text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor Noel Busigó Quevedo, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo (2 casos más.)
    Núms. 10435, 10436 y 10437.

    — Sometidos: Julio 3, 1944.

      Resueltos: Julio 24, 1944.

      Ramos Antonini & Gutiérrez Franqui y Santos P. Amadeo, abogado? del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió.la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de asesinato en primer grado, infracción a la Ley sobre Registro de Armas y portar amas. Los dos últimos casos fueron sometidos por la prueba que se presentó en el primero. En el de asesinato el jurado trajo un veredicto de culpabilidad de asesinato en segundo grado, y en los dos casos restantes el juez, por los méritos de la prueba presentada en aquél, declaró culpable al acusado. Apeló en los tres casos para ante este tribunal, y sus recursos han sido consolidados.

Se queja el apelante (1) de ciertas manifestaciones que hiciera el juez sentenciador en presencia de las personas que luego sirvieron de jurados, quienes se hallaban en ese mo-mento en la sala de sesiones; (2) de la negativa del juez a posponer la vista del caso para que los abogados del acusado pudieran preparar debidamente su defensa; y (3) de que la corte desestimase la moción del acusado para que se declarase nn mistral con motivo del incidente ocurrido en relación con ciertos testigos del acusado que no habían sido puestos bajo las reglas de la corte y permanecieron en sala oyendo las declaraciones de los testigos de cargo.

El acusado había sido debidamente citado para el juicio que había de celebrarse el 17 de marzo de 1942. Sin embargo, al abrirse la sesión, no se hallaba presente. Tam-poco lo estaba su abogado. Informó el márshal a la corte que algunos de los testigos de cargo habían visto al acusado aquella mañana pesando caña en una romana de su propiedad cerca de Sabana Grande. Interrogado luego el licenciado Vicente Palés Matos, quien había representado al acusado en la lectura de la acusación, manifestó: “Señor juez, desde el día de la lectura de la acusación hasta este día no lo he visto para nada. Lo he mandado a buscar'distintas veces para que me traiga la prueba con que cuenta y no ha venido nunca, ni ayer ni hoy ni nunca, por lo que yo, en vista de sus actuaciones, me encuentro relevado de su representación, a menos que su Señoría no disponga otra cosa.”

En vista de la incomparecencia del acusado, la corte pos-puso la celebración del juicio para las dos de la tarde. Mani-festó el juez que había dictado orden de arresto contra el acusado y ordenado la citación de los fiadores para mostrar causa por las cuales no debiera confiscarse la fianza. Ha-llándose presente uno de los fiadores, el cual estaba citado para actuar como jurado en el caso, el juez le impuso de su responsabilidad como fiador y le pidió que cooperase para someter a juicio al acusado.

Al abrirse la sesión a las dos de la tarde, el márshal manifestó haber sido informado que el acusado estaba re-cluido en la Clínica Perea. En ese moxñento el fiscal hizo constar que estaba sorprendido de lo ocurrido, que el acusado no había enviado ningún mensaje a la corte exponiendo los motivos que había tenido para no comparecer a juicio, y el juez manifestó que de la Clínica Perea le habían comunicado que el acusado aquel día había tomado alguna droga que lo había indispuesto del estómago, por lo cual había tenido que ser recluido en aquella clínica y permanecería en ella por lo. menos hasta el día siguiente, que sería dado de alta. . Pos-puso la vista para el día siguiente a las nueve de la mañana,, y ordenó que se citara a todos los testigos y a los jurados para que comparecieran entonces.

Al día siguiente compareció el acusado y la corte le ad-virtió que había sido requerido para que mostrase las razo*-, nes que tenía para no ser castigado por desacato por no. haber comparecido a juicio el día anterior, y para someterlo a juicio en el caso criminal seguido contra él. Le preguntó, la corte si tenía abogado, y contestó negativamente. El juez preguntó al márshal si el abogado Eduardo A. Ruiz se ha? llába en la corte, y al contestar el márshal afirmativamente, dijo el acusado: “Yo no necesito abogado de oficio. Yo soy contribuyente y puedo pagar un abogado. Lo que necesito es tiempo para buscarlo. ”

La corte designó al abogado Ruiz para que representará al acusado en el caso de asesinato, y decretó un receso dé cinco minutos para que el abogado cambiara impresión con el acusado en relación con el incidente de desacato, al cabo de los cuales el abogado manifestó estar listo para el caso dé desacato, y. haciendo igual manifestación el fiscal, se dió principio a la vista. Declaró entonces el doctor Nelson Pereá que el acusado se presentó en su clínica quejándose de doké res en el bajo vientre, y lo examinó y fué hospitalizado: Manifestó el doctor que no podía asegurar la causa de Id indisposición estomacal, que pudo haber sido causada por el estado nervioso en que se hallaba el acusado debido al juicio que tenía pendiente; que también pudo ser causada por cualquier alimento que no hubiera digerido bien. Déclá-raron otros testigos de cargo y de descargo, y también el acusado, reservándose la corte su resolución. Durante todos estos incidentes los señores que habían de actuar como jurados en el caso podían oír y presenciar lo sucedido. Luego sé procedió a la celebración del caso por asesinato, y después de rendido el veredicto, la corte absolvió al acusado del cargo de desacato.

.Era deber del acusado estar presente en la sala de sesio-nes el día señalado para el juicio, y asumiendo que en verdad la enfermedad que motivó su reclusión en la clínica no hubiera sido provocada por él para evadir entrar en juicio, él debió avisarlo a la corte oportunamente, con mayor razón cuanto que su hermano lo había llevado temprano a la clínica y al abrirse la sesión se hallaba en la corte. Era natural que el juez inquiriera si el acusado se hallaba presente, y que sin-tiera indignación al enterarse de que a pesar de haber sido oportunamente citado no compareciera ni hubiera dado ex-plicación alguna por su ausencia. Al hacer esta investiga-ción el juez no estaba obligado a desalojar el público- de la sala de sesiones para que no se enteraran del incidente los probables jurados. Quizás fué innecesario que el juez expre-sara públicamente lo que dijo le habían informado de la clínica respecto de la causa de la alegada indisposición del acusado, pero ese incidente era tan extraño al juicio por ase-sinato que iba a ventilarse, que no vemos cómo podía el ju-rado ser por ello influido en su veredicto. Ño hay motivos para presumir que por el hecho de que un hombre sea lla-mado a servir como jurado, su inteligencia se ha de anular de tal modo que el más mínimo incidente en relación con el acusado haya de inclinarle en contra de éste, prescindiendo de la evidencia y de las instrucciones de la corte. Tampoco creemos que la celebración de la vista del caso de desacato y el reservarse el juez su decisión, afectaran o influyeran en su contra ante el jurado, aunque opinamos que es mejor prác-tica ver el caso de desacato luego que la vista del juicio en el caso principal haya terminado.

No existe a nuestro juicio el primero de los errores seña-lados.

Dentro de las circunstancias expuestas, el acusado no tenía derecho a que el juicio se mantuviera pendiente hasta que él tuviese a bien designar nn abogado. El abogado Palés Matos declaró qne él babía requerido repetidas veces al acu-sado para que viniese donde él con su prueba, y que no babía logrado que el acusado prestara atención a sus distintos reque-rimientos, por lo cual se consideraba desligado de su relación de abogado y cliente con este acusado. Además, el acusado fué citado para juicio con suficiente antelación, y tuvo tiempo de contratar otro abogado si no quería que lo representase el licenciado Palés Matos, especialmente cuando como él mismo dijo al juez, podía pagar a un abogado. Es de perfecta aplicación lo dicho por este tribunal en el caso de Pueblo v. Montaner, 61 D.P.R. 120, 124:

“Si el acusado era en efecto pudiente, como manifestó la corte y no contradijo aquél, era su deber estar listo con su abogado para el juicio, especialmente cuando, como dijo la corte, él había sido citado para esta vista con quince o veinte días de anticipación. No puede alegar el acusado que se le privara del derecho a asistencia de abo-gado. Tuvo amplias oportunidades para contratar uno, y si optó por no hacerlo como un medio de obtener la posposición del juicio, suya es la culpa y debe arrostrar las consecuencias naturales de su mala conducta. La garantía constitucional sobre asistencia de abo-gado no exige que la corte lo nombre a los acusados que tienen me-dios suficientes para pagar esos servicios. No siendo insolvente el acusado,- al designar la corte al abogado Córdova Rivera para que lo defendiera, hizo algo que no venía obligada a hacer. Pudo la corte, dentro de las especiales circunstancias de este caso, celebrar el juicio aunque el acusado no hubiese estado asistido de abogado.”

El tercer señalamiento de error no merece seria consideración. Avisado el juez de qne tres testigos del acusado se hallaban en la sala de sesiones oyendo declarar los testigos de cargo, les preguntó si eran testigos presenciales, replicando ellos que nada sabían del caso a pesar de que habían sido citados. Era lógico que les preguntara el juez si eran testigos presenciales, porque bien podían serlo de reputación o peritos, y en ese caso su presencia en la sala de sesiones en nada podía afectar sus testimonios. Terminado el incidente, continuó el juicio, sin que estos testigos fueran llamados a declarar, presentándose luego por el acnsado nna moción para que la corte declarase nn mistrial por el hecho de haber preguntado a dichos testigos en presencia del jurado si eran testigos «presenciales.

No existiendo ninguno de los errores señalados por el acusado, procede la confirmación de las sentencias.


source: Caselaw Access Project

author: El'Juez Asociado Seño®, Todd, Jit.,

license: Public Domain

text:
    Abintestato de Félix Matos Asencio, Ex parte; Adelina Asencio Pagan, peticionaria y apelante.
    Núm. 8881.

    — Sometido: Mayo 1, 1944.

      Resuelto: Julio 24, 1944.

      José Scibater, abogado de la apelante; Enrique Báez Garda, abogado de Mercedes Díaz.
   El'Juez Asociado Seño®, Todd, Jit.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 22 de septiembre de 1942, la apelante, doña Ade-lina Asencio Pagán, radicó una petición ante la Corte de Dis-trito de Mayagiiez solicitando el nombramiento de nn admi-nistrador judicial para los bienes dejados al fallecimiento de su hijo Félix Matos Asencio. Alegó que dichos bienes es-taban en poder de Mercedes Díaz, quien, según la peticio-naria, no tiene derecho alguno a participar en los mismos por no haber sido nunca casada con Félix Matos Asencio. Mercedes Díaz compareció y alegó ser la viuda del causante, por lo que la corte inferior decretó la administración judicial solicitada y designó a dicha Mercedes Díaz administradora y ésta aceptó y juró el cargo, prestó fianza, que fue aprobada, y radicó proyecto de inventario que fué notificado a la ape-lante. El 4 de marzo de 1943 la apelante solicitó de la corte inferior que declarara nulo el nombramiento de administra-dora hecho a favor de Mercedes Díaz por no ser ésta la viuda • de Félix Matos Asencio.

■ En la vista de la moción la prueba de la compareciente Mercedes Díaz consistió en su propia declaración al efecto de que ella se casó con Félix Matos Asencio allá para fines "del año 1923 en la “ciudad” de Brooklyn, Ñew York, en •una pequeña iglesia metodista; que le dieron un diploma ■ grande, el cual se le ha extraviado; que ese matrimonio no . sé disolvió nunca y que durante el mismo adquirieron bienes. También presentó como prueba.documental cuatro, escrituras públicas otorgadas en los años T929/1930’y 1937, en las Cuales Félix Matos, uno dé' los compáfeciéntés, hizo constar' que era casado con Mercedes Díaz. Fué a virtud de estas escrituras que Félix Matos adquirió los bienes que ahora son objeto de la administración judicial. Por último presentó copia de la partida de defunción de Félix Matos Asencio, la cual, se-gún declaró, fué preparada por una empleada del Hospital Presbiteriano, donde falleció Matos, y en la cual se hizo cons-tar que Félix Matos Asencio era casado y que su esposa tenía 49 años.

La prueba de la apelante consistió en una carta que co-piamos al margen y en la declaración de la propia peti-cionaria al efecto de que Mercedes Díaz vivía en Santuree con su hijo pero que él le decía que no era casado con ella, aunque no sabe si se casó con ella; y la de Santos Matos Asencio, hermano de Félix Matos Asencio, al efecto de que éste y Mercedes Díaz vivían juntos, pero que Mercedes Díaz, una vez delante de él le dijo a Félix Matos Asencio que “no podía prohibirle que ella fuera a Estados Unidos, puesto que él no tenía ningún derecho, puesto que ella no era casada con él.” Este incidente fué negado por Mercedes Díaz al declarar de nuevo.

Como cuestión de derecho argüyó la peticionaria que esta-bleciendo el artículo 87 del Código Civil (ed. 1930) que “El matrimonio contraído en los Pistados Unidos o en país extran-jero, donde estos actos no estuviesen sujetos a un registro regular o auténtico, puede acreditarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho,” y sosteniendo Mercedes Díaz que su matrimonio con Félix Matos Asencio se efectuó en la Ciudad de Nueva York, donde existe un registro regular o auténtico de matrimonios, la única prueba admisible para establecer dicho matrimonio era una copia del acta matrimonial.

La corte inferior desestimó la moción de la apelante y resolvió que no empece las disposiciones del citado artículo: “ ... la corte no puede sustraerse a la realidad de que pue-den haberse celebrado matrimonios en los Estados Unidos y no estar al alcance de uno de los contrayentes el aportar copia certificada del acto. Sostener esta corte la disposición de la ley como una regla inflexible en estos casos crearía situaciones difíciles y aun perjudiciales en casos en que, por motivos ajenos a la voluntad de las partes, no pudiera obte-nerse el acta correspondiente. ’ ’ Resolvió, además, que de las escrituras públicas presentadas en evidencia aparece que Fé-lix Matos Asencio y Mercedes Díaz “se conducían como ca-sados”, y por lo tanto, en ausencia de prueba de que no eran casados, es de aplicación la presunción “juris tantum” con-sagrada en el artículo 102 de la Ley de Evidencia, inciso 29, al efecto de “que un hombre y una mujer que se conducen como casados, han celebrado un contrato legal de' matri-monio.”

La apelante en este recurso alega que la corte inferior erró al aplicar al presente caso el inciso 29 del artículo 102 de la Ley de Evidencia, y al ignorar las prescripciones posi-tivas del Código Civil.

Antes de proceder a discutir y resolver la cuestión legal envuelta en este recurso, es conveniente hacer constar que la prueba documental presentada por la apelante, o sea la carta del Secretario del Departamento de Sanidad, no aparece siquiera firmada por éste y que la nota que tiene del Secretario del Condado de Kings si bien está firmada no hay certificación alguna en cuanto a su autenticidad. En otrás palabras, dicha carta ni siquiera puede considerarse como una certificación negativa de los hechos que en ella se hacen constar. Esto no obstante, nos confrontamos con el hecho ■de que dicha carta fue admitida sin oposición de clase alguna de la parte contraria.

Conjuntamente con el artículo 87, supra, los artículos 85 y 86 del Código Civil establecen no sólo la regla general en cuanto a la forma de probar un matrimonio en Puerto Rico, sino también sus excepciones. [1] La regla general és que la prueba debe consistir en copia certificada del acta de matrimonio obrante en el Registro Civil. Esta prueba la califican Colín y Capitant en su obra Derecho Civil (Tomo Ia. pág. 335) la “prueba preconstituí da” obrante en las actas del registro. El artículo 85 establece dos excepciones a la regla general en cuanto a matrimonios celebrados en Puerto Rico: 1, cuando el matrimonio se efectuó antes de regir la Ley de Registro Civil, se probarán por los medios estable-cidos en las leyes anteriores-; y 2, si el libro de actas del matrimonio, dispuesto por dicha ley, hubiere desaparecido, 'será admisible cualquier prueba adecuada. El artículo 86 establece otra excepción a favor de los hijos legítimos (1 Manresa, Código Civil, 316 et seq.) o sea, si hubiere desapare-cido el libro de actas, podrá probarse el matrimonio por “la ■posesión constante de estado de los padres, unida a las actas de nacimiento de sus hijos en concepto de legítimos.” El artículo 87, supra, que es el que nos concierne en este caso, ■ establece la excepción en cuanto a los matrimonios contraídos en los Estados Unidos o en país extranjero, donde estas actas no estuvieren sujetas a un registro regular o auténtico, podrá ¡acreditarse el matrimonio “por cualquiera de los medios de ■prueba admitidos en derecho.”

Es un hecho admitido por las partes en este caso que en la ciudad de Nueva York, de la cual es un condado Brooklyn, existe un registro de matrimonios. Sostiene la apelante que siendo esto así la única prueba admisible en este caso para probar el matrimonio de Félix Matos era una certificación del acta obrante en dicho registro, pues la excepción estable-cida en el artículo 87 no es aplicable al caso de autos. La cuestión es nueva en esta jurisdicción, pues no hemos encon-trado ningún caso resuelto por esta corte interpretando el artículo 87 y tampoco las partes han citado alguno.

Creemos, sin embargo, que dicho artículo puede y debe interpretarse en relación con el artículo 250 del Código Civil (ed. 1930), que dispone que:

“Artículo 250. — Las actas del registro serán la prueba del estado civil, la cual sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquéllas o hubiesen desaparecido los libros del re-gistro, o cuando ante los tribunales se suscite una contienda.”

Como puede verse, este artículo establece otras ex-cepciones a la regla general, es decir, la prueba de las actas puede ser suplida por otras pruebas: 1, cuando no hayan existido aquéllas, es decir, las actas; 2, o hubieran desaparecido los libros del registro, y 3, cuando ante los tribunales se suscite una contienda. «

El caso de autos cae de lleno dentro del ámbito de las excepciones 1 y 3. La carta presentada por la apelante y admitida sin oposición, tiende a demostrar que el acta de matrimonio de Félix Matos y Mercedes Díaz no existe en el Registro de Nueva York. Pero aparte de esto el hecho indis-cutible es que se ha suscitado' una contienda, judicial en re-lación con la existencia del matrimonio.'

Existe una marcada diferencia entre la fornia en que están redactados los artículos 85 y 250 del Código Civil. En el primero se provee que los matrimonios contraídos después de regir la Ley de Registró Civil'sólo , se probarán por 'el acta del libro de matrimoniosy “si .éste, (es:decir,.el .libro) hubiese desaparecido será admisible cualquier prueba ade-cuada”, mientras que en el segundo, como hemos visto, se hace referencia no sólo al caso en que hubieren desaparecido-ios libros sino también a aquél en que las actas “no hayan, existido”. Comentando Manresa el artículo 327 del Código Civil de España, equivalente al 250 del nuestro (ob. cit. Tomo-2, pág. 805) reconoce que este artículo debe interpretarse-corno estableciendo excepciones adicionales en la admisión de prueba suplementaria del estado civil en relación con el ar-tículo 53 del Código (artículo 85 del nuestro) y entre estas-excepciones establece la siguiente: “Cuando, las actas deí registro no hayan existido por no haberse solicitado la ins-cripción o porque aún solicitada no se hubiera extendido-aquélla en los libros.”

Al mismo efecto Colín y Capitant, al comentar el artículo-46 del Código Civil francés parecido pero no igual al 250 del nuestro, dicen lo siguiente:

“Así, en caso de fuerza mayor, se hace una excepción a la regla de la prueba preconstituída, admitiéndose la prueba libre. Lo cual, por otra parte, no es más que aplicación del derecho común en ma-teria de prueba (art. 1,348, 49) y de esta sencilla regla de buen sen-tido : nadie está obligado a lo imposible.
“Queda, finalmente, otra situación. Los registros se llevan bien en apariencia; ningún indicio permite afirmar que se hayan dejado algunas actas sin inscribir; sin embargo, se pretende que un hecho concerniente al estado civil de una persona no consta en él, ya porque no haya sido declarado al oficial del estado civil, ya porque éste des-cuidara inscribir el acta en los registros. ¿ Podrá permitirse en este caso a las partes interesadas recurrir a los medios de prueba sub-sidiarios autorizados por el artículo 46?
“Muchas vacilaciones asaltan cuando se pretende responder afir-mativamente a esta cuestión. Amparándose en un alegato semejante, podrían perpetrarse fraudes con más facilidad que en los casos pro-eedentes; un aventurero, alegando la inexistencia relativa de los re-gistros ensayaría asegurarse un estado civil engañoso con ayuda de testigos o de documentos falsos.
“Sin embargo, la solución negativa sería demasiado rigurosa: el hecho alegado por las partes puede ser exacto. Si así fuera, i cómo podría privarse a una persona de la posibilidad de probar un hecho concerniente a su estado civil o al de sus parientes? .A los jueces incumbirá apreciar la sinceridad de la demanda y rechazarla si la estimaran desprovista de fundamento. No hay que olvidar que en Francia, fuera de los casos en que funciona la prueba preconsti-tuída, los jueces no están obligados a aceptar las pruebas que se les aportan; deciden, no más que según su íntima convicción. Pue-den negarse a admitir un hecho alegado, aunque afirmen su existen-cia varios testigos.” (Bastardillas nuestras.)

Ob. cit., Tomo 1, págs. 822, 4.

Admiten, pues, estos autores, que aun cuando el texto del. código francés no incluye el caso específico de no existir el acta, puede admitirse prueba subsidiaria concerniente al es-tado civil, correspondiendo a los jueces su apreciación.

Si nos hemos detenido a hacer estas citas es para demos-trar que aun en otras jurisdicciones donde no prevalece nues-tra Ley de Evidencia, se admite prueba “suplementaria o subsidiaria” para probar en determinados casos los hechos relativos al estado civil que por distintas, causas no constan en el registro correspondiente. Empero, en Puerto Rico, en materia de pruebas, rige desde el año 1905 la Ley de Evi-dencia y esta Corte, desde el año 1913 resolvió, en un caso de filiación, Camacho v. Balasquide, 19 D.P.R. 590, interpre-tando el artículo 320 del Código Civil, hoy el artículo 250, supra, lo siguiente:

“Con respecto al artículo 320 del Código Civil y a la debida in-terpretación que ha de dársele, puede dicho artículo ser considerado como ley elemental y que el principio legal contenido en el mismo ha sido modificado por la Ley de Evidencia. La certificación de inscripción hecha en el registro civil relativa al nacimiento del niño no puede ser considerada como un. documento incontrovertible. Es evidente que constituye prueba de su contenido, pero esta prueba es solamente prima facie. Nuestra Ley de Evidencia declara en su artículo 71, que los asientos en libros o registros públicos u oficiales practicados en el desempeño de su cargo por un funcionario, público u otra persona en el cumplimiento de su obligación constituyen evi-dencia prima faoie de los becbos consignados en estos asientos, y d artículo 11 de la misma Ley de Evidencia nos dice lo que constituye evidencia prima facie, y la define expresando que es la que basta para probar un becbo determinado, mientras no se contradiga o des-virtúe con otra evidencia, y presenta como ejemplo, que el certifieadfl de un registrador es evidencia prima facie de su .inscripción, pero puede desecharse más tarde probando que no existe tal inscripción. Por tanto, este certificado hecho por el debido funcionario que de-muestra la inscripción en el registro civil del nacimiento del niño es solamente prima facie, y no es un documento incontrovertible, y siendo esto así el demandante pudo correctamente ofrecer prueba tes-tifical para probar que el contenido del mismo no era correcto. Esta proposición está sostenida en el tomo 2 de Wigmore sobre Evidencia, artículos 1335 y 1336, y Jones on Evidence, artículo 511, y en las autoridades citadas por ambos tratadistas.” (Bastardillas nues-tras. )

Es más, en el caso de Gerena v. Sales et al., 32 D.P.R. 360, una acción para anular el reconocimiento de una hija, se dijo y resolvió lo siguiente:

“Los apelantes, el esposo y la esposa, asignan varios errores. El primero es que la corte cometió error al admitir prueba testifical del matrimonio del demandado, Francisco Sales Gerena, con otra mujer, que no es la actual esposa, en la fecha de la concepción de la niña en este caso. Antes de ser admitida esta prueba testifical el de-mandante había ofrecido como prueba varias certificaciones de Lares y San Sebastián negativas de la. existencia de ninguna anotación del matrimonio del demandado con la alegada primera esposa. Aunque se formularon objeciones a estas certificaciones no bubo ninguna en cuanto a su forma negativa y su admisión no se asigna como error. De manera que era admisible la prueba secundaria del matrimonio. Cuando la partida del matrimonio no puede obtenerse, dicho matri-monio puede probarse por la reputación y presunciones, suponiendo que en Puerto Rico el matrimonio generalmente debe probarse por el registro civil. . .”

Al igual que en Puerto Rico, en el Estado de Nueva York los certificados del registro civil sólo constituyen prueba prima facie de su contenido. Véase sección 20(a) del Domestic Relations Law que dispone, en lo pertinente, que “ Cualquier transcripción del récord de un matrimonio, debi-damente cértificado por el comisionado de sanidad del estado o por la persona autorizada por él, constituirá prueba prima facie en toda corte y sitio de los hechos allí expuestos.” En dicho Estado se ha resuelto, por ejemplo, en Farmers’ Loan & Trust Co. v. Wagstaff, 185 N.Y.S. 812, en una acción de una mujer reclamando ser la viuda del causante, que eran admisibles las declaraciones de dicho causante, incluyendo-una planilla sobre contribución de ingresos federal, tendente a demostrar que él era soltero; y en In re Seymour, 185 N.Y.S. 373, que las escrituras públicas otorgadas por un hombre y una mujer en las que se hacía constar que la mujer era la esposa del hombre, “son reconocimientos solemnes por el hombre de su matrimonio”.

De acuerdo con la jurisprudencia citada, la certificación de un acta del Registro Civil, tanto en Puerto Rico como en Nueva York, constituye prueba prima facie de su contenido y dicha prueba puede ser controvertida. Por tanto, el hecho de que no conste un acta en el Registro Civil no puede sos-tenerse, en todo caso, como prueba incontrovertible de que el hecho correspondiente no haya sucedido. Cuando como en el caso de autos, se suscita una contienda ante las cor-tes para determinar si ha existido o no el vínculo matrimonial, la llamada prueba ‘^reconstituida” de las actas, del registro puede ser suplida por otra, correspondiendo enton-ces a las cortes determinar si dicha prueba es suficiente o no para dejar establecido el hecho primordial. Tenemos, además, en el caso de autos, el hecho de que la prueba docu-mental presentada por la apelante tiende á demostrar que el acta de matrimonio en cuestión no existe en el Registro Civil de Brookyln.

Sólo nos resta considerar Ja prueba presentada por ambas partes. En primer término, está la declaración de Mercedes Díaz al efecto de que ella se casó con Félix Matos en una iglesia Metodista en Brooklyn hace veinte años; que le dieron uir diploma que se le ha extraviado; que nunca se divorciaron y que adquirieron bienes durante el mismo. Las escrituras públicas presentadas como evidencia, otorgadas durante un largo período de años y en las cuales se hace constar el vínculo matrimonial entre Mercedes Díaz y el cau-sante, tienen el valor probatorio de. establecer la presunción de gananciales de los bienes adquiridos por Félix Matos, los cuales son los únicos objeto de la administración judicial y además esas escrituras tienden a corroborar la declaración de Mercedes Díaz de que ella era casada con Félix Matos. Además, tanto la prueba testifical de la apelante como la de la administradora, demuestran que Félix Matos y Mercedes Díaz vivieron juntos durante cerca de veinte años conducién-dose como casados en la comunidad donde vivían.

Somos de opinión que las presunciones establecidas por toda esta prueba en conjunto, es decir, el carácter ganancial de los bienes y la conducta de Félix Matos y Mercedes Díaz •conduciéndose como casados durante veinte años, siendo parte de esa conducta la actuación de Félix Matos al otorgar las escrituras haciendo constar que era casado con Mercedes Díaz, no han sido destruidas por la carta antes mencio-nada. A base de estas presunciones no erró la corte inferior -al sostener que, a los efectos de la administración judicial de los bienes de Félix Matos, correspondía a Mercedes Díaz, •como presunta viuda, continuar como administradora. Aun cuando dicha corte pudo haber resuelto si, de acuerdo con la prueba, a su juicio se había probado afirmativamente que el matrimonio entre Félix Matos y Mercedes Díaz había sido celebrado, no lo hizo así. De manera que debe entenderse que el alcance, tanto de la resolución recurrida como de esta opinión, está circunscrito y limitado al hecho de que la pre-sunción de la existencia del matrimonio no fué destruida por la prueba presentada por la apelante. La suficiencia de la prueba, en cualquier caso determinado, para establecer el hecho del matrimonio, en ausencia del acta del registro corres-pondiente, no como una presunción que surja de documentos o actuaciones sino como hecho afirmativo, es cuestión que debe ser cuidadosamente considerada y pesada por la corte ante la cual se plantea la cuestión.

Debe confirmarse la resolución apelada.

       "City of New York — Department of Health — 295-315 Flatsbush Avenue Extension. — Borough of Brooklyn. October 20, 1942.
      "County Clerk, Hall of Records, Brooklyn, N. Y. Dear Sir: — Enclosed please find the letter from José Sabater requesting a copy of the marriage certificate of Félix Matos Asencio and Mercedes Diaz for the year 1923. This office kas no record of this marriage. Very truly yours, (Estampado) Frank A. Calderón©, M.D. — Secretary.—Ene. Gr.
      "We have no record of this marriage in our office. Search made 1921-1922-1923 and 1924. (Firmado) Francis J. Sinnott, County Clerk, Kings County.”

      “ (2) Artículo 85 — Los matrimonios celebrados antes del primero de enero do' 1885, en que empezó a regir en Puerto Rico la ley de registro civil, se probarán, por lós-'medios establecidos en-las leyes anteriores.
      "Los contraídos después ,se probarán sólo por el acta del libro de matrimonios. Si éste hubiese desaparecido, será admisible cualquier prueba adecuada.
      ‘‘Artículo 8G. — En el caso a que se refiere el artículo anterior; la posesión constante de estado'de los padres, .unida i a Ids-actas de nacimiento de sus hijos , ^}I. croneep,to de. legítimos, será, unp de los medios de prueba, del matrimonio. ,,de aquéllos, a no constar que alguno de los dos estaba ligado por otro matrimonio I,aiité!liioí."

       "Cuando no hayan existido registros, o cuando se hubieren perdido, la prueba de los mismos se recibirá lo mismo por documentos que por testigos; y, en estos casos, los matrimonios, nacimientos y defunciones podrán probarse, tanto por los registros y papeles de los padr©3 difuntos como por testigos.”

      (4) Posteriormente se ha ratificado la doctrina en Assise v. Curet, 22 D.P.R. 555 (sobre nulidad de matrimonio); Lebrón v. Lebrón, 31 D.P.R. 891 (sobre daños y perjuicios por violación); Pueblo v. Hernández, 34 D.P.R. 324 (sobre acometimiento y agresión grave). Sin embargo, en Burgos v., Medina, 35 D.P.R. 529, sobre reivindicación, se decidió, según aparece del sumario, que "la prefe-rencia establecida por el artículo: 320 del. Código Civil no es incompatible con el artículo 35 de la Ley de Evidencia, y cuando no existe razón por la cual, la regla prescrita en el primero no deba ser cumplida, la admisión de prueba testi-fical para probar el estado civil de unas partes en el pleito constituye error perjudicial. ’ ’ Empero,se hizo constar en la opinión que la resolución -de la corte nó debía interpretarse en' el Sentido de - negar ;la posibilidad de hacer íñenos rígida dicha regla en casos, apropiados como se'hizo en. los de- Camacho y Lebrón.

       Esta interpretación que damos a la frase "cuando ante los tribunales se suscite una contienda” usada en el artículo 250, supra, es la misma que le ha dado el Tribunal Supremo de Cuba en varias sentencias citadas en Núñez, Código Civil, Tomo 2, pág. 452.

       Los bienes adquiridos a virtud do dichas escrituras tienen la presunción de ser gananciales, artículo 1307 Código Civil; y hemos resuelto que ni aun el presunto marido puede obtener que se varíe en el Registro de la Propiedad la inscripción que establece dicha presunción, por el mero hecho de que él haga constar en una escritura posterior que no era casado. Véase Martínez v. Registrador, 62 D.P.R. 862.


author: El Juez Asociado SeñoR Swyder

text:
    Serapio Meléndez Morales, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Núm. 1146.

    — Sometido: Julio 3, 1944.

      Resuelto: Julio 24, 1944.

      Rafael B. Pérez Mercado, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado SeñoR Swyder

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir una escritura de compraventa de cierto terreno por el funda-mento de “no haber consignado el presentante en el registro sellos por valor de 50 centavos para cubrir el llamado im-puesto . . . establecido por el artículo 31 de una ley de 9 de marzo de 1905, enmendada por la ley de 14 de marzo de 1907 (Sección 3053, Estatutos Revisados de 1911, pág. 613) y subsiguientemente enmendada por la Ley número 34 de 7 de marzo de 1912 (Leyes de 1912, página 71) . . . ”. Contra la nota del registrador, el recurrente ha interpuesto este recurso gubernativo, alegando que el estatuto que disponía tal contribución habia sido derogado.

Al examinar esta cuestión, el recurrente ha hecho una investigación detallada de la historia legislativa del estatuto aquí envuelto, que se encuentra por primera vez en el Código Político, Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1902, Título IX, Rentas, Capítulo II, titulados Arbitrios. Este Capítulo contiene el artículo 356 que disponía ciertas contribuciones sobre la propiedad, sobre licencias y ciertos arbitrios. El mismo artículo, en la Tarifa C a la página 481, también disponía una contribución sobre documentos au-torizados por un notario público y “por cada inscripción, cincuenta centavos”.

El 9 de marzo de 1905 se aprobó una ley para enmendar el Capítulo II del Título IX del Código Político (Leyes de Puerto Eico, 1905, pág. 255). Ésta proveía, lo mismo que el título IX, ciertos arbitrios y contribuciones sobre la pro-piedad y sobre licencias. Expresamente disponía en la sec-ción 36 que varios artículos del Código Político, incluyendo el artículo 356, “quedan por la presente derogados”. Para sus-tituir la disposición del artículo 356 aquí envuelta, la ley de 1905 sustancialmente reenactó el artículo 356 como la sección 31.

La referida sección 31 fue enmendada por la sección 23 de la ley del 14 de marzo de 1907 (Leyes de Puerto Eico, 1907, págs. 330, 358) de tal forma que no es pertinente en este caso. En su consecuencia, cuando se promulgó en 1911 la Compilación de los Estatutos Eevisados y Códigos de Puerto Eico, el Código Político contenía en su Capítulo II, titulado Arbitrios, una sección 31 (pág. 613), la que, a nuestros fines, es sustancialmente idéntica a la sección 31 de la ley del 1905. Entonces se enmendó la sección 31 por la Ley núm. 34, Leyes de Puerto Eico, de 1912, para que leyera como sigue:

“Se impondrá, cobrará y pagará:
“(1) Sobre cada instrumento o documento original autorizado por notario público o inscrito por un registrador un dólar. . .
“(2) Sobre cada copia de dichos instrumentos o documentos ori-ginales cincuenta centavos.
“(3) Por cada registro o inscripción de dichos instrumentos o documentos o de sus copias cincuenta centavos.
“(4) Por cada affidavit o declaración de autenticidad otorgado ante notario público, juez de paz, u otro funcionario . . . veinte y cinco centavos. , .”.

Hemos copiado estos cuatro incisos tal y como se encuen-tran en la ley de 1912, debido a las referencias expresas que de los mismos hace el recurrente en sus argumentos, los cuales se examinarán más adelante. Sin embargo, debe notarse que a nuestros fines la ley de 1905 ha permanecido esencialmente intacta.

La principal contención del recurrente es al efecto de que ciertos estatutos establecieron claramente que la Legis-latura nunca contempló que la sección 31 de la ley de 1905, según fué enmendada, habría de continuar en vigor después de la aprobación de dichos estatutos. Uno de éstos, según el recurrente, fué la Ley núm. 55, Leyes de Puerto Rico, 1919, pág. 227, que fué la primera ley que llevó el título formal de “Ley de Arbitrios de Puerto Rico”. Ésta era un estatuto comprensivo que proveía un número de arbitrios. Y la sección 92 de la misma disponía que “Quedan derogadas todas las leyes que imponen contribuciones en concepto de arbitrios y licencias sobre los artículos, materias y negocios u ocupaciones determinados en esta Ley y quedan asimismo derogadas todas las leyes o parte de ley en conflicto con la presente.” (Bastardillas nuestras). La Ley núm. 68, Le-yes de Puerto Rico, 1923, también conocida como “Ley de Arbitrios de Puerto Rico”, sustituyó fuera de discusión a la Ley núm. 55. Pero en ella encontramos una sección 92 que .es idéntica a la sección 92 de la Ley núm. 55.

El recurrente, al aducir esta principal contención, des-cansa asimismo en la Ley núm. 85, Leyes de Puerto Rico, 1925, conocida como la “Ley de Rentas Internas de Puerto Rico”. Esta ley amplía considerablemente las disposiciones de la Ley núm. 68. Incluye Derechos sobre Ventas, así como Arbitrios y Contribuciones sobre Licencias. Y la sección 107 de la'misma dispone que “A partir de la fecha en que empiece a regir esta Ley, quedarán derogadas las siguientes le3res: Ley No. 68, aprobada en junio 28 de 1923 . .

El recurrente afirma que los registradores lian continuado insistiendo en que el sello de rentas internas de 50 centavos aquí envuelto debe adherirse a los documentos presentados para inscripción, sobre la base de que la sección 31 de la ley de 1905, según fué enmendada, todavía está en vigor; pero alega que la sección 31 lia sido “derogada no sólo implí-citamente, sino expresamente por la ley posterior de 1919 que sustituyó la de 1905”.

No podemos convenir con la contención del recurrente de que la sección 31 de la ley de 1905 lia sido expresamente dero-gada por la Ley núm. 55 de 1919. En verdad, no lo dice así expresamente, como por ejemplo lo dijo la ley de 1905 al derogar el artículo 356 del Código Político. Y su sección derogatoria — sección 92— es significativamente restrictiva. Dispone que quedan derogadas “todas las leyes que imponen contribuciones en concepto de arbitrios y licencias sobre los artículos, materias y negocios u ocupaciones determinados en esta Ley . . .”. Pero la Ley núm. 55 no incluye dispo-sición alguna para un arbitrio por inscripción de documento; por tanto dicha ley no deroga la anterior — sección 31 de la ley de 1905 — que es la que dispone tal contribución.

El recurrente también arguye que la sección 31 fué de-rogada por la disposición de la sección 92 de la Ley núm. 55 de que “quedan . . . derogadas todas las leyes ... en con-flicto con la presente”. Pero la dificultad con dicha conten-ción estriba en que la Ley núm. 55 guarda absoluto silencio sobre la cuestión de contribuciones en cuanto a la inscripción de documentos. ¿Cómo puede entonces alegarse con éxito que la sección 31, que dispone se adhiera un sello de rentas internas de 50 centavos para tener derecho a la inscripción de un documento, está en patente conflicto con la Ley núm. 55? Si la Ley núm. 55 (1) proveyera tal arbitrio en una suma diferente a la establecida por la sección 31, o (2) con-tuviera una derogación específica de la sección 31, o (3) quizá aun si la sección derogatoria dispusiera que la misma dero-gaba todas las anteriores leyes sobre arbitrios, tendría fun-damento la contención del recurrente. Pero la Ley núm. 55 no contiene ninguna de estas disposiciones. Y, podría aña-dirse, no deja de ser signicativo el lieclio de que en otras ocasiones, cuando la Legislatura optó por enmendar la sec-ción 83, lo liizo así refiriéndose expresamente a dicha sec-ción.

'Finalmente, la sección 73 de la Ley núm. 55 provee una penalidad liara “Toda persona que violare o dejare de obser-var cualquiera de las disposiciones de esta Ley o cualquiera oirá ley referente a rentas internas . . (Bastardillas nuestras). Escasamente tal disposición indica la intención de derogar todos los estatutos sobro rentas internas existentes anteriormente, incluyendo la sección 31 de la ley de 1905.

Por tanto, procedemos ahora a considerar las leyes que han suplantado la Ley núm. 55. La Ley núm. 68 del 1923, en nada ayuda al recurrente, ya que incluye secciones idén-ticas a las secciones 92 y 73 de la Ley núm. 55 (Véanse las secciones 92 y 74 de la Ley núm. 68).

La ley que sustituye a la Ley núm. 68, Ley núm. 85 de 1925, presenta un problema algo diferente, ya que específi-camente dispone que deroga la Ley núm. 68 de 1923 (sección 107). iSFo obstante, no podemos ver de qué manera dicha derogación pueda retroceder y derogar la sección 31 de la ley de 1905. De hecho, aun sin la disposición específica de la sección 107, la ley de 1925 probablemente se tendría como derogatoria de la ley de 1923, toda vez que la primera cubre la misma materia que la última, extendiendo y ampliando sus disposiciones. De cualquier modo, si la Ley núm. 68 de 1923 no llegó a derogar la sección 31 de la Ley de 1905, no podemos seguir el razonamiento de que, eso no obstante, la derogación de la Ley núm. 68 por la ley de 1925, de algún modo opera en la derogación de la sección 31, A menos que alguna otra disposición de la Ley inim. 85 de 1925 derogue la sección 31,. a« podemos convenir en que tal derogación lia ocurrido. Y, Jo mismo que en las leyes de 1919 y 1923, no encontramos en la Ley núm. 85 elidía otra disposición. Al contrario, aquí también la sección 1.02 dispone una penalidad por dejar “do •observar cualquiera de las disposiciones de ésta o eualquiei a atm ley, o sus reglamentos referentes a Jas rentas de Tuerto Rico ...” (Bastardillas nuestras).

Pasando la contención del recurrente de que la ley de 1905, tal como lia sido enmendada, disponiendo la contribución aquí envuelta, lia sido derogada por implicación, encontramos «pie el recurrente descansa tanto en algunas otras leyes como en las ya discutidas. Una de las otras leyes citadas por el 'recurrente a este respecto es la Ley núm. 31, Leyes de Puerto Bieo, 1917 (II), pág. 307, que lijaba cantidades graduales, que dependen de la consideración envuelta en sellos dé rentas internas, que serían adheridos (sección 1) “En cada docu-mento o instrumento original, autorizado por notario público, que baya de ser protocolizado . . El recurrente afirma que la Ley núm. 31 de 1917 estableció un nuevo arancel con-tributivo que aumentó y sustituyó a aquéllos provistos en los incisos (1) y (2) de la mencionada sección 31, tal y como consta en la cita que de la Ley nfim. 34 de 1912 ya se ha Bocho. Asimismo afirma que tanto administrativamente como en la profesión la Ley núm. 31 está considerada como dero-gatoria y sustituía de los incisos (1) y (2) de la sección 31. Estos incisos no están envueltos en esto caso — aquí conside-ramos solamente el inciso 3 de la sección 31 tal como consta en la ley de 1912 — y asumimos arguendo que esta manifes-tación es correcta.

Otra ley citada por el recurrente a este mismo fin es la ley do 10 de marzo de 1904 (Leyes de Puerto Rico, 1904, pág. 144). Antes de aprobarse dicha ley, los registradores no devengaban sueldo alguno; se les compensaban sus ser-vicios mediante los honorarios fijados en la Ley Hipotecaria. Poro, como dice el recurrente, al fijar la ley de 1904 sueldos a los registradores, también fijó derechos (fees) que ingresa-rían en el Tesoro de Puerto Pico, por los servicios de los registradores. Esta ley lia sido subsiguientemente enmen-dada, por la Ley núm. 32, Le3ms de Puerto Pico, 1917 (II) y otras leyes, siendo la última la Ley núm. 102, Leyes de Puerto-Rico, 1943.

El recurrente sintetiza este aspecto de su argumento en cuanto a derogación por implicación, como sigue: “La sec-ción 31 de la ley de 1905, quedó prácticamente mutilada, porque sus números (1) y (2) se sustituyeron por la Ley-de Arancel Notarial; el número (3) quedó absorbido y sus-tituido por la Lejr de Arancel de los Registros de la propia fecha ; y el número (4) sobre el derecho de 25 centavos por affidavits quedó sustituido por el núm. 26 del artículo 18 de la Ley de Arbitrios de 1919 (Leyes de 1919, pág. 245).''

Pero no importa cuál s.ea la situación con respecto a lo» incisos (1), (2) y (4) de la sección 31 — parecen correctos los argumentos del reeúrrente en cuanto a dichos incisos, y los aceptamos aquí a los fines de la discusión de este caso — el inciso (3) es la única disposición de ley que de hecho está en controversia ahora. Y en cuanto a ella, el argumento del recurrente solamente es que “quedó absorbido y sustituido por la Ley de Arancel de los Registros ”, según consta en da Ley núm. 32 de 1917.

El propio recurrente admite un serio defecto al descansar en tal argumento como base para la derogación por impli-cación. Admite que “Es cierto que la justificación o funda-mento de los derechos impuestos por las Layes de Arbitrios y de Arancel de los Registros, son teóricamente distintos. Los primeros son propiamente una contribución (tax); los segundo, un derecho (fee)”. La única contestación que ofrece a este argumento es que “ . . . esta distinción resulta en la práctica académica, y desde el punto de vista del fisco nominal, porque como cuestión de hecho, todos estos derechos, llámense contribución (tax) o llámense derecho (fee), ingre-san en los fondos públicos sin separación de clase alguna”. Pero no es posible deshacernos de tal diferencia tan fácil-mente, cuando se argumenta que una ley imponiendo un “de-recho” (fee) ha “sustituido” y en su consecuencia derogado por implicación una ley que impone una “contribución” (tax). Hemos indicado claramente la importante diferencia que existe entre contribuciones en sellos notariales y sellos de inscripción y los derechos (fees) fijados por la ley por los servicios profesionales rendidos por los registradores (The R.F.C. Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235). No es-tamos preparados para decir que un estatuto que dispone tales derechos, graduándolos de conformidad con los servicios prestados, ha derogado por implicación un estatuto anterior que sencillamente disponía una contribución fija de un sello de 50 centavos. Estos últimos sellos “obviamente envuelven una contribución con el fin de obtener rentas insulares para fines generales, a cambio de las cuales no se rinden directa-mente servicios públicos al acreedor hipotecario”. (The R.F.G. Mortgage Co. v. Registrador, supra, a la pág. 241). La sección 31 de la ley de 1905, tal como fué enmendada, que provee dicha contribución nunca ha sido derogada expresa-mente, y no sabemos de estatuto alguno que la haya derogado por implicación.

Creemos propio añadir que si el significado del estatuto “fuera dudoso o ambiguo, que no lo es, estaríamos llamados a considerar si bajo todas las circunstancias de este caso, debiéramos dar peso sustancial o quizá decisivo” (Bowie v. Buscaglia, 63 D.P.R. 546, ante, escolio 5, resuelto el 2 de mayo de 1944) a la interpretación administrativa durante los últimos 25 años al efecto de que el estatuto aquí envuelto no fué derogado en 1919. La doctrina establecida en Helvering v. Griffiths, 318 U.S. 371, a las págs. 395-6, citado en el caso de Bowie, no existe exclusivamente para beneficio de los contribuyentes. Opera en ambas direcciones, y algunas veces a favor de la imposición de contribuciones. Quizá ese podría ser el caso aquí, a no ser por el hecho de que aun sin recurrir a la interpretación administrativa, claro es que la ley en cues-tión todavía está en vigor.

La decisión del registrador será confirmada.

       Algunas otras enmiendas al Capítulo II, Título IX, del Código Político, tal y como constan de la Ley del 12 de marzo de 1908 (Leyes de Puerto Rico, 1908, pág. 189); Ley núm. 55, Leyes de Puerto Rico, 1911, pág.” 180; Ley núm. 66, Leyes de Puerto Rico, 1912, pág. 114; Ley núm. 112, Leyes de Puerto Rieo, 1913, pág. 163, de igual manera no afectan el problema ante nos..

       Véase la Ley del 9 de marzo de 1905 (Leyes de Puerto Rico, 1905, pág. 255), y las leyes citadas en el escolio (1) de esta opinión.

       Ley núm. 31, Leyes de Puerto Rico, 1917 (II) (pág. 307).

       Ley núm. 32, Leyes de Puerto Rieo, 193 7 (II) (pág. 309).


text:
    Narciso Torres y Rafael Vázquez, demandantes y apelados, v. Félix González Rivera, demandado y apelante.
    Núm. 8846.

    — Resuelto: Julio 24, 1944.
   RESOLUCION

Julio 24, 1944.

Por cuanto en este caso el juez que dictó la sentencia apelada radicó el 20 de julio de 1944 una moción solicitando se elimine de nuestra opinión un párrafo que en su moción se transcribe, el cual el juez estima ofensivo a su persona;

Por cuanto del contexto de la propia opinión se infiere que las manifestaciones vertidas en dicho párrafo no van dirigidas al juez sentenciador personalmente, sino que su objeto es establecer normas que deban seguir los jueces de distrito en la apreciación de la prueba en lo sucesivo;

Por cuanto en ningún momento estuvo en la mente de este Tribunal la idea de que dicho párrafo constituía una crítica directa a las actuaciones del juez sentenciador en el caso apelado, quien siem-pre ha merecido el respeto J estimación de los miembros de este Tribunal.

Por tanto, no ha lugar a la eliminación solicitada.


author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Cía. Ron Carioca Destilería, Inc., demandante y apelante, v. Lee D. Miller, demandado y apelado.
    Núm. 8870.

    Sometido: Mayo 2, 1944.

      Resuelto: Julio 26, 1944.

      Jomes R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, abo-gados de la apelante; Otero Buró & Otero Suro, abogados del ape-lado.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La corporación demandante y apelante, alegando ser dueña de 32 cartones y 3 cajas de maderas que contienen extractos para la preparación de licores de un valor de $1,000, los cuales alega están siendo retenidos injustamente por el de-mandado y depositados a su orden y bajo su control con la firma Sobrinos de Izquierdo, Inc., de San Juan, solicitó sen-tencia por la que se condenase al demandado a entregar los cartones y cajas mencionados y al pago de las costas y hono-rarios de abogado. A requerimiento de la demandante y pre-via' prestación de fianza por $2,000, el márshal de la Corte de Distrito de San Juan se incautó de los bienes en controversia y los depositó en poder del Sr. Jack Feldstein,

El demandado negó específicamente los hechos esenciales ' de la demanda, alegando en contrario que los bienes en litigio, valorados en $4,500, son y han sido siempre de su exclusiva propiedad, habiéndolos manufacturado el mismo demandado en su planta “Compañía Productos de Frutas Tropicales”, dedicada a la fabricación de extractos y esencias para la ela-boración de licores y otros productos; que en noviembre 30, 1940, el demandado celebró un contrato por el término de dos años, comprometiéndose a vender extractos y esencias a la demandante, pero nunca llegó a vender o traspasar a dicha demandante los bienes objeto de este pleito, la propiedad de los cuales siempre retuvo; y, por último, que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción.

En mayo 20 de 1943, la corte inferior dictó la siguiente sentencia:

“Habiendo la parte demandante manifestado a la Corte que no tiene prueba para sostener las alegaciones de su demanda tal como han quedado en ella, después de haberse denegado en este estado del caso la enmienda propuesta, la Corte dieta sentencia declarando sin lugar la demanda, con las costas, etc.”

Apeló la demandante, alegando que la corte inferior erró al denegar el permiso solicitado para enmendar la demanda; al dejar sin efecto sn previa admisión en evidencia del con-trato entre las partes; y al condenar a la demandante al pago de honorarios.

La acción qne la demandante trató de ejercitar en sn demanda original es la qne autoriza el artícnlo 170 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil para reclamar la entrega de bienes muebles pertenecientes a la demandante, como dueña, y la posesión de los cuales está siendo retenida injustamente por el demandado. Los hechos, tal y como han sido alegados, exponen una causa de acción de naturaleza ex delicto. La acción de reclamación de bienes,' puede sin duda alguna tener su origen en un contrato, pero el hecho es que en la demanda original no encontramos alegación alguna que tienda a demostrar la existencia de relaciones contractuales entre la demandante y el demandado.

En el acto de la vista celebrada el 19 de mayo de 1943, la demandante trató infructuosamente de probar que era dueña y con derecho a la inmediata posesión de los bienes en con-troversia. Al ser rechazado el contrato ofrecido en evidencia por la demandante, con el propósito de demostrar que su derecho a la posesión de los bienes surgía no de su condi-ción de dueña y sí de los términos y condiciones del contrato entre ella y el demandado Miller, la demandante solicitó per-miso para enmendar su demanda en el sentido de “que tene-mos derecho a la posesión de esos bienes a virtud de ese contrato.” No erró la corte inferior al denegar el permiso para enmendar la demanda en el sentido indicado. La en-mienda propuesta no era permisible por la razón de que de acuerdo con los términos del contrato ofrecido en evidencia y de acuerdo con lo manifestado por la propia parte deman-dante, la determinación del derecho de la demandante a la posesión de los bienes envolvería el examen de los libros de contabilidad de ambas partes litigantes y la liquidación de cuentas entre las partes. Bancroft’s Code Pleading, Vol. 1, §523, pág. 755.

Tampoco cometió la corte inferior el segundo de los errores señalados por la apelante. El alegado contrato fué ofrecido por la demandante en apoyo de una moción para que se nombrase un contable para examinar las cuentas entre las dos partes contratantes, y no como prueba para sostener las alegaciones de la demanda. La demandante insistió más tarde en que se admitiese el contrato en todos efectos, ale-gando que si se practicase una liquidación de cuentas de acuerdo con los términos de dicho contrato se vería que la demandante tenía el título y el derecho de posesión sobre los bienes en litigio.

La acción ejercitada por la demandante es una acción posesoria {replevin), basada en el alegado derecho de la de-mandante a la inmediata posesión de bienes injustamente retenidos por el demandado. Para que proceda la acción posesoria {replevin) es necesario que el demandante alegue y pruebe que en el momento en que radicó su demanda él tenía derecho a la posesión que reclama. Cortés & Segura, Inc. v. Cortés, 40 D.P.R. 547; 46 Am. Jur. 15; 54 C.J. 505. Que la demandante en este caso no tenía derecho en la fecha en que radicó su demanda a reclamar la inmediata posesión de los bienes fué un hecho admitido por su propio abogado al expresarse así en el acto de la vista:

“Explicada ya la teoría de nuestro caso, vamos ahora a hacer la moción de qne la contabilidad de la demandante sea examinada por un Arbitrio, por un Master, para determinar quién tiene derecho a la posesión de esos bienes; si el señor Miller le debe dinero a la Carioca o no le debe. Si le debe entonces no hay nada más que concluir que, de acuerdo con lo convenido por las partes en este contrato, .la demandante tiene derecho a la posesión de esos bienes muebles. Si el señor Miller no le debe un centavo a la Carioca, en-tonces confesamos que no tendríamos derecho nosotros. Esa es la teoría nuestra.” (T. de E., págs. 2 y 3.)

Como se ve, la determinación de cuál- de las dos partes litigantes tiene derecho a la inmediata posesión de los bienes depende de la liquidación de las cuentas habidas entre las partes por virtud del contrato ofrecido en evidencia y no admitido por la corte inferior. De acuerdo con los términos de dicho contrato, el derecho de la demandante a tomar pose-sión de los bienes solamente podría ejercitarse en el caso previsto en la cláusula 6, que dice:

“Si a la terminación de este contrato resultare un balance en favor de Carioca y en contra de Miller, Carioca, después de haber transcurrido noventa días, tendrá derecho a tomar posesión de la planta, equipo y materiales para reeembolsarse. por medio de la venta de los mismos.”

Una acción para el cumplimiento específico del contrato, con embargo preventivo de los bienes, sería suficiente para proteger los derechos de la demandante. La corte inferior no abusó de su discreción al negarse a conceder permiso para enmendar la demanda en el sentido indicado. Tampoco co-metió error al imponer a la demandante el pago de hono-rarios.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Sucesión de Pedro Pedroza Trías, conocido por Pedro Julio Trías, etc., demandante y apelada, v. Cándida Martínez, demandada y apelante.
    Núm. 8916.

    Sometido: Mayo 17, 1944.

      Resuelto: Julio 26, 1944.

      Miguel Rodríguez Alberty, abogado de la apelante; Armando Orraca López, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra sentencia a favor de la de-mandante en un pleito de desahucio. La demandada apelante alega que la corte de distrito cometió error al no desestimar la demanda por el fundamento de que en la prueba se esta-bleció un conflicto de títulos.

La demandante es la Sucesión de Pedro Pedroza Trías. La demandada es Cándida Martínez. Esta última es tía y madre de crianza de Sara Pérez, quien fue concubina de Pedroza durante un número de años con anterioridad a la muerte de Pedroza. Este pleito se trae por la Sucesión de Pedroza para lanzar a la demandada de la posesión de una casa y solar en que se admite vivían Pedroza, su concubina y su tía, la demandada, al ocurrir la muerte de aquél. ,

En su contestación la demandada niega que Pedroza fuera dueño del solar y casa en cuestión. Alega que la casa “per-tenece a la demandada por haberla construido con dinero propio, habiendo pagado de su propio peculio todo el material de la misma, así como la mano de obra . . . ”. También alega la demandada que “el solar descrito fue adquirido por Pedro Luis Trías mediante compra a The National City Bank of New York habiendo la aquí demandada puesto en manos del Sr. Trías el importe de la compra bajo la condición ex-presa de que el Sr. Trías traspasara a la aquí demandada el descrito solar si no pudiere o estuviere en condiciones de devolverle a la aquí demandada el importe de la compra, hecho que no efectuó a pesar de las diligencias practicadas al efecto.’’

Con referencia al solar, la prueba de la demandada no sostiene las alegaciones de su contestación. Por el con-trario, ella meramente declaró que hizo a Pedroza un prés-tamo de $132, el precio de venta del solar, que medía 11 X 12 metros y costaba a $1 el metro. Otros testigos de ambas partes declararon al mismo efecto. Y la propia demandada radicó demanda ante la corte municipal en cobro de su dinero, transacción que la demandada describe sencillamente como un préstamo a Pedroza. Si bien la escritura de solar, que fué presentada en evidencia y que demuestra a Pedroza como el comprador del solar, no impediría necesariamente a la de-mandada de demostrar su título al mismo, ella no ha demos-trado tal cosa. El hecho de que la demandada le prestara a Pedroza el dinero con que comprara el solar, por sí solo, no puede constituir prueba de que la demandada tiene título al solar. La corte inferior por tanto estuvo claramente co-rrecta al resolver que no se estableció por la propia deman-dada conflicto de títulos en relación con el solar. (Noriega v. Corte de Distrito, 60 D.P.R. 454).

Sin embargo, la prueba en cuanto a la casa fué ente-ramente diferente. Sara Pérez, la concubina de Pedroza, de-claró que la demandada, quien es su tía y madre de crianza, construyó la casa en cuestión y se llevó a Pedroza y a ella vivir en la casa en su compañía debido a que Pedroza era pobre y no podía mantener ni a su concubina ni a sí mismo. Declaró que la demandada también le había dado a Pedroza el dinero para comprar el solar. Declaró — y esto fué corro-borado por la demandada y por otros sin que la demandante lo impugnara — que la demandada había recibido en el pasado considerables sumas de dinero del Gobierno Federal en pago de bonos, seguro y pensión debido al hecho de que su hijo había servido en la Primera Guerra Mundial. Declaró que la demandada continuaba recibiendo de esta fuente aproxima-damente $60 mensuales y que fué este dinero recibido del Gobierno Federal lo que le permitió tanto adelantar el dinero para el solar como el construir la casa en el mismo.

Un carpintero declaró por la demandada que él fué el maestro carpintero que construyó la casa; que la demandada le pagaba periódicamente por su trabajo; que cuando se nece-sitaba material la demandada adelantaba el dinero para el mismo. Otro carpintero declaró al mismo efecto, añadiendo que Pedroza algunas veces iba a buscar el material, que la demandada siempre pagaba.

La propia demandada declaró en idéntica forma. Añadió que durante varios meses le daba dinero de tiempo en tiempo a Pedroza y al maestro carpintero, según lo recibía del Go-bierno Federal, pa.ra que le compraran materiales para la casa; que si Pedroza cogió algún material a cuenta lo bizo a iniciativa propia, toda vez que ella le daba dinero para ma-teriales siempre que él lo pedía; que tenía confianza en él y le confió todo estos asuntos; que invirtió alrededor de $800 en la construcción de la casa; que a pesar de que el recibo de las contribuciones para el 1941-42 demostraba que Pedroza babía pagado dichas contribuciones ascendentes a $7.46, ella le babía dado el dinero para pagarlas; que babía invertido más dinero en la casa desde la muerte de Pedroza; y que desde que Pedroza murió babía pagado personalmente las contribuciones del solar y la casa.

Si bien la demandante presentó una escritura traspasán-dole el solar a Pedroza, no se presentó tal documento, o apa-rentemente nunca existió, en relación al título de Pedroza sobre la casa. El recibo de contribuciones, ya mencionado, y un plano y permiso de construcción, que tenían el nombre de Pedroza como dueño, fueron también presentados en evi-dencia por la demandante. La madre de Pedroza declaró que ella había pagado las contribuciones de $7.46 después de su muerte pero que no tenía consigo dicho recibo. La madre, hermano y padre de crianza de Pedroza, y otro car-pintero, quien afirmó que había sido el maestro carpintero, declararon que la casa babía sido construida por Pedroza y que éste babía pagado la mano de obra y comprado el material.

La demandante trajo como testigo de rebuttal a un comer-ciante quien declaró que babía vendido a Pedroza material que se usó en la construcción de la casa; que Pedroza algunas veces pagó en efectivo y otras veces cargó a cuenta sus com-pras, por las cuales más tarde pagó en efectivo a razón de $4 ó $5 semanales.

También hubo alguna controversia en cuanto a la fecha en que la demandada vino a vivir en la casa en cuestión. Afirmó que se mudó a ella tan pronto como fue terminada, con Pedroza y su sobrina. Los testigos de la demandante, por otro lado, declararon que Pedroza primeramente vivió solo en la casa por algunos meses, entonces se trajo a su con-cubina a vivir con él, y luego el día de su muerte la deman-dada se mudó a la casa.

Es incontrovertible el hecho de que Pedroza no dejó pro-piedad otra alguna; que no tenía un oficio regular antes de mudarse a la casa de la demandada- hace un número de años para vivir allí, junto a su concubina; que por varios años después tenía una pequeña relojería" que se vendió por $8 ó $10 cuando murió.

La opinión de la corte de distrito finaliza como sigue:

“Besolviendo el conflicto que pueda haber en la prueba de ambas partes y apreciando en total la prueba documental y testifical, esta Corte entiende que no existe conflicto de título alguno en este caso, ya que si bien Pedro Pedroza Trías recibió de manos de la deman-dada todo o la mayor parte del dinero que se utilizó en la compra del solar y la construcción de la casa, sin embargo, las entregas del dinero se hicieron en tales condiciones, de acuerdo con la prueba, según la interpreta esta Corte, que a lo más existió un contrato de préstamo si no fué una donación en posible consideración a las rela-ciones entre Pedro Pedroza Trías y la sobrina de la demandada.” (Bastardillas nuestras).

No podemos convenir con la corte inferior en que de la prueba aquí sintetizada no se establecieron genuinas recla-maciones en conflicto en cuanto al título de la casa. “La cuestión en controversia es si la contención de dueño plan-teada por el demandado es tan evidentemente insubstancial e insostenible que no merezca seria consideración o si la prueba en apoyo de la misma era suficiente para suscitar una cuestión digna de ser resuelta por las cortes. Es cuestión bien establecida que reclamaciones opuestas de título, si son bona fide, no pueden ser juzgadas y resueltas en un procedi-miento de desahucio. Un pretexto baladí a ese respecto será pasado por alto. Una cuestión aparentemente bona, fide, sos-tenida por prueba que sea suficiente para demostrar algún color de la existencia de un derecho, evidencia suficiente para presentar una cuestión genuina de título, justificará y reque-rirá la desestimación del procedimiento. ” Sabemos que “no basta la mera alegación de título por parte del deman-dado, sí que es necesario que presente por lo menos un princi-pio de prueba”, y que “es preciso que de las alegaciones y de la prueba de la parte demandada surjan hechos suficientes para demostrar que sus pretensiones de título no’ están des-provistas de fundamento . . . ”. Pero somos de opinión que la prueba de la demandada es suficiente para crear un conflicto de títulos verídico y genuino en relación con la casa.

No existe documento escrito sobre el título en relación con la casa. La demandada, a virtud de los servicios prestados por su hijo en la Primera Guerra Mundial, ha recibido miles de dólares del Gobierno Federal. Pedroza era indigente cuando se fué a vivir con la sobrina de la demandada. Vivió con su concubina durante un número de años en la casa de su madre de crianza. Nunca se negó que ella de hecho pro-porcionó el dinero para el solar. Y si bien hubo algunas insi-nuaciones de sus familiares de que Pedroza había propor-cionado el dinero de su propio peculio para la construcción de la casa, no hubo prueba específica a ese efecto, ni tampoco se hizo esfuerzo alguno para demostrar de qué manera pudo él obtener tales sumas de dinero por sí solo. Hubo abun-dante prueba por parte de la demandada al efecto de que ella construyó la casa para sí con su propio dinero, y que tenía suficientes medios para ello. Al resolver que “si bien Pedro Pedroza Trías recibió de manos de la demandada . . . el dinero . . . que se utilizó en ... la construcción de la casa, sin embargo, las entregas del dinero se hicieron en tales condiciones . . . que a lo más existió un contrato de prés-tamo . . . ”, la corte de distrito obviamente resolvía un pa-tente conflicto en la prueba, en contra de la demandada, sobre la cuestión del título de la casa, careciendo de autoridad para así hacerlo en un procedimiento sumario de desahucio.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dictará nueva sentencia a favor de la demandada.

       A Pedroza se le conocía por varios nombres, incluyendo el de Pedro Luis Trías.

       P. R. Leaf Tobacco Co. v. Colon, 50 D.P.R. 303, 306; al mismo efecto, Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97.

        Pérez v. Castro, 52 D.P.R. 274, 282.

        Cora v. Belgodere, 55 D.P.R. 10, 13.