text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Sandalio Munera, acusado y apelante.
    No. 3366.

      Sometido: Abril 17, 1928.

    Resuelto: Marzo 12, 1929.

      Felipe. Colón Días, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Sandalio Muñera fué condenado a seis años de pre-sidio conio autor de un delito de violación. No conforme eon la sentencia, apeló, señalando en su alegato la comisión de diez errores.

Por el primero se sostiene que la corte erró al ordenar al secretario que tomara el juramento final a cada juraldo y no a los doce en junto.

Los autos muestran que se fué llamando a los jurados para conocer del caso y después de haber prestado el jura-mento al efecto se les fué preguntando sobre sus cualidades para servir como tales. Se hicieron algunas recusaciones motivadas. Quedó finalmente un grupo de doce en condi-ciones de actuar.

Entonces la corte preguntó al fiscal si tenía alguna recusación perentoria que hacer. El fiscal recusó a uno. iT •ocurrió lo que sigue:

“Juez. — La Defensa no tiene alguna recusación perentoria? Y la. Corte va a hacer presente, tanto al Hon. Fiscal como al señor abo-gado-defensor. que en este juicio va a hacer uso de su discreción y ruego tanto al Fiscal como al abogado-defensor que hagan sus recu-saciones perentorias en relación al Jurado, porque se procederá a tomar juramento definitivo después que se hagan las recusaciones perentorias ahora. — Abogado.—¿ En cualquier momento se pueden ha-cer las perentorias? Juez. — No. En cualquier momento, no. Si el •señor Fiscal tiene alguna recusación que hacer, que la haga ahora; si la tiene Ud., que la haga ahora, porque la Corte le va a tomar juramento definitivo a los señores jurados que queden. Abogado.— ¿La Corte no lo admitirá después? Juez. — Después, .no. Abogado.— El señor Julio Pérez. Juez. — Puede, retirarse, señor Pérez. ¿No hay ninguna otra recusación por parte del Fiscal ni de la Defensa?— Fiscal. — No, señor Juez. Acepto los caballeros. Abogado.- — Todavía •no he terminado. El señor Armstrong. (Enrique) — Juez.—Puede retirarse, señor Armstrong. Abogado. — P.—¿Usted es don Jaime Rufián?. — R.—Sí, señor. — P.—¿De qué edad me dijo que eran sus niñas? — R.—Catorce años y diez y ocho años. — Abogado.-—El señor Rufián. — Juez.—Puede retirarse, señor Rufián. Abogado. — P.—¿Su nombre?- — R.—Julio Emmanuelli. — P.-—¿Usted me dijo que_ tenía hi-jas? — R.—De'ocho años. — Juez.—Tengan la bondad los señores jura-dos de ponerse de pie y prestar juramento definitivo en cuanto al presente caso. (El señor Secretario toma juramento definitivo'a los señores jurados que no han sido recusados por las partes, los cuales ascienden a cinco.) Abogado. — Nosotros, señor Juez, vamos a supli-car a la Corte que se nos permita tomar una excepción a la resolu-ción de la Corte. No está constituido el jurado de doce hombres y se le ha tomado juramento a cinco caballeros jurados — juramento de-finitivo: por eso tomamos excepción.”

Se insacularon entonces siete jurados para completar el panol. Fueron ampliamente examinados por la defensa. Tanto el fiscal como la defensa hicieron recusaciones peren-torias. Preguntó la corte si tenían alguna recusación más. Contestaron que no y ocurrió lo que sigue:

“Juez. — La Corte adopta igual resolución, porque entiende que hay suficiente razón para que se adopte esa regla, a virtud de lo dispuesto por nuestro Tribunal Supremo en el caso del Pueblo de Puerto Rico vs. Vázquez, 20 Decisiones de Puerto Rico, página 361, y el secretario procederá a tomar juramento definitivo a los cuatro-señores jurados. — Abogado.—Igualmente, con la misma excepción nuestra. — Juez.—Si S. S. quiere demostrar que hay algún abuso de discreción, la Corte está dispuesta a oírle; porque en ese caso la Corte tendría sumo gusto en oírle sobre el particular, para poder-rectificar, si así procediere, y ordenaría que estos señores jurados se retiraran. — Abogado.—Tengo dudas sobre si se puede parcialmente tomarle juramento a un jurado. — Juez.—Por eso la Corte ha citado el caso del Pueblo de Puerto Rico vs. Vázquez, 20 Decisiones de Puerto Rico, página 361. Si S. S. cree que puede convencer a la Corte, la Corte ordenará que se retiren los señores jurados, para oír con gusto* al letrado y rectificar su opinión, si así procediese. — Abogado.-—Sola-mente que tengo dudas.”

Tomó el secretario el segundo juramento a los cuatro-jurados que quedaron e insaculó tres má's. Fueron exami-nados. Se recusó uno motivadamonte y ocurrió lo que sigue:

‘1 Juez. — ¿ Perentorias ? — Abogado.—Ninguna.—Juez.—Presten ju-ramento definitivo los dos señores jurados que quedan ahí. — Abogado.. —Con nuestra excepción también.”

Se insaculó un jurado más, y ocurrió lo que sigue:

“Juez. — ¿Perentoriamente?—Fiscal.—Acepto al caballero. — Abo-gado. — Acepto al jurado. — Juez.—Tenga la bondad el último señor-jurado de ponerse de pie y prestar juramento definitivo para conocer del presente caso.
“(La Corte se declara en receso.) — Juez.—Reanude la sesión, Márshal. A los señores del jurado que pueden pasar para ocupar sus sitios todos. — (El Jurado regresa al salón de sesiones.) — Juez.—• Dé lectura a la acusación, Secretario. — Abogado.—Nosotros queremos tomar excepción, estando el jurado ya constituido, por no haberle sido tomado el juramento a todos en común y sí parcialmente.”

En el caso de El Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.R. 361, 366, invocado por la corte sentenciadora, esta corte se expresó así:

“Alega también el apelante que la corte erró al no obligar al Fiscal a hacer sus recusaciones en el acto en que se presentaba cada ju-rado. Parece que el Fiscal pospuso sus recusaciones perentorias y la Corte admitió tal procedimiento, concediendo igual derecho a la defensa.
“El artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que la recusación deberá hacerse al presentarse el miembro del jurado, y antes de que se le tome juramento para entender en la causa, y dispone también que, si para ello hubiera razón, el tribunal puede permitir que esto se haga después del juramento y antes de que el jurado se complete.
“Todo jurado presta dos juramentos, uno para contestar las pre-guntas que se le hagan con respecto a su capacidad para servir como tal y otro para actuar especialmente en la causa que se va a juzgar. Indudablemente que el jrtramento a que se refiere el artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal que hemos citado, es el se-gundo.
“Al parecer el procedimiento adoptado por el Fiscal en este caso no siguió estrictamente lo prescrito en la ley, pero no consta que es-tuviera en completa oposición a la misma, pues si bien se consigna que el Fiscal pospuso sus recusaciones perentorias, no se demuestra que tal posposición se hiciera para después de haberse tomado jura-mento al jurado para actuar en la causa.
“Además, como hemos visto, la misma ley autoriza al juez para variar el orden que prescribe, cuando existen razones suficientes para ello, y como la jurisprudencia ha establecido que los jueces pueden resolver estas cuestiones ejercitando una sana discreción, People v. Montgomery, 53 Cal. 576: People v. Rodríguez, 10 Cal. 50; People v. Durrant, 116 Cal., 179, 197, tendría que demostrarse que la corte había abusado de su poder discrecional, para que el error que pu-diera haber tal vez cometido sirviera de base a la revocación de la sentencia.
“Y por último, como bien dice el Fiscal de esta Corte Suprema en su alegato, 'el récord no demuestra que, después de resolver la corte la moción de la defensa y de invocar la regla que debía obser-varse en el empleo de las recusaciones perentorias por el Fiscal, éste hubiere recusado perentoriamente a ningún jurado, y no apare-ciendo así del récord, aun en el caso de que la corte hubiera incu-rrido en algún error, éste hubiera sido inmaterial, por no perjudicar ningún derecho substancial del apelante.”

Examinados los hechos de este caso a la luz de la ley y de la jurisprudencia tal como surge de la decisión citada no cabe sostener que se cometiera error alguno por la corte de distrito.

Recientemente, en el caso de El Pueblo v. Rivera, 37 D.P.R. 760, esta corte dió una interpretación liberal al artículo £21 del Código de Enjuiciamiento Criminal, así:

“Es evidente que el sentido de la ley no es el de restringir fuerte-mente el derecho de recusación, que se relaciona con el de que el acusado sea sometido a un juicio impareial y justo. Por eso no puede interpretarse la frase 'al presentarse e] miembro del jurado’ en el sentido de que, en el mismo acto de la presentación ha de hacerse la recusación, y más aún cuando se trata de la perentoria, a la que tiene que preceder la recusación motivada. >
‘‘Las limitaciones que el artículo citado expresa son las qúe se re-fieren a que la recusación se haga antes de tomarse el juramento al jurado para entender en la causa, y antes de qne el jurado se complete.”

No obstante esa interpretación liberal, creemos que debe subsistir la conclusión a que anteriormente llegáramos. En cJ caso de Rivera, supra, la corte de distrito impnso nna regla contraria a la misma elasticidad qne fija el propio artículo para permitir la recusación aun después de tomado el juramento, y mantuvo inflexible dicha regia cuando el acusado qne no había agotado sus. recusaciones intentó ejer-citar su derecho haciendo una. En este caso conocemos la actitud de la corte, abierta a toda sugestión, y el acusado no trató de hacer ninguna recusación perentoria que la corte 1c negara, ni ha alegado perjuicio, habiendo en verdad aceptado el jurado que lo juzgara, limitándose a levantar la cuestión como una de derecho.

El procedimiento más sencillo y que se ajusta, mejor a la interpretación liberal del artículo 221 contenida en el caso de El Pueblo v. Rivera, supra, es el de insacular el número suficiente de jurados y tomarles el primer juramento. Acto seguido se procede a su examen y a las recusaciones moti-vadas. Luego a las perentorias. Si no hay recusaciones, se les toma él segundo juramento a todos. Si las hay, sin tomar el segundo juramento a los que queden, se insaculan nuevos y se sigue el mismo procedimiento.. Cuando las partes aceptan finalmente el jurado o no hay más recusaciones motivadas y el número de las perentorias a que se tiene derecho se ha agotado, entonces se procede a tomar a todos los jurados a la vez el segundo juramento.

El segundo error se señala así: “Cometió error la corte inferior en no permitir las repreguntas a la testigo Cristeria Rosario e insinuar a ésta la forma en que tenía que declarar.”

Para basar su error el apelante transcribe en su alegato, los dos incidentes que* siguen:

“P. — Y cuánto tiempo estuvieron ellos allí? — Juez.—Si usted puede contestar, conteste. — Fiscal.—Le ha estado preguntando eso diez veces. — Juez.—Yo sé la tortura moral a que se puede someter a una testigo. Puede tomar excepción, si gusta. Conteste pura y exclusivamente lo que sepa. Si usted no puede contestar con pre-cisión qué horas, qué minutos, puede contestar: ‘Poco tiempo’, ‘Bas-tante tiempo’, porque Ud. no está obligada a dar más explicación. — ■ Abogado. — Tomo excepción de las instrucciones que le da el señor Juez a la testigo.”
***** i* *
“P. — A la parte acá del puente hay casas de familia? — R.—Ahí no le puede decir porque no ando por ahí casi nunca. — P.—Usted no ha visto ese barrio ? — R.—He visto casas, pero no sé si son de fami-lia. — P.—Hay casas? — R.—Hay casas. — P.—Hay comercios? — R.—No puedo dar cuentas porque no conozco eso. — P.—Cuántas casas hay a la parte acá del puente? — R.—No las he contado. — P.—Más o menos. —R.—No le puedo decir. — P.—Más o menos. Hay más de tres?' — R. • — No puedo decir. — Juez.—Ya ha dicho que no puede decir. — Abo-gado.- — 'Vamos a ver si puede decir.- — Juez.—Es una tortura moral tremenda a la que se somete a esta testigo. — Abogado.—Estamos en la repregunta. Nosotros podemos ser1 más sugestivos. — Juez.—Lia Corte ha estado observando en la forma como se ha estado exami-nando a la testigo. La Corte se va a declarar en receso para que pueda recobrarse de la tortura moral a que ha estado sometida. Y es mi deber en estos momentos advertir a los señores del Jurado que no deben hablar entre sí ni permitir que persona alguna se les acer-que y les hable de este procedimiento por ahora. Sosiégúese, tran-quilícese, y después contestará las preguntas del abogado defensor.— Abogado. — El abogado toma excepción. La testigo está contestando Iren las preguntas, está tranquila. — Juez.—La Corte ha estado obser-vando a la testigo y lo hace así constar. — Abogado.—Tomo excepción de la actitud de la Corte.’'

Invoca el apelante en su apoyo lo resuelto por esta Corte ¡Suprema en el caso de El Pueblo v. Aponte, 26 D.P.R. 604, 605, así:

“Convenimos con el fiscal en que el poder de una corte para im-pedir que se repitan las mismas preguntas, está bien reconocido. El juez debe velar (38 Cyc. 1315) porque el examen de los testigos sea llevado a efecto de modo ordenado, y una gran discreción se le con-fiere para controlar dicho examen. ‘Completas y escudriñadoras re-preguntas deben permitirse,’ dijo la Corte Suprema de Georgia en el caso de Alabama Const. Co. v. Continental Car, 62 S. E. 160, 162, pero esto no quiere decir que el abogado tenga un derecho sin res-tricción alguna a repetir preguntas hechas a un testigo. El juez puede restringir las repeticiones inútiles e innecesarias.”
“Pero hemos examinado detenidamente la declaración del testigo de que se trata, y hemos llegadoi a la conclusión de que las repregun-tas que el abogado del acusado pretendió hacerle, no- habían sido en realidad de verdad hechas ni contestadas anteriormente. Y siendo esto así, es evidente que la corte de distrito se extralimitó en sus fa-cultades y negó al acusado el derecho fundamental que le reconoce el artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en su número 4.”

Para poner cíe manifiesto la conducta del juez de distrito sobre este extremo, sería necesario transcribir las repre-guntas todas de las cuales surge la necesidad de su interven-ción. Aun leyendo fríamente el récord se aprecia que el abogado defensor se excedió en sus derechos. En el caso de Aponte, supra, si se revocó la sentencia fué porque las repreguntas que intentó hacer el abogado y que negó la corte no habían sido en realidad de verdad hechas ni con-testadas anteriormente. Aquí no existe tal cosa. La decla-ración de la perjudicada ocupa 57 páginas de la, transcripción y se trata, de hechos que pudieron narrarse con todos sus detalles en ocho o diez páginas. El primer incidente de que ■se queja el apelante consta en la página 29 de la declaración y el segundo en la 32.

Parece conveniente transcribir los artículos 151 y 165 de v la Ley de Evidencia. Dicen así:

“Art. 151. — El tribunal ejercerá razonable intervención en el modo de hacerse las preguntas, a fin de que resulten en lo posible tan rápidas, claras y poco enojosas para el testigo, como eficaces para la extracción de la verdad; pero, dentro de esta regla las partes po-drán hacer las preguntas pertinentes y legales que juzgaren oportu-nas. El' tribunal, no obstante, podrá suspender la presentación de nueva evidencia respecto a determinado punto, cuando la evidencia ya presentada fuere tan completa que no diere lugar a duda.”
“Art. 165.. — Un testigo tiene derecho a que se le proteja contra las preguntas no pertinentes, impropias o insultantes, y contra toda conducta áspera u ofensiva; a que se le detenga sólo durante el tiempo que exija el interés de la justicia; a que se le examine sólo sobre materias legales, y pertinentes a la cuestión.”

La corte debe ser muy cuidadosa eu el cumplimiento de estos deberes y hacer uso de su poder sólo en casos verda-deramente necesarios. De otro modo, quizá por una actuación innecesaria, puede darse lugar a la revocación de una sen-toncia enteramente justa en el fondo:

Por el tercer error se sostiene que la corte no debió admitir como prueba ciertas piezas de ropa presentadas.

Las piezas de ropa fueron reconocidas como suyas por la perjudicada y como las que llevaba puestas y fueron rotas por el acusado cuando ocurrió el suceso. Declaró además la perjudicada que el hecho se cometió en la madrugada de un domingo y las ropas en cuestión fueron entregadas por ella a la policía el lunes siguiente.

Bajo esas circunstancias no creemos que se cometiera error alguno al admitir la prueba.

Tampoco fué cometido el cuarto de los errores señalados. Declaró la perjudicada en el juicio que después del hecho desaparecieron el acusado y Domingo Torres “y yo, como a las tres de la mañana, como Dios me ayudó, salí a la casa de la señora Juana Echevarría (de la cual la habían sacado poco antes el acusado y Torres por medio del engaño y la violencia) y le conté lo que me pasó.” La corte admitió luego la declaración de la señora Echevarría y el apelante sostiene que erró. Dicha declaración era admisible por ser parte de la res gesiae. El Pueblo v. Arenas Alemañy, 39 D.P.R. 16, El Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390.

El quinto error se formula así: “Igualmente erró la corte inferior al admitir la declaración de referencia del testigo Jaime González, Jefe de Distrito de la P. 1. y que declarara además sobre el carácter de unos arañazos.”

Para examinar este error, que es el que en verdad nos ha hecho vacilar en la resolución de este caso, parece conveniente transcribir íntegra la declaración impugnada. Es así:

“DbcláRAoión de Jaime González. — Fiscal.—P.—Cómo se llama, testigo? — R.—Jaime González. — P.-—A qué se dedica usted? — R.— Soy Jefe de Distrito de la Policía insular. — P.—Dónde presta usted servicios? — R.—En Juana Díaz. — P.—Cuánto tiempo hace que presta servicios como Jefe de la Policía en Juana Díaz? — R.—Cinco años.— P. — Allá por el día primero o el día dos — el día dos usted tuvo cono-cimiento de un hecho que ocurriera en Juana Díaz, en el cual estaba inmiscuido este acusado? — R.—Sí, señor. — P.—Usted vió a Cristeria Rosario? — R.—A Cristeria Rosario, sí, señor. — P.—Da vió?. — R.—Sí, señor. — P.—Antes, o después del hecho ese? — R.—Después.—P.—Qué día fué que usted la vió a ella? — R.—Me parece que fué el día dos; del dos al tres. — P.-—Pero, qué día de la semana? — Usted recuerda? ■ — R.—Sería entre lunes y martes. — P.—Con quién vino ella al pueblo ? — R.—Tino con una señora llamada Juana Echevarría. — P.—Ella vino por su propia voluntad, o alguna persona la mandó a buscar?— R. — Ella vino. — Juez.—P.—A dónde ? — R.—Al cuartel, — Fiscal.—-P.— Usted vió esa muchacha? — R.—La vi. — P.—Le notó algo usted a esa muchacha? — R.—Sí, señor. — Abogado.—Que, se elimine la contesta-ción. — Si los señores del Jurado la han oído, que la borren de sus mentes. — Juez.—La Corte no lia oído nada de lo que ha dicho el tes-tigo. Si la hubiera, oído, tendría que decir: ‘Ya contestó; es tarde.’ — - Abogado. — Nos vamos a oponer porque dice que fué dos o tins días después que vió a esta muchacha y que declaró ante él. — Fiscal.—No es lo que ella declaró, sino lo que él vió.- — Abogado.—Lo que vió? Nos oponemos, porque no forma parte del res gestae. Si una su-puesta perjudicada en un caso de violación va inmediatamente que se haya cometido el hecho donde una persona y ve esa persona algo en esa perjudicada, eso es admisible; pero si esa observación tiene lugar dos o tres días después, presente lo que presente la perjudicada, presente las huellas que presente, no es admisible una declaración sobre1 eso, porque es muy tarde y ya no forma parte del res géstae.— Fiscal.' — Sr. Juez, yo creo que es perfectamente admisible. — Si el Jefe de la Policía vió a esa muchacha y encontró cualquier huella, él puede decir que vió tal cosa y tal cosa; en otras palabras, co-rrobora a la perjudicada que dice que tenía huellas en el cuello.— Juez. — La Corte admito la declaración del Jefe sobre esos extremos.— Abogado. — Tomamos excepción, y la vamos a, fundamentar en la de-claración del testigo, (pie dice que dos o tres días después de los he-chos fué que vió a esta muchacha, y en el caso del Pueblo de Puerto Rico vs. Maldonado, 17 Decisiones de Puerto Rico, páginas 23-29.— Juez. — La Corte admite la pregunta o la declaración del testigo sobre esos extremos. — Fiscal.—P.—Explíquoles a los señores del Jurado- lo que usted vió, si vió algo, en esa muchacha? Abogado. — Con nuestra oposición, y que se entienda, para no molestar al testigo y, a la Corte, objetada toda la declaración del Jefe'de la Policía señor González, y excepcionada por los mismos fundamentos. — Testigo.—Yo observé que ella tenía como unos rasguños aquí en la parte derecha del cuello. —Fiscal.—Nada más. — Abogado.—Nada—Juez.—Dígame una cosa, señor: usted dice que vió a esta mujer llamada Cristeria Rosario?-— R. — Sí, señor. — P.—Que usted la vió allá entre el día dos o tres de enero? — R.—Sí, señor. — P.—O sea entre un lunes y un martes? — R.— Y un martes. — P.—Y que usted observó que esa mujer tenía algo. Qué tenía esa mujer? — R.—Tenía como unos arañazos aquí en la parte esta. — P.—Eran arañazos, o como unos arañazos? — R.—Unos arañazos. — P.—Usted puede afirmar que eran arañazos ? — R.—Sí. Parece que ella había tenido lucha con alguien. — Abogado.—Desea-mos que la Corte instruya al Jurado que esas manifestaciones: ‘Pa-rece que ella había tenido lucha con alguien,’ deben borrarlas de sus mentes. — Juez.—Sí. Que se eliminen esas manifestaciones. Deben borrarlas de sus mentes, señores del Jurado. — Juez.—P.—Una cosa es contestar afirmativamente, y otra es: Me parece. Qué fue lo que vió en esa mujer? — R.—Como arañazos. — P.—Cómo estaban esos araña-zos? — R.—Estaban en este lado derecho del cuello. — P.—Cómo se encontraban esos arañazos? Estaban sangrando? — R.—No, señor. Ya estaban secos. — P.—La forma de esa sequedad de esos arañazos denotaban — si puede decirle a la Corte — si eran recientes o de algún tiempo? Qué puede decirle a la Corte y a los señores del Jurado sobre eso? — Abogado.—Con el permiso de la Corte. Perdóneme la Corte. El testigo no puede declarar sobre eso porque no es un perito médico. — Juez.—Es un observador. El ha dicho que vió arañazos. La Corte cree que él puede decirle a la Corte y a los señores del. Ju-rado la forma que tenían esos arañazos, a ver si eran'recientes. — Abo-gado. — Tomamos excepción. — Juez.—Conteste.—Testigo.—Denotaban que eran recientes. — Juez.—P.—Por qué dice usted que eran recien-tes? No tiene ninguna causa ni razón alguna usted para poder decir que eran recientes? — Abogado.—Respetuosamente nos oponemos a la pregunta de S. S. — Juez.—Conteste, testigo. — Abogado.—Tomamos ex-cepción. — Juez.—Por qué dice usted que eran recientes? — R.—Porque tenía la sangre coagulada por aquí. — P.—Sangre acumulada? — R.— Sí, como cuando aprietan así a uno. — P.—Pero cuando aprietan a uno lo que hay es la huella de la contusión, la moratura, que queda mo-rado, mientras que el arañazo es como una herida, una herida casi incisa. Qué es lo que tenía esa mujer: heridas así de unos araña-zos, o una presión? — Abogado.—Con el debido respeto, nos queremos oponer. S. S. está preguntando, pero no tenemos más remedio que oponernos1 porque son preguntas sugestivas las hechas por el señor Juez al declarante, que es un testigo inteligente, Jefe de Distrito de1 la Policía, y es un testigo del Pueblo de Puerto Rico. — Juez.—Puede usted contestar. — Abogado.—Nosotros tomamos excepción. — Testigo.— Sí, ella tenía la sangre coagulada y además unos arañazos; tenía las dos cosas en la parte derecha de la garganta. — Juez.—Puede con-tinuarse en el examen del testigo, si así se desea, por el Fiscal.— Fiscal. — Nada más. — Juez.—P.—Usted detuvo a este acusado? — R.— Sí, señor. Se detuvo. — P.—Cuando usted detuvo a este aeus'ado, él le hizo alguna manifestación en relación al hecho? — Abogado.—él dice: ‘Se detuvo’. — Juez.—‘Usted detuvo al acusado?’ no fué la pre-gunta? — Abogado.—Sí, señor. Y él contestó: ‘Se detuvo.’ — Juez.— P. — Cuando se detuvo a este acusado, fué llevado a su presencia?— R. — Sí. Yo estuve hablando con él. — P.—Cuando usted habló con él, a este acusado usted le hizo alguna pregunta, o hizo él alguna manifestación en relación a los hechos que estamos investigando hoy? ■ — R.—No. señor. — Fiscal.—Ese es el caso del Pueblo de Puerto Rico. Juez. — La Corte ha estado haciendo todas estas preguntas porque entiende que así como es deber de la Corte proteger a un testigo, es su deber también proteger los! derechos del acusado.”

Para sostener que se trata de una prueba de referencia, se invoca la decisión de esta corte en el caso de El Pueblo v. Maldonado, 17 D.P.R. 23.

A nuestro juicio el caso no es aplicable. No se trata de prueba de referencia. González no declaró sobre manifes-taciones que se le hicieran, sino sobre algo que él mismo observó.

Con' respecto al segundo extremo del señalamiento de error, el apelante sólo hace la siguiente cita en su alegato. Dice:

“En Cyc. 33, página 1471, está resuelto lo siguiente:
“ ‘Un médico puede testificar1 sobre la condición física de la per-judicada, por un examen hecho después que el crimen se cometió, pero si el examen ha sido remoto a la fecha, de la ofensa, este hecho afecta a su fuerza probatoria. — Cuando el examen ha sido hecho en una fecha distante y han podido ocurrir durante ese tiempo otros actos sexuales con otro hombre esa evidencia no es admisible.’ ”

La cita no es enteramente aplicable. Un arañazo es algo que cualquier persona puede apreciar. Se trataba de un policía y por lo tanto de una persona de experiencia.

Lo que realmente llama la atención es la conducta del juez. ¿Qué necesidad había de su intervención? No hay duda alguna que los jueces pueden intervenir en el esclarecimiento de los hechos. Muchas veces una sola pregunta que va al fondo de la cuestión, desentraña y pone de manifiesto la verdad, pero generalmente no deben intervenir. Aquí el juez claramente se excedió y puso en peligro toda su labor. Bolo el espíritu de justicia parece que lo animaba, pero la justicia de un juez debe procurarse que sea lo mas serena-mente posible que nuestra imperfecta naturaleza humana permita. Sin embargo, no creemos que la extralimitación lleve necesariamente consigo la revocación de la sentencia, atendidas todas las otras circunstancias que 'concurren.

El sexto error carece de importancia y los errores séptimo y octavo fueron renunciados por el propio apelante en su al egato.

Por el noveno error se discute en general la conducta del juez sentenciador como perjudicial al acusado y por el décimo se sostiene que la prueba no es suficiente.

Ya nos hemos referido dos veces a la conducta del juez y hemos consignado en una nuestra vacilación sobre la reso-lución que debíamos adoptar. Después de un cuidadoso estudio, no creemos que dicha conducta tuviera influencia alguna en el veredicto, del jurado. Las instrucciones del juez fueron muy amplias y justas para ambas partes.

En cuanto a la prueba a nuestro juicio es evidente. Oigamos a la perjudicada Cristeria .Rosario.

No era una mujer virgen. Había sido desflorada hacía algún tiempo por otro hombre y últimamente había con-venido (ai irse a vivir maritalmente con, Ramón Rodríguez. Este la llevó a la casa de Juana Echevarría que vivía cerca del pueblo de Juana Díaz y allí la dejó la víspera de año nuevo (81 de diciembre, 1926), para irla- a buscar al día siguiente. Cristeria y Juana se acostaron y entonces ocurrió lo que sigue que trataremos de exponer siguiendo las exactas palabras'usadas por la testigo:

'‘Pues lo que pasó fué que después que estábamos acostadas ya, como a las nueve o las diez de la noche, llegó uno primero llamando a la casa; que si el señor Ramón Rodríguez estaba allí. Llamó, que si le bacía el favor de decirle la señora Juana si Ramón Rodrí-guez estaba allí y entonces ella le contestó que allí no estaba Ramón Rodríguez .... y entonces se retiró y se fué; y cuando entre diez y once llegaron llamando a nombre de la policía .... De la policía de Juana Díaz y entonces la señora Juana le contestó .... que por qué tenía que ir la policía allí, y entonces le dijeron que motivado con una muchacha que tenía Ramón Rodríguez allí y unos desórde-nes que había dado Ramón; y entonces ella le dijo que no podía abrir la puerta y entonces le dijeron que llevaban mandamiento del Juez de Juana Díaz .... Que con la policía no se necesitaba tanto y ella le dijo que no se le podía abrir la puerta a aquella hora, y que si algo pasaba, ella por la mañana se presentaría al cuartel o si no que fueran a buscar a Ramón Rodríguez a la casa de él y le dijeron que si no a la buena, a la mala, .... Entonces ella se levantó y abrió la puerta, y al levantarse y abrir la puerta, pidieron que me presentara yo ... . Ella me dijo que le hiciera el favor de darle el quinqué y cuando le traje el quinqué, ella los conoció a los que eran, y cuando le di el quinqué, ella, bueno no quedó en mundo . . . No quedó en mundo, pero los vió. Cuando conoció que no eran po-licías, entonces ella se atemorizó y entonces me echaron mano a mí ... . Ellos — -los que estaban allí me echaron mano y me tra-jeron y dijeron que tenían a Ramón Rodríguez arrestado en el puente en un carro .... El señor éste, señalando al acusado, era uno de ellos .... Como yo no encontré allí a Ramón Rodríguez arrestado en el puente, como ellos decían, yo les dije que ellos no eran policías nada, que por qué motivo era ése que me habían ido a sacar de la casa de la señora Juana Echevarría, y entonces yo acometí a correr para irme y entonces brincaron y me echaron mano. . . . Entonces yo luchaba por irme y no podía, no pude, y cuando yo luchaba por irme, ellos me apretaban y entonces me cogieron y me metieron allí a una pieza de. caña, y de la pieza de caña me llevaron a un sitio de un trillo que hay más abajo .... Entonces después tuvieron uso carnal conmigo;- entonces se desaparecieron y se fueron, y yo, 'como a las tres de la mañana, como Dios me ayudó, salí a la casa de la señora Juana Echevarría y le conté lo que me pasó.”

Reconoce al acusado como lino de los que tuvo actos carnales con ella en la forma descrita. Detalladamente signe explicando la violencia del acto y cómo- le destrozaron la ropa que llevaba puesta y cómo dio cuenta, el lunes, con Juana Echevarría, del suceso a la policía.

Sometida a un largo y en varias ocasiones abusivo inte-rrogatorio, se sostuvo siempre en lo diclro. La defensa impugnó su voracidad presentando una anterior declaración prestada por ella en el juicio que ya se liabía celebrado contra Torres. Se advierten en verdad contradicciones en cuanto a la manera como actuó Torres en ciertos momentos, pero no en cuanto a Muñera.

La testigo Juana Eclievarría corrobora en todos sus extremos -la declaración de la perjudicada. Lijo, en parte, así:

“Lo que pasó fué.que me hicieron levantar, llamando: ‘Dueña, de casa, dueña de casa, dueña de casa, dueña de casa.’ Yo dije: ‘Qué pasa? Qué se le ofrece?’ Me dijeron entonces: ‘La policía’. Y yo dije; ‘¿Qué se le ofrece a la policía?’ Y entonces dijeron: ‘Un mandamiento de arresto por el Juez y el Jefe, y que motivado a esa mujer que Ramón tiene ahí, ha hecho muchísimos desórdenes por el Guayabal y nosotros venimos con un mandamiento de arresto del Jefe y del Juez.’ .... Que me levantara. A Cristeria y a Ra-món. Que me levantara, que había que hacer unas investigaciones. Yo les decía que aguardaran para mañana, y ellos qne¡ no, que era un mandamiento de arresto por el Juez y el Jefe, que me levantara li-gero porque me convenía. Yo me levanté; al levantarme, abrí la puerta, y al abrir la puerta, me hicieron llamarla, y yo la llamé . . . Y yo la llamé, y ella se levantó y vino, y les decía que lo hicieran por su madre, que ella iría mañana, y decían que no, que había que lle-varla a ese pueblo de todos modos. Y entonces ella les decía, rogándoles y suplicándoles, que le fueran a buscar a Ramón, y vol-Anan y le contestaban lo mismo; y yo le dije: ‘Cristeria, dame acá el quinqué para presenciar quiénes son, y entonces yo he reparado quiénes eran. Pues, eran este señor (señalando al acusado) y Domingo Torres. Pues entonces que yo reparé, que le dije; ‘Cris-teria, dame acá el quinqué, ’ ellos se alarmaron y ellos le echaron mano y se la llevaron. La muchacha volvió esa misma noche, como a las tres de la mañana.. Me llamó y yo me levanté, y enton-ces me contó lo que le había pasado.”

No es necesario examinar el resto de la prueba. Basta con esas dos declaraciones, creídas como fueron por el Ju-rado, para sostener el veredicto de culpable que rindiera.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicolás García, acusado y apelante; El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ciriaco Agosto, acusado y apelante.
    Nos. 3795 y 3796.

    Sometidos: Marzo 4, 1929.

    Resueltos: Marzo 12, 1929.

      Arturo Aponte, abogado de los apelantes; José E. Figueras y Benjamin Guerra, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Porte de Distrito de Pluma cao y el de esta Corte Suprema solicitan la desestimación del recurso No. 3795 interpuesto por el acusado el 21 de diciembre de 1927. En su moción alegan y demuestran, prima» facia, por niedio de varias certificaciones y un affidavit acom-pañados a la misma, qne el apelante no lia sido diligente, no obstante las prórrogas qne lia solicitado y obtenido de la corte sentenciadora para presentar su pliego de exposición del caso y excepciones.

El propio día 21 de diciembre de 1927 en que interpuso su apelación, el apelante solicitó un término de sesenta días que le fue concedido para preparar su exposición del caso y pliego de excepciones. Vencido el término sin que el documento se presentara, fue el apelante solicitando pró-rrogas y más prórrogas que sin dificultad obtuvo de la corte de Distrito hasta el momento actual. ¿,Y que más hizo1? Nada. Ni siquiera se dirigió al taquígrafo pidiéndole que con sus notas le proporcionara, la base para preparar su' exposición, según lo afirma dicho funcionario en el affidavit acompañado a la moción. ! ' "|

El apelante se opuso a la desestimación presentando su abogado un affidavit en el que sostiene que le asiste una buena y suficiente causa de defensa que expone y dice que solicitó del taquígrafo en tiempo la transcripción del récord y dicho funcionario se obligó a proporcionársela sin cobrar nada por tratarse de un acusado pobre.

En el acto de la vista de la moción estuvieron presentes el Fiscal de liumaeab y el abogrado¡ del acusado informando ambos no sólo extensa sino apasionadamente sobre el asunto, criticando fuertemente el abogado la conducta del fiscal al solicitar la desestimación.

Deseamos decir que consideramos un claro deber del fiscal el de velar porque las apelaciones que se interpongan en las causas criminales de su distrito se tramiten con la debida diligencia, solicitando en casos apropiados, por medio y de acuerdo con el Fiscal de esta Corte Suprema, la desestima-ción de'los mismos.

No es ella una práctica recomendable en todos los casos, pero es lo cierto que las cortes conceden generalmente las prórrogas que se les piden de conformidad con la súplica, y es que confían en la vigilancia do la parte contraria, y en las causas criminales la parte contraria al acusado es El .Pueblo a quien representa el fiscal.

Expuesto lo que antecede y recordando lo que hemos manifestado en varias • ocasiones acerca de que por regla general se desnaturalizan los debates judiciales cuando a ellos se llevan cuestiones personales de los abogados, diremos que a nuestro juicio el caso prima facie del fiscal no quedó destruido por la defensa.

Fué contradicho en verdad el affidavit del taquígrafo por e! affidavit del abogado, pero como éste no demostró gestión alguna cerca de la corte, ni aportó el más. leve dato demos-trativo de que realmente se ocupara de la apelación fuera de la petición de das prórrogas, nos vemos obligados a llegar a la conclusión que dejamos expuesta y a desestimar la apelación aplicando la reg’la 59 del Reglamento de esta Corte Suprema.

También solicitan los .fiscales la desestimación del recurso No. 3796 por igual motivo.

Examinada la moción que se presentó en esta Corte Su-prema el 25 de febrero último y la certificación acompañada a la misma, resulta que la apelación se interpuso el 21 de julio de 1927; que en igual fecha pidió y obtuvo el apelante que se le permitiera litigar en forma pauperis; que al día siguiente pidió y obtuvo un plazo de sesenta días para pre-parar el pliego de exposición del caso y excepciones, orde-nando la corte al taquígrafo que le proporcionara libre de gastos la transcripción del récord; que fué solicitando pró-rrogas y más prórrogas habiéndose concedido la última de veinte días el 4 de febrero de 1929, sin que se archivara el documento.

Se opuso el apelante presentando una certificación de haber archivado en la secretaría de la corte sentenciadora ■el 2 de marzo de 1929 el pliego de exposición del caso y excepciones y un affidavit consignando que había requerido •constantemente al taquígrafo- para, que le proporcionara el récord sin poderlo obtener y:

“Que esta apelación no ha sido interpuesta con el propósito de demorar la acción de la justicia, sino que por el contrario tiene por único fin que se revisen las actuaciones de la corte inferior, las cuales han resultado en este caso, más que en ningún otro, a juicio del ahogado que suscribe, completamente erróneas, así como la actitud del Ministerio público al obtener ventajas indebidas sobre el acusado, como se demostrará en su día en el alegato que ha de presentarse ■oportunamente ante esta Iíon. Corte, siendo, entre otras, las cues-tiones envueltas las siguientes: (a) Error de la corte inferior al negarse a dar las instrucciones de la defensa sobre la reputación de la perjudicada como mujer pública. (6) Error al permitir al fiscal eu corte abierta obligando al acusado a suministrar prueba y decla-rar contra su voluntad, (c) -Error en la admisibilidad de manifesta-ciones de la perjudicada varios días después del hecbo. (d) Ilega-lidad del veredicto, (e) Error de la corte al negarse a conceder el sobreseimiento de la causa. (/) Error de la corte al trasmitir al jurado sus instrucciones sobre el informe médico practicado 4 meses después del supuesto hecho, es decir, del examen hecho 4 meses des-pués. ’ ’

'Oralmente el abogado del apelante, en el acto de la vista de la moción, dió color a los errores, presentándolos como de gran bulto. Fue contradicho por el fiscal y al encontrarnos ahora con lo único que consta de los autos no creemos que sea bastante para estar justificados en permitir que la apela-ción continúe adelante en bien de la justicia.

Hay aquí una circunstancia favorable al apelante y es la de haberse ordenado por la corte al taquígrafo que le proporcionara el récord, pero esa orden se dictó el 22 de julio de 3927 o sea hace ya cerca de dos años, sin que conste que el apelante se dirigiera de nuevo a la corte en solicitud de alguna medida que obligara a actuar al taquígrafo.

Se insiste en que ya se presentó la exposición del casoy que ello constituye una buena defensa de acuerdo eon la regla 58 del Reglamento de este tribunal. La regla no se refiere a la presentación de la exposición en la corte senten-ciadora sino en la de apelación, pero aún aplicándola por1 tratarse de una situación semejante, lo sería si la exposición se hubiera archivado antes de la moción de desestimación y aquí se archivó días después. Además, a juzgar por lo que muestran los autos, la exposición se radi'có vencida ya la última prórroga que se concediera al apelante por la corte de distrito.

Apreciaias todas las circunstancias concurrentes, creemos que también debe desestimarse la apelación No. 3796. .


author: El Juez Asociado Señor Texidgr,

text:
    Antonio Muñiz, demandante y apelado, v. The Aetna Casualty & Surety Co., demandada y apelante.
    No. 4441.

    Sometido: Enero 14, 1929.

    Resuelto: Marzo 12, 1929.

      ffartzéll, Kelley & ffartzéll y B. O. Fernández, abogados de la ape-lante; Buenaventura TSsteves, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidgr,

emitió la opinión del tribunal.

Por la parte apelada, o sea Antonio Mnñiz se nos ha pedido reconsideración de nuestra sentencia en este caso, en (manto por ella se revocó la sentencia de la corte de distrito en lo que se refiere a la condena por depreciación del auto-móvil. (38 D.P.R. 839)

Los motivos 'que se aducen en tal petición son varios. En primer lugar se nos alega que el fundamento de nuestra sentencia fué que de las alegaciones y de la prueba aparece que los desperfectos del automóvil fueron reparados, sin que haya indicación de que el carro no quedara en buen estado, yantes por el contrario, probado por el demandante que él hizo reparar el automóvil, y lo aceptó después de la reparación, la creencia racional es que quedó en buenas condiciones. Esto se dijo en la opinión; pero éste no fué el único motivo de la sentencia, ni puede parecerlo a quien lea¡ la opinión en su integridad, y no separando de ella los párrafos que crea preciso para un fin determinado.

Al tratarse en la opinion de las alegaciones, refiérese el Tribunal con especialidad a aquella de la demanda en la segunda causa de acción, donde dice:

“i. Que- no pudiendo conseguir que la demandada reparara el au-tomóvil y siendo éste de gran necesidad para el demandante,. en el mes de marzo de 1926 se decidió el demandante a repararlo por su. cuenta, gastando en ello, entre materiales j mano de obra, la suma de $91.00.”

Y seguidamente se alega la depreciación como resultado directo del accidente.

Pero no encontramos que se alegue que el carro, después de la reparación, no quedara en buen estado para el servicio 'que tenía que prestar, ni la prueba lia demostrado esto.

Gomo otro de los motivos para reconsiderar se alega que de la declaración del testigo Ramón Jiménez resulta que “el automóvil quedó arreglado, pero no como viene de fábrica;” y de la de Mamerto Molinary, que el automóvil no vale lo mismo, sin que haya peritaje que pueda fijar la diferencia de valor entre un automóvil después del choque y después de arreglado, pero que vale menos por el hecho de haber chocado.

Para fundar uña reconsideración, es insuficiente la cita de partes aisladas de testimonios recibidos en el juicio, y cuyos testimonios fueron estudiados y considerados en su totalidad y en el conjunto de la prueba, tanto al juzgarse el caso en la corte a quo, como al resolverse la apelación. Y a más, la afirmación de que un automóvil, después de reparada una avería no queda como' cuando vino de fábrica, es tan elemental que no merece comentario, ni tiene influencia en ln decisión. Pero sobre todo esto, debe considerarse si la demandada tenía o no el deber legal o contractual de entregar el automóvil como cuando Adno de fábrica o sin que el mer-cado le asignara depreciación. Y éste' es extremo que tra-taremos, a la luz de la ley, y a la luz del contrato, que entre las partes tiene la fuerza de una ley.

En este caso hay entre las partes un contrato de seguro, exteriorizado en la póliza que se presentó, y por Adrtud del que la compañía aseguradora responde de los daños que se causen al automóvil asegurado por choque accidental; y con arreglo a la cláusula pertinente al caso, la responsabilidad se fija así:

“Pérdida o daño directo al autoMÓvtl descrito. Causado sola-mente por Choque accidental con otro objeto, excluyendo, no obs-tante: (a) daños causados por la caída o vuelco del automóvil des-crito, a menos que dieba caída o vuelco sea el resultado directo del choque accidental y ocurra inmediatamente después de éste; (h) daño o destrucción causado directa o indirectamente por fuego; (c) daño a las gomas, a no ocurrir otro daño al automóvil. Se deducirá del importe del daño causado por cada choque la cantidad expresada como deducible en el Pacto III del párrafo A.
“En caso de daño a cualquier automóvil comprendido en esta pó-liza, o a su equipo, estuviere o no dicho daño comprendido en esta póliza, la responsabilidad ulterior de la Compañía a virtud de este convenio será reducida en el importe de los daños sufridos hasta haberse completado las reparaciones o repuesto el carro, y acto con-tinuo todo el límite será aplicado, tal cual se hizo constar original-mente sin premio adicional.
“En caso de daño o destrucción de cualquiera de los automó-viles cubiertos por esta póliza, la naturaleza y cuantía del daño por el cual la Compañía es responsable o el valor del automóvil destruido podrá determinarse por las partes en este contrato, si fuere posible; de otro modo por dos tasadores uno de los cuales será seleccionado por el asegurado y el otro por la compañía. Los dos tasadores se-leccionados de ese modo, si no pudiéren llegar a un acuerdo, po-drán seleccionar un tercero y la adjudicación por escrito de cuales-quiera dos de los tasadores determinará la naturaleza y cuantía de las reparaciones que hayan de hacerse a expensas de la Compañía o el valor del automóvil destruido. La Compañía y el asegurado pagarán al tasador respectivamente seleccionado por cada uno y pagarán por igual los otros gastos de la tasación y dol tercer tasa-dor, si fuere seleccionado. La Compañía podrá llevar a cabo cuales-quiera reparaciones determinadas por los tasadores por los medios que ella elija, o, a 'su opción podrá reponer el automóvil o pagar en dinero el importe de la pérdida según se hubiere fijado por los ta-sadores. El asegurado no abandonará el automóvil dañado y la compañía no se hará responsable por ninguna parte o partes que faltaren al automóvil ,o a su equipo.
“La Compañía tendrá un tiempo razonable y la oportunidad para examinar cualquier antomóvil dañado o su equipo, cubierto por esta póliza antes de darse principio a las reparaciones o de haberse remo-vido la prueba física de daño, pero el asegurado no será perjudicado a virtud de la presente por ninguna acción de su parte o en represen-tación suya que se tomare para proteger o salvar al automóvil da-ñado o a su equipo.”

Para nosotros es claro el deber de la aseguradora, de reparar, en los casos de daño, y de reponer, en los de des-tracción total. Ese és el contrato, que no obliga a más que lo expresado.

Si se tratara de una reclamación de daños y perjuicios al causante de los mismos, o al responsable por el causante, la doctrina legal no sería la misma, probablemente, o al menos en la mayoría de los casos.

En la vista de esta reconsideración se dijo que habíamos citado el caso Broadie v. Randall, 32 L.R.A. 708, o como debe hacerse la cita, 32, A.L.R. 708, y que íbamos en contra de la doctrina allí sentada. Este fue .un error de la parte. Al hablar de esto, dijimos:

“Ésta es la doctrina sustentada en varias jurisdicciones, y en los casos que por el apelante se citan en Broadie v. Randall, Supra.

Y se anotan los casos que el apelante citó en Broadie v. Randall.

Los casos que en nuestra decisión h©mos anotado especial-mente, son los de Molina v. Porto Rican Lloyd, 31 D.P.R. 127, y Martínez v. Independence Indemnity Company, 36 D.P.R. 860.

Los motivos y fundamentos de nuestras opinión y sentencia en este caso, subsisten en toda su fuerza, y deben confirmarse ahora.

Por todo lo expuesto no habiendo motivos o fundamentoá eme sostengan las peticiones de la parte apelada, debe dic-tarse nueva sentencia en la misma forma y términos de la (píe se dictó el 26 de noviembre de 1928 en este caso, sostenida ;Por la misma opinión de aquélla.


author: El Juez Asociado Señor Texidob,

text:
    Villar & Co., Inc., demandante y apelada, v. Francisco Fortuño Sellés, demandado y apelante.
    No. 4704.

      Sometido: Marzo 8, 1929.

    Resuelto: Marzo 12, 1929.

      O’Neill & O’Neill, abogados del apelante; Harry B. Lienza, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Villar & Co., Inc., presentó ante la Corte de Distrito de Dan Juan, P. R., una demanda, contra Francisco Fortuno Sellés alegando que como consecnéncia de la venta de una cantidad de cemento en barriles, expidió dos giros, que suman quinientos ochenta dólares y 91 centavos, a cargn del deman-dado Fortuno Sellés, y a la orden del Banco de Nova Scotia: que el demandado aceptó los giros, pero al serle presentados para su pago, se negó a satisfacer su importe, y no lo ha satisfecho ni en todo, ni en parte: y que la demandante tuvo que recoger los giros, que son ahora de su propiedad; y pidió se condenara al demandado a pagarle di'cha suma, con intereses desde la fecha de vencimiento, y las costas. La; demanda se halla jurada en forma legal.

El demandado presentó primero una moción eliminatoria,, luego una excepción previa; y luego la contestación, en la que alega así:

“Primero. — Que niega general y específicamente todos y cada uno de los hechos de la demanda del presente caso, y
“Gomo materia nueva constitutiva de oposición, alega que dicha demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. ’ ’

La contestación no está jurada.

La demandante pidió a la corte, v la obtuvo, la elimina-ción de la contestación, por no negarse en ella las alegaciones en forma específica, sino en conjunto. Y luego, la misma parte pidió y obtuvo sentencia en rebeldía, contra la que se interpuso este recurso de apelación.

El apelante señala un error, como sigue:

“Unico error. — La Corte de Distrito de San Juan cometió error al declarar que la demanda presentada en este caso por la demandante aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción en contra del demandado.”

Se funda en quo en la demanda se alega clara y distinta-mente que los giros en la misma transcritos fueron de la propiedad del Banco Nova Scotia, y que pasaron a la pro-piedad de la demandante, cuando el demandado dejó de pagarlos; de lo que resulta, según el apelante, que el Banco no actuó como agente, sino que descontó los giros, y pagó su importe a la demandante, en la forma ordinaria y corriente para las letras de cambio; y no se ha alegado que mediara luego un endoso que es la forma de trasmisión de las letras de cambio, según el artículo 461 del Código de Comercio; ni se lia alegado que se hiciera el protesto por falta de pago, ni aparece de la copia de los giros.

No puede el apelante establecer deducciones en materia de hecho, como las que ahora pretende presentar, para sos-tener que la demanda no aduce hechos suficientes. La excepción debe partir de las alegaciones de la demanda, y no de hechos que la parte deduzca.

Aquí , los giros se libraron a la orden del Banco Nova Scotia, que en la realidad es un agente, en el caso, para hacer el cobro. El librado aceptó los giros, y no los pagó; 1'. echos que aparecen de la demanda, de la falta de negación específica, y aun. alguno de ellos del mismo alegato del apelante. Se alegó por la demandante que ella es la actual propietaria de los giros; y esto no se ha contradicho por el demandado con una negación en forma, pudiendo afirmarse que se ha admitido. Sí la demandante es la propietaria de los giros, v esto es un hecho, no hay que deducir, elucubrar acerca del origen, el título y el modo de adquirir esa propiedad; hay que partir del hecho indudable de la propiedad no contradicha; y entonces es indudable que la demandante no tiene ninguna otra, alegación que hacer. El demandado, en la posición en que se ha colocado, no puede hoy suscitar la cuestión que suscita.

La cita de la decisión en Ismart Hinke Milling Co. v. Muñoz, 37 D.P.R. 819, no es apropiada. Allí se dice:

“Librado un giro pagadero a la orden de un banco que trata de cobrarlo sin éxito- y en cuya actuación no pasa de ser aquél más de un agente de la corporación libradora del giro, ésta es siempre la dueña y tenedora del giro y tiene causa de acción para, cobrar su importe sin necesidad- de un endoso previo del banco a su favor. ’ ’

Como se ve, la. cita es de resultado adverso a la parte-apelante.

Igualmente son inaplicables los artículos’ del Código de Comercio que por el apelante se citan.

La demandante en el caso no va a ejercitar la acción que señala el artículo 516 del Código de Comercio.

“En defecto de pago de una letra de cambio presentada y protes-tada en tiempo y forma, el portador tendrá dereclio a exigir del acep-tante, del librador o de cualquiera de los endosantes, el reembolso con los gastos de protesto y recambio; pero intentada la acción contra alguno de ellos, no podrá dirigirla contra los demás, sino en caso de insolvencia del demandado.”

Ni hace falta a la demandante acreditar la falta de pago de la letra (articuló '502 del Código citado ni el protesto le servirá para el fin procesal que indica el artículo 521 del código que venimos citando.

No hay en la sentencia nada que justifique al apelante en ej señalamiento de error que presenta.

Debe confirmarse |la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Manuel Santini, demandante y apelante, v. Hon. Rafael Cordovés Arana, Juez de la Corte Municipal de Caguas, demandado y apelado.
    No. 4425

    Sometido: Marzo 14, 1928.

      Resuelto: Marzo 12, 1929.

      A. 8. López, abogado del apelante; Attorney General George C. Butte, B. A. Gómez y B. Cordovés Arana, Sub-Proeuradores y José E. Figueras, Fiscal del Supremo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Santini fué acusado ante la corte municipal de poseer en su casa, bebidas embriagantes.

Después de presentarse la, prueba de carg’o, el acusado levantó tres cuestiones:

Primera: Que la evidencia obtenida como resultado de una orden de allanamiento espedida bajo la ley de aduanas no puede admitirse como base para un caso, de acuerdo con la Ley Nacional de Probibición.

Segunda: Que siendo nula dicha orden por el defecto señalado, debe devolverse la bebida ocupada al acusado; y

Tercera: Que los hechos alegados en la denuncia no cons-tituyen delito público porque la mera posesión de licores embriagantes no está prohibida.

El juez municipal declaró con lugar la excepción peren-toria presentada como tercera causa de defensa,, ordenó el archivo del procedimiento y absolvió al acusado. Habiendo decidido el caso en esta forma, la corte resolvió que era innecesario decidir la cuestión relativa a la validez del allanamiento, pero expresó la opinión de que aunque el licor hubiese sido ilegalmente ocupado y fuese, por tanto, inad-misible como prueba, no debía ser devuelto al acusado. Se citó el caso de El Pueblo v. Guzmán, 34 D.P.R. 117, en apoyo de este obiter o resolución, en caso de que pueda considerarse como una resolución sobre la segunda cuestión levantada por el acusado.

El allanamiento en cuestión fue expedido por un comi-sionado de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Pico, quien utilizó el formulario impreso usado por el ser-vicio de aduanas de los Estados Unidos. Pué expedido basado en la declaración jurada de un inspector de aduanas de los Estados Unidos, radicada ante dicho comisionado, después de haber éste examinado bajo juramento al inspector. El inspector manifestó bajo juramento que tenía motivo para sospechar y creía que ciertos licores extranjeros, importados ilegalmente en Puerto Rico, sobre los cuales no se habían pagado los derechos, o que habían sido introducidos en los Estados Unidos contrario a la, ley, se hallaban en la resi-dencia de Manuel Santini.

El dilig’enci'ajniento hecho por el inspector de aduanas en el mandamiento contiene un inventario de los licores ocu-pados, que incluye las siguientes partidas:

6 botellas de brandy Hennessy.

6 botellas de vino Moscatel.

2 botellas de vino Moscatel.

5 botellas de ginebra Gordon, conteniendo una de ellas como la tercera parte.

1 botella de ginebra Old Form.' '

1 botella conteniendo como la mitad de brandy.

21 botellas.

Santini acudió a la Corte de Distrito en solicitud de un auto de mandamus para obligar al juez municipal a que le entregara los licores. Se expidió un auto condicional y des-pués de celebrada la vista, en la que el peticionario presentó su prueba, el auto fué- anulado de conformidad con el caso de El Pueblo v. Guzmán, supra, y por el fundamento adicional de que la devolución de los licores no era un acto ministerial de parte del juez, sino que era más bien cuestión de discreción para ser ejercida, por él al presentarle el peticionario prueba ■ de que tenía derecho a poseer los licores.

Santini apeló y alega que la corte de distrito cometió error al interpretar la doctrina ■ enunciada en el caso de Guzmán. El letrado del apelante rehúsa expresamente dis-cutir el segundo fundamento de la decisión apelada, basándose en la teoría de que la cuestión envuelta es meramente técnica y debe ser pasada por alto en beneficio de la, justicia subs-tancial. No podemos estar de acuerdo con este punto de vista.

En los autos que tenemos ante nuestra consideración no hay indicación, alguna de que Santini solicitara la devolución de los licores antes del juicio, se opusiera a la presentación de ellos como prueba o atacara la leg'alidad de la ocupación en ningún momento o en forma alguna, ante la corte municipal, a no ser en la forma que antes se ha dicho. Nada hay que demuestre bajo qué teoría se atacó la legalidad de la confiscación de los licores, de haber sido atacada, por la sugestión de que prueba obtenida por virtud de una orden de allanamiento expedida de conformidad con las leyes de aduanas es inadmisible para que sirva de base a una causa instituida bajo la Ley Volstead.

No es necesario que decidamos por ahora si el recurso de mandamus procede o no para obligar a resolver la cuestión de la legalidad de la confiscación, 'en ausencia de una apela-ción de la supuesta negativa de devolver los licores, y en ausencia de cualquier petición formal para que se hiciera tal devolución. Ciertamente bajo tales circunstancias la corte inferior estuvo muy en lo cierto al declarar sin lugar la petición y al anular el - auto condicional, en vista de que cualquier error por parte del juez municipal al resolver que como cuestión de ley incumbía al peticionario establecer su derecho a poseer los licores, aunque su ocupación fuese ilegal, no puede ser revisado ni corregido mediante el recurso de mandamus.

Un auto de mandamus contra el juez municipal en el presente (¡aso exigiría no solaménte que se revocara su reso-lución sobre una cuestión de derecho, sino también la deter-minación en primer lugar de la otra cuestión de derecho no resuelta por é] ni presentada en debida forma por el peti-cionario loara su resolución. No conocemos ninguna auto-ridad o principio de ley que pudiera justificar tal uso del recurso de mandamus.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Nimaca Shoe Factory, Inc., Ignacio Rosales Cueli, Francisco Soto Gras y Rufino Ruiz y Ruiz, demandantes y apelados, v. Nicolás Manrique Cartagena y Mauro Fernández, demandados y apelantes.
    No. 4806.

    Sometido: Marzo 11, 1929.

    Resuelto: Marzo 13, 1929.

      Hugh B. Francis, abogado de los apelantes; F. Soto Gras, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que desestimemos esta apelación interpuesta por los demandados por ser frívola.

La corporación Nimaca Shoe Factory, Inc., y tres de sus directores demandaron a Nicolás Manrique Cartagena y a Mauro Fernández para que les lucieran entrega de los bienes de dicha corporación cuya posesión material, tenían los de-mandados, uno como superintendente del departamento de fabricación de calzado y el otro como administrador de los bienes de la misma, alegando para, ello que una junta de directores en la que estuvieron presentes todos sus miem-bros, entre ellos el demandado Cartagena, resolvió que los demandados cesaran en sus cargos, requiriéndoles para que hicieran entrega a los tres directores demandantes o a la corporación de la propiedad de ésta, de modo que quedase bajo la custodia de dichos tres directores, ordenándose ade-máis que el nuevo administrador que fué nombrado tomase posesión de los bienes de la corporación, pero que los deman-dados se han negado a entregar dichos bienes. La demanda fué jurada por los tres directores demandantes.

Los demandados comparecieron en el pleito Laciendo varias peticiones que les fueron negadas y solicitando algunas prórrogas para contestar pero hq lo hicieron y anotada su rebeldía la corte, a instancia de los demandantes, dictó sen-tencia contra los demandados fundada en el artículo 194, inciso segundo del Código de Enjuiciamiento Civil y en que la demanda está jurada.

Los apelantes radicaron la transcripción de los autos para la. apelación el Io. de diciembre último y después de obtener varias prórrogas para radicar su alegato lo presentaron el 19 de febrero y pocos días después se ha solicitado la desesti-mación que resolvemos.

El único motivo alegado por los apelantes en apoyo de su recurso es el haber sido dictada la sentencia sin que la corte oyera prueba de la parte demandante para sostener las alegaciones de su demanda, limitándose el argumento de los apelantes, en apoyo de ese alegado error a decir en muy pocas líneas que si en un caso como éste quedan los demandantes relevados de presentar prueba debe saberse por la decisión de este tribunal, pues la práctica ha sido .siempre que se presente prueba y que el solo hecho de estar jurada la demanda en nada afecta a la cuestión porque la ley no distingue entre demandas juradas y no juradas en casos de esta índole. Esto es todo el alegato de los apelantes.

Para casos como el presente, dispone el Código de En-juiciamiento Civil en su artículo 194, No. 2, que si no se presentare la contestación dentro del término de la citación o de su prórroga deberá el secretario tomar razón de la j ebeldía del demandado; después de lo cual podrá el deman-dante solicitar en la primera o en cualquiera de las subsi-guientos sesiones de la corte, que se le conceda lo pedido en la demanda: y que si la'rendición de una cuenta o la prueba de algún hedió fuere necesario para fundamentar el fallo de la corte, o dar cumplimiento al mismo, la corte podrá! admitir la prueba, o a su discreción disponer el informe previo de peritos, y que si para determinar la cuantía de perjuicios fuese necesario el examen de una cuenta extensa, podrá disponer también un dictamen pericial, según lo ante--riormente dispuesto. Por consiguiente, estando jurados los hechos de la demanda por los tres demandantes directores de la corporación y tratándose en este caso de que los deman-dados hagan entrega, de los bienes que les fueron confiados para su administración a fin de ser cumplido un acuerdo de la junta d¿ directores de dicha corporación, pudo la corte dictar la sentencia apólada sin que se presentase prueba, por lo que es frívolo el único motivo alegado para sostener esta apelación, la que debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señob, Hutchison,

text:
    Hilario Santos, Sucs., S. en C., en Liquidación, demandante y apelada, v. Quintana Hnos. & Co. y Francisco Colón, demandados y apelantes.
    No. 4503.

    Sometido: Junio 28, 1928.

      Resuelto: Marzo 13, 1929.

      González Fagundo y González Jr., abogados de los apelantes; Soto Gras y M. H. Ramírez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob, Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción sobré cobro de pagaré los demandados apelan de una sentencia a favor de la demandante.

El primer fundamento de la apelación es que la corte inferior concedió demasiado valor probatorio a cierta escritura. notarial presentada como prueba por la demandante para probar el traspaso y pertenencia del pagaré presentado por ella durante el juicio. De conformidad con los términos de esta escritura la razón social de Hilario Santos & Compañía quedó disuelta y se constituyó una nueva sociedad bajo el nombre de Hilario Santos, Sucesores, S. en C. El capital de la nueva razón social se componía enteramente del activo perteneciente a la firma anterior, aportando cada uno de los socios su parte correspondiente de tal activo. Se concedieron amplios poderes a la nueva sociedad para liquidar en su propio beneficio los negocios de la antigua firma.

El pagaré estaba otorgado a favor de Hilario Santos & Compañía.' En la escritura de disolución cada uno de los socios reconoció el pago y satisfacción totales de sus respec-tivos haberes o intereses, según aparecían del balance en los libros de la firma.

Los apelantes alegan que al disolverse la antigua sociedad el activo necesariamente pasó a ser propiedad de los socios individuales; que en ausencia de los libros o del balance a que ya se ha hecho referencia, nada había que indicara a cuál do los socios se le adjudicó el pagaré, o por quién fué transferido a la nueva sociedad; y que la cláusula que auto-rizaba a la nueva entidad a liquidar los negocios de la antigua firma, no tenía valor alguno, ya que nada había que liquidar.

. Nada hay que indique que en realidad se tratara de hacer una distribución del activo, ni tampoco era necesario que se hiciera una adjudicación y entrega de determinada propiedad a. cada uno de los socios individuales a fin de llevar a cabo e! resultado deseado. Desde luego, teóricamente cierta pro-porción o interés proindiviso en los bienes de la antigua sociedad pertenecía a cada uno de los socios y esa proporción fue aportada por él como parte del capital con el cual la nueva entidad comenzaría sus negocios. El pagaré formaba parte del activo de Hilario Santos & Compañía. Ora fuera adjudicado a uno de los miembros individuales de la sociedad y aportado por éste a la nueva sociedad, o ya perteneciera una parte indivisa del pagaré a cada uno de los socios, y cada uno de éstos la aportara como parte de su cuota en el capital de la nueva razón social, no es cuestión de mayor importancia. Todo el activo de Hilario Santos &■ Compañía pasó, por conducto de los socios individuales, a manos de Hilario Santos Sucesores, S. en O. La escritura notarial, suplemen-tada por la presentación e identificación del pagaré durante el juicio, bastaba para demostrar una cesión, y prima facie que éste pertenecía a la demandante.

Otra de las contenciones de la apelante ataca el valor probatorio de una escritura notarial posterior, según la cual la firma de Hilario Santos Sucesores, S. en C., fué disuelta y se nombró a uno de los socios como liquidador.

El argumento en apoyo de esta contención es substancial-mente el mismo aducido para sostener el primer señalamiento, ya discutido. La única diferencia existente es que ahora se da mayor énfasis a la conclusión de que nada había que-liquidar.

En la escritura notarial que ahora tenemos bajo nuestra consideración las partes (al igual que en la ocasión anterior arriba mencionada), aprueban y ratifican un balance que se dice aparece en los libros de la nueva sociedad. Sin embargo, la disolución no queda, consumada totalmente, sino que se hace depender de ciertas condiciones futuras. La parte principal del convenio es que “una vez liquidado el capital social y cubiertas las pérdidas con el del socio don Sergio E. Santos, a quien únicamente conciernen, se dan por pagados y totalmente satisfechos.” Sergio E. Santos fné el socio nombrado como liquidador. El fin claro de las partes era, según creemos, no efectuar una disolución inme-diata y completa sino una disolución que sería consumada en la forma ordinaria, mediante una liquidación ordenada de los negocios pendientes y el arreglo y pago de las obligaciones de la firma.

Las otras cuestiones sugeridas en el alegato del apelante, en tanto en cuanto no han sido 3m resueltas o excluidas por el estado de las alegaciones, no requieren una discusión separada. .

La sentencia apeladaKdebe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señioe. Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario y apelado, v. José de Jesús, demandado y apelante.
    No. 4070.

      Sometido: Abril 2, 1928.

    Resuelto: Marzo 15, 1929.

      Arjona & Arjona, abogados del apelante; IIon. Attorney General In-terino J. A. López Acasta y James li. Beverly y R. A. Gómez,

      Bub-Proevradores, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señioe. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Originalmente so instituyó un procedimiento para impedir que José de Jesús actuara como porteador público basta que hubiese cumplido con las reglas y reglamento de la Comisión de Servicio Público. La Corte de Distrito de San Juan, en sentencia, final dictada en agosto 30, 1926, expidió un auto de injunction contra él. En 7 de octubre de 1926 se libró una orden para mostrar causa por la cual no debía castigár-sele por desacato por no haber obedecido la orden de injunction. Con la moción para que se dictara dicha orden se presentaron tres declaraciones juradas. Después de cele-brada una vista sobre los méritos de estas declaraciones juradas y de la oposición del acusado, la Corte de Distrito de San Juan lo declaró culpable de desacato y le sentenció a pagar cincuenta dólares de multa o en su defecto a sufrir una pena de cárcel. El acusado apeló de esta sentencia. Anteriormente se había apelado de la sentencia original.

El apelante presentó un alegato en el que discute varias cuestiones de la apelación principal, pero en junio 24, 1927, El Pueblo solicitó la desestimación de las apelaciones. Se alegaba que las cuestiones llegaron a ser académicas en vista de que la Comisión de Servicio Público había derogado las órdenes bajo las cuales se instituyó el litigio. La moción dé desestimación fué declarada sin lugar mediante una resolu-ción per 'curiam dictada por esta corte en junio 16, 1927. Resolvimos que la cuestión envuelta en el desacato no era académica, sin perjuicio dol derecho del apelante a demostrar que la primera apelación no era académica.

En marzo 21, 1928, se radicó un nuevo alegato en el que so discute la sentencia de desacato. La discusión se limita a tres señalamientos de error y oímos a ambas partes sobre esta cuestión en una vista celebrada en 2 de abril de 1928.

El primer señalamiento de error dice así: “Erró la Corte al estimar suficiente para enjuiciar por desacato al demandado y apelante, la moción presentada por el demandante y apelado.” Tenemos idea de que el señalamiento es insuficiente por no ser específico.

No obstante, le prestaremos alguna atención sumaria bajo las circunstancias reseñadas. La teoría es que el procedi-miento inicial de desacato debe ser tan definido como una acusación. Dada la sentencia anterior dictada en el caso, no estamos muy seguros de ello, pero asumiremos que el apelante está en lo cierto.

El apelante sostiene que la moción no alegaba que él trans-portara pasajeros mediante pago, en violación de la orden de la comisión. Se da énfasis a la cuestión de que debía aparecer qué este porteador recibía pago. Como la orden anterior de la corte prohibía al apelante que transportara pasajeros mediante pago y se le imputaba el haber continuado corriendo sus “guaguas” en violación de dicha orden, la omisión, de ser atacable, fué un mero defecto o una falta de especificación. Esta falta no podía ser atacada mediante una excepción previa o señalamiento de error.

Razonamiento similar es aplicable a la falta, de una alegación de que el apelante dejó de obtener un certificado. El dejar de obtener un certificado- era toda la teoría del proceso. En ninguno ele los casos hubo falta de notificación al apelante.

El segundo. señalamiento de error es general, sin especi-ficar, que la prueba es insuficiente. En este señalamiento se alegaba también la falta de prueba de que el apelante condujera pasajeros mediante pago. Las declaraciones jura-das demostraban que el apelante condujo sus “guaguas” por sus rutas en innumerables ocasiones después de dictarse la orden de la corte. Esto era, en lo que a un porteador de pasajeros se refería, evidencia circunstancial de que percibía pago, o surgía la presunción a ese efecto, según se decidió en el caso de El Pueblo v. Figaredo, 37 D.P.R. 643.

Incumbía al apelante demostrar que se le había expedido un certificado después de haberse probado como un hecho contra él que carecía de tal certificado.

El tercer señalamiento de error es como signe: “Erró la corte al dictar sentencia condenando por desacato al deman-dado y apelante.” Todo lo que el apelante dijo a este respecto es lo siguiente:

“Sometemos este error por las anteriores manifestaciones.
“Sostenemos, además, que esta corte debe anular la sentencia sobre desacato, porque la sentencia de injunction es nula y nos re-ferimos a nuestro alegato' en el caso .principal. ’ ’

El alegato anterior del apelante comprende noventa y cuatro; páginas y señala seis errores. De su faz ninguno de ellos levanta cuestión alguna de jurisdicción o constitucio-n alidad y no nos sentimos obligados a examinar el alegato anterior para hallar tal cuestión. El Attorney General muy acertadamente alega que, asumiendo la jurisdicción de la corte, el hecho de que se cometieran errores no afectaba el derecho de castigar por desacato. Ninguna de las partes nos cita autoridades.

La sentencia de desacato' apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señok Texidoe,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Elías Berríos, acusado y apelante.
    Nos. 3709-10.

    Sometido: Febrero 27, 1929.

      Resuelto: Marzo 15, 1929

      Pedro E. Anglade, abogado del apelante; José E. Fig-ueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Texidoe,

emitió la- opinión del tribunal.

En estos dos casos la acusación imputó a Elias Berrios la tenencia y ofrecimiento en venta de leche de vaca adulte-rada con una cantidad de agua artificialmente añadida.

. Las acusaciones tienen fecha 12 de abril de 1928, y fueron leídas en corte en 27 de abril del mismo año.

En 10 de octubre de 1928 se llamaron los casos para el juicio en corte; y el acusado presentó moción para sobre-seimiento fundándose en que: (a) los casos se hallan pen-dientes desde su radicación en 12 de abril de 1928; (b) la lectura de acusación se hizo en 27 de abril de 1928; (c) el acusado fue arrestado y prestó fianza el 8- de marzo de 2928; {el) el acusado lia estado, desde entonces, dispuesto a entrar en juicio; y ele acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no habiendo sido llamada la causa para juicio dentro de los 120 días que determina la ley, debe sobreseerse.

En la prueba para esta moción, se justificó: (1) Que el acusado finé arrestado, y prestó fianza el 8 de marzo de 1928, en. causa por adulteración de leche; (2) Que desde el mes de abril de .1928 se vieron casos criminales en la Corte de Distrito de G-uayama, siendo las vacaciones de esa corte en los meses de agosto y septiembre, y que se citó un término especial que empezó el 4 de septiembre, durante el que se vieron algunos casos, y que en el mes de julio del mismo año se vieron en la corte casos civiles y criminales; (3) Que los casos contra Elias Berrios por adulteración de leche, fueron señalados para el día 22 de mayo de 1928, suspendiéndose las vistas a petición de la defensa del acusado, y no se señalaron de nuevo; (4) Que el perito químico que intervino en estos casos, en 15 de mayo de 1928, pidió a la corte que no señalara la vista de los casos en que él intervenía, durante su ausencia de. Puerto Rico, que empezó en 30 de junio, y terminó, por lo que aparece, poco antes de la vista de estos casos en octubre; y que no se señalaron estos casos en ese período de tiempo.

Discutida la moción, la corte la declaró sin lugar, haciendo mérito, entre otros, de la ocurrencia del ciclón de 13 de septiembre de 1928, que trastornó los negocios todos, y difi-cultó las comunicaciones, e interrumpió, por algún tiempo, la regularidad de la vida en este país.

Ahora el apelante señala como error la desestimación de su moción.

Como un hecho de máte importancia que la que aparece dársele, tenemos el de que la vista o juicio en estos casos fue señalado para el 22 de mayo de 1.928, y no se celebró porque el acusado pidió la suspensión. Interrumpió así el acusado el que pudiera, por analogía, llamarse período de prescrip-ción; y no puede ahora tener en abono el tiempo 'anterior a esa fecha.

En 13 de septiembre de 1928 pasó sobre Puerto Rico un ciclón formidable, cuyos efectos perturbaron por algún tiempo la marcha de todos los negocios y de la vida de esta Isla. No podía exigirse a los fiscales y jueces que, bajo esas cir-cunstancias, fueran los únicos funcionarios que realizaran un trabajo normal. El retraso en este caso tenía una justifica-ción. Véase a este fin, el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Marcelino Hidalgo, resuelto por este tribunal, (pag. 202) y de cuya decisión debe reproducirse lo que sigue:

“Por el primero sostiene que debió haberse declarado con lugar una moción de sobreseimiento que pi*esentó al comenzar el nuevo juicio en la, Corte de Distrito, basada en que habían transcurrido más de 120 días a partir de la última suspensión. El Fiscal se opuso a la moción alegando como causa justa para no haberse cele-brado la vista dentro del término de 120 días, tanto las ocupaciones de la Corte cuanto la ocurrencia del ciclón de San Felipe que fué de tal magnitud que por algún tiempo alteró la marcha normal en el despacho de los asuntos de la Corte. Y basándose en esa causa la corte declaró san lugar la moción. 1 ¡
“A nuestro juicio no cometió error la Corte sentenciadora. Como dice el Fiscal de la Corte Suprema en su alegato no consta la fecha de la última suspensión que era el punto de partida para comenzar a contar los 120 días a que se refiere la ley que se ha considerado aplicable a estos casos. Sólo puede deducirse de las manifestaciones del juez al resolver la moción que el término había vencido seis días antes del en que se celebró el juicio. Y si se tiene en cuenta que de lo manifestado por el Secretario de la Corte, llamado a declarar por el propio abogado del acusado, resulta que la Corte para terminar sus casos llamó un término especial dentro de sus propias vacaciones que comenzó el cuatro de septiembre de 1928 y que fué interrumpido por la calamidad indicada ocurrida el 13 del propio mes de septiem-bre, se verá que hubo justa causa para celebrar el juicio el 12 del siguiente octubre.”

Por las razones expuestas, no habiéndose cometido el error que se señala, deben confirmarse las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    John Walter Mills, Charles W. Mills, May C. Mills, y Lillian R. Mills, peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandado.
    No. 652.

    Sometido: Marzo 14, 1929.

      Resuelto: Marzo 18, 1929.

      P. Soto Gras, ahogado de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal,

Los peticionarios alegan snstancialmente qne ellos habían instituido nxi procedimiento 'de desahucio ante la Corte Municipal de San Juan; que obtuvieron una sentencia a su favor y la demandada apeló; que mientras se tramitaba el recurso la demandada consignó en la corte municipal los cánones adeudados; que estando pendiente el recurso, la demandada desalojó la finca; que al solicitar los peticionarios de la corte municipal 'que les entregaran los cánones de arrendamiento depositados, dicha, corte se negó a ello por entender que carecía de jurisdicción mientras estuviera pendiente la apela-ción; que al levantar la cuestión ante la corte de distrito, bajo la teoría de que el recurso de apelación había sido abandonado ya que la demandada había cumplido 'con la sentencia, dicha corte se negó a desestimar la apelación y en cambio di'etó sentencia ordenando el sobreseimiento y archivo del caso; que debido a esta actuación de parte de la corte de distinto, la demandada insistía en que en vista de la apelación y la forma en que se dictó la sentencia por la corte de distrito, no existía sentencia alguna contra ella, Los peticionarios solicitan la expedición de un auto de certiorari por varios fundamentos. Los autos no revelan que los peti-cionarios dieran algún paso ulterior en la corte municipal o de distrito, sino qué solicitan de esta corte que determine sus derechos en primera instancia.

I Aunque las contenciones de los peticionarios prima facie no parecen carecer de mérito, especialmente la contención de ■que la, actuación de la corte de distrito equivalía a una deses-timación, n,o nos hallamos en posición de considerarnos con jurisdicción. Los peticionarios no nos han convencido de que ahora no podrían obtener los cánones consignados en la corte municipal al solicitarlos debidamente, ni tampoco de que en caso de que esa corte se negara no podrían obtener de la corte de distrito el remedio adecuado mediante un auto de la naturaleza de mandamus u otro similar. Bajo estas circunstancias, las cuestiones levantadas parecen académicas y por el presente se deniega el auto solicitado.


author: El Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfredo Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3257.

    Sometido: Abril 18, 1928.

      Resuelto: Marzo 19, 1929.

      Leopoldo Tonnes y Eugenio Le^ompte, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Rodríguez fué sentenciado por el delito de abuso de confianza y apeló. La parte principal de la acusación formulada contra él fué que mientras actuaba como cajero del Banco Comercial de Puerto Rico, Sucursal de Ponce, se apropió en su beneficio la suma de $9,000 de los fondos que tenía bajo su custodia. En el primer juicio celebrado el jurado no llegó a un acuerdo. Antes de la celebración del segundo juicio, el fiscal solicitó permiso para enmendar, y enmendó, la acusación. Se señala como error la actuación de la corte al permitir que se hiciera la enmienda.

Según fué presentada originalmente la acusación por el Giran Jurado, al describir el mandato y la supuesta persona que había sido defraudada se dijo “como cajero o agente del Banco Comercial de Puerto Rico (Sucursal de Ponce), que es una institución bancaria autorizada a hacer negocios de banca en Puerto Rico de acuerdo con las leyes locales.” La enmienda del fiscal a este respecto fué hecha con el objeto de substituir palabras de suerte que la parte pertinente de la acusación leyera como sigue: “Del Banco Comercial de Puerto Rico (Sucursal de Ponce), que es una corporación debidamente organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico.”

Lo primero que resalta a nuestra vista es que la enmienda era innecesaria. Según las leyes de Puerto Rico toda insti-tución bancaria debe estar incorporada. Trigo v. Banco Territorial y Agrícola, 36 D.P.R. 275 y 940, y las leyes de 1923 allí discutidas. El acusado estaba oblig’ado a saber, como ciudadano y como cajero, que una institución bancaria estaba debidamente incorporada.

Convenimos igualmente con el fiscal en que de todos modos la enmienda no era perjudicial y que equivalía más bien a un mero cambio de forma que no afectaba la substancia del cargo.

El segundo señalamiento de error dice así:

“2. La corte cometió error grave al denegar como denegó la mo-ción del acusado en que solicitaba el sobreseimiento de la acusación por razón de que Rabian transcurrido más de 120 días desde marzo 5 de 1926 en que un anterior juicio en esta misma causa se Rabia celebrado, y sin que hubiere mediado justa causa en contrario no se Rabia celebrado el juicio antes del 30 de septiembre de 1926, fecha en que el juicio se celebraría de nuevo, todo ello según lo dispone el art. 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.”

Para traer ante nuestra consideración los beclios relativos a esta moción, el apelante se refiere a varias páginas de la transcripción do la evidencia. De esa transcripción se des-prende aparentemente que esta moción fue discutida por primera voz el día del juicio. A principios de la transcrip-ción de la evidencia que lia sido preparada a instancia del apelante, aparece que en ,30 de septiembre de 1926 el caso fné llamado para juicio, anunciando ambas partes estar listas. Después de haberse anunciado tal cosa, era demasiado tarde para levantar la cuestión de que al acusado no se le había celebrado un juicio rápido. Este es el principal fundamento de nuestra resolución.

El fiscal estaba allí preparado con todos sus testigos, y el acusado renunció su derecho definitivamente. El día del juicio las únicas controversias en verdad ante la corte son las que afectan la culpabilidad o inocencia del acusado. Cual-quiera otra cuestión, exceptuando, tal vez, una suspensión o algo similar, es ajena a las controversias. Una moción de sobreseimiento por no haberse celebrado un juicio rápido, es una cuestión colateral a las controversias principales. Uno de los fines primordiales del derecho y del sistema de procedimiento es limitar las controversias. Por más que .insistamos, nunca será lo bastante para demostrar que una moción de sobreseimiento basada en el fundamento discutido es un procedimiento independiente y debe ser visto separa-damente.

Según la decisión en el caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, y los casos resueltos de conformidad con el mismo, exceptuando circunstancias en que el acusado no ha tenido oportunidad anteriormente u otras situaciones excep-cionales que no están aquí envueltas, una moción de esta clase se presenta demasiado tarde al ser levantada el día del juicio aún si el acusado no dice que está listo para entrar a juicio. Una moción de esta especie no debe ser presentada como una sorpresa, en vista de que El Pueblo, al igual que cualquiera otra de las partes, tiene derecho a ser notificado debidamente de una moción. Tal vez en lo que a la mera notificación se refiere, el fiscal renunció su derecho a ser notificado, ya que procedió a tratar de probar que existía justa causa para la demora.

Discutiendo sumariamente los supuestos méritos diremos que la falta de fondos para pagar los g’astos del jurado era. suficiente excusa para la demora. Si la demora se debe a la ausencia de testigos importantes, como en este caso, el acusado debe ser notificado a fin de que se pueda oponer o manifestar que admite la prueba que se trata de obtener. Discutimos esta cuestión en contra del acusado en El Pueblo v. Román, 18 D.P.R., 219 y otros casos. No estamos muy seguros de que el acusado en este caso no fuera notificado. Pero aún si no lo fue, sabiendo que la corte había concedido la moción de suspensión, era el deber del acusado comparecer ante la corte dentro de un tiempo razonable y solicitar la celebración del juicio, pidiendo, tal vez, a la corte que dejara sin efecto su resolución. En el caso de Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772, citado por el apelante, el acusado nunca dejó de insistir en qué se le celebrara el juicio.

En este estado del caso, debido a la supuesta ausencia de testigos, la corte pospuso el juicio sólo por nueve días. El apelante no nos satisface de que esto fuera nn abuso de discreción bajo las circunstancias descritas.

Como cumbre a todo esto, aparece en los autos una moción del acusado, sin fecha, en la que solicita que la vista del caso sea suspendida, ya que su abogado José Tous Soto se hallaba ausente debido a sus deberes como legislador. En esta moción se renunció el derecho de insistir en un juicio rápido.

Se trataba, de un segundo juicio. Es cuestión familiar que después de haberse celebrado un primer juicio las condiciones cambian, y el peso por parte de El Pueblo para demostrar justa causa no es tan fuerte, según indicamos en algunas de nuestras decisiones anteriores.

El tercer señalamiento de error lee como sigue:

“La corte cometió error grave al denegar como denegó todas las cuestiones legales promovidas por el acusado contra la acusación del Gran Jurado en la. forma en que fué enmendada, por el Fiscal del Distrito. ’ ’

En tanto en cuanto fuere específica, la discusión que hemos hecho del primer señalamiento de error, resuelve suficiente-mente esta cuestión. No se requería una nueva acusación.

En su cuarto señalamiento de error el acusado dice que el veredicto es contrario a las pruebas y a derecho. A primera vista cualquiera creería que el acusado nos pide que nos coloquemos en el sitio del jurado. Esto es algo que no podemos hacer, a menos que se alegue y se pruebe que ha habido pasión, prejuicio o algo parecido. La actitud del acusado es distinta. Se queja de falta de prueba.

El apelante dice, en efecto, que todo lo que la prueba demostró fué que cuando el acusado entregó sus cuentas a los compradores del banco, ciertos cheques entregados, por él en pago, ascendentes a $9,000, resultaron carecer de valor alguno. El hecho era que al acusado se le imputaba la nece-sidad de entregar cierta suma de dinero y valores en que faltaban $9,000 para completar la suma total. Como él estaba obligado a responder de estos $9,000, así como también de los otras snmas, el peso de la prueba recaía sobre él para demostrar el pago. Se demostró definitivamente que p] adeudaba una cantidad en que estaba incluida la suma de $9,000. Dos cheques que no tenían valor alguno estaban en .su poder. No era deber de El Pueblo- demostrar que el cajero del banco no había entregado el equivalente de estos cheques. Incumbía al acusado explicar los cheques. Se demostró suficientemente que eh acusado dejó de entregar ¿9,000 que vinieron a sus manos como cajero. En los autos hay prueba de que el acusado admitió que le faltaban $9,000 y que él había substituido los dos cheques en cuestión.

La sentencia debe ser confirmada.