text:
      In re Alexis Alejandro Zúniga, querellado.

      Número: AB-2017-017

      Resuelto: 28 de junio de 2017

      Mariam E. Santiago Torres, querellante.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión inme-diata e indefinida de un miembro de la profesión jurídica por incumplir con su deber de contestar una queja presen-tada en su contra y por desobedecer las órdenes de este Tribunal.

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El 22 de julio de 2016, la Sra. Mariam E. Santiago Torres (promovente) presentó una queja contra el Ledo. Alexis Alejandro Zúniga (letrado). En conformidad con el procedimiento dispuesto en la Regla 14(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, el 1 de febrero de 2017 la Secretaría de este Tribunal cursó una comuni-cación al licenciado Alejandro Zúniga para que contestara la queja. El letrado incumplió. Ante ese cuadro, la Secre-taría le cursó otra comunicación el 23 de febrero de 2017, en la que le concedió al letrado un término final de 10 días para contestar la queja.

Habida cuenta que el licenciado Alejandro Zúniga in-cumplió con los requerimientos de la Secretaría, el 24 de abril de 2017 este Tribunal emitió una resolución mediante la cual le ordenó que contestara la queja en un término final e improrrogable de 5 días. Además, fue apercibido de que su incumplimiento conllevaría sanciones disciplinarias severas, inclusive la suspensión del ejercicio de la profesión. El licenciado Alejandro Zúniga fue notificado personalmente el 18 de mayo de 2017, con copia de la resolución. A pesar de ello, el letrado incumplió con nues-tra orden y no compareció.

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Sabido es que nuestro Código de Ética Profesional establece “las normas mínimas de conducta que deben ex-hibir los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de sus funciones”. In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015) (per curiam). Véanse, también: In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015) (per curiam); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014) (per curiam). Específicamente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional dispone que los abogados y abogadas “debe[n] observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Canon 9 del Código de Ética Profesional (1970), 4 LPRA Ap. IX. Como consecuencia “de ese deber, las personas que ejercen la profesión de la abogacía tienen que cumplir pronta y diligentemente con las órdenes de todos los tribunales, al igual que con todas las entidades públicas que intervienen en los proce-sos disciplinarios contra un letrado, incluyendo la Secretaría de este Tribunal”. In re Pérez Rojas, 195 DPR 571, 573 (2016) (per curiam)., Véanse, también: In re Maldonado Nieves, 192 DPR 973, 980—981 (2015) (per curiam); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011) (per curiam). Por lo tanto, “[a]sumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes, denota falta de respeto hacia nues-tra autoridad, por lo que viola dicho canon”. In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015) (per curiam). Véase, también, In re Cardona Veguet, 192 DPR 532, 537 (2015) (per curiam).

En múltiples ocasiones nos hemos visto obligados a disciplinar a abogados que incumplen con su deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal y acatar nuestras órdenes. In re Alicea Martínez, 195 DPR 855, 856-857 (2016) (per curiam); In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460-461 (2013) (per curiam); In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013) (per curiam). Desaten-der nuestros requerimientos “es incompatible con la prác-tica de la profesión”, pues constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y menoscaba “nuestro poder inherente de regular el ejercicio de la profesión legal”. In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015) (per curiam). Véanse, también: In re López González et al., 193 DPR Ap. (2015) (per curiam); In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829. Por lo tanto, tal conducta conlleva la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re López González et al., supra, Caso Núm. TS-9843, págs. 6-7; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829. Nótese que, en lo que concierne a los procesos disciplinarios, “los abogados y las abogadas tienen la ‘ineludible obligación de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra’ ”. In re Alicea Martínez, supra, pág. 857, citando a In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009) (per curiam).

Al amparo de la normativa jurídica expuesta, evaluare-mos la conducta exhibida por el abogado de epígrafe.

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Este Tribunal concedió al licenciado Alejandro Zúniga amplias oportunidades para que compareciera ante nos y contestara la queja presentada por la promovente. Este in-cumplió nuestras órdenes. De lo anterior, resulta claro que el letrado ha asumido una actitud despreocupada en cuanto a este asunto. Asimismo, ha tomado livianamente nuestros requerimientos.

Así pues, la dejadez y la desidia de este abogado nos obligan a decretar que ha incumplido con su deber de guar-dar el mayor respeto hacia este Tribunal. Al hacerlo relegó su responsabilidad de regirse por el Código de Etica Profe-sional, el cual exige diligencia a quienes ejercen la profe-sión jurídica.

IV

Por los fundamentos que anteceden, suspendemos inme-diata e indefinidamente al Ledo. Alexis Alejandro Zúniga del ejercicio de la abogacía y la notaría. La fianza notarial del señor Alejandro Zúniga queda automáticamente cance-lada, mas se considerará buena y válida por 3 años después de su terminación en cuanto a los actos realizados por el señor Alejandro Zúniga durante el periodo en que la misma estuvo vigente.

Por su parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del se-ñor Alejandro Zúniga y entregarlos al Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías para la correspondiente in-vestigación e informe. Asimismo, se impone al señor Alejandro Zúniga el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y a devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar inme-diatamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del tér-mino de 30 días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia. Se ordena a la Oficina del Alguacil de este Tribunal que notifique perso-nalmente esta opinión “per curiam”y sentencia al Sr. Alexis Alejandro Zúniga.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El Lcdo. Alexis Alejandro Zúniga fue admitido a la abogacía el 20 de febrero de 2008 y prestó juramento como notario el 18 de julio de 2008.

       Cuando la Sra. Mariam E. Santiago Torres presentó la queja de referencia, los documentos que incluyó para sustentar su reclamo estaban incompletos. Una vez presentó los documentos completos, se le notificó al licenciado Alejandro Zúniga de la presentación de la queja.


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text:
      In re Maricarmen Márquez Colón, querellada.

      Número: AB-2014-0464

      Resuelto: 29 de junio de 2017

      Francisco Valdés Pérez, querellante; Manuel E. Ávila de Je-sús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Maricarmen Márquez Colón, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión nos corresponde determinar si la Leda. Maricarmen Márquez Colón violó diversos cá-nones del Código de Etica Profesional, así como ciertas dis-posiciones de la ley y del reglamento notariales. Con tal de resolver, es necesario realizar un recuento detallado de los hechos que dieron lugar a la queja presentada en su contra, al igual que efectuar un examen del derecho sustan-tivo aplicable al caso. Veamos.

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El 16 de marzo de 2010, el Sr. Francisco Valdés Pérez le vendió al matrimonio compuesto por su hijo, el Sr. Pedro E. Valdés Ortiz, y la esposa de éste, la Sra. Yidalis Nerys Arroyo, el solar Núm. 23 del bloque L de la Urb. Bonneville Terrace en Caguas, Puerto Rico, y el inmueble de dos (2) plantas que radicaba en este predio. Según lo estipulado, los compradores suscribieron un pagaré personal a favor del señor Valdés Pérez por $150,000 y le cedieron el uso, disfrute o derecho a alquilar la primera planta del referido inmueble.

Posteriormente, el 15 de mayo de 2013, la Leda. Maricar-men Márquez Colón autorizó la Escritura Número 3 sobre Compraventa y Cesión de Derechos (Escritura Núm. 3). En ésta compareció la señora Nerys Arroyo como parte vende-dora y el señor Valdés Ortiz como parte compradora. Me-diante esta escritura, la señora Nerys Arroyo le vendió, ce-dió y traspasó al señor Valdés Ortiz su participación sobre el solar e inmueble en cuestión por $3,000.

Ahora bien, durante junio de 2013, el señor Valdés Pé-rez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda contra la señora Nerys Arroyo, el señor Valdés Ortiz y otros. En lo pertinente, éste alegó que los deman-dados incumplieron el referido contrato de compraventa. La señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz decidieron contratar a la licenciada Márquez Colón para que los re-presentara en el pleito en cuestión. Por consiguiente, el 16 de septiembre de 2013 ésta presentó la contestación a la demanda.

Durante el transcurso del pleito, el 5 de febrero de 2014, la licenciada Márquez Colón autorizó la Escritura Núm. 2 sobre Donación (Escritura Núm. 2). A pesar del negocio jurídico que surge de la Escritura Núm. 3, se consignó en esta escritura que la señora Nerys Arroyo le donó al señor Valdés Ortiz el solar e inmueble descritos. Asimismo, cabe señalar que la licenciada Márquez Colón hizo constar en la escritura que: (1) la señora Nerys Arroyo era dueña en pleno dominio de la propiedad en cuestión; (2) que ella ha-bía adquirido la propiedad por medio de la Escritura Núm. 80 de 2 de diciembre de 2010, autorizada por el Ledo. Rafael Lasa; (3) que para la preparación de la escritura se utilizó un estudio de título preparado por un tercero con fecha de 4 de enero de 2006, y (4) que surgía del Registro de la Propiedad que la referida propiedad se encontraba inscrita a favor de la señora Nerys Arroyo en comunidad proindiviso con la Sra. Casimira Maldonado Ríos.

El 1 de diciembre de 2014, el señor Valdés Pérez pre-sentó ante este Tribunal una queja contra la licenciada Márquez Colón. En síntesis, argüyó que la señora Nerys Arroyo, el señor Valdés Ortiz y la licenciada Márquez Co-lón confabularon para llevar a cabo una compraventa simulada. Para sustentar su alegación, argüyó que la se-ñora Nerys Arroyo nunca fue dueña en pleno dominio de la propiedad objeto de la Escritura Núm. 3 y que en esta es-critura no se hizo constar la deuda de $150,000 que la se-ñora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz habían suscrito a su favor.

El 20 de enero de 2015, la licenciada Márquez Colón compareció ante este Foro mediante una Contestación a querella. En síntesis, argüyó que la Escritura Núm. 3 no contenía un negocio jurídico simulado, pues no medió in-tención de defraudar y que ésta se autorizó con anteriori-dad a la presentación de la demanda en cuestión. Por otro lado, planteó que no faltó a la fe pública notarial, ya que investigó los hechos necesarios para conformar el negocio jurídico a la voluntad de las partes y realizó las adverten-cias correspondientes. Asimismo, aclaró que no consignó la existencia del pagaré privado suscrito por la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz a favor del señor Valdés Colón, tras razonar que la deuda no constituía un gravamen hipotecario. Por último, alegó que la Escritura Núm. 3 no se había presentado en el Registro de la Propie-dad, por lo que se limitaron los daños que el señor Valdés Pérez pudo haber sufrido y que las faltas existentes podían ser subsanadas.

El 6 de mayo de 2015, referimos el asunto a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Ahora bien, el 13 de julio de 2015, el señor Valdés Pérez presentó un escrito adicional ante ODIN respecto a la queja de referencia. Ade-más de reiterar sus señalamientos originales, alertó a ODIN sobre la presentación de la Escritura Núm. 2 sobre donación en el Registro de la Propiedad y sobre la existen-cia de varias escrituras de compraventa que autorizó la licenciada Márquez Colón respecto a un inmueble sito en el solar G-3 de la Urb. Bonneville Gardens en Caguas, Puerto Rico.

Posteriormente, la licenciada Márquez Colón presentó una Contestación a escrito con fecha de 13 de julio de 2015. En lo que nos concierne, ella informó que la Escritura Núm. 2 fue un error y que fue el señor Valdés Ortiz el que la presentó ante el Registro de la Propiedad. Asimismo, aclaró que una vez se enteró de tal proceder, retiró la escritura.

El 18 de octubre de 2016, emitimos una Resolución me-diante la cual se le concedió un término de 20 días a ODIN para que rindiera su informe sobre la queja. A esos efectos, el 24 de octubre de 2016, ODIN presentó su Informe para la consideración de este Tribunal. En éste se realizó un recuento de todos los hechos reseñados y se concluyó que la licenciada Márquez Colón:

1. incumplió con lo dispuesto en el Canon 35 de Ética Profe-sional y el Artículo 2 de la Ley Notarial al autorizar instru-mentos públicos cuyos negocios jurídicos son incompatibles, por lo que ella conocía que entre las partes se realizó un nego-cio jurídico diferente al contenido en las escrituras autoriza-das;
2. incumplió con lo dispuesto en la Regla 5 del Reglamento Notarial al asumir la representación legal de una de las partes otorgantes en un caso relacionado a los diversos instrumentos públicos por ella autorizados;
3. incumplió con el Artículo 29 de la Ley Notarial y la Regla 39 del Reglamento Notarial;
4. incumplió con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley Notarial y en la Regla 49 al no conocer lo allí requerido para certificar copias de los documentos que ha autorizado; y
5. entorpeció de manera reiterada e injustificada la labor in-vestigativa de la ODIN en el proceso de cumplir con lo dis-puesto en la Regla 14(D) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, aspecto que representa una infracción al Canon 9 de Ética Profesional. (Citas omitidas). Informe, pág. 22.

Así pues, ODIN le recomendó a este Tribunal que se evaluara la posibilidad de imponer sanciones severas contra la licenciada Márquez Colón. En particular, sugirió que se le censurara enérgicamente o se le suspendiera por tres meses del ejercicio de la notaría.

El 9 de noviembre de 2016, mediante Resolución, le con-cedimos a la licenciada Márquez Colón un término de veinte días para que se expresara en torno al Informe pre-sentado por ODIN. El 30 de noviembre de 2016, ésta com-pareció mediante escrito intitulado R[é]plica al informe de ODIN.

En síntesis, la licenciada Márquez Colón argüyó —res-pecto a la incompatibilidad de funciones— que renunció a la representación legal de la señora Nerys Arroyo y el se-ñor Valdés Ortiz tan pronto identificó que el pleito presen-tado por el señor Valdés Pérez podía estar relacionado de alguna forma con el negocio jurídico autorizado mediante la Escritura Núm. 3. Por otra parte, planteó que la autori-zación de la Escritura Núm. 2 sobre donación fue un error, que le explicó al señor Valdés Ortiz que no podía coexistir con la compraventa ya efectuada y puntualizó que retiró la escritura del Registro de la Propiedad, una vez se enteró que el señor Valdés Ortiz la había presentado. Por último, admitió que erró al no consignar la información relacio-nada con el pagaré personal en la Escritura Núm. 3. Pero, reiteró que ese error se remedió mediante las dos actas de subsanación que autorizó durante el 2015.

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El desempeño de la función notarial supone una labor inherentemente pública. A esos efectos, la Ley Notarial de Puerto Rico autoriza al notario a "dar fe y autentici-dad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales”. 4 LPRA see. 2002. Asimismo, está llamado a recibir e interpretar la voluntad de los otorgantes con tal de darle forma y autori-dad legal. Id. Al así obrar, el notario se convierte en el guar-dián de la fe pública. Véase In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000).

Por otra parte, hemos reconocido que la función notarial juega un papel esencial en el tráfico jurídico. Por ello, el notario tiene que “ser en extremo cuidadoso, así como desplegar sumo esmero y celo en su desempeño profesional”. In re González Maldonado, supra, pág. 896. Así, pues, se requiere del notario un estricto cumplimiento con la ley y el reglamento notariales, el Código de Ética Profesional y los demás preceptos sustantivos que rigen los negocios jurídicos a los que éstos dan forma. Véanse: Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 657 (2005); In re Torres Olmeda, 145 DPR 384 (1998).

En consecuencia, el notario tiene la obligación de propiciar y asegurar que las partes, al realizar un negocio jurídico, estén debidamente informadas sobre los pormeno-res del acto que llevarán a cabo. Véase Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 436-437 (1984). Asimismo, éste “tiene que cerciorarse de hacerles a las partes todas aquellas explica-ciones, aclaraciones y advertencias necesarias para lograr el consentimiento informado de los otorgantes”. In re Jiménez Brackel, 148 DPR 287, 295 (1999).

Con tal de cumplir con ello, “[l]a fe pública notarial im-pone al notario el deber de hacer las averiguaciones míni-mas que requieren las normas de la profesión al momento de autorizar el otorgamiento de la escritura”. In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009). Véase, además, In re Vera Vélez, 148 DPR 1, 9 (1999). Incluso, en casos donde el no-tario tenga duda sobre lo expresado por un otorgante, tiene la obligación de indagar más allá de lo requerido. Véase Feliciano v. Ross, supra, pág. 659.

Cónsono con lo anterior, hemos reafirmado que el notario, además, tiene que conocer los antecedentes regís-trales de una propiedad. Sin ello, “no podrá ejercer cabal-mente su deber de información a los otorgantes ‘y habrá traicionado la fe de la que es principal guardador’ ”. (Citas omitidas). In re Ortiz Gutiérrez, 153 DPR 271, 277 (2001).

Sin duda, el incumplimiento con los referidos de-beres no solo supone un quebranto de los preceptos jurídi-cos del derecho notarial, sino que igualmente constituye un incumplimiento con los principios deontológicos que rigen la profesión legal. En lo que nos concierne, el Canon 35 del Código de Ética Profesional dispone:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean incon-sistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o fa-cilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable. 4 LPRA Ap. IX.

En esencia, este canon requiere una actuación sincera y honrada de parte del profesional del Derecho, tanto en el ejercicio de la abogacía como en su función notarial. In re Vera Vélez, supra, pág. 8. Además, es necesario subrayar que, en el contexto de la notaría, hemos expresado que la certificación de un hecho falso es una de las faltas más nocivas en que puede incurrir un notario. Véase In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681 (2015); In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 581 (2012); In re Tejada Rivera I, 155 DPR 175 (2001). Asimismo, precisamos que “se infringe este de-ber por el simple hecho de faltar a la verdad, independien-temente de los motivos de la falsedad, pues no es necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o con la intención de defraudar o engañar”. In re Peña Santiago, 185 DPR 764, 778 (2012). Por lo tanto, “es imprescindible que el notario observe la mayor pureza y honestidad en el descargo de la fe pública notarial”. In re Ramos, 104 DPR 568, 570 (1976).

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El deber del notario para con la fe pública cimenta la distinción existente entre el ejercicio de la notaría y la práctica de la abogacía. In re Colón Ramery [I], 133 DPR 555 (1993). En ciertas instancias, este contraste produce una incompatibilidad entre ambas funciones que debe ser estrictamente observada por el notario. En lo pertinente, destacamos que la Regla 5 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, prohíbe que un notario, en su carácter individual, actúe como abogado cuando:

El notario autorizante de un documento público está impe-dido de actuar posteriormente como abogado de una de las partes otorgantes para exigir en un litigio contencioso las con-traprestaciones a que se haya obligado cualquier otra parte en el documento otorgado ante él.

Esta regla tiene el propósito de “proteger la apariencia profesional de los notarios y evitar que su conducta como depositario de la fe pública notarial sea maculada por es-cepticismos de impropiedad y desconfianza”. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 826 (2011). Ello, pues, el notario puede dar “la falsa impresión de que siempre estuvo par-cializado con la parte en representación de la cual reclama”. In re Colón Ramery [I], supra, pág. 567. Véase, además, In re Cardona Álvarez, 133 DPR 588, 593 (1993).

Ahora bien, es preciso destacar que, aun en los casos en que la participación como abogado o notario no estuviese proscrita de manera específica por la Regla 5 del Regla-mento Notarial, supra, éste tiene la responsabilidad de ponderar si debe intervenir. A esos efectos, su último pá-rrafo dispone:

Queda siempre al sano juicio del notario y sus socios o com-pañeros de oficina, dentro de su responsabilidad profesional, decidir cuándo deben abstenerse de actuar aun en casos en que su actuación estuviere permitida, pero que por sus parti-culares circunstancias en la dimensión ética podrían generar un. potencial de conflicto o la apariencia de conducta impropia.

Ciertamente, al realizar esta evaluación, la introspec-ción del notario tiene que estar guiada por la imparcialidad que está llamado a salvaguardar. Recuérdese que el nota-rio no puede, en ningún caso, anteponer los intereses de uno u otro de los otorgantes. Véanse: In re Jiménez Bracket, supra, pág. 295; In re Meléndez Pérez, 104 DPR 770, 772 (1976). A fin de cuentas, la lealtad del notario es con la ley y la verdad, no con las partes. In re Molina Fragosa, 166 DPR 567 (2005); In re Avilés, Tosado, 157 DPR 867, 886 (2002).

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Según los hechos reseñados, la licenciada Márquez Co-lón autorizó la Escritura Núm. 3 sobre compraventa y cesión. En ésta, la señora Nerys Arroyo vendió, cedió y traspasó el solar Núm. 23 del bloque L de la Urb. Bonneville Terrace en Caguas, Puerto Rico, al señor Valdés Ortiz. Se puede constatar que en la sección intitulada “T[í]TULO, CARGAS Y GRAVLÁ] MENES” la licenciada Márquez Colón consignó que la propiedad estaba libre de gravámenes.

Comenzado el proceso disciplinario, la licenciada Már-quez Colón especificó en sus comparecencias que en la re-ferida sección de la escritura no se hizo referencia a la deuda de $150,000 que suscribió la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz a favor del señor Valdés Pérez, ya que ésta era una obligación personal. No obstante, posterior-mente la licenciada Márquez Colón concluyó que ello fue un error, por lo que, durante el 2015, autorizó dos actas de subsanación en las que hizo constar este hecho y anejó la Escritura Núm. 4 de la que surgía esta obligación.

Según narramos, en la Escritura Núm. 4, autorizada por la licenciada Medina Rivera, el señor Valdés Pérez le vendió la propiedad a la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz, mientras estaban casados entre sí, por la cantidad de $150.000. Según se consignó en esta escritura, la deuda se hizo constar en un pagaré personal. Asi-mismo, las partes estipularon que “[e]n consideración a que la parte vendedora [el señor Valdés Pérez] no impone intereses sobre la deuda, la parte compradora cede a la parte vendedora el uso, disfrute o el derecho a alquilar la primera planta del inmueble”. Informe, anejo VI, pág. 23.

ODIN concluyó que la licenciada Márquez Colón venía obligada a consignar en la Escritura Núm. 3 estas obligaciones. A esos efectos, determinó que la licenciada Márquez Colón “faltó a su deber de establecer los antece-dentes del inmueble objeto del negocio jurídico del instru-mento público que autorizó y falló al deber de fiducia de la fe notarial de la que se encuentra investida al dar fe de un hecho incorrecto, cuya corroboración solo dependía de revi-sar el instrumento público mediante el que las partes ha-bían adquirido la propiedad en controversia”. Informe, pág. 16. Con tal de determinar si la licenciada Márquez Colón incumplió con sus deberes como notaría respecto a este particular, es preciso examinar los principios sustantivos que fundamentan estas obligaciones. Veamos.

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Existen diferencias fundamentales entre los dere-chos reales y los derechos personales o de crédito. Los pri-meros le permiten a un titular “realizar actos de uso, dis-frute y disposición que afectan de manera directa al objeto económico del derecho”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. III Vol. I, pág. 11. En contraste, el derecho de crédito se limita a conferir la facultad a un sujeto para exigir de otro el despliegue de determinada conducta. Véase Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 DPR 197, 214 esc. 13 (1988).

Al amparo de estos conceptos jurídicos es que tenemos que evaluar el significado de los términos “cargas y gravámenes”. De ordinario, éstos se utilizan para identifi-car “limitaciones, responsabilidad [y] obligaciones de ca-rácter real que afectan a la cosa o derecho, objeto [de un] contrato, cualquiera que fuese su origen, incluso fiscal”. M.A. del Arco Torres y M. Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Granada, Ed. Comares, 1999, pág. 195. Por lo tanto, comúnmente, un derecho de crédito no constituye una carga o gravamen.

En el expediente del caso no obra una copia del pagaré suscrito por las partes. Es más, ODIN especificó en su in-forme que el señor Valdés Pérez destruyó el pagaré. In-forme, pág. 6. Sin información adicional, es forzoso concluir que la obligación que se consignó en éste era una estricta-mente personal. Por lo tanto, la licenciada Márquez Colón no tenía la obligación de hacer constar esta deuda en la escritura como un gravamen sobre la propiedad.

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Ahora bien, según comentamos, la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz también se obligaron a concederle al señor Valdés Pérez el uso, disfrute o derecho a alquilar el primer piso del inmueble sito en la finca en cuestión. Ello, a cambio de que el señor Valdés Pérez no impusiera intereses sobre el precio de compraventa de la propiedad.

En primer lugar, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de uso. En particular, el Código Civil de Puerto Rico lo define como “el derecho concedido a una persona para disfrutar graciosamente de una cosa pertene-ciente a otra, o para percibir una porción de los frutos que ella produzca, en cuanto fuere bastante para las necesida-des del usuario y de su familia”. 31 LPRA sec. 1591. Cabe destacar que este derecho constituye una carga real. Véanse: La Iglesia Católica v. El Pueblo, 11 DPR 470 (1906); L. Diez-Picazo Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, Madrid, Ed. Civitas, 2012, T. VI, pág. 229; M. Planiol y G. Ripert, Tratado elemental de Derecho Civil 472-473 (2003).

Por otro lado, el arrendamiento, de ordinario, sólo genera una obligación personal entre las partes. Véase Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 DPR 215 (1963). Claro está, satisfechos ciertos requisitos, nuestro ordena-miento jurídico reconoce que el arrendamiento puede tener acceso al Registro de la Propiedad y, al así hacerlo, adquirir carácter real. Véase Garage Coop. v. Arco Caribbean, Inc., 111 DPR 52 (1981). Véase, además, Rivera Rivera, op. cit., págs. 423-425.

Por lo tanto, el derecho de “uso y disfrute” concedido al señor Valdés Pérez, en tanto un derecho real, constituye una carga o gravamen que afecta la propiedad en cuestión. Por lo tanto, la licenciada Márquez Colón tenía la obliga-ción de consignar ese derecho en la Escritura Núm. 3. Ahora bien, no podemos concluir lo mismo sobre la facultad que la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz le con-firieron a éste para arrendar la primera planta del inmue-ble sito en la propiedad. Ello, pues, consideramos que tal facultad no constituyó un ‘arrendamiento’ que cumple con los requisitos particulares para ser considerado un derecho real.

B

Por otra parte, el 5 de febrero de 2014, la licenciada Márquez Colón autorizó la Escritura Núm. 2 sobre donación. Según reseñamos, en ésta la señora Nerys Arroyo le donó al señor Valdés Ortiz la misma propiedad objeto de la compraventa consignada en la Escritura Núm. 3. Aunque la licenciada Márquez Colón argüyó que tanto la redacción de la escritura como su presentación en el Regis-tro de la Propiedad fue un error, lo cierto es que ésta se autorizó debidamente. Por lo tanto, la Escritura Núm. 2 es un documento público que tiene que cumplir rigurosa-mente con las normas de derecho aplicables. No obstante, tras examinarla, concluimos que ésta adolece de graves faltas.

En primer lugar, destacamos que la licenciada Márquez Colón hizo constar en la Escritura Núm. 2 que la señora Nerys Arroyo era dueña en pleno dominio de la propiedad a ser donada. Este hecho, ciertamente, es falso. Ello, pues, mediante la Escritura Núm. 3 el señor Valdés Ortiz se con-virtió en el único titular de la propiedad en cuestión.

Por otro lado, se consignó en la referida escritura que la señora Nerys Arroyo adquirió la propiedad “mediante la escritura pública número ochenta y otorgada el día dos de diciembre del a[ñ]o dos mil diez, ante el Notario Público Rafael Lasa”. Informe, pág. 2. Lo anterior también es falso. Según constatamos, las partes le compraron la propiedad al señor Valdés Pérez, el 16 de marzo de 2010, mediante la Escritura Núm. 4 autorizada por la licenciada Medina Rivera.

Por otra parte, la licenciada Márquez Colón hizo constar que advirtió a los otorgantes que el inmueble aparecía ins-crito en el Registro de la Propiedad en comunidad proindi-viso con la Sra. Casimira Maldonado Ríos. Ahora bien, esto no surge de ninguno de los estudios de título o de las escri-turas que obran en el expediente. Por lo tanto, determina-mos que este hecho tampoco encuentra apoyo en el expe-diente de este caso. Por último, hacemos constar que la licenciada Márquez Colón consignó que, para autorizar la Escritura Núm. 2, utilizó un estudio de título que había preparado un tercero hacía ocho años, a saber, el 4 de enero de 2006.

Al consignar estos hechos falsos en un docu-mento público debidamente autorizado, la licenciada Már-quez Colón quebrantó el Canon 35 del Código de Ética Pro-fesional, supra. Recuérdese que, “[c]ualquier hecho aseverado en un instrumento público por un notario que no concuerde con la verdad constituye una violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, independientemente de si hubo intención de faltar a la verdad”. (Citas omitidas). In re Torres Villanueva, 168 DPR 185, 191 (2006).

El argumento de la licenciada Márquez Colón de que la autorización de la Escritura Núm. 2 fue un error, no excusa su actuación. Ello, pues, “[e]l notario es responsable de la legalidad de los documentos que autoriza, tanto en el aspecto formal como en el sustantivo”. In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 499 (2013). Véase, además, In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009). Nótese que, incluso, una violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional “puede ser el resultado de un desempeño profesional carente de la cautela y el celo que demanda la función pública del notario o de una confianza desmesurada en las manifestaciones de otros compañeros de la profesión”. In re Vera Vélez, supra, pág. 8.

Por otra parte, el señor Valdés Pérez alegó, en la queja, que la licenciada Márquez Colón ayudó a la señora Nerys Arroyo y al señor Valdés Ortiz a realizar un negocio simulado. En esencia, una simulación es “el acto o negocio jurídico que por acuerdo de las partes se celebra exteriori-zando una declaración recepticia no verdadera para enga-ñar a terceros, sea que ésta carezca de todo contenido, o bien que esconda uno verdadero diferente al declarado”. (Citas omitidas). Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 8 (1989). Ciertamente, el notario atenta contra sus deberes si sirve de instrumento para las partes otorgantes, con tal de lograr un fin que no era el expresado en la escritura. Véase In re Torres Villanueva, supra, pág. 189. Por lo tanto, “[n]uestro ordenamiento jurídico condena enérgicamente la participación consciente de un notario en el asesoramiento, redacción u otorgamiento de documentos si-mulados o faltos de veracidad, independientemente del propósito que anime dicha conducta”. Íd., pág. 190. Véase, también, In re Peña Santiago, 185 DPR 764, 780 (2012).

Respecto a este particular, ODIN concluyó que al auto-rizar la Escritura Núm. 2 sobre donación, y tras haber au-torizado la Escritura Núm. 3 sobre compraventa referente a la misma propiedad, “entre los otorgantes pudo haberse configurado una transacción simulada de contrato”. In-forme, pág. 18. Coincidimos con ODIN en que esta actua-ción levanta suspicacia, no obstante, consideramos que del expediente no surge evidencia clara, robusta y convincente para determinar que —en efecto— las actuaciones de las partes fueron conducentes a un negocio simulado.

c

Por otro lado, ODIN concluyó que la licenciada Márquez Colón incumplió con la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra. En particular, ODIN razonó que el litigio que pre-sentó el señor Valdés Pérez contra la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz se relacionaba con la propiedad objeto de las escrituras autorizadas por la licenciada Már-quez Colón. Por lo tanto, “[l]a querellada debió abstenerse de representar a las partes circunstancias particulares la ‘dimensión ética pod[ía] generar un potencial conflicto o la apariencia de conducta impropia”. Informe, pág. 19.

En lo que nos concierne, el señor Valdés Pérez argüyó en su demanda que la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz incumplieron el contrato que se consignó en la Escri-tura Núm. 4 autorizada el 16 de marzo de 2010 por la licenciada Medina Rivera. En particular, adujo que éstos no realizaron los pagos pactados respecto a la compraventa de la propiedad y que le imposibilitaron su derecho al uso de la primera planta del inmueble.

Según reseñamos, “la práctica de la profesión de abo-gado es incompatible con la práctica de la notaría cuando ambas intervenciones del abogado-notario traten sobre el mismo asunto”. In re Avilés, Tosado, supra, pág. 886. Ello es así, pues es imprescindible evitar que se trastoque la presunción de imparcialidad que impera el ejercicio del notariado y la fe pública. In re Colón Ramery, 138 DPR 793, 797 (1995). Ahora bien, tras examinar los méritos del pleito presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, concluimos que la participación de la licenciada Márquez Colón como representante legal de la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz no se ajusta a los supuestos que prohíbe la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra. A saber, ésta no intervino como abogada en un pleito donde las partes exigían contraprestaciones consignadas en una es-critura que ella misma autorizó.

Por otra parte, según discutimos, aun en instancias en las que la intervención del notario como abogado no está prohibida, éste tiene que evaluar si su actuación podría generar un potencial de conflicto de interés o la apariencia de conducta impropia.

Surge del expediente que la licenciada Márquez Colón asumió la representación legal de la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz durante agosto de 2014. Posterior-mente, conforme a su mejor criterio, ésta renunció a la representación legal durante julio de 2015. Contrario a ODIN, según la información que obra en expediente, con-cluimos que la licenciada Márquez Colón no actuó de forma tal que pudiese generar un conflicto de interés como tam-poco ejecutó alguna acción que creara una apariencia de conducta impropia. Por lo tanto, la licenciada Márquez Co-lón no violó la normativa consagrada en la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra.

D

Discutido lo anterior, resta por considerar los demás se-ñalamientos que realizó ODIN respecto a la conducta de la licenciada Márquez Colón. En síntesis, ODIN argüyó que, durante la investigación, la licenciada Márquez Colón tardó en presentar los documentos que se le habían solicitado. Asimismo, informó que ésta los entregó de forma incompleta en varias ocasiones y que desconocía cómo certificar copias de las escrituras públicas, a tenor con las disposiciones de la Ley y Reglamento Notarial. Por último, ODIN concluyó que la licenciada Márquez Colón incumplió con el Art. 29 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2047, y la Regla 39 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, al no realizar las notas correspondientes al margen de la Escritura Núm. 3 respecto a las Actas de Subsanación que luego se autorizaron.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, le impone al profesional del Derecho la obli-gación de guardar para con los tribunales una conducta de sumo respeto. Véase In re Díaz Collazo, 197 DPR 334 (2017). Como corolario, este Tribunal ha dispuesto que los notarios tienen el mismo deber respecto a las órdenes y requerimientos de ODIN. Véase In re Lebrón Arroyo, 194 DPR 932, 934-935 (2016). Por lo tanto, en ocasión en que ODIN requiera información como parte de una investiga-ción en el ámbito disciplinario, el profesional del Derecho tiene que acatar el requerimiento de forma oportuna. Ello, no solo implica una presentación diligente de lo solicitado, sino también una producción completa y correcta de la in-formación requerida. Véase In re Amiama Laguardia, 196 DPR 844, 848 (2016) (“[T]ratar con ligereza o laxitud los señalamientos de la ODIN también configura una violación del Canon 9”).

No obstante, somos del criterio que la actuación de la licenciada Márquez Colón, si bien denota descuido, no de-muestra una actitud de desidia, entorpecimiento de la in-vestigación realizada por ODIN como tampoco constituyen faltas que ameriten imponer una sanción rigurosa. Eso no significa que, en ocasiones futuras, la licenciada Márquez Colón no debe observar con mayor cuidado las disposicio-nes de la ley y el reglamento notariales, así como procurar el más estricto cumplimiento de los requerimientos de ODIN o las órdenes de este Tribunal.

IV

Al imponer una sanción disciplinaria, este Tribunal realiza un análisis de proporcionalidad con tal de pro-piciar la uniformidad de nuestros dictámenes. De un exa-men de la jurisprudencia más reciente en la que se examinó conducta violatoria del Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, podemos constatar que las san-dones varían desde un mero apercibimiento hasta una suspensión indefinida. Véanse: In re Rodríguez Gerena, 194 DPR 917 (2016); In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681 (2015); In re Charbonier Laureano, 193 DPR 409 (2015) (Resolución); In re Peña Santiago, 180 DPR 768 (2012); In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031 (2012); In re Pons Fontana, 182 DPR 300 (2011); In re Torres Alicea, 175 DPR 456 (2009); In re Molina Fragosa, 166 DPR 567 (2005); In re Vera Vélez, supra.

Por otra parte, previo a emitir nuestro dictamen, este Tribunal toma en consideración los criterios siguientes:

(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una con-ducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actua-ción; (vii) resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. In re Fingerhut Mandry, 196 DPR 327, 335 (2016), citando a In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 147 (2005).

Respecto a lo anterior, surge del expediente personal de la licenciada Márquez Colón que ésta goza de buena repu-tación y no tiene historial previo de procesos disciplinarios en su contrae Además, ésta demostró un sincero arrepenti-miento en todas las comparecencias que presentó ante este Tribunal. Por último, no surge del Informe de ODIN o de-más documentos que obran en el expediente del caso, que la licenciada Márquez Colón haya incurrido en las faltas aquí identificadas con ánimo de lucro o que las partes in-volucradas hayan sufrido un daño como causa de sus actuaciones.

V

En consideración a lo expuesto, determinamos que la Leda. Maricarmen Márquez Colón violó el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Tras evaluar la totali-dad del expediente personal de ésta, decretamos su suspen-sión inmediata del ejercicio de la notaría por un término de tres meses. Así pues, se ordena a la Oficina del Alguacil de este Tribunal que incaute su obra notarial para que ODIN realice el trámite de rigor correspondiente.

Por último, según comentamos, la licenciada Márquez Colón demostró tener cierta confusión respecto a cómo dar estricto cumplimiento a varias disposiciones de la ley y el reglamento notariales, por lo cual le ordenamos a la licen-ciada Márquez Colón tomar un mínimo de tres créditos de educación jurídica continua conducentes a la materia de derecho notarial. Ello, con posterioridad a la notificación de esta opinión per curiam y sentencia. Adviértase que el cumplimiento con esta orden será tomado en consideración al momento de solicitar reinstalación al ejercicio de la notaría.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Rivera García y Colón Pé-rez concurren con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervino.

       Este negocio jurídico se hizo constar en la Escritura Núm. 4 sobre Compra-venta, autorizada por la Leda. Wanda I. Medina Rivera.

       Aunque no surge de la Escritura Núm. 3, del expediente se infiere que el matrimonio de la señora Nerys Arroyo y el señor Valdés Ortiz se disolvió con ante-rioridad a la otorgación.

       Nótese que, el 18 de febrero de 2015, la licenciada Márquez Colón autorizó la Escritura Núm. 7 sobre Acta de Subsanaeión. En ésta informó que, por inadverten-cia, autorizó la Escritura Núm. 3 sin discutir el tema de la deuda que existía entre las partes con relación a la propiedad. A esos efectos, anejó la Escritura Núm. 4, autorizada por la licenciada Medina Rivera, en la que se consignaron los términos de la deuda. Asimismo, hizo constar que la equivocación no causó daño alguno a las partes. Luego, el 28 de julio de 2015, la licenciada Márquez Colón autorizó la Escri-tura Núm. 25 sobre Acta de Subsanación. En ésta compareció el señor Valdés Ortiz y se reiteró el asunto de la deuda en la Escritura Núm. 3. Asimismo, se aclaró que el precio de compraventa fue de $75,000, en vez de $3,000.

       Con relación a las escrituras de compraventa referentes al inmueble sito en el solar G-3 de la Urb. Bonneville Gardens en Caguas, Puerto Rico, la licenciada Márquez Colón argüyó que el señor Valdés Pérez no ostentaba legitimación activa para solicitar un remedio, pues éste no tenía relación o interés alguno respecto a la propiedad. Por otro lado, ésta planteó que, luego de autorizar una escritura de com-praventa, tuvo que autorizar una escritura de recisión y compraventa con tal de dejar la primera escritura sin efecto y adecuar las particularidades del negocio jurí-dico a las necesidades de las partes. ODIN consideró que el planteamiento de la licenciada Márquez Colón tenía mérito. No obstante, expresó que “nos preocupa so-bremanera que la Querellada esgrimiera como defensa el que autorizó un instru-mento público siguiendo las instrucciones de una institución bancaria, un funda-mento que lacera lo recogido en el Artículo 3 de la Ley Notarial sobre la autonomía e independencia que debe emular todo profesional que ejerza la Notaría”. Informe, pág. 20. Esta explicación de la licenciada Márquez Colón es, a todas luces, inacepta-ble, pero, sobre todo, preocupante. Acusa un desconocimiento básico de sus respon-sabilidades como notario y chocan frontalmente con el Art. 2 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2002, como correctamente apunta ODIN.
      No obstante, concluimos que el señor Valdés Pérez no tiene relación alguna con los negocios jurídicos en cuestión, por lo que no evaluaremos los méritos de este planteamiento.

       Cabe recordar que un pagaré es “una promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden” si cumple con ciertos requisitos. 19 LPRA see. 504.

       Resulta preocupante que, para redactar la Escritura Núm. 2, la licenciada Márquez Colón descansara en un estudio de título que tenía una antigüedad de ocho años. Según comentamos, es el deber del notario conocer el estado registral de la propiedad con tal de orientar a las partes sobre éste, al momento de realizar un negocio jurídico. Como custodio de la fe pública registral y previo a autorizar una escritura pública, el notario debe hacer ‘las averiguaciones mínimas” correspondien-tes sobre las constancias regístrales de “la propiedad” objeto de su escritura. In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009). Esas diligencias se pueden llevar a cabo mediante un estudio de título. íd. Ahora bien, consideramos irresponsable no utilizar el estudio de título más reciente al momento de realizar la función notarial. Tal proceder puede tener el efecto de demostrarle a los otorgantes un estado registral que no guarda relación con la realidad registral al momento de autorizar la escritura. Sin duda, esto puede conllevar serios perjuicios a las partes.
      Conviene destacar que el notario, además, tiene mecanismos adicionales para dar cumplimiento a este deber. En este sentido, el notario puede solicitar del Regis-trador de la Propiedad una Certificación Registral en la que se plasme “el contenido de los asientos que constan en el Registro”. 30 LPRA see. 6361. Una vez se realice la solicitud, el Registrador está compelido a expedir la certificación en un plazo de caducidad que no será “mayor de sesenta (60) días”. Este plazo corto de caducidad, que por su propia naturaleza es improrrogable, cumple una función importante, pues evita dilaciones innecesarias en la realización de los negocios jurídicos. 30 LPRA see. 6368.
      De igual forma, el notario tiene a su disposición el Registro Inmobiliario Digital y la aplicación registral Karibe para, entre otras cosas, acceder al Registro de la Propiedad desde su oficina y tomar constancia de toda información relacionada con las propiedades inmuebles del País. Esta aplicación le ofrece a todo notario la infor-mación más actualizada respecto a las constancias del Registro. Así, Karibe se revela como una herramienta imprescindible para todo notario.


text:
      In re Idalis Abreu Figueroa.

      Número: TS-15,497

      Resuelto: 29 de junio de 2017

      José Ignacio Campos Pérez, director ejecutivo del Programa de Educación Jurídica Continua, en informe.
   per curiam:

La Leda. Idalis Abreu Figueroa (licenciada Abreu Figueroa) ha exhibido un comportamiento contrario a los Cánones 2 y 9 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Asimismo, ha incumplido con las disposicio-nes de los Reglamentos de Educación Jurídica Continua y del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), 4 LPRA Ap. XVII-D y XVII-E, respectivamente, y con la Re-gla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. Por las razones que esbozamos a continuación, nos vemos forzados a decretar su suspensión inmediata e inde-finida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I

La licenciada Abreu Figueroa fue admitida al ejercicio de la abogacía el 23 de agosto de 2005 y a la práctica de la notaría el 6 de julio de 2006. El 24 de febrero de 2017, el Ledo. José I. Campos Pérez, Director Ejecutivo del PEJC, nos sometió un Informe sobre Incumplimiento con Requi-sito de Educación Jurídica Continua (Informe), mediante el cual nos comunicó que la licenciada Abreu Figueroa no completó las horas crédito de educación jurídica continua para el periodo del 1 de marzo de 2008 al 28 de febrero de 2010. Relató que el 12 de abril de 2010 se le envió a la letrada un Aviso de Incumplimiento, por medio del cual se le otorgó un término de sesenta días para tomar los cursos adeudados y pagar una multa por cumplimiento tardío. Transcurrido un periodo prudente sin que la togada com-pletara los requisitos reglamentarios, el 11 de octubre de 2013 se le citó a una vista informal a celebrarse el 30 de octubre de 2013. La citación fue enviada a la dirección que aparecía consignada en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). No obstante, la misma fue devuelta por el servicio de correo postal. La licenciada Abreu Figueroa no compareció a la vista.

Así las cosas, el 30 de julio de 2014 se le notificó a la togada el Informe del Oficial Examinador y la determina-ción de la Directora del PEJC en torno a la vista. Se le advirtió que, de no subsanar la insuficiencia de créditos y realizar el pago de la multa por cumplimiento tardío den-tro de un plazo adicional de treinta días, el asunto sería presentado ante la Junta de Educación Jurídica Continua para que ésta determinara si sería remitido a este Foro. Además, se le apercibió que de referirnos el caso por no haber completado los requisitos reglamentarios del periodo 2008-2010, se nos informaría de otros periodos posteriores incumplidos. La letrada no tomó los cursos antes mencio-nados ni pagó la multa dentro del término otorgado, por lo que se remitió el asunto ante este Foro. En su comparecen-cia, el Director del PEJC nos alertó que la licenciada Abreu Figueroa tampoco cumplió con las horas crédito de los pe-riodos del 1 de marzo de 2010 al 29 de febrero de 2012, y del 1 de marzo de 2012 al 28 de febrero de 2014, y no efectuó el pago de la multa por cumplimiento tardío. Además, resaltó que la correspondencia que se envió a la dirección de notificaciones que la letrada registró en el RUA fue devuelta por el servicio de correo postal.

Examinado el Informe, el 28 de marzo de 2017 emitimos una Resolución mediante la cual le otorgamos a la letrada un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y no comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. Dicha Resolución fue enviada a la dirección de notificaciones consignada en el RUA, pero llegó devuelta. Por dicha razón, se encomendó la notificación personal de la Resolución a la Oficina del Alguacil de este Tribunal. La misma rindió un informe en el cual se detallaron los es-fuerzos realizados para localizar a la letrada en tres direc-ciones que surgían del RUA y de su Expediente Personal, así como a un número de teléfono, pero todas las gestiones resultaron infructuosas. Como último esfuerzo, remitimos la Resolución a otra dirección postal hallada en su expediente. Sin embargo, ésta también nos fue devuelta.

HH I—I

El Canon 2 del Código de Ética Profesional, supra, prescribe que todo abogado debe “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de me-joramiento profesional Ello con el fin de que toda persona que solicite sus servicios pueda contar con una repre-sentación legal adecuada. Id.

Acorde a lo anterior, los togados deben cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Educa-ción Jurídica Continua y el Reglamento del PEJC. La Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua, supra, así como la Regla 28 del Reglamento del PEJC, supra, disponen que todo abogado activo debe tomar, por lo me-nos, veinticuatro horas crédito de educación jurídica continua en un periodo de tres años. La Regla 28 de este úl-timo cuerpo legal dispone además que, al finalizar cada periodo, los letrados se deben asegurar que su cumpli-miento está acreditado por el PEJC.

Por consiguiente, todo togado que no completa veinticuatro horas crédito en un periodo de tres años in-cumple con el deber de educarse continuamente, según preceptuado por el Canon 2 del Código de Ética Profesio-nal, supra. In re Casale Villani, 2017 TSPR 100, 198 DPR Ap. (2017). Es por ello que reiteradamente nos hemos visto obligados a suspender a los abogados que no cumplen con los cursos requeridos y desatienden los requerimientos del PEJC. In re Zayas Rivera, 2017 TSPR 101, 198 DPR Ap. (2017); In re Casale Villani, supra; In re Vázquez Borrero, 2017 TSPR 85, 198 DPR Ap. (2017). “[L]a desidia y la de-jadez ante los requerimientos del PEJC, no solo constituye un gasto de recursos administrativos para el Programa, sino que también refleja una patente falta de compromiso con el deber de excelencia y competencia que impone el Canon 2 [...] ”. In re Rodríguez Gerena, 2017 TSPR 40, pág. 6, 197 DPR Ap. (2017).

Por otro lado, el RUA contiene la información de contacto (números de teléfono y direcciones) de todos los abogados autorizados a postular ante los tribunales de Puerto Rico. Con miras a que exista una comunicación efectiva y que los letrados puedan responder con prontitud a las directrices que reciban, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, le impone la obligación de “mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Regis-tro Único”. Cumplir con dicha exigencia permite que poda-mos ejercer eficazmente nuestra función reguladora del ejercicio de la profesión de la abogacía en Puerto Rico. In re Colón Collazo, 196 DPR 239 (2016); In re Colón Cordovés, 195 DPR 543 (2016). “Reiteradamente, hemos advertido que el abogado que incumple con dicho mandato obstacu-liza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria, por lo que se expone a una suspensión inmediata e indefinida de la profesión legal”. In re Campos Bristol, 198 DPR 56, 60 (2017). Véanse: In re Colón Collazo, supra; In re Baretty Torres, 195 DPR 600 (2016); In re Colón Cordovés, supra.

Por último, el Canon 9 del Código de Ética Profe-sional, supra, establece que los abogados deben exhibir una conducta de respeto hacia los tribunales. Ello supone el cumplimiento oportuno y diligente de las órdenes y los requerimientos emitidos por los foros judiciales, en especial cuando estos se originan dentro de un procedimiento disciplinario. Véanse: In re Mangual Acevedo, 197 DPR 998 (2017); In re Marín Serrano, 197 DPR 535 (2017); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re Prado Galarza, 195 DPR 894 (2016). Las obligaciones impuestas en dicho canon se extienden a los requerimientos de la Oficina del Procurador General, de la Oficina de Inspección de No-tarías y del Programa de Educación Jurídica Continua. In re Montañez Melecio, 197 DPR 275 (2017). Una actitud de indiferencia hacia las órdenes de un tribunal y los reque-rimientos de los entes antes mencionados va en contra de los principios consagrados en el Canon 9, por lo que puede conllevar la imposición de sanciones disciplinarias severas, como es la suspensión del ejercicio de la profesión. In re Abadía Muñoz et al., 196 DPR Ap. (2017); In re Montalvo Delgado, supra; In re Torres Román, 195 DPR 882 (2016).

HH H-i J—i

Según se aprecia de lo antes relatado, la licenciada Abreu Figueroa no completó los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua durante cuatro periodos consecutivos. Además, no cumplió con los requerimientos del PEJC, no pagó las multas impuestas ni compareció a los procedimientos que dicho programa inició en aras de atender su incumplimiento. Es menester mencionar que, a pesar de que el PEJC utilizó la dirección postal y electró-nica que surgía del RUA, algunos de los documentos que se le remitieron a su dirección postal llegaron devueltos. Una vez referido el asunto a este Tribunal se realizaron múlti-ples gestiones para tratar de localizar a la licenciada Abreu Figueroa, pero todas resultaron infructuosas. Así pues, la letrada tampoco acató la orden que emitimos el 28 de marzo de 2017 cuando le concedimos un término para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión legal.

h-1 <í

En conformidad con el derecho aplicable, así como por la conducta exhibida por la Leda. Idalis Abreu Figueroa, de-cretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. En virtud de lo anterior, su fianza notarial queda automáticamente cancelada. he or-denamos a la señora Abreu Figueroa que notifique a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representán-dolos y les devuelva tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no ren-didos, e informe inmediatamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del tér-mino de treinta días a partir de la notificación de esta Opi- nión “per curiam” y Sentencia. No hacerlo pudiera conlle-var que no se le reinstale cuando lo solicite.

Por otra parte, se le ordena al Alguacil de este Foro que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial de la señora Abreu Figueroa y los entregue al Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías para el correspondiente exa-men e informe. Notifíquese inmediatamente esta Opinión “per curiam” y Sentencia a la señora Abreu Figueroa me-diante correo electrónico y, posteriormente, vía correo certi-ficado con acuse a su última dirección conocida.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       La notificación se hizo a través del correo electrónico que constaba en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

       El Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) le notificó a la letrada los correspondientes Avisos de Incumplimiento para ambos periodos.
      Además, para el 24 de febrero de 2017, día en que se presentó ante nos el Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua, la Leda. Idalis Abreu Figueroa no había acumulado créditos para el periodo del 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2017. De una certificación emitida recientemente por la Oficina del PEJC surge que la licenciada Abreu Figueroa no completó los cursos de dicho periodo.

       Es menester señalar que antes de las enmiendas introducidas por la Resolución ER-2015-03 (In re Enmdas. R. Educ. Jur. Cont., 193 DPR 233 (2015)), el periodo para tomar las veinticuatro horas crédito era de dos años.

       Véase Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B.

       La fianza se considerará buena y válida por tres años después de su termi-nación en cuanto a los actos realizados por la señora Abreu Figueroa durante el periodo en que la misma estuvo vigente.


author: per curiam: r—t

text:
      In re Rosa del M. Latorre Lagares, querellada.

      Número: AB-2017-0041

      Resuelto: 29 de junio de 2017

      Yamilette Méndez Pérez, querellante.
   per curiam:

A pesar de que hemos expresado reiterada-mente que ignorar nuestros requerimientos es una viola-ción al Canon 9 del Código de Ética Profesional, infra, y conlleva la suspensión del ejercicio de la profesión, nueva-mente nos vemos obligados a imponer una sanción ante la indiferencia demostrada por un miembro de la profesión legal.

r—t

La Leda. Rosa del M. Latorre Lagares fue admitida al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2002 y prestó juramento como notaría el 2 de abril de 2002. El 17 de febrero de 2017, la Sra. Yamilette Méndez Pérez presentó una queja contra la licenciada Latorre Lagares. El 27 de febrero de 2017 y nuevamente el 30 de marzo de 2017, la Subsecretaría de este Tribunal le cursó una comunicación a la licenciada Latorre Lagares, concediéndole 10 días para contestar la queja presentada en su contra. Ante su incom-parecencia, el 24 de abril de 2017 emitimos una Resolu-ción, para concederle un término final e improrrogable de 5 días para contestar la queja. La apercibimos de que su in-cumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias se-veras, incluyendo la suspensión al ejercicio de la profesión. A pesar de que la Resolución se le notificó personalmente el 3 de mayo de 2017, la licenciada Latorre Lagares no ha cumplido con nuestra orden.

I—I

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA see. IX, requiere que los abogados y las abogadas observen el mayor respeto ante los tribunales. Por lo tanto, estos tie-nen la “obligación de contestar, de manera opor-tuna y diligente, los requerimientos y las órdenes de este Tribunal y sus dependencias, particularmente en procesos disciplinarios”. In re Velázquez Pérez, 198 DPR 154, 156 (2017). Véase In re Vargas Díaz, 198 DPR 149 (2017). In-cumplir con lo anterior, constituye una falta de respeto ha-cia nuestra autoridad y una violación a este canon que amerita la suspensión del ejercicio de la profesión. Id. Cabe señalar que esta falta es independiente a los méritos de la queja. In re Stacholy Ramos, 195 DPR 858, 861 (2016).

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

r—H HH HH

La conducta desplegada por la licenciada Latorre Laga-res ante nuestros requerimientos denota una indiferencia inaceptable y un grave menosprecio a la autoridad de este Foro. Su actuación es incompatible con el ejercicio de la profesión legal. En vista de lo anterior, se decreta la sus-pensión inmediata e indefinida de la licenciada Latorre La-gares del ejercicio de la abogacía y la notaría. En conse-cuencia, la fianza notarial queda automáticamente cancelada.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y de-volverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá, además, informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en el tér-mino de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. No hacerlo podría conllevar que no se le reinstale cuando lo solicite.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la señora Latorre Lagares y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el examen e informe correspondientes a este foro. Notifíquese personalmente a la señora Latorre Lagares esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       En síntesis, alegó que contrató a la Leda. Rosa del M. Latorre Lagares para tramitar su divorcio y que la letrada no ha realizado gestión alguna.

       La fianza se considerará buena y válida durante tres años después de su terminación debido a los actos realizados por la licenciada Latorre Lagares durante el periodo en que estuvo vigente.


text:
    Nivia Montañez Leduc, peticionaria, v. Alexander Robinson Santana, recurrido.

      Número: CC-2016-0412

      Resuelto: 29 de junio de 2017

      Ruth M. Pizarro Rodríguez y Ludan N. Vargas Cruz, aboga-dos de Nivia Montañez Leduc, parte peticionaria; Arturo González Martín y Mayra Rotger Meléndez, abogados de Alexander Robinson Santana, parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nuevamente nos vemos precisados a examinar ciertos aspectos relacionados con la notificación de la presentación de un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Con tal de resolver la controversia ante nuestra considera-ción, es preciso aclarar y añadir a los pronunciamientos que realizamos en Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013). Veamos.

I

En enero de 2014, la Sra. Nivia Montañez Leduc pre-sentó una demanda sobre liquidación de bienes ganancia-les en contra del Sr. Alexander Robinson Santana y AKA Electrical & Engineering Contractor, Inc. (AKA Electrical). Acaecidos varios trámites procesales, el 7 de julio de 2015, la señora Montañez Leduc presentó una Urgente solicitud de descalificación de la Leda. Mayra Rotger Meléndez y el Ledo. Arturo González Martín y ¿ moción? urgente del auxi-lio del tribunal y solicitud de orden. En síntesis, planteó que los representantes legales del señor Robinson Santana actuaron, en el pasado, como abogados y notarios de AKA Electrical. Por ende, su intervención en el caso suponía un conflicto de interés.

Tras la presentación de varios escritos y la celebración de múltiples vistas, el 25 de enero de 2016, el Tribunal de Pri-mera Instancia notificó una Resolución en la que denegó la Solicitud de descalificación. Oportunamente, la señora Montañez Leduc presentó una Moción en reconsideración sobre la resolución de descalificación en la cual, esencialmente, reiteró los planteamientos que había esbozado anteriormente. No obstante, el 16 de febrero de 2016, el tribunal de instancia denegó la moción de reconsideración.

Inconforme, el 17 de marzo de 2016 a las 7:16 p. m., la señora Montañez Leduc recurrió al Tribunal de Apelacio-nes mediante un recurso de certiorari. Además, el 23 de marzo de 2016, ésta presentó una Urgente moción en auxi-lio de jurisdicción y solicitud de paralización de los proce-dimientos hasta que se atienda la solicitud de remedios en favor de menores. Examinados ambos escritos, el 29 de marzo de 2016, el foro apelativo intermedio notificó una Resolución en la que, en lo pertinente, concedió a la señora Montañez Leduc hasta el 30 de marzo de 2016 para acre-ditar que notificó al señor Robinson Santana los escritos presentados en conformidad con las Reglas 33 y 37 del Re-glamento del Tribunal de Apelaciones (Reglamento), 4 LPRAAp. XXII-B.

A esos efectos, ese mismo día, la señora Montañez Leduc presentó una Moción en cumplimiento de orden. En ésta acreditó haber notificado el recurso de certiorari, tanto a la Leda. Mayra Rotger Meléndez como al Ledo. Arturo Gon-zález Martín, por correo certificado. Para así evidenciarlo, incluyó copia de dos Domestic Return Receipts en los que se constata que ambos abogados recibieron la notificación los días 22 y 23 de marzo de 2016.

Por otra parte, la señora Montañez Leduc admitió que, por inadvertencia, no realizó la notificación simultánea con relación a la moción en auxilio de jurisdicción. No obstante, informó que ese mismo día, el 29 de marzo de 2016, hizo la correspondiente notificación vía correo electrónico. Oportu-namente, el señor Robinson Santana compareció y argüyó que no había recibido la notificación de la moción en auxi-lio de jurisdicción, por lo que la señora Montañez Leduc incumplió con la Regla 79 del Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.

El 1 de abril de 2016, el foro apelativo intermedio des-estimó tanto el recurso de certiorari como la moción en auxilio de jurisdicción. Este foro concluyó, en cuanto a la moción en auxilio de jurisdicción, que no se realizó la noti-ficación simultánea y que tampoco se ofreció justa causa para el incumplimiento con el requisito reglamentario. Por otro lado, referente al recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones determinó que la señora Montañez Leduc te-nía hasta el 18 de marzo de 2016 para presentar el recurso; no obstante, determinó que la peticionaria notificó el re-curso el 19 de marzo de 2016, a saber, tardíamente. Por lo tanto, el foro apelativo intermedio concluyó que la señora Montañez Leduc incumplió con su deber de realizar una notificación oportuna del recurso de certiorari, conforme a la Regla 33 del Reglamento, supra.

Oportunamente, la señora Montañez Leduc presentó una Urgente moción de reconsideración, solicitud de para-lización de los procedimientos y moción en auxilio de jurisdicción. En lo pertinente, ésta incluyó prueba adicio-nal a la que anejó originalmente en la Moción en cumpli-miento de orden para evidenciar que realizó la notificación del recurso de certiorari dentro del término establecido para ello. A esos efectos, adjuntó un recibo de la Farmacia Puerta de Carolina, de 17 de marzo de 2016 a las 9:16 p. m., del que surge el pago de franqueo para dos comuni-caciones dirigidas a la licenciada Rotger Meléndez y al li-cenciado González Martín. Asimismo, argüyó que, con-forme a nuestro dictamen en Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., supra, la notificación realizada a través de este servi-cio privado fue válida, pues es irrelevante el mecanismo para realizar la notificación. El señor Robinson Santana se opuso.

El 4 de abril de 2016, el Tribunal de Apelaciones notificó una Resolución mediante la cual proveyó “no ha lugar” a la Urgente moción de reconsideración. El foro apelativo inter-medio insistió en que la notificación del recurso de certio-rari presentado por la señora Montañez Leduc no se hizo dentro del término que exige el Reglamento. Asimismo, destacó que ésta no acreditó que la Farmacia Puerta de Carolina fuera un correo autorizado por el Servicio Postal de Estados Unidos.

Finalmente, la señora Montañez Leduc presentó un re-curso de certiorari ante este Tribunal. En éste consignó dos señalamientos de error de naturaleza estrictamente proce-sal, a saber:

Cometió error el Honorable Tribunal de Apelaciones al des-estimar el recurso de certiorari por entender que se notificó a las partes fuera del t[é]rmino de 30 días dispuesto por ley por el Correo Federal.
Cometió error el Honorable Tribunal de Apelaciones al no darle validez al matasello de un correo privado como el d[í]a en que se notificó a la[s] partes según requiere las Reglas del Tribunal de Apelaciones y la[s] Reglas de Procedimiento Civil. Certiorari, pág. 6.

El 28 de octubre de 2016 emitimos una Resolución me-diante la cual expedimos el recurso de epígrafe. Oportuna-mente, ambas partes presentaron sus correspondientes alegatos. Contando con el beneficio de sus comparecencias, procedemos a resolver.

II

A

El Artículo V de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico y la Ley de la Judicatura de 2003 conceden a este Tribunal la facultad de adoptar las reglas necesarias para la administración de la justicia. Art. V, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Conforme a esta autoridad, adoptamos el Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004. 4 LPRA Ap. XXII-B.

En lo que nos concierne, la Parte IV del Regla-mento contiene las reglas aplicables al trámite de presen-tación y perfeccionamiento de los recursos de certiorari. Los profesionales del Derecho están obligados a dar cum-plimiento riguroso a estos requisitos. Véanse: Rodríguez v. Camejo, 165 DPR 729 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). Ello, sin duda, pues no se puede dejar “al arbitrio de los abogados decidir qu[é] disposiciones re-glamentarias deben acatarse y cuándo, dependiendo del criterio personal de cada abogado”. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). Por lo tanto, cier-tamente, el incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos puede impedir la revisión judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

A esos efectos, la Regla 32(C) del Reglamento establece un término jurisdiccional de treinta días, si-guientes a la fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de una resolución u orden para presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B. Ello, al igual que lo dispuesto en la Regla 52.2(B) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase, además, Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). Por otra parte, la Regla 33(B) consagra la forma en que se tiene que realizar la notificación del recurso a las partes. En primer lugar, con relación al término para efectuar la notifi-cación a las partes, destacamos que la referida regla pre-ceptúa que “[l]a parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari [...] dentro del término dispuesto para la presen-tación del recurso. Este término será de cumplimiento estricto”. 4 LPRA AP. XXII-B, R. 33(B).

Claro está, al ser el término de notificación un término de cumplimiento estricto y no jurisdiccional, su incumplimiento no supone —automáticamente— la deses-timación del recurso. Ello, pues “el tribunal no está atado al automatismo que conlleva un requisito jurisdiccional, por lo que puede ‘proveer justicia según lo ameritan las circunstancias’ y extender el término”. Rodríguez v. Suárez Camejo, supra, pág. 738. Ahora bien, nótese que el foro apelativo intermedio no tiene la discreción para prorrogar un término de forma automática. Por lo tanto, solo puede extender el término en instancias donde la parte haya de-mostrado justa causa. Véanse: Rojas v. Axtmater Ent., Inc., supra, pág. 564; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998). En consideración a lo anterior, si se suscita un in-cumplimiento sin justa causa, necesariamente procede la desestimación del recurso presentado. Véase S.L.G. v. Mun. de Guaynabo, 154 DPR 98 (2001).

Por otra parte, la Regla 33(B) del Reglamento es-tablece cómo se puede y debe realizar la notificación. En particular, esta regla dispone que se

[e]fectuará la notificación por correo certificado con acuse de recibo o mediante un servicio similar de entrega personal por compañía privada con acuse de recibo. Cuando se efectúe por correo, se remitirá la notificación a los abogados o abogadas de las partes, o a las partes, cuando no estuvieren representadas por abogado o abogada, a la dirección postal que surja del úl-timo escrito que conste en el expediente del caso. Cuando del expediente no surja una dirección, de estar la parte represen-tada por abogado o abogada, la notificación se hará a la direc-ción que de éste o ésta surja del registro que a esos efectos lleve el Secretario o Secretaria del Tribunal Supremo. La parte peticionaria certificará el hecho de la notificación en la propia solicitud de certiorari. La fecha del depósito en el correo se considerará como la fecha de la notificación a las partes. 4 LPRA AP. XXII-B, R. 33(B).

Es importante destacar que los requisitos de noti-ficación no constituyen una mera formalidad procesal, sino que son parte integral del debido proceso de ley. A esos efectos, en el contexto particular de la presentación de re-cursos ante el Tribunal de Apelaciones, hemos comentado que la notificación es imperativa ya que coloca a la parte contraria en conocimiento del recurso que solicita la revi-sión de una decisión de un tribunal de menor jerarquía. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90. Véase, además, Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).

Ahora bien, a pesar de la importancia de realizar una notificación correcta y oportuna, se consignó en la Re-gla 12.1 del Reglamento que

[l]as disposiciones sobre los requisitos de notificación a las partes y al tribunal y los de forma dispuestos en el Regla-mento del Tribunal de Apelaciones de 1996, en las Reglas de Procedimiento Civil, Reglas de Procedimiento Criminal para los recursos de apelación, certiorari y de revisión judicial, de-berán interpretarse cíe forma que se reduzcan al mínimo las desestimaciones de los recursos. Por causa justificada, deberá el Tribunal de Apelaciones proveer oportunidad razonable para la corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1.

A esos efectos, los requisitos de notificación no de-ben ser interpretados de forma inflexible. Véanse: Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151 DPR 906, 913 (2000); Rojas v. Axtmater Ent., Inc., supra, pág. 565. Recuérdese, además, que existe como principio rector en nuestro ordenamiento jurídico la idoneidad de que las controversias se atiendan en los méritos. Véanse: Rodríguez, supra, pág. 913; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2(3). Por lo tanto, la desestimación solo se debe utilizar como último recurso en casos de “in-cumplimiento de algunas de las disposiciones del Regla-mento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, relativas a los recursos de apelación que no contienen requisitos juris-diccionales o de cumplimiento estricto, cuyo incumpli-miento impide se le dé seguimiento al recurso o que pueda ser atendido en los méritos”. S.L.G. v. Mun. de Guaynabo, supra, págs. 110—111.

B

En lo pertinente, en S.L.G. v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 107, dispusimos. inequívocamente —en cuanto al requisito de notificación— que “lo impor-tante es que el escrito sea notificado con copia a la otra parte, dentro del plazo dispuesto por ley, independiente-mente del método que se utilice para ello”. A su vez, en Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., supra, al enfrentarnos a una controversia prácticamente idéntica a la que nos ocupa, reiteramos este principio.

En Pérez Soto se presentó ante el Tribunal de Apelacio-nes un recurso de apelación dentro del término jurisdiccio-nal para ello y éste se notificó a las partes a través de un servicio postal privado llamado Postal Solutions, el cual fungía como un Commercial mail receiving agency (CMRA). Las partes demandadas solicitaron la desestima-ción del recurso, tras argumentar que el matasellos del Servicio Postal de los Estados Unidos tenía una fecha posterior al término hábil para presentar el recurso. Así, pues, ya que Postal Solutions no era una “entidad equivalente al servicio postal federal y que el sello del comercio privado, indicando la fecha de 28 de mayo de 2011, no goza de la misma validez que el del USPS”, las partes demandadas razonaron que la notificación se realizó a destiempo. Pérez Soto, supra, pág. 101.

Para disponer de esa controversia reconocimos que el Servicio Postal de Estados Unidos ha concedido diversas facultades a negocios privados. Al así hacerlo, estos negocios se han convertido en parte esencial del funciona-miento del sistema postal. Por lo tanto, en Pérez Soto con-cluimos que la notificación realizada a través de negocios privados, siempre y cuando estén debidamente autorizados por el Servicio Postal para llevar a cabo servicios análogos, es válida para cumplir con los requisitos de notificación. Así, pautamos que la Regla 13 del Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, no podía estar sujeta a una interpretación restric-tiva, pues ello “implicaría penalizar a las partes y a los abogados cuyos recursos y circunstancias les impidan rea-lizar las gestiones necesarias para visitar una oficina de correo tradicional”. Id., pág. 110.

I—I HH H-1

En consideración a que los dos señalamientos de error ante nuestra consideración están íntimamente relaciona-dos, los discutiremos en conjunto.

Según reseñamos, la señora Montañez Leduc presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari el 17 de marzo de 2016 y una moción en auxilio de jurisdicción el 23 de marzo de 2016. Posteriormente, el 28 de marzo de 2016, el foro apelativo intermedio le ordenó que acreditara la notificación al señor Robinson Santana de ambos escritos.

El 29 de marzo de 2016, la señora Montañez Leduc com-pareció mediante una Moción en cumplimiento de orden a la cual anejó dos Domestic Return Receipts. De éstos surge la fecha en que los representantes legales del señor Robinson Santana recibieron la notificación del recurso de certio-rari’, empero, no se puede constatar la fecha en que la no-tificación fue enviada. Por otra parte, la señora Montañez Leduc admitió que no notificó la moción en auxilio de ju-risdicción de forma simultánea, conforme lo requiere la Re-gla 79 del Reglamento. Respecto a ello, especificó que en-tendía “haberla notificado a las partes, pero por un malentendido entre las compañeras que representamos a la Sra. Montañez Leduc nos percatamos en la noche de ayer que no se les había notificado”. Apéndice, Anejo 4, pág. 122.

En consideración a lo anterior, el 1 de abril de 2016, el Tribunal de Apelaciones desestimó ambos escritos. En cuanto al recurso de certiorari, el foro apelativo intermedio concluyó que la señora Montañez Leduc notificó el recurso fuera del término que confiere la Regla 33 del Reglamento. En particular, especificó que “[s]urge del rastreo del correo postal que la Peticionaria notificó a los representantes lega-les del Recurrido copia de su recurso, el 19 de marzo de 2016, es decir, al día siguiente de haber vencido el término de treinta (30) días para la presentación del mismo”. Nivia Montañez Leduc v. Alexander Robinson Santana, KLCE201600433, pág. 7 (TAPR) (1 de abril de 2016). Además, destacó que la señora Montañez Leduc no presentó justa causa para la tardanza; por lo tanto, aunque el tér-mino era de cumplimiento estricto, no tenía discreción para extenderlo.

Ahora bien, la señora Montañez Leduc presentó una moción de reconsideración. En lo que nos concierne, ésta especificó que envió la notificación del recurso a la repre-sentación legal del señor Robinson Santana el 17 de marzo de 2016 a través de la Farmacia Puerta de Carolina, nego-cio privado que ofrece servicios de correo postal. A esos efectos, adujo que, conforme a la Regla 13(B)(3) del Regla-mento, se considera la fecha de notificación aquella que conste en el documento expedido por la empresa privada que demuestre la fecha en que se recibió el documento para ser entregado al destinatario.

Con tal de evidenciar el referido trámite, la señora Mon-tañez Leduc anejó: dos sellos denominados como Priority Mail 1-Day, con fecha de 17 de marzo de 2016, dirigidos a los representantes legales del señor Robinson Santana; el recibo de compra, provisto por la Farmacia Puerta de Carolina a las 9:17 p. m., para el franqueo de las comunica-ciones; el Product & Tracking Information, impreso de usps.com para cada una de las comunicaciones enviadas y una certificación del Servicio Postal de Estados Unidos en la que se reconoce que el negocio The Mail Stop está apro-bado por el Servicio Postal como un USPS approved shipper No obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la reconsideración. Concluyó que la señora Montañez Le-duc no acreditó que la Farmacia Puerta de Carolina cons-tituyese un correo autorizado por el Servicio Postal.

Cabe destacar que, en su alegato en oposición, el señor Robinson Santana subrayó que la prueba anejada a la mo-ción de reconsideración no se incluyó en la Moción en cum-plimiento de orden en la que la señora Montañez Leduc debía acreditar la notificación de los escritos presentados. A esos efectos, citó dos precedentes de este Tribunal en los que se censura la práctica de incluir evidencia, que no es-tuvo ante la consideración de un foro recurrido, en alzada. Véanse: P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 35-36 (1988); Belmonte v. Mercado Reverón, Admor., 95 DPR 257, 263-264 (1967).

En primer lugar, es preciso aclarar que no estamos ante una situación análoga a las atendidas en los precedentes citados u otros en los que hemos reiterado el mismo principio. A saber, la evidencia presentada por la señora Montañez Leduc en su moción de reconsideración fue solici-tada por el propio Tribunal de Apelaciones y se relaciona exclusivamente con incidencias procesales ocurridas du-rante el trámite apelativo. Por lo tanto, la documentación en cuestión no constituye “evidencia en apelación”. Así, pues, el razonamiento del señor Robinson Santana no aplica.

Ahora bien, este planteamiento bien puede examinarse en el contexto de las normas aplicables a la presentación y evaluación de una reconsideración. Recuérdese que el ob-jetivo principal de la moción de reconsideración es proveer una oportunidad al tribunal para modificar sus dictámenes. Véase J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1373. En lo pertinente, hemos reconocido que al instar una mo-ción de reconsideración se pueden presentar fundamentos que no hayan sido expuestos antes de dictarse una senten-cia o resolución. Véase Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 489 (2003). Ahora bien, “no deben alegarse nuevos hechos que no han sido considerados por el tribunal al dictar la reso-lución cuya reconsideración se pide, a menos que se expre-sen razones poderosas que constituyan una excusa razona-ble para no haberlo hecho antes”. Cividanes v. López Acosta, Juez de Distrito, 22 DPR 79, 83 (1915). Véase, además, R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 394. Por otra parte, he-mos reconocido la discreción de un tribunal sentenciador de evaluar prueba presentada mediante una moción de re-consideración en casos particulares sobre daños y perjui-cios en que se tenga que determinar los límites de una póliza de seguro para efectos de satisfacer la concesión de daños dictada mediante sentencia. Véase Díaz Ayala et al. v. ELA, 153 DPR 675, 698-700 (2001).

En este caso, la señora Montañez Leduc alegó, en cuanto presentó la Moción en cumplimiento de orden, que notificó a la representación legal del señor Robinson Santana la presentación del recurso de certiorari. Cierta-mente, ésta debió haber presentado —desde ese momen-to— la prueba que demostrara la fecha de notificación y no aquella que sólo reflejara la fecha de recibo de la notificación. Ahora bien, ante los hechos particulares de este caso, en consideración a que la prueba versa sobre alegaciones que realizó la señora Montañez Leduc desde que presentó la referida Moción y que el asunto por ser evidenciado incidía sobre la jurisdicción del tribunal, con-cluimos que ésta podía presentar la prueba en cuestión y el Tribunal de Apelaciones, tal y como lo hizo, podía exami-narla para evaluar la procedencia de la reconsideración.

Para disponer de esta controversia, en primer lugar, nos corresponde determinar si la Farmacia Puerta de Carolina es un negocio debidamente autorizado por el Servicio Postal de Estados Unidos para realizar servicios análogos a los del servicio postal. Evidentemente, al enfrentarnos a esta interrogante en Pérez Soto contamos con una prueba muy distinta a la que surge del expediente en el caso ante nuestra consideración. A saber, en esa ocasión se presenta-ron dos declaraciones juradas, una suscrita por el peticio-nario y otra por parte del dueño de Postal Solutions, en la que se declaró que el negocio privado estaba debidamente autorizado por el Servicio Postal de Estados Unidos para realizar las referidas funciones. Además, se incluyó una carta del Servicio Postal mediante la cual se certificó que Postal Solutions tenía las certificaciones necesarias para operar como un Commercial mail receiving agent.

Ahora bien, es preciso notar que en Pérez Soto no reali-zamos pronunciamiento alguno que nos lleve a concluir que la única forma de evidenciar la autoridad, delegada por el Servicio Postal de Estados Unidos, de un negocio privado para realizar funciones análogas a los del Servicio Postal es a través de la presentación de declaraciones ju-radas o certificaciones del Servicio Postal. Si bien una cer-tificación a esos efectos sería la prueba idónea, somos del criterio que el análisis sobre la suficiencia de la prueba para evidenciar este hecho debe realizarse caso a caso. Concluir de otra forma sería contrario a nuestros pronun-ciamientos respecto a la interpretación flexible de las re-glas de notificación.

Al evaluar el expediente, concluimos que se evidenció —mediante prueba circunstancial— que la Farmacia Puerta de Carolina estaba autorizada por el Servicio Postal de Estados Unidos para ofrecer ciertos productos y ser-vicios postales. A esos efectos, según comentamos, la se-ñora Montañez Leduc adquirió de la Farmacia productos oficiales del Servicio Postal, a saber, sellos denominados como Priority Mail 1-Day. Por otra parte, surge del Product & Tracking Information, el cual fue impreso del portal electrónico oficial del Servicio Postal, el registro de los se-llos comprados para cada comunicación mediante una en-trada denominada como Shipping label created. Por úl-timo, se puede constatar en este documento, al igual que de los Domestic Return Receipts, que las referidas comunicaciones llegaron a los representantes legales del señor Robinson Santana. Por lo tanto, concluimos que la Farmacia figuró como un intermediario del Servicio Postal que dio paso a la primera etapa del proceso de envío de las comu-nicaciones en cuestión.

Resuelto lo anterior, resta por determinar si la señora Montañez realizó la notificación dentro del término dis-puesto en la Regla 33 del Reglamento. Según reseñamos, esta disposición establece que la fecha de notificación será aquella en la cual se haya depositado en el correo. Cierta-mente, en función de nuestra decisión en Pérez Soto, la fecha de depósito en negocios privados, debidamente auto-rizados para enviar correspondencia por el Servicio Postal de Estados Unidos, debe ser aquella donde el remitente entrega la comunicación a ser enviada y paga la cuantía correspondiente para realizar el envío.

Surge del expediente que la señora Montañez Leduc ad-quirió de la Farmacia Puerta de Carolina, a las 9:17 p. m. del 17 de marzo de 2016, los sellos con los que envió a la representación del señor Robinson Santana la notificación del recurso de certiorari. Por otro lado, según comentamos, del Product & Tracking Information surge una entrada denominada como Shipping label created en la que se especi-ficó que se crearon etiquetas de envío para las comunica-ciones en cuestión a las 9:18 p. m. y 9:21 p. m., el 17 de marzo de 2016, en Carolina, Puerto Rico.

En consideración a lo anterior, concluimos que la señora Montañez Leduc notificó el recurso de certiorari en cues-tión de forma oportuna. A saber, utilizó la Farmacia Puerta de Carolina, negocio debidamente autorizado por el Correo Postal de Estados Unidos para ofrecer productos y servi-cios postales, para realizar la notificación. Además, realizó el depósito de las notificaciones dentro del término de 30 días, así cumpliendo con las disposiciones de la Regla 33 del Reglamento.

Ciertamente, la señora Montañez Leduc erró al solo in-cluir en la Moción en cumplimiento de orden copia de los dos Domestic Return Receipts. Ello, pues según la discu-sión que antecede, la fecha que el Tribunal de Apelaciones tiene que constatar es aquella en la que se hizo la notifica-ción, no la fecha en que la otra parte la recibió. Ahora bien, la señora Montañez Leduc, mediante la moción de reconsi-deración, probó que la notificación se realizó oportuna-mente según alegó en la Moción en cumplimiento de orden. Así pues, el Tribunal de Apelaciones, en efecto, tenía juris-dicción para considerar el recurso presentado por la señora Montañez Leduc.

Por lo tanto, concluimos que erró el Tribunal de Apela-ciones al desestimar el recurso de certiorari tras concluir que la señora Montañez Leduc notificó tardíamente su presentación. Asimismo, erró el foro apelativo intermedio al concluir que ésta, al presentar la moción de reconside-ración, no acreditó que la Farmacia Puerta de Carolina era un negocio debidamente autorizado por el Servicio Postal de Estados Unidos para enviar correspondencia.

En consideración a lo anterior, se revoca —en parte— la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 1 de abril de 2016 respecto a denegar el recurso de “certiorari” presentado por la señora Montañez Leduc por falta de no-tificación a la parte contraria al amparo de la Regla 33 del Reglamento. Se devuelve el caso al foro apelativo inter-medio para la continuación de los procedimientos en con-formidad con lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Por otro lado, respecto a las mociones en auxilio de jurisdicción, la Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (Reglamento) dispone, en lo per-tinente, lo siguiente:
      “Cualquier solicitud de orden bajo esta regla se ajustará, en cuanto a su forma y contenido, a las disposiciones de las Reglas 68 y 70 de este apéndice, llevará el mismo epígrafe del caso principal, deberá ser notificada a las demás partes, y a cualquier persona contra quien se solicita un remedio, mediante el método que ase-gure que éstas queden notificadas de la solicitud simultáneamente con su presenta-ción, y hará constar la notificación en la propia solicitud [...] A los fines de la notifi-cación simultánea a que se refiere esta regla, podrán utilizarse los métodos de notificación personal, por teléfono o correo electrónico, de forma que las partes ad-vengan en conocimiento de la solicitud de orden y del recurso inmediatamente de su presentación”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79(E).

       Por su parte, y en lo pertinente, la Regla 2 del Reglamento dispone que:
      “Estas reglas se interpretarán de modo que propicien un sistema de justicia que provea acceso para atender los reclamos de la ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de los distintos componentes de nuestra sociedad, y que informe a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidad, conforme a los propósitos dis-puestos en la Ley de la Judicatura de 2003 [...] A tales fines este reglamento está dirigido a:
      “1) Ofrecer acceso fácil, económico y efectivo al tribunal, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos.

      “3) Implantar el principio rector de que las controversias judiciales se atiendan en los méritos y no se desestimen los recursos por defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2.

       Surge del Product & Tracking Information, para ambas comunicaciones en-viadas, las siguientes entradas realizadas el 19 de marzo de 2016: Arrived at USPS Facility, Departed USPS Facility, Arrived at Post Office, Sorting Complete, Out for Delivery, Available for Pickup. Apéndice, Anejo 7, págs. 150-150a.

       Es preciso señalar que no surge del expediente qué relación tiene The Mail Stop con la Farmacia Puerta de Carolina. Por tanto, no podemos utilizar esta certi-ficación como evidencia acreditativa de que la farmacia estaba debidamente autori-zada para realizar servicios análogos a los del servicio postal.

       Si bien, es cierto que nuestro dictamen en Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013), se contextualizó en la Regla 13 del Reglamento —la cual dispone particularmente sobre los recursos de apelación—, concluimos que lo ahí resuelto aplica igualmente a las disposiciones correspondientes a la notificación de los recur-sos de certiorari conforme a la Regla 33 del Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.

       Se hace constar que la determinación del Tribunal de Apelaciones respecto a la desestimación de la moción en auxilio de jurisdicción presentada por la señora Montañez Leduc, el 23 de marzo de 2017, no fue cuestionada en el recurso de certio-rari ante nuestra consideración. Por ende, se mantiene inalterada la Resolución del foro apelativo intermedio respecto a este particular.