author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Ex parte Müllenhoff, Apelante, v. El Pueblo, Opositor.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 907.
    Resuelto en abril 16, 1913.
    EXPEDIENTE DE DOMINIO — OPOSICIÓN DEL ElSCAL-TIEMPO DE PRESENTAR LA Prueba. — La prueba de oposición en un expediente de dominio no debe pre-sentarse por el Fiscal al ser oído sobre las pruebas ya practicadas, sino en el período señalado para proponer pruebas, con conocimiento y audiencia del promovente.
    Id. — Funciones del Fiscal. — Las funciones de un Fiscal en expedientes de do-minio se limitan a intervenir para velar por el cumplimiento dé la ley o para defender los derechos del Pueblo, cuando los intereses de éste son opuestos a los del promovente, sin que en caso alguno pueda gestionar la defensa de intereses privados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel Moraza.

    Abogado de El Pueblo: Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 17 de enero del año 1912, William E. Müllenhoff promovió información ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, para acreditar el dominio de una finca que describe así:

“Rústica, radicada en el barrio de Cupey, término Municipal de Río Piedras, compuesta de veinte y cinco cuerdas, equivalentes a nueve hectáreas, treinta y dos áreas y cuatro centiáreas más o menos, colindante, por el Este, con Don Pilar Pizarro Travieso y Doña Angela Serrano; por el Sur, con Don Francisco Astasio; por el Oeste, con la Sucesión de Francisco Monzón; y por el Norte, con Antonio Travieso, hoy María Cruz y Ramón Rodríguez. ’ ’

En el escrito inicial de la información, alegó Müllenhoff que adquirió dicha finca en 15 de enero de 1912 por compra que de la misma hiciera a julio Maisonet Rivera, quien la había adquirido en 13 de marzo de 1911 de los esposos Pilar Rivera y Angela Serrano, habiéndola adquirido a su vez Pilar Pizarro hacía más de 20 años, por herencia de su padre Cele-doñio Pizarro, el cual la poseyó por más de diez años, habiendo sido la posesión tanto de Müllenhoff como de sus causantes quieta y pacífica, con buena fe y justo título, y sin interrupción alguna; que la finca estaba libre de cargas y gravámenes; que su valor es el de $2,000, 3^ que el promovente carecía de título escrito de dominio.

Previa notificación del Fiscal del Distrito de San Juanr fue citado para la información el anterior poseeder del in-mueble y se publicaron edictos en el periódico “El Tiempo” por tres veces consecutivas, para que los que pudieran'tener al-gún derecho real sobre el inmueble descrito y las personas ig-noradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción, pudieran oponerse a ella dentro del término de 60 días, cuyo término transcurrió sin que por alguien se hiciera oposición al do-minio solicitado.

Practicada la prueba propuesta por Müllenhoff consis-tente únicamente en las declaraciones de los testigos Juan Santos García, Julio Maisonet, Antonio González, José Re-verón- y Fernando Trinidad Rodríguez, se dió vista al Fiscal, quien dictaminó que no debía aprobarse el-expediente porque, según escritura otorgada en 13 de marzo de 1911 ante al Notario José E. Díaz por Pilar Travieso y Angela Serrano, la finca de que se trataba era segregación de otra de 85 cuerdas inscrita en el registro de la propiedad, al folio 208 del Tomo-20 de Río Piedras, cuya inscripción se hizo a virtud de expe-diente posesorio promovido ante la Corte Municipal de San Juan, y bajo el número 4594 fué tramitado otro expediente de dominio de dos porciones de terreno de 33 y 55 cuerdas, dé-las cuales o sea de las 55 cuerdas parecía haberse segregado-la porción cuyo dominio se trataba ahora de justificar.

El Fiscal acompañó a su dictamen varios documentos ten-dentes a comprobar los hechos en que fundaba su oposición, y el juez por orden de 29 de abril de 1912, visto el récord del caso y el dictamen del Fiscal, desestimó la petición de Müllen-boff de que se declarara a su favor el dominio de la finca descrita y se le expidiese la oportuna certificación, a los efectos-de su inscripción en el registro de la propiedad.

De esa orden pidió reconsideración Müllenhoff, solicitando que se eliminasen del récord las pruebas presentadas por el Fiscal y se declarara justificado el dominio por el mérito de las pruebas que a instancia del promovente fueron admitidas y practicadas en tiempo oportuno. Dicha reconsideración fué negada en orden de 13 de mayo de 1912 ‘ por estimar la misma corte que en este caso no se carece de título escrito, pues se encuentra inscrita en el registro de la propiedad la posesión de la finca y además por ser insuficiente la prueba practicada. ’ ’

Contra la resolución de la corte interpuso la representa-ción de Mfillenhoff recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como motivos del recurso, que la corte cometió error al admitir pruebas al Fiscal después del acto de la vista a espaldas del promovente, con infracción de la regla tercera del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, por haber infringido ese mismo artículo desconociendo el derecho del pe-ticionario a inscribir su dominio en el registro de la propiedad después de haberlo justificado hasta la evidencia con todas las formalidades legales, y porque aun en el caso de haber sido inscrita en el registro la posesión de la finca de que se trata, solamente al registrador incumbe conceder o denegar la ins-cripción del dominio de la misma.

El artículo 395 de la Ley Hipotecaria preceptúa que todo propietario que careciere de título escrito de dominio, cual-quiera que sea la época en que hubiese tenido lugar la adqui-sición, podrá inscribir dicho dominio justificándola con las formalidades que marca ese mismo artículo, entre las cuales aparece la consignada en su regia tercera que la parte ape-lante cita como infringida, cuya regia tercera dispone que el juez oirá por escrito sobre las reclamaciones y pruebas que se hubiesen presentado al Ministerio Fiscal y a los demás que hayan concurrido al juicio y en vista de lo que alegare y cali-ficando diéhas pruebas con un criterio racional declarará jus-tificado o nó el dominio de los bienes de que se trate.

Si en cumplimiento de la regia tercera del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, el Ministerio Fiscal y los demás que hubie-sen concurrido al juicio han de ser oídos sobre las reclama-ciones y pruebas que se hubieren presentado, es claro que antes de esa audiencia han debido ser practicadas las pruebas, y no es entonces momento oportuno de presentar prueba ten-dente a contrarrestar el valor y eficacia de las que a instancia de la parte promovente se hubieren practicado en lá infor-mación.

La corte inferior al proceder en la forma en que lo hizo admitiendo los documentos que presentó el Fiscal al evacuar la vista que le fué conferida después de practicadas las prue-bas, no sólo infringió la regla tercera del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, sino que también infringió la regla rudimen-taria en materia procesal de admitir pruebas sin conocimiento y audiencia de la parte a quien puedan perjudicar, privando a ésta del derecho de impugnar su admisión y de excepcio-narla en su caso.

Ni era de la incumbencia del Ministerio Fiscal la presen-tación de los documentos de que se trata.

Comentando los Sres. G-alindo y Escosura preceptos de la Ley Plipotecaria relativos a las informaciones. posesorias, dicen:

‘ ‘ Con dos caracteres distintos puede intervenir el Ministerio Fiscal en los expedientes posesorios, como representante de la Ley o como representante del Estado. En el primer caso tiene que velar por el cumplimiento de aquélla, y si observa faltas en la instrucción del expediente, ha de pedir que no se apruebe la información. Si inter-viene como representante del Estado, por el interés que éste tenga en un expediente posesorio, entonces está equiparado a un particular.”

De esa doctrina jurídica Rizo aplicación esta Corte al resolver en 25 de abril de 1906 el caso de González v. El Pueblo, en que no se trataba de información posesoria, sino de expediente de dominio. Entonces dijimos. — “Con arreglo al artículo 395 de la Ley Hipotecaria, esa clase de informaciones (las de do-minio) deben admitirse con audiencia del Ministerio Fiscal, no sólo para que éste vele por el cumplimiento de la ley en todas sus partes, sino para que en todo caso pueda salir a la defensa de los intereses de El Pueblo de Puerto Eico, siempre que entendiere que esos intereses pudieran ser me-noscabados por los promovedores del informativo.” González v. El Pueblo, 10 D. P. R., 483.

Como se ve, las funciones del Ministerio Fiscal en diclias informaciones deben limitarse a procurar que se guarden en el expediente las formas de la ley y a evitar que se perjudi-quen los derechos de El Pueblo de Puerto Rico. Los docu-mentos que acompañó a su informe en el presente caso ni tendían a demostrar que se hubieran infringido reglas de pro-cedimiento, ni tampoco se encaminaban a la defensa de los derechos de El Pueblo de Puerto Rico, cuyos intereses le están encomendados, y no los de personas particulares a quienes pudiera perjudicar la aprobación del expediente de dominio.

Pero la infracción de la regla tercera del artículo 395 de la Ley Hipotecaria no es motivo legal bastante para la revo-cación de la orden recurrida, pues ésta se sostiene por el fun-damento de ser insuficiente la prueba practicada para la jus-tificación del dominio pretendido.

Veamos lo que dicen los cinco testigos que han declarado en el expediente:

Juan Santos García dice que Müllenhoff posee la finca de que se trata desde 15 de enero de 1912, habiéndola adquirido de Julio Maisonet, quien la poseía hacía mucho tiempo y que dicha finca colinda por el Este con Pilar Pizarro y otro de apellido Torregrosa, y también con Angela Serrano, y por el Sur con Cruz y la Ramos, aunque no recuerda por dónde co-linda el primero ni cómo se llama.

Julio Maisonet afirma que la finca colinda por el Este con Pilar Pizarro y Angela Serrano habiendo al mismo lado un tal Francisco Monzón, al Sur con Francisco Astasio y por el Norte con Pilar Pizarro y la esposa de éste, sin que recuerde con quien más; que él la adquirió en 1911 de Pilar Pizarro y Angela Serrano y en 15 de' enero del año siguiente hizo escri-tura de ella a Müllenhoff:, habiéndola adquirido el Pilar de su padre Celedonio Pizarro y poseídola por más de cuarenta años.

" Antonio González marca a la finca las mismas colindancias que se señalan en el escrito inicial de la información, y agrega que Maisonet vendió esa finca a Müllenhoff mediante escritura pública de 15 de enero de 1912, habiéndola vendido antes Pilar Pizarro a Maisonet también por escritura pública y que la posesión de Pilar Pizarro es de más de 20 años, habiéndola adquirido por herencia de su padre.

José Reverón depone que la finca colinda por una parte con Francisco Astasio, por otra con la Sucesión Monzón y porlas otras dos partes con el vendedor; que Müllenhoff la adquirió por compra a Julio Maisonet en 1912 y Maisonet la hubo de Pilar Pizarro y éste por herencia de su padre, sin que ex-prese cuánto duró la posesión de todos ellos.

Fernando Trinidad Rodríguez da a la finca las mismas colindancias señaladas por el promovente y explica que Mü-llenhoff la adquirió de Julio Maisonet, quien la hubo de Pilar Pizarro por escritura de venta, y Pizarro por herencia de su padre, habiéndola poseído Pilar Pizarro unos 18 o 20 años.

Con tales elementos probatorios no vemos que la corte inferior incurriera en error al estimar que no había prueba suficiente del dominio pretendido, ni tampoco la parte pro-movente ha tratado de demostrarnos ese error citando pre-cepto alguno de la Ley de Evidencia que haya sido infringido, pues se ha limitado en su escrito a afirmar que ha justificado hasta la evidencia el dominio sobre la finca de que se trata, con todas las formalidades legales.

Aun hay más, y es que el peticionario Müllenhoff alega en el escrito inicial ele la información, que carece de título de dominio escrito y de la prueba suministrada resulta que tiene tal título, no habiendo hecho la más mínima alegación acerca de que no sea inscribible para' que así pueda equipararse a la falta de título de dominio escrito y se- coloque en condiciones de acogerse al artículo 395 de la Ley Hipotecaria, para la jus-tificación del dominio de que se trata.

La alegación de que lá inscripción de la posesión de la finca en el registro de la propiedad no impide que se declare justi-ficado el dominio de dicha finca, no favorece al apelante, pues aun en el supuesto de que dicha alegación no fuera errónea, carece de base que la sostenga, por faltar, según hemos afir-mado, prueba suficiente de la justificación del dominio.

La orden recurrida debe confirmarse por el fundamento de ser insuficiente la prueba practicada, en justificación del do-minio pretendido.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres.. Asociados MacLeafy, Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Menéndez, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 596.
    Resuelto en abril 16, 1913.
    Drecho Penal — Elecciones—Inscripción—Residencia de un Maestro Rural.— Cuando un maestro rural que vive en un pueblo en una casa alquilada en donde también viven su madre y sus hermanas, en donde guarda su baúl y su ropa, por el mero hecho de ir a enseñar en una escuela rural en otro distrito durante eineo días de la semana, regresando a su casa el viernes por la noche hasta el lunes, no pierde su residencia, sino que continúa siendo elector del distrito donde vive.
    Id. — Dormitorio Fijo — Maestro Rural. — Los preceptos de la sección 16 de la Ley de Elecciones de marzo 8, 1906, no son aplicables a este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Anionio Trujillo.

    Abogado del" Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició este caso en la Corte Municipal de Manatí a virtud de una denuncia jurada en 19 de abril de 1912, en 'la que se acusaba a Rafael Menéndez Olmo de haber infringido el artículo 162 del Código Penal, incurriendo así en un delito de misdemeanor. Se ha alegado que el acusado, a principios del mes de julio de 1912 y en el precinto electoral de Manatí, voluntariamente y a sabiendas hizo que su nombre se inscri-biera como elector en la lista de votantes, sabiendo que no-tenía derecho a ello porque no había residido en dicho distrito electoral durante un año, con antelación al día 5 de noviembre de 1912, pues se encontraba en el ejercicio de sus obligaciones diarias en el precinto de Ciales. Habiendo sido declarado culpable en la corte municipal apeló a la Corte de Distrito de Arecibo, en donde se celebró el juicio el día 6 de diciembre último, cuya corte después de examinar - y considerar la prueba presentada, así como los artículos 15 y 16 de la ley sobre inscripción de electores, declaró a dicho acusado Rafael Menéndez • Olmo culpable del delito prohibido en el artículo 162 del Código Penal y lo condenó a pagar una multa de $50, o en su defecto a ser encarcelado de acuerdo con la ley y al pago de las costas, ordenando además que se anulara su inscripción como votante que había sido inscrito. El acusado interpuso apelación contra esta sentencia por medio de su abogado, y los autos han sido elevados á este tribunal para ser considerados y revisados.

El apelante alega que se han cometido tres errores con respecto a la admisión de la prueba y por haberse negado la corte a ordenar que ciertas manifestaciones fuesen eliminadas ele los autos. No es necesario tomar en consideración estos errores en todo su detalle, pues la resolución de este caso gira sobre los hechos. Aparece de los hechos del caso, que el acu- - sado ha vivido siempre en Manatí y que hace pocos años fué nombrado profesor de las escuelas públicas, designándosele para las escuelas rurales en diferentes partes: primero en Manatí, luego en Barceloneta, y despp.es en Cíales, pero qme vivía en la casa de su madre y hermana que tenían .alquilada en el pueblo de Manatí, y que durante doce fueses anteriores al día de. la elección acostumbraba ir a su escuela el lunes por la mañana y quedarse en la vecindad de la .misma basta el viernes por la noche, cuando volvía a .Manatí, pasando la’s noches del viernes, sábado y domingo en s.u.casa con su madi!e y hermana y volviendo al trabajo de nuevo, el lunes -por ,1a mañana. Guardaba su baúl y ropas en su casa en Manatí y tenía la costumbre de afeitarse en una barbería de ese pueblo todos los sábados. En resumen, resulta que su domicilio fué siempre en Manatí y que nunca mostró intención alguna o deseo de cambiarlo, lo que en realidad no hizo a menos que el empleo que tenía como profesor en un precinto vecino que estaba a una. distancia de algunas millas constituyera, ipso facto, dicho cambio de domicilio. No lo' entendemos así. Tomando en consideración todos los hechos de este caso creemos que el apelante es un residente bona fide de Manatí y que el mero hecho de ir a un precinto vecino con el fin de obtener sus medios de subsistencia diaria y tener a la vez que atender a sus gastos de casa y los de sú madre y hermana a quienes sostenía en una casa que tenía alquilada, no altera en manera alguna su condición de vecino .residente del pueblo de Manatí.

Si bien el apelante dormía durante algunas noches de la semana en la demarcación de Ciales, sin embargo, no es bas-tante para llegar a la conclusión de que no tenía dormitorio fijo, siendo éste el de Manatí, y, por tantó, no es de aplicación! la regla contenida en la Sección 16 de la. ley para proveer lo necesario para inscripciones y elecciones, aprobada en 1906 y vigente aun en este extremo, para que cuándo un soltero no tenga dormitorio fijo, se considere como su .domicilio aquel donde desempeñe sus ocupaciones cuotidianas. Tampoco el hecho de que el acusado .casualmente .dijera .que él preferí^ votar en Manatí donde su voto podía valer-más que en Ciales, es bastánte, atendidas todas'las circunstancias concurrentes del caso, para poder deducir una intención criminal por parte del acusado.

Y habiendo los hechos ocurridos de tal modo no debió habérsele declarado culpable ni ordenado que su nombre fuera eliminado de la lista de electores. Por tanto, la sentencia dictada contra el acusado por la Corte de Distrito de Arecibo, el día 6 de diciembre de 1912, condenándole a pagar una multa y eliminando su nombre de la lista de electores, debe ser revo-cada y anulada,'y en su lugar dictarse otra por este tribunal absolviéndole del delito que se le Mputó y ordenándose que se incluya su nombre de nuevo en la lista de electores.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Su. MacLeaky,

text:
    Roa, Apelada, v. Puig et al., Apelantes.
    ÁpelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Scción 2a.
    No. 911.
    Resuelto en abril 18, 1913.
    Daños y Perjuicios — Edificio Ruinoso — Fuerza Mayor. — No puede atribuirse a fuerza mayor la caída de una viga del teelio de una casa debida a la falta ' de reparaciones necesarias y a la acción de las lluvias y del clima propio de los trópicos.
    Id. — estado Ruinoso de un Techo — Notificación al Dueño. — La ley no exige que el arrendatario de una casa notifique al dueño el mal estado de la misma, sobre todo cuando por una simple inspección no puede apreciarse dicho estado.
    Id. — Accidente Anterior — Pruebas.—En una acción de daños y perjuicios por la caída de una viga del techo de una casa, el tribunal sentenciador puede tomar en consideración el hecho de haber ocurrido otro accidente seis o siete meses antes, para apreciar que el dueño ha -debido tenerlo 'en cuenta como un indicio de que la casa estaba en mal estado y necesitaba reparaciones.
    fu. — Susto—Mujer en Cinta — Aborto.—El que con actos negligentes le causa s; una mujet en' cinta un susto de tal naturaleza que trae como consecuencia próxima y directa su aborto, es responsable en una acción de daños y 'per-juicios de los dolores físicos y de los sufrimientos derivados directamente de sus actos, aun cuando dicha mujer no hubiera recibido lesión personal alguna.
    Ib. — Susto—Mujer, en Ointa — Aborto—Causa Bemota. — Cuando una mujer en cinta aborta algún tiempo después de la caída de una viga del techo de la casa en que vive, porque según ella al sentir el ruido se alarmó temiendo no por su vida propia, sino por la de una hija que se encontraba en otro sitio de la casa, no puede decirse que existe la relación de causa y efeeto directo e inmediato entre la caída de la viga y el aborto, y el dueño de la casa no es responsable de los gasto? y sufrimientos causados por dieho. aborto.
    Id. — Daños Causados (Actual Damages) — Su Determinación — Su .Importe.— El importe de la indemnización en un caso de esta naturaleza debe ser pro-porcional a las lesiones físicas y a los .perjuicios materiales y ajustarse al montante probado.
    Id. — Honorarios Médicos — Elementos que Deben Probarse. — En casos de in-demnización por lesiones físicas, cuando una de las partidas reclamadas es por concepto de honorarios médicos, es necesario probar que el demandante pagó en realidad dicha cuenta, o que está legalmente obligado a pagarla, y que su importe es verdadero, justo y equitativo, y que la asistencia médica era necesaria por razón de las lesiones sufridas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de Concepción Pnig: Sres. Eduardo Acima y Adrián Agosto.

    Abogados de la apelada: Sres. Rafael Lopes Landrón y Hugh R. Francis.

   El Juez Asociado Su. MacLeaky,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante en este pleito, Doña Concepción Puig, es dueña de la casa Número 9 de la' calle de San Justo, de la ciudad de San Juan. Hace algunos años que ella alquiló la expresada casa a Manuel Soto, quien tenía en Su servicio á la apelada, Elisa Eoa. Uno de los demandados, Don Arturo Fernández Sanjurjo, es el administrador de la dueña de la casa y no tiene otro interés en el asunto, habiendo sido ab-suelto por la sentencia de la corte inferior, sin que se inter-pusiera recurso de apelación contra esa resolución.

La presente acción se originó por virtud de una demanda que fué presentada por Elisa Eoa contra Concepción Puig y Arturo Fernández Sanjurjo en reclamación de una suma de cinco mil ($5,000) dólares por daños y perjuicios, porque, siendo la demandada Doña Concepción Puig dueña de la casa Número 9- de la- calle de San Justo de esta ciudad y el otro demandado Fernández Sanjurjo su administrador, quien tenía la obligación de cobrar las rentas de dicha casa y de vigilar que la casa estuviera en buen estado, el expre-sado Fernández Sanjurjo sabiendo que los techos de la men-cionada casa se encontraban en completo estado de ruina y debido a la negligencia de-los expresados demandados en hacer reparaciones en la misma, el .día 14 de abril de 1911 se desplomó una parte del techo de una de las habitaciones de la mencionada casa, produciendo tal ruido que ocasionó a Elisa Eoa, que en aquel entonces vivía en la referida casa, ■ un. susto de tal naturaleza que le produjo un aborto de una niña y los consiguientes padecimientos físicos y mentales.

Los demandados al- contestar la demanda negaron todos los hechos alegados en la misma, y el juicio de este caso-tuvo lugar en abril de 1922. En 10 de .junio siguiente se dictó sentencia contra la demandada. Concepción Puig por la suma de cinco mil ($5,000) dólares, o sea la cantidad que había sido reclamada, con las costas, contra cuya sentencia fué debidamente interpuesta esta apelación. El otro deman-dado quedó absuelvo de toda responsabilidad. El abogado de los apelantes alega que se han cometido los siguientes errores por la corte sentenciadora:

1. La„ corte cometió error al estimar como resultado general de la .prueba presentada en el juicio, qixe la demandada Concepción Puig no ejecutó en la casa de.la calle de San Justo No. 9,. las obras necesarias de reparación, para evitar la caída del techo de una de las habitaciones de la misma,., ocurrida el 14 de abril de 1911.

2. La corte , cometió error al apreciar en comprobación de la negligencia del demandado,; que anteriormente al día 14 de abril de 1911, o sea allá para el mes de septiembre.de 1910 tuvo, lugar también el desprendimiento de otra viga en el techo de esa. misma habitación. ..... .

3. La corte, erró y cometió un error .sustancial y .funda-, mental, ai, apreciar, en relación con ..el hecho .ocurrido en. el caso en cuestión en el mes de septiembre de 1910, que lrnbo desprendimiento de otra viga, y asumiendo a la vez y simul-táneamente que dicha viga había sido sostenida por medio de otra viga que sé colocó en el sitio de la misma y que evitó su caída.

4. La corte cometió error al apreciar que aun cuando la demandada y como consecuencia del accidente ocurrido en septiembre de 1910, practicó un reconocimiento del resto de la viguería para conocer por sí misma su estado, tal re-conocimiento y revisión no se llevaron a cabo con el esmero y cuidado requeridos por las circunstancias, ni se practi-caron por personas capaces para emitir una opinión acerca de las obras que debieran practicarse.

5. La corte cometió error al estimar probado por el resul-tado de la evidencia, que la caída de la viga ocurrida en 14 de abril de 1911, había ocasionado a la demandante un gran susto, y que a causa del mismo le sobrevino un aborto y un estado de melancolía y depresión nerviosa que afectó a su salud física y mental.

6. La corte cometió error al apreciar en el presente caso la responsabilidad de daños y perjuicios sancionada por los artículos 396, 1803 y 1808 del Código Civil Bevisado; en razón a no concurrir en este caso ninguna relación inme-diata y natural de causa y efecto entre el acto de negligencia y el daño que se dice ha originado, ni ninguno de los ele-mentos esenciales que integran dichos artículos.

7. La corte cometió error al conceder sin especificación ni comprobación suficiente la cantidad de cinco mil ($5,000) dólares como resarcimiento de los daños sufridos por la demandante.

Examinemos esos errores. Se ha alegado y probado que el día 14 de abril de 1911 se cayó una viga de una de las habitaciones ocupadas por la demandante, produciendo un ruido de consideración; y hacia el día 22 del propio mes la demandante, que en esa época se encontraba en cinta, sufrió un aborto de una niña de seis meses, o sea fuera de tiempo, y que se hizo necesario la asistencia médica y luego una operación quirúrgica, habiendo además influido éste en el carácter de la demandante, todo lo cual se alegó que fué ocasionado por la afección nerviosa producida por el susto que recibió con motivo de la caída de la viga.

La primera cuestión comprendida en esta apelación y que debemos considerar es una de hecho, que habrá de re-solverse, tomando en consideración la prueba contenida en los autos, a saber: ¿Constituyó la caída de la viga la causa próxima del daño ocasionado a la demandante1? o, en otras palabras, ¿fué el aborto que le sobrevino a la demandante demasiado remoto para poder ser imputado a la negligencia de la demandada? La corte sentenciadora en su opinión de claró sustancialmente como probados los siguientes hechos.

1. Que la demandante ha probado por la prueba presen-tada en. el juicio, que la demandada Concepción Puig, que era dueña de la casa Número 9 de la calle de San Justo, no adoptó las medidas necesarias para evitar la caída del techo de uña de las habitaciones, que tuvo lugar el día 14 de abril de 1911; y para justificar la negligencia de dicha demandada se. probó además que con anterioridad a ese día había tenido lugar el desprendimiento de una viga en la misma habita-ción que fué entonces sostenida poniendo y fijando a la misma otra viga, evitando así su caída; que no se hizo en ese departamento ningún examen de las condiciones del resto de la viguería, lo que debió haberse hecho por un cuidadoso y diligente propietario, con el fin de cerciorarse del estado en que se encontraban dichas vigas, pues aun cuando aparece de la evidencia presentada por la demandada, que se hizo dicho reconocimiento, éste no fué llevado a cabo con todo el esmero y cuidado que las circunstancias exigían, y ade-más, que se hizo por persona que no tenía la competencia necesaria para conocer el verdadero estado de aquella cons-trucción, para dar por consiguiente una opinión satisfac-toria de las obras que debieron ejecutarse o de las medidas de precaución que debieron adoptarse para evitar el des-graciado suceso qne poco tiempo después ocurrió.

2. Que no puede ponerse en duda la negligencia y falta de cuidado del propietario de la casa que, a pesar del becbo de haber sido avisado ya por un accidente de la misma natu-raleza, dejó de tomar las medidas necesarias que la ley exige de modo expreso en el Código Civil, tendentes a evitar que el becbo se repitiera. Si el propietario no hubiera sido negli-gente y descuidado, y hubiera previsto lo que por su aban-dono podía acontecer, seguramente el daño no hubiera ocu-rrido. T no puede alegarse aquí nada qne demuestre que las personas que viven en dicha casa dejaran de dar al propie-tario los avisos necesarios en cuanto al particular, pues de la prueba aportada al juicio resultó probado qué el mal es-tado de dichas vigas no era cosa perceptible a simple vista; o, como ha dicho un eminente comentarista de nuestro Código, sería contrario a toda noción de justicia excluir de esta responsabilidad al dueño, simplemente por el hecho de que- no fue advertido a su debido tiempo por una tercera persona del riesgo que ofrecía la caída del techo, cuando, según la ley, él estaba en la obligación de hacer las obras nece-sarias de reparación o destruir el mismo, precisamente para que ese peligro inminente no se convirtiera en un grave ac-cidente en perjuicio de otras personas.

3. Que quedó probado suficientemente en el juicio que la demandante en este pleito, Señora Roa, se encontraba en estado de embarazo cuando ocurrió el accidente; que ella sufrió un susto muy grande por creer que uno de sus hijos que estaba en la habitación donde tuvo lugar el accidente, había perecido; que a consecuencia de ese susto le sobre-vino un aborto que fué originado y causado por el susto que le ocasionó dicho accidente, que después del aborto se hizo necesario hacer una operación .quirúrgica a dicha se-ñora; que como resultado de dicho susto se produjo en l'a. paciente un estado de melancolía y depresión nerviosa que ha determinado perjuicios en su salud física y mental, de lo que' aún está sufriendo!, aunque no puede precisarse su dura-ción; que esa aféóéióñ nerviosa lia producido un cambio radi-óal en el temperamento y carácter de la Señora Roa, que está ahora mal .humorada, olvidadiza e irascible, lo contrario •de antes que era! aímable y cariñosa, y a tal extremo ha llegado el cambio-producido en su carácter que, según las manifestaciones heéhas por uno de los testigos ligado a ella jdor la relación de-amo y sirviente, declaró que “después del accidente nadie podía soportarla.’'1 ■

Alega la apelante que estas conclusiones de hecho no éstán sostenidas pbr la prueba que fue presentada en el juicio y que consta en la relación de hechos. Debemos, pues, considerar los autos en cuanto a este particular. Tal vez sería lo mismo examinar estas cuestiones por el orden en que aparecen en los diferentes señalamientos de error a que ya hemos hecho referencia.

(a) El primer señalamiento de error se refiere a la con-clusión a que ha llegado la corte sentenciadora con respecto a' la negligencia de la apelante, en no ejecutar las obras ne-cesarias de reparación en la casa ocupada por la apelada, con el fin de impedir la caída de la viga de dicha casa que tuvo lugar el día Í4 de abril de 1911. Los autos demuestran claramente que no se hicieron las obras necesarias e indi-can suficientemente que fué por esto que la viga se des-prendió y probablémente debido a las continuas lluvias se cayó de su sitio en el techo. El estatuto, artículo 398 del Código Civil, exime al dueño de responsabilidad por tales accidentes en los casos de fuerza mayor, pero no creemos que este caso esté comprendido en esa excepción. Si este accidente hubiera sido causado por un terremoto o por un rayo u otro fenómfeno natural que raras, veces ocurre, en-tonces la apelante ■ hubiera quedado exenta de -responsabili-dad. Pero, por los' resultados naturales que lleva consigo = el tiempo de los trópicos a los cuales estamos sometidos en este clima, no puede: hacerse excepción, y resulta por tanto la responsabilidad' del dueño. Tampoco puede alegar la pro-pietaíia que no fue notificada por' el inquilino de las condi-ciones en que se encontraba la ■ casa. La ley no exige tal notificación y en el presente caso el mal estado de las vigas no era perceptible a simple vista. El apoderado, teniendo en cuenta el incidente ocurrido en septiembre del año anterior, debió estar sobre' aviso y haber' ordenado oportuna-mente un reconocimiento en forma de la viguería del techo para llevar a cabo las reparaciones que las circunstancias exigieran, librando así a su principal de cualquier imputa-ción de culpa o negligencia. Por consiguiente, debemos lle-gar a la conclusión de que el primer pronunciamiento de error que ha sido presentado por la apelante carece de fundamento.

(b) El segundo y tercer error que han sido alegados por el abogado de la apelante se refieren a que la corte sentenciadora, al llegar a la cuestión relativa a la negli-gencia de la dueña, tomó en consideración el hecho de que con anterioridad al día 14 de abril de 1911, o sea el día en que se alega que se cayó la viga que produjo el daño, había ocu-rrido el desprendimiento de otra viga en el techo de la misma habitación; que esto ocurrió en el mes de septiembre de 1910. Se ha discutido algo la cuestión referente a si es-taban o nó colocadas las dos vigas en la misma habitación, pero resulta claro que si no era así estaban en otras habi-taciones contiguas, de modo que esta cuestión no es esencial. El hecho relacionado con' el primer accidente' que tuvo lugar seis o siete meses antes ha sido considerado por la corte sentenciadora simplemente como un detalle que demuestra que la demandada debía haber estado preparada y como una especie de aviso o indicación de que la casa era vieja, en mal estado y necesitaba ser atendida por su dueño, o el ad-ministrador facultado para ello. Por tanto creemos que el accidente que luvo lugar en septiembre de 1910, fué una cues-tión que pudo tomarla en consideración la corte sentencia-dora al dictar su sentencia.

(c) El cuarto error que ha sido alegado por la apelante se refiere al reconocimiento hecho por los agentes de la 'dueña,, con motivo del accidente ocurrido en septiembre; decla-rando la corte sentenciadora que dicho reconocimiento e ins-pección no fueron practicados con la debida diligencia y cui-dado que exigían las circunstancias del caso, ni se hicieron por personas competentes para llevar a cabo dicho trabajoy poder dar una opinión con respecto a las reparaciones que había necesidad de hacer en la casa. Creemos que la corte sentenciadora hizo un resumen correcto de la prueba en cuanto a este particular. ' Se hicieron reconocimientos poco» tiempo después de haber ocurrido el accidente en septiembre, pero según aparece de los autos no se efectuaron tan com-.pletamente como debió haberse hecho y fueron efectuados-únicamente por simples operarios que lio mostraron tener ningún conocimiento especial en el asunto, pudiendo luego» verse que cuando la casa había sido entregada por el in-quilino fué necesario hacer reparaciones en toda la viguería, lo que se llevó a cabo por orden del administrador de la apelante algunos meses después. Las declaraciones de al-gunos de los testigos en cuanto a las condiciones de las vigas, son muy terminantes con respecto al hecho de que las mismas estaban enteramente podridas y no servían para el uso a que se les destinaba. No podemos considerar que la conclusión a que llegó la corte en cuanto a este punto haya sido incorrecta.

(d) El quinto y sexto señalamientos de error se refieren a la conclusión a que llegó la corte sentenciadora declarando que la caída de la viga que tuvo lugar el Viernes Santo de 1911 causó un gran susto a la demandante, y que a causa del mismo le sobrevino un aborto pocos días después y el consi-guiente estado de melancolía y depresión nerviosa que afectó perjudicialmente a su salud física y mental, y en la aplicación de la ley tal como aparece en los artículos 1803 y 1808 del Código Civil; alegando la apelante que no existe en este caso ninguna relación inmediata y natural de causa y efecto entre el acto ilegal de negligencia que ha sido alegado en la de-manda y el perjuicio que se alega fué causado por el mismo, y niega además la existencia de ninguno de los elementos esen-ciales constitutivos de daños según se determinan en los esta-tutos. Es un principio bien establecido que cuando un daño o perjuicio físico, así como un aborto, resulta directamente de un gran susto o conmoción ocasionado por la negligencia del demandado que está en la obligación de tener el cuidado de que el perjudicado no reciba ningún daño, dicho susto o conmoción es un eslabón en la cadena de lo que se presume que constituye la causa, de igual modo que el daño corporal que con iguales resultados pudiera sobrevenir de la misma. Pankopf v. Hinkley, 24 L. R. A., N. S., 1161. Se ha resuelto en muchos casos que el mero susto originado por la negligencia de otra persona sin ninguna consecuencia física no puede constituir la base de una reclamación por daños y perjuicios. Por ejem-plo, si una mujer al pasar por el lado de una caldera que con-tiene plomo derretido le caen cuatro o cinco gotas de dicho metal que salta afuera de la misma y esto le causa una liger-a lesión pero un cambio radical en su sistema nervioso, en su salud general, y en sus órganos corporales, dando por resul-tado tres abortos sucesivos, dichos abortos no fueron la con-secuencia ordinaria y natural del accidente por la que puedan reclamarse daños y perjuicios. Hack v. Dady, 118 N. Y., Supp., 906.

Pero la jurisprudencia aprobada y sostenida ahora ge-neralmente por los principales casos, es la de que aquel que origina un estado nervioso en una mujer en cinta, por ejemplo, entrando ilegalmente en su casa en forma tal que le sobre-venga un aborto, es responsable para con ella por el dolor físi-co y sufrimiento que reciba como consecuencia directa del acto ilegal, aunque no se le causa ningún daño físico. Engle v. Simmons, 7 L. R. A. (N. S.), 96.

Igual doctrina se sostiene en los casos de Simone v. Rhode Island Co., 9 L. R. A. (N. S.), 740 y Green v. Shoemaker, 23 L. R. A. (N. S.), 667, pero en todos estos casos el susto que se alega que constituye la causa próxima del accidente, surge del propio accidente, y al recibirlo directamente diclia persona .sin la intervención de otra persona o cosa en el origen del mismo. El caso es distinto cuando el snsto de que se queja la deman-dante se produjo con motivo del daño por parte de alguna tercera' persona y no por el daño personal que la propia de-mandante pudiera recibir. En el presente caso el susto que ha causado el perjuicio del' cual la demandante es la supuesta víctima, no fué la causa próxima de dicho daño, puesto que se produjo por medio de una tercera persona, o sea la niña de la demandante, la que al caer la viga que causó el ruido, no se encontraba eh la habitación con su madre y el ruido que hizo la caída de la viga no asustó a la demandante, causán-dole un perjuicio a ella misma, sino que la alarmó en cuanto a la salvación de su niña. La negligencia de la demandada en dejar de hacer las reparaciones en la casa por lo que la viga se cayó, haciendo un ruido que, tomado en relación con la ausencia de la niña de la presencia de su madre, la alarmó a esta última por pensar en su seguridad, proporcionándole esto, por consiguiente, un estado nervioso que dió por resul-tado un aborto, es un hecho que se relaciona muy remotamente con los perjuicios que se derivaron de la misma para exigir responsabilidad a la dueña de la casa que reside en España, a quien se imputa la negligencia por no hacer las obras necesa-rias de reparación. Huston v. Borough of Freemansburg, 3 L. R. A. (N. S.), 49 y nota.

Aunque la prueba con respeto al susto no es tan conclu-yente como debiera serlo, pues sobre el particular solamente declaró la cocinera de la casa, única testigo que se encon-traba presente cuando ocurrió el accidente y que vió a la de-mandante immediatemente después de haberse caído la viga y las declaraciones prestadas por los médicos que examinaron a la demandante, fueron completamente de referencia en cuan-to al susto, podemos admitir que ella' realmente sufrió un susto en vista del peligro de su niña y nó por el peligro que había para ella misma y que la caída de la viga fué la causa remota de dicho susto; pero la inmediata y única relación de causa y efecto entre la caída de la-viga y @1 aborto cpie sobre-vino a la demandante, no son hechos que están completamente relacionados para fundar en ellos responsabilidad por parte de la demandada o sea .la dueña de la ca,sa. No vemos entre la caída de la viga y el aborto la existencia indiscutible de una. relación de causa y efecto que ligue por modo evidente ambos extremos, requisito -indispensable para exigir responsabilidad a la demandada. ■ Dado el tiempo transcurrido desde la caída de la viga hasta que' ocurrió el aborto de la demandante, no-estamos convencidos de que el aborto fuera consecuencia del susto, y no debido a cualquier otro accidente natural o for-tuito independiente de la caída de la viga.

(e) El séptimo error que--ha sido alegado por la apelante se refiere a la- cuantía de los perjuicios que estimó la corte sentenciadora habían sido causados, a sea la suma de cinco mil dólares ($5,000), que constituye la cantidad total que ha sido reclamada por la demandante en su demanda. Con res-pecto a la cuantía de los daños reales, debe notarse que los mismos se conceden como compensación a la demandante por cualquier perjuicio que realmente hubiera sufrido por los ac-tos de negligencia del demandado; y deben los mismos estar enteramente en proporción con los perjuicios que la deman-dante sufrió en su persona o propiedad y no deberán consistir en una suma máyor o menor de la que ha sido probada. 1 Street on Foundations of Legal Liability, 479; Greenleaf on Evidence (14th Ed.), sec. 253. La suma reclamada por asis-tencia médica en este caso es notablemente crecida, pues as-ciende a $1,800. La demandante se encontraba enferma, según aparece de la prueba, desde hacía unos tres meses y estuvieron asistiéndola por lo menos parte de ese tiempo, dos médicos. La prueba no revela que estos honorarios que han sido recla-mados por los médicos se hubieran pagado en realidad, pero puede deducirse en un sentido general, que esa es la reclama-ción hecha por la demandante. En casos de daños y perjuicios, por lesiones corporales, cuando se incluye en los mismos la partida correspondiente a la cuenta de médicos es necesario probar: Primero, el verdadero pago que ba' hecho el deman-dante de las cuentas o que el demandante está legalmente obli-gado a pagar las mismas, y que la suma es razonable, justa, y correcta; y, segunda, que la asistencia médica fue necesaria debido a los perjuicios sufridos. MacDonald v. I. C. R. Co., 55 N. W. Rep., 102; Omaha St. R. Co. v. Emminger, 77 N. W. Rep., 675; Indianapolis v. Gaston, 58 Ind., 224; Bowsher v. C. B. & Q. R. Co., 84 N. W. Rep., 958; Abbitt v. St. Louis Tr. Co., 79 S. W. Rep., 496; Beater v. D. L. & W. R. Co., 85 N. Y. Supp., 524; San Antonio St. Ry. Co. v. Muth, 7 Tx. Civ. App., 443. 13 Cyc., 140. 1 Street on Foundation of Legal Liability, 149-159.

También reclama la demandante una gran suma por ciertos otros alimentos de clase superior y por champagne que se alega fue necesario comprar, debido a su condición delicada. También hay prueba tendente a demostrar que dichos alimen-tos no fueron necesarios y que el champagne era perjudicial en esos caso. Examinando toda la prueba en conjunto, cree-mos que la sentencia es 'completamente excesiva, aun cuando hubiera sido demostrado debidamente de algún otro modo la responsabilidad de la demandada.

No habiéndose probado que la causa próxima de los per juicios que ha sido alegados fuera la negligencia de la deman-dada, la sentencia dictada por la corte de distrito el día 10 de junio de 1912, debe revocarse y dictarse otra por este tribunal a favor de la demandada, sin especial condenación de costas.

Bevocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asocia-dos Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ex parte Axtmayer, Peticionario, v. El Pueblo, Opositor
    Apelación contra resolución de nno de los jueces de este tribunal dictada en un ca.so de Habeas Corpus.

    No. 515.
    Resuelto en abril 22, 1913.
    Divorcio — Cuidado Provisional de los Hijos — Jurisdicción de la Corte Sen-tenciadora. — De acuerdo con el artículo 166 del Código Civil Revisado, la corte que conoce de un pleito de divorcio, conserva su jurisdicción, después de apelada la sentencia de divorcio, para oir y resolver una moción sobre .el cuidado provisional de los hijos.
    Id. — Pleito Pendiente. — Las palabras “mientras el juicio se sustancie y de-cida,” empleadas en el artículo 166 del Código Civil Revisado, significan: hasta que se dicte resolución final en apelación, o hasta que haya expirado el término para interponer dicho reeurso, de acuerdo* con lo establecido en el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Orden Sobre Cuidado Provisional de los I-Iijos — Desacato—Jurisdicción de las Cortes de Distrito.- — -El artículo 170 del Código Civil' Revisado no ha sido derogado por el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y una orden sobre cuidado provisional de los hijos dictada por una corte de distrito después de pronunciada su sentencia en un pleito de divorcio, es inapelable, reteniendo dicha corte su jurisdicción para hacerla ejecutar y para castigar por desacato su desobediencia.
    Los beebos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del peticionario: Sr. E. B. Wilcox.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de uno de los jueces asociados de esta Corte Su-prema dictada en un caso de habeas corpus. Henry Axt-mayer, el peticionario, presentó su solicitud el 8 de noviembre ile 1912. Expedido el auto, se celebró la vista el día 9 y el día 11 del propio mes se dictó la resolución apelada decretando la inmediata excarcelación del peticionario. El peticionario .fué puesto acto seguido y continúa aun en libertad.

Forma parte de los autos una exposición del caso apro-bada y certificada de acuerdo con la ley. Los beciios, según .resultan de dicha exposición, son como siguen:

Henry Axtmayer entabló en la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia:, demanda de divorcio contra su esposa Dolores Ortiz. Esta no sólo contestó la demanda,'sino que for-muló una contrademanda solicitando a su vez el divorcio, ale-gando como causa el trato cruel y las injririas graves.

El 17 de junio de 1912 la demandada solicitó el cuidado provisional de su hijo Herman que se encontraba bajo la cus-todia de su padre. La corte en la misma fecha estimó que como la vista del pleito estaba señalada para muy en breve, las cosas podían quedar como estaban y ordenó que dos de los hijos desmatrimonio continuaran bajo la custodia de la madre, y el otro, Herman continuara también bajo la del padre. De' hecho, la corte entonces se limitó a no resolver la cuestión que' se le presentara.

El 19 de septiembre de 1912 se celebró la vista del caso y el 25 del propio mes se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda y en su virtud roto y disuelto el vínculo matrimonial entre el demandante y la de-mandada. El 30 de septiembre último, el demandante apeló de dicha sentencia para ante, este Tribunal Supremo.

El 12 de octubre de 1912 la demandada y contrademan-dante volvió a solicitar de la corte que pusiera provisional-mente bajo su custodia, mientras el pleito se decidía por sen-tencia firme, a su hijo Herman. El demandante se opuso alegando: 1°., que la corte no tenía jurisdicción para resolver-lo que se le pedía por haber sido apelada su sentencia; 2o. que si esto no era así, entonces debía entenderse que la corte había resuelto la cuestión el 17 de junio, y 3°., que si la corte creía que podía reconsiderar su anterior resolución, entonces el de-mandante alegaba que existían causas poderosas.por las que el niño Herman no debía estar bajo el cuidado ele la deman-dada, por vivir ella rodeada por circunstancias de un carácter que afectaría# el bienestar moral del dicho njño.

Qeleb^ada, la, vista de. la, solicitud, eh demandante no sos-tuvo el tercero.de sus motivos de oposición, ■ pero sí los • dos primeros. La corte, el 4 ele noviembre de 1912, decidió la cuestión suscitada de la siguiente manera:

“La corte resolviendo la moción de la demandada, solicitando en este caso el cuidado provisional de los hijos habidos del matrimonio según la sentencia registrada, y la contra-moción del demandante sobre el mismo asunto; y teniendo en cuenta la jurisprudencia establecida en los casos reportados en 143 Cal., 313, 60 Cal., 624, y lo dispuesto en el artículo 170 del Código Civil, que demuestran que la materia objeto de tales mociones no está afectada por la apelación contra la sentencia, y que puede ser reconsiderada la orden anterior dictada sobre el asunto por el Hon. Juez Eossy, declaró con lugar dicha moción de la demandada, y sin lugar la contra-moción indicada ordenando en su consecuencia que los aludidos niños sean puestos bajo el cuidado provisional de la madre.”

Contra la transcrita resolución de la corte, se interpuso por el demandante, el 6 de noviembre de 1912, recurso de ape-lación para ante este Tribunal Supremo.

El 7 de noviembre de 1912 la demandada solicitó que se cumpliera la orden de 4 de noviembre y la corte así lo acordó. El marshal de la corte se constituyó en la casa del deman-dante y lo requirió para que entregara el niño. El deman-dante se negó a entregarlo. El juez entonces mandó citar al demandante para que compareciera el día 8 de noviembre a exponer las razones por las cuales no debía castigársele por desacato.

En el día señalado compareció en efecto el demandante en persona y por un abogado y no alegó razón alguna fundamental que explicara su negativa a cumplir con la orden de la corte mandándole que entregara su hijo. La corte lo condenó a sufrir treinta días de cárcel y a pagar una multa de dos-cientos dólares. Para el cumplimiento de dicha sentencia la corte expedió y firmó un mandamiento que contiene todos los requisitos exigidos por la ley.

Preso el demandante, solicitó entonces' el auto de habeas corpus de que se ha hecho mérito y que fué resuelto en el sen-tido que hemos indicado. !

Habiendo en consideración todo lo expuesto; se concluye que la única cuestión envuelta en este caso es la de la jurisdic-ción de la corte de distrito para dictar y liacer ejecutar su orden de 4 de noviembre de 1912. Si la corte tenía juris.-ción para dictar y íiacér ejecutar-dicha orden, la tenía también para castigar por desacato al demandante que la desobedeció de modo manifiesto .y ostensible, y en ese caso la resolución apelada debe revocarse. Si la corte de distrito no tenía tal jurisdicción, tampoco tenía el poder de castigar por desacato al demandante, y en ese caso la resolución apelada debe confirmarse.

“Si lo ordenado por el auto de mandamus podía ordenarse-por la corte de circuito dentro de su jurisdicción, los proce-dimientos por desacato no son revisables. Pero si lo orde-nado estaba en todo o' en parte fuer-a de los límites del poder ¿le la corte, el auto, ó la parte del mismo dictada en exceso de jurisdicción, era nula, y la corte no^ tenía derecho concedido por la ley para castigar por desacato la desobediencia de ¡sus requerimientos.' Tal es la regla bien establecida en esta corte. Ex parte Lange, 18 Wall., 163; Ex parte Parks, 93 U. S., 18; Ex parte Siebold, 100 U. S., 371; Ex parte Virginia, 100 U. S., 339.” (Ex parte Rowland, 104 U. S., 612.)

Estudiaremos y ‘résólveremos en primer término si la corte de distrito tuvo facultad para dictar 1-a orden de 4 de noviem-bre de 1912, después de haber pronunciado sentencia en el pleito principal y de haberse interpuesto contra dicha sen-tencia recurso de apelación;’ y, en segundo término, si la corte de distrito tuvo facultad para ordenar la ejecución de la dicha orden de 4 de noviembre, después de- haberse interpuesto con-, tra la misma recursp de apelación.

El Código Civil vigente en Puerto Rico-dedica el Título V de su Libro I, al divorcio. Dicho título está dividido en cinco capítulos.- Uno de esos capítulos, el III, trata de las medidas provisionales a. que,,puede, dar--lugar el juicio de divorcio. Entre esas medidas provisionales-está .la contenida en el ar-tículo, -166,-: que' dicq >así:: •.

“Si Rugiesen liijos del matrimonio cuyo cuidado provisional pi-dieran ambos cónyuges, serán puestos bajo el cuidado de la mujer, mientras el juicio se sustancia y decida, a menos que concurran ra-zones poderosas a juicio de la corte de distrito, para privar a la mujer del cuidado de sus Rijos en todo o en parte.”

De acuerdo, pues, con las prescripciones de la ley, el juez que conoce de un pleito de divorcio, mientras el juicio se sus-tancia y decida, tiene facultades para hacer cumplir lo dis-dispuesto por la misma ley con respecto a la custodia provisional de los hijos.

La significación de las palabras “mientras el juicio se, “sustancie y decida” del texto castellano, equivalentes a las clel texto inglés during the time the suit is pending, ha sido fijada por el mismo legislador en la sección 348 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice así:

“Un pleito se considera pendiente desde que principia Rasta su resolución final en apelación, o hasta que Raya expirado el tiempo para interponer el recurso de apelación, a menos que se Raya cumplido el fallo con anterioridad.”

Examinada la ley reguladora del caso, la primera cuestión debe decidirse, pues, en la afirmativa. El pleito de divorcio se encontraba aún pendiente, y la corte pudo resolver como résolvió con respecto al cuidado provisional de los hijos de ambas partes, mientras el pleito se decidía en definitiva.

Veamos ahora si la corte pudo decretar como decretó .’a ejecución de su orden después de haberse interpuesto contra olla recurso de apelación.

El artículo 170 del Código Civil, que es el último del Capí-tulo III, del Título V, antes citado, dice así:

“Las resoluciones del tribunal de distrito con motivo de este capí-tulo serán inapelables y se enmendarán por el tribunal cuando lo exijan las circunstancias- de cada caso. ’ ’

Pero se sostiene que dicho artículo 170, que forma parte de un código que empezó a regir en 1902, fue derogado por el 295 del Código de Enjuiciamiento Civil puesto en vigor en 1904 y que, en lo pertinente, es como sigue:

“Podrá establecerse apelación * * *■.
‘ ‘ 3. * * *; ele una proAÚdencia especial dictada después de una sentencia definitiva; * *

¿ Puede considerarse la orden de 4 de noviembre de 1912 como una ’ providencia especial dictada después de ]ironun-ciada la sentencia definitiva en el pleito?

“No liemos podido encontrar en las autoridades una defi-nición satisfactoria de la frase ‘special order,’ contra la cual, según el estatuto, puede interponerse recurso de apelación. El Señor Bouvier expresa que una resolución especial es una orden de la corte en determinado caso y con un fin especial. Las resoluciones de California están en conflicto en cuanto a esta cuestión. En el caso de Gillman v. Contra Costa Co., 8 Cal., 52, 57, 68 Am. Dec. 290, se dijo que el término se refería á los casos en que una.corte o juez concede un remedio ade-cuado, y a los casos en que el remedio se niega. También se ha resuelto que la orden debe seguir a la sentencia en el mismo curso de los procedimientos. Este criterio ha sido sostenido en el caso de Quivey v. Gambert, 32 Cal., 304. Estos casos fueron examinados en el de Calderwood v. Peyser, 42 Cal., 110, y desestimados. El Juez Señor Wallace expresa que la orden 'es por sí’ apelable. La sección 566 de la Ley de Prác-tica Civil dispone que todo mandamiento de una corte o juez dictado o hecho por escrito y que no está incluido en la senten-cia, es una orden; de modo que una resolución denegando la suspensión de una ejecución es una 'orden especial,’ y apelable. Clark v. Gonu, 2 Mont., 538, 539.” 7 Words & Phrases Judicially Defined, 6585.

El significado de las palabras orden o providencia especial no. ha sido, fijado, pues, claramente por la jurisprudencia. En este caso concreto que resolvemos es dudoso si la orden de 4 de noviembre de 1912 puede calificarse o nó de providencia especiál. Si decidimos la duda en sentido negativo, resulta evidente que la sección 295 del'Código de Enjuiciamiento Civil, en nada afecta lo dispuesto en el artículo 170 del Código Civil revisado. Si la decidimos en sentido afirmativo, queda plan-teada la cuestión más importante envuelta en el recurso: la de si el artículo 170 del Código Civil revisado ha sido o nó dero-gado por el 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

No se nos ha citado ni hemos podido nosotros encontrar ninguna disposición legal que expresamente derogue dicho ar-tículo. Sólo se ha presentado como ley derogatoria del mismo, la sección 295 del Código de Enjuiciamiento civil a que nos hemos venido refiriendo, y la cláusula final derogatoria conte-nida'en la sección 361 de dicho Código, que dice así: “Toda ley, reales decretos, órdenes, órdenes militares, disposiciones o partes de ellos incompatibles o en conflicto con este Código quedan por la presente derogados.”

“Una legislatura puede expresar su voluntad en cualquier forma — afirmativa o negativa — tal como le plazca, mientras no viole las limitaciones constitucionales. No está obligada a usar palabras derogatorias expresas. Pero la derogación tá-cita de las leyes no es favorecida por las cortes. La presun-ción está siempre en contra de la intención de derogar, cuando no se usan términos expresos. Para justificar la presunción relativa a la intención de derogar un estatuto por otro, uno de ellos debe ser incompatible con el otro, o la intención de dero-gar debe ser claramente expresada de otro modo. De aquí se sigue que cuando la intención de no derogar resulta aparente o manifiesta de la ley, no hay base para la derogación tácita, o para la aplicación de reglas con respecto a las derogaciones tácitas.” 36 Cyc., 1071 y 1072 y casos citados.

£ ‘ Cuando dos leyes están en pugna, o en conflicto una con la otra, siendo la aprobada íntimamente la más reciente expre-sión de la voluntad del legislador, debe prevalecer aunque no contenga cláusula derogatoria alguna. Pero no es suficiente para establecer tal derogación el que la ley subsiguiente cubra algunos o aun todos los casos previstos por la ley anterior, puesto que puede ser meramente afirmativa, o acumulativa, o auxiliar. Entre las dos leyes debe existir una clara, inevitable e irreconciliable pugna, y aun entonces la ley anterior se considera derogada tácitamente en tanto en cnanto está en pugna solamente. Si ambas leyes pueden, por medio de una interpretación razonable, interpretarse armónicamente, ambas deben subsistir. Dos leyes no están en pugna entre sí a menos que se refieran a la misma materia. Además, es necesario para que pueda deducirse que existe una derogación, que el objeto de las dos leyes' sea el mismo. Si esto no es así, ambas pueden subsistir, aunque se’refieran a la misma materia.” 36 Cyc., 1073 a 1077, y casos citados.

Aplicando los anteriores principios al caso concreto que resolvemos, nos encontramos con que si bien la materia a que se refieren el artículo 170 de la ley civil sustantiva y la sección 295 de la ley civil adjetiva, es la misma, o sea, la apelación, el propósito de ambos preceptos evidentemente es distinto.

Cuando el legislador estableció la regla que contiene el artículo 170 del Código civil, tuvo en cuenta la naturaleza especial de las medidas provisionales a que pueden dar lugar los casos de divorcio., Dichas medidas pueden ser de tal manera urgentes, que hacerlas apelables directamente con el efecto de suspender su ejecución una vez interpuesto el recurso, sería destruir totalmente su eficacia.

T siendo, como es, esto así, no puede pensarse que la inten-ción del legislador fuera la de destruir su obra meditada y calculada previamente, con sólo consignar un precepto general relativo a las apelaciones en el Código de Enjuiciamiento Civil. A nuestro juicio, ambos preceptos pueden y deben subsistir en vigor en toda su integridad.

Como una prueba de la intención de la legislatura con res-pecto a su deseo de conservar vigentes los procedimientos especiales incluidos en el Código Civil, entre los cuales puede considerarse comprendido el relativo al divorcio, citaremos el artículo 85 de la ley sobre procedimientos legales especiales aprobada en 1905, un año después del Código de Enjuicia-miento, que dice así: “Esta ley empezará a regir desde su aprobación, quedando derogadas todas las leyes anteriores que la contradigan; pero seguirán vigentes los procedimientos especiales establecidos en el Código Civil, en la Ley Hipotecaria y su reglamento, y en cualquier. o.tra ley, en cuanto no esté previsto por la presente.”

La contención del apelado con respecto a la derogación del artículo 170 del Código Civil por la sección 295 del Código de Enjuiciamiento, se basa principalmente en los casos de Ex parte Queirolo, 119 Cal., 635, y Vosburg v. Vosburg, 137 Cal., 493.

La scción 295 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Eico, es igual, en la parte que hemos venido citando, a la 939 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, pero el ar-tículo 170 del Código Civil puertorriqueño no tiene su equiva-lente exacto en el Código Civil californiano. De ahí que la jurisprudencia de California en este punto concreto, no sea' aplicable como conclusiva en la resolución de la cuestión sus-; citada. . ■

En el Código Civil de California también sé trata como en el de Puerto Rico del divorcio en su totalidad y se dedican' va-rias secciones a las medidas provisionales a que puede dar lu-gar, pero nada se prescribe expresamente sobre si una reso-, ción provisional dictada en un caso de divorcio relativa a la custodia de los hijos, es o no apelable, y es natural que cuando luego se aprobó el Código de Enjuiciamiento Civil establer ciendo una apelación general contra las providencias espe-ciales dictadas después de sentencia definitiva, se considerara que existía apelación contra una providencia de tal naturaleza dictada en un pleito de divorcio, con referencia a la custodia de los hijos. No había en California ley'alguna como en Puerto Rico que derogar. Sólo existía un vacío que llenar y que se entendió llenado por el precepto del Código de Enjui-"1 ciamiento Civil.

Tampoco es igual la ley de California a la de Puerto Rico en cuanto a las facultades que confiere a las cortes en rela-ción con la custodia de los hijos en casos de divorcio. En California esa facultad se extiende hasta después de ser firme la sentencia resolutoria del caso. En Puerto Eico se limita a la pendencia del pleito.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, la segunda de las dos cuestiones que planteamos para el estudio metódico del caso, o sea, la de si la corte de distrito pudo a no orde-nar la ejecución de su resolución de 4 de noviembre de 1912, debe también resolverse en la afirmativa.

Dicha resolución no era apelable de acuerdo con el pre-cepto terminante del artículo 170 del Código Civil que está en todo su vigor, a nuestro juicio, y el recurso de apelación inter-puesto contra ella no podía surtir efecto legal alguno, ni por tanto paralizar su ejecución.

Como dijimos al principio, no hay duda alguna con res-pecto al hecho de la desobediencia por parte del peticionario •de la orden de 4 de noviembre de 1912, y habiendo llegado luego a la conclusión de qué la corte de distrito tenía jurisdic-ción para dictar dicha orden, y ahora a la de que la tenía tam-bién para hacerla ejecutar, se impone, como consecuencia inevitable, la revocación de la orden apelada dictada el día 11 de noviembre de 1912, resolviendo la solicitud de habeas corpus presentada en este caso. En tal virtud, no siendo ilegal la pena impuesta al peticionario, éste debe ser reducido de nuevo a prisión y continuar en ella hasta que cumpla la condena, o sea puesto antes en libertad por autoridad competente.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MaeLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Glines et al., Apelados, v. Matta et al., Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 890.
    Resuelto en abril 23, 1913.
    Traslado de un Pleito — Injunction—Servidumbre—Interés en una Propie-dad. — La aeeión de injunction ejercitada por los demandantes implica la de-terminación de un interés en la propiedad en litigio, muy parecido a una servidumbre y por tanto esta acción radica en el distrito judicial de San Juan, en donde está situada la propiedad en litigio y no procede su traslado al distrito judicial de Humaeao aun cuando los demandados son residentes y fueron citados en este último distrito.
    Contratos — Restricciones Relativas a la Construcción de Casas — Oblisa-ciones de Compradores Posteriores. — Cuando una asociación cooperativa de construcción acuerda ciertas restricciones con respecto a la construcción de edificios, en una finca que ha de Ser dividida en solares y se hace constar dichas restricciones en la inscripción de la totalidad de la finca en el registro de la propiedad y se mencionan esas restricciones en las subsiguientes escrituras, todos los que posteriormente compran solares están obligados a respetarlas, aun cuando en el traspaso a ellos no contratan específicamente acerca de dichas restricciones. ,
    Injunction — Solares Sujetos a Restricciones de Construcción — -Acción de los Dueños para Hacerlas Respetar. — Los dueños de solares procedentes de una finca que ha sido urbanizada afecta toda ella a ciertas restricciones en la construcción de casas que constan en la inscripción de dicha finca en el registro de la propiedad, pueden ejercitar la acción de injunction para im-pedir que algunos dueños infrinjan dichas restricciones.
    Id. — Jurisdicción de Equidad en Puerto Rico. — Aun cuando las cortes de Puerto Rico no tienen jurisdicción en materias de equidad en.el sentido en que se aplica ésta en las cortes de Inglaterra y de los Estados Unidos, sin embargo, la legislatura al adoptar la ley de injunction adoptó una parte limitada de los principios de equidad aplicables a injunction vigentes en lo§ Estados Unidos.
    Contratos — Restricciones Sobre la Propiedad. — Las eortes deben hacer cum-plir las restricciones impuestas a una propiedad siempre y cuando no sean contrarias a las leyes ni causen verdaderos perjuicios.
    Id. —■ Disolución de una Asociación — Restricciones Sobre las Construccio-nes. — La disolución de la asociación que era dueña del solar objeto de este pleito no tiene el alcance de dejar sin efecto las restricciones impuestas a todos los solares de dicha asociación relativas a las construcciones sobre los mismos, y la orden ordenando la venta de sus solares libres de carga y gravamen no tuvo por objeto anular dichas restricciones, ni hubiera podido la corte anularlas en una orden de esta naturaleza, sin oir a los dueños de todos los solares.

      INJUNCTION — Infracciones Leves de las Restricciones Sobre Construccio-nes. — Las infracciones cometidas por los demandantes de las restricciones sobre construcción de edificios en los solares en cuestión, eareeen de impor-tancia y no constituyen una infracción abierta y manifiesta de las mismas que les impidiera solicitar el recurso de injunction objeto de esta acción.
    Id. — Demora en Solicitar un Injunction' — Conducta del Demandado. — Cuando se presenta una demanda de injunction dentro de 20 días después de haber sido notificada una parte de que estaba- infringiendo las restricciones impues-tas a su solar relativas a la construcción de edificios y a pesar de esta noti-ficación dicha parte continúa construyendo, no puede alegarse que los deman-dantes hayan incurrido en demora.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Aponte y Aponte.

    Abogados de los apelados: Sres. Joseph Anderson, Jr.,-y Damián Monserrat, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal..

Hacia el año 1903 se constituyó una compañía denominada Asociación Popular Cooperativa de Construcciones, Ahorros y Préstamos de Puerto Rico, que compró una gran extensión cLe terreno en la parte de Sariturce conocida por ‘ ‘ Miramar, ’T siendo el principal fin de dicha compañía el de proceder a su urbanización en solares para ponerlo en condiciones de que se fabricasen casas de vivienda, quedando dichos solares suje-tos a ciertas estipulaciones a las cuales debían someterse los, compradores de los mismos. En la sesión celebrada por la compañía el día 28 de abril de dicho año, se acordó que cual-quiera que fuera el comprador de un solar, debía sujetarse y quedaba obligado para con dicha asociación a la responsabili-dad de las construcciones y obras de calles, aceras, alcantari-llados y cañería de agua a prorrata del costo de ellas, las cuales serían llevadas a cabo por la expresada compañía, siempre que los adqnirentes de los solares situados en una misma calle lo solicitaran, o antes sin este requisito si así la compañía lo estimaba, oportuno.

También pasó la dicha compañía el siguiente acuerdo, a saber: Ningún edificio, construcción, balcón, ventana salediza u otra edificación, excepto escalones o gradas, se harán en estos solares a menos de tres metros de distancia de la línea de sn frente qne da a la calle en qne se encuentra situado.

La compañía consignó este acnerdo en nna escritura, la qne inscribió en el registro de la propiedad, y como cada solar había de ser inscrito en el registro, hizo mención a dicho1 acuerdo como emanado e impuesto por la aludida compañía. Algunos solares fueron luego vendidos por la compañía ha-ciéndose dicha referencia, pero sin ninguna cláusula restric-tiva especial, y otros se vendieron con la condición de some-terse al plan acordado, signienclo esto así hasta qne debido al pleito qne nno de los accionistas entabló contra la compañía,, se ordenó sn disolución por el tribunal, decretándose -la venta, de todos los solares sin carga o gravamen alguno, y entre los últimamente vendidos en tal forma, se encontraba el número-137, que ha dado origen a este litigio.

Este solar fué vendido en pública súbasta y adjudicado a “Sucesores de A. Mayol y Cía.” quienes lo traspasaron a. Francisco del Valle, Jr., y éste a su vez a Doña Concepción Matta como libre de todo gravamen, pero sujeto a la obliga-ción o servidumbre a que hemos hecho referencia y sujeto-además a la obligación de contribuir a prorrata en las mejoras de las calles, alcantarillado, etc. La escritura o convenio con-dicional que consta en la escritura otorgada a Doña Concep-ción Matta, por vía de aclaración y como parte de la descrip-ción, era una condición específica contenida en la escritura que-fué otorgada a Don Francisco del Valle, Jr., predecesor inme-diato en derecho y aparece como un gravamen o carga im-puesta sobre la finca en los correspondientes archivos del registro de la propiedad.

Los demandados y apelantes en este caso son Concepción Matta y Miguel Zalduondo. Ambos residen en Fajardo y cada, uno de ellos fué emplazado en este caso en el Distrito Judicial de Humacao, del que Fajardo forma parte.

Allá por el día tres de agosto de 1911, Miguel Zalduondo como apoderado de la señora Concepción Matta, solicitó de! Municipio de San Juan un permiso para construir cierto edi-ficio de concreto en el solar arriba descrito, de la propiedad de su mandataria, cuyo permiso le fue concedido. En-tonces los demandados, haciendo uso de sus distintas capa-cidades, comenzaron la construcción de dos garages en dicho solar, levantando los mismos sobre la línea que sirve precisamente de límite Norte de dicho solar. Que al empezar la construcción el demandado Zalduondo fue notificado por uno o más de los demandantes por medio de sus agentes, de que dicha'construcción se llevaba a cabo con infracción de la cláu-sula restrictiva del contrato, o sea aquélla a que hemos hecho referencia. La edificación siguió, sin embargo, y práctica-mente había quedado terminada al presentar 1-os demandantes su demanda. Los demandados formularon excepción previa a dicha demanda presentando a la vez una moción en debida forma para que el caso fuese trasladado a la Corte de Distrito de Iíumacao, en cuyo distrito residen ambos demandados. La corte declaró sin lugar tanto la excepción previa como la moción de traslado.

Los demandantes son los dueños o residentes de los solares contiguos o adyacentes y alegaron que el contrato había sido infringido por los demandados, cuyos demandantes después de formulada la contestación y celebrado el juicio, obtuvieron una orden de injunction permanente. La sentencia ordenaba a los demandados que se abstuvieran de continuar la fabrica-ción en forma alguna y ordenó la demolición de la parte que ya había sido construida, debiendo quedar los solares en las mis-mas condiciones en que se encontraban antes de empezarse la construcción de los referidos garages.

Seis son los errores que alega el apelante que han sido cometidos por la corte sentenciadora, a saber:

1. La corte inferior cometió error al denegar la moción de traslado. Los apelantes alegan que la acción sobre injunction se dirige contra la persona y que la ejercitada en este caso es esencialmente personal, puesto que con ella se trataba de im-pedir el quebrantamiento de un pacto o convenio. El artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone entre otras cosas lo siguiente:

“Artículo 75. Deberán sustanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad' de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en f-ste código, los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
“ ‘ 1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicho de-recho o interés, y por daños causados a propiedad inmueble.’ ”

Lo que en realidad alegan los apelantes es una infracción de sus derechos y la fundan en la posesión que tienen de una parcela de terreno. Alegan derechos que si no expresan claramente los de un gravamen o servidumbre, es algo equiva-lente a esto. Sostienen que tienen derecho a dejar libre tres, metros de espacio de las edificaciones en la parte de Miramar, donde tienen su residencia. Opinamos que discuten un de-recho real con arreglo, a la letra y espíritu del artículo 75; y si una de sus principales alegaciones es correcta, el derecho que alegan tener se refiere a la propiedad más bien que a la persona. Tal fué la cuestión suscitada entre las partes, y los apelados tenían derecho a que la misma fuera resuelta en San Juan. Es cierto que los demandados residen en el distrito de Humacao, pero la materia objeto de la acción radica evidente-mente en San Juan. En el caso de Veve et al. v. The Fajardo Development Co., 15 D. P. R., 577, citado por el apelante — los hechos son que el demandado iba a realizar actos ilegales en la finca que- se alegaba pertenecía a los demandantes, tratando de colocar raíles de un ferrocarril. El demandado fué empla-zado en el distrito de Ponce y aquella corte tenía jurisdicción sobre dicho, demandado. Los procedimientos fueron prelimi-nares y no se presentó ninguna moción sobre traslado y la Corte de Distrito de Ponce reservó expresamente la cuestión relativa a que pudiera verificarse luego el traslado. Habiendo adquirido jurisdicción sobre el presente demandado, la Corte de Distrito de Ponce,'aun en el supuesto de que existiera un interés en la finca en cuestión, sobre cuyo punto no emitimos ninguna opinión, ciertamente tenía'jurisdicción para conocer del caso hasta que se solicitara un traslado del mismo. Si la .infracción del convenio en el presente casó se considera como un perjuicio para la finca como' puede serlo, las autoridades sostienen claramente la teoría que sustentan los demandados. Drinkhouse v. Spring Valley Water Works, 80 Cal., 308; Norseville v. North Bloomfield Gravel Mining Company, 66 Cal., 343.

II. Que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar las excepciones previas presentadas por los demandados y apelantes.

La presente es una acción sobre injunction en la que los apelantes alegan que la corte cometió error al no desestimar la demanda, puesto que el contrato fué uno que, si existió en rea-lidad, fue entre la compañía propietaria de los terrenos y los predecesores en derecho del demandado y que no existe nexus o relación contractual alguna entre los demandantes y deman-dados en este caso. Admiten que en los Estados Unidos exis-ten resoluciones que demuestran que una demanda de esta clase puede iniciarse a nombre de una tercera persona que no tomó parte en el contrato original, pero sostienen que todas •estas resoluciones fueron dictadas en equidad y que la juris-prudencia de equidad no es aplicable en las cortes de Puerto Pico.

Citan además los apelantes el artículo 1224 del Código Civil, que limita los efectos de un contrato a las partes que los otorgan y a sus herederos, con arreglo a cuyo artículo la única persona que puede entablar esta acción era la Sociedad Popular Cooperativa.

La ley de marzo 8,1906, pág. 81, dispone entre otras cosas, lo siguiente:

“Sección 1. El injunction es un mandamiento judicial expedido por es.crito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perju-dique el derecho de otra.”-
‘ ‘ Sección 2. La Corte Suprema, o cualquier Juez de la misma, po-drá, para hacer efectiva su jurisdicción, librar mandamientos de injunction, bajo las reglas prescritas por la ley, y los jueces de las respectivas cortes de distrito podrán también librarlos en todos los casos en que tales mandamientos sean procedentes.”

.La cuestión principal que debemos considerar es si se in-fringió algún derecho de los demandantes. El objeto de la compañía cooperativa según se infiere de su nombre, era asegurar para sus asociados la urbanización de la parte del .terreno conocido por Miramar. La idea fué que la asociación y cada dueño subsiguiente de solares quedara obligado a con-servar esa relación cooperativa. Era un derecho recíproco para crear y tener en cuenta ciertas condiciones relativas a todo el terreno y cada comprador adquirió la propiedad teniendo conocimiento de esas condiciones. Nadie estaba 'obligado a comprar terreno en Miramar y si lo hacía quedaba obligado según el registro a informarse del plan original hecho por los miembros de la compañía y sus sucesores. Se inducía a las personas a comprar, manifestándoles que cierta porción del terreno comprendido en cada solar quedaría libre de toda construcción. Cada propietario por consiguiente aun cuando no tuviera un derecho distinto o servidumbre de paso por el terreno, tenía un interés en hacer que se dejara la distancia de tres metros del sitio en que se prohibía hacer construc-ciones.

■ Cada dueño o propietario tenía un interés común en que se respetara esa distancia. Toda la propiedad en Miramar era una especie de condominio y este derecho pertenecía no solamente a las partes primitivas del contrato, sino también a cada dueño en ese distrito. Todo comprador adquiría un derecho en la finca .de cada uno de los demás propietarios, y teniendo dicho derecho podía ejercitarlo. Artículo 1 de la Ley de Injunction.

Las cortes de Puerto Eico no tienen jurisdicción general on equidad tal como la^misma se aplica en las cortes de Inglaterra y de los Estados Unidos, pero tienen por virtud de la Ley de Injunction jurisdicción para impedir las infracciones de los derechos. Al decretarse la Ley de Injunction, la legis-latura necesariamente adoptó por lo menos cierta parte de aquella que está vigente en los Estados Unidos. Si no existe ningún otro principio que regule esta materia, creemos que la demandada Concepción Matta, está impedida para negar los derechos de los demandantes en cuanto a este particular.

En el artículo 1342 de la Jurisprudencia sobre Equidad de Pomeroy, aparece lo siguiente, que es de aplicación a este caso:

“Artículo 1342. Condiciones restrictivas que ■crean servidumbres en equidad. — Esta doctrina ha sido ya examinada y se ha mostrado que las cláusulas restrictivas contenidas en escrituras, arrendamientos y convenios que limitan el uso del terreno de modo específico, o que determinan un uso particular que crea servidumbres en equidad sóbre-la finca, podrán ser ejercitadas específicamente en equidad, por medio de un injunction no solamente entre las partes directamente interesadas, sino también entre los subsiguientes compradores que tengan conocimiento del caso, aun cuando las restricciones no sean de la ciase que técnicamente van unidas a la propiedad. Por supuesto, el injunction en esta clase de casos se concede generalmente por el in-cumplimiento de la cláusula restrictiva. La cuantía de los daños y perjuicios y hasta el hecho de que el demandante haya sufrido per-juicios pecuniarios son cuestiones completamente inmateriales. Uno de los modernos jueces más competentes de equidad ha dicho: ‘Ha quedado bien establecido por las autoridades, que hay suficiente causa que justifique a la corte en su intervención, si ha habido úna infrac-ción de las condiciones. No es a la corte, sino a los demandantes a quienes incumbe estimar la cuantía de los daños que se originan del perjuicio causado a los mismos. Desde el momento en que la corte ve que ha existido un incumplimiento de las condiciones restrictivas, eso constituye un perjuicio, y la corte no tiene derecho a estimarlo, ni -a negar el derecho del demandante al cumplimiento .específico de su con-trato, aunque su remedio es aquel- a que se ha hecho referencia, o- sea, el injunction.’ ”

III y IV. Que la corte inferior'cometió error al considerar como privilegiadas las restricciones y no como abandonadas por haber quedado disuelta la compañía y sus planes- y debido a la resolución de la corte en cuanto a este particular.

Alegan los apelantes que la ley no favorece las restriccio-nes sobre las propiedades.^ Sin embargo, cuando es clara la intención de crear una servidumbre en equidad o convenio restrictivo de esta naturaleza, las cortes generalmente deben hacer que los mismos se cumplan si no son contrarios al orden público y no producen una verdadera injrísticia..

La méra disolución de la compañía, según hemos visto no afectó a los derechos de los propietarios entre sí. No’ esta-blece diferencia alguna que al venderse un gran número de solares después de haberse disuelto la compañía, ordenara la corte que la propiedad fuera vendida libre de toda carga o gravamen. De un examen que se haga de los autos y de los hechos se verá que lo que la corte tuvo presente fueron las anteriores hipotecas y gravámenes que existían sobre los terrenos, y librar a cualquier comprador de toda responsa-bilidad por cualquier operación financiera de la sociedad coo-perativa. El pleito seguido por el accionista no tuvo por objeto librar la finca de las cláusulas restrictivas, sino sola-mente que se hiciera una liquidación y balance de toda la pro-piedad de la corporación. Si el propósito hubiera sido termi-nar este contrato con cláusulas restrictivas, los distintos due-ños de solares hubieran sido hecho partes, así como también se hubiera expresado el objeto en la demanda. Además, tene-mos duda en cuanto a las facultades de la corte para dictar sus órdenes sobre la venta con el fin de extinguir estas servi-dumbres o derechos en equidad. Dicha orden hubiera sido una cuestión coram non judice, no siendo ese el fin que perse-guía la corte.

V. La corte inferior cometió error al no considerar como abandonadas o renunciadas las cláusulas restrictivas debido a los actos ejecutados por las partes. La contención de los ape-lantes es que como los demandantes en este pleito o alguno" de olios liabían puesto palizadas de distintas clases, ellos renun-ciaron o abandonaron o estaban impedidos de acudir a la corte, por no haber venido a la misma con sus manos limpias (with clean hands.) La corte inferior fué de opinión de que no existió ninguna violación sustancial de las cláusulas res-trictivas sobre construcciones, y .que con excepción de una li-gera proyección, y la construcción de estas palizadas, los demandantes, habían todos cumplido con dicho convenio. La ■corte fué de opinión y en eso estamos conformes, que las infracciones no tenían gran importancia, y que por tanto no constituían una abierta y manifiesta violación de tal natura-leza que quedaran impedidos los peticionarios de poder ejer-citar el remedio del injunction, estando apoyado el criterio sustentado por la corte en el caso de Deacon v. Sadberg, 179 Mass., 396.

YI. La corte inferior cometió error al no denegar el injuncaion habiendo sido demostrada la demora o negligencia de los apelados, y por el hecho de que las obras estaban ter-minadas al presentarse la demanda.

Aparece de la prueba que los demandados fueron notifi-cados por los demandantes o sus agentes con respecto al hecho de que estaban infringiendo el convenio sobre construcciones, en momentos en que las paredes de las edificaciones habían progresado muy poco, -y dentro de veinte días después, fué presentada la demanda. Teniendo en cuenta estos hechos no vemos que haya habido negligencia alguna por parte de los apelados. Con respecto al hecho de que las edificaciones esta-ban casi terminadas cuando los demandantes comenzaron el pleito creemos, que el hecho de que los demandados estaban ■obligados a conocer las cláusulas restrictivas, que fueron notificados poco después de haber empezado la edificación y ■que insistieron todavía en seguir adelante con la edificación, ■están impedidos de hacer alegaciones en contra de la acción tomada por la corte. Sin 'embargo, como los demandados ■debieron saber por el registro, que no podían hacerse edifica-ciones' en el espacio de tres metros y esto no obstante edifi-carón, los garages, ellos solamente son culpables por sus pro-pios actos. Si fuera la intención de los otros dueños de solares el poner nna acera dentro de este espacio de tres metros se-gún se disponía en el convenio primitivo, ninguno de los actos ejecutados por los demandantes serán obstáculos para la acera, pero sí los garages edificados por los demandados, por encontrarse próximos a la calle.

No encontramos que se liaya cometido error en la sentencia y debe la misma ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado MacLeary.

Los Jueces Asociados del Toro y Aldrey no tomaron parte en lá resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Villegas et al., Apelantes, v. El Municipio de San Juan, Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 954.
    Resuelto en abril 23, 1913.
    Municipios — Ambulancia Municipal — Negligencia del Chaueeeue. — Un muni-cipio no es responsable de los actos negligentes del chauffeur municipal en-cargado de manejar la ambulancia municipal, cuando el municipio no obtiene ningún beneficio por el servicio de dicha ambulancia.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Sandalio Torres Monge y A. Malaret.

    Abogado del apelado: Sr. Ramón Faleón.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se ba presentado una demanda contra el mu-nicipio de San Juan, con motivo de ciertas lesiones que recibió Prudencio Vieras, que le ocasionaron la muerte. Su esposa e hijos son los apelantes. Se alegó que las lesiones que recibió Vieras fueron producidas por la impericia, culpa y negligencia del conductor del automóvil dedicado al servicio de beneficen-cia municipal. El accidente ocurrió bailándose el referido conductor cumpliendo los deberes de su cargo y se ba alegado que estando el servicio de beneficencia municipal bajo el control, dirección y propiedad del demandado, éste es responsable de los actos de sus agentes.

La regla general de ley se encuentra expresada en la opinión emitida por el Juez Sr. Folger en el caso de Maximilian v. Mayor et al. of New York, 62 N. Y., 160, en cuyo caso la ac-ción establecida se fundó en que la muerte ocurrió por la negligencia de la ambulancia pública. Lá cita que se hace de dicho caso es la siguiente:

“Dos son las clases de deberes que se imponen a una corporación municipal: uno se origina de la concesión de una facultad especial en, el ejercicio de la cual el municipio está en igual caso que una persona jurídica; el otro es el que surge o se infiere del uso de derechos polí-ticos de acuerdo con la ley general en el ejercicio del cual es como el soberano. La primera facultad es privada y se usa para fines particu-lares; la segunda es pública y se emplea para fines públicos. Lloyd v. Mayor, 5 N. Y., 374; 55 Am. Dec., 347. La primera no la posee el municipio como una de las divisiones políticas del Estado; pero sí la segunda. En el ejercicio de la primera facultad y por la obligación en que está para con el público debido a la aceptación y uso de esa facultad, el municipio está en igual caso que una corporación particular, y es responsable por no ejercitar bien dicha facultad o por el daño o perjuicio que se cause ejercitándola malamente. Pero cuando la facultad le ba sido encomendada como uno de los organismos polí-ticos del Estado y se le ha conferido, no para benefició directo del municipio sino como medio para ejercitar la facultad soberana en beneficio de todos los ciudadanos, la corporación no es responsable por-que no se ejercite o se emplee indebidamente por los agentes públicos; Eastman v. Meredith, 36 N. H., 284; 72 Am. Dec., 302. Cuando las obligaciones impuestas a los municipios pertenecen a esta última clase, generalmente son ejercitadas por funcionarios quienes, si bien reciben su nombramiento de la misma corporación y son nombrados por medio de algunos de sus funcionarios públicos ejecutivos, por virtud de la facultad que se les confiere como medio conveniente de ejercitar una función de gobierno, son, sin embargo, los funcionarios, y por tanto los servidores del pueblo en general. Tienen ellos facultades y desempe-ñan deberes para beneficio de todos los ciudadanos, y no están bajo la dirección del municipio que no recibe beneficio como tal corporación del ejercicio de las mismas. Por tanto no son ellos los agentes o servi-dores de la corporación municipal sino funcionarios públicos, agentes o servidores del pueblo en general, no siendo la corporación respon-sable por sus actos u omisiones, ni por los actos u omisiones de aque-llas personas nombradas por ellos como sustitutos.”

Es evidente que tanto en éste como en otros casos sola-mente cuando el municipio recibe algún beneficio como tal cor-poración es que puede hacérsele responsable de los actos eje-cutados por los agentes ocupados en el servicio de caridad o beneficencia municipal. Oliver v. Worcester, 102 Mass., 499. Fisher v. Boston, 104 Mass., 87. Dillon on Municipal Corporations, Fifth Edition, Vol. IV, section 1661, p. 2899. En el presente caso no se hizo ninguna alegación de que la ciudad obtuviera alguna ventaja del servicio de beneficencia municipal.

Y no establece diferencia alguna el hecho de que durante el juicio el juez, de su propia iniciativa permitiera 'al deman-dado probar que la ciudad no recibe beneficio alguno de este servicio, pues estos hechos referentes a que recibiera alguna ventaja debieron haber sido mostrados por los demandantes.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey. •


text:
    Pérez, Apelante, v. Sucesión Collado, Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 980.
    Resuelto en abril 24, 1913.
    Apelación — Casos Originados en las Cortes Municipales — Término para Ape-lar. — El concepto genérico “resolución” comprende el específico de sentencia 1 y el término de quince días señalado por el párrafo 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable a sentencias dictadas por las cortes de distrito en casos originados en las cortes municipales.
    Id. — Casos Originados en las Cortes Municipales. — El párrafo 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil no ha sido derogado por la ley de marzo 11, 1908, para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos .civiles.
    Id.. — Jurisdicción—Discreción Judicial. — Los preceptos relativos al término para interponer recurso de apelación, afectan a la jurisdicción de las cortes, son de aplicación estricta y no están sujetos a la discreción judicial.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del promovente: Sr. José Ramón Freyre.

    Ahogado de la parte contraria: Sr. Benito Forés.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La representación de la Sucesión de Pedro Collado, demandada y apelada, ha presentado moción a esta Corte Suprema para que se desestime el recurso de apelación interpuesto por Domitila Pérez Vilanova, demandante, contra sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez, en pleito sobre otor-gamiento -de escritura de venta de finca rústica, alegando ha-berse interpuesto dicho recurso fuera del término de 15 días que al efecto señala el número 2o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Dicho pleito se originó en la Corte Municipal de San German, y en grado de apelación, mediante celebración de nuevo juicio, la Corte de Distrito de Mayagüez dictó senten-cia a favor de la sucesión demandada, que fué notificada al abogado de la demandante en 8 de marzo próximo pasado, habiendo interpuesto contra ella recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, con fecha 3 de abril corriente.

La parte apelante impugna la moción por entender qne el término de quince días señalado por el número 2o. del ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil se refiere a sen-tencia de una corte de distrito dictada en apelación inter-puesta contra resolución de una corte inferior, y no en apela-ción contra sentencia de una corte inferior como sucede en el presente caso.

Tal inteligencia es errónea, pues el concepto genérico “resolución” comprende el específico de sentencia y a ese con-cepto específico se refiere propiamente el precepto indicado, según lo revela el texto inglés, que emplea la palabra judgment traducida al español por “resolución.”

Alega además la parte opositora que el precepto del número 2o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, ha sido derogado por la ley de 11 de marzo de 1908 para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles. Esa alegación no encuentra fundamento alguno en las disposiciones de dicha ley, la que nada establece sobre el recurso de apelación ante la Corte Suprema, contra las sentencias que en grado de apelación y mediante nuevo juicio dicten las cortes de distrito.

Concluye la representación de la parte apelante por pedir que en todo caso, como ha procedido de buena fe, se inter-prete liberalmente la ley y se declare sin lugar la moción.

Los preceptos legales atinentes a la jurisdicción de las cortes como son los relativos al término para interponer re-curso de apelación, son de aplicación estricta y no están sujetos a la discreción judicial. • .

Debe declararse con lugar la moción y desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.