author: El Juez PresideNte Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Colón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por escalamiento en primer grado.
    No. 1920.
    Resuelto en mayo 9, 1922.
    Escalamiento — Evidencia Inadmisible. — El que se admita una pregunta hecha por el Riscal claramente improcedente, no justifica la presentación de prueba por parte del acusado para contrarrestarla, improcedente también.
    Id. — Instrucción sobre Escalamiento. — No es ambigua una instrucción al ju-rado sobre escalamiento, cuando de ella se deduce que establece claramente-que para que el delito exista es necesario que el acusado tuviera la intención de cometer liurto o ratería antes de penetrar en la casa de que se trata.
    Id. — Intención,—Cuando el acusado tenía derecho a entrar en la casa er.i donde se alega que fué cometido el escalamiento, dol solo heeho de haber penetrado en ella no' puede deducirse la previa intención criminal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: 8r. L. Tormes.

    Abogado de] apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez PresideNte Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eicardo Colón fué acusado de haber penetrado el 3 de septiembre de 1921 a altas horas de la noche en la casa habi-tación de Angelina Pacheco, situada en Ponce, con intención de cometer hurto o ratería. Alegó su inocencia. Se celebró' un juicio ante un jurado y se le declaró culpable de escala-miento en primer grado, imponiéndole la corte tres años de presidio. No conforme, apeló para ante este tribunal, seña-lando en su alegato la comisión de tres errores.

1. El primer error consiste en no haber admitido la corte como prueba el record de cierta causa criminal. De la trans-cripción aparece que el acusado declaró como su propio tes-tigo y- el fiscal le hizo la siguiente repregunta:

“¿No es verdad que usted incendió las ropas esa noche de una mujer de la vida? — No es verdad.”

Acto seguido intervino el abogado del acusado así:

“Defensor: El secretario con el récord criminal de la causa se-guida contra Ricardo Colón, por escalamiento e incendio de una casa. — Fiscal: Nos vamos a oponer. — Defensor: Yo trato de intro-ducir como prueba el hecho de que él no entró en una casa a pegar fuego. — Juez: Aquí no tiene que ver eso con el caso este. La corte niega la prueba. — Defensor: La prueba formal que nosotros propo-nemos es la siguiente: De que este acusado fué repreguntado por el fiscal sobre si había sido acusado de haber incendiado una casa o una habitación la misma noche a que se refiere la acusación en este, caso; la defensa trata de introducir a la corte el record criminal No. 5594, reportado como infundado por el Gran Jurado que entendió en dicho caso sobre los hechos que se le atribuyen al acusado. — El fiscal se opone. La corte sostiene la oposición y el defensor toma excepción. — Juez: La corte, en este momento debe instruir a los señores del jurado que este documento no ha sido admitido en evi-dencia y ustedes deben borrar de su mente todo lo que se ba dicho referente a tal record de esta corte, ustedes no tienen que conside-rarlo para nada.”

La repregunta del fiscal era claramente improcedente. La defensa no la objetó y creemos que por sí sola no cons-tituye un error perjudicial para el acusado. La prueba pro-puesta por el acusado era también manifiestamente errónea. El artículo 23 de la Ley de Evidencia que invoca, no es apli-cable. El fiscal no ofreció como evidencia ninguna parte de un acto, declaración, conversación o escrito. Simplemente se extralimitó en una repregunta que fué contestada nega-tivamente por el acusado y el hecho de su extrálimitaeión no justificaba la de la defensa. Bajo esas circunstancias no ureemos que se cométiera error alguno por la corte.

2. Se sostiene que la corte erró al dar al jurado las si-guientes instrucciones:

“Ahora, los elementos constitutivos del delito de escalamiento como definido en nuestro Código Penal, y a eso tienen ustedes que atenerse en absoluto son, el que penetre en una casa u otro edificio que ya relaciona el código, que penetra en esa casa, que no dice en casa de otra persona sino en una casa habitación, lo que sea, con la intención de cometer hurto o ratería o cualquier delito grave es culpable de escalamiento, y aunque una persona tiene derecho de entrar en una casa, no altera en nada el caso, no afecta el caso; si uno penetra en una casa y al penetrar en esa casa él tenía ya formada la intención de cometer el delito de hurto, él es culpable de escala-miento.
# # *# % # ¿K*
“Si existe duda razonable de su culpabilidad, deben ustedes decla-rarlo no culpable. Pero ustedes no tienen que considerar como ele-mento del delito si el acusado tuvo o no derecho de entrar en esa •casa porque tenía una mujer con quien él dormía que ocupaba una parte de esa casa y él acostumbraba a entrar y salir a la hora que le convenía, esa es una cuestión que ustedes tendrán presente y du-rante sus deliberaciones darán toda su consideración al determinar si al entrar en la casa el acusado tuvo la intención de cometer rate-ría. Esa es la esencia de este delito, la intención que tuvo el acusado al penetrar en la casa y es necesario 'que se pruebe ese elemento del delito fuera de duda razonable para justificar una condena, un vere-dicto de culpabilidad. Una persona puede entrar en una tienda abierta, tiene un derecho perfectísimo todo el público de entrar en una tienda que está abierta donde se ofrecen transacciones mercan-tiles; si una persona entra en esa tienda y no se justifica que tuvo intención de cometer hurto en la tienda cuando entró, pero estando dentro de la tienda, por un descuido o algo así que ocurre vió un billete encima del mostrador o debajo de unas telas y cediendo a una tentación coge ese billete, lo mete en el bolsillo, ese sería un hurto; entró ahí para hacer una compra, no hay prueba de que él sabía que había ese billete allá y él no entró con intención de llevarse ese billete, pero estando dentro de la tienda encontró el billete y se lo llevó, ese es un hurto, pero si esa persona está en la acera frente del establecimiento y vé que hay piezas de tela o lo que sea encima del mostrador y él, estando en la acera, espera un momento oportuno cuando los dependientes están ocupados, descuidados o algo así, entra, se lleva algo, entonces ya tienen ustedes evidencia que justifica a us-tedes de llegar a la conclusión de que él, en el momento de penetrar en la tienda, ya tenía la intención de cometer hurto. En este caso la ley no exige prueba directa de la intención; la intención no es otra cosa que un estado mental por parte del acusado y eso se infiere y se deduce de todos los hechos y las circunstancias; es preciso que sea probado, pero no necesita la prueba directa, si de todos los hechos y circustancias que rodean este caso, ustedes creen que el acusado penetró en esa casa ya con la intención, en el momento de penetrar, de cometer hurto, entonces ha sido establecido ese elemento esencial del delito. ’ ’

Creemos que el juez sentenciador expuso al jurado la ley-correctamente. Todo depende de la intención y del momento en que se forma. Nos limitaremos a referirnos a un caso de la Corte Suprema de Alabama que se encuentra citado en todos los tratados que hemos consultado y que constituye autoridad sobre la materia. Su resumen es así:

“Un sirviente y mensajero de un abogado, a quien se ha confiado una llave de la puerta de entrada de la oficina, y que entra de noche usando esa Rave, con la intención de robar, mientras el abogado duerme, según costumbre, en una habitación interior, es culpable-de escalamiento; pero no lo es si el muchacho tiene costumbre de dor-mir en la oficina, a sabiendas de su patrono, y entra para acostarse, y después de estar adentro forma el designio de robar.” Lowder v. State, 35 Am. Rep. 9.

3. El tercer error se refiere a la prueba. La hemos exa-minado y a nuestro juicio demuestra claramente lo que si-gue: Angelina Pacheco tenía alquilada una casita en Ponce por dos dólares y medio al mes. Interiormente estaba la casita dividida en dos habitaciones. La única puerta de en-trada exterior daba directamente a la habitación ocupada por Angelina y por otra puerta interior se pasaba a la habi-tación que Angelina sub-arrendó a Elena, Rodríguez. Esta era querida del acusado Ricardo Colón quien la visitaba constantemente, dormía allí y contribuía al pago de la renta.

En la noche del tres de septiembre Angelina y Elena sa-lieron para el cine dejando la casa cerrada con un candado sin llave. Volvieron como a las diez y notaron que faltaban ocho yardas de dril y un pantalón blanco que pertenecían a un hermano de Angelina.

Está enteramente probado que el acusado hurtó el dril y el pantalón. Se ocuparon en su poder. Alegó que se los había comprado a su dueño, pero su alegación no está soste-nida. En este extremo, repetimos, no hay duda. La duda existe con respecto al momento en que el acusado concibió el acto delictivo.

El primer testigo del fiscal fue Angelina Pacheco. Co-piamos textualmente parte de su declaración que dice así:

“¿ Cuando usted cogió esa casa así, la cogió sola o la cogió en unión de la otra? — Con mi amiga. — ¿Quién era su amiga? — Elena Rodríguez. — ¿Y este hombre era el marido de Elena Rodríguez?— El querido de Elena Rodríguez. — ¿Entonces él podía penetrar allí en esa casa? — Sí, señor, como él pagaba su habitación. — ¿Podía penetrar allí o no podía penetrar? — En la habitación de ella sí. — -¿Pero para penetrar en la habitación de ella tenía que pasar por la suya? — Por la mía. — ¿Tenía llave ese candado? — Tenía llave pero se le había perdido. — ¿Entonces que se hacían para poder tener acceso a esa casa cuando ustedes no estaban allí? Pues que le halaban la argolla que tenía el candado. — ¿A qué hora ese día usted vió a este hombre allí por última vez? — Por última vez entre ocho y nueve. — ¿Dónde lo dejó usted? — El se había ido. — ¿Salió primero que ustedes de la casa? — Como él tuvo ahí una suruca, cuestión de celos con ella, se había ido. — ¿Cuántos baúles habían allí en esa casa? — El mío nada más, ella no tenía. — ¿Este hombre tenía ropa allí en esa casa? Sí, tenía ropa en poder de ella.' — ¿En ese baúl suyo había ropa de este hombre? — El día ese que ella tuvo la suruca con él, puso la ropa de él en el baúl mío y dijo: déjame poner tres piezas aquí para que él se las lleve, que fué cuando ella se fué.”

¿A qué volvió Colón en la noche del tres de septiembre a la caso de su querida? Para que pueda declarársele culpable del delito de escalamiento, sería necesario demostrar que al entrar en la casa ya llevaba el propósito de cometer el hurto. Si la idea surgió después de estar en la casa, en-tonces hubiera podido castigársele por el delito de hurto, pero no por el'de escalamiento.

Complica la investigación de la verdad la misma teoría del acusado. Ya demasiado lejos al sostener que no cometió acto alguno delictivo. Pero de todos modos analizando con-cienzudamente la prueba no encontramos en ella elementos bastantes que permitan asegurar más allá de una duda- razo-nable que el acusado entró con el propósito de cometer el hurto. Este no es un caso corriente de escalamiento en que generalmente por el sólo hecho de encontrarse dentro de una casa o establecimiento extraños, se deduce la intención del acusado. Aquí el acusado tenía derecho a entrar en la casa y por lo tanto del sólo hecho de haber penetrado allí, no puede deducirse una intención criminal. Y cuando la en-trada se explica además por la circunstancia de haber tenido un disgusto con su querida y .haber vuelto a la casa para buscar su ropa, es imposible la condena.

A nuestro juicio la intención del acusado de apoderarse del dril y el pantalón que hurtó, surgió dentro de la casa, cuando sacaba del mismo baúl donde todo se encontraba lo que a él legítimamente le pertenecía.

Siendo esto así, es necesario reconocer que se cometió el último de los errores alegados y en tal virtud que debe re-vocarse la sentencia recurrida y absolverse al acusado.

jRevocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Borrás, Muñoz & Cía., Demandante y Apelada, v. Matta, Demandanda y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cancelación de hipoteca.
    No. 2483.
    Resuelto en mayo 11, 1922.
    Pago — CANCELACIÓN.—En el presente caso, para garantizar el pago de cierta suma de dinero, la deudora y el acreedor hipotecario estipularon lo si-guiente: “ * * * cuya suma con intereses al. 10 por ciento anual se obliga la sociedad deudora a cubrir en el término de dos años contados a partir de la fecha de esta escritura, comprometiéndose a depositar en la mercantil Hijos de J. Bird y León de esta ciudad todos los productos (gas-tos deducidos) de los espectáculos públicos que se celebren en el teatro des-crito anteriormente, al siguiente día de celebrados; y por el presente la so-ciedad deudora apodera a Hijos de J. Bird y León para que entregue men-sualmente er dinero depositado al acreedor Bird Arias, previo recibo,” etc. Se resolvió: que la cláusula transcrita no puede tener otra interpretación que no sea la de que el aereedor convino que la sociedad deudora cubriría su débito depositando en la casa de Hijos de J. Bird y León todos los pro-ductos líquidos de los espectáculos que diese en el teatro para ser entregados mensualmente por la depositarla al acreedor Bird Arias; y que habiendo sido cubierto el crédito en la forma convenida, el pago debe reputarse como hecho al aereedor con derecho la deudora a obtener la cancelación del cré-dito hipotecario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Juan B. Soto.

      Abogado de la apelada: Sr. J. Texidor.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad Borrás, Muñoz y Compañía construyó nn teatro en Fajardo y en 10 de enero de 1917 otorgó con Arturo C. Bird Arias una escritura de hipoteca cuya cláusula primera, única necesaria abora, dice así:

“Beconoce la sociedad civil Borrás, Muñoz y Compañía por con-ducto de sus gestores comparecientes estar adeudando a don Arturo C. Bird Arias la suma de cinco mil trescientos setenta dólares con sesenta y cinco centavos que les ba facilitado en concepto de refacción para la edificación antes descrita y accesorios, cuya suma con inte-reses al 10 por ciento anual se obliga la sociedad deudora a cubrir en el término de dos años contados a partir de la fecha de esta es-critura, comprometiéndose a depositar en la mercantil ■ Hijos de J. Bird y León de esta ciudad todos los productos (gastos deducidos) de los espectáculos públicos que se celebren en el teatro descrito an-teriormente, al siguiente día de • celebrados; y por el presente la sociedad deudora apodera a Hijos de J. Bird y León para que en-tregue mensualmente el dinero depositado al acreedor Bird Arias, previo recibo, siendo convenido que a su vez los abonos mensuales que habrá de recibir el acreedor devengarán intereses recíprocos de 10 por ciento anual, entendiéndose: que ínterin no se cubra la deuda los socios no podrán disponer de cantidad alguna a cuenta de sus futuros beneficios.”

Dicha sociedad Borrás, Muñoz y Compañía demandó en 1920 a María Matta Quiñones, viuda de Arturo C. Bird, como única heredera testamentaria suya para que fuese conde-nada a otorgar escritura de cancelación de dicha hipoteca y a pagar las costas y honorarios de abogado del pleito, ale-gando corno fundamento de esas peticiones que cumpliendo la demandante con lo convenido en dicha escritura realizó pagos y depositó sumas en efectivo en poder de la mercantil Hijos de J. Bird y León hasta completar la cantidad total y los intereses y las sumas debidas a razón del 10 por ciento anual quedando así pagada toda la deuda y sus intereses dentro del plazo de dos años fijado en la escritura, a pesar de lo cual la demandada se niega a cancelar la hipoteca. Negó la demandada esas alegaciones y celebrado el juicio recayó sentencia condenatoria contra la cual interpuso la demandada este recurso de apelación.

No se discute por las partes que la sociedad deudora de-positó en la casa mercantil Hijos de J. Bird y León diversas partidas hasta el total de la deuda hipotecaria y sus intere-ses convenidos pues la controversia en este pleito versa sobre si tales entregas son el pago hecho al acreedor, que como consecuencia lleva consigo la cancelación de la hipoteca. Por esto la corte sentenciadora entendió acertadamente que las cuestiones a decidir son: primero, ¿cuál fué el pacto entre las partes contratantes sobre la forma y manera de verificarse el pago?; segundo, ¿verificó el deudor el pago de acuerdo con tal pacto? Esas son realmente las cuestio-nes que surgen de la sentencia apelada, si bien la parte ape-lante señala como errores algunos de los fundamentos que tuvo la corte inferior para dictar su sentencia.

Para la decisión de este recurso hay que tener en cuenta la cláusula primera que hemos transcrito del contrato cele-brado entre las partes pues si sus términos son claros y no dejan duda sobre la intención de las partes a ella debemos atenernos según el artículo 1248 del Código Civil para de-terminar si las cantidades entregadas por la sociedad deu-dora a Hijos de J. Bird y León son el pago de su deuda al acreedor Arturo Bird Arias.

En esa cláusula fijan las partes en primer término el saldo de la deuda refaccionaria de Borrás, Muñoz y Com-pañía con Arturo C. Bird Arias y continúa diciendo que esa suma con sus intereses al 10 por ciento anual se obliga la sociedad deudora a cubrirla en el término de dos años * * '* comprometiéndose a depositar en la mercantil Hi-jos de J. Bird y León todos los productos (gastos deduci-dos) de los espectáculos * * * y la sociedad deudora apodera a Hijos de J. Bird y León para que entregue men-sualmente el dinero depositado al acreedor Bird Arias, pre-vio recibo.

Según las palabras de esa estipulación fué convenio entre las partes que la sociedad deudora cubriría su débito depo-sitando en la casa de Hijos de J. Bird y León todos los productos líquidos de los espectáculos que diese en el teatro para ser entregados mensualmente por la depositarla al acreedor Bird Arias, entregas que autorizó expresamente la deudora. Por consiguiente la obligación de la deudora en este caso para con su acreedor consistió por convenio mutuo en hacer depósitos sucesivos en la mercantil convenida por ambas partes hasta cubrir la totalidad de su deuda, habiendo autorizado la deudora a la depositarla para entregar men-sualmente al acreedor los depósitos que hubiera hecho. En otras palabras, el acreedor aceptó que la deuda no se le pagase directamente ni de una vez la cantidad debida sino que su deudora fuese depositando los productos del teatro para serles entregados mensualmente por la depositaría; y aunque en la escritura no se dice expresamente que el acree-dor autorizó a Hijos de J. Bird para recibir en su nombre las entregas que hiciera la deudora, sin embargo, las pala-bras de la cláusula que consideramos no pueden tener otra interpretación que no sea la de que el acreedor aceptó que la depositaría recibiera en su nombre las cantidades que fueran depositadas para serle entregadas, y, por tanto, ha-biendo cubierto la deudora con los varios depósitos que hizo a Hijos de J. Bird y León para ser entregados al acreedor Arturo C. Bird Arias el importe total de su débito y sus in-tereses convenidos es de aplicación el artículo 1130 del Có-digo Civil según el cual el pago puede hacérse a persona autorizada por el acreedor para recibirlo en su nombre. Es cierto que al autorizar la deudora a Hijos de J. Bird y León para entregar los depósitos que ella-hiciera a su acreedor dispuso que las 'entregas mensuales se harían previo recibo, pero este requisito que era un resguardo o comprobante para la depositaría de los pagos mensuales que hiciera a Arturo C. Bird no es demostración de que no estuviera auto-rizada para recibir los pagos en nombre del acreedor.

Como los términos del contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de las partes no era necesario para su interpretación acudir a otras fuentes por lo que la admi-sión de otra prueba tendente a demostrar la intención de las partes por actos de éstas coetáneos y posteriores no ha causado perjuicio a la demandada pues sin ellas podemos decidir y decidimos sobre la intención de las partes.

Por todo lo expuesto concluiremos diciendo que puesto que Arturo C. Bird aceptó que su deudora cubriera su débito entregando a Hijos de J. Bird y León el dinero debido, que fue satisfecho en esta forma con sus intereses, la consecuen-cia es que Borrás, Muñoz y Compañía ha pagado la deuda que garantizó con hipoteca y tiene derecho a que ésta sea cancelada y a que se le paguen las costas del pleito y los honorarios de abogado cuya condena hizo la corte inferior y en la que no vemos error alguno.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.-

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. FeaNCo Soto,

text:
    Pabón, Demandante y Apelante, v. Juez Municipal de Juana Díaz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en recurso de certiorari.

    No. 2640.
    Resuelto en mayo 11, 1922.

      Certiorari. — El recurso de certiorari no procede para revisar cuestiones de hecho ni menos para revisar los méritos del caso.
    Id. — Apertura de Rebeldía — Apelación.—Una resolución de la Corte de Distrito desestimando por no ser apelable la dictada por nna corte municipal negán-dose a abrir la rebeldía del demandado, es errónea; pero si el demandado no apela de ella, el reeurso de certiorari es improcedente teniendo como tenía jurisdicción en este caso la corte municipal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Brunei.

    Abogado de los apelados: Sr. B. B. Pérez Mercado.

   El Juez Asociado Se. FeaNCo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

José Masoller & Cía. demandó a Valois Pabón en la Corte Municipal de Juana Díaz en cobro de dinero, costas y gastos de procedimiento. En 14 de abril de 1920 se procedió a ins-tancia de la demandante, a anotar la rebeldía del demandado y a registrar sentencia en su contra por no haber compare-cido dentro del término legal a formular oposición' alguna a la demanda. En junio primero presentó el demandado una moción solicitando se dejara sin efecto la sentencia y se abriera la rebeldía. La demandante se opuso a las pre-tensiones del demandado,, y en 29 de noviembre de 1920 la corte municipal declaró sin lugar la moción sobre apertura de rebeldía y en la misma fecha el demandado apeló de dicha resolución ante la Corte de Distrito de Ponce en la que, con fecha primero de marzo, desestimó la apelación interpuesta. En 7 de noviembre de 1921, el demandado, por los funda-mentos de que más adelante se hace mención, presentó un recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de Ponce y esta corte expidió el auto preliminar, dirigido al Juez Municipal de Juana Díaz, ordenando que se elevaran los autos originales a la misma. Celebrada la vista del recurso, la corte de distrito, con fecha 25 de noviembre de 1921, dictó sentencia desestimando en definitiva la petición del certio-rari, y contra esta sentencia es que se ha interpuesto la pre-sente apelación para ante esta corte.

Con excepción de la alegación que se hace en la solicitud de que la demandante cometió fraude impidiendo que el de-mandado pudiera ejercitar su defensa, y cuya alegación aún cuando es una cuestión de hecho que debemos prestarle más adelante la más cuidadosa atención en este recurso, todas las demás que se enuncian en dicha solicitud se contraen a dis-cutir los méritos del asunto en controversia. Son estas ale-gaciones las siguientes: que se demandó al peticionario como fiador no mancomunado ni solidario, sin demandarse al deu-dor principal; que se embargaron bienes del fiador y se trata de venderlos en pública subasta sin haberse hecho la excusión, de bienes del deudor principal; que la sentencia no puede eje-cutarse por no haberse liquidado la cuenta corriente del deu-dor principal; y que debido á cierto fraude perpetrado por la demandante el demandado no pudo defenderse en el caso y se registró una sentencia condenando al demandado como fiador a“ pagar la suma de $370 y que esta sentencia no fué notificada al demandado.

La corte municipal en donde se originó el pleito, tenía absoluta jurisdicción sobre los hechos alegados los que cons-tituían el fondo del caso y afectaban como consecuencia nece-saria los méritos del mismo. En • tal circunstancia no cabe discutir la- procedencia del auto de certiorari para revisar los procedimientos de la corte municipal. Es un principio repetidamente admitido y citado por la jurisprudencia de que el recurso de certiorari nunca puede darse para revisar las cuestiones de hecho ni menos para revisar los méritos del caso. People v. Board of Delegates, 14 Cal. 479; Quinchard v. Board of Trustees, 113 Cal. 664; Farnes etc. v. Book Equalization, 97 Id. 318.

El extremo que debemos considerar ahora se refiere al hecho del fraude alegado por el demandado y que antes ha-bíamos mencionado. En la petición se hace solamente una breve y bien somera alegación respecto a ese punto. Esta manera de alegar' sería bastante para rechazar de plano el remedio que pide el demandado ante esta corte. Sin embargo, con más extensión se trata del fraude alegado' en la moción que se presentó a la corte municipal solicitando la apertura de la rebeldía y que forma liarte de la transcripción del record. Pero nos encontramos y creemos que es esencial para nuestra decisión final, que el demandado apeló de la resolución del juez municipal denegando la apertura de la rebeldía para ante la Corte de Distrito de Ponce, y esta corte confirmó la resolución apelada, teniendo para ello como sólo fundamento legal el que la resolución del juez municipal no era apelable. No aparece que el demandado estableciera re-curso de apelación contra esta última decisión de la corte de distrito para ante esta corte para así haber puesto en tela de juicio y comprobar la suficiencia del fundamento legal que tuvo la Corte de Ponce para declarar que la resolución denegando la apertura de la rebeldía no era apelable.

Por razón de la materia o cuantía del pleito original el demandado tuvo la oportunidad para presentar la apelación ante esta corte; la reclamación del demandante excedía de $300 lo que no hacía final la resolución de la Corte de Distrito de Ponce y estuvo a la disposición del demandado la, vía ex-pedita para probar la suficiencia de aquella resolución inter-poniendo una segunda apelación para ante esta corte. Si sostuviéramos que la resolución de la corte de distrito en apelación de la corte municipal denegando la apertura de una rebeldía es apelable, entonces habíamos de llegar a la conclusión que el demandado había tenido a su alcance el re-curso ordinario de apelación. T a esta conclusión es que hemos llegado. Porque sea o no apelable la orden de la corte municipal denegando la apertura de la rebeldía, es lo cierto que la resolución de la corté de distrito, en apelación de aque-lla orden, era apelable por tratarse de una sentencia final, y para mejor ilustración de este caso hacemos referencia a la doctrina ya sentada por esta corte en el caso de Hernáiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D. P. R. 106. Resulta pues que el demandado tuvo a su disposición utilizar el recurso ordina-rio de apelación y es imputable a él su falta de diligencia de no haber hecho uso del mismo, ya que la cuantía del asunto civil iniciado en la corte municipal le permitía apelar de la resolución de la corte de distrito confirmando la resolución de la primera. El caso de Gibron v. Superior Court, 83 Cal. 643, declara que la orden dejando sin efecto una rebeldía es apelable. Pero este caso procede de una corte superior y podía dudarse de que el caso., no fuera perfectamente apli-cable ya que estamos tratando de una resolución procedente de una corte municipal. Estas dudas quedan aclaradas en el caso de Reggan v. Justice’s Court, 75 Cal. 253. La acción fué comenzada en una corte de paz. Esta corte de paz tenía jurisdicción sobre la materia y la persona demandada. Ante la misma se presentó por el demandado la moción solicitando la apertura de la rebeldía; la moción fué denegada y en se-guida fué interpuesto un recurso de certiorari en la corte superior. El auto se expidió y después de la vista del caso se dejó sin efecto el auto preliminar y el demandado estable-ció la correspondiente apelación ante la Corte Suprema. En la opinión de la corte se dice:

“Nada encontramos en el record que demuestre que la corte no siguió estrictamente las facultades que la ley le confiere. Si al ha-cerlo así, se cometió algún error, no está dentro del alcance de un recurso de certiorari para revisarlo. Dicho recurso solamente se ex-pide en casos en que la corte inferior, junta o funcionarios que ejer-cían funciones judiciales, ha excedido su jurisdicción y no existe apelación ni otro remedio sencillo, pronto y adecuado.”

Esta última decisión que citamos reafirma el principio general y admitido por la jurisprudencia de que la sola cues-tión que debíamos examinar era determinar si la corte municipal tenía jurisdicción, y en caso contrario si existía el recurso ordinario de apelación u otro remedio sencillo, pronto y adecuado.

La corte municipal tuvo completa jurisdicción en el pre-sente caso y el demandado tuvo a su voluntad y alcance es-tablecer el recurso ordinario de apelación y no creemos que un remedio extraordinario como lo es el auto de certiorari se expida en tales circunstancias, y especialmente cnando es imputable al peticionario baber dejado de ejercitar el recurso ordinario de apelación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldeev,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Concepción, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por mutilación.
    No. 1909.
    Resuelto en mayo 11, 1922.
    Mutilación — Instrucciones al Jurado. — Cuando el acusado lia aceptado las ins-trucciones en la forma que fueron dadas, al no pedir que fueran ampliadas o que se dieran las instrucciones específicas que ahora echa de menos, no puede impugnarlas después por deficientes o incompletas. El Pueblo v. Borla, 12 D. P. R. 171; 16 Corpus Juris, púgs. 1023, 1024, 1056.
    Id. — Acometimiento t Agresión — Grados del Delito — Duda Razonable sobre Grado del Delito. — Estando comprendido en el delito de mutilación el de acometimiento y agresión grave o simple siempre que se hubiera probado en el juicio que el agredido no ha quedado inutilizado en algún miembro-im-portante de su cuerpo, es errónea la negativa del juez a instruir al jurado de que en el caso de que tuviera duda razonable sobre si se ha cometido un delito de mutilación o de acometimiento y agresión grave diera el beneficio de la duda al acusado rindiendo un veredicto de culpabilidad por acometi-miento y agresión grave.
    Id. — Manifestaciones del Juez al Jurado sobre el Estado de la Herida. — ■ En el presente caso el juez dijo al jurado: "Habéis podido examinar esa he-rida, vosotros habéis visto esa herida, la contracción que se ha producido por virtud de la cicatrización, ha originado como una especie de hendidura,” Se resolvió: que siendo tales manifestaciones sustancialmente las mismas que expresó en su informe el perito médico, no pueden reputarse como la mera opinión del juez sobre un hecho, ni concluirse que causaran perjuicio al acu-sado.
    Los fiecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José B. Aponte.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldeev,

emitió la opinión del tribunal.

Alega el apelante en este recurso que lia interpuesto contra sentencia que lo condenó por delito de mutilación que debe ser revocada porque la corte inferior erró en sus ins-trucciones al jurado en lo siguiente;

“(a) No dando instrucciones específicas sobre el delito de acome-timiento y agresión grave y simple, toda vez que esta causa se sigue por mutilación por haberse desfigurado el rostro de una persona sin que se baya hecho mención en ningún momento en el juicio de que el agredido ha quedado inutilizado en algún miembro importante de su cuerpo.
“ (b) Habiéndose negado a transmitir al jurado la instrucción pedida por el acusado respecto al beneficio a que tiene derecho sobre duda razonable en cuanto a los delitos de mutilación y acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
“(o) Habiendo informado al jurado asumiendo como hecho el de que ‘la contracción que se ha producido por virtud de la cicatriza-ción de la herida del ofendido en este juicio ha originado como una especie de hendidura,’ hecho que no fué expresa ni tácitamente aceptado por el acusado, siendo fundamental en la causa pues tra-tándose de una mutilación por desfiguración del rostro, el jurado lia podido entender que esa especie de hendidura constituía la des-figuración. ’ ’

■Según la acusación contra el apelante la mutilación con-sistió en que hirió a Antonio Martínez “con una navaja, pro-duciéndole una herida en la cara, lado derecho como de siete pulgadas, cuya herida deja indeleblemente marcada la cica-triz en el lesionado, dejándole el rostro desfigurado.”

El juez dijo al jurado en sus instrucciones que si entendía que Martínez no ha quedado desfigurado en este caso el hecho quedaría circunscrito a los límites de un delito de acometi-miento y agresión grave, si estimaban que la herida es grave. El juez no dió al jurado instrucciones específicas de lo qim constituye el delito de acometimiento y agresión grave, pero habiendo el acusado aceptado las instrucciones en la forma que fueron dadas al no pedir que fueran ampliadas o que se dieran las instrucciones específicas que ahora echa de menos no puede impugnarlas después por deficientes o incompletas. El Pueblo v. Boria, 12 D. P. R. 171; 16 Corpus Juris, págs. 1023, 1024, 1056.

Examinemos el segundo motivo del recurso'. Al terminar el juez su informe al jurado le instruyó con respecto a lo que es duda razonable y concluyó diciendo que si tenía duda razonable de que el acusado baya inferido la herida esa duda debe ser en beneficio del acusado y debe absolverlo; y ha-biendo pedido el abogado del acusado que el juez instruyera al jurado de que en el caso de que tuviera duda razonable sobre si se lia cometido un delito de mutilación o ele acometi-miento y agresión grave diera el beneficio de la duda al acu-sado rindiendo un veredicto de culpabilidad por acometi-miento y agresión grave, el juez se negó a dar esa instrucción fundándose en que había dado instrucciones al jurado sobre duda' razonable aplicable al caso de mutilación y porque el delito de acometimiento y agresión grave no es grado del de mutilación ni comprendido en el mismo.

Según el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal tal como ha sido enmendado por la Ley’No. 22 de 11 de marzo de 1913, en una acusación por delito ele mutilación el jurado podrá declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes o de acometimiento y agresión simple, siempre que se hubiera probado en el juicio que el agredido no ha quedado inutili-zado en algún miembro importante de su cuerpo, por lo que el último fundamento de la negativa de la corte a dar la ins-trucción pedida es erróneo, pero a pesar de esto no revoca-ríamos por ello la sentencia porque en verdad la corte dijo al jurado que podía dar veredicto por acometimiento y agre-sión grave si estimaba que la herida es grave. No obstante, como el otro fundamento es erróneo también y causó perjuicio al acusado revocaremos la sentencia por no haber dado la corte la instrucción pedida, pues disponiendo el artículo 237 •del Código de Enjuiciamiento Criminal que cuando resulte >que el acusado lia cometido un delito público y baya funda-mento para la duda de si es culpable en dos o más grados, podrá ser convicto del más bajo de dichos grados solamente debió la corte haber dado al jurado la instrucción pedida de que en caso de duda en cuanto al grado del delito declarara al acusado convicto del más bajo, sin que la instrucción general que dió el juez al jurado con respecto a la duda razonable sobre la comisión de un delito por el acusado fuera suficiente para negar la específica que se le pidió y a la que tenía de-recho de acuerdo con el artículo citado. Tal como se dió la instrucción por la corte la duda se refería únicamente a si el acusado había inferido la herida o no y no abarcaba el ex-tremo a que se refiere la instrucción que fue pedida. 16 Corpus Juris, pág. 1025.

En cuanto al tercer motivo, si bien es cierto que la corte 'dijo al jurado lo siguiente:4‘Habéis podido examinar esa he-rida, vosotros habéis visto esa herida, la contracción que se ha producido por virtud de la cicatrización, ha originado como una especie de hendidura,” tales palabras no eran la opinión del juez sobre un hecho, como sostiene el apelante, sino el resumen mutatis mutcmdi de la declaración de un pe-rito médico según la cual “la herida no desaparecerá, es per-manente, el rostro no se ve bien, queda desfigurado y es pe-renne, que queda una huella permanente, por la situación de la herida se ve desagradable su rostro.” Además, y a pesar de esas palabras, la corte instruyó al jurado diciéndole: “Si vosotros entendéis que este hombre, Martínez, ha quedado desfigurado a consecuencia de esa herida, en el concepto que vosotros creáis que deba considerarse desfigurada una persona,” con cuyas palabras dejó al jurado la determinación de si el perjudicado estaba o no desfigurado y por tanto aquellas otras palabras aunque no fueron exactamente igua-les a las del médico, aunque sí sustancialmente, no causaron perjuicio al apelante.

El recurso se sostiene por el segundo de sus fundamentos y la sentencia apelada debe ser revocada y ordenarse la cele-bración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Delgado, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de venta judicial.
    No. 514.
    Resuelto en mayo 11, 1922.
    Inscripción Consentida — Bienes Gananciales — Bienes Privativos. — Inscrita una propiedad como ganancial, en tanto esa inscripción permanezca sin can-celar el estado legal creado por tal asiento, sea o no verdadero, debe conside-rarse prima facie correcto para los fines de inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente y el recurrido comparecieron por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan en el curso de. una ad-ministración judicial a petición de doña Obdulia Sosa viuda de G-onzález y administradora judicial de los bienes de Isaías González, ordenó la venta de una participación indivisa en cierta propiedad inmueble.

Después de una venta en subasta pública el marshal otor-gó escritura a favor del postor que obtuvo la buena pro, ha-biendo sido denegada la inscripción de la referida escritura por el Registrador de la Propiedad, por los motivos que se pasan a transcribir:

“Denegada la inscripción del precedente documento con vista de otros, por los siguientes defectos: primero, porque teniendo según el registro la presunción de ganancial el condominio que se vende, debe resultar en cuanto al cónyuge viudo que exista, ya el consentimiento expreso para la venta, o ya la ejecución de la misma por él en cuanto a sus 'derechos, requisito que no aparece cumplido en' este caso no resultando qué relación tenga con el causante la administradora judicial doña Obdulia Sosa viuda de González, y cuya presunción de gananciales nace de los hechos siguientes: que una parte del condo-minio se dijo que fué adquirido por el causante a título oneroso sin que resultase la calidad de bienes propios acreditada, y que si bien se expresó en la información de dominio mediante la cual se inscribió el condominio que parte de él había sido adquirido por herencia en la propia inscripción consignó uno de los anteriores re-gistradores, y así quedó consentido, que no daba carácter privativo a la adquisición, por.no haber intervenido en la tramitación el cón-yuge del promovente a consentir en esa declaración, debiendo consi-derarse subsistente tal inscripción en todos sus extremos mientras no se rectifique o anule con las formalidades legales. Segundo, que el condominio de referencia aparece inscrito a favor del causante, persona distinta de su sucesión en este caso, siendo preciso que lo sea a nombre de la misma, de conformidad con el artículo 20 Ley Hipo-tecaria; pues no se acredita para prescindir de tal inscripción que la citada herencia se encuentre yacente, toda vez que la certificación del secretario de la corte de distrito que se acompaña no es concluyente sobre el particular, porque para apreciar ese estado solamente se funda dicho funcionario en que no se había tramitado declaratoria de herederos, cuyo solo hecho no lo decide, porque de la escritura presentada resulta que la herencia se puso en administración judicial, sin expresarse qué carácter tiene quien la promovió, si el de acreedora, viuda o heredera, ni que la herencia haya sido renunciada, debiendo en tal caso presumirse que la solicitud de administración, la cual no se dice ser provisional, envuelve un acto de aceptación, no resultando en este caso los motivos tenidos en cuenta para dicha administración, previstos en los artículos, 23, 24, 25 de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales; y en el caso de que la adminis-tradora fuera la viuda, quedaría más fundado aun el defecto relativo a no ser yacente la herencia, porque la viuda sería, aun cuando no se hubiera tramitado declaratoria de herederos, una presunta heredera, bien usufructuaria, o bien en el grado que la considera el Código Civil heredera en propiedad, siendo entonces imprescindible que se tramite e inscriba previamente el derecho de sucesión, en el caso de que Rubiera personas con derecRo a heredar, tendría derecho a esta herencia El Pueblo de Puerto Rico y no resulta tampoco que éste haya sido notificado del procedimiento, habiéndose tomado en su lugar ano-tación preventiva por el término legal, al folio 112 vuelto del tomo 17 de Carolina, finca número 731, anotación letra A, en la que además se ha .consignado el defecto subsanable de no expresarse el nombre y apellido de la esposa del comprador; y se ha practicado con sujeción al también subsanable consignado en la inscripción primera de la finca total, consistente en no haber quedado consentida originalmente cierta determinación de condominios entre los cuales se encuentra el que se vende. Todo con arreglo a los artículos citados y a lo re-suelto por el Hon: Tribunal Supremo en el tomo 18, pág. 260; tomo 19, pág. 1012, y tomo 28, pág. 394.”

El recurrente alega como errores cometidos por el regis-trador recurrido, los siguientes:

“En cuanto al primer defecto, el haber calificado dicho registra-dor, como bienes gananciales el derecho que se transmite por la escri-tura de venta y que consta inscrito a favor del causante como bien privativo a virtud de expediente de dominio debidamente tramitado ante la Corte de Distrito de San Juan.
“El segundo defecto que señala el registrador recurrido en su nota consiste en estimar infringido el artículo 20 de la Ley Hipote-caria, exigiendo la inscripción prpvia a favor de la sucesión del causante, prescindiendo dicho registrador del carácter de yacente que tiene la herencia.
“Este defecto carece de eficacia legal por lo siguiente:
“Io. Porque la venta del inmueble en cuestión fué ordenada' por la corte en un procedimiento ex-parte sobre administración judicial de los bienes del causante.
“2o. Porque el procedimiento en el cual se ordenó la venta no es de los que pueden seguirse contra la sucesión del causante, y sí, solicitados por la propia sucesión.
“3o. Porque el registrador tuvo a la vista un certificado de la corte en el cual el secretario de la misma hace constar que según consta de los autos del caso el marshal de dicho tribunal efectuó la venta a favor del aquí recurrente, asumiendo la personalidad del finado Isaías González Cruz.
“4o. Porque según dicho certificado la herencia estaba yacente y la venta se llevó a cabo a favor del recurrente para dar fin a la ad-ministración del finado Isaías González Cruz.”

El asiento de la inscripción de dominio a que se refiere el recurrente es en parte como sigue:

“Don Manuel González Cruz, mayor de edad, casado, vecino de Carolina, acudió a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Pri-mera, con feclia veintinueve de octubre de mil novecientos catorce solicitando se declarase a su favor y de su hermano don Isaías Gon-zález Cruz, también casado, mayor de edad y vecino de Carolina, y de su sobrino don Enrique Mayol González, menor de edad, soltero y del mismo vecindario, el dominio de esta finca y dos más que cita la nota marginal, manifestando que la presente les corresponde en común proindiviso así: a Enrique Mayol González diez cuerdas setenta cén-timos; a Isaías y Manuel González Cruz, a cada uno, veintiséis cuerdas setenta y cinco céntimos, al primero por herencia de su madre Emma, que a su vez la heredó en mil ochocientos noventa y siete de su madre Micaela Cruz Trabot, y de ésta y como hijos legítimos también heredaron Manuel e Isaías, cada uno cinco cuer-das treinta y cinco céntimos; y el resto de cuarenta y dos cuerdas ochenta céntimos por compra a Cosme Cruz en el año mil ocho-cientos noventa y ocho, y a Mariano Cruz en el año mil novecien-tos dos, hermanos de Micaela Cruz, habiendo adquirido toda la finca estos tres últimos por herencia de su madre Juana Francisca Trabot, poseyéndola más de treinta años * * * * Declararon como testigos Cristino Díaz Mundo y Martín Rodrigo, y aunque manifestaron que estas fincas fueron adquiridas por herencia, se observa que la corte declaró con lugar la moción, en la que, res-pecto a esta finca, resulta la adquisición por compra y herencia. Por tanto, la corte, en orden de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos quince, del juez don Félix Córdova Dávila, ante el se-cretario don Celestino Marrero, que se dice ha quedado firme, de-claró con lugar la moción inicial, y justificado el dominio de ésta y las dos fincas del margen a favor de don Manuel y don Isaías Gon-zález Cruz y don Enrique Mayol González, ordenando su inscripción; siendo casados los condueños don Manuel y don Isaías González Cruz y no habiendo intervenido en el procedimiento sus respectivas esposas no es posible dar a las participaciones o cuerda^ que manifiestan ad-quiridas por herencia, el carácter de bienes privativos, y por consi-guiente deben presumirse gananciales. En su VIRTUD, don Manuel y don Isaías González Cruz y don Enrique Mayol González, inscriben en común proindiviso y en las proporciones expresadas el dominio de esta finca, con el defecto subsanable de no acreditarse la represen-tación del don Manuel González Cruz, no quedando por tanto con-sentido por los demás condueños la determinación de partes que ha becho aquél. Todo lo referido consta de una certificación fecha trece de julio de mil novecientos quince expedida por el subsecretario de la corte don Francisco Negroni, comprensiva de la orden ameritada, * * * * Y se hace constar, que, además se consigna el defecto subsanable de no expresarse los nombres y apellidos de las esposas de los condueños don Manuel y don Isaías González Cruz.”

No consta de este asiento, como afirma el recurrente, que el derecho de Isaías González fué inscrito como de su pro-piedad privativa. De los autos no aparece que la corte in-tentó resolver la cuestión del dominio privativo. Ni siquiera indican que la petición contenía alguna súplica para tal cali-ficación del título. Los autos sí muestran que Isaías Gonzá-lez compareció en el procedimiento como casado y que había adquirido la mayor parte de la participación en cuestión a virtud de compra. Dentro de las circunstancias del caso el mero hecho de haber declarado ciertos testigos que la pro-piedad había sido adquirida por herencia apenas si hubiera justificado su inscripción como bien privativo de haberse so-licitado tal inscripción.

Pero de todos modos la participación no fué inscrita como propiedad privativa, sino que fué expresamente calificada por el registrador prima facie como ganancial, y no inter-puso recurso contra la resolución. En tanto la inscripción practicada entonces permanece sin cancelar por virtud de un mandato judicial, el estado legal creado por el asiento original sea o no en realidad verdadero debe considerarse para los fines de inscripción como correcta prima facie. Dávila v. El Registrador de Caguas, 28 D. P. R. 197.

En el caso de Arias et al. v. El Registrador, 19 D. P. R. 1177, esta corte resolvió (la cita es del sumario) que: “Ha-biendo sido inscrita una hipoteca en el registro de la pro-piedad a favor de un cónyuge como bien privativo de él ha-ciendo constar en la inscripción las manifestaciones techas por el apoderado del cónyuge que prestó el dinero en el sen-tido de que el mismo era de su exclusiva pertenencia y pro-cedió de bienes que aportó al matrimonio, no es posible pres-cindir de los efectos legales de esa inscripción, y el regis-trador no puede luego denegar la inscripción de la escritura de cancelación de esa misma hipoteca por no haber prestado su consentimiento el otro cónyuge a dicha cancelación.”

La misma regla se aplicaría a fortiori a una inscripción de propiedad inmueble como propiedad ganancial, pues la inscripción en tal caso no descansa solamente en una base técnica sino que también está sostenida por la presunción legal que lleva consigo toda propiedad que se encuentre en pose-sión de cualquiera de los esposos.

La única autoridad citada en apoyo del segundo señala-miento de error es el caso de Passalacqua Hermanos & Cía. v. El Registrador, 6 D. P. R. 42, donde se hace referencia a la anterior doctrina de la Dirección General de que “ sin más excepción que en los casos de la herencia yacente, debían inscribirse a nombre de los herederos del deudor los bienes vendidos o adjudicados mediante procedimiento judicial para pago de deudas, antes de hacerse la inscripción a favor del compradoi o del adjudicatario.”

Pero por las razones aducidas por el registrador la con-clusión legal certificada por el secretario de la corte de dis-trito no establece el hecho, si lo es, de que en el caso de autos la herencia es yacente. Véanse también los casos de Amy v. Aponte, 29 D. P. R. 145 y Armstrong & Cía. v. Irizarry, 29 D. P. R. 606.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Miranda, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Pon.ce en cansa por violación.
    No. 1921.
    Resuelto en mayo 11, 1922.
    Violación — Acusación Suficiente. — Es suficiente y cumple con los requisitos que exige el inciso 6 del artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal una acusación por delito de violación que en lo pertinente dice así: ‘.‘Que el acusado, Juan Miranda, en Ponce, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, yació con la niña menor de edad, de catorce años, (dando su nombre) quien allí y entonces no era su esposa. ”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el apelante fué declarado culpable por un delito de violación y solicita la revocación de la sen-tencia apelada por el fundamento de que la acusación, la cual ha sido formulada de acuerdo con el texto castellano del estatuto, no determina un delito público de conformidad con la doctrina sentada en el caso de El Pueblo v. Wys, 25 D. P. R. 510, en el que se resuelve “Si un estatuto que establece un delito no se expresan los hechos que lo constituyen de un modo suficiente para que el acusado teng’a conocimiento de la naturaleza precisa del cargo que se formula contra él, será necesario que en la acusación se haga una .exposición más detallada de los hechos.”

El artículo 255 del Código Penal define el delito de viola-ción en su texto inglés como “'an act of sexual intercourse accomplished with a female not the wife of the perpetrator,” en ciertos casos que se enumeran. El texto castellano es como sigue: “Se comete violación yaciendo coii una mujer que no fuere la propia,” etc.

En este caso la acusación imputa los siguientes hechos: “Que el acusado, Juan Miranda, en Ponce, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, yació con la niña menor de edad, de catorce años, (dando su nombre) quien allí y entonces no era su esposa.”

La teoría de la apelación es que si bien el lenguaje em-pleado sigue las palabras del estatuto en su texto castellano, no informa, sin embargo, al acusado en cuanto a £íla natura-leza y causa de la acusación,” de conformidad con las pres-cripciones del artículo 2 de la Ley Orgánica. También se liace referencia al artículo 82 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en parte es como sigue: “La acusación es su-ficiente si de ella se deduce: * '* '* 6. Que la acción u omi-sión considerada como delito está expuesta clara y distin-tamente en lenguaje corriente y, conciso, sin repetición y de tal modo que facilite a cualquier persona de inteligencia co-mún, conocer lo que se quiere decir.”

No cita el apelante ninguna autoridad para probar la significación corriente y ordinaria del verbo “yacer” en cas-tellano cuando se emplea en la relación indicada y no tendría motivo para quejarse si se confirmara la sentencia sin consi-derarse los méritos de la cuestión que fia sido levantada en el alegato.

Decir en inglés que el acusado “yació” (lay ivith) con la perjudicada sería quizá anticuado y levantaría alguna duda acerca de la suficiencia de la acusación. Pero entre las definiciones del verbo ‘‘yacer,” encontramos la siguiente de Salvá: “fam. Tener acto carnal o dormir con una mujer.” Escricbe al referirse al artículo 453 del Código Español dice: “Se comete violación, según el mismo, yaciendo con la mujer,” en cualquiera de los casos que entonces pasa a enumerar.

Parece pues que los traductores del Código Penal siguie-ron literalmente el lenguaje del Código Español, y que la traducción ya se considere desde un punto de vista histórico y clásico o analice de acuerdo con el uso cprriente y diario de las palabras la acusación no es confusa ni puedo dejar de ser entendida por cualquier acusado de inteligencia ordi-naria.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Garciá, Demandante y Apelado, v. La Asamblea Municipal de Cayey, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en procedimiento de certiorari.

    No. 2561.
    Resuelto en mayo 12, 1922.
    ORDENANZA MUNICIPAL VÁLIDA-TRABAJO INVOLUNTARIO ■ — ARBITRIO SOBRE EN-TRADA a Espectáculos Públicos. — No envuelve la imposición del trabajo in-voluntario a que se refiere la Enmienda Trece de la Constitución una orde-nanza municipal que exige a todo empresario de espectáculos públicos el ad-quirir estampillas emitidas por el municipio para cobro de un arbitrio obli-gándole a fijarlas a los billetes de entrada, so pena de ineurrir en multa o prisión. La infracción consistiría, no en dejar de cumplir un servicio, sino en vender un billete sin la estampilla.
    Id. — Ordenanza Municipal Razonable — Impuesto de Lujo.- — Una ordenanza municipal imponiendo el pago de un arbitrio a toda persona que asista a un es-pectáculo público, no es una contribución sobre la persona, y, como impuesto de lujo, no es irrazonable.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado -de la apelante: Sr. M. Marcos Morales.

    Abogado del apelado: Sr. B. Fernández García.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Cayey aprobó una ordenanza que imponía una contribución a la venta de billetes de en-trada a teatros, semejante a la ordenanza aprobada por el Municipio de Mayagüez en el caso de The Mayagüez Show Company v. El Municipio de Mayagüez, de abril 28, 1922, (pág. 451). Algunas de las cuestiones promovidas en el pre-sente caso fueron resueltas en aquella apelación y otros ca-sos de asambleas municipales decididos entonces. En este caso la corte inferior anuló la ordenanza.

Nos inclinamos a convenir con la apelante en que si la corte dió'por ciertos los hechos alegados en la demanda sin que se presentara prueba y la contestación negaba dichos hechos, la corte incurrió en error. Sin embargo, toda vez que la sentencia ha de revocarse por otros fundamentos no haremos un examen minucioso de los autos para ver si tiene razón la apelante.

Asimismo en cuanto a si el certiorari era el auto ade-cuado, creemos que la apelante no tiene razón al sostener lo .contrario, pero como entendemos que no procedía el certio-rari a virtud de los hechos alegados no consideraremos la cuestión con gran extensión.

Semejantes consideraciones son de aplicación sobre si el procedimiento se siguió contra las verdaderas personas. Pa-rece que cuando se trata de anular una ordenanza la munici-palidad misma es parte nceesaria.

La principal cuestión que lia de discutirse en este caso es si esta ordenanza es nula y anticonstitucional por imponer un trabajo involuntario a los dueños de teatros u otros espec-táculos públicos obligándoles a cobrar una contribución bajo pena de multa o prisión si dejasen de hacerlo. Para con-cretar, la ordenanza exige al dueño de un teatro comprar estampillas y hacer que se fijen a los billetes de entrada que se vendan a las personas que asistan al teatro, so pena de incurrir en pago de multa o prisión.

Prescribe además dicha ordenanza que estas estampillas serán vendidas simultáneamente por el dueño del teatro con cada uno de los billetes de entrada.

Hay sin embargo, también una sección en la ordenanza que prohibe a todo empresario o a cualquiera de sus encar-gados tomar dinero, o permitir la entrada al teatro sin ha-berse pagado el impuesto correspondiente.

Ahora bien, dudamos si puede castigarse a una persona por dejar de proveerse de estampillas o de comprar dichas estampillas antes de efectuar la venta de los billetes de en-trada. Pero la impugnación no se hace por estas razones y pueden considerarse como supérfluas estas prescripciones de la ordenanza. Lo que la ordenanza requiere es que no se vendan billetes a menos que se pague la estampilla. Este es un medio corriente con más o menos formalidades de cobrar un arbitrio en sello. La infracción de la ordenanza consis-tiría, no en dejar de cumplir un servicio sino en vender un billete sin la estampilla. Esta parece ser suficiente contesta-ción a la alegada servidumbre involuntaria. Pero también examinaremos hasta cierto límite lo que significa una servi-dumbre involuntaria. Hacemos la siguiente cita de 12 Corpus Jury, página 937, párrafo 446, a saber:

“La Enmienda Trece a la Constitución de los Estados Unidos prescribe que ‘ni la esclavitud, ni la servidumbre involuntaria, menos como castigo por un delito del cual la persona ba sido debidamente declarada culpable, existirá en los Estados Unidos, ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción.’ El fin principal de esta enmienda fué llevar a cabo la abolición de la esclavitud africana en los Estados Unidos. Pero la adición de las palabras ‘trabajo involuntario’ a la prohibición de la enmienda dió a ésta mayor alcance y ha sido apli-cada a cualquier servidumbre que en realidad es involuntaria, bajo cualquier forma con que tal servidumbre haya sido disfrazada. De conformidad con esto se ha resuelto que es aplicable a las costumbres de esclavos que prevalecían entre las tribus incivilizadas de Alaska; a la servidumbre involuntaria a pretexto de aprendizaje; y para anular todos los estatutos o contratos que prescribían un estado de peonaje, como el que existió en China, en Méjico y partes de los Estados Unidos adquiridas de Méjico, y más recientemente bajo los estatutos de varios Estados de la Unión. El precepto constitucional no anula un estatuto que prescribe como delito el obtener dinero, propiedad o empleo por virtud de un contrato para realizar trabajo o servicios, con la intención entonces de perjudicar o defraudar al principal. Pero si el estatuto va más lejos y hace que el mero in-cumplimiento del contrato por no realizar el servicio es prueba prima facie de la intención de defraudar, es nulo. Y en general tales es-fatutos son nnlos dondequiera que el delito en ellos prescrito se co-mete simplemente mediante el incumplimiento de un contrato, o por no pagarse una deuda. La garantía constitucional contra el trabajo involuntario, sin embargo, no impide que' se decrete una ley que exija la realización de trabajo en el servicio público, como al tra-bajar en los caminos públicos o de otro modo o en vez de las con-tribuciones; o por concederse derechos exclusivos para llevar a cabo cierta clase de negocios cuando son necesarios o adecuados para reali-zar un fin que tiene por objeto el bien público. Ni invalida tampoco un estatuto que prescribe un castigo de prisión por desacato a la corte, menos cuando el estatuto prescribe prisión con trabajo forzado. Ni invalida una estipulación en una escritura de venta por la cual se compromete el comprador, sus herederos y cesionarios, a pagar a perpetuidad una renta anual.
“El servicio de marinos se considera como excepcional, y de acuerdo con esto los marinos que voluntariamente han celebrado un contrato por un período de servicio se ha resuelto que han renunciado por tal período a su libertad personal, de modo que ni el contrato mismo ni un, estatuto que lo autorice constituye una violación de la garantía contra el trabajo involuntario. Existe tal violación, sin embargo, cuando a marinos que no han celebrado un contrato volun-tario se les obliga a trabajar en barcos americanos.”

La infracción de una ordenanza municipal constitucional es un delito, y el castigo impuesto una excepción específica al trabajo involuntario, de modo pues que la única cuestión es la de si las obligaciones impuestas por esta ordenanza cons-tituye un trabajo involuntario. Como se indica en el caso de Robinson v. Baldwin, 165 U. S. 275, el trabajo, involuntario no es aplicable a un servicio acostumbrado como el que se impone a los marineros, y los servicios que han sido consi-derados como excepcionales desde tiempo inmemorial no se considerarán como comprendidos en el espíritu de la enmien-da. Otros casos muestran más particularmente que la servi-dumbre debe ser de la persona. En otras palabras, en general, que una persona queda sujeta a la voluntad directa de un amo. Hay otros casos que tal vez caen dentro del espíritu de la enmienda pero no encontramos ninguno en que se diga que el requisito de un simple servicio o servicios semejantes a los envueltos en este caso habrán de considerarse'como tra-bajo involuntario. Esta consideración sería de aplicación ann a la obligación que pretende imponerse, o sea el tener a mano una provisión de estampillas.

Además, dudamos si en realidad podrían considerarse estos servicios como' involuntarios. Si el dueño del teatro no se resuelve a ayudar al gobierno a cobrar esta forma de ingreso y se niega a estar al tanto de que se acompañe una estampilla a cada billete que se expenda puede abandonar su negocio. Convenimos con la corte inferior en que ésta sería una elección muy desagradable, pero este es un medio claro de eludir la ser-vidumbre. Por lo menos este razonamiento es aplicable a la prohibición de vender un billete sin la estampilla. Como se dijo hace mucho tiempo en el caso de McCulloh v. Maryland. 4 Wheaton, 316, la facultad de fijar el impuesto comprende la de anular, pero las simples obligaciones impuestas al dueño de un teatro con esta clase de arbitrio no podían considerarse tan onerosas que envolvieran aún la posibilidad de que debía aban-donar su negocio.

Esta prohibición o reglamentación para vender un billete sin la estampilla es la esencia de la ordenanza y está dentro de las facultades de reglamentación u otras de la municipa-lidad. La imposición de esta contribución envuelve el ejerci-cio de la misma facultad dominante al exigirse una licencia antes de empezar un negocio. Es un ejercicio de poder tal vez de distinta clase, pero es un ejercicio semejante de sobe-ranía.

También sostuvo el apelado que la ordenanza era irrazona-ble pero la prueba de esto (test) fué al parecer, que dicha ordenanza imponía contribuciones a los ciudadanos en particular al exigirles pagar esta clase de impuesto de estampilla. Como indicamos en el caso de Mayagües Show Co. v. Municipio de Mayagüez, (pág. 451), el uso de estampillas como estas es una forma corriente de imposición de contribución y fué el método observado en parte en las Leyes Federales sobre In-gresos durante la guerra. A falta de una clara autoridad en sentido contrario, nos sentimos obligados a declarar que este impuesto de lujo como otra contribución semejante de rentas internas no es irrazonable por su modo de imposición.

Aún cuando se impone a las personas a quienes se les exige pagar un derecho de estampilla este arbitrio no es un impuesto sobre la persona como sostiene el apelado. Es una contribu-ción por el uso o compra de un billete de entrada, y no se im-pone directamente al individuo, ni requiere ningún servicio de él, pues no está obligado a comprar dicho billete.

Dijo también el apelado que la cláusula penal de la orde-nanza era nula. Tal vez no podía imponerse penalidad por no tenerse a mano las estampillas necesarias, pero nos incli-namos al parecer de que podría multarse a un dueño de teatro por haber vendido un billete de entrada sin pagarse el derecho de estampilla. La Ley Municipal, artículo 58 A, autoriza la imposición de una multa por la infracción de las ordenanzas municipales y esta clase de contribución parece estar compren-dida dentro del poder de reglamentación conferido a la muni-cipalidad. Véase por analogía, el caso de El Pueblo v. Ga-rsot, 24 D. P. R. 231, donde se resolvió que un municipio tenía de-recho a imponer un arbitrio por espectáculos en particular. De todos modos la cuestión de la penalidad no fué considerada por la corte inferior. Este es un certiorari para probar la validez de la ordenanza y no una causa por infracción de una ordenanza. Cualesquiera dudas que tengamos debemos reser-varlas para un caso adecuado después del debido informe.

Otras cuestiones sobre la naturaleza de la contribución y la manera de aprobar la ordenanza que fueron promovidas en la corte inferior pero que no se resolvieron, han sido discu-tidas por nosotros en el caso de Sucesores de C. y J. Fantauzzi v. La Asamblea Municipal de Arroyo, (pág. 423) y en los demás casos municipales decididos en ese día.

Debe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la demanda.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Frauco Soto,

text:
    Rodríguez, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera,1 denegatoria de-inscripción de una edificación.
    No. 524.
    Resuelto en mayo 16, 1922.
    Inscripción Previa — Accesión.—Cuando el suelo y la edificación pertenecen a1 distintos dueños, no puede reputarse ésta como accesoria de aquél; ambas son cosas principales, por lo que a los fines de la Ley Hipotecaria se requiéra-la inscripción separada a favor de cada dueño.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. E. Campillo.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Frauco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura ante el notario Enrique Campillo Abrams,, otorgada en 21 de febrero de 1922, José Rodríguez Vallde-juli adquirió por compra a Juan Hernández una casa y solar. En la escritura de compraventa se hace constar que el solar lo adquirió el vendedor por compra a Blanca, Elisa y Ernesto Cerra Andino por escritura otorgada en diciembre 14, 1920, y la casa la hubo por compra a María Escobar López, mediante escritura otorgada ante el notario Eduardo H. F„ Dottin en 4 de noviembre del mismo,año.

Presentada la escritura de 21 de febrero de 1922 al Re-gistro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, para su inscripción el registrador efectuó la inscripción en cuanto al solar, pero denegó la inscripción de la casa, poniendo al pie del documento la siguiente nota:

“Inscrito el precedente documento en cuanto al solar únicamente, al folio 213 vto. tomo 31 de Santurce Sur, finca número 2045, ins-cripción 4a. y denegada la inscripción en cuanto a la casa, porque expresándose en este documento que la hubo por compra mediante otra escritura no se baila inscrita a su favor, requisito indispensable, y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal en el mismo asiento.”

De esta nota José Rodríguez Valldejuli recurrió ante esta corte, solicitando la revocación de 3a misma y en su consecuencia que se ordene la inscripción denegada en cuanto a la casa.

La cuestión legal que presenta el recurrente es que el registrador incurrió en error al no aplicar el Código Civil en materia de accesión y así denegar la inscripción de la casa, considerándola.como una accesión al solar previamente, inscrito en el registro. Pero este aspecto del asunto sería aplicable si se tratara de edificaciones o mejoras hechas por el mismo dueño del solar. En tal caso no era necesario una inscripción separada del solar en cuanto a aquellas edifica-ciones y mejoras y sí bastaría una descripción que se hiciera constar en documento público de las referidas edificaciones o de las mejoras hechas por el dueño del solar. Pero este no es el caso. Resulta de' los hechos que el recurrente ad-quirió el solar y casa de diferentes personas por título de compra. No aparece la casa inscrita a nombre del transmi-tente ni de otra persona alguna. Parece que se ha dado el derecho a edificar a persona diferente del dueño del solar y como natural consecuencia se trata- de un derecho que ad-quiere un tercero. Siendo esto así, no había que considerar la accesión como título de adquirir y sí la compraventa, am-bas cosas solar y casa resultan cosas principales, y'entonces habíamos de aplicar los artículos 2 y 20 de la Ley Hipote-caria, debiendo constar inscrita previamente la casa confor-me a lo que prescribe la citada Ley Hipotecaria para todos los casos en que se transfiere o grava el dominio o la pose-sión de bienes inmuebles o derechos reales.

Eepetidamente se ha presentado la misma cuestión en-vuelta en el presente caso ante esta corte, y la jurisprudencia sostenida es que cuando el suelo y edificaciones pertenecen a distintos dueños, se trata de cosas principales, y no una accesión de la otra, y para los efectos de la Ley .Hipotecaria se requiere la inscripción separada a favor de cada dueño. Véanse las siguientes decisiones: Martín v. Registrador, 22 D. P. R. 150; Santos v. Registrador, 27 D. P. R. 852; Marcano v. Registrador, 20 D. P. R. 525.

Se llama la atención por el recurrente que el registrador por la inscripción segunda había inscrito sin dificultad una hipoteca que el vendedor Juan Hernández Acevedo había constituido a favor de Antonio Andino Lloverás. Esto lo consideramos inmaterial. Aparte de que la hipoteca fué can-celada, según consta del record, si el registrador obró equi-vocadamente, eso no le obliga para continuar en el error, toda vez que en la inscripción de la hipoteca lo que se hizo fué una mención de la casa y no una inscripción separada.

La nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Rodríguez et al, Recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, sobre negativa de inscripción de escritura.
    No. 525.
    Resuelto eu mayo 16, 1922
    por los fundamentos del caso No. 524, Ro-dríguez v. Registrador de Sm Juan, de mayo 16, 1922.
    Abogado del recurrente: Sr. E. Campillo.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   Confirmada la nota.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado .Sr. Aldrey,

text:
    Sampol, Demandante y Apelante, v. Sucesión Emilio Colón Berríos, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2692.
    -Resuelto en mayo 16, 1922.
    Desestimación de Apelación — Término para Apelar — Entrega del Escrito de Apelación al Secretario.- — Probado que el sábado 4 de marzo de 1922, día en que vencía el término para apelar, recibió el abogado de' la parte a cuyo favor se dictó la sentencia copia del escrito de apelación, y que una persona que firmó como agente del secretario de la corte de distrito recibió un pliego certificado que le entregó la oficina de correos, pliego que contenía el escrito de apelación y el dinero para su radicación, es preciso concluir que la apelación fué radicada en tiempo por lo que no debe ser desestimada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. II. R. Francis.

    Abogado de la apelada: Sr. F. González.

   El Juez Asociado .Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El sábado 4 de marzo de este año vencía el término para interponer apelación la parte perjudicada por la sentencia dictada en este pleito. En diclio día recibió el abogado de la parte a cuyo favor se dictó la sentencia copia del escrito de la otra parte apelando de ella y también una persona que firmó como agente del secretario de la corte de distrito re-cibió un pliego certificado que le entregó la oficina de correos, pliego que contenía el escrito de apelación y el dinero para su radicación, según declara bajo juramento el abogado de la parte apelante. El secretario registró el escrito de ape-lación el lunes 6 de marzo y abora nos pide la parte apelada que desestimemos el recurso por haber sido interpuesto fuera de tiempo, a cuya pretensión se opone la apelante ale-gando que entregó su escrito al secretario antes de vencerse el término que tenía para apelar y que ha pedido en la corte inferior que se corrijan los autos haciendo constar la radicación del escrito de apelación con fecha 4 de marzo.

La única controversia entre las partes ahora es si la apelación ha de considerarse interpuesta el día 6 de marzo en que el secretario registró el escrito de apelación o el 4 de marzo en que el secretario recibió por un agente suyo el pliego certificado conteniendo el escrito de apelación y los derechos para su radicación.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil dice así:

“Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte con-traria o a su abogado.”

De acuerdo con ese artículo la apelación se interpone en-tregando al secretario el escrito de apelación. La palabra “entregando”, o “by filing” que emplea el texto inglés, usada por dicho artículo significa el acto de colocar en poder del secretario el escrito de apelación con el dinero corres-pondiente, cuando esto es necesario y por tanto la omisión del secretario de radicarlo o registrarlo no perjudica los de-rechos de las partes. Words and Phrases Judicially Defined, vol. 3, páginas 2764, 2768 y citas que contiene; Bóuvier’s Law Dictionary, vol. primero, página 782.

Así, pues, como el escrito de apelación fué entregado al secretario el sábado 4 de marzo, antes de vencerse el término para apelar, el recurso en este caso fué interpuesto en tiempo aunque dieho funcionario no radicó el escrito hasta el lunes siguiente y por tanto la moción de desestimación debe ser negada.

Sin lugar la moción del-apelado sobre desesti-mación del recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Marxuach, Demandante y Apelada, v. Tous et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre ejecución de hipoteca. Moción pidiendo reposición de orden de requerimiento.
    No. 2654.
    Resuelto en mayo 16, 1922.
    Ejecución de Hipoteca — Paralización del Procedimiento Sumario Hipoteca-rio — Reclamación del Deudor Demandado en Ejecución de Hipoteca. — -El hecho de que no se radicara con. la escritura de hipoteca que se acompañó ni escrito pidiendo su ejecución la orden de la corte autorizando al padre de los menores para constituir el' gravamen, no es motivo para que el juez re-ponga o deje sin efeeto a petición de los demandados el auto de requerimiento y su decisión no es' apelable. Si tal omisión afectara la validez del título, la cuestión deberá ventilarse de acuerdo con el artículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, en el juieio plenario correspon-diente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. V. M. Fernández.

    Abogado de la apelada: Sr. E. Pérez Gasalduc.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Marxuach interpuso demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, por el precedimiento especial Mpotecario contra los demandados, José Tous Torres, et al., solicitando se requiriera a los demandados para que dentro del término que señala la ley efectuaran el pago de la cantidad que es objeto de la demanda. La corte inferior dictó de conformidad, en diciembre 3, 1921, la orden de requerimiento la que se diligenció en diciembre 17, 1921. En este estado del procedimiento, los demandados presenta-ron una moción a la corte de distrito pidiendo la reposición de la orden de requerimiento, suspendiendo los efectos de la misma y que quedara el procedimiento en el estado en que se encontraba al ser radicado el escrito inicial de ejecución.

La corte inferior, en 11 de enero de 1922, declaró sin lugar, dicha moción y contra esta resolución es que se ha estable-cido el presente recurso de apelación ante esta corte.

Las partes comparecieron a la vista del caso y presenta-ron • alegato.

No creemos que tengamos que hacer extensas considera-ciones para resolver este caso. La moción presentada por los demandados, así como toda su argumentación en su ale-gato, se refiere a que el título en que se funda la demanda ejecutiva no es1 suficiente para haberse despachado la eje-cución por la corte inferior. En la escritura de constitución de hipoteca se hace constar que Manuel Tous Soto comparece en representación de los demandados como padre legítimo de sus menores hijos para efectuar el préstamo hipotecario, según la autorización que le fue concedida por la Sección Primera dé la Corte de Distrito de San Juan por su resolu-ción de 9 de octubre de 1920, dictada en expediente, ex-parte, titulado a nombre de sus menores hijos como peticionario sobre necesidad y utilidad para verificar una operación de préstamo y copia de cuya resolución se le exhibe al notario autorizante, según aparece de la escritura que obra en la transcripción del record.

El apelante resume la cuestión tal como debe plantearse, cuando en su alegato se expresa en la forma siguiente:

“Registrado un escrito inicial de procedimiento ejecutivo hipo-tecario del cual era objeto una hipoteca constituida por el padre de los menores de edad demandados con autorización de la Corte de Dis-trito del Primer Distrito Judicial de San Juan se acompañó a dicho escrito de demanda una copia de la escritura de hipoteca, más no de la orden autorizando su constitución y cuya orden no se transcribió ni copió en parte en la escritura a la cual dió causa.”

En esta forma el apelante admite la situación del caso y considera que se ha cometido error por la corte inferior al no aplicar debidamente los artículos 169, 175 y 176 del Re-glamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria. El trá-mite para la ejecución de hipoteca es un procedimiento especial que está en vigor en todas sus partes, salvo las modi-ficaciones establecidas en la ley relativa a las sentencias y' manera de satisfacerlas, aprobada en marzo 10, 1905. El ar-tículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipo-tecaria, citado infringido por el apelante, consigna taxativa-mente los únicos incidentes que pueden afectar al procedi-miento hipotecario y determinar la suspensión del mismo. Este artículo en la parte pertinente dice así:

“Artículo 175. — Los procedimientos sumarios a que se refiere esta sección, no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro alguno, a instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro que se presente como interesado, salvo en los siguientes casos:
“Io. Si se justificare documentalmente la existencia de un proce-dimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya virtud se proceda, en que se haya admitido querella o dictado auto de pro-cedimiento.
“2o. Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando inexcusablemente con ella título de propiedad de la finca de que se trate, inscrito a favor del tercerista con fecha anterior a la inscrip-ción del crédito del ejecutante y no cancelado en el registro. ■
“3o. Si se presentare certificado del registrador, expresivo dé quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se baya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causar tes o causababientes, acreditándose también documentalmente el título de transmisión en su caso.
*******
“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo. La compe-tencia para conocer de este juicio declarativo se determinará por las reglas ordinaiúas.

Como puede observarse, la. cuestión suscitada por el de-mandante, según se desprende de la disposición legal citada, sería un caso que afectaría a la nulidad del título, y no es este el momento apropiado ni el medio que ahora utilizan los demandados para levantar esta cuestión, así como tam-poco para corregir los errores que atribuye cometidos el ape-lante en las actuaciones al diligenciarse el auto. El artículo 175, supra, explica sencillamente el procedimiento que habían de instituir los demandados para ventilar la suficiencia del título, quedando de este modo reservado, del derecho en que dichos demandados se han creído lesionados con la negativa del juez, a reponer o dejar sin efecto el auto de requerimiento. Estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que el juez inferior estuvo en lo cierto y ajustado a derecho al de-negar la moción de los demandados sosteniendo el auto de requerimiento:

Confirmada la' orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Aldrey y Hutchison.