author: El Juez Asociado, Su Wolf,

text:
    Fajardo et al. v. Tió.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 554.
    Resuelto en febrero 24, 1911.
    Traslado de Causa — Declaración Jurada Sobre los Méritos del Caso. — Una de-claración jurada expresiva solamente de que el demandado reside fuera del distrito correspondiente a la corte en que se lia entablado la demanda, no es la declaración jurada sobre los méritos del caso (affidavit of merits') a que se refiere el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Una declaración jurada sobre los méritos del caso es aquella en que el declarante expresa hechos suficientes para que la corte pueda apreciar si tiene o no buenos motivos de defensa contra la acción ejercitada. Si esta declara-ción no se presenta, procede la denegación del traslado.
    Id. — Alegaciones—Excepción Previa — Jurisdicción—Residencia del Demanda-do. — La cuestión de que la corte no tiene jurisdicción por razón de la resi-dencia del demandado, no puede plantearse por medio de una excepción previa, porque al comparecer para formularla, si no se ha hecho una solicitud de tras-lado en forma correcta, la parte queda sometida a la jurisdicción de la corte por virtud de las disposiciones de los artículos 76 y 82 del Código de Enjuicia-miento Civil.
    Pruebas — Declaraciones Testificales — Declaraciones de Referencia.' — Las de-claraciones de referencia tienen fuerza probatoria en los casos en que no se hu-biere hecho objeción contra su admisión y no se hubiere impugnado la veraci-dad de los testigos, ni fueren tales declaraciones esencialmente increíbles o im-probables.
    Id. — Hijo Natural — Prueba de la Filiación y el Reconocimiento. — Por la apre-ciación de la prueba practicada en cada caso, sobre la filiación y el reconoci-miento, es como puede determinarse si dicha prueba es clara y convincente. El carácter aislado que tengan los actos públicos y privados de un hombre, no es necesariamente lo que ha de servir de base para determinar si el reconocimiento y la filiación han sido o no plenamente probados. Si un testigo declara en tér-minos positivos que una persona reconoció ser el padre de su hijo, y la corte resuelve en favor del hijo, el mero hecho de que sea ese el único acto del padre, ■ no es suficiente para que proceda la revocación.
    Id. — Prueba Yoluntariamente Suprimida. — La prueba voluntariamente suprimida hay que presumirla adversa, si se hubiera practicado y si se presenta prueba de carácter inferior, hay que presumir asimismo que la de carácter superior, si pudo presentarse, había de ser adversa, por lo que, si una parte deja de deelarai-sobre hechos de que tiene conocimiento, debe presumirse que su declaración sobre tales héchos había de serle adversa.
    Alimentos — Obligación de Reembolsarlos. — Cuando la persona que, sin conoci-miento del obligado, hubiere dado alimentos al que deba recibirlos, sea un tío de éste, tal persona no tiene el carácter de extraño a los efectos del artículo 1795 del Código Civil y no puede, por consiguiente redamarlos.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogados del apelado: Sres. José A. Poventud y Domingo Sepulveda.

   El Juez Asociado, Su Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponee dictó sentencia en quince de febrero de 1910, declarando que Margarita Fajardo, de trece años de edad y nacida en San Germán el día 7 de mayo de 1896, era bija natural reconocida del demandado Don Juan Angel Tió y de Doña María Fajardo fallecida en Ponce, de-clarando también que la referida Margarita tenía derecho a usar el apellido de sn padre y a gozar de todas las prerroga-tivas como tal bija natural, siendo el demandado condenado a pagar al demandante Juan Fajardo, la suma de seiscientos dollars en concepto de sostenimiento y cuidado de dicba me-nor, y a pasar al referido demandante para el sostenimiento de la expresada menor la cantidad de 25 dollars mensuales a partir del día 1 de abril de 1909, fecba en que se presentó la demanda, y las costas.

Antes de que el demandado formulara sn contestación a la demanda presentó una moción solicitando el traslado de la cansa a la Corte de Distrito de Mayagüez por ser él resi-dente de.San Germán, qne pertenece a aquel Distrito. La Corte de Distrito de Ponce negó dicba moción por no baber cumplido el demandado con lo dispuesto en el artículo 82 del Código de 'Enjuiciamiento Civil. Este artículo dispone lo siguiente:

“Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado, al comparecer a contestar o a formular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente.”

No consideraremos abora la cuestión referente a si la mo-ción debe presentarse junto con la contestación o excepción previa, porque dicba moción no está ajustada a la ley. La moción iba acompañada de una declaración jurada, expre-sando solamente el hedió de vivir el demandado en San Ger-mán. Esta no es la dedaración jurada y fundada" a que hace referencia el artículo 82. El affidavit o declaración jurada y fundada es uno en que el deponente refiere hechos suficien-tes que pueden permitir a la corte ver que él tiene una buena defensa en el pleito. (Buel v. Dodge, 63 Cal., 553; Nickerson v. Cal. Raisin Co., 61 Cal., 268.) La corte estuvo ciertamente justificada en negarse a hacer el traslado de la causa.

Entonces el demandado formuló una excepción previa fun-dada en que la corte no tenía jurisdicción por ser el domi-cilio del demandado la ciudad de San Germán. ' Una cuestión como esta no puede promoverse por virtud de una excepción previa por el hecho de la comparecencia, sin haberse presen-tado una solicitud en debida forma para el traslado de la causa; equivale a una sumisión, según los artículos 76 y 82 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Alega también el apelante que el demandante no presenta prueba suficiente para que la menor tuviera derecho a ser reconocida como hija natural.

Expresa la demanda que Juan Angel Tió y María Fajardo-vivían en concubinato, de cuyas relaciones nació Margarita Fajardo. Que dicha Margarita Fajardo siempre estuvo en la posesión continua del estado de hija natural reconocida. No existe prueba alguna con respecto a ninguna de estas alega-ciones. -

Sin embargo, también se expresa en la demanda que el de-mandado privadamente reconoció a Margarita como hija natural suya y en algunas ocasiones se ocupó de su sosteni-miento. Hay alguna contradicción en la prueba, estando la preponderancia de la misma con respecto a los hechos que se trataron de probar, a favor del demandante.

El apelante, sin embargo, funda su argumentación, en que la prueba no es suficiente para obligar a un padre a que reco-nozca a un hijo, la que con arreglo a las decisiones de esta corte y de la Corte Suprema de España, debe ser clara y con-vincente.

Durante el juicio se presentó prueba tendente a mostrar que en el año 1896 o un poco antes de esa fecha María Fa-jardo, madre de Margarita, vivía en San Germán en la casa de la madre del demandado; que cuando empezó el embarazo de María el demandado la hizo mudar a una casa que estaba en frente, y finalmente a la llamada ‘ ‘ Casa blanca, ’ ’ aún más distante; Margarita nació en el año 1896; que cuando era muy joven el demandado contribuía a su sostenimiento enviándole un diario, algunas veces con Bernabé Fajardo, hermano de María, y otras veces con distantas personas, y últimamente con la misma niña; que el demandado continuó visitando a María después de haber dejado su casa; que después de haber cesado él en las relaciones que con ella tenía, vivió ésta con otro hombre, teniendo varios hijos con éste último; que hacia el año 1907, María y Margarita se fueron a Ponce; que María falleció en febrero de 1907; que el demandante^ entonces cui-daba y sostenía a Margarita; que desde el año 1907 en ader lante el demandado le enviaba pequeñas cantidades de dinero para el sostenimiento de Margarita en unas cuatro ocasiones; una o dos veces las entregó personalmente al demandante y una o dos veces las envió por certificado; que el demandado dió pequeñas cantidades de dinero a Margarita, le echaba su bendición y nunca la rechazó; que en 1908 el demandante se llevó a Margarita para San Germán para entregársela a Tió recordándole a éste último que él había prometido que se ocu-paría del sostenimiento de la niña; que entonces Tió le dió a Fajardo $15 y a Margarita $2, suplicándole el demandado al demandante que cuidara a la niña como si fuera de su propia familia, conviniendo el demandado, entre otras cosas, hacerse cargo de la niña; que según la declaración de Bernabé Fajardo el padre de María Fajardo estuvo muy incomodado cuando supo o tuvo conocimiento de la deshonra de María, y que Tió, reconoció ser el autor de su deshonra, expresando que se ha-ría cargo de Margarita y le daría una casa y algunas -tierras; que María ya moribunda, dijo que Tió era el padre de Margarita; que Tió no quería que se supieran estos hechos porque él era casado, habiéndose casado bacía pocos años y después del nacimiento de Margarita; qne él trató de ocultar el becbo de qne enviaba dinero, pidiendo qne no se le escribiera porque su esposa podía encontrar las cartas; que María era negra y Tió blanco. . .

Existen además otras declaraciones parecidas a éstas, las qne, en unión con la precedente relación ban sido prestadas principalmente por los dos tíos maternos de Margarita, y por ella misma. G-ran parte de dichas declaraciones es inde-terminada y vaga así cómo también mucho de la misma es de ■referencia y opinión. No' siempre se exigió a los testigos que informaran acerca del origen de su conocimiento cuando era claro qne ellos no podían tener conocimiento personal de algunos hechos. Pero no se hizo objeción alguna a ninguna parte de la prueba y como no se impugnó la credibilidad de los testigos estamos obligados a considerar las declaraciones como probatorias y darle algún crédito a menos que de ellas mismas aparezca su improbabilidad.

La prueba del demandado consistió principalmente en de-claraciones de personas que expresaron que los hechos no pu-dieron ocurrir según habían sido referidos, pues de ser así ■ellas hubieran tenido conocimiento de los mismos. Los tes-tigos eran amigos y conocidos del demandado y uno de ellos, su hermano Salvador Tió. También ha dado fe el demandado a la veracidad de Margarita, llamándola a declarar como tes-tigo suyo, y aunque ella declaró con respecto a algunos de los mismos hechos, a saber, que le facilitaba dinero, y a una conversación en la que dijo que le daría una casa, no se trató de modo alguno de impugnar su declaración. El demandado no declaró.

No trataremos de definir lo que constituye una declaración clara y convincente, pues los hechos de cada caso deben juz-garse por sí mismo. La regla establecida es principalmente una regia para la corte inferior. Debiendo estar en condicio-nes el tribunal de apelación de poder expresar que la corte inferior no debió haber declarado que la prueba fué clara y •convincente. La mayor parte de las declaraciones fneron prestadas por parientes de la niña, siendo éstos los qne por lo general conocen los asuntos qne se relacionan con sns fa-miliares y qne a veces no son conocidos del público. Fácil-mente podemos imaginarnos casos más fnertes. . Una parte •de las declaraciones y especialmente una parte de la prestada por Bernabé Fajardo parece improbable. Por el contrario, la declaración de Margarita es mny limitada y restringida y lleva consigo las señales de verdad. No bay nada en esa de-claración qne de snyo sea improbable, pndiendo decir lo mismo de la declaración del demandante. No es necesariamente el carácter aislado qne tienen los actos públicos y privados de nn hombre lo qne determinaría si la prueba de filiación y reco-nocimiento es clara y convincente. Si un testigo declara de modo tal qne no da lugar a dudas de ninguna clase que otro hombre reconoció ser el padre de un niño, y al considerar esta cuestión la corte inferior la resuelve a favor del niño, no podríamos revocar esa resolución meramente porque ese fué ■el único acto del padre. En el presente caso hubo prueba de las admisiones del demandado y de actos, que si son ciertas las declaraciones de los testigos, no podrían explicarse sino por la paternidad del demandado, y en el reconocimiento de la niña hecho por éste, y como ya hemos dicho, no fué impug-nada la credibilidad de los testigos.

Hay otro aspecto de la cuestión. La Ley-de Evidencia, artículo 102, Leyes de 1905, páginas 135 y 136, dispone lo siguiente:

“Todas las demás presunciones serán satisfactorias, sino fueren contradichas. Se denominan presunciones disputables y pueden con-trovertirse mediante otra evidencia. Corresponden a esta clase las siguientes:
“5. Que toda evidencia voluntariamente suprimida resultará ad-versa si se ofreciere.
“6. Que toda-evidencia superior habrá de ser adversa.”

"Wigmore en su obra sobre Evidencia expresa que estos principios u otros análogos, son de aplicación cuando una parte no declara teniendo la misma los mejores informes so-bre los hechos. (Wigmore sobre Evidencia,- art. 298.) Tam-bién expresa Wigmore, que las circunstancias especiales de nn caso pueden dar una explicación de la omisión de una parte en dar declaración. En este caso el demandante Fajardo de-claró con respecto a una conversación, de importancia para el caso, que tuvo con el demandado. Se refirió Bernabé Fajardo' a nna conversación que hnbo entre sn padre y Tió, relatando-Margarita varios hechos. El demandado pudo haber dado-una explicación de todo, y en su contestación jurada niega la certeza de la demanda.

Sugiere Wigmore que en algunos Estados del Sur una sen-sación de delicadeza con relación a su honor puede impedir que-ma, hombre se coloque en una situación que se dude de su pa-labra. Esta última consideración no es de aplicación aquí. Ya él había jurado, e hizo que su hermano y amigos declara-ran. Las cortes están abiertas a los litigantes y existen para evitar o remediar agravios, y según' dicen las autoiidades citadas por Wigmore, la función principal de las mismas es la investigación de la verdad. Un demandado puede negarse a declarar a su propio riesgo. En este caso la corte en vista de la prueba que se le mqstró, estuvo justificada en formar una deducción contraria por la omisión de Tió en prestar de-claración.

En el informe oral se hizo alguna referencia al caso de Negueruela et al. v. Samohano et al., sentencia de esta corte de octubre de 1910. En ese caso se dictó sentencia en contra de los derechos del hijo natural y hubo contradicción en la prueba. Además el padre había muerto habiendo nacido el su-puesto hijo-después de la muerte de aquél, resolviendo esta corte que no existió prueba satisfactoria con respecto al con-cubinato. Los hechos y las condiciones de ese caso eran muy distintos del que ahora consideramos.

Existe un error en los autos. El demandante no era un extraño de Margarita y no tenía derecho a ser reembolsado por los gastos que había hecho. El artículo 1795 del Código Civil revisado dispone:

“Cuando sin conocimiento del obligado a prestar alimentos, los diese un extraño, éste tendrá derecho a reclamarlos de aquél, a no constar que los dió por oficio de piedad y sin ánimo de reclamarlos.
“Los gastos funerarios proporcionados a la calidad de la persona y a los usos de la localidad deberán ser satisfechos, aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle.”

Un tío no es un extraño según el significado de este artí-culo.

La sentencia debe ser modificada en cuanto a las sumas invertidas y confirmada en los demás particulares.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciado, del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado, Se. Wole,

license: Public Domain

text:
    Vega et al. v. Rodríguez et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 607.
    Resuelto en marzo 6, 1911.
    Alegaciones — Excepciones Previas — Sentencia.—Sostenidas unas excepciones previas, la parte a cuyo favor se dictara la resolución, tiene derecho a pedir que se dicte sentencia definitiva, a no ser que se conceda permiso a la. otra parte para enmendar o adoptar cualquier otra medida, bien porque la ley así lo disponga, o por convenio de las partes, o porque la corte de oficio o a instancias de la parte que haya perdido, así lo deerete.
    Id. — -Permiso para Enmender. — Aunque la práctica en estos casos es conceder permiso para enmendar, la corte no está obligada a hacerlo cuando la con-ducta de la parte contra la que se dictara la resolución, o sus alegaciones mismas, llevan la idea al ánimo del tribunal de que la prosecución del caso es inútil.

      Id. — Moción Solicitando que se Dicte Sentencia — Notificación a la otra Parte.- — No es im requisito indispensable la notificación de una moción, a la parte contraria, solicitando que se dicte sentencia definitiva, después de dictada resolución sosteniendo unas excepciones previas, aunque la corte tiene facultades discrecionales para ordenar que se haga tal notificación.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    Abogados de los apelados: Sres. Antonio Alvarez Nava y José G. Rodríguez Cebollero.

   El Juez Asociado, Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes establecieron este pleito en la Corte de Dis-trito de Arecibo para que se hiciera la partición de bienes y entrega por razón de herencia, se anularan ciertas ventas y cancelaran determinadas inscripciones. Para tener éxito en el pleito era necesario que los apelantes alegaran y probaran ser herederos de Don Miguel Vega. La alegación se hizo en esta forma: “Que por todo lo dicho, la herencia de Don Miguel Vega se refunde actualmente en los demandantes enumerados en esta demanda, y los demandados Telesfora y Petrona Eodríguez, como hijos de Doña G-regoria Vega, José y Mercedes Eodríguez, descendientes de la misma, Aurelia Vega, hija de Juan José y Federico Calaf heredero de la participa-ción de Doña Simona Vega. Que éstos, y nadie más, son los únicos interesados en la herencia de Don Miguel Vega; y que con excepción de los testamentos de Don Miguel, Doña Simona y Doña Petrona Vega, todas las demás transmisiones de de-rechos hereditarios lo han sido por herencia intestada, cuyas declaratorias serán presentadas oportunamente para llevar a cabo la división de herencia que se solicita en este caso.”

Los demandados establecieron excepción previa a la de-manda fundada en que: Io. La demanda no aducía hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción, y 2o. Porque era ininteligible y dudosa. El día 10 de mayo de 1910, la Corte de Distrito de Arecibo resolvió que las palabras arriba sub-rayadas eran muy vagas, pues el juez no podía saber si con ■ellas quería expresarse que se presentáran a la corte las soli-citudes de declaratorias de herederos durante la tramitación del litigio, o si se trataba de indicar que se acreditara con los respectivos autos de declaratorias el haber- sido declarados herederos los interesados; en el primer caso procedería que se declarase con lugar la primera excepción, o sea que la de-manda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción; y en el segundo caso nó; que, por tanto, con motivo de la duda, la segunda excepción, o sea que la demanda es inin-teligible y dudosa, debe declararse con lugar. No habiéndose concedido permiso para hacer enmiendas, ninguna trató de hacerse ni nada más se hizo en el caso hasta el día quince de julio de 1910, en que algunos de los demandados presentaron moción escrita para que se dictase sentencia, expresando en la misma, entre otras cosas, que los demandantes no habían hecho gestión alguna en el caso desde el mes de mayo de 1909, ni comparecieron cuando se argumentó la excepción previa.

De conformidad con la moción, dictó la Corte de Distrito sentencia el día quince de julio de 1910, expresando que la ley y los hechos estaban a favor de los demandados y desesti-mando la demanda. Se apela de la sentencia y el primer fun-damento de error que se alega, es que la sentencia no debió dictarse como definitiva sino simplemente en forma de un sobreseimiento. Otro fundamento de error que se alega es que la moción solicitando se dictase sentencia no fue notificada a los demandantes. No se alega que la excepción previa fuera indebidamente declarada con lugar.

Cuando una corte declara con lugar una excepción previa el caso queda por el momento resuelto, y la parte que gana la excepción tien'e derecho a que se dicte una sentencia, a menos que se,dé una oportunidad a la otra parte para enmendar o adoptar alguna otra medida. Esta oportunidad puede surgir, según la ley, por pex-miso o concesión de la corte dado volun-tariamente, o a solicitud de la parte vencida, o quizás dicha oportunidad puede surgir de cualquier convenio hecho por las partes. Si nada de esto ocurre, la sentencia es una conse-cuencia tan necesaria del acto de declarar con lugar la excep-ción. previa, como una sentencia semejante sería la conclusión necesaria de la celebración de un juicio sobre los beodos. La éxcepción previa informa a la parte contraria que los becbos contenidos- en su alegación se ban admitido para los fines de la sentencia que baya de dictarse sobre los mismos. En este caso particular si las partes en el juicio se sometieron por la demanda solamente, la sentencia tendría que dictarse a favor de los demandados porque la corte no podía determinar si los demandantes eran los herederos, según se ba alegado. No habiendo comparecido los demandantes al acto de la viéta de la excepción previa ni tratado de hacer enmienda alguna, la corte y las partes contrarías tuvieron sobrada razón para suponer que los apelantes no deseaban proseguir el pleito. Los demandados en realidad hubieran tenido derecho a que la corte discrecionalmente dictara una sentencia después de ha-ber declarado con lugar su excepción previa. La práctica ordinaria es permitir a la parte vencida hacer enmiendas, existiendo una regla de la corte de distrito que concede a dicha parte un día, pero la corte no está obligada a conceder el per-miso si en vista de la actitud de" la parte que pierde, y de sus alegaciones, surge en la corte la idea de que es ociosa la con-tinuación del caso. Según las circunstancias de este caso, creemos que la corte no cometió error o abusó de su discreción al dictar una sentencia definitiva en vez de una de sobresei-miento.

Iguales consideraciones son aplicables a la cuestión refe-rente a la notificación de los demandantes. La corte pudo, a su discreción, haber ordenado qué se hiciera la notificación, pero este no es un requisito indispensable. Las mociones a que hace referencia el artículo 315 del Código de Enjuicia-miento Civil son aquellas en que- se dictan órdenes y no sen-tencias, y el artículo 317 prescribe:

‘ ‘ Toda notificación de una moción deberá hacerse por escrito a no disponerse en este Código que se verifique de otro modo y se practi-cará con cinco días' de anticipación al señalado para la vista si ésta tuviere lugar en el distrito en que se siga el pleito y con diez días en los demás casos. Cuando la notificación se baga por correo, se am-pliarán los términos anteriores, según los casos, a razón de un día más por cada veinte -y cinco millas de distancia entre el lugar del juicio y aquel en que deba hacerse la notificación, sin que la, amplia-ción del término pueda exceder de treinta días; pero la corte o juez podrá señalar un término más breve. Al hacerse la notificación de una moción o de la orden que en virtud de ella se dicte para que se dé la razón de algún acto, se acompañarán copias de la moción y de la orden, y de los documentos con aquélla presentados exceptuán-dose las actas de la corte y los legajos del pleito, pero no habrá nece-sidad de notificar por escrito ninguna moción que afecte a las alega-ciones o a la sentencia, ni la que se haga durante el curso del pleito. ’ ’

Una solicitud o moción para qne se dicte sentencia es, por tanto, nna excepción.

Los apelantes no alegan qne se cometiera error algnno en la resolnción de la corte declarando con lugar la excepción previa formulada a la demanda enmendada. Tuvieron ellos tiempo suficiente para ser oídos. No hicieron petición alguna en la corte inferior para qne el caso fuera reconsiderado. Y no apareciendo de los autos nada que justifique una revoca--ción, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciado Sr. del Toro.-

Los Jueces Asociados, Sres. MaeLeary y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Capó v. Capó.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de Gí-uayama.
    No. 616.
    Resuelto en marzo 7, 1911.
    Alegaciones Excepciones Previas — Causa de Acción — Libelo.——En la demanda se alega que el demandado consignó e hizo consignar en un instrumento pú-blico, con el propósito de deshonrar y difamar al demandante, atribuyéndole ilegal y falsamente haber empezado a ejecutar un grave delito, las siguientes palabras que fueron leídas por diferentes personas y que hacen referencia al demandante: “Y en tal concepto la demanda a que nos referimos podría con fundamento juzgarse como un conato de estafa, si bien nosotros no lo atri-buimos sino a debilidad de memoria de Don Juan Ignacio Capó.” (el deman-dante) Se resolvió:

    (o) Que la excepción previa interpuesta contra la demanda de no aducir heehos suficientes para constituir causa de acción, era procedente, por no envolver, las palabras así usadas, una imputación directa de la comisión de un delito por parte del demandante;
    (6) Que el uso de tales palabras puede envolver un acto malicioso del demandado, pero sin una alegación más- específica de malicia o falsedad, por parte del último, y a falta de alguna alegación al efecto de que el deman-dante ha sido perjudiciado por el uso de tales expresiones, hay que estimar que la demanda no aduce causa de acción;
    (c) Que la corte no puede determinar, por la demanda, si el demandado estuvo justificado o nó, al usar tales palabras, no habiendo nada en la demanda que indique que el demandante fué perjudicado en modo alguno, por el uso de las mismas, y que dichas expresiones no constituyen un libelo per se, por no imputar al demandante la comisión de un delito en términos claros y distintos.
    Id.' — Sentencia.—Si la corte declara con lugar una excepción previa y el deman-dante no enmienda la demanda, ni se le concede permiso para enmendar, el demandado tiene derecho a que se dicte sentencia definitiva a su favor.
    Id. — Costas.—Las costas se imponen generalmente a la parte condenada por la sentencia, haya o nó solicitado su imposición la parte a cuyo favor se dic-tara la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El error que fue alegado en esta apelación provino de haber declarado con lugar la corte una excepción previa formulada a la demanda, dictando posteriormente, y sin hacerse notifica-ción especial alguna al demandante, sentencia definitiva, en dicho pleito declarando sin lugar la demanda e imponiendo las costas al demandante. Alega la demanda' que José Mariano Capó, a pretexto de otorgar el demandado cierta escri-tura a favor de Juan Carlos McCormick y otro el día 6 de noviembre de 1909, en la ciudad de Gruayama, ante el notario Don Miguel Zavaleta, consignó e hizo consignar en el docu-mento publico ciertas palabras escritas y leídas por diferentes personas referentes al demandante, con el propósito de des-honrarle y difamarle atribuyéndole ilegal y falsamente haber empezado a ejecutar nn grave delito, mediante estos con-ceptos : Y en tal concepto la demanda a que nos referimos podría con fundamento juzgarse como nn conato de estafa, sí bien nosotros no lo atribuimos sino a debilidad de memoria de Don Juan Ignacio”; que el demandante se ha limitado a hacer uso de su derecho acudiendo a la autoridad judicial competente y, por tanto, solicita se dicte sentencia ordenando que el demandante recobre del demandado la suma de $6,000. El fundamento de la excepción previa fué que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción.

Creemos que la corte estuvo acertada al declarar con lugar la excepción previa. Las palabras empleadas no imputaban de modo directo la comisión-de un delito por parte del deman-dante. Es posible que tales palabras pudieran imputar una tentativa del demandante para cometer uno de los numerosos delitos comprendidos en la palabra “estafa.” También.es posible que aún con las palabras modificadas que usó el de-mandado, ellas hubieran sido libelosas asociándolas con otros hechos esenciales que no fueron alegados por el demandante. El usar palabras como las que aquí se han usado pudiera mos-trar malicia por parte del demandado, pero sin otra afirmación más específica de malicia o falsedad por parte del demandado^ así como sin hacerse alguna alegación que muestre que el de-mandante sufrió perjuicios por el uso de tales frases, no vemos que se hubiera mostrado una causa de acción. No se mostró1 a la corte algo por lo que pudiera apreciar que el demandado no debió haber empleado tales palabras, ni tampoco se ha ale-gado que el demandante sufrió algún daño o perjuicio. Las expresiones usadas no fueron por si bastantes para fundar en ellas una acción. Para que lo hubieran sido, debieron haber imputado la comisión de un delito en términos claros.

La orden de la corte declarando con lugar la excepción previa fué dictada en 6 de septiembre de 1910. El día 14 de septiembre de 1910, la corte dictó su sentencia definitiva contra el demandante imponiéndole las costas,- manifestando el tribunal que el demandante no había hecho uso de la regia de la corte qne permite a un demandante hacer enmiendas a ■sus alegaciones en el término de nn día después de haber sido declarada con lugar la excepción previa. Sin tal enmienda o sin haberse permitido hacer enmiendas al demandante, el de-mandado tenía derecho a que se dictara una sentencia defini-tiva.

31 Cyc.,' 351 et seq.

También tuvimos oportunidad de considerar igual cuestión en el caso de Vega et al. v. Rodríguez et al., fallado por este tribunal en 6 de marzo de 1911.

Se alega además otro error que hace referencia a la impo-sición de las costas. No comprendemos la índole del error, alegado. Las costas generalmente van comprendidas en la sentencia y esto sucede así haciendo o no esa petición la parte a favor de la cual se dicte la sentencia. No se nos ha indicado que se haya infringido ninguno de los principios expresados en el Capítulo VI del Código de Enjuiciamiento Civil con res-pecto a costas.

No apareciendo error alguno en la sentencia debe la misma ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este’caso.


author: El Jijez PbesideNte Se. HebNÁNdez,

text:
    Janer et al v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas.
    No. 83.
    Resuelto en marzo 9, 1911.
    Cancelación de Inscripción. — No procede la cancelación de un gravamen im-puesto sobre una finca adjudicada en una testamentaría, con la obligación de pagar el adjudicatario las deudas de dicha testamentaría, sin que hayan sido previamente oídos y vencidos en, juicio los acreedores, o hayan éstos con-sentido en que se verifique la expresada cancelación.
    Id. — Procedimiento Para Obtener la Cancelación. — Para la cancelación del gravamen a que se refiere el párrafo anterior, los interesados pueden hacer uso del trámite ordinario, en el juicio que corresponda, sin que sea nece-sario seguir el procedimiento que regula el Título XIII de la Ley Hipotecaria, por no ser dicho gravamen de los’ taxativamente enumerados en el artículo 347 de dicha ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte apelante compareció en nombre propio.
   El Jijez PbesideNte Se. HebNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En jnicio seguido ante la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Caguas por los consortes Julio B. Janer Márquez y Rosa Juliá Santana contra la sucesión de Francisco Osuna López, sobre extinción de deuda y cancelación de gravamen, dicha corte declaró por sentencia de 25 de noviem-bre del año 1910, que la sucesión demandada no tiene derecho a reclamar los cuatrocientos cincuenta dollars importe de la finca descrita en la demanda, quedando extinguida la deuda; y a los efectos consiguientes ordenó que por el registrador de la propiedad del distrito se lleve a cabo la cancelación solici-tada en la demanda, del gravamen que con respecto a dicha finca aparece mencionado en las inscripciones segundas de las fincas números 1274 y 1235 a los folios 135 y 140 del tomo 25 de Caguas.

Librado mandamiento al Registrador de la Propiedad de Caguas en 12 de diciembre siguiente para que llevara a efecto la cancelación ordenada del gravamen a que se refiere la men-cionada sentencia, dicho registrador denegó la cancelación por medio de nota, que copiada a la letra, dice así:

“No admitida la cancelación del gravamen a que se refiere el pre-cedente mandamiento por el defecto insubsanable de que la finca afecta al pago de la deuda a que se contrae, se adjudicó en la testamentaría de Da. María Carballo, al heredero Don Francisco Osuna López, con la obligación o condición de quedar el adjudicatario responsable aí pago de las deudas de dicba herencia, y siendo tal obligación una acción rescisoria en favor de los acreedores de la misma herencia, sólo éstos han podido consentir en la extinción o cancelación de la expre-sada obligación, y tales acreedores no han consentido ni fueron con-denados por la senténcia de veinticinco de noviembre último, que se inserta en este mandamiento, pues los demandados en el juicio en que se dictó dicha sentencia, no son los acreedores, sino precisamente los. que aparecen como deudores, de manera que ese título es nulo. Ade-más, no apareciendo .claramente del registro, quienes son los acreedores de esa herencia, a favor de quienes se constituyó tal acción rescisoria, ésta no se puede extinguir, sino por sentencia dictada en el expediente de liberación, por él juez de la corte de distrito en que la dicha finca radica, siendo en este caso incompetente el juez municipal, para liberar del mencionado gravamen la aludida finca; habiéndose extendido en su lugar nota marginal preventiva por ciento veinte días, al margen de las inscripciones primeras, de las fincas números 1234 y 1235, folios 134 y 139 del tomo 25 de este ayuntamiento. Caguas, 17 de diciembre de 1910. El Registrador, S. Abella Bastón.”

La nota preinserta lia sido recurrida para ante esta Corte Suprema por los esposos interesados, quienes solicitan su revocación ordenándose que se lleve a cabo la cancelación a que se refiere la sentencia dictada por la corte municipal.

Examinadas las razones que sirven de fundamento a la nota recurrida, estamos conformes con el Registrador de la Propiedad de Caguas en que habiendo sido demandada y con-denada la sucesión de Francisco Osuna López, o sea del que tenía obligación de pagar las deudas de la testamentaría de María Carballo, y nó los acreedores de esa testamentaría, O' sea los-que tienen derecho a cobrar, la sentencia que ordenó la cancelación denegada, como dictada sin audiencia de dichos acreedores, no puede perjudicar a éstos bajo concepto alguno, y por tanto, carece de eficacia legal a los fines pretendidos en el juicio en que fue pronunciada.

Por ese fundamento se sostiene la nota recurrida; pero no vemos que para obtener la cancelación intentada sea nece-sario seguir el procedimiento que para la liberación de los gravámenes existentes regula el título 13 de la Ley Hipóte-caria, pues el presente caso no es dé los que taxativamente enumera el artículo 347 de dicho título, pudiendo los infere-.' sádos hacer uso de su derecho por los trámites ordinarios en el juicio que corresponda y ante la corte que sea competente.

En ese juicio'podrán ser atinentes las alegaciones hechas para sostener el recurso.

En apoyo de nuestra opinión vienen las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 16 de abril de 1878,10 de octubre de 1879 y 16 de diciembre de 1889.

Por las razones expuestas, procede se confirme la nota re-currida, por el fundamento de haberse ordenado la cancela-ción pretendida en juicio seguido sin citación de los acree-dores interesados. . '

Confirmada.

Jueces concurrentes': Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado J3r. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Jijez Asociado Se. del Tobo,

text:
    The American Railroad Co. of Porto Rico v. Quiñones.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 606.
    Resuelto en marzo 10, 1911.
    Apelación. — Una resolución de la corte inferior negando una moción para que se anule ,o deje sin efecto otra orden o sentencia que puede ser objeto de apelación, no es apelable para ante el Tribunal Supremo.
    Id. — JURISDICCIÓN de la Corte Inperior. — Una apelación contra una resolución que no es apelable no afecta en modo alguno la jurisdicción de la corte inferior para seguir conociendo del litigio.
    Id. — Orden Desestimando Excepciones Previas. — Una orden de la corte inferior declarando sin lugar unas excepciones previas y concediendo un tér-mino para contestar la demanda, no es apelable, pudiendo ser objeto de revisión en la apelación que se' establezca contra la sentencia definitiva.
    Id. — Sentencia Quod Eecuperet. — Si negadas las excepciones, y concedido un término para contestar, 'el demandado sometiere definitivamente el caso por el mérito de las alegaciones, pidiendo que se dicte sentencia sin haber pre-sentado contestación alguna, la sentencia así dictada, que se titula guod recuperet, es definitiva y termina el derecho de acción.

      Id. — Expropiación Forzosa — Daños y Perjuicios — Dna sentencia quod recu-peret debe distarse de acuerdo con los hechos alegados y la ley a ellos apli-cable, y cuando se trate de un caso de expropiación, como el de autos, en que la sentencia debe comprender, no sólo el valor de la cosa expropiada, sino también los daños y perjuicios ocasionados por virtud de la expropia-ción, la corte debe conceder una oportunidad de que se justifiquen tales daños a fin de fijar la cantidad que por tal concepto debe satisfacer el demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. Eduardo Acuña y José F. Figueras.

    Abogados del apelado: Sres. N. B. K. Pettmgill y Fernando Vázquez.

   El Jijez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión de] tribunal.

Este es nn caso sobre expropiación forzosa. Presentada la demanda, el demandante alegó las siguientes excepciones: (a), que la corte no tiene jurisdicción por la materia de la. acción; (5), qne la demanda es ambigua, ininteligible y dn-dosa; y (c), qne la demanda no adnce hechos suficientes para determinar una cansa de acción.

Al celebrarse la vista de las excepciones, ocurrió, según se hizo constar por el secretario en el libro de minutas de la corte de distrito, lo siguiente:

“I-Ioy día nueve de agosto de 1910, día*señalado por la corte para la discusión de las excepciones previas opuestas por el demandado en esta causa, comparecen las partes representadas por los abogados, 'N. B. K. Pettmgill como abogado asociado de los Sres. Cornwell y Vázquez y el Señor Benito Forés.
“La corte, oída la lectura de los alegatos y argumentos orales de los letrados concurrentes, declara sin lugar las excepciones previas y concede diez días al demandado para contestar la demanda.
“El Señor Benito Forés pide a la corte dicte su sentencia final en contra del demandado sobre esta acción, en sus méritos .aceptando las responsabilidades consiguientes y la corte reservó su resolución.”

El día Io. de agosto de 1910, la corte de distrito dictó la sentencia apelada declarando al-demandado expropiado para siempre de la faja de terreno a que se refiere la demanda. En la sentencia se describe la faja de terreno y además:

. “Se falla, decreta y ordena, qne la demandante, Tbe American Railroad Company of Porto Rico, satisfaga al demandado Vicente Quiñones, la suma de setenta y cinco dollars que es el precio que se fija en la demanda á dicha faja de terreno y al cual debe sujetarse la corte, sin parar mientes en lo que baya podido resolverse en pro-cedimientos anteriores; sin especial condenación de costas.”

El demandado, invocando el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, solicitó se le eximiera de los efectos de; la sentencia dictada y la corte se negó a ello por orden de 24-de agosto de 1910, contra la cual se interpuso también re-curso de apelación.

“La Corte Suprema no tiene jurisdicción para conocer de una apelación de una orden rehusando anular una sentencia u orden apelables.” (Eureka, etc., R. R. Co. v. McGrath, 74 Cal., 49; In re Get Young, 90 Cal., 77 y otros citados en Pomeroy, Codes of Cal., Ann. Civil Procedure, pág. 939.)

‘ ‘ Cuando la sentencia u orden son apelables por sí mismas, la apelación debe establecerse de la sentencia o la orden, y no de una orden subsiguiente rehusando anularlas.” (Goyhinech v. Goyhinech, 80 Cal., 409.)

En tal virtud y visto lo dispuesto en el artículo 295 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil y atendidas las cir-cunstancias de este caso, debemos desestimar la apelación es-tablecida contra la orden de 24 de agosto de 1910, limitándo-nos a considerar la interpuesta contra la. sentencia y a resol-verla por sus propios méritos.

Examinaremos primero las excepciones del demandado, luego si procedía o no dictar sentencia resolviendo definitiva-mente el pleito y, por último, .la sentencia dictada.

La excepción de falta de jurisdicción se funda en que la¡, parte demandante pidió permiso a la corte de distrito para en-mendar su primitiva demanda y se le concedió para presentar como nueva la demanda enmendada y en que contra tal resolución de la corte, el demandado interpuso recurso de apelación que estaba pendiente en el Supremo, siendo, por tanto, el Tribunal Supremo el único que tenía jurisdicción én el caso. Como tal apelación de haberse interpuesto era improcedente porque la orden no era apelable, cae por su base todo el argumento del demandado.

Las excepciones de ambigüedad, ininteligencia y duda, y de falta de beebos suficientes para determinar una causa de ac-ción, carecen de fundamento a nuestro juicio. De los hechos alegados por la demandante en su demanda, surge claro y distinto su derecho a la expropiación que solicita.

Tales hechos, en resumen, son los siguientes: Que la de- . mandante es una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York con licencia para hacer y haciendo ne-gocios en Puerto Rico; que su propósito es construir y poseer una línea de ferrocarril de uso público para el transporte de mercancías y pasajeros en Puerto Rico; que a virtud de una franquicia concedídale por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, el 28 de octubre de 19Q1, una copia de la cual se acom-paña a la demanda, explota una línea de ferrocarril* entre Ponce y San Juan, pasando por San Germán y Mayagüez; que para construir cierto ramal ferroviario de uso público para el transporte de mercancías y pasajeros desde un punto .de la línea principal entre las estaciones de San Germán y Hormigueros, solicitó, y obtuvo el 5 de marzo de 1908, una franquicia del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico aprobada por el Gobernador y por el Presidente de los Estados Unidos, una copia de la cual también se acompaña a la demanda; que aceptada dicha franquicia, construyó el expresado ramal te-niendo necesidad de usar una faja de terreno de 2,844 metros . 40 centímetros cuadrados, que se describe detalladamente; que trató de comprar dicha faja de terreno a su dueño, el de-mandado, pero éste se negó a venderla; que trató de expro-piar y expropió dicha faja de terreno; pero que los procedi-mientos fueron desestimados por la 'Corte Suprema, acom-pañándose copias ele la opinión y sentencia de este tribunal; que de acuerdo , con la ley de expropiación de 1908 y la opinión del Supremo, solicitó y obtuvo del Consejo Ejecutivo de Puer-to Rico una ordenanza, copia de la cual se acompaña a la demanda, declarando el ramal de que se trata de utilidad pública; que tal ordenanza se concedió después de haber oído el Consejo a la peticionaria y al demandado y que la dicha faja de terreno es necesaria para la construcción del ramal; ,que el valor de la propiedad que se debe expropiar es de $75 dollars; que la corte en el primer juicio fijó el valor del te-rreno y todos los daños y perjuicios en $300 y que la deman-dante tenía en depósito a las órdenes de la corte la cantidad de $375 y además una fianza por cinco mil dollars para cubrir el valor de dichos terrenos y cualesquiera daños que pudiera sufrir el demandado.

La corte sentenciadora en este caso, al resolver las excep-ciones, se limitó a declararlas sin lugar, concediendo al de-mandado diez días para contestar la demanda. Una orden resolviendo excepciones previas, no es apelable. El pleito sigue su curso y sólo en la apelación que se establezca de la sentencia final que lo decida, podrá discutirse en la corte de apelación la orden resolviendo las excepciones.

Pero cuando se dieta sentencia sobre las excepciones, en-tonces tal sentencia es apelable porque por ella se resuelve definitivamente el pleito.

En este caso aparece que, a los efectos de las excepciones previas, el demandado aceptó la certeza de los hechos consig-nados en la demanda. La corte, como ya hemos dicho, resol-vió la cuestión de derecho planteada en contra del demandado y fijó un término dentro del cual podía el demandado con-testar la demanda.

El demandado tuvo, pues, la oportunidad de negar los hechos alegados por la demandante, si es que tales no eran ciertos, pero él no lo hizo así y al pedir que se dictará senten-cia final, él mismo sometió definitivamente el caso a la deci-sión de la corte por el mérito de las alegaciones.

Una sentencia dictada bajo esas circunstancias, es defini-tiva y termina el derecho de acción. Se titula “giuod recupe-ret”, esto es, “que el demandante recobre.” (Véase 1 Black on Judgments, pág. 19.)

Abora bien; ¿está en todos sus pronunciamientos, la sen-tencia dictada, de acuerdó con los becbos alegados y con la. ley aplicable ?

A nuestro juicio lo está en cuanto decretó la expropiación, pero no en cuanto ordenó que el demandado percibiera comm única compensación la suma de $75.

Si bien la demandante alegó que dicba suma representaba el valor del terreno y tal alegación debe considerarse como admitida por el demandado, la misma demandante asumió que podían existir daños y perjuicios y pidió a la corte que deter-minase la totalidad de la compensación que debía satisfacer. La súplica de la demanda es como sigue:

“Por lo tanto su peticionaria solicita que sea decretado que el servicio público requiere la expropiación forzosa de la real propiedad antes descrita, y que su peticionaria tenga derecho a tomar y poseer la misma para el uso público especificando previo la debida compen-sación, y que la corte determine la totalidad de la compensación que se ba de dar al dicho José Vicente Quiñones por la propiedad así tomada.”

En las sentencias definitivas que se dicten en casos de expropiación, se fijará la cantidad que el demandante deba satisfacer al demandado comprendiéndose en tal cantidad, no solo el valor de la cosa de la cual se priva al propietario, sino también el de los daños y perjuicios que se le ocasionen. Estamos conformes con la corte sentenciadora en que para fijar los daños y perjuicios en este caso no podía servir de base la apreciación beclia en una sentencia que fué totalmente revocada, pero la corte debió baber concedido una oportuni-dad para que se presentaran pruebas, si existían, de daños y perjuicios, y, por el mérito de dichas pruebas, fijar la suma que por tal concepto debía satisfacer la demandante al de-mandado.

En tal virtud la apelación establecida contra la orden de 24 de agosto de 1910, debe desestimarse, y la sentencia ape-lada debe confirmarse en lo conforme y revocarse en lo ad-verso con esta opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciado Sr. Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo;

text:
    Quiñones v. The American Railroad Co. of Porto Rico.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de’ Mayagüez.
    No. 574.
    Resuelto en marzo 10, 1911.
    Injunction — Expropiación Eorzosa — Daños y Perjuicios. — Una demanda en que se reclaman daños y perjuicios ocasionados por la ocupación ilegal de un terreno, al amparo de una orden de injunction que fué posteriormente revocada, puede y debe sustanciarse con entera independencia de cualquier procedimiento de expropiación que pueda estar pendiente y que baga refe-rencia al mismo terreno.
    Id. — Daños y Perjuicios Ocasionados en Casos de Injunction — Casos en que, la Eianza se Consigne en Eeectivo. — Aun cuando la acción para recobrar daños y perjuicios ocasionados en -un procedimiento de injunction, debe dirigirse contra la fianza previamente prestada para garantir esos mismos daños y perjuicios, tal principio no es aplicable en aquellos casos en que la fianza no baya sido prestada por fiadores que deban ser demandados sino consignada en efectivo en la Secretaría de la Corte, en los cuales es suficiente dirigir el procedimiento contra la misma parte que la consignara, pudiendo la Corte ordenar, al dictar sentencia, que ésta se satisfaga con el dinero depo-sitado para garantir el pago de dichos perjuicios.
    Id. — Daños que Pueden Becobrarse — Honorarios de Abogados. — El deman-dante sólo puede recobrar aquellos daños inmediatos que pueda determinar con razonable certeza, y entre estos daños puede concederse la cantidad que, por honorarios de abogados del demandante, y con vista de la prueba prac-ticada, estime la corte justa y procedente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Eduardo Acuña y José E„ Figueras.

      Abogados del apelado: Sres. N. B. K. Pettingill y F. L. Cornwell.

   El Juez Asociado Se. del Tobo;

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez dictada en un pleito sobre daños y perjuicios sufridos con motivo de cierta orden de mpmction expedida por la expresada corte.

Según aparece de la transcripción del récord, José Vicente Quiñones, el demandante y apelante, es dueño de cierta finca rústica radicada en San Germán y de unos establecimientos para fabricar, azúcar moscabado enclavados en la misma.

La Americán Railroad Company of Porto Rico, la deman-dada y apelada, se ocupaba en la construcción de un ramal de ferrocarril entre Hormigueros y San Germán, y con sus obras penetró en la finca del demandante. Este se opuso y la de-mandada acudió a la corte de distrito y obtuvo una orden de injunction contra el demandante y bajo la autoridad de tal or-den continuó sus obras basta terminarlas, ocupando final-mente con su vía 2,844'metros 40 centímetros cuadrados de su-perficie en la finca del demandante. Para obtener el injunction, la demandada prestó una fianza en efectivo por la suma de $1,300 que depositó en poder del secretario de la corte.

Apelada por el demandante la orden de injunction para ante este Tribunal Supremo, fue revocada, y el demandante, en su consecuencia, fué puesto de nuevo en posesión de sus tierras ocupadas por la demandada.

El demandante estableció el presente pleito para recobrar la suma de $3,500 pesos como indemnización “por daños y per-juicios causados por la orden de injunction de que se ba becbo relación;” y mientras este pleito se tramitaba y resolvía, existía otro pendiente en la misma corte entre las mismas partes sobre expropiación de la misma faja de terreno ocupada por la demandada.

La demandada alegó excepciones previas a la demanda que la corte desestimó y archivó entonces su contestación. El juicio comenzó a celebrarse ante el Jnez de Distrito y continuó ante un master nombrado por el juez.

El informe del master contiene las siguientes conclusiones:

“El árbitro es, por lo tanto, de opinión y por consiguiente resuelve:
“Primero. Que el elemento de daños de dos mil pesos de beneficios perpectivos del molino, correspondientes a una zafra, que se pide en la demanda, no puede tomarse en cuenta en el pleito presente, o por ■lo menos mientras no haya una resolución final en el pleito principal de expropiación forzosa, y ,
‘1 Segundo. Que la cantidad de mil quinientos dollars que se piden también en dicha demanda, no puede tampoco tomarse en cuenta en este pleito, por la razón de que el remedio que tenga el demandante para recobrar honorarios de abogado, es ya una acción fundada en la fianza prestada en el pleito de injunction, o quizás en una acción por persecución maliciosa, en caso de que los hechos fueren suficientes a justificar tal acción.
‘ ‘ En vista de las circunstancias de que quizás en el Tribunal Su-. premo se resuelva el pleito de expropiación forzosa de modo tal que permita al demandante en la presente recobrar, por lo menos en parte, por los fundamentos o materia objeto de este pleito, el árbitro sugiere, sin hacer dictamen alguno, que sería a bien, para conveniencia, tanto de la corte como de las partes el abstenerse de resolver en este pleito hasta que haya la adjudicación final en el de expropiación forzosa.
“El árbitro desea llevar a la mente de las partes y de la corte que no es su propósito por nada de lo dicho en este informe, perju-dicar en lo más .mínimo el derecho del demandante a recobrar en un pleito o pleitos adecuados, todos los daños legales sufridos por él, con motivo de la penetración y apropiación ilegal de su propiedad in-mueble por la demandada. ’ ’

Y la sentencia de la corte es como sigue:

“Poe Cuanto: Esta causa fué llamada para juicio el día 21 de diciembre de 1909 y después de empezar la prueba del demandante, fué acordado por,las partes y por la corte, que el resto de la prueba fuera tomada ante un delegado de la corte (master).
“POR ouanto: En la misma fecha la corte nombró al Licenciado Benjamín J. Horton, master en esta causa, con el deber de tomar la prueba que faltaba en ambas partes y presentar una copia certificada de la misma a la corte y en vista de dicha prueba, de la ya practicada y de los briefs que le presentaran ambas partes, proponer a la corte sus conclusiones de lieclio y de derecho.
‘ ‘ Por cuanto : El master, Licenciado Horton, en 14 de febrero de 1910, y feeba 11 del mismo mes presentó su dictamen el cual ha sido debidamente considerado por la corte y sus resoluciones encontradas de acuerdo con la prueba y la ley y jurisprudencia aplicable al caso.
“Por cuanto: La jurisprudencia expuesta en el caso de Aoevedo v. Orr, 100 Cal., 293, y en otros casos aplicables, es terminante y de acuerdo con la misma, no es procedente la demanda en el caso actual, en los términos en que está redactada.
“Por cuanto: La corte desestima la demanda, sin especial con-dena de costas, reservando al demandante el derecho de recobrar, ya en una acción fundada en la fianza prestada en el pleito de injunction o ya por medio de cualquier otra acción adecuada, todos los daños legales que haya sufrido con motivo de la invasión y apropiación ilegal de su propiedad por la compañía demandada. ’ ’

l Debió la corte proceder en la forma en que lo hizo, o debió dictar sentencia resolviendo en definitiva, por los méritos de las alegaciones y de las pruebas, los derechos de las partes 1

Después de un examen cuidadoso de los hechos, entendemos que si bien este pleito se relaciona con el de expropiación forzosa de la faja de terreno ocupada por la demandada, pue-den ambos resolverse independientemente.

Lo que en este pleito reclama el demandante es la indem-nización por los daños y perjuicios que alega que le ocasionó la demandada por la ocupación ilegal de sus tierras, daños y perjuicios que el demandante aprecia en dos mil dollars por no haber podido efectuar en los meses de diciembre de 1908 y siguientes, la molienda de cañas en sus establecimientos, y en mil quinientos dollars más por honorarios que tuvo que pagar a los abogados que lo defendieron.

En el otro pleito, o sea en el de expropiación forzosa, en la sentencia definitiva que se dicte, se determinará, no sólo si asiste a la demandante el derecho a la expropiación de la pro-piedad de qué se trata, sino también la cantidad que el de-mandante deba satisfacer- al demandado. Para determinar tal cantidad deberá tenerse en cuenta lo preceptuado en el. artículo 355 del Código Civil Revisado, esto es: que la indem- ■ nización comprenderá, no sólo el valor de la cosa de la cual el propietario es privado, sino también una remuneración por los daños y perjuicios que se le ocasionen. ,

Pero esos daños y perjuicios, repetimos, no son los rela-cionados en este pleito. Lo que aquí se reclama son los daños y perjuicios ocasionados, según se alega, por los actos de la demandada al ocupar el terreno del demandante sin su con-sentimiento y al amparo de una orden que fué posteriormente revocada, y no como consecuencia de una sentencia de expro-piación.

Por obtener el consentimiento del demandante y en caso negativo por instar un procedimiento de expropiación y lle-varlo adelante basta lograr una sentencia a su favor, fué que debió comenzar la demandada en este caso. Ella no lo bizo así; ella penetró en las tierras del demandante sin el consenti-miento del dueño y cuando el dueño se opuso, ella obtuvo una orden de injunction y prestó una fianza para garantir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar al demandante. T tales daños y perjuicios y nó otros son los que se reclaman en este pleito.

íí* * * y sieinpre que dentro del segundo día a contar del siguiente al de la fecba de esta resolución (dijo la Corte de Distrito de Mayagüez al negarse a disolver el injunction de que se trata), la American Railroad of Porto Rico, deman-dante, aumente en mil pesos más, la fianza que por trescientos pesos tiene constituida para garantir al demandado los daños y perjuicios que puedan ocasionársele por dicba orden de injunction; * * V’ Y en vista de lo resuelto por la corte, la American Railroad Company entregó al secretario del tribunal en efectivo los mil pesos exigidos con un escrito que dice así:

“Cumpliendo la orden de esta honorable corte de fecha 13 de agosto de 1908, acompaño a la presente la suma de mil dollars como ■fianza metálica para que se libre por dicha corte la orden de injunction preliminar a que se refiere dicha orden contra el demandado, sus agentes, sirvientes, etc., mientras se falla y resuelve definitivamente el pleito de expropiación forzosa que contra el demandado arriba nombrado tiene entablada la demandante en esta corte.”

En el caso de Acevedo v. Orr, 100 Cal., 293, citado en la sentencia apelada, se establece la doctrina de que para recla-mar daños y perjuicios ocasionados en nn procedimiento de injunction, debe dirigirse la acción contra la fianza previa-mente prestada para garantir tales daños y perjuicios. Tal doctrina es lógica y está basada en la naturaleza misma de estos procedimientos; pero en el presente caso no existe una fianza prestada por fiadores a quienes baya necesidad de de-mandar. La misma demandada depositó en efectivo en el Secretario de la Corte de Distrito la fianza exigida, y, siendo esto así, basta dirigir el procedimiento, como se ba dirigido, contra la demandada, pudiendo el juez, al dictar su sentencia, ordenar que se satisfaga con el dinero depositado para garan-tir precisamente los daños y perjuicios que pudieran oca-sionarse con motivo de la orden de injunction.

La sentencia apelada en tal virtud, debe revocarse y, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1906, leyes de 1906, página 65, debe esta Corte Suprema proceder a pro-nunciar la sentencia que debió baber dictado el tribunal inferior.

Hemos examinado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas practicadas y opinamos que las últimas no demues-tran cumplidamente que el demandante se viera imposibilitado de moler en sus establecimientos en la zafra de 1908 a con-secuencia de las obras construidas por la demandada en las tierras del demandante. Tales obras pudieron acaso dificul-tar la molienda, puesto que redujeron la extensión de la plaza de la hacienda y el tendido del bagazo y la separación de las cañas se hubieran hecho con ménos comodidad, y los carros de caña de algunos colonos hubieran tenido que recorrer un camino más largo para llegar a los establecimientos. Pero estas dificultades no eran de tal naturaleza que impidieran al demandante moler en sus establecimientos si así lo hubiera decidido.

“El demandante puede recobrar indemnización solamente P°r aquellos daños próximos, que pueda determinar con razo-nable certeza. El no puede recobrar por aquellos daños cansa-dos por sus actos voluntarios o por omisión en actuar cuando debiera hacerlo.” (22 Cyc., 1049.)

Los actos de la demandada fueron claramente ilegales y debieron ocasionar sin duda algunos daños y perjuicios al demandante, pero con la prueba practicada, no aceptando como elemento de daños y perjuicios el haber dejado de moler en la zafra de 1908, es bien difícil fijar la cuantía de tales daños y perjuicios que no se alegaron además específicamente en la demanda. Sólo el .hecho de que a consecuencia de los actos-de la demandada, el demandante se vió en la necesidad de re-currir a los tribunales usando de los servicios de abogados, resulta alegado y plenamente demostrado.

No habiéndose ejercitado la acción de persecución mali-ciosa, ¿pueden reclamarse los honorarios de los abogados en este pleito? Entendemos que sí, pues así se desprende de la misma ley sobre injunction que rige en Puerto Eico. (Véase el último párrafo de la sec. 10, leyes de 1906, p. 84. Véase también 22 Cyc., 1053.)

En los autos existe prueba tendente a demostrar que el demandante pagó por honorarios de abogados en el pleito de injunction en la corte de distrito y en el Tribunal Supremo, la suma de mil quinientos dollars. Tal suma nos parece exce-siva. Es indudable que el asunto envolvía una cuestión de derecho importante, pero nosotros creemos que la suma de mil dollars satisface con razonable liberalidad y atendidas todas las circunstancias que en este caso existen en favor del demandante y en contra del demandado, los dichos honorarios.

En tal virtud, la suma de mil dollars es la única que debe ordenarse que el demandante recobre del demandado en este caso en concepto de compensación por los daños y perjuicios reclamados en el mismo.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciado Sr. Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    González v. Collazo.
    Apelación procedente de la Corte de Distinto de Aguadilla.
    No. 581.
    Resuelto en marzo 13, 1911.
    Dominio — Título de 'Propiedad — Adjudicación de una Misma Finca a Dife-rentes Acreedores. — Si una misma finca se hubiera adjudicado a diferentes acreedores, y no estuviera inscrita en el registro, la propiedad pertenecerá a quien de buena fe sea primero en la posesión, y especialmente si su título es más antiguo.
    Apelación — Pruebas Contradictorias. — La apreciación hecha por la corte inferior en los casos de prueba contradictoria, debe aceptarse por el tribunal de apelación si no se demostrara que dicha corte actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurriera en manifiesto error.
    Los ñeclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Carlos Franco Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Augusto Malar et y A. Rei-chard.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre mejor derecho a la propiedad y posesión de finca rustica. La demanda se presento original-mente en la Corte Municipal de San Sebastián, alegando, en resumen, que Juan Eonzález Mercado siguió un pleito en cobro de pesos contra Emilia Gfuzmán; que obtuvo-sentencia a su favor, y que para satisfacer dicha sentencia finalmente se le adjudicó*' por la suma de 490 pesos, cierta finca rústica de 34 cuerdas de la propiedad de Emilia Guzmán. La adjudi-cación se hizo constar en escritura pública otorgada el 19 de junio de 1908, escritura que no pudo inscribirse en el .registro de la propiedad por no estar inscrita la finca adjudicada, y, el 16 de junio de 1908, el marshal, cumpliendo una orden de la corte municipal, dio posesión al demandante de la expresada finca.

Se alega, además, en la demanda, que con fecha 29 de julio. de 1908, el demandado José Collazo Bracero, remató la misma finca de 34 cuerdas por la suma de 190 pesos y las costas, en un pleito que siguió contra la dicha Emilia Guzmán en cobro de pesos, habiéndosele otorgado la correspondiente escritura pública; que el 10 de agosto de 1908 se puso en posesión al demandado de la repetida finca por un marshal, delegado del de la Corte de Distrito de Aguadilla, y que el demandante ha estado en posesión de la finca y ha protestado de los actos de dominio que con perjuicio de sus intereses, ha tratado de ejercitar en ella el demandado.

El demandante concluye su demanda suplicando a la corte que declare que su título y derecho a la propiedad y posesión de la finca es en absoluto mejor que el del demandado; que el título del demandado es nulo y sin efecto en cuanto al deman-dante, y que se prohíba al demandado y a sus empleados y agentes, que perturban al demandante en el disfrute quieto y pacífico del dominio y posesión de la expresada finca.

El demandado alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y al propio tiempo contestó la demanda negando general y específica-mente los hechos consignados en la misma, no conformes con los establecidos por él en su contestación. Tales hechos, en re-sumen, son los siguientes: Que el demandado en Io. de octu-bre de 1907, entabló demanda contra Emilia Guzmán en cobro de pesos ante la Corte Municipal de Lares, y en 25 de octu-bre de 1907, obtuvo sentencia a su favor, sentencia que fue apelada para ante la Corte de Distrito de Aguadilla y con-firmada el Io. de abril de 1908; que Juan González Mercado, el demandante, sugestionó a Emilia Guzmán para aparecer como su acreedor simulado y establecer un procedimiento colateral que hiciera ilusoria la reclamación del demandado y que al efecto el dicho González Mercado, con un fin frau-dulento y falso, estableció una demanda con posterioridad a la entablada por el demandado y obtuvo un fallo, en la ejecu-ción del cual se ie adjudicó la finca de 34 cuerdas descrita en la demanda, finca que es distinta de la adquirida por el de-mandado; que el fallo obtenido por el demandante es posterior al obtenido por el demandado; que el demandante no está en posesión de la finca adjudicada al demandado y que es el demandado el .que está de buena fe en la pacífica pose-sión de la misma.

La corte municipal desestimó la excepción previa aducida por el demandado y, por el resultado de las alegaciones y de las pruebas, dictó sentencia en favor del demandante. Ape-lado el caso para ante la Corte de Distrito de Aguadilla, ésta desestimó también la excepción previa y,- celebrado el juicio de nuevo por el mérito de las alegaciones y de las pruebas, dictó sentencia en favor del demandante el 21 de abril de 1910, contra la cual se interpuso el presente recurso de apelación.

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de los autos y el alegato del apelante, único presentado, y, a nues-tro juicio, la demanda aduce hechos bastantes para determi-nar una causa de acción, y la sentencia es justa y debe con-firmarse.

Aparece de los autos que demandante y demandado tie-nen dos títulos de propiedad hechos constar en escrituras públicas no inscritas en el registro de la propiedad, y ambos obtenidos a virtud de sentencias judiciales dictadas a su favor en pleitos sobre cobro de pesos seguidos contra la misma persona. El demandante alega que dichos títulos se refieren a una misma finca rústica y el demandado sostiene que se re-fieren a fincas distintas. Sometido el caso a la corte y pre-sentada prueba sobre tal extremo, la corte resolvió el con-flicto en el sentido de que los títulos se refieren a una misma finca.

Establecida esa conclusión, era necesario resolver cuál de los títulos era mejor en derecho, cuál debía subsistir y cuál anularse, y cuál de las partes debía obtener el pleno disfrute del dominio y posesión de la finca de que se trata. '

El artículo 1376 del Código Civil revisado dice así:

“Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero baya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.
“Si fuere inmueble la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el registro.
“Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien pre-sente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.''

•Aplicando el precepto legal transcrito y apreciando las pruebas practicadas, la corte de distrito resolvió que tratán-dose como se trata en este caso de bienes inmuebles no ins-critos en el registro de la propiedad, la finca pertenecía al demandante, que alegó y demostró que era el primero que, de buena fe, había entrado en la posesión de la misma. “No se ha demostrado, dijo el juez de distrito en su sentencia, que el demandante haya obtenido de mala fe la posesión de la finca en que actualmente se encuentra, la cual había tomado pri-mero que el demandado, siendo además el título por dicho demandante presentado anterior al del demandado. ’ ’

Hemos examinado cuidadosamente las pruebas practica-das y no hemos encontrado que la corte al apreciarlas en favor del demandante, actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún error manifiesto, y' en tal virtud, su apreciación debe prevalecer y aceptarse como la justa y procedente.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Aldrey, no toma-ron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey, JUEZ ASOCIADO SEÑOR.DEL TORO.

text:
    Joglar v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 85.
    Resuelto en marzo 14, 1911.
    Sociedad Mercantil — Liquidación—Formación del Inventario — Disolución de, la Sociedad. — La liquidación de una sociedad mercantil consiste en percibir sus créditos, extinguir las obligaciones contraídas de antemano, en sus res-pectivos vencimientos, y realizar las operaciones pendientes, sin que lá for-mación de un inventario del estado del activo y pasivo, para conocer si ' hubo beneficios o pérdidas en la sociedad, pueda entenderse como la liquida-ción a que se refiere el artículo 228 del Código de Comercio, y sin que pueda estimarse tampoco, como liquidación, el otorgamiento de una escritura de disolución de la sociedad y cesión de derechos y acciones de un socio a favor del otro.
    Id.- — Actos Mercantiles — Actos de Carácter Civil. — Si bien la disolución de la sociedad es un aeto mercantil, la cesión de derechos de un socio a favor de otro no puede reputarse mercantil, aunque esté contenida en la misma escri-tura, siendo un acto de carácter civil que debe regularse por el código que trata de esta materia.
    Id. — Beenes que Tienen el Concepto de Inmuebles — Autorización Judicial, para la Enajenación de Bienes de Menores. — Los derechos sobre propie-dad inmueble tienen ■ el concepto de bienes inmuebles, y por consiguiente,, los derechos que, aun indeterminados, pueda tener un menor en una socie-dad mercantil, por lo que respecta a las propiedades inmuebles de ésta,, tienen el concepto de bienes inmuebles y para su enajenación o gravamen se-necesita la autorización judicial, sin cuyo requisito no puede inscribirse en el registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Francisco de la Torre.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en la ciudad' de San Juan de Puerto Rico el día 17 de octubre de 1907 ante el Notario Don Damián Monserrat y Simó, Don Higinio Joglar y Díaz y Doña Luz Cerecedo y Eamos, mayores de edad, expusieron que por otra escritura pública de 22 de abril de 1905, inscrita en el registro mercantil, Don Francisco Joglar Yictorero y Don Higinio Joglar y Díaz constituyeron una sociedad mer-cantil bajo la razón de “Sobrinos de Joglar” por el término de tres años, que vencieron en 22 de abril anterior; que por muerte del socio Francisco Joglar Yictorero su participación en la sociedad pasó a ser de su viuda Doña Luz Cerecedo y Eamos y del hijo de ambos Don Francisco Joglar Cerecedo. en virtud de haber sido declarados sus herederos por la Corte de Distrito de San Juan; que habiendo practicado en 28 de mayo de 1907 el correspondiente inventario, siendo en éste representados la viuda e hijo de Joglar Yictorero por Don Joaquín Sánchez Colomer, dió un balance por el cual la so-ciedad tenía un activo de $12,160.80, contra un pasivo de. $8,195.14, quedando, por tanto, como beneficios $3.,965.66, que por mitad pertenecían a ambos socios, o sea $1,982.83 para cada uno, pero como según la cuenta particular del socio muerto, había tomado $2,318, resultaba una diferencia en su contra, después de deducir su parte de beneficios, de $335.17, y la del otro socio- después de descontar el importe de sus gastos que ascienden a $407.90, arroja un saldo a su favor de $2,074.93 por su capital y beneficios, por lo que en vista de esos antecedentes, ambos, por su propio derecho y además Doña Luz Cerecedo como madre con patria potestad sobre su hijo menor de edad Francisco Joglar Cerecedo y facul-tada por el artículo 234 del Código de Comercio, disolvieron y declararon extinguida la sociedad “Sobrinos de Joglar” quedando hecho cargo del activo y pasivo, como único dueño responsable y liquidador, Don Higinio Joglar Díaz, quien asu-mió todos los derechos, acciones, deberes y obligaciones que a la sociedad competían y quedaban de ella separados y sin responsabilidad los herederos del socio fallecido, estipulán-dose además que la acreencia contra dichos herederos que-daba saldada por renuncia que'el socio Don Higinio Joglar Díaz bacía a toda reclamación contra ellos.

Inscrito ese documento en el registro mercantil con fecba 12 de noviembre de 1907, se presentó después en 6 de enero del año en curso, al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., con un escrito en que se solicitaba que por vir-tud de dicbo documento se inscribiera a favor de Don Higi-nio Joglar Díaz la mitad de la casa número 56 de la calle del Comercio de Río Piedras, que pertenecía a la sociedad “Sobri-nos-de Joglar” y abora al peticionario como único dueño del activo y pasivo de la misma, inscripción que denegó el regis-trador por el siguiente motivo:

“Denegada la inscripción del precedente documento en cuanto a la mitad de una casa radicada en la calle del Comercio, que se lia solicitado, porque el contrato que resulta de la precedente escritura no está comprendido en el caso de exención que señala el artículo doscientos treinta y cuatro del Código de Comercio; y por tanto, dicho contrato requiere la autorización judicial en lo que respecta al menor Francisco Joglar Cerecedo para su validez. Se ha extendido anotación preventiva por el término legal, al folio.228 del tomo 19 de Río Piedras, finca 1038 triplicado, anotación letra A. San Juan, P. R., 14 de enero de 1911. El Registrador, José S. Belaval. ”

Contra esa negativa de inscripción, Don Higinio Joglar Díaz ba interpuesto recurso gubernativo ante esta Corte Suprema para que se revoque y ordene la inscripción, siendo oído dicbo registrador.

La única cuestión en el presente recurso es si Doña Luz Cerecedo, como madre con patria potestad sobre su bijo menor de edad Francisco Joglar Cerecedo, pudo sin autorización judicial, ceder y enajenar los derechos que su citado bijo tenía en la sociedad mercantil “Sobrinos de Joglar” como lo bizo a favor del otro socio, pues mientras el recurrente sos-tiene que la cesión es válida, porque tratándose de una liqui-dación de sociedad mercantil es de aplicación el artículo 234 del Código de Comercio que no exige la autorización judicial, contiende el registrador qne el docnmento cnya inscripción negó, no se refiere a la liquidación de la sociedad mercantil sino a declarar sn disolución y a liacer una enajenación de de-rechos y acciones para lo qne se necesita la autorización de los tribunales.

El citado artículo 234 del Código de Comercio autoriza al padre, madre o tutor para qne en la liquidación de socieda-•des mercantiles en que tengan interés personas menores de ■edad 'o incapacitadas, obren con plenitud de facultades como en negocio propio, siendo válidos los actos que realicen sin perjuicio de la responsabilidad que contraigan para con sus representados por haber obrado con dolo o negligencia, lo ■que equivale a decir qne para realizar los actos de liquidación no necesitan tales personas de autorización judicial.

La liquidación de una sociedad mercantil consiste en per-cibir sus créditos, extinguir las obligaciones contraídas de antemano, según se vayan venciendo y en realizar las opera-ciones pendientes, ninguno de cuyos actos son los que apare-cen realizados por los otorgantes de la escritura objeto de ■este recurso, por lo que hemos de afirmar que no se trata en' ■ella de la liquidación de la sociedad y sin que el hecho de haberse practicado un inventario del estado del activo y pa-sivo para conocer si hubo beneficios o pérdidas de la sociedad, pueda entenderse que es la liquidación a que se refiere el artículo 228 del Código de Comercio.

No se trata, pues, de actos realizados por la madre en la liquidación de una sociedad en la que está interesado su hijo menor de edad, por lo que no es de aplicación el artículo 234 del Código citado, ni tampoco la resolución de esta Corte Suprema de 27 de junio de 1908 dictada en el caso de Claudio Calenti v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, que la recurrente cita en su apoyo, porque en éste, al hacer aplicación del artículo 234 citado, partió de la base de que efecti-vamente la escritura contenía la disolución, liquidación y división del haber social.

Lo que en realidad contiene la escritura, motivo del pre-sente recurso son dos contratos: uno, por el que convienen los otorgantes en disolver la sociedad; y otro, por el que Doña. Luz Cerecedo por sí y por su hijo ceden cuantos derechos y acciones les corresponden en la sociedad “Sobrinos de Jo-glar” a favor del otro socio Don Higinio Joglar Díaz, en com-pensación de la renuncia que éste hace en favor de ellos de la acreencia que contra los mismos resulta, como herederos; del socio Don Francisco Joglar.

Por más que la disolución de la sociedad “Sobrinos de-Joglar” fue un acto mercantil, no reviste ese carácter la ce-sión de derechos, aunque esté contenida en el mismo docu-mento, ya que no revela el propósito de tráfico y negociación, mediante evoluciones tendentes al lucro, siendo, por consi-guiente, un contrato de carácter civil que ha de regularse por el Código que trata de esta materia.

Si bien por el Código Civil español vigente en esta Isla, hasta 1902, y lo resuelto por esta Corte Suprema en el pleito, de González v. Méndez y otro, solamente los derechos reales sobre bienes inmuebles' tenían el concepto de inmuebles (art.. 334, núm. 10) y no era necesaria la autorización judicial para, enajenar derechos que no fueran reales, hoy, después de la implantación del Código Civil revisado, tienen el carácter y concepto de bienes inmuebles, no sólo dichos derechos reales,, sino también, según el artículo 336, cualquier derecho sobre propiedad inmueble, y por tanto, los derechos que aun inde-terminados mientras no se practique la liquidación de la so-ciedad “Sobrinos de Joglar,” corresponden al menor hijo del socio muerto Don Francisco Joglar, tienen el concepto de bienes inmuebles para cuya enajenación o gravamen se necesita la autorización judicial, la que no habiéndose obte-nido en este caso, impide que se inscriba a favor de Don Higi-nio Joglar Díaz los derechos que pudieran corresponder a Don Francisco Joglar Cerecedo en la mitad de la casa que forma parte de bienes sociales, por lo que entendemos que la negativa del Begistrador de la Propiedad de San Juan debe ser confirmada.

Confirmada.

Juez concurrente: Sr. Presidente Hernández.

El Juez Asociado Sr. del Toro, emitió un voto concurrente con el cual estuvo conforme el Sr. Wolf.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este caso. ■

OPINIÓN EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR.DEL TORO.

Estoy enteramente conforme con la opinión de mi com-pañero Sr. Aldrey emitida en este caso, con excepción de una parte de lo expresado en el último párrafo de la misma,, pues yo entiendo que, tanto cuando regía el Código Civil español, como añora que rige el Código Civil revisado, era y es necesaria la autorización judicial en casos de esta na-turaleza.


author: El Juez PbesideNte Se. HebNÁNDez,

text:
    Belaval et al. v. The Fajardo Sugar Growers’ Association.
    Apelación procedente de la Córte de Distrito de San Juan.
    No 641.
    Resuelto en marzo 15, 1911.
    Alesaciones — Excepción Previa — Causa de Acción — Contrato de Arrenda-miento. — En la demanda de este caso se alegó substaneialmente, que los' demandantes son dueños de determinada finca, la cual está usando y disfru-tando la corporación demandada sin contrato ni consentimiento de la parte demandante, y,que ésta requirió a la parte demandada para que, a partir de cierta fecha, no continuara detentando dicha finca,' apercibiéndola de que, si desde la expresada fecha, continuaba dicha demandada disfrutando la finca en cuestión, quedaría obligada a. pagar por el uso de la misma, el canon. anual de diez mil dollars, por adelantado; y como la demandada se ha negado' a cumplir ése requerimiento, solicitan los demandantes se condene a la cor-poración demandada al pago de dicha cantidad. Se resolvió:

      (a) Que los hechos expuestos no determinan la existencia de un contrato' expreso por el que la corporación demandada se hubiera comprometido a pagar a los demandantes la suma redamada como canon anual anticipado' por el uso y disfrute de la finca en cuestión;

      (Z>) Que tampoco envuelven esos hechos la existencia de un convenio tácito, pues el requerimiento y apercibimiento hechos a la demandada, y la con-tinuación de ésta en el uso y disfrute de la finca, no son actos inductivos de que la demandada aceptara la condición impuesta por los demandantes de pagar por adelantado el canon anual que se le señalaba;

      (o) Que un requerimiento semejante no puede tener más efectos legales que el de dar conocimiento al requerido del propósito y voluntad del requirente, pero nunca puede interpretarse en el sentido de que aquél esté conforme con tales voluntad y propósito;
    (d) Que aunque los demandantes, como dueños de la finca en cuestión, pueden fijar al uso y disfrute de ella, el precio que estimen conveniente, por muy excesivo que sea, mientras éste no sea aceptado expresa o tácita-mente por la persona a quien se exige, no puede demandarse su pago;
    (e) Que no apareciendo de la demanda la existencia de un convenio expreso o tácito, no hay causa de acción pa^a reclamar el pago del canon anual fijado por los demandantes, aunque acaso puedan éstos, según los hechos alegados, exigir a la demandada que desocupe la finca y les pague una cantidad razonable por uso y disfrute;
    (/) Que en este caso no hay contrato de arrendamiento que pueda dar origen a la acción ejercitada, pues ese contrato existe cuando una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo deter-minado y precio cierto, y de la demanda no aparece que ambas partes hayan convenido tiempo y precio por el uso y disfrute de la referida finca, faltando, por consiguiente, los elementos esenciales de tal contrato.
    Los hechos, están expresados en la opinión.
    Abogados de lo.s apelantes: Sres. Eduardo Acuña, Manuel F. Bossy y Horacio 8. Belaval.

    Abogado del apelado: 8r. Luis Muñoz Morales.

   El Juez PbesideNte Se. HebNÁNDez,

emitió la 'opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección Ia., José S. Belaval y Prisco Yizcarrondo presentaron en 14 de julio del año próximo pasado contra The Fajardo Sugar Growers’ Association demanda sobre cobro de pesos, que copiada a la letra dice así:

“Los demandantes arriba mencionados, por medio de sus abogados Eduardo Acuña Aybar y H. S. Belaval, establecen demanda en cobro de pesos contra la Fajardo Sugar Growers’ Association, residente en •el pueblo de Fajardo donde tiene su oficina, y alegan:
“Primero. Que los demandantes Don José S. Belaval y Don Prisco Yizcarrondo están casados, el primero con Doña Concepción Yeve y Díaz, y el segundo con Doña Josefina Yeve y Díaz, siendo los respec-tivos domicilios de aquél esta ciudad, y de éste el pueblo de Fajardo, y ambos mayores de edad.
“Segundo. Que Tbe Fajardo Sugar Growers’ Association es una compañía por acciones (joint stock company) constituida con arreglo a las leyes del Estado de New York, y teniendo como su administrador general interino a Mr. D. W. C. Noyes.-
“Tercero. Que a Doña Concepción y Doña Josefina Yeve y Díaz, esposa, respectivamente, de los demandantes Belaval y Yizcarrondo, pertenecería siguiente finca:
“Hacienda denominada ‘Aurora,’ compuesta de ochocientas cin-cuenta y cuatro cuerdas de terreno, de las cuales ciento cuarenta y dos, forman un trozo separado que se llama ‘Higuerito,’ radicada en los barrios de Quebrada Seca y Guayacán del término municipal de Fajardo, antes municipio de Ceiba; -y en lindes por el Norte, con la hacienda Concepción y la carretera que conduce a Fajardo, por el Sur con la hacienda Oriente, Plácido Pérez, José Donato, Carmen Ortiz y otros; por el Este, hacienda Concepción y Trinidad Quiñones, y por el Oeste, con la hacienda Oriente, William L. Noble y Pablo Sandoz.
“Cuarto. The Fajardo Sugar Growers-’ Association está usando y disfrutando de la descrita finca sin que sus dueñas Doña Concepción y Doña Josefina Yeve y Díaz hayan celebrado ni consentido contrato alguno con aquélla que la autorice a tal uso y disfrute.
“Quinto. Las señoras propietarias de la hacienda ‘Aurora’ en carta certificada de veinte y seis de junio último, han requerido a la demandada para que no continuase detentando aquella finca desde treinta de junio próximo pasado, día en que se considera terminada la cosecha del año anterior, apercibiéndola de que si desde el día primero de julio corriente continuase dicha demandada disfrutando de la finca en cuestión, quedaría obligada a pagar como precio por el uso de la misma durante el año agrícola que empieza en esa fecha la cantidad de diez mil dollars ($10,000) a ambas dueñas, cuyo pago debería hacer aquélla por adelantado.
“Sexto. The Fajardo Sugar Growers’ Association se ha negado a cumplir ese requerimiento y ha continuado y continúa usando y dis-frutando de la finca “Aurora,” sin haber pagado el precio establecido y exigido por las propietarias o sean los diez mil dollars ($10,000) adelantados por el año corriente, de uno del actual a treinta de junio de mil novecientos once.
“Por tanto, suplicamos a la corte que, previos los trámites legales, se sirva declarar con lugar esta demanda, y en su día dictar sen-tencia a favor de los demandantes y en contra de la demandada, con-' denand'o a ésta al pago de la expresada suma de diez mil dollars ($10,000) con las costas de este juicio, incluyendo los honorarios de los abogados. Firmado. Eduardo Acuna. H: S. Belaval. Aboga-dos de los demandantes.”

La corporación demandada opuso a dicha demanda como excepción previa la consignada en el número 6o. del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil,- o sea la de que ella no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y concluyó con la súplica de qué se declarase con lugar la excepción, y en su consecuencia se desestimara la demanda con las costas a la parte demandante.

La corte después de oídas las alegaciones así escritas como orales de ambas partes, dictó sentencia en Io. de noviembre del año próximo pasado, declarando que la ley está en favor de la excepción previa aducida contra la demanda, y desestimando ésta con cargo a los demandantes, de los gastos y costas que se justifiquen, contra cuya sentencia que fue registrada al día siguiente de su pronunciamiento, interpuso la representación de los demandantes recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, pendiente hoy de nuestra decisión, después de haber alegado ambas partes por escrito y oralmente cuanto han esti-mado conducente en apoyo de sus respectivas pretensiones.

liemos insertado. textualmente la demanda, y su simple lectura muestra prima 'facie que los hechos en ella consignados, los que deben aceptarse como base de discusión para consi-derar y resolver el problema jurídico planteado, no son sufi-cientes para fundamentar una sentencia, por la que se condene a la corporación demandada a pagar a los demandantes la suma de diez mil dollars reclamada en la demanda.

De la demanda, tal cual está redactada, no resulta que la parte demandada haya contraído la obligación de pagar la cantidad reclamada, y por tanto, no puede exigirse su cumpli-miento.

No se alega convenio expreso en virtud del cual la com-pañía demandada se haya comprometido a pagar a las dueñas de la hacienda “Aurora” la.suma de diez mil dollars, como ■canon anual anticipado por el riso y disfrute de dicha hacienda desde el día Io. de julio de 19Í0 al 30 de junio de 1911. Tam-poco aparece que dicho convenio haya sido tácito, pues el re--querimiento hecho a la corporación demandada para que se .abstuviera de continuar detentando la finca desde el 30 de junio, 1910, bajo el apercibimiento de que, si continuaba dis-frutando de la misma, quedaría obligado a pagar como precio, durante el año agrícola que en esa fecha comenzaba, la can-tidad de diez mil dollars por adelantado, y la continuación por parte de los demandados en dichos uso y disfrute no son actos inductivos de que la parte demandada aceptara la condición impuesta por los demandantes de pagar por adelantado el •canon anual que se les señalaba.

Un requerimiento como .el de que se trata no puede surtir más efectos legales que los propios del mismo requerimiento, o sea el de tener conocimiento el requerido del propósito y voluntad del requirente; pero nunca demostrará que el re-querido está conforme con tales voluntad y propósito. No alegándose en la demanda consentimiento expreso o tácito por parte de la corporación demandada, de pagar la cantidad que se le reclama por el uso y disfrute de la hacienda “Aurora” durante el año agrícola indicado en la demanda, falta el ele-mento esencial a toda obligación, y por tanto, ésta no puede existir ni puede ser exigible su cumplimiento.

Alega la parte apelante que su acción arranca del derecho de propiedad definido por el artículo 354 del Código Civil, pues si en virtud de ese artículo las señoras de Belaval y Viz-carrondo, como dueñas de la hacienda “Aurora,” pueden excluir del uso y disfrute de ella a toda persona, y tienen acción contra cualquier tenedor o poseedor de la misma para lanzarlo de ella y reivindicarla, también han de tener acción, ■ en virtud de ese mismo dominio, para fijar el precio.del uso y disfrute de la finca y compeler ante los tribunales a que se pague ese precio- u otro razonable, .a juicio del juez, por aquel •que disfruta la finca. ' •

Admitimos que las señoras demandantes, como dueñas de la hacienda “Aurora,” pueden fijar al uso y disfrute de ella el precio que estimen conveniente, por muy excesivo que sea ese precio; pero mientras éste no sea aceptado expresa o tácitamente por la persona a quien se exige, no puede deman-darse su pago. Ese es el caso de autos. Las demandantes, dueñas de la hacienda “Aurora” fijaron en diez mil dollars, pagaderos por adelantado, el precio del uso y disfrute de la hacienda “Aurora” a la corporación demandada; pero como de la demanda no aparece que dicha corporación expresa o tácitamente aceptara la proposición de dichas señoras, falta base, y no hay términos hábiles para reclamar un precio que no ha sido convenido.

Acaso puedan los dueños de la hacienda “Aurora,” según los hechos alegados en la demanda, exigir a la corporación demandada que desocupe la finca y les pague una cantidad razonable por el uso y disfrute de ella durante el tiempo que la hayan detentado; pero no pueden bajo esos mismos hechos, exigirle en concepto de precio anticipado por dichos uso y disfrute una' cantidad determinada, que ni expresa ni tácita-mente ha sido convenida y aceptada.

En el presente caso no ha habido contrato de arrenda-miento de que pueda derivarse la acción ejercitada, según sostuvo en el acto de la vista el ahogado de la parte apelante, pues ese contrato existe cuando una de las partes se obliga a. dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto, según el artículo 1446 del Código Civil, estando obligado el arrendatario, según el número Io. del artículo 1458, a pagar el precio del arrendamiento en los términos conve-nidos, y de la demanda no aparece que fueran convenidas por ambas partes tiempo y precio para el uso y disfrute de la hacienda “Aurora,” faltando, por consiguiente, los elementos, integrantes de dicho contrato.

Ya hemos dicho y repetido que el requerimiento hecho a. la sociedad demandada no implica por parte de ésta la acepta-ción de las condiciones exigidas por las demandantes para el uso y disfrute de la cosa.

Por las'razones expuestas, opinamos que procede la con-firmación de la sentencia apelada, sin perjuicio de otras ac-ciones y derechos que puedan asistir a las partes demandantes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.