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author: per curiam:

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text:
      In re Rosana Rodríguez Salas, querellada.

      Número: AB-2010-198

      Resuelto: 6 de abril de 2011

      Carlos Alejandro Charles Gómez, quejoso.
   per curiam:

El 30 de marzo de 2010, el Sr. Carlos A. Charles Gómez presentó una queja contra la Leda. Rosana Rodríguez Salas. Expuso razones por las cuales entendía que esta había incumplido con el contrato de servicios pro-fesionales suscrito entre ellos, y reclamó la devolución de un dinero alegadamente entregado por adelantado para honorarios. El 30 de agosto de 2010, la Subsecretaría del Tribunal Supremo cursó una comunicación a la Leda. Ro-sana Rodríguez Salas con relación a la queja presentada. Según surge del expediente, esta fue recibida. En Resolu-ción de 29 de diciembre de 2010, este Tribunal concedió a la Leda. Rosana Rodríguez Salas un término adicional de diez días mediante una segunda notificación, la cual fue devuelta por el correo por la razón siguiente: “UNCLAIMED”.

Ante su incomparecencia, el 8 de febrero de 2011 le con-cedimos un término final de diez días, contados a partir de la notificación de dicha resolución, para que contestara la queja presentada en su contra, según ordenado por este Tribunal. Apercibimos a la Leda. Rosana Rodríguez Salas que su incumplimiento con lo ordenado conllevaría sancio-nes disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión.

Esta resolución se notificó personalmente a la Leda. Ro-sana Rodríguez Salas el 23 de febrero de 2011. No obstante lo anterior, la licenciada Rodríguez Salas no ha compare-cido.

I

Hemos resuelto en reiteradas ocasiones que todos los miembros de la clase togada tienen que responder con premura y por escrito a los requerimientos relacionados a quejas por conducta profesional. No hacerlo puede conlle-var severas sanciones disciplinarias. Véanse: In re Vilanova Alfonso, 159 D.P.R. 167 (2003); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999). De igual forma, constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el desatender las órdenes judiciales. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999).

Acorde con lo anterior, los abogados tienen el deber ineludible de cumplir diligentemente las órdenes de este Tribunal. Desatender las órdenes nuestras acarrea la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Véanse, entre muchos otros: In re Grau Díaz, 167 D.P.R. 397 (2006); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R. 857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999); In re Rivera Rodríguez, 147 D.P.R. 917 (1999).

La desatención a nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario no es un asunto de poca monta. Más bien, como indicamos en In re Escalona Colón, 149 D.P.R. 900, 901 (1999), “revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profe-sión legal”. Se trata de mi acto de indisciplina, desobedien-cia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia este Tribunal que no habremos de tolerar. Véanse: In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 28 (1998); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

II

La abogada de epígrafe ha actuado de forma censurable al no responder a los requerimientos que le ha hecho este Tribunal.

Por ello, se suspende indefinidamente a la abogada Ro-sana Rodríguez Salas del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.


author:
      (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria de Tribunal Supremo
     la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

text:
    María L. Bonet Cardona, peticionaria, v. Judith Holahan, Jane E. Popp, Thomas Holahan y Karen Count, recurridos.

      Número: CC-2010-343

      Resuelto: 7 de abril de 2011

      Ramiro Liado Martínez, de Liado & Marín, abogado de la parte peticionaria; Jane Becker Whitaker, de Law Offices of Jane Becker Whitaker, abogada de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Visto el recurso presentado, se dicta sentencia que re-voca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. Asimismo, se paralizan los procedimientos y se le concede a la parte recurrida un término improrrogable de noventa días, contados a partir de la notificación de esta Sentencia, para que presente su acción en torno al fideicomiso en las cortes del estado de Nueva York. Su reconvención se deses-timará si la parte no presenta su reclamo en el foro alter-nativo en el tiempo concedido para ello o si, una vez presen-tado su reclamo, el foro alternativo asume jurisdicción. Por el contrario, si la parte recurrida presenta su reclamación a tiempo y el foro alternativo determina no asumir jurisdic-ción, el Tribunal de Primera Instancia debe continuar con los procedimientos. Se devuelve el caso de epígrafe al foro primario. Una vez transcurra el término aquí concedido, el Tribunal de Primera Instancia deberá determinar los hono-rarios de abogado que la parte peticionaria deberá satisfa-cer por su temeridad.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria de Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por

la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

a la que se une el Juez Pre-sidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

El presente recurso requiere que determinemos la rela-ción existente entre un testamento y un fideicomiso otor-gados en el estado de Nueva York, así como el efecto —si alguno— de una cláusula in terrorem incluida en el fidei-comiso, sobre los derechos de la peticionaria. Igualmente, debemos determinar si nuestros tribunales son un foro in-apropiado para dilucidar parte de estas controversias. Por último, se nos solicita que revisemos una determinación de responsabilidad civil extracontractual por, entre otros asuntos, haberse presentado un pleito civil. Veamos.

I

El 7 de julio de 2004, el señor Vincent C. Hart creó un fideicomiso inter vivos revocable (revocable living trust). Dicho instrumento se perfeccionó en Nueva York, estado en el cual él residía y estaba domiciliado. El fideicomiso se estableció con una aportación económica inicial de $10, pero permitía que posteriormente se realizaran mayores contribuciones de cualquier tipo. Entre las reglas de admi-nistración que incluyó el Sr. Hart en el documento, dispuso que al momento de su muerte los bienes del fideicomiso se distribuirían de la siguiente manera: se realizarían varios pagos en efectivo a doce personas específicamente nombra-das en el documento; se distribuirían cuatro vehículos de motor entre cuatro personas, y por último, el resto de los bienes del fideicomiso se dividirían en partes iguales entre sus dos hermanas, las señoras Judy Holahan (20%) y Jane Popp (20%), sus dos sobrinos, Thomas Holahan (20%) y Karen Count (20%) y su amiga la señora María L. Bonet (20%).

En el fideicomiso también se incluyó una cláusula in terrorem (contest clause), en la cual el Sr. Hart dispuso que cualquier persona que tratara de atacar u oponerse, directa o indirectamente, a la validez del fideicomiso, incluso sus enmiendas, o presentara una acción legal para revo-carlo, se consideraría como premuerta y perdería todo de-recho o interés en la propiedad del fideicomiso. Por último, el Sr. Hart estipuló que la validez del instrumento se debía determinar según las leyes del estado de Nueva York, y las controversias sobre su interpretación y administración se atenderían de acuerdo con las leyes del estado en el que se estuviera administrando.

Aproximadamente un año más tarde, el 11 de mayo de 2005, el Sr. Hart otorgó un testamento en Nueva York. En él ordenó que todas sus propiedades inmuebles presenta-das en Puerto Rico se vendieran al justo valor del mercado y los ingresos producto de la venta divididos en partes iguales entre sus dos hermanas, sus dos sobrinos y su amiga; los mismos beneficiaros residuales mencionados en el fideicomiso. Asimismo, pidió que se tomara en conside-ración la distribución de tres autos realizada en el fideico-miso (aparentemente estos tres vehículos estaban en los inmuebles de Puerto Rico y el cuarto en Nueva York). En la siguiente sección del testamento, el Sr. Hart ordenó que todas sus propiedades restantes, de cualquier naturaleza y clase, dondequiera que estuvieran, se entregaran a su fideicomiso.

Así las cosas, el 10 de marzo de 2006, el Sr. Hart falleció en el estado de Nueva York sin herederos forzosos. El 24 de mayo de 2006, la Sra. María L. Bonet presentó en el Tribunal de Primera Instancia una demanda de división de comunidad de bienes contra las Sras. Judith Holahan y Jane Popp, las dos hermanas del causante. Alegó que ella y el causante habían mantenido una relación consensual durante diecinueve años en la que hubo un pacto im-plícito de comunidad de bienes, y a la cual ambos aporta-ron labor, esfuerzo y sacrificio. Por ello, sostuvo que el testamento otorgado en Nueva York adolecía de ciertas de-ficiencias y que no se podía ejecutar hasta tanto se diluci-daran sus derechos sobre la alegada comunidad.

Poco después, la parte demandada presentó una moción ante el foro primario en la cual solicitó que se desestimara la acción por falta de partes indispensables, ya que no se había incluido en la demanda a los sobrinos del causante, quienes también tenían intereses en la ejecución del testamento. En la alternativa, las demandadas informaron que en el estado de Nueva York ya había comenzado un procedimiento judicial para determinar quiénes eran los herederos del causante, por lo cual solicitaron que se para-lizaran los procedimientos en el Tribunal de Primera Ins-tancia hasta que culminara el caso en Nueva York. La parte demandante replicó que no interesaba impugnar la validez del testamento, sino obtener la mitad de los bienes pertenecientes a la supuesta comunidad de bienes que se había creado entre el causante y ella. Asimismo, solicitó permiso para enmendar la demanda e incluir a los dos so-brinos, a lo cual el foro primario accedió.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2006, la parte demandada presentó su contestación junto a una reconvención. Allí alegó que el Sr. Hart expresó su última voluntad mediante dos documentos “inextricablemente in-terlazados: un fideicomiso y un testamento”. Apéndice de Recurso de Certiorari, pág. 80. Alegaron que la cláusula in terrorem incluida en el fideicomiso era igualmente aplica-ble al testamento y, ya que los bienes del causante debían ser divididos entre todos los herederos a razón de 20% para cada uno, el tribunal debía emitir una sentencia declarato-ria para resolver que la parte demandante había violado dicha cláusula al exigir el 50% más un 20% adicional de los bienes, por lo cual no tenía derecho alguno a los bienes del caudal.

Así las cosas, el 23 de marzo de 2007, la parte deman-dante informó al tribunal que deseaba desistir de su re-clamo sin perjuicio, lo cual fue concedido por el foro primario. El 17 de octubre de 2007, la demandante pre-sentó su contestación a la reconvención y reiteró que su reclamo original sólo buscaba obtener un derecho que le asiste bajo nuestro ordenamiento, y no asumió ninguna postura que fuera contraria a la declaración del causante. Por ello, adujo que tenía pleno derecho a su participación del caudal relicto. Entre otras incidencias procesales, los demandados solicitaron autorización al Tribunal de Pri-mera Instancia para vender las propiedades inmuebles del causante radicadas en Puerto Rico para satisfacer deudas contributivas relacionadas con los inmuebles. También su-girieron que los ingresos producto de las ventas fueran divididos entre los cuatro familiares nombrados en el testa-mento y una quinta parte —aquella que podría corresponder a la Sra. María L. Bonet— se depositara en el tribunal en espera de la resolución del presente pleito. El 11 de enero de 2008, el foro primario emitió una orden que autorizó la venta y ordenó el depósito de una quinta parte de los ingresos.

Por otro lado, el 15 de mayo de 2008, la parte deman-dada presentó una reconvención enmendada —autorizada posteriormente por el tribunal— para añadir una causa de acción por daños. Alegaron que desde la muerte del Sr. Hart la demandante había incurrido en una serie de actua-ciones que peijudicaron el valor de los bienes inmuebles, había causado daños emocionales a la familia del causante y produjo multas ascendientes a $206,856.96. Ese mismo día los demandados informaron que habían vendido dos de los inmuebles y satisficieron las deudas contributivas fede-rales y estatales. El 3 de junio de 2008, depositaron en el Tribunal de Primera Instancia un cheque por $50,000, can-tidad estimada por el albacea como la correspondiente a cada uno de los beneficiarios del testamento.

El 30 de julio de 2008, la parte demandante contestó la reconvención enmendada. Sostuvo que el fideicomiso y el testamento no están entrelazados y que los bienes inmue-bles localizados en Puerto Rico no forman parte de los bie-nes del fideicomiso. Asimismo, alegó que el lenguaje incor-porado en el fideicomiso, particularmente la cláusula in terrorem, no aplica al testamento. La demandante también argüyó que el tribunal no podía intervenir en la interpre-tación del fideicomiso ya que los contactos mínimos relacio-nados a dicho documento están en Nueva York y su propio lenguaje requiere la aplicación de la ley de dicho estado. Por último, negó haber causado daños a los demandados.

Luego de varios conflictos procesales, el 15 de mayo de 2009, la parte demandada presentó en el Tribunal de Pri-mera Instancia una moción de sentencia sumaria parcial. En ésta expresó que no existían controversias de hecho pendientes de resolución, sino que el foro primario sólo de-bía resolver: (1) si la presentación de la demanda original en el caso de autos, más una reclamación adicional en Puerto Rico y otra en Nueva York, violó la cláusula in te-rrorem incluida en el fideicomiso del Sr. Hart; (2) si el fi-deicomiso y el testamento son documentos relacionados, y (3) si, independientemente de la cláusula in terrorem, la demanda original carecía de mérito, por lo cual procede la imposición de honorarios contra la demandante. En lo per-tinente, la parte demandada sostuvo que el testamento otorgado por el causante fue una enmienda al fideicomiso y que la reclamación de la demandante cuestionaba la divi-sión establecida en dicho documento, pues exigía la mitad del caudal sito en Puerto Rico. Igualmente, alegó que la acción de división de comunidad de bienes presentada por la demandante fue frívola y que esta, en un procedimiento separado, estaba impugnando el exequátur mediante el cual se legalizó el testamento del causante en Puerto Rico. También alegó que la parte demandante había comenzado una acción en los tribunales de Nueva York para solicitar un inventario e informe al albacea y fiduciario del testa-mento y el fideicomiso. Todo ello, según los demandados, constituía una clara violación a la cláusula in terrorem del fideicomiso, por lo cual la Sra. María L. Bonet había per-dido todos sus derechos sobre las propiedades del caudal.

En la moción de sentencia sumaria parcial también ale-garon que la resistencia de la demandante a vender los bienes de Puerto Rico ocasionó que disminuyera su valor en el mercado y tuvieran que pagar multas por las contri-buciones sobre los inmuebles. Por lo anterior, solicitaron la imposición de honorarios de abogado.

El 29 de mayo de 2009, la parte demandante solicitó una prórroga de treinta días para contestar la moción de sentencia sumaria parcial. Aunque el foro primario conce-dió dicha prórroga el 1 de junio de 2009, la parte deman-dante presentó su réplica —y su propia solicitud de senten-cia sumaria— el 2 de junio, es decir, un día luego de vencer el término concedido. En la referida réplica, la parte de-mandante reafirmó que el fideicomiso del causante es un documento independiente de su testamento y que en este no existe una cláusula in terrorem. Igualmente, sostuvo que no es posible disponer de los bienes incluidos en el testamento utilizando cláusulas que no constan expresas en el propio documento. Alegó que las propiedades inmue-bles de Puerto Rico mencionadas en el testamento no for-man parte del fideicomiso. Por último, volvió a plantear que, por un lado e independientemente de lo anterior, la acción de división de comunidad de bienes que presentara inicialmente no constituyó una violación a la cláusula in terrorem contenida en el fideicomiso y, por otro lado, los tribunales de Nueva York son el foro más conveniente para dilucidar si dicha cláusula fue violada. Ello en parte por-que existen procedimientos en curso en la Surrogate’s Court de Nueva York relacionados al testamento y al fideicomiso.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia sumaria parcial a favor de la parte demandada el 6 de julio de 2009, en la cual concedió todos sus reclamos. En sínte-sis, bajo el derecho vigente en Puerto Rico, resolvió que el testamento era una enmienda al fideicomiso y por ello la cláusula in terrorem aplicaba a ambos. También dispuso que la acción de división de comunidad de bienes instada por la Sra. María L. Bonet no tenía méritos y, junto con las acciones presentadas en los foros judiciales de Nueva York, constituía una violación a dicha cláusula; por lo cual ella había perdido todos sus derechos sobre los bienes incluidos tanto en el testamento como en el fideicomiso. Asimismo, el foro primario concluyó que la conducta de la parte deman-dante fue temeraria por lo que debía compensar a los de-mandados por los daños sufridos, y ordenó la distribución del dinero consignado en el tribunal —producto de la venta de los inmuebles— entre los otros cuatro beneficiarios del testamento. El Tribunal de Primera Instancia decidió que la presentación tardía de la oposición que hizo la deman-dante, tuvo el efecto de aceptar todos los hechos alegados en la moción de sentencia sumaria parcial.

De dicha determinación recurrió la parte demandante ante el Tribunal de Apelaciones el 31 de julio de 2009. Allí alegó que el foro primario erró al no considerar su oposi-ción por presentarla un día después de vencer la prórroga concedida. De igual forma, reiteró sus argumentos en rela-ción a la independencia entre el testamento y el fideico-miso; la inaplicabilidad de la cláusula in terrorem al testa-mento; que sus actuaciones no violaban la referida cláusula, y que el mejor foro para evaluar los efectos de dicha cláusula eran las cortes de Nueva York. De otra parte, la recurrente añadió que no procedía la determina-ción de responsabilidad por daños.

Atendidas las posturas de las partes, el Tribunal de Apelaciones modificó y confirmó la sentencia parcial. Es-timó que aunque el foro primario debió considerar la opo-sición presentada por la demandante, no erró al determi-nar que debía responder por los daños que sus actuaciones durante el litigio hubieran causado a los recurridos. El foro apelativo intermedio concluyó que la cláusula in terrorem del fideicomiso se había incluido en el testamento porque en este se hace referencia a unas disposiciones del fideico-miso, y porque en el fideicomiso también se establecieron reglas para el momento de la muerte del causante. Al mismo tiempo, resolvió que el testamento es una enmienda al fideicomiso, ya que mediante aquel se excluyeron los inmuebles de Puerto Rico de los bienes incluidos en el fideicomiso. En cuanto a la posibilidad de examinar la vio-lación de la cláusula in terrorem, el Tribunal de Apelacio-nes determinó que los tribunales de Puerto Rico tienen ju-risdicción para evaluar el testamento del Sr. Hart porque dispone de bienes sitos en nuestra jurisdicción. Sin embargo, modificó la sentencia por entender que el foro pri-mario erró al analizar la alegada violación de la cláusula in terrorem según el derecho de Puerto Rico, en vez de utili-zar el derecho del estado de Nueva York. Por ello devolvió el caso al foro primario para que volviera a examinar dicho asunto al amparo de la legislación y jurisprudencia neoyorquina.

Tras ser declarada “no ha lugar” una oportuna moción de reconsideración presentada al foro apelativo interme-dio, la parte demandante recurrió ante esta Curia me-diante recurso de certiorari y solicita que revoquemos las sentencias recurridas. El pasado 30 de abril de 2010 expe-dimos el recurso, tras lo cual ambas partes presentaron sus respectivos alegatos. En estos cada parte nos reitera los argumentos y las teorías presentadas ante los foros re-curridos, las cuales ya han sido descritas previamente. Visto todo lo anterior, pasamos a resolver.

II

La controversia que hoy atendemos trata sobre la inter-pretación del testamento y el fideicomiso que otorgó el Sr. Vincent C. Hart. Específicamente, debemos determinar si, de acuerdo con la cláusula in terrorem, la Sra. María L. Bonet perdió su derecho de participar en la distribución de bienes que ordenó el causante en dichos instrumentos. De otro lado, examinaremos si la conducta de la parte peticio-naria creó una causa de acción en daños a favor de los recurridos.

Para una mejor comprensión del caso de autos, es nece-sario precisar la fuente del conflicto entre las partes. En esencia, se trata de la extensión de la cláusula in terrorem del fideicomiso a las disposiciones del testamento. Tanto la peticionaria como los recurridos coinciden en que la cláu-sula in terrorem está expresa en el fideicomiso. Empero, los recurridos sostienen que la cláusula también cubre el tes-tamento porque este enmendó el fideicomiso. Tal en-mienda, según alegan, es resultado de que en el fideico-miso el Sr. Hart había dejado instrucciones para disponer de todos sus bienes al momento de su muerte y, posterior-mente, en el testamento estableció unas reglas especiales para sus bienes inmuebles de Puerto Rico. Esta teoría pa-rece que la adoptaron los foros recurridos, ya que determi-naron que el testamento era una enmienda del fideicomiso.

Dicho esto, y antes de interpretar los contornos de los documentos en controversia, debemos aclarar que estos es-tán sujetos a las formalidades que establece el derecho del estado de Nueva York; ello ya que fue allí donde se otorga-ron ambos. 31 L.P.R.A. sec. 11; Cabrer v. Registrador, 113 D.P.R. 424 (1982). Siendo así, veamos algunas de las nor-mas de dicha jurisdicción.

III

A. Al igual que en Puerto Rico, en la mayor parte de las jurisdicciones estatales de Estados Unidos la voluntad del testador debe ser colegida de las palabras del propio testamento. Véanse: 31 L.P.R.A. sec. 2129; Licari v. Dorna, 148 D.P.R. 453, 461 (1999); W.J. Bowe y D.H. Parker, Page on Wills, Matthew Bender, 2004, Vol. 4, Sec. 30.2, pág. 7 (“Under most Wills Acts, it is from the words of the will that testator’s intention is to be deduced”). El estado de Nueva York también sigue la referida norma. Allí, las cor-tes están llamadas a realizar una lectura comprensiva de todo el testamento para ejecutar la intención del testador. Matter of Larkin, 9 N.Y.2d 88 (1961); Matter of Fabbri, 2 N.Y.2d 236 (1957). Cuando dicha intención está clara-mente establecida en las disposiciones del testamento, es innecesario recurrir a otros documentos con el pretexto de hallar la voluntad del causante. Matter of Carper, 50 N.Y.2d 974 (1980); Matter of Gulbenkian, 9 N.Y.2d 363 (1961). Siendo así, las cortes no pueden añadir o suprimir palabras del testamento al ejercer su función. Matter of Krooss, 302 N.Y. 424 (1951).

De otra parte, es preciso recordar que tanto en Puerto Rico como en Nueva York, los testamentos y los fideicomi-sos son instrumentos jurídicos diferentes. Estos sirven ob-jetivos diversos y están regulados por distintas normas. Véase Bowe & Parker, op. cit., 2003, Vol. 1, Sec. 6.15. Sin embargo, aún tratándose de documentos independientes —especialmente en las tradiciones jurídicas del common law— estos pueden estar relacionados. Por ejemplo, la le-gislación neoyorquina permite que un fideicomiso inter-vivos revocable sea enmendado posteriormente mediante el testamento del fideicomitente, siempre y cuando exista en el testamento una orden expresa a esos efectos. NY CLS EPTL Sec. 7-1.16.

En otros estados es posible integrar a los términos del testamento disposiciones contenidas en otros documentos creados antes del testamento, ello a través de la doctrina conocida como “incorporación por referencia”. De manera que si en un testamento hay una referencia expresa a cláu-sulas de un fideicomiso creado previamente, se podría con-cluir que las mismas fueron incluidas en el testamento. Véase Bogert, Trusts and Trustees 2d Sec. 105, págs. 280-283 (1984) (“It is usually held that if a will refers to a document which is in existence at the time the will is executed, speaks of the document as so existing, clearly identifies the document, and shows an intent to incorporate it into the will, such incorporation may be held to have been effected so that the terms of the deed or other inter vivos document become a part of the will and may be probated along with it”). (Citas omitidas.) No obstante, por más de un siglo —y como norma general— las cortes del estado de Nueva York han rehusado aplicar la doctrina de incorpora-ción por referencia. Su postura ha sido descrita como una medida de seguridad contra el fraude y el error. In re Fowles’ Will, 222 N.Y. 222, 232 (1918).

Otra forma en la que comúnmente se relacionan los tes-tamentos y los fideicomisos en la jurisdicción estadouni-dense, es mediante las disposiciones conocidas como “pour-over”. Usualmente, estas disposiciones se incluyen en el testamento para ordenar que todos o algunos de los bienes del caudal relicto se transfieran a un fideicomiso inter-vivos revocable, donde entonces se administrarán y distri-buirán de acuerdo con los términos del fideicomiso. NY CLS EPTL see. 3-3.7; In re Estate of Herrig, 471 N.Y.S.2d 809 (N.Y. Sur. Ct. 1984); Restatement of the Law (Third) of Property, Sec. 3.8 (1999) (“A ‘pour-over’ devise is a provision in a will that (i) adds property to an inter vivos trust or (ii) funds a trust that was not funded during the testator’s lifetime but whose terms are in a trust instrument that was executed during the testator’s lifetime”). Estas cláusulas pour-over, en las que no se altera el carác-ter independiente de cada instrumento, se han convertido en un mecanismo sumamente popular de la planificación hereditaria en Estados Unidos. Véanse: E. Clark, L. Lusky y A.W. Murphy, Gratuitous Transfers: Wills, Intestate Succession, Trusts, Gifts and Future Interests, 2da ed., Minnesota, West Publishing Co., 1977, pág. 334 (“The pour-over trust has become a popular and useful estate planning device whereby the testator directs that the distributable probate estate, in whole or in part, be added to a trust which the testator or someone else ... has previously established”); Bogert, supra, Sec. 264.5, pág. 430 (1992) (“Increasingly, in recent years, a revocable inter vivos trust agreement or declaration of trust has been used in conjunction with a will directing that all or a part of the residue of the estate be added to the trust in order to secure the unified administration of the trust, probate and other assets under the terms of one trust”); 1 Scott andAscher on Trusts Sec. 7.1.3, pág. 347 (2006) (“As these statutes became increasingly sophisticated, and as more and more states enacted them, the pour-over will became a standard estate planning technique”).

B. Vistos los principios hasta aquí señalados, pasemos a examinar las disposiciones pertinentes del testamento del Sr. Hart.

En el artículo 2 del testamento, el testador estableció cómo quería que fuera distribuida su propiedad al mo-mento de su muerte. En la primera sección ordena que sus bienes inmuebles en Puerto Rico se vendan y las ganancias se distribuyan entre cinco personas allí nombradas. Esta sección también solicita que se tenga en cuenta que dos automóviles y un tractor se le deben entregar a tres perso-nas específicas, según se ordenó en el fideicomiso inter - vivos creado previamente. Posteriormente, en la sección 2 del mismo artículo (intitulada Pour-Over to my Living Trust), el testador estableció que todos sus bienes rema-nentes deben ser distribuidos al fideicomiso. Tras evaluar estas disposiciones, los foros recurridos concluyeron que el testamento era una enmienda al fideicomiso inter-vivos, por lo cual la cláusula in terrorem aplicaba a ambos. Erra-ron en su razonamiento.

No hay nada en el testamento que pueda llevarnos a concluir que, en efecto, se trató de una enmienda al fideicomiso. Aquél no contiene una orden expresa para en-mendar el fideicomiso como lo permite la sección 7-1.16 de la Estates, Powers and Trusts Law de Nueva York. NY CLS EPTL Sec. 7-1.16. La referencia que se hace al fideicomiso en la sección 1 del artículo 2 del testamento, tampoco en-mienda el primero. Con dicha expresión, el testador sim-plemente llamó la atención al hecho de que en cuanto a ciertos vehículos de motor localizados en los bienes inmue-bles de Puerto Rico, ya existían reglas para su distribución en el fideicomiso inter-vivos. Podemos deducir que con ello se quiso evitar que se vendieran junto a la propiedad in-mueble en la que se encontraban, mas no se incorporaron disposiciones del fideicomiso en el testamento.

Por otro lado, la sección 2 del testamento es una cláu-sula pour-over. Con ella se transfieren al fideicomiso inter-vivos todos los bienes que pertenecían al Sr. Hart al mo-mento de su muerte, con excepción de los inmuebles sitos en Puerto Rico. Adviértase que se transfieren los bienes pertenecientes al causante, pues son estos sobre los cuales el testador tenía pleno dominio. Así, dichos bienes pasan a ser parte del patrimonio del fideicomiso. Por ello fallan los argumentos de la parte recurrida, en tanto sostiene que el Sr. Hart dejó reglas para disponer de sus bienes al mo-mento de su muerte en el fideicomiso y luego creó reglas especiales en el testamento para algunos de esos bienes. Tal postura obvia principios básicos de la figura del fideicomiso.

Cuando el Sr. Hart —o cualquiera otra persona— aportó bienes al fideicomiso, éstos dejaron de pertenecerle y vinie-ron a ser parte del capital de una entidad separada e inde-pendiente: el fideicomiso. Las normas contenidas en el ins-trumento que creó el fideicomiso regulan la administración y disposición de esos bienes que pertenecen al fideicomiso. Sin embargo, los bienes que no habían sido transferidos al fideicomiso cuando el causante murió, seguían siendo parte del patrimonio del Sr. Hart y, por lo tanto, su distri-bución quedaba sujeta a las normas del testamento. De manera que cada instrumento regula bienes distintos, per-tenecientes a dos sujetos diferentes.

No se trata de que el testamento “extrajo” bienes del fideicomiso para disponer de ellos de una forma especial, como alegan los recurridos. Sino de que los bienes de los cuales dispone el testamento nunca formaron parte del fideicomiso. Es ahora, con la muerte del testador y la eje-cución del testamento, que algunos de los bienes del cau-sante pasarán a ser parte del fideicomiso; este es el pour-over. Entre esos bienes que serán transferidos al fideicomiso a consecuencia del testamento, como vimos, no se encuentran los inmuebles radicados en Puerto Rico.

Es forzoso concluir, entonces, que la relación entre el testamento y el fideicomiso objeto de controversia se limita al común sistema de pour-over de la tradición anglosajona. No se trata de instrumentos “inextricablemente entre-lazados”. Cada uno mantuvo su carácter independiente, no hubo enmiendas ni incorporaciones que los afectaran. Véase R.J. Lynn, Problems with Pour-Over Wills, 47 Ohio St. L.J. 47, 62 (1986) (“When language is free from ambiguity, and is clearly either pour-over language, on the one hand, or incorporating language, on the other, there is no call for construction —the matter is simply one of proper identification of the theory to be applied in the particular case”). Siendo ello así, y ya que la cláusula in terrorem que provocó esta disputa no está incluida en el texto del testa-mento —único recurso del cual debemos derivar la volun-tad del testador— las acciones judiciales entabladas por la peticionaria no la han privado de sus derechos sobre los bienes distribuidos en el testamento del Sr. Hart.

IV

De otra parte, el Tribunal de Apelaciones, siguiendo el razonamiento de que el testamento enmendaba el fideico-miso —y que nuestros tribunales tienen jurisdicción para examinar el testamento porque dispone de inmuebles sitos en Puerto Rico— concluyó que podía interpretar y ejecutar la cláusula in terrorem incluida en el fideicomiso y deter-minar si la peticionaria perdió sus derechos sobre ambos instrumentos. Sin embargo, devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que este aplicara el derecho de Nueva York.

Ahora, teniendo en cuenta que, según concluimos, el testamento y el fideicomiso son instrumentos independien-tes, tenemos que determinar si debemos adentrarnos en el análisis de la cláusula in terrorem del fideicomiso. Especí-ficamente, debemos atender el reclamo de la parte peticio-naria de que nuestros tribunales no son el foro adecuado para atender dicha controversia, siendo las cortes del es-tado de Nueva York el mejor foro. Vemos, pues, que se trata de una alegación de forum non conveniens.

A. Recientemente, “para asegurar la organización efi-ciente de los recursos judiciales y para obtener una ‘solu-ción justa, rápida y económica de todo procedimiento’ ”, este Tribunal reconoció “la utilidad de incorporar a nuestra jurisdicción [la doctrina de forum non conveniens] que permit[e] a los jueces rehusar ejercer su jurisdicción en circunstancias excepcionales, a favor de los intereses de las partes y la justicia”. Ramírez Sainz v. S.L.G. Cabanillas, 177 D.P.R. 1, 37 (2009). En dicho caso expusimos que ante una moción de forum non conveniens, el promovente tiene que demostrar que el foro local es claramente inapropiado para atender la controversia y que existe otro foro en otra jurisdicción que también tiene autoridad para entender en la materia y es claramente el más apropiado. Id., pág. 38. Entre los factores que se deben considerar para determi-nar si el foro doméstico es claramente inapropiado, están: la conveniencia para las partes de litigar en la otra juris-dicción; dónde se encuentran las fuentes de prueba y los mecanismos para obtenerlas; si la moción se presenta opor-tunamente; los términos prescriptivos; el reconocimiento de las sentencias y la posibilidad de ejecutarlas en la juris-dicción donde las partes tienen los bienes que podrían ser afectados. Id., págs. 38-39. Véanse, además, referente a la aplicación de la doctrina de forum non conveniens a pleitos sobre fideicomisos: Bogert, supra, Sec. 292, pág. 244; Scott, supra, Sec. 45.2.2.4, pág. 3102 (“It is important to consider not only the relationship, if any, that the forum state has to the trust but also the relationship that one or more other states may have to the trust. It is important also to consider whether a court of another other state has jurisdiction and is already exercising, or would exercise, that jurisdiction. Finally, it is important to consider the precise issue at hand”).

Una vez se demuestra que el foro local es inapropiado, el tribunal debe paralizar los procedimientos y conceder un término razonable al demandante para que presente su acción ante el foro más adecuado. La reclamación ante nuestros tribunales se desestimará si dicho término trans-curre sin que la parte demandante presente su acción en el foro adecuado o, habiendo sido presentada, el foro alterna-tivo asume jurisdicción. No obstante, si el demandante pre-senta su acción dentro del término concedido y el foro ade-cuado declina asumir jurisdicción, el tribunal doméstico original debe continuar con los procedimientos. Ramírez Sainz v. Cabanillas, supra, pág. 38.

B. En el caso de autos, desde la presentación de su reconvención, la peticionaria ha sostenido que las cortes del estado de Nueva York son el foro más apropiado para evaluar la aplicación de la cláusula in terrorem que con-tiene el fideicomiso. Ha reiterado constantemente que to-das las partes del litigio tienen su domicilio y residencia en el estado de Nueva York, que el fideicomiso se creó en dicho estado —donde estaba domiciliado el fideicomitente— y es allí donde radican la mayor parte de los bienes del fideicomiso. Asimismo, señala que el fideicomitente expre-samente seleccionó la ley del estado de Nueva York para regular la validez e interpretación del fideicomiso, que la evidencia relacionada al fideicomiso está en Nueva York, y serán sus cortes las que eventualmente liquidarán dicho fideicomiso ya que allí están domiciliados la mayoría de los beneficiarios. Otro factor importante que debemos conside-rar es que ya existen procedimientos entre las partes rela-cionados al fideicomiso inter-vivos en la Surrogate’s Court de Nueva York.

Ante tales hechos, sobre los cuales no existe controver-sia, es evidente que nuestros tribunales son inadecuados para dilucidar si se ha violado la cláusula in terrorem con-tenida en el fideicomiso. Son las cortes de Nueva York el foro más apropiado para ello, pues todos los vínculos del fideicomiso están radicados en dicha jurisdicción. Aún más, será mucho más conveniente para las partes continuar su litigio en dicho estado por ser el domicilio de todos, contar con todas las fuentes de evidencia, y poder ejecutar en el propio foro la sentencia que allí se emita en su día —sería más oneroso tratar de ejecutar en Nueva York una senten-cia emitida por los Tribunales de Puerto Rico. Téngase en cuenta que es en Nueva York donde está la mayor parte de, si no todos, los bienes del fideicomiso. Por último, debido a que la controversia entre las partes versa mayormente so-bre la interpretación del testamento y el fideicomiso, no han realizado un descubrimiento de prueba sustancial que pudiera perjudicar sus intereses al tener que trasladar el litigio al foro apropiado.

Por todo lo anterior, concluimos que los tribunales de Puerto Rico son claramente inapropiados para evaluar los derechos de las partes bajo el fideicomiso inter-vivos creado por el Sr. Hart. Son las cortes del estado de Nueva York el foro adecuado para dilucidar dicha controversia.

V

Finalmente, se nos requiere que revisemos la imposi-ción de responsabilidad civil extracontractual a la parte peticionaria por los supuestos daños que causaron sus ac-tuaciones durante el presente pleito a los recurridos. Vea-mos el derecho aplicable.

A. Reiteradamente hemos expresado que en nuestra jurisdicción no existe per se la acción civil de daños y per-juicios como resultado de un pleito civil. García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800 (2005); Giménez Álvarez v. Silén Maídonado, 131 D.P.R. 91, 96-97 (1992); Commonwealth Loan Corp. v. García, 96 D.P.R. 773 (1968); Berrios v. International Gen. Electric, 88 D.P.R. 109 (1963); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961); Suárez v. Suárez, 47 D.P.R. 97 (1934); López de Tord & Zayas v. Molina, 38 D.P.R. 823 (1928). Solo como excepción a esta norma, hemos recono-cido una causa de acción por persecución maliciosa cuando se presentan hechos extremos en los que se acosa al de-mandante con pleitos injustificados e instados maliciosa-mente. Giménez Alvarez v. Silén Maldonado, supra; Fonseca v. Oyóla, 77 D.P.R. 525 (1954). “Siendo la malicia un elemento esencial de la persecución maliciosa, en nuestro ordenamiento se le cataloga como una acción en daños y perjuicios causados por conducta torticera intencional ....” García v. E.L.A., supra, pág. 810. Sin embargo, como norma general la “ ‘sanción judicial por el uso indebido de los procedimientos legales se traduce en la condena en cos-tas y honorarios de abogado (y cuando proceda, intereses legales por temeridad] dentro del mismo pleito’ (Enfasis en el original.) Giménez Alvarez v. Silén Maldonado, supra, pág. 97, citando a Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160, 164-165 (1961).

B. En primer lugar, debemos señalar que una lectura comprensiva de la moción de sentencia sumaria presen-tada ante el foro primario por la parte recurrida, no refleja que se solicitara la imposición de responsabilidad civil ex-tracontractual por las actuaciones de la peticionaria. La súplica de la moción solicitó que se “expida una sentencia parcial determinando que María Bonet no tiene derecho alguno a participar en el caudal relicto de Vincent Hart y determine que ha litigado este caso con temeridad”. Apén-dice del Recurso de certiorari, pág. 261. Solo podríamos inferir un reclamo de daños y perjuicios de una sucinta expresión contenida en la aplicación del derecho sobre los efectos de la cláusula in terrorem, donde se expuso que se debía resolver que la Sra. Bonet “tiene la obligación de compensar los beneficiarios restantes por los daños causa-dos por sus actuaciones”. Id., pág. 257. No obstante, aún si consideráramos que, en efecto, se presentó un reclamo de daños y perjuicios, veremos que el mismo no procede.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que proce-día una acción de daños y perjuicios porque la peticionaria actuó de forma temeraria al instar una demanda frívola sobre división de comunidad de bienes. Igualmente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la demanda original de la peticionaria no tenía méritos y que por haberse negado a vender las propiedades sitas en Puerto Rico, los recurridos tuvieron que pagar las contribuciones de los inmuebles con penalidades por retrasos. Por ello, y porque la peticionaria presentó otras acciones en las cortes de Nueva York y Puerto Rico, el foro apelativo intermedio confirmó la deter-minación de responsabilidad civil extracontractual.

Los hechos descritos por los foros recurridos no dan paso a una causa de acción por daños y perjuicios. Las contribu-ciones que pagaron los recurridos no son producto del pre-sente litigio, son una obligación que emana de la ley. Asi-mismo, los intereses acumulados por el retraso en el pago de las contribuciones pudieron haberse evitado si se hu-biera satisfecho la deuda contributiva a tiempo. La misma no se tenía que pagar, necesariamente, con el dinero que produjera la venta de los inmuebles. No podemos concluir que la negativa de la parte peticionaria a vender los in-muebles radicados en Puerto Rico, mientras reclamaba te-ner derecho a la mitad de ellos, constituyera un acto mali-cioso que originara una obligación civil extracontractual.

Igual razonamiento se impone ante las alegaciones de que la peticionaria ha comenzado otros procesos judiciales en Nueva York y en Puerto Rico. Por ejemplo, los foros recurridos llaman la atención al hecho de que la peticiona-ria presentó otra acción en nuestros tribunales para ata-car la validez del exequátur con el cual se había hecho efectivo en Puerto Rico el testamento del Sr. Hart. Sin embargo, en este último caso el foro primario determinó dejar sin efecto el exequátur que se realizara previamente, pues no se notificó el procedimiento a todas las partes interesadas. El Tribunal de Apelaciones confirmó dicha sentencia.

Ya hemos expresado que proseguir un pleito civil contra un demandado, como norma general, no produce una ac-ción de daños. En este caso no encontramos razones para apartarnos de dicha norma. No estamos ante una conducta extrema de acoso malicioso a través del foro judicial. Más bien, podría concluirse —como en efecto hizo el Tribunal de Primera Instancia— que la parte peticionaria incurrió en conducta temeraria mientras litigó este pleito. Siendo la imposición de temeridad una determinación discrecional del foro primario, y como la peticionaria no la impugnó ante nosotros, no debemos intervenir con la misma. Sin embargo, no procede imponer responsabilidad por daños y perjuicios contra la parte peticionaria.

Por todo ello, estimo necesario dictar una sentencia para revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones, con-ceder un término a la parte recurrida para que presente su acción en el estado de Nueva York y devolver el caso al foro primario para que imponga honorarios de abogado a la parte peticionaria.

       A diferencia de los fideicomisos conocidos como “testamentary trusts”, los cuales quedan formalmente establecidos al momento de la muerte del fideicomitente, los fideicomisos inter vivos o living trusts se crean durante la vida del fideicomitente.

       Aunque en la demanda la señora María L. Bonet brindó una dirección resi-dencial y postal de Puerto Rico, ambas partes están contestes en que la demandante tiene su domicilio en el estado de Nueva York, y es allí donde reside.

       Las Surrogate’s Courts del estado de Nueva York gozan de amplia jurisdic-ción para entender en asuntos de sucesiones y liquidación de fideicomisos, entre otros.

        “See. 201. General jurisdiction of the surrogate’s court

      “3. The court shall continue to exercise full and complete general jurisdiction in law and in equity to administer justice in all matters relating to estates and the affairs of decedents, and upon the return of any process to try and determine all questions, legal or equitable, arising between any or all of the parties to any action or proceeding, or between any party and any other person having any claim or interest therein, over whom jurisdiction has been obtained as to any and all matters necessary to be determined in order to make a full, equitable and complete disposition of the matter by such order or decree as justice requires.

        “Sec. 207. Lifetime trusts; jurisdiction and venue

      “1. The surrogate’s court of any county has jurisdiction over the estate of any lifetime trust which has assets in the state, or of which the grantor was a domiciliary of the state at the time of the commencement of a proceeding concerning the trust, or of which a trustee then acting resides in the state or, if other than a natural person, has its principal office in the state.” 58A McKinney’s Consolidated Laws of New York Annotated Secs. 201-207, págs. 48-159 (1994). Véase N.Y. C.L.S. S.C.P.A. Secs. 200, 207.

        6) María L. Bonet v. Thomas Holahan, et ais., Caso Civil Núm. KAC 2008-1037.

        Ex parte Thomas Holahan, Caso Civil Núm. KJV 2007-1471.

        María L. Bonet v. Thomas Holahan, et ais., Caso Civil Núm. KLAN 2010-00287.


author: El Juez Asociado Señor Rivera García

text:
    Javier Cruz Fonseca, Félix Colón Rivera, Jaime A. Guzmán Ríos, Ángel Maldonado Hernández, Víctor G. Fuentes Fragosa, Manuel I. Sánchez Cabezudo, Miguel Rivera Tristani, Juan R. Jacob Greenaway, José F. Ramos Rivera, Ángel Y. Torres Maldonado, Carlos A. Correa Fuentes, Omar Muñiz Vega y Rafael A. Huertas Torres, peticiona-rios, v. Universidad Interamericana de Puerto Rico et al., recurridos.

      Número: CC-2010-0690

      Resuelto: 7 de abril de 2011

      Anthony L. Bini del Valle, Edelmiro Salas González, Leonides Díaz Urbina y Javier Quiñones Rosado, abogados de la parte peticionaria; Luis Sánchez Betances, Maileidy A. Gó-mez Germán y Amando Arias Guardiola, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso de certiorari nos brinda la oportuni-dad de interpretar el mecanismo de nuevo juicio en el ám-bito procesal civil. En particular, debemos atender si una moción de nuevo juicio presentada al amparo de la Regla 48 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y sustentada en el descubrimiento de nueva evidencia, puede ser en-mendada o suplementada mediante la presentación de do-cumentos y declaraciones juradas adicionales a aquellas sometidas en la solicitud original

I

Allá para septiembre de 2004, los peticionarios, trece estudiantes y egresados de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), presentaron una demanda por in-cumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra la institución educativa Alegaron que entre 1996 al 2001 la UIPR ofreció un bachillerato en Ciencias de Aviación con concentración en Sistemas Electrónicos de Aviación. La in-formación provista por la universidad respecto al ofreci-miento académico señalaba que el programa estaba apro-bado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). No obstante, los peticionarios argu-mentaron que los egresados del programa se habían visto impedidos de obtener empleo —en parte— debido a que la UIPR no contaba con el aval de la FAA.

El 7 de diciembre de 2007, luego de celebrado el juicio, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia Entre las determinaciones de hechos consignadas en el dictamen se incluyó una estipulación de las partes a los efectos de que “el Bachillerato en Ciencias de Aviación con concentra-ción en Sistemas Electrónicos de Aviación no est[aba] apro-bada [sic] por la FAA, distinto a lo que se expresa [ba] en los catálogos de la U.I.P.R.”. En atención a este dato y a los demás hechos probados, el foro primario resolvió que la UIPR incurrió en dolo contractual mediante el empleo de falsas representaciones y engaños. Razonó que esta con-ducta indujo a los peticionarios a matricularse en la con-centración de Sistemas Electrónicos de Aviación bajo la creencia de que lograrían obtener un empleo luego de cul-minar sus estudios.

Asimismo, el foro primario concluyó que medió dolo en la consumación del contrato por parte de la UIPR debido a que los cursos ofrecidos no cumplieron su promesa de pre-parar a los estudiantes para las funciones que debían des-empeñar como técnicos o especialistas en sistemas electró-nicos de aviación. Ello debido a la abundancia de materias teóricas y a la falta de cursos prácticos que les permitieran a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos. En consecuencia, condenó a la UIPR a pagar una suma en exceso de $500,000 por daños y perjuicios, así como las costas del litigio y $10,000 por honorarios de abogado.

Luego de interrumpido el término para apelar, el 22 de febrero de 2008 la UIPR presentó una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 48.2 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) o, en la alternativa, de relevo de sentencia. Ese petitorio lo fundamentó en el descubri-miento de nueva evidencia que, alegadamente, no estuvo disponible al momento del juicio. En conjunto con la mo-ción de nuevo juicio, la UIPR acompañó copia de la eviden-cia supuestamente encontrada luego de haberse dictado la sentencia, así como de dos declaraciones juradas en donde se certificaba que los documentos no pudieron ser descu-biertos previamente a pesar de las diligencias realizadas. Ambas declaraciones fueron suscritas por Juan F. Martí-nez, Rector del Recinto de Bayamón de la UIPR, y por Mario Signoret, Decano de la Escuela de Aeronáutica de la UIPR.

La prueba encontrada y sometida junto con la moción consistió en cierta correspondencia intercambiada entre la UIPR y la FAA de la cual se desprendía que el Programa de Sistemas Electrónicos de Aviación estuvo certificado por esa agencia federal durante el período relevante al caso. La UIPR también señaló que los documentos hallados apun-taban a que la FAA les ofreció empleo a los estudiantes egresados del mencionado programa académico en el pe-riodo comprendido en la reclamación de los peticionarios.

Tras varios trámites procesales, la vista evidenciaría para atender la solicitud de nuevo juicio quedó señalada para el 17 de marzo de 2010. Nueve días antes de la vista, el 8 de marzo de 2010, la UIPR presentó una moción intitulada “Moción suplementando moción solicitando nuevo juicio”. Argüyó que durante la preparación para la mencionada audiencia revisó con detenimiento las cajas en donde descubrieron las misivas sometidas en la moción de nuevo juicio. Allí encontró documentos adicionales mate-riales y relevantes a la controversia adjudicada en la sen-tencia, los cuales adjuntó al petitorio. Además, incluyó una declaración jurada del testigo pericial de la UIPR, Dr. Luis Morales Sánchez, en la que acreditó que, de haber tenido acceso a la información sometida en la moción suplemen-taria, su informe y testimonio en el juicio hubiesen sido materialmente diferentes.

Los peticionarios, por su parte, se opusieron a la men-cionada moción suplementaria fundamentados en que ésta constituía una enmienda a la solicitud original de nuevo juicio. Argumentaron que la jurisprudencia federal ha re-conocido la discreción del tribunal para autorizar una en-mienda a una moción de nuevo juicio, siempre y cuando se presente oportunamente, se le dé aviso a la parte contraria con tiempo y se demuestre justa causa. Estos tres elemen-tos, a juicio de los peticionarios, no concurren en este caso. A esos efectos, particularizaron que la tardanza en someter la nueva prueba y la cercanía de la vista señalada —menos de diez días— los imposibilitaba a conseguir testigos y pre-sentar declaraciones juradas en oposición a la moción suplementaria.

Asimismo, los peticionarios plantearon que la UIPR no demostró justa causa para la dilación en presentar la nueva evidencia que fue descubierta en el mismo lugar en donde encontraron la documentación sometida dos años antes mediante la moción original de nuevo juicio. Conse-cuentemente, le solicitaron al foro primario que no consi-derara la moción suplementaria por haber sido presentada tardíamente.

El 12 de marzo de 2010, el Tribunal de Primera Instan-cia denegó la moción suplementaria a la solicitud de nuevo juicio. La UIPR recurrió de esa orden ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante Sentencia emitida el 2 de junio de 2010, el foro apelativo intermedio revocó la determinación. Razonó que la moción suplementaria no afectaba los pro-cedimientos posteriores a la sentencia. Esto debido a que el petitorio se presentó antes de que expirara el término para apelar el dictamen —conforme a lo dispuesto en la Regla 48 de Procedimiento Civil de 1979, supra— y previo a que se celebrara la vista para dilucidar la moción original de nuevo juicio.

Los peticionarios, inconformes con el dictamen del tribunal apelativo, presentan ante este Foro la Petición de certiorari de epígrafe, para plantear los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al intervenir con una determi-nación interlocutoria procesal del Tribunal de Primera Instan-cia sin que hubiera existido un abuso de discreción de ese Tribunal de Primera Instancia.
Erró el Tribunal de Apelaciones al no darle deferencia a una orden del Tribunal de Primera Instancia que rechazó la pre-sentación de nuevas declaraciones juradas que no se presenta-ron simultáneamente con la moción de juicio nuevo, según re-quiere la Regla 48 de Procedimiento Civil, sino que presentaron esas declaraciones juradlas] años más tarde, sin presentarse prórroga ni ofrecerse justa causa para la no radi-cación simultánea de las declaraciones juradas, y sobre todo, sin que el TPI hubiera abusado de su discreción al no permitir esa radicación tardía. (Énfasis en el original.) Petición de cer-tiorari, pág. 4.

Junto con el recurso, los peticionarios presentaron una moción en auxilio de jurisdicción mediante la cual solicita-ron que paralizáramos las vistas para dilucidar la moción de nuevo juicio y su respectiva enmienda. El 18 de noviem-bre de 2010, emitimos una Resolución en la cual ordena-mos la paralización de las vistas señaladas para los días 22, 23 y 24 de noviembre y 6 de diciembre de 2010. Asi-mismo, le concedimos término a la UIPR para que mos-trara causa por la cual no debíamos expedir el auto solici-tado y revocar la sentencia recurrida. La UIPR, por su parte, presentó su alegato en cumplimiento con nuestra orden.

Así las cosas, contando con el beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos a resolver.

II

Las Reglas de Procedimiento Civil proveen para la celebración de un nuevo juicio cuando, entre otras razones, se obtiene evidencia esencial que no pudo descubrirse ni presentarse durante el juicio, a pesar de emplear una diligencia razonable para encontrarla. Regla 48.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A Ap. III). El término establecido para presentar una moción de nuevo juicio fundamentada en el descubrimiento de nueva evidencia es equivalente al periodo disponible para apelar o recurrir de la sentencia. A esos efectos, la Regla 48.2, supra, dis-pone, en lo pertinente, que

Una moción de nuevo juicio deberá ser presentada dentro de los diez (10) días de haberse archivado en los autos copia de la notificación de la sentencia, excepto que:
(a) Cuando esté basada en el descubrimiento de nueva evi-dencia podrá ser radicada antes de la expiración del término para apelar o recurrir de la sentencia, previa notificación a la otra parte, la celebración de vista y la demostración de ha-berse ejercitado la debida diligenciad.

Los términos dispuestos en la Regla 48.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, son improrrogables. Así, la presentación de una moción de nuevo juicio, luego de expirado el plazo establecido en la regla, priva de jurisdicción al tribunal sentenciador para entrar a considerarla en sus méritos. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, See. 4703, pág. 348. No obstante, la presentación oportuna de una moción de nuevo juicio tiene el efecto de interrumpir el término para apelar una sentencia. Regla 53.1(g)(3) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

En lo concerniente a la controversia que nos ocupa, la Regla 48 de Procedimiento Civil de 1979, supra, guarda silencio en cuanto a la posibilidad de enmendar o suple-mentar una moción de nuevo juicio. Igualmente, al exa-minar la jurisprudencia interpretativa de la citada regla advertimos que este Tribunal no se ha expresado sobre este asunto.

En la jurisdicción federal, sin embargo, la posibilidad de enmendar o suplementar las mociones de nuevo juicio pre-sentadas conforme a la Regla 59 de Procedimiento Civil Federal, 28 U.S.C.A., ha sido discutida ampliamente. Nuestra Regla 48 de Procedimiento Civil, supra, procede, en su mayoría, de la referida Regla 59 de Procedimiento Civil Federal, supra. En ese sentido, la exégesis conferida en el ámbito federal al mecanismo de nuevo juicio es per-suasiva para este Tribunal en la medida que no sea contra-ria al texto de nuestra regla o al marco interpretativo de nuestras normas procesales civiles.

La enmienda a una oportuna moción de nuevo juicio es generalmente aceptada por los tribunales federales cuando tal solicitud se lleva a cabo dentro del término concedido por la Regla 59 de Procedimiento Civil Federal, supra, para presentar la solicitud original 7 Moore’s Federal Practice 3rd Sec. 59.16[1], pág. 59-100 (1997). No obstante, los tribunales apelativos federales se encuentran divididos en cuanto a la autorización o no de una enmienda a una oportuna moción de nuevo juicio cuando la primera haya sido presentada, luego de expirado el término en cuestión. Id. Ello a pesar que no existe ninguna ley o regla que pro-híba la enmienda a la solicitud de nuevo juicio.

La jurisprudencia refleja que algunos foros federales han interpretado restrictivamente la regla. Así, varios cir-cuitos apelativos federales han resuelto que los tribunales de distrito están impedidos de considerar asuntos traídos ante su atención mediante una enmienda o modificación presentada luego de transcurrido el periodo de veintiocho días concedido por la Regla 59 de Procedimiento Civil Federal, supra, para someter la moción de nuevo juicio original. Arkwright Mut. Ins. Co. v. Philadelphia Elec. Co., 427 F.2d 1273 (3er Cir. 1970); Conrad v. Graf. Bros., Inc., 412 F.2d 135 (ler Cir. 1969). Véase, también, Putman Resources v. Pateman, 757 F.Supp. 157 (D. R.I. 1991).

Mientras tanto, existen otros tribunales de circuito de apelaciones federales que le han reconocido al foro senten-ciador discreción para aceptar una enmienda a la moción de nuevo juicio sometida luego del término reglamentario para la solicitud inicial. Véanse: Abbott v. Equity Group, Inc., 2 F.3d 613 (5to Cir. 1993); Davis by Davis v. Jellico Community Hosp. Inc., 912 F.2d 129 (6to Cir. 1990); Pate v. Seaboard R.R., Inc., 819 F.2d 1074 (limo Cir. 1987). El motivo principal esgrimido por los tribunales para este acercamiento liberal es el efecto que tiene la oportuna pre-sentación de la moción de nuevo juicio sobre el plazo para apelar. Sabido es que la presentación en tiempo de una moción de nuevo juicio suspende la finalidad de la senten-cia emitida e interrumpe el término para apelar el dictamen. Ante tales circunstancias, la justificación para denegar de plano una enmienda a la referida solicitud puede ceder ante el mejor interés de la justicia. Pate v. Seaboard R.R., Inc., supra; Pruett v. Marshall, 283 F.2d 436 (5to Cir. 1960). Véase, además, Moore, op. cit., sec. 59.16 [2], pág. 59-100.

Esta teoría liberal cobra mayor relevancia en nuestra jurisdicción dado que el término concedido por la Regla 48 de Procedimiento Civil de 1979, supra, para someter la mo-ción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nueva evidencia no es un término fijo, sino que está atado al plazo disponible para apelar la sentencia. El efecto interruptor que tienen varios mecanismos posteriores a la sentencia sobre el referido periodo para apelar un dictamen —Regla 53.1(g) de Procedimiento Civil de 1979, supra— implica que, una vez este quede suspendido, la moción de nuevo juicio se considerará en tiempo hasta luego de treinta días de adjudicado el remedio postsentencia que interrumpió el término apelativo. En ese sentido, resultaría contradictorio rechazar de plano una enmienda a una oportuna moción de nuevo juicio, cuando —técnicamente— esa modificación se considera en el término concedido por la Regla 48 de Pro-cedimiento Civil, supra, para presentar la petición original. Esto debido a que el plazo para apelar no ha finalizado.

En resumidas cuentas, la suspensión del término para recurrir de una sentencia, aun cuando surja con motivo de la interposición de una moción de nuevo juicio, significa que la solicitud para enmendar o suplementar el petitorio fundamentado en el descubrimiento de nueva evidencia se considerará presentada en tiempo, en tanto y en cuanto el foro sentenciador no haya adjudicado la solicitud inicial sometida. Este análisis es cónsono con la posición adoptada por los tribunales apelativos federales en cuanto a la autorización de las enmiendas sometidas en el término dispuesto para la presentación de la solicitud original.

Ahora bien, el mero hecho de que una parte solicite en-mendar o suplementar una moción de nuevo juicio en el término dispuesto para la interposición de la petición original no presupone automáticamente que el foro sentencia-dor tiene que aceptarla y resolverla en sus méritos. Si bien la doctrina vigente favorece la interpretación liberal de las normas procesales civiles, el alcance de esa liberalidad no es infinito. Un ejemplo de esta filosofía la encontramos en la regulación de las enmiendas a las alegaciones. Veamos.

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone que una parte podrá enmendar sus alegaciones en cualquier momento antes de que se le notifique la alegación responsiva correspondiente. Cuando la alegación no admite una respuesta, podrá presentar la enmienda dentro de los veinte días de haber notificado su alegación cuando el caso no haya sido señalado para juicio. En estos casos la enmienda procede sin autorización judicial.

Ahora bien, una vez se presenta la alegación responsiva o transcurren los veinte días de sometida la alegación original, las enmiendas a las alegaciones podrán llevarse a cabo únicamente con el permiso del tribunal o mediante el consentimiento de la parte contraria. Ciertamente la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, favorece la concesión de la enmienda a las alegaciones. Sin embargo, la proce-dencia de la enmienda queda —en última instancia— a la sana discreción del tribunal. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 739, 747 (2005).

Entendemos que la doctrina aplicable a las enmiendas a las alegaciones debe ser adoptada por analogía a las en-miendas a una moción de nuevo juicio. Igual que ocurre con las alegaciones aludidas en la citada Regla 13.1, la moción de nuevo juicio persigue la concesión de un reme-dio, a saber, que se celebre un juicio de novo. Además, la solicitud de nuevo juicio admite una moción en oposición, por lo que la distinción que hace la Regla 13.1, supra, en cuanto a las enmiendas sometidas antes de la notificación de una alegación responsiva o después de ella resulta per-tinente en la regulación de las enmiendas a la referida moción.

III

Conforme a la doctrina jurídica expuesta, resolve-mos que la enmienda o solicitud para suplementar una moción de nuevo juicio fundamentada en el descubrimiento de nueva evidencia procede en cualquier momento antes de que la parte contraria notifique su oposición al petitorio. Una vez sea notificada esta oposición, la moción para enmendar o suplementar la solicitud de nuevo juicio podrá ser autorizada por el tribunal en el ejercicio de su sana discreción.

La discreción conferida al foro sentenciador para disponer de una solicitud de enmienda a la moción de nuevo juicio no puede ser ejercitada en el vacío. Por tal motivo, disponemos que el tribunal, al enfrentarse a una petición a esos fines, deberá ponderar las circunstancias siguientes: (1) el momento cuando se solicita la enmienda; (2) el impacto de la solicitud en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa; (3) la razón o ausencia de ella para la demora e inacción original del promovente de la enmienda; (4) el perjuicio que esta causaría a la otra parte, y (5) la naturaleza y los méritos intrínsecos de la defensa que se plantea. Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 D.P.R. 643, 666 (2006); S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 748; Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1975).

Estos factores deberán examinarse en conjunto, toda vez que no operan de forma aislada. En específico, un factor determinante que deberá ser examinado cuidadosa-mente por el tribunal al momento de resolver la solicitud de enmienda a la moción de nuevo juicio es el perjuicio indebido que esa autorización podría ocasionarle a la parte contraria. Véase Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra. Este elemento, así como la presentación del petito-rio en un momento irrazonablemente tardío, de ordinario conllevan la denegación de la enmienda solicitada. Id.

En aquellos casos en donde la autorización o denegatoria de una enmienda a la moción de nuevo juicio descanse en la discreción del foro sentenciador, esa determinación deberá ser sostenida en apelación, a menos que ello sea incompatible con la justicia sustancial. Así, tal y como ocurre con una denegatoria de la moción de nuevo juicio, para poder sostener con éxito una revisión de una resolución denegatoria de una enmienda a la solicitud de nuevo juicio, es necesario demostrar que el tribunal abusó del ejercicio de su facultad discrecional al denegar ese petitorio, o que se cometió una injusticia manifiesta al denegarla. First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 912 (1998); Delannoy v. Blondet, 22 D.P.R. 235, 243 (1915); Fajardo et al. v. Tió, 17 D.P.R. 338, 343 (1911); Silva v. Salamanca et al., 14 D.P.R. 543, 547 (1908).

IV

Establecida la normativa aplicable a las enmiendas a la moción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nueva prueba, procedemos a evaluar si en este caso el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al de-negar la petición de los recurridos para suplementar su solicitud de nuevo juicio.

El tracto procesal del caso refleja que el 22 de febrero de 2008, la UIPR presentó oportunamente una moción inicial de nuevo juicio. El fundamento esgrimido para tal solicitud fue el hallazgo de nueva evidencia pertinente a hechos me-dulares del caso que no pudo ser descubierta durante el juicio. La evidencia encontrada alegadamente rebatía la determinación de hecho respecto a la falta de acreditación de la FAA del Programa de Sistemas Electrónicos de Avia-ción ofrecido por la UIPR. Los peticionarios, por su parte, se opusieron al referido petitorio mediante un escrito pre-sentado el 3 de marzo de 2008.

Luego de varios trámites procesales, entre ellos la pos-posición en dos ocasiones del señalamiento de la vista para atender la moción de nuevo juicio, el 8 de marzo de 2010, la UIPR presentó una solicitud para enmendar o suplemen-tar la petición inicial de nuevo juicio. Toda vez que ese requerimiento se interpuso después de notificada la oposi-ción a la solicitud original de nuevo juicio, la procedencia de la enmienda tenía que ser autorizada por el Tribunal de Primera Instancia.

En el ejercicio de su sana discreción, el foro primario declaró “No Ha Lugar” la enmienda solicitada por la UIPR. Entendemos que ante las circunstancias particulares de este caso, el Tribunal de Primera Instancia no incidió al denegar ese petitorio.

Según se desprende del expediente, la petición de en-mienda en controversia se presentó el 8 de marzo de 2010; esto es, apenas nueve días antes de la celebración de la vista para atender la solicitud original de nuevo juicio, la cual estaba señalada para el 17 de marzo siguiente. La Regla 48.3 de Procedimiento Civil de 1979, supra, le con-fiere un término de diez días a la parte contraria para so-meter declaraciones juradas en oposición a la solicitud de nuevo juicio. Aplicado ese plazo, por analogía, a los casos en donde se presenta una enmienda a la moción de nuevo juicio, los peticionarios de epígrafe no tuvieron disponible el referido periodo de diez días para oponerse a la solicitud para enmendar o suplementar la petición original me-diante la presentación de declaraciones juradas.

Así las cosas, el corto tiempo disponible entre la notifi-cación de la solicitud y la fecha de la vista coartó el derecho de los peticionarios a oponerse a ese petitorio. Aun cuando la referida Regla 48.3, supra, permite prorrogar el término para presentar las declaraciones juradas en oposición a un petitorio, en este caso particular una concesión a esos fines hubiese implicado la suspensión por tercera ocasión de la audiencia para discutir la solicitud inicial de nuevo juicio.

Opinamos que un nuevo señalamiento de la vista evi-denciaría es irrazonable e improcedente si consideramos que han transcurrido más de dos años desde la interposi-ción de la moción de un nuevo juicio sin que el tribunal haya dispuesto de ella. Una concesión a esos efectos iría en detrimento de la pronta adjudicación de la controversia, lo que —a su vez— socavaría el principio cardinal en la tra-mitación de los procesos judiciales de lograr una solución justa, rápida y económica de las controversias que se pre-sentan ante el tribunal. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 D.P.R. 174, 180 (2007); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 153-154 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 575 (1997).

Incluso, en el balance de intereses entre la pronta adju-dicación de la cuestión litigiosa y el deseo que las contro-versias se ventilen en sus méritos, en el presente caso este último interés cede a favor del primero. Según menciona-mos previamente, la UIPR tardó más de dos años en some-ter la solicitud de enmienda a la moción de nuevo juicio. A pesar de esta tardanza, la UIPR no acreditó en su petición justa causa para la demora. Sus alegaciones se centraron en la forma y las gestiones realizadas para encontrar la documentación presentada. A esos efectos, se limitó a ar-güir que durante la preparación para la vista a celebrarse el 17 de marzo de 2010 realizó un “esfuerzo adicional para localizar documentos materiales y relevantes a la contro-versia adjudicada en la Sentencia”. Esta aseveración no constituye una razón suficiente para justificar una dilación tan extensa, particularmente cuando la evidencia sometida fue hallada en los predios de la Escuela de Aviación y en las mismas “cajas de documentos ...en las cuales se encontra-ron las cartas que se sometieron con la moción de nuevo juicio”.

En concreto, un análisis integral de todas las circuns-tancias mencionadas es suficiente para sostener la nega-tiva del foro primario de autorizar a la UIPR a enmendar o suplementar su solicitud de nuevo juicio. Evidentemente la petición se realizó en un momento irrazonablemente tardío. Para esa fecha, 8 de marzo de 2010, habían trans-currido más de dos años de interpuesta la moción original de nuevo juicio, la audiencia para atender el petitorio ha-bía sido pospuesta en dos ocasiones y apenas faltaban nueve días para la celebración de la vista evidenciaría correspondiente.

Además, el perjuicio indebido que la autorización de la enmienda podría ocasionarle a los peticionarios en vista de esta demora rebaza lo razonablemente permitido. Primera-mente, la capacidad de los peticionarios para recopilar evi-dencia, particularmente testifical, se puede ver mermada ante el paso de tanto tiempo. Esto los colocaría, en cierta forma, en estado de indefensión para rebatir la solicitud de la UIPR.

Por otro lado, no podemos perder de perspectiva que la posposición —por tercera ocasión— de la adjudicación de la solicitud de nuevo juicio tiene el efecto ulterior de seguir retrasando la finalidad de una sentencia beneficiosa para los peticionarios. Este perjuicio no debe ceder ante el inte-rés de la UIPR de que la enmienda se atienda en sus méritos. La institución educativa aún cuenta con la moción original de nuevo juicio y los documentos que la acompa-ñan para defender su petición.

En conclusión, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia actuó en el marco de su discreción al denegar autorizar la enmienda a la moción de nuevo juicio. Si la UIPR pudo producir la evidencia sometida junto con la pe-tición original en los dos meses siguientes a la notificación de la sentencia, no encontramos razón alguna por la cual esa parte no hubiese podido realizar un “esfuerzo adicional para localizar [en las mismas cajas en donde encontraron las cartas sometidas en la moción original de nuevo juicio] documentos materiales y relevantes a la controversia ad-judicada en la Sentencia” en un plazo prudente y razona-ble, tal y como alegó en su solicitud de enmienda.

V

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de “certiorari” solicitado y revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      0 Los hechos procesales que originaron el recurso de epígrafe tuvieron lugar durante la vigencia de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), por lo que haremos referencia a ese cuerpo de reglas para disponer de la con-troversia que nos ocupa. No obstante, la Regla 48 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill) no fue objeto de cambios significativos en las Reglas de Procedi-miento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V). Consecuentemente, la doctrina que pauta-mos a través de esta opinión es vinculante a la interpretación y aplicación de la Regla 48 de Procedimiento Civil de 2009, supra.

       En la demanda también se incluyeron como partes demandadas a las com-pañías aseguradoras X, Y, Z, ABC y Fulana de Tal. Esas partes nunca fueron emplazadas. Véase la Sentencia Enmendada de 26 de febrero de 2008, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 55-164.

       El 26 de febrero de 2008, el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Sen-tencia Enmendada” a los únicos fines de modificar las determinaciones de hechos. Las conclusiones de derecho y el remedio concedido no sufrieron alteraciones sustanciales.

       Sentencia de 7 de diciembre de 2007, Hechos estipulados por las partes, inciso 13. Esta determinación de hecho se sostuvo en la sentencia enmendada. Apén-dice de la Petición de certiorari, pág. 59. Véase Sentencia Enmendada de 26 de febrero de 2008, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 55-164 y 59.

       El 21 de diciembre de 2007, la UIPR presentó una “Moción solicitando se enmienden las determinaciones de hechos y en solicitud de determinaciones de he-chos adicionales”, la cual tuvo el efecto de interrumpir el término para apelar el dictamen. En respuesta a este petitorio, el 26 de febrero de 2008 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Enmendada.

       Véase “Moción en solicitud de nuevo juicio conforme a la Regla 48.2 de las de Procedimiento Cjvil por descubrimiento de nueva evidencia o, en la alternativa, en solicitud de relevo de sentencia conforme la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil por el mismo fundamento”, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 165-200, 176-177 y 199-200.

       íd., págs. 165-166.

       El primer señalamiento de vista para el 20 de mayo de 2008 fue suspendido dada la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones por parte de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). El foro apelativo intermedio desestimó el recurso en cuestión por prematuro; ello ante la pendencia de la moción de nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia. Así pues, el foro primario señaló la vista evidenciaría para el 4 de noviembre de 2009. Esta fue sus-pendida posteriormente por acuerdo de las partes dado que el abogado de la UIPR tenía un señalamiento previo para el mismo día.

       Moción suplementando moción solicitando nuevo juicio, 8 de marzo de 2010, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 254-262 y 254-255.

       Moción en oposición a que se considere la “Moción suplementando moción solicitando nuevo juicio”, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 738-741.

       El texto de la Regla 48.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, es similar a aquel incluido en la nueva Regla 48.2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V). El único cambio es el aumento del término para presentar la moción de nuevo juicio, el cual se modificó de diez días a quince días. Véase el Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo de 2008, Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial. Consecuentemente, la norma pautada en esta opinión es igualmente aplicable a la interpretación de la Regla 48.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra.

       Corresponde a la Regla 52.2(e)(3) de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V).

       La Regla 48 de Procedimiento Civil de 2009, supra, tampoco regula la en-mienda o solicitud para suplementar una moción de nuevo juicio.

       La Regla 59 de Procedimiento Civil Federal dispone, en lo pertinente:
      “(a) In General:
      (1) Grounds for New Trial.

      The court may, on motion, grant a new trial on all or some of the issues —and to any party— as follows:
      (A) after a jury trial, for any reason for which a new trial has heretofore been granted in an action at law in federal court; or
      (B) after a nonjury trial, for any reason for which a rehearing has heretofore been granted in a suit in equity in federal court.
      (b) Time to File a Motion for a New Trial.

        A motion for a new trial must be filed no later than 28 days after the entry of judgment.
      (c) Time to Serve Affidavits.

      When a motion for a new trial is based on affidavits, they must be filed with the motion. The opposing party has 14 days after being served to file opposing affidavits. The court may permit reply affidavits.
      (d) New Trial on the Court’s Initiative or for Reasons Not in the Motion.

      No later than 28 days after the entry of judgment, the court, on its own, may order a new trial for any reason that would justify granting one on a party’s motion. After giving the parties notice and an opportunity to be heard, the court may grant a timely motion for a new trial for a reason not stated in the motion. In either event, the court must specify the reasons in its order.” 28 U.S.C.A. R. 59.

       Véanse, también: Dotson v. Clark Equipment Co., 805 F.2d 1225 (5to Cir. 1986); Pogue v. International Industries, Inc., 524 F.2d 342 (6to Cir. 1975); Pruett v. Marshall, 283 F.2d 436 (5to Cir. 1960).

       Esta regla corresponde a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) cuyo texto tampoco varió sustancialmente en comparación con la regla de 1979.

       Véanse: Pate v. Seaboard R.R., Inc., 819 F.2d 1074 (limo Cir. 1987); Luengo v. Fernández, 83 D.P.R. 636 (1961); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, pág. 779.

       Como referencia en la jurisdicción federal véase: Dotson v. Clark Equipment Co., supra, citando a Pruett v. Marshall, supra, pág. 440 (“This Circuit has adopted a more liberal rule. Here a trial court may in the exercise of its sound discretion allow a tardy amendment stating an additional ground for a new trial. The trial court is not, however, required to do so. Factors relevant to the court’s decision include the length of the delay and the reasons given”).

       Véase Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V).

       La Regla 48.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra, aumentó a quince días el término disponible para oponerse a una solicitud de un nuevo juicio. Este plazo es igualmente aplicable cuando se presente una solicitud para enmendar o suplementar una moción inicial de nuevo juicio.

       Moción suplementando moción solicitando nuevo juicio, 8 de marzo de 2010, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 254-262 y 255.

       íd.