text:
    Juan I. Sosa y Escobar, peticionario y apelante, v. Pedro Manzano Aviñó, Juez de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, demandado y apelado, y Carmen Escobar, interventora y apelada.
    No. 3977.
    Visto: Noviembre 22, 1926.

      Resuelto: Mayo 10, 1927.
    Certiorari — Procedimientos t Resolución — Avelación de Sentencia en Pro-cedimiento de Certiorari — Desestimación—Omisión de Archivar el Tran-seript Dentro del Término. — Como el retu/rn forma parte del legajo de la-sentencia desde el momento en que se archiva, no cabe dilatar la remisión de los autos a la-corte de apelación para incluirlo en una exposición del caso. Si así se hiciere y especialmente si examinados los autos resulta que el recurso es frívolo, la apelación deberá desestimarse.
    Mooión sobre desestimación de apelación, establecida ésta contra re-solución final dictada por la Corte de Distrito de San Juan, en recurso de certiorari.

      Con lugar la moción.

      Manuel A. Martínez Dávila y José Martínez Dávila, abogados del apelante; Enrique Campillo, abogado de la interventora-apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación de la apelación establecida contra la resolución final dictada por la Corte de Distrito de San Juan en cierto recurso de certiorari. El motivo que se alega es el de no haberse archivado en tiempo la trans-cripción de los autos.

Todo depende de si existe o no una exposición del caso válida. Si existe, la transcripción se radicó en tiempo. Si no existe, transcurrió con exceso el término marcado por la ley. >

Aparece de los autos que la Corte Municipal de San Juan conoció de un pleito de desahucio sobre una finca si-tuada en Río Piedras, basándose en que las partes se ha-bían sometido a ella expresamente en el contrato de arren-damiento cuya violación dió origen al pleito.

La corte municipal dictó sentencia declarando el desahu-cio con lugar. El demandado no apeló pero estableció un procedimiento de certiorari ante la Corte de Distrito de San Juan. El auto fue expedido. Como contestación el juez demandado remitió los autos del desahucio. Solicitó intervenir en el certiorari la demandante en el pleito, e in-tervino en efecto, celebrándose la vista, según certificación del secretario de la corte de distrito, así:

"Se llamó este caso a la vista y comparecieron el peticionario y la interventora, quienes anunciaron estar listos. Los letrados de ambas partes leyeron sus respectivas alegaciones, argumentaron oral-mente el caso, y, sometido finalmente a la consideración de la Corte, ésta se reservó su resolución.”

La corte de distrito declaró el certiorari sin lugar anu-lando el auto preliminar que había expedido. T contra esa resolución de la corte fué que se interpuso el presente re-curso de apelación.

Parece conveniente transcribir lo que sigue de la opi-nión emitida por el juez de distrito para fundar su senten-cia. Dice:

"Según aparece del return, los hechos probados en este caso son los siguientes:

Entre Juan I. Sosa y Escobar, como arrendatario y Carmen Es-eobar, como arrendadora, y por escritura pública de 28 de septiem-bre de 1922, ante el Notario Carlos García de la Noceda, se celebró un contrato de arrendamiento de una finca rústica, radicada en la municipalidad de Río Piedras, por un canon mensual de $75.00, que computado por una anualidad no excede de $1,000.00. En dicha escritura se contiene la siguiente estipulación:

“. . . .; conviniendo y aceptando los otorgantes someterse a la ju-risdicción y competencia de las Cortes Municipales de esta ciudad de San Juan, para todos los actos y diligencias a que pudiera dar lugar el incumplimiento del referido contrato.”

De acuerdo con la precedente cláusula de sumisión expresa, Doña Carmen Escobar presentó demanda de desahucio, por falta de pago, contra el arrendatario de la finca Juan I. Sosa y Escobar ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera.

El demandado, al contestar la demanda, presentó una moción para que el juicio fuera trasladado a la Corte Municipal de Río Piedras, la que fué declarada sin lugar en ambas instancias. El caso siguió por todos sus trámites, en la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, la que dictó sentencia en contra del de-mandado, con fecha mayo 19 de 1926, contra la cual sentencia no se ha interpuesto recurso de apelación, por las razones alegadas en el hecho octavo de la petición de certiorari.

El presente recurso de certiorari tiende a anular la sentencia de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, por alegarse que dicha Corte no tenía jurisdicción para dictarla.

La cuestión esencial y única a resolver en el presente recurso es la siguiente:

“Si en un procedimiento especial de desahucio en Puerto Rico, cabe la sumisión expresa de las partes a determinada Corte”. Vea-mos. En primer lugar, tenemos que las partes en el contrato de arrendamiento hicieron sumisión expresa a las Cortes Municipales de San Juan, para todos los actos y diligencias a que pudiera dar lugar el incumplimiento del referido contrato.

En el caso Byron et al. vs. García et al., 17 D.P.R. 544 y 545, la Corte Suprema de Puerto Rico establece claramente la diferencia que existe entre jurisdicción y competencia, fijando las siguientes reglas:

“De aquí que la jurisdicción no puede prorrogarse; lo contra-rio sucede con la competencia. Si una Corte por preceptos de la Ley carece de jurisdicción, para conocer de una acción, el consenti-miento de las partes nunca podrá darle esa jurisdicción. Por el contrario, si una corte carece de competencia, para conocer de una sola acción, adquiere esa competencia siempre que tenga jurisdicción para conocer de dicha acción, por convenio o sumisión de las par-tes, según los arts. 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

De acuerdo con la sección 3 de la Ley de Desahucio aprobada en 1905, todas las cortes municipales de Puerto Rico tienen juris-dicción para conocer de los casos de desahucio como el presente, en que el canon de arrendamiento computado por un año no exceda de $1,000.00 de modo que la Corte Municipal de San Juan, sección se-gunda, tuvo jurisdicción para conocer del caso de desahucio que origina el presente recurso; y además la referida Corte Municipal de San Juan tuvo competencia para conocer del mismo en virtud de la sumisión expresa de las partes, hecha de acuerdo con los ar-tículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil.

No hay nada en la Ley de Desahucio de 1905, que prohiba la sumisión expresa, a determinada Corte.”

Interpuesto el recurso, la parte apelante solicitó que se le permitiera presentar una exposición del caso. Presentó en efecto como tal el documento que analizaremos luego y la corte de distrito lo aprobó. Copia certificada del mismo fue archivada en esta Corte Suprema después de presentada y argumentada la moción de desestimación pero dentro de prórrogas concedidas en tiempo.

De lo narrado anteriormente parece desprenderse que debe declararse sin lugar la moción de desestimación puesto que existe una exposición. Mas no es así. La parte ape-lante llamó al documento que sometió a la corte de distrito exposición, como tal lo aprobó dicha corte y como exposi-ción lo archivó el apelante en esta Corte Suprema.

Dicho documento contiene únicamente la copia del return del juez municipal demandado. En el caso de certio-rari no se practicó prueba. Sólo existió la petición, el return, o sean los autos del caso de desahucio remitidos por el juez demandado como su contestación, la moción de inter-vención de la demandante en el desahucio, la relación del del caso y opinión de la corte, la sentencia, y el escrito de apelación. Todos los documentos existentes formaban parte del legajo de la sentencia al momento de la apelación. Los antos de la apelación estaban, pnes, listos. Nada había qne llevar a ellos por medio de nna exposición, y en tal caso la transcripción debe archivarse dentro del término de nn mes o de la prórroga qne al efecto pneda solicitarse y concederse, término qne ha transcnrrido aqní con exceso, ya qne la resolnción apelada se dictó desde jnnio del año de 1926. Para nn estndio más amplio de esta cnestión, véase la opinión de esta corte en La Asamblea Municipal de Santa Isabel v. La Corte de Distrito de Guayama emitida en el día de hoy.

La parte apelante innecesariamente solicitó preparar nna exposición y abandonó sn término. La parte apelada tiene derecho a qne la apelación se desestime.

Pero si se solicitara el ejercicio de nuestra discreción bajo la base de que el error cometido lo fné de buena fe, de no-tratarse de nn término jurisdiccional y de la activi-dad demostrada al preparar la transcripción, diríamos qne los méritos del caso no exigen dicho ejercicio. Hemos trans-crito lo pertinente de la opinión del juez de distrito y no se necesita nn gran esfuerzo para concluir qne la apelación es frívola. Debe advertirse qne esta cnestión de frivolidad fné levantada por el apelado, disentida por ambas partes y pospuesta sn resolnción. Un mayor estndio del caso he-cho con motivo de la nueva moción del apelado, ha llevado al tribunal al convencimiento de la justicia de la primera petición.

Debe declararse con lugar la moción y en sn consecuen-cia desestimarse el recurso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Fbanoo Soto,

license: Public Domain

text:
    Carmelo Villanueva, peticionario y apelante, v. Asamblea Municipal de Utuado, demandada y apelada.
    No. 4124.
    Vista: Marzo 10, 1927.

      Resuelto: Mayo 12, 1927.
    1. Certiorari — Procedimientos t Besolución — Apelación de Sentencias en Procedimientos de Certiorari — En General. — Las alegaciones del peticio-nario deben aparecer comprobadas por el return para que aquél pueda sos-tener su recurso.
    2. Corporaciones Municipales — Procedimientos del Ooncejo u Otro Cuerpo que Gobierna — Ordenanzas y Reglamentos (By Laws) en General— Aprobación de dos Mismos — Notificación a Personas Perjudicadas. — La ley no exige que las resoluciones u ordenanzas que aprueben las asambleas municipales tengan que notificarse a las personas que se crean perjudicada» con su aprobación.
    3. Certiorari — Término para Establecer el Procedimiento — Revisión de Actos Legislativos o Administrativos Municipales. — Aprobada por un alcalde resolución de la Asamblea desaprobando una adjudicación provisional hecba por la Junta de Subastas, la petición de certiorari para anular tal resolución de la Asamblea que se presente después de treinta días contados desde que la ordenanza empezó a regir, es tardía.
    4. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Actuaciones de Juntas y Muni-cipalidades — Actuaciones Discrecionales de Asambleas Municipales— Aprobación de Acuerdos de las Juntas de Subastas. — Cuando la Asamblea Municipal tiene discreción para no aprobar un acuerdo de la Junta de Su-bastas, los tribunales no tienen acción en tal asunto a menos que se de-muestre abuso de tal discreción o fraude en la .actuación de la asamblea.
    Sentencia de Luis Samalea, J. (Arecibo), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

    (?. Zeno Sama, abogado del apelante; Francisco M. Cadilla, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Fbanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un certiorari en grado de apelación, procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.

En abril 12, 1926, la Asamblea Municipal de Utuado aprobó una ordenanza disponiendo el arrendamiento en pú-blica subasta de una casa propiedad del municipio. Se fijó como tipo de la subasta la suma de $240 por el término de un año a partir de julio 1, 1926. La subasta tuvo lugar en mayo 28, 1926, y concurrieron dos licitadores, ofreciendo $20 y $27 mensuales, respectivamente, siendo esta última oferta la del apelante y a quien por ser la mejor y más be-neficiosa se le adjudicó la buena pro por la junta de subas-tas. Sometida esta resolución a la asamblea municipal, este organismo en junio 3, 1926, desaprobó la adjudicación que se hizo al apelante, acordando que la casa en lugar de arren-darse fuere vendida en pública subasta. Este acuerdo no llegó a formalizarse mediante ordenanza, y la asamblea municipal en sesión de julio 1, 1926, en la que se dió cuenta con una instancia del apelante requiriendo la entrega de la casa por haberle sido adjudicado el arrendamiento por la junta de subastas, adoptó finalmente una resolución, que fué aprobada por el alcalde en julio 10, 1926, desaprobando tal adjudicación y a su vez pasó otra ordenanza disponiendo nuevamente se arrendara en pública subasta la mencionada propiedad, bajo las mismas condiciones que se establecie-ron en la anterior ordenanza, si bien el término del arren-damiento se extendía solamente por el resto del ejercicio económico que expiraba en julio 30¡, 1926. La ordenanza disponía que empezaría a regir inmediatamente por ser de urgencia y haberse adoptado por consentimiento unánime de los componentes de la asamblea, aprobándose en la misma fecha por el alcalde.

El apelante, creyéndose perjudicado por estos procedi-mientos, presentó una petición a la corte inferior para que revisara tales procedimientos, pidiendo en concreto que se anule y deje sin efecto la resolución de la asamblea de julio 1, 1926, y que entretanto se resolviere el asunto, se orde-nare que la asamblea se abstuviese de poner en vigor la ordenanza que ordenaba la celebración de una nueva su-basta.

La apelada adujo en la corte inferior, entre otros fundamentos, para que se anulara el auto, y en ello insiste fuertemente en su alegato, que el derecho del apelante, si alguno podía tener, había prescrito a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 63 de la Ley Municipal, tal como fué enmendada por la Ley No. 92, aprobada en agosto 22, 1925, ya que la resolución de que se queja el apelante, aprobada por el alcalde en julio 10, 1926, entró en vigor el día 20 del mismo mes, y los 30 días que la ley concede al apelante para utilizar el procedimiento de certiorari comenzaron a correr desde la última fecha, venciendo en agosto 19, 1926, y el apelante estableció su de-manda en septiembre 1, 1926, o sea, mucho después del plazo concedido por la ley para tales casos.

El artículo 63 de la Ley Municipal, en lo pertinente prescribe:

“Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada :
“(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la asamblea municipal, del alcalde o de los demás funcio-narios municipales que lesione derechos constitucionales de los que-rellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari:
ÍC % * * * % %
“En los dos primeros casos la parte perjudicada podrá sola-mente establecer la demanda correspondiente dentro del plazo de treinta días, a contar de la fecha en que el acto ejecutivo o admi-nistrativo haya sido realizado o que la ordenanza, acuerdo, resolu-' ción u orden hayan sido promulgados o comunicados a la parte querellante; Entendiéndose que cuando la ordenanza o resolución deba ser publicada de acuerdo con esta Ley, el término expresado de treinta (30) días empezará a contarse desde la fecha de la pu-blicación de dicha ordenanza o resolución.”

La corte inferior estimó mejor resolver el caso en sus méritos y no consideró la defensa de prescripción. Ella expone en su opinión en ese punto que la cuestión de si una resolución' como la que se impugna requiere o no notifica-ción, no había sido planteada, y que por otro lado, habiendo el querellante alegado en su petición que no tuvo noticias de la resolución hasta agosto 16, 1926, por un aviso particular del auditor municipal informándole que se iba a pro-ceder a una. segunda subasta, tal alegación no fué contro-vertida. Este último extremo carece de fundamento por-que siendo el return la verdadera contestación en estos ca-sos, del mismo no aparece que se haya hecho notificación alguna al apelante. El silencio del return no hace incontrovertible la alegación del apelante en ese extremo; por el contrario, las 'alegaciones en general del peticionario son las que deben aparecer comprobadas por el return para que pueda sostener su recurso.

La ley no exige que las resoluciones y ordenanzas que aprueben las sambleas municipales tengan que notificarse a las personas que se crean perjudicadas con su aprobación. Las asambleas actúan en tales casos como cuerpos legislativos y aquellas ordenanzas y resoluciones empiezan a regir al ser promulgadas o publicadas. La notificación parece requerirse solamente para aquellos actos puramente administrativos, ejecutados por el alcalde y demás funcionarios municipales como agentes ejecutivos, y deben ser comunicados a las partes interesadas. La publicación es para las ordenanzas que tengan sanción penal, las que no entran en vigor basta veinte días después de publicadas. Artículos 54 y 56 de la Ley Municipal. Para las demás ordenanzas y resoluciones el artículo 57 prescribe:

“Sujetas a las disposiciones- de los dos artículos anteriores, las ordenanzas y resoluciones regirán a los diez días después de apro-badas, salvo que circunstancias extraordinarias requieran su inme-diata vigencia, en cuyo caso, si así se declarare en su texto, regirán desde el día de su aprobación, si fueren aprobadas con el voto afirmativo de una mayoría del número total de miembros de que se componga la asamblea municipal.”

La letra de esta disposición es bien clara para que se insista en su interpretación. En julio 1, 1926, se adoptó por la Asamblea Municipal de Utuado la resolución que desaprobó la adjudicación provisional que bizo la junta de subastas del arrendamiento a favor del apelante; el 10 de julio el alcalde le impartió su aprobación y empezó a regir 10 días después, o sea, desde julio 20, 1926, en que por dis-posición de la misma ley se bace de conocimiento general para todos. Ello es lo mismo que si se tratase de la apro-bación de una ley de la Legislatura, siendo obligatoria desde su promulgación; que es-la fecba en que empieza a regir. Y siendo esto así, el apelante presentó tarde su re-curso al ser archivado ante la corte inferior en septiembre 1, 1926, más allá de los 30 días que le concedía el artículo 63 de la Ley Municipal, a contar de la fecha en qne entró en vigor la resolución de que se queja.

También podemos decir que aun examinando los méritos del caso, estamos conformes con la conclusión a que llegó la corte inferior de que la asamblea municipal tenía discreción para no aprobar el acuerdo de la junta de subastas mientras no se pruebe abuso de tal discreción o fraude en la actuación de la asamblea, y una y otra cosa no aparecen demostradas en este caso. Véase el caso de Rodríguez v. Junta de Subastas, 36 D.P.R. 337.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Benigno Castro y su Esposa Encarnación Agostini y Agostini, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 679.
    Sometido: Abril 22, 1927.

      Resuelto: Mayo 13, 1927.
    1. INFORMACIÓN DE DOMINIO-INSCRIPCIÓN-BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA— Recibo de Contribución de Herencia o Exención.. — Cuando la participa-ción de un heredero en una finca está exenta por la ley del pago de con-tribución de herencia, no necesita presentar recibo alguno de haberla satis-fecho ni acreditar que ha sido exenta de ella.
    2. INFORMACIÓN DE DOMINIO-ANTERIORES DüEÍÍOS O CAUSAHABIENTES-EN GENERAL. — Cuando de la información aparece que la finca fué heredada de la causante por sus dos hijas; que una de éstas fué anterior dueña a uno de los promoventes en su parte que le vendió, el dicho en la información de que se citaron los anteriores dueños admite el que fué citada la eausaha-biente de aquélla, o sea, la anterior dueña y vendedoi'a.
    3. Información de Dominio — Inscripción—Bienes Adquiridos por Herencia— Pbioímovente OolMio Unico Heredero — Justificación.—Justificado el dominio de una finca adquirida parte por herencia, la promovente, en cuanto a dicha parte, no tiene que justificar en el registro que es la única heredera cuando de la propia declaración de dominio aparece que fueron dos las herederas y no hay que justificar omisión alguna de citar los eausahabíentes del anterior dueño.
    4. Recursos Gubernativos — Revisión.—Cuestiones a Considerar y Resolver— Defectos Consignados en las Notas Recurridas y nio Impugnados. — El Supremo no considerará un defecto subsanable consignado en la nota recu-rrida cuando el mismo no es impugnado por el recurrente.

      Nota de Pedro Gómez Lasserre, R. (Mayagüez), denegando inscrip-ción de una declaración de dominio.

      Revocada.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del recurrente; Fl Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte'de Distrito de Mayagüez declaró justificado el dominio de una casa y su solar, que tienen un valor de $300, a favor de los esposos Benigno Castro y Encarnación Agos-tini y Agostini en una mitad indivisa cada uno, que la es-posa heredó de su madre Trinidad Agostini y que el ma-rido compró a Francisca Bayrón, quien la heredó de su madre Trinidad Agostini, habiendo comprado ésta la casa y el solar a Altagracia del Río.

El Registrador negó la inscripción de esa declaración de dominio diciendo, en lo necesario ahora, lo siguiente-; “Denegada la inscripción solicitada . . . por los defectos de no acreditarse que la Sra. Agostini y Agostini haya satis-fecho la correspondiente contribución de herencia, o haya sido exenta del pago de la misma, del condominio adqui-rido en la forma expresada arriba, ni que aparezcan citados debidamente los herederos, sucesores o causahabientes de la anterior dueña Trinidad Agostini y Agostini, de quien no se acredita tampoco que la promovente Encarnación Agostini y Agostini sea la única y universal heredera. . . .”

El Código Político en su sección 368, enmendada por la Ley No. 62 del año 1916, impone eontribución( sobre las herencias pero dispone que no se cobrará a la esposa, hijo, nieto o persona legalmente reconocida como hijo adoptivo del varón fallecido, cuando el valor de tales bienes sea de $5,000 o menos. La sección 378 dice que será obligación del Tesorero de Puerto Rico expedir recibos especiales por triplicado al pagarse dicha contribución; y la sección 379 dispone que ningún tribunal aprobará la división o distribución de los bienes de ningún fallecido a me-nos de haberse presentado el recibo o los recibos especia-les dispuestos en el artículo anterior y que ningún regis-trador inscribirá instrumento alguno ni fallo, sentencia o auto judicial en relación con la división, distribución o en-trega de dichos bienes a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero.

En este caso, sin embargo, no tenemos que decidir si la persona que trata de inscribir un expediente de dominio por haber adquirido la finca o parte de ella por herencia tiene que presentar al registrador el recibo de haber pa-gado dicha contribución, porque siendo la participación de Encarnación Agostini y Agostini de $150, claramente está exenta por la ley del pago de esa contribución y, pbr tanto, no necesita presentar el recibo de haberla satisfecho ni acre-ditar que ha sido exenta de ella.

De la declaración de dominio aparece que la finca de Trinidad Agostini fué heredada por mitad por sus hijas Encarnación Agostini y Francisca Bayrón; y como la última fué anterior dueña a Benigno Castro de la mitad que le vendió, siendo al mismo tiempo heredera de la anterior dueña Trinidad Agostini, al decir la corte que fueron citados los anteriores dueños de la finca puede admitirse que fué citada la causahabiente de ella, Francisca Bayrón; ni tenía necesidad Encarnación Agostini de justificar en el registro que es la única heredera de Trinidad Agostini porque de la declaración de dominio aparece que fueron dos las herederas de Trinidad Agostini y porque tal requisito sólo es necesario para justificar por qué no se ha hecho la citación de los causahabientes de la anterior dueña.

También contiene la nota del registrador recurrido la consignación de un defecto subsanable, pero como no ha sido impugnado por los recurrentes no tenemos que considerarlo.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción de acuerdo con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Nicolás Orta, demandante y apelado, v. The Porto Rico Railway Light & Power Co., demandada y apelante.
    No. 3640.
    Visto: Marzo 9, 1926.

      Resuelto: Mayo 16, 1927.
    1. Muerte — Acción por Muerte Causada — Alegaciones y Prueba — Incongruen-cias Entre las Alegaciones y das Pruebas — Incongruencia Inmaterial. —Cuando se alega que al caer un alambre eléctrico y chocar con un niño causóle intensa conmoción y lo lanzó contra una pared fracturándole el cráneo y causándole así la muerte, y la prueba demuestra que la causa efi-ciente y próxima del daño fúé la caída del alambre, el hecho de que no se probara que el niño se cayó contra la pared se resolvió era una incongruencia inmaterial.
    2. Electricidad — Daños Causados — Acciones— Presunciones — Negligencia— Doctrina de Res Ipsa Loquitur. — Una corporación de servicio público que usa alambres eléctricos de alta tensión sobre las calles de una ciudad está en el deber de proteger al público; y si un alambre así cargado cae en una de dichas calles causando la muerte de alguien la doctrina de res ipsa loqwitur es aplicable.
    3. Muerte — Acción por Muerte Causada — Derecho de Acción v Defensas— Ley que Regula. — Los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil no son la fuente original de la concesión de daños por muerte causada por un acto ilegal sino los artículos 1803 y 1804 del Código Civil.
    4. Muerte — Acción por Muerte Causada — Daños, Confiscaciones (Forfeitures) o Multas (Fines) — Elementos de Daños — Sufrimiento Mental o Moral — ■ Muerte Ilegal de un Hijo Menor. — El sufrimiento moral causado a los padres de un niño muerto a eausa de un acto ilícito, puede considerarse como un elemento de indemnización por daños.
    5. Muerte — Acción por Muerte Causada — Alegaciones y Pruebas — Presuncio-nes — Prueba de los Daños y Perjuicios Sufridos por la Muerte. — En acción por daños por la muerte ilegal de un hijo, el padre o la madre no necesitan demostrar minuciosamente los daños y perjuicios sufridos eon la muerte; del hecho mismo de la muerte la ley presume una pérdida pecu-niaria que, si bien no puede medirse exactamente, es suficiente para sostener una indemnización que no exceda de una suma razonable.
    SENTENCIA ele Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando con lugar demanda de daños y perjuicios, con costas.

      Confirmada.

      J. H. Brown, y Clemente Ruis Nazario, abogados del apelante; Rafael Arce Rollet y Manuel Tons Soto, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso de daños y perjuicios. A la apelante, Tbe Porto Eico Railway, Light & Power Company, se le imputó negligencia que ocasionó la muerte de Fernando Orta Jurado, hijo del demandante. La causa principal de la imputación de negligencia fue que dicha compañía tenía nn servicio público de alambres eléctricos en Caguas, que conducían una corriente de alta tensión, a saber, unos 4,400 voltios; que estos alambres no estaban debidamente aisla-dos o de alguna otra manera protegidos para evitar que se cayeran; que mientras dicho niño, que tenía unos 13 años de edad, iba por las calles de Caguas, uno de los alambres se rompió, cayó a la calle y envolvió a dicho niño, causán-dole una intensa conmoción en su cuerpo y lanzándolo final-mente contra la pared de una casa, fracturándole su cráneo y causándole en esta forma una muerte inmediata.

La Corte de Distrito de San Juan llegó a la conclusión de que no hubo prueba de que el niño se hubiera caído de un tejado, como se alegaba en la contestación de la deman-dada; que la muerte de Fernando Orta no podía explicarse en otra forma sino como el resultado de la conmoción eléctrica recibida por su cuerpo debido a la corriente eléc-trica que conducían los alambres que cayeron a la calle en el momento en que él pasaba, los cuales alambres al mismo tiempo lo derribaron o lo hicieron caer al suelo, causándole la fractura de la base del cráneo, la cual también pudo ha-ber sido la causa de su muerte.

La apelante trata de demostrar que hubo una in-congruencia entre la demanda y la prueba y que la senten-cia no se ajustaba ni a una ni a otra. La apelante descansa en la bien establecida teoría de que si un demandante alega un fundamento de negligencia está obligado por esa alega-ción y no puede obtener sentencia por otro fundamento o por algún fundamento general de negligencia cuando su demanda demuestra que descansa en un fundamento espe-cífico. La apelante hace grandes esfuerzos para indicarnos que algunos de los testigos que declararon como peritos aventuraron la teoría de que los alambres eléctricos habían levantado el cuerpo del niño a unos 30 ó 40 pies de altura, y que, por consiguiente, cayó y se fracturó el cráneo.

Puede admitirse que la autopsia, tomada en relación con las declaraciones de algunos de los peritos, en verdad ten-dio a demostrar que la muerte de este niño no fné cansada instantáneamente por la conmoción sino qne lo fné al cho-car sn cabeza contra algún objeto mny dnro, cualquiera qne fnera. Hubo prueba de qne la corriente de 4,400 vol-tios de haber tocado directamente el cuerpo del niño, le hubiera producido la muerte instantánea. Sin embargo, la prueba tendió a demostrar que él vivió y respiró por unos minutos después del accidente, y esa misma prueba tendió a demostrar que aún una corriente de alta tensión no siem-pre produce la muerte instantánea. No creemos que la po-sibilidad de que la muerte de este niño ocurriera como re-sultado de la corriente eléctrica en sí misma quedara ente-ramente excluida. Nó es necesario que invirtamos una gran cantidad de tiempo en determinar si la muerte fué o no directamente causada por la electricidad, pues creemos que la manera exacta en que la muerte fué causada no es de alta importancia en este caso.

La apelante insiste en que no hubo prueba en apoyo de la conclusión de que el niño cayó contra la pared lateral de una casa, según se alega en la demanda, o que su cabeza dió contra el suelo, y que tampoco hubo otra prueba de-terminada para demostrar la forma en que la muerte del niño fué causada. Este no es un caso en que el deman-dante alega una serie de hechos esenciales en su demanda y luego en el juicio descansa en otros distintos. El hecho fué, según quedó establecido por toda la prueba del caso, tanto directa como circunstancial, que la muerte del niño fué causada por la caída del alambre eléctrico. Era rela-tivamente de poca importancia, por lo tanto, si su muerte fué causada por la electricidad directamente, o si por al-guna otra causa que no se explica claramente fué lanzado contra algún objeto duro. La causa eficiente y próxima de este accidente fué la caída del alambre eléctrico que chocó con el niño. Lo que sucediera después de la caída de los alambres puede dejarse enteramente a suposiciones sin des-truir el hecho esencial a que nos hemos referido. No im-porta que en la demanda se alegara qne el niño cayó contra la pared y qne esto no se probara. Sostenemos qne ello era nna incongruencia inmaterial. Es de notarse qne la corte no basó sn conclusión en el beclio de qne el niño ca-yera contra la pared, sino qne expresó en términos genera-les todo lo qne era necesario decir, o sea, qne la muerte pudo baber sido producida al chocar la cabeza del niño contra un objeto duro como resultado de la caída del alam-bre eléctrico.

La corte también sostuvo qne constituía negligencia por parte de la compañía el tener alambres de alta tensión en sitios muy poblados sin la debida protección y vigilancia, y qne esta omisión fué la cansa próxima de los daños sufridos por el hijo del demandante. La apelante sostiene qne no se demostró la verdadera negligencia de la compañía demandada y qne la corte al parecer estaba implícitamente aplicando la doctrina de res ipsa loquitur. Sin embargo, con excepción de los casos de Pennsylvania qne cita la apelante, la regla prevaleciente en los Estados Unidos es qne cuando un alambre de alta tensión cae en nna calle pública, cansando daño, la doctrina de res ipsa loquitur es aplicable.

Bajo el título Electricidad, en 20 C. J. página 380, pár. 63, encontramos lo siguiente:

“(2) Res Ipsa Loquitur. La doctrina de res ipsa loquitur en-cuentra aplicación frecuente en los casos sobre electricidad cuando las circunstancias del accidente son tales que crean una presunción o inferencia de negligencia suficiente para destruir el peso que des-cansa originalmente en el demandante y a menudo para hacer re-caer en el demandado el peso de controvertir tal presunción me-diante prueba, pero hablando en términos precisos no tiene el efecto de cambiar el peso de la prueba. El hecho de que el demandado conduzca electricidad a determinado sitio; que la electricidad así empleada pueda escaparse en tal forma que produzca daño; y que un daño debido a la electricidad, de hecho ocurra en un sitio donde la parte que lo sufre tiene derecho a estar, se ha resuelto general-mente que constituye un caso prima facie de negligencia. El hecho de que alambres que conduzcan una corriente eléctrica peligrosa se bayan roto o separado de sus postes en la calle o camino y causado daño, se ba resuelto generalmente que crea una presunción de ne-gligencia, aunque bay autoridades que sostienen que la doctrina no es aplicable a tales casos.”

El texto anterior está sostenido por los casos de Rosado v. Ponce Railway Light & Power Co., 18 D.P.R. 632; Edmanson v. Wilmington & Philadelphia Traction Co., 120 Atl. 923; Appalachian Power Co. v. Hale, 113 S. E. 711; Colusa Parrot Mining & Smelting Co. v. Monahan, 162 Fed. 276; Neary v. Georgia Service Co., 27 Ga. App. 238, 107 S. E. 893; Von Treba v. Laclede Gas Light Co., 209 Mo. 648, 108 S. W. 559; O’Leary v. Glens Falls Gas & Electric Light Co., 107 App. Div. 505; Wolpers v. New York & Queens Electric Light & Power Co., 91 App. Div. 424; Smith v. Brooklyn Heights Railroad Co., 82 App. Div. 531; Diller v. Northern California Power Co., 162 Cal. 531; Herbert v. Lake Charles Ice & Water Works Co., 111 La. 522; San Juan Light & Transit Co. v. Requena, 224 U. S. 89.

Aunque en el caso de Rosado v. Ponce Railway Light & Power Co., stipra, no disentimos la jurisprudencia amplia-mente, el mismo es una autoridad en Puerto Bico para la aplicación de la doctrina. Los hechos de aquel caso eran enteramente similares a los del presente caso. La apelante también sostiene que la compañía demandada hizo todo lo necesario para proteger al público de la caída de alambres peligrosos. La prueba, como hemos indicado, demuestra que estos alambres no estaban debidamente aislados. La ape-lante aparentemente descansa en algunas de las manifesta-ciones de los peritos al efecto de que estos alambres gene-ralmente no están protegidos en forma distinta a la en que la apelante en este caso trató de proteger al público o de aislar sus alambres. La tendencia de todas las autoridades es en sentido contrario.

Herbert v. Lake Charles Ice & Water Works Co., supra; Colusa Parrot Mining & Smelting Co. v. Monahan, supra; 9 Ruling Case Law 1210, 1211, en donde se dice: “Debido a la naturaleza misma de este negocio una compañía eléc-trica que emplea alambres de alta tensión, tiene, indepen-dientemente de cualquier relación contractual, el deber legal Lacia toda persona que en el ejercicio de una ocupación legítima, y estando en un lugar donde tiene el derecho legal de encontrarse, se baile expuesta a venir en contacto con dichos alambres, de vgr que dichos alambres estén de-bidamente colocados con respecto a la seguridad de tales personas y que estén debidamente aislados”; Lewis’s Executors, appellants, v. Bowling Green Gas Light Co., 22 L. R. A. (N. S.) 1169 y la nota detallada; Braun v. Buffalo General Electric Co., 200 N. Y. 484, 94 N. E. 206, 34 L. R. A. (N. S.) 1089 y nota, así como algunos de los otros casos citados previamente en esta opinión.

No encontramos que la apelante cumpliera suficiente-mente con el deber de explicar cómo cayeron estos alam-bres, o de relevarse a sí misma de la presunción legal esta-blecida por la doctrina que hemos mencionado. La ape-lante también asignó como error el que la corte fijara los daños en la suma de $3,000.

El demandante solicitaba $10,000 por concepto de daños y perjuicios. La demandada y apelante se funda en el caso de González v. San Juan Light & Transit Co., 17 D.P.R. 124, en el que se resolvió que “Solamente los daños que real y verdaderamente se hubieren causado, pueden ser indemnizados en estos casos, y por consiguiente, a fin de que la corte pueda determinar los daños sufridos por el demandante es necesario que se demuestre su verdadera existencia y se prueben los hechos que hayan de servir de base para fijar la cuantía de la indemnización.”

La demandada sostiene que en este caso solamente hubo prueba de que el muchacho estaba ganando algún dinero, y que, por tanto, la concesión de $3,000 era enteramente excesiva. La Corte de Distrito de San Juan en su opinión no trató de expresar las razones que tuvo para conceder la suma de $3,000, a no ser manifestando que dicha suma de $3,000 era una indemnización suficiente.

En el caso de González v. San Juan Light & Transit Co., supra, se fijó el artículo 1803 del Código Civil como la fuente primordial de una acción de daños y perjuicios, como sigue:

“SI que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Y entonces la corte continuó expresándose así:

“De modo que la reclamación de la demandante en el presente caso, se baila al amparo de este precepto legal que le reconoce el derecho de que se le repare por la demandada el daño causado a ella, por la muerte de su hijo, si dicha muerte fué causada por algún acto u omisión de dicha compañía en que intervino culpa o negligencia.
“Este es nuestro derecho substantivo en materia de indemniza-ción de daños y perjuicios, y de acuerdo con sus disposiciones, se-gún se interpretan por la jurisprudencia vigente, es que deben los tribunales resolver las cuestiones que se les sometan para su resolu-ción; y por tanto, la demandante tiene derecho, en casos en que intervenga culpa o negligencia por parte de la compañía demandada, a recobrar de ésta, los daños y perjuicios que realmente le hayan sido causados, cualesquiera que fueren.”

En el caso de Arreche et al. v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 31 D.P.R. 445, también resolvimos que el artículo 1803 del Código Civil es la fuente primordial por la cual un demandante puede hacer a un demandado res-ponsable de la muerte de otra persona. Entonces citamos los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil como qüe eran la última expresión de la Legislatura con respecto a acciones por la muerte de una persona; sin embargo, en el caso de Arreche considerábamos específica-mente quién tenía derecho a entablar la demanda. Citamos el tomo 17 de C. J., 1262, al efecto de que los artículos 60 y 61 eran la última expresión respecto a las personas que tenían derecho a entablar una acción por la muerte de otra.

En el caso de Maldonado v. Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747, concedimos indemnización por daños y perjuicios, incluyendo el sufrimiento mental causado al padre del niño muerto. Algunas dudas han surgido sobre nuestra deci-sión en este caso con motivo de las varias decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en el caso de American Railroad Co. of P. R. v. Santiago, 9 Fed. (2nd) 753.

Hace muchos años que Lord Mansfield dijo que cuando las decisiones de las cortes ponían en duda la interpreta-ción de los estatutos, se hacía bien en examinar de nuevo los mismos, lo que estamos tratando de hacer ahora. Las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos a que hemos hecho referencia son principalmente una inter-pretación de la Ley Federal sobre Responsabilidades de Patronos. Esta en sus términos esenciales se supone que sigue la famosa Ley de Lord Campbell. La necesidad de esta ley surgió del hecho de que de acuerdo con el derecho común de Inglaterra no podía obtenerse indemnización por daños y perjuicios por la muerte de una persona. Todas las cortes de los Estados Unidos, con muy pocas excepciones, resolvieron que los nuevos estatutos eran la única fuente de la ley y que tan sólo podían considerarse éstos para determinarse las causas de acción o la indemnización a que. se tenía derecho por los daños causados por la muerte ile-gal de una persona. Sin embargo, en Puerto Rico la causa de acción no tiene su origen en los artículos 60 y 61 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil sino en el artículo 1803 del Código Civil, que ha sido copiado del artículo 1902 del Có-digo Civil, español.

Una revisión excelente de toda esta cuestión puede ha-llarse en el caso de Manzanares v. Moreta, 38 Jurisprudencia Filipina 874. El sumario demuestra que la corte se fundó en el artículo 1902 del Código Civil (equivalente al 1803 de nuestro código) para'fijar la indemnización por los daños sufridos por una madre con la pérdida de un hijo, quien había sido privada de su ayuda y asistencia, a las cuales era de presumirse que ella tenía derecho du-rante su senectud si dicho hijo hubiese vivido hasta ser un hombre: La opinión es bastante corta y no analiza las au-toridades pero el juez Sr. Malcolm, con quien estuvo con-forme el juez Fisher, creyó prudente extender, en una opi-nión concurrente, el razonamiento. Incidentalmente mostró que no había habido prueba especial de la cuantía de los daños sufridos. Entonces continuó diciendo que de acuerdo con la ley común no había derecho a indemnización por la muerte de una persona y que por la ley civil existente en España, Francia, Puerto Rico y Louisiana, el verdadero principio era algo obscuro. El creyó que el Estado de Louisiana originalmente era contrario a que se concediera indemnización no habiendo ley al efecto, pero hallamos pos-teriormente, probablemente debido a una reforma de la ley, por lo menos una decisión de dicho Estado que parece de-mostrar lo contrario, o sea, el caso de Bourg v. Brownell-Drews Lumber Co., 120 La. 1010. La corte se fundó en el artículo 2315 del Código Civil, que equivale al artículo 1803 de nuestro Código.

El juez Sr. Malcolm demostró que la regla era distinta en España y Francia y citó autoridades al efecto de que había derecho a indemnización por los daños causados por la muerte de una persona. Se citaron autoridades anti-guas como Grocio, Puffendorf y Domat. Se mencionó es-pecialmente a Grocio para demostrar que había derecho a indemnización por los daños causados con motivo de la muerte de nna persona y qne dictos daños incluían la es-peranza que uno podía tener a que el interfecto le mantu-viera.

En la página 882 el juez Sr. Malcolm dijo:

“Tanto porque la ley aplicable en Filipinas es de origen civil, como porque la dura doctrina del derecho consuetudinario sobre la materia, no nos obliga; tanto porque es un principio más justo y equitativo como porque la razón y la justicia natural son los con-sejeros más elocuentes, declaramos que en esta jurisdicción es sos-tenible la acción por daños y perjuicios en el caso de que una persona haya encontrado la muerte a causa de un acto ilícito. Puede admitirse, dado que no se ha opuesto reparo alguno, que el derecho primario de acción radica en los padres.”

Es evidente que en las Filipinas no hay disposiciones de ley similares a los artículos 60 y 61 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil.

El Juez Malcolm dijo que las personas que desearen recobrar indemnización por daños sufridos, ordinariamente deberían establecer sus pérdidas pecuniarias mediante prueba satisfactoria, pero que en ciertos casos la ley presumía la pérdida debido a la imposibilidad de la prueba exacta y la forma de computar la cantidad de la pérdida sufrida. En otras palabras, que la pérdida podía ser probada, bien me-diante prueba o por presunción; y que, por ejemplo, cuando existía la relación de marido y mujer o padre e Mjo, siem-pre que se demostrara que el Mjo era menor de edad, la ley presumía una pérdida pecuniaria al superviviente, del techo de la muerte, y que no era necesario someter prueba de tal pérdida, y el juez citó casos de los Estados de Illinois, Pennsylvania, Washington y Carolina del Sur, así como el caso de Días v. San Juan Light & Transit Co., 17 D.P.R. 69. Este último caso, transcribiéndose el razona-miento del Juez del Toro, se citó para demostrar que no era necesario que el demandante probara la pérdida su-frida en pesos y centavos, sino que era suficiente que de-mostrara que había sido realmente perjudicado, etc. Se citó también el caso de Gonzáles v. San Juan Light & Transit Co., supra, posiblemente para demostrar la apli-cabilidad de nn artículo similar al 1803, así como para de-mostrar el estado general de la jurisprudencia.

Entonces el Juez Malcolm prácticamente termina su opinión en la siguiente forma:

“Obligar a la demandante que pruebe exactamente los perjui-cios que ba sufrido, sería pedir un imposible — sería, en realidad, volver al antiguo principio de derecho consuetudinario que prohibía cobrar daños. El concepto material y tosco que tenemos acerca de los trabajos tales como el labrar la madera o acarrear el agua, no sirve de norma para justipreciar su valor. Aunque se iniciara de nuevo el asunto, a duras penas si podría la demandante presentar pruebas mejores que las que tenemos ante Nos. Como contamos con hechos que nos satisfacen y de los cuales podemos deducir la cuan-tía del daño, y como la ley presume que ha habido perjuicio pecu-niario por el hecho de la muerte, y como el Juez a quo ha hecho un cálculo prudencial, debemos dar por terminada nuestra tarea con la satisfacción de que, dentro de la provisión humana, se ha hecho justicia en el presente caso.”

En dos casos de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, o sea, en los casos de Torres v. Ponce Railway, etc., Co., 1 P. E. Fed. 476, y Borrero v. Compañía, etc., 1 Fed. 144, se resolvió'que una acción fun-dada en la muerte ilegal de una persona existía sin que hu-biera estatuto alguno al efecto de acuerdo con las leyes de España. En el tomo 17 de Corpus Juris, pág. 1184, nota No. 20, se hace referencia a estos casos.

Entonces, es evidente que en Puerto Eico la causa de acción no dependía ni depende exclusivamente de los artí-culos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil. La causa de acción no fue- creada por primera vez por estos artículos. Dado el estado anterior de la ley en Puerto Eico, examinemos estos artículos para ver el efecto que en realidad ban tenido. Se nota inmediatamente que es-tos dos artículos se colocan bajo el capítulo del Código de Enjuiciamiento Civil que trata de las partes en las accio-nes civiles. Determinan las personas que pneden entablar nna acción por muerte ilegal. Tal vez concedan el dere-cho a entablar una causa de acción a personas que ante-riormente no lo tenían e impidan que otras personas ejer-zan derechos similares. No hallamos nada en estos artícu-los que demuestre que la Legislatura pensara que estaba creando una causa de acción por primera vez. Por el con-trario, la legislatura tiene que haber sabido que existía el artículo 1803 del Código Civil y no trató de derogarlo o de restringirlo.

Indudablemente en los Estados Unidos el origen de toda acción fundada en la muerte ilegal de una persona es la Ley de Lord Campbell, y necesariamente dicha ley recibió una interpretación definida en Inglaterra, que fuá seguida en los Estados Unidos. Sin embargo, en la adopción de los artículos 60 y 61 no hallamos intención alguna por parte 'de la Legislatura de adoptar toda la interpretación que las cortes de los distintos estados de la Unión Americana han dado a dichas leyes.

Algunas de las leyes posteriores, notablemente la Ley Federal sobre Responsabilidades de Patronos, hizo que la acción se basara en la relación de dependencia, estableciendo diferencia entre parientes cercanos y lejanos. Algunos de los estatutos de los Estados Unidos usan específicamente las palabras pérdida “pecuniaria.” No obstante, en un número de estados, cada corte ha interpretado la ley de supervivencia (survivorship act) a la luz de la práctica anterior y de la jurisprudencia. Nada hay en los artículos 60 ó 61 que demuestre intención alguna de desviarse de las causas de acción existentes anteriormente, o la intención por parte de nuestra legislatura de adoptar la ley con la interpretación dádale en algún otro estado.

Bajo estas circunstancias nos sentimos en libertad de sostener la jurisprudencia ya establecida por nosotros en el caso de Maldonado v. Porto Pico Drug Co., supra. Es cierto que en dicho caso mencionamos una decisión de California y dicho estado en el ínterin ha adoptado una regla distinta; no obstante, el Estado de Louisiana en numero-sos casos ha concedido compensación por el sufrimiento mental como un elemento de daño y las cortes de dicho es-tado están dispuestas a considerar el sufrimiento mental como un daño real y pecuniario.

Entre otros: Johnson v. Industrial Lumber Co., 131 La. 898; Thompson v. New Orleans Railway & Light Co., 148 La. 698; Bourg v. Brownell-Drews Lumber Co., 120 La. 110; Fuchs v. Kansas City Southern Railway Co., 132 La. 782, 794; Underwood v. Gulf Refining Co., 128 La. 968; Wooten v. Umted Irr. & Rice Mill Co., 128 La. 1009, en que la corte dió a entender que se podía conceder indem-nización por el sufrimiento mental pero que la doctrina de-bía ser aplicada con gran cautela.

El Juez Rodey, en el caso de Periañes v. Valdés, 4 P. R. Fed. 126, resolvió que “de acuerdo con la ley vigente en esta isla -un padre tiene derecho a indemnización por la muerte de un hijo en esta forma, así como por la pérdida del sostenimiento que tiene el demandante con la muerte del hijo, y con la pérdida del cuidado que como padre su-fría y su sufrimiento mental como resultado de la muerte.”

Se ha llamado nuestra atención al caso de Michigan Central R. R. Co. v. Vreeland, 227 U. S. 59, que es proba-blemente el caso principal sobre la fijación de la indemni-zación que por concepto de daños debe concederse por la muerte ilegal, especialmente bajo la Ley Federal sobre las Responsabilidades de Patronos. La corte acepta y asume que la Ley Federal sobre Responsabilidades de Patronos sigue a la Ley de Lord Campbell, pero la primera en mu-chas cosas es más específica. El caso de Vreeland no puede ser examinado sin llegar a la conclusión de que la Corte Su-prema de los Estados Unidos estaba tomando en considera-ción únicamente una causa de acción que fué creada primera-mente por lina ley nueva y no la situación en que una causa de acción había existido siempre por la muerte ilegal de una persona. La corte dijo: “El fin claro del Congreso fné crear nna cansa de acción para ciertos parientes que depen-dían de nn empleado y eran ilegalmente perjudicados por los daños y perjuicios pecuniarios resultantes de la muerte ile-gal del mismo.” Estamos muy convencidos de que si se siguiera la teoría del caso de Vreeland, el sufrimiento mental no podría considerarse como un elemento de indemniza-ción por daños.

Sin embargo, aún si estuviéramos dispuestos a seguir la teoría del caso de Vreeland en Puerto Pico como que rige la interpretación de nuestra ley local, no obstante, en dicbo caso no bailamos nada que requiera que un padre o una madre demuestren minuciosamente los daños y per-juicios sufridos con la muerte de un bijo. Nada encontra-mos en dicbo caso que diga tal cosa. La sentencia ape-lada en el caso de Vreeland fue revocada específicamente por una instrucción que permitía que el jurado especulara respecto a la cuantía de la indemnización por algunos da-ños que la corte superior creyó que en ningún caso debían considerarse como daños pecuniarios.

Un número de cortes interpretando la Ley Federal so-bre Responsabilidades de Patronos no ba creído que el caso de Vreeland fuera un obstáculo para que se concediera a los padres una indemnización razonable sin demostración fuerte en casos en que la muerte del bijo babía sido ilegal.

En el caso de Lundeen v. Great Northern Railway Co., 128 Minn. 336, 150 N. W. 1088, se resolvió que un jurado puede fundarse, para calcular la cuantía de la indemniza-ción por daños y perjuicios que se debe conceder, en la edad del interfecto, su salud, costumbres, habilidad para ganar dinero, disposición para ayudar al beneficiario, edad y circunstancias del padre y la ayuda que en vida le pres-taba el interfecto. La corte estuvo de acuerdo con la in-demnización concedida en ese caso e indicó que el caso de Michigan Central Railway Co. v. Vreeland no era aplica-ble, ya que dicbo caso fué revocado debido a una instruc-ción sobre la cuantía de la indemnización que permitió al jurado incluir cuestiones cuyo valor pecuniario no podía fijarse, como por ejemplo, la pérdida que sufría la esposa de la compañía y consejos de su esposo. La prueba de ayuda pecuniaria a los padres, de un Mjo mayor de edad, en el caso de Lundeen fué insignificante y, sin embargo, se sostuvo un veredicto concediendo $2,000 de indemnización. La corte examinó numerosos casos en que la prueba de ayuda a los padres o de la fiabilidad para ganar dinero no era mayor, o mucho mayor, que en el presente caso.

El caso de Davis et al. v. Cincinnati, etc., 188 S. W. 1061, también siguió la doctrina del caso de Vreeland y re-solvió que como cuestión de ley un hijo tenía derecho a es-perar ayuda pecuniaria de su padre durante su minoridad. La corte excluyó tales elementos como cuidado, consejo, enseñanza y educación que un hijo puede recibir de su padre y limitó la cuantía a recobrar a la pérdida pecuniaria realmente sufrida.

El caso de Berg v. Atlantic Coast Line Railway Co., 93 S. E. 390, citando el caso de Vreeland y otros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, demostró que entre algunos parentescos, como entre padre e hijo, debía presu-mirse la relación de dependencia de acuerdo con la Ley Federal. Se resolvió que no era necesario alegar o probar la relación de dependencia.

El caso de Fogarty v. Northern Pac. Railway Co. (Wash.), L. R. A. 1916-C 803, indica que el caso de Vreeland no eli-minó la responsabilidad legal como un factor. “Todo el argumento,” dijo la corte, “se dirige a eliminar el derecho a indemnización por parte del cónyuge supérstite por ‘la pérdida y la compañía, etc.,’ ya que estas cosas no son susceptibles de ser medidas por una regla material.” De-mostrado el abandono en dicho caso, se tomó en considera-ción únicamente para mitigar la indemnización.

En el caso de Tobin v. Bruce (S. D.), 162 N. W. 933, citándose el caso de Vreelcmd y muchos otros, se indicó que la Ley Federal no exigía que se demostrara la relación de dependencia cuando los padres o los hijos pedían indemni-zación como tales.

Unicamente había que demostrar la relación de depen-dencia cuando otros parientes entablaban la acción.

Además de los casos citados y los resumidos en la opinión del Juez Malcolm, las decisiones de los Estados de Oregon, Carolina del Sur, Virginia y Nevada demuestran o o parecen demostrar que en lo que a un padre o a un hijo se refiere, aunque limita la cuantía de la indemnización a recobrar a pequeñas sumas, existe la presunción del derecho a indemnización sin mucha prueba a ese efecto. En muchas cortes se deja toda la cuestión al jurado y generalmente no se altera un veredicto concediendo $2,000, $3,000 ó $4,000.

En 17 C. J. 1352 se hace un resumen del principio, como sigue: Cuando existe la relación de marido y mujer, o de padre e hijo menor de edad, la ley generalmente presume una pérdida pecuniaria para el superviviente, del hecho mismo de la muerte, de suerte que no se requiere prueba de tal extremo.

El artículo 61 termina en la siguiente forma: “En toda demanda con arreglo a este artículo y al precedente, se regu-lará el importe de los daños y perjuicios que fueren justos vistas todas las circunstancias del caso.” Leyendo este ar-tículo, no vemos intención alguna de parte de la Legislatura de poner el límite más bajo imaginable de indemnización a un padre por la muerte de un hijo. Por el contrario, creemos que la Legislatura daba a las cortes amplia discreción. Nece-sariamente cuando muere un niño muy joven, los daños su-fridos por el padre son principalmente cuestión de especula-ción. En Puerto Rico, como en algunos de los estados, un padre tiene derecho a esperar a que su hijo le mantenga, no tan sólo mientras el hijo es menor de edad, sino durante toda la vida de éste, siempre que el padre tenga necesidad de ello. Esta esperanza no pnede medirse exactamente y debe sostenerse nna indemnización qne no exceda de una suma razonable por la mnerte de nn bijo.

El caso de González v. San Juan Light & Transit Co., supra, fné necesariamente revocado por el caso de Maído-nado. Pero, si no lo bnbiese sido, debe considerársele como revocado en tanto en cnanto es inconsistente con los prin-cipios sentados en el presente caso.

El caso de American Railroad Co. of Porto Rico v. Santiago, 9 Fed. (2nd) 753, no debe ir contra las consideraciones a qne bemos llegado. La Corte de Circnito de Apelaciones no estaba considerando todo el estado de la ley en Pnerto Eico. Tenemos ideas de qne basta qne las cortes superiores resuelvan lo contrario, especialmente siguiendo la doctrina del caso de González v. Díaz, 261 U. S. 102-106, qne es esta Corte Suprema de Pnerto Eico la qne debe dar el primer paso en determinar la base para la indemnización que por concepto de daños y perjuicios se debe conceder a nn padre por la mnerte ilegal de nn bijo. Por supuesto, si la Corte de Circnito de Apelaciones bnbiese estado considerando entera-mente nuestros estatutos y nuestra jurisprudencia, la opinión de dicba corte bnbiese sido en tal grado persuasiva, qne pro-bablemente la bubiéramos considerado obligatoria, aunque no tal vez técnicamente. En otras palabras, tenemos ideas de qne nn caso apelado de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Pnerto Eico sobre nna cuestión qne las cortes insulares no ban resuelto específicamente, no pnede conside-rarse obligatoria basta qne se demuestre qne la Corte Federal de Circnito de Apelaciones ba tomado en consideración toda la cuestión. Las cortes de los Estados Unidos continentales, incluyendo las de Circnito de Apelaciones, consideran qne los artículos 60 y 61, o artículos equivalentes, establecen por pri-mera vez nna cansa de acción por mnerte ilegal, lo qne no era cierto en España, en las Islas Filipinas o en Pnerto Eico.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

       Se insertan los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil:
      Artículo 60. Un padre o si este hubiese muerto o abandonado a su familia, la ma-dre, puede entablar demanda por daño causado a un hijo menor de edad, o por la muerte de éste, y un tutor por daño a un menor o pupilo, o muerte de éste, cuando dicho daño o muerte se deba al acto ilegal o negligencia de otro. Dicha demanda podrá entablarse contra la persona causante del daño o muerte, y si dicha persona estuviese empleada por otra persona responsable de su conducta, también contra ésta.
      Artículo 61. Cuando la muerte de una persona mayor de edad fuere causada por el acto ilegal o negligencia de otra, sus herederos o representantes personales podrán entablar demanda por daños y perjuicios contra la persona causante de la muerte; y si dicha persona estuviere empleada por otra, responsable de su conducta, podrán también entablarla contra ésta. En toda demanda con arreglo a este artículo y al precedente, se regulará el importe de los daños y perjuicios que fueren justos vistas todas las circunstancias del caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. María Eugenia Carrión y Custodio Rodríguez, acusados y apelantes.
    No. 2826.
    Visto: Enero 13, 1927.

      Resuelto: Mayo 16, 1927.
    1. Alimentos (Food) — Leche — Leche Adulterada — Procesos Criminales— Pena — Adulteración de Leche. — No habiéndose hecho disposición alguna en la Ley No. 77 de 1925 (p. 559) de que las convicciones anteriores bajo la Ley de 1910 debían considerarse como una primera infracción a dicha Ley No. 77 mencionada, una primera convicción bajo dicha Ley No. 77 no apareja pena de cárcel.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Modificación de la Sentencia Apelada — .Pena Impuesta Bajío Teoría Errónea de la Ley. — Cuando la corte inferior impone una pena bajo una teoría errónea de la ley, la sentencia debe ser y será modi-ficada en apelación y así modificada, confirmada.
    SENTENCIA de Luis Samalea, J. (Arecibo), condenando a los acusa-dos por delito de adulteración de leche, con costas.

      Modificada y confirmada.

      Alfonso Lastra Charriez, abogado de los apelantes; José E. Figue-ras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los acusados fueron convictos de reincidencia en el delito de adulteración de leche y cada uno de ellos fue sentenciado a sufrir una pena de cárcel y a pagar una multa. Se quejan de que la corte cometió error, ya que fueron sentenciados anteriormente de acuerdo con una ley derogada o substituida por la actual ley de 1925, según la cual en realidad se les sentenció. La ley anterior del 1910 castigaba tanto el delito original como la reincidencia con penas de cárcel. Según la Ley No. 77 de 1925, por la primera infracción debe imponerse únicamente pena de multa e infracciones subsiguientes pueden ser castigadas con pena de cárcel. Creemos que los apelantes tienen razón. La Ley de 1925 trata de cubrir toda la materia de modificar o agregar a las penas y de sustituir la Ley de 1910. No fia habido previa condena bajo la ley posterior. La Legislatura pudo haber establecido una excepción pero no lo hizo. La sección 6, al dejar en vigor actos no inconsistentes, no hizo disposición alguna de que las anteriores convicciones debían considerarse como nna pri-mera infracción, ni se bizo disposición similar.

También se quejan los apelantes de la apreciación de la prueba. La lécbe se derramó y parte de ésta fué recogida del piso por los inspectores. El piso era de loza. Los acu-sados dicen que lo lavaban diariamente y que esto explica suficientemente la presencia de agua en la lecbe. La corte dirimió el conflicto de la prueba y no bailamos que tal apre-ciación fuera errónea.

Como la pena fué impuesta bajo una teoría errónea la sentencia será modificada debiendo imponerse una'multa de $100 a cada uno y así modificada se confirma.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor A. Carbonell, acusado y apelante.
    No. 2842.
    Resuelto: Mayo 17, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Señalamiento de Erro-res y Alegatos — De los Errores — Errores S-obre Admisión de Prueba,— Cuando se admite prueba indebidamente, el señalamiento de error a ese res-pecto debe permitir, tan concisamente como sea posible, que el Supremo, al examinarlo, sepa la naturaleza del error que se supone cometido.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Señalamiento* de Erro-res y Alegatos — De los Errores — En General. — Aunque un señalamiento de errores sea defectuoso, la corte, en su discreción, puede tomarlo en con-sideración.
    3. Derecho Constitucional — Debido Procedimiento de Ley — En Causas por Delitos u Ofensas — Indebida Admisión de Pruebas. — La indebida admi-sión de prueba difícilmente levantaría una cuestión federal — falta de debido procedimiento de ley.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Desestimación, Vista y Reconsideración — Reconsideración de Sentencia — Cuestión Constitucio-nal Tardía. — Es demasiado tarde para levantar en una corte superior, por medio de una moción de reconsideración, una cuestión constitucional.
    Moción sobre reconsideración de sentencia.

      R. Rivera Zwyas, Manuel A. Martines y Redro Baigés, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal. El jnez qne suscribe estuvo conforme con la sentencia de esta corte sobre la cuestión disentida, principalmente por el fundamento de que el artículo 302 del Código de En-juiciamiento Criminal abarcaba completamente el primer señalamiento de error. Dicho artículo dice así:

“La concesión de nn nuevo juicio, coloca a las partes en la misma situación que si no se hubiera celebrado un juicio anterior. Todas las pruebas deben presentarse de nuevo y no puede utilizarse el veredicto anterior o referirse a él, ni como prueba, ni como argu-mento, ni alegarse para impedir cualquiera declaratoria de culpabi-lidad que pudiera haberse obtenido, fundada en la acusación.”

Además, como el acusado fué convicto tan sólo de homi-cidio, creo que bajo todos los hechos de este caso especial cualquier posible error no fué perjudicial.

Sin embargo, el juez que suscribe estuvo enteramente de acuerdo con la manera en que fueron resueltos los otros seña-lamientos de error. Estos dicen así:

“2. La Corte erró al admitir determinada evidencia que se trans-cribirá en este alegato en el curso de la discusión de este error, y que fué completamente perjudicial para el acusado.
“3. La Corte erró al denegar ciertas instrucciones solicitadas por el acusado y que constan en las páginas diez y nueve y veinte de los autos elevados a este Hon. Tribunal Supremo.”

Este señalamiento de errores era enteramente inadecuado. Cuando se admite prueba indebidamente, el señalamiento de error a este respecto debe permitir, tan concisamente como sea posible, que esta corte, al examinarlo, sepa la naturaleza del error que se supone haberse cometido. Por ejemplo, en este caso tal vez hubiese sido suficiente decir que la corte, al admitir evidencia para probar los motivos del acusado, erró-neamente permitió que El Pueblo entrara en detalles y que incidentalmente se trajeran ante el jurado, demasiado ex-tensamente, cuestiones referentes a la expulsión del acusado de un casino, afectándose en esa forma la reputación de dicho acusado ante el jurado. Este hubiese sido un señalamiento de error, pero bajo el señalamiento, tal como fué presentado, el abogado no solamente hacía que consideráramos la admi-sión de la prueba anterior, única por sn naturaleza, sino también otro supuesto error al permitir la introducción de prueba con respecto a las actuaciones de otra persona, es decir, del Dr. Ramírez. Este supuesto error con respecto al Dr. Ramírez debió baber sido señalado separadamente.

Los siguientes casos son aplicables a estas proposiciones: García v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 35 D.P.R. 79; Silva y. Carbonell, 35 D.P.R. 244; El Pueblo v. Vega 35 D.P.R. 115. En el caso de People v. Foster (Cal. App.), 192 Pac. 142, la corte resolvió que señalamientos en que se quejaban de resoluciones de la corte respecto a la admisión de cierta prueba, sin especificar determinadas resoluciones o indicar en qué eran erróneas, no podían ser revisados. Para demostrar que ésta es la ley bastará hacer citas del tomo 17 de Corpus Juris, páginas 183 y 181, párrafos 3484 y 3475, así:

“3484. — Con el fin de obtener una revisión de resoluciones sobre admisión o exclusión de evidencia, deberá indicarse específicamente el error o errores cometidos. Hablando más específicamente, el se-ñalamiento de errores debe indicar la prueba determinada cuya ad-misión o exclusión se alega es errónea, o deberá expresarse tal prueba en el señalamiento. Si el señalamiento se refiere a la exclu-sión de evidencia, deberá indicarse que era lo que se esperaba que el testigo declarara; que la evidencia era material y pertinente y merecedora de ser admitida; la resolución de la corte al ofrecerse la presentación de la evidencia, y que se informó a ésta de la natu-raleza de la evidencia al tiempo de dictar su resolución. Si el se-ñalamiento de error se refiere a la admisión de evidencia, deberá expresarse la pregunta hecha o la que se ofreció hacer, las objecio-nes hechas y las resoluciones de la corte sobre la cuestión. De acuerdo con algunos estatutos no se revisarán errores cometidos al admitirse prueba a menos que se haga referencia a aquella parte de los autos que demuestre tal admisión.
“3475.- — No siendo el deber de la corte- investigar los errores que no han sido específicamente indicados, el señalamiento de erro-res debe indicar clara y específicamente los errores en que se basa la apelación, y si tal señalamiento es demasiado general o incierto, generalmente la corte se negará a tomarlo en consideración. No obstante, aunque el señalamiento de errores puede ser defectuoso, la corte, en su discreción, puede tomarlo en consideración. Espe-cialmente en un caso de pena capital la regla puede hacerse menos rigurosa y examinarse los autos cuando el fiscal no alegue la insu-ficiencia del señalamiento.”

No hemos sido, ni es nuestra intención serlo, tan estrictos como otras cortes, pero debe haber cierto cumplimiento con las reglas de certeza y especificación. En el caso de El Pueblo v. Llabrés, 29 D.P.R. 749, dijimos:

“. . . .No puede esperarse que investiguemos los autos para ayudar a un acusado que está enteramente representado por abo-gado, especialmente cuando estamos convencidos por los autos en conjunto de que se impartió justicia.”

A pesar de esta jurisprudencia, el nuevo abogado del acusado, en vez de alegar una supuesta injusticia grave come-dida contra el apelante, insiste en que se había señalado el error correspondiente.

Examinemos los supuestos errores en unión con la justicia de este caso. La evidencia objetada tendía a probar, más bien que otra cosa, deliberación y premeditación por parte del acusado al disparar al capitán Martínez. El veredicto del jurado absolvió en estos extremos al acusado. En 30 C. J. 440 se dice:

“No se perjudica al acusado, ni éste tiene derecho a una revo-cación por tal fundamento, al cometerse errores que se refieren únicamente a un grado mayor del delito que el de que se le declaró culpable, o errores triviales e insubstanciales cuando la prueba es suficiente para sostener un veredicto por un delito mayor que el de que se le declaró culpable.”

T luego en la página 441 se dice:

“Se ha resuelto que a veces un veredicto de homicidio subsana y hace no perjudicial un error cometido al admitirse determinada prueba, ya que puede demostrar que la evidencia admitida por error no tuvo en absoluto valor alguno para el jurado, y que el jurado resolvió a favor del acusado el extremo a que la evidencia se refería.”

Aún si la evidencia admitida hubiese tenido algnna otra tendencia, no encontramos qne haya perjuicio ni qne se haya cometido nn verdadero error. En tanto en cnanto la moción de reconsideración no es nna especie general de súplica para qne esta corte considere como error la admisión de cualquier evidencia qne tendiera a demostrar las relaciones del acusado con otra persona qne el interfecto, su tendencia es demostrar qne la corte erró al admitir en su totalidad prueba, sobre la expulsión del acusado del casino de Cabo Rojo. No hallamos error posible en la admisión de prueba sobre todo el acta de la expulsión. Este acontecimiento, en cuya formulación el interfecto tomó parte,- indudablemente tendió a enfurecer al acusado. Antes de haberse presentado prueba sobre este extremo, El Pueblo había tratado de probar, sin lograrlo, la expulsión, sin presentar el acta en sí, y el acusado insistió en que tal acta era la mejor prueba, con lo cual estamos de acuerdo. Sobre esta teoría fue que la corte admitió el acta. El abogado pudo haber impedido la presentación de todo el documento ofreciendo aceptar el hecho de la ex-pulsión. En vez de hacer esto, la defensa objetó que el documento que se ofrecía como prueba era enteramente inadmisible.

La regia general que se deduce de la jurisprudencia es que cuando un documento se ofrece como prueba y es ad-mitido, esto se hace para todos los fines. Sin embargo, dentro de la discreción de la corte, puede ofrecerse parte de un documento, y tal vez la mejor práctica en ciertos casos es que la parte que lo presenta lo ofrezca solamente para determinado fin. En casos dudosos, la corte tiene amplia discreción. Wharton’s Criminal Evidence, Décima Edición, párrafo 521; Waller v. State, 102 Ga. 684, 28 S. E. 284; Wigmore on Evidence, párrafo 2102; 16 Corpus Juris 858 (sostenido por Hauser v. People, 210 Ill. 253, 71 N. E. 416; State v. Williams, 76 S. C. 135, 56 S. E. 783; State v. Zamofsky, (N. J.) 105 A. 71); Ley de Evidencia, artículo 23.

La corte lo admitió, según hemos indicado, bajo la teo-ría de que era la mejor forma de probar la expulsión y, según entendemos, para probar ese extremo únicamente. Tampoco se demuestra que todo el documento fuera leído al jurado. Dada la actitud de la corte, no asumiremos que ante el jurado se hiciera énfasis sobre nada contenido en el documento excepto el hecho de la expulsión, o que fuera ampliado para otros fines. Por lo menos cuando se hablaba al jurado, el abogado de la defensa, en el supuesto de que el documento contuviera algo ajeno a la cuestión, pudo haber protegido a su cliente mediante moción, obje-ción, o en alguna otra forma. Ni en el alegato original ni en la moción de reconsideración hay especificación al-guna sobre la materia contenida en el acta de la expulsión tendente a denigrar el carácter del acusado, a no ser el hecho mismo de la expulsión. Del documento en sí aparece que el acusado fue expulsado debido a su conducta impro-pia hacia una señora en el salón de baile. En el docu-mento no se mencionaba el nombre de la señora, lo que era material y pertinente, ya que se demostró que la señora era la esposa del interfecto y que con tal motivo, éste úl-timo riñó con el acusado.

Antes del fiscal ofrecer la prueba y mientras hacía su informe de apertura, la corte estaba enteramente en lo cierto al resolver que no podía juzgar la materialidad, per-tinencia o admisibilidad de la misma para demostrar el motivo. Después de hacerse objeción, la corte dijo al fiscal que no entrara en muchos detalles y no hallamos que se hiciera referencia perjudicial a detalles en las observa-ciones del fiscal hechas posteriormente.

No hallamos que se haya cometido error en la admisión de las amenazas del acusado hacia el Dr. Ramírez o del papel que éste desempeñó en el casino al tiempo de la ex-pulsión. Las relaciones del acusado con los socios del casino estaban entrelazadas o conectadas con la ira que él sentía contra todos aquellos que habían tomado parte ac-tiva en la expulsión, y, según dijo el fiscal, tenían alguna conexión con la cuestión de deliberación y premeditación.

Notamos que en la moción de reconsideración se hace referencia a la falta de debido procedimiento de ley. La indebida admisión de prueba difícilmente levantaría una cuestión federal y tenemos idea de que tal cuestión sería frívola. Además, probablemente es demasiado tarde para levantar en una corte superior por medio de una moción de reconsideración una cuestión constitucional. Si estamos en lo cierto al declarar el primer señalamiento de error sin lugar, entonces toda esta prueba fué admitida debida-mente para demostrar deliberación y premeditación, de lo cual el acusado fué absuelto. De suerte que todo el caso giraría alrededor de la resolución del primer señalamiento de error. Este fué el único error que fué debidamente se-ñalado o sobre el cual se hizo hincapié durante la vista.

Aún suponiendo que se baya cometido algún ligero error o supuesto perjuicio, no bailamos injusticia alguna. Los autos nos convencen de lo contrario. Al escribir esta opi-nión bemos penetrado más detenidamente en el caso de lo que tal vez debíamos hacerlo, porque a veces es prudente indicar por qué con frecuencia se declaran sin lugar mocio-nes de reconsideración sin emitirse opiniones.

En ausencia del debido señalamiento de errores y no estando convencidos de que se cometiera error o perjuicio, y convencidos de la justicia del veredicto y de la senten-cia, creemos que estuvimos enteramente justificados al de-cir en nuestra opinión original que las otras cuestiones que se trataban de levantar no requerían seria consideración.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Schlüter & Company, Sucr., demandante y apelada, v. Ramón González Nieves, demandado y apelante.
    No. 4138.
    Visto: Abril 21, 1927.

      Resuélto: Mayo 17, 1927.
    1. Sentencia — En Rebeldía — Apertura de d Dejar sin Efecto la Rebeldía— Excusas para la no Comparecencia — Extravío de la Contestación. — Una corte no está obligada a aceptar como buena excusa la de que la contestación de la demanda cuya falta de radicación dió lugar a la anotación de rebeldía, se extravió en el correo, cuando no se demuestra que se depositó en tiempo y debidamente. No basta el simple dicho consignado en una solicitud no-jurada.
    2. Sentencia- — En Rebeldía — Apertura de o Dejar sin Eeecto la Rebeldía— Deeensa Buena o Meritoria — En General. — A los efectos de -la apertura de rebeldía la afirmación del abogado de que se tiene una buena defensa, si bien a veces suele ser decisiva, no obliga a la corte, especialmente euando ésta queda convencida de que tal defensa no existe por un somero examen de las alegaciones.
    3. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Bsteerjor — Apertura o Dejar sin Eeecto la Rebeldía.- — A menos que una eorte abuse de su po-der discrecional al negarse a abrir una rebeldía, procede confirmar su reso-lución.
    Resolución de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando sin lugar moción sobre apertura de rebeldía.

      Confirmada.

      José C. Rivera, abogado del apelante; E. Campos del Toro, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Seblüter & Go., Sucr. demandó a Eamón González Nieves en cobro de $2,960.00 procedente de abonos que el primero vendió al segundo.

El demandado no compareció en tiempo y el deman-dante solicitó y obtuvo que se anotara su rebeldía y se dic-tara sentencia en contra suya.

El demandado compareció entonces y pidió a la corte que abriera la rebeldía y le permitiera radicar una peti-ción de traslado y una excepción previa, alegando que dichas moción y excepción fueron preparadas y notificadas en tiempo al abogado de la demandante en Caguas y fue-ron remitidas por correo a la Corte de Distrito de San Juan y se extraviaron bien en el correo, ya en la corte.

La petición de apertura no está jurada. Con ella se presentó un affidavit del abogado de la demandada expre-sando que había preparado nuevamente, para su radicación definitiva, la moción de traslado, el affidavit de méritos re-ferente a dicha moción, la excepción previa y la petición de apertura de rebeldía que se presentaba sin propósito de entorpecer ni dilatar ya que el demandado tenía “una buena y justa causa de defensa contra la demandante del título, porque la causa de acción que se ejercita no tiene el al-cance y significación jurídica que parece tener de primera intención.”

La parte demandante presentó dos affidavits tendentes a demostrar que el demandado no tenía una buena defensa pues había reconocido la certeza de la deuda reclamada.

La corte finalmente declaró sin lugar la apertura de la rebeldía y contra esa resolución fue que interpuso el deman-dado el presente recurso de apelación.

Un solo error señala, a saber: el cometido a su juicio por la corte, al negarse a abrir la rebeldía.

¿Abusó de su discreción la corte?

Yeámoslo a la luz de la propia jurisprudencia citada por el apelante en su alegato, a saber:

“Apertura de rebeldía. — Se hace siempre necesaria una declara-ción jurada que contenga las actuaciones, y alguna excusa. Supon-gamos que una persona deja que se le dicte sentencia en rebeldía, y desea luego que se abra el caso. Deben demostrarse a la corte tres cosas, a saber: 1. Alguna excusa por su negligencia en defen-derse; cualquier excusa razonable será aceptada generalmente. El olvido, si de buena fe, es suficiente. 2. — Que la parte que hace la solicitud tiene una buena defensa; y ella debe estar dispuesta a ha-cer esta manifestación bajo juramento. 3. — Copia de la contesta-ción o defensa que se propone aducir. Por lo tanto, deben incluirse estas tres cosas: alguna excusa buena, un affidavit de méritos y la alegación que se intenta aducir.” Davis Lewis Cobb, “Notes on the Code”, pág. 56.

¿Se presentó alguna excusa suficiente para la no compa-recencia en tiempo?

Sostiene la parte apelante que envió por correo sus docu-mentos y que se extraviaron y que ello constituye una excusa bastante.

Estamos conformes en qne habiéndose admitido como se admitió por el abogado del demandante que fné notificado en tiempo de la moción de traslado y de la excepción qne el demandado intentaba radicar, si se hubiera demostrado qne dichos documentos se depositaron en tiempo y debidamente en el correo, ello hubiera podido estimarse como excusa bastante. Pero la parte demandada se limitó a consignar tal hecho en una solicitud no jurada y luego, teniendo la opor-tunidad para hacerlo, no reforzó su afirmación con prueba de .clase alguna.

Bajo tales circunstancias no estaba la corte obligada a creer al demandado y a aceptar su excusa como buena.

¿Demostró la parte demandada que tenía una buena defensa ?

Su abogado afirmó que la tenía. Esa afirmación es sin duda una circunstancia a considerar que a veces suele ser decisiva, pero que no obliga a la corte, especialmente cuando ésta queda convencida de que tal defensa no existe por un somero examen de la alegación presentada.

La alegación que aquí se acompañó no fué la contestación que hubiera permitido a la corte de distrito y nos permitiría ahora a nosotros juzgar a primera vista de los méritos del caso. Fué una excepción de falta de hechos y la verdad es que la demanda es tan clara y completa, y corriente que no se necesita esfuerzo alguno para concluir que contiene hechos suficientes para determinar la causa de acción ejercitada.

No siendo posible concluir que la corte de distrito abusara de su poder discrecional al negarse a abrir la rebeldía, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con la sentencia.


text:
    Francisca Torres Archilla, demandante y apelante, v. Francisco Archilla Piñeiro, demandado y apelado.
    No. 3871.
    Visto: Diciembre 22, 1926.

      Resuelto: Mayo 18, 1927.
    Divorcio — De las Oatjsas del Divorcio — Condena de un Cónyuge Por Delito Grave- — Condena de Presidio Temporal. — La condena de presidio temporal es causa de divorcio de acuerdo con el inciso 2 del artículo 164 del Código Civil Revisado, pues lleva aparejada la pérdida de los derechos civiles del sentenciado durante el tiempo que dure la prisión.
    SeNtencta de Pablo Berga, J. (San Juan), sobre excepción previa por no ser susceptible de enmienda la demanda, sin costas.

      Revo-cada, j devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

      Félix Ochoteco Jr. y Luis F. Bubón, abogados de la apelante; R. Martínez Alvarez y J. Pedro Miranda, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Francisca ■ Torres Ardilla entabló demanda de divorcio contra su esposo Francisco Ardilla Piñeiro, alegando como única causa el baber sido su esposo condenado a cinco años de presidio como autor de un delito de mutilación y comen-zado a cumplir la condena.

El demandado, por medio de un tutor nombrádole al efecto por la corte, alegó que la demanda no aducía bedos suficien-tes para determinar una causa de acción. Resolvió de con-formidad la corte y estimando que la demanda no era susceptible de enmienda dictó sentencia declarándola sin lugar. No conforme la demandante interpuso el presente recurso de ape-lación.

La única cuestión a estudiar y a resolver es la de fijar el alcance del artículo 164 No. 2 del Código Civil Revisado, que copiado a la letra en lo pertinente, dice:

“Artículo 164. Las causas de divorcio son: ....2. La condena •de uno de los cónyuges pol- delito grave que .lleve aparejada la pérdida de los derechos civiles. ...”

Que el esposo fué condenado como autor de un delito grave <es evidente. La cuestión es si puede concluirse o no que la condena llevó “aparejada la pérdida de los derechos civiles” del mismo.

El artículo 20 del Código Penal, ordena que:

“Toda sentencia de presidio temporal lleva aparejada la suspen-sión de los derechos civiles del sentenciado....”

La pena a que fuá condenado el demandado debe califi-carse de presidio temporal. Lleva, por tanto, aparejada la suspensión de los derechos civiles.

¿Puede equipararse la suspensión a la pérdida?

“Pérdida”, dicen los Diccionarios significa, “carencia, privación de lo que se poseía”. “Suspensión”, según la misma autoridad, es “acción y efecto de suspender”, siendo uno de los significados de suspender, “detener o parar por algún tiempo.”

Siendo ello así, hay que convenir que la suspensión en-vuelve una pérdida temporal y como la ley no distingue entre pérdida temporal o perpetua, debe concluirse que se refirió a cualquier pérdida.

A ello nos lleva además la historia del precepto legal que interpretamos. El artículo 164 del Código Civil revisado equivale al 105 del antiguo. .Entre las causas determinantes del divorcio, que sólo producía anteriormente “la suspensión de la vida común de los casados ’ ’, estaba la del número 6 del dicho artículo 105 que se expresaba en estos términos: “la condena del cónyuge a cadena o reclusión perpetua”. Si la intención del legislador hubiera sido exigir la pérdida total de los derechos civiles, hubiera conservado la redacción del código antiguo que de manera tan cabal expresa dicha idea. Al no hacerlo así, debe concluirse que su intención fué darle otro alcance a la causa.

Lo más probable es que el legislador puertorriqueño que siguió el pensamiento americano al reformar como reformó fundamentalmente el divorcio, extendiendo sus efectos hasta “la ruptura completa del vínculo matrimonial”, siguió tam-bién dicho pensamiento al fijar las causas determinantes del mismo, y sabido es que “por las leyes de muchos de los esta-dos de la Unión una condena por delito grave o crimen infa-mante, o prisión por cierto número de años en el presidio, es base para el divorcio, y el derecho así otorgado no es afec-tado por el perdón que pueda otorgar el ejecutivo después que la sentencia ha sido dictada.” 19 C. J. 42.

Por virtud de todo lo expuesto se revoca la sentencia ape-lada y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.