author: per curiam:

text:
    Ranger American of Puerto Rico, Inc., peticionaria, v. Loomis Fargo & Co. of Puerto Rico, recurrida.

      Número: CC-2005-1076

      Resuelto: 19 de junio de 2007

      Ricardo E. Carrillo Delgado, abogado de la parte peticionaria; Juan A. Frau Escudero, abogado de la parte recurrida.
   per curiam:

Corresponde determinar si el remedio de revisión mediante juicio de novo ante el Tribunal de Primera Instancia, estatuido por la Ley de Detectives Privados en Puerto Rico para una parte a quien el Superintendente de la Policía le deniega o le revoca una licencia para ejercer como detective privado, o para operar una agencia de seguridad o de detectives privados, también debe ser utilizado por un tercero quien ha solicitado al Superintendente de la Policía la cancelación de una licencia expedida al amparo de esta ley.

I

La agencia de seguridad Ranger American of Puerto Rico, Inc. (Ranger American) presentó una querella ante la Policía de Puerto Rico contra Loomis Fargo & Co. of Puerto Rico (Loomis Fargo), para alegar que esta compañía había obtenido su licencia de agencia de seguridad en contravención del Artículo 9(b) de la Ley de Detectives Privados en Puerto Rico (Ley de Detectives), Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 285h(b). En síntesis, adujo que la persona que figuraba como principal funcionario ejecutivo de Loomis Fargo, el Sr. Otilio Martínez Torres (Martínez Torres), era un empleado unionado que realizaba labores de chofer de camiones blindados y no su principal ejecutivo, como exige el referido artículo de la Ley de Detectives. Por lo anterior, alegó que, como el principal funcionario ejecutivo de Loomis Fargo no tenía licencia de detective privado, procedía la cancelación de la licencia que tenía la compañía para operar su agencia de seguridad, ya que no fue concedida conforme a esta ley.

En atención a la querella presentada por Ranger American, el 5 de diciembre de 2003, el Superintendente de la Policía (el Superintendente) le notificó por escrito a Loomis Fargo su intención de revocarle las licencias que poseía para operar su agencia de seguridad y de agencia de detectives privados. En respuesta, Loomis Fargo solicitó que se celebrara una vista administrativa, conforme se le informó en la comunicación que recibió por parte del Superintendente.

Así las cosas, y antes de celebrase la vista administrativa solicitada, Loomis Fargo le indicó al Superintendente que había designado al Sr. Ricardo D. Emmanuelli Corretjer (Emmanuelli Corretjer) como su vicepresidente de seguridad y principal funcionario ejecutivo. Conforme a lo anterior, la compañía solicitó que las licencias que tenía para operar su agencia de seguridad y de detectives privados, que habían sido expedidas a nombre del señor Martínez Torres, se enmendaran, renovaran y expidieran a nombre del señor Emmanuelli Corretjer, por ser éste su principal funcionario ejecutivo y quien tenía la licencia de detective privado, según es requerido por la Ley de Detectives.

Luego de celebrase la vista administrativa solicitada por Loomis Fargo, el oficial examinador que la presidió rindió un informe en el que concluyó que la Ley de Detectives no especificaba ni proveía definición alguna en cuanto a las funciones que debía realizar el principal funcionario ejecutivo identificado en la gestión de la licencia. Más aún, determinó que, de haber existido una controversia en cuanto a lo anterior y la concesión de las licencias impugnadas, ésta quedó subsanada con el nombramiento de EmmanueHi Corretjer como principal funcionario ejecutivo de Loomis Fargo.

El Superintendente acogió la recomendación del oficial examinador y emitió una resolución para dejar sin efecto la comunicación original que le había cursado a Loomis Fargo, y notificarle de su intención de revocarle las licencias en controversia. Además, en dicha resolución autorizó que se expidieran las licencias solicitadas por Loomis Fargo y apercibió a Ranger American de su derecho a solicitar la reconsideración de esta determinación, lo que oportunamente hizo esta compañía.

Transcurridos más de quince días sin que se atendiera su reconsideración, Ranger American acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa. Dicho foro desestimó el recurso presentado por entender que no tenía jurisdicción para considerarlo. Razonó que, de acuerdo con el lenguaje del Artículo 15(3) de la Ley de Detectives, 25 L.RR.A. sec. 285n(3), la revisión de la determinación del Superintendente tenía que efectuarse ante el Tribunal de Primera Instancia mediante un juicio de novo y no ante el foro apelativo intermedio a través del mecanismo de revisión de determinaciones administrativas estatuido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (L.P.A.U.).

En desacuerdo, Ranger American solicitó la revisión de la determinación del foro apelativo intermedio ante este Tribunal alegando que:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar qne carecía de jurisdicción para entender en el recurso de revisión judicial ante su consideración. Dicha determinación es contraria a derecho, ya que el recurso presentado era el único disponible en ley para la peticionaria. Al así hacerlo, el Honorable Tribunal de Apelaciones erró al realizar una interpretación errónea de la Ley de Detectives Privados, 25 L.P.R.A. [see.] 285 [et] seq.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que la peticionaria no agotó el remedio provisto por el Artículo 15(3), 25 L.P.R.A. sec. 285(n), conocida como la Ley de Detectives Privados, el cual sólo proveía el remedio de revisión judicial a través del “juicio de novo” ante el Tribunal Superior para aquellos tenedores de licencia de detectives privados que el Superintendente de la Policía le hubiera revocado o denegado. La parte peticionaria no tenía tal remedio disponible, ya que no era tenedora de la licencia en controversia, sino que ésta cuestionaba mediante querella su expedición en violación a la citada ley. Petición de certiorari, págs. 5-6.

Expedimos el auto. Contando con la comparecencia de las partes, y estando en posición de resolver el recurso ante nuestra consideración, procedemos a así hacerlo.

II

Como anticipáramos, corresponde determinar si el remedio de revisión mediante juicio de novo, que tiene a su disposición una parte —a quien el Superintendente de la Policía deniegue o revoque una licencia para ejercer como detective privado o para la operación de una agencia de seguridad o de detectives privados— tiene que ser utilizado también por un tercero a quien se le desestime una querella, o solicitud análoga, presentada ante el Superintendente para impugnar la concesión de una licencia que éste ha concedido.

En su comparecencia, Ranger American argumentó que el único remedio de revisión que tiene a su disposición es la revisión judicial ordinaria ante el Tribunal de Apelaciones dispuesta por la L.P.A.U. Sostiene que el mecanismo de revisión de novo ante el Tribunal de Primera Instancia está disponible únicamente para una parte a quien el Superintendente de la Policía le deniega o revoca una licencia. En vista de ello, concluye que el foro con jurisdicción era el tribunal apelativo intermedio, por lo que procedía revocar la determinación que realizó dicho tribunal y que es objeto de revisión ante nosotros.

Por su parte, Loomis Fargo sostiene que la proposición de Ranger American es improcedente, porque “resultaría que para un mismo procedimiento existan dos mecanismos de intervención o revisión judicial dependiendo del resultado de dicho procedimiento”. Así, sostiene que “el único remedio de revisión judicial provisto por la Ley especial en cuestión, o sea el juicio de novo, es el proceso aplicable a todos los casos en que se solicite o plantee la cancelación, denegación o revocación de una licencia” concedida al amparo de la Ley de Detectives. (Énfasis suprimido.)

Planteada la controversia según estos términos, pasemos a resolverla.

A. La Ley de Detectives regula la profesión de detective privado y la de agente de seguridad en Puerto Rico, al igual que la operación de negocios para ofrecer estos servicios. Específicamente, el estatuto se aprobó con el propósito de “reglamentar la profesión de detective privado, las agencias de detectives privados y las agencias de seguridad para la protección de empresas privadas, las escuelas para la enseñanza de detectives privados y fijar penalidades por las violaciones [a la] Ley”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965 (1965 Leyes de Puerto Rico 306). Esta legislación obedece al interés del Estado de regular toda actividad de carácter policial desempeñada por entes privados, para garantizar así que sólo las personas cualificadas puedan realizar esta labor. Wackenhunt Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 524 (1972). De ahí que la ley provea un esquema abarcador para atender todo lo relativo a este negocio o profesión.

De acuerdo con la Ley de Detectives, todo interesado en ejercer la profesión de detective, o en operar una agencia de seguridad o de detectives privados, tiene que presentar una solicitud de licencia para estos fines ante el Superintendente de la Policía, conforme a lo estipulado por el estatuto. 25 L.P.R.A. secs. 285d y 285i. En función de lo anterior, la ley delimita las facultades y prerrogativas del Superintendente al momento de considerar las solicitudes de licencia o la revocación de las concedidas. Más aún, el estatuto establece el mecanismo de revisión que tiene a su disposición una parte a la que el Superintendente deniega o revoca una licencia expedida según la ley.

Específicamente, el estatuto establece que el Superintendente:

(3) Tendrá facultad para expedir, renovar o denegar licencias de detectives privados o de agencias, así como para revocar licencias que ya hubieren sido expedidas. El Superintendente no denegará una solicitud de licencia ni revocará una licencia previamente concedida, sin la previa notificación a la parte interesada sobre la celebración de una vista donde dicha parte tendrá oportunidad de comparecer a presentar evidencia, a interrogar testigos, y a exponer lo que a su derecho convenga. El Superintendente notificará por escrito en todo caso las razones en que basa su acción o determinación. 25 L.P.R.A. see. 285n(3).

En cuanto al proceso de revisión disponible a una parte inconforme con la determinación del Superintendente de denegar o revocar una licencia, la ley estipula lo siguiente:

Cuando el Superintendente denegare o revocare una licencia, la parte agraviada podrá dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de dicha determinación solicitar revisión ante la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. La revisión se hará mediante juicio de novo, debiendo el Superintendente elevar ante el Tribunal Superior los autos originales del caso, dentro de los quince días siguientes a la fecha de radicación del recurso de revisión. (Enfasis suplido.) 25 L.P.R.A. sec. 285n(3).

En el pasado tuvimos la oportunidad de analizar este procedimiento de revisión de determinaciones del Superintendente. Así, en Román Ruiz v. E.L.A., 150 D.P.R. 639 (2000), concluimos que el proceso de revisión mediante juicio de novo, estatuido en la Ley de Detectives, no había sido desplazado por el remedio de la revisión administrativa de la L.RA.U. Conforme a lo anterior, pautamos específicamente que “[é]l tribunal de instancia, no el Tribunal [de Apelaciones], es el que tiene jurisdicción para atender las cancelaciones de licencia de guardia de seguridad decretadas por el Superintendente” (Enfasis suplido.) íd., pág. 648. Expresamos, además, que la claridad del procedimiento especial para “cuestionar la cancelación de las licencias ... de guardia de seguridad, supera cualesquiera dudas sobre el recurso disponible a una persona si el Superintendente no sigue el procedimiento para cancelarlas”, íd., págs. 648-649. Más aún, añadimos que

... el cuestionamiento de cualesquiera acciones de ese tipo por el Superintendente —omitiendo observar el procedimiento adecuado y demás formalidades— precisamente también sería materia apropiada que debe ser dilucidada primeramente ante el Tribunal de Primera Instancia, no en revisión ante el Tribunal [de Apelaciones\. Lo contrario duplicaría los procedimientos, pues la vista del juicio de novo precisamente permite la presentación de toda la prueba procesal y sustancial pertinente, incluso aquella demostrativa de que el Superintendente no observó los requisitos en ley y administrativos para cancelar las licencias. (Énfasis suplido.) Román Ruiz v. E.L.A., supra, pág. 649.

A la luz de esta discusión, es claro y así nos reafirmamos, que el mecanismo provisto por la Ley de Detectives para solicitar una revisión de una determinación del Superintendente, que deniegue o revoque una licencia concedida según la Ley de Detectives, no fue desplazado mediante la L.P.A.U. Quien interese solicitar la revisión de este tipo de determinaciones del Superintendente tiene que presentar su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, donde será atendido mediante un juicio de novo.

Como expresáramos, Ranger American nos arguye que ya que la ley se refiere a la revisión de la denegatoria de una concesión de licencia, el mecanismo de revisión de juicio de novo ante el tribunal de instancia no aplica a la situación de autos, pues aquí se trata de un tercero ajeno al proceso de concesión de una licencia, quien ha impugnado la concesión de ésta. Ante esta situación aduce que debe aplicarse entonces lo dispuesto en la L.RA.U. y que, por lo tanto, el tribunal con jurisdicción es el Tribunal de Apelaciones.

B. La Ley de Detectives Privados, como hemos indicado, establece el procedimiento que tiene que seguir el Superintendente de la Policía de Puerto Rico para conceder licencias de detectives privados o para la operación de agencias de seguridad o de detectives privados. Además, el estatuto establece el mecanismo de revisión que tiene a su disposición toda persona, natural o jurídica, a quien el Superintendente le deniega o revoca una licencia expedida por virtud de la Ley de Detectives. Román Ruiz v. E.L.A., supra. Véase, además, 25 L.P.R.A. sec. 285n. Es por ello que Ranger American sostiene que el procedimiento de juicio de novo aplica con exclusividad a casos en los que se revoca o deniega una licencia.

Si bien es cierto que el texto de la Ley de Detectives habla en los términos antes descritos, cuando expresa: “cuando el Superintendente denegare o revocare una licencia”, no podemos avalar la interpretación propuesta por Ranger American. Somos del criterio que la interpretación más sensata y lógica es en el sentido de que el proceso de revisión mediante juicio de novo ante el Tribunal de Primera Instancia según la Ley de Detectives, aplica también a los casos de impugnación de la concesión de una licencia por un tercero, tal y como ha ocurrido en este caso. A fin de cuentas, lo que activa el proceso de revisión no es la denegación o revocación de una licencia, sino que se trata del remedio revisor disponible para la acción que tome el Superintendente al amparo de la Ley de Detectives, la que fuere. Así, el mecanismo de juicio de novo está disponible para quien solicite una licencia o para quien impugne su concesión.

Como hemos señalado, el remedio de revisión mediante juicio de novo es el único mecanismo provisto en la Ley de Detectives para cuestionar una determinación del Superintendente relacionada con las disposiciones de la ley. Nos parece de todo punto irrazonable adoptar la tesis propuesta por Ranger American de que existen dos procedimientos distintos de revisión judicial según esta ley, en función de quién solicita al Superintendente alguna determinación según la Ley de Detectives, o cuál es la determinación que éste toma. Para Ranger American, cuando una persona solicita la licencia de detective o la licencia para operar una agencia de detectives, la concesión o su denegatoria se revisa mediante juicio de novo en el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, el peticionario entiende que, cuando un tercero interviene en ese proceso e impugna la actuación del Superintendente, el mecanismo de revisión de la determinación que pueda tomar el Superintendente es el de revisión administrativa que dispone la L.P.A.U. Este enrevesado mecanismo de revisión sería contrario al cuidadoso esquema regulador establecido en la Ley de Detectives, así como contrario al principio de uniformidad que permea el derecho administrativo en nuestro país.

La conclusión a la que llegamos, es la más atinada a la luz de los hechos que originan esta controversia. Recordemos que, al ejercer nuestra función interpretativa, tenemos el deber de interpretar un estatuto como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes disposiciones y supliendo las posibles deficiencias en los casos en que sea necesario. Departamento Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005); Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra. Al impartirle contenido a una ley debemos asegurarnos siempre de que el resultado al que llegamos sea cónsono con el contemplado por el legislador al promulgarla.

Conforme a la discusión anterior, entendemos que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al concluir que no tenía jurisdicción para entender en el recurso presentado por Ranger American, y razonar que esta compañía tenía que canalizar su solicitud de revisión conforme el mecanismo de revisión de juicio de novo ante el Tribunal de Primera Instancia, estatuido por la Ley de Detectives. Recordemos que los tribunales deben velar rigurosamente por su jurisdicción, por lo que no pueden asumirla cuando no la tengan. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005); Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005).

III

Por los fundamentos expuestos, procede dictar sentencia para resolver que la revisión de la determinación del Superintendente de la Policía en este caso es mediante el mecanismo de juicio de novo provisto en la Ley de Detectives de Puerto Rico. Se devuelve el caso al foro administrativo para que se notifique nuevamente la decisión del Superintendente acorde con lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       De acuerdo con el expediente, Loomis Fargo & Co. of Puerto Rico (Loomis Fargo) también tenía licencia para operar una agencia de detectives privados expedida por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

       En esencia, la ley establece que el Superintendente concederá licencias para la operación de agencias de detectives privados o de agencias de seguridad, si son solicitadas por una corporación que tenga como su principal funcionario ejecutivo a una persona que, a su vez, posea la licencia de detective privado expedida por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico conforme al Artículo 9(b) de la Ley de Detectives Privados en Puerto Rico (Ley de Detectives), 25 L.P.R.A. sec. 285h(b).

       En la comunicación, mediante la cual se le notificó la intención del Superintendente de revocarle las licencias concedidas, se le apercibió a Ranger American de su derecho a solicitar una vista administrativa ante el Superintendente de la Policía.

       La conclusión anterior, en el sentido de que el remedio de revisión provisto en la Ley de Detectives no ha sido desplazado por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), encuentra un fundamento adicional en el propio lenguaje de este último estatuto. Específicamente hacemos referencia a la Sección 5.4 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2184, que estipula que “[t]oda persona a la que una agencia deniegue la concesión de una licencia ... o gestión similar tendrá derecho a impugnar la determinación de la agencia por medio de un procedimiento adjudicativo, según se establezca en la ley especial de que se trate, y en las sees. 2151 a 2168 de este título”. (Énfasis suplido.)' Como vemos, la propia L.P.A.U. refiere al proceso de revisión estatuido por “la ley especial de que se trate”, a quien interese impugnar una determinación administrativa de una agencia que deniegue la concesión de una licencia o gestión similar. Así, y cónsono con nuestros pronunciamientos, reiteramos una vez más que el remedio que tiene aquel a quien el Superintendente deniegue o revoque una licencia otorgada conforme a la Ley de Detectives, es el de revisión mediante juicio de novo ante el Tribunal de Primera Instancia que estableció el referido estatuto.

       Cabe señalar, que nada impedía que Loomis Fargo, como competidor de Ranger American, impugnara la licencia otorgada a esta última y solicitara del Superintendente la cancelación de ésta. Hemos reconocido que competidores pueden impugnar la concesión de licencias o permisos, a pesar de que éstos no fueron parte en los procedimientos administrativos celebrados para concederlos. San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 374 (2001). Esta participación es permitida siempre y cuanto el interesado demuestre tener un interés legítimo en el procedimiento. Id., págs. 389-395. El interés legítimo de un competidor puede comprender intereses económicos, ambientales y sociales. íd., pág. 393. Así, siendo el proceso de concesión de licencias y permisos uno establecido con el propósito de proteger al público, pro-cede que permitamos que una persona, natural o jurídica, solicite la cancelación de una licencia expedida según la Ley de Detectives, a pesar de que no participó o no tiene derecho a participar en el proceso celebrado para la concesión de la licencia.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re María del R. Pujol Thompson, querellada.

      Número: CP-2005-12

      Resuelto: 19 de junio de 2007

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales; Heriberto Sepúlveda, comisionado especial; María del R. Pujol Thomson, pro se.

   PER CURIAM:

I

La Leda. María del R. Pujol Thompson fue admitida al ejercicio de la profesión legal el 26 de enero de 1999 y al ejercicio de la notaría el 2 de junio de 1999.

El 8 de diciembre de 2003, el Sr. Oscar Morales Ramírez presentó una queja ante este Tribunal contra la licenciada Pujol Thompson. En ésta expresó que la había contratado para que lo representara en un pleito judicial (Oscar Morales Ramírez v. Cond. Cristal House, Civil Núm. KDP 2000-0380), el cual fue desestimado por inactividad por el Tribunal de Primera Instancia. Señaló, además, que la licenciada Pujol Thompson no le contestaba sus llamadas telefónicas y no lo había mantenido al tanto del trámite en el tribunal.

Referimos el asunto a la atención del Procurador General. Éste, luego de la investigación de rigor, nos rindió su informe el 4 de abril de 2004. Nos informó que, en efecto, este caso había sido desestimado con perjuicio ante los reiterados incumplimientos de la licenciada Pujol Thompson. La licenciada Pujol aceptó lo sucedido, pero negó que no se comunicara con su cliente. Indicó que ella le había notificado al señor Morales Ramírez de la sentencia emitida en dicho caso, así como también de la moción de reconsideración que había presentado en éste. Indicó que orientó al señor Morales sobre lo ocurrido, pero que éste nunca la autorizó para presentar el recurso de revisión ante el foro apelativo intermedio.

El Procurador General apuntó en el informe presentando que la conducta de la licenciada Pujol Thompson muy bien pudo violar el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Específicamente, indicó lo siguiente:

En el presente caso la demanda que tramitaba la licenciada Pujol a nombre del señor Morales fue desestimada por la falta de diligencia de la letrada acorde con la Sentencia emitida .... Del expediente del tribunal también surgen situaciones de clara falta de diligencia de la letrada. ... [D]e la propia Sentencia se desprende que la querellada incurrió en múltiples incumplimientos con las órdenes del tribunal de primera instancia y que a pesar de la advertencia de las consecuencias de su incumplimiento no realizó trámite alguno.

Luego de que se le concediera un término para expresarse, la licenciada Pujol Thompson compareció ante este Tribunal. En su escrito aceptó su falta de diligencia y ex-presó su profundo arrepentimiento por lo ocurrido. Nos solicitó, sin embargo, el archivo de la queja. Los fundamentos para tal petición fueron varios, a saber, que: (1) aceptó su conducta; (2) está profundamente arrepentida; (3) ha ofrecido en más de una ocasión resarcir económicamente al quejoso por los daños que hubiese podido sufrir; (4) nunca antes había sido objeto de procedimiento disciplinario alguno, por lo que lo acontecido en este caso fue un incidente aislado; (5) ella no ha recibido remuneración económica alguna por la tramitación del caso que dio origen a la queja presentada, y (6) la conducta imputada no implica depravación moral, fraude, ilegalidad, falsificación o apropiación indebida.

El 6 de mayo de 2005 le ordenamos al Procurador General presentar la querella correspondiente; así lo hizo el 9 de junio de 2005. En ésta se imputaron los dos cargos siguientes:

Primer Cargo
La Licenciada María del R. Pujol Thompson violentó los principios enunciados en el Canon 18 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX[J C. 18, al no ejercer el cuidado y diligencia necesarios en la protección de los derechos e intereses de su cliente, permitiendo con ello el que fuera desestimada la causa de acción incoada ante el tribunal y que la misma no fuera apelada.
Segundo Cargo
La licenciada María del R. Pujol Thompson violentó los principios enunciados en el Canon 19 de los de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 19, al no mantener informado a su cliente de la situación del caso que llevaba a su nombre; y al no orientarlo adecuadamente de las posibles consecuencias de las decisiones a ser tomadas sobre el caso; y no cerciorarse de que entendió la orientación ofrecida. Querella, pág. 2.

La licenciada Pujol contestó la querella presentada por el Procurador General y planteó sustancialmente lo mismo que había argüido en su réplica al informe del Procurador. Así las cosas, el 25 de enero de 2006 nombramos al ex juez del Tribunal de Apelaciones, Ledo. Heriberto Sepúlveda, como Comisionado Especial para que recibiera la prueba correspondiente en este caso y nos rindiera un informe con sus determinaciones de hechos y las recomendaciones que estimara procedentes.

La vista en su fondo se celebró el 5 de junio de 2006. A ésta compareció el Procurador General y la querellada por derecho propio. Luego de que la parte querellada sometiera dos comunicaciones dirigidas al quejoso ofreciéndole la cantidad de $8,000 para resarcirle por los daños sufridos, las partes sometieron el caso por el expediente.

El 9 de enero de 2007 el Comisionado Especial rindió su informe. En éste nos señaló lo previamente indicado, concluyendo que, en efecto, se había incurrido en violación a los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional. En su escrito, el Comisionado hace el señalamiento siguiente:

... considerando que la licenciada Pujol Thompson admitió los hechos imputados, que expresó su más sincero arrepentimiento por su conducta, que manifestó su disposición de resarcir al perjudicado y que se trata de su primera falta a los Cánones de Etica Profesional, recomendamos muy respetuosamente como medida disciplinaria AMONESTAR a la querellada por su proceder en el caso del señor Morales Ramírez. Informe del Comisionado Especial, pág. 4.

El caso quedó sometido ante nuestra consideración el 29 de marzo de 2007. Sometido el caso, el querellante nos remitió una copia de la carta que le refiriera a la querellada, fechada 28 de mayo de 2007, donde le indicaba a la licenciada Pujol Thompson que, a esa fecha, no había recibido la suma de dinero que ésta se comprometió a entregarle para resarcirle por los daños sufridos. Así las cosas, pasemos entonces a atender la querella ante nuestra consideración.

II

A. Los abogados, como oficiales del Tribunal, tienen una función revestida de un alto interés público que genera obligaciones y responsabilidades con sus clientes, así como con el tribunal en la administración de la Justicia. In re Meléndez La Fontaine, 166 D.P.R. 111 (2006). La abogacía cumple, desde siempre, una función social de notable importancia por su aportación a la realización de la Justicia. Los cánones del Código de Etica Profesional tienen como objetivo propiciar que los abogados se desempeñen, profesional y personalmente, acorde con los más altos principios de conducta decorosa para beneficio de la profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de justicia del país. In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001).

En innumerables ocasiones hemos expresado que el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, le impone a todo abogado el deber de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estime adecuada y responsable. In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968 (2007). El abogado infringe este deber cuando asume una representación legal consciente de que no puede rendir una labor idónea competente o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005); In re Marini Román, 165 D.P.R. 801 (2005); In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003).

Todo miembro de la profesión legal tiene el deber ineludible de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re Meléndez La Fontaine, supra; In re Meléndez Figueroa, supra; In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 503 (2003); In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001). Así también hemos sostenido, sin ambages, que aquella actuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso, se configura violatoria del citado Canon 18. In re Hoffman Mouriño, supra; In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135, 154-155 (2001). Y así debe ser, pues el deber de diligencia profesional del abogado es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

B. De otra parte, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, le impone a todo abogado el deber inexcusable de mantener informado a su cliente de todo asunto importante que surja en el trámite de su caso. Dicha obligación constituye un elemento imprescindible en relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente. In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007); In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436, 456 (2001); In re Flores Ayffán, 150 D.P.R. 907 (2000). Hemos sostenido que dictada una sentencia en un caso que pone fin parcial o totalmente a la causa de acción, es obligación del abogado informar a su cliente sobre lo acaecido. In re García Muñoz, supra; Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

Como vemos, además de ser diligente en la tramitación de una causa, el abogado debe mantener informado a su representado de todas las incidencias importantes del caso. El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, establece que este deber de los abogados existe al margen del deber de diligencia, por lo que se configura como una obligación ética independiente. Véase In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91 (2006).

Esta obligación de mantener informado al cliente de las gestiones realizadas y del desarrollo de éstas, comprende el deber de consultar las cuestiones que no estén dentro del ámbito discrecional de la representación legal y cumplir con las instrucciones de los representados. In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987). Es por ello que hemos dispuesto que se viola el Canon 19, supra, cuando no se atienden los reclamos de información del cliente, no se le informa del resultado adverso de la gestión encargada, la acción se desestima o se archiva, no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso o, simplemente, se niega al cliente información del caso. Véanse: In re Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293 (1995); In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989); Colón Prieto v. Géigel, supra.

Pasemos entonces a aplicar la normativa reseñada a los hechos en este caso.

III

Examinada la conducta de la licenciada Pujol Thompson a la luz de las normas enunciadas y de los documentos que obran en autos, no hay duda de que su conducta en la tramitación de la reclamación del Sr. Oscar Morales Ramírez ante el Tribunal de Primera Instancia distó mucho de ser la conducta idónea y ajustada a los estándares previamente discutidos. Por su desatención al trámite judicial, el caso fue desestimado con perjuicio. Posteriormente, no le explicó a su cliente a cabalidad cuáles eran las repercusiones de no acudir en revisión de dicha determinación. Esta no tuvo tampoco la previsión de advertirle por escrito a su representado la necesidad de acudir en alzada de la desestimación del pleito, por lo que no hay constancia en el ex-pediente de qué le dijo en efecto a su cliente sobre el trámite que ha de seguir.

Al analizar los hechos mencionados concluimos que, en efecto, la licenciada Pujol Thompson violó los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. Hay que indicar también que así lo aceptó ésta desde las primeras etapas del trámite de la queja. No obstante, aun cuando expresó su interés de resarcir al querellante por los daños sufridos, no lo había hecho transcurrido poco menos de año desde celebrada la vista ante el Comisionado Especial.

Al determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya incurrido en una conducta reñida con los postulados éticos que guían el desempeño en la profesión legal, podemos tomar en cuenta los factores siguientes: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial; (iii) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado peijudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) resarcimiento al cliente, y (vii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos. Véanse: In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998). Estos criterios nos sirven de guía al determinar la sanción que procede imponer.

Como indicamos, desde el comienzo de este procedimiento la licenciada Pujol Thompson aceptó la responsabilidad por lo ocurrido y expresó siempre su profundo pesar y arrepentimiento por lo ocurrido. La querella del señor Morales Ramírez presenta la primera ocasión en que la licenciada Pujol Thompson ha enfrentado un procedimiento de esta naturaleza. Su expediente ante este Tribunal no refleja ninguna otra instancia que haya ameritado nuestra intervención con su desempeño profesional. Cabe señalar que la querellada goza de buena reputación por espacio de varios años desde que fue admitida al ejercicio de la abogacía. De otra parte, ésta nos informó que no cobró ningún honorario al querellado por la gestión profesional que llevó a cabo, así como que le ha ofrecido a éste, en más de una ocasión, el pago de una suma de dinero para resarcirlo por los daños sufridos.

No obstante lo anterior, no hay duda de que la licenciada Pujol Thompson violó los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. Sus incumplimientos reiterados en la tramitación de la causa de su cliente tuvo como resultado la desestimación del pleito con perjuicio, en detrimento de los intereses de su cliente. Además, aun cuando ésta le expresó al Comisionado Especial en la vista de este caso su interés en resarcir al querellante, casi un año más tarde no lo ha hecho.

En atención a todas las circunstancias de este caso, pro-cede que se suspenda inmediatamente a la Leda. María del R. Pujol Thompson del ejercicio de la profesión legal por el término de tres meses. Este término comenzará a transcurrir a partir de la notificación personal de esta opinión y sentencia. La licenciada Pujol deberá, además, resarcir al querellante por los daños sufridos como consecuencia de la desestimación del pleito instado a nombre de éste, conforme ella misma se comprometió. Le imponemos a la licenciada Pujol el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolver cualesquiera honorarios recibidos por los trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Deberá, además, certificarnos dentro del término de treinta días a partir de su notificación el cumplimiento de estos deberes, notificando también al Procurador General. El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a incautar la obra y el sello notariales de María del R. Pujol Thompson, debiendo entregarlas a la Oficina de Inspección de Notarías para el examen e informe correspondientes a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.


text:
      In re Rubén Hernández Rosario.

      Número: TS-2006

      Resuelto: 19 de junio de 2007

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Rubén Hernández Rosario, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción urgente de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Rubén Hernández Rosario, se autoriza su reinstalación al ejercicio de la abogacía, efectivo inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2007-1

      Resuelto: 20 de junio de 2007
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, se constituyen las Salas de Verano siguientes para funcionar durante el receso:

Del 1 julio al 17 de agosto de 2007
Hon. Francisco Rebollo López, presidente
Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez
Del 18 de agosto al 30 de septiembre 2007
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Efraín E. Rivera Pérez
Hon. Liana Fiol Matta

Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir a los Jueces que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración, y asimismo para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario.

El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante todo el receso de verano.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Gladys Fernández de Ruiz.

      Número: TS-3109

      Resuelto: 21 de junio de 2007

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías; Gladys Fernández de Ruiz, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la “Moción urgente solicitando reinstalación a la notaría”, presentada por la peticionaria, la Leda. Gladys Fernández de Ruiz, y la “Moción informativa en cumplimiento de orden” presentada por la Directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías, en la que acredita que la peticionaria subsanó las deficiencias en su obra notarial y que sus Protocolos fueron aprobados, se reinstala a la licenciada Fernández de Ruiz al ejercicio de la notaría.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER curiam: Juez Presidente Señor Hernández Denton.

text:
    Víctor Rivera Hernández, en calidad de Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, etc., recurridos, v. Comtec Communication, Henry Barreda Rivera y José Barreda Rivera, peticionarios.

      Número: CC-2005-1208

      Resuelto: 22 de junio de 2007

      Benito I. Rodríguez Massó, abogado de la parte peticionaria; Héctor Díaz Olmo, abogado de la parte recurrida.
   PER curiam:

Tenemos la ocasión para interpretar el significado y aplicar las Reglas 15.3 y 51.7 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, y el Art. 1.06 de la Ley General de Corporaciones de 1995.

I

La recurrida, Jessica Berastain (Berastain o recurrida) se enteró, por lo que le informó una amiga, que en la firma Comtec Communication (Comtec), donde la amiga trabajaba, estaba vacante la posición de recepcionista. Por ello, el 17 de febrero de 2000 Berastain se entrevistó con Alberto Monzón (Monzón), vicepresidente de la firma aludida y obtuvo el puesto de trabajo referido. En esa ocasión, Monzón le indicó a Berastain que podía renunciar de inmediato al empleo que ella tenía en ese momento, y ese mismo día la secretaria de Monzón le preparó a Berastain su carta de renuncia al empleo que ésta había tenido hasta entonces.

Berastain comenzó a trabajar seguidamente en Comtec, pero en el tercer día de empleo en dicha empresa, el 24 de febrero de 2000, Henry Barreda Rivera —su presidente— la despidió sin siquiera pagarle el tiempo que ella había trabajado allí. Barreda Rivera sólo le indicó a Berastain que había decidido escoger otra persona para el puesto.

La recurrida se quejó ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos) y allí obtuvo una determinación oficial mediante la cual se declaró que la firma Comtec había discriminado contra Berastain, que dicho patrono debía reinstalarla y que le debía una indemnización.

Comtec negó la determinación administrativa referida mediante una carta de Monzón. Ello dio lugar, entonces, a que el 19 de febrero de 2002 el propio Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Secretario del Trabajo) presentara una querella contra Comtec por despido injustificado ante el Tribunal de Primera Instancia en representación de Berastain. La querella también incluyó una reclamación de discrimen por impedimento físico porque Berastain era una lisiada que tenía amputada su pierna derecha. En la querella, que se fundamentó tanto en las leyes de Puerto Rico como en el Americans with Disabilities Act de 1990 federal, el Secretario del Trabajo reclamó para la obrera salarios adeudados de $18,400 hasta enero de 2002, $800 por cada mes que hubiese transcurrido desde entonces sin que la querellante hubiese sido repuesta en su empleo, más su duplo por ser un caso de discrimen. También reclamó $25,000 como daños por la acción de discrimen.

Comtec no contestó la ominosa querella presentada por el Secretario del Trabajo a pesar de haber sido debidamente emplazada mediante diligenciamiento por alguacil —en la persona de Alberto Monzón— y a pesar de haber sido apercibida de las consecuencias de no contestar la querella. En vista de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en la See. 4 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3121), el 12 de septiembre de 2002 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en rebeldía en el caso de autos y condenó a Comtec a pagarle $71,400 a Berastain, más $1,600 adicionales por cada mes que transcurriese hasta que se repusiera a Berastain en su trabajo en Comtec.

Posteriormente, Berastain contrató su propio abogado para ejecutar la sentencia, y el 3 diciembre de 2003 presentó una moción ante el foro de instancia. Adujo que en este caso se había demandado a Comtec como su patrono, pero que no había sido posible ejecutar la sentencia referida contra dicha corporación porque ésta no existía como tal, por no estar registrada en el Departamento de Estado. Señaló que la sentencia emitida el 12 de septiembre de 2002 había advenido final y firme, pero Comtec no había pagado nada. Berastain solicitó al tribunal, según la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que declarase deudores solidarios responsables por la sentencia a una lista de personas que incluía a Henry, Pedro y José, todos de apellido Barreda, a Alberto Monzón y a Sandra Díaz, por ser todos ellos las personas naturales que bajo el nombre de Comtec Communication habían llevado a cabo los actos descritos en la demanda. Berastain solicitó, además, que se citara a las cinco personas aludidas para que mostraran causa por la cual no debían estar obligados por la sentencia contra Comtec, igual que si hubieran sido demandados desde un principio.

Mediante la Resolución de 20 de enero de 2004, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que citaran a una vista de todos los mencionados integrantes de Comtec. El 18 de marzo de 2004 el foro de instancia celebró la vista referida para dilucidar si había alguna razón por la cual a todos los integrantes de Comtec, identificados antes, no se les debía considerar como deudores solidarios de la Sentencia de 12 de septiembre de 2002, que estaba pendiente de pago, y había advenido firme y final. En dicha vista, los citados integrantes de Comtec intentaron defenderse al explicar que su única relación con Berastain había sido que ésta trabajó en su firma como recepcionista por dos días, como parte de un proceso para seleccionar empleados. Posteriormente, en dicha vista, ambas partes solicitaron tiempo para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al pago de la sentencia en cuestión. Le indicaron las partes al tribunal que se reunirían a tales fines el 31 de marzo de ese año. El foro de instancia aceptó la solicitud de las partes y señaló una vista de seguimiento para el 14 de mayo de 2004.

En la vista de seguimiento referida salió a relucir que ninguno de los demandados acudió a la reunión concertada para tratar de llegar a un acuerdo. También quedó claro que la parte demandada tampoco se había comunicado con Berastain o su representante legal, por lo que no había ningún acuerdo entre las partes. El Tribunal de Primera Instancia, entonces, señaló una vista evidenciaría, a celebrarse el 7 de febrero de 2005, para que se presentara prueba sobre la relación específica que tenían con Comtec las personas en la lista que alegadamente integraban dicha empresa.

En la Resolución en la cual se convocó a todas las partes a la vista de 7 de febrero de 2005, el foro de instancia precisó en gran detalle lo que se habría de dilucidar. Indicó, concretamente, que para poder establecer la responsabilidad particular por el discrimen que Berastain sufrió en Comtec, era necesario: (1) conocer la relación específica que tenían con Comtec las cinco personas que alegadamente integraban dicha entidad; (2) dilucidar si todos eran patronos de Berastain, y (3) dilucidar de dónde dimanaba la alegada solidaridad que existía entre ellos. El foro de instancia, además, hizo hincapié en dicha Resolución en cuanto a que con esa vista se procuraba brindarle una oportunidad a los demandados para defenderse de las alegaciones en su contra. Específicamente se les recabó que expusieran si había motivo alguno por el cual no se les debía incluir a todos como deudores solidarios en la sentencia.

Celebrada la vista evidenciaría referida, sólo los señores Henry y José Barreda comparecieron —representados por su abogado— pero decidieron no ofrecer testimonio. Los demandados, pues, no presentaron prueba para contradecir o refutar el testimonio de los testigos de la parte demandante. Se limitaron a contrainterrogar a dichos testigos. El foro de instancia recibió la prueba ofrecida por la demandante, le otorgó credibilidad y dictó una sentencia enmendada en la que determinó, en esencia, que en este caso había ocurrido un despido injustificado y discriminatorio y que, dado que Comtec no existía como corporación, las personas que tomaban las decisiones en Comtec —a saber, Alberto Monzón y Henry y José Barreda— eran solidariamente responsables por la cantidad adeudada. Fundamentó el dictamen de solidaridad en lo resuelto por este Foro sobre cuando los cocausantes de algún daño responden solidariamente, y citó a P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 D.P.R. 691 (1999), a Arroyo v. Hosp. La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992), y a Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985).

Tras serle denegada su solicitud de determinaciones adicionales de hecho, Henry y José Barreda acudieron al Tribunal de Apelaciones y alegaron que había errado el Tribunal de Primera Instancia al determinar que ellos eran solidariamente responsables, sin haber suficiente prueba al respecto.

El 31 de octubre de 2005 el foro apelativo emitió una sentencia mediante la cual confirmó el dictamen del foro de instancia y ordenó su ejecución. Resolvió concretamente que en el caso de autos la acreedora —Berastain— podía cobrar la sentencia a su favor de cualquiera de los deudores solidarios que integraban a Comtec, aunque éstos no hubiesen sido partes en el pleito, de acuerdo con lo dispuesto en la citada Regla 51.7 de Procedimiento Civil.

Oportunamente, Henry y José Barreda acudieron ante nos mediante una petición de certiorari, en la cual plantearon los señalamientos de error siguientes:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que los comparecientes son solidariamente responsables a la demandante por el dictamen que a su favor dictó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y que posteriormente convirtió en Sentencia el Tribunal de Primera Instancia.

2. Erró el tribunal en adjudicar la controversia en contra de los comparecientes sin que surja del récord razón alguna para hacerles responsables, no sólo solidarios sino además, únicos del dictamen.

El 17 de marzo de 2006 expedimos el recurso solicitado. El 28 de junio de 2006, luego de una prórroga, acogimos la petición de los Barreda Rivera de aceptar la solicitud de certiorari como su alegato. El 12 de julio de 2006 la parte recurrida presentó su oposición.

Pasamos a resolver.

II

Por encontrarse estrechamente relacionados los errores señalados, procederemos a examinarlos conjuntamente.

Los peticionarios alegan, en síntesis, que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que ellos eran solidariamente responsables frente a Berastain por la sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2002. Aducen que, en vista de que la única demandada en el proceso judicial fue Comtec —que no tenía personalidad jurídica— el Tribunal de Primera Instancia no adquirió jurisdicción sobre este asunto y, por lo tanto, la sentencia original fue inoperante. Veamos.

A. El alcance de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil

Es cierto, como alegan los peticionarios, que la acción instada por el Secretario del Trabajo fue dirigida únicamente contra Comtec, que es sólo el nombre común bajo el cual Monzón y los Barreda hacían negocios. Se trata de una firma sin personalidad jurídica propia. Sin embargo, el foro apelativo encaró el planteamiento de los peticionarios de que la sentencia contra Comtec era inoperante —y no podía hacerse valer contra ellos— invocando la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra. El Tribunal de Apelaciones, en efecto, acogió el planteamiento de Berastain con respecto a la objeción aludida de los peticionarios, y resolvió que, según lo dispuesto en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, la recurrida podía cobrar la sentencia emitida a su favor contra Comtec de cualquiera de los deudores solidarios que integraban dicho negocio, aunque éstos no hubiesen sido partes en el pleito. Examinemos tal dictamen detenidamente.

La Regla 51.7 de Procedimiento Civil se refiere a deudores solidarios y dispone lo siguiente:

Cuando se obtiene una sentencia contra uno o más entre varios deudores solidariamente responsables de una obligación, aquellos deudores que no fueren partes en la acción, podrán ser citados para que comparezcan a mostrar por qué causa no han de estar obligados por la sentencia de igual modo que si hubieren sido demandados desde un principio. La citación, conforme lo dispuesto en esta regla, deberá relacionar la sentencia, y requerir a la persona citada para que comparezca determinado día y hora a mostrar causa de por qué no ha de estar obligada por dicha sentencia. No será necesario entablar nueva demanda. La citación deberá acompañarse de una declaración escrita y jurada del demandante, su agente, representante o abogado, manifestando que la sentencia o parte de ella, permanece incumplimentada y expresando además, la cantidad que a cuenta de la misma se debiere.
Hecha la citación, el deudor citado deberá comparecer en la fecha que se indica en la citación, y en dicha vista podrá aducir cualquier defensa de hecho y de derecho para eximirle de responsabilidad. Las cuestiones así planteadas podrán substanciarse como en los demás casos. (Enfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

Como se sabe, la Regla 51.7 no tiene equivalencia federal. Se incorporó al cuerpo de reglas vigente actualmente en Puerto Rico —tomada del derogado Código de Enjuiciamiento Civil— y su fuente originaria fueron los ordenamientos procesales civiles de California y Idaho de principios de siglo pasado que tenían disposiciones similares. Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591, 595 (1984).

Lo preceptuado por la regla aludida lo hemos considerado en varias ocasiones. Véanse: Soc. de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 109 D.P.R. 279 (1979); Pauneto v. Núñez, supra; Caribbean Ins. Co. v. Tribunal de Distrito, 99 D.P.R. 91 (1970); Durán v. Sucn. Durán, 58 D.P.R. 59 (1941); Balbaño v. Cintrón, 53 D.P.R. 844 (1938); Banco Territorial Agrícola v. Vidal, 42 D.P.R. 869 (1931); Portela v. Saldaña, 39 D.P.R. 542 (1929). La regla en cuestión se fundamenta en el principio de rapidez y economía que en general conforma también a todo el cuerpo de nuestras reglas procesales. Aplica, específicamente, a casos en que se ha demandado y dictado una sentencia contra un deudor que es solidariamente responsable con otros deudores que no fueron partes originalmente en la causa de acción. En tales casos, se puede citar posteriormente a cualquiera o a todos de dichos otros deudores solidarios para que muestren causa de por qué no deben estar obligados por la sentencia en cuestión, como si hubieran sido demandados originalmente.

Debe señalarse que la regla aludida es acorde con el Art. 1097 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3108, que dispone que un acreedor tiene la opción de dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Además, se reitera en dicho Art. 1097 que las reclamaciones entabladas contra uno de tales deudores no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no se cobre la deuda por completo. Véase Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 D.P.R. 374 (1961).

Ya hemos resuelto que deben concurrir dos requisitos para que aplique a un caso el trámite de la citada Regla 51.7, a saber: (1) la responsabilidad solidaria previa y (2) que aquellos contra quienes se invoca pudiesen haber sido demandados y emplazados al iniciarse la acción. Ausente cualquiera de estos requisitos, la regla no aplica. Pauneto v. Núñez, supra.

El vínculo previo de solidaridad que contempla la Regla 51.7 entre los aludidos codeudores queda establecido palmariamente cuando surge como consecuencia de un contrato entre los deudores concernidos. Por ello, para ilustrar, en Pauneto v. Núñez, supra, nos referimos en una ocasión, inter alia, a una solidaridad de fundamentos contractuales. Pero, evidentemente, en su sentido literal, lo que la Regla 51.7 requiere es sólo que exista claramente la solidaridad, dispuesta del modo que sea. Así, pues, la solidaridad requerida también podría existir si está preceptuada por ley. Para fines de la Regla 51.7 en cuestión, la solidaridad aludida puede ser contractual o estatutaria. Nada en su claro texto e historial indica otra cosa.

De lo señalado antes, es claro que por lo dispuesto en la referida Regla 51.7, supra, no es necesario que un acreedor tenga que demandar a todos los deudores solidarios de su crédito, sino que la sentencia dictada contra sólo uno de ellos se puede ejecutar contra todos, siempre que se cumplan los requisitos antes señalados. Pero para que este atajo procesal se pueda utilizar, obviamente es necesario que se haya instado una demanda contra, al menos, uno de los deudores solidarios en cuestión. Incoada la acción judicial contra uno de ellos, la sentencia obtenida es ejecutable contra cualquiera o todos ellos.

El referido requisito sine qua non es el que está ausente en el caso de autos. En la acción judicial que aquí nos concierne no se demandó a ninguno de los deudores solidarios en cuestión. Ni Monzón ni los Barreda fueron demandados por el Secretario del Trabajo. La acción en cuestión se instó únicamente contra Comtec, que es sólo el nombre de un negocio, no una entidad jurídica con personalidad propia. Como Comtec no era un deudor solidario, no podía aplicarse aquí la citada Regla 51.7. Erró el foro apelativo al resolver como lo hizo.

B. Jurisdicción sobre los demandados

Sin embargo, lo resuelto en los párrafos anteriores no dispone finalmente de la controversia del caso de autos. Para ello, debe examinarse si aplica y cómo aplica lo dispuesto por la Regla 15.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, que también fue utilizada por el foro apelativo para responsabilizar a los peticionarios.

La Regla 15.3 de Procedimiento Civil, supra, dis-pone lo siguiente:

Cuando dos o más personas operen un negocio bajo un nombre común, comprenda éste o no los nombres de dichas personas, éstas podrán ser demandadas bajo el referido nombre común, siendo suficiente emplazar a una de ellas.

La regla referida ha sido parte de nuestro ordenamiento procesal desde tiempos de antaño del Código de Enjuiciamiento Civil. En efecto, la aplicamos o examinamos originalmente en casos hace muchas décadas atrás. Véanse: Banco de Puerto Rico v. Olivieri y Sobrino, 10 D.P.R. 38, 43 (1906); Cintrón v. Colorado, 22 D.P.R. 580 (1915); Ojeda v. Coll & Gelabert et al., 26 D.P.R. 538 (1918); Rosas v. A. Bruno de Vázquez (Sucn.), 41 D.P.R. 143 (1930).

Como bien ha señalado el comentarista Hernández Colón, infra, la regla anterior establece una excepción a la norma sobre la necesidad de que una parte tenga personalidad jurídica para que pueda comparecer a juicio. Conforme a la Regla 15.3 citada antes, cuando dos o más personas operan un negocio bajo un nombre común, todas esas personas pueden ser demandadas bajo el nombre común, siendo suficiente para ello el emplazamiento de una sola de las personas concernidas. No se requiere que el negocio en cuestión tenga personalidad jurídica. Surge claramente del texto de dicha regla que tampoco es necesario demandar a las personas en cuestión en su propio nombre, sino que basta con que se utilice el nombre común bajo el que ope-ran el negocio, siempre que se emplace a una de esas personas. Todos los comentaristas sobre el procedimiento civil en Puerto Rico están de acuerdo en que al amparo de esta regla, para demandar y someter a la jurisdicción del tribunal a todas las personas que operan un negocio bajo un nombre común, sólo es necesario utilizar el nombre común en la demanda y emplazar a una de las personas que integran el negocio. Véanse: J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 363; R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Michie de Puerto Rico, 1997, Parte 3, Cap. 11, See. 1114, pág. 107; C.R. Urrutia de Basora y L.M. Negrón Portillo, Reglas de Procedimiento Civil de P.R., 2da ed., San Juan, Ed. Situm, 2005, pág. 98.

En el caso de autos, se demandó inicialmente sólo a Comtec y se emplazó a Alberto Monzón, el Vicepresidente de Comtec, y una de las varias personas que juntos hacían negocio bajo el nombre común de la firma Comtec. De acuerdo con lo dispuesto en la citada Regla 15.3, es correcta la determinación del foro apelativo de que aquí quedaron debidamente demandadas y emplazadas todas las personas que junto a Monzón operaban un negocio bajo el nombre común de Comtec. Ello incluye, evidentemente, a Monzón y a los señores Barreda, peticionarios aquí.

C. La cuestión de la solidaridad

El Tribunal de Apelaciones resolvió, además, que todos los integrantes del negocio Comtec eran deudores solidarios de la recurrida. Para llegar a esta conclusión, trajo a colación lo que la Ley General de Corporaciones de 1995 (Ley de Corporaciones) dispone en su Art. 1.06 (14 L.P.R.A. sec. 2606(c)), a saber:

... Todas las personas que actúen como corporación sin autoridad para ello, y teniendo conocimiento de dicha situación, serán responsables solidariamente de todas las deudas y obligaciones incurridas o asumidas como resultado de dicha actuación. (Énfasis suplido.)

Conforme al mencionado artículo, es claro que todas las personas que lleven a cabo negocios a nombre de una corporación inexistente incurren en responsabilidad solidaria en cuanto a las deudas y obligaciones que ésta contraiga. Se trata de una carga que impone la ley para procurar que se cumplan cabalmente los requisitos de incorporación.

En el caso de autos es menester que quede meridianamente claro la cuestión de si la responsabilidad de los integrantes de COMTEC por el despido de la recurrida es solidaria o no. De ello depende la respuesta al segundo señalamiento de error de los peticionarios en el caso de autos. Éstos han objetado que se les responsabilice sólo a ellos del dictamen a favor de la recurrida. Evidentemente, en vista de las conocidas reglas sobre el particular, si la responsabilidad de los codeudores es solidaria, la recurrida puede reclamar la totalidad de lo adeudado de cualquiera de ellos. Cámara Insular Etc. v. Anadón, supra.

El fundamento —amparado en la Ley de Corporaciones— en que se basó el foro apelativo para determinar que la responsabilidad de los peticionarios era solidaria presenta problemas. El mismo presupone que los peticionarios comenzaron el proceso de incorporar su negocio pero no lo completaron cabalmente. En tal caso, su responsabilidad hacia Berastain sería solidaria, conforme a la citada disposición de la citada Ley de Corporaciones. Pero, en realidad, no sabemos si ello sucedió así o no. No hay nada en la sentencia del foro de instancia que nos permita llegar indudablemente a tal conclusión, más allá de las alegaciones. Tampoco se abunda sobre ello en el propio dictamen del foro apelativo: sólo se afirma que la responsabilidad es solidaria según la Ley de Corporaciones. Podría ser, a modo de hipótesis alterna, que los peticionarios sencillamente no incorporaron su firma, optando por hacer negocios por cuenta propia, utilizando para ello el nombre comercial de Comtec.

En este caso, sin embargo, no es necesario descansar en la citada disposición de la Ley de Corporaciones para dilucidar la cuestión sobre la solidaridad. Desde al menos 1950, y a partir de Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R. 825 (1950), ha sido norma reiterada en nuestra jurisdicción que los cocausantes de cualquier perjuicio son responsables solidariamente a la persona perjudicada. Hemos aplicado esta norma en numerosas ocasiones y en diferentes contextos, incluso el laboral. Véanse: García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951); Torres v. A.M.A., 91 D.P.R. 714 (1965); Torres v. A.F.F., 94 D.P.R. 314 (1967); Serralta v. Martínez Rivera, 97 D.P.R. 466 (1969); Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 (1985); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra; Vega v. Adm. Servs. Médicos, 117 D.P.R. 138 (1986); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701 (1987); Arroyo v. Hosp. La Concepción, supra; P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., supra.

Conforme a los hechos relatados antes, aquí el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaría en la cual desfiló prueba que pudo ser evaluada por dicho foro, adjudicando credibilidad a los testigos que declararon. De acuerdo con dicha prueba, el foro de instancia consideró probado que Alberto Monzón, vicepresidente de COMTEC, contrató a Jessica Berastain; que el peticionario, Henry Barreda, Presidente de Comtec, la despidió; que estos dos ejecutivos de Comtec, junto a José Barreda, un gerencial de la firma, realizaban sus negocios en común bajo el nombre de Comtec. El foro de instancia determinó, así mismo, que Henry Barreda, Alberto Monzón y José Barreda eran las personas que tomaban las decisiones en Comtec y que eran los responsables de cualquier actuación que ocasionaran daños a un tercero. Más aún, dicho tribunal determinó expresamente que los tres demandados aludidos fueron cocausantes de los daños que sufrió Berastain, quien no sólo fue despedida del empleo en Comtec, sino a quien, además, se le instó a renunciar al trabajo que tenía antes. Dicho foro resolvió que la responsabilidad de los tres demandados referidos era solidaria y que, conforme a la extensa jurisprudencia sobre cocausantes citada antes, no hay fundamentos adecuados para intervenir con lo dictaminado por el foro de instancia.

Es necesario destacar otra vez que a los demandados referidos se les dio la oportunidad de enfrentarse a la prueba aludida que recibió el foro de instancia, pero ellos optaron por no aprovechar dicha oportunidad y prefirieron no ofrecer evidencia en su defensa. Con su proceder dejaron el camino libre y expedito para las determinaciones que formuló el foro de instancia conforme a aquella prueba que tuvo ante sí, las cuales nos obligan.

D. Conclusión

Establecido que existía responsabilidad solidaria con respecto a los tres integrantes de Comtec que fueron cocausantes de los daños que sufrió la recurrida, y que éstos quedaron demandados por lo dispuesto en la citada Regla 15.3 y emplazados a través de su socio y codeudor solidario Monzón, modificamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones que determinó que la recurrida Jessica Berastain podía cobrar su reclamación por despido injustificado y discriminatorio de cualquiera de los integrantes de Comtec. Limitamos tal dictamen a aquellos que fueron cocausantes de los daños de la recurrida, según se ha indicado antes. Se devolverá el caso al foro de instancia para que determine el monto específico de lo adeudado, a razón de $1,600 mensuales a partir del 18 de marzo de 2004, fecha cuando indiscutiblemente los tres deudores solidarios de este caso, ya identificados, fueron todos individualmente notificados de este asunto e instados a presentar su defensa propia. Así mismo, el foro de instancia deberá tomar las medidas necesarias para la expedita ejecución de la indemnización referida.

Se dictará una sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Mediante la opinión del Tribunal, unas personas que nunca fueron demandadas ni traídas al pleito están obligadas a responder por una sentencia que fue dictada contra una entidad que no tiene capacidad jurídica para ser parte en un pleito. Por entender que en dicho proceso hubo un defecto insubsanable basado en la ausencia de jurisdicción, consideramos que el dictamen está viciado de nulidad y, por lo tanto, disentimos del curso de acción tomado por la mayoría.

I

En el caso a quo se presentó una demanda por despido injustificado y discrimen por impedimento físico contra Comtec Communication (Comtec), bajo el entendido de que esta entidad estaba debidamente incorporada. De la misma manera se expidió el correspondiente emplazamiento, el cual se diligenció en la persona del supuesto vicepresidente de Comtec, en representación de ésta.

El foro de instancia dictó una sentencia en rebeldía contra Comtec. En la fase de ejecución de sentencia, la parte demandante se percató de que Comtec no existía como corporación. En consecuencia, solicitó que se aplicara la sentencia a las personas naturales que actuaron en nombre de Comtec, a pesar de que éstas nunca fueron demandadas ni traídas al pleito.

Celebrada una vista evidenciaría, el foro de instancia enmendó la sentencia para imponerle responsabilidad solidaria a las personas naturales que actuaron en nombre de Comtec, quienes —a su entender— fueron cocausantes del daño. El foro intermedio confirmó el dictamen.

La parte peticionaria impugna ante nos esa decisión. Alega que es una grave injusticia que se le responsabilice por una sentencia que se dictó en un proceso del cual no fue parte. A pesar de ello, la mayoría de este Tribunal resuelve que las personas que operaban el negocio bajo el nombre común de Comtec quedaron debidamente demandadas y emplazadas a través de la Regla 15.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por lo tanto, considera que procede responsabilizar a esas personas por la sentencia emitida. De acuerdo con los principios básicos vigentes en nuestro ordenamiento con respecto a la jurisdicción en personam, estamos impedidos de endosar ese proceder y, por ello, disentimos de la mayoría.

HH

Los tribunales debemos ser celosos guardianes del ejercicio de nuestra jurisdicción. Por ende, para poder ejercitar válidamente dicha autoridad, debemos poseer jurisdicción sobre la materia y sobre las personas involucradas en el litigio. Medina v. Medina, 161 D.P.R. 806 (2004).

El concepto “jurisdicción sobre la persona” está procesal y sustantivamente entrelazado con el concepto “parte en un litigio”. Para ser parte demandante o demandada en un litigio es necesario, primero, ser persona con personalidad y capacidad jurídica para ser objeto de derecho. Esa condición es propia de las personas naturales desde el nacimiento y de las corporaciones desde que quedan válidamente constituidas. Pino Development Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 373 (1993).

Además, para ser parte demandada en un pleito se requiere que la persona contra quien se dirige la reclamación sea designada en la demanda por su nombre correcto y que se le notifique personalmente del pleito. Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). La notificación al demandado de que existe un procedimiento judicial en su contra se realiza a través del emplazamiento. Mediante ese mecanismo procesal se garantiza al demandado el derecho a ser oído que exige el debido proceso de ley. Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901 (1998); Acosta v. ABC, Inc., 142 D.P.R. 927 (1997).

Cónsono con lo anterior, en diversas ocasiones hemos reiterado que, como norma general, es necesario un cumplimiento estricto con los requisitos exigidos para el emplazamiento. Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 D.P.R. 530 (1992). Por tal razón, la falta de diligenciamiento de un emplazamiento priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier sentencia en su contra. No es hasta que se diligencia el emplazamiento que la persona puede ser considerada como parte en el pleito y el tribunal adquiere jurisdicción sobre su persona, aunque haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda. Antes de ese momento, sólo es parte nominal. Acosta v. ABC, Inc., supra.

En lo que concierne al diligenciamiento del emplazamiento, debemos tener presente que se debe efectuar personalmente. Por lo tanto, si el demandado es una persona natural mayor de edad, se le entregará copia del emplazamiento y de la demanda a ella personalmente o a un agente autorizado o designado por ley. Regla 4.4(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En caso de una reclamación contra una corporación, el diligenciamiento se hace por conducto de personas adecuadamente autorizadas para recibir emplazamientos a nombre de la corporación. Regla 4.4(a) de Procedimiento Civil, supra; Art. 12.01 de la Ley General de Corporaciones de 1995 (14 L.P.R.A. see. 3126).

Finalmente, cabe destacar que en nuestro sistema procesal rige el principio del demandante diligente. Por ello, un demandante tiene el deber de realizar todos los actos necesarios para conferirle completa jurisdicción al tribunal sobre la persona del demandado. Por consiguiente, “en forma alguna viene obligado un demandado a cooperar con el demandante en el proceso del diligenciamiento del emplazamiento en su persona”. Véanse: Reyes v. E.L.A. et al., 155 D.P.R. 799 (2001); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra.

III

La opinión del Tribunal sostiene que en este caso quedaron debidamente demandadas y emplazadas las personas que operaban bajo el nombre común de Comtec. No estamos de acuerdo.

En este caso no está en controversia el hecho de que Comtec no es una persona natural ni existe como corporación. Como no tiene capacidad para ser objeto de derecho, Comtec no podía ser parte en el litigio. Así, al demandarse solamente a Comtec y al diligenciarse el correspondiente emplazamiento por conducto de una persona natural en representación de Comtec, en realidad no se demandó ni se adquirió jurisdicción sobre parte alguna. En efecto, tampoco se adquirió jurisdicción sobre la persona natural del supuesto vicepresidente de Comtec, ya que éste nunca fue demandado en su carácter personal. Ciertamente, el hecho de que recibió un emplazamiento a nombre de otro no es suficiente para adquirir jurisdicción sobre su persona.

Conforme a lo anterior, en este caso no hubo una parte demandada, por lo que se configuró un defecto insubsanable de jurisdicción que vicia de nulidad la sentencia emitida. Por ende, dicha sentencia no podía ser ejecutada ni podía enmendarse para que aplicara a personas naturales que nunca fueron parte en el pleito. Resolver lo contrario implicaría trastocar la normativa vigente sobre jurisdicción in personam, la cual se impone por imperativo del debido proceso de ley.

Ahora bien, ante las circunstancias de este caso, para adquirir jurisdicción procedía demandar a las personas naturales que actuaron en peijuicio de la parte demandante y emplazar a cada una en su carácter personal. Sin embargo, la mayoría resuelve que las personas que operaban bajo el nombre común de Comtec quedaron debidamente emplazadas de acuerdo con lo dispuesto por la Regla 15.3 de Procedimiento Civil, supra:

Cuando dos o más personas operen un negocio bajo un nombre común, comprenda éste o no los nombres de dichas personas, éstas podrán ser demandadas bajo el referido nombre común, siendo suficiente emplazar a una de ellas. 32 L.P.R.A. Ap. III.

La mayoría entiende que al haberse demandado a Comtec y haberse emplazado al vicepresidente de Comtec, se cumplió con lo dispuesto en dicha norma. Ello por la mera circunstancia de que el supuesto vicepresidente de Comtec era una de las personas que hacía negocios bajo el nombre de Comtec.

Dicha interpretación altera sustancialmente el significado y el uso que debe dársele a la Regla 15.3 de Procedimiento Civil, supra. Opinamos que para que aplique dicha norma es necesario identificar claramente en el pliego de la demanda el nombre común y las personas que utilizan ese nombre para hacer negocios. Una vez cumplido con ese requisito de parte nominal, la norma exime del deber de emplazar a todas las personas identificadas en la demanda y solamente requiere que se emplace a una de ellas. Es decir, debe diligenciarse personalmente el emplazamiento dirigido a tal persona como parte demandada. Por lo tanto, dicha norma no puede aplicar en casos como éste, donde erróneamente se demandó a una corporación que no existe y se emplazó a uno de los supuestos oficiales en representación de dicha corporación. De lo contrario, sería innecesario indagar si la parte contra la cual se quiere reclamar es o no es una corporación. Ello en vista de que con el mero acto de demandar a la corporación y emplazar a uno de sus oficiales, se adquiriría igualmente jurisdicción sobre la corporación, si existe, o sobre quien opera bajo ese nombre común si la corporación no existe. Este resultado no es cónsono con nuestro ordenamiento procesal civil que, precisamente, establece unas normas específicas para adquirir jurisdicción sobre las personas jurídicas y que, además, requiere cierta diligencia de parte del demandante a la hora de identificar y emplazar al demandado. De acuerdo con todo lo anterior, disentimos del criterio de la mayoría.

       Henry Barreda Rivera alegó ante nos que los salarios en cuestión se le pagaron a Jessica Berastain, pero en ambas sentencias de los foros a quo se determinó, como parte de los hechos del caso, que no se le pagó a la recurrida por los servicios referidos.

       Las querellas por discrimen contra impedidos se amparan en la Ley Núm. 53 de 30 de agosto de 1992, que enmendó la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985.

       J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, págs. 824-825.

       Es necesario enfatizar que después de quedar demandados mediante el mecanismo que provee la Regla 15.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, los peticionarios comparecieron en dos ocasiones ante el foro de instancia y en ninguna de ellas cuestionaron la manera como habían sido demandados. No ha habido cuestionamiento respecto a la validez de la centenaria regla, según aplicada en el caso de autos.

       Véase C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Hato Rey, Pubs. Puertorriqueñas, 1999, págs. 47-52.

       L.M. Negrón. Portillo, en Derecho Corporativo Puertorriqueño, 2da ed., 1996, Cap. 3, pág. 16, señala que es muy común en Puerto Rico que personas hagan “negocios por cuenta propia pero ocultándose detrás de un nombre, dando así la impresión de que existe un negocio separado y distinto del individuo que realiza las transacciones”.