author: El Juez PkesideNte Señoh del Tono

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eulogio Rivera Gaden, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 6589 y 6590.

    Sometidos: Junio 23, 1937.

      Resueltos: Julio 16, 1937.

      Burset & Pérez Pimentel, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PkesideNte Señoh del Tono

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Humacao se presentaron tres denuncias contra Eulogio Rivera Graden, una por portar armas, otra por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y otra por alterar la paz. Condenado el acusado •por la corte municipal, apeló para ante la del distrito, llamán-dose los tres casos para juicio el once de septiembre de 1936, acumulándose, a petición suya, a los efectos de la práctica de la evidencia. Introdujo el fiscal su prueba y el acusado pidió que se le absolviera perentoriamente del delito de alterar la paz. La corte accedió. Seguidamente bizo igual petición con respecto al delito de portar armas y la corte la negó. In-trodujo entonces su evidencia, y la corte lo condenó a seis meses de cárcel como autor del delito de portar armas y a un año de cárcel como autor del delito de acometimiento y agre-sión. Apeló para ante esta Corte Suprema. Un solo error señala en los alegatos que ña presentado en ambos recursos. A su juicio la corte sentenciadora erró al apreciar la prueba.

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de evi-dencia y los alegatos de ambas partes. La prueba es contra-dictoria en extremos importantes, pero habiendo dado como dió la corte sentenciadora entero crédito a la de cargo que es completa, sin que se baya demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, su fallo debe subsistir.

Bastará referirnos al primer testigo de cargo para dar-nos cuenta exacta de todo lo ocurrido. Dijo:

“Esa noche a que se refiere este caso, el dueño del cafetín babía salido y me dijo, atiéndemelo a mí, a los pocos momentos llegó Eu-logio Rivera G-aden y me pidió una botella de ron, yo se la despaché, se sentó en un reservado con varios amigos y se la tomaron. Al ter-minar él se paró y los amigos se fueron y estuvo un rato sin decirme nada de los chavos del ron, entonces yo le pregunté que quién iba a pagar y él me dijo que lo arreglaría él, pero que era fiado, y que cuando viniera Toño se lo dijera, yo le dije que yo no podía hacer eso, porque yo no lo conocía bien y no tenía autorización para fiar, pero él se empreñó tanto que se lo dijera a Toño, que él le cogía a Toño que yo dije, está bien, y entonces él se fné y al poco rato volvió y entonces me pidió ron otra vez, y yo le dije que si era fiado que yo no se lo podía dar, porque antes yo le había dicho que yo no tenía autorización para fiar, y entonces él me dijo que no era fiado, y que si era fiado y si se cometía algún abuso que para eso estaba el guardia que podía defenderme. Al estar en esa conversación llegaron dos amigos de él y uno de ellos compró una cuarta de ron y me dijo que se la enliara, que la quería para llevársela y le invitaron a él a irse, le instaron y tanto estu-vieron empeñados para que se fuera, hasta que él se fué, pero des-pués que había salido de la puerta del cafetín que ya iba por la carretera, dijo que quería una caja de fósforos y se armaron ellos allá y se vino a buscar la caja de fósforos y me la pidió y yo se la di y se quedó en el cafetín hablando coños y hablando duro, y el más guapo allí y entonces el guardia estaba allí y el guardia le dijo que se fuera a dormir, lo echó fuera y le dijo que se fuera a dormir, entonces se-guido al apear de la puerta del cafetín sacó un revólver, se lo puso detrás del muslo y le dijo al guardia, ‘me tiras o te tiro’, entonces el guardia se quedó pensativo un momento, buscando un momento oportuno para brincarle encima donde tenía la mano del revólver, hasta que así lo logró entablándose una lucha, y al estar en la lucha, como él era más fuerte que el guardia, el guardia estaba apurado y entonces el guardia llamó a Jenaro López, y Jenaro López fué a prestarle ayuda al guardia a aguantar a Eulogio Rivera, al estar en la lucha así sonaron dos disparos, en eso los otros dos guardias Alós y Reyes, que estaban ten el otro cafetín, oyeron y vinieron y le dieron dos o tres palos a él para poderlo aguantar porque estaba lo más malo. ’ ’

A nuevas preguntas del fiscal y a repreguntas de la de-fensa insistió en que el acusado sacó su revólver y desafió al guardia que salió con dos heridas de arma de fuego como resultado de la lucha así iniciada.

La declaración del segundo testigo de cargo Jenaro López es menos precisa y completa que la del primero. Por ejem-plo dice que oyó las palabras “me tiras o te tiro” pero no puede asegurar quién las pronunciara. Su intervención directa en el acto parte desde cuando oyó al guardia que decía “ayúdame Jenaro que estoy herido, ven acá.” Corrió enton-ces y encontró, copiando textualmente de su declaración, “que el policía estaba en esta posición, y él tenía al policía empu-ñado así, al mismo tiempo que yo llegué sonó un tiro, y en el momento dos”. Luego asegura que el acusado “cayó con el revólver del policía al suelo.” Preguntado ¿Había algún otro revólver allí? contestó: “En ese momento yo no vi otro, cuando él cayó.”

Y la declaración del tercero y último testigo de cargo es necesariamente menos completa aún pues es la de uno de los policías que llegó en auxilio de su compañero después de tra-bada la contienda. El policía herido no declaró en el acto del juicio por bailarse fuera de la Isla.

La prueba de descargo consistió en los testimonios de Santiago Hernández y Florencio Guzmán y en el del propio acusado. Coinciden con los de cargo más o menos en cuanto a los antecedentes. Discrepan al describir la intervención del guardia. Dicen que fué el guardia el que agredió pri-mero al acusado viéndose éste obligado a defenderse y que el acusado no sacó ni tenía revólver, siendo el del guardia el único revólver que allí bubo y fué ocupado.

Duda el juzgador de la existencia de los dos revólveres. La niegan los testigos de descargo. Dos de los testigos de cargo sólo se refieren al revólver del guardia, pero es tan terminante la declaración del encargado del cafetín que dán-dole entero crédito desaparece la duda. Y entero crédito le dió la corte de distrito que estaba en mejores condiciones que nosotros para apreciar la veracidad de las personas que ante ella comparecieron y declararon bajo su directa observación.

Para atacar el testimonio de José Pérez se bace mucbo énfasis por la defensa en la última parte del mismo que, copiada a la letra, es como sigue:

“P. — ¿Qué se bizo el revólver que tenía, Ud. estaba allí? — B>.—Yo me quedé en el cafetín y ellos siguieron luchando y en la lucha ca-yeron y siguieron hasta la carretera.- — P.—¿ Y donde estaban luchando ellos por el revólver Ud. no los veía?- — R.—No señor. — P.—¿Entonces Ud. no vió lo que pasó después que salieron del cafetín? — R.—No señor. — Nada más.”

La negativa final del testigo contestando a repreguntas de la defensa no tiene el alcance que ésta le atribuye. Está circunscrita a lo que ocurrió después que la lucha quedó tra--bada, cuando los contendientes cayeron y siguieron hasta la carretera. Los primeros incidentes pudo verlos el testigo desde el sitio en que se encontraba. Ocurrieron dentro del ■cafetín y a su salida. Fué “al apear de la puerta del cafe-tín” que el acusado “sacó el revólver, se lo puso detrás del muslo y le dijo al guardia, ‘me tiras o te tiro.’ ” Y según declaró Jenaro López la puerta estaba alumbrada.

Y en cuanto a la existencia de los dos revólveres y a que fuera con el del policía en su mano que cayera al suelo el acusado cuando, fué golpeado por los guardias que llegaron en auxilio de su compañero, si bien, como ya dijimos, levanta dudas, no es inverosímil. El acusado era más fuerte que el policía y pudo en la lucha que duró algún tiempo y tuvo varias fases, desarmarlo. El que no se ocupara el revólver del acu-sado no implica necesariamente que no lo tuviera ni lo usara.

Deben confirmarse las sentencias recurridas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Giraud, acusado y apelante.
    Núm. 6246.

    Sometido: Junio 4, 1937.

      Resuelto: Julio 16, 1937.

      G. Domínguez Rubio y L. Domínguez Rovira, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Giraud fué denunciado ante la Corte Municipal de Guayama por una infracción a la Ley del Trabajo — Núm. 49 de 1935 — consistente en haber tenido trabajando el 13 de diciembre de 1935 en su puesto de gasolina a su empleado Rosalí Rivera por espacio de más de diez horas. La corte municipal dictó sentencia condenatoria y de ella apeló Giraud para ante la corte del distrito.

Llamada la causa para celebrar el juicio de nuevo, el acu-sado presentó una excepción perentoria a la denuncia que fué desestimada. Practicada la prueba, la corte declaró culpable al acusado y le impuso veinte y cinco dólares de multa y en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. No conforme, apeló para ante este tribunal. Sostiene en su alegato que la corte erró al desestimar su ex-cepción previa y al considerar suficiente la prueba.

La excepción la basó el acusado en que los hechos que se le imputaban no constituían delito por ser la ley que se alegaba infringida anticonstitucional y en que la denuncia era insuficiente porque en ella no se alegaba que no se pagara a Rivera por las horas extras que se le tuvo trabajando, ni que el 13 de diciembre de 1935 fuera un día normal, es decir, que no ocurriera en él evento extraordinario alguno.

La sección primera de la Ley núm. 49 de 1935, leyes de 1935, sesión especial, pág. 539, enya violación se imputa al acusado, prescribe:

“A ninguna, persona se le empleará o se le permitirá que trabaje en ningún establecimiento comercial, industrial, agrícola o en cual-quier otro negocio lucrativo, más de oebo (8) boras durante cualquier día natural, excepto cuando ocurriere cualquier evento extraordina-rio, o cualquiera emergencia causada por fuego, hambre o inunda-ción, por peligro a la vida, a la propiedad, a la seguridad o salud pública, o en cualquiera otra circunstancia especial, siempre que el Gobernador de Puerto Rico, por recomendación del Comisionado del Trabajo declarare subsiguientemente que las disposiciones de esta Ley no deberán aplicarse a estos casos excepcionados y que por lo tanto las infracciones cometidas ban sido excusables; Disponiéndose, que la limitación de ocho (8) boras establecida por esta sección, y en todos los trabajos normales, fuera de las excepciones ya anotadas, puede ser ampliada a un período que no excederá de nueve (9) boras durante cualquier día natural, a condición de que a toda persona de ese modo empleada a salario, jornal o en otra forma, por más de ocbo (8) boras durante cualquier día natural, se le pagará por el trabajo que baga durante tal período extra, a un tipo que sea doble del salario que se le esté pagando por bora de trabajo prece-dentes.

Recientemente en el caso de M. Taboada y Co. v. Rivera Martínez, Comisionado, 51 D.P.R. 253, esta corte resolvió que esa ley era constitucional. Los argumentos que contiene el alegato del apelante, no nos convencen de lo contrario. La decisión se ratifica.

Tampoco tiene razón el apelante al impugnar la resolución de la corte de distrito en cuanto a los otros motivos que tuvo para desestimar su excepción. Lidia corte decidió que no era necesario alegar en la denuncia lo que sostenía el apelante que debía alegarse, a saber: no pago de las boras extras de trabajo y no ocurrencia de evento extraordinario, por tratarse de cuestiones a suscitar por la defensa.

Conocemos la ley. La denuncia sigue las palabras del estatuto. El delito consiste en hacer trabajar al empleado o permitirle que trabaje en el negocio lucrativo del patrono más de oclio horas en cualquier día natural. Es cierto que existen las excepciones que la propia ley especifica, pero la jurisprudencia tiene establecido que cuando una excepción se incorpora en un estatuto penal de tal modo que forme parte de la definición del delito, la excepción debe negarse en la acu-sación, pero cuando el delito se define y la excepción o excep-ciones se enumeran luego, el beneficio de la excepción debe ser alegado como defensa. El Pueblo v. Paniagua, 34 D.P.R. 105; El Pueblo v. Rosenstadl & Waller, Inc., 28 D.P.R. 952 y casos citados en el mismo. Y aquí las excepciones no for-man parte de la definición del delito, si que se enumeran des-pués de haberse el delito definido.

En relación con la excepción invocó también el acusado la existencia del artículo 553 del Código Penal, enmendado por la Ley núm. 54 de 1930, leyes de 1930, pág. 409, que exime a los garages de sus prescripciones sobre cierre de establecimientos para sostener que esa ley hacía inaplicable la del trabajo a los garages.

No está bien fundada su contención. Ambas leyes, la del trabajo y la del cierre con sus excepciones son armónicas y por lo tanto pueden coexistir. El hecho de que el legislador permita que determinados establecimientos puedan realizar negocios continuamente, día y noche, no quiere decir que abandone en cuanto a ellos su regulación del período de tiempo durante el cual los empleados deben trabajar. Unos empleados pueden ser sustituidos por otros y. ambas leyes cumplirse en su letra y en su espíritu.

No cometió, pues, la corte los errores que se le atribuyen en relación con su resolución de las cuestiones previas que ante ella suscitó el acusado.

Tampoco erró al pesar la prueba. Piemos examinado cui-dadosamente toda la evidencia aportada por una y otra parte y a nuestro juicio sostiene el fallo condenatorio dictado.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Seítor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rosendo Torres Pabón, acusado y apelante.
    Núm. 6538.

    Sometido: Junio 2, 1937.

      Resuelto: Julio 16, 1937.

      Luis Tirado Géigel, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Seítor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Rosendo Torres Pabón fué denunciado por el policía insular Jorge Luis Maldonado como autor de una infracción al artículo 95 de la Ley de Servicio Público (Ley núm. 70 de 1917 (2) pág. 433) y de la Orden final de la Comisión de Ser-vicio Público de octubre 15, 1932, consistente en baber trans-portado el 21 de marzo de 1936 en el automóvil que manejaba, sin estar autorizado para ello, pasajeros mediante paga den-tro de la ruta de San Juan a Río Piedras servida por la Wbite Star Line, Ine.

Declarado culpable por la corte del distrito y condenado a pagar cincuenta dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satis-facer, apeló para ante esta Corte Suprema. Pide la revo-cación de la sentencia por ser contraria a la prueba y a la ley.

Toda la evidencia que tuvo ante sí la corte sentenciadora fue elevada a esta Corte Suprema. La de cargo consistió en la copia certificada de la Orden de la Comisión de Servicio Público cuya infracción se imputa al acusado y en las declaraciones del denunciante y de Luciano Rodríguez. La de descargo en el testimonio del propio acusado.

A preguntas del fiscal declaró el denunciante que:

‘'En la Avenida Ponee de León, Parada 20, el acusado guiaba con dirección a Río Piedras, como a las 7:20 de la mañana, el carro pú-blico 934. Allí, en la Parada 20, estaba el señor Luciano Rodríguez y paró el carro frente a una guagua y tomó el pasajero, lo invitó para Río Piedras. . . El chófer, cogió el pasajero y entonces yo lo arresté en la Parada 21.”

Repreguntado por el abogado defensor del acusado, con-testó :

“P. — ¿Usted dice que iba con dirección a Río Piedras? — R.—Sí señor. — P.—¿Usted lo sabe porque lo oyó decir a él? — R.—Porque lo invitó para Río Piedras. — P.—¿Para que punto exacto en Río Pie-dras? — R.—Para Río Piedras, el punto exacto no sé. — P.—¿Usted se dedica, Maldonado, al servicio de motocicletas? — R.—Servicio del tráfico desde San Juan a Río Piedras. — P.—¿Podría decirnos basta qué punto en Río Piedras está cubierto por la ruta de la White Star Line? — R.—Está cubierto hasta frente de la Plaza del Mercado, que cruza una calle hacia arriba a salir a la Plaza de Río Piedras. . . . P- — ¿Pero más allá de la Plaza de Recreo no llega? — R.—No' señor.— R — ¿Usted no sabe si el acusado se dirigía a un punto más allá?— R. — No señor.”

Llamó entonces el fiscal a Rodríguez, y a sus preguntas, contestó:

‘‘R. — Mandé a parar un carro público para que me llavara hasta la carretera, hasta el kilómetro 5 de la carretera de Caguas. — P.—• ¿Y pagaba por eso diez centavos? — R.—No señor, no. — P.—¿Cuándo fué? — R.—Lo que me p'idiera el carro. — P.—¿No convino con él nada? R- No señor. . . . R. — El asunto es que yo paré el carro en la Parada 20 para que me llevara hasta el kilómetro 5 de la carretera de Caguas, porque trabajo con el Gobierno Federal. En ese tiempo era inspector de la construcción de carreteras federales en ese sitio.”

Y a las repreguntas de la defensa, como sigue:

“R. — También trabajaba en la PERA. — P.—¿En qué sitio? . . E. — En el kilómetro 5 de la carretera de Caguas, o sea en la carre-tera para Cupey Alto, que era la que construía la PERA.' — P.—¿Eso es más allá del puente, a la salida para la carretera de Caguas?— E. — Sí señor.' — P.—¿Y a ese sitio era que usted se dirigía esa ma-ñana?' — E.—Sí señor. . . P.- — ¿Cuando usted tomó el carro que con-ducía el acusado en la Parada 20, qué pasó allí? — R.—Que como a los 20 metros del sitio donde cogí el carro estaba el policía y nos mandó a parar. — P.—¿Y qué hizo? — E.—Nos condujo al cuartel de la Parada 21. — P.—¿Le dijo algo a ustedes? — R.—Le dije que iba para el kilómetro 5 de la carretera de Caguas. — P.—¿ Usted se lo ma-nifestó a él; pero él le hizo preguntas, interrogatorio, investigó algo? —R.—Investigación no hizo ninguna. Yo le dije que iba para el ki-lómetro 5 de la carretera de Caguas.- — P.—¿ El policía le vió a usted pagando importe de pasaje alguno? — R.—No señor.”

Pidió el acusado que se le absolviera perentoriamente y la corte declaró sin lugar su moción. Declaró entonces, contes-tando a preguntas de su abogado, como sigue:

“P. — ¿Usted se dedicó algún tiempo a manejar vehículos públi-cos? — E.—Sí, señor. — P.—¿Se dedicó usted en alguna ocasión a lo que comúnmente se llama belloneo? — R.—Me dediqué pero el día a que se refiere la denuncia no estaba belloneando. — P.—¿En la ma-ñana a que se refiere la denuncia, eso fué en el mes de marzo de este año, 1936, no es así? — R.—Sí señor. — P.-—¿Qué estaba usted ha-ciendo? — R.—Pues yo iba en un carro público que yo estaba traba-jando de aquí de San Juan en dirección a la carretera de Caguas, y cuando iba por la 20, de venir a buscar unos amigos míos que iban para Caguas. . . . P. — ¿Al meterse en el carro le dijo el pasajero para dónde se dirigía? — R.-—Dijo, ‘Voy para Caguas, en dirección para Caguas.’ Él me dijo, ‘¿Para dónde usted va?’ y yo le dije, ‘Para Caguas,’ y él me dijo, ‘Yo voy para el kilómetro 5.’ . . . P.— ¿Y qué pasó? — R.—A veinte metros así detrás de la White Star Line, detrás de una guagua, al lado izquierdo, estaba el policía. En-tonces mandó a parar y paré y dice, ‘-sigue para alante y párate en el Cuartel’ y yo seguí. . . . P. — ¿Y el pasajero, qué se hizo? — R.— Cogió otro vehículo. — P.—¿Recibió usted paga alguna? — R.—No se-ñor. ’ ’

El fiscal no le hizo repregunta alguna.

Ésa fué la prueba que sirvió de base a la sentencia con-denatoria. A nuestro juicio es de tal manera insuficiente que no puede llegarse a otra solución que no sea a la revoca-ción de la sentencia recurrida. Quizá fuera verdad que en el día de la denuncia estuviera el acusado violando la ley como confesó que lo había hecho anteriormente, pero la vio-lación específica que se le imputó y por la que fué perseguido, no quedó demostrada.

El acusado tenía derecho a manejar el automóvil y a conducir pasajeros en él mediante paga hasta el kilómetro 5 de la carretera de Río Piedras a Caguas. Y eso fué lo único que demostró la prueba de cargo. El testigo Rodríguez que fué el pasajero que vió conducir el policía denunciante, se llamó a declarar por el Pueblo.

Sólo se encuentra en la declaración del policía algo en contra del acusado, a saber, su aseveración de que el acusado invitó al pasajero a ir a Río Piedras. Perdió sin embargo su fuerza la aseveración al explicar el propio denunciante que la ruta prohibida para el acusado sólo llegaba hasta la plaza de Río Piedras y al declarar el otro testigo de cargo que él iba para más allá de la Plaza, esto es, para el kilóme-tro cinco de la carretera de Río Piedras hacia Caguas.

Lo que sin duda ha sucedido en este caso es que conven-cido el policía de la culpabilidad del acusado por su conducta anterior, se precipitó en su arresto y la evidencia que creyó completa resultó luego insuficiente. Quizá la corte actuó bajo la idea de que dictaba una sentencia justa y quizá así fuera en efecto. Pero sometida la evidencia al debido exa-men, no es posible sostener su actuación. Es a base de lo-alegado y probado en cada caso concreto que se dicta la sen-tencia. La circunstancia de que el acusado confesara que había cometido otras violaciones, no puede considerarse como que suple la deficiencia de la prueba de la violación específica perseguida cuya comisión negó.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse con lugar el recurso, revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez PresideNtb Señor Del Toro

text:
    José Salas Noa, demandante y apelado v. Germánico S. Belaval, demandado y apelante.
    Núm. 6564.

    Sometido: Abril 23, 1937.

      Resuelto: Julio 19, 1937.

      Emilio 8. Belaval, abogado del apelante; E. E. F. Dottin, abogado del apelado.
   El Juez PresideNtb Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de octubre de 1931 José Salas Noa, por medio de su abogado Enrique Campillo, demandó en la Corte de Distrito de San Juan a Germánico S. Belaval en cobro de dinero y resarcimiento de perjuicios, pidiendo sentencia a sn favor por $314 por el primer concepto y por $1,275 por el segundo.

Alegó substancialmente en sn demanda que- en el pleito seguido por el demandado Belaval contra Isabel Agostini había sido nombrado por la corte, a solicitud y bajo la res-ponsabilidad de Belaval, depositario de los bienes embarga-dos a los efectos de asegurar la sentencia que pudiera dic-tarse, consistiendo dichos bienes en diez y nueve cabezas de ganado vacuno, un caballo y un burro; que aceptó y estuvo en posesión de los bienes conservándolos desde enero 30, 1930 hasta junio 30, 1931, en que Belaval se incautó de ellos alegando que le habían sido adjudicados en pública subasta; que con tal motivo incurrió en los gastos que especifica as-cendentes a $601; que el ganado vacuno produjo en leche $287 que aplicó al pago parcial de los gastos alegados, y que el tener que atender el ganado le ocasionó perjuicios que ra-zonablemente estima en $75 mensuales o sea en junto $1,275.

En octubre 30, 1931, compareció el demandado por medio de su abogado José Martínez Dávila y pidió que se ordenara al demandante que expusiera separadamente las dos causas de acción que alega en su demanda. Así lo ordenó la.corte en noviembre 25 siguiente, quedando archivada la demanda enmendada en diciembre 5, 1931.

En diciembre 15, 1931, el demandado excepcionó la de-manda por falta de hechos. La excepción fue resuelta diez y seis días después, por el Juez Sr. de Jesús, como sigue:

“Vista la excepción previa de falta de causa de acción, la corte la declara con lugar en cuanto se refiere a la segunda causa de ac-ción, pues no aparece de la misma una obligación por parte del de-mandado a favor del demandante y el incumplimiento de dicha obli-gación en perjuicio del demandante. Se alega en dicha segunda causa de acción que el demandante atendió al fomento y conserva-ción de los bienes que le dieron en depósito, con celo y diligencia de un buen padre de familia y que se le ocasionaron perjuicios que estima razonables en una suma de $75 mensuales o sea un total de $1,275; pero esta obligación no implica que el demandado haya de-jado de cumplir una obligación que tuviere a favor del demandante toda vez que el becbo de ser depositario no implica necesariamente xm perjuicio para el depositario máxime cuando éste cobra una can-tidad razonable por el sostenimiento del ganado dado en depósito. Pudiera ser que el depositario sufriera perjuicios con motivo del de-pósito y sin embargo no ser el demandado el causante de dichos per-juicios.
“Se concede al demandante un término de diez días para enmen-dar su demanda en cuanto se refiere a la segunda causa de acción.”

En marzo 30, 1932, se archivó la segunda demanda enmen-dada. En abril 8, 1932, el demandado pidió a la corte qne habiendo fallecido sn ahogado José Martínez Dávila, lo tu-viera por sustituido por el Lie. Emilio S. Belaval y la corte-resolvió de conformidad.

Por su nuevo abogado, el demandado, el propio día 8 de ■abril de 1932, archivó un largo escrito de excepciones previas. Adujo y basó las de indebida acumulación de acciones, am-bigüedad, falta de jurisdicción por razón de la cuantía, y sobre la persona del demandado, y falta de hechos determi-nantes de causa de acción.

El 4 de junio, 1932, la corte, por medio de su Juez Sr. Llauger, resolvió las excepciones como sigue:

“Se trata de resolver en este pleito un escrito de excepciones previas que radica el demandado y que por su extensión constituye un verdadero récord en esta clase de alegaciones. En la demanda •se ejercitan dos causas de acción. La primera tiene por fin reinte-grarse el demandante de ciertos gastos en que incurrió como deposi-tario de bienes semovientes que fueron objeto de un embargo practi-cado a petición de Germánico S. Belaval en el pleito que seguía dicho ■señor contra Isabel Agostini. La segunda causa de acción tiene por -fin percibir el demandante la cantidad de $1,275 como beneficios de-jados de percibir a razón de $75 mensuales por haber dedicado su atención y trabajo a la conservación y custodia de los bienes embar-gados.
“Las partes argumentaron extensamente la cuestión y dejaron so-metido el caso a la consideración de la corte. La primera excepción •es de indebida acumulación de acciones. Como antes vemos por el breve sumario de las causas de acción que se ejercitan, si bien el de-ma.nrla.Tit.fi tiene derecho al reintegro de las cantidades realmente gasta-das en la conservación de los bienes secuestrados que fueron puestos bajo su celo y cuidado, no vemos qué responsabilidad puede tener el demandado en este caso (demandante en el caso del secuestro), por los beneficios dejados de percibir por el demandante. Claramente las acciones no son acumulables y es de declararse con lugar la excep-ción de indebida acumulación de acciones.
“Como la resolución de esta excepción hace innecesario que se consideren las demás, toda vez que si las mismas no son acumula-bles, el demandante en este caso podría proseguir en esta acción cualquiera de las dos causas o razones de pedir que ejercita en este pleito, procede entonces que concedamos un término prudencial al demandante para que enmiende su demanda escogiendo aquella causa, de acción que estime conveniente a su derecho, y en tal virtud se le concede un término de diez días para radicar una demanda en-mendada. ’ ’

Cuatro mociones presentó el demandante por su abogado Campillo pidiendo prórrogas para enmendar su demanda. Accedió la corte, y en agosto 16, 1932 archivó su tercera de-manda enmendada que no cumple con lo ordenado en la resolución de junio 4, 1932, si que vuelve a alegar las dos causas de acción que alegó desde un principio. De la primera causa de acción elimina el hecho en que se hacía constar que las vacas en depósito habían producido leche por valor de $287 que el demandante había aplicado al pago parcial de los gastos reclamados, y así en vez de limitarse a reclamar el saldo de $314 como antes, pide sentencia por la totalidad de los gastos o sea por $601. En cuanto a la segunda causa de acción que se fundaba en lo que había el demandante de-jado de percibir — $75 mensuales — por lo que ganaba en sus ocupaciones habituales por cumplir con las obligaciones del depósito, se alega que el demandante aceptó el cargo de depo-sitario a instancias del demandado y bajo su promesa de-retribución, siendo el precio razonable de dicha retribución no estipulado específicamente, $75 mensuales. La demanda, está firmada por el abogado Enrique Campillo.

Así las cosas, transcurrieron los meses de septiembre y octubre sin que nada conste que se actuara en el pleito, apa-reciendo radicada en el mismo en noviembre, 12, 1932, una moción del demandante por otro abogado, el Sr. Quirós Méndez, pidiendo la anotación de rebeldía del demandado por no haber contestado la tercera demanda enmendada. Tres días después el secretario de la corte anotó en efecto la rebeldía.

Permanece el pleito en tal estado por más de siete meses y en junio 28, 1933, se radica la petición del demandante por el abogado E. H. F. Dottin sobre inclusión del mismo en el calendario para vista. La siguiente constancia de los autos es la sentencia de la corte dictada dos días después, como sigue;

“José Salas Noa demandó a Germánico S. Belaval en cobro de $601 que aquél empleó en el cuido y la conducción y alimentación de un ganado que Belaval embargó y le hizo entregar como depositario en el pleito civil número 11,456 incoado por Germánico S. Belaval contra Isabel Agostini ante esta misma Corte; y en cobro también de $1,217.50 como sueldos desde febrero 23 de 1930 hasta junio 30 de 1931 como administrador de una finca del dicho Belaval a razón de $75 mensuales.
“Trátase en este caso de la tercera demanda enmendada, la que está jurada y contiene dos causas de acción y fué notificada al abo-gado del demandado y radicada en Secretaría el 16 de agosto de 1932.
“El demandado no hizo alegación en contra de la tercera de-manda enmendada y en 15 de noviembre de 1932 a petición del de-mandante se anotó la rebeldía de dicho demandado.
“En el día de hoy se llamó este caso a juicio oral, por su orden de señalamiento, compareciendo únicamente el demandante en persona y asistido de su abogado quien anunció estar listo para el acto. Estando anotada en forma la rebeldía del demandado, se procedió a celebrarlo.
“En su virtud, el demandante leyó sus alegaciones, introdujo su prueba documental y testifical y sometió el caso sin argumentar.
“Y la corte por el resultado de dicha prueba, dicta sentencia de-clarando con lugar la demanda en todas sus partes y en su conse-cuencia, condena al demandado Germánico S. Belaval a pagar al de-mandante José Salas Noa la suma de $601 por los gastos reclamados en la primera causa de acción, más $1,217.50 por los sueldos deven-gados por el demandante como administrador de una finca del de-mandado, reclamados en la segunda causa de acción, y además las costas sin incluir éstas honorarios de abogado.”

Notificado el demandado el 17 de julio, presentó el 4 de agosto siguiente una moción jurada acompañada de un affidavit de méritos y de la contestación, pidiendo a la corte que dejara sin efecto su sentencia y ordenara la apertura de la rebeldía con permiso para contestar. En noviembre 6, 1933, radicó el demandante una moción jurada oponiéndose a la del demandado. Sobre el incidente se oyó prueba y la corte, por medio de su Juez Sr. Llauger, en febrero 19, 1934, declaró sin lugar la moción del demandado. Éste, en agosto 10, 1933, y en marzo 2, 1934, apeló, respectivamente, de la sentencia y de la resolución negándose a dejarla sin efecto y a abrir la rebeldía con permiso para contestar. Ambos recursos se tramitaron conjuntamente. Los autos contienen una transcripción de la evidencia practicada al celebrarse el juicio con la sola asistencia de la parte demandante y al verse la moción del demandado pidiendo que se dejara sin efecto la sentencia.

Nos fiemos referido al pleito desde que fué iniciado, a fin de dejar que los fiecfios fueran fiablando por sí mismos. Con conocimiento de ellos, veamos la explicación que ofrece el demandado para justificar su conducta al dejar de archivar la alegación correspondiente cuando fué notificado de la tercera demanda enmendada. Consta de su moción y del affidavit de méritos que le acompaña, affidavit que cumple con las exigencias de la ley y la jurisprudencia sobre el particular. Además su abogado en el acto de la vista del incidente declaró, con la oposición del abogado de la parte contraída Sr. Dottin, a todo aquello que hacía referencia a lo dicho o prometido por el anterior abogado de dicha parte Sr. Campillo que había fallecido, como sigue:

“Me llamo Emilio S. Belaval. Soy abogado. Juro que el día 31 de marzo de 1932 se me notificó una demanda enmendada por el demandante en este caso, don José Salas Noa, . . . Qne al serme notificada esta demanda me dirigí a la Corte a examinar el récord y me encontré que con anterioridad a esa notificación se habían inter-puesto contra dicha demanda unas excepciones previas que fueron de-claradas con lugar . . . concediéndosele 10 días al demandante para radicar una demanda enmendada. Que como la fecha en que se había notificado dicha demanda fué el 31 de marzo de 1932, . . . me dirigí al anterior abogado del demandante, Enrique Campillo, para que me explicara a qué se debía dicha irregularidad, ... el Lie. Campillo me explicó que había estado enfermo y que no había podido hacerla antes.”

Se refiere a las excepciones a la segunda demanda y luego a la tercera y continúa:

‘ ‘ Hablamos frente al libro de radicaciones de la corte, donde había venido a examinar el expediente. Me d'ijo el señor Campillo que había estado enfermo y seguía enfermo y no había podido, por mucho tiempo, asistir a la oficina en aquella semana, que me suplicaba que tuviera un poco de paciencia. Le dije que no tenía inconveniente ninguno, y le manifesté las dificultades que existían de mi parte para rehacer los autos del caso, porque la muerte del compañero Martínez Dávila extravió la evidencia documental sobre el particular; le ex-pliqué las gestiones hechas cerca del señor La Torre y del taquígrafo del señor Martínez Dávila para conseguir dicha evidencia, y convi-nimos en que, en vez de radicar ninguna otra alegación, radicaría una contestación cuando pudiera reunir la prueba, y veríamos el pleito en el fondo. Más tarde, como seis o siete días más tarde, nos encon-tramos frente al edificio de esta corte, en los bajos, comprando sellos de Rentas Internas.
“. . . hablamos . . . sobre la posibilidad de hacer una estipula-ción en la que el demandante obtendría el montante de la primera causa de acción menos 400 y pico de pesos que como depositario se había quedado con ellos por el producto de la leche vendida. Según la corte verá el demandante aceptó en las primeras dos demandas, que el producto total de la leche de las vacas embargadas lo guardó y estaba dispuesto a hacer una liquidación cuando se le pidiera. Que-damos en eso. Dos o tres meses después hablamos el señor Cam-pillo y yo frente al edificio Bouret, en San Juan, un sábado en la tarde. Le pregunté ‘que hay sobre la estipulación en el pleito, de la primera causa de acción menos la leche’, y entonces me dice ‘no be podido hablar con el demandante, pero pienso hacerlo de un mo-mento a otro, y le avisaré.’ En julio se yió el caso, o el 30 de junio, y el 12 de julio se notificó no al abogado de récord sino al de-mandante la sentencia. . . Inmediatamente me dirigí al señor Cam-pillo y tengo que exponer a la corte que me fué absolutamente difícil hablar con él. Por fin un día allá para el 20 ó 25 de julio de ese año, por el 25 ó 24, no recuerdo bien, de ese año, pude hablar una mañana con el señor Campillo, en su oficina, quien me manifestó que sentía mucho lo ocurrido, que lo que había pasado es que un señor Tomás R-oviera, encargado de este pleito, se lo había llevado a otro abogado; que, desde luego, él estaba a mis órdenes para declarar sobre estos extremos ante esta corte. Más tarde, después de radi-cada la moción para dejar sin efecto la sentencia me dirigí al señor Campillo y me dijo ‘si Ud. necesita m'i testimonio en cuanto al en-tendido de que Ud. contestaría en su fondo y que podríamos transar el pleito bajo esa base y el demandado estuviera conforme, no tengo inconveniente en darlo.’ ”

Las razones que tuvo la corte sentenciadora para deci-dir que la explicación era inaceptable, constan de sn resolu-ción, como sigue:

“La corte ha considerado detenidamente la cuestión planteada. Se reduce ésta únicamente a determinar, si atendidas las circunstan-cias que concurren en el presente caso, es suficiente razón para dejar sin efecto la sentencia dictada y abrir la rebeldía, el que haya me-diado cierto convenio oral entre el anterior abogado del demandante (que ha fallecido), y el actual abogado del demandado, mediante el cual creyó entender este último que el demandante aguardaría a que le fuera dado al demandado reconstruir la prueba de su caso a cambio de abstenerse él, a su vez, de radicar alegación alguna que no fuese la contestación a la demanda en su fondo. Este extremo, sobre el cual versó la prueba testifical del demandado, está negado por el demandante, quien aduce que según su información y creencia ninguno de sus abogados, en momento alguno, celebró convenio al-guno con el demandado o con los abogados de éste.
“ . . . creemos que si tomamos en consideración el tiempo trans-currido desde la radicación de la tercera demanda hasta la anotación de la rebeldía y luego desde la fecha de dicha anotación hasta en la que se dictara sentencia, la razón aducida por la parte deman-dada supone un descuido inexcusable de su parte en la substancia-■ción del presente caso. Esta corte entiende bien que es mejor prác-tica permitir a las partes que se defiendan y resolver las cuestiones •oyéndolas, que no la de sostener sentencias en rebeldía cuando se de-muestra que el descuido en el cumplimiento de la ley de procedi-mientos ba sido excusable y no debido al deseo de entorpecer y de-morar la cuestión litigiosa, y entiende también, que debe eximir a mía persona de los efectos de una sentencia que se hubiere dictado ■en su contra por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil; pero es el criterio de este tribunal que el descuido en el cumplimiento de la ley de procedimiento en este caso ba sido inexcusable y que, a juicio de la misma, no media causa ■de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia para eximir al demandado de los efectos de la sentencia dictada.
“Por otro lado, de acuerdo con las reglas para las cortes de dis-trito en casos civiles (regla 27) ningún convenio entre los abogados o las partes tocante a algún asunto pendiente, tendrá fuerza, a me-nos que sea becbo por escrito, firmado y entregado con los demás documentos para que forme parte del récord; o a menos que sea .becbo en corte abierta con el mismo fin. Habiéndose becbo referen-cia solamente a cierto acuerdo oral habido entre los abogados de las .partes y teniendo en cuenta el carácter indefinido e incierto en que se ban expuesto los términos del mismo en lo que respecta al tiempo concedido al demandado para presentar su contestación, así como las demás circunstancias que se desprenden de los autos, estamos convencidos ele que no es éste un caso que merezca ser resuelto en favor de la parte demandada. Lo contrario sería mal uso de nuestra ■discreción. ’ ’

Hemos vacilado mucho en verdad con respecto a la acti-tud que debemos adoptar en el presente caso, habiendo ejer-citado como ejercitó el juez sentenciador su discreción en contra del demandado cuya negligencia o falta de previsión al dejar de reducir a escrito el convenio que invoca con el abogado del demandante, es evidente.

Pero tras una detenida consideración del asunto encon-tramos en la misma extraordinaria extensión del abandono del abogado del demandado, una confirmación de que es cierto lo que dice en cuanto a sus conversaciones y convenios con el abogado Sr. Campillo de la parte contraria, porque no se explica de otro modo que un litigante que actúa como lo hizo-el demandado en este pleito y que obtiene las decisiones fa-vorables que obtuvo, abandone su posición y permita que se dicte contra él una sentencia sobre la base de una demanda enmendada que reclamaba de él más que las anteriores en, su primera causa de acción y que variaba substaneialmente la segunda.

Es ciertamente la última demanda enmendada sobre la en que descansa el litigio, pero cuando se trata de un caso en que lo que está ante la conciencia judicial es el hecho de sí debe o no anularse una sentencia obtenida a virtud de las alegaciones y las pruebas de una sola de las partes para dar una nueva oportunidad a la otra parte de intervenir en la contienda, de modo que el fallo se dicte con mayores ga-rantías de acierto, entonces puede eserudiñarse en las cons-tancias de los autos para penetrar bien en la verdad de la ocurrido y en la probable justicia de la reclamación en su. totalidad o en parte.

Nada más creemos que debemos expresar, ante el temor de que nuestros razonamientos pudieran invocarse luego-como que prejuzgaban los méritos del litigio. Hemos exa-minado las defensas que alega que tiene la parte demandada y no estamos convencidos de que todas sean procedentes,, pero sí estimamos que de probarse algunas de ellas, habría que pronunciar una sentencia que sería substancialmente dis-tinta de la dictada.

Habiendo llegado finalmente al convencimiento de que el error de la corte al declarar sin lugar la moción del deman-dado de agosto 4, 1933, pidiendo que se dejara sin efecto la sentencia dictada contra el mismo en rebeldía, se abriera ésta y se le concediera permiso para contestar, es manifiesto, ya que las circunstancias concurrentes demandaban el ejercicio-de su discreción en pro de una decisión del pleito sobre sus méritos, su resolución debe revocarse dictándose en su lugar otra por virtud de la cual se deje sin efecto la sentencia en rebeldía dictada el 30 de junio de 1933, se abra la rebeldía y se permita al demandado la radicación de sn contestación.

Claro está que dejada sin efecto la sentencia, resulta aca-démico él recurso de apelación interpuesto directamente contra ella debiendo en tal virtud desestimarse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    West India Oil Company, demandante y apelante v. Tobacco Trade Journal y Santiago Iglesias Silva, demandados y apelados.
    Núm. 7246.

    Sometido: Mayo 25, 1937.

      Resuelto: Julio 23, 1937

      José Carita Miranda, abogado de la apelante; Besosa & Besosa-, abo-gados de la apelada Tobacco Trade Journal.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de enero, 1934, la West India Oil Company interpuso demanda de tercería en la Corte de Distrito - de Humacao re-clamando como suyos los cincuenta dólares mensuales a devengar por Santiago Iglesias Silva como canon de arrenda-miento de una casa de su propiedad situada en Caguas basta el montante de $850, que habían sido embargados por The Tobacco Trade Journal en el pleito que seguía contra el dicho Iglesias en cobro de dinero en la Corte de Distrito de San Juan.

Ocho días después la demandada en tercería The Tobacco Trade Journal Co. radicó su contestación, y a los tres si-guientes la tercerista archivó una excepción previa a la prisma.

Así las cosas, al año siguiente, en junio 15, el secretario presentó a la corte una moción que dice:

“COMPARECE el Secretario e informa que las partes no han radi-cado instancia alguna en el presente caso desde 9 de marzo de 1934, teniendo por tanto el mismo más de un año sin progreso. Y en virtud de la Regla 3 para las Cortes de Distrito en Casos Civiles, se solicita se considere que las partes han abandonado el presente pleito y se dicte sentencia sobreseyendo y archivando el mismo, previa notifica-ción a las partes.”

El 17- de junio, 1935, la corte ordenó que la moción se no-tificara a las partes concediéndoles diez días a partir de la notificación para comparecer a alegar razones por las cua-les no debiera dictarse sentencia sobreseyendo y archivando por abandono el pleito.

Notificadas las partes el propio día 17 de junio, 1935, compareció la tercerista el 19 y alegó:

“Que han mediado razones poderosas por cuyo motivo esta parte demandante no ha solicitado el señalamiento de este caso, entre otras, el haber estado ausente de Puerto Rico durante parte del pasado año, el abogado que suscribe; otra, el haberse realizado una sustitución de -los directores u oficiales de esta corporación lo que ha impedido al abogado de la demandante impartirle la corriente atención a los pleitos pendientes debido a estar en casi constantes consultas con dichos nuevos directores para imponerles la situación reinante en la isla eíi-sus distintos aspectos por ellos desconocerla.
“Que los motivos antes aludidos están para cesar de un momento a otro y de consiguiente de un momento a otro también la parte de-mandante habrá de dar los pasos pertinentes para hacer progresar este caso, sobre todo cuando a dicha parte le asiste' una justa, buena y razonable causa de acción.”

En julio 16, 1935, la demandada en tercería archivó un escrito oponiéndose, como sigue:

“Que desde enero 17 de 1934 se encuentra pendiente de discusión .unas excepciones previas a la contestación de esta parte en este caso sin que hasta la fecha se haya hecho diligencia alguna por la terce-rista en ver dieba moción y disponer de la misma, solicitando sn se-ñalamiento ante esta Hon. Corte, limitándose la West India Oil Co. en sn moción de junio 19, 1935, a aducir razones que no justifican en lo más mínimo el total abandono de estos procedimientos por dieba parte, ya que los deberes profesionales del abogado no pueden justi-ficar la actitud asumida por la tercerista en este caso, actitud que in-tentan continuar según se desprende de la misma moción de junio 19 de 1935 en que no bace esfuerzo ni diligencia alguna por poner en movimiento estos procedimientos. ’ ’

Continúa exponiendo las razones por virtud de las cuales considera que el tercerista no tiene una buena causa de ac-ción.

La corte señaló el 2 de agosto, 1935, para la vista de la moción de junio 19. Nadie compareció. Al día siguiente, 3 de agosto, 1935, aparece radicada una moción fechada el primero, en que ambas partes pedían la posposición de la vista para agosto 9.

Sigue una petición de la tercerista radicada en agosto 17, 1935, para que se incluya en el calendario especial de agosto 23 la discusión de su excepción previa a la contestación, a lo que no accedió el secretario por hallarse pendiente la cues-tión de archivo.

El 27 de agosto, 1935, se dictó por la corte la siguiente sentencia:

"Vista la moción presentada por la demandante para que no se decrete el sobreseimiento y archivo del caso, y en mérito de las alega-ciones hechas por la demandada, The Tobacco Trade Journal Co., se declara con lugar la moción del Secretario y al efecto se dicta sen-tencia declarando sobreseído y archivado este caso por abandono injus-tificado del mismo durante más de un año a contar desde la fecha de la última actuación en autos y basta la fecha en que el Secretario radicó la moción que ahora se resuelve. El Secretario notificará a las partes esta sentencia.”

De ella apeló la tercerista imputando a la corte que “abusó notoriamente de su discreción ordenando el archivo y sobre-seimiento del caso.”

La regia 3 de la corte citada en sn sentencia, según se transcribe en el alegato de la parte apelada, dispone:

“Regla 3.' — En cada término regular la Corte motu proprio y previa notificación de por lo menos 5 días a la petición podrá or-denar la desestimación y el archivo de todas las acciones, pleitos y procedimientos pendientes en los cuales no se hubiera hecho progreso alguno y anotádose en el récord, por un período de un año o más, debido a la negligencia de las partes a menos que esta tardanza se justifique oportunamente a satisfacción del tribunal.”

Y circunscrito el debate a si se demostró o no que la corte sentenciadora abusó de su discreción al aplicarla, creemos que se impone una resolución en la negativa.

Los hechos y la ley son claros. La tercerista presentó en el pleito una excepción previa a la contestación en enero 15, 1934, y nada más gestionó en el pleito. Cuando el secre-tario se dirigió a la corte en junio 15, 1935, había trans-currido no ya un año sino cerca de año y medio de falta de gestión. Se notificó a las partes. ¿Cuál fue la excusa de la tercerista? Dejamos transcritas textualmente sus mani-festaciones hechas en una moción que ni siquiera está jurada. Fueron en substancia haber estado ausente de Puerto Rico parte del tiempo su abogado y haberse realizado una susti-tución de sus directores y oficiales.

¿ Puede sostenerse que al juzgarlas insuficientes el juez sentenciador abusara de su discreción? Es tan evidente lo contrario, que la negativa se impone por sí misma. Se trata de un período de más de un año. Se reconoce que la ausen-cia del abogado no lo fue por todo el tiempo. La situación creada por el cambio de directores no.se expresa cuánto duró, pero no puede serlo por un período tan largo. La impresión que lo alegado produce es la de meras excusas, no la de cau-sas que justifiquen o que tiendan siquiera a justificar la con-ducta de la parte o su abogado.

Siendo ésas las circunstancias que en el caso concurren, el recurso debe declararse sin lugar quedando confirmada la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Auto Body Corporation, demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, J. E. Colom, Comisionado del Interior y J. L. Molina, Jefe Encargado de la División de Automóviles del Departamento del Interior de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7565.

    Sometido: Julio 19, 1937.

      Resuelto: Julio 23, 1937.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, Jesús A. González, Subprocurador y M. Cruz Iiorta, Asesor Legal Especial éste del Departamento de Hacienda, abogados de los apelantes; Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y Héctor González Flanes, abogados' de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión, del tribunal.

Los demandados apelantes han presentado una moción pidiendo que se amplíe la fianza que la demandante apelada prestó para obtener la orden de injunction.

Alegan substancialmente que la demandante solicitó y obtuvo de' la Corte de Distrito de San Juan mediante una fianza por diez mil dólares una orden paralizando el cobro de arbitrios sobre sns vehículos de motor; que de dicha orden apelaron encontrándose su recurso pendiente ante este tribunal, y que la fianza de diez mil dólares resulta hoy insufi-ciente porque ya la deuda de la demandante asciende a $17,586 sin incluir intereses ni recargos.

Y alegaron además “que el día 15 de marzo de 1937 la Honorable Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, dictó sentencia en el caso de la Corona Brewing Co. v. Tesorero de Puerto Ríoo (89 F. (2d) 479) por la cual se resolvió que las exenciones que se otorgan por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico con arreglo a las disposi-ciones de la Ley núm. 40 de 1930 (pág. 315), interpretada en concordancia con la Carta Orgánica de Puerto Rico no in-cluyen los artículos terminados de las industrias a las cuales se conceden tales exenciones como industrias nuevas ni las contribuciones que tengan el carácter de rentas internas ...” y “que el presente caso envuelve la aplicación de la misma ley de exenciones de industrias nuevas y las disposiciones de la misma ley de arbitrios sobre rentas internas de Puerto Rico y por tanto resulta ostensible que el demandante y ape-lado al fin y al cabo vendrá obligado a pagar los referidos arbitrios con más sus intereses y recargos.”

Se opuso la demandante apelada. Admitió la existencia del injunction y la cuantía de la fianza prestada para obte-nerlo, pero negó que adeudara suma alguna por concepto de arbitrios al Pueblo de Puerto Rico.

Negó que la fianza fuera insuficiente alegando que no se exigió para asegurar el pago de los arbitrios reclamados sino “para responder al demandado de los daños y perjuicios que puedan ocasionársele con motivo del injunction.”

Admitió la existencia de la decisión de la Corte de Circuito que se invoca y que está envuelta en este caso la misma ley en ella interpretada, pero alegó que la decisión no era firme por haberse interpuesto en su contra recurso de certiorari para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Y hechas esas y otras alegaciones, sostuvo que no ha-biéndose perfeccionado el recurso, la jurisdicción de esta corte no ha comenzado, ni han sido suspendidos los procedi-mientos en la corte inferior, y que aún en la hipótesis de que la apelación se hubiera perfeccionado, específicamente se ha resuelto que la corte sentenciadora retiene la jurisdicción para requerir fianzas adicionales, o aumentar la cuantía de la prestada en un caso de injunction en el cual se ha expe-dido el injunction preliminar y contra el mismo se ha re-currido para ante la corte de apelación. Cita las siguientes autoridades: Porter v. Superior Court of California, 78 Cal. App. 790, 248 Pac. 1077; Stuart v. Ansley, 119 La. 549, 44 So. 294; 4 Bancroft’s Code Practice and Remedies, pág. 4632, sec. 3529.

No tiene razón la apelada al sostener que no basta la radicación del escrito de apelación para que quede suspendido todo procedimiento respecto a la sentencia u orden apelada, en la corte inferior.

La tendría si la sección 298 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como consta en el texto inglés, fuera la ley en esta jurisdicción ya que habría entonces que prestar fianza para que el recurso quedara formalizado, pero esta corte ha der cidido repetidamente que la ley tal como fué decretada en Puerto Pico, no exige el requisito de la fianza para apelar.

Por medio de su entonces Juez Asociado Sr. Hernández, en el caso de Amsterdam v. Puente et al., 15 D.P.R. 152, se expresó así:

“Los apelados han presentado moción a esta Corte Suprema para que se desestime el recurso de apelación interpuesto, por el funda-mento de no haber prestado los apelantes fianza alguna, ni habérseles relevado mediante estipulación del deber de prestarla.
“El artículo 296 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil no exige en su texto español, ni en el inglés, la prestación de fianza para interponer un recurso de apelación; pero el artículo 298 en su texto inglés preceptúa que la formalización de una apelación por la fianza o depósito de que se hace mención en un artículo cuyo número no se expresa, suspenderá los procedimientos en la corte inferior en cuanto a la sentencia u orden apelada fuera del caso exceptuado.
“El texto español del artículo 298 no está conforme con el texto inglés.
“Dicho artículo 298 tal como aparece redactado en inglés no puede ser eficaz en derecho al efecto de exigir prestación de fianza o de depósito para formalizar una apelación, pues parte del supuesto de que tal formalidad ha sido exigida por otro artículo del mismo Código de Enjuiciamiento Civil, en el cual no encontramos precepto alguno relativo al particular.
“Aún más, el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil es reproducción del 3574 del Código de Idaho y si bien ese artículo 3574 establece que la apelación es ineficaz para cualquier fin a no ser que se preste una fianza o se haga un depósito dentro de cinco días, después de la notificación de la apelación, ese precepto no ha sido traído al artículo 296 del Código de Puerto Rico, y por tanto, fue intención de la Legislatura no hacerlo extensivo a esta Isla.
“El ya citado artículo 298 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil parece haber sido tomado del artículo 3583 del Código de Idaho, el cual alude al 3575 del mismo Código, que no ha venido al nuestro.
“Por las razones expuestas, somos de opinión que'no obstante el texto inglés del artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, la fianza o el depósito no son requisitos necesarios para interponer una apelación, y por tanto, es de desestimarse la moción de los apelados con las costas a los mismos.”

Odio años más tarde, en el caso de Hernández el al. v. Cuevas Zequeira, 24 D.P.R. 813, 814, hablando por su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

“La ley es completamente clara y ni la Corte de Distrito de Humacao ni los demandados en el pleito original nos han mostrado razón alguna para que nos apartemos de ella. Un supersedeas es parte de la formalización de una apelación en California e Idaho, de donde el artículo en cuestión fue tomado, pero en este caso hay que advertir que no se trató de prestar fianza ni se dió ningún otro paso que justificara a los demandados en llamar a su solicitud ‘moción sobre supersedeas.’ No hay lugar para un supersedeas, de acuerdo con los términos de la ley citada. Véase también Amsterdam v. Puente et al., 15 D.P.R. 153.”

Y como la cuestión fuera suscitada unos diez años más tarde, en el caso de Muñoz v. Montañez, 37 D.P.Ii. 318, 322, expuso y resolvió lo que sigue:

“Bastaría lo expuesto anteriormente para dejar resuelto el recurso «declarándolo sin lugar, a no ser por una interesante discusión sur-gida en el seno de la corte en la cual se ba sostenido que para que se entienda perfeccionado el recurso y los procedimientos se suspen-dan a virtud de la apelación, es necesario que se preste la fianza que exige el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como aparece en el texto inglés, a saber:
“The perfecting of an appeal by giving the undertaking, or making the deposit mentioned in section -, stays proceedings in the court below upon the judgment or order appealed from, except where it directs the sale of perishable property; . . .’
“Hace diez y ocho años en el caso de Amsterdam v. Puente et al., 15 D.P.R. 152, este tribunal por medio del Juez Presidente, Hernández, entonces Juez Asociado, dijo: (Se transcribe íntegra la opinión y luego se agrega:)
“ ‘La anterior decisión marcó una norma que ha sido luego cons-tante y uniformemente seguida y sometida ahora a un nuevo aná-lisis la mayoría de los jueces opina que debe subsistir porque se basa en una apreciación correcta de los hechos y en una clara interpreta-oión de la ley.’ ”

En lo que sí creemos que está en lo cierto la apelada •es en que en verdad la corte sentenciadora conservó su jurisdicción en cuanto a la fianza porque lo que queda suspendido a virtud de la apelación es, de acuerdo con los términos de la misma ley — artículo 297 del Código de Enjuiciamiento •Civil — “todo procedimiento . . . respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella”, pero no “en lo que respecta a cualquier extremo ... no comprendido en la apelación.”

Los casos invocados por la apelada son perfectamente aplicables. En el primero de ellos, Porter v. Superior Court, 248 Pac. 1077, se resolvió que:

“El perfeccionamiento de un recurso de apelación inviste a la «corte superior de jurisdicción para conocer de todas aquellas cuestio-lies que están comprendidas en la sentencia u orden apeladas, mas no de cualquiera otra cuestión comprendida en el recurso.
“Cuando estando pendiente el recurso se desprende en cualquier-momento que la fianza prestada en el - injunction preliminar es in-suficiente, la corte debe exigir que la misma sea aumentada como condición previa a que el demandante continúe disfrutando del injunction.
“Una corte superior tiene jurisdicción, no obstante haberse ape-lado, para ordenar que se aumente la cuantía de la fianza prestada en un injunction preliminar librado mientras está pendiente una apelación, aunque el resultado sea que el injunction se deje sin efecto por dejarse de prestar la nueva fianza.”

Y en el segundo, o sea en el de Stuart v. Ansley, 44 So. 294, la Corte Suprema de Luisiana decidió que:

“La corte de primera instancia, aun después de haberse enta-blado una apelación, tiene jurisdicción para conocer de la cuestión relativa a la insolvencia o ilegalidad de la fianza.”

Aunque la situación no era igual porque la apelación ha-bía sido ya resuelta, parece, sin embargo, conveniente citar lo que dijo esta corte en el caso de Sosa v. Corte, 46 D.P.R. 282, 285. Es como sigue:

‘ ‘ Estamos de acuerdo con el peticionario apelante en que la fianza en casos de injunction es algo esencial y de verdadera trascendencia. Fuera de las excepciones que la misma ley señala, debe exigirse por el juez como condición precedente al diligenciado del auto. Ley sobre injunction de 1906. Código de Enjuiciamiento Civil, pág. 276, Ed. 1933.
“También estamos de acuerdo con el peticionario apelante en que cuando se demuestra de modo evidente que la fianza prestada no es bastante, debe aumentarse a fin de que se cumpla el verdadero pro-pósito de la ley que es la garantía del pago de los perjuicios que-pueda causarse al demandado con la expedición del auto.
“En lo que no estamos conformes con el peticionario es en que esta corte deba ordenar a la corte de distrito que a su vez ordéne-la prestación de la nueva fianza que el peticionario solicita.
“La apreciación de los probables perjuicios a compensar y en su consecuencia la fijación de la cuantía de la fianza, corresponde a la sana discreción de la corte sentenciadora, y tendría que demostrarse un claro abuso de esa discreción para que esta corte pudiera inter-venir.”

En tal virtud, debe declararse sin lugar la moción de los apelantes sobre aumento de fianza, sin perjuicio de que pre-senten su petición en la corte de distrito que decretó el injunction.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    J. Seoane & Co., Sucrs., S. en C., demandante y apelante, v. Encarnación Hernández, Generoso, Etelvina, Alfonso y Jacinto Zayas, demandados y apelados.
    Núm. 6898.

    Sometido: Marzo 4, 1937.

      Resuelto: Julio 23, 1937.

      Antonio L. López, abogado de la apelante; M. Rodríguez Albertyr abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

J. Seoane y Co., Sucesores, una sociedad mercantil en comandita, demandó a Encarnación Hernández y a sus hijos Generoso, Etelvina, Alfonso y Jacinto Zayas, en solicitud de' una sentencia que declarara rescindida cierta escritura otorgada por los demandados renunciando sus derechos a determinada finca rústica, por haberse hecho el otorgamiento en fraude de su acreedor la demandante.

Para fundar su petición alegó sustaneialmente en su de-manda que los cuatro primeros demandados en agosto 6, 1928, suscribieron solidariamente a la orden de la deman-dante y le entregaron un pagaré por valor recibido por qui-nientos dólares e intereses de mora al uno por ciento mensual a vencer en noviembre de 1928; que le abonaron cien dólares y no habiendo satisfecho el resto, la demandante se lo re-clamó judicialmente iniciando su acción en agosto 14, 1930, y obteniendo sentencia favorable, que es firme, en octubre 21, 1930, y que trató de ejecutar dicha sentencia en bienes de los deudores y encontró que no los tenían.

Y siguió alegando en su demanda que los dichos cuatro primeros demandados en unión del quinto y último integran la Sucesión de Maximino Zayas que falleció en Cayey en 1928, siendo su viuda la primera y sus hijos los otros; que durante su matrimonio Maximino Zayas adquirió por compra una finca de diez y siete cuerdas situada en el barrio de Beatriz de Cayey que mantuvo libre de cargas hasta su fa-llecimiento; que Maximino Zayas en su testamento dejó a su hijo el demandado Jacinto en concepto de mejoras la in-dicada finca; que siendo dicha finca ganancial, para poder cumplir el testamento era necesario liquidar la sociedad de gananciales disuelta por la muerte de su socio el testador, lo que nunca se hizo, y que conocedores los demandados de que no bastaba el testamento por sí solo para que Jacinto adquiriera el dominio de la finca en su totalidad, por escri-tura de agosto 30, 1930, los cuatro primeros renunciaron a favor del último sus derechos a ella, por mera liberalidad y sin consideración alguna, siendo dicha renuncia equivalente a una donación graciosa y que cuando tal acto, que dejó a los cuatro primeros demandados en estado de insolvencia, se llevó a efecto, ya habían sido dichos demandados notificados de la demanda en cobro del pagaré.

Contestaron los demandados admitiendo la existencia del pagaré, la del pleito iniciado en cobro del mismo y la de la escritura de renuncia otorgada el 29 de agosto de 1930 y no el 30, pero negaron que tal acto constituyera una donación fraudulenta, alegando que siempre tuvieron otros bienes con que responder a su acreedor.

Fue el pleito a juicio. Introdujo la demandante evidencia documental y testifical. Entre la primera figura una certi-ficación expedida por el registrador de la propiedad de Gua-yama que se refiere a varias inscripciones de la finca en cuestión, apareciendo de la sexta hecha a favor del deman-dado Jacinto Zayas, que Maximino Zayas falleció en diciem-bre 24, 1927, bajo testamento otorgado ante notario el mismo año, en el cual mejoró a su hijo Jacinto con la finca, e insti-tuyó como herederos universales suyos en el remanente de sus bienes, a su viuda y a sus hijos, que dichos herederos hicieron constar en acta notarial de agosto 29, 1930, que por propia voluntad y en atención a que en la finca vivía la viuda y á haber sido ésa la voluntad del testador, renunciaban a cualquier derecho que como herederos pudieran tener sobre la misma.

La evidencia testifical de la demandante consistió en las declaraciones de su socio Rafael López y de su abogado' Antonio L. López. El primero manifestó que gestionó el cobro del pagaré cerca de los deudores, que estuvo en la finca de que se trata y uno de ellos, Generoso, le dijo que eso era lo único que les quedaba y que ellos se lo habían regalado a su hermano, y el segundo después de expresar que había prac-ticado una investigación que dió por resultado que los únicos herederos de la demandada doña Encarnación Hernández fallecida mientras se tramitaba el pleito, lo eran sus hijos los otros demandados Generoso, Etelvina, Alfonso y Jacinto Zayas, contestó a repreguntas de los demandados:

‘1.... que no recordaba si fue o no abogado de Seoane en la refe-rida corte municipal; que no sabe si J. Seoane y Cía. embargó alguna vez bienes en aquel caso; que no recuerda si se expidió alguna orden de embargo. Que el testigo vino al Registro y buscó y no aparecieron bienes inscritos a nombre de ninguno de los demandados o sea de los Zayas, estó es, del año 1930 para acá; que no tenían bienes, ni los tienen en la actualidad; que aparecieron bienes como sociedad, como aportados a una sociedad constituida por ellos; que no se embargaron bienes de esa sociedad; que no babía bienes particulares.”

Los demandados ofrecieron en evidencia el acta notarial de agosto 29, 1930, nna escritura creditiva de la venta de un predio de terreno de cinco cnerdas hecha en junio de 1930 por la demandada Encarnación Hernández a favor de Miguel Rodríguez por precio de cuatrocientos dólares, el testamento de Maximino Zayas, los autos del pleito Núm. 9262 iniciado en diciembre 19, 1930, contra la Sucesión de Maximino Zayas en la Corte de Distrito de Guayama en cobro de hipoteca en el cual se adjudicaron finalmente al acreedor cuatro fincas por precio de $2,640, el expediente sobre autorización judicial para arrendar a la sociedad agrícola Zayas los condominios del menor demandado Jacinto por canon anual de $350, ini-ciado y resuelto en junio de 1930 y los autos sobre división de comunidad de bienes de los cuales aparece que Etelvina Zayas, una de las aquí demandadas, era dueña en común y pro indiviso con su hija Dora de una casa radicada en terre-nos de la Sucesión Zayas, pleito iniciado en 1934.

Como testigo, declaró en su favor su abogado Miguel Rodríguez. Reconoció un documento privado por virtud del cual la demandada Encarnación Hernández arrendó en 1931 una finca de tres cuerdas y media a Manuel Morales y dijo :

“. . . . que por indicaciones del que fué abogado de la Sucesión Zayas, Benigno Fernández García, para aclarar el testamento del cau-sante Maximino Zayas en cuanto a la mejora vde su hijo Jacinto, re-dactó el acta notarial de 29 de agosto de 1930, antes relacionada, por insinuación del Registrador de la Propiedad de Guayama, P. R., y luego por escrito del día siguiente, 30 de agosto de 1930, solicitó la inscripción de dicha acta para poder inscribir e identificar la finca por sus colindancias y después hipotecarla, como se hipotecó, para pagar un legado a María Luisa Santiago quien había seguido un pleito contra la Sucesión Zayas; que mediante dicha acta se identi-ficó la finca y se aclararon las colindancias, y además se renunciaron algunos derechos, si los tuvieran, en la hipótesis de que la cabida no cupiera en el tercio de libre disposición de que habla el mismo testa-mento. Que ésa fué la actuación del testigo en el acta notarial, la cual su deber como notario le obligaba a explicarla, ya que se pide la rescisión de dicha acta por un supuesto fraude, cuando solamente se aclaraban colindancias.”

Basándose en las alegaciones y las pruebas la corte de-claró la demanda sin lugar. La demandante apeló. Señala <en sn alegato dos errores cometido el primero a sn juicio por la corte al resolver qne la donación consignada en la ■escritura de agosto 29 no fné otorgada en fraude de sn cré-dito y el segundo al no condenar a los demandados solidaria-mente al pago de las costas. Claro es qne si no se cometió el primero, no habrá siquiera que hacer nueva referencia al .segundo.

Al formular su señalamiento de error parte la apelante ■de la base de que constituye una donación graciosa el acto realizado por los cuatro primeros demandados al renunciar sus derechos a la finca de que se trata, acto que completando •en lo que pudiera faltar la disposición testamentaria de Maximino Zayas mejorando a su hijo más pequeño el otro demandado Jacinto, causó la inscripción en el registro de la finca a favor del mismo, y aceptando nosotros, sin resolverlo, que sea así, esto es, colocándonos en el terreno más favorable a la apelante, creemos, sin embargo, que no debe revocarse la sentencia recurrida.

Es cierto que el artículo 585 del Código Civil, ed. 1930, prescribe:

“Artículo 585. — No mediando estipulación respecto al pago de deudas, sólo responderá de ellas el .donatario cuando la donación se baya hecho en fraude de los acreedores.
“Se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acree-dores, cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bas-tantes para pagar las deudas anteriores a ella.”

Y que comentando 'Manresa una disposición igual del Código Civil Español, expresa:

“La presunción del art. 643 cuando el acto más o menos disfra-zado constituya una verdadera donación, no puede ser más justo. Pri-mero es pagar que donar. El que al hacer donación no se reserva bienes bastantes para satisfacer sus deudas, perjudica sin razón a sus acreedores, o pretendiendo burlarlos o favoreciendo a quien nada debe, de un modo irreflexivo. Justo es que la ley prefiera el derecho de los acreedores al del donatario, porque éste sólo deja de ganar y aquéllos reciben un daño real y efectivo.” 5 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, pág. 148, 5ta. ed.

Pero si guiados por el precepto y a la luz del comentario examinamos la prueba que antes resumimos, encontraremos que la de la demandante no demuestra de modo terminante que al donar sus deudores sus derechos sobre la finca en cuestión, no se hubieran reservado bienes suficientes para pa-gar los cuatrocientos dólares que debían a la demandante, y encontraremos de igual modo que la de los demandados tiende a demostrar que en realidad de verdad a la fecha de la donación tenían con qué responder de su deuda para con la demandante y que si ésta no la hizo efectiva lo fué por su falta de diligencia.

Y siendo ése el resultado de la prueba, no cabe anular la donación que por otro lado no inspira ni siquiera la sospe-cha de fraude alguno si que se explica perfectamente por los motivos consignados en el acta de agosto 29, 1930, a saber, hacer los hijos mayores efectiva la voluntad del padre con-signada de modo solemne en su testamento y asegurar a la madre y al hermano menor de edad un hogar donde continuar viviendo.

Dehe declararse sím lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Seítor Del Tobo

text:
    Julia Acevedo, demandante y apelante, v. Sucn. de Henry W. Dooley, compuesta de su viuda Elisa B. King Dooley y de su hija adoptiva Mary Gertrude Dooley, menor de edad, representada por su madre con patria potestad Elisa B. King Dooley, demandada y apelada.
    Num. 7160.

    Sometido: Mayo 20, 1937.

      Resuelto: Julio 23, 1937.

      Carlos D. Vázquez, abogado de la apelante; Dttbón & Ochoteco, abo-gados de la apelada.
   El Juez Presidente Seítor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito sobre resolución de contrato resuelto en contra de la demandante. Ésta alegó snbstancialmente en sn demanda que Henry W. Dooley le vendió dos solares en Santurce por precio de $1090 pagaderos $25 de contado y el resto en pagos mensuales no menores de $20, quedando in-cluidos en dicho precio los intereses y las contribuciones y obligándose el vendedor a otorgar escritura libre de gravá-menes una vez que lo recibiera totalmente; que la compradora pagó los primeros $25 en marzo 13, 1922, e hizo luego abonos en las fechas que especifica hasta la suma de $1,010; que a fines del año 1929 fué a pagar al vendedor el saldo de $80, exigiéndole que le otorgara la escritura y Dooley se negó a recibir el saldo y a otorgar el documento, y que no obstante haber quedado resuelto el contrato, ni el vendedor antes de su fallecimiento ocurrido en 1932 ni sus herederos después han devuelto a la demandante los $1,010 abonados, a pesar de los requerimientos privados hecho síes por la demandante. .Se pide sentencia condenando a las demandadas herederas de Dooley a pagar a la demandante la indicada suma, intereses y costas.

■' Contestaron las demandadas. Admitieron la celebración •del contrato y el precio de la venta, pero negaron que el precio incluyera los intereses y las contribuciones. Admitieron que el vendedor quedó obligado al otorgamiento de la escritura una vez que recibiera la totalidad del precio, pero negaron que el saldo fuera el de $80, alegando en contrario que ascen-día a $120, debiéndoles además la compradora $230.55 por in-tereses y contribuciones. A su contestación acompañaron un estado minucioso de los abonos, de los intereses de mora y de las contribuciones. Pidieron sentencia declarando la de-manda sin lugar y condenando a la demandante a pagarles $352.55, intereses y costas.

Trabada así la contienda fué el pleito a juicio. Una y otra parte practicaron prueba documental y testifical. La corte de distrito en una larga y razonada relación del caso y opinión analizó las alegaciones y la evidencia concluyendo que no quedó demostrado que el vendedor violara el contrato, no procediendo por tanto su resolución por tal motivo. Por *su sentencia declaró ‘ ‘ sin lugar la demanda, sin especial con-denación de costas.” Apeló 1a. demandante. En su alegato señala la comisión de cinco errores todos referentes a la prueba — a su admisión y al peso de la misma.

Por el primero sostiene que erró la corte al admitir en evidencia ciertas cartas escritas por el causante de la Sucesión demandada a la demandante.

Se objetó su admisión por tener el carácter de self-serving, ya que la controversia entre las partes surgió en diciembre de 1929 y las cartas se escribieron en enero 1930 cuando exis-tía la posibilidad del pleito. Se invocan las decisiones de esta corte en Méndez v. Martínez, 24 D.P.R. 241 y Freiría & Co. v. Cortés Hnos. & Co., 32 D.P.R. 127.

Una de las cartas, la más amplia de ellas, dice:

“Enero 22, 1930. — Sra. Julia Acevedo, c/o Carmelo García, 36 Carretera Quintana, Hato Rey. — Solares 7 y 9. — Muy señorita nues-tra: Refiriéndonos a su visita de ayer con sus dos hermanos, trata-mos de hacer muy claro a usted el asunto de los dos solares. El 27 de diciembre entregamos un estado detallado a su representante, por los solares 7 y 9 en Avenida del Río, habiendo un balance a nuestro favor de $218.13 en el solar 7 y $218.12 en el solar 9, haciendo un total de $436.25. Acordamos hacer una rebaja de $40 que usted ale-gaba haber pagado, pero cuyo pago no aparece en nuestros libros, y por consiguiente, después de descontar estos $40 el balance quedó reducido a $396.25. Más aun concedimos otro descuento si ambos so-lares eran pagados, y según convinimos con su representante estába-mos dispuestos a aceptar el pago de $350 como pago total de los dos solares, y entregarle las escrituras por los mismos. Esto estamos preparados a hacer siempre que el pago sea hecho prontamente y antes de que se acumulen intereses. — Atto. amigo y S.S., (Signado) H. W. D.”

Los documentos se presentaron en copias en carbón iden-tificadas por la testigo María E. Campos, Secretaria del cau-sante de las demandadas, quien declaró también que todas con-tenían un signo puesto por el propio causante. Todas fueron entregadas personalmente por el testigo José Hernández o cursadas debidamente por el correo.

No creemos que su admisión fuera errónea. Analizadas en relación con la propia prueba de la demandante guardan estrecha relación con ella. Se refieren a la exacta cuestión en controversia. Y en cuanto a que hubieran podido prepa-rarse con el pensamiento puesto en un futuro litigio, ello iría más bien al peso de la evidencia que a la admisibilidad de la misma.

“Las comunicaciones escritas habidas entre las partes en un li-tigio en relación con el asunto del mismo son por regla general admisibles en evidencia.... La posibilidad de que una carta es-crita después de haberse iniciado un recurso pueda ser evidencia fabricada es cuestión que va a su peso y no a su admisibilidad.” 10 R. C. L. 1147 y 1148.

Este caso es más fuerte puesto que el pleito no se había aún iniciado cuando las cartas fueron escritas y enviadas a la demandante. Refiriéndonos especialmente a la que deja-mos transcrita, se observa que fué su propósito el de fijar inmediatamente por escrito el alcance de esa conferencia, a los fines de concretar sus términos para mayor claridad y be-neficio de una y otra parte, y para seguir actuando en el futuro sobre una base cierta.

Hemos estudiado los casos de esta corte que se invocan y revelan situaciones distintas a la que surg*e del presente. En el primero o sea en el de Méndez v. Martínez, 24 D.P.R. 241, 248, dijo esta Corte:

“La excepción décima se refirió a la negativa de la corte en admitir una carta escrita por Víctor Martínez, padre, a su esposa, en la que le manifiesto que Víctor P. Martínez era su único bijo legí-timo. Esta carta fué a manera de una declaración en su propio interés (self-serving). Era res inter alios actas y no se probó nin-guna razón para su admisión. No vemos ningún error y la carta prácticamente no tendría fuerza probatoria alguna. Sin la solem-nidad de un juramento una carta escrita por un hombre a su es-posa en la que le dice que no tiene otro hijo que su hijo legítimo, aun cuando fuera prueba competente sería todavía menos convin-cente o probatoria que la manifestación hecha por un hombre de que una propiedad era suya exclusivamente y no ganancial.”

Y en el segundo o sea el de Freiría & Co. S. en C. v. Cortés Hermanos & Co., 32 D.P.R. 127, 132, se dice:

“Una simple lectura de las cartas que hemos copiado explica la condición de este caso. La alegada existencia del subsiguiente con-venio o novación del contrato de compraventa, solamente aparece de las cartas de la demandada, pero nada se desprende en tal sentido de las escritas por la demandante. Por el contrario, la demandante en su contestación de fecha 18 de agosto, 1920, sostiene en forma inequívoca que la venta se hizo en firme y no de un modo eventual sin sujeción a condición alguna, disipando- las dudas que la deman-dada trata de inferir de la primera réplica de la demandante d.e julio 28, 1920, interpretándola como una contestación evasiva, y una admisión implícita de la modificación del convenio original. Así es que, apareciendo claramente que existe una ausencia completa cle parte ele la demandante de liaber admitido el segundo convenio, la regla aplicable en estos casos es ‘que no se puede crear evidencia (self-serving evidence) para sí mismo, mediante comunicaciones es-critas a la otra parte respecto a la naturaleza de las negociaciones entre ellas, o la responsabilidad de la parte a quien van dirigidas, a falta de alguna contestación en que muestre su conformidad con las mismas.’ 10 K..C.L. 1150.”

Aquí como ya liemos indicado el contenido de las cartas guarda relación con 1a. propia prueba de la demandante. La diferencia entre las partes surgió en cuanto al abono de cua-renta dólares y en cuanto al cobro de intereses de mora y con-tribuciones.

Por el segundo señalamiento se imputa error a la corte al admitir la declaración de Amos J. Bang en relación con el contenido de los libros de contabilidad del vendedor.

El testigo declaró que era albacea de la Sucesión deman-clada y en su oficina estuvieron la demandante, Tiburcio D. García y Andrés Cabrera a ofrecerle ochenta dólares en pago total de la deuda y a exigirle que otorgara la escritura y que como no estaba familiarizado ni con dichas personas ni con la transacción, hizo una investigación en los libros del Sr. Dooley, y se negó entonces a recibir los ochenta dólares por-que dichos libros arrojaban un saldo de $331 a favor de la Sucesión.

Se opuso la demandante pidiendo que los libros fueran presentados por constituir la mejor prueba sobre el particular y la corte permitió la declaración.

Aunque en verdad se hubiera cometido el error que se señala, dadas las circunstancias concurrentes, no creemos que fuera perjudicial. Como sostienen los apelados en su alegato, el hecho en controversia no era el contenido de los libros, sino el montante de la liquidación de la deuda de la demandante. Con la contestación a la demanda se acompañó un estado de todos los abonos con expresión de cantidad y fechas y el cál-culo de los intereses de mora con arreglo a éstas y, además, de lo cargado por contribuciones. Y ese documento que no fué impugnado, coincide en cuanto a los abonos en fechas y cantidades con la relación que la propia demandante incluyó en su demanda, excepción hecha de un abono de $40 que según la demandante se hizo el 6 de julio de 1922 que no figura en la liquidación. Además, la demandante presentó todos los recibos que se le entregaban cuando hacía los abonos y el que se refiere al controvertido del seis de julio es muy dis-tinto de los otros en verdad.

Los señalamientos tercero, cuarto y quinto se refieren al peso de la prueba. Sostiene en ellos la apelante que la corte sentenciadora erró al resolver que no se hizo un abono de cuarenta dólares el seis de julio de 1922, que cometió error manifiesto al apreciar en general la prueba y que su sentencia es contraria a derecho y a la prueba.

Copiamos del alegato de la apelante:

“Antes de entrar en la argumentación de estos errores es con-veniente que pongamos de manifiesto ante este Hon. Tribunal la im-portancia del hecho en controversia siguiente: si pagó o no la deman-dante el 6 de julio de 1922 la cantidad de $40 para abonar al precio de los solares. Si la demandante efectuó dicho pago entonces hay base para considerar si además de los $80 podía exigirle el Sr. Dooley, de acuerdo con el contrato existente entre ellos, el pago de contribu-ciones y de intereses. Si la demandante no hizo ese pago, entonces el Sr. Dooly no estaba obligado a aceptar los $80 como saldo del pre-cio de la venta y se hace innecesario resolver las demás cuestiones en-vueltas en este litigio.”

Para probar el abono de que se trata la demandante pre-sentó el documento a que hicimos referencia que ella sostiene que es un recibo y la declaración de Tiburcio L>. García, su marido.

La corte sentenciadora atíaliza, compara y pesa dicha prueba en su relación del caso y opinión, como sigue:

“Tiburcio D. García, el agente de la demandante, declaró que él hizo el pago de $40 en la fecha a que se refiere el documento, a F. del Río, que entonces era empleado del Sr. Dooley, pero que no satis-fizo el dólar de recargo, y que dicho documento fué extendido por dicho señor del Río, sin firmarlo.
“En junio 18, 1922, aparece un recibo que dice: ‘A plazos corres-pondientes a los meses de abril, 1922. — $20.00. ’
“En julio 12, 1922, se expidió otro recibo, como sigue: ‘Abono a cuenta de sus solares Nos. 7 y 9 de la Avenida del Río. — $20.00.’
“Y en agosto 1, 1922, existe otro recibo, que dice: ‘Plazos por el mes de Junio, 1922, dos solares 7 y 9. — $20.00.’
“Estos tres recibos están firmados así: ‘Henry W. Dooley, por F. del Río.’ Y si los mismos constituyen la verdad escrita, pues los Sres. Dooley y del Río han fallecido, el primero en 1932 y el segundo en 1924, y no pueden venir aquí a declarar, o sea que las mensuali-dades vencidas de abril, mayo y junio, 1922, se pagaron en junio 18, julio 12 y agosto 1, 1922, respectivamente, entonces no es cierta la declaración de Tibureio D. García, de que pagara a F. del Río, en julio 6, 1922, los referidos meses de mayo y junio, 1922, y que se le diera ese documento sin firma. Por la forma en que se halla redac-tado el escrito, representa ser una nota o recordatorio de los plazos vencidos y el que estaba por vencer, y de la obligación que había de pagar recargos por la demora. En la cuenta presentada por la parte demandada aparecen los pagos en las fechas que constan en los re-cibos firmados, y los recargos por los días de demora en el pago.’’

Tras una inspección directa del documento original remi-tido a esta corte y de los recibos de abonos cuyos originales fueron también elevados, creemos que la conclusión a que lle-gara el juez sentenciador no debe ser alterada.

No sólo no está firmado el documento como acuse de recibo, si que los dos plazos mensuales a que se refiere — mayo y junio de 1922 — quedaron cubiertos por los recibos que indica el juez sentenciador. Bajo esas circunstancias, no podemos decidir que dicho juez errara al dejar de creer la declaración del marido y agente de la demandante.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, nada más tendríamos que decir para declarar sin lugar el recurso, de acuerdo con la pauta trazada por la misma apelante en su alegato. Eso no obstante nos parece apropiado y conveniente terminar nuestra opinión transcribiendo los dos últimos pá-rrafos de la relación del caso y opinión de la corte senten-ciadora. Son así:

“Expuesto lo que antecede, y no tratándose de un pleito sobre cumplimiento del contrato, parece innecesario considerar si en el precio de venta quedó incluido el importe de las contribuciones y los intereses de la deuda o si también se convino el pago de las con-tribuciones que se impusieran a los solares y los intereses sobre las cantidades aplazadas. Sin embargo, en cuanto a los intereses dire-mos, que si bien en el documento de venta no existe pacto expreso alguno con respecto al pago de los mismos, lo que reclama la de-mandada son intereses de mora en el cumplimiento de la obligación que de acuerdo con el artículo 1067 del Código Civil empiezan a de-vengar desde el día en que el acreedor hace la interpelación, ya sea judicial o extrajudieialmente. Pudiera ser, sin resolverlo, que el recibo de los plazos que han sido pagados, sin reserva alguna con respecto a los intereses, extinguió la obligación del deudor en cuanto a los mismos, visto el artículo 1077 del Código Civil; pero habién-dose demostrado que del capital está pendiente de pago la suma de $120, vencida desde el 13 de septiembre 1926, y que el Sr. Dooley, extrajudieialmente exigió el cumplimiento de la obligación según re-sulta de las cartas presentadas, la primera de las cuales es de fecha 28 de febrero de 1929, desde entonces claramente procedía cobrar in-tereses de mora al 6 por ciento anual.
"De la evidencia aparece que, después del contrato de compra-venta, la compradora ejecutó actos de posesión sobre los solares, des-yerbándolos y limpiándolos, y si bien aparece además que los mismos estuvieron en un tiempo ocupados por Amelio Delanoy y Lino Dávila, durante el año 1932 y hasta el huracán de San Oiprián, no resulta demostrado satisfactoriamente que lo fuera mediante contrato con Henry W. Dooley, quien falleció el 4 de marzo de 1932. Amos J. King, su albacea testamentario, declaró que no conocía a Emilio Dá-vila, ni a Amelio Delanoy, y que nunca recibió de ellos dinero alguno por concepto de alquiler de los solares.”

Se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Adolfo Saavedra Solá et al., demandantes y apelados, v. Augusto Saavedra Riquelme et al., demandados y apelantes.
    Núm. 7553.

    Sometido: Julio 19, 1937.

      Resuelto: Julio 23, 1937.

      José Sabater, abogado de los apelantes; B. Martines Nadal, M. A. García Méndez y Garlos García Méndez, abogados de los apelados.'
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia recurrida fué dictada por la Corte de Dis-trito de Mayagüez el 31 de octubre de 1934. Por ella se con-dena a los demandados a otorgar escritura de venta a favor •de los demandantes de una finca de 150.655 cuerdas, a endosar .a favor de los mismos un certificado de acciones y a pagar a los demandantes la suma de $3,783.62, más intereses legales Lasta la fecba del pago.

El escrito de apelación fué radicado en noviembre 30 de 1934, y en esa misma fecba los demandados apelantes pidie-ron a la corte de distrito que ordenara al taquígrafo la prepa-ración de la transcripción de la evidencia en que babía de basarse el recurso. Así lo ordenó la corte en 10 de diciembre •de 1934. Desde esa fecba basta el 31 de agosto de 1936, el término legal fué prorrogado por órdenes dictadas por la «orto inferior a instancias de los apelantes.

Los demandantes apelados solicitan abora la desestimación del recurso por los fundamentos siguientes:

1. Porque ba transcurrido con exceso el término legal de ■treinta días para la radicación de la transcripción de autos, sin que se baya radicado basta la fecba en que se pre-sentó la moción de desestimación.
2. Porque ba expirado el término de 90 días desde • que se radicó el escrito de apelación, sin que se baya registrado dicba apelación ante esta Corte Suprema, pudiendo este Tribunal en uso de su discreción desestimar el recurso,, el que ha sido proseguido negligentemente, de mala fe y con el único propósito de dilatar la ejecución de la. sentencia.
3. Porque la última prórroga concedida por la Corte de Dis-trito venció en agosto 31, 1936, sin que basta la fecha, se haya solicitado término otro alguno de prórroga, habiendo dejado de actuar el apelante sin excusa 'alguna, por espacio de más de nueve meses.
4. Porque la apelación es frívola y académica toda vez que la finca envuelta en este litigio fué adjudicada al Federal Land Bank of Baltimore en virtud de un procedi-miento ejecutivo seguido por dicho banco para hacer efectivo un crédito hipotecario a su favor.

En su escrito de oposición a la desestimación solicitada y para excusar su aparente falta de diligencia en la prosecución del recurso, los demandados apelantes alegan:

Que después de haberse expedido la orden para que el taquígrafo preparase la transcripción de la evidencia, los ape-lantes pagaron a dicho taquígrafo $125 a cuenta de los |150 convenidos como precio del trabajo, ofreciendo pagarle los $25 restantes cuando estuviese lista la transcripción; que ha-biéndose negado el taquígrafo a hacer el trabajo, a pesar de las prórrogas obtenidas por los apelantes y de habérsele pa-gado casi la totalidad de sus honorarios, los apelantes solici-taron de la corte de distrito que tomara las medidas coerci-tivas necesarias para obligar al taquígrafo a cumplir con su deber, sin haberlo logrado; que a instancias de los apelantes la corte de distrito requirió al taquígrafo para que expusiera los motivos que tenía para no preparar la transcripción, sin que el taquígrafo haya contestado nada ni se haya hecho nada por la corte de distrito para hacer respetar sus órdenes; que los apelantes se han quejado al Procurador General de Puerto Pico de la falta del cumplimiento del deber por parte del taquígrafo de dicha corte; que el Procurador General se ha dirigido al juez que preside dicha corte de distrito, para que éste obligue al taquígrafo a cumplir con su deber de preparar la transcripción de evidencia, y que todos esos esfuerzos ban resultado infructuosos porque el taquígrafo se niega en abso-luto a preparar la transcripción; y que los demandados ban becbo uso de todos los medios a su alcance para perfeccionar su apelación, sin resultado alguno.

En apoyo de su escrito de oposición los demandados ban radicado una certificación del secretario de la corte de dis-trito, en la que se bacen constar las solicitudes de prórrogas presentadas por los apelantes. La última solicitud fue radi-cada en agosto 31 de 1936. En ella se pide una nueva pró-rroga de treinta días y se solicita de la corte que tome medi-das para obligar al taquígrafo a cumplir su' deber. El juez de distrito dictó la orden requiriendo al taquígrafo en estos términos:

“Bequiérase al taquígrafo de esta Corte para que explique los motivos de no haber preparado la transcripción de evidencia en este caso, si alguno tuviere, después de lo cual se proveerá. Mayagüez, 2 de septiembre de 1936.”

Desde la fecba. en que se dictó dicba orden el taquígrafo no ba dado explicación alguna a la corte, ni ésta ba dictado resolución alguna en cuanto a la prórroga solicitada por los apelantes.

En el acto de la vista los abogados de ambas partes litigantes informaron a este tribunal que no es éste el único' caso en que el taquígrafo de la Corte de Distrito de Maya-güez ba observado una conducta tan censurable como la que se le imputa en este caso, y se ■ refirieron específicamente a un caso en que el abogado de los apelantes lo era el de los apelados en el de autos.

En los casos citados por los apelados en apoyo de su mo-ción de desestimación, los recursos fueron desestimados por abandono por no baber comparecido los apelantes a oponerse a la desestimación y no haber presentado excusas válidas para justificar su falta de actuación. En el caso de autos las excusas ofrecidas por los apelantes son a nuestro juicio váli-das y suficientes.

Los Lechos que hemos expuesto y que no han sido contro-vertidos por los promoventes, revelan la existencia en la Corte de Distrito de Mayagüez de una situación anormal e intolerable, que no debemos dejar pasar sin nuestra más severa cen-sura. La rápida y ordenada administración de justicia a que tienen derecho las partes litigantes y los intereses de las mis-mas no pueden estar a merced de las conveniencias o capri-chos injustificados de funcionarios subalternos de las cortes de justicia, a quienes la ley impone deberes que deben ser cum-plidos con lealtad y prontitud. En el caso de autos, el taquí-grafo de la Corte de Distrito de Mayagüez, funcionario pú-blico a quien la ley impone el deber de preparar la transcrip-ción de la evidencia cuando la corte se lo ordene, no obstante haber pei'cibido casi la totalidad de sus honorarios, se ha negado sin excusa o justificación alguna a transcribir la evi-dencia y desde el día 10 de diciembre de 1934 hasta la fecha, o sea durante dos años y siete meses, ha estado obstruyendo y obstaculizando la tramitación del presente recurso. La corte sentenciadora, que es la llamada a velar por el fiel cum-plimiento de sus deberes por parte de los funcionarios subal-ternos que actúan bajo su dirección, nada o muy poco ha hecho para obligar al taquígrafo a cumplir con su deber, no obs-tante haberse llamado su atención hacia los hechos que ahora se someten a la nuestra. La orden de 2 de septiembre de 1936, por la que se requiere al taquígrafo para que explique los motivos de su tardanza, sin fijarle término dentro del cual deba rendir su informe al tribunal, fué desatendida e igno-rada por el taquígrafo a quien fué dirigida, sin que el magis-trado que la expidiera se haya ocupado de tomar las medidas que era su deber tomar para hacer valer y respetar sus órde-nes.

La conducta injustificada por parte del taquígrafo y la inacción de la corte inferior no son ni pueden ser imputables a los apelantes.

Este tribunal carece de medios para poder determinar si la apelación interpuesta es o no frívola, no teniendo ante sí ni la transcripción de autos ni la de evidencia.

Por las razones expuestas debe declararse sin l/ugar la mo-ción de desestimación y concederse a los apelantes basta el día 15 de septiembre de 1937 para radicar en la Secretaría de esta Corte Suprema la transcripción de la evidencia y los demás documentos que fueren necesarios para perfeccionar su apelación.

Copia de esta opinión debe ser enviada por el secretario de esta Corte Suprema a la corte inferior con la recomenda-ción de que por dicba corte se requiera al taquígrafo de la misma para que proceda sin nuevas excusas o dilaciones a preparar y radicar la transcripción de la evidencia en este caso, en o antes del día Io. de septiembre de 1937, con aperci-bimiento a dicho funcionario de que la falta de cumplimiento de tal orden será considerada como desacato.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.