author: El Juez Asociado Señok Aldeeí-,

text:
    Paniagua, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    No. 584.

    Sometido: Pobrero 29, 1924.

      Resuelto: Abril 15, 1924.
    Rectificación de Asientos en el Registro — Errores de Concepto — Consenti-miento. — Tratándose en este caso de hacer constar por acta aclaratoria que una parcela que se dijo segregada de una finca que es objeto de anotación de demanda no está afecta a las resultancias del pleito anotado por no ser segregación de dicha finca sino de otra distinta, error que no resulta de la-anotación que se pretende rectificar, es de aplicación el artículo 256 de la Ley Hipotecaria preceptivo de qne los errores de concepto cometidos en ins-cripciones, anotaciones o cancelaciones o en los asientos referentes a ellos, cuando no resultan claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados y del registrador o una providencia judicial que lo ordene.
    Nota de Tirado Terrier, 11. (San Juan, Sección Primera), en es-critura de rectificación.

      Confirmada.

      Llorens & Arroyo, abogados de la recurrente. El registrador com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señok Aldeeí-,

emitió la opinión del tribunal.

Bernabé Sabalier era dueño según el registro de la pro-piedad de la-finca número 1923 de la cual segregó y vendió a la Federación Libre de Trabajadores de- Puerto Rico una parcela de 487 metros con 25 centímetros cuadrados que originó la finca número 663 que compró luego el Banco de San «3 «an. El resto que quedó a Sabalier de la finca nú-mero 1923, con deducción de algunos solares que liabía ena-jenado, lo vendió en su nombre su apoderado Santiago> Iglesias al Banco de San Juan, teniendo abora esa inscrip-ción una nota marginal puesta en julio de 1921 de haber sido interpuesta una demanda por Sabalier contra Santiago-Iglesias y contra el Banco ele San Juan interesando se declare la nulidad e inexistencia de la expresada venta.

El Banco de San Juan vendió a Luisa Paniagua un solar de 383 metros y 74 centímetros cuadrados que fué ins-crito en 1923 con el número 2292, después de la anotación de la demanda, como segregación de la finca Melilla que es la que antes hemos mencionado en segundo término com-prada por el banco al apoderado de Sabalier, y posterior-mente se presentó en el registro otra escritura otorgada por el banco y por Luisa Paniagua haciendo constar que esa venta no es segregación de la finca Melilla como se dijo en la escritura de venta sino de la otra parcela que el banco compró a la Federación Libre de Trabajadores, pro-cedente también de Sabalier.' Al pie de esa escritura de rectificación el registrador puso la siguiente nota:

“Inscrita la rectificación a que se refiere este documento con vista de la autorización del Banco de San Juan, en cuanto al resto que queda a Doña Luisa Paniagua on virtud de haber segregado-una porción de 181 metros 83 centímetros cuadrados, al folio 113. vuelto del tomo 36 de Santurce Sur, finca número 2292, inscripción segunda, en cuyo asiento no se ha rectificado el estado de cargas en cuanto a la demanda de Bernabé Sabalier por no haber intervenido-este demandante en la escritura.”

La cuestión propuesta por la recurrente Paniagua es que el registrador debe hacer la rectificación constante en esa escritura en las inscripciones de la finca 1923, que es la primitiva finca de Sabalier y cuyo resto vendió su apode-rado al Banco de San Juan, y en la 2292, que es la inscrip-ción de la compra hecha por la recurrente, haciendo cons-tar que la segregación de la finca 2292 procede de la nú-mero 663 y no de la número 1923.

Aunque no consta de los documentos que nos han sido presentados para resolver este recurso, al hacer el regis-trador la inscripción primera de la finca número 2292 a favor de Luisa Paniagua como segregación de la finca Me-lilla que el Banco de San Juan compró al apoderado de Sa-balier como resto de la finca número 1923, tuvo que hacer constar en ésta por n7ota marginal la segregación expre-sada, como así lo reconoce la recurrente en su alegato que ocurrió y, por esto, para que la rectificación pueda hacerse constar en la finca 1923 que reclama Sabalier y en la 2292 que es parte' segregada de aquélla para Luisa Paniagua es necesario el consentimiento de Bernabé Sabalier por exi-girlo así el estado de derecho creado en el registro, aunque por la rectificación parezca que se restituya a la finca Me-lilla número 1923 lo que de ella se decía haber sido segre-gado y que! por tal motivo no resulte aparente perjuicio para Sabalier, pues se pretende que. se rectifique un error que no es material (clerical) sino de concepto, porque se trata de hacer constar que una parcela que se dijo segre-gada de una finca que es objeto de un pleito no está afecta a las resultancias del mismo por no ser segregación de dicha finca sino de otra distinta, error que no resulta de la anotación que se pretende rectificar por lo que es de apli-cación el artículo 256 de la Ley Hipotecaria preceptivo ■ de que los errores de conceptos Cometidos en inscripciones, anotaciones o cancelaciones o en los asientos referentes a ellos, cuando no resultan claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acnerdo unánime de todos los interesados y del registrador o una providencia judicial que lo ordene.

Por consiguiente, para la rectificación que interesa la re-currente es necesario el consentimiento de Sabalier como alega el registrador, por lo que la nota recurrida debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino en la resolución de este caso.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Körber & Co. Inc., Demandante y Apelante, v. López, Demandado y Apelado.
    No. 3048.

    Visto: Noviembre 30, 1923.

      Resuelto: Abril 21, 1924.
    Jurisdicción por Razón de la Cuantía. — Cuando por no cumplir el demandado todo lo pactado en la transacción, la reclamación no se extingue y si sólo se reduce su importe, tal reducción después de radicada la demanda no priva a la corte de su jurisdicción p'or razón de Ha cuantía.
    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), ordenando archivo del caso por falta de jurisdicción.

      Revocada y devuelto el caso.

      H. F. Besosa, abogado de la apelante; R. G. Pesquera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante establece apelación contra una sentencia cuya' parte pertinente es como sigue:

“Oida la prueba practicada por las partes, que comparecieron asistidas de sus abogados respectivos, de ella se desprende que la cantidad realmente en controversia importa unos sesenta y cuatro dólares y centavos, y que la reclainación se basa, no en los hechos alegados en la demanda y negados en la contestación, sino en otros ocurridos posteriormente a virtud de una alegada transacción acerca del pago de honorarios de abogado y costas.
“Por tanto, la Corte cree que no tiene jurisdicción por razón ■ de la cuantía, para conocer del caso y dicta sentencia ordenando el archivo de estos autos.”

El pleito fué establecido por virtud de varios pagarés cuyo importe total es de más de $10,000^ cada uno de los cuales contenía el compromiso expreso de pagar las costas y gastos que se originaren para el cobro del documento. En la súplica de la demanda se pedía que el demandado fuera condenado al pago de costas, desembolsos y honora-rios de abogado, así como a pagar el principal con sus in-tereses legales de acuerdo con los términos y cláusulas de los pagarés que se transcribieron íntegros en la demanda.

La prueba de la demandante tendió a acreditar un con-venio para desestimar la demanda al verificarse el pago de una suma estipulada para honorarios de abogado y una cantidad determinada para costas después de prestar una fianza adicional para garantir el importe de la deuda con exclusión de tales costas y honorarios de abogado; que tal garantía fué dada y la obligación así garantizada satisfe-cha subsiguientemente como también fueron pagados los ho-norarios de abogado después de hacerse otra rebaja en el importe de los mismos; pero que la suma convenida para costas nunca fué satisfecha.

La prueba de la defensa, por otra parte, tendió a de-mostrar que el convenio y transacción final en cuanto a ho-norarios de abogado, a que se llegó en una conversación ha-bida entre los abogados a presencia del demandado, com-prendía la partida de costas.

Claramente que la corte inferior no resolvió este punto controvertible que era prácticamente la única cuestión de hecho en litigio (issue).

La mera rebaja de la suma en controversia con motivo de un pago parcial hecho después de radicada la demanda no privaba .a la corte de su jurisdicción. 15 Corpus Juris, 775.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Fonalledas, Peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, Demandada.
    No. 444.

    Visto: Marzo 3, 1924.

      Resuelto: Abril 23, 1924.
    Filiación — Aseguramiento de Sentencia en Pleitos de Filiación. — En pleitos de filiación la parte demandante puede obtener el aseguramiento de la sen-tencia que pudiera recaer a su favor.
    Id. — Administración Judicial de Bienes Embargados para Asegurar la Sen-tencia — Sociedad Mercantil;' Administración Judicial de. — Es nula una orden decretando la administración judicial de bienes embargados para ase-gurar la efectividad de sentencia, cuando el peticionario no alegó ni probó que los bienes corrían los riesgos a que se refiere la sección 12 de la Ley sobre aseguramiento de sentencia; con tanto más motivo en el presente caso en que no se exigió la fianza que dispone dicha sección y que además la orden habría de tener el efecto de darle facultades al administrador para intervenir en la gestión de una sociedad mercantil representando a un socio fallecido, cuya intervención es contraria a los principios establecidos en el caso de Quintana Hermanos v. Eamíree, 22 D. P. R. 770.
    CeRtioraei para revisar ÓRDENES de Charles E. Foote, J. -(Primer Distrito, San Juan), una decretando un embargo y la otra cons-tituyendo una administración judicial.

      Declarada válida la pri-mera, y nula la segunda.

      Anlonsanti & La Costa, abogados del peticionario; M. Tons Soto j V. M. Fernández, abogados de 1a, parte contraria.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión' del tribunal.

Se trata de una petición de certiorari para, revisar una orden de embargo y el nombramiento de administrador judicial en una demanda sobre filiación y en la que además se solicita la entrega de bienes, se declare a los demandan-tes herederos de su causante y se condene a los demanda-dos a que rindan cuentas de los frutos percibidos.

La corte inferior decretó el embargo para asegurar las resultas del juicio y nombró un administrador judicial para hacerse cargo de todos los bienes de cualquier clase pro-piedad del supuesto causante, autorizándole a ejercer con respecto a dichos bienes, todos los actos de carácter admi-nistrativo que fueran necesarios y así retenerlos a disposi-ción de dicha corte.

El peticionario se queja de que la corte inferior no tuvo poder para decretar el embargo ni .tampoco acordar la ad-ministración judicial de los bienes embargados.

Según se desprende de la petición, parece que el peticio-nario entiende restringido el sentido de la sección lú de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, aprobada en marzo l9 de 1902, de modo que el embargo preventivo sólo pueda utilizarse para asegurar el pago de deudas.

A pesar de que nuestra ley sobre efectividad de senten-cias, supra, tiene su origen en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, es lo cierto que nuestra legislatura introdujo-importantes modificaciones en dicha ley. En la antigua ley, para asegurar las resultas del juicio, se acudía al embargo preventivo cuando se demandaba el pago de una deuda en metálico o en especie, artículo 1399, Ley de Enjuiciamiento Civil española, pero cuando se demandaba la propiedad de bienes inmuebles, o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real, se anotaba la demanda en el registro. Artículo 42 de la Ley Hipotecaria. Tam-bién quedaba previsto el caso en las reclamaciones de obli-gaciones de hacer, o de no hacer, o de la entrega de cosas específicas, en las que* se podrán adoptar por el juez las medidas que según las circunstancias fueren necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio re-cayere. Artículo 1428 del mismo cuerpo legal, supra.

Pero en nuestra ley sobre embargos preventivos se ha ti refundido todas aquellas previsiones y se le ha dado un sen-tido a la palabra “obligación” en consonancia con la defi-nición que de la misma.nos expresa el artículo 1055 del Có-digo Civil Revisado. Este artículo dice:

“Art. 1055. — Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.” .■

Este artículo tiene su complemento en el subsiguiente ar-tículo, que dice lo siguiente:

“Art. 1056. — Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos. y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que inter-venga cualquier género de culpa o negligencia.”

Y siguiendo aquella definición y para ser congruente con la misma, la ley para la efectividad de sentencias, aprobada en marzo l9 de 1902, dispone en sus secciones Is- y 2* lo si-guiente :

“Sec. 1. — Toda persona que demandare en juicio el cumplimiento de una obligación, podrá obtener una resolución del tribunal que conociere de la demanda, adoptando las medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que baya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada.
“See. 2. — El aseguramiento de la sentencia se ajustará a las re-glas siguientes:
“(a) Si, la obligación reclamada fuere de dar cosa determinada poseída por el demandado o por un tercero a su nombre, se prohi-birá al demandado, o al tercero, en su caso, la enajenación o gravamen de la cosa reclamada, basta la resolución del pleito.
“(?;) Si la obligación fuere de pagar una suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deu-dor para 'responder de las sumas reclamadas.
“ (c) Si la obligación fuere de hacer, se embargará al obligado la suma necesaria para ejecutar la obra no hecha o realizada en contravención a lo pactado.
(d) Si la obligación reclamada fuere de no hacer, el asegura-miento consistirá en prohibir al demandado que haga o continúe haciendo lo que trate de prohibirse con la demanda, apercibido de ser castigado por desacato o desobediencia y en el embargo de la suma necesaria para indemnizar por lo que se haga en contra del derecho del demandado.
“(ff) En los casos precedentes, si se reclamaren daños y perjui-cios, el aseguramiento podrá comprender, además, el embargo de bienes del 'demandado, en cantidad bastante a responder de los da-ños y perjuicios reclamados.
“ (h) En lo no previsto en las reglas precedentes, el tribunal discrecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia.”

De estas secciones se deducen lógicamente dos cosas: una es que a la palabra obligación no se le da una' signifi-cación restrictiva que equivalga al vínculo que existe entre acreedor y deudor y que responde a la palabra deuda, sino que comprende toda clase de prestaciones que nacen de cual-quiera de las fuentes que para determinar su origen define el artículo 1055 y fija el artículo 1056, ambos arriba ci-tados ; y la otra, que partiendo del anterior supuesto, re-clamándose además la entrega de bienes, la prestación que se exige de los demandados en la demanda cae claramente dentro del apartado letra (a), supra, de la ley sobre ase-guramiento, y en el caso de que hubiere alguna duda, siem-pre lo estaría en el apartado letra (h).

Pudiera objetarse que la acción de filiación no envuelve un derecho reconocido sino en potencia. ¿Pero acaso en toda otra obligación que se reclame, no ocurre lo mismo o algo semejante? La ley es la que establece aquella clase de obli-gación, pero su reconocimiento depende del cumplimiento o existencia de ciertos hechos, que una vez demostrados, in-dican el momento o la ocasión para darle exigitjilidad a la obligación.

En la acción sobre reconocimiento de hijos naturales, la obligación que surge nace de la ley. Esta presupone cier-tos hechos positivos o la existencia de un documento indu-bitado del padre o la madre mediante los cuales reconocen al hijo como suyo, por lo que en tales casos no se trata de obtener un reconocimiento por primera vez, sino que sólo se trata de demostrarlo o probarlo cuando tal reconocimiento estaba hecho, y por tanto, la función de los tribunales no es más que declarar una obligación .de los padres que ya estaba reconocida por ellos. Se dirá acaso que el derecho del hijo natural a su filiación no tiene validez alguna hasta que se haga la declaración judicial y que ínterin no se declare su reconocimiento no tiene derechos que asegurar, pero el hecho es que la ley es la que establece la obligación derivada de los deberes de familia y de sucesión y la obli-gación puede perseguirse mediante una acción o demanda y la ley sobre efectividad de sentencias no establece dis-tinción alguna entre las distintas obligaciones que estatuye el artículo 1056 del Código Civil, el ,que apartándose de los precedentes romanos en cnanto a las fuentes de donde na-cen las obligaciones, introduce la innovación de la ley como origen de ellas.

La ley sobre aseguramiento de sentencias es una medida de previsión y protección de los que demandan el cumpli-miento de una obligación, pero esto no significa que el obli-gado no quede asimismo protegido cuando se exige fianza en los casos que procede, y ésta queda sujeta a las respon-sabilidades de los reclamantes en caso de no prosperar la acción ejercitada.

Resuelta la validez del embargo, queda por considerar si procede en este caso el nombramiento de un administrador judicial para la guarda y administración de los bienes em-bargados.

La moción solicitando el nombramiento de administrador judicial, literalmente, dice:

“Comparecen los demandantes por sus abogados en el incidente de aseguramiento de la efectividad de la sentencia y alegan:
“Primero: Que este pleito tiene por objeto la declaración de los demandantes como hijos naturales reconocidos de don Juan Fb-nalledas Aymerich, con todos los derechos inherentes a dicha filia-ción y entre ellos, el de suceder con exclusión de toda otra persona y que se les entregue por los demandados los bienes que constitu-yen la herencia de dicho finado Sr. Fonalledas Aymerich y las ren-tas y productos de dichos bienes.
“■Segundo: Que en el procedimiento ha comparecido el deman-dado Miguel Fonalledas y Aymerich y no los demás demandados, quienes se encuentran ausentes de Puerto Rico, residiendo en la Villa de Tosa, de la Provincia de Gerona, España.
‘ ‘ Tercero: Que en el mismo pleito y a petición de los deman-dantes se ha decretado el aseguramiento de la efectividad de la sentencia solicitada en la demanda, prohibiéndosele a los demanda-dos que enajenen, dispongan por cualquier otro título, graven, o en alguna manera, perjudiquen los bienes que constituyen la' herencia del finado don Juan Fonalledas Aymerich.
“Cuarto: Que entre los bienes a los cuales se ha hecho exten-siva la prohibición de enajenar, se encuentran los siguientes:
“a. Los créditos hipotecarios descritos en los incisos 6, y 7 del párrafo noveno de la segunda causa de acción de la demanda y cuyos intereses quedan comprendidos en la prohibición de enajenar y disponer.
“b. Las fincas rústicas descritas en los incisos 8, 9 y 10 del mismo párrafo noveno de la segunda causa de acción de la demanda, así como los frutos y rentas de ellas.
“c. Los derechos y acciones de don Juan Fonalledas y Aymerieh en la sociedad Fonalledas Hermanos, de la cual eran únicos socios don Juan Fonalledas Aymerieh y don Miguel de los mismos ape-llidos, en la cual es dueño de ciento cincuenta cuerdas de cañas de azúcar plantadas en las fincas Higuillard, descrita en el inciso 10 del párrafo noveno de la segunda causa de acción de la demanda y en la descrita en el inciso octavo del mismo párrafo y cuyas cañas se encuentran en estado de recolección, debiendo ser molidas en esta zafra.
“Que la sociedad Fonalledas Hermanos se encontraba bajo la gestión y administración de ambos socios con iguales derechos y atribuciones.
“Quinto: Que la prohibición de enajenar frutos y rentas que-daría ineficaz de no decretarse, cual procede de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, la administración de los bienes que los produ-cen y a la vez debe designarse un administrador judicial para que intervenga en la gestión y administración de Fonalledas Hermanos, con iguales facultades y deberes que el socio fallecido don Juan Fonalledas y Aymerieh.
“PoR lo que a la Hon. Corte suplican que como complemento de' la orden de aseguramiento de la efectividad de la sentencia de-cretada en este caso, designe un administrador judicial de los bie-nes que fueron de don Juan Fonalledas y Aymerieh en los cuales se ha prohibido la enajenación, gravamen y disposición de las ren-tas y cosechas y cuyo administrador judicial atenderá también a h> administración y gerencia de la sociedad Fonalledas Hermanos con iguales facultades y derechos que el socio fallecido don Juan Fo-nalledas y Aymerieh y cuyo administrador judicial deberá consti-tuir la fianza que el Tribunal considere necesaria para garantizar el buen ejercicio del cargo.”

Y la orden de la corte inferior accediendo al nombra-miento de administrador judicial es como sigue:

“Vista la moción presentada por los demandantes en que solid-tan el nombramiento de un Administrador Judicial de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre aseguramiento de sentencias, y discutida que fue dicha moción en Corte abierta por las partes én este litigio, la Corte es de opinion que procede nombrar y por la presente nombra a Don Rafael Marchand Rodríguez administrador judicial de los bienes de la sucesión de Juan Fonalledas Aymerich, quien deberá hacerse cargo de todos los bienes de cualquier clase que sean propiedad de la antedicha Sucesión y le autoriza a ejer-cer con respeetct a dichos bienes, todos los actos de carácter admi-nistrativo que sean necesarios, debiendo dicho administrador rete-ner los bienes así como sus frutos en su posesión y a disposición de esta Corte, sin prestación de fianza por ser la prestada para el ase-guramiento de sentencia a juicio de esta corte, suficiente para responder a la administración de los bienes que aquí se dispone.”

La sección 9 de la ley para la efectividad de sentencias dispone la manera de efectuar el embargo sobre bienes in-muebles, sin que prive de su posesión y administración al demandado.

La sección 10 prescribe que el embargo de bienes mue-bles se practicará depositando los bienes de que se trata en poder del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la responsabilidad del demandante. Aun así, si el deman-dado presta fianza puede conservarlos en su poder bajo la prevención de la sección anterior. La sección 11 establece que las disposiciones de la sección precedente son aplica-bles a los frutos que produzcan los bienes embargados.

Y por último la sección 12 de dicha ley, dice textual-mente :

“Sec. 12. — No obstante lo dispuesto en la sección 9, el demandado será privado de la custodia y administración de los bienes inmue-bles embargados, o cuya enajenación se le hubiera prohibido, si él o la persona encargada de dichos bienes los abandonaren, descuida-ren la administración de los mismos o realizaren actos con relación a ellos que hagan a éstos desmerecer notablemente de valor, siem-pre que tales hechos se prueben á satisfacción del tribunal. Cuando ocurriere el caso mencionado se designará al actor, o la persona que éste propusiese bajo su responsabilidad, como depositario admi-nistrador de los bienes, prestándose por dicho demandante fianza suficiente o ampliándose la primeramente constituida, si fuere insu-ficiente, a juicio del tribunal, a fin de responder del depósito y ad-ministración. ’ ’

De la petición sobre el nombramiento de administrador judicial que liemos transcrito no aparecen alegados ninguno de los hechos previstos en la sección 12, los que alegados deben probarse a satisfacción del tribunal.

En este' caso tampoco la orden de embargo no podría tener el efecto como se pide por los demandantes de darle al depositario administrador intervención para atender tam-bién a la administración y gerencia de la sociedad Fonalle-das- Hermanos con iguales facultades y derechos que el so-cio fallecido Juan Fonalledas y Aymerich, supuesto cau-sante de los demandantes.

“Es indudable que tanto antes como ahora el acreedor de un socio de una compañía mercantil de cualquier clase que fuere, tenía y tiene medios legales para asegurar su crédito en la participación que pueda corresponder al socio en el capital de la compañía. Pero ni antes autorizaba ni autoriza ahora la ley a un acreedor de un socio para, con el objeto de asegurar su crédito, introducirse en el seno de la sociedad, señalar él mismo, de acuerdo con el contrato social, la participación del' socio, extraer bienes de la sociedad igua-les en valor al de la indicada participación y entregarlos en depó-sito a una persona distinta, pudiendo destruir así, prácticamente, la/ vida de la sociedad.
“La sociedad es una persona jurídica distinta de las personas naturales de los socios que la forman. Tal persona jurídica tiene, de acuerdo con la ley, sus derechos y sus obligaciones y uno de esos derechos consiste en adquirir, poseer y disfrutar bienes materiales. Los bienes adquiridos por la sociedad a la sociedad pertenecen y no individualmente a ninguno de los socios. Los socios tienen un in-terés en el capital social, pero tal interés sigue el destino de la so-ciedad. Sólo cuando ésta se disuelva y liquide, es que los socios adquirirán individualmente para sí lo que les corresponda.” Quin-tana Unos. v. Ramírez, 22 D.P.R. 770. .

La orden nombrando administrador judicial, adolece ade-más del defecto de no exigir fianza suficiente para responder el administrador del ejercicio del cargo segiin provee la sección 12 supra; y por último el caso de Rodríguez v. La Corte de-Distrito de San Juan, Sección 2* no tiene aplica-ción, porque el caso está limitado cuando se trata única-mente de frutos pendientes. En dicho caso el embargo versó solamente sobre plantaciones de tabaco sin hacerse ex-tensivo al inmueble.

Por lo expuesto debe mantenerse válida en toda su fuerza y vigor la orden de embargo de 17 de enero de 1924 y decla-rarse nula y sin ningún valor la orden de 14 de febrero de 1924 constituyendo en administración judicial los bienes em-bargados.

El Juez Asociado Sr. Wolf no firmó esta sentencia por opinar que debe también declararse nula la orden de embargo de 17 de enero de 1924.


author: El Juez Asociado Señob, Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Valentín, Acusado y Apelante.
    No. 2199.
    Visto: Abril 8, 1924.

      Resuelto: Abril 24, 1924,
    Arbitrios; Ley de — Alambiques—Jurisdicción—Ley Derogatoria; Cláusula de Excepción (Saving clause)— Infracción de Ley Derogada. — Fúndase la presente apelación en que el artículo 61 de la Ley de Arbitrios bajo la cual fué denunciado el apelante, estaba derogada cuando fué juzgado en la corte municipal y alega como único motivo de su recurso que dicha corte y luego la de distrito carecían de jurisdicción para juzgarlo y condenarlo por infrac-ción de una ley derogada, por no tener la nueva ley una cláusula que per-mita juzgar los hechos cometidos de acuerdo con la ley anterior (saving oíanse). Se resolvió: que no conteniendo la ley derogatoria, que es la sec-ción 62 de la nueva Ley de Arbitrios de 1923, disposición que expresamente exima de responsabilidad por hechos realizados antes de su promulgación, es preciso concluir que de acuerdo con el artículo 386 del Código Político la corte municipal y la de distrito tuvieron jurisdicción para resolver el caso.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), condenando al acusado por violar la Ley de Arbitrios.

      Confir-mada.

      E. Font Suárez, abogado del apelante; José E. Eigueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob, Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de julio de 1923 el apelante fué denunciado por ha-ber infringido la íey de arbitrios entonces vigente en cuya sección 61 se castigaba el becbo de tener como dueño, arren-datario o guardián o en otra forma cualquier alambique o aparato destilatorio sin tenerlo inscrito en la oficina del Tesorero de Puerto Rico.

Antes de ser juzgado el apelante en la corte municipal y luego en la de distrito en grado de apelación y condenado a pagar una multa, fué aprobada en 28 de julio de 1923 otra ley de arbitrios, la número 68, que derogó todas las leyes que imponen contribución en concepto de arbitrios y licencias sobre los. artículos, máterias y negocios u ocupaciones de-terminadas en ella y que derogó todas las leyes o parte de ley en conflicto con ella, disponiéndose por una enmienda becha en 27 de agosto de 1923 que los impuestos y demás contribuciones que se adeudasen por virtud de la ley dero-gada quedasen subsistentes y el Tesorero de Puerto Rico facultado para su cobro en la misma forma prevista en la ley derogada.

Según la sección 62 de la nueva ley de arbitrios de 1923 es delictivo el tener cualquier alambique que sea capaz de destilar alcobol para fines medicinales, industriales o sacra-mentales sin haberlo inscrito en la Tesorería de Puerto Rico, por lo que después de su vigencia ya no será penable, como antes, el solo becbo de tener cualquier alambique o aparato para destilar no inscrito en la Tesorería de Puerto Rico, a no ser que sea capaz de destilar alcobol para los fines ex-presados en la ley, constituyendo así la última ley una de-rogación del artículo 61 de la ley anterior por legislar so-bre la misma materia exigiendo requisitos distintos para la existencia del delito. También las penas son distintas pues en la sección 79 de la nueva ley se castiga el nuevo delito con multa de 50 a 500 dólares o cárcel por un término máximo de un año, mientras que la anterior lo castigaba con multa no menor de 100 a 500 dólares o con cárcel por no menos de un mes y más de un año.

Fúndase el apelante en que la ley bajo la cual fué de-nunciado estaba derogada cuando fué juzgado en 'la corte municipal y alega como único motivo de su recurso que dicha corte y luego la de distrito carecían de jurisdicción para juzgarlo y condenarlo por infracción de una ley derogada, por no tener la nueva ley.una cláusula que permita juzgar los hechos cometidos de acuerdo con la ley anterior (saving clause) y cita varias sentencias de tribunales en apoyo de su alegación.

En el caso Ex parte Mauleón, 4 D.P.R. 226, este tribunal expresó el mismo principio sostenido por el apelante pero el caso no fué resuelto por esto sino porque la ley deroga-toria tenía una disposición que permitía la prosecución y castigo del delito derogado; cuestión que no tenemos que resolver en este caso porque existe en el Código Político la disposición del artículo 386 según la cual la derogación de cualquier estatuto por la asamblea legislativa no tendrá el efecto.de exonerar o eximir de ninguna pena, embargo, confiscación o responsabilidad en que se hubiere incurrido bajo dicho estatuto, a menos que la .ley derogatoria así lo dispusiere expresamente, y-se tendrá por vigente dicho es-tatuto al objeto de' sostener la respectiva acción o proceso para exigir el cumplimiento de dicha pena, embargo, confis-cación o responsabilidad. En el caso de United States v. Rassinger, 128 U. S. 398 se resolvió que las palabras penas, embargo, confiscación o responsabilidad (penalty, liability, forfeiture) son sinónimos de pena (punishment) en relación con crímenes.

El artículo 386 citado es una cláusula de protección (saving clause) por lo que la corte municipal y la de dis-trito tuvieron jurisdicción para juzgar y condenar al ape-lante por infracción de una ley derogada cuando fué juz-gado porque la ley derogatoria no contiene disposición que expresamente exonere o exima de pena por hechos anterio-res a ella.

Quizás pueda decirse que al disponer la enmienda de agosto de 1923 que los impuestos y demás contribuciones que se adeudasen por virtud de la ley derogada quedaban existentes y pueden ser cobrados en la misma forma que antes, es demostración de la voluntad de la legislatura de que los demás hechos quedasen exonerados de pena o res-ponsabilidad, pero en vista del precepto del artículo 386 .mencionado entendemos que no es suficiente dicha enmienda para exoneración ya que esto ha de ser expresamente con-signado en la ley derogatoria y en este caso no lo ha sido.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Santana et al., Demandantes y Apelados, v. El Municipio de Manatí, Etc., Demandados y Apelantes.
    No. 3027.

    Visto: Enero 31, 1924.

      Resuelto: Abril 24, 1924.
    Obkas Públicas Municipales — Subasta Nula. — Generalmente existen cartas cons-titutivas o preceptos estatutorios que exigen que las proposiciones para lici-taciones de ciertos contratos municipales deben ser publicadas y el contrato adjudicarse al postor que hace la más baja y mejor proposición, o al que hace la más baja proposición y ofrece la mejor garantía. Tales requisitos se exjgen con el fin de invitar a la competencia y evitar el favoritismo y fraude y garantizar el mejor trabajo o materiales al precio más bajo posi-ble, y dichos requisitos se ponen en vigor para beneficio de los propietarios y contribuyentes, y no para favorecer o enriquecer a los Imitadores, y deben cumplirse teniendo sólo presente el interés público. Estas disposiciones se interpretan estrictamente por las cortes y no se les dará un alcance fuera de su objeto razonable. Cuando una disposición válida contenida en un estatuto, carta constitutiva u ordenanza, exige licitaciones en competencia, el precepto es mandatorio y debe cumplirse enteramente con él, o de otro modo el contrato será nulo y no podrá ponerse en vigor contra el municipio.
    Id. — Id.—En el presente caso una ordenanza municipal autorizaba al comisionado de servicio- público, policía y prisiones para hacer un empréstito al objeto de construir un alcantarillado, debiendo emitirse como prueba de la deuda pagarés del municipio. Sin haber hecho el empréstito, el susodicho comi-sionado publicó un edicto llamando licitadores para la construcción de las obras, imponiéndoles la condición de que el lieitador que obtuviera la buena pro estaría obligado a comprar el empréstito si así lo acordaba la junta de subastas y bajo tales condiciones la subasta fué adjudicada. Se resolvió: que la adjudicación es nula por haber sido hecha en violación de la orde-nanza autorizando el empréstito.
    SeNtencia ele E. Lloreda, *T. (Areeibo), declarando en parte con lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      J. B. Soto y J. R. Aponte, abogados de los apelantes; Sr. R. Rivera Zoyas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una ordenanza municipal titulada “Ordenanza autori-zando la contratación de un empréstito por la suma de $45,000 para la construcción de un sistema de alcantarillado por el municipio de Manatí, Puerto Rico, y para otros fines,” autorizaba y ordenaba al Comisionado del Servicio Público, Policía y Prisiones, a tomar a préstamos a cualquier banco, institución bancaria o individuo la cantidad arriba indicada a un tipo de interés que no había de exceder del 7 por ciento anual, y para que hiciera librar como prueba de tal deuda, pagarés del municipio en la forma prescrita.

Del importe total la suma de $2,000 había de emplearse en estudios preliminares, impresión de certificados y adqui-sición de terrenos, y $43,000 en la verdadera obra de cons-trucción. También se proveyó sobre reembolso al gobierno insular de los mismos fondos para cualesquiera gastos en que se hubiera incurrido debido a la intervención del De-partamento del Interior en dichas obras, y para disponer de cualquier saldo que quedara después de la terminación de la obra.

Que el edicto sobre proposiciones especifica como “con-dición impuesta por el Concejo de Administración para la aceptación de proposiciones, que el licitador afortunado de-berá estar dispuesto a comprar el empréstito de $45,000 .si esto le fuese exigido por la Junta de Subastas.”

Debido a esta singular condición previa y a su clara ten-dencia a desalentar y eliminar la competencia y por algu-nas otras razones que no necesitamos discutir, a solicitud de ciertos contribuyentes la Corte de Distrito resolvió que la adjudicación del contrato para la construcción de un sis-tema de alcantarillado en la forma indicada, no estaba au-torizada y era nula, prohibiendo todos los demás procedi-mientos por virtud de la adjudicación como fué hecha.

Hay poca o ninguna controversia en cuanto al precepto legal envuelto.

“Generalmente existen cartas constitutivas o preceptos estafru-torios que exigen que las proposiciones para licitaciones de ciertos contratos municipales deban ser publicadas y el contrato adjudicarse al postor que hace la más. baja y mejor proposición, o al que hace la más baja proposición y ofrece la mejor garantía. Tales requi-sitos se exigen con el fin de invitar a la competencia y evitar el fa-voritismo y fraude y garantizar el mejor trabajo o materiales al precio más bajo posible, y dichos requisitos se ponen en vigor para beneficio de los propietarios y contribuyentes, y no para favorecer o enriquecer a los licitadores, y deben cumplirse teniendo sólo pre-sente el interés público. Estas disposiciones se interpretan estric-tamente por las cortes y no se les dará un alcance fuera de su ob-jeto razonable.
“Cuando una disposición válida contenida en un estatuto, carta constitutiva u ordenanza, exige licitaciones en competencia, el pre-cepto es mandatorio y debe cumplirse enteramente con él, o de otro modo el contrato será nulo y no podrá ponerse en vigor contra el municipio.” 3 McQuillan, 2630.

Pero los apelantes sostienen que la condición impuesta a los licitadores que pudieran presentarse, en el presente caso no vició de nulidad la subasta:

“1. Porque tal condición no tiende, según pretenden los deman-dantes, a impedir la libre competencia, puesto que sólo se dice en el anuncio que los licitadores deberán estar dispuestos a comprar si se lo exigiere la Junta de Subasta, los pagarés,- sin que se les im-ponga la obligación de comprarlos por un precio dado, que pueda no convenirles.
“2. Porque, aunque tendiera a impedir la competencia, tal con-dición, por otra parte, vendría a beneficiar al Municipio, y consi-guientemente, a los contribuyentes de Manatí, asegurando comprado-res para los sobredichos pagarés y, como es natural, brindando opor-tunidad al Municipio para venderlos a más alto precio.
“3. Porque los referidos pagarés se emitían para levantar fondos con que construir el susodicho alcantarillado, y era perfectamente legal para el Municipio, al invitar licitadores por medio del anun-cio correspondiente, advertirles que el pago se les haría en paga-rés a la orden de la clase de los descritos en la ordenanza. En eso no hay nada ilegal ni impropio o improcedente; y a eso equi-vale la condición establecida en el anuncio de subasta, y que los demandantes atacan como ilegal.
"4. Porque además nuestra Ley Municipal, que es la primera a que debemos atender al resolver las cuestiones levantadas, difiere de la mayor parte de las leyes americanas en un punto capital: en que nuestra ley sólo impone la obligación de que toda obra pú-blica se verifique mediante subasta, sin exigir, como en las leyes de los Estados Unidos a que se refiere la jurisprudencia citada; que las obras se adjudiquen al postor más bajo.
“o. Porque, en conclusión, el contrato se hizo no sólo con un postor competente, como lo es el señor Antonsanti, sino también a un precio relativamente bajo, ya que, su costo los ingenieros del Municipio lo calcularon en no menos de cuarenta y tres mil (43,000) dólares, y el señor Antonsanti se comprometió, según se alega en la misma demanda, a realizarlos (los trabajos) por treinta y siete mil quinientos sesenta y seis dólares con setenta centavos ($37,566.70), con marcado beneficio para el Municipio y, consiguientemente, para los demandantes, como contribuyentes de dicho Municipio.” ■

Sugieren también los apelantes que la corte inferior in-currió en error al conceder un injunction preliminar sin exigir una fianza. En relación con esto se cita el artículo 7 de nuestro estatuto local y el caso de Neumann v. Moretti, 146 Cal. 31.

Admiten los apelantes que a virtud de la petición del con-tratista demandado, Antonsanti, se ordenó el otorgamiento .de una fianza a su favor, pero se quejan de la alegada ne-gativa de la corte a exigir una fianza semejante en favor de los otros demandados. No se hace referencia a ninguna página o parte de los autos donde aparezca la orden en cuestión, o sus fundamentos, si algunos se expusieron. El caso de California arriba citado parece que fue una apela-ción interpuesta contra una resolución negándose a dejar sin efecto un mandamiento de injunction preliminar, ex parte, caso que fue resuelto mucho después que había sido dictada la sentencia ■ en la corte inferior contra los deman-dantes; y en favor de los demandados que de tal modo ha-bían sido restringidos, cuya sentencia, en tanto puede tener alguna relación con la orden preliminar de injunction, fué confirmada al mismo tiempo en que se revocó la resolución dictada sobre la moción para anular tal orden preliminar. En el presente caso, y asumiendo por el momento que no exista otro error que requiera la revocación, no liay nada que indique por qué la cuestión referente a la omisión en exigir una fianza, no debe considerarse como académica en el actual estado del procedimiento; de cómo fueron perju-dicados los apelantes por el error, si lo hubo, o por qué la sentencia apelada debe ser revocada por tal fundamento aún cuando técnicamente dicho fundamento esté bien pre-sentado.

Ni tampoco podemos convenir con la teoría _ de que el no consignarse un precio de venta tienda a hacer algo más llamativa la proposición para licitaciones a los postores que puedan presentarse. Si una compra a precio nominal no se infería claramente, la condición ciertamente no permite que el precio se fije, ya por el que obtiene la buena pro, o por subsiguiente convenio celebrado- entre él y las autori-dades municipales, sujeto al privilegio de poder ser retirado por el licitador, caso de no llegarse a un entendimiento sa-tisfactorio en este sentido. Y una venta por menos del precio nominal implicaría una violación de la limitación ex-presa relativa a un tipo máximo de interés, a menos que también se infiera una rebaja correspondiente en tal tipo. Además, de todos modos una estipulación por inferencia o en otra forma en cuanto a tales contingencias subsiguientes tendería más bien a fijar que a hacer desaparecer lo que pueda ser materia de objeción en la condición. Por otra parte, un precio fijo más definido podría haber beneficiado la teoría de los apelantes, si toda la cuestión de renuncia o exigencia de un estricto cumplimiento con los términos de la condición onerosa impuesta no hubiera quedado entera y exclusivamente a voluntad de la Junta de Subastas, para ser fijada o anunciada después de hecha la adjudicación, o por lo menos después que las proposiciones habían sido so-metidas.

No creemos necesario o conveniente el entrar en una dis-cusión de los méritos del proyecto desarrollado por el con-cejo municipal de administración en este caso, como nn mé-todo de proveer compradores para los pagarés del munici-pio a nn precio más alto que el qne podrían estar dispues-tos a pagar los capitalistas o banqueros. Una ordenanza convirtiendo dichos pagarés en moneda legal dentro de los límites territoriales del municipio hubiera sido un medio simple, directo y, asumiendo que existe tal poder legisla-tivo, igualmente eficaz hacia el mismo fin.

JFQ1 edicto no informaba simplemente a los postores de que la obra sería pagada con pagarés del municipio. Les reque-ría que estuvieran preparados no sólo para proveer fondos con el fin de llevar a cabo la obra, sino también para adelan-tar al municipio una suma considerablemente mayor a la cantidad que había de reintegrarse en compensación a la obra. De modo que un postor que a no ser por esto hu-biera estado dispuesto a hacer la obra, digamos por $35,000, esto es, por $2,500 menos de la suma por la cual se otorgó el contrato, hubiera sido requerido después de suministrar los fondos necesarios para realizar la obra, y además de esto, a adelantar al municipio no sólo el importe de su proposi-ción, sino además la suma de $10,000 antes de empezar la obra, a no ser que la Junta de Subasta en la fecha de la su-basta, o después, creyera conveniente y resolviera relevarle de esa obligación. Si se decidiera o no la junta a exonerarlo de esta obligación, como lo hizo en el caso del postor que obtuvo la buena pro, el demandado en este caso, al siguiente día de la adjudicación, o si determinase hacerle cumplir su contrato, es cuestión que podría depender de varias cosas, •entre éstas la mera.preferencia personal para seguir uno u otro camino. La posible ventaja de un licitador cuyas re-laciones personales, sociales o de negocios con la junta, o los miembros individuales de la misma, eran de naturaleza ín-tima, cordial o amistosa, sobre uno que no resultaba ser fa-vorecido de tal modo, no es necesario indicarla para que pueda verse inmediatamente .por cualquier persona, aun cuando ésta no sea un contratista de experiencia.

Que nuestra Ley Municipal no requiere precisamente que el contrato se adjudique al “postor que Lace la más Laja y mejor proposición, o al que Lace la más Laja proposición y ofrece la mejor garantía” no elimina el elemento de libre competencia como un requisito previo indispensable. El es-píritu y fin del precepto legal de que toda obra pública se realice “mediante proposiciones” es garantizar la mayor competencia posible entre los licitadores, y como resultado de esto la mayor ventaja y 'el mejor contrato que pueda ob-tenerse para el municipio, no para algún Lijo favorito o protegido político, a costa de los contribuyentes y con ex-clusión de los contratistas que son igualmente competentes y responsables, que estarían dispuestos a bacer la misma obra bajo iguales condiciones y por menos dinero.

El Lecho de que el postor que obtuvo la buena pro en el presente caso es un contratista competente cuya proposición estaba comprendida en el máximum de la cantidad disponi-ble para la obra, puede ser una circunstancia atenuante, pero no puede subsanar la omisión en publicar proposicio-nes que permita a los licitadores competir en igualdad de condiciones, bajo términos definidos y condiciones aplicables a todos por igual y sin estar sujetos a que se pongan des-pués en vigor o se renuncien al gusto o capricho de la Junta Municipal de Subasta.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Collazo, Acusado y Apelante.
    No. 1981.

    Visto: Junio 18, 1923.

      Resuelto: Abril 24, 1924.
    Traslado por Prejuicio Local en Causa Criminal. — La concesión de un traslado descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador y el apelante tendrá que hacer una fuerte demostración para que pueda ordenarse el traslado.

      Id. — Affidavits en Apoyo del Traslado. — La corte o el acusado pueden adicionar las declaraciones juradas mediante prueba testifical, dando a la otra parte una oportunidad de repreguntar. Y cuando los affidavits presentan meros hechos que exponen principalmente las conclusiones de los testigos y no se ofrecen hechos tangibles, y la influencia o resultado de publicación en los periódicos no se demuestra, la corte está justificada en negarse a conceder el traslado y puede suponerse que la corte tenía alguna idea de propio cono-cimiento del valor de las declaraciones juradas.
    Id. — Prejuicio Actual — Constitución del Jurado. — No es bastante que una vez existiera prejuicio, pues frecuentemente éste se calma antes de la época del juicio. El suceso en este 'caso tuvo lugar en diciembre de 1920. El juicio se celebró en diciembre de 1921. Aunque las declaraciones juradas fueron tomadas en 1921, el examen de repreguntas podría haber revelado que los deponentes no habían hecho ninguna nueva investigación reciente. También debe tomarse en cuenta la facilidad con la cual se obtiene un jurado.
    Id. — La responsabilidad ante el público de.un traslado corresponde al juez, el ■ hecho de que el fiscal se allanara carece de importancia.
    Derechos del Acusado — Inspección Ocular — Derecho Constitucional.— Siendo el objeto de la inspección ocular el que el jurado pudiera determinar si un testigo pudo haber oído el jadeo de dos personas en lucha, a una dis-tancia de quince metros, debe concluirse que tal inspección no era una continuación del juicio y que el acusado no fué privado de derecho consti-tucional alguno por no estar presente en la inspección él o la corte, espe-cialmente cuando el acusado no solicitó esas cosas.
    Testimonio Pericial — Peritos.—Un perito médico puede declarar en vista de la apariencia de las heridas en cuanto a la distancia entre la boca del revólver y el primer contacto de la bala con el cuerpo.
    Homicidio — Móvil del Crimen. — Cuando el corpus delicti se ha probado y las circunstancias indican que el acusado fué quien perpetró el homicidio, los hechos que tienden aun remotamente a demostrar un móvil son admisibles. Por tanto, la declaración de la madre del interfecto, hermana a la vez del ■acugado, era admisible para demostrar el estado de las relaciones de familia y la mala voluntad que se alegó tenía el acusado hacia el interfecto.
    Id. — Instrucciones sobre Absolución. — Un error alegado en este caso es que la corte, al hablar de los varios grados del delito de los cuales el acusado pudo ser convicto, nada dijo entonces sobre una absolución. Se resolvió: que el error no existe porque las instrucciones en conjunto imponían el deber al jurado de absolver en caso de una duda razonable perfectamente clara.
    Id. — Nuevo Juicio por Incapacidad de un Jurado. — Guando después del juicio se pide nuevo juicio por el motivo de que un jurado hubiera hecho anterior-mente manifestaciones de tener opinión formada contra el acusado, la de-mostración tiene que ser fuerte.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de Homicidio voluntario.

      Confirmada.

      J. B. Solo y J. Valldejuli, abogados del apelante; Sr. José E. Ei-gueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado del delito de asesinato en primer grado. Se le declaró culpable de homicidio voluntario. Al igual que en el caso de El Pueblo y. Veles, 32 D.P.R. 382, el apelante no ha presentado nna verdadera exposición del caso. El se limita a mencionar hechos tales como la acusación, la condena y otras cosas semejantes, pero no ex-pone la teoría de la defensa ni resume en esta parte de su alegato la prueba que tiende a establecer la teoría o una ma-nifestación equivalente. Para tener una idea deísta defensa hemos tenido que ir a buscarla en las instrucciones de la corte, en la misma transcripción de la prueba y particular-mente en la prueba del acusado.

En la vista ante esta corte el apelante abandonó.su primer señalamiento de error, pero descansó vigorosamente en el segundo, a saber, que la corte erró al negar la moción de traslado del caso fundada en prejuicio local. En apoyo de su moción, de traslado el apelante radicó una declaración jurada suya y la de otras veintinueve personas más. En tanto en cuanto la declaración jurada del apelante no fué contradicha por una contradeclaración jurada del ministerio fiscal, o se insistió sobre ella en el alegato, las treinta de-claraciones juradas pueden ser consideradas juntamente. Las otras veintinueve son en su forma y contenido exacta-mente iguales. Sólo se diferencian unas de otras en que proceden de distintos pueblos en los distritos de Aguadilla y Arecibo. Expresa el apelante que eqfcas declaraciones ju-radas fueron hechas por rectos o prominentes ciudadanos de las respectivas municipalidades o ciudades, y, desde luego, a falta de alguna demostración o indicación en contrario, dichas declaraciones juradas merecen todo el peso que debe darse a cualquier declaración jurada. Tomaremos como tí-pica una declaración jurada que transcribiremos:

“Yo, Carlos F. Torregrosa, bajo juramento declaro:
“1. Que soy mayor de edad, postmaster y vecino de Aguadilla que forma parte del distrito judicial de Aguadilla, en donde resido actualmente y en donde be residido continuamente por más de 15 años.
“2. Que conozco personalmente a José Collazo, acusado en este caso, que estoy asimismo enterado de que se sigue contra él en el Distrito Judicial de Aguadilla, un proceso por el delito de asesinato.
“3. Que me consta de propio conocimiento que dicho acusado no podrá obtener mi juicio imparcial y justo en el distrito de Aguadilla porque en este distrito existe un gran prejuicio y gran pasión contra él, habiéndose hecho circular insistentemente, la versión, por sus enemigos, de que él es culpable del delito que se le imputa, siendo ésta, con cal motivo, la creencia general que en este término municipal prevalece; porque además, con motivo de la investigación practicada por orden del Departamento de Justicia contra el enton-ces secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla y de la cesantía de éste por irregularidades en el sorteo del jurado que había de conocer en esta y otras causas en el mes de julio de 1921, ha dado a esta causa una tan notoria resonancia en este distrito, que creo de buena fe que no hay ningún jurado en este término municipal que no tenga de antemano formado sobre este caso un juicio, y por-qué se ha hecho circular por este término municipal, profusamente, el periódico ‘Pica Pica’ conteniendo un artículo acusatorio para dicho procesado en el cual se le conceptúa como un criminal empe-dernido y vulgar.”

Con respecto a la ley aplicable al traslado de una cansa, liemos examinado, entre otras, las siguientes autoridades: People v. Suesser, 132 Cal. 631; People v. Gongleton, 44 Cal. 92; People v. Yoakum, 53 Cal. 566; State v. Hillman, 42 Wash. 615; State v. Dwyer, 91 Pac. 314; State v. Bess, 199 Pac. 426; State v. Davis, 199 Pac. 421; People v. Fuski, 192 Pac. 552; People v. Kromphold, 157 Pac. 599; 27 Ruling Case Law, 815; 16 Corpus Juris, 206. Lo que de ellas so infiere es que la concesión de un traslado es cuestión que descansa en' la sana discreción del tribunal sentenciador y el apelante tendrá que hacer una fuerte demostración en apelación para que pueda alterarse la resolución; que se presta poca atención a las manifestaciones o publicaciones en los periódicos a menos que se acredite el peso e influencia de los periódicos y que se dé cierta idea de su contenido; que las opiniones de personas respecto' a un estado de prejuicio local serán consideradas como mera conclusión a menos que estén fundadas en algo concreto; que si, como resultado del juicio, se obtiene un jurado sin dificultad y no se de-muestra que el acusado agotó sus recusaciones perentorias, este es un hecho que ha de considerar la corte de apelación y el traslado de xuia causa criminal debe considerarse un mal para el público a menos que las exigencias de la justicia lo requieran.

Tal vez la ley esté bien resumida en el caso de State v. Davis, supra, citado con aprobación en el de State v. Bess, supra, a saber:

“(1-2) La Constitución garantiza a toda persona acusada de un delito un juicio imparcial ante un jurado sin prejuicio, y es la ley establecida en esta jurisdicción que una moción de traslado va dirigida a la sana discreción del tribunal sentenciador, y a menos que se demuestre un abuso de esta facultad, su resolución no será alterada. State v. Spotted Hawk, 22 Mont. 33; 55 Pac. 1026, y casos allí citados. No se acompañaron extractos de los periódicos a las declaraciones juradas, y los autos nada dicen en cuanto al con-tenido de los artículos. La manifestación aislada de que el relato del crimen había sido publicado en los periódicos y leído general-mente por los habitantes del país, y que por lo tanto el acusado sería privado de su derecho constitucional a un juicio imparcial ante un jurado sin prejuicio, es una conclusión de plano y fué correctamente desatendida por la corte sentenciadora. State v. Spotted Hawk, supra; Territory v. Mantón, 8 Mont. 95, 19 Pac. 387. No aparece de las declaraciones juradas o de la prueba testifical hecho alguno que se dirija a la discreción judicial, excepto las manifestaciones de que se había hablado de linchar al acusado, y su efecto en la mente popular.
“Debe tenerse en cuenta que aunque el acusado había sido arres-tado por un posse comüatusi armado, y en una época en que el sen-timiento era intenso, la inviolabilidad de su persona fué observada, y de acuerdo con el alto concepto de respeto a la justicia se permitió que la ley siguiera su curso, sin estorbo o impedimento. Natural-mente, cuando se ha cometido un crimen brutal, hay muchas per-sonas cuyas lenguas desenfrenadas se rinden a la emoción, pero de ello no se infiere que el juicio de la comunidad sea uno de prevención. Los autos no demuestran el examen voir dire de los jurados, pero es bastante decir que cuando se obtiene un jurado en un caso de homicidio después de examinar sólo a 56 hombres, y no hay aparente circunstancia alguna inusitada, la manifestación de prejuicio y la imposibilidad de obtener un jurado justo e impareial caen por su base. La demostración es absolutamente insuficiente para permitir a. esta corte alterar la resolución de la corte inferior denegando la moción.
“‘El juez sentenciador está generalmente familiarizado con la situación local; él conoce el sentimiento que prevalece entre la gente, en tanto en cuanto el mismo es expresado repetidamente; él conoce todos los hechos y circunstancias propios para ser considerados en la resolución del asunto; él puede que conozca a las personas que han hecho declaraciones juradas sugiriendo una excitación o prejui-cio indebidos, y puede correctamente apreciar el peso1 que ha de darse a tales declaraciones juradas. No debe intervenirse con una discre-ción judicial ejercitada en tales circunstancias, a menos que su abuso sea tan claramente manifiesto que exija una revocación.’ State v. Welty, 65 Wash. 244, 118 Pac. 9.”

Además, como indica el fiscal y dijimos en el caso de El Pueblo v. Fajardo, 23 D.P.R. 885, la corte o el acusado pueden adicionar las declaraciones juradas mediante prueba testifical, dando a la otra parte una oportunidad de repre-guntar. Cuando se presentan meros fiecíios que exponen principalmente las conclusiones de los testigos y no se ofre-cen fieclios tangibles, la corte está justificada en negarse a conceder el traslado y, en apelación, como ya se fia indi-cado, puede suponerse que la corte tenía alguna idea dé propio conocimiento del valor de las declaraciones juradas.

También aparece de algunas de las autoridades que fie-mos examinado que debe fiacerse una demostración de pre-juicio actual. No es bastante con que una vez existió pre-juicio, pues frecuentemente éste se calma antes de la época del juicio. El suceso tuvo lugar en diciembre de 1920. El juicio se celebró en diciembre de 1921. Aunque las decla-raciones juradas fueron tomadas en 1921, el examen de repreguntas podría fiaber revelado que los deponentes no habían hecho ninguna nueva investigación reciente. Ade-más, estas declaraciones juradas fueron aparentemente pre-paradas por, y positivamente juradas ante el abogado del acusado.

Como mera cuestión de derecho, quizás un abogado tiene derecho a tomar declaraciones juradas de esta naturaleza, pero es una práctica que hemos deplorado. Las declaracio-nes juradas, como hemos visto, son todas de la misma clase y- son literalmente iguales. Las declaraciones juradas pre-paradas en esta forma tienen ciertas carencias de esponta-neidad. Cuáles fueran los hechos que permitieran a los de-ponentes, que vivían en pueblos no contiguos como Hatillo, Moca y San Sebastián, por ejemplo, llegar exactamente a las mismas conclusiones, pavece ofrecer motivo de conje-turas.

Lo principal que ha' de considerarse, según nos parece, es si el acusado tuvo de hecho un juicio justo e imparcial. Hemos examinado cuidadosamente los autos y no encontra-mos demostración alguna de que algún jurado fuera recu-sado o excusado por motivo de prejuicio contra el acusado ni que éste agotara sus recusaciones perentorias. Ninguna demostración se hizo, con excepción de una sola declaración jurada presentada con una moción de nuevo juicio, que más adelante consideraremos, de que el acusado fué juzgado por doce hombres ninguno de los cuales tenía prejuicio contra él. Debe tenerse en cuenta también que creemos que la prueba fué suficiente para haber declarado culpable al acu-sado de un delito de asesinato en primer grado, y el jurado, como hemos visto, lo declaró culpable de homicidio volun-tario.

En la vista de este caso algo se dijo de que el fiscal del distrito de Aguadilla consentía en el traslado, pero es evi-dente que la responsabilidad hacia el público en cuanto a esto la tiene el juez y no el fiscal. Es el juez el responsable al público con respecto al lugar en que se debe juzgar el delito. En la vista, sin embargo, el fiscal compareció y se opuso al traslado.

El próximo señalamiento de error se refiere a la forma en que fué elegido el jurado, si hubo un número suficiente de jurados presentes' o si la corte tenía derecho a excusar ciertos jurados, pero hemos resuelto .consideraciones como ésta en el caso de El Pueblo v. Gracia, 31 D.P.R. 910, y no vemos que exista ningún error perjudicial en la selección del jurado.

Otro pnnto en que el apelante insiste fuertemente es que la corte erró al permitir al jurado inspeccionar la es-cena del crimen sin estar acompañado, ya de la corte o del acusado. Para poder formar una idea justa de por qué esta inspección tiene importancia, sería conveniente exami-nar la prueba sucintamente, ún deber con el cual el ape-lante no ba cumplido 'satisfactoriamente. Varios testigos declararon que ellos vieron al acusado y al interfecto en una lucha que trajo por consecuencia la herida y muerte subsiguiente del segundo. Todos estos testigos dicen tam-, bien que ellos vieron el arma en las manos'del acusado y que él luego disparó varios tiros con ella. Hubo prueba tendente a demostrar que el acusado cayó al suelo gritando “Ay mi mujer y mis chiquitos, que me han matado.” La mayor parte de la prueba testifical tendió a acreditar que los disparos fueron hechos mientras los dos hombres esta-ban de pie, pero cierta parte de dicha prueba tendió a mos-trar que se hicieron disparos mientras Gómez se caía, o posteriormente. La.teoría de la defensa fué que en el en-cuentro con el interfecto el acusado no tenía pistola alguna pero que en la lucha el interfecto fué herido de bala y que el acusado subsiguientemente tomó y se llevó la pistola que pertenecía al interfecto. Cuando el acusado llegó a su casa en compañía de otro testigo, él sacó una pistola de una gaveta para demostrar que su propia pistola no había sido usada. Si fué un hecho, según indicaría la conclusión gen'eral del jurado, que el acusado a corta distancia disparó e hirió al interfecto, entonces desde luego que él debió ha-ber tenido otra pistola y la posesión de otra pistola y el relato que subsiguientemente hizo darían a este acto de disparar todos los indicios de deliberación y premedita-ción. Naturalmente que como el acusado sostiene que él no disparó y sólo fué convicto de homicidio voluntario, la cuestión de deliberación o premeditación no juega ningún papel importante al considerar los alegados errores de la corte inferior, pero mencionamos esto por cualquier relación qne pudiera tener en cnanto a la necesidad de una inspec-ción y en cuanto a otros aspectos del caso. Cierto testigo llamado Morell declaró que él estaba en su habitación, que-se iba a acostar, cuando oyó el jadeo de dos hombres en lu-cha. El atravesó la habitación y se asomó a la ventana y vió a los dos hombres en lucha y declaró que Collazo tenía una pistolá. La distancia inicial en que él estaba del sitio de los disparos al tiempo en que él dijo había oído el jadeo de los dos hombres, era de unos quince metros. Su testi-monio fué impugnado en el examen de repreguntas y de otra manera. Varios peritos del acusado, médicos que esta-ban habilitados como expertos en acústica, declararon que el jadeo de dos hombres en lucha no podía oírse a tal dis-tancia. Un perito del gobierno dijo, y creemos que muy juiciosamente, que la posibilidad de oir el jadeo podía de-pender de la condición de la atmósfera, las condiciones de la casa y la fuerza del jadeo. Es evidente a nuestro en-tender que los peritos en acústica que presentó el acusado y que declararon que el jadeo no podía oirse a una distan-cia de quince metros, eran cuando menos, extremadamente inexpertos. Es una cuestión de experiencia ordinaria que el jadeo puede oírse a 45 pies de distancia, dependiendo de las condiciones cohcurrentes. Esto no significa que este tes-tigo particular oyó o pudo haber oído el jadeo en aquellas circunstancias, pero sabemos que allí existía esa posibilidad física. El interrogatorio sobre la cuestión de si este jadeo podía oirse a una distancia de quince metros fué bastante extenso tanto en el interrogatorio directo como en la re-pregunta de los peritos. Nos parece que se dió mayor im-portancia a esta cuestión de lo que merecía, porque es muy posible que el testigo estuviera equivocado cuando dijo que había oído el jadeo antes de llegar a la ventana, pero era fácilmente posible que pudiera oir el forcejeo de los pies de los dos' hombres trabados en una lucha, u otra cosa, y que pudiera oir el jadeo cuando vino a la ventana. El que el testigo se equivocara o no en este punto de su declaración no es cuestión que debiera afectar seriamente el valor pro-batorio de su declaración a los ojos del jurado. El fiscal • sugirió en cierto punto de la declaración que quizá sería conveniente que el jurado hiciera una inspección ocular del lugar del suceso y por tanto al terminarse la prueba oral la corte preguntó al jurado si deseaba hacer una inspección del sitio. La contestación que dió el jurado fué que si el acusado estaba dispuesto a admitir que el jadeo de los dos hombres en lucha podía oirse a quince metros de distancia, no necesitaba ir al sitio, pero que de lo contrario iría a verlo. El acusado no estuvo dispuesto a admitir que hu-biera tal posibilidad y fué ordenada la inspección ocular. Nos parece que, sin que ello significara abuso alguno de dis-creción ni tampoco tuviera gran relación en el caso, la corte pudo haberse negado a permitir la inspección ocular. La corte envió al jurado acompañado de varios funciona-rios de la corte y le instruyó que no discutiera nada mien-tras estuviera fuera. El acusado no hizo objeción alguna al acto de no acompañar la corte al jurado, ni hizo moción al-guna para acompañar al jurado, ni tampoco hizo objeción por dejar la corte de ordenar o permitir al acusado ir con el jurado.

Las autoridades que cita el apelante: People v. Bush, 68 Cal. 623, 10 Pac. 169; People v. Milner, 122 Cal. 172, 184, al efecto de que el acusado o el juez debió haber acom-pañado al jurado, son casos en los cuales el acusado hizo alguna objeción o reserva en la corte inferior. Hubo un caso que no se ha considerado enteramente, en el cual no consta si fué o no formulada alguna objeción. People v. Yut Ling, 74 Cal. 569. Por otra parte, el fiscal nos cita au-toridades al efecto de que la omisión en reservar tal obje-ción o excepción equivale a una renuncia al derecho de te-ner presente al juez o al acusado. People v. White, 5 Cal. App. 329, 90 Pac. 471; People v. Bonney, 19 Cal. 427. Véase también la nota al caso de Scott v. State, 122 A.S.R. 727. Estamos inclinados a convenir con el fiscal, además, en qne como el único objeto era determinar. nna sola cosa, a saber, la posibilidad de qne el testigo pndiera haber oído a nna distancia de quince metros, qne esta inspección per-mitida no era verdaderamente nna continnación del juicio, y qne el acusado, a falta de objeción, no fué privado de de-recho alguno constitucional a estar presente en todos los momentos del juicio. Es claro para nosotros qne este de-recho, sea cual fuere, puede renunciarse, y el apelante no ha citado autoridad alguna en contrario.

El cuarto error es como sigue:

“Cuarto. — Haber resuelto la corte que el perito médico Dr. Seín podía declarar sobre la distancia a que pudo hacerse el disparo y la naturaleza del arma que se disparaba, estableciendo una teoría sobre la posición en que estaría la persona agredida al recibir la herida y la posición del agresor con respecto a la misma.”

El Dr. Seín declaró que él era médico y cirujano; que asistió al interfecto antes de morir, examinó las heridas y practicó la autopsia en el cuerpo del interfecto. El doctor refirió el examen y operación que hizo y la trayectoria de la bala, y manifestó qué la herida producida por la bala fué la causa de la muerte. Declaró entonces que los orificios de la herida estaban limpios y que la pólvora no había pro-ducido quemaduras. El fiscal entonces preguntó al testigo si podía precisar la distancia a que se encontraba el revól-ver que produjo la muerte. El acusado se opuso por el fundamento de que el testigo era un doctor y no un testigo ocular. Que la distancia a que fué disparado el tiro era una simple cuestión de hecho que debía probarse por testi-gos presenciales y no por peritos médicos, y porque el asunto era una cuestión de la incumbencia del jurado. Debe no-tarse que no hubo objeción entonces de que el Dr. Seín no estaba suficientemente capacitado como perito. El fiscal dijo que un médico podía declarar de conformidad con el cono-cimiento que tenía y la corte convino en esto aunque la de-claración podía caer dentro de la esfera de las cosas hu-manas.

La teoría del acusado fué, como liemos indicado, que el interfecto inició el ataque y que después de su encuentro preliminar los dos hombres entablaron una lucha y en esa lucha el acusado había asido una mano del interfecto, como consecuencia de lo cual el revólver de dicho interfecto se volvió sobre él. También hubo prueba por parte del acu-sado tendente a demostrar que él no tenía ningún revól-ver. Por tanto, la distancia de la boca del revólver al punto de contacto de la bala con el interfecto era una cues-tión importante en controversia en el caso.

La regla general es que si el jurado pudo hacer cierta inferencia de los hechos, no es necesario ninguna prueba pericial y debe ser excluida. Los casos que más adelante citaremos prueban de modo evidente que la distancia a que estaba el revólver, como fué juzgada por la apariencia de la herida, no es generalmente cuestión que está dentro del co-nocimiento corriente de los jurados. Que los peritos pue-den declarar en vista de la apariencia de las heridas en cuanto a la distancia entre la boca del revólyer y el primer contacto de la bala con el cuerpo, queda demostrado por las siguien-tes autoridades: State v. Asbell (Kansas), 46 Pac. 770, donde se resolvió que un testigo competente puede declarar respecto a si una herida fué producida por un disparo pró-ximo, o uno hecho a distancia. Este caso, entre otros, fué citado con aprobación por la Corte Suprema de Pennsylvania, Commonwealth v. Santos, 119 A. 600. Allí él testigo estaba algo dudoso en su declaración y una vez manifestó que la boca del arma debió haber estado a 16 pulgadas de distancia y otra por lo menos a dos pies de distancia. A pesar de la incertidumbre de la declaración, la corte no tuvo duda alguna del derecho de un perito a declarar sobre la distancia, desde luego, teniendo en cuenta la apariencia de las heridas. Otras autoridades son State v. Johns, 132 N. W. 835; Boyd v. State, 82 Tenn. 172, 173; Phillips v. State (Ala.), 54 Sonth. 112; People v. Hawes, 98 Cal. 648, 33 Pac. 791, donde la corte indicó que el asunto era adecuado para la prueba pericial y no podía ser clasificado con aque-llos particulares que fueron discutidos en el caso de People v. Smith, 93 Cal. 445, por ejemplo, la posición de dos personas, Bearden v. State (Texas), 73 S. W. 17, donde el testigo declaró en cuanto al efecto de un disparo de arma de fuego a diferentes distancias. Wharton’s Criminal Evidence, Edición 10, Párrafo 770.

En este caso el Dr. Seín manifestó entonces que la dis-tancia no podía ser menor de cuatro pies. El fiscal entonces preguntó, “¿En qué se 'funda usted al hacer esa afirma-ción?” El testigo dijo, o comenzó a decir, “Porque el dis-paro de arma de fuego, cuando no está a una distancia mayor de cuatro pies y sobre todo en armas de pequeño cali-bre” — después de lo cual el acusado se opuso a que se si-guiera el interrogatorio sobre este extremo, pues no se probó que el testigo tuviera conocimiento de la balística. La corte desestimó la objeción y el testigo declaró al efecto de que los disparos a cortas distancias arrastraban partí-culas de pólvora y manchaban los bordes de lá herida. El punto principal en que se insiste en esta corte es que el Dr. Seín no acreditó ser un testigo competente en el manejo y efecto de armas de fuego. Antes de que se hiciera tal ob-jeción el testigo había declarado, sin ,1a debida objeción, por el jfundamento de no estar suficientemente capacitado, y ha-bía dicho que la herida de tal modo producida fué por una pistola a una distancia de más de cuatro pies. Esto puede haber sido un concepto erróneo o una equivocación, y por lo menos otro testigo declaró en sentido contrario. La de-claración subsiguiente del Dr. Seín, hecha después de la ob-jeción, estaba claramente dentro de la experiencia de cual-quier médico con alguna larga práctica o quizás sin ninguna práctica larga. Esto es, que los disparos cercanos produ-cían marcas de pólvora, quemaduras, y que los disparos a distancia no las producían. Antes de declarar en cnanto a nna distancia definida el doctor debió baber probado sn ex-periencia en armas de fnego pero se le permitió declarar sobre la apariencia de la herida y la distancia, sin la de-bida objeción, y no se hizo ninguna moción de eliminación. Por lo menos nn perito médico del acusado prestó una de-claración semejante sin baber acreditado debidamente su ca-pacidad. Además, estamos convencidos de que en Puerto Rico la instrucción de un médico comprende el conocimiento de la balística. En general, cuando un acusado en un caso criminal deja de formular objeción a su debido tiempo, pero' lo hace luego, si la prueba admitida tenía una tendencia per-judicial, podríamos permitir que la objeción tuviera efecto retroactivo. Este es un procedimiento dudoso cuando el acusado no hace ninguna moción para eliminar, especial-mente porque el jurado hubiera oído la declaración. No al-teraremos, sin embargo, el orden debido para permitir al apelante que formule una objeción cuando estamos conven-cidos de que el testigo, de haber sido necesario, pudo ha-ber acreditado su capacidad si se le hubiera hecho una pre-gunta, especialmente cuando la resolución de la corte inferior fué que la instrucción de un médico en Puerto Rico en-vuelve el conocimiento de la balística y no se ha demostrado que esta resolución sea errónea.

Aún más, la cuestión de si un perito es lo suficiente-mente capaz es cuestión que pertenece a la discreción de la corte. La mayor parte de los médicos de larga práctica •tienen bastante experiencia en esta materia. Veamos lo que dice Wigmore sobre el asunto en general, tomo 1, Segunda Edición, párrafo 561:

“Hasta dónde precisamente alcanza esto en cada jurisdicción, es difícil decirlo. En algunas, el pronunciamiento no es revisable en absoluto. En otras lo es bajo ciertas condiciones; en otras la cues-tión queda confiada ‘grandemente’ a la discreción de la corte. Pero el lenguaje del principio varía en diferentes opiniones; y en la prác-tica las resoluciones de la corte inferior constantemente son recon-sideradas por la superior so pretexto de determinar si se ha ‘abu-sado’ de la ‘discreción’. Pero la reforma del futuro hallará en este principio el núcleo de una extensión benéfica de la doctrina sobre discreción judicial (ante par. 16). Teniendo en cuenta la compli-cación de hechos que a menudo intervienen en la competencia de un testigo y que son mejor entendidos por el juez sentenciador sola-mente, — considerando la naturaleza relativamente insignificante (en relación con todas las cuestiones planteadas en un juicio) de los tópicos sobre los cuales gira la controversia, — observando la amplia y segura salvaguardia del examen de repreguntas para revelar las verdaderas condiciones del testigo, —tomando en cuenta la injusticia de exigir a los ocupados jueces de las cortes supremas que investi-guen tales nimiedades,— en vista de todas estas consideraciones no puede dudarse que la regla del futuro debe ser: las condiciones de experiencia de un testigo en particular son determinadas invariable-mente por el juez sentenciador y no serán revisadas en apelación.”

El acusado pudo haber repreguntado al Dr. Seín y de-mostrado que estaba equivocado. El podría haber probado que la ropa del acusado hubiera podido impedir, si no las quemaduras, por lo menos las marcas de pólvora y otras cosas que pudo hacer para debilitar o hacer inofensiva la declaración del Dr. Seín. El ciertamente presentó otra de-claración para contradecir al perito.

El cuarto señalamiento que estamos considerando es com-plejo en su forma y muy poco satisfactorio. Envuelve va-rias objeciones. Los señalamientos deben ser solos y espe-cíficos y como en el alegato se discute principalmente la su-ficiencia del Dr. Seín como perito, el acusado no tendría' verdadero motivo de queja si no prestamos a este señala-miento mayor atención. Se queja el apelante también de que el Dr. Seín, no obstante la objeción, declaró con res-pecto a la posición relativa de los dos hombres. En rela-ción con esto, la Corte Suprema de Pennsylvania resume la jurisprudencia en esta forma:

(p) Hay una divergencia de criterio entre las autoridades res-pecto a si en un, juicio por asesinato la prueba de opinión que trata de la distancia recorrida por una bala que mató al interfecto, la dirección de donde vino y la posición del cuerpo de la víctima, al recibir el balazo, puede o no ser presentada como prueba. Algunas cortes han resuelto que tales pruebas son inadmisibles (citándose ca-sos) . Otras cortes permiten a un médico que ha examinado la herida dar su opinión respecto a la dirección de donde el golpe o bala se originó, pero no en cuanto a la posición probable de las partes (ci-tándose casos). El peso de las autoridades parece ser que el médico que practica el examen, que ha cualificado como perito, puede emitir su parecer tanto en cuanto a la dirección y distancia del disparo, como sobre la posición de las partes (sobre dirección, véase a Hopt v. Utah, 120 U. S. 430, 7 Sup. Ct. 614, 30 L. Ed. 708, y los casos de New York & Ohio que acaban de citarse; sobre la distancia, véase a State v. Asbell, 57 Kan. 398, 409, 46 Pac. 770; Boyd v. State, 82 Tenn. (14 Lea) 161, 169, 173; Preeper v. The Queen, 15 Can. Sup. Ct. Rep. 401; en cuanto a la posición del cuerpo, véase Com. v. Dorr, 216 Mass. 314, 317, 103 N. W. 902; Wharton sobre Homicidio (3a. Ed.) par. 609, y casos allí citados. Acerca de todos los tres puntos, véase 12 Am. & Eng. Ene. of Law (2a. Ed.) pág. 449; pero aún aquellas cortes que consideran las pruebas de esta naturaleza admi-sibles reconocen que es de la incumbencia del jurado el determinar qué peso ha de dársele a tal prueba de opinión (véase las autoridades últimamente citadas), lo cual, por supuesto, debe ser el caso.”

Asumiendo, no obstante, que la posición de los dos hombres era cosa que estaba .dentro de la incumbencia del ju-rado y fuera del alcance de la prueba pericial, el doctor Seín no dijo nada que fuera una cuestión controvertida en este caso. El manifestó en efecto que los dos hombres es-taban de pie al hacerse los disparos, uno de ellos algo in-clinado. Casi todos los testigos presenciales, y el acusado-mismo, convinieron en que los dos hombres estaban de pie. Como hemos visto, la teoría del acusado era que la herida fuá ocasionada mientras los dos hombres se encontraban en una lucha y la declaración del Dr. Seín en cuanto a la po-sición de los hombres no contradijo esa teoría. En el caso de Territory v. Wells (Oklahoma), 78 Pac. 124, la corte'se expresó en estos términos:

“Si bien existen algunas autoridades que sostienen que bajo nin-guna circunstancia prueba pericial será admitida en cuanto a la po-sición del cuerpo del interfecto en el momento de baber sido causada la herida, ni tampoco sobre la posición de la persona que la causa, siendo esto considerado como cuestiones acerca de las cuales los ju-rados son competentes para formar opiniones independientes, y que un perito médico no puede formar mejor opinión o conclusión de los hechos que como pueden hacerlo los jurados mismos, hay otros casos en los cuales las opiniones de peritos han sido recibidas en relación con tales materias. Am. & Eng. Ene. of Law (2a. Ed.), tomo 12, p. 449, y casos citados. Pero si existe error no podemos ver cómo pudo éstte haber perjudicado al acusado. El fué el único testigo en el homicidio, admitió el disparo, y su declaración sobre la posición y actitud del interfecto al momento en que disparó el tiro fatal en manera alguna está en conflicto con la opinión del doctor. No hay nada en su opinión que sea inconsistente con la prueba del acusado o teoría de la defensa. Por tanto, no hubo ninguna cuestión litigiosa respecto a la cual la prueba admitida hubiera podido ejercer ninguna influencia perjudicial en el jurado. Dicha prueba manifiestamente no perjudicaba y, si hubo error, éste no proporcionaría ningún fun-damento para la revocación. People v. Lemperle, (Cal.) 29 Pac. 709; People v. Hill, (Cal.) 48 Pac. 711.”

La tendencia moderna es no considerar los errores que no afectan a los derechos substanciales de las partes. En el caso de El Pueblo v. Alvares, 21 D.P.R. 86, citamos a ese efecto el artículo 362 del Código de Enjuiciamiento Criminal y la ley de mayo 30, 1904, a saber:

“Artículo 362. — Después de celebrada la vista de la apelación, la Corte Suprema debe dictar sentencia sin parar mientes en los errores o defectos técnicos o de forma, o en excepciones que no afecten los derechos sustanciales de las partes.”
“Artículo 1. — (Ley de mayo 30, 1904.) Siempre que resultare de los autos en alguna causa criminal apelada a la Corte Suprema, que cualquier requisito legal haya sido desatendido por el tribunal sen-tenciador, no se anulará la sentencia a menos que el error que de los 'autos resultare, tendiere a perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere interpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores fundamentales que aparecieren en los autos,- aún cuando no se hubiere interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere.”

También llamamos la atención a las decisiones de Oklahoma y Texas. Montana con sólo el equivalente del artí-culo 362 resolvió en el caso de State v. Byrd, 41 Mont. 586, no revocar por un error que no es perjudicial y decidió que con arreglo a tal artículo no seguiría existente la regla de que el perjuicio se presume. Véase también el caso de People v. Fealy, 33 Cal. App. 618, y casos; 17 Corpus Juris, 317 y siguientes.

Con respecto a los señalamientos de error desde el seis hasta el catorce, estamos de acuerdo con el fiscal y la cita que hace de Wharton on Homicide, tercera edición, página 914, al efecto de que cuando el “corpus delicti” se ha pro-bado y las circunstancias indican que el acusado fué quien perpetró el homicidio, los hechos que tienden aun remota-mente a demostrar un móvil son admisibles. Por tanto, la declaración de Antonia Gómez, que declaró que ella era la madre del interfecto y hermana del acusado, era admisible para demostrar el estado de las relaciones de familia y la mala voluntad que se alegó tenía el acusado hacia el inter-fecto.

También se queja algo el acusado de las instrucciones. Un error específico es que la corte, al hablar de los varios grados del delito de los cuales el acusado pudo ser convicto, nada dijo entonces sobre una absolución. Sin embargo, las instrucciones en conjunto imponían el deber al jurado de absolver en caso de una duda razonable perfectamente clara. Semejantes consideraciones son aplicables a otros comenta-rios sobre las instrucciones. Las instrucciones fueron co-rrectas e imparciales y no encontramos justificación para algunas de las críticas que del juez hizo el apelante al dis-cutir la negativa de la moción .de traslado.

También presentó el apelante una moción de nuevo jui-ció cuya desestimación se asignó como error. No existía ninguna apelación contra la resolución declarando sin lugar la moción, pero como fué presentada antes de la sentencia asumiremos el derecho a considerarla. La mayor parte de las cuestiones planteadas en esta moción han sido resueltas en la consideración que hemos hecho de los otros señala-mientos. En un suplemento, sin embargo, a la moción de nuevo juicio se alegó que había habido pasión, prejuicio o parcialidad en el juicio toda vez que cierto jurado había hecho manifestaciones públicas de que el acusado era culpable. A esta moción suplementaria se le adicionó el si-guiente affidavit:

“Yo, Agustín E. Pont, mayor de edad, casado, abogado y vecino de Ponee, bajo juramento declaro:
“Que conozco personalmente a Urbino Vargas desde hace muchos años; que allá por uno de los días de julio del año 1921, hablando con dicho Urbino Vargas en el pueblo de San Sebastián sobre el caso de José Collazo Bracero y Antonio Gómez, él me dijo que la muerte de Gómez no tenía justificación y que en su opinión Collazo había obrado imprudentemente. (Pdo.) Agustín E. Pont.”

Si bien el apelante señaló como error la desestimación de la moción de nuevo juicio, al argumentar este señala-miento no se hizo ninguna referencia al affidavit de Font. Sólo se hace mención del mismo exclusivamente al discutir la omisión de la corte a ordenar un traslado. En la moción de nuevo juicio la falta de la corte en ordenar un traslado no se asigna como error. También mientras la corte resol-vía la moción de nuevo juicio en una razonada opinión no se hizo mención alguna de este affidavit y probablemente no fué considerado por la corte inferior y quedó abandonado en apelación excepto al discutirse la referida moción de traslado. Sin embargo, el fiscal discutió el affidavit y le da-remos alguna consideración.

No se pretendió transcribir el interrogatorio del jurado Urbino Vargas en el juicio. Debe presumirse que en su in-terrogatorio bajo juramento él manifestó que no tenía "una opinión formada, o algo como esto. Con arreglo al artículo 227, par. 7, del Código de Enjuiciamiento Criminal la opi-nión formada por los periódicos, rumores y otras cosas se-mejantes no incapacitarán a un testigo y no existe nada en el affidavit de Font que demuestre cómo fué formada la opi-nión de Vargas. La presunción, pues, quedaría de que él no estaba incapacitado.

En el caso de Territory v. Emilio, 89 Pac. 242, New México, opinión que fué cuidadosamente considerada, citada por el fiscal, la corte en un caso semejante dijo que en tanto la moción se refería a la incapacidad de un jurado iba dirigida a la sana discreción legal de la corte sentencia-dora. Estamos convencidos también de que la desestima-ción de la moción era asunto dentro de la sana discreción de la corte sentenciadora y no se demostró ningún abuso. En general, cuando se ba alegado la formación de una opi-nión como incapacidad, la objeción se hizo en el momento en que el jurado estaba presente y así fué levantada en ape-lación. People v. Wills, 100 Cal. 459, y citas. Después del juicio la demostración tiene que ser fuerte.

Los demás errores son cuestiones relativas a la discre-ción de la corte al permitir supuestas preguntas sugestivas y a otros particulares sobre admisión o denegación de prueba, que no creemos sean erróneos, o, de serlo, ellos claramente no eran perjudiciales. Así es que no los discutiremos.

La prueba que hemos revisado sucintamente demostró que hubo suficiente prueba para justificar al jurado en emi-tir un veredicto de homicidio voluntario, y más bien cree-mos que se debió a la habilidad de los abogados del acu-sado que éste se salvara de una condena por el delito más. grave.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


text:
    González, Etc., Tercerista, y Apelante, v. Alonso et al., Demandados y Apelados.
    No. 3196.

    Visto: Marzo 18, 1924.

      Resuelto: Abril 24, 1924.
    PREFERENCIA DE CRÉDITO POR'PRECIO DE VENTA-BIENES MUEBLES.-El 'mero libra-miento de un embargo sobre bienes muebles a instancia del tenedor de un simple pagaré no es bastante1 para que la propiedad embargada quede libre de la aplicación del artículo 1823 del Código Civil que concede preferencia, con relación a determinados bienes muebles del deudor a los acreedores por precio de venta de los bienes; y menos en el presente caso en que los bienes fueron vendidos por documento reconocido ante notario, mientras que el pa-garé carecía de tal formalidad.
    SentenCIA de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar, la demanda, sin costas.

      Revocada.

      L. Freyre Barbosa, abogado de la apelante; E. H. F. Doitin, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un documento suscrito ante notario público el día 8 de diciembre de 1921, Enrique Yiñas Varela vendió al de-mandado José S. Belaval cierto restaurant y cafetín, con su surtido de provisiones, mobiliario y utensilios y otros efec-tos usados en el negocio; mediante inventario, por la suma de |1,300, $500 de los cuales habían de pagarse al hacerse cargo del negocio el comprador, y el resto de $800 a plazos mensuales, con una cláusula de que en el caso de que se de-jaran de pagar tres mensualidades vencidas se procedería al cobro del importe de toda la deuda.

En enero 27 de 1922, Pedro Alonso estableció demanda contra José 8. y Arturo S. Belaval en cobro de un pagaré de fecha diciembre 2 de 1921 y a vencer en enero 15 de 1922. Al día siguiente la propiedad arriba descrita en primer lu-gar fué embargada en el procedimiento establecido a nom-bre de Alonso, y después de registrada sentencia en rebel-día en febrero 18 de 1922, fué vendida en abril 15 siguiente.

Vicente Viñas falleció el día en que fué trabado el embargo y en marzo 8 de 1922 la viuda e hijos fueron declara-dos sus herederos, radicando al efecto una demanda- de ter-cería, -en la que alegaban los anteriores hechos con excep-ción del relativo a la venta que entonces no había tenido lugar, en unión de otros hechos tendentes a establecer una conspiración para defraudar a los terceristas, y pidieron a la corte, entre otras cosas, que a la reclamación que hacían se diera preferencia a la de Alonso y fuera cubierta prime-ramente con el producto de la venta de la finca embargada.

La corte inferior, después de celebrar • una vista sobre los méritos, desestimó la demanda de los interventores, se-gún parece, basada en la teoría de ser insuficiente la prueba si bien la corte no archivó conclusiones de hecho o de dere-cho por separado.

Puede ser que la prueba de fraude y conspiración no sea tan concluyente que autorice una revocación de la sentencia apelada por el fundamento de error manifiesto en la apre-ciación de tal prueba, pero admitiendo en pro del argumento, aunque sin resolver, que esto sea así, en vista de los hechos arriba referidos que no han sido refutados, y aparte de cualquier cuestión de fraude o conspiración, estamos persua-didos de que los interventores tenían derecho al remedio que solicitaron. El artículo 1823 de nuestro Código Civil en parte es como sigue:

“Artículo 1823. Con relación a determinados bienes muebles del deudor, gozan de preferencia:
“1. Los créditos por construcción, reparación, conservación o pre-cio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta, donde alcance el valor de los mismos.”

Comentando acerca de las correspondientes disposiciones legales contenidas en el Código Civil Español, dice Man-resa lo siguiente:

“La razón de la preferencia atribuida en este número a los cré-ditos a que se refiere, por lo que hace a los gastos de construcción, reparación y conservación de los bienes, sobre los que recae la pre-ferencia, consiste en que sin esos gastos no existirían dichos bienes, viniendo, por lo tanto, a hallarse en la misma situación que el aeree-dor refaccionario con relación a los bienes inmuebles objeto de la refacción. Y en cnanto a los créditos procedentes del precio de bienes muebles que estén en poder del deudor, desde luego se comprende que aquellos a quienes pertenezcan dichos créditos, son, en cierto modo, acreedores de dominio, y puede decirse que tanto para ellos, como para los anteriores, no existe persona obligada, sino que la relación jurídica, más que con el deudor, existe entre el acreedor y la cosa con que ha de hacerse efectivo el crédito. Por eso se concede dicha preferencia, no con carácter absoluto, sino relativo, limitada únicamente a aquellas cosas determinadas que sujetan directamente a su cumplimiento las obligaciones origen de dichos créditos/’

A falta de alguna cita de autoridades o argumento con-vincente en apoyo de la proposición de que el mero libra-miento de un embargo sobre bienes muebles a instancia del tenedor de un simple pagaré es bastante para que dicba propiedad quede libre de la aplicación del artículo 1823 del Código Civil, y para invertir el orden de preferencia en él prescrito con perjuicio del vendedor, estamos obligados ahora, por lo menos, a ser de parecer contrario.

El hecho de que el contrato de compraventa fué otor-gado ante notario mientras que el pagaré no estaba auten-ticado de tal modo, es una circunstancia significativa que sugiere otros fundamentos de preferencia que ahora no ne-cesitamos discutir.

Debe revocarse la sentencia apelada.