text:
    Iris Nilda Moreno Martínez, apelada, v. Carmen Martínez Ventura, Rafael A. Moreno Vélez et al., apelantes.

      Número: AC-2005-008

      Resuelto: 28 de junio de 2006

      Fernando J. Nieves Camacho, abogado de la parte apelante; Héctor A. Sosa González, abogado de la parte apelada.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión para determinar si resulta nulo un testamento abierto en el cual la identificación del testador por conocimiento del notario autorizante es precedida por una identificación a través de los medios supletorios dispuestos en la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley).

I

Rafael Moreno Visbal falleció el 18 de junio de 1998, luego de haber otorgado un testamento abierto el 27 de abril de 1997 ante el notario Juan A. Méndez Miranda. En el referido testamento, Moreno Visbal nombró herederos en cuanto al tercio de legítima estricta a sus hijos Iris N. Moreno Martínez (recurrida) e Israel Moreno Martínez. En cuanto a los tercios de mejora y libre disposición, designó herederos, respectivamente, a su nieto Rafael A. Moreno Vélez y a su esposa Carmen Martínez Ventura (peticionarios).

Al principio del referido testamento, el notario expresó, en lo pertinente:

....................COMPARECE--------------------DE UNA SOLA PARTE: DON RAFAEL MORENO VISBAL, mayor de edad, casado... propietario, vecino y residente de Rincón Puerto Rico ... identificado con licencia número (268391)..................... DOY FE de haberme asegurado de la identidad del compareciente por los medios establecidos en el Artículo diecisiete (c) [17(c)] de la Ley Notarial .... Apéndice, pág. 104.

No obstante, al final del testamento el notario expresó lo siguiente:

—Del conocimiento, profesión y vecindad de el (sic.) otorgante ... DOY FE.-----------------------------------------------------------------(Énfasis suplido.) Id., pág. 107.

El 10 de marzo de 1999 la recurrida presentó una demanda sobre división de bienes hereditarios ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. La demanda fue enmendada el 17 de junio de 2003 para ale-gar que el testamento en cuestión era nulo debido a que el notario no había dado fe en éste de conocer personalmente al testador ni de haber suplido esa falta conforme a alguno de los medios dispuestos en la Ley.

El 25 de junio de 2003 los peticionarios contestaron la demanda enmendada y adujeron que el testamento era válido, ya que de éste surgía claramente que el notario autorizante conocía personalmente al testador. Además argumentaron que tal conocimiento era un hecho de fácil constatación porque anteriormente el testador y su esposa habían otorgado varias escrituras ante el referido notario. La recurrida presentó poco después una moción de sentencia sumaria parcial, a la cual los peticionarios se opusieron.

El 11 de febrero de 2003 el Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía en este caso una genuina controversia de hechos que ameritase la celebración de una vista en su fondo, por lo que dictó una sentencia sumaria parcial y decretó la nulidad del testamento en cuestión. Sostuvo el foro de instancia que el hecho de que el notario hubiese identificado al testador mediante uno de los medios supletorios autorizados por la Ley —su licencia de conducir— implicaba que no lo conocía personalmente. Sin embargo, no mencionó la antes señalada dación de fe sobre el conocimiento del testador al final del testamento. Los peticionarios presentaron una moción de reconsideración ante el foro de instancia, la cual fue declarada “no ha lugar”.

Así las cosas, los peticionarios recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la determinación apelada mediante una sentencia de 29 de octubre de 2004. El Tribunal de Apelaciones coincidió con el foro de instancia en cuanto a que el notario autorizante del testamento en cuestión desconocía la identidad del testador. Además, estuvo de acuerdo con que ese notario no había cumplido con el requisito de hacer constar expresamente que no pudo identificar al testador mediante conocimiento directo o a través de testigos de conocimiento, antes de acudir al método supletorio de identificación mediante documentos.

Inconformes con la anterior determinación, y luego de que el foro apelativo les denegara una moción de reconsideración, los peticionarios acudieron oportunamente ante nos y plantearon el siguiente señalamiento de error:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que concluyó que el Testamento abierto otorgado por el causante Rafael Moreno Visbal es nulo “[a]b-[i]nitio”, por no haberse supuestamente observado en él, las formalidades relacionadas con la identificación del Testador. Apelación, pág. 3.

El 29 de abril de 2005 expedimos el auto de certiorari solicitado y el 16 de junio de 2005 concedimos a la parte recurrida un término de 30 días para presentar su alegato. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. Formalidades testamentarias

Históricamente el quehacer jurídico mortis causa ha sido investido de mayores formalidades que los negocios inter vivos y éstas han sido interpretadas con mayor rigor que las formalidades contractuales. E. González Tejera, Análisis del término 2002-2003 Tribunal Supremo de Puerto Rico: derecho de sucesiones, 73 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 767, 777 (2004). Es sabido que en materia de testamentos algunas de las formas prescritas por ley son requisitos solemnes cuyo incumplimiento conlleva la nulidad del instrumento público en cuestión. “Puede decirse que el testamento es el documento adornado de mayor cantidad de formalidades, de las cuales muchas de ellas, son esenciales para su propia validez ...” J.I. Cano Martínez De Velasco, Solemnidades y formalidades de los testamentos, según doctrina del Tribunal Supremo, Núms. 101-102 Rev. Der. Not. 139 (julio-diciembre 1978).

No obstante, y a pesar de la innegable importancia de algunas de las formalidades requeridas por el Código Civil en materia testamentaria, al exigir su cumplimiento debemos tener en cuenta que éstas “responden, en gran medida, a las realidades sociales de la España de fines del siglo XIX’. (Enfasis suplido.) González Tejera, supra, pág. 778. Por esa razón, en diversas ocasiones nos hemos visto en la necesidad de atemperar las referidas formalidades para ajustarlas a las cambiantes realidades de nuestra sociedad. Así, citando a Clemente De Diego, hemos dicho que “en principio, [las formalidades cuya inobservancia conlleva la nulidad del testamento] no deben ser más ni menos que las precisas para hacer auténtica, segura y permanente la última voluntad [del testador]”. (Enfasis suplido.) Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 752 (1954). Por ende, “no [se] da igual valor a todas las solemnidades del testamento ni [se] admite que la falta de cualquiera de ellas, lleve siempre aneja la sanción de nulidad del acto”. Id. Por el contrario, cuando los tribunales nos encontramos ante un testamento que omite alguna formalidad, debemos ejercer nuestro “buen criterio, dada la naturaleza y significación de aquél, [teniendo] en cuenta la índole de dich[a] formalidad] para apreciar, con relación a su trascendencia, el límite dentro del que pueden conceptuarse cumplí das, armonizando así la voluntad conocida de un testador con los requisitos externos de su expresión”. (Enfasis suplido.) íd., págs. 752-753 (citando a Castán Tobeñas y a Manresa).

Con estos criterios en mente, hemos señalado de manera reiterada que no toda omisión en que incurra un notario al otorgar una escritura de testamento lo vicia de nulidad. Cintrón v. Cintrón, 70 D.P.R. 770 (1950); Morales v. Registrador, 35 D.P.R. 905 (1926); Berdeguez v. El Registrador, 27 D.P.R. 214 (1919). La jurisprudencia española ha llegado a la misma conclusión:

[E]xisten algunas sentencias que atenúan el rigor de las solemnidades cuya concurrencia exige la ley en el acto de otorgamiento ... no se trata de posibles contradicciones doctrinales porque la introducción de cierta flexibilidad siempre se funda en criterios de equidad y éstos tienen su justificación en circunstancias especiales de cada caso. (Enfasis suplido.) J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. V, Vol. II, pág. 48. Véase, además, G. Boehmer, El derecho a través de la jurisprudencia: su aplicación y creación. (J. Puig Brutau, trad.) Barcelona, Ed. Bosch, 1959, págs. 213-219.

Hace ya más de cinco décadas distinguimos entre las formalidades testamentarias que constituyen requisitos de fondo y las que son requisitos de forma. Paz v. Fernández, supra. Tanto las formalidades de fondo como las de forma tienen que ser cumplidas para que el testamento sea válido. No obstante, el cumplimiento de las primeras tiene que surgir expresamente de la faz de la escritura del testamento o éste será nulo ab initio. Por el contrario, la omisión de hacer constar específicamente el cumplimiento de las formalidades de forma puede ser subsanada mediante la dación de fe general en cuanto a que se han cumplido todas las formalidades requeridas por ley.

Por otra parte, al discutir el tratamiento que el Tribunal Supremo de España ha dado a las formalidades testamentarias, Puig Brutau comenta lo siguiente:

[/Incluso en esta materia tan formal se ha manifestado, en Derecho español, la lucha entre el Derecho estricto y la equidad. Una observación atenta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo permite advertir que por lo general se afirma el rigor de los preceptos que imponen solemnidades y exigen requisitos en el otorgamiento de los testamentos, pero que a veces también se valoran ciertas circunstancias que aconsejan el ejercicio de cierto arbitrio de equidad. (Enfasis suplido.) Puig Brutau, op. cit, pág. 45.

Es en el contexto de la inevitable tensión entre el “derecho estricto” y la equidad que los tribunales debemos evaluar constantemente el alcance del Art. 636 del Código Civil, que dispone: “Será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas ....” 31 L.P.R.A. see. 2152.

No debemos perder de perspectiva que la principal razón de ser de las formalidades testamentarias es proteger la voluntad del testador, “ya que una vez muerto no es posible una investigación directa sobre la misma”. Cano Martínez De Velasco, supra, pág. 139. Es precisamente para proteger dicha voluntad que la Ley requiere de manera estricta a los notarios que sigan ciertas formalidades al autorizar testamentos. No obstante, aun en materia testamentaria, los jueces debemos estar alertas ante los peligros inherentes a lo que podríamos llamar el culto a la forma:

El juez deberá —como en cualquiera interpretación— enfocar todas las “circunstancias del caso”, la situación completa, la escritura del testamento en su totalidad, tal como el comercio social lo hace ....
... [N]o estaría demás [sic] tampoco advertir que la interpretación de todas las leyes, sin excluir los preceptos de forma, se ha de atener, ante todo, al sentido que sea “más conforme a las necesidades de la vida”, y que estas formas, como todas las formas, no son fines en sí y que el más alto deber del juez es hacer que los negocios jurídicos de las partes no se estrellen contra estos preceptos ....
No obstante ...se nota hoy una exageración, muchas veces monstruosa, de la importancia de la forma, y precisamente en estos preceptos de forma que rigen en materia de testamentos. (Énfasis suplido.) E. Danz, La interpretación de los negocios jurídicos, 3ra ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1955, págs. 370-371.

B. La identificación del testador

El notario autorizante de un testamento tiene la importante responsabilidad de identificar al testador. Así lo requieren los Arts. 634 y 635 del Código Civil, que disponen, en lo pertinente, lo siguiente:

El notario y dos de los testigos que autoricen el testamento deberán conocer al testador, y si no lo conocieren, se identificará su persona con dos testigos que lo conozcan y sean conocidos del mismo notario y de los testigos instrumentales. 31 L.P.R.A. see. 2150.
Si no pudiere identificarse la persona del testador en la forma prevenida en la sección que precede, se declarará esta circunstancia por el notario ... reseñando lo[s] documentos que el testador presente con dicho objeto y las señas personales del mismo.
Si fuere impugnado el testamento por tal motivo, corresponderá al que sostenga su validez la prueba de la identidad del testador. 31 L.P.R.A. see. 2151.

La importancia de una adecuada identificación de la persona que acude ante un notario para otorgar un testamento es obvia: “Dejar sin identificar debidamente al testador sería tanto como admitir la posibilidad de que alguien dispusiera de un patrimonio ajeno, con el riesgo de que ello sucedería precisamente cuando el verdadero titular ya no podría reclamar por haber fallecido”. Puig Brutau, op. cit., pág. 65. Por ende, no se trata de un asunto en el que los requisitos de forma consagrados en el Código Civil sean anacrónicos. Ya hemos señalado que “[a]unque en la práctica ... el descargo y la observancia de la fe de conocimiento conlleva ciertas dificultades reales, lógica y legalmente continúa fundamentada en consideraciones sólidas: evitar la usurpación de la personalidad de otro e imprimirle legitimidad presuntiva al instrumento”. In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441, 463 (1982).

El principal método para la identificación del testador es mediante el propio conocimiento del notario. Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831 (1979). Por consiguiente, tanto la identificación mediante testigos de conocimiento, como la identificación mediante reseña de documentos y señas personales, son métodos supletorios a los que sólo se debe acudir si el notario no conoce al testador. Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003).

Como vemos, en circunstancias ideales el notario que autoriza un testamento debe conocer al testador, pero si no es así, los referidos artículos del Código Civil proveen otros dos métodos para que el letrado descargue su obligación de identificar a la persona ante sí. No obstante, si el notario en efecto conoce al testador, tiene la obligación de hacerlo constar expresamente en la escritura. Dicha obligación no surge de los citados Arts. 634 y 635, supra, sino del Art. 649 del Código Civil, que dispone en lo pertinente: “El notario dará fe, al final del testamento, de haberse cumplido todas las dichas formalidades y de conocer al testador o a los testigos de conocimiento en su caso.” (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 2186.

Ill

Según señalado anteriormente, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones concluyeron que el notario Juan A. Méndez Miranda no conocía personalmente al señor Moreno Visbal al momento de autorizar el testamento abierto de éste. Los foros a quo llegaron a dicha conclusión enfatizando que el notario corroboró la identidad del testador mediante los medios establecidos en el Art. 17(c) de la Ley, 4 L.P.R.A. see. 2035. Consideraron los foros recurridos que, al no hacer constar que le fue imposible identificar al testador mediante conocimiento personal antes de emplear los referidos medios supletorios de identificación, el notario violó las antes citadas disposiciones del Código Civil que regulan la forma de los testamentos. Es por eso que los foros a quo entendieron que el testamento en cuestión era nulo. Erraron al así resolver.

Si el notario autorizante del testamento ante nos hubiese obviado por completo el requisito de dar fe en cuanto a su conocimiento del testador, el resultado del caso de autos estaría sujeto a lo resuelto en Beliz et ais. v. Igartúa et ais., supra. Sin embargo, no estamos ante esa situación. En el caso de autos, el notario autorizante aseguró bajo su fe notarial, al final del testamento, que conocía al testador según requiere el antes citado Art. 649 del Código Civil.

Cierto es que en el testamento ante nos aquí el notario Méndez Miranda empleó de manera innecesaria uno de los medios supletorios de identificación dispuestos en la Ley. Aparentemente el referido letrado actuó bajo la premisa errónea de que, en materia de formalidades testamentarias, aplica el refrán popular: para que falte, mejor que sobre. No obstante, como habíamos adelantado, al analizar como un todo el testamento ante nuestra consideración, es claro que fue incorrecta la determinación de nulidad de los foros recurridos. La redundancia aludida no constituye un error de tal magnitud que justifique o requiera la medida drástica de declarar que el testamento es nulo.

En materia de interpretación testamentaria, el criterio primordial que rige es la salvaguarda de la última voluntad del testador. Cuando los tribunales nos encontramos con que el notario autorizante de un testamento no ha cumplido a cabalidad con alguna de las formalidades requeridas por la Ley, debemos indagar cuál es el propósito o función social de dicha solemnidad y si su omisión es tan grave que tiende a menoscabar la garantía sobre la sinceridad o autenticidad del testamento. La voluntad del testador —aunque conocida e indubitada— no es la única consideración que debe ser atendida por los tribunales. Algunas formalidades por su propia naturaleza son de carácter esencial. Pero en derecho es claro que unas formalidades tienen mayor importancia que otras, por lo que no debemos exigir el cumplimiento de todas so pena de nulidad del testamento. Así, se ha señalado que

[e]ntre el principio de seguridad jurídica —que se quiere salvaguardar mediante el estricto sometimiento a la forma— y el respeto a la voluntad del testador, ésta queda supeditada a aquélla. Pero el riguroso precepto de que cualquier defecto de forma, por nimio que sea, haya de originar la nulidad del testamento, aunque no exista duda sobre la voluntad real del testador, puede resultar a veces excesivamente radical, cuando el requisito inobservado o defectuosamente cumplido no responda a una finalidad práctica suficientemente justificada por la necesidad de garantizar la sinceridad o autenticidad del testamento. (Enfasis suplido.) J. Ossorio Morales, Manual de Sucesión Testada, Madrid, Ed. Inst, de Estudios Políticos, 1957, pág. 467.

Los tribunales debemos ser particularmente cuidadosos al atribuirle significado a las expresiones que los notarios vierten en los testamentos que autorizan. En ese sentido, anteriormente hemos expresado que “no ha sido el ánimo del legislador que para hacer constar los requisitos externos del testamento, vengan los notarios obligados a sujetarse a la forma y vocablos usados en los preceptos de la Ley”. Rodríguez Sardenga v. Soto Rivera, 108 D.P.R. 733, 735 (1979), opinión del Juez Asociado Señor Martín. Véanse, además: íd., pág. 769, opinión del Juez Asociado Señor Negrón García; Vivaldi v. Registrador, 86 D.P.R. 629, 641 (1962); Paz v. Fernández, supra, pág. 749. Acorde con esa línea de pensamiento, un comentarista ha señalado que

... para que se entiendan cumplidos los requisitos externos no es preciso sujetarse a la forma y vocablos usados en los preceptos legales, debiendo tenerse en cuenta la índole de las formalidades de que se trata para apreciar, con relación a su trascendencia, el límite dentro del cual pueden estimarse cumplidas, armonizando así la voluntad conocida del testador con los requisitos externos de su expresión. (S. 11 febrero 1929, confirmatoria del criterio de la de 30 abril 1909). J. Santamaría Ansa y J.L. Santamaría Cristóbal, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1958, Vol. I, pág. 705.

Somos conscientes de que el incumplimiento de los requisitos de forma en materia testamentaria es un problema recurrente en nuestra jurisdicción. Es de suma importancia que los notarios cumplan con los diversos requisitos de forma que la Ley les impone para la preparación de documentos públicos. Esto resulta particularmente apremiante cuando está en juego la última voluntad de una persona, ya que si surge una controversia en torno a la validez del documento, ésta no estará disponible para aclararla. Sin embargo, anular un testamento a la menor provocación para que los notarios aprendan su lección puede ser equivalente a matar al paciente para curar la enfermedad. No menospreciamos la necesidad de que los notarios ejerzan sus funciones cabalmente. Pero no podemos anteponer esa necesidad sobre la norma rectora sucesoral de hacer valer la clara voluntad del testador en casos como el de autos. En resumidas cuentas, el ejercicio cabal de la notaría aquí es sólo un medio para lograr la protección de la integridad testamentaria, y no al revés.

Concluimos que, en casos como el de autos, cuando el notario autorizante combina un medio supletorio para identificar al testador con una dación de fe en torno al conocimiento del testador —a diferencia de cuando no realiza dación de fe alguna— los tribunales deberán cerciorarse de si en efecto el notario conocía personalmente al testador, antes de resolver si el testamento es nulo o no. De esta manera se procura lograr un justo balance entre los meritorios propósitos del articulado del Código Civil que requiere la dación de fe sobre el conocimiento personal del testador y la principal razón de ser de todas las solemnidades testamentarias, esto es, hacer valer la última voluntad del testador.

En el caso de marras existe suficiente evidencia en el expediente para concluir que, en efecto, el notario autorizante del testamento conocía personalmente al señor Moreno Visbal y que eso fue lo que intentó comunicar al dar fe del “conocimiento, profesión y vecindad” del otorgante. Según surge del expediente, el notario Juan A. Méndez Miranda había autorizado anteriormente varias escrituras sobre segregación y donación en las que comparecieron el señor Moreno Visbal y su esposa la señora Martínez Ventura. Por ende, resulta evidente que el notario conocía personalmente al testador. Abona a dicha conclusión el hecho de que la parte recurrida no alegó en ningún momento que el notario no conocía al testador, sino que se limitó a señalar la supuesta falta de dación de fe al respecto como un defecto que acarreaba la nulidad del testamento.

Por los fundamentos expresados anteriormente, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se ordena dictar sentencia en conformidad con lo aquí resuelto, reconociendo la validez del testamento del Sr. Rafael Moreno Visbal.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió, pues entiende que el Tribunal, al avalar el testamento en controversia en el presente caso, lamentablemente ha abaratado y desequilibrado la práctica de la notaría en nuestra jurisdicción, razón por la cual se reserva el derecho a emitir una opinión disidente, en etapa de reconsideración, si es que ésta se solicita. El Juez Presidente Señor Hernández Den-ton no intervino.

       En cuanto a la identificación mediante reseña de documentos y señas personales, el Art. 17 déla Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2035, dispone, en lo pertinente:
      “Serán medios supletorios de identificación, en defecto del conocimiento personal del notario:
      “(e) La identificación por documento de identidad con retrato y firma, expedido por las autoridades públicas competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de uno de los estados de la Unión, cuyo objeto sea identificar a las personas o por pasaporte debidamente expedido por autoridad extranjera.” (Enfasis suplido.)

       El Tribunal de Primera Instancia ordenó, además, que se procediera a tramitar la correspondiente declaratoria de herederos.

       En Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003), este Tribunal resolvió que la dación de fe en torno al conocimiento del testador es un requisito de fondo, y por ende, si el notario autorizante de un testamento conoce al testador pero no lo hace constar expresamente en la escritura, el testamento es nulo ab initio. Se señaló además que en esos casos no se puede presentar prueba para demostrar dicho conocimiento. Sin embargo, como veremos más adelante, el testamento ante nos en el caso de autos es distinto al del caso referido.

       Cabe señalar que el notario en cuestión no especificó que su conocimiento del testador era “personal”. Dicha salvedad, aunque deseable para aclarar lo que el notario quiere comunicar, no es requerida por los artículos pertinentes del Código Civil.

       La confusión es confirmada en la Réplica a la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. En ésta, los peticionarios argumentaron que a pesar de que “el notario otorgante manifestó ex-presamente conocer personalmente al Testador, indicó el número de su licencia de conducir para atestiguar que también lo identificó de tal forma; todo ello en cumplimiento del Art. 17-(c) de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y el Art. 634 del Código Civil...” Apéndice de la Apelación, pág. 130.

       Véase E. González Tejera, Análisis del Término 2002-2003 del Tribunal Supremo de Puerto Rico: derecho de sucesiones, 73 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 767, 781 (2004).

       Para llevar a cabo dicho análisis los tribunales podrán considerar cualquier evidencia admisible y pertinente, sin tener que limitarse al texto del testamento en cuestión, ya que es precisamente de éste que surge la duda. Al así disponer fomentamos que el juzgador pueda adquirir “por el conjunto de todas las pruebas practicadas, el convencimiento íntimo de que se dio cumplimiento a la identificación del testador F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, póg. 210. Véanse, además: J. Santamaría Ansa, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1958, Vol. I, pág. 703, citando las Sentencias de 27 junio 1917 y 12 junio 1926; A. Coello Gallardo, Sucesiones: comentarios a los artículos del Código Civil con la jurisprudencia aplicable y formularios prácticos, Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, págs. 188 y 194, citando las Sentencias de 28 de mayo de 1915 y de 37 de junio de 1917.

       Las referidas escrituras son las siguientes: Escritura Núm. 96 de 1996; Escritura Núm. 169 de 1996, y la Escritura Núm. 8 de 1997.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López. Jueza Asociada Señora Fiol Matta, a la cual se unen el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Supermercados Econo, Inc., recurrido, v. Ignacio Veloz Camejo y María Mercedes Arroyo Torres, peticionarios.

      Número: CC-2004-1208

      Resuelto: 28 de junio de 2006

      Orlando Martínez Sotomayor, abogado parte peticionaria; Jaime Bruñeras y María Teresa Figueroa, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Los hechos del presente caso son los siguientes. Supermercados Econo, Inc. presentó una demanda en cobro de dinero contra los peticionarios, el Sr. Ignacio Veloz Camejo, la Sra. María M. Arroyo Torres y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por éstos. Los peticionarios, a su vez, presentaron una demanda contra tercero contra Inmobiliaria Econo, Inc. e Inmobiliaria Econo, S.E. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial en la que se desestimó la demanda contra tercero. Esta sentencia fue notificada y archivada en autos el 6 de abril de 2004.

Oportunamente, el 12 de abril de 2004 los peticionarios solicitaron una reconsideración. El 6 de mayo de 2004, a los 30 días de haberse notificado la sentencia parcial, el Tribunal de Primera Instancia acogió para estudio la moción de reconsideración de los peticionarios y también una oposición que habían presentado los terceros demandados. Sin embargo, esta resolución fue notificada y archivada en autos el 14 de mayo de 2004, 8 días después de haberse emitido la Resolución y 38 días después de haberse notificado la sentencia parcial.

El 16 de agosto de 2004 el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de reconsideración. Dicha resolución fue notificada y archivada en autos el 30 de septiembre de 2004. Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 1 de octubre de 2004. Éste sería el último día hábil para presentar su recurso si se toma como punto de partida el día en que se notificó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de reconsideración.

El Tribunal de Apelaciones se negó a expedir el auto de certiorari de los peticionarios porque concluyó que el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional. Entendió el tribunal que la moción de reconsideración no había interrumpido el término jurisdiccional, pues aunque el tribunal de instancia acogió la reconsideración de los peticionarios dentro del término dispuesto en las reglas, su decisión se notificó después que éste había transcurrido. Por esta razón, el Tribunal de Apelaciones resolvió que el término para solicitar el certiorari había vencido el 6 de mayo de de 2004, esto es, 30 días después de haberse notificado la sentencia parcial. Sostuvo su decisión en que a partir de Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003), para interrumpir el término jurisdiccional, se requiere que tanto la decisión del tribunal de instancia que atiende la reconsideración como la notificación de su resolución a esos efectos, ocurran dentro del término que ese tribunal tiene para actuar. La solicitud de reconsideración presentada por los peticionarios fue denegada.

Los peticionarios acuden ante nosotros para señalar que el Tribunal de Apelaciones erró al entender que el recurso se presentó tardíamente y por ello haber denegado su petición de certiorari. En apoyo de esta contención argumentan, en esencia, que los efectos de una decisión judicial no pueden estar supeditados a una gestión oficinesca, como es la notificación de las resoluciones de un tribunal, y que la norma establecida en Caro v. Cardona, supra, no aplica a este caso. Luego de examinar detenidamente el asunto, este Tribunal se encuentra igualmente dividido en cuanto a la solución de la controversia presentada en este caso. Por esta razón, se expide el auto, se confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro de instancia para que se continúe con los procedimientos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Juez Presidente Señor Hernández Denton estuvo conforme con la sentencia emitida por este Tribunal por entender que no se debe revocar la norma que se adoptó hace apenas tres años en Caro v. Cardona, supra. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión de conformidad. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión disidente, a la cual se unieron el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

En vista del empate surgido y dado el hecho de que en la sentencia que, como consecuencia del referido empate, se emite en el presente caso no se explica, ni expresa, nuestra posición, esto es, el porqué entendemos procedente confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, me veo en la necesidad de explicar, aunque brevemente, mi posición.

No estamos de acuerdo con la posición asumida en la opinión disidente, que suscriben tres integrantes de este Tribunal, por entender que la norma jurisprudencial establecida en Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003), resulta ser más beneficiosa para la profesión que la norma que endosan con su voto estos tres integrantes del Tribunal.

Un simple ejemplo es todo lo que se necesita para poder percatarse de la corrección de lo antes señalado, a saber:

Bajo la norma vigente —establecida en Caro v. Car-dona, ante— al presentarse en tiempo una moción de reconsideración por cualquiera de las partes, el abogado que piensa acudir en alzada —y que, por ende, está obligado a tener su recurso de apelación listo para presentarse a los 30 días de la fecha de notificación y archivo en autos de la sentencia— de ordinario coteja con la Secretaría del tribunal, pasados los diez días de haberse presentado la reconsideración, si hay alguna acción de parte del juez de instancia. Este abogado vuelve a cotejar con Secretaría, el día número 30, si ha habido alguna determinación. De contestársele en la negativa, éste presenta su recurso ese mismo día. Este recurso nunca podrá ser prematuro; ello en vista de que la notificación, fuera del término de treinta días, no surte efecto alguno.

Bajo la norma propuesta en la opinión disidente, aun cuando Secretaría le informe al abogado, el día número 30, que desconoce de determinación alguna de parte del juez sentenciador —por estar todavía el expediente en el despacho de éste— el recurso que se presente ese día puede re sultar prematuro, por razón de que sería válida una notificación de Secretaría, con posterioridad a haber transcurrido dicho término, referente a una determinación de “último momento” tomada por el juez dentro del mencionado término de treinta días.

De todas maneras, e independientemente de los argumentos que se puedan aducir en apoyo de una u otra posición, lo cierto es que la norma propuesta no elimina los problemas, sino que, cuando menos, causa otros.

Si ello es así, procede que nos preguntemos: por qué revocar una norma ya establecida e implantar una norma que causa otros problemas, esto es, que no resuelve la situación en su totalidad? Hacerlo, en nuestro criterio, resulta ser un ejercicio de futilidad.

Siempre he sido del criterio que, únicamente, hay dos formas, o maneras, mediante las cuales se pueden eliminar totalmente los problemas que presenta esta situación —una por la vía legislativa y, la segunda, por la vía judicial— a saber:

1. La Asamblea Legislativa podría enmendar las Reglas de Procedimiento Civil y disponer que la mera presentación de la moción de reconsideración interrumpe automáticamente el término para acudir al foro apelativo; ello al igual que en relación con la moción en solicitud de determinaciones adicionales de hechos y al igual que en el caso de la moción de reconsideración que se presenta respecto a una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Para eliminar la indeseable práctica de prolongar los pleitos, se puede legislar para, específicamente, autorizar a los tribunales para imponer sanciones si estiman que la moción de reconsideración presentada es frívola.

2. Este Tribunal podría revocar la norma jurisprudencial que establece que el tribunal de instancia puede reconsiderar su actuación, respecto a una moción de reconside ración, siempre que no haya transcurrido el término para recurrir en alzada y que no se haya presentado un recurso. Personalmente no favorezco este curso de acción debido a los fundamentos que correctamente se exponen en la opinión disidente.

En resumen, no favorezco la revocación de la norma establecida en Caro v. Cardona, ante, por razón de que hacerlo no ayuda en nada la situación de los abogados en la práctica de la profesión, lo cual deberá ser nuestro norte siempre.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta, a la cual se unen el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

En Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003), nos expresamos sobre el efecto interruptor de una moción de reconsideración sobre el término jurisdiccional para recurrir en alzada de una sentencia del Tribunal de Primera instancia. Resolvimos que para que se dé ese efecto es necesario no sólo que el tribunal de instancia considere la moción antes de que transcurra el término para ir en alzada o que una de las partes recurra al foro apelativo, sino que además esa determinación del tribunal tiene que notificarse antes de que hayan ocurrido esos eventos procesales. Por las razones que expongo a continuación, disiento de la acción de este Tribunal de confirmar al Tribunal de Apelaciones. Entiendo que debemos revocar nuestras expresiones en Caro v. Cardona, supra, en cuanto a la necesidad de que la decisión del tribunal de instancia que atiende la reconsideración sea notificada dentro del término que tiene el tribunal para actuar, para interrumpir el término jurisdiccional para acudir en alzada.

I

Los hechos pertinentes del presente caso no están en controversia. Supermercado Econo, Inc. presentó una demanda en cobro de dinero contra los peticionarios, el Sr. Ignacio Veloz Camejo, la Sra. María M. Arroyo Torres y la Sociedad de Bienes Ganaciales compuesta por éstos. Los peticionarios, a su vez, presentaron una demanda contra tercero contra Inmobiliaria Econo, Inc. e Inmobiliaria Econo, S.E. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial, desestimando la demanda contra tercero. Esta sentencia fue notificada y archivada en autos el 6 de abril de 2004.

Oportunamente, el 12 de abril de 2004 los peticionarios solicitaron una reconsideración. El 6 de mayo de 2004, a los 30 días de haberse notificado la sentencia parcial, el Tribunal de Primera Instancia acogió para estudio la moción de reconsideración de los peticionarios y también una oposición que habían presentado los terceros demandados. Sin embargo, esta resolución fue notificada y archivada en autos el 14 de mayo de 2004, 8 días después de haberse emitido la resolución y 38 días después de haberse notificado la sentencia parcial.

El 16 de agosto de 2004 el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de reconsideración. Dicha resolución fue notificada y archivada en autos el 30 de septiembre de 2004. Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 1 de octubre de 2004. Éste sería el último día hábil para presentar su recurso si se toma como punto de partida el día en que se notificó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de reconsideración.

El Tribunal de Apelaciones se negó a expedir el auto de certiorari de los peticionarios porque concluyó que el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional. Entendió el tribunal que la moción de reconsideración no había interrumpido el término jurisdiccional, pues aunque el tribunal de instancia acogió la reconsideración de los peticionarios dentro del término dispuesto en las reglas, su decisión se notificó después que éste había transcurrido. Por esta razón, el Tribunal de Apelaciones resolvió que el término para solicitar el certiorari había vencido el 6 de mayo de 2004, esto es, 30 días después de haberse notificado la sentencia parcial. Sostuvo su decisión en que a partir de Caro v. Cardona, supra, para interrumpir el término jurisdiccional se requiere que tanto la decisión del tribunal de instancia que atiende la reconsideración como la notificación de su resolución a esos efectos, ocurran dentro del término que ese tribunal tiene para actuar. La solicitud de reconsideración presentada por los peticionarios fue denegada.

Los peticionarios acuden ante nosotros señalando que el Tribunal de Apelaciones erró al entender que el recurso se presentó tardíamente y por ello haber denegado su petición de certiorari. En apoyo de esta contención argumentan, en esencia, que los efectos de una decisión judicial no pueden estar supeditados a una gestión oficinesca, como es la notificación de. las resoluciones de un tribunal, y que la norma establecida en Caro v. Cardona, supra, no aplica a este caso. Para resolver estos planteamientos es necesario reevaluar nuestras expresiones en Caro v. Cardona, supra, y decidir si es prudente mantenerlas.

h—i HH

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, regula la consideración de las mociones de reconsideración y las pautas para la interrupción de los términos para recurrir al foro apelativo si se presenta una moción de reconsideración. La Regla 47 vigente al momento de los hechos de este caso, en lo pertinente, establecía un término jurisdiccional de 15 días para presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia. Este término se contaría desde la fecha de la notificación de la resolución u orden, o desde el archivo en los autos de una copia de la notificación de una sentencia. Presentada oportunamente la moción, el tribunal tenía 10 días para considerarla. El término para apelar o presentar un recurso de certiorari ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones se interrumpía si el tribunal “tomaba alguna determinación en su consideración” dentro de ese tiempo. Una vez interrumpido el término, éste empezaría a contarse

... desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Por otro lado, si se tomare alguna determinación en la consideración de una moción de reconsideración, el plazo para presentar un recurso de certiorari con término de cumplimiento estricto ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se notifica la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano.
Cuando el término para apelar o presentar un recurso de certiorari fuere interrumpido en virtud de esta regla, la interrupción beneficiará a cualquier otra parte que se hallare en el pleito. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 47.

En varias ocasiones, al interpretar esta regla y las que le antecedieron con igual redacción, hemos sostenido que aunque el tribunal de instancia rechace de plano una moción de reconsideración presentada oportunamente, fuese por acción afirmativa o por inacción, éste puede reconsiderar su actuación siempre que no haya transcurrido el término para recurrir en alzada; si así lo hace, se interrumpirá el término para recurrir al foro apelativo. En ese caso el término no comenzará a transcurrir hasta que no se archive en autos copia de la notificación de la sentencia dictada en reconsideración o de la resolución que emita el tribunal atendiendo la reconsideración. Véanse: Reyes et al. v. E.L.A., 155 D.P.R. 799 (2001); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601 (1997); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997); El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791 (1965). No obstante, según explicáramos antes, en Caro v. Cardona, supra, decidimos que para que la consideración de una moción de reconsideración tenga el efecto de interrumpir el término jurisdiccional para acudir al foro apelativo es necesario que tanto la decisión del tribunal de instancia como el archivo en autos de la copia de la notificación ocurran dentro del término que tenía ese tribunal para actuar.

Esta norma ha ocasionado problemas tanto a los abogados como a los jueces al momento de decidir si se ha presentado a tiempo un recurso. Ha hecho también que muchos litigantes pierdan la oportunidad de acudir al foro apelativo con sus planteamientos, por la confusión o el choque que crea esta decisión con nuestra pasada, larga y vasta línea jurisprudencial sobre el poder de los tribunales para reconsiderar sus decisiones. Igualmente, nuestras ex-presiones en Caro v. Cardona, supra, contradicen nuestra interpretación en el campo administrativo de la situación análoga, relativa a las mociones de reconsideración y su efecto interruptor sobre el término para solicitar revisión judicial. En Rivera v. Mun. de Carolina, 140 D.P.R. 131 (1996) (Resolución), al negarnos a reconsiderar la sentencia que habíamos dictado en ese caso, resolvimos que el efecto interruptor de la moción de reconsideración al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dependerá, no de la fecha en que se notifique de la acción administrativa "considerándola”, sino de que la agencia hubiese actuado dentro del plazo para hacerlo.

Por todas esas razones, entiendo que debemos hoy reevaluar la norma formulada en el caso Caro v. Cardona, supra. Al hacerlo, este Tribunal debe recordar que la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, persigue esencialmente dos propósitos: primero, crear la oportunidad para que el tribunal pueda realizar la tarea de corregir cualquier error que haya cometido al dictar una sentencia o resolución, y segundo, evitar que el medio procesal de la reconsideración se convierta en una vía para dilatar innecesariamente la ejecución de un dictamen judicial. Lagares v. E.L.A., supra, pág. 612. También debe considerar el efecto que tiene la norma adoptada en Caro v. Cardona, supra, sobre el poder de los tribunales de evaluar sus propias providencias y sobre la prolongación del proceso judicial, así como la efectividad de esta norma en preservar el derecho a recurrir de las partes, la posibilidad de que promueva que las partes y los tribunales sean diligentes, y si responde a la realidad práctica de nuestro proceso judicial. Igualmente este Tribunal debe ser fiel al espíritu de la referida Regla 47, a los intereses que se han tratado de preservar a lo largo de su historia en nuestro ordenamiento, y al ordenamiento procesal establecido por las Reglas de Procedimiento Civil y por las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia.

H-1

La historia de la Regla 47, supra, en nuestro ordenamiento nos demuestra que siempre se ha tratado de preservar el derecho de las partes a apelar y el poder de los tribunales de reconsiderar sus decisiones, a la vez que se ha intentado evitar que las normas sobre la reconsideración de sentencias sirvan para retrasar el proceso judicial y la efectividad de las sentencias.

La práctica de presentar mociones de reconsideración en contra de sentencias, órdenes y resoluciones es una costumbre firmemente establecida en nuestro ordenamiento desde el inicio del siglo XX. Entonces, los abogados puertorriqueños presentaban estas mociones y los tribunales las consideraban aun cuando no estaban contempladas en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil. La práctica estaba tan generalizada que la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, foro al cual se apelaban las decisiones de nuestro Tribunal Supremo, resolvió que la presentación de una moción de reconsideración suspendía el término para apelar. Posteriormente, ante el pedido de los tribunales para que esta práctica se reglamentara, la Asamblea Legislativa enmendó el Código de Enjuiciamiento Civil para sistematizar la presentación de estas mociones y evitar las prácticas dilatorias de los litigantes que se dieron a partir de la decisión de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito. Véanse: H.A. Sánchez Martínez, La reconsideración de resoluciones u órdenes interlocutorias y de sentencia finales, XV (Núm. 3) Rev. Jur. U.I.P.R. 367, 369—370 (1981); Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494 (1936); Saurí v. Saurí, 45 F.2d 90 (1930). Así, se enmendó el Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 y se establecieron unos términos en los cuales las partes debían presentar sus mociones de reconsideración y el tribunal atenderlas. También se dispuso que el término para ir en alzada no quedaría interrumpido si la moción era rechazada de plano, pero sí se interrumpiría si el tribunal reconsideraba su determinación. En Marcano v. Marcano, 60 D.P.R. 351 (1942), resolvimos que el término para que el tribunal actuara era directivo y no jurisdiccional. No obstante, esta nueva reglamentación de las mociones de reconsideración trajo problemas para los abogados y las partes, ya que el tribunal debía actuar en un corto tiempo y usualmente no lo hacía. La parte se encontraba así en la disyuntiva de abandonar su reconsideración y presentar el recurso de apelación o esperar que el tribunal resolviera la moción y expirara el término para apelar. Véase Sánchez Martínez, supra, pág. 382.

Al adoptar las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, la Asamblea Legislativa intentó resolver este problema acogiendo la sugerencia de este Tribunal de incluir en la regla una disposición que estableciera que si el tribunal no actuaba sobre la moción de reconsideración se entendiera que ésta fue rechazada de plano. Véase Guilhon Barthelemy v. Corte, 64 D.P.R. 303, 309 (1944). Esto, sin embargo, no resolvió todos los problemas que representaba la regla para los litigantes. Con el pasar del tiempo surgió la interrogante de si el tribunal podía reconsiderar su determinación después de haber rechazado la moción de reconsideración, ya fuera por inacción o por acción afirmativa. En el caso El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, págs. 801-802, resolvimos el asunto. Fundamentándonos, en parte, en el poder inherente de los tribunales de reconsiderar sus propias determinaciones, así como en el Art. 7 del Código de Enjuiciamiento Civil que estaba vigente, resolvimos que

... una vez presentada en tiempo la moción de reconsideración, y resuelta por el Tribunal declarándola sin lugar de plano, bien por acción afirmativa o bien por inacción dentro de los 5 días de su presentación, el Tribunal no queda privado de su facultad para reconsiderar esa actuación suya si considera que en realidad la moción de reconsideración plantea una cuestión sustancial y meritoria y que en bien de la justicia debe señalar urna vista para oír a las partes, siempre que ya no se le haya privado de jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de revisión o no haya expirado el término para interponer dichos recursos. No puede cuestionarse seriamente que cuando el Tribunal dicta una resolución rechazando de plano una moción de reconsideración, tenga facultad, si se ha equivocado, para reconsiderar su resolución ya a solicitud de parte o sua sponte. No hay razón legal alguna para aplicar una doctrina distinta, cuando por virtud de la Regla 47 [de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958], la moción de reconsideración se entiende rechazada de plano si el Tribunal no ha actuado sobre la misma dentro del susodicho término de 5 días. No entendemos la Regla 47 [de Procedimiento Civil de 1958] como indicativa de que una vez rechazada de plano la reconsideración, prive al Tribunal de jurisdicción para dejar sin efecto tal resolución y señalar la moción para vista siempre que lo haga en tiempo.

Esta decisión provocó nuevos problemas para los litigantes, ya que no sabían qué hacer cuando su moción de reconsideración era rechazada de plano por inacción del tribunal, si acudir en alzada o esperar a ver si el tribunal de instancia finalmente la resolvía. No obstante este problema, el esquema de la Regla 47 se mantuvo en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. Aún más, la Asamblea Legislativa estimó que la norma que establecimos en El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, debía conservarse y rechazó los intentos de modificarla, entre éstos la propuesta del Comité Consultivo para las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 del Tribunal Supremo, que recomendó dejarla sin efecto. “Regla 47” en Informe Parcial del Comité sobre Procedimiento Civil, Conferencia Judicial de Puerto Rico, 1973, pág. 13. Véanse, además: J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 766; Sánchez Martínez, supra, pág. 385.

Es por esta razón, en parte, que mantuvimos viva esta norma en casos posteriores, a pesar de que el Art. 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, en el que habíamos fundamentado nuestra decisión de El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, ya no estaba vigente. Véanse: Reyes v. E.L.A. et al., supra; Lagares v. E.L.A., supra; Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, supra. También mantuvimos viva la norma de El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, porque es la única norma que reconoce la facultad inherente de los tribunales de corregir sus providencias antes de que advengan finales y firmes.

Entiendo que nuestras expresiones en Caro v. Cardona, supra, supeditando los efectos de una decisión judicial a que su notificación sea dentro del término que tenía el tribunal para actuar, son incompatibles con la intención legislativa de mantener viva la norma de El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, y con nuestro amplio historial jurisprudencial en ese sentido. La norma de Caro v. Car-dona, supra, limita considerablemente la facultad del Tribunal de Primera Instancia de reconsiderar sus determinaciones, subordinando ese poder a una gestión oficinesca que no tiene nada que ver con el poder inherente de los tribunales de reconsiderar sus acciones. Tomando en cuenta el historial de la referida Regla 47 en cuanto a la interrupción del término para ir en alzada, entiendo que entre mantener la norma de El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, o la de Caro v. Cardona, supra, claramente debe permanecer la primera.

IV

Por otro lado, este Tribunal ha sido consecuente en sostener que los derechos de las partes no deben afectarse por errores cometidos por la Secretaría. Véanse: Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 (1998); Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 D.P.R. 305 (1998). De hecho, nuestra decisión en Caro v. Cardona, supra, estuvo inspirada, en parte, por esta consideración. En ese caso quisimos conservar el derecho a apelar del peticionario que se vio afectado por un error de la Secretaría del tribunal.

Igualmente, en Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991), frente a un error de la Secretaría del tribunal, protegimos la facultad de un juez para reconsiderar una decisión aun cuando ésta se dictó fuera del término dispuesto en las reglas para hacerlo. En ese caso el juez sentenciador atendió la moción de reconsideración a los 86 días de su presentación, un día después de que la Secretaría del tribunal se la hiciera llegar. Por esa razón resolvimos que “[n]o conociendo el juez sentenciador la existencia de la moción de reconsideración ni los fundamentos de la misma, no se puede entender y resolver que la rechazó de plano en perjuicio de la parte que radicó en tiempo la referida moción”. (Enfasis suprimido.) Id., pág. 635. Esa misma preocupación por conservar los derechos de las partes, cuando éstos puedan verse afectados por errores o consideraciones ministeriales, está presente en nuestra decisión en Rivera v. Mun. de Carolina, supra. En ese caso, al resolver que lo importante en cuanto a la interrupción del término para solicitar la revisión judicial al presentarse una moción de reconsideración era que la agencia hubiese actuado respecto a dicha moción dentro del plazo para hacerlo y no de la fecha del archivo en autos y la notificación de su resolución, señalamos que resolver lo contrario otorgaría a las Secretarías de las agencias el “poder real” de dejar sin efecto una acción administrativa a base de la fecha de notificación. Id.

Como se colige, nuestros pronunciamientos en Caro v. Cardona, supra, supeditando los efectos de una decisión judicial al momento en que ésta se notifica, son incompatibles con nuestra jurisprudencia sobre los efectos de las acciones tardías o erradas de las Secretarías. En perspectiva, la norma de Caro v. Cardona, supra, no es la mejor para preservar el derecho de las partes a apelar, sino que, por el contrario, tiende a limitarlo. Por esta razón, entiendo que debemos revocar la norma formulada en ese caso.

V

Por otra parte, la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que las sentencias no tendrán efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación y que el término para apelar empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo. Esta norma no significa que la decisión de un tribunal tenga que ser notificada dentro del término durante el cual éste conserve jurisdicción para actuar sobre el asunto, sino que por respeto al debido proceso de ley, la decisión no puede surtir efecto hasta que las partes sean notificadas. Por eso resolvimos que cuando la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de un dictamen judicial sea distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término para recurrir se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. Román v. K-mart Corp., 151 D.P.R. 731 (2000). Esta norma fue incorporada luego a las Reglas de Procedimiento Civil por la Asamblea Legislativa. Lo que busca esta norma es preservar el derecho de las partes de ir en alzada y respetar el debido proceso de ley al cual éstas también tienen derecho.

La mayor parte de las veces, la fecha que se va utilizar en estos casos como punto de partida para calcular el término para acudir al foro apelativo se encuentra fuera del periodo en el cual el tribunal conserva jurisdicción para atender el asunto; lo importante es que haya emitido su decisión mientras la tuvo, es decir, dentro del término para acudir en alzada. El evento de la notificación no es un acto judicial. Es un acto que corresponde a los secretarios de los tribunales, quienes lo deben hacer con prontitud para no infringir el derecho de las partes al debido proceso de ley. Regla 24 de Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 L.P.R.A. Ap. II-B. Por lo tanto, el evento de la notificación a las partes no puede limitar la facultad de decidir de los tribunales, sino que suspende sus efectos hasta que las partes se enteren de la determinación judicial. Es por esta razón que la norma adoptada en Caro v. Cardona, supra, resulta contraria al criterio expresado por este Tribunal y a la política pública formulada por la Asamblea Legislativa a lo largo de los años, de respetar el poder inherente de los tribunales de decidir y de considerar los asuntos debidamente sometidos a su poder jurisdiccional.

VI

Por todo lo anterior, resolvería que para interrumpir el término jurisdiccional para recurrir en alzada no es necesario que la decisión del Tribunal de Primera Instancia que acoge una moción de reconsideración se archive dentro de dicho término. Revocaría la norma formulada en sentido contrario de Caro v. Cardona, supra, y concluiría que el recurso que nos ocupa fue presentado dentro del término jurisdiccional, ya que la decisión del tribunal de acogerla se dio dentro del término que tiene el foro de instancia para reconsiderar sus decisiones. Revocaría la decisión del Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso a ese tribunal para que continúe con los procedimientos.

       Mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2004 (EM-2004-5), suspendimos el cumplimiento con los términos que estaban transcurriendo para la presentación de recursos que vencían entre el 15 al 30 de septiembre de 2004 debido a los efectos de la tormenta Jeanne.

       El juez Brau Ramírez emitió un voto disidente.

       El juez Brau Ramírez hubiera reconsiderado.

         En Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003), resolvimos que para que la acción que tome el tribunal de instancia, respecto a una moción de reconsideración, tenga el efecto de interrumpir el término jurisdiccional para recurrir en alzada de una sentencia que éste haya emitido, es necesario no sólo que el tribunal considere la moción antes de que transcurra el término para ir en alzada, o que una de las partes haya recurrido al foro apelativo, sino que esa determinación del tribunal tiene que notificarse antes de que hayan ocurrido esos eventos procesales.
      En la opinión disidente que suscriben tres Jueces de este Tribunal se propone, erróneamente a nuestro juicio, que eliminemos el segundo requisito establecido en Caro v. Cardona, ante, esto es, que la notificación no tiene que llevarse a cabo antes de que transcurra el término para ir en alzada o antes de que una de las partes haya recurrido al foro apelativo.

       El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río disintió sin una opinión escrita.

       Mediante Resolución de 20 de septiembre de 2004 (EM-2004-5), suspendimos el cumplimiento con los términos que estaban transcurriendo para la presentación de recursos que vencían entre el 15 al 30 de septiembre de 2004 debido a los efectos de la tormenta Jeanne.

       El juez Brau Ramírez emitió un voto disidente.

       El juez Brau Ramírez hubiera reconsiderado.

       El cambio que introdujo, posterior a los hechos de este caso, la Ley Núm. 520 de 29 de septiembre de 2004 al texto de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, no alteró en nada las disposiciones de esta regla en lo referente a nuestra discusión sobre la consideración de las mociones de reconsideración, las pautas para la interrupción de los términos para recurrir al foro apelativo y la jurisprudencia que interpreta esta regla, por lo que nuestra discusión al respecto aplica igualmente a la regla vigente hoy. Véase Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.

       Antes de 1937 y que contáramos con una disposición que regulara la moción de reconsideración, entendíamos que el Art. 140 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 (32 L.P.R.A. ant. see. 725) que contemplaba una especie de relevo de sentencia, otorgaba a los tribunales la facultad de atender las mociones de reconsideración que se les presentaban. Véanse: Saldaña v. Comas, Síndico, 41 D.P.R. 339 (1930); Pérez v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 130 (1929). Como expusiéramos en Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 609 (1997), el fundamento para esto era que el referido Art. 140 “concedía a los tribunales sentenciadores la facultad para eximir a cualquier persona de los efectos de una sentencia u orden dictada contra ella por equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia”, por lo que se entendía que sí teníamos alguna disposición que reconocía, aunque no expresamente, este poder inherente de los tribunales.

       La posición en contrario de tres Jueces Asociados, quienes hubieran resuelto que la notificación de la resolución de la agencia debía ocurrir también dentro del plazo concedido a ésta para “considerar” la moción, se basó, esencialmente, en que la moción de reconsideración tenía en esa época carácter jurisdiccional y en la clara intención legislativa de agilizar y hacer más eficientes los procesos administrativos. Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Corrada Del Río emitieron sendas opiniones disidentes, y la Jueza Asociada Señora Naveira de Rodón expresó estar de acuerdo con la posición adoptada por ellos.

       El Art. 292 del Código de Enjuiciamiento establecía que:
      “Una sentencia o providencia, dictada en un pleito civil, excepto cuando hubiere adquirido expresamente el carácter de definitiva y firme, podrá ser revisada de acuerdo con lo prescrito en este código, y de ningún otro modo.
      “Cualquier parte agraviada por una sentencia o resolución de una corte de distrito en una acción civil podrá, dentro del término improrrogable de quince días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia o dentro del término improrrogable de cinco días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, radicar en la corte que hubiere dictado la sentencia o resolución una petición exparte para la revisión o reconsideración de su sentencia o resolución, haciendo constar en ella los hechos y los fundamentos de derecho sobre los cuales se basa la solicitud. La corte deberá resolver la moción de reconsideración dentro de los cinco (5) días después de haberse radicado, y si la corte rechazare de plano la petición, el término para apelar de la sentencia o resolución de cuya revisión se trate se computará en la forma pre

        vista por este código, como si no se hubiese presentado petición alguna de revisión o reconsideración. Si la corte resolviere reconsiderar su sentencia o resolución u oír a las partes sobre la moción de reconsideración, el término para apelar se computará desde la fecha del archivo, como parte de los autos del caso, de una copia de la notificación hecha por el secretario de la corte a la parte perdidosa de la resolución definitiva del tribunal.” (Énfasis suplido.) Art. 292 del Código de Enjuiciamiento de 1904, según enmendado por la Ley Núm. 67 de 8 de mayo de 1937, Leyes de Puerto Rico, págs. 200-201.

       La Regla 47 de Procedimiento Civil de 1958 establecía que:
      “La parte agraviada por la sentencia o por una resolución podrá, dentro del término de 15 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, o dentro del término de 5 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, presentar una moción de reconsideración de la sentencia o de la resolución. El tribunal, dentro de los 5 días de haberse presentado dicha moción, deberá rechazarla de plano o señalar vista para oír las partes. Si la rechazare de plano, el término para apelar se considerará como que nunca fue interrumpido. Si se señalare vista para oír a las partes, el término empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los 5 días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano.” 32 L.P.R.A. Ap. II (ed. 1969).

       El Art. 7 del Código de Enjuiciamiento Civil disponía, en lo pertinente:
      “... Toda Corte tiene poder:
      “8. Para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y la justicia.” Las leyes y resoluciones de la segunda sesión de la segunda Asamblea Legislativa, San Juan, [s. Ed.], 1904, págs. 178-179.

       Véase esc. 10.

       En este caso, unos días después que el peticionario presentara su moción de reconsideración, la Secretaría del tribunal se la devolvió arguyendo que había que adherirle $40 en sellos de rentas internas. La representación legal del peticionario se comunicó con la Secretaría y los convenció de que se habían equivocado. De la Secretaría le informaron que tenía que someter de nuevo la misma moción con fecha de presentación anterior, y así lo hizo. No obstante, como ya había transcurrido gran parte del término jurisdiccional para apelar ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, decidió presentar la apelación. Ese mismo día, el tribunal de instancia acogió su moción de reconsideración, pero la notificación le llegó varios días después, expirado ya el término para apelar. El Tribunal de Circuito de Apelaciones, luego de que instancia resolviera la cuestión de la reconsideración, dictaminó que la apelación era prematura y desestimó.

       En nuestra resolución en Rivera v. Mun. de Carolina, 140 D.P.R. 131 (1996), distinguimos entre la situación procesal civil y la de derecho administrativo, en tanto en aquel entonces la solicitud de reconsideración era un requisito jurisdiccional para recurrir en alzada y habían ciertas diferencias en cuanto a los “eventos” a partir de los cuales transcurriría el término jurisdiccional. Cabe señalar que posteriormente, en Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998), adoptamos los criterios intimados en la sentencia y resolución emitida en Rivera v. Mun. de Carolina, supra, por lo cual adquirieron entonces valor normativo, aun cuando, mediante enmienda a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se había derogado el carácter jurisdiccional de la moción de reconsideración. Los Jueces disidentes (Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Corrada Del Río, y la Jueza Asociada Señora Naveira de Rodón en Rivera v. Mun. de Carolina, supra) disintieron también en Misión Ind. P.R. v. J.P., supra. Véase esc. 6.

       La Regla 46 de Procedimiento Civil establece:
      “Será deber del secretario notificar a la brevedad posible dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia de la notificación y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de Pleitos y Procedimientos constituye el registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación y el término para apelar empezará correr a partir de la fecha de dicho archivo. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

       De hecho, esta norma, para cuando el depósito en el correo es distinto a la fecha del archivo en autos de la notificación, fue incorporada en el 2004 al texto de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. Véase esc. 5.

       Respecto a la naturaleza de este acto en la jurisdicción federal, véanse: Jones v. Celotex Corp., 857 F.2d 273 (1988); Weedon v. Gaden, 419 F.2d 303 (1969); Pure Oil Company v. Boyne, 370 F.2d 121 (1966); Burke v. C.I.R., 301 F.2d. 903 (1962).


author: per curiam:

text:
      In re Abel Robles Cirino, querellado.

      Números: AB-2005-97 AB-2005-229 AB-2005-244

      Resueltos: 30 de junio de 2006

      Ana A. Márquez García, querellante.
   per curiam:

El 12 de mayo de 2005, la Secretaria del Tribunal Supremo, Leda. Aida Ileana Oquendo Graulau, envió una carta al abogado Abel Robles Cirino mediante la cual le informó de una queja (Núm. AB-2005-097) presentada contra él por la Sra. Ana A. Márquez García y le concedió el término de diez días para que se expresara.

El abogado Robles Cirino compareció mediante una moción informativa. Inconforme con lo expresado por el abogado Robles Cirino, la parte querellada compareció mediante comunicación de 16 de septiembre de 2005. En vista de ello, el 29 de septiembre de 2005 concedimos el término de quince días al abogado Robles Cirino para que se expresara sobre la comunicación de la querellada. Este no compareció, por lo que el 10 de febrero de 2006 le concedimos un nuevo término de quince días “para cumplir con nuestra Resolución del 29 de septiembre de 2005”. Resolución de 10 de febrero de 2006. Se le apercibió, además, de “que el incumplimiento con esta Resolución conllevará su suspensión inmediata del ejercicio profesional”. Id. Dicha resolución fue notificada personalmente el 15 de febrero de 2006. Este no ha comparecido.

Por otro lado, el 25 de octubre de 2005, la Secretaria del Tribunal Supremo, licenciada Oquendo Graulau, le envió otra carta al abogado Abel Robles Cirino mediante la cual le informó de una segunda queja (Núm. AB-2005-229) presentada contra él por el Sr. Randol Caridad Silvestre y le concedió el término de diez días para que se expresara.

El abogado Robles Cirino no contestó. En vista de ello, mediante Resolución de 10 de febrero de 2006 le concedimos a Robles Cirino el término final de quince días para contestar la mencionada queja, apercibiéndole de que “el incumplimiento con esta Resolución aparejará graves sanciones disciplinarias”. La resolución fue notificada personalmente a Robles Cirino el 1 de febrero de 2006. Tampoco ha comparecido.

Nuevamente, mediante carta de 15 de noviembre de 2005, la licenciada Oquendo Graulau le concedió a Robles Cirino el término diez días para expresarse con respecto a una tercera queja (Núm. AB-2005-244) presentada en su contra, esta vez por la Sra. Hipólita Germán Vda. de Acevedo. Robles Cirino no contestó.

En vista de ello, mediante Resolución de 28 de abril de 2006 le concedimos el término de diez días a Robles Cirino para contestar la queja presentada, apercibiéndole de que su incumplimiento podría “conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión”. (Énfasis suplido.) Dicha Resolución le fue notificada personalmente el 15 de mayo de 2006. No obstante el tiempo transcurrido, Robles Cirino no ha comparecido.

rH

Uno de los compromisos que asume cada uno de los abogados que presta juramento ante este Tribunal está relacionado con la facultad inherente de este Foro de reglamentar el ejercicio de la abogacía. Se trata del deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y las órdenes de este Tribunal. Sobre este particular, he-mos sido enfáticos al señalar que la naturaleza y práctica de la abogacía requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente en la esfera de la conducta profesional.

Asimismo, hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y el apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Ríos Acosta I, 143 D.RR. 128 (1997). A tono con lo anterior, hemos señalado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas contra un abogado, éste tiene la obligación ineludible de responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

Debe mantenerse presente que la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo relativo a la exigencia de respeto hacia los tribunales. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). Demás está decir que en estas situaciones, de renuencia a cumplir con nuestras órdenes, procede la suspensión temporal o indefinida del ejercicio de la abogacía. In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

HH HH

De todo lo antes expuesto, resulta obvio no sólo que Abel Robles Cirino no interesa seguir ejerciendo la honrosa profesión de abogado en nuestra jurisdicción, sino que procede que decretemos su separación inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión hasta tanto comparezca y este Tribunal determine, a base de su comparecencia, si resulta meritoria su reinstalación.

Se dictará Sentencia de conformidad.


text:
    Ángel M. Egozcue Rosario, peticionario, v. César Reyes Carrasquillo et ALS., recurridos.

      Número: CC-2004-124

      Resuelto: 30 de junio de 2006

      Carlos A. Quilichini Paz y José R. De la Cruz Feliciano, abogados de la parte peticionaria.
   per curiam:

Nos solicitan aquí la revocación de una sentencia emitida por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. En virtud de ésta, el foro intermedio apelativo revocó parcialmente una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Al hacerlo, eliminó una partida de $84,767 en concepto de pérdidas operacionales, que había sido concedida al allí peticionario por el Tribunal de Primera Instancia. Veamos los hechos que originan el recurso.

I

El Sr. Ángel M. Egozcue Rosario contrató los servicios del Sr. César Reyes Carrasquillo para que lo asesorara en la compra e instalación de ciertas plantas generadoras de electricidad para sus cuatro oficinas y su residencia.

En marzo de 1997, el señor Reyes Carrasquillo realizó un estudio con el propósito de determinar las necesidades particulares de cada una de las oficinas y de la residencia del señor Egozcue Rosario. Concluido dicho estudio, le recomendó la compra de cinco plantas generadoras de electricidad. Dichas plantas eléctricas fueron adquiridas por el señor Egozcue Rosario en Bella Internacional por $29,989. Adquirió, además, cinco interruptores (transfer switches) por $7,500.

El señor Reyes Carrasquillo sometió una propuesta adicional para proveer, entre otros servicios, la instalación de los equipos antes mencionados en las oficinas y la casa del señor Egozcue Rosario. Las referidas plantas no fueron instaladas adecuadamente ni pudieron suplir los requerimientos energéticos de los lugares en los que habían sido instaladas. Ante ello, Reyes Carrasquillo se comprometió a corregir las instalaciones defectuosas entre febrero a mayo de 1998, lo cual incumplió.

El huracán Georges azotó a Puerto Rico el 21 de septiembre de 1998 y el país sufrió una interrupción general del servicio eléctrico. Debido a que las plantas eléctricas habían sido mal instaladas, éstas no cumplieron su función durante dicho periodo.

El 19 de abril de 2000, el señor Egozcue Rosario presentó una demanda por incumplimiento de contrato y daños contra el señor Reyes Carrasquillo, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. Sostuvo que Reyes Carrasquillo instaló los equipos de forma negligente y en crasa violación de las recomendaciones del fabricante de las plantas generadoras. Destacó que los equipos no eran capaces de suplir la demanda energética de las oficinas y de su hogar. Reclamó, como consecuencia del alegado incumplimiento, la suma de $29,989 en concepto de la compra y adquisición de plantas generadoras de electricidad no adecuadas; $7,500 por la compra y adquisición de interruptores de emergencia; $11,000 en concepto de los servicios profesionales satisfechos al señor Reyes Carrasquillo; $100,000 en concepto de pérdidas operacionales y de ingresos; $75,000 en concepto de la adquisición de las las plantas generadoras adecuadas y su correspondiente instalación, y $50,000 en concepto de angustias y sufrimientos mentales y emocionales.

Reyes Carrasquillo contestó la demanda y reconvino. Sostuvo que prestó los servicios por los cuales fue contratado al demandante de autos y que éste le adeudaba $9,000. Argüyó, además, haberle prestado servicios adicionales a los contratados y que el señor Egozcue Rosario se había negado a pagar por éstos. Reclamó $100,000 en concepto de daños emocionales y angustias mentales. Fundamentó su reclamo en que durante la relación habida con el señor Egozcue Rosario, éste lo humilló y le hirió su dignidad, le exigía “como si fuera un ser superior por el mero hecho de contar con un título de abogado”. Añadió que constantemente lo amenazaba, ya que “él sí sabía de leyes”, y que las cosas se tenían que hacer a su manera.

El 28 agosto de 2001 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia, declarando “con lugar” la demanda incoada. Condenó a los demandados de autos el pago de $29,989 por la compra de las plantas generadoras de electricidad que resultaron ser inadecuadas; $7,500 por la compra de los interruptores de emergencia; $11,000 por servicios profesionales pagados a Reyes Carrasquillo, y $84,767 por pérdidas operacionales y de ingresos. Impuso, además, el pago de costas, gastos y honorarios de abogado. Denegó, sin embargo, la partida de $75,000 reclamada por concepto del costo estimado del nuevo equipo necesario para reemplazar el equipo inadecuado, por entender que no era un daño o gasto atribuible a la conducta del demandado de autos.

Insatisfechos, los demandados de autos acudieron al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante un recurso de apelación presentado el 9 de noviembre de 2001. Entre los señalamientos de error ante dicho foro, plantearon la improcedencia de la partida de $84,767 concedida al demandante de autos en concepto de pérdidas operacionales y de ingresos. Argüyeron que ante el foro primario no se presentó prueba documental o demostrativa alguna para establecer la referida partida. En este caso, mediante su escrito de apelación, el señor Reyes Carrasquillo planteó que actuó incorrectamente el foro primario al conceder daños por pérdidas operacionales y de ingresos por $84,767 al señor Egozcue Rosario, fundamentándose exclusivamente en el testimonio del apelado. Reconoció que aunque los daños en concepto de pérdidas operaciones o pérdida de ingreso no se tienen que demostrar con certeza absoluta ni matemática, debe haber una base razonable que permita realizar una determinación prudente, que no sea una especulación ni una conjetura. Sostuvo que el allí apelado exageró en su demanda con relación a la partida en concepto de pérdidas operacionales y de ingresos, y que su testimonio no ofreció base alguna para sostener la partida concedida por dicho concepto.

El 7 de diciembre de 2001, los entonces apelantes presentaron ante el Tribunal de Apelaciones un “Proyecto de exposición narrativa de la prueba oral, a tenor con la Regla 19 del Tribunal de Circuito de Apelaciones”. El 27 de diciembre de 2001, el apelado presentó la correspondiente “Réplica al proyecto de exposición narrativa de la prueba oral” presentada por los apelantes.

El 11 de enero de 2002, el foro intermedio apelativo ordenó a los abogados de las partes a reunirse o conversar para discutir las discrepancias respecto a la exposición narrativa de la prueba oral, con miras a presentar una exposición narrativa de la prueba oral estipulada. Puntualizó en su resolución que si luego de haberse reunido las partes, no lograban una exposición narrativa de la prueba oral estipulada, “la parte demandante [sic] deberá informarlo inmediatamente para remitir el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que se lleve a cabo el trámite dispuesto por ley y se impongan las sanciones correspondientes a la parte que hubiese obstaculizado o demorado el proceso de aprobación de la exposición narrativa de la prueba”.

En cumplimiento con la referida orden, el 19 de febrero de 2002, las partes presentaron una “Moción consignando exposición narrativa de la prueba oral”. El 26 de noviembre de 2003, el foro intermedio apelativo emitió una sentencia modificando el dictamen del foro primario. Específicamente, redujo de $11,000 a $9,000 la partida correspondiente a los honorarios que el apelante debía pa-gar al apelado y eliminó la partida de $84,767 correspondiente a las pérdidas operacionales y de ingresos. Respecto a esta última partida, entendió que no había base en la prueba presentada para sostener la conclusión de que el señor Egozcue Rosario sufrió pérdidas en su negocio ascendentes a $84,767. Puntualizó que, por tratarse de un recurso de apelación sometido con una exposición narrativa de la prueba oral estipulada por ambas partes, su función revisora estaba enmarcada y limitada por lo que surjía de ella. Señaló que la exposición de la prueba oral estipulada por las partes no contenía referencia alguna a lo que Egozcue Rosario declaró en el juicio con respecto a las pérdidas de su negocio. Añadió que no se admitió en juicio prueba documental alguna referente a la partida especial de pérdida de ingresos y que la única prueba al respecto la aportó el testimonio vertido en el juicio por el demandante señor Egozcue Rosario. Puntualizó que si, en efecto, el señor Egozcue Rosario testificó durante el juicio, debió asegurarse de que la exposición narrativa de la prueba oral que estipuló con el apelante era correcta y completa.

Insatisfecho, Egozcue Rosario acudió ante nos mediante un recurso de certiorari, y señaló los errores siguientes:

ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ELIMINAR LA PARTIDA DE P[É]RDIDAS OPERACIONALES A PESAR DE QUE LA PARTE DEMANDADA ESTIPUL [Ó] EL CONTE-NIDO DE TESTIMONIO Y EL HECHO DE [QUE] EL TES-TIMONIO NO FUE REBATIDO DE FORMA ALGUNA. ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ELIMINAR LA PARTIDA DE DAÑOS POR PÉRDIDAS OPERACIONA-LES UTILIZANDO COMO FUNDAMENTO QUE EL TESTI-MONIO DEL RECURRENTE ES INSUFICIENTE EN DERE-CHO PARA PROBAR LA CONCESI[Ó]N DE LAS MISMAS Y AL ENTRAR EN CONSIDERACIONES DE CREDIBILIDAD DEL TESTIGO. Petición de certiorari, pág. 5.

Examinadas las comparecencias de las partes y los autos, nos encontramos en posición de resolver.

II

Por estar relacionados discutiremos conjuntamente ambos señalamientos de error.

La Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, entonces vigente, disponía que cuando la parte apelante haya señalado algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, se procederá conforme disponen las Reglas 19, 20 y 76, según corresponda.

. En específico, la Regla 19 del referido cuerpo reglamentario disponía lo siguiente:

Cuando la parte apelante haya señalado algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, discutirá dicho error en su escrito inicial, en forma preliminar, de acuerdo con la información y el recuerdo que tenga sobre dicha prueba.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la apelación, la parte apelante preparará y someterá al Tribunal de Circuito de Apelaciones un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral pertinente al recurso, con una moción en la que justificará la necesidad de que el Tribunal considere la prueba oral para la adecuada disposición del recurso. Notificará copia de la moción y del proyecto de exposición narrativa a la parte apelada.
Durante los veinte (20) días siguientes, las partes harán esfuerzos, mediante comunicaciones y reuniones entre ellos, para lograr una exposición estipulada, tomando como base el proyecto de exposición narrativa de la parte apelante.
Si transcurridos dichos veinte (20) días no se produce una exposición estipulada, la parte apelada presentará su oposición a la moción y al proyecto de estipulación de la parte apelante, en la cual señalará específicamente y en detalle, con referencia a la prueba presentada, sus objeciones al proyecto de la parte apelante y las razones que le impiden llegar a una exposición narrativa estipulada. De lo contrario se podrá to-mar el proyecto de la parte apelante como exposición narrativa de la prueba testifical.
Con vista a la moción y al proyecto de la parte apelante y a la oposición de la parte apelada, el Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá:
(a) Ordenar a las [sic] partes que se reúnan nuevamente para tratar de lograr una exposición narrativa estipulada, o
(b) celebrar una vista ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, o por delegación, ante cualquier juez del panel correspondiente, a los fines de auscultar la posibilidad de que las partes armonicen o minimicen sus diferencias en cuanto a la exposición narrativa de la prueba.
(c) Ordenar a la parte apelante que, conforme a la Regla 20 de este apéndice, proceda a obtener la aprobación del tribunal apelado respecto a la exposición narrativa o a cualquier porción de ella sobre la cual no haya habido acuerdo; lo que signe es “(d)” y no la palabra ordena [sic].
(d) Ordenar la preparación total o parcial de una transcripción de la prueba oral, conforme a la Regla 76 de este apéndice.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá imponer costas y sanciones a la parte o a su abogado(a) de determinar que obstaculizaron el logro de una exposición estipulada de la prueba y ocasionaron retraso en cuanto a la solución del recurso. Asimismo, podrá imponer sanciones a cualquier parte o a su abogado(a) en los casos en que intencionalmente se le haya hecho una representación incorrecta al Tribunal de Circuito de Apelaciones sobre el contenido de la prueba testifical.

Conforme surge de la referida disposición reglamentaria, cuando se trate de un error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, existen tres mecanismos que permiten al foro intermedio apelativo es-tar en condiciones de resolver el referido señalamiento de error: mediante la exposición estipulada de la prueba, la exposición narrativa de la prueba o la trascripción de la prueba oral.

Así, cuando una de las partes ha señalado algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia, el foro intermedio apelativo, en aras de cumplir a cabalidad su función revisora, debe ordenar una exposición narrativa de la prueba, en ausencia de una estipulada, u ordenar la transcripción total o parcial de la evidencia desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia.

Sin embargo, si las partes llegan a un acuerdo sobre la exposición narrativa de la prueba (exposición estipulada de la prueba), así lo notificarán al tribunal y ésta se convertirá en la exposición de la prueba testifical estipulada, en virtud de la cual se evaluará el error señalado.

Por ello,

[e]l abogado jamás debe olvidar que la exposición narrativa de la prueba oral debe ser un relato sobrio, objetivo, lo más fiel y exacto posible al verdadero testimonio vertido en el juicio. Los jueces de apelaciones no estuvieron en el juicio, y de ordinario, tampoco escuchan su grabación. Por lo tanto, confían en que la exposición narrativa de la prueba oral es correcta y que no quita ni añade elementos de prueba que no hayan sido los verdaderamente presentados en el juicio. Las determinaciones de hechos que el tribunal de apelaciones incorpora a su sentencia son las que surgen de tales exposiciones narrativas. (Énfasis suplido.

Con el propósito de que el foro intermedio apelativo evaluara su reclamo de insuficiencia de la prueba, y en virtud de la orden emitida por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, este recurso de apelación se sometió a base de una exposición narrativa de la prueba oral estipulada por ambas partes.

De la referida exposición narrativa estipulada se colige, respecto al testimonio de Egozcue acerca de las pérdidas operacionales y de ingresos sufridas por éste, lo siguiente:

Declaró el demandante que para el 21 de septiembre de 1998 azotó el Huracán Georges por lo que se fue el servicio eléctrico en todas sus oficinas. Dijo que las plantas no funcionaron y a pesar de varias llamadas al demandado, este tardó varios días en contestar. Testificó que por el tiempo que no pudo operar sufrió pérdidas ascendentes a $84,767.
El Sr. Egozcue no fue rebatido de forma alguna, y sobre este aspecto no fue contrainterrogado por la parte apelante. A pesar de la objeci[ó]n de la parte apelante, el tribunal a quo admitifó] el testimonio sobre pérdidas operacionales por ser Contador Público autorizado al [sic] apelado. Alegato de la parte recurrente, pág. 12.

En ningún otro lugar de la exposición narrativa estipulada se hace referencia al tema de las pérdidas que el allí apelado alegó haber sufrido. Ello a pesar de que el señor Egozcue Rosario sabía que se cuestionaba ante el referido foro si su testimonio era suficiente para sostener la partida concedida en concepto de pérdidas operacionales y de ingresos.

Arguye ante nos el señor Egozcue Rosario que, en su alegato ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, sostuvo que mediante su testimonio “comparó sus ingresos mensuales en la oficina antes y después del accidente, se estableció el término por el cual ocurrieron dichas pérdidas y se estableció la suma de la disminución de los ingresos de éste”. Sin embargo, en la exposición narrativa estipulada nada se expresó respecto a ello. El alegato no constituye parte de lo que se estipuló como exposición narrativa.

Sostiene que lo expresado por él en su testimonio respecto a la forma en que se determinó la cuantía, huelga, si las propias partes estipularon el hecho de que dicho testimonio nunca fue controvertido. Una cosa no tiene que ver con la otra.

No hay controversia respecto al hecho de que no se admitió en juicio prueba documental alguna referente a la partida especial de pérdidas operacionales y de ingresos, y que la única prueba al respecto consistió en el testimonio vertido en juicio por el señor Egozcue Rosario. La controversia ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones era si dicho testimonio era suficiente para conceder la referida partida. Entendemos, por lo tanto, que correspondía al señor Egozcue asegurarse de que la exposición narrativa estipulada era correcta y completa. Es decir, le correspondía poner en posición al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones de decidir que su testimonio era base suficiente para apoyar la conclusión del foro primario de que la conducta del señor Reyes Carrasquillo le produjo pérdidas operacionales y de ingresos ascendentes a $84,767. No lo hizo.

Adviértase que la exposición narrativa de la prueba debe ser un relato lo más fiel y exacto posible al verdadero testimonio vertido en el juicio y que las determinaciones de hechos que el Tribunal de Apelaciones incorpora en su sentencia son las que surgen de tales exposiciones narrativas. Por ello, si las partes llegan a un acuerdo sobre la exposición narrativa de la prueba, el foro intermedio apelativo discutirá el error pertinente en virtud de lo que ésta contenga.

Concluimos que actuó correctamente el foro intermedio apelativo al determinar que no había en el expediente de apelación base evidenciaría en la cual apoyar la conclusión del foro primario de que el incumplimiento del señor Reyes Carrasquillo le produjo al señor Egozcue Rosario pérdidas operacionales y de ingresos por $84,767. Se trata, por lo tanto, de un caso de insuficiencia de la prueba, no de apreciación errónea de ésta. El foro intermedio apelativo no intervino con la credibilidad del testimonio en juicio del señor Egozcue Rosario. No se cometieron los errores alegados.

III

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.

       Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 66-70.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 71-74.

       Id., págs. 120-128. El foro primario puntualizó en su sentencia que aunque el demandante de autos reclamó una partida de $100,000 en concepto de pérdidas operacionales y de ingresos, declaró en juicio haber tenido pérdidas montantes a $84,767 por el tiempo en que sus oficinas no operaron. Id., pág. 124 esc. 1.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 59.

      B) íd.

       íd., págs. 129-134.

       íd., págs. 153-166.

       íd., págs. 168-169.

       íd., págs. 170-176.

       íd., págs. 1-34.

       4 L.P.R.A. Ap. XXII-A.

       4 L.RR.A. Ap. XXII-A. La referida disposición reglamentaria resalta la preferencia de una exposición estipulada de la prueba a una exposición narrativa. Véanse: Srio. del Trabajo v. Puig Abraham, 158 D.P.R. 263 (2002); R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, pág. 363.

        Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405, 421—422 (2001).

       Véase R. Hernández Colón, op. cit, pág. 364.

       H.A. Sánchez Martínez, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal apelativo, San Juan, Ed. Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, See. 4403, pág. 678.

       Alegato del señor Egozcue Rosario, pág. 13.

       íd.

       Sánchez Martínez, op. cit., pág. 678.

       Hernández Colón, op. cit., pág. 364.