author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Plana, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una escri-tura de compraventa.
    No. 358.
    Resuelto en junio 6, 1918.
    Edificación — Solar de un Municipio — Usufructo—Defecto Subsanable — Am-bigüedad. — Guando una persona que tiene inscrito en el registro el derecho de usufructo de un solar perteneciente a un municipio solicita la inscripción de una casa construida sobre el mismo y adquirida a título de edificación, no hay duda alguna de que haya edificado la casa; y menos, cuando, como en el presente caso, las manifestaciones del usufructuario están apoyadas por una certificación del secretario municipal, en la que se expresa que el usu-fructuario posee una casa construida sobre el solar de que se trata.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, no com-pareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 18 de enero de este año otorgada por don Hilario Martínez, Doña Francisca Plana y su esposo Don Agapito Rivera, bizo constar el primero que. era usu-fructuario de un solar en la ciudad de Caguas por cesión que le babía becbo su municipio; que en el solar enclava una casa de maderas con tecbo de zinc, que es de su propiedad y tiene las mismas colindancias que el solar cuya descrip-ción bizo; que vende la casa a Doña Francisca Rivera por ciento treinta y cinco pesos; y que para los efectos legales, para la previa inscripción de la venta efectuada, solicitaba la inscripción a su nombre en el registro de la propiedad de la casa enajenada, queriendo y consintiendo que dicha ins-cripción se baga por título de edificación en el solar que ocupa.

La compradora Rizo constar, por su parte, que el precio de la compra procedía de los cuatrocientos pesos en que Ra-bia vendido en mayo del año anterior una casa que Rabia adquirido por herencia de su padre.

Ese documento fné presentado en el registro con un es-crito del abogado de dichos esposos en el que Race constar que según certificación que acompañaba del secretario municipal de Caguas, el vendedor Rabia adquirido el usufructo de dicho solar, que en él edificó una casa de maderas con techo de zinc, que interesaba a sus representados que se inscri-biera el usufructo del solar a nombre de Martínez y consi-guientemente la edificación para a su vez practicar la ins-cripción de la compraventa, y que hacía constar que el solar vale aproximadamente treinta y cinco dólares.

La certificación a que se Race referencia en efecto Race constar la cesión del usufructo de dicho solar y que en él posee don Hilario Martínez una casa de maderas, terrera y techo de zinc, construida con autorización del municipio.

El solar a que venimos refiriéndonos fué inscrito en el registro a favor del Municipio de Caguas en cuanto al dominio y a nombre de Martínez por su usufructo, constando del asiento de inscripción que según la certificación que sirve para la inscripción, en el solar posee Hilario Martínez una casa de maderas, terrera con techo de zinc, construida con autorización del municipio.

En cuanto, a la compraventa el registrador negó la ins-cripción según aparece de la siguiente nota puesta al pie del documento:

“Denegada la inscripción del precedente documento, que es la escritura número diez y seis, otorgada en esta ciudad, el diez y ocha de enero del corriente año, ante el Notario Lorenzo Jiménez García, con vista, del escrito que se relacionará, y en cuanto a la edificación de la casa a favor de Hilario Martínez, porque si bien éste mani-fiesta que dicho inmueble le pertenece en propiedad y que para la previa inscripción de la venta que de la mencionada casa ha efectuado, solicita la inscripción a sil nombre de la mencionada casa, y que quiere y consiente que diclia previa inscripción se haga por título de edificación, esa ambigua expresión no produce el convencimiento, ni prueba, que la referida casa haya sido edificada por el señor Mar-tínez, no expresándose en caso contrario el nombre de la persona o personas de quienes dicho inmueble procede, requisito indispensable-en este caso no sólo porque el artículo 75 del Reglamento de la- Ley Hipotecaria exige se haga constar en la inscripción el título de ad-quisición del que transfiere el derecho, sino porque tratándose, cóma-se trata, de una finca que ha de inscribirse por primera vez, esta escritura no aporta los elementos necesarios para que pueda hacerse una investigación completa de los libros del registro con el fin de averiguar si la aludida casa se halla o no registrada a favor de al-guna otra persona, y porque si la adquisición no la ha verificado el Señor Martínez por edificación, y si por cualquiera otro concepto, la forma elegida para obtener la inscripción no es el medio adecuado puesto que la Ley Hipotecaria en sus artículos 390 y 395 determina claramente los medios de que puede valerse el que, careciendo de título escrito, desee obtener la inscripción de algún inmueble; y si bien en escrito autorizado el 13 de este mes por Andrés Mena como abogado de los esposos Francisca Plana y Agapito Rivera, dueños actuales de dicha casa, se expresa también que el nombrado Hilario Martínez edificó la repetida casa, ese documento, que es un simple documento privado, no es suficiente para acreditar extremo tan im-portante, no sólo porque el Honorable Tribunal Supremo en diver-sas resoluciones, y entre ellas en la número 211 de 19 de febrero de 1915, ha declarado que an affidavit, que reúne más solemnidad que un documento privado, no es bastante para lograr que sea inscrito un título que carezca de algún requisito esencial, sino también -porque dicho escrito ni siquiera está autorizado por el ’ interesado que en este caso es el repetido Hilario Martínez, único que puede y debe hacer constar en forma auténticaj o sea en documento público como exige el artículo 3o. de la Ley Hipotecaria, la forma en que adquirió el inmueble, habiéndose tomado en su lugar y en cuanto a dicha edi-ficación, anotación preventiva por el término de 120 días al folio 186 vuelto del tomo 57 de esta ciudad, finca número 2662, anotación letra A; y denegada también la inscripción de la venta de dicha casa a Francisca Plana porque dicho inmueble no se halla registrado a favor del vendedor, quien sólo tiene a su favor una anotación pre-ventiva por 120 días, no hallándose tampoco registrada dicha casa a favor de ninguna otra persona; habiéndose tomado respecto a ■dicha venta anotación preventiva por término de 120 días al folio. 188 vuelto del mismo tomo y ñuca, anotación letra B en la que so-hizo constar además el defecto subsanable de no haberse acreditado que el dinero empleado en la compra por Francisca Plana sea de su exclusiva pertenencia. ’ ’

Por lo expuesto vemos que la razón que tiene el regis-trador para negar la inscripción de la casa a favor de Mar-tínez, y en consecuencia la venta de ésta a la recurrente, es que hay ambigüedad-respecto a si Martínez edificó la casa.

Nosotros no encontramos tal ambigüedad pues las mani-festaciones de Martínez de que la casa que vende es de su propiedad y que permite que se inscriba a su nombre a. tí-tulo de edificación, no hacen surgir duda alguna de que haya edificado esa casa. Ni tampoco la certificación del Secre-tario del Municipio de Caguas suscita ambigüedad en la idea de la construcción de la casa por Martínez, pues antes al contrario la apoya al expresar que Martínez posee una casa construida en el solar que le cedió en usufructo dicho muni-cipio.

No existiendo tal ambigüedad debió hacer el registrador la inscripción que se le pidió y también la de la compra, ya que el único motivo que tuvo para negar ésta fué la de la falta de inscripción a favor del vendedor.

Como la parte recurrente nada expone en su recurso con respecto al defecto subsanable que consignó el registrador, prescindiremos de considerarlo.

La nota recurrida debe ser revocada en cuanto negó las inscripciones que se pidieron.

jRevocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: Ei. Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Fornaris, Demandante y Apelado, v. Compagnie Generale Transatlantique, Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1714.
    Resuelto en junio 6, 1918.
    Agentes — Poderes Coextensivos — Limitaciones.—Los poderes de un agente son prima facie eoextensivos eon el negocio confiado a su cuidado y no serán res-tringidos por limitaciones que no° se hayan comunicado a las personas con quienes negociara. ’
    Contrato de Transporte — Compañías Navieras — Agentes—Actos t Conduc-ta. — Dadas las circunstancias concurrentes en este caso, se resolvió: que los actos y conducta de los varios agentes de la compañía naviera demandada le dieron al demandante el derecho a creer que el agente en Ponce actuó dentro de sus atribuciones al llevar a efecto el contrato de transporte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. José y Manuel Tous ¡Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Gustavo Rodríguez.

   Ei. Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, Arturo Fornaris Roig, alegó que en con-sideración a la suma de un mi! dollars la compañía demandada, por conducto de sn agente en la ciudad de Ponce, Pablo Vi-centí, quien estaba debidamente autorizado para obligar a la compañía, en enero de 1911 celebró con el citado deman-dante un contrato para llevar ciento veinte y cinco personas de Ponce a St. Thomas en el vapor Abd-el-Kader, que habría de salir de aquel puerto en 4 de febrero de 1911; con todos los pasageros listos para embarcarse y el vapor en el puerto, rehusó la compañía tomar los pasajeros a bordo, causándole al demandante daños que estimó en la suma de novecientos noventa y nueve dollars.

La compañía demandada negó que el mencionado agente Pablo Yicentí, tuviese más facultades fuera de' la de embar-car pasajeros en los viajes regulares n ordinarios de la línea, y que no constituía parte del servicio del vapor Abd-el-Kader hacer viajes a St. Thomas. En otras palabras, que Pablo Vicentí estaba plenamente autorizado para embarcar carga-mentos y vender pasajes en las líneas regulares de la compa-ñía, y no para celebrar contratos para una excursión especial de Ponce a St. Thomas.

La cuestión principal en este caso es la de si tenía o no el demandante derecho a creer de todos los actos y de la con-ducta de la demandada que Pablo Vicentí tenía autoridad para liacer un contrato para el viaje de excursión a que se refiere la demanda. Es evidente que no se demostró ninguna au-torización especial para la celebración de semejante contrato, y aparece claro también que Pablo Vicentí no-era un agente general con facultades para dirigir los viajes de la compañía.

Por otro lado, Pablo Vicentí asumió tener semejante au-torización y mostró al demandante los cables y corresponden-cia cruzados con un supuesto agente general en St. Thomas, en el sentido de que el viaje de Ponce a St. Thomas dependía solamente del arribo del vapor Quebec procedente de Europa. El Abd-el-Kader era un vapor más pequeño que había de tomar pasajeros y carga de St. Thomas a Ponce, a la llegada del Quebec al puerto de St. Thomas. Vicentí no sólo asu-mió su autoridad sino que expidió pasaje para el viaje de excursión. El Abd-el-Kader llegó a Ponce pero sus dueños rehusaron hacer el viaje a St. Thomas. La prueba de la adquiescencia de este supuesto agente general en St. Thomas para la excursión nos' .es satisfactoria. En el último mo-mento, sin embargo, los oficiales de la oficina principal de la compañía rehusaron permitir la realización del viaje y alegaron en la corte que el agente o agentes carecían de autoridad para obligarlos. Existe, sin embargo, una carta dirigida por la compañía a su agente en Ponce. La com-pañía, después de negar la facultad de sus agentes para obligar a la compañía, dice: “Sería interesante saber la razón que ha determinado a nuestro agente a no llevar a efecto el contrato.” La prueba indica que los propios agen-tes creyeron que tenían tal autoridad, pero que se les informó lo contrario al consultar a la compañía.

En el yol. 2 de la obra Corpus Juris, p. 562, dice el testo:

“Es consecuencia de las reglas anteriores que como regia general toda persona que emprende negociaciones con un supuesto agente está, por el mero hecho del mandato, obligado a hacer indagaciones, y debe descubrir a su propio riesgo que el poder en su naturaleza y alcance es suficiente para facultar al agente a la realización del acto propuesto, que su origen puede inferirse de la voluntad del supuesto principal, especialmente cuando está negociando con un agente cuya autoridad conoce ser especial, o cuando es la primera vez que negocia con el agente, o las circunstancias relacionadas con el mandato o comisión sean de tal naturaleza que le obliguen a practicar indaga-ciones * * *. '
!<A1 determinar la cuestión de si un contrato celebrado para el porteador por un agente o comisionista, son de aplicación los prin-cipios del mandato, está bien establecida la regla general de que si el contrato se halla dentro del alcance general de las facultades del agente o comisionista, el porteador quedará obligado por sus gestio-nes, aunque el agente o comisionista haya actuado más allá de sus instrueiones en el caso particular de que se trate. Esto está de acuerdo con el bien establecido principio de que los poderes del agente son prima facie coextensivos con el negocio confiado a su cuidado y no serán restringidos por limitaciones que no se hayan' comunicado a las personas con quienes negociare. Aplicando este principio ha sido muy generalmente sostenido que cuando una compañía ferro-viaria coloca a un agente al cuidado de un negocio en una estación, y le faculta para contratar el embarque de fletes, la compañía lo tiene para el público como si tuviese autoridad para contratar con refe-rencia a todos los detalles necesarios y ordinarios del negocio, y, dentro del ramo de su negocio, queda convertido en un agente general, y puede obligar a la compañía mediante contrato dentro de las atribuciones de su aparente autorización, aunque en la celebración del contrato se haya excedido de su autoridad.” 10 C. J. 216, y autoridades citadas en la Nota No. 2.

Y véase también la nota sobre “ Ostensible Authority,” al pie de la página 1236 del tomo 31 de Oye.

El demandante en este caso tenía razones para creer que el agente o agente general tenía autoridad para la celebra-ción del alegado contrato. El Abd-el-Kader, como se ba admitido, iba a liacer un viaje de St. Thomas a Ponce. No es extender demasiado el significado de esto para que el público creyese que el agente tanto como el agente general tenían autoridad para enviar el barco para un viaje de ex-cursión de Ponce a St. Thomas. Y la carta de la compañía demuestra, por lo menos, que la compañía no se habría alar-mado mucho si los agentes hubieran llevado a cabo el con-trato. Concluimos, por «tanto, que los actos y conducta de los varios agentes de la compañía le dieron al demandante el derecho a creer que el agente de Ponce actuaba dentro de sus atribuciones. La opinión de la corte inferior no fue transcrita en los autos, lo que sentimos, pues nos hubiera gustado tener el beneficio de sus razonamientos.

El apelante alegó error al admitirse los certificados res-pecto a la llegada del Quebec a St. Thomas. Sin embargo, puesto que el Abd-el-Kader llegó a Ponce el error no pro-dujo perjuicio alguno.

El segundo error versa sobre la admisión de cartas y cables cruzados entre los dos agentes. La objeción principal a estos documentos consiste en que no proceden de la com-pañía, y por lo tanto no obligan a ésta. Todos estos docu-mentos o consistieron de admisiones de los distintos agentes tendentes a demostrar su ostensible autoridad o el alcance de sus atribuciones que el público tenía derecho a creer,. o su admisión en evidencia no produjo perjuicio alguno.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Sucesores de José Hernaiz, Demandantes y Apelados, v. Romero, Demandado y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de Ja Corte de Distrito de San Juan,. Sección 2a., en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1707.
    Resuelto en junio 7, 1918.
    Sociedades Mercantiles' — Inscripción de la Escritura Social. — El requisito-estatutorio respecto a la inscripción de la escritura social tiene por objeto el proteger tanto a aquellas partes que contrataren con la sociedad como a los terceros en general, de aquellos términos y condiciones que se contengan en el contrato social que de otro modo pudieran perjudicar a extrañas personas. No es un requisito previsto con el fin ’de servir como pretexto para que repudie abiertamente una solemne promesa de pagar una deuda reconocida, una persona cuyo único propósito al levantar el punto técnico de la falta de demostrar la inscripción de la escritura social es la de evadir la obliga-ción directa de su contrato con la firma.
    Hipoteca — Deudas—Consentimiento de la Esposa. — No tratándose en este caso de la hipoteca sino de la deuda que el demandado en el mismo instrumento expresamente reconoció y ofreció pagar, no era necesario el consentimiento expreso de la esposa del deudor para el reconocimiento de la deuda cuyo acto es uno de pura administración de los bienes de la sociedad legal.
    Los hechos están expresados on la opinion.
    Abogado del apelante: Sr. E. Márquez Huertas.

    Abogado de los apelados: Sr. Manuel Ginorio. .
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el 1904, el demandado-apelante otorgó una hipoteca para garantizar nna deuda que allí se reconoce ascendente a la suma de $1,058 a pagarse en dos plazos de $529 cada uno en agosto 30 de 1904 y 1905.

En adición a la prueba de la demandante respecto, a va-rios requerimientos de pago el propio demandado introdujo en evidencia un recibo por la cantidad de $128 de fecha mayo 24 de 1906, quedando reducida la suma reclamada por la de-mandante a $700 por la cual suma, junto con el interés legal correspondiente, se dictó sentencia.

Después de una negativa especial, para seguir los términos empleados en la demanda, de que la demandante “es- una so-ciedad mercantil en liquidación a cargo.de don José Trueba Munsuri,” y una negación general ele todos los demás he-chos que alega la demandante, el demandado alega por vía de defensa especial que la escritura de reconocimiento de deuda y el otorgamiento de la escritura que se acompañó a la demanda eran nulos por lo dispuesto en el artículo 1328 del Código Civil por falta de consentimiento y de la firma de la esposa del demandado; que en un período de abati-miento moral y falta de salud el demandado firmó el docu-mento por razón de la violenta actitud de los agentes de la mercantil demandante; que por más de once años no se le hizo requerimiento alguno de pago al demandado, y que la acción estaba prescrita con arreglo al inciso 3o. del artículo 1867 y artículos 1862, 1870 y 1871 del Código Civil y el ar-tículo 943 del Código de Comercio.

El apelante insiste en que la corte inferior cometió erro-res de la manera siguiente:

“1. Al reconocer capacidad a la sociedad ‘Sucesores de José Her-naiz’ en liquidación cuando no presentó como prueba en juicio la escritura social y sí sólo unas escrituras relacionadas con tal socie-dad, pero ninguna de ellas sin encontrarse inscrita en el registro mercantil.
“2. En darle valor y eficacia al convenio de hipoteca celebrado por la escritura que por ese concepto se unió a la demanda, cuando todo ese convenio o escritura es nulo por virtud de la Ley, desde el momento en que la esposa del demandado no dió su consentimiento para ello ni su firma para ese negocio.
“3. Erró también en considerar vencido ese crédito, aún cuando hubiera existido, pues siendo nulo el convenio hecho por esa escritura al tener por finalidad la de hacer tal hipoteca, la cláusula en ella obtenida señalando plazos para el pago carece de eficacia, y en todo caso, aunque se adeudase la cantidad, sería una obligación sin plazo fijo y que por tanto no sería aún exigible.
“4. Erró también al no considerar prescrito ese crédito aún en el caso de que hubiese existido.”

El requisito estatutorio respecto a la inscripción de la escritura social tiene por objeto el proteger tanto a aquellas partes que contrataren con la sociedad, como a los terceros en general, de aquellos términos y condiciones que se con-tengan en el contrato social que de otro modo pudieran per-judicar a extrañas personas. No es un requisito previsto con el fin de servir como pretexto para que repudie abier-tamente una solemne promesa de pagar una deuda recono-cida una persona cuyo único propósito al levantar el punto técnico de la falta de demostrar la inscripción de la escri-tura social es la de evadir la obligación directa de su con-trato con la firma. La • prueba de la real existencia de la sociedad es amplia, y, descartando por completo la manera en que se levantó la cuestión'de la inscripción, si es que se levantó, en las alegaciones, no es al demandado a quien compete impugnar la capacidad legal de la demandante. La proposición sobre la que descansa el apelante no es entera-mente res nova en esta corte. Véase Quintana Hermanos v. Ramírez & co., 22 D. P. R. 761, 762; Betancourt v. Anguiano, 24 D. P. R. 1.

Para contestar el segundo señalamiento de error basta con decir que el pleito no es sobre la hipoteca, sino por la deuda que el demandado en el mismo instrumento expresa-mente reconoció y prometió pagar. Vivaldi v. Mariani, 10 D. P. R. 444, 445.

El argumento en apoyo del tercer motivo de error, en tanto cuanto no quede resuelto por el párrafo anterior, no es de aquellos que merezcan seria consideración.

La proposición envuelta en el cuarto señalamiento de error es evidentemente insostenible. 12 Manresa (2a. Edi-ción) 825; 11 Martínez Ruiz, 308.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cruz et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en cansa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 1204.
    Resuelto en junio 7, 1918.
    Acometimiento Grave Realizado Colectivamente. — Cuando dos o más personas se unen para realizar un objeto criminal, ora sea mediante la física volición de uno, o de todos ellos, procediendo separada o colectivamente, cada indi-viduo cuya voluntad ha contribuido a la realización del acto criminoso, ante los ojos de la ley es tan responsable por todas sus consecuencias como si lo hubiera realizado él solo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: \8r. Antonio Trújillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron convictos de un delito de acometi-miento y agresión grave y sentenciados a treinta días de cárcel.

No se ha hecho formal señalamiento de errores y la única contención formulada es la de que la sentencia no está sos-tenida por la prueba.

Sin embargo, de la prueba resulta que ambos acusados estaban armados de revólveres y que uno de ellos con su arma apuntaba al perjudicado {prosecuting witness) mien-tras que el otro realizaba un brutal acometimiento y agresión sobre la persona de su inerme víctima.

El Fiscal admite, innecesariamente tal vez, la ausencia de circunstancias agravantes en cuanto a la agresión pero ésta no es una cuestión de importancia práctica en tanto cuanto al resultado de que aquí se trata.

Bastará decir que cuando dos o más personas se unen para realizar un objeto criminal ora sea mediante la física volición de uno, o de todos ellos, procediendo separada o colectivamente, cada individuo cuya voluntad ha contribuido a la realización del acto criminoso, ante los ojos de la ley es tan responsable por todas sus consecuencias, como si lo hu-biera realizado él solo.” 1 Bishop’s New Criminal Law, p. 375, See. 629; El Pueblo v. Bianchi, 18 D. P. R. 576.

La sentencia condenatoria se modificará eliminándose el elemento de la agresión y con esta modificación es de con-firmarse.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cándola en el sentido de que se elimine el elemento de la agresión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Plernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Díaz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por acometimiento y agresión grave.
    No. 1256.
    Resuelto en junio 17, 1918.
    Agresión Realizada con el Mango de un Poete — Circunstancias Agravan-tes. — El uso de un bastón o de un foete, cualquiera que fuere el modo en que se haga uso de uno u otro para pegarle a un hombre, lleva la intención de inferirle deshonra. En este caso, en el cual hubo suficiente prueba ten-dente a demostrar que el apelante mandó a su cochero a que le pegara a Enrique de Thomas con un foete, la agresión se realizó con el mango de un foete. De acuerdo, pues, con la anterior doctrina, el acusado apelante os responsable de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes."
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Carlos Travecier.

    Abog-aclo del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Díaz Smaine fué acusado de un delito de acometi-miento y agresión grave, por haber aconsejado e incitado a su cochero Juan Carrillo a que acometiera a Enrique de Thomas con un foete. El acometimiento y agresión tuvo lugar, y de ese modo Agustín Díaz Smaine, por virtud del artículo 36 del Código Penal, se hizo culpable, como principal, de un acometimiento y agresión, en el mismo grado que el cochero Juan Carrillo.

El apelante sostiene que la prueba de la culpabilidad fué insuficiente por cuanto distintos testigos del Gobierno ma-nifiestan que el apelante estaba en diferentes sitios y que pronunció distintas frases al tiempo de la agresión. Estas contradicciones aparentes que hay en las manifestaciones de los testigos, son tan frecuentes que casi constituyen la regla general. Aunque hubo discrepancia entre la prueba del Go-bierno y la del acusado, sin embargo hubo suficiente prueba tendente a demostrar que el apelante mandó a su cochero a que le pegara a Enrique de Thomas con un foete. No es-taba tampoco la corte obligada a creer la coartada alegada por el acusado.

Puesto que la agresión se realizó con el mango de un foete, se sugiere por el Fiscal, y no por el apelante, que puede haber duda sobre si el delito, aún siendo un acometimiento y agresión, contenga algún agravante. No hay duda de que la agresión se llevó a cabo con un foete, y que cae literalmente bajo el número 6 de la sección 6 de la Ley de marzo 10, 1904, que dice así:

“Sección 6. — Todo acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes en los siguientes casos:
* « •«= # # # #
“6. Cuando el instrumento o los medios que se emplearen fueren tales, que infirieren deshonra a la persona agredida, como acometi-miento y agresión con foete, azote o bastón.’'

El instrumento o medio fué un foete y, sin duda, infirió deshonra sobre la persona del denunciante. La única dnda qne encontramos es nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Benítez, 23 D. P. R. 339. Allí resolvimos, siguiendo por analogía el acometimiento con el mango de una pistola, que-si el instrumento no se usaba en la forma en qne corriente-mente se usa un foete, no era el delito un acometimiento y agresión grave. Pero, aún cuando el caso de El Pueblo v. Benítez puede quizás distinguirse del presente por razón de la manera en que tuvo lugar la agresión, una más madura consideración nos ha convencido de que la analogía entre el mango de una pistola y el de un foete no fuá bien establecida y que el uso de un bastón o de un foete, cualquiera que fuere el modo en que se haga uso de uno u otro, para pegarle a un hombre lleva la intención de inferirle deshonra. En todo caso siempre sería de la incumbencia del apelante el demos-trar que hubo alguna circunstancia en el uso del foete que convirtiera el caso en un simple acometimiento y agresión. Sea como fuere, el caso de El Pueblo v. Benítez, en cuanto está en conflicto con el presente, queda expresamente desau-torizado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Andino, Peticionaria y Apelante, y El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un recurso de habeas corpus.

    No. 1270.
    Resuelto en junio 18, 1918.
    Habeas Corpus — Escrito de Apelación. — Para que una sentencia quede ape-lada no basta que el sentenciado “haya mostrado deseos de apelar,” sino-que es necesario presentar el escrito de apelación que la ley requiere. Para que un sentenciado tenga derecho a estar en libertad bajo fianza (en los casos en que proceda) por efecto de apelación, es requisito indispensable que la sentencia haya sido debidamente apelada; y una petición en que sólo se hieiere la alegación antes aludida carece de mérito para que el tribunal entre a considerar si, por haber apelado la sentencia, tiene o no el peticio-nario derecho a estar en libertad mientras se tramite el recurso de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. José de J. Tizol.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Estando presa Ana Andino cumpliendo sentencia de un año de cárcel por un delito menos grave, presentó a la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., una solicitud de habeas corpus alegando que no estando conforme con dicha senten-cia mostró su deseo de establecer apelación para ante esta Corte Suprema a cuyo efecto solicitó que se le fijara fianza para estar en libertad mientras se tramitara la apelación, lo que le fué negado por la corte por lo que su prisión resulta ilegal y pidió que se expidiera el auto de habeas corpus y se le fijara la fianza por no ser el delito de que se le acusa de los que por la ley están privados de ese derecho. El auto fué expedido y habiendo sido luego desestimada la petición interpuso Ana Andino este recurso de apelación en el que no ha presentado alegato escrito ni oral.

Como no aparece de la solicitud ni de las diligencias que tenemos ante nosotros que la peticionaria apelara de la sen-tencia que se dictó contra ella y por la cual está en prisión, requisito que es necesario, según los artículos 374 y 375 del Código de Enjuiciamiento Criminal para que un sentenciado pueda estar en libertad con fianza mientras se tramita su apelación, en los casos que proceda, pues la alegación de que mostró deseos de apelar no puede interpretarse en el sen-tido de que efectivamente presentó el escrito de apelación que la ley requiere para que la sentencia quedara apelada, no tiene méritos la petición para que podamos entrar a con-siderar si por haber apelado la sentencia tiene o no derecho a estar en libertad.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ■ ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Korber & Company, Inc., Demandantes y Apelados, v. Aboy, Vidal & Cía., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre daños y perjuicios.
    Moción de desestimación de apelación.
    No. 1862.
    Resuelto en junio 18, 1918.
    Desestimación de Apelación — Excepción de la Regla 58 — Deber del Ape-lante. — En el presente caso los apelantes no han caído claramente dentro de la excepción de la regla 58 de esta corte, puesto que fueron notificados de la moción solicitando la desestimación de la apelación antes de radicar la transcripción. Los recurrentes no apelan, según el réeord, a la discre-ción de la corte, pero en la vista del caso llamaron la atención sobre el fa-llecimiento del abogado primitivo, como excusa. Aún en circunstancias se-mejantes es el deber de un apelante hacer aparecer de los autos el que la muerte o enfermedad del abogado impidió la radicación de los autos.
    Cuestiones no Sugeridas por el Apelante. — Toda vez que el apelante no sugiere cuestión alguna de derecho o de procedimiento revisable en apelación, y puesto que parece que el caso gira sobre los hechos del mismo, debe preva-lecer la moción de desestimación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. M. Benites Flores.

    Abog’ado de los apelados: Sr. Henry G. Molina.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha formulado oposición a una moción para que se desestime la apelación por el fundamento de que la trans-cripción de autos se radicó antes de la moción. Aparece haberse notificado la moción de desestimación a los apelan-tes cuatro días antes de radicarse la transcripción de autos, la que se recibió en secretaría el día 28 de mayo a las 4.05 P. M. La moción se radicó el mismo día a las 4.30 P. M. El affidavit presentado por los apelados una vez servida la-moción revela además que cuando el día 24 de mayo se pre-sentó la moción de desestimación al abogado de los apelan-tes dijo éste que vendría a ver al abogado de los apelados referente a la misma. La regla 58 de esta corte reza como sigue:

“Si la copia de los autos, no fuere presentada dentro del término prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una moción en tal sentido previa notificación de la misma. Si la copia de los autos, ha sido presentada a la fecha en que se haga tal notificación, este he-cho constituirá una contestación eficaz a la referida ■ moción aún en el caso de que dicha copia no se hubiere presentado dentro del tér-mino prescrito. ’ ’

Por lo tanto los apelantes no han caído claramente den-tro de la excepción puesto que fueron notificados de la mo-ción antes de radicar la transcripción.

Los recurrentes no apelan, según el récord, a la discre-ción de la corte, pero en la vista del caso llamaron la aten-ción sobre el fallecimiento del abogado primitivo como ex-cusa. Aún en circunstancias semejantes es el deber de un apelante liacer aparecer de los autos el que la muerte o en-fermedad del abogado impidió la radicación de los autos.. El abogado de ahora ha podido tener el caso en su poder por algún tiempo. Aún más, aparece que no se ha elevado-con la transcripción de autos ninguna exposición del caso,, a pesar de que se ofreció en la corte de distrito. Por tanto, puesto que el apelante no sugiere cuestión alguna de dere-cho o de procedimiento revisable en apelación, y puesto que-parece que el caso gira sobre los hechos del mismo, debe-prevalecer la moción de desestimación. Y al hacer esto de-bemos tener menos vacilación puesto que la moción de de-sestimación se radicó sólo pocos momentos después de ar-chivarse la transcripción, y el abogado de los apelantes había ofrecido verse con el abogado de los apelados refe-rente al asnnto cnando se le sirvió la moción cnatro días antes.

Debe desestimarse la apelación.

'Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hntcbison.


author: El Juez Peesidente Sr. Hernández,

text:
    Santos, Demandante y Apelada, v. López et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre retracto legal.
    No. 1776.
    Resuelto en junio 20, 1918.
    Alegaciones — Contrato de Compraventa — Derecho de Retracto. — Examinadas las alegaciones de la demanda en el presente caso, Se resolvió: que el con-trato a que la misma se refiere es de compraventa por contener todos los elementos necesarios al efecto, con arreglo al artículo 1348 del Código Civil. Nada importa, para la aeción de retracto, que la demandante no exprese en la demanda que está dispuesta a subrogarse en lugar del comprador en las mismas condiciones del contrato, pues la demandante consigna que haee uso del derecho de retracto legal que precisamente consiste en la subroga-ción expresada, por lo cual las alegaciones de la demanda muestran causa para la acción de retracto.
    Inexistencia de Actos — Impedimento para Levantar la Cuestión de Inexis-tencia. — No puede discutirse la cuestión de inexistencia de los actos de una corte cuando la parte que levanta tal cuestión está impedida de hacerlo. Si una parte' adquiere participaciones dominicales sobre las que se alega derecho de retracto y acepta que la persona de quien hubo esas participa-ciones adquirió en virtud de los mismos actos que ella reputa inexistentes, no puede impugnar éstos, pues está impedida (estopped) de ir contra sus propios actos, sin que sea susceptible de impugnación la evidencia aportada por la parte demandante para justificar el condominio en que se funda el de-recho de retracto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. G. B. Buitrago.

    Abogado de la apelada: Sr. Francisco González.

   El Juez Peesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal. • .

Ramona Santos Torrens acudió a la Corte de Distrito de Humacao en 22 de abril de 1915 interponiendo demanda contra Justiniano López Soto y Antonio Ramírez González so-bre retracto legal, y alega como hechos esenciales de su ac-ción los siguientes:

Io. Que es dueña en común proindiviso con Juan Enrique Nicolás, Amalia, José Enrique, Cruz y Juan Alvarez Santos, de tres fincas rústicas que describe en la demanda y marca con las letras a, b, c, la primera de 9 cuerdas de te-rreno, la segunda de 13 y la tercera de 22, situadas las tres .en el barrio Rincón de Gurabo.

2o. Que por escritura pública otorgada en Caguas a 14 de abril de 1915, el condueño José Enrique Alvarez Santos cedió a Justiniano López Soto una quinta parte de dos ter-ceras en la finca letra a, otra quinta parte de dos terceras en la finca letra ó, y una quinta parte en la finca letra c, por precio de $700.

3o. Que por otra escritura también otorgada en Caguas en la misma fecha 14 de abril de 1915, Justiniano López Soto cedió a su vez al otro demandado Antonio Ramírez González los mismos derechos y acciones que había adqui-rido de José Enrique Alvarez Santos en las fincas expresadas.

4o. Que la demandante, haciendo uso del derecho de re-tracto' legal ofreció los $700, precio de la venta y cesión a los demandados, quienes se negaron a recibirlos, estando dispuesta a reembolsar no sólo el precio de la venta sino también los gastos del contrato y cualquier otro pago legí-timo hecho para la venta y los gastos necesarios y útiles.

5o. Que en la fecha de la demanda había consignado en la Corte de Distrito de Humacao los $700 precio de la venta y $10 más que calculaba como costo legal máximo de los gas-tos del contrato de compraventa.

6o. Que la demandante se compromete a no vender las participaciones objeto del presente pleito durante cuatro .•años.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia declarando con lugar el retracto y condenando a los demandados a otorgar la correspondiente escritura a favor de la demandante de las participaciones de las fincas de que se trata, quedando a su disposición el precio consignado, y si no lo hicieren dentro del término que fije la corte, se otor-gue por el márshal dicha escritura con costas, desembolsos y honorarios de ahogado a cargo de los demandados.

A la anterior demanda opusieron los demandados Jus-tiniano López Soto y Antonio Ramírez González excepción previa de que aquélla no. aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción, y declarada sin lugar la excep-ción por resolución de 24 de enero de' 1916, contestaron aquéllos la demanda negando los hechos Io., 4o. y 5o. de la misma, en cuanto al 5o. por carecer de información, y acep-tando los 2o. y 3°., con la adición de que la venta hecha por Justiniano López Soto a favor de su codemandado Antonio Ramírez González lo fué por el precio de $1,000.

Como materia nueva constitutiva de oposición alegan los demandados que en las fincas descritas en la demanda la demandante sólo tiene un derecho de usufructo; que las dichas fincas fueron adquiridas por. Juan Enrique Nicolás, Amalia, José Enrique, Cruz y Juan Alvarez Santos por he-rencia de su padre Juan Alvárez Segarra, quien a su vez las hubo por título de herencia; y que la demandante con anterioridad a la fecha de la venta a favor del demandado Justiniano López Soto fué notificada por éste de la operación concertada por su hijo José Enrique Alvarez Santos y prestó su consentimiento a la misma con renuncia de todos sus derechos.

En la celebración del juicio, después de practicadas las pruebas de la demandante, la representación de los deman-dados estableció moción de non suit por el fundamento de que la demandante no había probado el hecho Io. de la de-manda, cuya moción fué desestimada, y no habiéndose pre-sentado evidencia alguna por los demandados, fué pronun-ciada sentencia en 17 de julio de 1917, que declara con lugar la demanda y condena a los demandados a otorgar dentro de cinco días la correspondiente escritura a favor de la de-mandante, sobre las participaciones de las fincas descritas en la demanda, quedando a disposición de los demandados los $700 consignados, otorgándose por el mársbal de la corte dicha escritura si los demandados no lo hicieren dentro del término señalado, con las costas a cargo de los mismos.

Contra esa sentencia interpuso la representación de los demandados recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema y se alegan como motivos del recurso los siguientes:

Io. Que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción propuesta por los demandados de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

2o. Que la corte inferior erró al admitir como evidencia certificaciones expedidas por el Secretario de la Corte de Distrito de Gfuayama y por el Registrador de la Propiedad de Caguas.

3o. Que la corte inferior erró al declarar sin lugar la moción de non suit presentada por los demandados.

Para sostener el primer error alega la parte apelante que de la demanda no aparece celebración de un contrato de compraventa que' pueda dar lugar al retracto legal defi-nido por el artículo 1424 del Código Civil, ni que la deman-dante esté dispuesta a subrogarse en lugar del adquirente con las mismas condiciones estipuladas en el contrato. '

El artículo 1424 del Código Civil dice así:

“El retracto legal es el derecho de subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago.”

Examinadas las alegaciones de la demanda a la luz del precepto legal que dejamos transcrito, sin gran esfuerzo mental llegamos a la conclusión de que el contrato por el cual el condueño José Enrique Alvarez Santos cedió a Justiniano López Soto por precio de $700 las participaciones domini-cales que expresa sobre las fincas' descritas en la demanda es de compraventa por contener todos los elementos nece-sarios al efecto con arreglo al artículo 1348 del código citado. La cesión de una cosa o derecho por precio determinado a favor de otra persona es un contrato de compraventa. Y el codemandado Antonio Eamírez González al adquirir de Justiniano López Soto las mismas participaciones domini-cales sobre bienes inmuebles que éste había adquirido de José Enrique Alvarez Santos verificó la adquisición afec-tada por la misma condición resolutoria que afectaba el de-recho de su causante.

Nada importa que la demandante no expresara en la de-manda que estaba dispuesta a subrogarse en lugar del com-prador en las mismas condiciones del contrato pues la de-mandante consigna que hace uso del derecho de retracto legal que precisamente consiste en la subrogación expresada y además ofreció y consignó en la corte d.e distrito los $700 precio de la venta y $10 más como costo máximo de los gas-tos del contrato de compraventa, todo, con el fin de obtener la subrogación otorgándose a su favor la correspondiente escritura de las participaciones dominicales adquiridas por Justiniano López Soto del condueño José Enrique Alvarez Santos.

Las alegaciones de la demanda muestran el derecho de retracto tal como lo define el mismo artículo invocado por la parte apelante.

Las certificaciones expedidas por el Secretario de la Corte de Distrito de Gfuayama y que fueron presentadas en evidencia por la parte demandante son tres: una de ellas comprensiva de la resolución, dictada por la Corte de Dis-trito de Guayama en 16 de enero de-1908 declarando a Ramona Santos Torrens y a sns hijos Jnan Enrique Nicolás, Amalia, José Enrique, Cruz y Juan Alvarez Santos, únicos y universales herederos de Juan Alvarez Segarra, fallecido en la ciudad de Caguas. . Otra comprensiva de la resolución dictada por la Corte de Distrito de Guayama en 5 de mayo de 1908 aprobando un expediente promovido por Ramona Santos Torrens a nombre propio y en representación de sus menores hijos anteriormente expresados, para acreditar el dominio de una finca de 13 cuerdas que es la misma que con esa cabida y letra b se describe en la demanda, y de otra finca de 9 cuerdas que no es la que con igual cabida y bajo la letra a también se describe en la demanda, ambas ubicadas en el barrio de Rincón de Gurabo, en cuya resolución se ordena que en el Registro de la Propiedad de Caguas se inscriban ambas fincas en la proporción de una tercera parte para la viuda y de dos terceras partes para sus menores hijos. T la tercera certificación comprensiva de una resolución dic-tada por la Corte de Distrito de Guayama en 10 de junio de 1908, accediendo a una solicitud de Ramona Santos Torrens para permutar la segunda finca a que se refiere el expediente de dominio- por otra de doña Quiteña López Rodríguez, am-bas radicadas en el barrio de Rincón, término municipal de Gurabo, siendo la finca de Quiteña López Rodríguez la misma de 9 cuerdas que se describe en la demanda.

La certificación del Registrador de ia Propiedad de Ca-guas se refiere a inscripciones y anotaciones hechas en el registro a su cargo con relación a las fincas de que se trata, en virtud de las resoluciones de la Corte de Distrito de Gua-yama de- que acabamos de hacer mérito.

- ' Alega -la parte apelante que las resoluciones de la Corte de Distrito de Guayama deben reputarse inexistentes por .parecer dicha corte de jurisdicción para dictarlas, debiendo también reputarse inexistentes las inscripciones y anotacio-nes . del Registrador de la Propiedad de Caguas llevadas a efecto como consecuencia de aquellas resoluciones, y que por tanto las certificaciones aludidas no lian podido ser admiti-das como evidencia, del dominio alegado por la demandante en el hecho primero de su demanda.

No discutiremos la inexistencia de los actos de la Corte de Distrito de Gfuayama y del Eegistrador de la Propiedad de Caguas a que se refiere la representación de la parte: apelante, pues los demandados están impedidos de levantar esa cuestión. Ellos adquirieron de José Enrique Alvarez Santos las participaciones dominicales sobre que alega de-recho de retracto la parte demandante y si aceptaron que Alvarez Santos era dueño de esas participaciones precisa-mente en virtud de los actos que reputan inexistentes, y las compraron, claro que no pueden impugnar esos mismos ac-tos de que el causante José Enrique Alvarez Santos y por tanto ellos derivan su derecho. Están impedidos (estopped) de ir contra sus propios actos.

No siendo susceptible de impugnación la evidencia apor-tada por la parte demandante para justificar el condominio en que funda su derecho de retracto, la resolución denega-toria de la moción de non suit debe sostenerse. Pero aún hay más, y.es que la parte demandada al exponer la materia nueva constitutiva de oposición admite que la demandante tiene en las fincas descritas en la demanda un derecho de usufructo y que esas fincas fueron adquiridas por Juan Enrique Nicolás, Amalia, José Enrique, Cruz y Juan Alvarez Santos por herencia de su padre Juan Alvarez Segarra, siendo por tanto la demandante dueña de ellas en unión de sus referidos hijos aunque los condominios sean de distinto carácter.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada;

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, AÍ-drey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. González, Acusado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por delito de incesto.
    No. 1265.
    Resuelto en junio 20, 1918.
    Incesto — Acusación Suficiente. — Una acusación en que se alega que el acu-sado tuvo comercio carnal con su hija natural no reconocida, le imputa la comisión del delito que define y castiga el artículo 275 del Código Penal.
    Concúbito entke Padbe e Hija. — De acuerdo con nuestras leyes, un hombre que realiza concúbito con su hija, sea o no reconocida, es culpable de incesto.
    Incesto — Investigación de la Paternidad. — La regla generalmente admitida de que la paternidad de un niño no puede ser investigada, es decir, que no se puede acudir a las cortes para establecer una relación civil entre padre e hijo, es, fundamentalmente, más bien una regla de propiedad, que otra cosa. En dereeho penal el caso es diferente; y el artículo 275 de nuestro Código Penal va encaminado a impedir el concúbito entre personas que se hallen dentro de los grados de consanguinidad en que el matrimonio está prohibido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. R. Martinez Nadal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel González fue acusado del delito de incesto por tener comercio carnal con su hija natural no reconocida Eloísa López, conocida por González. La corte sostuvo una excepción previa a la acusación, y el Gobierno apeló.

El examen que hemos hecho de las autoridades nos con-vence de qu,e la regla en los Estados Unidos es que un padre puede ser convicto de incesto por tener comercio carnal con una hija natural, siempre que el estatuto esté redactado en forma análoga al nuestro, que dice así:

“Las personas que hallándose dentro de los grados de consan-guinidad en que los matrimonios son declarados nulos por la ley, se casaren o cometieren concúbito o adulterio entre sí, incurrirán en pena de presidio por un término máximo de diez años.” (Art. 275, Código Penal.)

Este artículo tiene nna nota qne no aparece qne haya sido tomada de nuestro Código Civil o del de España, qne dice:

“Matrimonios incestuosos. — Los matrimonios entre padres e hi-jos, ascendientes y descendientes en todos los grados, entre berma-nos de padre y madre y medio hermanos, y entre tíos y sobrinas o tías y sobrinos, son incestuosos y nulos desde su origen, ya fuere le-gítimo o ilegítimo el parentesco.”

El artículo 132 del Códig'o Civil dice:

“Tampoco podrán contraerlo entre sí:
“1. Los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afi-nidad.
“2. Los colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado.
“3. El padre o madre adoptante y el adoptado; éste y el cón-yuge viudo de aquellos; y aquéllos y el cónyuge viudo de éste.
“4. Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado, mientras subsista la adopción.
“5. Los adúlteros que hubiesen sido declarados así por sentencia firme hasta cinco años después de dicha sentencia.
“6. Los que hubiesen sido condenados como responsables de la muerte de uno de los cónyuges.”

Este artículo tal como está redactado no incluiría el caso de un hijo natural reconocido a menos que la palabra “des-cendientes” incluyera tal caso, y nadie en este país dudaría que un hombre no puede contraer matrimonio con su hija natural reconocida, y por tanto que sería culpable de incesto por tener concúbito con ella.

La corte inferior basó en parte su desición en el funda-mento de que la relación filial en un caso de esta naturaleza debe quedar demostrada fuera de toda discusión, y que como la acusación alegaba que la hija no había sido reconocida no existía por tanto relación legal entre las partes. En otras palabras, que la ley exige en esta clase de casos que exista alguna relación legal. Esta teoría de la corte está fundada en la regia que generalmente prevalece de que la paternidad, de nn niño no puede ser investigada. Entende-mos qne esta regla qniere decir qne no se pnede acndir a las cortes para establecer nna relación civil entre padre e hijo, probablemente para proteger los derechos de propiedad y por razón de los grandes inconvenientes qne se cansarían a la sociedad si los pleitos de esta clase pudieran ser incoados indistintamente. Fundamentalmente es más bien nna regla de propiedad que otra cosa. Pero la sanción del derecho penal es muy diferente y este artículo del Código va encami-nado a impedir el concúbito entre dos personas qne se hallen dentro de los grados de consanguinidad en qne eí matrimo-nio está prohibido. No teniendo duda de qne nn matrimonio entre estas dos personas podría ser declarado ilegal, tam-poco la tenemos de que la acusación establece nn delito. Los siguientes son casos de los Estados Unidos qne sostienen la conclusión a que hemos llegado; People v. Lake, 110 N. Y. 61; Cecil v. Commonwealth, 131 S. W. 782; Clark v. State, 45 S. W. 576; Wadkins v. State, 124 S. W. 959; Lipham v. State, 53 S. E. 817; 14 R. C. L. 33.

No desconocemos las decisiones de esta corte en materias civiles declarativas de que la palabra “hijos” generalmente significa hijos legitimos, pero aquí se trata del concúbito ha-bido entre dos personas qne no tienen derecho a contraer matrimonio. No podemos convenir con el apelado en qne si llegase a casarse con su ilegítima hija su matrimonio sería válido o de algún modo favorecido por nuestras leyes.

Pnede ser qne las cortes estén en el deber de examinar la prueba en cansas de esta índole con gran cuidado, puesto qne quizás podría intentarse la comisión de fraudes o chan-tages. Ninguna persona debe ser convicta bajo una imputa-ción de esta clase a menos que las manifestaciones de la su-puesta madre queden bien corroboradas. Hemos dicho fre-cuentemente que en casos de filiación la prueba debe ser vi-gorosa, y la prueba en casos de esta índole debe ser más vi-gorosa aún. Esto equivale a decir que un acusado tiene derecho a que' se den al jurado instrucciones cuidadosas en cuanto a la duda razonable.

Es de revocarse la sentencia recurrida.

Revocada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Lebrón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción al artículo 328 del Código Penal.
    No. 1264.
    Resuelto en junio 20, 1918.
    Aplicación del Artículo 328 del Código Penal tal como Quedó Enmendado en 1916 — Choque Contra una Cosa u Objeto. — Pudiera existir alguna duda en una acusación por virtud del artículo 328, si la máquina en el presente caso chocó primeramente con el cuerpo del denunciante o con la pared; pero de la evidencia aparece claramente que una o la mayor parte de las lesiones fué debida al choque contra la pared.
    Diferencia Entre el Presente Caso y el de el Pueblo v. González. — En el caso de El Pueblo v. González, 24 D. P. R. 613, resolvió este tribunal que un choque con un viandante no es el delito castigado por el artículo 328 del Código Penal, pero en el presente caso hubo un choque con una cosa u objeto que produjo lesiones al denunciante y la prueba tendía a probar que hubo negligencia.
    Intención de la Legislatura — Doctrina de Noscitur a Sociis.' — Tratando de fijar la intención de la legislatura, las cortes han aplicado frecuentemente la doctrina de nosoitwr a sociis, y este tribunal también lo ha hecho, pero no hay necesidad de tal aplicación en este caso, pues es bien claro qué la ■ legislatura tuvo sobre todo en mente la negligencia de un conductor al per-mitir que su carro chocara con otro objeto. Las palabras “cosa u objeto” aparecen ambas en el estatuto, y no hubiera habido necesidad de esta du-plicidad de palabras si es que la legislatura quería sólo incluir algún otro objeto en movimiento.
    Los 'hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la vista de este caso tuvimos serias dudas sobre si el artículo 328 del. Código Penal, como quedó finalmente en-mendado en 1916, podía aplicarse a los lieclios relatados en la acusación, pues de una lectura somera de dicho artículo pareció que sólo incluía los casos en que un vehículo en mo-vimiento chocara con otro. El artículo en su totalidad, como ha sido enmendado, dice así:

“Artículo 328.. — Todo conductor, maquinista, guardafreno, guar-da-aguja, u otra persona encargada del todo o en parte de cualquier vagón, locomotora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación y cualquier despachador de trenes (train dispatcher), telegrafista, jefe de estación o cualquier otra persona encargada del todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de dicho vagón, locomotora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación, que, por imprudencia temeraria o descuido, lo dejase o hiciese chocar con otro vagón, locomotora, automóvil o embarcación, tren o cualquiera otro objeto o cosa ocasionando de este modo la muerte de una persona, incurrirá en pena de presidio por un término máximo de cinco años.
“Si como consecuencia del choque resultase daño para alguna persona, dicho conductor, maquinista, guardafreno, guarda-aguja u otra persona, incurrirá en pena de cárcel por un término máximo de dos años, o multa máxima de mil dollars, o en ambas penas a dis-creción de la corte.”

Los hechos fueron, que el denunciante y un compañero suyo estaban parados junto a la pared de una casa en una de las calles de San Juan cuando la máquina del acusado chocó con la pared y con dicho denunciante. Pudiera haber alguna duda sobre si la máquina chocó primeramente con el cuerpo del denunciante o con la pared, pero de la evidencia aparece fuera de toda duda que una parte, si no la mayor parte, de las lesiones fue debida al choque contra la pared. Esto apa-rece claramente de la prueba del perito médico. Es verdad que en el caso de El Pueblo v. González, 24 D. P. R. 613, diji-mos que un choque con un viandante no era el delito casti-gado por el diclio artículo 328, pero en este caso hubo un cho-que con una cosa u objeto que produjo lesiones, a saber, con una pared, y la prueba tendía a demostrar que hubo negli-gencia.

Tratando de fijar la intención de la legislatura, las cortes han aplicado frecuentemente la doctrina de noscitur a sociis, y nosotros también lo hemos hecho, pero no hay necesidad de tal aplicación en este caso pues es bien claro que la legisla-tura tuvo sobre todo en mente la negligencia de un conductor al permitir que su carro chocara con otro objeto. Las palabras “cosa n objeto” aparecen ambas en el estatuto, y no hubiera habido necesidad de esta duplicidad de palabras si es que la legislatura quería sólo incluir algún otro objeto en movimiento. La palabra “objeto,” si algo excluye, es la idea de un cuerpo en movimiento. Si un despachador de trenes, específicamente mencionado en la ley, enviara un tren por un desvío de tal manera que chocara con un tin-glado, quedaría comprendido en los términos del estatuto. La última sección dice que si como consecuencia del choque resultase daño el conductor será culpable, lo mismo que en caso de muerte, lo cual tiende también a demostrar que la idea principal de la legislatura fué un choque debido a negli-gencia. Véase, como razonamientos similares, el caso de Harris v. American Casualty Company, 44 L. R. A. (N. S.) 70, en el cual la corte resolvió que al dar un automóvil en tierra o en agua era.un choque con un “objeto.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Marrero, Peticionario y Apelante, v. Bryan, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en oansa sobre certiorari.

    No. 1821.
    Resuelto en junio 21, 1918.
    Certiorari — Corrección de Procedimientos en una Corte Iniierior. — Cuando el auto de certiorari se usa para corregir los procedimientos de una corte inferior, no es de procedencia obligatoria (writ of right), sino que debe expedirse sólo cuando se demuestra a la corte una causa especial jjara ello, y la corte está investida de discreción judicial para concederlo o rehusarlo, según lo requiera la petición en cada caso.
    Perjuicios al Apelante — CuAndo PodrAn Hacerse las Alegaciones. — No se' causan perjuicios a la parte apelante en el presente caso con la resolución desestimando la solicitud de certiorari, ya que el demandado al compare-cer a mostrar causa por la cual no deba ser castigado por desacato, puede alegar las mismas razones que ha alegado y las demás que estime conve-nientes para sostener la nulidad del procedimiento.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: ¡Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecba 9 de enero del corriente año, 1918, Lorenzo Ca-rreras solicitó de la Corte Municipal de Mayagüez que de acuerdo con la Ley de Préstamos Agrícolas aprobada el 10 de marzo de 1904, ordenara que por el marshal de dieba corte fuera requerido Saturnino Marrero para que pagara un préstamo de $400 contraído por documento que suscribió ante el juez de la propia corte en 23 de febrero de 1916, a vencer en 30 de diciembre de 1917, con los gastos del procedi-miento, o entregara cuarenta quintales de café puestos en garantía para ser vendidos de acuerdo con la Ley citada, compareciendo en caso contrario ante la corte a responder de desacato.

En la solicitud alega Lorenzo Carreras que el título del préstamo tiene el No. 86 del libro registro de la corte de préstamos agrícolas y fue acompañado a la demanda civil que presentó el peticionario contra el demandado para el cobro del préstamo y para obtener embargo contra bienes del demandado en el caso civil No. 2684.

La Corte Municipal de Mayagüez accedió a la petición de Carreras ordenando se librara mandamiento al mársbal para que el demandado entregara la suma reclamada o el fruto en depósito puesto en garantía, y habiendo contestado Marrero que no tenía ni el dinero ni el café puesto en ga-rantía, solicitó Carreras de la corte municipal señalara día y ñora para que compareciera el demandado a.mostrar causa por qué no debiera ser condenado por desacato de acuerdo con la Ley de Préstamos Agrícolas, habiendo señalado la corte a, ese fin el día 31 de enero de 1918, en cuyo día el demandado Marrero presentó moción para que se declarara la nulidad de todos los procedimientos habidos en el caso y se ordenara el archivo de las diligencias, porque del escrito inicial no aparecía que el demandante hubiera dado al demandado can-tidad alguna en préstamo y por no haberse acompañado el título del préstamo reclamado, requisito indispensable para la validez del procedimiento.

La corte municipal después de oir a las partes declaró sin lugar la nulidad pretendida y señaló el día 9 de febrero siguiente para que el demandado compareciera a mostrar causa por qué no debiera ser condenado por 'desacato.

Con motivo de los procedimientos relatados Saturnino Marrero acudió a la Corte de Distrito de Mayagüez en soli-citud de -un auto de certiorari que fué expedido en 7 de fe-brero, ordenando al juez de la corte municipal remitiera los autos originales con el fin de revisarlos y resolver si los pro-cedimientos estaban o no ajustados a derecho.

La vista del recurso de certiorari tuvo lugar en 15 de fe-brero y la corte de distrito después de oir los argumentos orales de las partes y de examinar el récord original remi-tido desestimó por orden de 15 de febrero la solicitud de certiorari contra cuya orden lia interpuesto Marrero recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Fúndase principalmente el recurso en que la Corte de Distrito de Mayagiiez no pudo tomar conocimiento judicial del récord en que Lorenzo Carreras afirmaba obrar el título del préstamo y en que ese título debió acompañarse necesa-riamente con la demanda inicial del procedimiento según precepto terminante de la sección 6a. de la Ley sobre Prés-tamos Agrícolas de 10 de marzo, 1904.

Consideramos innecesario examinar los motivos del re-curso pues sea cual fuere el valor legal de los mismos opi-namos que no debemos ir contra la resolución apelada. Cuando el auto de certiorari se usa para corregir los proce-dimientos de una corte inferior, no es de procedencia obli-gatoria (writ of right), sino que debe expedirse sólo cuando se demuestra a la corte una causa especial para ello, y la corte está investida de discreción judicial para concederlo o rehusarlo según lo requiera la justicia en cada caso. Espada v. Sepúlveda, Juez de Distrito y Hernández v. Hutchison, Juez de Distrito, 20 D. P. R. 134, 517.

No vemos que se baya causado ningún perjuicio a la parte apelante con la resolución desestimando la solicitud de cer-tiorari pues el demandado al comparecer a mostrar causa por la cual no deba ser castigado por desacato puede alegar-las mismas razones que ba alegado, y las demás que tenga por convenientes para sostener la nulidad del procedimiento..

Es de confirmarse la orden apelada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, deLToro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Capó, Viuda de Rivera, Demandante y Apelada, v. La Sucesión Fernández, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en pleito sobre reconocimiento de condominio en finca rús-tica.
    Moción de la demandada y apelante sobre corrección de aritos.
    No. 1801.
    Resuelto en junio 21, 1918.
    Apelación — Corrección de la Transcripción — Cuándo Debe Pedirse. — El prin-cipio que establece que las solicitudes para la corrección de autos deben hacerse antes de que el caso quede sometido a la corte de apelación, es sin duda la regla general que debe seguirse, pero no puede negarse que las circunstancias que concurran pueden ser de tal naturaleza que obliguen a la corte a permitir la enmienda aún después de habérsele sometido el re-curso, en bien de la justicia, como sucede en este caso.
    Los hechos están expresados en la, opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Antonio Sarmiento.

    Abogados de la apelada: Sres. Pedro Gómez Lasserre y Miguel Marcos Morales.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Al llamarse este caso para la vista el 23 de mayo de 1918, la parte demandante y apelada solicitó la desestimación del recurso porque faltaba en la transcripción de los antos copia de la sentencia contra la cual se interpuso la apelación. La parte apelante sostuvo qne existía en la transcripción Ja sentencia. T el caso qnedó así sometido a nuestra conside-ración y resolución.

Cinco días después de celebrada la vista; la parte ape-lante presentó una moción alegando qne aunque consideraba completa la transcripción, esto no obstante acompañaba una copia certificada de la sentencia tal como aparecía registrada en el libro de sentencias civiles de la corte de distrito, para que se uniera al récord. La parte apelada se opuso y esta nueva cuestión quedó también sometida a nuestra considera-ción y resolución.

Para oponerse a la solicitud del apelante, invoca el ape-lado el principio que establece que las solicitudes para la corrección de los autos deben hacerse antes de que el caso quede sometido a la corte. (3 Cyc. 143).

Esa es sin. duda la regla que debe seguirse en la genera-lidad de los casos, pero no pnede negarse que las circuns-tancias que concurran pueden ser tan fuertes que obliguen a la corte a permitir la enmienda aún después de habérsele sometido el recurso, en bien de la justicia.

Si examinamos la transcripción tal como fué original-mente archivada, encontraremos en ella un docnmento titu-lado “Decisión,” que termina así: “Por todo lo cnal en-tiende la corte que debe dictar y dicta la siguiente sentencia.” T seguidamente aparece también en la transcripción otro docnmento titulado “Sentencia,” que resuelve definitiva-mente el pleito y termina así: “Notifíquese a las partes para su conocimiento. Dada en corte abierta, en G-uayama, Puerto Eico, hoy 30 de octubre de 1917. (P) J. A. López Acosta, Judge, District Court. Attest: (F) E. S. Mestre, Secretary.” Sólo falta la nota de haberse registrado la senten-cia en el libro de sentencias civiles de la corte de distrito. T esa falta en verdad es la qne se suple por el documento que se pide ahora que se una a los antos.

En la transcripción había, pues, un principio de prueba de la existencia de la sentencia y ese principio de prueba ha quedado plenamente confirmado por- la certificación pre-sentada últimamente. Cómo es posible que teniendo ante nosotros la evidencia plena de qne la sentencia existe y fué debidamente registrada con anterioridad a la interposición .del recurso, vayamos a desestimar la apelación basándonos en la no existencia de tal documento?

En ninguno de los casos resneltos por esta corte deses-timando las apelaciones por no figurar en los autos las sen-tencias recurridas, la parte interesada demostró al tribunál antes o después de la vista que las sentencias en realidad de verdad se habían dictado y registrado de acuerdo con la ley. Las circunstancias, pues, fueron distintas.

En bien de la justicia, esta corte debe en este caso con-creto, en el ejercicio de su discreción, permitir qne la certi-ficación presentada por la parte apelante qnede unida a los autos, para que surta en ellos sus efectos. Esta actitud que asumimos no debe interpretarse en el sentido de que la corte no ya a ser rígida en la aplicación de la regla general de que las mociones para corregir los autos deben presentarse antes de que el caso quede sometido a la resolución de la corte.

Corregidos los autos, constando ya en ellos que la sen-tencia contra la cual se interpuso esta apelación se dictó y registró en debida forma, falta base a la pretensión del ape-lado relativa a la desestimación del recurso.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe de-clararse con lugar la moción de la parte apelante y sin lugar la de la parte apelada.

Declarada con lugar la moción de la parte apelante y sin lugar la de la parte apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Savino Díaz, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro piedad de Humacao, denegando la inscripción de un expe-diente de dominio.
    No. 367.
    Resuelto en junio 21, 1918.
    Expediente de Dominio — Inscripción Anterior de la Einca. — A presentó para su inscripción en el registro de la propiedad una resolución dictada en un ■.expediente de dominio, por virtud de la cual se declaraba justificado a su favor el de cierta finca. El registrador se negó a inscribirla porque de acuerdo con el registro resultaba que dicha finca estaba ya inscrita como parte de otra. Se resolvió: Que debía confirmarse la nota recurrida.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: vSV. Francisco González.

      El registrador recurrido, Sr. Eafael López Antongiorgi, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humaeao declaró justificado el dominio de una finca de siete cuerdas situada en el barrio “Llave,” lugar denominado “Palma,” del municipio de Vieques, a favor de Esteban Savino Díaz. Presentada la resolución de la corte para su inscripción, el registrador la denegó por resultar del registro que la dicha finca estaba inscrita como parte del resto de otra de mayor extensión.

No conforme Esteban Savino Díaz interpuso el presente recurso gubernativo y en su alegato ha tratado de demostrar que' las fincas son distintas. Hemos estudiado el expediente y aunque no estamos en condiciones de poder afirmar una cosa u otra, nos inclinamos a creer que asiste la razón al re-gistrador.

La situación de la parcela objeto del expediente es exac-tamente igual a la de la finca ya inscrita desde el año 1882. Examinando las transferencias del dominio de las porciones segregadas de la finca principal inscrita, se nota que existe también igualdad en algunas colindancias. Y la historia de la adquisición es la misma: la finca inscrita lo fué a favor de Juan Angel Guadalupe, y la parcela cuyo dominio justi-ficó Savino fué adquirida tres cuerdas por compra a Juan Angel Guadalupe, hace unos veinte años, y cuatro cuerdas por compra a la Sucesión de Juan Angel Guadalupe hace unos cuatro años.

Bajo tales circunstancias y vista la jurisprudencia esta-blecida por esta corte entre otros én el caso de Gómez Méndez y Cía. v. El Registrador, 16 D. P. R. 826, debe confirmarse la nota recurrida. .

Coafirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Plntcliison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ojeda, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por delito contra la salud pública.
    No. 1279.
    Resuelto en junio 21, 1918.
    Venta de Leche Adulterada — Evidencia.—La evidencia de que dos inspectores vieran al acusado llevando leehe a un puesto, y la manifestación hecha por el acusado de que procedía de otro determinado puesto, no constituye prueba de que el aeusado efectuara una venta.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Feliú & Alemañy.

    Abog’ado del apelado: Sr. Salvador Meslre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de baber vendido lecbe adulte-rada. Al terminarse el juicio se presentó una moción de non suit, la cual fué desestimada. El acusado no presentó prueba alguna. La única evidencia que existe con respecto a que el apelante hiciera una venta, es que dos inspectores vieron a Benigno Ojeda llevando lecbe al puesto de José Santana Buiz y que el apelante manifestó que procedía del puesto de Apolinario Ojeda. Esto no constituye prueba de que Benigno Ojeda efectuara una venta, y la sentencia ..debe ser revocada.

Revocada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, AJdrey y Hutebison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ojeda, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por delito contra la salud pública. „
    No. 1278.
    Resuelto en junio 21, 1918.
    Moción de Non Suit — Presentación de la Prueba. — Cuando un acusado al cual se le ha desestimado una moción de non-swit, introduce su prueba, este paso equivale a una renuneia de su moción, ya que la regla es idéntica en casos civiles y criminales.
    Venta de Leche Adulterada — Informe Pericial — Evidencia—Dueíío del Puesto. — En este caso el acusado no hizo objeción al informe del perito que sostuvo la adulteración de la leche, sino que se limitó a negar que él la vendiera; pero como la evidencia demuestra que el acusado era el dueño del puesto de donde procedía la leche, es responsable, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de El Eueblo v. Gautier, 20 D. P. R. 327.
    Los liedios están expresados en la opinión.
    Abogados' del apelante: Sres. Feliú & Alemañy.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El primer señalamiento de error es que la corte debió haber concedido la moción de non suit. Después de haber sido ésta desestimada, el acusado presentó su prueba. Este paso constituyó una renuncia de la moción de non suit. La regia es idéntica en casos civiles y criminales.

El apelante sostiene que no hubo prueba de la adultera-ción, pero no hizo objeción a la manifestación del perito de que la leche vendida estaba adulterada, manifestación que la corte tenía derecho a creer.

La defensa principal es que el acusado no vendió la leche. Sostuvo que la había vendido a su hijo y que no era respon-sable por lo que ocurriera después. Pero, aunque hubo conflicto en la prueba, ésta demostró suficientemente que el apelante era el dueño del puesto de donde procedía la leche vendida y por tanto era responsable. El Pueblo v. Gautier, 20 D. P. R. 327.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hntchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Appi.aoión procedente ele la Corte de Distrito de San Juan, [ ección 2a., en cansa por delito de infracción a la Ley de Automóviles.
    No. 1282.
    Resuelto en junio 24, 1918.
    Automóviles — Infracción a la Ley Sobre — Requisitos de la Denuncia. — En una denuncia formulada de acuerdo eon la sección 12 de la Ley No. 75 aprobada en 13 de abril de 1916, no basta que se exprese, en general, que el clumffexir “manejó el automóvil sin el debido cuidado, sin tomar las precau-ciones necesarias y sin tener en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino, por cuyo motivo chocó con otro vehículo”; sino que es preciso especificar, además, que realizó algún hecho en violación de alguna o algunas de las varias disposiciones concretas contenidas en dicha sección.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió .la opinión del tribunal.

El apelante Mariano Rivera fné declarado culpable en virtud de una denuncia que a la letra dice así:

“Yo, José Ramos Valle, Policía Insular, vecino de San Juan, P. R., calle de Salvador Brau No. 60, de mayor edad, formulo de-nuncia contra Mariano Rivera por delito de infracción al artículo Í2 (a) de la Ley de Automóviles aprobada en 13 de abril de 1916, cometido de la manera siguiente: que en noviembre 9, 1917, hora 1 y 15 P. M. y ep la carretera frente a la Escuela No. 1 de San Juan, dentro del distrito judicial municipal de San Juan, P. R., que forma parte del distrito judicial de San Juan, el acusado Mariano Rivera, ilegal, maliciosa y voluntariamente violó las disposiciones de la ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, ma-nejando el automóvil guagua número 153, sin el debido cuidado, sin tomar las precauciones necesarias y sin tener en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino, por cuyo motivo chocó con otro vehículo.”

Sostiene el apelante en primer término que la denuncia no imputa delito alguno porque si bien se le acusa de que sin el debido cuidado, sin tomar las precauciones necesarias y sin tener en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino chocó con otro vehículo, estas palabras no exponen materia delic-tiva y faltan en ellas hechos esenciales para que se conozca con claridad cuál es el delito imputado a fin de que el acu-sado prepare su defensa sin dudas ni vacilaciones, y que la denuncia se refiere al artículo 12 (a) de la ley de automóvi-les que enumera ocho apartados, y que de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Borque, 25 D. P. R. 594, debemos re-vocar la sentencia apelada y absolverlo.

Realmente la denuncia en este caso es bastante similar a la denuncia en el caso de Borque, en el que también se im-putó al acusado “que no tomó las debidas precauciones en el manejo de dicho auto para garantizar vidas y propieda-des, dando lugar a que el referido auto chocase con el niño Joaquín Solá, el cual recibió contusiones, etc.” En este caso dijimos que la denuncia no imputó al acusado infracción concreta alguna, pues que la sección 12 de la Ley No. 75 de 1916 de cuya infracción se trata contiene ocho apartados: el primero general y los otros referentes a casos específicos y que en una denuncia hecha de acuerdo con esa sección no basta que se exprese en general que el chauffeur no tomó las debidas precauciones en el manejo del auto para garan-tizar vidas y propiedades, sino que es necesario especificar además que realizó algún hecho en violación de alguna o al-gunas de las varias disposiciones concretas • contenidas en dicha sección.

Como iguales consideraciones son aplicables al presente caso debemos revocar la sentencia apelada y absolver al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, .del Toro y Hutcbison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vergne de la Concha, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción a la Ley de Automó-viles.
    No, 1268.
    Resuelto en junio 25, 1918.
    Automóviles — Licencia para Transporte de Pasajeros. — El párrafo 13, sec-ción 10 de la Ley No. 75 de 1916, no califica como delito el hecho de que el dueño de un automóvil de servicio municipal pase a otro municipio con-duciendo pasajeros. Si la idea en este caso era la de imputar el uso de una máquina de una manera especial, sin licencia para ello, entonces la denuncia es desastrosamente deficiente al no expresar que el acusado hizo el viaje sin la correspondiente licencia.
    Denuncias Insuficientes — Interpretación de Alegaciones. — Si Wen es verdad que las alegaciones deben ser liberalmente interpretadas por las cortes muni-cipales, no es menos cierto que las denuncias deben siempre imputar el delito perseguido, de tal suerte, que para encontrarlo, no sea preeiso divagar por el campo de las conjeturas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. H. Broivn y P. A. Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso reza como sigue:

“Yo, Jesús Porras, P. I., vecino de Bayamón, P. R., calle de Be-tances, de 28 años, formulo denuncia contra Pedro Vergne de la Concha por delito de infracción a la Ley de Automóviles, Art. 10, párrafo No. 13 cometido de la manera siguiente: Que en septiembre 23, 1917, hora 2 y 45 A. M. y en la calle Comercio d'e Bayamón, P. R., del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado Pedro Vergne de la Concha ilegal, maliciosa y voluntariamente siendo dueño del carro marca Ford, No. 39, de servicio municipal en San Juan, P. R., permitió que éste pasara al municipio de Bayamón,' P. R., condu-ciendo tres pasajeros y guiado por el chauffeur Tomás E. Rodríguez No. 435, violando así lo dispuesto en la Ley de Automóviles de P. R.”

El apelante sostiene que la denuncia no expone hechos constitutivos de delito. La sección 10, el párrafo 13 inclusive de la ley No. 75 de 1916, “Para regular el uso de vehí-culos de motor en Puerto Rico, y para otros fines,” sola-mente prescribe los distintos derechos que han de pagarse por varias clases de licencias y no califica de delito el ir una persona dentro del servicio municipal de una ciudad a otro pueblo, que es la exposición esencial de hecho que se contiene en la denuncia. Si la idea era la de imputar el uso de una máquina de una manera especial sin licencia para ello, en-tonces la denuncia es desastrosamente deficiente al no ex-presar que el apelante hizo el viaje sin la licencia correspon-diente. Si bien es verdad que al interpretarse las alegacio-nes que se presenten ante una corte municipal debe hacerse con liberalidad, sin embargo nada hay en esta denuncia que exponga el delito de hacer uso de una máquina sin la corres-pondiente licencia, a menos que divaguemos por el campo de las conjeturas. Pudiéramos quizás descartar la referen-cia que se ha hecho al párrafo 13 de la sección 10 de la Ley de Automóviles si esa sección aún siquiera prescribiese el delito de hacer uso de una máquina sin licencia, pero no hay nada de eso en dicho apartado de la ley. Sin embargo, en una denuncia se debe imputar un delito y no por vía de re-ferencia a una ley penal.

Es de revocarse la sentencia recurrida y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia recurrida y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y -Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vergne de la Concha, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción a la Ley ele Auto-móviles.
    No. 1269.
    Resuelto en junio 25, 1918.
    Automóviles — Licencias—Alegaciones Necesarias. — En una denuncia por el uso de automóviles sin pagar los derechos exijiclos por la ley, la falta de pago debe alegarse expresamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. H. Broivn y P. A. Ri vera.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“El acusado Pedro Vergne de la Concha, ilegal, maliciosa y vo-luntariamente, violó lo dispuesto en la Ley de Automóviles de Puerto Rico permitiendo que el automóvil No. “M 39” de su propiedad, con licencia de servicio municipal en San Juan, guiado por el chaujjeur Carlos Beauchamps, No. 1959, fuera usado de servicio público, tra-yendo 4 pasajeros a Bayamón.”

Con esa denuncia como base, se juzgó y condenó al acu-sado. Este, no conforme con la sentencia, apeló y uno de los errores que señala es el de que la denuncia no aduce he-chos constitutivos de delito.

El artículo 10 de la ley No. 75, de 1916, para reglamentar el uso de vehículos de motor, prescribe los derechos que de-ben satisfacerse por los dueños de dichos vehículos. Los automóviles que actúen de porteadores públicos en más de un municipio, en adición a los demás derechos prescritos, deberán pagar treinta pesos por año. Esa es la violación que, según el Fiscal, se imputa al acusado, esto es, que el acusado actuó como porteador público, sin satisfacer previa-mente el impuesto exigido por la ley.

¿Contiene la denuncia becbos bastantes? A nuestro jui-cio no los contiene. Las palabras ‘'fuera usado de servicio público” constituyen una conclusión legal. Y las que les siguen: “trayendo 4 pasajeros a Bayamón,” no son lo su-ficientemente específicas para que pueda concluirse que el acusado actuó como un porteador público. Ni siquiera se dice en la denuncia que los pasajeros fueron conducidos me-diante pago, pudiendo referirse a un becbo casual o a un servicio puramente accidental. En ninguna parte de la de-nuncia se afirma que el acusado dejó de pagar el derecho exigido por la ley y esta alegación era necesaria, según puede verse del caso No. 1268, El Pueblo v. Vergne, que acabamos de decidir.

Por virtud de lo expuesto debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado:

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Coll, Acusado y Apelante.
    A peí,ación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por infracción al Reglamento de Sanidad.
    No. 1274.
    Resuelto en junio 25, 1918.
    Pan — Venta de Pan sin Envolver — Reglamentos de Sanidad. — De acuerdo eon los Reglamentos de Sanidad vigentes en Puerto' Rico, todo pan que se expenda al público debe estar envuelto. No importa que en este caso, el pan fabricado por el apelante fuera "pan dulce.” El artículo era pan a todas luces.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José D. Rodríguez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El no haberse admitido la carta del Comisionado de Sa-nidad no constituye error alguno. No era esencial al punto en controversia de si había o no vendido el pan el acusado, sin estar debidamente envuelto, puesto que sólo transcribía una regla del servicio sanitario, que ya formaba parte del cuerpo de la ley. Dicha carta decía que el no haberse exi-gido que se envuelva el pan de Mallorca es una mera toleran-cia del Departamento de Sanidad; y como el apelante sos-tenía que su pan era de la misma naturaleza del pan de Ma-llorca, la exclusión de la carta más bien le favorecía que le perjudicaba.

No importa que el pan fabricado por el apelante fuera “dulce,” puesto que la ley requiere que todo pan sea en-vuelto. El artículo era pan a todas luces. Tampoco puede aprovechar al apelante que el Departamento haya dejado de perseguir a otros infractores de la ley.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.