text:
    Acisclo Mejías, demandante y apelado v. José E. Vélez, demandado y apelante. El Mismo, demandante y apelante, v. El Mismo, demandado y apelado.
    Nos. 5679 y 5742.

    Sometidos: Marzo 10, 1932.

      Resueltos: Abril 8, 1932.

      F. A. González Suárez, abogado del demandante; M. Figueroa del Rosario', abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En septiembre 11, 1930, Acisclo Mejías instituyó un pro-cedimiento en la Corte Municipal de San Sebastián contra José E. Yélez y otros, en cobro de la suma adeudádale por concepto de siete pagarés. He la faz de estos pagarés se desprendía que cada uno de ellos era una obligación manco-munada y solidaria. Vélez no compareció ante la corte municipal y en octubre 10, 1930, se dictó sentencia en rebeldía. En octubre 16 él apeló de esta sentencia. Posteriormente so-licitó que el caso fuese incluido en el calendario de la corte de distrito. Este fué el único paso dado por él en dicha corte con anterioridad a la fecha del juicio.

En enero 19, 1931, el caso fué llamado y ambas partes anunciaron estar listas para el juicio. El demandante en-tonces solicitó la desestimación del recurso. El demandado se opuso y después de argumentar el caso su objeción fué sostenida. Entonces, después de alguna discusión relativa a otra cuestión, el juez de distrito hizo al abogado del deman-dado una pregunta relativa a los méritos de la moción. El abogado del demandado contestó que no tenía objeción a que se discutiera la moción sobre sus méritos. Después de una discusión ulterior la moción fué declarada sin lugar.

El demandado entonces solicitó permiso para radicar su contestación. El demandante se opuso y el juez de distrito se negó a permitir que se archivara la contestación. Enton-ces se prosiguió el juicio, el que dió por resultado una sen-tencia a favor del demandante. El demandado apela y sos-tiene que la corte de distrito cometió error y abusó de su discreción al negarse a permitir el archivo de la contesta-ción. La contestación propuesta admitía el otorgamiento y entrega de los pagarés en la forma, modo y términos ale-gados en la demanda, pero aducía como defensa afirmativa, que en lo que al demandado Yélez se refería, dichas obliga-ciones carecían de fuerza y vigor y que él no era respon-sable bajo las mismas, ni como fiador ni como obligado so-lidario o en alguna otra forma, toda vez que al día siguiente del otorgamiento y entrega de los pagarés dicho Yélez, quien era un mero fiador de Alfonso Ruiz, otro demandado, con el fin de retirar su nombre como fiador, visitó al de-mandante; que el demandante consintió en relevar dicho Vélez de toda responsabilidad ulterior; que el demandante convino en hacer un nuevo arreglo con los otros suscribien-tes de los pagarés, ora con el fin de celebrar un nuevo con-trato o aceptar nuevos pagarés con otra firma, o aceptar, sin tomar en consideración la firma de Yélez, los pagarés ya otorgados; y que para gran sorpresa de Yélez (¡violando así dicho convenio y aprovechándose del hecho de que Yélez era solvente y de que él confiando en el demandante había dejado de borrar o tachar su firma) el demandante ahora trataba de cobrarle a Yélez la deuda de sus codemandados. La contestación no estaba jurada ni fué acompañada por un affidavit de méritos ni por explicación alguna respecto a por qué no había sido radicada anteriormente. La copia que tenemos ante nos está fechada el 19 de enero, 1930. De ser cierta esa fecha, dicha alegación fné redactada nn año antes de celebrarse el juicio en la corte de distrito y unos ocho meses antes de archivarse la demanda en la corte municipal. Si por otra parte asumimos que el año 1930 fué un error de máquina (clerical error) y que la intención fué poner el 1931, entonces la contestación fué preparada el mismo día que el caso fué llamado para juicio en la corte de distrito.

El juez de distrito, en vista de la demora inexplicada al preparar y presentar esta propuesta contestación, y en vista de las admisiones en ella contenidas, así como de la natu-raleza de las alegaciones afirmativas, no abusó de su dis-creción al negarse a conceder permiso para radicar la misma.

El demandante también apela de la sentencia dictada a. a su favor y alega que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción para desestimar, así como al no desestimar la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la corte municipal. El argumento es suficiente-mente plausible, pero del otro lado podría decirse mucho sobre la cuestión y no estamos convencidos de que debió haberse desestimado el recurso. En vista de la conclusión a que ya hemos llegado al considerar la apelación perfeccio-nada por el demandado, no creemos necesario discutir ahora los méritos de la apelación del demandante.

Debe confirmarse la sentencia de la corte de distrito.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Acevedo, acusado y apelante.
    No. 4556.

    Sometido: Febrero 11, 1932.

      Resuelto: Abril 13, 1932.

      José D. Bodnguez, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

J. González Mercado formuló denuncia contra Gregorio Acevedo, imputándole la comisión de un delito de hurto me-nor en los siguientes términos:

“Que en 15 de marzo de 1931, y en barrio Lares, del Distrito Judicial Municipal de Lares, que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, P. R., allí y entonces el referido acusado voluntaria, maliciosa e ilegalmente sustrajo de la propiedad del denunciante, una gallina color blanco ‘Leghorn’ que tenía un valor de $’3.00, la que negoció a su hermano Manuel y la llevaron a Arecibo, P. R., pri-vando de esta manera la propiedad de su legítimo dueño el denun-ciante. — Hecho contrario a la ley. — Siendo testigos: Juan Alvarez y Ramón Alvarez.”

El acusado fué condenado, en apelación, por la Corte de Distrito de Aguadilla a pagar diez dólares de multa y en defecto de pago a sufrir diez días de arresto. No conforme, apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato la comisión de tres errores cometidos a su juicio por la corte al desestimar cierta excepción previa, al declarar sin lugar una moción de sobreseimiento y al admitir y apreciar la prueba.

Por el primer error se alega que la denuncia no contiene hechos suficientes para imputar el delito de hurto, ya que no dice que el acto se cometiera con intención criminal.

La ley aplicable lo es el artículo 426 del Código Penal, que en castellano lee como sigue: “Hurto (larceny) es el acto de sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semo-vientes, pertenecientes a otra persona.” Y en-inglés dice: “Larceny is the felonious stealing, taking, carrying, leading, or driving away the personal property of another.”

Siendo parte de la definición del delito las palabras “sus-traer, con intención criminal” (felonious stealing), lo correcto y lo enteramente conforme con la ley, la jurisprudencia y la buena práctica hubiera sido usarlas textualmente en la denuncia.

El artículo 426 de nuestro Código es igual al 484 del Có-digo Penal de California, y la jurisprudencia de dicho es-tado se ha expresado como sigue:

“En el derecho común la acusación por delito grave debe alegar que el acto imputado fué realizado 'criminalmente’. Sin embargo, desde mucho tiempo ha la regla en California ha sido que no es necesario usar esa palabra al imputar un delito grave cuando ella no es usada al definir el delito y que aun cuando la palabra fuere usada en el estatuto, su omisión no es fatal al usarse palabras equi-valentes.” 14 Cal. Jur. 57.

Para sostener la última conclusión se cita el caso de The People v. Manuel López, 90 Cal. 569, en el que la Corte Suprema se expresó así:

“Se alega que la acusación mediante la cual el acusado fué juz-gado y convicto del hurto de un caballo es fatalmente defectuosa toda vez que deja de alegar que el delito se cometió criminalmente.
“En el derecho común, un simple hurto, ora fuere mayor o me-nor, era un delito grave y se definía como la substracción de bienes muebles pertenecientes a otra persona. La palabra ‘criminalmente' era, por tanto, esencial a la validez de una acusación por hurto, y se ha resuelto uniformemente que al ser usada esta palabra en un estatuto o constitución sin ser definida, debe ser interpretada con el significado dádole por el derecho común. Pero nuestro estatuto ha modificado la regla de procedimiento del derecho común en muchos respectos importantes y ha prescrito ciertas reglas simples mediante las cuales debe determinarse la suficiencia de tales alegaciones. Estas regias, o las que de ellas tengan relación directa con la cues-tión que estamos considerando, están contenidas en los siguientes ar-tículos del Código Penal:
“El artículo 948 dispone que ‘todas las formas de alegación en acciones penales, y las reglas por virtud de las cuales se determina la suficiencia de las alegaciones, son las que prescribe este código.’
“El artículo 957 dispone que ‘las palabras usadas en una acusa-ción serán interpretadas en su acepción usual en el lenguaje co-rriente. ’
“El artículo 958 provee que ‘no es necesario emplear estricta-mente en la acusación las palabras en una ley para definir un delito público, sino que pueden emplearse otras palabras que tengan el mismo significado.’
“El artículo 959, inciso 6, dice que la acusación es suficiente si de ella se deduce ‘que la acción u omisión considerada como delito está expuesta clara y distintamente en lenguaje corriente y conciso, sin repetición y de tal modo que facilite a cualquier persona de in-teligencia común el conocer lo que se quiere decir.’
“El artículo 960 provee además que ‘ninguna acusación es insu-ficiente ... a causa de algún defecto o imperfección de forma siem-pre que ... no tienda en lo esencial a perjudicar los derechos del acusado. ’
“Y el artículo 1258 dispone que ‘después de celebrada la vista de la apelación, la corte dictará sentencia sin parar mientes en los errores o defectos técnicos . . . que no afecten los derechos substan-ciales de las partes.’
“La acusación en este caso imputa al acusado ‘un delito grave’ cometido de la manera siguiente: ‘hurtado, substraído y llevado consigo’ un caballo, que es una propiedad mueble, perteneciente a la persona en ella nombrada. No se presentó objeción alguna a la acusación en la corte inferior y la cuestión de su suficiencia se sus-cita por primera vez en esta apelación.
“El artículo 484 del Código Penal define el delito de hurto en la siguiente forma: ‘Hurto es el acto de substraer, con intención criminal, bienes muebles pertenecientes a otra persona. ’ T el inciso 3 del artículo 487 del Código Penal hace que la substracción de un caballo sea hurto mayor, que es un delito grave de acuerdo con los estatutos, y castigable con pena de presidio en la penitenciaría del estado. La palabra ‘substraer’ (steal) aquí usada, tiene según se verá más tarde, un significado claro y bien definido, y es quizá en su uso común y acepción ordinaria tan bien comprendida como cualquier palabra en el idioma inglés. Webster la define como ‘tomar y llevar consigo criminalmente los bienes muebles de otra persona’; citando a Blackstone ....
“Por tanto, al sostener que el acusado, quien debe presumirse que es una persona de inteligencia común, no supiera lo que quería decirse al imputársele el haber sustraído un caballo perteneciente a otra, es simplemente prepóstero.
“Juzgando la suficiencia de esta acusación aplicando las anterio-res reglas, nos sentimos obligados a llegar a la conclusión que cuando en la acusación se omite la palabra ‘criminalmente’ y se usa la pa-labra ‘substraer’, se entenderá que se imputa la intención criminal con que el acto fue cometido, y el delito al ser así imputado en una acusación será considerado como que ha sido imputado de acuerdo con la fraseología del Código. Y una acusación por el delito de hurto que contiene ambas palabras o cualquiera de ellas será consi-derada válida, si se halla que es suficiente en todos los demás res-pectos. Por tanto, de ello se desprende que como la omisión de la palabra ‘criminalmente’ en la acusación en este caso no tendió a perjudicar un derecho substancial del acusado, la sentencia apelada debe ser confirmada, y así lo ordenamos.” People v. López, 90 Cal. Rep. 571.

No sólo es igual la ley sustantiva en que se basó la Corte Suprema de California, a la muestra, si que también son iguales todos los preceptos legales que en la opinión se citan. Las secciones 948, 957, 958, 959, 960 y 1258 del Código Penal de California son idénticas a los artículos 66, 80, 81, 82, 88 y 362 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal.

. A la luz de la ley y la jurisprudencia citada, examine-mos ahora la denuncia presentada en este caso. En ella se alega que el acusado “voluntaria, maliciosa e ilegalmente sustrajo . . . una gallina . . . que tenía un valor de $3 la que negoció . . . privando de esa manera la propiedad de su legítimo dueño el denunciante.”

La palabra “voluntariamente” aplicada a la intención con que se ejecute un acto, implica el propósito o voluntad de cometer el acto y el vocablo “maliciosamente” denota “la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa, la esciente infracción de la ley, en perjuicio de otro.” (Art. 559 del Código Penal). “Ilegalmente”, significa lo que es contrario a la ley y “sustrajo” tiene en español la significación de “steal” en inglés. Dice el Diccio-nario de la Academia Española: “Substraer ... 2. Hurtar, robar fraudulentamente ...”

Siendo ello así, tenemos una sustracción, esto es, un hurto, cometido en contra de la ley, en este caso el artículo 426 del Código Penal, con la voluntad de cometerlo, y actuando da-ñosamente, intencionalmente, sin justa causa o excusa. Y si a ello se agrega que en la denuncia se dice además que el acusado negoció la gallina que sustrajo, privando así de su propiedad a su dueño el denunciante, puede y debe concluirse que la falta cometida al no alegarse expresamente la “in-tención criminal” que exige el estatuto, quedó subsanada por el uso de otras palabras que implican que el acto imputado se realizó con dicha intención.

El segundo error se formula así:

“Segundo EbroR: — La Corte de Distrito de Aguadilla cometió error de derecho al declarar sin lugar la moción para sobreseer la acusación, por constituir la denuncia la comisión de un delito mayor al imputado al acusado.”

Es cierto que se probó en el juicio que cuando el de-nunciante formuló la denuncia no tenía conocimiento directo de que fuera el acusado el autor del delito, pero también lo es que la gallina hurtada era de su pertenencia y fue in-formado del hurto y de la actuación del acusado por los-testigos que en la denuncia expresa, uno de los cuales la te-nía a su cuidado.

La denuncia no dice que el denunciante conocía los hechos por propio conocimiento, ni tenía que decirlo. (El Pueblo v. Nochera, 23 D.P.K. 605, El Pueblo v. Maymón, 24 D.P.R. 61), y la prueba demostró que los conocía cuando la formuló por información que no sólo él entonces si que también la Corte luego creyó cierta.

Examinemos el error tercero. Se permitió al denunciante que declarara sobre cierta admisión que sobre su culpabilidad le hizo el propio acusado, y éste sostiene que la declaración era inadmisible porque no se siguieron las reglas aplicables a las confesiones. Repetidamente hemos resuelto que no es lo mismo una admisión que una confesión.

Se insinúa que la causa está viciada desde su origen por ser el denunciante un márshal y haberse aprovechado de su cargo para perseguir al acusado, obteniendo la admisión de éste en su propia oficina.

Según el récord el denunciante márshal declaró así:

“P. — Usted de conocimiento propio no sabe nada en este caso? —R.—Por manifestaciones espontáneas del acusado. — P.—Qué mani-festaciones le hizo este acusado? — R.—Espontáneamente se presentó a mi oficina y me dijo que retirara la denuncia porque él iba a ir a Areeibo con su hermano e iba a conseguir la gallina.”

Llamado a declarar nuevamente contestó:

“Sí, señor; lo confesó; primeramente negó pero después lo con-fesó, que había unos señores allí que puedo citar; primeramente negó pero después me dijo ‘venga acá; si usted necesita ir yo io llevo; yo lo puedo ir a llevar o le puedo pagar a usted la gallina. ’ ’ ’

Con respecto a la actuación del dicho denunciante márshal, aparece del récord que uno de los testigos de descargo, Miguel Hernández declaró:

“R. — Sé; yo estaba en mi oficina y entonces me mandó a buscar porque lo tenían arrestado y yo bajé y lo vi y le pregunté ‘qué te pasa?’ y me dijo ‘que don Juan me ha mandado a buscar y me ha metido aquí a la cárcel’ y entonces yo lo fié. — P.—Cómo le dijo él? ¿.Por qué le dijo él que lo habían arrestado? — R.—Porque Juan Gon-zález le había dicho que él se había robado una gallina. — P.—Él no le hizo ninguna otra manifestación? — R.—Me dijo que Juanito quería que él le pagara tres pesos y él le dijo que no se los pagaba porque él no le había cogido ninguna gallina.”

Y que el propio acusado, dijo:

“P. — El dijo aquí que usted mismo había ido a su oficina y había dicho que usted le había hurtado una gallina. — R.—Yo estaba en su oficina porque él me mandó a buscar y me dijo que tenía una de-nuncia contra mí por una gallina ‘leghorn’ que le habían sustraído de la casa de él; y entonces me dijo que si yo me hacía responsable a pagarle esa prenda él levantaba la denuncia y como yo no tenía culpa no me podía hacer responsable a eso. — F.—-Lo mandó al depó-sito entonces? — R.—Sí, señor; me mandó al depósito.”

A un márshal a quien se le hurta alguna propiedad, puede denunciar y perseguir el hurto como cualquier otro ciuda-dano. No tiene más derechos y atribuciones en tal caso que un simple ciudadano. Si se extralimita, o abusa o viola el derecho ajeno, cometerá alguna acción reprobable o penable, según sea el caso, que puede y debe denunciarse, investigarse y perseguirse, y penarse si resultare cierta, independiente-mente. El delito de hurto, sin embargo, se juzgará por sus propios méritos. La corte no estaba obligada a dar entero crédito a lo dicho por el acusado y su testigo en cuanto a las actuaciones del márshal. De ser ciertas, podrían de mani-fiesto una conducta incorrecta por parte del funcionario, pero no viciarían de nulidad el juicio a virtud del cual fue conde-nado el acusado en la corte de distrito.

Refiriéndonos ahora, en general, a la suficiencia de la prueba, diremos que no estamos conformes con el apelante en cuanto a que la aportada por el Pueblo no sea bastante.

Prescindiendo de la admisión del acusado al denunciante que no tiene mucha fuerza en verdad, quedan las declara-ciones de Juan Alvarez y de su hijo Ramón, encargados de la finca del denunciante en donde éste tenía su gallina. Ellos imputan directamente el hecho de la sustracción al acusado. Fueron testigos presenciales a quienes la corte dió crédito y analizados sus testimonios no los consideramos imposibles, ni manifiestamente ilógicos.

Parece conveniente citar la siguiente jurisprudencia que tomamos de 17 R.C.L. 22. Dice:

“Es esencial que los bienes substraídos pertenezcan a persona distinta al que los hurtó o que ellos estén en posesión de alguien con derecho a los mismos. Sin embargo, para que la substracción sea hurto no es necesario que la persona de quien se hurtó la propiedad tenga el dominio general o aún el derecho de posesión. De tal suerte, si una persona que originalmente hurtó el animal y lo ven-dió, lo substrae nuevamente de un comprador inocente, cometiéndose la segunda substracción para ocultar la primera, ello constituye el delito de hurto. Y no es esencial que el ladrón tenga conocimiento de quién es el dueño. Es suficiente si sabe que la propiedad no le pertenece y la sustrae para privar de ella a su verdadero dueño.” 17 R.C.L. 22.

No habiéndose cometido ninguno de los errores señalados, debe confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Zenón Pérez, demandante y apelado, v. Antonio Martínez, demandado y apelante.
    No. 5119.

    Sometido: Noviembre 18, 1930.

      Resuelto: Abril 14, 1932.

      Fernando B, Fornaris, abogado del apelante: E. Martínez Aviles, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado en este pleito ha interpuesto la presente apelación' contra la sentencia que lo condena a pagar al de-mandante cierta cantidad de dinero como, indemnización por la muerte de un hijo suyo.

El único motivo alegado para sostener el recurso es que el tribunal inferior cometió grave error en la apreciación de la prueba siendo por tanto la sentencia contraria a derecho; motivo que en un alegato suplementario se subdivide en varios aunque todos referentes al enunciado primeramente.

Un muchacho llamado Marcelino Pérez, de 13 a 14 años de edad según un testigo, y de 17 a 18 según otro, estaba una mañana sentado con otro muchacho en una alcantarilla de la carretera de Gamuy a Quebradillas y al pasar una carreta de bueyes le pidieron permiso al carretero Nicolás Franquis para que los dejara montar en ella y echar dos latas de agua para ir a la pluma, lo que les fue concedido: se sentaron ambos en la carreta, en la parte trasera de la misma, con las piernas colgando y de espalda a los bueyes; la carreta cami-naba por su derecha con una rueda en el afirmado embreado de la carretera y con la otra en el paseo que usan los vian-dantes, yendo Marcelino Pérez en el extremo cercano a la cuneta; en esa situación vieron ambos muchachos que tam-bién por la derecha caminaba el ómnibus del demandado a mucha velocidad, bajando una pendiente y en dirección a la carreta gritando entonces Marcelino Pérez “¡Ay, que la guagua (ómnibus) nos rompe las piernas!” y se tiró de la carreta en cuyo momento fué cogido por el ómnibus que le dió un golpe del que cayó al suelo pasándole luego sus ruedas sobre la cabeza al desviar el ómnibus hacia su izquierda, que después tropezó con el eje de la rueda izquierda de la carreta; Marcelino Pérez murió en seguida quedando parte de su cuerpo en el paseo y la otra en el afirmado; el ómnibus paró después a unos cien metros de distancia y la carreta a unas dos o tres varas del sitio en que quedó tendido Marcelino Pérez; el otro muchacho se subió a la carreta y nada sufrió. Tal es la teoría de la demanda y de su prueba.

La teoría y prueba del demandado fué que al llegar ei ómnibus a poca velocidad cerca de la carreta, caminando ésta por su derecha y la guagua por la izquierda, por el centro de la carretera, aunque uno de sus testigos dijo que iba detrás de la carreta, se tiró Marcelino Pérez de la carreta y trató de cruzar la carretera yendo a chocar con el ómnibus y recibiendo el golpe del cual murió.

Ese conflicto de la evidencia lo decidió el tribunal inferior dando crédito a la prueba del demandante.

El razonamiento del error alegado es que resulta físicamente imposible que los hechos hayan ocurrido en la forma en que los relatan los testigos del demandante, pues si Marcelino Pérez fué cogido por el ómnibus en el momento en que descendió dé la carreta debía aquel vehículo estar muy cerca de ella y necesariamente debió tropezar con la parte posterior de la carreta o con su izquierda cuando hacia ese lado desvió el ómnibus, lo que no ocurrió.

Para poder llegar a la conclusión de que era físicamente imposible que el ómnibus tuviera que tropezar con la parte posterior de la carreta o con su izquierda después de matar a Marcelino Pérez y al tratar de desviar hacia la izquierda, son necesarias ciertas medidas exactas que no están en estos autos por las cuales hubiese que concluir que dada la poca distancia entre el sitio del accidente y el en que en ese mo-mento se encontraba la carreta tenía necesariamnte que tro-pezar con ella el ómnibus y de que no era posible que el último se desviase de la derecha para su izquierda sin tro-pezar con la carreta. Consta en autos el ancho y largo del ómnibus pero no las medidas de la carreta ni la distancia exacta a que se encontraba del sitio en que fué muerto el muchacho para poder decir con certeza que tenía necesaria-mente que tropezar con la carreta y que por no haber ocu-rrido tal cosa no pasaron los techos como dice la prueba del demandante; pues si bien un testigo declaró que la carreta paró a dos o tres varas del sitio en que quedó muerto el muchacho, eso fue una apreciación del testigo y no una me-dida exacta y los hechos han demostrado que debió ser algo mayor la distancia toda vez que el ómnibus no tropezó con la parte trasera de la carreta y que pudo virar hacia la izquierda sin chocar con la parte de ese lado de dicho vehículo. Por eso no estamos en condiciones de sostener esa contención del apelante.

El otro aspecto tratado por el recurrente es que según la prueba del apelado la muerte de Marcelino Pérez ocurrió por su culpa y negligencia al abandonar un sitio seguro como era la carreta, pues el otro muchacho no sufrió daño alguno, por otro peligroso como resultó ser el que ocupó cuando descendió de la carreta.

No puede exigírsele a una persona que está en peligro, sobre todo si es un muchacho, que acierte con el medio de evitarlo. No es negligente la persona que tratando de evitar un peligro en circunstancias como las de este caso se coloca en una posición más peligrosa. Así, cuando por la negli-gencia de otro se ve competida una persona a elegir instan-táneamente entre dos peligros, no será culpable de negligen-cia aunque el que haya escogido resulte en su daño y hubiera escapado de él eligiendo el otro. 45 C. J. 965. En este caso el peligro era inminente según la prueba y no podía razona-blemente saberse a priori cuál era el medio más eficaz para evitar el peligro, si abandonando la carreta o subiéndose en ella. Si como se deduce del grito de Marcelino Pérez y de la conducta del otro muchacho subiéndose en la carreta el óm-nibus iba a chocar con la carreta, quizá la mejor solución en aquel momento para evitar el choque era tirarse de dicho vehículo y no esperar en ella las consecuencias del choque, aunque a posteriori resultó peor y que no hubo tal colisión. Por consiguiente, no podemos sostener que Marcelino Pérez fué negligente.

For lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Bay Shoe Company, demandante y apelante, v. R. Muñiz León, demandado y apelado.
    No. 5505.

    Sometido: Junio 26, 1931.

      Resuelto: Abril 14, 1932.

      Besosa & Besosa, abogados de la apelante; V. Polanco de Jesús, abo-gado del apelad o.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

R. Muñiz de León ordenó un lote de calzado del mismo estilo y calidad de ciertas muestras exhibidas por un agente-vendedor de la Bay Shoe Company. Cuando Muñiz examinó el calzado en la primera oportunidad que tuvo después de su entrega, halló que era de calidad inferior y de estilo muy distinto al de la muestra enseñádale por el representante. El inmediatamente notificó a la Bay Shoe Company y al banco (por cuyo conducto esa compañía había girado contra él por el importe de la compraventa) que no pagaría el giro por él aceptado al tiempo de la entrega como requisito previo a la misma, y sujeto al derecho de examen que él se reservó. También informó a la compañía vendedora del calzado y al banco de los motivos que tenía para negarse a aceptar la mer-cancía, y pnso ésta a disposición de la vendedora.

La compañía vendedora instituyó pleito en cobro, a sn vencimiento, del giro aceptado, y Muñiz, después de una nega-tiva general, alegó, como defensa afirmativa, los hechos arriba reseñados. La corte, después de celebrar un juicio sobre los méritos, dictó sentencia a favor del demandado.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que el artículo 336 del Código de Comercio no era aplicable y que es opcional para el comprador invocar dicho artículo y acogerse o no al mismo. Los señalamientos posteriores dependen en una u otra forma de que se sostenga el primero. Deben subsistir o caer conjuntamente con aquél.

El artículo 336 del Código de Comercio lee en parte como sigue:

“ # =* # * s* # *<
“El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas en-fardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude.
“En estos casos, podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento, con arreglo a lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieran causado por los defectos o faltas.
“El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.”

Donde la versión inglesa del párrafo primeramente citado habla de “a right of action against a vendor,” el original en castellano otorga al comprador “el derecho de repetir contra el vendedor. ’ ’

La palabra “repetir” (repetition), según la define Corpus Juris, es “un requerimiento o una acción para recobrar dinero pagado por error, o efectos entregados equivocadamente o bajo una condición incumplida.” Véanse también Escriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, tomo 4, p. 917; Enciclopedia Jurídica Española, Francisco Seix, tomo 27, pág 279. Empero, para los fines de esta opinión puede admi-tirse que el derecho de acción a que se hace referencia en el ar-tículo 336 no se limita a pleitos sobre rescisión de contratos de compraventa en casos en que el comprador se ha despren-dido del precio de la compra, y en que los defectos de que se queja son “vicios o defectos de cantidad o calidad” de las mercaderías.

Según indicó el juez de distrito en su relación del caso y opinión, el comprador en el presente recurso nunca instituyó el procedimiento autorizado por el artículo 336 del Código de Comercio. Convenimos con la corte inferior en que los redactores del Código de Comercio, al fijar el período de cuatro días para instar el procedimiento autorizado por el artículo 336, no tuvieron la intención de privar a un com-prador del derecho a oponerse a un requerimiento de pago, demostrando hechos que equivalían a la ausencia o falta de causa (consideration) para la aceptación de un giro, aunque los mismos hechos pudiesen haberle dado derecho a obtener un remedio en una acción instituida por él contra el vendedor dentro de cuatro días después de la entrega de la mercadería. El artículo 336 no puede ser aislado y considerarse separada-mente. Debe ser interpretado en relación con otras disposi-ciones del Código de Comercio, tales como las contenidas en los artículos 327 y 332. Así interpretado, no puede resol-verse que opera como un impedimento estatutorio a la de-fensa aducida por el demandado en el presente recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Robert R. Prann, demandante y apelante, v. Félix Benítez Rexach, El Comisionado del Interior Sr. Guillemo Esteves, La Junta del Puerto de San Juan y La Junta de Subasta del Departamento del Interior, demandados y apelados.
    No. 6015.

    Sometido: Abril 11, 1932.

      Resuelto: Abril 15, 1932.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; B. Buscaglia, abogado del ape-lado Sr. Rexach.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una corte de distrito, a moción del demandado Benítez Rexaeb, ordenó que ciertas alegaciones fuesen eliminadas de la demanda y al mismo tiempo declaró con lugar una excep-ción previa interpuesta por los otros demandados basada en falta de hechos para determinar una causa de acción en lo que a tales demandados se refería. Luego se dictó sentencia declarando sin lugar la acción en cuanto a los demandados cuya excepción había sido- sostenida.- El demandante solicitó se enmendara esta sentencia en el sentido de que se le per-mitiera revisar en apelación la orden declarando con lug’ar la moción para eliminar. Mediante sentencia enmendada, la corte de distrito entonces declaró sin lugar la acción en su totalidad y Benítez Rexach, apelado, solicita ahora la deses-timación del recurso interpuesto contra esa sentencia, fun-dándose en que los demandados cuya excepción fue declarada con lugar, no fueron notificados del escrito de apelación.

El legajo de sentencia transcrito está certificado por el abogado del demandante, por el abogado de Benítez Rexach y por el “abogado de los demás apelados.” Esta transcrip-ción fue certificada mucho después de haber expirado el período estatutorio dentro del cual puede perfeccionarse una apelación notificándose el escrito de apelación a la parte con-traria, o a su abogado, y archivándose tal notificación con el secretario de la corte de distrito. Si la actuación del abogado de los apelados respecto de quienes la acción había sido ori-ginalmente desestimada, puede interpretarse o no como una comparecencia que equivalga a una renuncia de notificación, es cuestión que no es necesario determinar ahora. La renun - cia, si la hubo, surgió demasiado tarde para que pudiera con-ferir a esta corte jurisdicción para revisar la orden de la corte de distrito sosteniendo la excepción previa y desestb mando la acción en lo que se refería a los demandados que habían excepcionado la demanda.

De ello no se desprende, sin embargo, que la apelación deba ser desestimada.

Después de declararse sin lugar la demanda en cuanto a los demandados que la habían excepcionado, ellos no tenían interés en ningún paso o procedimiento ulterior en la contro-versia entre el demandante y el demandado Benitez Rexach, siempre que, desde luego, dicha sentencia de desestimación no fuera afectada por tal paso o procedimiento ulterior. Benitez Rexach es el único demandado que tiene algún interés en la confirmación o revocación de la orden dictada en res-puesta a su moción para eliminar ciertas alegaciones de la demanda. La confirmación o revocación de esa orden o la confirmación o revocación de la sentencia desestimando la de-manda en lo que se refiere — y sólo en lo que se refiere — al demandado Benitez Rexach, no privaría a los otros deman-dados de ningún beneficio o provecho resultante de la senten-cia de desestimación en cuanto a ellos.

Según se indica en el caso de Bell v. San Francisco Savings Union, 153 Cal. 64, 71:

“Si una sentencia puede ser modificada en cualquier forma favorable al apelante sin menoscabar los intereses de la parte no notifi-cada, no se desestimará la apelación. En tal caso la corte decidirá, no obstante el haberse dejado de notificar a nna de las partes, ‘el caso respecto a los intereses de las otras partes, en tanto en cuanto pueda hacerse sin lesionar’ los intereses de la parte que no ha sido notificada. (Burnett v. Pierce, 149 Cal. 178, (86 Pac. 603) ; Williams v. Santa Clara Min. Assoc., 66 Cal. 195, (Pac. 85).”

A fin de que el apelante pneda obtener la revisión de la resolución recaída sobre la moción para eliminar, debe decla-rarse sin lugar la moción para desestimar el presente recurso.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


text:
    Bautista Lebrón González, demandante y apelado, v. Juan Bautista Montalvo Benítez, demandado y apelante.
    No. 6010.

    Sometido: Abril 11, 1932.

      Resuelto: Abril 15, 1932.

      Mariano B. Acosta, abogado del apelante; Víctor P. Martínez, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Solicita la parte apelada en este caso la desestimación del recurso, basándose en que la sentencia recurrida no es apela-ble y en que si lo fuera la apelación se estableció después de vencido el término de ley. La parte apelante se opuso a la moción de desestimación.

La sentencia recurrida se dictó resolviendo definitiva-mente un pleito sobre injunction para recobrar la posesión, tramitado de acuerdo con las leyes especiales Nos. 43 de 1913 y 11 de 1917 y se alega que porque en la ley especial no se otorga expresamente el recurso de apelación, éste no existe. No tiene razón el apelado. Es claramente aplicable el ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que dispone que: “Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los siguientes casos: 1. De una sentencia definitiva pronun-ciada en un pleito o procedimiento especial,.”

Tampoco tiene razón la parte apelada en su segunda contención. El heclio de que la sentencia se dicte en corte abierta no releva al secretario de cumplir con el deber de notificar la sentencia a la parte perjudicada, que le impone la sección 2 de la ley de 9 de marzo de 1911 para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, Comp. 1911, p. 902. El término para apelar no se cuenta a partir del pronunciamiento sino del archivo con los autos de la copia de la notificación de la sentencia. Y contado así el término en este caso, resulta que la notificación de apelación se archivó en tiempo. La Ley No. 33 de 1915 que invoca el apelado, no es aplicable. Se dictó para los casos que él mismo especifica y éste no es uno de ellos.

Debe declararse no haber lugar a la desestimación solici-tada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

text:
    María Dolores Santiago Rivera Vda. de Costas, demandante y apelada, v. Julio Benvenutti y Belén Caballero de Benvenutti, demandados; Isabel Torres de Amy, interventora y apelante.
    No. 6022.

    Sometido: Abril 11, 1932.

      Resuelto: Abril 15, 1932.

      C. Domínguez Rubio, abogado de la apelante; Tous Soto <& Zapater, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece de los autos en este caso que María Dolores Santiago radicó demanda en cobro de dinero contra Julio Ben-venutti y Belén Caballero de Benvenutti, y solicitó y obtuvo una orden de embargo, en virtud de la cual se embargó ga-nado de la propiedad de los demandados.

Posteriormente los mismos bienes fueron embargados respectivamente, en acciones de la misma índole promovi-das por el Crédito y Aborro Ponceño, el National City Bank,. Isabel Torres viuda de Amy, la Central Aguirre Sugar Company y el Banco Territorial y Agrícola.

La interventora y apelante, Isabel Torres viuda de Amy, alega tener úna preferencia para el cobro de su crédito ba-sándose en que el ganado embargado estaba, alrededor de la fecba de los embargos, en la finca arrendada por ella al de-mandado Jubo Benvenutti. La mayor parte de los bienes embargados fué colocada bajo la custodia de Francisco A. Santini, designado depositario de dichos bienes.

*Los demandados Julio Benvenutti y Belén Caballero de Benvenutti, solicitaron el nombramiento de un síndico para la administración de los bienes embargados, con admisión de fianza, y sin remuneración alguna. A esta solicitud se allanaron todos los demandantes con excepción de la inter-ventora, Isabel Torres viuda de Amy.

La demandante María Dolores Santiago, en moción pre-sentada a la corte, solicitó que se ordenase al depositario Francisco A. Santini que de los fondos en su poder proce-dentes de los frutos del ganado embargado se pague a la mencionada demandante la cantidad de $3,714 por ocupa-ción de las fincas que fueron cedidas en arrendamiento a los demandados.

En apoyo de esta moción, María Dolores Santiago alega entre otras cosas que de acuerdo con la escritura de arren-damiento, acompañada a la demanda como fundamento de la misma, el canon convenido fue de $7,000 anuales, o sea $583.33 1/3 mensuales; que el ganado embargado a los de-mandados fué depositado bajo la custodia de Francisco A. Santini y que éste ocupó desde la fecha del embargo las fin-cas arrendadas con el- referido ganado, teniendo en su poder fondos bastantes para satisfacer los cánones de arrenda-miento devengados desde la fecha de dichos embargos; que el referido depositario con el fin de poder utilizar las fincas referidas subarrendó a Julio Benvenutti- las mismas por el mismo canon de arrendamiento convenido y término de quince años.

A esta moción se opuso también la apelante Isabel Torres Yda. de Amy. Ambas mociones fueron vistas en corte abierta con asistencia de todas las partes, quienes se alla-naron a la concesión de lo solicitado con excepción de la ape-lante. La Corte de Distrito de Gfuayama resolvió ambas mociones favorablemente, designando a Francisco Antonio Santini síndico de los bienes embargados, bajo la prestación de una fianza por $5,000 y sin derecho a remuneración al-guna, y autorizando al síndico para que de los fondos en su poder, así como de los que obtenga con la venta' del gan’ado embargado, con autorización de la corte, vaya abonando a la demandante, María Dolores Santiago y Bivera, el importe de los cánones de arrendamiento a partir de la fecha en que fné ocupada la propiedad por el depositario y a razón de $583.33 1/3 mensuales hasta cubrir la suma de $3,714.

Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación por la interventora Isabel Torres viuda de Amy, y ahora com-parece la demandante y apelada, María Dolores Santiago, solicitando la desestimación del recurso, por no ser apelable la orden dictada por la corte inferior ni en cuanto nombra a un síndico ni en cuanto ordena a dicho síndico disponga de una cantidad de los fondos en su poder para el pago de cier-tos cánones de arrendamiento de la finca ocupada por Francisco A. Santini en su carácter de depositario del ganado embargado. También se alega que la parte interventora y apelante no es parte en este caso ni resulta perjudicada o afectada por la orden de la corte por no ser reembargables los bienes embargados.

Esta Corte Suprema ha sostenido en repetidas decisiones que una orden nombrando un síndico es inapelable, y por lo tanto la apelación de esta orden debe desestimarse.

En cuanto a la cantidad de dinero que se ordena pa-gar a la parte demandante y apelada de los fondos en poder del síndico, procede determinar si este pronunciamiento de la corte se encuentra comprendido o no dentro de las disposiciones del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. No se trata en este caso de una orden comprendida dentro del inciso tercero del mencionado artículo. Tampoco puede aplicarse el inciso segundo, porque no se trata de una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior. Eliminados estos dos incisos de nuestra consideración tócanos únicamente resolver si se trata o no en este caso de una sentencia definitiva, que resuelva por completo y sin necesidad de ulteriores procedimientos los derechos de las partes en lo que se refiere a la cantidad que se ordena pagar a la parte demandante y apelada con fondos procedentes de la admi-nistración.

De la transcripción de antos radicada en este caso apa-rece únicamente que la demandante y apelada promovió una acción en cobro de pesos contra Julio Benvenntti y Belén Caballero de Benvenntti. Como la demanda original no apa-rece transcrita en los antos, ignoramos cnáles son sns alega-ciones y fundamentos, aunque parece deducirse que se trata de una acción sobre pago de cánones de arrendamiento. Sa-bemos que se ordenó al síndico pagar a la demandante y ape-lada, María Dolores Santiago, la cantidad de $3,714. En-tendemos que esta orden de pago determina definitivamente los derechos de las partes con respecto a esta suma que forma parte de los bienes embargados. Si María Dolores Santiago hubiese promovido una acción para obtener el pago de esta suma y se hubiese resuelto el litigio a su favor, la sentencia recaída no le hubiera reconocido un derecho superior al que ha obtenido en virtud de la sentencia de la corte inferior or-denando al síndico el pago de la mencionada cantidad. Se trata, en nuestro concepto, de una sentencia definitiva. Es verdad que los demandados se allanaron al pago de esta suma, pero la parte interventora se opuso y como se trata de bienes afectados por el embargo, en los cuales dicha parte interventora reclama un derecho de prelación, es evidente que dicha parte resulta afectada por este pronunciamiento que tiene todo el carácter de una sentencia definitiva.

No está de más hacer constar que la corte declara en su resolución que el canon de arrendamiento aceptado por el depositario le parece en un todo excesivo actualmente. Agrega la corte inferior que dicho canon fue convenido en época en que la propiedad inmueble tenía un gran valor, que es de todos conocida la situación actual y la depresión que ha sufrido la propiedad inmueble en Puerto Rico, y que la corte se ve obligada a aceptar, aunque no muy gustosamente, el canon establecido sin perjuicio de que la parte opositora indique una manera de solucionar este problema para con-seguir economías que serían beneficiosas para todos. La corte aconseja al depositario, boy síndico en virtud de la orden del tribunal, y a todas las partes que bagan las gestiones ne-cesarias para que dicbo canon de arrendamiento sea redu-cido o para que se trate de obtener otra propiedad en la cual pueda cuidarse el ganado y explotarse debidamente la vaque-ría en las mismas condiciones en que se liace actualmente.

Examinemos abora la jurisprudencia establecida por los tribunales, interpretando disposiciones idénticas a las com-prendidas en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. La doctrina sentada por la Corte Suprema de Colorado en el caso de Standley v. Hendrie, 55 Pac. 723, puede ser aplicada al presente caso. Nos abstenemos de bacer una relación concisa de los beclios en este caso porque entende-mos que una copia de las partes pertinentes de esta decisión llena completamente nuestros propósitos. De la opinión de la Corte Suprema de Colorado extractamos lo siguiente:

“En agosto de 1897 los apelados, que ahora solicitan la desesti-mación de esta apelación, radicaron su demanda contra The Crovm Point & Virginia Gold-Mining Co., siendo el objeto de esta acción obtener el nombramiento de un síndico para liquidar los negocios de dicha compañía. Se nombró un síndico. Los apelantes, con la ex-cepción de Mayhew, intervinieron con el propósito de proteger sus derechos en la propiedad en la cual la compañía estaba interesada, alegando que ellos eran acreedores hipotecarios de la compañía, y que habían ejecutado sus hipotecas y vendido la propiedad bajo de-cretos de ejecución, y retenido certificados al efecto. Mayhew tam-bién radicó su petición de intervención con el mismo propósito, ale-gando que sus derechos en la propiedad, en la cual se alegaba que la compañía tenía un interés, eran superiores a tal interés en virtud de derechos adquiridos bajo las ventas en ejecución. Se alegó que los derechos de todos estos acreedores interventores de la compañía surgieron con anterioridad al comienzo de esta acción. En la ad-ministración de la propiedad por el síndico se incurrió en deudas, y el presente síndico radicó su petición solicitando autorización para expedir certificados de deuda a fin de satisfacer estos reclamos, y solicitó además que tales certificados constituyesen un gravamen so-bre la propiedad de la compañía. Los apelados que radicaron la moción para desestimar esta apelación, comparecieron en la vista, de la misma y urgieron que fuese concedida. Los apelantes se opusie-ron. La sentencia de la corte autorizaba al síndico a espedir certi-ficados por una cantidad de $5,067.60 y una suma adicional de $1,000 para ser utilizada en la futura preservación y protección de la propiedad, y ordenaba que tales certificados constituirían un gravamen en la propiedad, superior a la deuda hipotecaria, a los títulos expedidos por el “sheriff”, o “judgment liens”, bajo los cua-les los apelantes alegan o ser dueños de la propiedad o tener dere-cho a un gravamen en la misma. Esta sentencia o decreto ha sido traída a esta corte por los apelantes para ser revisada en apelación, y ahora los apelados antes mencionados solicitan que dicha apela-ción sea desestimada por las razones siguientes:.segundo, que no se trata de una sentencia final; tercero, que la apelación no procede contra los apelados por la razón de que ellos no fueron parte al procedimiento que originó dicha apelación, porque tales procedi-mientos fueron promovidos a solicitud del síndico;.
“* * « * *
“2. Una sentencia que fija los derechos de las partes en la ac-ción en qué ha sido dictada y no deja nada por hacer antes que dichos derechos sean determinados, es definitiva. Lipe v. Fox, 21 Colo. 140, 40 Pac. 353; Dusing v. Nelson, 7 Colo. 184, 2 Pac. 922; Daniels v. Daniels, 9 Colo. 133, 10 Pac. 657. En el último caso la corte copia, con aprobación, de Sharon v. Sharon (Cal.) 7 Pac. 456, lo siguiente: ‘Una sentencia final no es necesariamente la última sentencia en una acción. Una sentencia que es conclusiva sobre cual-quier cuestión en un caso, es final con respecto a tal cuestión. El Código autoriza una apelación de una sentencia definitiva y no de la sentencia definitiva en una acción. ’ De modo que la fórmula apli-cable es que si la sentencia .pronunciada es de la naturaleza de una sentencia definitiva y si realmente lo es sobre la cuestión adjudicada, entonces se convierte en una sentencia definitiva, o, en otras pala-bras, cuando la sentencia pronunciada es final con respecto a los de-rechos de las partes en la cuestión envuelta y resuelta, y separable de cualquier otra que pueda ser dictada en la acción, entonces, con respecto a tal cuestión, es una sentencia definitiva. Trustees v. Greenough, 105 U. S. 527; Guarantee T. & S. D. Co. v. Philadelphia R. & N.E.R. Co. (Conn.) 38 Atl. 792; In re Farmers’ Loan & Trust Co., 129 U. S. 206, 9 Sup. Ct. 265. Las cuestiones presen-tadas a la corte inferior y determinadas en este procedimiento fueron el montante de deudas incurridas bajo la administración del pre-sente síndico y sus predecesores, qué cantidad adicional fué nece-saria para el uso del síndico en el desempeño de su administración y cómo el montante así determinado sería acreditado y asegurado; el decreto en este último respecto, según se ha dicho anteriormente, ordena que los certificados que el síndico fué autorizado a expedir constituirían un primer gravamen sobre la propiedad de la compa-ñía. En esta moción nosotros no nos hemos detenido a considerar los méritos de la controversia, ni cuáles puedan ser los derechos de las partes respectivas; pero, según nosotros entendemos, los ape-lantes alegan que el gravamen de los certificados del síndico es con-siderado superior a los suyos en ciertas propiedades. Si estos cer-tificados son expedidos en cumplimiento de la orden querellada, y obtenidos por determinadas partes mientras la orden decretando el gravamen constituido para su seguridad permanece sin revocar, no-sotros no vemos cómo podría ser posible para la corte, en el curso subsiguiente de los procedimientos en este caso con respecto al mismo objeto, decir que los tenedores de tales certificados debían estable-cer su derecho de prioridad de pago independientemente de la or-den bajo la cual dichos certificados fueron expedidos, sino que por el contrario bajo tal orden o decreto tales tenedores de bonos ten-drían derecho al gravamen provisto para su seguridad. Conforme a la alegación de los apelantes, esta orden ha cambiado su relación con respecto a la propiedad de dicha compañía y desplaza sus dere-chos en perjuicio suyo; y en la cuestión con respecto al montante por el cual estos certificados pueden ser expedidos y el gravamen que llevan consigo contra lo que los apelantes alegan ser sus dere-chos, la decisión es definitiva.
“3. Esta acción fué originalmente instituida por los apelados que ahora piden la desestimación de esta apelación. -Fué a su instancia que un síndico fué nombrado, bajo cuya administración, o aquella de sus predecesores, los gastos que ahora se han convertido en un gravamen sobre la propiedad, superior al de los apelantes, fueron incurridos. La sentencia de la cual se querellan los apelantes fué dictada a instancias del síndico.Cualquier parte interesada tendría derecho a objetar a los pasos dados por el síndico y a que tales objeciones fuesen discutidas y determinadas por la corte en la cual la acción estaba pendiente. Tal persona también tendría el derecho de ser oída sobre cualquier solicitud que el síndico pudiera dirigir a la corte; y las órdenes en relación a sus actos siendo para el beneficio de todos, necesariamente se concluye que si se dicta una orden con la cual las partes interesadas no están conformes, sino que se sienten agraviadas, y que es de tal carácter que puede ser revi-sada en apelación, es necesario que aquellos que presten su asenti-miento tengan una oportunidad de ser oídos en tal apelación, y los apelantes son por lo tanto no sólo propias partes, sino necesarias a esta acción en esta corte.”

La Corte Suprema de California sostiene idéntica doctrina en los casos de Los Angels v. Los Angeles C. Water Co., 134 Cal. 121; Estate of Welch, 106 Cal. 427, y Grant v. Superior Court, 106 Cal. 324. En el caso de Los Angeles v. Los Angeles, supra, la Corte Suprema de California dice que cualquier parte agraviada por una orden de esta natu-raleza puede apelar a dicha corte, siendo esta doctrina bien reconocida. En Grant v. Superior Court, supra, la Corte Suprema de California se negó a expedir un auto de prohi-bición para que la corte inferior se abstuviera de expedir una orden fijando la compensación de un síndico, dando como una razón que si la corte inferior ordenaba el pago de dicha compensación de los fondos en poder del síndico, tal or-den, bajo cualquier nombre que pudiese designarse, sería una sentencia definitiva en una cuestión colateral derivada de la acción y sería apelable por cualquier parte interesada en el fondo, y que, puesto que una apelación podía ser inter-puesta de tal orden, el auto de prohibición no debía expe-dirse. La misma doctrina ha sido sostenida en el caso de Trustees v. Greenough, 105 U. S. 527.

La [Darte interventora y apelante embargó con posterio-ridad a la demandante y apelada, María Dolores Santiago, los mismos bienes embargados por esta parte. La corte inferior en la resolución apelada autoriza al síndico para lle-var a cabo ventas privadas del ganado embargado y para pagar a la demandante y apelada la mencionada cantidad de $3,714 de los fondos en su poder, así como de los que ob-tenga por la venta del ganado embargado. La interventora y apelante alega un derecho de prelación sobre estos bienes. Es claro y evidente que la sentencia dictada afecta a dicha parte en los derechos alegados. En esta moción sobre de-sestimación de apelación nos limitamos exclusivamente a considerar los derechos de las partes en la forma en que Ran sido alegados sin penetrar en los méritos de las cuestio-nes envueltas como podríamos hacerlo en apelación.

. Por las razones expuestas entendemos que no procede la apelación en lo que se refiere al nombramiento de síndico y que debe desestimarse la moción de la parte apelada en los demás extremos de la misma.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Albert E. Lee & Son, demandante y apelada, v. Dr. Agustín Sánchez, María M. de Sánchez y Miguel A. Guevara, demandados y apelantes.
    No. 6028.

    Sometido: Abril 18, 1932.

      Resuelto: Abril 22, 1932.

      V. M. Fernández, abogado de los apelantes; Carlos J. Torres, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso en que la Corte de Distrito de San Juan, en apelación, señaló día para el juicio del pleito.- Los demandados dejaron de comparecer al juicio. A instancias de la demandante, la corte dictó sentencia y los demandados apelaron. La apelada solicita que desestimemos esta apela-ción por frívola.

Si se examina la opinión de la corte inferior sometida por los apelantes, se verá qne la corte consideró qne las ale-gaciones establecían nn caso prima facie a favor de la deman-dante, y, por consiguiente, que era deber de los demandados probar las alegaciones positivas de su contestación, y qne no lo hicieron así. No aparece, por tanto, según sostienen los apelantes, qne la corte dictara sentencia sólo por las alega-ciones, sino qne lo cierto fné qne hubo un juicio y los deman-dados tuvieron la oportunidad de presentar su defensa y dejaron de hacerlo.

Los demandados también alegaron por falta de información y creencia que el pagaré transcrito en la demanda fuera el mismo que ellos habían suscrito. Una alegación por falta de información y creencia era insuficiente. Artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil; Eneglotaria v. Sosa, 38 D.P.R. 604; Antonsanti v. Axtmayer, 38 D.P.R. 782; Miranda v. National, etc., 41 D.P.R. 292.

Debe desestimarse el recurso.