text:
    Manuel M. Martínez, demandante y apelante, v. Pedro Vázquez Torres, demandado y apelado.
    No. 5522.

    Sometido: Diciembre 1, 1931.

      Resuelto: Mayo 24, 1932.

      Lens & Susoni y A. Suliveres Rivera, abogados del apelante; Luis Mercader, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de la reivindicación de una parcela de terreno de 32 cnerdas, situada en el barrio de Caonillas del término municipal de Utnado. La demanda fue declarada sin lugar y el demandante apeló, señalando en su alegato la comisión de cinco errores que versan todos sobre la apreciación de la prueba y la aplicación a los becbos de los preceptos del Có-digo Civil y de la Ley Hipotecaria relativos a la adquisición del dominio por prescripción.

No bay duda alguna de que el demandante alegó y probó un título prima facie a su favor. De la certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Arecibo, presentada por la propia parte demandada, aparece lo que sigue.

La primera inscripción de cierta finca de sesenta cuerdas de la cual se admite que forma parte la parcela reclamada se verificó en el registro el 18 de mayo de 1902, dice textual-mente la certificación, aunque seguramente no es 1902 sino 1912, de acuerdo con lo que también textualmente se bace luego constar en la misma. De la inscripción aparece que en los libros de la antigua anotaduría figura la adjudicación en pago y venta real de la dicba finca de sesenta cuerdas becba por Juan Eduviges Collazo a Manuel Belén Pérez por escri-tura pública otorgada el 13 de marzo de 1878.

La segunda inscripción se verificó el 18 de mayo de 1912, y lo es la de la venta de la finca becba por Pérez a su conve-cino Felipe Rivera y Rivera, casado, por escritura pública otorgada el 26 de julio de 1881.

El 2 de noviembre de 1912 el registrador inscribió la finca a favor de doña Teresa Martínez Yélez, viuda de Felipe Rivera, fallecido el 30 de noviembre de 1889, y de sus bijos Andrea, Jesús María y Francisco Manuel. Este último babía fallecido, sucediéndole sus bijos, uno de los cuales murió en la menor edad sucediéndole su madre Doña Rosaura Vázquez Collazo.

El 10 de septiembre de 1912 los herederos de Felipe Rivera se confesaron deudores del demandante Manuel Máría Martínez por la cantidad de. $1,800, y para garantizar sn denda constituyeron -hipoteca sobre la finca de sesenta cner-das. La hipoteca causó en el registro la inscripción quinta.

La inscripción sexta y última de la finca se verificó el 17 de abril de 1913 y lo fué la de su venta judicial hecha a favor del demandante en el procedimiento que siguiera en cobro de su crédito.

Ante esa demostración ¿qué alegó y probó el demandado que sirviera de base a la corte de distrito para resolver el pleito a su favor?

Alegó que era dueño de la parcela reclamada y como tal estaba en posesión. Invocó los preceptos del Código Civil relativos a la prescripción ordinaria y a la extraordinaria como modos de adquirir el dominio. Demostró haber com-prado la parcela en dos porciones, una de catorce cuerdas que medida luego resultó de diez y otra de treinta y dos que men-surada después dió diez y ocho, total veintiocho cuerdas. La porción de diez la compró a G-erónimo Ríos Medina por es-critura pública de 7 de mayo de 1910 y la porción de diez y ocho la compró a José Mercedes Collazo por escritura pública de 3 de febrero de 1904. Presentó como prueba ambas escri-turas que fueron admitidas sin objeción.

Además alegó, presentando prueba documental de ello, que su vendedor Ríos adquirió por compra a Vicente Andújar hecha constar en escritura pública de 8 de marzo de 1903, habiendo comprado Andújar a Vicente Bernacet, por escri-tura de 20 de mayo de 1898 y Bernacet a Andrea Rivera, hija y heredera de Felipe Rivera y Rivera, por escritura pública de 4 de julio de 1896. En cuanto al vendedor de la otra por-ción José Mercedes Collazo, alegó, presentando prueba do-cumental y testifical para probarlo, que dicho Collazo la ad-quirió a su vez de Vicente Bernacet por permuta con otros terrenos hacía el espacio de siete años, o sea allá por el 1897, y desde entonces la poseía quieta y pacíficamente, habiéndola adquirido Bernacet de la viuda e hijos de Felipe Rivera por escritura pública de 4 de marzo de 1897.

Las declaraciones del propio demandado y especialmente la de su testigo Modesto Santiago son terminantes en cuanto al hecho de la posesión de la parcela de que se trata en con-cepto de dueño por parte no sólo del demandado si que tam-bién de todas las personas de quienes trae causa hasta llegar a Bernacet. Dichas declaraciones están corroboradas por las de Ramón G-onzález Vargas, Narciso Nicolau Correa, José Robert Nicolau y Juan Ocasio. La posesión de los anterio-res dueños Juan Eduviges Collazo, Manuel Belén Pérez, Felipe Rivera y los herederos de éste, es incuestionable.

Cuando el demandado terminó de practicar su prueba, pi-dió el demandante que se le permitiera introducir las decla-raciones de algunos testigos. Accedió la corte y declararon Vicente Bernacet y Jesús María Rivera.

Dijo el primero que en efecto había adquirido de la hija y heredera de Felipe Rivera, Andrea Rivera y de su esposo, por escritura pública de 4 de julio de 1896, la porción de te-rreno de la finca de que se trata, pero dijo además que no pudo tomar posesión porque los otros herederos se opusie-ron. Eso no obstante admitió que la vendió a Andújar. En cuanto a la otra porción que aparece que permutó con Co-llazo, expresó que ciertamente adquirió'la finca de los here-deros de Felipe Rivera por escritura pública de 4 de marzo de 1897 y trató de permutar una porción con Collazo pero no pudo llevarse a efecto el contrato y entonces la compraventa a los herederos de Rivera se deshizo. Afirma que nunca es-tuvo en posesión de la finca. La declaración de Jesús María Rivera, hijo y heredero de Felipe, corrobora la de Bernacet.

Existe otra prueba del demandante sobre interrupción de posesión a la que nos referiremos más tarde.

Así quedó el caso sometido a la decisión de la Corte de Distrito de Arecibo. Al resolverlo en la forma que dejamos indicada, en su relación del caso y opinión, se expresó, en parte, así:

“Probó el demandado que las personas que le vendieron en J.904 y 1910 las adquirieron a su vez por títulos bastantes para transfe-rirle el dominio y por tanto justos, dentro de las exigencias de la Ley.' Arts. 1853 del Código Civil Revisado y 1952 del Código Civil Antiguo. Vázquez no compró a personas que simplemente hubieran estado en posesión de la ñnca, sino a poseedores que mediante títulos con todas las solemnidades notariales habían acreditado el hecho de la posesión en concepto de dueños. Los títulos' ostentados por los vendedores de Vázquez eran aparentemente justos títulos bastantes para transferir el dominio de las parcelas vendidas. Títulos que son justos, verdaderos y válidos para la prescripción, justos por ser de compraventas, bastantes para transferir el dominio; verdaderos, por-que no han sido argüidos de falsos; y válidos, por ser perfectos en sus requisitos externos y aun en las condiciones internas que afectan a su vida y existencia, con arreglo al artículo 1226 del Código Civil, pues hubo materia del contrato, consentimiento y causa del mismo.
“Desde 1897 en que Collazo adquirió y desde 1903 en que Ríos compró, o sea las personas que vendieron al demandado, y que pose-yeron las parcelas, hasta la fecha de la interposición de la demanda, que fué en enero de 1927, transcurrieron con exceso los diez años necesarios para adquirir el dominio por prescripción entre presen-tes. Artículo 1858, Código Civil. El transcurso de esos años per-feccionó el título de compra. Más de diez años de posesión material en concepto de dueños, basada en un justo título y disfrutada de buena fe, públicamente, entre presentes, y sin interrupción de nadie, dieron al demandado un título contra el cual no puede irse.
“Véanse Picart v. León, 22 D.P.R. 592; Martorell v. Ochoa, 25 D.P.R. 759; Gutiérrez v. Pons, 32 D.P.R. 695; Delgado v. Encarnación, 35 D.P.R. 298.
“Para la prescripción ordinaria del dominio se necesitan la pose-sión de la cosa en concepto de dueño, pública y pacífica y no inte-rrumpida; buena fe y justo título en el que posee; y lapso del tiempo establecido por la ley. Los tres requisitos se reúnen satis-factoriamente en el presente caso.”

A nuestro juicio, resuelto como fué el conflicto de la prueba testifical en favor de la del demandado, sin que se haya de-mostrado que la corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera error mailifiesto, precisa con-cluir que el demandado no sólo demostró que era dueño de la parcela en cuestión por haberla adquirido por prescripción ordinaria, si que también por prescripción extraordinaria, (art. 1859 Código Civil, ed. 1930), ya que su óadena de títu-los va hasta el 1878. Su prueba demuestra que compró de Ríos y Collazo en 1910 y en 1904, respectivamente, que su ven-dedor Ríos adquirió de Andújar, por compra, y Andújar por compra de Bernacet y Bernacet por el mismo título de Andrea Rivera y ésta por herencia de su padre Felipe y Felipe por compra de Pérez que era dueño por haberla adquirido en 1878 de Juan Eduviges Collazo, y que su otro vendedor Collazo adquirió por permuta de Bernacet y éste por compra de los herederos de Felipe Rivera que trae causa del mismo Juan Eduvigis Collazo a quien compró Pérez en 1878, habiendo todos poseído materialmente las tierras en concepto de dueños.

Veamos ahora si la posesión del demandado y sus ante-cesores fué interrumpida. La prueba testifical resultó con-tradictoria. Si diéramos crédito a la declaración de Berna-cet tendríamos que concluir no sólo que fué interrumpida, sino que él jamás tomó posesión. Pero su declaración está con-tradicha por documentos públicos, por los hechos mismos y por el testimonio de Modesto Santiago, robustecido por el de los otros testigos de la parte demandada. Y ya hemos dicho que el conflicto fué resuelto en contra de la prueba del de-mandante.

¿Qué efecto pueden tener en cuanto a la interrupción de la posesión, cierto procedimiento de deslinde presentado como prueba por el demandante y la posesión que según él le diera el márshal al adjudicársele la finca en el procedimiento en cobro de hipoteca? Veámoslo.

El 11 de enero de 1915 compareció ante la Corte de Dis-trito de Areeibo el demandante y alegando ser el dueño de la finca de sesenta cuerdas, pidió su deslinde. Tramitado el caso, se ordenó su práctica, sin que la prueba documental muestre cuál fuera el resultado que se obtuviera. Decía-raudo el propio demandante dice que se practicó, pero no consta que se iniciara procedimiento algnno para hacerlo efectivo, dándose posesión al demandante de aquello que él mismo reconoce que poseía el demandado.

A lo sumo, dada la naturaleza del procedimiento de des-linde, podría considerarse como un requerimiento judicial, de-biendo el caso regularse en tal virtud por lo dispuesto en el artículo 1847 del Código Civil, ed. 1930, a saber:

“Art. 1847. — También se produce interrupción civil por el re-querimiento judicial o notarial, siempre que dentro de dos meses de practicado se presente ante el tribunal o juez la demanda sobre po-sesión o dominio de la cosa cuestionada.” '

Nada hizo el demandante hasta el 1927 en que inició este pleito, perdiendo el beneficio del requerimiento.

De la prueba sobró el ejecutivo hipotecario aparece que el márshal dió posesión al demandante de la finca de sesenta cuerdas en 1913. Declarando el propio demandante dijo que dicho funcionario había requerido al demandado. Nada con respecto al requerimiento se consigna en la diligencia de po-sesión extendida por el márshal en términos generales. No se llevó a declarar a dicho funcionario. El demandado de-claró bajo juramento que no fué requerido y que él estaba entonces y continuó y continúa en posesión como dueño, y el propio deslinde solicitado por el demandante en 1915 lo de-muestra así. Pero aceptando que fuera requerido, como no obedeció el requerimiento y nada hizo el demandante hasta el 1915 en que inició el deslinde que también dejó al deman-dado en posesión, la interrupción no fué eficaz en derecho.

Nada de ello, sin embargo, tiene importancia si se consi-dera que la prueba apreciada en la forma que se ha dicho, demuestra que cuando en 1913 se adjudicó al demandante la finca de sesenta cuerdas, ya el demandado había ganado el dominio a la parcela en cuestión por prescripción extraordi-naria si se va hasta el primitivo dueño Juan Eduviges Co-llazo y por prescripción ordinaria si sólo se toma en conside-ración el título de las personas qne directamente le vendie-ron las dos porciones qne la forman.

Quizá sea conveniente agregar qne hay prueba en los autos tendente a demostrar que el demandante, hermano del esposo de Andrea Rivera que con ella otorgó en 1896 la escritura de venta a Bernacet de que trae causa el demandado, conocía los antecedentes y la situación de hecho desde mucho antes de otorgarse la escritura de hipoteca entre otros herederos de Felipe Rivera por la propia Andrea. Él mismo admitió que cuando el otorgamiento de la hipoteca le constaba que el demandado estaba en posesión, aclarando que intentó com-prarle, último extremo que contradijo el demandado.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Pedro María Alvarez Lugo, demandante y apelante, v. El Municipio de Añasco, demandado y apelado.
    No. 5519.

    Sometido: Junio 26, 1931.

      Resuelto: Mayo 25, 1932.

      Horton & Saliva, abogados del apelante; M. Figueroa del Rosario, abogado del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

' Pedro, María Alvarez Lugo demandó al municipio de Añasco en solicitud de sentencia ordenándole el levantamiento del acueducto que tenía sobre una finca de su propiedad o el pago, en concepto de daños y perjuicios, de la suma de cinco mil dólares, con más las costas y honorarios de abogado en caso de oposición.

Para basar su reclamación alegó en síntesis que era dueño de una finca de 170.54 cuerdas de terreno situada en el barrio de Humatas del término municipal de Añasco que adquirió por compra en pública subasta en pleito que siguiera contra los herederos desconocidos de José R. Alvarez, en 1927, en-contrándose inscrito su título en el Registro de la Propiedad de Mayagüez; que según su información y creencia el mu-nicipio de Añasco allá por el año 1922 instaló en la dicha finca un acueducto, situando su presa al este de la finca ocu-pando parte de sus terrenos y atravesándolos con su tubería en una extensión de novecientos' metros, bajo tierra unas veces y a flor de suelo otras; que dicho acueducto fué cons-truido por el municipio sin título ni 'derecho alguno, no es-tando inscrita la servidumbre en el registro de la propiedad; que a virtud de la construcción — uso de tierras e inundación de terrenos — -la finca que valía doce mil dólares vale sólo siete mil, y que al comprar la finca ignoraba la existencia del acueducto.

Contestó el demandado, en resumen, aceptando que desde 1923 construyó y viene operando un acueducto para surtir de agua al pueblo, estando su presa situada en un punto con-tiguo a la finca del demandante y cruzando parte de su tu-bería por terrenos de dicha finca, y negando que careciera de título pues llevó a efecto la construcción a virtud de fran-quicia que le otorgara la Comisión de Servicio Público en 1923, no teniendo que recurrir a la expropiación para pasar la tubería por la finca de que se trata porqué su anterior dueño José Beyes Alvarez, hermano del demandante, que la poseyó hasta poco antes de adquirirla éste, lo autorizó para ello sin exigirle indemnización alguna, constándole tal hecho al demandante, y así cuando el demandante adquirió la finca hacía más de cuatro años que pesaba sobre ella la servidum-bre indicada.

Contiene la contestación otras negativas sobre uso de te-rrenos, inundaciones, depreciación, etc., e invoca el carácter aparente de la servidumbre que se niega.

Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia adversa al demandante y éste apeló, sosteniendo en su alegato que la corte erró, 1, al declarar que el demandado tiene un título que le da derecho a la servidumbre; 2, al resolver que ese título no tenía que constar en escritura pública y era va-ledero contra el demandante que es un tercero.; 3, al decir que era fatal para el demandante el que la servidumbre fuera aparente; 4, al apreciar la prueba sobre la inundación; 5, al admitir como prueba cierto documento; 6, al juzgar que la prueba era bastante para crear la servidumbre; y 7, al considerar que la contestación era suficiente.

A virtud del examen que hemos hecho de los autos dire-mos en primer -término que la contestación es suficiente. El' defecto que tiene es el de ser innecesariamente extensa y ello no es motivo de revocación. Quizá sea conveniente decir tam-bién desde el principio que estamos enteramente conformes con la corte sentenciadora en que no se probaron los daños. Alegó el demandante que la finca valía doce mil dólares y que ahora a virtud de la depreciación sufrida a causa del acuc • ducto vale siete mil, y declaró él mismo en el juicio que la adquirió por menos de lo que vale en la actualidad. Despe-jada así la situación,' estudiaremos la verdadera cuestión fundamental envuelta en el litigio.

Para probar su título a la servidumbre, el demandado presentó copia de la franquicia para la construcción del acueducto y un escrito que le dirigieran los vecinos llamón Yélez y José Reyes Alvarez, dueños de fincas por donde había de pasar el acueducto, expresándole que como para la colo-cación de la tubería se baria necesario la destrucción de árbo-les y plantíos de difícil justiprecio, estaban dispuestos a con-tribuir cediendo la porción de sus terrenos que fuera necesa-rio, siempre que el Municipio les concediera agua para el con-sumo de sus respectivas casas. Uno de dichos vecinos era el dueño de la finca de que se trata en el pleito. El resto de la prueba sobre ese extremo, se resume debidamente por la corte sentenciadora en su relación del caso y opinión, así:

“. . . y el testigo José R. Yélez, otro de los terratenientes que cedió propiedad suya para el paso de la tubería, reconoció un escrito firmado por él y por José R. Alvarez, el anterior dueño de la finca, cediendo los terrenos necesarios a cambio de un servicio de agua gratis, y declaró que esto les fué concedido. Este documento fué también identificado por Ramón Calderón, Secretario Municipal. Se presentó también copia del acuerdo del Consejo de Administración aceptando el convenio. Y cerró su caso el demandado con la de-claración de Antonio González Suárez, quien a la fecha de la cons-trucción del acueducto y hasta tiempo después ocupó el cargo de Comisionado de Servicio Público (Alcalde), quien hizo historia de todas las gestiones que practicó en representación del Municipo en relación con el acueducto con todos los terratenientes afectados, espe-cialmente con el Sr. José R. Alvarez, anterior dueño de la dicha finca, afirmando que dicho señor accedió y consintió a todo lo que se hizo, trabajó en las obras y luego continuó en el acueducto em-pleado con el municipio, y cedió los terrenos gratuitamente.”

La admisión del documento firmado por los vecinos Vélez y Alvarez se objetó y es motivo del quinto señalamiento de error, porque no aparecía sobre qué finca se autorizaba la construcción. No describe la finca en verdad, pero propor-ciona un dato que unido a otros tiende a probar el título del demandado. No hubo error en su admisión.

Se impugna el contrato propuesto por los vecinos y ce-lebrado finalmente, porque la franquicia prohibía la concesión de agua gratis, por parte del Municipio. No obstante lo que se dijera, la concesión no fué gratis en realidad de verdad. ¡ Como que se otorgaba a cambio de obtener lo que el de-mandante valora en cinco mil dólares!

Apreciada la prueba en conjunto todo lo que demuestra, pues, es que a cambio de agua del acueducto para su casa, el dueño' de la finca consintió la construcción en ella de la parte del acueducto que fuere necesaria y que la construcción se realizó desde 1923 y subsiste, habiendo trabajado el pro-pio dueño de la finca en las obras y continuado luego como empleado del municipio en el acueducto. No bubo escritura pública, ni menos se inscribió la servidumbre en el registro.

Bajo esas circunstancias ¿pudo concluirse, como concluyó la corte sentenciadora, que se demostró la existencia de un título válido en derecho? Creemos que sí.

Las servidumbres continuas y aparentes, como la de acue-ducto, se adquieren, según el artículo 473 del Código Civil, ed. de 1930, en virtud de título, o por la prescripción de veinte años.

Comentando Manresa el artículo 537 del antiguo Código Civil, igual al 473 del actual, ed. de 1930, dice:

“Con la palabra título se refiere el Código al acto jurídico que da nacimiento a la servidumbre, no al documento en que ese acto se babrá hecho constar. Contrapuesta la idea de título a la de pres-cripción, la primera indica la voluntad expresa, individual o colec-tiva, y la segunda la voluntad presunta.
“En tal sentido, el título equivale a modo de adquirir y com-prende todos los que se determinan en el art. 609 del Código, excep-tuando la prescripción, que en el art. 537 comprende un grupo aparte, y la sucesión intestada que no encierra acto alguno de expre-sión de la voluntad, pues en virtud de ella, y prescindiendo de las operaciones' particionales y convenios que en éstas puedan estable-cerse después, se transmiten los derechos que ya existen, mas no se constituyen otros nuevos.
“Son, pues, títulos constitutivos de las servidumbres, cualquiera que sea su clase, la ley, la donación, el contrato y el testamento.
“'Suscítase la cuestión de si el título deberá estar consignado en un .documento público. En nuestra opinión, ha de atenderse a la naturaleza del título.
“No es dudoso que el testamento y la donación de inmuebles o derechos reales sobre los mismos, requieren formalidades especiales. Respecto al primero, hasta el testamento ológrafo y el que se hace en peligro de muerte o en tiempo de epidemia, han de ser elevados a documento público (arts. 689 y 703). Respecto a la donación, exige el art. 633 para su validez la escritura pública. ¿Podrá decirse lo mismo respecto a los contratos? Creemos que los arts. 1278 y 1279, unidos a los 1254, 1258 y 1225, están bien explícitos. La conven-ción es válida, por regla general, en cualquier forma que se celebre; si después de ser válida la convención por mediar el consentimiento y los requisitos esenciales, se exige en algún caso escritura pública, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar esa forma. Y no se diga que se trata de algo más que de una simple obligación, que se constituye un derecho real porque el art. 1095, como el 609, dan por nacido el derecho real desde que media la tradición, y el artículo 1464 supone que hay tradición en los bienes incorporales por el solo uso que haga de su derecho el adquirente consintiéndolo el transmitente.
“Dice el art. 1280 del Código, que deberán constar en documento público: ‘1? Los actos y contratos que tengan por objeto la crea-ción, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.’ ¿Quiere decir que no son válidos esos contratos en otra- forma? ¿Que no obligan a las partes contratantes y a sus herederos? Creemos que no es ése el alcance de la disposición.” 4 Manresa, Comentarios al Código Civil, 594, segunda edición corregida.

Pero se sostiene que si bien eso sería así en cuanto a las partes contratantes, no lo es en cuanto al demandante que ostenta la condición de tercero. Examinamos las circunstancias que concurren y la ley y la jurisprudencia aplicables.

En primer lugar la Corte de Distrito concluyó, a virtud de la prueba practicada por el demandado, que el demandante tenía conocimiento de la existencia de la servidumbre antes de adquirir la finca ya que se demostró que el demandante fue por tres años Concejal del Municipio, era hermano del anterior dueño de la finca y mantuvo con él relaciones de negocios, y residió siempre en el término municipal de Añasco, y en tal caso de acuerdo con la repetida jurisprudencia de la Corte Suprema de España y de esta Corte Suprema de Puerto Rico, el nuevo adquirente no es un tercero.

Pero el apelante insiste en qne esa prueba no es suficiente para demostrar el conocimiento actual del demandante y quizá tenga razón. Aun así, partiendo de la base de lo de-mostrado como meras circunstancias concurrentes, tratándose como se trata de una servidumbre continua y aparente, el conocimiento se presume y el título de adquisición no obstante no encontrarse inscrito en el registro, es válido contra el de-mandante.

En el caso de Pagán Rosell v. Sucesión Rivera Vélez, 38 D.P.R. 649, 652, dijo esta Corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Texidor:

“La servidumbre de que se habla, por lo que de las alegaciones resulta, es una servidumbre aparente, como lo es en la mayoría de los casos la de acueducto; el demandante la observó cuando fué a voltear la finca, en época que se ignora, porque del récord no apa-rece la fecha de la demanda ni la de su presentación, a las que se alude en la alegación en que se dice cuándo vió el demandante los signos de servidumbre; pero sí que volteó la finca después de la compra. Siendo la servidumbre aparente, esta misma calidad le da el carácter de publicidad necesario para que su inscripción no sea absolutamente indispensable, ya que es conocida por razón de su misma apariencia. Véanse a este propósito, las Sentencias del Tribunal Supremo de España de 11 de enero de 1895, 23 de marzo de 1906, y 5 de abril de 1898. La doctrina legal de esas sentencias, y otras que cita el comentarista Sr. Morell, al tratar en el tomo se-gundo de su obra sobre legislación hipotecaria, del artículo 23 de la Ley Hipotecaria de España, es que no tiene la calidad de tercero el que adquiere bienes legítimamente gravados con una servidumbre respecto de cuya existencia, por revelarse por signos ostensibles e in-dubitados, no puede dudarse, aunque tal servidumbre no estuviera inscrita en el registro.”

Aunque en ese caso la acción no se ejercitó contra el Mu-nicipio, sino contra el vendedor de la finca, los principios que sirvieron para resolverlo son enteramente aplicables al pre-sente. También parece oportuno citar da decisión de esta Corte en el caso de La Iglesia Católica v. La Combate Tobacco Corporation, 42 D.P.R. 376.

Con respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, nos limitaremos a transcribir uno de los considerandos de la de 5 de abril de 1898, 84 J. C. 6, 12. Dice:

“Considerando que, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, carece de la calidad de tercero, para los efectos determinados en los artículos 2, 13, 23 y 27 de la Ley Hipo-tecaria, invocados en el motivo segundo del recurso, el que adquiere bienes gravados legítimamente con cualquiera servidumbre, respecto de cuya existencia, por revelarse mediante signos ostensibles e indu-bitados, no pueda dudarse, aunque la tal servidumbre no estuviera especialmente inscrita en el Registro, porque en tal caso, y siendo manifiesto y no oculto el gravamen, falta por entero la razón en que tales preceptos legales se fundan.”

Por virtud de todo lo expuesto, no habiéndose cometido ninguno de los errores que señala la parte apelante, debe de-clararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió. El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    United Porto Rican Bank, demandante-apelada-apelante, v. Rufino Ruiz e Ignacio Rosales, haciendo negocios bajo la razón social de Rosales & Ruiz, demandados-apelantes-apelados.
    No. 5686.

    Sometido: Mayo 20, 1932.

      Resuelto: Mayo 25, 1932.

      F. Boto Gras y B. Díaz Collazo, abogados de los apelantes-apelados; Molina, Dutón & Ochoieco y Walter L. Newsom, Jr., abogados de la apelada-apelante.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este caso la interpretación y aplicación de una ley nueva en Puerto Rico, la llamada “Ley Hipote-caria de Propiedad Mueble,” o sea la No. 19 de 1927, Leyes de 1927, pág. 491.

En la demanda se alegó, en resumen, que el 6 de septiem-bre de 1928, Eusebio Benitez Carrillo, residente en Caguas, siendo dueño y poseedor de ciertos bienes muebles que se encontraban en dicha municipalidad, los hipotecó a favor de la demandante, que es una corporación organizada bajo la “Ley de Bancos” con oficina principal también en Caguas, para garantizar un préstamo de ocho mil dólares; que el contrato fué anotado en el Registro de la Propiedad de Ca-guas el 7 de septiembre de 1929, sin que se haya cancelado la anotación, ni se haya satisfecho la deuda; que en julio de 1929, la sociedad “Rosales y Ruiz” compró al deudor hipo-tecario 16 de los 18 bueyes hipotecados que se identificaban en el contrato, así: “1. Buey indio, marcado E. B.,” (sigue la descripción en esa forma de cada uno); que la compradora tuvo conocimiento de la hipoteca por su inscripción e hizo matar los bueyes para venderlos como carne, constituyendo sus actos una-conversion (conveyance); y que el valor de los bueyes ascendía a $1,600.00. La demanda está jurada y forma parte de ella copia literal del contrato de hipoteca.

Contestaron los demandados alegando que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción y que la Corte de Distrito de San Juan en que se presen-tara.carecía de jurisdicción para conocer del asunto. Nega-ron que se hubiera constituido la hipoteca y que compraran a Eusebio Benitez los 16 bueyes en cuestión, alegando que en julio de 1929 compraron a Eusebio Benitez, en su carácter de agente de Agustín Díaz, doce cabezas de ganado por #747.38 que pertenecían a Díaz. Contiene la contestación otras alegaciones que no consideramos necesario resumir.

Fue el pleito a juicio, practicándose una larga prueba, y la corte lo resolvió finalmente condenando a los demandados a pagar a la demandante la suma de $747.38 e intereses le-gales a partir de la fecha de la interposición de la demanda, 29 de octubre de 1929, todo sin especial condenación de costas.

Ambas partes apelaron. Procederemos primero al estu-dio y resolución de la apelación de los demandados. Seña-lan cuatro errores en su alegato.

Por el primero sostienen que la corte erró al declararse con jurisdicción para conocer del asunto. Sabemos que la corporación demandante tiene su oficina principal en Caguas, y que en ese municipio reside también el deudor hipotecario, se encontraban los bienes cuando se hipotecaron y se inscribió el contrato de hipoteca. Por estipulación se aceptó que la hipoteca no se anotó en el Registro de la Propiedad de San Juan.

' Argumentando el error invocan los demandados la sección 14 de la ley sobre la materia que dice, en lo pertinente, así:

“Sección 14. — El acreedor hipotecario puede, después de diez días desde el incumplimiento de la condición, hacer que la propiedad hipotecada, o cualquiera parte de la misma, sea vendida en pública subasta por el márshal del distrito en el cual residiere el deudor hi-potecario, o en donde se encontrare la propiedad, ... y el acreedor hipotecario notificará al dudor hipotecario, o a la persona en pose-sión o a cargo de la propiedad, y también a las personas que tuvie-ren hipotecas subsiguientes que consten inscritas en la oficina del registrador de la propiedad del distrito en el cual estuviere inscrita la hipoteca original, de la fecha y lugar de la venta. . . .
‘ ‘ El máshal podrá ser el de una corte municipal o el de una corte de distrito, según fuere la cantidad jurisdiccional, según se dispone actualmente por la ley, y la venta tendrá que hacerse en la oficina del márshal. .

Como puede verse, lo instado en este pleito es diferente a lo que puede y debe instarse, en sú caso, de acuerdo con la sección 14 de la ley. La propia parte apelante admite que ninguna otra sección de la ley prescribe algo expresamente sobre la corte que deba conocer de un pleito como éste. Siendo ello así, tratándose de cortes de jurisdicción general como son las de distrito de esta isla, creemos que la demanda pudo radicarse en cualquiera de ellas, sujeto a urn cambio de lugar solicitado por el demandado de acuerdo con lo dis-puesto en el Código de Enjuiciamiento Civil, y lo lógico pa-recía que se radicara como se radicó en San Juan, distrito en que se vendió la propiedad hipotecada y donde residían los compradores demandados.

El segundo error se formula así:

“Erró la corte de distrito al declarar que la inscripción del do-cumento de hipoteca sobre bienes muebles en determinado distrito es una notificación suficiente a todo el mundo del derecho del acreedor hipotecario. ’ ’

La sección 4 de la ley prescribe:

“Sección 4. — Una hipoteca de propiedad'mueble no será válida contra persona alguna, excepto el deudor hipotecario, sus herederos, legatarios, albaceas o administradores, a menos que la hipoteca es-tuviere inscrita en el registro de la propiedad del distrito en el cual residiere el deudor hipotcario al tiempo de su otorgamiento, o si re-midiere fuera de Puerto Rico, en el distrito en que se encontrare la propiedad; Disponiéndose, sin embargo, que si la propiedad ra-dicare en distinto distrito de aquel en que residiere el deudor hipote-cario, se inscribirá la hipoteca en el registro de la propiedad de ambos distritos, el distrito en el cual el deudor hipotecario reside y el distrito en el cual está radicada la propiedad.”

Y la 9 dispone:

“'Sección 9. — Ninguna propiedad mueble sobre la cual estuviere vigente una hipoteca de bienes muebles será removida del municipio en que se encontrare en la fecha del otorgamiento de la hipoteca sin el consentimiento por escrito del acreedor hipotecario, y si se otor-gare dicho consentimiento, se inscribirá una copia certificada de la hipoteca en el registro de la propiedad del distrito al cual fuere re-movida dicha propiedad.’-’

A nuestro juicio, de acuerdo con los hechos alegados y probados en este caso, sólo era necesario inscribir la hipo-teca en el Registro de la Propiedad de Oaguas. Con ello se lograban obtener todos los efectos llamados a producirse por la inscripción, a saber: notificar a todo el mundo el gravamen constituido sobre la propiedad.

En 5 Cal. Jur. 56, se dice:

“Aunque no hay disposición alguna en los códigos que expresa-mente haga que la inscripción de una hipoteca válida sobre bienes muebles constituya aviso implícito de su contenido, sin embargo, está consagrado el principio de que tal inscripción es. un aviso a todo el mundo sobre el contenido de la hipoteca, y, por consiguiente, com-pradores y tenedores de gravámenes posteriores adquieren sujetos al gravamen de la hipoteca, por imputárseles conocimiento de la misma. ’ ’

El caso de California, Hoope v. Keys, 152 Cal. 496, que invocan los apelantes, no es aplicable porque la ley en dicho estado sobre inscripción en otro distrito es diferente a la nuestra. Aquí la que rige es la sección 9 transcrita y los hechos demuestran que no había llegado el momento de apli-carla. Además, por la propia Corte Suprema de California en el caso de Himmels v. Sentous et al., 91 Pac. 327, se resolvió :

“El .artículo 2965 del Código Civil dispone que cuando bienes muebles hipotecados son trasladados a otro distrito, quedan relevados de los efectos de la hipoteca, salvo en lo que a las partes entre sí respecta, a menos que el acreedor hipotecario, dentro de treinta días después de tal traslado, haga que se inscriba la hipoteca en el con-dado al que se trasladó la propiedad, o tome posesión de la misma. Se resolvió: que cuando el deudor hipotecario traslada los bienes hipotecados a otro condado, la hipoteca subsiste como gravamen cuya inscripción original constituye aviso implícito a todo el mundo durante los treinta días subsiguientes al traslado dentro de los cuales el acreedor hipotecario está autorizado a continuar el gravamen ins-cribiendo nuevamente la hipoteca o tomando posesión de los bienes.
“Cuando después de llevarse los cerdos hipotecados a otro dis-trito el deudor los vendió a los demandados quienes los' sacrificaron y vendieron la carne dentro de treinta días después de tal traslado, el hecho de que el acreedor hipotecario dejara de reinscribir la hi-poteca en el condado al cual fueron trasladados los cerdos después de haber sido muertos, no menoscababa su gravamen ni su derecho a ir contra los demandados por la apropiación ilícita de los cerdos.
“A falta de disposiciones estatutarias específicas acerca del tras-lado de propiedad hipotecada, la inscripción original corriente de una hipoteca de esa naturaleza, constituye un aviso implícito a todo el mundo, y la hipoteca continúa siendo un gravamen válido a pesar de que la propiedad haya sido trasladada a otro pueblo, condado o estado.”

La jurisprudencia sobre la materia es abundante. Se ha dado fuerza a la noticia, aun fuera de los límites del estado en que se constituye y registra la hipoteca. Nos limitaremos a transcribir algo de uno de los muchos casos que cita la parte demandante en su alegato. Dice:

‘ ‘ Casi todos los tribunales de este país se han hecho solidarios de la regia de que si una hipoteca se otorga debidamente y se inscribe en un estado en que entonces ubica la propiedad y el deudor hipote-cario posteriormente se lleva la propiedad de su situs para otro es-tado, las cortes del último harán valer las disposiciones de la hipo-teca contra los acreedores del deudor hipotecario y contra subsiguien-tes tenedores de gravámenes o compradores de buena fe y a título oneroso, aun cuando la hipoteca no haya sido inscrita de conformi-dad con las leyes del último estado. Greenville Nat. Bank v. Evans-Snider-Buel Co., 60 Pac. 249, 252.”

El argumento de que nuestra ley en su sección 12 dispone que si el deudor infringiere entre otras la indicada sección 9 será culpable de delito menos grave, no es decisivo. El cas-tigo que pueda imponerse al deudor es independiente. No suple la garantía que otorga la hipoteca y su inscripción.

El tercer error se refiere a la insuficiencia de la descrip-ción de los bienes hipotecados. No existe, a nuestro juicio. Todo lo más clara y detallada que pueda ser la descripción, mejor, pero la aquí dada es la corriente en la isla y se citan por la demandante casos en que los tribunales han estimado bastantes descripciones aun menos detalladas.

El cuarto y último señalamiento de error versa.sobre la apreciación de la prueba. Tampoco existe. La conclusión a que llegara la corte sentenciadora acerca de que los bueyes que- compraron los demandados eran los hipotecados, está sostenida y parece la procedente y justa.

Resuelta así la apelación de los demandados, procederemos al examen y resolución de la de la demandante. Dos errores señala. Por el primero sostiene que se demostró que los bueyes valían por lo menos $1,200.00 y por lo tanto que osa suma y no la pagada por los demandados debió ser la norma para fijar la indemnización.

Convenimos con la apelante en que es el valor de la cosa reclamada lo que debe tomarse en cuenta. Creemos que ése fué también el criterio del tribunal sentenciador. Lo que pasó fué que dicho tribunal no consideró' que se había demos-trado sin lugar a dudas que los bueyes valieran más de lo pagado por ellos y adoptó lo pagado como su justo valor. Y no estamos convencidos de que errara al proceder de tal modo.

El otro señalamiento versa sobre la no imposición de las costas. Se trataba de una ley nueva y la corte usando de su poder discrecional, falló sin especial condenación de cos-tas, lo que quiere decir que cada parte pagará las suyas. Apreciando todas las circunstancias concurrentes, no creemos que abusara de su discreción.

, En tal virtud, deben declararse sin lugar ambas apelacio-nes, confirmándose en todas sus partes la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Antonio Román Benítez y Ramona Dávila de Román, demandantes-apelantes-apelados, v. Francisca Rivera Gómez, Rafael Rivera Oyola, Lorenzo Alois Bennazar y Mercedes Pont Zayas, demandados-apelados-apelantes.
    No. 5680.

    Sometido: Abril 27, 1932.

      Resuelto: Mayo 26, 1932.

      B. H. Blondet, abogado del apelante-apelado; Juan de Quzmán Be-mtez, abogado de los apelados-apelantes.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Román Benítez y su esposa Ramona Dávila cons-tituyeron, en 28 de octubre de 1921, hipoteca sobre una finca de su propiedad a favor de Francisco Rivera Colón, para garantizar un préstamo de $8,000 por un plazo de dos años que vencería el día 28 de octubre de 1923. Se fijó un inte-rés del 12 por ciento anual hasta que el préstamo fuese sa-tisfecho y se fijaron $800 para costas y honorarios de abogado.

En 16 de enero de 1923, Francisco Rivera instituyó pro-cedimiento ejecutivo contra Antonio Román Benítez para hacer efectivo su crédito hipotecario con las costas y mensua-lidades vencidas. Se libró orden de requerimiento contra el deudor hipotecario y en el diligenciamiento del márshal éste hace constar que no estando presente el Sr. Antonio Román Benítez en su residencia, por conducto de su hermana Srta. María Román, residente en la misma casa y mediante en-trega personal hecha de las copias del requerimiento y de las demás diligencias unidas al caso por el demandante, requirió al .demandado Antonio Román Benítez, para el pago de la deuda con sus intereses, costas y mensualidades vencidas. Francisco Rivera Colón falleció en 21 de mayo de 1926, ins-tituyendo como única heredera a la demandada Francisca Rivera Gómez. La finca objeto de este litigio fué hipotecada por Francisca Rivera Gómez y su esposo Rafael Rivera Oyóla a favor de Lorenzo Alois Bennazar y su esposa Mercedes Pont Zayas por la suma de $5,000.

Los demandantes Antonio Román Benítez y su esposa so-licitan la nulidad del procedimiento ejecutivo seguido por el causante de la demandada basándose en que este procedi-miento está viciado de nulidad porque el demandado nunca fué requerido en forma legal y pidiendo la restitución de la propiedad y que se condene a los demandados a satisfacerles la suma de $156 mensuales producidos o debidos producir por la finca desde la fecha en que fueron ilegalmente privados de la posesión de la misma hasta que ésta les sea restituida.

Los demandados, además de su contestación oponiéndose a la demanda, radicaron una contrademanda, solicitando, para en caso de que prosperase la demanda, la devolución del préstamo hipotecario de $8,000, con sus intereses hasta el día de pago, gastos de contribuciones, agua del acueducto, reparaciones importantes y compensación por cualquier am-pliación y reconstrucción que el demandado y contraderpan-dante, Rafael Rivera Oyóla, haya hecho en cualesquiera de las casas de la finca.

La corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a los demandados a Restituir a los demandantes la finca en litigio, con sns frutos producidos o debidos producir, que se estiman a razón de $60 mensuales, desde que los demandantes fueron privados de la posesión de la finca, o sea desde el 4 de abril de 1923, hasta que la misma sea restituida a los demandantes, siendo entendido que dicha finca deberá ser restituida liberada de la hipoteca por $5,000 constituida por los demandados a favor de Lorenzo Alois,' o en su defecto pagarán los demandados a los deman-dantes la cantidad de $5,000 importe de dicha hipoteca, más los intereses que se adeuden a la fecha de la restitución.

También declafó la corte con lugar la contrademandá, condenando a los demandantes, como condición precedente a la restitución de la finca, a pagar a la demandada Francisca Rivera Gómez la cantidad de $8,000, importe del capital del préstamo hipotecario, intereses sobre dicha suma a razón del 12 por ciento anual desde el 29 de marzo de 1922 hasta el día del pago. Condena además la corte a los demandantes a pagar a la demandada la cantidad de $1,200.77 pagados por la demandada por concepto de contribuciones desde el año 1923 al 1929, y $269.72 pagados por dicha demandada por con-cepto de agua consumida en la finca, más $255.83 pagados por la demandada por prima de la póliza de seguro contra incen-dio sobre la finca en cuestión. Y por último se condena a los demandantes a pagar al demandado Rafael Rivera Oyóla la cantidad de $2,021.40, importe de la mejora que hizo sobre uno de los ranchones de la finca. -

En este caso ambas partes apelaron de la sentencia de la corte'inferior. Los demandados y contrademandantes seña-laron cinco errores que examinaremos por su orden.

En primer lugar se alega que la ’corte erró al deses-timar la defensa especial de los demandados de que la ac-ción estaba prescrita con arreglo a los artícnlos 1868, inciso segundo, y 1802 y 1803 del Código Civil, edición 1930. No estamos de acnerdo con el abogado de los demandados. No ejercitan los demandantes nna acción subsidiaria de daños y perjuicios. Se pide la nulidad del procedimiento ejecutivo incoado por el causante de la demandada Francisca Rivera Gómez y se solicita la restitución de la finca, con los frutos producidos o debidos producir. La acción fundamental ejer-citada por los demandantes es una acción reivindicatoría, basada en la nulidad o inexistencia del título de la demandada.

Esta Corte Suprema, en el caso de Carmona v. Cuesta, 20 D.P.R. 229, establece la diferencia que existe entre la ac-ción principal de daños y perjuicios derivados de culpa y ne-gligencia, y la acción subsidiaria en el caso de que no pueda prosperar la acción reivindicatoria. Según el artículo 354 del Código Civil el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.

El demandante, Román Benitez, está ejercitando en este caso el derecho que le reconoce la ley para reivindicar la finca de cuya propiedad fué privado. En la demanda se alega que el demandado Román Benitez en el procedimiento eje-cutivo nunca fué requerido legalmente y que por lo tanto este procedimiento está viciado de nulidad. ■ No cometió error, por lo tanto, la corte inferior al declarar sin lugar la de-, fensa especial de prescripción establecida por los deman-dados.

El segundo y el tercer error se basan en no haber declarado la corte con lugar la excepción previa de 'falta de causa de acción y en haber decretado la nulidad del procedimiento ejecutivo basándose en que el demandado en dicho procedimiento, Antonio Román Benitez, no fué legalmente requerido. La nulidad del procedimiénto surge claramente del diligenciamiento del márshal, quien se constituyó en la residencia de Antonio Román Benitez y no estando presente el demandado lo requirió por conducto de sxl hermana, Srta. María Eomán, a quien hizo entrega personal de las copias del requerimiento y de las demás diligencias unidas al caso por el demandante.

Con respecto al domicilio y residencia de Antonio Eomán Benitez la corte inferior se expresa en los siguientes términos:

“De acuerdo con la prueba practicada en este caso, aparece que la residencia habitual y permanente del demandante era en la Calle Loíza'de Santurce. Que teniendo un hijo enfermo, allá por el mes de enero de 1923 llevó su familia a Yabucoa, pero él venía semanal-mente a sui residencia de la calle de Loíza y tenía obras en Santurce, y en marzo del mismo año regresó con su familia a su residencia de Santurce. Del ‘return’ del Marshal aparece claramente que el re-querimiento de pago es completamente nulo, pues del mismo aparece que el día 2 de febrero de 1923, el márshal se trasladó a la residencia del demandado y no estando presente el Sr. Antonio Román Benitez, requirió a dicho demandado por conducto de su hermana, Srta. María Román; pero no aparece que la Srta. Román estuviese al frente de la finca en cualquier concepto legal como dispone el Art. 171 del Reglamento para la Ejecución de la Ley hipotecaria y la única rela-ción existente entre María Román y Antonio Román Benitez es la de hermanos.”

De acuerdo cou el inciso 2 del artículo 128 de la Ley Hi-potecaria, se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que radica la finca y si se supiere su domicilio; bastará en otro caso que se requiera al que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal a fin de que ponga en conocimiento del dueño la reclamación. La Ley Hipote-caria tiene por fin la notificación al dueño de la propiedad si vive en la jurisdicción, o si no a la persona que se encuen-tre en la finca en cierta capacidad legal. Mestre v. Michelena, 30 D.P.R. 155.

De acuerdo con el artículo 103 del Eeglamento para la eje-cución de la ley hipotecaria española, el requerimiento de pago se hará al deudor o al tercer poseedor de los bienes hi-potecados, en la forma ordinaria, con intervención de notario, o bien por mandato judicial, cualquiera que sea la cuantía de los bienes hipotecados.

Comentando este artículo del Reglamento dice Galindo y Eseosura en el tomo tercero, página 295, de sus Comenta-rios a la Ley Hipotecaria:

“Si el deudor no se encontrare en su casa, el requerimiento del notario no se tendrá por hecho: entendemos que se necesita que sea personal. Si hubiera de hacerse por Escribano, se seguirán las reglas que para las notificaciones establece la sección 3% título 69, libro l9, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El art. 275 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española dice que los requerimientos se harán' notificando al requerido en la forma prevenida, la providen-cia en que se mande, expresando el actuario en la diligencia haberle hecho el requerimiento en aquélla ordenado.”

En el presente caso el deudor hipotecario residía en el lugar donde radicaba el inmueble, y únicamente se ausentó por algunos días. El requerimiento debió entenderse con él en su domicilio de ¿cuerdo con el artículo 171 del Reglamento de la Ley Hipotecaria. Este requerimiento debe ser personal, y por lo tanto entendemos que, no habiendo sido Antonio Román Benítez requerido personalmente, todo el proce-dimiento ejecutivo hipotecario está viciado de nulidad por no haber la corte adquirido jurisdicción en el mismo.

El cuarto error que se atribuye a la corte consiste en haberse basado ésta en la declaración del testigo Ramón Contrera Puig para condenar a los demandados a pagar $60 mensuales a los demandantes como frutos de la finca.

Sobre esta apreciación ambas partes atribuyen error a la corte inferior, y ambas están equivocadas. Dice la parte de-mandada que la corte dió crédito a la manifestación hecha al márshal por uno de los inquilinos de la finca. La parte demandante, por el contrario, dice que la corte inferior no tuvo en cuenta las cantidades consignadas en el diligencia-miento del márshal, al fijar la cuantía de las rentas. La ver-dad es que la corte no basó su conclusión en lo que el márshal

hiciera'Constar en el certificado de diligenciamiento. Lo que el marshal entonces consignara, a espaldas del demandado en el procedimiento ejecutivo, no puede constituir prueba en este juicio. La corte a quo no ha podido basarse en lo que un inquilino dijera al márshal, porque de los autos no apa-rece' que dicho funcionario recibiera su información de los inquilinos de la finca. La corte se basó en el testimonio de Ramón Contrera Puig, quien declaró bajo juramento en el juicio que los ranchones que él vivía rentaban $30 cada uno. Esta es la única prueba producida sobre las rentas de los ranchones y a ella dió crédito la corte inferior, sin que incu-rriera en el error que le atribuyen los litigantes en este caso.

Alega por último la demandada que la corte cometió error en la parte en que declaró con lugar la demanda y condenó a los demandados a restituir a los demandantes la finca a que se refiere la demanda con sus frutos producidos o debidos producir, o sea $60 mensuales desde el 4 de abril de 1923, en que fueron privados de la posesión, hasta que se haga la restitución de la finca. El abogado de la demandada no ofrece ningún argumento en apoyo de su contención. No creemos nosotros que la corte a quo cometiera error al fijar la suma de $60 mensuales, porque esta conclusión se deriva de la prueba practicada; pero sí opinamos que no ha debido condenarse a los demandados a pagar esta suma desde la fecha mencionada hasta el día en que la finca sea restituida a los demandantes. Según el artículo 371 de nuestro Código Civil, edición 1930, el que sucede por título hereditario no sufrirá las consecuencias de una posesión viciosa de su causante, si no se demuestra que tenía conocimiento de los vicios que la afectaban; pero los efectos de la posesión de buena fe' no le aprovecharán sino desde la fecha de la muerte del causante. No se ha aportado prueba alguna para demostrar que la heredera Francisca Rivera Gómez tuviese conocimiento de los vicios que afectaban su título. No puede discutírsele, por lo tanto, su posesión de buena fe desde la fecha en que ocurrió la muerte de su causante. Francisco Rivera Colón falleció en 21 de mayo de 1926. Desde esta fecha hasta el momento en que fué notificada de la demanda, la demandada Francisca Rivera Gómez es poseedora de buena fe y no puede condenársele a satisfacer los frutos civiles durante el pe-ríodo en que quedó amparada por la buena fe de su posesión; esta buena fe cesó en el momento en que los demandados fue-ron notificados de la demanda donde se consignan los vicios del título en virtud del cual poseen.

Ocho son los errores señalados por los demandantes' y contrademandados. En el primero se alega que la corte jde distrito erró al estimar los frutos producidos o debidos producir en $60 mensuales y que fué parcial en ello, pues el montante de los frutos producidos o debidos producir fué probado con el propio diligenciamiento del márshal, efectuado al requerir a los inquilinos que vivían en las casas del demandante en la fecha en que el demandado embargó las rentas para apropiarse como se apropió de las mismas. Declaramos sin lugar este error basados en los mismos argumentos que utilizamos para declarar sin lugar el cuarto error señalado por los demandados y contrademandantes. Los demandados alegan además que el testigo Ramón Contrera Puig declaró sobre un número de solares que había en la finca, añadiendo que había individuos que trataban de alquilarlos a Román Benitez. Este mismo testigo dice que no vió que se arrendara ningún solar.

El testigo del demandante José López declara que la finca de Román Benitez no estaba preparada para ponerla en solares, ni entonces ni hoy.

El testigo de la demandada, Juan A. Román, declara que Román Benitez tuvo el propósito de urbanizar la finca, pero no llegó a hacerlo, que no había solares abiertos y que no sabe de ninguna persona que ofreciera comprar algún solar. Melitón Verdejo, también testigo de la demandada, declara que el terreno ha tenido tres solares y lo demás no se ha usado casi nunca porque es pantanoso; que el mismo Eomán Benitez nunca afirmó el terreno, el cual necesita ser rellenado para fabricar en él. Juan B. Aranda declara que no había solares para edificar y que nunca se urbanizó la finca. Con esta prueba la corte sentenciadora no pudo fijar suma alguna por la renta de estos solares en una finca que no fué urba-nizada, y donde los mencionados solares no estaban prepara-dos para fabricar.

Se declaró en el juicio que había tres ranchones en la finca. El testigo de la demandada, Juan A. Eomán, nos dice que el ranchón del medio estaba casi caído con la mitad al aire, que había que tumbar la otra parte, que dicho ranchón estuvo como dos o tres meses inclinado, hasta que el Sr. Granado, administrador de Francisco Eivera Colón, lo mandó tumbar. Melitón Verdejo declara que existen dos ranchones, porque uno se cayó al saliente al poco tiempo de poseerlo el Sr. Eo-mán y luego, poco después, cuando vino don Paco se acabó de caer, y don Paco lo acabó de destruir. Eafael Eivera Oyóla, esposo de la demandada, declara que cuando su esposa tomó esos ranchones, estaban en regulares condiciones, de-bido a que habían sido reparados por Francisco Eivera Colón, o sea por su administrador Granado, y que cuando Francisco Eivera Colón los compró, se encontraban en muy mal estado. La corte inferior, basándose en la prueba, declara que uno de los ranchones estaba en estado ruinoso y hubo que derri-barlo. Así lo creemos también nosotros, luego de haber exa-minado cuidadosamente toda la prueba sobre el mencionado ranchón, pero aun cuando se hubiese demostrado que este ranchón fué innecesariamente destruido, no existe prueba al-guna en el récord de las rentas que producía, para que la corte sentenciadora hubiese podido fijar una suma como fruto debido producir. Como hemos dicho, la única prueba que existe es la declaración de Eamón Contrera Puig, cuando dice que los dos ranchones que él vivía rentaban $30 cada uno.

El segundo error señalado por los demandantes se basa en que la corte consideró a Rafael Rivera Oyóla como nn tercero que construyó de buena fe en el solar heredado por su esposa. Se ofreció prueba en el juicio, que no ha sido contradicha, para demostrar que el esposo de la demandada construyó una planta alta sobre uno de los ranchones y que el costo de esta obra ascendió a $2,021.40. Se trata de una mejora o gasto útil que debe ser satisfecha por el propietario. Esta construcción se llevó a cabo después de la muerte del causante Francisco Rivera Colón. De acuerdo con el artículo 382 del Código Civil, los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe, pudiendo optar el que lo hubiese vencido en su posesión, por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la finca. No se aportó prueba alguna sobre el aumento de valor que en virtud de dicha mejora haya adquirido el ranchón. Cuando se construyó esa obra la demandada Francisca Rivera Gómez y Rafael Rivera Oyóla eran poseedores de buena fe, según hemos demostrado al resolver el quinto error seña-lado por los demandados y contrademandantes. Entendemos que el propietario está obligado a pagar el importe de estos gastos ya que no ofreció prueba alguna sobre el aumento de valor que dicho ranchón haya adquirido para poder elegir entre satisfacer los gastos o abonar el aumento de valor de la cosa.

Tercer error: alegan los demandantes que la Corte de Distrito de San Juan cometió error al permitir que luego de cerrado el caso, se presentara una escritura de constitución de préstamo hipotecario, la cual admitió como prueba, abonando a los demandados intereses, que se probaron como, devengados con dicho instrumento público, sin que el demandante tuviera oportunidad para hacer las objeciones pertinentes en derecho. Nos ha causado extrañeza el procedimiento seguido por la corte inferior, en primer lugar porque se trata de un hecho suficientemente probado, que no necesitaba evidencia adicional, y en segundo lugar porque no debe admitirse prueba, después de celebrada la vista, a menos que se baya abierto el caso nuevamente a prueba. La verdad es que los demandantes, en el becbo cuarto de su demanda, ale-gan que Antonio Román Benitez se obligó a pagar al acreedor bipotecario la suma de |8,000 en el plazo de dos años, deven-gando basta que dicba suma sea satisfecha, el interés del 12 por ciento anual, pagadero por meses vencidos, y que este becbo fué aceptado expresamente por la parte demandada, ■quien además volvió a alegar en su contrademanda el prés-tamo de $8,000 con el interés del 12 por ciento anual, basta •el pago de la deuda. Los demandantes y eontrademandados aceptaron expresamente esta alégación. De las certificacio-nes del registro de la propiedad' aparece el préstamo con-traído y el interés del 12 por ciento por mensualidades ven-cidas, basta que dicbo préstamo fuese satisfecho. No nos explicamos ni la admisión por parte de la corte de la escri-tura donde, aparece constituida la hipoteca, después de visto el caso, ni la actitud de los demandantes haciendo objeción a la admisión de un documento que en nada puede perjudicar-les, puesto que los mismos dem'andantes han admitido que' se comprometieron a pagar el interés del 12 por ciento sobre el préstamo de $8,000 basta que el mismo fuese satisfecho.

Ahora bien, este convenio no puede tener el alcance de obligar a los demandantes a pagar los intereses mientras se han visto privados de los frutos del inmueble. La hipoteca se constituyó para garantizar el préstamo de los $8,000. Cuando él acreedor bipotecario se posesionó de la finca, se incautó de la garantía, se apropió esta garantía para sí, y no parece justo que sé obligue a los demandantes a pagar intereses á los demandados por una suma que prácticamente han tenido los últimos en su poder, mientras han estado disfrutando de los frutos de la finca. La doctrina de la justa compensación debe prevalecer en el presente caso. Los demandados no pueden tener derecho a percibir los intereses y los frutos a un mismo tiempo. Claro es que este principio debe aplicarse durante la posesión de buena fe que permite al po-seedor percibir los frutos; pero no durante la posesión de mala fe que priva al poseedor de esos frutos.

El cuarto error señalado por los demandantes es idéntico al segundo, puesto que se basa en baber considerado la corte como un tercero al esposo de la demandada Rafael Rivera Oyóla.

El quinto error se basa en la conclusión de la corte sobre el estado ruinoso de uno de los ranchones. Ya hemos re-suelto este extremo al discutir el primer error.

El sexto error es idéntico al primero, pero alega que la corte erró al estimar como concluyente la declaración de Ramón Cartagena sobre las rentas producidas o debidas producir por los ranchones, estimándolas en $60. Debemos hacer constar que no aparece de los autos que haya declarado ninguna persona con el nombre de Ramón Cartagena. Ramón Contrera Puig fué el único que declaró sobre las rentas de los ranchones. Si estos ranchones rentaban más de $60 mensuales, los demandantes han debido ofrecer prueba al efecto, y no atenerse al certificado del márshal, quien no compareció a declarar, y cuyas manifestaciones a espaldas de los demandados no pueden constituir prueba contra éstos. En ausencia de otra prueba, la corte inferior tomó como base para fijar las rentas la declaración de Ramón Contrera Puig, que es uno de los testigos de los demandantes, y que fué la única prueba que se produjo sobre el montante de las rentas.

El séptimo error es una repetición de los errores segundo, tercero y cuarto.

Se alega por último que la Corte de Distrito de San Juan cometió error al declarar que cada parte debe pagar sus costas. La corte a quo, en el ejercicio de su discreción, es-timó que no debía conceder costas a ninguna de las partes y nosotros, dada la naturaleza de este litigio, entendemos que debemos aceptar sin modificarla la decisión del tribunal sen-tenciador.

La corte inferior condena a los demandantes a satisfacer a los demandados la cantidad de $269.72 pagados por concepto de ,agna consumida en la finca. Esta cantidad comprende el agua consumida desde marzo del año 1923 hasta marzo de 1926, y desde esta fecha al mes de agosto de 1930. La buena fe de la posesión de los demandados empieza el día 21 de mayo de 1926, fecha en que murió el causante de la demandada, ' Francisco Rivera Colón, y termina el día en que fueron notificados de la demanda de nulidad. Los gastos del agua consumida durante este período son de la exclusiva cuenta de los demandados. El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos hechos para su producción, recolección y conservación. No es justo ni equitativo que el poseedor se enriquezca a expensas del propietario, y. si obligáramos a éste, a pagar los gastos de agua, colocaríamos al poseedor en la posición ventajosa de percibir los frutos y además el abono de gastos en que incurriera para su producción.

En cuanto- al poseedor de mala fe la situación varía. El artículo 384 de nuestro Código Civil, edición de 1930, equi-valente al 455 del Código Español, dice que el poseedor de mala fe abonará los frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir, y sólo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios hechos para la conser-vación de la cosa. Los gastos de producción, recolección y conservación son gastos necesarios, de naturaleza especial, pero no lo son para la conservación de la cosa. ¿Son abona-bles al poseedor de mala fe estos gastos hechos para produ-cir los frutos que en definitiva percibe el propietario? ¿Es posible armonizar las disposiciones del artículo 290 y 384 de nuestro Código Civil? El artículo 290, edición 1930, equiva-lente al 356 del Código Civil Español dice que el que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y conserva-ción, y el artículo 384 sólo otorga al poseedor de mala fe el derecho al reintegro de los gastos necesarios para la conser-vación de la cosa poseída. A pesar de la severidad con que el Código castiga al que posee de mala fe, no creemos que deba llevarse esta severidad al extremo de enriquecer al pro-pietario a expensas del poseedor. Dice Sánchez Román en el tomo tercero, página 459 de su obra Derecho Civil:

“Sin embargo de ser terminante el texto del art. 455 en el ex-tremo de que el poseedor de mala fe ‘sólo tendrá derecho a ser rein-tegrado de los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa', ya porque resultaría excesiva pena para el poseedor, no sólo no percibir fruto alguno, sino soportar, los gastos de su produc-ción, recolección, etcétera, y excesivo, también, el beneficio para el dueño o poseedor legítimo a quien se hiciera la adjudicación de fru-tos sin abono de los gastos que hubiere originado su producción, ya porque es preciso concordar este art. 455 con el 356 que sienta el principio general más justo de que ‘el que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos hechos por un tercero para su pro-ducción, recolección y conservación’, parece que la solución de jus-ticia podría ser, toda vez que en el 356 no dice más que tercero, sin distinguir si tuvo buena o mala fe al suplir dichos gastos, considerar que el art. 455 debe ser entendido en este, punto sin perjuicio o bajo el complemento del 356.
“Que eso sería más justo y salvaría tal caprichosa variedad de criterio entre uno y otro artículo, es indudable: pero no pueden per-derse de vista lo terminante del texto del 455 y el manifiesto sentido excluyente de su frase ‘sólo tendrá derecho’ y generalmente el valor de ese adverbio que emplea y la preferencia que para una hipótesis expresa en la ley, tiene, en buena hermenéutica, un precepto especial sobre una regla general, cuando, además, ha sido aquél con-signado en el mismo Código después que éste.’’

Manresa se expresa así en el tomo 4, página 281, de sus Comentarios al Códig'O Civil Español:

“En efecto: el art. 356 dice, en general, que el que percibe los frutos tiene obligación de abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación. Los términos son exactos y aplicables, lo mismo a las fincas rústicas que a las urbanas, lo misma a los bienes muebles que a los semovientes, lo mismo en el caso de posesión que en otro cualquiera. El que percibe los frutos paga esos gastos ordinarios que la ley de Partidas y las sentencias de 7 de Marzo de 1867, 17 de Abril de 1874 y 5 de Noviembre de 1881, con-sideraban como baja necesaria de dichos frutos. El poseedor de buena fe percibe los frutos, y de su cuenta son los gastos de producción, recolección y conservación. El poseedor de mala fe ha hecho gastos para producir los frutos que en definitiva percibe el propietario, pues dichos gastos han de ser de cuenta del perceptor. Ni vale ale-gar la mala fe, porque, como dice Laurent, el art. 356' se halla es-crito más bien para el .poseedor de mala fe, verdadero, tercero, que para otro cualquiera, y porque nadie debe enriquecerse con perjuicio de otro, y puesto que el propietario percibe los frutos justo es que des-cuente los gastos.
“Tampoco obstan las palabras del art. 455: ‘el poseedor de mala fe sólo tendrá derecho a ser reintegrado por los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa’, porque hemos partido del supuesto de que intencionalmente no habla el Código en los artícu-los 451 y 455 de los gastos de cultivo en general, respetando la regla del 356, y así, puesto que sólo trata de los que el califica de necesarios, útiles y de mero recreo, con relación solamente a éstos y no a otros gastos especiales, dice que nada más que los necesarios son abonables al poseedor de mala fe. Y aun debe sostenerse que los gastos de cultivo, entretenimiento, sostenimiento, etc., son necesarios para la producción de la cosa. ’ ’

Y Scaevola, en el tomo 8 de sus Comentarios al Código Civil Español, página 490, dice así:

“Así creemos nosotros que razonaron los autores dél Código Civil, y por esto en el Art. 455 expusieron que el poseedor de mala fe abo-nará los frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiese po-dido percibir, y sólo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa.
“Y tras este breve discurso, preguntamos: jes lícito, una vez conocido el espíritu del precepto, sabidos ya los derroteros que siguió el pensamiento de los legisladores, es lícito, repetimos, sostener que el poseedor de mala fe carece de derecho para reclamar el abono de los gastos de producción, recolección y conservación de los frutos?
“Opinamos en sentido negativo. Se opone a ello el principio justificadísimo consignado en el art. 356 del Código. Batalla tam-bién en contra el art. 453. Pero sobre todo, contradice semejante absurda tesis el espíritu de la ley, el imperio de la equidad, que no obstante las deficiencias de la letra y las confusiones de los con-ceptos, descuella vigoroso mostrando con viva claridad cuál ha sido la inspiración sana del legislador, no revelada con lucidez en el texto sintético del articulado.
“Justa, y aun mejor, necesaria, es la represión de mala fe; pero no nos parece equitativo ni jurídico que la pena del culpable refluya en acrecentamiento indebido del patrimonio del victorioso en la contienda. ’ ’

Como se ve, los tres comentaristas están de acuerdo en que sería una solución justa considerar que el artículo 455 debe ser entendido sin perjuicio o bajo el complemento del artículo 356. Sánchez Román llama sin embargo la aten-ción al texto terminante del artículo 455 del Código Civil Español. Nosotros opinamos que el poseedor de mala fe tiene derecho a que se le abonen los gastos incurridos en la producción, recolección y conservación de la cosa poseída. Opinamos con Manresa y Scaevola, porque entendemos que los artículos 290 y 384 del Código Civil deben armonizarse para que puedan realizarse los fines de la justicia y porque consideramos que esta interpretación está de acuerdo con el espíritu de la ley.

De acuerdo con este criterio, los demandantes deben abo-nar el importe del agua consumida desde el 4 de abril de 1923 hasta el día 21 de mayo de 1926, y desde la fecha del emplazamiento de los demandados de la presente acción hasta el momento de la restitución del inmueble. También apa-rece pagada por los demandados la cantidad de $255.83 como prima de la póliza de seguro contra incendio sobre los edifi-cios que existían en la finca. Alegan los demandados en el hecho primero de su contrademanda, aceptado por los deman-dantes, que éstos, cuando se constituyó la hipoteca, se obliga-ron a mantener asegurados contra incendio los edificios que contenía la finca hipotecada. El importe del seguro no puede considerarse como mejora ni como gasto necesario; pero como el aseguramiento de los edificios beneficia exclusiva-mente al propietario, ya que el poseedor de buena fe no res-ponde de la pérdida de la cosa, y el de mala fe tínicamente responde de esta pérdida, ocasionada por fuerza mayor. cuando maliciosamente Raya retardado la entrega de la cosa a su poseedor legítimo, lo que no lia ocurrido en este caso, por lo menos con antelación a la fecha en que los demanda-dos fueron notificados de esta demanda, respetamos el com-promiso contraído y aceptamos el pronunciamiento de la corte inferior, condenando a los demandantes a satisfacer a los demandados la suma de $255.83 pagados por el seguro de los edificios. Hemos dicho que el seguro beneficia exclusiva-mente al propietario basados en que,, de no existir la póliza, los demandantes no hubiesen podido reclamar indemnización en caso de que los edificios hubiesen sido destruidos por in-cendio. Los demandantes además no han hecho objeción al-guna al pronunciamiento de la corte sobre esta partida.

En cuanto a los $1,200.77 pagados por los demandados por concepto de contribuciones, nada tenemos que decir por-que los demandantes en su contestación a la contrademanda se obligan a satisfacer a los contrademandantes el importe de las contribuciones pagadas hasta la fecha en que la finca les sea reintegrada. En cuanto a los-$14 pagados por los demandados a la Liga de Propietarios, y que según el de-mandado Rafael Rivera Oyóla fueron utilizados para desahu-cio, entendemos que no deben ser pagados por los deman-dantes.

En resumen, opinamos que de acuerdo con los términos de esta opinión deben hacerse los siguientes pronuncia-mientos :

Declarar nulo el procedimiento ejecutivo hipotecario ins-tituido por Francisco Rivera Colón contra Antonio Román Benítez, condenando a los demandados a restituir a los de-mandantes la finca que se describe en la demanda, con sus frutos civiles que se estiman en $60 mensuales, desde el 4 de abril de 1923 hasta el 21 de mayo de 1926, y desde la fecha en que los demandados fueron notificados de la demanda hasta el momento de la restitución de la finca, debiendo enten-derse que esta finca debe ser restituida liberada de la hipo-teca por $5,000 constituida a favor de Lorenzo Alois o me-diante previo pago a los demandantes del importe de la hi-poteca con los intereses que se adeuden en la fecha de la res-titución ;

Condenar a los demandantes a satisfacer a Francisca Rivera Gómez, como condición precedente a la restitución de la finca, la cantidad de $8,000 con sus intereses ai 12 por ciento anual desde el último plazo de dichos intereses pagados por los demandantes que fué el 28 de marzo de 1922, hasta el 21 de mayo de 1926, y desde la fecha en que la demanda fué no-tificada a los demandados hasta el día en que la finca sea res-tituida a su legítimo dueño;

Condenar a los demandantes a satisfacer a los demanda-dos la cantidad de $1,200.77, pagados por los demandados por concepto de contribuciones desde el año 1923 hasta el año 1929;

Condenar a los demandantes a pagar el importe del agua consumida en la finca desde el 4 de abril de 1923 hasta el 21 de mayo de 1926, y desde la fecha en que los demandados fueron notificados de la demanda hasta el día de la restitu-ción de la finca;

Condenar a los demandantes a pagar a los demandados la cantidad de $255.83 pagados por el seguro de los edificios que en la finca existían;

Condenar a los demandantes a pagar a los demandados la cantidad de $2,021.40, importe de las mejoras introducidas en la finca mientras los demandados poseyeron de buena fe, debiendo cada parte pagar sus costas.

La sentencia deberá modificarse de acuerdo con los tér-minos ele esta opinión y después de dictarse nuestra sentencia en substitución de la parte modificada, confirmarse en todos sus demás particulares.

       Sobre la cuestión discutida bajo este número véanse las páginas 54B y 547.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Rodolfo Dávila, Carlos Suárez, Francisco Bastón y Manuel Grau, peticionarios, v. Hon. Charles E. Foote, en su carácter de Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., recurrido.
    No. 52.

    Sometido: Marzo 9, 1931.

      Resuelto: Mayo 27, 1932.

      Oscar Souffront, E. Báez García, José Carbia Miranda y José Sa-bater, abogados de los peticionarios, respectivamente; R. A. Gó-mez, Fiscal, abogado del querellado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios fueron acusados de infringir la ley para proteger el comercio contra coacciones y monopolios, apro-bada por la Legislatura insular en marzo 14, 1907, leyes de ese año, página 328, en efecto porque los vendedores al por mayor de gasolina en Mayagüez, acusados en este caso, tra-marón una combinación a virtud de la cnal convinieron en nn precio fijo para la venta de tal gasolina y se negaron a vender al precio corriente e igualmente se negaron a vender a todo aquel que no pagara el precio fijado por uno de ellos y convenido por los otros o por todos ellos, y realizaron otros actos tendentes a evitar la competencia. Se presentó una excepción previa ante la Corte de Distrito de Mayagüez, que fué desestimada. En la corte inferior se discutieron varias cuestiones que no fian sido objeto de la petición en este caso y, por tanto, bailamos innecesario considerarlas.

Los peticionarios ban presentado una solicitud de auto inhibitorio en este Tribunal fundándose en que la Corte de Distrito de Mayagüez carecía de jurisdicción para oír y determinar el caso toda vez que la materia de monopolios y restricciones del comercio ya estaba cubierta por estatutos federales sobre el asunto, a saber, la llamada Ley Sberman de 1890, 26 Statutes-at-large, página 209, y la Ley Clayton, 38 Statutes-at-large, página 730. Las disposiciones de la Ley Sherman que se alegan ser aplicables, leen como sigue:

“Sección 2. — Toda persona que monopolice o trate de monopo-lizar, o se combine o conspire con cualquier otra persona o personas para monopolizar cualquier parte del negocio o comercio entre los distintos estados, o con naciones extranjeras, será considerada culpable de misdemeanor, y, convicta que fuere de ello incurrirá en multa máxima de $5,000 o cárcel por un término máximo de un año, o ambas penas, a discreción de la corte.
“Sección 3. — Todo contrato, combinación en forma de ‘trust’, o de alguna otra índole, o conspiración, para restringir los negocios o el comercio de cualquier territorio de los Estados Unidos, o del Distrito de Columbia, o para restringir los negocios o el comercio entre tal territorio y cualquier otro, o entre dicho territorio o te-rritorios y cualquier estado o estados o el Distrito de Columbia, o con naciones extranjeras, o entre el Distrito de Columbia y cualquier estado o estados o naciones extranjeras, por la presente se declara ilegal. Toda persona que celebre semejante contrato o que se dedi-que a tal combinación o conspiración, será culpable de misdemeanor, y convicta que fuere, será castigada con multa que no excederá de $5,000 o con prisión por un término máximo de nn año, o con ambas penas a discreción de la corte.7’

I-Inbo alguna discusión respecto a si procedería en este caso un auto inhibitorio, pero no tenemos duda de que si la Corte de Distrito de Mayagüez en verdad carecía de jurisdic-ción, cabría el auto.

Los peticionarios se fundan en el caso de El Pueblo v. Galanes et al., 15 D.P.R. 405, donde dijimos:

"Hay también otro punto que debemos observar de paso y es que la Ley Federal contra los Trusts, de 2 de julio de 1890, U. S. Statutes at Large, vol. 26, p. 209, tiene también aplicación a los territorios. Según la sección 3a de la misma los contratos que tiendan a restrin-gir el comercio en el Distrito de Columbia y en los territorios están prohibidos; pero esa ley no dice nada en relación con los monopo-lios. Creemos que la Ley Federal sería de aplicación en todos aque-llos casos que la misma prevee, y por consiguiente, que la corte inferior no tenía jurisdicción para conocer de una causa con respecto a contratos sobre restricción del comercio. En otras palabras, que aquella parte de la ley de marzo de, 1907, que trata de prohibir con-tratos en restricción del comercio está en contra de la Ley Orgánica, toda vez que esa ley dispone que tendrán aplicación a esta Isla todas aquellas leyes de los Estados Unidos que no sean loealmente inapli-cables. Sección 14 de la Ley Orgánica. En este sentido se dictó la resolución en el caso de Territory v. Alexander, 89 Pac. 514. ’ ’

Al tiempo de ese fallo, esta Corte tenía alguna idea de que Puerto Rico, aunque no un territorio incorporado, debía ser considerado como un territorio de los Estados Unidos, al que podrían ser aplicables los estatutos generales. Después de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos de People v. Muratti, 245 U. S. 639; y Balzac v. Porto Rico, 258 U. S. 298, creemos que la jurisprudencia es-tablece que Puerto Rico, aunque organizado, no es un territorio incorporado.

En cada una de nuestras leyes orgánicas aparece lo si-guiente :

"Las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean local-mente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispusiere en la pre-sente, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos, excepción Recita de las Leyes de rentas internas; Disponiéndose, sin embargo, que en lo sucesivo todos los impuestos que se recauden con arreglo a las Leyes de rentas internas de los Esta-dos Unidos sobre artículos producidos en Puerto Rico y transporta-dos a los Estados Unidos, o consumidos en la Isla, ingresarán en el Tesoro de Puerto Rico.” Art. 14 del Acta Foraker; Art. 9 del Acta Jones.

Bajo las precitadas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, una ley general de los Estados Unidos apli-cable a los “territorios” no incluiría un territorio no incor-porado como Puerto Rico a menos que el Congreso manifes-tara tal intención. El caso de González v. People of Porto Rico, 51 Fed. (2d) 61, también parece ser aplicable.

Convenimos con la corte inferior en que la Ley Sherman no es aplicable a Puerto Rico por sus términos. Nada ba-ilamos en sus disposiciones que demuestre que el Congreso tuvo la intención de abarcar un delito perpetrado en Puerto Rico.

La corte inferior también llamó la atención hacia el hecho de que en casi toda ley federal que el Congreso se ha pro-puesto extender a Puerto Rico, se han usado las palabras “Porto Rico”, o “posesiones insulares”, o algún otro tér-mino. La corte citó las siguientes leyes: Ley de febrero 12, 1915 (Leyes de Puerto Rico de 1930, página 105); Ley de marzo 4, 1915 (Leyes de 1930, página 107); Ley de agosto 10, 1917 (Leyes de 1917, tomo II, página 71); Ley de octu-bre 6, 1913 (Leyes de 1917, tomo II, página 161); Ley de mayo 4, 1916 (Leyes de 1917, tomo II, página 69); Ley de marzo 4, 1929 (Leyes de 1930, página 119); Ley de febrero 27, 1921 (Leyes de 1930, página 107); Ley de octubre 28, 1919 (Leyes de 1923, página 97); Ley de septiembre 21, 1922 (Leyes de Puerto Rico de 1930, página 109); Ley de enero 28, 1915 (Leyes de 1930, página 101).

En relación con la Ley Clayton bastará decir que los de-litos por ella comprendidos no fueron imputados, y así lo resolvió la corte inferior, por la acusación en este caso.

De acuerdo con nuestras varias cartas orgánicas, desig-nada la primera como la Ley Foraker y la segunda como la Ley Jones, a la Legislatura de Puerto Eico se le dan los mis-mos poderes generales que pueda tener cualquiera legisla-tura de los Estados Unidos, y, por tanto, la de Puerto Eico tiene el derecho de aprobar una ley contra monopolios y res-tricciones del comercio en forma similar que el Congreso de los Estados Unidos o la legislatura de cualquier estado po-dría hacerlo a menos, tal vez, que un estatuto federal clara-mente cubriera'el terreno.

Decimos “tal vez,” porque no establos plenamente con-vencidos de que la Ley Federal y la local no podrían coexis-tir y que una persona no pudiera ser procesada por un de-lito contra la ley local así 'como contra la ley federal. En otras palabras, tenemos ahora algunas dudas respecto a si la Ley Sherman o la Clayton, aunque se hicieran propia-mente extensivas a Puerto Eico, impedirían que la Legisla-tura aprobara una ley similar.

Debe anularse el auto inhibitorio■ expedido.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico y en su representación Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, demandante y apelado, v. Rafael y José L. Berríos y F. Mariano Colón Berríos, demandados y apelantes.
    No. 5495.

    Sometido: Mayo 29, 1931.

      Resuelto: Mayo 27, 1932.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelantes; Hon. Attorney General James B. Beverley y B. Cordones Arana, Sub-procurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes se quejan de la actuación de la Corte de Distrito de Humacao al librar una orden de embargo'para asegurar la efectividad de la sentencia después de haberse disuelto un embargo original. Lá sección 13* de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, provee:

‘ ‘ Todo aseguramiento de sentencia quedará sin efecto si la vista del pleito fuere suspendida a petición de la parte que obtuvo dicho aseguramiento, o si cualquier término judicial fuere prorrogado a su instancia, excepto si la petición de suspensión o prórroga se fundó en causas de fuerza mayor debidamente justificadas.”

El demandante, El Pueblo de Puerto Rico, para asegurar una sentencia obtuvo un embargo y con posterioridad al mismo obtuvo una o más suspensiones del juicio. Esto, con-forme admite el demandante, dió derecho a los demandados a solicitar que se anulara el embargo. Los demandados ra-dicaron en la Corte de Distrito de Humacao una moción para anular dicho primer embargo. Mientras estaba pendiente esta moción, el demandante radicó otra moción en la cual con-venía en que la primera orden de embargo debía ser decla-rada nula y sin valor alguno, mas solicitaba la expedición de una nueva orden. La Corte de Distrito de Humacao, en 29 de octubre de 1930, dictó una resolución anulando el primer embargo y el mismo día libró otra resolución para que se embargaran los mismos bienes ya embargados.

La teoría de los apelantes es que la sección 13 es una penalidad y que una vez que un demandante ha infringido dicha sección, éste no tiene en el mismo litigio derecho ulterior a embargar bienes pertenecientes al demandado.

No estamos de acuerdo con que un demandante no tiene derecho en cualquier momento durante el juicio a solicitar el embargo de bienes. El derecho de embargo es general. La sección meramente comprende casos en que el juicio es de-morado después de trabarse el embargo y no incluye casos en que se obtiene un nuevo embargo y en que no ocurre demora alguna con posterioridad al mismo. González v. Hernández, 31 D.P.R. 73. Nada hallamos en este caso que sea inconsistente con el de Avalo Sánchez v. Porrata, 18 D.P.R. 908.

En su segundo señalamiento de error los apelantes se quejan de que la corte inferior cometió error al permitir al Pueblo de Puerto Rico efectuar un embargo sin prestación de fianza. El artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Civil provee en inglés lo siguiente:

“In any civil action or proceeding -wherein the Island or the people of the Island is a party plaintiff, or any insular officer in his official capacity, or on behalf of the Island, or any city or district, is a party plaintiff or defendant, no bond, written - undertaking, or security can be required of said Island, of the people thereof, or any officer thereof, or of any city; but on complying with the other provisions of this Code, said Island or people thereof, or any insular officer, acting in his official capacity, or any city, or district, has the same rig’hts, remedies and benefits as if the bond, undertaking or security were given and approved as required by this Code. ’ ’

Este artículo ha sufrido ligeramente en su traducción. Según la versión inglesa es claro que El Pueblo de Puerto Rico o cualquier funcionario insular puede, sin fianza, prose-guir cualquier acción civil o procedimiento. El apelado cita cierto cúmulo de jurisprudencia de California para de-mostrar que el estado y sus funcionarios están general-mente exentos de prestar fianza, mas creemos que el ar-tículo por sí solo es claro. No importa que la ley para ase-, gurar la efectividad de sentencias sea una ley independiente. No obstante éste es un procedimiento que cae dentro del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

Convenimos en que la cuestión relativa a la cuantía de que deben responder los fiadores en un litigio instituido contra principal y fiador, es una que pudo ser suscitada en el juicio de este caso. Igualmente convenimos con el apelado en que el remedio para un embargo excesivo es la presentación de una moción para reducir el mismo, y no una para anularlo.

Debe confirmarse la orden de la Corte de Distrito de macao.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicanor Ferrer, acusado y apelante.
    No. 4630.

    Sometido: Marzo 17, 1932.

      Resuelto: Mayo 27, 1932.

      Pedro E. Anglade, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión dól tribunal.

Nicanor Ferrer apela de la sentencia que lo condena por ■delito de homicidio involuntario' ocurrido mientras manejaba un automóvil con el cual dió un golpe al ser humano Juan Alvino, que murió a consecuencia del mismo.

Uno de los motivos alegados para sostener la apelación es por haber permitido el tribunal inferior que el fiscal le-yera al jurado la declaración de Ana Luisa Colón.

Después de haber declarado Ana Rodríguez que ella y Ana Luisa Colón fueron del barrio Coquí, de Salinas, donde- vi-vían, a Guayama, de donde regresaban para su barrio en el automóvil que guiaba Nicanor Ferrer, yendo ambas en el asiento de atrás y un hombre al lado de Nicanor Ferrer, el fiscal llamó como testigo a Ana Luisa Colón la que declaró que había ido a Guayama y regresaba para el barrio Coquí de Salinas; que iba con Ana Rodríguez en el automóvil guiado por Nicanor Ferrer y que sabe donde queda el puente de Jobos. Preguntada si oyó algo en ese puente contestó que sí que en la curva él tocó klaxon pero después no tocó más y que después de la curva “fué que pasó eso.” Preguntada nuevamente qué fué lo que pasó, respondió “Pues que él tocó klaxon cuando iban.” Entonces ocurrió lo que pasamos a Copiar:

“P. — ¿Qué fué lo que pasó después que pasó la curva, dígale a aquellos señores, al jurado, Ud. no quiere declarar, le han dicho a Ud. que no declare, hable?
“Juez.— (P) Conteste a las preguntas que se le están haciendo, aquí no vino a que la vean sino a declarar la verdad de lo que sepa, hágale la pregunta. N
“Fiscal. — (P) ¿Ud. vió alguna persona en la carretera después de haber pasado la curva del puente? R. — No, señor.
“P. — ¿No vió ninguna persona? R. — No, señor.
“P. — ¿Pasó allí algo con motivo del carro? R. — Pasó, lo único que pasó que.
“P. — Siga, ¿le han dicho a Ud. que no declare en ese sentido?
“Juez. — (P) ¿Vamos a ver, qué fué lo que pasó, Ud. no tiene ojos para ver y oídos para oír, a ver, qué fué lo que pasó?
“Fiscal. — (P) ¿Ud. ha declarado antes de ahora ante el fiscal que le habla, Ud. ha declarado antes de ahora? R. — Sí, señor.
“P. — ¿Cuándo, no recuerda haber declarado ante mí cuando pasó eso ? R. — Declaré, sí.
“P. — ¿Por qué entonces no declara ahora lo mismo que Ud. de-claró entonces ?
“Defensor. — Lo mismo no, que declare lo que sea verdad de lo que ocurrió allí.
“Fiscal. — Si no declara se perjudica.
“Defensor. — Que declare lo que realmente pasó.
“Juez. — Vamos a ver, continúe preguntando el fiscal.
“Fiscal. — P.—¿El carro pisó a alguna persona durante el camino? R. — Pues pisó, sí.
“P.- — ¿A quién? R. — Pues el señor ése.
“P. — ¿A qué señor, Ud. lo conoce, sabe cómo se llama él o no lo conoce, diga sí o no? (No contesta.)
“P. — ¿Qué carro fué el que pisó a ese individuo, cuál carro fué? (No contesta.)
“Fiscal. — -Señor juez, vea la actitud rebelde de la testigo de no contestar las preguntas del fiscal.
‘£ Juez. — Conteste la pregunta que le hace el fiscal, ¿ qué carro fué, no sabe?
“Fiscal. — En este caso voy a recordarle a la testigo las manifes-taciones hechas anteriormente.
“Defensor. — Voy a oponerme a eso por lo siguiente: porque aquí no se ha demostrado que la testigo haya olvidado lo que declaró entonces, segundo, porque cuando se hizo la investigación el acusado no estaba presente.
“Juez. — No tiene que estar presente el acusado en la investi-gación. ’1
“Defensor. — Si él trae esas preguntas sin nosotros estar presen-tes en el momento de hacerlas a nosotros no se nos dió oportuni-dad de repreguntar a la testigo.
“Juez. — Es una investigación privada que hace el fiscal, aquí es el juicio donde tiene que estar presente el acusado, ésas son inves-tigaciones privadas de él.
“Defensor. — Entonces nosotros tomamos respetuosamente excep-ción a la resolución de la corte por entender que aquí no se ha de-mostrado que la testigo haya olvidado lo que declaró ante el fiscal y muy al contrario el fiscal ha demostrado por sus gestos y por sus frases de que la testigo está en actitud rebelde, y a nuestro juicio la corte y el fiscal tienen medios piara obligarla a declarar y utilizando esos medios quedarían a salvo los derechos del acusado.
“Fiscal. — (P) jUd. declaró ante mí, verdad? R. — Sí, señor.
“Defénsor. — Además, nosotros vamos a hacer otra objeción y es la siguiente: de que la testigo no ha declarado nada en contrario de lo que declaró anteriormente ante el fiscal y de la única manera que el fiscal podría traer eso como prueba en este caso sería para impugnar la veracidad de la testigo.
“Fiscal. — Ya precisamente ha dicho la ley y la jurisprudencia que precisamente en estos casos cuando el testigo es rebelde es cuando el fiscal puede recordarle al testigo si ha hecho manifestaciones an-teriores con respecto a aquello que se le pregunta y no quiere con-testar, a pesar de la pregunta, que es precisamente un caso como éste.
“Juez. — La testigo no está contestando a las preguntas del fiscal, por tanto, la corte admite la prueba.
“Defensor. — Tomamos excepción respetuosamente.”

Después de lo transcrito el fiscal leyó a la testigo ante el jurado la declaración que ella había prestado ante él y cuando terminó su lectura preguntó a la testigo si había declarado eso ante él contestándole ella que sí, con lo que el fiscal dió por terminado el interrogatorio de esa testigo.

Como hemos visto la testigo dijo que después de la curva fué “que pasó eso,” y el hecho de que a la pregunta sobre lo que pasó contestara que él tocó el klaxon cuando iba, nos parece que no • justifica que el fiscal la increpara dieiéndole si no quería declarar, si le habían dicho que no declarase. Ella estaba contestando las preguntas que se le hacían. Tam-poco estuvo ajustado a la ley el fiscal al decir a la testigo por qué no declaraba abora lo mismo que declaró ante él, pues lo que un testigo debe declarar en el juicio es la verdad y no lo que hubiese declarado ante el fiscal, si no había dicho la verdad ante él. Ciertamente que ella después de declarar que el automóvil pisó a una persona no contestó a la pre-gunta que se le hacía para que dijera cómo se llamaba esa persona y si no la conocía; y también dejó de contestar cuál automóvil fué el que pisó a esa persona, pero tal falta de contestación, explicable por la situación en que debió encon-trarse la testigo en aquel momento a virtud de la manera, como se le había venido preguntando, no justificó que se le leyera su declaración ante el jurado por el fundamento de re-frescarle la -memoria, pues esto lo permite el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal en relación con el ar-tículo 159 de la Ley de Evidencia para impugnar la veraci-dad de un testigo cuando ha hecho manifestaciones que no concuerdan con su actual declaración; y en los autos no en-contramos nada que demuestre que estaba declarando de ma-nera distinta a como lo había hecho ante el fiscal. En El Pueblo v. Lafontaine, 43 D.P.R. 23, se trancriben párrafos de la obra Underhill sobre evidencia criminal referentes a esta materia. Lo que en efecto so hizo en este caso fué prescin-dir de la declaración de la testigo y dejar en conocimiento del jurado la declaración que ella había prestado ante el fiscal, como prueba en el juicio de este caso. Ni siquiera se permi-tió a la testigo que explicase las contradicciones que hubiera entre sus dos declaraciones, si es que las había, como requie-ren los artículos citados. En verdad, la declaración prestada por Ana Luisa Colón ante el fiscal y no en el juicio, pues en realidad no declaró sobre la muerte imputada al acusado, quedó a la consideración del jurado para su veredicto y esto constituyó un error perjudicial para el acusado-apelante.

En vista de la conclusión a que hemos llegado no es ne-cesario considerar los otros motivos del recurso.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse la cau-sa para la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.