source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Ángel Santos Santos, peticionario.

      Número: CC-2011-0098

      Resuelto: 31 de mayo de 2012

      Elmer A. Rodríguez Berrios, de la Sociedad para Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogado del peticionario; Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogada de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde evaluar nuevamente el alcance del de-recho de todo acusado criminal a confrontar a los testigos que declaran en su contra, recogido en la Enmienda Sexta de la Constitución de Estados Unidos y en la Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Específicamente, debemos resolver, a raíz de la normativa establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos en el paradigmático caso Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004), y su proge-nie,( ) así como por lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Guerrido López, 179 D.P.R. 950 (2010), si para satisfacer las exigencias impuestas por la cláusula de confrontación es suficiente que el acusado tenga oportunidad de contra-interrogar en corte a un perito que testifica en sustitución del químico que preparó el informe del análisis que se ad-mite como evidencia en su contra.

De contestar en la negativa esta interrogante, debemos analizar, además, si tal violación representa un error es-tructural que acarrea la revocación automática de la sen-tencia condenatoria emitida o si, en cambio, constituye un error sujeto a la doctrina de error constitucional no perjudicial.

I

El señor Ángel Santos Santos fue acusado de violar el Artículo 403(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2403(b), el cual tipifica como delito el uso de un medio de comunicación para cometer cualquier delito bajo dicha ley. El juicio contra el señor Santos Santos y el otro coacusado se celebró el 7 de enero de 2010. La prueba de cargo consistió en el testimonio del agente Arnaldo Rosario Rosario, quien intervino con los acusados el día de los hechos y efectuó una prueba de campo para determinar si los materiales confiscados eran sustancias controladas. Se presentó, además, el testimonio de la supervisora de la sección de sustancias controladas del Instituto de Ciencias Forenses, la química Zair Díaz Pérez, quien testificó en sustitución del químico Alexis Soto Zeno. El informe de análisis lo realizó el señor Soto Zeno, pero éste no compareció a corte.

En el juicio se presentó prueba documental que incluyó la prueba de campo realizada por el agente Rosario el 4 de septiembre de 2009. También se admitió en evidencia el Certificado de Análisis Químico Forense provisto por el señor Soto Zeno el 10 de diciembre de 2009. Además, se sometió en evidencia un radio walkie-talkie y el material que se ocupó durante la intervención policial.

Según se deduce de la transcripción narrativa de la prueba presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, el agente Rosario trabaja en la División de Drogas de Vega Baja. Como parte de sus funciones, el 4 de septiembre de 2009 se le asignó investigar un punto de compra y venta de sustancias controladas. El agente Rosario testificó que co-nocía sobre el lugar donde operaba el punto de drogas y que llegó allí como a las 10:10 a.m. acompañado por dos agentes de la Policía. Declaró que existía una distancia de doscientos cincuenta a trescientos pies entre el lugar donde estacionó el vehículo y el punto de drogas, y que no tardó más de un minuto en llegar al lugar de la intervención.

Al aproximarse al punto de drogas, el agente Rosario observó a dos individuos desde entre siete a ocho pies de distancia. Indicó que un individuo de tez trigueña tenía una bolsa plástica con varias envolturas color rosa que pa-recían ser heroína, varias bolsas con cocaína y un billete de veinte en la boca. El otro sujeto, de tez blanca, portaba un radio walkie-talkie color negro en su mano derecha.

El agente Rosario manifestó que escuchó decir "por ahí vienen los perros”, pero no pudo identificar quién dijo la frase ni a quién fue dirigida. Declaró que se identificó como policía y que ocupó el material delictivo y el dinero. Luego de arrestar y registrar a los dos sospechosos, el agente Rosario los trasladó a la División de Drogas, donde realizó una prueba de campo sobre el material ocupado, y ésta arrojó un resultado positivo a heroína y cocaína. El agente Rosario se dirigió, entonces, al Instituto de Ciencias Foren-ses, el 9 de septiembre de 2009, con el propósito de entre-gar el material ocupado para que se realizara el análisis químico.

Por otro lado, la perita química Díaz Pérez declaró que era supervisora del químico Soto Zeno, y atestiguó con re-lación al procedimiento estándar que se utiliza para llevar a cabo análisis de detección de sustancias controladas. En varias ocasiones, la defensa objetó la admisibilidad de su testimonio según el fundamento de que ésta no fue la persona que realizó el análisis químico ni preparó el certifi-cado de análisis químico del material ocupado.

Según el testimonio declarado en el juicio, la perita Díaz Pérez lleva veinticinco años trabajando en el Instituto de Ciencias Forenses y desde hacía siete meses supervisaba la sección en la que se analizan los casos de drogas, especial-mente los relacionados con cocaína, heroína y marihuana. La perita Díaz Pérez ha efectuado miles de análisis quími-cos y ha comparecido como testigo en más de cincuenta casos de drogas.

Durante el juicio, manifestó que, como parte de la pre-paración del Instituto, los analistas reciben un adiestra-miento de tres a cuatro meses de duración relacionado con diferentes clases de drogas y con la instrumentación. Ade-más, indicó que el químico Soto Zeno trabaja bajo su super-visión y que lo conoce personalmente. También explicó que existe un procedimiento uniforme escrito que utilizan to-dos los analistas y que están obligados a seguir en los casos de drogas.

Sobre el análisis realizado por Soto Zeno, la perita de-claró que el químico siguió el protocolo establecido y que se efectuó correctamente. Durante el juicio, reconoció la firma del señor Soto Zeno para autenticar el certificado de aná-lisis químico. Explicó que autenticó la firma porque revi-saba el treinta por ciento de los casos atendidos por sus subalternos, los cuales incluían los análisis realizados por dicho empleado. Admitió que no verificó mediante pruebas científicas el análisis químico producido en este caso, pero expresó que examinó los resultados y el expediente el mismo día del juicio, cuando la llamaron al Instituto de Ciencias Forenses en horas de la tarde. Testificó que el material ocupado por la Policía dio positivo a heroína (0.47 gramos) y a cocaína (0.57 gramos), que el análisis se efec-tuó siguiendo el procedimiento de pruebas de cristales y que luego se realizó la instrumentación de las muestras con un resultado positivo a heroína y cocaína.

A petición del Ministerio Público, el Tribunal de Pri-mera Instancia admitió en evidencia el certificado de aná-lisis químico. Posteriormente, luego de examinar toda la prueba presentada, dicho tribunal declaró culpable al se-ñor Santos Santos por violar al Artículo 403(b) de la Ley de Sustancias Controladas. Concluyó que el señor Santos Santos utilizó un radio walkie-talkie para facilitar la comi-sión de un delito según la ley aplicable. Además, resolvió que el testimonio de la perita Díaz Pérez era admisible tras concluir que existía un protocolo y un procedimiento están-dar aceptado por la comunidad científica internacional y que el análisis químico realizado en este caso fue conforme a tal procedimiento.

Inconforme con dicho dictamen, el señor Santos acudió oportunamente al Tribunal de Apelaciones mediante re-curso de apelación. Como primer señalamiento de error, alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al admitir en evidencia el informe del análisis químico. Señaló que se violó su derecho a confrontación ya que no tuvo oportuni-dad de confrontar y contrainterrogar al químico que pre-paró el informe. Además, sostuvo que no se probó su cul-pabilidad más allá de duda razonable, por lo que procedía revocar la sentencia emitida. Por su parte, la Procuradora General presentó una oposición al recurso. En ésta sostuvo que la admisión del certificado de análisis químico consti-tuyó un error no perjudicial que no acarreaba la revocación de la sentencia. Argüyó, además, que el Ministerio Público presentó prueba independiente y suficiente para probar la culpabilidad del señor Santos más allá de toda duda razonable.

Luego de analizar la jurisprudencia interpretativa sobre el derecho a confrontación, el Tribunal de Apelaciones re-solvió que no erró el Tribunal de Primera Instancia al ad-mitir en evidencia el certificado de análisis químico y el testimonio de la perita sustituta Díaz Pérez. Concluyó que “ni la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Art. II, Sección 11, ni la Constitución de los Estados Unidos, en su Sexta Enmienda, ni el desarrollo jurisprudencial del caso Crawford y su progenie en los Es-tados Unidos, ni el caso Pueblo v. Guerrido [López], en Puerto Rico, requieren, como única alternativa para lograr la admisibilidad del Informe de análisis químico, que sea el químico que realizó el análisis la única persona que puede declarar en juicio”. El Pueblo de Puerto Rico v. Ángel Santos Santos, KLAN201000476, pág. 26. Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 147.

Aún inconforme, el señor Santos Santos presentó opor-tunamente ante este Tribunal un recurso de certiorari me-diante el cual nos solicita que revoquemos la sentencia con-firmatoria emitida por el foro apelativo intermedio. Reitera, esencialmente, los mismos señalamientos de error que ante el Tribunal de Apelaciones; es decir, (1) que erró el Tribunal de Primera Instancia al admitir en evidencia el análisis químico que se realizó a la sustancia ocupada sin que tuviera la oportunidad de contrainterrogar al funcio-nario profesional que preparó dicho análisis y redactó el informe aludido, y (2) que no se probó su culpabilidad más allá de duda razonable. El 27 de mayo de 2011 expedimos el recurso. El Ministerio Público presentó su oposición el 28 de septiembre de 2011. Con el beneficio de la compare-cencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A

El derecho constitucional a la confrontación

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado dispone que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a ... carearse con los testigos de cargo ...”. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. De igual manera, la Enmienda Sexta de la Constitución de Estados Unidos establece que en un proceso criminal todo acusado disfrutará del derecho a confrontar a los testigos que se presenten en su contra.() Ambas disposiciones recogen lo que la jurisprudencia ha venido a conocer como la “cláusula de confrontación”.

El derecho a la confrontación tiene tres aspectos fundamentales. En primer lugar, todo acusado tiene derecho al careo o confrontación cara a cara con los testigos adversos; en segundo lugar, tiene derecho a contrainterrogar a los testigos adversos, y, por último, tiene derecho a que se excluya cierta prueba de referencia que pretenda utilizar el Ministerio Público como prueba de cargo. Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 569.

La revolución de “Crawford v. Washington"

El derecho a la confrontación se vio fortalecido significativamente en el 2004 cuando la Corte Suprema federal resolvió Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004). En éste, el Tribunal revocó expresamente lo resuelto aproximadamente un cuarto de siglo antes en Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980). Aquí, el Tribunal había concluido que la cláusula de confrontación no impedía que se admitiera en evidencia contra un acusado una declaración testimonial de un testigo ausente, siempre que se hiciera una determinación judicial de que la declaración contenía suficientes indicios de confiabilidad. Es decir, que se encontrar bajo una excepción firmemente arraigada o que go-zara de garantías particularizadas de confiabilidad.

Tras rechazar las nociones de confiabilidad de Roberts, la Corte aclaró en Crawford, que la cláusula de confronta-ción de la Enmienda Sexta de la Constitución estadouni-dense sólo permite la admisión en evidencia de una decla-ración testimonial hecha contra un acusado fuera de corte si (1) el declarante no está disponible para comparecer al juicio y (2) el acusado tuvo la oportunidad de contrainte-rrogar al declarante en el momento en que se hizo la declaración. De no satisfacerse estos dos requisitos, la de-claración sería prueba de referencia inadmisible contra el acusado, independientemente de que satisfaga una excep-ción a la regla de exclusión de prueba de referencia.()

De esta manera, Crawford aclara que, más que garantizar la confiabilidad de la evidencia presentada contra un acusado, la cláusula de confrontación exige que dicha confiabilidad sea evaluada mediante un mecanismo en particular: el contrainterrogatorio. () Se trata, pues, de una garantía procesal a favor del acusado que no es susceptible de evasión a conveniencia del Estado.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en Crawford la cláusula de confrontación sólo se activa en relación con de-claraciones testimoniales. Así lo aclara la Corte Suprema federal al definir el término “testigos” de la Enmienda Sexta:

The text of the Confrontation Clause ... applies to “witnesses” against the accused-in other words, those who “bear testimony”. ... An accuser who makes a formal statement to government officers bears testimony in a sense that a person who makes a casual remark to an acquaintance does not. The constitutional text, like the history underlying the common-law right of confrontation, thus reflects an especially acute concern with a specific type of out-of-court statement. (Citas omitidas). Crawford, pág. 51. Véase Pueblo v. Guerrido López, 179 D.P.R. 950, 968 (2010).

De esta forma, Crawford no sólo define lo que es un testigo para efectos de la cláusula de confrontación, sino que establece que esta definición aplica tanto para testimonios hechos en corte como para declaraciones realizadas fuera del tribunal (out-of-court statements). Es importante señalar, no obstante, que Crawford no prohíbe la admisión de declaraciones hechas fuera del tribunal si el propósito de la admisión no es probar la veracidad de lo aseverado. Tampoco prohíbe admitir una declaración anterior, que sería admisible como excepción a la regla de exclusión de prueba de referencia, si el declarante se encuentra disponible para ser contrainterrogado durante la vista. Guerrido López, pág. 968.

Por último, con relación a la definición de lo que constituye una declaración testimonial conforme a Crawford, la Corte Suprema federal rechazó expresamente dar una explicación exhaustiva del término. Sin embargo, ofreció ejemplos de declaraciones que se debían tomar como testimoniales: testimonio ofrecido durante juicio, declaraciones juradas, interrogatorios bajo custodia, testimonios anteriores en los cuales el acusado no haya tenido oportunidad de contrainterrogar, declaraciones ofrecidas antes del juicio en circunstancias que el declarante razonablemente pudiera esperar que fueran usadas por el Ministerio Público, declaraciones extrajudiciales tales como affidavits, testimonios anteriores y declaraciones hechas en circunstancias que razonablemente pudieran llevar a un testigo objetivo a creer que tal declaración pudiera estar disponible para utilizarse en un juicio posterior. Crawford, págs. 51-52; Guerrido López, págs. 968-969.

Recientemente, en Michigan v. Bryant, 131 S.Ct. 1143 (2011), la Corte Suprema retomó este tema y resolvió que para determinar si una declaración es testimonial hay que evaluar si tiene como propósito primario crear un sustituto extrajudicial de lo que sería testimonio en corte. Id., pág. 1155. Cuando el propósito primario de la declaración no es crear un expediente para juicio, la admisibilidad de la declaración dependerá de las reglas de evidencia estatales y federales, no de la cláusula de confrontación. Id.

La aplicación de “Crawford” al informe químico forense: “Melendez-Diaz v. Massachusetts”

Apenas cinco años después de resolverse Crawford, la Corte Suprema resolvió Melendez-Diaz v. Massachusetts, 129 S.Ct. 2527 (2009). En dicho caso, el Tribunal concluyó que el informe de laboratorio químico forense que se prepara para presentarse en juicio como prueba sustantiva contra un acusado es una declaración testimonial sujeta a las exigencias de la cláusula de confrontación según expuestas en Crawford. Por ello, no era suficiente para soslayar la exigencia constitucional que el informe fuera certificado ante notario público, como permitía la ley del estado de Massachusetts como excepción a la regla general de exclusión de prueba de referencia contra un acusado.()

La Corte sostuvo que el informe químico es testimonial porque “testifica” precisamente lo que testificaría el quí-mico si compareciera al juicio. Es decir, el informe es el equivalente práctico del testimonio en corte que ofrecería un testigo en el interrogatorio directo, sin permitir al acu-sado confrontar adecuadamente a su acusador.

La Corte rechazó el argumento de que el informe del químico no era un testigo acusador, aclarando que para efectos de la cláusula de confrontación, sólo existen dos tipos de testigos: aquéllos en contra del acusado y aquéllos a su favor. Por lo tanto, como el analista químico habría sido testigo, ciertamente el informe que preparó represen-taba una declaración testimonial contra el acusado pues intentaba probar que el material ocupado y analizado era precisamente la sustancia ilegal cuya posesión se impu-taba al acusado. El máximo foro federal descartó, además, que el informe no tuviera carácter testimonial por no tra-tarse de un testigo que declara sobre un evento pasado, sino de un testigo no típico ni ordinario, que sólo refleja contemporáneamente los análisis que realiza el químico que los prepara. Por último, la Corte Suprema negó tam-bién que el informe fuera un testigo no convencional, no sujeto a la cláusula de confrontación, por no tratarse de una declaración que surge de un interrogatorio; se basó en que la Constitución no exime a los testigos cuyo testimonio sea voluntario de la necesidad de someterse a un contrainterrogatorio. Véase Guerrido López, pág. 976.

Como dijéramos en Guerrido López, Crawford y su pro-genie constituyen jurisprudencia normativa para nuestra jurisdicción. Id., pág. 962. Claro está, las interpretaciones que la Corte Suprema realice sobre la cláusula de confrontación federal, así como de cualquier otro derecho aplicable a nuestra jurisdicción, representan meramente el mínimo obligados a reconocer bajo nuestra propia Constitución, sin impedimento alguno de interpretar más ampliamente de-rechos cobijados bajo la factura más ancha de nuestra Constitución moderna. Véanse: Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587 (1994); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988).

La aplicación de “Melendez-Diaz” a nuestra jurisdicción: “Pueblo v. Gerrido López”

En el 2010, esta Curia tuvo la oportunidad de atender una controversia que catalogamos como idéntica a la re-suelta por la Corte Suprema en Melendez-Diaz. En Guerrido López concluimos que, conforme a los criterios establecidos en Melendez-Diaz, los informes que preparó el Instituto de Ciencias Forenses en las circunstancias de aquel caso eran claramente testimoniales. Además, resolvimos que, dado que el Ministerio Público nunca justificó la no disponibilidad del declarante y el acusado nunca tuvo la oportunidad de contrainterrogarlo con relación a ese in-forme, las circunstancias del caso se ajustaban perfecta-mente a aquellas consideradas en Melendez-Diaz.

Luego de la decisión de Melendez-Diaz, jurisdicciones estatales en Estados Unidos, así como tribunales federales inferiores, han interpretado restrictivamente lo allí resuelto. Como discutimos anteriormente, en dicho caso se pretendía admitir en evidencia un informe de laboratorio sólo mediante la certificación de un notario público, por lo que el máximo foro federal no resolvió si violaba la cláu-sula de confrontación la cual establece que un perito quí-mico sustituto testifique en corte sobre el informe prepa-rado por otro químico que no esté disponible para comparecer a juicio. Esto dio paso a que muchas jurisdic-ciones permitieran esta práctica tras concluir que, de esta forma, al acusado se le garantizaba su derecho a contrain-terrogar a los testigos en su contra.

“Melendez-Diaz” y el testimonio del perito sustituto: “Bullcoming v. New Mexico”

La Corte Suprema federal atendió finalmente esta controversia en Bullcoming v. New Mexico, 131 S.Ct. 2705 (2011). Mediante decisión dividida (5-4), la Corte resolvió que el testimonio del perito sustituto viola la cláusula de confrontación de la Enmienda Sexta cuando se ad-mite en evidencia el informe del químico y el sustituto no observó la preparación del análisis forense ni ofreció su opinión independiente sobre los hallazgos. Según el máximo foro, el informe presentado representaba una declaración testimonial, por lo que el declarante, el analista que realizó el análisis y redactó el informe, debía comparecer a juicio para que fuera admitido como evidencia. Los mismos cuatro jueces que disintieron en Melendez-Diaz concluyeron que no era necesario que testificara únicamente el analista que preparó el informe y mostraron su insatisfacción con el desarrollo jurisprudencial producido tras Crawford.

Por su parte, la juez Sotomayor emitió una opinión con-currente importante que enfatiza el alcance restrictivo de la opinión de la Corte. Según ésta, (1) no estaba ante la consideración de la Corte la posible inconstitucionalidad de un informe realizado con fines distintos a ser utilizado en corte contra el acusado; (2) no se trataba de un caso en que el perito sustituto fuera un supervisor, revisor o alguien con alguna conexión personal, aunque limitada, con el aná-lisis científico realizado, y (3) no era un caso en que el Ministerio Público intentaba presentar como evidencia unos resultados generados solamente por máquinas (machine-generated results). Por lo tanto, la constitucionalidad del testimonio pericial sustituto bajo circunstancias como las descritas aún no ha sido adjudicada por la Corte Su-prema de Estados Unidos.

En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal de Apelaciones sostuvo la determinación del Tribunal de Pri-mera Instancia que admitió como evidencia sustantiva contra un acusado el informe químico forense realizado por un analista que no es el testigo que comparece ajuicio para someterse al contrainterrogatorio del acusado. En el mo-mento en que el foro apelativo intermedio dictó sentencia, la Corte Suprema no había resuelto Bullcoming. Debemos evaluar si procede aplicar la norma de Bullcoming o si, por el contrario, existen circunstancias particulares que distin-guen a este caso del resuelto por el foro federal. De ser este el caso, debemos evaluar si, aun según estas circunstan-cias distintas, se violó el derecho a la confrontación que posee el peticionario al amparo de la Enmienda Sexta de la Constitución federal o la Sección 11 del Artículo II de la nuestra.

B

Como sabemos, no todo error de admisión o ex-clusión de evidencia acarrea la revocación de la resolución o sentencia recurrida. El inciso (a) de la Regla 105 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, establece como norma general que “[n]o se dejará sin efecto una determinación de admisión o exclusión de evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos que: (1) [l]a parte perjudicada con la admisión o exclusión errónea de evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, fundamento y oferta de prueba ... y (2) el tribunal que considera el seña-lamiento estime que la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación se solicita”.

Este segundo requisito considera el impacto del error cometido sobre el resultado al que llegó el juzgador, pues es posible que se cometa un error de derecho probatorio y que el tribunal evaluador considere que dicho error no tuvo efecto significativo sobre el resultado del caso, por lo que confirme el dictamen a pesar del error. Se trata de errores judiciales de carácter no perjudicial (harmless errors). Vease Arizona v. Fulminante, 499 U.S. 279 (1991). En estos casos, el tribunal deberá evaluar si, de no haberse cometido el error, lo más probable es que el resultado hubiera sido el mismo. Véase E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 2009, pág. 88. De concluir que sí, procedería confirmar la sentencia condenatoria; de concluir lo contrario, revocarla.

Sin embargo, no todo tipo de error en el proceso judicial está sujeto a la doctrina de error no peijudicial. El error estructural se refiere a un error de tal magnitud que le-siona fatalmente el sistema adversativo o el juicio imparcial. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, op. cit. Por esta razón, si se incurre en este tipo de violación, procedería revocar automáticamente la senten-cia recurrida, independientemente de la abundancia o con-tundencia del resto de la prueba que presente el Ministerio Público.

Por su parte, el inciso (b) de la Regla 105 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, añade que “[s]i el error en la admisión o exclusión de evidencia constituye una violación a un derecho constitucional de la persona acusada, el tribunal apelativo sólo confirmará la decisión si está convencido más allá de duda razonable de que, de no haberse cometido el error, el resultado hubiera sido el mismo”. Este apartado codifica la norma constitucional pautada por la Corte Suprema de Estados Unidos en Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967), según la cual, si el error cometido lesiona un derecho constitucional del acusado, no procede declarar tal error como no perjudicial a menos que el tribunal que aquilata el error esté convencido más allá de duda razonable de que, de no haberse cometido el error, lo más probable es que se hubiera llegado al mismo fallo o veredicto. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, op. cit, págs. 88-89. En la apelación de una sentencia condenatoria, le corresponde al convicto establecer, a satis-facción del tribunal apelativo, que se cometió un error de rango constitucional, pero le corresponde al Ministerio Pú-blico persuadir al foro apelativo más allá de toda duda ra-zonable de que se trata de un error no perjudicial; es decir, que de no haberse cometido el error constitucional, el re-sultado habría sido el mismo.

En el caso de autos, el peticionario plantea que el Tribunal de Primera Instancia violó su derecho a confrontar a los testigos de cargo. Se trata de un derecho protegido, tanto por la Constitución del Estado Libre Asociado como por la de Estados Unidos. Por lo tanto, de este Tribunal concluir que es meritoria la alegación del señor Santos Santos, procedería entonces analizar si, conforme a los principios esbozados anteriormente, tal violación constitu-cional constituye un error estructural que acarrea la revo-cación automática de la sentencia recurrida o si se trata de un error susceptible de análisis, según la doctrina de error constitucional no perjudicial. Veamos.

III

A

Evaluada la jurisprudencia normativa sobre la contro-versia ante nuestra consideración, así como el cuadro fác-tico que se deduce del expediente de autos, especialmente la transcripción narrativa de la prueba presentada en corte, no cabe duda de que al acusado se le violó su derecho a confrontación al no presentar como testigo al analista que preparó el informe, el señor Soto Zeno.

Al señor Santos Santos se le acusa de haber violado el Artículo 403 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2403.()

Cuando a una persona se le imputa la posesión de una sustancia controlada, la prueba de la identidad de la sustancia ocupada es un elemento esencial del delito. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene la obligación ineludible de establecer que la sustancia ocupada es prohibida y que, efectivamente, es la sustancia alegada en la acusación. Este hecho se puede probar mediante un análi-sis químico realizado a la sustancia.

Conforme a lo resuelto en Melendez-Diaz y Guerrido Ló-pez, cuando el análisis químico se realiza como parte de un procedimiento criminal con el propósito de utilizarse como prueba en contra del acusado, como sucedió en este caso, se trata de una declaración testimonial que está sujeta a las exigencias de la cláusula de confrontación conforme a Crawford. Por ende, en el caso de autos, el Certificado de Análisis Químico Forense admitido en evidencia, donde se concluía que la sustancia evaluada era cocaína y heroína, constituyó una declaración testimonial que requería que el declarante compareciera a juicio para ser contrainterrogado.

Ahora bien, para resolver si el testimonio de la perita sustituta es suficiente para satisfacer el derecho de con-frontación del acusado, debemos preguntarnos quién es verdaderamente el declarante que testifica en su contra. Como reitera la Corte Suprema en Bullcoming, pág. 2705, una lectura sensata de Crawford y de Melendez-Diaz sólo puede conducir a una conclusión: el declarante es la persona que realizó el análisis y preparó el informe que se intenta admitir como evidencia. Este hecho ya había sido reconocido expresamente en la opinión disidente de Melendez-Diaz y fue precisamente la razón por la que estos jue-ces difirieron de la postura mayoritaria. Melendez-Diaz, pág. 2545.

Además, a pesar de que la controversia atendida por esta Curia en Guerrido López era distinta a la del caso de autos, dado que se circunscribía a la naturaleza testimonial del análisis químico, la consecuencia inexpugnable de nuestra determinación nos llevó a concluir desde entonces lo que hoy resolvemos inequívocamente: que “no es admisible como evidencia sustantiva contra un acusado un informe químico cuando el técnico que preparó dicho in- forme no comparece como testigo en el juicio al momento en que se solicita su admisión, y cuando el acusado no tuvo la oportunidad de contrainterrogar a ese testigo previa-mente con relación a ese informe”. (Enfasis en el original.) Guerrido López, pág. 979.

No es el deber de los tribunales sustraer de la cláusula de confrontación sus valores subyacentes para luego aplicar sus garantías sólo en la medida en que (conforme al criterio del propio tribunal) se satisfagan esos valores. Giles v. California, 554 U.S. 353, 375 (2008). Por lo tanto, la cláusula constitucional de confrontación no tolera que se dispense de la confrontación sólo porque un tribunal crea que cuestionar a un testigo sobre las declaraciones testimoniales de otro testigo provee una oportunidad suficientemente justa de contrainterrogar. Bullcoming, pág. 2716.

A modo ilustrativo, en United States v. Gonzalez-Lopez, 548 U.S. 140 (2006), una decisión sobre el derecho a asis-tencia de abogado, también recogido en la Enmienda Sexta, la Corte Suprema sostuvo que a pesar de que el propósito de los derechos recogidos en esa Enmienda es asegurar un juicio justo, ello no implica que los derechos puedan ser menoscabados siempre y cuando el juicio sea, en general, justo. Si una garantía de la Enmienda Sexta se viola, ningún procedimiento sustituto puede curar dicha violación y no se requiere muestra de perjuicio adicional para que la violación se complete. Id., págs. 145-146. Si la representación que hace un abogado sustituto no satisface la Enmienda Sexta, tampoco lo hace la oportunidad de con-trainterrogar a un testigo sustituto. Bullcoming, pág. 2716.

La realidad es que el testimonio de la perita Díaz Pérez no podía recoger lo que el analista Soto Zeno sabía ni lo que éste observó sobre los eventos y resultados que él cer-tificó en su informe forense. Tampoco podía el testimonio sustituto acreditar fielmente cualquier error o mentira en que hubiera incurrido el autor del informe. La propia pe-rita admitió que sólo revisa el treinta por ciento de los análisis realizados por sus subalternos y que nunca revisó científicamente los resultados ni participó en la prepara-ción del informe admitido como evidencia contra el acusado. De hecho, no examinó los resultados ni el expe-diente hasta el mismo día del juicio, cuando la llamaron al Instituto de Ciencias Forenses en horas de la tarde. Por lo tanto, no tenía propio y personal conocimiento de lo decla-rado en corte, por lo que su testimonio con relación a que el análisis que realizó el químico Soto Zeno siguió el protocolo establecido y se efectuó correctamente constituyó prueba de referencia inadmisible, cuya admisión violó la En-mienda Sexta de la Constitución de Estados Unidos y la Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.

Recordemos que el derecho en cuestión protege no sólo contra el testimonio fraudulento, sino contra el incom-petente. En Bullcoming se enfatizó el hecho de que el Mi-nisterio Público ni siquiera justificó la no disponibilidad del analista, sino que se limitó a decir que el declarante estaba separado de su cargo sin paga (unpaid leave of absence), por lo que el acusado no pudo contrainterrogar res-pecto a este asunto; nunca supo si la separación se debía a posibles irregularidades en análisis previos o a alguna otra falta crasa del analista. Como en aquel caso, admitir el informe forense sólo porque testificó un sustituto abriría la puerta para que el Ministerio Público escogiera acomoda-ticiamente a qué testigo presentar en corte, menoscabando así el derecho del acusado a impugnar la capacidad y la credibilidad del testigo en su contra.

El Ministerio Público plantea que las circunstancias de este caso son distintas a las de Bullcoming porque, en aquel caso, el perito sustituto se limitó a leer el informe admitido en evidencia, mientras que en éste la perita Díaz Pérez, como supervisora del analista que realizó el in-forme, “revisó” los resultados y proveyó “criterio indepen-diente de peritaje” sobre el análisis químico que realizó su subalterno, el señor Soto Zeno. Por lo tanto, arguye el Es-tado que se cumplen, al menos, dos de las circunstancias que la juez Sotomayor menciona en su opinión concurrente como no resueltas por la Corte. No tiene razón el Ministe-rio Público.

En primer lugar, la perita sustituta admitió que sólo revisa tres de cada diez informes producidos por sus sub-alternos y que nunca revisó científicamente los resultados producidos en este caso ni supervisó al señor Soto Zeno en la preparación de este informe particular. La “revisión” a la que alude el Ministerio Público se limitó a mirar el expe-diente luego de que la llamaran en la tarde del mismo día del juicio. Este no es el tipo de revisión al que hace refe-rencia la opinión concurrente de la juez Sotomayor. Por lo tanto, poco importa que fuera la supervisora de jure del analista original si admitió que no supervisó de facto el informe admitido en evidencia.

En segundo lugar, tampoco tiene razón el Ministerio Pú-blico al plantear que el informe es admisible porque la pe-rita proveyó un “criterio independiente de peritaje sobre el análisis químico que realizó su subalterno”. Aunque la Corte Suprema federal no resolvió hasta qué punto el aná-lisis independiente de un perito sustituto valida la admi-sión en evidencia de un informe químico producido por otro analista,!) lo cierto es que aquí no hubo tal análisis independiente.

El hecho de que la perita testificara que ha trabajado por más de veinticinco años en el Instituto de Ciencias Fo-renses; que desde hace siete meses supervisa la sección en la que se analizan los casos de drogas; que ha testificado en más de cincuenta casos de drogas; que los analistas reciben un adiestramiento de tres a cuatro meses de duración, re-lacionado con diferentes clases de drogas y con la instru-mentación; que el químico Soto Zeno trabaja bajo su super-visión; que lo conoce personalmente, y que existe un procedimiento uniforme escrito que utilizan todos los ana-listas y que están obligados a seguir en los casos de drogas, no justifica de manera alguna que se admita en evidencia un informe químico en el que no participó de ninguna manera. Que existan esos mecanismos no asegura que el señor Soto Zeno los utilizó o los satisfizo.

Sobre las afirmaciones de la perita relacionadas a que el material ocupado por la Policía dio positivo a heroína (0.47 gramos) y a cocaína (0.57 gramos); que el análisis se efec-tuó siguiendo el procedimiento de pruebas de cristales y que luego se realizó la instrumentación, el problema cons-titucional subyacente es que “sus” conclusiones se basan totalmente en un informe químico realizado por otra persona; un informe que representa una declaración testimonial que prueba un elemento del delito. Por lo tanto, no se puede decir que son realmente independientes.

La perita no probó cómo llegó “de forma independiente” a esas conclusiones. El desarrollo jurisprudencial del derecho a confrontación nos convence de que la Enmienda Sexta de la Constitución estadounidense, así como nuestra Constitución, impiden que un informe preparado por otra persona se admita en evidencia meramente mediante el testimonio de un perito sustituto cuando éste utiliza, precisamente, como fuente o base para sus hallazgos la declaración testimonial que se pretende admitir en evidencia. Ni siquiera nos encontramos ante un caso hipotético en el que la testigo afirma que si X hubiera sido evaluado, entonces Y sería el resultado. Aquí la testigo afirmó en corte que el informe preparado por Soto Zeno, el cual concluye que la sustancia ocupada y analizada era cocaína y heroína, se hizo correctamente y conforme al pro-cedimiento establecido. Sin embargo, esto no le constaba de propio y personal conocimiento pues no participó en su producción.

Permitir esta práctica sería un subterfugio para sosla-yar las exigencias claras reiteradas desde Crawford con relación al derecho a confrontación. Bastaría con que un testigo sustituto concordara constantemente con el informe preparado por otro y esbozara cómo llegó “independiente-mente” al mismo resultado para evadir el imperativo constitucional. El problema se agudizaría cuando el susti-tuto fuera un supervisor, pues el incentivo para coincidir con el informe será mayor. Después de todo, contradecir un informe preparado por un subalterno sería reflejo no sólo de la incapacidad o incompetencia del supervisado, sino del propio supervisor. La cláusula de confrontación no permite tal burla.

Reafirmamos que los derechos constitucionales no son susceptibles de maleabilidad a conveniencia. La Constitu-ción dispone que todo acusado disfrutará del derecho a ca-rearse con los testigos de cargo. Por lo tanto, rechazamos el argumento de que aplicar nuestra interpretación de la cláusula de confrontación a evidencia forense impondría una carga indebida al Ministerio Público. Como se señala en Bullcoming, muchas jurisdicciones en las que, incluso antes de Crawford, se considera parte de la labor del ana-lista forense testificar enjuicio sobre sus hallazgos, el “cie-lo no se ha caído”. Bullcoming, pág. 2719.

Al amparo de la norma que reconocemos hoy, el perito sustituto podría realizar una nueva prueba a las sustan-cias ocupadas y testificar sobre esos hallazgos. Esto fomen-taría que las entidades concernientes preservaran mejor la prueba a utilizarse en juicio. Además, nuestra decisión tampoco implica que el Estado está obligado, necesaria-mente, a presentar en juicio a toda persona que haya in-tervenido en la cadena de custodia de la sustancia ocu-pada, pues siempre tendrá discreción para elegir qué testigos utilizará para probar más convincentemente su caso. Sin embargo, si decide presentar declaraciones testi-moniales de alguno de ellos, tendrá que presentarlo en corte para que el acusado pueda ejercer su derecho consti-tucional a confrontarlo.

Por último, reiteramos lo expresado por el Juez Presidente en su opinión de conformidad en Guerrido López sobre la aplicación retroactiva de nuevas normas jurisprudenciales a procesos criminales que no hayan advenido finales y firmes.

Nuestra doctrina de retroactividad o irretroactividad de nuevas normas jurisprudenciales de carácter penal ha es-tado íntimamente ligada a las normas adoptadas por la Corte Suprema de Estados Unidos. Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765, 771 (2001). Por esta razón, es preciso recordar que antes de 1965, la Corte Suprema federal aplicó los fallos jurisprudenciales a cualquier caso pendiente para revisión judicial de forma retroactiva. C.H. Whitebread y C. Slobogin, Criminal Procedure: An Analysis of Cases and Concepts, Nueva York, Ed. Foundation Press, 2003, pág. 832. Sin embargo, como bien se reconoce en Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965), la aplicación retroactiva de nuevas normas jurisprudenciales podría tener grandes costos al sistema de justicia criminal. Guerrido López, págs. 981-982; Pueblo v. Delgado Rodríguez, 108 D.P.R. 196, 200 (1978).

Por esta razón, en Linkletter y su progenie se establecieron los requisitos para determinar si se debía aplicar retroactivamente una norma jurisprudencial de carácter penal. Estos requisitos los acogimos en Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965). La Corte Suprema estableció los criterios siguientes: (1) el propósito que persigue la norma recién establecida; (2) el grado de confianza generado por la antigua norma, y (3) el impacto que tendría en la administración de la justicia la aplicación retroactiva de la nueva norma. Guerrido López, pág. 982. Véanse: Hankerson v. North Carolina, 432 U.S. 233 (1977); Desist v. United States, 394 U.S. 244 (1969); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967).

No obstante, esta normativa de retroactividad fue revi-sada sustancialmente en United States v. Johnson, 457 U.S. 537 (1982), mediante el cual se pautó una distinción entre aquellas convicciones que habían advenido finales y aquellas que estaban pendientes de revisión directa. En esencia, se determinó que, al amparo de la Enmienda Cuarta de la Constitución de Estados Unidos, la nueva norma aplicaría a todos aquellos casos que no hubieran advenido finales. Posteriormente, esta determinación se extendió a revisiones directas al amparo de otras cláusulas constitucionales. Guerrido López, pág. 982.

En Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314 (1987), el máximo foro federal hizo extensiva la aplicación retroactiva de to-das las normas constitucionales de carácter penal que al momento de su adopción no hubieran advenido finales. De este modo, se adoptó la concepción del juez asociado Harlan según la cual la no aplicación de nuevas normas juris-prudenciales a casos que estén pendientes de revisión directa viola las normas básicas de adjudicación. Esta norma la acogimos en González Cardona. Por otro lado, en Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989), acogiendo las demás concep-ciones al respecto del Juez Asociado Harlan, la Corte Su-prema decidió que, como regla general, una norma juris-prudencial no aplicaría retroactivamente si se trataba de un caso de ataque colateral y no directo. Guerrido López, pág. 983.

Por lo tanto, según los parámetros constitucionales pautados por dicho foro, una nueva norma jurisprudencial de aplicación a los procesos penales deberá tener efecto retroactivo sobre todos aquellos casos que al momento de la adopción de la nueva norma no hayan advenido finales y firmes. González Cardona. A su vez, estos parámetros apli-can a los casos estatales conforme a Griffith. Guerrido Ló-pez, pág. 983.

De acuerdo con los principios esbozados anteriormente, al igual que aplicamos retroactivamente la norma de Melendez-Diaz en Guerrido López, concluimos que la norma establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos en Bullcoming, en lo que respecta a la cláusula de confronta-ción, tiene un efecto retroactivo en nuestra jurisdicción y aplica a todos aquellos casos que al momento de la adop-ción no hayan advenido finales y firmes. Por lo tanto, la norma pautada en Bullcoming aplica al caso de autos.

B

Resta por analizar si el error constitucional cometido por el foro de primera instancia constituye un error estruc-tural que implica la revocación automática de la sentencia recurrida o si, en cambio, está sujeto a evaluación al am-paro de la doctrina de error no perjudicial.

La Corte Suprema rechazó expresamente resolver este asunto tanto en Melendez-Diaz, pág. 2542 esc. 14, como en Bullcoming, pág. 2719 esc. 11, y devolvió ambos casos a sus respectivas jurisdicciones para que las cortes estatales lle-garan a sus propias conclusiones, reservándose el derecho de atender el asunto en un proceso apelativo posterior. Este Foro tampoco tuvo que resolver esta incógnita en Guerrido López, dado que confirmamos las determinacio-nes de ambos foros inferiores de denegar la admisión en evidencia del certificado de análisis químico forense.

Antes de Crawford, todas las violaciones al derecho de confrontación se consideraban errores judiciales sujetos a la doctrina de error no perjudicial. Al evaluar dichas violaciones en Delaware v. Van Arsdall, 475 U.S. 673 (1986), la Corte Suprema recalcó que la clave era si la admisión de la prueba sin la oportunidad de contrainterrogar afectó la confiabilidad del proceso de descubrimiento de la verdad. Además, añadió que otros factores pueden incidir sobre si el error causó el perjuicio necesario para justificar la revo-cación de la sentencia condenatoria, tales como la impor-tancia del testimonio presentado para el caso del Ministe-rio Público; si dicho testimonio es acumulativo; la presencia o ausencia de prueba que corrobore o contradiga el testimonio, y por supuesto, la fortaleza del caso del Mi-nisterio Público en su totalidad.

Aun después de Crawford, prácticamente todas las cor-tes estatales, así como tribunales federales inferiores, han resuelto que una violación al derecho a confrontación se-gún Crawford no es un error estructural, sino un error judicial sujeto a ser evaluado al amparo de la doctrina de Chapman sobre el error constitucional no perjudicial.() Aun aquellos tribunales que han revocado una convicción por violaciones al derecho de confrontación según la En-mienda Sexta, lo han hecho tras concluir que el resto de la prueba no era suficiente para probar más allá de duda ra-zonable la culpabilidad del acusado, no por resolver que el error cometido fuera de naturaleza estructural.()

Coincidimos con la interpretación realizada por estas cortes y resolvemos que la admisión o exclusión errónea de evidencia en violación al derecho a confrontación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la de Estados Unidos, no es un error estructural que acarree la revocación automática de la sentencia recurrida. Por el contrario, dicha sentencia está sujeta a revisión según la doctrina de error constitucional no perjudicial de Chapman, adoptada por este Tribunal en Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, 744-746 (1991), y podrá ser confirmada si el Ministerio Público logra probar más allá de duda razonable que, de no haber cometido el error, lo más probable es que el resultado hubiera sido el mismo.

No obstante la gravedad de toda violación constitucio-nal, la determinación de que un error es de naturaleza es-tructural se debe reservar sólo para aquellas violaciones que lesionen fatalmente la naturaleza imparcial de la tota-lidad del proceso judicial. Esta ha sido la norma reiterada constantemente tanto en la jurisdicción federal como en la nuestra. Por lo tanto, si una vez suprimida la prueba ad-mitida erróneamente en este caso (el Certificado de In-forme Químico Forense), el resto de la prueba que presenta el Ministerio Público aún logra probar más allá de duda razonable la culpabilidad del señor Santos Santos, no existe impedimento alguno para que se sostenga su convicción.

Por supuesto, nada de lo que resolvemos hoy es óbice para que un tribunal revoque una sentencia condenatoria, basándose en el efecto acumulativo de múltiples errores no peijudiciales que, por sí solos, no justificarían revocar la condena.

Luego de evaluar minuciosamente el expediente de autos, particularmente la transcripción narrativa del testi-monio que el agente investigador —señor Angel Rosario— ofreció en corte, concluimos que el Ministerio Público no logró satisfacer el estándar de Chapman, el cual le reque-ría probar más allá de duda razonable que, de no haberse cometido el error constitucional, el resultado habría sido el mismo.

Además del Certificado de Informe Químico Forense, el Ministerio Público presentó como única prueba de cargo el testimonio del señor Rosario. Este testigo fue la persona que intervino con el acusado y que ocupó las sustancias analizadas posteriormente. A través de su testimonio, se admitió en evidencia el instrumento de comunicación uti-¡izado en la transacción (walkie-talkie), así como los resul-tados de la prueba de campo realizada a las sustancias ocupadas, los cuales arrojaron un resultado positivo a he-roína y cocaína. Luego de esto, el testigo se refirió a lo relativo a la cadena de custodia del material analizado, sentando las bases para el testimonio posterior de la perita sustituía.

Como indicáramos anteriormente, el peticionario fue acusado de violar el Artículo 403 de la Ley de Sustancias Controladas. Uno de los elementos del delito que el Minis-terio Público tenía que probar más allá de duda razonable era que la sustancia ocupada al señor Santos Santos era precisamente la sustancia controlada cuya posesión se le imputaba. Excluido el Certificado de Informe Químico Fo-rense admitido erróneamente por el Tribunal, el Ministerio Público sólo contaba con el resultado de la prueba de campo como mecanismo para probar este elemento esencial.

Como señala el inciso (h) de la Regla 110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, cualquier hecho es susceptible de ser probado mediante evidencia directa o circunstancial. Por lo tanto, el resultado de una prueba de campo podría ser suficiente, según la totalidad de las circunstancias de cada caso, para que un juzgador pudiera concluir más allá de duda razonable que la sustancia ocupada a un acusado es lo que se le imputa ser. Sin embargo, en ausencia de prueba científica forense que acredite la identidad de una sustancia ocupada, el Ministerio Público debe demostrar la aceptabilidad y validez que la comunidad científica le otorga a la prueba de campo realizada. Si la evidencia presentada demuestra que la prueba utilizada es confiable dentro de los parámetros de aceptación de la comunidad científica, tal evidencia, en unión a la prueba sobre la experiencia del agente y sus cualificaciones respecto a la administración de dicha prueba de campo, sería sufi-cíente para que un juzgador hallase probado más allá de duda razonable un elemento esencial del delito imputado.

A esta misma conclusión han llegado recientemente otros tribunales estatales.() Por ejemplo, en Commonwealth v. King, 461 Mass. 354 (2012), la Corte Suprema del estado de Massachusetts tuvo ante su consideración una controversia extremadamente similar a la del caso de autos. En dicho caso, la Corte de Apelaciones de Massachusetts resolvió que al acusado le habían violado su derecho a confrontación al amparo de la Enmienda Sexta al admitir en evidencia en su contra un certificado de in-forme químico sin la comparecencia en corte del técnico de laboratorio que preparó el certificado. No obstante, el foro apelativo intermedio sostuvo la convicción basándose en que el error no fue perjudicial al considerar el resto de la prueba presentada en su contra, la cual consistía exclusi-vamente del testimonio del oficial interventor y del resul-tado de la prueba de campo que realizó éste a la sustancia ocupada, el cual resultó positivo a cocaína. La Corte Su-prema de este estado revocó tras concluir que la prueba de campo no fue suficiente para probar la identidad de la sus-tancia ocupada, pues el agente no testificó en absoluto so-bre ningún adiestramiento que hubiera tomado para reco-nocer la sustancia en cuestión, ni ninguna otra sustancia controlada. Asimismo, el Ministerio Público tampoco pre-sentó prueba alguna con relación a qué tipo de prueba de campo utilizó el agente ni sobre la capacidad de éste para administrarla.

Los cuestionamientos sobre el uso de la prueba de campo para sostener una convicción se basan primordial-mente en la poca confiabilidad científica de la cual gozan sus resultados. Esto se debe, particularmente, a la tasa elevada de falsos positivos que puede arrojar este tipo de prueba.!)

En el caso ante nos, surge de la transcripción narrativa del testimonio del agente Rosario que, una vez el oficial llevó a cabo la intervención, trasladó al señor Santos Santos a la División de Drogas de Vega Baja. Fue entonces cuando se realizó la prueba de campo a la sustancia ocupada. Transcripción de la prueba oral, págs. 16-17; Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 25-26. El único testimonio relacionado con la prueba de campo es el si-guiente:

FISCAL: Testigo[,] usted testificó anteriormente que usted realizó una prueba de campo.
[ROSARIO]: Correcto].]
FISCAL: ¿Cuándo fue que usted realizó la prueba de campo? [ROSARIO]: Ese mismo día[.]
FISCAL: ¿Dónde, si en algún lugar, usted pone el resultado de la prueba de campo?
[ROSARIO ]: Eh[,] el resultado se marca en la parte posterior!,] en la parte de abajo!,] donde dice unas letras o unas palabras. Eh[,] la sustancia que se ocupa m[á]s se des-glosa la evidencia ocupada!,] según lo que!,] eh[,] lo que se ocupa!,] verdad.
FISCAL: ¿Algún reparo?
ABOGADO: No[.]
FISCAL: ¿No tiene reparo?
ABOGADO: NO[J
FISCAL: Su Señoría],] sin reparo la defensa[, solicitamos] que se admita en evidencia la prueba de campo [.]
JUEZ: Se marca como exhibit dos del Ministerio Público. Transcripción de la prueba oral, pág. 18. Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 27.

Del expediente surge que el agente Rosario no testificó sobre el tipo de prueba realizada, ni sobre el proceso seguido. Tampoco habló sobre ninguna experiencia que tu-viera en cuanto al uso de este sistema. Sencillamente, se limitó a mencionar el resultado positivo obtenido y relató que guardó la sustancia hasta el día en que la llevó al Instituto de Ciencias Forenses para realizar el análisis químico.

El poco énfasis que prestó el Ministerio Público en deta-llar este proceso es revelador si se compara con la gran can-tidad de preguntas detalladas y complejas que hizo a la pe-rita sustituta para validar el uso del Certificado de Análisis Químico Forense para probar la identidad de la sustancia. Es decir, ante un sistema mucho más confiable científica-mente, como el análisis químico que se realizó en el Insti-tuto de Ciencias Forenses, el Ministerio Público se vio en la necesidad de justificar más el proceso que produjo sus resul-tados que los de la prueba de campo. Evidentemente, el Mi-nisterio Público nunca tuvo la intención de utilizar la prueba de campo para probar en juicio la identidad de la sustancia ocupada, por lo que el testimonio ofrecido sobre dicha prueba preliminar no cumplió con los requisitos nece-sarios para probar más allá de duda razonable que la sus-tancia ocupada era la sustancia controlada imputada.

Tampoco tiene méritos la alegación del Ministerio Pu-blico con relación a que la defensa validó el resultado de la prueba de campo al no objetar su admisión en evidencia. No se trata de un asunto sobre admisiblidad, sino de insu-ficiencia de la prueba para probar un elemento del delito. El peso de la prueba para probar más allá de duda razona-ble cada uno de los elementos del delito imputado recae sobre el Ministerio Público y no se puede transferir al acusado meramente por el estilo de defensa seleccionado por su representación legal. Véase, e.g., Commonwealth v. Vásquez, 456 Mass. 350, 355, 367-368 (2010), citando Commonwealth v. Shea, 398 Mass. 264, 269 (1986).

Por lo tanto, no le asiste la razón al Ministerio Público al plantear que, independientemente de la exclusión del Certificado de Análisis Químico Forense, el juzgador ha-bría llegado al mismo resultado.

IV

Por los fundamentos expuestos anteriormente, conclui-mos que el Tribunal de Primera Instancia violó el derecho constitucional a la confrontación del señor Santos Santos al admitir en su contra el Certificado de Informe Químico Forense sin la comparecencia en juicio del analista que lo produjo. Ante las circunstancias particulares de este caso, el Ministerio Público no logró probar más allá de duda razonable la culpabilidad del peticionario, por lo cual revo-camos la sentencia recurrida y decretamos la absolución del señor Santos Santos.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opi-nión de conformidad. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señores Rivera García y Feliberti Cintrón concurrieron sin opinión escrita.

— O —

Opinión de conformidad emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Estoy conforme con la opinión que hoy emite el Tribunal. Sin lugar a dudas, el Ministerio Público estaba obligado a sentar como testigo en el juicio contra el señor Angel Santos Santos al perito químico que llevó a cabo las pruebas científicas para determinar si el material ocupado era, en efecto, una sustancia controlada. No hacerlo cons-tituye una violación al derecho a la confrontación garantizado tanto por la Constitución de Estados Unidos como por la nuestra. Nuestra decisión en Pueblo v. Guerrido López() y la del Tribunal Supremo federal en Bullcoming v. New Mexico() exigen esa conclusión. Es igualmente correcta la conclusión a la que llega la Opinión del Tribunal en cuanto a que la violación al derecho a confrontación es un error constitucional no estructural que no acarrea la revocación automática del fallo condenatorio, sino que exige al Minis-terio Público probar “más allá de duda razonable que, de no haberse cometido el error constitucional, el resultado habría sido el mismo”. () Finalmente, estoy conforme con la decisión del Tribunal de revocar la sentencia condenatoria y absolver al peticionario por insuficiencia de prueba para demostrar su culpabilidad más allá de duda razonable.

Sin embargo, he decidido expresarme por separado para reafirmar lo que entiendo es un deber inescapable del Mi-nisterio Público en casos como estos, en los que uno de los elementos esenciales del delito es de naturaleza técnica o científica; entiéndase, probar que determinado material es, en efecto, una sustancia controlada. Me refiero al deber del Estado de recurrir diligentemente al Instituto de Ciencias Forenses para que expertos en la materia lleven a cabo las pruebas científicas necesarias, de manera que se pueda de-mostrar adecuadamente la naturaleza ilegal de una sustancia. Aunque es cierto, como se señala en la Opinión, que la Regla 110 de Evidencia permite probar la existencia de cualquier hecho mediante evidencia directa o circuns-tancial, no deja de ser igualmente cierto que la inhabilidad del Ministerio Público de presentar evidencia científica de-mostrativa de la ilegalidad de una sustancia genera un problema de suficiencia de prueba para demostrar la cul-pabilidad de una persona más allá de duda razonable por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Reafirmamos que es un deber ineludible del Estado recurrir al Instituto de Ciencias Forenses para la realiza-ción de las pruebas correspondientes. El que en determina-das circunstancias se pueda demostrar la ilegalidad de una sustancia utilizando otros mecanismos evidenciarios no al-tera este deber. Tal y como resuelve la Opinión del Tribunal, “los derechos constitucionales no son susceptibles de maleabilidad a conveniencia”!) ni de “evasión a convenien-cia del Estado”.()

Aclarado lo anterior, reitero mi conformidad con la Opi-nión del Tribunal, pues fortalece los derechos constitucio-nales que nos protegen a todos por igual.

      (1) Véanse, e.g.: Bullcoming v. New Mexico, 131 S.Ct. 2705 (2011); Michigan v. Bryant, 131 S.Ct. 1143 (2011); Melendez-Diaz v. Massachusetts, 129 S.Ct. 2527 (2009); Davis v. Washington, 547 U.S. 813 (2006).

      (2) “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right ... to be confronted with the witnesses against him Enmda. VI, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1.

      (3) Los hechos del caso son los siguientes: Michael Crawford apuñaló a un hombre que, según él, intentó agredir sexualmente a su esposa. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó al Jurado la grabación de una declaración de la esposa del acusado mediante la cual ésta describía lo sucedido a la Policía. La declaración contradecía la versión de Crawford sobre que había apuñalado al hombre en defensa de su esposa. El Jurado lo halló culpable de agresión. La corte suprema del estado de Washington confirmó la determinación basándose en Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980), decisión que permitía admitir en contra de un acusado un testimonio realizado fuera de juicio, siempre que el testimonio fuera confiable.

      (4) “To be sure, the [Confrontation] Clause’s ultimate goal is to ensure reliability of evidence, but it is a procedural rather than a substantive guarantee. It commands, not that evidence be reliable, but that reliability be assessed in a particular manner: by testing in the crucible of cross-examination”. Crawford v. Washington, 541 U.S. 36, 61 (2004).

      (5) Los hechos del caso son los siguientes: Luis Meléndez Díaz fue arrestado mientras realizaba una venta de cocaína en un estacionamiento en Massachusetts. En el juicio en su contra se admitieron bolsas de cocaína que, según la acusación, fueron distribuidas por Meléndez Díaz, así como unos certificados de análisis de droga preparados por un técnico de laboratorio que analizó las sustancias y las identificó como cocaína. Un Jurado condenó a Meléndez Díaz de distribuir y traficar cocaína en violación a la ley de Massachusetts. El acusado apeló su condena y alegó que, bajo Crawford, el informe del químico era una declaración testimonial, por lo que debía comparecer un químico para ser interrogado. La Corte de Apelaciones de Massachusetts descartó los argumentos de Meléndez Díaz y, en una nota al calce de una opinión que no se publicó, los tildó de inmeritorios. La Corte Suprema de Massachusetts denegó el recurso.

      (6) El inciso (b) del Artículo 403 de la Ley de Sustancias Controladas dispone:
      “Será ilegal el que cualquier persona a sabiendas o intencionalmente use cual-quier medio de comunicación para cometer o facilitar la comisión de algún acto que constituya delito bajo cualquier disposición de esta ley. ... Para los propósitos de este inciso, el término “medio de comunicación” significa cualquier sistema público o pri-vado utilizado para la transmisión de escritos, signos, señales, retratos, sonidos, incluyendo el correo, teléfono, telégrafo, radio y cualquier otro medio de comunicación”. 1971 Leyes de Puerto Rico 553, 586.
      Por su parte, el inciso (a) del artículo en cuestión establece:
      “(a) Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente:
      “(1) que sea persona registrada, distribuya una sustancia controlada de las incluidas en las Clasificaciones I o II en el curso de su legítimo oficio o profesión, salvo de conformidad con la hoja oficial de pedido requerida por el Artículo 307 de esta ley;
      “(2) use en el curso de la fabricación o distribución de una sustancia con-trolada un número de registro ficticio, revocado, suspendido o emitido a otra persona;
      “(3) adquiera u obtenga la posesión de una sustancia controlada por medio de falsa representación, fraude, falsificación, engaño o subterfugio o adquiera u ob-tenga la posesión de una sustancia controlada, ya sea medjante compra u otro medio, de un fabricante, distribuidor o dispensador que no haya obtenido el correspondiente registro para operar en Puerto Rico;
      “(4) suministre información pertinente que sea falsa o fraudulenta u omita información pertinente en cualquier solicitud, informe, récord, o en cualquier otro documento que se requiera llevar o mantener bajo esta ley; o
      “(5) haga, distribuya o posea algún punzón, cuño, plancha, piedra u objeto destinado a estampar, imprimir o reproducir la marca de fábrica, el nombre comer-cial, o cualquier otra marca, impresión o divisa de otro producto o de otra persona, o cualquier objeto parecido a los descritos precedentemente, en una droga, su envase o en la marca, etiqueta o rótulo de la misma convirtiendo dicha droga en una sustancia falsificada”. 1975 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 129, 132-133.

      (7) Actualmente, se encuentra ante la consideración de la Corte Suprema federal si también viola la Enmienda Sexta el testimonio en corte de un perito sustituto que sí presentó un análisis pericial independiente de un análisis forense preparado por otra persona, que no fue admitido en evidencia. Véase Williams v. Illinois, Docket No. 10-8505 (expedido el 28 de junio de 2011).

      (8) Para un listado exhaustivo de casos en que cortes federales y estatales han declarado no perjudicial una violación a Crawford. Véase 30A Wright, Federal Practice and Procedure: Evidence Sec. 637.2 esc. 715 (2011). Para efecto ilustrativo sobre el caso de autos, sobresalen Debrow v. State, 972 So.2d 550, 553 (Miss. 2007) (sobre la admisión de resultados de pruebas de alcohol en la sangre cuando el técnico del laboratorio presentado no tenía conocimiento personal de las pruebas), y State v. Melton, 625 S.E.2d 609, 612 (2006) (para evadir resolver si informe de laboratorio era testimonial).

      (9) Véase Wright, supra, Sec. 637.2 esc. 716.

      (10) Las jurisdicciones estatales se han dividido en cuanto a la validez del uso de la prueba de campo como mecanismo adecuado para probar más allá de duda razo-nable la identidad de una sustancia ocupada. Por ejemplo, al igual que en Massachusetts, en People v. Brightman, 150 Misc.2d 60 (1991), los tribunales neoyorquinos resolvieron que el uso de estas pruebas, por sí solo, era insuficiente para tales efectos. A la misma conclusión llegó la Corte Suprema de Wisconsin en State v. Jackson, 161 Wis.2d 527 (1991), tras confirmar la desestimación de una acusación por posesión de cocaína. En cambio, en Collins v. State, 278 Ga.App. 103 (2006), la Corte de Apelaciones de Georgia validó su uso para sostener una acusación por venta de cocaína.

      (11) Para un análisis exhaustivo sobre el uso de la prueba de campo como mé-todo de identificación de una sustancia y sus posibles problemas de aplicación en la esfera penal, véanse: John Kelly, False Positives Equal False Justice 2-4 (2008); Color Test Reagents /Kits for Preliminary Identification of Drugs of Abuse, NIJ Standard-0604.01, 1 (2000); James M. Shellow, The End of a Confidence Game, 24 Champion 22, 23 (2000); S.H. Johns, A.A. Wist & A.R. Najam, Spot Tests: A Color Chart Reference for Forensic Chemists, 24 J. Forensic Sci. 631 (1979); R.A. Vivaldi & S.A. Wicks, The Use of Chemical Spot Tests Kit for the Presumptive Identification of Narcotics and Drugs of Abuse, 19 J. Forensic Sci. 636 (1974). Por supuesto, el hecho de que la prueba de campo no sea concluyente, por sí sola, para efectos de identifi-cación de una sustancia controlada en la etapa de juicio, no implica que ésta no sea útil para otros fines, tales como la determinación de causa probable para arresto o para acusar. En estas etapas preliminares del procedimiento criminal, el resultado de un análisis químico podría no estar disponible aún y el resultado de la prueba de campo satisfaría el estándar de prueba menos riguroso quese le exige cumplir al Ministerio Público.

      (1) Pueblo v. Guerrido López, 179 D.P.R. 950 (2010).

      (2) 131 S.Ct. 2705 (2011).

      (3) Opinión del Tribunal, pág. 741.

      (4) íd.

      (5) íd, pág. 722.


text:
    Daphne Ramírez, Olga R. Ramírez y Carlos Andino, recurridos, v. Junta de Planificación de Puerto Rico, recurrida; Municipio de San Juan, recurrido, v. Junta de Planificación de Puerto Rico, agencia recurrida, y Reynaldo Domínguez Fragoso, peticionario.

      Número: CC-2011-772

      Resuelto: 1 de junio de 2012

      Leonor Porrata-Doria y Linnette M. Vázquez Rivera, aboga-dos de Reynaldo Domínguez Fragoso, parte peticionaria; Carlos D. Rodríguez Boneta y Lizzie Tomasini, de Toledo & Toledo Law Offices, P.S.C., abogados del Municipio Autó-nomo de San Juan, parte recurrida; José Raúl Ibarra Morales, abogado de Ivonne González y de su esposo Edgar González Reyes, una de las partes denominadas “con interés”.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si un ciu-dadano tiene derecho a que se le notifique una sentencia dictada contra la Junta de Planificación como resultado de un recurso de revisión administrativa en el que se im-pugnó con éxito una rezonificación que fue promovida ori-ginalmente por ese ciudadano. Resolvemos en la afirma-tiva. Los hechos que dieron base a esta controversia son los siguientes.

l — i

En el 2001, el Sr. Reynaldo Domínguez Fragoso solicitó a la Junta de Planificación (Junta) un cambio de zonifica-ción para un terreno de su propiedad que ubica en el Bo. Sabana Llana del municipio de San Juan. La solicitud pro-curaba cambiar la zonificación de Distrito Residencial de Densidad Intermedia (R-3) a Distrito Industrial Liviano (1-1) o Comercial Central Intermedio (C-2). Ello, con el pro-pósito de utilizar la propiedad para operar un taller de hojalatería y pintura, mecánica liviana y estacionamiento. La Junta aprobó esa recalificación mediante una resolu-ción emitida en el 2003. Luego, el 1 de junio de 2007 la Junta aprobó la Resolución C-18-1 en la que autorizó los cambios de zonificación de 78 solicitudes, entre ellas la del señor Domínguez Fragoso. Esta resolución fue publicada en el periódico El Vocero el 1 de junio de 2007 y contenía 78 casos de rezonificación o recalificación aprobados desde el 1986 hasta el 2006. Asimismo, esta resolución de la Junta enmendó los Mapas de Calificación del Municipio de San Juan, el Plano de Ordenamiento del Area Especial de San-turce y el Mapa de Zonificación Especial de Condado.

Inconforme con la resolución de la Junta, el municipio de San Juan (Municipio) acudió oportunamente ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa en el que impugnó las rezonificaciones mencionadas. Específicamente, el Municipio cuestionó la validez de la resolución por entender que el aviso en el periódico había sido defectuoso al no advertir o notificar adecuadamente a las partes afectadas el derecho de revi-sión judicial, al igual que el término legal para ello. Sin embargo, según el peticionario, el Municipio no le notificó a él ni a ninguna de las demás 77 personas que se verían afectadas por el resultado de la presentación de su causa de acción. ()

Así las cosas, el 31 de octubre de 2008 el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia en la que le concedió la razón al Municipio, revocando la resolución emitida por la Junta y devolviendo el asunto a esa agencia para que emi-tiera nuevamente las recalificaciones. De esa forma, y en-tre otros asuntos, la Junta debía explicar los fundamentos que utilizó para aprobar las enmiendas solicitadas. Esta sentencia no fue notificada ni al peticionario ni a ninguna de las 77 personas afectadas con la misma.

Mientras tanto, y como era de esperarse, el señor Domínguez Fragoso ya había realizado varias gestiones en las agencias correspondientes para obtener los permisos requeridos para utilizar su propiedad conforme a la autorización que la Junta le había concedido.()

Ahora bien, como consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, la Junta revirtió la aproba-ción de la recalificación obtenida por el señor Domínguez Fragoso y devolvió el terreno a su clasificación original R-3. Asimismo, la Junta Revisora de Permisos y Usos de Terrenos emitió una resolución en la que revocó el permiso de uso que se le había otorgado al señor Domínguez Fragoso para operar su taller. ()

Inconforme, el 20 de mayo de 2011 el señor Domínguez Fragoso presentó en este Tribunal una petición de mandamus en la que, en síntesis, argumentó que: (1) el Tribunal de Apelaciones tenía la obligación de notificarle la senten-cia de octubre de 2008, y (2) que el recurso presentado por el Municipio ante el foro apelativo intermedio no se perfec-cionó adecuadamente pues no se le notificó a partes con interés, por lo que la sentencia del foro apelativo interme-dio fue dictada sin jurisdicción para hacerlo y era nula.

En cuanto a la petición de mandamus presentada por el peticionario, el 27 de junio de 2011 emitimos una resolu-ción en la que la declaramos “no ha lugar” por entender que el señor Domínguez Fragoso aún contaba con otros re-medios en ley para adelantar su causa. Sin embargo, y con el propósito de ilustrar la razón por la cual no procedía el recurso de mandamus, en nuestra Resolución —la que aquí citamos in extenso— señalamos lo siguiente:

El señor Domínguez Fragoso, al igual que los restantes 77 dueños de los predios afectados por la Resolución, eran partes con interés en la sentencia emitida por el Tribunal de Apela-ciones el 31 de octubre de 2008. Ello, pues, la acción adminis-trativa impugnada estaba específicamente dirigida a ellos .... Al Tribunal de Apelaciones omitir notificarles la sentencia, los términos establecidos por nuestro ordenamiento para reconsi-derar o acudir en alzada aún no han comenzado a cursar.
A la luz de lo anterior, el peticionario aún puede presentar ante el foro apelativo intermedio una moción solicitando la re-notificación del dictamen impugnado. El Tribunal de Apela-ciones, de constatar que no notificó su sentencia a los 78 due-ños de los predios afectados por la Resolución, deberá re-notificar la misma. Una vez el Tribunal cumpla con lo indicado, comenzarán a cursar los términos de reconsidera-ción o apelación provistos por Ley.
En dicho término, el señor Domínguez Fragoso podrá im-pugnar la sentencia por falta de jurisdicción si es que, en efecto, el Municipio omitió notificar su alegato a todas las par-tes con interés, según lo exige la Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones ... al igual que nuestros pronuncia-mientos jurisprudenciales .... De tomar el curso indicado, será el Tribunal de Apelaciones —al resolver el posible recurso de reconsideración— o esta Curia —al disponer de un potencial escrito de certiorari— quien ausculte en su día si el Tribunal de Apelaciones actuó sin jurisdicción al atender un recurso en sus méritos que nunca fue notificado por el Municipio a todas las partes con interés.
Por todo lo anterior, declaramos No Ha Lugar el auto de mandamus reseñado ya que el peticionario aún cuenta con otros remedios en Ley que aconsejan evitar ejercer nuestra jurisdicción original para atender tan privilegiado recurso extraordinario. (Citas omitidas).()

A base de lo expresado en nuestra Resolución, el 11 de julio de 2011 el señor Domínguez Fragoso presentó ante el Tribunal de Apelaciones un escrito titulado Comparecencia de Parte Indispensable en Solicitud para que se Notifique Copia de la Sentencia Emitida por este Foro el 31 de octu-bre de 2008 en los Casos de Epígrafe, de Conformidad con lo Resuelto por el Honorable Tribunal Supremo en el Caso de Mandamus MD-2011-0004.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones denegó la soli-citud del señor Domínguez Fragoso. El foro apelativo inter-medio razonó que la notificación de la Junta sobre las en-miendas a los Mapas de Calificación de Suelos fue defectuosa y era una acción reglamentaria, por lo que solo podía ser revisada en un contexto más limitado. Concluyó que su decisión servía precisamente para garantizar ade-cuadamente los derechos de las posibles partes afectadas por la rezonificación y que el señor Domínguez Fragoso no estaba sufriendo ningún menoscabo particular de sus dere-chos porque la decisión administrativa era reglamentaria, y que por los errores que cometió la Junta en la notifica-ción, fue ineficaz.

Inconforme con la decisión del Tribunal de Apelaciones, el señor Domínguez Fragoso presentó una oportuna Peti-ción de certiorari ante este Tribunal. En su escrito el peti-cionario planteó la comisión de varios errores, de los cuales basta solo uno para convencernos de que debemos revocar la resolución del Tribunal de Apelaciones. Es el siguiente:

... Erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a notificarle al Sr. Domínguez Fragoso la Sentencia del 31 de octubre de [2008] a pesar que éste es una parte con interés que se en-cuentra directa y adversamente afectada por la determinación tomada en dicha Sentencia, cosa que el Tribunal, también se niega a reconocer. Certiorari, pág. 8.

Por su parte, el 12 de diciembre de 2011 el Municipio presentó un Memorando en Oposición a la expedición del recurso en el que alegó, en síntesis, que el Tribunal de Apelaciones no estaba obligado a notificar su sentencia al señor Domínguez Fragoso porque este Tribunal no entró en los méritos del caso. El Municipio sostuvo que nuestros pronunciamientos en la Resolución de 27 de junio de 2011 no sentaron un precedente jurídico y por eso debían te-nerse por no puestos.

Así las cosas, el 13 de enero de 2012 emitimos una Re-solución, notificada el 19 de enero de 2012, en la que le concedimos al Municipio un término de 20 días para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la Resolu-ción dictada por el Tribunal de Apelaciones. El 8 de febrero de 2012 el Municipio presentó su escrito en cumplimiento de orden en la que nos solicitó que acogiéramos su Memo-rando en Oposición como su escrito para mostrar causa. Así pues, con el beneficio de ambas comparecencias, expe-dimos y procedemos a resolver.

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A. Proceso de zonificación

El proceso de zonificación es el mecanismo mediante el cual se establecen o fijan los usos adecuados para todos los terrenos de Puerto Rico y de las islas adyacentes que le pertenecen. () Mediante la zonificación los terrenos se clasifican en zonas o distritos en los que se establecen disposiciones específicas sobre el uso de estos y las obras y estructuras que han de permitirse en ellos.() Para ello también se crean los mapas de zonificación que son los que demarcan y definen los diferentes distritos.()

Por su parte, la Junta de Planificación es la agencia que está facultada para preparar y adoptar los mapas de zonificación, así como para considerar y atender las solicitudes de enmiendas a estos.() Es decir, la Junta es la encargada de considerar cambios a la zonificación de determinado sector o solar. Al ejercer esa facultad, ciertamente hemos establecido que la Junta ejercita una función cuasi legislativa, ya que no adjudica una controversia sino que establece una reglamentación.() Ello, porque en dicho proceso la Junta actúa en el ejercicio del poder legislativo delegado.()

Precisamente en Lun Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533, 546 (1990), reconocimos que el proceso de zonificación es de naturaleza cuasi legislativa en cuanto a que la Junta no tiene que expresar las determinaciones de hecho y de derecho en las que fundamentó su decisión, como si se tratara de un proceso de naturaleza adjudicativa. En esa ocasión señalamos que

[l]os mapas de zonificación y sus enmiendas representan la forma visual y práctica de instrumentar los reglamentos de zonificación y sus enmiendas. Su aprobación y enmiendas no son actos de naturaleza adjudicativa, dirigidos a resolver una controversia en particular entre una o más personas, sino que son actos producto de los instrumentos con los cuales el Es-tado ha provisto a la Junta para reglamentar el uso de la tierra en Puerto Rico, de manera que se logre un desarrollo integral y balanceado de nuestra sociedad. Luán Investment Corp. v. Román, supra, pág. 547.

B. La notificación en el proceso de zonificación

En su Resolución, el Tribunal de Apelaciones se negó a notificar la Sentencia al señor Domínguez Fragoso porque “no está sufriendo ningún menoscabo particular de sus de-rechos pues la decisión administrativa, además de ser re-glamentaria, fue ineficaz ...”.() Implica esto que al pro-ceso particular de zonificación, por ser reglamentario ¿le aplican automáticamente las formalidades que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.X) para la formulación de reglamentos? La con-testación es en la negativa. Nos explicamos.

1. Clasificaciones generales en los procesos de adopción de reglas y reglamentos según la L.P.A. U.

Para fines del proceso de adopción de reglas y reglamentos, la L.P.A.U. reconoce dos clasificaciones generales, a saber, las reglas legislativas y las reglas no legislativas.() En el caso de la “regla legislativa” la hemos definido como “aquella que crea derechos, impone obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene fuerza de ley”.() Este tipo de regla “impacta directamente a los ciudadanos en general y obliga con fuerza de ley a la agencia”. (Énfasis suplido).() En consecuencia, las agen-cias deben adoptarlas en estricta observación de los requi-sitos de la L.P.A.U., brindando la oportunidad a los ciuda-danos para conocerlas y expresar cualquier reparo antes de su aprobación final/)

Por su parte, las “reglas no legislativas” son aquellas —interpretativas, procesales o declaraciones de política general— que por sus propósitos no requieren el cumplimiento de las formalidades reguladas por la L.P.A.U.() Ello, porque esta modalidad no vincula a la agencia ni crea derechos sustantivos o procesales en los cuales el ciudadano puede confiar/) Así, pues, contrario a las reglas legislativas —que generan derechos entre las partes— las reglas no legislativas “no tienen ningún efecto legal vinculante”/)

Como hemos expuesto, la promulgación de “reglas legis-lativas” requiere una serie de formalidades legales. Entre los requisitos que la L.P.A.U. establece se encuentra la no-tificación al público de la determinación de la agencia de adoptar la reglamentación. Esa notificación debe reali-zarse mediante la publicación de un aviso en español e inglés en un periódico de circulación general y en el internet/) Cuando la reglamentación de la agencia incide en alguna comunidad en específico, hay que publicar el aviso en español e inglés en un periódico regional de esa comunidad/) Es decir, lo anterior evidentemente no im-plica ni requiere una notificación personal a cada una de las personas que se verían afectadas por la regla-mentación. Basta con la notificación general.

2. Caso particular del proceso cuasi-legislativo de zoni-ficación

En el caso específico de la zonificación no hay duda de que es un proceso cuasi legislativo. No obstante, ello no acarrea la aplicación automática de la doctrina general so-bre la aprobación de reglamentos y mucho menos en lo concerniente al aspecto de la notificación. Es evidente que el proceso de zonificación es distinguible y particular.

Los cambios de zonificación tienen su génesis por peti-ción de alguna persona, organismo o a iniciativa propia de la Junta.!) El Reglamento de zonificación() dispone pre-cisamente los requisitos esenciales que deben cumplirse en el proceso de cambios de zonificación. La Sec. 4.06 del Re-glamento establece requisitos diferentes, ya sea si la peti-ción fue por iniciativa propia de la Junta o si fue por una persona, agencia o entidad.!) Lo anterior implica que los peticionarios en el proceso tendrán que cumplir con las obligaciones y los requisitos que el Reglamento de zonifica-ción establece al respecto.!) Sin embargo, independiente-mente de quién sea el peticionario en el proceso de cambio de zonificación, surge diáfanamente del Reglamento la im-portancia de notificar a los dueños de las propiedades de la zona sujeta al cambio.!)

Por ejemplo, la Sec. 4.06 señala que “[c]uando sea [por] iniciativa propia y se trate de solares de pertenencia privada o pública, la Junta notificará al dueño de la propiedad”() Evidentemente la notificación es esencial en todos los aspectos que cubren el proceso de zonificación. Esto se fundamenta en que un cambio de zonificación tiene la consecuencia de limitar la propiedad de los ciudadanos. No estamos ante un reglamento de aplicación general. Por el contrario, el cambio de zonificación es una reglamenta-ción de aplicación particular. Por esa razón, la oportuna notificación de un cambio de zonificación es parte integral del debido proceso de ley de los ciudadanos.() Cónsono con lo anterior, en Montoto v. Lorie, 145 D.P.R. 30, 44 (1998), reconocimos que cuando la Junta altera la zonificación existente de un área, ello “hace indispensable la adecuada notificación a todas las partes cuyos intereses puedan que-dar afectados”. (Enfasis suplido).()

Por consiguiente, si la notificación a los dueños de las propiedades sujetas al proceso de zonificación es tan esen-cial en el ámbito administrativo, no vemos cómo a nivel apelativo la notificación pueda ser más laxa. En otras pa-labras, la importancia de la notificación a los propietarios cubre todo el proceso de zonificación, incluyendo las etapas apelativas. Lo anterior, claro está, es solo un elemento de las demás formalidades que la ley y los reglamentos impo-nen al proceso.

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A. La sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones el 31 de octubre de 2008 dejó sin efecto las rezonificaciones previas de los predios pertenecientes tanto al señor Domín-guez Fragoso como a otras 77 personas. Como ya hemos establecido, dicha sentencia no fue notificada a ninguna de estas personas. Ahora bien, nótese que tales rezonificacio-nes no fueron el producto de una acción motu proprio de la Junta, para las cuales el Reglamento vigente al momento claramente exigía el que se notificara a todas las personas que pudieran verse afectadas. Sino que, más importante aún, tales rezonificaciones surgieron como el fruto de la acción del peticionario y los demás ciudadanos que tenían un interés en que se rezonificaran sus correspondientes predios, y así lo consiguieron. Por lo tanto, es evidente que el Tribunal de Apelaciones estaba obligado a notificar la sentencia a los 78 propietarios. En lo pertinente al caso de autos, determinamos que el foro apelativo intermedio tenía que notificar su sentencia de 31 de octubre de 2008 al se-ñor Domínguez Fragoso, porque este es parte con interés en el proceso. Nos explicamos.

En primer lugar, es axiomático que cuando una actua-ción judicial afecta directamente la zonificación de un pre-dio, esta debe ser notificada como mínimo al dueño del predio. Como ya hemos expuesto, es indispensable enton-ces que los cambios de zonificación sean notificados ade-cuadamente a todas las partes cuyos intereses puedan que-dar afectados. ¿Quién puede tener mayor interés sobre la calificación de un predio que no sea su propio dueño? Así pues, salta a la vista que el señor Domínguez Fragoso, como dueño de un predio rezonificado y que el Tribunal de Apelaciones revocó, es parte con interés en el proceso. Por consiguiente, el foro apelativo intermedio estaba obligado a notificar su sentencia al señor Domínguez Fragoso.

En segundo lugar, en el caso de autos el señor Domín-guez Fragoso es “parte” porque es el promovente en un proceso de cambio de zonificación y su propiedad era el objeto de la acción administrativa. Lo anterior es cónsono con lo que establece la Sec. 1.3(j) de la L.P.A.U.() Y es que es patente que el aquí peticionario era una parte con interés ante la conspicua realidad de que la rezonificación de su predio se había dado a instancias y expensas suyas.

Por lo anterior, es forzoso concluir que la falta de notifi-cación de la sentencia del 31 de octubre de 2008 tuvo el efecto de dejar al peticionario, así como a las otras 77 per-sonas que iniciaron el proceso administrativo ante la Junta, desprovistas de una oportunidad de solicitar recon-sideración o revisión de ese dictamen, impidiendo el que fueran oídos en la causa de acción entablada por el Municipio. Como consecuencia, los intereses del señor Do-mínguez Fragoso se vieron huérfanos de protección y cier-tamente afectados por la decisión del Tribunal de Apelaciones. Prueba de ello es que debido a esa determina-ción del foro apelativo intermedio la Junta devolvió el pre-dio del señor Domínguez Fragoso a su calificación original (R-3), y posteriormente la Junta Revisora le revocó el per-miso de uso que había obtenido.

Es por eso que resulta totalmente errada, no solo la de-terminación, sino el fundamento del Tribunal de Apelacio-nes en su sentencia de 17 de agosto de 2011, al señalar que su decisión servía precisamente para garantizar adecuada-mente los derechos de las posibles partes afectadas por la rezonificación y que el señor Domínguez Fragoso no estaba sufriendo ningún menoscabo particular de sus derechos porque la decisión administrativa tomada por la Junta. Todo lo contrario.

Al insistir en no notificar al peticionario su sentencia de 31 de octubre de 2008, el foro apelativo intermedio dejó indefectiblemente fuera del proceso a una parte con interés que tiene el perfecto derecho de cuestionar una sentencia dictada como producto de un proceso que claramente lo ha afectado negativamente.

B. En su escrito el Municipio se sirve de las expresio-nes del Tribunal de Apelaciones con relación al carácter reglamentario y no adjudicativo de la actuación de la Junta para justificar la falta de notificación. Nuevamente, lo que el Municipio y el Tribunal de Apelaciones pierden de perspectiva es que más allá de clasificar la actuación de la Junta como reglamentaria o adjudicativa, el señor Domín-guez Fragoso es una parte con interés. Por lo tanto, cual-quier sentencia relacionada con esta tenía que ser notifi-cada a esas 78 personas.

IV

Así, pues, por los fundamentos antes expuestos, expedi-mos el recurso y revocamos la Resolución del Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo intermedio tendrá que noti-ficar al señor Domínguez Fragoso y a las demás partes que no haya notificado. Una vez el tribunal cumpla sin dilación con lo indicado, comenzarán a contar los términos de recon-sideración() o apelación provistos por ley.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió e hizo constar la expresión siguiente: “Disiento por entender que el recurso de revisión presentado por el Municipio de San Juan no se perfeccionó. Del expediente surge clara-mente que el Municipio no notificó la presentación de su recurso a los 78 propietarios que promovieron las rezonifi-caciones impugnadas. Como consecuencia, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia sin tener jurisdicción para ello, por lo que su dictamen es nulo. Como resultado de lo anterior, revocaríamos la sentencia del Tribunal de Apelacio-nes, desestimaríamos el recurso de revisión administrativa y ordenaríamos la reinstalación de las rezonificaciones aprobadas originalmente por la Junta de Planificación”. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado Señor Martínez Torres no interviene.

      (1) En el recurso de revisión el Municipio también adujo que el aviso por parte de la Junta inducía a error al indicar que las enmiendas efectuadas regirían a los 30 días de su publicación. Además, argumentó que la cantidad de recalificaciones (78) hacía casi imposible la presentación de recursos de revisión administrativa para todos los casos. Igualmente, el Municipio alegó que la actuación de la Junta violó la Ley de Municipios Autónomos al impedir la participación del Municipio durante el proceso de cambios de zonificación.

      (2) Algunos de los permisos fueron obtenidos antes de que el Tribunal de Apela-ciones dictara la sentencia notificada el 31 de octubre de 2008 y otros después.

      (3) Esa decisión fue impugnada por el señor Domínguez Fragoso y aún se en-cuentra en el Tribunal de Apelaciones pendiente de adjudicación. Véase Caso Núm. KLRA-2011-0224.

      (4) Véase Resolución de este Tribunal de 27 de junio de 2011. Apéndice 2 del Certiorari, págs. 23-24. Con relación a esa Resolución, 7 de los 9 jueces coincidieron en que al peticionario parecía asistirle la razón en cuanto a su derecho a que se le notificara la sentencia en controversia. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez fue aún más lejos al advertir que ella "acogería el recurso presentado como uno de certiorari, paralizaría los procedimientos ante la Junta de Planificación y emitiría contra el Municipio de San Juan una orden de mostrar causa por la cual no debamos revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones”. Por su parte el Juez Presidente Señor Hernández Denton le hubiera concedido un término de 10 días al Municipio para que expresase su posición. El Juez Asociado Señor Martínez Torres no intervino.

      (5) Sec. 1.03 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4 de la Junta de Planificación), Reglamento Núm. 6211, Depar-tamento de Estado, 5 de noviembre de 2000, pág. 1. (Aunque ese reglamento fue anulado por el Reglamento Núm. 7511, Departamento de Estado, 28 de mayo de 2008, era el vigente al momento de los hechos).

      (6) Introducción del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, id. Véase T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 81-82 (1999).

      (7) Introducción del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, supra.

      (8) Art. 11 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, Ley Orgánica de la Junta de Planificación, 23 L.P.R.A. sec. 62j(5); Sec. 4.04 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, supra, pág. 47.

      (9) T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, pág. 83; Luán Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533, 546 (1990).

      (10) Luán Investment Corp. v. Román, supra, pág. 545.

      (11) Apéndice 1 del Certiorari, pág. 6.

      (12) Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.

      (13) Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377, 389 (2005).

      (14) Id. Véase, además, Asociación Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003).

      (15) íd.

      (16) Tosado v. A.E.E., supra, pág. 390. Véase, además, Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002).

      (17) González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400, 411 (2006).

      (18) íd.

      (19) íd., págs. 411-412.

      (20) Sec. 2.1 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2121.

      (21) íd.

      (22) Sec. 4.04 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, supra, pág. 47. Véase T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, pág. 84.

      (23) Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, supra, págs. 48-50.

      (24) íd.

      (25) Véanse: T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra; Montoto v. Lorie, 145 D.P.R. 30 (1998).

      (26) Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, supra, págs. 48-50.

      (27) íd., pág. 50.

      (28) P.E. Salkin, American Law of Zoning, 5ta ed., Ed. Thomson Reuters/West, 2011, Vol. 1, See. 8:11, pág. 8-29.

      (29) Montoto v. Lorie, supra, pág. 44.

      (30) 3 L.P.R.A. sec. 2102(j).

      (31) El mecanismo de reconsideración le permitiría al Tribunal de Apelaciones evaluar su jurisdicción por primera vez en este caso. De esa forma, el foro apelativo intermedio podría evaluar si el Municipio omitió notificar su recurso a todas las partes con interés.