author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Colón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción al Reglamento de la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1250.
    Resuelto en abril 18, 1918.
    Ley de Pesas y Medidas — Medida Incompleta — Manufactura de Artículos.— El delito previsto y castigado por la ley No. 135 de 1913 consiste en vender con una medida incompleta; no importando cuándo fueron manufacturados los artículos, si antes o después de regir la ley.
    Id. — Intención Criminal. — La intención maliciosa es meramente una alegación superflua en una acusación por vender artículos faltos de medida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Rivera.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Una acusación por vender artículos faltos de medida no es excepcionable porque aquéllos hayan sido manufacturados antes de regir la ley No. 135 de 1913, que regula la materia. El delito consiste en vender con una medida incompleta, no importando cuándo fueron manufacturados los artículos. La idea de la ley fue no castigar por aquellas transacciones he-chas con prioridad a su promulgación, pero la venta en este caso es un contrato, y fue hecha después que regía la ley.

El apelante alega falta de prueba de la intención criminal. La acusación imputa tal intención, pero en cuanto a esto el caso no difiere del de El Pueblo v. Escriba, (pág. 236). La intención maliciosa es meramente una alegación superflua en una acusación de esta naturaleza. El apelante marcó los artículos él mismo y estaba en la obligación de conocer su contenido.

Aunque pudiera ser verdad, como sostiene el apelante, que la clase de tabaco aquí mencionada se vende generalmente por piezas o “rollos,” sin embargo el apelante marcó la pieza alegada como conteniendo 70 yardas cuando en realidad de' verdad contenía 63 yardas y 16 pulgadas, lo cual cons-tituye un delito bajo la sección 18 de la Ley de agosto 18, 1913, que dice:

“Sección 18. — Ninguna persona marcará o estampará, ni permi-tirá o hará que se marque o estampe, peso o medida falso o incom-pleto o falsa tara, en cualquier caja, paquete, atado o envase, en los cuales se empaquen o vendan, o se intenten vender u ofrecer en venta, artículos, artefactos o mercancías.”

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wolf,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Barros, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por ejercicio ilegal de la medicina.
    No. 1246.
    Resuelto en abril 18, 1918.
    Ejercicio Ilegal de la Medicina — Acusación Suficiente — Bills of Particulars. — Una acusación por ejercicio ilegal ele la medicina expresa con sufi-ciencia, a falta de una solicitud para que se particularice, un elemento de hecho conocido generalmente de todo el mundo, al decir que una iiersona vendía "medicinas” sin estar debidamente autorizada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sr. Leopoldo Tormes y Sra. Herminia Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tri- . bunal.

Una acusación expresa con suficiencia un elemento de hecho conocido generalmente de todo el mundo, al decir que una persona vendía “medicinas” sin estar debidamente au-torizada. Si el apelante deseaba que se particularizaran más los hechos, tenía abiertos otros caminos que el de' la ex-cepción perentoria.

Convenimos con el apelante en que la acusación sería in-suficiente si la ofensa imputada fuera sólo la de “pública-mente” anunciarse como médico. Tal elemento es una con-clusión de derecho. Esta parte de la acusación puede consi-derarse como superfina, pues más adelante expresa en efecto que el apelante prescribió y ordenó para el- uso de la enferma Juana .Rodríguez, varias medicinas para la cura de una en-fermedad que padece, recibiendo la remuneración de cuatro dollars por tal servicio, como abono a la suma de cinco dollars por la cura de Juana Rodríguez. A falta de una solicitud para que se particularizaran los hechos, la acusación imputa suficientemente el ejercicio de la medicina castigado por la ley No. 6 de marzo 11 de 1915.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Plutchison.


author: El Juez Presidexte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Puigdollers, Demandante y Apelante, v. Monroig, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa sobre alimentos provisionales.
    No. 1787.
    Resuelto en abril 22, 1918.
    Alimentos Provisionales — Pensión Alimenticia — Recursos del Marido — Ne-cesidades de la Mujer.. — -Habiéndose solicitado por el demandado que se revocara la pensión alimenticia a que fué obligado, por haber llegado a hacerse innecesaria, previo el estudio de la prueba aportada, se resolvió: que la suma señalada de $50 para alimentos a la demandante, no guarda pro-porción con los recursos del demandado y las necesidades de la que fué su esposa; y, por tanto, que lejos de reducirse o dejarse sin efecto la pensión-debe aumentarse basta cubrir la suma de $75, la cual no excede de la ter-cera parte de la renta de los bienes del demandado.
    Id. — Persona Obligada a Cumplir con el Art. 177 del Oódigo Civil. — jMo im-porta que el padre de una mujer divorciada disfrute o no de una posición económica desahogada, pues no es él sino el que fué su esposo el obligado a cumplir con el precepto del art. 177 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Juan de Gxizmán Benítes.

    Abogados del apelado: Sres. Edtiardo Acuña y Ramón Balcón.

   El Juez Presidexte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con motivo de pleito de divorcio que fué fallado a favor de Georgina Puigdollers y Molina, por trato cruel por su esposo Antonio Monroig y Obrador, la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., dictó resolución en 10 de enero de 1906 por la que ordenó que' el demandado Antonio Monroig entregara a la demandante Georgina Puigdollers en con-cepto de alimentos la cantidad de $50 a partir de la fecha de la interposición ele la demanda.

Dos años después, en 31 de marzo de 1908, el demandado Monroig presentó ante la misma corte una moción con sú-plica de que se dejara sin efecto la pensión alimenticia con-cedida a Georgina Puigdolle'rs, y a esa moción recayó reso-lución en 11 de abril de 1908, que dice así:

“En el presente caso la parte -demandada ba Comparecido por medio de su abogado y pedido a la corte que dicte una orden revo-cando y dejando sin efecto la pensión alimenticia concedida a la demandante, por sentencia de 10 de enero de 1906, debido a haber reci-bido dicha demandante la suma de $5,785.95 y por consiguiente mejorado de fortuna.
“La parte demandante se ha opuesto y alegado que ciertamente recibió la suma indicada en el pleito que siguiera contra el deman-dado sobre liquidación y entrega de bienes gananciales, pero que tal suma, deducidos honorarios de abogados, gastos judiciales, etc., ha quedado reducida a $1,665.88 y alegado además que actualmente se encuentra en el 'Ursuline Seminary’ de New Rochelle, N. Y., pa-gando nna pensión de $45 mensuales, y gastando, además, $20 en ropa, etc.
“Es el espíritu de la ley que el cónyuge culpable, en los casos de divorcio, quede obligado a sostener al cónyuge inocente cuando éste necesite de ello y mientras se conserve digno.
“En el presente caso se fijó la pensión alimenticia en la suma de 50 dollars mensuales y las circunstancias, en concepto de la corte, en nada han variado.
“La suma percibida por la demandante como gananciales, ha quedado notablemente reducida y colocada a interés no es suficiente para el sostenimiento de la dicha demandante. Ésta, además, ha pro-cedido de la manera más correcta, no ha contraído nuevo matrimonio y ha ido a vivir y a estudiar a un seminario mediante el pago de nna pensión. Cincuenta pesos mensuales, más quince o veinte que puede obtener como rentas de ese capital, deben estimarse como una cantidad necesaria para que la demandante pueda sostenerse.
“Y teniendo en cuenta además que el demandado posee amplios medios de fortuna, la corte resuelve no haber lugar por ahora a revocar y dejar sin efecto la pensión alimenticia concedida a la demandante por sentencia de 10 de enero de 1906.”

Volvió Antonio Monroig a presentar otra moción en 3 de marzo de 1917, con igual súplica de que se dejara sin efecto la resolución en que se le impuso la obligación de entregar $50 mensuales a la que fue su esposa G-eorgina Puigdollers, a cuyo fin alega que Antonio. Puigdollers, padre de Georgina, había declarado poseer bienes propios por más de $28,000, los que mientras no se probara lo contrario correspondían a la sociedad conyugal del Puigdollers con Serafina Molina, fallecida últimamente, con cuyo motivo babía que dividir entre los liijos la mitad del capital declarado por el padre, percibiendo así Georgina una suma que unida a la que reci-bió por liquidación de la sociedad de' gananciales con Antonio Monroig, ascendente a más de $5,000, la Labían colocado en situación tal que podría vivir de sus propias rentas.

Georgina Puigdollers se opuso a la nueva pretensión de revocación de’ la pensión alimenticia alegando que la corte ya anteriormente Labia tenido en cuenta la cantidad perci-bida por aquella con motivo de la liquidación de la sociedad de gananciales al señalarle la cuota alimenticia de $50 men-suales, y que por lo que atañe a la herencia materna sólo le correspondió en ese concepto la suma de $234.83 según es-critura número 6 de 8 de febrero de 1916, sobre partición de bienes hereditarios de Serafina Molina de' Puigdollers.

Alegó además la opositora que no sólo tiene que atender a su subsistencia sino también a las necesidades de su salud quebrantada, precisamente como consecuencia del trato cruel de que fue objeto por parte de su esposo durante su unión •conyugal, que el costo de la vida es mucho mayor que en la lecha en que se fijó la pensión alimenticia, y que' Monroig gracias al próspero estado de los negpcios de la riqueza azu-carera y de la importante factoría de azúcar,- “Central Juanita” de Bayamón, de que es condueño principal, ha aumen-tado extraordinariamente los medios de fortuna que ya te-nía en 1908, por tocio lo cual pedía que no sólo fuera declarada sin lugar la moción sino que fuera aumentada la pensión cuando menos hasta $75, desde el mes inmediato a la reso-lución.

La corte dictó sentencia en 3 de diciembre de 1917 decla-rando extinguida a partir desde esa fecha la obligación de Antonio Monroig de hacer efectiva la pensión alimenticia de $50 que venía pagando a G-eorgina Puigdollers, sin especial condenación de costas, contra cuya sentencia interpuso la parte agraviada recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La ley aplicable al caso para la decisión del recurso es el artículo 177 del Código Civil que la parte apelante cita como infringido y que transcribimos a continuación:

“Art. 177. — Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, la corte de distrito puede asignarle alimentos discrecionales de los bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la tercera parte de la renta de aquéllos.
“La pensión alimenticia será revocada si llegase a hacerse inne-cesaría, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo matri-monio.”

Como Georgina Puigdollers no lia contraído segundo ma-trimonio, a Monroig incumbe probar , que la pensión alimen-ticia cuya revocación pide ha llegado a hacerse innecesaria.

Monroig presentó como prueba dos affidavits, uno de su abogado Ramón Faleón y otro de Angel Rosa. Faleón de-clara que Georgina Puigdollers se encontraba desde' 1907 en New York, Estados Unidos, donde el costo de la vida es mayor que en Puerto Rico, que dicha señora no se hallaba en-tonces en ningún sanatorio ni se ha probado que sufra pa-decimiento físico debido a los malos tratamientos del que fué su esposo, y que es público que Antonio Puigdollers, su padre, lleva una vida buena y honesta e invierte la mayor parte de sus rentas en atender a sus hijos. La otra declaración jurada de Angel Rosa, expresa que durante su estancia en los Estados Unidos, New York, vió allí a Georgina Puigdollers-viviendo con toda holgura en casa confortable de un precio mayor del que ella puede pagar con una pensión de $50 y concurriendo frecuentemente a sitios de distracción y re-creo a los cuales no podría asistir una persona estrictamente sujeta a una pensión como la que ella disfruta.

Monroig no suministró prueba para justificar cuál sea el .capital que Georgina Puigdollers heredó de su madre y qué renta perciba por ese capital.

Los affidavits del abogado Faleón y de Angel Rosa nada argullen de modo concluyente contra la necesidad de la pen-sión de que venía disfrutando Georgina Puigdollers y si al-gún mérito favorable arrojan en favor de la alegación fundamental de la moción ha. quedado completamente desvirtuado por los affidavits que la opositora presentó como evidencia.. Esos affidavits son dos, ambos de Antonio Puigdollers, padre de la Georgina. En uno de ellos declara Puigdollers que la pensión alimenticia de $50 que su hija recibe de Antonio Mon-roig, es insuficiente para sus gastos pues el pago de $10 se-manale's para habitación y comida en el boarding donde vive consume casi totalmente aquella cantidad, no quedándole dinero sobrante para gastos de lavado, ropa y demás necesida-des imperiosas de la vida y mucho menos para el pago de médicos y medicinas; que ella tuvo que trasladarse a New York por exigirlo así el estado de su salud, y porque viviendo allí en unión de su hermana Josefina le era más fácil cubrir en-tre las dos los gastos comunes; que fallecida Serafina Molina sólo correspondió a Georgina una participación de $234.83 en la casa número 39 de la calle de la Cruz de esta ciudad, participación que compró el declarante por igual suma que se obligó a pagar en cuatro años a vencer en 2 de febrero de 1920, con interés del 1 por ciento mensual, habiendo hecho además a su hija Georgina un anticipo de legítima dé $500 a entregar en la misma fecha 2 de febrero de. 1920, devengando mientras tanto el interés del 1 por ciento mensual, de modo que por ambos conceptos le remitía todos los meses a New York $7.34 que unidos a los $50 de la pensión alimenticia, ha-cían un total de $57.34, suma insuficiente para atender a sus más premiosas necesidades; y que lo menos que necesita Georgina para vivir es la suma de $75. En el otro affidavit afirma Puigdollers que de la suma de $1,665.88 que sobraron a Georgina de la cantidad que recibió por su parte en la li-quidación de la sociedad de gananciales invirtió en pequeñas deudas la cantidad de $165.88 y habiendo sido colocados a interés los $1,500 restantes, fueron éstos pagados en 13 de enero de 1915 a cuya fecha Georgina adeudaba al declarante por anticipos de $15 a $20 mensuales unos $600 que le fueron satisfechos quedando sólo $900 que a partir de enero 15, 1915, ha ido gastando para cubrir sus necesidades por insuficien-cia de la pensión, hasta el punto de que ya nada le queda hace bastante tiempo, contando hoy exclusivamente para todos sus gastos con los $50 de la pensión alimenticia y los $7.34 que le envía el declarante.

Sobre el estado económico de Antonio Monroig declara Puigdollers que por conocimiento propio le consta que du-rante los últimos años y especialmente desde qne empezó la guerra europea actual, los precios del azúcar lian subido ex-traordinariamente, aumentando sus ingresos las factorías azucareras, y que por información que (íree cierta sabe que la "Central Juanita” de Bayamón de que es Antonio Monroig uno de los principales partícipes, lia Recto extraordinarias ganancias con las ventas de azúcar, habiendo mejorado mu-cho su posición pecuniaria.

Por el examen comparativo de la evidencia suministrada .llegamos sin gran esfuerzo a la conclusión de qué G-eorgina Puigdollers cuenta hoy con menos recursos que antes para 'cubrir sus necesidades, pues debido al déficit permanente entre la pensión de $50 que le estaba señalada y sus gastos necesarios, ha tenido que consumir el resto de la cantidad que después de cubiertas algunas deudas le quedó de sus ganan-ciales en la sociedad legal Monroig-Puigdollers, y que de la mezquina herencia de su madre, ascendente a $234.83, aña-diendo $500 que su padre generosamente le ha anticipado en concepto de legítima con objeto de ayudarla sólo obtiene en definitiva $7.34 que con la pensión de $50 son claramente in-suficientes para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica de la misma, según la posición social que ocupa, y teniendo en cuenta el mayor costo actual de la vida no sólo en los Estados Unidos donde vive, sino también en esta Isla de Puerto Rico.

La cuantía de los alimentos, según el artículo 216 del Có-digo Civil aplicable al presente caso según el artículo 221., será proporcionada a los recursos del que los da y a las ne-cesidades del que los recibe y se reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo. La suma de $50 señalada para alimentos a Georgina Puigdollers no guarda proporción con los recursos de Antonio Monroig y las necesidades de la qne fué su esposa, y por tanto lejos de reducirse o dejarse sin efecto dicha pen-sión debe aumentarse basta cubrir la suma de $75 según se pretende por la representación de la parte apelante. Esa cantidad no excede seguramente de la tercera parte de la renta de los bienes de' Monroig.

No importa que Antonio Puigdollers disfrute o no de una posición económica desabogada, pues no es él sino Antonio Monroig el obligado a cumplir con el precepto del artículo 177 del Código Civil que dejamos transcrito, por más que sea plausible el proceder de todo padre que en un caso como el presente contribuya generosamente al bienestar de una bija, pero el proceder generoso del padre no exime al que fué esposo y dió causa al divorcio, de cumplir con el deber que la ley le impone.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada y dictarse otra declarando sin lugar la moción de Antonio Monroig y ordenando que la pensión de $50 sea aumentada basta cubrir la suma de $75 mensuales en con-cepto de pensión alimenticia, que desde esta fecba Monroig pagará a G-eorgina Puigdollers basta que1 otra cosa se dis-ponga, con las costas de primera instancia a su cargo.

Revocada la sentencia apelada, y ordenando que Antonio Monroig entregue mensual-mente a 1Georgina Puigdollers la suma de $75, en concepto de pensión alimenticia, con las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sé. Wolb,

text:
    Morales, Peticionario y Apelante, v. Romeu, Opositor y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento sobre declaratoria de herederos.
    Moción del opositor y apelado para qne se desestime la apelación.
    No. 1819.
    Resuelto en abril 22, 1918.
    Apelación- — Sentencia en su Totalidad — Parte de la Misma. — El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil da a un apelante la opción de recurrir de la sentencia en su totalidad que le perjudique o de cualquiera parte de la misma que le cause perjuicio.
    Jurisdicción — Corte Suprema — Identificación a la Sentencia Apelada. — La Corte Suprema de Puerto Rico generalmente adquiere jurisdicción cuando la sentencia apelada queda suficientemente identificada.
    Desestimación de Apelación — Palta de Jurisdicción — Deber del Apelado.— Cuando un apelado desea que se desestime una apelación por falta de juris-dicción y no se Ira presentado la transcripción, es un deber del apelado traer un certificado del secretario para demostrar el estado del caso ante la corte inferior.

      Id. — Id.—Errores en la Certificación de la Transcripción. — Cuando la trans-cripción está presentada y aparentemente en orden lógico de fechas, el ape-lado no puede invocar errores contenidos en la certificación hecha con poco cuidado, para privar a esta Corte Suprema de jurisdicción, sino que debe demostrar a la corte, si tal fuera el caso, que está de hecho falta de juris-dicción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Montalvo Guenard.

    Abogado del apelado: 6V. Angel A. Vázquez.

   El Juez Asociado Sé. Wolb,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción para desestimar la apelación. El primer fundamento es que la'apelación es ambigua por cuanto el aviso deja de especificar de qné parte de la senten-cia es que se apela. El artículo 296 del Código de Enjui-ciamiento Civil, dice:

“Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fue dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, nn escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte •de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte con-traria o a su abogado.”

El apelante presentó en la Corte de Distrito de Mayagüez ima solicitud para que una viuda fuera declarada única he-redera de José Romeu y Giacomaggi, y que el peticionario y otros fueran declarados los únicos herederos de dicha viuda. Después de la oposición, de la reconvención y del juicio, la corte dictó una sola sentencia declarando a los opositores herederos de José Romeu, y en la misma • senten-cia declaró al peticionario y apelante y a otros más herederos de la referida viuda. La teoría del apelado es que el último pronunciamiento favorece al apelante y que por tanto tenía que especificar de qué parte de la sentencia era que apelaba.

Como lo más envuelve lo menos, y como nadie puede ape-lar de una sentencia que no le perjudica, viene a ser una cuestión de sentido común que el apelante sólo puede apelar de aquella parte del total de la sentencia que le causa per-juicio.

Creemos que el artículo 296, arriba transcrito, da a un apelante la opción de apelar de la sentencia en su totalidad que le perjudique o de cualquiera parte de la misma que le perjudique. Cuando él apela sin especificar, es porque apela de aquella parte que le perjudica. Estamos familiarizados con las apelaciones interpuestas por ambas partes, y es práctica corriente que cada una de ellas apele de la senten-cia en su totalidad.

Ni una ni otra parte nos han citado caso alguno que in-terprete el artículo citado, ya en favor o en contra de la ale-gación. del apelado. En general esta corte adquiere juris-dicción cuando la sentencia apelada queda suficientemente identificada, 3 C. J. 1087, como en este caso.

El apelado también alega que esta corte no ha adquirido jurisdicción por otro motivo. Ese motivo no ha quedado establecido en la moción de desestimación. El apelado men-ciona el hecho de que esta corte carece de jurisdicción, pero lo único que hace e's repetir en el párrafo (6) que ello es por razón de la ambigüedad a que se refiere el párrafo (a). Luego hace una alegación general en el sentido de que el récord muestra que esta corte carece de jurisdicción. Como el apelado tenía en mente un argumento más concreto, este método no dió al apelante ni a esta corte -oportunidad para una discusión amplia. Si tuviéramos duda alguna sobre’ la resolución del caso, daríamos al apelante una oportunidad para ser oído.

Sólo en la vista fué que el apelante alegó que la apela-ción había venido demasiado tarde. Esta alegación se basa sola y exclusivamente en las palabras de la certificación de la transcripción de autos hecha por los dos abogados. Des-pués de expresar que el récord anterior era una transcrip-ción fiel y exacta de los procedimientos habidos en la corte inferior, pasan a decir: “para formalizar la apelación que ha interpuesto el día 30 de enero de 1918 contra la sentencia notificada al prómovente el 21 de diciembre de 1917.” Esta era una ambigüedad patente.

La especificación de la fecha del aviso de apelación fué quizás innecesaria, puesto que la certificación de los dos abo-gados se refería a toda la transcripción. Si el apelante ad-mitió la notificación de la sentencia, la única cuestión pen-diente ante nosotros es cuál es la verdadera fecha de la sen-tencia y si la apelación fué establecida dentro del término-debido después ele esa fecha, o por lo menos desde la fecha de la notificación.

El récord ante esta corte es la transcripción de los autos y no la certificación. Esta sólo tiene por objeto dar validez a'la transcripción. La sentencia fué fechada en enero 18, 1918. La apelación fué notificada al apelado en 24 de enero de 1918 y radicada en enero 30, 1918, y el apelante admite que fué notificada el 21 de enero de 1918. Por tanto, la ape-lación, habiendo sido establecida dentro del duodécimo día de dictada la sentencia lo fué claramente dentro del término.. La fecha del aviso de la sentencia es inmaterial. Tal fecha consignada en la certificación era errónea.

Por lo general cuando nn apelado desea que se desestime una apelación por falta de jurisdicción y no se ha presentado aquí la transcripción, es un deber del apelado traer un cer-tificado del secretario para demostrar el estado del caso ante la corte inferior. Pero cuando la transcripción está presen-talla y aparentemente en orden lógico de fechas, el apelado no puede invocar errores contenidos en la certificación he-cha con poco cuidado para privar a esta corte de jurisdic-ción, sino que debe demostrar a la corte, si tal fuere el caso,, que está de hecho falta de jurisdicción.

La moción debe ser desestimada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Díaz (a) Chimán, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en causa sobre desahucio en precario.
    No. 1802.
    Resuelto en abril 25, 1918.
    Desahucio — Edificación en Suelo Ajeno — Cuestiones Impropias del Juicto de Desahucio. — Admitido por el demandante que el demandado es dueño por título de compra del rancho descrito en la demanda, para decretar el desalojo del demandado habría que resolver que no había adquirido con lo edificado el suelo en que se halla y que no tiene derecho a habitar o a uti-lizar dicho rancho si está edificado en suelo ajeno, cuestiones que por su naturaleza no son propias del juicio de desahucio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: \Sr. A. Díaz Viera.

    Abogado del apelado: Sr. S. Torres Monje.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En demanda de desalmcio en precario alegó el deman-dante ser dneño de cierto solar con casa; que el demandado •ocupa parte de ese solar con un edificio o rancho de made-ras, sin pagar canon o merced alguna por esa ocupación y qne se niega a desocuparlo a pesar de los requerimientos que le ha hecho en e'se sentido por necesitar su finca libre de ocupación alguna, por lo que concluyó pidiendo se le conde-nara a desocupar el solar del demandante.

El demandado se opuso a la demanda negando que1 el solar en que se halla su edificio pertenezca al demandante y alegando que el terreno a que' se refiere el demandante lo poseyó Doña Angela Hernández Requena por más de veinte años quieta, pública y pacíficamente, y que al comprar a ella el rancho a que se refiere la demanda, dicha señora le trans-mitió el goce de la posesión de esa parcela de terreno, que disfruta desde 1914, por lo que es propietario de la casa y dueño de la posesión del solar.

La Corte de Distrito de San Juan que conoció del juicio declaró sin lugar la demanda por entender que las cuestio-nes que en él habían de resolverse no eran propias de un .juicio de desahucio y el demandante estableció esta apela-ción.

El demandante reconoció en su declaración prestada en ■eLjuicio que el demandado compró a Doña Angela Hernán-dez Requena el rancho mencionado en su demanda y que ■.sabía esto cuando adquirió los derechos de los herederos de «ficha señora a su herencia, entre cuyos bienes estaba el solar y casa parte del cual ocupa el demandado, pero que éste no adquirió el suelo en donde su rancho está enclavado.

Como el demandante admite que el demandado es dueño por título de compra del rancho a que se refiere la demanda, para decretar el desalojo del demandado habría que resolver que no había adquirido con lo edificado el suelo en que se baila, y que no tiene derecho a habitar o a utilizar dicho ran-cho si está edificado en suelo ajeno, cuestiones que por su naturaleza no son propias del juicio de desahucio, según he-mos declarado varias veces.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada ía sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Polanco, Demandante y Apelante, v. Gtoffinet et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipo-tecario.
    No. 1800.
    Resuelto en abril 25, 1918.
    PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO-RETENCIÓN DEL TOPO O PARTE DE LA CANTIDAD— Alegaciones. — La retención del todo o una parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al ejecutante, ha de decretarse por el juez en vista de los documentos que se presenten y a él incumbe apreciar si son o no bastantes las razones que se aleguen para obtener la retención.
    Id. — Id.'—Garantía Exigida por el Art. 175 del Reglamento Hipotecario.— La previa y bastante garantía a que se alude en el último inciso del art. 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria debe exigirse para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y per-juicios que puedan ocasionarse al acreedor cuando el deudor no tuviera sol-vencia notoria y suficiente.
    Id. — Id.-—Insolvencia de un Deudor. — Una vez hecha la impugnación de in-solvencia de un deudor, no incumbe al acreedor sino al propio deudor justi-ficar ante la autoridad judicial su solvencia notoria y suficiente.
    Id. — Id.'—Fianza para Embargo — Daños y Perjuicios. — No es a precepto alguno de la Ley Hipotecaria sino a la ley de aseguramiento de sentencias de 1902 a que hay que acudir para estimar la procedencia o improcedencia de una fianza para practicar embargo de bienes, cuando se trata de reclamación de daños y perjuicios originados por la promoción del procedimiento eje-cutivo sumario y esa ley de 1902 exige para la liberación de la prestación de fianza, que conste en documento auténtico que la obligación es exigible.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sres. Sarmiento, Rodríguez Serra, y Puig.

    Abogado de los apelados: Sr. Lorenzo Jiménez García.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Hnmacao presentó José Ja-cinto Nicolás Polanco en 9 de octubre de 1917 demanda ju-rada contra August y Constant G-offinet con súplica de que se declarara inefectiva e insubsistente cierta hipoteca cons-tituida por el demandante sobre finca de su propiedad a favor de los demandados y nulo el procedimiento ejecutivo hipotecario promovido por éstos contra aquél en cobro del montante-de la hipoteca, condenando además a los demanda-dos al pago de $10,500 en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados al demandante en virtud de la ejecu-ción.

Con la anterior demanda radicó José Jacinto Nicolás Po-lanco en la misma corte una petición de aseguramiento de efectividad de la sentencia que pudiera recaer a su favor, solicitando se dispusiera que en caso de venta judicial de la finca hipotecada en el curso del procedimiento hipotecario re-tuviera el márshal de la corte la totalidad del precio de la venta y de cualquier otra cantidad que los ejecutantes de-bieran percibir hasta la terminación del pleito, y además que se embargasen bienes de los demandados hasta la cantidad de $10,500 o en su defecto se les exigiera una buena y sufi-ciente garantía para responder al pago de cualquier senten-cia que dictara la corte a favor del demandante.

Es de notar que la indemnización de $10,500 por razón de daños y perjuicios se hace derivar no de la retención del precio de la venta que se obtuviera en el remate de la finca hipotecada, sino de la promoción del procedimiento hipote-cario seguido para el cobro de la hipoteca, y que la solicitud de retención y embargo no contiene alegación alguna acerca de que el peticionario tuviera solvencia notoria y suficiente.

La corte por orden de 10 de octubre de 1917 declaró con lugar el aseguramiento de sentencia, ordenando en su con-secuencia al márshal la retención y embargo solicitados.

Los demandados, que aún no habían comparecido ante la corte ni tampoco habían sido emplazados personalmente, comparecieron en 23 de octubre de 1917 y solicitaron se de-jara sin efecto la orden de 10 de octubre por haberse' dictado sin prestación de fianza alguna que en su día les resarciera de daños y perjuicios, y sin haberse comprobado ante's la solvencia del demandante, extremo que ni siquiera fué ale-gado en la solicitud de aseguramiento y que los demandados niegan por modo absoluto, infringiendo así el artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, como también fué infringida al decretarse el embargo por $10,500 la sección 4a. de la ley especial" de aseguramiento de sentencias que sólo libera al solicitante de prestación de fianza cuando consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, lo que no sucede en el presente caso respecto de los daños y perjuicios reclamados.

Discutida la anterior moción de'los demandados la corte resolvió, por orden de 17 de' noviembre, 1917, de acuerdo con las partes, que el demandante prestara una fianza de $3,000 para reembolsar a la parte demandada de los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar caso que el pleito se resolviese a su favor, concediendo tres días al demandante para prestar dicha fianza.

En vista de que José Jacinto Nicolás Polanco no había prestado aun en 3 de diciembre de 1917 la fianza ordenada y convenida a pesar de haber transcurrido con exceso el plazo que para ello le fué señalado, y no estando en su ánimo pres-tar tal fianza según manifestaciones verbales de sus aboga-dos .a la representación de los demandados, éstos presentaron escrito en la misma fecha insistiendo en su primera moción de 23 de octubre y solicitando se dejara sin efecto la orden de aseguramiento de sentencia comprensiva de la retención y embargo decretados contra bienes de los demandados.

Esa nueva moción fué discutida ampliamente por las par-tes y sobre ella dictó resolución la corte en 23 de enero de 1918 declarándola con lugar y dejando sin efecto la reten-ción y embargo ordenados en octubre 10, 1917, a menos que el demandante preste una fianza de $3,000 para retener la cantidad importe de la venta en el procedimiento de ejecu-ción hipotecaria y de $2,000 para practicar el embargo de los bienes de los demandados.

Esa resolución ha sido apelada por la parte demandante, y para obtener su revocación alega como motivos los siguien-tes :

Io. Que la corte infringió las disposiciones del artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Civil al dar consideración a la moción de los demandados que había sido presentada fuera del término legal.

2o. Que la corte debió desestimar la moción por ser sus fundamentos insuficientes.

3o. Que la corte cometió error al decidir las cuestiones de hecho levantadas en la moción, sin dar a la parte apelante una oportunidad para contradecir con pruebas las imputa-ciones de los apelados sobre carecer de solvencia notoria y suficiente.

No aparece que la parte apelada levantara en la corte inferior cuestión alguna sobre aplicación del artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por ley de 8 de marzo de 1905, cuyo artículo concede a los jueces de distrito la facultad de dictar en sus despachos, entre otras órdenes, las encaminadas a asegurar la efectivi-dad de la sentencia, con derecho a la parte o partes agravia-das de oponerse dentro de los cinco días siguientes a la re-solución recaída. De todos modos al discutirse la moción de los demandados de 23 de octubre de 1917 para que se de-jara sin efecto la orden de aseguramiento de sentencia del día 10 del propio mes, la parte apelante estuvo conforme y convino en prestar una fianza de $3,000 para reembolsar a los demandados de los daños y perjuicios que se les pudieran causar, caso que el pleito se resolviese a su favor. El de-mandante no cumplió ese convenio y hoy no puede pretender se prive a los demandados de insistir en que se deje sin efecto la expresada orden de aseguramiento de sentencia.

La Corte de Distrito de Humacao procedió con razón de-recha al dictar la resolución apelada de 23 de enero de 1918,' pnes esa resolución se ajusta a los preceptos del artículo 175' del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, que en la parte atinente dice así: • '

“Al tiempo de interponerse la demanda (sobre nulidad del título^ o de las actuaciones del procedimiento sumario para, el cobro del crédito hipotecario) o durante el curso del pleito podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia, con retención del todo o una parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo' deba, entregarse al ejecutante. El juez decretará esta retención en vista de los documentos que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen * * *. Si el que solicitare esta medida no tuviere solvencia notoria y suficiente, el juez deberá exigirle previa y bas-tante garantía para responder de los intereses de demora y del resar-cimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan oca-sionarse al acreedor.”

Como se ve, la retención del todo o una parte de la can-tidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al ejecutante, ha de decretarse por el juez en vista de los documentos que se presenten y a él incumbe apreciar si son' o no bastantes las razones que se aleguen para obtener la retención. La previa y bastante garantía a que se alude en el último inciso del precepto legal transcrito debe exi-girse para responder de los intereses de demora y del re-sarcimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios qué puedan ocasionarse al acreedor cuando el deudor no tuviere solvencia notoria y suficiente. La solvencia notoria y sufi-ciente de José Jacinto Nicolás Polanco que él ni siquiera alegó ha sido impugnada por los acreedores demandados y el deudor Polanco ha tenido oportunidad al discutirse la mo-ción para demostrar su solvencia notoria y suficiente. No aprovechó esa oportunidad y hoy no puede quejarse de que la corte de Humacao apreciando dentro de sus facultades que no tenía solvencia notoria y suficiente le exigiera fianza de $3,000 para obtener la retención.

Ciertamente que en la orden de octubre 10, 1917, se de-cretó el aseguramiento de sentencia sin exigirse fianza al-guna, pero esa orden fué dictada sin audiencia de los de-mandados que aún no Rabian comparecido en el juicio y antes que fuera impugnada la solvencia del deudor Polanco. Una vez becba la impugnación no incumbía al acreedor sino al deudor justificar ante la autoridad judicial su solvencia no-toria y suficiente.

Para estimar la procedencia o improcedencia de la fianza de $2,000 para practicar el embargo de bienes de los deman-dados, no debemos acudir a precepto alguno de la Ley Hi-potecaria sino a la ley de aseguramiento de sentencias apro-bada en marzo Io. de 1902, puesto que se trata de reclamación de daños y perjuicios no originados con motivo de la reten-ción de que se trata como bemos dicbo antes, sino por la promoción del procedimiento ejecutivo sumario iniciado por August y Constant G-offinet contra Polanco, calculados en $10,500. Esa ley libera al solicitante de la prestación de fianza si consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, y la obligación de daños y perjuicios que se reclama no consta en documento auténtico ni tam-poco ba sido confesada por los demandados. Su existencia y cuantía será apreciada en su día por el tribunal.

Para que el aseguramiento de sentencia pueda decretarse sin fianza, es necesario que aparezca claramente de docu-mento auténtico que la obligación es exigible, lo que quiere decir no sólo que los documentos en que se base la petición sean auténticos, sino también que fácilmente, sin gran difi-cultad, pueda el juez venir en conocimiento de que realmente la obligación existe y puede reclamarse. Avalo v. Porrata et al., 19 D. P. R. 20. Esos requisitos no se llenan en el pre-sente caso.

Por las razones expuestas es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Nazario, Demandante y Apelado, v. Almodóvar et al., Demandados y Apelantes, y Almodóvar, Interventora.
    Apelación procedente de la' Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre desahucio.
    No. 1789.
    Resuelto en abril 29, 1918.
    Desahucio — Conflicto de Títulos. — Cuando en una acción de desahucio los demandados alegan ser dueños de los terrenos en cuya posesión se hallan, presentan títulos escritos, juran que los terrenos a que se refieren esos tí-tulos son parte de la finca que en la demanda se describe, y la prueba pre-sentada en este sentido no ha sido contradicha, queda levantada la cuestión de títulos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Pascasio Fajardo Martí-nez.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción de desahucio el demandante obtuvo a su favor una sentencia basada en las siguientes conclusiones {findings):

“I. Que el demandante es dueño de las lineas que se describen en el párrafo primero de la demanda enmendada, las que adquirió las mareadas con las letras (a) y (b) por adjudicación que se le hiciera en la partición de los bienes dejados al fallecimiento de Francisco Antonio Almodóvar y María del Carmen Serrano, en el expe-diente de administración judicial tramitado ante esta corte por Ra-món de Jesús Almodóvar bajo el No. 5086 según resulta de la escri-tura de partición otorgada en el pueblo de Sabana Grande a 28 de enero de 1917 ante el Notario Ledo. Benito Forés y las fincas mar-cadas con las letras (c), (d), y (e) por compra a José Sabater por escritura otorgada en esta ciudad a 28 de marzo de 1917 ante el Notario Benjamin J. Horton.
“II. Que ante esta corte se tramitó el expediente No. 5086 sobre administración judicial de los bienes dejados por los fallecidos Francisco Antonio Almodóvar y María del Carmen Serrano, en el cual se inventariaron las fincas descritas en la demanda, se nombró con-tador-partidor a Calixto Carreras y se adjudicaron a los interesados dichos bienes cumpliéndose con todos los trámites de ley, de todo lo cual fueron notificados los demandados durante la tramitación del expediente por encontrarse ellos en posesión material de las fincas sin que hicieran nunca oposición ni comparecieran en ■ el procedi-miento en ninguna forma; que dicha partición de bienes fué apro-bada por esta corte y de esa aprobación así como de que los deman-dados debían entregar la posesión de dichas fincas a los interesados, fueron notificados los demandados, guardando también silencio y no habiendo gestión alguna ante esta corte.
“III. Que- los demandados Juan Melitón Almodóvar, Valentín Lugo, Juan Antonio Almodóvar, Ramón Antonio Almodóvar, Luis Vega Almodóvar, Melitón Almodóvar y Genario Nazario, quienes son todos familiares, se hallan detentando indistintamente la posesión material de las fincas del demandante sin pagar a éste canon ni merced alguna y sin título ni derecho para ello; pues si bien intro-dujeron como prueba en el acto del juicio ciertos títulos, no consi-guieron demostrar que tales títulos se refirieran a las fincas qué reclama el demandante, ni identificaron dichas fincas, no existiendo por esas razones confusión de títulos que autorizara la desestimación de la demanda por ese concepto, cuyos hechos esenciales fueron probados ”

Después de haber examinado cuidadosamente las alega-ciones y la prueba nos vemos constreñidos a declarar que la corte de distrito erró en sus conclusiones al estimar no bailarse envuelta en este asunto ninguna cuestión de títulos.

La prueba de la defensa es algo vaga y poco satisfac-toria, pero no lo es menos la aducida por el demandante. Los autos en su totalidad indican que una vez quizá los dis-tintos trozos de terreno de que se trata en este pleito for-maban parte de una finca de mayor cabida. Los deman-dados, o sus predecesores en interés están todos más o me-nos relacionados entre sí, de no estarlo con el anterior dueño del todo de la finca. Uno de ellos cuando menos alega baber comprado directamente a Francisco Antonio Almodóvar. Las distintas parcelas qne se describen en la demanda re-presentan porciones adjudicadas en nna administración judicial, de la que, según aparece de las conclusiones de la corte, anteriormente relacionadas, los demandados fueron notificados “por encontrarse en posesión material” del te-rreno dividido. Las distintas pequeñas parcelas de terreno, inscritas a nombre de los demandados, no están tan correc-tamente identificadas que, por ejemplo, les diera a sus due-ños derecho a una sentencia como demandantes en un pleito para recobrar la propiedad de dichos terrenos (ejectment suit.) Sin embargo, de estar dichos trozos de terreno, como parece, realmente inclusos dentro de las colindancias de los terrenos que reclama el demandante, por lo menos la confu-sión es irremediable, y los demandados están en posesión de los mismos. El hecho de que los que ocupasen esos terrenos tuviesen noticia de que se hallaban pendientes procedimien-tos de administración judicial no destruye ipso facto cual-quier título adquirido o perfeccionado por ellos con anterio-ridad a la fecha en que se incoaron los ameritados proce-dimientos. Ellos alegan ser dueños de los terrenos en cuya posesión se hallan, y presentan títulos inscritos. Juran que los terrenos a que se refieren estos títulos son parte de la finca que en la demanda se describe. La prueba en este sentido no es tan clara y convincente como desearse pudiera; pero no ha sido contradicha y tomada en conexión con todas las circunstancias que concurren en este caso, es suficiente para-levantar la delicada cuestión de títulos.

La sentencia recurrida es de revocarse.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Ortiz et al., Demandantes y Apeladas, v. Rivera et al., Demandadas y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en en cansa sobre nulidad de testamento.
    No. 1679.
    Resuelto en abril 30, 1918.
    Derechos Hereditarios — Ley de 9 de Marzo de 1905 — Discrepancia Entre el Texto Inglés Y el Español. — Es al texto español y no al inglés, dada la diferencia de ambos textos y la historia de estos preceptos legales, a que debe atenerse al interpretarse la sección 17 de la ley de 9 de marzo de 1905 refe-rente al derecho hereditario de los hijos naturales.
    Id. — Hijos Naturales — Descendencia—Hijos Legítimos. — El derecho de un hijo natural para suceder a su padre quizás no lo concede el art. 9131 del Código Civil tan claramente como el 905, pero el primero de dichos artícu-los revela la política general de la legislatura de hacer que los derechos de los hijos naturales desciendan, al menos, hasta sus hijos legítimos, aún bajo el supuesto, no admitido, de que tal derecho no esté garantido por el citado art. 913.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados dé las apelantes: Sres. J. y M. Tons Soto.

    Abogados de las apeladas: Sres. V. Zoyas Pizarro y R. Martínez Nadal.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Apolinar Ortiz falleció el día 15 de febrero de 1915, de-jando un testamento fechado 15 de septiembre de 1903, en el que nombraba por sus únicos y universales herederos a dos de sus hijos, designados por él como legítimos, pero que en realidad eran legitimados. Pero Apolinar Ortiz tenía tam-bién un hijo natural reconocido, llamado Juan Ortiz y León, que falleció antes que su padre en 15 de septiembre de 1903. Los demandantes y apelados son los legítimos hijos del ci-tado Juan Ortiz y León. Con estos hechos debidamente pre-sentados ante la corte, ésta declaró nulo y sin efecto el ci-tado testamento de 15 de septiembre de 1903 en tanto cuanto en el mismo se preterían los derechos de los demandantes a suceder a su abuelo ya citado.

Convenimos con los apelantes en que los derechos de una persona para suceder en la herencia, muy especialmente en cuanto a su participación, deben regirse por la ley en vigor al tiempo de la muerte del causante, pero de esta premisa no se sigue que los hijos legítimos en este caso no podrían adquirir de su abuelo lo que su padre Juan Ortiz y León hu-biera podido recibir de su padre, si hubiera estado vivo en-tonces el citado Juan Ortiz y León. Son dos los problemas jurídicos a considerar. El uno' es el derecho a suceder en el caudal hereditario de Apolinar Ortiz. El otro, el dere-cho de representación. No habiéndose repudiado el dere-cho de representación quedó subsistente en favor de los ape-lados al fallecer su propio padre. En el Derecho Eomano el heredero sucedía en la personalidad de su padre. En al-gunos respectos ha sido modificada la sucesión universal, pero no este sentido.

La objeción principal que se ha presentado en este caso consiste en que con arreglo a la ley positiva los nietos no tienen el derecho de representación cuando el abuelo deja tantos hijos legítimos como naturales y los nietos son hijos de un hijo natural. Los apelantes descansan casi exclusiva-mente en el texto inglés de las reglas para la sucesión testa-mentaria, transcritas y traducidas a continuación:

“(3886) Sec. 14. — Cuando el testador deje hijos o descendientes legítimos e hijos naturales legalmente reconocidos, tendrá cada uno de éstos derecho a la mitad de la cuota que corresponda a cada uno de los legítimos no mejorados, siempre qué quepa dentro del tercio de libre disposición, del cual habrá de sacarse, deduciendo antes los gastos de entierro y funeral. Los hijos legítimos podrán satisfacer la cuota que corresponda a los naturales en dinero o en otros bienes de la herencia a justa regulación.
“(3887) Sec. 15. — Cuando el testador no dejare hijos o descen-dientes, pero sí ascendientes legítimos, los hijos naturales reconocidos tendrán derecho a la mitad de la parte de herencia de libre dispo-sición.
“Esto se entiende sin perjuicio de la legítima del viudo, conforme a la sección 10 de esta ley, de modo que, concurriendo el viudo con hijos naturales reconocidos, se adjudicará a éstos sólo en nuda pro-piedad, mientras viviere el viudo, lo que les falte para completar su legítima.
“(3888) Seo. 16. — Cuando el testador no dejare descendientes ni ascendientes legítimos, los Rijos naturales reconocidos tendrán de-recho a la tercera parte de la herencia.
“(3889) Sec. 17. — Los derechos reconocidos a los hijos naturales en la sección precedente se transmiten por su muerte a sus descen-dientes legítimos.”

Ellos mantiene que las palabras “sección precedente” de la sección 3889 sólo se refiere a la sección 3888 y que ex-cluyen la sección 3886 (de aplicación a este caso) que es la que rige cuando concurren los hijos legítimos con los natura-les. Pero el texto español de la sección 3889 es claro en este punto y dice “secciones.” La ley es indisputablemente de origen español. En el caso de Celis Alquier v. Méndez, 18 D. P. R. 150, esta corte estudió, con otro propósito, estas secciones y dijo que el fin principal que se propuso la legis-latura al aprobarlas fué el de restaurar la ley respecto a hijos naturales al estado en que estaba antes de 1902 y con-ceder un derecho hereditario a los hijos naturales y no a toda clase de hijos ilegítimos. Dada la diferencia de am-bos textos y la historia de los preceptos legales, sostenemos que la intención de la legislatura está expresada en el texto español. La falta del texto inglés en no decir “secciones” fué una mera omisión. Ni sería forzar violentamente la interpretación de la ley, con el fin de hacer efectiva la inten-ción de la legislatnra, el hacer que el “singular” incluya el plural, especialmente cuando la sección 3886 es también una sección precedente. Una interpretación algo semejante a ésta de la palabra “precedente” se halla en los casos de Soleman v. Shattuck, 2 Hun. 497, 502; Sharon v. Sharon, 79 Cal. 633, 640, 22 Pac. 26, 28.

Este es un caso de sucesión testada, pero los apelantes insisten en que las reglas aplicables a la sucesión intestada sostienen su punto de vista; y citan el artículo 913 del Có-digo Civil (4009 de la Compilación), que reza como sigue:

“Art. 913. — A falta de descendientes y ascendientes legítimos, sucederán al difunto en el todo de la herencia los hijos naturales legal-mente reconocidos.
“Si con los hijos naturales concurrieren descendientes de otro hijo natural o legitimado que hubiese fallecido, los primeros suce-derán por derecho propio y los segundos por representación.
“Los derechos hereditarios concedidos al hijo natural en los dos párrafos anteriores, se transmitirán por su muerte a sus descen-dientes, quienes heredarán a su abuelo difunto.
“En el caso de quedar descendientes o ascendientes legítimos, los naturales (?) sólo percibirán de la herencia la porción que se les concede en la Ley para modificar y derogar los artículos 795, 796, etc., del Código Civil, aprobada el 9 de marzo de 1905.
“El hijo natural no tiene derecho a suceder abintestato a los hijos y parientes legítimos del padre o madre que lo haya reconocido, ni ellos al hijo natural ni al legitimado.
“Si el hijo natural reconocido muere sin dejar posteridad legi-timada o reconocida por él, le sucederá por entero el padre o madre que le reconoció; y si los dos le reconocieron y viven, le heredarán por partes iguales.
“A falta de ascendientes naturales, heredarán al hijo natural sus hermanos naturales, según las reglas establecidas para los hermanos legítimos. ’ ’

El derecho de un hijo natural para suceder a su padre quizá no lo concede el artículo 913, tan claramente como el 905, pero a nuestro entender el primero de dichos artículos revela la política general de la legislatura de hacer que los derechos de los hijos naturales desciendan, al menos, hasta sus hijos legítimos, aún bajo el supuesto, que negamos, de que tal derecho no esté garantido por el citado artículo 913.

Es de advertirse que la opinión de Manresa, tanto en cuanto a la sucesión testamentaria como a la intestada, tiende a sostener la conclusión a que hemos llegado. Man-resa, Comentarios al Código Civil, Tomo VII, p. 107; Tomo VI, p. 559. El artículo 1004 del Código Civil, en materia de colación, arroja también un poco de luz sobre este punto.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sk. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandado y Apelado, v. Sierra, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa sobre falsa representación e impos-tura.
    No. 1229.
    Resuelto en abril 30, 1918.
    Abosados — Servicios Profesionales — Gravamen Sobre Bienes Personales del Cliente. — Se alegó que todo abogado tiene el gravamen que a su favor re-conoce el derecho común (common law). Quaere: Si todo abogado tiene en Puerto Rico, por razones iguales que en los Estados Unidos, un gravamen a su favor por el valor de sus servicios y desembolsos sobre los efectos perso-nales del cliente que vengan a su poder en el curso debido de sus relaciones como abogado y cliente.
    Hurto — Bienes en Prenda — Depositario—Derecho de Propiedad — -Bienes Per-sonales — Derecho Especial. — Toda persona que da alguna cosa en prenda puede ser convicta de hurto a su depositario; así como, todo aquel que tu-viera un derecho de propiedad en general sobre bienes personales, puedo ser convicto de hurto al que tuviera ajigún derecho especial de~ propiedad sobre la cosa dada en prenda.
    Falsa Representación e Impostura — Bienes en Poder de un Depositario.— Por regla general, un acusado puede ser convicto de obtener bienes mediante falsas simulaciones (pretenses) de un depositario, bajo las mismas circuns-tancias por las cuales se distinguiría el delito de obtener bienes bajo falsas simulaciones (pretenses) del hurto en aquellos casos en que el querellante (prosecuting witness) es- el único dueño.
    Id. — Hechos Existentes -o Pretéritos. — En este caso el querellante (prosecuting witness) prestó servicios profesionales como abogado al acusado por un valor determinado que el apelante admitió por razón de sus actos y conducta. El acusado propuso al querellante que si le entregaba ciertas joyas de su pro-piedad sobre las cuales alegaba el abogado tener un gravamen (lien), las vendería y del producto de la venta le pagaría el importe de sus servicios profesionales, habiendo sido entregadas las joyas y no cumplida la oferta. Se resolvió: que no habiéndose alegado ni demostrado que el acusado llegara a hacer alguna falsa representación de un hecho existente o pretérito, ningún delito fué cometido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado 'del apelante: Sr. Miguel Guerra.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sk. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Para los fines de esta apelación asumiremos, pero no de-cidiremos de un modo definitivo, que todo abogado en Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, tiene a su favor un gravamen por sus servicios y desembolsos sobre los efectos personales de su cliente que vengan a su poder en el curso debido de sus relaciones de abogado y cliente. Nos incli-namos bacia el criterio que sostiene que, por razón de la confusión en una sola persona de los oficios de procurador y abogado en Puerto Rico y de la relación de abogado y cliente • existente bajo el sistema americano, todo abogado-tiene aquí el mismo gravamen a su favor que reconoce el derecho común (common law), pero no decidiremos definiti-vamente este punto porque creemos que la sentencia es de-revocarse por otros fundamentos.

Es la ley, fuera de toda discusión, que toda persona que da alguna cosa en prenda puede ser convicta de hurto a su depositario, o que todo aquel que tuviere un derecho de pro-piedad en general sobre bienes personales puede ser convicto de hurto al que tuviere algún derecho especial de propiedad en la cosa dada en prenda. Henry v. State, 36 S. E. 55 y autoridades; People v. Long, 50 Mich. 249; State National Bank of Shawnee v. McMahon, 146 Pac. 1.

Del mismo modo, es cierto que por regla general, un acu-sado puede ser convicto de obtener bienes, mediante falsas simulaciones (pretenses), de un depositario, bajo -las mis-mas circunstancias por las cuales se distinguiría el delito de obtener bienes por falsas simulaciones (pretenses) del de hurto, en aquellos casos en los que el querellante (prosecuting■ witness) es el dueño único. People v. Campbell, 59 Pac. 593; Anderson v. State, 177 S. W. 86.

En el caso de autos el querellante (prosecuting witness) prestó servicios profesionales de tal naturaleza que le ha-brían dado en los Estados Unidos un gravamen por la suma de $1,250 según aparece de la acusación, habiéndose admi-tido por el apelante el valor de dichos servicios por razón de sns actos y conducta. La cuestión principal es la de si los actos y conducta del apelante constituyen un delito con arreglo al artículo 470 del Código Penal, que reza como sigue:

“Art. 470. — Toda persona que a sabiendas e intencionalmente, va-liéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, defraudare dinero o bienes a otra persona, o que hiciere o consiguiere que otros diesen in-formes falsos respecto a su posición financiera o reputación mercantil, y engañando de este modo a alguna persona, consiguiere crédito por el cual se hiciere fraudulentamente de dinero o bienes, incurrirá en la pena señalada para el hurto de la cantidad de dinero o bienes así obtenida.”

De los autos aparece que el apelante, al tiempo en que quedó consumada la reclamación que le hizo su anterior abo-gado por los servicios prestádosle, fue a donde su citado .abogado y le hizo la proposición de que si el referido abogado devolvía al apelante las joyas sobre las que el abogado ale-gaba tener un gravamen, las vendería, (el citado apelante) y del producto de la venta pagaría al citado abogado la men-cionada suma de $1,250. Esta supuesta representación, pro-posición u oferta, jamás fue cumplida. Por el contrario, se presentó prueba al efecto de que el citado apelante vendió parte de las joyas y salió luego de Puerto Pico con rumbo a Venezuela, de donde fue traído mediante procedimientos de ^extradición.

En el juicio no se presentó prueba alguna tendente a de-mostrar que, a la fecha en que el apelante hizo su proposición y obtuvo la posesión de los bienes, él llegara a hacer alguna falsa representación de un hecho existente o pretérito.

El Fiscal alude repetidas veces en su alegato al hecho de que el apelante manifestó que haría una de estas dos cosas: vender las joyas, o dado el caso de que no pudiese venderlas, las empeñaría a cierta persona en el Hotel Inglaterra. Esta referencia al Hotel Inglaterra no ha sido imputada en la acusación ni se nos lia señalado prueba alguna que tendiese a demostrar lo improbable de esta manifestación de hecho. El dijo también que una deuda mencionada por su abogado había sido pagada, en lo que fué corroborado por un amigo que estuvo presente, y no existe prueba de que esta repre-sentación, influyendo como influyó en la mente del abogado, fuese falsa. En procesos por obtener bienes bajo falsas re-presentaciones, aunque no se exige una prueba absoluta, es sin embargo necesario que el fiscal demuestre en cierto grado la falsedad o improbabilidad de la representación. No puede presumirse la falsedad de la representación por la razón de que su posibilidad no aparezca de un modo prominente. Por tanto, sólo tenemos que concretarnos a la alegada re-presentación que se expresa en la acusación.

Si a la fecha en que el apelante obtuvo la posesión de las joyas, admitiendo por razón del argumento que este, hecho le fué suficientemente imputado en la acusación, tuvo la in-tención de no pag’arle al citado abogado, somos de opinión, vistas las autoridades, que no se cometió delito alguno.

La historia de los estatutos que al nuestro se asemejan la ha trazado Wharton en su obra Criminal Law, tomo 2, p. 1577, et seg. En la citada obra se ve que no toda clase de engaños o falsas simulaciones están incluidos en el estatuto. Ni los reclamos ni los exagerados elogios están incluidos en el estatuto, y las opiniones que se vierten no siempre cons-tituyen simulaciones. Toda falsa simulación que deba caer dentro del estatuto debe relacionarse con un hecho pasado o existente; toda representación que se haga respecto a fu-turas operaciones está excluida. Véase El Pueblo v. Ramírez, 22 D. P. R. 471; Wharton, supra, p. 1621; 11 R. C. L. 831. También puede verse la ley tal cual la exponen los siguientes casos de California: People v. Green, 133 Pac. 334; People v. Bowman, 142 Pac. 495.

En la obra Ruling Case Law, (tomo 11, p. 830,) se dice ciue la noción de que es impracticable hacer la ley penal co-extensiva con la delincuencia moral evidentemente responde al hecho de que se dejan muchos casos de fraude y engaño para que de ellos entiendan exclusivamente los tribunales civiles. Las cortes han reconocido la limitación, como lo hicimos nosotros en el caso de El Pueblo v. Ramírez, supra, La definición del delito ha sido delineada con bastante cla-ridad por las cortes. Una de las razones de ló impracticable que es el alcanzar todos los engaños (cheats) es la de qne el número de ellos forzaría al fiscal a elegir los delitos que él estimase necesario perseguir, lo que casi invariable-mente da lugar a distinciones de personas, parcialidad e inseguridad. Los casos por los que deben iniciarse estos procesos deben estar claramente marcados por la ley de modo que el deber del acusador aparezca claro en todos los casos.

El Fiscal de esta corte no nos pide que vayamos más allá de donde han ido otras cortes, pero nos cita autoridades que, según él, se asemejan al caso de autos.

El caso de State v. Nichols, Houst. Crim. Rep. (Del.) vol. 1, p. 114, es uno en el que el apelante hizo una repre-sentación en el sentido de que iba a prestar una suma mayor de dinero a una tercera persona, y mediante esta falsa re-presentación de hecho obtuvo dinero del querellante. Se demostró la falsedad de que alguna vez tuviese la intención de prestar a alguien dinero. Este caso lo cita Wharton en una nota que aparece en página 1622, y dice que está fuera de la corriente general de las autoridades, y también se analiza en Cyc., tomo 19, p. 397. Y además en ese caso hubo una representación inducente que se probó ser falsa. Los casos de Commonwealth v. Moore, 86 Ky. 542, 12 S. W. 1066; State v. Fooks, 65 Ia. 196, 21 N. W. 561; y el de State v. Dowe, 27 Ia. 273, 1 Am. Rep. 271, fueron todos casos de promesas concurrentes y representaciones de hecho. Y no hemos de citar autoridades al efecto de que una falsa manifestación de hecho es suficiente a justificar una convicción, aunque esté acompañada de promesa futura, si ambas. influyeron en la mente del querellante en perjuicio suyo. El caso de People v. Winslow, 39 Mich. 505, que es uno de falsa representación por el lieclio de que al querellante se le prometió una colo-cación, fue un caso de conspiración, y que puede diferenciarse por otros fundamentos.

Mientras que en el caso de Swift v. Rounds, 33 L. R. A. 561, un caso civil que trata de una persona que compra bienes con la intención de no pagarlos, se declaró haber una falsa representación de un hecbo presente; y el obtener bienes bajo falsas representaciones respecto al crédito ha sido traído específicamente dentro del alcance de nuestro estatuto.

El Juez Loring revisa el estado de la ley en el caso de Commonwealth v. AUhause, 31 L. E. A. (N. S.) 1003, como sigue:

“Como proposición 'general de derecho, aparte de los estatutos que hacen delictivo el obtener bienes mediante una falsa simulación, parecería que la presente intención de- un hombre respecto a un acto futuro es un hecho. Edgington v. Fitzmaurice, L. R. 29 Ch. Div. 459; Swift v. Rounds, 19 R. I. 527, 33 L. R. A. 561, 61 Am. St. Rep. 791, 35 Atl. 45. En el primero de estos dos casos (Edgington v. Fitzmaurice) el Juez Bowen, (L. J.) dijo, en la página 483: ‘El estado de la mente de un hombre es tanto un hecho como lo puede ser el estado de su digestión.’ Y el Juez Chapman, (Ch. J.), en el caso de Com. v. Walker, 108 Mass. 309, 312, dijo: ‘La intención de un hombre es una cuestión de hecho y puede probarse como tal.’ Hay casos en que esta proposición ha sido aplicada en casos de acu-saciones por obtener bienes mediante una falsa simulación. ¿Por ejemplo, fué aplicada en el caso de State v. Nichols, Houst. Crim. Rep. (Del.) 114. En ese caso el preso, con el fin de inducir al que-rellante para que le prestase dinero, le dijo (represented) que deseaba el dinero para con más dinero de su bolsillo prestárselo a una tercera persona. Se le dijo al jurado que si esto era falso era una falsa representación. La doctrina de ésta y de otras decisiones semejantes es la de que si, además de hacer la promesa de devolver el dinero prestado, por ejemplo, el reo consiguió el préstamo mediante una falsa manifestación de su presente intención respecto al propósito para el que deseaba el préstamo, constituye una falsa representación de un hecho, y por ende una falsa simulación (pretense), Sin embargo, existe un conflicto entre las autoridades sobre este punto. Hay casos en los que se ha' sostenido que en un caso como ese que estuvo ante la eqrte en el de State v. Nichols, ubi supra, la represen-tación del reo de su presente intención respecto al propósito para el cual deseaba asegurar el préstamo es esencialmente una promesa del acusado de que emplearía el dinero prestádole en la forma entonces manifestada, y no constituye una falsa simulación. Yéase por ejem-plo, el.casó de People v. Blanchard, 90 N. Y. 314. Los casos en favor y en contra se ban coleccionado en 19 Cyc. Law & Proc. p. 397, notas 57; 58.
“Pero en este caso el juez que presidió el juicio fué más allá de donde se llegó en ningún caso decidido, al explicar la diferencia que existe entre la representación de la presente intención de una persona respecto a un acto futuro, y una seguridad o promesa que el acto futuro habría de llevarse a cabo. Con el fin de ilustrar la diferencia esencial entre ambas teorías, puso como ejemplo de cuando se obtiene bienes mediante falsas simulaciones, un caso'en el que no se obtienen bienes mediante falsas simulaciones. Al efecto dijo al jurado que si A compraba bienes con la intención de no pagarlos, obtiene esos bienes médiante una falsa simulación. En ese caso A no hace repre-sentación alguna. Todo lo que hace es una promesa, y una promesa no es una representación de hechos. Se ha pretendido establecer que a los ojos de la ley una promesa hecha con la intención de no cumplirla constituye una falsa simulación, toda vez que toda promesa de hacer alguna cosa implica de necesidad una presente intención de cumplirla, y que por lo tanto, siempre que se haga una promesa acompañada de la intención de no cumplirla, se tiene una implícita falsa representación de una intención de hacer algo que el reo pro-mete hacer, y por ende constituye una falsa simulación. Y esto encuentra algún apoyo aparente en el caso de Swift v. Rounds, 19 R. I. 527, 33 L. R. A. 561, 61 Am. St. Rep. 791, 35 Atl. 45. En ese caso se sostuvo que cuando un demandado compra bienes con inten-ción de no pagarlos, es responsable de una acción por dolo, puesto que implícitamente da a entender (represents) que tiene la intención de pagarlos por el hecho de la compra. Puede dubitarse si del hecho de la promesa de necesidad se implica o no en todos los casos una presente intención de cumplir dicha promesa. Sobre esa cuestión no estimamos necesario expresar nuestra opinión. Porque, sea como fuere, el fraude que se comete al obtener bienes por compra sin la intención de pagarlos no constituye, como cuestión de interpretación del estatuto en cuya virtud se creare, el delito de obtener bienes me-diante falsas simulaciones. En el derecho común el obtener bienes mediante falsas representaciones de hecho, esto es, con una mentira, no constituía delito. Com. v. Hearsey, 1 Mass. 137; Com. v. Warren, 6 Mass. 72; Com. v. Call, 21 Pick 515, 520, 32 Am. Dec. 284. El obtener bienes mediante falsas pesas o falsas medidas constituía una grave estafa (cheat) en el derecho común y como ‘tal criminalmente punible. Según el estatuto 33 Hen. VIII, cap. 1, la estafa mediante prendas falsas se hizo también delictivo. Este era el estado de la ley al aprobarse el Estatuto 30 Geo. II, cap. 24. Esta última ley disponía que ‘toda persona que a sabiendas y con preconcebida inten-ción obtuviere, mediante falsas simúlaciones o maquinaciones, de otra persona o personas, dinero, bienes, géneros o mercaderías, con la intención de engañar o defraudar a alguna persona o personas en los mismos,’ será castigado, etc. Esta ley fué aprobada aquí (prác-ticamente en los mismos términos) mediante el Estatuto 1815, cap. 136. Es evidente que el fraude (que, con la aprobación de esa ley, tuvo la legislatura la intención de hacerlo un delito) era el obtener bienes de otra persona-mediante una falsa manifestación de hechos; y es igualmente evidente que la legislatura al aprobar dicha ley no tenía in mente el fraude que se comete al comprar bienes con la intención de no pagarlo's. Ambos son fraudes, pero no de la misma índole.”

Este caso está citado en las notas del tomo 11 de la obra Ruling Case Law, pág. 832, al discutir el conflicto de autori-dades.

Hasta hace poco había un número de decisiones que sos-tenían que era preciso existiese un engaño efectivo al que-rellante, 11 B. C. L. 835, 836. Hemos hecho mención al anterior estado de la ley para sacar la conclusión de que en este caso no hubo representación alguna de un hecho presente, cuya falsedad se hubiera demostrado, sobre el que descansara el abogado. De la acusación aparece que sólo hubo una muda promesa de hacer alguna cosa o cosas en lo futuro. Se acusa que el abogado descansó en la promesa del acusado. No encontramos que haya habido ninguna falsa representa-ción de hechos fuera de esa falsa o alternativa promesa, y por lo tanto nada existe ni en la acusación ni en la prueba que justifique la convicción del apelante.

Es de revocarse la sentencia recurrida.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

■Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de'este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Fernández, Liquidador de Fernández y Cía., S. en C., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la inscripción de una escritura sobre carta de pago.
    No. 357.
    Resuelto en mayo 2, 1918.
    Carta de Pago — Liquidadores—Confesión de Precio Aplazado. — Examinadas las circunstancias concurrentes en este caso, se resolvió que el liquidador de cierta sociedad mercantil que a su vez tenía encomendada la liquidación de otra sociedad, tuvo facultades para otorgar una carta ereditiva del pago del precio aplazado de cierto bien inmueble perteneciente a la segunda so-ciedad, vendido por la primera como liquidadora de la segunda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José de Guzmán Benitez.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verrier, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de febrero de 1918, Carlos Conde y Casariego otorgó por ante notario a favor de Fernández Méndez y Com-pañía, S. en C. una carta de pago, que el Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., se negó a inscribir—

“* * * porque habiéndose acabado el mandato para liquidar que confirió “Méndez y Compañía,” al disolverse, a “Villar y Com-pañía,” por virtud de la disolución de esta última sociedad, carece Don Carlos Conde Casariego, como único* interesado en la sociedad Villar y Compañía,” de poder para continuar liquidando a esta última sociedad, y por tanto para hacer confesiones de pago de un precio aplazado, que pertenece a la misma sociedad “Méndez y Com-pañía” en liquidación, poder que no aparece haberse sustituido por Vi-llar y Compañía a Don Carlos Conde al disolverse aquélla; * *

El registrador notificó su calificación al presentante del documento, sin que fuera por él recogido, por cuyo motivo, en cumplimiento de la ley, envió el dicho documento acom-pañado de otros que se presentaron con el mismo, a este tribunal para la resolución que fuere procedente.

El 2 de enero de 1906, por escritura pública, Carlos Conde y Eduardo Villar constituyeron una sociedad mercantil regular colectiva bajo la razón social de “Villar y Compañía.” El 6 de octubre de 1910, también por escritura pública, Vicente Méndez, “Villar y Compañía,” y Constantino García constituyeron una sociedad bajo la razón de “Méndez y Compañía,” siendo socio gestor Vicente Méndez, industrial Constantino García y comanditario “Villar y Compañía.” “Villar y Compañía” aportó a la sociedad una finca rústica en Santurce, P. E., de 4,934 metros cuadrados de extensión con edificios y una instalación completa de una fábrica de licores, negocio principal de la sociedad. Consta también por escritura pública otorgada el 1 de agosto de 1912 que el socio industrial Constantino García se separó de la sociedad. El 18 de diciembre de 1912, comparecieron ante notario Vicente Méndez y “Villar y Compañía” y disolvieron la sociedad “Méndez y Compañía,” encargando de su liquidación a “Vi-llar y Compañía” con amplias facultades. El mismo día 18 de diciembre de 1912, “Villar y Compañía” como liquidadora de “Méndez y Compañía” vendieron la fábrica de licores, incluyendo terreno y edificios, a “Fernández, Méndez y Com-pañía, S. en C.” por la suma de $41,261.90, de los cuales en-tregó la sociedad compradora a la vendedora en el acto del otorgamiento de la escritura veinte y seis mil pesos, quedando obligada a pagar el resto en plazos mensuales. En 4 de marzo de 1915 Carlos Conde y Eduardo Villar, disolvieron la sociedad “Villar y Compañía” sin que nada se hiciera constar en la escritura pública otorgada al efecto con res-pecto a la liquidación de la sociedad “Méndez y Compañía” encomendada a “Villar y Compañía.” Carlos Conde quedó encargado de la liquidación de “Villar y Compañía.” Así las cosas, el dicho Carlos Conde otorgó la escritura cuya inscripción negó el registrador. En ella expuso los ante-cedentes del caso y expresó que “Fernández Méndez y Compañía, S. en C.” habían pagado oportunamente a “Vi-llar y Compañía,” como liquidadora de “Méndez y Com-pañía,” el resto del precio de la venta a que se refiere la escritura de 18 de diciembre de 1912, por lo que le otor-gaba la más eficaz carta de pago. T consignó Conde además que otorgaba la escritura como único interesado en la men-cionada sociedad “Villar y Compañía,” liquidadora ésta de la otra sociedad “Méndez y Compañía.”

Examinados cuidadosamente todos los documentos a que nos hemos referido, se adquiere el convencimiento de que en realidad de verdad el único representante hoy de “Villar y Compañía” es Carlos Conde y siendo ello así, no vemos por qué no puede surtir efecto una declaración de Carlos Conde hecha a nombre de “Villar y Compañía.”

Es cierto que en la escritura de disolución de “Villar y Compañía” nada se dijo con respecto a lá liquidación de “Méndez y Compañía” encomendada a “Villar y Compa-ñía, ’ ’ pero aquí en verdad no se trata de un acto nuevo, sino simplemente de la confesión por parte del liquidador de “Vi-llar y Compañía” de que esta sociedad recibió a su debido tiempo a su vez como liquidadora de “Méndez y Compañía’ ’ el precio aplazado de la venta de que se ha hecho mérito.

Por virtud de lo expuesto opinamos que debe revocarse la nota y ordenarse al registrador que proceda a verificar la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida, y ordenada la inscripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Pbesidente Se. HeRNÁndez,

text:
    Sweet, Demandante, y Apelado, v. Zalduondo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a., en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1750.
    Resuelto en mayo 7, 1918.
    Oobro de Servicios — Convenio Entre Abogado y Cliente — Extensión del Mismo. — El convenio habido entre un abogado y su cliente sobre la cuantía de honorarios que el primero deba percibir por la defensa del segundo en determinados pleitos en que el cliente es demandado no puede ser extensivo al caso en que los pleitos sean desestimados por abandono del demandante, pues sea cual fuere la generalidad de los términos de un contrato no deben estimarse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.
    Id. — Servicios Profesionales — Palta de Convenio — Acción para Reclamar.— Cuando no ha habido convenio entre las partes para la remuneración de los servicios profesionales prestados por un abogado, debe aplicarse el artículo 1486 del Código Civil, enmendado por ley de 24 de febrero de 1906, precep-tivo de que cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el importe razonable de dichos servicios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    • Abogados del apelante: Sres. Alvares Nava é Domínguez.

    Abogados del apelado: Sres. Eugenio Benitez Castaño y M. Benitez Flores.

   El Juez Pbesidente Se. HeRNÁndez,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción sobre cobro de honorarios por servicios profesionales.

El demandante abogado Willis Sweet reclama al deman-dado Benito Zalduondo en su demanda jurada, radicada el día 13 de marzo de 1917 en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., el pago de $500 que le adeuda de $1,250 en que fueron convenidos los honorarios del demandante por llevar la defensa del demandado en pleito de Luis Muñoz Rivera contra Zalduondo y Carreras, sobre reclamación de $15,000 en concepto de daños y perjuicios por libelo,.de cuya suma había recibido el demandante $750. También reclama el de-mandante al demandado $1,000 por honorarios devengados en pleito análogo del mismo Muñoz Rivera contra el perió-dico “La Correspondencia” y otro, en el que no hnbo estipula-ción de honorarios.

Al contestar la demanda alegó el demandado qne los ho-norarios en ambos pleitos fueron convenidos en $750, y en igual cantidad los honorarios de la defensa de Zalduondo en contrademanda presentada por éste en el primero de dichos pleitos, reclamando a Muñoz Rivera $50,000 en concepto de daños y perjuicios también por libelo, ascendiendo aque-llas partidas a la suma de $1,500 que redujeron luego a $1,250, de cuya suma recibió el demandante $750 y última-mente $150 como' saldo de cuentas en virtud de convenio final habido entre ambos, sin que por tanto adeude cantidad alguna al demandante.

Celebrado el juicio la corte, en vista del resultado de las pruebas, estableció como conclusiones de hecho que el deman-dante convino con el demandado la defensa en los dos pleitos expresados por la suma de $1,250, de los que sólo ha pagado el demandado $750, debiéndole por tanto $500; que los dos pleitos fueron desestimados antes de llegar a vista final; y que en la representación de Zalduondo interpuso Sweet contra demanda a Muñoz Rivera sin que fueran estipulados los honorarios que por esa defensa había de percibir, los que la corte estima en la suma de $200.

Con tales conclusiones por base fué dictada sentencia en 31 de julio de 1917 “condenando al demandado Benito Zal-duondo al pago de la suma de $700, intereses legales sobre esa suma desde la interposición de la demanda, y costas, gastos y honorarios de abogado,” contra cuya sentencia in-terpuso Zalduondo recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega el apelante en apoyo de la revocación de la senten-cia apelada que la corte cometió error en la apreciación de las pruebas, al no estimar que los honorarios de ambos plei-tos y los de la contrademanda fueron estipulados conjunta-mente en la suma de $1,250 y al apreciar que de esa suma únicamente habían sido satisfechos $750 cuando fueron pa-gados $900. También alega que al demandante sólo asiste el derecho de demandar por el “quantum meruit” o sea por el valor razonable de los servicios profesionales que prestó a Zalduondo, toda vez que los pleitos no fueron llevados a sentencia final por los méritos de los mismos. Y añade por último que la corte cometió error al condenar al demandado al pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

Hemos examinado la evidencia aportada al juicio por ambas partes. Se trata de un caso de evidencia contradic-toria y no aparece que la corte de distrito actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera algún error manifiesto. Pero como de las pruebas resulta que las demandas en los casos en que se originaron los honorarios fueron desestimadas por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Bico sin celebración de juicio alguno, en enero 10, 1916, a virtud de mociones del abogado Sweet en representación de Zalduondo, por falta de gestión del de-mandante Muñoz Bivera, opinamos que el convenio habido entre demandante y demandado fijando la suma de $1,250 por la defensa del primero en ambos pleitos no puede ser extensivo al caso de abandono de las demandas por el deman-dante Muñoz Bivera.

El artículo 1250 del Código Civil Bevisado, 1283 del Es-pañol, aplicado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de esta isla Sucesión de Serrallés v. Esbrí, 200 U. S. 103, preceptúa que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato no deberán estimarse compren-didos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.

Willis Sweet y Benito Zalduondo contrataron cantidad fija de honorarios por la defensa del segundo en los dos casos de que se trata y el abandono de las demandas por el deman-dante Muñoz Rivera, proceder completamente ajeno a la vo-luntad de Zalduondo y que precisamente venía a hacer- in-necesaria la defensa que era la materia del convenio, no pudo estar en la mente de las partes contratantes.

No habiendo habido convenio entre las partes para la re-muneración de los servicios profesionales que el abogado Sweet llegó a prestar a Zalduondo, es de aplicación el artí-culo 1486 del Código Civil, enmendado por Ley de 24 de fe-brero de 1906, preceptivo de que cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remunera-ción podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte ante cualquier corte de jurisdicción competente el importe razonable de dichos servicios.

El abogado Sweet gestionó el traslado de los dos pleitos de la Corte de Distrito de San Juan a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, para lo cual hubo de estudiar la importante cuestión de jurisdicción de la corte federal con relación a los dos pleitos iniciados por Muñoz Rivera. Sweet contestó la demanda en el caso contra Zal-duondo y Carreras y hubo de someter a estudio las cuestiones en ambos casos por más que no fueran llevados a juicio. En los dos pleitos la cuantía de la reclamación era de $15,000 en concepto de daños y perjuicios por libelo. Muñoz Rivera era Comisionado Residente en Washington y figura muy promi-nente en la política del país. ■ El éxito de los dos pleitos afec-taba grandemente al crédito profesional del letrado Willis Sweet en una contienda sobre libelo entablada por Muñoz Rivera contra Benito Zalduondo.

Atendidas las razones expuestas, los honorarios por los servicios profesionales que de hecho prestó Sweet a Zal-duondo en los dos pleitos expresados pueden apreciarse ra-zonablemente en la suma de $1,000. Como a Sweet sólo fue-ron satisfechos $750 y no más, según apreciación de la corte sentenciadora, qneda debiéndole Zaldnondo $250.

En cnanto a los servicios profesionales de Sweet por la contrademanda, lian sido apreciados por la corte inferior en la snma de $200, y contra tal apreciación no ha interpuesto Sweet recurso alguno. Dicha snma y la anterior de $250 dan un total de $450 que Zalduondo está en el deber de pagar a Sweet con los intereses a contar desde la fecha de la inter-posición de la demanda.

Por lo que atañe a la condena de costas, gastos y hono-rarios de abogado, opinamos que atendidas todas las circuns-tancias del caso no hubo temeridad o culpabilidad por parte de Zalduondo al defenderse de, la reclamación que le hizo el demandante, y por tanto que la corte inferior infringió el artículo 327 del Código de- Enjuiciamiento Civil según quedó redactado por Ley de 12 de marzo de 1908, sin que hubiera culpabilidad en su defensa. Martínes v. Padilla, 19 D. P. R. 582, y Vivas et al. v. Hernaiz, Torga & Co., et al., 24 D. P. R. 836.

Por las razones expuestas es de modificarse la sentencia apelada, condenando al demandado a pagar al demandante la suma de $450, e intereses legales a contar desde 13 de marzo de 1917, fecha de la interposición de la demanda, sin costas, gastos ni honorarios de abogado.

Modificada la sentencia condenando al de-mandado a pagar $450 e intereses a contar desde la interposición de la demanda, sin costas, desembolsos ni 'honorarios de abo-gado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey no intervinie-ron en la resolución de este caso.