text:
    Carlos M. de Castro, peticionario y apelante, v. Junta de Comisionados de San Juan, querellada y apelada.
    Núm. 8070.

    Sometido: Julio 23, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      F. Fernández Guyar y H. González Blanes, abogados de la querellada y apelante;

      Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba y B. Rivera Zayas, abogados del peticionario y apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el Auditor de la Capital formuló cargos contra el Administrador de la misma ante la Junta de Comi-sionados. Contestó el Administrador y la Junta, en enero 5, 1939, lo suspendió de empleo y sueldo. Practicada una investigación, fué finalmente destituido el Administrador por la Junta el 5 de abril de 1939.

El Administrador interpuso ante la Corte de Distrito de San Juan un recurso de certiorari que fué declarado sin lugar en agosto 21, 1939. Apeló para ante esta Corte Suprema que revocó a la de distrito en los siguientes términos:

“Sentenoia — San Juan, Puerto Rico, junio 28, 1940.
“Por los motivos consignados en la anterior opinión, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecba 21 de agosto, 1939, y en su lugar se dieta otra anulando las Ordenanzas número 370 de enero 5, 1939, y número 373, de abril 5, 1939, que decretaron la suspensión y destitución del Administrador de la Capital, y se ordena la reposición del peticionario Carlos M. de Castro en su cargo de Administrador de la Capital, retroactiva dicha restitución al 5 de enero de 1939, fecha en que el peticionario fué suspendido de empleo y sueldo.”

Después que se le negó la reconsideración solicitada, la Junta radicó el 19 de este mes de julio una petición de ape-lación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito y como no apareciera perfectamente claro su derecho, esta corte fijó el día 23 para oír a las partes sobre el particular.

Ambas en efecto concurrieron representadas por sus dis-tinguidos abogados, quienes informaron oralmente y han archivado memoranda en apoyo de sus respectivas preten-siones.

El derecho a apelar para ante la Corte de Apelaciones del Circuito está regulado por la Sección 128 del Código Judicial de los Estados Unidos, párrafo A, inciso 4, 28 U.S.C.A., 225, como sigue:

“(A) Revisión de decisiones finales.- — Las cortes de circuito de apelación tendrán jurisdicción apelativa para revisar mediante ape-lación o recurso de error decisiones finales:
“Primero: .......
“Segundo: .......
“Tercero: . . . . . ...
“Cuarto: De las Cortes Supremas de los Territorios de Hawaii y Puerto Rico, en todos los casos civiles o criminales, donde la Cons-titución o un estatuto o tratado de los Estados Unidos o cualquier autoridad ejercida bajo éstos esté envuelto; en todos los demás casos civiles en donde la cuantía en controversia, excluyendo intereses y costas, exceda de $5,000, y en todos los procedimientos de hábeas corpus. ’ ’

A la petición de apelación se acompañó un affidavit para demostrar que el sueldo del Administrador es el de seis mil dólares por año y que atendido el efecto retroactivo de la sentencia de este tribunal, la cantidad devengada por el Administrador pasa de ocho mil.

Basándose en ello, sostiene la Junta que la apelación procede porque la cuantía envuelta pasa de la suma — cinco mil dólares — exigida por la ley para autorizarla. Cita en su apoyo el caso de Montes v. Sancho, 82 F. (2d) 25, decidido por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en el que se sostuvo la jurisdicción de dicha corte bajo la base de la cuantía fundándose en que los sueldos reclamados por el funcionario demandante pasaban de la suma fijada por la ley.

El Administrador sostiene por el contrario qne aquí no hay cuantía y por tanto qne la apelación no procede. Trata de distinguir el caso de Montes, supra.

A nuestro juicio, aunque en verdad ni en las alegaciones, ni en la opinión de esta corte se habla de cuantía sino de si el Administrador fué o no debidamente destituido, es lo cierto que dados los términos en que nuestra sentencia fué dictada y lo que consta del affidavit de la apelante, la cues-tión de una cuantía envuelta no puede ser eludida, y afron-tada debe reconocerse que pasa de la suma jurisdiccional de cinco mil dólares y por tanto que hay base suficiente para apelar.

Si tuviéramos alguna duda, quedaría por completo disi-pada por lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Smith v. Whitney, 116 U. S. 167, 172. En él se trataba de un funcionario que fué destituido por mala conducta y que presentó en la Corte Suprema del Dis-trito de Columbia una petición de auto inhibitorio contra la Junta que lo destituyó. La corte decidió en favor de la Junta y el funcionario acudió a la Corte Suprema de los Estados Unidos por auto de error. Se impugnó la jurisdicción de la corte alegándose que se trataba de un caso en que no podía evaluarse en dinero la materia en controversia, y la corte sosteniendo su jurisdicción, por medio de su Juez Sr. Gray, se expresó así:

“ ‘La sentencia o decreto final de la Corte Suprema del Distrito de Columbia en cualquier caso en que la cuestión en controversia, excluyendo las costas, exceda de $5,000, puede ser revisada y revocada o confirmada en esta Corte mediante recurso de error, si la sentencia es en ley; o mediante apelación, si el decreto es en equidad. (Citas de Estatutos.)’
“La objeción basada en la autoridad de Kurtz v. Moffitt, 115 U. S. 487, y en los casos allí citados al efecto de que esta Corte no tiene jurisdicción apelativa del presente caso, porque nada hay en con-troversia cuyo valor pueda estimarse en dinero, es insostenible. La cuestión en controversia es si el peticionario está sujeto a un proceso que puede culminar en una sentencia lanzándolo del servicio y pri-vándolo de un salario como pagador general durante el resto de su término como tal y como inspector de pagos luego, salario que, en menos de dos años excedería de la suma de $5,000. Rev. Stat. see. 1556, 1565, 1624, arts. 8, 22, 48, 53. El caso no puede distinguirse en principio de aquéllos en los cuales se ba sostenido que una sen-tencia expidiendo un auto perentorio de mandamus para que se ad-mita a una persona a un cargo, o una sentencia decretando el lanza-miento del cargo, podrían ser revisados por esta Corte mediante recurso de error si el salario durante el término del empleo excede de la suma especificada en el estatuto que define su jurisdicción ape-lativa. ’ ’

Insisten los abogados del Administrador en que de todos modos la apelación no procede porque no se trata- de un caso civil o criminal de los que tuvo en mente el legislador al redactar la ley que autoriza el recurso. Dicen a ese efecto:

“Un procedimiento especial de certiorari como el autorizado por la Sección 46 de la Ley especial creando el Gobierno de la Capital, Ley Núm. 99 de 1931, según fué enmendada, apelado para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de acuerdo con la autoridad del estatuto general sobre apelaciones, Secciones 50, 292 y 295 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, no puede ser uno de los casos que contempla la Sección 128 del Código Judicial (28 U.S.C.A. See. 225) como muy bien aparece de la opinión disidente del Hon. Juez Asociado Sr. Wolf, en el caso de Luce & Co. v. Registrador, 34 D.P.R. 913, confirmado por el Tribunal de Circuito de los Estados Unidos, Primer Circuito, en el caso de Luce & Co., Ltd. v. Registry of Property of Guayama, 20 F. (2d Series) 115.
“La doctrina sentada por la Corte de Circuito del Primer Cir-cuito aceptando la opinión disidente del Hon. Juez Asociado Sr. Wolf, fué seguida por esta corte en el caso de Márquez v. Junta Insular de Elecciones, 41 D.P.R. 371.
“Posteriormente la doctrina del caso de Luce fué seguida al negarse este Hon. Tribunal a admitir apelaciones para ante la Corte de Circuito del Primer Circuito en los casos siguientes: Mayagüez Sugar Co. v. Corte de Distrito de Mayagüez, 42 D.P.R. 1011; Bravo v. Corte de Distrito de Mayagüez, 42 D.P.R. 1012.
“Dentro de la jurisprudencia que bemos citado tanto de la Corte de Circuito del Primer Circuito Federal, como de esta corte, no cabe una apelación de una sentencia en un procedimiento de certiorari poí-no ser éste un caso civil dentro del significado de la Constitución de los Estados Unidos que crea la jurisdicción de las cortes federales, ni del estatuto federal (See. 128 Código Judicial) que define expre-samente la jurisdicción de las cortes de circuito.
“Al cerrar, queremos llamar la atención de la Hon. Corte al caso en que funda el Tribunal de Circuito su decisión en el caso de Luce v. Registrador, o sea, el caso de Postum Cereal Co. v. California Fig Nut Co., 272 U. S. 693, 71 L. Ed. 478.”

Hemos copiado lo que antecede porque revela un estudio inteligente de la cuestión tratada, pero no podemos estar con-formes con la conclusión a que se llega.

Es muy distinto este caso al de un recurso gubernativo contra nota de un Registrador de la Propiedad negando la inscripción de un documento. En la nota no interviene corte de justicia alguna y a las cortes puede acudir la parte per-judicada para obtener la resolución definitiva de su derecho aparte del recurso gubernativo que autoriza la ley para ante esta Corte Suprema como trámite final del procedimiento administrativo que establece. Aquí existe una verdadera controversia sobre el derecho a desempeñar un cargo público y los libros están llenos de decisiones en que las Cortes Supremas de los Estados y Territorios de la Unión, las Cortes Federales de Apelación y la Corte Suprema de los Estados Unidos han intervenido resolviendo esa clase de controver-sias, que constituyen en verdad casos civiles en que están-envueltos derechos de ciudadanos y de entidades guberna-mentales.

Resta sólo considerar la cuestión de si procede o no una orden de supersedeas una vez admitida la apelación. De peso consideramos los argumentos de los abogados del Administrador y sus citas de autoridades para sostener su contención en contra de la orden, pero como en un reciente caso de esta propia corte apelado para ante la misma Corte de Apelaciones — Ortiz et al. v. Public Service Commission of Puerto Rico, et al., 108 F. (2d) 815 — en el que se trataba de un “self executing* judgment”, la dicha Corte de Apelaciones ordenó el supersedeas, nos sentimos obligados a seguir el mismo curso, pudiendo renovarse la cuestión ante la corte de jurisdicción apelativa a la que incumbe resolverla en todo caso definitivamente.

La apelación debe admitirse y la orden de supersedeas expedirse previa prestación de una fianza por la suma de doce mil dólares.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PbesideNte Señoe Del Tobo

license: Public Domain

text:
    Rafael Torrellas, demandante y apelado, v. Mario Fuentes Morales, Juan Jaime, American Surety Company of New York y Municipio de Humacao, demandados y apelantes el segundo y la tercera.
    Núm. 8218.

    Sometido: Julio 22, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Harry F. Besosa, abogado de los apelantes;

      F. Gonzales Fagundo, abogado del apelado.
   El Juez PbesideNte Señoe Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito en cobro de dinero iniciado por Rafael Torrellas contra Mario Fuentes, Juan Jaime, American Surety Co. of New York y el Municipio de Humacao, qu,e fue resuelto por la siguiente—

‘ ‘ Sentencia
“Por los fundamentos de la opinión que se une a los autos y se hace formar parte de esta sentencia', la corte declara con lugar la demanda en cuanto a Mario Fuentes Morales, Juan Jaime Méndez y American Surety Co. of New York, condenando a éstos a pagar solidariamente al demandante la cantidad de $737.01, importe de los dos certificados cuyo pago se reclama en las causas de acción primera y segunda, con más las costas y $200 para honorarios de abogado, y sin lugar la demanda con respecto al demandado Muni-cipio de Humacao, debiendo el demandante satisfacer a éste las costas en que haya incurrido y $75 como honorarios de abogado.”

No conformes dos de los demandados condenados por la sentencia, apelaron de ella, como sigue:

“Comparecen los demandados Juan Jaime y American Surety Co. of N. Y., por medio de su abogado, Harry F. Besosa, ante esta Hon. Corte, y respetuosamente notifica a la misma que no estando conforme con la sentencia dictada con fecha 11 de marzo de 1940 y notificada el 14 de marzo de 1940 por esta Hon. Corte en el caso de epígrafe, apelan para ante la Corte Suprema de P. 17.
“San Juan para Humacao, P. B.., hoy día 19 de marzo de 1940.
(Fdo.) Harry F. Besosa,
Abogado de los demandados
Juan Jaime y American Surety Co. of N. Y.
“Yo, Harry F. Besosa, ceRtbstco: Que soy abogado de los deman-dados en este caso y que hoy día 19 de marzo de 1940 he remitido por correo ordinario, copia fiel y exacta de la anterior Notificación de Apelación, a los Ledos. González Fagundo & González Jr., a su residencia en Humacao, P. R., pagando el necesario franqueo y haciendo constar que entre esa ciudad y San Juan, existe un ser-vicio regular de correo.
(Fdo.) Harry F. Besosa
“Radicado este documento hoy 21 de marzo de 1940.
Mariano Acevedo Zeno
Secretario Corte Distrito, Humacao, P. R.
Por: J. Medina Olivo (Fdo.)
Subsecretario. ’ ’

Así las cosas, el demandante apelado compareció ante esta corte en solicitud de que se desestime la apelación por no. haberse notificado el escrito interponiéndola al demandado Mario Fuentes Morales, porque no existe un escrito de ape-lación propiamente dicho y porque la notificación de dicho escrito es completamente nula.

Para sostener que la notificación al codemandado Fuentes era necesaria cita el apelado Torrellas la siguiente jurisprudencia de esta propia corte: United P. R. Bank v. Carattini, 45 D.P.R. 180; Palerm v. Vargas, 41 D.P.R. 578; Ninlliat v. Suriñach, 25 D.P.R. 548; Galafar v. Sucesión Morales, 22 D.P.R. 491, Martínez v. Sucesión Laurido, 21 D.P.R. 30, y Candelas v. Ramírez, 20 D.P.R. 34.

Examinados los hechos, de ellos resulta que si bien el demandado Fuentes dejado de notificar es una parte inte-resada en el pleito, no es una parte contraria o adversa en la apelación. Sus intereses son afines a los de los apelantes. Y siendo ello así no era necesario notificarlo, de acuerdo con lo repetidamente resuelto por este tribunal. F. González Fagundo v. J. Z. Berríos y casos en él citados, decidido el 19 de este mismo mes de julio (ante, pág. 394), y Ramírez v. Pumares, 28 D.P.R. 121, 134; Buonomo v. Sucesión Juncos, 27 D.P.R. 273; Collazo v. Rivera, 26 D.P.R. 92, y Sucesores de L. Villamil & Co. v. Solá, 22 D.P.R. 531, 532, hitados por los apelantes en su informe oral.

De los casos citados por el demandante apelado, le son adversos Ninlliat, supra, G-alafar, supra, y Candelas, supra, y otros no son aplicables — U. P. R. Bank, supra, y Martínez,. supra. El único que podría favorecerle es el de Palerm v. Vargas, eu el que se dijo:

“En cuanto al segundo motivo, o sea que el apelante Pedrosa no notificó esta apelación a su codemandado Vargas, el apelante en su oposición sostiene que esto no era necesario, porque Vargas no con-testó la demanda, ni se anotó su rebeldía. De la transcripción del récord aparece que Vargas formuló excepción previa, conjuntamente con Pedrosa, y luego no contestó la demanda. Vargas es una parte interesada en el pleito, y la notificación de la apelación debió hacerse a tal interesado.”

El caso tiene sus circunstancias especiales y quizá podría distinguirse examinando sus hechos ya que pueden existir codemandados con intereses encontrados entre sí, pero de todos modos como el lenguaje usado en la opinión, “parte interesada” simplemente, puede inducir a error, dehe acla-rarse en el sentido de que qúiso decirse “parte interesada contraria. ”

En cuanto a que no existe escrito de apelación, no se dice por qué. Examinándolo encontramos que en efecto en vez de notificarse al secretario como dice la ley, se notifica a la corte, pero como de hecho se radicó con el secretario, nos parece que aunque defectuoso, es suficiente.

Y por último en cuanto a que la constancia que el escrito contiene al pie con respecto a la notificación a la parte contraria, el demandante, es nula por no haberse hecho bajojuramento, diremos que en efecto no es suficiente la constancia para dejar acreditada por sí sola la notificación. Véase Serra v. Corte Municipal, 49 D.P.R. 542, citado por el apelado.

Pero como durante la vista de la moción el apelado por su abogado asintió a la manifestación hecha por el abogado de los apelantes de que había recibido la notificación, debe concluirse que los fines de la ley se cumplieron, surgiendo-clara la jurisdicción de esta corte para conocer del recurso.

La moción de desestimación deloe, pues, declararse sin lugar.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Mario Mercado e Hijos, demandante y apelada, v. Rodolfo Chardón, demandado y apelante.
    Núm. 8106.

    Sometido: Junio 11, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      E. Huertas Zapas, abogado del apelante;

      Fernando Zapater, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Mario Mercado e Hijos, una sociedad civil agrícola domi-ciliada en Ponce, en agosto 26, 1938, y ante la corte del dis-trito, demandó a Rodolfo Cbardón, un agricultor y vecino del mismo municipio, en solicitud de una sentencia ordenán-dole que cesara en los actos de perturbación que le imputa, con imposición de costas y honorarios de abogado.

A tal efecto alegó que era dueña y estaba en la posesión material con nn año de anterioridad a la interposición de sn demanda y lo estaba en la actualidad, de dos -fincas, una de ciento cuarenta y ocho cnerdas de terreno, situada en el barrio de Magueyes, y otra de setenta y nueve en los barrios de Canas y Magueyes; que para la entrada y salida de esas fincas y para la conducción de los productos de las mismas, con más de un año de anterioridad también a la fecba de la demanda, ba venido utilizando continuamente un camino que partiendo del kilómetro 3 de la carretera de Adjuntas a Ponce, en un ancbo de dos metros y medio, y una longitud de más de setenta, se extiende en dirección noroeste, atravesando el río Canas, y llega a sus dichas fincas, siendo el camino nece-sario para su explotación.

Y alegó además, que el 23 de julio de 1938 el demandado personalmente y por medio de sus peones y empleados, sin el consentimiento y contra la voluntad de la demandante, comenzó, a acumular y acumuló piedras, tierra, escombros y otros materiales en toda la longitud del camino en la mar-gen este del río en forma tal que ba quedado obstruido para el paso de personas, animales y carretas, y que requerido para que removiera la obstrucción y se abstuviera de seguir acumulando materiales en el indicado sitio, se negó a ello, motivo por el cual acude la demandante a la corte para que de acuerdo con la Ley núm. 43 de 1913 (pág\ 85) lo ampare en su derecho.

El demandado presentó una moción eliminatoria que fué declarada con lugar en parte. Excepcionó -entonces la. de-manda porque no determinaba una causa de acción, y su excepción fué desestimada. Contestó. Negó ciertos hechos y aceptó que la demandante había venido utilizando ocasio-nalmente el camino de que se trata, pero negó que éste tuviera setenta metros por dentro de la finca que administra e'1 demandado hasta llegar al río y que fuera utilizado para la conducción de los productos de las fincas de la demandante, alegando que dichos productos son conducidos por otro camino bueno y amplio que tiene paralelo ai que se dice obstruido, negando que hubiera realizado los actos de perturbación que se le imputaran y que fuera requerido como se dice en la demanda.

Como “defensas especiales” alegó el demandado que es administrador del terreno por donde cruza el camino; que al usarlo desde hacía menos de un año la demandante se había desviado en su entrada y venía utilizando una faja de trece metros paralela a la carretera, produciendo con ello, por lo blando del terreno, una hondonada donde se acumu-laban las aguas, con daño de un solar de la finca y de la carretera, lo que dió lugar a que los empleados del Depar-tamento del Interior del Gobierno de la Isla le notificaran para que corrigiera el mal, siendo al tratar de hacerlo que rellenó la hondonada, pero únicamente hasta la entrada del camino cuyo tráfico no fué obstruido en momento alguno; que al propio tiempo que el camino de que se trata, la deman-dante utiliza otros dos dentro de la finca que administra el demandado y que están a veinte o treinta metros del primero, y que lo que la demandante interesa obtener mediante esta acción, es una sentencia que le sirva de título para una servi-dumbre de paso que no tiene.

Fué el pleito a juicio practicándose una larga prueba y luego una inspección ocular. Sometido finalmente sin argu-mentación, la corte lo falló en contra del demandado. Éste interpuso el presente recurso de apelación, imputando a la corte sentenciadora la comisión de once errores.

Por el primero se queja de que su moción eliminatoria no se declarara totalmente con lugar. Sostiene que debieron eliminarse por completo las alegaciones que la demanda contiene acerca de que la demandante es dueña de las dos fincas que describe en su demanda y de que para su explotación era el camino necesario, y quizá tenga razón, porque en verdad lo tínico que es necesario alegar en un caso de esta naturaleza es la posesión del camino.

Empero, si trabo error, no lleva consigo la revocación de la sentencia, porque no fué perjudicial. Las alegaciones cuya eliminación se pidió tienden a explicar el porqué del uso del camino y el motivo de la reclamación.

Por el segundo señalamiento se sostiene que erró la corte al declarar sin lugar la excepción previa. Se insiste en que la privación del uso de un camino no puede servir de base para el interdicto, pero ésa es una cuestión resuelta repetidamente por esta corte en sentido contrario a la contención del apelante. Echcvarría v. Saurí, 38 D.P.R. 737; Fernández v. González, 41 D.P.R. 726; Fajardo Sugar Co. v. Central Pasto Viejo, 41 D.P.R. 825 e Iglesia Católica v. Puig, 52 D.P.R. 773. No bubo error.

Por el sexto error se renueva la cuestión suscitada por el segundo que acabamos de resolver que no fué cometido.

Los errores tercero, cuarto, séptimo, octavo y noveno atacan en general o en particular la apreciación de la evidencia por la corte de distrito.

Dicba evidencia como comenzó diciendo la corte en su relación del caso y opinión, fué contradictoria. El conflicto se resolvió en contra del demandado. Éste impugna desde diferentes ángulos la resolución de la corte y su impugnación no nos convence de que la corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o cometiera manifiesto error. Cual-quiera apreciación errónea que hubiera podido hacer en el curso de su opinión, no perjudicaría su sentencia si .ésta se sostiene, como se sostiene en efecto, prescindiendo de ella. La existencia del camino fué admitida. Su uso, aunque cali-ficándolo de incidental, también. Y su obstrucción fué decla-rada probada, encontrándose en la transcripción base sufi-ficiente para fundar la declaración. No debe perderse de vista qne la corte practicó una inspección ocular y pudo apreciar por sí misma que el camino fué obstruido.

Por el quinto error se sostiene que la sentencia dictada no podría cumplirse sin violentar la propiedad ajena. Carece de fundamento. No se ordena al demandado que interfiera con la carretera. Estos casos resultan difíciles cuando las partes no quieren entenderse. Si de buena fe y con el deseo de tomar en consideración todos los intereses envueltos, demandante y demandado se pusieran de acuerdo con el Departamento del Interior para arreglar- debidamente el punto en que el camino y la carretera se encuentran, lo con-seguirían fácilmente, con beneficio para ellos y para todos los que usan el camino. Si lo gastado en el pleito, surgido seguramente porque nadie quiso ceder y cada uno quiso impo-ner a su manera su voluntad, se hubiera empleado en el arre-glo del camino, éste estaría en iguales, quizá en mejores condiciones que la carretera.

El décimo error se formula así:

“Erró la corte inferior al declarar con lugar la demanda sin que se probara la capacidad de la supuesta Sociedad-Agrícola 'Mario Mercado e Hijos’.”

Carece de mérito. Aunque por el hecho primero de la contestación se niega el primero de la demanda por el cual se alegó la existencia de la sociedad demandante, es lo cierto que de las restantes alegaciones de la contestación puede deducirse que se admite la existencia de la misma. Además, se demostró en el juicio a virtud de la presentación de cierta escritura que la sociedad existía para el año 1938, fecha de la presentación de la demanda.

Con respecto al error undécimo que es el último, el apelante dice en su alegato que renuncia a su discusión y la apelada manifiesta en el suyo que “de acuerdo con el caso de Lebrón v. Montalvo, 45 D.P.R. 14, nos allanamos en que la partida de $10 se rebajara a $8, o sea $3 radicación del recurso y $5 por el señalamiento en el calendario, ya que la ley de arancel fija un sello de $5 por 'entrar una causa! •en calendario o señalar cualquier incidente’, y no distingue entre casos civiles ordinarios o extraordinarios.”

Con ese allanamiento que se tomará en consideración al liquidar las costas, debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cándido Rivas, acusado y apelante.
    Núm. 8252.

    Sometido: Julio 22, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Ramón G. Goyco, abogado del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Ponce formuló acusación contra Cándido Rivas por infracción de la Sección 2 de la Ley Núm. 63 de 1931 (pág. 415) proveyendo lo necesario para prohibir la venta, almacenaje o transporte de alimentos y drogas o medicinas adulteradas o falsamente rotuladas o que sean venenosas o perjudiciales a la salud y para otros fines, porque “el 3 de marzo de 1939, en Ponce, . . . ilegal, volun-taria y maliciosamente, tenía en venta para el consumo humano, harina de trigo adulterada, ...”

El acusado alegó que era inocente y celebrado el juicio fué declarado culpable y condenado a pagar veinticinco dóla-res de multa. No conforme, apeló, señalando como único error el cometido a su juicio por la corte al apreciar la prueba.

La evidencia presentada por El Pueblo consistió en varios exhibits y en las declaraciones del Inspector de Alimentos y Drogas del Departamento de Sanidad José Rosa Rosario, y del Químico de dicho departamento, José Buxó Yillafañe.

El primero manifestó, en resumen, que se personó en el almacén de C. Rivas y Cía. e inspeccionó y tomó muestras de cincuenta sacos de cien libras de harina de trigo que allí había y que mandó las muestras al laboratorio, resultando la harina adulterada, conteniendo treinta y ocho vermes vivos y muertos por kilo. Se ordenó la desnaturalización de la harina porque no podía usarse para el consumo humano. Le notificó al acusado la orden. El acusado no desnaturalizó la harina y la vendió, según le dijo, a agricultores que iban a mezclarla con verde parís para usarla en siembras de tabaco, dándole como explicación de su conducta el no haber enten-dido bien la orden recibida. La declaración del químico y los exhibits corroboran la declaración del inspector.

Por la defensa declararon el acusado, comerciante, quien manifestó que vendió los cincuenta sacos de harina a los agri-cultores para matar microbios en las siembras de tabaco, y los agricultores Agustín Fuertes y Julio Torres, quienes dije-ron que habían comprado harina al acusado que emplearon después de mezclarla con verde parís en sus siembras de tabaco.

Creemos que con esa prueba como base pudo la corte concluir, como concluyó, que lá' infracción imputada al acu-sado fué por él cometida y que la multa de veinticinco dólares que le impuso está justificada.

La harina de trigo adulterada estaba expuesta para venta, que lo es por regia general para el consumo humano, cuando fue decomisada y se ordenó al acusado que la desnaturalizara, y sin cumplir con la orden, esto es, sin desnaturalizarla, fué por el acusado vendida.

La acusación se formuló por tenerse el artículo para la venta. No era necesario que se demostrara venta alguna. Se demostró, sin embargo, y ello permite conocer en toda su extensión la actuación del acusado. Su explicación no es admisible. De acuerdo con la orden que recibiera y que cons-tituía la mejor garantía de los intereses públicos, él no podía vender en modo alguno la harina para el consumo humano, y para poder venderla para otros usos tenía antes que des-naturalizarla y no lo hizo.

La violación de la ley es manifiesta. No tubo error. Debe el recurso declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señob Del Toro

text:
    Dolores Cabrera Viuda de Salazar, demandante y apelada, v. Carmen Morales Viuda de Rovira; María-Marina, Alejandrina y Pedro Rovira Ríos; María-Irma, Adolfo, Enrique y Alfredo Morales Rovira y Carmen-Pura y Darío Rovira Morales, demandados y apelantes.
    Núm. 8088.

    Sometido: Junio 13, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Celestino Benitez Morales y J. Pérez Cordero, abogados de los ape-lantes;

      Carlos J. Torres Laborde, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señob Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Dolores Cabrera Viuda de Salazar demandó a Carmen Morales Viuda de Rovira y a María Marina, Alejandrina y Pedro Rovira Ríos, María-Irma, Adolfo, Enrique y Alfredo Morales Rovira y Carmen-Pura y Darío Rovira Morales en cobro de dinero garantizado con hipoteca y otros extremos. En la demanda se establecen tres causas de acción. Los demandados exeepcionaron y contestaron y la corte resolvió el pleito por sentencia de febrero 16, 1939, contentiva de los siguientes pronunciamientos:

“1. — Declara nula la sentencia dictada por esta corte en el caso civil Núm. 13,485 y todos los procedimientos subsiguientes en dicbo caso, en lo que se refiere a las participaciones indivisas en la finca descrita en la demanda y correspondientes a los demandados, Carmen Morales, María-Irma, Adolfo, Enrique y Alfredo Morales Rovira y también en cuanto a los demandados Carmen-Pura y Darío Rovira Morales;
“2. — Condenando a los demandados mencionados en el inciso 1 de esta sentencia a pagar solidariamente a la demandante Dolores Cabrera la suma de $4,500, más los intereses correspondientes a esa suma a razón del 9 por ciento anual desde el día 1 de mayo de 1930 basta su completo pago;
“3. — Condenando a los demandados María Marina, Alejandrina y Pedro Rovira Ríos, Carmen Morales, María Irma, Adolfo, Enrique y Alfredo Morales Rovira y Carmen Pura y Darío Rovira Morales a pagar a la demandante en proporción a sus participaciones indi-visas en la finca descrita en la demanda, la cantidad de $594 (contri-buciones satisfechas al Pueblo de Puerto Rico), en la siguiente forma:
“María Marina, Alejandrina y Pedro Rovira Ríos 1/12 de esa cantidad cada uno de ellos;
“Carmen Morales, o sea, la viuda, la mitad de esa suma;
“Los menores Carmen Pura y Darío Rovira Morales 1/12 cada uno;
“Y por ultimo los menores María Irma, Adolfo, Enrique y Alfredo Morales Rovira 1/48 de la misma cantidad;
“4. — Condenando a la viuda Carmen Morales y a los herederos de apellido Rovira Morales y Morales Rovira a pagar a la deman-dante la suma de $892.50 (parte proporcional contribuciones) en las proporciones expresadas en el. inciso anterior;
“5. — Condenando a los demandados expresados en el inciso anterior y en la misma proporción al pago a la demandante de la can-tidad de $1,664.55 (parte proporcional reparaciones);
“6. — Declarando que a los demandados expresados en el inciso 3 de esta sentencia y en la misma proporción a que han sido conde-nados a soportar las cargas se les abone la cantidad de $4,199.89 (parte proporcional frutos);
“7. — Condenando a los demandados a pagar las costas incurridas por la demandante en este caso.”

No conformes los demandados interpusieron la presente apelación. Señalan seis errores cometidos a su juicio por la corte al no declarar que la demanda era ambigua, ininteli-gible y dudosa, al no resolver que bubo indebida acumulación de demandados en cuanto a las tres causas de acción, al no decidir que éstas no aducían bechos suficientes para deter-minarlas, al no declarar prematuro el cobro del crédito hipo-tecario, al decretar el pago de las reparaciones y reformas de la finca hipotecada y al condenar a los demandados a satis-facer intereses de mora sin haberlos convenido.

Examinemos el primer error. Por él se insiste en que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa, ya que tratándose de una sola causa de acción — en cobro de un crédito hipotecario — se ejercitan tres.

No tienen razón los apelantes. “Generalmente”, se dice en 1 Bancroft Code Pleading, 348, sec. 210, “no se puede interponer la excepción previa de ser la demanda ambigua, ininteligible y dudosa por el hecho de que contenga errores clericales o porque alegue como varias una causa de acción,” habiéndose resuelto en Demartin v. Albert, 68 Cal. 279, que “el número de causas de acción contenidas en una demanda, no constituye por sí materia que la convierta en ambigua, ininteligible y dudosa.”

Esto, aparte de que si bien se trata del cobro de una deuda asegurada con hipoteca, el asunto se complicó de tal modo, que fué precisamente para mayor claridad que la demandante hizo la división que se impugna.

Para la debida inteligencia de las cuestiones envueltas en este recurso, precisa tomar en consideración desde un principio la opinión emitida por esta corte en Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94, a la que volveremos a referirnos en su oportunidad.

El segundo error no fué cometido. Aunque en verdad la demanda se interpuso partiendo de la base de la validez del primer pleito sobre ejecución de hipoteca en cuafito a los demandados María-Marina, Alejandrina y Pedro Rovira Ríos, es lo cierto que siempre existía contra ellos la reclamación de la parte proporcional de contribuciones que dejaron en descubierto, como lo comprueba el pronunciamiento tercero de la sentencia apelada.

Por el tercer error se sostiene que la corte debió haber declarado con lugar la excepción de falta de acción.

El caso es raro. La demandante, vencida y no pagada una deuda de seis mil dólares, contraída con ella por el causante de los demandados y garantizada por él con hipoteca sobre cierto solar y casa, inició un procedimiento judicial en 1930, contra Marina, Alejandrina y Pedro Rovira Ríos, Carmen Morales Viuda de Rovira y sus menores hijos Carmen-Pura y Darío Rovira Morales, obteniendo una sentencia favorable en ejecución de la cual se vendió en pública subasta la finca hipotecada a la propia demandante por la suma de seis mil dólares que era el capital adeudado.

A fin de anular dicho procedimiento, varios herederos ini-ciaron un pleito en la Corte de Distrito de San Juan contra la aquí demandante, que culminó en una sentencia declara-toria de la nulidad solicitada. Apeló la demandada — -aquí demandante — y obtuvo de esta Corte Suprema una sentencia por virtud de la cual quedó modificada la de la corte de dis-trito en el sentido de declarar válidos los procedimientos en cuanto a los deudores María Marina, Alejandrina y Pedro Eovira Eíos, y nulos con respecto a los otros deudores bien por no baber sido incluidos en la demanda ya por no baber sido debidamente notificados. (Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94, 96, 107.) Quiere decir que la aquí demandante que a virtud de la venta de la finca hipotecada dentro del pleito sobre ejecución de su hipoteca se había convertido en dueña y que por la sentencia de la corte de distrito dictada en el pleito de nulidad seguido contra ella por los aquí deman-dados hubiera dejado de serlo, quedó, como consecuencia del fallo de esta corte en el dicho pleito de nulidad, como con-dueña de la finca junto con los primitivos dueños de la misma no notificados legalmente o no demandados en el pleito sobre ejecución de hipoteca, y ésa era su condición con respecto a la casa cuando se dictó la sentencia apelada en este pleito que estamos considerando y resolviendo.

Siendo ello así nos parece que resulta claro que la deman-dante tenía causa de acción para gestionar el cobro de su deuda, en cuanto a la parte no satisfecha, de los deudores no notificados legalmente o no demandados en el primitivo pleito, y como había quedado y se encontraba en posesión como condueña de la casa hipotecada y vendida para el cobro del gravamen que sobre ella pesaba y había percibido rentas que en parte no le correspondían y hecho gastos para la conservación del inmueble, tenía también derecho a aclarar en definitiva su situación mediante una liquidación a base de reintegro de frutos percibidos y cobro de gastos hechos. Y eso es en sustancia este pleito. No fue cometido el tercero de los errores señalados.

Por el cuarto se insiste en la falta de causa de acción, esta vez por considerarse prematura la ejercitada ya que “la acreedora hipotecaria no restableció el estado de hecho devol-viendo la finca hipotecada que se le adjudicó en pago del crédito ;• y el hecho de no haberse declarado la nulidad de la adjudicación. ’ ’ .

Quizá en estricto derecho tuvieran razón los- apelantes cuando levantaron la cuestión en la corte de distrito porque este pleito se inició unos meses antes de dictada la sentencia por esta corte en Morales v. Cabrera, supra, pero después de dictada dicha sentencia quedó la actuación de la deman-dante justificada. La venta judicial con motivo de su primer pleito no quedó anulada por completo. ' En cuanto a uña parte quedó en pleno vigor. De hecho permaneció la deman-dante en posesión. Si no dueña en su totalidad continuó con un derecho igual en él inmueble al que tenían los demandados con respecto a los cuales se anuló la sentencia en ejecución de la cual se vendió la finca hipotecada.

Por el quinto señalamiento se sostiene que erró la corte sentenciadora al decretar el pago de las reparaciones hechas en la finca de los demandados por la demandante.

Argumentan que la demandante no tenía autoridad para introducir reformas ni en su carácter de condueña ni como poseedora de la propiedad y sostienen que siendo la deman-dante en todo caso una poseedora de mala fe no tenía derecho a ser reintegrada de lo que gastó en reparaciones.

En el caso de Concepción v. Latoni, 51 D.P.R. 564, 581, esta corte resolvió:

“Tampoco erró el juzgador al condenar a los demandantes y contrademandados a devolver al demandado la suma de $2,500 recla-mada por éste por concepto de reparaciones hechas por él en las casas. Aún cuando considerásemos que el demandado en este caso era un poseedor de mala fe, siempre tendría éste derecho a reclamar los gastos incurridos por él para la conservación de las casas. El demandado probó que las fincas habían quedado en condiciones deplorables y en estado de ruina como consecuencia del ciclón de San Ciprián; que las reparaciones eran necesarias para la conser-vación de las fincas y para poder alquilarlas.”

Y como la corte sentenciadora estimó que las reparaciones hechas eran necesarias para la conservación de la propiedad sin qne la parte apelante nos haya puesto en condiciones de decidir si apreció o no bien la prueba sobre el particular ya que no ha elevado a este tribunal la transcripción de la evi-dencia, debe prevalecer su conclusión, y prevaleciendo el pronunciamiento de su sentencia se sostiene de acuerdo con la jurisprudencia citada.

•En cuanto al argumento de que siendo la demandante un condueño necesitaba el consentimiento de la mayoría de los partícipes en la comunidad para verificar las reformas, nos parece que aceptando como cierta la conclusión de la corte sentenciadora al efecto de que las reparaciones eran nece-sarias para la conservación de la casa, el propio Código Civil autoriza a un comunero a repetir de sus condueños lo pagado por concepto de gasten de conservación. Dice el artículo 329 de dicho cuerpo legal:

“Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. ’ ’

Y en el caso de El Pueblo v. Pagán, 19 D.P.R. 730, 734, este tribunal se expresó así:

“En cuanto al acusado que es condueño, no es excusa para él que el Código Civil Revisado en su Artículo 404, le prohíba, sin el consentimiento de los demás partícipes hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, ya que como hemos consignado, se trata únicamente de obras de con-servación que no alteran la cosa poseída en común, y si como hemos dicho, los acusados como apoderados de algunos condueños tenían el deber de hacer esa obra, también lo tenía el acusado que resulta ser condueño, con tanta mayor razón cuanto que el artículo 402 del Código Civil Revisado le concede el derecho de obligar a los otros partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa común. ’ ’

El sexto y último señalamiento es al efecto de que erró la corte al condenar a los demandados al abono de intereses al 9% anual.

La corte ele distrito al condenar a los demandados a pagar' los dichos intereses descansó en la autoridad del caso de Goico v. Rodríguez, 30 D.P.R. 606, 608. “Siendo esto cierto”, se dijo en dicho caso, “la regla que ha de prevalecer puede verse al principio del texto citado en nuestra anterior opinión. ‘Está bien establecido que el tipo convencional de interés será permitido después de vencida la obligación cuando existe estipulación en este sentido, y también ha sido frecuente-mente resuelto que tal tipo puede permitirse aún en ausen-cia de un convenio expreso en tal sentido, cuando de los tér-minos de la obligación misma interpretados debidamente resulta enteramente manifiesto que ésta fué la intención de las partes.? ” Véanse Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923, 925, y Muñoz v. Nieves, 53 D.P.R. 349, 355.

No hubo error. Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Antonio Talavera, representado por su padre con patria potestad Jenaro Talavera, demandante y apelante, v. City Delivery Express Co., Inc., demandada y apelada.
    Núm. 8224.

    Sometido: Julio 22, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      J. M. Valentín Esteres, abogado del apelante;

      Bubón & Ochoteco y Otero Buró efe Otero Suro, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un pleito iniciado por Antonio Talavera, repre-sentado por su padre Jenaro Talavera, en la Corte de Dis-trito de Aguadilla contra la City Delivery Express Co., Inc.,, en reclamación de quinientos cuarenta dólares por daños y perjuicios, quinientos por daños a la persona del demandante y cuarenta por el valor del animal que montaba el deman-dante que quedó inutilizado a virtud del accidente origen de-la reclamación.

Contestó la demandada en marzo 4, 1939, y señalada la vista del caso para mayo 25, siguiente, la dicha demandada alegó que la corte carecía de jurisdicción por cuanto la cuan-tía envuelta era de quinientos dólares solamente, ya que el demandante no podía reclamar los cuarenta dólares — valor del animal inutilizado — por no ser de su propiedad. La corte declaró con lugar la excepción y dictó sentencia desestimando la demanda, con costas pero sin honorarios de abogado.

Así las cosas, más de dos meses -después, el demandante pidió a la corte que le permitiera la radicación de una demanda enmendada y la corte negó el permiso en los siguien-tes términos:

“En su memorándum el demandante alega que la enmienda es permisible por no introducir una nueva, separada y distinta causa de acción, invocando en su apoyo la jurisprudencia establecida en los. casos de Martínez v. Independence Indemnity Co., 36 D.P.R. 860, y Martí v. American Railroad Company of P. R., 28 D.P.R. 737. También cita Bancroft’s Code Pleading, pág. 749, párr. 518, y el capítulo 27, pág. 757.
“La demandada afirma (1) que la enmienda solicitada por eli demandante introduce una nueva causa de acción y (2) que la soli-citud para enmendar es tardía y no aduce hechos suficientes para; excusar esa tardanza.
“Sostiene además que en la demanda original la causa de acción ejercitada en cuanto al animal inutilizado concierne era una para reclamar el pago de $40 como valor total del susodicho animal que-correspondían al padre del demandante por ser el dueño del mismo. El demandante carecía de acción para recobrar esos daños porque el perjudicado había sido una persona distinta.
“En la demanda enmendada aquella causa de acción que ejerci-taba el demandante en la demanda original, o sea, tratar de recobrar el importe de unos daños que correspondían a su padre, la varía sustancialmente mediante la alegación de que en el referido animal tenía una participación y de ese modo establece una causa de acción ■en su favor, no contenida en la demanda original, y completamente distinta a la que aquélla babía establecido originalmente, así preten-diendo burlar los efectos de la sentencia que babía sido dictada por la corte desestimando esa demanda por falta de jurisdicción. González v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 345; Charles Vere v. Corte, 54 D.P.R. 263.
"Hay algunas decisiones que sostienen que los daños causados a un individuo y a su propiedad derivados de un mismo acto torticero constituyen una sola causa de acción. King v. Chicago, M. & St. P. Ry. Co., 80 Minn. 83, 82 N. W. 1113, y bay otras que sostienen lo contrario. Lamb v. Harbaugh, 105 Cal. 680, 39 P. 56.
"Nos inclinamos a creer que en Puerto Bico la cuestión está prevista por el estatuto, pues así parece reconocerlo el artículo 104 del vigente Código- de Enjuiciamiento Civil al establecer que el demandante podrá acumular varias acciones en una misma demanda cuando todas se deriven de daños a la persona y daños a la pro-piedad provenientes de un mismo acto torticero.
"En casi todos los estados la regla general es que no puede per-mitirse enmienda alguna que introduzca en el caso una nueva causa de acción sustantiva distinta de aquélla sobre que se demanda y distinta de aquélla sobre que la parte se propuso demandar al en-tablar su acción.
"También se ha resuelto que dos de las pruebas para determinar si una segunda demanda constituye una enmienda o si constituye la sustitución de una nueva causa de acción son las siguientes: (1) que la misma prueba servirá para fundamentar ambas demandas; (2) que la misma medida de daños será aplicable a ambas. Si estas dos pruebas fallan, la nueva alegación no es una enmienda. 51 Am. St. Bep. 416.
"Con la variación que se ha introducido en la demanda enmen-dada la reclamación no subsiste por el mismo daño o sea por la pérdida sufrida por el demandante con motivo del accidente de que trata la demanda original, ya que se adiciona otro daño o pérdida o sea el que reclama por el animal inutilizado. La misma prueba no servía para fundamentar la misma medida de daños.
"Es claro, a nuestro juicio, que se hubiesen podido establecer reclamaciones distintas separadamente.
"Entendemos que la enmienda propuesta introduce una nueva, distinta y separada causa de acción y por tanto se resuelve no haber lugar a admitir la demanda enmendada presentada por el deman-dante. ’ ’

De esa resolución, dictada por la corte en abril 2, 1940, apeló el demandante para ante este tribunal, habiendo solici-tado la demandada la desestimación del recurso por no ser apelable la resolución recurrida y por ser en todo caso el recurso frívolo.

La jurisprudencia de California interpretativa del artículo 939 del Código de Enjuiciamiento Civil de dicho Estado que es igual al 295 del nuestro, es al efecto de que:

"....No procede una apelación de una orden dictada por la corte sentenciadora negando permiso para enmendar una demanda. (Citas.)” (Kline v. Beauchamp et al., 84 P. (2d) 194, 195.)

Es terminante. Sin embargo, el apelante sostiene que esa jurisprudencia no es aplicable porque aquí se trata de una enmienda solicitada y negada después de sentencia lo -que la convierte en una orden especial después de sentencia, ape-lable por ministerio de la ley. Cita el caso de Hernáiz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, que define una orden de tal naturaleza como “aquélla que lesiona un derecho al resolver sobre una cuestión no discutida en el pleito, ni resuelta por la sentencia definitiva, o que provee en contra de lo resuelto por la sentencia.”

Aceptando, sin resolverlo, que pudiera calificarse la orden de que se trata como una especial dictada después de sen-tencia, nos encontramos que el demandante no siguió el pro-cedimiento que indica la propia jurisprudencia que invoca. Para que hubiera podido permitirse la enmienda debió el demandante pedir previamente que se dejara sin efecto la sentencia dictada — sentencia que dicho sea de paso se dictó con el allanamiento del propio demandante — como se hizo en el caso de Martínez v. Independence Indemnity Co., 36 D.P.R. 860, 861, en el que se invocó expresamente la autoridad del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La jurisprudencia con respecto a la admisión de enmien-das después de dictada sentencia, se resume como sigue en Corpus Juris:

“En ausencia de autoridad estatutaria, no pueden hacerse en-miendas de las alegaciones, ya expresas o implícitas, después de dic-tarse sentencia, a menos que tal sentencia se haya dejado sin efecto (vacated). Pero bajo autoridad estatutaria, tal enmienda puede permitirse. Este poder, se ha dicho, debe ser ejercitado muy res-trictivamente y, sea ello como fuere, sólo se permitirá una enmienda a los fines de sostener la sentencia y no para revocarla. El permitir enmiendas una vez dictada sentencia es algo que siempre depende de la discreción de la corte. Si el poder para permitir enmiendas será o no ejercitado depende en gran medida de la naturaleza de la enmienda propuesta y de la conducta de la parte que la solicita. Si ésta ha sido culpable de demora indebida (laches) la solicitud debe ser denegada. El conceder una enmienda en el juicio (trial amendment) después de sentencia procede cuando la orden fué hecha antes del juicio.
“No se permitirá ninguna enmienda de las alegaciones después de dictada sentencia desestimatoria o de nonsuit, especialmente cuando se presenta la moción después de expirar el término durante el cual la sentencia de desestimación fué dictada. Y la opinión mejor fundada parece ser que no puede permitirse ninguna emnienda después que una sentencia de desestimación o de nonsuit ha sido dictada, aunque hay decisiones que sostienen que una enmienda es permisible en cualquier momento antes de que la sentencia sea actualmente dictada.” (49 C. J., págs. 483, 484, see. 623, 624.)

Habiendo en consideración todo lo expuesto, debe resol-verse que la apelación no procede porque la orden recurrida no es apelable, y que en el caso de que lo fuera, siempre debería desestimarse el recurso por frívolo ya que la petición de enmienda pudo rechazarse bien de plano o ya por los motivos que expuso la propia corte de distrito en su resolu-ción.

Debe declararse con lugar la moción y en su consecuencia-desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Silá Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 8032.

    Sometido: Julio 1, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Ernesto Juan Fonfrías, abogado del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El policía insular Juan del Toro formuló denuncia contra Silá Ortiz y Castel Ortiz porque “en 28 de noviembre-, bora 11:50 P.M., de 1938, y en la calle Palmer de Las Marías . . .i ilegal, maliciosa y voluntariamente turbaban la paz ... del inmediato vecindario . . . encontrándose en estado de embria-guez . . . formando un fuerte escándalo pronunciando frases obscenas” que especifica.

Fué la causa en apelación ante la corte del distrito, Maya-g'üez, en cuanto a Silá Ortiz, y señalado el 30 de septiembre de 1939 para el juicio, compareció El Pueblo por su fiscal “sin que compareciera el acusado ni su abogado.” La corte ordenó que el juicio siguiera adelante en ausencia del acu-sado, y celebrado, dictó sentencia declarándolo culpable del delito imputádole, condenándolo a tres meses de cárcel.

Ortiz apeló para ante este tribunal. Sostiene que la corte de distrito erró al condenarle sin el debido procedimiento legal, negándole la protección igual de las leyes que garan-tizan la Constitución y la Ley Orgánica, al interpretar la cédula de citación para juicio y al apreciar la prueba con pasión, prejuicio y parcialidad.

Argumentando su primer señalamiento de error cita el apelante el apartado segundo del artículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Pico y la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos por virtud de los cuales se reconoce a todo acusado en un proceso criminal el dereclio a tener para su defensa la ayuda de abogado, a carearse con los testigos de cargo y a usar de medios compulsorios para obtener testigos a su favor. Cita también los casos de El Pueblo v. Vargas, 44 D.P.R. 157 y Ex Parte Laureano, 54 D.P.R. 416.

A nuestro juicio la resolución de este primer error depende de si se cometió o no el segundo, esto es, de si el acusado fué o no debidamente citado para juicio. Procederemos en tal virtud a estudiar y resolver el dicbo segundo señalamiento de error.

La cédula de citación fué como sigue :

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R. —Estados Unidos de América — El Presidente de los Estados Unidos— ss. — El Pueblo de Puerto Rico v. Silá Ortiz—Criminal Núm. 10,990—Por Turbar la Paz—Citación de Acusado para el acto del juicio— El Pueblo de Puerto Rico a Silá Ortiz, Bo. Furnias — Las Marías— Por la presente se le cita a usted para que comparezca ante esta Hon. Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, Puerto Rico, en el edificio de la corte en esta ciudad,, el día 30 de septiembre de 1939, a las 8:00 a. m., para el acto del juicio del proceso criminal instituido por ‘El Pueblo de Puerto Rico7 contra usted por el delito de Turbar la Paz.- — Apercibido de que si no comparece será confiscada la fianza prestada y además se expedirá mandamiento de arresto contra usted. — Notifíquese de ello a los fiadores don Eustaquio Ramos, Las Marías, y don Lauro González, Las Marías, a los fines correspondientes. — Por orden de la corte. — Extendido bajo mi firma y sello oficial de la corte, en Mayagüez, P. R., a 19 de septiembre de 1939. — (Firmado) Pascual Frank Paganacci, Secretario. (Sello oficial de la corte.) (firmados) Lauro González — Eustaquio Ramos — Silás Ortiz. ’ ’

La substancia del argumento del apelante impugnando la suficiencia de la cédula a los fines de la celebración del juicio en ausencia del acusado, consiste en que no habiéndose hecho la citación con apercibimiento de que si no comparecía el acusado se celebraría el juicio en su ausencia y conteniendo por el contrario el solo apercibimiento de que si no compa-recía se confiscaría la fianza y se decretaría el arresto del acusado, no pudo celebrarse el juicio en su ausencia, estando, limitado el poder de la corte a ordenar la confiscación de la fianza y a decretar el arresto del acusado.

No se nos ha citado ley alguna, ni hemos podido encon-trarla por nosotros mismos, que ordene que al citarse a un acusado para juicio deba apercibírsele de que si no com-parece el juicio será celebrado en su. ausencia. Y cuando el legislador ha considerado necesario un apercibimiento tal, se ha cuidado de ordenarlo expresamente. Véase, por ejem-plo, el párrafo segundo de la sección 5 de la Ley de Desahu-cio, de marzo 9, 1905 (Comp. 1625-1644).

Se cita a una persona para que comparezca ante una corte. Si no lo hace, ella sabe las consecuencias que pueden sobre-venirle de acuerdo con la ley. Si la citación es para la cele-bración de un juicio, parece natural que el juicio se celebre en su ausencia si no comparece, a no ser que la ley ordene que no puede celebrarse en su ausencia, y la ley no só'o no ordena, tal cosa si que expresamente dispone que en eas'os •como éste de delitos menos graves “podrá celebrarse el juicio •sin bailarse presente el acusado.”

Dice el artículo 179 del Código de Enjuiciamiento Criminal :

“Si el proceso fuere por felony el acusado deberá asistir al juicio en persona; pero si fuere por misdemeanor (delito menos grave), podrá celebrarse el juicio sin bailarse presente el acusado; con todo, siempre que la presencia de éste fuere necesaria para su identifica-ción, podrá el tribunal, a instancia del fiscal, dictar un mandamiento ordenando la asistencia personal del reo.”

Y prescribe el 311 del propio cuerpo legal:

“Cuando se dicte la sentencia, si la convicción es por felony (delito muy grave), el acusado debe bailarse presente personalmente; si es por misdemeanor (delito menos grave), la sentencia puede pro-nunciarse en ausencia del acusado.”

Insiste en su argumentación el apelante en que todo lo que podría realizarse en un caso como éste, dados los términos en que la citación se bizo, sería confiscar la fianza y ordenar el arresto del acusado, y en que no se compagina el arresto con la celebración del juicio.

Creemos que no le asiste la razón. El acusado permane-cía en libertad a virtud de la fianza que prestara. Por esa fianza se obligó con sus fiadores a obedecer las órdenes que recibiera de la corte, de abí la citación que también sé bizo a los fiadores. Al desobedecer la orden de citación para jui-cio, lo procedente fué lo que la corte bizo, decretar la confis-cación de la fianza y el arresto del acusado. La corte pudo ■en su discreción posponer la vista y eso no obstante el arresto pudo surtir el efecto de privar de su libertad provisional al acusado.

Se insinúa en el alegato que el acusado dejó de compare-cer porque estaba enfermo. Si existió una causa justa para su no comparecencia, bien pudo exponerla a la corte y pedirle que dejara sin efecto su sentencia. Nada bizo. Debemos concluir que el segundo error no fué cometido.

Bajo la base de que el juicio pudo celebrarse como se celebró en ausencia del acusado, la consideración y resolución del primer señalamiento de error resulta sencilla.

La Constitución y la Ley Orgánica reconocen un derecho al acusado. Ese derecho es renunciable, como se reconoce en los propios casos que cita el apelante. Si el acusado deja de comparecer a sabiendas de que puede ser juzgado en su ausencia, ¿qué otra interpretación puede darse a su conducta que la de una renuncia a estar presente, a carearse con los testigos de cargo y a que se le nombre para que lo defienda a un abogado? Ninguna otra, a nuestro juicio, salvo la de que la incomparecencia sea involuntaria o debida a fuerza mayor, situaciones en las que puede dirigirse luego a la corte pidiéndole que deje sin efecto la sentencia y ordene la cele-bración de mi nuevo juicio, estando en el poder de la corte acceder si se convence de la verdad de lo alegado. Tampoco fué, pues, cometido el primer error señalado.

El tercero, que es el último, se refiere a la apreciación de la prueba. Sostiene el apelante que es insuficiente y en todo caso que no justifica la pena. La hemos examinado y la consideramos bastante. En cuanto a la pena nos parece en verdad excesiva. El propio fiscal termina su informe pidiendo que se modifique en el sentido de hacerla más benigna. Se trata de un caso en que dos personas en estado de embriaguez escandalizan de noche en uná calle de un pueblo pronunciando palabras insultantes contra un alto funcionario público de la Isla que no se encontraba presente, sin que llegara a formarse tumulto alguno ni el acto tuviera otras consecuencias que la natural perturbación de la paz del vecindario y el arresto inmediato de los culpables. Cree-mos que treinta días de cárcel con abono de la prisión preventiva son suficientes para reprimir el exceso, y en ese sentido deberá modificarse la sentencia y, modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señoh Wolf

text:
    Alfonso E. Delgado, demandante y apelante, v. Agustina Monroig, demandada y apelada.
    Núm. 7774.

    Sometido: Marzo 14, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante;

      Tomás Bernardini de la Huerta, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoh Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y la demandada contrajeron matrimonio el 14 de diciembre de 1935 y la sociedad de gananciales entre ellos surgió desde entonces. Algún tiempo después la esposa instó demanda de divorcio. Luego de iniciarse el pleito, en 29 de julio de 1937, las partes firmaron un contrato privado, cuyas cláusulas esenciales son las siguientes:

“Quinto: Las partes convienen, de mutuo acuerdo y por el pre-sente documento, que caso de que prospere la acción de divorcio pendiente según se ha referido anteriormente, ante el Tribunal de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón, y ser dictada sentencia declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial que los une, y ser firme la sentencia, que la sociedad de gananciales existente entre ambos comparecientes se liquide en la siguiente forma:
“1. Que el establecimiento mercantil, conocido con el nombre de ‘Farmacia Olimpo’, anteriormente mencionado sea adjudicado exclu-sivamente al compareciente Alfonso E. Delgado, con la obligación de éste pagar, por su cuenta, todas las deudas que estuvieren pen-dientes de pago en el referido negocio de farmacia, hasta el momento mismo de haberse radicado la demanda de divorcio a que se hace mención anteriormente.
“2. Que doña Agustina Monroig pagará al otro compareciente don Alfonso E. Delgado, de contado e inmediatamente que sea firme la sentencia de divorcio que pueda recaer, según antes se deja dicho, la suma de tres mil dólares ($3,000) que se destinarán a la extinción de las deudas del negocio de farmacia referido, pendientes hasta el momento de la radicación de la demanda tantas veces mencionada.
“3. Que con excepción de las deudas pendientes de pago por concepto de la ‘Farmacia Olimpo’, cuya obligación asume el compa-reciente Delgado, conforme al inciso primero anterior, todas las otras deudas u obligaciones que corresponden a la sociedad de gananciales serán satisfechas íntegramente por la otra compareciente, doña Agustina Monroig, a excepción de aquéllas que hayan sido o sean contraídas, por cualquier concepto, además de aquél del negocio de farmacia por el Sr. Delgado, a nombre propio, las cuales serán satisfechas por éste.
“4. Que en consideración a las adjudicaciones en favor del com-pareciente Delgado, sobre la farmacia y el efectivo, en la forma establecida anteriormente, éste renunciará a todo derecho, acción o interés que tenga o pueda tener en cualesquiera bienes de cualquier naturaleza de la sociedad de gananciales o privativos de la señora Monroig, con excepción de la farmacia y el efectivo, tal y como se deja estipulado en el presente documento.
“5. Que doña Agustina Monroig renunciará cualquier reclama-ción que tenga o pueda tener contra el compareciente Delgado, y éste renunciará cualquier reclamación que tenga o pueda tener contra la compareciente doña Agustina Monroig, una vez que sea otorgado a su favor el correspondiente documento traspasándole la mencio-nada ‘Farmacia Olimpo’ y pagados los tres mil dólares en efectivo a que se hace referencia anteriormente, con excepción de aquellas reclamaciones que pudieran surgir por dejar, cualquiera de las partes, incumplida alguna de las condiciones de este contrato o del que, en definitiva, se otorgue sobre la liquidación de la sociedad de ganan-ciales actualmente existente, por ministerio de la ley, entre las partes contratantes.
!“6. Se hace constar, de una manera expresa y terminante, que este convenio en forma alguna ha de interpretarse ni de su letra.ni de su espíritu, que alguna de las partes renuncia a cualquier derecho de defensa que le asista en la acción de divorcio que está pendiente y se menciona en el hecho primero de la parte expositiva de este documento, derecho o derechos que podrá ejercitar libremente aquella parte a quien le asisten, sin limitación de clase alguna.”

La esposa obtuvo sentencia de divorcio a su favor y des-pués que la misma se hizo firme el demandante radicó un jjleito sobre “cumplimiento específico de contrato” que ter-mina así:

“Por lo expuesto, a la Hon. Corte solicita se dicte una sentencia en este caso, por la que se declare liquidada la sociedad de ganan-ciales que existía entre el demandante y la demandada sobre las bases, estipulaciones y condiciones contenidas en el contrato cele-brado entre el demandante y la demandada que se consignó en el documento del 29 de julio de 1937 a que se refiere esta demanda y en su virtud que se condene a la demandada a pagar al demandante la suma de $3,000 a lo que quedó obligada por el contrato de refe-rencia, intereses legales sobre esta suma desde esta fecha y hasta la de su total pago, y las costas de este pleito incluyendo honorarios de abogado.”

La demandada presentó excepción previa fundada en que la demanda no aducía una buena causa de acción. De la opinión se desprende que la excepción se basó específicamente en cinco causas distintas contenidas en un alegato radicado en la corte de distrito. Dicha corte declaró sin lugar tres de ellas y sostuvo la excepción fundada en las dos últimas, y dictó sentencia en favor de la demandada. La reconside-ración fue declarada sin lugar. La opinión de la corte inferior se basó en los artículos 1297 y 1316 del Código Civil (ed. 1930) que proveen:

“Artículo 1297. La renuncia a esta sociedad no puede hacerse durante el matrimonio sino en el caso de separación judicial.
“Cuando la renuncia tuviere lugar por causa de separación, o después de disuelto o anulado el matrimonio, se hará constar por escritura pública, y los acreedores tendrán el derecho que se les reconoce en el artículo 955.
“Artículo 1316. Disuelta la sociedad, se procederá desde luego a la formación del inventario; pero no tendrá éste lugar para la liquidación:
“1. Cuando disuelta la sociedad, haya renunciado a sus efectos y consecuencias en tiempo hábil, uno de los cónyuges o sus causa-habientes.
“2. Cuando a la disolución de la sociedad, baya precedido la separación de bienes.
“3. En el caso a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.

En el caso de renuncia, quedará siempre a salvo, el derecho con-cedido a los acreedores por el artículo 955.”

La corte también cita de Manresa, Comentarios al Código Civil, tomo 9, páginas 551 et seq.

El apelante sostiene que el convenio entre las partes fue un contrato de promesa. El Código Civil habla de ciertos casos en que el contrato de promesa puede prevalecer, mas conforme los leemos, existen siempre casos en que el contrato principal mismo hubiera servido a las partes al momento de otorgarse el contrato. Es decir, el marido y la mujer pueden hacerse la promesa de realizar cualquier cosa durante el matrimonio que de lo contrario ellos tendrían derecho a hacer, al igual que cualesquiera otras partes. El tratar de trans-' ferir al campo de la promesa para ejecutar un contrato del campo de los contratos mismos, nos parece que equivale meramente a un cambio de nomenclatura. Si durante la existencia de la sociedad de gananciales no puede celebrarse un contrato, el pacto de ejecutarlo luego de disuelto el matri-monio está sujeto exactamente a la misma objeción.

El apelante señala el siguiente error:

“La corte erró al resolver que la demanda en este caso no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.”

Lo sostiene con las siguientes contenciones:

“1. Que el contrato en controversia no infringe los principios que regulan el régimen de la sociedad de gananciales; y
“2. Que concediendo que los infringiera, habiendo la demandada aceptado los beneficios del aludido contrato, está impedida de negar su validez.”

El apelante citó en la corte inferior y nuevamente en apelación el caso de De la Rama v. De la Rama, 7 Jurisprudencia Filipina 765. La opinión citada fue dictada después del caso haber sido visto en apelación, y devuelto, por la Corte Suprema de los Estados Unidos. La parte específica de la opinión lee así:

"Decía el demandado en el alegato por él presentado en su apela-ción original a esta corte en apoyo de este fundamento de recurso, que no era procedente liquidar la sociedad conyugal dentro del mismo juicio de divorcio y que no podía hacerse tal liquidación de dichos bienes, en tanto no hubiese recaído sentencia firme de divorcio y en su informe ante esta corte en el acto de la vista de la moción presentada en 2 de noviembre de 1906, insistió en la misma pretensión.
"En nuestro sentir, sin embargo, este fundamento de recurso fué resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Como se dijo en aquella decisión, la competencia de aquel Tribunal dependía en un todo de aquella parte de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia relativa al pago de los 81,000 pesos. Si el Juzgado de Primera Instancia carecía de competencia para ordenar el pago de cantidad alguna de dinero en un juicio de divor-cio, aquella parte de la sentencia tendría que ser eliminada. Al conocer del asunto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo necesariamente que declarar que dentro del juicio de divorcio podía procederse a la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal. El demandado no puede por tanto insistir por ahora en el quinto motivo de recurso.” (7 Jurisp. Filipina 768.)

Es evidente que en dicho caso hubo una situación distinta y que la división de la propiedad tuvo lugar en el mismo momento o de acuerdo con la ley, cuando la separación ya existía.

Otro caso citado lo fué el de Palomar Baldovi v. Sarte, 36 Jurisprudencia Filipina 585. En ese caso el marido y la mujer celebraron un contrato durante el matrimonio mien-tras estaba pendiente una acción de divorcio. A virtud de dicho contrato ellos se dividieron sus bienes y la esposa asu-mió ciertas deudas que serían pagadas tan solo en caso de que se obtuviera una sentencia de divorcio. La Corte Suprema de Filipinas dijo:

"El artículo 1432 del Código Civil dispone:
“ ‘A falta de declaración expresa en las capitulaciones matrimo-niales, la separación de bienes entre los cónyuges durante el matri-monio no tendrá lngar sino en virtud de providencia judicial, salvo el caso previsto en el artículo 50.’
“Por el claro precepto de este artículo, queda demostrado que el contrato de separación estipulado entre los consortes Rodolfo G. Tuyet y Manuela Sarte no puede producir efecto legal ni en su virtud puede ser obligada la demandada Sarte al cumplimiento de lo convenido entre ambos, basta que baya recaído en el expediente promovido por el marido sentencia judicial de divorcio y de separa-ción de bienes, pues dicba obligación de la esposa se baila supeditada a la indicada condición décima de la escritura Exhibit A.” (36 Jurisp. Filipina 590.)

Con respecto a este caso y al anterior, el juez de distrito dijo en su resolución declarando sin lugar la moción de recon-sideración :

“Sostiene el demandante en su moción de reconsideración que bemos infringido las dos sentencias del Tribunal Supremo de Filipinas que nos cita. A esa impugnación debemos contestar que la jurispru-dencia de Filipinas no es obligatoria en esta jurisdicción, y que sólo debemos seguirla cuando los fundamentos que le sirvan de base lleven a nuestro ánimo la convicción de que es correcta. Hemos examinado las dos sentencias citadas, y con la mayor deferencia para dicbo alto Tribunal, no nos convencen de la corrección de sus conclusiones. Por consiguiente, no estamos obligados a supeditar nuestro criterio al expresado por aquel tribunal.”

Especialmente aplicable lo es la sentencia de la Corte Suprema de España de diciembre 12 de 1899 (88 Jurispru-dencia Civil 520).

Los hechos de ese caso son los siguientes,:

Cayetano Buquerín, viudo, contrajo matrimonio con María Palomar el 7 de febrero de 1872. Otorgaron una escritura a virtud de la cual establecían las cantidades que cada uno había aportado a la sociedad, así como los bienes pertene-cientes a los hijos habidos en el primer matrimonio. Algún tiempo después el marido demandó a la mujer para que se resolviera la cuestión de si ciertos pagos efectuados por el marido debían cargarse a los bienes privativos de la esposa. Este pleito fué transigido fuera de la corte por las partes y •entonces otorgaron una escritura a ese efecto en septiembre 26 de 1880. A la muerte de Buquerín su esposa atacó la liquidación que se había hecho de la sucesión. La corte de primera instancia declaró nulo e ineficaz el contrato de sep-tiembre 26 de 1880. Los herederos apelaron. El Tribunal Supremo de España se expresó así:

“Resultando que D. Julián Buquerín Bartolomé lia interpuesto-recurso de casación por infracción de ley, fundado en el caso Io. del artículo 1692 de la de Enjuiciamiento Civil, alegando: que la sen-tencia recurrida, al declarar nulo el contrato de transacción de 26-de septiembre de 1880, aplicaba indebidamente el art. 1458 del Código Civil (1347 de Puerto Rico), que dispone que el marido y la mujer no podrán venderse bienes recíprocamente sino cuando se hubiese pactado la separación de bienes o cuando hubiera separa-ción judicial de los mismos, autorizada con arreglo al capítulo 6°., tit. 3°., libro 4o. de dicho cuerpo legal; porque por la referida escri-tura T). Cayetano Buquerín y Doña María Palomar no se habían vendido bienes algunos, sino que para evitar cuestiones, Doña María, había declarado los gastos hechos con sus hijos para no perjudicar a los de su marido, pero no le había traspasado', enajenado ni vendido-bienes ni derechos de ninguna clase; y que también aplicaba inde-bidamente al contrato de referencia el art. 1811 del Código Civil puesto que D. Cayetano Buquerín y Doña María Palomar no habían transigido sobre los derechos dótales, ni Doña María había vendido-aquéllos a su marido, pues se había limitado a declarar los gastos hechos con sus hijos, autorizándole para hacer lo propio con los. suyos.
“Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Diego Montero de Espinosa.
‘ ‘ Considerando que no se ha infringido en la sentencia, por inde-bida aplicación, el art. 1458 del Código Civil (1347 de Puerto Rico) que sirve de fundamento al primer motivo del recurso, porque si' bien la escritura de 26 de octubre de 1880 no determina propiamente-un contrato de venta entre marido y mujer, que es el que prohíbe-celebrar dicho artículo, no cabe duda que constituye el de transac-ción, el cual exige, por su semejanza y analogía con el de venta, los. mismos requisitos de capacidad en los contratantes, y alcanza por la misma razón la prohibición de celebrarse entre marido y mujer:
“Considerando que también ha sido rectamente interpretado en-la sentencia el art. 1811 del Código Civil invocado en el segundo-motivo, porque si la dote, según el 1336, la constituye los bienes y derechos que en este concepto aporta la mujer al tiempo de consti-tuirse el matrimonio, y las hechas al contraer el suyo Doña María Palomar, quedaron por la escritura de 26 de octubre de 1880 afectas al resultado de la transacción, es visto que ésta versó sobre los bienes y derechos dótales que expresamente prohíbe el artículo invocado.”

El artículo 1458 del Código Civil español es igual al 1347 de nuestro código (edición de 1930). Provee:

“El marido y la mujer no podrán venderse bienes recíprocamente, sino cuando se hubiese pactado la separación de bienes, o cuando hubiera separación judicial de los mismos bienes, autorizada con arreglo al capítulo Y, título III, de este libro. ’ ’

Comentando ese artículo dice Manresa:

“...es indudable que aquellos contratos entre marido y mujer que lleven consigo un cambio de sistema o alguna alteración en el régimen de bienes del matrimonio, son desde luego nulos. ’ ’ Manresa, Comentarios al Código Civil 10, pág. 92.

El entonces juez d$ distrito, lroy Juez Asociado Sr. De-Jesús, citó de Manresa así:

“El artículo 1394 (igual al 1297 del nuestro) trata, pues, de la. renuncia de los gananciales obtenidos durante la sociedad, y sólo la consiente cuando ya se sabe si existen o no; cuando la sociedad ha terminado por cualquiera de las causas expresadas en el artículo-1147, en la única época en que los cónyuges tienen ya, no una simple esperanza, sino un derecho adquirido sobre las ganancias, caso-de haberlas en el matrimonio.” 9 Manresa, Código Civil, 551.
“Con arreglo a la doctrina del código, según hemos dicho, pueden-, renunciar los gananciales, tanto el marido como la mujer, pero sólo-después de terminada la sociedad conyugal.” Id., pág. 553.

Al comentar el artículo 1420 del Código español (1316-' dol nuestro), Manresa ha dicho:

“No puede aludir el artículo a una separación convencional dé-los bienes, porque establecido el régimen de gananciales, tal separa-ción, que equivale a una alteración del régimen durante el matri-monio, no tiene valor legal alguno.” Manresa, op. cit., 9, pág. 684„

El apelante también citó el caso de Henna et al., v. Saurí & Subirá, 22 D.P.R. 836. Ese caso trata de la ejecución de un contrato sujeto a una condición y no envolvía la nulidad ah initio del contrato.

En cuanto a que la demandada está impedida (estopped) de atacar el contrato, podría decirse que ella puede que baya tratado de repudiar o renunciar sus derechos, pero que la renuncia es ineficaz por ser nulo el contrato.

El artículo 4 del Código Civil dispone:

“Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez.
“Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero.”

Debe confirmarse la sentencia apelada. ■

El Juez Asociado Sr. De Jesús no" intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf

text:
    Felícita Esther Blanco Rivera, representada por su padre con patria potestad Manuel Blanco Avilés, demandante y apelante, v. Municipio de Mayagüez, representado por su Alcalde, Hon. Alfonso González Martínez, hoy Manuel Marín, demandado y apelado.
    Núm. 7908.

    Sometido: Febrero 13, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Enrique Báez García, abogado de la apelante;

      Oscar Souffront, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El día 7 de julio de 1936, entre 9 y 10 de la noche, Feli-cita Esther Blanco, demandante en este caso, regresaba a su hogar en compañía de su hermana y de su cuñado. Al atra-vesar el puente conocido por “Dos Marinas” que se extiende sobre el Río Yagüez y conecta la calle Comercio con el barrio “Marina Septentrional”, la referida demandante oyó que un automóvil se acercaba, abandonó el centro del puente, por donde ella venía caminando en unión a otros y se echó hacia el lado derecho, donde había un viaducto para peatones. Luego de dar 5 ó 6 pasos se precipitó a través de una aber-tura y cayó en el fango que había en la parte inferior del puente, recibiendo varias lesiones, principalmente en la nariz y otras menores en el muslo y en el pie. La; demandante instó demanda contra .el Municipio de Mayagiiez y recama $2,000 en concepto de daños y perjuicios.

En su demanda la demandante alega que el accidente se debió exclusivamente a la negligencia del municipio, entre otras cosas porque el municipio, a pesar del mal estado en que estaba, permitió que el puente permaneciera abierto al tránsito, con un- agujero o abertura que medía .13 pulgadas de ancho por 37 de largo, producido por una tabla que se había salido del piso del viaducto oeste de dicho puente, y a través del cual podía, caerse cualquier persona que cami-nara por el mismo. Además, porque a pesar del hecho de estar el puente en tan mal estado, el municipio no suspendió el tránsito de personas por el mismo ni puso un aviso junto ai sitio de peligro para advertir a ios peatones que existía tal abertura, ni colocó durante la noche una luz roja ni ninguna otra para advertir a las personas que se acercaran que el paso por dicho lugar era peligroso.

En ios párrafos 7, 8 y 9 de su demanda la demandante alegó que debido a la referida negligencia del municipio ella había sufrido serias lesiones que describe así: fractura ele • los huesos nasales; herida irregular profunda en la base de la nariz y región frontal; neumonía, contusión cerebral y heridas leves en el muslo derecho y en el peine del pie izquierdo; que como consecuencia de dicha fractura y herida profunda la demandante ha sufrido física y moralmente, ya que la fractura le impide la libre respiración y le ha defor-mado la nariz para el resto de su vida.

El demandado contestó la demanda admitiendo algunas de las alegaciones y negando otras. Negó que el municipio tuviera conocimiento de que se hubiera caído una tabla del piso del puente; alegó que tan pronto como tuvo conocimiento de que dicha tabla se había caído o faltaba procedió a repo-ner la misma. Que tal conocimiento no lo tuvo hasta el día 8 de julio, 1936, o sea hasta el día después del accidente. El demandado alega por información que cree cierta, que dicha tabla fahó en el viaducto indicado el misino día en que sos-tiene la demandante qne ocurrió el accidente, y no- antes, y asimismo qne no había razón alguna para qne la tabla fal-tara de dicho sitio, y qne si la misma faltó en dicho lugar, se debió al acto de alguna persona o personas o a algún accidente qne el demandado no había podido precisar. Alegó, además, el demandado, qne si no suspendió el paso de per-sonas por dicho viaducto, ni puso señal alguna en la proximi-dad del sitio de peligro, ello se debió al hecho de ignorar la existencia de la falta de' tal tabla en dicho viaducto.

Como defensa especial alegó el demandado que aún si en alguna forma o concepto fué negligente al permitir' que en el viaducto faltase una tabla en la noche del 7 de julio de 1936, y si con motivo de tal negligencia ocurrió el accidente, también medió negligencia contribuyente de la demandante al no tomar las precauciones necesarias al cruzar el puente y no observar el estado en que se encontraba el mismo en su lado oeste, habiendo sido tal negligencia contribuyente la causa única e inmediata, del accidente alegado en la demanda.

El caso fué a juicio el día 21 de septiembre de 1937. La demandante ofreció prueba tendente a demostrar que en el mismo puente habían ocurrido otros accidentes. La decla-ración de Julio Gfuenard, al efecto de que había sufrido un accidente tres meses antes al de Felicita, no fué admitida en evidencia porque el demandado se opuso fundado en que tal declaración era demasiado remota. Francisco Lo jo y Hilton Cancel declararon sobre los accidentes que cada uno de ellos había tenido en el mismo puente “Dos Marinas”.

La otra prueba ofrecida por la demandante tendió a demostrar que el puente se hallaba en mal estado; que había estado en malas condiciones durante muchos años; que el municipio tenía conocimiento de ello. A ese efecto la deman-dante introdujo la declaración de Tomás Ramírez, ingeniero civil y Superintendente de Obras Públicas del Municipio de Mayagüez.

Este testigo manifestó que el puente era reparado conti-nuamente. Al preguntársele cuáles eran las condiciones del puente, contesto qne se hallaba en mal estado; que el centro del puente se utiliza para el tránsito y los lados para los peatones; que él lo examina constantemente; que no le fal-taban tablas; que siempre que alguien se queja el puente es reparado; que las reparaciones consisten en reponerle las tablas que se bailan en mal estado; que algunas- de las tablas estaban podridas pero que no parecían estarlo a primera vista. En la repregunta manifestó que el puente estaba en malas condiciones. Que bay un rótulo que dice: “Peligro —Puente en malas condiciones — Prohibido el tráfico pesado. ’ ’ Que el puente no ha sido cerrado porque una vez trataron de hacerlo así, y los vecinos del barrio y ciertos comerciantes se quejaron; que los rótulos fueron puestos antes del acci-dente; que han estado allí por espacio de tres años; que dichos rótulos no tenían luces pero que estaban colocados cc-rca del poste de la luz eléctrica; que hay un empleado a cargo de la inspección del puente. Se le preguntó si el muni-cipio tenía suficiente dinero para reconstruir el puente. La demandante objetó la pregunta y la corte declaró sin lugar la objeción. Se señala esto como error.

La prueba del demandado consistió en las declaraciones de Julio Piñén, Inspector de Obras Públicas, y de dos médi-cos. La declaración del Inspector de Obras Públicas tendió a demostrar que el puente estaba en buenas condiciones; que él lo examinó el día antes del accidente; que lo inspeccio-naba cada ocho, quince o veinte días; que siempre que una persona se quejaba de que faltaba una tabla, procedían a reparar el puente. El testimonio de los doctores tendió a demostrar que la demandante no tenía fractura, neumonía ni concusión del cerebro. Su otro testigo fué Manuel Marín, Alcalde de Mayagüez. Ésta fué toda la prueba del deman-dado. Luego el juez hizo una inspección ocular del lugar del accidente.

La corte sentenciadora llegó principalmente a las siguien-tes conclusiones:

Que el municipio no tenía conocimiento al momento del accidente de que faltaba la tabla ni de la existencia de la abertura producida por la remoción de la misma; que el demandado no es culpable de negligencia puesto que dicho puente fué inspeccionado el día antes del accidente por un empleado municipal y éste lo halló aparentemente en buenas., condiciones; que se pusieron rótulos advirtiendo a los vian-dantes que debían tener cuidado al cruzar el puente; que-nadie se quejó al municipio' de que faltaba la referida tabla; que la demandante fué culpable de negligencia contribuyente al abandonar el centro del puente y dirigirse hacia el lado en que ocurrió el accidente, mientras que sus compañeros’ permanecieron en el centro del puente y no sufrieron lesiones de clase alguna; que la negligencia contribuyente había sido satisfactoriamente probada por el demandado; y finalmente, que las lesiones recibidas por la demandante no fueron probadas.

La corte inferior cita extensamente a MeQuillin sobre Corporaciones Municipales para sostener su conclusión de que hubo negligencia contribuyente.

El 18 de mayo de 1938 la corte inferior dictó sentencia en contra de la demandante, quien apeló para ante este tribunal en junio 17, 1938, y ha señalado seis errores.

El primer señalamiento de error lee así:

“La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error de derecho al no permitir las declaraciones de Nicolás del Yalle, Julio Guenard e Hipólita Guenard sobre un accidente ocurrido a Julio Guenard con anterioridad al ocurrido a la demandante, sosteniendo que dicho acci-dente fué muy remoto.”

Existen casos en que un accidente anterior tendería -a demostrar que el acaecimiento del accidente específico debió haber sido previsto por el demandado. En otras palabras, si el municipio, con motivo de otros accidentes, pudo haber sabido que el puente estaba en mal estado en el lugar en .que ocurrió el accidente o en otros sitios que estaban igualmente afectados, entonces se hubiera demostrado claramente la negligencia de parte del municipio. El apelado dice muy acertadamente que si el objeto de la evidencia excluida era •demostrar que la misma abertura a través de la cual cayó lá apelante hubiera existido durante más de tres meses inme-diatamente anteriores y que otras personas se habían caído por el mismo agujero, y que el municipio tenía conocimiento de esos accidentes, entonces el haber excluido esa evidencia hubiera sido un error. El apelado, sin embargo, insiste en que si se hubiera demostrado todo esto él no se hubiera opuesto a la admisión de esa prueba.

La apelante no nos convence de que la evidencia excluida hubiera arrojado alguna luz, por lo menos con respecto a la abertura en cuestión. En lo que a arrojar alguna luz sobre el mal estado del puente se refiere, tal vez habría alguna duda, mas dada la posición que asumiremos del acci-dente, la exclusión de las declaraciones de estos testigos no es de por sí motivo para que revoquemos el presente caso.

El segundo señalamiento de error lee como sigue:

“La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error de derecho al permitir que el ingeniero municipal declarara que no existían fondos para reconstruir el puente sin apoyar dicha declaración en ninguna prueba documental.”

El error fué cometido toda vez que resulta impertinente el hecho de si el municipio tenía o no suficientes fondos en aquel momento para reparar el puente, si al público se le permitía transitar por el mismo. Debe haber fondos dispo-nibles en alguna forma o de lo contrario suspenderse el trán-sito por el puente. Además, no insistimos demasiado en este segundo señalamiento toda vez que la sentencia debe ser revocada por el motivo principal.

Discutiremos el tercer señalamiento más tarde.

El cuarto señalamiento provee:

“La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al dictar sen-tencia declarando sin lugar la demanda por ser dicha sentencia con-traria a la prueba practicada y a la preponderancia de la evidencia. ’'

Podría decirse que éste es el señalamiento principal. Toda la prueba tiende a demostrar que el puente en cuestión había estado en mal estado durante años y que el mismo debió haberse reparado, y hubo suficiente prueba ante la corte a ese efecto, aun si ella no podía tomar conocimiento judicial del hecho de que el puente estaba y había estado en muy malas condiciones; y de que las tentativas del ingeniero de hacer algunas pequeñas reparaciones aquí y allá de cuando en cuando no eran un cumplimiento suficiente por parte del municipio de su deber de mantener el puente en buen estado de reparación.

No trataremos de citar las declaraciones de los varios testigos. Mas el presente es casi un pleito — si no uno — de res ipsa loquitur. El puente estaba enteramente bajo el dominio del municipio.

El quinto señalamiento dispone:

“La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error de derecho al resolver que la demandante es culpable de negligencia contributoria (contributory negligence).”

La teoría de la corte inferior, conforme la entendemos, es que la demandante caminaba por el centro de la carre-tera en un sitio seguro y lo abandonó para caminar por el viaducto porque se aproximaba un automóvil. Diremos que el municipio estaría impedido de suscitar este punto toda vez que el viaducto se suponía ser exclusivamente para los pea-tones y no hay el menor indicio en los autos de que la deman-dante Felicita Esther Blanco Rivera, o alguno de sus parien-tes, tenía conocimiento de que el viaducto se hallaba en mal estado. Si no estamos equivocados, para algún otro fin, el municipio o su letrado insisten en que la demandante y sus parientes debieron caminar por el viaducto y no por el centro del camino. A nuestro juicio la corte inferior cometió error al concluir que hubo negligencia contribuyente por parte de la demandante.

El sexto señalamiento se refiere a la negativa de la corte inferior a admitir fotografías del puente. Esto pudo haber sido un error, mas como hemos decidido revocar el caso por otros.fundamentos creemos innecesario entrar en la cuestión detalladamente.

Empero, fue un error por parte de la corte de distrito el no permitir que las fotografías rechazadas acompañaran la exposición del caso como exhibits para el supuesto error.

E tercer señalamiento es éste:

“La Corte de Distrito de Mayagüez actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad al declarar que no se probaron los daños y perjuicios alegados.”

La corte resolvió que según el testimonio prestado por los doctores durante el juicio, la demandante sufrió, podría decirse, principalmente.de una conmoción (shock) y que aun-que hubo lesión de la nariz no hubo fractura.

No obstante la demandante misma declaró que sufrió con-siderablemente de las lesiones recibidas en la nariz y que a veces se le hacía difícil respirar debido a la fractura en el hueso nasal.

Es en verdad una fortuna para Felicita Esther Blanco que ella pueda volver a su condición normal. El Dr. Bamírez Cuerda, que la asistió, prestó testimonio significativo al efecto de que ella había recibido serias lesiones en la nariz y que padeció de la misma durante varios días.

En su consecuencia, la demandante tenía derecho a .recla-mar daños materiales.

De lo contrario, a no ser así, una persona en su estado, por razón de una caída sufriría de conmoción y posiblemente otras consecuencias. Bajo estas circunstancias las cortes de ordinario han concedido indemnización. Ésta puede que no sea alta.

La demandante reclamaba $2,000 así: $500 por dolores físicos y padecimientos y $1,500 por la fractura del hueso nasal y por la deformidad de la nariz. Creemos que $2,000 es demasiado pero que,' bajo las circunstancias expuestas, debe concedérsele $1,000, más las costas, y se dictará senten-cia a ese efecto.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.