text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Luis Cruz Alicea, recurrido.

      Número: CC-2006-548

      Resuelto: 26 de abril de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Zaira Z. Girón Anadón, procuradora general auxiliar, representantes de El Pueblo; Wanda T. Castro Alemán, abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal, parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Procurador General solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Apelaciones, mediante la cual se resolvió que la Sala de Asuntos de Menores no tenía jurisdicción sobre Luis Cruz Alicea (Cruz Alicea) por éste haber cumplido la mayoría de edad y, además, porque no procedía procesarlo como adulto, ya que el caso no fue sometido a tiempo a la Sala de Asuntos de Menores. En su recurso, el Procurador General expone que el caso no fue presentado oportunamente en la Sala de Asuntos de Menores, porque Cruz Alicea se fugó de la jurisdicción y, cuando fue localizado por las autoridades, ya había cumplido la mayoría de edad. Por entender que Cruz Alicea debe ser procesado como adulto, revocamos la determinación recurrida.

I

En un caso anterior al que nos ocupa, Cruz Alicea hizo alegación de culpabilidad por violación al Art. 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404, ante la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal de Primera Instancia. Así las cosas, se le concedió el beneficio de libertad a prueba bajo la custodia de su madre. Posteriormente, se le revocó el beneficio y se ordenó su ingreso al Hogar CREA para recibir tratamiento. Como Cruz Alicea no acudió a dicho centro, en enero de 1999 se emitió una orden de detención en su contra, se revocó la libertad a prueba en su ausencia y se entregó su custodia a la Administración de Instituciones Juveniles. En las vistas de seguimiento de la orden de detención, la madre de Cruz Alicea informó inicialmente que su hijo se encontraba en Hartford, Connecticut, pero luego alegó que desconocía su paradero.

Mientras tanto, estando vigente la orden de detención, en agosto de 1999 Cruz Alicea fue detenido por agentes de la Policía de Puerto Rico por alegada posesión de sustancias controladas con la intención de distribuir. Según surge del expediente, en ese momento Cruz Alicea le brindó a los agentes información falsa sobre su nombre y número de seguro social, pero su fecha de nacimiento resultó ser correcta. Acto seguido, los agentes lo llevaron ante un magistrado del Tribunal de Primera Instancia, quien determinó causa probable para su arresto. Cruz Alicea fue ingresado en una institución carcelaria para adultos y, posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza.

Ante la incomparecencia de Cruz Alicea a la vista preliminar, el foro de instancia determinó causa en ausencia y ordenó su arresto. Tanto en esa ocasión como en el acto de lectura de acusación, la madre de Cruz Alicea informó que no conocía el paradero de su hijo. Tras la incomparecencia de Cruz Alicea a varios señalamientos, el tribunal de instanda confiscó la fianza y ordenó el archivo administrativo del caso, declarando a Cruz Alicea prófugo de la justicia.

En 2005, después de haber sido extraditado del estado de Connecticut, Cruz Alicea compareció al acto de lectura de acusación. Una vez comenzado el juicio, la defensa planteó que, al momento de cometer los hechos, Cruz Alicea era menor de edad, por lo que el tribunal carecía de jurisdicción para procesarlo como adulto. Ante dicha alegación, el tribunal le concedió un término a la defensa para presentar el certificado de nacimiento de Cruz Alicea.

Luego de acreditar que el imputado era menor de edad cuando cometió los hechos, se remitió el caso a la Sala de Asuntos de Menores. En la vista correspondiente, dicho foro determinó que carecía de autoridad para atender el caso, ya que Cruz Alicea había cumplido la mayoría de edad. A su vez, estableció que los agentes del orden público fueron negligentes al no corroborar la edad del imputado y, por ende, al encausarlo como adulto. Por lo tanto, la Sala de Asuntos de Menores concluyó que el Estado fue responsable de que la querella no se presentara a tiempo ante sí y entendió que el debido proceso de ley le impedía remitir el caso para que se le procesara como adulto. En vista de ello, ordenó el archivo del caso. Cabe señalar que en el caso criminal anterior también se archivaron los cargos contra Cruz Alicea por haber éste cumplido veintiún años.

Inconforme, el Procurador General acudió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que erró el foro de instancia al resolver que le correspondía al Estado realizar las gestiones para corroborar la minoridad del imputado al momento de cometer los hechos. Además, sostuvo que Cruz Alicea, al fugarse de la jurisdicción, fue responsable de que su caso no se remitiera a tiempo ante el Tribunal de Menores y que, por lo tanto, correspondía procesarlo como adulto. No obstante, el foro apelativo denegó la expedición del auto solicitado.

El Procurador General acude ante nos y aduce que la decisión recurrida tuvo el efecto de otorgarle a Cruz Alicea inmunidad procesal absoluta, premiando su conducta reiterada de fugarse del sistema con el propósito de privar a los tribunales de jurisdicción. Además, sostiene que, al fugarse, Cruz Alicea renunció implícitamente al foro de justicia juvenil y que, por lo tanto, se le debe procesar como adulto.

Vista la petición, le ordenamos a Cruz Alicea mostrar causa por la cual no debamos revocar la decisión recurrida. Este presentó su posición oportunamente. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. El procedimiento de menores goza de una naturaleza sui géneris que, a raíz de la aprobación de la nueva Ley de Menores de Puerto Rico, ha adquirido matices de tipo punitivo. Contrario a la orientación paternalista y tutelar de la antigua ley, la vigente ha adoptado un enfoque ecléctico, en el cual se armoniza la responsabilidad de parens patriae del Estado de rehabilitar a los menores con el deber de éstos de responder por sus actos. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. sec. 2201 et seq.), 1986 Leyes de Puerto Rico 285; Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993).

Como norma general, la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para entender en todo caso en que se le impute a un menor, que todavía no ha cumplido los dieciocho años, haber incurrido en conducta que, de ser cometida por un adulto, constituiría delito. El concepto “jurisdicción”, por ende, tiene una acepción peculiar en el contexto del procedimiento de menores, pues está relacionado con la cuestión de si el me-nor debe ser encausado dentro del sistema de justicia juvenil o en el sistema de justicia criminal. Dicho concepto alude propiamente a la facultad esencial de la Sala de Asuntos de Menores para entender en procesos contra los menores. Pueblo en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160 (1995).

La Sala de Asuntos de Menores conserva su autoridad sobre el menor hasta que éste cumple la edad de veintiún años salvo que, mediante una orden al efecto, ésta se dé por terminada. Dicho foro pierde su autoridad en los casos en que el menor es procesado y convicto como adulto. 34 L.RR.A. see. 2205. Por consiguiente, el Tribunal de Menores no tiene jurisdicción sobre un menor cuando los actos imputados ocurrieron después de éste haber cumplido dieciocho años. En cambio, cesa su autoridad sobre el menor cuando éste cumple veintiún años de edad o cuando ha sido procesado y convicto como adulto. Pueblo en interés menor A.A.O., supra.

Cabe señalar que la legislación sobre menores establece normas particulares para regular la intervención con éstos. Todo menor aprehendido debe notificar al funcionario del orden público que efectúa la aprehensión su nombre, edad, dirección residencial y postal, y los nombres y la dirección residencial de sus padres o encargados. El funcionario del orden público tiene el deber de comunicarse inmediatamente con cualquiera de los padres, familiares o encargados del menor, para requerir que estén presentes durante la vista ante el juez. Una vez se realiza la aprehensión, el funcionario del orden público debe conducir al menor ante un juez sin demora innecesaria. El juez le informará al menor aprehendido y a sus padres o encargados —si éstos están presentes— la queja presentada y sus derechos durante el proceso. Le corresponde al juez determinar si el menor va a permanecer bajo la custodia de sus padres o encargados hasta la vista de determinación de causa probable para la presentación de la querella o si ordenará su detención provisional. 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 2.9. La Ley de Menores de Puerto Rico establece que en todos los asuntos relativos a éstos debe participar un Procurador para Asuntos de Menores. 34 L.P.R.A. see. 2212.

El procedimiento antes esbozado aplica cuando se interviene con una persona cuya minoridad es conocible para los agentes del Estado. No obstante, la legislación sobre menores también provee la posibilidad de que se determine que el imputado es menor de edad en un momento posterior a la intervención con él y después de haber comenzado un procedimiento criminal ordinario. Eso puede ocurrir, por ejemplo, porque al momento de la aprehensión no se podía conocer o no era conocible la minoridad del imputado.

De hecho, en Pueblo v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 80, 84 (1971), reconocimos que puede ocurrir que la apariencia física del infractor, su conducta u otras circunstancias indiquen que se trata de un adulto y que, como tal, se le procese. Por lo tanto, si se da alguna circunstancia que impida que se conozca el hecho de la minoridad, el imputado puede encausarse inicialmente mediante el proceso ordinario, hasta tanto se compruebe su condición de menor.

B. Ahora bien, una vez se conoce la minoridad del imputado, corresponde trasladar el caso a la Sala de Asuntos de Menores. No obstante, en Pueblo v. Agosto Vázquez, 112 D.P.R. 57 (1982), resolvimos que corresponde procesar al imputado como adulto cuando éste es responsable de que el caso no se sometiera a tiempo ante la Sala de Asuntos de Menores. En aquella ocasión, el imputado se escapó repetidamente de la jurisdicción antes de que el caso fuese remitido a la Sala de Asuntos de Menores. Posteriormente, fue extraditado y entregado a las autoridades de Puerto Rico. Una vez comenzado el juicio en su fondo, se determinó que el acusado había cometido los hechos imputados siendo menor. Sin embargo, en ese momento ya había cumplido la mayoría de edad. Ante esas circunstancias, entendimos que —al fugarse de la jurisdicción— el acusado renunció implícitamente a que la Sala de Menores determinase si retenía jurisdicción sobre el caso. Por lo tanto, resolvimos que no procedía el archivo del caso. A esos fines, puntualizamos lo siguiente:

Nuestro ordenamiento jurídico no requiere tan peregrino resultado, en el que se le confiere a un adulto inmunidad absoluta de que se le juzgue en tribunal alguno por la comisión de un alegado asesinato, cuando él mismo es responsable de que el caso no se sometiese a tiempo a la Sala de Asuntos de Menores. íd., pág. 58.

Con este marco normativo en mente, atendemos el caso ante nuestra consideración.

III

En este caso, la Sala de Asuntos de Menores entendió que los agentes del orden público fueron negligentes al iniciar el procedimiento contra Cruz Alicea ante la Sala Superior ordinaria. Dicha negligencia, al parecer de los foros recurridos, causó que el caso no se presentara a tiempo ante la Sala de Asuntos de Menores, ya que cuando finalmente se remitió Cruz Alicea había cumplido los veintiún años de edad. En vista de ello, dichos foros resolvieron que el Tribunal de Menores no tenía autoridad sobre Cruz Alicea y que procedía archivar el caso. No estamos de acuerdo.

La propia legislación sobre menores, así como su jurisprudencia interpretativa, presentan la posibilidad de que un menor sea encauzado a través del procedimiento ordinario cuando no se conoce su minoridad. Como indicamos antes, la apariencia física del infractor, su conducta u otras circunstancias podrían dar pie a que su minoridad no sea realmente conocible para los agentes del Estado.

En este caso, precisamente la conducta de Cruz Alicea configuró el tipo de circunstancia que impidió que para los agentes del orden público fuera conocible el hecho de su minoridad. Ello en vista de que, según surge del expediente, éste proveyó información falsa sobre un segundo nombre por el que, alegadamente, era conocido. Además, Cruz Alicea ofreció un número de seguro social que no correspondió con los nombres provistos. Todo ello indujo a los agentes del Estado a un error razonable que desembocó en la presentación de los cargos correspondientes ante la Sala Superior ordinaria.

No obstante, la minoridad de Cruz Alicea fue conocida posteriormente en el acto del juicio cuando, a solicitud del tribunal, la defensa presentó su certificado de nacimiento. En ese momento, conforme al derecho aplicable, lo propio era remitir el caso a la Sala de Asuntos de Menores. Sin embargo, al fugarse, Cruz Alicea provocó que se dilatara dicho traslado hasta el momento en que fue entregado nuevamente a las autoridades. En ese momento, el Tribunal de Menores no tenía autoridad sobre su persona por haber cumplido veintiún años de edad. Por lo tanto —con su conducta— Cruz Alicea renunció implícitamente a que la Sala de Asuntos de Menores asumiera jurisdicción sobre su caso.

Reiteramos lo expresado en Pueblo v. Agosto Vázquez, supra, a los efectos de que los mecanismos del sistema de justicia juvenil no pueden manipularse para lograr que un imputado no sea juzgado en ningún tribunal. Resolver lo contrario conllevaría premiar la conducta de un menor de fugarse de la jurisdicción y tendría el efecto de concederle inmunidad absoluta por sus actos delictivos.

En vista de lo anterior, resolvemos que Cruz Alicea es responsable de que su caso no fuese remitido a tiempo a la Sala de Asuntos de Menores. Por ende, corresponde procesarlo como adulto.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri concurrieron con el resultado sin opiniones escritas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Marina Costa Azul, peticionaria, v. Comisión de Seguridad y Protección Pública, Policía de Puerto Rico, etc., recurridas.

      Número: CC-2006-242

      Resuelto: 27 de abril de 2007

      Nasser A. Taha Montalvo, abogado de la parte peticionaria; Ricardo E. Carrillo Delgado, abogado de Marine World Distributors, Inc., parte recurrida; Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Javier E. Rosario Pérez,
      procurador general auxiliar, abogados de la Comisión de Seguridad y Protección Pública, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión de interpretar y aplicar por primera vez la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000 (Ley Núm. 458), 3 L.P.R.A. see. 928 et seq., la cual prohíbe adjudicar subastas o contratos con el Gobierno a personas que hayan sido convictas de determinados delitos.

I

En respuesta a una invitación cursada por la Policía de Puerto Rico, Marina Costa Azul (Marina o peticionaria) y Marine World Distributors, Inc. (Marine World o recurrida) comparecieron como únicos licitadores a una subasta para la adquisición de embarcaciones de patrullaje que habrían de ser usadas por la Comisión de Seguridad y Protección Pública de la Policía de Puerto Rico.

El 24 de octubre de 2005 Marina cursó a la Junta de Subastas de la Policía de Puerto Rico (Junta de Subastas) un escrito titulado “Comentario”, en el cual solicitó la descalificación de la oferta presentada por Marine World. Fundamentó su petición en que la lancha ofrecida por su competidor no cumplía con los pliegos de la subasta y en que Marine World estaba impedida de licitar en la subasta debido a que su principal accionista, Ángel Ramallo (Ramalio), estaba acusado en el foro federal por delitos comprendidos en la Ley Núm. 458, la cual establece una prohibición de adjudicar subastas o' contratos a personas que hayan sido convictas por determinados delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos. La Junta de Subastas denegó la petición de Marina y adjudicó la subasta en cuestión a favor de Marine World el 8 de noviembre de 2005.

Enterada Marina de la decisión, el 18 de noviembre de 2005 presentó una “Petición de revisión de adjudicación de subasta formal” ante la Junta de Reconsideración de la Administración de Servicios Generales (Junta de Reconsideración). Apéndice, pág. 65. Adujo ante la Junta de Reconsideración que: (1) la lancha ofertada por Marine World no cumplía con las especificaciones y los requisitos de la subasta; (2) no obraba en el expediente administrativo evidencia sustancial que sustentara la determinación de la Junta de Subastas; (3) la Junta de Subastas mostraba favoritismo hacia Marine World, y (4) Ramallo, accionista y miembro de la Junta de Directores de Marine World, había sido acusado en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por delitos comprendidos en la Ley Núm. 458. La Junta de Reconsideración no atendió la petición de Marina dentro del término dispuesto por ley, por lo que se entendió que fue rechazada de plano.

Oportunamente, el 8 de diciembre de 2005 Marina presentó un recurso de revisión de la decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, en el cual señaló la comisión de ocho errores. Mediante una sentencia notificada el 14 de febrero de 2006, dicho foro denegó la expedición del recurso de revisión administrativa y confirmó así la adjudicación de la subasta.

Inconforme con la actuación del foro intermedio, el 14 de marzo de 2006 Marina acudió oportunamente ante nos y señaló la comisión de los errores siguientes:

Primer error:
Err[ó] el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que MWD, Inc. es un licitador responsable ignorando la polDQtica p[ú]blica al no aplicar e interpretar en forma [correcta] las disposiciones de la Ley Núm. 428 del año 2004, que requieren que personas investigadas en el foro federal o estatal por la comisión de ciertos delitos sometan una declaraci [ó] n jurada a tales efectos, al momento de licitar en una subasta ante una entidad gubernamental.
Segundo error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la embarcación ofertada por MWD, Inc. cumplía con todas las especificaciones de los pliegos de subasta, ignorando los incumplimientos señalados por la parte aquí compareciente, no existiendo en el expediente administrativo prueba alguna que sostenga que dicho licitador fue responsivo.
Tercer error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al permitir que las partes recurridas, MWD, Inc. y la Policía de Puerto Rico, sometieran en una etapa apelativa documentos y comunicaciones que no formaban parte del expediente administrativo ante la agencia y que no fueron considerados al momento de abrirse los pliegos y adjudicarse la subasta. (Énfasis suprimido.) Petición de certiorari, págs. 10-11.

El 19 de mayo de 2006 emitimos una resolución mediante la cual le concedimos a la parte recurrida un término para que mostrara causa por la que no debería expedirse el recurso solicitado, por no haber cumplido con el requisito de someter junto con los pliegos de la subasta una declaración jurada en que afirmara que un director y accionista de la corporación licitante se encontraba al momento de presentar tal licitación bajo investigación en un procedimiento judicial.

Oportunamente, Marine World y la Comisión de Seguridad y Protección Pública de la Policía de Puerto Rico contestaron la orden para mostrar causa. Pasamos a resolver.

II

Como se sabe, la revisión judicial de las determinaciones administrativas se limita a establecer si la actuación administrativa fue razonable y sólo cede cuando está presente alguna de las situaciones siguientes: (1) cuando la decisión no está fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. Bernal Cruz v. Sagrados Corazones, Caso Núm. CC-2005-800 de 16 de enero de 2007; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005).

En este caso, la peticionaria alegó que tanto la agencia administrativa como el Tribunal de Apelaciones erraron al interpretar la Ley Núm. 458. Adujo que como Ramallo, accionista y miembro de la Junta de Directores de Marine World, se encontraba bajo un proceso de investigación en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por la alegada comisión de delitos comprendidos en la Ley Núm. 458, la compañía tenía la obligación de presentar una declaración jurada en la que hiciera constar ese hecho, como requisito para poder participar de la subasta impugnada.

Por otro lado, la parte recurrida planteó que Marine World no había sido convicta ni se había declarado culpable de ninguno de los delitos enumerados en la ley, como tampoco se encontraba bajo investigación en procedimiento legislativo, judicial o administrativo alguno. Alegó también que, si bien Ramallo había sido acusado en el foro federal, la acusación no era por delitos comprendidos en la Ley Núm. 458, supra, y que éste había renunciado a su cargo en la Junta de Directores de la compañía previo a la celebración de la .subasta.

Ambas partes han partido de la premisa de que sólo tiene la obligación de rendir la declaración jurada aquel licitador que haya sido convicto o que se haya declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la Ley Núm. 458 o que se encuentre bajo investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o administrativo. Razonaron que, si no se da alguna de esas circunstancias, no hay obligación de someter declaración jurada alguna. Se equivocan en su interpretación de la ley. Veamos.

A. En derecho, es claro que el Gobierno en Puerto Rico tiene la responsabilidad de velar por el uso y manejo apropiado de los fondos públicos. Se trata de una responsabilidad de arraigo constitucional, en virtud del mandato formulado en la See. 9 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 410, de que “sólo se dispondrá de las propiedades y [Zos] fondos públicos para fines públicos”. (Énfasis suplido.) El referido mandato constitucional le impone al Estado el deber de velar por que la utilización de los dineros del pueblo esté ligado siempre al bienestar general de todos los ciudadanos. P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995). Como parte de los esfuerzos para cumplir con esta encomienda, se ha establecido a través de los años una política pública contra la corrupción gubernamental, que se refleja en leyes tales como la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 1801 et seq.; la Ley del Fiscal Especial Independiente, Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 99h et seq., y el nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004 (33 L.P.R.A. see. 4629 et seq.), el cual establece inter alia que el delito de malversación de fondos públicos no prescribirá. 33 L.P.R.A. see. 4727.

Es en virtud de la fundamental política pública reseñada brevemente en el párrafo anterior que hemos resuelto también que el procedimiento de subasta pública está revestido del más alto interés público. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771 (2005). Su objetivo fundamental es proteger el erario mediante la construcción de obras públicas y la adquisición de servicios de calidad para el Gobierno, al mejor precio posible. Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971). Se evita, además, que haya favoritismo, corrupción, dispendio, prevaricación, extravagancia y descuido al otorgarse los contratos y al gastar el dinero del pueblo. A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434 (2004); Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 300 (1973).

B. Por otro lado, consciente de que el mal de la corrupción no es exclusivo del sector gubernamental, la política pública contra la corrupción se ha extendido al ámbito de la contratación gubernamental. La Legislatura entendió que la comisión de delitos relacionados a fraude, mal uso o apropiación ilegal de fondos públicos por parte de contratistas privados en sus relaciones contractuales con agencias, dependencias e instrumentalidades gubernamentales es una modalidad constitutiva de corrupción y que éstos, a pesar de ser penalizados por diversas leyes especiales y por el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debían ser, además, causa de rescisión de contratos e impedimento legal para el otorgamiento de contratos futuros. A tales efectos, aprobó la Ley Núm. 458, la cual establece una prohibición de adjudicar subastas o contratos a personas que hayan sido convictas de delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos. Dicha prohibición aplica por un término de veinte años, a partir de la convicción correspondiente en casos por delito grave, y por un término de ocho años en casos por delito menos grave. 3 L.P.R.A. sec. 928d. Específicamente, la ley establece:

■ Se dispone que ningún jefe de agencia gubernamental o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública, municipio, o de la Rama Legislativa o Rama Judicial adjudicará subasta o contrato alguno para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes a persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado culpable en el foro estatal o federal, en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de América o en cualquier otro país, de aquellos delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos enumerados en la sec. 928b de este título. 3 L.RR.A. see. 928.

Para evitar la contratación con dichas personas, el Art. 7 de la referida ley, 3 L.P.R.A. sec. 928f, disponía originalmente que el Tribunal de Primera Instancia debía notificar al Secretario de Justicia de toda convicción recaída por los delitos enumerados en la ley y que este último debía, entonces, preparar y mantener un registro de estas personas, las cuales no podrían participar de subastas o contratos con el Gobierno. Posteriormente, un análisis de dicha disposición reflejó las fallas siguientes:

... primero, no exist[ía] forma alguna de establecer un procedimiento que obligtara] a los tribunales federales y a los de otras jurisdicciones de los Estados Unidos a notificar las sentencias que se dictfaran] en sus respectivas jurisdicciones, lo que limita[ba] el banco de información que [tenía] el gobierno al momento de adjudicar subastas o contratos; segundo, todo el peso de la corroboración del expediente criminal de la persona natural o jurídica reca[ía] sobre el jefe de la agencia o instrumentalidad del gobierno, corporación pública o municipio, aun cuando esa información muchas veces [era] inaccesible; y tercero, no toma[ba] en consideración antecedentes penales en otros países. Además, siempre exist[ía] el riesgo de contratar inadvertidamente con personas naturales o jurídicas que resultaban] tener vinculación legal directa o indirecta con otra convicta previamente, burlando la intención gubernamental de contratar sólo con personas o corporaciones de probada y manifiesta honestidad. Exposición de Motivos de Ley Núm. 428 (2004 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 2918, 2919-2920).

A los efectos de subsanar dichas deficiencias, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 458 a través de la aprobación de la Ley Núm. 428 de 22 de septiembre de 2004 (3 L.P.R.A. sees. 928, 928b y 928f) (Ley Núm. 428). En virtud de dicha ley se estableció la obligación de someter una declaración jurada mediante la cual el licitador o la persona que interese contratar con el Gobierno ha de informar si ella ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquier delito de los enumerados en la Ley Núm. 458, o si se encuentra bajo investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o administrativo. Nótese que esta ley no obliga a que la entidad licitadora, en caso de que sea una persona jurídica, exprese si alguno de sus oficiales se encuentra en alguna de estas circunstancias. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821 (2007). El propósito de dicha declaración jurada es conocer de antemano cualquier conducta previa que haya sido inadecuada en cuanto al uso y manejo de fondos públicos. Si de ella surge una convicción o declaración de culpabilidad por cualquiera de los delitos enumerados en el Art. 7 de la Ley Núm. 458 (3 L.P.R.A. sec. 928f), se aplicará la prohibición que dicha ley dispone para la contratación, subcontratación o adjudicación de subastas. De esta manera se previenen conductas y actos que puedan perjudicar la integridad de nuestro sistema de gobierno. Cumplir con esta obligación de someter una declaración jurada es un requisito indispensable para poder participar en la adjudicación de una subasta o para el otorgamiento de un contrato con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública o municipio. Ya que la controversia en este caso gira en torno a esta disposición de la ley, la transcribimos a continuación.

El Tribunal de Primera Instancia notificará al Secretario de Justicia de toda convicción que recaiga por los delitos enumerados en la sec. 928b de este título. El Secretario de Justicia establecerá y mantendrá un registro de personas naturales y jurídicas convictas o que se hayan declarado culpable de dichos delitos.
Además, toda persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta o el otorgamiento de contrato alguno con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública o municipio para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes, someterá una declaración jurada ante notario público donde informará si ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la sec. 928b de este título, o si se encuentra bajo investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o administrativo, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de América o cualquier otro país, para poder participar en la adjudicación [u] otorgamiento de cualquier subasta o contrato, respectivamente. Si la información fuere en la afirmativa, deberá especificar los delitos por los cuales fue hallado culpable o hizo la alegación de culpabilidad. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 928f.

Cuando el lenguaje de una ley es claro, no se debe menospreciar su letra. Mun. San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 D.P.R. 873 (1996). Al examinar el lenguaje del Art. 7 de la Ley Núm. 458, supra, es claro que éste contiene términos imperativos y mandatarios. Establece que “toda persona que desee participar en una subasta o contrato con el Gobierno, someterá una declaración jurada”. íd. El Tribunal a quo resolvió que sólo aquellas personas que contestaran en la afirmativa, por haber sido convictas, haberse declarado culpable o estar bajo investigación por alguno de los delitos contenidos en la Ley Núm. 458 debían someter la declaración jurada referida. Erró el Tribunal de Apelaciones al decidir así.

Según se mencionara antes, la Ley Núm. 458 se creó con el propósito de prohibir que las personas que hayan sido convictas, o que se hayan declarado culpables de los delitos enumerados en dicha ley, puedan participar de contratos y subastas con el Gobierno. Según la interpretación ofrecida por ambas partes y acogida por el Tribunal de Apelaciones, sólo estarían obligados a someter declaraciones juradas precisamente aquellas personas no aptas para contratar o licitar, por haber sido convictas, declaradas culpables o es-tar bajo investigación por la comisión de los delitos estatuidos en la ley. Interpretar el Art. 7 de la Ley Núm. 458, supra, de esta manera ocasionaría el absurdo de que, en lo pertinente aquí, solamente estarían sometiendo declaraciones juradas, como requisito para participar en subastas y contratos con el Gobierno, precisamente aquellas personas a quienes les está vedado participar en dichas subastas y contratos por disposición expresa de la propia ley, y quienes con toda probabilidad no intentarían participar. No puede interpretarse una ley en un sentido tal que resulten cosas inútiles y vanas. Celis Alquier v. Méndez, 18 D.P.R. 88 (1912).

Es importante destacar, además, que la última oración del Art. 7 de la Ley Núm. 458, supra, dispone qué se debe hacer en la eventualidad de que la información en la declaración jurada sea afirmativa. De ello se desprende también que la obligación de someter la declaración jurada no depende de que la respuesta sea afirmativa o negativa, pues la ley especifica y dispone qué se hará en el caso de que la información sea en la afirmativa. Una vez más, la interpretación de la ley propuesta por las partes haría redundante la última oración del Art. 7, supra. De ser correcta tal interpretación, la ley dispondría qué hacer en la eventualidad de que la información sea en la afirmativa, cuando sea la única eventualidad posible. Dicha interpretación obviamente no puede prevalecer. Al interpretar una ley, hay que atribuirle siempre el sentido que mejor responda al logro del resultado que por ella se quiere obtener, y no aquel que, además de ser contrario a ella, conduzca a un resultado ilógico o irrazonable. Debe rechazarse la interpretación estatutaria que conduce al absurdo. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 242; Op. Sec. Just. Núm. 31 de 29 de septiembre de 1988; Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986).

El hecho de que la información —referente a si la persona ha sido convicta, se ha declarado culpable o se encuentra bajo investigación, se requiera mediante una declaración jurada ante un notario público— pretende disuadir a las personas de someter información falsa. Al requerir la información mediante una declaración jurada, todo aquel que mienta quedará expuesto a una convicción por el delito de peijurio. De esta manera se avanza hacia el fin procurado por el legislador de poder identificar las personas deshonestas y de poca integridad, para evitar contratar con ellas.

En fin, la Ley Núm. 458 impone a toda persona que interese otorgar un contrato o participar de la adjudicación de una subasta con el Gobierno, la obligación afirmativa de informar, a través de una declaración jurada ante un notario público, si ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la referida ley o si se encuentra bajo una investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o administrativo. Este requisito aplica independientemente de que la información sea afirmativa o negativa. Si la información es afirmativa, deberá especificar los delitos por los cuales fue hallado culpable o hizo alegación de culpabilidad.

III

En el caso de autos ninguno de los dos lidiadores produjo la declaración jurada en cuestión. Habiendo establecido que someter dicha declaración es un requisito indispensable para poder participar en una subasta pública, ninguno de los licitadores del caso de autos era apto para participar en la que aquí nos concierne.

Los actos realizados contra lo dispuesto en la ley son nulos, excepto que la propia ley ordene su validez. 31 L.P.R.A. sec. 3. Esta nulidad es absoluta y se produce automáticamente. Amer. Col. Broad. Corp. v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 283 (1967). Por consiguiente, procede que declaremos nula la adjudicación de la subasta en este caso.

Los tribunales del país tienen el deber de examinar con cuidado casos como el de autos en los cuales puede, además, estar adversamente afectado el erario y menoscabado el esquema de ley que persigue asegurar la integridad de las subastas públicas. Particularmente en estos tiempos aciagos, cuando la colectividad vive justamente alarmada por el manejo indebido de los fondos públicos, le corresponde a la Rama Judicial velar por el fiel cumplimiento de la ley. Cotto v. Depto. de Educación, 138 D.P.R. 658, 666 (1995).

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia para expedir el auto solicitado, declarar nula la adjudicación de la subasta impugnada y revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Se devolverá el caso a la Policía de Puerto Rico para que disponga la celebración de otra subasta como la de autos, si es que todavía le interesa el asunto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Rebollo López.

Unas breves expresiones en disenso de la decisión que emite en este caso una mayoría de los integrantes del Tribunal. Lamentablemente —y debido al exceso de trabajo que limita el tiempo que tenemos para protestar y fiscalizar decisiones de esta naturaleza— nos vemos impedidos, de momento, de emitir un disenso más fundamentado y específico.

I

Las normas que, mediante sus decisiones, establece este Tribunal en nuestra jurisdicción no sólo tienen que ser correctas en derecho, sino que tienen que ser el producto del sentido común y buen juicio que se supone que posean y ejerciten los integrantes de este Tribunal en el descargo responsable de sus obligaciones.

La norma establecida aquí —en especial, en la forma y manera como ha sido implantada— denota, a nuestro juició, una total ausencia de noción por parte del Tribunal del daño irreparable, caos y desasosiego que ésta causará en la esfera de la administración pública en nuestra jurisdicción.

En fin, la decisión mayoritaria emitida viola las más elementales normas de prudencia y cautela que todos los integrantes de este Tribunal estamos obligados a observar. No podemos olvidar nunca que todas nuestras decisiones inciden en, y afectan, el bienestar general de los ciudadanos de este país.

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000 (2000 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 3099).

       Véase Memorial Explicativo de la Oficina de Servicios Legislativos, E.R. Rodríguez Fuentes (P. del S. 2330 de 16 de junio de 2003).
      Si surge que la persona se encuentra bajo investigación, ello establece la necesidad de ejercer la cautela necesaria para no favorecer a uno que pueda resultar ser incapaz de contratar o licitar.

       “Siempre el lenguaje empleado es decisivo. Si se usan términos permisivos, como ‘podrá’, se concede discreción, pero si se usan términos imperativos o mandatarios como ‘deberá’, se impone un deber ministerial.” (Citas omitidas.) R.E. Bemier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 267.

       Véase Memorial Explicativo de la Oficina de Servicios Legislativos, supra.


text:
      In re Máximo Molina Fragosa.

      Número: TS-5739

      Resuelto: 27 de abril de 2007

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías; José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Máximo Molina Fragosa, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinados los documentos presentados en este caso, se ordena la reinstalación del Ledo. Máximo Molina Fragosa al ejercicio de la notaría.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re José Rodríguez Rivera, querellado.

      Número: AB-2005-125

      Resuelto: 30 de abril de 2007

      Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxiliar; Marisol Rosado Rodríguez, querellante, pro se; Luis F. Camacho Botet, abogado del querellado; José Rodríguez Rivera, querellado, pro se.

   per curiam:

Mediante carta de 31 de mayo de 2005, la Sra. Marisol Rosado Rodríguez —quien a esa fecha ocupaba el puesto de Secretaria del Tribunal I en el Centro Judicial de Guayama, Puerto Rico, asignada al área de control y notificaciones criminales de la Secretaría de dicho Centro Judicial— presentó una queja, debidamente juramentada, contra el Ledo. José Rodríguez Rivera.

En dicha queja, la señora Rosado Rodríguez, en síntesis y en lo pertinente, relató que: (1) en dicha Secretaría sostuvo una conversación telefónica con el licenciado Rodríguez Rivera respecto a un señalamiento de vista hecho por uno de los magistrados de dicho Centro Judicial; (2) fue informada por el referido abogado de que le era imposible asistir a éste, y (3) habiéndole ella expresado al referido abogado que lo único que ella podía hacer al respecto era una anotación en el expediente que hiciera constar su llamada, ocurrió el intercambio verbal siguiente entre ella y el abogado:

Ledo. Rodríguez [Rivera]:
A[h], Solimar o Marisol. ¿Cuál es más bonito? Solimar, Marisol, Solimar, Marisol. ¿Por qué no te pusieron Solimar?
[Sra.] Marisol [Rosado Rodríguez]:
Bueno, porque papá Dios no quiso.
Ledo. Rodríguez [Rivera]:
Tú, sabes que Solimar es más bonito.
[Sra.] Marisol [Rosado Rodríguez]:
Noooü!
Ledo. Rodríguez [Rivera]:
Sí, porque primero te calientas y después te mojas.
(Énfasis suplido.) Querella, pág. 2.

Recibida la queja juramentada, la Secretaria de este Tribunal le remitió una copia al licenciado Rodríguez Rivera, mediante carta de 23 de junio de 2005. Dicho abogado compareció mediante moción fechada el 6 de julio de 2005. Un examen y análisis de dicha comparecencia revela que éste, en primer lugar, admitió la veracidad de lo informado por la señora Rosado Rodríguez; es decir, que aceptó su contenido. Argumentó en su defensa, en síntesis y en lo pertinente, que: “luego de haber concluido lo concerniente a la llamada y haber tenido una percepción de amabilidad profesional de parte de la Sra. Marisol, vino a mi mente una desemejanza que había escuchado por radio en la que el locutor preguntaba a su audiencia sobre la diferencia entre los nombres Marisol y Solimar”; que la conversación ocurrida en su criterio fue una “inconsecuente”, razón por la cual “no guard [a] detalles exactos de lo ocurrido”; que jamás “estuvo en [su] ánimo faltarle el respeto a la dama que hoy se queja de [él], aunque puedo aceptar que fue un desacierto no haber analizado las desemejanzas, dadas las diferentes interpretaciones que pudiesen tener”, de manera que hasta “ahí consider [a] que llegó [su] falta”, y por último, que no tiene ningún reparo en “pedirle honestas y encarecidas disculpas [a la Sra. Marisol Rosado Rodríguez], dejando claro que nunca estuvo en [su] mente la apreciación e interpretación que ella pudo dar a lo que se dijo”. Carta de 6 de julio de 2005, págs. 1-2.

En atención a la comparecencia del licenciado Rodríguez Rivera, le concedimos un término a la señora Rosado Rodríguez para que expresara lo que a bien tuviera sobre dicha comparecencia. El 6 de diciembre de 2005, la mencionada dama compareció para informar que se reiteraba en la queja por ella presentada en vista de que, a su juicio, las expresiones del abogado “carecen de profesionalismo y no pueden ser permitidas en un área de trabajo como la nuestra” y que durante los largos años de servicio en la Rama Judicial, “jamá[s] había escuchado unas palabras de tan pobre y obsceno contenido, que laceran la dignidad de cualquier dama”. Carta de 6 de diciembre de 2005.

Referimos el asunto a la atención de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico para la correspondiente investigación e informe al Tribunal. El 29 de agosto de 2006, el Procurador rindió su informe. En éste, concluye que la conducta en que incurrió el licenciado Rodríguez Rivera pudo haber infringido y violado las disposiciones de los Cánones 9 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El 7 de septiembre de 2006 le concedimos un término al licenciado Rodríguez Rivera para que se expresara sobre el informe presentado por el Procurador General. Dicho abogado ha comparecido, esta vez representado por abogado. En su comparecencia, el licenciado Rodríguez Rivera amplió sus expresiones anteriores; además, reiteró sus excusas.

Considerado el hecho de que las expresiones que se imputan al licenciado Rodríguez Rivera no están en controversia y que éste ha expresado, una y otra vez, que no fue su intención ofender a la señora Rosado Rodríguez, damos el asunto por sometido y resolvemos, sin ulterior trámite, al amparo de las disposiciones de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, y del poder inherente que tenemos de reglamentar la profesión de abogado en nuestra jurisdicción.

I

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, preceptúa, en lo pertinente, que el “abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Por otro lado, el Canon 38 del referido Código, supra, en lo pertinente, les exige a los abogados “esforzarse al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y la dignidad de su profesión” y que por “razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable”.

Estos sabios, correctos, necesarios e imperiosos requerimientos —los cuales todos los abogados en nuestra jurisdicción tienen que cumplir— no pueden coexistir con el lenguaje soez, las insinuaciones malsanas, la falta de respeto y las groserías, sobre todo cuando son expresadas en un tribunal o contra los funcionarios que laboran en él. Debe quedar claro que no se trata de que los cánones del Código de Ética Profesional constituyan una fuente de censura, ya que los abogados, como cualquier otro ciudadano, tienen el derecho constitucional a expresarse; pero ningún derecho es absoluto. Hay un límite de lo que un abogado puede legítimamente expresar. Ciertamente el comentario soez o grosero y la falta de respeto no tienen cabida en la administración de la justicia en nuestra jurisdicción.

No se conduce en forma digna y honorable, como tampoco actúa con el mayor respeto ni exalta el honor y la dignidad de su profesión, el abogado que así actúa y se expresa, situación que no estamos en disposición de tolerar.

En In re Barreto Ríos, 157 D.P.R. 352, 357 (2002), este Tribunal resolvió que el abogado allí querellado —al conducirse de manera irrespetuosa y poco profesional hacia el personal de la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia— violó las disposiciones de los Cánones 9 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Al así resolver, expresamos, en lo pertinente, que:

La función que llevan a cabo los funcionarios de las Secretarías en las distintas Salas de los Tribunales de Primera Instancia, resulta ser indispensable para la buena administración de la justicia. Es por ello que, aun cuando no desempeñan una labor judicial, entendemos que el personal de la Secretaría General de los Tribunales merece igual respeto que los otros funcionarios de la Rama Judicial. (Enfasis suplido.)

Igual conclusión y determinación se impone en el presente caso. Coincidimos con el Procurador General en lo siguiente:

Aunque en su contestación el abogado [Rodríguez Rivera] manifestó arrepentimiento por su comentario; no se nos escapa el hecho de que, de manera soslayada, pretende hacernos creer que la grosera interpretación a lo que llama inconsecuente e inocente comentario estuvo en la mente de la señora Rosado Rodríguez y no en la suya.
Diferimos. El comentario del abogado, dicho a destiempo y a una persona que se había comunicado con él para fines oficiales del tribunal y a quien no le unen íntimos lazos de amistad y camaradería, tenía y tiene un solo significado y contestación. La señora Rosado Rodríguez lo entendió tal como había que entenderlo. Y como tal, se sintió ofendida y molesta. (Enfasis suplido.) Informe del Procurador General, pág. 5.

En vista de lo antes expresado, determinamos que el Ledo. José Rodríguez Rivera violó las disposiciones de los Cánones 9 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Teniendo en cuenta su historial profesional —el cual el Procurador General cataloga de “inmaculado”— consideramos procedente decretar la suspensión inmediata del referido abogado del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nuestra jurisdicción por el término de tres meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

       En vista de lo expresado, realmente resulta innecesario —y una pérdida de tiempo y de recursos— ordenar la presentación de una querella por violación a los Cánones 9 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y dilucidar el asunto ante un Comisionado Especial.
      Repetimos, las manifestaciones que se le imputan al licenciado Rodríguez Rivera no están en controversia. En cuanto al licenciado Rodríguez Rivera —más allá de repetir que no tuvo intención alguna de ofender a la señora Rosado Rodríguez— es muy poco, si algo más, lo que puede aducir dicho abogado. Es correcto que podría éste presentar prueba de buena reputación. Ello es innecesario, ya que en su informe el Procurador General acepta que éste goza de buena reputación.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Luis Ortiz Muñoz y otros, demandantes y recurridos, v. Jaime Rivera Martínez y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CC-2005-1142

      Resuelto: 1 de mayo de 2007

      José M. Ramírez Hernández y José Rafael Meléndez Mulero, abogados de la parte peticionaria; Carmen Aponte Vázquez, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En 1986 Jaime Rivera Martínez y Luis Ortiz Muñoz crearon —mediante acuerdo verbal— una sociedad bajo el nombre de Equipos Pro Impedidos de Puerto Rico, cuyos objetivos eran prestar servicios de mecánica, instalación, habilitación y modificación de automóviles y equipos para personas con impedimentos físicos. Ambos aportaron capital para dar inicio al negocio y convinieron en que cada socio participaría del 50% de las ganancias adquiridas. Dos años más tarde, Jaime Rivera Martínez y Luis Ortiz Muñoz decidieron incorporar el negocio. Para ello, acordaron verbalmente que los activos de la sociedad serían transferidos a la corporación, a cambio de que cada uno obtuviera el 50% de las acciones que se emitieran de ésta. Se acordó, además, que consumado dicho acuerdo, la sociedad quedaría liquidada.

El negocio se incorporó bajo el nombre de Equipos Pro Impedidos, Inc. Posterior a esto, Rivera Martínez obtuvo el control práctico absoluto de la corporación debido a que Ortiz Muñoz se enfermó y tuvo que mudarse fuera de Puerto Rico para recibir tratamiento médico. Ortiz Muñoz solicitó, en mayo de 1988, el cumplimiento del acuerdo antes mencionado, esto es, la liquidación de la sociedad originalmente constituida mediante la emisión de acciones a su favor o la adjudicación de su parte en efectivo. Rivera Martínez se negó a hacerlo, por lo cual la corporación siguió participando y beneficiándose de los activos de la sociedad sin emitir acciones a favor de Ortiz Muñoz.

Así las cosas, el 11 de mayo de 2000 Ortiz Muñoz, su esposa y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos, presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, una demanda por incumplimiento de contrato de sociedad, disolución de contrato de sociedad, liquidación de activos en sociedad e interdicto permanente contra Jaime Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc., entre otros. Solicitaron, en síntesis, la división y adjudicación de los activos pertenecientes a la sociedad y transferidos a la corporación por medio del acuerdo verbal entre Luis Ortiz Muñoz y Jaime Rivera Martínez.

Rivera Martínez contestó la demanda y reconvino, solicitando una indemnización en daños de $200,000, costas y honorarios de abogado. Adujo que los demandantes actuaron dolosamente y le causaron múltiples daños con la presentación e interposición de la demanda en cuestión. A su vez, Equipos Pro Impedidos, Inc. contestó la demanda alegando, entre sus defensas afirmativas, que la corporación es una institución jurídica separada e independiente de sus dueños y accionistas, a saber, Jaime Rivera Martínez.

Tras varios incidentes procesales, el 30 de abril de 2004 el tribunal de instancia dictó sentencia contra Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc. Les impuso la responsabilidad solidaria de devolver a Luis Ortiz Muñoz y a su esposa una suma equivalente a los activos que les pertenecen y de la cual, tanto Jaime Rivera Martínez como la corporación, se beneficiaron exclusivamente desde el 1988 al no liquidar la sociedad, según convenido. El referido foro ordenó, además, el pago de $2,500 en honorarios de abogado, por temeridad, a favor de los demandantes y desestimó la reconvención presentada por Rivera Martínez por insuficiencia de evidencia.

Oportunamente, Ortiz Muñoz presentó un memorando de costas ante el Tribunal de Primera Instancia. Entre las costas allí desglosadas, incluyó $3,443.75 en honorarios de abogado pagados con posterioridad a una alegada oferta de sentencia, hecha conforme a la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y rechazada por la parte demandada. Según surge del expediente, el 29 de octubre de 2003 la parte demandante le cursó una carta a la parte demandada, informándole que estaba en la disposición de transigir el caso si se le pagaba la suma de $35,000.

Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc. se opusieron aduciendo que la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, no aplica a ofertas hechas por la parte demandante, pues sólo se encuentra disponible a la parte demandada o a la parte que se defiende de una reclamación. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia dictó una orden, aprobando el memorando de costas presentado por la parte demandante en su totalidad.

Insatisfecha, la parte demandada acudió ante el Tribunal de Apelaciones aduciendo, en lo pertinente, que el tribunal de instancia erró al conceder honorarios de abogado en virtud de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, y al imponer responsabilidad solidaria entre Jaime Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc., cuando dicha responsabilidad no se presume y debe pactarse expresamente. El tribunal apelativo intermedio confirmó la determinación del tribunal de instancia en todos sus extremos, incluyendo la aprobación del memorando de costas con las sumas allí incluidas.

El foro apelativo intermedio entendió que el memorando de costas no se presentó al amparo de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, y que procede la imposición de responsabilidad solidaria en virtud del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141, bajo el supuesto de solidaridad legal como cocausantes de un daño. El Tribunal de Apelaciones emitió la sentencia sin el beneficio de la transcripción o exposición narrativa estipulada de la prueba oral vertida en el juicio, debido al reiterado incumplimiento de Rivera Martínez al no presentar dicha transcripción o exposición, según le ordenara el tribunal.

Inconformes, Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc. acudieron —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal. Aducen que procede revocar la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio debido a que éste incidió

... al determinar en la Sentencia apelada que los codemandados incurrieron en temeridad cuando el monto de la Sentencia reca[í]da fue mucho menor que la Oferta de Transacción presentada.
... al determinar en la Sentencia apelada que existe solidaridad extracontractual ante el demandante entre el codemandado Jaime Rivera Martínez y la corporación codemandada Equipos de Impedidos, Inc. [sic].
... al determinar que la parte apelante no cumplió con el rigor de presentar la exposición narrativa de la prueba conforme dispuesto por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Petición de certiorari, pág. 4.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

I

Conforme al trasfondo fáctico expuesto, nos corresponde resolver las controversias siguientes:

A. ¿Aplican las disposiciones de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil a las ofertas de transacción hechas por la parte demandante?

B. ¿Procede la imposición de responsabilidad solidaria entre Jaime Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc.? De proceder, ¿bajo qué supuesto procedería?

C. Por último, ¿abusó de su discreción el Tribunal de Apelaciones al considerar el recurso sin el beneficio de la transcripción o la exposición narrativa de la prueba oral vertida en juicio?

II

La oferta de sentencia es una proposición escrita dirigida a la parte reclamante, mediante la cual el demandado o la parte contra la cual se reclama se allana a que se dicte sentencia en su contra bajo los términos expuestos en la oferta. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Michie de Puerto Rico, 1997, See. 3804, pág. 268. En nuestro ordenamiento jurídico, dicha figura se encuentra regulada mediante las disposiciones de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, la cual dispone que

[e]n cualquier momento antes de los diez (10) días precedentes al comienzo del juicio, la parte que se defiende de una reclamación podrá notificar a la parte adversa una oferta para consentir a que se dicte sentencia en su contra por la cantidad o por la propiedad o en el sentido especificado en su oferta, con las costas devengadas hasta ese momento. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación la parte adversa notificare por escrito que acepta la oferta, cualquiera de las partes podrá presentarla junto con la notificación de su aceptación y la prueba de su notificación, y entonces el secretario del tribunal dictará sentencia. Si no fuere así aceptada, será considerada como retirada y la misma no será admisible en evidencia, excepto en un procedimiento para determinar costas, gastos y honorarios de abogado. Si la sentencia que obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no fuera más favorable, ésta tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta. El hecho de que se haga una oferta y ésta no sea aceptada no impide que se haga otra subsiguiente. Cuando la responsabilidad de una parte haya sido adjudicada mediante sentencia pero queda aún por resolverse en procedimientos ulteriores la cuantía de los daños o extensión de dicha responsabilidad, la parte cuya responsabilidad se haya adjudicado podrá notificar una oferta de sentencia y la misma tendrá el mismo efecto que una oferta hecha antes de[l] juicio si se notifica dentro de un término razonable no menor de diez (10) días antes del comienzo de la vista. (Corchetes en el original y énfasis suplido.)

Como puede deducirse de su texto, el propósito principal de esta regla es fomentar las transacciones. H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., 115 D.P.R. 711 (1984). A su vez, constituye un mecanismo procesal efectivo para reducir los costos de la litigación civil, adelantar la pronta disposición de las reclamaciones judiciales y reducir la carga de los tribunales. Ramallo Brothers v. Federal Express Corp., 129 D.P.R. 499 (1991).

Sin embargo, no toda oferta de transacción constituye una oferta de sentencia bajo los términos y las condiciones de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante. De una simple lectura de la referida regla podemos percatarnos que establece distintos requisitos para la configuración de una oferta de sentencia que conlleve, como consecuencia, la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado para cuando se rechaza la oferta y no se obtiene una sentencia más favorable.

Particularmente, la antes citada regla sólo contempla las ofertas que oportunamente hace la “parte que se defiende de una reclamación”, entiéndase, de ordinario, el demandado, el tercero demandado, el demandado contra coparte y parte reconvenida, incluyendo la parte demandante reconvenida, mejor conocida como “parte contrademandada”. Véanse: Morell Corrada v. Ojeda, 151 D.P.R. 864 (2000); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 582.

Esto significa que una oferta formal de transacción por parte del demandante, que no se defiende de una reclamación, no constituye una oferta de sentencia al amparo de los términos de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, y, por ende, su rechazo no conlleva la imposición de las costas, gastos y honorarios de abogado dispuestos en dicha regla.

Tomando en consideración lo antes expuesto, entendemos que en el caso de epígrafe no se configuró una oferta de sentencia al amparo de los términos y las condiciones de la referida Regla 35.1 de Procedimiento Civil. Aun cuando de los hechos surge que Luis Ortiz Muñoz, parte que cursó la oferta, es parte demandante reconvenida en el caso de epígrafe —en virtud de la reconvención presentada por Rivera Martínez en su contra— y que ello la convirtió en una “parte que se defiende de una reclamación”, dicho calificativo no es suficiente para que la oferta cursada sea una oferta de sentencia. Si una parte es considerada como “parte que se defiende de una reclamación” en virtud de una reconvención presentada en su contra, precisa que: (1) la suma incluida en su oferta vaya dirigida a poner fin a la reclamación hecha en su contra mediante una reconvención, y, sobre todo, que (2) esté dispuesta a pagar la suma incluida en su oferta, por la cual se dictará sentencia en su contra.

El texto de la regla es claro al exponer que mediante una oferta de sentencia la parte que se defiende de una reclamación consiente a que se dicte sentencia en su contra por la cantidad ofrecida. En el caso ante nuestra consideración, la suma ofrecida por Ortiz Muñoz no iba dirigida a poner fin a la reclamación en daños, hecha en su contra mediante reconvención. En ningún momento la parte demandante —en calidad de parte reconvenida— estuvo dispuesta a pagar $35,000 para poner fin a la reclamación en daños presentada por Jaime Rivera Martínez por medio de una reconvención y, mucho menos, a que se dictase sentencia en su contra por dicha reclamación.

La oferta cursada no fue más que una oferta formal de transacción hecha por la parte demandante para poner fin al pleito original instado por ella, si la parte demandada pagaba la suma incluida en la oferta. Por lo cual, rechazarla no conlleva la imposición de las costas, gastos y honorarios de abogado dispuestos en la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, para cuando se rechaza la oferta de sentencia y no se obtiene una sentencia más favorable.

Resolvemos, en consecuencia, que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones erraron al aprobar el memorando de costas en su totalidad, en vista de que dicho memorando contenía $3,443.75 erróneamente reclamada por la parte demandante, por honorarios de abogado pagados con posterioridad a la alegada oferta de sentencia rechazada por la parte demandada. Por consiguiente, procede la eliminación de dicha suma de dinero del memorando de costas presentado por la parte demandante recurrida.

III

En su segundo señalamiento de error, los peticionarios sostienen que no procede la imposición de responsabilidad solidaria entre Jaime Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc. bajo el supuesto de solidaridad legal como cocausantes de un daño. Entienden que de haber alguna responsabilidad, ésta es personal de Jaime Rivera Martínez y no corporativa.

Luego de un examen minucioso del expediente, no podemos avalar la imposición de responsabilidad solidaria entre Jaime Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc. como cocausantes de un daño. En ningún momento la parte demandante reclamó una indemnización en daños y perjuicios por un acto culposo o negligente, ni surge del expediente que haya probado los elementos necesarios para imponer responsabilidad al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, ante. Ni siquiera surge de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia que la imposición de responsabilidad solidaria haya sido bajo dicho supuesto. Tampoco podemos recurrir al Art. 1090 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3101, para reconocer vínculos de solidaridad entre las partes involucradas, pues no existe acuerdo alguno en que se haya pactado ex-presamente la responsabilidad solidaria entre éstas.

Sin embargo, esto no significa que no exista otro supuesto de responsabilidad bajo el cual ambas partes demandadas estén sujetas a responderle solidariamente a la parte demandante por la suma concedida en la sentencia emitida. Veamos.

IV

En el campo del derecho corporativo, los tribunales han elaborado y desarrollado la figura de los promotores como respuesta a las controversias que, de ordinario, se suscitan en la etapa de promoción de una corporación que aún no ha advenido a la vida jurídica.

La promoción de la corporación se refiere a las gestiones que se llevan a cabo antes de que la corporación sea incorporada, con el fin y propósito de organizar, desarrollar, darle forma o establecer el negocio y actividad a la que se va a dedicar la corporación. L.M. Negrón Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño, 2da ed., [ed. del autor], 1996, pág. 34.

“Una corporación no nace a la vida jurídica espontáneamente, sino como resultado de los arreglos y las gestiones de varias personas que con sus esfuerzos hacen viable su creación.” C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Hato Rey, Publicaciones Puertorriqueñas, 1999, pág. 20. Son los promotores quienes promueven la constitución de la corporación y llevan a cabo las distintas gestiones preparatorias para dar comienzo a la nueva entidad corporativa, usualmente, mediante la asunción de obligaciones. Id. A modo de ejemplo, podemos mencionar las gestiones dirigidas a la adquisición de bienes o activos con los cuales la corporación comenzará a ejercer sus operaciones.

Ante la falta de legislación específica que regule la etapa de promoción de una corporación y la figura de los promotores, los tribunales han desarrollado varias doctrinas para pautar los derechos, los deberes y las responsabilidades que surgen de los acuerdos o contratos que los promotores pactan durante la etapa de promoción de una corporación.

Como regla general, el promotor es el único responsable frente a las personas con las cuales contrató en previsión de la incorporación de una futura entidad corporativa. Una vez la entidad corporativa adviene a la vida jurídica mediante el proceso de incorporación, ésta puede quedar vinculada por los acuerdos hechos por el pro-motor, si media un acto afirmativo de su parte mediante el cual se entienda que adoptó, explícita o implícitamente, los referidos acuerdos. Al respecto, el Prof. Carlos Díaz Olivo nos señala:

... la corporación será responsable siempre y cuando adopte el contrato. La adopción puede ser expresa o implícita. Será expresa cuando la junta de directores de la corporación apruebe una resolución en la que específicamente asuma la responsabilidad y los beneficios del contrato negociado por el promotor. ...
La aprobación será implícita cuando, a pesar de no existir una expresión específica de algún cuerpo rector de la corporación adoptando el contrato, la entidad se aprovecha de sus beneficios con conocimiento pleno del contrato y de los términos en que fue negociado. C.E. Díaz Olivo, op. cit., págs. 22-23.

La posibilidad de una adopción implícita por parte de la corporación se debe a que si ésta acepta y obtiene los beneficios del contrato, debe asumir sus obligaciones de igual forma. Permitir que la corporación acepte los beneficios del contrato sin asumir las responsabilidades que provienen de él sería consagrar un enriquecimiento injusto. 1A Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corporations Sec. 212, págs. 441-442 (2002).

Ahora bien, para que se configure la adopción implícita de un contrato no basta con que la corporación obtenga y reciba sus beneficios. Según expresamos anteriormente, es requisito indispensable que se le pueda imputar a la corporación el conocimiento pleno del contrato y sus términos. El cumplimiento de dicho requisito dependerá de las circunstancias presentes caso a caso.

No obstante, cuando el promotor se convierte, eventualmente, en el único director y accionista de la corporación, lo razonable es imputar a la corporación el conocimiento del contrato pactado por dicho promotor. Fletcher, ante, See. 210, pág. 430. “[S]i los accionistas controlantes o los miembros que dominan la junta de directores de la corporación, son las mismas personas que se desempeñaron como promotores y que tenían pleno conocimiento de lo ocurrido, tal conocimiento se hará extensivo a la corporación.” Díaz Olivo, op. cit., pág. 23.

Una vez establecida la adopción del contrato por parte de la corporación, el promotor no necesariamente se libera de su responsabilidad para con las partes con las cuales contrató. La responsabilidad del promotor continuará presente, salvo que medie una novación del contrato o un acuerdo liberando al promotor de toda responsabilidad. Illinois Controls, Inc. v. Langham, 639 N.E.2d 771 (1994); Ratner v. Central Nat. Bank of Miami, 414 So.2d 210 (1982); RKO-Stanley Warner Theatres, Inc. v. Graziano, 355 A.2d 830 (Pa. 1976); Herbert v. Boardman, 349 A.2d 710 (1975). Véanse, además: Fletcher, ante, See. 190, págs. 325-326; Díaz Olivo, op. cit, pág. 21; American Law Reports Annotated, Personal liability of promoter to third person on or with respect to contract made for corporation or in aid of promotion, 41 A.L.R. 2d 477 (1955).

De no mediar dicha novación o acuerdo, tanto el promotor como la corporación son responsables por el contrato pactado por el promotor y la parte afectada podrá reclamar a ambos por su incumplimiento. Fletcher, ante, Secs. 190 y 215, págs. 326, 459-460; Wolfe v. Warfield, 296 A.2d 158 (1972). Se trata de brindar a aquellas personas que contrataron con el promotor una doble seguridad ante un posible incumplimiento de contrato. Así lo afirma el Prof. Howard L. Oleck al expresar lo siguiente:

... unless and until there is a novation, the promoter is held to continue liable on his contracts made on behalf of proposed corporations. Many cases in our own courts set forth this principle with equal strictness. They proceed upon the ... premise that the law assures persons dealing with promoters of corporations to be formed the double security of the promoter and of the corporation, unless a definite intention to the contrary can be shown. H.L. Oleck, Modern Corporation Law, Indianapolis, Bobbs-Merrill Co., Inc., 1958, Vol. I, Sec. 39, pág. 201.

Aceptada la responsabilidad compartida por el promotor y la corporación, ¿es ésta de carácter solidaria? En distintas jurisdicciones de Estados Unidos, donde la figura de los promotores ha tenido un desarrollo más amplio que en nuestro país, se ha contestado dicha interrogante en la afirmativa. A modo de ejemplo, podemos mencionar el estado de Ohio donde el Tribunal Supremo precisamente resolvió, en Illinois Controls, Inc. v. Langham, ante, pág. 782, que:

... where a corporation, with knowledge of the agreement’s terms, benefits from a pre-incorporation agreement executed on its behalf by its promoters, the corporation and the promoters are jointly and severally liable for breach of the agreement unless the agreement provides that [the] performance is solely the responsibility of the corporation or, subsequent to the formation of the corporate entity, a novation is executed whereby the corporation is substituted for the promoters as a party to the original agreement. (Enfasis suplido.)

De igual forma, el Tribunal Apelativo del Tercer Circuito del estado de la Florida dispuso en Ratner v. Central Nat. Bank of Miami, ante, que la responsabilidad del promotor y la corporación es un supuesto de solidaridad pasiva. A esos efectos, expresó:

The later formation of the corporation and subsequent adoption or ratification of the contract by the corporation does not necessarily release a promoter from liability, but may result in joint liability of the promoter and corporation, absent a novation or express release by the other party to the contract. (Enfasis suplido.) íd., pág. 212.

Incluso, así lo intimó el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico desde principios del siglo pasado, al resolver en Crane v. Bennett, 3 P.R. Federal Reports 185 (1907), que la parte demandante puede presentar su reclamación por incumplimiento de contrato, ya sea contra la corporación o contra los promotores, debido a que ambos son responsables por el incumplimiento. Dicho derecho a elegir o a reclamar a sólo uno de los codeudores por el incumplimiento del contrato es una de las facultades que otorga el carácter solidario de una responsabilidad. Sólo cuando la responsabilidad es solidaria, el acreedor puede reclamar a un solo codeudor el cumplimiento total de la obligación.

El Prof. Luis Negrón Portillo afirma que la responsabilidad del promotor y la corporación es solidaria. Éste, al mencionar la posibilidad de que la corporación adopte o ratifique expresamente el contrato pactado por el promo-tor, nos indica que dicha ratificación expresa puede entenderse como un contrato entre el propio promotor y la corporación, que faculta al promotor a reclamar a la corporación en caso de que aquél responda totalmente por el incumplimiento del contrato. Negrón Portillo opina que, en casos donde media una ratificación o adopción ex-presa de la corporación y el promotor paga en su totalidad la obligación, el promotor tiene derecho a reclamar a la corporación mediante una acción de nivelación. Dicha facultad también es característica única de la responsabilidad solidaria, pues sólo de ésta nace el derecho de contribución o de nivelación para el caso en que un solo codeudor pague la totalidad de la deuda.

Además, la solidaridad no es figura ajena o ex-traña al derecho corporativo puertorriqueño. Es por ello que la responsabilidad entre dos o más promotores es solidaria y que, por disposición de ley, todas las personas que actúen como corporación sin autoridad para ello, serán responsables solidariamente de todas las deudas y obligaciones en que incurran o que asuman como resultado de dicha actuación. Véanse: Díaz Olivo, op. cit, págs. 22 y 25; Art. 1.06(c) de la Ley General de Corporaciones de 1995 (14 L.P.R.A. see. 2606).

Por todo lo cual, adoptamos, de forma definitiva en nuestra jurisdicción, como un supuesto de solidaridad legal, la responsabilidad compartida por el promotor y la corporación por el incumplimiento de los contratos pactados por el promotor y adoptados, explícita o implícitamente, por la corporación. Ello procede, claro está, si coinciden los requisitos antes esbozados para la configuración de una adopción por parte de la corporación y no media una novación o un acuerdo mediante el cual se libere al promotor de toda responsabilidad.

Delimitar la responsabilidad a una mancomunada, cuando la doctrina aplicable y las razones de equidad y justicia favorecen lo contrario, sería limitar el derecho de la parte afectada de reclamar y recibir la totalidad de la deuda, a pesar de que tanto el promotor como la corporación se beneficiaron del contrato e incumplieron con el acuerdo con conocimiento de sus términos. Tampoco podemos avalar en nuestra jurisdicción la ausencia total de responsabilidad por parte de la corporación, por el mero hecho de que ésta no existía al momento de pactarse el acuerdo. Para ello, precisamente, y para evitar un enriquecimiento injusto, se desarrolló la doctrina de adopción antes esbozada.

En fin, tanto el promotor como la corporación son responsables solidariamente por el incumplimiento de un contrato pactado por el promotor, siempre y cuando la corporación haya adoptado, explícita o implícitamente, el contrato y no se haya liberado al promotor de responsabilidad por medio de una novación o acuerdo a esos efectos.

V

En el caso hoy ante nuestra consideración, Jaime Rivera Martínez y Luis Ortiz Muñoz pactaron la transferencia de los activos de la sociedad a la corporación, a cambio de que cada uno obtuviera el 50% de las acciones que se emitieran de la corporación. Dicho pacto no fue más que un contrato en previsión a la formación y eventual incorporación de Equipos Pro Impedidos, Inc. En éste, Jaime Rivera Martínez actuó como promotor de la corporación, de la cual se convirtió en único directory accionista. Así lo reconoce la propia doctrina, al establecer que: “a member of a partnership who is instrumental in forming a corporation of which the member becomes an officer and director and who negotiates for the transfer of the partnership assets to the corporation is a promoter ...” Fletcher, ante, Sec. 189, págs. 321-322.

Aun cuando las partes convinieron en que, consumado el acuerdo, la sociedad se entendería liquidada, para todos los efectos prácticos, el acuerdo constituyó una gestión preparatoria para dar comienzo a la corporación, pues mediante éste, Rivera Martínez gestionó la adquisición de los activos con los cuales Equipos Pro Impedidos, Inc. comenzó a ejercer operaciones.

Tampoco albergamos duda de que Equipos Pro Impedidos, Inc., una vez advino a la vida jurídica, adoptó implícitamente el acuerdo entre Jaime Rivera Martínez y Luis Ortiz Muñoz. Equipos Pro Impedidos, Inc., definitivamente, se aprovechó y se benefició del acuerdo al comenzar operaciones y generar sus propias ganancias mediante el uso de los activos que le fueron transferidos en virtud de dicho acuerdo.

De igual forma, surge claramente de los hechos que Equipos Pro Impedidos, Inc. adoptó el contrato en cuestión con conocimiento pleno de éste y de sus términos. Sabido es que, dependiendo de las circunstancias, es posible imputarle el conocimiento del promotor a la corporación. Aquí, Jaime Rivera Martínez fue quien llevó a cabo el acuerdo en calidad de promotor, y quien, eventualmente, se convirtió en el único director y accionista de la corporación. Ante dichas circunstancias, el Derecho nos permite extender a la corporación el conocimiento que Jaime Rivera Martínez posee del contrato.

En virtud de lo antes expuesto, y ante la ausencia de una novación o pacto que libere a Rivera Martínez de responsabilidad en calidad de promotor, concluimos que Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc. son responsables solidariamente por el incumplimiento del acuerdo pactado con Luis Ortiz Muñoz. Ambos deben responder solidariamente por la suma concedida mediante sentencia, la cual constituye el valor en efectivo de los activos pertenecientes a Luis Ortiz Muñoz y transferidos a la corporación mediante el acuerdo incumplido, más los intereses correspondientes. Ello, más bien, constituye una resolución del acuerdo pactado, a la cual, sin duda, Luis Ortiz Muñoz tiene derecho en virtud del Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3052.

En resumen, confirmamos la imposición de responsabilidad solidaria entre Jaime Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc., aunque por fundamentos distintos a los aducidos por el tribunal apelativo intermedio en su sentencia.

VI

Por último, nos resta determinar si el tribunal apelativo intermedio abusó de su discreción al considerar el recurso sin el beneficio de la transcripción o exposición narrativa de la prueba oral vertida en juicio. Luego de un detenido examen de los sucesos ocurridos ante el Tribunal de Apelaciones, entendemos que no.

Del expediente surgen las múltiples órdenes emitidas por el tribunal apelativo intermedio, dirigidas a que la parte aquí peticionaria presentara la transcripción de la prueba oral vertida enjuicio. La parte aquí peticionaria no cumplió y se limitó a presentar una exposición narrativa de la prueba sin estipular. El Tribunal de Primera Instancia aprobó dicha exposición sujeto a que ésta fuese fiel al contenido de la transcripción de la prueba oral, conforme a una regrabación solicitada. No surge del expediente que la parte apelante peticionaria haya cumplido con dicha condición.

Así las cosas, el tribunal apelativo intermedio decidió resolver el recurso sin el beneficio de la transcripción o la exposición narrativa. Previo a ello, le otorgó a la parte apelante peticionaria múltiples términos y oportunidades para cumplir con sus órdenes, le impuso sanciones económicas a su representación legal y le apercibió sobre la posible desestimación del recurso.

Ante dicho cuadro fáctico, no podemos avalar la posición de los peticionarios. La parte aquí peticionaria, parte interesada, no actuó con la diligencia requerida respecto a la presentación de la transcripción o exposición narrativa de la prueba.

Por ser así, concluimos que el tribunal apelativo intermedio no abusó de su discreción; máxime cuando de su sentencia se deduce que no alteró las determinaciones de hecho del tribunal de instancia y que —ante el reiterado incumplimiento de la parte peticionaria con sus órdenes— tenía, incluso, la facultad para desestimar el recurso presentado. Regla 83(B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

VII

En mérito de todo lo antes expuesto, procede dictar sentencia, modificatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí expresado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez estuvo conforme con la Parte II y Parte VI de dicha ponencia, pero disintió de la Parte IV.

       Según surge de las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, el señor Ortiz aportó $6,000 y el señor Rivera $2,000. Apéndice, pág. 43.

       Según surge del expediente, Equipos Pro Impedidos, Inc. fue incorporada como una corporación con fines de lucro el 13 de mayo de 1988. Del Certificado de Incorporación surge que Jaime Rivera Martínez, Lesvia Rivera de Ortiz —esposa de Luis Ortiz Muñoz— y Francisco González Barreto ■—contador de la empresa— fungieron como incorporadores de la corporación en cuestión.

       Del epígrafe de la demanda surge que se incluyeron, como partes demandadas, a la esposa de Jaime Rivera Martínez, la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por este último y su esposa, y la sociedad civil Equipos Pro Impedidos, Inc., la cual, según alegado, aún no se había disuelto y liquidado al momento de presentarse la demanda. Apéndice, pág. 93.

       Específicamente, les impuso el pago de $26,448, más intereses desde mayo de 1988, fecha en que se registró la corporación y se solicitó la liquidación, hasta que la sentencia advenga final y firme.

       A manera de ejemplo, imaginemos que A y B sufrieron daños por la negligencia comparada de ambos. B, a pesar de que incurrió en un porciento mayor de negligencia, fue quien sufrió más daños. A presentó, entonces, una demanda contra B en daños y perjuicios. Por su parte, B presentó una reconvención contra A, en la cual reclamó una indemnización en daños y perjuicios mayor a la reclamada por A en su demanda. De proceder ambas reclamaciones, A tendría que pagarle a B una suma mayor a la reclamada por A en su demanda, independientemente de que B incurrió en un porciento mayor de negligencia. Ello debido a que los daños sufridos por B sumarían a una cifra mayor a los daños sufridos por A. A, parte demandantereconvenida, le cursa una oferta a B informándole que estaría dispuesta a pagarle cierta suma de dinero para poner fin al pleito. Dicha oferta cualificaría como una oferta de sentencia, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Jaime Rivera Martínez también aduce que no procede la imposición de honorarios de abogado por virtud de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, ante, debido a que la sentencia obtenida fue más favorable. A su vez, la parte recurrida alega que la sentencia emitida no es más favorable si se toman en consideración los intereses impuestos. Debido a que la oferta hecha no cualifica como una oferta de sentencia, no discutiremos los señalamientos hechos al respecto.

       Dicho artículo dispone: “[l]a concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.”

       Nuestra legislación corporativa —al igual que muchas legislaciones corporativas de las distintas jurisdicciones en Estados Unidos— no regula la etapa de promoción de una corporación ni la figura de los promotores. Por lo cual, resulta necesario —para fines ilustrativos— acudir a la jurisprudencia y a las decisiones de distintos tribunales para conocer el contorno de las doctrinas establecidas y desarrolladas al respecto en el derecho de las corporaciones.

       Véanse Villar & Co., Inc. v. Conde, 37 D.P.R. 706 (1928) y Berrizbeitía v. Times Publishing Co., 42 D.P.R. 799 (1931), decisiones en que impusimos responsabilidad a las corporaciones involucradas en virtud de sus actos, mediante los cuales entendimos que la corporación aceptó, ratificó o confirmó los contratos allí pactados. Igual doctrina aplica en Delaware, estado del cual proviene nuestra legislación corporativa. Véase Lorillard Tobacco v. American Legacy, 903 A.2d. 728, 725 (2006), en el cual el Tribunal Supremo de Delaware expresó: “[u]nder Delaware law, if the subsequently formed corporation expressly adopts the preincorporation agreement or implicitly adopts it by accepting its benefits with knowledge of its terms, the corporation is bound by it.”

       Véase, además, Stevens v. Acadia Dairies, Inc., 15 Del.Ch. 248 (1927), en que se determinó lo siguiente: “[k]nowledge of [the] organizer and promoter of corporation, who is sole owner thereof, is knowledge of [the] corporation.”

       Dicha norma es cónsona con lo establecido en el Art. 1159 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3243, el cual establece que la sustitución de la persona del deudor no puede hacerse sin el consentimiento del acreedor.

       Véase I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed., San Juan, Lexis-Nexis, 2000, pág. 698, en el cual se hace referencia a que el término “joint liability by multiple debtors” corresponde al término “solidaridad pasiva”.

       Específicamente, el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico resolvió: “persons dealing with [promoters] may, upon the incorporation of the company and its ratification of the contracts made in its behalf, elect to have their remedy either against the individuals with whom the contract was made, or against the company, unless, of course, plaintiffs had agreed to look to the company alone, and the latter has assumed the liability.” (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Crane v. Bennett, 3 P.R. Federal Reports 185, 189 (1907). Véanse, además, H.L. Oleck, Modern Corporation Law, Indianapolis, Bobbs-Merrill Co., Inc., 1958, Vol. 1, Sec. 39, pág. 202; American Law Reports Annotated, Personal liability of promoter to third person on or with respect to contract made for corporation or in aid of promotion, 41 A.L.R. 2d 477 (1955).

       Véase Art. 1097 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3108, el cual dispone, en lo pertinente, que “[e]l acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente”.

       “gn ja ratificación expresa la corporación, mediante una resolución o documento, decide ratificar y adoptar como suyo cierto contrato en el que el promotor pactó. ... [D]icho acto aislado, sin el consentimiento del acreedor no liberaría al promotor de responsabilidad. Sin embargo, podría entenderse como un contrato entre la corporación y el promotor, de forma que si el promotor paga la obligación, tendrá una acción contra la corporación.” L.M. Negrón Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño, 2da ed., [ed. del autor], 1996, pág. 36.

       Véase el Art. 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3109, el cual establece, en lo pertinente, que “[e]l pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo”.

       De hecho, no es la primera vez que reconocemos por vía judicial el carácter solidario de una responsabilidad como un supuesto de solidaridad legal. Véanse: Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92 (1922); Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167 (1923); González v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 659 (1938); Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R. 825 (1950). En estas decisiones establecimos, de forma definitiva en nuestra jurisdicción, el carácter solidario de la responsabilidad entre cocausantes de un daño, en virtud del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141.

       Aún si consideramos a Luis Ortiz Muñoz como un copromotor de la corporación, el resultado es el mismo. Ante el tipo de acuerdo pactado, mediante el cual las partes convinieron la proporción y división de las acciones, aplica la misma doctrina aquí analizada. “[A]n agreement among the promoters as to the proportions in which the stock of the corporation shall be divided among them is binding on the promoters, although, not upon the corporation as such unless and until it legally adopts the contract.” 1A Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corporations Sec. 191, págs. 330-331 (2002).

       Dicho artículo de ley dispone, en lo pertinente, que “[l]a facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible”. Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3052. Distinto sería si el acuerdo hubiese estado dirigido a la formación en sí de la corporación, debido a que los acuerdos o convenios para formar una corporación, de ordinario, no se harán cumplir específicamente, dependiendo de los factores y las circunstancias presentes en cada caso. Véase Vázquez v. Tribl. Superior, 78 D.P.R. 744, 753 (1955), donde expusimos que sería fútil ordenar la organización de una corporación que tendría que ser disuelta casi inmediatamente porque hay una controversia y división irreconciliable entre los accionistas.