text:
    Rafael Bernabe y Gregorio Mariñelarena, peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 611.

    Visto: Abril 9, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      M. Benitez Flores, abogado del peticionario; F. Soto Gras, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios son los demandados nombrados en un pleito de desahucio entablado ante la corte de Distrito de San Juan a nombre de José Joglar Díaz. Los demandados comparecieron especialmente para atacar la jurisdicción de la corte, por defectos en el emplazamiento. El 8 de marzo de 1928, la corte declaró sin lugar la moción de los deman-dados atacando la jurisdicción, y señaló la primera compa-recencia de los demandados para el 14 de marzo de 1928. El 13 de marzo del mismo año se radicó una moción para en-mendar la demanda. La moción decía, en efecto, que a causa de una información errónea recibida por el abogado que radicó el pleito, el litigio fué instituido a nombre de José Joglar Díaz, cuando en realidad de verdad dicho José Joglar Díaz había fallecido; que los herederos eran los continua-dores de la personalidad de dicho José Joglar Díaz, y se solicitaba permiso para enmendar la citada demanda a fin de que los herederos mencionados sustituyeran al demandante. Esto equivale tal vez a exponer el caso en forma algo fuerte para los querellados, ya que la moción decía “comparece aliorá e] demandante.” En otras palabras, la moción para enmendar se hizo a nombre de una persona que había muerto. La corte resolvió que el caso envolvía únicamente la substitu-ción de la personalidad del demandante por la de sus here-deros ; que, aunque el demandante había muerto cuando la demanda fué radicada, como estaba envuelta la misma causa de acción y los herederos substituían la personalidad del demandante, debía declararse con lugar la moción. Se soli-citó entonces un auto de certiorari por dos fundamentos, o sea, por los defectos en el emplazamiento, y por haberse declarado con lugar la moción para enmendar. Ya que el último fundamento es primordial y jurisdiccional y debe pre-valecer, será el único que consideraremos.

Es perfectamente claro que una vez que .una corte ad-quiere jurisdicción sobre una causa de acción puede exten-derse ampliamente en la concesión de enmiendas y ejercer ese poder liberalmente. Tal es el efecto de algunas de las citas tedias por los querellados. 20 R.C.L. 697-8; 21 R.C.L. 584. El caso de Reclamation District No. 673 v. Diepenbrook, 168 Cal. 577, fue uno en que había una equivocación en el nombre del demandante, sobre quien la corte había adquirido jurisdicción “un mero error de nombre,” según dijo la corte. El caso de Lilly v. Tobbein, 103 Mo. 887, 15 S. W. 618, fue uno en que una asociación no incorporada presentó un testamento a la corte para su aprobación, substituyéndose el nombre de sus miembros, lo que se hizo en beneficio de la Iglesia. En tanto en cuanto el caso pueda contener algún pronunciamiento inconsistente con esta opinión, no debemos seguirlo. Otros casos citados por los querellados demuestran que aún pueden adicionarse causas de acción enteramente nuevas por medio de enmiendas. No analizaremos todas las citas hechas por los querellados, ya que estamos convencidos de que la ley positiva les es adversa.

Toda acción debe tener partes con capacidad para deman-dar y ser demandadas, y a cuyo favor y contra pueda dictarse sentencia — dice 1 C. J. 982. Los casos que sostienen al texto son In re Hurst Home Insurance Co., 64 S. W. 512; Patterson v. Patterson, 59 N. Y. 574, 17 A. R. 384; Gronna v. Goldman, 26 N. D. 112, 143 N. W. 394; Robinson v. Scott, 81 Ore. 20, 158 Pac. 268, 271. En el caso de Patterson v. Patterson, supra, se dice que una causa de acción implica el derecho de entablar un pleito y alguien que tiene derecho a demandar.

El caso de Williams v. Dean, 131 S. E. 1, era uno en que se interpuso un recurso de apelación a nombre de una señora fallecida. La corte dijo: “Los pleitos deben ser entablados por personas vivas. La misma regla debe aplicarse a las apelaciones para ante este tribunal.”

El caso de Brooks v. Boston & Northern Street Ry., 211 Mass. 277, es análogo al presente. “La cuestión es,” dijo la corte, “cuándo puede sostenerse una acción por daños causados a una persona, cuando esa acción es entablada des-pués de la muerte de la persona lesionada, y antes de que se nombre un albacea o administrador, y en ella se designa al interfecto como demandante.” La causa de acción no se extinguió por la muerte. “Una acción en derecho implica, por sus propios términos, la existencia de una persona con derecho a entablarla,” continúa diciendo la corte, citando el caso de Patterson v. Patterson, supra. “Es axiomático que un cadáver no es una persona.” Entonces, la corte dijo:

“Se insiste, sin embargo, en que de acuerdo con el estatuto que permite enmiendas, el administrador que se ha nombrado puede sus-tituir a la parte demandante. Las palabras esenciales de ese esta-tuto, R. L. c. 173, párrafo 48, son: ‘la corte puede.conce-der cualquier otra enmienda en materia de forma o substancia en cualquier causa, alegación o procedimiento, que permita al deman-dante sostener el pleito por la causa de acción que se tuvo la inten-ción de ejercer.’ Este lenguaje en términos claros indica la exis-tencia de un verdadero demandante como el iniciador original del litigio. Esto no da peso a la idea de que pueda dársele cuerpo y substancia a algo fantasmagórico y visionario, con la ayuda de acon-tecimientos posteriores. Presuponen un demandante. Aquí no hubo tal demandante. Asumen una intención. La enmienda debe ba-sarse en una intención contemporánea a la institución del litigio. Pero una persona muerta no puede tener intención alguna en nin-gún sentido terrenal.”

La corte declaró que la acción era nula. También lo era ésta. El artículo 25 del Código Civil dispone: “La perso-nalidad y capacidad jurídica se extinguen por la muerte.” La corte nunca adquirió jurisdicción, porque nunca tuvo ante sí causa de acción alguna. No había lugar a enmiendas, ya que nada había ante la corte. Los herederos suceden al ante-cesor. Pero no era posible que este último entablara una acción ante la corte.

Dele anularse la resolución permitiendo la enmienda, y desestimarse la acción.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Rosa Carreras y Freyres, Rosa Juana, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras Freyres, demandantes y apeladas, v. José E. Pérez, y su esposa Camelia Paoli y María y Severo Candelario y Becerril, demandados y apelantes.
    No. 4543.

    Visto: Junio 18, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      José Tons Soto, P. Amado Rivera j Joaquina Pérez, abogados de los apelantes; A. Marín Marién, abogado de las apeladas.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada ha presentado una nueva moción de de-sestimación en este caso basada en que la sentencia dictada fué notificada a un abogado que no lo era de réeord y que la apelación fue interpuesta por dicho abogado sin facultad para ello.

Impugnó el apelante la moción por escrito acompañando a, su impugnación varios documentos. Entre ellos, hay una resolución de la corte de distrito de la cual copiamos lo que sigue:

“Aparece de los autos, un escrito de apelación radicado con fe-cha 23 de marzo, 1928, de María y Severo Candelario Becerril, por conducto del abogado Pedro Amado Rivera, de la sentencia de esta corte de 13 de enero, 1928; y es un hecho que la corte no puede ig-norar que aunque el abogado Pedro Amado Rivera no aparece fir-mando ninguna alegación, compareció al juicio como abogado de dichos María y Severo Candelario y Becerril, en sustitución de Ra-món A. Martínez, quien está ausente de Puerto Rico y que el Ledo. M. Tous Soto compareció como abogado de los demandados, hacién-dolo así constar la corte en su sentencia, al expresar que compare-cieron ‘los demandados por sus abogados M. Tous Soto y Pedro Amado Rivera.’ Desde el momento en que el abogado Pedro Amado Rivera compareció al juicio, quedó como abogado de récord de la parte a quien representaba.”

Replicaron los apelados: alegando que no obstante lo dicho por la corte de distrito, no era abogado de récord el Sr. Rivera porque sólo podía serlo de acuerdo con la regla 26 de las de dicha corte y no se encontraba en ninguno de los casos especificados en la misma.

La regla dice así:

“Un abogado de récord es aquel que ha comparecido en el pleito, y se entenderá que ha comparecido cuando su nombre aparezca sus-cribiendo las alegaciones o algún convenio de las partes archivado en el pleito; y dicho abogado será considerado con derecho para continuar como tal hasta el fin del pleito, a menos que otra cosa en contrario aparezca del récord.”

No hay duda alguna que el abogado Ramón A. Martínez, según se desprende de la propia moción de desestimación, representó a una de las partes demandadas en el litigio. Si dicho abogado está ausente de Puerto Rico y si al acto del juicio compareció el otro abogado Pedro Amado Rivera en sustitución suya y representó a la parte a quien Martínez representaba., parece lógico el curso seguido por el Secretario de la corte sentenciadora, a saber: notificar la sentencia contraria dictada al abogado que últimamente compareciera, y habiendo dicho abogado aceptado la notificación, pudo válidamente interponer el recurso a nombre de la parte interesada.

Pudo y debió sin duda la actuación del nuevo abogado ser más formal y bubiéranse evitado todas estas dificultades, pero es un hecho que intervino por su compañero ausente de la isla en defensa de los intereses a él encomendados y que como tal lo admitió la corte. El abogado insiste en que ostenta la representación con que compareció y su palabra debe ser creída mientras el crédito que prima facie tiene no sea destruido. La regia de la corte citada no se opone a que un abogado sea considerado como tal en casos distintos de los previstos en ella.

La aseveración de las apeladas de que el abogado M. Tous Soto representaba a todas las partes demandadas, está contra-dicha bajo juramento por el propio abogado Tous.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar la nueva moción de desestimación de las apeladas.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Guillermo Franco, Rita González de Franco, Luis y Félix González Ortiz y Dolores Alfonso, demandantes y apelantes, v. Guillermo Openheimer Salomón, demandado y apelado.
    No. 4589.

    Visto: Junio 4, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      Arjona é Arjona, abogados de los apelantes; Peres Mar ¿hand & Suliveres, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes ban admitido substancialmente que ban dejado de radicar a tiempo su alegato en este caso. En contestación a la moción de desestimación ban radicado una oposición elaborada acompañada de un minucioso affidavit de méritos. Si bien no es una escusa legal que los apelantes descansen en que el Secretario de esta corte les avisará la radicación de las transcripciones,(véase el caso de Cosme v. Sánchez, resuelto el 24 del corriente) per curiam, sin embargo, el becbo es que el Secretario, como una cortesía, ba tenido la costumbre de notificar a los letrados de las radicaciones. En asuntos de esta clase en ocasiones bemos hecbo que nuestra acción dependa de la consideración de los posibles méritos de una apelación.

Los apelantes no sólo ban presentado excusas más o menos justificables para su demora, sino que también ban radicado su alegato. El apelado alega que la apelación es frívola, y si estuviésemos convencidos de que esto es cierto declararíamos con lugar la moción. El apelado no ba analizado el alegato o el caso para tratar de convencemos de que la apelación no es meritoria. En una ocasión el que suscribe tenía la idea de que no babía una verdadera causa de acción por razones que los apelantes no ban discutido. Sin embargo, la corte, después de bacer un examen de los alegatos, tiene suficientes dudas sobre la frivolidad de la apelación, y por tanto fiaremos uso de nuestra discreción y oiremos el recurso de apelación sobre sus méritos. Pagán v. Selles, 28 D.P.R. 160. El apelado no sufrirá gran perjuicio, ya que no se ba dictado ningún injunction pendente lite contra él.

jDebe declararse sin lugar la moción.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Pedro Casillas, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 613.

    Visto: Abril 23, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      Harry B. Lienza, abogado del peticionario; Sebastián García Díaz, abogado del interventor, demandante en la acción principal.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento sobre desahucio seguido en la Corte Municipal de San Juan por Justo Brañuelas contra Pedro Casillas y en el que se. alegó como fundamento la falta de pago del canon de arrendamiento estipulado, la corte, el 20 de febrero de 1928, dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

El 25 de febrero, 1928, o sea el día último del término con-cedido por la ley para apelar, se archivó el escrito de apela-ción de la sentencia para ante la Corte de Distrito de San Juan, acompañado de una estipulación que copiada en lo pertinente dice así:

“Que el demandante permite al demandado radicar su escrito de apelación en este caso, sin necesidad de consignar en la Secreta-ría de este tribunal, el importe de los cánones de arrendamiento vencidos y que dieron origen a este pleito, dándole de- término para consignar dichos cánones hasta el próximo miércoles día 29 de le-brero de 1928, tiempo que el demandante considera suficiente para que el letrado del demandado pueda comunicarse con su cliente, quien vive fuera de la jurisdicción de este tribunal.”

Aparece de los autos que el apelante, en 29 de febrero de 1928, presentó' un escrito dirigido al Secretario de la Corte Municipal pidiéndole que se sirviera “consignar la suma de $293.50, importe de los cánones vencidos,” que se acompa-ñaban al escrito.

Los autos se elevaron a la corte de distrito y en ella pre-sentó una moción el apelado solicitando la desestimación del recurso porque la consignación no se había hecho a favor del demandante y porque se hizo después de vencido el término de ley.

Oída la otra parte, la corte de distrito declaró la moción con lugar, y en su consecuencia desestimó el recurso. Razonó su resolución, así:

“1ro. — El primer fundamento carece‘de importancia, porque la sección 12 de la Ley de Desahucio sólo requiere que el demandado consigne en Secretaría el importe del precio adeudado en la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funda en falta de pago, y no es necesario ofrecimiento de pago alguno, ni expresar que se hace a favor del demandante, porque desde el momento en que se consigna, pertenece a éste. Rossy vs. Del Valle, 33 D.P.R. 416.
“2do. — El segundo fundamento es meritorio. La sección 12 ci-tada requiere que la consignación, como la fianza, se formalice den-tro del término concedido para apelación. Permitir la prestación de la fianza o la consignación fuera del término concedido para la apelación, sería igual a permitir que la apelación fuera perfeccio-nada fuera del término fijado por la Ley de Desahucio, con infrac-ción manifiesta de ella. El precepto es mandatorio y el término no puede ser extendido ni por estipulación de las partes ni por man-dato del tribunal, porque es jurisdiccional. Valladares vs. La Corte Municipal, 16 D.P.R. 145; Mas vs. Borinquen Sugar Co. 17 D.P.R. 958; Silva vs. Aboy, Giorgetti & Co., 20 D.P.R. 76; Figueroa vs. Sepúlveda, Juez de Distrito, 24 D.P.R. 690; Ramírez vs. Pérez, 25 D.P.R. 231.”

No conforme, el apelante presentó a esta Corte Suprema un recurso de certiorari. El auto fué expedido. El peticio-nario expuso por escrito y oralmente su caso con verdadera lucidez y la cuestión envuelta ha sido discutida ampliamente en el seno del tribunal.

A nuestro juicio la ley es terminante y no admite otra interpretación que la que le diera la corte de distrito.

Se trata de un procedimiento especial. La sección once de la ley que lo gobierna, (Conrp. 1911, pá:g. 339), dice:

“Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia/’

•Y la 12 dispone:

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejer-citar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.”
La sección 12 tal como aparece publicada en inglés, lee como sigue:
“Whenever the aetion of unlawful detainer is founded upon the nonpayment of the amounts agreed upon, the defendant shall be denied the right of appeal unless he deposits in the office of the secretary of the court the amount due as the price up to the date of the judgment. In all other cases it shall be an indispensable requisite to the right of appeal on the part of the defendant that he furnish an undertaking, to the satisfaction of the court, • binding himself to pay all damages which may be occasioned to the plaintiff, and also the costs of the appeal. Both the deposit and the undertaking referred to in this section shall be made or filed within the time granted for taking an appeal.”

Y no sólo la ley es terminante, si que también esta corte ha resuelto en diferentes ocasiones que la consignación y la fianza son requisitos jurisdiccionales que deben cumplirse dentro del término fijado por la ley para apelar y que siendo ello así ni las partes ni la corte pueden extender dicho tér-mino. Bastará citar el caso de Figueroa et al v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690, en el que se resolvió lo que sigue:

"Las apelaciones en los juicios de desahucio deben interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia, y cuando el desahucio se funda en el vencimiento del término del arrendamiento, es requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación la prestación de fianza para responder de los daños y perjuicios y de las costas de apelación, cuya fianza debe quedar formalizada dentro del término concedido para la apelación.”
"Traspasa los límites de su jurisdicción un juez municipal que en un juicio de desahucio declara nula una fianza prestada para la apelación, y concede un término al demandado para presentar nueva fianza en debida forma, y aprueba ésta después de haber transcu-rrido el término en que debió quedar formalizada dicha fianza.”
"El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no auto-riza a ninguna corte para alterar términos jurisdiccionales.”

Y el de Valladares v. La Corte Municipal, 16 D.P.R. 145, en el que se dijo:

"Para que se entienda interpuesta en forma una apelación en un caso de desahucio, es necesario que dentro del término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia, se entregue al Secre-tario de la Corte en que fué dictada, un escrito manifestando que se apela, se presente igual manifestación a la parte contraria o a su abogado y se cumpla con los requisitos de la ‘consignación' o de la ‘fianza’ en su caso, que establece el artículo 12 de la ley de desahucio de 9 de marzo de 1905.”

Frente a las disposiciones expresas de la ley especial vigente en Puerto Bico y a la constante jurisprudencia de esta corte, no pueden prevalecer las decisiones de otras juris-dicciones por persuasivo que parezca el razonamiento y por equitativo que sea el propósito que las inspire, tanto más cuanto que no son dichas decisiones unánimes y establecen más bien que la regla la excepción.

Debe anularse el auto expedido y el caso devolverse a lá corte de distrito para los ulteriores procedimientos que fueren procedentés.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    Dr. Benigno Ramírez, como padre con patria potestad de sus hijos menores Irma, Consuelo, Santos Noemi y Luis Otis Ramírez y Bravo, demandantes y apelantes, v. Salomé Ramírez Nadal y sus hijas menores sometidas a su patria potestad, Ines Margarita y Angela Rita Mooyer y Ramírez, demandadas y apeladas.
    No. 4578.

    Visto: Junio 11, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      A. Arnaldo Sevilla, abogado de los apelantes; Páseoslo Fajardo Martínez, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez dictó opinión y sentencia en las cuales resolvió snbstancialmente que ésta era una acción sobre negatoria de servidumbre, y por consiguiente, ■ para requerir que el demandado cerrara ciertas ventanas, y destruyera un voladizo y otras cosas; que la casa de los demandados estaba separada de la de los demandantes por una pared medianera, aunque originalmente existía una sola casa de un solo piso; que los demandados resolvieron construir un segundo piso y obtuvieron el consentimiento de los demandantes y que al mismo tiempo los demandados convinieron en permitir qué los demandantes construyeran la pared e hicieran la instalación de una tubería de desagüé; que una condición del contrato era que los demandados podían fabricar en la forma actual siempre que si los demandantes resolvían construir sobre su parte del edificio, las cosas obje-tables debían ser eliminadas o removidas; qiie ciertos de-fectos no existen; qne el demandante principal estuvo pre-sente día tras día mientras se llevaba a cabo la construcción, y no opuso objeción alguna; que bajo las circunstancias no existía, servidumbre alguna; ya que los demandados estaban obligados a eliminar las cosas objetables tan solo cuando los demandantes se decidieran a fabricar. La corte resolvió a favor de los demandados.

En apelación, los demandantes radicaron un alegato. Los apelados solicitaron la desestimación del recurso en vista de que el alegato radicado no contenía un debido señalamiento de errores y sin la debida especificación de las páginas de los aiitos en que podía hallarse la prueba en apoyo de las conclusiones de los apelantes. El día señalado para la vista de la moción de desestimación los apelantes radicaron un alegato enmendado, aunque sin permiso de esta corte. Este alegato enmendado no contiene ningún señalamiento de errores según lo hemos definido en frecuentes opiniones. Tampoco se indica la parte de los autos en que descansan los apelantes. El alegato no trata de exponer los hechos de donde podían deducirse los errores cometidos. Sobre este extremo los apelantes llaman la atención de esta corte en un pliego adicional que han radicado.

El alegato- de los apelantes es breve y tal vez condona-ríamos. que hayan dejado de cumplir con las reglas de esta corte si estuviésemos convencidos de que la corte inferior ha cometido algún error, o si tuviésemos serias dudas. Sin embargó, hemos examinado la prueba y el alegato, y hemos llegado a la conclusión de que los apelantes no nos conven-cen de que la sentencia debe ser revocada. En otras pala-bras, creemos que los apelantes no solamente dejaron de cumplir con las reglas de esta corte, sino también que la apelación es frívola.

Debe declararse con lugar la moción y desestimarse el recurso de apelación.


text:
    María Echevarría, viuda de Subirá, Concepción Subirá y su esposo Manuel A. Frau y Providencia Subirá y su esposo Salvador Perelló, demandantes y apeladas, v. Rafael Saurí, demandado y apelante.
    No. 4169.

    Visto: Junio 22, 1927 y Mayo 23, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      L. Yordán Davila, R. Pérez Marchand y J. Totes Soto, abogados del apelante; Henry G. Molina, abogado de las apeladas.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El alegato de la parte apelante comienza así: “Este es un procedimiento de injunction para recobrar la posesión material, que los demandantes establecieron mediante escrito de demanda jurada de acuerdo con las leyes especiales No. 43 de 1933 y No. 11 de 1917, vigentes sobre la materia.”

En la demanda se alega que los demandantes son dueños de la hacienda “Isabel” y el demandado de la hacienda “Santa Cruz.” Ambas haciendas colindan, estando sepa-radas en alg'unas partes por el llamado camino vecinal de “Bucaná” y en otras por callejones en los que existen zanjas que se utilizan para el riego de las tierras. Se exponen cinco diferentes causas de acción. Por la primera se atribuye al demandado haber despojado a los demandantes de cierta par-cela de terreno situada en la colindancia Oeste de la hacienda “Isabel” con el camino “Bucaná”; por la segunda, haber colocado una puerta en el camino “Bucaná” y en su conse-cuencia haber privado a los demandantes del uso de dicho camino; por la tercera haber despojado a los demandantes de otra faja de terreno de doce píes al frente Oeste en colindancia con el camino “Bucaná”, doce pies al fondo Este con la hacienda “Isabel” y 1156 pies de largo en colindancia al Norte con la hacienda “Isabel” y al Sur con la hacienda “Santa Cruz” y haberles perturbado en el uso de la zanja que en dicha faja existe; por la cuarta haber levantado cierta cerca que' se encontraba en una guardarraya de las haciendas “Isabel” y “Santa Cruz,” y por la quinta el haber tapado la zanja existente en un callejón más al Norte de los sitios mencionados.

La súplica de la demanda es muy elaborada. Se pide la adopción de medidas específicas en relación con cada causa de acción. Luego se dice:

“Se suplica a la Corte además se sirva fijar fecha para el juicio del presente caso, de acuerdo con lo establecido en la See. 3 de la Ley No. 43, aprobada en 13 de marzo, 1913, sobre procedimientos para recobrar la posesión de propiedad inmueble, y al efecto que dicho señalamiento se haga dentro de los quince días de la radica-ción de esta demanda, o a más tardar el día 27 de diciembre, 1926, a las 9 a. m.”

El propio día en que la demanda fue archivada, 10 de diciembre de 1926, la Corte de Distrito proveyó como sigue:

“Vista la demanda en el presente casó y lo establecido en la See. 3 de la Ley No. 43, aprobada en 13 de marzo de 1913, se señala la sesión del día 20 de diciembre, 1926, a las 9 de la mañana, para el juicio del presente caso, debiéndose emplazar al demandado in-mediatamente para que comparezca en dicha fecha.”

Además de pedirse como consecuencia de la segunda causa de acción que se ordenara al demandado que destruyera el portón colocado por él a través del camino “Bucaná” y que se abstuviera de obstruir el paso de los demandantes, sus agentes o empleados por el dicbo camino, se suplicó la; expe-dición de un auto de injunction pendente lite y a este último efecto se presentó una petición separada, acompañada de varios affidavits, que termina así:

“. . . . y ordenar a dicho demandado Eafael Saurí a mostrar causa ante esta corte el mismo día y hora señalado para el juicio del caso, por qué dicho ‘restraining order’ no debe ser convertido en injunction pendente lite o preliminar, en lo que se resuelve este caso sobre sus méritos, o sea hasta que se dicte sentencia final.”

Y el mismo día 10 de diciembre de 1926 la corte expidió la orden de injunction solicitada, fijando el 20 de diciem-bre, señalado para el juicio, para la mostración de causa.

Comparecieron las partes en efecto el veinte de diciembre de 1926. El demandado presentó un escrito contentivo de las siguientes excepciones previas: 1, que los demandantes no tienen capacidad legal para demandar; 2, que varias acciones ban sido indebidamente acumuladas; 3, que la de-manda es ambigua y dudosa; 4, que la tercera causa de acción es ininteligible, y 5, que la demanda no aduce becbos suficientes para constituir una causa de acción.

Consta que las excepciones se discutieron ampliamente por los abogados de las partes y que la corte primeramente declaró con lugar la segunda excepción. Intervino el abo-gado de los demandantes explicando que la dícba segunda causa de acción babía sido redactada en vista de la ley de 1906, bajo la teoría de que podían acumularse una acción de injunction con una de recobrar la posesión y la corte dejó en suspenso su decisión. Por la tarde, al reanudarse la sesión, reconsideró su resolución y declaró -sin lugar la excepción. ■ Todas las demás excepciones habían sido declaradas sin lugar en la sesión,de la mañana.

La parte demandada tomó excepción a la resolución de la -corte y le pidió-que la convirtiera en sentencia, definitiva. Así se -hizo. Y de la sentencia dictada es que se apela.

Sucedió que al-día siguiente la propia parte que pidió que -se dictara la sentencia solicitó que se dejara sin efecto y se admitiera su contestación. La corte se negó y de la negativa •también se ha. apelado.

-Tuvieron lugar otros procedimientos con motivo de haber pedido el demandado que sede-permitiera garantizar mediante fianza los .perjuicios que pudiera causar y se levantara la .orden de injunction pendente lite. La corte no accedió, pero la-fianza de mil dólares que habían prestado los demandantes para obtener el injimction preliminar fue elevada a diez mil.

.Para un mejor entendimiento de lo ocurrido en el litigio y. de la cuestión más importante envuelta en el mismo, parece conveniente transcribir del alegato de la parte -apelada lo que sigue:

“La demanda, en cuanto a las causas de acción 1, 3, 4 y 5, es sencillísima y no requirió mucho estudio de parte- del abogado que suscribe, quien la redactó, porque siguió al pie de la letra la repe-tida jurisprudencia de este Honorable Tribunal con respecto a ac-ciones sobre injimction para recobrar o retener la posesión (Leyes No. 43 de 1913. y No. 11 de 1917) y especialmente lo dicho en el caso de Serrano vs. Sucn. Santos, 24: 175, en la página 183, a saber:
“ ‘Desde el momento en que uno de los colindantes no estuvo conforme no pudo e-1 otro fijar por sí solo la línea divisoria, ya que •á nadie es-lícito tomarse la justicia,por su mano, sino que debe aeu-dirse a los tribunales para conseguirla, “ea por aquesto son puestos los judgadores en los lugares, porque los ornes alcancen derecho por mandamiento dellos, e non lo,puedan por ellos mesmos fazer,” como dice la ley 34, t.ít. 10 de la Partida 7a.
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“Ahora, volviendo a explicar la teoría de la demanda, con rela-ción especialmente a la segunda causa de acción. Aquí tuvimos nuestra dificultad. La cuestión que’ nos preocupaba era en cuanto al remedio o forma de la acción para abrir, de momento, y tumbar' en definitiva, el portón o puerta que cerraba el “Camino de Bu*-caná.” Era precisamente lo que más interesaba a los demandantes de momento, por los motivos alegados' en- los párrafos 5, 6’ y 7 de la segunda causa de acción, y por cuya razón presentaron la peti-ción de injunction pendente lite a que nos remitimos. Era urgente para los demandantes utilizar dicho camino para transportar por el mismo, en la cosecha que había de comenzar poco después de ra-dicada la demanda, las cañas de la pieza llamada ‘ Salichs ’ a la ro-mana en la vía férrea que quedaba al otro lado (hacia el Norte) del portón colocado por el demandado a- través del ‘ Camino de Bu-eaná,’ precisamente para perjudicar y molestar a los demandantes en el referido uso que necesitaban hacer del mismo, cuyo uso no molestaba al demandado en manera alguna, como no había molestado a los anteriores dueños de la ‘hacienda Santa Cruz’ durante los nu-merosos años que los demandantes lo habían utilizado al mismo fin. Estudiamos todas y cada una de- las decisiones de este Honorable Tribunal con respecto a las leyes sobre ‘injunctions’ para recobrar y retener la posesión (de 1913 y 1917), e hicimos un digesto de las mismas, el cual acompañamos a este alegato para formar parte del mismo. La penúltima decisión publicada hasta esa fecha (diciembre, 1926), Central Victoria vs. Hernández, 35: 613, podría ser inter-pretada por la corte de distrito, superficialmente, al efecto de que la acción- especial establecida por dichas leyes no correspondía a un' propietario para retener o que no fuera perturbado en, la posesión o uso de un camino público con el cual colindaba su propia finca. Era y es nuestro criterio, al analizar esa' decisión, que no afectaba a un caso como el presente, y se refería más bien a los hechos espe-ciales en aquel caso, o sea de un camino privado dentro de la propie-ded del demandado, cuyo camino no colindaba con ninguna finca de la demandante. Mientras que en el presente caso se trata de una finca de los demandantes para el debido uso y disfrute de la cual, desde luego, tiene derecho a entrar y salir por el camino público con el' cual esa finca colinda. Luego, los actos alegados del deman-dado perturbaban' a los demandantes- en la posesión y disfrute de su, propia finca, de la' cual tenían la posesión absoluta, aparte de quedes perturbaba en la posesión o uso del propio ‘Camino de Bu-caná’ en relación con su finca que colindaba con el mismo. Opor-tunamente haremos un análisis de la decisión en el caso de la Central Victoria vs. Hernández, con objeto de demostrar que esa deci-sión no es contraria a esta contención.
“Pero previendo la posibilidad de que los tribunales, y especial-mente la corte de distrito, no aceptaran esta teoría, se redactaron las alegaciones de la segunda causa de acción para que la misma pu-diera ser sostenida de acuerdo con la Ley sobre Injunctions Ordinarios (de 1906). Véase especialmente lo alegado en el párrafo 7 de dicha causa de acción. Se nos ocurrió, desde luego, que el de-mandado insistiría en que esa acción (segunda causa sobre injunction ordinario) no podía ser acumulada con otras sobre injunction para recobrar o retener la posesión, pero las circunstancias especia-les del presente caso son tales que sería sumamente difícil trazar una línea divisoria entre las dos acciones. Véase lo que se dijo por este Honorable Tribunal en el caso de Ferrer vs. Gutiérrez, 28: 460, en la página 466, a saber:
“ ‘Al comentar este artículo (C.C. 448) hemos tenido ocasión de decir antes que “este precepto del estatuto y la historia de los 'interdictos mediante los cuales bajo el anterior procedimiento se aplicaron los principios que le informan bastarían en este país para sancionar, de no acelerar, la moderna tendencia a ampliar más bien que restringir la clase de casos en que intervendrán las cortes de equidad para impedir la realización de una amenaza de allanamiento de propiedad ajena (trespass).” García vs. Rodríguez, 27 D.P.R. 309.’ (Bastardillas nuestras).
“Ambas acciones son de naturaleza ‘equitativa,’ es decir, ‘in equity.’ Si el caso fuera a Boston, por ejemplo, indudablemente sería por apelación y no por ‘writ of error.’ Y es una doctrina bien establecida de- que ‘Equity delights to do justice and not by halves.’ 21 C. J. 198, Sec. 187, donde se dice:
“ ‘The principle of the maxim embraces the well-established doctrine- that when equity once acquires jurisdiction it will retain it so as to afford complete relief.’
‘ ‘ En honor a la verdad; nosotros no creíamos indispensable alegar separadamente las cinco causas de acción, porque tratándose de una acción equitativa, y solicitándose el remedio exclusivamente equita-tivo de injunction, (y las leyes de 1913 y 1917 hablan específica-mente de ‘injunction’) entendemos que- hubiera sido suficiente el ex-poner todos los hechos y pedir a la corte una sola sentencia o de-creto (decree) ordenando al demandado a tumbar los portones y no continuar entorpeciendo a los demandantes en el disfrute de su finca, tal y como la venían disfrutando en y antes de diciembre 12, 1925. Y si tenemos razón en esto, seguramente la demanda no es defectuosa como consecuencia de haber expuesto en cinco distintas causas de acción relacionadas cada una con una parte determinada de la colindancia, los actos violentos o ilegales del demandado que dieron lugar a la demanda.
“En cuanto a la segunda causa de acción, repetimos que los he-chos sobre los cuales versa, son absolutamente idénticos a los hechos envueltos en la primera causa de acción, porque una parte de la puerta que obstruye el ‘Camino de Bucaná’ se encuentra en la finca poseída por los demandantes y forma la base de la parcela de te-rreno en forma triangular descrita en la primera causa de acción.”

Las excepciones primera y segunda, se formularon así:

‘‘1. Que en el presente caso los demandantes no tienen capaci-dad legal para demandar en solicitud de apertura de un camino que se dice y alega ser un camino municipal, porque, aceptando los hechos, sería ésta una acción que correspondería a la colectividad Municipio de Ponce, toda vez que se funda en la alegada servidum-bre de utilidad pública y comunal, y no puede ser el remedio de injunction de la Ley No. 43 de 1913, según enmendada por la Ley 11 de 1917, que es de iniciativa privada, tomado para el ejercicio de dieha acción.
”2. Que varias acciones han sido indebidamente acumuladas en este caso, porque los demandantes pretenden que se les restablezca en una parcela de terreno que describen en la Primera causa de ac-ción de acuerdo con las leyes de 1913 y 1917 sobre Injunction, y proceden a describir los hechos constitutivos de la perturbación me-diante alegaciones que corresponden a la acción que debe ejercitar, en todo caso la colectividad Municipal de Ponce para la apertura del llamado Camino de Bucaná como servidumbre de utilidad pú-blica municipal.”

A no ser por las manifestaciones del abogado de los de-mandantes en el acto de la vista a que ya nos hemos refe.-rido, la cuestión de si estaba envuelta o no en este caso la ley general de injunction de 1906, no surgiría de las excepciones previas que anteceden.

Si se tratara de sostener que dentro de un solo pleito era posible tramitar a la vez un injunction especial para recobrar o retener la posesión de acuerdo con las leyes de 1913 y 1917 y un pleito ordinario de injunction de conformidad con la ley de 1906, tendríamos que resolver que era imposible, porque no cabe amalgamar los trámites sumarios y peculiares del primero con los amplios del segundo.

Pero esto no quiere decir que instituido un pleito de1 injunction para retener o recobrar la posesión de acuerdo con las leyes de 1913 y 1917, no pueda solicitarse' y obtenerse en él, en auxilio de la jurisdicción de la corte, una orden- de la naturaleza de un auto de injunction pendente lite.

Siendo esto así, la verdadera cuestión a resolver es si las cinco causas de acción ejercitadas en la demanda pueden serlo de acuerdo con las repetidas leyes de 1913 y 1917.

Con respecto a cuatro de ellas, ni siquiera se pone en tela de juicio que pueden serlo. Es con respecto a la segunda, la que se refiere al Camino Bucaná, que surge la controversia.

El demandado y apelante sostuvo y sostiene que los de-mandantes y apelados no tienen personalidad para ejercitar dicba acción que corresponde al Municipio de Ponce y que tampoco podría acumularse una acción para recobrar la pose-sión de un camino público a otras para recobrar la posesión de propiedad privada.

Conocemos lo que dicen los apelados en su alegato. Refi-riéndose a la exacta cuestión en controversia, sostienen ade-más :

“Esta es una cuestión absolutamente nueva y peculiarísima y recordamos al Honorable Tribunal que estamos en el amplio camino de la equidad y sobre todo que,
“ ‘Few tribunals are so unfettered by precedent, or in matters not governed by statute, so free to follow tbe dictates of conscience and common sence as are the courts of this Island. To build, upon the fundamental principles so often found at botton in both American and Spanish jurisprudence, a composite structure embodying the best elements of the two great systems and, in so far as may be, unmarred by the defects of either, is our peculiar privilege if we will but grasp the opportunity that lies before us.’ Vega Baja vs. Smith, 27 P.R.R. 587.”

T en uua nueva, vista celebrada, insistiendo en su teoría,-aportaron como jurisprudencia dos sentencias de la Corté Suprema de España y varias citas del volumen de Ruling Case Law que se refiere a Caminos.

La primera sentencia de la Corte Suprema de España citada, es la de 31 d'e diciembre de 1879 y aparece en 42 J. C. 523. Se trata de na caso de interdicto de recobrar. D. Manuel Venero expuso que se encontraba en posesión bacía lo menos 35 años sin interrupción de una servidumbre de carro que desde su casa conducía a la carretera general cru-zando la posesión de un Sr. Fernández y que éste lo despojó de su dicha servidumbre mandando cortar una zanja y rea-lizando otros actos que se especifican, y solicitó ser ampa-rado en su derecho. Las cortes lo ampararon en efecto, y Fernández llegó hasta el Supremo alegando como error que se había infringido la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 724, puesto que se había estimado la procedencia de un in-terdicto que no' reúne el primero de los requisitos exigidos por dicho artículo, ya que el interdicto sólo se da contra el despojante de cosas pero no de derechos, y el Supremo re-solvió :

“Que bajo el nombre de posesión se entiende comprendida la cuasi posesión para los efectos de los interdictos de recobrar, en los cuales se resuelve una cuestión de orden público que del propio modo se afecta privando a uno por mano propia de la cosa corporal que posee, como de un derecho de servidumbre que ejercita o cuási posee.”

Y en la segunda, que es la de 11 de julio de 1881, 47 J. C. 100, ratificando la anterior doctrina, se estableció:

“Que conforme a la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, fundada, entre otras leyes, en la 1% tít. 39, Partida 3*, el interdicto de recobrar es procedente siempre que se prive a cualquiera de co-sas muebles o raíces, o del ejercicio de un derecho; pues que resol-viéndose en esta clase de juicios sumarísimas cuestiones de orden público, lo mismo se afecta privando a uno con violencia o clandes-tinadamente de una cosa corporal que poseía, como de un derecho de que cuasi poseía.”

Las citas de Ruling Case Law son al efecto de demostrar los derechos que se tienen por todas las personas al uso y disfrute de los caminos públicos y especialmente por los pro-pietarios de los predios que tienen salida por ellos. 13 R. C. L. 138, 139, 142 y 231.

No es posible dejar de reconocer la fuerza de los razo-namientos del apelado y de la jurisprudencia que invoca.

Todos los antecedentes tienden a demostrar que los an-tiguos interdictos, hoy injunctions para retener o recobrar la posesión, envuelven una cuestión de orden público que exige una rápida resolución que no prejuzgue los derechos defini-tivos pero que fije la condición actual de modo tal que garan-tice el disfrute de lo que se posee o de lo que se poseía dentro-del breve término de un año.

Aceptando como es necesario aceptar la certeza de los' hechos alegados en la demanda, se encuentra que el derecho a la posesión de las otras fajas de terreno a que se refiere-está tan íntimamente enlazado con el derecho a la cuasi posesión del llamado camino vecinal de Bucaná, que no puede-obtenerse el restablecimiento de la situación de hecho a que-se aspira sin comprender dentro de la acción el camino-Parte del portón puesto en el camino está en tierras cuya posesión se alega que corresponde a los demandantes. Y si la obstrucción partió del demandado y si no se va a resolver en definitiva ninguna cuestión de título, ¿por qué no puede ventilarse todo dentro del procedimiento sumario para reco-brar la posesión? Con derecho o sin derecho, es lo cierto que se alega que los demandantes estaban en la cuasi posesión del camino y que el demandado le arrebató esa cuasi posesión. No vemos que sea necesaria la intervención del municipio, dueño del camino, para dilucidar la cuestión de posesión sur-gida úuicamente entre las partes.

Es cierto que la servidumbre que dió origen a la primera sentencia del Tribunal Supremo de España que se ha citado-era por dentro de una finca privada, pero se trataba de una-servidumbre de carro y el hecho de la perturbación por parte-del demandado en aquel y en este caso es igual, pudiendo aplicarse en tal virtud la misma regia. Fuera del municipio o fuera del propio demandado el camino en cuestión, lo cierto-es que se alega que el demandante estaba en la cuasi pose-sión del mismo, usándolo para transitar y conducir los pro-ductos de su finca, y que el demandado lo cerró construyendo el portón de que se lia hecho mérito, y como pide amparo para su dicha posesión o cuasi1 posesión, debe obtenerlo de la corte, pudiendo valerse para ello de los trámites sumarios del injunction o interdicto que autorizan las leyes de 1913 y 1917.

Las tres restantes excepciones carecen de mérito. La demanda no es ambigua, ni ininteligible y aduce hechos sufi-cientes. Las cuestiones suscitadas se plantean con claridad. Sometidas a prueba al dictarse la sentencia detallada que procede en casos de esta naturaleza, basta examinarla para concluir que la demanda proporcionó la base necesaria para llegar hasta el fin del litigio sin dificultad.

Resta sólo considerar si la corte de distrito debió o no haber dejado sin efecto la sentencia que dictara a solicitud del propio demandado, permitiendo a éste radicar la contes-tación que presentara.

En la moción del demandado archivada al efecto se alegó lo que sigue:

"Que en el día de ayer diciembre 20 de 1926, se celebró la vista de este caso y, a solicitud del demandado, se dictó una sentencia condenatoria por las excepciones previas sometidas que fueron las únicas alegaciones radicadas por la parte demandada.
"Que esta sentencia todavía no ha sido notificada al demandado ni a sus abogados; pero el demandado ya está cumpliendo el en-tredicho o ‘restraining order’ de esta corte sobre el particular.
"Que la razón poderosa que indujo a los abogados del deman-dado a solicitar en nombre y representación de éste que se convir-tiese en sentencia la resolución sobre las excepciones previas fué la de dar a las partes la más amplia y cómoda oportunidad para un posible entendido que pusiese término a la enojosa situación creada por el litigio, sin entrar en consideraciones de prueba que pudiesen lastimar y mortificar a las partes litigantes más allá de lo de hasta entonces ocurrido. Y que a este fin fueron instruidos los abogados suscribientes por el demandado en bien de la armonía y con el único propósito de facilitar los términos de una transacción que se nego-ciaba entre las partes y que todavía en el momento de entrar en juicio se discutía por las partes y amigos interesados.
‘ ‘ Que esta transacción ba fracasado y los abogados suscribientes ■ i estiman su más alto deber y un mandato ineludible de la ética profe-sional comparecer ahora ante la Honorable Corte y, en bien de la justicia y en defensa de los sagrados intereses que le fueron confia-dos para su defensa, solicitar respetuosamente de la Honorable Corte de' Distrito de Ponce que permita a los abogados del demandado ra-dicar en nombre y representación de éste una contestación a todas y cada una de las causas de acción y alegaciones que contiene la de-manda en este caso, cuando todavía la sentencia anunciada y dic-tada en corte abierta sobre las excepciones previas no le ha sido notificada en forma al demandado ni está unida a los autos del pleito ni'es definitiva todavía.”

Señalado el 3 de enero, 1927, para la vista de la moción, comparecieron ambas partes y tuvo lugar una amplia discu-sión, negando la corte lo solicitado.

La corte razonó su resolución sosteniendo que, como cuestión de ley, la sentencia dictada era definitiva, careciendo de discreción para dejarla sin efecto, citando los casos de The American Railroad Company of Porto Rico v. Quiñones, 17 D.P.R. 261, y Pescay v. Fernández, 28 D.P.R. 791, y agregó:

“De manera que la corte cree y es de opinión que de acuerdo con esta jurisprudencia, como cuestión de ley, no tiene la corte dis-creción dentro del artículo 140 ni tiene derecho alguno el deman-dado que ha adoptado una actitud como la que ha adoptado en este caso, para que se abra de nuevo el caso después de no haber que-rido contestar y de haber solicitado que se dictara sentencia por las excepciones previas; y tomando en consideración además, que se trata en este caso de un injunction bajo la ley especial número' 43 de 1913, según fué enmendada por la ley número 11 de 1917 en que so dispone especialmente por esta ley que el juicio del caso se lle-vará a efecto dentro <je los quince días y estipulando la ley que ese mismo día del juicio se discutirán todas las mociones, excepcio-nes y todas las cuestiones legales; es un procedimiento rapidísimo que establece la ley, de manera que esto hace todavía más fuerte la posición de los demandantes al oponerse a que se declare con lu-gar la moción del demandado; el demandado tuvo oportunidad de contestar, es más, debió contestar el día del juicio y al mismo tiempo presentar sus excepciones, y dice el Supremo que esa sentencia es final y definitiva, que no hay discreción legal por el artículo 140, y de existir discreción . legal, en el otro .aspecto más .genérico, -en cnanto a que la corte desee en determinados casos ejercitar su dis-creción, la corte cree que en este caso, por la forma en que se ha venido desarrollando, no debe ejercitarla.”

Dejando a un lado la importante cuestión de si la resolu-ción de la corte era o no apelable o si puede ser o no consi-derada en una apelación de la sentencia, y sin tratar de decidir si la jurisprudencia citada priva o no a la corte de su. discreción para pesar las circunstancias que concurran y en un caso verdaderamente apropiado dejar sin efecto la sen-tencia, opinamos que de la propia moción del demandado apelante no surge una buena causa para el ejercicio de la discreción.

No se concibe que pudiera ocurrir lo que se dice que ocu-rrió. Si se estaba en la disposición de ánimo que se indica, lo lógico hubiera sido que ambas partes hubieran pedido la posposición del juicio una vez resueltas las excepciones.

Basta leer la transcripción de los autos para penetrarse del encono existente entre las partes que se refleja en la actitud de sus propios abogados en los diferentes incidentes que surgieron. La corte sentenciadora que pudo observar esa situación mejor que nosotros, debió sentir con más fuerza la extrañeza de la causa alegada.

La parte demandada quedó obligada por sus propios actos. La parte demandante estaba lista con sus testigos ante la corte para presentar la prueba de sus alegaciones. El demandado prefirió venir al Supremo a sostener su caso sobre cuestiones de ley. El sabía que su actitud envolvía la acep-tación de la certeza de los hechos alegados en la demanda y no puede quejarse. Tuvo su día en corte. Escogió su ca-mino. Y todo cuanto suscitó ha sido estudiado y resuelto.

Deben confirmarse la sentencia y la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con la sen-tencia y también con la opinión menos en la parte que indica que no pueden acumularse en un solo pleito un procedimiento de injunction para recobrar la posesión de acuerdo con las leyes de 1913 y 1917 y un pleito ordinario de injunction de conformidad con la Ley de 1906.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante apelado, v. Isidro Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3493.

    Visto: Junio 28, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      Angel Arroyo Rivera, abogado del apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, base de esta causa, en lo pertinente, dice:

“El referido acusado Isidro Rodríguez, allá por el mes de abril de 1927, y en San Juan, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, y en ocasión de actuar como mensajero de la corporación Aboy, Vidal y Compañía, Inc., siendo sus deberes como tal mensajero entre otros, el de tener bajo su posesión los distintos dineros recibidos por dicha Corporación con obligación de recibir dichos dineros y entregarlos a la corporación Aboy Vidal y Compa-ñía, Inc., de una manera ilegal, voluntaria, maliciosa y fraudulenta-mente, se apropió para su beneficio y en perjuicio de la corporación Aboy Vidal y Compañía, Inc., de la suma de seiscientos cincuenta dólares, moneda legal de los Estados Unidos de América, y cuyos dineros habían sido confiados al acusado y recibidos por él en el curso de sus deberes como tal mensajero."

El acusado hizo la alegación de culpable y la- corte dictó sentencia condenándolo a dos años de presidio.

No obstante su alegación de culpable, el acusado apeló. No existe pliego de excepciones ni relación de pruebas; La única cuestión que se levanta en un amplio alegato y que se sostuvo en el informe oral, es la de que la acusación no aduce hechos suficientes constitutivos del delito de abuso de con-fianza por el cual se condenó al acusado.

También se habló sobre las circunstancias que influyeron en el ánimo del acusado para declararse culpable, pero como nada consta de los autos, nada puede investigar y resolver •el tribunal dentro de este recurso de apelación.

Sostiene en su alegato el apelante que “de la acusación no aparece lo suficientemente claro que la confianza deposi-tada en el acusado se le hiciera de una manera expresa y •especial, sino que la acusación parte de una responsabilidad implícita por razón de su cargo de mensajero, y ello es un absurdo, porque se le imponen a un mensajero deberes y responsabilidades de un cajero o de un vendedor subalterno.”

Entra luego a distinguir el delito de abuso de confianza ■del de hurto y concluye manifestando que según la acusación ios distintos dineros recibidos por la corporación Aboy, Vidal ■&> Co. no salieron nunca de la posesión de la misma corpo-ración y que si dicha corporación entregó el dinero al acusado con la obligación de devolverlo nuevamente a la corporación, la relación sería únicamente una de deudor y acreedor, y •que, por tanto, la acusación está plagada de conclusiones de derecho y redactada tan ambiguamente que no pueden enten-derse claramente los hechos imputados en la misma.

En el caso de El Pueblo v. Calderón, 18 D.P.R. 584, esta corte dijo:

“Para que se entienda perpetrado el delito de abuso de confianza, ■se necesita comprobar la existencia de los siguientes elementos: 1. Una propiedad determinada, materia del delito; 2. Que tal propie-dad se confió a otra persona en alguna de las formas especificadas •en los artículos 446 al 450 del Código Penal; y 3. Que esa otra ■persona se apropió de ella fraudulentamente.”

Examinada la acusación a la luz de esta jurisprudencia, la encontramos suficiente. Aceptamos el razonamiento del fiscal en su alegato de impugnación. Es como sigue:

“ha. aqusación en-el. presente, caso,’ en cpanto a sus-hechos esen-ciales,-establece que el acusado-apelante era un mensajero de la. cpr-poración Aboy, Yidal & Co., y que entre sus deberes estaba,, el.¡de tener bajo su posesión los distintos dineros recibidos por dicha cor-poración, con obligación de recibirlos y entregarlos a la referida corporación,, y que. de manera ilegal, maliciosa y fraudulentamente se .apropió, ,pn su propio beneficio y en perjuicio de dicha corpora-ción, de la suma de $650,00, cuyo dinero le había sido confiado y recibido por él en el curso de sus deberes como tal mensajero.
“Quizás haya cierta confusión en el párrafo de la acusación que dice: ‘. . . el de tener bajo su posesión los distintos dineros recibi-dos por d;cha corporación, con obligación de recibir dichos dineros y entregarlos a la corporación . . pero aún en el supuesto' de que así fuera, la falta de claridad en dicho párrafo no lleva a tal confusión que pueda alegarse que la acusación no impute un delito porque no establece los hechos esenciales que se requieren en es,ia clase de delito, según dice el apelante.
“Aunque tenemos que convenir que la presente no es un modelo de acusación, no obstante, si el acusado creyó que la misma no ex-presaba con claridad los hechos, ha debido .... pedir un bill of particulars para que se hiciese más específica la acusación, pero no podemos convenir con el apelante en que dicha acusación no impute un delito porque le falten sus elementos esenciales.
“ ‘Si la acusación es razonablemente susceptible de poder ser in-terpretada en el sentido de que en ella se imputa un delito público, cualquiera vaguedad o imperfección en su exposición se considera que ha sido renunciada cuando el acusado no opone a ella excepción perentoria o deja de radicar una solicitud para que se especifiquen los hechos (bill of particulars) antes del día señalado para el juicio.’ El Pueblo vs. Ramírez, 25 D.P.R. 263.
*******
“Parece que- el apelante en el presente caso alega que entre los deberes de un mensajero no está el de recibir dinero, pero, a nuestro juicio, ésto .no tiene importancia por el hecho de que a un mensa-jero se le puede confiar el encargo .de recibir dinero para una cor-poración aunque dentro de las obligaciones de su cargo no esté com-prendido este deber, y basta que el acusado esté utorizado para .ha-cerlo y recibir determinada cantidad, y, si se la apropia en su be-neficio particular, esto basta, repetimos, para que quede consumado el delito, que es lo que parece que ha ocurrido en el presente caso.”'

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Ramón Pérez, demandante y apelante, v. Cancio Pérez, Catalina Alvarez y Sixto Centeno, demandados y apelados.
    No. 4446.

    Visto: Junio 12, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      E. Huertas Zayas j M. Bahwnonde, abogados del apelante; Agus-tín E. Font, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión, del tribunal.

El demandante y apelante alegaba que estaba en posesión de una casa en Ponee y que había sido perturbado en esa posesión dentro del año, ya que los demandados habían to-mado posesión de la casa y . estaban cobrando las rentas de la misma y algunos de ellos la vivían. Después de celebrado el juicio la corte de distrito emitió.una opinión oral y .dictó sentencia a favor de los demandados. La corte resolvió que había conflicto de.títulos de conformidad con el caso de Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 384, y que en procedimientos como el pre-sente solamente estaba envuelto el derecho de posesión; que no se desprendía qne los demandados ocuparan la casa contra la voluntad del demandante sino que este último también ejercía actos de dominio y de posesión; que si bien era cierto que uno cobraba las rentas, el otro también lo bacía así; que de conformidad con el caso de Llorens v. Omedes, 35 D.P.R. 763, el mero beebo de que una persona cobre los cánones de arrendamiento no es suficiente, si otra persona tiene la pose-sión judicial de la casa.

Es indudablemente cierto, según lo indican los «asos citados, que un dueño que no está en la posesión de la propiedad no puede ser generalmente restituido en la finca mediante el auto de injunction conocido por interdicto. La cuestión a resolver siempre es si el demandante estaba, en posesión en determinada fecba dentro del año y si se le privó de tal posesión. Hemos leído la prueba y los alegatos y el apelante nos ba convencido de que está en lo cierto. El letrado de los apelados no trató de afrontar el análisis presentado por el apelante, sino que simplemente descansó en un supuesto conflicto de la prueba.

La teoría del demandado era, por lo menos parcialmente, que la casa pertenecía a los esposos Mercedes del Toro Eodríguez y Gloria Eodríguez y que se permitió que Eamón Pérez tomara posesión de la misma para removerla y repararla, pero esto admite la posesión física por parte de Eamón Pérez.

De la declaración de Claudio Ayala, quien fué uno de los testigos de los demandados, creemos que se desprende clara-mente que él ocupó la casa como inquilino de Eamón Pérez, el demandante; de la declaración de Catalina Alvarez tam-bién aparece que ella obtuvo la casa en arrendamiento de Eamón Pérez, aunque trató de decir que la tomó con la coú-dición de que se obtuviera el consentimiento de Cancio Pérez. Se puede ver que ésta era una testigo que no quería declarar nada a favor de Eamón Pérez. Toda la prueba del deman-dante, la que fué fuerte, tendió a demostrar que él estaba en posesión de la casa cuando Cancio Pérez cobraba el arrenda-miento de los inquilinos. El demandado Cancio Pérez nunca ocupó la silla testifical, a pesar de que pudo dar nincbas expli-caciones. Esto es probablemente cierto también en lo que se refiere a Mercedes del Toro Rodríguez. Si bien los inquilinos ruáis tarde pagaban el arrendamiento a Cancio Pérez, sin embargo, en cada caso Ramón Pérez fué quien los puso en posesión de la casa. Toda la prueba nos convence de que la persona legalmente en posesión de la casa era Ramón Pérez.

Cuando una persona pone a inquilinos en la posesión de una propiedad, la posesión de estos últimos equivale a la posesión de la primera, y si estos inquilinos pagan los cáno-nes de arrendamiento a un tercero y este último toma posesión de la propiedad, al hacerlo así perturba la posesión del primer tenedor, contrario a las disposiciones de la ley de 13 de marzo de 1913, la que dispone un remedio contra los actos violentos o fraudulentos de otra persona. Dentro del signi-ficado de la ley, Cancio Pérez actuó fraudulentamente contra Ramón Pérez.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra restituyendo a Ramón Pérez en la posesión de la casa objeto de este litigio.


text:
    Mrs. Charles M. Boerman, née María L. Fordham, Ex parte, administradora judicial apelada, y los herederos ausentes de Esther Bessie Boerman, peticionarios y apelantes
    No. 4539.

    Visto: Mayo 22, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      F. Acosta Velarde, abogado de los apelantes; Leopoldo Tornes, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

IDn un procedimiento titulado Mrs. Charles M. Boerman, neo María L. Fordham, Civil No. 5848, Administración Judicial, ciertas personas, alegando ser los herederos de Esther Bessie Boerman, radicaron una petición ante la Corte de Distrito de Ponce. El objeto de la petición, según en ella se decía, era obtener los bienes que habían sido dejados por Charles M. Boerman, a dicha Esther Bessie Boerman o a dichos herederos, y que fueron adjudicados a ellos en el mismo procedimiento. En la petición se solicitaba que dentro del término de cinco días se requiriera a la Sra. Charles M. Boerman para que entregara a los abogados de los peticio-narios los bienes que, como herederos testamentarios de Charles M. Boerman o de la Sra. Esther Bessie Boerman, les habían sido adjudicados. La Sra. Charles M. Boerman se opuso a la petición. La Corte de Distrito de Ponce, des-pués de celebrada una vista, declaró sin lugar la petición.

En apelación se señalan ocho errores. Los dos primeros señalamientos de error leen como signe:

“Primer error. La corte cometió manifiesto error al admitir el escrito de oposición de Mrs. Charles M. Boerman.
“Segundo error. La corte cometió manifiesto error al abstenerse de instruir al ministerio fiscal para que promoviera la administra-ción correspondiente de los bienes de Esther Bessie Boerman, de acuerdo con lo que dispone el artículo 83 de la Ley de Procedimien-tos Legales Especiales.”

De suerte que los apelantes niegan que la Sra. Charles M. Boerman tenga derecho a oponerse a su petición. Peco-nocen que ella fué nombrada debidamente como administra-dora de Charles M. Boerman y necesariamente admiten que ella estaba en posesión de los bienes, pero sostienen que en virtud de la adjudicación hecha por el contador-partidor y de su confirmación por la Corte de Distrito de Ponee, todos los deberes de la administradora cesaron, y que solamente los herederos podían presentar reclamación. Tenemos pocas dudas de que los deberes activos de la administradora en este caso han cesado y que los herederos de Charles M. Boer-man o de la Sra. Esther Bessie Boerman tienen preferencia sobre la administradora. Sin embargo, cuando se pone a un administrador judicial en posesión de bienes, es su deber entregar los mismos a los herederos legales, pero no surge tal deber hasta que las personas! con derecho' a ello se presenten a hacer la reclamación. Hasta que aparezcan tales personas, el administrador está obligado a retener la posesión de los bienes que le han sido confiados. Para protegerse a sí mismo contra posibles reclamantes distintos a los herederos legales, tiene derecho a investigar si las personas que comparecen son los herederos que alegan ser, e incidentalmente, desde Inego, a convencerse a sí mismo de qne dichas personas han obtenido la autoridad correspondiente para hacer la reclama-ción. Esto más o menos fné resuelto por este Tribunal en el caso de Calderón v. Boerman, 37 D.P.R. 803.

Tal vez más técnicamente, los peticionarios en este caso comparecieron en el procedimiento de administración judicial y solicitaron de la corte que requiriera a la Sra. Charles M. Boerman para que realizara ciertos actos. Cuando se pre-sente un pleito contra él, un mero extraño sujeto a un litigio podría atacar el derecho de determinadas personas de obli-garle a hacer algo. Indudablemente, la administradora nom-brada debidamente, a quien se requiere que se deshaga de la posesión de los bienes confiádosle tiene tal derecho. Por tanto, la corte, no cometió error alguno al permitir que la Sra. Boerman radicara un escrito de oposición.

Al discutir su segundo señalamiento de error, los apelantes dicen que la corte convino en que la Sra. Charles M. Boer-man no tenía derecho a administrar por más tiempo los bienes de la Sra. Esther Bessie Boerman. Según entendemos, esencial y legalmente, ésa no es la posición de la Sra. Charles M. Boerman. Ella no retiene los bienes de la Sra. Esther Bessie Boerman para administrarlos; los retiene meramente para entregarlos a los herederos de la Sra. Esther Bessie Boerman al ser reclamados debidamente. Hasta ese mo-mento, la retención de los bienes por parte de ella es una continuación de sus deberes como administradora de la he-rencia de Charles M. Boerman. No era de gran importan-cia en este caso que la Sra. Charles M. Boerman tuviera una apelación pendiente sobre la distribución ordenada por la Corte de Distrito de Ponce, y acabamos de ser informados que la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston ha con-firmado la sentencia de este tribunal a este respecto.

Los apelantes sostienen qne la corte cometió error al no requerir al fiscal de distrito qne instituyera nn procedimiento de administración judicial de los bienes de la Sra. Esther Bessie Boerman. Tal vez surgen algunas de las objeciones de antes, pero esta vez más técnicamente, los peticionarios debieron haber entablado un procedimiento independiente y no debieron haber interpuesto su reclamción dentro de un procedimiento que tenía por objeto la administración de los bienes de Charles M. Boerman. No podemos convenir con los apelantes en que estaban obligados a intervenir en el pro-cedimiento de administración judicial para liquidar la heren-cia de Charles M. Boerman, sino que pudieron haber enta-blado un procedimiento ex parte, o de lo contrario instituir un procedimiento contencioso contra la administradora. No hallamos que se cometiera error.

Convenimos con la apelada en que el tercer señalamiento de error carece de importancia. La corte pudo estar equi-vocada al decir que los testigos del testamento no- identifi-caron el documento correspondiente, o que lo hicieron en un momento inoportuno. Existe la probabilidad, si no la cer-teza, de que los apelantes estén en lo cierto al decir que la diferencia en las fechas se explica por el hecho de que Ios-testigos del testamento trataban en época posterior de iden-tificar las firmas que habían dado anteriormente.

Convenimos con la apelada en que los señala-mientos cuarto, quinto, sexto y octavo pueden ser conside-rados conjuntamente. Leen así:

“Cuarto error: La corte cometió manifiesto error al resolver que la copia del acta de defunción y la copia del testamento de Esther Bessie Boerman no están debidamente autenticados.
" Quinto error: La corte cometió manifiesto error al resolver que no se certifica que la traducción de dichos documentos sea fiel de sus originales, ni que la persona que los tradujo sea un traductor capa-citado.
“Sexto error: La corte cometió manifiesto error al sostener que se hace necesario probar que los documentos, y especialmente el tes-tamento, ban sido otorgados de acuerdo con las leyes vigentes en Rusia, en los años 1916 y 1921, respectivamente. ’ ’
“Octavo error: La corte cometió manifiesto error al declarar sin lugar la solicitud de los herederos peticionarios, y, en su consecuen-cia, al negarse a hacer entrega de los bienes solicitados a dichos he-rederos. ”

Este es un. caso en que están en controversia la validez y él otorgamiento de un testamento extranjero, así como la identidad de las personas que reclaman de conformidad con el mismo. Los apelantes estaban obligados a probar en debida forma que la Sra. Esther Bessie Boerman había fallecido; que las personas que comparecían ante la Corte de Distrito de Ponce eran herederos nombrados debidamente; que el testamento fué otorgado en debida forma; y que los peticionarios son lo que alegan ser. Para saber si todo esto ha sucedido o si los documentos han sido otorgados en debida forma, según fuere el caso, puede que haya que probar las leyes extranjeras. Esta corte en general no toma conoci-miento judicial de ellas. El artículo 69, inciso 8 de la Ley de Evidencia, dispone:

“Los documentos de cualquiera otra clase en país extranjero, mediante el original, o una copia certificada por el guardador legal de aquél, bajo su sello, si lo tuviere, acompañada de una certifica-ción del ministro o embajador, o un cónsul, vicecónsul o agente consular de los Estados Unidos en dicho país extranjero, atestando que es documento válido y existente en dicho país, y que la copia está certificada en debida forma por el funcionario encargado de la cus-todia del original.”

La corte inferior resolvió que las certificaciones presen-tadas eran insuficientes, ya que no contenían declaración, alguna de que el testamento fuera válido en país extranjero o de que estaba certificado en debida forma. Quizás los ape-lantes tienen razón al sostener que las leyes de Puerto Rico van demasiado lejos al requerir o sugerir que nuestros repre-sentantes en el extranjero certifiquen las leyes extranjeras. Quizá sería imposible que uno de nuestros funcionarios en el extranjero llene tal requisito, según lo indica la certificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por otra parte, tal vez algún perito podría ser llamado ante nuestro representante en el extranjero y este último entonces podría certificar por información y creencia que la persona así llamada era competente para certificar sobré la validez de leyes extranjeras o qne nn testamento ha sido otorgado de acuerdo con tales leyes extranjeras. Decimos esto, porque a falta de tal medida, no vemos forma alguna de probar las' leyes extranjeras ante nuestras cortes, a no ser' citando un perito o tomando una deposición en el extranjero. Tal vez la sugestión de nuestro estatuto es al efecto de que debe obte-nerse una certificación en el extranjero y que entonces a su vez sea certificada por nuestro representante allí. De todos modos, el hecho de que no se pueda esperar tal requisito de uno de nuestros representantes en el extranjero,, no puede beneficiar a los apelantes. Todavía existiría un hiato o la-guna que los apelantes no han cubierto, o sea, probar la validez de un documento extranjero o de todas las certifica-ciones. Estos asuntos fueron discutidos más detalladamente por la corte inferior, y en los puntos principales convenimos con su decisión y su razonamiento.

Estamos de acuerdo con la corte inferior en que no hubo certificación adecuada respecto a algunas de las traducciones, pero no trataremos de decir cuáles estaban traducidas correc-tamente y cuáles no, sino que dejamos el asunto a la discre-ción de los apelantes. Debería ser cuestión relativamente fácil obtener una traducción exacta de todas las certifica-ciones, aún de aquéllas que no han sido traducidas, y algunas de ellas pueden carecer de importancia.

Los autos demuestran que no vino certificación alguna de Eusia, país con el cual no tenemos relaciones diplomáticas, y, por tanto, que el otorgamiento de ciertos documentos fue certificado por el vice-cónsul de Kovno, Lituania, país vecino con el cual sostenemos relaciones diplomáticas. Nos incli-namos a creer que la certificación de nuestro cónsul era válida para probar las firmas de los funcionarios de Rusia. No® abstenemos de discutir más en detalle la suficiencia del tes-tamento o del certificado de defunción ofrecido como prueba,, por estar convencidos de que la corte inferior estaba en lo-cierto, por el presente, al negarse a darles valor probatorio.. Estamos resolviendo el caso con alguna premura, a fin de-dar a los herederos de Esther Bessie Boerman la oportunidad' 'de actuar con prontitud.

No estamos de acuerdo con la corte inferior en tanto es-, cuanto pareció creer que ciertos nombres eran insuficientes.. Boerman o Berman son suficientemente idem soncms. Sinai— larmente, con la traducción de otros nombres, como “Bassra**" por “Bessie” y “Ester” por “Esther.” Esther Bessie Boerman era una forma inglesa del nombre de la madre del' Sr. Charles M. Boerman.

Con respecto al séptimo señalamiento de error, podríamos decir que una corte debe ser muy liberal al reconocerlos letrados que alegan representar herederos. Creemos queen este caso la corte dió amplio margen a los abogados, y era innecesario que dichos abogados presentaran la escrituraconfiriéndoles poder, a menos que se pusiera en tela de juiciosu autoridad.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Dr. Francisco Susoni, demandante y apelado, v. Juan de la Cruz Cubero y Alejandro Garmendía, demandados y apelante el primero.
    No. 4368.

    Visto: Junio 5, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      Luis Toro Cabañas, abogado del apelante; Antonio Lens, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Garmendía estaba en la obligación de pag’ar daños y per-juicios por las lesiones ocasionadas al hijo de Juan de la Cruz Cubero, con motivo de un accidente automovilista. El se obligó a hacerlo así. Se llevó al niño a la clínica del Dr. Susoni, y sirvió de instrumento para transigir la recla-mación de daños y perjuicios por la suma de dos mil dólares, que fué pagada a Juan de la Cruz Cubero, y convino además en pagar los gastos adicionales de la clínica. Pagó quinientos dólares al Dr. Susoni, y algún tiempo después se declaró en quiebra.

El Dr. Susoni tenía una reclamación por servicios prestados ascendente a $1685.50. Abonó la suma de quinientos dólares y requirió a Juan de la Cruz Cubero para que le pagara el resto. Este último se negó a satisfacerlo, y entonces se entabló un pleito contra él y Garmendía. Posteriormente, se desistió la acción contra Garmendía. Durante el juicio, el Dr. Susoni presentó prueba tendente a demostrar que tanto el padre del niño como Garmendía convinieron en hacerse responsables de la cuenta del Dr. Susoni, y la corte dictó sentencia a favor de éste. Independientemente de cualquier exoneración de la deuda que el demandante hiciera, hay fuerte prueba tendente a demostrar que Cubero convino en serle responsable al Dr. Susoni. Era una responsabilidad natural del padre, y de acuerdo con la prueba, según lo creyó el juez de la corte inferior, Cubero hizo manifestaciones es-pecíficas al efecto de que sería responsable al Dr. Susoni, o profirió palabras que equivalían a tal convenio.

Respecto a la exoneración de la deuda por parte del Dr. Susoni, la prueba es contradictoria. El peso de la prueba recaía sobre el demandado para demostrar tal exoneración. Hubo declaraciones tendentes a demostrar que Cubero no hubiera llegado a una transacción con Grarmendía si no hubiese creído que el Dr. Susoni estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad exclusiva de dicho G-armendía, pero el Dr. Susoni negó esa aseveración, y también hubo otra prueba negándola.

Debido en parte que hubo otra prueba, el apelante pre-senta el siguiente señalamiento de error.

“La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción del demandado para que se eliminara la declaración de rebuttal del Ledo. Leus, porque, mejor que rebuttal, constituía una mera impug-nación de la veracidad del testimonio de los Sres. Cubero y Avilés, y, sin embargo, no se habían previamente sentado las bases para ello.”

Tal vez la declaración del Ledo. Leus contradecía la vera-cidad de las declaraciones de los testigos del demandado, pero el fin primordial de la prueba de rebuttal no era demostrar que los testigos habían hecho manifestaciones distintas en otras ocasiones, sino presentar prueba pertinente a las cues-tiones en controversia en el caso; en otras palabras, demos-trar que ni el Dr. Susoni ni su abogado convinieron en ocasión alguna en exonerar al demandado Cubero, según éste trató de sostener.

Estamos convencidos que, aun eliminando la declaración del Ledo. Lens, el demandado Cubero dejó de probar que fué exonerado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Rafael Saurí, demandante-apelante-apelado, v. José Saurí, Carmen Saurí e Isabel Tristani Viuda de Saurí, demandados-apelados-apelantes.
    No. 3549.

    Visto: Noviembre 15 y 16, 1927.

      Resuelto: Julio 28, 1928.

      Tons Soto é Pérez Marchand, abogados del apelante-apelado; F. Parra Capó y José y Alberto S. Poventud, abogados de los ape-lados-apelantes.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Saurí radicó una demanda en la cual, como pri-mera causa de acción, trataba de obtener la división de bienes poseídos en común pro indiviso. En una segunda causa de acción reclamaba remuneración por servicios prestados. La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia a favor del deman-dante en lo referente a la primera causa de acción, y a favor de los demandados en cuanto a la segunda causa de acción. El demandante y los demandados han apelado separada-mente, pero muy propiamente, han presentado una sola trans-cripción. Consideraremos la apelación del demandante que envuelve la segunda causa de acción.

Al ocurrir la muerte de Félix Saurí y Vivas, en los pro-cedimientos testamentarios particionales, la mitad de sus bienes correspondió a su viuda, y la otra mitad a sus tres hijos, o sea, la sexta parte a cada uno de ellos. En la cláu-sula diecisiete de la escritura de partición, se convino que los bienes permanecerían indivisos no solamente en lo que se refería a los inmuebles si que también a los muebles. El efecto de todos los procedimientos fué crear una comunidad pro indivisa de toda la sucesión de Félix Saurí, incluyendo la madre. La comunidad así creada o continuada prosiguió hasta que José y Carmen Saurí notificaron a su hermano Eafael Saurí que no deseaban permanecer por más tiempo en la comunidad.

La administración de los bienes de la comunidad fué de-jada por convenio a Eafael Saurí, que es el demandante y apelante en este aspecto del litigio.

En su .demanda, él alega los servicios que prestó, la gran cantidad de trabajo que hizo, .y los muchos beneficios que reportó a la comunidad, ascendentes casi a medio millón de dólares, que se habían acumulado durante su administración, y que por todo este trabajo se le había pagado únicamente la cantidad de treinta dólares semanales. Admite que no se hizo convenio alguno para una remuneración mayor, y dice que la cantidad de seis mil dólares al año sería una compensación razonable. Después de radicarse la contesta-ción y de celebrarse el juicio ante la Corte de Distrito de Ponce, ésta dictó sentencia en contra del demandante respecto a esta reclamación por sus servicios.

La teoría de la corte fué que durante su vida, Félix Saurí recibió treinta dólares semanales como uño de los administra-dores de Saurí y Subirá; que al ocurrir su muerté, según se tabla convenido anteriormente, y con el consentimiento de todos, Rafael Sanrí substituyó a su padre; que Rafael Saurí, al tiempo de aceptar la administración, nada bizo para modificar la compensación ni nada bizo posteriormente para reclamar una remuneración mayor; que cuando final-mente se terminó la liquidación de la firma Sanrí y Subirá, el demandante continuó administrando los bienes de la suce-sión y recibiendo la misma compensación. En lo tocante a ■este último extremo, la corte aceptó la declaración de José Saurí, y entonces llegó a la conclusión de que en ningún memento Rafael Saurí bizo manifestación o gestión alguna ni. realizó acto alguno tendente a poner de manifiesto su in-conformidad o descontento por su conmpensación o crédito ■como tal administrador.

El único señalamiento de error presentado lee así:

‘‘La corte erró al estimar que la aceptación por Don Rafael Sanrí del cargo de administrador de los bienes de la Sociedad ‘Saurí y Subirá’ en representación de la Sucesión Saurí con las mismas faeiiitades que tenía el socio fallecido Don Félix Saurí implica la re-nuncia por parte de Don Rafael Saurí a percibir compensación superior a la percibida por su señor padre Don Félix o sean $30.00 semanales. ’ ’

Por la prueba presentada, la corte estuvo enteramente justificada al llegar a su teoría del caso. La prueba es clara «le que Rafael Saurí recibió los treinta dólares semanales que -Síi. padre babía percibido mientras vivió, que de acuerdo con ' ma estipulación directa, él continuó percibiendo esa cantidad mientras duró y se liquidó la firma de Saurí y Subirá; y que después de la disolución final, él consintió directamente en “recibir de su madre, hermano y hermana la suma de treinta dólares, o en silencio aceptó esta cantidad sin protesta o sin 'hacer indicación alguna respecto a su derecho de recibir una •remuneración mayor. Tan es esto así que creemos que el ■demandante prácticamente aceptó los hechos, y basó su reclá-mación de compensación en un qucmtum meruit.

Sobre este particular, en la demanda se alegan algunos de los heclios anteriores indisputables, o quizá otros más, y entonces se alega que la ocupación y profesión del deman-dante era la de agricultor y administrador de fincas agrí-colas. Expone los varios servicios prestados por el deman-dante y los beneficios reportados a la comunidad, y entonces se dice que el demandante no ha recibido durante su adminis-tración remuneración alguna por su trabajo, actividades y ser-vicios como administrador, habiendo tomado únicamente para los gastos de un viaje diario de Ponce a las fincas, y para los gastos indispensables e incidentales a su ocupación, una can-tidad semanal no mayor de treinta dólares. Aquí la de-manda también dice “de acuerdo con los demás condueños.’7 Entonces la demanda continúa diciendo que la suma de seis mil dólares anuales sería una. compensación razonable de sus servicios, de la cual debía deducirse la suma tomada sema-nalmente, y procede a reclamar la cantidad de $36,000, con la deducción de $7,230. De la demanda misma es evidente que Rafael Saurí percibía la suma de treinta dólares sema-nales como remuneración, y que él deduce dicha suma de su reclamación de compensación razonable.

El artículo 1613 del Código Civil dispone lo siguiente :

“A falta de pacto en contrario, el mandato se supone gratuito.
“Esto no obstante, si el mandatario tiene por ocupación el des-empeño de servicios de la especie a que se refiere el mandato, se presume la obligación de retribuirlo.”

Resolvemos o llegamos a la conclusión de que el caso de Rafael Saurí no cae bajo este artículo. Se convino que él se haría cargo de los bienes de la comunidad, pero no fué em-pleado como agricultor o como agente agrícola, dentro del significado del estatuto. El administraba sus propios bienes, en unión a los de su madre, hermano y hermana, y podemos decir que se le permitió hacerlo así como se hubiera permi-tido que lo hiciera su madre, quien era dueña de la mitad de la comunidad. Estamos discutiendo solamente el derecho-a percibir compensación sin existir convenio. Por lo general, cuando en una comunidad se trata de parientes muy cercanos* o aun en cualquier clase de comunidad de bienes, el consen-timiento o convenio por parte de los otros dueños para que uno de ellos administre los bienes, no implica promesa de pago, que es la base familiar de la acción de assumpsit de Inglaterra y Estados Unidos. Bajo estas circunstancias, aun en' los Estados Unidos no se establecería por implicación un contrato por servicios razonables. En Puerto Rico, un con-venio 'de servicios debe ser explícito, a menos que caiga dentro de alguna excepción.

El artículo 1486 del Código Civil, según fue enmendado* no es una excepción. Lee así:

“Pueden arrendarse los servicios de criados y trabajadores sin tiempo fijo o por cierto tiempo. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo. En cuanto a los servicios profesionales, se estará para la remuneración de los-mismos, a lo convenido entre las par-tes: cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte* con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio-de la otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el-importe razonable de dichos servicios.”

Los servicios profesionales mencionados en ese articuló' no cobijan este caso, no sólo por las razones generales que anteriormente se ban indicado, sino también porque la pala-bra “profesional” debe tener algún significado. Es aplica-ble a personas que tienen una profesión definida, y no a agricultores, mecánicos u obreros. De lo contrario, todo el mundo podría alegar que tiene una profesión.

Más particularmente, convenimos con la corte y los ape-lados en que bubo un convenio expreso sobre remuneración* y el apelante no nos ba presentado hechos o argumentos que permitan una compensación adicional.

Lo que en realidad sucedió, según se indica en la decla-ración de Rafael Saurí, fue que él sólo se bizo cargo de la administración confiando en que su madre, su hermano y su hermana, se portarían bien con él. Al igual que sucede con muchas otras personas, él dejó de celebrar un convenio específico. Probablemente, si sus relaciones hubiesen con-tinuado amigablemente, su familia no le hubiese negado una reclamación de una compensación mayor. Pero entonces también hay la probabilidad razonable de que él no se hubiese ocupado de hacer reclamación alguna. Por otra parte, sus parientes no estaban satisfechos con su administración, espe-cialmente porque él no empleó un tenedor de libros. También dieron muestras de descontento en cuanto a otros respectos. Sin embargo, sus parientes no dudaron de su honradez. Decimos esto, porque cuando un hombre trata aun con sus familiares, debe ser específico ; de lo contrario, cuando surge una duda sobre el valor razonable de sus servicios, éstos pueden ser atacados. Si los' demandados hubiesen estado satisfechos, probablemente todo este litigio nunca hubiese surgido. No puede afectar el caso, por ejemplo, el que el demandante estuviera recibiendo tres mil dólares de sueldo de Saurí y Subirá, o que su madre estuviera dispuesta a pag'arle tres mil dólares.

Si bien el tribunal está de acuerdo con las anteriores con-clusiones, sentimos que no nos sea posible desarrollar este extremo del caso en forma más elaborada, pero el tiempo nos ha faltado debido a la aglomeración de trabajo. Tan es ello así que nos ha sido enteramente imposible resolver a satis-facción el otro aspecto del caso, o sea, la apelación de los demandados, habiendo hasta ahora divergencia de criterio entre nosotros. Nuestra idea original fué celebrar la vista del caso ante la corte en pleno, y lo señalamos para el mes de noviembre último. Debido al hecho de que sólo fué po-sible oír el caso ante cuatro jueces, creemos prudente señalar el otro aspecto del mismo nuevamente para ante el tribunal en pleno.

Por tanto, resolvemos que la apelación entablada por Rafael Saurí no procede, y que dehe confirmarse la sentencia en tanto en cuanto declara sin lugar la segunda causa de acción mencionada en la demanda.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Enrique Ramírez Prosperi, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 730.

    Sometido: Julio 23, 1928.

      Resuelto: Noviembre 9, 1928.

      Juan J. Toro, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Perdomo Yélez, menor emancipado, asistido por su padre Domingo Perdomo Ramos, otorgó ante el notario Juan Juan Toro, en 25 de mayo de 1928, una escritura en la que manifestó ser dueño de una finca rústica de dos y media cuerdas, en el barrio de Sabana Grande Abajo, en el término municipal de San Germán, cuya finca se describe, y en cnanto a su título dijo que tal finca era el resto de una de mayor cabida que se le .adjudicó en la división del caudal here-ditario de Miguel Perdomo Pagán; y sobre esa finca, en la ameritada escritura, constituyó el Sr. Perdomo Yélez, hipo-teca voluntaria a favor de Enrique Ramírez Prosperi, por cierta suma.

El Registrador de la Propiedad de San Germán denegó la inscripción de la copia de esa escritura, por aparecer del registro la finca de ocho cuerdas de terreno, sin que resulte de. inscripción o nota marginal que se hayan hecho segrega-ciones, y por no haberse hecho en la escritura descripción de la finca de que se dice ser resto la hipotecada; y por no haberse acompañado al documento cuya inscripción se soli-cita, la copia de la escritura de emancipación del otorgante, y sí solamente una certificación del Registro Civil en la que se hace, constar la inscripción de la emancipación de Perdomo Vélez, que el registrador no considera suficiente, porque en-tiende que debe calificar la escritura de emancipación. Contra esa nota se lia interpuesto el presente recurso, por Enrique Ramírez Prosperi. Este y el registrador lian presentado sus alegatos.

El registrador tiene razón en cuanto se refiere a que la falta de descripción de la finca de que puede ser resto la que se grava en esta escritura, constituye un defecto. Pero no tiene razón para calificarlo como insubsanable, ya que es evidente que el otorgamiento de una escritura aclaratoria, en que se describa la finca principal, y se reseñan y determinan las segregaciones que de la misma se fian lieclio cura el defecto o falta; ésta no es de las comprendidas en los párrafos tercero y cuarto del artículo 65 de la Ley Hipotecaria, porque no produce necesariamente la nulidad de la obligación, si se examina a la luz del artículo 110 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, cuyo texto es éste:

“Para distinguir las faltas subsanables de las que no lo sean, y hacer o no en su consecuencia una anotación preventiva, según lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la ley, atenderá el registrador a la validez; de la obligación consignada en el título. Si ésta fuese nula por su naturaleza, condiciones, calidad de las personas que la otorguen u otra causa semejante, independiente de su forma ex-trínseca, se considerará la falta como no subsanable. Si la obliga-ción fuese válida, atendidas las circunstancias dichas, y el defecto estuviese tan sólo en la forma externa del documento que la con-tenga, y que se pueda reformar o extender de nuevo a voluntad de los interesados en la inscripción, se tendrá por subsanable la falta.”

La nulidad de la obligación es la piedra de toque para la calificación de la falta.

En cuanto a que no se acompaña la copia de la escritura de emancipación, entendemos que esa copia es indispensable para que el registrador pueda calificar la capacidad del otorgante emancipado. No basta la certificación del Registro Civil, que puede ser una prueba del estado del otorgante, pero no de su capacidad para contratar con respecto a bienes inmuebles.

Si la falta es o no insubsanable, es algo más difícil de precisar. No puede, en el momento, y a la luz del texto legal antes citado, afirmarse que el contrato contenido en el documento que se trata de hacer inscribir, sea nulo; y la afirmación de que sea válido, tampoco puede hacerse. Pu-diera ser que la escritura de emancipación fuera perfecta, y así lo fueran sus consecuencias; y entonces la escritura de que se trata en este recurso, sería inscribible. Y pudiera ocurrir que de la escritura de emancipación no apareciera capacidad en el emancipado para realizar el contrato de cuya inscripción se trata.

Aun bajo el imperio de la Ley Hipotecaria íntegra, esto es, antes de las enmiendas, se daba frecuentemente el caso, de faltas que podían ser subsanables o no, según ciertas circunstancias. Y, después de las enmiendas, Ley de 1 de ■marzo de 1902, Secciones 2180 a 2190, Estatutos Revisados de 1911, es mucho más arriesgado determinar esa calidad. La falta subsanable permite la inscripción con la constancia de que tal falta existe. La insubsanable acarrea la denega-ción, y la toma de anotación preventiva. Consecuencia de estas disposiciones legales es la de que pueda inscribirse con la constancia de falta subsanable un contrato que, en la realidad, tenga un defecto insubsanable.

La calificación más liberal se ajusta mejor al propósito de las enmiendas a la ley; y en ese sentido debe calificarse esta falta como subsanable.

Se revoca la nota del registrador, ordenándose la inscrip-ción solicitada, consignando como subscmable los defectos apuntados por el registrador."