author: El Juez Pbesidejstte Señok Del Tobo

text:
    Angel Rosendo Irizarry, demandante y apelado, v. Porto Rico Auto Corporation y Enrique Ferrer, demandados y apelantes.
    Núm. 8482.

    Sometido: Enero 19, 1942.

      Resuelto: Febrero 24, 1942.

      Francis & Belaval, abogados de los apelantes; B. Atiles Moréu, abo-gado del apelado.
   El Juez Pbesidejstte Señok Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Angel Rosendo Irizarry, vecino de Ponce, demandó a la Porto Rico Auto Corporation y a-Enrique Ferrer, agente de la corporación en Ponce, reclamándoles cinco mil dólares por ■daños y perjuicios por injuria y calumnia. Fué el pleito a .juicio y la corte del distrito lo resolvió por sentencia de .noviembre 5, 1941, condenando a los demandados a pagar al demandante seiscientos dólares con las costas y ciento cin-cuenta dólares para honorarios de abogado.

Los demandados apelaron para ante este tribunal que-dando radicada la transcripción de los autos el nueve de enero último. Al día siguiente el demandante presentó una moción solicitando la desestimación del recurso por frívolo y por no haber sido interpuesto de buena fe. Regla 59 del Regla-mento del Tribunal Supremo. Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, pág. 390.

El 19 del propio mes de enero se celebró la vista de la moción. El demandante apelado no compareció pero radicó un,, ‘ ‘ brief ” en apoyo de su solicitud. Los demandados y apelantes comparecieron por sus abogados, informando oral-mente y presentando una oposición escrita a la “moción.

En su relación del caso y opinión la corte sentencia-dora después de resumir las alegaciones de ambas partes y de referirse al acto de la vista en el que el demandante ade-más de su propio testimonio presentó las declaraciones de los testigos Carmelo Torres, Angel C. García, Angel M. Her-nández y Robustiano Falcón, policías insulares los tres últi-mos, y los demandados presentaron por toda evidencia la declaración de uno de ellos, Enrique Ferrer, declaró proba-dos los siguientes hechos:

“Que la Puerto Rico Auto Corporation es una corporación cons-tituida con arreglo a las Leyes de Puerto Rico, e inscrita en la Se-eretaría Ejecutiva, con oficina principal en San Juan, Puerto Rico, y sucursal en Ponce.
“Que para la fecba ele los hecbos objeto de esta demanda, la Puerto Rico Auto Corporation estaba a cargo y bajo el control exclusivo de su agente o gerente general de dicha sucursal en Ponce, el co-demandado Enrique Ferrer.
' “Que para el día de los hechos el demandante Ángel Rosendo Irizarry, actuaba en dicha sucursal en su carácter de encargado del departamento de piezas, cargo que desempeñó hasta el día 17 de marzo de 1940.
‘1 Que el día 17 de marzo de 1940, como a las 11: 30 de la noche, Enrique Ferrer notó que faltaba en el salón de exhibiciones de la sucursal en Ponce un automóvil Packard nuevo, tablillas X — 1717, e inmediatamente se personó en la residencia del demandante Ángel Rosendo Irizarry, quien tenía las llaves del local, y libre acceso al mismo, y le increpó en el sentido de que le dijera dónde había es-condido el automóvil que faltaba, y que él había hurtado del salón de exhibiciones, ya que la única persona que podía haber hecho eso era el propio demandante.
“Que cuando ambos (el demandante y el codemandado) llegaron al garage, notaron que la cerradura había sido rota y violentada, acusando Ferrer al demandante del hurto del automóvil, a pesar de las reiteradas protestas de inocencia del demandante, y tomando la cerradura violentada y rota como un ardid o estratagema del de-mandante para ocultar su crimen y despitar a las autoridades.
“Que el codemandado insistió cerca del demandante en que él era el autor del hurto, que le dijera dónde había chocado el automóvil para irlo a buscar, y que si el automóvil no aparecía daría parte a la policía para arrestarlo por el hurto del automóvil.
“Que el codemandado Enrique Ferrer comunicó al policía Ángel M. Hernández que la persona que andaba en el automóvil era el demandante Ángel Rosendo Irizarry, y que lo arrestara tan pronto lo viera.
“Que Ferrer informó al policía Ángel Cecilio García que el de-mandante cogió el automóvil, se metió en fiesta y lo chocó'.
“La corte está convencida de las imputaciones de Ferrer al de-mandante, en el sentido de que se había robado el automóvil, se había metido en fiesta y lo había chocado. No tiene eludas la corte que de esas imputaciones se enteraron, además de los policías, personas ex-trañas que no eran ni el demandante ni los demandados.
“ ‘El responsable del robo del carro es Irizarry’, declaró Carmelo Torres, quien presenció y escuchó una conversación entre el policía Hernández y el demandado Ferrer, y oyó esas manifestaciones del codemandado al policía.”

Resolviendo la cuestión de si la comunicación del codeman-dado Ferrer fué o no privilegiada, lo hace seguidamente como sigue:

“Este tribunal ba examinado cuidadosa y detenidamente toda la evidencia, y encuentra que la publicación a los policías lo fué res-tringidamente privilegiada. La publicación hecha a Carmelo Torres y al muchacho que se declaró culpable del hurto del automóvil, no gozaba de ningún privilegio, por tratarse de personas extrañas, que-no eran ni el demandante ni los demandados.
“Aunque las manifestaciones a la policía, en el presente caso, eran restringidamente privilegiadas, dicho privilegio fué excedido y abu-sado, ya que esas manifestaciones no se hicieron de buena fe, y no estaban fundadas en una causa razonable y probable, ni en hechos que hicieran creer a Ferrer que el demandante era el autor del delito. ’ ’

Y refiriéndose a la conducta del codemandado Ferrer y a la falta de causa probable, expresa:

“El demandante tenía las llaves del salón de exhibiciones y libre acceso a dicho salón, por lo que el codemandado Ferrer no debió lle-gar a la conclusión de que el demandante había violentado la cerra-dura para despistar su delito.
“Ordenar el codemandado Ferrer a la policía que arrestara e investigara al demandante, o que lo arrestara para investigación, acusa una indiferencia absoluta hacia los derechos del demandante, ya que no había evidencia alguna o causa probable que justificara esa deten-ción o arresto.
“La investigación de buena fe y honesta era lo procedente, sin hacer imputaciones caprichosas, y sin ordenar el arresto del deman-dante para luego investigar. Aunque el arresto no se practicó, ya que el automóvil apareció posteriormente, creemos que la publicación a la policía fué innecesaria y negligentemente excesiva, y hubo la pérdida del privilegio, siendo dicha publicación maliciosa, dentro del concepto de la ley.”

Continúa la corte declarando probado el hecho de la acu-sación de ladrón, por quién se hizo y en qué forma, fijando sus consecuencias legales, como sigue:

"La corte da como mi hecho probado que el codemandado Ferrer," actuando dentro del radio de sus funciones como agente y gerente general ele la sucursal de la codemandada Puerto Rico Auto Corporation, y en ocasión de sus funciones, acusó al demandante de ladrón, y públicamente le imputó la comisión de un delito público.
"Ya ha resuelto nuestro Hon. Tribunal Supremo que llamar ‘la-drón’ a una persona es libeloso per se. (Jiménez v. Díaz Caneja, 14 D.P.R. 9, y Palou v. Ríos, 23 D.P.R. 363.) Tratándose de una im-putación enjuiciable per se, la malicia se presume concluyentemente, y no hay que probarla.
"Es perfectamente aplicable a esta situación, el reciente caso de Mulero v. Martínez, 58 D.P.R. 321, donde nuestra Hon. Superioridad se expresó en los siguientes términos:
" ‘La imputación de "ladrón” hecha por un arrendador contra su arrendatario, da a éste un derecho de acción contra aquél si se hace en presencia de personas que no tienen relación alguna con el ofensor que dé-a la comunicación el carácter de privilegiada.
" ‘La malicia es elemento esencial de la acción de daños y per-juicios por libelo, no así ele la de daños y perjuicios por calumnia, en la cual basta que la publicación sea falsa e ilegal.
“ ‘En el libelo como en la calumnia, la publicación es el elemento esencial. Es sólo cuando las imputaciones calumniosas se comunican por escrito o por medio de palabra a persona distinta de la difamada o calumniada que existe la publicación necesaria para'que pueda sur-gir un derecho de acción.
" ‘Cuando las imputaciones difamatorias y calumniosas imputan la comisión de un delito, la presunción legal de inocencia es evidencia prima facie de la falsedad de' la imputación y de la falta de causa probable. Establecido el hecho de la publicación, al demandado in-cumbe probar en su defensa la verdad de los hechos imputados.
" ‘Cuando se imputa la comisión de un hecho constitutivo de delito, el libelo o calumnia es "actionable per se”. En la acción de daños y perjuicios consiguiente, el demandante no necesita probar que sufrió daños en su comercio o negocio, por ser inmaterial la cuestión de si él era o no comerciante a la fecha de la imputación. ’ ’ ’

Insiste la corte en que la falsedad de la imputación quedó demostrada y agrega que la publicación no sólo se hizo a los policías, si que de ella se enteraron otras personas, esta-bleciendo el alcance que ello tiene de acuerdo con la jurispru-dencia, en los siguientes términos:

“Quedó establecido por la prueba que era falsa e ilegal la impu-tación que le hiciera el codemandado al demandante. Hay evidencia de que más de una persona extraña se enteró de las imputaciones hechas por Ferrer al demandante. Pero basta que una sola persona se entere, aunque ésta no le dé crédito a la imputación.
“ 'A second fundamental principle in regard to the publication of defamatory matter is that it is not necessary in matters of libel or slander that the defamation should be made known to the public generally, or even to a considerable number of persons. It is sufficient if it be communicated to only one person other than the person defamed, and such a publication suffices even though such person does not believe what is said of the person defamed, at least when the words are uttered maliciously. This is true for the reason that the injury to the reputation of the plaintiff is not the sole element of injury, and the jury has a right to consider also the mental suffering of the person slandered.’ 17 Ruling Case Law, pág. 315, 36 Corpus Juris, pág. 1227.”

Y refiriéndose, por último, a los daños cansados y a la responsabilidad de la codemandada Porto Eico Auto Corporation, concluye:

“Es indudable que la publicación de las imputaciones constitu-tivas de delito público, y la palabra ‘ladrón,’ proferida contra el demandante, le han ocasionado daños a su reputación, y a su pres-tigio en la comunidad, y naturalmente, le han causado angustias mentales, siendo ello la natural secuela de la publicación falsa e ilegal. Los daños se presumen y no precisa .probarlos. (Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 760; Franco v. Martínez, 29 D.P.R. 237; Mulero v. Martínez, 58 D.P.R. 321.)
‘‘La corte no cree necesario, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en Mulero v. Martínez, ut supra, descansar su sentencia en la prueba de daños específicos, toda vez que el demandante no necesita probar que ha sufrido daños en su comercio o negocio, o en sus actividades comerciales, siendo todo ello inmaterial, presu-miéndose los daños en casos de esta naturaleza.
“La responsabilidad de la codemandada Puerto Rico Auto Corporation, por los actos de su agente y gerente general de su sucursal de Ponce, actuando dentro del radio de su empleo, y en ocasión de sus funciones, ek clara:
“ ‘Slander — Majority Rule. Most courts hold a corporation liable for slander under the same conditions as it would be liable for libel. ’ The rule generally prevailing and supported by the overwhelming weight of authority is that a corporation is liable for slander uttered by its officer, agent, or employee with its authority or within the scope of his employment in the course of the corporate business in which he is engaged or employed. This rule is applicable although the corporation has no knowledge of the slander and does not approve of it and whether the individual uttering the slander is a managing officer or a mere agent. Under this rule it has been held that to charge a corporation with slander for words spoken by its agent, the evidence need only show that the words spoken were within the apparent scope of the agent’s employment or be sufficient to imply an authority to represent the company in their utterance. If there is evidence from which it can reasonably be inferred that the words were spoken within the scope of the agent’s authority, the question whether the authority may be implied is for the jury; but when only one inference may be drawn and that one is that there was lack of authority in such respect, the question is for the court.’ (13 American Jurisprudence, pág. 1053, 1055, Sección 1127.) (19 Corpus Juris Secundum, pág. 958, 959, sección 1280(b).) ”

Hemos estudiado la transcripción de la evidencia y a nuestro juicio sostiene la declaración de hechos probados de la corte sentenciadora. La ley y la jurisprudencia han sido bien expuestas y aplicadas a los hechos del caso. Se trata en verdad de una apelación frívola, que debe ser desestimada' como ordenan las reglas de la corte.

Hemos leído cuidadosamente la extensa moción de opo-sición a la desestimación presentada por la parte apelante y su estudio no ha levantado en nuestra mente duda seria alguna. Creemos que dejar de resolver el caso ahora en defi-nitiva no produciría otro efecto que dilatar la ejecución de la sentencia, ya que habría de llegarse siempre a la misma conclusión.

Debe declararse con lugar la moción y en su consemencia desestimarse, por frívolo, el recurso, quedando la sentencia recurrida confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Iris María Pereles, representada por su madre con patria potestad Ana Pagán Viuda de Pereles, demandante y apelante, v. Ongay Garage & Radio Co., Inc., demandada y apelada.
    Núm. 8362.

    Sometido: Febrero 19, 1942.

      Resuelto: Febrero 24, 1942.

      Celestino Miarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la apelante; José C. Jusino, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

En la mañana del 30 de diciembre de 1938, la niña Iris María Pereles Pagán, entonces de doce años de edad, se bailaba parada en la acera del edificio “Notre Dame”, sito en la parada 5⅜ de Puerta de Tierra, hablando con otra niña y una señorita. Un automóvil que a la sazón se hallaba estacionado frente a un establecimiento contiguo, propiedad, según se alega en la demanda, de Ongay Garage & Radio Co., Inc, violenta e inesperadamente fue movido hacia atrás, con-ducido por Juan Emilio Negrón, con tal violencia que sus ruedas traseras subieron á la acera donde se hallaba la niña, atrapándola entre el automóvil y la pared, causándole coa tal motivo graves’daños personales que no precisa describir a los efectos de esta opinión. En reclamación de dichos daños, la perjudicada; representada por su madre con patria potestad Ana María Pagán viuda de Pereles, instó este pleito contra la corporación doméstica Ongay Garage & Radio Co., Inc., alegando que Juan Emilio Negrón era entonces em-pleado del establecimiento antes mencionado y que al causar el daño actuaba con ocasión de su empleo.

La corte inferior consideró probado que la demandante sufrió graves daños causados por la culpa y negligencia de Juan S. Negrón, pero al exonerar de responsabilidad a la demandada, dijo:

“Aunque pudiera concluirse (sin que lo resolvamos) que el taller o puesto de reparar baterías a que se refieren los testigos de este caso era de la propiedad de la demandada y que ésta lo explotaba a través de Asunción Díaz, no se demostró suficientemente, sin embargo, que Juan E. Negrón, la persona que causó el accidente, estuviera en el empleo de la demandada o actuando para o por cuenta de aquélla. ’ ’

No estamos tan convencidos como parece estarlo la corte inferior de que la evidencia no demuestra suficientemente que al realizar el acto negligente que causó el daño no estuviese actuando para o por cuenta del taller que alega la deman-dante pertenece a la demandada. Pero como la responsabi-lidad de la demandada depende en último término de que el taller se explotase por Asunción Díaz, no como arrendatario como alegó la demandada, sino como empleado de aquélla, invertiremos el orden que siguió la corte inferior en la reso-lución de este caso, para determinar primero si Asunción Díaz era el arrendatario del taller o si por el contrario actuaba como un mero empleado de la demandada, ya que de ser Díaz el dueño del negocio no sería preciso determinar si Negrón era o no empleado, del taller o si con el consen-timiento de Díaz trabajaba en beneficio de éste, pues en todo caso la demandada estaría exenta de responsabilidad.

La demandada alegó en su contestación a la de-manda que había sido dueña del taller en cuestión, pero que antes de ocurrir el accidente lo había arrendado a su antiguo empleado Asunción Díaz, sin que desde entonces la deman-dada tuviese intervención alguna en la dirección y adminis-tración de dicho establecimiento, todo lo cual incumbía a Asunción Díaz como único interesado en el mismo.

La demandante presentó evidencia tendente a demostrar que no obstante el alegado arrendamiento, la demandada hasta después del accidente, continuaba pagando á su nom-bre la corriente eléctrica consumida en el taller, así como también el canon de arrendamiento de la casa; que en la guía telefónica aparecía anunciado el taller como perteneciente a la demandada, y que el taller no pagaba patente municipal a virtud de la exención de contribuciones concedida a la demandada.

La demandada presentó en evidencia y fué admitida sin oposición la escritura número 39, otorgada en San Juan, el 25 de noviembre de 1938, ante el notario Ernesto Juan Fon-frías, por la cual aquélla arrendó el taller en cuestión a Asunción Díaz por el término de un año a partir del pri-mero de noviembre de 1938 y canon de $5 semanales, acor-dándose, entre otras, las siguientes condiciones : que la arrendadora se obligaba a pagar la corriente eléctrica con-sumida en el taller y continuaría pagando a su nombre el canon de arrendamiento del local, comprometiéndose a su vez el arrendatario a devolver a la arrendadora dichos des-embolsos el día último de cada mes.

En su alegato la apelante no niega la existencia- del con-trato de arrendamiento, pero alega que a pesar del mismo, la demandada responde de la actuación negligente de Juan Emilio Neg’rón, e inmediatamente expone: “Esta conten-ción se funda en la doctrina de ostensible agency or agency by estoppel.” Correctamente dice la representación de la apelante que la doctrina de ostensible agency está predicada en el estoppel, y cita un gran número de casos en que dicha doctrina lia sido aplicada, en todos los cuales ha existido el elemento de estoppel.

Al invocar esta doctrina, la representación de la apelante parece no haber tenido en cuenta que para que pueda invo-carse con éxito el estoppel, es indispensable que los - actos, conducta o manifestaciones de aquél contra quien se invoque hayan inducido al que lo invoca a variar su posición y a actuar a su perjuicio como consecuencia de tales actos, con-ducta o manifestaciones. Railroad Company v. Dubois, 79 U.S. 47; Jones v. U. S., 96 U.S. 24, 29; Arizona v. Copper Queen Mining Co., 233 U.S. 87, 95; Ashwander et al. v. Tennessee Valley Authority et al., 297 U.S. 288, 322; Deitrick v. Greaney, 309 U.S. 190, 197.

En el caso de autos, no existe posibilidad alguna de apli-car la' doctrina de estoppel, pues los actos de la demandada a que antes hemos hecho referencia, aparte de que no se ha demostrado que la demandante los conociese, en ninguna forma pudieron influir en la realización del acto torticero. La demandante no pudo en forma alguna ser inducida a pararse en la acera del edificio Notre Dame por el -hecho de que el taller en cuestión perteneciese a Ongay G-arage & Badio Oo. Inc., o a cualquier otra persona.

No vamos a discutir la lista interminable de casos citados por la apelante, en los cuales se aplicó la doctrina de ostensible agency. Sólo vamos a ocuparnos de dos de ellos, en los cuales pone gran énfasis la apelante. El primero es el de Lynch v. Robe, 59 N.Y.S. 109, cuyos hechos, según la repre-sentación de la apelante, son muy parecidos a los del de autos. En dicho caso se hace la siguiente cita:

“Cuando un demandado abre una sucursal de su negocio y encarga de ella a una tercera persona, quien conduce el negocio a nombre del demandado y se hace pasar _ por éste, y luego compra cierta propiedad para usarla en el negocio, a nombre del demandado, éste es responsable del precio si dicha tercera persona era su agente general, aunque la compra se hubiese verificado después de la revo-cación del mandato, cuando no se dio aviso alguno de la revocación. ’ ’

De la mera exposición de los hechos contenidos en el-párrafo anteriormente transcrito surge claramente que el vendedor do la propiedad había sido inducido a creer que la venta la hacía al demandado, y aunque el mandato había sido revocado antes de efectuarse el negocio, de esa revocación no había sido notificado el demandante, quien por el cono-cimiento anterior que tenía de las relaciones entre el deman-dado y el agente, podía creer que dicha relación de man-dante y mandatario subsistía al tiempo de verificar la venta.

El otro caso, el de Rhone v. Try Me Gab Co. et al., 65 F. (2d) 834, fácilmente puede distinguirse del de autos. En aquél se trataba de una reclamación de daños sufridos por una señora que contrató los servicios de un taxi que por varias circunstancias, que no es preciso exponer, aparecía públicamente como de la propiedad de da compañía deman-dada, cuando en realidad no lo era. La demandante en ese caso indudablemente pudo ser inducida a creer, por las cir-cunstancias antes aludidas, que el taxi pertenecía a la com-pañía demandada, y ya fuese por el buen nombre, el crédito o cualquier otra cualidad de la demandada, disponerse a hacer negocios con ella contratando uno de sus vehículos. De manera, pues, que la doctrina de estoppel pudo alegarse con éxito.

Lo mismo puede decirse con respecto a los casos de esta jurisdicción citados por la apelante, Sucesores de Esmoris & Co. v. D. S. Stern & Co., 29 D.P.R. 640, y Torres v. P. R. Racing Corporation, 40 D.P.R. 441.

De la prueba que presentó la demandante al efecto de que la demandada pagaba el canon de arrendamiento del local, la corriente eléctrica consumida en el taller, etc., sur-gió la inferencia de que la relación entre Ong*ay Garage & Radio Co., Inc., y Asunción Díaz era la de patrono y empleado, y en ausencia de prueba por parte de la deman-dada, hubiese sido suficiente para sostener un pronuncia-miento al efecto de que Asunción Díaz era un empleado de la demandada. Hozian v. Crucible Steel Casting Co., (1937, Ohio), 112 A.L.R. 333, y monografía en el mismo tomo, página 337. Véase también Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104. Pero esa inferencia fné destruida por la escritura de arrendamiento, donde aparece con toda cla-ridad por qué y en qué condiciones la demandada realizaba aquellos actos, que de no ser explicados por su prueba, hubiesen sido suficientes para sostener la contención de la apelante al efecto de que el taller era explotado por la demandada a través de Asunción Díaz como empleado.

Siendo Asunción Díaz el arrendatario del taller, no es responsable la demandada de los actos de los empleados de aquél, y por consiguiente es innecesario entrar a considerar si Díaz es o no responsable de los actos de Negrón.

Por lo expuesto, procede confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Pierantoni, acusado y apelante.
    Núm. 8918.

    Sometido: Febrero 10, 1942.

      Resuelto: Febrero 25, 1942.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante; IIon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de asesinato y convicto do homi-cidio voluntario por haber dado muerte a Antonio Albino, Jr. Solicitó nuevo juicio, le fué denegado y la corte le con-denó a tres años de presidio por el delito de homicidio y a un mes de cárcel por el de portar armas.

El presente recurso se basa en dos señalamientos de •error. En el primero se alega que la corte sentenciadora •erró al negarse a conceder un nuevo juicio, y en el segundo, que cometió error grave y perjudicial al condenar al acusado por el delito de portar un arma. En apoyo del primer seña-lamiento, el apelante aduce los mismos diecinueve fundamen-tos en que basó su moción de nuevo juicio. Los discutiremos y resolveremos en el mismo orden en que aparecen expues-tos en el alegato.

Que la corte erró al permitir que el fiscal, al exponer su teoría del caso, hiciera referencia a otros delitos y actos que no se le habían imputado al acusado y que fueron rea-lizados por otros personas, sin que en la acusación se impu-tara al acusado haber actuado de acuerdo con dichas per-sonas.

Las manifestaciones del fiscal, tal y como aparecen del récord, fueron las siguientes:

“Los hechos se desarrollaron de la manera siguiente: la familia Albino vivía en uno de los campos de Peñuelas... hacía siete u ocho años. El padre de Antonio Albino, Jr., o sea Antonio Albino, Senior, era mayordomo de esa finca... .Este acusado, y los hermanos de este acusado, que también están acusados por otras muertes ocurridas en el mismo momento, en el mismo sitio donde este acusado dió muerte a Antonio Albino, Jr., yendo este acusado acompañado por otros hermanos de él, llamados Vicente, Miguel y Teodoro Pierantoni, estos hermanos, o esta familia, que reclamaba tener derecho a la posesión de esa finca y de esa casa, el 9 de marzo de 1938 se con-virtieron en jueces, en marshals y en policías, para tomar de cual-quier manera, a sangre y fuego, posesión de esa casa y de esa finca, y llegaron a la misma.” (Itálicas nuestras.)

El fiscal continuó relatando cómo los hermanos Pieran-toni exigieron a Albino padre que desocupara la casa, por-que si no lo hacía lo iban a matar; que Albino trató de persuadirlos-para que esperasen hasta que llegara el dueño de la finca; que Vicente Pierantoni le contestó sacando el revólver y disparándole un tiro; que entonces el acusado lo remató en su propia sala; y que cuando los hijos de Albino corrieron aterrorizados, el acusado les disparó alcanzando a Antonio Albino, Jr., quien murió poco después a consecuen-cia de las heridas recibidas.

La objeción de la defensa fue formulada al terminar el fiscal de pronunciar las palabras que aparecen en itálicas en el párrafo arriba transcrito. La corte desestimó la objeción. Del récord no aparece que la defensa tomara excepción. Y el fiscal continuó exponiendo su teoría, en la forma que ya hemos visto, sin oposición alguna por parte de la defensa.

La exposición de sus respectivas teorías por el fiscal y por la defensa, se hace con el fin de preparar al jurado para que pueda entender e interpretar debidamente la evidencia que le ha de ser sometida en apoyo de una y otra teorías. Al exponer la suya, tanto el fiscal como la defensa pueden hacer referencia a cualquier hecho que de acuerdo con las reglas de evidencia pueda y deba ser considerado como parte del res gestee, o a cualquier hecho o circunstancia que sea inseparable del hecho o acto criminal que se imputa al acu-sado. La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. En Pueblo v. Souffront, 30 D.P.R. 105, Pueblo v. Philip, 34 D.P.R. 644 y Pueblo v. Sierra, 42 D.P.R. 504 esta Corte Suprema ha sostenido que si varios delitos están relaciona-dos o unidos entre sí, o enlazados de tal modo que forman una transacción criminal indivisible, y no puede presentarse completa prueba testifical de cualquiera de ellos sin mostrar los otros, la evidencia dé uno o todos ellos es admisible contra un acusado en un juicio por cualquier delito que es en sí una parte de toda la transacción criminal. Véase Under-bill On Criminal Evidence, cuarta edición, página 1107, sec-ción 561.

No erró la corte inferior al permitir que el fiscal expu-siera su teoría en la forma en que lo bizo.

Que la corte tomó de su cuenta el interrogatorio de varios testigos de El Pueblo.

El apelante llama nuestra atención bacia las páginas 103,. 170 y 275-de la transcripción de evidencia. Hemos leído el contenido de la página 103 y encontramos que toda ella se-infiere al convenio celebrado entre las partes para someter los dos casos, el de asesinato y el de portar armas, con la misma prueba. En la página 170 encontramos solamente una discusión entre la corte y la defensa con respecto a si podía o no discutirse dentro de una causa criminal la cues-tión sobre el título de la finca en donde se cometió el crimen..

El incidente a que se bace referencia en la página 275 ocurrió así: la defensa ofreció en evidencia el testimonio del policía insular Erasmo Grotay, quien declaró con respecto'a la investigación practicada por él en la finca después de haberse cometido el crimen. Al tratar de declarar el testigo sobre las manifestaciones que le hiciera la viuda de Antonm Albino, se opuso el fiscal alegando que dichas manifestacio-nes no eran admisibles como parte del res geste, ni tampoco lo eran para impugnar -la declaración de la testigo, pues la defensa no había sentado las bases para tal impugnación. Fué entonces que el juez, para poder determinar si las mani-festaciones eran o no admisibles como parte del res gestee, bizo al testigo las siguientes preguntas:

“P. jüd. presenció los hechos que se desarrollaron allí en el momento que sucedió el caso, lo que pasó allí?
“C. No, señor.
££P. ⅜ A qué bora llegó al barrio, dice?
££C. A las 9:10 de la noche.
“P. ¿Cuándo Ud. llegó allí no había ninguna pelea, ni ninguna garata ni altercado?
“C. Cuando llegué estaba el cadáver de Antonio Albino tendido en el piso de la casa arriba y estaba la familia allí.
“P. ¿Pero no había ningna contienda, nadie disparaba tiros, nadie garateaba?
- “C. No.”

Terminado dicho interrogatorio, la corte sostuvo la obje-ción del fiscal.

A nuestro juicio, la corte inferior procedió correcta-mente e hizo buen uso de su discreción al hacer las pregun-tas que hemos transcrito, las cuales eran absolutamente necesarias para que el juez pudiese resolver debidamente la cuestión planteada por la objeción del fiscal. Véase Pueblo v. Munera, 39 D.P.R. 295.

Que la corte inferior erró al excluir la evidencia tendiente a demostrar el título que tenía el acusado sobre la finca en que se desarrollaron los hechos.

Al repreguntar al testigo Pedro Albino, hermano del interfecto, quien declaró cómo había ocurrido la muerte de su padre y de su hermano, el abogado defensor le hizo el siguiente interrogatorio:

“P. ¿Ud. declaró que su papá don Antonio Albino era mayor-domo de esa finca?
£ £ C. Sí, señor.
££P. ¿De quién era esa finca para esa época?
££C. Mientras mi papá estuvo ahí, era-, .Nosotros aún recono-cemos que era de Juan Bautista Galarza.
££P. ¿Como dueño de la finca?
££R. Como dueño de la finca, y mi papá vivía en ella nueve años.
££P. ¿Ud. sabe si esa finca era de la Sucesión Pierantoni?”

Se opuso el fiscal, alegando que no se podía discutir la .cuestión de título. Alegó la defensa que iba a probar que la finca no era ele Galarza y que por el contrario era de la Su-cesión Pierantoni. Sostuvo la corte la objeción del fiscal, diciendo:

“Pero aunque sea de Sucesión Pierantoni, ellos no tenían derecho de ir a ocupar la finca sin una orden de la corte. Fuera quien fuera no se puede ir a una finca a sacar a las personas por la fuerza.”

Del récord no aparece que la defensa tomara excepción a la resolución de la corte y eso bastaría para que deses-timáramos este señalamiento. Empero, opinamos que la corte inferior no erró al excluir la evidencia tendiente a probar que el acusado y sus familiares tenían algún título sobre la finca. Da evidencia estableció fuera de toda duda que du-rante ocho o nueve años antes de su muerte Antonio Albino y su familia vivieron en la finca, habiendo sido él colocado allí por Galarza, como mayordomo; y que durante todo ese tiemipo la familia Albino reconoció a Galarza como dueño del inmueble. Aun cuando aceptáramos que la evidencia excluida fuera suficiente para establecer el más perfecto título de dominio a favor de la Sucesión Pierantoni, ese título no bas-taría para justificar la entrada forzosa vi et armis, que el acusado y sus hermanos realizaron el día de autos. La en-trada en la finca en las condiciones establecidas por la prueba fué un acto injustificado de violencia que Albino y sus fami-liares tenían derecho a rechazar usando.de la fuerza razo-nablemente necesaria para la defensa de sus vidas y de' su hogar.

Las manifestaciones del Juez al excluir la evidencia re-ferente al título, supra, son una correcta exposición de la ley y en nada pudieron perjudicar los derechos del acusado.

El quinto señalamiento es de una frivolidad tan pa-tente, que deberíamos desestimarlo sin siquiera exponerlo. Se queja el apelante de qu,e la corte inferior no le permi-tiera repreguntar por segunda vez al testigo Pedro Albino sobre ciertas alegadas instrucciones específicas dadas a su padre por Galarza, el dueño de la finca. Bastará decir, para justificar la desestimación de este señalamiento, que del récord aparece que el Juez preguntó a- dicho testigo si él sabía si Galarza le dió alguna instrucción a su padre, y que el testigo respondió: “No señor, porque ellos cogían para la finca a voltearla y nosotros a nuestro trabajo independientemente.”

Que la corte inferior erró al hacer comentarios so-bre las características de un “dying declaration”, y al ad-mitir la de Antonio Albino, Jr.

Del récord aparece que al ser ofrecida por el fiscal la declaración de la víctima, se opuso la defensa a su admisión, haciendo constar que se oponía “no porque entendamos que nos perjudica en sí, porque la prueba es bastante clara en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, sino porque como cues-tión de derecho es inadmisible.”

La declaración en cuestión fué prestada por Albino ante el fiscal, en el hospital, el mismo día en que fué herido, o sea el 9 de marzo de 1938. El herido falleció el día once del mismo mes, a las 2 P. M. y la ■ autopsia fué practicada esa misma tarde. La defensa admitió la autenticidad de la declaración ofrecida en evidencia y que ella contiene una ex-posición fiel y exacta de lo declarado por Albino, pero in-sistió en que la misma no era admisible como dying declaration.

Después de oír la argumentación de las partes, la corte se expresó así:

“La característica de una declaración, un dying declaration, o sea una declaración en peligro de muerte, es que el individuo que la da, tenga la creencia én el momento que la da, que se va a morir, por eso hasta en un verso se ha dicho, que al borde de la tumba, ni el más villano miente. Esa es la filosofía de la declaración. De modo que aquí en esta declaración, la corte la ha leído, y encuentra que de la declaración aparecen todos los requisitos necesarios, que el declarante creía que se encontraba en peligro de muerte... La corte cree que os admisible y la admite por entender que reúne los requisitos que exige la ley y la jurisprudencia para hacerla admi-sible. ’ ’

Al terminar la corte de exponer la regla sobre admisión de “dying declarations”, la que encontramos ajustada a la jurisprudencia sobre la materia, la defensa formuló de nuevo su oposición, en la forma siguiente:

“Nosotros vamos a solicitar que se reconsidere esa resolución, y perdone el sapiente juez que nos escucha. Hay un requisito que no se cumple, el requisito que se exige, que lo es el requisito de con-temporaneidad. Es decir, el requisito que ha transcurrido mucho tiempo desde que se cometieron las heridas al tiempo en que se hizo la declaración. Es decir que han transcurrido me parece que dos días después. Esa declaración tiene que ser hecha precisamente, contemporánea, más o menos, en el sitio de los sucesos.
“Si inmediatamente, por ejemplo, que el fenecido Albino recibió la herida hubiera hecho la declaración, pues ya entonces tendría la importancia de contemporaneidad, porque entonces no tendría él oportunidad de fabricar el testimonio.” (Itálicas nuestras.)

La declaración admitida en evidencia, tomada el 9 de marzo de 1938, dice así:

“DeclaRación de Antonio Albino, Jr. — (Marzo 9, 1938) Fiscal (Rodríguez Serra) Levanta la mano derecha. ¿Tú juras decir la verdad! R. — Sí, señor. P. — '¿Cómo tú te llamas! R. — Antonio Albino. P. — ¿Dónde vives! R. — En la Jagua de Peñuelas. P.— ¿Cómo tú te encuentras? R. — Mal. P. — ¿Pero mal en el sentido de que te puedes morir do esa herida? R. — Sí, tengo un dolor que no puedo resollar. ¡Ay Dios mío! P. — ¿Quién te hirió a ti? II.— Juanito Pierantoni. P. — ¿Y a quién más hirió? R. — Al papá mío. P. — ¿Cuántos disparos le hizo al papá 'tuyo? R. — Yo no sé decir. P. — ¿Y a ti? R. — Uno. P. — ¿De modo que allí dispararon dos per-sonas solamente? — Sí, señor, dos, ahora habían más; yo corrí. P.— ¿Cuántos tú viste disparar? R. — Disparó Vicente cuando yo corrí. P. — ¿A quién le disparó? R. — A papá. P. — ¿Y a ti, quién te disparó? R. — Juanito. P. — ¿Tú viste qué armas tenían Vicente y Juan Pierantoni? R. — Revólver. P. — ¿Tú viste si era pistola? R. — No. P. — Tú crees que te vas a morir? R. ¡Ay Dios mío!... ”

De la oposición formulada por la defensa, supra, después de oír la regla expuesta por la corte, se ve claramente que la objeción a la admisión de la declaración de Albino no se basó en que éste en el momento en que declaraba no creía que se iba a morir, y sí en que la declaración lrabía sido prestada dos días después de haber el declarante recibido la herida que le causó la muerte. Si la contemporaneidad o proximidad entre el momento de recibir la herida y el momento de pres-tar la declaración fuese, como erróneamente sostiene la de-fensa, el requisito esencial para la admisibilidad de una declaración en peligro de muerte, tendríamos que resolver que ese requisito se cumplió en el presente caso, pues de la evidencia aparece que Albino fue herido como a la una de la tarde del día 9 de marzo de 1938 y declaró esa misma tarde. Como muy bien resolvió la corte inferior, la fecha en que se prestó la declaración carece de importancia, pues no se trata de una declaración ofrecida como parte del res gestas. Lo realmente importante es que en el momento én que decla-raba el herido creía que iba a morir como consecuencia de la herida recibida. Las contestaciones dadas por el herido al fiscal indican claramente que en ese momento el declarante tenía la creencia de que iba a morir.

- No erró la corte inferior al admitir la declaración. Ade-más, y en eso convenimos con la defensa, dicha declaración en nada pudo perjudicar al acusado, toda vez que tanto la prueba de cargo como la de descargo demuestran fuera de toda duda que la herida que causó la muerte de Albino fue inferida por el acusado Juan Pierantoni. Véanse: Pueblo v. Ortiz, 42 D.P.R. 135; Pueblo v. Mejías, 47 D.P.R. 282; Pueblo v. Quirós, 48 D.P.R. 962; y Aguilar v. Pueblo, 49 D.P.R. 668.

Después de haber declarado Alfonso Maldonado, pe-rito en balísticas, sobre la aplicación de parafina al acusado, con un resultado positivo en 19 puntos, a Vicente Pierantoni, con resultado positivo en 34 puntos, y a los cadáveres de Albino padre y Albino Jr., con resultado negativo en ambos casos, la defensa formuló la siguiente pregunta:

“¿Es posible, perito, que una persona que baya disparado un arma de fuego evite con ciertos remedios, por ejemplo, ácido, etc., a fin de que no dé prueba de parafina?”

No erró el tribunal al sostener la objeción del fiscal." La pregunta, además de ser inmaterial, no era germana con las preguntas formuladas por el fiscal en el examen directo del perito.

Los señalamientos noveno, décimo, y décimoprimero, son claramente frívolos y deben ser desestimados sin que nos,, detengamos a exponerlos y discutirlos.

Estos tres señalamientos están relacionados con la declaración del testigo de la defensa, Erasmo G-otay, policía insular.

El primer incidente de qne se queja el apelante es el mismo que hemos discutido y resuelto al considerar el segundo señalamiento.

El segundo ocu-rrió así: al resolver el juez que las mani-festaciones que hiciera la viuda de Albino al policía, a las 10 de la noche, o sea nueve horas después del suceso y cuando iodo estaba en calma, no eran admisibles como parte del res gestae, el testigo, sin que nadie se lo preguntara, interrumpió a la corte, diciendo: ‘ ‘ Ella me declaró ...” Fué entonces que el juez dijo al testigo:

“No diga, nadie le ba preguntado. Usted parece que tiene interés en declarar en cierto sentido. La corte está resolviendo una cuestión. Usted quédese callado. El abogado es el único que puede discutir y hablar de todo eso. El testigo se queda callado hasta que se le pregunte.”

Veamos el tercer incidente. Habiendo declarado el po-licía G-otay que cuando practicó la investigación ocupó cinco machetes envueltos en un saco, en el cielo raso de la casa, la defensa le preguntó: “¿Ocupó cinco machetes?” El testigo respondió: “Cinco machetes, dos de ellos tenían manchas de sangre.” Se opuso el fiscal porque la contestación era ofi-ciosa, toda vez que nadie le había preguntado si los machetes tenían sangre o no; y solicitó su eliminación, porque no siendo el testigo un químico no estaba capacitado para de-clarar si las manchas,eran de sangre. En momentos en que la corte repetía a la defensa lo que' el testigo había contestado a su pregunta, volvió éste a interrumpir al juez, diciendo:

“¿La corte me permite una cosa?” A esta pregunta siguió el diálogo que copiamos de la transcripción de evidencia:
■“Juez: Espérese un momento. Usted no es abogado.
“Testigo: Pero en defensa de mi reputación.
“Juez: Nada de reputación. Aquí usted es un testigo y no puede discutir ni con la corte, ni con el abogado. Espérese y si no se quiere callar yo lo baré callar. ¿O usted quiere imponerse a la corte? Yo quiero que usted me conteste esa pregunta.
“Testigo: Yo no quiero imponerme a la corte. Yo como un oficial de la policía quiero aclarar la verdad.
“Juez: Recuérdese que está en la Corte de Distrito de Ponce, que no está en el barrio de la Jagua y que aquí usted es un testigo, porque muchas veces se cree uno que su autoridad en un barrio, en una corte de distrito también puede ejercer esa autoridad. Aquí la única autoridad presente' ahora, soy yo, en nombre de la Ley, el Juez. Usted está vestido de policía, pero usted tiene que observar todas las reglas de la corte lo mismo que los demás testigos, porque si no se expone a la pena que le señala la ley para los que no obe-decen las reglas de la corte. De modo que, si usted tiene en la cabeza algún humo de autoridad, sáquesélo ahora hasta que salga de la corte. ¿Usted me entiende bien?
‘ ‘ Testigo : Sí, señor.-
“Juez: De modo que considérese igual a cualquier otro testigo de los que pasan por esta silla. Cuando usted esté declarando, usted explique eso que acaba de decir, pero no intervenga en las discusiones. ¿Usted me entiende bien?
“Testigo: Sí, señor.

El lenguaje usado por la corte al dirigirse al testigo es en verdad duro y ’severo. Empero, para poder determinar si la corte estuvo justificada al expresarse en la forma en que lo hizo sería preciso haber observado la actitud y los gestos del testigo al dirigirse al tribunal. Careciendo de esos ele-mentos de prueba, no estamos en condiciones para poder resolver si la corte estuvo justificada o no al dirigirse al testigo en la forma en que lo hizo. ¿

Lo dicho por la corte al testigo nada tenía que ver con la credibilidad de éste, y en nada pudo perjudicar al acusado. Además, del récord aparece que después de todos esos inci-dentes que hemos apuntado, la corte declaró sin lugar la eli-urinación de 3a contestación del testigo y permitió que éste declarase extensamente con referencia a las manchas de san-gre que a su juicio aparecían sobre dos de los cinco machetes ocupados por él.

Se queja el apelante de varios incidentes, todos ellos sin importancia, ocurridos durante el curso de la declaración del policía Gotay. En todos ellos las objeciones de la de-fensa fueron sostenidas por la corte. No hubo perjuicio para el acusado.

Que la corte erró al permitir a un jurado hacer comen-tarios sobre la prueba, antes de que el caso fuera sometido a su consideración.

He aquí lo currido. Durante el examen del policía Gotay, el abogado defensor pidió a la corte que ordenara que el Diario de Novedades del Cuartel de la Policía de Peñuelas fuese traído para ser presentado en evidencia con el propó-sito de eliminar cualquier duda y para corroborar la decla-ración del citado testigo. Manifestó la corte que no creía que el Diario fuera necesario pues ya el testigo había decla-rado, sin oposición del fiscal, sobre su contenido. Intervino entonces uno de los miembros del jurado, diciendo:

“En cuanto a eso yo tenía en mente'hacer una solicitud algo parecida, por cuanto el Hon. Juez de Paz dijo que él había ordenado a la familia del interfecto que condujeran a su presencia los machetes, él como autoridad, y luego la otra autoridad que estuvo allí y declaró algo contradictorio, que dijo que personalmente trajo los machetes y dió entrada al libro. De manera que viendo el libro se sabe cuál de los dos está en la verdad.”

La corte declaró con lugar la petición de la defensa diciendo :

“Entonces, a petición del jurado y de la defensa, y con la con-formidad del fiscal, la corte ordena que se traiga el Libro de Nove-dades del Cuartel de la Policía de Peñuelas, comenzando el día 9 de marzo de 1938.”

La queja del apelante carece de fundamento. Su abogado pidió el libro para eliminar cualquier duda y para que la en-trada en el mismo sirviera de corroboración a lo declarado por su testigo, el policía Gotay. El jurado secundó su solici-tud para resolver el conflicto entre lo declarado por Gotay y lo dicho por el juez de paz en cuanto al encuentro de los machetes. La intervención del jurado lejos de perjudicar al acusado le fué beneficiosa, pues sin ella seguramente la corte no hubiese admitido el mencionado libro.

La sentencia declarando al acusado culpable de un delito de portar armas está justificada por la evidencia. Ella demostró que el día del suceso el acusado y sus hermanos salieron de Ponce y fueron a la finca, en Peñuelas, donde Albino y su familia residían desde hacía unos ocho años. Al ocurrir la discusión entre Albino y los Pierantoni, dos de éstos, Vicente y Juan, sacaron los revólveres que portaban y dispararon contra los dos que resultaron muertos. El mero hecho de que los Pierantoni creyesen tener algún título sobre la finca, de la cual no habían estado en posesión durante los ocho años anteriores, no les autorizaba para portar armas desde Ponce hasta el sitio del suceso en Peñuelas.

La prueba aducida por el fiscal demuestra fuera de toda duda la comisión de un delito de asesinato. T si ése hubiese sido el veredicto del jurado y la sentencia de la corte, no du-daríamos un momento al confirmarlos.

Las sentencias recurridas deben ser confirmadas-.


author: El Juez Asociado SeSob. Todd, Je.,

text:
    Caribbean Engineering Company, demandante y apelante, v. Municipio de Ponce, demandado y apelado.
    Núm. 8289.

    Sometido: Noviembre 21, 1941.

      Resuelto: Febrero 25, 1942.

      A. Rivera Zayas y J. Telilla, abogados de la apelante; F. M. Susoni, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeSob. Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Ponce, con la cooperación de la Public Works Administration, anunció una subasta para el suminis-tro e instalación de unos contadores y cajas de hierro fundido para el acueducto de dicha ciudad. La Caribbean Engineering Company, habiendo sido una de los licitadores, obtuvo la buena pro y, como consecuencia, celebró un contrato con el municipio para realizar dicho trabajo por la suma de $66,237. La cuestión en controversia en este caso surgió del hecho de que en las especificaciones, que se hicieron formar parte del contrato, el municipio incluyó 1,500 metros cúbicos de ex-cavaciones como la cantidad aproximada que se necesitaría hacer, pero al realizar la obra la demandante tuvo que hacer 4247.33 mi/c de excavaciones. En el contrato se fijó un precio unitario de 75 centavos el metro cúbico pero la demandante reclamó el pago del trabajo realizado en exceso de la cantidad estimada originalmente, más un 20 por ciento, a razón de $1.60 el metro cúbico o sea lo que según ella le costó realizar dicho trabajo. Igual sucedió con la partida de llaves de'incorpora-ción que se calcularon en las especificaciones en 1,000 a razón de $1 por cada llave y luego hubo que instalar 1,479, recla-mando la demandante a razón de $1.50 por cada llave.

El municipio se negó a pagar la suma reclamada por la contratista pero sí le pagó de acuerdo con el precio unita-rio fijado en el contrato y entonces la Caribbean Engineering Company inició una acción de daños y perjuicios en la Corte de Distrito de Ponce reclamando la diferencia entre lo pagado por el municipio y el costo del trabajo adicional incurrido por . la demandante en las dos partidas antes mencionadas o sea la suma total de $2,219.23. El caso fue sometido a la corte inferior mediante una extensa estipulación de hechos, a la que nos referiremos más adelante, y de la sentencia dictada declarando sin lugar la demanda con costas y honorarios de abogados es que la demandante estableció el presente recurso alegando que la corte inferior incurrió en error al dictar una sentencia incongruente con los hechos estipulados, al declarar sin lugar la demanda y al condenar ala demandante al pago de las eos-tas y honorarios de abogado. La apelante disente los dos primeros errores conjuntamente y en la misma forma los re-solveremos.

El fundamento principal que tuvo la corte inferior para declarar sin lugar la demanda aparece expuesto en la relación del caso y opinión que dictó en apoyo de su sentencia, en esta forma:

“Aparece bien claro de lo que acabamos de transcribir que la demandante contratista, al entrar en el contrato referido con el Muni-cipio de Ponce, renunció a cualquier reclamación por daños y per-juicios con motivo de cualquier diferencia entre las cantidades de trabajo estimadas y las realmente realizadas. (La instrucción nú-mero 7 forma parte del contrato).
“Con esto basta, a nuestro juicio, para declarar sin lugar la demanda de daños y perjuicios, porque 'las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos’ (Artículo 1044 del Código Civil, ed. de 1930).” (Subrayado de la corte inferior.)

Veamos si hubo renuncia. Como todos los documentos firmados en esta transacción están en el idioma inglés, al citar de ellos lo haremos, para mejor conveniencia, en dicho idioma. El contrato celebrado entre las partes expresamente provee que la invitación a los postores, la proposición, instrucciones a los postores, reglamentos de construcción y especificaciones formarían parte del contrato cuando dice:

“ArtiCle 1: Statement of Work: The contractor shall furnish all labor and materials, and perform all work required for the FURNISHING AND INSTALLATION OP WATER METERS AND CAST IRON BOXES in Ponce, Puerto Rico, for the consideration of sixty-six thousand two hundred and thirty-seven dollars ($66,237.00) in strict accordance with the invitation; bid; instructions to bidders; construction regulations; specifications entitled speoipications por the furnishing and INSTALLATION OP WATER METERS AND CAST IRON BOXES and the drawing mentioned in the specifications; all which, are made a part hereof.” (Itálicas nuestras.)

Y el artículo 2 dice:

“Artiole 2: Payments: The owner agrees to pay the contractor for the complete work required by this contract at the prices agreed upon in this contract. ' Such payments shall be made from funds received from the sale of bonds or otherwise, from the United States of America by way of grant.”

En la primera instrucción a los postores se hizo constar lo siguiente:

“1, Examination oí Site.
“Bidders must examine the site of the work in order to obtain full knowledge of difficulties that might arise in the execution of the work.” (Itálicas nuestras.)

T, en la instrucción 7 se dijo a los postores:

“7-PREPARATION OE BlD.
“Bidders must submit with their bids one set of the Instructions to Bidders, Construction Regulations, and Specifications, which shall he considered as forming part of their bids.
“Forms furnished shall be used, and strict compliance is necessary with the requirements of the invitation and these instructions. Special care should be exercised in the preparation of bids.
“Bidders must make their own estimates of the facilities and difficulties attending the execution of the proposed contract, including local conditions, uncertainty of weather and all other contingencies.
“All blank spaces in the bid form shall be carefully filled in, no alterations or additions in the wording of the bid being permitted.
“All bids having any condition or limitation added by the bidders will be considered informal and may be rejected.
“The estimated quantities of work that appear in the Proposal Form are only approximate and bidders must determine for themselves the quantities of work that will he required and they shall assume all risks as to any variation in the quantities of the different classes of work actually performed, and they shall not make any claim for damages or loss of profits because of any difference between the quantities of the various classes of work given in the estimate for the purpose of bidding and the quantities of work actually performed. The contractor’s compensation will be computed upon the basis of the actual quantities in the completed work; whether they be more or less than the quantities listed in the Proposal Form.” (Itálicas nuestras.)

En el pliego de especificaciones se hizo constar, con el número 2, lo siguiente:

“2. — Soope op WORK: — Tbe extent and scope of work to be performed is described in these specifications, shown, noted or implied upon the accompanying drawings, supplemented by explanatory details, which will be furnished by the Owner, and may be stated as complete Furnishing and Installation of Water Meters and Cast-Iron Boxes for the Ponce Water Works.
“It is the intention of these specifications to describe definitely and fully the character of all materials and workmanship necessary to construct and completely finish the work described in accompanying sections of these specifications, and shall provide for and include all labor, transportation, tools, materials, machinery and equipment necessary.” (Itálicas nuestras.)

Para el caso en que hubiera algún error en los documentos del contrato se hizo constar' lo siguiente:

“7 — ERRORS AND DISCREPANCIES:
“The contractor will not be allowed to take advantage of any errors or omissions which may occur in the documents of the contract;
‘ ‘ Should any errors or discrepancies in the drawing and specifications become apparent to the contractor during the progress of the work, he shall immediately call them to<the attention of the owner or his representative whose decision, approved by the PWA Representative for Puerto Rico, shall be final and binding.” (Itálicas nuestras.)

T se especificó el trabajo cubierto por el precio unitario así:

“8 — Work Covered by Unit Price:
“The cost of furnishing all plant, labor and materials and the performance of all work necessary to complete each unit of work is understood to be comprised in the price paid for each unit.”

En cuanto a trabajo extraordinario expresamente se con-vino lo siguiente: *

“13' — Approval, oe Extras:
“The owner reserves the right to make, at any time, changes in the plans and specifications the same being subject to approval by the PWA Representative for Puerto Rico. No charge for any extra work or material will be allowed unless the same has been previously authorized in writing by the owner and approved by the PWA Representative for Puerto Rico.
“In case that any changes in the plans and specifications may entail work not foreseen in the contract, this will he considered as extra work.'
“The OWNER with the approval of the PWA Representative for Puerto Rico, reserves the right to enter into a written agreement with the contractor to execute such extra work at prices to be mutually agreed upon, or to have same carried out on a cost plus basis or by any other method that the owner may decide, subject to the approval of the PWA Representative for Puerto Rico.
“14. — ClaiMS and Protests:
“If the contractor considers any work required of him to be outside the requirements of the contract, or considers any record or ruling of the inspectors as unfair he shall ask for written instructions or decision immediately, and then file a written protest with the owner. Due consideration will be given to such protest, and the decision of the P.W.A. Representative for Puerto Rico will he final.” (Itálicas nuestras.)

La demandante al hacer su postura en la subasta la tituló así:

“Estimated Quantities of Work and Materials (Approximate) for the Furnishing and Installation of Water Meters and Cast Iron Boxes for the Improvement to ti-ie Ponoe Water Works.”

Y en ella hizo constar la siguiente:

“Bid (Proposal). In compliance with the above invitation and the advertisement for bids, and subject to all the conditions thereof, the undersigned offers and agrees, if this bid be accepted within sixty (60) days from the date of the opening, to furnish all plant, labor and materials and perform all work required, at the unit prices stipulated in this PROPOSAL, the total amount of the bid being sixty-six thousand two hundred thirty-seven dollars ($66,237), all within the time stipulated in paragraph 3 of the Specifications.” (Itálicas nuestras.)

T al final de su proposición dijo:

“The undersigned submits this bid with an entire knowledge of the kind, quality and quantity of the materials and workmanship required, and should it be accepted, will enter into a contract within fifteen (15) calendar days after being notified in writing of the acceptance of his bid.” (Itálicas nuestras.)

De acuerdo con los términos del contrato todas estas dis-posiciones formaban parte del mismo. La controversia a resolverse en este caso es el alcance legal que tiene especial-mente el último párrafo de la instrucción 7 supra, que tradu-cido al castellano dice así:

“Las cantidades de trabajo estimadas que aparecen en ‘The Proposal Form’ son solamente aproximadas y los postores deben determinar por sí mismos las cantidades que serán requeridas y ellos asumirán todos los riesgos en cuanto a cualquier variación en las cantidades de las diferentes clases de trabajo efectivamente realizado y (los postores) no harán reclamación alguna por daños o pérdidas-de beneficios con motivo de cualquier diferencia entre las cantidades de las varias clases de trabajo dadas en el estimado para el propósito' de la subasta y las cantidades de trabajo realmente llevadas a cabo.. La compensación del contratista será computada a base de las canti-dades incluidas en la obra, terminada, aunque sean más o menos qu& las cantidades especificadas en el ‘Proposal Form.’ ”

Sostiene la apelante que el concepto de “aproximadas’'’ que s'e hizo constar en dicho apartado 7, en cuanto a las cantidades de trabajo a realizar tenía, para las partes en este litigio, un sentido restringido a un 20 por ciento más de las cantidades fijadas en las especificaciones, de acuerdo con el apartado 9 de la estipulación sometida a la corte inferior para la resolución de este caso y que dice:

“9. — Que la demandante llamó la atención del municipio sobre tal exceso de excavaciones y al ser requerido para llevar a cabo este exceso al mismo precio unitario fijado en el contrato, hubo de negarse a dicho requerimiento y presentó su reclamación para que las exca-vaciones que excedieran de la cantidad consignada en la partida referida más un 20 por ciento-se le pagaran como trabajo extra al precio de $1.60 el metro cúbico. El 20 por ciento consignado en exceso de la cantidad estimada de 1,500 metros cúbicos representa la regla y norma establecida en estas clases de contratos de obras pú-blicas, a virtud de la cual el contratista está obligado a realizar un 20 por ciento más de la cantidad fijada en las especificaciones, al mismo precio unitario, establecido en el contrato.”

Analizando la contención de la apelante, sin embargo, so-mos de opinión que por el apartado 9 de la estipulación, supra, las partes no convinieron en que la palabra “aproximadas” significaba un 20 por ciento más de las cantidadess de trabajo fijadas en las especificaciones. Lo que las partes estipularon fue que la Caribbean Engineering Company reclamó el pago del trabajo que excediera de las cantidades fijadas..en las es-pecificaciones más un 20 por ciento. Se procedió entonces a decir qué representaba ese 20 por ciento, pero no se estipuló que la palabra “aproximadas” usadas en las especificaciones fuera equivalente a dicho 20 por ciento. Es más, aún asu-miendo que ese fuera el alcance del apartado 9 de la estipu-lación, las partes, de acuerdo con las circunstancias espe-ciales- concurrentes en este contrato, no podrían limitar su alcance sin la intervención de la P.W.A,. En el caso de autos, aún cuando las partes contratantes lo fueron la Caribbean Engineering Company y el Municipio de Ponce, el contrato estuvo supeditado en todo momento a la intervención y apro-bación de la agencia federal “Public Works Administration”. Así vemos que en el anuncio de subasta se hizo constar que: “No bid will be accepted or rejected without prior author-isation and approval by the P.W.A. Representative for Puerto Rico.” T en las instrucciones a los postores, encontramos lo siguiente: “3.— . . '. Contract will not be awiarded until bids have been examined and passed upon by P.W.A. Representative for Puerto Eico ...” 4.— . . “The contract shall be supported by adequate surety or other bonds or security satisfactory to the Administrator of the Federal Emergency Administration of Public Works, . . .” 14. — . . : “The contract documents will be subject to the approval of the Representative for Puerto Rico of the Federal Emergency Administration of Public Works, and also to the approval of the Commissioner of the Interior of Puerto Eico.” (Itálicas nues-tras.)

De manera que aun cuando la P.W.A. no es una parte en el contrato, éste no pudo haberse efectuado sin la inter-vención y aprobación de dicha agencia federal. T es por esto que decimos que no habiéndose hecho constar en ninguno de los documentos que formaban parte del contrato que la pa-labra “aproximadas” usada en la instrucción 7 supra, que-daba limitada a un 20 por ciento adicional a las cantidades de trabajo fijadas en las especificaciones, no pueden las partes, por estipulación, y sin la intervención de la P. W. A. darle dicha limitación.

Resolvemos que la palabra “aproximadas” no fuá limi-tada al 20 por ciento definido en la estipulación, pues la defi-nición allí contenida sólo se refiere a una norma de conducta adoptada por los ingenieros o contratistas en los contratos de obras públicas. Las cortes no pueden, por interpre-tación, extender el alcance de una estipulación para darle un efecto más allá de sus propios términos y de la intención de las partes. 60 C. J. 62, see. 42. Es más, si aceptáramos la teoría de la apelante, "¿cuál era la finalidad del Municipio de Ponce al oponerse a la reclamación de la demandante en esta acción? Si Labia aceptado que la palabra “aproxima-das” equivalía a'l 20 por ciento alegado por la demandante, no existiría controversia alguna entre las partes que requi-riera ser resuelta por las cortes.

La recurrente sostiene que las cantidades de tra-bajo fijadas en las especificaciones constituyen una garantía “warranty” por parte del Municipio de Ponce y que la base de la causa de acción radica en las erróneas afirmaciones con-tenidas en las especificaciones, pues en virtud de la mencio-nada garantía la apelante fué desviada y confundida y llevada a equivocarse al hacer su proposición. En su elaborado y extenso alegato cita insistentemente varios casos resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a saber: U. S. v. Utah, N. & C. Stage Company, 199 U. S. 414; Hollerbach v. U. S., 233 U. S. 165; Christie v. U. S., 237 U. S. 234; U. S. v. Spearin, 248 U. S. 132 y U. S. v. Atlantic Dredging Co., 253 U. S. 1. Hemos examinado cuidadosamente los hechos «envueltos en estos casos y somos de opinión que lo en ellos resuelto por nuestro más alto tribunal no es apli-cable a los hechos del caso de autos. Por el contrario, uno de ellos, el de Hollerbach v. U. S.. demuestra cómo dicho tribunal distinguió 'los casos que caen dentro de la doctrina en los otros establecida y aquellos en que los becbos son como los que aparecen del caso que resolvemos.

Analicemos este caso. Hollerbach demandó a los Estados Unidos por daños sufridos en relación con un contrato para reparar una represa, alegando que dichos daños no se habrían ocasionado si los hechos expuestos en el párrafo 33 de las especificaciones unidas al contrato hubieran sido cier-tos. La Corte de Reclamaciones, a base de lo resuelto en Simpson v. U. S., 172 U. S. 372, falló el caso en contra del demandante y éste apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En la opinión de dicha corte se hace constar que la determinación de la controversia dependía de ciertas par-tes de las especificaciones y de las conclusiones de la Corte de Reclamaciones. Las especificaciones referidas, las que citaremos en inglés para mejor comparación con las del caso de autos, decían lo siguiente:

“20. It is understood and agreed that the quantities given are approximate only, and that no claim shall be made against the United States on account of any excess or déficiency, absolute or relative, in the same. Bidders, or their authorized agents, are expected to examine the maps and drawings in this office, which are open to their inspection, to visit the locality of the work, and to ■make their own estimates of the locality and difficulties attending the execution of the proposed contract, including local conditions, uncertainty of iveather, and all other contingencies.
“33. Work to be done.... The present dam, a wooden crib structure, is 528 feet long between abutments and about 52 feet wide at its base. The expected depth of concrete work is shown on the blue prints, but it may be made greater, as the condition of the old timber may render it necessary. The work shall be carried out in sections, generally from 50 to 100 feet long, and no more of the old work shall be torn out than can be rebuilt in a few days in case of necessity. All the exterior surfaces of the concrete shall be faced with the facing described in paragraph 59, which shall be placed before the concrete below has set, and shall be smoothly finished off. The dam is noiv bached for about 50 feet with broken stone, saiudust, and sediment to a height of within 2 or 3 feet of the crest, and it is expected that a cofferdam can be constructed with this stone, after which it can be backed with sawdust or other material. The excavation behind the dam will be required to go to the bottom, and it is thought that a slope of 1 horizontal to 1.2 vertical will give ample room.
“70. Investigation. It is expected that each bidder will visit the site of this work, the office of the loekmaster, and the office of the local engineer and ascertain the nature of the work, the general character of the river as to floods and low water, and obtain the information necessary to 'enable him to make an intelligent proposal. ’ ’ (Itálicas nuestras.)

Las especificaciones 20 y 70 del caso de Hollerbach, supra, por su fraseología, equivalen, con ligeras diferencias, a las instrucciones 1 y 7, supra, del de autos y, la especificación 33 del mencionado caso, en su fondo, a la 2 del nuestro.

Las conclusiones de hedió a' que llegó la Corte de Recla-maciones, en la parte pertinente, dicen así:

v “As the contractors proceeded with the work of removing the material behind the dam it was found that said dam was not backed with broken stone, sawdust, and sediment as stated in paragraph 33 of the specifications, but that said backing was composed of a soft slushy sediment from a height of about 2 feet from the crest to an average depth of 7 feet, and below that to the bottom of the required excavation said dam was backed by cribwork of an average height of 4.3 feet consisting of sound logs filled with stones.”

Y en el curso de su opinión la Corte de Reclamaciones dijo que si el párrafo 33 de las especificaciones, supra, fuera el único a considerar, constituiría, una garantía del material que sostenía la represa, pero resolvió que las disposiciones preventivas de los párrafos 20 y 70 requerían que el deman-dante se informara^ de la condición del sostén de la represa y que por tanto el párrafo 33 no constituía una garantía “warranty”, de acuerdo con lo resuelto en el caso de Simp son v. U. S., supra. La Corte Suprema de los Estados Uni-dos distinguió este último caso y luego se expresó así:

“In this case the claimants rely upon the contract, read in the light of the findings of the Court of Claims. Turning to paragraphs 20 and 70 the Court of Claims justified its conclusion in that part of paragraph 20 which provides that ‘quantities given are approximately only, and that no claim shall be made against the United States on account of any excess or deficiency, absolute or relative, in the same. Bidders, or their authorized agents, are expected.. .to visit the locality of the work, and to make their own estimates,’ etc. The term ‘quantities’ as used in paragraph 20 may doubtless refer to estimates of the amount of different kinds of work tvhich are specified in the contract. We do not see how it could control the statement of paragraph 33, definitely made, as to the character of the material hack of the dam. Pertinent parts of the paragraphs referred to would seem to be those which required bidders or their authorized agents to investigate for themselves and to visit the locality of the work to ascertain its nature and make their own estimates thereof. The specifications attached to the contract set forth the work to be performed in great detail, as to its nature and character, and many particulars as to manner and extent of the work to be done, the removal of old timber and material, etc., the general character of the river as to floods and low water, etc., and the difficulties attending the execution of the contract, and as to all these things the bidder was required by paragraphs 20 and 70 to make examination for himself and at his own peril. ■
“In paragraph 33 the Government sets forth with particularity a description of the old dam, its length and width, and it was there added: ‘ The dam is now backed for about 50 feet with broken stone, sawdust and sediment to a height of within 2 or 3 feet of the crest,’ etc. The specifications provided that the excavations behind the dam must be to the bottom. In the light of this specification, turn to the finding of fact, and we learn that the claimants, as they proceeded with the work, found that the dam ‘was not backed with broken stone, sawdust and sediment as stated in paragraph 33 of the specifications,’ and below seven feet from the top to the bottom there was a backing of cribbing of an average height of 4.3 feet of sound logs filled with stone. Obviously, this made it much more expensive to do the work than if the representation inserted by the Government in the specifications of its own preparation had been true and only the character of material had been found tvhich the specification unequivocally asserted was there.,
“A Government contract should be interpreted as are contracts between individuals, with a view to ascertaining tbe intention of tbe parties and to give it effect accordingly, if that can be done consistently with tbe terms of tbe instrument. In paragraph 33 the specifications spoke with certainty as to a part of the conditions to be encountered by the claimants. True the claimants might have penetrated tbe seven feet of soft slushy sediment by means which would have discovered the log eribwork filled with stones which was concealed below, but the specifications assured them of the character of the material, a matter concerning which the Government might he presumed to speak ivith knowledge and authority. We think this positive statement of the specifications must be taken as true and binding upon the government, and that upon it rather than upon the claimants must fall the loss resulting from such mistaken representations. We think it would be going quite too far to interpret the general language of the other paragraphs as requiring independent investigation of facts which the specifications furnished by the Government as a basis of the contract left in no doubt. If the Government wished to leave the matter open to the independent investigation of the claimants it might easily have omitted’ the specification as to the character of the filling back of the dam. In its positive assertion of the nature of this much of the ivork it made a representation upon 'which the claimants had a right to rely ivith-out an investigation to prove its falsity. See United States v. Stage Co., 199 U. S. 414, 424.” (Itálicas nuestras.)

Como hemos visto, el caso de Hollerbach resuelve fun-damentalmente dos cuestiones, (1) que las especificaciones, en cuanto a las cantidades de trabajo, estaban sujetas a com-probación por el contratista ya que de acuerdo con los apar-tados -20 y 70 se habían dado solamente como aproximadas, y (2) que la especificación 33 en cuanto a la naturaleza del terreno, “character of material”, detrás de la represa, era una garantía positiva por parte del Gobierno al contratista que éste no venía oblig’ado a investigar de acuerdo con las especificaciones 20 y 70. Como consecuencia, la Corte Su-prema revocó la decisión de la Corte de Reclamaciones y con-cedió los daños.

La misma doctrina fuá aplicada en el caso de U. S. v. Utah, supra, en el que el contrato especificó que el contratista tenía qne traer y llevar la correspondencia a dos estaciones de correo y qne podría tener qne recorrer nnas 6,718 millas adicionales al año y lnego se le qniso obligar a realizar dicho trabajo para cuatro estaciones de correo con nn recorrido adicional de 300,000 millas al año. Dijo la corte:

“SI contratista tenía derecho a asumir qne el gobierno sabía cuántas estaciones iban a recibir servicio; era un hecho conocido perfectamente por los agentes del gobierno y sobre el cual, en el anuncio de subasta, el gobierno hablaba con certeza. No creemos, cuando se hace una declaración tan inequívoca, y se prepara un documento para la información de los licitadorcs, que la declaración general de que el contratista tiene que hacer una inspección personal, y de que el gobierno no será responsable de ningún error, requiera una investigación independiente de un hecho de cuya existencia el gobierno no había dejado duda alguna.”

En el caso de Christie v. U. S., snpra, la Corte Suprema volvió a hacer la misma distinción qne había hecho en el de Hollerbach. Se imputaron tres errores a la Corte de Recla-maciones al resolver nn caso de daños y perjuicios ocasio-nados a nn contratista. Sólo dos de ellos son pertinentes a la acción qne resolvemos, a saber: (1) al rehusar compensa-ción adicional debido a la falsedad (misrepresentation) en las especificaciones en cnanto a los materiales a ser excava-dos, (2) al rehusar cierta compensación por material que hubo que excavar debido a nn defecto en el ángulo de reposo (angle of repose) de la represa según se especificó. La Corte Suprema revocó la decisión en cnanto al primer error por entender qne las especificaciones contenían “una enga-ñosa falsedad del material (a excavar) qne condujo a conclu-siones erróneas” (a deceptive representation of the material, and it misled), pero la confirmó en cnanto al segundo por-que en las especificaciones al referirse a las cantidades a ser excavadas se dijo qne dependían de la determinación del ángulo de reposo y que eran sólo aproximadas y, por lo tanto, sólo cantidades estimadas.

No creemos necesario extender innecesariamente esta opinión analizando los demás casos citados por la recurrente pues todos ellos presentan situaciones similares a las que hemos expuesto anteriormente. De todos ellos resulta claro que al de autos debe aplicarse la misma doctrina que esta-bleció la Corte Suprema de los Estados Unidos en los de Hollerbach y Christie, supra. Las cantidades de trabajo estimadas e incluidas en las especificaciones se hizo constar en las instrucciones a los postores, que eran solamente aproxi-madas y que ellos debían determinar por sí mismos las cantidades realmente requeridas, asumiendo todos los riesgos en cuanto a cualquier variación en las mismas en las dife-rentes clases de trabajo efectivamente realizadas. No hubo ninguna garantía por parte del Municipio de Ponce a los contratistas que pudieran concurrir a la subasta en cuanto a la clase de trabajo o de material en relación con las excava-ciones a realizar. Los casos citados por la recurrente no sólo no sostienen su contención sino que aplican la doctrina general, que en 44 C. J. 401, se expone así:

“Como se demostrará más adelante, se podrá obtener compen-sación por trabajo en exceso de, pero de la misma naturaleza general que el indicado por las especificaciones y planos, solamente al ..tipo contractual y no como si fuera trabajo no previsto en el contrato (extra worki).. . Cuando los planos o especificaciones indican cierta cantidad de trabajo que hay que realizar, pero la cantidad así indi-cada es aproximada solamente y el contratista está obligado a hacer una inspección personal y asumir el riesgo de la cantidad y alcance del trabajo a realizar, el hecho de que una cantidad mayor de tra-bajo de la misma naturaleza general sea realmente necesaria, no lo autoriza a considerar dicho trabajo adicional como trabajo no pre-visto en el contrato (extra work), y obtener compensación por él a un tipo más alto que el precio contractual; él puede cobrar por dicho trabajo adicional como por trabajo regular al precio contractual cuando el precio es unitario a base de trabajo efectivamente realizado, pero no puede obtener compensación alguna cuando el precio contractual consiste de una suma fijada (lump sum).”

Esta regia fia sido aplicada en muchos casos, sobresaliendo entre ellos el de Sullivan v. Sing Sing, 122 N. Y. 389, 25 N. E. 366, citado por la corte inferior, por ser muy similar a 1 de autos. En las especificaciones del contrato objeto de interpretación en dich.0 caso, también se fijaron como aproxi-madas las cantidades del trabajo necesarias para la cons-trucción de un puente. Resultó luego que dichas cantidades eran inexactas pues hubo que excavar 2,936 yardas de tierra cuando se había consignado solo 500. El contratista demandó cobrando el exceso como trabajo extraordinario y la Corte de Apelaciones de Nueva York, después de citar los hechos, dijo :

“Esto incluye necesariamente el concepto de que las cantidades indicadas son meramente aproximadas, ya que no sólo se dispone que dichas cantidades constituyen solamente un estimado como base para las posturas, sino que se toma la precaución adicional de esti-pular con relación a eso, que la junta de síndicos no se considera obligada por dichas cantidades, y que los contratistas tomarán aquellas medidas que consideren necesarias para comprobarlas. Sin considerar, por tanto, las otras cláusulas del contrato, parece que una interpreta-ción. razonable requiere que sostengamos que todo trabajo de un carácter general que haya sido incluido en las especificaciones, tiene que realizarse al precio contractual, aunque después resulte que la cantidad necesitada era mucho mayor que la estimada en las espe-cificaciones.”

De acuerdo con el apartado 7 de la estipulación sometida a la corte inferior, supra, es un hecho admitido por las partes que no existía un plano demostrativo del sitio donde estaban situadas las acometidas del acueducto, de manera que ni el Municipio de Ponce ni el contratista podían saber de antemano y con exactitud los metros cúbicos que tendrían que ser excavados. Es por eso que cuando en las especifica-ciones sólo se consignan cantidades aproximadas y se advierte a.1 contratista de que debe investigar las condiciones del terreno en que va a realizar la obra y no lo hace o no puede hacerlo, asume el riesgo, que en el'mismo contrato se hizo constax*, de que las cantidades de trabajo estimadas resulta-ran menores de las necesitadas en realidad. El caso de Leary v. City of Watervliet, 118 N. E. 849, ratificado por la Corte de Apelaciones de New York en Foundation Co. v. State, 135 N.E. 236 y citado con aprobación por la Corte Suprema de Oregon en Inland Const. Co. v. City of Pendleton, 242 P. 842 y en Palmberg v. City of Astoria, 228 P. 107 y por la de Kansas en Scherrer v. State Highway Commission, 80 P. (2d) 1105, es también muy similar al que resolvemos. Se contrató la construcción de dos represas y al realizar la obra se tuvo que excavar en exceso de las cantidades aproximadas calculadas en las especificaciones. El contratista trató de cobrar el exceso como trabajo extra-ordinario y la Corte de Apelaciones al confirmar a la corte inferior dijo:

“De acuerdo con la evidencia ante nosotros, la licitación se basó en cálculos aproximados solamente, y fué ofrecida y aceptada bajo tales condiciones. Los pagos basados en dicha postura serían efec-tuados de acuerdo con la cantidad de trabajo realizado, no importa que dicha cantidad fuera mayor o menor que las cantidades indicadas en el cálculo aproximado....
“No se alega fraude o engaño por parte de la Comisión. El contratista asume el riesgo de una variación en el estimado hecho por la Comisión, del trabajo a realizar, debido a error o equivoca-ción o cambios en el trabajo.”

Aplicando la regla y la jurisprudencia citadas al caso de autos, somos de opinión, de que el demandado, por los tér-minos del contrato, no estaba obligado a pagar a la deman-dante, como trabajo extraordinario y a un precio distinto al fijado en el contrato, el exceso de las cantidades fijadas como aproximadas en el propio contrato y, resolvemos además, que la demandante, de acuerdo con los términos del contrato, renunció a cobrar a otro tipo que no fuera el precio unitario fijado, a menos que el representante de la P. W. A. así lo aprobara, habiéndose' consignado que su decisión sería final. Aparece de los exhibits que acompañan a la estipulación sometida a la corte inferior, que bubo un momento en que el Alcalde de Ponce convino con la demandante en que debe-ría pagársele el exceso como trabajo extraordinario, pero ésta fué una actuación del Alcalde sin autoridad alguna para ello, de acuerdo con los términos del contrato que en la espe-cificación 13, supra, determinó qué trabajo era el que podía considerarse como de carácter extraordinario y cómo habría de pagarse, ambos requisitos sujetos a la aprobación del representante de la P. W. A. La carta del Alcalde a la demandante, por sí sola, no podía obligar al municipo deman-dado, ya que de los exhibits aparece, además, que sometido el asunto al Sr. Hardman, representante de la P. W. A., éste resolvió que el trabajo no era de carácter extraordinario y debía pagarse al precio unitario.

De acuerdo con el artículo 4 de nuestro Código Civil, los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público o en perjuicio de tercero, y disponiendo el artículo 1044 del mismo cuerpo legal que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, la demandante Caribbean Engineering Company está obligada por los tér-minos del contrato que suscribió. Es más, dicho contrato, aún asumiendo que la demandante no hubiera renunciado a la reclamación que ahora hace, en tanto en cuanto al pago de trabajo extraordinario se refiere, estaba condicionado a la aprobación final y definitiva del representante de la P. W. A. y como de acuerdo con el artículo 1067 del Código Civil, en las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento que constituya la condición, la demandante no adquirió ningún derecho pues nunca existió la aprobación a que nos hemos referido. Y no se diga, como lo hace la apelante en su alegato, que la P. W. A. era, de hecho, una parte contratante (si aceptá-ramos esto como cierto, toda la estipulación sometida a la corte inferior sería nula por no haber sido firmada por una de las partes, argumento que viene a robustecer lo que ante-riormente hemos dicho en relación con el apartado 9 de la estipulación) y que, por lo tanto, no podía su representante ser árbitro en cuanto al pago del trabajo extra, pues entre las reglas que gobiernan las obligaciones condicionales está la comprendida en el artículo 1068 del Código Civil que dice que “cuando el cumplimiento de la condición dependa . . . de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este Código.” La condición de resolver qué trabajos deberán considerarse extraordinarios al efecto de su pago a un precio distinto del consignado en el contrato dependía, por convenio de las par-tes, de lo que resolviera el representante de la P. W. A. y se dió carácter final y definitivo a su resolución. No puede aliora, una de las partes, repudiar lo que expresamente con-vino, no habiéndose probado que al prestar su consentimiento haya intervenido error, violencia, intimidación o dolo.

No se cometieron los dos primeros errores y tampoco el tercero, pues repetidas veces hemos resuelto que no inter-vendremos con la discreción de las cortes inferiores al con-denar al pago de honorarios de abogado, a menos que se demuestre un claro abuso de dicho poder, lo que no ocurre en este caso.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez PeesideNte Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo Alvarado, acusado y apelante.
    Núm. 9082.

    Sometido: Febrero 6, 1942.

      Resuelto: Febrero 27, 1942.

      Julio Viera Morales y Leopoldo Tormes García, abogados del apelante; I-Ion. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Litis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PeesideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de.Ponce formuló acusación contra Eduardo Alvarado porque “allá por el día 27 de febrero de 1941, en Juana Díaz, P. R., . . . ilegal y voluntariamente portaba ... un revólver, arma mortífera, siendo dicho revólver, un instrumento, con el cual puede causarse daño corporal.’ ’

Por convenio de las partes la causa se vió conjuntamente con otra seguida contra el mismo acusado por infracción a la Ley sobre Registro ■ de Armas, el 25 de junio último. Ambas partes presentaron ¿videncia y terminado el juicio la corte declaró culpable al acusado y dictó sentencia impo-niéndole un mes de cárcel por el delito de portar armas. Ley prohibiendo Portar Armas de junio 25, 1924, art. 1, pág. 115.

No conforme el acusado, apeló. Imputa en su alegato dos errores como cometidos por la corte al condenarlo sin prueba de que portara ‘ por la vía pública un arma de fuego ’ ’ y no obstante haberse demostrado que la portación lo fué 4"en un camino privado,” y al dictar una sentencia “con-iraria a los hechos y a la ley.”

La evidencia del Pueblo consistió en las declara-ciones del Jefe Guillermo' Soldevila, P. I., y del policía Manuel Maura. También de una declaración jurada del propio acusado prestada en la investigación preliminar, que, en lo pertinente dice:

“Que como a las nueve o diez de la noche del día 27 de febrero de 1941, al salir yo con dirección hacia casa de Lucila Camacho y al pasar por el medio de dos piezas de caña que hay en las orillas del camino me salió Julio Cruz a mano armada y primeramente me dió un palo en la rodilla de la pierna izquierda y al darme el palo jm me le fui encima y entonces le cogí la mano que me tiraba y seguidamente le di un tiro y al darle dicho tiro noté que él se esmongaba y al esmongarse le encontré el cuchillo en la mano. Acto seguido eché a correr... al llegar a la casa de Lucila le informé de lo ocurrido y entonces seguí carrera hacia el río y allí se me perdió el revólver, el cual hoy, como a las siete de la tarde mi jefe el Sr. Juan de Dios Colón y el Hon. Juez Municipal lo encontraron metido en una zanja bastante honda, donde yo me metí y lo saqué.”

El jefe Soldevila declaró:

“En el barrio Cintrona Primera, de Juana Díaz hubo una muerte, y a consecuencia de ella nos personamos, el Juez Municipal y el declarante en el sitio de los sucesos. Después de investigar fuimos al establecimiento de la central, a cargo del acusado, y allí arrestamos al acusado. Después de negar los hechos, aceptó que él había tenido que disparar contra el individuo ése, no recuerdo el nombre, el muerto, con un revólver. Que había corrido, y el revólver lo había botado en una zanja. Después, más tarde-, fué el acusado con el Juez Municipal y con don Juan de Dios Colón, a buscar el revólver al sitio donde lo había tirado. Era un revólver calibre treinta y ocho, pabón blanco, y aceptó que ése era el revólver que él había usado, y que no lo tenía inscrito.”

La declaración del policía Maura corrobora los anteriores testimonios.

A virtud de esa evidencia quedó comprobada la portación del arma por el acusado.

Pero éste sostiene que si bien ello es así, como el Pueblo no demostró que la portara en algún sitio público y él demostró que cuando la portó se encontraba dentro de la finca en que estaba la tienda perteneciente al dueño de la misma, de que era encargado, no cometió delito alguno, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta propia Corte Suprema en el caso del Pueblo v. Díaz, 37 D.P.R. 455.

En efecto, de la evidencia aportada por El Pueblo no surge que la portación del arma lo fuera en camino público alguno y completada esa evidencia sobre ese extremo por la del acusado resulta que la portación lo fué en Juana Díaz, dentro de la finca Cintrona Primera, colonia de la Central de la Sucesión Serrallés, en la plaza de la colonia y por cerca de un canal de riego de sus cañas.

¿Bajo esas circunstancias está comprendido el caso del acusado dentro de la jurisprudencia que invoca? Veamos primero cómo fué establecida esa jurisprudencia. En el citado caso del Pueblo v. Díaz, dijo esta corte:

“La prueba indisputable presentada tanto por el Pueblo como por la defensa demostraba que el supuesto delito tuvo lugar dentro de la finca ‘Australia’, propiedad de los Sucesores de José María Ortiz, y que el acusado vivía en dicha finca; igualmente que el mayordomo de la citada finca había nombrado al acusado celador de la misma durante parte del día en que el supuesto delito fué cometido.
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“De la prueba aducida por las partes no quedaba lugar a dudas de que el acirsado estaba empleado como celador de la finca. Si él estaba empleado como celador tenía derecho a portar armas de acuerdo con otras excepciones de la ley. No haría diferencia alguna al hecho de que él usara el arma ilegalmente. El Pueblo v. Segarra, 36 D.P.R. 116. No obstante, no es necesario que basemos nuestra decisión en esta defensa.
“La prueba era clara de que el supuesto uso ilegal ocurrió dentro de la finca ‘Australia.’ Por tanto, era el deber del fiscal probar claramente qué parte de esa finca o algún camino dentro de la misma eran de uso público. Uno de los testigos dijo que era un camino-pú-blico porque los trabajadores pasaban por él. Ésta era una conclu-sión de derecho o una mera opinión del testigo. No tendía a de-mostrar que Sucesores de José María Ortiz se hubiesen desprendido de parte de su dominio sobre la finca ‘Australia.’ En lo que a un dueño privado se refiere el público o cualquiera persona deben pro-bar un uso adverso.
“Non oonstant que sucesores de José María Ortiz pudieran cerrar el camino en cualquier momento.
‘ ‘ Gomo esta finca pertenecía a dichos Sucesores, cualquiera de sus agentes o empleados también estaba dentro de su propia finca, según indica el apelante en el memoránlum de autoridades.” 37 D.P.R. 455-457.

La jurisprudencia en verdad se expuso en términos tan amplios que parece abarcar el caso de autos. Sin embargo, éste tiene circunstancias especiales que lo colocan a nuestro juicio fuera de ella.

En primer lugar debe descartarse la condición de celador por parte del acusado. A lo sumo lo que demostró la evi-dencia fué'que estaba encargado de una tienda dentro de la colonia perteneciente al dueño de la misma. Y en segundo lugar, la propia evidencia del acusado se encargó de destruir su teoría de que estaba autorizado para portar armas por el dueño de la propiedad para la defensa de ésta.

Según la propia declaración del acusado el arma no era* del dueño de la colonia y de la tienda ni la portaba en defensa de propiedad alguna. Lo que él dijo fué que cierto día llegó un desconocido a la tienda y le entregó un paquete para que se lo guardara y como ese servicio se prestaba a menudo no tuvo inconveniente en acceder. Poco después, revisando el paquete notó que contenía un revólver y dió cuenta de ello al encargado general de la colonia quien le aconsejó, que lo llevara al cuartel de la policía. Y a llevarlo salió la noche de autos cuando fuera ya de la tienda aunque dentro aún de la colonia lo acometió una persona y él le disparó con el revólver que portaba.

Con esa narración parece .que el acusado, con poca fe en su primera teoría, tendió a presentar otra, la de la porta-ción incidental del arma que, como hemos resuelto en algunos casos, no constituye delito. Pueblo v. Pérez, 40 D.P.R. 754; Pueblo v. Borges, 23 D.P.R. 524.

A esa narración no dió crédito la corte sentenciadora y como quedó demostrado que el revólver no pertenecía a la colonia, el hecho último es el de su portación por el acusado fuera de la tienda y dentro de los terrenos de la colonia, independientemente de sus deberes para con ésta, y ese hecho, si bien pudiera considerarse más o menos comprendido den-tro de los términos en que aparece redactada nuestra deci-sión en el caso del Pueblo v. Diaz, supra, no lo está dentro de su espíritu. Sería muy peligroso en verdad llevar tan lejos la jurisprudencia establecida. Aquí, además, no se demostró que el acusado viviera en la colonia en el sentido de residir en ella. Allí trabajaba y tomaba sus alimentos y dormía durante la semana, pero su residencia estaba en Ponce.

Lo mismo que dijimos en el caso del Pueblo v. Sánchez. 50 D.P.R. 723, a saber: “la portación de un revólver consti-tuye de por sí un delito, a menos que caiga dentro de alguna de las excepciones de ley, entre las cuales no está el caso de autos,” puede y debe decirse y resolverse en éste.

Bebe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.