text:
    Joy Ling Martínez de Andino Vázquez, peticionario, v. Ana Sonia Martínez de Andino Díaz, recurrida.

      Número: CC-2011-123

      Resuelto: 18 de enero de 2012

      Félix A. Toro, Jr, abogado de la parte peticionaria; María del Carmen Gitany Alonso, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos corresponde determinar si la declaración de incapacidad física, mental o económica del padre y la madre de unos menores, que es necesaria para reclamar alimentos subsidiarios contra los abuelos, tiene que realizarse en un procedimiento judicial previo a la ac-ción contra los abuelos. Por entender que tal determina-ción puede realizarse en el mismo pleito que se presente contra los abuelos, contestamos en la negativa.

I

La Sra. Joy Ling Martínez de Andino Vázquez (madre custodia) presentó una demanda el 19 de febrero de 2010 contra la abuela paterna de sus cuatro hijos menores de edad, Sra. Ana Sonia Martínez de Andino Díaz (abuela pa-terna), para solicitarle alimentos subsidiarios. Dicha so-licitud se sustentó en la alegada dificultad que esta en-frenta en el sostenimiento de sus cuatro hijos por la incapacidad económica del padre y alimentante de los me-nores, Sr. Fernando J. Amador Martínez de Andino (alimentante). Según la madre custodia, la condición de salud del alimentante, así como la solicitud que este hi-ciera para el relevo total del pago de la pensión, dificulta la provisión de alimentos para sus hijos.

La madre custodia argüyó además, entre otras cosas, que la pensión original de $4,700.09 mensuales había dis-minuido a $231 semanales, lo que provocó serios cambios en el modo de vida familiar. Asimismo, expresó que existía una solicitud de ejecución de hipoteca contra la residencia de los menores debido a que el alimentante dejó de pagarla. Esto en unión a lo expuesto por la madre custodia en cuanto a que ella no trabaja y solo recibe ayuda de su padre (abuelo materno).

La abuela paterna contestó la demanda y solicitó su desestimación. Planteó que no existía una causa de acción para alimentos subsidiarios, ya que los padres de los me-nores no han fallecido y están capacitados para generar ingresos. Argüyó, además, que el alimentante paga la pen-sión alimentaria fijada. Cónsono con lo anterior, la abuela paterna sostuvo que el cambio en la capacidad económica de un padre alimentante no revierte la obligación del pago de la pensión alimentaria a los abuelos.

La madre custodia, por su parte, se opuso a la solicitud de desestimación y alegó que su demanda procura la desig-nación de una pensión suplementaria para satisfacer las necesidades de los menores, ya que la pensión original re-ducida no es suficiente. En respuesta a lo anterior, la abuela paterna replicó reiterando su solicitud de desesti-mación y su posición de que la demanda de alimentos es prematura. Asimismo, recalcó que la obligación subsidiaria de proveer alimentos no debe utilizarse para suplementar los ingresos de un padre alimentante o de la pensión establecida. La abuela paterna, además, se opuso a contes-tar un pliego de interrogatorio y a producir documentos.

Posteriormente, la madre custodia reaccionó a lo ex-puesto por la abuela paterna y señaló que esta se trajo al pleito para cubrir las necesidades de sus hijos que no pue-den ser suplidas por los padres. Por consiguiente, solicitó al tribunal la celebración de una vista para que se exami-naran las necesidades y las posibilidades de todas las par-tes en el pleito y, así, adjudicar lo que corresponda.

El 10 de mayo de 2010, el tribunal llevó a cabo una vista en la que las partes presentaron sus respectivas argumen-taciones orales. Luego de evaluar dichas argumentaciones así como los escritos de las partes, el 28 de septiembre de 2010 el Tribunal de Primera Instancia notificó una resolu-ción mediante la cual denegó la moción de desestimación. Dicho foro judicial concedió un término de diez días a la abuela paterna para contestar el descubrimiento de prueba y señaló una vista en su fondo para el 29 de no-viembre de 2010.

Inconforme, el 26 de octubre de 2010 la abuela paterna presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho tribunal revocó la resolución del foro primario el 15 de diciembre de 2010. El Tribunal de Apela-ciones concluyó que no existe una causa de acción para solicitar alimentos subsidiarios contra la abuela paterna debido a que no existía una determinación judicial previa que declarara que los obligados principales —los padres— no pueden cumplir con su obligación de alimentar. La ma-dre custodia solicitó oportunamente la reconsideración de la determinación antedicha, y el 25 de enero de 2011 el foro intermedio notificó la denegatoria.

Inconforme aún, el 17 de febrero de 2011 la madre cus-todia presentó oportunamente un recurso de certiorari en este Tribunal. En su recurso señaló que el foro apelativo intermedio erró

"... al revocar la resolución emitida por el Tribunal de [Primera] Instancia que denegó la solicitud de desestimación de la demanda en la que se reclamó alimentos subsidiarios a la abuela paterna para sus cuatro nietos cuando surge clara-mente que el padre ni la madre se encuentran aptos para pres-tar alimentos adecuados a los cuatro menores.”
"... al denegar la solicitud de reconsideración planteada por la peticionaria a pesar de los nuevos argumentos y evidencia do-cumental que se le supliera en apoyo de la solicitud.”
“... al disponer la expedición del auto de Certiorari solicitado por la recurrida y ordenar la desestimación de la demanda sin conceder al Tribunal de [Primera] Instancia la oportunidad de recibir la prueba de las partes en violación a lo que postula la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil y lo resuelto en Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282.”

El 3 de junio de 2011 expedimos el recurso. La peticio-naria y la recurrida presentaron sus respectivos alegatos. Así, pues, con el beneficio de ambas comparecencias, pro-cedemos a resolver el recurso.

II

Para analizar en su justa perspectiva la controversia aquí trabada, pasemos a examinar la naturaleza y obliga-ción de los abuelos de alimentar a sus nietos.

A. De entrada, es importante señalar que los padres son los llamados en primera instancia a proveer ali-mentos a sus hijos. Esta obligación está consagrada en los Arts. 118 y 153 del Código Civil de Puerto Rico. El Art. 153 dispone expresamente que tanto el padre como la ma-dre tienen, con respecto a sus hijos no emancipados, “[e]l deber de alimentarlos ... [y] educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna ...”. Esa obligación es indivisible y aplica a ambos padres. Incluso, el derecho de los hijos a recibir alimentos no se extingue como consecuencia del divorcio de sus padres. Ello porque “la obligación de prestar alimentos subsiste conjuntamente sobre el padre y la ma-dre aun después del divorcio”. De igual forma, al inter-pretar lo pertinente al asunto en el Art. 1308 del Código Civil, hemos señalado que la obligación de prestar ali-mentos podría recaer sobre la nueva sociedad ganancial que cualquiera de los padres haya constituido al casarse nuevamente. Claro está, los alimentos a los que se re-fiere el artículo anterior son los dispuestos en el Art. 153 del Código Civil, supra, disposición que opera mientras los hijos son menores de edad; si el hijo es mayor de edad, el artículo aplicable es el 143 de dicho Código.

Precisamente, de los Arts. 143 y 144 del Código Civil es que surge la obligación legal de los abuelos de alimentar a sus nietos. Sin embargo, esta obligación es de naturaleza subsidiaria. En otras palabras, la obligación “surge cuando los padres no pueden proveerles a sus hijos los alimentos, ya sea porque están física o mentalmente incapacitados para hacerlo o porque no cuentan con suficientes recursos económicos para cumplir con su obligación”. La obligación de los abuelos puede surgir, tanto cuando los padres no puedan suplir las necesidades alimentarias de sus hijos en su totalidad como cuando solo puedan cubrirlas parcialmente. En los casos en los que la obligación se circunscriba a los abuelos, conforme a las disposiciones citadas, esta incluye tanto a los paternos como a los maternos.

Así, en la demanda que se presente contra los abuelos es necesario acreditar que los padres —llamados preferente-mente a la prestación alimentaria— carecen de los medios suficientes para sufragarlos. Además, se debe establecer que en la situación de que alguno de los padres hubiese contraído matrimonio nuevamente de acuerdo con el régi-men de la sociedad de ganancial, la nueva sociedad carece de bienes suficientes para sufragar la obligación alimentaria.

B. La naturaleza de la obligación alimentaria de los abuelos —maternos o paternos— está determinada por el Art. 145 del Código Civil. Dicho artículo dispone la norma general de que en los casos en los que la obligación de dar alimentos recae sobre dos o más personas, el pago de la pensión se dividirá entre ellos en proporción a sus respectivos caudales. Es decir, cuando dos o más personas están obligadas a dar alimentos (ya sean hermanos, abuelos, etc.) la obligación será de naturaleza mancomunada, ya que cada persona será responsable solo de la porción de la deuda que se le fijó en proporción a su caudal.

Como excepción, el Art. 145 del Código Civil, supra, es-tablece que en situaciones de urgente necesidad o por cir-cunstancias especiales, el tribunal podrá imponer provisio-nalmente a solo uno de los obligados el pago total de la deuda, siempre y cuando cuente con suficientes medios para satisfacerla y no se menoscabe su derecho a reclamar de los demás la proporción de la deuda que les corres-ponda. Evidentemente, en estas situaciones la obligación se convierte en solidaria. Por ello, en dichas circunstancias “la reclamación puede dirigirse contra cualquiera de los obligados por la totalidad de la deuda”. En ese proceso, los tribunales serán los que determinen lo que constituye una situación de urgente necesidad o las circunstancias especiales en cada caso.

C. Los artículos del Código Civil que hemos citado no establecen cómo se llevarán a cabo los procedimientos de reclamación de alimentos contra los abuelos. Sin embargo, en Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246, 256 (1988), resolvimos que, a base de la naturaleza de la obligación en la que concurren varios obligados, la reclamación de alimentos puede dirigirse contra solo uno de estos para reclamarle la porción de la deuda que le corresponde. Es decir, los otros obligados no son partes indispensables en la reclamación. Por ende, no existe impedimento alguno para que se pueda presentar un pleito contra un solo abuelo. No obstante, añadimos que

[s]i los abuelos demandados entienden que se les está recla-mando una suma en exceso a lo que debe ser su obligación, deberán entonces reclamar a los demás obligados mediante demanda contra tercero o, si ya ha recaído sentencia, recu-rriendo en alzada o mediante los remedios postsentencia que proveen las Reglas de Procedimiento Civil.
De conformidad con el primer párrafo del Art. 145, supra, una vez el tribunal determine que hay varios obligados y que pueden contribuir a la obligación de proveer alimentos, el pago de la deuda deberá repartirse necesariamente entre los obligados. Para ello el demandado deberá colocar al tribunal en condiciones de poder adjudicar la responsabilidad de los demás presuntos obligados, incluyéndolos en el pleito me-diante los mecanismos procesales apropiados. El demandado podrá, además, levantar el asunto como una defensa afirmativa. (Escolio omitido.)

Al reiterar la norma de que se puede presentar una re-clamación contra un solo abuelo, en Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra, citamos con aprobación nuestra decisión de Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675 (1962), en la que impusimos una obligación alimentaria a un padre y a un abuelo paterno, conforme a sus respectivas capacidades económicas, sin que los abuelos maternos fueran parte en el pleito.

Ahora bien, la declaración de incapacidad física, mental o económica de los padres de los menores, que es necesaria para reclamar alimentos subsidiarios contra los abuelos, ¿tiene que realizarse en un procedimiento judicial previo a la acción contra los abuelos? La respuesta es no. A primera vista, el trasfondo fáctico del caso normativo Vega v. Vega Oliver, supra, aclara nuestra decisión. En esa ocasión, la madre con patria potestad de una menor inició una acción en representación de su hija para que se le ordenara a su padre o, en su defecto, a su abuelo paterno, satisfacer una pensión alimentaria de $150 mensuales. La madre alegaba que la pensión era necesaria para cubrir los gastos de mantenimiento y educación de la menor, y que sería adicional a la ayuda limitada que los abuelos maternos pudieran prestarle. El padre alegó que sus ingresos no le permitían pagar la referida pensión. Por su parte, el abuelo paterno adujo, entre otras cosas, que la prestación de los alimentos reclamados correspondían al padre de la menor y que este no adolecía de ninguna incapacidad ni impedimento que le excusara de su obligación. El Tribunal de Primera Instancia, luego de celebrar la vista correspondiente y evaluar la capacidad económica de ambos demandados, fijó la pensión mensual solicitada y condenó a pagar $60 al padre y $90 al abuelo. Este Tribunal confirmó dicha decisión.

De lo anterior podemos entonces colegir que se instó una reclamación de alimentos contra un abuelo sin la ne-cesidad de una determinación judicial previa de incapaci-dad de alguno de los padres. Más bien, en el caso antedicho la determinación se realizó en el mismo pleito de solicitud de alimentos. En ese caso, como la capacidad económica del padre no le permitía sufragar la pensión en su totalidad y el abuelo paterno tenía capacidad económica para suplirla, se le ordenó el pago de la pensión restante.

Por otro lado, como es sabido, el derecho a reclamar alimentos es fundamental, “que se acentúa cuando están involucrados los alimentos de menores y que forma parte del poder de parens patriae del Estado”. Este derecho tiene profundas raíces constitucionales que inherentes al derecho a la vida. Por consiguiente, los casos de alimentos están revestidos del más alto interés público, el cual no puede ser otro que el interés de procurar el mejor bienestar del menor.

El alto interés público que cobija el derecho de un menor a reclamar alimentos es tal, que “el Estado, como parte de su política pública, ha legislado ampliamente para velar por su cumplimiento”. Muestra de ello es la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, con la que el Estado creó un procedimiento judicial expedito que brinda protección al mejor interés y bienestar del menor por medio de trámites rápi-dos y eficientes de fijación, modificación y cobro de pensio-nes alimentarias Es decir, el interés del Estado es que los procesos de alimentos siempre sean los más convenien-tes al bienestar de los menores desde el punto de vista de la rapidez y la economía en el trámite.

Aunque la reclamación alimentaria dirigida a los abuelos podría presentarse dentro del mismo caso de alimentos instado contra la madre o el padre no custodio, nada impide que dicha reclamación se presente en un procedimiento separado o independiente Esto, porque la necesidad de alimentos de los menores y la imposibilidad de los padres en proveerlos pueden surgir luego de culminado el primer procedimiento, entre otras circunstancias.

Como ya hemos expuesto, la obligación de los abuelos para alimentar a sus nietos es subsidiaria y corresponde a quien solicita los alimentos demostrar que los padres y las nuevas sociedades gananciales —si estas existen— no pueden proveer los alimentos necesarios en su totalidad. No obstante, aunque la obligación de los abuelos es subsidiaria, esta será contingente; esta dependerá de que en el pleito se demuestre la incapacidad mental o física de los padres o su incapacidad para poder sufragar los alimentos. Es decir, dicha demostración puede realizarse en el mismo proceso contra los abuelos.

Sostener lo contrario impondría una carga onerosa a la madre o al padre con la custodia, quien es la persona que de ordinario presenta la reclamación de alimentos subsi-diarios en representación de sus hijos menores de edad. Asimismo, atentaría contra el alto interés público que cu-bre los procesos de alimentos de menores, así como contra la economía procesal promovida por nuestro sistema De igual forma, en la medida en que la reclamación de alimen-tos subsidiarios tendrá el efecto de imponer a los abuelos una obligación de alimentar, estos deben estar presentes cuando el padre o la madre justifiquen su incapacidad para satisfacer las necesidades de los menores. Siempre que se intente traer a los abuelos a un pleito de alimentos o se inste uno independiente, los tribunales deben tener pre-sente la norma esencial de que los procedimientos de ali-mentos deben tramitarse con la debida rapidez. Por con-siguiente, bifurcar los procedimientos judiciales no es cónsono con dicha normativa.

III

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia, luego de evaluar los reclamos de las partes, entendió que no procedía que se desestimara la causa de acción presen-tada contra la abuela materna. No obstante, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la desestimación del caso porque no había una determinación judicial previa que estableciera que los padres están incapacitados para cumplir con su responsabilidad de alimentar a sus hijos menores. De esa forma, como no existe dicha determina-ción, el foro apelativo consideró que no se había activado la acción subsidiaria contra los abuelos.

La madre custodia alega que el Tribunal de Apelaciones se equivocó al revocar al Tribunal de Primera Instancia y desestimar la reclamación de alimentos contra la abuela paterna. Además, argumenta que la información provista en el proceso judicial es base suficiente para que se per-mita la celebración de una vista en los méritos para deter-minar la capacidad económica de los padres y, por consi-guiente, si procede la pensión alimentaria subsidiaria. Esa fue precisamente la decisión del Tribunal de Primera Ins-tanda y que el foro apelativo intermedio revocó. Conside-ramos que la madre custodia tiene razón. Es evidente que la decisión del foro primario estuvo informada. Dicho foro contó con el beneficio de los escritos y las argumentaciones orales de las partes. De esa forma y con ese insumo, el Tribunal de Primera Instancia decidió continuar con el proceso judicial.

Así, pues, luego de analizar cuidadosamente el expe-diente y el Derecho expuesto, consideramos que la actua-ción del foro primario fue acertada. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Ciertamente la determinación de incapacidad de unos padres para generar ingresos puede realizarse dentro del mismo pleito en el que se soli-cite alimentos a un abuelo.

IV

En armonía con lo antes señalado, se revoca la Resolu-ción del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Maya-güez, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Mayagüez, para la continuación de los procedimientos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disintió sin opinión escrita.

       Al momento de la presentación de la demanda, las edades de los menores eran 17, 8, 6 y 4 años de edad.

        Certiorari, pág. 6.

       31 L.P.R.A. secs. 466 y 601.

        Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675, 679 (1962). Véase el Art. 108 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 384.

       31 L.P.R.A. sec. 3661.

        Vega v. Vega Oliver, supra, págs. 679-682.

       31 L.P.R.A. secs. 562 y 563.

        Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246, 253 (1988); Vega v. Vega Oliver, supra, pág. 682.

        Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra, pág. 253. Véase Vega v. Vega Oliver, supra.

       S. Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el derecho alimentario en Puerto Rico, San Juan, Pubs. STP, 2006-2007, T. 1, pág. 5.60. Véanse, además: Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra; Vega v. Vega Oliver, supra.

        Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra.

        Vega v. Vega Oliver, supra, pág. 682.

       31 L.P.R.A. sec. 564.

        Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra, pág. 253.

       íd., pág. 255.

       íd.

       íd„ págs. 256-257.

       íd., pág. 256.

        Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 D.P.R. 528, 535 (2009).

       íd.; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 738 (2009); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 D.P.R. 565, 572 (1999). Véase Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

        Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra.

        Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, pág. 739; Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145 (2003).

       8 L.P.R.A. sec. 501 et seq.

        Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, pág. 739.

       Torres Peralta, op. cit., pág. 5.67.

       Véase Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

        Piñero Crespo v. Gardillo Gil, supra, póg. 257.


source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

license: Public Domain

text:
    Rosa Belén Cruz Parrilla, recurrida, v. Departamento de la Vivienda y la Junta de Reestructuración Fiscal, peticionarios.

      Número: CC-2011-0071
    Resuelto: 23 de enero de 2012

      Rosa Elena Pérez Agosto, procuradora general auxiliar, abo-gada de la parte peticionaria; José Raúl Pérez Ayala, abo-gado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Comparecen ante nos el Departamento de la Vivienda et ais. y nos solicitan la revisión de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones. En esta, el foro apelativo intermedio revocó una Resolución de la entonces Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (en adelante C.A.S.A.R.H.), en la cual se desestimó la apela-ción presentada por Rosa Belén Cruz Parrilla que impugnó la cesantía de su empleo. Ello a tenor con las disposiciones de la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, Ley 7-2009 (3 L.P.R.A. see. 8791 et seq.).

En este recurso debemos resolver si el término de treinta (30) días provisto por la Ley 7, supra, para impug-nar la Certificación de Fecha de Antigüedad en el Servicio Público (en adelante Certificación de Antigüedad) de un empleado admite interrupción por justa causa. Por consi-derar que el término provisto es de naturaleza jurisdiccio-nal, a priori, contestamos en la negativa.

I

La Sra. Rosa Belén Cruz Parrilla (en adelante la recu-rrida) comenzó a trabajar en el Departamento de la Vi-vienda el 16 de noviembre de 1995. El 17 de abril de 2009, la recurrida recibió una Certificación de Fecha de Antigüe-dad en la agencia, en la cual se le informó que su periodo de antigüedad era de trece (13) años, cuatro (4) meses y quince (15) días. La certificación le apercibía a la recurrida que esa antigüedad representaba la suma de todos los años trabajados en el servicio público y que, de no estar de acuerdo con la antigüedad certificada, debía impugnarla en el término de treinta (30) días provisto por la Ley 7, supra. La recurrida no impugnó dentro de ese término la Certificación de Antigüedad que se le cursó.

A posteriori, el 25 de septiembre de 2009, la recurrida recibió una notificación del entonces Secretario del Depar-tamento de la Vivienda, Yesef Y. Cordero, en la cual se le notificaba que, conforme a las disposiciones de la Ley 7, supra, sería cesanteada de su puesto de Supervisora Local en la oficina regional de Carolina. Esta cesantía sería efec-tiva el 6 de noviembre de 2009.

El 26 de octubre del mismo año, la recurrida presentó una apelación por derecho propio ante la C.A.S.A.R.H., en la cual cuestionó la antigüedad que previamente le había sido certificada. Para ello, la recurrida presentó una Certi-ficación de Empleo que acreditaba que había trabajado va-rios meses durante 1985 y 1986 en el Programa de Empleo de Verano de la Administración de Derecho al Trabajo. Es-tos meses no fueron tomados en consideración en el cóm-puto de antigüedad que se le certificó a la recurrida.

Oportunamente, el Departamento de la Vivienda con-testó la apelación presentada y alegó que no procedía, ya que la recurrida no impugnó su Certificación de Antigüe-dad dentro del término de treinta (30) días que disponía para ello la Ley 7, supra.

Así las cosas, el 29 de marzo de 2010 la C.A.S.A.R.H. emitió una Resolución en la cual denegó la apelación in-coada por la recurrida. La C.A.S.A.R.H. fundamentó su de-terminación en que de las alegaciones de la recurrida sur-gía que no se había impugnado la Certificación de Antigüedad dentro del término establecido por ley. Por ende, no había prueba suficiente que demostrara que la recurrida cumplía con el tiempo suficiente de empleo en el servicio público para quedar exenta del plan de cesantías provisto en la Ley 7, supra.

Inconforme, la recurrida presentó un recurso de revi-sión ante el Tribunal de Apelaciones el 14 de junio de 2010. El foro apelativo intermedio revocó la Resolución de la C.A.S.A.R.H. mediante una Sentencia emitida el 22 de sep-tiembre de 2010 y ordenó devolver el caso a esta Comisión para que determinara si la prueba documental presentada por la recurrida podría refutar el periodo de antigüedad que le fue previamente certificado.

El tribunal a quo fundamentó su determinación en que la C.A.S.A.R.H, al emitir su Resolución, no dispuso nada en cuanto a la prueba documental que presentó la allí pe-ticionaria para impugnar el cómputo de su antigüedad. Ergo, entendió el foro apelativo intermedio que la C.A.S.A.R.H. actuó de manera arbitraria e irrazonable al emitir una Resolución sin considerar la prueba que se le presentó debidamente.

En cuanto al término de treinta (30) días para impug-nar el cómputo de antigüedad que provee la Ley 7, supra, el Tribunal de Apelaciones concluyó que existía justa causa para que la recurrida no cumpliera con este término. En-tendió el foro apelativo intermedio que la Certificación de Antigüedad enviada a la recurrida no le informaba correc-tamente cuál era la fecha de corte para la determinación de antigüedad. Además, las agencias para las cuales tra-bajó la recurrida, y cuyo tiempo no se le adjudicó en el cómputo de antigüedad, le remitieron la evidencia de em-pleo meses después de entregada la Certificación de Antigüedad. Insatisfecho, el Departamento de la Vivienda solicitó la reconsideración de ese dictamen el 16 de octubre de 2010. A posteriori, el 16 de diciembre de 2010, el Tribunal de Apelaciones denegó el petitorio.

Inconforme, el 21 de enero de 2011 el Departamento de la Vivienda presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal y planteó el señalamiento de error siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que no procede el archivo de la apelación presentada y ordenar su devolución ante la CASARH, toda vez que la antigüedad adju-dicada a la recurrida advino concluyente a tenor con la dispo-sición expresa de ley. Petición de certiorari, pág. 8.

El 27 de mayo de 2011, mediante Resolución, ordena-mos a la recurrida que mostrara causa por la cual no debía expedirse el auto de certiorari solicitado y revocarse la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. La recurrida com-pareció el 21 de julio de 2011, por lo cual estamos en posi-ción de resolver sin ulterior trámite.

II

A. El 9 de marzo de 2009 se aprobó la Ley 7, supra. Este estatuto fue aprobado para, inter alia, atender la severa crisis fiscal por la cual atraviesa el Gobierno de Puerto Rico y para proteger el crédito de la isla. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 21 (2010), cert. denegado, Castro v. Puerto Rico, 131 S.Ct. 152 (2010).

Como parte de las medidas de emergencia contempladas por el estatuto se estableció un Plan de Emergencia de Medidas de Reducción de Gastos. 3 L.P.R.A. secs. 8793-8802. Este Plan consistía en la implementación de tres (3) fases dirigidas a garantizar la reducción del déficit estructural del Gobierno de Puerto Rico. La Fase I consistía en un Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada y un Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas. 3 L.P.R.A. see. 8794. A tenor con la Ley 7, supra, si la implantación de la Fase I no cumplía con los objetivos de ahorro del estatuto, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante O.G.P.) cursaría un informe a la Junta de Restructuración y Estabilización Fiscal (en adelante J.R.E.F.) en el cual recomendaría poner en vigor la Fase II. 3 L.P.R.A. sec. 8794(4)(B). La J.R.E.F. fue creada también por la Ley 7, supra, y se le delegó una amplia gama de poderes, incluyendo, inter alia, el deber de asesorar al Gobernador y a las agencias estatales en cuanto a los empleados que serían cesanteados, la determinación de cuántos empleados finalmente lo serían y el poder para encomendar a las agencias a realizar estudios necesarios para poner en vigor la Fase II del Plan de Emergencia de Medidas de Reducción de Gastos. 3 L.P.R.A. sec. 8799(b)(6).

Esta segunda fase consistía de un plan de cesantías de empleados del sector público. En específico, el Plan contemplaba el cese de empleo de todo empleado que a la fecha de la vigencia de la Ley 7, supra, tuviera un nombramiento transitorio o irregular. 3 L.P.R.A. sec. 8799(b)(2). Por su parte, en cuanto a los empleados con nombramiento de carrera, se estableció que:

(3) Las cesantías de los empleados con nombramiento per-manente o de carrera se efectuarán observando exclusiva-mente el criterio de antigüedad, de modo que sean cesan-teados en primer término aquellos que tengan menor antigüedad.
(4) A los fines de determinar la antigüedad de empleados afectados se considerarán todos los servicios prestados por los empleados afectados en el servicio público, independiente-mente de las disposiciones de los convenios colectivos, regla-mentos, cartas circulares y otros documentos normativos. 3 L.P.R.A. sec. 8799(b)(3) y (4).

Para poner en vigor las cesantías tomando en conside-ración solamente el criterio de antigüedad, la Ley 7, supra, provee que las agencias debían notificar a J.R.E.F. la anti-güedad de cada uno de sus empleados. A posteriori, las agencias también tendrían que notificar por escrito e indi-vidualmente a sus empleados su fecha de antigüedad se-gún se surgiera de los expedientes. 3 L.P.R.A. sec. 8799(b)(8).

En cuanto al procedimiento para impugnar esta Certificación de Antigüedad, la Ley 7, supra, establece:

(9) El empleado, y de ser el caso, éste a través de su organi-zación sindical, tendrá un término no mayor de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de la notificación, para presentar por escrito a la agencia, evidencia documental ofi-cial emitida por la autoridad o entidad gubernamental compe-tente (evidencia documental fehaciente) que refute la antigüe-dad que le ha sido'certificada. Para ello utilizará el formulario que para esos fines será provisto por su respectiva agencia, el cual completará y someterá a su propia agencia, con copia de la evidencia documental fehaciente que refute la fecha de an-tigüedad notificada por la agencia.
(10) En la eventualidad de que el empleado afectado no refute o no presente, dentro del término aquí dispuesto, evidencia documental fehaciente que sostenga su posición, la antigüe-dad a ser utilizada será aquella que le fue notificada por la agencia. Dicha antigüedad será concluyente para todo propó-sito relacionado a este capítulo. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 8799(b)(9) y (10).

B. Este Tribunal ha tenido la oportunidad de interpre-tar la Ley 7, supra, en varias ocasiones. En Domínguez Castro et al. v. E.L.A I, supra, examinamos este estatuto para determinar si padecía de defectos constitucionales. Realizado un análisis ponderado del texto del estatuto, de-terminamos que se trataba de una regulación de carácter socioeconómico, la cual está sujeta a un escrutinio racional para determinar su constitucionalidad. Concluimos que la Ley 7, supra, adelantaba un fin legítimo y que existía una relación real y sustancial entre esta y el interés perse-guido, por lo cual no adolecía de defectos constitucionales en cuanto al derecho a un debido proceso de ley en su ver-tiente sustantiva. íd., págs. 58-60.

Por su parte, en cuanto al debido proceso de ley en su vertiente procesal, concluimos que la Ley 7, supra, no que-brantaba ese derecho, ya que establecía un procedimiento que sobrepasaba el mínimo requerido por la Constitución. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 65. Susten-tamos nuestra conclusión en que los empleados estarían protegidos, ya que “la Ley Núm. 7 dispone para que un organismo competente e imparcial atienda sus reclamos y aquilate la evidencia que éstos puedan presentar, en caso de que decidan recurrir finalmente de la decisión de la agencia”. Id.

Otros aspectos constitucionales de la Ley 7, supra, fue-ron atendidos en Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 D.P.R. 723 (2011). En este caso resolvimos que el estatuto contenía un título lo suficientemente descriptivo sobre el asunto que regula, por lo cual no infringía la See. 17 del Art. Ill de la Constitución de Puerto Rico. Id., pág. 766. Por último, recientemente resolvimos en Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 D.P.R. 95 (2011), que la Ley 7, supra, delegó a la J.R.E.F. la facultad de establecer una fecha de corte para el cómputo de la antigüedad de los empleados públicos y que esa delegación cumplía con los parámetros jurisprudenciales del principio de separación de poderes y del derecho administrativo.

El caso de autos nos da la oportunidad de interpretar nuevamente el texto de la Ley 7, supra. Como menciona-mos, en esta ocasión nos toca resolver si el término que provee el estatuto en 3 L.P.R.A. sec. 8799(b)(9), para im-pugnar la Certificación de Antigüedad, es improrrogable o, a contrario sensu, si admite interrupción por justa causa como determinó el Tribunal de Apelaciones.

III

A. En reiteradas ocasiones hemos resuelto que las Reglas de Procedimiento Civil no aplican automáticamente a los procedimientos administrativos. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). A tales efectos, hemos establecido que “tal cuerpo normativo procesal podrá utilizarse para guiar el curso de [los] procesos administrativos mientras no obstaculicen la flexibilidad, agilidad y sencillez de éstos”. íd., pág. 735. Por ende, estas reglas podrán utilizarse como guía si propician una solución justa, rápida y económica de la controversia a resolverse. Id.

Uno de los principios más importante del esquema nor-mativo del Procedimiento Civil es el que rige todo lo con-cerniente a los términos que tienen las partes para actuar en determinado proceso. Nuestro ordenamiento reconoce varias clases de términos cuyo incumplimiento conlleva consecuencias diferentes. R. Hernández Colón, Práctica ju- rídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2010, pág. 197.

Consecuentemente, y como regla general, “[t]odos los términos que las reglas no declaran expresamente improrrogables pueden prorrogarse por el tribunal”. Hernández Colón, op. cit., pág. 199. Para ello, generalmente se requiere que la parte que solicita la prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con el término establecido. íd.

Por otro lado, existen unos términos de naturaleza improrrogable que no están sujetos a interrupción o cumplimiento tardío. “Se denominan estos términos como jurisdiccionales o fatales porque transcurren inexorablemente, no importa las consecuencias procesales que su ex-piración provoque.” Hernández Colón, op. cit, pág. 201. Ello significa que una vez transcurre un término de naturaleza jurisdiccional, el tribunal o la agencia estatal pierde jurisdicción para atender el asunto ante su consideración.

Por otra parte, en reiteradas ocasiones hemos ex-presado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal para decidir casos o controversias. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009); ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337, 343 (2006). Por ende, “[e]n toda situación jurídica el primer aspecto que tenemos que considerar es el de naturaleza jurisdiccional. Ello es así pues las cuestiones relativas a la jurisdicción son de naturaleza privilegiada y deben ser resueltas con preferencia a cualquier otro asunto”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, [s. Ed.], 2010, pág. 18. Ante la importancia eminente de este principio, los entes adjudicativos deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, y no poseen discreción para asumirla en donde no la hay. García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 254 (2007).

Debido a las graves consecuencias que acarrea el determinar que un término es de naturaleza jurisdiccional, hemos expresado que debe surgir claramente la intención del legislador de imponerle esa característica al término. Véanse: J. Directores v. Ramos, 157 D.P.R. 818, 823-824 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 615-616 (1997); Méndez v. Corp. Quintas San Luis, 127 D.P.R. 635, 637 (1991).

De suerte que, para determinar si un término es de naturaleza jurisdiccional, los tribunales deben realizar un ejercicio de interpretación estatutaria para encontrar la expresión clara del legislador en cuanto la naturaleza del término. En este ejercicio de interpretación debe acudirse primero al texto de la ley. Solo si se encuentra ambigüedad en el texto, deben entonces los tribunales asegurarse de cumplir con los propósitos legislativos. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849, 862 (2010). No obstante, en nuestro ordenamiento, si el lenguaje de la ley es claro y libre de toda ambigüedad, “la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Es por ello que “si el lenguaje de la ley no crea dudas y es claro en cuanto a su propósito, su propio texto es la mejor expresión de la intención legislativa”. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra, pág. 862.

B. Bajo el crisol doctrinario anteriormente expuesto, pasemos a determinar si el término de treinta (30) días provisto por la Ley 7, supra, para impugnar la Certifica-ción de Antigüedad es de carácter jurisdiccional.

Como ya vimos, el Art. 37.04 de la Ley 7 (3 L.P.R.A. see. 8799(b)(9)) establece que, de no estar conformes con la an-tigüedad que se le certifique, el empleado

... tendrá un término no mayor de treinta (30) días calenda-rio, a partir de la fecha de la notificación, para presentar por escrito a la agencia, evidencia documental oficial emitida por la autoridad o entidad gubernamental competente (evidencia documental fehaciente) que refute la antigüedad que le ha sido certificada. (Énfasis suplido.)

Subsiguientemente, el estatuto establece que si el em-pleado no presenta una evidencia documental fehaciente para impugnar su antigüedad certificada dentro del tér-mino establecido, esta “será concluyente para todo propó-sito relacionado con este capítulo”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 8799(b)(10).

La utilización del adjetivo concluyente en el texto de la Ley 7, supra, es una expresión clara y evidente del legisla-dor para establecer que el término de treinta (30) días es de naturaleza jurisdiccional. El diccionario de la Real Academia Española define este adjetivo como “(1) que con-cluye; (2) resolutorio, irrebatible”. Portal cibernético de la Real Academia Española, http://www.rae.es (última visita 20 de enero de 2012). Por su parte, el diccionario del uso del español de María Moliner define el término concluyente como “[c]ategórico o decisivo; se aplica a la razón o argu-mento que no admite duda ...”. (Énfasis suplido.) M. Moli-ner, Diccionario de Uso del Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Gredos, 2007, Vol. I, pág. 744. Nos resulta evidente que el propio texto de la Ley 7, supra, estableció que el término de treinta (30) días para impugnar la antigüedad es de carác-ter jurisdiccional. Siendo ello así, es forzoso concluir que no existe excepción alguna, ya sea por justa causa o por cual-quier otra razón, para impugnar la Certificación de Anti-güedad cursada a los empleados fuera del término establecido.

IV

A base del análisis que antecede, procedemos a aplicarlo a la controversia de autos.

Surge del expediente que la recurrida recibió una Cer-tificación de Antigüedad del Departamento de la Vivienda el 17 de abril de 2009 —fechada 14 de abril de 2009— en la cual se le certificaba que su antigüedad total en el servicio público era de trece (13) años, catorce (14) meses y quince (15) días. La recurrida no impugnó esa antigüedad dentro de los treinta (30) días siguientes.

Posteriormente, se le notificó a la recurrida el 25 de sep-tiembre de 2009 que sería cesanteada de su puesto, efec-tivo el 6 de noviembre de 2009. A raíz de esta cesantía, el 26 de octubre de 2009 es que la recurrida impugna por primera vez ante la C.A.S.A.R.H. la Certificación de Anti-güedad que se le notificó en abril del mismo año. Es decir, más de seis (6) meses después de que se le certificara su antigüedad, la recurrida actuó sobre esta por primera vez.

La C.A.S.A.R.H. denegó la apelación de la recurrida al determinar que esta no presentó la impugnación de la an-tigüedad conforme dispone la Ley 7, supra, razón por la cual no procede la revisión y aceptación de documentos posterior al tiempo allí concedido. Véase Apéndice de la Moción en cumplimiento de orden dictada mediante reso-lución y en oposición a expedición de certiorari, pág. 213. Al así proceder, la C.A.S.A.R.H. actuó de manera correcta en derecho, ya que había perdido jurisdicción sobre cual-quier documento presentado por la recurrida fuera del tér-mino jurisdiccional de treinta (30) días. Al no tener juris-dicción sobre los documentos, la C.A.S.A.R.H. no podía considerarlos al momento de hacer su determinación sobre la impugnación presentada por la recurrida.

Por su parte, y de manera errada, el Tribunal de Apela-ciones revocó esta determinación de la C.A.S.A.R.H. por entender que existía justa causa por la cual la recurrida impugnó su antigüedad fuera de término. El foro apelativo intermedio fundamentó su proceder en que las agencias para las cuales la recurrida había trabajado previamente le remitieron la prueba documental fehaciente sobre su tiempo en el servicio público meses después de que se le notificara su antigüedad. Como ya resolvimos, el término de treinta (30) días que tenía la recurrida para impugnar su antigüedad era de carácter jurisdiccional, el cual no ad-mite interrupción alguna por justa causa.

Así las cosas, erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación de la C.A.S.A.R.H. que había denegado la apelación de la cesantía de la recurrida. Esta última im-pugnó por primera vez su antigüedad más de seis (6) me-ses después que le fuera certificada, por lo cual actuó fuera del término improrrogable de treinta (30) días que tenía para hacerlo y quedó así impedida la C.A.S.A.R.H. de con-siderar los documentos presentados por la recurrida.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de “certiorari” y se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez disintieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez no interviene.

       Con la aprobación del Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público, Ley 2-2010 (3 L.P.R.A. Ap. XIII), la Comisión de Relaciones del Trabajo y la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Huma-nos (en adelante C.A.S.A.R.H.) fueron fusionadas en la Comisión Apelativa de Ser-vicio Público (C.A.S.P.).

       La Petición de Certiorari no incluyó en su apéndice una copia de esta certificación. Sin embargo, sí se incluyó en la Moción en Cumplimiento de Orden Dictada Mediante Resolución y en Oposición a Expedición de Recurso de Certiorari, presentada por la recurrida. No existe controversia entre las partes sobre la existen-cia y corrección de la aludida certificación.