text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Beauchamp, acusado y apelante.
    No. 3900.

    Sometido: Julio 22, 1929.

      Resuelto: Nov. 25, 1929.

      José Sabater, ahogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo', apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Contra Pablo Beauchamp se presentó ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez una acusación que en su parte esencial dice:

“El referido acusado Pablo Beauchamp, allá en o por uno de los días del mes de septiembre de 1928, en Mayagüez, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, tenía para la venta en su establecimiento comercial en Mayagüez, P. R., café molido adulterado, con el fin de destinarlo al consumo humano.”

El acusado opuso la excepción perentoria fundada en que los hechos, como aparecen de la acusación, no constituyen de-lito. Se alegó por el mismo que la interpretación de la sec-ción 1 de la Ley No. 24, año 1928, ha de hacerse de acuerdo ■con los demás preceptos de la misma ley, y así hecha se ofrece la conclusión de que lo que la ley castiga es la adulteración del •café por el que lo tuesta o prepara para la venta; ya que la sección 2 de la ley habla de la fianza que ha de prestar el que se dedique a tostar café, o a molerlo, y se habla luego, en la misma ley, de la revocación de la licencia; que no puede in-ierpretarse la ley en el sentido de que castiga al que tuesta y muele el café y al que lo revende, porque estaría en conflicto ■con la sección 34 de la Ley Orgánica de Puerto Rico, por con-tener más de un asunto. La excepción fué declarada sin lugar.

De la prueba, y de las estipulaciones que las partes some-tieron, y que fueron aprobadas por la corte, aparece que el .acusado es un comerciante en Mayagüez, que no se dedica a tostar, o a moler, café; que el paquete de café tostado y mo-lido que figura en la causa, fué tomado del comercio del acu-sado, por un inspector de sanidad, y remitido a examen y análisis al laboratorio químico del Departamento Insular de Sanidad de Puerto Rico, y que del análisis resulta que el cafó tenía mezcla de almidón, en cantidad que no se precisa. Una de las estipulaciones de las partes, se refiere a que el acusado •es un comerciante que no tuesta ni muele café, y que lo com-pra a los que tuestan; y que las envolturas que se presenta-ron son las que usan los que torrefaccionan café en Mayagüez.

La corte declaró al acusado culpable y le impuso 25 dó-lares de multa. Y contra esta sentencia se apela, alegando como error el haberse desestimado la excepción perentoria y haberse condenado al acusado como infractor de la ley de 20 de abril de 1928.

Aunque el señalamiento de error aparece bien razonado, el hecho es que la sección 1 de la Ley No. 24, de 1928, es como sigue:

“Sección 1. — Será ilegal adulterar o mezclar café, en grano, triturado o molido, con cualquier otro grano o sustancia, con la inten-ción de venderlo, ofrecerlo o tenerlo en venta, y será igualmente ile-gal que dicho café, así adulterado-o mezclado, sea vendido, ofrecido o tenido en venta, o sea transportado o almacenado con el fin de dedi-carlo al consumo humano, o sea usado para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimentos para el consumo humano.”’

Las palabras “y será igualmente ilegal que diclio café así adulterado o mezclado, sea vendido, ofrecido, o tenido en venta” se refieren a un hecho posterior a la adulteración, y complemento necesario de la misma, porque es el fin que con la adulteración se persigue, y porque si el café se adulterara con el fin de quedarse con él el que lo adulteró, y tomárselo, o darlo a tomar a sus familiares, no habría infracción alguna, ya que ni en materia de peso y precio, ni en calidad, habría fraude o perjuicio para la salud de un tercero.

Si la Legislatura hubiera querido exceptuar de culpa al que vende un café mezclado con garbanzos, azúcar, achicoria, o almidón, lo hubiera hecho así, y no lo hizo, porque el propó-sito de la ley era evitar ese fraude.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El 'Juez Pbesidente Señob del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Municipio de Caguas, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 783.

    Sometido: Noviembre 4, 1929.

      Resuelto: Nov. 26, 1929.

      Antonio L. Lopes, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El 'Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el registro cierta certificación expedida por el director del departamento de obras públicas del municipio de Oaguas a los efectos de inscribir la posesión de dos par-celas de terreno, el registrador se negó a ello por medio de la siguiente nota:

"Denegada la inscripción de las fincas que comprende este docu-mento por observarse que dichas fincas son segregaciones de otra finca, la cual por no describirse en el documento no puede determi-narse si está o no inscrita a favor de alguna persona para poder hacer constar en ella las fincas que se inscriben y por observarse que habién-dola adquirido el Municipio de Caguas por compra a los esposos Blas Delgado y Julia Alonso, ésta ha debido verificarse de acuerdo con la Ley, mediante escritura pública y ante notario público, ...”

No conforme el municipio recurrió para ante esta Corte Suprema. A nuestro juicio tiene razón el recurrente.

Como se hace constar en la misma, la certificación fué expedida de acuerdo con los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

El artículo 31 de dicho reglamento prescribe que los bienes inmuebles y los derechos reales que posean o administren el Estado y las corporaciones civiles, deben inscribirse en el re-gistro. El 33 dispone cómo debe procederse cuando exista título escrito y el 34 cuando no exista. El 35, común a ambos casos, dispone que se hará constar siempre la procedencia in-mediata y el estado actual de la posesión de los bienes ins-critos.

Parece conveniente transcribir íntegro el 36. Es así:

"Artículo 36. Para llevar a efecto la inscripción de posesión, el jefe de la dependencia a cuyo cargo esté la administración o custodia de las fincas que Rayan de inscribirse, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública o tenga facultad de certificar, espedirá por duplicado una certificación en que, refiriéndose a los inventarios o a los documentos oficiales que obren en su poder, llaga constar:
“Primero. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denominación y cargas reales de las fincas o derechos que se trate de inscribir.
“Segundo. La especie legal, valor, condiciones y cargas del de-recho real de que se trate, y la naturaleza, situación, linderos y nom-bre de la finca sobre la cual estuviere aquél impuesto.
“Tercero. El nombre de la persona o corporación de quien se hu-biere adquirido el inmueble o derecho, cuando constare.
“Cuarto. El tiempo que lleve de posesión el Estado, provincia, pueblo o establecimiento, si pudiera fijarse con exactitud o aproxima-damente.
“Quinto. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca.
“Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se expresará así en la certificación, mencionando las que sean.
“Estas certificaciones se extenderán en papel de oficio, quedando su minuta rubricada en el expediente respectivo.”

Si examinamos la certificación de autos, expedida por el funcionario municipal que tiene a su cargo las parcelas cuya posesión se trata de inscribir, encontraremos que contiene todos los requisitos exigidos por los artículo 35 y 36.

Se consigna primero que el municipio de Oaguas es dueño de las dos parcelas radicadas ambas en el barrio de Turabo del término municipal de Grurabo, de una cuerda con diez y ocho céntimos la primera y de ochenta y dos centésimas de cuerda la segunda, reduciéndose esas medidas al sistema mé-trico decimal y dándose las colindancias por los puntos car-dinales.

Luego se expresa que las dos fincas descritas las adquirió el municipio por compra a los esposos Blas Delgado y Julia Alonso, el 9 de julio de 1929, y que desde entonces las viene poseyendo; que la primera finca vale quinientos noventa dó-lares y cuatrocientos diez dólares la segunda, estando desti-nada la primera a emplazamiento de la planta de filtros en proyecto del acueducto municipal de Oaguas y la otra al es-tablecimiento de los depósitos del mismo, careciéndose de tí-tulo escrito inscribible respecto de las dos.

Se hace constar por último que todo lo certificado consta de los documentos oficiales que existen en la oficina del fun-cionario que certifica y que la certificación, que se expide y firma por duplicado y se visa por el alcalde, lo es para que en el Registro de la Propiedad de Oaguas se inscriba la posesión de las fincas a nombre del municipio.

Si la certificación Rubiera contenido la descripción de la finca de la cual se segregaron las parcelas, Rubiera sido sin duda más completa, pero no exigiéndose tal requisito por la ley ni siendo absolutamente necesario para identificar las fin-cas, no creemos que porque falte pueda el registrador negarse a inscribir el documento.

No dice el registrador en su nota que la finca principal esté inscrita, ni que tenga fundamentos razonables para creer que lo está. Por el contrario, todo parece indicar que las parcelas van a inscribirse por primera vez en el registro. Ta Remos dicRo que en la certificación se expresa que se carece de título escrito inscribible.

Tampoco es necesario que se certifique que la compra lo fue por escritura pública. Lo que el reglamento exige es que se exprese “el nombre de la persona o corporación de quien se Rubiere adquirido el inmueble o derecho, cuando constare”, y así se expresa en la certificación.

Parece conveniente llamar la atención Racia el RecRo de que el registrador recurrido nada alegó en apoyo de su nota. Por virtud de un precepto reglamentario nuestro, se da am-plia oportunidad a los registradores para argumentar sus ca-sos. Es cierto que en las notas se consignan los fundamentos de la negativa, pero ello se Race como debe hacerse en forma concisa. En beneficio no sólo de la justicia de la resolución que este tribunal dicte en cada caso concreto, sino de la ju-risprudencia que se establezca y del precedente que se siente, el tribunal debe contar con la ayuda de los registradores que tienen o deben tener conocimientos especiales sobre la mate-ria. Con la iniciativa y la luz de abogados notables de mía parte y con la experiencia y sabiduría de los registradores de otra, este tribunal puede a través de los años llegar a estable-cer una jurisprudencia hipotecaria que fije principios y esta-blezca normas que contribuyan poderosamente a hacer cada vez más fácil y más segura la contratación.

Debe revocarse la nota y ordenarse la inscripción soli-citada.


author: El Juez Asociado Señoh Textdor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. María Rodríguez, acusada y apelante.
    No. 3805.

    Sometido: Nov. 14, 1929.

      Resuelto: Nov. 26, 1929.

      •Felipe Colón Díaz, abogado de la apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh Textdor,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia formulada contra la aquí apelante es ésta:

“Yo, Ceferino Loyola, P. I. No. 79, vecino de Ponce, calle de Isabel número 41, mayor de edad, formulo denuncia contra María Ro-dríguez, por delito de portar armas prohibidas, cometido de la ma-nera siguiente: Que en 31 de diciembre, 3 A. M., de 1928, y en la calle Goto de Ponce, Puerto Rico, del distrito judicial municipal de Ponce, que forma parte del distrito judicial de Ponce, Puerto Rico, la mencionada acusada María Rodríguez allí y entonces, ilegal, vo-luntaria y maliciosamente portaba y conducía sobre su persona un tubo de hierro de % pulgada de diámetro por 27 pulgadas de largo, el cual es un instrumento con el cual se puede causar daño corporal.”

La Corte de Distrito de Ponce, en apelación, declaró a la acusada culpable del delito de portar armas prohibidas, y la condenó a sufrir treinta días de cárcel; sentencia apelada para ante este tribunal.

No es necesario un fuerte estudio para declarar el error en que incurrió la corte inferior. Hubiera bastado a evitarlo el recuerdo de nuestra definición del arma prohibida, y de nuestra interpretación de la ley que rige esos casos; y ambas aparecen de la opinión en el caso El Pueblo v. Cruz, 34 D.P.R. 315, en donde se dice:

“Armas, según su significación corriente y la definición que de esa palabra da el diccionario de la Academia Española, es un ins-trumento destinado a ofender o defenderse: o en otras palabras, el instrumento destinado a fines de ofensa o defensa. Por consiguiente, al castigar el artículo primero de la ley de 1924 (p. 117) a cualquier persona que ilegalmente portare o condujere cualquier arma no puede referirse sino a los instrumentos destinados a ofensa o a defensa, como son los que se enumeraban en la ley de 1905 (Comp. 5994), y aunque es cierto que prescindió en 1924 de la enumeración de las armas prohibidas y usó una palabra general, sin embargo, el signi-ficado de esa palabra no comprende otras armas que los instrumentos destinados a fines de ofensa y defensa, como son los mencionados en la ley de 1905 y cualquier otro de igual naturaleza.”

Bebe revocarse la sentencia apelada y dictarse en su lugar otra absolviendo a la acusada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Buenaventura Isabel Sánchez Pesante, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 780.

    Sometido: Nov. 4, 1929.

      Resuelto: Nov. 26, 1929.

      Horton & Saliva, abogados de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La recurrente no pone en tela de juicio la actuación del registrador al anotar como defecto subsanable el no haberse acreditado que determinada persona era la esposa del acree-dor hipotecario envuelto al constituirse la hipoteca cuya can-celación se trataba de obtener. La hipoteca misma jamás fué inscrita, pero se hizo una mera mención de ella al inscribirse otro traspaso. La recurrente alega que han transcurrido más de veinte años desde la fecha en que se constituyó la hipo-teca, y que, por consiguiente, de acuerdo con la ley la alegada “mención” debe cancelarse. Sin embargo, el registrador llama la atención hacia la fraseología exacta de la ley, así:

“Sección 1. — El apartado (a) de la Sección 1 de la Ley No. 12 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada en 29 de agosto de 1923, queda redactado del modo siguiente:
“ (a) Las menciones de hipoteca o de precio aplazado de la compra-venta de inmuebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no hu-biere solicitado la inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, o hubiere promovido, dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro.” (Leyes de 1924, página 109.)

La escritura a que se refiere la mención fué inscrita den-tro de los veinte años. Por tanto, la prescripción no había empezado a regir. Si bien convenimos en que ello es algo duro, se trata de un caso de lex scripta, y la nota del regis-trador debe ser confirmada.


author: El Juez Peesidente Señob del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Pamies, acusado y apelante.
    No. 3813.

    Sometido: Nov. 14, 1929.

      Resuelto: Nov. 26, 1929.

      Pedro Baigés Gómez, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señob del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Mediante información del gran jurado, se formuló acusa-ción el 14 de octubre de 1925 contra Francisco Pamies impu-tándole la comisión de nn delito de homicidio perpetrado en la persona de José Esmoris el 17 de junio de 1925.

Se leyó la acusación al acusado; alegó éste su inocencia, y el 28 de diciembre de 1925 el fiscal pidió a la corte que tras-ladara la causa a otro distrito judicial por los siguientes mo-tivos :

“Que por encima de la prueba, clara y terminante, que contiene todos los requisitos del delito de asesinato en primer grado, según aparece de las notas taquigráficas tomadas durante la investigación del Gran Jurado, que constan en el récord de este caso, las cuales hacemos parte de esta moción, el gran jurado trajo una acusación de homicidio voluntario.
“Que, según información y creencia del fiscal que suscribe, las cuales cree ciertas, alega: Que la familia de este acusado que reside en San 'Germán, son personas de gran influencia en este distrito, no sólo por su posición social y financiera, sino también políticamente, quienes se han tomado gran interés en este caso.
“Que el jurado de este distrito está influenciado por este acusado, sus amigos y familiares en tal forma ’que en todas partes se comenta y se dice que saldrá absuelto, debido a su influencia.
“Que además del conocimiento y relación del acusado con los ju-rados del distrito de Aguadilla, que es el más contiguo, también tiene familiares muy cercanos y de gran influencia en clicbo distrito.
“Que en estos distritos se ha hecho la propaganda que éste es un caso entre españoles contra portorriqueños, debido a que el difunto, José Esmoris, era español y el acusado, Francisco Pamies, portorri-queño, por cuya razón han logrado predisponer el' ánimo de las per-sonas de estas comunidades en contra de los intereses del Pueblo de Puerto Rico, en que se haga justicia.
“Que este caso es uno de los que más ha conmovido la opinión pública, no sólo en este distrito, sino en los distritos contiguos de Aguadilla y Ponce, debido a que, tanto el acusado, como José Es-moris, que fué la persona a quien le dió muerte, eran personas muy conocidas en estos distritos, debido a su posición social y comercial teniendo el negocio de comisiones, por cuyo motivo viajaban a me-nudo por los diferentes pueblos de los distritos mencionados.”

A la moción, del fiscal que está jurada, y que fué acompa-ñada de affidavits y de notas taquigráficas que no se incluyen en la transcripción de los autos elevada a esta Corte Suprema, contestó oponiéndose el acusado. Negó los liechos alegados por el fiscal y en parte dijo:

“Por iguales fundamentos el acusado se opone a que esta causa sea trasladada a cualquier otro distrito que no sea Aguadilla, caso que se probase satisfactoriamente que existen justos motivos para el traslado de la misma.”

El 8 de enero de 1926 se celebró la vista de la moción con la comparecencia de ambas partes y la corte ‘ ‘ después de oír la evidencia introducida”, ordenó que la causa se trasladara a la Corte de Distrito de Aguadilla “por ser la corte más cer-cana”. .i

Celebrado en dicha corte el juicio, el jurado el 26 de mayo de 1927 declaró al acusado culpable de homicidio voluntario y solicitó clemencia en la imposición de la pena.

Pidió el acusado un nuevo juicio basándose en que la corle había cometido varios errores al resolver ciertas cuestiones que surgieron con motivo de la práctica de las pruebas y en que el veredicto era contrario a la prueba, y la corte negó su petición y dictó sentencia condenándolo a sufrir cinco años de presidio con trabajos forzados, y como apelara en el acto, le señaló una fianza de dos mil dólares para permanecer en libertad.

La apelación se estableció conjuntamente contra la sentencia, la resolución negatoria del nuevo juicio y la orden decretando el traslado. La transcripción de los autos que no comprende como ya se fia dicho los affidavits y notas que se acompañaron a la moción de traslado, ni los autos y la prueba en que se basó la moción, de nuevo juicio y que sólo tiene diez y nueve páginas escritas en maquinilla a dos espacios, tardó más de diez y siete meses en elevarse a la secretaría de esta Corte Suprema. Señalamos este hecho porque revela una di-lación injustificada en la administración de la justicia que no debe permitirse por los llamados a hacerla cumplir debidamente por igual para todos, siendo mucho más de notarse esa dilación por tratarse de un recurso enteramente frívolo.

La sentencia guarda relación con la acusación y el vere-dicto, y la pena impuesta está dentro del límite autorizado por la ley.

No es posible considerar siquiera la moción de nuevo jui-cio porque no se transcriben en la exposición los autos y la prueba que la sirvieron de base.

Sólo se discute en el alegato la moción de traslado, soste-niéndose que es insuficiente en ley porque no .contiene alega-ciones específicas para el traslado.

Aparte de que en la transcripción no se incluyen los affi.-davits y notas en que dicha moción se basó, affidavits y notas que quizá se refieran a hechos específicos en relación con la misma, creemos que los motivos alegados son bastantes y que no se ha demostrado abuso alguno de discreción por parte de la corte de distrito al decretar el traslado, único caso en que podría revocarse su resolución.

Deten confirmarse las órdenes y la sentencia recurridas„


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Severo Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3849.

    Sometido: Nov. 5, 1929.

      Resuelto: Nov. 26, 1929.
    El acusado compareció por escrito; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Severo Rodríguez fué acusado y convicto de atentado a la vida. En apelación trató de demostrar que sólo era culpable de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. Para ello ha presentado un alegato sin un debido señalamiento de errores, y no se demuestra en la alegada transción de la evidencia que bien el fiscal de distrito o el juez de la corte inferior tuvieran intervención alguna en la aprobación de la aludida transcripción. Bajo estas circunstancias podría desestimarse la apelación o confirmarse la sentencia.

El fiscal llamó la atención a estos extremos, pero sin embargo discutió la evidencia que consta en la alegada transcripción, y nosotros también la consideraremos. De esta evidencia el jurado tenía derecho a creer que el apelante no sola amenazó de muerte a José Yejo sino que lo acometió con una navaja, produciéndole heridas de carácter serio. El jurado quizá tenía derecho a dudar de la intención de dar muerte, pero también tenía derecho a creer qne el acusado cometió nn atentado a la vida. La declaración del propio acusado, por sn vacilación, tendió a confirmar la teoría de El Pneblo, es-pecialmente toda vez qne el jnrado evidentemente no creyó qne el apelante actuara en defensa propia, según sostuvo. El caso era nno a decidir por el jnrado bajo las adecuadas ins-trucciones de la corte, y el acnsado no se qneja de ellas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Texidoh,

text:
    Juan Febre y Margarito Febre, demandantes y apelados, v. Félix Febre Manzo, demandado y apelante.
    No. 4818.

    Sometido: Junio 26, 1929.

      Resuelto: Nov. 26, 1929.

      F. Soto Gras y B. Díaz Collazo, abogados del apelante; H. Torres Soló y B. Bamírez Pabón, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidoh,

emitió la opinión del tribunal.

La apelación en este caso, es contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, P. R., en la que se declaró con lugar una demanda de Juan y Margarito Pebre contra Félix Febre Manzo.

En esencia, en la demanda se alegó que María Monserrate Febre era dueña de una parcela de terreno en el Seboruco, barrio de Santurce, término de San Juan de Puerto Rico, y que dicha parcela contenía 22,952 metros y 45 decímetros cua-drados, de terreno; que hasta su fallecimiento, ocurrido en 24 de julio de 1915, fué María Monserrate Febre dueña de ese terreno, que no enajenó en todo ni en parte; que al morir dicha señora era soltera, no tenía testamento, no dejó ascen-dientes ni descendientes naturales legalmente reconocidos, pero sí un nieto, Félix Febre Manzo, hijo natural no recono-cido de una hija natural no reconocida de la causante, que se llamaba Paulina y que falleció en 7 de abril de 1889, soltera, y sin testar. Alégase asimismo que Félix Febre Manzo esta-bleció ante la Corte de Distrito de San Juan un expediente sobre declaratoria de herederos de María Monserrate Febre, en 4 de diciembre de 1915, haciendo constar bajo juramento, que María Monserrate Febre había dejado, al morir, la finca de que antes se ha hecho mérito, y que el peticionario como hijo natural de Paulina Febre, y nieto natural de María Mon-serrate, era el único heredero de ésta; pero que en este expe-diente no recayó resolución; y el aquí demandado promovió ante la misma corte de distrito un expediente de dominio, en 18 de mayo de 1916, con relación a la misma finca antes ame-ritada, y en ese expediente alegó haber adquirido tal finca por compra a María Monserrate Febre el año 1914; y obtuvo re-solución de la corte en fecha 9 de marzo de 1917, declaran do a su favor el dominio de tal finca; y tal resolución fué ins-crita en el registro de la propiedad; que el demandado se-gregó de la finca quince parcelas, que enajenó; que la finca de que se trata fué siempre propia de María Monserrate Fe-bre; que nunca la enajenó, y hoy pertenece a los demandan-tes, representando los derechos hereditarios de sn padre legí-timo Jnan Manzo Febre y Franco, hermano de doble vínculo de María Monserrate Febre, y que los demandantes son las mismas personas con derecho a la sucesión de aquella señora, sin que el demandado como nieto natural no reconocido, de aquélla, tenga derecho alguno a su sucesión. Alégase además que en el expediente de dominio de que se trata, los hechos ex-puestos son falsos, y que el demandado los alegó a sabiendas de su falsedad, así como de la de los documentos y prueba testifical que presentó, y con los que sorprendió la buena fe de la corte, con el fin de defraudar los derechos de los aquí de-mandantes ; que ese expediente se tramitó estando pendiente el de declaratoria de herederos, ya citado, y en el que el peti-cipnario había alegado, bajo juramento, que la finca de que se trata en este caso, había sido dejada a su fallecimiento por María Monserrate Febre, que la poseyó hasta su muerte; que el demandado posee, en el momento en que la demanda se presenta, la finca que se reclama. Y pidieron sentencia por la que se declarara su carácter de únicos y universales here-deros de María Monserrate Febre, como representantes de su padre legítimo Juan Manzo Febre, hermano de doble vínculo de la causante; que se declare la nulidad de los expedientes de declaratoria de herederos y de dominio; y la indemniza-ción, y costas.

Contestando la demanda se alegó, en primer término, la. falta de hechos suficientes para determinar causa de acción; que el demandado ha venido en la posesión constante del ca-rácter de hijo natural reconocido de Paulina Febre, que era hija natural reconocida de María Monserrate Febre; y que adquirió la finca por compra a María Monserrate Febre, en 1914, y es dueño de la misma.

Oído el caso por la corte, dictó ésta su sentencia, a la que se une una relación del caso y opinión, cuidadosa y bien razo-nada, y declaró con lugar la demanda, estableciendo la nulidad del expediente de dominio, la falta de derecho del demandado a la herencia de María Monserrate Febre; el carácter de he-rederos únicos a favor de los demandantes; la indebida po-sesión del demandado; la nulidad de la solicitud de éste en la declaratoria de herederos; el carácter de los demandados como dueños de la finca; la obligación de indemnizar, por el valor de las parcelas seg’regadas; y la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado, imponiéndolo al demandado.

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente ape-lación, en la- que el demandado apelante presenta dos señala-mientos de error. El uno se refiere a la resolución de la ex-cepción previa; y el otro, a la interpretación de la jurispru-dencia relativa al derecho de representación que en la heren-cia de la abuela natural reclama el hijo (sic) natural.

En cuanto al primer señalamiento declaramos que. la demanda contiene las alegaciones necesarias para determinar causa de acción, que en este caso son: personalidad de los demandantes como herederos de María Monserrate Febre, existencia de bienes hereditarios que se señalan, apodera-miento fraudulento de esos bienes por el demandado, empleo de medios y procedimientos judiciales falsos y fraudulentos para obtener el título y la posesión de esos bienes, posesión de los mismos y venta de parte de ellos, desconocimiento volun-tario, y violación de los derechos de los demandantes, y daños infligidos a éstos por los actos del demandado.

En cuanto al segundo señalamiento es preciso empezar por declarar que la parte apelante no ataca las declaraciones que son base de la sentencia, en materia de hecho. En la relación del caso y opinión, encontramos el siguiente párrafo :

“La Corte, en vista de las admisiones hechas por el demandado en su contestación, y por el resultado de la evidencia introducida, declara probados satisfactoriamente y en toda. su integridad todos y cada uno de los hechos contenidos en la demanda, desde el número UNO hasta el número DIEZ Y SIETE, ambos inclusive. También declara probado en toda su integridad, el hecho diez y nueve de la demanda, que fué admitido expresamente por el demandado. Y ■todos los becbos de la demanda que se declaran probados en toda su integridad, se tienen por reproducidos en la presente opinión, y se hacen formar parte de la misma, como si estuvieren en ella literal-mente transcritos. ’1

Entre esos hechos están los relativos a que el demandado era un hijo natural no reconocido de Paulina Febre, hija natural no reconocida de María Monserrate Febre; y los rela-tivos a la falsedad de los hechos alegados en el expediente de dominio, al fraude en éste, y a la indebida posesión de la finca.

El caso fundamental citado por la corte sentenciadora es el de Correa v. Correa, 18 D.P.R. 117. En él se declaró:

(a) Que la ley que rige los derechos de los herederos es la vigente al fallecimiento del causante;

( b ) Que de acuerdo con las disposiciones del Código Civil Español, el hijo natural reconocido no tiene derecho a here-dar, en representación de su padre natural, al padre legítimo de este último.

La doctrina con respecto a la ley que regula los derechos del heredero, se había sostenido en el caso Ex-Parte Smith et al., 14 D.P.R. 664.

En el mismo caso Correa v. Correa, antes citado, se dijo:

“Estudiando dichos artículos y todos los demás del Código que establecen los derechos de los hijos naturales se concluye que si bien la condición de tales hijos continúa mejorando, la idea fundamental de no extender más allá del padre o la madre que los reconoció, ios derechos hereditarios de dichos hijos con respecto a un ascendiente, continúa inspirando al legislador.”

Como al citar la jurisprudencia es deber elemental del que la cita hacer el análisis del caso citado, y establecer la compa-ración con aquel a que ha de aplicarse la misma doctrina jurí-dica, es conveniente recordar ahora que en el caso que se cita, Correa et al. v. Correa et al., Vicente Correa era el hijo natural reconocido de Carlos .Correa, hijo legítimo de los cau-santes de la herencia de Felipe Correa, fallecido en 1879, y Micaela Fuertes, fallecida en 1890; el primero bajo el impe-rio de la antigua legislación, y la segunda en la vigencia del Código Civil. Y este tribunal resolvió que las demandantes carecían de derecho para pedir la nulidad del testamento y de la partición.

En el caso Gijón v. Surillo et al., 31 D.P.R. 199, se trataba de un hijo natural reconocido, cuyo abuelo falleció en 1905, bajo el imperio del Código Civil de Puerto Rico, cuyo artículo 913, da a los hijos ilegítimos reconocidos los mismos derechos hereditarios que a los hijos legítimos, tanto para heredar por derecho propio, como por representación. Se decidió que el derecho del heredero debe fijarse de acuerdo con la ley vi-gente al tiempo de fallecer el causante.'

Basta con estas citas para justificar la aplicación a esté caso de la ley vigente en 1915, en cuyo año murió María Mon-serrate Pebre. Pero no queremos dejar a un lado algo que tiene suma importancia. El Código Civil de Puerto Rico en el artículo 913 antes citado, reconocía, o mejor, creaba, esos derechos hereditarios a favor de los hijos ilegítimos recono-cidos; entendemos hijos naturales reconocidos. Esta calidad no se da en el demandado en el caso presente. Y debe no-tarse esto con mayor cuidado en el presente caso, porque la ley de 9 de marzo de 1911, en su redacción clara y exacta, ha establecido el derecho de los “hijos naturales legalmente re-conocidos”.

En el caso ante nos, el demandado no es el hijo natural legalmente reconocido, ni fue Paulina Pebre la hija natural legalmente reconocida de María Monserrate Pebre. Palta,, pues, un elemento esencial para la aplicación del precepto legal que quiere invocarse.

A más, quedan subsistentes, sin ser atacados como error, las declaraciones de nulidad del expediente de dominio seguido a instancia de Félix Pebre Manzo, en cuanto a la finca que es objeto de este litigio, y la de nulidad de la petición en declaración de herederos ab-intesiato de María Monserrate Pebre. Consideramos firme la sentencia en cuanto a esos ex-tremos. La declaración de falsedad y fraudulencia allí esta-blecida, no se controvierte por el apelante. De este expe-diente de dominio aparece- qne el promo vente, en el escrito inicial dice qne compró la finca a María Monserrate Febre en 1914, y qne ella poseía tal finca por más de 40 años; el mismo peticionario qne alega este becbo en 18 de mayo de 1916, ha-bía alegado bajo su juramento, en 4 de diciembre de 1915, que María Monserrate Febre, a su muerte, dejaba como bienes 5 cuerdas y 84 centésimas de otra en el Seboruco, Santurce, finca de la misma medida y situación que la que luego describe en el expediente. En éste no se cita a la parte de quien proviene la finca, ni a sus herederos, cuando es evidente que el promovente sabía que María Monserrate Febre había muerto, y que tenía que citar a alguien, en concepto de cau-sahabiente.

Este tribunal ha declarado de una manera inequívoca la doctrina en esta jurisdicción, en los casos Ex-Parte Pacheco, 5 D.P.R. 165; Ex Parte Ramírez, 7 D.P.R. 484; Ex Parte Cortés, 1 D.P.R,. 488; Calderón et al. v. García, 14 D.P.R. 420; Sierra v. Registrador, 14 D.P.R. 686; Rivero et al. v. Hernández et al., 18 D.P.R. 1042; y otros que cita la corte en su opinión; y en Cancel v. Registrador, 28 D.P.R. 918; Cruz v. Santiago, 24 D.P.R. 326 y demás citados por la apelada. En los expedientes de dominio los requisitos exigidos por la ley no son de mera formalidad, sino esenciales.

No existe el segundo error señalado.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob. Aldbey,

text:
    José Llompart, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 781.

    Sometido: Noviembre 4, 1929.

      Resuelto: Nov. 26, 1929.

      Enrique Campillo, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señob. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Un abogado solicitó por escrito del Begistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Segunda, a nombre de José Llompart, que cancelara cierto embargo que está anotado en la finca que reseñó, pero dicho funcionario negó la cancelación solicitada por los dos motivos siguientes: porque la petición se hace a nombre de José Llompart y no de José Bullán que es el dueño de esa finca según el registro: y porque un abo-gado sólo puede representar a otras personas en los litigios, citando el caso de Igaravídes v. El Registrador, 16 D.P.R. 689. Contra esa negativa ha sido interpuesto este recurso guber-nativo.

Según la sección 1- de la Ley No. 12 de 29 de agosto de 1923 los registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar en su registro, entre otras cosas, determinadas anotaciones de embargo; y la Ley Hipotecaria dice en su artículo 6, según quedó enmendado por la ley No. 20 de 1923, que la inscripción de los títulos en el registro podrá pedirse por el que trasmita el derecho, por el que lo adquiriera, por el que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir, por cualquiera que tenga la representación le-gítima de cualquiera de ellos o por cualquier mandatario verbal de aquellas personas.

Ese precepto legal fué considerado en el caso de Chiqués v. El Registrador, 34 D.P.R. 600, en el que declaramos que ese artículo es aplicable lo mismo a las peticiones de inscripción que a las de anotaciones, cancelaciones y notas. Por consi-guiente, si cualquier mandatario verbal puede solicitar la cancelación de un embargo a nombre de la persona interesada en ella no vemos razón para que se rechace la solicitud cuando la baga un abogado por escrito, que es algo más que una pe-tición verbal; esto independientemente de si un abogado puede en tal carácter hacer esa petición en el registro a nom-bre de su cliente, cuestión que por lo dicho no es necesario resolver en este caso. La cita hecha por el .registrador del caso de Igaravídez, supra, no es de aplicación al presente por-que lo que en él se resolvió fué que la facultad concedida por la lev a un abogado para representar a su cliente no lo auto-riza para vender sus bienes porque esta relación jurídica se rige por el Código Civil que requiere un mandato expreso para vender a nombre de otro.

Con respecto al otro motivo de la negativa entendemos que el registrador estuvo justificado al negar la cancelación por estar inscrita la finca a favor de persona distinta de José Llompart, según el registro, pues aunque el mismo día que fué presentada la petición de cancelación se presentó también para inscripción, aunque posteriormente, el título de venta de José Bullán a José Llompart, eso no cambiaba la situación jurídica de la finca al ser negada la cancelación, pues estaba aún inscrita a nombre de José Bullán, y la presentación de la venta que hizo no significaba que necesariamente tal enajenación había de ser inscrita.

Por este último motivo debe ser confirmada la nota re-currida.


author: El Juez Asociado Señor Texidob,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Sucn. de J. Serrallés, compuesta de Pedro Juan, Juan Eugenio Serrallés; Julia Serrallés de Wirshing, y Mercedes M. Serrallés, demandada y apelada.
    No. 4587.

    Sometido: Mayo 23, 1929.

      Resuelto: Diciembre 3, 1929.

      Hón. Attorney General James B. Beverley, J. A. López Acosta, Pro-curador General Interino, Arturo Ortiz Toro, Primer Procurador Auxiliar y B. A. Gómez, 8ub-Pro curador, abogados del apelante; Francisco Parra Capó, Jaime Sifre Jr. y F. Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Bico, presentó ante la Corte de Distrito de Ponce, una demanda fechada en 17 de junio de 1926, en la que alega que la Sucesión de J. Serrallés, la de-mandada, adeuda al demandante por concepto de Income tax, o impuesto sobre ingresos, una suma de $82,346.34, de acuerdo con la especificación que aparece en un exhibit que se une a la demanda, formando parte de ella, y correspon-diendo, de ese total, $412.38 a income tax de 1918, $11,643.58 a income tax de 1919, y $70,290.38 a income tax de 1920; que a pesar de bailarse vencidas esas contribuciones, no las ba querido pagar la Sucesión Serrallés, después de ser re-querida al efecto. A la demanda se acompaña una certifi-cación del Auditor de Puerto Bico, “conteniendo un estado demostrativo del cual aparece que la Sucesión de J. Serra-llés adeuda al Pueblo de Puerto Bico la suma de $82,346.34 por concepto de contribuciones sobre ingresos (income tax) correspondientes a los años contributivos de 1918, 1919 y 1920, según aparece de un informe oficial rendido al Auditor de Puerto Bico en mayo 19, 1925, y endosado por él al Honorable Gobernador de Puerto Bico en mayo 20, 1925.” En el informe se establecen las cantidades antes señaladas, bajo el título “Saldo pendiente de pago”, én cada año, y des-pués de deducir la contribución de acuerdo con la liquidación del Departamento de Hacienda. t

La sucesión demandada presentó excepción previa a la demanda, fundándola en falta' de becbos para constituir causa de acción, falta de capacidad para demandar, y bailarse prescrita la acción.

Oídas las partes en la excepción previa, la corte dictó una resolución por la que se declaró con lugar la excepción en sus motivos de falta de becbos suficientes para determinar causa de acción, y prescripción, y se desestimó la demanda, dictándose sentencia al efecto. Contra ésta se ba apelado ante este Tribunal Supremo.

En la resolución de las excepciones la corte copia parte del informe del Auditor de Puerto Rico, del qne es parte interesante el párrafo primero, qne dice:

“En cumplimiento de lo qne dispone el artíenlo 126 del Código Político, yo Frederick G. Holcomb, por el presente CertieiCO: ’ ’

El artíenlo 126 del Código Político, se halla redactado así:

“Artículo 126. En todos los casos en qne nn Saldo definitivo, cer-tificado como existente a favor del Pueblo de Puerto Rico, no fuere satisfecho dentro de un plazo razonable, el Contador dirigirá una so-licitud por escrito al Attorney General de Puerto Rico, para que pro-ceda al cobro de la deuda por la vía judicial, remitiendo con dicha solicitud copia del estado demostrativo y certificado del Contador que acrediten la existencia del saldo vencido, debidamente autorizados con su firma y sello oficiales, y acompañados de una copia de la fianza oficial contra la cual se procede, certificada en igual forma, por el Tesorero de Puerto Rico.”

De la demanda y el documento que a ella se une, aparece evidente que las contribuciones de la Sucesión Serrallés sobre la renta correspondiente a los años 1918, 1919 y 1920, fueron liquidadas por el Departamento de Hacienda, pagadas por el contribuyente. De otro modo no tendría explicación po-sible el concepto “saldo pendiente de pago” con que se de-signan las diferencias entre la liquidación del Departamento de Hacienda, y la entidad (no se dice cuál) que ha rendido al Auditor el informe que el Auditor hace suyo a los fines de este litigio. La liquidación, legalmente, tiene que haberse hecho en el año en que se tenía que pagar la contribución, esto es, en 1919 para la de rentas de 1918, y así en los otros años. No cabe establecer otra presunción que la de que la ley se cumplió por el Departamento de Tesorería; y que las planillas fueron presentadas en su término legal, esto es, en 1919, 1920 y 1921.

La Ley No. 80 de 1919 (26 de junio, 1919) tiene un artículo cuyo texto es como sigue:

“Sección 56.- — Cualquier contribución imponible de acuerdo con las disposiciones de esta Ley podrá ser computada e impuesta por el Tesorero dentro de cinco años después de la fecha en que se rindió o debió rendirse la declaración, y no se iniciará ningún procedi-miento para el cobro de la referida contribución después de expirados los cinco años.
“En el caso de que con el fin de evadir el pago de la contribución no se rinda la correspondiente declaración de ingresos, y en el caso de declaraciones falsas, el importe de la contribución imponible, podrá ser determinado y cobrada aquélla en cualquier tiempo, sin limitación alguna.”

No aparece enmendado, de una manera expresa, ni dero-gado por incompatibilidad con precepto posterior, ese ar-tículo 56.

Bn la Ley No. 74 de 6 de agosto de 1925, se encuentra una sección o artículo de este tenor:

“Sección 63. — Si después de promulgada esta Ley el Tesorero de-termina que debe hacerse una tasación relacionada con alguna contri-bución sobre ingresos y beneficios excesivos impuesta por la Ley de Contribuciones sobre Ingresos No. 59 de 1917, por la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos No. 80 de 1919 y por la Ley de Contribucio-nes sobre Ingresos No. 43 de 1921, o por cualquiera de dichas leyes según fueron enmendadas, la cantidad a tasar (bien como deficiencia o como intereses, penalidad, u otra adición a la contribución) será computada como si esta Ley no hubiere sido promulgada; pero la cantidad así computada será impuesta, cobrada, y pagada en la misma forma y estará sujeta a las mismas disposiciones y limitaciones (in-cluyendo las disposiciones sobre morosidad en el pago después de la notificación y requerimiento) qne los casos de contribuciones impues-tas por este título, a excepción de lo que en contrario dispone la sec-ción 60.”

Y la sección 60 de la misma Ley No. 74, es' como sigue:

“Sección 60. — (a) Excepto lo que disponen la sección 61 y la subdivisión (d) de la sección 62:
“ (1) El importe de las contribuciones sobre ingresos y beneficios excesivos y el importe de la contribución sobre ingresos impuestos por esta Ley, o por la ley de contribución sobre ingresos número 59 de 1917, la ley de contribuciones' sobre ingresos número 80 de 1919, la ley de contribuciones sobre ingresos número 43 de 1921, o por cual-quiera de dichas leyes según han sido enmendadas, se tasarán dentro de cinco años después de radicarse la declaración, y no podrá enta-blarse un procedimiento judicial para el cobro de dichas contribucio-nes después de vencido dicho período.
“ (2) Tratándose de los ingresos recibidos durante la vida por un finado, la contribución será impuesta, y cualquier procedimiento judicial para el cobro de dicha contribución deberá empezarse, dentro de un año después de haberse hecho requerimiento escrito al efecto (radicado después de rendida la declaración) por el albacea, admi-nistrador, u otro representante fiduciario de los bienes relictos de dicho finado, pero no después del vencimiento del período prescrito para la imposición de la contribución en el párrafo (1) o (2) de esta sub-división.
“(5) El período durante el cual la subdivisión (a) de esta sec-ción requiere que se verifique una tasación de cualquier deficiencia será prorrogado (1) 30 días si al contribuyente le hubiere sido no-tificado por correo de acuerdo con la subdivisión (a) de la sección 57 y no hubiere radicado apelación alguna ante la Junta de Revisión e Igualamiento, o (2) si se hubiere radicado alguna apelación, en-tonces por el número de días entre la fecha del envío por correo de dicha notificación y la fecha de la decisión final de la junta.”

Tomamos nota de estos textos legales porque el juez sen-tenciador ha hecho un cuidadoso estudio de ellos. Pero no podemos dejar de traer a esta opinión algo que es suma-mente interesante. Si el derecho a cobrar contribuciones de 1918, 1919 y 1920, se había extinguido en 1925 por expresa disposición de la ley, no es de buena doctrina sostener que una ley posterior (la de agosto de 1925) reviviera ese de-recho.

Entendemos ese precepto legal tal como él aparece redac-tado. Las leyes No. 59 de 1917, No. 80 de 1919, y No. 43 de 1921, no han sido por él derogadas; y la prescripción ya efectuada, ha creado un estado de derecho firme y definitivo. Lo contrario sería absurdo; y como se ha dicho por la ju-risprudencia, toda interpretación que conduzca al absurdo debe rechazarse.

Pero, a más de lo dicho, la sección 60 de la ley que comen-tamos es clara, y confirmatoria de la teoría de prescripción a que nos referimos. Se invoca por el apelante la sección 61 de la misma ley, que lee así:

“Sección 61. — (a) En el caso de una declaración falsa o fraudu-lenta con la intención de evadir la contribución, o en el caso de haber dejado de rendir la declaración, la contribución podrá ser impuesta, o un procedimiento entablado en una corte para el cobro de dicha contribución, en cualquier momento y sin hacerse tasación alguna.
“(ó) Cuando ambos, el Tesorero y el contribuyente, hubieren acordado por escrito imponer la contribución después de transcurrido el período fijado por la sección 60 para la imposición de la misma, ésta podrá-ser impuesta en cualquier momento antes del vencimiento del período acordado.
“(o) Cuando se impusiere la contribución dentro del término prescrito en la sección 60 o en esta sección, dicha contribución podrá ser cobrada mediante embargo o procedimiento judicial entablado dentro de los seis años después de impuesta la contribución. Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de evitar que empiece sin tasación el procedimiento judicial para el cobro de la con-tribución, en cualquier momento antes del vencimiento del período dentro del cual la tasación pudiera ser hecha.
“ (d) Esta sección (1) no autorizará la imposición de una contri-bución o el cobro de la misma mediante embargo o procedimiento judicial si en el momento de promulgarse esta Ley dicha imposición, embargo o procedimiento fuere impedido por cualquier período de prescripción existente, o (2) no afectará cualquier imposición hecha, o embargo o procedimiento judicial comenzado antes de promulgada esta Ley.”

Pero nótese que las circunstancias de excepción del prin-cipio general, son claras y taxativas: “En el caso de una declaración falsa o fraudulenta con la intención de evadir la contribución, o en el caso de haber dejado de rendir la de-claración. . T en una demanda de la que se infiere indis-cutiblemente que la declaración fué rendida y la contribución pagada, conforme a la liquidación del Departamento de Hacienda, sería indispensable alegar la falsedad o la fraudu-lencia en tal declaración para autorizar el procedimiento. Y eso no se lia hecho en el presente caso.

La parte apelada cita la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York & Albany Lighterage Company v. Bowers, 273 U. S. 346, y la confirmatoria en el caso Benjamín Russell v. United States, 278 U. S. 181. En este último se cita la sección 250 de la Revenue Act, 1918, que tiene gran parecido a las leyes que en este caso se invo-can, notándose qne en la qne comentamos se dice:

marzo 31, 1930

“Except in the case of false or fraudulent returns. . . ”

Nos creemos en el deber de copiar aqni nn párrafo de la decisión de qne tratamos (Russell v. United States) qne sos-tiene sabia doctrina. Es como signe:

“Si una tasación practicada antes de esa fecha cae dentro de los ámbitos de la sección 278, su efecto sería retroactivo; y en verdad produciría cambios radicales en el status de la reclamación presen-tada contra los peticionarios — prorrogaría por unos cinco años una responsabilidad que ya casi había expirado. El caso United States v. Magnolia Petroleum Company, 276 U. S. 160, declara: ‘No debe darse a los estatutos efecto retroactivo ni interpretárseles de forma que se varíe el status de las reclamaciones fijadas con arreglo a dis-posiciones anteriores, a menos que aparezca claramente el propósito del legislador de hacerlo así.’ No puede inferirse de la fraseología de la sección 278, ni de ninguna otra, un propósito, claro de cambiar el status de la reclamación presentada contra los peticionarios, tal como existía precisamente antes del 2 de junio de 1924. ’ ’

La excepción en cnanto a la prescripción fné bien resuelta por la corte de distrito. Y estaba bien planteada por la parte en excepción previa, ya qne de la misma demanda sur-gen con inevitable lógica los elementos necesarios para la excepción.

No es necesario considerar los demás señalamientos de error, ya qne éste por nosotros resuelto es suficiente para la confirmación de la sentencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

EN RECONSIDERACION

San Juan, Puerto Rico,

El Juez Asociado Señor Texidor, emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide reconsideremos nuestra sentencia de fecha S de diciembre de 1929, en el sentido de modificar la del inferior para que se permita a la parte demandante enmendar su demanda.

Este tribunal ba tendido constantemente a ejercitar su dis-creción en el sentido de permitir las enmiendas razonables o justificables, no arbitrariamente. El límite de tal discreción se baila en la razonabilidad de la enmienda, y en que las cir-cunstancias sean tales que los fines de la justicia se benefi-cien por la concesión. Esto no quiere significar que la dis-creción judicial pueda ejercitarse en forma que permita a un demandante molestar indefinidamente al demandado, o a éste prolongar el pleito innecesariamente.

En esta petición de reconsideración se alegan como moti-vos principales que el demandante, si pudiera enmendar, adu-ciría en la demanda enmendada, que las planillas de los de-mandados no demuestran el verdadero capital invertido, ni contienen la información necesaria para la distribución de las deducciones, ni ban establecido con verdad las deducciones, que los datos en ellas son inciertos, incorrectos y falsos; y que la demandada por medio de recursos y alzadas, impidió el ejercicio de la acción de cobro de contribuciones, basta 1924; que la demanda puede enmendarse en .el sentido de alegar que en el caso bubo una imposición de contribuciones desde la resolución de la Junta de Revisión e Igualamiento, y que la demandada ba sido requerida en muchas ocasiones para que pague la cantidad que abora se le cobra.

No es dudoso que casi todo lo que abora parece se quiere traer a la demanda enmendada pudo ser alegado antes. Pero ésta es materia que no habría de estorbar el ejercicio de la discreción.

Se ba invocado el caso Vellón v. Central Pasto Viejo, Inc., 37 D.P.R. 567, y de la decisión un párrafo que dice:

“Un sistema de procedimiento distinto se ha instaurado, y una de sus modalidades es la de la concesión de enmiendas a las alegacio-nes que se inspira en el deseo de que los pleitos se tramiten con toda corrección y a la vez en el de asegurar a las partes el propio fallo que demande la justicia. Y a los efectos de la prescripción, la jurispru-dencia se ha encargado de establecer que la demanda enmendada sus-tituye a la original, excepto en lo que se refiere a la presentación o iniciación del pleito para lo cual bay que atender a la demanda original. Sucesión Chavier v. Sucesión Giráldez, 15 D.P.R. 154, y casos citados en la opinión. Excepción hecha también del caso en que la enmienda introduzca una nueva o diferente causa de acción. (37 Corpus Juris 1074.) T aquí la enmienda versó sobre algo substan-cial, es cierto, pero no introdujo una nueva o diferente causa de ac-ción. Completó la propia acción desde un principio ejercitada.”

Y se nos invoca la doctrina en Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi, 17 D.P.R. 688, en cnanto a liberalidad en la concesión de enmiendas, y cuándo deben denegarse.

No creemos que, al conceder el derecho de enmendar, pueda este tribunal restringir el ejercicio de tal derecho.

La sentencia dictada en este caso debe modificarse en él sentido de permitir a la parte demandante que enmiende su demanda.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Sucn. de Juan Barrios y Prado, compuesta por sus nietos Enrique Blanco Barrios y Cándida Barrios Ruiz, en representación de sus respectivos padres Clotilde y Enrique Barrios Izquierdo, demandantes y apelantes, v. Francisco Jiménez Morales y Francisco Jiménez Mena, demandados y apelados.
    No. 5085.

    Sometido: Noviembre 25, 1929.

      Resuelto: Diciembre 4, 1929.

      Luis A. Castro, abogado de los apelantes; Dtúbón & Ochoteco, abo-gados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, en 17 de mayo de 1929 se presentó ante la Corte de Distrito de San Juan un escrito de apelación contra sentencia dictada por esa corte; la parte demandante y apelante pidió transcripción de evidencia; se concedieron al taquígrafo 20 días, y luego una prórroga de 60 días y otra adicional de 30 días, que expiró el 23 de septiembre de 1929. La apelante alega que en esa fecba solicitó una nueva pró-rroga, pero por descuido o inadvertencia de la persona en-cargada de radicar la moción, ésta no fué presentada basta el 25 del citado mes de septiembre; y la corte denegó la pe-tición de prórroga por falta de jurisdicción para entender en ella.

En 28 de septiembre último la apelante pidió al juez de turno de esta corte concediera la prórroga solicitada y de-negada por la de distrito; y en 30 del mismo mes radicó idéntica petición para ante este tribunal, acompañando de-claraciones juradas. A esa petición se oponen los apelados, fundándose en que los apelantes fueron negligentes, y por-que no ban presentado ante este tribunal la transcripción de autos, a pesar de que ban transcurrido más de noventa días de la presentación de su apelación.

Los apelados ban presentado moción para que se deses-time la apelación, fundándose en que la apelante dejó trans-currir el término para la transcripción de evidencia y el para presentar la transcripción de autos, sin haber obtenido la una, ni presentado la otra.

Ambas mociones fueron oídas por este tribunal en la misma fecha, y en el mismo acto.

No hay razón alguna convincente y sólida que autorice a conceder la prórroga que se solicita por la parte apelante. Una negligencia o descuido en la radicación de una solicitud de prórroga, no es fácilmente excusable. Y en este caso aparece algo más que nos determinaría a negar la petición. En 18 de octubre de 1929, Enrique Blanco, como demandante en el caso acudió a la corte inferior con una moción en la que manifestaba que no habiéndose hecho la transcripción de evidencia, y careciendo de dinero para los gastos de la apelación, “razón por la cual se ve impedido de continuar el trámite de apelación”, pedía que se le devolviera el depósito que había hecho para responder al taquígrafo de sus honorarios; con cuya petición estuvo conforme el taquígrafo, expidiéndose por el juez la orden de devolución.

Y en cuanto a la desestimación, las razones en que se funda la parte apelada son suficientes, y se hallan sostenidas por el récord en la moción.

Se deniega la prórroga solicitada; y se desestima la apelación.


author: El Juez Asociado Seño» Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Nicolás Orsini y Emilio Dávila, acusados y apelantes; El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Dávila, acusado y apelante; El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Nicolás Orsini, acusado y apelante.
    Nos. 3839, 3841 y 3838.

    Sometidos: Noviembre 13, 1929.

      Resueltos: Diciembre 6, 1929.

      M. Benitez Flores y B. Dávila Rodriguez, abogados de los apelantes; R. A. Gómez, abogado de El Rucólo, apelado.
   El Juez Asociado Seño» Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el primero de los casos de epígrafe, los apelantes fue-ron conjuntamente acusados, juzgados y convictos de alte-rar la paz pública. El segundo y el tercero de estos casos fueron entonces sometidos por la prueba aducida, las obje-ciones presentadas y las excepciones anotadas durante el jui-cio del primero. A base de esa misma evidencia, cada uno de los acusados fue convicto de portar armas. En apelación, los tres casos han sido sometidos por un solo alegato de los apelantes y otro de El Pueblo.

La mayor parte de la argumentación en el alegato de los apelantes se dirige a la suficiencia de la prueba. No bay señalamiento alguno de errores, y esta omisión justificaría por sí sola la confirmación. Empero, fiemos examinado la transcripción taquigráfica, y no bailamos en ella base alguna para condenar a Emilio Dávila en una u otra de las causas seguidas contra él. En el caso de Orsini un policía declaró sobre ciertas admisiones fieefias por aquél. Lo que Orsini manifestó al policía fué, en síntesis, que su carro es-taba parado a la orilla de la carretera cuando Dávila, quien venía detrás, llegó con otro carro, se detuvo y disparó, y que luego Orsini sacó un arma, y bubo mutuos disparos. La manifestación envuelve la admisión de que Orsini portaba un arma. No se desprende que fuera culpable de alterar la paz pública. Su versión de lo ocurrido (que no fue contro-vertida) más bien indica que Orsini actuó en defensa propia. Sobre esta teoría, él no perturbó la paz maliciosamente. No-bubo mens rea.

Mientras declaraba el policía respecto a lo manifestado por Orsini, se formuló objeción por el fundamento de que tal prueba era de referencia e inadmisible. En cuanto a Orsini, no era de referencia. Tampoco era inadmisible, a falta de una objeción más definida. En lo que a Dávila con-cierne, no es necesario discutir la cuestión más ampliamente.

Tanto Orsini como Dávila iban acompañados de otros via-jeros. Durante el juicio de novo ante la corte de distrito,, varios de esos compañeros de viaje declararon que oyeron los disparos, que no vieron quién los bizo. Otros testigos pa-saron junto a los dos carros poco antes de empezar el tiro-teo, oyeron la descarga y dieron parte inmediata a la policía.

Al terminar la prueba de El Pueblo, el fiscal de distrito solicitó un receso basta que el juez ante quien se babía celebrado el juicio de los tres casos en la corte municipal pudiera comparecer para fines de impugnación. Después de baber declarado el jefe de la policía del distrito en torno a ciertas declaraciones juradas prestadas en el curso de la investigación original, la corte se declaró en receso y se reanudó la vista a una bora posterior del mismo día.

El fiscal de distrito no estaba listo para juicio. En ver-dad, no tendría motivo alguno para quejarse si se le hubiese denegado la solicitud de receso. El juez que presidió el jui-cio tenía fundados motivos para estar resentido de la forma solapada en que describieron el tiroteo los acompañantes de los dos protagonistas, que no tomaron parte en la reyerta, y quienes, teniendo oídos para oír, oyeron los disparos; pero,. teniendo ojos para ver, nada vieron. No Rallamos alruso de discreción por haberse concedido el receso.

Durante la sesión de la tarde, nn número de testigos de El Pneblo fné examinado por el fiscal sin objeción de parte de los acusados. A todos los testigos de nn grnpo se les interrogó si habían declarado, durante el juicio celebrado en la corte municipal, que Orsini hizo los disparos. A todos los del otro grupo se les preguntó si no habían declarado que Dávila hizo los disparos. La contestación de todos fué en sentido negativo. El juez municipal entonces declaró que el primer grupo había dicho en la corte municipal que Orsini estaba obstruyendo el tráfico con su carro y abrió fuego contra Dávila, cuando éste llegó con sus amigos; mientras que el segundo grupo había manifestado que, al llegar, Dávila hizo fuego contra Orsini.

Los acusados se opusieron a la declaración del juez, por dos motivos: primero, porque los acusados no tenían cono-cimiento previo de que el juez sería utilizado como testigo en contra de ellos, y, segundo, porque el procedimiento era inaudito y anormal. El juez de distrito inquirió respecto a cuál era el fin de esa declaración. El fiscal respondió que tenía el propósito de impugnar la credibilidad de los testi-gos que habían precedido al juez municipal, y para demos-trar que habían hecho anteriormente un relato distinto. El juez de distrito anunció que lo que los testigos habían dicho en una ocasión anterior no podía considerarse como evi-dencia en el caso que se estaba ventilando. El fiscal asintió. El juez admitió la .declaración a fin de pesar las- manifesta-ciones de los testigos que iban a ser impugnados (en caso de que se demostrara que anteriormente habían hecho ma-nifestaciones contradictorias) de acuerdo con el artículo 243 del Código' de Enjuiciamiento Criminal y con la doctrina del caso de El Pueblo v. Rojas, 16 D.P.R. 251.

La corte agregó que podía tenerse en cuenta la declara-ción para estudiar la cuestión de desacato por perjurio. Los acusados anotaron excepción por el fundamento de que de-Man resolverse los casos pendientes antes de qne se iniciara el procedimiento de desacato. En contestación a eso, el juez sentenciador citó el caso de El Pueblo v. Valcourt, 18 D.P.R. 484, en el sentido de qne resnelve qne el paso inicial en nn procedimiento por desacato debe darse antes de qne termine el caso en qne se alegne haberse cometido el perjurio de qne se trate. El letrado manifestó qne nada concreto había ante la corte, y qne sólo existía nna mera hipótesis: la de qne los testigos no habían declarado en idéntica forma ante am-bas cortes. El jnez sentenciador replicó qne no estaba obrando bajo ningún concepto erróneo, y reiteró sns mani-festaciones anteriores al efecto de qne no consideraría la de-claración del jnez municipal como una versión revisada de lo qne habían dicho los testigos qne le precedieron, sino qne decidiría el caso por la evidencia aducida en él, de acuerdo con la doctrina sentada en El Pueblo v. Rojas, supra.

En esto no hallamos error.

Se confirma la sentencia por portar armas en él caso No. 3838, contra Nicolás Orsini, y se revocan las sentencias ape-ladas en los casos Nos. 3841 y 3839.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Heraclio Morales, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, P. R., recurrido.
    No. 787.

    Sometido: Noviembre 19, 1929.

      Resuelto: Diciembre 9, 1929.

      Antonio L. López, abogado del recurrente; El Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Heraclio Morales se dirigió por escrito jurado ante no-tario al Registrador de la Propiedad de Caguas pidiéndole que de acuerdo con lo dispuesto en la sección 1, letra (b) de la Ley No. 12 regulando el procedimiento para la cancela-ción de gravámenes y menciones de derechos y la inscrip-ción de ciertas inscripciones y anotaciones, por lapso de tiempo, en el registro de la propiedad, aprobada el 29 de agosto de 1923, cancelara la anotación de la demanda en el pleito seguido por Sobrinos de L. Villamil y Co. contra Au-reliano Vélez y el propio Heraclio Morales, becba sobre una finca del último. El registrador se negó por medio de la si-guiente nota:

“Denegada la cancelación del aviso de demanda a que se refiere el presente escrito por observarse que el apartado ‘B’ del artículo Io de la Ley No. 12 aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con fecha 29 de agosto de 1923, lo que autoriza cancelar son los avisos tomados en virtud de mandamientos judiciales y siendo dicha anotación del referido aviso de demanda tomada en virtud de solici-tud es parte, ...”

El precepto legal en que tanto el recurrente como el re-gistrador descansan para sostener sus ■ opuestos criterios, dice:

“Sección 1. — Los registradores de la propiedad a instancia es-crita de parte o de su representante, autenticada ante notario, proce-derán a cancelar en el respectivo registro:
“(a).
“ (b) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, ano-taciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de manda-miento judicial que tengan más de cuatro (4) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa. Si al entrar en vigor esta Ley hubiere transcurrido en totalidad dicho término o sólo restare del mismo- un (1) año o menos, la parte interesada en la anotación tendrá un (1) año desde la vigencia de esta Ley para obtener de la corte compe-tente la prórroga de la anotación.”

En Puerto Rico anótanse las demandas a virtud de dos disposiciones de ley, una consignada en la Ley Hipotecaria y otra en el Código de Enjuiciamiento Civil. Si se sigue el procedimiento marcado en la Ley Hipotecaria es necesaria la orden judicial; si se escoge el del Código de Enjuicia-miento Civil basta la gestión de la parte interesada. Velázques v. Registrador, 27 D.P.R. 268, 270.

No bay duda alguna de que el pensamiento del legislador al decretar la Ley No. 12 de 1923, fué general y amplio y tendió a liberar las fincas de cuantos gravámenes injustifi-cados tuvieran, a fin de bacer más fácil a sus dueños la con-tratación en relación con ellas.

Siendo esto así, ¿a qué interpretar sus preceptos de modo tal que el requisito exigido para el último caso se aplique a los primeros, quedando destruido el propósito del legislador en cuanto a uno de ellos, o sea, el de las anotaciones de de-mandas para el cual no se necesita el mandamiento judicial?

Creemos que la ley es susceptible de interpretarse dando vida independiente a cada uno de los actos cuya cancelación se ordena. Cuando el. legislador se refirió a la cancelación de anotaciones de demanda, conociendo como tenía que co-nocer que podía verificarse tanto a virtud de mandamiento judicial como sin él, no es posible concluir que fuera su in-tención la de limitar su disposición al primer caso, cuando en verdad de entre los dos es el que está revestido de mayor solemnidad.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la cance-lación solicitada.


author: Ed Juez Asociado Señor Tisxidor,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelante, v. Ernesto Fernando Schlüter, demandado y apelado.
    No. 4828.

    Sometido: Mayo 10, 1929.

      Resuelto: Diciembre 9, 1929.

      Henry G. Molina y M. León Parra, abogados de la apelante; Hugh B. Francis, abogado del apelado.
   Ed Juez Asociado Señor Tisxidor,

emitió la opinión del tribunal.

Central Pasto Viejo, Inc., demandó a Ernesto Scblüter, y pidió a la Corte de Distrito de San Juan una sentencia con-denando al demandado a que cumpliera un contrato de ce-sión de créditos hipotecarios, y otorgara la escritura corres-pondiente. Alegó que el demandado era dueño de unos cré-ditos hipotecarios sobre unas fincas de los esposos Perales Rodríguez; y que la demandante, por medio de su presi-dente el Sr. Walker celebró en 20'de mayo de 1927 un con-trato con ■ el demandado, comprometiéndose éste a ceder y traspasar sus créditos hipotecarios a la demandante, o al Sr. Walker por una suma que representaba la diferencia en-tre $47,500 en que se valoraba la finca gravada, y el mon-tante de los créditos preferentes a los que en su favor tenía el demandado; que la demandante encargó a su abogado de averiguar el montante de tales gravámenes preferentes, y el abogado solicitó informes del registro, que no recibió a tiempo, y más tarde obtenidos los informes, tuvo una entre-vista con el demandado en la que se acordó la suma que se le debía pagar, y que de acuerdo con esto la demandante quiso pagar, y ofreció, esa suma al demandado, pero éste se negó a aceptarla, alegando que el contrato estaba rescindido, por-que la desmandante había comprado la finca hipotecada, y se había comprometido con los vendedores, esposos Perales-Rodríguez a pagar las hipotecas del demandado; que es cierto qne en la escritura de compra por la demandante a los esposos Perales-Rodríguez se fijó el precio nominal de $68,486.79 por la finca, y entre las sumas reservadas se en-cuentra la de $25,586.79, para pago de las hipotecas a favor de Schlüter; que la demandante estuvo dispuesta a com-prar aquella finca en la suma aparente de $68,486.79, por-que había adquirido del aquí demandado las hipotecas en $20,500 haciendo así una diferencia a favor de la deman-dante, de $5,000 aproximadamente; que el demandado se niega a otorgar la escritura de cesión, y ha radicado una ejecución hipotecaria para el cobro de uno de sus créditos, de $8,275 y los intereses. La demandante consignó la suma de $20,500, con los intereses desde el 20 de mayo de 1927, hasta la radicación de la demanda.

El demandado admitió la existencia de los créditos hi-potecarios previos a los suyos, y de los constituidos a su favor, si bien estableciendo ciertas negaciones en cuanto a la extinción y cuantía, y a ciertas cesiones; negó que hu-biera contratado con la demandante, por medio de su pre-sidente, o de cualquiera otra persona en ninguna fecha u ocasión, sobre la cesión de sus créditos en la cantidad ale-gada, o en cualquiera otra; y alegó que el 20 de marzo de 1927, se encontró con el Sr. Walker, como representante de la Juncos Central Company, y éste le hizo una oferta para comprarle sus créditos hipotecarios por $47,500 de contado, pero que no se cerró negocio alguno, y a los pocos días de esa entrevista, el demandado solicitó por telégrafo del Sr. Walker como representante de la Juncos Central Company, la confirmación de su oferta, sin que obtuviera contestación alguna; que el demandado por carta confirmó el citado te-legrama, sin obtener tampoco contestación, y volvió a es-cribir a la Juncos Central Company sobre el mismo asunto, sin obtener respuesta, y llamó a dicha compañía por telé-fono, y el Sr. Muller, representante también de al compañía, contestó que estaban estudiando el asunto, y que le avisa-rían; y el demandado, en vista de tal contestación, y de la falta de confirmación de la oferta, la dió por retirada; que el demandado no lia tratado con la Central Pasto Viejo, Inc., ni por medio de Mr. Walker, ni por ninguna otra persona; niega por falta de información y creencia cuanto se refiere a las gestiones del abogado para obtener datos del regis-tro; admite que el abogado Sr. Molina fué a la oficina del demandado, pero niega que hubiera contrato o convenio al-guno en cuanto a fijación de valor de la finca, el de los crédi-tos y cantidad a pagar, ni en esa fecha 5 de agosto de 1927, ni en otra alguna; admite que allá por el 9 de agosto de 1927 la demandante le ofreció $20,902.98 que el demandado se negó a recibir, pero alega que lo hizo porque no tenía con-trato alguno con la demandante, y no tenía obligación de recibir tal suma; alega que con anterioridad a 9 de agosto de 1927, la demandante había recibido de los esposos Perales-Rodríguez el importe de los créditos hipotecarios del deman-dado con sus intereses, para ser entregado al demandado; negó que el precio de $68,486.79 fijado a la compra de las fincas fuera nominal o aparente; niega asimismo las demás alegaciones de la demanda, específicamente; alega que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción, y que, tratándose de bienes que son gananciales falta una parte demandada; que los hechos del caso son tales que el demandado nunca tuvo el derecho de exigir a la demandante cumplimiento de contrato alguno; y que pos-teriormente a la demanda en este caso la demandante ha sa-tisfecho al demandado el importe total de sus créditos hipo-tecarios y sus intereses, y que el demandado no es dueño de crédito hipotecario alguno sobre la finca que se describe en la demanda, y la cuestión ante la corte es un “moot question”.

Fué el caso a juicio. Practicó la demandante su prueba; y el demandado presentó una moción de non-suit, con diez y seis fundamentos, qne quizá pueden ser reducidos a menos. Pero de ellos, como más salientes pueden entresacarse los siguientes:

(a) Que de la prueba de la demandante resulta que el crédito hipotecario del demandado ha sido pagado en su to-talidad por la demandante al demandado, posteriormente a la presentación de la demanda en este caso, y no se ha pre-sentado demanda complementaria alguna; resultando impo-sible que se dicte la sentencia solicitada.

(ó) Que no se ha probado la existencia de contrato al-guno entre la demandante y’ el demandado, ni que el Sr. Walker en 20 de mayo de 1927 haya contratado en forma al-guna representando a Central Pasto Viejo, Inc., ni tuviera facultades de ésta para contratar, ni que Central Pasto Viejo, Inc., estuviera obligada por contrato alguno.

(c) Que la demandante no ha ofrecido o presentado prueba suficiente de la existencia de un contrato como el que se alega.

La corte declaró con lugar la moción de nonsuit, y dictó sentencia en favor del demandado; y contra ella se ha in-terpuesto la presente apelación.

Se señalan los siguientes errores:

“1. La corte erró al declarar que la evidencia de la demandante no había establecido la existencia de ningún contrato entre la de-mandante y el demandado.
“2. La corte erró al declarar con lugar la moción de nonsuit.
"3. La corte cometió manifiesto error al imponer las costas a la demandante. ’ ’

Examinada la prueba en el caso, es imposible encontrar el nexo contractual, la relación de esa clase entre la corporación demandante Central Pasto Viejo, Inc., y el demandado Schlüter. Aparece que el Sr. Walker habló con Schlüter el 20 de mayo de 1927, acerca de la cesión de los créditos hipotecarios del último sobre las fincas de los esposos Perales-Rodríguez, y ofreció comprar tales créditos, y Schlüter ofreció cederlos o venderlos. Pero de toda la prueba presentada por la demandante podrá resultar que el posible comprador fuera el mismo Sr. Walker, o a lo más la Juncos Central Company. A ésta se dirigen las cartas del Sr. Scblíiter (abril 11 y 19, 1927) antes de la entrevista con el Sr. Walker; a ella puede, y debe lógicamente, refe-rirse la entrevista de los Sres. Walker y Schlüter, en la que no se menciona a la ahora demandante como compradora. La carta de 27 de mayo, 1927, al Sr. Henry G-. Molina, In re Julio Perales v. Schlüter, viene, firmada por The Juncos Central Company, y en su nombre el Sr. Muller. El telegrama de 21 de julio, 1927, de Schlüter, se dirige a Juncos Sugar Central, y obtiene contestación de Walker el 22 del mismo raes, y a esa contestación se refiere la carta de The Juncos Central Company al Sr. Molina en 29 de julio, 1927. La carta del Sr. Molina al Sr. Schlüter, julio 29, 1927, se escribió en nombre de su cliente la Juncos Central Co., como aparece expresamente del texto de la misma, .y aparece la Central Pasto Viejo, Inc., en la relación entre ella y el abogado Sr. Molina, en la carta de 6 de agosto, 1927, y para dar cuenta de la conferencia con el Sr. Schlüter. Es, desde luego, muy dudoso que esta carta pudiera ser tenida como evidencia, y no es dudoso que no podría ser evidencia en cuanto al de-mandado, para probar que éste contrató con la Central Pasto Viejo, Inc. Fuera de la notoria calidad de self-serving evidence, ella no sería elemento probatorio del contrato, má-xime cuando toda la documentación anterior tiende a esta-blecer una relación entre la Juncos Central Co. y el Sr. Schlü-ter, y esa relación, en el caso de que existiera como contractual, no podría novarse sin el consentimiento, y el conoci-miento, del Sr. Schlüter.

Es posible que el Sr. Walker tenga la múltiple persona-lidad de representante de Juncos Central Co., representante de Central Pasto Viejo, y su propia personalidad. . Pero, aparte de que para representar a una corporación en un ne-gocio de compraventa, tendría que justificarse tal represen-tación, ya por las cláusulas o por los reglamentos de la cor-poración, ya por el expreso asentimiento de ésta, al menos, en lo qne afecta al contrato, tendría qne justificarse qne el Sr. Walker, prescindió de dos de sns representaciones para actuar en la otra. T esto falta en la prueba de la deman-dante.

De la misma prueba aparece que el Sr. Schlüter solicitó la confirmación de la oferta, y que ésta, por causas que no resultan muy definidas, no vino.

En esas condiciones, no puede el juez creer que tiene ante sí prueba para fundar una sentencia en la que declare la existencia de un contrato entre Central Pasto Viejo, Inc., y Ernesto Fernando Scblüter.- No bay prueba; eso es todo en el caso.

Incorporada al récord por orden de este Tribunal Supremo de fecba l9 de abril de 1929, aparece una copia, certi-ficada por los abogados de las partes en el caso, de una mo-ción que se presentó en nombre de Ernesto Fernando Scblü-ter, ante la Corte de Distrito de San Juan en este mismo caso Civil No. 5528, en la que se bizo constar que en las eje-cuciones de los créditos hipotecarios del Sr. Scblüter contra Julio Perales y la Central Pasto Viejo, Inc., al acto del re-mate compareció Central Pasto Viejo, Inc., y pagó al mársbal en un caso $10,046.59, y en otro $16,136.16, importe de las sumas reclamadas, y que las subastas se dejaron sin efecto; pero que la demandante Central Pasto Viejo, Inc., obtuvo de la corte de distrito medidas aseguratorias por las que dichas sumas quedaron retenidas en secretaría; y que esas medidas estaban fuera de ley, y eran nulas; y el peticionario solicitó que se dejaran sin efecto las órdenes de retención, o cuando menos, se le entregaran $21,089.38, del total retenido. En 19 de diciembre de 1927, la corte dictó resolución haciendo constar que a la moción del demandado no se había hecho objeción por la demandante, siempre que aquél prestara fianza por $7,000, con lo que estuvo conforme el demandado; y ordenó la prestación de la fianza; y la entrega de los $21,089.38 que pedía el demandado, y a cuya entrega no se opuso la demandante.

Revela esto claramente nn hecho: qne las hipotecas a favor de Schlüter habían sido ejecutadas, y su importe entre-gado en 8 de noviembre de 1927 el de la de $10,046.59, y el 9 de diciembre de 1927 el de la de $16,136.16. La certifica-ción armoniza con dos cheques, sobre el National City Bank of New York, exhibits 11 y 12, folios 348 y 349 del récord, aunque hay una pequeña diferencia en la segunda suma; y cuyos documentos se suscribieron a favor del márshal de distrito de Humacao por la Central Pasto Viejo, Inc., en noviembre y 9 de diciembre de 1927 para depositar en las dichas ejecuciones de hipoteca.

Es de conveniencia hacer constar que el juicio en este caso ahora en apelación se celebró en los días 26 de abril, 10 de mayo, y 6 y 12 de junio de 1928; esto es, después de las ejecuciones de las hipotecas a favor del Sr. Schlüter. De cómo se podría por la corte dictar una sentencia como la que se pidió en la demanda, después de hallarse ejecutadas las hipotecas, y de cómo esa sentencia se habría de cumplir, no tenemos idea. Indudablemente, la súplica de la demanda no afecta la cuestión de causa de acción; pero las cortes no están obligadas a lo imposible, y cuando la misma parte que pide demuestra la imposibilidad de lo que pide, no puede quejarse de que la corte rehúse ir a ese terreno.

En lo que toca a si las cortes pueden, o no, pesar la evidencia presentada por la parte demandante cuando tienen que resolver una moción de non-suit, en los casos Pablo Calcerrada v. American Railroad Co. of P. R., decididos en 8 de marzo de 1929 por este Tribunal Supremo, dijimos:

“Debemos manifestar incidentalmente qne en el recurso de ape-lación anterior la American Railroad Company entonces apelada, no hizo hincapié en la confirmación fundándose en que la prueba a favor de la demandante en oposición a la prueba de negligencia puede en ciertos casos ser pasada por alto. Existe algún conflicto entre las autoridades, pero la corriente de ellas es que una moción de nonsuit cuando la prueba que favorece al demandante es débil, o cuando se anularía definitivamente un veredicto rendido a su favor, la corte en-tonces puede declarar con lugar la moción. Estate of Morey, 147 Cal. 495; Grant v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Railway Co., 252 Pac. 382; 38 Cyc 1556.”

T en el caso Lambuth v. Stetson & Post Mill Co., 44 Pac. 148, se sostuvo:

“Pero cuando todo el juicio está ante el tribunal que al fin y al cabo ha de considerar la ley y los hechos del caso, no hay razón ló-gica alguna por la cual no deba permitírsele determinar los hechos precisos para una propia aplicación de la ley, en cualquier momento del juicio. Sería poco menos que inútil el que la corte, después que se ha llamado su atención hacia la insuficiencia de la prueba ofre-cida por el demandante para establecer los hechos necesarios para el resarcimiento, y después de quedar convencida de que tal era la na-turaleza de la prueba aducida por el demandante, exija al deman-dado que traiga evidencia para controvertir lo que ya ha sido refu-tado. ’ ’

En.'mi juicio seguido ante un juez de derecho, sin inter-vención del jurado, esa facultad de pesar la prueba del de-mandante a los fines de saber si él ha presentado un caso sobre el que se pueda por el juez dictar una sentencia, nos parece indiscutible.

No existen los errores señalados en primer y segundo lu-gar. Y en lo que se refiere a la imposición de las costas, es para nosotros evidente que el juez sentenciador usó de su discreción recta y prudentemente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Celedonio Torres, acusado y apelante.
    No. 3769.

    Sometido: Noviembre 12, 1929.

      Resuelto: Diciembre 10, 1929.

      Lids T. Camacho, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de G-uayama, en la que se impuso al acusado y ape-lante una pena de multa de veinte y cinco dólares o un día de cárcel por cada dólar que dejara de satisfacer, y las cos-tas. El delito de que se le declaró culpable fue la infrac-ción del artículo 291 del Código Penal.

La denuncia original es como sigue:

“Yo, Fernando Quiñones, Jefe Dtto. P. I., vecino de Guayama, calle de Hostos, mayor de edad, formulo denuncia contra Celedonio Torres, por delito de infracción al art. 291 del Código Penal de P. R. cometido de la manera siguiente: Que en 23 de agosto de 1928, y en la calle ‘Jobos’, de Guayama, del Distrito Judicial Municipal de Guayama, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, el referido Celedonio Torres, allí y entonces, de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, tenía establecido y puso en eje-cución un juego de lotería para la distribución de dinero represen-tado por fichas ya con anterioridad valoradas y que representan dinero en efectivo a su presentación y la cual distribución se bacía a la suerte entre aquellas^personas que pagaban por correr la tal aven-tura de adquirir dichas fichas y lo que ellas representan valiéndose para tales fines ilegales de una máquina automática (slot machine) registrada con el número 59184, la cual tenía el acusado establecida en su establecimiento de fonda en la calle Jobos, de Guayama, P. R., y la cual usaba y usó en la forma siguiente: las personas depositaban, entre ellas el denunciante, una moneda de cinco centavos con el fin de jugar a la suerte y obtener el correspondiente premio representa-tivo de metálico efectivo, dejando la resolución de tal jugada al me-canismo de la tal máquina y teniendo como resultado de dicha jugada, bien si era acertada, un número de fichas representativas de dinero, o el solo esfuerzo de la jugada en el caso de su no acertación, a lo que constituye en sí, un plan ilegal puesto en ejecución por el aquí acu-sado, con el solo fin de obtener para su único y personal beneficio, los dineros depositados por los distintos jugadores en la antes dicha máquina, la que a la vez devuelve premios mayores en valor al depó-sito del jugador cuando éste es afortunado en acertar en la corrida de su aventura, mas dependiendo ambos casos, su beneficio y distri-bución, de la suerte. Hecho contrario a la ley.”

El apelante somete cinco señalamientos de error. El pri-mero es así:

“Primer error. — La Corte de Distrito de Guayama erró al de-clarar sin lugar la moción de eliminación opuesta a la denuncia.”

Se trata de las palabras “Lo que constituye en sí un plan ilegal puesto en ejecución por el aquí acusado con el solo fin de obtener para su único y personal beneficio los dineros depositados por los distintos jugadores en la antes dicha máquina, la que a la vez devuelve premios mayores en valor al depósito del jugador cuando éste es afortunado en acertar en la corrida de su aventura, mas dependiendo en ambos casos, su beneficio y distribución, de la suerte.”

El acusado insistió en la eliminación de este párrafo, por creer que contiene conclusiones legales.

No tiene importancia práctica, ni legal, esta cuestión que se nos somete. En la denuncia se sigue, substancialmente, el lenguaje del estatuto; algunas palabras de la misma, es-tán de más; pero su inclusión no puede perjudicar al acu-sado en sus derechos esenciales, ni desviar nn recto juicio del tribunal.

El segundo señalamiento es:

“Segundo error. — Negar la Corte la excepción perentoria de que la denuncia no aduce hechos suficientes para constituir una violación del art. 291 del Código Penal. ’ ’

El apelante funda su argumentación en el caso El Pueblo v. Mariani, 15 D.P.R. 388. Cita también la decisión en El Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228; pero creemos que esta decisión, en esencia y en su forma, es más adversa que favorable a la contención del apelante. El párrafo copiado en el alegato del apelado, dice así:

“En la denuncia en este caso se alega que el acusado organizó un plan para la distribución de dinero por suerte entre varias per-sonas, las que se comprometían a pagar 10 centavos por cada acción y de acuerdo con la cual la suma de $700 se babía de pagar al que ganara después de baber descontado el acusado el 30 por ciento, todo lo cual dependía de ciertas carreras de caballos que se verificaban en el hipódromo de San Juan: Se resolvió: Que ella imputa un delito de acuerdo con los artículos 291 y 292 del Código Penal, y que era suficiente a falta de objeción.”

T eu el caso El Pueblo v. Swiggett, 37 D.P.R. 911, he-mos establecido terminantemente los elementos de estos de-litos: suerte o azar, consideración y premio. De esa deci-sión son los siguientes párrafos:

“Lo que indujo a error a la corte sentenciadora fué su idea de que como no existía en el plan del acusado el elemento de pérdida, tampoco existía el delito. Aparte de que es muy aventurado afirmar si existe o no en estos casos el elemento de pérdida, ya que debemos su--poner que cuando un comerciante además de los trajes que vende por el llamado justo valor, sortea otro, es porque puede hacerlo no ya sin pérdida, sino con ganancia, es lo cierto que lo que se requiere es, como dijimos al principio, la existencia de estos tres elementos: suerte, consideración y premio, para que el delito exista. „
“. . . Es una de tantas combinaciones que se ban imaginado para eludir preceptos penales iguales o similares al nuestro vigentes en varios de los estados de la Unión.”

La denuncia es suficiente.

Los señalamientos de error tercero y cuarto, son así:

“Tercer error. — Erró la Corte de Distrito al permitir contra la oposición del acusado que se practicasen los experimentos para de-mostrar el supuesto juego de lotería después de la explicación del testigo. ’ ’
“Cuarto error. — Erró la' Corte al permitir contra la oposición del acusado que el testigo Andrés Carire Soler consultara un memorán-dum para identificar la máquina automática, no obstante manifestar él podía identificarla viéndola.”

No existen tales errores. La corte pudo permitir, sin que en ello lesionara derechos esenciales del acusado, que un testigo actuara poniendo monedas en la máquina y mo-viendo la palanca, y tener así idea de la forma de funcionar el aparato. Y en cuanto a que un testigo pudiera consultar una nota con respecto al número de la máquina, permitirlo así fué no sólo discrecional en la corte, sino humano y ló-gico.

A la denegación de la moción de nonsuit se refiere el quinto señalamiento. Hemos leído la transcripción de la evidencia, y entendemos que la moción de que se trata fué bien denegada.

. Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Márgarita, Gervasio y Pedro González Román, Antonia Rojas González, Angel Fermín, María y José Díaz González, demandantes y apelantes v. Plazuela Sugar Company, Ramona Díaz González, Juan, Nepomuceno y María Rojas González y Ambrosio González Román, demandados y apelantes y Emiliano, Francisco, Eudulio, Altagracia, Pedro José, Josefa y Ramona González Rojas, demandantes-interventores-apelantes.

      No. 5116.

    Sometido: Diciembre 2, 1929.

      Resuelto: Diciembre 10, 1929.

      E. Martínez Aviles y M. A. González, abogados de los demandantes-apelantes; G. Zeno Sama, abogado de los demandados-apelantes; 17. Crespo, Jr., abogado de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la eliminación del alegato de la parte apelante, y la desestimación del recurso.

En verdad la apelante no se ajusta a las reglas 42 y 43 de este tribunal. La relación del caso debe establecerse de una manera concisa y sencilla; lo que no ocurre en este caso.

Aunque pueden argumentarse conjuntamente dos o más señalamientos de error, ban de establecerse, en la argumen-tación, de forma que no se mezclen y confundan a tal ex-tremo que se haga difícil saber qué es lo que se discute.

Todos los señalamientos de error deben discutirse o ar-gumentarse, y no dejar al tribunal el trabajo de investigar a cuál de ellos se refiere cada párrafo, o cada página. Lo que el litigante puede y debe hacer por sí, no ha de dejarse en forma que la corte tenga que hacerlo.

Ello no obsta para que el tribunal ejerza su discreción, como lo ha hecho en otras ocasiones, y dé a la parte una oportunidad para enmendar su error.

Se clecla/ra sin lugar la moción de desestimación; y se conceden a la apelante quince días para que presente su ale-gato enmendado.


author: El Juez Asociado Señob Texidob,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago Vázquez, acusado y apelante.
    No. 3687.

    Sometido: Noviembre 21, 1929.

      Resuelto: Diciembre 10, 1929.

      B. Muñoz Ramos, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

En cansa seguida contra Santiago Vázquez por violación, el jurado del distrito de San Juan trajo un veredicto decla-rando al acusado culpable del delito de violación. La Corte de Distrito de San Juan condenó al referido acusado a la pena de ocho años de presidio con trabajos forzados. Y contra esa sentencia se ña interpuesto el presente recurso.

El apelante Santiago Vázquez señala varios errores. El primero se refiere a la desestimación de la excepción perentoria de no aducir la acusación ñecños suficientes para constituir el delito de violación imputado.

Veamos'el texto de la acusación:

“El Fiscal formula acusación contra Santiago Vázquez, por un delito de violación (felony) cometido de la manera siguiente:
“El referido acusado Santiago Vázquez, allá en o por el día 23 de agosto de 1926, y en Naranjito, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., por medio de la fuerza y contra la vo-luntad de ella y venciendo la resistencia que ésta opuso, tuvo con-tacto carnal con una mujer nombrada Josefa Rivera, que allí y en-tonces no era la esposa del acusado.
‘ ‘ Este becbo es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.’'’

El apelante abora sostiene que en la acusación no se ex-presa que el becbo se cometió por el acusado “voluntaria, maliciosa y criminalmente”. Ni es en realidad necesario usar una fórmula, o un léxico especial, en un caso en que se alega que el acusado por la fuerza y contra la voluntad y re-sistencia de la ofendida, tuvo con ella actos carnales, y que le ofendida no era la esposa del acusado. Los elementos constitutivos del delito están en esa acusación incluidos. A este fin cítase por El Pueblo el caso El Pueblo v. Miranda, 30 D.P.R. 489, cuya doctrina es perfectamente clara.

Como segundo error se asigna el de que la corte estimó probada o corroborada la declaración de la ofendida.

No encontramos en el record la copia de las instrucciones transmitidas al jurado; y no podemos saber si el juez dijo algo con respecto a la corroboración de la declaración de la ofendida. Si en algún caso la corroboración es circunstan-cial, es seguramente en la generalidad de los de violación.

El Pueblo presentó prueba para demostrar que Josefa Rivera con otra mujer y algunos individuos, venía de Na-ranjito bacia Bayamón, en un automóvil de alquiler, en ia noebe del 23 de agosto de 1926; que en la carretera encon-traron dos automóviles que venían en dirección opuesta, y que uno de ellos se atravesó en el camino cerrando el paso; que en este último automóvil venían varios sujetos, entre ellos el acusado Santiago Vázquez; que estos individuos atacaron a los que venían con Josefa Rivera, y riñeron con ellos, y sacaron del automóvil a la Rivera y su compañera, de una manera violenta, y se las llevaron en su carro; que, (por la declaración de la perjudicada) ellos llevaron a las dos mujeres a una pieza de caña, y que realizaron actos car-nales con las mujeres, contra la voluntad de éstas, forzándo-las y amenazándolas; y entre ellos, el Santiago Vázqnez forzó a la Josefa Rivera, y contra la voluntad de ésta realizó acto carnal con ella; qne las mujeres cuando salieron a la carretera se quejaron a algunos de los testigos, de que aque-llos hombres las habían maltratado y violado. Algún tes-tigo dijo que había oído gritos de mujer, que venían del si-tio a que dice la Rivera fué conducida por aquellos hombres, y donde afirma que fué violada por el acusado. Se estable-ció que entre el acusado y la Rivera no existe relación matrimonial.

Claro es que el acto carnal no lo presenció tercera persona; sólo por excepción podría encontrarse algún caso en que se probara la afirmativa. A.quí el jurado tenía que de-cidir por la prueba circunstancial, como lo hizo. Y en cuanto a la corroboración, el hecho de que la perjudicada, al salir al camino, y al encontrar las primeras personas se quejara a ellas de haber sido violada por el acusado y otros, fué suficiente para el jurado. No se ha establecido que Josefa Rivera tuviera comunicación con otras personas antes de encontrar a aquellas a quienes comunicó su desgracia.

En nuestra decisión en el caso El Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16, hemos citado la rendida en el caso El Pueblo v. Calventy, 34 D.PR.. 390, y confirmado la teoría en cuanto a la doctrina de res gestae. No es necesario reproducir aquí el texto. Baste con decir que hemos declarado que no puede haber un límite de tiempo definido y fijo, y que cada caso debe depender de sus propias circunstancias. Nos atene-mos a esas dos decisiones, y a las citas que en ellas se hacen (Hunter v. State, 40 N.J.L. 536, Cox v. State, 64 Ga. 374, 410).

Y en cuanto a la extensión de la corroboración, las deci-siones citadas por el fiscal de este tribunal (El Pueblo v. Jesús, 18 D.P.R. 591, y las otras en su alegato) son norma suficiente. No es precisa la corroboración de todos y cada uno de los detalles, sino la que baste a relacionar al acusado con el delito que se le imputa. T la de este caso es suficiente a tal propósito.

Como un tercer error se asigna el de que la corte permitió que se preguntara al testigo Sierra “quiénes Rabian dicho las mujeres que las habían acometido y violado” y que él contestara que les dijeron que fueron Herrán, G-alán y el acusado.

Si la manifestación de la perjudicada, hecha a Sierra al encontrarle muy poco después de ocurrido el hecho y sin que ella se haya comunicado antes con nadie es parte del res gestae, pudo hacerse la pregunta y admitirse la contes-tación, en la forma que del récord aparece. A este fin se re-cuerda aquí la decisión en el caso El Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16; y con arreglo a la doctrina jurídica de ese caso, no puede sostenerse el señalamiento de error de que trata-mos.

El cuarto señalamiento de error se enuncia así:

“Erró la corte al apreciar suficiente la prueba para condenar al acusado. ’ ’

Se ha hablado antes de la prueba en este caso. A nues-tro juicio ella sería siempre bastante para decidir a cual-quier espíritu libre de prejuicio a condenar al acusado. Y lo fué para decidir la conciencia de los señores jurados a de-clarar al acusado culpable de violación, sin que haya indi-cios de pasión, parcialidad o prejuicio.

Por las razones apuntadas debe confirmarse la sentencia apelada.