author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Rosa, Demandante y Apelado, v. Pagán, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2715.
    Resuelto en marzo 5, 1923.
    Befaoción y Compraventa de Cañas — Causa de Acción — Cuenta Corriente— Pago. — Interpretando la cláusula 7a. de un contrato de refacción y compra-venta de cañas, estipulado por tres años, en la cual se convino que el acree-dor refaccionario pagaría al colono "el 6% por cada quintal de cañas que entregue y envagone en la-romana, las cuales cañas serán liquidadas al pre-cio que pague la Central Cambalache semanalmente, ’ ’ sq resolvió: que tal cláusula no tenía otro alcance sino fijar el precio que el demandante debía al demandado por las cañas que entregara cada semana a la Central, sin que en modo alguno pudiera considerarse esas liquidaciones semanales como ' una cuenta corriente, que en cualquier momento se liquidara a voluntad del demandante y exigir el cobro del saldo al demandado. Y se resolvió ade- ■ ■más: que el hecho de que el colono hubiera hipotecado la finca durante la vigencia del contrato no da derecho al acreedor paTa considerarlo terminado y reclamar el saldo insoluto antes del vencimiento estipulado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. lí. Aponte.

    .Abogado del apelado: Sr. L. Mercader.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción personal en cobro de dinero, proce-dente de un contrato de refacción y compraventa de cañas.

En la demanda se alega como hecho esencial que “el de-mandado sostenía con el demandante una cuenta corriente para refacción en la siembra de cañas en finca que dicho de-mandado tiene en Hatillo, barrio Corcobadas, y en tal sen-tido-le tomaba dinero efectivo y otros efectos, la cual cuenta liquidó el demandante en mayo 9, 1921, Con nn saldo a sn favor de este por la snma de $767.29.”

El demandado niega en sn contestación el hecho anterior, y alegó como defensa, la existencia de nn contrato cele-brado entre el demandante y demandado, consignado en do-cumento privado, haciéndose constar entre otras condiciones, las siguientes:

“3. Sobre esta finca el colono tiene sembradas o se compromete a sembrar 18 cuerdas de cañas dulces de buena clase y se compro-mete formalmente, con el Sr. Lucas Eosa a venderle el importe total de quintales de cañas que produzca la indicada finca; comprome-tiéndose además, el colono a entregar por cuenta de Lucas Eosa sus cañas, después de cortadas y preparadas en buenas condiciones, bien maduras, sanas, frescas y libres de rabos, paja, vástagos y tierra a la Central Cambalache y en la romana más inmediata que tenga esta-blecida dicha Central.
“i. Las cañas serán envagonadas por cuenta de * * # y arrastradas por cuenta * * * desde los desvíos de la Central.
“7. El Sr. Lucas Eosa se obliga a pagar al colono el 6%% por cada quintal de cañas que entregue y envagone en la romana, las cuales cañas serán liquidadas al precio que pague la Central Cambalache semanalmente.
“8. El colono mientras esté vigente este contrato, oblígase por el presente a no contraer compromisos con ninguna otra persona, corporación, etc., con relación a dicho contrato y al producto de las cuerdas de cañas aquí estipuladas.
“9. El término de este contrato es por tres años, a contar desde hoy día primero de mayo de 1920 al igual fecha de 1923.
“12. El Sr. Lucas Eosa se obliga a-refaccionar al colono en pro-porción de $25 a $30 por cuerdas de cañas en buenas condiciones, a juicio del Sr. Lucas Eosa.
“13. El colono pagará al Sr. Lucas Eosa el interés del 12 por ciento anual, sobre la cantidad que anticipe a cuenta de cañas.
“15. Este contrato puede prorrogarse a gusto de las partes.”

El demandado además alega que el demandante le pasó con fecha 28 de abril de 1921 nn estado o cuenta arrojando nn saldo a favor dé dicho demandante de $767.29, pero ex-pone también que el referido contrato está en pleno vigor no habiendo transcurrido el tiempo de tres años el día de la interposición de la demanda y no pndiendo hacerse liquida-ción final del mismo.

La corte inferior declaró con lugar la demanda, y en sus conclusiones para sostener su sentencia, en parte, dice:

“El demandado lia presentado como prueba en el juicio la cuenta fechada en 28 de abril de 1921, a él pasada por Lucas Rosa, el de-mandante, y a la eual nos hemos referido anteriormente, la cual arroja un saldo en su contra y a favor del demandante, por la suma de $726.73, reconociendo así, por tanto, la creencia del demandante y como consecuencia lógica e indestructible su obligación al pago de dicha cantidad; pretendiendo únicamente, suscitar la cuestión del no vencimiento del contrato, por no haber transcurrido los tres años que se fijaron como término.
“En dicho contrato de ventas de cañas, en su cláusula 7 dice: ‘El Sr. Lucas Rosa se obliga a pagar al colono, (demandado), el seis y medio por ciento por cada quintal de cañas que entregue y enva-gone en la romana, las cuales cañas serán liquidadas al precio que pague la Central semanalmente.”
“La cuenta del demandante, presentada y admitida, por el de-mandado, comprende todos los pagos semanales hechos por el deman-dante al demandado de acuerdo con lo anteriormente estipulado, y todas las entregas de cañas hechas por el demandado, durante el pe-ríodo de producción del fruto y safra, comprendido entre el 1 de mayo de 1920 en que se verificó el contrato y el 28 de abril de 1921 en que finalizó, con la cuenta producida por el demandante al de-mandado, y con un saldo a favor del primero de $726.73.
“En la transcrita cláusula 7 del contrato, se fijó la liquidación se-manalmente, y así constan en la cuenta, diversas liquidaciones sema-nales, correspondientes al año 1920, a mayo 1921, resultando de las mismas, que el acreedor Lucas Rosa no ha sido íntegramente satis-fecho del crédito refaccionario durante aquel tiempo de la adminis-tración, sostenimiento, cultivo de la finca y recolección de frutos, que comprende todo el plazo o período de la refacción, de acuerdo con la sección 1 de la Ley No. 37 de 1910 sobre contratos de refacción agrí-cola.
“La cláusula 7 del contrato, fija la forma de ir solventando el de-mandado su deuda en la cuenta de refacción, mediante abonos se-manales de la caña vendida, obligándose a ello el demandado me-diante la liquidación estipulada, liquidación que tratándose de re-facción, significa pago.
“El demandado reconoce adeudar el saldo de $726.73, a favor del demandante y que aparece en la cuenta presentada por el propio de-mandado, y no existiendo plazo señalado para el pago del crédito de $726.73, antes expresado, y habiendo negado Pablo Pagan el pago del mismo, faltando así a la forma convenida de pagar su deuda por refacción, lia quedado constituido en la obligación de pagar a Lucas Rosa la mencionada cantidad de $726.73, que resulta adeudarle a la cuenta corriente de refacción.
“Las cuentas corrientes se entienden siempre liquidadas por de-pender su liquidación de una simple operación aritmética.” Sen-tencia del Supremo de España de 2 de diciembre de 1887.

Se trata, según se desprende de la prueba, de un contrato de refacción y compraventa de cañas, y de la interpretación que debemos darle a dicho contrato en la cláusula novena, donde se estipula, que el término de duración es por tres años, a contar de su fecha.

La demanda no refiere que entre demandante y deman-dado se hubiese formalizado algún contrato por escrito y su principal objeto es el cobro del saldo de una cuenta corriente, que se considera debida y vencida por el solo hecho de haber sido liquidada por el acreedor. Del mismo modo, la sentencia de la corte inferior parece fundarse en igual teoría de la de-manda, cuando establece la conclusión en relación con la cláu-sula 7a. del contrato, de que una cuenta corriente se entiende siempre liquidada por depender su liquidación de una opera-ción aritmética, y así no se le da valor alguno al término de tres años de la duración del contrato.

Por el contrato de refacción el demandante se obligó a hacer anticipos al demandado para la plantación y cultivo de 18 cuerdas de cañas; el montante de los avances se calcula-ron de $25 a $30 por cuerda o sea, un total máximo de $540, y además el dinero devengaría el interés del 12% anual. Al mismo tiempo quedaban vendidas las cañas al demandante para ser entregadas por su cuenta a la Central que se desig-naba; se estipuló que el Contrato duraba tres años, y se fijó el precio de compra de las cañas en la cláusula 7a. que fiemos insertado más arriba.

Por esta cláusula se determinó de una manera cierta el precio de las Cañas. Ella significa de acuerdo con el uso co-rriente de esa clase de contratos que el demandado recibirá el valor de seis y media libras de azúcar por cada cien li-bras de cañas buenas y sanas; y como el valor del azúcar va-ría de un día para otro o de semana en semana, según las fluc-tuaciones del mercado, fiabía que liquidar el precio que el de-mandado tenía que recibir por sus cañas en alguna forma, y una y otra parte escogieron fijarlo semanalmente al tipo que pagare un tercero, que en este caso era la central donde se molían las cañas contratadas. Así es que la cláusula 7a. no tenía otro alcance sino fijar el precio que el demandante de-bía al demandado por los cañas que entregara cada semana a la central, sin que en modo alguno pudiera considerarse esas liquidaciones semanales Como una cuenta corriente, que en cualquier momento se liquidara a voluntad del demandante y exigir el cobro del saldo al demandado.

El juez inferior sostiene sin embai-go que dicfia cláusula fija la forma de ir solventando el demandado su deuda en abonos semanales, de la caña vendida, obligándose a ello el demandado por la cuenta de refacción, mediante liquidación estipulada, liquidación que tratándose de refacción significa pago. Este es el error fundamental en este caso. Tal cláu-sula no tiene más significación que la de fijar el precio de las entregas de caña durante cada semana, operación que repi-tiéndose durante las semanas de las entregas, será la base para conocer el precio total de lo que fiabía de satisfacer el demandante al demandado, y base así mismo, para poder el demandante descontar en la liquidación final del precio de compra las cantidades anticipadas al demandado en virtud del contrato de refacción, junto con los intereses que para este caso fueron pactados al 12 por ciento anual. En estas condiciones, no estamos en la situación de nna simple cuenta corriente que se pueda entender liquidada cada semana y que en tal sentido signifique pago. Esas liquidaciones son la' base del precio del azúcar para en su día establecer con su promedio una liquidación final de un contrato al que se le ba fijado un término de duración por convenio expreso de demandante y demandado.

En relación con lo anterior, la prueba también demuestra que no puede baber error en la interpretación del contrato en cuanto a su duración. La cuenta corriente que el deman-dante produjo el 28 de abril de 1921 al demandado, pone de relieve que al mismo tiempo, que en el curso del primer año del contrato, el demandado cumplía debidamente, entregando todas sus cañas, preparando su cosecha para el siguiente año, así también el demandante cumplía sus obligaciones recí-procas habiendo hecho diversas, entregas de dinero al deman-dado para el cultivo de sus cañas, las que acabadas de cortar quedaban las raíces (retoños) que necesariamente había que atender y cultivar para cosecharlas el segundo año del contrato,

El contrato se firmó el Io. de mayo de 1920 para tener efecto en las zafras de 1920-21, 1921-22 y 1922-23. El de-mandado debía sembrar y cultivar 18 cuerdas de cañas en cada año y recibiría en concepto de refacción la cantidad máxima de $540 por año ($30 por cuerda). El primer año el demandado entregó cañas al demandante por valor de $1,052.79 y de febrero a abril de 1921 del mismo año, dicho demandante hizo diversos anticipos al demandado para el segundo año, los cuales constan en la cuenta corriente, de 28 de abril de 1921, en la siguiente forma:

1921. Bel». 26 a efectivo su vale para 1922-$12. 00
Peb. 26 a efectivo su vale para 1922-$30. 00
Marzo 5 a su vale cultivo 1922-$15. 00
Marzo 5 a su vale cultivo 1922-$35. 0,0
Marzo 12 a su vale cultivo 1922-$15. 00
Marzo 12 a su vale cultivo 1922_$25. 00
Marzo 19 efectivo_$25. 00
Abril 2 a su vale cultivo 1922_$12. 00
Abril 3 a su vale cultivo 1922-$30. 00
Abril 9 a su vale cultivo 1922_$12. 00
Abril 9 a su vale cultivo 1922_$28. 00
Abril 16 a efectivo su vale_$38. 00
Abril 23 a su vale efeetivo_$20. 00

Estas diversas partidas ascienden a la suma de $297. De este modo se puede ver la intención clara y manifiesta de las partes en relación con la duración del contrato para el caso que ofreciera duda la cláusula expresa que lo extiende al término de tres años. El último anticipo al demandado para 1922 data de abril 23 1921, y el 30 de mayo de 1921, el demandante establece la demanda de este caso, dando por terminado el contrato, bago la errónea interpretación de que simplemente se trataba de una cuenta corriente y exigible el saldo por la sola liquidación de la misma y así el contrato quedaba al arbitrio del demandante para cumplirlo. Véase artículo 1223 del Código Civil.

Por otra parte, es usual en las transacciones de cañas, en-tre centrales y colonos, celebrar los contratos sobre refacción y molienda de cañas por más de im año. Es cierto que el cul-tivo de la caña es de un año para otro, a excepción de la siembra de gran cultura en que la cosecha tarda mas de los doce meses, pero durante el primer año, cualquiera que sea la clase de siembra, el agricultor sufre con más rigor el peso de los gastos de los que siempre espera resarcirse con creces en las cosechas sucesivas, donde según las condiciones del terreno, los beneficios aumentan por exigir menos el cultivo de los segundos y subsiguientes cortes (retoños). El hecho mismo de cosecharse la caña, en general cada año, es natural que imponga en los contratos de refacción y molienda por varios años, a falta de condiciones expresas, que se haga una li-quidación al final de cada zafra demostrativa de la situación del negocio de las partes contratantes. En este caso era lo más lógico que se hiciera tal liquidación por el demandante y ver si era prudente seguir facilitando dinero al demandado para el segundo año, cuando ya lo calculado para refacción,-según el contrato, lo había concedido en exceso el deman-dante; y asimismo era beneficioso al demandado para cono-cer el valor de sus entregas y si el precio estaba de acuerdo con las cotizaciones del mercado. La liquidación así practi-cada podíamos llamarla provisional en atención a que no fi-nalizaba el contrato, y por tanto, no era exigible el saldo, salvo que se hubiese previsto el caso en el contrato. Si el de-mandante se había excedido en sus avances al demandado, arrojando la cuenta del primer año mayor cantidad que la suma que estaba obligado a refaccionar, la culpa de esto a él solamente le era imputable y seguramente lo hizo calculando el mayor producto de las cañas del demandado, cuya total entrega ascendió casi al doble de la refacción.

No obstante todo lo expuesto, parece que el verdadero motivo de la presente reclamación y del que se hace mención en el alegato del apelado, es que el demandado después de haber celebrado el Io. de mayo de 1920 su contrato con el de-mandante sobre refacción y venta de cañas, hipotecó el 22 de junio de 1920 a un tercero la finca en donde radican las cañas contratadas al demandante. El apelado sostiene que ese hecho es una infracción de la cláusula 8a. del contrato de refacción y que hacía perder el plazo al demandado, si era que le favorecía.

La prohibición de la cláusula 8a. se refiere claramente a las cañas, pero no al fundo de la finca. Además, el derecho del demandante'estaba protegido por la ley sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas y para otros fines aprobada en marzo 10 de 1910, enmendada según la ley de 9 de marzo de 1911.

Por lá sección 4a. de dicha ley se establece la preferencia a que tiene el acreedor en cuanto a los frutos de la finca refaccionada y durante los años comprendidos en el con-trato desde la fecha de su presentación en el registro.

Por la sección 7a. se declara que los contratos a que se refiere la ley, serán anotados, en el registro de contratos agrí-colas, a instancias de cualquiera de las partes contratantes, y por la sección 8a. se determina que las anotaciones así practicadas perjudicarán y obligarán a tercero y si después del registro de tal contrato, las cañas o el dominio del te-rreno sobre el cual dichas cañas están sembradas, fuese tras-pasado, el cesionario quedará obligado a cumplir todas las obligaciones del contrato tan. completamente y en la misma forma y en el mismo grado como la parte interesada en dicho Contrato que hizo tal traspaso o que tenía el interés trans-ferido; pero sin que el traspaso releve a cualquiera parte de la obligación o responsabilidad en dicho contrato.

No aparece incumplido el contrato de 1°. de mayo de 1920 por el demandado, y en virtud de todo lo expuesto, la sentencia de la corte inferior debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda sin especial conde-nación de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin Vagar la demanda, sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. FbaNco Soto,

license: Public Domain

text:
    Santiago, Demandante y Apelado, v. Clemente et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2803.
    Resuelto en marzo 5, 1923.
    Causa de Acción — Alegaciones—Eliminación de Alegaciones. — Como las ale-gaciones de la demanda lian de admitirse como ciertas a los efectos de una exeepeión de falta de hechos suficientes, una parte no puede en apelación eliminar determinadas alegaciones de la demanda so pretexto de que cons-tituyen alegaciones de derecho para deducir que la demanda es insuficiente, pues la eliminación de alegaciones debe suscitarse en la corte inferior.
    ObligacióN Exigible poe Incumplimiento be la Condición. — En una obliga-ción a plazos los deudores podían reducir el montante estipulado de los plazos, a condición de que justificaran tener en todo momento en su po-sesión cantidad suficiente para responder del resto insoluto de la mercan-cía objeto de su negoeio, que dieran en garantía al acreedor. Probado que los deudores descontinuaron el pago de plazos y que nunca justifica-ron estar en posesión de la mercancía en cantidad suficiente para responder del remanente de' la deuda, cuya prueba incumbía a ellos y no al acree-dor, es preciso concluir que la obligación1 estaba veneida y era exigible.\
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. E. H. F. Dottin.

    Ahogados del apelado: Sres. J. Martines Dávila, E. Cam-pillo j M. Tons Soto.

   El Juez Asociado Se. FbaNco Soto,

emitió la opinión del trihnnal.

Este es nn pleito en Cobro de cierta cantidad de dinero.

Los demandados suscribieron a favor del demandante nna obligación, qne en lo pertinente, dice lo siguiente:

“Por $1,700. — Debemos y pagaremos a don Angel Santiago o a sn orden la suma de mil setecientos dollars en la forma y con las condiciones qne se expresan a continuación:
“Las condiciones del pago son: Pagaremos todos los lunes, de ocho en ocho días, empezando el Lunes día veintiuno de marzo de mil novecientos veintiuno, a nuestro acreedor Don Angel Santiago la suma de cien dollars ($100.00) moneda corriente americana, basta dejar extinguida la deuda totalmente. Si por cualquier circunstan-cia no pudiésemos pagar la suma total de cien dollars de cualquier plazo, entonces abonaremos a nuestro acreedor la cantidad que po-damos siempre que justifiquemos con la posesión de mercancías en cantidad suficiente para responder de la parte del plazo adeudado más el remanente de la deuda, y debemos tener a la inspección de nuestro acreedor las citadas mercancías.
“Nos comprometemos a pagar las costas, gastos y honorarios de abogado en el caso de reclamación judicial siempre que dicha recla-mación surja de algún acto nuestro, perjudicial a nuestro acreedor, al dejar de cumplir las condiciones de este documento.
“Al fiel cumplimiento de esta obligación, además de las mer-cancías a que hacemos mención arriba, comprometemos a favor de nuestro acreedor nuestros bienes habidos y por haber y especialmente ponemos en garantía de nuestro acreedor el siguiente inmueble:
“Se entiende al hablar de mercancías en este documento una exis-tencia de carbón vegetal que poseo y al tasar dicha existencia a fin de determinar si hay cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda debe hacerse la tasación de acuerdo con el precio de costo de dicho carbón.”

El demandante alega que de acuerdo con dielia obliga-ción los demandados satisficieron tres plazos semanales de cien dollars cada uno y después, no pudiendo continuar con el pago de la cantidad de cien dollars, abonaron siete plazos de cincuenta dollars, cuyas cantidades así pagadas ascienden a la suma de seiscientos cincuenta dollars, quedando adeudar al demandante un remanente líquido de mil cincuenta dollars; que los demandados, después que dejaron de efectuar el pago total de cien dollars, nunca justificaron estar en posesión do mercancías en cantidad suficiente para responder del rema-nente de la deuda; que dichos demandados no han satisfe-cho en todo ni en parte los plazos correspondientes a los vencimientos de 30 de mayo, 6, 13 y, 20 de junio de 1921, a pesar de haber sido requeridos por el demandante a ese fin, y que inspeccionadas por el demandante las mercancías que estaban en posesión de los demandados, no existía cantidad suficiente para responder de los plazos adeudados y el rema-nente de la deuda.

Los demandados contestaron la demanda admitiendo que habían suscrito la obligación mencionada, negaron los demás hechos de la demanda y como materia de defensa alegaron que habían abonado tres plazos de cien dollars, ocho plazos de cincuenta dollars cada uno y que habían entregado ade-más a su acreedor un reloj y leontina de oro valorados en cien dollars, quedando a deber solamente novecientos dollars, y que siempre han estado en posesión de bienes suficientes para garantizar la suma adeudada. En la misma contesta-eión se alega además que la demanda no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción. .

La corte inferior declaró con lugar la demanda, y los de-mandados, no conformes con la sentencia, lian interpuesto la presente apelación.

Los apelantes, señalan como errores: la desestimación de la excepción de falta de causa de acción, y la apreciación equivocada de la prueba por la corte inferior.

Examinaremos los errores en el orden indicado.

Los términos de la obligación que se inserta en la de-manda y el hecho de que los demandados no han satisfecho en todo ni en parte ninguno de los plazos semanales corres-pondientes a los vencimientos de 30 de mayo, 6, 13 y 20 de junio de 1921, y que han rehusado el pago de esos plazos a pesar de ser requeridos, son alegaciones que hacen suficiente la demanda para determinar una buena causa de acción, por lo menos en cuanto a los plazos vencidos y no pagados.

Asimismo las alegaciones 4a. y 5a. de la demanda deben entenderse en armonía con las condiciones pactadas en la obligación. Una de esas condiciones es que si por cualquier circunstancia no pudiesen los demandados pagar la suma íotal de cien dollars, entonces abonarían ia cantidad que pudiesen, siempre que justificaran con la posesión de mer-cancías una cantidad suficiente para responder del plazo adeu-dado más el remanente de la deuda; y lo que alega el de-mandante, como cuestión de hecho, es la negativa de haberse cumplido por los demandados con aquella condición, la que en tal forma alegada es suficiente para sostener la demanda. Por otra parte, como las alegaciones de la demanda han de admitirse como ciertas, a los efectos de la excepción presen-tada, los apelantes no pueden aislar determinadas alega-ciones, rechazarlas y suponer su eliminación para sostener que el resto de la demanda es insuficiente; porque la elimi-nación de alegaciones es cuestión que debe suscitarse en la corte inferior y no pnede levantarse por primera vez en ape-lación.

El segundo error señalado se refiere a la apreciación de la prueba.

El contrato celebrado en este caso por las partes consis-tió en un préstamo que bacía el demandante a los demanda-dos, mediante ciertas garantías. Los demandados se dedi-caban a la compraventa de carbón veg’etal y sujetaron a la responsabilidad de la deuda que contrajeron, las existencias de su negocio. La mercancía aumentaba o disminuía cada semana, según el tráfico, y de abí se hizo depender principal-mente no sólo la cantidad que debía pagarse en cada plazo sino también el vencimiento de la obligación. Los pagos para extinguir la deuda debían hacerse cada semana. La prueba demuestra que los demandados realizaron primera-mente tres pagos de cien dollars, después siete de cincuenta dollars, y por último, no hicieron pago de cantidad alguna. Según el convenio, la obligación de los demandados era satisfacer al demandante la suma de cien dollars semanales basta dejar extinguida totalmente la deuda. Se previo el caso de si por cualquier circunstancia no pudieran pagar la suma de los plazos en la cantidad que fueran fijados, queda-ban autorizados para hacer pagos inferiores, siempre que dichos demandados justificaran tener en su posesión mer-cancías suficientes para responder del plazo en descubierto y más el remanente de la deuda. Pero el contrato no auto-rizaba a los demandados de suspender en absoluto los pagos, cualquiera que fuera la cantidad de la mercancía en posesión de los demandados.

El caso previsto en el contrato de poder hacer pagos los demandados, inferiores a cien dollars, tenía que fundarse en un motivo justo y razonable como podía considerarse el me-nor movimiento en las ventas por la naturaleza del mismo negocio; pero fué siempre una condición esencial del prés-tamo, la obligación por parte de los demandados, mantener en sn posesión determinada cantidad de carbón vegetal, cuyo valor respondiera al plazo vencido más el remanente de la denda, de conformidad con las palabras y espíritu del con-trato. A los demandados, por tanto, correspondía justificar en cualquier momento la situación de su negocio y de que el volumen del mismo respondía siempre a la deuda flotante, y así las cosas, a ellos correspondía haber cumplido, y de-mostrar en el juicio, lo que no hicieron, esa parte del con-venio, porque sobre dichos demandados era que recaía el peso de la prueba en ese extremo. Véase el artículo 1182 del Código Civil.

Además, el hecho realizado por los demandados de suspender los pagos semanales sin justificar en alguna forma la solvencia de su negocio, era una presunción juris tantum de que por actos propios de dichos demandados había dismi-nuido la garantía que sobre su mercancía habían establecido; y en tal situación, los demandados, de acuerdo con lo pres-crito en el artículo 1096 del Código Civil, perdieron todo de-recho a utilizar los plazos que no habían vencido y el total de la deuda se hizo, como consecuencia, exigible por el de-mandante.

No está demás hacer mención de la parte de la contes-tación que refiere que entre los plazos satisfechos por los deudores figuraba la entrega al demandante de un reloj y leontina valorados en cien dollars; pero los mismos ape-lantes admiten en su alegato que ese particular no fué pro-bado por ellos.

Por las razones expuestas la sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Llamas, Acusado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por infracción al artículo 471 del Código Penal.
    No. 1907.
    Resuelto en marzo 5, 1923.
    Acusación Suficiente — Corporaciones—Alegaciones Innecesarias. — Una acu-sación por violación del artículo 471 del Código Penal en la cual, se alega que la perjudicada, “The South Porto Rico Sugar company,” es una cor-poración, es suficiente de acuerdo con la doctrina de El Pueblo v. Matos, resuelto hoy; y no la hace insuficiente el hecho de que no alege que la cor-poración está autorizada legalmente para hacer negocios en esta isla, ni el Estado donde está incorporada, ni donde tiene sus oficinas, pues éstos son elementos de prueba y no de alegaciones. .
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

    Abogado del apelado: iSr. B. Martines Nadal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En la acusación se imputa al acusado que vendió a la cor-poración “South Porto Pico Sugar Company” todas las plan-taciones de cañas que existían en una finca de su propiedad, la que se describe, y que posteriormente vendió las mismas plantaciones de caña a Avelino Cruz Toro con la intención de defraudar a la expresada corporación.

En el acto del juicio el abogado del acusado se opuso a que el fiscal presentara una certificación creditiva de la ins-cripción en la Secretaría de Puerto Rico de las cláusulas de incorporación de la “South Porto Rico Sugar Company,” y se fundó en que no constando en la acusación que dicha corporación esté legalmente autorizada para hacer negocios en esta isla, Como tampoco el Estado donde está incorpo-rada ni donde tiene sus oficinas, no podía presentarse evi-dencia de hechos que no constaban en la acusación, y alegó además que por falta de tales alegaciones la acusación no aduce hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción y solicitó el sobreseimiento y archivo del caso. Ac-cedió la corte a esas peticiones y ordenó el sobreseimiento y archivo de la cansa, por lo qne el fiscal del distrito inter-puso este recurso de apelación en el que no ha comparecido el acusado.

Como la acusación alega que “The South Porto Rico Sugar Company” es una corporación, es suficiente según he-mos resuelto hoy en el caso de El Pueblo v. Matos Fernández; y no la hace insuficiente el hecho de que no alegue que la corporación está autorizada legalmente para hacer nego-cios en esta isla, ni el Estado donde está incorporada, ni donde tiene sus oficinas, pues éstos son elementos de prueba y no de alegaciones. Es cierto que los casos de People v. Schwartz, 32 Cal. 161, y People v. Bogart, 36 Cal. 245, so declaró que una acusación es insuficiente si no alega los nombres de las personas que componen la corporación o so-ciedad, pero en el caso posterior de People v. Henry, 77 Cal. 445, en el que.se alegaba que el edificio que había sido es-calado pertenecía a “San Diego and Coronado "Water Company,” ante la objección de que la acusación no era suficiente porque no decía si era una corporación o una sociedad y no daba los nombres de las personas que "formaban la corpora-ción o sociedad, la corte, después de hacer referencia a los dos casos antes citados, declaró que no hubo error en la corte inferior al desestimar esa objección del acusado: y en el caso de People v. Mahlman, 82 Cal. 585, se declaró tam-bién que la alegación de pertenecer la propiedad a “Grerma-nia Lodge No. 7, Order of Hermann Sons,” asociación exis-tente de acuerdo con las leyes de California, fué plenamente alegada. En el caso de Stallings v. State, 29 Tex. App. 220, y otros citados en Am. & Eng. Ann. Cases, volumen 18, pá-gina 343, se dice que no es necesario alegar la carta de incor-poración ni el Estado en que se ha incorporado.

_ Así, pues, el tribunal inferior cometió el error que se le atribuye y su resolución archivando la acusación debe ser revocada.

Revocada, la providencia dictada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Matos, Acusado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por abuso de confianza.
    No. 1863.
    Resuelto en marzo 5, 1923.
    Abuso de Confianza — Acusación InsueicieNte — Alegación Neoesakia. — Una acusación por abuso de confianza en la cual se alega que el acusado se apro-pió, aplicándolo a su propio uso, dinero perteneciente a “Armour and Company,” es insuficiente, pues no alega que “Armour and Company” sea una corporación o sociedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

    Abog’ado del apelado: Sr. R: Martínez Nadal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso imputó a Rafael Matos Collazo que se apropió, aplicándola a su propio uso, cierta cantidad de dinero propiedad de “Armour and Company,” que reci-bió de Rosado & Martínez, en su carácter de empleado o agente de “Armour and Company,” quienes se la confiaron; y se ha establecido esta apelación por el fiscal contra re-solución del tribunal inferior que declaró no ser suficiente la acusación porque alega simplemente que la propiedad per-tenece a “Armour and Company.”

Para que exista el delito imputado en la acusación es ne-cesario que los bienes apropiados por una persona perte-nezcan a otra persona, natural o jurídica, por lo que tal ex-tremo debe ser alegado en la acusación; y cuando la propie-dad pertenece a una corporación o sociedad, debe decirse así para que la acusación sea suficiente, aunque no alegue los nombres de las personas que forman la sociedad, según se de claró en el caso de People v. Malhman, 82 Cal. 585; State v. Mohr, 68 Mo. 303; Stallings v. State, 29 Tex. App. 220; Smith v. State, 34 Tex. Crim. 265, y otros citados en Am. & Eng. Ann. Cases, Vol. 18 pág. 343. Por las palabras de la acusación no sabemos, ni puede saber el acusado, si la pro-piedad pertenece en este caso a una persona natural o jurí-dica, ni si ésta es una corporación o una sociedad, ya que no dice que Armour and Company sea una corporación o una-sociedad, pues aunque la palabra “compañía” denota gene-ralmente una sociedad, sin embargo, no significa necesaria-mente la existencia de una corporación o sociedad, pues puede ser usada por un individuo haciendo negocios bajo un nom-bre comercial, según se dijo en el caso de Keystone Pub. Co., v. Hill Dryer Co. 55 Misc. 627, citado en 12 C. J. pág. 221, nota 76.

El apelante no trata esa cuestión én su alegato y se li-mita a sostener que tal como fué hecha la acusación es su-ficiente porque las palabras “Armour and Company” de-notan una corporación, porque la palabra “compañía” ha sido considerada en varias sentencias que cita como equiva lente a corporación.

La jurisprudencia de los tribunales americanos es con-tradictoria en ese particular pero aquellos que siguen la re-gla indicada por el fiscal se fundan principalmente en el he-cho de que los nombres de la compañía demostraban por sí mismos que se trataba de una corporación. Así, en el caso de Mattox v. State, 115 Ca. 212, 41 S. E. 709, citado en Ann. Cas. 1912 A pág. 969, se declaró que las palabras “Acme Brewing Company” significaban una corporación porque tal nombre no denota el de un individuo; porque por sí mismo denota una corporación y porque es de tal carácter que es más apropiado para una corporación que para una sociedad, aunque algunas veces se forman sociedades con nombres que serían propios para corporaciones: y en el caso de St. Cecilis Academy v. Hardin, 78 Gra. 39, se dice- que si el nombre es manifiestamente religioso, benéfico o educativo, u otro similar de beneficencia o para el bien público, asuntos propios para incorporación, denotará una corporación; y que existe una diferencia entre tales nombres y aquellos que indican sociedad u otros de personas naturales, que no son materia propia de corporación.

No tenemos que decidir en este caso si es buena la doc-trina que en casos determinados hace a la palabra “com-pañía” equivalente a “corporación,” pues las palabras “Armour and Company” usadas en la acusación no denotan por sí mismas que son las de una corporación.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada, la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez PresideNte Sb. del Tobo,

text:
    Buitrago, Demandante y Apelado, v. Asamblea Municipal de Guayama, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en un recurso de certiorari.

    No. 2854.
    Resuelto en marzo 6, 1923.
    Asambleas Municipales — Pabte Demandada — Emplazamiento de la Asam-blea — Jurisdicción.—En el recurso de certiorari que autoriza la sección 65 de la Ley Municipal vigente una asamblea municipal tiene capacidad para ser demandada como tal y una vez emplazada en la persona de su presidente queda sometida a la jurisdicción de la corte.

      Concejo de Administración — Facultad Exclusiva del Concejo de Adminis-tración. — La facultad para disponer que determinado departamento del go-bierno municipal se haga cargo de cualquier servicio de la administración que no se hubiese asignado por la ley, reside' en el concejo de administra-ción y no en la asamblea municipal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sres. Tous Soto & Péres Maryland.

    Ahogados del apelado: Sres. R. Gintrón Lastra y M. A. Martines.

   El Juez PresideNte Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Alejandro Bnitrago, en su carácter de Comisionado de servicio público, policía y prisiones del Municipio de Gua-yama, interpuso un recurso de certiorari contra la Asamblea Municipal, en la corte de distrito, solicitando la declaración de nulidad de cierta resolución de la asamblea. Vióse el caso, la corte estudió cuidadosamente todas las cuestiones planteadas y lo decidió finalmente en favor del peticionario. La Asamblea interpuso entonces el presente recurso de ape-’ lación.

En la Corte de Distrito la Asamblea alegó la falta de jurisdicción de la corte, por entender que no era “una entidad jurídica con capacidad para demandar y ser de-mandada en forma corporativa, según la ley, y no es empla-zable por su Presidente.” La excepción fué declarada sin lugar, con razón a nuestro juicio. El recurso ejercitado lo autoriza expresamente el artículo 65 de la Ley Municipal vi-gente. El propósito del mismo fué la anulación de una re-solución de la asamblea. La asamblea como tal era, pues, el propio demandado, y tratándose de una entidad compuesta de diferentes personas que actúan como cuerpo bajo la pre-sidencia de una de ellas, fué debidamente emplazada en la persona de su presidente.

La parte apelante no discute esta cuestión en su alegato. Concentra toda sn argumentación* en tratar de demostrar el poder que a sn juicio tuvo para actuar en la forma en que lo hizo.

La resolución impugnada, en lo pertinente, dice así: ■

“Pon. TANTO, resuélvase por la Son. Asamblea Municipal de Gua-yama, P. B.
“Sección 1. — El Comisionado Municipal de Beneficencia, además de las facultades que le confiere la Ley Municipal en su artículo 31 se le conceden además por virtud de la presente Resolución las que más adelante se expresan:
'11. Tendrá a su cargo los hospitales municipales.
“2. Farmacia Municipal.
“3. Matadero Municipal.
“4. Cementerio Civil.
“5 Cuadra Municipal.
“Sección 2. — Toda ordenanza o resolución que se oponga a la presente queda y es por ésta derogada.”

Uno de los motivos de impugnación, el que sirvió de base a la sentencia apelada, fué el siguiente:

“Porque la Asamblea Municipal no tiene facultades ni poderes para dictar tal Resolución y sí el Concejo de Administración, según dispone la propia ley.”

El artículo 29 de la Ley Municipal determina cómo se compondrá el concejo de administración, expresa cuáles son las facultades y deberes del comisionado de servicio público, policía y prisiones, terminando así:

“Y además tendrá a su cargo todos los servicios de la adminis-tración municipal que no se hubieren asignado por esta ley o por acuerdo del concejo de Administración a algún otro departamento del gobierno municipal.”

Invoca la parte apelante las facultades generales confe-ridas por la ley a la Asamblea municipal y la especial que tiene para consolidar départamentos, para sostener que no obstante los términos expresos de la sección 29 de la ley, Concurrentemente con el legislador insular y con el concejo de administración, puede asignar determinados servicios a cualquier departamento.

No estamos conformes. De los términos expresos de la ley se deduce claramente que la intención de la Legislatura, como sostiene el juez sentenciador, “fue conferir al Concejo de administración, como ‘ facultad privativa, la de acordar que cualquier departamento del gobierno municipal se baga cargo de cualquier servicio de la administración municipal que no se hubiere asignado por la ley.”

La consolidación de departamentos envuelve una resolu-ción total propia para la asamblea de acuerdo con las con-diciones de cada municipio, tales como su extensión territorial, el número de sus habitantes, el trabajo existente, los recursos materiales con que cuente. El trabajo ejecutivo está asignado a los miembros del concejo. La legislatura fijó cierta esfera de acción a cada uno, dejando al comisio-nado de servicio público, policía y prisiones la dirección in-mediata de todo lo que no se hubiera especialmente asig-nado, pero sabia y previsoramente decretó que cuando a juicio de los comisionados, actuando como cuerpo, en el con-cejo, debiera asignarse algún otro servicio, de los no asig-nados por la legislatura, a algún departamento, tuvieran facultad para así resolverlo. Se trata de algo de orden interior en lo que parece lógico que actuara solamente el pro-pio concejo y no la asamblea.

Por virtud de lo expuesto, opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

■Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto. ' ' '


author: El Juez Presidente Sb. del Tobo,

text:
    Sucesiones Irizarry, Recurrentes, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán en una inscripción de testamento.
    No. 557.
    Resuelto en marzo 6, 1923.
    Herencia' — Heredero por Representación — Derecho de Representación. — Es-tablecido que dos coherederos instituidos premurieron a sus padres legítimos, los testadores, en estado de soltería, es errónea una nota del registrador que en vez de inscribir sin reservas la totalidad de los bienes relictos a favor de los herederos supervivientes, lo hizo reservando el derecho hereditario que por representación pudieran ostentar los descendientes, si los hubo, de los coherederos premuertos. De acuerdo con la legislación vigente en 1875 j 1876, fecha en que murieron, respectivamente, los testadores, sólo los descen-dientes legítimos podían heredar por derecho de representación a sus abuelos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 6 ce septiembre de 1856 los consortes José Ramón Iri-zarry y su esposa Teresa Jesús del Toro otorgaron testa-mento instituyendo por herederos a sus hijos José Rafael, Cayetano de Jesús, Juan Bautista y José Ramón, y el 16 de de enero de 1923 el abogado Forés, a nombre de las sucesio-nes de José Ramón y Juan Bautista Irizarry y del Toro, com-puesta de sus hijos, cuyos nombres se expresan, presentó dicho-testamento en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán en solicitud de que a virtud de él se inscribiera a favor de los causantes de sus representados la propiedad de cierta finca que constaba inscrita a nombre de los testadores.

Al testamento se acompañaron las partidas de matrimo-nio y defunción de los testadores y de defunción de sus hijos José Rafael y Cayetano de Jesús.

El registrador verificó la inscripción así:

“Inscrito el documento que precede con vista de otros y de un escrito suscrito en esta ciudad por el abogado Benito Forés de fecha 16 del actual, en cuanto a una finca de once cuerdas sita en el barrio de Sabana Eneas de San Germán, al íolio 163 del tomo 20 de San Germán, finca No. 1211, inscripción 3,-en común proindiviso, sus de-rechos hereditarios a favor de Juan Bautista y José Ramón Irizarry y Toro, sin perjuicio del derecho hereditario que por representación pudiera existir a favor de los descendientes, si los hubo, de los cohe-rederos José Rafael y Cayetano de Jesús Irizarry y Toro instituidos en el testamento y que premurieron a los testadores José Ramón Iri-zarry y Teresa Jesús del Toro.”

No conformes los interesados, interpusieron el presente recurso gubernativo y sostienen, con razón a nuestro juicio, que la inscripción debió hacerse a favor de Juan Bautista y José Ramón Irizarry y del Toro en su totalidad, sin reservas, ya que al morir sus padres ellos eran sus únicos herederos.

Según el informe del propio registrador, de los documen-tos que se le presentaron consta que los testadores murie-ron el 13 de febrero de 1875 y el 17 de enero de 1876, ha-biendo fallecido sus hijos José Rafael y Cayetano de Jesús, el'primero “el día 10 de agosto de 1871 de unos 31 años de edad, soltero,” y el segundo “el día 19 de julio de 1863, de unos 21 años de edad, soltero.”

El más reciente de dichos documentos tiene más de cua-renta años. De acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso Ex parte Otero et al. y Striker v. El Pueblo, 27 D. P. R. 340, ratificado en el de Tardi v. Tardi, 30 D. P. R. 225, puede partirse de la base del estado de soltería en que murieron los hijos que fallecieron con anterioridad a sus padres. Siendo ello así, no pudieron dejar herederos legíti-mos, únicos que hubieran podido heredar a sus ascendientes legítimos por derecho de representación. No existe, pues, la posibilidad en que se basa la reserva del registrador.

En el caso de Correa et al. v. Correa et al., 18 D. P. R. 117, 120, esta corte se expresó como sigue:

“La sexta de las Leyes de Toro, publicadas en 1505, que es la Ia., del título 8°., libro 5°., de la Recopilación, y la Ia., título 20, libro 10 de la Novísima, establece y fija el derecho de suceder los ascendientes legítimos a sus descendientes y el de éstos a aquellos. Sus prescripciones se refieren claramente a la familia legítima.
“Y la novena y la décima de dichas leyes, prescriben los casos en que los hijos bastardos e-ilegítimos pueden o no heredar a sus madres es-testamento y abintestato y la parte de los bienes que pueden man-dar los padres a sus hijos ilegítimos y naturales.
“La ley de 16 de mayo de 1835 mejoró la condición de los hijos naturales, pero siempre relacionándolos únicamente con el padre o madre que los reconocieron.
“No se nos ha citado por las recurrentes, ni hemos podido en-contrar en la investigación de las leyes anteriores al Código Civil Español que hemos practicado al efecto, ni un solo precepto de ley, ni un solo precedente que autorice al hijo natural reconocido a he-redar, en representación de su padre natural, al padre legítimo de su padre natural.”

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción en la forma solicitada.

Revocada la nota y ordenada la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: Bu Juez PbesideNie Se. del Tobo,

text:
    Ruiz, Demandante y Apelante, v. González, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en procedimiento de injunction.

    No. 2835.
    Resuelto en marzo 6, 1923.
    Jurisdicción — Moción de Non Suit. — Una cuestión de jurisdicción puede plan- ■ tearse por medio de una moción de non suit.

      Injunction para Recobrar la Posesión — Jurisdicción en Procedimientos de Injunction. — La jurisdicción para conocer del procedimiento de injunction para recobrar la posesión, autorizado por la ley especial núm. 43 de 19131, enmendada por la núm. 11 de 1917, corresponde siempre a las cortes de dis-trito, por lo que no es necesario alegar que el valor de la propiedad objeto del procedimiento excede de $500.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. V. M. y J. A. Fernández.

      Abogado del apelado: Sr. H. II. Francis.

   Bu Juez PbesideNie Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Alegando ser dneño de nna finca de 57 cnerdas y baber sido privado violentamente de la posesión de una-porción de la misma por el demandado, bacía menos de un año, el de-mandante inició este pleito sobre “injunction para recobrar la posesión.”

El demandado exce-pcionó y contestó la • demanda. Pué el pleito a juicio. Practicada la prueba del demandante, ocurrió, según el récord, lo que sigue:

“Ddo. — Pido la desestimación del caso por los siguientes motivos: Primero, que no consta ni de las alegaciones ni de la prueba practi-cada que esta corte tiene jurisdicción en este caso, toda vez que es necesario demostrar claramente que la cuantía en controversia es de $500 o más, para que esta corte tenga jurisdicción. Este caso 'no es un caso por la ley especial de injunction; es por la ley especial de 1913 enmendada por la de 1917 que dice que la demanda será puesta de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la forma, pero en cuanto a la cuantía en controversia esta corte podrá tomar jurisdicción si la cuantía envuelta es más de $500; de otro modo el injunction debe llevarse a la Corte Municipal. El segundo motivo es que en un caso de esta naturaleza, que basta cierto punto tiene naturaleza sumaria, es necesario que la prueba sea clara y ter-minante. * * *
“Juez. — Eso sería cuestión de apreciación de la prueba, pero no materia de moción de non suit.
“Dte. — La jurisdicción de la corte quedó demostrada por la pre-gunta del demandado al testigo de que el valor de su finca es $3,000. También el beebo 4o. dice: (Lee).
“Luego de discutida la cuestión, la corte declaró con lugar la . moción de non suit por falta de jurisdicción, por entender que debe aparecer que el valor de la finca en litigio excede de $500. El abo-gado del demandante tomó excepción.”

Dictada y registrada la sentencia desestimando la de-manda, el demandante interpuso contra ella el presente re-curso de apelación.'

Sostiene el apelante, en primer término, que la corte erró porque no pudo plantearse ni resolverse una cuestión de ju-risdicción por medio de una moción de non suit. No estamos conformes. Si realmente de la prueba practicada por el de-mandante se desprendía la falta de jurisdicción de la corte,-pudo y debió desestimarse la demanda no ya a petición del demandado, sino por propia iniciativa de la corte.

En la otra cuestión que suscita, tiene razón el apelante. El valor del terreno no es determinante de jurisdicción en este caso. Es la clase de acción ejercitada la que confiere la jurisdicción en el mismo.

De acuerdo con la ley sobre injunctions, sólo pueden expe - dir dichos autos la Corte Suprema, o cualquier juez de la misma, para hacer efectiva su jurisdicción, bajo las reglas prescritas por la ley, y los jueces de las cortes de distrito. Véase la Comp, de 1911, sección 1355 y el caso de Lowande v. García, et al., 12 D. P. R. 302

Es cierto que aquí se trata de un injunction autorizado por una ley especial, — la No. 43 de 1913, modificada por la No. 11 de 1917, — pero de los términos de dicha ley especial no se desprende en modo alguno que fuera la intención de la le-gislatura el que la cuantía de la propiedad envuelta determi-nara la jurisdicción. Cuando la legislatura quiso conferir a los jueces municipales poderes para expedir autos de injunction, lo hizo expresamente como en el caso de las tercerías. Véase la Comp, de 1911, p. 891.

La práctica general en Puerto Eico ha sido la de acudir a las cortes de distrito, cortes de jurisdicción general, en estos casos. Hemos examinado varias de nuestras decisio-nes sobre la materia, y en la mayor parte de ellas se trataba de pequeñas fajas de terreno cuyo valor aislado seguramente era menor de quinientos dólares. No se levantó cuestión al-guna de jurisdicción. Debe hacerse constar que la parte ape-lada no archivó alegato escrito ni compareció al acto de la vista del recurso.

Procede revocar la sentencia recurrida y devolver el pleito para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Áldrey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Crédito y Ahorro Ponceño, Demandante y Apelante, v. Beiró et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre cobro de dólares (moción sobre desesti-mación de apelación).
    No. 2957.
    Resuelto en marzo 6, 1923.
    Desestimación de Apelación — Parte Adversa — Notificación de la Apela-ción. — A, B y C fueron demandados en cobro de una obligación mancomu-nada y solidaria. Contra A y B se registró sentencia en rebeldía. Apelada por el acreedor la sentencia que absolvió del pago a C, solicitó éste la deses-timación fundándose en que la apelación no se había notificado a A y B. Se resolvió: que siendo puramente personales las defensas que hizo el ape-lado en oposición a la demanda, las cuales ya se confirme o se revoque la sentencia no pueden afectar a los demandados rebeldes, es preciso coneluir que éstos no eran partes adversas a quienes fuera necesario notificar la ape-lación, por lo cual la desestimación no procede.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. T. Bernardini.

    Abogado de los apelados: Sr. G. Domínguez Rubio.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción para desestimar la apelación in-terpuesta en este caso.

El apelado funda dicha moción en diversos motivos, pero todos ellos pueden condensarse en'que dos de los demanda-dos declarados en rebeldía no fueron notificados del escrito de apelación, y que siendo partes adversas al demandante y a quienes la sentencia dictada puede afectar en uno u otro sentido, esta Corte Suprema no tiene jurisdicción sobre todas las partes en el caso.

El apelante se opuso a la moción; las dos partes fue-ron oídas, y el caso quedó sometido a nuestro estudio y resolución.

Conforme a las circunstancias del presente caso, es una sola cuestión la que'debemos resolver, y se refiere, a si real-mente los demandados Patria Martínez de Vivaldi y Santiago Vivaldi y Santini declarados en rebeldía y contra quie-nes se dictó sentencia, son partes necesarias en la apela-ción, en el sentido de que dichos demandados pueden ser afec-tados en el presente caso por una modificación, revocación o confirmación de la sentencia que fué dictada a favor del demandado-apelado. El abogado de esta parte, cita en apoyo de su moción el art. 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, qne prescribe la forma en que se debe entender perfec-cionada una apelación y además hace un estudio cuidadoso de la jurisprudencia de esta corte — así como de otros tribu-nales americanos en relación con la falta de notificación del escrito de apelación en casos en que intervienen varios de-mandados; pero esos casos sólo revelan de manera transpa-rente y clara que las circunstancias que los rodean no son análogas al presente y que siempre se trata de partes ne-cesarias en el pleito o partes contrarias que pueden ser afec-tadas por la modificación, revocación o confirmación de la sentencia qne habrá de dictarse en la apelación.

En el caso que nos ocupa, la condición legal de los de-mandados es distinta. Aquí la demanda versa sobre el co-bro de una obligación mancomunada y solidaria suscrita por los demandados, declarados en rebeldía y, el demandado Fernando Beiró a favor del demandante Crédito y Ahorro Pon-ceño” para obtener el cobro de cierta cantidad de dinero. La demanda comprende a todos los demandados, pero al ini-ciarse el procedimiento, el emplazamiento fué solamente ser-vido al demandado Beiró. Más luego, cuando ya había trans-currido unos diecisiete meses de estarse tramitando y prosi-guiendo el pleito, con motivo de las alegaciones y defensas del demandado Beiró, el demandante hizo que se practicara el servicio del emplazamiento a los demandados Patria Mar-tínez de Vivaldi y Santiago Vivaldi Santini, a quienes por no haber comparecido en forma alguna en los autos, se les anotó la rebeldía y separadamente se dictó sentencia en su contra.

En una obligación de carácter solidario, como la que sirve de base a la reclamación de este caso, el demandante estaba autorizado, según el artículo lili del Código Civil, en rela-ción con el 96 del Código de Enjuiciamiento Civil, para que se condujera el procedimiento en la forma que fue practicado. El mismo demandado-apelado se refiere en su alegato al ar-tículo lili del Código Civil citado, y admite que cuando se trata de obligaciones solidarias la acción puede dirigirse contra cualquiera de los demandados o contra todos. Pero al mismo tiempo afirma que “estamos frente a una demanda contra deudores solidarios y mancomunados que es distinto a deudores solidarios.” Según esta interpretación parecería inaplicable el artículo lili supra, a un caso como éste en que la obligación esta redactada con las palabras: “Pagaremos mancomunada y solidariamente.” Esta es una frase de uso corriente en la confección de esta clase de obligaciones cuando conmprenden más de un deudor y se quiere fijar la responsa-bilidad de los diferentes deudores a prorrata o exigirla ín-tegramente de cualquiera de ellos, en la forma que distin-gue y dispone el artículo 1104 del Código Civil, que dice:

“Art. 1104. — La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación, no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar ínte-gramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.”

No ofrece dudas el texto de este artículo. Establece que la presunción de mancomunidad en él contenido sólo dejará de aplicarse “cuando la obligación expresamente lo deter-mina, constituyéndose con el carácter de solidario.” Véase Manresa, tomo 8, p. 174. Y aquí la obligación a favor del de-mandante expresamente determina su carácter solidario, al consignarse en su texto las palabras “y solidariamente,” sa-tisfaciendo, por tanto, las exigencias de la ley para no aplicar la presunción de la responsabilidad mancomunada ya que lo que exige la ley es que conste de un modo expreso el carácter in solidum de la obligación.

En estas condiciones, y teniendo en cuenta que a pesar de las sentencias en rebeldía, de las que se lia hecho mención, el demandante no aparece que haya logrado hacer efectivo el de-recho de su obligación, tales sentencias no oran un obstá-culo para que la acción siguiera todos sus trámites contra el demandado Beiró, lo mismo en la corte inferior que en la de apelación, hasta que llegase a obtener una sentencia de-finitiva.

Es cierto que al continuarse el procedimiento contra Beiró. éste resulta absuelto por la sentencia de la corte inferior, pero de los méritos del caso aparece que las alegaciones del apelado en oposición a la demanda se refieren exclusivamente a defensas personales del mismo, las que en nada pueden afectar a los otros demandados, ya se confirme o se revoque la sentencia apelada, y en su consecuencia, los demandados Patria Martínez de Vivaldi y Santiago Vivaldi y Santini no pueden considerarse en el presente recurso como partes ad-versas a quienes debe servirse notificación del escrito de ape-lación conforme dispone el artículo 296 del Código de En-juiciamiento Civil.

La moción debe desestimarse.

Desestimada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Pbesidente Se. del Tobo,

text:
    Vázquez, Demandante y Apelado, v. Maymí, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en procedimiento de injunction.

    No. 2761.
    Resuelto en marzo 8, 1923.

      Injunction para Recobrar la Posesión — Causa de Acción — Alegaciones Su-ficientes. — Alega hechos suficientes una demanda de injunction para re-cobrar la posesión, si de sus alegaciones se deduce que el demandado entró violentamente y contra la voluntad del dueño demandante en la porción de la finca objeto del despojo, de cuya porción se posesionó habiéndola cercado.

      Injunction para Retener la Posesión. — Causa de Acción. — Una demanda de injunction para recobrar la posesión entablada bajo la teoría del despojo de la posesión, aun admitiendo que no alegue la pérdida absoluta y permanente dé-la posesión material, es suficiente si alega la realización de aetos bastantes-demostrativos de la intención del demandado para llevar a cabo el despojo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogado del apelado: Sr. F. Gallardo.

   El Juez Pbesidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se ejercita en este caso la acción, que autoriza la Ley No. 43 de 1913, tal como quedó enmendada por la Ley No. 11 de 1917. Se alegó en la demanda que el demandante era dueño de cierta finca rústica que se describe; que a pesar de tener su dicha finca cercada y de haber puesto en las entradas naturales de la misma anuncios prohibiendo al público el acceso a ella, el demandado, violentamente y en contra de la voluntad del demandante, se posesionó de un pedazo de la finca que se describe. Todo ello ocurrió dentro del año de interpuesta la de-manda y se alega en ésta además que “el demandado por sí mismo y por medio de sus agentes, empleados o subalternos, desde principios de junio de mil novecientos veinte y uno ha venido penetrando en el pedazo de terreno descrito en el he-cho cuarto, y ha comenzado a cercar el mismo. T alega el de-mandante que estos actos de despojo y de toma de posesión, han sido realizados por el demandado' sin derecho alguno v contra la voluntad del demandante, quien prácticamente ha sido despojado de la parte de su propiedad descrita en la ale-gación cuarta.”

Excepcionó y negó el demandado. Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió en favor del demandante con imposi-ción de las costas al demandado. De la opinión emitida por el juez de distrito para fundar su sentencia se transcriben los dos siguientes párrafos:

“De la prueba practicada se ha demostrado a satisfacción de la corte, que el demandante dentro de un año precedente a la presen-tación de la demanda, o sea del 30 de junio de 1921, estaba legal-ícente en la posesión material o tenencia de las 20 cuerdas de terreno que se describen en la referida demanda, las cuales tenía dedicadas a frutos me'nores y pastos; y que el demandado, a principios del re-ferido mes de junio de 1921 penetró ilegalmente en dicha propiedad, y sin el consentimiento ni la voluntad del demandante, se posesionó de ella, habiendo por sí y por medio de peones colocado en la misma una cerca, de alambres.
“Si como alega el demandado en su contestación, las referidas 20 cuerdas de terreno pertenecen a Florence E. Preston, como parte de otra finca de 200 cuerdas, y que las utilizaba Antonio Eotger con el consentimiento de su dueña, puede establecer la acción que co-rresponda para recobrarlas, pero habiéndose justificado que el de-mandante ha estado en posesión material de las mismas por un pe-ríodo mayor de un año con anterioridad a la presentación de la de-manda y que fué ilegalmente desposeído de ellas, tiene derecho a una sentencia a su favor.”

No conforme el demandado apeló para ante este tribunal. Pendiente la apelación, murió el apelante. Sus herederos comparecieron y expusieron que deseaban continuar trami-tando el recurso, a lo que accedió la corte.

En su alegato señalan los apelantes la comisión de dos errores cometidos a su juicio por la corte de distrito, pri-mero, al estimar suficientes las alegaciones de la demanda, y^ segundo, al estimar suficiente la prueba de la alegada pér-dida de posesión del terreno de que se trata.

Argumentando el primer error invocan los apelantes la ley especial sobre la materia y la jurisprudencia estable-cida por esta Corte Suprema en los casos de del Valle v. Rivera, 23 D. P. R. 632, y García v. Rodríguez, 27 D. P. R. 305.

La ley de 1913 sólo autorizaba la concesión de un injunction para recobrar la posesión material de una finca cuando la parte había sido privada de dicha posesión material por los actos violentos o fraudulentos de otra persona. La deci-ción en el caso de del Valle, supra, se dictó estando en todo su vigor esa ley. En 1917 la legislatura enmendó la ley de 1913 extendiendo la concesión de los injunctions. Desde en-tonces no sólo pudieron expedirse para recobrar la posesión, si que también para retenerla, y cuando se demostrase la rea-lización de actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle.” Se refiere la ley al poseedor.

Puede aceptarse, como sostienen los apelantes, que en este caso se planteó el debate bajo la base del despojo de la posesión, pero no estamos conformes en que se dejaran de alegar hechos suficientes en la demanda. Dejamos transcri-tas las alegaciones necesarias de la demanda. De ellas se deduce que el demandado no sólo entró violentamente y contra la voluntad del demandante en el pedazo de la finca que se menciona, si que también se posesionó de él. Y luego se describen los actos constitutivos del despojo y de la toma de posesión, siendo muy importante, entre ellos, el de la cons-trucción de la cerca. Los hechos, pues, son distintos a los que sirvieron de base a la jurisprudencia establecida por esta corte en el otro de los casos citados, García v. Rodríguez, supra. De todos modos, aunque se concluyera que no se , alegaba la pérdida absoluta y permanente de la posesión material, siempre habría que concluir que se alegaba la rea-lización de actos bastantes demostrativos de la intención del demandado para realizar dicho despojo, y la Causa de ac-ción surgiría clara de acuerdo con la ley.

La conclusión a que Remos llegado resulta más clara aún al examinar el segundo de los errores señalados. Si algo faltaba a la demanda, lo completó la contestación. En ella hay una alegación que dice:

“Quinto: Del hecho quinto acepta que ha penetrado en la finca de 20 cuerdas para cercarla por orden de su mandante Florence E. Preston dueña de la finca y niega los demás extremos de dicho hecho.”

La prueba testifical practicada fué larga y contradictoria en ciertos extremos. No creemos que la corte, al apreciarla en el sentido indicado, cometiera error.jfundamental alguno.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    The Borinquen Trading Corporation, Demandante y Apelada, v. Herederos de García, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre cobro de dinero (mo-ción sobre desestimación de apelación).
    No. 2980.
    Resuelto en marzo 8, 1923.
    Desestimación de Apelación — Apelación Prívola. — Cuando habiendo sido ele-vada únicamente a la corte de apelación las alegaciones y órdenes, la de-manda parece ser suficiente y los apelantes ni comparecieron ni se opusie-ron a la moción de desestimación, procede declarar ésta con lugar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. E. Rincón.

    Abogado de la apelada: Sr. F. Soto Gras.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una moción para desestimar una apelación se consigna que la apelada fué notificada por el secretario de esta corte de liaberse radicado la transcripción del récord; que la ape-lada no fué notificada por el apelante de la radicación de dicha transcripción, ni que le suministró copia de la misma conforme se dispone en la ley y en el reglamento de esta corte; que según aparece en la transcripción misma hubo.un juicio en el cual se presentó prueba, no habiéndose prepa rado sin embargo ninguna exposición del caso o documento semejante y por tanto que la apelación era frívola.

Alega la demanda la venta de un automóvil, el haber fir-mado el causante de los demandados una obligación por la compra de un automóvil ascendente a la suma de $1,500 con intereses y otras alegaciones sobre la entrega del automóvil, etc. Los demandados contestaron haciendo una negativa general y alegando que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de atíción. Se celebró un juicio y dictó sentencia a favor del demandante. En la vista de este caso comparecieron los apelantes pero no argumenta-ron el caso.

De la faz de los procedimientos la demanda parece ser suficiente. La alegada insuficiencia de dicha demanda es la única cuestión que ahora podía levantarse. La apelación, por tanto, parece ser frívola y como los apelantes nada han presentado ni alegado ninguna cosa en contrario, la moción de desestimación debe ser declarada con lugar.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Gordils, Peticionario, v. La Corte de Distrito de Arecibo, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de eertiorari dirigido a la Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Enrique Llo-reda, Juez.
    No. 396.
    Resuelto en marzo 8, 1923.

      Certiorari — Transcript—Prueba ho Incluída. — Cuando se desee revisar la ac-tuación de la corte inferior al negarse a admitir un documento, debe in-cluirse en la petición una copia de tal documento para que el Tribunal Supremo pueda juzgar sobre su pertinencia o esencialidad.
    Id. — Id.—Siendo dudoso que el recurso de eertiorari sea adecuado para obtener la incorporación de prueba no admitida j existiendo otros remedios para conseguir dicho objeto, el auto debe negarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. L. Llorens.

    Abogado de la parte contraria: Sr. F. Santoni.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una petición interesando un auto de eertiorari, en la cual se alegaba la negativa de la corte inferior a ad-mitir como prueba una carta, la cual el peticionario, que fué el demandante en la corte inferior, afirmó que era prueba tendente a demostrar la existencia del contrato que se describe en la demanda. El demandante hizo numerosos es-fuerzos para que la carta fuera admitida como prueba, y fi-nalmente presentó una moción de suspensión del juicio con el fin de poder probar la autenticidad de dicha carta. La moción de suspensión fué denegada. Acompañando a esta moción de suspensión, como exhibit y parte de dicha mo-ción estaba la carta excluida. La corte dictó sentencia a favor del demandado.

Al llegar el momento de la aprobación del récord taqui-gráfico, según relata la petición, el peticionario hizo varios esfuerzos para que la carta que había sido excluida en el juicio fuera incluída en el récord taquigráfico. La corte, según aparece, se negó a admitir la carta aunque la moción de suspensión la cual se refería a dicha carta fué copiada. Tenemos el récord taquigráfico ante nosotros a virtud de la orden en que se certifican los procedimientos para su envío a esta corte.

Podemos, de paso, decir que cuando se desee revisar la actuación de la corte inferior al negarse a admitir un docu-mento, debe incluirse en la petición una copia de tal docu-mento para que de ser importante podamos juzgar sobre su ■ pertinencia o esencialidad.

El recurrido o más bien el demandado en la corte inferior, como la parte realmente, interesada impugnó el certiorari por el fundamento de que la manera de revisar la actuación de la corte al denegar la admisión de la carta, era por virtud del artículo 64 de nuestras Regias; que' habíamos aplicado •esta regia por analogía, al caso de prueba que ha sido omi-tida. Lizarribar v. Rossy, 18 D. P. R. 483, citando los ar-tículos 218 y 219 del Código de Enjuiciamiento Civil. Ade-más el demandado invocó la jurisprudencia de esta corte en la cual resolvimos que el auto de certiorari no debe ser ex-pedido para incorporar prueba.

En un auto de certiorari en que se anulan procedimien-tos, es sumamente dudoso si podríamos hacer algo para in-corporar pruebas, Arguelles v. Rossy, 19 D. P. R. 1054; Lizarribar v. Rossy, 18 D. P. R. 483, y si podemos, debemos ejercitar nuestra discreción para negar el auto toda vez que la parte tiene otros remedios. Uno es tal vez por medio del artículo 64 de nuestras reglas o mediante alguna otra mo-ción hecha oportunamente para que la exposición del caso sea devuelta con el objeto de reformarla. Una petición como ésta hecha en el mismo caso en apelación quizás sería el me-jor modo de probar la necesidad de tal reforma.

Debe anularse el auto sin perjuicio- del derecho del pe-ticionario para solicitar algún otro remedio en el caso mismo en apelación.

Anulado el auto expedido.'

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Guadalupe et al., Demandantes y Apelados, v. The Porto Rico Railway, Light & Power Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre daños y perjuicios (resolución negatoria de traslado).
    No. 2743.
    Resuelto en marzo 9, 1923.
    Traslado del Pleito — Residencia del Demandado — Lugar de la Celebración del Juicio. — Como una corporación de servicio público que suministra luz eléctrica a distintos pueblos no es.un comerciante a los efectos del párrafo segundo del artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil, tiene derecho, a solicitar que el caso sea trasladado al distrito de su residencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. H. Brown.

    Abogados de los apelados: Sres. F. Cervoni y H. G. Molina.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción personal sobre daños y perjuicios por las quemaduras sufridas por el demandante y que se alega fueron originadas por la negligencia de la demandada.

La demandada establece apelación contra una resolución que declara sin lugar una moción de traslado la cual se ba-saba en tener dicha demandada su residencia en San Juan.

La teoría de la corte inferior era que la demandada es un comerciante que tiene “establecimientos mercantiles en diferentes distritos judiciales” según el alcance y significado del artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Alega la demanda que la demandada suministra la luz eléc-trica que se consume en la ciudad de Humac'ao, donde tiene establecida una agencia de sus negocios.

En el tomo 27 de Cyc., página 478, encontramos la si-guiente definición de la palabra comerciante:

“COMERCIANTE: Estrictamente un comprador, pero por exten-sión, uno que compra para vender, o compra y vende; uno cuyo ne-gocio es comprar y vender mercancías y que bace ambas cosas, no de vez en cuando o incidentalmente, sino babitualmente y como un ne-gocio; el que se ocupa en el negocio de comprar artículos de comercio y volverlos a vender con el fin de obtener una ganancia; el que se dedica a la compra-venta de géneros; una persona que compra efep-tos para venderlos otra vez; una persona que se dedica a un negocio que requiere la compra de artículos que han de volverse a vender, ya en la misma o en una condición mejor; un negociante en mercan-cía; un negociante en géneros, artículos y mercancía, que los tiene a manos para la venta y actual entrega; uno que negocia en la compra de efectos; un traficante; cualquier negociante o traficante; uno que compra y trafica con cualquier cosa; uno que realmente se dedica al negocio de comerciante; un traficante; uno que trafica comprando y vendiendo o cambiando efectos o cualquier mercancía; uno que co-mercia en, o que compra y vende efectos y artículos; uno que trafica o sostiene negocio.

Y en la página 1232 del tomo 11 de Corpus Juris, encon-tramos lo siguiente:

“COMERCIANTE: En la ley española, comerciante, cuya condi-ción legal se fija más determinadamente que en la ley Anglo-Americana. De acuerdo con el vigente Código de Comercio Español la pa-labra ‘comerciante’ puede comprender individuos con capacidad legal para el comercio que se dedican al mismo habitualmente y las aso-ciaciones comerciales o industriales (sociedades o corporaciones) or-ganizadas de conformidad con dicho código.”

El artículo 1 de nuestro Código de Comercio prescribe lo siguiente:

“Artículo 1. — -Son comerciantes para los efectos de este Código:
“1. Los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente.
“2. Las compañías mercantiles o industriales que se constitu-yeren con arreglo a este Código.”

El artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil es una copia literal del 65 del Código Español pero el artículo 66 de la ley anterior fné omitido al elegir las disposiciones que de él fueron llevadas al Código de Idaho adoptado en el año 1904.

Estas dos secciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, prescriben lo siguiente:

“Art. 65.- — El domicilio legal de los comerciantes, en todo lo que concierne a actos o contratos mercantiles y a sus consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales.
“Los que tuvieren establecimientos mercantiles a su cargo en diferentes partidos judiciales podrán ser demandados por acciones personales en aquel en que tuvieren el principal establecimiento, o en el que se hubieren obligado, a elección del demandante.”
“Art. 66. — El domicilio de las compañías civiles y mercantiles será el pueblo que como tal esté señalada en la escritura de sociedad o en los estatutos por que se rijan.
“No constando esta circunstancia, se estará a lo establecido res-pecto a los comerciantes.
“Exceptuarme de lo dispuesto en los artículos anteriores las compañías en participación, en lo que se refiera a los litigios que puedan promoverse entre los asociados, respecto a los cuales se estará a lo que prescriben las disposiciones generales de esta ley.”

Según el criterio que formamos del asunto, la cuestión de si bajo la anterior práctica fue o no alguna vez aplicado el segundo párrafo del artículo 65 en el caso de cualquier cor-poración el domicilio de la cual se fija en la escritura de so-ciedad o en sus estatutos, no es necesario que sea ahora dis-cutida.

El párrafo i del artículo 65 se limita expresamente a cuestiones relativas a actos o contratos mercantiles “y a sus consecuencias.” Es tal vez más que dudoso si las “ac-ciones personales” a que se refiere el párrafo segundo ja-más tuvieron por objeto incluir la acción en reclamación de daños y perjuicios por lesiones personales que se alega fue-ron causadas por negligencia y que para nada se relaciona con ninguna transacción comercial o relación contractual. Los dos párrafos guardan una relación más íntima en la ver-sión Española que en la traducción al Inglés. En el texto Español las palabras con que empieza el párrafo segundo y que ban sido traducidas por “persons who” son las pala-bras los que (aquellos quienes), refiriéndose claramente a los comerciantes a que se bace mención en el párrafo que precede. También la frase en Inglés “where the obligation was incurred” parece ser algo más general que la referencia del texto Español al partido judicial “en el que se hubieren obligado.”

Por regla general el lugar para la.1 celebración del juicio en acciones personales ya se establezcan solamente en recla-mación de daños o no, lo determina la residencia del deman-dado y no debe dársele mayor alcance, por virtud de una in-terpretación demasiado liberal, a la excepción contenida en el artículo 78 del Código de Enjuiciamiento 'Civil. El espíritu y propósito de todo el Capítulo sobre el lugar de la cele-bración del juicio es que todas las acciones deben celebrarse en el lugar donde reside el demandado con excepción única-mente de aquellos casos excepcionales claramente definidos por prescripciones específicas del estatuto. Véase el caso de Baker, Carver and Morell v. Healy & Siebert, resuelto en febrero 23, 1923, (pág. 556).

Pero aparte de todo esto estamos convencidos de que en la demanda ni siquiera se alega que el demandado es un comerciante, o que tiene un. establecimiento comercial en Hu-macao.

Una agencia de sus negocios no es necesariamente un es-tablecimiento comercial. Y si una corporación de servicio público que suministra luz eléctrica a un pueblo- y tiene una agencia de sus negocios en tal localidad es un comerciante, entonces a fortiori, una compañía de ferrocarriles que tiene una estación y vende billetes para viajar en cualquier comu-nidad particular es a la vez un comerciante. A falta de au-toridades, o de un razonamiento muy convincente para sos-tener la teoría propuesta por la corte inferior, nos vemos obligados a sustentar un criterio contrario.

El caso de Oliver v. Jayuya Development Co., 24 D. P. R. 834, único caso que ba sido citado por la corte inferior, no es de aplicación. Esa fué una acción por daños y perjuicios causados a la propiedad inmueble y la sentencia se basó cla-ramente en ese motivo sin resolver ninguna otra cuestión.

Debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la resolución apelada y declarada con lugar la moción de traslado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por homicidio voluntario.
    No. 1965.
    Resuelto en marzo 12, 1923.
    Acusación — Jurisdicción—Objeciones a la Acusación Tardías. — La objeción a la jurisdicción de la corte porque del la transcripción no apareee la firma del presidente del gran jurado que debió endosar como fundada la acusa-ción, ni la del secretario de la corte, carece de mérito cuando se levanta por primera vez en apelación y con mayor motivo en el presente caso en que la transcripción, certificada por el secretario, comienza así: “En el primer término de sesiones de esta corte de distrito, que comenzó el día primero de octubre de 1921, tuvo lugar la vista del presente caso, procedente del Gran Jurado de este distrito, y siendo juez de esta corte el Hon. * * * ”
    Juicio por Jurado — Jurado Incompetente — Nuevo Juicio. — En el presente caso, al ser rendido veredicto de culpabilidad, el aeusado alegó la nulidad del mismo y pidió nuevo juieio fundándose en que uno de los jurados había formado parte del gran jurado que endosó la acusación. Denegada la moción, se re-solvió: que alegando el acusado bajo juramento que no tuvo conocimiento de la irregularidad hasta el momento que hizo la impugnación, y no exis-tiendo en los autos nada que demuestre lo contrario, procede la concesión de un nuevo juieio.
    Los becbos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sr. B. Martínez Nadal y Sra. H. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Formulada acusación contra Saturnino Martínez (a) Tuní, imputándole la comisión de un delito de asesinato, alegó el acusado su inocencia y pidió juicio por jurados. Cele-brado el juicio, el Jurado rindió un veredicto de culpable de homicidio voluntario. Solicitó el acusado un nuevo juicio. La corte lo negó y dictó sentencia condenando a Martínez a sufrir dos años de presidio. No conforme Martínez apeló para ante este tribunal de la negativa y de la sentencia, se-ñalando en su alegato tres errores, cometidos, a su juicio, por la corte, 1°., al actuar sin jurisdicción; 2°., al aceptar como bueno un veredicto nulo, y 3°., al condenar al acusado.

1. Sostiene el apelante que la corte actuó sin jurisdicción porque de la transcripción no aparece la firma del Presi-dente del Gran Jurado que debió endosar como fundada la acusación, ni tampoco aparece la firma del secretario de la corte de distrito.

La sección 25 de la Ley No. 58 de 1919, estableciendo el Gran Jurado, en lo pertinente, dice:

“Sección 25. — Si el Gran Jurado encontrare motivos para acusar en cualquier caso, endosará la acusación presentada por el fiscal en esta forma: ‘acusación fundada,'’ fecba y firma del presidente del jurado. * '* * ”

Examinada la transcripción no aparece, en efecto, al pie de la acusación el endoso del Gran Jurado con la firma del presidente, ni diligencia alguna de archivo por parte del se-cretario.

La transcripción, certificada por el secretario de la corte de distrito, comienza así: “En el primer término de sesio-nes de esta corte de distrito, que Comenzó el día primero de octubre de 1921, tuvo lugar la vista del presente caso, pro-cedente del Giran Jurado de este Distrito, y siendo Juez de esta corte, el Hon. Charles E. Foote.” Se copia entonces la acusación que comienza: “Gran Jurado” y termina con la firma del fiscal. Seguidamente aparece la alegación de inocencia del acusado.

Siendo esto así y levantándose la cuestión por vez pri-mera en apelación, no creemos que tenga mérito alguno. Véanse los casos de El Pueblo v. Aponte, 9 D. P. R. 383, y El Pueblo v. Ayala, 15 D. P. R. 764, en los que se resolvió que la objección contra la acusación por carecer de la firma del fiscal debe hacerse en el tribunal inferior y no por pri-mera vez ante esta corte.

2. Examinemos la cuestión suscitada por el segundo se-ñalamiento de error. El acusado solicitó la concesión de un nuevo juicio basándose en que uno de los jurados había for-mado parte del Gran Jurado que endosó la acusación. La moción jurada del acusado, copiada en lo pertinente, dice:

“1. Que en este caso se imputaba al acusado un delito de asesi-nato en primer grado y el jurado que entendió en la causa trajo un veredicto en contra del acusado de culpable de un delito de ho-micidio voluntario. — 2. Que el peticionario solicita de la Honorable Corte ahora se le conceda la celebración de un nuevo juicio fundán-dose en las razones siguiente: — 1. Que el jurado que entendió en esta causa fué constituido por doce miembros entre los cuales se en-contraba uno que había actuado en el Gran Jurado que entendió e investigó la causa en contra del acusado; hecho éste que impide el que dicho jurado resolviera la causa en manera correcta, concienzuda e imparcial. — 2. Que durante se substanciaba este caso, esto es, al rendir el veredicto el jurado, la defensa del acusado descubrió que ol jurado Genaro Maldonado, que fué uno de los que entendió en el jurado que dió veredicto en este caso, había actuado como miembro del Gran Jurado que investigó los hechos en contra del acusado y ha-biéndose planteado el caso ante la corte la misma resolvió, desesti-mando la proposición del acusado, de que la corte no aceptara el vere-dicto del jurado porque era informal de cuya resolución el acusado tomó excepción. — 3. Que el veredicto en este caso es contrario a dere-cho, por razón de que el jurado que entendió en esta causa estaba constituido solamente por once miembros y no por doce tal como lo expresa la ley, toda vez que uno de los miembros que constituía el pe-queño jurado en este caso, o sea, el Jurado Genaro Maldonado, babía formado parte del Gran Jurado que babía investigado los hechos en contra del acusado, y dicho miembro, Genaro Maldonado, estaba im-pedido y descualificado para servir o entender en este caso como pequeño jurado de acuerdo con lo que establece la sección 55 de la Ley No. 58 de 1919, en donde aparecen las facultades y deberes del Gran Jurado y alega el acusado además en apoyo de su pretensión de que la defensa, en tiempo y forma, o sea, al examinar los jurados para su capacidad preguntó en público 'de si alguno de ellos había formado parte del Gran Jurado que había investigado los hechos que motivaban la acusación en contra del acusado, no habiendo nin-guno de ellos contestado afirmativamente y por el contrario el silencio significó su negativa ante tal pregunta y habiendo estado como es-taba la boleta perteneciente al jurado Genaro Maldonado en el box de donde se extraían las papeletas para el sorteo del pequeño jurado no obstante haber dicho Genaro Maldonado formado parte del Gran Jurado que investigó los hechos contra el acusado en este caso, cues-tión que como antes se alegó se descubrió cuando estaba deliberando el jurado y nunca antes de ese momento. — Y por todo lo alegado se suplica de la Honorable Corte se sirva conceder un nuevo juicio al acusado. ’ ’

La corte negó el nuevo juicio, así:

“La corte resuelve que la sección 55 de la Ley No. 58, del año 1919 estableciendo el Gran Jurado en Puerto Rico, no prohibe que una persona que hubiere tomado parte en las deliberaciones sobre un cargo contra un acusado de la comisión de un delito pueda des-pués servir como miembro del pequeño jurado en el juicio que se celebre contra dicha persona por la comisión del mismo delito, sino que le hace incompetente para actuar en el juicio’ al igual de las demás personas comprendidas en el artículo 187 del Código de En-juiciamiento Criminal, y si se acepta por el acusado, no puede después del veredicto hacer ninguna objeción por este fundamento. La corte debe aclarar que si bien por la defensa se hizo una pregunta general a todos los jurados, al ser examinados respecto a su capacidad para servir como jurados, si alguno de ellos había formado parte del G-ran Jurado, también es verdad que las circunstancias del caso no fueron explicadas anteriormente de hacer dicha pregunta. Por este motivo la corte desestima la moción de nuevo juicio.”

La sección 55 de la citada ley No. 58 de 1919, dice:

“Ningún miembro del Gran Jurado que hubiere tomado parte en la deliberación sobre un cargo contra una persona acusada de la comisión de un delito, podrá después servir como miembro del pe-queño jurado en el juicio que se celebre contra dicho acusado por la comisión del mismo delito.”

A nuestro juicio el precepto de ley que antecede es termi-nante. El derecho del acusado resultaba claro y debió ser reconocido por la corte y al no hacerlo así, cometió el error que se le atribuye. No es necesario que decidamos ahora el efecto que tendría el hecho de que el acusado tuviera cono-cimiento de la participación del jurado en el Gran Jurado con anterioridad al veredicto y nada gestionara hasta después del veredicto, pues en este caso la moción jurada alega que el acusado no tuvo conocimiento hasta el momento en que hizo la impugnación y nada hay en los autos que demuestre lo contrario.

En cuanto al tercer error, diremos que la prueba fué con-tradictoria. 'Siendo esto así, el recurso debe resolverse por el segundo error, revocarse la sentencia y la orden apeladas y ordenarse la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia y orden apeladas y or-denado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.