text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Casimiro Berenguer, acusado y apelante.
    Núm. 8470.

    Sometido: Junio 5, 1941.

      Resuelto: Julio 8, 1941.

      Abelardo Casanova Prats, P. Acosta Velarde y Prank Torres, abo-gados del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fer-nández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Casimiro Berenguer con otras personas fué acusado de haber asesinado el 25 de julio de 1938, en Ponce, a Luis A. Irizarry, Coronel de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

La acusación se formuló en agosto 1, 1938, y al día si-guiente todos los acusados pidieron a la corte que ordenara al fiscal que les entregara un “bill of particulars” especifi-cando la participación de cada uno en el crimen. Oídas am-bas partes sobre la moción, la corte la declaró sin lugar.

En agosto 16, 1938, pidieron los acusados juicios por ju-rado, separadamente, y en enero 7, 1939, este acusado, Ca-simiro Berenguer, por medio de su abogado, solicitó que el proceso fuera sobreseído en cuanto al mismo, por no habér-sele sometido a juicio dentro del término legal de ciento veinte días. El sobreseimiento fué denegado.

En enero 9, 1939, se llamó la causa para juicio. Comenzó a constituirse el jurado y después de un procedimiento la-borioso que llena más de cien páginas del récord y de haber dicho la defensa “aceptamos que no vamos a recusar a más nadie” y el fiscal “aceptamos definitivamente al jurado”, la defensa pidió la inmediata disolución del jurado por alega-dos errores en su formación.

La moción fué declarada sin lugar y la defensa se dirigió a la corte en los siguientes términos:

“Con nuestra excepción. Con la venia de la corte, hay otra •cuestión. Considerando, señor Juez, la moción que acaba de declarar S. Sa. sin lugar; considerando señor Juez, que la cuestión de justicia, que requería el ejercicio por parte del tribunal de una sana discreción; considerando además, señor Juez, que nuestra obligación como abo-gado es respetar los criterios y resoluciones que emita un tribunal en Puerto Rico, no importa cuál sea el criterio personal que tengamos en relación a ese asunto; considerando, señor Juez, el ambiente que hay en el fondo de este caso, y considerando que nuestra misión como ■abogado debe ser la de tratar de ser insistentes en todo lo posible y •consistentes con nuestras propias alegaciones, vamos a plantear ahora una cuestión que hemos estado meditándola desde hace mucho tiempo, •desde antes de ser señalado este caso. Quisimos plantearla desde antes de verse ninguno de los demás casos,’ a través de una impugna-ción general al jurado a base de prejuicio y mediante una moción de -disolución del jurado que fué declarada sin lugar; considerando que si nosotros reprodujéramos nuevamente esas mociones, nuevamente :serían declaradas sin lugar; considerando globalmente todas estas cuestiones básicas y accesorias, fundamentales e incidentales que ban mediado en esta cuestión, este abogado, previo consentimiento del acusado, por la presente formabnente pide juicio por tribunal de derecho y renuncia definitivamente al jurado.”

La cuestión suscitada fué ampliamente discutida en corte abierta y resuelta finalmente en sentido favorable. “Como es un derecho del acusado, un privilegio,” dijo la corte, ci-tando los casos de Ex parte Mauleón, 4 D.P.R. 123, 130 (2a-ed.) y El Pueblo v. Sutton, 17 D.P.R. 345, se “admite el cam-bio, y el juicio seguirá por el tribunal de derecho.”

Al día siguiente preguntó el juez a las partes si estaban listas. Ambas contestaron afirmativamente y comenzó el juicio.

Seguidamente la defensa manifestó a la corte que había testigos de cargo que no figuraban al dorso de la acusación. Se suscitó una discusión entre el fiscal y la defensa, pidiendo-ésta por último “que no se permita la declaración de testi-gos que no han sido notificados antes de ahora.” Se opuso el fiscal invocando el caso de El Pueblo v. Navarro, 40 D.P.R. 178 y la corte basándose en la decisión invocada resolvió-“que estos testigos pueden declarar, aunque no estén al dorso de la acusación.”

Practicada la prueba de cargo, la defensa presentó una moción de nonsuit. Desestimada, introdujo su evidencia, ter-minando el juicio el 13 de enero de 1939. Tres días después pronunció la corte la siguiente sentencia:

“Siendo boy el día señalado para dictar sentencia en este caso, está presente el acusado Casimiro Berenguer, su abogado Lie. J. M. Toro Nazario y el Fiscal del Distrito, señor Guillermo S. Pierluisi.
“La vista de este caso se celebró durante los días 10, 11 12 y 18 de enero de 1939 por Tribunal de Derecho, por haberlo solicitado el acusado, después de haber renunciado expresamente a ser juzgado, por un jurado.
“La corte, después de haber considerado y apreciado debidamentey en conjunto toda la evidencia presentada por ambas partes en este caso, y vistos los artículos 36, 39 (apartado 8°.), 199, 200, 201 y 202 del Código Penal (edición de 1937, texto inglés) y la jurispru-dencia aplicable, por la presente dicta sentencia declarando, como •declara, al acusado Casimiro Berenguer, culpable y convicto del delito de asesinato en primer grado, y en consecuencia condenando, como condena, a dicho acusado Casimiro Berenguer, a la pena de reclu-sión perpetua en el Presidio Insular de Puerto Rico, donde perma-necerá constantemente.
“Esta sentencia se dicta sin imposición de costas, por ser insol-vente el acusado.”

Pidió el acusado a la corte que decretara la nulidad de la misma por ser contraria al artículo 309 del Código de Enjuiciamiento Criminal y porque le negó la oportunidad de Pacer alegaciones conforme a ley.

La corte, en enero 18, 1939, por medio de una resolución fundada, dejó subsistente la declaración de culpabilidad con-tenida en la sentencia y anuló su parte dispositiva o puni-tiva, fijando el 23 del propio mes de enero, para dictarla quedando notificados el acusado y el fiscal.

En el día señalado compareció el acusado y presentó una moción de nuevo juicio. Dos días después la corte la declaró sin lugar y procedió a condenar como condenó a Berenguer •a reclusión perpetua en el presidio insular, con trabajos for-jados.

Contra esa sentencia fue que la parte perjudicada inter-puso el presente recurso de apelación, cuya vista se celebró ■el cinco de junio último.

Diez y ocho errores se señalan. Los dos primeros se re-fieren al pliego de particulares y a la petición de archivo y sobreseimiento. Los cinco siguientes guardan relación con .la renuncia al juicio por jurado. El octavo, el noveno, el décimo y el undécimo se formulan con motivo de la práctica •de la evidencia. Por el trece, el catorce y el quince se im-puta error a la corte al apreciar la prueba, al actuar movida por pasión, prejuicio y parcialidad y al no inhibirse del co-nocimiento de la causa. El diez y seis sostiene que la sen-tencia es nula por ser contraria a la ley, el diez y siete que debió concederse nn nuevo juicio y el diez y ocho qne debe revocarse la sentencia.

El pliego de particulares fné solicitado por todos Iosacusados y para sostener qne no existe el error que se señala bastaría referirnos a nuestra decisión en el caso del Pueblo v. Escobar, 55 D.P.R. 505, 510.

Cuando el acusado pidió y obtuvo un juicio por separado, no insistió. Sin embargo, en el acto de la vista, con motivo de la deficiente presentación de su caso por parte del fiscal al comenzar la vista, renovó la cuestión e insistió en que se le informara por el ministerio público más detalladamente-sobre los actos concretos que se le imputaban. Creemos que el debate judicial pudo haberse planteado de modo más franco si el fiscal hubiera proporcionado al acusado los datos que le pedía y que la corte debió ordenarle que lo hiciera, pero no-que el error que pudiera haberse cometido perjudicara los derechos substanciales del acusado y por tanto que pueda servir de base para una revocación de la sentencia.

No hay duda de que el caso del Pueblo v. Colón, 52 D.P.R.. 413 que cita el apelante, le favorece, pero no hasta el ex-tremo que pretende. Aquí, como en el propio caso invocado,, concurren circunstancias que llevan, a la corte, no obstante el error, a concluir que no se perjudicaron los derechos del acusado.

La justa causa para que el juicio no se celebrara dentro de los ciento veinte días que marca el número segunde del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, quedó demostrada. En su consecuencia no erró la corte al negar la moción de sobreseimiento. Parece conveniente transcribir de la resolución que a ese efecto dictara, lo que sigue:

“La corte ha visto y oído la moción de archivo y 'sobreseimiento-presentada por la defensa del acusado; también ha tomado en consi-deración la evidencia presentada por el fiscal para demostrar que ha habido justa causa en la demora para la celebración de este caso; ha tomado, también, en consideración la prueba presentada por la defensa con respecto al número y condiciones de los casos vistos por la corte durante ese período de tiempo.
“En este caso la acusación fué radicada contra nueve acusados, conjuntamente, entre los cuales se encuentra el peticionario de esta moción de archivo y sobreseimiento, que se llama Casimiro Berenguer.
‘ ‘ Presentada la acusación el * 1 de agosto de 1338,.... la corte señaló el juicio para todos los acusados, conjuntamente, para el día 22 de agosto de 1938. Con fecha 16 de agosto de 1938 los acusados pidieron juicio por separado y, en virtud de ello, se señaló el primer juicio contra Elifaz Escobar, uno de los acusados, para el día 29 de agosto de 1938. ...
11. .. Este juicio de Elifaz Escobar empezó el 29 de agosto y ter-minó el 1 de septiembre-de 1938.
“La corte hizo nuevo señalamiento contra el acusado Tomás López de Victoria dentro de la misma acusación en que está dicho acusado Casimiro Berenguer, y se señaló el segundo caso de estos juicios, para el día 19 de septiembre de 1938. Este caso de Tomás López de Victoria empezó el día 19 de septiembre y terminó el 26 de septiembre, que fué cuando el jurado rindió veredicto.
“Después el juicio contra Santiago González Castro empezó el 10 de octubre de 1938, todavía dentro de los ciento veinte días, y terminó con el veredicto del jurado el día 15 de octubre de 1938....
. “El cuarto juicio de esta serie bajo la misma acusación conjunta, fué el de El Pueblo de Puerto Rico contra Prudencio Segarra, que fué señalado por esta corte para el día 1 de noviembre de 1938, justamente dentro de los ciento veinte días de haberse presentado la acusación.
“El quinto juicio de esta serie y bajo la misma acusación con-junta, fué el de El Pueblo de Puerto Rico contra Juan Pietri, que fué señalado por esta corte para el día 19 de diciembre de 1938 y terminó el día 22 de diciembre del mismo mes (sic), dictándose sentencia el 27 de diciembre de 1938.
“El sexto juicio de esta serie, y bajo la misma acusación conjunta, es el de El Pueblo de Puerto Rico contra Casimiro Berenguer, seña-lado para hoy día 9 de enero de 1939; no habiéndose señalado entre el período comprendido entre el 23 de diciembre de 1938 y el 8 de enero de 1939 por ser ése el período de Navidad, Año Nuevo y Reyes, y ser difícil durante ese período, en que hubo, además, tantos días de fiesta, conseguir la citación y comparecencia de numerosos jurados y testigos de ambas partes para la celebración del juicio.”

En el caso del People v. Moran, 144 Cal. 48, 57, citado por el propio juez de distrito al dictar su resolución, en el qne se decidió qne había existido nna insta cansa para la dilación, se dijo:

“No creemos qne la suspensión de los juicios criminales durante la semana que sigue al día de Navidad sea un procedimiento irra-zonable.
“Además de todo esto, a Buckley se le celebró juicio dentro de los sesenta días, y el hecho de que este acusado, a quien se le imputó conjuntamente el mismo delito, hubiese solicitado y se le hubiese concedido un juicio por separado era justa causa para su posposi-ción para una fecha cuando la corte podría asumir con certeza que el caso de Buckley habría concluido.”

Tampoco se cometieron los errores tercero al sép-timo. Como sabemos, fné el propio acusado el qne renunció al juicio por jurado. Eso no obstante, en diversas formas sostiene abora que la corte de distrito erró al resolver la cuestión en su favor. Limitaremos nuestro estudio a la substancia del argumento.

Se trata de un derecho renunciable. Esta propia corte en el caso de El Pueblo v. Plata, 43 D.P.R. 464, 467, dijo:

“No comprendemos por qué no se le permitió al acusado renunciar al juicio por jurado para ser sometida su causa al tribunal de derecho. Si fue por temor de que alegase después haber estado expuesto por el mismo delito (former jeopardy), como manifestó el fiscal de este tribunal en la vista ante nosotros, ya ha sido resuelto que tal alegación no es sostenible cuando el jurado ha sido disuelto a moción del acusado y con su consentimiento. 16 C. J. 254, párrafo 409.”

La circunstancia de que aún subsista la disposición con-tenida en el artículo 2 del Código de Enjuiciamiento Criminal, acerca de que “en causas por delitos que aparejen pena de muerte el veredicto deberá ser por jurado”, no impide la renuncia, habiéndose abolido como lo fue con posterioridad a la aprobación del Código, la pena de muerte en Puerto Eico. Ley núm. 42 de 1929, pág. 233.

El mandato legislativo estaba subordinado a la existencia de la pena de muerte. Abolida ésta, desapareció la razón de la ley y quedó la disposición sin efecto aunque no fuera ex-presamente derogada. Pretender que los' tribunales la sigan aplicando a los casos que antes se castigaban con la pena capital, sería pedirles que legislaran y ellos no tienen esa fa-cultad.

Por el octavo señalamiento se imputa error a la corte por haber permitido a los testigos Pablo Quiñones, Narciso Majes, Eladio Ayala Delucca y Guillermo Larragoiti Coimbre que declararan sobre hechos ocurridos en julio 20, 1938, que no fueron alegados en la acusación, y por el noveno se sostiene que también erró la corte al permitir al testigo Pedro José Chardón que declarara sobre hechos tampoco alegados en la acusación.

En la acusación se alegó que en ocasión de celebrarse una parada en Ponce en conmemoración del aniversario de la en-trada del Ejército de los Estados Unidos en la Isla, estando el Gobernador de Puerto Pico en una plataforma frente a la Casa Consistorial, con otras personas que se nombran obser-vando el desfile, “allí y entonces, ilegal, voluntaria y crimi-nalmente, con malicia, premeditación, deliberación y propó-sito firme y decidido de dar muerte ilegal al ser humano, Hon. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Bico, y me-diante acecho, escondiéndose detrás del público que, a corta distancia, frente a la referida plataforma, observaba igual-mente el desfile de dicha parada, y haciendo uso de revólve-res, armas mortíferas, acometieron al Hon. Blanton Winship, haciéndole numerosos disparos, hiriendo con uno de ellos en el pecho, al ser humano Luis A. Irizarry, Coronel de la Guar-dia Nacional de Puerto Rico, y atravesándole la arteria y la vena pulmonar, a consecuencia, de lo cual falleció dicho Luis A. Irizarry horas después. ’ ’

Las declaraciones de los testigos objetados se refirieron a cierta reunión de nacionalistas celebrada unos días antes del 25 de julio de 1938, bajo la presidencia del acusado, en la cual se acordó obstruir la parada y matar al Gobernador, y el apelante sostiene que imputándosele en la acusación el solo hecbo de disparar contra el Gobernador, las declaracio-nes no eran permisibles. No tiene razón el apelante a nues-tro juicio.

La acusación imputó a Berenguer y a los otros coacusa-dos el delito de asesinato del Coronel Irizarry cometido en la forma y bajo las circunstancias que especifica. Aunque no lo exprese, lleva consigo la alegación de una conspiración y sobre la conspiración versaron las declaraciones.

En la citada decisión del caso del Pueblo v. Escobar, 55 D.P.R. 505, 523, se transcribe con aprobación lo que se dice en 2 Warren On Homicide 133, sec. 182, a saber:

“Cuando una acusación imputa al acusado y a sus coacusados-conjuntamente el haber cometido el delito de asesinato, eso es sufi-ciente para autorizar al estado a introducir cualquier evidencia com-petente en relación con una conspiración, tal como dicha conspiración ha sido sustentada por la acusación, aun cuando haya una ausencia absoluta de alegación de conspiración en la acusación con respecto al acusado apelante. Tal acusación, que conjuntamente le imputa a varios acusados el delito de asesinato, implica en sí y lleva consigo-una conspiración.”

El error décimo es el que se señala como cometido por la corte al permitir que declararan ciertos testigos cuyos nombres no figuraban al dorso de la acusación.

El asunto caía dentro de la discreción de la corte y lio se fia demostrado que se abusara por ésta de su facultad. No bubo error. Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211; Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343, 346, 388.

No es necesario que nos detengamos en la considera-ción del undécimo señalamiento de error. Bastará decir que al introducir su evidencia, renunció el acusado a su moción de nonsuit. Pueblo v. Ojeda, 26 D.P.R. 438; Pueblo v. González, 24 D.P.R. 713.

El duodécimo señalamiento se formula así:

“La corte inferior cometió error al no facilitar los medios para oír en persona la declaración de Clementina Solis de Mercado refe-rente al sitio en que se bailaba el acusado la nocbe del 20 de julio-de 1938; errando asimismo al no darle crédito a lo estipulado por el fiscal y la defensa que declararía esta señora, sin haberla visto-declarar en persona.”

No obstante haber anunciado la defensa que estaba lista para juicio, pidió la citación de la testigo cuatro días des--pués de comenzado. Además se avino a que la declaración, se presentara en la forma que estipuló con el fiscal. No tieneen verdad motivo de queja. Véase Pueblo v. Sarria, 57 D.P.R. 882.

Y en cuanto a que la corte estuviera obligada a dar cré-dito a la declaración, la contención del apelante carece de fundamento. El caso de esta corte que invoca — Caballero v. González, 53 D.P.R. 539 — no es aplicable. Lo que en él se resolvió fué que “el testimonio positivo de un testigo no con-tradicho, sobre un hecho determinado, debe merecer crédito-a la corte a menos que su versión sea físicamente imposible,, inverosímil, o que por sus contradicciones, o su conducta en la silla testifical, se haga indigno de crédito”, y aquí el tes-timonio de la testigo con respecto a que el acusado se encon-traba en determinada reunión espiritista en la noche en que-otros testigos dijeron que presidió aquélla en que se acordó-el asesinato, fué contradicho por el dicho de esos otros testi-gos. La prueba al admitirse lo fué sin privilegio alguno.. Quedó sujeta a ser apreciada lo mismo que la demás apor-tada por las partes.

Por el décimotercer señalamiento se sostiene que la corté erró de modo manifiesto al apreciar la prueba y por el déeimocuarto que actuó además movida por pasión, prejuicio y parcialidad.

No encontramos en los autos rastro alguno de pasión,, prejuicio o parcialidad por parte del juez de distrito al ac-tuar en este caso. Difícil fué la dirección del mismo y com-plicada. Lo que los autos ponen de manifiesto en verdad es-su esfuerzo constante por que ambas partes tuvieran la opor-tunidad de hacer valer sus derechos, sin extralimitaciones.

La prueba fue contradictoria en algunos extremos. Era de la incumbencia de la corte resolver los conflictos y no en-contramos error en la forma en que los resolvió. No estaba obligado el juez a creer como no creyó la prueba de coartada y pudo dar crédito como dió a los testigos que declararon ¿portando los datos necesarios para basar la sentencia que dictara.

No resumiremos toda la evidencia. Es muy extensa. . La aportada sobre los hechos ocurridos el 25 de julio que cul-minaron en la muerte del Coronel Irizarry es completa y con-vincente. Bastará que nos refiramos a aquélla que pone de manifiesto la participación del acusado en la comisión del crimen.

Pablo Quiñones, residente en Ponce y miembro del par-tido Nacionalista, dijo que el acusado era el presidente del partido en Ponce allá para julio de 1938; que el veinte de -ese mes como a las ocho de la noche hubo una reunión de la junta nacionalista a la que asistieron el acusado, López de Victoria, Prudencio Segarra, Elifaz Escobar y Angel Anton-giorgi, acordándose en ella “que no se dejara dar la parada” que se iba a celebrar el veinte y cinco de julio y “que se ma-tara al gobernador y a toda la gente en el templete”. Pre-sidió la reunión el acusado. El día de la parada vió dispa-rar. a Antongiorgi y a Segarra.

Narciso Majes, vecino de Ponce, de setenta y'un años de edad, vive al lado del Club Nacionalista, conoce al acusado que tenía una zapatería al frente y recuerda que en la noche ■del veinte de julio hubo una reunión en el club. Vió entrar varias personas, entre ellas al acusado. Después de los su-cesos del veinte y cinco de julio se cerró el club.

Eladio Ayala Delucca vivía también cerca del Club Na-cionalista. En la noche del veinte de julio vió al acusado que entraba al club como de costumbre.

Guillermo Larragoiti Coimbre, de veinte y un a veinte y dos años de edad, nacionalista, manifestó que el veinte de de julio de 1938 pasó por la Junta Nacionalista de Ponce y encontró al acusado y a Juan Pietri y el acusado dijo “que había que vengar en Ponce el veinte y uno de marzo; que había que matar al Gobernador Winship y a los que estaban en el templete, y yo le dije que a eso no me metía. Me dijo-que si tenía miedo y le contesté que yo no le tenía miedo a nadie.”

Ramón Pérez Brun vió al acusado el día de los sucesos— veinte y cinco de julio — cerca del sitio en que ocurrieron.

Pedro José Chardón declaró que el veinte y cinco de julio era nacionalista, que el acusado era el presidente del partido. El veinte y cuatro de julio “venía de trabajar, López de Victoria” — uno de los coacusados — “me llamó y me dijo que habían tenido una reunión presidida por Casimiro Berenguer y que Berenquer me había escogido a mí como uno de los que tenía que ir al sitio de los sucesos . . . habían hecho un plan para atentar contra la vida del Gobernador, y me ha-bían escogido a mí para velar el sitio y avisarles de la poli-cía.” El plan era para realizarse al día siguiente, tirándole al Gobernador ‘ ‘ cuando saludara la bandera, a la cabeza por-que traía un peto de acero puesto. ’ ’ Al día siguiente vió en efecto disparar en la parada hacia el templete, a Elifaz. Es-cobar, López de Victoria, Segarra y otros.

Juan Bautista García Ríos, subadministrador del Hospital Tricoche manifestó que el acusado fué a procurar el ca-dáver de Antongiorgi para llevárselo porque tenía interés. Estuvo tres veces ese día. Al día siguiente volvió con igual propósito. Antongiorgi fué uno de los que asistió según la declaración de Pablo Quiñones a la reunión del veinte en que se acordó el plan desarrollado el veinte y cinco y de los que hizo fuego hacia el templete donde estaban el Gobernador Winship y el Coronel Irizarry. Fué muerto a consecuencia de un disparo que lo hizo allí mismo el policía Luis Modesti.

No hay contra el acusado prueba alguna de que se le viera disparar el veinte y cinco de julio, pero sí la hay de que fue uno de los cerebros propulsores del crimen, habiendo presi-dido la reunión en que el plan a seguir para realizarlo fué acordado. Y siendo ello así, no erró la corte al apreciar la prueba como demostrativa de su culpabilidad como autor del mismo.

“Todas las personas complicadas en la comisión de un ■crimen”, prescribe el artículo 36 del Código Penal, “ya fuere felony o misdemeanor, y que directamente cometieren el acto constitutivo del delito, o no hallándose presentes, hubieren aconsejado su comisión o incitado a ella; y todas las perso-nas que aconsejaren o incitaren a menores de catorce años, lunáticos o idiotas, a cometer algún crimen; o que, por me-dio de fraude, artificio, o violencia, ocasionaren la embria-guez de otra persona, con el fin de hacerle cometer un cri-men, son principales o autores en el crimen cometido.”

Que “la corte inferior cometió error por no haberse inhibido de intervenir en este caso como juez Domingo Sepúlveda cuyo prejuicio contra otros coacusados bajo esta misma acusación contra Casimiro Berenguer había sido puesto de manifiesto al felicitar en corte abierta a los jurados que habían rendido veredicto de culpabilidad contra los otros coacusados,” se sostiene en el señalamiento decimoquinto.

Examinados los autos no se encuentra en ellos nada que indique que el acusado solicitara en forma alguna la inhibi-ción del juez sentenciador.

Las causas de inhibición según las fija el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil son las siguientes:

“Un juez deberá inhibirse de actuar en cualquiera de los casos siguientes:
“1. En un pleito o procedimiento judicial de cualquier clase en que fuere parte o estuviere directa o indirectamente interesado.
‘' 2. En todo pleito o procedimiento judicial en que el juez, tuviere parentesco de consanguinidad o afinidad con cualquiera de las partes dentro del cuarto grado, o con el abogado de cualquiera de las partes dentro del segundo grado.
“3. Cuando el juez hubiere sido abogado o consultor de cualquiera de las partes en el pleito o procedimiento pendiente ante su corte, o fiscal en una investigación o proceso criminal donde los hechos sean los mismos que en el pleito sometido a su resolución.
"Se exceptúa el caso en que el juez actúe solamente para ordenar el señalamiento de un juicio o el traslado del pleito a otro distrito, o a la orden declarándose inhibido.”

Ninguna concurre en este caso y como bien dice el fiscal de esta corte en su alegato, “el fiecho de que el propio acu-sado no solicitara oportunamente la inhibición de dicho ma-gistrado ni el traslado de la causa milita en su contra y le impide levantar ahora por primera vez la cuestión que en su oportunidad no fue levantada; y que de haberla sido carecía de mérito y de base legal para que se resolviera a su favor. ’ ’

Los motivos que aduce le eran conocidos al abogado del acusado y eso no obstante expresamente solicitó a nombre de su defendido, previo el consentimiento de éste, que se le juz-gara por el tribunal de derecho presidido por el juez que ahora sostiene que debió inhibirse. No hay consistencia en su actitud.

Por el decimosexto señalamiento de error se levanta la cuestión de la nulidad de la sentencia por haberse dictado en contra de lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El precepto dice:

"Después de una confesión o veredicto de culpabilidad, o después de dado un veredicto contra el acusado, en un caso en que se alegare haber sido éste anteriormente declarado convicto o absuelto, si no se suspende la sentencia o se concede un nuevo juicio, el tribunal señalará día para dictar sentencia, que, en casos de felony (delito muy grave), será cuando menos dos días después del veredicto, si el tribunal se propone continuar en sesión, mientras tanto; pero si no fuese así, nntonees será en fecha tan distante como pueda razonablemente fijarse. ’ ’

La mente del legislador, estuvo fija en dos situaciones al decretarlo, la creada por una confesión y la que surge una vez radicado un veredicto de culpabilidad. Conocemos lo ocurrido. Sabemos que la corte el 16 de enero de 1939 dictó-sentencia declarando culpable al acusado y condenándolo a reclusión perpetua. Impugnó la sentencia el acusado. Alega que no le dió la oportunidad de presentar sus alegaciones, y la corte, el 18 de enero, dejó sin efecto la parte dispositiva de su sentencia, esto es, resolvió que permaneciera en pie la declaración de culpabilidad contenida en la misma equivalente a la confesión o al veredicto, y fijó el 23 de enero de 1939 para dictar lo que en el caso de un veredicto o confesión se-ría la totalidad de la sentencia.

Quiere decir que la corte dió entonces al acusado la opor-tunidad para presentar sus alegaciones de la cual se aprove-chó archivando su moción de nuevo juicio, y no fué hasta después de haber considerado y declarado sin lugar dicha moción, que la corte procedió a condenar definitivamente al acusado.

Siendo ése el procedimiento seguido, no habiéndose cau-sado perjuicio alguno al acusado y habiéndose aplicado la ley en su propio espíritu, no hay base para el señalamiento de error.

Los dos últimos señalamientos se refieren a los errores que se imputan a la corte al negar el nuevo juicio y al dic-tar sentencia como resultado final del proceso.

Como la moción de nuevo juicio se fundó en motivos que hemos ya considerado y resuelto en sentido contrario al ape-lante y como la sentencia se ajusta a los hechos y a la ley,, se impone la conclusión de que dichos errores tampoco fue-ron cometidos.

Por virtud de todo lo expuesto debe el recurso declararse sin 'lugar y confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago González Castro, acusado y apelante.
    Núm. 8647.

    Sometido: Junio 5, 1941.

      Resuelto: Julio 8, 1941.

      Abelardo Casanova Prats, abogado del apelante; Eon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este caso guarda relación con el del Pueblo v. Berenguer que acabamos de decidir (ante, pág. 81), con el del Pueblo v. Escobar, 55 D.P.R. 505 y con los del Pueblo v. López de Victoria y Pueblo v. Segarra, desistidos en diciembre i, 1940, en el sentido de haber sido González Castro acusado conjun-tamente con Berenguer, Escobar, López de Victoria y Se-garra, como autor del mismo delito, el asesinato de Luis A. Irizarry, Coronel de la Guardia Nacional. Todos los acusa-dos pidieron juicio por separado y separadamente fueron juzgados, dictándose la sentencia en cuanto a González Castro, aquí apelada, condenándolo a reclusión perpetua, el 17 de octubre de 1938.

La extensa transcripción del récord no fue radicada en la secretaría de esta Corte Suprema hasta enero 27 de este año de 1941, y no obstante haberse dejado transcurrir el término reglamentario para la presentación del alegato sin archivarlo, se señaló la vista del recurso en marzo 7 para abril 21 último. No compareció el apelante ese día y el recurso fué desesti-mado a petición del fiscal.

Así las cosas, pidió el apelante por su abogado la reaper-tura del recurso y esta corte accedió finalmente en mayo 6, 1941, concediéndole basta el veinte para presentar su alegato y señalando la vista para junio 5, 1941.

En su alegato el apelante se refiere al radicado en el caso del Pueblo v. Berenguer, ante, pág. 81 — el abogado es el mismo — y bace constar que sus señalamientos segundo al de-cimosexto nada tienen que ver con este recurso, pero sí los otros que promete discutir incidentalmente con los cuatro adicionales que imputa a la corte al declarar sin lugar su petición de disolución del jurado, al denegar su moción de nuevo juicio y al dictar sentencia en contra suya. Argumenta entonces conjuntamente los dos primeros que se refieren a la disolución del jurado, y al llegar al tercero y al cuarto se limita a decir que ban sido ya discutidos al serlo los ante-riores. Sólo se levanta, pues, una cuestión, la de si debió o no disolverse el jurado por los motivos alegados por la de-fensa.

Veamos cuáles son esos motivos. Declaraba como testigo el fiscal Guillermo S. Pierluisi. Lo interrogaba la defensa y ocurrió lo que sigue según aparece a las páginas 395 y si-guientes de la transcripción de evidencia:

“¿Habló usted con el acusado? — Sí, señor. — ¿Le tomó declara-ción? — Le pregunté. — ¿Le tomó declaración? — Se negó a declarar.— ¿Le tomó declaración? — Se negó a declarar. — ¿Le advirtió el derecho que tenía? — Sin necesidad de advertírselo. No dió lugar, estaba como una avispa. No quiso declarar y lo dejé entonces. — ¿A pesar de que usted habló con él? — Claro.—¿Sin tomarle taquigráficamente lo que dijo? — Sí, señor. — ¿ Qué taquígrafo estaba allí? — El taquígrafo de la fiscalía. — ¿Cuál?—Font.—¿Podría refrescar la memoria con él? — Podría refrescar mi memoria. — Que llamen al taquígrafo Font para que refresque, la memoria. — (Juez): ¿Quiere refrescar su memoria? — (Testigo): Sí, señor. — Venga el taquígrafo Font.— (Lie. Tobo Nazabio) : El taquígrafo Font creo que no está juramen-tado. — (Testigo Sb. Piebluisi) : También podría, si me permite el compañero, buscar las declaraciones. — (Lio. Tobo Nazabio) : Sí, cómo no. — (Testigo Se. Piebluisi) : Aquí están. — (Lio. Tobo Nazabio) : ¿Hay un récord taquigráfico de lo que dijo? — Sí, señor, pero no declaró. Se negó a declarar. — Entonces, no necesitamos al taquígrafo Font. ¿Usted tiene un récord taquigráfico de lo que dijo? ¿Y cómo dice que se negó a declarar? — El taquígrafo lo coge todo. Cualquier palabra suelta que diga un acusado, y él reiteró que no quería de-clarar, aunque no podía obligarlo. — ¿Y de qué hablaron, si usted .recuerda? — Le enseñé un retrato que se ocupó en el bolsillo de Antongiorgi. — ¿ Qué más? — Un momentito, tenga calma. Este retrato y le pregunté que quiénes eran. — (Fiscal Rodbíguez Sebea) : ¿Quién aparece ahí? — El y Antongiorgi de brazo. — (Lio. Tobo Nazabio) : ¿De qué más le habló él? — Estaba como vulgarmente se dice, como un ‘guabá’ y no quiso declarar. — Tenga la bondad de buscar sus notas, a ver qué más habló, refrescando su memoria. — Aquí hay un •detalle importantísimo, que el compañero con su gran habilidad, y que nosotros lo tenemos para la prueba de ‘rebuttal’, cuando declare el acusado, si es que va a declarar. Si el compañero lo quiere hacer así, que pregunte y le contesto el detalle para que lo sepa. — Un momento, ha refrescado su memoria y quiere declarar habiendo visto sus notas. Respetuosamente pido a S. Sa. que dicte una regla •en cuanto a este particular. Ya él ha refrescado su memoria y hace tiempo que viene demostrando hostilidad. — (Fisoal Piebluisi) : Estoy siendo demasiado complaciente con el compañero, porque la investigación de un fiscal es privada. Soy demasiado tolerante, por-que la ley me da derecho de advertir que son privadas, pero como no me interesa ocultar nada. Hay materias que podrían dar lugar a destruir la coartada del acusado, y el compañero quiere pescar desde ahora, para después preparar su prueba, sabiendo lo que este hombre pudo haberle dicho al fiscal. El fiscal está dispuesto a leerle al compañero toda la declaración, excepto en un punto impor-tante, que coincide con la .coartada, que si el compañero se entera, pudiera ser que estuviera más cómodo para preparar al acusado a los efectos de una coartada. El compañero no sabe lo que está aquí.— (Juez): ¿Qué alegación hace el fiscal? — En cuanto a ese aspecto, ■mantenemos el derecho de la investigación privada, y le advierte al •compañero que las investigaciones del fiscal son privadas, y todavía no se ha presentado en evidencia la declaración del acusado. — (Lie. Tobo. Nazabio) : Respetuosamente sometido.— (Juez) : La corte, de .acuerdo cou la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Puerto Pico, cree que las investigaciones becbas por los fiscales son privadas y no está obligado el fiscal a descubrir su investigación.
“(Lio. Toro Nazario): Tomamos excepción respetuosamente, y entonces, señor Juez, respetuosamente pedimos la inmediata disolu-ción del jurado, por el fiscal haber hecho alusión a documentos para refrescar su memoria y la mucha hostilidad a las preguntas que se le vienen haciendo, obligan al acusado a pedir la disolución del jurado, sobre la base de un ‘mistrial’, porque ha llevado al ánimo del jurado hechos y circunstancias que dependen de prueba que-todavía no ha presentado, y ha prejuiciado de antemano el ánimo y la disposición buena o mala que pudieran tener los señores del jurado. En estas circunstancias, y en abierta violación de la Ley de Evidencia y de la protección que deba tener un acusado, ha prejuiciado a Ios-señores del jurado sobre el carácter de su defensa, que pueda ex-poner en su turno este abogado. (El Lie. Toro Nazario argumenta extensamente su moción de ‘mistrial’.) — (Fiscal PibRluisi) : El compañero tiene la culpa, y como abogado tengo que suponer que-sabe bastante, pues de lo contrario deberá quitarse la toga. El compañero debe saber que estas declaraciones o datos de un fiscal son privados, y es malicioso y no puede ser de otra manera, que se' interprete en otra forma. De lo contrario, si no es malicioso, es-ignorancia crasa. (El 'Fiscal Pierluisi argumenta extensamente su moción de oposición a la moción de ‘mistrial’) — (Lie. Toro Nazario) : Perdóneme la corte, pero pido que el taquígrafo tome nota para tomar la acción pertinente. — (Juez) : La regla general es que los argu-mentos no se toman. No se toma nada más que la exposición cuando se hace una moción. — (Lie. Toro Nazario) : Yoy a suplicar que se haga una estipulación, para lo que el fiscal se atreva a decir, depen-damos de la memoria de S. Sa. Lo que el fiscal acaba de decir,, dependemos de la memoria de S. Sa. — (Juez) : El Fiscal dice que si ha entrado en esos detalles, fué porque la defensa lo llevó ahí. Esa es la situación. — (Lio. Toro Nazario) : La defensa añade que el fiscal en su informe aludió a que estaba conferenciando con el acusado, y dijo específicamente que estaba tratando de emparejar una coartada con el hecho de que teníamos esas notas, porque el acusado no se acordaba, y que estaba pescando evidencia.. . — (Fiscal Pierluisi) Que me deje terminar el compañero. Tengo derecho a suponer eso. Si el compañero quiere, haría una estipulación; si lo quiere, que se-dé por presentado esto en evidencia. — (Lie. Toro Nazario) : Continúe-argumentando. — (Fiscal Pierluisi) : Conteste mi pregunta. ¿ Acepta S. Sa. esta declaración'? — (Lie. Toro Nazario) : No puedo aceptar lo> ■que no be visto. — (Fisoal Piebluisi) : Sostengo mi oposición. — • (Juez) : ¿Terminó la argumentación de la moción de ‘mistrial’?— (Fiscal Piebluisi) : Si acepta toda la declaración. — (Juez) : La •corte declara sin lugar la moción de ‘mistrial’.
“ (Lie. Tobo Nazabio) : Nosotros respetuosamente vamos a repro-ducir la moción de ‘mistrial’, alegando como motivo adicional y especial las manifestaciones... — (Juez) : ¿Es una moción de reconsi-deración? — (Lio. Tobo Nazabio) : Pidiendo la disolución del jurado, porque el fiscal, en parte de su argumentación, ba hecho manifesta-ciones que tienden a desprestigiar a este abogado; no solamente como «bogado en el ejercicio de su profesión, sino como abogado de este -acusado, y que tienden además a desprestigiar a este acusado, a base -de hechos y circunstancias que no constan de la prueba. — (El Lie. Toro Nazario argumenta su moción de reconsideración.) — (Fiscal Piebluisi) : ¿ Qué hace el compañero argumentando? ¿ Cuál es la -moción? — (Lio. Tobo Nazabio) : Una moción de ‘mistrial’. — (Fiscal Piebluisi) : Ya la resolvió la corte. — (Lie. Tobo Nazabio) : Es una nueva moción. — (El Lie. Toro Nazario continúa argumentando.)- — • (Fisoal Piebluisi) : El jurado no debe disolverse, porque al compa-ñero se le antoje que el jurado haya recibido prueba que lo ha pre-juiciado o lo pueda prejuiciar. Los doce señores del jurado son doce personas íntegras, que están, de una manera honesta observando todo lo que aquí desfila.- — (El Fiscal Pierluisi argumenta su oposi-ción.) — -(Juez) : Sin lugar. — (Lie. TORO Nazario) : Con nuestra ex-cepción. ’ ’

Cita entonces la defensa el caso de El Pueblo v. Marchand Paz, 53 D.P.R. 671, 680, y sostiene que:

“Es verdad que en el caso citado el fiscal hizo las manifestaciones en su informe oral al jurado y que en el presente fueron hechas durante el curso del juicio y mientras el fiscal declaraba como testigo de la defensa. Pero lejos de tal diferencia aminorar el error de la corte al permitir tales manifestaciones, sin que la corte le llamara la atención al jurado sobre el hecho de que no le diera importancia a tales manifestaciones del fiscal; lejos de aminorar la falta el hecho de que el fiscal dijera esto como testigo, a nuestro entender, agrava más la situación perjudicando más al acusado ante los ojos del jurado pues prejuiciaba a éste de antemano en contra de la única -defensa que luego habría de plantear el acusado, o sea, la defensa •de coartada, que fué la única defensa del acusado pues basta sola-mente leer el informe de la defensa y la prueba presentada para comprender que lo único que tendió a probar el acusado fué que no babía estado en el sitio de los sucesos en el momento de los disparos sino en una tienda cercana a su casa, habiendo pasado todo-el resto de la mañana entre su casa y la clínica donde estaba recluida su señora madre.
“De manera que cuando la defensa presentó su prueba de coartada ya la misma había sido desacreditada ante los ojos del jurado por las manifestaciones del fiscal sin que la corte hiciera el más mínimo esfuerzo por aclararle la situación al jurado y por advertirle que no le diera crédito a estas manifestaciones del fiscal, ya que las mismas eran inadmisibles, todo a pesar de las protestas de la defensa, de las mociones de ‘mistrial’ y de las excepciones tomadas no solamente en cuanto a las manifestaciones tendentes a desacreditar la defensa de coartada del acusado sino en cuanto a las palabras del fiscal tendentes a menospreciar y ridiculizar al abogado del acusado ante los ojos del jurado; todo ante la actitud de tole-rancia y paciencia de la corte para con el fiscal y hasta de asenti-miento a ciertas manifestaciones del fiscal en relación con el abogada de la defensa al manifestar la corte: ‘ el fiscal dice que si ha entrado en esos detalles, fué porque la defensa lo llevó a ello. Esa es la situación.’ ”

Parece conveniente expresar antes de entrar en el estu-dio y resolución de los errores señalados, que no sólo es fuerte la prueba aportada por El Pueblo en relación con la inter-vención del acusado en los sucesos del 25 de julio de 1938 que culminaron en la muerte del Coronel Irizarry, si que esa prueba tiende a demostrar que fué precisamente el acusado-el que bizo el disparo fatal.

Estudiado el incidente a través del récord, no produce en verdad una buena impresión. Pudo el fiscal limitar sus con-testaciones a los becbos y suprimir toda clase de comenta-rios, y el juicio se hubiera desarrollado en plano más alto. La propia línea de conducta seguida por la defensa desde los comienzos del juicio, debió indicar al fiscal que le exigía un dominio mayor sobre sí mismo a fin de evitar dificultades y complicaciones. De todos modos no encontramos qne pue-dan derivarse del incidente las consecuencias qne pretende el apelante.

El caso del Pueblo v. Marchand Paz, supra, qne cita, es uno extremo y bien distinto del presente. Refiriéndose a los hechos ocurridos y fijando su alcance, dijo esta corte en el repetido caso de Marchand Paz, supra:

“Antonio Rivera Córdova fué llamado por el acusado con el fin expreso de lograr que él confesara haber dado muerte a Orlando Colón. No obstante, su declaración fué enteramente de carácter negativo y no se permitió que su deficiencia fuera subsanada ni por prueba positiva ni indirectamente, mediante testigos de impugnación. El supuesto matador confeso asumió un aire de absoluto desconoci-miento de toda la situación. La defensa le preguntó expresamente si no había estado en cierta finca en la madrugada del domingo siguiente al viernes en que se dió muerte al policía y en la cual, con Cáceres, Moreau y Marchand, el acusado, les informó que había matado a Colón y que al que dijera algo 'le metía plomo en el cuerpo,’ El testigo negó todo esto.
“Bajo las anteriores circunstancias tenemos que asumir que el jurado tenía conocimiento de la supuesta defensa. El fiscal destruyó con éxito toda tentativa de ofrecer, con otros testigos, prueba de la intervención de Rivera Córdova en el asesinato. Él pudo razonable-mente haber terminado allí y haber confiado, en vista de la prueba directa que existía contra el acusado, en que se traería un veredicto condenatorio. Sin embargo, no satisfecho con su caso contra el acu-sado, manifestó al jurado que el testigo había ido a su oficina, luego de declarar en corte, y le había manifestado que la defensa le había ofrecido dinero (algunos dicen que $30), la cuantía no es importahte, para que abandonara la isla y el acusado pudiera incriminarlo. No podemos exonerar al fiscal de un motivo ulterior al hacer esta mani-festación al jurado. Podría colegirse inmediatamente que su fin principal fué demostrar que el acusado trataba dé fabricar una defensa, y lo que es aún peor, el fiscal trataba de realizar su fin en una forma que en situaciones similares hemos condenado y que no son toleradas por la corte. Pueblo v. Rojas, y otros, supra. Si se recuerda que el mismo fiscal se había opuesto a toda prueba o comen-tario sobre la cuestión por parte de la defensa, su actuación resulta aún más injustificada. Esta no era una cuestión de evidencia im-propia admitida debido a que la parte contraria no se había opuesto, sino un caso en que se presenta directamente al jurado y no mientras se admite la prueba, testimonio perjudicial que con toda probabilidad no se hubiera podido ofrecer desde la silla de los testigos.
“La conducta del fiscal con toda probabilidad ya había dejado una marca indeleble en el ánimo de los jueces de hecho. La mani-festación del fiscal, de ser creída por el jurado, tendió a demostrar una admisión de culpabilidad por el acusado e indirectamente acusó a la defensa del serio crimen de tratar de sobornar a un testigo. No podemos determinar todo el efecto de semejante manifestación, pero a nuestro juicio, resultó inevitablemente perjudicial.”

Aquí, por el contrario, nada demuestra deliberación por parte del fiscal. La referencia a la prueba de coartada sur-gió incidentalmente y en cierto modo provocada por la pro-pia defensa. Ni puede dársele importancia decisiva. Pro-bablemente el jurado la pasó por alto, como lo hizo la corte considerando el incidente como una de las muchas discusio-nes innecesarias habidas entre la defensa y el fiscal durante el juicio.

Como se dijo en el caso de Marchand Pas, supra, la juris-prudencia sobre esta materia es abundante y cada caso ha de fundarse en sus hechos específicos. Y los de éste en ver-dad, lo mismo en lo que se refiere al alegado descrédito de la prueba de coartada que en lo que concierne al alegado descrédito del abogado, no son trascendentales, no permiten afirmar que llegaran o debieron llegar a la conciencia del jurado perturbándola o inclinándola en determinado sentido. No se trata, pues, de un error perjudicial, y en su consecuen-cia no procede la revocación del fallo.

Debe declararse sm lugar el recurso y confirmarse la sen-lencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Antonio Pillich y Rafael Fernández, personalmente y en representación del derecho e interés de otros de la misma clase, peticionarios, v. Patrick J. Fitzsimmons, Auditor de Puerto Rico, y Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, querellados.
    Núm. 8385.

    Sometido: Junio 27, 1941.

      Resuelto: Julio 8, 1941.

      Hon. Procurador General Interino, Emilio de Aldrey, y B. García Cintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados de los apelantes; C. Triarte, F. Fernández Cuyar, H. González Flanes y Eduardo Ortiz Beyes, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios y las personas por ellos representadas fueron nombrados por los Presidentes respectivos de las Cá-maras legislativas para prestar servicios en ellas como em-pleados temporeros, a partir del primero de julio de 1938.. Se dispuso que los sueldos correspondientes fuesen pagados-con cargo a la partida de “Imprevistos” consignada para cada una de las Cámaras legislativas en la Ley de presu-puesto general de gastos para el sostenimiento del Gobierno-Insular para el año fiscal 1938-39. Desde la expresada fe-cha y basta el 31 de octubre siguiente, dichos empleados pres-taron sus servicios y recibieron mensualmente la compensa-ción fijádales por los Presidentes de los cuerpos legislativos, A partir del mes de noviembre siguiente, y hasta el 26 de-abril de 1939, las personas así nombradas continuaron de-sempeñando sus respectivos cargos sin recibir el pago de sus salarios, por haberse negado el Auditor de Puerto Eico a expedir los correspondientes libramientos de pago, basando-su negativa en una opinión del Procurador General y en la sentencia dictada por esta Corte en el caso de Ortiz Reyes v. MacLeod, 56 D.P.R. 871.

En vista de la actitud asumida por el auditor, la Asam-blea Legislativa de Puerto Eico aprobó la Ley núm. 9, de 3: de abril de 1940 (pág. 297), titulada como sigue: “Para ra-tificar y convalidar las actuaciones del Presidente del Senado-de Puerto Eico y el Speaker de la Cámara de Eepresentantes de Puerto Eico al designar como designaron, so color de au-toridad, los empleados temporeros del Senado y la Cámara de Eepresentantes de Puerto Eico con cargo a las partidas de imprevistos de dichos cuerpos legislativos, año económico 1938-39; haciendo suyas la Asamblea Legislativa de Puerta Eico dichas actuaciones, considerándolas como si en su opor-tunidad las hubiera autorizado por ley, y/o reconociendo la obligación moral de El Pueblo de Puerto Eico de pagar Ios-servicios así prestados por los referidos empleados; y para que el pago del importe de dichos servicios así prestados desde el primero de noviembre de 1938 hasta el 26 de abril de 1939, ambos inclusive, sea efectuado por el Auditor y el Tesorero de Puerto Rico según se expresa en esta ley, nna vez se dicte resolución en remedio declarativo por corte com-petente en cnanto a la validez de leyes curativas o remedia-les aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; asignando los fondos necesarios a tal objeto, y para otros fines.”

De conformidad con la citada ley, los secretarios respec-tivos del Senado y de la Cámara de Representantes remitie-ron al auditor las nóminas para el pago de los servicios pres-tados por dichos empleados, cuya compensación total desde noviembre 1, 1938, hasta abril 26, 1939, fué consignada en la citada ley núm. 9, siendo devueltas las nóminas por el auditor, alegando que la sección 3 de la citada ley prescribe que el pago a dichos empleados no deberá hacérse hasta que una corte competente dicte una sentencia declaratoria sosteniendo' su validez, y que esa condición no se había cumplido todavía. Con tal motivo, se presentó en la corte inferior la demanda de este caso en solicitud de un decreto declaratorio de que la citada ley núm. 9 es constitucional. El caso quedó sometido' a la consideración de la corte sentenciadora mediante una estipulación oportunamente aprobada por dicho tribunal, en la que los querellados admitieron todos los hechos alegados^ en la petición o demanda y solicitaron ambas partes que se resolviese: (a) si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene facultad para aprobar leyes reparadoras (curative statutes) ; y (b) si la ley núm. 9, aprobada el 3 de abril de 1940,. es eficaz para obligar a los querellados a verificar los pagos-prescritos por dicha ley.

El 12 de mayo último la corte inferior, por los fundamen-tos expuestos en la opinión que unió a los autos, dictó la si-guiente sentencia:

“Por los fundamentos de la opinión unida a los autos, se declara válida la ley núm. 9 de la Cuarta Legislatura Ordinaria de la Décimocuarta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el día 3 de abril de 1940, con excepción de la disposición de dicha ley que-se copia a continuación y se declara nula:
“ ‘. con excepción de que los pagos que por ella se decretan no se liarán efectivos basta tanto se dicte resolución en remedio declarativo por corte competente en cuanto a la validez de leyes repa-radoras o remediales (curative statutes) aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico;’
“Dada en San Juan, Puerto Rico, boy día 12 de mayo de 1941.
(Fdo.) Jorge L. Córdova
Juez de Distrito.”

La contención de los apelantes descansa en el párrafo un-décimo del artículo 34 de la Ley Orgánica, que dice:

“La Asamblea Legislativa prescribirá por ley el número, deberes y remuneración de los funcionarios y empleados de cada Cámara; y ningún pago con fondos del Tesoro por servicios a la Asamblea Legislativa, se bará ni se autorizará en modo alguno a favor de ninguna persona, a no ser un funcionario o empleado en servicio activo elegido o nombrado en cumplimiento de la ley.”

Ante tan terminante precepto, no cabe dudar que los Presidentes de una y otra Cámara asumieron una facultad expresamente conferida a la Asamblea y no a ellos, y por consiguiente realizaron un acto nulo por inconstitucional. De igual modo es incuestionable que la Asamblea, de conformidad con el mismo precepto, pudo originalmente prescribir por ley el número, deberes y remuneración de los peticionarios y delegar en sus presidentes la facultad de nombrarlos para sus cámaras respectivas.

Siendo ello así, la próxima cuestión a determinar es si pudiendo la Asamblea originalmente aprobar tal ley, puede también, mediante una lej^ reparadora (curative act) conva-lidar el acto que en violación de la Carta Orgánica realiza-ron sus presidentes. No existe precepto alguno en la Ley Orgánica ni en ninguna otra que lo .prohíba. Por el contra-rio, la regla prevaleciente tanto en los Estados como en el Gobierno Federal es al efecto de que el poder legislativo puede aprobar cualquier ley reparadora (remedial statute) convalidando una ley o actuación, siempre que dicha legisla-tura originalmente hubiese podido aprobar la legislación con-validada y siempre que la ley reparadora no menoscabe obli-gaciones contractuales ni derechos adquiridos (vested rights) al amparo de una legislación anterior. Stranger v. City of Bridgeport, 116 A.L.R. 1031; Eaton v. Davis, 10 S. E. (2) 893, citado por los apelados; 5 Cornell Law Quarterly, 66-67; 51 H. L. R. 1073, y muy especialmente el reciente caso de Swayne & Hoyt, Ltd. v. U. S., (1937) 300 U. S. 297, 301.

En el caso últimamente citado se impugnó la validez de una Orden Ejecutiva del Presidente, número 6166, a virtud de la cual dicho funcionario abolió la agencia gubernamental denominada “Shipping Board”, y transfirió sus funciones al Departamento de Comercio. Posteriormente el Congreso ra-tificó la Orden Ejecutiva del Presidente. Se alegaba por la apelante que el Congreso carecía de poderes para delegar en el Presidente la facultad de hacer dicha' transferencia y que al así actuar el Presidente, infringió la Constitución. Besol-viendo la cuestión planteada, la Corte Suprema de Estados Unidos, por voz de su hoy Juez Presidente Sr. Stone, dijo:

“Es innecesario resolver si fné eficaz o no la transferencia veri-ficada por medio de la Orden Ejecutiva, pues opinamos que como el Congreso tenía la facultad de abolir el Shipping Board y disponer que sus funciones fuesen ejercitadas por el Secretario, tenía también la facultad para convalidar y ratificar las actuaciones del Presidente en el sentido indicado, aunque dicho funcionario hubiese llevado a cabo la transferencia mediante una orden ejecutiva nula.
“Está establecido que el Congreso, a través de una ley que por cualquier otra razón no sea inapropiada, puede ratificar actos que originalmente hubiera podido autorizar.” (Citas.)

La ley núm. 9 de 1940, al ratificar las actuaciones nulas de los Presidentes de las Cámaras legislativas, no menos-cabó derechos contractuales ni derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior, pues El Pueblo de Puerto Rico, única entidad que podría aparentemente resultar perjudicada por dicha ley, no tiene ningún derecho a beneficiarse del tra-bajo de los peticionarios sin la debida compensación.

Por último, convenimos con la corte sentenciadora en que aquella parte de la ley núm. 9 de 1940 que requiere como condición precedente a sil vigencia que sn constitncionalidad sea previamente sostenida por nna corte de jurisdicción com-petente, es inconstitucional por constituir una indebida dele-gación del poder legislativo al judicial.

Opinando como opinamos que la ley núm. 9 de 1940 es válida con excepción del párrafo últimamente indicado — cuya inconstitucionalidad no afecta el resto de la ley — procede la, confirmación de la sentencia apelada.


text:
    Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico, Diócesis de San Juan, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1088.

    Sometido: Junio 11, 1941.

      Resuelto: Julio 10, 1941.

      Eeriberto Torres Sold y F. Pérez Almiroky, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito; R. Cuevas Zequeira, en representación de Arturo Torregrosa Iliceaga, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso gubernativo contra una nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Pri-mera, por virtud de la cual se negó a inscribir un censo.

Del escrito interponiendo el recurso y de los documentos acompañados al mismo resulta que en enero 20, 1917, por es-critura otorgada en San Juan ante el notario público Jorge ~V. Domínguez, Antonio Alvarez Nava vendió a Arturo To-nregrosa cierta propiedad en Santurce. En dicho documento se hizo constar que el inmueble vendido “reportaba como cargas, un censo a favor de Nuestra Señora de la Providen-cia de esta ciudad, por un mil seiscientos dólares de principal al interés del cinco por ciento anual” y al fijarse el pre-cio y la forma en que se pagaba, se consignó “por el conve-nido precio y cantidad de diez y nueve mil seiscientos veinte dollars, de los cuales un mil seiscientos veinte dollars los re-tiene en su poder el comprador para saldar el censo a favor de Nuestra Señora de la Providencia de esta ciudad, por igual montante, . . . . ”

Presentada la escritura en el registro, fue inscrita la transferencia a favor del comprador, haciéndose constar en la inscripción en relación con el censo, lo que sigue:

"... El terreno de esta finca es segregación de una parcela de 22 metros de frente por 62 de fondo, parte de la finca núm. 1602, inscrita al folio 24 de este tomo, inscripción primera, cuya finca principal aparece afecta a las cargas que se detallan en dicha inscrip-ción primera, mencionándose como única carga en el documento, el censo a favor de Nuestra Señora de la Providencia, por $1,620, que en el Registro se reseña... .del precio total $1,620 los retiene en su poder el comprador para saldar el censo a favor de Nuestra Señora de la Providencia, por igual montante, que grava los tres solares ■eomo procedentes de la finca principal, y cuya parte de precio la da por recibida en tal concepto el vendedor;... .El Sr. Torregrosa acepta y toma a su cargo y exclusiva responsabilidad, el censo ex-presado que grava en cuanto a los terrenos las tres fincas vendidas a él, y quiere y consiente que el referido censo pase íntegro, y lo reconoce sobre la finca de este número y que, aun cuando no pueda verificarse en el Registro por falta de consentimiento de la parte acreedora, hace constar que es de su cuenta única el pago de los intereses o réditos como también el del capital del gravamen en el caso de su cancelación o redención.”

En agosto 16, 1934, se extendió nota por el registrador al margen de la inscripción “cancelando la mención del indi-cado censo y la obligación de pago del mismo, por haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de la mención, a solicitud del dueño de esta finca señor Torregrosa, en affidavit de 14 de agosto de 1934.” .

Así las cosas en el registro, Monseñor Eduino V. Byrne,. Obispo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, Diócesis de San Juan, por su abogado, en abril 18, 1941, presento para su inscripción en el mismo, en cuanto al censo, copias de la escritura de enero 20, 1917, y de otra otorgada en San-Juan a cinco de julio de 1929 por el dicho Monseñor Byrne y Arturo Torregrosa en la cual, haciéndose referencia a la repetida escritura de enero 20, 1917, se dice:

“Quinto: Que a dicho otorgamiento no concurrió la Iglesia acree-dora; y con el fin do que pueda hacerse constar de una manera-fehaciente en el Registro de la Propiedad, la vigencia o gravamen del expresado censo sobre la finca descrita con la letra A, de la-propiedad del compareciente Señor Torregrosa; el compareciente Monseñor Eduino Y. Byrne, en su indicado carácter de Obispo-Católico Apostólico Romano de Puerto Rico otorga que ratifica y aprueba en todas sus partes la relacionada escritura, y consiente que-el enunciado censo, grave exclusivamente la finca descrita con la letra A.”

La nota denegatoria del registrador, dice:

“Denegada la inscripción del censo que se reconoce en esta escri-tura, que se ha solicitado con vista de acta de ratificación por el Señor Obispo Católico de Puerto Rico, porque aun cuando el Señor-Obispo acepta y perfecciona en documento público el contrato decla-rativo de censo, ya la mención de éste ha sido cancelada en el Registro, con fecha posterior a la de la ratificación, careciendo de-facultades el Registrador para anular, con un documento de fecha anterior, el asiento de cancelación ya verificado, que ha creado un estado de derecho a favor de los esposos Torregrosa Casellas, y tomada anotación.... ”

En su escrito señala el recurrente los siguientes errores como cometidos por el recurrido, a saber:

“(a) Indebida aplicación del art. 17 de la Ley Hipotecaria, en cnanto entiende el registrador que las escrituras acompañadas de fecha anterior a la cancelación del censo, no pueden ser inscritas.
“(b) Al entender dicho funcionario que carece de facultades para anular con un documento de fecha anterior el asiento de can-celación ya verificado.
“(o) Al entender que el estado de derecho creado a favor de los esposos Torregrosa-Casellas, impide la inscripción solicitada.”

Y luego argumenta extensa e inteligentemente los señala-mientos.

No podemos sin embargo seguirlo en su argumen-tación porque en verdad en tanto en cuanto se refiere al fondo de la controversia, no cabe dentro de este recurso gu-bernativo.

Cancelada la mención en agosto 16 de 1934, se creó desde entonces un estado de derecho en el registro que no le es da-ble alterar por su propio acuerdo al registrador a virtud de documentos otorgados con anterioridad. La cuestión de si procede o no aplicar las leyes núm. 12 de la sesión especial de 1923, pág. 37, y núm. 12 también de la sesión especial de 1924, pág. 109, regulando la cancelación de gravámenes en el registro, a las que se acogió el dueño del inmueble, cuestión que envuelve la de la existencia o no existencia del censo en la actualidad, no es de la competencia del registrador sino de la del tribunal de justicia correspondiente.

Como esta propia corte decidió en García v. Registrador, 33 D.P.R. 950, 952:

“ •. .En el registro se ha creado un estado de derecho favorable a Juan Negrón Díaz y sólo con su intervención puede alterarse. • El registrador por sí solo no puede hoy decidir el caso del recurrente y actuó con razón derecha al negarse a inscribir el documento de acuerdo con lo que prescribe el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
“ ‘Hecha una inscripción en el registro de la propiedad,’ decidió esta corte en el caso de (Bolívar et al. v. El Registrador, 13 D.P.R. 375, ‘el registrador carece de facultades para anularla sin el concurso y conformidad de los interesados, por ser facultad privativa de los tribunales de justicia.' Y aquí si se accediera a las pretensiones del recurrente, la inscripción liecha a favor de Juan Negrón Díaz que-daría anulada en cuanto a treinta y siete céntimos de cnerda.

‘ ‘ Igual doctrina se estableció en el caso de Dávila v. El Registrador de Caguas, 28 D.P.R. 197, 200. Para un estudio más amplio de cuáles son los errores que pueden corregirse por el registrador y cuáles no, además del art. 254 y siguientes de la Ley Hipotecaria y los correspondientes del Reglamento, puede verse el tomo 4, pág. 94 y siguientes de la Legislación Hipotecaria por Galindo.”

Recientemente en De la Torre v. Registrador, 57 D.P.R. 681, se reafirmó la doctrina en los siguientes términos: “Prac-ticada y firmada una inscripción en los libros del registro a su cargo, el registrador de la propiedad carece de facultad para anularla y cancelarla por ser ello facultad privativa de los tribunales”.

Por virtud de lo expuesto debe el recurso declararse sin lugar y confirmarse la nota.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Acevedo Barreto, acusado y apelante.
    Núm. 8629.

    Sometido: Junio 20, 1941.

      Resuelto: Julio 10, 1941.

      Diego E. Ramos, abogado del apelante; II on. Procurador General Interino, Emilio de Aldrey, y R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Acevedo Barreto fue denunciado ante la Corte Municipal de Aguadilla de haber infringido la sección 12 de la ley núm. 75 de 1925 (pág. 551), según fué enmendada por la ley núm. 31 de 1929, pág. 203.

Apelada la causa para ante la corte de distrito, en no-viembre 25, 1940, se celebró el juicio de nuevo, condenándose al acusado a pagar una multa de cincuenta dólares y las cos-tas, decretándose la confiscación de los efectos ocupados y su venta por el márshal en pública subasta.

Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación, señalándose, como único error el que se atribuye a la corte al “admitir una denuncia que imputa al acusado más de un delito.”

Argumentando el error sostiene el apelante que se-gún los términos de la ley cuya infracción se le imputa se entenderá que ejerce la cirugía dental en Puerto Rico cual-quier persona que “ ... 1) sea dueño ... de un sitio donde se practiquen operaciones dentales; o que ... 2) mantuviere ... una oficina equipada con instrumentos dentales usados en la práctica de la cirugía dental exceptuando los comerciantes que traficaren en instrumentos o materiales usados en dicha práctica,... ; o que 3) usare las palabras o letras ‘Doctor en Cirugía Dental,’ ”, y que como en la denuncia se alega que ... el referido acusado ... ejercía la cirugía dental en Aguadilla, P. R., porque 1) era dueño de una oficina en donde se practicaban por él operaciones dentales; 2) además no siendo un comerciante dedicado al tráfico de instrumentos usados en la práctica de la cirugía dental ni un médico, man-tenía abierta al público una oficina de su propiedad equipada con instrumentos dentales propios para ser usados en la prác-tica de la cirugía dental en Puerto Rico; 3) además usaba y se bacía llamar ‘Doctor en Cirugía Dental’ ”, debe con-cluirse que se le imputan tres distintos delitos, lo que es con-trario al art. 77 del Código de Enjuiciamiento Criminal que ordena que:

“La acusación babrá de comprender sólo un delito, pero el mismo delito puede ser expuesto en diferentes formas y bajo distintos cargos, y cuando el delito baya sido cometido usando de medios diversos, los medios pueden ser alegados alternativamente en el mismo cargo.”

Dice entonces que no ba bailado jurisprudencia local que resuelva la cuestión que levanta y cita de Wharton Criminal Pleading and Practice, 9a ed., 1899, pág. 175-177, sec. 251.

No tiene razón el apelante. La denuncia sólo imputa al acusado la comisión de un delito, el ejercicio ilegal de la ci-rugía dental, perpetrado en varias de las formas o modali-dades especificadas por la ley, y una denuncia formulada de tal modo es permisible.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Desde hace cerca de cuarenta años se resolvió por esta propia corte en Pueblo v. Rivera (a) Panchito, 7 D.P.R. 332:

“La acusación babrá de comprender sólo un delito, pero éste puede ser expuesto en diferentes formas, y bajo distintos cargos, y cuando se hubiere cometido usando de medios diversos, éstos pueden alegarse alternativamente en el mismo cargo, y así formulada no está sujeta a la excepción de que en ella se imputa más de un delito. ’f

La doctrina se aplicó y reafirmó en repetidos casos. Bas-tará que citemos dos, El Pueblo v. Collazo, 20 D.P.R. 203 y El Pueblo v. Díaz, 22 D.P.R. 191, 193. En el primero, co-piando del resumen, se dijo:

“Cuando, como ocurre en el artículo 368 del Código Penal, la ley castiga como delito el bacer alguna de las varias cosas que menciona disyuntivamente, todas o algunas de ellas pueden ser imputadas conjuntamente sin que por eso adolezca la denuncia del defecto de duplicidad. ’ ’

T en el segundo, también copiando del resumen, se re-solvió :

“Cuando una acusación comprende distintos cargos o maneras de realizar el delito, la alegación suficiente de cualquiera de ellos y su.prueba justifican una condena.”

Nada encontramos en la cita de Wharton que se oponga a las decisiones de esta corte.

En un alegato adicional presentado por el apelante con permiso de la corte se suscitó la cuestión de que siendo nula la orden de allanamiento por medio de la cual se ocu-paron determinados objetos y habiéndose condenado al acu-sado a virtud de la evidencia aducida como consecuencia de la dicha orden nula, procedería en todo caso la revocación de la sentencia.

Según consta de las notas taquigráficas acompañadas a la •moción, el día del juicio el acusado por su abogado suscitó oralmente la cuestión que sigue:

“... que se ordene por la corte la entrega de cierta evidencia obtenida en este caso a virtud de orden de allanamiento expedida por el Juez de la Corte Municipal, porque la orden que dicho magis-trado expidiera es nula y sin ningún valor y no puede producir autoridad para el registro e incautación que llevó a cabo el. oficial Jefe de Distrito de la Policía Insular de Aguadilla en la casa del acusado, puesto que la orden de allanamiento se expidió a virtud de affidavits que son insuficientes en derecho para autorizar la expe-dición de esa orden de allanamiento y no siendo suficientes los affidavits la orden en sí fué ilegalmente expedida, el allanamiento ilegahnente practicado y la incautación de los bienes realizada con violación de la ley y la jurisprudencia.”

La corte resolvió:

“La corte, después de haber estudiado detenidamente toda la jurisprudencia aplicable a la cuestión planteada por la defensa reía-tiva a la devolución de los objetos ocupados en poder del acusado, objetos dedicados al ejercicio de la cirugía dental, resuelve en primer término que dicha moción es tardía por haber sido presentada la misma el día del juicio y después de haber sido llamado el caso; en segundo término, que la solicitud consignada en récord por el dis-tinguido letrado que representa al acusado no alega título suficiente para que la corte pueda considerar los méritos de la misma, es decir, no alega que esos objetos ocupados a virtud de una orden de allana-miento expedida por el Juez Municipal fueran de la propiedad del acusado o estuvieran en posesión del mismo;....”

Siendo ésos los hechos, creemos que la corte sentencia-dora actuó de acuerdo con la ley y la jurisprudencia al de-clarar sin lugar la moción del acusado y por tanto que tam-poco está bien fundado el nuevo error que levanta.

Una objeción a que se admita prueba obtenida mediante orden de allanamiento ilegal, hecha en el acto del juicio, es tardía, se resolvió en Pueblo v. Lebrón, 46 D.P.R. 588. Véase El Pueblo v. Cerecedo, 21 D.P.R. 56.

Y recientemente en Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548, 555, se dijo:

“En el caso de autos, no consta que el acusado impugnase la validez de la orden de allanamiento en la corte municipal; pero como hemos dicho, esa omisión no le impidió promover la cuestión en la corte de distrito, siempre que lo hiciese, como lo hizo, con la suficiente antelación a la fecha señalada para el juicio.”

Además la moción era claramente insuficiente. Conoce-mos sus términos y sabemos lo que dijo la corte, siendo de perfecta aplicación lo resuelto en el caso del Pueblo v. Roldán, 42 D.P.R. 956, a saber:

“Cuando la solicitud para anular una orden de allanamiento no contiene alegación alguna respecto a que los objetos ocupados perte-necieran a y estuvieran en posesión del peticionario, ni que la ocu-pación o registro se llevara a cabo en sus premisas, no puede aquél discutir la validez ni legalidad de la orden de allanamiento ni, la forma en que ésta se obtuvo o diligenció.”

Debe declararse sm lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso JUEZ ASOCIADO SR. TODD, JR.

text:
    El Pueblo de Pueblo Rico, querellante, v. Juan Valldejuli Rodríguez, querellado.
    Núm. 8.

    Sometido: Junio 4, 1941.

      Resuelto: Julio 10, 1941.

      B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del querellante; B. Cuevas Zequeira y Bomán Díaz Collazo, abogados del querellado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 13 de julio de 1940 el fiscal auxiliar de este ■ tribunal radicó una querella contra Juan Valldejuli Rodríguez, abogado en ejercicio, en la que en sustancia se exponen los Pechos siguientes:

Que el día 17 de enero de 1940, se celebró ante esta Corte Suprema la vista del caso de certiorari incoado por Carlos M. de Castro contra la Junta de Comisionados de San Juan; que en la mañana del día siguiente al de dicha vista, el que-rellado se personó ante el Juez Asociado de esta corte, Sr. De Jesús, en sn despacho en el Capitolio Insular de Puerto Eieo, donde tiene su asiento esta Corte Suprema, y le mani-festó: que en la tarde anterior, al salir el querellado de la oficina del márshal, después de haber informado ante la corte como abogado de la Junta de Comisionados en el mencionado caso de certiorari, mientras caminaba por la rotunda del Ca-pitolio, una persona medio oculta en una de las columnas le apuntó con un revólver, dándose a la fuga cuando el quere-llado sacó el suyo; que el querellado no pudo reconocer a dicha persona, pero sí observar que usaba espejuelos; que esa misma tarde, un amigo suyo le informó que ese mismo día había visto a la persona que sacó el revólver, en una de las mesas de un café, en la parada 15 en Santurce, en com-pañía del Dr. Carlos M. de Castro y de su esposa, quienes estuvieron presentes durante la vista del caso.

Que al hacer las anteriores manifestaciones el querellado pidió al Juez Sr. De Jesús que las trasmitiera a la Corte Su-prema, lo que hizo dicho magistrado.

Que los hechos relatados por el querellado al Juez Sr. De Jesús eran falsos, constándole allí y entonces al querellado la falsedad de los mismos, toda vez que lo cierto es que el querellado, una vez terminada la vista del caso, salió del Ca-pitolio acompañado de Eafael Cestero, sin que ocurriera in-cidente alguno entre el querellado y persona otra alguna.

Que el querellado, al hacer el relato de dichos hechos para que fueran transmitidos al tribunal, lo hizo ilegal y voluntariamente y a sabiendas de que los hechos por él rela-tados eran falsos, con el propósito de influir indebidamente a los jueces de la Corte Suprema en contra de la parte opuesta a la defendida por él o sea en contra del Dr. Carlos M. de Castro.

Alega el Ministerio Público que los actos del querellado constituyen “conducta desdeñosa e insolente hacia este tribunal, tendente a intervenir con la libre administración de ■ la justicia, todo en menoscabo del prestigio y dignidad de este tribunal.”

Expedida, de acuerdo con la súplica de la querella, una orden requiriendo al querellado para que compareciera a ex-poner las razones que tuviere para no ser castigado por des-acato, compareció el querellado en 23 de julio de 1940 y soli-citó el archivo y sobreseimiento del caso, alegando:

Que la querella no aduce hechos constitutivos de desacato, según dicha delincuencia se define y castiga por los artículos 145 y siguientes del Código Penal:

(a) Porque no existiendo.afirmación alguna de que los hechos que se tienen por delictivos ocurrieran en presencia de la Corte Suprema, o en el curso de una sesión de la misma, falta en la querella una alegación esencial para que se con-sidere -infringido el apartado primero del artículo 145 del Código Penal.

:(b) Porque la intención específica que se imputa al que-rellado en el párrafo sexto de la querella, de tender a influir a los jueces en determinado litigio; y en el párrafo séptimo, de observar conducta desdeñosa e insolente hacia el tribunal, tendente a intervenir en la libre administración de justicia, son meras conclusiones de ley que no están sostenidas por una exposición de hechos que le sirvan de fundamento, ya que entre los que han sido alegados y las conclusiones ex-puestas no existe relación lógica de causa y efecto, de acuerdo con las reglas que gobiernan el criterio humano.

La resolución de las cuestiones previas planteadas por el querellado en su moción de sobreseimiento y archivo, depende de la interpretación que demos al apartado primero de la sección Ia. de la Ley de Desacato, en el cual se consi-deran como desacato los actos siguientes:

“Perturbación del orden, ruido u otro disturbio, tendente directa-mente- a interrumpir sus procedimientos, o conducta desordenada, desdeñosa o insolente, hacia un tribunal o juez en presencia de dicho tribunal o durante una sesión del mismo, y tendente a interrumpir sus procedimientos.” (Itálicas nuestras.)

Arguye el querellado que la querella es insuficiente por-que en ella no se alega que los actos imputados al querellado ocurrieran en presencia de la Corte Suprema o durante una. sesión de la misma.

No existe controversia alguna en cuanto a que el alegado falso relato que se atribuye al querellado no fué lieclio mien-tras la Corte Suprema estaba constituida y celebrando una sesión. Y no creemos que pueda haber controversia en cuanto-a que una relación de lieelios falsos, lieclia por un abogado a una corte en sesión, con el propósito de interrumpir sus pro-cedimientos o de influir indebidamente en el ánimo de Ios-jueces, es un acto constitutivo de desacato.

La perturbación del orden, el ruido u otro disturbio que-tienda directamente a interrumpir los procedimientos de un tribunal de justicia, tiene que ocurrir necesaria y lógicamente cuando el tribunal está en sesión, para que sea constitutivo-de desacato. Si ocurre en la inmediata presencia de la corteen sesión, el desacato es directo y puede ser castigado suma-riamente; si ocurre, no en la inmediata presencia pero sí lo-suficientemente cerca de la corte en sesión para interrumpir sus procedimientos, en ese caso el desacato es indirecto o constructivo, y la práctica corriente para castigarlo es for-mular una querella y dar al querellado una oportunidad de-defenderse.

En el caso de In re Castro, 52 D.P.R. 139, en el que el. propio abogado aquí querellado fué agredido en los pasillos de esta Corte Suprema, por palabras que acababa de pronun-ciar ante la corte en sesión, inmediatamente después de ha-berse ésta suspendido, se resolvió que la agresión de que fué víctima el abogado constituía un desacato y como tal fué cas-tigado.

El querellado basa su oposición a la suficiencia de la que-rella en la decisión rendida por la Corte Suprema Federal,, en abril 14, 1941, en el caso de Nye v. United States, 85 L.Ed. 733. Haremos un detenido análisis de la cuestión en-vuelta y resuelta en dicho caso.

Ante la Corte Federal para el “Middle District of North Carolina” se encontraba pendiente nna acción incoada por nn tal Elmore, como administrador de la herencia intestada de sn hijo, para recobrar daños y perjuicios cansados con motivo de la mnerte de sn hijo como consecnencia de haber tomado una medicina comprada a la demandada B. C. Remedy Co. Dos individuos, Nye y Mayers, por medio del nso de licor y de la persuasión indujeron al demandante Elmore a desistir del pleito pendiente. Nye hizo que sn abogado preparase cartas dirigidas al juez de distrito y al abogado, de Elmore expresivas del deseo de éste de desistir del pleito; y, además, el informe final de Elmore como administrador, para conseguir, como se consiguió, que la corte de testamen-tarías le relevase de las obligaciones de dicho cargo. Nye franqueó y depositó las cartas en el correo. Todos estos he-chos fueron realizados a más de cien millas de distancia de Durham, North Carolina, donde tiene su asiento la corte de distrito.

Convictos y sentenciados por desacato ambos querellados y confirmada la sentencia por la Corte de Circuito, el caso fue llevado mediante auto de certiorari ante la Corte Su-prema. La ley bajo la cual fueron convictos los querellados Nye y Mayers, es la Sección 268 del Código Judicial de los Estados Unidos (28 U.S.C.A. sección 385), aplicable sola-mente a las cortes federales, que lee así:

“Dichas cortes estarán facultadas para imponer y administrar todos los juramentos necesarios, y para castigar, con multa o prisión, a discreción de la corte, los desacatos a su autoridad: Disponiéndose, que dicha facultad para castigar los desacatos no será interpretada en el sentido de hacerla extensiva a cualesquiera casos excepto la conducta impropia (misbehavior) de alguna persona en su presencia, o tan cerca de ella que obstruya la administración de justicia, la conducta impropia de cualquiera de los funcionarios de dichas cortes en sus transacciones oficiales y la desobediencia o resistencia por um> de dichos funcionarios, o por cualquiera parte, jurado, testigo u otra persona a cualquier auto, providencia, orden, regla, decreto o man-dato legal de dichas cortes.”

La precedente sección tuvo sn origen en la ley de marzo 1 de 1831 (4 Stat. at L. 487, chap. 99), la cnal fue adoptada para corregir los abusos cometidos por las cortes federales al amparo de la ley basta esa fecha vigente (act of Sept. 24, 1789, 1 Stat. at L. 73, 83, chap. 20), que disponía que las cor-tes de los Estados Unidos “tendrán facultad . . . para cas-tigar con multa o prisión, a discreción de dichas cortes, todos los desacatos a su autoridad en cualquiera causa o vista ante las mismas.” Las cortes federales inferiores recono-cieron en sus decisiones posteriores a la ley de marzo 1 de 1831, que dicha ley había restringido substancialmente el hasta entonces indefinido poder de dichas cortes para casti-gar por desacato. Así lo reconoció también la Corte Su-prema en Ex Parte Wall, 107 U. S. 265, 27 L. Ed. 552; Re Savin, 131 U. S. 267, 33 L. Ed. 150; Re Cuddy, 131 U. S. 280, 33 L. Ed. 154; y Eilenbecker v. District Court, 134 U. S. 31, 33 L. Ed. 801.

En el año 1918, la Corte Suprema sostuvo en Toledo Newspaper Co. v. United States, 247 U. S. 402, 62 L. Ed. 1186, que la sección 268 del Código Judicial, supra, autori-zaba a la corte de distrito federal para castigar sumaria-mente, como desacato, la publicación, durante la pendencia de un pleito, de artículos y caricaturas que tendían a provo-car la resistencia pública contra una orden de injimction y a influir en la decisión que habría de rendir la corte en el asunto ante ella pendiente. Disintiendo de la opinión de la mayoría, los Jueces Holmes y Brandéis, en una opinión es-crita por el primero, se expresaron así:

“En diciembre se celebró la vista del caso, sumariamente y sin un jurado, ante el juez, quien creyó que su autoridad había sido desacatada, y al año siguiente impuso una multa considerable. La cuestión es sí él actuó dentro de sus facultades bajo los estatutos de los Estados Unidos.
“El estatuto en vigor en la fecha de los alegados desacatos limi-taba la facultad de las cortes en casos de esta naturaleza a aquellos en que había habido ‘conducta impropia de alguna persona en su presencia, o tan cerca de ella que obstruya la administración de justicia. ’ Sección 268, Código Judicial,... Antes de la celebración del juicio, se aprobó una ley concediendo un juicio por jurado a petición del acusado en todos los casos, menos en los arriba mencio-nados. Octubre 15, 1914, chap. 323, secciones 22, 24, 38 Stat. at L. 738, 739, Comp. Stat. 1916, secciones 1245 b, 1245 d. En Ingla-terra, según creo, la práctica usual es proceder en la forma regular por medio de una acusación. Menciono este becho y el estatuto posterior, solamente por su relación con el significado de la excep-ción en nuestra ley. Cuando se considera cuán contrario es a nuestra práctica y a nuestra manera de pensar el que la misma persona sea acusador y único juez en un asunto que, si esa persona es sensitiva, pueda envolver un fuerte resentimiento personal, yo esperaría que el poder quedase limitado por las necesidades del caso ‘a asegurar el orden y el decoro en su presencia,’ como se dijo en Ex Parte Robinson, 19 Wall 505, 22 L. Ed. 205. Y cuando se leen las pala-bras del estatuto, me parece que su significado es demasiado claro para que se les dé otra interpretación. En mi opinión, ellas se refieren y se refieren solamente a la protección inmediata de la corte contra una intervención actual, y no a una pospuesta retribución por falta de respeto a su dignidad...”
“Me parece que esta relación es suficiente para demostrar que no había emergencia alguna, que no había nada que justificase la conclusión de que la administración de justicia fué obstruida, o que se recurriese a este procedimiento sumario, sino que, por el contrario, cuando el asunto quedó terminado, el juez pensó que la ‘consistente y poca amistosa actitud contra la corte,’ y el hecho de que la publi-cación tendía ‘a despertar desconfianza y desafecto contra la corte,’ eran suficientes para justificar esta acusación y una fuerte multa. Puede que lo fueran, pero no, según creo, en esta forma de juicio. Yo iría tan lejos como cualquier otro hombre en favor del más severo y más sumario mantenimiento del orden en la corte y de la obediencia a sus decretos, pero cuando no hay necesidad de una acción inme-diata los desacatos son como cualesquiera otras violaciones de la ley y deben ser juzgados en la misma forma en que la ley juzga otros actos ilegales.” (Itálicas nuestras.)

Basta lo transcrito para comprender que la razón fundamental que tuvieron los dos distinguidos jueces Holmes y Brandéis, para disentir de la opinión de la mayoría, fué que los editores querellados fueron condenados sumariamente, por el mismo juez a quien habían ofendido, y privándoles del derecho que el estatuto federal concede a los acusados de desacato — cuando éste no ha sido cometido en la presencia de la corte o lo suficientemente cerca para interrumpir sus procedimientos — a ser juzgados por un jurado.

El estatuto federal, sección 268, supra, comprende tres modalidades distintas de desacato: (a) la conducta impropia de cualquiera persona en presencia de la corte o tan cerca de ella que obstruya la administración de justicia; (b) la con-ducta impropia de un funcionario de la corte en asuntos ofi-ciales; y (c) la desobediencia o resistencia por cualquiera persona a una orden legalmente dictada por la corte. Los casos comprendidos dentro de la primera modalidad pueden ser castigados sumariamente por la corte. En los compren-didos dentro de las otras dos modalidades, la persona acu-sada tiene derecho a ser juzgada por un jurado.

La sentencia de Nye y Mayers se basó en que los actos por ellos realizados constituían “conducta impropia tan cerca de la presencia de la corte que obstruyó la administra-ción de justicia.” La corte sentenciadora consideró el caso como comprendido dentro de la primera modalidad de la sección 268 del Código Judicial, procedió a oír la prueba sin la intervención de un jurado y condenó a los acusados suma-riamente. La Corte Suprema revocó la sentencia, diciendo:

“Teniendo en cuenta esa historia, llegamos a la interpretación de la sección 268 del Código Judicial, a la luz de los hechos especí-ficos de este caso. La cuestión es si las palabras ‘tan cerca de ella’ tienen una significación geográfica o causal. Leídas en su contexto y a la luz de su significado ordinario, concluimos que deben ser interpretadas como términos geográficos.... No es suficiente que la conducta impropia imputada tiene alguna relación directa con el trabajo de la corte. ‘Cerca’ en este contexto, yuxtapuesto a ‘pre-sencia’, sugiere proximidad física, no pertinencia. Puede haber, por supuesto, muchos tipos de ‘conducta impropia’ que ‘obstruyen la administración de justicia,’ pero que no ocurren ni ‘en’ ni ‘cerca’ de la ‘presencia’ de la corte. Amplias categorías de tales actos, sin embargo, han sido reconocidas expresamente en la sección 2 de la ley de marzo 2, 1831 y posteriormente en la sección 135 del Código •Criminal, 18 U.S.C.A. sección 241. Se ha sostenido que nn acto de ■conducta impropia, aun cuando esté cubierto por estas últimas dispo-siciones, puede también ser considerado como desacato si se comete ■en la ‘presencia1 de la corte. (Citas.) Sin embargo, en vista de la historia de esas disposiciones, debe darse una meticulosa considera-ción a esas distintas categorías de ofensas, a fin de que los casos en que no haya derecho a un juicio por jurado sean estrechamente res-tringidos. Si a ‘tan cerca de ella’ se le da un significado causal, entonces la sección 268 mediante el proceso de interpretación judicial habrá reconquistado gran parte de la generalidad que el Congreso en 1831 enfáticamente trató de quitarle. Si esa frase no se limita a actos en la vecindad de la corte y se permite que incluya actos que tienen ‘una tendencia razonable’ a ‘obstruir la administración de justicia’, entonces las condiciones que el Congreso trató de remediar en 1831 quedarán en gran parte restablecidas....
“Los actos imputados a los querellados ocurrieron a muchas millas de la corte de distrito. La influencia perniciosa que afectó a Film ore no se ejerció en ningún sentido posible en la ‘presencia’ de la corte o ‘cerca de ella’... ”

La Corte Suprema, por el voto de una mayoría de sus miembros y con el voto disidente del Juez Stone, en el que concurrieron el Juez Presidente Hughes y el Juez Roberts, revocó la sentencia en contra de Nye y Mayers y también su propia decisión en Toledo Newspaper Co. v. U. S., supra.

El estatuto insular, apartado primero de la sección 1 de la Ley de Desacato, supra, define tres modalidades distintas ■de desacato: (a) el acto físico de perturbar el orden, hacer un ruido o promover un disturbio que tienda directamente a interrumpir el procedimiento; (6) la conducta desordenada, desdeñosa o insolente, hacia un tribunal, en presencia del tribunal y tendente a interrumpir sus procedimientos; y (c) ■conducta desordenada, desdeñosa o insolente hacia un tribu-mal, durante una sesión del mismo, y tendente a interrumpir ■sus procedimientos.

Debemos descartar de la presente discusión las modali-dades (a) y (c), pues tanto en una como en la otra el acto .constitutivo del desacato debe ser realizado mientras la corte está en sesión.

Los hechos que se imputan al querellado — la veracidad de los cuales dehe considerarse como admitida para los fines de la excepción — son sin duda alguna constituvos de conducta desdeñosa e insolente, pues no concebimos que pueda demos-trarse mayor desdén, falta de respeto e insolencia hacia un tribunal que al tratar de engañarle e interrumpir sus proce-dimientos haciéndole una relación de hechos falsos, a sabien-das de que son falsos.

i Es necesario, para que los actos constitutivos de con-ducta desdeñosa e insolente hacia el tribunal puedan ser con-siderados como desacato, que esos actos se realicen ante el tribunal mientras éste se encuentra en sesión? La modali-dad (b) del estatuto sólo exige que dichos actos se realicen “en presencia del tribunal.”

En el caso de El Pueblo v. Torres, 56 D.P.R. 605, en el que el desacato consistió en un acometimiento y agresión contra la persona de un juez de distrito, en uno de los pa-sillos del edificio de’la corte, después de terminada la sesión y cuando el juez salía de su despacho para dirigirse a su hogar, esta Corte Suprema confirmó la sentencia, diciendo:

“Si el desacato por virtud del cual se castigó al apelante fuese directo, no habría lugar a la más leve contención. Si fuere construc-tivo, c de dudosa naturaleza, ‘entonces requiere detenido estudio.
“¿Fué directo, esto es, se cometió a la inmediata presencia de la corte?
“Para contestar debidamente la pregunta, tenemos que fijar pri-mero bien qué se entiende por presencia de la corte.
“En la propia obra citada, American Jurisprudence, resumiendo la jurisprudencia sobre el particular, se dice:
“ 'Al definir qué se entiende por “presencia de la corte”, tal y como se emplea dicha expresión con referencia al delito de desacato, se dice que “la corte” consiste no sólo del juez, la sala del tribunal, el jurado o el salón del jurado si que de todos éstos combinados. La corte se halla presente dondequiera que alguno de sus elementos constitutivos se encuentre entregado a la labor del tribunal de acuerdo con la ley. Se sostiene en algunos estados que cualquier acto dirigido a impedir u obstruir a la corte en la debida adminis-tración de la justicia, debe considerarse como cometido en la presencia del tribunal. En otros estados se sostiene que sólo aquellos desacatos que se cometen dentro de un radio de visión ocular deben considerarse como cometidos en la “presencia de la corte.” En algunas ocasiones los tribunales han considerado los hechos del caso objeto de revisión, y han decidido si el desacato imputado fué cometido en la presencia de la corte sin establecer ningún principio definitivo a ese respecto.’ 12 Am. Jur., see. 5, pág. 392.
“Aquí el desacato no se cometió cuando la corte se hallaba en sesión. La corte estaba ventilando un proceso por asesinato. La sesión fué suspendida. El jurado quedó constituido en el salón des-tinado al efecto en los altos del edificio de la corte. Poco después de la suspensión, en momentos en que el juez salía de su despacho y caminaba por el pasillo contiguo a la sala del tribunal, fué asaltado por el acusado.”

En el caso de Cooke v. United States, 267 U. S. 517, 69 L. Ed. 767, citado con aprobación en el de Nye v. U. S., supra, el desacato consistió en que un litigante, siguiendo ins-trucciones de su abogado, penetró en el despacho del juez, durante un receso de la corte, y le entregó al juez una carta que contenía frases ofensivas. La Corte Suprema convino con la corte sentenciadora en que el acto realizado por el abogado era constitutivo de desacato, pero revocó la senten-cia y devolvió el caso a la corte inferior para nuevos proce-dimientos, porque el juez sentenciador había tratado el caso “como si las palabras ofensivas hubiesen sido proferidas contra él en corte abierta.”

En el caso de autos los hechos que se imputan al abogado querellado fueron realizados en el despacho de un juez de esta corte, mientras éste se encontraba en las funciones de su cargo, y el relato hecho por el querellado a dicho juez para que lo comunicase al tribunal, estaba íntimamente rela-cionado con un procedimiento pendiente ante el mismo y en el cual el querellado actuaba como representante legal de una de las partes.

La querella expone hechos que, a nuestro juicio, de ser probados, serían suficientes para constituir desacato.

Se declara sin lugar la moción de sobreseimiento y ar-chivo de la querella.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. TODD, JR.

He hecho constar que estoy conforme con el resultado de la anterior resolución, porque alegándose en el hecho tercero de la querella que al hacer el querellado al Hon. Juez Angel R. de Jesús las manifestaciones contenidas en el párrafo anterior, o sea el relato de lo que le había ocurrido, pidió a (ficho Magistrado que transmitiera dichas manifestaciones a la Corte Suprema de Puerto Rico, y alegándose además en él hecho cuarto de la querella que dicho Magistrado trans-mitió a esta Corte Suprema dichas manifestaciones según los deseos del querellado, hechos que tenemos que aceptar como ciertos a los efectos de la moción de sobreseimiento y archivo, puede considerarse que dichas manifestaciones fueron hechas por el querellado en presencia de esta corte, ya que el Juez Sr. He Jesús no hizo otra cosa que cumplir con la petición que se alega le hizo el querellado, y por lo menos construc-tivamente puede considerarse que el querellado hizo dichas manifestaciones en presencia del tribunal.

Deseo hacer constar, además, que no estoy conforme con la interpretación restrictiva que se da en la opinión de la ma-yoría a lo resuelto en el caso de Nye v. United States, 85 L. ed. 733, y a la opinión disidente del Juez Holmes en el caso de Toledo Newspaper Co. v. United States, 247 U. S. 402, 62 L. Ed. 1186.