author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Autoridad de Tierras de Puerto Rico, peticionara, v. Moreno & Ruiz Developers Corporation y otros, recurridos.

      Número: CC-2007-405

      Resuelto: 24 de julio de 2008

      Noel A. Arce Bosques, abogado de la parte peticionaria; Fernando Agrait, abogado de Comunidad Agrícola Bianchi, Inc., parte recurrida; Luis A. Loperena González, abogado de Moreno & Ruiz Developers Corporation, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos que originan el recurso ante nuestra consideración se retrotraen al 4 de agosto de 2000 cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso, con el propósito de proteger unos terrenos en la zona noroeste de la isla que poseen condiciones idóneas para la agricultura. Ley Núm. 142 de 4 de agosto de 2000 (5 L.P.R.A. see. 1731 et seq.).

Dicho estatuto dispuso que la Junta de Planificación debía, en coordinación con el Departamento de Agricultura, promulgar y adoptar un Reglamento de Zonificación Especial que ordenara las fincas comprendidas dentro del denominado Valle del Coloso. Además, la Ley Núm. 142 prohibía a la Junta de Planificación, a la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) y a los gobiernos municipales autorizar segregaciones para la creación de fincas menores de diez cuerdas en el área protegida.

No obstante, el 8 de julio de 2003 A.R.Pe. aprobó la segregación de la propiedad aquí en controversia, a solicitud de la Comunidad Agrícola Bianchi. La propiedad segregada está situada en el barrio Guanábano de Aguada y cuenta con un área superficial de 5,735.5265 m.c., equivalente a 1.4593 cuerdas. En dicho momento, la Autoridad de Tierras era arrendataria de los predios de terreno que for-man la Reserva Agrícola del Valle del Coloso.

En febrero de 2004 se presentó en el Departamento de Estado el plano de los terrenos protegidos y el Reglamento de Zonificación Especial para las reservas agrícolas de Puerto Rico. Este último entró en vigor el 13 de febrero de 2004. Un mes más tarde, la codemandada Ruiz Santiago adquirió, mediante una escritura de segregación, liberación y compraventa, el solar segregado que pertenecía a la Comunidad Agrícola Bianchi.

Por otra parte, el 9 de julio de 2004 la Autoridad de Tierras presentó una petición de expropiación forzosa para adquirir tres predios de terreno para destinarlos al proyecto de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso, emplazándose con copia de dicha petición a la Comunidad Agrícola Bianchi. Unos días más tarde, la Sala de Expropiaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan aprobó la solicitud de expropiación forzosa, en el Caso Civil Núm. KEF-2004-746(1002). Es menester señalar que entre los terrenos expropiados se encontraba la propiedad en controversia.

A pesar de ello, el 16 de agosto de 2005 la señora Ruiz Santiago vendió el predio segregado a Moreno & Ruiz Developers Corporation (Moreno & Ruiz). Luego de efectuada la compraventa, esta corporación adquirente sometió una solicitud a A.R.Pe. para la segregación de dos solares, la cual fue aprobada parcialmente, mediante resolución de 20 de septiembre de 2005. Aproximadamente tres meses después, y con el fin de confirmar la ubicación y delimitación del terreno segregado, el agrimensor William Guzmán Morales, jefe de la División de Agrimensura de la Autoridad de Tierras, visitó el lugar e identificó la propiedad dentro del plano de expropiación sometido. Además, emitió una certificación e ilustración de la ubicación del área afectada. Un año más tarde, el mismo agrimensor realizó una segunda certificación en la que reiteró lo expresado en la primera.

Luego de que Moreno & Ruiz hiciera caso omiso a las solicitudes para que cesara de hacer movimientos de terreno en la propiedad segregada y expropiada, el 13 de febrero de 2006 la Autoridad de Tierras presentó una demanda sobre injunction preliminar y permanente, y daños y peijuicios contra Moreno & Ruiz, Comunidad Agrícola Bianchi y Teresa Ruiz Santiago ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada. En ésta adujo que el terreno segregado era parte integral de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso y, por ende, de la finca por ella expropiada, razón por la cual el terreno en controversia le pertenecía a dicha agencia y al Estado Libre Asociado. Además, la Autoridad de Tierras argumentó que los permisos de segregación otorgados por A.R.Pe., tanto a la Comunidad Agrícola Bianchi como a Moreno & Ruiz, eran inválidos por ser contrarios a la Ley Núm. 142, ante, y a la política pública vigente al momento de emitirlos, y que por tal razón, las escrituras de segregación eran nulas. En la alternativa, la agencia estatal alegó la nulidad de las escrituras de segregación y compraventa, otorgadas a favor de los codemandados Ruiz Santiago y Moreno & Ruiz, por haberse suscrito con posterioridad a que entrara en vigor el Reglamento de Zonificación Especial para las reservas agrícolas de Puerto Rico.

Por otra parte, la Autoridad de Tierras sostiene que la Comunidad Agrícola Bianchi y la señora Ruiz Santiago actuaron con conocimiento de las restricciones existentes en la Reserva Agrícola del Valle del Coloso, por lo que sabían desde su autorización que las escrituras otorgadas eran nulas ab initio así como que las segregaciones obtenidas eran contrarias a la Ley Núm. 142, ante. Fundamentó esto en que la Comunidad Agrícola Bianchi era, al momento de solicitar la segregación, la arrendadora de la Autoridad de Tierras con respecto a los predios protegidos() y que la señora Ruiz Santiago se desempeñaba como empleada de A.R.Pe. en las mismas oficinas donde se expidieron los permisos en controversia. Por otro lado, nos señala que las vistas públicas para la preparación del Reglamento de Zonificación Especial habían sido celebradas por la Junta de Planificación los días 15 y 19 de febrero de 2002 y 12 y 13 de febrero de 2003, eso es, antes de la aprobación de la segregación.

Añade la agencia que Moreno & Ruiz indujo a error a A.R.Pe. en la obtención de los permisos de segregación, al calificar la zona como RpC2-III E-5, siendo la calificación correcta AR-2. Finalmente, señala la agencia que este mismo codemandado comenzó a remover, ilegalmente, la corteza terrestre del terreno objeto de la controversia, provocando que el suelo se erosionara, lo que ha causado daños sustanciales que pueden ser irreparables. Alegadamente dicha conducta, a su vez, le ha causado perjuicios a la propiedad e intereses de la Autoridad de Tierras al no permitirle el libre disfrute de su derecho.

En conclusión, la Autoridad estimó que las actuaciones conjuntas, coordinadas o independientes de todos los demandados, que consistieron en efectuar segregaciones ilegales y hacer movimientos de terreno afectando la capa de corteza terrestre de una propiedad del Estado, contribuyó, asistió, facilitó y afectó adversamente la Reserva Agrícola del Valle del Coloso. Por consiguiente, sostiene que todos los demandados son solidaria, personal y mancomunadamente responsables a la parte demandante en daños. Según lo anterior, la Autoridad de Tierras solicitó al tribunal de instancia que ordenara, además de la remuneración económica por los daños y perjuicios sufridos, el cese y desista de todo tipo de actividades sobre el suelo protegido, ya que se estaba afectando la integridad de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso.

Luego de varios incidentes procesales, que incluyeron una vista evidenciaría en relación con la solicitud de la orden de cese y desista, el tribunal declaró “con lugar” dicha solicitud. Posteriormente, la Comunidad Agrícola Bianchi solicitó la desestimación de la reclamación en su contra debido a que la demanda no exponía una reclamación que justificara la concesión de un remedio. Adujo que de las alegaciones de la demanda surgía que le había vendido a Ruiz Santiago el terreno objeto de esta controversia tres meses antes de que la Autoridad de Tierras presentara la petición de expropiación. Añadió que no era parte de la compraventa que se efectuó entre Ruiz Santiago y Moreno & Ruiz. Por lo tanto, sostuvo que de los hechos bien alegados en la demanda no surgía una causa de acción en su contra.

La Autoridad de Tierras se opuso a la desestimación alegando que la segregación del predio de terreno de 1.4593 cuerdas, propiedad de la Comunidad Bianchi, fue autorizada por A.R.Pe. después de que se aprobara la Ley de la Reserva del Valle del Coloso y en contravención con ésta, ya que ésta disponía que no se podían aprobar segregaciones de menos de diez cuerdas. En la alternativa, la referida agencia adujo que la compraventa entre la Comunidad Agrícola Bianchi y Ruiz Santiago era nula, ya que la escritura fue otorgada con posterioridad a la aprobación del Reglamento de Zonificación Especial, el cual proveía para que la segregación de terrenos en la Reserva no fuera menor a diez cuerdas en un área zonificada AR-2, como es el terreno en controversia en el presente caso.

En una segunda solicitud de desestimación, la Comunidad Agrícola Bianchi añadió que al momento de A.R.Pe. autorizar la segregación del terreno no estaba vigente el Reglamento de Zonificación Especial ni el plano de delimitación del área de la reserva, por lo que la reserva no había sido definida. La Autoridad de Tierras replicó que lo que hizo el referido reglamento fue ampliar la cantidad de tierras que especifica la Exposición de Motivos de la ley que crea la reserva.

El 4 de enero de 2007 el tribunal de instancia emitió una sentencia parcial, en la cual desestimó la reclamación contra la Comunidad Agrícola Bianchi respecto a la demanda incoada por la Autoridad de Tierras. Además, dicho foro dejó sin efecto la orden de paralización de las obras que realizaba Moreno & Ruiz en los terrenos en controversia, al concluir que tal causa de acción era accesoria a la de la Comunidad Agrícola Bianchi, ya que se fundamentaba en que los terrenos eran parte de la finca expropiada.

Entendió el foro primario que la Ley de la Reserva del Valle del Coloso no definió el ámbito territorial protegido ni el área comprendida dentro de ésta. Señaló que el Art. 2 de la Ley Núm. 142 (5 L.RR.A. see. 1732) requería que se aprobara un Reglamento de Zonificación Especial, el cual entró en vigor después de la aprobación de la segregación por A.R.Pe. Interpretó el tribunal de instancia que el Art. 5 de la referida Ley Núm. 142 (5 L.P.R.A. see. 1735) requería un plano que deslindara la reserva, el cual no se había preparado, por lo que no había forma física para determinar cuál propiedad ubicaba dentro de los límites de ésta. En virtud de lo anterior, el tribunal de instancia concluyó que no había prohibición alguna que evitara aprobar la segregación del terreno propiedad de la Comunidad Agrícola Bianchi.

Insatisfecha con la decisión, la Autoridad de Tierras acudió al Tribunal de Apelaciones, reiterando su posición contra la desestimación de la demanda y el levantamiento de la orden de cese y desista. El 20 de abril de 2007 el foro apelativo intermedio dictó sentencia en la cual confirmó la del tribunal de instancia en todos sus extremos.

Aun inconforme con el dictamen, la Autoridad de Tierras acudió —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal, imputándole al foro apelativo intermedio haber errado al

... CONFIRMAR LA SENTENCIA PARCIAL DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA QUE DESESTIMARA LA ACCIÓN INCOADA ADUCIENDO QUE NO HAY CONTRO-VERSIA SOBRE HECHOS POR HABER LA CODEMAN-DADA COMUNIDAD AGRÍCOLA BIANCHI INC., VENDIDO EL PREDIO EN CONTROVERSIA AL NO EXISTIR PROHI-BICION LEGAL PARA ELLO, Y CONSECUENTEMENTE DEJAR SIN EFECTO LA PARALIZACIÓN DE OBRAS DE LA CODEMANDADA CORPORACIÓN MORENO-RUIZ DEVELOPERS. Petición de certiorari, pág. 10.

Expedimos el recurso y ordenamos la paralización de toda construcción en las tierras en controversia hasta que otra cosa se dispusiera. Estando en condiciones de resolver, procedemos a hacerlo.

I

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece, en el Art. VI, Sec. 19, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 421, que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”. Véanse: Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46 (2007); Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908 (1998); Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449 (1995).

Conforme a dicho mandato constitucional, hemos expresado que “ha sido política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dirigir el proceso de planificación de nuestra isla hacia un desarrollo integral sostenible que asegure el juicioso uso de las tierras y fomente la conservación de los recursos naturales para el disfrute y beneficio de todos”. A.R.Pe. v. Rivera, 159 D.P.R. 429, 437 (2003), citando el documento Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, 23 R.P.R. see. 650.821 et seq. Véase, además, Maldonado v. Junta Planificación, ante.

De acuerdo con la política pública antes mencionada, la Asamblea Legislativa, en reconocimiento de la importancia del sector agrícola como actividad necesaria para producir alimentos, generar empleos y conservar el ambiente, y con el fin de promover el uso de los terrenos agrícolas de alta productividad, aprobó, entre otras, la Ley para la Reserva Agrícola del Valle del Coloso, Ley Núm. 142 de 4 de agosto de 2000, ante, con el propósito de proteger los terrenos de alto rendimiento agrícola comprendidos dentro del Valle del Coloso. En particular, el Art. 1 de la referida ley, que declaró el Valle del Coloso como reserva agrícola, establece:

El Gobierno de Puerto Rico, reconoce la agricultura como una actividad de vital e imperiosa importancia para el bienestar económico del país y declara como política pública la reservación de los terrenos comprendidos dentro del Valle del Coloso como reserva agrícola. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico reconoce que los terrenos que componen el Valle del Coloso, en posesión de [características] físicas, topográficas y geológicas idóneas para la agricultura y ecoturismo deben destinarse para uso exclusivo de la producción agrícola y desarrollo ecoturístico [y,] en consecuencia de ello, declara esta zona como reserva agrícola del país asegurando, además, el fortalecimiento de la zona de noroeste de la Isla. 5 L.P.R.A. see. 1731.

Por otro lado, y con la intención de describir cuáles serían los terrenos protegidos, la Ley Núm. 142, además de afirmar que la zona albergada es aquella conocida como el Valle del Coloso, explicó en la Exposición de Motivos:

El Valle [de Coloso] es un área comprendida por unas 2,985 cuerdas de terreno que hoy poseen intacta su capacidad agrícola para la producción de caña de azúcar, frutos menores.... El Valle del Coloso está formado por una extensa franja de terreno comprendida por los límites territoriales de los municipios de Aguada, Aguadilla y Moca. De la cabida total de 2,985 cuerdas con alto potencial agrícola. De éstas, sólo 1,700 cuerdas se encuentran cultivadas con caña de azúcar. Las mismas se distribuyen de la siguiente manera: 113 cuerdas en el Municipio de Moca, 354 cuerdas en el Municipio de Aguadilla y 1,233 cuerdas en el Municipio de Aguada. La carretera número 2 atraviesa el Valle de Coloso.
La mayoría de los terrenos del Valle de Coloso pertenecen al sector privado. La Autoridad de Tierras de Puerto Rico es propietaria de 250 cuerdas de terreno. De éstas, 82.0 cuerdas son operadas por la entidad Agro Industria Azucarera del Oeste, Inc.....
Los suelos en su mayoría son de aluvión por tratarse de una zona bañadas [sic] por importantes cuerpos de agua.....
El Valle de Coloso ha sido catalogado en la Asociación de los llanos aluviales según el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 2000 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 961-962.

Así las cosas, el legislador impuso a ciertas agencias y municipios unas prohibiciones sobre su poder de otorgar permisos de uso, segregación, construcción, con relación a los terrenos protegidos. Al respecto, el Art. 3 de la Ley Núm. 142, dispone:

Se prohíbe a la Junta de Planificación, a la Administración de Reglamentos y Permisos y a los gobiernos municipales, cuyos lindes territoriales ubiquen dentro del área comprendida por la Reserva Agrícola del Valle del Coloso ... la aprobación de consultas de ubicación, autorizar desarrollar, otorgar permiso de construcción o de uso que esté en contravención con la política pública declarada en [el Artículo 1 de esta Ley].
Además, dichas agencias y organismos gubernamentales no podrán autorizar segregaciones para la creación de fincas menores de diez (10) cuerdas en el área designada en la Resolución de Zonificación Especial, señalada en [el Art. 2 de esta Ley]. 5 L.P.R.A. see. 1733.

En el Art. 2 de la Ley Núm. 142, ante, se le ordena a la Junta de Planificación a que, en coordinación con el Departamento de Tierras, realice los estudios necesarios de las fincas comprendidas dentro del denominado Valle del Coloso, con el propósito de ordenar los terrenos protegidos mediante la promulgación y adopción de una resolución de zonificación especial. Además, el Art. 5 de la ley, 5 L.P.R.A. see. 1735, indica que, como parte del plan para confeccionar e implantar el desarrollo agrícola y el ecoturismo del Valle del Coloso, las agencias concernidas deben, entre otros criterios, identificar con exactitud la delimitación territorial de todos los terrenos que comprende el Valle del Coloso y establecer el deslinde específico del área geográfica que será designada para uso agrícola.

En cumplimiento con la Ley Núm. 142, ante, el 5 de diciembre de 2003 la Junta de Planificación adoptó el Reglamento de Zonificación Especial para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico Núm. 6771 (Reglamento de Planificación Núm. 28) de 7 de febrero de 2004. Los mapas de delimitación y zonificación especial para las reservas agrícolas de los valles de Lajas, Coloso y Guanajibo, se hicieron formar parte integral del reglamento. Véase J.P. v. Frente Unido I, 165 D.P.R. 445 (2005), reconsiderado en J.P. v. Frente Unido II, 165 D.P.R. 910 (2005). En el citado reglamento se amplió la cantidad de terrenos de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso a aproximadamente 3,182 cuerdas, esto es, 197 cuerdas adicionales a las que inicialmente señalaba la ley. Ello, porque el legislador ordenó a la Junta de Planificación a incluir en la Resolución de Zonificación Especial aquellas tierras que colindasen con las identificadas de valor agrícola y que sirven de zona de amortiguamiento.

II

La Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, en su Art. 3 (23 L.P.R.A. sec. 71b(h)), define lotificación de la manera siguiente:

(h) Lotificación— Es la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes, para la venta, traspaso ... y, además, una mera segregación.

Por otro lado, el Art. 22 de la mencionada ley, 23 L.P.R.A. sec. 71u, dispone que a partir de su vigencia será necesario un permiso de A.R.Pe. para poder efectuar una lotificación y menciona que, como norma general, no tendrá eficacia cualquier escritura pública en que se efectúe una lotificación si ésta no ha sido sometida y aprobada previamente por A.R.Pe. Véase, además, Banco Comercial v. Registrador, 118 D.P.R. 773 (1987).

Por su parte, el Art. 3 del Reglamento de Lotificación, Reglamento de la Junta de Planificación Núm. 3, exime del permiso de A.R.Pe. a aquellas lotificaciones de fincas en la zona rural para fines agrícolas, cuando el área, tanto del remanente como de cada una de las nuevas fincas, resulte ser de veinticinco cuerdas o más. En todos los demás casos, para segregar una propiedad, es requisito tener un permiso válido de A.R.Pe.

Por último, debemos señalar que la anteriormente citada Ley Orgánica de A.R.Pe. dispone que la agencia se guiará, al considerar subdivisiones de terrenos para lotificaciones simples, por cualesquiera leyes aplicables y por la “Conveniencia de evitar subdivisiones en áreas que no estén listas para tales desarrollos debido a ... la importancia agrícola o de excepcional belleza de los terrenos; la susceptibilidad a inundaciones de los terrenos ...”. 23 L.P.R.A. sec. 71h.

III

Aunque de carácter fundamental, el disfrute de la propiedad no es un derecho absoluto. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991). En beneficio del bienestar general, la Asamblea Legislativa puede establecer restricciones a tal derecho propietario entre las que se encuentra el poder de expropiación del soberano, que a su vez tiene unas limitaciones. De acuerdo con el mandato constitucional, “[n]o se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”. Art. 2, Sec. 9, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 308. A su vez, el Código Civil de Puerto Rico dispone que “[n]adie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente, por causa justificada de utilidad pública o beneficio social, y mediante el pago de una justa compensación que se fijará en la forma provista por ley”. Art. 282 del Código Civil de 1930 (31 L.P.R.A. sec. 1113).

Por consiguiente, toda propiedad se posee sujeto al poder del Estado de expropiarla para fines públicos. ELA v. Cia. de Ferrocarriles de P.R., 83 D.P.R. 587 (1961). Como la facultad de expropiar es un atributo inherente a la soberanía del Estado, las únicas limitaciones que pueden reconocerse a su ejercicio son que la propiedad se dedique a un uso o fin público y se le satisfaga al demandado una justa compensación por ella. M. Mercado e Hijos v. Tribl. Superior, 85 D.P.R. 370 (1962). En consecuencia, urna vez se establezca que el uso para el cual se destina la propiedad expropiada constituye un fin público, no corresponde a los tribunales revisar las determinaciones sobre la naturaleza o extensión del derecho a adquirirse, la cantidad de terreno a expropiarse, la necesidad o lo adecuado del sitio en particular, porque ésta es una función que ejerce la Legislatura, bien directamente o delegándola en agencias y funcionarios. Id.

Ahora bien, en caso de ejercer ese poder inherente, el Estado tiene la obligación de actuar conforme al procedimiento provisto por la Ley de Expropiación, que regula los procedimientos de expropiación forzosa que realiza el Estado. Ley de Expropiación Forzosa de 12 de marzo de 1903, según enmendada, 32 L.P.R.A. sees. 2901-2913. Véanse, además: Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172 D.P.R. 278 (2007); E.L.A. v. Soc. Civil Agrícola e Industrial, 104 D.P.R. 392 (1975). En lo pertinente, se ha establecido que en un procedimiento de expropiación, la disposición definitiva de la propiedad expropiada ocurre cuando se dicta sentencia final en el caso. Iriarte Miró v. Srio. de Hacienda, 84 D.P.R. 171 (1961). Véase, además, 32 L.P.R.A. see. 2911. La sentencia final por sí sola constituye el título del demandante a la finca expropiada, razón por la cual no es necesario ordenar al demandado que otorgue una escritura transfiriendo el terreno objeto de la expropiación al demandante. Cerra v. Fajardo Development Co., 18 D.P.R. 1024 (1912).

IV

El injunction es un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, que requiere a una persona que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra. Ley de 8 de marzo de 1906 (32 L.P.R.A. see. 3521). Este remedio provisional o permanente se utiliza para hacer efectivo el derecho sustantivo que se está ejercitando en la demanda. Abella v. Fernández et al., 17 D.P.R. 1063 (1911). Véase, además, D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, San Juan, Programa de Educación Legal Continuada de la U.I.P.R., Facultad de Derecho, 1989.

Por otro lado, es menester señalar que el injunction es un remedio extraordinario que se caracteriza por su perentoriedad, por ser una acción dirigida a evitar un daño inminente o a reestablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico. Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147 (1978); Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 612 (1973). Además, por su naturaleza de recurso extraordinario, el injunction es de carácter discrecional. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 D.P.R. 355 (2000); A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903 (1975); Franco v. Oppenheimer, 40 D.P.R. 153 (1929); Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 D.P.R. 725 (1912).

Por razón del origen del injunction en las Cortes de equidad inglesas, el principio de equidad que gobierna su concesión o denegación exige que la parte promovente demuestre la ausencia de un remedio adecuado en ley. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, ante. Se estiman como remedios legales adecuados aquellos que pueden otorgarse en una acción por daños y perjuicios, en una criminal o cualquiera otra disponible. Id. Por consiguiente, mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera el daño como irreparable, por lo que no procederá conceder el injunction. Íd.; A.P.P.R. v. Tribunal Superior, ante; Franco v. Oppenheimer, ante; Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., ante.

Dicho de otro modo, con relación a este remedio en equidad, constituye un daño irreparable aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, ante. En dichos casos procede el remedio de injunction. Ahora bien, la determinación de lo que constituye un remedio apropiado en ley y, por ende, daño irreparable, va a depender de los hechos y las circunstancias de cada caso en particular. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, ante; Chardón v. Laffaye, 43 D.P.R. 650 (1932); Loíza Sugar Company, v. Hernaiz y Albandoz, 32 D.P.R. 903 (1924); Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., ante.

El injunction preliminar tiene el propósito de mantener el statu quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos, por lo cual la orden de injunction preliminar, ya sea requiriendo un acto o prohibiéndolo, evita que la conducta del demandado produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte, o que se le ocasionen daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio. Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776 (1994). Al evaluar la procedencia de un injunction preliminar deben evaluarse los criterios siguientes: (1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes de concederlo o denegarlo; (2) la irreparabilidad del daño o existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolver el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederlo, y (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que solicita. Mun. de Ponce v. Gobernador, ante; P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975).

Sin embargo, después del juicio en sus méritos y antes de ordenar un injunction permanente, el tribunal debe tomar en consideración, nuevamente, la existencia o ausencia de algún otro remedio adecuado en ley. Universidad del Turabo v. L.A.I., 126 D.P.R. 497 (1990). Los factores que se deben tomar en consideración para emitir el recurso de injunction permanente son: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público implicado, y (4) el balance de equidades. Universidad del Turabo v. L.A.I., ante; Southern Packaging v. United States, 588 F. Supp. 532 (D.S.C.1984); State Ex. Rel. Guste v. Lee, 635 F. Supp. 1107 (E.D. La. 1986).

V

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, es aquella que formula el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su contra. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625 (2006). El inciso (5) de esta regla establece como fundamento para solicitar la desestimación, que la demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 10.2(5).

Al resolverse una moción de desestimación por este fundamento, el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. Colón v. Lotería, ante; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497 (1994). Además, tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte demandante. Id. Véase, además, Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998).

La demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 309 (1970); Boulon v. Pérez, 70 D.P.R. 988 (1950). Tampoco pro-cede la desestimación si la demanda es susceptible de ser enmendada. Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763 (1983). En fin, debemos considerar, “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., ante, pág. 505. Véase, además, Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991).

Es de notar que aquellos casos en los que esté involucrado un alto interés público no debe desestimarse ninguna acción mediante este mecanismo procesal, salvo en aquellas ocasiones en que no quepa duda que bajo ninguna situación de hecho que surja lógicamente de la demanda es posible conceder un remedio adecuado, cualquiera que éste sea. Véase González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127 (2006).

VI

Con el anterior marco doctrinal en mente, pasemos a atender las controversias que nos atañen. En primer lugar, debemos resolver si, desde su vigencia, la Ley Núm. 142, ante, mejor conocida como la Ley de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso, impedía a A.R.Pe. aprobar segregaciones menores de diez cuerdas o si, por el contrario, dicha ley no era lo suficientemente específica para delimitar la reserva, por lo que era necesario que la Junta de Planificación aprobara el Reglamento de Zonificación Especial para que entrara en vigor la referida prohibición.

La Autoridad de Tierras alega que los permisos de segregación otorgados por A.R.Pe. son nulos, por ser contrarios a la ley y a la política pública de ésta. Afirma la agencia que la Exposición de Motivos de la Ley de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso es lo suficientemente específica para definir los terrenos protegidos y que el referido reglamento lo que hizo fue ampliar la cantidad de tierras que especifica la ley. Por otro lado, la Comunidad Agrícola Bianchi aduce que al momento de A.R.Pe. autorizar la segregación del terreno no estaba vigente ni el Reglamento de Zonificación Especial ni el plano de delimitación del área de la reserva, por lo que la reserva no había sido definida. Por consiguiente, sostiene que no había prohibición alguna que evitara la segregación del terreno en controversia.

Como vimos antes, la Exposición de Motivos del cuerpo legal que nos incumbe especifica el área que comprende el valle e indica las cuerdas incluidas. Además, lo describe como aquel terreno que mantiene intacta su capacidad agrícola. Nos refiere a sus límites territoriales, a sus propietarios e, incluso, nos indica que dichos terrenos han sido catalogados como zonas inundables por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El propio legislador declaró como reserva agrícola los terrenos comprendidos en el denominado Valle del Coloso, dentro del cual aparece el terreno segregado en controversia.

Además, en la Ley Núm. 142 la Asamblea Legislativa reconoce la importancia de la agricultura, no solamente en el ámbito ecológico y ambiental, sino como un elemento esencial para la salud económica del pueblo. De acuerdo con ello, declaró como política pública la protección de los terrenos comprendidos dentro del Valle del Coloso y los designó reserva agrícola, por poseer ciertas características idóneas para destinarse al uso exclusivo de la producción agrícola y el ecoturismo.

La Ley de la Reserva del Valle del Coloso prohibió que A.R.Pe. aprobara segregaciones de menos de diez cuerdas en el área designada en la Resolución de Zonificación Especial. El que dicha resolución no se hubiese promulgado con anterioridad al otorgamiento de los permisos en controversia, no significa que A.R.Pe. estuviese autorizada a segregar terrenos que estaban claramente designados como protegidos por la Ley; todo ello en contravención, a su vez, a la política pública vigente. Las prohibiciones del Art. 3 de la Ley de la Reserva Agrícola del Valle del Coloso, ante, aplican desde la fecha en que entró en vigor dicha la ley, esto es, desde el 4 de agosto de 2000. Lo contrario iría en total contravención con la política pública de conservación de terrenos del referido estatuto, al permitir que se desmembraran dichas tierras en unidades menores de diez cuerdas y para usos no agrícolas.

De acuerdo con lo dicho, A.R.Pe. se excedió en sus facultades al autorizar las segregaciones reseñadas en terrenos que formaban parte de la Reserva del Valle del Coloso. Por lo tanto, los permisos otorgados por A.R.Pe. son nulos por ser contrarios a la Ley Núm. 142 y a la política pública establecida por la Asamblea Legislativa. “No debemos olvidar que las leyes deben ser interpretadas y aplicadas sin desvincularlas del problema cuya solución persiguen, como parte de un todo coherente y armonioso del ordenamiento jurídico”. J.P. v. Frente Unido I, ante, pág. 474.

Siendo nulos los permisos, las escrituras de segregación y compraventa otorgadas y suscritas por la Comunidad Agrícola Bianchi, por Ruiz Santiago y por Moreno & Ruiz son, igualmente, nulas; ello por carecer de un permiso de segregación válido otorgado por A.R.Pe., según exige la ley orgánica de dicha agencia y el Reglamento de Lotificación Núm. 3, ante.

Por otra parte, no existe controversia en torno al hecho de que los terrenos segregados fueron expropiados por la Autoridad de Tierras, quien demandó a la Comunidad Agrícola Bianchi, titular de éstos de acuerdo con lo aquí resuelto. Habiéndose cumplido con los procedimientos de la Ley de Expropiación Forzosa y dictada una sentencia final y firme en el caso de expropiación, los terrenos del Valle del Coloso que una vez fueron propiedad de la Comunidad Agrícola Bianchi son patrimonio del Estado Libre Asociado, en particular bajo el manto de la Autoridad de Tierras.

En vista de lo anteriormente expuesto, resulta obvio que no procedía declarar “con lugar” la moción de desestimación, pues al interpretar liberalmente la demanda se establece una reclamación que justifica la concesión de un remedio. Según los hechos bien alegados en la demanda, si éstos fueran probados, los recurridos podrían ser responsables en daños y peijuicios por sus actuaciones y la Autoridad de Tierras tendría derecho a ser indemnizada.

Se reinstala el “injunction” preliminar, en vista del alto interés público implicado, con el propósito de evitar que la conducta de Moreno & Ruiz pueda convertir en académica la sentencia que finalmente pueda dictarse; es decir, que la remoción de la corteza terrestre culmine en la erosión total del suelo, lo que impediría la siembra o cultivo en éste.

VII

Por los fundamentos que anteceden, procede dictar sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) En el Caso Civil Núm. KAC03-0863(504) ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, sobre incumplimiento de contrato, expropiación a la inversa, daños y perjuicios y cobro de dinero, se ventilan asuntos relacionados a una alegada obligación que tenía la Comunidad Agrícola Bianchi de notificarle a la Autoridad de Tierras sobre, y previo a, la segregación y venta de alguno de los terrenos arrendados, entre otros asuntos.


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text:
      In re Ismael Cuevas Velázquez.

      Número: CP-1999-5

      Resuelto: 29 de julio de 2008

      Flavio E. Cumpiano Villamor, comisionado especial.
   per curiam:

Instruimos al Procurador General de Puerto Rico para que presentara una querella contra el Ledo. Ismael Cuevas Velázquez, en relación con una queja presentada ante el Tribunal por la Sra. Sonia Ramos Fuentes. Conforme a lo expuesto en la querella, el 29 de mayo de 1996 el licenciado Cuevas Velázquez presentó una demanda sobre daños y perjuicios a nombre de Ramos Fuentes y su hijo menor de edad. El tribunal de instancia señaló una conferencia con antelación al juicio para el 22 de mayo de 1997, señalamiento que le fue notificado, oportunamente, al licenciado Cuevas Velázquez. Este, sin embargo, no compareció y, como consecuencia de su ausencia, la demanda fue desestimada. La querella imputa al licenciado Cuevas Velázquez, como primer cargo, una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por no acatar las órdenes del Tribunal de Primera Instancia y del Procurador General en la esfera disciplinaria. En el segundo cargo, se le imputa una violación al Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por no exhibir puntualidad en la tramitación del caso de Ramos Fuentes.

El 30 de marzo de 1999 ordenamos al licenciado Cuevas Velázquez que contestara la querella dentro de un término de quince días. El licenciado Cuevas Velázquez presentó una solicitud de prórroga, en la cual nos pidió un término adicional para presentar su alegación responsiva, ya que Ramos Fuentes tenía el expediente del caso y un examen de éste le resultaba necesario para contestar la querella. A su vez, nos solicitó que ordenáramos a Ramos Fuentes presentar el expediente del caso para examinarlo, en sus oficinas o en las oficinas del Procurador General. Denegamos tal solicitud y le ordenamos, nuevamente, que contestara la querella en su contra. El licenciado Cuevas Velázquez solicitó reconsideración, a lo cual respondimos en la negativa. Además, ante el incumplimiento con nuestra resolución anterior, ordenamos la continuación de los procedimientos y nombramos al Hon. Flavio E. Cumpiano Villanor como Comisionado Especial.

El 27 de septiembre de 1999 el Procurador General solicitó enmendar la querella para incluir tres cargos adicionales. Como tercer cargo, se le imputó al licenciado Cuevas Velázquez no haber desplegado su más profundo saber y habilidad, ni actuar de forma adecuada y responsable en la tramitación del caso, violando el Canon 18 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. De igual forma, por no mantener informado a su cliente sobre los asuntos surgidos durante la tramitación del pleito, mediante el cuarto cargo se le imputó una violación al Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Por último, se le imputó haber faltado a su deber de sinceridad y honradez con su representada, en contravención a lo establecido por el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El 15 de octubre de 1999 el licenciado Cuevas Velázquez contestó la querella, negando los cargos imputados. Asimismo, el 30 de octubre de 1999 presentó su contestación a la querella enmendada, refutando las violaciones a los Cánones 18, 19 y 35 del Código de Ética Profesional, ante.

El 22 de febrero de 2000 se celebró la conferencia con antelación a la vista ante el Comisionado Especial, en la cual se ofreció el testimonio de Ramos Fuentes, el Lie. Luis Elvin González, el testimonio del propio querellado y de Ileana Rodríguez, quien fungió como su secretaria a la fecha de los hechos que motivaron la querella. La prueba documental consistió del expediente del caso sobre daños y peijuicios presentado por el licenciado Cuevas Velázquez en representación de Ramos Fuentes y su hijo, y el contenido del expediente del caso que levantó el licenciado Cuevas Velázquez.

Mediante Sentencia de 29 de junio de 2000, y en relación con otra querella, en el caso In re Cuevas Velázquez, 151 D.P.R. 593 (2000), el Tribunal suspendió, con carácter inmediato e indefinidamente, del ejercicio de la abogacía al licenciado Cuevas Velázquez. Ante tal cuadro táctico, el Comisionado Especial designado en el caso de epígrafe nos solicitó que le informáramos el curso a seguir en cuanto al caso de epígrafe. Mediante Resolución de 15 de septiembre de 2000, instruimos al Comisionado Especial a continuar con el trámite disciplinario “a los fines de que podamos considerar su informe y recomendación en la eventualidad de que el querellado solicite reinstalación en el futuro”. Así las cosas, se celebró ante el Comisionado Especial la vista en su fondo del caso de autos el 1 de noviembre de 2000; presentada la prueba de las partes, quedó sometido el caso para el informe correspondiente.

El 6 de diciembre de 2002 la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, Lie. Carmen H. Carlos, presentó un informe sobre el estado de la obra notarial de Cuevas Velázquez, la cual fue incautada después de su suspensión; solicitó que ordenáramos a éste corregir los defectos hallados, lo cual hicimos oportunamente. Cuevas Velázquez adujo que no había podido trabajar desde que fue suspendido, y debido a que carecía de los recursos económicos necesarios para corregir inmediatamente las deficiencias señaladas, solicitó un término adicional para cumplir con nuestra orden; le concedimos un término adicional de 90 días.

Así las cosas, el 24 de julio de 2003 Cuevas Velázquez solicitó la reinstalación al ejercicio de la abogacía. Expresó que la conducta que motivó su suspensión no fue una correcta y por ello sentía un profundo arrepentimiento. Adujo que de ser reinstalado al ejercicio de la abogacía, desplegaría la mayor rectitud y cumpliría cabalmente con los postulados éticos que rigen nuestra profesión. En apoyo a su solicitud, incluyó cartas suscritas por diversos profesionales del Derecho.

Solicitamos de Cuevas Velázquez que expusiera las razones por las cuales había incumplido con nuestra Resolución de 7 de febrero de 2003, en la cual le ordenamos corregir las deficiencias de su Protocolo que le fueron notificadas por la Oficina de Inspección de Notarías. Asimismo, solicitamos que acreditara su cumplimiento con las Resoluciones de 20 de diciembre de 2000() y de 2 de enero de 2001.()

Luego de solicitar en dos ocasiones un término adicional para contestar, Cuevas Velázquez presentó una moción informativa, en la cual indicó que había gestionado la corrección de las deficiencias del Protocolo, pero que dicho proceso tomaría un periodo no menor de seis meses. No hizo expresión alguna relativa al cumplimiento de nuestras Resoluciones de 20 de diciembre de 2000 y de 2 de enero de 2001.

Nuevamente, el 28 de febrero de 2005 Cuevas Velázquez solicitó su reinstalación, alegando que había llevado a cabo numerosas gestiones para corregir las deficiencias en su Protocolo, sin haber finalizado todavía tal gestión. Sostuvo que, en aras de terminar con mayor rapidez dicha encomienda, le concediéramos “autorización notarial provisional y limitadamente Denegamos dicha solicitud de reinstalación, así como las dos solicitudes de reconsideración a tal determinación.

Finalmente, el 24 de enero de 2007 Cuevas Velázquez solicitó, por tercera ocasión, su reinstalación al ejercicio de la abogacía, expresando otra vez su arrepentimiento por los actos que motivaron su suspensión, el efecto aleccionador que tuvo tal suceso y arguyendo que estaba preparado para fungir como abogado nuevamente.

En dicha ocasión, referimos el caso a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía para que preparase un informe y recomendación. Luego de varios trámites procesales, la Comisión presentó una moción informativa indicando que, en vista de que estaba pendiente de emitirse el informe del Comisionado Especial en tomo a la acción disciplinaria contra Cuevas Velázquez que motivó el caso de epígrafe, consideraba aconsejable esperar a que se resolviera el caso de autos. Así lo determinamos.

El 27 de marzo de 2008 el Comisionado Especial emitió el informe sobre la acción disciplinaria que motiva el presente recurso; concluyó que Cuevas Velázquez había incurrido en violaciones a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 35 del Código de Etica Profesional, ante. A la luz de todo lo anteriormente expuesto, resolvemos la solicitud de reinstalación presentada por Cuevas Velázquez.

I

A. El Canon 9 del Código de Ética Profesional, ante, regula lo relativo a la conducta de los abogados ante los tribunales. Este canon impone a los miembros de la clase togada la obligación de observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. A tales efectos, dispone que

[e] lio incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe intervenir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales.
El deber de respeto propio para con los Tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y respetuosa. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9.

Ciertamente, el referido postulado ético incluye el deber de todo profesional del derecho de atender con igual atención y obediencia las órdenes que emiten los tribunales.

Es bien sabido que la desatención a las órdenes emitidas por los tribunales de justicia constituye una falta de respeto seria y es, a su vez, un atentado contra la autoridad de éstos, en directa violación al deber de conducta exigido por el Canon 9, ante. In re López Montalvo, 173 D.P.R. 193 (2008); In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005); In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263 (2003); In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001). Además, causa demoras irrazonables en el trámite de los casos, afectando así la administración de la justicia. In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968 (2007).

B. El Canon 12 del Código de Ética Profesional, ante, impone al abogado el deber de tramitar las causas de forma responsable con puntualidad y diligencia. Sobre el particular, establece que

[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos, ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12.

Como consecuencia de ello, la incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal, ocasionando la suspensión de éstas, y peor aún, la desestimación de la acción de su cliente, son violaciones patentes a dicho postulado. Así también lo es el incumplimiento del abogado con las órdenes del Tribunal de Primera Instancia y de este Tribunal. La falta de diligencia en la tramitación de los casos constituye un patrón de conducta sumamente irresponsable y contrario a lo establecido en el citado Canon 12 del Código de Ética Profesional. In re López Montalvo, ante; In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001).

C. El Canon 18 del Código de Ética Profesional, ante, exige a todo abogado el deber de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. Así el abogado debe emplear la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007). Aquella actuación negligente que conlleve la desestimación o el archivo de un caso, infringe el Canon 18 de Ética Profesional, ante. In re Santos Rivera, 172 D.P.R. 703 (2008); In re Hoffman Mouriño, ante; In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308 (1998).

El referido Canon 18 acoge los principios esbozados en los Cánones 9 y 12, ante, en tanto exige que el abogado actúe de forma diligente en la tramitación de los casos. Así, cuando un abogado incumple injustificadamente las órdenes del tribunal, falta en su deber de notificar al cliente sobre las incidencias del caso, y por su descuido y negligencia, se desestima la reclamación de su cliente, también incurre en una violación al Canon 18. In re Ortiz Velázquez, ante.

D. El Canon 19 del Código de Ética Profesional, ante, impone al abogado el deber de mantener a su cliente informado de todo asunto que surja en el desarrollo del caso. Hemos reiterado que la obligación impuesta en el referido postulado incluye mantener informado al cliente de las gestiones realizadas y del desarrollo de éstas, consultar las cuestiones que no estén dentro del ámbito discrecional de la representación legal, y cumplir con las instrucciones de los representados. In re Santos Rivera, ante; In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 758 (2007).

Aun cuando el abogado tiene un deber de diligencia ineludible que ciertamente abarca su relación con el cliente, el deber de mantener informado a su cliente tiene vida propia a través de este canon. In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91 (2006). No informarle a un cliente sobre la desestimación o el archivo de su caso, ciertamente constituye una violación al Canon 19, ante. In re Colón Morera, ante; In re Ortiz Velázquez, ante. De igual forma lo es la falta de notificación al cliente sobre un señalamiento del tribunal, lo cual provoca, a su vez, que la incomparecencia de éste motive la desestimación del pleito. In re Colón Morera, ante.

E. La conducta de todo miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros, debe ser sincera y honrada. Canon 35 del Código de Ética Profesional, ante. Hemos expresado que la verdad es un atributo inseparable del ser abogado, sin el cual la profesión jurídica no podría justificar su existencia. In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002).

Igualmente, todo miembro de la clase togada debe exhibir una conducta que exalte el honor y la dignidad de su profesión, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión. Por lo cual, al atender los méritos de una acción disciplinaria, es indispensable evaluar si la conducta que se le imputa al abogado le hace indigno de pertenecer al foro. In re López González, 171 D.P.R. 567 (2007); In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003).

II

Un abogado que acepta un caso y luego no mantiene a su cliente informado sobre lo que ocurre en éste, atenta contra los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, ante. In re Verdejo Roque, 145 D.P.R. 83 (1998). Igualmente, la desestimación de un pleito debido a la negligencia del abogado constituye una violación crasa a los Cánones 12 y 18. Cuando tal negligencia consiste en no comparecer a un señalamiento del tribunal, el abogado quebranta los deberes impuestos por los Cánones 9, 12 y 18. Ello en vista de que el incumplimiento injustificado con las órdenes de un tribunal y la incomparecencia a los señalamientos del tribunal, son actuaciones contrarias al deber de observar el mayor respeto hacia los tribunales y actuar con puntualidad y diligencia al tramitar las causas. Todo lo anterior es, además, un grave atentado contra el deber de sinceridad y honradez impuesto en el Canon 35, ante. In re Grau Díaz, ante.

Por otra parte, la abogacía y la notaría requieren atención minuciosa, diligencia y cumplimiento de las órdenes del tribunal, en particular cuando se trata de procedimientos relativos a la conducta profesional. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Es deber del abogado responder a los requerimientos del tribunal con prontitud y diligencia cuando se investiga una queja en su contra. Id. La dilación injustificada para contestar la querella es una falta de respeto al tribunal. In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984). A su vez, la indiferencia ante las órdenes de este Tribunal acarrea sanciones disciplinarias severas. In re Otero Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998); In re Melecio Morales, 144 D.P.R. 824 (1998).

Al determinar la sanción a imponerse, debemos tomar en consideración, entre factores múltiples, la reputación del abogado en la comunidad, su historial como profesional del Derecho, si se trata de una primera falta o de una conducta aislada, si alguna parte ha resultado perjudicada y el cumplimiento del querellado con nuestras órdenes durante el procedimiento disciplinario. In re Colón Morera, ante; In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

III

De entrada, no debemos perder de vista que Cuevas Velázquez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14 de diciembre de 1967, es decir, que a la fecha de su suspensión en el 2000 llevaba treinta y tres años en la práctica. Por lo cual, a raíz de su experiencia y la gran cantidad de años ejerciendo la profesión, debió conocer a cabalidad las nor-mas éticas que rigen nuestro quehacer.

Por otra parte, resulta evidente que el cliente resultó perjudicado por las actuaciones de Cuevas Velázquez, ya que la reclamación de Ramos Fuentes, y luego la de su hijo, fue desestimada a causa del reiterado incumplimiento con las órdenes del tribunal y, finalmente, por la incomparecencia injustificada de Cuevas Velázquez a la conferencia con antelación al juicio. Todo ello a pesar de las advertencias del tribunal en torno a las consecuencias del incumplimiento reiterado de sus órdenes.

En su contestación a la querella enmendada, Cuevas Velázquez expuso que Ramos Fuentes acudió a sus oficinas por primera vez en mayo de 1996, por motivo de un accidente sufrido por su hijo de trece años el 27 de enero de 1993, en el cual éste fue impactado por un vehículo propiedad de Aurea Nieves Cruz, que a su vez era conducido por el hijo de ésta. Alegó que durante esa primera visita, Ramos Fuentes le expresó interés en presentar una demanda sobre daños y perjuicios por motivo del referido accidente y que, en dicha ocasión, le expresó a Ramos Fuentes que su reclamación en particular estaba prescrita por haber transcurrido más de un año desde el accidente. Cuevas Velázquez también sostuvo que le explicó a Ramos Fuentes que era necesario averiguar ciertos elementos, tales como la situación económica de los posibles demandados y si el vehículo estaba asegurado, ya que de no ser así, las posibilidades de obtener una indemnización por los daños sufridos eran mínimas.

Sin embargo, del informe del Comisionado Especial surge que el 7 de enero de 1994 Cuevas Velázquez le remitió una carta a Ramos Fuentes citándole a una entrevista inicial, la cual se llevó a cabo el 15 de enero de 1994. Ello presupone que Ramos Fuentes acudió a las oficinas de Cuevas Velázquez al menos antes del 7 de enero de 1994. Además, de lo anterior colegimos que, contrario a lo expresado por Cuevas Velázquez, la entrevista inicial no ocurrió en mayo de 1996, sino el 15 de enero de 1994. De modo que a la fecha en que Ramos Fuentes acudió a su oficina por primera vez e, incluso, a la fecha de la entrevista inicial, la reclamación de ésta no estaba prescrita. Mucho menos la de su hijo, quien era menor de edad y contra quien el término prescriptivo no había comenzado a transcurrir. Por lo cual, sus alegadas expresiones en torno a que informó a Ramos Fuentes desde que acudió por primera vez a sus oficinas que su reclamación estaba prescrita, no son ciertas.

Durante la entrevista inicial, Ramos Fuentes le proveyó información detallada sobre el accidente, entre lo cual le indicó que la dueña del vehículo y el policía a cargo del caso le expresaron al esposo de Ramos Fuentes que el vehículo estaba asegurado. Posterior a la referida entrevista, Cuevas Velázquez asumió la representación legal del caso.

El 1 de febrero y el 16 de mayo de 1994 Cuevas Velázquez cursó cartas al conductor del vehículo y presunto causante del accidente, indicándole que había asumido la representación legal de Ramos Fuentes y de su hijo, y requiriéndole cierta información sobre el seguro del vehículo. Ello confirma una vez más que Ramos Fuentes contrató los servicios legales de Cuevas Velázquez desde el 1994 y no en el 1996, como éste alegó.

De hecho, Cuevas Velázquez continuó haciendo gestiones relativas al caso, aunque nunca presentó una reclamación extrajudicial que interrumpiera el término prescriptivo, ya que en las cartas cursadas al conductor del vehículo en ningún momento reclamó el resarcimiento de los daños ocasionados en el accidente. Aun cuando Cuevas Velázquez entendía que el caso no tenía mérito porque la prueba era insuficiente y los posibles demandados carecían de recursos económicos y de cubierta de seguro, Ramos Fuentes le ex-presó su interés de continuar con el caso y éste accedió. De modo que asumió la responsabilidad que ello acarrea. Es decir, tenía el deber de tramitar el caso de forma responsable y con la diligencia debida a todo cliente.

Finalmente, el 4 de junio de 1996 Cuevas Velázquez presentó la demanda sobre daños y peijuicios ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, transcurridos dos años y cuatro meses desde la entrevista inicial de Ramos Fuentes. La parte demandada solicitó la desestimación parcial de la demanda, bajo el fundamento de que la causa de acción de Ramos Fuentes estaba prescrita. El tribunal ordenó a Ramos Fuentes a expresarse sobre la referida moción, pero Cuevas Velázquez no cumplió con dicha orden. Tampoco hizo expresión o gestión alguna cuando el tribunal le ordenó que se expresara sobre la moción reiterando la desestimación parcial presentada por la parte demandada. Cuevas Velázquez no informó a Ramos Fuentes sobre las referidas mociones, presentadas por la parte demandada. Entretanto, Ramos Fuentes contestó de su puño y letra el interrogatorio cursado por la parte demandada, y lo remitió al abogado de ésta. En vista de que faltaba cierta información, el abogado de la demandada cursó una carta a Cuevas Velázquez en torno al referido interrogatorio, pero éste no respondió a tal requerimiento.

El 19 de septiembre de 1996 se llevó a cabo una reunión sobre el estado de los procedimientos, a la cual Cuevas Velázquez no compareció, ni proveyó explicación alguna para su incomparecencia. El tribunal emitió una orden a Cuevas Velázquez para que mostrara causa por la cual no debía sancionarle por su incomparecencia y requirió, además, que proveyera la información solicitada en el interrogatorio que le fuera cursado a Ramos Fuentes por la parte demandada, bajo apercibimiento de la imposición de sanciones. Cuevas Velázquez no se expresó al respecto.

El tribunal citó a las partes a una conferencia con antelación al juicio a celebrarse el 22 de mayo de 1997. Sin embargo, el 19 de mayo de 1997 le fue notificada a Cuevas Velázquez la sentencia parcial desestimando la reclamación de Ramos Fuentes. Este no presentó moción alguna en torno a la sentencia parcial, ni le informó a Ramos Fuentes sobre ésta.

Cuevas Velázquez citó a Ramos Fuentes a su oficina para el 22 de mayo de 1997. Ramos Fuentes desconocía cuál era el motivo de la reunión pautada pero acudió, y al llegar a la oficina de Cuevas Velázquez, éste le informó que habían “pospuesto” la razón para la cual la había citado y no proveyó información adicional sobre el caso. En esa ocasión, tampoco informó a Ramos Fuentes que la demanda había sido desestimada parcialmente, ni que ese mismo día, el 22 de mayo de 1997, se llevaría a cabo la conferencia con antelación al juicio. Tómese en cuenta que en tal fecha, aún podía solicitarse reconsideración sobre la desestimación parcial de la demanda y acudir al señalamiento del tribunal. Ante la incomparecencia de Cuevas Velázquez a la conferencia con antelación al juicio, y en vista de su incumplimiento reiterado con las órdenes del tribunal, en esa misma fecha, el foro de instancia dictó sentencia final, desestimando también la reclamación del hijo de Ramos Fuentes. De modo que la demanda presentada por Ramos Fuentes fue archivada en su totalidad.

Posterior a ello, y tras no obtener información alguna sobre el estado del caso, Ramos Fuentes acudió al tribunal y supo que habían desestimado la demanda en su totalidad. Insatisfecha con el desempeño de Cuevas Velázquez, Ramos Fuentes le expresó su interés de obtener el expediente de su caso, y lo buscó en la oficina de Cuevas Velázquez. La secretaria de Cuevas Velázquez entregó a Ramos Fuentes el ex-pediente de su caso en un sobre cerrado.

De todo lo antes expuesto, surge que Cuevas Velázquez no contestó las mociones de desestimación ni notificó a su cliente sobre éstas; tampoco compareció a la reunión pautada por el tribunal, ni a la conferencia con antelación al juicio, ni contestó los requerimientos del tribunal y de la parte demandada. Adicional a todo esto, nunca emplazó al conductor del vehículo. En su defensa, Cuevas Velázquez argüyó que tras descubrir que la parte demandada no tenía seguro ni recursos económicos, y que el caso resultaría difícil de probar en vista de diversos factores,() Ramos Fuentes le expresó que no tenía interés de proseguir con el caso y le dijo que lo “dejara morir”. Incluso, alegó que ésta firmó una carta de su puño y letra, en la cual supuestamente le relevó de seguir con el caso. Sin embargo, la alegada carta de relevo no estaba en el expediente de Ramos Fuentes que fue examinado por el Comisionado Especial y Cuevas Velázquez ni intentó presentar prueba específica sobre el contexto en que la supuesta carta fue suscrita o en tomo a su contenido, más allá de decir que se trataba de un relevo de proseguir con el caso.

Según bien destaca el Comisionado Especial, si como señaló Cuevas Velázquez, Ramos Fuentes no interesaba proseguir con el caso, el curso apropiado era la presentación de una moción de desistimiento sin perjuicio, en lugar de exponerse a sanciones económicas y a la desestimación del pleito. Además, si ella no deseaba continuar con el caso, resulta inexplicable por qué Ramos Fuentes acudió a sus oficinas en ocasiones repetidas para saber el estado de los procedimientos, ni por qué acudió a otra cita de Cuevas Velázquez, en la que éste alegó que el motivo de la citación había sido cancelado. Es decir, hasta el 22 de mayo de 1997, la fecha de la conferencia con antelación al juicio, Ramos Fuentes mostró interés en proseguir con el pleito, ya que de otro modo no hubiera acudido a las oficinas de Cuevas Velázquez ese día. Tampoco hubiese recogido el ex-pediente de su caso posteriormente de no entender que podría remediar, de alguna forma, los errores que a su juicio cometió Cuevas Velázquez.

Los argumentos conflictivos y en ocasiones increíbles de Cuevas Velázquez, no le merecieron crédito al Comisionado Especial, quien tuvo ante sí toda la prueba testifical y documental presentada por las partes. De igual forma, no nos persuaden.

Las conclusiones del Comisionado Especial toman mayor relevancia cuando un estudio minucioso del expediente de Cuevas Velázquez demuestra que éste ha sido sancionado severa y repetidamente en ocasiones previas. De hecho, fue suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía mediante Sentencia de 29 de junio de 2000. Véase In re Cuevas Velázquez, 151 D.P.R. 593 (2000). Allí resolvimos que Cuevas Velázquez faltó a los deberes de diligencia, sinceridad y honradez que deben guiar los quehaceres de un abogado. A tales efectos, expresamos que era incomprensible que Cuevas Velázquez llevara veintiún años intentando corregir los defectos que le fueron notificados y que impedían la inscripción de una escritura sobre partición de herencia, adjudicación de bienes, segregación y notificación de compraventa. Durante todo ese procedimiento Cuevas Velázquez desplegó conducta engañosa hacia sus clientes y hacia el tribunal, omitiendo intencionalmente información sobre los asuntos que le fueron encomendados, demostrando una indiferencia patente hacia el proceso e incumpliendo con los requerimientos de los tribunales, sin proveer justificación alguna. Por motivo de ello, así como por su aparente dejadez y falta de interés, se le suspendió indefinidamente del ejercicio de la abogacía.

Sin embargo, ésta no fue la primera ocasión en que Cuevas Velázquez ha sido objeto de acción disciplinaria por este Foro. Mediante Sentencia de 29 de enero de 1975, impusimos a Cuevas Velázquez una multa de $200 por no observar “el debido respeto a que son acreedores los tribunales, en particular por parte de los miembros de la profesión de abogados”. Pueblo v. Cuevas Velázquez, 103 D.P.R. 290, 295 (1975). En tal ocasión, durante un juicio criminal, Cuevas Velázquez adujo varias veces que el juez de instancia le estaba haciendo señas al jurado, en perjuicio de su cliente. A pesar de que el juez le concedió la oportunidad de retractarse en su imputación, Cuevas Velázquez se reiteró en su posición, a causa de lo cual le fue impuesto un desacato sumario y una pena de diez días en la cárcel. Modificamos la pena impuesta por entender que era desproporcionada al carácter del delito cometido, pero sostuvimos la determinación del foro primario, en tanto su conducta menoscabó la importancia del respeto y decoro que deben desplegar los abogados en todo quehacer ante los tribunales.

Posterior a su suspensión decretada el 29 de junio de 2000, mediante una moción informativa de 6 de septiembre de 2000 el Colegio de Abogados nos informó sobre dos quejas que fueron presentadas ante la Comisión de Ética Profesional contra Cuevas Velázquez, presentadas por Luz Patria Mercado Castro y Rubén Torres Martínez. En vista de que en tal fecha Cuevas Velázquez estaba suspendido del ejercicio de la abogacía, emitimos una resolución indicando que se tomaría en consideración la presentación de las referidas quejas una vez éste solicitara la reinstalación a la profesión.

Nuevamente, el 29 de septiembre de 2000 el Colegio de Abogados nos remitió una moción informativa sobre la queja informal presentada por Lucila Burgos García contra Cuevas Velázquez. Dicha queja también se incluyó en el expediente del referido abogado en la eventualidad de que éste solicitara la reinstalación en el futuro.

Posteriormente, Luz Patria Mercado Castro presentó ante este Tribunal una carta escrita de su puño y letra, en la cual expresaba su insatisfacción con el trabajo de Cuevas Velázquez y solicitaba que ordenáramos a éste que entregara a ella todo documento relacionado con su caso. El 20 de diciembre de 2000 emitimos una resolución concediéndole a Cuevas Velázquez un término de diez días para entregar a Patria Mercado todo documento relacionado con el caso que tramitó en representación de ésta. No obstante, Cuevas Velázquez incumplió con la referida orden, por lo cual le concedimos un término adicional de diez días para cumplir con nuestra resolución, bajo apercibimiento de desacato.

El 25 de enero de 2001 y el 12 de noviembre de 2002, el Colegio de Abogados presentó dos mociones informativas adicionales, indicando que otras quejas habían sido presentadas contra Cuevas Velázquez, en dicha ocasión por Víctor Vázquez Rosario y Johnny Ortiz Curet, respectivamente. Las referidas mociones también fueron incluidas en el expediente de Cuevas Velázquez.

Según señalamos anteriormente, conforme a lo solicitado por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, Lie. Carmen H. Carlos, mediante Resolución de 7 de febrero de 2003 ordenamos a Cuevas Velázquez que corrigiera las deficiencias halladas en su Protocolo. En vista de que Cuevas Velázquez adujo que carecía de los recursos económicos para ello, le concedimos un término adicional de 90 días para cumplir con nuestra orden. Después de transcurrido dicho plazo, el 24 de julio de 2003 Cuevas Velázquez presentó su primera solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía.

Luego de un examen del informe rendido por el Comisionado Especial, y habiendo evaluado el expediente de Cuevas Velázquez, resolvemos que no procede reinstalarle al ejercicio de la abogacía. No merece ese privilegio. El reiterado incumplimiento con las órdenes de los tribunales, su clara dejadez y menosprecio en la tramitación de los casos que le han sido encomendados y la falta de diligencia, honradez y sinceridad que ha desplegado a través de los años es patente. De igual forma, ha incumplido con nuestras órdenes durante el procedimiento de acción disciplinaria que ahora culmina. Específicamente, hemos destacado que los abogados deben responder con premura a los requerimientos relacionados con quejas por conducta profesional y, de no hacerlo, enfrentan sanciones disciplinarias serias. In re Arroyo Rivera, ante. No se trata sólo de un incidente aislado, sino de un patrón de conducta que resulta detrimental para la profesión y en forma alguna enaltece la toga. No podemos avalar dicha conducta bajo circunstancia alguna.

IV

En mérito de lo antes expuesto, procede denegar la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía de Ismael Cuevas Velázquez.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) En la referida resolución, le ordenamos a que entregara a Luz Patria Mercado, ex cliente de Cuevas Velázquez que presentó una queja contra éste ante el Colegio de Abogados, todo documento relacionado con su caso.

      (2) Le apercibimos que de no cumplir con la Resolución de 20 de diciembre de 2000, sería hallado incurso en desacato.

      (3) Surge del expediente que el hijo de Ramos Fuentes, quien a la fecha de la presentación de la demanda tenía casi 17 años, tenía un problema de adicción a las drogas.