author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Nochera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por infracción de las ordenanzas municipales.
    No. 910.
    Resuelto en marzo 14, 1916.
    Denuncia — Alegaciones de la Denuncia — Conocimiento de los Hechos por el Denunciante. — El artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal según quedó enmendado en el año 1903, no exige que se haga constar en la denuncia la razón de conocer los hechos la persona que la formula, ni hay precepto alguno en la ley que tal manifestación requiera de. la persona denunciante o de la autoridad o funcionario que hace la denuncia.
    Id. — Personas que Pueden Presentarla — Conocimiento de los Hechos ■— Arresto del Acusado. — Antes de ser reformado el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal sólo podía hacer la denuncia la persona perjudicada y la enmienda de 1903 no tuvo otro objeto que el de permitir que también la hicieran otras personas tales como autoridad o funcionario que tuviera conocimiento del hecho o que hubiere verificado el arresto del acusado.
    Infracción de las Ordenanzas Municipales — Ordenanzas Municipales — Cor-tes Municipales — Juzgados de Paz — Cortes de Distrito — Conocimiento Judicial. — Cuando se trata de un procedimiento para hacer cumplir una orde-nanza municipal en una corte municipal o de paz, el tribunal toma conoci-miento judicial de ella por ser ley de su forum, y cuando las cortes de distrito conocen del procedimiento en grado de apelación, como sustituyen a aquellas en el caso, quedan sujetas a la misma regla y toman por consiguiente cono-cimiento judicial de la ordenanza.
    Id. — Zona Urbana — Automóviles — Velocidad de Automóviles en Zona Ur baña — Calles.—La sección 1”. de la ordenanza del municipio de Mayagüez aprobada en 11 de máyo de 1911, no está en contradicción con la sección 36 de la ley No. 41 de 10 de marzo de 1910 que dispone que los'automóviles no deberán marehar a una velocidad mayor de 16 kilómetros por hora mientras estuvieren dentro de la zona urbana dél municipio, porque no impide que el municipio estáfale! ea otra menor. La norma fijada por la ordenanza de que se trata de que la velocidad de los automóviles al torcer las esquinas de las calles no sea mayor en ningún caso que la que pueda desarrollar una persona andando normalmente es buena, pues el paso normal de una persona que camina es bastante igual y de fácil conocimiento de todos para que pueda servir de comparación con otra velocidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Ángel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

'emitió la opinión del tribunal.

Pedro Nochera fuá denunciado en la Corte de Paz de Ma-yagüez porque guiando un automóvil por las calles de la po-blación torció la esquina de la calle de McKinley a mayor velocidad que la que puede desarrollar una persoua cami-nando a pie de un modo normal, infringiendo de ese modo la sección Ia. de la Ordenanza aprobada en 11 de mayo de 1911. La denuncia fue hecha mediante declaración jurada y firmada por el Policía Insular Enrique Rodríguez.

Al conocer de esa denuncia la Corte de Distrito de Maya-güez en grado de apelación dictó sentencia condenatoria contra la cual el denunciado interpuso el presente recurso de apelación. ‘ -

El denunciado solicitó de la corte inferior que archivara la denuncia fundándose en que no aduce hechos suficientes para someterle a juicio y ahora insiste en que la corte inferior cometió error al negar esa petición porque de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según quedó enmendado en el año 1903, para que una denuncia sea suficiente debe alegar que el funcionario denunciante conoce los hechos de propio conocimiento o por información que cree cierta, o por haber arrestado al acusado.

El artículo 22 enmendado dice así:

‘ ‘ Todo' caso en que tenga jurisdicción el juez de paz empezará por denuncia jurada del denunciante, o de la autoridad o funcionario que tenga conocimiento del hecho, o que haya arrestado al acusado. ’ ’

Este artículo no sostiene la proposición del apelante por-que 330 exige que se haga constar en la denuncia la razón de conocer los hechos la persona que formula la denuncia, ni hay precepto alguno en la ley que tal manifestación requiera de la persona denunciante o autoridad o funcionario que hi-ciera la denuncia. Antes de ser reformado ese artículo sólo podía hacer la denuncia la perso33a perjudicada y la enmienda no tuvo otro objeto que el de permitir que también la hicieran otras personas, tales como la autoridad o funcionario que tu-viera conocimiento del hecho o que hubiera verificado el arresto del acusado.

Sostiene también el apelante que la prueba es insuficiente para condenarle porque no puede conocerse por ella a qué velocidad torció la esquina de la calle de McKinley el auto-móvil que guiaba y por qué el Fiscal no presentó como prueba la ordena3iza que se supone infringida.

Hemos examinado la prueba y declarando uno de los dos testigos que el automóvil iba bastante más ligero que un hombre y que un caballo a escape y que no redujo la velocidad al torcer la esquina; y el otro testigo, que el automóvil torció la esquina a una gran velocidad por lo menos de diez kiló-metros por hora, que es mayor que 1% de un hombre andando y que para llegar a ese conocimiento tuvo en cuenta que el auto-móvil torció rápido y en seguida estuvo distante lo que no ocurre cuando una persona pasa al lado de otra, tenemos que llegar a la conclusión de que fue suficiente para que el tribunal llegase a la conclusión de que al torcer la esquina de la calle guió el automóvil a mayor velocidad que la de una persona andando, pues los medios de comparación que tuvieron los testigos para hacer sus afirmaciones fueron suficientes para sostenerlas.

En cuanto a que no se presentó como prueba la ordenanza cuya infracción se alegaba hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Suáres, decidido en noviembre 26, 1915, que cuando se trata de procedimientos para hacer cumplir una ordenanza municipal en una corte municipal (y de paz agre-gamos ahora) el tribunal toma conocimiento judicial de la ordenanza por ser ley de su forum. Por esto, cuando la corte de distrito conoce de esos asuntos en grado de apela-ción, sostiene la mayoría de las decisiones que, como sustituye a aquéllas, quedan sujetas a la misma regla y toman conoci-miento judicial de las ordenanzas municipales. Jones on Evidence, 2a. edición, página 127. 16 Cyc. 899 notas 44 y 45.

El último error que alega el apelante es que la ordenanza por cuya infracción se le castiga es nula porque no establece una medida exacta de la velocidad a que puede un automóvil torcer una esquina y porque está en conflicto con una ley de la legislatura.

Creemos que es buena la norma fijada por la ordenanza de que la velocidad de los automóviles al torcer las esqui-nas de las calles no sea mayor en ningún caso que la que pue-da desarrollar una persona andando normalmente, pues el paso normal ele.una persona que camina a pie es bastante igual y de fácil conocimiento de todos para que pueda servir de comparación con otra velocidad.

Finalmente no encontramos que la sección de la ordenanza que nos ocupa sea contradictoria con la sección 36 de la ley No. 41 de 10 de marzo de 1910, página 131. Lo que en ésta se dispone es que los automóviles no deberán marchar a una velocidad mayor de diez y seis kilómetros por hora mientras estuvieren dentro de la zona urbana de un municipio. Esta sección de la ley lo único que hace es fijar un máximum para la velocidad de los automóviles en la zona urbana, y no sería legal una ordenanza permitiendo que en la zona urbana se caminase a mayor velocidad que la mencionada, pero no im-pide que pueda el municipio dentro de ese máximum fijar otro menor. En el caso de Bellingham v. Cissna, 87 Pac. 481 (Wash. 1916) se declaró que una ley que fijaba cierta veloci-dad a los automóviles dentro de la zona urbana no impide que el municipio establezca otra menor. Véase también el caso de Christensen v. Tate, 128 N. W. 622 (Neb. 1910).

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Rubio et al., Demandantes y Apelantes, v. Garage Mayagüez, Inc., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre daños y perjuicios.
    No. 1361.
    Resuelto en marzo 14, 1916.
    Alegaciones — Afirmaciones Contenidas en una Alegación. — Lo que se afirma en una alegación debe considerarse en el sentido más estricto en contra del que la formula.
    Negligencia — Automóvil—Transporte—Porteadores Públicos. — Cuando en una demanda por negligencia en conducir un automóvil, se alega un contrato especial de transporte, sin que exista alegación de que el demandado era un porteador público, la tentativa de la demanda de impugnar actos específicos de negligencia milita en contra de la teoría sobre porteadores públicos.
    Id. — Alquileres—Garages de Automóvil — Empresarios de Coches — -Responsa-bilidad del Porteador — Cuidado Ordinario. — Cuando el contrato consiste en la entrega ordinaria de una cosa en alquiler ('bailment for hire), como sucede generalmente con los garages de automóviles y empresarios de coches, la res-ponsabilidad del porteador consiste en tener un cuidado ordinario.

      Id. — Porteadores Públicos — Grado de Cuidado — Res Ipsa Loquitur. — Cuando el porteador es un ferrocarril, tranvía urbano, buque de vapor, diligencia, o persona dedicada al servicio público, que se ofrece a recibir a todo el que se presenta, se requiere mayor grado de cuidado, y frecuentemente es aplicada la máxima de res ipsa loguUur, por la teoría de qus teniendo dichos por-teadores el gobierno y conociendo el mecanismo del aparato y el camino, están en condiciones de poder dar cuenta del accidente, y por tanto la ley le impone el deber de tener tal conocimiento.
    Id. — Chauffeur—Automóvil Tomado en Alquiler — Cansancio—Negligencia Contributoria. — Aun cuando la prueba demuestre un acto de negligencia por parte del chauffeur en continuar un viaje cuando ya estaba agotado, y el cual fué la causa eficiente del accidente, si el pasajero exige al chauffeur que con-tinúe el viaje emprendido a pesar de hallarse éste agotado en sus fuer?as y rendido por el sueño por haber tenido poco descanso debido a la insistencia del pasajero, éste es también culpable de negligencia contributoria.
    Testigos Peritos — 'Preguntas Hipotéticas — Hechos Probados en el Juicio— Impugnaciones. — Una pregunta dirigida a un testigo presentado como perito queda sujeta a ser impugnada cuando no se acredita que el testigo sea tal perito ni ella expresa hechos concretos probados en el juicio en forma hipo-tética que hagan procedente la opinión del perito.
    Testigos — Manifestaciones Incompatibles — Objeto de la Pregunta. — Una parte tiene derecho a contradecir su propio testigo de acuerdo con el artículo 156 de la Ley de Evidencia, pero debe hacer constar claramente el objeto de la pregunta al indicar al testigo los detalles de sus manifestaciones anteriores que se alega son incompatibles.
    Id. — Admisiones I-Teohas por un Empleado del Demandado — Excepción a la Regla — Prueba de Referencia — Prueba Acumulativa. — Las admisiones hechas por nn empleado de un demandado son pertinentes y competentes, y constituyen una excepción a la regla relativa a las declaraciones de referencia, aún cuando el empleado esté en la corte dispuesto a declarar, pero debe de-mostrarse que la declaración propuesta es esencial y pertinente a las cuestiones alegadas en la demanda.
    Errores — Perjuicio—Apelación—Deber del Apelante. — De acuerdo con el artí-culo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil, el apelante no sólo tiene el deber de probar que se ha cometido error sino de que ha habido perjuicio. Inspección Ocular — Discreción Judicial. — La concesión por la corte de una inspección ocular en el sitio donde ocurriera el accidente, es una cuestión que descansa en la sana discreción de la corte sentenciadora.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José R. Freyre.

    Abogado de la apelada: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la carretera de Yanco a Mayagüez se volcó nn automó-vil, resultando muerto Arturo Rubio Cnebas. Alegaron los demandantes que eran los padres y herederos del referido Arturo Rubio Cuebas y que la muerte de su hijo se debió a la negligencia de la demandada, la "Garage Mayagüez, Inc.,” o de su chauffeur Julio Camacho; que la demandada es una corporación que arrienda o alquila automóviles, y que el contrato particular celebrado en este caso consistía en conducir a Rubio Cuebas y a otros de Mayagüez a San Juan, saliendo el sábado día 7 de diciembre, 1912, y regre-' sánelo a Mayagüez antes de la noche del domingo 8 de diciem-bre, 1912.

Varios fueron los actos de negligencia que en la demanda se imputaron a la demandada. Establecida la contienda liti-giosa, se celebró el juicio del caso y la corte, a moción de la demandada, dictó sentencia sobreseyendo el caso (non-suit), siendo esta acción tomada por la corte el principal error que ha sido alegado en esta apelación.

Una de las teorías de negligencia en que más han insis-tido los demandantes, fué el haber sido negligente la corpo-ración demandada al elegir su chauffeur, Julio Camacho, quien, según se alega, era un joven sin experiencia suficiente. Los demandantes no solamente no probaron esta alegación, sino que por el contrario sus mismos testigos acreditan que el referido chauffeur era un conductor cuidadoso como otro cualquiera, y que manejaba la máquina tan bien como podía esperarse y a satisfacción de los mismos.

En la demanda se insistía algo en el hecho de haber de-jado la demandada de poner, de regreso a sus pasajeros en Mayagüez en la fecha ofrecida, pero, como fácilmente es de imaginarse, esta falta no tenía en absoluto ninguna relación legal con el hecho de tener lugar, el accidente.

Se alegó que existían varios defectos en la máquina, pero no se probó la existencia de ninguno de ellos. De igual modo fracasó la prueba en cuanto a la debilidad física de dicho chauffeur como se alega en la demanda. Por el contrario, la debilidad temporal de dicho chauffeur se debió a las con-diciones especiales en que se emprendió y llevó a cabo el viaje por los pasajeros mismos. Con muy cortos ratos de descanso, estuvo el chauffeur sin descansar desde la fecha en que salió de Mayagüez hasta que ocurrió el accidente, o sea unas veintiocho horas después.

Otro fundamento de negligencia es el desconocimiento del camino que se atribuye al chauffeur. Este desconoci-miento no se probó aparte de que tampoco se ha demostrado que tuviera alguna relación con la causa del accidente, y ade-más quedó establecido por la prueba que el chauffeur salió de Tauco de mala gana y contra su gusto, por la noche a instancia y exigencia especial de Arturo Rubio Cuebas, o sea la persona que luego fué muerta. En resumen, ninguno de los actos constitutivos de negligencia alegados en la demanda quedó establecido por la prueba.

Los apelantes ante este tribunal, sin demostrar que la teoría sustentada por ellos en la corte inferior era semejante, han tratado de invocar la doctrina de res ipsa loquitur, en la suposición que hacen en esta corte de que la demandada era una porteadora pública (common carrier). Para los fines de este caso no resolveremos ahora si cuando se alegan actos particulares de negligencia puede un demandante fundarse en una presunción general de negligencia como la que está envuelta en la doctrina de res ipsa loquitur. La cuestión es, por tanto, si la demandada era tal porteadora que pudiera invocarse contra ella la máxima anterior.

Refiere la demanda que la demandada era una empresa de automóviles, con garage anexo, y que se dedicaba al arren-damiento o alquiler de automóviles para viajes a cuantas personas lo solicitaban, suministrando dicha empresa para el manejo y dirección de dichas máquinas sus empleados, sir-vientes o agentes; y en la contestación se admitió la alega-ción, pero también mostraba la demanda un contrato especial de transporte, y como lo que se afirma en una alega-ción debe considerarse en el sentido más estricto en contra del que la formula, no vemos que se haya hecho ninguna ale-gación de que la demandada era una porteadora pública. La tentativa de la demanda por imputar los actos enpecí-fíeos de negligencia milita en contra de tal teoría. Además,. la demanda mostraba qne la demandada tenía un garage y la prueba demostró que el conductor del automóvil, a ins-tancia y solicitud de los pasajeros, no solamente los llevó a San Juan, sino que los paseó de un lado para otro por las calles de elidía ciudad y a petición de los mismos demoró el viaje. •

Creemos que tanto de la demanda como de la prueba apereció que la ocupación de la demandada, como sucede generalmente con los garages, era semejante a la de un em-presario de coches y que el contrato en este caso era la en-trega ordinaria dé una cosa en alquiler (bailment for hire). Bajo estas circunstancias sostienen las autoridades que la responsabilidad a saber, la de un empresario de coches, es tener un cuidado ordinario. Stanley v. Steele, 69 L. R. A. 561, 77 Conn. 688, en cuyo caso se revisan las autoridades; McGregor v. Gill, 108 A. S. R. 919, 114 Tenn. 524; Copeland v. Draper, 34 A. S. R. 315; J. Edward Meyers v. Tri-State Automobile Co., 44 L. R. A. (N. S.) 113, en el cual un garage de automóviles que alquila automóviles se considera igual que una empresa de coches; Tront v. Watkins Livery & Undertaking Co., 130 S. W. 136; Forbes v. Reinman, 51 L. R. A. (N. S.) 1165.

Cuando el porteador es un ferrocarril, tranvía urbano, buque de vapor, diligencia, o persona dedicada al servicio público que se ofrece a recibir a todo el que se presente, se requiere el mayor grado de cuidado y frecuentemente es aplicada la máxima de res ipsa loquitur, por la teoría de que teniendo dichos porteadores el gobierno y conociendo el me-canismo del aparato y el camino, están en condiciones de poder dar cuenta del accidente, y por tanto la ley les impone el deber de tener tal conocimiento, Stokes v. Saltonstall, 13 Petters 181; McGinn v. New Orleans Railroad & Light Co., 13 L. R. A. (N. S.) 601, y notas; Treadwell v. Whittier, 80 Cal. 574, 5 L. R. A. 498; Hegeman v. Western Railroad Corporation, 13 N. Y. 9, 64 A. D. 517; Holbrook v. Utica & Schenectady R. R. Co., 12 N. Y. 236, 64 A. D. 502. Y el principio se lia lieclio extensivo a un automóvil que va visi-tando puntos de interés, 35 L. R. A. (N. S.) 658; al dueño de un coche de alquiler, Bonce v. Dubuque Street Ry. Co., 36 A. R. 221 y a una compañía de coches-automóviles, Van Hoefen v. Columbia Taxicab Co., 162 S. W. 694, teniéndose siempre presente la diferencia de si el demandado repre-sentó ser un porteador público; de otro modo la regla que exige al demandante asumir el peso de la prueba permanece intacta.

Otra cuestión a la cual han llamado la atención las auto-ridades, es que los empresarios de coches f garages de auto-móviles no solamente arriendan las máquinas con los con-ductores, sino que también las alquilan sin éstos, y realizan otras varias cosas que demuestran un contrato privado de arrendamiento. Ni de la demanda ni de la prueba apareció que éste fuera un caso en que pudiera aplicarse la máxima res ipsa loquitur.

La prueba en realidad demostró un acto de negligen-cia por parte del chauffeur de la demandada, el cual según toda probabilidad fué la causa eficiente del accidente. La empresa se comprometió a llevar sus pasajeros a San Juan y traerlos a Mayagüez, pero en San Juan los pasajeros no dejaron tranquilo al chauffeur, y desde el sábado por la noche a eso de las 10 hasta el lunes por la madrugada, como a las des, tanto los pasajeros como el chauffeur tuvieron muy poco descanso, de modo que cuando los viajeros salie-ron para Yauco casi todos se encontraban rendidos por el sueño. Los pasajeros sabían que el chauffeur había estado haciendo un esfuerzo continuo y que sus fuerzas se encon-traban un poco agotadas, a pesar de lo cual insistieron, par-ticularmente el finado, en salir por la noche, hallándose el chauffeur en este estado de agotamiento de fuerzas. Si fué negligente el chauffeur, el fenecido fué también culpable de negligencia eontributoria. Creemos, en vista de esta negli-gencia contributoria que la corte tuvo razón al ordenar el sobreseimiento del caso (nonsuit) por cualquier fundamento de negligencia que estuviera justificado por los hechos desa-rrollados en el juicio.

Se alegaron otros cuatro señalamientos de error. El pri-mero de éstos consistió en no haber permitido la corte decla-rar al testigo de la demandada, Fernando Cuebas, si había hecho una manifestación distinta ante el juez municipal. Se-gún refieren los autos, el objeto de la pregunta era refres-car la memoria del testigo. La razón que ahora se aduce es que una parte tiene derecho a contradecir su propio tes-tigo de acuerdo con el artículo 156 de la Ley de Evidencia. No se hizo constar debidamente qué objeto tenía la pregunta ai indicar al testigo los detalles de sus manifestaciones ante-riores que se alega son incompatibles. Las declaraciones que se trataron de poner de manifiesto no eran contradic-torias y el objeto de la pregunta fué expresado equivoca-damente; de otro modo era una declaración puramente de referencia e incompetente.

A uno que se alegó era. un perito, se le preguntó si por el conocimiento que tenía como chauffeur, y por haber visto el automóvil, el camino, y todo lo demás, podía explicar cómo había ocurrido el accidente. El testigo no acreditó ser un perito y la pregunta estaba sujeta a ser impugnada por no expresar hechos concretos probados en el juicio en forma hipotética que hiciera procedente la opinión de un perito.

El i ercer señalamiento de error consistió' en no haber per-mitido la corte a un testigo que declarara sobre las mani-festaciones hechas por el chauffeur Camacho respecto a su propia negligencia. Esto tal vez fué un error, pues las admi-siones hechas por un empleado de un demandado son perti-nentes y competentes, y constituyen una excepción a la regia relativa a las declaraciones de referencia (hearsay), aun cuando el empleado esté en la corte dispuesto a declarar. 16 Cyc. 1005; Geylin v. de Villeroi, 2 Houston (Del.) 311; Kelly v. King Yung Benevolent Assn., 2 Cal. App. 460; Phe- nix Mut. L. Ins. Co. v. Clark, 58 N. H. 164. Creemos, sin embargo, qne los apelantes no probaron ningún perjuicio.

El artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que

“En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afec-ten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o inva-lidará ningún fallo por razón de dicbo error o defecto.”

De acuerdo con un artículo semejante las cortes de California, así como otras cortes, ban declarado que el apelante no solamente tiene el deber de probar que se ba cometido error, sino que ba habido perjuicio. Coonan v. Lowenthal, 129 Cal. 197, 61 Pac. 940; 3 Cyc. 387; Taylor v. Boughner, Jr., et al., 16 W. Va. 332. Al tratar esta cuestión, la Corte Suprema de los Estados Unidos se expresa en los siguientes términos en el caso de Cunningham v. Springer, 204 U. S. 647:

“Estas excepciones demuestran la importancia de una estricta aplicación del principio de que la parte que excepciona debe bacer constar que en el juicio ba tenido lugar un error que le perjudica, para que pueda estar justificada una corte de apelación en modificar el veredicto. ’ ’

La pregunta se le hizo ai testigo hacia la terminación del juicio, después de haber hecho los demandantes varias tenta-tivas distintas para probar la negligencia de la demandada. Atendidas estas circunstancias creemos que los demandantes tenían el deber de mostrar que la declaración propuesta era esencial y pertinente a las cuestiones alegadas en la demanda y no meramente acumulativa de la otra declaración que se pretendió ofrecer. Es muy probable que el chauffeur lamen-tara el hecho de tener que salir de Yauco, abatido como es-taba; pero si los demandantes en aquel estado del juicio trataban de probar algún otro acto de negligencia, debie-ron haber hecho una proposición más específica para con-vencer a la corte inferior y a este tribunal de que la prueba rechazada tenía alguna relación verdadera con el caso.

El cuarto señalamiento de error fné la negativa de la corte a hacer una inspección ocular del sitio donde ocurrió el accidente. Esta era una cuestión que pertenecía a la. sana discreción de la corte, y no vemos que se haya abusado de dicha discreción.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: S'res, Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldeet,

text:
    Sucesión Vélez et al., Demandantes y Apelantes, v. Vélez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa sobre reivindicación de finca rústica, nulidad de expediente posesorio, escrituras e inscripciones en el registro.
    No. 1367.
    Resuelto en marzo 17, 1916.
    Demanda Enmendada. — Eliminación—Sobreseimiento de la Acción — Excepcio-nes. — Errores o Equivocaciones. — Una moción para que se elimine una de-manda enmendada y para que se dicte sentencia decretando el sobreseimiento del pleito, fundada en que es una reproducción exacta de la original desesti-mada, y que no corrige los errores o equivocaciones existentes, equivale a una excepción.
    Id. — Excepciones Previas — Nulidad—Acción de Nulidad — Defecto de Partes— Prescripción. — Dictada resolución sobre excepciones previas declarando pres-critas ciertas acciones de nulidad ejercitadas, y por defecto de partes deman-dadas, si la adición que contiene la demanda enmendada sólo tiende a subsanar el defecto de partes demandadas y no se alega ningún becho que desvirtúe la declaración de prescripción no es bastante para entender enmendada la demanda.
    Id. — Alegaciones Enmendadas — Errores o Equivocaciones — Falta de Corre-girlos — Eliminación—Renuncia.—Enmendar una alegación es corregir sus errores o equivocaciones y cuando esto no se liaee así no puede sostenerse que hay alegación enmendada, y la corte estará justificada para prescindir de ella o para eliminarla y para continuar con el pleito como si la parte hubiera renunciado a utilizar el derecho que se le dió para enmendar.
    Dos hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Carlos Franco Soto.

      Abogado de los apelados. Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sb. Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de excepciones opuestas en este caso por los de-mandados la Corte de Distrito de Aguadilla dictó resolu-ción declarando que estaban prescritas ciertas acciones de nulidad .que los apelantes ejercitan en su demanda y que había defecto de partes demandadas y desestimó la demanda, aun-que concedió permiso para que fuera enmendada. Presen-taron entonces los demandantes una nueva demanda igual a la anterior con excepción de que contiene una alegación nueva con el objeto de subsanar el defecto de partes deman-dadas y que en otra se agregan algunas palabras que en nada alteran el alcance de la correspondiente de la demanda original.

En este estado el pleito los demandados solicitaron de la corte que eliminase la demanda enmendada y que dictase sentencia decretando el sobreseimiento y, después de alegar en contra los demandantes, la corte declaró con lugar la mo-ción, dictó sentencia desestimando la demanda y ordenó que ésta se registrara en el libro de sentencias.

Interpuesto por los demandantes este recurso de apela-ción no alegan error alguno contra la sentencia y se limi-tan a proponer a nuestra resolución como única cuestión la. de si la corte inferior tiene facultad para eliminar su de-manda enmendada y dictar sentencia desestimando su pleito, sin que la demanda enmendada fuera exeepeionada por los demandados.

La cuestión propuesta por la moción de los demandados equivalía a una excepción a la demanda enmendada (Hays v. Peavey, 43 Wash. 163, 86 Pac. 170 citado en 31 Cyc. 461) ya que su fundamento fué que era una transcripción exacta de la original porque el nuevo hecho alegado, si bien puede afectar al defecto de partes demandadas, no así a los otros elementos jurídicos apreciados por la corte para declarar prescritas las acciones ele nulidad de las ventas a que se re-fiere la demanda.

La sola adición cine contiene la segunda demanda puede subsanar el defecto de partes demandadas que la corte declaró existir, pero no habiéndose hecho otras enmiendas queda sub-sistente la declaración que hizo la corte inferior de estar prescritas las acciones de nulidad, que respecto de dos ven-tas se ejercitan en la demanda, y por tanto aquella adición no es bastante para entender enmendada la demanda por-que si no se alega algún hecho que desvirtúe la declaración de prescripción de la acción declarada por la corte, poco im-porta que se adicione la demanda para demostrar que han sido demandados todos los que deben ser parte en el pleito.

Además, cuando una corte concede permiso a una parte para presentar una alegación enmendada, la nueva no puede ser una reproducción exacta de la anterior o con tan ligeros cambios que en verdad no corrijan los errores o equivoca-ciones de la anterior. Enmendar una alegación es corregir sus errores o equivocaciones y cuando esto no se hace no puede sostenerse que hay alegación enmendada y la corte estará justificada para prescindir de ella o para eliminarla y para continuar con el pleito como si la parte hubiera renun-ciado a utilizar el derecho que se le dió para enmendar; y como' en este caso la corte había desestimado la demanda, aunque concediendo permiso para enmendarla, no habién-dose hecho la enmienda, el juez estuvo justificado para con-tinuar el procedimiento y para ordenar que su resolución desestimando la demanda, que había quedado en suspenso, se registrara como sentencia. 31 Cyc. 358.

Habiendo limitado los apelantes su recurso de apelación por su alegato a la única cuestión que hemos considerado y resuelto en su contra, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. AldRey,

text:
    Rosa, Demandante y Apelante, v. The New York and Porto Rico Steamship Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre indemnización de daños y perjuicios oca-sionados por negligencia.
    No. 1377.
    Resuelto en marzo 23, 1916.
    Daños y Perjuicios — Caída a la Bodega de un Barco — Testigos—Credibilidad de los Testigos. — El mero hecho de que el único testigo presentado por un . demandado en una acción sobre indemnización de daños y perjuicios ocasiona-dos por la caída del demandante de uno de los barcos de la demandada, por una de sus escotillas, en momentos en que el .demandante estaba trabajando como empleado, fuera el encargado de conservar en buen estado los cuarteles y galeotas de dicha escotilla, no lleva a la conclusión de que necesariamente tenía que mentir y que hubiera de preseindirse de su declaración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Litis Janer Landrón.

    Abogado de la apelada: Sr. Charles Hartsell.

   El Juez Asociado Su. AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Augusto Rosa, basándose claramente en el No. Io. de la ley de Io. de marzo de 1902 sobre responsabilidad de los patronos, por los accidentes que sus empleados sufran en su servicio, demandó a “The New York and Porto Rico Steamship Compaq” para que le pagase cierta cantidad de dinero como indemnización por los daños y perjuicios que sufrió al caerse a la bodega de uno de sus barcos por una de sus escotillas en momentos en que estaba trabajando como empleado suyo usando del debido celo y circunspección y sin negligencia de su parte, accidente que según la demanda se debió a la negligencia de la demandada por tener inseguros y gastados los cuarteles y galeotas de dicha escotilla y no haber remediado dicho defecto a pesar de que oportunamente tuvo conocimiento positivo de él.

Celebrado el juicio la corte inferior dictó sentencia de-clarando sin lugar la demanda fundándose en que la evidencia demostró que los cuarteles y las galeotas estaban en buenas condiciones, y el solo motivo qne alega el apelante en este recurso para qne revoquemos la sentencia es qne la corte inferior no debió dar crédito al único testigo qne tal cosa declaró porque su declaración es ambigua, contraria al orden natural y lógico de los hechos, contradictoria con sus propias manifes-taciones y opuesta a la verdad y a la lógica. Ese testigo, único que presentó la parte demandada, fue Mr. Hudson, primer oficial del vapor en la fecha en que ocurrió el accidente y encargado entonces de que todas las partes de mecánica del barco estuvieran en perfecto orden y, después de haber examinado detenidamente su declaración, no podemos con-venir con las apreciaciones que de ella hace la parte apelante. El mero hecho de que dicho testigo estuviera encargado de conservar en buen estado los cuarteles y las galeotas del barco no lleva a la conclusión de que necesariamente tenía que mentir y que hubiera de prescindirse de su declaración por lo que la corte inferior no cometió error al dar crédito a su declaración y al basarse en ella para fundar la sentencia absolutoria que dictó.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez PeesideNte Se. HeRNÁNdez,

text:
    Rosario, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la subsana-ción de un defecto.
    No. 270.
    Resuelto en marzo 24, 1916.
    Cancelación de Hipoteca — Poderes—Pecha Posterior — Efecto Retroactivo— Defecto Subsanable. — En eslj recurso el registrador consignó en su nota el defecto subsanable de no acreditarse el carácter y facultades de un apo-derado para la cancelación de cierta hipoteca. Para subsanar este defecto el recurrente presentó una escritura de ratificación y poder otorgada por la man-dante. El registrador no estimó subsanado el defeeto por ser el poder pre-sentado de fecha posterior a la de la escritura de cancelación y no ratificarse ésta expresamente. »Se resolvió, revocando la nota recurrida, que aún cuando el poder fuera de fecha posterior a la de la escritura de cancelación, por él ratifica la mandante los actos y contratos anteriores de su apoderado y da efecto retroactivo a las facultades otorgadas al mismo, y que la cancelación de que se trata debe surtir efectos legales desde su fecha, sin necesidad de nueva escritura.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, también compareció en nombre propio.
   El Juez PeesideNte Se. HeRNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura publica de 6 de agosto de 1915, Eobert Kerr vendió a José Ezequiel Rosario Santiago un solar con super-ficie de 449 metros, 56 centímetros cuadrados, radicado en el sitio del Maclíucbal, barrio de Santurce, término municipal de esta ciudad, que segregó de otro de su propiedad de mayor cabida, hipotecado a favor de Alice Basanta, para garantir cierto crédito hipotecario por los esposos Dooley de quienes Kerr había adquirido el solar con la hipoteca que lo gravaba, habiendo comparecido al otorgamiento de la escritura de que se deja hecho mérito Albert E. Lee como apoderado de Alice Basanta y cancelado la hipoteca en la parte que afectaba al solar segregado.

Presentada dicha escritura en el registro para la inscrip-ción de la venta y cancelación de la hipoteca, el registrador accedió a ello según nota de 19 de agosto de 1915, pero con-signando en cuanto a la cancelación los defectos subsanables de no acreditarse el carácter y facultades de Albert E. Lee y no haberse presentado la escritura de constitución de hipo-teca.

Para subsanar ambos defectos, presentó el recurrente la escritura de constitución de hipoteca otorgada en 22 de julio de 1914 por los esposos Dooley a favor de Alice Basanta, y otra escritura de “ratificación y poder” otorgada en la ciu-dad de New York el 22 de diciembre de 1915 por Alice Ba-santa a favor de Albert E. Lee.

El registrador estimó subsanado el defecto consignado en ■su nota de 19 de agosto, 1915, de no haberse presentado la escritura de constitución de hipoteca, y no el otro defecto de falta de justificación del carácter y facultades del apoderado Albert E. Lee, porque el poder presentado era de fecha posterior a la de la escritura de 6 de agosto de 1915, y no se rati-ficaba expresamente la cancelación, como así lo hizo constar en nota de 28 de febrero de 1916, que ha sido recurrida por José Ezequiel Rosario Santiago para ante esta Corte Su-prema.

El recurrente alega que con la simple lectura de la escri-tura de poder de 22 de diciembre de 1915, podría apreciar esta corte que dicho documento contiene con efecto retroactivo facultades expresas bastantes para ejercitar actos de riguroso dominio y que la escritura de cancelación otorgada por el apoderado en 6 de agosto de 1915 fué ratificada por la poder-dante. Examinemos aquella escritura.

En la cláusula primera de ese documento afirma Alice Ba~ santa haber otorgado en el año anterior poder general a favor de Albert E. Lee, cuyo poder, según se le informó, había su-frido extravío. En la cláusula segunda ratifica y confirma cualquier acto y contrato que su apoderado Lee hubiere cele-brado anteriormente en representación de ella, especialmente cualquier escritura de hipoteca pendiente de registro por falta de poder o por no haberse podido exhibir el ya conferido, y autoriza al mandatario para obtener la inscripción de cual-quier escritura que como tal mandatario hubiere firmado y firme, pues para ello consiente expresamente cual si el acto o contrato hubiere sido realizado por ella o con poder bastante en nombre de ella. En la cláusula 4a. antoriza con efecto re-troactivo a Albert E. Lee para dar dinero a préstamo con ga-rantía hipotecaria, cobrando y percibiendo el principal y los intereses en su caso, y dando recibos, cartas de pago y cance-laciones totales y parciales, o ejecutando las hipotecas que también puede sub-hipctecar, ceder, gravar, permutar, liberar en todo o en parte los bienes que las reconocen, y firmar las escrituras y documentos públicos y privados, precisos y con-venientes.

Como se ve, Alice Basanta, al otorgar la escritura de 22 de diciembre de 1915, se propuso no solamente dar poder a Albert E. Lee para el futuro con la extensión que el docu-mento revela, sino que fué su intención, además, convalidar los actos y contratos que anteriormente babía ejecutado en su nombre Albert E. Lee, con poder que, según se le informó, babía sufrido extravío; y a ese fin la Basanta ratifica expre-samente en términos generales cualquier acto y contrato que su apoderado Lee hubiera celebrado antes del otorgamiento de la escritura de 22 de diciembre de 1915, otorga su consen-timiento para obtener la inscripción en el registro de cualquier escritura que Lee hubiere firmado en su nombre como si el acto o contrato hubiere sido realizado por ella o con poder bastante en nombre de la misma,, y da efecto retroactivo a facultades que otorga a Lee en el nuevo poder, entre otras para librar en todo o en parte los bienes que garanticen hi: potecas constituidas a su favor. La frase con efecto retro-activo no puede tener otra significación que la de suplir o sub-sanar el defecto de que pudieran adolecer los actos o contra-tos otorgados anteriormente por Lee con ejercicio del poder extraviado.

Entendemos que la cancelación de que se trata, debe surtir efectos legales, sin necesidad de nueva escritura de ratifica-ción por la mandante o por el mandatario, desde su fecha, o sea desde el otorgamiento de la escritura de 6 de Agosto de 1915, por exigirlo así la intención de la otorgante Alice Ba-santa, manifestada por modo indudable en la escritura de 22 de diciembre de 1915. No importa que el poder presentado sea de fecha posterior a la de la escritura de cancelación, pues como hemos dicho, por ese poder ratifica Alice Basanta los actos y contratos anteriores de su apoderado y da efecto re-troactivo a las facultades otorgadas al mismo.

Es de revocarse la nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., de 28 de febrero del corriente año, en la parte en que ha sido recurrida.

Revocada la nota en la parte recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Blandford, Acusado y Apelante.
    ApelacióN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de homicidio involunta-rio.
    No. 870.
    Resuelto en marzo 24, 1916.
    Viandantes — Caminos o Carreteras. — Un ■viandante tiene derecho a cualquier parte de un camino o carretera que esté desocupada y generalmente' no está obligado a mantener una vigilancia hacia atrás aunque su deber puede variar si ha sido avisado o advertido de la llegada de un vehículo por su espalda.
    Distancias — Extensión Calculada por el Largo del Salón de una Corte— Duda en Contra del Acusado. — Cuando al declarar un testigo sobre la dis-tancia en que paró un automóvil después de un accidente manifiesta que esa distancia era mayor o igual que la extensión que tenía el salón donde decla-raba, la corte inferior podía calcular la distancia, y si la exposición del caso no muestra la extensión del salón, cualquier duda que pueda haber está en contra del acusado.
    Negligencia — Grado de Negligencia — Instrucciones al Jurado. — En casos de negligencia criminal, la cuestión relativa al grado de negligencia, generalmente queda sometida al jurado mediante las debidas instrucciones de la eorte.
    Negligencia — Causa Próxima. — El hecho de que los casos posibles de negligencia se multipliquen no exime al gobierno de tener que demostrar la causa próxima del accidente.
    Homicidio Involuntario — Conductores—Viandantes—NegligenciaElagrante— Debido Cuidado y Circunspección. — De acuerdo con las autoridades cualquier conductor de un vehículo que trate de pasar delante de los viandantes en una carretera a gran velocidad y sin estar seguro de que dichos viandantes tienen conocimiento de la llegada de la máquina, es culpable de negligencia flagrante. El procede sin el debido cuidado y circunspección. Cuando ocurre una muerte, guiar sin miramiento alguno siempre ha sido castigado por la ley de homicidio.
    Id. — Responsabilidad—Consecuencias Naturales. — La ley de homicidio hace responsable a un acusado de las consecuencias necesarias y probables de sus actos. ' ■ ■ .
    Nuevo Juicio — Nuevas Pruebas — Diligencia Razonable. — Cuando a los efectos de una moción de nuevo juicio la declaración que se deseaba presentar es una de las que el acusado estaba obligado a conocer de antemano, no puede con-siderarse como prueba descubierta nuevamente que el acusado no pudo haber conseguido mediante diligencia razonable.
    .Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Rodríguez Berra.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La carretera de Puerto Eico, el camino que conduce de San Juan a su barrio principal de Santurce, no tiene aceras. Puede encontrarse llena de vehículos a cualquier hora del día, todos los cuales tienen igual derecho al camino y cada uno de los mismos debe respetar los derechos de los demás. Los viandantes tienen derecho a cualquier parte del camino que esté desocupada. Luther v. State, 98 N. E. 640, y autoridades agrupadas en el mismo; Hennessey v. Taylor, 189 Mass. 583, 3 L. R. A. (N. S.) 345; Código Civil, see. 327 y siguientes; Escriche, Diccionario de Legislación, Tomo Segundo, página 157 y siguientes; Riepe v. Elting, 48 A. S. R. 361, y notas; Avegno v. Hart, 25 La. Ann. 235, 13 A. R. 133, y nota. Dichos viandantes generalmente no están obligados a mantener una vigilancia hacia atrás, aunque sus deberes pueden variar si han sido avisados o advertidos de la llegada de un vehículo por detrás de los mismos. Hennessey v. Taylor, supra; Graham v. Evening Press Co., 135 Mich. 303; 37 Cyc. 273.

Hubo prueba en este caso tendente a demostrar que en 23 de diciembre, 1912, Pablo de Jesús, Acacio Villanueva, que llevaba de la mano a un niño, y Francisco Pastrana, entraron en la carretera por su parte norte con intención de ir hacia el este de la misma y finalmente cruzar para coger el camino de Covadonga que está al Sur. Se encontraban en la carretera en algún punto entre la escuela y el edificio de la “Asociación Cristiana de Jóvenes,” no apareciendo claramente determi-nado el sitio por la prueba. Aparentemente ellos no habían llegado a la vía del tren que atraviesa la carretera un poco hacia el oeste del último edificio. Caminaban por el lado norte de la carretera en línea recta estando Pastrana en el extremo izquierdo,Villanueva en el medio, j de Jesús a la derecha, pero yendo todos por el lado izquierdo de la carretera, quedando amplio espacio a la derecha. Joseph J. Blandford y su her-mano salían de San Juan en un automóvil. Llegaron donde estaba este grupo de hombres y el apelante que guiaba la má-quina los vió desde antes. No tocó su bocina o dió algún otro aviso, por lo menos no lo hizo hasta que ya era demasiado tarde para los viandantes en esta emergencia resolver qué dirección mejor debían tomar. Estaban aterrorizados por la súbita llegada de la máquina por sus espaldas, acompañado esto de un toque de la bocina del Klaxon, y saltaron impulsa-dos por el pánico. De Jesús y Villanueva trataron de atra-vesar hacia la derecha donde de Jesús llegó sin ninguna nove-dad, pero Villanueva fué cogido y muerto por la máquina. De Jesús manifestó que el automóvil iba a mucha velocidad, que paró inmediatamente, pero a una distancia bastante reti-rada. Dijo que la distancia era mayor que la extensión que tenía el salón de la corte donde declaraba, distancia que pode-mos seguramente suponer que es de cuarenta a cincuenta pies. La corte inferior podía calcular esta distancia y cualquier duda que pueda haber en este sentido, en este tribunal, debe estar en contra del acusado, pues la exposición del caso no muestra la extensión del salón. Otro testigo del Gobierno declaró que la velocidad era moderada. El apelante dijo que paró su máquina dentro de una distancia igual al largo de su máquina y que iba a razón de ocho o diez millas por hora. Declaró acerca del pánico que produjo su llegada y la teoría que tiene del caso es que. no hubiera ocurrido el accidente si a última hora no hubiera tocado la bocina del Klaxon para avisar a un carro que iba delante de él. Creyó que fué el tocar la bocina lo que hizo saltar a los hombres, y en verdad que el Fiscal basa enteramente su teoría de negligencia en el toque inesperado de la bocina. Si hubiera ido el acusado a una ve-locidad moderada, como sostiene, el tocar la bocina en la for-ma. acostumbrada para abrirse paso apenas si constituiría negligencia que lleve consigo responsabilidad criminal.

En casos de negligencia, civil o criminal, la cuestión re-lativa al grado de negligencia generalmente queda sometida al jurado mediante las debidas instrucciones de la corte. Es-te caso íué juzgado por la corte sin jurado. No existen ins-trucciones en los autos y aparentemente ninguna fue solicita-da, de modo que no tenemos idea alguna del fundamento en particular por el cual fue declarado culpable el acusado y con-denado a tres- meses de prisión. No existe ninguna opinión. De conformidad con las numerosas decisiones de este tribunal tiene que subsistir la sentencia a falta de prejuicio, u otro elemento semejante, si bay prueba suficiente tendente a jus-tificar la condena. El Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R. 345, caso que fuá juzgado por la corte sin jurado, y autoridades que en el mismo se citan.

Dejamos enteramente a un lado las indicaciones que sur-gen de la prueba de que el apelante no iba prestando atención puesto que iba hablando con su hermano y que ambos estaban muy interesados en la carga de alfajías que llevaban en la parte ele atrás del carro. No existe prueba de que el accidente ocurrió por falta de atención al camino. El multiplicar los casos de posible negligencia no exime al Gobierno de tener que demostrar una causa próxima. Nos sentimos obligados, sin embargo, a confirmar la sentencia por otros fundamentos.

La corte estuvo justificada en deducir de la prueba que el apelante corría a una velocidad grande y peligrosa. Hay poca o ninguna prueba directa respecto al grado de velocidad, pero la declaración de de Jesús, el pánico producido y la dis-tancia a que el apelante paró su máquina después del accidente, todos eran elementos que en unión quizás con los gestos de los testigos, podían llevar a la corte a inferir que el apelante viajaba rápidamente por la carretera. No discutiremos ahora a qué velocidad debe viajar un automóvil, o cuándo es que el acto de viajar en violación de las leyes insulares y regla-mentos constituye prima facie prueba de negligencia.

Los casos de homicidio que han sido publicados, debidos a guiar neglig’entemente un automóvil, no son numerosos. Haremos referencia a algunos de los mismos. State of Connecticut v. Goetz, 83 Conn. 437, 30 L. R. A. (N. S.) 458, fué un caso en el cual el acusado bajaba una cuesta a unas veinte millas por hora. Yió a dos mujeres paradas en el camino y en la creencia de que esperaban un carro público que aca-baba él de ver pasar trató de pasarles sin reducir su velocidad. Las dos mujeres alarmadas y confundidas por el carro que rápidamente se acercaba y los cambios de luces delanteras, trataron de cruzar la vía. El acusado desvió rápidamente su máquina para evitar tropezar con ellas a pesar de lo cual tropezó y mató a una. La corte resolvió que la conducta del acusado al guiar tan negligente y rápidamente su carro cons-tituía una verdadera desatención de los derechos de la gente en las calles, habiendo sido declarado culpable el acusado por un delito de homicidio.

State v. Campbell, 74 Atl. 927, fué otro caso en que un acusado Hato de pasar delante de una persona en el camino sin reducir su velocidad. La corte en ese caso hizo referencia a la ley general según la cual la negligencia de la persona perjudicada no establece diferencia. Existían algunos esta-tutos locales regulando la velocidad en ambos de estos casos de Connecticut, pero en tanto estos estatutos afectaban a los casos en particular eran solamente expresivos de la ley general. Véanse también los casos de People v. Barnes, 148 N. W. 400; People v. Scanlon, 132 App. Dec. 528; State v. Setsor, 119 Pac. 346. State v. Wagner, 86 Atl. 147, fué un caso en que la velocidad que llevaba el conductor de una máquina pro-dujo un pánico en el conductor de un carro que en cambio mató a uno que iba a pie, habiendo resuelto la corte que el acusado era responsable criminalmente.

En Puerto Eico también tenemos un estatuto local que fija el grado de velocidad y creemos que aparece claro de la prueba que el acusado se excedió de este grado de velocidad. Sin embargo, no queremos que se entienda que sostenemos el criterio de que la simple infracción de un estatuto que regula la velo-cidad constituye por sí negligencia criminal.

El artículo 203 del Código Penal prescribe lo siguiente:

“Homicidio es dar muerte ilegal a un ser humano sin que medie malicia. Es de dos clases:
“1. Voluntario: cuando ocurre en ocasión de una súbita pen-dencia o arrebato de cólera.
“2. Involuntario: cuando ocurre al realizarse un acto ilegal, que no constituyere delito grave (felony); o al realizarse un acto legal que pudiere ocasionar muerte en forma ilegal, o sin la debida pru-dencia o circunspección.”

De acuerdo con las autoridades nos sentimos obligados a declarar que cualquiera que trate de pasar delante de los viandantes en la carretera a gran velocidad y sin estar seguro de que dichos viandantes tienen conocimiento de la llegada de la máquina, es culpable de negligencia flagrante. El pro-cede sin el debido cuidado y circunspección. Cuando ocurre una muerte, el guiar sin miramiento alguno siempre ha sido castigado por la ley de homicidio.

Como hemos visto, la corte tenía derecho a inferir que el apelante guiaba a una velocidad peligrosa, peligrosa por pa-sar delante de los viandantes que no han sido avisados y pue-den ser alarmados. El sonar la bocina fué simplemente la cosa en particular que hizo desviar a los viandantes del curso que llevaban, pero un vehículo que se acerca, algún movimiento o distracción entre los mismos, o cualquiera otra razón pudo asimismo haber hecho que cruzaran ellos repentinamente frente a la máquina. La suposición .del acusado parece ha-ber sido la de que por el simple hecho de que él se encontraba bien a la derecha y vió que no había obstáculos en el camino ante él, estaba justificado en pasar a los viandantes a gran velocidad sin más precaución. Esta no es la ley. El conductor de una máquina debe siempre manejarla de tal modo que pueda evitar causar daño a la gente que viaja por la ca-rretera. El no tiene derecho a pasar delante de ellos a una velocidad peligrosa, a menos que esté justificado en creer que tienen ellos conocimiento de su llegada y estén prepa-rados para dejarle expedito el paso. Cualquier hombre tiene derecho a caminar por la carretera y el conductor de un auto-móvil que pretenda pasar por delante del mismo debe tener motivos para creer que el viandante tiene conocimiento de la llegada de la máquina, o que ha sido avisado debidamente. Un automóvil puede causar más daño que cualquier otro ve-hículo en un camino. Tiene derecho a estar allí pero debe respetar los derechos de los demás.

Parece duro que un acusado que iba enteramente sin ma-licia y que no tenía la intención consciente de hacer daño a nadie en la carretera tenga que sufrir los castigos y penas de la ley criminal, pero la ley de homicidio siempre ha hecho responsable a un acusado por las consecuencias necesarias y probables de sus actos. El hombre que sin miramientos de ningún género usa armas de fuego' o cualquier otro agente que pueda ocasionar muerte, sin que importe conocer el motivo que en realidad tiene para usarlos, se presumirá que conocía la consecuencia natural de sus actos. El Pueblo v. Francis, 19 D. P. R. 692; Commonwealth v. Pierce, 138 Mass. 178; Luther v. State, 98 N. E. 642, supra; J. Aitken v. Holyoke St. Ry. Co., 184 Mass. 271; State v. Justus, 8 Pac. 342; People v. Pearne, 118 Cal. 154, 50 Pac. 376, aunque, desde luego, no queremos que se entienda que sostenemos el criterio de que un automóvil es la misma clase de instrumento peligroso que un arma de fuego.

Damos por sentado que la cuestión principal promovida en este caso fué la consideración de la prueba por la corte inferior. El apelante, no obstante, se quejó de la negativa de la corte a conceder un nuevo juicio. La moción se fundó en el ofrecimiento de presentar nueva prueba consistente en una declaración jurada del hermano del acusado que estaba con él cuando ocurrió el accidente. Sin entrar a considerar todas las razones técnicas para negar esta moción de nuevo juicio debe tenerse como cierto que la declaración que se deseaba presentar era de aquellas que el acusado estaba obligado a conocer de antemano. La ausencia de su hermano podría haber sido un motivo para obtener una suspensión en la corte inferior en la fecha del juicio, pero en manera alguna puede considerarse como prueba descubierta nuevamente, que el acu-sado no pudo haber conseguido mediante razonable diligen-cia. El acusado estaba obligado a saber o averiguar cuál era la declaración que su hermano podía prestar. Además, hemos examinado el affidavit y nada encontramos en el mismo que pudiera afectar a la sentencia de la corte inferior. La corte consideró debidamente la. moción de nuevo juicio que fué denegada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Del Valle, Demandante y Apelado, v. Rivera, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa sobre injunction para recobrar pose-sión de propiedad inmueble.'
    No. 1383.
    Resuelto en marzo 24, 1916.
    Injunction para Recobrar Posesión de Propiedad Inmueble — I-Iechos Esen-ciales de la Demanda — -Actos Violentos o Fraudulentos.- — Uno de los hechos esenciales en demanda para recobrar la posesión de propiedad in-mueble, de acuerdo con la ley No. 43 de marzo 13, 1913, es que el demandante haya sido privado por • actos violentos o fraudulentos del demandado, de la linca que posee, ya que si no hay privación de posesión no puedo ordenarse ni cumplirse que se restablezca en ella al demandante.
    Id.- — Pérdida de Posesión de Parte de la Finca — Inscripción de la Finca— Sentencia. — Cuando no se ha perdido la posesión de toda una finca sino de alguna parte de ella, la posesión perdida deberá ser descrita para que si racae sentencia favorable pueda ser restablecido en su posesión el demandante. Lo que debe describirse en la demanda es la finca o la parte de ella que se trata de recobrar..
    Id. — -Privación Eeectiva de Posesión — Intención.—La acción que concede la ley No. 43 de marzo 13, 1913, sólo procede ejercitarla cuando existe privación efectiva de posesión y nó cuando ésta no ha tenido lugar aunque existan actos que demuestren intención de tal privación, pues la acción es únicamente para recobrar la posesión y no para retenerla contra actos que amenazaren hacerla perder.
    Id. — Penetración en la Pinga — Corte de Arboles — Perturbación de la Pose-sión — Daño—Posesión Material. — El solo hecho de penetrar con machetes en la finca de otro y aún el de cortar parte de la arboleda no lleva como con-secuencia necesaria al hecho de que se le privó de la posesión material, de la finca o parte de ella. Sería un acto de perturbación de la posesión o de daño, pero no de privación o despojo de la posesión material de la finca.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Enrique Márquez Huertas.

    Abogado del apelado: Sr. Rafael López Landrón.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda con que se inició este procedimiento alegó Pedro del Valle ser dueño y estar en posesión desde hacía muchos años de una finca de 29 cuerdas cuya descripción hizo por los nombres de los dueños de las fincas contiguas, siendo colindante por el sur el demandado Ramón Rivera, y que éste, seis días antes de la presentación de la demanda, y con el auxilio de personas armadas, se introdujo en la expresada finca del demandante sin su autorización, contra su voluntad y sin orden ni mandato de autoridad competente, privándole del “tranquilo y completo disfrute de la propiedad y adop-tando medidas y disposiciones para cruzarla y cercarla arre-batando al demandante una parte considerable de ella. ’ ’

Dictada sentencia condenatoria de acuerdo con la súplica de la demanda ordenando que el peticionario Pedro del Valle sea inmediatamente restablecido en la posesión real y efectiva de la finca de 29 cuerdas cuya descripción, también hace y requiriendo a Ramón Rivera para que en lo sucesivo se abs-tenga de cometer actos de violencia en la posesión real de dicha finca, apercibido de desacato, e imponiéndole el pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado en que ha in-currido el demandante, interpuso Ramón Rivera el presente recurso de apelación con súplica de que la revoquemos.

. En la demanda se ejercita la acción de injunction para re-cobrar la posesión de propiedad inmueble que autoriza la ley No. 43 de marzo 13 de 1913. Según esta ley si se alega y prueba que dentro de los cuatro meses con anterioridad a la demanda estaba el demandante en posesión real de propie-dad inmueble y que ha sido privado de ella por actos violentos-o fraudulentos del demandado, se dictará sentencia ordenando-que el demandante sea restablecido en la posesión y se re-querirá al demandado para que se abstenga en lo sucesivo de cometer tales actos u otros que manifiesten el mismo pro-pósito. Así, pués, uno de los hechos esenciales en esta clase de demanda es que el demandante haya sido privado por actos violentos o fraudulentos del demandado de la finca que posee ya que si no hay privación de posesión no puede ordenarse ni cumplirse que se restablezca en ella al deman-dante. Por supuesto, que si nó se ha perdido la posesión de toda una finca sino de alguna parte de ella la posesión perdida aeberá ser descrita para que si recae sentencia favorable pueda ser restablecido en su posesión el demandante. Lo que debe describirse en la demanda es la finca o parte de ella que se trata de recobrar. También debemos consignar que la acción que concede esta ley sólo procede ejercitarla cuando existe una privación efectiva de posesión y no cuando ésta no ha tenido lugar aunque existan actos que demuestren intención de tal privación, pues la acción es únicamente para recobrar la posesión y no para retenerla contra actos quo amenazaren hacerla perder.

Expuesto lo que precede veamos ahora si la prueba sos-tiene la sentencia condenatoria que en este caso se dictó.

Las conclusiones del juez en cuanto a las pruebas fueron las siguientes:

“Examinando en conjunto la evidencia presentada por ambas par-tes, resulta satisfactoriamente comprobado, que el peticionario es dueño legítimo de la finca descrita en el hecho segundo de la demanda y que el demandado, que es su colindante, penetró en dicha propiedad el día que se cita en la demanda, acompañado de varias personas, armadas con machetes, ejerciendo actos de fuerza y privando, por consiguiente, al peticionario de la posesión real de su propiedad, perturbándolo e impidiéndole su legítimo goce.
“Todos los testigos del peticionario ban convenido en el beclio esencial de que la finca que se describe en la demanda, pertenece al peticionario, y ellos mismos han determinado sus eolindancias con bastante exactitud, afirmando qué los actos de violencia realizados por el demandado y sus acompañantes, lo fueron dentro de los lími-tes de esa propiedad, en donde sus árboles fueron cortados y sus due-ños amenazados; pero como algunas indicaciones fueron hechas por ciertos testigos durante la primera sesión de este juicio que estable-cieron alguna confusión respecto al lugar donde estos actos de vio-lencia habían ocurrido, la corte suspendió la vista del pleito y dis-puso que un perito nombrado por cada parte hiciera una mensura y deslinde de aquel terreno, con vista de los títulos respectivos y que presentasen bien de común acuerdo o separadamente un plano de las verdaderas eolindancias de ambas fincas.
“Tal requisito quedó incumplido y no sabemos por qué causas ni siquiera prestó declaración ante la corte el perito; que los tes-tigos afirman que llevó a cabo la medición de las fincas del deman-dado y cuya mensura dicen ellos que fué la causa de las desavenen-cias ocurridas entre él y el peticionario y de los actos de violencia que allí se desarrollaron, por cuya razón tenemos que resolver este punto en controversia basándonos sólo en los documentos presenta-dos y en las declaraciones testificales de ambas partes, entre las cua-les está la del perito del peticionario, Sr. Noble, quien dice haber hecho una mensura de los terrenos del peticionario, cumpliendo todos los requisitos legales. Del examen de toda esta evidencia resulta que los hechos establecidos en la demanda han sido probados y que una sentencia debe ser dictada de acuerdo con sus peticiones.”

Nosotros somos de opinión que ni los hechos que estimó probados la corte sentenciadora ni la prueba misma sostienen una sentencia condenatoria. Todo lo que la corte estima probado es que el demandado acompañado de otras personas armadas de machetes penetró en la finca del demandante ejerciendo actos de fuerza, de donde infiere que lo privó de la posesión real de su propiedad, aunque no hace declaración de que exista el hecho de la privación de toda la finca o de parte de ella. El solo hecho de penetrar con machetes en la finca de otro, y aún el de cortar parte de la arboleda no lleva como consecuencia necesaria al hecho de que se le privó de la pose-sión material de la finca o de parte de ella. Será un acto de perturbación de la posesión o de daños pero no de privación o despojo de la posesión material de la finca.

Además, examinando las numerosas declaraciones pres-tadas en el juicio se llega a la conclusión de que la prueba no demuestra que el demandante fué privado de la posesión de su finca ni de parte de ella. No hay contradicción entre los testigos de ambas partes respecto a que un agrimensor practicó el deslinde y mensura de una finca de 31 cuerdas poseída por el demandado Ramón Rivera que colinda con la de Pedro del Valle y la sola discrepancia es si para llevarla a efecto penetró o nó en la finca del demandante, debido quizás al hecho de no existir una, colindancia natural o una cerca que separe las fincas, y simsto se hizo o nó por la fuerza, pues mientras los testigos de la parte demandada sostienen que Pedro del Valle no hizo oposición al deslinde y mensura, que no penetraron en la finca de éste y que no realizaron acto alguno de violencia pues los machetes los llevaron y utiliza-ron únicamente para abrir paso en la arboleda para practicar la mensura, los testigos del demandante sostienen que Pedro del Valle se opuso al deslinde, que para practicarlo se metie-ron en su finca y que en ella abrieron un callejón con los machetes.

Esto es todo lo que arroja la prueba de las partes por lo que, decidido por la corte inferior en contra del demandado el conflicto de la prueba, todo lo que resulta probado es que hubo un deslinde de la finca del demandado, que para practi-carlo entraron varias personas con machetes en la finca del demandante donde abrieron un callejón en la arboleda para verificar la mensura y que todo esto se hizo contra su voluntad, pero de aquí no puede deducirse que con el deslinde y mensura en esa forma quedó privado el demandante de la posesión material de su finca ni hay prueba de que esto ocurriera. El hecho alegado en la demanda de que el demandado “arrebató” al demandante una parte considerable de la finca, no ha sido probado, ni tal parte fné descrita.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra absolviendo al demandado sin especial condena de costas.

Revocada la sentencia apelada y ábsuelto de la demanda el demandado, sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    R. R. Pesquera & Co., Demandante y Apelante, v. Mari Hermanos, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en causa sobre daños y perjuicios.
    No. 1420.
    Resuelto en marzo 28, 1916.
    Daños y Perjuicios — Venta Sobre Muestras — Peritos—Pago del Precio-Palta en el Cumplimiento del Contrato. — Cuando no se trata de si el comprador no puede rehusar el recibo de los géneros contratados por estar conformes con la muestra o de si por negarse a' recibirlos han de nombrarse peritos que deeidan si son o no de recibo, sino de una indemnización de daños y-perjuicios por haber el vendedor faltado al cumplimiento de la condición voluntariamente convenida y aceptada, o sea, por no haber enviado al consig-natario los géneros en la cantidad, calidad y forma convenidas, habiendo el comprador pagado el precio bajo la creencia de que el vendedor había cum-plido por su parte las condiciones del contrato, no es de aplicación el artículo 327 del Código de Comercio.
    Contratos Mercantiles — Buena Pe — Voluntad de los Contratantes — Obliga-ciones. — Los contratos mercantiles según el artículo 57 del Código de Co- ' mercio, deben ejecutarse y cumplirse de buena fe según los términos en que fueren hechos y no cabe restringir los efectos, que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.
    Daños y Perjuicios — Incumplimiento del Contrato por el Vendedor — Nego-ciaciones Civiles y Mercantiles. — Si el vendedor deja de cumplir el eontrato celebrado con el comprador, queda sujeto a las consecuencias del incumpli-miento o sea la indemnización de daños y perjuicios causados con arreglo al artículo 1063 del Código Civil, aplicable a las negociaciones así civiles como mercantiles.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José L. Pesquera.

      Abogado de los apelados: Sr. Alfredo Arnoldo Sevilla.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia que en 22 de septiem-bre de 1915 dictó la Corte de Distrito de Mayagüez decla-rando sin lugar la demanda por falta de bechos que deter-minen una cansa de acción, y ordenando en su consecuencia el sobreseimiento y archivo del caso con las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado a cargo del deman-dante.

La demanda, presentada ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., la que-ordenó el traslado del caso a la Corte de Distrito de Mayagüez, dice así:

“Comparecen ante esta Hon. Corte, R. R. Pesquera & Co., repre-sentados por José L. Pesquera Dávila, su abogado, y deducen ésta su demanda contra Mari Hermanos, estableciendo, como causa de acción, los hechos siguientes:
“1°. Los demandantes son una sociedad colectiva, dedicada al ne-. gocio de comisiones en general y a la compraventa de artículos manu-facturados y provisiones, debidamente inscrita en el registro mer-cantil, siendo su oficina principal en la ciudad de San Juan, P. R.; los demandados son una sociedad agrícola e industrial que explota una finca rústica en San Germán, P. R., en la cual se dedican, entre otras cosas, a la extracción de miel de abejas para la venta y expor-tación; y ambas partes tienen la capacidad legal necesaria para demandar y ser demandadas.
“2°. En el mes de julio del corriente año, y con anterioridad al día 28 del propio mes, los demandantes compraron a los deman-dados veinte y cinco (25) cuarterolas o barriles de miel de abejas, conteniendo mil trescientos veinte y un (1321) galones, al precio de cuarenta y seis (46 ctvs.) centavos por cada galón, habiendo ser-vido de base para esta operación una muestra de dicho producto, en perfecto estado de pureza, que había sido suministrada por los demandados a los demandantes, y aceptada por éstos, el día 9 del expresado mes de julio.
“3°. Fué condición expresa de dicho contrato que los demandados embarcarían en Mayagüez, P. R., durante la segunda quincena del repetido mes, miel de abejas en la cantidad y calidad convenidas, a la consignación de los Señores Lispenard, Ewing & Co., 135 Broadway, New York City, en envases o barriles nuevos, debiendo devol-ver los demandantes dichos envases o barriles, o, en su defecto, la suma de dos ($2.25) dollars veinte y cinco centavos por cada barril •que no pudieran devolver.
“4o. Faltando al cumplimiento de la condición a que nos aca-bamos de referir, los demandados embarcaron, en el puerto y a la •consignación expresados, y por vapor ‘Bayamón’ de la ‘A. H. Bull Steamship Co.,’ mil trescientos veinte y un (1,321) galones de miel •de abejas fermentada y en barriles viejos, el día 28 de julio expresado.
“5o. El mismo día 28 de julio los demandados giraron contra los demandantes, y a la orden del Banco Comercial de Puerto Eico, su letra Nro. 2240, por la suma de seiscientos diez ($610.76) dollars setenta y seis centavos; y esta suma fué satisfecha oportunamente, a saber, el día 6 de agosto siguiente, bajo la fe de que los demandados habían cumplido su obligación haciendo el embarque como se había •convenido.
“6o. Los demandantes, por conducto de sus corresponsales en New York, Sres. Lispenard, Ewing & Co., tenían vendida la expresada cantidad de miel y esta venta reportaba a dichos demandantes un beneficio de dos (2 ctvs.) centavos por cada galón; mas, debido a la falta de cumplimiento del contrato con los demandados, por parte de éstos, no solamente no pudieron conseguir los demandantes que los compradores aceptaran dicho artículo, sino que, después de mu-chos esfuerzos y diligencias, sólo pudieron colocarlo al precio de veinte y cinco (25 ctvs.) centavos galón, sufriendo, además, las pér-didas consiguientes de flete, acarretos, comunicaciones eablegráficas, etc., ascendiendo dichas pérdidas materiales a la suma de quinientos ($500) dollars por lo menos.
“7o. Alegan, además, los demandantes que ellos son una firma social que está realizando ahora sus primeros negocios y no tienen todavía bien cimentado su crédito, necesitando más que nunca que sus operaciones resulten completamente limpias y honradas; y, de-bido a la sustitución hecha por los demandados de miel pura por miel fermentada, dichos demandantes han sido mal calificados por algunos comerciantes de New York y se encuentran hoy desacredi-tados en aquel mercado.
“8o. El total de perjuicios ocasionados por los demandados a los demandantes no puede estimarse en una suma menos de dos mil qui-nientos ($2,500) dollars.
“.Por tanto, suplican dichos demandantes a la corte que, en su día, previos los trámites legales, dicte una sentencia a su favor y contra los demandados, condenando a éstos a pagar a aquéllos la suma de dos mil quinientos ($2,500) dollars, por los perjuicios en que les han hecho incurrir, así como también les condene a pagar las costas que este pleito origine y los honorarios de abogado.
~ “Bayamón para San Juan, 3, octubre, 1914. José L. Pesquera, abogado de los demandantes.”

La corte inferior en su opinión establece la siguiente con-clusión como base de la sentencia apelada:

“La venta de miel de que se trata es un contrato mercantil y, por lo tanto, debe regirse por lo preceptuado en el Código de Comercio vigente en Puerto Rico, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 327 de dicho código, la parte demandante, antes de recibir la cosa vendida ha debido comprobar si la misma era de igual calidad a lá muestra presentada por el vendedor, y si no era de la misma cali-dad han debido rehusarla, puesto que después de recibida y vendida a terceras personas no podía comprobarse si era o nó igual a la mues-tra presentada por el vendedor, y el hecho de disponer de la cosa vendida implica aceptación y consumación del contrato, por lo que estima la corte que los demandantes no tienen derecho a los daños y perjuicios que reclaman en su demanda.”

Alega la parte apelante que el artículo 327 del Código de Comercio no es de aplicación al presente caso en que se reclaman daños y perjuicios que los demandados causaron a los demandantes por haber embarcado, a espaldas de éstos y tomando ventaja de la confianza y buena fe de los mismos, miel fermentada en vez de miel pura.

El artículo 327 del Código de Comercio, sobre cuyo sen-tido y alcance es que únicamente gira el presente recurso, dice así:

“Art. 327. — Si la venta se hiciere sobre muestras ó determinando calidad conocida en el comercio, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados, si fueren conformes a las mues-tras o a la calidad prefijada en el contrato.
“En el caso de que el comprador se negare a recibirlos, se nom-brarán peritos por ambas partes, que decidirán si los géneros son o nó de recibo.
“Si los peritos declarasen ser de recibo, se estimará consumada la venta, y en el caso contrario, se rescindirá el contrato, sin per-juicio de la indemnización a que tenga derecho el comprador.

Ahora bien, las alegaciones de la demanda qne hemos de aceptar como ciertas para apreciar si falta o nó cansa de acción, muestran la existencia de nn contrato de compraventa de miel de abejas bajo muestra, con la qne estnvo conforme el comprador demandante, sin qne el vendedor demandado hnbiera enviado la miel a New Tork en los términos conve-nidos, es decir, pnra según la mnestra y en envases nnevos, sino fermentada y en envases viejos, habiendo pagado el com-prador sn precio bajo la creencia de qne el vendedor había cumplido por sn parte las condiciones del contrato celebrado. Esa es, en síntesis, la razón fundamental de la indemniza-ción de daños y perjuicios qne se reclama.

No se trata de si el comprador no puede rehusar el recibo de la miel contratada por estar conforme con la mnestra o de si por negarse a recibirla han de nombrarse peritos qne decidan si la miel es o nó de recibo. La miel ha sido reci-bida por el comprador o por representante suyo en New York, y nadie pretende qne se siga aquél procedimiento, cuya omi-sión no puede privar al demandante del derecho que reclama.

Vendedor y comprador, según los hechos de la demanda, celebraron el contrato bajo la condición expresa de que la sociedad demandada embarcaría en Mayagnez la miel de abe-jas en la cantidad y calidad convenidas a la consignación de Lispenard, Ewing & Co., en envases o barriles nuevos y lejos de hacerlo así, embarcó miel de abejas fermentada y en barriles viejos, faltando al cumplimiento de la condi-ción voluntariamente convenida y aceptada, con lo cual causó a la parte demandante los daños y perjuicios que alega en su demanda.

Los contratos mercantiles, según el artículo 57 del Código-de Comercio, deben ejecutarse y cumplirse de buena fe según los términos en que fueron hechos, y no cabe restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus-obligaciones.

La sociedad Mari Hermanos dejó de cumplir el contrato celebrado con E. E. Pesquera y Compañía, y está sujeta a los consecuencias del incumplimiento, o sea, la indemnización de daños y perjuicios causados, con arreglo al artículo 1068 del Código Civil aplicable a las negociaciones así civiles como mercantiles, según el cual quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumpli-miento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada. '

Revocada la sentencia apelada, ordenándose a la corte inferior continúe el juicio de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Gómez, Demandante y Apelado, v. Toro, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa sobre cobro de dinero (moción de traslado). 4
    No. 1390.
    Resuelto en marzo 29, 1916.
    Traslado de Pleitos — Lugar para la Celebración del Juicio — Origen de los Artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil — Ley de Enjuicia-miento Civil Antigua. — El origen de los -artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Q-ivil es distinto al de la casi totalidad del código. Dichos preceptos legales se inspiran en los artículos 56, 57 y 58 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Sumisión de las Partes — Jurisdicción.—El artículo 77 del Código de En- . juieiamiento Civil vigente, comprende en su número Io. la sumisión expresa a que se refería el artículo 57 de la ley antigua, y en los 2 y 3 la tácita de que trata el artículo 58 de la misma ley; y dada la forma en que está redactado dicho artículo, para que se entienda hecha la sumisión expresa, basta que en el convenio escrito de las partes se sometan éstas a determinada corte que tenga jurisdicción de acuerdo con la ley sobre la materia a que se refiera el convenio.
    Id. — Jurisdicción—Pactos Lícitos — Honestidad—Buenas Costumbres — Polí-tica 'Pública. — La sumisión previa de las partes a la jurisdicción de una corte competente, es un pacto lícito, y una vez que se hace en legal forma, obliga a la persona que se somete y aun a sus herederos, no siendo contrario a la honestidad ni a las buenas costumbres ni a la política pública.
    Id. — Sumisión de las Partes — Distinción Entre la Jurisprudencia Americana y la Española. — La única diferencia que existe entre la jurisprudencia ame-ricana y la española sobre la materia de sumisión, consiste en que según la primera es necesario que se inicie el pleito para que pueda la parte someterse y según la segunda tal sumisión puede acordarse al celebrarse el contrato que pueda dar origen al pleito. El principio de la sumisión voluntaria se reco-noce en ambas jurisprudencias.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogados del apelado: Sres. Bosch & Soto.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra una orden de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., negando el traslado de cierto pleito.

La demanda versa sobre cobro de pesos y se funda en un pagaré que se transcribe en ella y que copiado a la letra dice así:

“Por $2,500 U. S. Cy. Valor a 20 de noviembre de 1914. Pagaré a Don Manuel Gómez López en el local de su establecimiento en San Juan, o a su orden, el veinte de noviembre de mil novecientos catorce la suma de dos mil quinientos dollars valor recibido. Dicba suma devengará interés a razón de_anual, desde el día_ basta el día de su pago. Sometiéndome expresamente a la compe-tencia de los tribunales insulares de San Juan y a satisfacer las costas y gastos que el cobro de aquella suma ocasione incluso los hono-rarios del abogado de que nos valgamos en su reclamación. San Juan, P. R. 20 de mayo de 1914. José Toro Ríos/’

Emplazado el demandado en la ciudad de Humacao, ar-chivó dentro de término un escrito de excepción previa ale-gando como único fundamento de la misma que la demanda “es dudosa (uncertain) en lo que respecta al pago de inte-reses a razón del 6 por ciento desde el 20 de noviembre, 1914, en atención a que del testo del documento transcrito en dicha demanda, no aparece semejante obligación, siendo dudosa en tal sentido la alegación de referencia.” Y también archivó el demandado el mismo día en que presentó la excepción, una moción solicitando el traslado del pleito al lugar de su domicilio por tratarse de una acción personal.

La corte negó el traslado y su resolución se fundó sin duda en los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil artículos que, según dijimos en Hernaiz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D. P. R. 106-114, son de origen distinto a la totali-dad del código. Dichos preceptos legales se inspiran en los artículos 56, 57 y 58 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico. Para mayor claridad y a fin de inter-pretarlos rectamente, compararemos los indicados preceptos de ley, nos referiremos luego a la jurisprudencia relativa a los últimos y fijaremos entonces el alcance y los efectos de los primeros.

Las disposiciones invocadas del Código de Enjuiciamiento Civil vigente en esta isla, son así:

“Art. 76. — Con arreglo a su jurisdicción, una corte conocerá de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de todas cla-ses, cuando las partes hubieren convenido en someter dicho pleito a la decisión de tal corte.
“Art. 77. — Se entenderá hecha la sumisión:
“1. Por convenio escrito de las partes.
“2. Por el demandante en el mero hecho de acudir a la corte interponiendo la demanda.
“3. Por el demandado en el hecho de hacer, después de perso-nado en el juicio, cualquiera gestión que no sea la de pedir que el juicio se celebre en la corte correspondiente.”

Y las de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil son como siguen:

Art. 56. — Será juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.
“Esta sumisión sólo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de la misma clase de nego-cios y en el mismo grado.
“Art. 57. — Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero pro-pio, y designando con toda precisión el juez a quien se sometieren.
“Art. 58. — Se entenderá hecha la sumisión tácita:
“Io. Por el demandante en el mero hecho de acudir al juez inter-poniendo la demanda.
“2o. Por el demandado en el hecho de hacer, después de perso-nado en el juicio, cualquiera gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria.”

Gomo puede verse sin dificultad, el artículo 76 del nuevo códico, equivale al 56 de la ley antigua. El párrafo final del último se condensa en estas palabras: “con arreglo a su ju-risdicción” del primero, y en vez de las palabras “expresa o tácitamente” del primer párrafo del 56, se habla en el 76 de la sumisión en general.

El artículo 77 del nuevo código comprende todos los casos de los artículos 57 y 58 de la antigua ley. Pero siguiendo el legislador español la pauta marcada en el artículo 56, define en los artículos 57 y 58 los casos de sumisión expresa y sumi-sión tácita, mientras que el legislador puertorriqueño, lógico con la fórmula adoptada en el artículo 76, abarca en el ar-tículo 77 todos los casos de sumisión en general, aunque puede concluirse perfectamente que el número 1 del artículo 77 comprende la verdadera sumisión expresa, y los Nos. 2 y 3 del mismo, la tácita, con la -única diferencia de que según el código moderno basta que se convenga la sumisión por escrito para que exista y según la ley antigua era necesario que se renunciara el fuero propio y se designara el juez a que se sometieren las partes. El código moderno preserva el principio del antiguo, pero lo encierra en una fórmula más sencilla. Es ciertamente innecesaria la renuncia expresa del fuero, porque la expresa sumisión de las partes envuelve claramente tal renuncia.

Veamos ahora cómo fueron interpretados los preceptos de la ley antigua. Comentándolos, Manresa dice:

“La sumisión pu,ede ser expresa o tácita: será expresa, cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero propio, designando con toda precisión el juez a quien se someten; y tácita, cuando por los actos o gestiones que practiquen ante un juez incom-petente, den a entender que se someten a su jurisdicción.
“Para que la sumisión se tenga por expresa y produzca sus efec-tos, es necesario que no quede la menor duda de la intención y volun-tad de los interesados, no sólo en cuanto a la renuncia del fuero pro-pio, sino respecto del juez a quien quieren someterse: cualquiera de las dos circunstancias que falte, no podrá tener efecto la sumisión, porque la ley exige las dos conjuntamente en su artículo 57, de acuerdo también con el 3o. y 304 respectivamente de las dos leyes antes cita-das. No bastarán conjeturas; no bastará una renuncia general y de fórmula o de rutina, como las que suelen ponerse en algunas escri-turas: es necesario que la renuncia del propio fuero sea clara y terminante, y lo mismo la designación del juez a quien se some-ten * * *.
“Lo conveniente y más conforme es que las partes, en el docu-mento que otorguen al efecto, después de hacer relación del negocio, digan clara y terminantemente que renuncian su propio fuero, y que para la decisión del pleito o pleitos que puedan originarse de aquel asunto, o a que pueda dar lugar el cumplimiento del contrato a que se refieran, se someten al juez de primera instancia de tal parte. Si en aquella localidad hubiere dos o más jueces, la sumisión no podrá ser a uno determinado, sino a cualquiera de ellos, conforme al artículo 59, que después explicaremos.” 1, Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, 163.

Y el Tribunal Supremo de España, en sus sentencias de 11 de julio de 1858, 5 de abril de 1861, 6 de junio de 1872, y 9 de enero de 1873, decidió que la renuncia del fuero es un pacto lícito y permitido y que cuando en un contrato los otor-gantes lo renuncian y se someten expresamente a la juris-dicción de un lugar determinado, el juez de ese lugar es el competente en todo tiempo para conocer del negocio.

Como puede verse, tanto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España,' cuanto de la opinión del más autori-zado de los comentaristas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es necesario que se cumplan dos requisitos para que se en-tienda hecha totalmente la sumisión, a saber: la renuncia del fuero, y la designación del juez al cual las partes contra-tantes se someten.

Abora bien, dada la forma en que está redactada la ley de Puerto Rico, ¿es necesario que se expresen los dos requi-sitos a que se refieren Manresa y el Tribunal Supremo de España? Del estudio comparativo que dejamos becbo, cla-ramente se infiere que no. Basta en la actualidad en Puerto Rico que en el convenio escrito de las partes se sometan éstas a determinada corte que tenga jurisdicción de acuerdo con la ley sobre la materia a que se refiere el convenio. Y como así se hizo en el presente caso, es necesario concluir que la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., actuó correcta-mente al negarse a decretar el traslado del pleito solicitado por el demandado, y, por tanto, que su resolución debe con-firmarse por esta Corte Suprema.

Sería innecesario que prolongáramos nuestro estudio a no haberse invocado para sostener la procedencia del traslado del pleito al lugar del domicilio del demandado, la jurispru-dencia americana establecida en los casos de Hall v. People’s Mutual Fire Ins. Co., 6 Gray, 185, y Insurance Co. v. Morse, 87 U. S. 445.

Piemos estudiado las decisiones citadas y creemos que no son aplicables. El legislador portorriqueño quiso preservar y preservó en el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil el principio del antiguo sobre sumisión previa de las partes. Dicho precepto es claro y fué repetidamente interpretado, como hemos visto, en el sentido de que la sumisión previa es un pacto lícito y una vez que se hace en legal forma obliga a la persona que se somete y aun a sus herederos. Tal inter-pretación era perfectamente entendida y practicada en Puerto Rico y no es contraria a la honestidad, ni a las buenas cos-tumbres, ni a la política pública. Al parecer la única dife-rencia que existe entre la jurisprudencia americana y la espa-ñola consiste en que según la primera es necesario que se inicie el pleito para que pueda la parte someterse, y según la segunda, tal sumisión puede acordarse al celebrarse el contrato que pueda dar origen al pleito. El principio de la sumisión voluntaria, que es lo esencial a nuestro juicio, se reconoce, pues, por ambas jurisprudencias. De allí que sin dificultad alguna, no obstante ser nuestro Código de En-juiciamiento Civil actual casi en su totalidad de origen ame-ricano, puedan subsistir sus artículos 76 y 77 con su interpre-tación antigua. No se viola con ello ningún derecho fundamental reconocido por las leyes existentes, y se cumple la intención de la legislatura que fue sin duda la de preservar una forma contractual bien entendida y practicada por mu-chos años en esta isla.

El caso hipotético de que una persona se vea obligada tal vez por virtud de un documento falso en donde conste su sumisión, a defenderse fuera del lugar de su domicilio, no está ante nosotros. En el caso que estamos considerando y resolviendo el demandado implícitamente aceptó la auten-ticidad del documento en que consta su sumisión, al limitarse a consignar en su excepción previa que era dudosa la forma en que se cobraban los intereses.

Tampoco está envuelta aquí cuestión alguna entre tribu-nales insulares y federales. Se trata de dos cortes orga-nizadas por la misma legislatura que, de acuerdo con la ley, tienen igual jurisdicción dentro de sus respectivos territorios.

Debe confirmarse la orden recurrida.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-cados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

La sentencia de la corte en esté caso se funda, a mi enten-der, en la teoría de que los artículos 76 y 77 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, para los efectos de este caso, son nna reproducción de disposiciones idénticas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, y por consiguiente debe presumirse que fueron adoptados con la misma inter-pretación dada a esas disposiciones por los tribunales y co-mentaristas españoles.

Es bien sabido que el Código de Enjuiciamiento Civil en su totalidad fue tomado de Idabo, y, consiguientemente, yo creo que las palabras generalmente usadas en dicho código deben ser interpretadas en la forma en que lo ban sido siempre por las cortes americanas. El Pueblo v. Rosaly, 227 U. S. 270; Schick v. United States, 195 U. S. 65. El sistema de litigios y la jurisdicción de las cortes son considerablemente distin-tos, y fue. claramente la intención de la Legislatura de Puerto Pico dar a la isla un sistema de enjuiciamiento civil ameri-cano. Según se indica en la opinión, bubo pequeñas omisio-nes al hacerse la adopción de las antiguas disposiciones de la ley española, pero yo creo que el artículo 76 por sí pre^ supone que un pleito ha sido presentado. Es mi parecer que antes de que pueda haber sumisión debe existir un pleito, o, cuando menos, una causa de acción; y no hay causa de acción sobre un pagaré basta que no existe incumplimiento de alguna clase. Decir que puede haber una sumisión pre-via de un pleito o causa de acción que aún no tiene existen-cia, es manifestar úna contradicción de términos.

La opinión de la mayoría admite el hecho de que un con-venio del carácter del de que se trata, no podría ser soste-nido en los Estados Unidos. La resolución de la Corte Su-prema de los Estados Unidos en el caso Insurance Co. v. Morse, 87 U. S. 445, es clara en cuanto a ese punto, y el razo-namiento de la corte no se limita en modo alguno al derecho de trasladar un caso de una corte de estado »a una corte insular cuando expresa que una parte no renuncia a tal derecho por medio de un contrato anterior al efecto.

Las resoluciones de la Corte Suprema de Massachusetts en los casos de Hall v. Mutual Fire Ins. Co., 6 Gray, 185, y Nute v. Hamilton Ins. Co., 6 Gray, 174, son aplicables, y dichos casos gobiernan en cnanto al principio. El Juez Pre-sidente Sr. Shaw manifiesta qne una estipulación en un con-trato de esa clase es meramente un convenio condicional cuyo cumplimiento no puede ser específicamente obligado. Los casos a que lie hecho referencia aparecen citados en una nota en la obra Brown on Jurisdiction, segunda edición,, página 29, al efecto de que un convenio para someterse a arbitraje o a determinada jurisdicción, es ineficaz para obli-gar a un demandado.

Para los fines de la argumentación podría admitirse que-la Legislatura, puede pasar una ley por la cual un deman-dado estuviera obligado a tramitar su caso en una corte a la cual él había convenido someterse en caso de litigio, pero me parece que el legislador de que se trata, si deseó hacerlo así en este caso, no ha hecho uso de las palabras apropia-das. El artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que casos de esta naturaleza deben verse en el distritoen que residiere el demandado al iniciarse el litigio. Para hacer desaparecer ese derecho el demandado debe someterse-a alguna otra corte, y no creo que en parte alguna del TítuloY del Código de Enjuiciamiento Civil haya indicación de que-la Legislatura quiso que la palabra sumisión” se entendiera un convenio de sumisión hecho antes de suscitarse la con-troversia; en otras palabras, que cuando la Legislatura, adopta un código americano hay la presunción de que la política pública en cuanto al mismo es la americana, y que-esta presunción no queda destruida al reproducir párrafos, aislados e incompletos de códigos anteriormente vigentes,, aun cuando se admitiera que las palabras del código espa-ñol son susceptibles de la interpretación que se les ha dado-