontramos prueba suficiente de que el caballo que motivó la acusación tiene un valor de $150; que sus dueños lo tenían en un corral cercado con alambre cuya puerta tenía candado; que uno de esos alambres fué despegado y que el caballo fué encontrado en poder del acu-sado, a quien no le fué prestado por los dueños, y que el apelante trató de venderlo, por lo que no existe el error alegado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Vázquez y Ramón Torres, acusados y apelantes.
    No. 3137.

    Visto: Noviembre 18, 1927.

      Resuelto: Febrero 10, 1928.
    1. Derecho Penal — Apelación t Error, t Certiorari — Bécord y Procedimien-tos que no Están en Bécord — Transcripción de la Evidencia — Término para Badicarla o Presentarla.' — Cuando en la vista de na caso se solicita oralmeate un término para radicar una transcripción de la evidencia y no se presentan luego, bajo juramento, motivos para apoyarla, proeede negar la solicitud.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Bécord y Procedimien-tos que no Están en Bécord — Cuestiones a Bevisar — Revisión Limitada por el Propio Bécord — Cuestiones Sobre Nuevo Juicio — Concesión o De-negatoria de Nuevo Juicio. — Apelada una resolución de nuevo juicio fun-dada en cuestiones relativas a las pruebas del caso y en nuevas pruebas, cuando al Supremo no se eleva la prueba practicada en la corte inferior, dicho tribunal no está en condiciones de revocar la resolución denegatoria del nuevo juicio.
    SENTENCIA de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando a los acusados por delito de abuso de confianza.

      Confirmada.

      B. Sancho Bonet, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los dos acusados en este caso apelaron de la sentencia condenatoria pronunciada contra ellos por abuso de con-fianza y de la resolución que les negó la celebración de un nuevo juicio, y el único motivo que alegan para sostener esos recursos es que la corte inferior cometió error al no concederles el nuevo juicio que solicitaron.

Las apelaciones fueron establecidas en febrero de 1926 y no se trajo con ellas a este tribunal una exposición del caso, una transcripción de la evidencia becba por el taquígrafo, ni un pliego de excepciones, pero el día 18 de noviembre de 1927 en que tuvo lugar la vista de las apelaciones, después de los informes de los abogados, solicitó oralmente el de los apelantes que le concediéramos un término para radicar una transcripción de la evidencia, reservándonos entonces nuestra resolución. En vista de lo tardía de esta petición y de que no se nos ban presentado bajo jura-mento motivos para apoyarla negaremos lo qne se nos pidió.

La moción de nuevo juicio de los acusados se fundó en que durante el juicio el fiscal presentó testigos cuyas declaraciones son completamente inciertas y apasionadas; en que después del juicio se enteraron los acusados de que un documento en él presentado por el fiscal como esencial para su evidencia era apócrifo porque la firma que en él aparece como del acusado Rafael Vázquez está falsificada; y en que también se enteraron después del juicio de que en poder del fiscal existe una declaración prestada por Don Enrique Betancourt, que falleció antes del juicio, la que favorece a los acusados. Como complemento de esa moción se alega también en cuanto a las declaraciones inciertas que éstas fueron una sorpresa para los acusados quienes esperaban otros testimonios de esos testigos: que con respecto al documento apócrifo no pudieron obtener la seguridad de su adulteración porque sólo estuvo en manos de los acusados breves segundos el día a que se refiere la denuncia, yendo luego al poder del fiscal; y que la prueba alegada para que se les conceda el nuevo juicio no es acumulativa y habrá de producir un resultado distinto en el nuevo juicio. Se acompañaron con la moción declaraciones juradas de los dos acusados sobre los mismos hechos expuestos en ella y la de un perito calígrafo que hizo un cotejo de la firma de “R. Vázquez” del documento presentado por el fiscal con otras hechas ante él por el acusado Rafael Vázquez.

Independientemente de que el hecho de que los testigos del fiscal declararan en contra de los acusados no puede ser una sorpresa para ellos; de que el acusado Vázquez reconoce que vió antes del juicio el documento que presentó el fiscal, por lo que si no había puesto su firma en él debió estar preparado para probar en el juicio la falsificación que después de él alega, de todos modos, tenemos que llegar a la. conclusión de que no estamos en condiciones para revo-car la resolución que negó a los apelantes el nuevo juicio porque no habiendo traído ante nosotros la prueba practi-cada en la corte inferior no podemos determinar si la nueva prueba que se ofrece presentar es acumulativa o no, ni si el documento a que se ha hecho referencia es esencial y de-cisivo en este asunto, de tal suerte que en caso -de no ser auténtica la firma del acubado Vázquez, que se dice conte-ner, la sentencia habría de ser distinta a la que fue pro-nunciada.

Por estas razones la sentencia y resolución apeladas de-ben ser confirmadas.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Gregorio Muñoz y su esposa Martina Martínez; Alejo Martínez, Ana y Ventura López y Estebanía y Asunción Salas, demandantes y apelados, v. Vicente Montañez, demandado y apelante.
    No. 4241.

    Visto: Enero 20, 1928.

      Resuelto: Febrero 14, 1928.
    Injunction — Matekias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar Posesión — Emplazamiento del Demandado. — En el emplazamiento a que se refiere la sección 3 de la Ley No. 43 de 1913 (pág. 85) no es necesario que se baga constar preven-ción en cnanto al tiempo para contestar ni de qne, de no comparecer, se dictará sentencia sin más citar ni oir al demandado.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lu-gar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      J. Texidor, D. Pellón, Jr., j Antomo Ayuso, abog’ados del apelante; José E. Torres, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 16 de noviembre de 1926 Gregorio Muñoz y otros presentaron en la Corte de Distrito de San Juan una de-manda contra Vicente Montañez solicitando que se expi-diera contra él, de acuerdo con la Ley No. 43, de 1913, tal como quedó enmendada en 1917, un auto de injunction re-quiriéndole para que en lo sucesivo se abstuviera de come-ter los actos que venía realizando en relación con una finca de los demandantes n otros análogos y dejara a los deman-dantes en la posesión tranquila de la indicada finca.

Acto seguido la corte dictó nna orden qne copiada á la letra, en lo pertinente, dice:

“Se señala para la vista de este caso el día 29 de noviembre de 1926, a las 9 A. M. debiendo citarse al demandado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 43 de 1913.”

El texto del emplazamiento es como signe:

“A VICENTE Montañez, o sea el demandado antes mencionado.— PoR la presente se NOTIFICA a usted ciue se ha presentado en la ofi-cina del Secretario de la Corte de Distrito, del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, la demanda de los actores antes citados, en la cual se pide a la Corte que dicte un Injunction requiriendo a Ud. para que se abstenga de poner cercas, mensuras, y verificar cualquier otrq acto análogo de perturbación de la posesión en que se encuentran los demandantes respecto de veinte y cinco cuerdas de terreno, parte de una finca mayor que colinda al Norte con Arturo Michel, al Sur con la quebrada Salada; al Este con Mister Filbrick, y al Oeste con Mister Sordini, Pilar Rosa, Plácida Ma-rrero, Manuel Sinforoso Pérez y Obdulia Morales; radicada en el Barrio Gandelaria, de Toa Baja. — Es Abogado de los demandantes Don José O. Torres, con oficina en San Juan, Calle de: Tetuán nú-mero 5. — Y se notifica a usted que la Corte, de acuerdo con la ley vigente sobre la materia ha señalado para la vista de este caso el día 29 de Noviembre de 1926 a las 9 A. M. Expedida bajo mi firma en San Juan, Puerto Rico, hoy 16 de noviembre de 1926. — (Fir-mado)- — Luis Vergne Ortiz. Secretario.”

Dicho emplazamiento fue diligenciado personalmente, de-jándose en poder del demandado copia del mismo y de la demanda.

El día señalado comparecieron las partes y el demandado se limitó a pedir qne se declarara el emplazamiento nulo por no ajustarse al artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que no contenía la fijación del término para que el demandado contestara la demanda, ni prevención de que, si no contestaba, se podría dictar sentencia contra él, y ex-tremos de la sentencia. La moción fué declarada sin lugar, señalándose el ocho de diciembre siguiente para la conti-nuación de la vista.

En el nuevo día señalado el demandado no compareció. Eos demandantes leyeron sus alegaciones e introdujeron prueba, y sometieron el caso sin argumentar. Y la corte el 27 de diciembre de 1926, tomando en consideración las ■alegaciones y las pruebas, dictó sentencia declarando con lugar la demanda y en su consecuencia ordenó que se expi-diera el auto de injunction solicitado.

No conforme el demandado interpuso el presente re-curso de apelación. Dos son los errores que señala, siendo el segundo consecuencia del primero, ya que si en verdad el emplazamiento fuera nulo la corte necesariamente habría actuado sin jurisdicción.

Toda la contención del apelante se basa en que el empla-zamiento a que se refiere la sección 3 de la citada Ley No. 43 de 1913 debe reunir todos los requisitos que exige el Có-digo de Enjuiciamiento Civil para los emplazamientos en pleitos civiles.

Se trata de un procedimiento especial, de naturaleza su-maria, y la sección 3 invocada dice: “La corte fijará fe-cha para el juicio en dicha demanda, el cual tendrá lugar dentro de los quince días subsiguientes, debiéndose empla-zar al demandado ocho días antes, cuando menos, al fijado para el juicio.” Eso es todo.

La ley. no habla de contestación, y siendo ello así, nin-guna prevención al efecto es necesaria. Tampoco habla de prevención con respecto a que si el demandado no compa-reciere se dictará sentencia sin más citarlo ni oirlo, como en el caso de desahucio.

El mandamiento contiene, en verdad, todo lo que se ne-cesita para que se entienda que el propósito del legislador ■quedó cumplido. Dicho propósito no es otro que el de la ■celebración de un juicio en el que se ventile inmediatamente la cuestión envuelta, teniendo oportunidad desde luego el •demandado de alegar las defensas que fueren justas y pro-cedenteS, sin necesidad de formular contestación por escrito previamente. La sección 4 de la ley dice: “Toda moción o excepción deberá presentarse y verse en el acto del jui-cio” y la 5 agrega: “La corte dictará sentencia sin de-mora indebida.”

Además el demandado en este caso concreto no sólo fué emplazado debidamente para el juicio y a él compareció; si que tuvo la oportunidad de una nueva vista al declararse sin lugar su moción de nulidad. T en esa nueva vista n© se falló solamente por lo alegado en la demanda sino que se practicó, como es debido, prueba y la pruebq al par que la demanda fué apreciada.

Por virtud de todo lo expuesto entendemos que el em-plazamiento es válido y que la corte actuó con jurisdicción. La prueba no se incluye en la exposición del caso.

La sentencia dictada debe confirmarse.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Presideute Señor del Toro,

text:
    Ramón Otero, demandante y apelante, v. Agustina Mirabal, demandada y apelada.
    No. 4289.

    Visto: Enero 26, 1928.

      Resuelto: Febrero 14, 1928.
    Limitación de Acciones — Estatutos de Limitación — Limitaciones Aplicables a Determinadas Acciones — Acciones Sobre Contratos — Contratos bst Préstamo o Venta con Pacto de Betro. — Cuando se alega en la demanda que un contrato de préstamo se hizo aparecer como de venta con pacto de retro y que las partes continuaron actuando de acuerdo con la realidad de los hechos, esto es, el que aparecía como vendedor, como dueño pagando los-intereses del préstamo, y el que aparecía como comprador, como acreedor-recibiendo dichos intereses, no cabe alegar que una aeción ejercitada para restablecer la verdad, ha prescrito, por haber transcurrido cuatro años &• partir de la celebración del contrato o de la nota de consumación en el registro.
    SenteNcia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), sobre excepción pre-via de falta de hechos suficientes.

      Revocada y devuelto el caso.

      Garlos del Toro Fernández, abogado del apelante; Bubón <& Odio-teco, abogados de la apelada.
   El Juez Presideute Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Otero demandó a Agustina Mirabal titulando su demanda sobre cumplimiento específico de contrato y ale-gando en ella, en resumen, que en 1913 Prudencio Cordero era dueño de un solar y dos casas que se describen; que en el propio año Cordero solicitó y obtuvo de la demandada un préstamo de cuatrocientos dólares, sin fijación de plazo y al interés del dos por ciento mensual, garantizado con el solar y casas de referencia que tenían entonces un valor de setecientos dólares; que como el interés fijado excedía del tipo legal, la demandada exigió que se diera al contrato la apariencia de uno de venta con pacto de retro y así se bizo; que Cordero continuó siempre actuando como dueño, alquilando las easas y percibiendo para sí los cánones de arrendamiento, pagando las contribuciones, etc., basta 1916 en que vendió su propiedad al demandante, quien continuó de igual modo actuando como dueño y pagando los intereses del préstamo a la demandada; que eso no obstante, la de-mandada a sus espaldas, en 1922, obtuvo que en el registro se anotara la consumación de la venta; que el demandante ha requerido distintas veces a la demandada para que re-ciba los cuatrocientos dólares del préstamo y le otorgue la escritura traslativa del título y la demandada se ba negado, y que el demandante reitera su ofrecimiento de pago y pide a la corte que condene a la demandada a aceptarlo y a otor-gar la correspondiente escritura.

La demandada alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y así lo re-solvió la corte de distrito basándose en que la acción ejer-citada había prescrito de acuerdo con lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Collado v. Sucesión Honoré 36 D.P.R. 2. La resolución se registró como sentencia y de ella apeló el demandante alegando como error el haber la corte de distrito mal apreciado los hechos integrantes de la acción ejercitada.

Discutiendo su error sostiene el apelante que él no ejer-citó la acción de nulidad sino la de cumplimiento específico de contrato y, por tanto, que no es aplicable la jurispru-dencia invocada.

El caso de Collado, supra, se basa en el de Molina v. Hernández, 33 D.P.R. 182 y en ambos la atención de la corte estuvo fija en la cuestión de nulidad distinguida de la de inexistencia del contrato y en ellos se decidió que un con-trato de préstamo que se bacía aparecer como de venta con pacto de retro era anulable y no inexistente y, por tanto, que la acción para pedir su nulidad prescribía a los cuatro años de vencido el término para retraer fijado en el mismo.

Este caso se presenta bajo un aspecto nuevo. Aunque se consigna en la demanda que el contrato de préstamo ce-lebrado se hizo aparecer como de venta con pacto de retro y a la fecba de la interposición de la misma habían trans-currido más de cuatro años contados a partir del término fijado para ejercitar el derecho de retracto, es lo cierto que se alega además que las partes continuaron actuando siem-pre como si se tratara de un contrato de préstamo a saber: el demandante como dueño y la demandada limitada a re-cibir los intereses estipulados.

Siendo esto así, debiendo aceptarse la verdad íntegra de los hechos alegados ya que se trata de una excepción previa, entendemos que debe darse al demandante la oportunidad de un juicio. A virtud de las pruebas que una y otra parte practiquen surgirá más clara la naturaleza del contrato ce-lebrado y podrá apreciarse mejor qué influencia pueda tener la actuación de cada una de las partes en si es aplicable o no la ley de prescripción.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Andrés Quintana Reyes, demandante y apelante, v. Mark Lejeune, demandado y apelado.
    No. 4027.

    Visto: Abril 22, 1927.

      Resuelto: Febrero 14, 1928.
    1. Evidencia- — Peso y Suficiencia — Del Peso de la Prueba en General — Nú-mero de Testigos. — Una corte tiene derecho a creer la sola declaración de una parte contra las deposiciones prestadas por los testigos de la otra, espe-cialmente cuando aquélla hace una relación clara de sus actuaciones y no hay contradicción entre su declaración y las deposiciones de que se trata.
    2. Principal y Agente — De la Relación — Prueba de la Agencia — -Su Sufi-ciencia — En General. — El que una persona haya honrado en otras ocasiones giros librados por otra, no prueba en absoluto que ésta fuera un agente general de aquélla o que tuviera poder para representarla.
    3. Principal y Agente — De la Relación-Prueba de la Agencia — Manifesta-ciones del Propio Agente. — Las deelaraeioiies de un supuesto agente son insuficientes para probar la existencia de una agencia y menos cuando aqué-llas son de referencia.
    4. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — In-terés y Prejuicio de los Testigos — Interés del Demandante o Deman-dado en la Acción.- — Cuando un demandante hace al demandado su propio testigo, si bien esto no impide al primero demostrar que los hechos son dis-tintos a como los expone el segundo, o que en la silla de testigos éste es poco digno de crédito o que, por otros testigos, su declaración no es digna de crédito, dicho demandante está impedido, sin embargo, de atacarle por razón de su interés en la acción.
    5. Letras y Pagarés — Acciones—Derecho o Causa de Acción — Título para Sostener la Acción — Cesionarios para el Sólo Fin de Cobro.- — Cuando se prueba que una parte a quien, para su cobro, se le traspasa el derecho, título o interés que otra pueda tener en un giro, no ¿lió nada para la cesión, dicho cesionario nunca adquiere derecho, título o interés para entablar la acción de cobro.
    Sentencia ele Charles E. Eoote, J. (Mayagüez), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      E. Rincón PVwmey, y L. Muñoz Morales, abogados del apelante-; Benet & Souffront, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito sobre cobro de dinero presentado contra Mark Lejeune ante la Corte de Distrito de Mayagüez, ésta bizo las siguientes conclusiones de Lecho:

“1.- — Que José G-. Rivera Oían allá por el mes de noviembre del año 1923 compró mercancías de la Curacao Trading Company y ex-pidió un giro por el importe de las mismas, o sea, por $3,704.12, contra el demandado Mark Lejeune.
“2. — Que diebo giro no fué aceptado por dicbo demandado al serle presentado para su pago.
££3. — Que en fechas anteriores durante los años 1922 y 1923, José G. Rivera Oían había expedido algunos giros contra el señor Lejeune que fueron pagados por éste.
££4. — Que el demandado Mark Lejeune, allá por el mes de enero del año 1922 había autorizado por carta al señor José G. Rivbra Oían para que lo representara en el arreglo de dos goletas de su propiedad, la cual obra era efectuada por la Curacao Trading Company.
££5. — Que en el mes de mayo del año 1923 el demandado Mark Lejeune otorgó poder especial por escritura pública ante el notario don Angel A. Vázquez a favor de José G. Rivera Oían autorizando a éste exclusivamente para la venta de dos goletas de su propiedad.
££6. — Que la Curacao Trading Company traspasó por documentos públicos a favor del demandante Andrés Quintana Reyes, el dere-cho, título e interés que pudiera tener en el giro que por la suma de $3,704.12 libró Rivera Oían contra el demandado Lejeune, con el fin de que el demandante cobrase el mismo por la vía judicial o amistosa, debiendo recibir la Curacao Trading Company el cincuenta por ciento (50%) de lo que se obtuviese.
“7. — Que los giros que habían sido librados anteriormente por el señor Rivera Oían contra el señor Lejeune a favor de la Curacao Trading Company no tenían relación alguna con negociación alguna efectuada por el demandado Mark Lejeune y la Curacao Trading Company y que el señor Lejeune al pagar dichos giros lo hizo por tener fondos en dichas fechas en su poder, pertenecientes al señor Rivera Oían, procedentes de otras negociaciones.
££8. — Que el señor Mark Lejeune no autorizó al señor José G. Rivera Oían en ningún tiempo a comprar mercancías para dicho de-mandado ni a librar en pago de las mismas giro alguno contra él.
“9.- — Que la Curacao Trading Company en ningún tiempo es-tuvo justificada en creer que la compra de mercancías o negociacio-nes hechas por Rivera Oían, con excepción de la venta y reparación de las goletas propiedad de Lejeune, las hiciera éste bajo la auto-rización, por orden y para beneficio del señor Lejeune, quien nunca reconoció ni autorizó por escrito ni verbalmente ni ratificó en forma alguna dichas negociaciones.
££10. — Que el demandado Mark Lejeune nunca recibió mercade-ría alguna procedente de la negociación alegada en la demanda.”

La corte hizo varias conclusiones de derecho, todas las ■cuales no consideramos necesario disentir, ya qne resolve-mos qne las anteriores conelnsiones de hecho resuelven la -demanda, la qne se fundó en la teoría de qne existía una agencia a favor de José Rivera Oían. No vemos motivo para dudar en forma substancial dichas conclusiones.

El apelante ataca estas conclusiones, pero hallamos que tal ataque es insostenible. Dice él que la corte no tenía derecho a creer la sola declaración del demandado contra las deposiciones prestadas por los testigos del demandante.

En primer lugar el demandado compareció ante la corte, hizo una relación clara de sus actuaciones y la corte tenía derecho a creerle.

En segundo lugar no hubo una verdadera contradicción entre la declaración verbal de Lejeune y las varias deposi-ciones tomadas por el demandante en este caso. Estas de-posiciones en lo pertinente a la cuestión en controversia se limitaban a decir que Rivera Oían compró por cuenta de Lejeune y que en otras ocasiones este último había honrado giros librados por Rivera Oían. El hecho de que Lejeune en otras ocasiones hubiese honrado giros librados por Rivera Oían no prueba en absoluto que Rivera Oían fuera un .agente general de Lejeune o que tuviera poder para repre-sentarlo en ésta o en otras transacciones. Ni la carta que se transcribe en los autos ni el poder concedido anterior-mente por Lejeune tienden a probar tal agencia general o ■especial. Aun sin tomar en consideración la declaración prestada por Lejeune, no hubo prueba suficiente de una •agencia general o especial. Las declaraciones del supuesto agente además de ser de referencia eran insuficientes para probar la existencia de una agencia. Los autos tienden a demostrar que no había tal agencia. Artículos 1612, 1615, 1616 y 1617 del Código Civil.

En cuarto lugar no hay el más ligero indicio de que Lejeune se beneficiara en algo, ni el más remoto acto de ratificación. Artículo 1629 del Código Civil. ¿Cui prodestf Esta es una pregunta que fue contestada por la corte inferior.

En quinto lugar el demandante presentó a Lejeunecomo su propio testigo. Ahora bien, aunque esta acción por parte del demandante no le impediría que demostrara que los hechos eran distintos a como los exponía Lejeune,. o aunque Lejeune en la silla testifical demostrara ser pocodigno de crédito, o que según otros testigos su declaración fuera increíble, sin embargo, cuando el demandante presentó a Lejeune como su propio testigo, estaba impedidode atacarle por el mero fundamento de que éste era parteinteresada. Una persona no puede presentar un testigo ante la corte, que él tiene razón para creer puede serle ad-verso, y luego sin motivo alguno que aparezca de los autos,, atacarlo por ser poco digno de crédito.

La corte también resolvió que la cesión hecha por la-. Curacao Trading Company al demandante era contraria al orden público (void for champerty), y que por tanto, era. nula. Tal vez la corte estuvo en lo cierto pero preferimos, resolver que el demandante nunca adquirió derecho, título o interés alguno para entablar este pleito. El único nexojurídico existente entre él y Lejeune fué la cesión para cobrar la letra de cambio. Nada dió el demandante en pagode esta cesión. La prueba tiende a demostrar que la causa de acción, de existir, permaneció en la Curacao Trading. Company, la que en todo tiempo podía alegar la existencia de un nudum pactum contra el demandante- No medió causa (consideration) alguna entre el demandante y la Curacao Trading Company. Sin insistir en ello' demasiado,, podríamos decir que la demanda misma indica esto cuando en ella se alega en su segundo párrafo: “Que el demandado es en deber a Tlíe Curacao Trading Company.” Esta aserción hecha, probablemente por inadvertencia y contradicha posteriormente en la misma demanda, era un reflejoexacto de la verdad.

Dede confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Eugenio Rodríguez Suárez, demandante y apelante, v. The Star Fruit Company, demandada y apelada.
    No. 4482.

    Visto: Enero 30, 1928.

      Resuelto: Febrero 15, 1928.
    1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord-Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Re-lación de Hechos — Transcripción de la Evidencia — Preparación—Orden de la Corte. — Presentada moción para que la corte ordene la preparación de la transcripción de la evidencia de acuerdo con la Ley No. 27 de 1917 ((2) pág. 275), el lieebo de que la corte provea a dicha moción “como se pide” y no por orden en forma dirigida al taquígrafo, que es la buena práctica a seguir, no quiere decir que la corte, no actuara, ni que la actua-ción de la corte en qsa forma dé motivo a la desestimación del recurso., interpuesto.
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en RéuoSd'— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Re-lación de Hechos — Transcripción de la Evidencia — Preparación—Tér-mino para Ella — Prórroga.—Cuando a moción para ordenar la preparación de la transcripción de la evidencia por el taquígrafo la corte provee "como se pide” y antes de vencer el término de ley para la preparación de dicha transcripción se solicita prórroga do treinta días a partir de aquel en que vence dicho término, no puede sostenerse que la orden de la corte "como so pide” recaída a la moción de jmórroga sea nula por razón de haberse concedido a partir de una fecha que no había sido legalmente fijada me-diante dicho ‘ ‘ como se pide ” a la primera moción y no procede desestimar.
    „ Moción sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra sen-tencia de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar de-manda de deslinde.

      Denegada.

      Miguel García González, abogado del apelante; B. Cuevas Zequeira y O. M. Wood, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia declarando la demanda sin lugar en este pleito, el demandante apeló y el propio día en que ar-chivó su notificación, — julio 26, 1927, — presentó una moción manifestando que se acogía a la Ley No. 27 de 1917 y en tal virtud suplicaba a la corte que ordenara al taquígrafo-que preparara la transcripción. A esa moción, la corte, el 28 de julio de 1927, proveyó: “Como se pide.”

El 11 de agosto siguiente el apelante relacionando los hechos anteriores y alegando tener informes de que la trans-cripción no podría prepararse por estar el taquígrafo de vacaciones, solicitó “mía prórroga de treinta días, a partir del día en que vence el término legal de veinte días que concede la ley,” y la corte, dos días después volvió a pro-veen: “Como se pide.” Posteriormente el propio taquí-grafo ha ido solicitando prórrogas que subsisten aún.

Así las cosas, la demandada apelada pide a esta Corte Suprema que desestime el recurso porque “la providencia dictada .... en julio 28 de 1927 es nula y sin valor legal alguno, .... por cuanto no se ajusta a lo que dispone la sección 2 de la Ley No. 27, ... . toda vez que la Corte no ha dictado orden alguna a virtud de la cual el taquígrafo venga obligado a transcribir fiel y completamente el récord .... y la demandada alega, además, que la prórroga de treinta días concedida a virtud de la moción de 11 de agosto de 1927 es nula por el carácter vago e indeterminado que tiene, por razón de haberse concedido a partir de una fecha que no había sido legalmente fijada . . . .”

Estamos enteramente conformes con la .parte demandada y apelada en que la corte debió haber dictado una orden en forma dirigida al taquígrafo. Esa es la práctica que debe seguirse. Pero no lo estamos en las consecuencias que la dicha parte demandada y apelada pretende que sufra el apelante a virtud de la actuación de la corte.

La moción del. apelante de 27 de julio, 1927, cumple con todas las exigencias de la ley, y las palabras “como se pide,” usadas por la corte, constituyen una fórmula legal consagrada por los años que quiere decir que todo lo soli-citado se concede en la forma en que se insta y de acuerdo con la ley.

Siendo esto así, no puede sostenerse que se dejara de actuar. Se actuó implícitamente ordenando al taquígrafo que preparara la transcripción dentro del término de ley, o sea el de veinte días. Y como ese término tenía un punto de partida claro, tampoco puede sostenerse que sea nula la otra orden “como se pide” que recayó a la moción dé prórroga de 11 de agosto de 1927, presentada en tiempo.

Pudo haber surgido alguna complicación si el apelante se hubiera abandonado y el taquígrafo no se hubiera dado por enterado, pero como el apelante solicitó y obtuvo la pri-mera prórroga en tiempo y luego el taquígrafo acatando la orden de la corte comprendida dentro del primer “como se pide,” actuó en consecuencia solicitando prórrogas para cum-plirla, hay que concluir que la apelación está en pie y por tanto que no ha lugar a desestimarla.


text:
    Norberto Jiménez Soto, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 706.

    Sometido: Febrero 10, 1928.

      Resuelto: Febrero 15, 1928.
    Hipotecas — Registro e Inscripción — Hipotecas Inscribibles — Hipoteca Sobre Parte Restante de Finca que ha Sufrido Segregaciones — Necesidad de Previa Segregación e Inscripción a Nombre del Deudor. — Una hipoteca, constituirla por el dueño de una finca inscrita, sobre la parte restante de ella hecha deducción de ciertas segregaciones, — una inscrita y otras no — es ins-cribible sin necesidad de que la parte así Jiipoteeada sea previamente segre-gada de la finca principal e inscrita a nombre del deudor.
    Nota de R. Pérez Mercado', E. (Guayama), denegando inscripción de contrato de hipoteca.

      Revocada.

      Antonio L. López, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Guayama está ins-crita a favor de José Navarro López una finca de 84 cuerdas de terreno, constando del mismo que ha sido hecha una se-gregación de 5 cuerdas, por lo que ha quedado reducida a 79 cuerdas.

El dueño de esa finca ha otorgado escritura pública en la que después de manifestar que ha hecho varias segrega-ciones de esa finca de 84 cuerdas ascendentes a 39 cuerdas, de las cuales unas han sido inscritas y otras no, y de descri-bir las 45 cuerdas restantes, constituyó sobre éstas hipoteca a favor de Norberto Jiménez Soto.

El registrador se negó a inscribir esa hipoteca porque no resulta que la porción de 45 cuerdas que se grava sea el resto de la finca de 84 cnerdas, pues sólo se ha hecho una segregación de 5 cuerdas, y porque para poder inscribir la hipoteca habrá de inscribirse previamente la porción de 45 cuerdas a nombre del deudor segreg’ándola de la finca principal, lo cual no se ha pedido expresamente, interesándose solamente la inscripción del derecho de hipoteca.

Como no han sido inscritas las segregaciones que de la finca de 84 cuerdas ha hecho su dueño sino en una porción de 5 cuerdas, para los efectos del registro aquél continúa siendo dueño del resto de 79 cuerdas; pero como él puede hipotecar parte de su finca, como lo ha hecho en este caso en cuanto a 45 cuerdas, no creemos que sea necesario segre-gar dicha porción para que sea inscrita dicha hipoteca en cuanto a una parte de las 79 cuerdas pues él no ha enaje-nado las 45 cuerdas, que es cuando procedería su segrega-ción para formar finca aparte de las 79 cuerdas.

La resolución del registrador cíete ser revocada y orde-nársele que haga la inscripción de la hipoteca como parte de las 79 cuerdas de que es dueño el hipotecante según el registro, sin previa segregación e inscripción separada de ellas.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Rafael Porras y Nicasio Quijano, demandantes y apelados, v. El Concejo de Administración de San Juan, P. R., compuesto por Don Rafael Diez de Andino, Com. de Servicio Público, Policía y Prisiones, Don R. Benítez Castaño, Com. de Hacienda, Don Francisco Márquez, Com. de Obras Públicas: Don José González Ginorio, Com. de Instrucción Pública y Don Víctor Gutiérrez Ortiz, Com. de Beneficencia; y Don Enrique Vidal Sánchez, demandados y apelantes.
    No. 3505

      Visto: Marzo 11, 1927.

      Resuelto: Febrero 16, 1928.
    1. Corporaciones Municipales — Mejoras Públicas • — • Contratos • — • Validez de los Mismos' — Contratos Sujetos a Subasta — Contratos o Convenios Adi-cionales sobre Obras. — Adjudicado un contrato de suministro de tubos para un acueducto, quo proveía el depósito de éstos en determinado sitio, un con-trato o convenio adicional para la transportación de dichos tubos a los sitios del sistema de acueducto en que fueren necesarios, cayendo estrictamente dentro del estatuto que exige una subasta, la no celebración de ésta haee nulo dicho convenio adicional.
    2. Corporaciones Municipales — Mejoras Públicas — Contratos—'Ejecución de Obras Públicas — Adiciones al Contrato Original de Una Obra — En General. — De acuerdo eon la Ley Municipal, al disponer ésta que toda obra se verifique mediante subasta, la transportación de los tubos para construir un acueducto forma parte directa de la obra del acueducto.
    3. Certiorari — Personas con Derecho a Revisión por Certiorari — Interés del Peticionario. — Concedido indebidamente un contrato por un municipio — so-bre transportación de tubos para la construcción de un acueducto sin haber mediado subasta para ello — un contribuyente tiene suficiente interés para solicitar un remedio a fin de anular el mismo.
    4. Certiorari — Personas con Derecho a Bevisión por Certiorari — En General. — De acuerdo con el artículo 65 de la Ley Municipal de 1919 (pág. 721) la intención del legislador fué conceder el remedio do certiorari a algunas personas que de otro modo pudieran haberse valido del recurso de injunction.

    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), de-clarando ilegal, nulo e ineficaz acuerdo del Concejo de Adminis-tración de San Juan, en cuanto a una adición al contrato original de suministro y transporte de tubería e ilegal, nulo e ineficaz el contrato que a tal fin se suscribió.

      Confirmada.

      J. Guzmán y B. Martínez Nadal, abogados del Concejo de Adminis-tración de San Juan; Henry G. Molina, Leopoldo Feliú y F. Soto Gras, abogados del apelante E. Vidal Sánchez; Rafael Sancho Bonet, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una petición para revisar, mediante certiorari, las actuaciones de una asamblea municipal. En una su-basta para suministrar los tubos del nuevo acueducto al Municipio de San Juan, se le adjudicó la buena pro a Enrique Vidal Sánchez. De acuerdo con el contrato, que en-volvía una suma mayor de $960,000, él tenía que depositar los tubos en los terrenos del Parque Muñoz Rivera. Al cumplirse el contrato o antes, la Asamblea Municipal bailó que no era conveniente depositar los tubos en el Parque y que era mejor transportarlos a los sitios del sistema de acueducto en que fueren necesarios. En consecuencia, y sin subasta alguna ni oferta de subasta, la Asamblea Municipal de San Juan hizo un nuevo convenio con Enrique Vidal Sánchez para transportar los tubos a los sitios desea-dos. Por efectuar esta transportación, Enrique Vidal Sán-chez recibiría doce dólares por cada tonelada de tubos trans-portados. La compensación adicional así convenida ascen-día a la suma de $168,000.

Rafael Porras y Nicasio Quijano eran contribuyentes re-sidentes en el municipio de San Juan; también eran due-ños de varios camiones, y estaban en condiciones de hacer ofertas en la subasta para transportar los tubos si se les hubiese dado la oportunidad para ello. Solicitaron y obtu-tuvieron un auto de certiorari. La Corte de Distrito de San Juan, después de una extensa vista, resolvió el caso a favor de los peticionarios.

En el señalamiento de errores radicado en apelación, los apelantes alegan que el convenio adicional celebrado no exi-gía una subasta y que los peticionarios no son una parte perjudicada dentro del significado de la ley especial de cer-tiorari invocada en este caso.

El primer señalamiento de error más específicamente dice así:

“La corte no tuvo poder o jurisdicción para anular el contrato impugnado, porque no era para verificar ninguna obra pública ni adquisición de materiales.”

La controversia principal bajo este señalamiento es si este contrato o convenio adicional envuelve una “obra” se-gún esa palabra está definida por el estatuto. Este tér-mino sólo está mencionado en el artículo 10 de la ley, pero para interpretar debidamente sn significado debe conside-rarse el artículo precedente. La parte pertinente de los artículos 9 y 10 de la Ley Municipal, según fue enmendada en 1921, Leyes de ese año, página 436, leen como sigue:

“Art. 9. — Los municipios tendrán plenas facultades legislativas y administrativas en todo asunto que fuere de naturaleza puramente local y que se relacionen con los ramos de obras, instrucción, bene-ficencia, orden y seguridad públicos, policía, cárceles, asilos, hospi-tales, higiene, ornato, alineación de calles, apertura de parques, re-glamentación de construcciones, propiedades y rentas municipales, vías públicas, suministro de agua, alumbrado público, alcantarillado, transportes urbanos, cementerios, mercados, mataderos, carnicerías y toda clase de instituciones, servicios y otras actividades en beneficio de la municipalidad en general y para el fomento de éstas; Dispo-niéndose, que estas facultades se ejercitarán sujetas a las leyes de Puerto Eico y de los Estados Unidos que estuvieren en vigor, y que no podrá adoptarse ninguna ordenanza, resolución ni acuerdo que en modo alguno viole ninguna de dichas leyes; ....
“Art. 10. — Las facultades conferidas por esta Ley a los munici-pios se ejercitarán por éstos con sujeción a las siguientes limitacio-nes especiales: (1) toda obra pública se verificará y todo material se adquirirá mediante subasta cuando su valor o costo exceda de quinientos (500) dólares, en los municipios de primera clase y de doscientos (200) dólares, en los demás; cuando los efectos o mate-riales se fabricaren por una sola firma, podrán comprarse directa-mente, sin competencia, pero en la ordenanza autorizando tales com-pras se deberán hacer constar los motivos. En el caso de tener que adquirir los efectos o materiales que no puedan conseguirse en la Isla de Puerto Eico, se obtendrán precios de dos o más traficantes acreditados, y se 'efectuarán las compras en vista de tales precios, de igual modo que si se hiciere una subasta. Cuando se hubiere anun-ciado una subasta para la construcción de una obra o para el sumi-nistro de efectos o materiales, y no se presentaren proposiciones, en-tonces el municipio podrá hacer la obra o adquirir los efectos o ma-teriales por administración, bajo las condiciones más ventajosas po-sibles. Cuando se hubiere anunciado una subasta, para la ejecución de una obra o para el suministro de efectos o materiales, y las pro-posiciones presentadas fueren exorbitantes a juicio del concejo de administración, entonces podrá éste rechazarlas todas, y proceder a ejecutar la obra o la adquisición de efectos o materiales por admi-nistración, en las mejores condiciones posibles. La suma pagada por dicha, obra o por dichos materiales en ningún caso deberá exce-der del montante de la proposición más baja; Disponiéndose, que tratándose de la confección de planos, presupuestos, y especificacio-nes de obras públicas municipales el municipio podrá contratar li-bremente los servicios de un ingeniero o arquitecto graduado de una escuela o universidad de reconocida reputación, siempre que los ho-norarios que hayan de pagarse no excedieren del tres y medio (3%) por ciento de la cantidad presupuesta para la construcción de la obra; . . .

Es un principio general de jurisprudencia que los muni-cipios pueden contratar libremente para fines municipales, y que cualquier limitación de sus poderes debe ser interpre-tada estrictamente. Mas en particular, si una ley especifica que solamente ciertos contratos para materiales o algo pa-recido estarán sujetos a subasta, el campo de licitación no será extendido a otras materias no especificadas en la ley. Por otra parte, una ley que exija subastas es imperativa. Algunas autoridades referentes a lo dicho en este párrafo son las siguientes: Kingsley v. City of Brooklyn, 78 N. Y. 200, 213; 28 Cyc. 1025; Malette v. City of Spokane, 77 Wash. 205, 137 P. 496, 19 R.C.L. 1068 par. 356; nota 26 L.R.A. 707; Chippewa Bridge Co. v. Durand, 122 Wis. 85, 99 N. W. 603, 106 A.S.R. 931; Santa Cruz Rock Pavement Co. v. Broderick, 113 Cal. 628; State v. Kern, 51 N.J.L. 259, 17 Atl. 114; y otras autoridades citadas por la corte inferior y en el alegato de los apelados.

El artículo 9 concede a los municipios amplios poderes so-bre numerosas operaciones, incluyendo el suministro de agua. El artículo 10 fija entonces las limitaciones de esos poderes. Este artículo dice que “toda obra pública se verificará y todo material se adquirirá mediante subasta,” cuando el valor sea mayor de quinientos dólares. El artículo 9 dispone que “los municipios tendrán plenas facultades legislativas y administrativas en todo asunto que fuere de naturaleza puramente local y que se relacione con los ramos de obras públicas,” etc. Al leer estos dos artículos conjuntamente, no tenemos duda de que la intención de la Legislatura fue que toda obra pública y todo lo relacionado con las mismas estuviesen sujetos a subasta. Las excepciones de lo que no está sujeto a subasta, según están fijadas en el artículo 10, tienden a indicar la regla. La transportación de materiales necesariamente está relacionada con una obra pública.

Vamos aún más lejos, y resolvemos que la transporta-ción de los tubos para construir un acueducto formaba parte directa de la “obra” del acueducto. Económicamente, el transporte forma parte del costo de los materiales. Si una persona que se dedica a la venta de materiales ofrece sumi-nistrarlos, toma en consideración el costo del transporte, y así lo tace también un contratista. De ese modo, podrían abrirse las proposiciones y excluirse el costo de transporta-ción de todas y cada una de las licitaciones en competencia.

En su declaración el alcalde anterior admitió que a él se le había dicho que esta obra podía hacerse a razón de doce dólares por tonelada, en otras palabras, él se refería espon-táneamente a esta clase de transportación como una “obra.”

Convenimos con los apelados y además con sus citas al efecto de que la mera transportación es una “obra.”

Nos inclinamos a estar de acuerdo con la corte inferior en que el convenio adicional era un contrato independiente.

El apelante Vidal originalmente sólo estaba obligado a depositar los tubos en el Parque Muñoz Rivera. Por tanto, cuando se efectuó el contrato para transportarlos adonde fueran necesitados, ello era independiente de la intención manifestada originalmente por las partes, especialmente si se toma en consideración la ley. Si el municipio hubiese solicitado que se le hicieran proposiciones para depositar los tubos en los sitios donde fueren necesitados, teniendo así en mente un desembolso mayor de dinero, distintas per-sonas tal vez hubiesen hecho proposiciones, atraídas por mejores posibilidades. Nos sentimos obligados a resolver que el contrato sobre la transportación caía estrictamente dentro del estatuto que exigía una subasta.

El segundo señalamiento de error dice así:

“La corte no tuvo jurisdicción para anular el contrato en cues-tión mediante el procedimiento de certiorari

Si la teoría de este caso fuera que los peticionarios eran meramente posibles lieitadores, estaríamos inclinados a con-venir con los apelantes en que el interés de ellos sería de-masiado remoto y que no serían perjudicados, según define dicha palabra el artículo 65 de la Ley Municipal, que dice:

“(d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación, de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales, por malicia, negligencia o ignorancia inexcusables. ’ ’

Sin embargo, los peticionarios eran, además, contribu-yentes cuya contribución podía ser aumentada por una con-cesión indebida de un contrato. Ellos demostraron muy cla-ramente que el trabajo pudo haberse hecho a un precio más bajo, y este extremo fué directamente admitido por la de-claración del alcalde anterior, aunque él dijo que lo supo después de firmar el contrato. No importa en absoluto que en opinión de varios peritos la oferta de los apelantes fuera considerada razonable. Según una larga experiencia ha de-mostrado, las legislaturas han determinado que la subasta es el método más eficiente. Las autoridades están substan-cialmente de acuerdo en el sentido de que los contribuyen-tes de una comunidad tienen suficiente interés para solicitar un remedio.

Los apelantes insisten en que el recurso de injmiction era el remedio adecuado. Eesolvemos que, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley Municipal, la intención de la Legislatura fué conceder el remedio de certiorari a las personas que de otro modo pudieran haberse valido del recurso de injunction. Según hemos resuelto en distintas ocasiones la ley anterior de certiorari puede ser consultada para algunos fines, pero el remedio concedido- ahora por la Legislatura no es tan limitado como lo era el certiorari clásico. La idea de la Legislatura fué extender el remedio y suprimir el mal. Nada hallamos en el caso de Berríos v. Asamblea Municipal de Yabucoa, 30 D.P.R. 414, que esté en contra de los fundamentos de esta opinión.

Las disposiciones del artículo 10 son prácticamente uni-formes e imperativas, y debe confirmarse la sentencia de la corte de distrito.

En este caso también apeló el Concejo de Administración de San Juan. Los apelados solicitaron la desestimación de la apelación fundándose en qne dicho Concejo no había radi-cado ni la transcripción de los autos ni alegato. La trans-cripción de la evidencia radicada en este caso era una general, aprobada por el jnez de la corte inferior, y tenemos los autos completos a la vista y son aplicables indistinta-mente a ambos apelantes. Aunque es cierto que dicho Con-cejo no radicó alegato, sin embargo, compareció a la vista. Como todas las cuestiones levantadas han sido resueltas a favor de los apelados, una confirmación general cubrirá todo y asi se ordena.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.