author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORDOVA DAVILA

text:
    José Oller y Oller, demandante y apelado, v. Segundo Cadierno, demandado y apelante.
    No. 6698.

    Sometido: Noviembre 22, 1935.

      Resuelto: Mayo 6, 1936.

      .Monserraf cf- Monserrat, abogados del apelante; Angel A. Vázquez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal...

José Oller y Oller instó el presente litigio. Una finca que él había adquirido sujeta a hipoteca fue vendida de confor-midad con el procedimiento ejecutivo sumario de la Ley Hipotecaria. En un pleito sobre nulidad de actuaciones y reintegro de rentas, la Corte de Distrito de San Juan dictó’ sentencia a favor del demandante. El acreedor a quien se-había adjudicado la finca en la subasta apeló.

Tenemos ante nuestra consideración la suficiencia del requerimiento hecho en el procedimiento ejecutivo. Oller y Oller, el deudor, no residía en Puerto Rico al tiempo en que se hizo el requerimiento. La notificación fue hecha a una persona que, según el apelado, era el representante legal de Oller. Conforme resolvió la corte de distrito, esta persona, era “administrador y encargado de la finca hipotecada”. La corte inferior decidió que toda vez que el requerimiento no había sido notificado a un apoderado o arrendatario, debieron haberse publicado edictos y que las palabras entre comillas no incluían necesariamente la idea de un apoderado o de un arrendatario, citando el caso de Ruiz de Lókpez v. Corte de Distrito, 42 D.P.R. 286. La corte resolvió que nunca había, adquirido jurisdicción sobre el deudor Oller.

El diligenciamiento del márshal constituía prueba prima facie y era por ende concluyente, toda vez que no se presentó-prueba oral. People v. Dodge, 104 Cal. 487; 21 Cal. Jur. 554; Wilson v. Spring Hill, etc., 10 Cal. 446; 21 Cal. Jur. 554; People v. Lee, 128 Cal. 330; Keener v. Eagle Lake L. & I. Co., 110 Cal. 627; y otros citados en el alegato del apelante. El diligenciamiento hacía constar que el márshal notificó personalmente a “José Dolores Cruz como adminis-trador y encargado de la finca hipotecada”. El artículo 171 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria dispone:

“Cuando todos los bienes hipotecados estén en manos de un solo poseedor, según la certificación del registro, el requerimiento de pago se entenderá con él en su domicilio si reside en el término municipal: donde radique alguno de dichos bienes. Esto mismo se practicará res-pecto de cada cual de los poseedores de los distintos bienes, cuando fueren varios. Cuando alguno de los que hayan de ser requeridos de pago no residiere en término municipal donde radique alguno de los bienes, el requerimiento se entenderá con la persona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que lo ponga sin dilación en conocimiento del dueño. Si la finca estuviese aban-donada, de modo que nadie la tenga a su cargo, el requerimiento se entenderá con la autoridad municipal administrativa del pueblo, con igual encargo de comunicarlo al deudor.
“Cuando el dominio de algunos inmuebles hipotecados estuviese dividido por hallarse en una persona la propieded o el dominio directo, y en otra el usufructo o el dominio útil, para el requerimiento se reputará poseedor en nombre de todos al que se hallare encargado de la finca, o a quien en ella haga sus veces.
“Si alguna persona a quien se deba requerir de pago figura en la certificación del registro como poseedora de varios bienes hipote-cados y el requerimiento se ha de evacuar con el encargado o la 'au-toridad municipal, se atenderá tan sólo al inmueble que, entre los poseídos por la misma persona, conste en la escritura con mayor valor o a cualquiera de los que, teniéndole igual, superen el valor de los demás. En defecto de evaluación, se atenderá a la cuantía de la responsabilidad hipotecaria.
“ Cuandoquiera que el requerimiento de pago no se evacúe en el domicilio de aquél a quien el pago incumba, ni tampoco se entienda con apoderado o arrendatario que tenga a su cargo la finca, se publi-cará además por medio de edictos, que se insertarán en la Gaceta de la isla correspondiente, y en tal caso, el término de treinta días empe-zará a contarse desde la publicación en dicho periódico oficial.
‘ ‘ Cuando en las certificaciones del registro de la propiedad consten los domicilios de las personas interesadas en las responsabilidades que se hubieran inscrito después del derecho del actor, el juez mandará, a la vez que el requerimiento de pago, que se intente la notificación del auto a dichas personas interesadas en 'aquellos domicilios si en ellos fueren habidas.”

Desde luego la notificación al encargado de la finca fue-válida si posteriormente se hubieran publicado edictos. Esta, idea se desprende del artículo 128 de la Ley Hipotecaria que lee así:

“Se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que radica la finca y se supiere su domicilio; bastará en otro caso que se requiera al que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que ponga en conocimiento del dueño la reclamación. ’ ’

Se sostiene que la notificación a una persona encargada, etc., de la finca cumple suficientemente con la ley. Se nos ha citado el caso de Mestre v. Michelena, 30 D.P.R. 148. De la faz de dicha opinión se desprende que bajo circunstancias similares a las del presente caso quizás sólo una persona encargada de la finca fué notificada, mas la cuestión ante nos no fué suscitada.

Como paso inicial, cuando el dueño está ausente, la noti-ficación a la persona que está a cargo de la finca es sufi-ciente, mas el reglamento impone un deber adicional y posterior. Deben publicarse edictos cuando la persona encargada de la finca no es apoderada ni arrendataria. Es un caso de lex scripta.

La persona encargada o el administrador son palabras de significación demasiado general para que incluyan necesaria-mente a un apoderado o arrendatario. La persona encar-gada puede ser un apoderado o un arrendatario, mas puede incluir desde un mozo de labranza para arriba o un vecino. Los redactores de la Ley Hipotecaria y su Reglamento quisieron estar seguros de que una persona muy responsable fuera notificada o de que posteriormente se publicaran edictos.

Puesto que hemos entrado en una discusión de los méritos del caso, se hace innecesario que consideremos la moción para desestimar.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORDOVA DAVILA

Rafael Ocasio Martínez constituyó hipoteca sobre una finca urbana de su propiedad a favor de Segundo Cadierno Rodríguez para garantizar una obligación de $9,000 contraída con el referido Sr. Cadierno. Esta finca fué vendida al de-mandante José Oiler 011er, quien se hizo cargo de pagar el crédito hipotecario, y vencida la hipoteca se llevó a cabo el cobro de la denda a través de nn procedimiento ejecutivo hipotecario qne culminó en la adjudicación del inmueble al acreedor ejecutante Sr. Cadierno Rodríguez. En el diligen-ciamiento del requerimiento de pago ordenado por la corte el márshal hizo constar que había requerido de pago a José Dolores Cruz en concepto de administrador y encargado de la finca, por encontrarse ausente de Puerto Rico, residiendo en la República de Santo Domingo, el deudor hipotecario José Oiler 011er.

El demandado Segundo Cadierno, en su contestación a la demanda, negó que el deudor hipotecario José Oiler 011er no hubiese sido requerido de pago y alegó afirmativamente que el marshal requirió de pago al referido 011er en la persona que se encontraba al frente de la finca en concepto de representante legal.

La corte de distrito anuló el procedimiento ejecutivo basándose en que no se publicaron edictos para notificar al demandado, quien se hallaba ausente de la isla, requisito indispensable cuando el requerimiento no se entiende' con apoderado o arrendatario que tenga a su cargo la finca.

El demandante apelado presentó como prueba el auto de requerimiento decretado por la corte, el mandamiento librado al márshal, y su diligenciamiento por parte de este funcio-nario. También se ofrecieron como prueba otros documentos que formaron parte del procedimiento sumarísimo incoado contra el demandante. No se ofreció prueba testifical alguna, lia afirmación de que el deudor hipotecario no fué requerido de pago por el márshal, ni por medio de la publicación de edictos ni por medio de representante legal, negada por la parte apelante, quedó huérfana de prueba. La certificación de diligenciamiento constituye prueba prima facie de los hechos en la misma contenidos, según se dice en la opinión de la mayoría, citándose las decisiones que sostienen esta doctrina.

Al dorso de la orden de diligenciamiento se hace constar lo siguiente:

“Certifico que el día 3 de septiembre de 1929, en el edificio de la Corte de Distrito de San Juan, notifiqué personalmente a José Dolores Cruz como administrador y encargado de la finca hipotecada, requi-riéndole con instrucciones de ponerlo inmediatamente, sin dilación, en conocimiento de su dueño don José Oller y Oller, quien, según informes obtenidos por el que suscribe, se halla ausente de Puerto Rico, residiendo actualmente en la República de Santo Domingo, para que dentro del término de 30 días a contar de la fecha de este reque-rimiento, satisfaga al demandante las cantidades expresadas en este mandamiento, copia del cual, así como de la demanda, de la orden de la Corte, de la certificación del Registro de la Propiedad, de la escritura de constitución de hipoteca, los entregué para que a su vez los remitiera a su dueño el demandado, apercibiéndole de que de no verificar el pago de las ameritadas cantidades en, el término in-dicado, se procederá a la subasta de la finca hipotecada, para con su producto safisfacer al demandante las cantidades expresadas. — San Juan, P. R., a 3 de septiembre de 1929. — (Fdo.) E. Urrutia, Marshal. —M. Prida, Márshal Auxiliar.”

De acuerdo con la certificación que antecede, única prueba ofrecida por la parte apelada para sostener su alegación de que el deudor hipotecario no fué debidamente requerido, tenemos que asumir que se notificó personalmente a José Dolores Cruz como administrador y encargado de la finca hipotecada, requiriéndole de pago, con instrucciones de po-nerlo inmediatamente, sin dilación, en conocimiento de su dueño don José Oller y Oller, quien según informes obtenidos se hallaba ausente de Puerto Bico residiendo en la Bepública Dominicana.

Ahora bien, ¿ puede requerirse de pago al administrador encargado de la finca, cuando el deudor no residiere en el lugar en que radica el inmueble, sin necesidad de publicar el requerimiento por medio de edictos? La corte inferior, al sostener la negativa y anular el procedimiento ejecutivo, cita en su abono el caso de Ruiz de Lókpez v. Corte, 42 D.P.R. 286, donde E. Solé & Co., segunda acreedora hipotecaria, compareció en nn procedimiento snmario para la ejecución ■de nna primera hipoteca, y solicitó que se dejara sin efecto una orden de venta, fundándose en que el deudor hipotecario no residente no había sido citado por edictos, aunque el re-querimiento de pago había sido hecho a Celestino Benitez, quien no era ni arrendatario ni apoderado de tal deudor hipotecario. De la opinión emitida por la corte en este caso copiamos lo siguiente:

‘‘El diligenciamiento del marshal dice que el requerimiento de pago fué hecho a Benitez como 'apoderado del deudor hipotecario no residente, ‘hallándose al frente de las fincas sujetas a los procedi-mientos ejecutivos . . como administrador de ellas, encargado del cobro de las rentas . . También se expresó en la diligencia que Benitez manifestó al márshal que él no era apoderado del deudor hipotecario. Esta aseveración fué sustanciada por una declaración jurada que se radicó como ‘exhibit’ unido a la moción para que se dejara sin efecto la providencia de venta.
“Hay una discrepancia entre la declaración jurada y una certifi-cación expedida por el registrador de l’a propiedad, con respecto a la fecha de cierta escritura de poder otogada, ya el día último de abril, o el último de mayo de 1929. Lo cierto es que Benitez no era el apoderado del deudor hipotecario en noviembre de 1930, cuando se hizo’ el requerimiento de pago.
“La peticionaria en el prodimiento ejecutivo sumario solicita se anule el auto de oertiorari librado por este tribunal, y dice que la palabra ‘apoderado’, según se usa en el artículo 171, supra es lo suficientemente amplia para incluir a cualquier agente encargado de la propiedad. Se arguye que la citación por edictos es innecesaria cuando el requerimiento de pago se hace a cualquier persona encar-dada de la finca .hipotecada en su carácter representativo.

“Un apoderado es un mandatario, más un mandatario no es nece-sariamente un apoderado. Un apoderado es un mandatario que ac-túa bajo un poder especial otorgádole por escritura. 2 C. J. 421; 1 Escrich 617; 4 id. 609.

“Los que redactaron la Ley Hipotecaria y su reglamento tenían pleno conocimiento de esta distinción. Interpretar el término ‘apo-derado’ en la forma sugerida por la peticionaria en el ejecutivo, equivaldría a enmendar la ley mediante legislación judicial, so pre-texto de interpretación estatutaria.” '

En el caso de Mestre v. Michelena, 30 D.P.R. 148, se requirió de pago en concepto de encargado de la finca a Silverio Cabassa. Se pidió la nulidad del procedimiento-ejecutivo, alegándose como cuestión jurisdiccional que diclio requerimiento se notificó a una persona que no tenía la de-bida relación con los demandados en el procedimiento su-mario. Resolviendo esta corte la cuestión planteada se ex-presó así:

“Surge entonces la cuestión siguiente: ¿Aparecía del diligencia-miento hecho por el fiduciario que el requerimiento se hizo a la persona que estaba a cargo de la finca? No hemos dejado de tener al-gunas dudas de si no debió haber aparecido del diligenciamiento la capacidad legal en que se encontraba Silverio Cabassa a cargo de la finca. Pero apreciadas todas las circunstancias estamos convencidos que el decir que una persona está a cargo de una propiedad, es deeir que está allí en cierta capacidad legal, especialmente por mostrar el diligenciamiento que Silverio Cabassa no solamente fue notificado., sino que aceptó la notificación en l'a que se le exigía que notificara a los deudores.
“Por la faz del diligenciamiento, Silverio Cabassa era la persona que estaba 'al frente de la propiedad y de su posesión había de pre-sumirse una relación legal con el dueño. Tal relación legal surgiría si Silverio Cabassa era un mero tenedor en precario, un mayordomo, o como la prueba de los demandantes tendía a mostrar una persona a quien solamente permitían los verdaderos dueños cultivar una parte de la finca. Con respecto a la prueba tendente a acreditar que uno de los dueños estuvo siempre en la finca, podemos decir que dada la residencia legal de los mismos en Mayagüez, como aparece de los autos, la prueba para anular el diligenciamiento tendría que demos-trar claramente que uno de dichos dueños viví'a en la propiedad cuando la notificación se hizo a Cabassa. Asimismo, si como dicen los apelantes, el requerimiento es semejante al emplazamiento en un pleito ordinario, entonces sus defectos podían quedar subsanados pro-bándose que realmente se hizo la notificación a los. deudores como se indica en los autos al discutirse la excepción de cosa juzgada.
“En el juicio los apelantes trataron de demostrar la falsedad del diligenciamiento, entre otros medios, probando que los deudores real-mente vivían en la propiedad. L'a prueba presentada no convenció-a la corte inferior y no nos convence de que los apelantes tuvieran alguna residencia legal que no fuera en Mayagüez, aunque puede ser cierto que uno u otro ele ellos en ocasiones vivían en la finca. Si una persona, por ejemplo, es dueña de tres o cuatro fincas en dife-rentes jurisdicciones y a veces vive en cada una de ellas, pero tiene-su residencia legal en una de las mismas, y si también tiene una bipoteca en cada una de las mismas, tal persona, sin embargo, sólo tiene rai'a residencia legal, y el artículo 171 de la Ley Hipotecaria' permitiría que se hiciera una notificación a la persona encargada de cualquiera de las otras tres o cu'atro propiedades. La Ley Hipote-caria tiene por fin la notificación al dueño de la -propiedad si vive en la jurisdicción, o si no, 'a la persona que se encuentra en la finca en cierta capacidad legal’.”

Aparentemente ambos casos están en contradicción, pero la mayoría hace constar que la cuestión no fué suscitada en Mestre v. Michelena, supra, y que, según su criterio, fué renunciada.

Con todo el respeto que nos merece la mayoría, queremos hacer constar que a nuestro juicio un administrador encar-gado de la finca es un apoderado, a quien el dueño ha puesto al cuidado de la finca, concediéndole las facultades de admi-nistrar. Sin la autorización del dueño, sin el poder de admi-nistrar, no podría ser llamado administrador; pero aun cuando llegáramos a la conclusión, errónea a mi juicio, de que el administrador no puede considerarse como un apoderado, entendemos que los preceptos claros del artículo 128 de la Ley Hipotecaria no pueden ser anulados por el Reglamento de la misma ley. Cuando surge un conflicto entre la ley y el reglamento, la primera tiene necesariamente que preva-lecer. No parece razonable establecer el principio de que las reglas adoptadas para hacer efectiva la ley puedan tener el alcance de anular y derogar preceptos de esa misma ley.

El artículo 128 de la Ley Hipotecaria dice así:

“Se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que radica la finca y se supiere su domicilio; bastará en otro caso que se requiera al que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que ponga en conocimiento del dueño- la reclamación.”

La palabra “bastará” demuestra claramente que el reque-rimiento así hecho es igual al que hubiese podido hacerse de hallarse presente el propio deudor. Es verdad que el ar-tículo 171 del Reglamento dice que “cuandoquiera que el requerimiento de pago no se evacúe en el domicilio de aquél a quien el pago incumba, ni tampoco se entienda con apode-rado o arrendatario que tenga a su cargo la finca, se publi-cará además por medio de edictos . . pero entendemos que estas disposiciones no pueden tener el alcance de exigir la publicación de edictos cuando el requerimiento se entienda con el administrador y encargado de la finca hipotecada, que se encuentra allí en un concepto legal. La Ley Hipotecaria dice que bastará el requerimiento a quien se encuentre en la finca en cualquier concepto legal, y exigir la publicación de edictos cuando se requiere a un administrador y encargado del inmueble, equivale a sostener que no basta la notificación que el mismo precepto legal considera suficiente.

Entre el dueño de la cosa hipotecada y la persona en-cargada de la misma y de su administración se establece una relación personal de confianza mucho más íntima y estrecha que la que media entre dueño y arrendatario. El concepto o la relación legal del arrendatario que se halla al frente de la finca no es superior en modo alguno al concepto legal de un administrador que se encuentra al frente del inmueble. Basta, según la ley, que se requiera en estas condiciones a la persona que esté al frente de la finca, sin que sea necesario añadir ningún otro detalle, a menos que la palabra “basta” pueda tener legalmente una significación distinta a la que tiene en su sentido gramatical. La mayoría del tribunal entiende .que no basta con que se requiera a la persona que se encuentra al frente de la finca en este concepto legal, desde el momento en que exige que se publiquen edictos cuando el requerimiento se entienda con un administrador. Se arguye que deben publicarse edictos cuando la persona encargada de la finca no es apoderado ni arrendatario, por tratarse de un caso de lex scripta. Se invoca este principio, aplicándolo a un reglamento, para anular un procedimiento ejecutivo hipo-tecario; pero se ignora completamente cnándo puede apli-carse, para declarar válido ese procedimiento, a los preceptos de la ley, que son claros y terminantes, y que están muy por encima de las reglas adoptadas para darles efectividad. La palabra “basta” no deja campo abierto a la interpretación judicial. Si basta con que se requiera a quien está al frente dé la finca en un concepto legal, el requerimiento al adminis-trador tiene que ser bastante y suficiente, a menos que llegue-mos a la conclusión de que no se encuentra al frente de la finca en un concepto legal.

No aceptamos el argumento de que la persona encargada puede ser un apoderado o un arrendatario, o desde un mozo de labranza para arriba basta un vecino. Para que se lleve a_ cabo el requerimiento es necesario e imprescindible que exista una relación legal. Cuando esta relación exista, el requerimiento basta si se lleva a cabo de acuerdo con los términos de la ley. El administrador es un delegado del dueño, pudiendo decirse que está allí por voluntad del mismo, cumpliendo el mandato de administrar los bienes hipotecados. El espíritu de la Ley Hipotecaria no es establecer distin-ciones entre mandatario y apoderado, sino procurar que se cumpla con las disposiciones de la ley, requiriéndose a la persona que se encuentre al frente de la finca en cualquier concepto legal, cuando el deudor no pudiese ser requerido personalmente por no residir en el lugar en que radica la finca. Si no es necesario publicar edictos cuando se requiere a un arrendatario, tampoco debe serlo cuando se requiere a un administrador.

El arrendatario no tiene la representación directa y personal del dueño de la cosa hipotecada. Existe una gran dife-rencia entre una y otra representación. El administrador, que es un representante personal del dueño, tiene que estar mucho más interesado que el arrendatario en poner en cono-cimiento de dicho dueño la reclamación, como dice el artículo 128 de la Ley Hipotecaria. Entre dueño y arrendatario pueden surgir intereses encontrados que los separen; el administrador, como representante del dueño, tiene que actuar en armonía con el mismo para que pueda continuar en sus funciones.

El juicio sumarísimo constituye un estímulo para la con-tratación sobre la base de la garantía hipotecaria. La ley y su reglamento deben interpretarse conforme a su letra y espíritu, para que sus propósitos y fines, lejos de debilitarse, adquieran la necesaria efectividad. Los tribunales, a mi juicio, deben sostener la validez del procedimiento ejecutivo, cuando se ha cumplido sustancialmente con la ley y se han realizado los fines de la justicia. Cualquier otra línea de conducta que se siga puede debilitar el crédito territorial y desalentar la contratación.

La sentencia ‘apelada ha debido ser revocada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole, El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Antonio y Ramón Agudo, haciendo negocios con el nombre común de Agudo Brothers, demandantes y apelantes, v. Manuel V. Domenech, sustituído en apelación por Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 7017.

    Sometido: Noviembre 8, 1935.

      Resuelto: Mayo 6, 1936.

      Leopoldo Feliú y Edgar S. Belaval, abogados de los apelantes; Hon. Procurador General B. Fernández García y B. Cordovés Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio y Ramón Agudo, haciendo negocios bajo el nombre de Agudo Brothers, eran dueños de cierto número de máquinas de juegos de azar (slot machines) sobre las cuales pagaron contribuciones sin objeción hasta el 25 de abril de 1933. Después de esa fecha el Tesorero de Puerto Rico, por razón de cierta legislación, insistió en que ellos pagasen una contribución mayor. Agudo Brothers pagó varios aumentos bajo protesta e inició este litigio para re-cobrar los mismos. La Corte de Distrito de San' Juan final-mente declaró sin lugar la demanda.

Los apelantes sostienen que no existe ley alguna bajo la cual estos aumentos en la contribución pudieran ser válida-mente cobrados. Lo ocurrido fué- -que un proyecto de ley que trataba de aumentar el impuesto por máquina fué pasado por ambas Cámaras de la Legislatura. Por la actuación del funcionario encargado de enrolar ('enrollmg clerk), el pro-yecto de ley fué firmado por el Presidente del Senado y el Speaker de la Cámara con ciertas palabras independiente-mente adicionadas y que no estuvieron en la mente de los legisladores ni habían sido incluidas en la ley, tal como fué pasada por ellos. El proyecto acordado contenía la dispo-sición de que cada máquina - debería pagar una contribución de $75 trimestrales y fué enviado al Gobernador con las palabras “un impuesto que no excederá de $75 trimestrales.”

Cuando la Legislatura descubrió esta, equivocación, pasó una resolución corrigiéndola o intentando corregirla. Esta resolución fué denominada resolución concurrente. No hubo solicitud para la devolución del proyecto, pero dicha resolu-ción concurrente fué enviada al Gobernador. Éste, teniendo ante sí el proyecto enrolado y la resolución concurrente, eli-minó las palabras a las cuales se refería la resolución con-currente y entonces, con lo que puede llamarse una enmienda, firmó el proyecto. En otras palabras, el proyecto enrolado fué verbalmente cambiado para que expresara la intención original de la Legislatura, no mediante acción en cualquiera de las Cámaras, o en ambas, sino por el Gobernador mismo. Non constat, si acaso es importante, que el Gobernador pu-diese haber estado en la Legislatura al tiempo de firmar el proyecto.

El argumento fundamental de los apelantes consiste, puede decirse, en que no existe autoridad alguna para poner en vigor una ley de la manera intentada en el presente caso. Más específicamente, ellos insisten en que lo que hubo fué un ejercicio del poder legislativo por el Gobernador, en con-travención con las disposiciones de la Carta Orgánica; también, que una vez un proyecto enrolado'se envía por la Legislatura al Gobernador, la primera pierde todo poder y control sobre el mismo. En otro caso que tenemos pendiente, se insiste en que el poder ordinario de la Legislatura de promulgar debe ser ejercitado por medio de un proyecto pre-sentado en cualquiera de las dos Cámaras y no mediante una resolución conjunta. El apelado sostiene que la acción de la Legislatura no era una resolución conjunta, sino una concu-rrente. La duda aquí sugerida en cuanto a lo que puede o no puede hacer la-Legislatura mediante una resolución deja de ser importante si tenemos razón en cuanto a las conclu-siones fundamentales a que hemos llegado.

Los apelantes citan alguna jurisprudencia. Puede que sea cierto, como regla general, que proyectos de ley una vez pasados por la Legislatura no pueden ser enmendados o alterados después que los mismos lian sido enrolados y en-viados al Gobernador, pero no estamos del todo seguros si la Legislatura, bajo circunstancias adecuadas, no puede soli-citar su devolución. Baltimore Fidelity Warehouse Co. v. Canton Lumber Co., 84 Atl. 188. Hemos usado la palabra “pasados” conscientemente en la oración que antecede por-que en ella está la llave de la situación. No estamos come-tiendo petición de principio. Es un hecho aceptado que el proyecto, como fue aprobado originalmente por la Legisla-tura, no contenía las palabras que fueron adicionadas al pro-yecto enrolado. La cuestión no es si la Legislatura puede añadirle o quitarle a un proyecto, sino si puede corregir un verdadero error en su enrolamiento (enrollment).

En la esfera judicial no hay duda que una corte puede corregir sus sentencias dentro de la sesión para que verda-deramente expresen lo que se intentó decir o para evitar equivocaciones. Sería absurdo suponer que un proyecto en-rolado y firmado apresuradamente por los dos funcionarios que presiden las Cámaras Legislativas no pudiese ser corre-gido en la misma sesión legislativa, y de ese modo poner en vigor el proyecto realmente aprobado. En efecto, encontra-mos una corte corrigiendo un proyecto enrolado con el pro-pósito de que concuerde con el proyecto realmente aprobado. Haney v. State, 34 Ark. 263. Si una corte puede hacer esto, algo sobre lo cual no queremos expresar nuestra opinión, entonces seguramente que tiene que haber alguna forma en que las Cámaras de la Legislatura y el Gobernador, actuando con-juntamente, puedan realizar la corrección. Debe existir por lo menos durante la sesión legislativa, algún modo de hacer que un proyecto de ley erróneamente enrolado exprese la verdad. No tenemos duda alguna de esto. Se reduce sola-mente a la cuestión de la forma o manera. Puede que la mejor práctica sea que la Legislatura, por medio de una reso-lución o de otro modo, pida que el proyecto de ley le sea devuelto. Los casos en sentido contrario solamente deciden que con un propósito legislativo genuino, esto es, con la idea de añadir o quitar, nueva legislación está fuera de su poder. Lo que la Legislatura quería realizar era la corrección de un error en el enrolamiento. Asumiendo que la Legislatura no puede técnicamente pedir la devolución de un proyecto de ley para cualquier fin, entonces se nos obliga llegar a la conclu-sión que la Legislatura tiene necesariamente que poder hacer otra cosa. Es indiscutible que la Legislatura puede efectiva-mente estar en sesión y físicamente aprobar resoluciones que tienen necesariamente que ser enroladas. Si éstas llegarán a ser efectivas o no es otro problema. La Legislatura aprobó una resolución concurrente en la cual le dijo al Gobernador oficialmente que se había .incurrido en un error en el enrola-miento e informándole asimismo cómo había sido realmente pasado el proyecto. Esto para la acción procedente del Go-bernador.

Chiando el Gobernador está considerando un proyecto y se halla ante él para su aprobación o rechazo, la jurispru-dencia es clara en el sentido de que él actúa en una capacidad legislativa. Por consiguiente, bajo la teoría de que el pro-yecto no podía ser devuelto, el Gobernador tenía el poder restante de corregirlo y hacerlo concordar con la verdadera voluntad de la Legislatura. En el caso de State ex rel. Balt v. Hall, 263 N. W. (Neb. 1935) 400, fué el Gobernador quien actuó para corregir un proyecto enrolado y los hechos son muy similares a los del presente caso, con esta diferencia, que el Gobernador mismo descubrió el error y lo corrigió. Por lo-tanto, no vemos objeción para que la Legislatura haga esto en la forma de una resolución bien- sea conjunta o con-currente. Aun si el proyecto pudiese ser devuelto, resol-vemos que estaba dentro del poder de la Legislatura hacer la corrección por una resolución.

Mayo 29, 1936

La corte inferior decidió que el haber dejado los apelantes de presentar los recibos mostrando el pago bajo protesta era fatal para su reclamación. El señalamiento de error en este sentido hubiese sido importante solamente en caso de que el proyecto hubiese sido declarado inválido y nosotros estamos resolviendo lo contrario.

La sentencia •apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Durante la vista, debido a algo dicho por el letrado, nos forjamos la impresión, quizá erróneamente, de que si el caso se decidía a favor del G-obierno sobre la cuestión de la validez de la ley en controversia, se hacía innecesario discutir la falta de los apelantes de acompañar ciertos recibos con la demanda. Los apelantes ahora prácticamente solicitan de nosotros que tratemos la cuestión y, al considerar el asunto nuevamente, somos del criterio de que éste era una cuestión ■de derecho adjetivo, que al ser resuelta a favor de El Pueblo, hubiera obviado la necesidad de considerar el caso en sus méritos. Nuestra impresión general está a favor de los apelantes y diremos lacónicamente por qué.'

La demanda contenía la siguiente alegación en cada una ■de sus tres causas de acción:

. .por lo que verificaron el pago de tales derechos en la ex-presada suma de . . . al demandado bajo protesta en cuanto a $65.00 por cada una de tales licencias, o sea la suma de .'. . en las cuales •condiciones les fueron expedidas las mismas por el demandado a ■nombre de su dicho agente para el expresado trimestre; y que, de •acuerdo con las reglas del demandado, que regían en su Departamento y la ley entonces vigente tal pago bajo protesta se hizo constar en cada una de dichas licencias y éstas fueron recogidas por el deman-dado al expirar las mismas en junio 30 de 1933 y que, conforme a dichas reglas y ley no se expidió ni entregó a estos demandantes, ni .a su dicho agente, por el demandado, recibo alguno por los derechos así pagados, por lo que no se acompañan a esta demanda los recibos, que requiere la ley que regula esta acción, y alegan además los de-mandantes que dicha suma de.no le ha sido pagada parcial' ni totalmente.”

El Tesorero excepcionó a los hechos alegados. La corte-inferior sostuvo la excepción, fundada en que la presentación de los recibos junto con la demanda era imperativa según el artículo 5 de la Ley número 8 de 1927, y que la alegación de los demandantes, supra, era insuficiente, toda vez que no hacía, constar la destrucción de los recibos o la negativa del deman-dado a suministrar copias de los mismos.

Después de examinar la Ley de 1927, supra, creemos que la intención de la Legislatura fué que los pagos de las con-tribuciones se hicieran bajo protesta si se iba. a iniciar un litigio para recobrar las mismas. La presentación de un. recibo, a nuestro modo de ver, es un requisito, cuyo cumpli-miento obviaría la necesidad de probar la naturaleza involun-taria del pago, pero su ausencia, cuando existe la alegación-de que se hizo el pago bajo protesta y se justifica por qué-no se presenta el recibo, nunca debe hacer que la demanda esté sujeta a ser excepeionada. Resolvemos, por tanto, que lo ocurrido aquí equivalió a la presentación de los recibos o-que el Tesorero renunció a tal necesidad y que la presenta-ción material de los mismos carecía de importancia.

Con esta explicación debe declararse sin Vagar la moción-para reconsiderar.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. José Miguel Márquez alias Múcaro, acusado y apelante.
    No. 6093.

    Sometido: Abril 29, 1936.

      Resuelto: Mayo 7, 1936.

      Ramón G. Goyco, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

José Miguel Márquez fue acusado del delito de asesinato en segundo grado ante la Corte de Distrito de Ponce y con-victo de homicidio. Como apelante sostiene que la verdadera cansa próxima del accidente lo fueron los actos del interfecto al dejar de seguir las instrucciones de su médico y al hacer cosas prohibídasle por éste, como por ejemplo, tomar agua. La prueba fué clara respecto a la conducta del occiso.

Esta corte ha resuelto en el caso de Pueblo v. Rodríguez, 39 D.P.R. 929, refiriéndose, entre otras, a las citas que hace el fiscal en su alegato, que cuando la muerte no hubiera ocurrido a no ser por los actos del acusado, el descuido o tratamiento inadecuado por parte de los médicos no puede exonerar al acusado. Tampoco, bajo los hechos de este caso, podían eximirlo los actos del finado. Véase también Pueblo v. Gonzalo, 47 D.P.R. 714.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoh Cókdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Pereira, acusado y apelante.
    No. 6008.

    Sometido: Marzo 17, 1936.

      Resuelto: Mayo 7, 1936.

      B. Bivera Zayas, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Allá por el 3 de junio de 1934, por la noche, Justo Machuca y su hijo Julián caminaban a pie de Santurce para Río Piedras, Justo detrás de Julián, a muy corta distancia uno del otro, por la orilla de la Avenida Ponce de León, muy pegados a la cuneta. Al llegar a la parada 27%, Hato Rey, un automóvil que pasaba en dirección de San Juan a Río Piedras arrolló a Justo Machuca, ocasionándole lesiones que le produjeron la muerte.

Se acusó a Tomás Pereira de un delito de homicidio involuntario. En la acusación se alega que el referido Pe-reirá guiaba el automóvil descuidada y negligentemente, sin guardar la debida prudencia y circunspección. El jurado rindió un veredicto de culpabilidad y el acusado fue conde-nado a sufrir cuatro meses de cárcel. Se alega que hubo •manifiesto error en la apreciación de la prueba y que no existe prueba en absoluto para sostener que el acusado fuera el conductor del vehículo que ocasionó el accidente ni que estu-viera en forma alguna conectado con dicho accidente.

Sobre este último extremo declararon dos testigos: Juan J. Parsi y Francisco Beltrán. La defensa sostiene que el testimonio de los mismos no es bastante para conectar a Tomás Pereira con el accidente ocurrido.

El testigo Juan J. Parsi se expresó así:

“El tres de junio del año pasado entre siete y cuarto y siete y media de la noche salí de casa en la parada 27 ; entre Hato Rey para ■Santurce, frente a la' "White Star Line más o menos me crucé con un automóvil que venía en dirección a Río Piedras y traía las luces altas prendólas y como me molestaba para manejar, le subí l'as mías y cuando le cruzamos sentí un golpe; paré mi carro a la derecha y me bajé del automóvil, como había muellísima gente que había co-rrido hacia la cuneta'y en la cuneta vi dos individuos. Y como pude apreciar que fué el automóvil que se cruzaba conmigo el que había dado, pregunté: ‘¿Qué se hizo el automóvil?’ Y me dijeron: ‘Siguió’. Y seguí detrás de él y estaban parados frente a mi casa y detrás del automóvil estaban parados dos individuos y le dije al más alto: ‘Estropearon un hombre allá abajo, ¿por qué no lo van a recoger?’ Y me d"jo: ‘Yo no fui, fueron estos otros y precisamente les estoy diciendo que lo vayan a recoger’; y me dijo: ‘Que lo reco-jan ellos.’ Seguí hasta la estación de Plato Rey, era la huelga y con motivo de la huelga había un guardia y el guardia tuvo que llamar a Río Piedras para pedir permiso y cuando consiguió el per-miso fué hasta frente a mi casa en mi automóvil y ya el automóvil se había ido, seguimos hasta el sitio de los hechos y ya se habían llevado al hombre para el hospital.”

Manifiesta además el testigo que no conoció de momento a los dos individuos que vió detrás del automóvil, que después supo que era un muchacho de apellido Torrens y que inme-diatamente detrás de Torrens se encontraba el acusado; que Torrens manifestó que él no había sido, pero que señalando hacia atrás decía que fueron ellos.

El detective Francisco Beltrán declaró que sus' superiores le encomendaron esclareciera los hechos del accidente a que se hace referencia en la denuncia. Manifestó que se dirigió al pueblo de Caguas, a casa del acusado, y le hizo saber que había cometido un delito grave (felony) y que entonces el acusado le dijo que verdaderamente él había sido el autor del hecho el día 3 de junio de 7 a 7:30 de la noche, en el momento en que se dirigía en el automóvil 8276, marca “Chrysler”, en unión de otro compañero, de Isla Verde a Caguas; que el acusado le manifestó que después del acci-dente siguió y a cierta distancia paró el carro; que entonces volvieron hacia atrás donde había ocnrrido el accidente, pero al llegar allí ya se habían llevado el herido; que entonces, temiendo que hubiera algún familiar o alguna persona intere-sada que pudiera agredirlo, siguió rumbo a Caguas. En el contrainterrogatorio declara el testigo que todas las manifes-taciones las hizo el acusado en presencia de Parsi, en la misma casa del acusado.

Parsi dice que vió a Pereira en Caguas, frente a su casa, en los momentos en que se levantaba, añadiendo que el acu-sado declaró en el cuartel, pero quemo lo hizo en su presencia. A juicio de la defensa, siendo Beltrán el único testigo que trata de conectar al acusado con el accidente, y habiendo sido desmentido por la declaración de Parsi, la sentencia apelada debe ser revocada, por no existir prueba suficiente que conecte a Pereira con el accidente ocurrido. Añade la defensa que hay una circunstancia que debe ponernos en guardia contra la veracidad de la declaración de Beltrán, y es que la forma y las palabras de la admisión que se le atribuye al acusado responde a la técnica policíaca o procesal, incluyendo todos los requisitos que debe tener una admisión a fin de que sea suficiente para probar el punto de que se trata. No estamos discutiendo en este caso la veracidad de los testigos, por ser ésta una circunstancia que toca apreciar exclusivamente al jurado. Beltrán declaró que Pereira le confesó que había sido la persona que ocasionó el accidente, en presencia de Parsi. Este manifestó que el acusado declaró en el cuartel, pero que no lo hizo en su presencia. El jurado, que vió y oyó declarar a ambos testigos, rindió un veredicto de culpa-bilidad, y nosotros no estaríamos justificados en revocar la sentencia apelada, basándonos exclusivamente en una cuestión que se reduce a una mera apreciación de la prueba.

Se demostró por la prueba que el acusado no tenía licencia para manejar vehículos de motor. La defensa, basándose en Maldonado v. Hamilton, 32 D.P.R. 224, sostiene que la falta de licencia no es por sí sola bastante para demostrar descuido y negligencia criminales en el manejo de ■un automóvil que ocasiona un accidente a menos que la falta de dicha licencia tuviere alguna relación causal con el acci-dente. En el caso citado se dice que “el concensus de opi-niones en la jurisprudencia parece establecer el principio de que la operación de un automóvil sin licencia en violación del estatuto se considera prueba prima facie de negligencia, pero que si de un accidente resultan daños, debe aparecer una relación de causa y efecto entre la violación de la ley en tal respecto y el daño causado.”

Las últimas decisiones sostienen, de acuerdo con la ma-yoría de las autoridades, que el hecho de que un vehículo de motor no haya sido registrado o de que su conductor carezca de la licencia requerida por la ley, no implica responsabilidad de parte del dueño o del conductor cuando la omisión de inscribir el vehículo u obtener licencia para manejarlo no tiene conexión causal con la lesión o el daño causado. Véanse las anotaciones que aparecen en los tomos 73 y 87, A.L.R., páginas 165 y 1473, respectivamente. Ésta es la jurispru-dencia que se aplica en casos civiles. Opinamos que en un caso de homicidio como el presente, el Fiscal, que tiene el deber de probar los hechos alegados, debe acreditar mediante la evidencia correspondiente la conexión causal entre la viola-ción de la ley y el accidente que ocasionó la muerte.

El fiscal, a petición de la defensa, consignó en un pliego de especificaciones los actos de negligencia en que a su juicio incurriera el acusado. Se alega en este pliego de especificaciones que el acusado guiaba el automóvil sin licencia, que se hallaba en estado de embriaguez, que no desplegó luces blancas al frente de dicho vehículo, que no tocó bocina, y que caminaba a una velocidad exagerada, mayor de 24 y 48 kilómetros por hora.

No hubo prueba alguna acerca de que el acusado se en-contrase embriagado. En cuanto a la falta de luces blancas enfrente del automóvil, el testigo Julián Machuca, hijo del interfecto, declaró que las luces venían apagadas. Parsi declara que el automóvil traía las luces altas prendidas y como le molestaban para manejar, subió las de su carro y que entonces el chauffeur del otro carro apagó todas las luces y le puso las chiquitas; que esto lo hizo un poco antes de cruzar con él. Esta declaración demuestra que el carro-que ocasionó el accidente tenía las luces prendidas, habiendo apagado algunas y dejado prendidas las pequeñas momentos antes de cruzarse con el carro guiado por Par si. Julián Machuca, quien se dirigía a Río Piedras, caminaba en la misma dirección y a espaldas del automóvil que ocasionó el accidente.

También se alega que el carro no tocó bocina. Sobre este extremo declaró Julián Machuca en sentido negativo, respon-diendo a preguntas del fiscal. El testigo de la acusación Antonio Maldonado dice que cuando ocurrió el accidente-había bastante tráfico de automóviles y guaguas en la carre-tera. El testigo de la defensa, Ladislao Santos, declara que oyó klaxon, pero no sabe quién lo tocó. Ramón de Jesús dice que pasaron muchos carros y se oían klaxons, pero no puede decir tampoco si era uno de esos carros. Ésta es la única prueba que aparece en los autos sobre este particular.

La alegación de que el automóvil caminaba a una velo-cidad mayor de 24 y 48 kilómetros por hora se basa en el artículo 13, inciso a, de la Ley núm. 75 de 1916 (pág. 144). que dice así:

"La velocidad de un vehículo de motor deberá en todo tiempo regularse con el debido cuidado, tomando en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino; y el hecho de conducir, en cualquier tiempo, un vehículo de motor por un camino público a una velocidad que exceda de 48 kilómetros por hora, o dentro de la zona urbana de un -muni-cipio, a una velocidad mayor de 24 kilómetros por hora, constituirá evidencia prima facie de que el vehículo era conducido sin el debida cu'dado.”

Como hemos visto, el accidente ocurrió en la carretera pública, en un sitio donde había bastante tráfico. Julián Machuca declara que el carro iba por el aire, porque no iba por la carretera. Para ser más exactos, vamos a permitirnos transcribir sus propias palabras: “Ese carro iba por el aire, porqne no iba por la carretera, y uno cayó muerto, él, y yo grave. ... El carro venía casi por el aire, no venía andando por tierra, venía andando por el aire el carro ese. ... Mi papá cayó grave con el cráneo muy agolpeado, ‘to’ tajeado por aquí y un brazo roto y una pierna rota también. . . . Nosotros caímos en la cuneta, íbamos por la orilla de la cuneta casi.” Añade el testigo que le dijo a su papá: “Ave María, papá, abí viene un carro y si no nos quitamos nos va a llevar.” Antonio Maldonado dice que el automóvil iba bastante ligero. El testigo de la defensa, Ladislao Santos, declaró que el automóvil que pasaba cuando sintió el golpe caminaba a una velocidad de quince o veinte millas.

Ésta fue la prueba que tuvo bajo su consideración el jurado relacionada con la velocidad del vehículo que ocasionó el accidente. El jurado, que oyó declarar a los testigos y que pudo penetrarse de todas las circunstancias del caso, consideró esta prueba suficiente y rindió un veredicto de culpabilidad.

Podrá argüir se que este testimonio así producido adolece de vaguedad y falta de precisión. Ésta es la prueba, sin embargo, que puede producirse en muchos casos de respon-sabilidad criminal en que los testigos, que no son peritos, no saben de otro modo apreciar la velocidad.

En el caso de Bowen v. State, 140 S. W. 29, la Corte Su-prema de Arkansas dijo lo siguiente:

“Con la objeción del apelante la corte permitió a ten testigo de-clarar como sigue, respondiendo a una pregunta de si el automóvil iba ligero o no: ‘Yo le dije a este amigo Vaughan: “¡Cielos, fíjese como esa cosa va! (Gee, look at that thing go.)” ’ También se permitió al testigo declarar que a su juicio la máquina caminaba a una velocidad de 30 millas por hora. Otro testigo, con la oposición' del apelante, declaró respondiendo a una pregunta de si el automóvil iba a un grado de velocidad desusado como sigue: ‘A una velocidad desusada.’ Respondiendo a una pregunta de cuál era la conducta del acusado, dijo además el testigo: ‘Personalmente hablando, yo no creo que actuaría de una manera tan descuidada como él lo hizo en este caso.’ Otros testigos, con la oposición del apelante, respon-diendo a la pregunta de si el automóvil iba a un grado de velocidad desusado, manifestaron que creían que sí, añadiendo que la velocidad era desusada. El apelante alega que este testimonio no es competente, por la razón de que los testigos no demostraron que tuviesen cono-cimiento del grado usual de velocidad de un automóvil o que su experiencia los capacitase para apreciar tal grado de velocidad.
! “La muerte ocurrió en las calles de Little Rock por donde pasan automóviles constantemente. La transportación por automóviles puede ser considerada como una cuestión de conocimiento común y de información general. No se necesita el conocimiento de un perito para determinar si un automóvil está Caminando a un grado usual o desusado de velocidad. Cualquier persona de entendimiento ordi-nario y observación común es competente para emitir su juicio sobre esta cuestión. En el caso de Railway Co. v. Thomason, 59, Ark. 143, 26 S.W. 598, esta corte dijo: ‘El testigo estaba testificando con res-pecto a materias de hecho que él dice había observado y acerca de las cuales los hombres de entendimiento común pueden ser informados mediante observación. Cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos sobre los cuales basa su juicio, puede dar su opinión en cuestiones de identidad, tamaño, peso, distancia, y tiempo. Tales cuestiones son accesibles a todos los hombres de ordinaria informa-ción.’ Además: ‘Nada podemos ver nosotros en la distancia o es-fera de reflexión de la luz de una máquina que exija el ejercicio de cuidado especial, la posesión de conocimiento profesional o que re-quiera cualquier hábito peculiar de estudio con el fin de capacitar a una persona para entenderla y testificar acerca de ello inteligente-mente.’ Lo mismo puede decirse con respecto a la velocidad de un automóvil. (Citas.)
“En State v. Watson, 216 Mo. 420, 115 S.W. 1011, hubo una con-vicción de homicidio donde se formuló una imputación similar a la que ahora consideramos. Varios testigos, que vieron caminar el auto-móvil, declararon que el acusado manejó el vehículo a un alto grado de velocidad. El acusado en aquel caso se opuso al testimonio 'ale-gando que constituía error permitir a testigos que no sabían nada acerca del modo de operar automóviles dar su opinión con respecto al grado de velocidad que llevaba el automóvil guiado por el acu-sado antes de que el interfecto fuese golpeado. La corte en aquel caso dijo: ‘El grado de velocidad a que un automóvil corre no es una cuestión exclusivamente para el testimonio de peritos. Si así fuese, entonces como se ha dicho por esta corte, sería imposible para aquellas personas arrolladas por los vehículos, ya se trate de automóviles, carros eléctricos o carros de ferrocarril, tener siempre expertos a su disposición para demostrar el grado de velocidad de esos vehículos. Una conclusión de esta naturaleza sería .completamente impracticable y constituiría una gran injusticia para muchas personas que han sido lesionadas negligentemente por vehículos del carácter indicado corriendo a un grado excesivo de velocidad. .La única'solución razo-nable de esta cuestión es - sostener que el testigo que por lo menos sabe lo que es un automóvil y ha visto cómo se manejan, puede dar opiniones con respecto al grado de velocidad. En cuanto al peso que tales opiniones deben merecer, es una cuestión que pertenece comple-tamente al jurado.’ (Citas.)”

Como hemos visto, un testigo declara que el automóvil más bien que por la carretera caminaba por el aire, haciendo uso de esta expresión para demostrar un grado excesivo de velocidad. Otro nos dice que el carro caminaba bastante ligero, y el último, que es un testigo de la defensa, manifiesta que la velocidad era de quince o veinte millas.

El peso de esta prueba es una cuestión de la incumbencia exclusiva del jurado, cuyo juicio debemos respetar. Si el jurado creyó el testimonio del testigo Julián Machuca y, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, consideró al acusado culpable de negligencia criminal, nosotros no nos sentimos autorizados para intervenir, dejando sin efecto su veredicto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Julio, Antonia y Luz María Gándara, demandantes y apelantes, v. Manuel Gándara y Cartagena, et als., demandados y apelados.
    No. 6814.

    Sometido: Mayo 2, 1935.

      Resuelto: Mayo 8, 1936.

      C. üoll Cuchí, C. Coll Cuchí, Jr., Luciano Colón y Guillermo Silva, abogados de los apelantes; Fernando Zapater y R. Cintrón Las-tra, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En nn pleito de filiación, demandantes y demandados en-traron en nna transacción y compromiso sobre la segunda causa de acción relativa al cobro de una herencia. Luego los demandantes instituyeron el presente litigio para recobrar su parte proporcional en cierta propiedad que ellos alegaban los demandados en el pleito de filiación habían excluido de mala fe y maliciosamente de la oferta de transacción. Los demandantes también alegaban que posteriormente habían descubierto esta propiedad.

El juez de distrito sostuvo una excepción previa de falta de hechos suficientes' para determinar una causa de acción presentada contra la demanda enmendada, porque los deman-dantes no habían expuesto en su totalidad la oferta- de trans-acción y además porque los bienes descritos en la sentencia copiada íntegramente en la demanda, no demostraban en la faz de la sentencia ser toda la propiedad perteneciente a la sucesión. Los demandantes en otra demanda enmendada adujeron íntegramente la oferta de transacción, que contenía una cláusula que en parte lee como sigue:

“3. Que todos los bienes relictos al fallecimiento de Don Gene-roso (sic) Gándara y Morales son los siguientes: . . . .”

Otro juez de distrito sostuvo una moción para eliminar esta demanda enmendada fundándose en que ella era substan-cialmente igual a la que antes había sido declarada insufi-ciente. Entonces declaró sin lugar la demanda, por no des-prenderse que ésta pudiera nuevamente enmendarse en forma tal que adujera una causa de acción. Evidentemente el ex-tracto anterior que hemos hecho de la tercera cláusula de la oferta de transacción bastaba para hacer frente a la objeción del juez de distrito que declaró con lugar la excepción previa a la demanda anterior, al efecto de que la misma dejaba de demostrar que la transacción y compromiso se habían efec-tuado con el entendido de que todos los bienes pertenecientes a la sucesión se habían descrito en la oferta de transacción. El juez de distrito que desestimó el recurso no sugirió ningún otro motivo de excepción. El alegato de los apelantes no va más allá de esto. Lo que hemos dicho prácticamente decide el presente recurso. Sin embargo, conforme indican los apelados en sus alegatos, los aquí demandantes, en armonía con los términos del contrato de transacción, aceptaron cierta suma en dinero o bienes, en pago total y completa transac-ción de todos los derechos hereditarios en la herencia de Generoso Gándara. Nos referiremos ligeramente a algunas de las cuestiones envueltas en esta aceptación, no discutidas por los apelados.

Los artículos 1032, 1714 y 1715 del Código Civil (edición de 1930) leen así:

“Artículo 1032. — La omisión de alguno o algunos objetos o va-lores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos.
“Aiiácnlo 1714. — La transacción no comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción ne-cesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma.
“La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tie-nen relación con la disputa sobre que ha recaído la transacción.
“Artículo 1715. — La transacción tiene para las partes la autori-dad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial.”

La súplica de la última demanda enmendada pedía que se incluyeran en el inventario del activo los bienes que aca-baban de ser descubiertos, y que los mismos fueran distri-buidos en la misma forma que las propiedades incluidas en la oferta de transacción.

El contrato de transacción en tanto en cuanto puede ser considerado como res judicata, no está, desde luego, sujeto a un ataque colateral. La demanda no es un ataque directo al contrato de transacción. Como ataque colateral no puede prosperar. Por otra parte, fácilmente podía ser enmendada para convertirla en un ataque directo. Quizá, bastaría una súplica sustituía xúdiendo un remedio distinto.

La teoría de un ataque colateral presupone: primero, la renuncia expresa o implícita por los demandantes de todos sus derechos, títulos e intereses en todos los bienes dejados por Generoso Gándara, y, segundo, la repudiación indirecta o la tentativa de anular la aceptación arriba mencionada. Empero, esta aceptación debe ser interpretada a la luz del contexto y especialmente a la luz de la tercera cláusula de la oferta de transacción, que los demandantes abora alegan fue una falsa representación por parte de los demandados. La demanda parece fundarse en los artículos 1032 y 1714 del Código Civil. Si los hechos aducidos en la demanda hacen caer todo el caso dentro de las disposiciones del artículo 1714, entonces el artículo 1715 es inaplicable en lo que a la pro-piedad excluida de la transacción se refiere, y en cuanto a esa propiedad el contrato de transacción no es res judicata. Si el contrato de transacción no es res judicata en lo que a los bienes así excluidos se refiere, entonces no bay necesidad de hacer nn ataque directo al contrato de transacción ni cuestión alguna de ataque colateral. Muy bien podría argüirse que, toda vez que los demandados en el pleito de filiación hicieron constar que los bienes descritos en la oferta de transacción incluían todos los dejados por G-eneroso Gándara, la herencia mencionada en la aceptación debe interpretarse en el sentido de que significa los bienes dejados en la oferta de aceptación y no otros. En otras palabras, si esta argumentación es correcta, cuando los demandantes aceptaron cierto dinero o bienes en pago total^ y completa transacción de todos sus derechos hereditarios en la herencia de Generoso Gándara, la aceptación de tal dinero o bienes fue en pago total y com-pleta transacción de sus derechos hereditarios en los bienes descritos en la oferta de transacción, mas no en otros bienes pertenecientes a la sucesión, no incluidos en la oferta de transacción. Ésta parece ser en verdad la teoría del presente litigio, conforme indican los demandantes al describirlo como uno en cobro de dinero, y según indica además la súplica de la demanda.

De todos modos, de ser necesario, la demanda podía ser fácilmente enmendada a fin de hacerla caer dentro de la letra y del espíritu de la bien conocida regla establecida en 12 Corpus Juris 357, sec. 58, como sigue:

“La persona perjudicada por una transacción fraudulenta puede, en vez de devolver los beneficios recibidos y solicitar en derecho o equidad la rescisión del contrato y que se le conceda un remedio en equidad, retener lo que ha recibido y demandar a quienquiera sea responsable de las consecuencias del engaño que dió lugar a la trans-acción, y recobrar los daños y perjuicios resultantes.”

Véase también Forteza & Cía. v. Colón, 35. D.P.R. 293 y Nimey v. Nimey, 45 P. (2d) 949.

En el caso de Nimey la Corte Suprema de Washington dijo:

“Aunque la regla general exige que se haga una devolución antes que la transacción pueda ser atacada, existe una excepción a la regla. La persona perjudicada por una transacción fraudulenta puede, en vez de devolver los beneficios recibidos, retener lo que ha recibido y solicitar indemnización por los daños y perjuicios por ella sufridos como resultado del engaño que dió lugar a la transacción, o, si res-cinde la transacción a base de fraude, no se le exige que devuelva aquello que de todos modos tendría derecho a retener. 12 C. J. 357; 1 R. C. L. 201; Heinrich v. Heinrich, 2 Cal. App. 479, 84 Pac. 326.”

Véase también; 12 C. J. 341, sec. 36; Lamona v. Cowley, 71 Pac. 1040; Huffman v. Cauble, 86 Ind. 591; Pitts v. National Independent Fisheries Co., 206 Pac. 571; Smith v. Cherokee Fertilizer Co., 100 S. E. 719; In re Pfenninger’s Estate, 160 N. W. 487.

Ninguna de las cuestiones arriba sugeridas parece haber sido planteada específicamente en la corte de distrito o directa-mente resuelta por nosotros. Ellas son cuestiones que deben ser decididas en primera instancia por la corte de distrito después de ser debidamente investigadas y desarrolladas pol-los letrados. No es necesario que, sin la ayuda de los le-trados, llevemos por ahora la investigación más lejos.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el oaso para ulteriores procedimientos no meonsistentes con esta opmión.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe, Wolf,

text:
    Mrs. Charles M. Boerman, nee María L. Fordhan, peticionaria, apelada y apelante, v. Herederos de Esther Bessie Boerman, opositores, apelantes y apelados. La Misma, peticionaria y apelante, v. Los Mismos, opositores y apelados.
    Nos. 7060 y 7064.

    Sometidos: Noviembre 22, 1935.

      Resueltos: Mayo 8, 1936.

      Mariano Acosta Y dar de j Federico Acosta Telar de, abogados de los opositores; F. Ramos Antonini, abogado de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señoe, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Luego de varias prórrogas para radicar el alegato, la ape-lante presentó nna moción solicitando una prórroga adicional ■que le fué concedida por el Juez de Turno, con la advertencia ■de que sólo se accedería a nueva solicitud a virtud de la •concurrencia de circunstancias realmente meritorias. El 13 •de septiembre de 1935, la apelante radicó otra moción de prórroga y el Juez de Turno la concedió, haciendo constar que la misma tenía carácter de definitiva y última.

Nada se hizo por espacio de más de un mes después de vencida esta prórroga final. Entonces los apelados solici-taron la desestimación del recurso por haberse dejado de radicar el alegato: El letrado de la apelante presentó una ■contestación en que alega su propia enfermedad, la de un miembro de su familia y el haber estado altamente atareado -como miembro de la Legislatura Insular. Considerando el tiempo transcurrido, no hallamos que las excusas de por sí .sean suficientes para justificar la demora habida.

Hay dos casos ante nos, en cada uno de los cuales se ha presentado la misma moción para desestimar y las mismas excusas. En uno de ellos la corte inferior ordenó que se cargara a la apelante la suma de $1,260 por concepto de rentas sobre una finca rústica por ella ocupada. Se argu-menta en apelación que ella residió allí como administradora de la finca, que la acción había prescrito, y se presentan también otros argumentos en que ella sostiene que tenía de-recho a ocupar la finca. No estamos convencidos de que su apelación no sea meritoria, especialmente siendo ella una persona interesada en la herencia.

En el otro recurso la corte se negó a conceder honorarios de abogado a la apelante por defender las actuaciones y cuentas de ella como administradora. Tampoco estamos convencidos de que la cuestión'suscitada no sea meritoria.

Difícilmente podríamos imaginarnos un caso más fuerte para desestimar una apelación por falta de alegato, pero ésta y otras cortes están dispuestas a ser liberales cuando un apelante realmente presenta su alegato y éste suscita cues-tiones meritorias. Por tanto, en uso de nuestra discreción,, no sin dejar de tener considerables dudas, las mociones para-desestimar deben ser declaradas sin lugar.

La apelante radicó un señalamiento de errores en el. primer caso, mas en el alegato presentado solamente discutió-uno de los señalamientos. En la vista, por consiguiente,, limitaremos al letrado a la argumentación del error así dis-cutido. En otras palabras, durante la vista la controversia ante nos deberá ser limitada al derecho de la apelante a ocupar cierta casa sin pagar renta.

Deben declararse sm hogar las mociones de desestimación..

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Cókdova Dávila,

text:
    Jorge Luis Rivera, representado y asistido de su madre con patria potestad, Petra Rivera, quien a su vez comparece representada y asistida por su padre con patria potestad, Francisco Rivera, demandante y apelado, v. Julio Viejo, hoy Julio Viejo Feliú, como Administrador Judicial, demandante y apelante.
    No. 7082.

    Sometido: Enero 17, 1936.

      Resuelto: Mayo 20, 1936.

      F. Soto Gras y R. Díaz Collazo, abogados del apelante; V. M. Sán-chez Fernández, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de filiación, ejercitada por Jorge Luis Rivera, menor de edad, representado por su madre natural Petra Rivera, para que se le declare bijo natural reconocido de Julio Viejo, con todos los derechos inherentes a su alegada filiación. En la demanda se alega que Jorge Luis Rivera es hijo natural de Julio Viejo y Petra Rivera, quienes sostu-vieron relaciones amorosas y vivieron bajo un mismo techo como marido y mujer, naciendo de estas relaciones el deman-dante, quien además gozó de la posesión de estado de hijo reconocido del referido Julio Viejo.

Según resulta de los autos, este pleito fue radicado en 31 de julio de 1934. En 20 de agosto de dicho año compa-reció el demandado Julio Viejo solicitando la eliminación de ciertos particulares de la demanda. En 8 de septiembre, habiendo fallecido el demandado, el demandante solicitó que de acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales se tuviese al administrador judicial inte-rino, Julio Viejo Peliú, subrogado como parte en la acción. La corte inferior accedió a lo solicitado. Formuló entonces el administrador judicial excepción previa a la demanda, ale-gando que en una acción de filiación sólo las personas que constituyen la sucesión del supuesto padre son partes deman-dadas necesarias y que consiguientemente el administrador por sí solo no podía representar a los herederos o a la suce-sión de Julio Viejo, por la naturaleza de la acción ejercitada.

Desestimada la excepción previa y contestada la demanda por el administrador, procedióse más tarde a la celebración •del juicio que culminó en una sentencia a favor del deman-dante. De esta sentencia apeló el administrador judicial, alegando en primer término que la corte inferior erró al resolver que los herederos o la sucesión del demandado Julio Viejo no son partes necesarias e indispensables en esta acción.

Entiende el tribunal 'inferior que el administrador judicial tiene el deber de representar al finado en todos los procedimientos, incluyendo una acción de filiación, comenzados por o contra el mismo antes de su muerte. En los pleitos incoados después de la muerte, el administrador únicamente puede representar al finado cuando esos pleitos se dirigen contra el caudal de la herencia.

Copiamos a continuación .los argumentos que adujo la corte inferior para no considerar a los herederos de Julio Viejo partes necesarias en este pleito:

“Hasta que por auto o sentencia firme se haga la declaración de herederos del abintestato, el administrador del mismo le representará en todos los pleitos que se promuevan o estuvieran empezados. Y ello es lo natural y lógico. Como en los abintestatos nadie tiene personalidad para representar al finado y a la herencia hasta que se hace declaración de herederos, preciso era que determinase la ley quién había de tener mientras tanto esa representación para el ejer-cicio de los derechos del finado y del caudal hereditario, y así se hizo por el precitado artículo 51 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales que no sólo dispone que será deber del administrador representar al finado en las acciones comenzadas por o' contra el mismo antes de su muerte, y que todas las acciones se suspenderán a su muerte hasta que se nombre administrador, sino que dispone además ‘que el administrador quedará subrogado como parte en la •acción.
“Alega el demandado que existe defecto de parte demandada porque el administrador judicial carece de personalidad para repre-sentar a la parte originalmente demandada en nna acción de esta naturaleza y descansa en el caso Boerman v. Marrero, 34 D.P.R. 126.
"Este caso invocado es uno en que rendidas cuentas por una ad-ministradora judicial se nombró un referee para' examinarlas quien rindió su informe, lo aprobó la corte y contra esa aprobación se recurrió por la administradora impugnando los procedimientos, entre otras razones, por ser, a su juicio, nulos, porque no fué demandada en ellos como tal administradora y albacea. La Corte Suprema refi-riéndose a esta cuestión dijo que ya había sido resuelta en contra de la administradora, por la Corte de Circuito de Boston (3 Fed. (2d) 241) al establecer la doctrina de que de acuerdo con el Código Civil de Puerto Kieo (artículos 192 y 194), en una acción de filia-ción establecida después de la muerte del supuesto padre, sólo las personas que constituyen la sucesión de éste son partes demandadas necesarias y no es preciso incluir a su representante, a pesar de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Kico.”
"El caso como se observa, no es de aplicación. La Corte de Cir-cuito se refiere a una acción de filiación establecida después de la muerte del supuesto padre; y el artículo interpretado es el 41 del Código de Enjuiciamiento Civil. En nuestro caso se trata de una acción de filiación establecida antes de la muerte del supuesto padre; y el artículo interpretado es el 51 de la Ley de Procedimientos Le-gales Especiales. ’ ’

En el caso de Rosado v. Sucn. Matta, 19 D.P.R. 307, se ejercitó una acción de filiación. Esta corte sostuvo que los preceptos del artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil sólo son aplicables a las acciones que se ejercitan contra el albacea o administrador de los bienes del difunto y contra el caudal de la herencia, y no a una acción que se ejercita contra los herederos del difunto, pues la palabra “repre-sentantes” comprende el albacea o el administrador, pero no los herederos.

Luego se decidió por esta corte el caso de Boerman v. Marrero, 34 D.P.R. 126, estableciendo la doctrina que ya había sido sostenida por la-Corte de Circuito de Boston.

La parte apelada, de acuerdo con el tribunal inferior, sostiene que es el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Légales Especiales (artículo 584 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933), y no el 41 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el que tiene aplicación al presente caso, por tratarse de una acción incoada antes de la muerte del supuesto padre. El artículo referido dice así:

“Será deber de los administradores y mientras éstos se nombren, de los albaceas, representar al finado en todos los procedimientos co-menzados por o contra el mismo antes de su muerte, y los que se promovieran después por o contra el caudal de la herencia. Las ac-ciones o procedimientos intruídos por o contra el finado se suspen-derán a su muerte ínterin se baga cargo el albacea o se nombre un administrador y el albacea o administrador quedará subrogado como parte en la acción.’'

No compartimos el criterio de la corte inferior. Es verdad que el artículo 51 habla de procedimientos comenzados contra el causante antes de su muerte y procedimientos que se promuevan contra el caudal de la herencia luego de haber muerto; pero cualquiera que sea la interpretación judicial • que pueda merecer este artículo, es claro, a nuestro juicio, que el legislador nunca tuvo la intención de conceder al admi-nistrador judicial la representación exclusiva del finado en una acción de filiación iniciada por una persona que alega ser hijo natural de dicho finado. Esta acción de filiación por su naturaleza y por el carácter especial de la misma no puede resolverse sin que figuren como partes aquellas personas quo puedan resultar afectadas por el fallo del tribunal. Y estas personas no son otras que los herederos, los familiares del finado, realmente interesados en depurar los hechos para asegurarse, si no lo están, de que la persona que reclama la filiación tiene derecho a ella, o para rechazar las pretensiones de quien intente, sin un legítimo derecho, ingresar en el seno de la familia. Para estas personas la acción' de filiación, cuando el finado ha dejado bienes, tiene el doble aspecto del 'interés pecuniario y el interés moral, por los derechos here-ditarios que la ley reconoce al hijo natural y por la trans-•cendencia excepcional que envuelve para la familia el reco-nocimiento de la filiación. Lógico es, por lo tanto, que los interesados, ya sean herederos forzosos o parientes llamados .a heredar al finado en ausencia del hijo que reclama su natu-ralidad, tengan la oportunidad de ser oídos en una acción que tan directamente les afecta. El hecho de que no se haya solicitado y obtenido una declaratoria de herederos no es ■óbice para que se prescinda de los miembros de la sucesión. Con declaratoria o sin ella, lo esencial es que las partes real-emente interesadas, en una acción de esta naturaleza, estén "bajo la jurisdicción de la corte, para que pueda recaer un fallo definitivo en la acción. A nuestro juicio la acción ini-ciada en vida del padre putativo puede continuar, haciéndose parte conjuntamente a las personas realmente interesadas, ■que son los herederos, y al administrador judicial, si lo hubiere.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores no incompatibles con los términos de esta opinión.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.