author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    J. González & Co., S. en C., demandante y apelada, v. José Isabel Aponte, demandado y apelante, e Isidro Falcón Cuadrado, interventor y apelante.
    Núm. 7889.

    Sometido: Diciembre 5, 1939.

      Resuelto: Enero 8, 1940.

      Luis Mendín Sabat, abogado de los apelantes; R. Arroyo Ríos, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del' tribunal.

Contra la sentencia que declaró con lugar la demanda de este caso, el demandado y el interventor interpusieron este recurso. Dos veces solicitó la demandante apelada su deses-timación y en las dos ocasiones se denegaron sus pretensio-nes. Finalmente vamos a considerarlo ahora en sus méritos.

Conforme aparece de los autos, el demandado José Isabel Aponte era dueño de la finca rústica descrita en la demanda y en un pleito en cobro de dinero que siguió la mercantil demandante contra el expresado José Isabel Aponte, se declaró con lugar la demanda y en satisfacción de la sentencia el márshal de la corte municipal otorgó a favor de la deman-dante escritura de venta, judicial de dicha finca el 19 de febrero de 1938.

El primero de julio siguiente la referida mercantil radicó la demanda de este caso en la Corte de Distrito de Humacao y el día señalado para la primera comparecencia, el 22 de dicho mes, comparecieron la demandante, el demandado y el interventor Isidro Falcón Cuadrado. En aquel acto y en presencia de las partes, manifestó Aponte a la corte que el dueño de la finca era el interventor Falcón Cuadrado y que él, Aponte, venía ocupándola desde el primero de julio de dicho año a virtud de arrendamiento celebrado con Falcón Cuadrado, habiéndole pagado $50 por concepto de dicho arren-damiento. La corte inferior pospuso la primera compare-cencia para una fecha próxima, compareciendo de nuevo las partes, la demandante asistida del abogado Sr. R. A. Arroyo, el demandado en su propia representación y el interventor asistido de su letrado Sr. Luis Mendín Sabat. Se señaló día para la segunda comparecencia y en dicha fecha fue some-tido el caso por la prueba documental ofrecida en la primera.

La corte, por los méritos de la prueba, declaró con lugar la demanda y decretó el desahucio del demandado.

El único error señalado por los apelantes es el de haber resuelto la corte el conflicto de la prueba a favor de la demandante. La mera enunciación del señalamiento de error es su mejor refutación. Si hubo conflicto de prueba, al dirimirlo la corte a favor de una de las partes, este tribunal no alterará la conclusión de la corte sentenciadora en ausencia de una demostración de pasión, prejuicio o parcialidad, o de error manifiesto en la apreciación de la prueba. Matías v. Schweitzer, ante, pág. 764.

Arguyen además los apelantes que en este caso existió un conflicto de título y que por consiguiente la corte sentenciadora erró al dirimirlo dentro de este procedimiento de desahucio.

A nuestro juicio no hubo tal conflicto de título que impi-diese a la corte seguir conociendo del caso hasta su final determinación. Para que tal conflicto exista no basta su mera alegación y la presentación de un título manifiestamente inexistente. Es necesario que se aduzca evidencia tendente a demostrar que las pretensiones del demandado son bona fide.

En el caso de Puerto Rico Leaf Tobacco Co. v. Colón, 50 D.P.R. 303, 306, citado por el apelado, refiriéndose a la índole del título capaz de producir un conflicto que no pueda ser dirimido dentro del procedimiento de desahucio dijo este tribunal:

"La cuestión en controversia es si la contención de dueño plan-teada por el demandado es tan evidentemente insubstancial e insos-tenible que no merezca seria consideración o si la prueba en apoyo de la misma era suficiente para suscitar una cuestión digna de ser resuelta por las cortes. Es cuestión bien establecida que reclama-ciones opuestas de título, si son bo*m fide, no pueden ser juzgadas y resueltas en un procedimiento de desahucio. Un pretexto baladí a ese respecto será pasado por alto. Una cuestión aparentemente bona fide, sostenida por prueba que sea suficiente para demostrar algún color de la existencia de nn derecho, evidencia suficiente para presentar una cuestión genuina de título, justificará y requerirá la desestimación del procedimiento. No nos detendremos a revisar los casos ya resueltos. Véanse Sentencia del Tribunal Supremo de España del 12 de mayo de 1919 (146 Jurisprudencia Civil 281, 288) ; Segundo González v. Colón, 49 D.P.R. 557; Lippitt v. Llanos, 47 D.P.R. 269; Laureano v. Díaz, 48 D.P.R. 705; Brunet v. Corte, 45 D.P.R. 901, 903; Schuck v. Verdejo, 43 D.P.R. 68, 955; Rubert Hnos. v. Hernández, 43 D.P.R. 960; Mojica v. González, 43 D.P.R. 999, 1000; Ermita v. Collazo, 41 D.P.R. 596; Sucn. Dávila v. Collazo, 41 D.P.R. 174.”

Véase al mismo efecto Cora v. Belgodere, 55 D.P.R. 10, 13.

Examinemos añora en qué consistió el alegado título del interventor. El día señalado para la primera comparecen-cia el demandado Aponte informó al tribunal en presencia del interventor que él había vendido a éste la finca objeto del pleito y que el demandado la ocupaba desde el primero de julio (mes en que se celebró la primera comparecencia) a virtud de contrato de arrendamiento que había celebrado con el interventor, habiéndole satisfecho la cantidad de $50 en relación con dicho contrato. Se presentó por parte del inter-ventor la escritura número 6 de 14 de febrero de 1938 otor-gada por el demandado a favor del interventor ante el nota-rio Sr. Mendm, abogado del demandado y del interventor en este recurso, en la que se expresa que en 2 de abril de 1933 el demandado y su esposa, fallecida en la fecha de la escri-tura, habían vendido verbalmente al interventor la finca en controversia por el precio de $1,500 y que al celebrar dicho contrato oral el interventor pagó a cuenta del precio la can-tidad de $1,000, habiéndose convenido que los $500 restantes los pagaría el interventor en el acto de otorgarse la corres-pondiente escritura. No se fijó fecha para el otorgamiento de tal escritura y consecuentemente tampoco se señaló el ven-cimiento del precio aplazado. Cinco años transcurrieron desde la celebración del supuesto contrato verbal en 1933 hasta el otorgamiento de esta escritura en 1938, y durante todo ese tiempo, conforme se desprende de los autos, el ven-dedor continuó en la posesión de la finca sin pagar canon o merced alguna al comprador, a pesar de haber recibido la respetable suma de $1,000 que constituía las dos terceras par-tes del precio. El único requerimiento que hiciera el inter-ventor al demandado sobre entrega de la finca es una carta dirigida por el interventor al demandado, presentada por’ este último en evidencia, la que por su brevedad transcribimos a continuación:

"Bayamón, Puerto Rico, 10 de mayo de 1938. — Sr. don José Isabel Aponte, Aguas Buenas, Puerto Rico.
"Estimado amigo:
"Usted sabe que cuando yo le compré a usted y a sus hijos, por escritura de fecha 14 de febrero del corriente año, ante el Notario Licdo. Luis Mendín Sabat, la finca de 23 cuerdas en el barrio Mu-litas de Aguas Buenas, yo le advertí a usted y a sus hijos que ne-cesitaba que dentro de un término de dos meses, a contar desde la fecha de dicha escritura, me desocuparan la finca, porque pensaba arrendarla, y como ha transcurrido con exceso el plazo que les con-cedí, le suplico, como amigo, que me desocupen la finca lo más pronto posible, pues en caso contrario tendré que hacer uso ante los tribu-nales del derecho que la ley me concede como dueño.
"También les advierto que me he enterado de que ustedes han utilizado maderas de la finca sin mi consentimiento, y esto me per-judica y no es correcto.
"Así es que les prohíbo terminantemente que me sigan cortando maderas en la finca y les requiero que me la desocupen sin ulterio-res avisos.
"De usted afectísimo amigo y s. s., (fdo.) Isidro Falcon." (T. de E., pág. 26.)

Demuestra la transcrita carta que por lo menos hasta el 10 de mayo de 1938, fecha de la misma, el demandado venía ocupando la finca sin pagar canon o merced alguna desde el supuesto contrato verbal de 1933, y demuestra algo más, y es' que no fué hasta el 10 de mayo de 1938 que el interventor, no obstante haber pagado las dos terceras partes del precio, realiza su primer acto de dominio prohibiendo al demandado que continúe utilizando maderas de su finca sin su consen-timiento.

Esta evidencia no fue ni pudo ser creída por la corte inferior. La supuesta transacción, por lo inverosímil, demuestra que no es bona fide, y siendo así, actuó correctamente la corte sentenciadora al no estimar la existencia de un conflicto de título y resolver el caso en sus méritos.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Guerra Ramos, acusado y apelante.
    Núm. 7802.

    Sometido: Diciembre 21, 1939.

      Resuelto: Enero 8, 1940.

      Felipe Colón Días, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

• Salvador Guerra Ramos fué denunciado en la Corte Municipal de Juana Díaz como socio gestor de la mercantil Ramos & Suárez, Sucrs., por infracción a la Ley de Pesas y Medi-das, consistente en que allá por el 21 de octubre de 1937 y en el pueblo de Juana Díaz, Puerto Rico, vendió a Marcelino Domínguez, a través de su empleado Francisco Guerra, cierta cantidad de café tostado y molido falto de peso. Se imputa reincidencia, por haber sido sentenciado el mismo acusado por igual delito el 21 de octubre de 1936 por la Corte Municipal de Ponce, habiendo satisfecho la multa impuéstale.

La Corte de Distrito de Ponee conoció del caso en grado de apelación y-declaró al acusado convicto del delito impu-tádole, declarando también ser cierta la convicción anterior, por lo que le impuso la pena de $50 de mu,lta o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, y las costas.

Fundamentando su recurso ante este tribunal, alega el acusado en primer término que la denuncia no aduce hechos constitutivos del delito que se le imputa. Según el acusado debió exponerse en la denuncia la tolerancia por defecto permitida por la ley. El reglamento promulgado para la ejecución de la ley expresamente prescribe, refiriéndose al café, que debido a que este artículo absorbe humedad y aumenta de peso, no habrá variación permisible por defecto(Bastardillas nuestras.)

No permitiendo el í'eglamento en cuestión tolerancia alguna por defecto en el peso, la denuncia cumple con los requisitos legales al no hacer referencia a la supuesta tolerancia.

Sostiene el apelante que la sentencia es errónea en lo que a la reincidencia respecta, porque el delito anterior fué cometido por el acusado en su carácter de gestor de la mercantil Ramos & Suárez, Sucrs., S. en C., y el que ahora se le imputa lo es en su carácter de socio gestor de la mer-cantil Kamos & Suárez, Sncrs., entidad jurídica distinta de la anteriormente mencionada.

Este tribunal, en eJ caso de El Pueblo v. Barquet, 19 D.P.R. 792, 797, dijo:

“En cuanto a la insuficiencia de la prueba para sostener la sen-tencia contra Juan y Narciso Barquet, entendemos que ella demues-tra suficientemente que el delito se cometió en la casa mercantil de Barquet Hermanos, por un dependiente de la misma que actuaba dentro de las funciones de su cargo y demuestra, además, que los acusados son socios e intervienen directamente en los negocios de dicha casa mercantil, la que no es una corporación sino una socie-dad. Siendo ello así es bien claro que dichos acusados pueden ser perseguidos y castigados individualmente por una violación de la Ley de Rentas Internas cometida por un dependiente que actuó por y para la sociedad.
“Podrá haber otros socios, además, de Juan y Narciso Barquet, pero como en este caso la denuncia se presentó únicamente contra ellos, sólo es necesario averiguar si el delito se cometió en la forma especificada en la misma y si los acusados son socios o no.”

De manera, pues, que el acusado, habiendo sido denun-ciado en uno y otro caso como socio gestor, en ambos era responsable tal y como si hubiera sido denunciado y convicto en su carácter individual, no obstante las dos sociedades ser personas distintas ante la ley.

Por consiguiente, no cometió error alguno la corte sen-tenciadora al estimar cierta la condena anterior y castigar al acusado como reincidente.

El tercero y último de los errores señalados por el acusado va dirigido a la suficiencia de la prueba. La hemos examinado toda y no abrigamos duda de su suficiencia. Se demostró que el café era vendido por Francisco Guerra, hermano del acusado y empleado de la mercantil Ramos & Suárez, Sucrs., de la que es socio el acusado, y que en dos libras vendidas a Marcelino Domínguez, al ser repesadas en la balanza Standard del Negociado de Pesas y Medidas, resultó una deficiencia de 156 gramos. Es verdad que al volverse a pesar en la corte de distrito nn año después de haber sido ocupado por el Inspector de Pesas y Medidas, el café tuvo un aumento en peso de unos gramos sobre el rotu-lado en la envoltura, pero esta circunstancia fué perfecta-mente explicada por el denunciante, informando al tribunal que el café es un artículo que absorbe humedad y en el año transcurrido desde que se ocupó por el inspector hasta que se volvió a pesar el día del juicio, necesariamente absorbió y acumuló suficiente humedad para aumentar su peso original en la proporción indicada. La declaración del inspector está corroborada por la disposición del reglamento a que hemos hecho referencia, en la que se expresa que no se concede tolerancia por defecto en relación con este artículo, por ser de los que absorben humedad, y por consiguiente su ten-dencia es no a disminuir, sino a aumentar en peso.

No existen, a nuestro juicio, los errores señalados por el apelante. Procede desestimar el recurso y confirmar la sen-tencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustina Reyes, María Pérez y Rosa Mercado, acusadas y apelantes.
    Núm. 7786.

    Sometido: Noviembre 7, 1939.

      Resuelto: Enero 9, 1940.

      Justo A. Casablanca, abogado de las apelantes; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.

       Nota i’ Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan declaró a Agustina Beyes, María Pérez y Bosa Mercado culpables de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, imponiéndoles una multa de $50 a cada una de ellas o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejasen de pagar, no excediendo la prisión de treinta días de cárcel.

La representación de las acusadas no radicó alegato en apoyo del recurso y el fiscal, en el acto de la vista, se allanó al mismo pidiendo la revocación de la sentencia por entender que los bechos imputados a las acusadas eran constitutivos de asesinato o por lo menos de un liomicidio voluntario (felony) y que bajo tales becbos no podían ser ellas acusadas y convictas de un delito de acometimiento y agresión grave.

De los autos resulta que las tres apelantes,” en unión de Mateo Beyes Walker fueron acusadas en la Corte de Distrito de San Juan de un delito de asesinato en primer grado; que después de radicada la acusación se presentó en la Corte Municipal de Carolina la denuncia de este caso contra las tres apelantes, pero antes de que se celebrase el juicio en relación con dicba denuncia, el acusado Mateo Beyes Walker se declaró culpable en la Corte de Distrito de San Juan de un delito de homicidio voluntario, habiendo aceptado el fiscal y apro-bado la corte la reducción de la calificación dlel delito de asesinato en primer grado a homicidio voluntario. Pué entonces sentenciado dicho acusado a cumplir cuatro años y medio de presidio, y una vez dictada la sentencia el fiscal solicitó del tribunal inferior el sobreseimiento y archivo de la causa por asesinato que se s'eguía contra las tres apelan-tes, por la única razón, según él, de que los fines de la justicia no se beneficiarían con la persecución de estas acusadas una Vez dictada la sentencia que se dictó contra Mateo Eeyes Walker. La corte accedió a lo solicitado por el fiscal, cele-brándose posteriormente el juicio por acometimiento y agre-sión grave en la Corte Municipal de Carolina donde las tres apelantes fueron convictas y sentenciadas. Apelaron para ante la Corte de Distrito de San Juan, haciendo allí la siguiente alegación:

"Nosotras entendemos que no procede esta denuncia, según lo alegamos en la Corte Municipal de Carolina, porque no puede con-cebirse que en un delito de asesinato, habiéndose castigado la muerte de la persona, proceda una denuncia por acometimiento y agresión.”

La corte inferior, entendiendo que no había existido jeopardy en lo que a estas acusadas se refiere, desestimó la moción de la defensa y procedió a la vista del caso, dictando luego la sentencia a que hemos hecho referencia al principio de esta opinión.

No hay duda alguna que los hechos imputados a todos los acusados, tanto a las apelantes como a Mateo Eeyes Walker, son constitutivos de un d’elito de asesinato. Como la acusación por asesinato en cuanto a estas apelantes se refiere fué archivada antes de ser expuestas en juicio, pudieron haber sido ellas acusadas nuevamente aún después de tal archivo y sobreseimiento por un delito de asesinato como lo había sido Mateo Eeyes Walker, sin que pudieran alegar con éxito la defensa de jeopardy.

A este efecto dice Miller en su obra sobre Criminal Law, pág. 535, sec. 186:

"Generalmente se acepta que el ponerse en libertad un acusado por el magistrado instructor (committing magistrate) o el rehusar acusarlo un gran jurado, no impide su persecución posterior puesto que no hay jeopardy. En la mayoría de las jurisdicciones existe la regla de que el jeopardy empieza solamente cuando el acusado ha contestado la acusación y ha sido puesto en juicio, es decir, cuando el jurado ha sido seleccionado y ha prestado su juramento definitivo, o después de haber empezado el juicio si el mismo se celebra por tribunal de derecho. En cualquier tiempo antes de esos dos momen-tos puede archivarse la acusación sin perjuicio de formularla de nuevo y perseguir al acusado a base de la misma. Sin embargo, tan pronto como el jurado ha prestado su juramento definitivo empieza el jeoparckj y si después de ese momento se anula o se archiva la acusación, el acusado tiene derecho a su libertad, pudiendo alegar el jeopardy.”

Pero las apelantes, como liemos visto no fueron acusadas de asesinato sino de un cielito de acometimiento y agresión grave en la Corte Municipal de Carolina.

En todo asesinato u homicidio en que la muerte se causa por medio de golpes o heridas, la comisión del delito se inicia con un acometimiento y agresión, es decir, el acometimiento y agresión es un ingrediente del delito y el hecho de que el delito de acometimiento y agresión se haya fundido en el felony no impide que las acusadas puedan ser denunciadas por el delito menor, o sea acometimiento y agresión, no pudiendo ellas en tal caso alegar con éxito que el delito por ellas cometido es mayor que aquél del cual se les ha acusado.

En la antigua Ley Común de Inglaterra la distinción entre felony y misdemeanor no consistía meramente en el grado del delito y castigo que se imponía en uno u otro caso, sino en ciertas diferencias de procedimientos que los jueces eran muy celosos en hacer cumplir. En los misdemeanors el acu-sado tenía derecho a estar representado por abogado en el juicio, a que se le sirviese copia de la acusación y a ser juz-gado por un jurado especial, privilegios éstos de que no dis-ponía la persona acusada de un delito felony. 1 Bishop’s New Criminal Law, 12a. ed., pág. 486, sec. 804.

Como consecuencia de estos privilegios, bajo una acusa-ción de delito felony no podía declararse culpable al acusado de un delito menor de misdemeanor, pues en tal caso equi-valía a castigarlo por un misdemeanor sin haberle reconocido los privilegios anteriormente citados. Cuando al juzgarse un acusado por un delito felony el juzgador llegaba a la con-elusion de que el delito cometido era un misdemeanor, enton-ces lo que procedía era absolver al acusado del felony e iniciar un nuevo procedimiento contra él por el delito misdemeanor, concediéndole así todos los privilegios que le reconocía la ley.

La distinción anteriormente aludida no impedía aún bajo la antigua Ley de Inglaterra que un acusado cuyo delito pudiese ser calificado como misdemeemor o felony indistinta-mente, fuese acusado en primera instancia del delito misdemeanor, pues contrario a lo que hubiera sucedido acusándolo de felony, al procesarlo por misdemeanor se le reconocían todos los derechos y privilegios inherentes al misdemeanor y en tal caso no podía alegar que el delito por él cometido era más grave que aquél por el cual se le había juzgado. Se decía entonces como fundamento de la regla, que el Bey podía perseguir al ofensor como estimase conveniente, ya fuera por el misdemeanor o por el felony. Obra citada, tomo 1, pág. 476, seo. 788. A este efecto se dice en 1 Wharton’s Criminal Law, 12a. ed. (1932), pág. 55, sec. 39:

“La consecuencia es que un acusado a quien se le imputa un de-lito de acometimiento no tiene derecho ya, por regla general, a ser absuelto porque el acometimiento sea parte de un félony.”

Nada, a nuestro juicio, impide que en nuestro sistema ’ penal una persona que haya cometido un delito felony pueda ser juzgada y sentenciada por un misdemeanor comprendido dentro del felony. Esto, sin embargu, no implica que san-cionemos la práctica seguida por el fiscal y la corte inferior. De ser ciertos los hechos expuestos en la acusación original-mente presentada contra Walker y las apelantes en la corte de distrito, esos hechos acusan un grado de crueldad y per-versión tal, que exigen una pena que lejos de estimular la comisión de 'estos actos verdaderamente salvajes, impidan su repetición en el futuro,

No acertamos a comprender cómo la sentencia de cuatro años y medio de presidio impuesta a Mateo Walker por un delito menor del que se le imputó, pudo justificar el archivo y sobreseimiento de la acusación contra las apelantes que con él coadyuvaron activa y cruelmente en los techos brutales que culminaron en la muerte de la propia esposa del acusado Mateo Walker. Si el delito cometido por los acusados era el de asesinato, de as'esinato debieron ser juzgados y que el jurado determinase por los méritos de la prueba la respon-sabilidad de cada uno de los copartícipes en el crimen.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Jtíez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez PresideNtb Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Lorenzano, acusado y apelante.
    Núm. 7844.

    Sometido: Noviembre 6, 1939.

      Resuelto: Enero 10, 1940.

      Pedro Lorenzano, por su propio derecho; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis J<aner, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNtb Señor Del Toro

emitió la opinión ¿el tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló acusación -contra Pedro Lorenzano- y Benito Colón imputándoles la comisión de un delito de falsa' representación cometido como sigue:

“Los referidos Pedro Lorenzano y Benito Colón, allá para uno de los días del mes de febrero de 1937 y en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, que forma parte del distrito judicial del mismo nom-bre, a sabiendas e intencionalmente, valiéndose de falsas y fraudu-lentas simulaciones y con intención criminal de obtener la posesión y propiedad de la suma de ciento cuarenta y seis dólares pertene-cientes a la sociedad mercantil que, bajo la razón social de ‘Irizarry Hermanos’, bace negocios en San Juan y con la intención de enga-ñar y defraudar a dichos ‘Irizarry Hermanos’ y privarles de la men-cionada suma de dinero, falsa y fraudulentamente simularon y re-presentaron a ‘Irizarry Hermanos’ que Benito Colón era la persona de Juan Mercado, a cuyo favor estaba expedido un cheque por la suma de ciento cuarenta y seis dólares, expedido por la corporación política ‘El Pueblo de Puerto Rico’, siendo dicha simulación falsa y fraudulenta, pues no era cierto que Benito Colón fuera Juan Mercado, o sea, la persona a cuyo favor estaba expedido el referido che-que de ciento cuarenta y seis dólare’s, y siendo falso también que Juan Mercado, o sea, la persona a cuyo favor estaba expedido dicho cheque, hubiese firmado ni autorizado a los acusados Pedro Loren-zano y Benito Colón, ni a ninguna otra persona a endosar y cobrar tal cheque, y a los acusados les constaba, allí y entonces que tal si-mulación era falsa y fraudulenta, habiendo sido hecha por éstos con el fin de inducir a ‘Irizarry Hermanos’ a canjear el cheque y entre-garles la suma de ciento cuarenta y seis dólares, y la mercantil ‘Iri-zarry Hermanos’, creyendo ser cierta la falsa simulación, y única-mente inducida por ella, se desprendió, allí y entonces, de la propie-dad de dicha suma de dinero y la entregó a los acusados Pedro Lo-renzano y Benito Colón, defraudando de este modo ilegal y fraudu-lento a ‘Irizarry Hermanos’ en el montante total de la ameritada cantidad de ciento cuarenta y seis dólares.”

Al acto de la lectura de la acusación comparecieron Loren-zano y Colón en persona y además por su abogado el segundo. El primero manifestó que su abogado lo sería el Lie. Celes-tino Iriarte, se declaró inocente y pidió juicio por jurado.

En el juicio estuvo Lorenzano asistido de su abogado Héctor González Blanes. Practicada la prueba de cargo, la defensa pidió a la corte que ordenara al Jurado que se reti-rara para presentarle .una cuestión de derecho. Así se ordenó y la defensa solicitó de la corte que instruyera al Jurado que rindiera un veredicto de absolución por no ser la prueba de cargo suficiente. Argumentada la solicitud, fue declarada sin lugar.

Retornó el Jurado a la sala de la corte. Manifestó la defensa que sometía el caso por la prueba del Pueblo. Dió la corte las debidas instrucciones al Jurado y rindió éste un veredicto de culpable. Al dictar su sentencia el 3 de junio de 1938, la corte condenó al convicto a sufrir cuatro años de presidio con trabajos forzados. Apeló Lorenzano y en un alegato presentado por él mismo sostiene que por no haberle concedido la corte la suspensión del juicio que le pidiera, le privó de obtener el verdadero auxilio de abogado que la Constitución y la ley le garantizan; que su causa debió sobreseerse por haber transcurrido más de ciento veinte días entre la presentación de la acusación y la celebración del juicio, y que quedó indefenso al no permitírsele por la corte probar su defensa de coartada.

Presentó el Fiscal de esta Corte Suprema su informe reglamentario y notificado el apelante archivó otro alegato de contestación. La vista, del recurso se celebró con la sola asistencia del fiscal el seis de noviembre último.

El primer motivo de error no encuentra apoyo en los autos. Carece además de fundamento. No encuentra apoyo en los autos porque en ninguna, parte de ellos aparece que se formulara petición alguna de suspensión de juicio. Y carece de fundamento porque lo que sí revelan los autos es que el acusado estuvo asistido de abogado durante la vista y por él defendido y que si bien compareció sin abogado al acto de la lectura de la acusación manifestó que lo tenía e hizo la alegación de inocente y solicitó juicio por jurado.

Tampoco surge de los autos que la petición de sobresei-miento a que se refiere el segundo señalamiento de error fuera presentada, de suerte que no hay base para considerar ni resolver la cuestión.

Lo mismo sucede con el tercer error señalado. No surge de lo» autos obstáculo alguno para que el acusado presentara prueba de coartada si es que la tenía. Por el contrario surge de ellos, como sabemos, que declarada sin lugar su moción de veredicto absolutorio, el acusado descansó en la propia prueba del Pueblo cuya insuficiencia alegó.

Hemos examinado esa prueba y es a nuestro juicio bastante. Ella demuestra de modo convincente que aunque no fué Lorenzano el que cambió el cheque e hizo directamente a Irizarry Hermanos la falsa representación que culminó en el fraude, fué él el que preparó la trama y el que envió a su coacusado Colón y al testigo Sanz con el cheque a la mercantil indicada a perpetrarlo.

Debe, en tal virtud, declararse el recurso sin lugar y con-firmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Wole

text:
    Enrique González González, demandante y apelado, v. Jesús Marrero y Luisa Miranda, demandados y apelantes.
    Núm. 7853.

    Sometido: Mayo 19, 1939.

      Resuelto: Enero 10, 1940.

      Miguel Santoni y A. Oadilla Ginorio, abogados de los apelantes; Luis Tirado Géigel, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos un recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Areeibo en pleito iniciado por Enrique Conzález, el aquí demandante apelado, contra Jesús Marrero y Luisa Miranda (demanda-dos apelantes) en cobro de un dinero que el finado hijo de éstos debía al demandante en cuenta corriente. Los deman-dados alegaron la prescripción, que Punca habían aceptado la herencia y en su consecuencia que no eran responsables de las deudas de su hijo.

La cuenta se extendía del 22 de diciembre de 1928 al 15 de abril, 1931, y al ser liquidada mostraba un saldo de $395.41 a favor del demandante. El deudor falleció el 26 de abril, 1931. El acreedor trató de cobrar de los padres pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. En su conse-cuencia radicó demanda ante la Corte Municipal de Ciales el 15 de septiembre de 1934 y pidió sentencia por la, suma de $395.41, importe de la cuenta, más $79.08 por concepto de intereses hasta la fecha de la radicación de la demanda, o sea por un total de $474.49. La corte municipal dictó sen-tencia a favor del demandante por la suma reclamada. Los demandados apelaron para ante la Corte de Distrito de Areeibo.

En dicha corte el demandante probó la cuenta. También probó que Prudencio Marrero falleció en Ciales, Puerto Pico, el 26 de abril, 1931, al ponerse en contacto con un alambre de alta tensión que le electrocutó. Era mayor de edad, sol-tero, y sin descendientes de clase alguna. Sus padres Jesús Marrero j Luisa Miranda demandaron a la compañía de fuerza eléctrica y alegaron en su demanda: ‘ ‘ Que los deman-dantes son marido y mujer, y padre y madre legítimos res-pectivamente de su hijo llamado Prudencio Marrero Miranda, quien murió siendo soltero a la edad de 29 años, alo intestato, sin dejar ningún descendiente, siendo, como son, sus expre-sados ascendientes, padre y madre aquí demandantes, sus únicos y universales herederos.”

En cuanto a la defensa de prescripción la corte de distrito dijo:

“Aún aceptando que este caso se rija por el artículo 1867, inciso cuarto, del Código Civil, la acción no estaba prescrita al entablarse la demanda, considerando las gestiones de cobro realizadas por el acreedor. ’ ’

La corte de distrito consideró que los demandados habían aceptado tácitamente la herencia al radicar un pleito ante ella en solicitud de compensación como herederos de su hijo. Los demandados presentaron como prueba una escritura de repudiación de herencia otorgada el día del juicio. La corte resolvió que una vez aceptada, la herencia no podía ser repu-diada y dictó sentencia a favor del demandante por la suma de $395, y las costas, excluyendo honorarios de ahogado.

Los apelantes señalan cinco errores, el primero de los cuales lee como sigue:

“La corte de distrito cometió error al resolver que la acción es-tablecida no está prescrita de acuerdo con lo establecido en el Ar-tículo 1867, inciso 4, del Código Civil de Puerto Rico, ed. de 1930, .... y al considerar dicha prescripción interrumpida por las ges-tiones de cobro extrajudiciales del acreedor; y al desestimáis por tal razón, la defensa de prescripción establecida.”

En lo que a la defensa de prescripción se refiere los ape-lantes sostienen que una cuenta corriente es un contrato mer-cantil y se rige por el Código de Comercio. Citan el caso de Puente v. Pérez, 7 D.P.R. 186, que dice:

“El contrato de cuenta corriente con una sociedad mei’cantil se regula por las disposiciones del Código de Comercio, ...”

Sostienen además que el Artículo 940 del Código de Comercio (ed. de 1932) es aplicable y que el término de pres-cripción debe buscarse en el Código Civil. El artículo citado prescribe;

“Artículo 940. — Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio, se regirán por las disposiciones del derecho común.”

El Artículo 1867, inciso 4, del Código Civil (ed. de 1930) provee:

Artículo 1867. — Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

“4. — La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.”

Aceptan que de conformidad con el Artículo 1873 del Código Civil la prescripción de las acciones civiles se inte-rrumpe por reclamación extrajudicial. Ese artículo dispone:

“La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

Alegan, sin embargo, que el término de prescripción hay que buscarlo en el Código Civil; pero que la forma de in-terrumpirlo no se halla en el Código Civil, sino en el de Comercio, que lee:

“Artículo 941. — La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del do-cumento en que se funde el derecho del acreedor.
“Se considera la prescripción como no interrumpida por la in-terpelación judicial, si el actor desistiere de ella, o caducara la ins-tancia, o fuese desestimada su demanda.
“Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obliga-ción, desde que éste hubiere vencido.”

Citan el caso de Manrique v. Ramírez, 37 D.P.R. 252, en el cnal este tribunal resolvió:

“Está prescrita una acción basada en una cuenta corriente ori-ginada por la venta de géneros de comercio que se ejercita transcu-rrido el término fijado por el artículo 1868 del Código Civil Revi-sado (1867 de la edición de 1980).”

Es cierto qne la acción parece haber prescrito seg*ún el Artículo 1867 del Código Civil (ed. de 1930), pero conforme al Artículo 1873 del mismo cuerpo legal, la prescripción de las acciones se interrumpe “por reclamación extrajudicial del acreedor.” Se probaron las reclamaciones extrajudicia-les. La corte de distrito resolvió que los esfuerzos hechos-por el acreedor para cobrar su cuenta habían interrumpido el período prescriptivo. Si acudimos al Código Civil en busca de la prescripción tenemos que ir al mismo Código para interrumpirla y no al Código de Comercio.

La cuestión en controversia claramente es si el Artículo 940 (ed. de 1932) del Código de Comercio, se refiere a las acciones o a los términos preseriptivos. Si se refiere a las acciones entonces todas las reglas del Código Civil en materia de prescripción son aplicables. Si se refiere a los términos tenemos que acudir al Código Civil tan sólo para el plazo y al Código de Comercio para las causas que pueden interrum-pir la prescripción. Véanse Cayde Montellá, V, págs. 482, 486 y 489, y sentencia del Tribunal Supremo de España de junio 18, 1923 (159 J. O. 503.)

El Tribunal Supremo de España, en su sentencia de noviembre 23, 1917 (141 Jur. Civ. págs. 777 y 778) dijo:

“Que conforme al artículo 943 del Código de Comercio las accio-nes que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio, se regirán por las disposiciones del derecho comúny preceptuado por el artículo 1,973 del Código Civil que la prescripción de las acciones se interrumpe por reclamación extrajudicial, no existe infracción alguna en la sentencia cuando entiende que al presentar el actor la factura interrumpió la prescripción; ya que ese acto representa y significa que el acreedor reclama el im-porte de su cuenta, sin que tampoco quepa suponer infringido el artículo 944 del primero de aquellos Códigos, porque tal precepto establece que la prescripción se interrumpirá por el reconocimiento de las obligaciones, y la sentencia recurrida aplica rectamente este concepto al hecho de haberse entregado en diferentes fechas canti-dades a cuenta del importe de los trabajos realizados.”

Resolvemos que cuando el Código de Comercio dice que las acciones que no tengan plazo determinado para dedu-cirse en juicio “se regirán por las disposiciones del derecho común,” dicho Código ha querido referirse a las acciones y no a los plazos o términos prescriptivos.

En cuanto a la responsabilidad por las deudas del hijo:

El alegato de los apelantes discute los señalamientos 2, 3 y 4 conjuntamente. Estos leen así:

“2. — La corte de distrito cometió manifiesto error al resolver que los demandados Jesús Marrero y Luisa Miranda habían aceptado tá-citamente, pura y simplemente, la herencia de su hijo fallecido Pru-dencio Marrero Miranda, al presentar la acción sobre daños y per-juicios contra la Porto Rico Railway, Light & Power Co., por la muerte de su dicho hijo Prudencio, debida a la culpa y negligencia de dicha compañía; por no constituir el ejercicio de dicha acción una aceptación tácita de herencia, ni de ningún otro modo.
“3. — La corte de distrito cometió error al dictar sentencia decla-rando con lugar la demanda presentada, y haciendo responsables a los demandados de la alegada deuda de su hijo fallecido Prudencio Marrero Miranda, sin haber los demandados aceptado en ningún mo-mento la herencia de su dicho hijo, ni tácita ni expresamente, ni pura ni simplemente, ni a beneficio de inventario, ni de ningún modo ni manera; y por el contrario, habiendo los demandados renunciado expresamente a ella, por escritura pública de fecha 13 de abril de 1938 ante el notario Miguel Santoni.
“4. — La corte de distrito cometió error al dictar sentencia a favor del demandante, por ser dicha sentencia contraria a derecho y a la prueba presentada.”

Los apelantes sostienen que el hecho de que reclamaran y obtuvieran indemnización por la muerte de su hijo no equi-vale a la aceptación de la herencia, y que la radicación de la demanda no fné una actuación (overt act) dentro del sig-nificado del estatuto. El artículo 953 del Código Civil (ed. de 1930) dice así:

“Artículo 953. — La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.
“Expresa es la que se bace en documento público o privado.
“Tácita es la que se bace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero.
“Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.”

Arguyen que los actos a que alude el artículo anterior tienen que estar relacionados con la herencia o con la suce-sión, y que cualquier acto que no tenga que ver ni se rela-cione con la herencia o sucesión, aún si se asume el carácter de heredero, no equivale a una aceptación. Citan del tomo 7 de Manresa, págs. 407 y siguientes.

Insisten en que el pleito contra la compañía de fuerza eléctrica no tenían necesariamente que radicarlo en su cali-dad de herederos. Ruberté v. American R. R. Co., 52 D.P.R. 471.

El Artículo 951 del Código Civil (ed. de 1930) provee:

“La aceptación y la repudiación de la herencia, una vez hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugnadas sino cuando adolecie-sen de algunos de los vicios que anulan el consentimiento, o apare-ciese un testamento desconocido.”

Los apelantes tratan de argüir que la aceptación fue tan sólo provisional, a fin de iniciar el litigio contra la Porto Rico Railway, Light & Power Co., y que la aceptación para dicho fin no fue una aceptación en la forma prescrita en el artículo 951 supra.

Creemos que el contexto del artículo es absoluto, con ex-clusión de las excepciones allí enumeradas. Es obvio que los apelantes tenían una reclamación de daños y perjuicios contra la aludida compañía y que dicho pleito se redujo a numera-rio, o sea a la suma de $3,000 mediante una transacción. El dinero correspondía a los herederos. Los padres no deman-daban en reclamación de las pérdidas propias, como sucedió en el caso de Buberté.

Si los padres hubieran repudiado la herencia de manera terminante, entonces tal vez los herederos colaterales, como por ejemplo los hermanos y hermanas del finado, hubieran demandado a nombre de la sucesión y obtenido los $3,000. La suma reclamada en el presente caso ascendía tan sólo a $474.49, y hubiera sido empresa muy lucrativa para los he-rederos colaterales reclamar y obtener la suma de $3,000 si con ello tan sólo tenían que pagar la cantidad de $474.49. El hecho cierto es que al instar demanda los padres se be-neficiaron y recibieron lo que los herederos tenían derecho a percibir. La reclamación pertenecía a los herederos. En su consecuencia podría surgir algo similar a un impedimento (■estoppel).

Es innecesario continuar el argumento toda vez que los términos del artículo 951 son claros, mas el anterior razona-miento tal vez tienda a demostrar el objeto que tuvo la Asamblea Legislativa al hacer que la letra del artículo fuera tan terminante.

No tenemos que investigar todas las razones que tuvo el poder legislativo, porque estamos plenamente convencidos de que cuando la letra de una ley o de los precedentes es clara, ella debo ser seguida.

El artículo 14 del Código Civil (ed. de 1930) dispone:

“Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su es-píritu. ’ ’

El quinto error lee así:

“5. — La corte de distrito cometió error al negarse a admitir la enmienda a la contestación a la demanda, propuesta por los deman-dados, en el sentido de añadir al hecho o defensa primera contenida en dicha contestación lo siguiente: ‘Que los demandados han renun-ciado y repudiado expresamente la herencia de su Rijo Prudencio Marrero, por escritura otorgada en el día de Roy, ante el notario Miguel Santoni.’ ”

Éste es un error técnico puesto que cuando la corte ad-mitió la prueba ya la contestación babía sido prácticamente enmendada. Además ella se negó a enmendar la contesta-ción no porque la enmienda no procediera sino porque la corte la creía innecesaria.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole

text:
    Progreso Financiero, Inc., demandante y apelado, v. María Libertad Gómez, demandada y apelante.
    Núm. 7742.

    Sometido: Mayo 2, 1939.

      Resuelto: Enero 10, 1940.

      Susoni & Soltero, abogados de la apelante; Horacio FrancescM y Rafael Pastor, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia dictada a favor del demandante por la Corte de Distrito de San Juan en un pleito en cobro de pagaré. Los Lechos son los siguientes:

La demandante es una corporación bancaria. En su Re-gistro de Acciones aparece un asiento fechado el 18 de fe-brero de 1929, según el cual la demandada se suscribió en dicho día a 25 acciones con un valor a la par de $100 cada una, y se le cargó en cuenta el valor total de $2,500. En ju-nio 19, 1929, ella pagó $500 en efectivo. Se le acreditó en cuenta esta cantidad y se le expidió un certificado por las acciones 101 al 105. El reglamento del banco provee que los directores deben ser dueños de cinco acciones por lo menos. La demandada admitió que ella había pagado esas cinco ac-ciones para poder ser miembro de la Junta Directiva. El banco inició sus negocios el 15 de julio de 1929. La deman-dada pasó a ser miembro de la Junta Directiva y Tesorera de la corporación en dicho día, o, según su declaración, en 16 de julio de 1929, siendo a la vez designada Cajera del banco. El certificado correspondiente a las cinco acciones permaneció en poder del banco en garantía del fiel desem-peño de sus deberes como Tesorera. En septiembre 3 la de-mandada otorgó un pagaré por $500, cantidad que le fué de-bidamente acreditada en cuenta, y el saldo en descubierto era y es, $1,500. Este pagaré venció el 15 de septiembre de 1930; fué renovado en dicho día mediante el otorgamiento de un nuevo pagaré que es precisamente el que el demandante trata de cobrar. Este pagaré lee:

“Pagaré a Progreso Financiero, Inc., o a su orden, en esta ciu-dad de San Juan, P. R., la suma de quinientos dólares ($500.00), para atender al pagaré por acciones vencido boy por igual cantidad, el día 15 de septiembre de 1931. (Acciones del núm. 106 al 125 inclusive: valor recibido de conformidad.)
“Comprometo todos mis bienes a esta obligación y me someto a cualquier reclamación judicial que fuese necesaria para su cobro, siendo por mi cuenta los gastos que se originen. Este documento no devengará intereses, siempre que sea atendido a su vencimiento. Pueden aceptarse pagos parciales, con prórroga del balance. Si no fuese atendido, devengará intereses a razón del 6% anual.
“(f) María L. Gómez,
Firma del Accionista, “(f) Luis Gómez,
Fiador. ’ ’

En julio 16, 1931, la demandada cesó como Tesorera y Cajera.

En septiembre 8, 1931, el demandante escribió una carta a la demandada recordándole que el pagaré devengaría in-tereses a menos que'fuera atendido a su vencimiento. El 14 de septiembre del mismo año la demandada dirigió una carta al demandante solicitando “una prórroga en las mismas con-diciones que el documento actual.” En septiembre 14, 1932, la demandada escribió nuevamente al demandante solicitando se le prorrogara nuevamente su pagaré de $500 “a cuenta de acciones de la corporación, en la misma forma y condicio-nes que el documento original”. La demanda fué radicada el 16 de junio de 1933, y la demandada fué emplazada el 9 de agosto del mismo año. Ésta dirigió una tercera carta el 14 de septiembre de 1933 en la que decía:. “Atendiendo las condiciones del pagaré por $500 que tengo en esa institución, a cuenta de acciones, por la presente solicito la prórroga en las mismas condiciones que el documento original”.

En la demanda se solicita sentencia contra la demandada, por la suma de $500 de principal, más intereses al 6 por ciento anual desde el 15 de septiembre de 1931, basta el 31 de mayo de 1933, ascendentes a $49.

La corte inferior llegó a la conclusión de que la deman-dada votó en juntas de accionistas como dueña de 25 accio-nes; que se le acreditaron en cuenta los dividendos corres-pondientes a 25 acciones; que estuvo a cargo de los libros de la corporación por espacio de dos años y nunca trató de enmendar o corregir el asiento en que figuraba ella como suscritora de 25 acciones, de las cuales cinco ya habían sido expedidas y pagadas y 20 no habían sido aún expedidas y a cuenta de las cuales se había otorgado un pagaré por $500.

La posición asumida por la demandada es que ella nunca se suscribió a las 25 acciones; que adquirió 5 que necesitaba tener para ser directora del banco, pero que no se suscribió a las otras 20. Sostiene que el pagaré carece de causa vá-lida (valid consideration) por no haber sido dado a cuenta de las 20 acciones, conforme se desprende de su faz, y que por el contrario el mismo fué otorgado a fin de que el Banco pudiera mostrarlo, con otros de igual naturaleza, suscritos por otros directores, al Gobierno de la Capital con la idea de que el municipio depositara fondos públicos en dicho banco; que esto se hizo para que el banco apareciera con mayor capital y para que los pagarés pudieran ofrecerse al Gobierno de la Capital como garantía colateral. Todo esto aparece de la contestación, alegando también la demandada que oralmente se convino entre los directores que los paga-rés no serían cobrados a menos que se depositaran los fon-dos públicos. Al ser examinada como testigo ella manifestó que si se obtenían los depósitos los pagarés serían satisfe-chos con los dividendos que se obtuvieran de las acciones.

También quedó demostrado que, a instancias del banco, el Tesorero de Puerto Rico convino en que el capital en accio-nes suscrito no sería incluido en el capital en acciones su-jeto a contribución; sino que la contribución se impondría únicamente a las acciones ya pagadas; y que la suma adeu-dada por concepto de suscripciones de acciones no sería me-nester incluirla en el capital por acciones sino que podría ser deducida. La suma adeudada por concepto del pagaré fué rebajada por el banco, como capital no pagado. De esto la demandada colige que el banco consideró que el pagaré ca-recía de todo valor. La corte inferior resolvió que el pagaré fué firmado y entregado en pago parcial de las 20 acciones a que la demandada se Labia suscrito; que el mismo estaba vencido para dicha fecha y que no estaba sujeto a la condi-ción de que solamente sería cobrado en caso de que se depo-sitaran fondos públicos, que el mismo no fué dado como co-lateral a corporaciones municipales que fueran depositantes del banco, conforme alega la contestación, y que dicho pagaré no estaba sujeto a la condición de que sería pagado con dividendos de acciones, según trató de probar la demandada.

La corte inferior dictó sentencia en favor del demandante. La demandada apela y señala seis errores. Los considerare-mos en forma similar a como han sido discutidos.

En el primer señalamiento se alega que la corte inferior cometió error al decidir que existía un contrato de suscripción en cuanto a las 20 acciones. La apelante sostiene que un contrato de suscripción de acciones debe constar por escrito porque la palabra “suscribir” significa “escribir” o “firmar”.

Conforme sostiene la jurisprudencia, un contrato de sus-cripción de acciones es similar a cualquier otro contrato. Si existe una causa válida, la conjunción de voluntades y un objeto lícito, el contrato queda perfeccionado. No es nece-sario que conste por escrito, a menos que la carta constitu-tiva de la corporación, su reglamento o las leyes del estado así lo requieran.

“En este país la regla es que la suscripción de acciones puede hacerse en la forma en que se otorgan cualesquiera otros contratos, y que todo convenio a virtud del cual una persona muestra la in-tención de convertirse en accionista,-es suficiente para obligarle tanto a ella como a la corporación.” In Re Hannevig, 10 F. (2d) 941, 945.

Una suscripción de acciones puede inferirse de la con-ducta de las partes. 1 Thompson on Corporations, pág. 927, párr. 668.

Generalmente se ha resuelto que un contrato de suscrip-ción de acciones puede deducirse de los actos del supuesto suscriptor. ;

“Cuando no ha habido una suscripción directa, a una persona puede tenérsele como un suscriptor implícito al aceptar las acciones asignádasle y convenir pagar por ellas.” In re L. M. Alleman Hardware Co., 172 F. 611.

El segundo señalamiento lee:

“La corte inferior cometió error al considerar que la Presidenta de la demandante estaba autorizada para fijarle fecha y condiciones a la obligación de pago en caso de que existiera un contrato de sus-cripción de acciones independientemente de la junta directiva de la demandante y de los reglamentos de la misma.”

Nada hay que demuestre que tal cosa sucedió o que la corte inferior así lo resolviera. La prueba demuestra que no se requirió de pago a la demandada y que ella otorgó y entregó un pagaré en pago parcial sin requerírsele formal-mente que así lo hiciera. La Presidenta del Banco declaró que “se convino que pagaría 500 pesos de contado (el Regla-mento dice que tiene que tener cinco acciones pagadas para ser de la directiva) y el balance cuando la Directiva lo fuera pidiendo,” y luego de manifestar que la directiva en ningún momento pidió que se hiciera algún pago, continuó diciendo:

“A mí se me ocurrió que en vez de esperar que la Directiva pi-diera ese pago, es igual para nosotras firmar un pagaré de 500 pesos para abonar esas acciones, y anualmente pagar esa cantidad sin que la Directiva lo hiciera.”

La apelante copia las anteriores aserciones en su alegato (pág. 6) y dice:

“Se ve que no hubo contrato oral. No solamente porque la evi-dencia sometida no, lo demuestra, sino porque no podía haberlo puesto que para perfeccionarse tenía que la Directiva actuar y la Directiva no actuó nunca. La presidenta no estuvo autorizada nunca por acuerdo de la Junta Directiva para fijarle plazo de vencimiento al pretendido contrato de suscripción de acciones, único modo me-diante el cual la apelante venía obligada a satisfacer a su venci-miento el importe representativo de las acciones suscritas.”

Arguye que el contrato no quedó perfeccionado porque la directiva nunca fijó la fecha del vencimiento ni la forma en que se efectuaría el pago. De suerte pues que la teoría de .ella es que el contrato no quedaría perfeccionado a menos que se le requiriera de pago. Tal teoría carece de mérito se-gún veremos al hacer algunas consideraciones generales.

La demandada sostiene que ella pagó 5 acciones sin sus-cribirse a las otras 20. El apelado insiste en que ella se sus-cribió a 25 acciones. La corte inferior llegó a la conclusión de que al momento de celebrarse el contrato se convino en que la apelante pagaría 5 acciones, que se le expediría un certificado por esas 5 acciones (a fin de que ella pudiera per-tenecer a la directiva); y que las otras 20 acciones queda-rían como suscritas. Estas acciones quedarían sujetas a la regla corriente en materia de suscripción de acciones.

Por lo general un contrato de suscripción de acciones es uno a virtud del cual una persona se obliga a adquirir un número de acciones de una corporación. Si la corporación ya ha sido organizada, ella le adjudica ciertas acciones a ese suseritor. Desde ese momento el suscritor se convierte en accionista. La práctica general es que al momento de cele-brarse el contrato no se hace convenio alguno sobre el día en que se efectuará el pago ni sobre el modo o manera en que se hará el mismo. La Junta Directiva requiere a los suscritores de tiempo en tiempo para que hagan paigos par-ciales. El contrato queda perfeccionado desde el momento en que la corporación acepta la suscripción y le adjudica las acciones. De lo contrario el contrato no sería exigible. La teoría de la apelante es que el contrato no queda perfeccio-nado hasta que una de las partes trata de hacerlo cumplir. Esa teoría es absurda.

El tercer señalamiento dice:

“Cometió error asimismo la corte inferior al considerar que el pagaré suscrito por la demandada tuvo causa efectiva en ley.”

La apelante alega que no hubo contrato de suscripción de acciones y que el pagaré fué uno de garantía (accomodation note). El argumento de que el pagaré fué otorgado a fin de ofrecer una colateral al gobierno de la ciudad, ya se ha hecho constar anteriormente en esta opinión.

Todo tiende a la conclusión de que esta condición no exis-tía. El G-obierno de la Ciudad de San Juan en septiembre 17, 1929, o sea dos semanas después de otorgarse el pagaré original, resolvió que los fondos públicos tenían que estar respaldados por garantía colateral y especificó que sólo se aceptarían bonos de los gobiernos federal, insular o municipal; y que únicamente se consideraría el capital pagado en efectivo. Un año más tarde el pagaré que aquí está en con-troversia fué sustituido por el primero. Año tras año ha sido renovado. En las solicitudes de renovación no se men-cionaba condición alguna.

Aun si se hubiera probado la condición, es cuestión a resolver si las cortes hubieran dado validez a la misma.

“Por tanto, ha quedado bien establecido como regla general, que un convenio celebrado entre una corporación y un suscritor particular, según el cual la suscripción de acciones no ha de pagarse o se pagará tan sólo parcialmente, ya sea con el propósito de simular que las acciones ascienden a más ... o con cualquier otro fin, es ilegal y nulo por ser en fraude de otros accionistas o acreedores, o de ambos, y no es exigible por parte del suscritor, ni puede alegarse como defensa en un pleito sobre suscripción de acciones. ... En estos casos sólo la estipulación o pacto especial son nulos y no afec-tan la suscripción de acciones. Las cortes han resuelto que el sus-critor es responsable de su suscripción tal cual si no hubiera habido un contrato ilegal, como único medio de impedir fraude y de prote-ger los otros suscritores y acreedores.” 14 C. J. págs. 570, 571, párr. 580. El texto está sostenido por el caso de Upton v. Tribilcock, 91 U. S. 45.

Pero aim si el pagaré hubiera estado sujeto a una condi-ción válida, las circunstancias expuestas por la apelante tien-den a una condición previa (condition preo&dent); a una que liaría la suscripción ineficaz hasta que la misma se cumpliera. La apelante no sería suscritora ni accionista hasta que se obtuvieran los fondos de la ciudad. Y quedó establecido el hecho de que la apelante votó como dueña de 25 acciones en asambleas de accionistas; y que se le acreditaron en cuenta los dividendos correspondientes a esas veinticinco acciones. Esta aceptación de su status de accionista parece indicar que si hubiera habido una condición previa la misma fue renun-ciada.

El cuarto error señalado es así:

“La corte inferior cometió error al considerar probada por el mero asiento en un libro de la corporación la cuenta por Suscrip-ción de Acciones ascendente a la suma de dos mil quinientos dólares a nombre de la demandada sin determinar los factores que justi-fiquen la existencia jurídica de dicho asiento.”

La apelante evidentemente quiere deeir que el juez de la corte inferior erró al considerar el contrato probado y no la cuenta. La corte inferior no dictó resolución alguna sobre la cuenta. La cuenta misma no estaba en disputa y el pre-sente no es un procedimiento para recobrar el saldo o parte del mismo. La cuenta fué presentada en evidencia para pro-bar el contrato y para demostrar que el pagaré tenía una causa válida. El peso de las autoridades es contrario a, la apelante. Ella sostiene que el hecho de que su nombre figure en el Libro de Acciones de la corporación no es suficiente para probar que ella se suscribió a las acciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:

“Cuando el nombre de un individuo figura como accionista en los libros de acciones de una corporación, la presunción prima facie es que él es dueño de las acciones, en aquellos casos en que nada hay que destruya tal presunción; y en un procedimiento entablado contra esa persona como accionista, a ella incumbe probar que no es tal accionista, o destruir esa presunción.” Turnbull v. Payson, 95 U. S. 418, 421, y casos citados.

En este caso el demandante no descansó en esa presun-ción. Se probó que la demandada, por sus actos y por carta, frecuentemente lia ratificado su suscripción de acciones. Ella votó en asambleas de accionistas. Otorgó un pagaré en pago parcial y recibió dividendos que le fueron acreditados en cuenta.

“Un accionista que ha pagado parte de su suscripción de accio-nes y que figura en la lista de acciones y que ha recibido dividen-dos, no puede negar que es dueño de acciones.” Sanger v. Upton, 91 U. S. 56; In re Hannevig, supra.

Los señalamientos 5 y 6 fueron:

“5. — La corte inferior cometió error asimismo al considerar como un activo del banco el valor de las acciones a que se contrae este litigio, sin tener en cuenta la evidencia presentada al efecto de que dicho valor fue eliminado del activo de la corporación a petición de la propia demandante, después de una vista ante la Junta de Re-visión e Igualamiento y una investigación de parte del Gobierno a tal efecto.
“6. — Y finalmente la corte inferior cometió error al resolver el caso contrario a la prueba producida.”

En tanto en cuanto resultan específicos son tan sólo una repetición del argumento aducido bajo los señalamientos an-teriores y no es menester que les demos consideración especial. El hecho de que no se expidiera certificado alguno ca-rece de importancia.

Más generalmente, en este caso el demandante presentó y probó un documento negociable suscrito por la demandada. Surgió la presunción de la existencia de causa y la deman-dada dejó de destruir tal presunción.

Debe confirmarse la sentencia ■apelada.


author: El Juez Asociado SeñoR Hutchison

text:
    Pedro Román Cintrón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1062.

    Sometido: Enero 8, 1940.

      Resuelto: Enero 10, 1940.

      J. Górdova Rivera y L. Mercader, abogados del recurrente; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado SeñoR Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El dueño de un condominio indiviso de bienes que habían sido vendidos en pago de contribuciones presentó en el Re-gistro de la Propiedad: copia certificada del certificado de venta; una declaración jurada en que bacía constar los es-fuerzos becbos para redimir la finca en.la forma ordinaria; y una declaración jurada del editor de un periódico sobre la publicación del edicto requerido por la Ley Núm. 137 de 6 de mayo de 1939 (Leyes de ese año, pág. 675), intitulada “Ley para regular el procedimiento que deba seguirse en el caso de que se ignore el paradero del rematista de finca su-bastada para pago de contribuciones, o de no encontrársele en el que constare en el certificado de venta, y para otros fines”.

El registrador se negó a computar la cantidad legal de dinero necesaria para redimir la finca y a expedir un certi-ficado de redención, tal cual provee el artículo 349 del Có-digo Político, según fué enmendado en 1910. Véase la sec-ción 3015 de los Estatutos Revisados de 1911. Las razones de su negativa fueron substancialmente las siguientes:

El certificado" de venta fué expedido el 4 de noviembre de 1938. El recurrente trató de redimir la finca el 12 de abril de 1939, mas no le fué posible hallar al adjudicatario en la subasta, puesto que éste había embarcado para los Estados Unidos, ni averiguar la dirección de dicho adjudicatario. El recurrente entonces publicó el edicto prescrito por la Ley de mayo 6, 1939. Este edicto vió la luz piíblica los días 2, 9, 16, 22 y 30 de noviembre. El período esta-tutario de un año no fué interrumpido con la publicación del edicto y el derecho de redención ya había prescrito.

El artículo 348 del Código Político trata de la redención de bienes inmuebles “dentro del término de un año contado desde la fecha del certificado de compra, pagando al comprador, herederos o cesionarios, la cantidad total del valor de la compra, con interés anual a razón del doce por ciento, junto con todas las costas devengadas y contribuciones vencidas”. Esto presupone la posibilidad de efectuar el pago. El siguiente artículo especifica los derechos del antiguo dueño y sus herederos al efectuar “el pago de dicho dinero de redención”. Guarda silencio respecto a cuál sería el resultado si a la persona que trata de redimir la finca no le es posible hallar al comprador en la “residencia” indicada en el certificado de compra. De ello no se desprende, sin embargo, que el recurrente careciera de todo remedio aun antes de apro-barse la ley de 1939.

El artículo 7 del Código Civil provee:

“El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad.
“Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá con-forme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”

Difícilmente puede concebirse que la Asamblea Legisla-tiva, al otorgar al dueño de bienes inmuebles el derecho a redimirlos dentro del término de un año contado desde la fecha del certificado de compra, tuvo la intención de que el comprador de una finca vendida para el pago de contribu-ciones pudiera burlar ese derecho, cambiando de residencia dentro del año o ausentándose de la Isla temporalmente, o en alguna otra forma, antes de expirar el año. La intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la ley de 1939 fué su-plir la laguna que existía en los artículos 348 y 349 del Có-digo Político, no creando un remedio donde antes no existía uno, sino exonerando al dueño que trata de redimir la finca de la necesidad de acudir a las cortes y ofreciéndole una al-ternativa más simple y más directa. El artículo primero de esa ley dispone:

“Cuando el contribuyente, a quien se hubiere rematado una finca para pago de contribuciones, quisiese redimirla e ignorase el domi-cilio del que la hubiere subastado, o no lo encontrare en el que cons-tare del certificado de venta, lo anunciará así en un edicto que se publicará en un periódico de circulación general durante treinta (30) días, una vez por semana, y además se fijará durante un mes en la colecturía de rentas internas donde se vendió la finca, haciendo la oferta de la suma satisfecha por el adjudicatario y de sus intere-ses hasta el día de la consignación, y, vencido el plazo, hará dicha consignación en el correspondiente registro de la propiedad en la forma y a los efectos determinados en el artículo 349 del Código Po-lítico. ”

Según el artículo 348, el dueño o contribuyente tiene de-recho a redimir la finca efectnando el pago en cnalqnier mo-mento dentro del término de nn año contado a partir de la fecha del certificado de compra. Pnede ejercer este derecho el último día del año así como en cnalqnier otro momento dentro de dicho período. Si espera hasta el último momento del último día del año y no pnede localizar al adjndicatario, entonces se ve precisado a incurrir en la molestia y gastos adicionales de publicar el edicto. Podría admitirse que debe actuar dentro de nn término razonable. No se le exige que inicie o termine la publicación del edicto antes de expirar el año contado a partir de la fecha del certificado de compra. No es ésa la letra ni el espíritu de la ley.

Cuando el contribuyente (bastardillas nuestras) “igno-rase el domicilio del que la hubiere subastado, o no lo encon-trare en el que constare del certificado de venta, lo anunciará así en un edicto que se publicará en un periódico de circu-lación general treinta (SO) dias, una ves por semana, y además se fijará chorante %m mes en la colecturía de rentas internas donde se vendió la finca, haciendo la oferta de la suma satisfecha por el adjudicatario y de sus intereses hasta el día de la consignación y, vencido el plazo, hará dicha con-signación en el correspondiente registro de la propiedad en la forma y a los efectos determinados en el artículo 349 del Código Político.” Cuando el adjudicatario puede ser ha-llado, debe hacerse la oferta dentro del año, y, al negarse éste a aceptar el dinero, habrá de seguirse el procedimiento pres-crito por el artículo 349 del Código Político. A tenor de las disposiciones de ese artículo, “si el mencionado comprador, sus herederos o cesionarios, se negasen a aceptar la oferta de dinero hecha, como queda expresado, para redimir la pro-piedad, la persona que hubiese ofrecido la misma repetirá la oferta en presencia de dos testigos por lo menos, y si la oferta se rehusase otra vez, la citada persona y testigos ju-rarán ante el registrador de la propiedad que registró el cer-tificado de adjudicación, que la debida oferta de la cantidad legal de dinero para redimir la propiedad fné hecha y rehu-sada.” Cuando no se puede hallar al adjudicatario, deberá publicarse un edicto una vez por semana por espacio de treinta días y además fijarse el edicto “durante un mes en la colecturía de rentas internas donde se vendió la finca”. Es al expirar este período de tiempo — no dentro del año pres-crito para efectuar el pago en los casos en que se puede ha-llar al adjudicatario — que el contribuyente ha de hacer la consignación en el registro de la propiedad.

Debe revocarse la nota recurrida eon instrucciones de efec-tuar la computación y de librar el certificado prescrito por el artículo 349 del Código Político.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Rodríguez y Santos Ocasio, acusados y apelantes.
    Núm. 7788.

    Sometido: Noviembre 9, 1939.

      Resuelto: Enero 10, 1910.

      F. M. Susoni, Jr., abogado de los apelantes; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Lamer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Gregorio Rodríguez y Santos Ocasio fueron convictos del delito de libelo infamatorio. Alegan que la corte de distrito-cometió error al dictar sentencia por la prueba aducida en el juicio, toda vez que la hoja suelta en cuestión era una co-mimicacióii privilegiada, y el fiscal estaba en la obligación de probar con prneba extrínseca la malicia por parte de los acusados.

El artículo publicado imputaba a Ernesto Machado, por licía insular, una serie de actos criminales. La corte de dis-trito declaró sin lugar una moción de nonsuit presentada. Los acusados no ofrecieron prueba. No se pretendió demos-trar que los cargos contra el policía fueran ciertos o que los acusados tenían razón para creer que así lo eran. Nada ha-bía que indicara que la publicación de la hoja suelta se hizo con sana intención y para fines justificables o que hubo oca-sión o motivo propicios o justificación o excusa para su pu-blicación.

Los artículos 245, 246 y 251 del Código Penal proveen:

“Artículo 245. — Se presumirá maliciosa toda publicación inju-riosa, si no se probare que hubo motivo justificable para hacerla.
“Artículo 246. — En todos los procesos promovidos por libelo, se podrá testificar la verdad ante el tribunal o jurado, y si éste estimare ser cierto lo denunciado como infamatorio, y haberse publicado con sana intención y para fines justificables, deberá absolverse libremente al acusado; incumbiendo al jurado determinar las cuestiones de he-cho y de derecho.”
“Artículo 251. — Una comunicación dirigida a persona interesada en tal comunicación, por otra persona que también lo estuviere, o cuyas relaciones con aquélla justificare la suposición de haber obrado sin malicia, no deberá presumirse maliciosa, sino que se tendrá por comunicación privilegiada.! ’

Los apelantes descansan en la siguiente jurisprudencia: Pueblo v. Polo, 14 D.P.R. 786, 789; Nota al caso de Kennerly v. Hennessy, 19 A.L.R. 1490, 1494; City of Chicago v. Tribune Co., 139 N. E. 86; 28 A.L.R. 1368-1377; Abraham v. Baldwin, 42 So. 591; Quiñones v. J. T. Silva Banking & Commercial Co., 16 D.P.R. 696, y 17 R.C.L. 342.

El Fiscal de esta Corte ha citado: Pueblo v. Sierra, 48 D.P.R. 261; Pueblo v. Lastra Chárriez, 50 D.P.R. 118; Pueblo v. Mirayes, 52 D.P.R. 319; 2 Wharton Criminal Law, pág. 2302, sec. 1979; Id., 2026, sec. 2012; 2 Brill Criminal Encyclopedia 1340, sec. 808; Id. 1348, sec. 811, 813.

El alegato de los apelantes lia dejado de convencernos de que la Roja suelta era nna comunicación privilegiada.

La sentencia 'CtpeMda debe ser confirmada.


text:
    Isidoro Álvarez González, demandante y apelante, v. Lorenzo Jiménez Soto, demandado y apelado.
    Núm. 7925.

    Sometido: Diciembre 13, 1939.

      Resuelto: Enero 10, 1940.

      Antonio L. López, abogado del apelante; Francisco González Fa-gundo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Isidoro Alvarez González, alegando ser dueño de cierta finca urbana contigua a otra del demandado, instituyó este pleito para retener la posesión de cierto callejón qne separa ambas fincas. La perturbación consistió, según la demanda, en qne a partir del 19 de febrero de 1937 el demandado per-sonalmente y auxiliado por varios obreros procedió a demo-ler en gran parte el mnro de cierre de sn propio edificio, lin-dante con el del demandante, y levantó nn nnevo mnro de concreto adosado al mnro contigno de la panadería^ del de-mandante, en tal forma qne cierra nna pnerta qne comunica dicha panadería con el referido callejón, despojando de ese modo al demandante de la posesión del referido callejón y del aso de dicha pnerta que le es indispensable tener abierta para el funcionamiento del horno de sn panadería.

Contestó el demandado negando algunas de las alegacio-nes de la demanda y admitiendo otras, y como defensa alegó:

“Qne en la Corte de Distrito de Ilumacao se radicó el 4 de mayo de 1936, bajo el número 19445 una demanda sobre injunction para retener la posesión, presentada por Eugenio Jiménez Solá, que era en aquella época arrendatario de la finca B (la del demandado boy), contra Isidoro Alvarez González, en cuyo pleito está envuelta la misma cuestión que se discute en el presente, o sea la posesión material del referido callejón.” (Paréntesis y bastardillas nuestros.)

Fue el caso a juicio, se oyó la prueba del demandante, inmediatamente después tuvo efecto nna inspección ocular, y en fecha posterior se practicó la prueba del demandado como parte de la cual se ofrecieron y fueron admitidos los autos del caso civil número 19445.

El 29 de septiembre de 1938 se desestimó la demanda a virtud de una sentencia basada única y exclusivamente en la defensa que alegó el demandado, de existir otra acción pen-diente entre las mismas partes por la misma causa.

La principal cuestión a considerar en este recurso es: ¿Existía una acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa al radicarse este pleito y dictarse la correspondiente sentencia?

De los autos resulta que el 4 de mayo de 1936 Eugenio Jiménez Solá estaba en posesión de la finca que se alega es hoy del demandado, a virtud de un contrato de arrendamiento celebrado por dicho Sr. Eugenio Jiménez Solá con el enton-ces dueño de dicha finca, Ricardo Pérez. Que el referido Eugenio Jiménez Solá en su carácter de arrendatario esta-bleció el pleito número 19445 contra el hoy demandante, Isi-doro Álvarez González, para retener la posesión del callejón en controversia. Que con posterioridad a la radicación del pleito número 19445, la panadería que había sido arrendada a Eugenio Jiménez Solá fué vendida por su dueño Ricardo Pérez a Gustavo Jiménez Solá, quien se halla en la actuali-dad en la posesión civil y natural del inmueble; que el 24 de febrero de 1937 se radicó la demanda de este caso a la cual nos hemos referido al principio de esta opinión.

Sostiene el abogado del demandado apelado que la corte inferior no erró, como alega el apelante, al desestimar la de-manda por existir una acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa. Arguye el abogado del deman-dado apelado que la causa de acción en los casos 19445 y 20250, que es la que nos ocupa, es la misma, por cuanto uno y otro tienen por objeto retener la posesión del callejón en controversia; que las partes son las mismas, porque la acción en el caso 19445, al ser instituida por Eugenio Jimé-nez Solá como arrendatario equivalía a ser la acción del arrendador o dueño entonces, Sr. Ricardo Pérez, y que ha-biendo este último vendido la finca arrendada a su actual dueño y poseedor Gustavo Jiménez Solá, este último es cau-sahabiente de Ricardo Pérez, y por consiguiente equivale a ser el demandante en el caso número 19445. Debemos acla-rar que de la evidencia resulta que el ahora demandado, Lorenzo Jiménez Soto, no es dueño de la finca sino que realizó los actos que le imputa el demandante en representación y como empleado de su hijo Gustavo Jiménez Solá.

& Puede sostenerse bajo las circunstancias expresadas que las partes en el caso civil número 19445 aun pendiente, son las mismas que en el 20250 motivo de este recurso? La con-testación la encontramos en el artícnlo 1450 del Código Civil (ed. 1980) qne literalmente dice:

“El arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero becbo qne nn tercero cansare en el nso de la finca arren-dada; pero el arrendatario tendrá acción directa contra el pertur-bador.
“No existe perturbación de becbo cuando 1 tercero, ya sea la administración, ya un particular, ba obrado en virtud de un derecho que le corresponde.”

De acnerdo con el transcrito artículo, la acción qne esta-bleció Eugenio Jiménez Solá en su carácter de arrendatario fue una acción directa contra el supuesto perturbador, acción que le concede la ley, no en representación del dueño arren-dador como pretende el abogado del demandado, sino por su propio derecho como arrendatario. Se trataba de una per-turbación de becbo, según alegaba el demandante Eugenio Jiménez Solá, y siendo ello así, él podía establecer tal acción independientemente del dueño de la finca por el solo becbo de ser arrendatario, de acuerdo con el artículo 1450. Véase 10 Manresa, Código Civil Español (ed. 1908), págs. 563 y siguientes.

En tal acción no era parte, y por consiguiente no que-daba obligado por la sentencia el entonces dueño de la finca Ricardo Pérez, y si éste no era parte ni quedaba obligado por la sentencia que pudiera dictarse, .¡¡en qué derechos de él, en lo que a dicha causa de acción se refiere, podría subrogarse Gustavo Jiménez Solá al comprarle la finca? Si ningún de-recho tenía Pérez en la causa de acción establecida por el arrendatario, ningún derecho podía transmitir al comprador, ya que nadie puede dar lo que no tiene. [3] Además, al tiempo de radicarse la demanda en el presente caso, Eugenio Jiménez Solá había cesado como arrendatario, y siendo ello así, reclamando él solamente la posesión de que alegaba haber sido privado por el ahora demandante, al cesar él en el arrendamiento cesó también en la posesión de la finca arrendada y por consiguiente su acción para retener la po-sesión resultó académica desde ese momento.

Aparte de que a nuestro juicio la acción establecida en el caso número 19445 prácticamente está extinguida y es aca-démica, no podemos convenir con el demandado apelado que las partes en aquel caso son las mismas que en el de autos.

Como en el presente caso se practicó prueba que no ha sido considerada por la corte inferior y además tuvo efecto la inspección ocular a que nos hemos referido, de cuyo resul-tado nada se dice en los autos, no nos creemos en condicio-nes de poder dictar la sentencia que debió dictar en el pre-sente caso la Corte de Distrito de Humacao, por lo que pro-cede declarar com, lugar <el recurso, revocar la sentencia -ape-lada, y devolver ■el caso a la corte, inferior para ulteriores procedimimtos no inconsistentes -con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Ignacio Delgado, demandante y apelado, v. Arturo Roger y su esposa María de Pool, demandados y apelantes.
    Núm. 8033.

    Sometido: Enero 8, 1940.

      Resuelto: Enero 12, 1940.

      R. Ramírez P-abón, abogado de los apelantes; Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada pide la desestimación del recurso inter-puesto en este caso por falta de diligencia en su tramitación. La apelante se opuso por escrito y oralmente en la vista de la moción celebrada el oebo de enero actual con asistencia de los abogados de ambas partes.

De los antos resnlta que la parte apelante en julio 6, 1939, acudió a esta Corte Suprema en solicitud de un nuevo tér-mino para tramitar la transcripción, por haberse dejado pa-sar un día por el taquígrafo sin solicitar la prórroga corres-pondiente. Se acompañó un affidavit de méritos y esta Corte concedió el nuevo término solicitado.

Continuó la corte de distrito concediendo sucesivas pró-rrogas a instancias del taquígrafo, la última de las cuales lo fué el dos de enero en curso. De suerte que está viva en dicha corte la tramitación.

Eso no obstante podría ser desestimado el recurso dados los términos en que está redactada la regla 50 del Regla-mento de este tribunal, 17 D.P.R. LNX1Y, a saber, “Expi-rado el término de noventa días desde la fecha en que se pre-sentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas concedidas por la corte inferior, el tribunal a discreción po-drá desestimar una apelación ... si se probare que el ape-lante no ha proseguido . . . con la diligencia debida . . . ”, y a ello nos inclinaríamos a no ser porque uno de los docu-mentos acompañados a la impugnación de la apelante de-muestra que el taquígrafo en prueba de que está en realidad preparando su trabajo radicó en la corte sentenciadora la parte de la transcripción que tenía lista el 7 de enero en curso formada por ciento doce folios a maquinilla.

En tal virtud ejercitaremos nuestra ¡discreción en el sen-tido de no desestimar el recurso, pero con permiso a la parte apelada de reproducir su moción dentro de tm mes contado a partir de esta fecha, si la parte apelante no ultima la tra-mitación radicando los autos en la Secretaria de este tribunal.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Federico Olmeda, acusado y apelante.
    Núm. 7845.

    Sometido: Noviembre 24, 1939.

      Resuelto: Enero 12, 1940.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Federico Olmeda fué juzgado y convicto en mayo 11, 1939, del delito de homicidio involuntario a virtud de una acusa-ción radicada el 27 de marzo, 1936. Al serle leída la acusa-ción el 10 de abril, 1936, él hizo la alegación de inocente, so-licitó juicio por jurado, y pidió que el caso se señalara du-rante el próximo término de causas criminales. Algún tiempo después se señaló para juicio el 16 de junio del referido año. En junio 12 el acusado renunció al derecho que tenía a un juicio rápido, mas hizo constar que no tenía intención alguna de demorar innecesariamente la causa. Expresó su disposi-ción a entrar a juicio dentro de diez días o en el próximo término de la corte y solicitó la posposición por diez días o en su defecto hasta que el caso pudiera señalarse de nuevo. La moción se basó en los siguientes motivos:

El acusado fué citado en junio 9 para que compareciera el 16 para juicio. Residía en Mayagüez y sus abogados en San Juan. Había remitido la citación el 10 de junio a sus abogados en San Juan. Éstos la recibieron el día 11 a las 4 de la tarde. Ellos tra-taron inmediatamente de comunicarse con el acusado pero sin éxito alguno. Uno de ellos fué a Mayagüez en la mañana del 12 con el objeto de presentar la moción.
Los abogados del acusado no tuvieron tiempo suficiente para pre-parar su prueba, citar testigos e investigar ciertas cuestiones legales que el caso envolvía. Cuando recibieron la citación ya tenían com-promisos previos para el lunes 15 de junio, lo que les bacía impo-sible preparar el caso debidamente para juicio o estar en Mayagüez para preparar su prueba.

El fiscal de distrito se allanó y el juez ordenó la suspen-sión del juicio sin señalar el caso de nuevo.

En marzo 2, 1937, el abogado del acusado radicó una mo-ción para que se le citaran cuatro testigos, todos los cuales residían en Mayagüez. De la moción se desprende que el juicio había sido señalado para el siguiente día 3 de marzo.

Un asiento en las minutas del 2 de marzo revela que el juicio fue pospuesto a moción del fiscal, quien anunció otro término por jurado para los meses de marzo y abril. En-tonces el secretario de la corte telegrafió a los abogados del acusado manifestándoles que el juez, a moción del fiscal, ha-bía suspendido el resto de los casos por jurado, incluyendo el del Pueblo v. Olmeda, hasta que los mismos fueran seña-lados de nuevo. En marzo 9 el acusado solicitó que el caso se señalara inmediatamente para juicio, protestó de la sus-pensión ordenada sin notificársele u oírsele y alegó que como resultado del accidente que dió origen al proceso había es-tado privado por largo tiempo de su placa y licencia de chó-fer y de los medios de ganarse la vida; y que se había pre-parado para juicio incurriendo en gastos, puesto que sus abogados residían en San Juan.

El juez ordenó que el caso fuese señalado para el próximo término de causas criminales.

De un asiento en las minutas de junio 29, 1937, se des-prende que el juez, a moción del fiscal, basado en lo tarde de la hora, nuevamente pospuso el juicio hasta que se señalara el caso de nuevo.

De las minutas de febrero 9, 1938, aparece que el caso fué señalado una vez más para el 10 de febrero, y que el juez, a moción del fiscal, que padecía de una afección de la gar-ganta, volvió a ordenar la suspensión del caso hasta nuevo' señalamiento.

En agosto 27,1938, el acusado, en una moción suscrita por él mismo, solicitó el archivo de la causa a tenor de las dispo-siciones del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Adujo la mayoría de los hechos que anteceden, in-cluyendo la aseveración de que durante todo el tiempo trans-currido él se había visto privado de su placa y licencia y de los medios de ganarse la vida como chófer; y agregó que en todo momento durante los últimos dos años, dos meses y trece días, transcurridos desde la posposición solicitada por sus abogados, él había estado dispuesto a entrar a juicio; y que las varias suspensiones habían sido decretadas a instancias del fiscal y sin culpa alguna de su parte.

En 29 de agosto se señaló la moción del acusado para el 9 de septiembre. De los autos se desprende que el acusado y el fiscal fueron notificados del señalamiento. El acusado no compareció el 9 de septiembre, y la vista se pospuso a instancias del fiscal hasta que se señalara de nuevo la mo-ción. De los autos aparece que el acusado fué notificado el 22 de septiembre. El 26 de enero, 1939, la moción fué otra vez señalada para el 28 del mismo mes. Fuera de la cláu-sula corriente en la orden al efecto de que ésta debía ser no-tificada, nada hay que demuestre que el acusado recibiera la notificación de la misma.

El acusado no compareció en la vista señalada para el 28 de enero, y la corte, a instancias del fiscal, declaró sin lugar la moción por haber dejado el acusado de comparecer.

En mayo 9, 1939, y en otra moción para que se archivara y sobreseyera la causa a base del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el acusado nuevamente adujo los hechos que anteceden, notificando al fiscal de distrito con co-pia de su moción. Al ser llamado el caso para juicio el 11 de mayo, los letrados del acusado llamaron la atención de la corte hacia esta moción, y sometieron la misma. El juez, sin esperar que el fiscal informara y sin que éste hiciera gestión alguna, prontamente declaró sin lugar la moción.

El único caso citado por el fiscal de esta corte en apoyo de su contención de que la sentencia de la corte de distrito debe ser confirmada, es el Pueblo v. Ortiz, 51 D.P.R. 379. La lectura de la opinión emitida por esta corte en dicho caso bastará para distinguirlo del presente.

En Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772, 782, este tribunal, in-terpretando el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dijo:

"De acuerdo con este artículo cuando no se demuestre justa causa, la corte está obligada perentoriamente a sobreseer la causa. Si no se demuestra justa causa creemos que la corte carece absolutamente de discreción. El derecho que tiene un hombre acusado de un delito a la celebración del juicio dentro del término de 120 días y el deber de la corte de sobreseer la causa a falta de tal juicio rápido son eo-extensivos. Cuando nada se demuestra la corte no tiene discreción para negarse a sobreseer la causa.”

Debe revocarse la sentencia 'apelada y sobreseerse el pro-ceso.


author: El Juez Peesidente Señor Del Tubo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Viera González, acusado y apelante.
    Núm. 7854.

    Sometido: Enero 9, 1940.

      Resuelto: Enero 16, 1940.

      Villamil & Santana Becerra, abogados del apelante; R. A. Gómez, Riscal, y Luis Janer, Riscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señor Del Tubo

emitió la opinión del tribunal.

José Viera González, conductor de la guagua de servicio público P-12, fue denunciado por haber infringido el artículo 12, inciso («) y (g) de la Ley de Automóviles, al no ejercer el debido cuidado ni tomar las precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades, guiando su vehículo por la Avenida Ponce de León y doblando por la calle de Norzagaray en dirección Norte sin dar aviso con su aparato de alarma, arrollando al Dr. Walter Voh Zelinski, ocasionándole fuertes contusiones, hecho que ocurrió en esta ciudad de San Juan el 26 de septiembre de 1938 a las nueve y media de la noche.

Vista la causa finalmente en la corte de distrito, se dictó sentencia contra Viera imponiéndosele una multa de quince dólares y en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer.

Apeló el conductor y en un'largo alegato sostiene que no hubo prueba suficiente de los hechos que se le imputaron en la denuncia y que erró la corte al apreciar la evidencia in-troducida por ambas partes y al no admitir el informe que consta en el Libro de Novedades del Cuartel de la Policía de San Juan sobre el hecho denunciado para contradecir la declaración de un testigo en cuanto a la forma en que ocu-rrió el accidente. También extensamente el fiscal impugna las argumentaciones del apelante.

Hemos leído la denuncia y la prueba y a nuestro juicio la sentencia recurrida debe confirmarse.

Todo el énfasis de la argumentación se pone por la de-fensa en que a su juicio según la prueba fué el Dr. Von Ze-linski el que distraídamente chocó con la gnagna y no la gua-gua la que con él chocara, perdiéndose de vista que no son las serias lesiones que el doctor sufriera lo que constituye la infracción denunciada, si que el acto del conductor al doblar por la calle de Norzagaray sin dar aviso, esto es, sin tomar las debidas precauciones para garantía de personas y pro-piedades. El daño causado completa el cuadro, da color al acto, ilustra la necesidad de la regla, pero no constituye, re-petimos, la infracción.

Dice la ley infringida, o sea el art. 12, incisos (>a) y (g) de la Ley núm. 75 para reglamentar el uso de vehículos de motor, Leyes de 1916, pág. 152:

“Art. 12. — (o) Las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cui-dado y tomar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades.
“ (g) Al acercarse al cruce o unión de calles y caminos, o a una casa escuela, durante horas en que sea probable la entrada o salida de estudiantes, la velocidad deberá ser reducida, dando debido aviso con el aparato correspondiente. Las mismas precauciones deberán tomarse al acercarse a un tranvía urbano que esté detenido para tomar o dejar pasajeros, y ningún vehículo de motor pasará a una distancia menor de ocho pies de dicho tranvía urbano.”

Y la prueba en cuanto a que el conductor denunciado no dió aviso con su aparato de alarma al doblar por la calle de Norzagaray desde la Avenida Ponce de León, es tan clara que no cabe ni siquiera discutirse.

Procede, en tal virtud, desestimar el recurso, sin necesi-dad de seguir al apelante en su discusión de la prueba en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente, ni en cuanto a si la corte erró o no al rechazar la evidencia del registro po-licíaco en relación también con la forma en que ocurrió el indicado accidente. Sin embargo, parece conveniente indicar que el estudio que de la transcripción hemos hecho, nos lie-varía a concluir que estuvo acertada la Corte de Distrito cuando, al razonar su sentencia, se expresó como sigue:

“Para la Corte es increíble la teoría de la defensa de que este Doctor Yon Zelinski al ir cruzando fuera a chocar con la caja de-recha de la guagua y recibiera la fractura de las dos piernas y gol-pes en la espalda de tal naturaleza que estuviera recluido en el Hospital seis semanas y después en tratamiento. Para recibir la frac-tura de las dos piernas y los golpes que recibió tenía que haber sido un golpe muy violento que demuestra que la guagua al dar la vuelta por la esquina do Norzagaray y Ponce de León lo hizo a velocidad sin tomar las debidas precauciones, sin dar señal de aviso, según dice toda la prueba, que no tocó klaxon ni bocina, y no necesariamente puede causarse daño a una persona dándose con el frente del ve-hículo : se puede dar a una persona con el lado del vehículo.'1 ’

Se confirma la sentencia apelada.