text:
    José Ramos Flores, demandante y apelante, v. Ulpiano Castillo, demandado y apelado.
    Núm. 8996.

    Sometido: Diciembre 7, 1944.

      Resuelto: Diciembre 20, 1944.

      Sergio León Lugo, abogado del apelante; R. Hernández Matos, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de marzo de 1948 el demandante entabló pleito por $450 ante la corte municipal contra el demandado, un deta-llista. Basaba sn cansa de acción en qne se le había cobrado de más la suma de 45% centavos por nueve artículos alimen-ticios que alegaba el demandante había comprado en el esta-blecimiento del demandado. El demandante reclamaba $50 por cada uno de los nueve cobros excesivos, de conformidad con la Ley Federal de Emergencia sobre Control de Precios de 1942. La corte municipal, luego de celebrar una vista, con-cedió al demandante la suma de $100, y $26 para costas y honorarios de abogado. El demandante no apeló. El de-mandado, sin embargo, apeló a la corte de distrito, que oyó el caso y dictó sentencia a favor del demandado.

Nos confrontamos primeramente con la contención de que esta corte no tiene jurisdicción para conocer de la apela-ción del demandante. La teoría del demandado es que al no apelar el demandante de la sentencia de $100, después de haber reclamado en su demanda $450, convirtió el caso, en-lo que respecta al demandante, en un pleito de $100. Y por tanto, cuando la corte de distrito resolvió a favor del deman-dado sobre la base de la apelación de éste, no procede la ape-lación* del demandante ante esta corte contra esa sentencia, en vista del hecho de que la reclamación del demandante ya’ no excedía de $300. (Artículo 295, Código de Enjuiciamiento Civil, ed.. 1933).

No podemos convenir con esta contención. La apelación a la corte de distrito exigía un juicio de novo. Por tanto, la sentencia de la corte.municipal en efecto legal fué elimi-nada, y la corte de distrito tenía ante sí solamente la de-manda original por $450. Y al desestimarse, dicha demanda, el demandante tenía derecho a apelar ante esta corte.

Cuando examinamos los méritos del caso, encontramos un manifiesto conflicto en la prueba ante la corte de distrito. El demandante y sus testigos declararon que aquél había comprado los artículos en cuestión y otros artículos más; que el dependiente del establecimiento había hecho una lista en papel de estraza de los artículos comprados, poniéndole sus precios; y que el demandante después hizo una declaración a ese efecto en la oficina local de la O.A.P.

Por otro lado, el demandado, el cajero del establecimiento y otros clientes declararon que el demandante había entrado al establecimiento acompañado de dos personas; qne le en-tregó al dependiente nn papel de estraza con la lista de los artículos y sus precios ya escritos; que el dependiente se negó a venderle los artículos al demandante a dichos pre-cios debido a que excedían los precios máximos fijados a los mismos; y que el dependiente había llamado al demandado, quien era el dueño, confirmando éste la negativa del depen-diente; y que entonces el demandante abandonó el estable-cimiento sin comprar nada. '

La explicación de- que el demandante entró al estableci-miento con una lista preparada de precios sería en el caso corriente una explicación dudosa de ésta transacción. Cier-tamente tales listas son de ordinario preparadas por el de-pendiente del establecimiento. Sin embargo, como indica el demandado, al presente tales listas se hacen corrientemente en una libreta de órdenes y no en papel de estraza. Y no se puede dudar que la liberal disposición de daños es una espada de doble filo: detiene a los delincuentes, pero tam-bién se .presta a que reclamantes inescrupulosos hagan mal uso de ella.

En este caso la corte de distrito resolvió en efecto que éste era un caso preparado de antemano. Hubo prueba para justificar esta conclusión. Por tanto, no estamos autoriza-dos en decir que hubiéramos llegado a una conclusión, con-traria, en vista del hecho de que la resolución de la corte inferior no es enteramente irracional. Como cuestión de hecho, es difícil creer que una persona que vende sobre los precios máximos de ordinario entregaría prueba escrita de ello haciendo una lista con los precios ilegales. Añadimos que la contención del apelante de que la corte de distrito actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad no tiene base en el récord.

El apelante también señala como error el no haber la corte inferior admitido en evidencia la declaración del demandante prestada ante nn empleado de la O.A.P. en cuanto a los hechos de este caso. La teoría por la cual el demandante ofreció en evidencia esta declaración fué que el referido pedazo de papel de estraza había desaparecido del archivo de la corte municipal y que la declaración prestada ante la O.A.P. era una copia del mismo.

Es desgraciada la desaparición de este papel. En su forma .original — de puño y letra bien del demandante o del dependiente — hubiera sido de mucha utilidad a la corte de distrito para averiguar la verdad. Pero como una mera de-claración del demandante a la O.A.P. de los hechos de este caso, aún. si asumiéramos que fuera admisible, tendría poco peso, de tener alguno, en la determinación de los hechos. Su exclusión por tanto no fué perjudicial al demandante'.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Antonmarchi, acusado y apelante.
    Núm. 10653.

    Sometido: Diciembre 19, 1944.

      Resuelto: Enero 8, 1945.

      B. Hernández Matos, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del . Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

      (1) ‘ ‘ Sección 1. — Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa imputa-ción hedía de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comisión de heeho constitutivo de delito.

        ' ‘ Sección 2. — Entiéndese también por calumnia todo relato (texto español: palahra) (texto inglés: tale) o informe (texto español: concepto) (texto in-glés: report) proferido maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito, menos-precio do otra persona natural o juúdiea.
      “Sección 3. — Se presumirá maliciosa y será calumnia proeesable toda expre-sión calumniosa hecha públicamente en presencia o en ausencia de la persona agraviada. ’ ’

   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue declarado culpable por la' Corte de Dis-trito de Ponce de un delito de calumnia e injuria y senten-ciado a pagar una multa de cincuenta dólares. En este re-curso alega que la corte inferior erró: 1, al declarar sin lu-gar la excepción perentoria basada en la falta de becbos en la denuncia para constituir el delito imputado y 2, al decla-rar culpable al acusado basándose en una prueba insuficiente.

En la denuncia en este caso se alegó que el acusado “ilegal, voluntaria y maliciosamente, y en ocasión de celebrarse un mitin público, pronunció las siguientes palabras: ‘El Gobernador de Puerto Rico, Rexford Guy Tug-'well, se vendió con Luis Muñoz Marín por un cheque de $1,835, sin haberlo trabajado’, imputando en tal forma a dicho Gobernador Rexford G. Tugwell de Puerto Rico, falsa, y maliciosamente y públicamente, la comisión de un hecho constitutivo de delito, todo a sabiendas de su falsedad y en descrédito y menosprecio de'dicho funcionario.”

Interpretando el alcance y aplicación de las secciones 1, 2 y 3 de la ley de 9 de marzo' de 1911 para definir y casti-gar el delito de calumnia e injuria claramente dijo esta corte, desde el año 1914, en el caso de El Pueblo v. García, 21 D.P.R. 163, 168, lo siguiente:

“La ‘expresión calumniosa’ a que hace referencia la sección 3, deberá contener, desde luego, palabras que sean calumniosas de acuerdo con una u otra de las definiciones dadas a dicha frase en las secciones 1 y 2, pues de otro modo no será calumniosa. Que nin-guna imputación, por falsa y maliciosa que sea puede constituir calumnia con arreglo a la sección 1, a menos que el cargo imputado fuere ]a comisión de algún hecho constitutivo de delito, es una cues-tión que no admite discusión alguna. Es asimismo evidente que la sección 2 se refiere únicamente a ‘un relato’ (tale), (el testo cas-tellano de la ley dice ‘toda palabra’), o ‘informe’ (report'), (en la edición castellana ‘concepto’), y no puede ser considerada dicha sec-ción m'ediante un esfuerzo de imaginación, de conformidad con nin-guna regla de interpretación que pueda ser susceptible de aplicación al interpretarse un estatuto penal, como que comprende alguna pala-bra o combinación de palabras que no sean equivalentes a ‘un relato’ (tale) o ‘informe’ (report), por mucho que dicha palabra o frase tienda a perjudicar el honor, reputación o méritos de una persona natural o institución social.”

Que la denuncia en el caso de autos está predicada en la sección primera de la ley no cabe duda alguna ya que ex-presamente én ella se dice que las palabras que pronunció el acusado en un mitin público y que se estimaron calum-niosas por el policía denunciante imputaron al Gobernador ■“la comisión de un hecho constitutivo de delito”. Como hemos visto, las palabras, nervio de la denuncia, son las si-guientes: “El Gobernador de Puerto Rico Rexford Guy Tugwell se vendió con Luis Muñoz Marín por un cheque de $1,835, sin haberlo trabajado”.

Somos de opinión que estas palabras tendían a imputar la comisión de un delito de soborno. En el concepto general y corriente que tiene la imputación que se hace a un funcio-nario público el hecho de haberse “vendido” equivale a de-cir que ha sido sobornado.

En el caso de Pueblo v. Cupril, 57 D.P.R. 117, las pala-bras que se alegaron ser calumniosas al ser pronunciadas por el acusado en un mitin público .y dirigidas a un miem-bro de la Asamblea Municipal de Mayagüez fueron las si-guientes: “Que el señor Antonio Soto se había vendido con el Senador Valdés por"una mueblería que le había puesto en la Calle Libertad” y esta corte resolvió que la denuncia aducía hechos suficientes porque las palabras pronunciadas significan ‘ ‘ que el asambleísta ha vendido su libertad de pen-samiento y acción como miembro de la Asamblea Municipal; en otras palabras que ha aceptado un soborno”.

En igual forma imputarle al Gobernador de Puerto Rico que '“se vendió” por una cantidad de dinero con el Pre-sidente del Senado significa que el Gobernador vendió su libertad de pensamiento y acción como j.efe de la rama eje-cutiva del Gobierno de Puerto Rico, en otras palabras que aceptó un soborno.

No se cometió, pues, el primer error imputado y tampoco el segundo pues la prueba de cargo a la que dió crédito la corte inferior, es suficiente para sostener los hechos alega-dos ,en la denuncia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cecilio Nadal, acusado y apelante.
    Núm. 10652.

    Sometido: Diciembre 8, 1944.

      Resuelto: Enero 8, 1945.

      Armindo GacUUa Ginorio, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Arecibo declaró culpable a Ce-cilio Nadal de nn delito de desacato por perjurio porque al declarar como testigo en un caso criminal que se siguió ante dielia corte contra Ricardo Cepero por un delito de infrac-ción al artículo 7 de la Ley número 14 de 1936 ((2) pág. 129) hizo manifestaciones contrarias a las que había hecho ante-, riormente bajo juramento ante el fiscal en la investigación preliminar del caso. Se alegó en la acusación que la decla-ración del testigo' era esencial al resultado del proceso que se celebraba. En esta apelación sostiene el acusado que la sentencia es contraria a derecho y a la prueba practicada. El fiscal de esta corte solicita la revocación de la sentencia por entender que “Es cosa elemental en materia de perju-rio que éste haya sido cometido en relación con algo esencial y substancial al proceso que se ventilaba, y esa esencialidad es necesario demostrarla en el proceso por perjurio”, y esto no se probó en el presente caso.

Del examen que hemos hecho de la prueba de cargo, única presentada en el caso, hemos quedado convencidos de que la sentencia debe ser revocada.

En la acusación se alegó que la declaración falsa pres-tada por el acusado consistió en haber declarado en corte abierta: “que el acusado . . . había estado en su estableci-miento de mecánico, donde el testigo arregla armas de fuego, . . . hace como dos años y le llevó un revólver para arre-glar y le arregló dicho revólver y se lo devolvió al acusado . . . cuando lo cierto es que bajo juramento declaró contra-rio a lo que dijo en corte abierta, que dicho acusado le llevó el revólver a arreglar como cinco meses atrás partiendo del mes de marzo de 1943”.

Nada hay en la prueba que demuestre o tienda a de-mostrar que la declaración prestada por el acusado en corte abierta fuera esencial en relación con la prueba del delito de infracción a la ley sobre registro de armas imputado a Ricardo Cepero. El fiscal de la corte inferior por medio del testimonio del Jefe de la Policía Sr. Pratts trató de de-mostrar que la declaración del aquí apelante era material al resultado del caso que se celebró contra Cepero, pero al sos-tener la corte inferior una objeción de la defensa al empezar el interrogatorio del fiscal, retiró al testigo, y a pesar de que la corte le indicó que tenía otros medios de probar que la declaración falsa era esencial, el fiscal no presentó prueba alguna a dicho fin.

Vista la sección 1 de la Ley número 41 de 1911 (Código Penal, ed. 1937, pág. 69) y los casos de Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255 y El Pueblo v. Marchany, 61 D.P.R. 699, -procede la revocación de la sentencia apelada y la absolución del acusado.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    La Sociedad Civil Agrícola e Industrial en Comandita “Wirshing & Compañía, S. en C.,” demandante y apelante, v. Hon. Rafael A. Buscaglia, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8968.

    Sometido: Diciembre 5, 1944.

      Resuelto: Enero 9, 1945.

      Vicente Zayas Pizarro, abogado de la apelante; Eon. Procurador General Interino Jesús A. González y J. Rivera Barreras, Procu-rador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

eínitió la opinión del tribunal.

La sociedad demandante, dneña de la Central Bocachica, radicó ante la Corte de Distrito de Ponce nna demanda contra el Tesorero de Puerto Rico solicitando la devolución de $1,206.33, que alegó haber pagado bajo protesta, por con-cepto de primas de seguro de obreros, más intereses, costas y honorarios de abogado. He aquí un resumen de los he-chos esenciales alegados en la demanda:

Durante los años económicos 1940-41 y 1941-42, la de-mandante transportó todos sus productos a través de la firma “García Hermanos, Sucesor”, contratista indepen-diente. Este suplía todos los vehículos y contrataba por su cuenta y riesgo los obreros y empleados encargados del ma-nejo de dichos vehículos, sin que en ello interviniera en modo alguno la demandante. Durante esos dos años, el contratista mantuvo a los obreros y empleados contratados por él ase-gurados en el Pondo del Seguro del Estado, a cuyo efecto le fueron expedidas las pólizas .correspondientes y se le co-braron las primas que le fueron impuestas por el Adminis-trador.

En las nóminas presentadas al Pondo del Seguro del Es-tado, por los años 1940-41 y 1941-42, la demandante no in-cluyó los salarios pagados a los obreros o empleados que trabajaban para el contratista independiente; y tampoco los incluyó en sus nóminas para el año 1942-43, porque se pro-ponía utilizar también durante ese año, los servicios de Gar-cía' Hermanos, Sucesor, como contratista independiente.

El Tesorero requirió a la demandante para que pagase las primas correspondientes a los tres años mencionados, ale-gando que el contratista independiente no había pagado las correspondientes a los dos primeros años, y en cnanto al año 1942-43, el Tesorero asumió que la demandante habría de realizar la transportación por sn cuenta y no a través de un contratista: Habiéndose negado la demandante a pagar di- ’ chas primas, el Tesorero le notificó que si no las pagaba se le consideraría como patrono no asegurado por el año eeo- , nómico 1942-43. La demandante pagó entonces, bajo pro-testa, al Colector de Rentas Internas de Ponce, las cuotas correspondientes a los dos primeros y al primer semestre de 1942-43 ascendentes a un total de $1,206.33.

Alega la demandante que el cobro que se le ha hecho es' •ilegal: (1) porque el contratista mantuvo a sus obreros ase-gurados en el Fondo' del Estado durante los dos primeros años y pagó las primas correspondientes; (2) porque si se aceptara hipotéticamente que el contratista no pagó dichas cuotas, entonces el contratista y la demandante deberían ser declarados patronos no asegurados durante esos dos años, en cuyo caso 'el Departamento de Hacienda no tendría derecho a cobrar las primas, ya que el período por el cual se trata-de cobrarlas ha transcurrido; (3) porque la imposición pre-liminar hecha ppr el Tesorero para el año 1942-43, es con-traria a la ley, puesto que el servicio de transporte de la de-mandante, durante ese año, ha de efectuarse por un contra-tista independiente, quien asegurará a sus obreros en el Fondo del Estado; y, además, por haber la demandante interpuesto una alzada ante la Comisión, Industrial en cuanto' a las pri-mas fijadas por el Administrador del Fondo para dicho año; y (4) por no existir nexo jurídico alguno entre la demandante y los obreros del contratista independiente, el cual se dedica al negocio de porteador público.

El demandado solicitó y obtuvo el traslado de la causa a la Corte de Distrito de San Juan y formuló excepción previa ‘a la demanda, alegando que los hechos expuestos no son su-ficientes para determinar uña causa de acción y que la corte de distrito carece de jurisdicción para conocer del caso.

En abril 28 de 1944, la corte inferior dictó sentencia de-clarando con lugar la excepción previa y desestimando la demanda por falta de jurisdicción. Apeló la demandante, alegando que la sentencia recurrida es errónea.

Los fundamentos de la sentencia dictada por la corte inferior son:

1. Que las primas por el seguro de obreros no son contri-buciones que puedan ser pagadas bajo protesta y recobradas en una acción ordinaria de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre Pago de Contribuciones bajo Protesta, núm. 8 de 19 de abril de 1927 (pág. 123), según ba sido enmendada.

2. Que el procedimiento que debió seguir la demandante era el de no pagar las primas, esperar a que se le declarase patrono no. asegurado, y entonces apelar para ante la Comi-sión Industrial, en donde tendría oportunidad de exponer las razones por las cuales no estaba legalmente, obligada a pa-gar dichas primas; y, en último extremo, recurrir para ante la Corte Suprema si la decisión de la Comisión le fuere ad-versa.

Para poder resolver la cuestión jurisdiccional envuelta en este recurso, es preciso que hagamos un detenido estudio de nuestra legislación sobre pago de contribuciones bajo pro-testa y también de la ley que provee para el pago de indem-nizaciones por accidentes del trabajo.

La sección 1 de la Ley número 8 de 19 de abril de 1927, “Disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta”, se-gún quedó enmendada pbr la Ley número 17 de 21 de noviem-bre de 1941 ((2) pág. 55), bajo la cual se ampara la deman-dante, dispone que “cuando un contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, 'excepción hecha de las contribuciones sobre propiedad, herencia e in-gresos, para .el pago de las cuales existen procedimientos específicos en las leyes correspondientes”, dicho contribu-yente estará obligado a pagarla a requerimiento del funcio-nario encargado de la recaudación, pero podrá hacer el pago bajo protesta, en la forma especificada en la misma sección.

La sección 2 de la misma ley autoriza al contribuyente que ha efectuado el pago bajo protesta para demandar al Tesorero de Puerto Rico ante la corte de distrito correspon-diente para obtener la devolución de la cantidad pagada bajo protesta. La misma sección dispone, que si la sentencia fuese favorable al contribuyente, “el Tesorero procederá a reinte-grar la suma que se ordene en la sentencia con cargo a cua-lesquiera fondos disponibles en el Tesoro público”.

¿Son las primas de seguro de obreros, impuestas y cobra-das a un patrono de acuerdo con’las disposiciones de la “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, aprobada en 18 de abril de 1935, contribuciones que puedan ser paga-das bajo protesta y recobradas mediante acción ordinaria ante una corte de distrito, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927, enmendada por la Ley núm. 17 de 21 de noviembre de 19411 De la contestación que demos a esta pregunta dependerá la decisión del presente recurso.

La corte inferior opinó que de acuerdo con las leyes sobre indemnizaciones a obreros (Ley núm. 10 de 1918 [pág. 55], enmendada por la núm. 102 de 1925 [pág. 905] y la Ley núm. 85 de 14 de mayo de 1928 ;[pág. 631]) vigentes con anterioridad a la presente Ley núm. 45 de 18 de arbil de 1935, las cuotas o primas de seguro de obreros participaban en cuanto a su imposición y recaudación de la naturaleza de contribuciones. En efecto, los artículos 11, 12 y 13 de la “Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo”, núm. 10 de 1918, enmendados por la Ley núm. 102 de 1925, autorizaban al Tesorero de Puerto Rico para imponer, tasar y recaudar de todo patrono comprendido en la ley, semestralmente y por anticipado las cuotas anuales sobre el importe • de los jornales pagados a los obreros que tuvieren derecho a los beneficios de la ley. Las cuotas debían ser ingresadas en el Tesoro Insular, en el Fondo de Depósito establecido por dicha ley. Disponía el artículo 11 que si el patrono no pagaba las cuotas dentro del plazo coneedídole, el Tesorero, sin excusa ni dilación alguna “ trabará embargo sobre cuales-quiera bienes del patrono y procederá al cobro de la cuota adeudada, como si del cobro de la contribución sobre la pro-piedad se tratare”. El artículo 12 disponía que “el cobro de estas cuotas tiene carácter preferente sobre cualquier otra deuda del patrono y que la misma constituirá un gravamen sobre la propiedad del patrono tan pronto dicha cuota deje de ser satisfecha al aviso de pago”. Idénticas disposiciones se encuentran en las secciones 38, 39 y 40 de la Ley núm. 85 aprobada en mayo 14 de 1928.

La “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, núm. 45 de 18 de abril de 1935, ahora vigente, dispone bajo el capítulo “Tasación y Cobro dé Primas”, art. 25, que el Administrador del Pondo del Estado es el funcionario autori-zado “para tasar e imponer” a los patronos cuotas anuales sobre el importe total de los jornales pagados a sus obreros durante el año anterior a la imposición de las cuotas; que la recaudación de las cuotas se llevará a cabo por el Teso-rero de Puerto Rico, a través de los Colectores de Rentas; y que dichas cuotas, una vez recaudadas, serán ingresadas en el Pondo del Seguro del Estado. ■

La ley de 1935 ahora en vigor, por la cual quedaron de-rogadas todas las anteriores, no contiene disposición alguna que autorice al Tesorero de Puerto. Rico a cobrar las cuotas de seguro de obreros mediante el procedimiento sumario au-torizado por la ley para el cobro de contribuciones sobre la propiedad. De acuerdo con la ley, dos son los efectos legales de la falta de pago de las cuotas por un patrono comprendido dentro de las disposiciones del artículo 1, inciso 2 de la misma ley. Dispone el artículo 25 que el pago de las cuotas dentro del término señalado por el Administrador “será un requi-sito indispensable para que el Administrador pueda darle efectividad a cualquier póliza de seguro”. El artículo 27 provee que “cualquier accidente que.ocurra antes de verifi-carse el pago, será considerado como un caso de patrono no asegurado”, a menos que- el pago se verifique dentro del plazo concedido por el Administrador, en cuyo caso el se-guro empezará a regir desde la fecha del archivo dé la no-mina. Las responsabilidades civiles en que incurre el pa-trono que por dejar de pagar las cuotas debe ser considerado .como/‘patrono no asegurado”, están claramente especifica-das en el artículo 15 de la ley. El artículo 17 es el que pro-vee la sanción penal que puede imponerse al patrono que estando obligado a asegurarse dejare de hacerlo.

Otra diferencia esencial entre las contribuciones pagadas bajo protesta y las cuotas de seguro de obreros es que las primeras, si son pagadas bajo protesta, pueden ser devueltas por el Tesorero con cargo a cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro público, mientras que las segundas, una vez sa-tisfechas, no podrán ser extraídas del Fondo. Lo único que puede hacerse es descontar su importe de las primas que hayan de recaudarse en el futuro. Artículos 24 y 26 de la ley.

,[2, 3] La corporación demandante no podía ser obligada a pagar por el Tesorero, mediante el procedimiento de apre-mio, pues no- existe ley alguna que autorice a dicho funcio-nario a cobrar primas de seguro de .obreros por ese procedi-miento sumario. Tampoco tenía la demandante razón alguna para creer que si no pagaba las primas en cuestión el Te-sorero podría declararla patrono no asegurado, pues la'fa-cultad de hacer tal declaración ha sido conferida por la ley (artículo 15) al Administrador del Fondo y no al Tesorero de Puerto Rico.

El propósito del legislador al aprobar la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo fue el de conferir jurisdicción exclusiva a la Comisión Industrial para conocer de todas las apelaciones que puedan' ser interpuestas contra las decisiones dictadas por el Administrador del Pondo de Seguro del Estado. El artículo 10, que es el que concede ese derecho de apelación al obrero que no estuviere conforme con la decisión del Administrador, según fue en-mendado por la Ley mini. 43 de 22 de abril de 1942 ((1) pág. 455), contiene la siguiente disposición:

“Disponiéndose, que en los casos de patronos no asegurados tanto el obrero como el patrono podrán acudir a la Comisión Industrial una vez declarado no asegurado el patrono por el Administrador, teniendo el patrono un término de (30) dias para apelar de la deci-sión del Administrador declarándolo no asegurado, y el caso, podrá ser visto por la Comisión Industrial, o por uno de sus Comisionados, siguiéndose en este último caso el procedimiento que más adelante se dispone.”

El artículo 11, enmendado por la Ley núm. 121 de 2 de mayo de 1940 ((1) pág. 729), concede a cualquier parte inte-resada el derecho a solicitar de la Corte Suprema la revi-sión, sobre cuestiones de derecho o apreciación de prueba pericial, de las órdenes o decisiones de la Comisión Industrial.

La jurisprudencia que hemos examinado sostiene que los tribunales de justicia no tienen jurisdicción original para co-nocer de las controversias que puedan surgir de la aplicación o interpretación de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo. Cuando la ley provee, como lo hace la nuestra, el procedimiento que deberá seguirse, tanto por los obreros como por los patronos, para revisar las órdenes o decisiones del Administrador del Pondo y las resoluciones dictadas por la Comisión Industrial, ese remedio es exclu-sivo y ni el obrero ni el patrono pueden invocar la jurisdic-ción original de los tribunales ordinarios para dirimir ante ellos sus controversias. A esos tribunales sólo puede recu-rrirse por vía de apelación o revisión cuando el estatuto así lo disponga. Véanse: State v. Olinger, 70 P. (2d) 317; Maddox v. Industrial Insurance Commission, 119 Wash. 21, 204 Pac. 1057; Cole v. Dept. of Labor and Industries, 137 Wash. 538, 243 Pac. 7; y Puliz v. Dept. of Labor and Industries, 184 Wash., 585, 52 P. (2d) 347. Los artículos 10 y 11 de la ley, supra, marcan en términos claros y precisos el procedimiento que pudo seguir y no siguió la compañía peticionaria. Pudo ésta aguardar a que se la declarase pa-trono no asegurado y apelar de esa decisión para ante la Comisión Industrial y de la resolución de la Comisión para ante esta Corte Suprema, a la cual se confiere jurisdicción para revisar los fallos de la Comisión.

Si la corporación demandante tiene o no derecho a re-clamar del Administrador del Fondo del Seguro del Estado, que la cantidad que le fué exigida por el Tesorero y que ella pagó bajo protesta, le sea descontada de las- cuotas o primas que hayan de serle impuestas en el futuro, es cues-tión que no está ante nos en el presente recurso y por lo tanto no estamos obligados a resolverla.

Por las razones expuestas opinamos que la corte inferior no erró al sostener la excepción previa de falta de jurisdic-ción.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Aociadio Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Márquez, acusado y apelante.
    Núm. 10610.

    Sometido: Diciembre 6, 1944.

      Resuelto: Enero 9, 1945.

      Cruz Ortiz Stella, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de, El Pueblo, apelado.
   El Juez Aociadio Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José Márquez y Julio Delgado fueron acusados de haber violado a Ana Adelina Cruz, realizando con ella actos car-nales valiéndose de la fuerza y de la violencia. Fueron en-juiciados conjuntamente. El jurado absolvió a Delgado y trajo veredicto de culpabilidad contra Márquez, quien fué sentenciado a un año y medio de. presidio con trabajos for-zados. Apeló Márquez y señala tres errores, de los cuales, el de que el veredicto no está sostenido por la evidencia y no-está de acnerdo con la ley, lo discutiremos a continuación por estimarlo bien fundado.

La perjudicada, nna muchacha que a la fecha en que se cometió el alegado delito tenía catorce años y meses, declaró que vivía en un campo de Nagnabo; que el día de autos, allá por el 9 de agosto de 1940, acompañada de dos amigas, Carmen García y Justina Molina, más jóvenes que ella, fné a buscar leña a uu sitio llamado La Peña en el barrio donde vivía; que allí encontraron a Delgado, quien entabló conversación con ella; que dicho acusado, tocándola con la punta de un machete que portaba, le dijo, “¡A que te mató!”, replicando ella, “¡A que no!”; que inmediatamente él le dijo que podía con ella, y acto seguido la agarró en sus brazos y entró con ella en la maleza, gritándole a las amigas que se fueran de allí y amenazándolas con matarlas si decían algo; qne las amigas se alejaron nn poco, escon-diéndose en nn sitio desde donde podían observar lo qne le hacían a ella; qne mientras la llevaba Delgado ella force-jeaba pero qne súbitamente el otro acusado, Márqnez, salió de detrás de nna roca donde estaba escondido, y entre los dos la acostaron en el snelo; qne Delgado le pnso nn pañnelo en la boca y la snjetó, mientras Márqnez tenía contacto carnal con ella; qne cnando Márquez terminó, la snjetó y le tapó la boca con el pañnelo mientras Delgado realizaba el acto carnal; qne cnando Delgado terminó, ambos acnsados se fueron corriendo, ádvirtiéndole a ella que si contaba lo sucedido la mataban; qne llegó a sn casa acongojada, con la ropa despedazada y manchada, de sangre, y al verla sn ma-dre, observando que caminaba con cierta dificultad, le pre-guntó lo que le pasaba, y ella le dijo, que la sangre procedía de la menstruación y qne sentía los pies cansados.

Llamada a declarar Carmen García, dijo qne conocía a Ana Adelina Cruz y a los acnsados, a los cuales identificó. Inmediatamente después sucedió lo qne en la siguiente forma aparece del récord:

“P. Hable duro. ¿Sabe algo en este caso? R. Sí, señor.
“P. Mire, dígalo en alta voz, duro, mirando a aquellos señores [refiriéndose, al jurado], lo que TM. sepa en este caso. Vamos a ver. E. Nosotras estábamos en el cerro, en una parte solitaria, éra-mos tres.
“P. Siga. Siga. ¿Qué pasó? [La testigo no contesta.]”

Desde ese momento la testigo se sintió enferma y no pudo continuar declarando. El fiscal la retiró en lo qne se repo-nía y llamó a Justina Molina.

Luego de decir donde vivía, la declaración de Justina Molina continuó así:

„ “P. ¿Tú conoces a Ana Cruz? Habla con la boca, nena. R. La conozco.
“La Corte: ¿Puedes hablar un poco más alto? Mira, todo lo más alto que puedas, con calma, dirígete a estos señores, tranquila, no hay más que declarar la verdad y nada más, con tranquilidad. Ade-lante.
“El Fiscal: ¿Tú conoces a Carmen García? R. Sí, señor. La conozco.
“P. ¿Tú conoces a Julio Delgado? R. Lo conozco.
“ P. ¿ Cuál de estos dos hombres que están aquí es Julio Delgado ? R. El del lado de allá.
“P. ¿El que está en mangas de camisa? R. Sí, señor.
“P. ¿Tú conoces a José Márquez? R. Sí, señor.
“P. ¿Cuál es? R. El del traje azul marino.
“P. ¿Cómo le dicen a José Márquez, José Peña? R. José Peña siembre le dicen.
“P. Nena, ¿tú sabes algo en este eak>? R. Yo no sé nada en este caso, yo los vi a ellos dos hablando.
“P. Alza la voz. ¿Tú los viste qué? R. Yo vi a José y a Ana Cruz hablando y yo, pues, llamé a Ana Cruz paira que nos fuéramos para la casa y entonces ella no quiso irse y yo me fui para mi casa y los dejé acá. No sé lo que pasó acá.
“P. ¿Uds. iban para dónde? R. Para ningún sitio, estábamos debajo de un árbol.
“P. ¿Quiénes estaban debajo de un árbol? R. Yo y Ana Cruz.
“P. ¿Y quién más? R. Carmen García.
“P. ¿De dónde salieron Uds. para ese árbol? R. De la casa, que estábamos buscando leña.
“P. ¿Como a qué hora era? R. Yo no recuerdo.
“P. ¿Era por la tarde, o por la mañana o al mediodía? R. De mediodía abajo.
“P. ¿Qjué le pasó a Ana? R. Yo no sé lo que le pasó a Ana.
“P. ¿Tú viste a Julio Delgado? R. No, señor.
“P. ¿No viste, a Julio Delgado allí? R. Yo no vi a Julio Delgado allí, yo al que vi allí fué a José Márquez.
“P. ¿Tú no te acuerdas haberm¡e declarado a mí ahora? R. Yo no recuerda, yo los vi a ellos; yo lo que digo' que los vi a José y Ana Cruz hablando.
“P. Y a Julio Delgado, ¿no, lo viste? R. A Julio Delgado no lo vi.”

El fiscal trató de impugnar la declaración de Justina Molina llamándole la atención a la declaración jurada que ha-bía prestado ella durante la investigación del caso. Justina explicó por qué declaraba ahora en forma distinta a la en que había declarado durante la investigación, diciendo que ella había declarado en la forma en que lo hizo durante la investigación a instancias de la madre de Ana Adelina, quien' le había inducido a que declarase así, la había llevado a de-clarar sin el permiso de sus padres y hasta le había ofrecido un regalo si declaraba en esa forma, pero que ella en reali-dad no sabía nada de lo sucedido.

Llamada la testigo Altagracia Figueroa, madre de Ana Adelina, declaró que el día de autos su hija salió con dos amigas a buscar leña; que más tarde regresó con el traje, roto y con manchas de pangre, y que observó que su hija ca-minaba con dificultad; que al preguntarle qué le había pa-sado, su hija contestó que sentía los pies cansados, y al in-terrogarla sobre la causa de las manchas de sangre, le ma-nifestó que eran de la menstruación; que creyó lo que le dijo la hija, le quitó la ropa y la sentó en un baño de agua tibia; que durante los cinco días siguientes su hija continuó san-grando; que el 16 de agosto de 1940 José María Cruz, padre de Ana Adelina, mientras iba por un camino del barrio, pasó cerca de un grupo que se hallaba a la orilla del camino com-puesto de Delgado, Márquez y otros, y que oyó cuando Delgado y Márquez decían “que Ana era una tonta y boba, que ellos se habían burlado de ella”; que al oír esto, Cruz vol-vió atrás, le contó lo sucedido y le indicó que investigase con su hija sobre el particular; que al hablar con su hija ésta le manifestó lo que le había sucedido con los acusados en el sitio La Peña, a lo cual nos hemos referido al reseñar la declaración de la perjudicada.

José María Cruz relató las manifestaciones que dijo ha-ber oído de parte de Delgado y de Márquez, y declaró que las comunicó a su esposa en la forma declarada por ésta, y que luego de haber estado en su casa volvió al sitio donde había oído las supuestas manifestaciones de Delgado y de Márquez y dirigiéndose al primero, le preguntó qué le había pasado con su hija; que Delgado no le contestó, sino que dió media vuelta y echó a andar; que entonces le dijo que iba donde el policía para que hiciese la investigación correspon-diente, replicándole Delgado, “No, ¿a mí solo me va a denun-ciar?”, a lo que Cruz contestó, “Uno solo no fue el del de-lito.” Cruz fue donde el policía Grierbolini, quien lo llevó a la fiscalía, y al día siguiente condujo a su hija donde el doctor Mejías para someterla a un examen.

Declaró el doctor Mejías que el 17 de' agosto de 1940 exa-minó los órganos genitales de, la perjudicada, encontrando que se hallaba completamente desflorada. A preguntas de la corte contestó que no podía precisar más o menos la fecha en que tuvo lugar la desfloración; que cuando hay una des-floración reciente por lo regular durante los primeros diez días los órganos genitales demuestran hiperemia de los la-bios y rasguños que no están cicatrizados, y al examinar a la paciente por lo general está muy adolorida; que en el caso de Ana Adelina Gruz el Minen estaba completamente cicatrizado, ella no demostraba sentir dolor en ninguna forma al ser examinada y admitía dos dedos en el canal vaginal sin dolor alguno. Declaró además el perito que él llamaría una desfloración reciente la que no tuviera más de ocho días de haberse realizado, y preguntado por el fiscal si a los ocho días de la desfloración puede haber cicatrización, contestó el doctor: “Sí, señor, pero ya está casi lo que llamamos cica-trizada, pero no está . . . ”

Luego de esta prueba el fiscal anunció a la corte que ce-rraba su caso y que no ponía a declarar a Carmen García porque se hallaba en un estado de postración. Por orden de la corte el marshal fué a verla y a preguntarle si estaba en condiciones de venir a declarar, manifestando el márslial que la testigo se hallaba muy nerviosa y no podía declarar.

La defensa presentó una moción de nonsuit, y declarada sin lugar, procedió a presentar su prueba.

Declaró en primer término Fernando TJbiles, quien mani-festó que en varias ocasiones vió a Márquez y a Ana Ade-lina Cruz realizando actos carnales alrededor del sitio donde se alega se cometió la violación, y qne en otras ocasiones los vió bañándose desnudos en el río.

Márquez declaró qne conoció a Ana Adelina Crnz desde qne era nna niña pequeña; qne siendo ya bastante crecida estuvo alquilada en Santurce, regresando nuevamente a su casa en el mes de junio 1940; que muchas veces el acusado le decía “¡Adiós!” y la galanteaba; que en cierta ocasión Ana Adelina Cruz se dirigía a una clínica que hay en la central a curarse un pequeño golpe y yendo él para el mismo sitio, la acompañó; que siguió enamorándola y la invitó a un matinée; que ella aceptó la invitación, y al regreso, como las guaguas llegaban tarde, la acompañó hasta la casa de ella; que la tocó varias veces sin protesta por parte de ella; que al día siguiente, estando ella sola lavando en el río, él fué a bañarse, y ella lo llamó; que al acercarse, ella le ma-nifestó que tenía un secreto, que no se lo dijera a nadie, que mientras ella estaba por Santurce “le había sucedido un fracaso con un hombre”; que después de comunicarle el se-creto, la invitó a realizar actos carnales, a lo cual accedió ella; que ésa fué la primera vez que los realizaron; que des-pués de esa ocasión se encontraban a menudo; que muchas veces ella iba a buscarlo a la finca donde él vive; que por lo regular lo citaba para el mismo sitio donde ella acostum-braba layar, y así tuvieron oportunidad de realizar actos1 carnales cinco o seis veces; que un día, después de realizar el acto carnal, se bañaron desnudos en el río; y que' conti-nuaron realizando los actos carnales hasta principios de agosto. Negó que la hubiere violado, y afirmó que en las ocasiones en que habían tenido contacto carnal lo había hecho ella por su propio gusto, por lo que no tenía él necesidad de violarla.

Delgado, el otro acusado, declaró que nunca había reali-zado actos carnales con Ana Adelina Cruz; que él la enamo-raba y que en cierta ocasión ella lo requirió para que se la llevara, pero que él le dijo que no podía ser, que aguardara a ver si- las cosas cambiaban y le podía alquilar un cuarto, y que de ahí no pasaron sus relaciones; que es falso lo que declaró Ana Adelina Cruz con respecto a la violación.

Tal fue la prueba que tuvo ante sí el jurado.

No hay duda alguna de que Ana Adelina Cruz había sido desflorada. Ella declaró que la habían desflorado los dos acusados. Si en un caso de violación la sola declaración de la perjudicada, de ser creída por el jurado, bastara para sostener el veredicto, la evidencia en este caso sería sufi-ciente. Pero la ley requiere que la declaración de la perju-dicada en casos de violación sea corroborada. Código de Enjuiciamiento Criminal, art. 250. Al igual que en la co-rroboración exigida para que las declaraciones de los cóm-plices sean admisibles, no es necesario en casos de violación que la evidencia corroborativa pruebe todos los .elementos del delito, pero sí es indispensable que tienda a conectar al acu-sado con la comisión del crimen. El Pueblo v. Maldonado, 17 D.P.R. 23; Pueblo v. Vázquez, 40 D.P.R. 258; Pueblo v. Feliciano, 53 D.P.R. 423. En ciertos delitos, especialmente en el de violación a los efectos de conectar al acusado con , la comisión del delito, en varias jurisdicciones de los Esta-dos Unidos son admisibles en evidencia las espontáneas ma-nifestaciones que en la primera oportunidad que tuviere la persona perjudicada hiciere a otras personas con respecto a lo que le ha sucedido con el acusado. Esa doctrina preva-lece en esta jurisdicción. El Pueblo v. Maldonado, supra; El Pueblo v. Anglada, 20 D.P.R. 12; Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16; Pueblo v. Munera, 39 D.P.R. 295; Pueblo v. Blanco, 40 D.P.R. 130; Pueblo v. Vázquez, supra; Pueblo v. Fuentes, 63 D.P.R. 44, 50.

La prueba de corroboración que tenemos en el presente caso tendente a conectar al acusado con la comisión del delito consiste de: (1) la declaración de la madre de la perjudicada, al relatar lo que su bija le manifestó el 16 de agosto de 1940 cuando el padre vino a su casa y le manifestó lo que babía oído decir a Delgado y a Márquez; y (2) la declaración .de José María Cruz respecto a la confesión que hicieran Delgado y Márquez el mismo día 16 de agosto al efecto de que Ana Adelina Cruz era una boba porque ellos se habían burlado de ella. La declaración del padre de la perjudicada con respecto a la supuesta confesión de los acusados, de ser creída por el jurado, sería suficiente para co-nectar al apelante con la comisión del delito. Pero como también la corte, con la oposición de la defensa, admitió la declaración de la madre de la perjudicada referente a las manifestaciones de su bija el 16 de agosto, si esta parte de la declaración de la madre de la perjudicada no es admisible, no podría entonces determinarse si al traer el jurado un veredicto de culpabilidad lo hizo por haber dado crédito a la declaración del padre de la perjudicada sobre las confesiones de los acusados o por haberlo dado a la declaración de la madre. Por consiguiente, se hace necesario determinar si era o no admisible la declaración de Altagracia Cruz con respecto a lo que le dijera su hija el 16 de agosto.

La espontaneidad en las manifestaciones por parte de la víctima es nn elemento esencial para qne la declaración sea admisible en evidencia. Por regla general, las manifesta-ciones de la víctima obtenidas a preguntas de la persona qne las recibe y declara sobre ellas no son consideradas como manifestaciones espontáneas, y consecuentemente no se ad-miten en evidencia; pero la regla no es inflexible, y en cier-tos casos, cuando la apariencia de los vestidos o de la persona de la víctima inducen a interrogarla y meramente se le pregunta lo que le sucede y en contestación emite .su queja o manifestación, y en casos de niños de corta edad o de adul-tos mentalmente retardados, tales manifestaciones así obte-nidas sin coacción alguna son admisibles, si bien el becbo de que la manifestación haya sido hecha en contestación a una ’ pregunta es cuestión a considerar a l.os efectos del peso de la prueba. Si determinada manifestación o declaración es admisible depende necesariamente de los hechos peculiares ,-de cada caso. Pueblo v. Fuentes, supra; State v. Ellison (N. M. 1914), 144 Pac. 10; State v. Dudley (Iowa 1910), 126 N. W. 812; Lewis v. State (Miss. 1938), 184 So. 53; Conger v. State (Tex. 1911), 140 S.W. 1112; Williams v. State (Tex. 1943), 170 S. W. (2d) 482. Tampoco es inflexible la regla en cuanto a la fecha más' o menos próxima en que se hiciere la manifestación, dependiendo en todo caso de si las circuns-tancias concurrentes impidieron hacerlas en fecha anterior. Pueblo v. Blanco, supra.

En el presente caso, como hemos visto, inmediatamente después de llegar la perjudicada a su casa el día de autos, al notar la madre que caminaba con dificultad y tenía el traje roto y manchado de sangre, preguntó a su hija lo que le había sucedido, contestando ésta entonces que las manchas de sangre procedían de su menstruación y que caminaba con dificultad porque tenía los pies cansados. En esta oportu-nidad pudo la perjudicada manifestar a su madre lo que le había sucedido, y esas manifestaciones hubieran sido admi-sibles en evidencia. Pero, pasaron ocho días y la perjudi-cada nada dijo a sns padres, hasta que investigada nueva-mente por la madre con motivo de lo que en el camino oyó el padre decir a los acusados, relató una historia completa-mente distinta de la anterior, incriminando en esta última, ocasión a los acusados. A nuestro juicio estas segundas ma-nifestaciones de la perjudicada no son las manifestaciones espontáneas a que se refiere la doctrina anteriormente ex-puesta. Es verdad que según ella declaró, los acusados la habían amenazado con matarla, pero no aparece de la prueba que ella continuara después de realizado el delito bajo la influencia dominadora de ellos. No revelan los autos que ella volviera a verlos en alguna ocasión, y por el contraria se hallaba entre sus padres, de quienes nada tenía que temer.

No son éstas las circunstancias que concurrieron en el caso de Pueblo v. Fuentes, supra. Allí se trataba de una niña de trece años y medio, que al ser violada fué amena-zada por el acusado para que no gritara, diciéndole que te-nía un puñal, y que sería peor para ella si le decía algo a sus padres. Aún después del suceso ella volvió a ver al acu-sado de lejos y él le hacía señas para que se callara, de ese-modo manteniéndola bajo la amenaza original. No obstante tales amenazas, seis días después de realizado el delito, al encontrar la madre lá ropa de la niña manchada de sangre* le preguntó lo que le había sucedido, y ella entonces le contó.

También es distinto el presente caso del de Pueblo v. Blanco, supra. En dicho caso se trataba de una niña de tierna edad que vivía con una tía y el esposo de ésta, el acu-sado, en la ciudad de San Juan. La niña fué violada por el esposo de su tía, y ella lo comunicó a ésta, quien la ame-nazó con matarla si decía a alguien lo que le había suce-dido. Así transcurrió un año o más, durante el cual el acu-sado violó distintas veces a la niña, quien permanecía indu-cida al silencio por amenazas de violencia física. La madre y la hermana residían en Ponce. La niña no podía escribir ni tenía de quien valerse para comunicarse con su mamá y su hermana. Pero al cabo del año de haberse cometido el delito, su hermana vino a San Juan, e inmediatamente al encontrarse con ella, la perjudicada espontáneamente le re-lató lo que le había sucedido con el acusado; En el acto del juicio la declaración de la hermana con respecto a las ma-nifestaciones que le hiciera la perjudicada fueron admitidas con oposición de la defensa, y este tribunal confirmó la sen-tencia porque no obstante el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la comunicación a la hermana, la per-judicada había hecho una manifestación dentro del tiempo más_ próximo que pudo consideradas las circunstancias.

En el presente caso, no habiendo hecho la perjudicada las manifestaciones que incriminaban a los acusados, espontáneamente en la primera oportunidad que tuvo para ello, tales manifestaciones no caen dentro de la excepción a la regla de la prueba. de referencia y por consiguiente no son admisibles en evidencia. Habiendo sido juzgado el acusado- por un jurado, debemos presumir que esa importante evidencia le perjudicó, pues es imposible determinar si al declararlo convicto el jurado basó su veredicto, en todo o en parte, en la evidencia inadmisible. Pueblo v. Feliciano, supra. Cf. The United States v. King et al., 48 U. S. 832; Sinclair v. United States, 279 U. S. 749; Swepston v. United States, 251 Fed. 205; Biggs v. State (Tex. 1929), 23 S. W. (2d) 729; Birmingham v. State (Wis. 1938), 279 N.W. 15, 116 A.L.R. 554, y People v. Jorezak (Ill. 1937), 9 N. E. (2d) 227.

Siendo perjudicial el error cometido por la corte al ad-mitir con la oposición del acusado prueba inadmisible, el ve-redicto es contrario a la ley, y procede revocar la sentencia apelada y devolver él caso a la corte inferior para vm nuevo juicio.

       Conviene aclarar ciertas manifestaciones de este Tribunal contenidas en el siguiente párrafo de la opinión emitida en el caso de Pueblo v. Fuentes, supra, pág. 47:
      “Independientemente del relato hecho por la niña a la madre, cinco días después del suceso, la declaración de la madre y la del médico son, a nuestro juicio, suficientes para corroborar el testimonio cíe la ofendida en cuanto al ataque criminal de que fué víctima.”
      La declaración de la madre, independientemente del relato hecho por la niña, se limitó a que el día del suceso vió al acusado asomado a la ventana de su habitación — contigua al apartamiento de la perjudicada — mientras la testigo se encontraba en el patio a donde había ido en lo que su hija se bañaba; que cuando regresó a la casa encontró a la niña sentada en un rincón, leyendo y mirando unos cuadros, y que el 6 de julio mojó una ropa de la niña' y la en-contró manchada de sangre. La declaración del médico se contrajo a que al examinar a la niña el día 8 de julio encontró que había sido desflorada y que el himen estaba aún en proceso de cicatrización.
      El párrafo en cuestión, que además de ser erróneo era innecesario para la resolución del caso, debe entenderse eliminado, toda vez que la declaración de la madre, independientemente de la manifestación que le hiciera la hija, y la del médico, no tienden a conectar al acusado con la comisión del delito.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Compañía Popular de Transporte, Inc., peticionaria, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. J. M. Calderón, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 13.

    Sometido: Noviembre 13, 1944.

      Resuelto: Enero 9, 1945.

      .Santos P. Amadeo y Artemio P. Rodrigues, abogados de la peticiona-ria; Dubón & Ochoteco, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se inició en la Corte Municipal de Bayamón mediante querella qne contra la peticionaria radicó José Cunaba en reclamación de salarios. Alegó el querellante que desde el 21 de julio de 1937 hasta el 21 dé julio de 1940 fué empleado de la querellada, la aquí peticionaria, en su carác-ter de capitán o patrón de las embarcaciones que utiliza la querellada en su negocio de porteador público de pasajeros entre San Juan y Cataño; que su contrato de servicios con la querellada fué verbal, “percibiendo el querellante ... un salario semanal de $19.25 por siete días de trabajo a la se-mána y a razón de $2.75 por día de faena de nueve horas”; que durante el tiempo que el querellante fué empleado de la querellada, ésta no le concedió’ ni aquél disfrutó de un día de descanso por cada seis días de trabajo con salario íntegro que le concede la ley, y por el contrario trabajó los siete días de cada una de las semanas comprendidas entre el 21 de julio de 1937 y el 21 de julio de 1940, a excepción de aquellos .días en que el querellante faltó a su trabajo, por los cuales' la querellada le descontó de su salario una cantidad igual a la que el querellante hubiera percibido a base de lo que ga-naba semanalmente si hubiese trabajado el día en que es-taba ausente de su empleo; que dentro del período en' que el querellante trabajó para la querellada le correspondieron 156 días de descanso con salario íntegro de $2.75 diarios, o sea la suma de cuatrocientos veintinueve dólares, que la querellada se negó a satisfacer al querellante, por lo cual éste solicitó una sentencia por dicha cantidad.

La querellada impugnó la jurisdicción de la corte municipal, alegando que el caso expuesto por el querellante no estaba comprendido dentro de las disposiciones de la Ley núm. 10 de 1917 (vol. II, pág. 217) por no tratarse en rea-lidad de una reclamación de salarios sino de una reclama-ción de indemnización por haber trabajado sin compensación supuestos días de descanso. Al mismo tiempo radicó excep-ciones previas de falta de jurisdicción, de insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción y de que la querella era ambigua, ininteligible y dudosa, y la contestación.

La corte municipal, a base de las excepciones previas, desestimó la querella. Apeló el querellante para ante la corte de distrito. Insistió la querellada en sus excepciones previas y la corte las desestimó. Contra esa resolución la querellada interpuso recurso de certiorari, y esta corte, in-terpretando liberalmente las alegaciones de la querella, sos-tuvo que aducía hechos constitutivos de causa de acción. Compañía Popular v. Corte, 63 D.P.R. 121. Devuelto el caso a la corte de distrito, la querellada enmendó su contestación, reprodujo las excepciones previas, atacó la constitucionali-dad de la ley al amparo de. la cual el querellante reclama compensación por el día de descanso por cada seis de trabajo (Ley núm. 110 de 1937, Sesión Ordinaria, pág. 268), y alegó finalmente que el jornal por hora que devengaba el quere-llante de conformidad con el contrato fué de 26% centavos, desde el 21 de julio de 1937 hasta el 11 de enero de 1940 y de 27% centavos desde esta última fecha hasta el 21 de julio de 1940, pagándosele doble 'compensación por las novenas horas.

Celebrado el juicio en su fondo, la corte de distrito llegó a la conclusión de que el querellante era un empleado de la querellada a base de un salario semanal y condenó a ésta a pagarle la cantidad de S&115.12.

Atacando la sentencia dentro dn este recurso de certio-rari bajo la Ley núm. 32 de 1943 (pág. 85), la peticionaria señala como errores: (1) el haberse resuelto que el quere-llante era un empleado de la querellada, a base de un sala-rio semanal; (2) la negativa a admitir en evidencia cierta prueba documental ofrecida por el querellado, marcada Iden-, tificación A e Identificación B, y (3) haberse sostenido la constitucionalidad de la Ley.

La Ley núm. 110 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 268), que empezó a regir inmediatamente después de su aprobación el 13 de mayo de 1937, en lo pertinente dispon,e:

,“Que la Ley No,. 54,. aprobada el 28 de abril de 1930, ‘Para enmendar el artículo 553 del Código Penal y para otros fines’ queda enmendada y reenactada en su parte .dispositiva del modo siguiente:
“ ‘Sección 1. — Que el artículo 553 del Código Penal tal como ha sido enmendado en agosto 9, 1931 (sic), marzo 28, 1914, noviembre 23, 1917 y mayo 20, 1925, quéde enmendado de la manera siguiente:
“ ‘Artículo 553. — Los domingos, durante todo el .día excepto cuando fueren domingos los días 24 de diciembre, y primero y 5 de enero,- el primer lunes de septiembre (Labor Day), y el día 4 de julio, los días de fiesta legal desde.las 12 a. m.; todos los sábados desde las 9 .p. m.; todos los días laborables desde las 6 p. m. y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m., permanecerán cerrados al público; y una hora después de cerrados, no se permitirá ninguna clase de trabajo para los emplea-dos en los establecimientos comerciales e industriales, con excepción de los designados a continuación:
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“ ‘6. Las empresas de utilidad pública y cuasi públicas, y los trabajos urgentes y necesarios para evitar peligro y considelrables • pérdidas de dinero. (
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“ ‘Sección 2. — Los empleados y dependientes de las empresas y establecimientos exceptuados por la ley, que presten sus servicios a hase de un salario anual, mensual, semanal o en cualquier forma, .qUe no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado, tendrán'derecho a ■an día de descanso por cada seis de trabajo, con salario íntegro.’ ” -.(Bastardillas nuestras.)

Be acuerdo con la sección 2 transcrita, los empleados y dependientes de las empresas y establecimientos exceptuados por la Ley que tienen derecho al día de descanso con salario íntegro son aquellos que prestan servicios a base de un sa-lario anual, mensual, semanal o en cualquier forma que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado. Es, pues, la uni- , dad de tiempo — año, mes, semana — que de acuerdo con el contrato sirve de base para computar el salario, la única norma que establece la ley para determinar cuáles son los empleados o dependientes de las empresas exceptuadas por, la Ley que tienen derecho al día de descanso. Sentada esta premisa, la cuestión a determinar es cuál es la unidad de tiempo que de acuerdo con el contrato de servicios se fijó para computar el salario del querellante. Resolviendo esta cuestión, la corte de distrito sostuvo que el contrato de ser-vicios celebrado entre el querellante y la querellada fué a base de un salario semanal y por consiguiente estaba com-prendido dentro de la Ley que concede a los empleados y dependientes el día de descanso con salario íntegro

Veamos ahora si esa conclusión está sostenida por las alegaciones o por la prueba. No lo está por las alega-dones porque.como hemos visto mientras en la querella se alega que el contrato era a base de su salario semanal, en la contestación alega la querellada que el querellante estuvo empleado a jornal devengando 26% centavos por hora desde que empezó el contrato el 21 de julio de 1937 hasta el 11 de enero de 1940, y 27% centavos por hora desde esta última fecha hasta el 21 de julio de 1940, pagándosele doble com-pensación por las novenas horas.

La conclusión dé la corte de distrito tampoco está soste-nida por la prueba porque de la declaración del propio que-rellante resulta que la unidad de tiempo que servía de base para computar su salario era el día, mientras que de la de-claración de su testigo Eamón Eíos y de la del testigo de la querellada Ladislao Córdoba aparece que dicha unidad de tiempo era la hora, es decir, a 26% centavos la hora desde el 21 de julio de 1937 hasta el 11 de enero de 1940, y a 27% centavos por hora desde esta última fecha hasta el 21 de julio de 1940.

Tomamos de la declaración del propio querellante:

“P. Pero la compensación del trabajo suyo, ¿cuál era el tipo? It. Ultimamente dos dólares setenta y cinco centavos por nueve horas.
“P. ¿No era por día, o era por semana? R». Por semana. .
“P. ¿Entonces era por día, o era por semana su trabajo? R. Tiene usted que comprender que yo trabajaba nueve boras al día y se hace el cómputo, de días a la semana.
“P. Eso no contesta mi pregunta. ¿Si el tipo básico era por día, por hora, o por semana? R. Por día.
“P. ¿Por día de cuántas horas? R. De nueve horas.
“P. Entonces si el tipo básico era por días de nueve horas, ¿por qué tenían que cobrar la hora novena doble? R. Porque hay una ley que pjrohibe trabajar más de ocho horas.
“P. Perfectamente bien. ¿Entonces la novena hora se. la paga-ban cómo? R. Al tipo doble.
“ P, ¿ Cómo se determinaba ese tipo ? R. A razón de veintiséis centavos y medio, eran cincuenta y tres centavos. ’ ’ (Bastardillas nues-tras.)

De la declaración de Ramón Ríos, quien era también ea-. pitán de las embarcaciones de la querellada, aparece:

“P. ¿Y a razón de cuánto le descontaban a usted por esas horas que dejara de trabajar? R. De acuerdo: si me las pagan a peseta, me descuentan una peseta.
“P. Entonces la Compañía fijó a un tanto por esa hora, ¿no es esa la verdad en este caso? R. No es cierto.
“P. ¿No es la verdad que la Compañía fijó a una cantidad por hora, y que entonces al final de, cada semana le pagaban a usted y a los demás empleados que hubieran trabajado en esa semana? R. De cuerdo a los días que hubiéramos trabajado.
“P. ¿Y de acuerdo con las horas? R. Sí, señor.
“P. Y era una cantidad que se fijó 'por horas, ¿no es eso? R. Sí.” (Bastardillas nuestras.)

Y Ladislao Córdoba, administrador de la compañía, de-claró :

“P. ¿Cuál era el convenio con los empleados en relación con la compensación a pagar entre el veinte de julio de mil nov'ecientos treinta y siete y el veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta? R. Por horas trabajadas.
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“P. . . . ¿Cuándo fué que se hizo ese convenio sobre los salarios o la compensación de los empleados?
R. El convenio ese se hizo én la última vez que tuvieron la dis-cusión los empleados: en el mil novecientos treinta y tres, cuando yo entré de administrador a la Compañía.
“P. Y entonces, ¿qué se convino? R. Se estipula/ron los salarios por hora.
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“P. ¿Y qué salarios se fijaron en ese convenio? R. Veintiséis centavos'y medio a los patrones y maquinistas de las lanchas.” (Bastardillas nuestras.)

Y examinando el exhibit número 1 del querellante, que es a la vez el número 1 de la querellada, nos fortificamos en nuestra conclusión al efecto de que el querellante no tra-bajó a base de un salario semanal. El exibibit revela que el contrato era a base de un salario por bora, y que cuando en un día el querellante trabajaba nueve boras, recibía do--ble compensación por la novena bora. También revela que para computar el pago que recibía el obrero el sábado de cada semana, se sumaban las horas trabajadas cada día, considerando como dobles las novenas horas que hubiere tra-bajado en algún día, y se multiplicaba la suma por el tipo convenido a que ya nos hemos referido. Aparece también del exhibit que en muy raras ocasiones el querellante recibió la misma cantidad semanal como importe de su trabajo, lo que demuestra que el salario no era a base de semanas.

Tanto de la evidencia del querellante como de la de la querellada racionalmente se infiere que la unidad de tiempo establecida por los contratantes para fijar el salario del que-rellante fué la hora, es decir, a razón de 26% centavos la hora desde el 21 de julio de 1937 hasta el 11 de enero de 1940, y de ahí en adelante a razón de 27% centavos la hora. El hecho de que el pago se verificase el sábado de cada se-mana no significa que el salario se hubiere convenido a base de un tanto por semana. Tampoco varía el tipo básico el hecho de que el empleo sea continuo y permanente, o el de. que la naturaleza del trabajo requiera cierta idoneidad o competencia por parte del obrero o empleado. A este efecto conviene notar qne los decretos de la Jnnta de Salario Mí-nimo fijando los salarios mínimos de los obreros o emplea-dos de la industria del azúcar, fijaron para los de la fase agrícola — qne generalmente no son trabajadores idóneos (shilled laborers) — un tanto por día de ocho horas de tra-bajo para ciertos trabajadores y otro tipo para días de siete horas de trabajo para otra clase de trabajadores, mientras qne al fijar los salarios de los obreros o empleados de la fase industrial-^-en su mayoría trabajadores idóneos — fijaron un tanto por hora para cada clase de trabajo. Es decir, para los obreros de la fase agrícola la unidad de tiempo es el día de ocho o siete horas, según los casos, mientras que para los obreros de la fase industrial la unidad de tiempo es la hora. Los empleados de una y otra fase cobran al fin de la semana, y a nadie se le ocurriría sostener que por el hecho de que el montante de sus jornales se pague al fin de cada semana tales obreros prestan servicios a base de un salario semanal.

Establecido que el salario del querellante está, fijado a base de un tanto por hora de trabajo, y aun conce-diendo, a los efectos del argumento, que se hubiese fijado a base de -un tanto por día, debemos determinar ahora si el querellante es uno de los obreros con derecho a un día de descanso con salario íntegro por cada seis de trabajo.

Como ya hemos visto, la Ley concede el día de descanso a los empleados y dependientes que prestan servicio a base de un salario anual, mensual, semanal o en cualquier forma que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado. Expresa-mente niega la ley el derecho al día de descanso a los que trabajan por jornal. La palabra “jornal,” si bien no está definida en la Ley núm. 110, tiene su significado perfecta-mente definido en el lenguaje legal y en el corriente. Escri-che, en su Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, la define como “El extipendio que gana el trabajador en un día entero por su trabajo.” En igual forma la define el Diccio-nario de la Academia Española y el Diccionario Enciclopé-dico Hispanoamericano. Por consiguiente, los empleados y dependientes que prestan sus servicios a base de un salario por día de trabajo no están incluidos entre los que tienen derecho ^a recibir el día de descanso. Sostiene la corte inferior que en el supuesto de que el contrato del querellante sea a base de un salario por hora, su caso cae dentro de la frase “o en cualquier forma,” que aparece en la sección 2 de la ley, y por consiguiente le concede el derecho al día de descanso. No compartimos la opinión de la corte inferior en cuanto a este punto. Parece claro que si los que prestan servicios a base de día de trabajo no tienen ese derecho, tampoco lo tienen aquellos que trabajan por hora, que no es sino una fracción de un día de trabajo. Se desprende fácil-mente que la frase “o en cualquier forma, que'no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado” se refiere, como sostienen los abogados de la querellada, a períodos mayores de siete días — quincenas, trimestres, etc. — dentro de los cuales natu-ralmente puedan trabajarse seis días consecutivos. Que ello es así lo demuestra el hecho de que al expresarse los perío-dos a base de los cuales se concede el día de descanso, se pone en último lugar la semana, y expresamente se excluye el día.

La conclusión a que acabamos de llegar hace innecesario discutir los otros dos errores señalados por la querellada apelante.

Procede por lo expuesto dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para que dicte una sentencia declarando sin lugar la querella.

      Los razonamientos de la corte de distrito en apoyo de su tesis son los siguientes:
      "Mientras la querellada alega que diclio salario era a base de 26% centavos la hora regular y de 53 centavos la hora extra, desde el 21 de julio de 1937 al 11 de enero de 1940; y de 27% centavos la hora regular y de 55 centavos la hora extra, desde el 12 de enero al 21 de julio de 1940, y por tanto el quere-llante no percibía un salario por semana, mensual o por año y sí por hora, éste por el contrario, consigna que su salario era uno por semana, sirviendo el tipo fijado por hora, a los tínicos efectos de calcular la querellada lo que le corres-pondía al reclamante por razón de doble compensación por la hora extra diaria, comprendida en una faena cotidiana, según lo anteriormente expresado,,
      "En cuanto a este extremo concierne, la corte procede ahora a dirimir el conflicto de evidencia surgido y a base de la apreciación de la prueba, resuelve que el querellante era un empleado de la querellada a base de un salario semanal, llegando 'a tal conclusión por todas las circunstancias imperantes en relación con la contratación de sus servicios y prestación de los mismos a la querellada.
      "Pero aún más, aún en el supuesto que el querellante no hubiera sido un empleado de la querellada a razón de un salario semanal, y sí uno calculado a base de compensación por hora de trabajo, y que por tanto, la conclusión a que ha llegado este tribunal sobre la naturaleza semanal del salario del reclamante fuera errónea, siempre el querellante tiene derecho a reclamarle a su principal paga por el séptimo día de descanso, por cada seis de trabajo, según demos-traremos.
      "La reclamación de salarios en el caso de epígrafe la funda el querellante en la sección 2 de la Ley núm. 10 del 13 de mayo de 1937 (sie), enmendando el artículo 553 del vigente Código Penal . . .
      "Para la aplieabilidad del precepto legal antes referido, se hace imperati-vamente necesario que concurran todas y cada una de las siguientes circunstan-cias, que son las únicas que dan derecho a percibir ‘un día de descanso por cada seis de trabajo, con salario íntegro’:
      "1. Que el reclamante sea un empleado o dependiente,
      "2. De establecimientos exceptuados por la ley (que puedan permanecer funcionando los domingos y días feriados, sin sujetarse a un horario en cuanto a su cierre o cese de operaciones),
      "3. Que tales empleados ‘presten sus servidos a base de un salario anual, mensual, semanal o en cualquier forma, que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado.’

        “Que el querellante es un empleado de la querellada y que ésta, por razón de ser una empresa do servieio públieo está exceptuada del cumplimiento de las disposiciones del artículo 553 del Código Penal, son extremos sobre los cuales no hay contención, por la propia admisibilidad de la querellada, quedando sólo por determinar, si el querellante está o no comprendido dentro del tercer requi-sito enumerado anteriormente por nosotros en relación con la naturaleza del salario.
      “La querellada basa exclusivamente su defensa, no en que la compensación del querellante era a base de ajuste a un tanto alzado, y sí y únicamente, en que lo que percibía el redamante do ella por razón de su trabajo como empleado de la misma, era un jornal, y no un salario por año, mes o semana'.. Considera-mos que la reclamante no le está dando aplicación a todos y cada uno de los preceptos dol estatuto, incurriendo. en el error de considerar que sólo el salario que sea anual, mensual o semanal e3 el que da derecho a percibir un día do descanso eon salario íntegro por cada seis de trabajo. No, tal interpretación es una parcial, por no entrañar la aplicación total de lo preceptuado pqr el legislador, según comprobaremos.
      “Sólo están fuera del alcance del beneficio de dicho estatuto, aquellos em-pleados o dependientes a jornal o ajuste a un tanto alzado, y comprendidos dentro de sus preceptos, aquellos otros empleados ó dependientes que presten sus ser-vicios a un salario (1) anual, (2) mensual, (3) semanal, (4) 'o en cualquier otra forma’ que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado.
      “¿Qué quiso deeir el legislador con la frase ‘o en cualquier otra forma’? El propio estatuto establece la única interpi'etaeió-n. lógica a dicha frase. ‘En cualquier otra forma’ entraña la creación de un derecho al amparo de diclia ley, a favor de aquellos empleados o dependientes, que no percibiendo un salario anual, mensual o semanal, tampoco lo reciben por jornal o ajuste a un tanto alzado.
      “La contienda pues, queda ahora reducida, y en atención a todo lo anterior-mente expuesto, a los siguientes límites: ¿era un salario o un jornal lo que percibía el querellante de la querellada en pago de sus servicios como eapitán de sus embarcaciones?
      “El concepto de ‘ajuste a un precio alzado,’ se encuentra establecido en el artículo 1840 del Código Civil (ed. 1930), mas no así el de ‘jornal.’
      “Se ha sostenido a veces, que salario y jornal son vocablos sinónimos, Alcu-billa, tomo VIII, pág. 534, (ed. 1894); Enciclopedia Jurídica Española, tomo XIX, pág. 941; Bouvier’s Law Dictionary, vol„ 3, pág. 2983; 3 L.K.A. 644.
      “Nuestra legislación social, y hasta donde ha podido alcanzar nuestra bús-queda, no establece una definición específica para salario y jornal, pero sí esta blece como conceptos distintos el de ‘empleado’ y ‘obrero.’ (Véanse Ley Núm. 73, del 4 de mayo de 1931; Ley Núm. 17 del 5 de abril de 1937; y la Ley Núm. 10 del 14 de noviembre de 1917, estableciendo el procedimiento en caso de recla-maciones de obreros y empleados, donde se define qué. es un ‘ obrero ’ y qué es un ‘empleado ’.)

        "No hay duda alguna, que el empleado ocupa una jerarquía o posición superior a la del obrero; continuidad on la prestación de sus servicios; conoci-mientos especiales y responsabilidad en mayor grado que el obrero, de donde deriva mando o dirección.
      "De aceptar este tribunal la teoría de la querellada en el sentido de que el querellante, por razón a que percibía su salario a base de su computación de una cantidad determinada por hora, sería sancionar esta corte un medio hábil para burlar la ley, eonvirtiendo en ‘jornalero’ a un ‘empleado’ según el sentido gramatical y corriente de estos vocablos. Toda interpretación al estatuto quo venimos comentando, que destruya su propósito soeial de reservas de energías hu-manas para beneficio del Estado, concediéndoles derechos a empleados y depen-dientes dedicados a faenas continuas en las empresas y establecimientos excep-tuados por la ley, debe sor rechazada, no permitiéndose que sean- privados de su reparador descanso con pago de salario, aquéllos que el propio legislador quiso proteger; . ”

       Consiste en un cuadro sinóptico extraído de los libros de la querellada, donde aparece una relación del número de horas de cada día trabajado por el querellante en cada semana y la compensación cobrada ^emanalmente desde que empezó a trabajar como capitán el 21 de julio de 1937 hasta el 18 de julio de 1940.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Pedro, María-Isabel, Wilberto, Heberto y Raúl Aquino, bajo patria potestad de Isabel Rivera, demandantes y apelantes, v. F. Carrera & Hno., demandada y apelada.
    Núm. 9020.

    Sometido: Diciembre 20, 1944.

      Resuelto: Enero 9, 1945.

      Antowia J. Amadeo, abogado de los apelantes; Géigel <& Silva, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Al ocurrir la muerte de Pedro Aquino, un detallista, la sociedad mercantil F. Carrera' & Hno. demandó a los here-deros de Aquino en cobro de un balance de $1,045.50 que se alegaba Aquino le adeudaba. Para asegurar la efectividad de la sentencia qne pudiera recaer en el referido pleito, F. Carrera & Hno. embargó ciertos bienes propiedad de los he-rederos. Fue el pleito a juicio, y se dictó sentencia a favor de F. Carrera & Hno., que fue confirmada por esta corte en apelación. 60 D.P.R. 143.

Como consecuencia de dicho embargo, los herederos radi-caron demanda de daños y perjuicios contra F. Carrera & Hno. La médula de su demanda es que el Márshal de la Corte de Distrito de Bayamón, después de haber embargado los bienes de los herederos en el pleito en cobro de dinero entablado por F. Carrera & Hno., había entregado dichos bienes a F. Carrera & Hno., quienes los trasladaron a San Juan, sin que mediara orden de la corte o notificación de dicho traslado a los herederos.

F. Carrera & Hno. excepcionó la demanda en el pleito de daños. La corte de distrito declaró con lugar la excepción previa, concediendo a los demandantes diez días para en-mendar su demanda. Al no hacerlo así, se dictó sentencia a favor de la demandada F. Carrera & Hno. Los deman-dantes apelan de la referida sentencia.

La demanda radicada por F. Carrera & Hno. en co-bro de dinero se radicó originalmente en la Corte de Distrito de San Juan. A instancias de los herederos de Aquino dicho pleito se trasladó a la Corte de Distrito de Bayamón. La Corte de Distrito de San Juan, antes del traslado, expidió orden de embargo dirigida al Márshal de la Corte de Distrito de Bayamón. Por tanto empezaremos por indicar que esta orden de embargo, expedida por la Corte de Distrito de San Juan para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer, podía válidamente dirigirse a y. ejecutarse por el Márshal de la Corte de Distrito de Bayamón sobre bienes radicados en Bayamón. En verdad, los propios apelantes, a la luz del caso de Carlo v. Corte, 58 D.P.R. 889, y el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, admiten ahora que la referida orden fué válidamente expedida y ejecutada.

El único punto’ que los herederos levantan en apela-ción es que el traslado por F. Carrera & Hno. a San Juan de los bienes embargados fué ilegal y que con ello se les oca-sionó daños. Para resolver esta contención creemos innece-sario determinar si bajo las circunstancias de este caso fué válido el traslado a San Juan de los bienes embargados. Asumimos, sin decidirlo, que no estaba autorizado. Pero el referido traslado a San Juan por F. Carrera & Hno. de los bienes embargados no podía tener efecto en 1a- validez de la orden original y del embargo de ella proveniente. Una vez que se admite, como se hizo aquí, que estas gestiones origi-nales se llevaron a cabo de conformidad con la ley, un acto ilegal posterior no puede operar retroactivamente para in-validar ab initio la orden y el embargo. Es claro que a lo sumo el referido traslado de los bienes a San Juan — que asumimos, sin decidirlo, fué ilegal — tuvo por resultado sola-mente disolver el embargo válido original sobre estos bienes en particular. Los herederos de Aquino de haberse así disuelto el embargo, podían en esta etapa de los procedimien-tos haber reclamado sus bienes, que estaban libre de embar-gos. O los bienes pudieron haber sido embargados otra vez por F. Carrera & Hno. o por otros acreedores. Del presente pleito de daños no se desprende lo que ocurrió a los bienes después de la alegada disolución del embargo. No se alega que los bienes se dañaron, o aún que permanecieron en ma-nos de F. Carrera & Hno. En verdad, de todo lo que la de-manda demuestra pudieron haber sido recobrados intactos inmediatamente por los apelantes.

El caso en sti consecuencia se reduce a esto: el embargo era válido originalmente; los apelantes por. tanto no pueden reclamar daños provenientes del mismo. El embargo — asumimos argüendo — fué disuelto por el traslado de los bienes del distrito judicial en que se embargaron origi-nalmente. Pero los daños no surgen ipso facto de la diso-lución de un embargo válido. Y los apelantes se negaron a enmendar sn demanda para alegar hechos qne demostraran los daños ocasionádosles provenientes de la disolnción del embargo.. Por tanto la corte de distrito-no cometió error al dictar sentencia a favor de la demandada.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Presidente Sr. Travieso se inhibió.


text:
    Ex parte Enrique Germán, peticionario.
    Núm. 432.

    Sometido: Diciembre 18, 1944.

      Resuelto: Enero 10, 1945.

      Diego O. Marrero, abogado del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el caso civil número 42639 de la Corte de Distrito de San Juan, promovido por Carmen Landos contra Enriqne Germán, sobre alimentos, la demandante solicitó en agosto 27 de 1943 qne se castigase al demandado por desacato por no haber depositado las pensiones correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 1943, según le fuera or-denado por dicha corte en sn resolución de marzo 17 del mismo año. En septiembre 10 de 1943 se celebró la‘ vista del caso con asistencia de ambas partes y el día 23 del mismo mes, la corte inferior dictó sentencia declarando al demandado culpable de desacato y 'condenándole a sufrir treinta días de cárcel, debiendo quedar en suspenso la eje-cución de la sentencia siempre que el acusado deposite las pensiones vencidas y no pagadas por los meses de junio, julio y agosto de 1943, para lo cual se le concedieron quince días a partir de la fecha en que le fuera notificada la sen-tencia.

En noviembre 2 de 1943, la demandante acudió de nuevo ante la corte alegando que el demandado había desacatado todas las órdenes dictadas por la corte y estaba adeudando las pensiones correspondientes a los meses de julio a octu-bre de 1943. Oídas las partes, la corte dictó • sentencia en contra del acusado y le condenó a la pena de treinta días de cárcel. Esta sentencia, dictada en noviembre 15, 1943, debía quedar en suspenso hasta el 30 del mismo mes, dis-poniéndose que si antes de esa fecha el demandado deposi-taba las pensiones atrasadas la sentencia quedaría sin efecto, y en caso contrario se expediría mandamiento de encarce-lación.

Antes de que se dictara orden alguna de encarcelación, el demandado apeló de ambas sentencias para ante esta Corte Suprema; y no habiendo perfeccionado a tiempo dichos recursos, ambos fueron desestimados por resolución que dictamos en noviembre 14 de 1944. Firmes ya ambas sentencias y devuelto el mandato a la corte sentenciadora, en noviembre 30 de 1944 el secretario de dicha corte expi-dió bajo su firma un mandamiento cuya p’arte dispositiva lee así:

“Poe tanto: Usted, el marshal de esta Corte, Sección Civil, es por el presente requerido para que arreste a Enrique Germán y lo conduzca y entregue al Alcaide de la Cárcel de Distrito para quej extinga la' pena de 60 días de cárcel, o sea 30 días en cada caso, a que fue condenado por esta Corte por delito de desacato, debiendo devolver a esta Secretaría este Mandamiento diligenciado una v'ez cumplimentado el mismlo.”

En noviembre 29, 1944 el peticionario fue arrestado e ingresado én la Cárcel de Distrito de San Juan. En diciem-bre 1 de 1944 declaramos sin lugar la petición de bábeas corpus radicada por el confinado; pero habiendo éste solici-tado la reconsideración y aducido razones y fundamentos adicionales, expedimos el auto y decretamos la libertad provisional del peticionario previa prestación de fianza por la suma de $300.

En el acto de la vista del recurso, el Alcaide demandado radicó su declaración escrita, en la cual hace cons-tar que el peticionario se encontraba bajo su custodia en la Cárcel de Distrito de San Juan, por virtud del ya mencionado mandamiento de encarcelación expedido por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan.

La sección 3 de la Ley de Desacato de 1902, enmendada por la Ley número 102 de 12 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 250), en lo que es pertinente, dispone:

“Siempre que alguna persona fuere multada o encarcelada por desacato a una corte.deberá firmarse por el juez sentenciador una orden o mandamiento para dicha multa o prisión, consignándose en el mismo el acto o actos constitutivos de 'dicho desacato, así como la fecha y lugar de su comisión y. circunstancias de la mismla, con especificación de la sentencia del tribunal, sin lo, cual dicha sentencia quedará enteramente nula y sin efecto.”

Al quedar confirmadas las dos sentencias en noviembre 14 de 1944 y devolverse el mandato de esta Corte Suprema a la Corte de Distrito, esta última readquirió jurisdicción so-bre ambos casos de desacato para hacer que ambas senten-cias se cumplieran de acuerdo con la ley. -Artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Del récord ante nos no aparece que el juez sentenciador expidiera orden o manda-miento alguno para la ejecución de las sentencias de prisión impuestas al peticionario. Fue el secretario de la corte sen-teneiadora el que oficiosamente y sin autorización legal al-guna expidió el mandamiento a virtud del cual el peticiona-rio fue encarcelado. No estamos, pues, ante un mandamiento defectuoso expedido por el juez sentenciador y sí ante un acto desautorizado y nulo del Secretario. Véase De Torres v. Corte, 58 D.P.R. 515, 524.

Resultando de lo expuesto que el peticionario se encuen-tra encarcelado por virtud de un mandamiento que no ha sido expedido por el juez sentenciador, requisito legal y esencial para que la sentencia por desacato ■ pueda surtir efecto, y que el mandamiento por virtud del cual se priva al peticionario de su libertad es nulo por carecer el Secretario de autoridad para expedirlo, procede, de acuerdo con lo dis-puesto por el articulo 483 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que decretemos la excarcelación del acusado y la can-celación de la fianza prestada para permanecer en libertad provisional; pero considerando que el estatuto no fija tér-mino alguno para la expedición del mandamiento %o orden de encarcelación, la,, corte sentenciadora puede y debe hacer cumplir sus sentencias expidiendo tina orden o mandamiento de encarcelación de acuerdo con lo previsto por él estatuto.


author: El Juez Asocíalo Señor Todd,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante, v. Leticia Eulalia Ferrer y Cintrón, demandada; Belén Alvarez Torres de Aldea, interventora y apelante, y Armando Hernández, interventor y apelado.
    Núm. 8908.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Enero 10, 1945.

      Manuel Cruz Orta y Cándido Ceballos, abogados de la interventora apelante; Juan Nevares Santiago, abogado del interventor ape-lado; Son. Procurador General Intermo Jesús A. González, A. E. Franco Cabrero, Subprocurador Auxiliar y Federico Tilén, Asesor Ilegal del Departamento del Interior, abogados del deman-dante ; R. S'. Blondei, abogado de la demandada.
   El Juez Asocíalo Señor Todd,

Jr., emitió la opinión del tribunal.

En este pleito de expropiación forzosa interpuesto por El Pueblo de Puerto Rico contra Leticia Ferrer para la ad-quisición de cierto solar en Santurce en el cual ubican una casa tienda y dos casetas, se permitió por la corte inferior la intervención de las siguientes personas: (a) Belén Alvarez Torres de Aldea, que alegó ser la verdadera dueña, tanto del solar como de la casa tienda en cuestión, y (2) Armando Hernández, que alegó ser el dueño .de las referidas casetas, así como de un negocio que ocupa la casa tienda. El deman-dante depositó la suma de $4,637.86 como compensación justa y razonable de las propiedades objeto de la expropiación.

El 8 de febrero de 1944, El Pueblo de Puerto Rico y el interventor Armando Hernández, sometieron a la corte inferior una estipulación a virtud de la cual el interventor aceptaba la suma de $900 como compensación definitiva por el cierre de su negocio y la remoción de las casetas, y El Pueblo a su vez se comprometió a depositar en la- corte cual-quier diferencia que existiera entre la cantidad depositada y la cantidad que la eorte finalmente fijara como compensación definitiva por las otras propiedades, una vez pagada la suma estipulada al interventor Armando Hernández. A la moción sobre entrega de compensación con que acudiera éste a la (forte se opuso la interventora Belén Alvarez de Aldea, ale-gando : 1, no haber sido notificada con copia de la referida moción; 2, que hasta tanto se determinare el verdadero dueño de la finca, la casa tienda y las casetas, no debía ha-cerse entrega a persona alguna del total o parte de los fon-dos embargados, y 3, que si bien no tenía objeción a que se pagare al dueño de las casetas su valor de $320.93, sí se oponía a que se pagase cualquier otra cantidad al interventor como compensación por la casa tienda, por no tener él derecho compensable alguno en dicha casa tienda que perte-nece exclusivamente a ella.

El 3 de marzo de 1944, la corte inferior después de oír a las partes, dictó sentencia aprobando la estipulación y de-clarando con lugar la moción sobre entrega de compensación al interventor Hernández, y contra esta sentencia la inter-ventora Belén Alvarez, estableció el presente recurso de ape-lación en el cual señala como único error que la corte inferior cometió abuso de discreción y error de derecho y que actuó movida por pasión y prejuicio.

XI, 2] Somos de opinión que la apelación interpuesta ca-rece de méritos. La apelante en este caso en ningún mo-mento alegó ser dueña de las dos casetas reclamadas por el apelado. Por el contrario, admitió en la corte inferior que éstas pertenecían al apelado y se allanó a que de la canti-dad consignada "se le pagara a su dueño lo que ella consi-deró era su valor, $320.93. En cuanto a la contienda entre el demandante y el interventor Hernández sobre el justo valor de las dos casetas y el negocio de tienda ningún inte-rés tenía la interventora Belén Alvarez y la transacción no podía perjudicarla ya que el demandante se comprometió en la estipulación a depositar en la secretaría de la corte “ cualquier diferencia existente entre la suma que quede en poder de la Secretaría de esta Honorable Corte, una vez sa-tisfecha al interventor la suma de dinero fijada como com-pensación por esta estipulación, y^ la cantidad que esta Honorable Corte determine que deba pagarse como compensa-ción definitiva por las otras propiedades envueltas en este pr oeedimiento

Que la corte podía ordenar el pago parcial al interventor Hernández con cargo a la suma total consignada no admite discusión de acuerdo con el párrafo tercero de la sección 5A de la-Ley de Expropiación Forzosa (adicionada por la Ley núm. 2 de primero de abril de 1941 ,[(1) pág. 285], y enmen-dada por la Ley núm. 22 de 21 de noviembre de 1941 [(2) pág. 69], por la Ley núm. 22 de 9 de abril de 1942 :[(1) pág. 387), y por la Ley núm. 19 de 30 de noviembre de 1942 :[(2). pág. 83] que dispone que:

“A solicitud de las partes interesadas, ia corte podrá 'op'denar que el dinero depositado en la corte, o cualquier parte del mismo, sea pagado inmediatamente como la justa compensación, o parte de. ésta, que se concediere en dicho procedimiento. Si la compensación que finalmente se concediere en relación con dicha propiedad, o por parte de ésta, excediere de la cantidad de dinero así recibida poir cualquier persona que tenga derecho a la misma la corte dictará sentencia contra el Pueblo de Puerto Rico . . . por la cantidad de la deficiencia.” (Itálicas nuestras.)

Las partes interesadas en cuanto a las dos casetas se re- ’ fiere son El Pueblo de Puerto Eico y el interventor Hernán-dez. La apelante limitó su reclamación al solar y a la otra casa. Tanto a virtud de la estipulación como de la ley, la interventora está plenamente garantida en su derecho a per-cibir la justa compensación que le corresponde por el solar y casa que alega le pertenecen. El Pueblo de Puerto Rico pudo haber segregado el valor que consideraba justo de cada una de las propiedades al hacer la consignación en la corte. A virtud de la estipulación hizo dicha segregación admitiendo que $900 representan el valor de las propiedades de Her-nández o el de los daños y perjuicios que se le ocasionen con la expropiación. El remanente de la suma consignada, $4,637.86, deducidos esos $900 o sea $3,737.86 representan lo qne el demandante considera justo valor de las propiedades qne la apelante alega le pertenecen. La situación actual es igual a que si desde su inicio el demandante hubiera especi-ficado qub consignaba en corte cada una de estas cantidades —$900 y $3,737.86 — para cada uno de los interventores.

Debe confirmarse la sentencia apelada.