author: El Juez Presidente SeñoR Tbavieso

text:
    The American Railroad Company of Porto Rico, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; El Administrador del Fondo del Seguro del Estado, querellado.
    Núm. 289.

    — Sometido: Enero 17, 1944.

      Resuelto: Mayo 10, 1944.

      Mariano Acosta Velarde, Federico Acosta Velarde y Donald R. Dexter, abogados de la recurrente; Joaquina Pérez Cordero, A. de Jesús Matos y Joaquín Correa Suárez, abogados del Administrador del Pondo del Estado, querellado.
   El Juez Presidente SeñoR Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

He aquí los hechos que motivaron el presente recurso: En 1941 un número de trabajadores de la American Railroad Company reclamaron el pago de salarios devengados bajo la Ley Federal Sobre Horas y Salarios. En noviembre 4 de 1941 dicha reclamación fué transigida mediante el pago por lá compañía de la suma de $700,000, para ser distribuida entre los obreros reclamantes en pago de la diferencia entre los salarios ya recibidos por dichos obreros y aquellos a que tenían derecho de acuerdo con la ley federal.

Varios obreros lesionados, a quienes se les había pagado dietas de acuerdo con los salarios que devengaron el día del accidente, solicitaron del Administrador el reajuste de sus dietas y compensaciones, a base de los salarios aumentados por la cantidad correspondiente a cada uno de los reclaman-tes por virtud de la transacción a que ya nos hemos referido. Con ese motivo, el Administrador practicó una investigación de las nóminas de la Compañía en mayo de 1942. Los inves-tigadores designados por el Administrador informaron a éste que la Compañía había dejado de incluir en las nóminas correspondientes a los años fiscales 1938-39, 1939-40, 1940-41 y parte del 1941-42 la suma de $659,999.33, pagada a los obreros por concepto de salarios atrasados. El Administra-dor procedió entonces a imponer a la Compañía primas adi-cionales por los referidos años, en la proporción siguiente: •

Oet 28, 1938 a junio 30, 1939 (245 días)__ $146, 733. 07
Año 1939-40 (365 días)_ 218,602.31
Año 1940-41 (365 días)_ 218,602.31
Julio 1, 1941 a Nov. 4,1941 (127 días)_ 76, 061. 64
Total_$659,999.33

En mayo 21, 1943 el Administrador del Fondo notificó a la Compañía recurrente el informe de sus Auditores relativo al período de enero 1, a junio 30, 1942, en el cual se incluían como jornales pagados la suma de $20,554.10 que había sido pagada a los obreros con posterioridad a dicho período, en cumplimiento de la mencionada transacción entre la Compa-ñía y los obreros reclamantes.

No estando conforme con las decisiones del Administra-dor, la Compañía apeló para ante la Comisión Industrial. En noviembre 1 de 1943 la Comisión dictó su resolución con-firmando las dos decisiones del Administrador y al ser soli-citada la reconsideración la declaró sin lugar. La Compañía interpuso entonces el presente recurso.

En apoyo de su petición para que revisemos y dejemos sin efecto la resolución recurrida, la compañía recurrente señala en su alegato siete errores que a su juicio fueron co-metidos por la Comisión Industrial. Las cuestiones plantea-das por dichos siete señalamientos y que nos toca considerar y resolver son las siguientes:

¿Procedió legalmente el Administrador del Fondo del Seguro del Estado al imponer a la recurrente el pago de primas sobre las sumas pagadas a los obreros, por virtud de la transacción de una reclamación por jornales devengados y no satisfechos, teniendo en cuenta que dichas sumas fueron pagadas con posterioridad a las fechas en que se formularon y pagaron las nóminas correspondientes al período de octubre 28 de 1938 a junio 30 de 1942? ' -

Arguye la recurrente que el Administrador solamente está facultado para tasar y cobrar las primas correspondien-tes a un determinado año fiscal, tomando como base las nó-minas de jornales actualmente pagados por el patrono durante el año fiscal anterior a aquel para el cual se ha de fijar la prima. Cita en apoyo de su contención lo dispuesto en los artículos 25 al 28 inclusive de la Ley núm. 45 de abril 18 de 1985, Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

No es convincente la argumentación de la parte recurrente. Es cierto que de acuerdo con una interpretación literal y estricta de los artículos citados, el Administrador al tasar e imponer las cuotas anuales que deberá pagar el patrono ase-gurado debe tomar como base “el importe total de los jor-nales pagados . . . durante el año anterior a la imposición de las cuotas”; que las cuotas deben ser impuestas tan pronto como el Administrador reciba el informe requerido por el artículo 27 de la ley; y que en el caso de autos el Administrador tasó y cobró a la Compañía recurrente las cuotas correspondientes a los años en controversia, tomando como base para cada uno de dichos años el importe total de los jornales pagados durante el año anterior. Empero, no encontramos ni en los artículos citados ni en toda la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo precepto alguno que prohiba al Administrador del Fondo imponer y cobrar cuotas sobre los jornales que un asegurado debió pagar a sus obreros de acuerdo con las leyes vigentes, durante un año determinado, y que no les pagó hasta después de la expira-ción de ese año.

La ley federal conocida como “Fair Labor Standards Act”, aprobada en 1938 (52 Stat. 1060), empezó a regir en Puerto Rico en el segundo semestre del mismo año. Que dicha ley es aplicable a la Compañía recurrente es un hecho sobre el cual no existe controversia alguna. Así lo reconoció expresamente la Compañía ferroviaria en el convenio cele-brado en novimbre 7 de 1941 entre ella y más de mil cien obreros, para transigir una reclamación formulada por dichos obreros “por concepto de salarios devengados y no pagados”, amparándose en la Ley del Congreso de 1938 de Normas Razonables del Trabajo. Al hacer a cada uno de los obreros reclamantes el pago de la suma que le correspon-día, la Compañía le exigió un recibo que en lo pertinente lee como sigue:

"Yo_he recibido de la American Railroad Company of Porto Rico la suma de-dollars, en pago de la diferencia entre los salarios devengados por mí desde el día 24 de octubre de 1938 hasta el día 4 de noviembre de 1941 inclusive, y los salarios a que tenía derecho al amparo de la Ley Federal de Normas Razonables dél Trabajo, aprobada en 1938, pago que me ha sido hecho y que acepto bajo los términos y condiciones del contrato otorgado el 4 de noviembre de 1941.”

Vemos, pues, que por los términos expresos del contrato de transacción y del preinserto recibo, la Compañía recu-rrente' admitió que las cantidades que pagó a cada uno de los obreros reclamantes, con posterioridad al 4 de noviembre de 1941, son las mismas cantidades que dichos obreros tenían derecho a percibir de acuerdo con la ley federal y que la Compañía ferroviaria debió haberles pagado como parte de sus salarios durante el período de octubre 24 de 1938 a noviembre 4 de 1941.

Es indudable que si la Compañía recurrente hubiese pa-gado a su debido tiempo a sus obreros los salarios fijados « por el estatuto federal, el Administrador del Fondo hubiera tenido una oportunidad para tasar e imponer las cuotas cum-pliendo estrictamente con las disposiciones pertinentes del estatuto local. Las cuotas anuales deben ser determinadas tomando como base el importe total de los jornales pagados por el patrono a sus obreros durante el año anterior a la imposición de las cuotas. Así lo dispone el artículo 215 de la ley insular. Empero, no creemos que el propósito del legislador haya sido el de hacer el estatuto tan estricto e inflexible hasta el punto de exigir que la única cantidad que puede tomarse como base para la imposición de las cuotas es la cantidad actual y realmente pagada por el patrono a sus obreros durante el año anterior y prohibir que se tome como base la cantidad que debió ser pagada de acuerdo con la ley y que no se pagó a su debido tiempo por culpa, negli-gencia o error del patrono.

Él plan para el seguro de los obreros contra accidentes del trabajo y enfermedades ocnpacionales no pnede subsistir sin un fondo solvente; y la solvencia del Fondo del Seguro del Estado no podría ser mantenida si el Administrador de-jara de cobrar a los patronos las primas sobre las cantidades ganadas por sus obreros durante cada año fiscal, sin tener en cuenta la fecha en que se hizo el pago a los obreros. El propósito fundamental del artículo 25 de la ley es hacer po-sible el cobro por anticipado de las primas, tomando como base la suma total pagada como jornales durante el año pre-cedente. El artículo 26 es el que provee el procedimiento para que el patrono pague y el Administrador cobre las pri-mas correspondientes a un año fiscal determinado, tomando como base la cantidad total pagada a los obreros durante ese mismo año. De acuerdo con dicho artículo, al terminar el año económico el Administrador debe comparar la nómina de ese año con la nómina del año anterior, que se tomó como base para fijar tentativamente las cuotas del año que se está liquidando. Si la nómina de este año fuere mayor que la del año anterior, el Administrador deberá imponer y recau-dar cuotas adicionales sobre la diferencia que resultare; y si dicha nómina resultare menor que la del año anterior, el Administrador deberá reembolsar al patrono la diferencia resultante a su favor. La aplicación del citado artículo hace posible la liquidación de las primas correspondientes a cada año económico, a base de la nómina total de jornales deven-gados y pagados con cargo a ese año, y hace imposible que el Pondo se beneficie a expensas del patrono y viceversa.

“La Equidad considera como hecho aquello que debió ha-berse hecho”. Esta vieja y sabia máxima nos parece apli-cable a un caso como el presente. La Compañía recurrente hizo por fin — n-unc pro time — en noviembre 4 de 1941, aquello que debió haber hecho en las fechas en que pagó a sus obre-ros por trabajos realizados durante los años de 1938 a 1942. Es justo y razonable que consideremos los pagos efectuados en 1941 como hechos en las fechas en qne debieron haber sido hechos de acnerdo con la ley, para todos los efectos le-gales, incluyendo la tasación, imposición y cobro de las pri-mas correspondientes a las sumas así pagadas. Sostener lo contrario equivaldría a permitir que la Compañía recurrente se beneficiara y enriqueciera como resultado de su propia culpa, negligencia o error al no cumplir con la ley.

No podrá decirse con fundamento que el Fondo del Se-guro del Estado se beneficiará si se le permite cobrar ahora lo que debió haber cobrado en años anteriores. En primer lugar, si el cobro de las primas no se verificó antes no fue por culpa o negligencia del Administrador y sí de la Com-pañía al no hacer el pago de jornales de acuerdo con la ley federal y a su debido tiempo. En segundo lugar, el Fondo está obligado a pagar las dietas y compensaciones a los obre-ros lesionados o a los dependientes de los que pierdan su vida en accidentes del trabajo, tomando como- base el jornal que el obrero percibía el día del accidente. El Administra-dor fijó y pagó dietas y compensaciones por accidentes ocu-rridos en el ferrocarril de la recurrente, durante los años de 1938 a 1941, tomando como base la nómina de jornales some-tida por la Compañía para cada uno- de dichos años. Ale-gando que los pagos hechos en 1941, por salarios atrasados, deben considerarse como hechos en las fechas en que ‘debie-ron haber sido hechos, un número de obreros han solicitado el reajuste de las dietas y compensaciones que les fueron concedidas tomando como base las nóminas sometidas por la Compañía. Si los obreros reclamantes tienen o no derecho al reajuste que solicitan es cuestión que no ha sido sometida a nuestra decisión y por tanto no expresamos opinión en cuanto a sus méritos. Sí opinamos que el Fondo tiene de-recho a que se le ponga en condiciones de poder hacer frente a esos reajustes, en el caso dó una decisión favorable a los obreros reclamantes.

Alega la recurrente que la Comisión Industrial actuó sin jurisdicción al resolver que la ley conocida como “Fair Labor Standards Act” es obligatoria para la recurrente y aplicable a todos sus obreros.

No encontramos en la resolución recurrida pronuncia-miento alguno hecho por la Comisión en cuanto a la apliea-bilidad de la Ley Federal a The American Railroad Company y sus empleados. Al exponer los hechos, la Comisión hizo constar que los obreros habían reclamado salarios atrasados a los que alegaban tener derecho de acuerdo con la ley federal. Y al exponer la teoría del Administrador, hizo constar que la contención de dicho funcionario era que la ley federal es aplicable a la recurrente.

Ni en sus' alegaciones ante la Comisión ni en su alegato ante esta Corte Suprema la recurrente levantó la cuestión sobre la aplicabilidad del estatuto federal. No se cometió el alegado error.

Por las razones expuestas se confirma la resolución re-ciirrida.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

      “ Artículo 25. — -El Administrador del Eondo del Estado queda por la pre-sente autorizado y faeultado para tasar e imponer a todo patrono de obreros y empleados afectados por esta Ley, y se le ordena que le tase y le imponga, euotas anuales determinadas con arreglo al precedente artículo sobre el importe total de los jornales pagados por dicho patrono a obreros y empleados que tenían o hubieran tenido derecho a los beneficios de esta Ley durante el año anterior a la imposición de las cuotas, si ésta hubiere estado vigente; Disponiéndose, que la recaudación de estas euotas se hará por semestres adelantados y se llevará a cabo por el Tesorero de Puerto Eico, a través de los colectores de rentas inter-nas, y de aquellos funcionarios del Gobierno que, por reglamento, el Tesorero autorizare.
      ' ‘ Dichas euotas, una vez recaudadas, serán ingresadas en el Tesoro de Puerto Eico, en el Eondo de Seguro del Estado que se establece por esta Ley.
      "Las euotas serán impuestas tan pronto se reciba en la oficina del Adminis-trador el informe por duplicado a que se hace mención más adelante, debiéndose tomar como base la suma total de jornales pagados por el patrono a los traba-jadores empleados por él durante el año anterior y los cuales trabajadores tu-vieran o hubieran tenido derecho a los beneficios de esta Ley. Si un patrono dejare de pagar el total do las cuotas que le fueran impuestas legalmente dentro del término que le señalaro el Administrador, éste podrá concederle una prórroga de treinta (30) días para que el patrono efectúe el pago, y dicho pago será un requisito indispensable para que el Administrador pueda darle efectividad a cual-quier póliza de seguro. ■
      "Cualquier patrono que con anterioridad al primero de julio o al primero de enero de cualquier año cesare de estar sujeto a las disposiciones de esta Ley, podrá excusarse del pago de cuotas para el semestre o semestres siguientes, dando el aviso y prueba que exigiere el Administrador del Eondo del Estado de que no estará sujeto a las disposiciones de esta Ley..
      "Cualquier patrono sujeto a las disposiciones de esta Ley durante cual-quier parte de un semestre deberá pagar las euotas para dicho semestre completo, teniendo derecho al reembolso, si lo hubiere, que se prescribe en el siguiente artículo; Disponiéndose, que en dichos casos los reembolsos podrán efectuarse a la terminación del semestre para el cual fueron pagadas dichas cuotas.
      "Artículo 26. — A la terminación de cada año económico, el Administrador comparará la nónima de cada patrono que pagare euotas de acuerdo con esta Ley en tal año económico, con la nómina correspondiente al año económico pre-cedente que le sirvió de base para tasar, imponer y recaudar las euotas y si la nómina para el onal estuvo vigente el seguro es mayor que la correspondiente al precedente año económico para el cual fueron tasadas, impuestas y recaudadas dichas cuotas, el Administrador tasará e impondrá y el Tesorero recaudará tal y como se dispone en esta Ley sobre la diferencia, cuotas adicionales en la misma forma y sobre la misma base en que fueron tasadas, impuestas y recau-dadas las cuotas originales; y si la nómina para el año durante el cual estuvo vigente el seguro fuera menor que la del año económico anterior para el cual fueron tasadas, impuestas y recaudadas las cuotas, el Administrador reembol-sará del Pondo del Estado la proporción de las cuotas correspondientes a la diferencia entre la nómina actual para el año durante el cual estuvo vigente el seguro y el año para el cual fueron tasadas, impuestas y recaudadas dichas cuotas.
      “Artículo 27. — Será deber de todo patrono, el presentar al Administrador, no más tarde del día 15 do julio de cada año, un estado por duplicado, bajo juramento, expresando el número de trabajadores empleados por dicho patrono, la clase de ocupación o industria de. dichos trabajadores y la cantidad total de jornales pagados a tales trabajadores o industria durante el año económico anterior. Sobre la suma total de jornales declarados en ese estado será computada la cuota dispuesta en los artículos 25 y 26 de esta Ley; Disponiéndose, que todo patrono que empleare trabajadores de los comprendidos en esta Ley por cual-quier término o parte de un semestre, deberá presentar el estado por duplicado antes mencionado, bajo juramento consignando el número de obreros, o empleados ocupados, la clase de ocupación y los jornales calculados que serán satisfechos a dichos ■ obreros o empleados y sobre esa suma se computará la cuota a pagar por el patrono, debiendo, al terminar el trabajo de estos obreros o empleados, presentar el patrono, un estado, bajo juramento, igual al anterior, con el importe total de los jornales pagados, sobre cuya suma se hará la liquidación correspon-diente, y si esta nómina es mayor que la anterior, el Administrador tasará, im-pondrá y el Tesorero recaudará tal y como se dispone en esta Ley, sobre la diferencia cuotas adicionales en forma igual a la que anteriormente se dispone.
      “Si el patrono dejare de presentar dichos estados en las fechas arriba espe-cificadas incurrirá en un delito menos grave castigable con una multa no menor de cincuenta (50) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, a juicio de la corte. Cualquier corte de distrito, a instancias del Administrador del Eondo del Estado, ordenará al patrono que presente los referidos estados en un término perentorio, y si no los presentare la desobediencia a dicha orden constituirá desacato y será castigada como tal.
      “Cualquier patrono que haya estado cubierto por el Eondo del Estado a la terminación del año económico anterior, y que estuviere a cubierto a partir del día primero de julio del año corriente, estará también cubierto dentro del término del primero al quince de julio que se conceda por esta Ley para archivar la nómina o estado; Disponiéndose, que todo patrono que no hubiere presentado el estado a que se refiere este artículo dentro del término que aquí se fija, será considerado como un patrono no asegurado.
      “El Administrador y aquellos empleados que tengan intervención directa y específica en la tasación, recaudación e investigación de primas quedan expresa-monte autorizados para administrar los juramentos requeridos por esta Ley y ejercitarán todos los poderes y derechos conferidos a los Agentes de Bentas Internas del Departamento de Hacienda.
      “El patrono que se considere no obligado a cumplir los requisitos que impone este artículo deberá hqeerlo así constar bajo juramento ante el Admi-nistrador del Pondo del Estado.
      “El seguro de cada patrono por el Estado' comenzará a regir inmediata-mente después de que haya sido archivada en las oficinas del Administrador del Pondo del Estado su nómina o estado por duplicado, acompañado del importe de ■la cuota que corresponda al tanto por ciento de los jornales declarados en dicho estado, de acuerdo con los tipos fijados por el Administrador; Disponiéndose, que cualquier accidente que ocurra antes de verificarse el pago, será considerado como un caso de patrono no asegurado a menos que el- patrono verifique el pago dentro del término fijado por el Administrador del Pondo del Estado, en los cuales casos el seguro empezará a regir desde la fecha en que el patrono archivó la nómina o estado, en la oficina del Administrador. ‘
      “Al recibir el pago del patrono, el Administrador del Pondo del Estado remitirá a dicho patrono el recibo de tal pago, el cual será prima facie prueba de dicho pago de las primas y del cumplimiento de dicho patrono con las dispo-siciones de esta Ley. Mientras no se haya hecho este pago por el patrono, dicho patrono no tendrá derecho a las inmunidades provistas por esta Ley con respecto a las lesiones, enfermedades o muertes que pudieran ocurrir a los obreros o em-pleados de tal patrono durante el período que cubre el pago de dichas primas, y los obrero-s o empleados de dicho patrono no tendrán dereeho a los beneficios que se concedan por. esta Ley al sufrir tales lesiones, enfermedades o muerte; pero tendrán derecho a entablar contra el patrono aquellas reclamaciones de acuerdo con el procedimiento fijado en casos de patronos no asegurados.
      Bbgistros de Obreros y Empleados.
      “Artículo 28. — Será deber de todo patrono con dereeho a los beneficios de esta Ley el llevar un registro completo de acuerdo con los reglamentos que pres-cribiere el Administrador, expresando el nombre de cada uno de dichos obreros o empleados, su edad, su sexo, la naturaleza del trabajo hecho y los jornales pagados a cada uno de ellos; Disponiéndose, que si algún patrono dejare de cum-plir con estos requisitos, incurrirá en un delito menos grave (misdemeanor) easti-gable con una multa de cincuenta (50) dólares a quinientos dólares.
      “El Administrador del Fondo del Estado podrá ordenar que se efectúe un examen de todas las nóminas y de los libros de contabilidad de tales patronos por cualquier representante debidamente autorizado por él y será deber de todo patrono el permitir que se haga dicho examen.
      “Todo patrono que a sabiendas diere falsamente los informes requeridos por este artículo quedará sujeto a la misma pena prescrita en el precedente artículo por dejar de presentar el estado que se requiere por este artículo, y será, además, responsablo al Fondo del Estado por tres (3) veces la diferencia entre la cuota pagada y la cantidad que debió haber pagado, la cual suma será recaudada, en la misma forma que se prescribe para la recaudación de cuotas correspondientes, de acuerdo con esta Ley, e ingresada en el Fondo del Estado.
      “No será necesario que el Administrador del Fondo del Estado solicite de los patronos comprendidos en esta Ley que se acojan a los beneficios de la misma, sino que es obligación de todo patrono de obreros o empleados realizar las ges-tiones necesarias para cumplir dentro del plazo señalado, con la obligación de asegurar la compensación de los trabajadores que empleare, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Aureo Avellanet, demandante y apelado, v. Porto Rican Express Co., demandada y apelante.
    Núm. 8923.

    — Sometido: Mayo 8, 1944.

      Resuelto: Mayo 12, 1944.

      Iíartzell, Kelley <& Iíartzell, A. Ramírez Silva y Rafael O. Fernández, abogados de la apelante; Pascasio Fajardo Martínez abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado solicita desestimemos este recurso por el fun-damento de no ser apelable para ante esta Corte la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez.

Se trata de un caso en reclamación de salarios iniciado ante la Corte Municipal de Mayagüez bajo la Ley núm. 10, aprobada en noviembre 14 de 1917 y posteriormente enmen-dada. El demandante alegó en su querella que trabajó para la querellada en diversos trabajos de oficina y que le adeuda la suma de $2,602.36 por las boras extras trabajadas y no pagadas. Visto el caso la corte municipal declaró con lugar la querella y apelado el caso por la querellada para ante la Corte de Distrito de Mayagüez dicha corte, después de celebrado el juicio correspondiente dictó sentencia conde-nando a la querellada a pagar la suma de $1,274.46, costas y $200 de honorarios de abogado. Contra esta sentencia se interpuso por la querellada el presente recurso de apelación.

Arguye el apelado que la Ley núm. 10 de 1917, según originalmente aprobada, era aplicable a reclamación de sa-larios por trabajos agrícolas y que su sección 12 dispone que “En ningún caso se dará más de una apelación en los juicios sobre reclamación de salarios agrícolas.” Que si bien dicha ley fue posteriormente enmendada en el sentido de reconocer causa de acción sobre reclamación de salarios a los trabaja-dores manuales, empleados en servicios u ocupaciones do-mésticas y a los artesanos, empleados o dependientes de comercio o industrias, ño se enmendó la sección 12, supra. Que de acuerdo con los términos de la ley el procedimiento que se establece para estos casos es sumarísimo, disponién-dose por la sección 8 que el término para apelar de la sen-tencia dictada por la corte municipal será de cinco días y confiere igual término al secretario para remitir los antos a la de distrito despnés de presentado el escrito de apelación. Qne esto no obstante, la ley no contiene disposición alguna fijando los términos para apelar de la sentencia de la corte de distrito para ante esta corte y para radicar la transcrip-ción de evidencia, respectivamente, siendo esto indicativo de que la intención legislativa fue conceder una sola apelación en todos los casos sobre reclamación de salarios a pesar de no haber enmendado la sección 12, supra, que sólo limita las apelaciones en casos de reclamación de salarios agrícolas.

Arguye, por último, el apelado que la cuestión planteada no ha sido resuelta por esta corte y sostiene que el caso de Muñoz Colón v. Corte, resuelto el 7 de marzo, pág. 236 ante, indica que el procedimiento a seguirse es el certiorari.

No tiene razón el apelado. No obstante el esfuerzo que hace en su moción para tratar de demostrar que la in-tención legislativa finé conceder una sola apelación en todos los casos sobre reclamación de salarios, el hecho escueto, más elocuente que toda su argumentación, es que la Legislatura, a pesar de haber enmendado distintas secciones de la Ley núm. 10 en los años 1923, 1932, 1935 y 1942, en ningún mo-mento ha enmendado la sección 12 que sólo limita las ape-laciones en casos agrícolas. Al así actuar claramente expresó su intención. El no proveer un procedimiento sumario para las apelaciones para ante esta corte debe considerarse como indicativo de que debe aplicarse el procedimiento ordinario provisto en el Código de Enjuiciamiento Civil. Expresa-mente así lo resolvimos en el caso de Collazo v. Corte, 61 D.P.R. 291. Después de citar la sección 12, supra, dijimos en dicho caso, a la pág. 294:

“De manera que, todo caso iniciado en las cortes municipales y resuelto en apelación por las cortes de distrito, que no envuelva una reclamación de salarios agrícolas, puede ser apelado para ante esta Corte' Suprema bajo el inciso 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil ‘si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses excediera de trescientos dólares ’. ’ ’

Es cierto que en dicho caso depegamos el certiorari soli-citado, pero se debió al hecho de que para la fecha en que se resolvió no había sido aprobada la Ley núm. 32 de 3 de mayo de 1943 (pág. 85).

El caso de Muñoz Colón v. Corte, supra, citado por el apelado es claramente distinguible del de autos. En aquél se trataba de una reclamación de salarios agrícolas y resol-vimos que no siendo un recurso de apelación, la.sección 12, supra, no nos privaba de jurisdicción para conocer del cer-tiorari de la Ley núm. 32 de 1943.

La sentencia dictada originalmente por la corte municipal en el caso de autos fué por una suma muy en exceso de $300, y, por tanto, la dictada por la corte de distrito es ape-lable para ante esta Corte de acuerdo con el inciso 2 del artículo 295 del .Código de Enjuiciamiento Civil.

Se declara sin lugar la moción del apelado.

       Véase Legislación Social de Puerto Rico, págs. 233 a 235.


author: El Juez Asociado Señob SnydeR

text:
    Porto Rican American Sugar Refinery, Inc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.
    Núm. 303.

    — Sometido: Marzo 20, 1944.

      Resuelto: Mayo 12, 1944.

      Vicente Zayas Pizarro, abogado de la recurrente; Iíon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Gautier, Pro-curador General Auxiliar y Joaquina Pérez Cordero, A. de Jesús Matos, J. Correa Suárez y A. Sundín del Manzano, abogados del Pondo del Estado.
   El Juez Asociado Señob SnydeR

emitió la opinión del tribunal. ■

Los beclios en este caso están expuestos sucintamente en la resolución de' la Comisión' Industrial, que dice en parte como sigue:

“La Porto Riean American Sugar Refinery, Ine., un patrono asegurado en el Pondo del Estado, utilizó durante los años económicos 1940-41 y 1941-42, a los contratistas independientes Suen. de Miguel Méndez y Sucrs. de Esmoris, para la transportación de sus productos y derivados de los mismos. Fué condición del contrato de trans-porte, según alega el referido patrono, que los contratistas indepen-dientes asegurarían los obreros que usaran en el trabajo, en el Pondo del Estado. Pero el patrono apelante admite que dichos contratistas independientes dejaron de cumplir con-la obligación impuéstale de asegurar a los obreros por tddo el período de -1940-41, 1941-42, y admite-que tanto el patrono apelante como los contratistas indepen-dientes, al dar cuenta con sus nóminas anuales de jornales al Pondo del Estado durante los años 1940-41 y 1941-42, no incluyeron en las mismas los salarios pagados a los obreros o empleados que traba-jaron con dichos contratistas independientes.
“Allá para mediados del año 1942, el Sr. Jacobo E. García, en su carácter de Investigador del Pondo del Estado, hizo una inves-tigación de la contabilidad ..del patrono apelante, cubriendo el período de julio 1ro. de 1940 a junio 30 de 1941, y comprobó la certeza de los hechos antes expuestos, por lo que el Administrador, al imponer al apelante la cuota preliminar para el año 1942-43, ascendente a la cantidad de $4,857.97, la tasó e impuso a la vez, una prima adi-cional por los años 1940-41, 1941-42, montante a $2,406.27 por el primero de dichos años, y $1,612.63 por el segundo, cubriendo dicha prima adicional el riesgo en la transportación de los productos del patrono, que llevaron a cabo los contratistas independientes antes mencionados.
“El Administrador notificó tanto la imposición de la prima preliminar para el año 1942-43, como la adicional por los años 1940-41, 1941-42, al patrono apelante, con fecha 8 de septiembre de 1942, y le advirtió que su póliza estaría en vigor desde julio 1ro. de 1942, siempre y cuando que pagara la cantidad de $6,447.89 en o antes de septiembre 23, 1942, y la cantidad de $2,428.98, en o antes de enero 2 de 1943. El montante de la prima a pagar incluyendo la preliminar para el año 1942-43 y la adicional por los años 1940-41, 1941-42, alcanza un total de $8,876.87.
“El patrono pagó los $6,447.89 que debió haber satisfecho en septiembre 23, 1942, en dos plazos, uno en septiembre 21 de 1942, montante a $1,455.53, y el otro en noviembre 21, 1942, montante a la cantidad de $4,992.56.
“Considerando el Administrador que el patrono había pagado fuera de término, lo declaró patrono no asegurado por el período de julio 1ro. de 1942 a noviembre 21 del mismo año.”

La Comisión Industrial confirmó la decisión del Adminis-trador del Fondo del Estado. Para revisar la resolución de la Comisión expedimos el auto a solicitud de la Porto Pican American Sugar Refinery Inc.

Alega la peticionaria en primer lugar que el pago de $4,992.56 fué efectuado como cuestión de hecho, dentro de una alegada prórroga concedida a tal fin, vencedera el 30 de noviembre de 1942. Pero nada hay en el récord que justi-fique esta contención. El récord sí demuestra que el 29 de agosto de 1942, la peticionaria sometió un memorándum al Administrador del Fondo del Estado en un esfuerzo para convencerlo de la corrección de su posición, y que esta con-tención de la peticionaria no fué rechazada finalmente por el” Administrador hasta que el subadministrador le escribió al abogado de la peticionaria el 17 de noviembre. Pero en ese estado de cosas nada encontramos que justifique la conclu-sión de que se concedió una prórroga para hacer el pago, vencedera el 30 de noviembre. Por el contrario, el Admi-nistrador expresamente advirtió a la peticionaria, como he-mos visto, que el pago debía hacerse en o antes del 23 de septiembre de 1942. En su consecuencia, la Comisión actuó correctamente al resolver que la peticionaria era un patrono no asegurado desde el 1 de julio de 1942, hasta el 21 de no-viembre de 1942 cuando se hizo el pago de $4,992.56. Y toda vez que todos los' accidentes envueltos en los casos aquí ante nos ocurrieron entre julio 1, 1942, y noviembre 21, 1942, debe tratarse a la peticionaria como patrono no asegurado durante .dicho período y por aquellos accidentes, aún cuando, final-mente pagó todas las primas correspondientes al año com-pleto, incluyendo las primas adicionales para los años fiscales que ya habían expirado. (Sucrs. de J. González v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 306.) La propia peticionaria es la causante de esto al no pagar las primas dentro del término fijado por el Administrador del Fondo del Estado (Central Cambalache, Inc. v. Comisión Industrial, resuelto el 31 de marzo de 1944, ante, pág. 375).

La peticionaria no alega que no se le exigió que obtuviera póliza alguna contra accidentes del trabajo para cubrir los empleados de los contratistas independientes aquí envueltos. El artículo 19 de la ley claramente la obliga a hacerlo, si sus contratistas independientes no lo hacen (Montaner, Administrador v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 285; Montaner, Administrador v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 272). Pero alega que el Administrador no podía im-poner las primas aquí envueltas, debido a que no se tomó ac-ción sobre esto hasta después de expirados los años fiscales aquí envueltos. La peticionaria cita como autoridad para su posición los casos de Central Boca Chica, Inc. v. Tesorero de P. R., 54 D.P.R. 424; y Am. Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 314. Pero dichos casos eran diferentes al pre-sente. En ellos se trataba de un patrono no asegurado a quien no se podían cobrar las primas una vez vencido el semestre que las mismas cubría — bajo dichas circunstancias nunca exis-tió póliza alguna de seguro. Pero en el presente caso se trata de un patrono asegurado que, de conformidad con una investi-gación posterior realizada con el fin de determinar si deben imponerse primas adicionales para los dos años fiscales an-teriores, dejó de incluir en los informes de sus nóminas los salarios de obreros que debieron incluirse. Por tanto, en cuanto a este punto, este caso es análogo al de The American Railroad Company of Porto Rico v. Comisión Industrial, ante pág. 623, resuelto el 10 de mayo de 1944. Lo mismo que en dicho caso (pág. 632) “Sostener lo contrario equivaldría a permitir que la Compañía recurrente se beneficiara y enri-queciera como resultado de su propia culpa, negligencia o error al no cumplir con la ley.” Y, podría añadirse, resolver lo contrario equivaldría a despojar al Administrador d'fe sus facultades para hacer gestiones con el fin de corregir una situación creada por la negligente o deliberada omisión de un patrono de incluir todos sns obreros en las nóminas suminis-tradas al Administrador.

La resolución de la Comisión Industrial será confirmada.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

       El Administrador afirma en su alegato que la póliza en cuestión expresa-mente incluía los riesgos de transportación. La póliza no está, en el récord ante nos, pero la peticionaria no lia impugnado esta afirmación.

       El artículo 25 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según fué enmendado por la Ley Núm. 160, Leyes de Puerto Eieo, 1942, dispone que “Bajo ninguna circunstancia se extenderá una póliza que cubra solamente una parte de las operaciones de un patrono, dejando. otras actividades sin ase-gurar. El total de operaciones del patrono deberá ser cubierto por una sola póliza. ...” Y el artículo 19 dispone,-como liemos visto, que a menos que un contratista independiente estuviere asegurado como patrono, “Todo patrono asegurado al dar cuenta con sus nóminas anuales, deberá incluir en tales nóminas los salarios pagados a todos los obreros o empleados que estuvieren trabajando o fuere a emplear bien por ajuste, o ya bajo una persona con quien ajustó el patrono o bajo un contratista o subcontratista independiente empleado o contra tado por dicho patrono. . ."

       Hasta dónde podía ir el Administrador en el pasado con el fin de hacer tales imposiciones adicionales es una cuestión que no está ante nos y sobre la misma no hacemos comentario alguno. Sin embargo, convenimos con la manifes-tación hecha en el alegato del Administrador de que si en el caso ante nos la “contención [del peticionario] se considerara meritoria, ... no hay duda que no podrían cobrarse cuotas adicionales ni aun para el año inmediatamente anterior, debido a la imposibilidad física de liquidar en los 15 primeros días del año o dentro do un término .mayor las 10,000 pólizas de seguro obrero que en la actualidad están en vigor.” (Palabras en corchetes nuestras). Véanse los artículos 26-28 de la Ley, según han sido enmendados.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Portalatín Castro, acusado y apelante.
    Núms. 10447, 10448.

    — Sometidos: Mayo 3, 1944.

      Resueltos: Mayo 16, 1944

      Jorge Díaz Cruz, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Lilis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto de dos delitos de infracción a la sección 3 de la Ley núm. 25 de 17 de julio de 1935 ((2) pág. 153), consistentes diebos delitos en dedicarse el acusado en dos distintas fechas a la manipulación del juego prohibido conocido por “bolita” o “bolipool.” Los dos casos fueron sometidos con la misma prueba en la corte inferior, y de igual modo fueron sometidos ante esta corte por un solo alegato de cada parte. Alega el acusado que la prueba es insuficiente porque de los tres testigos que presentó el fiscal, Francisca Rodríguez y Juan Torres eran cómplices del acusado, y en cuanto al señor Ulises Torres, el juez de la corte inferior expresamente manifestó que no había dado crédito a su de-claración.

Los hechos expuestos en las dos acusaciones imputan al acusado el dedicarse conjuntamente con Gonzalo Almodóvar a la explotación y manipulación del juego o banca clandes-tina denominado “bolita” o “boli-pool,” el cual constituye el delito definido en la sección 3 de la citada ley.

En el presente caso ni el acusado ni el coacusado, quienes fueron juzgados separadamente, fueron sorprendidos manipulando el juego, ni se ocupó ningún artefacto que pudiera conectar al acusado en forma alguna con el delito. Las sentencias están basadas exclusivamente en el testimonio de Francisca Rodríguez y en el del hijo de ésta, Juan Torres, quienes declararon que el acusado les entregaba tickets para la venta y que ellos los vendían y a su vez entregaban al acusado su producto y una lista que el testigo Juan Torres preparaba de los números de los tickets no vendidos; que los testigos recibían la remuneración de su trabajo, consistente en la diferencia entre un precio que les fijaba el acusado para cada ticket vendido y el precio en que los testigos lograban venderlos; que en cierta ocasión el padre del testigo Torres adquirió un ticket que salió premiado, y que el acusado rehusó pagar el premio alegando que el ticket no era de los que habían sido vendidos. Uno de los testigos declaró que el dueño del negocio era Almodóvar y el otro que lo era el acusado Portalatín, porque con éste era con quien él se entendía.

La prueba que acabamos de exponer no sostiene la acu-sación, pues aceptándola como cierta, los hechos que se im-putan al acusado no constituyen una infracción a la sección 3. Lo que de dicha prueba resulta es que el acusado, al igual que los dos testigos antes mencionados, infringió la sección 4 de la Ley, toda vez que uno y otros se dedicaban a la venta de tickets de “boli-pool.”

Sin duda existe una fatal incongruencia entre los hechos alegados en las dos acusaciones y los probados en el juicio. Esa incongruencia basta para absolver al acusado; pero asu-miendo que los hechos imputados en las acusaciones hubieran sido los que realmente se probaron en el juicio, siempre ten-dríamos que revocar las sentencias, toda vez que el acusado y los dos testigos son cómplices, y siéndolo, la declaración de uno de ellos no puede corroborar la del otro. State v. Tennyson (Minn., 1942), 2 N. W. (2d) 833, 139 A.L.R. 987, 989, y casos citados; Cudjoe v. State, 1916F L.R.A. 1251, 1253; Burns v. State (Okla.), 117 P. (2d) 155; People v. Creegan (Calif.), 53 P. 1082; People v. O’Farrell (N. Y.), 67 N.E. 588; Underhill’s Criminal Evidence, §158, pág. 269.

El caso de El Pueblo v. Cerecedo, 21 D.P.R. 56, en que basó sus sentencias el juez de la corte inferior, y el de Pueblo v. Cardona, 57 D.P.R. 695, invocado por el fiscal de este tribunal, no son aplicables. No lo es el primero porque lo que se sostuvo en él fue que el comprador de un billete de lotería no cometía delito alguno. Tampoco es aplicable el de Car-dona porque lo que en éste se resolvió fue que el comprar un ticket de “boli-pool” no constituye delito. Es obvio, pues, que en los casos de Cerecedo y de Cardona los compradores no podían ser cómplices puesto que ningún delito habían co-metido. En éste, por el contrario, los dos testigos en cues-tión no eran meros compradores de tickets de “boli-pool,” sino agentes que se dedicaban a venderlos en contravención de la sección 4 de la ley.

Por las razones antes expuestas, procede la revocación de las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Haydee Nevares Landrón, demandante y apelada, v. Alfonso E. Delgado Fajardo, demandado y apelante.
    Núm. 8852.

    — Sometido: Abril 12, 1944.

      Resuelto: Mayo 16, 1944.

      A. Quirós Méndez, abogado del apelante; Pedro Amado Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a resolver en este caso es si procede suspenderse los efectos de nna estipulación de las partes, en la cual el demandado se comprometió a pasarle nna pensión alimenticia mensual a su hija de dos años de edad, por el hecho. de que la madre, quien obtuvo la patria potestad y custodia de ella a virtud de sentencia de divorcio, se ausentó de Puerto Rico con la niña, en violación de una orden de la corte. Los hechos son los siguientes:

Decretado el divorcio, las partes el 21 de noviembre de 1942 sometieron a la corte inferior la siguiente estipulación:

“1. Que ambas partes aceptan por final y ejecntoria la sentencia de divorcio que dictó esta Hon. Corte en el caso de epígrafe con fecha 30 de octubre del corriente año, renunciando el demandado sn derecho de apelación contra la misma.
“2. Que en cumplimiento de la obligación que impone al deman-dado el Código Civil, el demandado, con la aceptación de la deman-dante, se obliga a pasar a su menor bija Gloria Elena Delgado Nevares, que ba quedado bajo la patria potestad de la demandante, y como pensión para la demandante, una pensión alimenticia de cincuenta y cinco DÓLARES ($55) mensuales, a partir del día pri-mero de noviembre del corriente año, que le será enviada a la deman-dante a su domicilio, en un giro postal (money order) dentro de los primeros cinco días de cada mes.
“Por lo que, las partes comparecientes suplican a la Corte apruebe esta estipulación dictando la correspondiente sentencia sin especial condena de costas.”

Aun cuando de los autos ante nos no apareee la orden de la corte aprobando esta estipulación, en la opinión dictada por el juez en apoyo de la resolución apelada, hace constar que fue dictada el 3 de diciembre de 1942.

El 27 de noviembre de 1942 la corte inferior, a petición del demandado y de acuerdo con la prueba presentada, dictó una orden estableciendo las relaciones de familia entre el demandado y su bija, fijando los días y horas en que la de-mandante debería entregarla a su padre.

El 24 de marzo de 1943, después de oír a las partes sobre una moción del demandado, la corte dictó una orden cuya parte dispositiva dice así:

“. . . la Corte prohíbe a ésta (la demandante) sacar a su hija Gloria Elena Delgado Nevares fuera de esta Isla de Puerto Rico sin previa autorización de este Tribunal, y le advierte que será castigada .por desacato de no obedecer esta orden.” (Paréntesis nuestro.)

El 13 de septiembre de 1943 el demandado radicó una mo-ción “sobre modificación de una orden sobre alimentos” en la cual, después de referirse a las actuaciones anteriormente expuestas, alegó lo siguiente:

“Que hace más de dos semanas el demandado ha estado tratando de localizar a su hija menor con el fin de dar cumplimiento a la refe-rida orden de la Corte, así como con el propósito de verla y exigir el cumplimiento por parte de la demandante, de la orden de 27 de noviembre de 1942 antes mencionada y según la información y creencia del demandado la demandante primeramente se mudó al pueblo de Guaynabo y recientemente se ha ausentado de la Isla de Puerto Rico para los Estados Unidos llevándose consigo a la men-cionada menor, sin ponerlo previamente en conocimiento del deman-dado, quien en esta fecha ignora su paradero.
“Que esta actuación de la demandante es-un claro desacato a la orden de esta Gorte y ha sido realizada por la demandante con el fin de violar los derechos del demandado.
“Por todo lo que el demandado ahora solicita de la Corte que, hasta tanto dicha menor regrese a la Isla de Puerto Rico, se le releve del cumplimiento de la mencionada orden sobre pensión alimenti-cia. ’ ’

La demandante, por su abogado, se opuso a esta moción, alegando, en lo pertinente:

“Que la demandante se vió obligada y movida por las circuns-tancias especiales de hacer un viaje, y separar a su hija de su padre, la que se encuentra con ella, en sitio seguro, protegida y defendida aun más que si lo estuviera en Puerto Rico; porque el demandado obtenía la criaturita a la una de la tarde y muchas veces se presentó a la casa de la demandante con ella a las nueve, diez y hasta doce de la noche; que el viaje en cuestión fué realizado por la deman-dante con motivo de su salud y la de la niña, la que venía hacía unos días sufriendo de pertinaz dolencia, frecuentes catarros y expuesta a pescar una pulmonía; que si no hubiera sido por la oportunidad, ven-taja e imperiosidad de tal viaje, la demandante bajo ninguna circuns-tancia hubiera realizado tal acto, pues tiene un alto concepto de la justicia y entiende que es donde a tiempo debe todo ciudadano acudir para dirimir toda controversia.”

Solicitó además que se aumentara la pensión alimenticia a $125 mensuales.

Oídas las partes la corte inferior dictó resolución deses-timando la moción del demandado. Arguye en este recurso que “la sentencia es contraria a derecho . . . inoficiosa ya que por sus términos no es susceptible de ser cumplimentada y . . . coja, al sugerir y no dar el oportuno remedio de equidad.” Aun cuando el apelante divide y subdivide las cuestiones de derecho que plantea en distintos “géneros”, “especies” y “escolios”, la única cuestión a resolver, como hemos dicho, es si el demandado está obligado o no a conti-miar suministrando alimentos a su hija de dos años de edad por el hecho de haber sido ella trasladada a Nueva York por la demandante en violación de una orden de la corte.

La corte inferior resolvió que no estando el caso provisto en los artículos 149 y 150 del Código Civil y estando el padre obligado a dar alimentos a su hija, a virtud de los artículos 143 y 153 del mismo cuerpo legal, dicha obligación “existió y subsistió hubiera habido o no la estipulación” de las partes pues con ella sólo se evitó que la corte tuviera que investigar los ingresos del padre y las necesidades de la alimentista para determinar la cuantía de la pensión. Se negó, por tanto, a aplicar la doctrina establecida por la jurisprudencia del Continente al efecto de que si uno de los cónyuges en violación de un convenio celebrado con el otro traslada al hijo menor de edad a otro Estado, privando así al otro cónyuge, en contravención de lo acordado, de sostener relaciones de familia con su hijo, tal infracción, haya sido o no el convenio aprobado por la corte, releva al cónyuge obligado de continuar pasando los alimentos para su hijo. Véase la monografía en 105 A.L.E. 901.

Somos de opinión que la corte inferior no erró al resolver la cuestión planteada. La estipulación de las partes sólo tuvo el alcance de fijar la cuantía de la pensión alimenticia que el demandado se comprometió a pasarle a su bija. No está predicada en la condición, ni podía estarlo, de que la demandante permitiera al demandado sostener relaciones de familia con su bija. Estas relaciones fueron determinadas y fijadas por la corte en un procedimiento independiente y ellas nada tenían que ver con la obligación impuesta por ley al demandado de pasar alimentos a su bija. De la infrac-ción por la demandante de la orden de la corte prohibiéndole sacar a la niña de Puerto Rico puede hacerse responsable a la demandante en el procedimiento apropiado, pero no a su bija, menor de edad, que para nada ha intervenido con las actuaciones de su madre. No podemos sostener que una niña de dos años de edad deba sufrir las consecuencias de esas actuaciones. El Código Civil impone un deber al padre y él, adelantándose a su cumplimiento y con la aprobación de la demandante, fijó la cuantía de la pensión alimenticia que debía enviarle a su bija a la residencia de la demandante. Al dictarse la orden de la corte aprobando la estipulación dicha residencia era en San Juan. El hecho de que ahora resida en Nueva York no varía la situación legal en cuanto a la obligación del padre de pasar alimentos a su hija. Dicha obligación no ha cesado.

Arguye el apelante que la estipulación firmada por las partes es un contrato bilateral y que por tanto él no está obligado a continuar pasando los alimentos a su hija hasta tanto la demandante la traiga de nuevo a Puerto Rico. No tiene razón, a nuestro juicio. Es cierto que una estipulación obliga a las partes que la firman a su cumplimiento, empero, la que fué firmada en este caso no contenía, como hemos dicho antes, condición alguna en cuanto a que los alimentos que debía recibir la hija del demandado cesarían si la deman-dante no cumplía con la orden de la corte estableciendo las relaciones de familia entre el demandado y la niña. Por el contrario, la propia estipulación se basó en el reconocimiento adelantado qne hizo el demandado del deber qne la ley le imponía, diciéndose: “Qne en cumplimiento de la obligación qne impone al demandado el Código Civil, el demandado . . . se obliga a pasar a sn menor hija . . .

Tampoco procedía, como pretende el apelante, qne la. corte inferior, al considerar sn moción, privara a la demandante de la custodia de sn hija y concediera dicha custodia al demandado. Ese no fné el objeto de la moción. La cuestión legal sobre privación de custodia no fné planteada por las alegaciones hechas en la moción ni solicitada por el demandado. Si procede o no plantearse dicha petición a virtud de una moción o si requiere los trámites de nn juicio ordinario es cuestión opte no tenemos ante nuestra consideración ahora y sobre la cual no expresamos opinión. Cf. Cabassa v. Bravo, 27 D.P.R. 940, 943.

Debe confirmarse la resolución apelada.

      “ Artículo 149. — Da obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme.
      “No es renuneiable ni trasmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de pres-tarlos. ’ ’

      “Artículo 150.- — Cesará también la obligación de dar alimentos:
      “1.. Por muerte del alimentista.
      “2. Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el extremo de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia.
      “3. Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.
      ' ‘ 4. Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso; hubiese cometido al-guna falta de las que dan lugar a la desheredación.
      “5. Cuando el alimentista sea el descendiente del obligado-a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala eondueta o de falta de aplicación al trabajo, mientras- subsista esta causa.”


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Guillermo Alvarado Feliciano, acusado y apelante.
    Núm. 10449.

    — Sometido: Mayo 1, 1944.

      Resuelto: Mayo 16, 1944.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; R< A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Lwisr Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió. la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto y sentenciado a cumplir tres me-ses de cárcel por una infracción del artículo 7 de la Ley núm. 14 de 1936, ((2) pág. 129) según enmendada. Expresamente se alegó en la acusación que él portaba un revólver sin ha-berlo declarado por escrito al Jefe de la Policía de Coamo “donde residía el acusado cuando dicho revólver le fué ocu-pado.” En este recurso alega 1, que la prueba no sostiene la sentencia, y 2, que no se probó la residencia del acusado a la fecha en que se alega portaba el arma.

La única prueba presentada en el juicio fué la de cargo. Aun cuando no hubo prueba de que el acusado tuviera el revólver en sus manos las circunstancias concurrentes son suficientes para concluir qüe lo portaba en un camino público. Empero, él no estaba acusado en este caso de portar un arma, sino de no tenerla inscrita. Hemos resuelto que en cuanto a este delito la residencia del acusado a la fecha de la ocupación del arma' es un elemento esencial que debe alegarse y probarse. Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629; Pueblo v. Peres Peña, 59 D.P.R. 449; Pueblo v. López, 61 D.P.R. 464.

En el caso de autos se alegó que el acusado residía en la municipalidad de Coamo cuando el revólver le fué ocupado. Sin embargo, lo único que aparece en la.transcripción de evidencia tendente a probar la residencia del acusado es la pregunta hecha por el juez a un testigo en esta forma; “¿Dónde vive él?”, y lá contestación: “Barrio Santa Catalina de Coamo.”

Sostiene el fiscal en su alegato que el hecho de vivir en Coamo el acusado a la feGha del juicio y que el padre del acusado, que. fué quien entregó el. revólver a la policía, lo tenía inscrito a sn nombre en el pneblo de Coamo y qne siendo la residencia original del acusado la misma de sn padre, debe presumirse que la residencia del acusado a la fecha en que le fue ocupada el arma era en Coamo.

Nada hay en la prueba que demuestre que el acusado era un menor de edad que vivía en la casa de su padre. El hecho de que el día del juicio viviera en Coamo no levanta presunción alguna de que en alguna fecha anterior ésa era su residencia. La presunción de la existencia continuada de un estado de cosas es prospectiva y no retrospectiva. “Tal presunción nunca corre hacia atrás; la ley no presume, por-que se pruebe la existencia de condiciones o hechos en el presente, que los mismos hechos o condiciones han existido durante cualquier tiempo antes.” 20 Am. Jur. 208; Butter v. Ragsdale, 188 S.E. 578.

No habiéndose probado el elemento esencial del delito im-putado, la residencia del acusadodebe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.


author: El Juez PREsidbnte Señob TRavieso

text:
    José Julián Acosta y Acosta, peticionario, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. José Calderón, Juez, demandada.
    Núm. 8.

    — Sometido: Mayo 8, 1944.

      Resuelto: Mayo 17, 1944.

      Héctor González Blanes y Rafael A. González, abogados del peticio-nario; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y Fernando B, Fornaris, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado y de los interventores, los demandados en el pleito principal.
   El Juez PREsidbnte Señob TRavieso

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 57, aprobada el 28 de abril de 1930 (pág. 415), por la cual se creó la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón, dispone:

“Sección 2. — El Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado Insular, nombrará por un .periodo de cuatro años, y hasta que sus sucesores fueren designados, los siguien-tes funcionarios para dicha- Corte-: .

Un fiscal de distrito con un sueldo anual de $3,850.” (Bastardillas nuestras).

De acuerdo con lo dispuesto en dicha ley, el Gobernador de Puerto Rico, en febrero 3 de 1939, durante el receso del Senado, nombró al peticionario José Julián Acosta para el cargo vacante de fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón. En abril 8 de 1939 el Gobernador sometió al Senado, para su confirmación, el nombramiento del peticionario para el mismo cargo por el período fijado por la ley, y el Senado confirmó el nombramiento el día 15 del mismo mes y año. El 24 de abril, 1939, le fue expedido al peticionario el certi-ficado oficial de su nombramiento, y el 26 prestó juramento y tomó posesión de su cargo, el que ha venido ocupando y desempeñando sin interrupción hasta que ocurrieron los he-chos que pasamos a.relatar.

' El 10 de abril de 1944, el Gobernador de Puerto Rico envió al Senado para su confirmación el nombramiento del peticionario para un nuevo término como fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón. El 15 del mismo mes el Senado se negó a confirmar la designación beclia por el Gobernador a ■favor del peticionario.

Continuó el peticionario en el desempeño de sus deberes como fiscal del distrito judicial de Bayamón hasta el 18 de abril de 1944, cuando al comparecer ante la corte a represen-tar a El Pueblo de Puerto Rico en las causas señaladas para ese día, £ué informado por el demandado Lie. José N. Rivera Barreras que el Procurador General le había nombrado para que actuara como fiscal en comisión para el distrito de Baya-món, en sustitución del peticionario. Se opuso éste a que se le permitiera al demandado actuar como fiscal en comisión, pero la corte desestimó la oposición y se negó a amparar al peticionario en la posesión de su cargo. Desde esa fecha el peticionario no ha podido desempeñar las funciones de su cargo por impedírselo el demandado Rivera Barreras.

En mayo 1 de 1944, el peticionario radicó ante la Corte de Distrtio de Bayamón una petición de injunction, en la que después de alegar los hechos que ya hemos expuesto, solicitó que se expidiese una orden de entredicho contra Rivera Ba-rreras y el Procurador General Interino prohibiéndoles que perturban al peticionario o le priven de la posesión de su cargo de fiscal. Se solicitaba también una orden de injunction preliminar para mantener el statu quo hasta que la corte tuviese oportunidad de conocer del caso en sus méritos.

Declarada sin lugar la petición de entredicho, el peticio-nario, amparándose en las disposiciones de la Ley nám. 32 de mayo 3 de 1943, instó el presente recurso de c&rtioruri, acompañando a la petición otra en la que solicita la expedi-ción de un auto de injunction en auxilio de nuestra jurisdic-ción sobre la cuestión en controversia. Por tratarse de una cuestión de gran interés público y nueva en esta jurisdicción, expedimos el auto de certiorari solicitado y una orden para mostrar causas por las cuales no deba expedirse el auto de injunction en auxilio de nuestra jurisdicción, señalándose el día 8 del corriente para la vista de ambos recursos.

Sostiene el peticionario que habiendo sido nombrado para el cargo de fiscal de Bayamón por un período de cuatro años y hasta que su sucesor fuere designado, él tiene derecho a permanecer en la posesión de dicho cargo y el deber de desempeñar las funciones del mismo, hasta que el Goberna-dor, con el consejo y consentimiento del Senado, designe a su sucesor; que no habiendo expirado el término para el cual fué nombrado el peticionario, por no haberse designado aún su sucesor, el Procurador General no está facultado para nombrar un fiscal en comisión, toda vez que el cargo de fiscal de Bayamón no está vacante; y, por último, que el querellado Rivera Barreras está ocupando ilegalmente dicho cargo.

En oposición a la contención del peticionario, sostienen los querellados que el cargo de fiscal que ocupaba el peticio-nario quedó vacante el día 15 de abril de 1944, fecha en que el Senado Insular se negó a confirmar la designación hecha por el Gobernador a favor del peticionario para un nuevo término; y que desde el momento en que quedó vacante dicho cargo, el Procurador General tenía facultad para nombrar un fiscal en comisión, de acuerdo con lo dispuesto por la sec-ción 1 de la Ley núm. 20 de 29 de mayo de 1925 (pág. 145), por virtud de la cual “se autoriza al Attorney General para designar a cualesquiera de sus assistants o auxiliares, o de sus delegados, para actuar ante las cortes insulares como fis-cales especiales en aquellos casos en que las necesidades del servicio así lo requieran, bien por muerte, ausencia, inhibi-ción, renuncia o licencia de un fiscal, o cuando el exceso o aglomeración de trabajo en cualquiera fiscalía de la isla así lo justificare”.

Del conflicto entre una y otra teorías surge una sola cuestión legal, que es la que nos toca considerar y resolver. Es la siguiente: ¿Existía en abril 18 de 1944 una vacante que pudiera ser cubierta por el Procurador General de Puerto Rico, mediante el nombramiento de un fiscal especial, a tenor de lo dispuesto en la citada Ley núm. 20 de mayo 29 de 1925 o por el Gobernador de Puerto Rico, mediante un nombramiento de receso?

El peticionario ha citado en apoyo de su alegado derecho a permanecer en el cargo hasta que su sucesor sea debida-mente designado, nuestra decisión en el caso de González v. Corte, 62 D.P.R. 160, que parece ser, entre los resueltos en esta jurisdicción, el único que puede considerarse como apli-cable al de autos. Conviene, pues, que hagamos una síntesis de dicha decisión.

Rafael A. González fue nombrado para el cargo de Juez Municipal de San Juan, por un término fijo de cuatro años, el cual expiró el 25 de abril de 1943, estando el Senado en receso. Durante ese receso, el Gobernador nombró a Manuel Orraca Torres para el mismo cargo. La cuestión que se planteó fué la de si al expirar el término de González surgió automáticamente una vacante que pudiera ser cubierta por el Gobernador mediante un nombramiento de receso. Resol-vimos, que siendo el término fijado por el estatuto (Art. 1176, Estatutos Rev. de 1911, p. 266) para los jueces muni-cipales, el de cuatro años, sin la cláusula adicional dispositiva de que al expirar ese período de cuatro años el ineumbente continuaría en el cargo, holding over, hasta que su sucesor fuere designado, el cargo de Juez Municipal que ocupaba González quedó vacante el 25 de abril de 1943; y que desde esa fecha el Gobernador estaba autorizado para hacer un nombramiento de receso como el que hiciera a favor de Orraca.

En la opinión que emitimos en el caso de González, des-pués de citar numerosos casos en los que el estatuto o Cons-titución que se interpretaba contenía la cláusula de holding over, dijimos:

‘‘Convenimos sin vacilación en que bajo tales circunstancias ‘el’ período de holding over es parte del término del cargo y el ineum-bente es un funcionario de jure.’ (Attorney General ex rel. McKenzie v. Warner, 300 N.W. 63 (Mich., 1941)), y que ‘El derecho de actuar holding over bajo esta disposición es tan parte del término del cargo como el mismo período regular ñjado por estatuto’. {People ex rel. Warren et al. v. Christian et al., supra). Al mismo efecto, Territory ex rel. Klock v. Mann, 120 Pac. 313, 15 (N. M., 1911). Es decir, en dichos casos la Legislatura, previendo que los términos de algunos funcionarios expirarían mientras el Senado está en receso, dispuso por mandato estatutario específico que se prorro-garan dichos términos hasta que sus sucesores fueran nombrados con el consejo J consentimiento del Senado. Por tanto, no puede haber disputa alguna en cuanto a la teoría de que un funcionario que actúa bajo un estatuto de esta naturaleza está actuando holding over con título legal al cargo y que en su consecuencia no existe vacante en dicho cargo. Es evidente que el estatuto tiene dos propósitos: (1) retener en todo momento en el cargo a una persona que ha sido nombrada con el consejo y consentimiento del Senado, incluyendo el período después de que su término ha expirado, hasta que el Senado pueda reunirse y concurrir con el Gobernador en volverlo a nombrar o elegir su sucesor; (2) evitar vacantes que la ley aborrece, toda vez que entorpecen la continuación de la administración de los asuntos públicos.”

Si aplicamos la doctrina establecida por la jurispruden-cia citada, a los hechos del presente caso, tendremos que llegar a la conclusión de que habiendo sido nombrado el pe-ticionario por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, “por un período de cuatro años, y hasta que su sucesor fuere designado”, el término del peticionario no ha expirado aún y no expirará hasta que su sucesor haya sido nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Señado y haya tomado posesión de su cargo. Y en con-secuencia tendremos que resolver que el Attorney General de Puerto Eico, al nombrar como nombró en abril 18 de 1944 al querellado José N. Eivera Barreras, para el cargo de fiscal interino de Bayamón, actuó sin autoridad legal para ello, toda vez que en la indicada fecha no existía vacante alguna en la fiscalía de Bayamón, la cual estaba ocupada por el pe-ticionario como fiscal de jure de dicho distrito judicial.

Antes de terminar esta opinión, debemos considerar y disponer de dos contenciones de los querellados, enfática y repetidamente sostenidas en la argumentación oral del caso.

Se arguye, en primer término, que el estatuto creador del cargo en controversia al fijarle “un período de cuatro años y hasta que su sucesor fuere designado”, no implica el que la designación del sucesor tenga que ser aprobada o confir-mada por el Senado, antes de que pueda tener efecto legal alguno.

Lo primero que se nos ocurre en oposición a dicha con-tención es que no conocemos ni se ha sometido a nuestra con-sideración ley alguna que autorice al Attorney General a cubrir la vacante de un fiscal cuando el término de éste ha expirado. La designación sólo puede ser hecha por el Go-bernador, siempre que el cargo estuviere vacante por cual-quier causa: (1) haciendo un nombramiento de receso, de acuerdo con la sección 26 de la Ley Orgánica, para tener efectividad hasta que sea desaprobado por el Senado o hasta que éste declare terminado su próximo término de sesiones; o (2) sometiendo al Senado el nombre del sucesor, para ocu-par el cargo por el período fijado por la ley, en cuyo caso el nombramiento no tendrá efectividad hasta que haya sido aprobado por el Senado. Mientras no ocurra el suceso que ha de poner fin al término de su cargo — la designación de su sucesor — el fiscal qué fue nombrado como lo fué el peticio-nario por el Gobernador con el consentimiento del Senado, tiene derecho a continuar en el desempeño del cargo, como funcionario de jure.

En el presente caso, el Gobernador, teniendo sin duda en cuenta que el peticionario tiene derecho a permanecer en su cargo hasta que su sucesor sea debidamente designado, de-signó o nombro al propio peticionario para un nuevo término. Esa designación nunca llegó a tener efectividad por haber faltado la concurrencia del Senado, y por tanto debemos resolver que de acuerdo con los hechos admitidos por las par-tes, el sucesor del peticionario en la fiscalía de Bayamón no ha sido aún legalmente designado.

Carece igualmente de méritos la contención de los quere-llados de que el efecto legal de la negativa del Senado a con-firmar la designación hecha por el Gobernador a favor del peticionario fué poner fin al término del peticionario, que-dando desde ese momento vacante el cargo de fiscal del dis-trito judicial de Bayamón.

La intención legislativa, claramente expresada en la ley creadora del cargo de fiscal de Bayamón, es que la persona nombrada por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, tendrá el derecho y el deber de ocupar dicho cargo por un período de cuatro años; y no queriendo el legis-lador que el puesto quede vacante al expirar los cuatro años, dispuso, que el incumbente deberá continuar en el puesto hasta que su sucesor sea nombrado. Y ese sucesor sólo puede ser nombrado por el Gobernador con el consejo y consenti-miento del Senado.

El Senado, en el desempeño de su función ejecutiva de confirmar ó desaprobar los nombramientos propuestos por el Gobernador, no está facultado ni para acortar ni para pro-rrogar el término legal de un cargo determinado. Lo único que puede hacer el Senado cuando el Gobernador le somete un nombramiento, ya sea éste a favor del mismo funcionario que lo ocupa en calidad de holding ov&r o de un nuevo candidato, es otorgar o negar su consentimiento. La negativa del Se-nado en el presente caso sólo puede ser interpretada como una expresión de su deseo de que José Julián Acosta no ocupe el cargo por un nuevo término de cuatro años. Esa negativa del Senado no puede tener el efecto legal de acortar o can-celar el término del incumbente, pues ello equivaldría a re-conocer al Senado la facultad legislativa de fijar o alterar los términos legales de los cargos públicos, facultad otorgada por la Ley Orgánica a la Asamblea Legislativa de Puerto Eico y no a una sola de sus dos cámaras.

En el presente caso actuaríamos en contra de la ley y de la lógica si cerráramos los ojos ante la tentativa de dar por terminado el derecho del peticionario a ocupar y desempeñar su cargo basta que el Gobernador y el Senado, actuando de acuerdo, designen a su sucesor.

Erró la corte inferior al declarar sin lugar la solicitud de injunction preliminar y al negarse a amparar al peticionario en la posesión y disfrute de su cargo. Heyward v. Long, 178 S. C. 851, 183 S. E. 145.

La resol-lición recurrida debe ser revocada y el caso de-vuelto a la corte inferior con instrucciones de dictar la orden de injunction correspondiente y de seguir los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Guillermo Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Luis Larracuente Marrero, obrero fenecido.
    Núm. 317.

    — Sometido: Mayo 1, 1944.

      Resuelto: Mayo 17, 1944.

      Hon. Procurador. General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, y Joaquina Pérez Cordero, A. de Jesús Matos, J. Correa Suárez y A. Sandín del Manzano, abogados del recurrente; Edelmiro Soldevila, abogado de la re-clamante en el caso.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Luis Larracuente trabajaba como estibador para la Sucesión J.- Serrallés y cuando no había trabajo de esa naturaleza se dedicaba a llenar carretillas. • El día 1 de marzo de 1942 estando en el trabajo de recoger sacos en es-pera de la llegada de un truck, se sentó en una carretilla y de allí cayó al suelo con un síncope, muriendo poco después como consecuencia de una angina de pecho.

En la fecha en que ocurrió la muerte del obrero, éste tenía un hijo natural de tres meses de edad, llamado Luis Alfonso Larracuente, el cual falleció cuarenta y nueve días después de la muerte de su padre.

Francisca Pérez, concubina de Larracnente y madre del niño y Alfonso, Emeterio y Francisca Larracnente, herma-nos del difunto obrero solicitaron el pago de la compensación y denegada ésta por el Administrador,' apelaron para ante la Comisión Industrial. En la vista ante la Comisión, los hermanos del obrero desistieron de sns reclamaciones. En febrero 15 de 1944 la Comisión revocó la decisión del Admi-nistrador y éste interpuso el presente recurso.

La única cuestión que debemos considerar y resolver es si la reclamante Francisca Pérez, concubina del difunto obrero y madre del niño Luis Alfonso Larracuente, adquirió al fa-llecimiento de éste el derecho a subrogarse en la compensa-ción que hubiera correspondido al menor si éste no hubiese fallecido.

Que la Ley núm. 45 de abril 18 de 1935 ((1) pág. 251), tal y como estaba vigente en marzo 1 de 1942, fecha del accidente, no incluía a la concubina entre los beneficiarios del obrero fallecido, fué resuelto por esta Corte Suprema en Colón v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 1. Tampoco tendría derecho alguno la reclamante, como beneficiaría directa, de acuerdo con el apartado 5 de la sección 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según fué enmendada por la Ley núm. 52. de abril 25 de 1942, porque de acuerdo con dicha enmienda para que la concubina pueda ser considerada como viuda, a los efectos de compensación, es necesario que “al tiempo de la muerte del obrero, y durante los últimos tres años con anterioridad al fallecimiento, haya vivido con el obrero honestamente como marido y mujer, en estado de público concubinato, siendo ambos solteros durante la totalidad del referido período y en aptitud de casarse con dispensa o sin ella.” La reclamante en este caso declaró ante la Comisión que ella había vivido con Larracuente solamente durante un año y once meses con anterioridad a su fallecimiento.

Conviene hacer constar que cuando el Administrador del Fondo dictó su decisión en 31 de agosto de 1942, ya Facía más de cuatro meses que el menor había fallecido, sin que quedara persona otra alguna que dependiese legalmente del obrero para su sostenimiento.

Al reconocer a la reclamante Francisca Pérez su alegado derecho a subrogarse en los que pudiera tener el menor para recibir compensación por la muerte de su padre, la Comisión Industrial se apoyó en las disposiciones del párrafo 3 del inciso 4 de la sección 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, que lee así:

“En todos los casos en que ocurriere la muerte de un obrero o empleado por cualquier causa independiente a la lesión recibida en el accidente, por la cual se hubiere otorgado una compensación o esté pendiente de otorgarse, el Administrador deberá, previa la prueba justificada al efecto, conceder y ordenar que se pague el balance no pagado de cualquier compensación perteneciente o que se adeude al obrero o empleado lesionado al tiempo de su muerte, a aquellos que dependieran para su subsistencia del obrero o empleado fallecido, en cuyos derechos quedan expresamente subrogados.”

Es tal la claridad del estatuto que acabamos de transcri-bir, que se hace difícil comprender cómo pudo la Comisión llegar a la conclusión de que sus disposiciones puedan- ser aplicables a los hechos de este caso.

El obrero Larracuente murió repentinamente en y como consecuencia de un accidente del trabajo. Su muerte no fué motivada por “una causa independiente a la lesión recibida en el accidente”. Cuando falleció no se le había otorgado ni estaba pendiente de otorgársele compensación alguna. La compensación, si alguna había de pagarse con motivo de su muerte, no era pagadera a él y sí a .los que de él depen-dían para su subsistencia. El propósito del estatuto, erró-neamente aplicado al caso de autos, es otro. Cuando un obrero sufre un accidente que le incapacita temporal o permanentemente para el trabajo, la ley le concede una compensación que se gradúa de acuerdo con la tabla de com-pensacíones contenida en lá sección 3 de la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo. Si el-obrero lesionado falleciere después del accidente, por una causa no relacio-nada con el accidente, y antes de que se le pagara por com-pleto la compensación a que tenía derecho, entonces la canti-dad pendiente de pago en la fecha de su muerte deberá ser pagada a aquéllos que dependían de él para su subsistencia. Larracuente, habiendo muerto en el accidente y como conse-cuencia del mismo, no había adquirido al tiempo de su muerte derecho alguno a compensación en el que pudiera subrogarse su hijo menor.

De acuerdo con la sección 3, inciso 5 de la citada ley, el menor Luis Alfonso Larracuente, como hijo natural y depen-diente joara su subsistencia del obrero difunto, adquirió a la muerte de su padre el derecho a una compensación de mil a tres mil dólares, la cual debería ser graduada de acuerdo con la capacidad económica del obrero y sus probabilidades de vida. Esa compensación debía hacerse efectiva por pa-gos parciales mensuales. Si el Administrador hubiese gra-duado la compensación pagadera en este ca¿o y hubiese fijado el importe de los pagos parciales mensuales, inmediatamente después del fallecimiento del obrero y antes de la muerte del menor, éste hubiera recibido la compensación correspondiente a los cuarenta y nueve días transcurridos desde el 1 de marzo al 19 de abril de 1942.

¿Adquirió el menor Luis Alfonso Larracuente algún derecho a compensación trasmisible por herencia a su madre, la reclamante Francisca Pérez? La misma Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo contesta en la negativa la pregunta que hemos formulado. La sección 3, inciso 5, párrafo 5, dispone lo siguiente:

“Al volver a casarse la viuda o viudo los pagos parciales conce-dídosle para su beneficio cesarán por completo; y cesarán igualmente al morir cualquiera otro de los beneficiarios a quien se estuviere haciendo tales pagos parciales y en casos de menores cesarán igual-mente tales pagos al llegar éstos a la edad de 18 años, a menos qne estuvieran incapacitados para el trabajo”. (Bastardillas nuestras.)

De acuerdo con la disposición transcrita, todo el derecho que de acuerdo con la ley tenía el menor a recibir pagos par-ciales mensuales como compensación por la muerte de su padre cesó el 19 de abril de 1942 al ocurrir la muerte de dicho beneficiario. La madre de éste solamente podía adquirir el derecho a reclamar el pago de la compensación que su hijo pudo y debió recibir por los cuarenta y nueve días que sobre-vivió a su padre. Y es justo que el Administrador fije y haga efectiva la compensación correspondiente a ese período de tiempo. Véanse: Barwin v. Independent School District of Sioux Falls, (S. D.)‘ 248 N. W. 257; 71 C. J. Sec. 312, p. 555.

La resolución recurrida debe ser revocada y el caso de-vuelto a la Comisión Industrial con instrucciones de dictar una resolución ordenando al Administrador del Fondo del Seguro del Estado que fije la compensación que el menor Luis Alfonso .Lar racuente tenía derecho a recibir por el período de marzo 1 a abril 19 de 194,2 y la haga efectiva a su madre natural, la reclamante Francisca Pérez,


author: Eu Juez Presideute Señor Travieso

text:
    G. Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Domingo Torres, lesionado.
    Núm. 313.

    — Sometido: Mayo 10, 1944.

      Resuelto: Mayo 17, 1944.

      Son. Procurador General Interino M. Rodrigues Ramos, G. Benites Gautier, Procurador General Auxiliar y Joaquina Pérez Cordero, A. de Jesús Matos, J. Correa Suárez y A. Sandín del Manzano, abogados del recurrente; Edelmvro Soldevila, abogado del lesio-nado.
   Eu Juez Presideute Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Domingo Torres sufrió un accidente el día 13 de marzo de 1943 y fué sometido a tratamiento médico. El 19 de abril del mismo año fué dado de alta para trabajar y para recibir tratamiento en horas no laborables. En agosto 23 de 1943, el obrero radicó un escrito de apelación y solicitó dietas desde abril 20 a julio 17 de 1943, alegando que durante ese período no pudo trabajar.

En la vista celebrada ante la Comisión, el reclamante no presentó prueba alguna, excepto su declaración, para demos-trar que durante el indicado período él no estaba en condi-ciones para poder trabajar. El Administrador del Fondo del Estado solicitó de la Comisión que dejara abierto el caso para traer al Dr. Marqués, médico que asistió al obrero, quien podía declarar si el obrero estaba o no en condiciones para poder trabajar, cuando él le dió de alta en abril 19. La Co-misión denegó la solicitud del Administrador y en noviembre 5, 1943 dictó su resolución declarando con lugar la petición-del obrero y resolviendo, además, “que la interpretación que le damos al artículo 3 de la ley, es la de que todo obrero o empleado lesionado tiene derecho a recibir sus compensacio-nes semanales o dietas mientras tenga necesidad de recibir tratamiento médico, cualquiera que éste sea”.

El Administrador interpuso el presente recurso, alegando* que la Comisión erró (1) al resolver en ausencia de prueba., que el obrero no estaba capacitado para reintegrarse al tra-bajo ; (2) al negarse a conceder al Administrador un término., aún cuando fuera breve y perentorio, para probar la legiti-midad del alta para el trabajo; y (3) al resolver que el Administrador carece de facultad para decretar, en casos-adecuados, tratamiento en horas no laborables con cargo al Fondo del Seguro del Estado.

La sección 3, inciso 1 de la Ley de Compensaciones-, por Accidentes del Trabajo (Ley 45 de 1935 (1) pág. 251) dispone que cuando a juicio del Administrador del Fondo los servicios médicos o de hospital deban descontinuarse, el obrero podrá apelar ante la Comisión Industrial. En el presente caso el médico que asistía al obrero le dió de alta el 19 de abril de 1943, por considerar que su incapacidad para el trabajo ya había desaparecido. Sin embargo, el obrero.esperó hasta el 23 de agosto de 1943 para radicar su apelación.

En la vista ante la Comisión declaró el obrero reclamante que él recibió dietas hasta el 19 de abril y que “de ahí en adelante continué en tratamiento hasta el 16 de julio que fui donde el doctor Marqués y me dió el alta para trabajar, el 17 de julio, sin recibir dietas todo ese tiempo”. Esta decla-ración está en abierta contradicción con la alegación del Ad-ministrador de que el obrero fué dado de alta para el trabajo* el día 19 de abril de 1943. Solicitó el Administrador que se dejara el caso abierto “para probar con el médico que trató-ai obrero, el médico que le daba tratamiento en horas no labo-rables, que la condición de la mano no le impedía trabajar”. La Comisión declaró cerrado el caso y dictó su resolución sin oír la prueba ofrecida por el Administrador.

No encontramos justificada la festinación de la Comisión para resolver el caso sin dar al Administrador una oportu-nidad de presentar la prueba por él ofrecida para demostrar que cuando fue dado de alta, en abril 19 de 1943, el obrero reclamante "estaba en condiciones para poder dedicarse a su trabajo babitual. La tardanza del obrero en formular su re-clamación y la insuficiencia de la declaración prestada por él ante la Comisión, baeen surgir dudas que seguramente hu-biesen sido disipadas por la declaración del Dr. Marqués, el médico encargado de la curación del reclamante. Nada hu-biera perdido el reclamante si la Comisión hubiese concedido al Administrador la oportunidad de defender el fondo bajo su custodia contra una posible reclamación infundada o de corroborar con la del médico la declaración del reclamante en cuanto a su alegada incapacidad. Los reclamantes de com-pensaciones tienen derecho a un juicio rápido, pero no hasta el punto de que se prive al Administrador del Fondo' de la oportunidad de presentar su prueba y de ser oído en defensa de los intereses que la ley le ha encomendado.

Opinamos que la Comisión no hizo buen uso de su discre-ción y que erró al negarse a oír la evidencia ofrecida por el Administrador.

No estamos de acuerdo con la interpretación que la Comisión da al artículo 3 de la ley. Es indudable que el obrero lesionado tiene derecho a recibir sus compensaciones semanales o dietas, por la cantidad y por el término fijado por la ley, siempre que se encuentre incapacitado para el trabajo. Pero pudiera muy bien suceder que el obrero se encontrase en condiciones para poder trabajar y ganar su jornal completo y que por consejo del médico estuviese recibiendo un tratamiento adicional durante las horas no laborables, en cuyo caso el obrero no tendría derecho a continuar recibiendo dietas. Véase: Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 719.

Por las razones expuestas procede dejar sin efecto la re-solución recurrida y devolver el caso a la Comisión para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado SbñoR De Jesús

text:
    Waymouth Estate, Inc., peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Rafael Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 1563.

    — Sometido: Mayo 8, 1944.

      Resuelto: Mayo 17, 1944.

      J. I-Ienri Brown, E. Córdova Díaz, Carlos J. Faure y José L. Her-nández, abogados de la peticionaria; Miranda <& Miranda Esteve, abogados de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado SbñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión envuelta en este recurso de certiorari es la de si jurada una demanda sobre nulidad de ejecutivo hipotecario y reintegro de frutos civiles, la cual la ley no requiere que sea jurada, el demandado bajo las Eeglas de Enjuiciamiento Civil vigentes viene obligado a jurar su contestación.

De no hallarse en vigor las Reglas de Enjuiciamiento Civil, la controversia nunca hubiera existido debido a la letra clara y terminante del artículo 118 del Código de Enjuicia-miento Civil, que prescribe que cuando se jura la demanda deberá jurarse la contestación, excepto si la admisión de la verdad de lo consignado en la demanda sujeta a la parte a un proceso criminal o si un funcionario de esta Isla, en su carácter oficial, fuese el demandado. Empero, la número 11 de las Reglas de- Enjuiciamiento Civil prescribe que excepto cuando específicamente se disponga otra cosa por regla o estatuto, no es necesario jurar las alegaciones ni acompa-ñarlas de affidavit. El concepto “alegaciones” incluye tanto la demanda como la contestación, pues una y otra son alega-ciones. Regla 7. Siendo ello así, toda vez que al prescribir la regla 11 que excepto cuando otra cosa específicamente se disponga por regla o estatuto, no será necesario jurar las alegaciones ni acompañarlas de affidavit, no siendo la de-manda de este caso una de las que específicamente se requiere por estatuto o regla que sea jurada, el demandado no viene obligado a jurar la contestación.

Como dicen Moore y Friedman en su obra Moore’s Federal Practice:

“Bajo la práctica de algunos estados una parte que jure sus alegaciones puede obligar a la parte contraria a jurar las alegaciones subsiguientes. No tiene ese efecto el juramento bajo la regla 11, toda vez que la regla prescribe que las alegaciones deben jurarse solamente cuando específicamente se requiera por regla o estatuto.” Obra citada, tomo 1, pág. 618.

Bajo las Reglas de Enjuiciamiento Civil, el juramento en las alegaciones es la excepción y no la regla general, y por consiguiente la existencia o ausencia del juramento ningún efecto legal tiene excepto en aquellos casos en que por esta-tuto o regla se exige el juramento. Hummel v. Wells Petroleum Co., 111 F. (2d) 883, 885.

En la resolución recurrida se invoca el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, y se arguye que dicho artículo está vigente, ya sea como regla o como sustituto, y como no está en pugna con la regla 11 dicho artículo debe aplicarse en su totalidad. En efecto, la sección 3 de la Ley núm. 9 de 5 de abril de 1941 prescribe:

“Toda ley concerniente a alegaciones, práctica o procedimiento judicial en vigor al ser aprobada esta Ley, se considerará como regla de la Corte Suprema y continuará en vigor como tal, a menos que sea modificada, enmendada o derogada por reglas promulgadas de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.”

Pero el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil establece una regla general bajo el epígrafe “De las alega-ciones juradas,” y dicho artículo, que ahora es una regla de carácter supletorio, ha sido modificado o enmendado por la regla 11 de forma que un litigante por el hecho de jurar una alegación no puede obligar a la parte contraria a jurar sus alegaciones subsiguientes. A la práctica consignada en el artículo 118 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil es a lo que se refiere Moore al sostener que bajo la regla 11 esa práctica anterior no puede prevalecer.

Por lo expuesto, es preciso concluir que la resolución re-currida, en tanto en cuanto exige a la parte demandada aquí recurrente que jure su contestación por el hecho de que él demandante voluntariamente juró la demanda, es errónea y en •cuanto a ese extremo, se anula.

       Específicamente se dispone que se jure la demanda, entre otros, en los casos de mandamus, art. 654, Código de Enjuiciamiento Civil, en los interdictos para retener o recobrar la posesión de propiedad inmueble, art. 691 del mismo Código, y en el injunction, Eegla 65 de Enjuiciamiento Civil.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rivera Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 10426.—

      Sometido: Mayo 9, 1944.

      Resuelto: Mayo 17, 1944.

      •Juan Lastra, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados do El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fné convicto de nn delito de hurto de mayor cuantía y sentenciado el 4 de diciembre de 1942 a cnmplir cuatro años de presidio con trabajos forzados. El delito consistió en haber sustraído de la persona de Dominga Co-rrea con intención criminal nna cartera conteniendo $2,080 en billetes de banco propiedad de dicha señora, teniendo el acusado allí y entonces la intención de apropiarse de la re-ferida cartera y dinero, como en efecto así lo hizo. El juicio se celebró el 2 de noviembre de 1942. Alega ahora el acu-sado por primera vez en apelación que el juez que conoció del caso -actuó sin jurisdicción porque para la fecha en qué se celebró el juicio el referido juez, que es uno de los jueces propietarios de la corte inferior, se hallaba en uso de licencia y era sustituido en su cargo por un juez especial nombrado-con ese objeto. En apoyo de su contención el apelante acom-pañó a su alegato dos certificaciones: una expedida-por el Procurador General Interino acreditativa de que el Horn. Jorge Luis Córdova Díaz, quien fué el juez que celebró el juicio y sentenció al acusado, estuvo en uso de licencia en el año 1942 desde el 25 de septiembre hasta el 4 de noviembre y desde el 6 de noviembre hasta el primero de diciembre; y otra del secretario de la Corte de Distrito de San Juan, sala de lo civil, acreditativa de “Que el Ledo. Edelmiro Martínez Rivera tomó posesión de su cargo como Juez substituto del Hon. Jorge L. Córdova Díaz, el día 25 de septiembre de 1942, actuando como tal hasta el día 1 de diciembre de 1942.”

No es éste el procedimiento para someter una cuestión a la consideración de un tribunal de apelación; pero tratán-dose de una cuestión dirigida a atacar la jurisdicción del juez que conoció del caso en la corte de primera instancia, la con-sideraremos por ser de carácter privilegiado.

El juez especial no fué nombrado para sustituir al juez Córdova exclusivamente en este caso. Su comisión era para conocer de cualquier caso que pudiera presentarse durante la licencia del juez Córdova. Siendo ello así, al presentarse el juez Córdova y asumir jurisdicción sobre este caso, su ac-tuación tuvo el efecto de vacar el cargo de juez especial, excepto en cuanto a aquellos casos cuyos juicios habían co-menzado ante el juez especial, de los cuales no podía conti-nuar conociendo el juez propietario. State v. Stevenson, 19 L.R.A. (N. S.) 713, 715; 30 Am. Jur., Judges, §107.

Se queja el apelante de que a la testigo Gloria M. de Andino, nieta de la perjudicada, se le permitiese declarar que la noche anterior al día de autos vio al acusado frente a la casa de la perjudicada, y que le preguntó a la testigo si su abuela estaba en la casa o si había salido sola, y que la testigo le contestó que había salido sola. Ese incidente entre el acusado y la testigo es pertinente, toda vez que tiende a conectar al acusado con el delito, ya que demuestra qne el acusado desde el día anterior al de autos, venía acechando a su víctima.

Por último, alega el apelante que la corte inferior erró al admitir en evidencia la declaración del detective Juan E. Miranda al efecto de que el acusado le había dicho que si el fiscal le imponía un año de presidio él se declaraba culpable inmediatamente; que en presencia del testigo el detective informó al fiscal lo que le había dicho el acusado, y que el fiscal contestó “que él no era quien imponía sentencias y que él no podía admitir eso.”

La declaración del detective era admisible, tendiendo como tendió a establecer una admisión por parte del acusado, que lo incrimina, ya que una persona inocente no está dispuesta a declararse culpable de un delito de la naturaleza del im-putado al acusado, ni tampoco a cumplir sin motivo alguno una pena de un año de presidio. Underhill’s Criminal Evidence, cuarta edición, §262. Cf. Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211.

Procede la confirmación de la sentencia.