author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    Gustavo Muñoz Díaz, demandante y apelante v. Pedro Solá Colón, demandado y apelado.
    No. 6598.

    Sometido: Abril 25, 1935.

      Resuelto: Junio 28, 1935.

      B. Afiles Moréu y Angel de Jesús Matos, abogados del apelante; González Bagundo <& González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de agosto de 1931 Gustavo Muñoz Díaz radicó una demanda en la Corte de Distrito de Humacao contra Pedro Solá Colón sobre nulidad y daños y perjuicios.

Alegó en ella substancialmente que en octubre 20, 1926, constituyó hipoteca sobre tres fincas rústicas de su propie-dad en garantía de trece mil dólares de capital, sus intereses al diez por ciento anual y quinientos dólares para costas y en noviembre 21, 1928, estando vencida la deuda y no ha-biéndose convenido intereses de mora, otorgó nueva hipo-teca sobre las mismas fincas por mil trescientos dólares para garantir un año de intereses que empezaría a contarse en octubre 20, 1928, quedando en tal virtud prorrogada la anterior hasta octubre 20, 1929, habiendo satisfecho total-mente la expresada suma de mil trescientos dólares a su acreedor, el demandado;

Que éste, en enero 4, 1930, presentó en la Corte de Dis-trito de Humacao un escrito iniciando un procedimiento su-mario que fue radicado bajo el No. 14799 para el cobro de la hipoteca alegando el vencimiento y no pago de ésta y pidiendo que el demandante y su esposa fueran requeridos para el pago de $13,000 de principal, $541.66 de intereses y $500 para costas;

Que de acuerdo con lo ordenado por la corte se hizo el requerimiento por el márshal, quedando suspendido el pro-cedimiento ejecutivo a virtud de un auto de certiorari esta-blecido por el demandante ante esta Corte Suprema, re-suelto el cual en contra del demandante, el aquí deman-dado, en junio 30, 1931, presentó en el ejecutivo una moción alegando que habiendo transcurrido el término del requeri-miento sin que la deuda se hubiera satisfecho y expresando que los intereses adeudados hasta junio 20, 1931, ascendían a $443.32, pidió 1a. venta de las fincas hipotecadas a lo que accedió el tribunal celebrándose la subasta en julio 28, 1931, adjudicándose las fincas al acreedor Solá;

Que el procedimiento ejecutivo es nulo porque en su es-crito inicial se reclaman, en la orden de requerimiento se decretó el pago y en la de venta se dispuso ésta para el co-bro de intereses que no debía el deudor ni el acreedor po-día percibir por no estar hipotecariamente garantizados, siendo en su consecuencia nulas también la adjudicación y su inscripción en el registro; y

Que el demandante, a virtud del procedimiento ejecutivo ha sido privado de su título de propiedad a las tres fin-cas y ha sufrido perjuicios que fija en veinte mil dólares.

Solicitó sentencia de conformidad.

Contestó el demandado aceptando algunos hechos y ne-gando otros y alegando como defensa el hecho de existir otros pleitos pendientes entre las mismas partes.

Fué el pleito a juicio. Se practicó la prueba. Y la corte finalmente lo decidió por sentencia en contra del de-mandante que interpuso el presente recurso de apelación.

La sentencia recurrida se basa en una larga relación del caso y opinión. Se estudian en ella los méritos del caso y se concluye que no son suficientes para decretar la nulidad solicitada y en su consecuencia tampoco para la concesión de daños y perjuicios.

Con respecto a la cuestión de pleitos pendientes dice la relación del caso y opinión lo que sigue:

“Se hace innecesario, en vista de la-forma en que la contienda planteada a base de las alegaciones de la demanda ha quedado re-suelta, proceder a considerar las defensas especiales de la contesta-ción. ’ ’

En sn alegato la parte apelante sostiene que la defensa de pleitos pendientes no se alegó de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y que la evidencia admitida en el juicio, con su oposición, para demostrarla, lo fué indebidamente.

Invoca la jurisprudencia que se resume en 49 C. J. 238, así:

“La excepción (plea in abatement) de que existe otra acción pen-diente debe exponer hechos que demuestren que la primera acción tiene el efecto de abatir la segunda; debe demostrar en qué corte está pendiente tal acción, que la corte tiene jurisdicción, que la ac-ción estaba pendiente al iniciarse la segunda y al presentarse la alegación ... y que la corte adquirió jurisdicción del demandado o de los bienes o que en cualquiera otra forma adquirió jurisdicción de la causa. Sin embargo, no es necesario que alegue que la acción no había sido descontinuada antes de presentarse la alegación. Debe demostrarse que la causa de acción y las partes son las mismas, y en caso de que las partes no sean las mismas, debe demostrarse algún nexo jurídico.”

Dos fueron los pleitos que alegó el demandado que se encontraban pendientes. Nos referiremos sólo al primero por considerar improcedente la alegación en cuanto al se-gundo. Dice la alegación en cuanto al primero:

“alega gomo DEFENSA el demaNdado: Que el demandante Gustavo Muñoz Díaz radicó en la Corte de Distrito de Humacao bajo el número 16194 una.demanda contra Pedro Solá Colón el mismo demandado en este caso, solicitando que se decrete la nulidad y se declare sin ningún valor legal en todas sus partes el procedimiento ejecutivo hipotecario tramitado ante esta Corte bajo el número 14799 y nula y sin ningún valor ni efecto legal la escritura de venta judicial otorgada por el Marshal con motivo de la subasta celebrada el 28 de julio de 1931 y que se ordene la cancelación de cualquiera ins-cripción que se hubiera practicado en el Registro de la Propiedad, condenando al demandado a satisfacerle la suma de $20,000.00 por daños y perjuicios, cuya acción se encuentra aún pendiente en esta Corte de Distrito, . ”

De esa alegación resulta que se trata de pleitos entre las mismas partes siendo en uno y en otro demandante Mu-ñoz y demandado Solá, y que en ambos se solicita la nuli-dad del mismo procedimiento ejecutivo hipotecario y se re-claman los mismos daños y perjuicios pero' no se alega que, el pleito invocado como pendiente se iniciara con anterio-ridad a éste én que la defensa se establece. Creemos sin embargo que esa alegación surge de una mera compara-ción de los números de radicación en los libros de la corte de ambos pleitos. El pendiente lleva el No. 16194. Éste el No. 16253. El pendiente es anterior.

Bajo esas circunstancias no creemos que la corte come-tiera error perjudicial al admitir en evidencia los autos del pleito alegado como pendiente, que tenían que ser -conocidos por el demandante.

Sigue sosteniendo el apelante que no se trata del ejerci-cio de las mismas causas de acción.

El pleito No. 16194 se titula sobre Nulidad y Daños y Perjuicios. La demanda se radicó por Gustavo Muñoz Díaz contra Pedro Solá Colón, en la Corte de Distrito de Humacao, el 29 de julio de 1931 y el demandado fué emplazado personalmente por' el márshal en agosto 31, 1931, compare-ciendo el 9 de septiembre de 1931, archivando una moción eliminatoria.

Este pleito No. 16253 se titula sobre Nulidad y Daños y Perjuicios. La demanda se radicó por Gustavo Muñoz Díaz contra Pedro Solá Colón en la Corte de Distrito de Humacao el 31 de agosto de 1931. No consta la fecha del empla-zamiento pero sí la de la primera comparecencia del de-mandado que lo fué para presentar una excepción previa el 9 de septiembre de 1931, que retiró en febrero 19, 1932. Es en febrero 6, 1933, que aparece archivada su “contestación enmendada” contentiva de la defensa aludida.

En ambos pleitos se pide la nulidad del mismo procedi-miento ejecutivo hipotecario y se alegan los daños y per-juicios con las siguientes idénticas palabras:

“Que a virtud de la demanda de ejecución de hipoteca número 14799 de esta Corte, el aquí demandante ha sido privado del título de propiedad a las tres fincas que se describen en esta demanda y ba recibido daños y perjuicios que razonablemente estima que valen la suma de $20,000.00.”

En el pleito No. 16194 la nulidad se pide por los motivos que siguen:

“(A) Allá para julio 26 de 1930, el aquí demandante y el de-mandado Pedro Solá Colón, celebraron un convenio de transacción dando por terminado el procedimiento de ejecución hipotecaria que dicho Pedro Solá Colón seguía bajo el número 14799 de esta corte y a virtud de tal convenio el aquí demandante se obligó a satisfacer al aquí demandado Pedro Solá Colón todos los intereses reclamados en la demanda y además los que estaban vencidos hasta la fecha del convenio poniendo al día el pago de dichos intereses así como tam-bién todas las costas incurridas por Pedro Solá Colón, en la trami-tación de dicho procedimiento ejecutivo hipotecario, fijadas por dicho Pedro Solá Colón en la suma de $156.00.
“(B) En la hipótesis de que el procedimiento ejecutivo hipote-cario no hubiera terminado a virtud del convenio antes expuesto, el cobro y recibo de los intereses y costas por parte del acreedor des-pués de iniciado dicho procedimiento, de hecho y de derecho, lo die-ron por terminado e impedían su continuación.
“(C) Los bienes hipotecados que se describen en esta- demanda fueron vendidos en pública subasta para satisfacer la suma de $13,000.00 de principal, $433.32 de intereses vencidos hasta el 20 de junio de 1931, más $500.00 para costas y honorarios de. abogado y alega el aquí demandante que en el escrito inicial radicado en el caso número 14799, se cobra por concepto de intereses una cantidad dis-tinta y mayor a la consignada en la orden de remate de los bienes. Alega el demandante que nunca ha sido requerido de pago para sa-tisfacer la suma total por la cual se llevó a remate los bienes «hipote-cados y sí fué requerido para pagar la cantidad de $14,041.66 que representa una suma mayor y alega que en tal virtud se ha violado el procedimiento de la ley hipotecaria que ha de seguirse en los ca-sos de ejecución sumaria de hipoteca, privando al demandado así como también a los acreedores posteriores cuyos domicilios constan en la certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Caguas, del derecho que asiste tanto al deudor como a los acreedores posteriores de efectuar el pago de las sumas verdaderamente debidas por el deudor dentro del improrrogable plazo de 30 días, que concede la ley hipotecaria a tal efecto.
“(D) Según se expone bajo el inciso A precedente y conforme al convenio mencionado, el aquí demandante líabía satisfecho al aquí demandado con anterioridad a la fecha en que se decretó la venta en pública subasta de los bienes, y la fecha en que fueron remata-dos, todas las costas originadas con motivo del caso civil número 14799, que el propio acreedor Pedro Solá Colón tasó y fijó en la suma de $156.00, cantidad que satisfizo el deudor Gustavo Muñoz Díaz y recibió el-acreedor en noviembre 8 de 1930 y a virtud de tal pago el demandado quedó obligado a no cobrar dichas costas e impedido de hacerlo y al reclamarlas nuevamente en junio 30 de 1931, ale-gando falsamente que se le debían, y presentando ante la Corte un memorándum de costas por la cantidad total de $500.00 cobró una suma que había sido ya satisfecha por el deudor, y alega el deman-dante que en la hipótesis inadmisible de que debiera cantidad al-guna por concepto de costas y de que tales costas fueran exigibles en el caso civil número 14799, no aparece de los autos que el aquí demandado acreditara al demandante la suma de $156.00 recibida, por tal concepto.”

Y en el 16253, por los que siguen:

“ (A) Porque en el escrito inicial el acreedor Pedro Solá Colón al fijar las sumas específicas que pretende recobrar del deudor a vir-tud de su demanda, reclama a éste una cantidad de intereses ven-cidos hasta el 20 de diciembre de 1929, así como los intereses que más adelante se vencieren, hasta su completo pago, a razón del ID por ciento anual, cantidad que el deudor en concepto de dichos in-tereses, no debía al acreedor ni podía éste reclamarlos en el procedi-miento hipotecario de ejecución de hipoteca, por no aparecer de los documentos que se acompañaron al escrito inicial que dichos intereses estuvieran garantizados hipotecariamente.
“ (B) Que la orden de requerimiento de pago dictada por esta Corte y el diligenciamiento evacuado por el Márshal requiriendo al aquí demandante para que pagase a Pedro Solá Colón la suma de $14,041.66 son nulos por la razón de que dicha orden de requeri-miento de pago que siguió a lo consignado en el escrito inicial, dis-pone que se requiera al deudor para que pague intereses que no debe y que no estaban hipotecariamente garantizados y el mársha] en tal virtud requirió al deudor para que pagase una suma por concepto de intereses que no debía.
“(C) Porque la orden de remate o venta de bienes dictada por esta Corte en 30 de junio de 1931 es nula e ineficaz porque se dis-pone en ella que los bienes hipotecados sean vendidos para satisfacer al acreedor la suma de $438.32 por concepto de intereses vencidos y los que vencieren al tipo del 10 por ciento anual que el deudor no debía al acreedor ni podía éste recobrar de dicho deudor por no estar hipotecariamente garantizados.”

Aparte de que lo que se requiere para que pueda ale-garse la excepción o defensa de acción pendiente es que sea la misma la causa de acción que se ejercite que es aquí la de nuli-dad y no los motivos que se tengan para ejercitarla (González v. Méndez et al., 15 D.P.R. 701, Iglesia Católica v. Municipio de Bayamón, 27 D.P.R. 865, 867), encontramos que los mo-tivos alegados en este pleito para pedir la nulidad se ale-garon con otros más en el pleito pendiente. Cualquier deficiencia que pudiera advertirse sería susceptible de corre-girse mediante enmienda.

Siendo ése el resultado de las alegaciones y la prueba, la corte debió declarar la defensa con lugar, de acuerdo con la jurisprudencia de esta propia Corte Suprema sentada en el caso de United P. R. Bank v. Nieves Vda. de González, 45 D.P.R. 77, como sigue:

"Otro motivo de la apelación es porque no fué sostenida por la corte inferior la alegación de existir un pleito pendiente entre las mismas partes y por la misma- causa, que fué alegada como defensa en la contestación de Yela a la moción de cancelación.
“El artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que el demandado podrá presentar excepciones previas a la demanda cuando resultare del contenido de aquélla alguno de los extremos que enumera; siendo el del número tercero cuando existe otra acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa; y el artículo 108 del mismo código dice que cuando ninguno de los extremos enu-merados en el artículo 105, constare en la demanda la impugnación podrá hacerse en la contestación.
“Es regla general bien establecida en California, que tiene un código procesal civil igual al nuestro, que la pendencia de una ac-ción anterior basada en la misma causa de acción entre las mismas partes y en la misma jurisdicción es fundamento para impedir la se-gunda acción; basada en parte en la suposición de que el primer pleito es efectivo y proporciona cumplido remedio a la parte por lo que el segundo pleito es innecesario; y en parte, en el principio de que la ley aborrece una multiplicidad de pleitos, aunque esa regla general tiene algunas excepciones, como en el caso de una petición de mandamus o cuando la demanda en el primer pleito es tan de-fectuosa que un fallo favorable a ella sería nulo. 1 California Jurisprudence, pág. 23; Banco Territorial y Agrícola v. Arvelo, 7 D.P.R. 566.
“La moción que la Oriente Corporation presentó en el ejecutivo hipotecario después de haber sido vendidas en subasta y de ser ad-judicadas las Aneas hipotecadas por María Nieves, y cuyo objeto es que se ordene la cancelación de las inscripciones hechas en el regis-tro de la propiedad a favor de Jacinto A. Palacios y de Francisco Vela, equivale a una demanda con tal fin a la que, consiguientemente, podía oponerse la excepción previa de pleito pendiente.
“Aunque el procedimiento ejecutivo hipotecario comenzó antes que el pleito que estableció luego Oriente Corporation, sin embargo, cuando ella presentó la moción a que venimos refiriéndonos su pleito sobre nulidad de subastas y cancelación de inscripciones ya estaba en tramitación y pendiente por lo que existía un pleito anterior, y sólo nos resta resolver si el pleito pendiente y la moción posterior en el ejecutivo tienen la misma causa de acción, ya que no hay duda de que la Oriente Corporation, Jacinto A. Palacios y Francisco Vela son partes en los dos asuntos.
“Piemos dicho al principio que el pleito establecido por la Oriente Corporation tiene por objeto que se anulen las subastas en que fue-ron adjudicadas las fincas a Jacinto A. Palacios y a Francisco Vela y que se declaren nulas las inscripciones hechas en el registro; y la moción presentada por la misma Oriente Corporation en el eje-cutivo hipotecario también tiene por objeto que se cancelen las ins-cripciones hechas en el registro de la propiedad a favor de dichas dos personas por lo que hay que llegar a la conclusión de que ambos asuntos versan sobre la misma causa de acción y de que el primer pleito proporciona remedio cumplido a las partes. Por consiguiente, la excepción previa de pleito pendiente debió prosperar y por no haberla sostenido la corte inferior cometió el error alegado.”

Y no se diga que el primer pleito había sido abandonado. Fue radicado, y emplazado el demandado presentó como dijimos una moción eliminatoria que no se había resuelto a la fecha en que la sentencia en este caso fué dictada. Estaba, pues, vivo en los libros de la corte y pendiente de acuerdo con el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Civil preceptivo de que: “Un pleito se considera pendiente desde que principia hasta su resolución final en- apelación, o hasta que haya expirado el tiempo para interponer el re-curso de apelación a menos que se haya cumplido el fallo con anterioridad.” Y con el 38 que dispone que se da prin-cipio a una acción cuando' se presenta la demanda.

Por tal motivo, esto es, por existir otra acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa, procede la con-firmación de la sentencia recurrida, declarándose sin lugar en tal virtud la apelación.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Gustavo Muñoz Díaz, demandante y apelante, v. Pedro Solá Colón, demandado y apelado.
    No. 6666.

    Sometido: Mayo 10, 1935.

      Resuelto: Junio 28, 1935.

      B. Atiles Moréu y Angel de Jesús Matos, abogados del apelante; González Fagundo & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fue iniciado por demanda presentada por Gustavo Muñoz Díaz en la Corte de Distrito de Hnmacao contra Pedro Solá Colón en solicitad de qae se declarara nalo cierto procedimiento ejecutivo hipotecario segaido por el segando contra el primero.

Se alegó sabstaneialmente en la demanda qae dueño Solá de ana hipoteca constituida sobre tres fincas de Muñoz, ba-sándose en qae la hipoteca estaba vencida y se debía por intereses la sama de $541.66, inició un procedimiento ejecu-tivo en el qae se requirió al deudor para el pago del principal, dichos intereses y $500 para costas. El deudor se dirigió a esta Corte Suprema por medio de un certiorari y el procedimiento ejecutivo quedó suspendido hasta junio 30, 1931, en que resuelto el certiorari en contra del deudor el acreedor lo puso en conocimiento de la corte de distrito y le pidió que habiendo transcurrido los treinta días del re-querimiento sin haberse satisfecho las sumas reclamadas y alegando además que los intereses debidos hasta el 20 de junio, 1931, ascendían a $433.32, ordenara la venta de las fincas hipotecadas, habiéndolo decretado así la corte y ce-lebrádose la subasta el 28 de julio próximo con adjudica-ción de las fincas hipotecadas al acreedor.

Y se siguió alegando substancialmente que el procedi-miento hipotecario era nulo porque demandante y deman-dado, allá para julio 26, 1930, celebraron una transacción dándolo por terminado, obligándose Muñoz a satisfacer a Solá los intereses reclamados y los que estaban vencidos hasta la fecha del convenio y las costas del ejecutivo que se fijaron por Solá en $156; que en la hipótesis de que el eje-cutivo no hubiera quedado terminado a virtud de la tran-sacción, el cobro y recibo de los intereses y costas por el acreedor después de iniciado, lo dieron por terminado de hecho y de derecho; que los bienes fueron vendidos para satisfacer $13,000 de capital, $433.32 de intereses vencidos hasta junio 20, 1931, y $500 para costas cuando en el es-crito inicial se cobró un cantidad mayor distinta que la con-signada en la orden de remate, no habiendo sido el deudor jamás requerido para el pago de la suma total por la cual se llevó a efecto el remate, habiéndose en tal virtud violado el procedimiento prescrito por la Ley Hipotecaria privando del derecho de pagar' dentro del término que asiste no sólo al deudor si que a los acredores posteriores del mismo cu-yos domicilios constaban de la certificación expedida por el registrador; que no obstante haber cobrado el acreedor las costas fijadas por él mismo en $156, las reclamó de nuevo en el ejecutivo alegando falsamente que se le debían, y que los daños y perjuicios sufridos por el demandante ascienden a veinte mil dólares.

Se solicita sentencia declarando nulo el procedimiento ejecutivo hipotecario de que se trata, y nulas la escritura de venta judicial otorgada por el márshal a favor del de-mandado y su inscripción en el registro y condenando al demandado a pagar al demandante veinte mil dólares y las costas.

Emplazado el demandado archivó el 9 de septiembre de 1931 una moción eliminatoria y el 18 de noviembre de 1933 pidió que el pleito se incluyera en el calendario. Incluido y llamada la moción para vista el 27 de noviembre, sólo com-pareció el demandado por su abogado que dijo que no in-sistía en la misma y presentaría una excepción de falta de hechos.

La presentó en efecto, viéndose el 4 de diciembre si-guiente con • asistencia e informes de los abogados de ambas partes. La corte se reservó su resolución. En diciembre 9 el demandante presentó un alegato escrito en contra de la moción. Ésta fué declarada con lugar cinco días después. La resolución de la corte está fundada. Dice:

“Aún cuando no han sido separadas, se ejercitan en la demanda que inicia este caso dos causas de acción: la primera sobre nulidad de ejecución hipotecaria; la segunda sobre daños y perjuicios oca-sionados con motivo de dicha ejecución. Se ha interpuesto contra la demanda una excepción previa imputándole el defecto de no aducir hechos suficientes para determinar causa de acción. El fundamento de dicha excepción es la falta de alegaciones en dicha-demanda al efecto de que el demandante ofrecía al demandado el pago de la suma adeudádale por el contrato de hipoteca que dió motivo al pro-cedimiento ejecutivo impugnado.
“En el caso de Isaach v. del Toro, que era uno sobre daños y perjuicios exclusivamente, reclamados con motivo de la nulidad de cierta ejecución de hipoteca, se dijo así por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“ ‘'Claramente que los artículos citados se refieren a contratos anulables más a que ventas judiciales nulas, y no exigen al deudor que pague la cantidad debida según la hipoteca como condición pre-via a una sentencia que declara la nulidad absoluta del procedimiento ejecutivo por falta de jurisdicción.’ Isaach v. del Toro, 33 D.P.R. 1004.
“Posteriormente, en el caso de Carmen Gutiérrez vda. de Crosas contra María Longpré, et al., sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario, fallado por el mismo tribunal el 16 de marzo de 1933, se resolvió parecida cuestión legal, diciéndose así por dicha Corte:
“ ‘Otro de los fundamentos de la excepción fué que la demanda dejaba de ofrecer la suma adeudada bajo la escritura de hipoteca y que esta falta hacía la acción fatalmente defectuosa. Tenemos cier-tas simpatías en favor de la posición de las apelantes y quizás ellas estén enteramente en lo cierto al sostener que una demanda que trata de recobrar daños y perjuicios de los acreedores con motivo de una venta nula debe ofrecer el importe de la deuda hipotecaria o algo similar. Una demanda que no contenga tal alegación es deficiente y debe declararse con lugar una excepción a la misma,.’ (Subrayado nuestro.)
“Como se ve, la doctrina establecida por este último caso es apli-cable a ‘una demanda que trata de recobrar daños y perjuicios de los acreedores’, y parece envolver una variación de la doctrina sentada en el caso de Isaach v. del Toro antes citado.
“Personalmente el Juez que firma esta resolución opina que armoniza más con la verdadera naturaleza del procedimiento la doc-trina del expresado caso de Isaach v. del Toro; pero, respetuoso de toda decisión suprema, y entendiendo que, por ser posterior la opi-nión emitida en el caso de Gutiérrez v. Longpré, debe ésta regir sobre la primera, resuelve, al efecto, en lo que se refiere a la causa de acción sobre daños y perjuicios ejercitada en este caso, declarar con lugar la excepción previa formulada por el demandado, conce-diéndose al demandante diez días para enmendar su demanda.”

En diciembre 31, 1933, el demandante manifestó a la corte que se abstenía de enmendar sn demanda y le pidió qne dic-tara sentencia que quedó en efecto registrada en enero 5, 1934, siendo contra ella que se interpuso el presente recurso de apelación.

Todo en este caso gira sobre el alcance que tiene o debe darse a la decisión de esta corte en Gutiérrez viuda de Crosas v. Longpré, 44 D.P.R. 667.

En dicho caso dijo esta Corte:

“Otro de los fundamentos de la excepción fué que la demanda dejaba de ofrecer la suma adeudada bajo la escritura de hipoteca y que esta falta hacía la acción fatalmente defectuosa. Tenemos cier-tas simpatías en favor de la posición de las apelantes y quizá ellas estén enteramente en lo cierto al sostener que una demanda que trata de recobrar daños y perjuicios de los acreedores con motivo de una venta nula debe ofrecer el importe de la deuda hipotecaria o algo similar. Una demanda que no contenga tal alegación es deficiente y debe declararse con lugar una excepción a la misma. La única duda que tenemos sobre este caso específico es si esa defensa no fué abandonada. Durante el juicio la corte consideró la cuantía de los daños y perjuicios y dictó sentencia por la diferencia existente entre el valor de la propiedad y el supuesto importe de la deuda con in-tereses. En su consecuencia, puede surgir la cuestión de si la de-manda no podía considerarse como enmendada, de conformidad con nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Sucn. Valdés, 31 D.P.R. 223; La Sucn. de Francisco María Franceschi v. José Pilar González, opinión de la Corte de Circuito de Apelaciones de diciembre 29, 1932 (62 F. (2d.) 748).”

Basta lo consignado en el párrafo mismo para concluir que no fué el dejar de ofrecer la demandante en la demanda la suma adeudada lo que llevó a esta corte a revocar la sen-tencia recurrida y a declarar la demanda sin lugar. Y si ello no bastara por sí solo, una lectura de la totalidad de la opinión impondría la conclusión.

Parece que en la última parte del párrafo transcrito se fué más lejos que lo que el verdadero pensamiento de la corte demandaba, pensamiento que se expresó en los siguien-tes términos: “Tenemos ciertas simpatías en favor de las apelantes y quizá ellas estén enteramente en lo cierto al sostener que una demanda que trata de recobrar daños y perjuicios de los acreedores con motivo de una venta nula debe ofrecer el importe de la deuda hipotecaria o algo similar. ’ ’

Esa simpatía surge generalmente en el ánimo de ios jueces ante la verdad de los hechos en ciertos pleitos, a saber, en aquéllos en que lo cobrado es lo que en realidad se debía, en que ninguna ventaja fué conscientemente tomada y en que por cualquier error técnico se pide la anulación de procedimientos substancialmente justosj y hay que reconocer que induce a veces a establecer reglas que luego no están justificadas en casos en que no concurran iguales circuns-tancias.

En el caso de Isaach v. del Toro, 33 D.P.R. 1000, 1004, esta corte dijo:

"La teoría del segundo señalamiento es según parece que el demandante estaba obligado a hacer cierta especie de ofrecimiento de acuerdo con los artículos 1271, 1274 y 1275 del Código Civil, pero sin ninguna indicación definitiva en cuanto a la naturaleza exacta de la omisión en cuestión. Claramente que los artículos citados se refieren a contratos anulables más que a ventas judiciales nulas y no exigen al deudor que pague la cantidad debida según la hipoteca como condición previa a una sentencia que declara la nulidad abso-luta del procedimiento ejecutivo por falta de jurisdicción.”

Nada encontramos en la Ley Hipotecaria ni en su regla-mento que exija que en la demanda iniciando el pleito sobre nulidad del procedimiento ejecutivo se ofrezca devolver el importe de lo adeudado por el demandante a virtud de la hipoteca, ni menos a que sea necesario consignar previamente el importe de la deuda para tener derecho a iniciar el pleito de nulidad.

Lo pertinente del artículo 175 del reglamento dice:

“Tocias las demás reclamaciones que puedan formular, así el deu-■dor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo. La competence para conocer de este juicio declarativo se determinará por las reglas ordinarias.
“Al tiempo de interponer la demanda, según el párrafo prece-dente, o durante el curso del pleito, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia, con retención del todo o una parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al ejecutante. El Juez decretará esta retención en vista de los docu-mentos que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si el ejecutante afianza a satisfacción del Juez la cantidad que estuviese mandada retener a las resultas del juicio declarativo, se alzará la retención. Si el que solicitare esta medida no tuviere solvencia notoria y suficiente, el Juez deberá exigirle previa y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarci-miento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan ocasio-narse al acreedor.”

Exigir el previo pago o consignación de la suma garanti-zada con la hipoteca, sería en la mayor parte de los casos hacer imposible la reclamación del derecho que al deudor reconoce la propia legislación hipotecaria y exigir el ofreci-miento de dicho pago si la nulidad se decreta parece su~ perfluo en un caso como éste en que la' finca hipotecada está en poder del acreedor, porque decretada la nulidad del pro-cedimiento ejecutivo vuelven las cosas al ser y estado que antes tenían, quedando subsistente la hipoteca y por tanto garantizada la deuda.

La práctica seguida ha sido que solicitada la nulidad del procedimiento, contrademande el demandado para el caso de que sea decretada dicha nulidad, reclamando el importe de la hipoteca con sus intereses, y contribuciones que haya pagado, etc., quedando así debidamente armonizados todos los derechos envueltos. Como ilustración véanse los casos de Pontón v. Sucesores de Huertas Gonzáles, 42 D.P.R. 529 y 46 D.P.R. 789, y Román Benitez v. Rivera, 43 D.P.R. 535.

En tal virtud y alegando la demanda hechos que de admi-tirse o probarse podrían producir la nulidad del procedi-miento ejecutivo hipotecario que se solicita, debe revocarse la sentencia recurrida y dictarse otra declarando la excep-ción previa sm lugar, devolviéndose el pleito para que continúe tramitándose de acuerdo con la ley, todo sin especial condenación de costas.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Juan Canals, acusado y apelado.
    No. 5630.

    Sometido: Mayo 8, 1935.

      Resuelto: Julio 1, 1935.

      B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de Iil Pueblo, apelante; E. Pérez Gasálduc, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El día 8 de mayo último se llamó esta apelación para la vista de una moción de desestimación presentada en abril 26, 1935, y para la del caso en su fondo que babía sido seña-lada desde abril 17, 1935. Ambas partes comparecieron e informaron oralmente por medio de sus respectivos abogados.

Sostiene el acusado en su moción de desestimación que la apelación no procede porque la orden recurrida no es apelable ya que por ella no se desestima la acusación.

Archivada ésta fue exeepcionada por el acusado porque los hechos en ella alegados no eran constitutivos de delito, porque se imputaba en ella más de un delito y porque no se ajustaba a los artículos 71 y 75 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Resolviendo las excepciones la corte de distrito decidió que en el párrafo primero de la acusación se imputaba un delito de abuso de confianza; que en el segundo no se impu-taba tal delito, pudiendo quizá constituir los hechos imputados una infracción a la sección 17 de la Ley No. 18 de 1923 ((2) pág. 83) reglamentando los Bancos y las operaciones ban-carias en Puerto Rico, siendo en todo caso la acusación defec-tuosa por imputar más de un delito. Concedió al fiscal cinco días “para presentar una nueva acusación enmendada que no sea incompatible con los méritos de esta resolución.”

¿Qué alcance tiene esa resolución? Habiendo el fiscal optado por no enmendar, sosteniendo su acusación en la forma en qne la presentara, tiene el alcance de una sentencia definitiva de acnerdo con el artícnlo 157 del Código de En-juiciamiento Criminal qne dispone qne: “Si se admitiere la excepción, esto constituirá sentencia definitiva respecto a la acusación impugnada . . .”, teniendo en su consecuencia El Pueblo el derecho de apelar según los términos expresos del artículo 348 del propio Código, a saber: “Una apelación puede ser interpuesta por El Pueblo ... 2. De una sentencia a favor del acusado en virtud de excepción perentoria puesta a la acusación ...”

A virtud de la disposición terminante del artículo 157 citado, no es necesario en el procedimiento criminal como en el civil el registro formal de la sentencia.

Examinando la jurisprudencia hemos encontrado el caso de People v. Lee, 107 Cal. 477, 40 Pac. 754, que sostiene a nuestro juicio la conclusión a que acabamos de llegar basándonos en los hechos y la ley. En dicho caso la Corte Suprema de California interpretando un estatuto igual al nuestro, dijo y resolvió lo que sigue:

“Se trata de una apelación entablada por El Pueblo contra una resolución declarando con lugar una excepción previa a la acusación y ordenando que se sometiera la causa a otro Gran Jurado. El ape-lado solicita la desestimación del recurso y es ésta la primera cues-tión que debemos considerar. El apelado sostiene que habiendo la corte ordenado que la causa fuese sometida a otro Gran Jurado, en la creencia de que el defecto hallado en la acusación era subsanable (Código Penal, artículo 1008) el derecho de El Pueblo a apelar no existe. La autoridad en que se basa es el caso de El Pueblo v. Wooster, 16 Cal. 435. Pero este caso es enteramente distinto al presente, según se verá claramente al hacerse constar que en el primero el fiscal no anotó excepción alguna a la resolución de la corte que declaró con lugar la excepción, mientras que en el presente lo hizo. Código Penal, artículo 1172. En el caso de Wooster el fiscal solicitó y ob-tuvo de la corte una resolución sometiendo la causa a otro Gran Ju-rado; en el presente no solicitó tal orden, y excepcionó la dictada por la corte moiu proprio. En el caso de El Pueblo v. Wooster la corte dijo: ‘El haberse dejado de excepcional’ y el dictarse la orden debe ser considerado como un allanamiento a la sentencia y como una renuncia al derecho de apelación.’ Las circunstancias arriba enun-ciadas indican claramente la ausencia de una renuncia y la inapli-cabilidad de esa decisión. Mas aparte de todo esto, resolvemos que el derecho de El Pueblo a apelar no puede perderse mediante una orden de la corte, hecha motu proprio, decretando la sumisión de la causa a otro Gran Jurado. El derecho de apelación está garantizado al Pueblo por el artículo 1238 del Código Penal, y es un derecho im-portante. Cuando el fiscal de distrito admite que existe un defecto en su apelación, él puede aprovecharse de la oportunidad ofrecida por la resolución disponiendo que la causa sea sometida a un nuevo Gran Jurado, y negarse a apelar. Pero en aquellos casos en que él está satisfecho con la forma de la acusación, o cuando los hechos no permiten que se redacte una acusación distinta, él tiene derecho, en representación de El Pueblo, en insistir en su suficiencia y hacer que el asunto sea resuelto por la corte de apelaciones. Si a virtud de su resolución decretando que la causa sea sometida nuevamente, la corte, sentenciadora podía privarle de este derecho, el resultado sería que se le obligaría a acudir a la corte con la misma acusación, la que una vez más sería archivada y ello tendría por resultado que al acusado nunca se le sometería a juicio, y al Pueblo, teniendo derecho a ape-lar, nunca se le permitiría que esta corte considerara una alegación que a su juicio era legalmente suficiente. Por tanto, debe declararse sin lugar la moción para desestimar.”

La moción de desestimación debe, pues, declararse sin lugar. Procederemos al estudio del recurso en sus méritos.

La acusación de que se trata, dice:

“El fiscal formula acusación contra Juan Canals, por el delito de Abuso de Confianza (felony) cometido de la manera siguiente:
“El referido acusado, Juan Canals, durante el período compren-dido entre el 19 de enero y el 22 de diciembre del año 1931, y en Arecibo, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, mientras ocupaba el cargo de Director-Cajero de la Sucursal de Areeibo del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico — que es una corporación b ancaria organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, con su oficina central en San Juan, P. R. — y siendo, como tal Director-Cajero, administrador de dicha sucursal y depositario y en-cargado de todos los caudales, valores, documentos, libros de conta-bilidad y dinero en efectivo pertenecientes a la misma, confiados a su custodia, ilegal, voluntaria, maliciosa y fraudulentamente, sin el conocimiento ni consentimiento de su oficina central, distrajo y empleó en su propia utilidad y beneficio y para fines ajenos al debido y legítimo cumplimiento de su encargo como tal Director-Cajero, la suma de $1,184.57, que retiró de los fondos bajo su custodia y se apropió, haciendo aparecer, por medio de simulaciones y asientos falsos en el libro de contabilidad de la Sección de Ahorros de la sucursal a su cargo, que dicha suma había sido retirada con fecha mayo 4 de 1931, de su cuenta de ahorros (Libreta No. 2313) por Pablo López, lo cual no era cierto e hizo el acusado sin el conocimiento ni consenti-miento del mencionado Pablo López, a quien tuvo el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico que acreditar nuevamente la referida suma de $1,184.57 en su cuenta de ahorros con fecha 8 de febrero de 1932.
“Alega también el fiscal que el aquí acusado, Juan Canals, ac-tuando en todo momento en su carácter de Director-Cajero de la Sucursal de Arecibo del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, allá para los 'meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1931, ilegal, voluntaria, maliciosa y fraudulentamente, abusando de las facultades concedídasle y de la confianza en él depositada por su superior, el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico — de cuya oficina central tenía el acusado, Juan Canals, como Director-Cajero de la Sucursal de Arecibo, orden expresa y terminante de no auto-rizar sobregiros en cuentas corrientes sino ‘sólo por cantidades limi-tadas y muy ocasionales, debiendo ser cubiertos por los sobregirado-res dentro del menor espacio de tiempo posible,’ y de rendir a dicha oficina central, diariamente, un informe detallado de todos los sobre-giros en cuenta corriente en la sucursal a su cargo y la cuantía de cada uno de el1 os — distrajo y empleó para fines ajenos al debido y legítimo cumplimiento de su encargo como tal Director-Cajero la suma de $8,282.83, de los fondos confiados a su custodia, lo que hizo el acusado al autorizar y permitir el pago de cheques librados contra la cuenta corriente de J. B. Rodríguez, de Isabela, P. R., con la Sucursal de Arecibo del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, sin tener dicha cuenta fondo alguno, lo que ocasionó un sobregiro (autorizado por el Director-Cajero, Juan Canals, aquí acusado) por la mencionada suma de $8,282.83 en la antes referida cuenta corriente de J. B. Rodríguez, de Isabela, P. R., cuyo sobregiro ocultó en todo momento el acusado de los investigadores del banco y no incluyó nunca en. sus informes diarios de sobregiros en cuenta corriente a su oficina central, según la orden que tenía al efecto, que arriba se menciona.
“Alega, además, el fiscal que la suma de $9,467.40, importe de la suma de $1,184.57 a que se refiere la primera parte de esta acu-sación y de la de $8,282.83 a que se refiere la otra parte, o sea el párrafo anterior, fué reembolsada al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, por giro a favor de diebo banco librado con fecha agosto 25, 1932 bajo el No. 2182 y que fué cobrado por dicho banco en sep-tiembre 7, 1932, por The Fidelity & Deposit Company of Maryland —corporación organizada de acuerdo con las leyes de] estado de Maryland, E.U.A., debidamente registrada y autorizada en Puerto Rico para hacer negocios de seguros, y la que, mediante póliza No. 3029 (Bond No. 2434227) a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, suscrita el 15 de noviembre de 1930, se había constituido fiadora del acusado en este caso, Juan Canals obligándose a pagar a dicha corporación bancaria, como patrono, hasta la suma de $15,000.00 como indemnización por concepto de ‘such pecuniary loss as the Employer shall sustain of money or other personal property (including that for which the Employer is responsible) through the Fraud, Dishonesty, Forgery, Theft, Embezzlement, Wrongful Abstraction, Misapplication or Misappropriation or any other Dishonest or Criminal Act or Omission’ en que incurriera el acusado, Juan Canals, en el desempeño de su antes mencionado cargo de Director-Cajero de la Sucursal de Areeibo, quedando en esta forma defraudada la mencio-nada corporación, The Fidelity & Deposit Company of Maryland (cuyo agente legal y autorizado en Puerto Rico es el Sr. Herman L. Cochran, con oficina en San Juan, P. R.) en la antes mencionada suma de $9,467.40, a consecuencia de los actos ilegales y fraudulentos realizados por el acusado, Juan Canals.”

El párrafo primero imputa claramente al acusado la comisión de un delito de abuso de confianza. Sobre ello no hay cuestión. ¿Lo imputa el segundo? Veámoslo.

El título XVII de nuestro Código Penal trata de los “Delitos contra la Propiedad.” Su capítulo IV está desti-nado al “Abuso de Confianza” que comienza definiéndolo en el artículo 445 como “la fraudulenta sustracción o malver-sación de bienes por una persona a quien habían sido con-fiados.” “Fraudulent appropriation” dice el original inglés.

Seguidamente el artículo 446 expresa que “todo funcio-nario de Puerto Rico ... o cualquier funcionario, director, depositario, secretario, escribiente, sirviente, apoderado, o agente de alguna asociación, compañía o corporación pública o privada, que fraudulentamente distrajere o empleare cua-lesquiera caudales confiados a su custodia para fines distin-tos de los correspondientes a su debida y legítima adminis-tración, . . . será culpable de abuso de confianza.” “Appropriate to any use or purpose not in the due and lawful execution of Ms trust,” dice el original inglés.

Continúan los artículos 447 a 450 estableciendo las otras formas en que puede cometerse el delito y los 451 al 455-fijando reglas relativas al mismo.

En el caso de El Pueblo v. Calderón, 18 D.P.R. 584, 587, dijo esta corte:

“Para que se entienda perpetrado el delito de abuso de confianza, se necesita comprobar la existencia de los siguientes elementos: 1. Una propiedad determinada, materia del delito; 2. Que tal propiedad se confió a otra persona en alguna de las formas especificadas en los artículos 446 al 450 del Códig'o Penal, y 3. Que esa otra persona se apropió de ella fraudulentamente.”

Sobre la concurrencia de los dos primeros elementos no liay cuestión; es sobre el tercero, o sea sobre si hubo o no apropiación por parte del acusado de los fondos del banco confiados a su custodia, que la cuestión se levanta.

Eesumiendo la jurisprudencia dice Corpus Juris:

“Para que una apropiación constituya el delito de abuso de con-fianza, el dueño de la cosa debe ser privado de su propiedad o dinero mediante una tenencia o uso adversos; . . . Los medios utilizados para la fraudulenta apropiación carecen de importancia. Ésta puede tener lugar mediante el ejercicio del derecho de propiedad en pugna con los derechos del dueño y con la naturaleza y fines de la enco-mienda. Para que haya una apropiación de dinero o bienes que constituya un caso de abuso de confianza, no es necesario que el acu-sado se apropie de los bienes en beneficio propio, sino que será igual-mente culpable si se apropia fraudulentamente de los bienes en be-neficio de un tercero.” 20 C. J. 426, 427.

Como puede verse, dadas las circunstancias que pone de manifiesto la acusación, aunque hay que reconocer que se trata de un caso extremo, podría sostenerse quizá que el acto que se imputa al acusado' ál disponer del dinero del Banco confiado a su custodia en la forma en que lo hizo, constituye' una apropiación del mismo dentro- del espíritu del artículo 446 del Código Penal. Pero no tendremos que decidir de modo definitivo este punto porque el Pueblo apelante sostiene qne la acusación se basa en la sección 17 de la Ley No. 18 de 1923 reglamentando los bancos y las operaciones bancarias en Puerto Pico, que lee como sigue:

“Sección 17. — Todo presidente, director, oficial, cajero, oficinista, empleado o agente de un banco o banco extranjero que cometiere abuso de confianza, sustrajere o intencionalmente hiciere indebida aplicación de dinero, fondos o créditos del banco o existentes en el mismo; o que, sin estar debidamente autorizado, emitiere o expidiere algún certificado de depósito, librase alguna orden o letra de cambio, hiciere alguna aceptación, traspasare algún pagaré, bono, giro, letra de cambio, hipoteca, sentencia o decreto; o que hiciere alguna en-trada falsa en cualquier libro, informe o estado del banco o banco extranjero, con la intención, en cualquiera de esos casos, de perju-dicar o defraudar al banco, o a cualquiera otra compañía, persona o corporación jurídica, o a cualquier persona individual, o de en-gañar a cualquier oficial del banco, o a cualquier agente nombrado para examinar los asuntos de cualquier banco o banco extranjero; y toda persona que con análoga intención ayude o permita a cualquier oficial, agente o empleado a cometer cualquiera infracción de esta sección será considerada culpable de delito grave (felony) y será reducida a prisión por no menos de uno ni más de diez años. ’ ’ Código de Comercio, ed. 1932, p. 406.

Ésa es en verdad la ley vigente, y, por tanto, a su luz debe estudiarse y resolverse la cuestión planteada.

En el caso de Cliff v. People, de Colorado, 269 Pac. 907, 909, se dice:

“Se sostiene que la acusación se fundaba en el artículo 6734 de los Estatutos Revisados (Ley de 1907); que ese artículo, en lo que a banqueros se refiere, fué derogado implícitamente por la ley de 1913 (C. L. 2675). Esta objeción fué suscitada primeramente por moción para que se archivara la acusación, y repetida varias veces du-rante y después del juicio. La ley de 1907 se refiere al delito de hurto mediante abuso de confianza. Es un estatuto general sobre la materia. La ley de 1913 es un estatuto especial en relación.tan sólo con los bancos y entidades bancarias. Según esta ley la malversa-ción de fondos por parte de un banquero constituye un delito grave irrespectivamente de la suma malversada (C. L. 2740); mientras que bajo la ley de 1907 la magnitud del delito depende de la suma apropiada (C. L. 6734, 6719 y 6738). La pena máxima de acuerdo con la ley de 1913 es reclusión en la penitenciaría por el término de veinte años y multa de dos mil dólares (C. L. 2740) ; mientras que según la ley de 1907 la pena máxima que puede ser impuesta es reclusión en la penitenciaría por el término de diez años. Fué claramente la intención de la legislatura retirar de los ámbitos de la ley anterior y general el delito de malversación cometido por banqueros y colocarlo en una clase especial de por sí. Siendo ello así, se colige que en lo que a banqueros se refiere, la ley de 1913 sustituye y tácitamente deroga la de 1907.”

Que los hechos imputados al acusado en el primer pá-rrafo de la acusación constituyen un delito de abuso de confianza tanto de acuerdo con el Código Penal como con la Ley de Bancos, es incuestionable, pero es dudoso que los que se le imputan en el párrafo segundo constituyan tal delito de acuerdo con una u otra ley, ya que al señalar por su nombre la Ley de Bancos el abuso de confianza debe en-tenderse que se refiere al que reúne todos los elementos que el Código Penal exige.

Ahora bien, dejando a un lado el abuso de confianza, aceptando que la calificación de abuso de confianza que la acusación contiene es errónea, creemos que no hay duda de que los hechos imputados tanto en el primero como en el segundo párrafo de la acusación constituyen intencionales aplicaciones indebidas de los fondos del Banco Territorial y Agrícola confiados al acusado como Director-Cajero de la Sucursal de dicho banco en Arecibo, previstas y castigadas en la sección 17 de la Ley de Bancos.

Y como lo substancial no es el nombre que se dé al delito, sino los hechos imputados (Pueblo v. Rodríguez, 46 D.P.R. 542), partiremos de la base de que lo que en realidad se imputa al acusado es el delito de “felowy” a que se refiere la repetida sección 17 de la Ley de Bancos a los efectos de estudiar y resolver la cuestión de duplicidad envuelta.

Sabido es que el Código Penal prescribe en su artículo 77 que la acusación habrá de comprender sólo un delito, pero también estatuye que el mismo delito puede ser expuesto en diferentes formas y bajo distintos cargos, y cuando el delito baya sido cometido usando de medios diversos, los medios pueden ser alegados alternativamente en el mismo cargo.

Es cierto que en la acusación se imputan dos actos reali-zados por el acusado, pero es lo cierto también que los dos se le imputan como indebidas aplicaciones intencionales de los fondos confiados a su custodia constitutivas de un solo delito.

Se trata de una ofensa que si bien no es de naturaleza continua, ya que cada aplicación intencional indebida constituye una violación que puede ser castigada como un delito, puede a nuestro juicio, perseguirse cometida en serie, como en el caso del abuso de confianza. El Pueblo v. Pérez, 47 D.P.R. 765, 783.

El acusado no se perjudica. Se le informa desde un principio con toda exactitud de los actos que se le imputan y así puede prepararse para su defensa mejor que si dichos actos se aportaran luego en el juicio como prueba a los únicos efectos de demostrar su intención criminal, algo que es permisible hacer. El Pueblo v. Juarbe, 43 D.P.R. 448; El Pueblo v. Pérez, 47 D.P.R. 765, 788.

Claro está que aunque todas las indebidas aplicaciones intencionales se imputen, no es necesario probarlas todas para obtener una convicción, pero una vez imputadas, es claro también que si el acusado fuera absuelto, no podría volvérsele a perseguir por ninguna de ellas.

En tal virtud, no solicitándose por el Ministerio Público sino una convicción, y no pudiendo obtenerse más que una, puede concluirse que sólo se .imputa al acusado un delito, el de la aplicación intencional indebida de los fondos del banco confiados a su custodia con la intención fraudulenta y por medio de los diferentes actos que en la acusación se especifican y que integran su actuación delictuosa.

Debe, en tal virtud, declararse con lugar el recurso, revocarse la resolución apelada y dictarse otra declarando sin lugar las excepciones, con permiso al fiscal para enmendar la acusación sustituyendo el nombre de abuso de confianza dado al delito por el de infracción a la sección 17 de la Ley No. 18 de 1923 reglamentando los bancos y las operaciones bancarias en Puerto Rico.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Juan Canals, acusado y apelado.
    No. 5631.

    Sometido: Mayo 8, 1935.

      Resuelto: Julio 1, 1935.

      R. A. Gomes, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; F. Pérez Gasaldua, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, base de esta cansa, en lo pertinente, dice:

“El fiscal formula acusación contra Juan Canals, por el delito de Abuso de Confianza (felony) cometido de la manera siguiente:
“El referido acusado, Juan Canals, durante el período compren-dido entre el 19 de enero y el 22 de diciembre del año 1931 y en Arecibo, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nom-bre, mientras ocupaba el cargo de Director Cajero de la Sucursal de Arecibo del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico — que es una corporación bancaria organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, con su oficina central en San Juan, P. R. — y siendo, como tal Director-Cajero, administrador de dicha sucursal y depositario y en-cargado de todos los caudales, valores, documentos, libros de conta-bilidad y dinero en efectivo pertenecientes a la misma, confiados a su custodia, ilegal, voluntaria, maliciosa, y fraudulentamente, abusando de las facultades concedídasle y de la confianza en él deposi-tada por su patrono, el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico —de cuya oficina central tenía el acusado, Juan Canals, como Director-Cajero de la Sucursal de Arecibo, orden expresa y terminante de no autorizar sobregiros en cuentas corrientes sino ‘sólo por can-tidades limitadas y muy ocasionales, debiendo ser cubiertos por los sobregiradores dentro del menor espacio de tiempo posible,’ y de rendir a dicha oficina central, diariamente, un informe detallado de todos los sobregiros en cuentas corrientes en la sucursal a su cargo y la cuantía de cada uno de ellos — distrajo y empleó para fines aje-nos al debido y legítimo cumplimiento de su encargo como tal Director-Cajero la suma de $4,617.25, de los fondos confiados a su cus-todia, lo que hizo el acusado al autorizar, como autorizó, y permitir el pago de cheques librados contra las cuentas corrientes de Dominica Chaves Estrada, Felipe A. García y Cosme & Miranda, hasta las cantidades de $2,848.79, $1,156.82 y 611.64, respectivamente, sin te-ner ninguna de dichas cuentas corrientes fondo alguno en depósito, lo que ocasionó un total de sobregiros en la sección de cuentas co-rrientes de la Sucursal de Arecibo del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, por la antes mencionada suma de $4,617.25, cuyos sobregiros autorizó el acusado, Juan Canals, como Director-Cajero, sin el conocimiento ni consentimiento de su oficina central y en con-travención de las órdenes que tenía de ésta en relación con los so-bregiros en cuentas corrientes a que se hace referencia al principio de esta acusación, ocultando los mismos, a sabiendas y maliciosa y fraudulentamente, en todo momento, de los inspectores del banco, y no incluyéndolos ni dando cuenta de ellos en los informes de sobre-giros en cuentas corrientes que rendía diariamente a su oficina central. Alega, además, el fiscal, que a consecuencia del acto ilegal y fraudulento que realizara el acusado, Juan Canals, el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico quedó defraudado en la antes men-cionada suma de $4,617.25.”

El acusado por vía de excepción perentoria alegó:

“PRIMERO: que los hechos, tal como aparecen alegados en la acu-sación no constituyen delito público.
“Segundo: Que la acusación imputa más de un delito.
“Teroebo: Que la acusación no se ajusta, en su fondo, a los re-quisitos establecidos por los artículos 71 y 75 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, porque no aparece redactada en lenguaje con-ciso; porque, además, no se precisa la fecha en que se cometió el hecho delictivo, y también porque el acusado no sabe a pesar de que se le acusa de un delito de abuso de confianza de qué delito debe defenderse.
“Cuarto: Que la acusación contiene materia que, de ser cierta, constituye una justificación o escusa legal del delito denunciado o excepción legal que excluye la acción.”

Y la corte resolvió las cuestiones suscitadas como sigue:

“La acusación, apreciada en conjunto, no contiene todos los ele-mentos esenciales del delito de abuso de confianza, pues no aparece en ninguna parte de ella que e] acusado al pagar cheques sobregi-rados se beneficiara en alguna forma del importe de ellos o se apro-piara de las cantidades objeto de dichos sobregiros.
“En la ley número 18 de 1923 existe la sección 17, en el título cuarto. En esa sección se hacen penables ciertos actos cometidos por funcionarios encargados de corporaciones bancarias y se distingue en primer término el delito de abuso de confianza; después, el de sus-tracción; más adelante, el de mala aplicación intencional y, por úl-timo, el de entradas falsas en los libros de los Bancos.
“Puede ser que los hechos relatados en esta acusación sean apli-cables a aquella parte de la sección 17 referente a la mala aplica-ción intencional de fondos de un Banco por funcionarios encargados de los mismos; pero la Corte encuentra que la acusación nunca sería clara y que tal como está redactada no acusa con propiedad de un delito de abuso de confianza.
“Por las expuestas razones, la Corte desestima la acusación sin perjuicio de que el fiscal pueda presentar una nueva acusación contra el mismo acusado por cualquier otro delito comprendido con más claridad dentro de los hechos expuestos en la que ha sido objeto de esta resolución.”

Apeló el Pueblo por su fiscal y sometió el caso por el alegato presentado en el recurso No. 5630 que acabamos de resolver.

El acusado no presentó aquí moción de desestimación y expresamente descarta en su alegato la cuestión de dupli-cidad no obstante imputarse como se imputan en la acusa-ción varias aplicaciones intencionales indebidas de los fondos del banco por parte del acusado actuando como Director-Cajero de. su Sucursal en Arecibo. Parece que la corte de distrito entendió y que abora el acusado entiende que no bay duplicidad. Ese criterio está en armonía con cuanto dejamos dicho en la opinión emitida en el recurso No. 5630.

La resolución recurrida se basa en que los hechos que la acusación contiene no imputan un delito de abuso de confianza ni tampoco claramente una infracción de la sección 17 de la Ley de Bancos en lo que se refiere a mala aplicación intencional de fondos.

Los argumentos del acusado en su alegato tienden a apoyar el criterio de la corte sentenciadora y ponen énfasis en su contención de que la propia acusación contiene materia que de ser cierta constituiría una justificación o excusa legal del delito denunciado.

La ley que rige es la No. 18 de 1923 ((2) pág. 83), sección 17. Por ella se dispone que será culpable de delito grave (felony) y será reducida a prisión por no menos de uno ni más de diez años todo presidente, director, oficial, cajero, oficinista, empleado o agente de un banco que intencional-mente hiciere indebida aplicación de dinero, fondos o créditos del banco o existentes en el mismo, y a nuestro juicio constituye una clara aplicación intencional indebida de los fondos del banco o existentes en el mismo la que en este caso se imputa al acusado, ya que se alega en substancia que el acusado siendo Director-Cajero de una sucursal de un banco, administrador de dicha sucursal y depositario y encargado de sus fondos y de los confiados a su custodia, ilegal, volun-taria, maliciosa y fraudulentamente, abusando de la confianza y en contra de las órdenes expresas de su patrono, distrajo y empleó dichos fondos para fines ajenos al debido y legítimo cumplimiento de sn encargo, autorizando y permitiendo que cheques por valor de más de cuatro mil dólares librados contra cuentas sin fondos fueran hechos efectivos, quedando el banco defraudado en la indicada suma.

Y en cuanto a la excusa legal, no surge a nuestro juicio de la acusación. La acusación es explícita. Habla de la autorización concedida al acusado en cuanto a sobregiros pero dice que lo fue por cantidades limitadas y muy ocasio-nales, debiendo cubrirse lo más pronto posible. La magnitud de los sobregiros y el hecho de su ocultación maliciosa, sis-temática y completa por parte del acusado, destruyen cual-quier excusa que pudiera fundarse en la autorización.

Por virtud de todo lo expuesto y además por los funda-mentos de la opinión emitida en el recurso No. 5630 decidido en el día de hoy, debe revocarse la resolución apelada y de-clararse sm lugar- la excepción perentoria del acusado con permiso al fiscal para enmendar la acusación sustituyendo el nombre de abuso de confianza dado al delito por el de infrac-ción a la sección 17 de la Ley No. 18 de 1923 reglamentando los bancos y las operaciones bancarias en Puerto Rico.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Santana, acusado y apelante.
    No. 5720.

    Sometido: Mayo 23, 1935.

      Resuelto: Julio 5, 1935.

      Juan Valldejuli, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Lms Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este proceso comenzó por denuncia presentada en la Corte Municipal de Toa Alta por el policía insular Blas Sánchez imputando a Luis Santana una infracción a la sección 3 de la Ley No. 11 de 1933 '((2) pág. 71) consistente en tener en su posesión, usar y hacer funcionar ilegal, voluntaria y maliciosamente, para fines de juego de azar una máquina “conocida con el nombre de ‘Bingo’ (Slot Machine o Marble Jax) siendo manipulada por cinco bolas y un cuadro de números, depositando una moneda de un centavo en ella y halando una palanca marcan dichas bolas números, ganando en el período de una semana, la persona que haga el mayor número, pagándose dicho premio con las monedas de un centavo que tiene la máquina depositadas en un recipiente marcado con el número uno.”

Resuelto el caso por la corte municipal, pasó en apelación a la del distrito, Bayamón. Señalado el 2 de noviembre, 1934, para el nuevo juicio, el acusado admitió la certeza de los hechos relatados en la denuncia, pero alegó que la máquina que usaba no era una de las prohibidas por la ley, ni podía considerarse como un sustituto de las prohibidas.

La máquina en cuestión se ocupó y se presentó a la corte. El juez de distrito la describe como sigue:

“El artefacto ... es una máquina de servicio automático, estilo Marble Jax. Está provista de una ranura por la cual se introduce una moneda de un centavo que la hace funcionar. Usando entonces de una palanqueta, se dispone y usa de cinco bolas que lanzadas una a una recorren un tablero. Este tablero tiene en su parte superior una herradura en cuyo centro existe un hoyuelo o hueco en que si la bola se detiene marca mil puntos a favor del jugador y si no se detiene o cae continúa recorriendo el tablero que está dividido por medio de alfileres en distintas zonas y en estas zonas existen sendos hoyuelos o huecos, con distintas numeraciones, en los que si la bola se detiene el jugador se apunta a su favor el número de tantos que marca el hoyuelo. Si la bola recorre todo el tablero sin detenerse en ninguno de los hoyuelos finaliza su recorrido en una ranura sin que el jugador pueda entonces anotarse tanto alguno a su favor.
“La máquina tiene en su parte frontal dos recipientes: en uno de ellos quedan depositadas las monedas usadas por los jugadores; en el otro no consta de la prueba en este caso qué uso se ha dado al mismo. ’ ’

Atendida esa descripción y el uso dado a la máquina por el acusado, según su propia ádmisión, la corte consideró el hedió comprendido en la sección 3 de la Ley No. 11 de 1933, y declaró al acusado culpable del delito que su infracción constituye, imponiéndole treinta días de cárcel.

Se presentó entonces una moción pidiendo que la sentencia se dejara sin efecto, que fue declarada por la corte sin lugar.

El acusado apeló de la sentencia y de la resolución, seña-lando en su alegato la comisión de dos errores, a saber: 1, haber incluido la máquina “Bingo” entre las prohibidas por la ley, y 2, haber dictado sentencia basándose en una denuncia que» no imputa un delito público.

Sostiene el apelante “que el título de la ley habla única y exclusivamente de máquinas vendedoras, haciendo sin embargo énfasis en las máquinas vendedoras denominadas ‘slot machines’, pero en forma alguna incluye en su título las mencionadas máquinas denominadas ‘bingo.’ ”

El título de la Ley No. 11 de 1933 que fué aprobada por la Primera Legislatura Extraordinaria de la Décimotercera Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Leyes de esa sesión, pág. 71, dice, en lo pertinente, lo que sigue: “Ley . . . para prohibir la introducción, manufactura, posesión, uso o fun-cionamiento de máquinas vendedoras que pudieren usarse para fines o de juego de azar o lotería y de las conocidas con el nombre de traganíqueles (slot machines); para imponer penalidades, y para otros fines.”

El texto inglés expresa “to prohibit the ... of sellimg machmes or of machmes which may be used for gambling.. .”

No puede ser más amplio, especialmente el inglés que de modo expreso se refiere no sólo a máquinas vendedoras si que a máquinas en general que puedan usarse para fines de juego.

La sección tercera de la ley, es así:

“A partir de la feeba en que esta Ley empiece a regir, la introducción, manufactura, posesión, uso o funcionamiento de máquinas vendedoras que pudieren usarse para fines de juego de azar o lotería y de las conocidas con el nombre de traganíqueles (slot Machines), y de cualquier otra clase, que pudiera usarse con fines de juego de azar o lotería, en cualquier forma en que fueren manipuladas, o cual-quier sustituto de las mismas, o partes y accesorios, será considerado ilegal y su introducción, manufactura, uso, posesión o funcionamiento queda prohibido.”

Comparada la sección con el título, sobre todo con el título en inglés, no encontramos que viole el artículo 34, párrafo 8, de la Ley Orgánica que prescribe:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual de-berá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expresada en el título.”

Tanto de la denuncia como de la máquina misma descrita por el juez sentenciador, se desprende que se trata de un aparato vendedor, de una “slot machine” en general (que es, según The Winston Universal Reference Library, ed. 1931, pág. 933, un “mecanismo que se pone a funcionar insertán-dole una moneda, como para la venta de dulces ’ ’, significando “slot” ranura o hendidura estrecha, abertura pequeña y angosta hecha generalmente para recibir, especialmente la abertura por la que se introduce la moneda en una “slot machine”), o de una máquina cualquiera adquirida y usada para la explotación del juego de azar.

El hecho de que en la denuncia se designe la máquina con el nombre particular de “Bingo” cuando dicho nombre no se menciona expresamente en la ley, no implica que la má-quina no sea prohibida si se usa para el fin en la misma es-pecificado.

Se insiste en que‘el “Bingo” no cae dentro del signi-ficado de la ley porque dependiendo el éxito del juego que con él se realiza de la habilidad del jugador, no cabe califi-carlo de azar que es el prohibido.

Los esfuerzos que se hacen en esa dirección en el alegato que estamos considerando y que se hicieron por el abogado del acusado en su informe oral, no nos convencen de que sea así. Además, ante la corte sentenciadora el propio acusado admitió que tenía en su posesión y hacía funcionar la máquina en cuestión ilegal, voluntaria y maliciosamente para fines de juego de azar.

Por último no es necesario para que pueda calificarse un juego como de azar que excluya por completo el elemento habilidad del jugador.

Así en el caso de Sparks v. State, de la Corte de Apelaciones de Georgia, decidido en febrero 12, 1934, y reportado en 173 S. E. 216, 218, se dice:

“La contención del acusado de que el juego por que se le pro-cesó es uno de destreza y no uno de azar, y que por ende no cons-tituye una infracción de la ley, es insostenible bajo sus propias ale-gaciones. Su defensa nos hace recordar lo que la Corte Suprema dijo en el caso de Equitable Loan & Sec. Co. v. Waring, 117 Ga. 599, 44 S. E. 320, 327, 62 L.R.A. 93, 97 Am. St. Rep. 177, al discutir la cuestión de loterías, etc.: ‘ Inmediatamente que se aprueban los es-tatutos o se emiten decisiones, se inventa algún cambio ingenioso en la forma de explotar el juego en la esperanza de eludir la prohibi-ción estatutaria; pero mientras el mal inherente subsista, no importa la forma en que se varíen los hechos especiales, el plan continúa siendo ilegal.’ La acusación en el presente caso fué redactada de confor-midad con el artículo 398 del Código Penal, que lee como sigue: ‘Ninguna persona, por sí o por mediación de otra, explotará, sosten-drá, sorteará o jugará una lotería en este estado, ni ningún otro plan u organización para la distribución de dinero o cosas de valor.' ¿Equivalía la máquina utilizada en el presente caso a un plan u organización para la distribución de dinero? Conforme se resolvió en el caso de Equitable Loan & Sec. Co. v. Waring, supra, la palabra ‘distribución’ y la interpretación de los distintos estatutos rela-tivos a juegos de esta índole hacen que el azar sea un elemento ne-cesario del delito. Según las propias manifestaciones del acusado se pagaba determinado precio por manipular la máquina, y si un ju-gador lograba apuntarse 4,800 puntos o más, recibía por su ‘nickel’ una cajetilla de cigarrillos de 15 centavos, mientras que si no alcan-zaba una puntuación tan alta, nada recibía en cambio de su dinero. La prueba demuestra de manera indubitada que aun la persona más hábil no podía obtener ese número de puntos todas las veces, aun cuando algunos, dada su larga práctica, lograban apuntárselos más frecuentemente que otros. El hecho en sí de que viniera una persona y alcanzara esa puntuación y recibiera por su ‘nickel’ mercan-cías por valor de 15 centavos, y de que esa misma persona o alguna otra manipulara la máquina y no recibiera nada y en cambio perdiera su ‘nickel’, ciertamente lo convierte en un juego de azar. Las pro-pias aseveraciones del acusado demuestran que la mesa en cuestión estaba preparada ‘para dar al público en mercancía aproximadamente la mitad del dinero que se recibía.’ ¿Cómo podría entonces soste-nerse que no es un juego de azar, cuando se admite que la mesa está ‘preparada’ para dar la mitad de lo que recibe? El mal inherente a que se dirige esta ley es el juego de azar. El hecho de que una persona pueda perder 5 centavos o de que por esos 5 centavos reciba 15 en mercancías, hace que la mesa sea un plan u organización para la distribución de dinero dentro de este estatuto. El acusado dice: ‘Indudablemente hay que tener más habilidad que suerte.’ El he-cho de que la habilidad o la eficiencia de la persona surta algún efecto en la manipulación del artefacto no tiene importancia alguna. ‘ Cual-quier plan u organización explotado por una persona según el cual los que participan en el mismo pierden el dinero invertido o reciben más del valor del mismo, reteniendo aquél que lo administra el dinero así perdido, es un plan u organización para la distribución de dinero, dentro del significado del artículo del Código Penal arriba copiado.’ Meyer v. State, 112 Ga. 20, 37 S. E. 96, 51 L.R.A. 496, 81 Am. St. Rep. 17. Esta cita parece resolver la cuestión desfavo-rablemente a la contención del acusado. La prueba sostiene amplia-mente el veredicto de culpabilidad aun bajo las propias alegaciones del acusado, y la corte no cometió error al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio.”

Deben confirmarse la sentencia y la resolución recurridas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis González Fantauzzi, Benito Soto Berríos y José Archilla Piñeiro, acusados y apelantes los dos primeros.
    No. 5501.

    Sometido: Enero 16, 1935.

      Resuelto: Julio 5, 1935.

      Bubón & Ochoteco, abogados de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, 'apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Dos acusados fueron declarados culpables del delito de conspiración imputádoles originalmente ante una corte municipal, y el presente es el recurso de apelación interpuesto por uno de ellos, o sea Luis González Fantauzzi. Se trata únicamente de la suficiencia de la denuncia, toda vez que aunque bubo un juicio, la prueba no ba sido elevada a este tribunal. El delito esencialmente imputado fué que los acusados conspiraron para defraudar a Rodolfo Mangual y que con tal objeto hicieron a Rodolfo Mangual creer que ellos poseían ciertos líquidos y substancias con los cuales podían fabricar billetes del Gobierno de los Estados Unidos, tan parecidos y similiares a los genuinos que no sería posible descubrir su falsedad, a sabiendas dichos acusados de que tales manifestaciones eran falsas y fraudulentas y fueron hechas con el propósito de defraudar a Rodolfo Mangual y bajo tal engaño indujeron al referido Rodolfo Mangual a entregar a los acu-saclos un cheque por la suma de $266, que fné cambiado en •el National City Bank.

Cuando en la denuncia se alegó que los acusados poseían ciertos líquidos y substancias con los cuales podían fabricar billetes, etc., esto fué una alegación suficiente de que el fraude consistía en la posesión y oferta de entregar a Mangual ciertos líquidos y substancias, por medio de lo cual se le de-fraudó. La inferencia clara es que los acusados no pudieron realizar a no realizaron lo prometido. No era necesaria es-pecificación mayor ni se solicitó. Tampoco era necesario expresar la forma en que la oferta había sido hecha. La de-nuncia contenía alegaciones de hecho y no conclusiones de derecho y la jurisprudencia citada respecto a especificación (particularity) y conclusiones de derecho no es de aplica-ción. Si las substancias y líquidos no fueron entregados a Mangual, tanto peor. Lo importante fué que los acusados indujeron a Mangual a actuar en su supuesto perjuicio me-diante las manifestaciones héchasle.

Este es un caso cuyos hechos difieren totalmente de los de El Pueblo v. Sierra, 26 D.P.R. 336. Los acusados ofre-cieron ciertos líquidos y substancias para el presente. No fué una promesa para el futuro. Cualquier duda que hubiere a este respecto podía ser subsanada por el “vere-dicto” o sentencia. Además, ésta no es una simple acu-sación por obtener dinero mediante falsas simulaciones, sino una conspiración que podría ser por obtener algo me-diante falsa representación o por otra de las causas enume-radas en el inciso 4 del artículo 62 del Código Penal, que lee así:

“Si dos o más personas conspiraren ... (4) para estafar y de-fraudar a alguna persona en sus bienes por medios en sí criminales, u obtener dinero o bienes valiéndose del engaño; . . . .”

No podemos hallar ni resolver que la oferta hecha fuera tan absurda que ningún hombre razonable pudiera creerla. En todo el mundo se han falsificado monedas con algún éxito y muchos hombres pueden fácilmente creer, que aunque el acto es delictivo se les pondrá en posición de fabricar billetes falsos.

Se alegó suficientemente que los acusados obtuvieron algo de valor de Mangual y que con ello se beneficiaron.

El hecho de que una persona sea un particeps criminis no ofrece excusa alguna en favor del apelante en un caso criminal. El Pueblo v. Medina, 19 D.P.R. 709; El Pueblo v. Aquino, 27 D.P.R. 532.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    Municipio de Guánica, representado por su Alcalde Clemente J. Rodríguez Carlo, demandante y apelante v. Jenaro García, Alfonso García y Tomás Olivari, demandados y apelados.
    No. 6623.

    Sometido: Abril 27, 1934.

      Resuelto: Julio 5, 1935.

      F. Colón Díaz y Leopoldo Tormos García, abogados del apelante; Enrique Báez García, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El municipio de Guánica presentó en la Corte de Distrito de Ponce una solicitud de injunction contra Jenaro García Martínez y otras dos personas a sus órdenes para que se decretase que se abstuvieran de construir cierta casa e inte-resó que mientras se resolvía su solicitud concediese la corte un injunction preliminar pendente lite con igual fin. La corte oyó a las partes sobre la petición de injunction preliminar y después negó esa solicitud por lo que el municipio de Guá-nica interpuso esta apelación.

El poblado de Guánica formó parte del municipio de Yauco basta que por una ley de 1914 quedó constituido en un municipio independiente. Cuando era parte del municipio de Yauco, éste dió en usufructo sin condiciones especiales un solar de su propiedad para la construcción de una casa que fué edificada en 1881. Esa casa la compró Jenaro García en 1933 para fabricar en su solar un teatro para cine. Hechos los planos para esa nueva construcción y aprobados por el Departamento de Sanidad así lo comunicó Jenaro García al alcalde de Guánica, a quien manifestó también que había enviado un giro postal de un dólar al tesorero municipal para que se le expidiera permiso para realizar la obra. El alcalde escribió a García devolviéndole el giro postal que había enviado al tesorero municipal y manifestándole que era imposible expedirle el permiso que solicitaba por no haber cumplido con los requisitos establecidos para esa petición según la Ley Municipal. Entonces Jenaro García derribó la casa que había comprado, acopió materiales de construcción en el solar y empezó los cimientos de su teatro-cine. Así las cosas el municipio presentó su petición de injimction y su solicitud para que se decretase un entredicho y un injunction provisional. El fundamento de esas peticiones es que según ordenanza de dicho municipio el usufructo de solares concedidos para construir casas se entiende que cesa desde el momento en qne, por incendio, derribos n otras causas aná-logas, desaparezcan las casas sobre ellos construidas: en que Jenaro García no presentó al municipio los planos y el presu-puesto de la obra: y que de continuarse la construcción del edificio el municipio se vería privado de hacer cumplir sus ordenanzas.

Por virtud de la constitución del municipio de Guánica el solar en cuestión, que había sido propiedad del de Yauco y por él cedido en usufructo para la construcción de una casa, pasó en igual concepto a ser del municipio de Guánica. La teoría del municipio apelante es que habiendo derribado Je-naro García la casa que compró ha caducado su derecho al usufructo del solar concedido para construcción, de acuerdo con ordenanza municipal que declara que cesa el usufructo de dicho solar por haber sido derribada la casa que en él había sido construida.

No tenemos necesidad de considerar en esta ocasión la ordenanza del municipio de Guánica aprobada en 1915 y que dispone que el usufructo de los solares cedidos para cons-trucciones urbanas se entiende que cesa desde el momento que desaparezcan las casas en ellos construidas, lo que equi-vale a caducidad del usufructo concedido, porque cuando la casa fué derribada en 1933 estaba vigente la Ley Municipal de 1928, que es la aplicable al caso presente porque según hemos resuelto en el de Casanovas v. Municipio de Mayagüez, 31 D.P.R. 281, la caducidad de la concesión de solares por los municipios se regirá por la ley vigente al tiempo de gestio-narse aquélla. Esa ley trata en su artículo 70 de la concesión de solares a perpetuidad para la construcción de casas en los mismos, mediante petición; y en su párrafo 5o. dispone que cuando la Asamblea Municipal estime llegado el caso de tratar la caducidad en una de esas concesiones, se citará al concesionario, con antelación de treinta días por lo menos, para que comparezca ante la asamblea y exponga su derecho en sesión que al efecto se celebrará y oído que sea el intere-sado la asamblea resolverá de acuerdo con la ley y la prueba, siendo apelable por el concesionario esa resolución para ante la corte de distrito mediante la oportuna demanda dentro de los treinta días de serle notificada la resolución. Esto no se fia hecho en este caso, en el que el alcalde por su sola cuenta ha tenido por caducada la concesión que adquirió Jenaro G-arcía y ha exigido que el apelado solicite el solar como si nunca lo hubiese adquirido en usufructo y como si hubiera caducado su derecho, por el solo hecho de haber derribado la casa que en él había sido construida, para edificar otra.

En cuanto a si los planos para la nueva construcción fueron entregados al alcalde, la prueba fué contradictoria, pues mientras dicho funcionario, que está interesado en otro cine de Guánica, negó que le fueran entregados, dos testigos declararon que ellos se los entregaron, por lo que en vista de la decisión del asunto por la corte inferior entendemos que creyó la declaración de dichos dos testigos, por lo que no ha sido infringida la ordenanza que requiere la presentación de planos para poder edificar.

Otra ordenanza de 18 de mayo de 1914, que fué presentada y es el exhibit C, impone el pago de ciertos arbitrios, entre ellos el de un dólar por concesión de la zona pública con vallas o cercas para acopio de materiales durante la construcción o reparación de edificios, por cada mes o parte de él; y también el de dos dólares por licencia para construir edificios hasta un valor de $500. El primero de esos arbitrios trató de satisfacerlo Jenaro García pero le fué devuelto el dinero por el alcalde.

El apelado sostiene que esa ordenanza sobre arbitrios no estaba vigente cuando en 1933 trató de fabricar su teatro-cine y creemos que tiene razón, pues en el preámbulo de ella se dice: “Ordenanza disponiendo que durante el ejercicio de 1914-1915 rija una ordenanza y tarifa para determinar la im-posición y cobro de ciertos arbitrios . . y en otra parte de ella se dice también que: “Por cuanto: necesita este Con-cejo Municipal para hacer uso de las facultades mencionadas para obtener la imposición y recaudación de arbitrios por los conceptos que más adelante se relacionan, dnrante el año eco-nómico de 1914-15.” Las palabras nsadas en esa ordenanza en cuanto al tiempo de su vigencia son tan claras que bay que concluir que esos arbitrios fueron impuestos para el año económico de 1914-15 y que por tanto no estaban en vigor en 1933.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor IítjtchisoN,

text:
    Lorenza Peña Vda. de Balbás, et al., demandantes y apelantes, v. Corte Municipal de Mayagüez, Hon. C. R. Colón, Juez, demandada y apelada.
    No. 6642.

    Sometido: Mayo 21, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1935.

      A. Marín Marién, abogado de los apelantes; O. Souf front, abogado del Juez apelado.
   El Juez Asociado Señor IítjtchisoN,

emitió la opinion del tribunal.

La Corte Municipal de Mayagüez dictó sentencia por $140.79 en favor de ciertos demandantes. Dos días más tarde esos mismos demandantes radicaron en la Corte de Distrito de Mayagüez una petición de mandamus para compeler al juez municipal a que dictara sentencia. Tanto la Corte de Distrito de Mayagüez como la Corte Municipal de Mayagüez están situadas en el municipio de Mayagüez. La Corte de Distrito de Mayagüez expidió una orden para mostrar causa fechada el 8 de enero de 1934, en que se ordenaba al juez municipal que compareciera en la sala de sesiones de la Corte de Distrito de Mayagüez el día 12 de enero de 1934, a las nueve de la mañana, para mostrar causa por la cual no debía expedirse un auto de mandamus. El juez municipal compa-reció a las nueve de la mañana del día 12 de enero, radicó su contestación y ofreció en evidencia los autos del caso ante la corte municipal, los que demostraban que la sentencia había sido dictada el 6 de diciembre de 1933. Entonces la corte de distrito anuló la orden para mostrar causa y desestimó la petición de mandamus, concediendo las costas, gastos y ho-norarios de abogado al querellado. Los demandantes ape-laron y señalan como error: primero, que la corte de dis-trito cometió error al proceder a oír pruebas al demandado en el acto de la comparecencia de éste para mostrar causa y en ausencia de los demandantes; y, segundo, que la corte cometió abuso de discreción al imponer las costas, gastos y honorarios de abogado a los demandantes.

Después de celebrar una vista en que ninguna de las partes compareció, esta corte, en una sentencia per curiam, confirmó la dictada por la corte de distrito. Los demandan-tes solicitan ahora la reconsideración de la sentencia así dictada.

Las únicas autoridades citadas en el alegato de los apelantes en apoyo de su primer señalamiento de error fueron las secciones 8, 9 y 10 de la “Ley estableciendo el auto de mandamus,” aprobada el 12 de marzo de 1903 (Estatutos Revisados de 1911, secciones 1335, 1336 y 1337); Pacheco v. Cuevas Zegueira, Juez de Distrito, 27 D.P.R. 205; Conde v. Rivera, 43 D.P.R. 968; y 18 R.C.L. 354, sección 312. La médula del argumento era: que la sección 8 no impone a los demandantes el deber de comparecer el día especificado en el auto alternativo; que si conforme dispone la sección 9, nuevos incidentes en la contestación no excluyen a los de-mandantes “. . . . quien podrá, en la vista u otro procedi-miento, aprovechar cualquier objeción válida en cuanto a la suficiencia de aquélla, o contrarrestarla con pruebas, ya por negativa directa o ya como medio de defensa”, se desprende que debe fijarse otro día para el juicio, toda vez que sería imposible para los demandantes anticipar nuevos incidentes en la contestación y estar preparados para hacer frente a los mismos al momento en que el demandado comparezca; y que el contexto de la sección 10 al efecto de que las cuestiones que se desarrollen “deberán resolverse y los demás proce-dimientos tramitarse de la misma manera que si se tratase de una acción civil,” equivale a la disposición de que la au-diencia debe ser señalada para un día posterior a aquel en que comparezca el querellado, toda vez que en casos civiles la causa nunca se juzga el mismo día en que se radica la con-testación, puesto que las partes no estarían preparadas para hacer frente a las controversias así suscitadas.

La moción de reconsideración agrega poco al alegato ra-dicado, en lo que a argumentos o cita de autoridades se re-fiere. Los apelantes se quejan principalmente de que la sen-tencia per curiam no era una respuesta suficiente a los argu-mentos contenidos en su alegato. En la sentencia se copian los señalamientos de error y los hechos esenciales. Cualquier discusión elaborada del ratio decidendi destruiría el fin de una sentencia per curiam.

Los apelantes también indican que se han emitido opiniones en casos que no eran tan meritorios como el presente. Ello probablemente es cierto. Todo apelante que de buena fe so-mete en debida forma un alegato que no está del todo carente de mérito, tiene derecho a saber por qué sus argumentos no han tenido por resultado una revocación. Condiciones de-masiado bien conocidas para que se narren nuevamente en esta opinión han hecho progresivamente difícil contestar en detalle los argumentos de un apelante en todo caso de menor importancia. Sin embargo, debido a la seriedad con que se ha presentado la moción de reconsideración, expondremos concisamente las razones que tuvimos para confirmar la sen-tencia.

Muy bien podría argiiirse que las secciones 8, 9 y 10 deben ser interpretadas en armonía con la sección 4 y a la luz del hecho de que un procedimiento de mandamus es un procedi-miento sumario especial y no una acción civil; que la sección 4, al exigir al querellado que “proceda ... a exponer ante la corte de donde proceda dicho auto, en lugar y hora determi-nados”, aparentemente tiene por miras una vista en lugar y hora determinados y que aunque la sección 8 permite al querellado que alegue las causas bajo juramento, ello no milita contra la idea de una vista en el lugar y hora deter-minados en el auto alternativo; que toda vez que la parte demandante puede solicitar un término para formular sus objeciones a la contestación o pedir la xoosposición del juicio, en caso de que sea necesario, la sección 9 no implica necesa-riamente que, en ausencia de una petición por cualquiera de las partes, el juicio deba ser señalado para un día posterior al especificado en el auto alternativo; que la sección 10 se refiere a la forma del juicio y no a la fecha del mismo, y que, en ausencia de objeción por cualquiera de las partes, los proce-dimientos deberán tramitarse ‘ ‘ de la misma manera que si sé tratase de una acción civil”, durante la comparecencia del querellado o en cualquier momento después; y que si el de-mandante no comparece en el lugar y hora especificados en el auto alternativo, la corte puede, a instancia del deman-dado, ordenar el archivo de los procedimientos conforme provee el inciso tercero del artículo 192 del Código de En-juiciamiento Civil.

En Zavala et al. v. Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, 9 D.P.R. 212, se dijo:

“El 29 de mayo, se expidió un auto de mandamus alternativo, que debía devolverse a este Tribunal el día 5 del siguiente mes de junio; y en ese día, así como en los siguientes, tuvieron lugar proce-dimientos en este asunto; se dictaron órdenes, se tomaron declara-ciones de testigos, y se oyeron informes orales hasta el día 20 del presente mes de junio, en cuya fecha, el asunto quedó, por fin, terminado y sometido a este Tribunal, para su resolución.”

Véase también López v. Comisión de la Policía Insular, 30 D.P.R. 806, y Shibley v. Hart, 110 Cal. App. 759.

Para los fines de esta opinión podría admitirse, sin re-solverlo, que cuando un anto alternativo especifica el día en que deberá presentarse la contestación, sin indicar que el querellado deberá comparecer en corte abierta a deter-minada hora, la corte no debe proceder a celebrar tina vista inmediatamente, en ausencia de cualquiera de las partes, siempre, por supuesto, que la parte querellada haya radicado su contestación. Ciertamente ésa sería la mejor práctica cuando, al igual que en el caso de Pacheco et al. v. Cuevas Zequeira, supra, se ordena al demandado “que en el término de diez días exprese las causas por las cuales no deba dictarse el auto de mandamus.” Por otra parte, nada hay en nuestro estatuto que prohíba que se fije el día señalado para expresar la causa como el día de la vista o' que prohíba que se ventilen las controversias el día así señalado, a falta de objeción de cualquiera de las partes. Cuando, como en el presente caso, la oi-den para mostrar cansa, no sólo especifica el día, sino también la hora en que el demandado debe comparecer e in-dica además la misma sala de sesiones como el lugar para tal comparecencia, la intención de la corte de fijar el día y la hora así especificados como el de la vista y como el día en que el demandado ha de radicar sn contestación, es bastante clara. Bajo tales circunstancias, la ordinaria prudencia sugeriría que el letrado de los demandantes se hallara presente en el lugar y a la hora especificados. Si la corte hubiese estado justificada en archivar' el procedimiento a instancias de la querellada, basada en la no comparecencia de los peticiona-rios, entonces el error, de haberlo, al permitir al demandado que ofreciera prueba en ausencia de los demandantes, re-sulta no perjudicial. No estamos preparados para decir que la corte de distrito cometió error al desestimar el pro-cedimiento.

De todos modos, no estamos convencidos de que cualquier error que la corte de distrito pueda haber cometido dé lugar a la revocación de la sentencia. Es un hecho admi-tido que la corte municipal había dictado su sentencia dos días antes de radicarse la petición de los demandantes solicitando la expedición de un auto de mandamus. No se pretende-sos-tener que los demandantes irían a un juicio sobre los méritos en caso de que obtuvieran la revocación. Los apelantes, para demostrar prejuicio, insisten en la proposición de que si la corte de distrito hubiese pospuesto la vista o la hubiera se-ñalado para una fecha futura, los demandantes mismos ha-brían tenido la oportunidad de obtener el archivo de la causa, de conformidad con el inciso primero del artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, y en esta forma hubiesen evadido el pronunciamiento de costas, gastos y honorarios de abogado. En apoyo de esta contención citan el caso de Conde v. Rivera, 43 D.P.R. 967. De esta opinión hacemos el siguiente extracto:

“La sentencia de la corte inferior fué innecesaria en cnanto al desistimiento, que debió ser registrado por el secretario dictándose sentencia de conformidad, y en cuanto a las costas la corte debió esperar para actuar a que el demandado ejercitara sus derechos. No debe concederse a una parte lo que no pide y en este caso el deman-dado, cuando se dictó la sentencia por la corte, no había practicado gestión alguna con respecto al cobro de costas. De acuerdo con las leyes de Puerto Rico la concesión de costas es una cuestión para ser decidida por la corte dentro de sus facultades discrecionales. Puesto que el pago previo de las costas por el demandante se refiere a los derechos exigióles por la radicación de la solicitud de desistimiento y sentencia, natural es que las costas ocasionadas al demandado sean decretadas y estimadas por la corte a solicitud de la parte intere-sada. Entendemos que el procedimiento a seguir por el demandado de acuerdo con las leyes de Puerto Rico es solicitar de la corte que condene en costas al demandante y si obtiene una resolución favorable entonces debe esperar que sea firme la sentencia para presentar el memorándum de costas dentro del término que la ley exige.”

En el presente caso la súplica de la contestación de la demandada fue que se anulara el auto alternativo, se de-clarara sin lugar la solicitud de mandamus y se condenara a los demandantes al pago de las costas y honorarios de abogado. Si puede decirse o no que la demandada, a virtud de tal súplica, trató de obtener un “remedio afirmativo”, dentro del significado del artículo 192 del Código de Enjui-ciamiento Civil, interpretado en armonía con otras dispo-siciones de dicho cuerpo legal, tal cual ha sido enmendado hasta la fecha en lo relativo a costas, es cuestión que no es necesario resolver por ahora. Basta decir que el caso de Conde v. Rivera, supra, no decide que un demandante, en un caso de esta índole, puede evadir el pago de costas, inclu-yendo honorarios de abogado, con el simple desistimiento del procedimiento, después de radicada la contestación del deman-dado y antes de celebrarse el juicio de las cuestiones así planteadas. Véase, sin embargo, McEvoy v. Nadal, et al., 34 D.P.R. 634; 15 C. J. 68, sección 118, y casos citados.

El hecho de que el letrado de los demandantes no resi-diera dentro del distrito puede o no ser una circunstancia mitigadora a ser considerada en relación con la cuestión de si a la demandada debe concedérsele total o sólo parcialmente el valor razonable de los servicios prestádosle por su abogado. No bastaba para exonerar a los demandantes de toda res-ponsabilidad por haber dejado de determinar, antes de ra-dicar su solicitud de mandamus o más de un mes más tarde de haber el juez municipal dictado la sentencia en cuestión. Lo mismo podría decirse de otros hechos que se aducen en el alegato de los apelantes, pero que no aparecen en autos, siempre qne éstos sean establecidos en el memorándum de costas que se presente. Parece superfino decir que becbos que no estuvieron ante la corte de distrito no ofrecen base satisfactoria para la revocación de la sentencia apelada en la teoría de que se cometió abuso de discreción al conceder las costas.

No bailamos abuso de discreción en la concesión de las mismas.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.