author: El Juez Asociado Se. Hutchison, JUECES PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO ALDREY.

text:
    García, Demandante y Apelado v. The Humacao Fruit Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en . pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1580.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Embargo — -Aseguramiento de Sentencia — Custodia de la Propiedad — Agente.—■ Un funcionario no puede, al practicar un embargo sobre propiedad mueble en aseguramiento de sentencia, baeer del deudor su agente para la custodia de la propiedad; y el dejar ésta en poder del deudor, en ausencia de dispo-sición estatutoria, disuelve el embargo.
    I». — Acto del Embargo — Ejecución—Inscripción del Embargo. — De aeuerdo con nuestro estatuto, para trabar un embargo sobre jiropiedad inmueble no es necesario que el funcionario se constituya sobre el terreno, pero deberá hacer constar tal embargo al dorso del auto de ejecución y enviar una copia de éste, con el endoso, al registrador de la propiedad del distrito en que está radicada la finca para que sea inscrito en el registro; siendo una regla bien establecida que cuando existe una disposición especial estatutoria sobre la manera en que deberá hacerse un embargo, la misma, debe seguirse estric-tamente.
    Id. — -Venta en Ejecución — Precio Inadecuado — Fraude.—Una venta en ejecu-ción no es nula simplemente porque el precio pagado por la propiedad ven-dida sea inadecuado, excepto posiblemente cuando sea tan exageradamente inadecuado que cree una presunción de fraude, pero, cuando el precio es inadecuado muy pocas circunstancias adicionales pueden ser suficientes a in-ducir a la corte a anular la venta.
    Abogado de la apelante: Sr. Juan B. Huyke.

    El apelado no compareció.
   Los btecbos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 26 de marzo de 1912, en nn pleito seguido por Floren-cio (Jarcia Lebrón, apelado en este caso, contra Tbe Huma-cao Fruit Co., la apelante que de aquí en adelante llamare-mos “La Compañía,” el marshal de la Corte Municipal de Humacao embargó una muía de entre cierto número de mu-las, la que se bailaba en la finca de la compañía. La muía, fiel a las mejores tradiciones de su especie, resintiéndose se-gún parece por la separación de sus relaciones sociales y for-zosa mudanza de aquellos contornos a que se había habituado, abiertamente contravino el mandato de la ley, y firmemente declinó el honor de' acompañar .al márshal, quien después de consultar con el acreedor a cuya instancia se llevaba a cabo el embargo y a indicación de éste, consintió en defini-tiva en el desaire de que fué objeto y dejó al refractario hí-brido animal donde lo había encontrado, en poder de un em-pleado de la compañía. Parece que no se le ocurrió ni al de-mandante ni al márshal que la propiedad así embargada pudiera luego pensar otra cosa y abandonar la finca. De todos modos no se percibió recibo de ninguna clase y la muía, en unión de las otras sobre las que no se trabó ningún embargo, fué subsiguientemente llevada a otra vecindad sin necesidad de ulteriores formalidades.

Como año y medio después se dictó una sentencia contra la compañía demandada por la suma de $86.63 más los intere-ses y costas, la cual sentencia fué ejecutada. La orden de ejecución fué devuelta por el márshal con un endoso descui-dadamente redactado el que para los fines de esta opinión pudiera aceptarse como una relación de que había embargado 16 y media cuerdas de terreno en dicha orden descritas, cuyo valor está concluyentemente probado por el testimonio que más adelante se dirá alcanza a una suma que oscila entre mil doscientos y mil quinientos dólares. Esta parcela de terreno fué vendida por $130 y el presente recurso de ape-lación se ha establecido contra una orden por la que se de-niega dejar sin efecto la .venta.

Entre las numerosas cuestiones levantadas por la compa-ñía en la corte inferior sólo necesitamos considerar la cues-tión de la lesión de la causa (inadequacy of price) en rela-ción con nuestro propio criterio de las consecuencias que se derivan de la acción del márshal al levantar el embargo pri-meramente trabado por él sobre la propiedad personal y del modo como el segundo embargo fué trabado.

Aparte del hecho establecido fuera de toda discusión en cuanto al valor de la propiedad la prueba de ambas partes es tan pobre, vaga y poco satisfactoria que ninguna de las partes puede quejarse apenas si toda ella fué preterida por no merecer seria consideración. Realmente el caso del ape-lado hubiera sido mucho más fuerte si se hubiera apoyado única y exclusivamente en la devolución escrita' al dorso del mandamiento de ejecución, tanto en cuanto al hecho del se-gundo embargo se refiere; un ¿lemento de prueba documen-tal cuya fuerza probativa es grandemente debilitada, si no destruida, por el nebulosísimo testimonio del márshal mismo declarando como testigo del apelado. Teniéndolo todo en cuenta, después de alguna vacilación nos hemos ■ decidido a darle a la compañía el beneficio de la duda en este respecto.

Harold I. Sewall, presidente de la compañía y dueño del 90 por ciento del capital, que reside en Naguabo a unas cuan-tas millas de Iíumacao, declara que como tal presidente no ha recibido citación alguna del márshal respecto a la venta de la finca; que se le había avisado por un tal Arés que el márshal había - estado en la finca y -había hablado respecto a un embargo sin indicación alguna de que el mismo pudo ha-ber sido en contra de la compañía; que se le había infor-mado que se intentaba un embargo en contra de las muías; que la compañía no tenía muías; que las muías que'estaban en la propiedad de la compañía pertenecían a ésta; que las compró para la compañía con dinero de ésta y de su propio bolsillo; que si había dicho en la corte municipal que las muías le pertenecían a él y no a la- compañía, fué equivoca-damente; que sacó las muías de la compañía después que la c-ompañía dejó de hacer negocios activos; que él no declaró en la corte municipal que se había llevado las muías porque eran de él; que se las llevó a su finca “Antón-Ruiz” de la jurisdicción de Humacao y no lo puso en conocimiento del márshal.

Eufemio Arés, un jornalero, declara que el márshal en una ocasión se le presentó y le dijo que iba a embargar la finca; que la iba a embargar por una cuenta que Mr. Sewall le debía a Florencio G-arcía; que después vió al márshal nue-vamente cuando estuvo con Juan Ortiz (comprador en pú-blica subasta) para darle posesión de la finca. ' Al ser repre-guntado contesta, que el marshal le dijo que le iba a embar-gar la finca y que' después le fué a dar posesión a Juan Ortiz. Al demandante vuelve a contestar, que le iba a embargan la finca.

El márshal declara que además de fijar los anuncios de la subasta en varios sitios públicos en Humacao notificó a Sewall por correo; qne sabe donde quedaban las oficinas de la compañía; qne quedaban más allá de Las Piedras; que él fué allá y encontró un empleado en la finca, un encargado, y se lo notificó también; que notificó por correo a Sewall y le mandó copia de la ejecución de la misma orden; no sola-mente le escribió varias cartas, sino que no le contestó nin-guna ; que no sabe si la carta es la que le mostró el abogado; que lo primero' que hizo cuando recibió la orden de asegu-ramiento de sentencia fué ir a la finca esa y encontró tres muías que le señalaron y embarg’ó una porque creía que daba la cantidad y la muía se armó y no quiso salir de allí; y en-tonces tuvo que dejársela al Rivera, que era el que estaba allí en lugar de Arés como encar gado de ellas; que no pudo llevar a efecto la subasta porque Mr. Sewall cogió la muía y se la llevó a Naguabo; que tuvo noticias de que la muía' no era de la compañía; que suspendió el embargo de la muía y embargó terrenos; que no había otros bienes muebles; que sabe lo de la muía porque al buscarla no' la encontró; que por eso fué que embargó tierras.

Tanto el márshal como el juez municipal dijeron que Se-wall declaró en la cort.e municipal, en la vista de la moción para anular la venta, que la muía le pertenecía a él y no a la ■compañía. Aparece, sin embargo, que Sewall declaró me-diante un intérprete y es curioso que su declaración en la corte de distrito sobre este punto empieza con la misma afir-mación que él mismo contradice un momento después así como en el resto de su declaración y no se le llamó a declarar con el fin de que explicase tal aparente discrepancia. Si el exa-men' en la corte municipal fué igualmente breve y casual, puede concebirse que el error estuvo de parte del intérprete. No existe evidencia directa alguna de que las muías pertenecie-ran en realidad de verdad a la compañía en la fecha en que tal declaración fué dada o en la fecha en que Sewall las sacó de la. finca de la compañía misma. Puede' ser que en aquella fecha pertenecían a Sewall y el error sobrevino por una equi-vocación del tiempo verbal al traducir. De todos modos el juez de distrito en su decisión sobre los méritos del caso no pone en tela de juicio la veracidad del testigo, y si es cierto que Sewall, declaró en la corte municipal mucho después de la venta de la finca que él había sacado las muías porque eran suyas y no de la compañía, no se sigue necesariamente que no pertenecían á la compañía a la fecha en que se trabó el embargo; y, aun cuando tal manifestación habría servido para explicar su conducta al llevarse las muías, en caso de que tal explicación fuera necesaria, apenas si puede justifi-car el abandono de la propiedad así embargada por el de-mandante sin aviso alguno de cualquier adversa reclama-ción sobre la propiedad.

“La regia y práctica de derecho común en materia de embar-gos para ejecución de sentencias consiste en llevarse los bienes, y el hecho de que no hayan sido^ llevados se reputa como indicio de fraude de modo que pueden quedar sujetos a una ejecución sub-siguiente o pasar a manos de un comprador, relevado el gravamen del acreedor por la ejecución. Así también, aunque muchas auto-ridades sostienen el criterio de que no es necesaria la presencia continua del funcionario que practica la ejecución en el lugar en que radiquen- los bienes embargados, la regla general es que un funcio-nario que ejecuta una sentencia no puede consistentemente con la preservación del gravemen del embargo constituir al deudor en su agente para guardar los muebles embargados. Excepto en cuanto esté autorizado por una disposición’ especial del estatuto, en su con-secuencia, el marshal no puede dejar los bienes en poder del deudor, sin disolver el embargó, y un embargo disuelto por razón de la po-sesión de propiedad secuestrada que se quede en poder. del deudor no puede revivirse, por medio de un aviso' de embargo o ejecución.” 17 R. C. L., p. 136, see. 132.

Pero aún más el testimonio del márshal no aclara perfec-tamente si es que acaso fue a la finca después de expedido el mandamiento de ejecución. Aunque una parte de su decla-ración es susceptible de tal interpretación, sin 'embargo, to-mada en general es igualmente compatible de que' cuando él dejó de encontrar la muía en su segunda visita él meramente anunció su intención de embargar la finca en una fecha no lejana y no volvió a la finca basta que volvió a entregar pose-sión al comprador en la pública subasta. Es cierto que nues-tro estatuto dispone que:

“Para trabar un embargo sobre una propiedad inmueble no será menester que el funcionario encargado de llevarlo a cabo se consti-tuya en la finca, y siendo bastante que en el auto disponiendo la ejecución se baga constar por endoso el embargo, describiendo la finca, y remitirá una copia de dicbo auto, con el endoso, al regis-trador de la propiedad del distrito en que radicare la finca, para la correspondiente inscripción.” Sección 5 de la ley relativa a sen-tencias y manera de satisfacerlas, de marzo 9 de 1905. (See. 5299 de la Compilación.)

Si en el caso que nos ocupa el márshal hubiera enviado el mandamiento junto con las diligencias de devolución al co-rrespondiente registrador de la propiedad, lo cual está ex-presamente admitido que no se hizo, o si se hubiera demos-trado de un modo concluyente que fué a la finca después de recibir el mandamiento y trabó el embargo en debida forma, nosotros estaríamos decididamente inclinados a confirmar la orden apelada a despecho del abandono del embargo para el aseguramiento de la sentencia. Pero en su lugar optó por sustituir el debido procedimiento por una notificación por correo y para que ni siquiera tuvo la precaución de certifi-car la carta con el fin de quedarse con el recibo de resguardo corriente.

“Es una regla bien establecida que cuando existe una disposi-ción especial estatutoria respecto al modo en que un embargo para la ejecución o un embargo para aseguramiento de sentencia deba dili-genciarse, tal disposición legal debe seguirse estrictamente y que si de tal procedimiento se desviase el mársbal el embargo quedaría nulo. No sólo pequeñas irregularidades en otros respectos lian sido esti-mados como fatales a un embargo por ejecución, sino que, las cor-tes han exigido uniformemente el estricto cumplimiento de los re-quisitos designados para asegurar la publicidad y notoriedad, y las de preservar prueba de la fecha del embargo (levy). Así, si el esta-tuto dispone que el alguacil (sheriff) que trabare un1 embargo de-berá ir al sitio donde la propiedad del demandado pueda ser ha-llada, y declarar a presencia de dos vecinos del condado, quienes servirán de testigos instrumentales y que en virtud de la orden por la cual embarga tal propiedad' en el pleito del demandante no se cumple con el estatuto con un embargo y declaración a presencia de dos testigos, uno de los cuales es el propio. demandante en el embargo. Con arreglo a estatutos más recientes que prescriben alguna forma de notificación escrita o registrada además de o en lugar de una declaración ante testigos, se ha exigido un cumplimiento, es-tricto, completo con los requisitos estatutorios. Si el estatuto re-quiere que copias del mandamiento de embargo, y que una descrip-ción de la propiedad y aviso de embargo le sean entregados al que esté al frente de la finca embargada, si hubiere alguien, y si no, la fijación de tales copias en sitios visibles, y en la propiedad, no se cumple suficientemente con el estatuto para que cree un gravamen con sólo servir tales copias al dueño que no esté al frente de la finca embargada.” 17 R. C. L., pág. 197,'see. 98.

No creemos necesario discutir en toda su extensión la cues-tión de la lesión en el precio de venta como un elemento de los que afectan la validez de una venta.

“Una venta en ejecución no es nula meramente porque, el preeio pagado por la propiedad vendida no sea suficiente, excepto, posi-blemente, cuando sea tan latamente desproporcionado que cree una presunción de fraude o supina indiferencia por parte del márshal. Sin embargo la lesión en el precio puede constituir una evidencia de fraude, especialmente cuando fué lata y cuando además, por tener un erróneo concepto de su deber las personas empleadas en el justiprecio de la propiedad vendida, el justipreciado valor es demasiado bajo. Guando el precio es desproporcionado leves circuns-tancias adicionales puedan ser suficiente' a inducir a la corte a dejar sin efecto una 'venta.” 10 R. C. L., p. 1311, seo. 108.

En verdad, son tan insignificantes las “leves circunstan-cias adicionales” sobre las que se resuelven algunos casos,

que cuando menos un juez de una corte inferior lia tenido que decir que:

“ha llegado la hora que la nuda pretensión, de ‘buscar otras cir-cunstancias ’ podrían mandarse sin temor alguno a que le hicieran compañía a muchas otras inútiles ficciones legales que se han aban-donado en el moderno deseo de una más derecha administración de la justicia, y que las cortes debieran admitir que cuando el pre-cio es extremadamente inadecuado, ésta por sí misma, es una buena razón para dejar sin efecto la venta hecha por un sheriff.” Stroup v. Raymond, 38 Atl. 626.

Aunque la ameritada doctrina no fue aprobada en la ape-lación del caso últimamente citado y ninguna corte de ape-lación no parece aún haya ido tan lejos, sin embargo quizás no sería demasiado decir que la tendencia general de las modernas decisiones parecen proveer una posible, si no probable, aceptación de la misma en no lejano día. Y aun cuando no creemos necesario comprometernos por ahora con la misma teoría, sin embargo por razón del hecho de que con arreglo a nuestro estatuto no existe tasación de la propiedad que ha de venderse en la ejecución, y más especialmente porque el derecho de reducción de que goza el deudor por la senten-cia en la mayor parte de to'das las jurisdicciones y conferido por. nuestros legisladores en 1904 fue completamente dero-gado por la sección 4 de la ley de marzo 9 de 1905, que expre-samente deroga los artículos 259 al 266 ambos inclusives en todo cuanto se refiere a la redención de propiedades vendi-das en pública subasta, “nosotros estamos dispuestos a ir hasta donde se ha llegado en los casos decididos más recien-temente al conceder un remedio cuando propiedades de al-gún valor se han sacrificado a un precio inadecuado. En relación con esto nos referimos sin comentarios a los casos de Graffman v. Burgess, 117 U. S. 180; Schroeder v. Young, 161 U. S. 334; Mullaney v. Cutting, 154 N. W. 893, 894; Odell v. Cox, 151 Cal. 70, 76; McCoy v. Brooks, 80 Pac. 365; Triplett v. Bergman, 144 Pac. 899; State, Ex Rel. Reed v. Elliot et al., 90 S. W. 122; Wertheimer-Swartz Shoe Co. v. Wyble, 170 S. W. 1128; Seila v. Kneib, 126 S. W. 1052.

Y según se lia indicado por la Corte Suprema de Texas •en el caso de Chamblee v. Tarboz, 84 Amer. Dec. 614, ílno es necesario, para autorizar la interposición de la corte, que estas circunstancias lleven a la conclusión de fraude efectivo por parte del comprador. Si la oferta es tal que ningún hombre liaría en su pleno juicio, y ningún hombre honrado y justo aceptaría, y existen circunstancias que concurren en la venta que hayan podido producir un impedimiento para que por la propiedad se pueda ofrecer un precio mas alto, aunque al tiempo de la ejecución tales circunstancias fueran descono-cidas del comprador, la venta se estimaría fraudulenta por la corte en su sentido jurídico.” .Véase también Baldwin Hardware Co. v. Cleveland Building Co., 53 Amer. St. Rep. 494.

.Sin embargo, como ya hemos insinuado anteriormente hay "otra faz en este asunto. La declaración de Sewall deja mucho que desear en muchas maneras. El no dijo que no tuvo co-nocimiento de la anunciada venta sino que como presidente de la compañía no recibió notificación alguna por loarte del marshal; no dice de una manera positiva que no tuvo infor-mación alguna del embargo sino que no se le notificó de que el embargo se trababa contra la compañía. Ni su testimonio ni el de Ares excluyen la posibilidad, por no decir la proba-bilidad, de que supiese o tuviese razones para saber lo que iba a ocurrir. La sentencia de la corte municipal dice que la compañía, después de citada, compareció, excepcionó y so-licitó, mediante moción al efecto, el traslado del caso, y no existe constancia alguna que indique por qué permitió se dictase sentencia en rebeldía en su contra o por qué dejó de enterarse del estado del litigio. El caso, según se ha lle-vado, por tanto, no apela a nuestra simpatía tanto como lo hubiera hecho, si se hubiesen revelado todos los hechos realizados y éstos hubiesen demostrado concluyentemente que la compañía no tuvo culpa alguna por la situación que ocupa.

La compañía ni siquiera ofrece (tender) el montante del precio de la venta y para cobrar unos oclienta y pico de dó-lares, al apelado se le lia obligado a emplear un competente abogado para que lo representara por más de cinco años du-rante el curso de este pleito, añora por segunda vez ante esta corte (véase 23 1). P. E. 247), pleito que,-aparentemente sin culpa del demandante original, progresivamente ña tomado un grado de importancia fuera de toda proporción con la miserable suma de dinero envuelta al principio, si no, en reali-dad de verdad, con el valor efectivo de la finca vendida en ejecución.

Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la justi-cia común demanda que se le compense al apelado en alguna forma por las muchas molestias y gastos que se le ban oca-sionado. , • :

La orden apelada debe ser revocada y, en su lugar, la or-den de esta corte será que si en el término de noventa días a partir de esta fecha depositare la apelante en la Corte de Distrito de Humacao la suma de $500, de la que se reembol-sará el comprador en la pública subasta hasta la cantidad ofrecida con el interés legal de la misma hasta la fecha de tal reembolso, que se cubran todas las costas irrogadas hasta la fecha, y la diferencia para que se le pague al demandante' apelado o su abogado para compensarle en cuanto alcance por sus molestias, gastos razonables, desembolsos y honora-rios de abogado en que ha incurrido con ocasión de este pleito, entonces el mandamiento de ejecución, embargo y venta en ejecución antes mencionados quedarán nulos y sin ningún valor ni efecto, de lo contrario permanecerán, estarán y que-darán en todo su vigor y efecto, devolviéndose el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

jRevocada la resolución apelada, y dictada sen-tencia de acuerdo con los términos de la opi-nión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drev, disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DE LOS -SUES.

JUECES PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO ALDREY.

Por las razones consignadas en nuestra opinión disidente al resolver recurso de apelación interpuesto en el mismo caso de García v. The Humacao Fruit Company, 23 D. P. R. 250, y cuyas razones damos aquí por reproducidas, disentimos de la opinión de la mayoría de esta corte al decidir en el día de hoy, 24 de julio de 1917, el presente recurso de apelación en el mismo caso de García v. The Humacao Fruit Company, pues entendemos que tanto la Corte de Distrito de Humacao como esta Corte Suprema carecen de jurisdicción para resolver el caso por sus méritos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

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text:
    Forteza, Promovente y Apelante, v. Jiménez, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en.un espediente de dominio.
    No. 1594.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Expediente de Dominio — Cancelación de Inscripción — Terceros—Partición de I-Ieeenoia — Traspaso—Venta Hecha por una Sucesión — -Posesión.—En un expediente de dominio, el tribunal no puede ordenar la cancelación de una inscripción que aparece a nombre de terceras personas en el registro de la propiedad, y tal procedimiento no es el medio adecuado para conseguir la partición del caudal hereditario o para obligar a los coherederos interesados a otorgar una escritura formal de traspaso de una parte del mismo; pero ni de una ni de otra proposición se desprende que el dueño de un predio de terreno segregado y vendido por los miembros de una sucesión casi veinte años con anterioridad a la radicación del expediente de dominio, no pueda justificar esos hechos probando tal posesión y obtener una resolución eredi-tiva de su dominio.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael Arce.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Gónsáles.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Benjamín Forteza Segura lia establecido recurso de ape-lación de una sentencia que declara no justificado el dominio que aleg’ó tener sobre 6% cnerdas ele terreno que compró a Antonio Jiménez Sicardó.

El cuarto- motivo de error consiste en que la sentencia es contraria a la prueba, y por razón del criterio que adop-tamos del caso, estimamos que no es necesario considerar los demás.

En 12 de marzo de 1888 la Sucesión de Manuel Jiménez Oórdova, a saber, Manuel, representada por su viuda Doña Eladia Cruz, Doña Gertrudis, Doña Agustina, Don Pedro, Don Francisco, Don José, Don-Juan, Don Antonio, Doña Josefa Jiménez Sicardó v Doña Providencia Lizardi, obtuvo a su favor una resolución de título posesorio de una parcela de terreno de 365 cuerdas, compuesta de dos fracciones, una de 240 cuerdas y la otra de 125 cuerdas.

En 20 de septiembre de 1889, Doña Providencia Lizardi Jiménez falleció sin dejar descendencia y su participación en el caudal hereditario pasó a su' padre Ignacio Lizardi, que también falleció algunos meses después.

El -apelado insiste en que el interés así adquirido por el padre era un bien reservable sujeto a una posible reversión a su fallecimiento, en virtud de ciertas circunstancias imagi-nables las que no se ña 'demostrado existan en el presente caso, bajo las peculiares prescripciones del artículo 811 del Código Civil Español en vigor en aquella fecha, pero noso-tros, en vista de los hechos desarrollados en el juicio, no po--demos ver cómo esta proposición legal, sin nada más, pueda crear un obstáculo a los procedimientos en este caso.

En 10 de diciembre de 1889, Ignacio Lizardi otorgó un documento notarial a favor de Pascual Borrás, que según alega el apelante es una escritura de traspaso de las 6% cuer-das de terreno envueltas en esto caso, comúnmente llama-das y designadas “Maturí,” las que, a pesar de haber for-mado parte originalmente de la mayor de las dos fraccio-nes de terreno, supra-mencionadas, estaba en realidad de ver-dad separada por nn río del cuerpo principal a que pertene-cía, y se alega que en efecto fné segregada, adjudicada y en-tregada a Lizardi constituyendo pro tanto su interés en la herencia.

La contención planteada.por el apelado es la de que esta, fracción de 6% cuerdas de terreno arm forma parte de la par-cela de mayor extensión superficial que aparece en el regis-tro a nombre de la sucesión, la cual parcela de mayor exten-sión de terreno, se dice jamás fué dividida.

Según parece en junio 10 de 1890 y en virtud de la reso-lución posesoria supra-meneionada, las 365 cuerdas, en apa-riencias gravosamente hipotecadas, fueron inscritas a nom-bre de la sucesión incluyendo a Doña Providencia Lizardi,' que en aquella fecha ya era difunta, como miembro de dicha sucesión; y con arreglo a una nota marginal y asientos sub-siguientes, la fracción de 240 cuerdas de terreno parece ha-berse reducido a 185 cuerdas o menos, y se ba calculado que bajaba hasta 169% cuerdas, mientras que el resto de las 125 cuerdas fué segregado e inscrito como una-finca separada que aparece haber pasado a otras manos en pago de una deuda hipotecaria.

En verdad, haciendo caso omiso por un momento de la controversia respecto a las 6% cuerdas, sé admite sustan-cialmente por todos los interesados que del caudal original sólo queda un poco más de 50 cuerdas, de las cuales 10 cuer-das están en posesión del apelado, quien paga contribuciones por las mismas y sostiene que las retiene bajo entrega provisional de la misma pendiente la, partición y adjudicación de todos los bienes • hereditarios, mientras que otros de los miembros dé la sucesión dicen que tal entrega fué hecha en plena y definitiva adjudicación de la participación heredi-taria del apelado y que lo único que faltaba era el otorga-miento de un documento formal. Las 40 y pico de cuerdas res-tantes- están en1 posesión del vendedor del apelante, quien continúa pagando i as contribuciones a nombre ele la suce-sión y según el apelado, así la retiene, mientras el apelante aparentemente entiende que no existen intereses encontrados.

El siguiente es un extracto- ele la escritura otorgada en 11 de septiembre de 1895 por Pascual Borrás en favor de Antonio Jiménez, vendedor del peticionario:

“Primero. Que por escritura pasada ante mi fe en diez de diciembre de mil ochocientos ochenta y .nueve, Don Ignacio Lizardi y Delgado,' cedió y traspasó en favor del compareciente Borrás y Llacer todas las acciones y derechos hereditarios que a aquél corres-pondieron por virtud del fallecimiento de su legítima hija Doña Providencia Lizardi y Delgado, que falleció en esta ciudad, en es-tado de soltería, sin dejar descendientes; y como quiera que la ma-dre de ésta había fallecido también con anterioridad, vino a suce-der le su referida hija en todos sus derechos, como universal here-dera en seis cuerdas y 'doce y medio centavos de otra de terreno, o sean 2 hectáreas, 80 áreas y 83 centiáreas, sitas en el barrio de Cagüitas, de este término y colindantes por el saliente, con B. Bo-rrás Hermanos, por el sur, con Don Nicolás Muñoz y Doña Encar-nación Jiménez; y por el norte y poniente con el río de Cagüitas que la divide de otros terrenos de la sucesión Jiménez Córdova o sea sucesión de Don Andrés G-arcía, cuya vega lleva el nombre de Maturí. Todo así consta de la escritura expresada de 30 de diciem-bre del 89, de la cual obtienen en el día de hoy primera copia para presentarla en las oficinas liquidadoras del impuesto de derechos reales y trasmisión de bienes para pagar a la hacienda pública el impuesto correspondiente.
“Segundo. Por libre de gravamen y en la misma forma en que fueron adjudicadas las seis cuerdas y doce y medio centavos de te-rreno referidas, tiene convenido el compareciente Señor Borrás con el otro Jiménez Sieardo, cesión y formal traspaso de las acciones y derechos que tiene adquiridos sobre el inmueble descrito; y para que tenga efecto lo verifican por medio de la presente escritura pública y el Señor Borrás y Llacer, otorga; que cede, renuncia y traspasa a Don Antonio Jiménez Sicardó y sus causahabientes los derechos y acciones que tiene sobre ese terreno, subrogándolo en su propio lugar y derecho, grado y prelación, con el poder más am-plio que necesite para llevar a cabo por sí todas las diligencias a que diere lugar esta cesión que realizan por cantidad de quinien-tos treinta y cinco dollars, moneda corriente que el cedente con-fiesa en este acto baber recibido del cesionario antes de abura, a favor de quien por esa cantidad le otorga carta de pago, y declaro yo, el notario, para conocimiento de los otorgantes qne confesado como lo está el pago del precio de esta cesión qneda el terreno libre . de toda responsabilidad, aunque se pruebe en adelante no ser cierta la entrega en toda ni en parte. ■
“Tercero. Es convenido que si dentro del término de un año contado desde boy y vencerá en once de septiembre del noventa y seis, el Señor Borrás devuelve al otro Jiménez Sieardó los quinien-tos treinta y cinco dollars, ■ importe de esta cesión, estará éste en la obligación de restituirle la finca cedida; pero si no lo hiciere, se consolidará desde luego la presente cesión.
“Cuarto. También es convenido que durante el tiempo de la re-trocesión, el Señor Jiménez Sieardó permitirá al Sr. Borrás el aca-rreo de cañas por el terreno expresado, sin oposición alguna.”

El documento anterior no fué copiado en el récord, sino que se refiere a la relación del caso como uno de los instru-ínentos de la evidencia documental, y que se describe de un modo algo vago, como sigue:

“Escritura número 235, de diez de diciembre de 1889, sobre ce-sión y traspaso otorgada por Ignacio Lizardi Delgado en favor de Don Pascual Borrás Llaeer, ante el notario Francisco Jiménez Prieto. En esa escritura se transfiere a Borrás Llaeer la herencia de Provi-dencia Lizardi, como sueesora de Ana Jiménez Sieardó limitándose tal derecho hereditario a seis cuerdas y doce centavos y medio de terreno en el barrio de ‘Cagüitas,’ de Caguas.
“Aparece de dicha escritura que Lizardi, como heredero de su hija Providencia, limitó la venta a Borrás a las dichas seis cuerdas y doce y medio centavos, declarando que el resto de sus derechos hereditarios los había traspasado a Doña Agustina Jiménez Sieardó.”

Una relación completa del voluminoso historial de las par-ticipaciones individuales proindivisas según aparece del re-gistro de la propiedad nos parece superflua. Sin embargo, de paso siquiera, haremos mención por los méritos que pueda tener de una circunstancia algo curiosa. En 26 de mayo de 1910 el Juez Municipal de Caguas dictó una resolución posesoria de una finca* de 78 cuerdas, de las 185 cuerdas antes dichas, a favor de Juan Aren comprador de Manuel Soto Quiñones, quien, según se alega, había adquirido la parcela en controversia de la Sucesión Jiménez Córdova, habiéndose denegado sn inscripción en el registro por la razón de que ciertos miembros de la sucesión mencionados en el registro, incluyendo a Doña Providencia Lizardi, no comparecieron en el traspaso del título. La inscripción 10a. es por la. que se inscribe dicho posesorio, por haber subsanado el defecto que produjo la denegatoria de inscripción, mediante haber sido citadas las personas siguientes: Doña Eladia Cruz Ji-ménez, en representación de sn difunto esposo Don Manuel Jiménez Sicardó, Don Fernando Jiménez y Jiménez, como cesionario ele los derechos de Don Francisco Jiménez Sicardó y de Don Pedro Jiménez Sicardó, Don Antonio Jiménez Si-cardó por su propio derecho y como cesionario de los dere-chos de Don Juan Jiménez Sicardó, de Doña Josefa Jimé-nez Sicardó, de Don José Jiménez Sicardó y de los herma-nos O’Neill Jiménez, hijos y únicos herederos de Doña Ger-trudis Jiménez Sicardó, cuyas personas fueron citadas tam-bién como representantes de los derechos de Doña Agustina Jiménez Sicardó y de Doña Providencia Lizardi, que falle-cieron, y por haberse dictado resolución con fecha diez de los corrientes por el juez municipal de esta ciudad, Don M. F. Ohiqués confirmando la resolución de veinte y seis de mayo liltimo, por la que se declaró justificada la posesión de la parcela de setenta y ocho cuerdas referida de esta finca, a favor de Don Manuel Castiñeira Arén.”

Si lo que pasó entre Lizardi y Borrás y entre Borrás y Antonio Jiménez, el vendedor del peticionario-apelante en este caso, no fué sino una cesión de una participación proindivisa en el caudal hereditario de la sucesión Jiménez Córdova, tal circunstancia parece hábérsele pasado desapercibida a todas las partes interesadas en el procedimiento últimamente antes mencionado.

Por la declaración del promovente se ve, sin contradic-ción esencial alguna, que en 1889 Ignacio Lizardi estaba pos-trado en cama con un cáncer en la cara y en urgente necesi-dad de dinero para operarse; que con el fin de conseguir los fondos necesarios los miembros de la sucesión, o aquellos inmediatamente accesibles, asumiendo la representación de los demás, convinieron en segregar y entregarle la parcela de terreno conocida por Maturí bajo la expresa inteligencia de que él iba a disponer de la misma inmediatamente por dinero al contado; que Borras consultó con los miembros pre-sentes antes de que la venta se consumase y entendió que com-praba la finca; que poco después de lo ocurrido se le explicó a aquellos miembros que no estuvieron presentes en aquella ocasión, quienes expresamente ratificaron y aprobaron todo lo hecho; y que desde entonces, primero Borrás,' luego su com-prador Antonio Jiménez, y más recientemente el pi*omovente, .lian permanecido en la posesión efectiva, notoria, pacífica y sin interrupción alguna y en el disfrute de dicha parcela de terreno en concepto de dueños y pagando las contribuciones de las mismas.

También aparece de la prueba que por cierto período de tiempo anterior a la compra de esta finca por parte del pro-movente, el apelado procuró por varios medios a su alcance inducir, si no obligarle por la fuerza de las circunstancias, que Antonio Jiménez le vendiese dicho terreno a él. Quizás el testimonio que más favorece al apelado sobre este punto es el de su abogado, quien por vía de contra-prueba, declaró como testigo lo siguiente:

“Como aquí se ha traído prueba testifical sobre una operación del Dr. Jiménez con Don Antonio Jiménez Sicardó, quiero hacer constar que yo intervine en esa operación con Don Fernando Ji-ménez, y se exigía, o mejor dicho se compraban los derechos que representaba la finca ‘Maturí,’ siempre que el dinero que entre-gaba el Doctor Jiménez se garantizara como una hipoteca, para que el título de esa finca se pudiera sanear, y una vez saneado el título por Don Antonio Jiménez Sicardó, de acuerdo con los demás interesados en la sucesión Jiménez Córdova, para que entonces el Señor Fernando Jiménez, que era el que compraba, cancelara esa hipoteca. Esos fueron los términos- de la transacción que se trató de hacer. Que no requirieron a los otros condueños para hacer ese contrato; no se llegó a concertar, pero fué convenido que si se hacía la transacción se traería la conformidad de los demás con-dueños. 1 ’

Lo más que puede decirse desde el punto de vista del ape-lado es, por lo tanto, que él reconoció ciertos defectos técni-cos en el título del pedazo de terreno de 6% cuerdas y de-seaba estar seguro de que no habría oposición alguna para perfeccionarlo después de haberlo adquirido. Creemos se ha demostrado ser razonablemente probable que si'Antonio Ji-ménez le hubiera vendido al apelado en los términos por él propuestos, no hubiera habido dificultad .alguna en obtener una resolución declarativa del dominio en favor del apelado.-

El juez que celebró la vista del caso no pone en tela de juicio la veracidad de los testigos del promovente, pero era de opinión de que por cuanto la finca principal de 185 cuer-das estaba inscrita a nombre de la sucesión, y por cuanto nunca llegó a dividirse formalmente el caudal hereditario, por tanto el promovente había equivocado el remedio y que el presente procedimiento no podía prosperar.

Cierto es que en un procedimiento para acreditar el do-minio, el juez no puede ordenar la cancelación de una inscrip-ción que aparece a nombre de terceras personas en el regis-tro de la propiedad. Toro v. Reg. de Mayagües, (pág. 472). También convenimos con el apelado y con la corte inferior de que no es éste el método apropiado para conseguir la par-tición del caudal hereditario o para compeler a los cohere-deros interesados a otorgar una formal escritura de tras-paso de alguna participación en el mismo. Pero ni de una ni de otra proposición se sigue que el dueño de un pedazo de terreno segregado y vendido por los miembros de una suce-sión casi con 20 años :de anterioridad a la radicación del ex-pediente de dominio no pueda justificar tales hechos probando tal posesión y obtener la resolución creclitiva de su dominio.

La sentencia apelada debe ser revocada, y en su lugar regístrese otra declarando justificado el dominio de la finca que se describe en la petición a favor del promovente.

Revocada la sentencia apelada, y dictada otra declarando justificado el dominio a favor del promovente de la finca de 6y8 cuerdas que se describe en la petición.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PbesideNte Su. HeeNÁNdez,

text:
    Blanco, López y Ca., Demandante y Apelada, v. Torres, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1569.
    Resuelto en julio 26, 1917.
    Cobro de Pesos — Cuenta Corriente — Abonos Mensuales — Liquidación de Cuentas — Deuda a Plaeos Pijos. — Bu este caso el demandado, por escri-tura pública, reconoció adeudar al demandante una determinada suma de dinero, con garantía hipotecaria que sólo había de durar cuatro años, y el demandante se obligó a facilitarle en concepto de refacción hasta cierta cantidad sobre la deuda confesada, cuyo total formaría una cuenta corriente, obligándose al demandado a hacer abonos mensuales para ir solventando la deuda. . El demandado dejó de hacer el abono de un mes y liquidada la cuenta admitió el saldo que arrojó a favor del demandante. Se resolvió: que-no habiéndose señalado plazo al pago del crédito confesado ni a las canti-dades que el demandante debía facilitar sobre la deuda confesada, y habiendo el demandado dejado de hacer un abono mensual se constituyó en la obli-gación de pagar la cantidad que resultó adeudar al liquidarle la cuenta corriente, pues no se trata del pago de una deuda a plazos, sino del cobro del saldo de una cuenta corriente abierta por convenio de ambas partes.
    Cuentas Corrientes — Liquidación de Cuentas. — Las cuentas corrientes se en-tienden siempre liquidadas, pues su liquidación depende . de una simple ope-ración aritmética.
    Id. — Conformidad y Aprobación por las partes. — La conformidad y aprobación de una cuenta corriente por las partes constituye entre ellas un vínculo jurí-dico que sanciona el artículo 1245 del Código Civil Revisado.

      Alegaciones — Interpretación Liberal. — Las alegaciones en un juicio, para de-terminar sus efectos, deben interpretarse con liberalidad a ña de asegurar absoluta justicia entre las partes, según el artículo 122 del Código de En-juiciamiento Civil.
    Ahogado del apelante: Sr. Ricardo Agrait Aldea.

    Ahogado de la apelada: Sr. Ramón Siaca González.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez PbesideNte Su. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 2 de febrero, 1916, la sociedad mercantil Blanco, López y Ca. presentó demanda ante la Corte de Distrito de Arecibo contra Luis Torres Correa para qne éste fuera con-denado a pagar a la demandante la suma de $5,144.51 con intereses desde la interposición de la demanda, costas, desem-bolsos y honorarios de abogado.

El demandado se opuso a la demanda y celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 12 de julio, 1916, condenando al demandado a pagar a la mercantil demandante la suma de $5,139.11 con intereses al tipo legal desde la fecha en qne fue emplazado, costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Contra esa sentencia interpuso la representación del de-mandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema sometido hoy a nuestra consideración y decisión después de corridos los trámites legales.

Los hechos atinentes al caso según resultan de las alega-ciones de ambas partes, de la evidencia aportada al juicio y de la apreciación de ella por la corte sentenciadora, son los siguientes:

Io. Por escritura pública otorgada en la ciudad de Arecibo a 7 de mayo de 1915, en que intervinieron de una parte las sociedades mercantiles Blanco, López y Ca. representada por su socio gestor Bestituto Blanco y Fresno, y. Sucesores de J. Clivillés y Ca. bajo la representación de Andrés Candía Córdova, y de otra parte Luis Torres Correa y Eduardo Igle-sias Ortiz, asistido de su esposa Antonia Maldonado, se llegó a un convenio en que entre otras estipulaciones se consignaron ]as siguientes: D. Luis Torres Correa se Lace cargo de las existencias, útiles, enseres y cuentas del establecimiento “La Margarita” que fué de Eoig y Torres en el pueblo de Utuado, y por tal concepto se reconoce deudor de Blanco, López y Ca. por la suma de $3,971.95 en cuenta corriente-, G. Blanco, Ló-pez y Ca. se obliga a tener abierta una cuenta corriente de refacción con el Sr. Luis Torres liasta la suma de $1,500, además de los $3,971.95 de su acreencia actual, que en con-junto formarán una cuenta corriente de, $5,471.95; EL Luis Torres Correa se obliga a bacer abonos por lo menos una vez al mes para ir solventando su cuenta corriente; I. Como garantía de dicba cuenta- corriente en su totalidad, el Sr. Luis Torres ofrece lo siguiente: Las existencias o activo del es-tablecimiento que adquiere por este contrato; un crédito a su favor por la suma de $1,500 que adeuda la sucesión de don Jesús María Torres Colomer, y el cual queda en poder de los Sres. Blanco, López y Ca. como tal garantía; Y además la siguiente hipoteca que se especifica así: don Eduardo Igle-sias y Ortiz con el consentimiento expreso de su mencionada esposa se constituye en fiador solidario de don Luis Torres Correa hasta la suma de $2,000 respondiendo del fiel cumpli-miento de este último en el crédito de cuenta corriente que contrae por este documento, y al efecto don Eduardo Iglesias Ortiz, con el consentimiento de su mencionada esposa, cons-tituye hipoteca voluntaria a favor de Blanco, López y Ca. por la suma de $2,000 sobre la finca que se describe * * * ; esta fianza responderá por el término de cuatro años por la dicha cantidad de $2,000 al fiel cumplimiento del Sr. Torres en la deuda que contrae con Blanco, López y Ca. practicándose un balance general antes de ser cancelada.”

2o. En el mes de enero de 1916 el demandado Luis Torres Correa dejó de hacer a su cuenta corriente con Blanco, López y Ca. el abono correspondiente a dicho mes.

3o. Liquidada en 2 de febrero de 1916 la mencionada cuenta por la sociedad Blanco, López y Ca. arrojó un saldo' a su favor por la suma de $5,144.51, según alega la demandante, admi-tiendo el demandado en su contestación que ese saldo era de $5,139.11 y no de $5,144.51.

Las cláusulas de la escritura de 7 de mayo de 1905 que dejamos transcritas muestran el reconocimiento de una deuda de $3,971.95 por parte de Luis Torres a favor de Blanco, López y Ca. y una obligación por parte de esa sociedad mercantil de facilitar al demandado en concepto de refacción para el negocio de su establecimiento comercial basta la suma de $1,500, que con los $3,971.95 ya adeudados formaría una cuenta corriente de $5,471.95, obligándose Torres Correa a hacer abonos por lo menos una vez al mes para ir solventando dicha cuenta.

No se fijó término para el pago de la cantidad que Torres Correa adeudara en cuenta corriente a la parte demandante, pues la forma de ir solventando la deuda mediante abonos mensuales, cuya cuantía tampoco fué convenida, no puede estimarse como un señalamiento de plazo. El término de cuatro años señalado a la fianza hipotecaria constituida por Eduardo Iglesias para garantizar el pago de la deuda con-traída por Torres Correa con Blanco, López y Ca. tampoco puede considerarse como un plazo para el pago de la deuda durante el término de cuatro años mediante los abonos men-suales convenidos, pues tal estipulación no fué hecha por de-mandante y demandado y la hipoteca era una garantía a favor de la mercantil demandante que éste podía aprovechar o no según conviniera a sus intereses, aparte de que tampoco aseguraba la totalidad del crédito adeudado.

No habiéndose señalado plazo al pago del crédito de $3,971.95 que Luis Torres confesó adeudar a Blanco, López y Ca. ni al de las cantidades que esa sociedad debía facilitarle hasta cubrir la suma de $1,500 sobre la deuda confesada, surge la conclusión de que habiendo dejado Luis Torres de hacer en el mes de enero el abono correspondiente a dicho mes, faltando así a la forma convenida de solventar la deuda, se constituyó en la obligación de pagar a Blanco, López y Ca. la cantidad que entonces resultara adeudándole en cuenta co-rriente, pues según sentencia del Tribunal Supremo de Es-paña de 2 de diciembre de 1887 las cuentas corrientes se' en-tienden siempre liquidadas por depender su liquidación de una simple operación aritmética.

El saldo de la cuenta corriente de que se trata basta la suma de $5,139.11 ba sido admitido por el demandado, y se-gún sentencia del Tribunal Supremo de España de 8 de julio de 1904 “la conformidad y aprobación de una cuenta por las partes interesadas constituye entre ellas un vínculo jurídico que sanciona el artículo 1278 del Código Civil (1245 del Re-visado).”

La alegación becba por el apelante de que la escritura de 7 de mayo de 1915 no contiene cláusula alguna donde se es-tipule que vencido un plazo y no satisfecho será exigible toda la deuda, no sostiene su contención de que la acción de cobro es prematura, improcedente y contraria al contrato, pues comp ya bemos diclio antes no se trata del pago de una deuda a plazos fijos y determinados, sino del cobro del saldo de una cuenta corriente que el demandante abrió al demandado por convenio de ambas partes.

El artículo 1091 del Código Civil que el apelante cita como infringido por falta de aplicación, en el supuesto de que pu-diera regular el presente caso, lejos de contrariar sostiene la sentencia apelada.

Ese artículo dice así:

“Artículo 1091. — La facultad de resolver las obligaciones se en-tiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos * *

La demandante al reclamar el pago de la cantidad en cuenta corriente que adeudaba el demandado desde que dejó de cumplir en el mes de enero, 1916, la estipulación de bacer abonos mensuales, no ba becbo otra cosa que pedir el cum-plimiento de la obligación contraída por el demandado en la repetida, escritura de 7 de mayo de 1915, o sea, el pago de la deuda que reconoció adeudarle y el de las demás cantidades, que posteriormente le facilitó, pues no es posible pretender que el derecho de la demandante deba limitarse a reclamar el abonó que dejó de hacer en el mes de enero, cuya cuantía es; desconocida, quedando por tanto burlado el derecho del acree-dor al hacer tal reclamación.

De todos modos la demanda para que se rescindiera el contrato no hubiera obtenido otro éxito que el mismo que hoy persigue el demandante, o sea, el cobro que se intenta en la demanda.

Las alegaciones en un juicio, para determinar sus efectos, deben interpretarse con liberalidad a fin de asegurar absoluta justicia entre las partes, según el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Audrey y Hutchison. '


author: El Juez Asociado Se: Wolf,

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Collazo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1598.
    Resuelto en julio 26, 1917.
    Daños t Perjuicios — Acción tr Omisión por Culpa o Negligencia — Prescrip-ción. — De acuerdo con el artículo 1869 del Código Civil, en relación con el 1803 del mismo código, prescribe por el transcurso de un año la acción para recobrar daños y perjuicios causados por haber el demandado penetrado en la propiedad del demandante y recolectado cosechas apropiándoselas para sí, así como por haber destruido una casa situada en la misma propiedad y destruido semillas y resiembros. Tales actos constituyen ataques a la pro-piedad (trespass), y son punibles, quizá, a tenor de lo dispuesto en el artículo 517 del Código Penal.
    Id. — Acción Personal. — Cuando a una persona se le priva de la oportunidad de recuperar una finca por los actos o traspasos maliciosos de otra, surge una causa. de acción en favor de la persona perjudicada, la que sirve de sustituía de la acción real que de otro modo Rubiera tenido.
    Abogados del apelante: Sres. Francis <& Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Beichard <& Beichard.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se: Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

: La cuestión planteada en este caso es si la acción ha pres-crito a tenor .de lo que prescribe el artículo 1869 del Código Civil? que dice' como sigue:

“Art. 1869. — Prescriben por el transcurso de un año.
'“1. La acción para recobrar o retener la posesión.
'íl2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o ■'Calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1803 desde que lo supo el agraviado."

El artículo 1803 reza como sigue:

'“Art. 1803. — El que por acción u omisión. causa daño a otro, in-terviniendo culpa'o negligencia, está obligado a reparar el daño cau-sado. ’ ’

La demanda en este caso, radicada en agosto 2, 1915, se ha titulado “Daños y perjuicios,” j los actos alegados son:

A. Que por el mes de octubre de 1912, el demandado José Collazo Bracero, por medio de sus agentes y empleados, re-colectó y se apropió la cosecha de café de la finca del deman-dante arriba descrita, valorada en $240 en junto.

B. Que un día del mes de agosto de 1913, también por or-den del demandado, se destruyó una casa valorada en $50 situada en la misma propiedad.

C.-Que en la misma fecha, también bajo órdenes del de-mandado, los empleados de éste penetraron en la finca citada y arrancaron' y se llevaron los resiembros de café que había en ella, talando y destruyendo las semillas y resiembros.

D. Que en el año de 1913 y hacia fines del mismo, el de-mandado penetró en la finca y recolectó y se apropió el café qué había én ella, .montante a $260.-

E. Que por el rues de octubre de 1914 el demandado re-colectó y se apropió otra cosedla de cafó ascendente a $180 en junto.

El demandante había radicado anteriormente contra el demandado un pleito de mejor derecho y obtenido en su contra una sentencia firme en 16 de febrero de 1915.

El apelante sostiene que con excepción de los actos que tuvieron lugar en octubre de 1914, todos los demás han pres-crito, y estamos de acuerdo con él. Esta corte ha conside-rado todas las acciones en que intervienen culpa o negligen-cia, conocidas en derecho americano por agravios (torts), -previstas en el artículo 1803. Buso et al., v. Martínes, 18 D. P. R. 1035; Colls v. Municipio de Lares, 23 D. P. R. 867; Dotting v. Rigo & Co., 22 D. P. R. 405; Hernández v. Benet et al., 22 D. P. R. 577; Parés v. Ruiz, 19 D. P. R. 342 y casos citados. Yéase también el caso de Porto Rico v. Enmanuel, 235 U. S. 251. La única excepción es el caso de Carmona v. Cuesta, 20 D. P. R. 229, citado por la corte inferior, pero la acción en aquél caso, como lo indicamos en el mismo y lo hemos hecho desde entonces, era una acción especial atem-perada al artículo 38 de la Ley Hipotecaria. La idea es que cuando a una persona se le priva de la oportunidad de recu-perar una finca por los actos o traspasos maliciosos de otra, surge una causa de acción en favor de la persona perjudicada, 3 a que le sirve de sustituta de la acción real que1 de otro modo hubiera tenido.

Convenimos con el apelado que el mero hecho de' que ti-tulase su acción como daños y perjuicios no da lugar a la pres-cripción; pero sostenemos que todos los actos descritos caen dentro del artículo 1803 y no de ninguna otra disposición legal. El apelado insiste en la mala fe del apelante, y es éste otro indicio de la naturaleza torticera de los actos ale-gados en la demanda.

No podemos estar conformes con la teoría del apelado de que el artículo 1803 excluye aquellos casos que no revisten caracteres de delito o “falta,” la que comúnmente se dis-tingue de la culpa. Se alega que el demandado lia penetrado en la propiedad de la contraria y se lia apropiado las cose-chas y realizado otros actos violentos. En ninguna parte se alega que las cosechas recolectadas eran los frutos naturales de la tierra, ni quien los sembrara, sino que todos los actos mencionados se describen como ataques a la propiedad (trespasses), si no como actos punibles, quizá, a tenor de lo que prescribe el artículo 517 del Código Penal.

Si bien es cierto que la contestación del demandado alega la posesión de la finca en controversia y aun si pudiera con-siderarse que la cuestión litigiosa (issue) fué la de los frutos, sin embargo la apropiación de frutos o cosechas constituye, también un acto torticero previsto en el artículo 1803, cuando menos si tal acción se entablara por separado. Luego, aquí no existe ninguna acción reivindicatoría en la que puedan las cosechas considerarse como accesiones de la finca, o cual-quier otra que sustituya la que pudiera originarse con arreglo al artículo 38 de la Ley Hipotecaria. No es posible consi-derar este pleito dentro de la excepción establecida en el caso de Carmona v. Cuesta, supra, puesto que la finca no ha sido enajenada en favor de terceros.

El único punto que nos resta es la mala fe de1 parte del apelante. Esta era una cuestión de hecho, y en ausencia de un convencimiento claro de que la corte inferior haya come-tido error nos sentimos obligados a seguirla.

La sentencia apelada debe ser revocada y registrarse otra por la suma de $180, 'pero sin costas ni honorarios de abogado por ser menor de $500 la cantidad concedida.

Bevocada la sentencia apelada y dictada otra por $180, sin costas ni honorarios de aho-gado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Martínez, Demandante y Apelada, v. Cerezo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre nulidad de contrato.
    No. 1627.
    Resuelto en julio 26, 1917.
    Arrendamiento — Nulidad de Contrato — Nauta de Causa — Causa Distinta de la Expresada — Prueba.—Cuando én -un' pleito sobre nulidad de un contrato de arrendamiento otorgado entre demandante y demandado, que son madre e hijo, por no existir causa o consideración, el demandado alega, conforme el articula 1213 del Código Civil que la causa del contrato fué otra, la de haber pagado una hipoteca que pesaba sobre la propiedad arrendada, a él corresponde la prueba. En el presente caso el tribunal estimó que no hubo prueba alguna de la existencia de un contrato perfecto y que en el juicio se demostró la falta de causa.
    Id. — Id.—Conocimiento Judicial — Error no Perjudicial. — En la consideración de un pleito civil para que se anule un contrato sin causa, la corte no puede tomar conocimiento judicial de los autos de una causa criminal seguida contra él demandado, para probar su juicio y convicción por un delito, si ésta no se presentó en la vista del pleito; pero tal consideración de prueba por el juez no es un error perjudicial suficiente a revocar la sentencia, si el deman-dado en su declaración se refiere a ella.
    Abogado del apelante: Sr. Juan de Gusman Benitez.

    Abogados de la apelada: Sres. Reichard & Reichard.

   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso existe prueba tendente a demostrar todas las alegaciones de la demanda como sigue:

“I. Que la demandante tiene más de ochenta años de edad, y no sabe leer ni escribir, que su hijo el demandado también es mayor, y que ambos son vecinos de este Municipio de Aguadilla y tienen ca-pacidad para demandar y ser demandados. ”
“II. Que en las operaciones particionales del caudal relicto al fa-llecimiento de su esposo, se adjudicó a la demandante, en pleno do-minio, la finca descrita a continuación:
‘Rústica, sita en el barrio de Palmar de Aguadilla, de ciento veinte y seis y media cuerdas de terreno, en lindes al norte con Mariano García y Sucesión de Nieasio Conti; al sud, con Juan Amell, hoy Suererie Céntrale Coloso de Porto Rico; al este, con Cristina Mar-tínez, en la actualidad la misma y Sucrerie Céntrale Coloso de Porto Rico; y al oeste, con Antonio Rivera, Emiliano Loperena y Félix Be-nitez, ahora Ceferino Valle, Juan Reyes Acevedo, José Rivera y la Sucrerie Céntrale ya nombrada, atravesada de este a oeste por la ca-rretera que de esta ciudad conduce a Moca y conteniendo una casa habitación. ’ ’
“III. Que por escritura de 30 de diciembre pasado, otorgada ante el Notario Don Juan, García Dueós, inscrita en el registro de la pro-piedad del distrito al folio 148 del tomo 27 de este Ayuntamiento, la demandante aparece segregando -del inmueble antes reseñado la si-guiente parcela:
“ ‘Predio sito en el barrio de Palmar de Aguadilla, compuesto de cuarenta y dos cuerdas de terreno, en lindes al norte con Cristina Martínez; al sud, con Juan Amell, hoy Sucrerie Céntrale Coloso de Porto Rico; al este, con Cristina Martínez, ahora dicha Sucrerie y con tierras cuyo usufructo pertenece a la demandante y cuya nuda pro-piedad es de sus hijos, y la Sucrerie citada, José Rivera, Juan Reyes Acevedo y Ceferino Valle, antes Antonio Rivera, Emiliano Loperena y Félix Benitez al oeste, atravesada de este a oeste por la carretera que de Aguadilla conduce a Moca y conteniendo una casa habitación.’
“IV. Que por dicho instrumento la demandante da en arrenda-miento la parcela que se acaba de deslindar a su hijo el demandado, de acuerdo con los siguientes pactos:
“ ‘A. El término del arrendamiento es de diez años contados desde la fecha del contrato, que expira en 31 de diciembre de 1925.
“ ‘B. El canon de arrendamiento es de dos mil cien dólares por todo el expresado término, suma que la arrendadora confiesa recibida del arrendatario.
“ ‘C. El arrendatario cultivará las tierras a uso y costumbre de buen labrador.
“ ‘D. Al expirar el contrato el arrendatario será totalmente sa-tisfecho del importe de las plantaciones y mejoras que existan intro-ducidas por él en la finca arrendada.
“ ‘E. Se eligen los Tribunales de Aguadilla para dirimir cual-quiera cuestión a que pudiera dar lugar el expresado contrato.’
“V. Que aunque consta en la referida escritura que la deman-dante recibió con anterioridad al otorgamiento dos mil cien dólares como canon durante los diez años de arrendamiento, el demandado jamás satisfizo a la demandante la referida suma ni ninguna otra por el referido concepto, ni por ningún otro.
“VI. Que la demandante otorgó el arrendamiento ya relacionado a instancias de sn lujo el demandado, en cuya compañía vivía, y cuyos consejos e indicaciones seguía la demandante, por tener aquél sobre ésta gran ascendiente y por profesarle ella mucho cariño por ser el menor y más desgraciado de sus hijos, y bajo tal ascendiente o influencia moral fué persuadida por él de que hiciera tal contrato de arrenda-miento sin causa, bajo la promesa de su hijo el demandado de que así quedaban protegidos los intereses de la demandante, de personas que trataban de explotarla, y que él cultivaría la finca, tendría a la demandante siempre a su lado y atendería a todas sus necesidades'; y
“VII. Que tan pronto como el demandado obtuvo de la deman-dante el arrendamiento simulado de que se ha hecho mención, dejó de facilitarle lo más indispensable para la subsistencia, lanzándola de la casa de su propiedad enclavada en el inmueble descrito en el hedió Ill que ocupaba en unión del demandado, y dejándola sumida en la mayor aflicción y miseria, pues la parcela arrendada es la única parte de la finca de su propiedad que' se reseña en el hecho 11 que tiene terrenos buenos y productivos, siendo su valor en arrendamiento no menor de quinientos dólares anuales.
■ “En mérito de lo expuesto, la demandante suplica a esta Honorable Corte que, previas las formalidades de Ley, dicte una sentencia a su favor y contra el demandado declarando con lugar la presente de-manda; decretando que es nula y sin valor ni efecto legal .alguno la escritura de arrendamiento citada en el hecho III; ordenando que en el registro de la' propiedad del distrito sea cancelada la inscripción de dicho arrendamiento; disponiendo que la demandante sea resti-tuida. en la posesión, uso y disfrute de la parcela de 42 cuerdas de terreno de su propiedad que se reseñan en el hecho III; y condenando al demandado al pago de costas, gastos y honorarios de abogado, con los demás pronunciamientos de ley. Aguadilla, P. R., abril 7 de 1916. (Firmado) Reichard & Reichard, Abogados de la deman-dante. ’ ’

La teoría en que se apoya la contestación es la de que el ■ demandado había pagado una hipoteca que pesaba sobre la finca descrita en la demanda por la suma de $1,300 que su madre debía. El apelante insiste en su alegato en que, aun-que la causa exacta no puede probarse, es suficiente probar la existencia de otra, y cita al efecto el artículo 1243 del Có-digo Civil. Se admite implícitamente que la causa era. dis-tinta de la expresada en el contrato, por tanto, el peso, de la; prueba quedaba de parte del apelante para demostrar la-existencia de la hipoteca y el pago de la misma por él. Pre-sentó prueba de qne la hipoteca existía en realidad; pero co-mo la demandante en su declaración como testigo negó haber recibido nada, deducimos de la prueba que el montante de la hipoteca realmente fué una suma de dinero que debitaba el demandado a un tal Aniceto Ceide. Este último declaró como testigo y de su declaración aparece que todos sus tratos ios había realizado con el demandado; que el dinero de la hipoteca le fué entregado al demandado; y que el testigo y el demandado continuaron haciendo contratos de refacción. Si tuviéramos necesidad de hacer deducciones, no vacilaríamos en llegar a la conclusión que al cancelarse la hipoteca el de-mandado cancelaba una deuda suya propia y no de su madre, y que no medió ninguna causa en este respecto entre él y ella en el otorgamiento del arrendamiento. Según ya liemos dicho: el peso de la prueba gravitaba sobre él para demostrar la .existencia de alguna causa, y esto lo dejó de hacer el deman-dado a satisfacción tanto de la corte inferior como de esta corte.

Una gran parte del argumento del apelante consiste en sostener que la apelada voluntariamente contrató con pleno conocimiento de todas las condiciones, y que deseaba dar en arrendamiento dichos terrenos a su citado hijo. La contes-tación del apelante demuestra, sin embargo, que no insistía en nada que se asemejara a un regalo o donación, sino en la existencia de un contrato verdadero celebrado entre él y ella, lo cual encontramos no está justificado por los hechos. Se presentó prueba para demostrar en este caso que cuando se le presentó por primera vez la escritura de arrendamiento a su'madre para que la firmara, ella se negó a hacerlo, si bien es verdad que fundada en que el término del contrato era demasiado largo. Luego sigue una prueba abundante que demuestra que ella fué persuadida y amenazada para que firmase la escritura de arrendamiento bajo' condiciones que tiénden á sostener la teoría de la demanda dé que ella no recibió causa o consideración alguna.

Estimamos que no hay prueba alguna de la existencia de un contrato perfecto, y creemos que en el juicio se demostró la carencia de causa;

Convenimos con el apelante en qiie la corte inferior no tenía derecho de tomar conocimiento judicial de' ninguna parte del juicio y convicción del demandado-apelante por nn delito que no fué probado o sugerido en el juicio de este caso. La corte no tenía derecho de ir a sus récords para ampliar la prueba sin notificación al apelante, aún suponiendo que tal prueba fuese pertinente. Sin embargo, el mismo apelante de-claró con relación al hecho de su juicio y convicción por un delito, aunque no con todos los detalles expuestos por la corte en su opinión. No estimamos que sea éste un error perju-dicial suficiente a revocar la sentencia. Estamos conformes con el apelante en que la opinión de la corte entra a considerar cuestiones de intimidación y dolo én cierta forma no por com-pleto justificada por las alegaciones de la demanda. Tanto es así, (jue si no estuviésemos satisfechos de que la falta de causa ha sido probada, abrigaríamos serias dudas respecto a la sentencia apelada. La opinión, sin embargo, no es la sentencia, y estimamos que, aunque la corte tuvo en cuenta materias no claramente alegadas en la demanda hay suficiente prueba — toda la cual ha sido prácticamente admitida sin opo-sición — que nos convence que no medió causa alguna en el contrato.

La presentación de prueba tendente a demostrar la acti-tud amenazadora y desagradable del hijo respecto a este arrendamiento contribuyó a probar la falta de causa. La lu-cha en la corte inferior versó mayormente sobre cuestiones' de intimidación y dolo, las que eran admisibles como tenden-tes a demostrar que estas cosas y no una causa real fueron las que motivaron el otorgamiento del contrato. Estimamos que la corte inferior consideró la prueba desde el punto de vista de la falta de causa. Esto se ve por las citas que hace de los artículos 1228, 1242,1244 y 1245 del Código Civil, todos los cuales se refieren a la causa de las obligaciones y contra-tos. Es cierto que también cita la corte los artículos 1234, 1236 y 1237 del propio Código Civil que se refieren a la in-timidación y dolo. De aquí que el caso de Rosado v. Rosado, 17 D. P. R. 471, sea de perfecta aplicación. En ese caso la demanda contenía vagas insinuaciones de dolo y malévola influencia, así como la demanda del presente caso contiene insinuaciones más bien que alegaciones de dolo e intimida-ción, pero esta corte sostuvo que los esfuerzos de la deman-dante (p. 476) debían limitarse a la falta de causa, lo que repetimos en este caso.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Áldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. .Wole,

text:
    Poupart et al., Demandantes y Apelados, v. Recurt et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de .la Corte de Distrito de Humacaoen pleito sobre nulidad de actuaciones'y reivindicación.
    No. 1655.
    Resuelto en julio 26, 1917.
    Sentencias •— Cortes Municipales ■— Jurisdicción — Presunción de Jurisdic-ción. — La sentencia- de una corte municipal, no siendo esta corte de récord, no lleva consigo presunción alguna de jurisdicción, y por lo tanto, aun cuando se ataque colateralmente, le corresponde a la persona que deriva su recla-mación de la misma demostrar la jurisdicción. Si de la sentencia no aparece la jurisdicción puede probarse alvmde.

    Id. — Id.—Reivindicación—Valor de la Propiedad. — Teniendo las cortes munici-pales jurisdicción solamente basta la suma de quinientos dólares, un deman-dante que litiga' para recobrar propiedad real debe mostrar afirmativamente que el valor del terreno que trata de reivindicar no excede de dicha suma, sin que el mero hecho de que la finca fuese vendida en ejecución de sentencia a un único postor por una cantidad menor de quinientos dólares constituya prueba de su valor.
    .Abogados de los apelantes: Sres. Juan B. Huyke y Francisco González.

   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado de los apelados: Sr. Manuel Tons Soto.

El Juez Asociado Se. .Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados entablaron un pleito en la Corte Municipal de Humacao, con el propósito de reivindicar cierta parcela de terreno pero alegaron previamente y solicitaron la decla-ración de determinadas nulidades. La declaración de estas nulidades se solicitó por razón de la supuesta falta de juris-dicción de la Corte Municipal de Humacao en otro pleito anterior, habiendo los apelantes alegado título por razón de la sentencia, ejecución y venta verificados en dicho pleito anterior, radicado bajo el número 46. Se dictó sentencia en favor de los apelados en la Corte Municipal de Humacao y en la apelación'se dictó sustancialmente la misma sentencia por la Corte de Distrito de Humacao.

Luis Recut inició el pleito No. 46 contra la Sucesión Poupart en cobro de la suma de $490. Obtuvo sentencia a su favor, pero la teoría de los apelados consiste en que la corte municipal carecía de jurisdicción por razón de haber dejado de citar debidamente a los menores herederos, que eran los miembros principales de la dicha sucesión.

Los apelantes sostuvieron al principio que la sentencia de la corte de distrito era errónea porque Recurt no fue citado, y que él era una parte necesaria en el asunto. Los apelados alegan que siendo el pleito uno de reivindicación Recurt no es una parte necesaria en el mismo. Suponemos que la idea concebida era la de que Recurt no era una parte en la corte municipal, pues el récord nada dice en este respecto. Los apelados parecen estar dispuestos a admitir que no se le hizo parte, pero, basados en la teoría de que este es un pleito de reivindicación, según sostienen los citados apelados, no creemos que Recurt fuese una parte necesaria en el asunto. Es de presumirse que se le pagó el montante de su deuda cuando se vendió la propiedad, y él no quedaría directamente afectado por la sentencia de este caso.

Se ha establecido perfectamente que la sentencia de una corte municipal, no siendo ésta de récord, no lleva consigo presunción alguna de jurisdicción, y por tanto, aun cuando se ataque eolateralmente una sentencia, le corresponde á la persona que deriva su reclamación de la misma demostrar la jurisdicción de una corte que no es de récord, como la corte municipal en este caso. Galpin v. Page, 98 Wall 365; Grignon v. Astor, 2 Hov. 319; Vázquez v. El Registrador, 19 D. P. R. 1133 y casos citados; 11 CyC., 693. Si de la sentencia no aparece la jurisdicción, puede probarse aliunde. El apelante, sin embargo, siguiendo esta teoría de la jurisdicción, sostiene que no se demostró que la corte municipal, en el mismo caso que ante nosotros pende, tuviese jurisdicción. La necesidad de demostrar la jurisdicción al atacar directamente una sen-' tencia es aún más fuerte que al atacarla colateralmente. Las cortes municipales sólo tienen jurisdicción basta la suma de $500, y un demandante que litiga para recobrar la propiedad real debe mostrar, afirmativamente' que el terreno que se trata de reivindicar vale $500 o menos. En los Estados Unidos las cortes que no son de récord generalmente carecen de ju-risdicción en pleitos de reivindicación, (ejectment). En Puerto Rico las cortes municipales sólo tienen jurisdicción cuando la cuantía no excede de $500; por lo tanto era nece-sario probar lo que se alegó en la demanda, es decir, que la propiedad que se trataba de reivindicar caía dentro de los límites de dicha cuantía. La única prueba en este caso fué la de que la propiedad se vendió en abril de 1905 al apelante Antonio Abad Agosto por la suma de $490, habiendo sido él el único postor, lo que no constituye prueba del valor de la propiedad hoy; y dudamos de si la venta por la ameritada suma-de $.490, en los procedimientos de ejecución, prueba el valor que tenía entonces. Aparte de la constancia que apa-rece en el récord de la corte municipal en el pleito No. 46, y de la que aparece en la escritura del notario otorgada con arreglo a la venta del márshal, no existe otra prueba res-pecto al valor de la finca. Si los apelados en la corte inferior hubieran en alguna oportunidad aclarado que intentaban de-mostrar que la propiedad valía $500 o menos, los apelantes hubieran podido ofrecer prueba para demostrar que la misma valía mucho más. Esta cuestión no ha sido plenamente dis-cutida ante nosotros, y si los apelados creen que ’ellos pue-den sostener la sentencia, estaremos dispuestos a considerar una moción de reconsideración. Por lo que podemos ver ahora, la sentencia de la Corte de Distrito tendrá que revo-carse y dictarse otra en favor de los apelantes por falta de jurisdicción de la corte municipal, en la que se inició el pleito.

Nosotros decimos, “si los apelados creen que ellos pueden sostener la sentencia.” Otra de las dudas que tenemos'es la siguiente: a despecho de la contención planteada por los apelados en contrario, estamos persuadidos de que los ape-lantes adquirieron todo el interés que tenía Concepción Poupart, y ella era una de los primitivos menores herederos. La escritura que ella les pasó era algo más que una ratifica-ción ; era una cesión de todos los derechos en favor de ellos— un impedimento (estoppel), en lo que a ella respecta, por su participación en la propiedad — y ella tenía derecho a una fracción proindivisa. Por tanto la cuestión es de si proce-dería la reivindicación puesto que sus cesionarios de todos modos son condueños con sus hermanos y hermanas.

Sobre la cuestión principal nos inclinamos a convenir con los apelantes que en el caso No. 46 de la corte municipal no se demostró la jurisdicción, pero no sin una dtida de conside-ración. En este caso se perdieron los autos de la corte municipal.. El secretario tenía un libro demostrativo de que se había radicado una contestación, aunque desde luego des-’ conocemos la naturaleza de la misma, la cual pudiera haber sido la contestación de la viuda sola, la que, según se admite, fné emplazada. A los apelantes le abona el que en la escri-tura del notario en favor del comprador sé menciona la re-gularidad de los procedimientos en el caso No. 46 de la corte municipal.

La sentencia debe revocarse y registrarse otra en favor de los apelantes por falta de jurisdicción de la corte municipal.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando sin lugar la demanda por falta de jurisdicción de la corte municipal.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Berríos, Recurrente v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso' gubernativo contra nota del Registrador de la Pro- # piedad de Humacao denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 327.
    Resuelto en julio 26, 1917.
    Otorgamiento de Escritura — Testigos Instrumentales — Firmas de los Tes-tigos. — El hecho de que el notario autorizante de una escritura de venta ma-nifieste al final de la misma que por no saber, firmar los vendedores lo hacen a su ruego los testigos instrumentales que le asisten, mientras que uno solo de ellos aparece firmando el documento, no es una falta que lo anule, siendo por tanto inscribible el documento.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Gonzales.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Gr. Descartes com-pareció en nombre propio.
   Los héchos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió lá opinión del tribunal.

El 26 de abril de 1917 Santiago Montañez y su esposa Paula Sánchez vendieron a. José L. Berríos dos fincas rús-ticas sitas en la jurisdicción de Yabucoa, una de sesenta cuerdas segregada de otra inscrita en el registro de la pro-piedad. de Humacao y otra de diez no inscrita. El contrato se hizo constar en escritura pública, apareciendo al final de ésta lo que sigue:

"Así lo dicen, ratifican y firma el comprador, no haciéndolo los vendedores, porque manifiestan ignorar el arte, pero a sn ruego lo hacen los testigos instrumentales que me asisten, mayores de edad y de esta vecindad, señores Juan B. Sotomayor y Delfín Ruiz a quienes como a los otorgantes leí el presente documento por su renuncia, ad-vertidos del derecho que tenían para hacerlo por sí y hallándolo con-forme lo aprueban.
. "Y yo el notario, doy fe de conocer a testigos y otorgantes y de todo lo consignado en este instrumento público. Firman: Como tes-tigo y a ruego de don Santiago Montañez y Ramos y su esposa Doña Paula Sánchez, J. B. Sotomayor. José L. Berríos. Delfín Ruiz.
"Firmado, signado y rubricado, Antonio Rodríguez, Notario pú-blico. ”

Presentada la escritura en el registro, el registrador se negó a inscribirla^ Su nota, contra la cual só lia interpuesto el presente recurso gubernativo sólo en cuanto al primer mo-tivo de la misma, copiada en lo pertinente, dice así:

"Denegada la inscripción de este documento porque no aparece firmado de acuerdo con su redacción, infringiendo la sección 14 de-la ley para regular el ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico aprobada el 8 de marzo de 1906, pues diciéndose que los testigos firman por los vendedores, aparece sin embargo que sólo lo ha hecho por ellos uno de los testigos, o sea, Juan B. Sotomayor, y además porque la finca de 10 cuerdas no aparece inscrita a favor de los vendedores ni de

A nuestro juicio si bien la escritura de que se trata revela un lamentable descuido por parte del notario que la autorizó, esto no obstante, es inscribible. La sección 14 de la Ley Notarial vigente, Leyes de 1906, pág. 143, ya interpretada por esta corte -en los casos de Rodríguez v. El Registrador de Ponce, 14 D. P. R. 738, Villanueva et al., v. El Registrador de Arecibo, 18 D. P. E. 831 y Banco Territorial v. Registrador de San Juan, 22 D. P. R. 584, exige que “Si los otorgantes o alguno de ellos no supiere o no pudiere firmar lo expresará así el notario, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo de su puño, en ante firma, que lo bace por sí como testigo, y a nombre del otorgante que no sepa o no puede verificarlo.” Y aquí, el notario consignó que los vendedores le manifestaron que no sabían firmar y al hacerlo por ellos uno de los testigos .expresó en ante firma, que lo hacía como testigo y a ruego de los vendedores, consignando sus nombres. La confusión se deriva de la circunstancia de haber usado el notario al refe-rirse al hecho de la firma de los vendedores el plural en vez del singular. Lo exigido por la ley quectó cumplido. La falta cometida por el notario no anula el documento. Sólo sirve como una ilustración real de las dificultades que ocasiona a las partes el descuido de un notario en la redacción de un do-cumentó.

'Debe revocarse' la nota en la parte en que ha sido recu-rrida y ordenarse la inscripción de la finca de sesenta cuerdas descrita en la escritura.

Revocada la nota en la parle recurrida y orde-nada la inscripción solicitada.

Jueces concurentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Se. Hutchisoh,

text:
    Blanco, Peticionario-Apelante v. El Pueblo, Opositor-Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en procedimiento de Habeas Corpus.

    No. 1193.
    Resuelto en julio 26, 1917.
    Abuso de Confianza — Conversión de la Propiedad — Jurisdicción.—Como ele-mento necesario del delito de abuso de confianza, la conversión es la apro-piación fraudulenta de la propiedad de otra persona para propio uso, y la jurisdicción del delito, a falta de ley positiva, es la del Estado en que se convirtió la propiedad aunque la misma haya sido recibida en otro Estado.
    Id. — Intención Criminal — Pruebas.—La intención de cometer el delito de abuso-de confianza puede manifestarse . por la realización de cualquier forma de engaño, o fugándose con el dinero, o gastándolo para propio uso en viola-ción de instrucciones recibidas, o alterando de cualquier otro modo el curso* del dinero con la idea de apropiárselo, y dicha intención puede probarse tanto por medio de prueba circunstancial como de prueba directa.
    Id. — Causa Probable — Habeas Corpus. — Apareciendo de la prueba documental aducida por el Eiseal que existe causa probable para imputar el delito de abuso de confianza, la solicitud para que se expida un auto de habeas corpus fué debidamente denegada.
    Ahogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

En Juez Asociado Se. Hutchisoh,

emitió la opinión' del tribunal.

Esta es una apelación interpuesta contra una sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan denegando una solicitud de un auto de habeas corptos en la que se alega la falta de jurisdicción y falta de causa probable suficiente para sostener la acusación por abuso de confianza.

En la vista celebrada en la corte inferior el fiscal produjo la denuncia jurada de Josefina Dagnino, la parte pertinente de la cual reza como signe:

“Que conoció en Venezuela a Humberto Blanco Fombona, con quien había tenido relaciones amorosas y a ;quien volvió ,a ver aquí, en Puerto Rico, hace algunos meses. Con este motivo re-novaron nuevamente sus amores y, como consecuencia, depositó en él su confianza. Que él le hizo entender que en Santo Domingo había, una gran oportunidad de hacer dinero, comprando, por poco dinero, una gran cantidad de terreno. Que en virtud de eso, y creyendo de buena fe en el negocio, tomó de la señora Filomena García la suma de $1,300 a interés, firmándole un documento ante el notario Don Damián Monserrat, lo que ocurría en los últimos días del mes de diciembre. Que en los primeros días del mes de enero, estando él ya en Santo Domingo, salieron en dirección a aquella Isla, con el objeto de llevar a cabo el negocio de la compra de unos terrenos por la suma de $1,000; que llegó la denunciante, junta con su amiga Filomena García a Santo Domingo y que allí pasaron más de veinte días sin que se realizara el negocio, por defecto, según alega el acusado, en la titulación, y sin que les mostrara las tierras, bajo la disculpa de que, tratándose de señoras y estando esos terrenos lejos, se hacía muy difícil y molesto visitarlos. Que accediendo a las peticiones del acusado le entregó la suma de $1,000 que tenía deposi-tados en la Sucursal del Royal Bank of Canada, en Santo Domingo; que no habiéndose podido hacer el negocio por la cuestión de los pape-les, regresó la declarante con su amiga a Puerto Rico, quedando él en Santo Domingo. Que a los diez o doee días'vino él, o sea, allá en los primeros días de febrero; ■ que la contentó diciéndole que su her-mano había quedado encargado de la gestión del negocio de los te-, rrenos en Santo Domingo; que había traído el dinero en un cheque para no perderlo, pero no se lo devolvió, haciéndole creer siempre en la realización del negocio. Que el día 21 de marzo de 1917, después d'e haber pasado la velada anterior con la declarante, supo que había embarcado; fué a verlo al vapor, lo halló y allí él le dijo que no pa-sara ningún cuidado; que le había escrito y que en la carta que le había escrito encontraría la explicación de todo y, efectivamente, se encontró con una carta en la cual le decía que se quedaba con el dinero por miedo de que ella lo siga y los gaste, ofreciéndole pagarle in-tereses. 1 ’

Esto está corroborado en parte por la declaración de Fi-lomena G-arcía y por la carta que Josefina menciona, cuyo rtenor literal es como sigue :

“San Juan, 21 de Marzo de 1917.
“‘Josefina amiga:
'“Cuando lleguen a tus manos estas líneas, ya yo estaré rumbo al Norte. Mi viaje no te sorprenderá por lo tanto que te lo he decantado.
“Tu cariñosa conducta para conmigo, durante mi enfermedad, ha empeñado mi gratitud para con la amiga. Los lazos de amistad, de una amistad franca y sin interés, como debe ser la nuestra, se han estrechado durante esos días en que mi salud se encontraba bastante .quebrantada y estaba yo lejos del centro de mis afectos.
“Alejado yo de Santo Domingo no te recomiendo el negocio de los terrenos porque hay el sinnúmero de peligros, debido a los tí-tulos, que si no son muchos, dejan mucho que desear. Durante dos meses he trabajado con el objeto dé que esos títulos se arreglasen conforme a las leyes; pero no lo he. logrado y en esas circunstancias no puedo permitir que tu te embarques en esa negociación que traería sin duda dolores de cabeza posteriormente. Te devuelvo, pues, en un cheque tu dinero íntegro. Los gastos ocasionados de notario, etc.,, ios perderé yo con el mayor gusto, quedándome la satisfacción de haberte impedido realizar im mal negocio.
“De New York te escribiré y te diré como me tratan los ycmkees.
“Saludos para Filomena y tú recibe las protestas de amistad' de quien te agradece nuevamente todas tus demostraciones de cariño y aprecio.
‘ ‘ Humberto.
í:P. S. En el momento de botar ésta al correo pienso en tu espí-ritu aventurero y en que puede producirte un sentimiento de envidia mi viaje y ocurrírsete imitarme, lo que no dejaría de ser simplemente una locura; por lo tanto me parece más cuerdo no enviarte el cheque y guardar yo el dinero, pagándote, desde luego, los intereses de esa suma. Puede que este procedimiento sea tiránico,, pero procedo en nombre de la cordura, y de esos mismos sentimientos de amistad, ca-riño y aprecio que te profeso.
“H.”

Existe otra carta, la que no necesitamos discutir, y otros testimonios tendentes a demostrar el propósito que tenía el acusado de salir de San Juan para Nueva York y de allí para Londres.

Creemos que lo que antecede es suficiente para demostrar que si es que el delito se lia cometido, se cometió en Puerto Rico; y creemos que la prueba presentada por el fiscal es suficiente a justificar la presentación de la acusación.

“La jurisdicción del delito de abuso de confianza, a falta de ley positiva, es la d'el Estado en que se convirtió por el acusado en su propio uso y beneficio el dinero o propiedad, aunque se baya recibido en otro Estado,” 12 Cyc. 210.
“La conversión, como elemento necesario en el delito de abuso de confianza, es la apropiación fraudulenta de la' propiedad de otra persona en su propio uso. # * *.
“Apropiarse en su propio uso no quiere decir necesariamente en su propio beneficio personal. Toda tentativa de una persona de dis-poner de bienes de otra sin derecho como si fuesen suyos es una con-versión en su propio uso '* * *. El Estado no necesita demos-trar qué se ha hecho el dinero después del desfalco.
“A falta.de requisitos estatutorios al efecto el dueño de la pro-piedad no necesita como regla general exigir su devolución * * A
“En los casos de abuso de confianza, como en otros delitos, la in-tención criminal es necesaria. El acusado ha tenido que actuar con malvada (felonious) intención y realizar una intencional perversa disposición de la propiedad indiciaría del preconcebido propósito de estafar {cheat) y engañar a su dueño.
* # « # * # *
“La intención de desfalcar (embezzle) a nna persona puede ma-nifestarse por varios actos, tales como hacer aparecer falsos asientos (en los libros de comercio), negando recibos de dinero, dejando de apuntar una cuenta cuando se deba hacer, presentando cuentas falsas, o poniendo en práctica cualesquiera formas de engaño, o fugándose con el dinero, o gastando en realidad el dinero para usos propios del acusado en violación de las instrucciones recibidas, o de otro modo distrayendo el curso del dinero con el fin de hacerlo suyo. Además, la intención puede resultar tanto de la prueba circunstancial como de ia prueba directa.” 9 R. C. L. p. 1275 el seq., párs. 16,18, 19, 20.

El argumento del apelante se apoya principalmente en la supuesta deficiencia de la prueba respecto a la intención criminal; pero las manifestaciones orales del acusado respecto al estado del proyectado negocio en Santo Domingo compara-das con la declaración subsiguiente de la situación que pinta en su carta, la ocultación de su proyectado viaje, sus evasi-vas en el momento de su partida, sus confidencias a personas distintas de la denunciante a continuar probablemente su viaje desde Nueva York a Londres, sugestivas cuando menos de una ausencia algo prolongada, de hecho todas las circunstancias que rodeaban su partida, aunque no del todo incompatibles quizá con un honesto propósito susceptible de'.explicación, sin embargo, mientras no sean explicadas, indican suficientemente la malvada intención (mens rea).

“La intención se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el delito, y el sano juicio y discreción del acusado. Se reputan de sano juicio todos los que no sean idiotas, lunáticos o locos.
“Una intención maliciosa y criminal se presume por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el pro-pósito de perjudicar a otro.” Art. 12 del Código Penal, see. 5418 de la Compilación.

El acusado no ha sido aún juzgado y por supuesto no ex-presamos opinión alguna respecto a los hechos, sosteniendo, sólo como lo hacemos que de la prueba documental aducida por el fiscal aparece suficientemente la causa probable que existe para enjuiciar al acusado, cuya existencia se había ne-gado por el peticionario.

La sentencia es de confirmarse.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison-,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosario, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por delito de seducción.
    No. 1183.
    Resuelto en julio 27, 1917.
    Seducción — Corroboración de la Declaración de la Mujer Agraviada — -Acto Carnal — Promesa de Matrimonio. — Si bien es cierto que no es necesario que la declaración de la mujer perjudicada esté corroborada en todos sus detalles, ni siquiera en cuanto a los elementos de menos importancia del delito según lo define el Código Penal, ella debe ser corroborada en cuanto a dos extre-mos (issues) vitales para que pueda sostenerse una convicción: ln., el acto carnal; y 2°., la promesa de matrimonio.
    Id. — Id.—Ib.—Promesa de Matrimonio. — El mero hecho de que un testigo declare que vió al acusado y a la ofendida paseando juntos y que sabe que ellos eran novios por haberle oído decir a ella que cuando se casara con el aeusado irían a vivir al campo, no es suficiente corroboración en cuanto a la promesa de matrimonio.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Hutchison-,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto por un delito de seducción y la única cuestión que se levantó en la apelación fué la de si la declaración de la denunciante debe o nó ser corroborada en cnanto a la promesa de matrimonio.

El único testimonio que en alguna forma tiende a corro-horar su declaración sobre este punto es el de José Cortés, que dice:

“Que sabe que ellos se quieren y los vio paseando dos o tres veces por la carretera, pues una noche, en conversación, Sabina, con otras muchachas, frente a la casa del declarante, decía que cuando se ca- < sara con Julio Rosario iban a vivir al campo, y las demás muchachas se echaron a reir. * *
. Que sabe que ellos eran novios por la conversación que tuvo Sabina frente a la casa del declarante y que no lo sabía de ningún otro modo y que no le preguntó nunca a Julio Rosario.”

Apenas parece necesario decir que la declaración así atri-buida a la denunciante, sin que exista insinuación alguna respecto a la fecha de la misma en relación a la de la comi-sión del delito, no puede estimarse como corroboración de su' declaración como testigo en cuanto a la promesa de matri-monio. El padre de la muchacha nada supo siquiera acerca de las supuestas relaciones hasta unos, siete meses después de la fecha alegada en .la acusación, y el requerimiento que hi-ciérale entonces al acusado de que se casara con la muchacha fué por éste rechazado de plano.

“Aun cuando con arreglo a los estatutos la denunciante es -un testigo competente, su declaración, en la mayor parte de las jurisdic-ciones, es insuficiente si la misma no ha sido corroborada; aunque en muchos Estados tal corroboración sólo se requiere respecto a la promesa de matrimonio. Cuando el estatuto requiere la corroboración, ésta debe ser aliunde, y debe dirigirse a las cuestiones sustanciales materia de la controversia.” "Wharton’s Criminal Law, Yol. 3, pa. 2278, Seo. 2110.
“El delito consiste en inducir a una mujer a abandonar la senda de la virtud y obtener su consentimiento para el acto carnal ilícito en virtud- de las promesas hechas en. el momento. La promesa y, en consecuencia de la misma, el rendimiento de su virtud es el quid (gist) del delito.” Putnam v. State, 16 S. W. 97.

Eu el caso de Spenrath v. State, 48 S. W. 192, después de citar la anterior doctrina con aprobación, la Corte Suprema de Texas, refiriéndose' a una denunciante en un caso de se-ducción, dice que:

“incumbía al Estado corroborar su declaración en cuanto a dos extremos (issues) vitales.para que pudiera sostenerse una convic-ción : Primero: el acto carnal; y segundo: que este acto carnal £ué conseguido mediante la promesa hecba por el apelante de casarse con la denunciante * *

La única diferencia que existe entre nuestro estatuto y el de Texas y que pudiera tener alguna conexión con el punto a discutir consiste en que el primero dispone que “el acusado no podrá ser declarado convicto por la declaración de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corrobore con otras pruebas,” mientras que el último (el de Texas) especifica que “no podrá obtenerse una convicción por la declaración de dicha mujer, a menos que la misma esté co-rroborada por otra prueba que tienda a conectar al acusado con el delito imputado.”

Si bien es cierto que, desde luego, no es necesario que la declaración de la mujer perjudicada esté corroborada, en todos sus detalles, ni siquiera quizá en cuanto a los elementos de menos importancia del delito según lo define nuestro Código Penal, sin embargo al sostener que ninguna evidencia aliunde se requiere respecto a cualquiera de los dos vitales elementos supra-mencionados sería en efecto borrar, mediante legisla-ción judicial, el artículo 250 de nuestro Código de Enjuicia-miento Criminal.

La sentencia apelada debe ser revocada y absuelto el acusado.

Revocada la sentencia. apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.