author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    West India Oil Company, demandante y apelada, v. Benítez Sugar Company, demandada y apelante.

      No. 6385.

    Sometido: Mayo 11, 1934.

      Resuelto: Junio 6, 1934.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de la apelante; J. Car-Ha-, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción en “cobro de dinero” la demandada apela de una sentencia adversa. El primer señalamiento es que la corte cometió error al declarar sin lugar una excepción previa basada en la teoría de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La de-manda contenía dos cansas de acción. Después de exponer hechos suficientes para demostrar que era exigible (due) la suma que se trataba de recobrar como resultado de la pri-mera causa de acción, la demandante alegó “que dicha suma de $16,607.91 está vencida y no ha sido satisfecha.” Esta era la quinta alegación de la demanda. La apelante la inter-preta en el sentido de que significa que los efectos descritos en la demanda habían sido vendidos a crédito y que había expirado un período de tiempo no especificado dentro del cual debió efectuarse el pago. El artículo 1095 del Código Civil dispone: ‘ ‘ Si la obligación no señalare plazo, pero de su na-turaleza y circunstancias se dedujere que ha querido conce-derse al deudor, los tribunales fijarán la duración de aquél.”

El nervio del argumento es que las ventas a que se hace referencia en la demanda se extendieron por un período de once meses; que en vista de esta circunstancia y de la quinta alegación al efecto de que había transcurrido un período no especificado, la inferencia lógica debe ser que los efectos no fueron vendidos de contado sino a crédito; y que la demanda deja de aducir una causa de acción toda vez que no especifica el período en que debía efectuarse el pago.

Durante la vista de la excepción previa la demandada no hizo referencia alguna a su teoría actual de que la quinta ale-gación de la demanda equivalía a aducir que los efectos ha-bían sido vendidos a crédito; y en cambio retiró su excep-ción previa. Después que la demandante había terminado su prueba y sometido su caso, la demandada abandonó sus de-fensas afirmativas y alegó que no tenía prueba que ofrecer y que descansaba en la teoría de que los hechos alegados en la demanda no determinaban una causa de acción. Sin embargo, aún entonces, no dejó entrever su teoría respecto al significado de la alegación quinta. Si en cualquiera de estas ocasiones la demandada hubiese revelado esa teoría, la demandante habría tenido oportunidad de enmendar su demanda a fin de disipar, cualquier duda respecto al significado de la misma. Después1, que la demandante, había sometido su caso por las alegaciones y por las admisiones hedías por el letrado de la demandada en corte abierta, la corte, al considerar la suficiencia de la demanda, tenía derecho a examinar la contestación de la de-mandada en busca de admisiones implícitas o de otra índole que sirvieran para suplir las supuestas omisiones o para disipar cualquier duda respecto al significacado de la demanda. La corte no declaró sin lugar específicamente la excepción previa interpuesta a la demanda, ni entró a considerar la su-ficiencia de ésta, tomada por sí sola. Lo que la corte hizo fué dictar sentencia en favor de la demandante basada en los hechos que de las alegaciones se desprendían, no obstante la sugestión hecha por la demandada al terminar el juicio de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Bajo las circunstancias, la demandada tendría poca razón para quejarse del resultado, aun si su con-tención sobre el significado de la quinta alegación fuera más sostenible.

En la tercera alegación la demandante sostuvo que la demandada había comprado los efectos a un precio convenido, que la demandante había entregado los mismos y que la de-mandada había aceptado éstos. Ello bastaba para demostrar que a la demandante se le adeudaba la suma convenida. La quinta alegación, aunque propia, era innecesaria. Ella fué simplemente una exposición formal.del resultado proveniente como corolario de las precedentes alegaciones. Si, conforme insistió la demandada durante el juicio, ésta no era una ac-ción basada en una cuenta corriente, lo era para recobrar el precio de efectos vendidos y entregados a la demandada y aceptados por ésta. En uno u otro caso, el dinero era exi-gible (due) al entregarse y aceptarse los efectos. Hijos de Tomás Pietri v. Vicens Hnos., 33 D.P.R. 248; Berio v. Frau, 45 D.P.R. 149, y casos citados. Nada hay en la demanda que pueda servir de fundamento a la teoría de una acción basada en una cuenta liquidada. Por ende, no es necesario que si-gamos al letrado de la apelante en una prolongada discusión sobre las bien reconocidas diferencias y distinciones existen-tes entre lina cuenta corriente y nna cuenta liquidada (open or current account and a liquidated or stated account).

Aun si se considerara aisladamente la quinta alegación, su contexto no esta sujeto a la interpretación que al mismo trata de darle la parte apelante. Lo que se alegaba que estaba vencida fué “dicha suma de $16,607.91,” no un período de -tiempo. No puede decirse que un período de tiempo, definido o indefinido, “no ha sido satisfecho.” Además, la corte de distrito sin duda interpretó la negativa de la demandada al efecto de que la suma que se trataba de recobrar en la primera causa de acción era exigible, en relación con las alegaciones afirmativas de la contestación al efecto de que las ventas no se hicieron de contado sino a crédito y de que el término dentro del cual debía efectuarse el pago no había expirado. Esta negativa, en tanto en cuanto no estaba unida con estas alegaciones afirmativas, fué destruida por la admisión de la demandada de los hechos aducidos en la tercera alegación. La demandada también se opuso a que se ofreciera prueba para demostrar los hechos expuestos en la tercera alegación, sosteniendo que éstos eran impertinentes toda vez que los mismos habían sido admitidos por la contestación. Cuando- después de alguna argumentación el juez de distrito dijo que la demandada había admitido en su contestación to-dos los hechos aducidos como primera causa de acción, el letrado de la demandada aparentemente se allanó a ello. Prueba de los hechos aducidos en la tercera alegación hubiese bastado para demostrar que el importe de la reclamación era exigible y a la demandante no se le permitió probar estos hechos en vista de la objeción de la demandada por el fundamento a que acabamos de referirnos y en vista de la teoría del juez sentenciador, a la cual se avino la demandada, respecto al alcance de las admisiones contenidas en la contestación. Así, pues, la demandada, con su conducta, admitió durante el juicio, de no haberlo hecho en su contestación, que la suma reclamada en la primera causa de acción era exigible, y no puede ahora permitírsele que aduzca como- motivo para la revoca-ción una cosa que es algo ambigua y dudosa, en lugar de la alegación de que la demanda no adncía hechos suficientes para determinar una cansa de acción.

La demandante alegó como segunda causa de acción que la demandada había suscrito y entregado cierto pagaré que se copia íntegramente en la demanda. El pagaré está suscrito “Benitez Sugar Co., R. Ramos Casellas, administrador.” Si, conforme alega la apelante, la demanda deja de aducir una. causa de acción puesto que no demuestra que Ra-mos Casellas estuviera autorizado para otorgar el pagaré, la omisión fue suplida por la contestación. La demandada en su contestación expresamente admitió que “suscribió y entregó a la demandante el pagaré que se copia en la demanda. ’ ’ La demandada entonces alegó como defensa especial “que al suscribir dicho pagaré se convino entre acreedora y deudora, que si llegado el día 30 de julio de 1930 no se podía hacer efectivo el importe del mismo, quedaría prorrogado hasta el 30 de julio de 1931.” De suerte que la demandada admitió la validez del pagaré y su obligación de pagar éste, sujeto solamente al supuesto convenio de prorrogar el pagaré a su vencimiento en caso de que la demandada no estuviera en condiciones de pagar. Después de tales admisiones y de la admisión ulterior durante el juicio de que la demandada no tenía prueba que ofrecer en relación con el supuesto convenio de prorrogar o renovar el pagaré a su vencimiento, la apelante no puede obtener la revocación de una sentencia basada en tales admisiones y en ausencia de prueba, meramente porque la demandante dejó de alegar que Ramos Casellas estaba debidamente autorizado para suscribir el nombre de la corporación demandada como otorgante del pagaré.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito come-tió error al dictar sentencia, puesto que no había prueba en apoyo de las alegaciones de la demanda. Esta contención se basa en la negativa de la demandada de la alegación quinta.

La cuarta alegación de la demanda fue que ni la deman-dada ni nadie en su nombre había pagado la suma a que se hacía referencia en la primera cansa de acción, no obstante los requerimientos de pago hechos por la demandante. Des-pués de admitir la verdad de esta alegación y de la tercera alegación respecto a la venta, entrega y aceptación, la de-mandada alegó que la venta de los efectos a que se hacía referencia en la tercera alegación había sido hecha a crédito, no de contado, y que el día fijado para el pago no había lle-gado en el momento en que se radicó la demanda. La de-mandada no podía admitir los hechos aducidos en la tercera alegación y al mismo tiempo negar el resultado proveniente de tales hechos excepto como consecuencia de su propia ale-gación afirmativa, o de no ser así, por su propia teoría insos-tenible respecto al significado de la alegación quinta. Por ende, la negativa de la quinta alegación descansó enteramente en la propia interpretación que la demandada dió a ella, o en la alegación positiva de la demandada de una venta efectuada a crédito, o en ambas cosas. De lo contrario, repetimos, tal negación fue desvirtuada y anulada por la admisión que con anterioridad se hizo de la verdad de la alegación tercera. En tanto en cuanto ella dependía para su existencia de la in-terpretación dada por la demandada a la alegación quinta, nunca tuvo existencia real; pues, conforme hemos demos-trado, la alegación quinta no estaba sujeta a esa interpreta-ción. En tanto en cuanto dependía de la alegación afirma-tiva de la demandada, ella dejó de existir cuando la deman-dada se allanó a la teoría de la corte sentenciadora respecto al alcance y efecto de las admisiones contenidas en la contes-tación, y anunció al terminar el juicio que no tenía prueba que ofrecer sino que descansaría en la teoría de que la de-manda no aducía una causa de acción. Luego entonces, la corte de distrito no cometió error al hacer caso omiso de la letra muerta de la negativa ni al dictar sentencia en favor de la demandante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Irizarry, acusado y apelante.
    No. 5282.

    Sometido: Enero 12, 1934.

      Resuelto: Junio 6, 1934.

      A. Ramírez Silva, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Irizarry fue condenado en grado de apelación por la Corte de Distrito de Mayagiiez, al pago de una multa de $1 por haber infringido una ordenanza sobre patentes muni-cipales vigente en dicha ciudad de Mayagiiez. El apelante fue denunciado por tener “un carro o automóvil dedicado al servicio público o transporte de personas mediante el pago de automóviles dentro de los límites de la ciudad de Maya-giiez, sin haberse provisto de la patente creditiva de haber pagado el impuesto municipal.”

El apelante atribuye a la corte inferior un solo error que subdivide en siete fundamentos que pueden considerarse como siete errores. En primer término se alega que la ordenanza que sirvió de base a la sentencia dictada contra el acusado impone una doble contribución en cuanto se re-' fiere a los automóviles públicos, no siendo uniforme, y habiéndose decretado y aprobado por la Asamblea Municipal de Mayagüez sin facultad ni poder alguno para ello y en . contra de la ley. La parte pertinente de la ordenanza que se impugna fija la contribución que por concepto de patentes municipales autoriza la sección 3a. de la Ley No. 26 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada en marzo 28, 1914, al mismo tipo que fija dicba sección 3a. en los grupos A, B y O. Esta contribución se fija y debe pagarse por cual-quier persona, firma, asociación, sociedad, corporación u otra forma cualquiera de organización comercial o industrial que explote o en lo sucesivo explotare, dentro de los límites ju-risdiccionales de la ciudad de Mayagüez, alguno o algunos de los negocios o industrias que se especifican en la sección 2a. de la ley citada.

Esta sección segunda especifica los negocios o industrias sobre los cuales puede imponerse la patente autorizada por la ley y entre ellos los siguientes:

“Grupo A. — Transporte de personas o carga, mediante pago, por automóviles, carros, carretas, coches o quitrines, etc.”

La ordenanza que se considera infringida cubre los ne-gocios clasificados dentro del grupo A, sobre los cuales, de acuerdo con la sección 3a. de la ley, la contribución se impone por cada $1,000 o fracción de $1,000 en exceso de los prime-ros $500 de volumen de negocio realizado. De manera que la municipalidad está imponiendo una contribución por el volumen del negocio de transporte realizado dentro de sus límites jurisdiccionales.

La sección Ia. de la ley que sirvió de base a la Asamblea Municipal de Mayagüez para aprobar la ordenanza que se considera infringida autoriza a los consejos municipales de todos los municipios de la Isla de Puerto Rico para que pue-dan imponer y cobrar, de acuerdo con las disposiciones de la referida ley, las patentes allí enumeradas a los tipos que en la misma se prescriben, o al tanto por ciento uniforme que dichos consejos municipales prescriban.

De acuerdo con el artículo 1ro. de la Ley para reglamen-tar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico y para otros fines, aprobada en 13 de abril de 1916, según fue enmendado en 1921 por la Ley No. 55 (pág. 423), se considerará auto-móvil de servicio público todo vehículo de motor que mediante retribución o pago se dedique a la conducción de pasajeros, mercancías o materiales de cualquier clase. Estos vehículos no podrán traficar sin pagar los derechos adicionales esta-blecidos más adelante en la ley para automóviles que actúan como porteadores públicos. El artículo 10 de dicha ley en-tonces en vigor imponía una contribución de $20 por año a los automóviles que actuasen de porteadores públicos en un solo municipio en adición a los demás derechos prescritos, y una contribución de $30 por año a los automóviles que actuasen de porteadores públicos en más de un municipio en adición a los demás derechos prescritos. En 1926 se enmendó el ar-tículo mencionado del modo siguiente:

“Automóviles que actúen de porteadores públicos, en adición a todos los demás derechos prescritos, por año .... $30.”

En 1928 el artículo 10 de la referida Ley para reglamen-tar el uso de vehículos de motor aprobada en abril de 1916, quedó enmendado en la forma siguiente:

“El Comisionado del Interior cobrará los siguientes derechos pa-gaderos en sellos de rentas internas, en relación con la explotación de vehículos de motor. Los derechos que se fijan por anualidades, si no se dispusiere otra cosa, se pagarán anticipadamente por todo el año económico o por la parte de éste por correr en la fecha que se devenguen, contándose las fracciones de un mes como un mes com-pleto.
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“Por licencia de automóviles, excepción hecha de los vehículos comerciales, por caballo de fuerza, por año_$0.75 í < # * * *= * *
“Automóviles que actúen de porteadores públicos en uno o más municipios, con excepción de los que trabajan en el Municipio de Vieques, y, en adición a todos los demás derechos prescritos, por año $30.00”

El artículo 99 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, aprobada en 20 de agosto de 1925, página 653, dice así:

“A partir del día en que esta Ley sea aprobada, ningún distrito municipal ¿i otra división administrativa de Puerto Rico, podrá im-poner o recaudar ningún impuesto, ni arbitrio local sobre cualquier artículo sujeto a contribución bajo las disposiciones de esta Ley; Disponiéndose, que nada de lo prescrito en esta Ley se entenderá que derogue en todo ni en parte la Ley No. 26, titulada, ‘Para autorizar a los municipios de la Isla de Puerto Rico a imponer y cobrar, en con-cepto de patentes, una contribución anual para cubrir las atenciones de su presupuesto y para otros fines,’ aprobada el 28 de marzo de 1914; Y disponiéndose, además, que cuando la imposición de una patente esté en conflicto con una contribución impuesta de acuerdo con la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico y ambas no puedan hacerse efectivas, se entenderá que la contribución impuesta por la Ley de Rentas Internas prevalecerá.”

El artículo 46 de la Ley estableciendo un sistema de go-bierno local para los municipios de Puerto Rico, aprobada en 28 de abril de 1928, y enmendada en 1931, dice, en lo per-tinente, así:

‘‘Los ingresos municipales consistirán:
(d) En la contribución por concepto de patentes establecida por la Ley No. 26 de 28 de marzo de 1914, titulada ‘Ley para autorizar a los municipios de la Isla de Puerto Rico a imponer y cobrar en concepto de patentes una contribución anual para cubrir las aten-ciones de su presupuesto, y para otros fines,’ la cual continuará en vigor.
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“ (/) En cualquier otro impuesto, arbitrio o contribución que se decretare por la Asamblea Municipal en la forma dispuesta en el artículo 26, inciso 4, de esta Ley, simpre que el objeto o materia de la contribución, arbitrio o impuesto, no haya sido objeto de algún impuesto, arbitrio o contribución federal o insular; ...”

Como se ha visto, la ley de 1914 autoriza a los municipios para imponer una contribución por transporte de personas o carga, y el artículo 10 de la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor impone una contribución de $30 anuales a los automóviles que actúen de porteadores públicos en uno' o más municipios.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley estableciendo un gobierno local para los municipios de Puerto Pico anterior-mente citada, los ingresos municipales consistirán, entre otros, de los derechos que se deriven de las patentes autorizadas por la ley de 1914, que continúa en vigor. Considera tam-bién dicho artículo, en su apartado f, como fuente de ingreso, cualquier otro impuesto, arbitrio o contribución, siempre que el objeto o materia de la contribución no haya sido objeto de algún impuesto, arbitrio o contribución federal o insular. De modo que cuando se trata de cualquier otro impuesto, el artículo 46 expresamente prohíbe que se imponga una doble contribución. La claridad de la ley elimina toda duda en cuanto a su alcance y significación. La duda, de existir, sur-giría con respecto a la facultad que pueda tener un municipio para imponer una patente, autorizada por la ley de 1914, so-bre un negocio o industria que ha sido objeto de contribución por el Gobierno Insular. Sin embargo, examinando la ley a la luz de los principios generales establecidos por los tribu-nales en materia de contribución, y habida cuenta de la ten-dencia que se advierte en la Legislatura de no autorizar una contribución duplicada, la duda tiene necesariamente que re-solverse en contra de la doble contribución. Esta misma ley de 1914 ofrece un ejemplo de la tendencia de nuestra Asam-blea Legislativa. En el caso de Sucrs. de C. & J. Fantaussi v. Asamblea Municipal de Arroyo, 295 Fed. 803, la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito dijo:

“Nosotros creemos que la patente impuesta de acuerdo con la ley-de 1914 no era una contribución federal o insular, sino que, habiendo sido impuesta por la municipalidad y pagada en su tesorería, era una contribución municipal. No podemos escapar- a la conclusión, sin embargo, de que la legislatura tuvo la intención de que cualquier otra contribución que fuese impuesta por la municipalidad no debía re-caer sobre los negocios o industrias enumerados en la ley de 1914, a fin de evitar una doble contribución. ’ ’

Los hechos en este caso difieren de los qne sirvieron de base a la Corte de Circnito para formular sus conclusiones. Según surge de los hechos alegados en dicho caso, la Asam-blea Municipal de Arroyo impuso una patente ajustándose a los tipos fijados en la ley de 1914, y más tarde impuso una contribución adicional. La corte declaró que la Asamblea Municipal no tenía facultades para imponer esta ultima con-tribución. En el presente caso la contribución impuesta pol-la Asamblea Municipal de Mayagüez, tomando como base el volumen del negocio, se ajusta al tipo fijado por la ley de 1914. No se trata en este caso de una contribución adicional, impuesta por la misma municipalidad, sino de una patente requerida sobre un negocio o industria gravado ya por el Gobierno Insular. Los hechos, sin embargo, conducen a la conclusión de que ni en aquel caso ni en éste está autorizada la doble contribución.

El artículo 99 de la Ley de rentas internas de 1925 ofrece otro ejemplo del espíritu que anima a nuestra Legislatura y de su tendencia a no autorizar una doble contribución. Este artículo prohíbe a una municipalidad imponer o recaudar ningún impuesto o arbitrio local sobre cualquier artículo su-jeto a contribución bajo las disposiciones de dicha ley; pero dice que nada de lo prescrito en la ley referida se entenderá que derogue en todo ni en parte la ley de 1914, y dispone que cuando la imposición de una patente esté en conflicto con una contribución de acuerdo con la Ley de rentas internas, y am-bas no puedan hacerse efectivas, prevalecerá la contribución impuesta por la ley de rentas.

La intención de la Legislatura se trasluce a través de estas disposiciones. Cuando se habla de conflicto entre una patente y una contribución, y se asume la posibilidad de un caso en que ambas no puedan hacerse efectivas, es claro que se parte de la base de la validez de la patente municipal, de no estar en pugna con la contribución insular, y por lo tanto, la Legislatura ha tenido que tener en mente la doble contri-bución, porque no de otro modo podría surgir un conflicto entre ambas contribuciones que impidiese que las dos se hicie-sen efectivas.

Además, es necesario que la Legislatura haga constar de una manera expresa e inequívoca su intención de imponer una doble tributación, para que quede destruida la presunción que prevalece en contrario. Debe evitarse en todo lo posible interpretar una ley en el sentido de autorizar una doble con-tribución, a menos que esta interpretación sea necesaria para bacer efectiva la intención manifiesta de la Legislatura. Sin embargo, cuando las palabras de la ley son claras, el hecho de que se establezca una doble contribución no autoriza a los tribunales para prescindir de la letra de la ley. 61 C. J. 139.

En el caso de Commonwealth v. Fall Brook Coal Co., 26 Atl. 1071, 156 Pa. 488, la corte se expresó así:

“La corrección de otra proposición hecha por el apelado dehe ser concedida, a saber, que la Legislatura tiene poder para imponer una doble contribución con tal que se haga de tal manera que asegure la uniformidad que la constitución requiere. Esto no puede hacerse arbitrariamente en un caso determinado; pero sí cuando la totali-dad de la clase a la cual el objeto pertenece está sujeta al impuesto sustancialmente de la misma manera. Empero, una intención para imponer una doble contribución no debe ser presumida. La presun-ción está contra la existencia, de tal intención y debe prevalecer hasta que sea destruida mediante palabras expresas demostrativas de la intención de imponer una doble contribución.”

En el caso de Tennessee v. Whitworth, 117 U. S. 137, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:

“No debe presumirse, sin embargo, una. doble contribución. La justicia requiere que las cargas del gobierno, en tanto en cuanto sea posible, sean impuestas igualmente en todo, y si la propiedad está sujeta a contribución en una forma, sería ordinariamente erróneo imponerle una nueva contribución en otra forma, cuando las cargas de ambas recaen sobre la misma persona. Algunas veces las leyes de contribuciones surten este efecto; pero si es así, es porque la Legislatura lo ha expresado así de una manera inequívoca. Todas las presunciones están en contra de dicha imposición.”

De acuerdo con la ley en el Estado de Oblo, la muni-cipalidad puede imponer una contribución sobre oficio en negocios, comercios, profesiones y vocaciones, en tanto en cuanto el estado, por conducto de su asamblea general, no baya impuesto nna contribución idéntica en negocios, comer-cios, profesiones y vocaciones. La Corte de Apelaciones de Ohio, en el caso de Cincinnati Oil Works Co. v. City of Cincinnati, 177 N. E. 771, copia de una opinión emitida en el caso de City of Cincinnati v. American Telephone Co., 147 N. E. 806, lo siguiente:

“Que la imposición ele una contribución es un ejercicio del.poder soberano, que la soberanía del estado se extiende a todos sus ángulos dentro de la municipalidad tanto como fuera de ella, es una cues-tión que no está sujeta a discusión; no puede negarse que tal sobera-nía sería afectada si se interpretase la Constitución en el sentido de reconocer a cada subdivisión del estado igual soberanía en cuestión de tanta importancia como la materia de contribución.”

A raíz de transcribir estas palabras, dice la Corte de Apelaciones:

‘ ‘ El punto es éste: si quedase alguna duda relativa a un con-flicto entre el estado y la municipalidad, esta duda debe resolverse contra la contribución duplicada.”

Tócanos ahora decidir si es éste un caso en que el objeto o materia de la patente municipal ha sido gravado también por el Gobierno Insular. La municipalidad impone una contribución por el volumen del negocio realizado dentro de sus límites jurisdiccionales; el Gobierno Insular impone una contribución de $30 anuales a los automóviles que actúan de porteadores públicos. A nuestro juicio ambas entidades, la municipal y la insular, están gravando un mismo negocio. Si se suprime la transportación, el negocio tiene necesaria-mente que dejar de existir. Los porteadores públicos se de-dican a la conducción de pasajeros o carga mediante retri-bución. Para el ejercicio de este negocio es que el Gobierno Insular exige una contribución de $30 anuales. El negocio puede ser modesto o adquirir grandes proporciones. Es claro que a medida que se vaya extendiendo se irá extendiendo también la contribución, ya que tendrá que aumentar pro-porcionalmente el número de automóviles que se utilice para llevar a cabo dicho negocio. En nuestro sentir la contribu-ción impuesta por el Gobierno Insular a los porteadores públicos impide a la municipalidad imponer una nueva con-tribución sobre el negocio que los mismos realizan. En el caso de Gloucester Ferry Co. v. Pennsylvania, 114 U. S. 196, la compañía de vapores había establecido un servicio de transporte de pasajeros y carga entre la ciudad de Gloucester, N. J., y la ciudad de Filadelfia, Pa. El auditor general y tesorero del estado de Pennsylvania produjo una cuenta contra la compañía, de contribuciones en su capital invertido, basada en su valor de tasación. La contribución se impuso de acuerdo con una ley del estado de Pennsylvania. El caso fué resuelto en última instancia por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se alegó que el estado no podía imponer una contribución a una corporación extranjera con respecto a su capital invertido, si esta corporación estaba engaged en comercio entre estados. La Corte Suprema de la nación se expresó en los siguientes términos:

“Con respecto a la primera razón expresada, puede contestarse que el negocio de desembarcar y recibir pasajeros y cargas en el muelle de Filadelfia es una necesaria incidencia y ciertamente una parte de su transportación a través del Río Delaware desde Nueva. Jersey. Sin la transportación el negocio sería imposible. Trans-portar significa recibir personas o propiedad en un punto para llevarlas a otro. Una contribución, por lo tanto, por recibir y desem-barcar pasajeros y cargas es una contribución sobre la transporta-ción, es decir, sobre el comercio entre los dos estados envueltos en tal transportación.”

Opinamos que el criterio de la Corte Suprema en cuanto al significado de la palabra transportación y al alcance y extensión de una contribución por recibir pasajeros y cargas para trasladarlos de un punto a otro es aplicable al presente caso.

La denuncia formulada contra el acusado no imputa delito alguno. La asamblea municipal de Mayagüez carece de autoridad para imponer una contribución sobre el negocio de transporte a que según la denuncia se dedica el acusado,- toda vez que el Gobierno Insular ha fijado nna contribución para el ejercicio de este negocio.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse absuelto al acusado.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señob. W-ole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Lazcano, acusado y apelante.
    No. 5496.

    Sometido: Junio 1, 1934.

      Resuelto: Junio 6, 1934.

      Juan B. Iluyke, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob. W-ole,

emitió la opinión del tribunal.

La policía creyó que Antonio Lazcano estaba jugando a lo prohibido, y lo arrestó. Después de su arresto, se le registró y se halló una pistola sobre su persona. Fue ab-suelto en la Corte Municipal de San Juan de la imputación de haber jugado a lo prohibido. Sin embargo, se radicó denuncia en su contra por portar armas prohibidas y fue convicto tanto en la Corte Municipal como en la de Distrito de San Juan.

En apelación, la defensa principal fue que el acusado estaba en su propia casa jugando naipes y que si portaba un arma en la calle, se debió a que fue obligado o inducido a ello por los actos de la policía al arrestarlo y llevárselo de la casa en qne se encontraba.

No creemos qne el caso cae en absoluto dentro de las citas del apelante, a saber, aquellos en que se induce a un individuo a cometer un delito a causa de los actos de un fun-cionario. No bay duda alguna de que el acusado portaba una pistola sobre su persona.

Si, como sucedió en el caso de El Pueblo v. Borges, 23 D.P.R. 524, el acusado se hubiera hallado en su propia casa y hubiese sido conducido al cuartel de la policía, la portación no sería de un arma prohibida, toda vez que la posesión original de la misma era legal, y hubiera sido colocado en una posición precaria por razón de su arresto.

No se suscitó cuestión alguna respecto al derecho de la policía a hacer el registro.

Hubo conflicto en la prueba. Sin embargo, la misma es-tableció concluyentemente que el acusado no vivía en el sitio en que fue arrestado, sino que tenía su casa en otro lugar. Asumiendo, sin embargo, que sea verdad lo que dijo el acusado al efecto de que él había alquilado una habitación para oficina en la casa donde fue arrestado, no obstante, no aparece claramente que él tuviera una residencia en esa casa.

Llamamos la atención hacia el hecho de que el acusado debió llevar la pistola de algún otro sitio a la casa en que fué arrestado y la posesión por él del arma era prima facie ilegal, y no se adujo motivo alguno para haberla llevado allí. El hecho mismo de que él estaba jugando naipes mili-taría en su contra más bien que en su favor, ya que nadie debe entregarse a pasatiempos con una pistola en el bolsillo.

Examinando la prueba, nos sentimos obligados a convenir con el fiscal en que la corte no estaba obligada a creer que la casa en que el acusado estaba jugando fuera en realidad utilizada por él como residencia, o que él era un huésped allí, o algo similar, y la corte tenía derecho a declararlo culpable.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Seños Wolf,

text:
    Alonso Hermanos y José Ramón y Manuel Alonso Muñoz, demandantes y apelados, v. José Matos, demandado y apelante.
    No. 5793.

    Sometido: Junio 2, 1934.

      Resuelto: Junio 8, 1934.

      II. Torres Sola, abogado del apelante; Celestino Iriarte, abogado de los apelados.
   EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Seños Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Al emitir nuestra opinión original nunca perdimos de vista el hecho de que la firma de Alonso Hermanos sostenía que una venta de animales atacados de enfermedad con-tagiosa era enteramente nula e inexistente.

La teoría de la opinión fue en parte, considerando toda la historia de los contratos relativos a la venta de animales, que el artículo 1397 del Código Civil debía interpretarse como que concedía el derecho a anular más bien que como que hacía el contrato enteramente nnlo. Esta fné la regla en España desde tiempo inmemorial, y la intención de la Legislatura de modificarla dehe aparecer claramente. Conforme indicamos en nuestra opinión, debe considerarse la situación del vendedor al igual que la situación del com-prador, y debe darse una interpretación tal a la ley que respete los derechos de ambas partes. También llegamos a la conclusión de que las manifestaciones algo inconsistentes de los comentaristas no afectaban el derecho nuestro a deter-minar por nosotros mismos la interpretación que debe dársele a un artículo del código que ha sido intercalado en un capítulo que trata del saneamiento por defectos ocultos en animales.

Asumiendo, sin embargo, con los promoventes de la moción de reconsideración, que la venta de animales que se demostró padecían de enfermedad contagiosa fuera enteramente inexistente, no obstante creemos que debe prevalecer el contexto del artículo 1399 del Código Civil. Desde tiempo inmemorial la acción concedida al adquirente de animales atacados de enfermedad contagiosa era una acción redhibitoria. Por tanto, el hecho de que el código quizá hizo tal venta inexistente no afectó la teoría total del capítulo. La idea esencial, de nuestro código y de otros códigos fue que un adquirente que tuviera el derecho de anular una venta de animales enfermos debía iniciar su acción dentro de cierto límite de tiempo, en el presente caso cuarenta días. Desde el punto de vista que miramos el caso, no importa que la acción se califique de acción de nulidad o . rescisoria, o de inexistencia o en cualquiera otra forma conocida en la práctica. Según indicamos, el término para radicar una acción redhibitoria solía ser hasta seis meses, pero el legislador español, si su teoría fue que la venta era enteramente nula, trató de ofrecer alguna protección al vendedor, y ésa fué posiblemente la razón por la cual se fijó un término de cuarenta días. Nunca pudo ser la intención del legislador español que una venta de animales enfermos hecha de buena fe fuera anulable en toda época o aun durante el período de cuatro años que de ordinario es aplicable a las acciones de nulidad.

Los promoventes de la moción llaman ahora nuestra atención a las disposiciones de la ley qne someten al vendedor de animales enfermos a responsabilidad criminal. La res-puesta a esta indicación es qne la ley incluye solamente la venta de animales a sabiendas de qne éstos están atacados de enfermedad contagiosa. La Legislatura portorriqueña creyó que tal proceder era criminoso y así lo declaró, mas el hecho de que tal proceder se declare criminal no afecta nece-sariamente los derechos existentes entre las partes, especial-mente cuando no hay mala fe. La idea del legislador español, y ésa es nuestra propia idea, fue Interest reipublicae ut sii finis litium.

Debe declararse sm lugar la moción.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Banco de Puerto Rico, en su carácter de Liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cristóbal Dávila, demandado y apelante.
    No. 6669.

    Sometido: Mayo 28, 1934.

      Resuelto: Junio 13, 1934.

      M. Guzmán Texidor, abogado del apelante; José j B. Bamírez San-tibáñez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que las cuestiones de hecho fueron sometidas a la corte inferior, en forma de una estipulación. La corte resolvió el caso en favor del demandante. Este solicita ahora la desestimación del recurso fundado en que después de dictada la sentencia el apelante no ha hecho gestión alguna para preparar la exposición del caso o algo similar. El apelante replica diciendo que como todos los hechos fueron expuestos ante la corte mediante estipulación, nada tiene él que preparar, que el caso es idéntico a si no hubiera que preparar transcripción de evidencia o exposi-ción del caso y, por ende, que la transcripción de autos debía presentarse ante este tribunal dentro de treinta días. La apelación fué interpuesta el 15 de marzo de 1934, y el apelante insiste en que tenía hasta el 15 de abril (sic.) para presentar la transcripción de autos; que este período fué prorrogado por esta corte y que el término para radicar la transcripción no había expirado.

Bajo estas circunstancias, la apelación no está sujeta a ser desestimada. Frecuentemente hemos resuelto que si el legajo de la sentencia es elevado a este tribunal, faltándole la prueba, esta corte puede aún considerar las alegaciones.

De paso, podemos decir que no entendemos, especialmente desde el punto de vista del apelante, por qué eran necesarias las prórrogas toda vez que las alegaciones y la estipulación estaban completas.

El apelante evidentemente esté en un error. Cuando las partes radican una estipulación sobre los hechos o sobre la relación del caso, ésta, sin la aprobación de la corte, no forma parte del legajo de la sentencia o de los autos que obliga-toriamente han de elevarse. La intervención de la corte es siempre necesaria para demostrar cuál fué toda la prueba ante ella o aun para que sirva de identificación.

El apelante aparentemente fué diligente, mas como si per-siste en su intención original tendremos unos autos incom-pletos ante nos, le concederemos un nuevo término de treinta días para que someta la estipulación a la corte y para que al ser ésta aprobada la agregue al legajo de la sentencia.

Debe declararse sm lugar la moción.


text:
    Cecilio Burgos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 923.

    Sometido: Junio 7, 1934.

      Resuelto: Junio 13, 1934.

      F. García Veve', abogado del recurrente; el registrador recurrido no» compareció.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinion! del tribunal.

Alonso y Pablo Rosario Muñoz, quienes hacen negocios bajo el nombre y razón social de Alonso Rosario & Hno. en el pueblo de Río Piedras, vendieron al recurrente Cecilio Burgos, en 28 de abril de 1934, una finca, mediante escritura pública otorgada en Río Piedras ante el notario don Federico García Veve. Esa escritura contiene una cláusula que dice así:

“Manifiestan los comparecientes Alonso y Pablo Rosario Muñoz que desde hace dos años más o menos vienen haciendo negocios bajo el nombre y razón social de Alonso Rosario y Hermano en esta plazá, sin que dicha razón social esté constituida en documento o escritura pública alguna; que son los únicos socios que componen dicha sócie-dad y que bajo este nombre han llevado a cabo ciertos actos y con-tratos, entre ellos la compra de la casa y solar que más adelante se describirá, compra que abora ratifican ambos comparecientes y socios en todas sus partes.”

Presentada la escritura de compraventa al registrador de la propiedad, fue inscrita “con el defecto subsanable de no acreditarse que los vendedores Alonso y Pablo Rosario Muñoz sean los únicos socios de la mercantil Alonso Rosario & Hno.”

Alega el recurrente que la referida escritura ba debido ser inscrita sin el defecto subsanable indicado, y arguye que la nota del registrador no pone en duda la existencia de la mercantil Alonso Rosario & Hno., que se tiene como un becbo cierto, ya que la escritura fue inscrita. Así es en efecto, y como la inscripción es un becbo que no se discute y la única cuestión planteada es que no se ba acreditado que los vendedores Alonso y Pablo Rosario sean los únicos socios de la mercantil Alonso Rosario & Hno., limitándonos a resolver esta sola cuestión, entendemos que no existe el defecto apuntado por el registrador. Los hermanos Rosario Muñoz declaran que son los únicos socios que componen la sociedad. Esta misma manifestación, becha en una escritura de consti-tución de sociedad, sería sin duda aceptada como cierta por el registrador. En este caso en que se habla de una sociedad constituida sin escritura o documento alguno, cuestión que, dicho sea de paso, no está ante nosotros ni podría suscitarse por el registrador después de haber practicado la inscripción, ¿qué otra prueba podría presentarse por los Sres. Rosario para demostrar que son los únicos socios de la alegada mer-cantil Alonso Rosario & Hno.? No concebimos que pueda presentarse prueba alguna superior a sus propias manifesta-ciones consignadas en la escritura. Siendo ésta la única cuestión planteada por el registrador, opinamos que debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    María Puig Torres, demandante y apelada, v. Ana Batista Torres, John Doe y Richard Doe, demás componentes de la Sucesión Desconocida de Alfredo González, y Jesús Rivera Torres, Administrador Judicial de los bienes del finado José Garriga Farizo, demandados; y Artemio Camacho, interventor y apelante.
    No. 5902.

    Sometido: Diciembre 20, 1932.

      Resuelto: Junio 13, 1934.

      A. L. López, abogado del apelante; L. Muñoz Morales, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se estableció para que la Corte de Distrito de Humaeao declararse nulas e inexistentes dos escrituras de compraventa. Lo demandados se allanaron a esa de-manda pero un interventor se opuso a ella y apela de la sentencia que declara con lugar la demanda y sin lugar su oposición.

María Puig Torres compró en 1912, siendo soltera, una casa de maderas fabricada en solar del municipio de Caguas. Después de haberse casado con José Garrido Farizo vendió esa casa en 1915 a Alfredo González por precio de $800 que confesó haber recibido antes del otorgamiento de la escritura de venta, la que produjo en el registro la inscripción cuarta. En 1919 María Puig compró la misma casa a Alfredo Gon-zález, haciéndose constar también en la escritura correspon-diente que el precio de $800 de la venta había sido recibido por el vendedor antes del otorgamiento de la escritura, que causó la. inscripción séptima. José Garrido, el esposo de María Puig, murió después sin descendientes en 1926 y en diciembre de 1927 fué dictada sentencia contra la sucesión de José Garrido por $1,500 como indemnización por per-juicios a favor de Juan Solá González. En enero del año siguiente María Puig y Torres radicó demanda contra el administrador judicial de la sucesión de su esposo y contra la viuda y una hija menor de Alfredo González para que la Corte de Distrito de Humacao declarase nula e inexistente la venta que ella hizo de la casa a Alfredo González y también la compra que de ese inmueble hizo posteriormente al mismo González, por no haber mediado precio en ellas y haber veri-ficado la venta para seguir los consejos engañosos de su esposo José Garrido, que tuvo el propósito de convertir una finca privativa de ella en un bien ganancial. En 1928 esa casa fué vendida en subasta judicial y adjudicada a Juan Solá González para cumplir la sentencia que obtuvo contra la sucesión de José Garrido. Solá vendió después la casa a Pedro Lizardi, quien también la enajenó a Artemio Camacho.

El administrador judicial de la sucesión de José Garrido se allanó a la demanda. También se allanó a ella la viuda de Alfredo González por Sí y por su hija menor, como únicos he-rederos suyos, pero negando bajo juramento que el contrato hubiere sido fingido y simulado. Artemio Camacho- se opuso a las pretensiones de la demandante. La sentencia dictada en el pleito declaró con lugar la demanda y sin lugar la opo-sición del interventor, quien apeló de ella.

En este recurso de apelación sólo ha comparecido ante nosotros "el interventor'Artemio Camacho.

Uno de los motivos alegados por el apelante para que revoquemos la sentencia recurrida es que la prueba presen-tada en el juicio no es suficiente para sostener la conclusión de la corte inferior- de que las dos escrituras de compraventa mencionadas fueron simuladas e inexistentes. Si tiene razón en este alegado error no será necesario considerar los otros motivos del recurso.

Por los hechos expuestos puede verse que des-pués de dictada una sentencia condenatoria de pago de dinero contra la sucesión de José G-arrido fué que su viuda inter-puso este pleito cuyo objeto es que la casa en cuestión, que por haber sido comprada durante su matrimonio con Garrido tiene el concepto de bien ganancial, ya que ni se alega ni aparece que fuera adquirida con dinero privativo de ella, vuelva a ser bien privativo de la demandante por la declara-ción de inexistencia de las mencionadas ventas.

La demandante María Puig y Torres, que reside en el territorio de la Corte de Distrito de Humacao, no declaró en él juicio de este pleito a pesar de haber sido la vendedora en la primera escritura y la compradora en la segunda, por lo que ella debe saber si no recibió dinero alguno por la enajenación que hizo ni lo entregó cuando compró. El hecho de que juró su demanda no hizo innecesaria su declaración en el juicio porque ese juramento es solamente'un requisito de procedimiento que no tiene el valor probatorio de una declaración que está sujeta a repreguntas de la parte con-traria, según dijimos con respecto a una contestación jurada en el caso de Cruz v. Santiago, 24 D.P.R. 112. La deman-dante era la testigo principal y quizá la única en este caso por haber muerto Alfredo González que con ella contrató. El era casado, por lo que de acuerdo con la ley tenía la administración de los bienes de la sociedad conyugal y por esto tenía conocimiento personal de si entregó y recibió dinero en las respectivas escrituras. Su viuda, Ana Batista, declaró en el juicio pero poco podía decir y poco dijo. Se concretó a manifestar que no recibió ni entregó dinero en esos-contratos, lo que nada tiene de extraño pues su marido, como administrador de los gananciales, era el que tenía el manejo del dinero de la sociedad y el qne debía entregarlo y recibirlo: y dijo también qne no sabe si sn esposo entregó y recibió dinero en esos contratos, pnes ella no hizo nada más qne firmar las escrituras. Los otros dos testigos de la demandante nada saben con respecto al precio de esas compras sino solamente qne María Pnig vivió siempre en la casa excepto algún tiempo qne vivió en nn cafetín llamado El Conejo Blanco.

Cuando existe una escritura notarial la prueba debe ser vigorosa para qne pueda destruir la presunción en ella con-tenida sobre la causa del contrato, pues la corte debe tener ante sí una certeza legal de que no existió tal causa. Ríos v. Amorós, 27 D.P.R. 804. También hemos declarado que a falta de una prueba que positivamente demuestre lo con-trario, ha de presumirse eme tiene causa un contrato consignado en escritura pública. Cruz v. López, 17 D.P.R. 42.

Entre ambas ventas mediaron cuatro años durante los cuales se verificaron en el registro las inscripciones quinta y sexta cuyos conceptos no conocemos pero que necesaria-mente se debieron a enajenaciones o gravámenes hechos con la finca por Alfredo González’ como dueño de ella, por lo que no se comprende cómo él hiciera esas operaciones si había comprado simuladamente, sin mediar precio. Además, su viuda negó en su contestación allanándose a la demanda que la compra fué fingida y simulada.

Por el resultado de la prueba tenemos que llegar a la conclusión de que la presentada por la demandante no es suficiente para concluir que no es cierto lo que las partes manifestaron en las referidas escrituras' públicas respecto a la entrega del precio de las compras, por lo que no pueden ser declaradas inexistentes por no haber mediado causa para esas enajenaciones.

Habiendo llegado a esa conclusión, la sentencia apelada no puede ser sostenida y d,ebe ser revocada, dictándose otra que declare sm lugar la demamda, sin especial condena de costas.


author: El Juez Asociado Señob Aldrey,

text:
    Ex Parte Bolívar Pagán, a nombre de Mario Márquez, peticionario y apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 5497.

    Sometido: Junio 6, 1934.

      Resuelto: Junio 13, 1934.

      Bolívar Pagán, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación se interpuso contra resolución que en un procedimiento de bábeas corpus negó la excarcelación de Mario Márquez, cuya prisión se decretó por imputársele que pegó fuego a una casa asegurada en $2,000 con la intención de defraudar a la compañía aseguradora.

El fundamento para que sea excarcelado es que no existe causa probable para su detención.

De la prueba que el fiscal presentó para oponerse a esa solicitud aparece que la madre de Mario Márquez compró a fines de diciembre de 1933 una casa de maderas en Caguas que estaba deshabitada y que así continuó hasta que la des-truyó un incendio en la madrugada del 9 de enero de 1934 a la 1:45; que esa casa estaba asegurada contra incendio por la cantidad de $2,000; que esa madrugada como á la 1:30 un testigo vió entrar a Mario Márquez con otra persona en dioha casa y como a los diez minutos lo vió salir solo, comen-zando el incendio poco después. Según otra declaración Mario Márquez dijo a una persona que sufrió quemaduras al tratar de apagar el fuego que la culpa del daño sufrido por esa persona la tenía otra a quien él pagó para que quemara la casa, por no haber cumplido la orden que le dió de poner un candado en la puerta y haberla dejado abierta.

El apelante admite que la casa quemada estaba asegurada y dice que en la hipótesis de que él' haya pegado fuego a la casa, esto lo hizo con el propósito de defraudar al asegurador, pero que de la evidencia no aparece que él haya cometido el acto de pegar fuego. A esto queda reducida la cuestión a resolver.

Las manifestaciones de un acusado hechas antes o después de la comisión del delito, aunque no equivalen a una confesión de la cual en conexión con otra evidencia y circunstancias concurrentes pueda sacarse una inferencia de culpabilidad, son admisibles contra él como admisiones. 16 C. J. 626; El Pueblo v. Flores, 17 D.P.R. 178. Las admisiones extrajudiciales deben ser recibidas y consideradas' con cautela y aunque no son suficientes por sí mismas para una condena, es una circunstancia para, ser considerada en relación con otros hechos al resolver sobre la culpabilidad del acusado. 16 C. J. 628. En consecuencia, las admisiones que hizo el acusado pueden ser tenidas en cuenta en relación con las otras declaraciones que ■ fueron presentadas por el fiscal. Esta corte no dijo en el caso Ex parte Colón, 11 D.P.R. 429, citado por el apelante, que la evidencia de admisión extrajudicial no sea admisible, pues lo que dijo fue que independientemente de ella había prueba contra aquel acusado. Lo mismo se dijo en el caso Ex parte Baker, 86 Cal. 402.

Tomando, pues, en consideración toda la evidencia del fiscal, hay que llegar a la conclusión de que existe prima facie causa probable de que el acusado pegó fuego a la casa y por tanto para la prisión de Mario Márquez. Pero aun prescindiendo de las manifestaciones extrajudiciales que él hizo, las otras declaraciones son suficientes a nuestro juicio para no decretar su excarcelación por falta de causa probable para estar detenido por la comisión del delito, pues el becbo de baber entrado él con otra persona a altas boras de la noche en una casa que estaba deshabitada y salir de ella al poco rato, momentos antes de ocurrir el incendio de la casa, nos parece que es indicio de su culpabilidad, teniendo en cuenta que en este procedimiento de hábeas corpus no puede resol-verse si tal indicio es suficiente para declararlo culpable del incendio sino solamente que es bastante para que exista causa probable para su detención. Al tribunal que lo juzgue corresponderá determinar si ese solo indicio, a falta de más prueba, es bastante para condenarlo.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Albbey,

text:
    Julio N. Chardón, peticionario y apelado, v. Carlos Laffaye, demandado y apelante.
    No. 5467.

    Sometido: Diciembre 9, 1932.

      Resuelto: Junio 15, 1934.

      Diego O. Marrero, abogado del apelante; R. Castro Fernández, abo- ■ ' gado del apelado. ' ‘
   El Juez Asociado Señoe Albbey,

emitió la opinión del tribunal.

Julio N. Chardón solicitó de la Corte de Distrito de San Juan que librase un auto de injunction contra Carlos Laffave y que mientras fuera resuelto decretase un injvmction preli-minar. Las partes fueron oídas respecto a la solicitud del auto preliminar, presentaron sus pruebas y la corte lo con-cedió. Esa resolución fue confirmada por nosotros en apela-ción. Chardón v. Laffaye, 43 D.P.B. 650.

Para resolver el auto definitivo de injunction las partes sometieron a la corte de distrito las mismas alegaciones y pruebas que sirvieron para el auto preliminar. Por ellas decretó la corte el auto definitivo y el demandado interpuso esta apelación.

Los hechos de este caso constan en la opinión que fue escrita para la resolución de la primera apelación referida, por lo que nos limitaremos ahora a hacer un brevísimo resumen de lo substancial de ellos.

Demandante y demandado tuvieron un contrato de socie-dad civil profesional y se comprometieron con el municipio de San Juan a cavar cuatro pozos profundos para aumentar el agua de su acueducto. ' Disuelta esa sociedad por mutuo acuerdo, el demandado Laffaye quizo utilizar para un trabajo suyo particular una bomba que la sociedad había comprado para los pozos del municipio y el demandante solicitó y ob-tuvo un auto de injunction prohibiéndole que usara esa bomba en su trabajo particular.

Los dos primeros motivos alegados para la presente apelación son, extractados, los siguientes: primero, por no haber considerado la corte inferior ni declarado con lugar las excepciones previas opuestas a la solicitud de injunction; segundo, por haber resuelto que el estado de la sociedad Chardón & Laffaye al ser iniciado el litigio era el de una comunidad de bienes y no el de sociedad en liquidación.

Las cuestiones que se suscitan en esos dos motivos fueron resueltas en contra del apelante en la opinión que escribimos para decidir la apelación qne interpuso contra la concesión del anto preliminar de injunction por lo qne no tenemos que tomarlas en consideración ahora, toda vez qne no fueron presentadas otras alegaciones, pruebas nuevas ni nos ha convencido en forma alguna de que es errónea su decisión. En Rodgers v. Pitt, et al., 129 Fed. 932, se declaró que todas las cuestiones decididas en una moción para un injunction preliminar están abiertas para revisión en la audiencia final pero que la decisión anterior deberá respetarse a menos que aparezcan hechos adicionales que requieran su modificación o revocación o que aparezca claramente que se cometió algún error.

El tercer motivo se funda en que la corte inferior con-sideró y resolvió una situación creada al municipio de San Juan por la omisión de la bomba, cuando tal cuestión no fué puesta en controversia por las alegaciones.

En la solicitud de injunction se alegó que la sociedad compró la bomba en cuestión para instalarla en uno de los cuatro pozos profundos que cavaba para cumplimiento de un contrato con el municipio de San Juan para abastecer a la ciudad con un número convenido de galones de agua por minuto y que dicha bomba fué instalada en el pozo No. 3 y la cabeza de la misma en el pozo No. 2 de los cuatro mencio-nados.

Uno de los fundamentos que tuvo la corte inferior para la sentencia apelada fué que si se omitía una de las cuatro bombas la situación sería muy grave puesto que la sociedad estaba obligada por su contrato con el municipio, en cual-quier tiempo que se presentase un ingeniero del Departa-mento del Interior o del municipio de San Juan a medir el agua, a demostrar que los pozos inyectan en la tubería del acueducto de San Juan 3,000,000 de galones por día, lo que a veces, pero no siempre, se consigue con tres bombas, pero que si no fuere posible con tres, es indispensable tener la cuarta bomba para echarla a andar tan pronto fuese nece-sario, bien porque las otras tres no sacasen el número de galones contratados o bien porque una de las tres se dañase y que si en cualquier ocasión durante el término de prueba estipulado en el contrato dejasen de inyectar los 3,000,000 de galones consignados, el municipio de San Juan tendría derecho a negarse a aceptar los pozos.

La conclusión de la corte inferior que se impugna en el tercer motivo del recurso está relacionada con la alegación de la petición a que antes nos hemos referido referente al contrato de cavar cuatro pozos para el municipio con un número convenido de galones de agua y la instalación de la bomba en uno de los cuatro pozos, por lo que no existe el error alegado ya que si se omitía la bomba de uno de los cuatro pozos podía suceder que los tres restantes no sumi-nistrasen el número de galones convenido.

El cuarto motivo descansa en que la evidencia no es suficiente para dictar la sentencia que ha sido apelada.

Ya hemos dicho al principio que la evidencia que fue presentada para resolver si procedía o no el auto definitivo de injunction es la misma que sirvió para dictar el auto pre-liminar. Nosotros confirmamos anteriormente la concesión del auto preliminar; y si fue suficiente entonces la evidencia también lo es ahora para el auto definitivo. Además, si la bomba estaba o no en uno de los pozos de Hato Rey cuando el demandado trató de utilizarla en Bayamón es cuestión que no es de importancia porque el hecho fundamental en este caso es que iba a utilizarla para trabajo suyo particular cuando también es del demandante.

Tampoco existe el- quinto y último motivo de error de ser la sentencia contraria a la ley.

Se tratan en él cuestiones que fueron alegadas como excepciones a la petición y que han sido resueltas por nos-otros en el caso anterior entre las partes. El hecho de que el demandante fuera uno de los postores sin éxito en la subasta para el pozo de Bayamón no es motivo para que no obtuviese el injunction en este caso; tampoco el que dicho municipio pudiera sufrir perjuicios porque dicha bomba no funcionara allí, pues podía ser substituida por otra; ni el que en la escritura de disolución se conviniera en que cual-quier diferencia o desacuerdo o disparidad de criterio entre los liquidadores sería sometida a arbitraje, pues el tratar de usar uno de los liquidadores la bomba para su uso particular no es diferencia, desacuerdo o disparidad de criterio en la liquidación. En resumen, el apelante no tenía derecho a usar la bomba en su propio beneficio y trabajo particular con la oposición del otro copropietario.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Ursula Cortijo, Guillermo Ramos y Andrea Clemente, demandantes y apelantes, v. Esperanza Orta, demandada y apelada.
    No. 5600.

    Sometido: Enero 13, 1933.

      Resuelto: Junio 15, 1934.

      Pedro G. Quiñones, abogado de los apelantes; A. Agosto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este caso declarando sin lugar la demanda se interpuso esta apelación.

No existe cuestión alguna de derecho planteada por las partes.

Los dos primeros motivos del recurso se fundan en que la corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba al sostener que hubo consentimiento de los demandantes en el contrato de compraventa que motiva este pleito y también al sostener que hubo causa en ese contrato. El tercer motivo es consecuencia de que existan los anteriores, pues se funda en que la sentencia es contraria a la ley.

Los demandantes Ursula Cortijo y Guillermo Ramos eran dueños cada uno de una cuarta parte de cierta finca. La otra demandante, Andrea Clemente, es una de las bijas de José Belén Clemente, quien tenía otra cuarta parte y que ba fallecido. Esa finca era de 5,862 metros cuadrados con 83 centímetros. Los demandantes no tenían título inscri-bible y para conseguirlo segregaron seiscientos metros para los gastos del expediente de dominio, quedando así reducida la cabida a 5,262 metros cuadrados con 83 centímetros. Sobre esa segregación y venta no versa este pleito. Posteriormente Ursula Cortijo, Guillermo Ramos y José Belén Clemente otorgaron otra escritura ante el notario don Angel R. de Jesús por la cual vendieron las tres cuartas partes de lo que les quedaba en el resto de la finca a Esperanza Orta, por precio de $1,315.50 que en la escritura confesaron los vendedores haber recibido antes de su otorgamiento, corres-pondiendo así $438.50 a cada uno de ellos. Esperanza Orta vendió después a tercera persona y este pleito tiene por objeto obtener indemnización de perjuicios por la pérdida de la finca, bajo la teoría de la demanda de que se declaró inexis-tente esa venta porque según su alegación décima los deman-dantes nunca recibieron de la demandada ni de ninguna otra persona los $1,315.50 a que se refiere la escritura de compra-venta. La demandante Andrea Clemente no hizo venta alguna sino que fué su padre José Belén Clemente el que vendió en unión de los otros dos demandantes.

La compra la hizo Cándido Fernández para Esperanza Orta, su actual esposa, a cuyo nombre se otorgó la escritura. Cándido Fernández declaró que algunos de los demandantes le debían dinero y que descontando esas deudas entregó a cada uno de ellos lo que les restaba del precio de la compra. Los demandantes aceptaron que debían, dinero a Cándido Fernández pero que no le vendieron la finca ni recibieron dinero alguno por esa venta, que fue simulada para evitar que un acreedor embargase la finca. El notario Sr. de Jesús declaró que los vendedores, a quienes leyó la escritura, estuvieron conformes con la venta que contenía y que después vió unas declaraciones juradas por los testigos de la escritura en que manifestaban que ellos no habían firmado esa escri-tura, pero que la firma de ellos está en la escritura matriz igual a la que tenían las expresadas declaraciones, según comprobó otro abogado.

Hemos leído detenidamente toda la prueba que fue pre-sentada en - el juicio y no encontramos que la corte inferior cometiera los errores que le imputan los apelantes. Este pleito tiene alguna relación con lo resuelto en los casos de Sucn. Delgado v. Villamil, 41 D.P.R. 569, y de María Puig Torres v. Ana Batista Torres et als., resuelto en junio 13, 1934 (ante, pág. 889).

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Gabriel Soler y su esposa Matilde Marín de Soler, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 924.

    Sometido: Junio 7, 1934.

      Resuelto: Junio 15, 1934.

      Cayetano Coll y Cuchí, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de abril de 1934 Gabriel Soler y su esposa Matilde Marín comparecieron ante el Notario Público Cayetano Coll y Cachi y otorgaron an “Acta de reconocimiento de propiedad y otros extremos,” que presentaron para sn inscripción en el Registro de la Propiedad de San Jnan, Sección Ia., acom-pañada de otra escritura titulada “Acta de ratificación” otorgada ante el mismo notario por José Hubert y Gabriel Soler como apoderados de la Viuda y los Hijos de don Luis Hubert y por Diego O. Marrero como mandatario verbal de la viuda de don José Enatarriaga.

Negó el registrador la inscripción solicitada y contra su negativa es que se ba interpuesto el presente recurso guber-nativo.

Del acta de reconocimiento de propiedad resulta que el Tesorero de Puerto Rico ejecutó cierta finca para el pago de las contribuciones que adeudaba adjudicándola a Gabriel Soler. Expedido el correspondiente certificado a favor de Soler fué presentado e inscrito en el registro de la propiedad.

Así las cosas, Soler y su esposa acudieron ante notario y otorgaron el primero de los documentos mencionados del que transcribimos lo que sigue:

‘ ‘ TERCERO: Los comparecientes hacen constar, que al tiempo de publicarse los edictos para venderse en pública subasta la finca a que se refiere este documento, para satisfacer las contribuciones adeu-dadas por doña Irene Agrait Pont, según se expone en los antece-dentes de este documento, ya dicha finca había pasado a la propiedad de los herederos de don Luis Rubert y de don José Enatarriaga; y el compareciente don Gabriel Soler, con la intención de actuar, y actuando en la representación de ambas sucesiones, compareció en la subasta con el fin de pagar a su nombre y representación, las con-tribuciones debidas, pero por un error e inadvertencia, que no estuvo en su mente cometer, al efectuar el pago de las dichas contribuciones atrasadas, el Departamento de Hacienda le conceptuó y tuvo como un postor por las fincas, por el precio de las contribuciones, a cuyo fin expidióle un certificado de compra de bienes inmuebles, el cual copiado literalmente dice así:
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“Este certificado fué debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad en cuanto a la tercera, parte de la finca correspondiente a la Sucesión de don Luis Rubert, al folio treinta y cuatro del tomo ciento siete de esta Capital,'finca número doscientos treinta y nueve sextuplicado, inscripción veintiocho; y en cuanto a las dos terceras partes de doña Pilar Lizargarate viuda de Enatarriaga, al folio treinta y cinco vuelto, del tomo ciento siete de 1a. Capital, finca dos-cientos treinta y nueve inscripción veintinueve.
“Cuabto: Los comparecientes en este acto desean rectificar el error cometido, acreditando que el dinero pagado de contribuciones no procedía de su propio peculio, sino que las cantidades correspon-dían a los verdaderos dueños del inmueble, a saber: La Sucesión de don Luis Rubert, compuesta en la forma antedicha., y doña Pilar Lizargarate Viuda de Enatarriaga; y que la propiedad adquirida, por los comparecientes en la pública subasta, lo fué por error de hecho y de derecho, sin que nunca hubiera sido su intención llevar a. efecto semejante acto.
“Y a los fines de corregir semejante error, levantan esta acta para que el Registrador de la Propiedad rectifique las inscripciones referidas y vuelva a inscribir esta finca en la proporción de una ter-cera parte y dos terceras partes proindiviso, a favor de sus verda-deros dueños, la Sucesión de don Luis Rubert y Catalá compuesta por su viuda doña Antonia Armstrong, y por sus hijos, Carmen, María Magdalena, Francisca, Antonia, Luisa, José Ángel y Guillermo Juan Rubert y Armstrong; y doña Pilar Lizargarate Viuda de Ena-tarriaga, quienes los otorgantes reconocen que siempre fueron, han sido y son los únicos y verdaderos dueños del inmueble, sin que el certificado de venta expedido a favor del compareciente- don Gabriel Soler, por el Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico represente una enajenación real y efectiva, por-haberse pagado dichas contribuciones con peculio de los verdaderos dueños,, y sin haber tenido en mente los otorgantes la adquisición en forma alguna de este inmueble.”

Del documento acompañado al acta de reconocimiento consta la conformidad de los herederos de Rubert y Enata-rriaga con lo otorgado, en la misma.

La negativa del registrador se basó en que:

. . Por las simples manifestaciones comprendidas en este tí-tulo se pretende rectificar un error cometido en un procedimiento ad-ministrativo seguido en cobro de contribuciones morosas por el Co-lector de Rentas Internas de San Juan, en representación del Teso-rero de Puerto Rico, la cual rectificación, de acuerdo con la sección veintiséis de la ley de fecha catorce de marzo de mil novecientos siete, página trescientos sesentiuno, es de la exclusiva competencia del Te-sorero de Puerto Rico, en quien reside la facultad de declarar cance-ladas las ventas celebradas indebidamente por el Colector de Rentas Internas, señalándose en la ley, el medio adecuado en tales casos.”

No estamos conformes. La ley que invoca el registrador prescribe:

“Sección 26. — Que cuando se hubiere vendido cualquiera propie-dad inmueble por contribuciones morosas, y se hubiere rematado a favor de El Pueblo de Puerto Rico, y resultare después que, por cual-quiera razón, dicha venta fue hecha con irregularidad, y que se ha privado indebidamente de la propiedad a su dueño, el Tesorero de Puerto Rico estará facultado para cancelar dicha venta y, cuando fuere necesario', librará un certificado de redención, el cual surtirá el efecto de un nuevo traspaso de la propiedad a su dueño, o a sus herederos o cesionarios, según sea el caso, y la propiedad quedará sujeta a todas las cargas y reclamaciones legales contra ella, en la misma amplitud y forma como si no se hubiera vendido para el pago de contribuciones, y el registrador de la propiedad inscribirá el cer-tificado de redención, sin cobrar honorarios por ese servicio.”

Basta una mera lectura de esa disposición para concluir que no es aplicable a este caso en que la venta se hizo no a favor del Pueblo sino de Soler, quien, unido a su esposa, tenía facultad para restablecer la exacta verdad de lo ocu-rrido y reconocer en contra suya el derecho de otras personas que se mostraron conformes en que así se hiciera, sin nece-sidad de que el Tesorero adoptara medida alguna en cuanto a su actuación administrativa.

Como dicen los recurrentes en su petición:

“. . .no cabe duda alguna que si la Sucesión de don Luis Rubert y doña Pilar Lizargarate Nda. de Enatarriaga recurrieran ante un tribunal de jurisdicción ordinaria para solicitar la nulidad de la venta llevada a cabo por El Pueblo de Puerto Rico a favor de Gabriel Soler y Matilde Marín, fundándose en que dieron a éstos el dinero necesario, de su propio peculio, para el pago de dichas con-tribuciones, y que en vez de ser las contribuciones pagadas, las fincas fueron rematadas por Soler y su esposa; y si Gabriel Soler y Ma-tilde Marín comparecieran allanándose a esta demanda, la sentencia dictada sería inevitablemente la de reinstalar en su dominio a los verdaderos dueños.
‘ ‘ Siendo esto así, el Registrador de la Propiedad de San Juan ba perdida de vista el principio de que una declaración judicial sobre derechos litigados es posible solamente cuando se litigan los dere-chos; pero no cuando se reconocen y admiten; y si Gabriel Soler y su esposa, los únicos con facultades para ello y que pueden ser perjudicados por sus propios actos, comparecen ante un notario pú-blico y admiten la certeza de un hecho, esta admisión tiene la misma fuerza y valor probatorio ante todos los agentes y oficinas del Go-bierno que si se tratara de una sentencia de un tribunal de justicia.”

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la mscrip-ción solicitada con los defectos subsanables ap%mtados por el Registrador sobre los cuales no ha versado el recurso.