author: El Juez Asociado Se. MaoLeaby,

text:
    El Pueblo v. Massó.
    ApelaoiÓN procedente de la Córte de Distrito de G-uáyama.
    No. 441.

    Resuelto en junio 18, 1912.
    'Derecho Penal — Suficiencia de la Denuncia — Examinada la denuncia en su totalidad, demuestra que el delito fué cometido en el distrito municipal de Guayama. El no haberse repetido la palabra ‘'pública’' al definir el delito contra la paz, no constituye defecto alguno, pues los hechos alegados en la denuncia demuestran cómo se alteró la paz, y tales heehos son los que deter-minan la naturaleza del crimen imputado y nó el nombre que pueda darle el denunciante.
    Id. — Evidencia Admisible. — Habiendo ocurrido parte de los heehos imputados al acusado en la calle, y otros en el depósito, no cometió error el tribunal sentenciador al rehusar la eliminación de la declaración de un testigo relativa a lo que sucedió dentro del depósito, sobre todo teniendo en cuenta que su declaración fué admitida sin oponerse el acusado.
    Id. — Corroboración de la Declaración del Denunciante. — La declaración de un testigo en un caso de esta naturaleza es suficiente para probar los heehos alegados en la denuncia, y no necesita corroboración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte apelante no compareció.
    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MaoLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició esta cansa en la corte municipal de Guayama, y habiendo dicha corte dictado sentencia contra el acusado, interpuso éste apelación para ante la corte de distrito, en donde después de celebrarse nn nuevo juicio fué también declarado culpable dicho acusado y condenado a sufrir no-venta días de prisión en la cárcel y al pago de las costas. Nó estando todavía conforme con el resultado de los proce-dimientos, interpuso recurso de apelación para ante esta cort'e.

Aparece en los aritos una exposición del caso pero no se lia presentado ningún alegato, ni estuvo representado el ape-lante por medio de abogado. El Pueblo compareció por su Fiscal, habiendo quedado los autos que ahora examinamos sometidos con el caso a nuestra consideración, al celebrarse La vista de esta apelación en once del corriente mes.

El acusado presentó a la corte sentenciadora una excep-ción perentoria a la denuncia, fundada (a) en que la misma no expresaba el distrito en que el delito se cometió; y (b) por-que el delito denunciado se denomina “alterar la paz” en vez de “contra la paz pública.” La corte de distrito deses-timó esta excepción.

La denuncia es como sigue:

“Juzgado Municipal de Guayama. United States of America, ss: The President of the United States. El Pueblo de Puerto Pico v. Pedro Juan Massó. Yo, Landelino Ortiz, P. I. 242, vecino de Guayama, calle de Marina número — de 27 años, formulo denuncia contra Pedro Juan Massó por delito de alterar la paz pública, cometido de la manera siguiente: que en febrero 3 de 1912, y hora 9 p. m., y en la calle de San Fernando del distrito judicial del juzgado municipal, el referido acusado voluntaria y maliciosamente me provocó con palabras obcenas tales como * * * (usando las palabras más indecentes en el idioma español), todo esto de una manera desordenada,” etc.

Toda la denuncia debe considerarse en conjunto y exa-minada así resulta suficientemente de la misma que el delito se cometió en el distrito municipal de Guayama. Expresa además dicha denuncia que el acusado voluntaria y malicio-samente provocó a un policía que le había arrestado, em-pleando de una manera desordenada palabras obcenas y gro-seras, que no es necesario repetir. La acusación que se ha hecho de que alteró la paz es suficiente, pues los hechos que han sido alegados demuestran la forma en que se alteró la paz. Se infringió el artículo 368 del Código Penal cuya in-fracción se expresa en la denuncia, si bien la palabra pública no aparece repetida en el texto de la denuncia. Son los be-clios qne se alegan los que determinan qné delito es el 'qne se imputa, en la denuncia y no el nombre que pueda darle al delito el denunciante. El Pueblo v. González, 17 D. P. R., 1186.)

Al terminar su declaración el testigo Lao, el acusado pre-sentó una moción para que su declaración fuera eliminada, pues en ella sólo se bacía referencia a .lo qne babía pasado dentro del depósito. Esta moción fué debidamente negada porque la declaración se babía admitido sin formularse obje-ción a la misma y aun en el caso de que no fuera admisible la moción para eliminarla, no hubiera podido declararse con lugar, a falta de alguna otra razón que fuera mejor que la que fué presentada. (People v. Long, 43 Cal., 444; 12 Cyc., 565.) Pero la prueba fué esencial, pertinente y adecuada. Algunos de los becbos alegados ocurrieron en la calle y otros en el depósito que estaba situado en la misma calle y todos en conjunto constituyeron un acontecimiento. Por consi-guiente, toda la serie de becbos quedó debidamente probada ante la corte, cuyos becbos fueron tomados en consideración al dictarse la sentencia.

Terminada toda la prueba el acusado presentó una mo-ción solicitando su absolución, “por no baber sido corro-borada la declaración del policía por los otros dos testigos.”' No era necesario que quedara corroborada pues la declara-ción de un testigo es suficiente para probar los becbos que se imputan en esta denuncia. (Art. 18 de la Ley de Evi-dencia.) Pero puede ser que los abogados del acusado tra-taban de conseguir en su moción la absolución del acusado-por el fundamento de falta de prueba suficiente en la que-pudiera fundarse la denuncia de alteración de la paz. Si esto fué así, la moción fué debidamente desestimada.

La prueba fué amplia. El acusado con su conducta tuvo-el propósito de alterar la paz del pueblo, la que fué inexcusable como quiera que se la considere. Los becbos probados demuestran claramente el delito por el cual se acusó al ape-lante, y la sentencia está enteramente justificada. Debe por consiguiente ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Ramos v. Sucesión Cabán.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 829.
    Resuelto en junio 18, 1912.
    Hijos Naturales — Acción de Filiación — Suficiencia de la Demanda. — En una demanda sobre reconocimiento de hijo natural, no es necesario alegar específicamente todos los diferentes actos ejecutados por el padre demostra-tivos del reconocimiento. Dichos actos deben ser, como lo fueron en el pre-sente caso, objeto de la prueba practicada durante la celebración del juicio.
    Id. — Hechos Esenciales que Deben Establecerse. — Dos son las circunstancias que de acuerdo eon la Ley 11 Toro, deben demostrarse en un caso de filiación: Io. que el hijo fué concebido o nació cuando sus padres podían casarse justa-mente, sin dispensación; 2o. que el padre lo reconoció como a su hijo natural.
    Id. — Acción de Filiación — Pruebas.—Examinada la prueba aportada al juicio en el caso de autos, este tribunal resolvió, que apreciada en su totalidad era de tal manera clara y suficiente que debía concederse lo solicitado en la demanda, y revocó la sentencia apelada.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Augusto Malaret y José G. Torres.

    Abogados del apelado: Sres. Carlos Franco Soto y José de Gu,zmán Bedites.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre filiación. En la demanda en-mendada se alega:

“Primero. Que el demandante nació el día 15 de octubre de 1889 y es, por tanto, mayor de edad, con capacidad para demandar y ser demandado, y es vecino de San' Sebastián, de este distrito judicial.
“Segundo. Que la sucesión demandada la compone Onorífera Cabán, mayor de edad, hija legítima de Don Juan Tomás Cabán, residente en San Sebastián, de este distrito judicial.
“Tercero. Que Don Juan Tomás Cabán, en sus relaciones amo-rosas con Doña María Ramos, tuvo el demandante Prudencio Ramos, quien pública y privadamente fué siempre tenido por su padre Don Juan Tomás Cabán como bijo suyo. Y al tiempo de la concepción y nacimiento del demandante, sus referidos padres eran solteros y esta-ban en aptitud de contraer matrimonio.
“Cuarto. Que Don Juan Tomás Cabán falleció el 8 de marzo de 1910.”.

Onorífera Cabán, por conducto de su abogado, contestó la demanda en la siguiente forma:

“I. No admite el liecho primero en cuanto a la feolia del naci-miento de Prudencio Ramos.
1 ‘ II. No admite el beelio segundo, toda vez que la Sucesión de Don Juan Tomás Cabán no está compuesta solamente por Onorífera Cabán.
“III. Niega en absoluto que María Ramos hubiera tenido rela-ciones amorosas con Juan Tomás Cabán y que como resultado de tales relaciones tuvieran a Prudencio Ramos, negando en su consecuencia, que fuera tenido pública y privadamente por el referido Juan Tomás Cabán como liijo suyo.
“Como materia nueva de oposición, la demandada alega: que María Ramos en la época que procreó a Prudencio Ramos vivía en el barrio de Pozas de San Sebastián, y en dicho barrio y por aquel en-tonces, era una mujer pública de vida airada, concediendo favores a los numerosos individuos que la solicitaban. ’ ’

Celebrada la vista, la corte, el 2 de noviembre de 1911, dictó sentencia desestimando la demanda, con las costas a la parte actora. Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación.

Dos son los fundamentos en que descansa la sentencia ape-lada, a saber:

{a) Que la demanda no aduce hechos suficientes para basar la .causa de acción ejercitada, y

(b) Que la prueba es insuficiente, pues no aparece de ella que el padre tuviera el propósito deliberado de reconocer como hijo suyo al demandante.

En el acto de la vista en la corte inferior, se probó cumpli-damente por la certificación de inscripción, que el demandante nació el 15 de octubre de 1889 y ambas partes por medio de sus abogados ban sostenido ante esta Corte Suprema, y así es en efecto, qne la ley sustantiva qne regula este caso es la once de Toro, vigente en la fecba del nacimiento, y qne copiada a la letra dice así: “E porque no se puede dnbdar cnáles son fijos naturales, ordenamos é mandamos qne entonces se digan ser los fijos naturales, cuando al tiempo qne nascieren ó fueren concebidos, sns padres podían casar con sns madres justamente, sin dispensación, con tanto qne el padre lo reco-nozca por sn fijo, puesto qne haya tenido la mujer de quien lo ovo en sn casa, ni sea una sola: ca concurriendo en el fijo las cualidades susodichas mandamos qne sea fijo natural.” (1 Llamas y Molina. Comentario a las Leyes de Toro, 207.)

No se alegó en este caso por la parte demandada, ni existe realmente envuelta en el mismo, cuestión alguna de prescrip-ción, y los puntos esenciales a discutir y a resolver son, como hemos indicado, si la demanda es suficiente, y si los hechos alegados en la misma quedaron plenamente demostrados por la prueba.

A nuestro juicio la demanda es suficiente. Se dice én ella que Juan Tomás Cabán en sus relaciones amorosas con María Eamos, tuvo al demandante Prudencio, quien pública y privadamente fué siempre tenido por su padre Juan Tomás Cabán como hijo suyo. Y que al tiempo de la concepción y nacimiento del demandante, sns referidos padres eran solteros y estaban en aptitud de contraer matrimonio.

Esos hechos constituyen las alegaciones esenciales que es necesario establecer en un caso de esta naturaleza. Los dife-rentes actos ejecutados por el padre, demostrativos del reco-nocimiento, debían ser y fueron objeto de la prueba durante el juicio, prueba que se practicó además sin la oposición de la parte contraria.

Y en cuanto al segundo fundamento, diremos qne hemos examinado cuidadosamente toda la prueba y que es tan clara y demuestra de modo tan evidente que Juan Tomás Cabán pudo reconocer y reconoció como a sn hijo natural al deman-dante, que es necesario concluir que la corte sentenciadora cometió un error manifiesto al apreciarla.

Dos son las circunstancias que, de acuerdo con la- ley apli-cable, deben demostrarse en un caso de esta naturaleza.

Io. Que el hijo fue concebido o nació cuando sus padres podían casarse justamente, sin dispensación, y

2o. Que el padre lo reconoció como a su hijo natural.

Veamos la primera circunstancia.

Es un hecho probado por las declaraciones de los testigos de ambas partes, que Juana María Ramos, la madre del de-mandante, vivía en el barrio de Pozas, de San Sebastián, y que Juan Tomás Cabán, residía en el pueblo.

El testigo Juan Pereira, de 54 años de edad, declaró que: “Siempre ha vivido en Pozas; conoce a Juana María Ramos desde niña de diez a once años; que era vecino de ella y venía a su casa a buscar candela; conocía a Juan Tomás Cabán, como treinta años; veía que pasaba por allí y casi siempre estaba cazando; él vió esa muchacha y le gustó, le dió vueltas y vueltas hasta que la desgració. ’ ’ .

Juana María Ramos dijo “que desde chiquita conoció a Juan Tomás Cabán, y tuvo siete hijos con él; que Cabán no era casado con ella, pero la tenía en el mismo lugar que si se hubiera casado por la Iglesia; que él después se casó con otra cuyo nombre no recuerda, pero que tuvo de él cinco hijos antes de casarse, entre ellos Prudencio, que nació siendo Cabán soltero. Que Prudencio nació en el barrio de la Poza siendo ella soltera y también Juan Tomás Cabán.”

Y Domingo Liciaga manifestó “que está seguro que cuando nació Prudencio no estaba casado Juan Tomás Cabán.”

La parte contraria no se opuso a la práctica de esa prueba, ni la contradijo al presentar la suya, y en tal virtud y aten-dido además el resultado de las otras pruebas practicadas, debe concluirse que cuando el demandante fue concebido y nació, sus padres pudieron haber contraído matrimonio justa-mente, sin necesidad de dispensa alguna.

Veamos el segundo extremo. La prueba es amplia con respecto al reconocimiento: Ya hemos visto cómo declara Juana María Ramos, quien asegura, además, que Prudencio le decía a Tomás Cabán, papá, públicamente, y él le decía hijo; que ella y Cabán eran parientes; que Cabán vivió con ella maritalmente como treinta años, etc.

Francisco Ramos, de 25 años de edad, declaró que era hijo natural de Cabán y de Juana María; que Prudencio es tam-bién hijo de Cabán y que Cabán y Prudencio se trataban públicamente de padre e hijo. Este testigo reconoció la firma de Juan Tomás Cabán puesta en un papel dirigido a Pru-dencio que dice así: “Prudencio, yo espero vengas esta tarde al pueblo para que lleves a vender una novilla, yo iré esta tarde para allá, tu padre, Juan T. Cabán.” Para probar la autenticidad de ese documento, se presentó otro que al pare-cer contenía la firma de Cabán. El documento fué admitido como prueba, sin que conste que la parte demandada se opu-siera a su admisión, ni que lo impugnara como falso.

Domingo Liciaga, expresó que era hijo natural de Cabán, pero no de Juana María, que Cabán tuvo siete hijos con Juana María a quienes el testigo trataba como a hermanos por indi-cación de su propio padre.

Andrés Yera manifestó que está seguro que Prudencio es hijo de Cabán, porque este mismo se lo dijo; que llevó dos años de relaciones amorosas con una hija de Juana Ramos y Cabán, y éste un día le dijo: “Mire, Andrés, que yo quiero que mis hijas se casen con un hombre trabajador, que mañana no vayan a sufrir; él le dijo que estaba dispuesto a llevarla al altar y él entonces consintió. ’ ’

José B. Borrego, de 48 años, natural y vecino del barrio de Pozas, vivía cerca de Juana María Ramos y sabe que Cabán tenía relaciones amorosas con ella que duraron como treinta años; “que Cabán y Prudencio se trataban como padre e hijo porque oyó varias veces al chico decirle papá, y él hijo”; que está seguro de que sólo Cabán era el que sostenía a Juana Ramos y que ha visto a Prudencio pedirle públicamente la bendición a Cabán.

Segundo Cortés está enterado de relaciones entre Cabán y Juana Ramos públicas y notorias y de que Cabán trataba a Prudencio de “hijo” y éste a aquél de “padre.”

Victoriano Latorre de 57 años, dijo que ha vivido siempre en Pozas, que conoció a Juana María Ramos desde jovencita;. que ella desde esa edad no ha tenido relaciones con otro hombre que Cabán; que Juana tuvo con Cabán varios hijos; “que sabe que Prudencio era hijo de Cabán porque él le dijo que fuera a bautizarlo y cuando fueron a buscar al niño él estaba en casa de Juana María Ramos; que siempre trató a Cabán de compadre y él lo mismo.”

Dolores Rivera, de sesenta años, fué la que asistió a Juana María al dar a luz a Prudencio y lo hizo así por orden de Cabán, quien le pagó por su trabajo.

Juan Porrero sabe que Cabán vivió con Juana Ramos como treinta años; que tuvieron varios hijos entre ellos Prudencio,, que Cabán fué el único hombre que vivió con Juana.

Ya nos hemos referido a la declaración de Juan Pereira,, quien manifestó además, que Cabán trataba a Prudencio como hijo y que Prudencio le llamaba papá y él hijo y le echaba la bendición.

Miguel Cruz, de sesenta y tres años, confirma el hecho de las relaciones amorosas públicas de Cabán con Juana María Ramos y el de la existencia de hijos como resultado de dichas relaciones, entre ellos Prudencio que se dirigía a Cabán como a un padre y éste a aquél como a un hijo.

Y por último declara el propio demandante que da amplios detalles con respecto a sus relaciones con su padre natural.

La prueba de la parte demandada tendió a contradecir algunos extremos de las declaraciones de los testigos del de-mandante, tales como que Cabán hubiera llevado a Prudencio a la escuela, o lo hubiera recomendado al Dr. Franco para que lo curara de cierta enfermedad. Otros testigos manifestaron que no obstante conocer y tratar a Cabán por muchos años, no estaban enterados de que tuviera relaciones con Juana María Ramos, ni de que Prudencio fuera hijo suyo. Con respecto a las alegaciones contenidas en la contestación, de que la Sucesión Cabán no está compuesta solamente por Ono-rífera Cabán, y de que María Eamos en la época en que pro-creó a Prudencio Eamos era una mujer pública de vida airada, no presentó la parte demandada prueba alguna en el acto de la vista.

No se trata, pues, de un verdadero caso de evidencia con-tradictoria. ■ En lo fundamental, la prueba del demandante ba quedado sin contradecir. Omitiendo de ella los extremos contradichos directamente por la prueba del demandado y aceptando que no deban tomarse en consideración, aun así quedaría prueba abundante para dictar una sentencia decla-rando la demanda con lugar.

Parece que el juez no basó su resolución en que estimara dignos de crédito a los testigos del demandado y faltos de veracidad a los del demandante, sino en que apreciada en su totalidad la prueba, a su juicio no era suficiente para demos-trar el propósito deliberado del padre de reconocer al hijo.

Nosotros creemos que su conclusión es errónea, porque la prueba no solo demuestra que el demandante es hijo de Cabán y de María, concebido y nacido siendo el uno y la otra solteros, sino que fué reconocido como tal hijo privada y públicamente. Las relaciones de Cabán con María duraron muchos años. Cabán atendió a Prudencio desde antes de nacer enviando a Dolores Eivera para que asistiera a María en el momento de darlo a luz y pagándole después. Cabán pidió a Victoriano Latorre que sirviera de padrino a su hijo Prudencio. Latorre accedió y fué siempre tratado después por Cabán como su compadre. Cabán llamó públicamente “hijo” a Prudencio y éste “padre” a Cabán. Cabán bendijo también públicamente a su hijo Prudencio y en sus relaciones de negocios le escribió un papel firmado:. “Tu padre, Juan T. Cabán. ”

La prueba es, pues, de tal manera clara, que es necesario concluir, como dijimos al comenzar a analizarla, que el juez de distrito la apreció con manifiesto error, procediendo, por tanto, la revocación de sn sentencia, dictándose en su lngar otra por esta Corte Suprema concediendo lo solicitado en la demanda.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolr,

text:
    Jiménez v. Cartagena.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia.
    No. 815.
    Resuelto eu junio 21, 1912.
    Sentencias — Imposibilidad de Cumplirlas — Devolución de Cantidad Pagada Indebidamente. — Los preceptos del artículo 1068 del Código Civil y 923 de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, solamente son aplicables a los casos en que la ejecución de una sentencia se hace imposible por algún acto ejecu-tado por el propio demandado, pero no cuando la imposibilidad de cumplirla se debe a actos del demandante, como sucede en este caso.
    Id. — Cuestiones Resueltas en la Sentencia. — Cuando en una sentencia dictada en un pleito sobre cobro de pago indebido, el tribunal ordena que ambas partes litigantes devuelvan lo que ambas han recibido, no puede el deman-dante, bajo pretexto efe que le es imposible devolver lo que él ha recibido, pedir al tribunal, después de dictada la sentencia, y en el procedimiento para su cumplimiento, que obligue al demandado a pagarle la cantidad que indebidamente recibió.
    Apelación- — Ordenes Inapelables — Sentencia Consentida. — Es inapelable, poí-no tener el carácter de providencia especial dictada después de una sentencia definitiva, la resolución dictada por el tribunal sentenciador en el caso de autos denegando una moción del demandante para que como cumplimiento de la sentencia, se obligue al demandado a pagarle lo que indebidamente recibió.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José de Gusmán Benítes.

    Abogados del apelado: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wolr,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se interpuso apelación contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan negando una moción cuyo fin fué, según se ha alegado, solicitar la intervención de la corte en la ejecución de una sentencia. Los autos están formados por la sentencia contra la cual se ha interpuesto apelación, la moción sobre la cnal se dictó la resolución, la sentencia primitiva y las conclusiones de becbo de la corte.

Aparece de las conclusiones de becbo, de la corte, que en Io. de junio, 1908, Emilio Jiménez y Juan José Cartagena, cele-braron un contrato verbal en virtud del cual constituyeron una sociedad industrial denominada Cartagena y Jiménez con domicilio en la ciudad de San Juan, dedicada a trabajos de ingeniería, cuya sociedad debía repartir de por mitad entre ambos socios los productos líquidos que se obtuviesen, y desde esa fecba realizó dicba firma los negocios a que estaba dedi-cada sin baber llegado a formalizar su escritura de constitu-ción, actuando los referidos socios como tales y con el uso de la firma social. Que en 6 de marzo de 1911 los socios acorda-ron practicar y practicaron un balance de los negocios de la sociedad, cuyo balance fué redactado y escrito por Emilio Ji-ménez con la intervención y consentimiento de Juan José Car-tagena. Al practicarse dicbo balance se incurrió en el error de consignar en el mismo como capital existente en la socie-dad, varias partidas comprensibles de beneficios que se habían obtenido en diversos ramos por un valor de $10,142.14 cuyos beneficios ya en realidad no existían .porque habían sido per-cibidos y gastados anteriormente por los mismos socios. Como consecuencia de este error, se incurrió en la equivoca-ción de atribuir a cada partícipe, después de liquidadas todas las cuentas, un baber mayor del que realmente le correspondía a cada socio, a saber: a Juan José Cartagena, $4,429.20 y Emilio Jiménez $4,853.35. . Al practicarse la liquidación defi - nitiva en 19 de abril de 1911, para determinar el baber líquido de Cartagena, ambos socios practicaron dicba liquidación, en-cabezando el baber del susodicho Cartagena con la partida de $4,429.20 que unidos a otras partidas de beneficios obtenidos desde el 6 de marzo de 1911 basta el 18 de abril del mismo año, arrojaban un baber a favor de Cartagena de $5,482.19 que constituyeron el precio de la venta, habiendo recibido Carta-gena en pequeñas partidas $82.19 a cuenta de dicba suma. El día 3 de mayo de 1911 ambos socios otorgaron una escritura de disolución de la sociedad y compraventa de la participación de Cartagena por precio de los $5,400 restantes, de los cuales Jiménez había entregado $5,000 a Cartagena antes del otorga-miento de esta escritura. Comprobado el error de la prueba practicada resulta, que a Cartagena solo le correspondía al disolverse la sociedad, la cantidad de $2,872.53, y habiéndose demostrado que se le entregaron $5,000 resulta que recibió indebidamente la cantidad de $2,209.66 los cuales está obli-gado a devolver.

Luego continúa la corte expresando que con arreglo a las condiciones de esta disolución y venta, y habiéndose descu-bierto el error, debe anularse según la ley el pago que se veri-ficó en tales condiciones, debiendo restituirse las cosas al es-tado que tenían antes de ocurrir el error, según expresa Man-resa en sus Comentarios al Código Civil, tomo 12, página 576. Y termina la corte expresando que Cartagena está obligado a devolver la cantidad que indebidamente se le pagó, teniendo también Jiménez la obligación de restituir la participación que haya recibido, para que queden restituidas, las cosas al estado que tenían antes. El juez llama también la atención hacia el hecho de haber Cartagena consentido en la venta de su parti-cipación, pero habiendo ocurrido un error en la cantidad, es evidente que este consentimiento está viciado por el error; y que debe tenerse en cuenta que el demandado estuvo conforme en devolver la cantidad siempre que el demandante se allanase a rescindir el contrato y a colocar las cosas en el estado que antes tuvieron, citando nuevamente la corte a Manresa con el mismo fin. Y fundándose en sus conclusiones de hecho y de derecho, la corte dictó una sentencia en 11 de noviembre, 1911, por la que ordena y decreta que ambas partes restituyan recí-procamente a la sociedad lo que indebidamente hayan perci-bido; o sea, que Cartagena debe devolver a la sociedad la suma total por él percibida; y Jiménez deberá restituir a la misma la participación total que haya percibido, quedando así las cosas en el estado que tenían antes de la realización de dicho contrato.

Así las cosas, en 16 de diciembre, 1911, Emilio Jiménez, por medio de sns abogados compareció ante la corte, fundán-dose en los becbos de la anterior sentencia y alegando que le era imposible dar cumplimiento a lo que en la misma se le ordenaba, porque algún tiempo después de la disolución de la sociedad y mientras el pleito estaba pendiente, había cele-brado un contrato de sociedad con Antonio Eibot, Francisco del Valle Atiles y Francisco del Valle Muñoz y le sería im-posible continuar en la anterior sociedad con Juan José Car-tagena, por haber traspasado a la nueva sociedad todos los enseres y útiles de la sociedad disuelta; suplicando a la corte el peticionario, que de conformidad con el artículo 1068 del Código Civil y el 923 de la Ley de Enjuiciamiento Civil an-tigua, y por vía de ejecución de sentencia en este caso, se obli-gara a Cartagena a pagar a Jiménez el saldo que la corte estimó haber sido erróneamente tomado en cuenta al hacer los socios la liquidación.

Es evidente que mientras se encontraba pendiente la pri-mera acción y antes de que se dictara sentencia, si bien el demandante solicitó que se le devolviera el dinero que alega fué pagado indebidamente al demandado y apelado, formó una sociedad con terceras personas traspasando a esa socie-dad los útiles y enseres que anteriormente pertenecían a la firma de Cartagena y Jiménez, creando así la imposibilidad a que hace referencia en su moción. No consta de los autos cuáles fueran estos útiles y enseres, pero sí aparece en la moción que el apelante presentó en la corte inferior, que él consideraba que se había hecho imposible la restitución de las cosas al estado que tenían. Según hemos visto, la corte resol-vió que cuando dos personas consienten en celebrar un con-trato y en el consentimiento de una de las partes ha mediado algún error de hecho, el medio adecuado de subsanarlo es restituyendo las cosas al estado en que se encontraban ante-riormente. El demandado había consentido en la disolución' porque creyó que se le pagaría cierta suma de dinero y que tenía derecho a estar en condiciones de ser debidamente com-pensado en sn participación cualquiera que ésta fuera. La corte debidamente consideró así el caso en sus conclusiones y sentencia. Si el apelante quiso valerse de la acción que había iniciado, debió baber conservado el status quo. Los artículos 1068 del Código Civil y 923 de la Ley de Enjuicia-miento Civil antigua son aplicables a los casos en que el de-mandado, debido a algún acto propio, hace imposible la eje-cución. En este caso, sin embargo, la dificultad la ocasionó el mismo demandante. El permitió que se celebrara el juicio y durante el mismo no demostró o alegó que hubiera traspa-sado los enseres y útiles de la sociedad de Cartagena y Jimé-nez a otra sociedad. Si lo hubiera hecho así entonces la corte hubiera adoptado otro procedimiento al dictar su sentencia, o tal vez habría resuelto que el demandante equivocó su causa de acción. Las alegaciones del pleito anterior no se encuen-tran en este tribunal. La moción del demandante no tenía por objeto que se reconsiderase la sentencia o que se cele-brara un nuevo juicio en el que pudieran considerarse todos los hechos, sino que en ella solamente se pedía que la corte decretara que Cartagena pagara la suma que debía según la corrección que se hizo en la liquidación. Esto fué lo que debió haberse solicitado, ya en el pleito principal o mediante alguna otra acción semejante. Creemos que la sentencia re-solvió enteramente la controversia entre las partes y que las cuestiones promovidas en la moción debieron haberse discu-tido en las alegaciones y pruebas sobre las que se fundó la sentencia, para que existiera una resolución definitiva de los derechos de las partes. La sentencia dictada constituyó tal determinación definitiva y la ley no proporcionaba al deman-dante el remedio por vía de ejecución según lo solicitó, por haber sido ya resueltos en la sentencia los derechos de las par-tes con respecto a este particular. La sentencia era con-gruente con la demanda y las pruebas, y como ya hemos dicho, en ella quedó resuelta toda la controversia, sin que se interpu-siera recurso de apelación.

La repetida sentencia no fué apelada por ninguna de las partes, y como la cuestión .suscitada por el demandante con motivo de su ejecución, fué resuelta por el juez sentenciador en armonía con lo ya decidido en su sentencia consentida por ambas partes, no procede en manera alguna revocar su reso-lución. Además, bajo tales circunstancias, no puede califi-carse la orden recurrida, como- una providencia especial dic-tada después de una sentencia definitiva y no cabe, por tanto, ejercitar contra ella el recurso de apelación que autoriza el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, de, confor-midad con el principio enunciado por este tribunal y por la Corte Suprema de California en los casos de Avalo Sánchez v. Díaz, 9 P. R. R., 310; 9 D. P. R., 339; Tupp v. Santa Rosa Street R. R. Co., 69 Cal., 632; Ayoroa v. Sucesión Méndez, 13 P. R. R., 278-9; 13 D. P R., 286; Ríos v. Ríos, 15 P. R. R., 264; 15 D. P. R., 281.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres: Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Morales v. Arce.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 808.
    Resuelto en junio 21, 1912.
    Indebida Acumulación de Causas de Acción — Remedio del Demandado.— Guando una demanda adolece del defecto de indebida acumulación de causas de acción, el remedio del demandado, es excepcional’ la demanda por ese fundamento, y no presentar una moción- para que la corte obligue al deman-dante a enmendar la demanda exponiendo separadamente las distintas causas de acción.
    Defecto de Partes Demandadas — Nombres de las Partes Necesarias. — Para que pueda interponerse con éxito contra una demanda la excepción de defecto de partes demandadas, es necesario que tal defeeto aparezca de la faz de la „ demanda, y la excepción debe expresar los nombres de las partes demandadas necesarias no incluidas en. la demanda, y si no se hace así, la. excepción es defectuosa.

      Beconvención — Beclamaciones de Dinero — Cuentas.—La reconvención tiene por objeto principal, reclamaciones de dinero o relacionadas con cuentas, y no cuestiones relacionadas con el derecho de propiedad a bienes muebles o in-muebles.
    Id. — Interpretación de Let — Beconvención en Tercerías de Dominio.- — Los preceptos del artículo 112 del Código de Enjuiciamiento Civil no tienen apli-cación al procedimiento de tercería de dominio, y por lo tanto, cuando en tal procedimiento la persona que ha obtenido el embargo a su favor, deja de alegar por vía de reconvención, el carácter fraudulento del título del ter-cerista, eso no le impide el que pueda promover después una acción para res-cindir el título del tercerista por ser un traspaso de carácter fraudulento hecho en fraude de acreedores.
    Tercería de Dominio — Acción Bescisoria — Acumulación de Acciones — Cosa Juzgada. — Una acción de rescisión de un contrato por ser un traspaso fraudu-lento hecho en fraude de acreedores, no puede acumularse a un procedimiento de tercería de dominio en el. que se discute la propiedad de los bienes embar-gados, y una sentencia dictada en tal procedimiento de torcería de dominio no puede después ser alegada como fundamento de la excepción de cosa juz-gada en la acción rescisoria para rescindir el título del tercerista.
    Acción Bescisoria — Traspaso Hecho en Braude de Acreedores. — Examinada la prueba en el caso de'autos, este tribunal resolvió, que habiéndose justificado la existencia de la deuda, la insolvencia del deudor y la imposibilidad del acreedor de hacer efectiva la sentencia que había obtenido contra su deudor, y tomadas en consideración las otras circunstancias del caso, es indudable que el traspaso objeto de este pleito fué hecho en fraude de acreedores y por lo tanto es reseindible.
    Id. — Carácter Subsidiario de la Acción Bescisoria. — Guando un deudor por sentencia, traspasa sus bienes dejando a su acreedor por sentencia imposibili-tado de cobrar su crédito, procede la acción rescisoria para rescindir el tras-paso hecho por el deudor en fraude del acreedor, y aunque la acción rescisoria tiene el carácter de subsidiaria, no por eso carece de todos los elementos constitutivos de una acción principal y es completamente independiente de cualquier otra acción.
    Traspaso en Braude de Acreedores — Prueba de la Existencia del Braude— Presunción. — El descubrimiento de la intención fraudulenta es raras veces objeto de prueba directa y concluyente. Exigir prueba concluyente en un caso de fraude sería atacar y destruir los fines de la justicia. La ley por tanto solamente exige un 'grado razonable de certeza.
    Id. — Prueba Satisfactoria del Braude. — Personas Belacionadas Intima-mente. — Para demostrar la existencia de una intención fraudulenta entre personas' relacionadas confidencialmente, basta con presentar prueba satis-factoria del fraude.
    Id. — Presunción del Braude. — Cuando un deudor por sentencia traspasa a un cuñado los únicos bienes que tiene y que han sido embargados para responder de la sentencia, habiendo tenido dicho deudor como abogado en el pleito en el cual se dictó sentencia, contra él, al citado cuñado a quien posterior-mente le traspasó los bienes embargados, sur je la presunción que determina el artículo 1264 del Código Civil Bevisado, y no habiéndose presentado prueba para destruir esa presunción, tal traspaso tiene el carácter de fraudulento.

      ■Tercero — Tercerista.—No puede invocar el carácter de tercero, para que se le apliquen las disposiciones del párrafo 2o. del artículo 1262 del Código Civil Revisado, un tercerista que compra los únicos bienes que tiene un deudor por sentencia, y que por lo tanto lia intervenido como comprador en el citado contrato impugnado por el acreedor por sentencia, como fraudulento.
    Traspasos Fraudulentos — Indemnización de DaSos y Perjuicios — Cuantía de la Indemnización. — El adquiriente de mala fe de cosas enajenadas en fraude de acreedores deberá indemnizar a los acreedores de los daños y per-juicios que la enajenación les hubiese ocasionado, o sea, el importe del crédito con sus intereses, o el valor de la cosa enajenada, con más los gastos que el ejercicio de la acción rescisoria haya ocasionado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Manuel Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. ArUiro Aponte, Jr.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fné establecido en la Corte de Distrito de Hu-macao el día 30 de septiembre de 1910 solicitando qne se res-cindiera un contrato celebrado entre los demandados, en el qne se hacían ciertas cesiones de derechos y acciones, por el funda-mento de qne se había cometido nn fraude qne afectaba a los acreedores del cedente. Se negaron las alegaciones refe-rentes a la comisión de dicho fraude y se sometió el caso por alegatos escritos, el qne fné resuelto por la corte sentencia-dora el día 5 de junio de 1911 a favor del demandante, contra cuya sentencia el demandado Arce que es el comprador según el contrato, solamente interpuso recurso de apelación. Se remitió la transcripción a este tribunal en 15 de febrero último, celebrándose la vista de este pleito el día 3 de mayo siguiente.

Con fecha 30 de septiembre de 1910 José E.. Morales pro-dujo demanda ante la Corte de Distrito de Humacao contra Jacinto Blanco Carvajal y Rafael Arce Rollet, alegando los siguientes hechos:

1 ‘ Io. Que en 12 de marzo de 1907, y antes de ese día, el demandado Jacinto Blanco era deudor de la mercantil Delgado y Díaz de Aguas Buenas, por la suma de $403.25, y poco después de la indicada fecha vendió esa sociedad sus existencias, activo y pasivo, a varios indivi-duos, quienes las cedieron al demandante José E. Morales en 5 de abril de 1907, desde cuya feeba quedó Morales al frente de las negocia-ciones de la referida sociedad.
“2o. Que Jacinto Blanco fué requerido por la mercantil Delgado y Díaz para que pagara la suma adeudada y ese requerimiento fué repetido por el demandante, habiendo sido siempre inútiles todas las gestiones de cobros practicadas.
‘ ‘ 3o. Que el otro demandado Rafael Arce, casado con una hermana de Jacinto Blanco, fué advertido distintas veces de las circunstancias en que se hallaba Blanco con relación a sus acreedores, con el fin de que influyera con su cuñado para que éste verificara el pago de las deudas contraídas, entre las cuales se encontraba la del demandante.
‘14o. Que Arce, sabedor de lo que pasaba a su cuñado Blanco, siem-pre hizo creer a los otros acreedores que las sumas adeudadas serían satisfechas cumplidamente por su referido cuñado, sobre el cual ejer-cía gran influencia.
‘! 5o. Que a raíz de haber sido requerido Blanco para que pagara al demandante la suma adeudada de $403.25 y a raíz de haberse hecho a Blanco la advertencia anteriormente indicada, Blanco vendió a Arce todos sus derechos y acciones en la herencia de sus padres, con el único propósito de defraudar a los acreedores de Blanco, entre los que se encontraba el demandante por virtud de la cesión hecha en 5 de abril de 1907.
“6o. Que la cesión de derechos y acciones de Blanco a Arce fué posterior a la fecha en que se originó la deuda de Blanco con la mercan-til Delgado y Díaz, y posterior también a la fecha en que se hicieron a Blanco y a Arce respectivamente los requerimientos y advertencias de que se deja hecho mérito.
“7o. Que ignorando el demandante el traspaso fraudulento verifi-cado por Blanco a favor de Arce, presentó demanda ante la corte municipal de Caguas para el cobro de los $403.25 que le adeudaba Blanco, cuyo juicio terminó por sentencia en contra de Blanco, que fué con-firmada por la Corte de Distrito de Iíumacao y por esta Corte Suprema.
“8o. Que librada ejecución contra el demandado Blanco, no pudo hacerse efectiva la sentencia, por no tener Blanco otros bienes que los traspasados fraudulentamente al demandado Arce.
“9o Que por virtud de la cesión de derechos y acciones hecha por Blanco a favor de Arce, intervino éste en las operaciones divisorias del caudal de los padres de Blanco y se le adjudicaron todos los bienes que al otro demandado habían de corresponder, los cuales se encuen-tran a nombre de Arce.
‘110°. Que ambos demandados Blanco y Arce con el fraude perpe-trado lian perjudicado al demandante en más de $600 que le ban becbo gastar' en abogados y desembolsos judiciales y extrajudiciales para el mejor desenvolvimiento de los litigios y procedimientos a que ba dado lugar el convenio fraudulento de que se trata.
‘ ‘ 11°. Que el crédito del demandante contra Blanco, dados los inte-reses devengados y las costas causadas, asciende a una suma mayor de $500.”

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia a favor del demandante y en contra de los demanda-dos, con los siguientes pronunciamientos:

Io. Declarando la rescisión y nulidad por ser en fraude de acree-dores de la escritura de cesión y traspaso de acciones y derechos otor-gada por Jacinto Blanco Carvajal a favor de su cuñado Rafael Arce Rollet en 12 de marzo de 1907, ante el notario de Caguas Don José A. Cajas y Machado.
‘ ‘ 2o. Declarando asimismo nula y sin ningún valor la adjudicación hecha al demandado Arce de los bienes que debían de corresponder al otro demandado Blanco en la testamentaría de los difuntos padres de éste, cuya adjudicación se llevó a efecto en escritura de adjudica-ción y participación otorgada en 22 de noviembre de 1908, ante .el notario de Caguas, Don Lorenzo Jiménez García.
‘ ‘ 3o. Condenando a los demandados Blanco y Arce al pago de $600 como indemnización de daños y perjuicios causados al demandante por los actos de fraude realizados en su perjuicio.
“4o. Imponiendo todas las costas del pleito y los honorarios de abogados a los demandados.”

Emplazados ambos demandados, Rafael Arce presentó 'moción a la corte pidiendo se ordenara al demandante Morales enmendara su demanda, exponiendo separadamente las distintas acciones en ella acumuladas, y esa moción fué de-clarada sin lugar.

Posteriormente, el mismo demandado Arce opuso a la demanda las excepciones previas de no aducir hechos sufi-cientes para determinar las diversas causas de acción en ella ejercitadas o cualquiera de las mismas; de defecto de partes demandadas, en cuanto a la nulidad de la adjudica-ción hecha a Rafael Arce, como cesionario de Jacinto Blanco, en la partición de los bienes relictos al fallecimiento de los padres de Blanco, y de ser ininteligible y ambigua la demanda en cnanto a la acción de daños y perjuicios respecto del de-' mandado Arce, cuyas excepciones también fueron declara-das sin lugar por resolución de 30 de noviembre de 1910.

Por fin Arce contestó la demanda y en su contestación acepta que por escritura pública de 12 de marzo de 1907, Delgado le bizo cesión con justa y suficiente causa de los dere-chos y acciones que le correspondían en la testamentaría de sus difuntos padres, habiéndose convenido dicha cesión en junio de 1906, cuando aun no había comenzado la cuenta co-rriente con Delgado y Díaz, y que por virtud de dicha cesión se le adjudicaron en las operaciones divisorias del caudal de los padres de Blanco todos los bienes que a éste habían de corresponder; pero niega la existencia del crédito de 403 dollars 25 centavos contra Blanco a favor de la mercantil Delgado y Díaz, que' interviniera en la cesión fraude al-guno por parte de Blanco y Arce para perjudicar en su pre-tendido crédito al demandante Morales, y que Delgado que-dara insolvente con motivo de la cesión a su favor de los derechos y acciones de que se deja hecho mérito.

Alegó también Arce como materia nueva en el hecho Io. de su contestación, “que Jacinto Blanco sostenía con Delgado y Díaz una cuenta corriente, la que aseguraba arrojar saldo a su favor; que Delgado y Díaz presentó procedimiento de quiebra ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico, y en él presentó una relación de su activo y pasivo, en la cual asegura que el crédito contra Jacinto Blanco, por saldo de dicha cuenta corriente es solamente la cantidad de treinta dollars; que Jacinto Blanco asegura y siempre ha asegurado que dicha cuenta corriente arroja saldo a su favor; que el único crédito contra Jacinto Blanco cedido por Delgado y Díaz, y por los cesionarios de éste a José Morales, lo es aquél por treinta dollars, relacionado en el balance o relación de activo y pasivo presentado por Delgado, y Díaz, en el dicho procedimiento de quiebra, y que Jacinto Blanco nada adeuda por saldo de cuenta corriente, de toma de efectivo y mercadería en la casa de comercio de Delgado y Díaz de Aguas Biienas, ni por otro alguno, a José E. Morales o a Delgado y Díaz, así como tampoco a ninguna otra persona natural o jurídica.”

En el hecho 3o. “que enteró de esa advertencia (de la conversación que Morales tuvo con él sobre la deuda de Blanco) a su cuñado Sr. Blanco, quien le contestó asegurán-dole ser acreedor de Delgado y Díaz y que éstos no habían liquidado con él su cuenta corriente, en la cual no le abona-ban varias partidas de café entregadas por él a dicha socie-dad. ’ ’

Alega también, “que iniciado un pleito'por José E. Morales contra Jacinto Blanco en cobro de la deuda que asegura en la alegación primera de su demanda, tiene contra éste, se enteró, que Delgado y Díaz, habían hecho a los efectos del procedimiento de quiebra a3ites expresado, una relación de su activo y pasivo y en ella confesaban que el crédito contra Blanco ascendía solamente a treinta dollars.”

En el hecho 12°. “que en la tercería de dominio de cier-tos bienes embargados por José E. Morales para hacer efec-tiva la sentencia dictada contra Jacinto Blanco, alegó ser dueño de la propiedad embargada por haber sido adjudi-cada al Sr. Arce Rollet en las operaciones particionales de las herencias de Don Jacinto Blanco González y Doña En-carnación Carvajal de Blanco y que tal adjudicación se le había hecho al Sr. Arce, como representante en dichas heren-cias de Don Jacinto Blanco Carvajal por virtud de la ce-sión de derechos y acciones hereditarios, otorgada a favor de dicho Arce por el heredero Sr. Blanco y que se elevó a escritura pública en doce de marzo de 1907.”

Y alega el demandado Arce “que dicha demanda'fué con-testada por el Sr. Morales, sin solicitar o proponer recon-vención a dicha demanda, alegando que tal contrato de ce-sión de derechos y acciones era nulo o rescinclible • por ha-berse celebrado en fraude de acreedores, y que en dicho pleito fué discutida la cuestión de propiedad de los bienes embargados y validez de dicho título de cesión y recayó sentencia qne tiene el carácter de firme.”

Las alegaciones 11a. y 13a., 14a. y 15a. de la misma con-testación dicen así:

“11a. El demandado Arce, niega por falta de información la ale-gación undécima de la demanda, alegando en contrario que Blanco nada adeuda a Morales.
“13a. Alega también el Sr. Arce que en el pleito relacionado en el hecho anterior de esta contestación se discutió la validez del contrato de cesión antes relacionado, otorgado por Blanco a favor del Sr. Arce, y en tal'pleito recayó sentencia declarando con lugar la tercería sos-tenida por dicho contrato, y dicha sentencia fué consentida por el Sr. José E. Morales, que no estableció recurso alguno contra ella y ad-quirió el carácter de firme.
“14a. Se alega asimismo, que en la partición de los derechos y ac-ciones, digo de los bienes de Don Jacinto Blanco González y la esposa de éste, intervinieron además del Sr. Arce, los herederos, Doña Carmen Blanco Carvajal, Doña Cándida Blanco Carvajal y Doña-Ger-trudis Blanco Carvajal que lo hizo por su heredero usufructuario Don Ramón de las Barcenas, a quienes afectaría la nulidad solicitada de la adjudicación hecha en dichas operaciones al Sr. Arce.
“15a. Como última defensa se alega que de declararse la nulidad del contrato de cesión otorgada por Blanco a favor de Arce, vendrían obligados los otorgantes, de los que el Sr. Arce se encuentra casado con Doña Carmen Blanco Carvajal, a la devolución de lo que por tal con-trato recibieron y que a virtud de tal contrato adquirió Arce ya casado, propiedad inmueble.”

Todas las alegaciones qne se dejan transcritas fueron excluidas de la contestación de Arce por orden de la corte a virtud de moción de la parte demandante.

Celebrado el juicio, la corte de Iiumacao dictó sentencia en 5 de junio del año próximo pasado con los siguientes pro-nunciamientos :

“Primero. Que debe declarar y declara rescindido y nulo el con-trato de traspaso de derechos y acciones, otorgado por Jacinto Blanco Carvajal en escritura pública de doce de marzo de 1907, ante el no-tario de Caguas, José A. Cajas y Machado, a favor de Rafael Arce Rollet, por haber sido hecho en fraude de acreedores.
“Segundo. Y asimismo declara nula y sin valor la adjudicación hecha a Rafael Arce Rollet de los bienes que habían de corresponder a Jacinto Blanco Carvajal en la testamentaría de los difuntos padres de éste, en escritura de partición y adjudicación otorgada ante el notario de Caguas Don Lorenzo Jiménez García, y en 22 de noviembre de 1908.
“Tercero. Que el demandante José E. Morales, recobre de los demandados Blanco y Arce la suma del crédito $403.25, más los inte-reses legales hasta la fecha, con más las costas y desembolsos y hono-rarios de abogados.”

Contra esta sentencia interpuso la representación de Rafael Arce recurso ele apelación para ante esta Corte Suprema, habiéndose celebrado la vista del mismo en 3 de mayo último.

Alega el apelante que la corte sentenciadora cometió 11 errores que se encuentran expresados en su alegato, a saber:

“La corte cometió error:

‘ ‘ Io. Desestimando la moción presentada por el demandado Rafael Arce Rollet al objeto de que el demandante enmendara su demanda, expresando por separado en ella cada una de las causas de acción que habían sido acumuladas en dicha demanda.
‘ ‘ 2o. En desestimar la excepción previa presentada por el deman-dado Rafael Arce Rollet contra las varias causas de acción especifi-cadas en la demanda y contra cada una de dichas acciones, por el fun-damento de que las mismas no mostraban hechos suficientes para cons-tituir las causas de acción que habían sido acumuladas o algunas de las mismas.
“ 3°.Desestimando la excepción previa presentada por el deman-dado Rafael Arce Rollet a la acción en que se reclamaba la nulidad de la adjudicación hecha a favor del demandado Arce en los procedi-mientos llevados a cabo para la distribución del caudal de Jacinto Blanco González y Encarnación Blanco, anteriormente Carvajal y Delgado, puesto que las otras partes interesadas que tomaron parte en dicha distribución del caudal no habían sido incluidas.
“4o. En desestimar la excepción previa interpuesta a dicha recla-mación de daños y perjuicios por el fundamento de que la demanda presentada en dicho caso es ambigua e ininteligible.
“5o. Al ordenar que la parte de las alegaciones primera, tercera y undécima, que aparecen en la contestación a dicha demanda, y que fué incluida anteriormente en su alegato se eliminase.
‘ ‘ 6°. Al ordenar que la alegación 12a. contenida en la contestación a dicha demanda fuera eliminada.
“7°. Al ordenar que la alegación 13a. de la demanda fuera eli-minada.
"8°. Al ordenar que la alegación 14a. expresada en la contestación a dielia demanda fuera eliminada.
“9°. Al ordenar que la alegación 15a. de la contestación a la de-manda fuera eliminada.
“10°. Al considerar que un crédito existía por la suma de $403.25 contra Jacinto Blanco Carvajal que afectaba a la cesión de derechos y acciones que hizo Blanco a favor de Rafael Arce.
“11°. Al considerar que Jacinto Blanco Carvajal era insolvente y estaba incapacitado por tanto de hacer el pago. ’ ’

Estos numerosos errores que han sido alegados pueden ser considerados por este tribunal en tres grupos, para la mayor conveniencia y con el fin de evitar una innecesaria extensión en la consideración de los mismos y ahorrar tiempo. En el primer grupo señalaremos los cuatro primeros errores que han sido enumerados y que se refieren a la desestimación de la moción y excepciones presentadas por el demandado; en el segundo grupo incluiremos aquellos enumerados 5, 6, 7, 8 y 9, en los que se alega que la corte sentenciadora eliminó de los autos ciertas alegaciones que se hicieron en la contestación de los demandados; y dejaremos para el tercer grupo los dos últimos errores que han sido indicados, y en los que se alega que la corte sentenciadora resolvió indebidamente que la prueba era suficiente para mostrar la existencia de un crédito a favor de Morales y en contra de Blanco por la suma de $403.25, y la insolvencia de este último.

I. Con referencia a 'haber la corte desestimado la moción del demandado Arce, en la que se solicitaba que el deman-dante fuera obligado a enmendar su demanda y a exponer separadamente sus causas de acción, únicamente tenemos que expresar en primer término que en la demanda realmente se ha alegado sólo una causa de acción, o sean los fraudes que han sido alegados, y por los cuales el demandante trata de obtener la rescisión del contrato y la nulidad de otros procedimientos que necesariamente dependen del mismo, Además, si bubo indebida acumulación de diferentes causas de acción, el demandado debió baber formulado una excep-ción previa especial, lo que no bizo. (McFarland v. Holcomb, 123 Cal., 87; Lawrence v. Montgomery, 37 Cal., 183.)

Solamente es necesario leer la demanda para que se vea que la misma contiene alegaciones de becbos suficientes que constituyen una causa de acción. (Art. 122 y 133 del Código de Enjuiciamiento Civil.)

El defecto de partes demandadas debe aparecer de las alegaciones contenidas en la demanda, para que pueda fun-darse en el mismo una excepción formulada por tal motivo. Al resolver las excepciones que se formulen a una demanda no pueden ser tomadas en consideración aquellas cuestiones que no aparezcan de la demanda. (Art. 105, Código de En-juiciamiento Civil.) La excepción es por sí defectuosa, por no expresar los nombres de las partes, que según en la misma se alega, son necesariamente partes demandadas en este pleito. (Bliss on Code Pleadings, sec. 411.)

La demanda es también suficiente en tanto en cuanto la misma se refiere a daños y perjuicios, pues está de acuerdo con el artículo 1265 del Código Civil.

II. ¿ Procedió correctamente la corte al eliminar las varias defensas contenidas en la contestación, en las cuales se fun-daba el demandado? En primer lugar, toda aquella parte de la contestación en la que se trataba de reanudar la cues-tión referente a la deuda de Blanco a Delgado y Díaz, era, impertinente, puesto que la cuestión babía sido resuelta por una sentencia definitiva de tres cortes, en sus respectivos grados de apelación en el procedimiento, y también debe ser considerada como cosa juzgada, res judicata. En segundo lugar, la cuestión relativa al traspaso fraudulento no podía ser promovida por el demandado Morales mediante recon-vención en el procedimiento de tercería en que se discutía el derecho de propiedad, puesto que no existía ninguno a favor del demandado y en contra del demandante, según se determina en el artículo 111 del Código de Enjuiciamiento Civil, siendo Blanco un codemandado de Morales en aquellos procedimientos, y Arce el demandante. En el presente caso, tanto Arce como Blanco son necesariamente demandados, y la cuestión con respecto a un traspaso fraudulento no puede haberse alegado en los procedimientos para discutir el dere-cho de propiedad, que fueron seguidos por Arce. Por tanto, vemos que no puede estar comprendido Morales dentro de la sanción del artículo 112 _ del Código de Enjuiciamiento Civil. La cuestión referente a contrademandas se refiere más particularmente a cuéstiones de cuentas y demandas de dinero, y no tuvo por objeto aplicarse a asuntos referentes-a títulos sobre un terreno u otra propiedad. (Bliss on Code Pleadings, Sec. 390.)

En tercer lugar, la presente acción es una que nunca pudo haberse combinado con aquella en que se alegaba el derecho de propiedad reclamado en juicio de tercería, ni pudo haber sido discutida en tal procedimiento; por tanto, una senten-cia dictada en un caso de esa naturaleza no puede alegarse como cosa juzgada, en un caso como éste. Un pleito como el presente para anular un traspaso fraudulento no tiene ninguna otra relación con el derecho a la propiedad que el pertenecer al traspaso que se ha atacado, siendo por con-siguiente los dos casos completamente independientes uno de otro, debiendo cada uno prevalecer o nó por sus propios méritos o desmerecimientos.

T en cuarto lugar, los párrafos decimocuarto, y décimo-quinto contenidos en la contestación, fueron debidamente eli-minados, porque no se ajustaban a las reglas de las buenas alegaciones.

No encontramos por consiguiente, que se haya cometido ningún error en las resoluciones tomadas por la corte, al eliminar de las alegaciones aquellos puntos innecesarios e impertinentes, reduciendo las cuestiones a aquélla sola que se refería a la existencia de fraude al hacer el traspaso que ha sido atacado.

III. Esto nos trae finalmente a la cuestión principal en el caso, o sea si existe o nó prueba suficiente qne demuestre que se haya cometido fraude en la transacción celebrada entre Blanco y Arce; e incidentalmente, a la existencia de la deuda contra Blanco y la insolvencia del mismo. Al con-siderar esta cuestión en conjunto nos encontramos con una proposición compleja que envuelve varias cuestiones secun-darias que surgieron en el curso de la discusión. Con res-pecto a la existencia de la deuda que se alega que Blanco tiene con Morales, los autos del caso que el último siguió contra el primero en cobro de dinero, y que fueron presen-tados como prueba con el consentimiento de ambas partes,, mostraron que se había dictado una sentencia a favor del apelado y en contra de Blanco por la suma de $403.25 Esta sentencia fué dictada en 29 de junio de 1908 en una apelación que se estableció procedente de la corte municipal, y fué con-firmada por la Corte Suprema en 20 de abril del año si-guiente. (Morales v. Blanco, 15 D. P. R., 237.) No puede haber duda alguna, atendidas todas las pruebas del juicio, de que Blanco era deudor de Morales en la época en que se hizo el .traspaso a Arce.

Y veamos si el cobro de esta deuda no pudo hacerse por la actitud tomada por el apelante y sus transacciones con Blanco. Aparece de los autos que el márshal hizo un embargo en 24 de abril de 1907, para asegurar la efectividad de la sentencia a que se ha hecho referencia en el caso de que se dictara, sobre dos parcelas de terreno, una urbana y la otra rústica, en la que Blanco tenía una participación procedente de la herencia de su padre. Como consecuencia de los procedimientos que se siguieron para que se declarara el derecho de propiedad con respecto a estas dos fincas, se vió privado Morales de llegar al cobro de su crédito. Re-sulta de una escritura pública que se presentó como prueba, que en 12 de marzo de 1907 Blanco traspasó a Arce todos sus derechos y aquellos que tenía en la herencia de su padre. Y de la prueba suministrada por el marshal y sus subalter-nos aparece que la orden de ejecución expedida contra Blanco se había extraviado mientras tenían lugar los procedimientos y no pudo encontrarse. Resultando además que la orden no podía hacerse' efectiva, porque Blanco no tenía ninguna otra propiedad sino aquella que traspasó a Arce. Por con-siguiente, debe considerarse como un hecho cierto que fué imposible hacer efectiva la sentencia dictada contra Blanco.

El traspaso hecho por Blanco a Arce ¿fué en fraude de acreedores? El artículo 1258 del Código de Enjuiciamiento Civil establece que los contratos celebrados en fraude de acreedores pueden rescindirse, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba. Manresa, al comentar sobre los artículos que concuerdan con éste del Código Civil Español (1290 y 1291), dice: “La rescisión de un contrato hecho en fraude de acreedores está justificada por los daños y perjuicios sufridos por una persona que no es parte en el, contrato, pero que podría ser afectada por el mismo.” (8 Manresa, 732.) La Corte Suprema de España también ex-presa en uña sentencia dictada en 25 de octubre de 1895, “Que los contratos fraudulentos y simulados pueden res-cindirse de conformidad con el artículo 1291 del Código Civil.”

Por tanto, aparece de la escritura a .que se ha hecho re-ferencia, que se hizo el traspaso, y de la sentencia mencio-nada se probó la existencia de la deuda que aun subsistía. Resulta además de la prueba que Arce era cuñado de Blanco, y obraba como abogado suyo, y tenía conocimiento de todo lo que se relacionaba con la deuda y la imposibilidad que había de cobrarla, por el hecho de que Blanco no tenía ninguna otra propiedad además de aquella que traspasó a Arce. De todos estos indicios se ve claramente la naturaleza fraudu-lénta del traspaso.

Pero ¿quedó Morales impedido de cobrar su deuda por el hecho de haberse celebrado el contrato entre Blanco y Arce? La acción de rescisión de un contrato en que medie fraude es subsidiaria y uo podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la re-paración del perjuicio, (art. 1261 del Código Civil); y la Corte Suprema de España en una sentencia dictada en 9 de noviem-bre de 1901 y al interpretar un artículo semejante a nuestro artículo 1261 (art. 1294 del Código Español) expresa que aunque la acción puede ser subsidiaria, no es porque carezca de ninguno de los elementos de una acción principal. Es independiente de cualquiera otra, pero según el Código no puede ejercitarse mientras las personas perjudicadas tengan otros medios para obtener la reparación del perjuicio. Morales no tiene ningún otro medio para cobrar su crédito, pues resulta claramente probado que Blanco no tiene ninguna otra propiedad, sino la que traspasó a su codemandado Arce. La acción es por consiguiente procedente.

Y llegamos añora por último al punto sobre el cual gira todo el caso, o sea la existencia de fraude. Nuestro Código Civil dice en su artículo 1264, lo siguiente:

“Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.
“También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiere pro-nunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o expe-dido mandamiento de embargo de bienes.”

(See. 1264, Código Civil.)

Veamos la interpretación que ña sido dada a la sección concordante en- el Código Español por los grandes comen-taristas.

Se ña dicño por Manresa al interpretar el artículo 1297 del Código Civil Español, concordante con uno de nuestro Código, que:

“El supuesto más frecuente en las enajenaciones en fraude de acreedores, no es el de las transmisiones a título gratuito, así expre-sado en aquéllas, sino el de enajenaciones supuestas o reales, pero hechas gratuitamente, de ordinario a los probables herederos del deu-dor, y disfrazadas como enajenaciones a título oneroso.”
(8 Manresa, 754.)

Y Scaevola en sus comentarios al artículo 1291, párrafo 3°., ha dicho lo siguiente:

“Finalmente y para explicar las palabras que se usan en el Código en este párrafo 3o. consideraremos que dicho párrafo no se refiere sola-mente a los traspasos hechos a manera de venta sino como una dona-ción y cesión, y también según se ha dicho en la sección 39 de la Ley Hipotecaria, de creación o renuncia de derecho.”

Y en cuanto a la cuestión de fraude se ha dicho por el mismo comentarista:

“Este incidente constituye en primer lugar los hechos por virtud de los cuales el traspaso o renuncia de bienes y derechos se hace. Es-tos hechos, la venta de la cosa, inscripción a favor de un tercero, la relación entre el vendedor y el comprador, la falta de entrega del precio y el perjuicio causado a los acreedores quedan necesariamente reservados a la consideración de las cortes, pero en tales casos puede haber buena o mala fe, conocimiento del perjuicio, y conciencia del engaño, sinceridad y nobles propósitos.”
(20 Scaevola, 909.)

Examinemos los autos que han sido presentados con res-pecto a esta cuestión. Aparece de la prueba documental, lo que sigue: una cuenta contra Blanco que lleva fecha anterior a 12 de marzo de 1907 y la cesión de derechos y accio-nes otorgada por Blanco a Arce en esa fecha. Y aparece también de las declaraciones de los testigos que Arce, como cesionario, tenía conocimiento de la existencia del crédito. El mismo actuó como abogado en representación de su cu-ñado Blanco en el pleito establecido en cobro de dinero; tomó parte en el arreglo de dicha cuenta e hizo ofrecimientos de pago; y este demandado, sabiendo todo esto y siendo abogado, y por consiguiente una persona conocedora de la ley, acepta el traspaso de la única propiedad de que Blanco podía estar en posesión, y entró en posesión de la misma por un valor inferior que aquel que la misma parecía tener en la fecha en que se hizo la distribución de la herencia, no habiéndose presentado prueba tendente a destruir dicha presunción de fraude.

Con respecto a la .prueba necesaria que demuestre frairde, se ha dicho en las sentencias americanas:

‘ ‘ El descubrimiento de la intención fraudulenta es raras veces ob-jeto de prueba directa y concluyente. Exigir prueba concluyente en un caso de fraude sería atacar los fines de la justicia y destruir los mismos; la ley, por tanto, exige solamente un grado razonable de certeza y esta es una conclusión a que se ha llegado por la jurispru-dencia. ’ ’
Southern L. Ins. Co. v. Wilkinson, 53 Cal., 153.
Strong v. Hines, 35 Miss., 201.

Debe observarse además, que para qjie se pueda esta-blecer una intención fraudulenta entre personas que tengan relaciones confidenciales, solamente se exige prueba satis-factoria.

2 Eice on Evidence, 955.

Se prescribe además en nuestro estatuto que:

“Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto del contrato se bailaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.”
Artículo 1262, párrafo 2°., Código Civil Revisado.

¿Puede considerarse al demandado Arce como tercero? La Corte Suprema de España, al interpretar este artículo concordante del Código Civil Español, dice lo siguiente:

“La persona que interviene en el contrato como comprador no es tercero ni puede ser considerado como tal.”
Sentencia de 25 de octubre, 1895.

Por consiguiente sólo queda por considerar la cuestión de los daños y perjuicios que han sido alegados en la de-manda. Se dice en el artículo. 1265 del Código. Civil Revi-sado, que:

“El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y per-juicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuere imposible devolverlas.”

T se lia dicho por Mantesa interpretando el artículo con-cordante del Código Civil Español, o sea el 1298, que:

“La responsabilidad comprende los daños y perjuicios que la ena-jenación hubiera ocasionado, o sea el importe del crédito, y en su caso, de los intereses, en la medida en que los hubiera podido satisfacer, el valor de la cosa enajenada, con más los gastos que el ejercicio de la acción rescisoria haya ocasionado.” (8 Manresa, 761.)

De un examen cuidadoso de todos los hechos contenidos en los autos y considerando a la vez los principios invoca-dos por los abogados, así como todas las autoridades que han sido citadas por las mismas, tanto españolas como ame-ricanas, que hemos tenido ocasión de examinar, encontramos que la corte sentenciadora estuvo ampliamente justificada al dictar la sentencia que dictó en junio 5, 1911 y debe ser confirmada en todas sus partes:

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,.

text:
    Teillard v. Teillard et al.
    ApelagiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 714.
    Resuelto en junio 21, 1912.
    Acción Reivindicatoría — Ijrescripción Adquisitiva — Posesión.—La mera pose-sión puede producir el efecto de que por ella llegue a adquirirse el dominio mediante el transcurso de cierto tiempo en las condiciones fijadas por la ley, perjudicando al verdadero propietario y extinguiendo sus acciones reales, por cuyo motivo no podrá reivindicar lo que fué suyo y perdió por su aban-dono. {García v. Ve los Angeles, 33 D. P. R., 77.)
    Prescripción Adquisitiva — Posesión—Dominio.—331 que sólo tiene la posesión de una cosa inmueble o de un derecho real sobre ella, necesita para ganar el dominio por prescripción adquisitiva, que la posesión dure 30 años, pues transcurrido ese período de tiempo consiente la ley en que sin necesidad de justo título en la adquisición y aun sin buena fe se adquiera el dominio.
    Id. — Posesión Adquirida por Título de Compra — Justo Título. — El comprador que adquiriere la posesión de un bien inmueble por título de compraventa de una persona que solamente tiene la posesión de la cosa debidamente jus-tificada, sin título de dominio, tal comprador tiene desde el momento de la compra no sólo la posesión que le trasmite el vendedor, sino la posesión en virtud de un título de compraventa, que equivale a un título justo para adquirir el dominio, y aunque tal título de compraventa no da al comprador el dominio de la cosa, porque su vendedor no lo tenía, sin embargo, queda el comprador en condiciones de adquirir el dominio sin esperar el transcurso de 30 años.
    Id. — Posesión Necesaria para Adquirir el Dominio — Preceptos del Código Civil Antiguo y Eevisado y de la Orden Judicial de Abril 4, 1899. — Las disposiciones del artículo 1957 del Código Civil antiguo fueron modificadas por la Orden Judicial de abril 4, 1899, que fijó en seis años el tiempo piara la prescripción adquisitiva del dominio, tanto entre presentes como entre ausentes, a cuya modificación se le dió expresamente efecto retroactivo, y el Código Civil Eevisado de 1902 reprodujo el término de 10 años entre pre-sentes y 20 años entre ausentes, piara adquirir el dominio.
    Id. — Presunción de Buena Pe — Demanda Eeivindicatoria. — En una demanda reivindicatoría en la cual no se alega que el comprador de la finca en litigio, la adquiriera y poseyera de mala fe, surge la presunción de la buena fe en la adquisición y posesión de la misma.
    Id. — La sentencia del Tribunal Supremo de España de abril 27, 1906 es examinada y declarada inaplicable a este caso.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Cay. Coll y Cuchí.

    Abogado de-los apelados: Sr. José ele Diego.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,.

emitió la opinión del tribunal.

Doña Eugenia Teillard presentó el 18 de marzo de 1911 en la Corte de Distrito de Mayagüez, una demanda contra Don Armando Teillard y Sucesores de Biancbi, en la que sustancialmente alegó: Que es condueña en proindiviso con el demandado Don Armando Teillard, de una participación de cuarenta avas partes y setenta y nueve milésimas en la finca que se describe nombrada Santísima Trinidad, radicada en el barrio de las Marías del pueblo de Añasco; que ese condominio lo adquirió en unión del demandado Don Armando por herencia de su abuela Doña Polonia López y de su madre Doña Ursula Dukey, habiéndoseles adjudicado en las operaciones testamentarias de la primera a ellos dos y a otro hermano Don Arturo, la cantidad de cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos, setenta y un centavos ($4,289.71), y en las de la madre, practicada por su marido Don Pablo Teillard, la de cincuenta mil pesos-($50,000) qne hacen nn total de $54,289.71; qne en el año 1892 Don Artnro Teillard enajenó sn participación a favor de Don Pedro T. Buiz, qnien a sn vez, en unión de otras participaciones qne hnbo de otras personas, las vendió a Don Carlos de Chondens el cnal inscribió sn condominio, pero se hizo referencia en la inscripción del registro de la propie-dad a qne el resto de la finca correspondía a Don Pablo Teillard; qne en abril de 1894 Don Artnro Teillard obtuvo-del juzgado municipal de Añasco' qne aprobase un expediente posesorio en el que se declaró, que el expresado condominio de cuarenta centésimas y setenta y seis milésimas por ciento (40.076) correspondía a Don Pablo Teillard en un 22.190 por-ciento y el resto en nn 8,893 por ciento a cada uno de los hermanos, Armando y Eugenia, expediente que fue aprobado mediante falsas y fraudulentas representaciones de Pablo y Artnro Teillard, padre y hermano respectivamente de la demandante, al efecto de qne al primero se le había' adju-dicado como gananciales ese tanto por ciento, cuando nunca tuvo participación en dicho inmueble; qne según escrituras, públicas de 5 de enero y 6 de marzo de 1894, Pablo Teillard,, por su apoderado Arturo Teillard, vendió ese derecho de posesión a Don Alfredo Christy, a quien pasó luego por-adjudicación en la testamentaría de su esposa, vendiéndolo' éste en el año 1908 a sn hija Doña Ciriaca Christy, la qne lo hipotecó en 1910 a Sucesores dé Bianchi, y quienes poste-riormente lo adquirieron en pago de su crédito hipotecario;, y después de consignar la demandante qne tanto el expe-diente posesorio como las distintas transmisiones menciona-das fueron inscritos en el registro de la propiedad y que in-cluye a sn hermano Don Armando como demandado por des-conocer su paradero y ser una parte necesaria en el proce-dimiento', concluye pidiendo se declare la nulidad del expe-diente posesorio y de todos los contratos que de él se deri-van, que se cancelen las inscripciones qne han motivado en el registro de la propiedad, como también la referencia hecha. en la inscripción del título de Ch.ou.dens, y finalmente, que se ordene la inscripción en el registro de la propiedad del ex-presado condominio, como de la exclusiva propiedad de la demandante y del demandado Armando Teillard.

Tal demanda fué excepcionada por Sucesores de Bianchi, entre otros fundamentos, por el de que la acción reivindica-toria ejercitada en la demanda ha quedado neutralizada e ineficaz por prescripción adquisitiva del dominio en favor de los demandados, de acuerdo con el artículo 1957 del anti-guo Código Civil, 1859 del actual, y la orden judicial de 4 de abril de 1899. Por este fundamento fué sostenida la ex-cepción por la Corte de Distrito de Mayagüez y en conse-cuencia fué registrada la sentencia de 12 de mayo de 1911, contra la que la demandante Doña Eugenia Teillard ha inter-puesto el présente recurso de apelación.

La cuestión, pues, a resolver es si de la faz de la deman-da aparece que el título que la demandante alega tener a la participación de un 22.190 por ciento en la finca Santísima Trinidad, cuya posesión se declaró tener Pablo Teillard, ha quedado ineficaz porque los demandados Sucesores de Bian-chi han adquirido el dominio de ella por prescripción adqui-sitiva.

Desde luego que la mera posesión produce el efecto de que por ella llega a adquirirse el dominio, mediante el trans-curso de cierto tiempo en las condiciones fijadas por la ley, perjudicando al verdadero propietario' y extinguiendo sus acciones reales, por lo que no podrá reivindicar lo que fué suyo y perdió por su abandono..

A este respecto dice la sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de octubre de 1881, lo que sigue:

“* * * porque si el título nulo no puede dejar de serlo conver-tiéndose en válido, las leyes fundadas en razones de conveniencia pú-blica ban dado en algunos casos a la posesión una fuerza irrevocable, no por virtud de su causa originaria, sino por el respeto debido a un estado consagrado por el transcurso del tiempo.”

Esta misma doctrina ha sido consignada por esta Corte Suprema en el caso de García v. De los Angeles, 13 D. P. R., 77, en el que se dijo:

“No puede confundirse la prescripción como medio de adquirir el dominio con la prescripción como medio de perderlo. Para lo primero, bastaba, con arreglo al artículo 1957 del Código Civil antiguo, la pose-sión con buena fe y justo título, por el término de diez años entre pre-sentes y 20 entre ausentes; mas para lo segundo, o sea, para que se en-tendiera prescrita la acción, era necesario que hubieran transcurrido 30 años sin haberla ejercitado el dueño del inmueble con arreglo al artí-culo 1963 del propio Código. Pero como podía suceder que durante el transcurso de este último término, un tercero hubiera adquirido el dominio por la posesión de 10 años entre presentes o 20 entre ausentes, con buena fe y justo título, a tenor de lo prescrito en el artículo 1957, en este caso, es claro que el verdadero dueño habría perdido su derecho por no haberlo ejercitado durante aquel tiempo y que no podría in-vocar .a su favor el precepto del artículo 1963 para pretender que su acción no se entendiera prescrita por no haber transcurrido los 30 años.
“Por eso el artículo 1963 que acabamos de citar, después de con-signar en su primer párrafo, que las acciones reales sobre bienes in-muebles prescriben a los 30 años, en su segundo apartado establece la salvedad de que, esto debe entenderse sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio y demás derechos reales por prescrip-ción ; aludiendo seguramente al artículo 1957 que fijaba 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, con buena fe y justo título, el tiempo para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.
“Pero vino luego la orden general de 4 de abril de 1899, que modi-ficó el artículo 1957 del Código Civil, reduciendo a 6 años entre pre-sentes y ausentes, el término para la prescripción ordinaria del do-minio y demás derechos reales, con buena fe y justo título, pero sin modificar, ni alterar en lo más mínimo el otro artículo 1963 que fijaba para la prescripción de las acciones reales sobre bienes inmuebles el término de 30 años, el que continuó vigente, aunque siempre con la salvedad establecida en su segundo apartado, respecto a lo dispuesto 'sobre la adquisición del dominio y demás derechos reales por pres-cripción, salvedad que, después de la publicación de la citada orden general, es claro que debía entenderse en relación a lo establecido por la misma sobre la adquisición del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, por la posesión de 6 años con buena fe y justo título, etc.”

(García v. De los Angeles, 13 D. P. R., 773.)

Además, el párrafo 5o. del artículo 394 de la vigente Ley Hipotecaria dispone lo siguiente:

“La inscripción de posesión no perjudicará al que tenga mejor derecho a la propiedad del inmueble, aunque su título no baya sido inscrito, a menos que la prescripción baya convalidado y asegurado el derecho inscrito.”

En vista de lo expuesto, si los demandados sucesores de Bianctd lian adquirido por prescripción el dominio de la participación que como condueña reclama la demandante, se habrá extinguió o el derecho -que ella alega tener en unión de su hermano, no podrá reivindicarla, ni por tanto, ejercitar acciones de nulidad que no le afectarían.

El que sólo tiene la posesión de una cosa inmueble o de un derecho real sobre ella, necesita para ganar el dominio por prescripción adquisitiva, que aquélla dure treinta años, pues transcurrido ese período de tiempo consiente la ley en que sin necesidad de justo título en la adquisición' y aun sin buena fe se adquiere el dominio.

Mas cuando la posesión se tiene por otra persona me-diante título de compraventa, como ocurrió en este caso, dicha tercera persona no se halla en las mismas condiciones que su causante de quien deriva la posesión. Este tenía ■ sola-mente la posesión de la cosa debidamente justificada, sin título de dominio, y tal posesión es lo que trasmite a su com-prador, ya que no puede darle más de lo que tiene; pero el comprador tiene desde entonces no sólo la posesión trasmi-tida, sino que la tiene a virtud de una compraventa, que es título justo para adquirir el dominio. A este propósito dice un ilustre tratadista de derecho civil español: “-El justo título puede definirse, una causa hábil para transferir el do-minio. Mas de esta definición no puede inferirse que ha-biendo título de dominio será inútil la prescripción porque el título por sí solo, especialmente siendo derivativo, no da el dominio, sino que es tan solo una causa apta para su trans-misión. En efecto: o el causante es dueño o carece de do-minio sobre la cosa que trasmite. En el primer supuesto, se ha transferido la propiedad por el conducto o medio del justo título * * *. En el segundo caso, como nemo dat quod non habet es evidente que no podrá producirse el domi-nio por el justo título * * *. Este es precisamente el caso en que aparece la necesidad de la prescripción.”

El título de compraventa que la parte demandante reco-noce en la demandada, sucesión Bianchi, no da a ésta el do-minio, pues su causante no lo tenía, pero la coloca en condi-ciones de adquirirlo sin esperar el transcurso de treinta años.

Esto no solamente es lo justo sino que es lo legal, sopeña de que queden sin efecto las disposiciones del. Código Civil referentes a que por el transcurso de diez años entre pre-sentes, y de veinte entre ausentes, se adquiere por prescrip-ción el dominio de las cosas inmuebles poseídas con buena fe y justo título. Si la posesión transmitida mediante una venta, aún así necesitara treinta años para prescribir, holga-rían esos preceptos del Código y también las muchas deci-siones de esta Corte Suprema dictadas de conformidad .con los citados preceptos al resolver apelaciones sobre informa-ciones de dominio, que están contenidas en mayor número en los tomos 3, 5 y 6 de nuestras decisiones.

En uno de esos casos, en el de Ex Parte Pinto, 6 D. P. R., 148, se dice, que acreditado que se compró una finca y luego se ha poseído por veinte y tres años y que desde entonces se posee quieta y pacíficamente, están cumplidos más que suficientemente los requisitos para adquirir por prescripción el dominio de los bienes inmuebles, con arreglo al artículo 1957 del antiguo código y la orden judicial de 4 de abril de 1899, que sólo requería para ese efecto seis años de posesión continua con buena fe y justo título.

La misma doctrina está establecida en los casos de Ex Parte Martínez y de Ex Parte Tapia obrantes respectiva-mente en las páginas 168 y 508 del tomo 6 de las ‘Decisiones de Puerto Eico, en el de Cobián v. El Registrador de la Propiedad, 11 D. P. R., 91, correspondiente al año 1906 y en otras muchas sentencias.

Añora bien, esas disposiciones del Código Civil que regían en 1894 fueron modificadas, según liemos visto, por la Orden Judicial de 4 de abril de 1899, por. la que se fijó en seis años el tiempo para prescribir tanto entre presentes como entre ausentes, modificación a la que expresamente se le dió efecto retroactivo, pero que desapareció en el año 1902 al restable-cer el Código Civil Revisado los diez y veinte años del anterior Código.

Como consecuencia de lo expuesto, habiendo vendido Pablo Teillard la participación a que se refirió el expediente posesorio a Alfredo Christy en 1894, los seis años a que se refiere la citada Orden Judicial, transcurrieron en el año 1900, desde cuya fecha la prescripción convirtió la posesión en dominio, ya que la demanda no alega que el comprador la adquiriera y poseyera de mala fe, pues la buena fe se supone, y por tanto, Alfredo Christy tuvo y también sus derecho-habientes y Sucesores de Bianchi tienen hoy un título de dominio que oponer a la demandante, haciendo ineficaz su título y extinguiendo las acciones que del mismo se deri-vaban.

En la demanda se consigna que la información posesoria y las distintas transmisiones fueron inscritas en el registro de la propiedad, pero como no consigna la fecha de esas inscripciones, no podemos tratar la cuestión respecto a la conversión en dominio de la posesión inscrita, según se re-gula en el artículo 393, párrafo 6 de la Ley Hipotecaria, y en la enmienda del mismo por la Orden Judicial antes citada.

El abogado de la señora apelante apoyó fuertemente su argumentación oral en una. sentencia del Tribunal Supremo de España de 27 de abril de 1906, en la que'se establece que no es la prescripción ordinaria de treinta años la necesaria para convertir en dominio la posesión que en aquel caso se alegaba, toda vez que la inscripción se refería solamente al mero hecho de la posesión y que tal inscripción no equiva-lía al título. Estamos conformes en que la inscripción no equivale al título y por consiguiente debía transcurrir todo el tiempo de la prescripción extraordinaria, pues en ese caso los terceros adquirentes basaban la alegación de prescrip-ción en que el primero que inscribió la mera posesión había adquirido el .dominio por prescripción ordinaria y no se fun-daron en la posesión de ellos mediante título porque su ad-quisición era muy reciente. Así pues esa sentencia no es aplicable a este caso.

Por las razones expuestas debe ser confirmada la sen-tencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo v. García.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Sección 2a.
    No. 445.
    Resuelto en junio 24, 1912.
    Derecho Penal — Juramentos—Subsecretario de la Corte Municipal. — No puede plantearse por primera vez en apelación la cuestión de si no es suficiente el juramento de una denuncia por haberse prestado ante un secretario auxi- • liar de una corte municipal, pues si por ese motivo existiera defecto, no sería fundamental desde el momento en que en el juicio hubieron declaraciones juradas en apoyo de la denuncia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Luis Llorens Torres y J. de J. Esteves.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Hipólito García fué denunciado ante la corte municipal de San Juan por el delito de acometimiento y agre-sión grave. Tal denuncia fué jurada ante Antonio López, secretario auxiliar de dicha corte.

De esa denuncia conoció después en grado de apelación la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., la que cele-brando el juicio de nuevo, desestimó una moción del acusado en la que después de terminar el Fiscal su prueba, intere-saba se sobreseyera el caso', fundándose para ello en la falta de prueba de algunos elementos constitutivos del delito por que se le acusaba. Dicha corte, después de oir la prueba de la defensa, declaró al acusado culpable del expresado delito y lo condenó a sufrir la pena de dos meses de cárcel y las costas, contra cuyo fallo interpuso el sentenciado el presente recurso de apelación.

Los motivos en que el apelante funda el recurso son: que la denuncia no está jurada de acuerdo con la ley porque aparece prestando el juramento ante un Antonio López que se titula secretario auxiliar de la corte municipal de San Juan y quien, aun siéndolo, no está facultado para tomar juramentos; y porque la moción de sobreseimiento fué erró-neamente denegada, toda vez que el Fiscal no probó todos los elementos esenciales del delito de que se le acusaba.

En cuanto al primer error alegado, hemos examinado detenidamente la transcripción del caso y no encontramos en ella que en la corte inferior se hiciera objeción alguna por defecto en el juramento de la denuncia, y es tarde ahora para promover por primera vez esta cuestión ante esta Corte Suprema, pues si por ese motivo existiera defecto, no sería fundamental desde el momento en que en el juicio hubieron declaraciones juradas en apoyo de la denuncia.

El segundo motivo de error alegado hace necesario que examinemos las declaraciones de los testigos presentados por el Fiscal, toda vez que se contiende que no era bastante para sostener la denuncia y que debió sobreseerse la acusación.

Amparo Pérez declaró que estando sentada en el balcón de su casa con su chiquita pasó el acusado y se la llevó, por lo que se le fué detrás para que se la diera; que dijo al acusado, que es el padre de la chiquita, que se la diera y se la quitó; que el acusado la empujó y que después, cuando volvió a hacer la intención de cogerla, levantó la mano y le dió en la cara, la empujó y le dió un puntapié.

Juan Matos manifestó no conocer al acusado ni de vista, pero presenció cuando la señora del acusado le dijo que le buscara donde dormir ella y su chiquita, contestándole aquél, que para la chiquita tenía, pero para ella no, y cuando le quiso quitar la chiquita, él le dió una bofetada y después una patada y la tiró sobre la escalera, llegando entonces el guardia.

Guillermo Flordevilla, dijo ser policía insular y al entrar en una tienda oyó cuando Amparo decía “no me empujes,” por lo que volvió para atrás y vió que el acusado le dió un empujón y también una bofetada y una patada, y que el acusado tenía una niña en los brazos.

Esta evidencia claramente demuestra que el acusado voluntaria e intencionalmente acometió y agredió a la mujer Amparo Pérez, y no comprendemos como la corte haya podido cometer error al desestimar la moción de sobreseimiento.

No vemos motivo para revocar en este caso la sentencia y debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Torres et al. v. Pérez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 842.
    Resuelto en junio 24, 1912.
    Desahucio — Naturaleza del Procedimiento de Desahucio — Cuestiones de Propiedad. — El juicio de desahucio es un procedimiento especial cuyo único fin es recuperar la posesión de algún inmueble, lanzando de él a quien lo detente sin título ninguno para ello, y en dicho juicio no puede resolverse cuestión alguna sobre el derecho de propiedad, y cuando la contestación alega algún título para la posesión, si esa alegación no está desnuda de toda prueba, no debe decretarse el desahucio, sino que las partes deben discutir en juicio ordinario cuál tiene el título legal a la finca, antes de que pueda pros-perar la acción de desahucio.
    Id. — Enmienda de las Alegaciones — Juramento de la Contestación — Discre-ción del Tribunal. — El conceder permiso a un demandado para que jure la contestación que había presentado sin jurar, y que era necesario que estu-viera jurada por estar la demanda jurada, descansa en la facultad discrecional del tribunal, y esta corte no revisará la concesión de tal permiso a menos que • se demuestre que el tribunal inferior abusó de su poder discrecional.
    Id. — Demanda Jurada — Negación General. — La objeción de que una contesta-ción a una demanda jurada es defectuosa por contener una negación general y no específica de las alegaciones de la demanda, no puede ser alegada por primera vez en apelación, sino que debe alegarse ante el tribunal inferior.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Ramón Freyre.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

María Anicasia Torres Collado y su hermana María Cle-mencia de iguales apellidos, presentaron una demanda de desahucio en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Domi-tila Pérez Vilanova, en la que, después de alegar que eran las herederas únicas abintestato de Pedro Collado Ramírez, según declaratoria judicial, qué en tal concepto eran dueñas de una finca de cinco cuerdas inscrita a su nombre en- el registro de la propiedad, la que describieron, y que alegan estar poseída en precario por Domitila Pérez Vilanova, sin pagar canon o merced alguno y sin título para ello, conclu-yeron con la súplica de que se ordenara el lanzamiento de dicha demandada.

La contestación de ésta negó los hechos de la demanda, y como defensa especial expuso que tal finca la había com-prado a Pedro Collado Ramírez poco antes de su muerte, pagándole el precio de ella, parte de contado y satisfaciendo con el resto y por su orden, deudas del vendedor; que por desconocer quienes eran las herederas de Collado Ramírez no las ha demandado para que le otorgasen la escritura de venta; que desde 1904 viene pagando como dueña las con-tribuciones impuestas a la finca; que la ha cultivado y ha hecho reparaciones en una casa que en ella existe, y que como tal dueña ha vendido una cuerda de terreno a Pedro Olivo, por todo lo - que concluyó pidiendo que se la absolviera de la demanda de desahucio.

Celebrado el juicio la corte de distrito por su sentencia -de 24 de febrero, 1912, declaró sin lugar la demanda de desa-hucio sin especial condenación de costas, fundada, según la opinión escrita que emitió, en que el juicio de desahucio no es el adecuado para resolver contienda sobre la propiedad objeto de él.

Establecido por las demandantes recurso de apelación contra esa sentencia para ante esta Corte Suprema, se pre-sentó la transcripción de los autos y un alegato escrito en apoyo del recurso.

La principal cuestión a resolver en este caso es si por haber probado las demandantes que Pedro Collado Ramírez tenía inscrita a su nombre en el registro de la propiedad la finca objeto del desahucio, y además, que son sus únicas here-deras abintestato, tienen derecho a que se decrete el lanza-miento que interesan de la demandada, a pesar de que ésta ha alegado que posee tal finca por haberla comprado a Pedro Collado Ramírez, poco antes de morir éste, aunque sin llegar a obtener documento escrito de la venta, pero habiendo pre-sentado evidencia de testigos tendente a demostrar tal con-trato.

El juicio de desahucio es un procedimiento especial cuyo único fin es recuperar la posesión de algún inmueble, lan-zando de él a quien lo dentente sin título alguno para ello. Este juicio no sirve por tanto para resolver sobre el dere-cho de propiedad, y por eso cuando el demandado alega algún título para la posesión, si esa alegación no está desnuda de toda prueba no debe decretarse el desahucio y deberán las partes disentir en juicio ordinario cuál tiene el título legal a la finca, antes de que pueda prosperar tal clase de acción.

Esta doctrina ha sido reconocida en muchas sentencias, tanto del Tribunal Supremo de España como del de Puerto Eico, y entre ellas las siguientes:

16 de junio de 1883, 21 de abril de 1884, 20 de junio de 1885, 30 de junio de 1887, 5 de diciembre de 1896, 12 de enero de 1900, del Tribunal Supremo de España.

T del de Puerto Eico, las siguientes:

Landrón v. Saldaña, 8 D. P. R., 438; Del Valle v. Andreu, 11 D. P. R., 415; Mehrhof v. Rodríguez, 14 D. P. B., 67; Elzaburu v. Chaves, 15 D. P. R., 17; Pesquera v. Fernández, 16 D. P. R., 235.

En este caso la demandada, a la alegación de que poseía en precario, contestó expresando que era dueña por título de compra y que como tal vendió a Pedro Olivo una parte de la finca, hecho éste reconocido por las demandantes; y como presentó alguna evidencia para probar su adquisición, ■esto suscita la cuestión de si ella efectivamente es dueña o nó por título de compra, cuya controversia no puede resol-verse en un juicio de desahucio, por no ser el apropiado para resolver cuestiones sobre propiedad.

Los apelantes sostienen además, que la corte erró' al con-ceder permiso a la demandada para que jurara la contesta-ción que había presentado sin ese requisito, y que era nece-sario por estar jurada la demanda. La concesión de tal per-miso es discrecional en la corte y como no se nos ha demos-trado que abusara de ese poder discrecional, no podemos revi-sar la acción, asumida por la corte. (Palace Hardware Co. v. Smith, 134 Cal., 381; Nicoll v. Weldon, 130 Cal., 666; Melde v. Reynolds, 129 Cal., 308 y otros.)

También se sostiene que a pesar del juramento de la con-testación, ésta era defectuosa porque contenía una negación general y nó específica de las alegaciones de la demanda. Es cierto que la contestación jurada está redactada en esa forma, pero por este motivo no hicieron las demandantes objeción alguna en la corte inferior, para que ésta si lo creía justo pudiera permitir enmendar dicha contestación, por cuyo mo-tivo es tarde ahora para promover esa cuestión por primera vez en apelación.

Aun cuando las apelantes se quejan también de que la corte inferior permitió indebidamente que un testigo decla-rase sobre ciertos particulares, sin embargo, no es necesario que tratemos este punto, en vista de que como no hemos de determinar ahora si la demandada tiene o nó un título legal a la finca objeto del desahucio, no tomaremos en considera-ción tales contestaciones.

En atención a estas consideraciones la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.