text:
    Antonio Landan Ach, demandante y apelante, v. Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, etc., demandados y apelados.
    Núm. 9166.

    Sometido: Junio 1, 1945.

      Resuelto: Junio 15, 1945.

      Lionel Fernández Méndez y Juan A. Faría, abogados del apelante; Iíon. Procurador General Interino Jesús A. González y Guillermo Cintrón Ayuso, Ofici-al Jurídico, abogados de los apelados: ■
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario apelante ocupó durante más de veinte años, con carácter permanente, el cargo dé Sanitario en el Departamento de' Sanidad del Gobierno Insular. Al apro-bar la Ley de Presupuesto que había de regir durante él año fiscal de julio 1, 1942 a junio 30, 1943, la Asamblea Le-gislativa eliminó el mencionado cargo, quedando por ese motivo cesante el peticionario.

En la petición radicada ante la Corte de Distrito de San Juan se alega, en síntesis, lo siguiente:

En la fecha en que tuvo efecto su cesantía, el peticiona-rio tenía más de 60 años de edad, había servido, al Gobierno Insular por más de 20 años y durante más de diez anos pagó sus cuotas al Fondo de Betiro. El sueldo que percibía era de $50 mensuales. Al quedar cesante, el peticionario soli-citó de la Junta de Betiro demandada, que le liquidara su pensión de conformidad con la sección 8 de la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935 ((2) pág.-f27), según la cual tendría derecho a una renta anual de carácter vitalicio igual a un 50 por ciento del sueldo que'estaba devengando en la fecha en que se le separó involuntariamente del cargo. Alega el peticionario que la demandada se lia negado a hacer la li-quidación en la forma indicada y solicita se expida un auto de mandarinos ordenando a la Junta de Betiro que proceda a liquidar y a pagar al peticionario una renta vitalicia igual al 50 por ciento del sueldo anual de $600 que percibía el peticionario en la fecha en que su cargo' quedó eliminado.

La Junta demandada alegó en su contestación que el pe-ticionario no tiene derecho a que se le compute su pensión como retiro involuntario; que sólo tiene derecho a la pensión correspondiente al retiro voluntario por edad, la cual debe ser computada de acuerdo con las secciones 4 y 9 de la Ley de Betiro; y que de acuerdo con la sección 8 de dicha le5g para tener derecho a pensión por separación involuntaria el interesado debe solicitarla “antes ele tener derecho a retiro”, no siendo así el caso del peticionario, pues cuando éste soli-citó el retiro por separación involuntaria ya tenía derecho a solicitarlo por razón de su edad.

La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Apeló el peticionario y en apoyo de su recurso alega que la corte sentenciadora erró al interpretar la sec-ción 8 de la Ley núm. 23 de julio 16 do 1935 y al aplicarla a los hechos del presente caso.

Examinaremos las disposiciones legales pertinentes a la controversia entre las partes.

La sección 4 de la citada Ley de Eetiro provee qne se concederá el retiro con renta vitalicia por razón de edad, por incapacidad física, por el número de años de servicio o por separación involuntaria. Para tener derecho a retiro son requisitos esenciales (a) qne el empleado se encuentre en servicio activo en el momento en qne lo solicite y (b) qne haya cotizado al Pondo de Retiro por más de diez años.

La sección 5 de la misma Ley dispone qué cuando un empleado que se encuentre en servicio activo cumpla la edad de 60 años y haya prestado servicios por 20 años, “tendrá derecho a ser retirado al así solicitarlo”, debiendo fijarse el montante de su pensión vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en las secciones 4 y 9 de la ley. La sección 7’ dispone que cualquier empleado “que haya alcanzado la edad de cin-cuenta y cinco años ... y que haya prestado por lo menos veinticinco (25) años de servicios” y “cualquier funcionario o empleado que haya prestado por lo menos treinta (30)' años de servicio, sin límite de edad, tendrá derecho a ser retirado con una renta vitalicia computada de acuerdo con las disposiciones de las secciones 4 y 9.”

Es evidente que cuando un empleado solicita su retiro de acuerdo con el derecho que le conceden las secciones 5, 6 y 7 de la Ley de Retiro, o sea cuando el empleado se retira voluntariamente del servicio por razón de edad, o por inca-pacidad física o por años de servicio, la pensión vitalicia a que tiene derecho y el término de los servicios prestados de-berán ser determinados de conformidad con la dispuesto en las seccione's 4 y 9 de la Ley.

En el presente caso no se trata de un retiro voluntario. Al comenzar a regir la Ley de Presupuesto por la cual se eliminó el cargo que ocupaba el peticionario, éste se encontraba en servicio activo, había cumplido los 60 años de edad y los 20 de servicio y había pagado sus cuotas al Fondo de Retiro por más de diez años. Tenía, por tanto, derecho, de acuerdo con la sección 5, “a ser retirado al así solicitarlo”, pero no estaba obligado a retirarse. El peticionario, no obstante haber cumplido la edad de sesenta años, tenía derecho a continuar ocupando la plaza de Sanitario; y mientras dicha plaza existiera, nadie hubiese podido obligarle a retirarse de ella por razón de su edad o del número de años de servicio. No habiendo sido destituido de su cargo por causa justificada, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil, ni solicitado su retiro del servicio por razón de edad, incapacidad física o por años de servico, el peticionario tiene derecho a que se le compute la pensión vitalicia de acuerdo con la disposición legal aplicable a los casos en que el empleado ha sido separado del cargo en contra de su voluntad.

La sección 8 de la Ley núm. 23 de 1935, que es la que consideramos aplicable a los hechos del presente caso, dis-pone :

“Sección'8. — Si un funcionario o empleado a quien esta Ley sea aplicable, de 45 años de edad, antes de tener derecho a retiro fuere separado involuntariamente por cualquier motivo, excepto destitución del Servicio Civil Clasificado o no clasificado, después de haber servido por un período no menor de veinte (20) años, tendrá derecho a recibir, desde la fecha en que cesare en su cargo, de un cincuenta por ciento del sueldo que estuviere devengando al tiempo en que cesare en sus funciones oficiales hasta tanto sea repuesto por la Comisión de Ser-vicio Civil en un cargo igual o similar al que desempeñaba, y para lo cual será deber de dicha Comisión, sin excusa ni pretexto alguno, comunicar el nombre de dicho empleado al Jefe del Departamento en que hubiere vacado la plaza y éste deberá nombrar al citado empleado para la referida vacante. Si el empleado así nombrado declinare dicho nombramiento, cesará ipso facto la pensión que percibe y la Junta -ele Retiro procederá a dar de baja su nombre de la nómina de los pensionados; Disponiéndose, sin embargo, que si el empleado de tal modo separado involuntariamente tuviere sesenta (60) o más años de edad, la renta que se le concederá será de carácter vitalicio, sin derecho a reposición, pero en ningún caso repibirá una pensión anual mayor de mil quinientos (1,500) dólares.”

La corte inferior opinó que el peticionario no tenía de-recho a pensión con renta vitalicia por separación involun-taria, porque en la fecha en que dicha separación tuvo efecto el peticionario tenía derecho a retiro voluntario.

La interpretación dada por la corte inferior a la sección 8, supra, está en abierta contradicción con la que le dió esta Corte en Del Valle v. Junta de Retiro, 62 D.P.R. 208. Los hechos y la cuestión legal planteada' en el citado caso eran prácticamente idénticos a los del caso de autos. Al soste-ner la contención del empleado peticionario, dijimos;

“La citada sección 8 provee un procedimiento exacto y completo para la computación de la pensión de los retirados involuntariamente del servicio. Los requisitos esenciales para tener derecho a pensión son (a) tener más de 45 años de edad y (6) haber servido al Go-bierno Insular durante más de veinte años. El aquí peticionario y apelado tiene más de 45 años de edad, ha servido por más da veinte años y ha sido separado involuntariamente de su cargo. Si el peticio-nario tuviese menos de 60 años de edad, tendría derecho a recibir la mitad del sueldo que antes recibía, sin limitación alguna, hasta su reposición en otro cargo, de manera que si su sueldo fuera de $6,000 anuales, la pensión sería de $3,000 anuales. Teniendo- el pe-ticionario más de sesenta años de edad y más de veinte de servicios y habiendo sido separado involuntariamente del cargo, la renta vita-lieia a que tiene derecho de acuerdo con la sección 8 debe ser igual al 50 por ciento del sueldo que estaba devengando cuando cesó en el cargo, siempre que no exceda de $1,500 anuales. Las secciones 4 y 9, supra, no son aplicables a un caso como el de autos.”

La Junta demandada lia tratado de establecer una dis-tinción entre el caso de Del Valle y el de autos, alegando que en el primero el empleado peticionario no tenía derecho a retiro en la fecha en que fue separado involuntariamente de su cargo, porque para esa fecha había cotizado al Fondo de Retir p por un período menor que el de diez años fijado por la sección 4 de la Ley. Aceptando, sin admitirlo, que exista tal distinción, ella carece en absoluto de importancia cuando se trata de casos de separación involuntaria, como lo es el presente y lo era el de Del Valle. El propósito del legislador, expresado en la sección 8 de la Ley, es proteger al empleado público que- ha prestado servicios por más de 20 años y tiene más de 45 años de edad, pero que por no haber cumplido la edad de sesenta años — que es la que le permitiría retirarse voluntariamente por razón de edad- — no ha adquirido aún el derecho a retiro. Cuando un empleado que se encuentra en esas condiciones es separado involunta-mente de su cargo, ipso facto adquiere el derecho a una pen-sión igual al cincuenta por ciento del sueldo que estaba de-vengando en la fecha de su separación, hasta que sea re-puesto en otro cargo igual o similar al que antes ocupara. Cuando el empleado involuntariamente separado del servicio tiene más de 60 años de edad, el deseo expreso del legisla-dor es que continúe fuera del servicio, sin derecho a reposi-ción, y que reciba una pensión vitalicia igual a la mitad del sueldo que antes devengaba, siempre que no exceda de $1,500 anuales. Si la voluntad legislativa fuera que la pensión en un caso de separación involuntaria, como el presente, debe computarse de acuerdo con las secciones 4 y 9 de la Ley, muy fácil le hubiera sido al legislador decirlo así expresa-mente, como lo hizo en las secciones 5, 6 y 7 de la Ley, re-ferente a los casos de retiros voluntarios.

No podemos aceptar que la intención legislativa haya sido conceder al empleado que ha sido involuntariamente se-parado, antes de tener derecho a retiro voluntario, una pen-sión mayor que la concedida al empleado que habiendo ad-quirido el derecho al retiro, por razón de edad, años de ser-vicio y cotización, es separado involuntariamente del servi-cio, por supresión del cargo.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar se dictará otra ordenando a la Junta de Retiro demcmdada que 'proceda a liquidar y pagar al peticionario una renta vi-talicia igual al 50 por ciento del sueldo anual de $600 que estaba percibiendo en la fecha en que fué involuntariamente separado del servicio, con las costas, incluyendo la suma de $100 para honorarios de abogado.

        ‘ ‘ Sección 4. — El retiro se concederá con renta vitalicia por razón de edad, por incapacidad física, por el número de años de servicios prestados, o por separación involuntaria, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. En ningún caso Ge concederá una renta vitalicia cuyo importe exceda del 75 por ciento del promedio de los sueldos o compensaciones básicas anuales recibidos por el so-licitante durante los últimos diez años de servicios prestados; ni excederá nunca dicha renta vitalicia de mil quinientos (1,500) dólares al año. El término “sueldo o compensación básica,” usado en esta Ley, se entenderá que excluye de sus efectos todo bono, obvención, remuneración por servicios extraordinarios o compensación dada en adición al sueldo fijado al cargo por ley o reglamento. Disponiéndose, que no se concederá retiro alguno a aquellas personas que no estuvieren en servicio activo en la fecha en que lo soliciten, ni a las que hayan cotizado al Fondo de Betiro por un período menor de diez años.”

      “Sección 5. — Todo funcionario o empleado en servicio activo, a quien sea aplicable esta Ley, que alcanzare la edad de sesenta (60) años y hubiese' prestado por un término no menor de veinte (20) años, servicios computados de acuerdo con la sección 3 de esta Ley, tendrá derecho a ser retirado al así solicitarlo y el montante de la renta vitalicia a que tendrá derecho será fijado de acuerdo con las disposiciones de las secciones 4 y 9 de esta Ley.” cobradas sin. autoridad, y toda contribución que aparezca injustamente impuesta o en cantidad excesiva o de cualquier manera erróneamente cobrada; y hará un informe a la Legislatura de Puerto Rico al empezar cada sesión ordinaria, d'e todas las transacciones que en esta sección se autorizan.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño® De Jesús

license: Public Domain

text:
    Juan García Roca, et. al., demandantes y apelados, v. Central Alianza, demandada y apelante.
    Núm. 9089.

    Sometido: Marzo 12, 1945.

      Resuelto: Junio 15, 1945.

      Eduardo Pérez Qasaldnc, abogado de la apelante.; Rafael B. Pérez Mercado, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Seño® De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación se interpuso contra una resolución dene-gatoria de una moción de traslado. Se basó la resolución apelada en que la demandada no acompañó su moción de traslado de un affidavit de méritos.

La moción está predicada en que la demandada, con-forme resulta de las alegaciones de la demanda, es una cor-poración con domicilio en el distrito de Arecibo y en que se trata de un pleito de reivindicación de bienes inmuebles ra-dicados todos dentro de dicho distrito, para el cual se soli-citó el traslado.

La contención del apelado es que debió radicarse el affidavit de méritos y que la Regla 12(b) de Enjuiciamiento Civil no ha derogado los artículos del Código de Enjuicia-miento Civil que tratan de las mociones de traslado (•change of venue).

De conformidad con la Regla 12(b), las defensas que en la misma se enumeran, y entre ellas la falta de competencia del tribunal {improper venue), deben levantarse mediante moción para desestimar la demanda, Onna v. The Texas Co., 64 D.P.R. 520 (1945), o en la- contestación alegando la falta de competencia. En caso de declararse con lugar la moción, el único remedio que puede concederse es la desestimación de la demanda por falta de competencia, sin perjuicio de que el demandante pueda radicar nueva demanda en la corte competente. 3 Fed. Rules Serv. 674, 675. La referida re-gla no está en conflicto con los artículos 75 al 85, inclusive, del Código de Enjuiciamiento Civil, referentes al lugar para la celebración de los juicios en asuntos civiles. La regia y los artículos del Código son armonizables. Cuando el de-mandado presenta su moción para desestimar la demanda por falta de competencia (improper venue) sin solicitar a la vez el traslado del caso a la corte correspondiente, el pre-cepto legal aplicable es la regla 12(b), con arreglo a la cual la corte donde se radicó la demanda no tiene otra alterna-tiva, en caso de declarar con lugar la moción, que desesti-mar la demanda sin perjuicio de que el demandante radique un nuevo pleito ante la corte competente. Duval v. Bathrick, 3 Fed. Eules Serv. 12 b 23, Case 2; 31 F. Supp. 510.

Pero cuando como en el presente caso el demandado so-licita el traslado del pleito (change of venue), rigen los ar-tículos correspondientes del Código de Enjuiciamiento Civil, como si la regla 12(b) no existiera, pues se trata de una si-tuación distinta. Armonizada la regla de procedimiento con los artículos del Código, réstanos determinar ahora si la mo-ción de traslado que en este caso presentó la demandada debe ser desestimada por no haber ‘ sido acompañada de un affidavit de méritos.

Como bemos visto, la moción de traslado está predicada en el domicilio de la demandada y en la naturaleza del pleito. De la faz de la demanda aparece que el domicilio de la demandada radica dentro del distrito judicial de Are-cibo, y que las fincas cuya reivindicación se solicita radican todas dentro del mismo distrito. En cuanto a la prueba de estos dos particulares — el domicilio del demandado y el si-tio donde radican los bienes — el affidavit de méritos es cla-ramente innecesario, puesto que el propio demandante los alega en- la demanda.

En lo que respecta a si la demandada tiene o no una buena defensa, se ha resuelto que cuando se trata de traslado por razón del domicilio del demandado o de reclamación de bienes inmuebles radicados en el distrito para el cual se solicita el traslado, el derecho del demandado a obtenerlo es absoluto. Usera v. Luce & Co., S. en C., 58 D.P.R. 290, 295 (1941); Silva v. Sucn. Báez, 34 D.P.R. 742 (1925); Font v. Castro, 33 D.P.R. 784, 786 (1924). Si el derecho es absoluto, la corte no tiene discreción para negarlo, y consecuentemente el affidavit de méritos es innecesario.

Es verdad que el art. 82 del Código de Enjuiciamiento Civil no establece distinciones entre los distintos niotivos de traslado al exigir el affidavit de méritos. Pero cuando como en el presente caso la presentación de ese affidavit no conduce a ningún fin práctico, puesto que de la faz de la de-manda resulta la incompetencia de la corte para conocer del caso y el derecho absoluto del demandado a obtener el tras-lado, debemos concluir que la Asamblea Legislativa, en ca-sos como el presente, no tuvo la intención de exigir tal affidavit, ya que no hemos de presumir que habría de exigir cosas inútiles.

Siendo innecesaria la presentación del affidavit de méri-tos bajo las circunstancias dé este caso, erró la corte inferior al denegar el traslado por no haberse acompañado dicho affidavit. Procede revocar la resolución denegatoria del tras-lado, declarar con lugar la moción y devolver '-el caso a la corte; inferior para que remita los autos a la Corte de Dis-trito de Arecibo.


author: EL Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    In re Pablo Andino Espejo, querellado.
    Núm. 62.

    Sometido: Abril 5, 1945.

      Resuelto: Junio 15, 1945.

      Pablo Andino, pro se y Miranda <& Miranda Esteve, abogados éstos del querellado; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado dé El Pueblo.
   EL Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de esta Corte, por delegación del Procurador General de Puerto Rico, instó el presente procedimiento de disbarment contra el abogado Pabilo Andino Espejo, im-putándole el haber otorgado, como notario, el 14 de octubre de 1944, una escritura pública a virtud de la cual Sixto He-leria Feliciano vendió a su concubina Gertrudis Cruz por el precio de “un dólar y otras consideraciones” una casa y solar, a pesar de constarle personalmente a dicho abogado que la mencionada propiedad desde hacía más de diez años no pertenecía al Sr. Heleria. Cumplidos todos los trámites de este procedimiento y por la apreciación de toda la prueba presentada el día de la vista consideramos que se han pro-bado los siguientes hechos:

Que allá para el año 1929 Sixto Heleria Feliciano era dueño y tenía inscrita a su favor en el Registro de la Pro-piedad de San Juan una finca urbana, solar y casa, ubicada en Santurce; que por escritura pública número 16 otorgada ante el notario Victoriano M. Fernández el 18 de mayo de 1929, Sixto Heleria Feliciano vendió dicha propiedad a la mercantil N. Ortega & Cía., a través del socio gestor de la misma Señor Roberto Quintero, por el precio de $400, de los cuales la compradora retuvo $300 para pagar una hipo-teca a favor de don Isidro G. Luiña, que gravaba la propie-dad; que dicho gravamen fue cancelado por escritura pú-blica número 16 otorgada el 29 de mayo de 1933 ante el no-tario Victoriano M. Fernández; que el 31 de julio de 1933 la mercantil N. Ortega & Co. por su socio gestor Roberto Quintero vendió la propiedad a Joaquín Bonilla, por escri-tura pública número 28 otorgada ante el mismo notario antes mencionado; que ninguna de estas escrituras de tras-paso y cancelación de hipoteca fue inscrita en el Registro de la Propiedad por lo que del mismo aparecía Sixto Heleria Feliciano como dueño.

Que el 2 de octubre de 1944 el querellado Pablo Andino Espejo visitó al Sr. Roberto Quintero en su casa residencia y le manifestó que representaba a un veterano que era el dueño de la casa que Quintero estaba administrando y co-brando sus rentas; que Quintero le informó que él le había comprado esa casa a Heleria en el año 1929 y se la había vendido a Bonilla años después, a lo que le contestó el que-rellado que ellos “habían estado cobrando la renta de la casa por espacio de todo ese tiempo y esa renta la van a tener que reembolsar,” que “Aquí lo que podemos hacer es que yo me voy a ocupar de arreglar el asunto definitiva-mente. A este hombre hay que darle dinero” para que arre-glase todas las escrituras y que si no atendía a la transac-ción iban a vender la casa; que Quintero le contestó que tendría que hablar con Bonilla que era quien había estado percibiendo las rentas de la casa y el querellado le contestó que podía esperarlo tres o cuatro días. Que en efecto Quin-tero impuso a Bonilla de lo ocurrido y ambos fueron donde el abogado de Bonilla, Lie. Eduardo H. F. Dottin, y le in-formaron lo ocurrido y dicho letrado les aconsejó que no dieran un centavo y que si Heleria vendía la casa sería una venta nnla e incurría en nn delito grave, Se probó ade-más, qne en el mes de septiembre de 1944, Bonilla, a quien el Lie. Dottin había solicitado le consiguiera las escrituras de constitución de la sociedad Ortega & Cía. y la de venta original y cancelación de hipoteca, con el fin de poder ins-cribir la compra hecha por Bonilla, había hablado con Sixto Heleria para que le consiguiera la escritura en que él le ha-bía'vendido a Ortega & Cía, ofreciéndole pagarle porque se la buscara; que Heleria ofreció hacerlo pero luego volvió donde él y le dijo que necesitaba dinero a lo que Bonilla le manifestó que le llevara la escritura que no saldría descon-tento; que cuatro o seis días después Heleria volvió donde Bonilla y le dijo “Voy a consultar con un abogado porque yo estoy mal” y se fué; que a los pocos días Quintero le informó lo ocurrido con el querellado.

Por último se probó que, a pesar de tener conocimiento el querellado que la casa y solar en cuestión habían sido ven-didas por Heleria a Ortega & Cía. y por esta mercantil a Joaquín Bonilla hacía más de diez años, el 14 de octubre de 1944 o sea con posterioridad a su entrevista con Quintero, otorgó como notario la escritura número 53 a virtud de la cual Sixto Heleria Feliciano le vendió a* su concubina Ger-trudis Cruz (que se probó había sido sirvienta en la casa del querellado) por el precio de un dólar y otras consideracio-nes; que dicha escritura fué presentada en el Registro de la Propiedad de San Juan el 24 de octubre e inscrita el 25 de octubre de 1944; que con posterioridad a esta última fecha el querellado visitó al Lie. Dottin y le solicitó datos sobre la escritura de cancelación de hipoteca que le fueron suministrados y en el curso de la conversación, según la re-lata el Lie. Dottin, éste le dijo al querellado que le habían “avisado que Heleria trata de vender por segunda vez esa finca” y que el querellado entonces le informó que Heleria ya había vendido la finca y que él había hecho la escritura de venta y la había inscrito en el Registro; que el quere-liado no le dijo a quién se había vendido pero que sí le dijo que “Heleria era un viejo veterano y como tal estaba inte-resado en el asunto”; que al día siguiente el Lie. Dottin comprobó en el Registro de la Propiedad que la finca había sido vendida por Heleria a su concubina y pocos días des-pués el Lie. Dottin radicó, a nombre de Bonilla, en la Corte de Distrito de San Juan una acción sobre nulidad de la venta efectuada y anotó la demanda en el registro, y algún tiempo después el querellado, a nombre de Heleria y Gertrudis Cruz, contestó dicha demanda, estando el caso pendiente de vista.

El querellado prestó declaración en su defensa y negó que hubiera visitado al Sr. Roberto Quintero el 2 de octubre de 1944 y sostuvo que dicha visita no tuvo lugar hasta el 20 de noviembre de dicho año y que el motivo de la misma fué solicitar de Quintero la escritura de cancelación de la hipo-teca de Isidro G. Luiña que gravaba la finca y que Quintero le dijo que no recordaba si la había hecho el Lie. Adrián Agosto o el Lie. Dottin y que fuera donde ellos; que fué donde el Lie. Agosto y éste le dijo que' él no había otorgado la escritura y entonces estuvo en la oficina del Lie. Dottir. y éste le suministró los datos y fué al Archivo General de Protocolos y obtuvo una certificación; que el Lie. Dottin le informó que Quintero le había dicho que Heleria le había pasado la casa a su concubina; que no fué hasta que estuvo en el Archivo General que se enteró que Heleria le había vendido la casa a Ortega & Compañía y que varios años des-pués dicha mercantil se la había vendido a Joaquín Bonilla. En cuanto a la escritura otorgada por él el 14 de octubre de 1944 afirmó que lo había hecho a requerimiento de Gertru-dis. Cruz pues su exconcubino Heleria quería traspasarle la casa porque habían trabajado juntos y con lo que ganaron fué que Heleria compró la casa originalmente y que éste quería pasarle la casa gratis a Gertrudis y por eso fué que él hizo constar que el precio de la venta era un dólar y otras consideraciones.

De acuerdo con los hechos probados en este caso no te-nemos duda alguna de que el 14 de octubre de 1944 cuando el querellado otorgó como notario la escritura a virtud de la cual Sixto Heleria Feliciano vendió a su concubina Ger-trudis Cruz la casa en cuestión por la suma de un dólar y otras consideraciones, al querellado le constaba que Heleria no era el dueño de la propiedad por habérselo así informado el Sr. Quintero cuando el querellado lo visitó a principios del mes de octubre. Que el querellado le habló a Quintero en el sentido de que representaba a un veterano quedó corrobo-rado por el testimonio del Lie. Dottin cuando afirmó que el que-rellado lo había dicho que “Heleria era un viejo veterano” y asimismo quedó corroborado el hecho de que la visita que hizo el querellado a Quintero fué a principios del mes de octubre, y no en noviembre, pues el Lie. Dottin afirmó que el Sr. Quintero le visitó con más de tres semanas de ante-lación que el querellado y le informó que éste “le había pe-dido qué sé yo cuántas cosas.” Es significativo, además, el hecho de que de acuerdo con la declaración del Sr. Bonilla, en el mes de septiembre de 1944 él ofreció pagarle a Hele-ria si éste le conseguía las escrituras originales y, que - al no adelantarle dinero, Heleria le manifestó que iba a eoli-sultar con un abogado y a los pocos días fue que Quintero le informó a Bonilla de la visita que le hizo el querellado.

A nuestro juicio las alegaciones de la querella, en tanto en cuanto por ellas se imputa al querellado haber tenido conocimiento de que Sixto Heleria Feliciano no era dueño de la casa que vendió a su concubina el 14 de octubre de 1944 y que dicho hecho le constaba por habérselo así mani-festado el Sr. Roberto Quintero el día 2 de octubre de 1944 cuando el querellado lo visitó y requirió, a nombre de un veterano que según el querellado era el dueño de la casa, para que le reembolsara las rentas de la casa, porque al veterano había que darle dinero o de lo contrario iba a vender la casa, han quedado plenamente comprobadas.

Siendo los actos realizados por el abogado Pablo Andino Espejo constitutivos de conducta inmoral en el desempeño de sus deberes profesionales, procede separarlo del ejercicio de la abogacía y en su consecuencia también del notariado y eliminar su nombre del Registro de Abogados por el tér-mino de dos años, a partir de la fecha de la sentencia que en este caso se dictará.

       En cuanto a la visita que le hizo Quintero el Lio. Dottin declaró lo siguiente:
      “Vino Koberto Quintero muy asustado también, y yo para asustarlo más le digo, “Mire, Bonilla tiene el derecho de demandar en ejecución, quiere-la finca”. Me dijo, “Ese hombre, ese abogado me ha dado unos días para que yo arregle con él, y que si no arreglo el asunto va a perder la finca. Le he dicho que la finca no es mía.” “Sí, pero yo quiero que se arregle esto. ¿Y quién es el abogado o notario que lia estado interviniendo en esto?” “Pablo Andino.” “ ¡Pablo Andino 1 ” “Sí, me ha dado dos días y tengo que resolver.” “Hombre, eso es un 6Vwff de Pablo Andino, si lo ha hecho.” Le dije, “Mire, no dé un centavo a nadie, que eso es una vagabundería de Heleria. No dé un centavo, no importa que la finca esté sin inscribir todavía. JS1 ha vendido en escritura pública, y no tiene para qué molestarse. Ahora, -sí tráigame las escrituras. ’ ’

       relación con la declaración del querellado es conveniente hacer constar que el Le. Dottin, a repreguntas del propio querellado, declaró lo siguiente:
      ‘ ‘ P. ¿ Qué tiempo transcurrió entre la visita que le hiciera a usted Quintero, anunciándole este asunto, y la visita mía?
      “R. Quintero me parece que hizo más de una visita. Por lo menos dos.
      “P. Un momento. Para aclarar. ¿Qué tiempo transcurrió entre la visita que dice que yó había estado en la casa de Quintero, y la visita mía?
      “ft. ¿Qué tiempo transcurrió entre la visita de Quintero, cuando me dijo que usted había ido donde él? Más de tres semanas.

      “P. ;3STo serán tres día-s?
      “R. No. SI hombre vino a mi oficina diciéndome que usted había pedido qué se yo cuántas cosas, le pedí escrituras, me trajo una, ésa no era suficiente, se fué, y me trajo la otra, para darle a su señoría las notas que le di en mi oficina.1' (Bastardillas nuestras.)


author: El Juez Presidente Señor Trayieso

text:
    Ex parte Ramón Hernández Martínez, peticionario y apelante.
    Núm. 9112.

    Sometido: Mayo 23, 1945.

      Resuelto: Junio 22, 1945.

      A. L. López, abogado del apelante.
   El Juez Presidente Señor Trayieso

emitió la opinión del tribunal.

Bamón Hernández Martínez radicó ante la Corte de Dis-trito de Hum acao una solicitud ex-parte para que se decla-rase a él y a sus doce hermanos, únicos y universales here-deros ab intestato de doña Francisca Martínez, madre de los trece.

La evidencia ofrecida en apoyo de la solicitud estableció los hechos siguientes:

Don Gregorio Hernández Rodríguez, natural de España, vino a Puerto Rico después de haber contraído allá matri-monio con Patricia Lacalle. Ya en Puerto Rico, Hernán-dez sostuvo relaciones amorosas con Francisca Martínez, de las cuales nacieron los trece reclamantes de la herencia ma-terna. Los nombres y fechas del nacimiento de cada uno de los trece hijos son:

Miguel Ramón, septiembre 25, 1895
Francisco, julio 12, 1897
Valentín, junio 12, 1898
Adela, marzo 17, 1900
Gregorio, noviembre 1, 1901
Petra, diciembre 15, 1902
Modesto, febrero 25, 1904
Serafina, julio 2, 1905
Florencio, abril 5, 1907
Jorge, abril 30, 1909
Nicolás, diciembre 19, 1911
Mariano, mayo 11, 1913
Alfonso, julio 23, 1915

El matrimonio entre Gregorio Hernández y Patricia La-calle existió hasta mayo 13 de 1926, cuando quedó disuelto por sentencia de divorcio dictada por la Corte de Distrito de Humaeao. En septiembre 19 de 1926, Gregorio Hernán-dez, divorciado y Francisca Martínez, soltera, contrajeron matrimonio e hicieron constar en el acta matrimonial lo si-guiente :

“Que ambos contrayentes han vivido maritalmente, habiendo pro-creado los hijos siguientes: (aquí los nombres y edades de los trece hijos), los cuales se reconocen.’’

En octubre 17 de 1944, la corte inferior dictó una reso-lución declarando herederos universales de doña Francisca Martínez a sus hijos legitimados Petra, Modesto, Serafina, Florencio y Jorge Hernández y Martínez. La solicitud fue declarada sin lugar en cuanto a los otros ocho hijos. El pe-ticionario apeló, alegando que la corte inferior erró al inter-pretar las disposiciones del Código Civil referentes al reco-nocimiento de hijos naturales.

Los fundamentos de la resolución recurrida son:

1. La condición o estado de un hijo natural o ilegítimo ha de determinarse por la ley en vigor a la fecha de su con-cepción o nacimiento, según el caso. (Núñez v. Lacot, 32 D.P.R. 81; Morales v. Sucn. Cerame, 30 D.P.R. 843; Ramírez v. Ramírez, 30 D.P.R. 617).

2. Habiéndose probado que el peticionario y todos sus hermanos son hijos de un hombre casado y de una mujer soltera, la condición o estado de cada uno de los hijos debe ser determinada en la forma siguiente:

(A) Los primeros cinco hijos, nacidos durante el período de 1895 a noviembre 1 de 1901, no son hijos naturales tal y como definía a éstos el artículo 119 del Código Civil que ri-gió en Puerto Rico hasta junio 30 de 1902.

(B) Que tampoco son hijos naturales los tres últimos, nacidos durante el período de diciembre de 1911 a julio de 1915, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 del Có-digo Civil entonces vigente, o sea el que empezó a regir en marzo 9 de 1911.

(C) Que de acuerdo con las disposiciones legales citadas, las cuales son idénticas en ambos códigos, ninguno de los ocho hijos mencionados puede ser considerado como hijo natural, ni puede tampoco ser reconocido o legitimado, ya que todos fueron procreados y nacieron fuera de matrimo-nio, cuando sus padres no hubieran podido casarse por es-tar el padre casado con Patricia Lacalle. Siendo adulterina la filiciación de dichos ocho hijos, éstos no podían ser legiti-mados por el subsiguiente matrimonio de sus padres. (Man-resa, Tomo T, pág. 536; Rivera v. Sucesión I. Díaz, 36 D.P.R. 541).

(D) Los cinco hijos restantes, Petra, Modesto, Serafina, Florencio y Jorge, nacidos durante el período de diciembre 15 de 1902 a abril 30, 1909, nacieron bajo la vigencia del Código Civil que empezó a regir el 1 de jnlio de 1902. De acuerdo con el artículo 180 de dicho Código, que provee que “hijos ilegítimos son los nacidos fuera de matrimonio”, y el artículo 193 que dispone que “los hijos nacidos fuera del matrimonio son legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres, si con arreglo a la ley pudieren eontraerlo o por autorización de este Código”, los mencionados cinco hijos son hijos ilegítimos de Francisca Martínez, quedaron legiti-mados por el subsiguiente matrimonio de sus padres y tie-nen, de acuerdo con el artículo 194 del mismo Código, los mismos derechos y deberes de los hijos legítimos.

Arguye el apelante, que los trece reclamantes son hijos naturales de Francisca Martínez y por ella reconocidos; que ese hecho quedó establecido por la evidencia documental; que las manifestaciones hechas por los padres en el acta de matrimonio no pueden alterar el status de hijos naturales de Francisca Martínez, adquirido por los reclamantes desde el momento en que nacieron; que el principio de que la con-dición de un hijo natural o legitimado ha de determinarse por la ley en vigor en la fecha de su concepción. o naci-miento, no es de aplicación al presente caso, pues lo que aquí se discute es el derecho de los hijos naturales de doña Francisca Martínez a heredar a su madre, y no se trata de la herencia del padre.

No es cierto, como alega e.l apelante, que de las actas de nacimiento presentadas en evidencia aparece que todos los presuntos herederos fueron inscritos como hijos naturales reconocidos de Francisca Martínez. Hemos examinado dichas actas y encontramos que los tres primeros hijos, Miguel Eamón, Francisco y Valentín, y el séptimo, Modesto, fueron inscritos como hijos de matrimonio civil de don G-re-gorio Hernández, natural de España, vecino de San Lorenzo y de doña Francisca Martínez, natural 'y vecina de San Lorenzo. Todos los demás fueron inscritos como hijos natura-les de doña Francisca Martínez.

De la prueba ofrecida por el propio peticionario resulta qne los trece reclamantes son el fruto de las relaciones amo-rosas habidas entre Gregorio Hernández y Francisca Martí-nez; y que en las fechas de la concepción y del nacimiento de cada uno de ellos, los padres no hubieran podido casarse, pues aun cuando la madre era soltera el padre estaba casado con Patricia Lacalle.

La ley aplicable a los primeros cinco hijos, nacidos desde septiembre 25, 1895 a noviembre 1, 1901 es la contenida en los artículos 119, 120 y 122 del Código Civil que rigió en Puerto Rico hasta junio 30 de 1902, que disponían lo siguiente:

“Artículo 119.- — Sólo podrán ser legitimados los hijos naturales.
Son hijos naturales, los nacidos fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse sin dis-pensa o con ella.”
“Artículo 120. — La legitimación tendrá lugar:
1. Por el subsiguiente matrimonio de los padres.
2. Por Concesión Real.
“Artículo 122. — Los legitimados por subsiguiente matrimonio dis-frutarán de los mismos derechos que los hijos legítimos.”

El derecho de estos primeros cinco hijos se basa en la alegada legitimación de los mismos por el matrimonio de los padres celebrado en 1926.. En sus Comentarios al artículo 119, supra, dice Manresa:

“El matrimonio no legitima por sí solo más que a los nacidos en él, aunque hayan sido concebidos antes; y para que legitime a los anteriormente nacidos, es preciso que concurra en ellos la condición de naturales y el reconocimiento de los padres: de modo, que sólo concurriendo estos dos requisitos pueden ser legitimados. Toda otra interpretación respecto a la fuerza ipso jure del matrimonio subsi-guiente, . se sale de los términos de la ley.”

Paitando a cada uno de dichos cinco hijos la condición de hijo natural, por ser hijos de padre casado y madre soltera que al tiempo de la concepción de aquéllos no podían casarse, ninguno de ellos podía ser legitimado por el subsiguiente matrimonio de los padres, ni en ninguna otra forma.

La condición o estado de los tres últimos hijos nacidos entre diciembre 19, 1911 y julio de 1915 debe ser determinada de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil que empezó a regir el 9 de marzo de 1911. De acuerdo con los artículos 187 a 191 de dicho Código, sólo los hijos naturales tienen derecho a ser legitimados por el subsiguiente matrimonio; y el artículo 193 considera “hijos naturales” a los nacidos fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción o del nacimiento de aquéllos pudieron casarse sin dispensa o con ella. Ese mismo artículo disponía que el hijo natural podía ser reconocido por el padre y la 'madre, conjuntamente, o por uno de ellos solamente, en el acta de nacimiento o por testamento o mediante escritura pública.

La corte inferior no erró al resolver que estos tres últi-mos hijos, al igual que los cinco primeros, no fueron ni po-dían ser legitimados por el subsiguiente matrimonio de los padres.

¿Fueron o podían ser reconocidos el peticionario y sus hermanos, por las manifestaciones que aparecen en las actas de nacimiento, hechas por los padres o por la madre solamente? La contestación debe ser en la negativa, en cuanto a los primeros cinco y a los últimos tres hijos, por carecer todos ellos de 3a condición de hijos naturales, sin la cual ni el padre ni la madre podrían reconocerles legalmente, de acuerdo con la ley vigente en las fechas en que nacieron. Art. 129, Código Civil Español; art. 193, Código Civil de 1911.

¿Qué efecto legal, si alguno, pudo tener el acto de la madre, al inscribir a los primeros cinco hijos como sus hijos naturales?

El artículo 129 del Código Español disponía que “el hijo natural puede ser reconocido por el padre y la madre con-juntamente, o por uno solo de ellos”. Y el artículo 130 pro-veía lo siguiente:

“En el caso de hacerse el reconocimiento por uno solo de los padres, se presumirá que el hijo es natural, si el que lo reconoce tenía capacidad legal para contraer matrimonio al tiempo de la con-cepción. ”

Cuando siendo soltera y teniendo capacidad legal para contraer matrimonio, Francisca Martínez inscribió como su “hijo natural” a Adela, nacida en marzo 17 de 1900 y a Gregorio, nacido en noviembre 1 de 1901, el art. 130 del Có-digo Civil Español, supra, regía aún en esta isla.

. En sus Comentarios a los artículos 129 y 130, (Tomo 1, págs. 563-4) dice Manresa:

“Interpretando el art. 130, declara el Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de junio de 1893, que dicho artículo no define la filiación natural, sino que dándola por definida en el 119, y presuponiendo la facultad que el 129 otorga a los padres para que cada cual de ellos pueda reconocer separadamente al hijo que tenga esa calidad, se limita a declarar como una consecuencia lógica de tal facultad, que, el hijo así reconocido se presume natural si el que lo reconoce tenía capacidad para contraer matrimonio al tiempo de la concepción. Siendo esto así las presunciones pueden destruirse mediante prueba en contrario, y el Código permite expresamente la impugnación en el art. 138, que concede a las personas que resultaren perjudicadas por el reconoci-miento del hijo natural, acción eficaz para destruir la presunción, no solamente cuando se hubiera faltado a las prescripciones relativas al acto del reconocimiento, sino también cuando éste recayere en favor de un hijo que no retine las condiciones que para ser calificado de natural requiere el art. 119.”

En el caso de autos, la presunción que surgió a favor de dichos hijos, como consecuencia de las declaraciones de la madre, fue destruida por la prueba en contrario presentada por el propio peticionario, mediante la cual se estableció que todos y cada uno de los hijos fueron concebidos y nacieron cuando sus padres no estaban en libertad para contraer ma-trimonio.

El pronunciamiento de la resolución recurrida en cuanto a los otros cinco hijos, dice así:

“Petra, que naciera en 15 de diciembre de 1902, Modesto, Serafina, Florencio y Jorge, que nacieron desde entonces basta el 30 de abril de 1909, fecha en que naciera éste último, son hijos ilegítimos de Fr an cisca Martínez, que fueron más tarde legitimados por el matri-monio subsiguiente de sus padres, doña Francisca Martínez y don Gregorio Hernández Rodríguez, efectuado en San Lorenzo, el día 20 de septiembre de 1926 y en cuyo acto reconocieron los hijos habidos en sus relaciones amorosas.”

Las disposiciones legales en que se basa el anterior pro-nunciamiento son las del Código Civil que comenzó a regir el l9 de julio de 1902 y estuvo en vigor hasta el 9 de marzo de 1911. El artículo 180 de dicho cuerpo legal, define a los “hijos ilegítimos” como aquellos “nacidos fuera del matri-monio”» sin establecer distinción alguna entre el hijo ilegí-timo cuyos padres no estaban en la fecha de su concepción o nacimiento en libertad para contraer matrimonio, por ser uno de ellos casado; y el hijo cuyos padres hubieran podido casarse en la fecha de la concepción o del nacimiento.

El art. 193 del mismo Código Civil de 1902, dispone:

“Los hijos nacidos fuera del matrimonio son legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres, si con arreglo a la ley pu-dieren contraerlo o por autorización de este Código.”

A primera vista, el artículo transcrito parece proveer que todos los hijos nacidos fuera de matrimonio, tanto los natu-rales como los adulterinos, quedan legitimados por el subsi-guiente matrimonio de sus padres. Si el legislador se hu-biese detenido ahí, su intención hubiera quedado claramente expuesta. Empero, agregó la frase “Si con arreglo a la ley pudieren contraerlo”, y es esa frase la que nos obliga a in-terpretar la intención que tuvo el legislador al redactar el artículo 193 en la forma en que lo hemos transcrito. ¿Se refiere el legislador a la capacidad legal de los padres, para casarse, en el momento de la concepción o del nacimiento del niño, o a la capacidad legal para contraer el matrimonio sub-siguiente, base y fundamento de la alegada legitimación?

A nuestro juicio lo, que quiso decir el legislador es que el subsiguiente matrimonio de los padres de hijos ilegítimos produce el efecto legal de legitimar a dichos hijos, si los padres hubieran podido contraer matrimonio en la fecha en que aquéllos nacieron. En otras palabras, el legislador quiso conservar la distinción entre el hijo natural, nacido fuera del matrimonio de padres libres para casarse, y el hijo adul-terino, nacido también fuera del matrimonio, pero de padres que en la fecha de su nacimiento no hubieran podido casarse por ser ambos o por lo menos uno de ellos, casado. Esa es la única interpretación lógica que puede darse a la frase “si con arreglo a la ley pudieren contraerlo”. Sería un absurdo resolver que el legislador se refería al matrimonio subsi-guiente, pues es obvio que si éste se celebrara en contraven-ción de la ley, sería nulo y la legitimación no existiría.

La interpretación que hemos dado a los artículos 180 y 193, supra, encuentra apoyo en las disposiciones del artículo 197 del mismo' Código, que dice:

“La declaración de legitimidad no podrá obtenerse si al tiempo del nacimiento del hijo no hubieran podido sus padres contraer ma-trimonio con arreglo a este Código.”

La corte inferior erró al declarar que los cinco hijos mencionados habían sido legitimados por el subsiguiente matrimonio de los padres. Empero, la resolución recurrida, en cuanto declara herederos de Francisca Martínez a sus hi-jos Petra, Modesto, Serafina, Florencio y Jorge, debe ser confirmada, por razones distintas a las expresadas por la córte inferior como fundamentos de su decisión.

El Código Civil que empezó a regir el primero de julio de 1902, que era la ley vigente en las fechas en que nacieron todos y cada uno de dichos cinco hijos, disponía en su artículo 187, lo siguiente:

“El hijo ilegítimo puede ser reconocido de cualquier modo, por el padre y la madre conjuntamente, o por uno solo de ellos.”

De conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, la inscripción que de cada uno de dichos cinco hijos hizo Francisca Martínez en el Registro Civil declarando que el niño era “hijo natural de la declarante”, produjo el efecto legal de reconocer al niño así inscrito como hijo natural de Francisca Martínez y como tal, con derecho a participar en la herencia intestada de la madre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 del mismo cuerpo legal. Véase: Lucero v. Herederos de Vilá, 17 D.P.R. 152.

Estamos de acuerdo con la corte inferior en que la Ley núm. 229 de mayo 12 de 1942 no es aplicable a los hechos y circunstancias de este caso, por ser dicha ley de carácter prospectivo. Véase: Correa v. Him, 64 D.P.R. 987.

La resolución recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    The Coca Cola Export Sales Co., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 49.

    Sometido: Mayo 7, 1945.

      Resuelto: Junio 22, 1945.

      Hartsell, Kelley <& Hartnell y Rafael O. Fernandes, abogados de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino Julio Suáres Ga-rriga, y M. Velásqioe-s Flores, Procurador General Auxiliar, abo-gados del interventor, Tesorero de Puerto Rico, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria es una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, autorizada a hacer negocios en Puerto Eico. El 11 de marzo de 1942 radicó en el De-partamento de Hacienda su declaración de ingresos corres-pondiente al año contributivo que empezó el primero de julio de 1941 y terminó el 30 de noviembre del mismo año. Acom-pañó su declaración de ingresos de un cheque por $8,542.25, que era la contribución que según la declaración de ingresos debía pagar, y unió una carta en la que hizo constar que pa-gaba bajo protesta la contribución, entre otras razones, por-que siendo la contribuyente una corporación extranjera au-torizada para hacer negocios en Puerto Eico, el imponerle el tipo contributivo de 20 por ciento cuando a las corpora-ciones domésticas se les imponía por el mismo concepto el tipo de 18 por ciento, era inconstitucional, e invocó el caso de Nitrate Agencies Co. v. Domenech, Tes., 44 D.P.R. 515 (1933). Solicitó que al expedírsele el recibo se consignase al dorso su protesta.

Basándose en las secciones 64 y 75 de la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos, el 16 de febrero de 1943 solicitó del Tesorero el reintegro de $854.22, que constituía el 2 por eiento de su ingreso, cuya cantidad alegaba había pagado in-debidamente. El 23 de jnlío de 1943 fue denegada la soli-citud de reintegro, y de esa resolución apeló la contribuyente el 16 de agosto siguiente para ante el Tribunal de Contri-buciones de Puerto Bico.

En su contestación alegó el Tesorero que el Tribunal de Contribuciones carecía de jurisdicción porque aunque la con-tribuyente decía haber pagado la contribución bajo protesta, el pago debía considerarse como voluntario, de conformidad con lo resuelto en Blanco v. Tribl. de Apelación, 61 D.P.R. 23 (1942). Alegó además el Tesorero que la contribución de 20 por ciento impuesta a las corporaciones extranjeras era constitucional.

El Tribunal de Contribuciones se declaró sin jurisdicción para conocer del caso, y consecuentemente desestimó la que-rella, invocando en apoyo de su resolución el caso de Blanco v. Tribl. de Apelación, supra, que sostiene que el pago de la contribución hecho bajo circunstancias similares a las del* presente caso, no constituye uno bajo protesta, a pesar de que el contribuyente, al verificarlo, expresamente alegue que lo hace bajo protesta y se consigne así en el recibo de la contribución.

Convenimos con el Tribunal de Contribuciones en que el pago en el presente caso fue voluntariamente hecho, pues al verificarlo la contribuyente no lo hizo por compulsión ni amenazas de embargo o de venta de sus bienes. Blanco v. Tribunal de Apelación, supra. Pero como hemos indicado, la reclamación de la peticionaria está basada en las secciones 64 y 75 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y esas secciones no requieren que para que proceda el rein-tegro la contribución baya sido pagada bajo protesta.

Siendo la peticionaria una corporación extranjera autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, el imponerle y cobrarle una contribución mayor que la que por el mismo concepto impone la Ley a las corporaciones domésticas viola la garantía constitucional de la igual protección de las leyes, Buscaglia, Tes., v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 602, y consecuentemente la diferencia entre el 18 por ciento que pagan las corporaciones domésticas y el 20 por ciento que pagó la peticionaria, fué ilegalmente cobrada en exceso de lo que legalmente venía la contribuyente obligada a pagar.

Es verdad que este Tribunal en los casos de P. R. Fertilizer Co. v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 677, P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 405, Ballester v. Tribl. de. Apelación, 60 D.P.R. 768, 779 (1942), y Yabucoa Sugar Co. v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 962 (1936), este último confirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos (Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S. 505), ha sostenido que la facultad que el art. 75 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos confiere al Tesorero para verificar el reintegro era discrecional, y que por consiguiente contra esa resolución no podía reeurrirse a los tribunales; pero esa regla ha sido variada por la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 (pág. 601), vigente desde el 13 de agosto de 1943, que en su sección 3 prescribe:

“Todas las acciones, recursos o procedimientos que deban subs-tanciarse ante el Tribunal de. Contribuciones de Puerto Rico se ini-ciarán mediante instancia jurada de la persona o entidad recu-rrente . . . dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero de Puerto Rico, en cual-quiera de los siguientes casos: ... (4) denegatorias de reembolso de cualquier contribución pagada indebidamente o en exceso o cobrada ilegalmente por cualquier otra causa; '. . .”

Habiendo la peticionaria pagado una contribución en exceso de la que legalmente venía obligada a pagar, y re-clamado su reintegro dentro del término prescrito por la Ley, erró el Tribunal de Contribuciones al no ordenar al Tesorero la devolución de la cantidad ilegalmente cobrada.

Procede anular la resolución del Tribwnal de Contribucio-nes y devolver el caso a dicho Tribwnal para que dicte urna resolución consistente con esta opinión.

      La sección 64(a) prescribe en parte:

        ‘ ‘ Cuando cualquier contribución sobre ingresos o beneficios excesivos impuesta por esta Ley ... o por cualquiera otra ley, se hubiere pagado en exceso, el montante de dicho exceso será acreditado a cualquier contribución sobre in-gresos o beneficios excesivos o a cualquier plazo de las mismas que estuviere vencido, y cualquier remanente de dicho exceso será reintegrado inmediatamente al contribuyente”.
      Y la sección 75 prescribe:
      "El Tesorero queda autorizado para remitir, reintegrar, y devolver todas las contribuciones errónea o ilegalmente impuestas o cobradas y las penalidades

       La Asamblea Legislativa, al autorizar la revisión de la decisión del Te-sorero, .adoptó el procedimiento similar establecido en la Ley de Contribuciones sobro Ingresos federal.
      Véase a este efecto 10 Mertens, Law of Federal Ineopie Taxation, see. 58.47, pág. 350 et seq., especialmente la sec. 58.52, pág. 361, que indica que no se requiero el pago bajo protesta.


author: .El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Américo Colón, demandante y apelante, v. Central Cambalache, demandada y apelada.
    Núm. 9136.

    Sometido: Abril 23, 1945.

      Resuelto: Junio 22, 1945.

      sin lugar querella sobre reclamación de salarios. Sin lugar. Efraín Bamírez Bamírez, abogado del apelante; Eduardo Pérez Ga-salduc, abogado de la apelada.
   .El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se presentó contra la sentencia que deses-timó una querella sobre reclamación de salarios. Oportuna-mente fue solicitada y obtenida una orden para que el ta-quígrafo preparase la transcripción de evidencia. Después de haberse concedido varias prórrogas para radicaría, el 14 de febrero de 1945 el juez dictó la siguiente resolución:

“Hi el taquígrafo lia recibido importo de sus honorarios, debe radicar transcripción en el término improrrogable de 20 días.”

Posteriormente el apelante solicitó una nueva prórroga, y a la vez permiso para proseguir el recurso in forma pau-peris. La corte el 15 de marzo de 1945 concedió una pró-rroga de veinte días, y en cuanto al permiso para litigar in forma pauperis dispuso que se jurase la petición y se noti-ficara al taquígrafo por si deseaba oponerse. Pocos días des-pués Ja demandada presentó en este Tribunal una moción solicitando que el recurso sea desestimado por falta de diligencia.

El apelante sostiene que .este pleito ha sido proseguido siguiendo el procedimiento establecido por la Ley núm. 1.0 de 14 de noviembre de 1917 (vol. II, pág. 217), cuya sección 14 expresamente dispone que “Todas las costas que se devengaren en esta clase de juicios serán satisfechas de oficio,” y que por esa razón no viene obligado a pagar honorarios al taquígrafo por la preparación de la transcripción de evidencia.

La contención del apelante requiere que resolvamos si los honorarios del taquígrafo por la preparación de la trans-cripción de evidencia están incluidos en el concepto de eos-tas, según las describe el art. 327 del Código de Enjuicia-miento Civil, enmendado por la Ley núm. 94 de 11 de mayo de .1937 (Leyes de 1936-37, pág. 239).

Prescribe el citado artículo:

“La parte a cuyo favor ,sc dicte cualquier sentencia o resolución final le serán concedidas las costas, las cuales comprenderán los si-guientes desembolsos:
“(3) Cualquier cantidad pagada al secretario de la coi*te o a cualquier marshal de distrito;
“(2) Lo desembolsado por copias auténticas de escrituras y cer-tificaciones del registro de. la propiedad o de cualesquiera otros récords oñciales, cjue hayan sido admitidos en evidencia;
“ (3) Dos (2) dólares por cada testigo y por cada día de asistencia a la corte, más millaje para ida y vuelta a su residencia;
“(4) Lo pagado al taquígrafo de la corte para transcripción de cualquiera prueba testifical o procedimiento habidos en corte abierta, si dicha transcripción os ordenada por la corte;
“(5) Cinco (5) dólares como honorarios de notario y justo Valor del trabajo taquigráfico en la toma de cualquier deposición que fuera admitida en evidencia; y
“ (6) Cualquier otro desembolso necesariamente hecho con relación a la tramitación del caso, que la corte crea propio, y que estuviere, sujeto a arancel.
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“El Tribunal Supremo, en caso de temeridad, impondrá las costas a la parte contra quien se dicte sentencia o resolución, en adición a las costas ante la corte de distrito, las cuales comprenderán los si-guientes desembolsos:
“(1) Sello de cinco (5) dólares para apelación;
“(2) Si el tribunal entiende que la apelación ha sido frívola o la parte ha sido temeraria, se le impondrá además de los desembolsos, la cantidad que el tribunal crea razonable en concepto de honorarios del abogado de la parte a cuyo favor se dicte sentencia.
“A discreción del tribunal, en casos en que esté envuelto el interés público, en todo procedimiento extraordinario se impondrán las costas en igual forma y manera como en procedimientos de apelación.”

Ninguno de los seis apartados que contiene el art. 327 arriba transcrito, expresamente dispone que lo pagado al ta-quígrafo por preparar la transcripción de evidencia está in-cluído en las costas que deberán imponer las cortes de dis-trito a la parte contra quien se haya dictado la sentencia. Es verdad que el apartado 4 a primera vista parece incluir en el concepto de costas lo pagado por la transcripción de evidencia, pero a poco que se examine ese apartado se verá que se refiere exclusivamente a la “transcripción de cual-quiera prueba testifical o procedimiento habidos en corte abierta,” y no a la transcripción de prueba documental, que por lo general se presenta en todos los casos. La frase “transcripción de evidencia” tiene un significado perfecta-mente definido en nuestra legislación desde el año 1917, en que por primera vez se autorizó ese procedimiento para ele-var la prueba a- la Corte Suprema, y teniendo ese significado en la ley, fácil le hubiera sido al legislador en el año 1937 usar la frase “transcripción de evidencia” si su intención hubiera sido incluirla como costas bajo el apartado 4.

El apartado 6 también se refiere en términos generales a cualquier otro desembolso necesariamente hecho en relación con la tramitación del caso, pero tampoco expresó que los honorarios por la transcripción de evidencia estuviesen com-prendidos dentro del significado de la frase “Cualquier otro desembolso necesariamente hecho con relación a la tramita-ción del caso.” Pero es que del contexto de toda la Ley surge que no fué la intención del legislador incluir la trans-cripción de evidencia como parte de las costas, pues si ésa hubiera sido su intención, al autorizar al Tribunal Supremo para imponer costas, el artículo 327 no hubiese incluido como únicas costas, además de honorarios de abogados, el sello de $5 para la apelación, en adición a las costas ante la corte de distrito.

El sello de $5 para la apelación es un desembolso que tiene lugar después de dictada la sentencia en la corte de distrito, lo, mismQ que el desembolso de los honorarios por la transcripción de evidencia. Al autorizar la Ley al Tribunal Supremo a imponer como únicas costas, en adición a las costas ante la corte de distrito, lo pagado por el sello de lientas Internas para el escrito de apelación, claramente está demostrando la intención legislativa de que los demás de-sembolsos hechos después de dictada la sentencia — los que podríamos llamar costas de la apelación — no estén incluidos como parte de las costas de la corte de distrito, pues de otro modo, el sello de $5 para el escrito de apelación habría que pagarlo dos veces: una como costa de la corte de distrito, y otra como costa de la Corte Suprema en caso de que la im-pusiera. Al excluir el pago de los honorarios de la trans-cripción de evidencia, de las costas que podía imponer el Tribunal Supremo, manifestó el legislador su intención de que estos desembolsos no se cobraran como costas, pues ni podía la corte de distrito autorizar su cobro por ser costas devengadas para la apelación, ni tampoco la Corte Suprema por haberla limitado el citado artículo a imponer como úni-cas costas los $5 del sello del escrito de apelación y, en caso de frivolidad del recurso o de temeridad del apelante, la im-posición de honorarios de abogado.

No constituyendo los honorarios del taquígrafo costas de conformidad con el art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, Coll v. Biascoechea, 53 D.P.R. 912 (1938), la Ley núm. 10 de 1917 no exime a las partes del pago de sus derechos al taquígrafo por la preparación de la transcripción de evi-dencia.

Pero apareciendo de los autos que al radicarse la moción de desestimación la corte de distrito estaba considerando una moción del apelante solicitando permiso para litigar in forma pauperis, y no constando la resolución que haya recaído sobre ese particular, si alguna ha recaído, procede declarar sin lugar la moción de desestimación, sin perjuicio de que sea reproducida si, habiéndose denegado la petición para litigar in forma pauperis, el apelante no hubiere satisfecho los honorarios del taquígrafo o no se hubiere radicado la transcripción de evidencia.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Holger Fog, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1595.

    Sometido: Mayo 21, 1945.

      Resuelto: Junio 22, 1945.

      11. Torres Sola, abogado del peticionario; E. Acosta Domemch, abo-gado de los interventores, demandantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Municipal de Eío Piedras dictó sentencia, de-clarando con lugar la demanda en un caso de reclamación de salarios, el día 8 de febrero de 1945. El Secretario de la Corte notificó al demandado, por conducto de su abogado, enviándole por correo una copia de la relación del caso y sentencia, pero sin acompañar el escrito de notificación a que se refiere el artículo 1° de la Ley para Reglamentar las Ape-laciones contra Sentencias de las Cortes Municipales en Plei-tos Civiles, de 11 de marzo de 1908 (pág. 124), según enmen-dado por la Ley de 14 de marzo de 1929 (pág. 123). El 16 de febrero de 1945 el demandado radicó nn escrito de ape-lación ante la Corte Municipal. Esto no obstante el 20 de febrero el demandado' radicó en dicha corte una moción en la que hizo constar que:

“3. Que ahora el demandado desea hacer constar a esta Hon. Corte, que a pesar de que aparece radicado el referido escrito de ape-lación por parte del demandado contra la sentencia dictada en este caso, es lo cierto que el demandado no ha recibido en forma alguna el escrito de notificación de sentencia que de acuerdo con la ley debe hacer el secretario de. este Hon. Tribunal; pues si bien es cierto que del expediente de este caso aparece firmado el escrito de notificación de sentencia por el Secretario de este tribunal, no es menos cierto que del mismo haya constancia alguna de que dicha notificación de sentencia le haya sido notificada al demandado en este caso, por lo que se hace imposible a pesar de, haber radicado el demandado un escrito de apelación con fecha 16 de febrero de 1945, computar el término de apelación.”

y solicitó se ordenara al secretario dar curso a la notifica^ ción de la sentencia con el fin de poder las partes computar el término para la apelación y el mismo día el juez de dicha corte declaró con lugar la moción y el secretario en dicha fecha, 20 de febrero de 1945, por primera vez notificó a las partes y archivó en los autos del caso copia de dicha noti-ficación. Al día siguiente, febrero 21, el demandado radicó un segundo escrito de apelación.

El 6 de marzo de 1945 los demandantes radicaron en la Corte de Distrito de San Juan una moción solicitando la de-sestimación de la apelación interpuesta por el demandado el 16 de febrero por el fundamento de que de acuerdo con la sección 8 de la Ley núm. 10 de 14 de noviembre de 1917 ((II) pág. 217), según quedó enmendada por la Ley núm 40 de 17 de abril de 1935 ((1) pág. 239), la apelación debía interponerse dentro de los cinco días de notificada y que ha-biéndose notificado la del caso de autos el 8 de febrero e inter-puesta la apelación el día 16, la corte carecía de jurisdicción. Oídas las partes la corte inferior, fundándose en el caso de Angleró v. Trigo, 48 D.P.R. 194, dictó resolución declarando con lugar la moción y en su consecuencia desestimó la apela-ción interpuesta el 16 de febrero de 1945. Para revisar dicha resolución expedimos el presente auto de certiorari.

El caso de Angleró v. Trigo, supra, citado por la corte inferior, no es aplicable a los hechos del caso de autos. En él se aplicó e interpretó la sección 8 de la Ley núm. 10 de 1917, antes de ser enmendada por la Ley núm. 40 de 1935, y la cual proveía que “La apelación quedará formalizada presentando al Secretario de la Corte Municipal, dentro de los dos días de dictada la sentencia, un escrito en que se manifieste la intención de apelar, . ...” y se resolvió que: “ . . .la ley sobre la materia que se invoca prescribe que la apelación quedará formalizada radicándose el escrito dentro de los dos días de dictada la sentencia y no a partir del en que se archive la notificación de la sentencia con los autos. ...” Se aplicó, además, la interpretación que esta Corte había dado al artículo 11 de la ley de desahucio, antes de ser enmendado por la Ley núm. 11 de 1929 ((1) pág. 139), al efecto de que la apelación deberá interponerse dentro de los cinco días de dictada la sentencia de desahucio y no desde su notificación.

La situación que confrontamos en el caso de autos es dis-tinta. Tanto la Ley de Desahucio como la de Reclamación de Salarios, en sus artículos 11 y 8, respectivamente, supra notas (4) y (2); han sido enmendadas en el sentido de pro-veer que el término para apelar deberá contarse desde la fecha de la notificación de la sentencia. En el caso de Erasmo Vando de León v. Corte Municipal de San Juan, pág. 6, ante, en el cual estaba envuelta la cuestión de qué ley es la aplicable en cuanto a la notificación de una senten-cia en un caso de desahucio, resolvimos que lo es la de 11 de marzo de 1908, cuyo artículo l9 según enmendado por la Ley núm. 2 de 1929, en lo pertinente, hemos copiado en la nota (1) de esta opinión. En igual forma somos de opinión que dicha ley es aplicable a las apelaciones previstas en el artículo 8 de la Ley núm. 10 de 1917, según enmendado en 1935, y en su consecuencia que el término de cinco días em-pieza a contarse desde la fecha en -que el secretario archiva en los autos del caso una copia de la notificación de la sen-tencia. No tenemos duda de que ésta fué la intención legis-lativa, tanto al enmendar la ley de desahucio en el año 1929, como la de reclamación de salarios en el año 1935.

¿Qué efecto tuvo el escrito de apelación radicado en este caso el 16 de febrero de 1945? En el caso de Vázquez v. González, 60 D.P.R. 718, citando jurisprudencia anterior, ratificamos la doctrina de que “la interposición de una apelación constituye una renuncia por parte de la apelante a que se le notifique la sentencia,” y que, de acuerdo con dicha jurisprudencia “no procedía que la apelante radicara un segundo escrito de apelación . . . después de haber sido notificada de la sentencia.”

Siendo esto así, al radicar el apelante en este caso sn primer escrito de apelación el día 16 de febrero de 1945, fue en dicha fecha que renunció a que se le notificara la senten-cia dictada por la corte municipal y no puede sostenerse que dicha apelación fuera tardía. El término de cinco días de notificada la sentencia nunca comenzó a correr ya que en ningún momento, antes del 16 de febrero, se cumplió por el secretario de dicha corte con el deber que tenía de notificar la sentencia y archivar en los autos copia de dicha notifi-cación.

La situación legal es la siguiente: una parte contra quien se dicta sentencia puede esperar hasta que el secreta-rio le notifique la sentencia advirtiéndole que ha archivado copia de la notificación en los autos, no importa el tiempo que transcurra de dictada la sentencia, y entonces debe radicar su escrito de apelación dentro del término señalado en la-ley o puede, si desea, radicar su escrito de apelación, sin esperar dicha notificación, y en este caso se entenderá que ha renunciado a dicha notificación desde la fecha en que radicó su escrito de apelación.

Debe anularse la resolución dictada por la corte inferior él 29 de marzo de 1945 y devolverse, el caso para ulteriores procedimientos.

       El Disponiéndose contenido en dicho artículo dice así: “Disponiéndose, que en todos los casos en que se pueda establecer el recurso de apelación según, lo previsto en esta sección, será deber del secretario de la corte enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse sentencia o resolución apelable, una no-tificación escrita informándole a dicha parte perjudicada que tal sentencia o resolución ha sido dictada; y una copia de la dicha notificación será archivada con los autos, debiendo empezar a contarse el término para establecer el recurso de apelación, desde la fecha del archivo de dicha notificación.”

      P'Seceion 8.— (Según quedó enmendada por la Ley núm. 40 do 17 de abril de 1985.) — Cualquiera de las partes que se creyere perjudicada por la sen-tencia, podrá interponer recurso de apelación para ante la corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal sentenciadora.
      “La apelación quedará formalizada presentando al secretario de la corte municipal, dentro de los orneo dias de notificada la sentencia, un escrito en el que se manifieste la intención de apelar, y entregando copia de dicho escrito a la parte contraria o a su apoderado o abogado.” (Bastardillas nuestras.)

      En dicha resolución no se hace mención alguna de la apelación interpuesta el 21 de febrero.

       Dicho artículo según fué enmendado dice así:
      “Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco (5) días, con-tados desde la feelia en que fueren notificadas de la sentencia por el secretario de la corte correspondiente, las part©3 perjudicadas por la misma o sus abogados.”

      En el caso de Espósito v. Corte de Distrito, 43 D.P.R. 630, esta Corte anuló un auto de certiorari por entender que la orden impugnada era apelable y no fué basta que volvió el caso a la corte inferior que el secretario notificó formalmente dicha orden definitiva a las partes. Al apelarse de la misma se solicitó la desestimación de la apelación y, en Expósito v. Guzmán Vda. de Expósito, 44 D.P.R. 24, resolvimos, a la página 26, que: "La solicitud de certiorari, por supuesto, demostraba que la peticionaria estaba enterada del hecho de haberse dictado la decisión impugnada. bTo envolvía renuncia alguna del derecho a apelar de esa decisión ni del de esperar que se enviara por correo una notificación formal por el secretario y el archivo de copia de ese aviso como el paso requerido por el estatuto a fin de que pudiera comenzar el transcurso del término para apelar. La apelante pudo haber radicado su escrito de apelación en cualquier momento sin esperar la actuación del secretario, pero no estaba obligada a proceder así porque por disposición taxativa del código el tiempo para apelar debe contarse desde la fecha de tal actuación.’’


text:
    Fernando J. Cortés, haciendo negocios bajo el nombre de Fernando J. Cortés e Hijos, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Emilio S. Belaval, Juez, demandada.
    Núm. 1594.

    Sometido: Mayo 21, 1945.

      Resuelto: Junio 25, 1945.

      C. üoll Cuchí, abogado del peticionario; Luis Blanco Lugo, abogado de la interventora, demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Clasa Films, S. en C. Y. A., radicó un pleito contra Sucrs. de Charles Vere, Inc., sobre incumplimiento de contrato, ren-dición de cuentas y daños y perjuicios. La demanda se basó en un contrato' que Sucrs. de Charles Yere, Inc., celebró con Grovas y Cía., de Méjico, de quien Clasa Films, S. en C. Y. A., trae causa.

A virtud de dicho contrato Grovas y Cía. se obligó a en-viar a Sucrs. de Charles Yere, Inc., para la exhibición ex-clusiva en Puerto Pico y Santo ÍDomingo, todas las películas que pudiere producir o controlare Grovas y Cía. durante el término del contrato, es decir, desde el 7 de abril de 1941 hasta el 30' de abril de 1942. Se estipuló en' el contrato que las películas que fuese recibiendo Sncrs. de Charles Yere, Inc., continuaría explotándolas por cinco años a partir de la fecha del estreno de cada una de ellas. Existen otras con-diciones del contrato que no son pertinentes a la cuestión que nos ocupa.

Se alegó en la demanda que Suers, de Charles Yere, Inc., notificó a la demandante que no deseaba renovar el contrato y que las películas que tenía en su poder quedaban a dispo-sición de la demandante, y la requería para que se hiciese cargo de ellas o designase la persona a quien podía entre-garlas ; que la demandante suplicó a Suers, de Charles Yere, Inc., que continuase en posesión de las películas que le ha-bían sido enviadas dentro del término del contrato,v y conti-nuara explotándolas bajo las condiciones del contrato hasta tanto la demandante consiguiese en Puerto Rico quien se hiciera cargo de ellas, a lo cual accedió la demandada; pero que cuando la demandante la requirió que entregase las pe-lículas, según la demandada había ofrecido hacerlo, se negó a ello alegando que la demandante tenía que pagarle cierta cantidad de dinero por concepto de gastos que había tenido en relación con dichas películas.. Con tal motivo la deman-dante instó el pleito a que venimos refiriéndonos, y en adi-ción a los hechos antes expuestos alegó sustancialmente en la demanda que la demandada se negaba a entregarle las películas y que las cuentas que le había rendido eran in-exactas, y solicitaba sentencia a su favor por la cantidad de doce mil dólares por concepto de daños sufridos de acuerdo con las alegaciones de la primera causa de acción; que se le condenase a rendir una cuenta exacta y detallada de lo producido por las películas que la demandada retenía ilegal-mente en su poder y explotaba en Puerto Rico, y por último que se le condenase a pagar además la suma de cuatro mil doscientos dólares por los daños que habían sufrido las pe-lículas debido a la negligencia y falta de cuidado con que las trató la demandada.

A esta demanda contestó la demandada, aceptando unos hechos y negando otros, y contrademandó, alegando que ha-bía cumplido con el contrato en todas sus partes, mientras que la demandante lo había quebrantado, y solicitó cierta cantidad de daños y perjuicios que alegaba haber sufrido por motivo del quebrantamiento del contrato por parte de la demandante.

A los efectos de probar las alegaciones de su contrade-manda, la contrademandante solicitó y obtuvo de la corte inferior una citación duces tecum dirigida a Fernando J. Cor-tés, como gerente de la firma Fernando J. Cortés e Hijos, de San Juan, requiriéndole para que compareciese el día del juicio trayendo consigo los siguientes documentos:

“1. Contrato o contratos originales de distribución celebrados entre Clasa Films S. A. de Méjico y o Grovas y Cía. y Fernando Cortés e Hijos desde diciembre de 1942 a esta fecha.
“2. Contratos de exhibición celebrados entre Fernando Cortés e Hijos y empresas teatrales de Puerto Rico y Santo Domingo de películas de la Clasa Films S. A. y o Grovas y Cía. bien de su manu-factura o de su distribución.
“3. Hojas de liquidaciones y estado de ingresos de todas las películas de la Clasa Films S. A. y o de la marca Grovas exhibidas en Puerta Rico desde diciembre de 1942 al 31 de marzo de 1945 bajo la distribución de Fernando Cortés e Hijos.”

Fernando J. Cortés e Hijos compareció ante la corte de distrito y al ser llamado el caso para juicio presentó una moción interesando que se anulase la orden de citación duces tecum. Alegó que la moción qué había motivado la expedi-ción de la citación duces tecum era tan vaga e imprecisa que constituía una “expedición de pesca,” y que de las alegacio-nes del pleito resultaba que la evidencia solicitada era im-pertinente a las cuestiones envueltas en el mismo. La corte oyó a las partes y sostuvo la orden de citación. Fernando J. Cortés e Hijos solicitó la reconsideración, y siéndole de-negada presentó en este Tribunal la petición de certiorari que nos ocupa.

El procedimiento seguido por Fernando J. Cortes e Hijos para solicitar la nulidad de la citación duces tecum se ajusta a las prescripciones de las Reglas 34 y 45(b) de Enjuiciamiento Civil, que regulan la materia de citaciones duces tecum. Si bien la Regla 45(b) no dispone expresamente que la evidencia solicitada por medio de una citación duces tecum tenga que ser pertinente a cualquiera de las cuestiones envueltas en el litigio, se lia resuelto repetidamente que esa condición se halla implícitamente contenida en dicha Regla 45(b), y que como las dos reglas tratan del mismo asunto y se consideran in pari materia, las disposiones de una completan y aclaran las de la otra. United States v. Aluminum Co. of America, 1 F.R.D. 57. Pero aparte de la disposición de la Regla 34(a), el exigir a una persona que presente evidencia en su poder que no sea pertinente a las cuestiones envueltas en un litigio, violaría la garantía constitucional contra registros arbitrarios, United States v. Aluminum Co. of America, supra; Fed. Trade Comm. v. Amer. Tobacco Co., 264 U. S. 298 (1924), y por lo tanto siempre habría necesidad de interpretarse la Regla 45(b) en el sentido ya indicado.

De ’conformidad con la jurisprudencia interpretativa de la Regla 45(b), una vez que el testigo impugna la cita-ción por el defecto de que la evidencia solicitada no es per-tinente a las cuestiones envueltas, incumbe a la parte que ha solicitado la citación satisfacer a la corte de que tal evi-dencia es pertinente o probablemente pertinente a cualquiera de las cuestiones envueltas en el litigio. Y en caso de no establecerse la pertinencia de la prueba solicitada, es el de-ber de la corte anular la expedición de la citación duces tecum, es decir, negarse a hacerla cumplir. United States v. Aluminum Co. of America, supra; Chase National Bank v. Portland General Electric Co., 6 Fed. Rules Serv. 45b. 311, Case 1; United States v. National City Bank, 4 Fed. Rules Serv. 45b. 311, Case 1. Cf. Fed. Trade Comm. v. Amer. Tobacco Co., supra. Por consiguiente, si la evidencia solicitada en la citación duces tecum no resulta pertinente a cualquiera de las cuestiones envueltas, tendremos que sostener que en tal caso erró la corte inferior al negarse a anular la orden de cita-ción duces tecum, tal y como oportunamente lo solicitó Fernando J. Cortés e Hijos. La. conclusión que acabamos de ex-poner nos lleva a determinar si la evidencia requerida por la citación duces tecum es o no pertinente a la luz de las ale-gaciones del pleito principal.

1. Si el contrato celebrado entre las partes venció el 30 de abril de .1942, y desde entonces cesó la obligación de la demandante de enviar películas a la contrademandante, y ésta podía retener las películas que había recibido hasta que fuera venciendo el término de cinco años a partir de la fecha de sus respectivos estrenos, ¿qué pertinencia tienen con el pleito los contratos que pueda haber celebrado la deman-dante con Fernando J. Cortés e Hijos desde diciembre 1942 hasta la fecha, si tenemos en cuenta que el contrato cele-brado entre la demandante y la contrademandante había ex-pirado desde el 30 de abril de 1942?

A nuestro juicio esa evidencia es claramente impertinente, y por consiguiente no puede exigirse a Fernando J. Cortés e Hijos que la presente.

2. Si la obligación de la demandante o de las firmas de qne trae cansa, era suplir las películas que produjera o controlara, desde el 7 de abril de 1941 basta el 30 de abril de 1942, y las' películas que entregó durante el término del contrato las conservó la contrademandante y siguió exhibién-dolas, y el contrato no fué renovado, ¿qué pertinencia pue-den tener los contratos de exhibición celebrados entre Fernando J. Cortés e Hijos y empresas teatrales de Puerto Pico y Santo Domingo, si esos contratos no se refieren a pelícu-las producidas o controladas por la demandante o sus ante-cesoras dentro de la fecha del contrato, es decir, entre el 7 de abril de 1941 y el 30 de abril de 1942?

3. Por las mismas razones, tampoco son pertinentes a las cuestiones envueltas las hojas de liquidación de películas producidas o controladas por la demandante o sus anteceso-ras en interés desde diciembre 1942 hasta el 31 de marzo de 1945, distribuidas en Puerto Rico y Santo Domingo por la firma Fernando J. Cortes e Hijos.

Podría quizás argüirse que estas liquidaciones eran per-tinentes para probar lo que debieron producir a la contra-demandante las películas que pudo haber exhibido si el. con-trato, según ella, no hubiera sido quebrantado por la deman-dante, pero si se tiene en cuenta que cada película es un ne-gocio por sí, dependiendo el éxito de ese negocio principal-mente de la película misma, algunas de las cuales tienen éxito comercial, mientras otras resultan verdaderos fracasos, y si se tiene en cuenta que las películas que exhibió Fernando J. Cortés e Hijos son distintas de las recibidas por la demandante dentro del año del contrato, las cuales con-tinúa exhibiendo no obstante alegar que la demandante que-brantó su contrato, se comprenderá que tal prueba es imper-tinente para demostrar los supuestos daños y perjuicios que alega haber sufrido la contradémandante en relación con' las películas que le fueron entregadas dentro del año del con-trato.

Por las razones expuestas, procede anular la resolución de la corte inferior que dejó subsistente la citación duces tecum, debiendo devolverse los autos a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

      En lo pertinente, las reglas '34 y 45(6) prescriben:
      Begla 34. ‘ ‘ (a) Inspección de Documentos y Examen de Propiedades In-muebles. — A moción de cualquier parte que demuestre justa causa para ello y mediante notificación a todas las otras partes la corte ante la cual estuviere pen-diente una acción podrá (1) ordenar a cualquier parte que exhiba y permita la inspección y copia o fotografía, por o a nombre de la parte promovente, de determinados documentos, papeles, libros, cuentas, cartas, fotografías, objetos o cosas tangibles, no privilegiadas, que constituyan o contengan evidencia pertinente a cualquier cuestión envuelta en la sección y que estuvieren en o bajo su poder, custodia o control; ...” (Bastardillas nuestras.)
      Begla 45. “ (í>) Para la Producción de Evidencia Documental. — Una citación {subpoena) podrá también ordenar a la persona a quien vaya dirigida que pro-duzca los libros, papeles o documentos designados en la misma; pero la corte a moción prontamente presentada y en todo caso en o antes del tiempo especificado en la citación para que se cumpla la misma, podrá (1) dejar sin efecto la cita-ción, si la misma fuere irrazonable y opresiva; o (2) imponer la condición de que la misma será denegada si la parte a cuyo favor se expide no adelanta el coste de presentar los libros, papeles o documentos.”