author: El Juez Presidente Señor. Tbavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cleofe Mercado, acusado y apelante.
    Núm. 12787.

    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Marzo 2, 1948.

      Ramón G. Goyco, abogado del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández j J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor. Tbavieso

emitió la opinión, del tribunal.

Cleofe Mercado fné acusado por un delito de abandono de menores, convicto del delito imputado y sentenciado a sufrir tres meses de cárcel, quedando en suspenso- dicha sentencia mientras el acusado pase, a sus menores hijos la suma de $5 semanales. De esta sentencia apela el acusado alegando que la corte inferior cometió dos errores, los que a continuación disentiremos.

Gomo primer señalamiento alega el acusado apelante que la denuncia no imputa delito público porque no alega que el acusado actuara sin “excusa legal”. Arguye, que para que una acusación por abandono- de menores impute la comisión del verdadero acto delictivo que castiga el artículo 263 del Código Penal, es necesario alegar que el acusado actuó “sin excusa legal”. En apoyo de dicha contención cita los casos de Pueblo v. Ferran, 26 D.P.R. 263, y Pueblo v. Giraud, 23 D.P.R. 531.

Es cierto que la doctrina establecida por ambos casos citados por el apelante, es al efecto de que debe alegarse y probarse que el acusado actuó sin “excusa legal”. Pero después de un detenido y cuidadoso estudio de dicha doc-trina, opinamos que no debe requerirse al fiscal probar un hecho, a saber, que el acusado actuara sin “excusa legal” el cual por su naturaleza debe considerarse como materia de defensa. La denuncia en este caso alega que el acusado “ilegal, voluntaria y maliciosamente, ha dejado de proveerle de alimentos, medicinas, ropa, etc. a sus hijos legítimos y menores de edad.” En la.alegación de que el acusado ac-tuó “ilegal, voluntaria y maliciosamente” va implícita la de que actuó “sin excusa legal”. La presencia de la ma-licia y de la voluntad en el incumplimiento de la obligación de alimentar a los hijos menores de edad, excluye la posi-bilidad de que el acusado actuara bajo una excusa legal para dejar de cumplirla. Resolvemos, por lo tanto, que la de-nuncia en la forma en que fué redactada en este caso es suficiente para imputar al acusado la comisión del acto de-lictivo que se le imputa. Los casos de Pueblo v. Ferrán y Pueblo v. Giraud, supra, quedan por el presente expresa-mente revocados.

En su segundo y último señalamiento, el acusado apelante alega que la corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba. La prueba aportada en este caso en síntesis puede resumirse así: La ofrecida por El Pueblo, consistente en la declaración de Herminia Martínez, madre de los menores, tendió a demostrar que el acusado es dueño de un puesto de guineos que le produce ciertas ganancias semanales; que además tiene una finquita en Villalba de seis cuerdas, que también le produce beneficios; y que otros hijos que tiene le ayudan con dinero. La prueba de la defensa, consistente en las declaraciones del propio aeu-sado y las del Dr. Max Sánchez, tendió a demostrar que el acusado solamente recibe como beneficio semanal del pues-tecito de guineos que él opera, la cantidad de $2; que de la finca que tiene en Yillalba solamente recibe un rapimo de guineos y alguna que otra verdura esporádicamente; que no está en condiciones de poder pasarle a sus hijos la can-tidad de $5 semanales porque sus ingresos son muy pocos; que ,está enfermo desde hace varios meses sufriendo de pre-sión arterial, lo cual no le permite trabajar, según testi-monio del Dr. Sánchez. El acusado acepta el hecho de la paternidad.

La corte inferior, dirimiendo el conflicto existente en la prueba, dió entero crédito a aquélla ofrecida por El Pueblo al efecto de que el acusado apelante tenía suficientes ingre-sos para pasarle a sus hijos la cantidad de $5 semanales.

Siendo la evidencia aquí aportada suficiente para soste-ner dicha conclusión, ésta no será alterada.

La sentencia será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoh Snydek

license: Public Domain

text:
    Waldemar Bithorn Huicy, demandante y apelante, v. Francisco Santana y Hartford Accident and Indemnity Co., representada en Puerto Rico por M. Mocoroa Arsuaga, Inc., demandados y apelados.
    Núm. 9626.

    Sometido: Febrero 11, 1948.

      Resuelto: Marzo 4, 1948.

      Francisco Vizcarrondo, abogado del apelante; James R. Beverley, José López Baralt y R. Rodríguez Lebrón, abogados de los apela-dos. ‘
   El Juez Asociado Señoh Snydek

emitió la opinión del tribunal.

El 14 de noviembre de 1945 Waldemar Bithorn Huiey resultó lesionado con motivo de un accidente que ocurrió al tratar de abordar una guagua. El 7 de noviembre de 1946 Bithorn radicó demanda ante la corte de distrito contra la Hartford Accident & Indemnity Company por los daños oca-sionádosle por este accidente.

Alega la demanda que al día siguiente al accidente, el demandante notificó de éste a los directores de “Omnibus Metropolitanos”, dueña del vehículo; que éstos expresaron su hondo sentimiento por lo ocurrido; que le informaron que el chófer envuelto en el. accidente había abandonado el trabajo la misma noche del suceso; que instruyeron al de-mandante . que radicara su reclamación con los representan-tes de la Hartford, aseguradora de sus guaguas; que el Te-sorero de “Omnibus Metropolitanos” le informó al deman-dante que él había notificado personalmente el accidente a la compañía aseguradora; que el demandante inmediata-mente informó del accidente al representante de la compa-ñía aseguradora; solicitando una investigación y manifes-tando que éste se debió a la negligencia del chófer de la gua-gua y que por tanto la compañía era responsable de los da-ños ocasionados al demandante; que a pesar de dichas so-licitudes y de una entrevista con el representante de la com-pañía aseguradora, ésta no había contestado, no obstante el hecho de que el demandante había informado a la com-pañía de la protesta de “Omnibus Metropolitanos”, por no haber la aseguradora hecho investigación alguna según lo solicitado por el demandante.

El 18 de noviembre de 1946 la compañía demandada so-licitó la desestimación de la demanda por el fundamento de que ■ ésta no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción. El 13 de junio de 1947 la corte de distrito dictó una resolución declarando con lugar la moción por-que la compañía aseguradora había sido demandada sola y no en unión del dueño del vehículo. La corte descansó en el caso de United States Casualty Company v. Corte, 66 D.P.R. 937.

La corte inferior concedió al demandante diez días para radicar una demanda enmendada incluyendo como codeman-dado al dueño de la guagua. El 21 de junio de 1947 — un año y siete meses después del accidente — el demandante radicó su demanda enmendada incluyendo a Francisco Santana, dueño del vehículo, como codemandado.

Las alegaciones de la demanda enmendada, aparte de la inclusión de Santana, eran sustancialmente las mismas que las de la demanda original, excepto que (1) el demandante alegaba ahora que Santana, como dueño, más bien que los directores de “Omnibus Metropolitanos” habían efectuado todas las gestiones descritas en la demanda original y que (2) la demanda enmendada contenía la alegación adicional de que el demandante fué a donde la compañía de seguros porque Santana, afirmando que su vehículo estaba asegu-rado con dicha compañía, se negaba a atender personalmente la reclamación del demandante.

Los demandados solicitaron la desestimación de la de-manda enmendada por el fundamento de que la acción ha-bía prescrito a tenor con el artículo 1868, inciso 2, del Có-digo Civil. La corte de distrito declaró con lugar esta mo-ción y dictó sentencia desestimando la demanda. De dicha sentencia apeló el demandante.

Si Men éste señala la comisión de seis errores, todos en-vuelven el fallo de la corte inferior al efecto de que la ac-ción había prescrito. El artículo 1868 provee que esta clase de pleitos debe radicarse dentro de un año de ocurrido el accidente. Sin embargo, el artículo 1873 prescribe que “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejerci-cio ante los tribunales,' por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

Una demanda contra la aseguradora solamente, cuando no se ha obtenido antes sentencia firme contra el asegurado, no aduce a una causa de acción. Bajo tales circunstancias una demanda es fatalmente defectuosa a menos que se incluya como codemandado al asegurado. United States Casualty Co. v. Corte, supra. La demanda original, radicada dentro del año de ocurrido el accidente, contra la aseguradora únicamente, no interrumpió por tanto el término prescriptivo en lo que se refiere al asegurado.

La demanda enmendada, en la que por primera vez se incluyó al asegurado como demandado, fué radicada un año siete meses después del accidente. El apelante alega que dicha demanda enmendada se retrotrae a la fecha de la demanda original, significando esto que el pleito se radicó debidamente dentro de un año del accidente. Descansa en la Regla 15(c) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, que provee como sigue:

“Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la alegación enmendada surgiere de la conducta, transacción o evento expuesto o que se hubiere intentado exponer en la alegación original, las enmien-das se retrotraerán a la fecha de la alegación original.”

Bajo la Regla 15(c) la demanda enmendada se retrotrae a la fecha de la demanda original, aun cuando aquélla aduzca una causa de acción diferente a la alegada en ésta, siempre y cuando que ambas surjan de la misma conducta, transac-ción o evento. Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518; Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346. Pero no fné la in-tención de que la Regla 15(c) proveyera que una demanda enmendada se retrotrae a la fecha de la demanda original, para determinar si un pleito fné radicado dentro del tér-mino prescriptivo contra un demandado que es incluido por primera vez en la demanda enmendada como tal demandado. Éste nunca fué parte en el pleito hasta que la demanda en-mendada se radicó. Los hechos alegados se retrotraen a la demanda original; pero a los fines de la prescripción, la fecha en que se demande a un demandado se establece inexo-rablemente por la fecha en que se le incluye por primera vez como demandado. 1 Moore’s Federal Practice, sección 15.08, pág. 810; Sanders v. Metzger, 66 F. Supp. 262 (Pa., 1946); Anderson v. Brady, 9 Fed. Rules Serv. 346 (Ky., 1946); Commentary, 2 Fed. Rules Serv. 653.

La fínica otra base que podría favorecer al demandante es que había hecho una reclamación extrajudicial contra el acreedor, que interrumpió el término prescriptivo. Suponemos, sin decidirlo, que el demandante ' en un pleito de daños es un acreedor de la aseguradora y que una reclamación extrajudicial hecha por el demandante a ésta interrumpiría el término prescriptivo en cuanto a un pleito contra ella. Pero la responsabilidad de la aseguradora depende de la responsabilidad del asegurado. De ahí que, si no se hace reclamación extrajudicial al asegurado y la reclamación contra éste prescribe, no puede existir causa de acción ni contra el asegurado ni contra la aseguradora, a pesar del hecho de que teóricamente la reclamación contra la aseguradora todavía está en pie porque la reclamación extrajudicial háchale solamente a ella interrumpió la prescripción en cuanto a ella se refiere. Esto es así porque, como hemos visto, la responsabilidad de la aseguradora está predicada en la responsabilidad del asegurado. Una vez que la reclamación contra éste prescribe, el asunto está ter-minado. Cruz v. González et al., 66 D.P.R. 212, 214. ()

Bn su consecuencia tenemos que determinar si se -hizo una reclamación extrajudicial al asegurado. La demanda alega tal reclamación como hecha solamente el día después del accidente. Excepción hecha de la manifestación del de-mandante de que había informado a la aseguradora de la protesta del asegurado, porque aquélla no había hecho in-vestigación alguna, según lo solicitó el demandante, las otras alegaciones de la demanda sobre este punto se limi-tan a requerimientos hechos por el demandante a la asegu-radora en ciertas fechas no especificadas. Nada se des-prende de estas alegaciones que equivalga a una reclama-ción extrajudicial directamente al asegurado dentro de un año antes de la radicación de la demanda enmendada.

Resta tan sólo la posibilidad de que las reclamacio-nes se hicieron a la aseguradora como agente del asegurado. Alega la demanda que el dueño le dió instrucciones al de-mandante para’ que radicara su reclamación con la asegu-radora. Suponiendo, sin decidirlo, que ésta sea una ale-gación suficiente al efecto de que la aseguradora era agente del asegurado para recibir reclamaciones extrajudiciales a nombre de éste, la demanda guarda silencio en cuanto a la naturaleza, número y, lo más importante, las fechas de las reclamaciones que se dice fueron hechas a la aseguradora para que le pagara la reclamación del demandante.

En un esfuerzo para reforzar su contención de que el término prescriptivo fué interrumpido por una reclamación extrajudicial, el abogado del apelante ha acompañado a su alegato ante este Tribunal cinco cartas »que le escribió a la aseguradora, una escrita al asegurado y una de la aseguradora en contestación a una del demandante. La mo-ción para que se desestimara la demanda fué radicada bajo la Regla 12(b) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil por el fundamento de que la acción babía prescrito. Cuando el apelante radicó su oposición a esta moción ante la corte de distrito, éste tenía derecho a radicar estas cartas en apoyo de su oposición. Ramos v. Pueblo, 67 D.P.R. 640. Pero es-tas cartas no pueden ser consideradas por nosotros cuando se presentan por primera vez en calidad de exhibits acom-pañados al alegato del apelante ante este Tribunal. Sin embargo, aun cuando pudiéramos considerarlas, llegaríamos a la misma conclusión. No nos detenemos a examinar las primeras cuatro escritas por el demandante a la asegura-dora o la carta que aquél le escribió al asegurado, ya que todas fueron escritas más de un año antes de la fecha de la demanda enmendada. La última carta del demandante a la aseguradora, escrita el 12 de septiembre de 1946, no tiene reclamación alguna; sencillamente solicita la devolución de los certificados médicos sometidos anteriormente a la ase-guradora.

Este caso no cae dentro de la doctrina establecida en Suárez v. Pereira, 66 D.P.R. 236. En dicho caso el asegurado admitió responsabilidad; el demandante, a instancia del ase-gurado, presentó una reclamación extrajudicial a la asegura-dora ; y ésta aceptó su responsabilidad ,así como la del ase-gurado. “La indicación hecha por el demandado al deman-dante de que dirigiera su reclamación contra la aseguradora y la aceptación de ésta de su responsabilidad y, como conse-cuencia, entrar en negociaciones para determinar la cuantía de la indemnización, convirtió a la aseguradora, si es que no lo era ya por los términos de la póliza, en agente o re-presentante del asegurado.” Suárez v. Pereira, supra, pág. 241. (Bastardillas nuestras.) En su consecuencia resolvi-mos que el término prescriptivo quedó interrumpido por varios meses mientras (pág. 241) “la aseguradora, so-lidarizándose con la responsabilidad del asegurado, mantuvo el caso bajo discusión en cuanto a la cuantía de la indem-nización. ’ ’

En el presente caso, si bien Remos supuesto que la ase-guradora era agente del asegurado a los fines de recibir una reclamación extrajudicial, las alegaciones de la demanda, contrario al caso de Suárez, no demuestran que la compañía aseguradora admitiera su responsabilidad o que la demora en la radicación del pleito fue debida' al becbo de que la compañía babía admitido tanto su responsabilidad como la del asegurado y se estaba haciendo un esfuerzo para llegar a un arreglo. Véase Bergeron v. Mansour, 152 F.2d 27 (C.C.A. 1, 1945). Aquí el asegurado simplemente refirió el demandante a la aseguradora, que presumiblemente actua-ría a nombre del asegurado y en el suyo propio. El dueño nunca admitió su responsabilidad. Tampoco la asegura-dora, como agente del asegurado o a nombre propio, admi-tió jamás responsabilidad alguna o realizó gestión alguna para llegar a un entendido. Por tanto, el término prescrip-tivo siguió corriendo basta que se radicó la demanda en-mendada en la que por primera vez se incluyó al dueño como demandado. Y para dicba fecba la acción estaba pres-crita^)

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      (1) En el caso de Cruz v. González, supra, pág. 214, también indicamos que “la interrupción de la'prescripción respecto a la aseguradora pudiera perjudicar por igual, al asegurado . . bajo los artículos 1874 y 1875 del Código Civil si la demanda alegara que la aseguradora estaba obligada in solido. Ni en el caso de Cruz ni en el presente se hizo tal alegación.

      (2) Nuestra suposición a/rgüendo de que la aseguradora era agente dol asegu-rado a los fines- de recibir una reclamación extrajudicial, no nos lleva a la conclusión de que la demanda original, radicada contra la aseguradora sola-mente, interrumpió el término prescriptivo en cuanto al asegurado en la teoría de que el pleito fue contra la aseguradora como agente del asegurado. A lo sumo, bajo los hechos de este caso, la aseguradora era agente para recibir reclamaciones extrajudiciales, y no para que se le demandara. Por tanto, era necesario incluir al asegurado como demandado, para de este modo interrumpir el término prescriptivo en cuanto a él.


author: El Juez Asociado Seüoe SnydeR

text:
    Telesforo Méndez Cortés, en su carácter de tutor legal del incapacitado Eusebio Galarza Nieves y su esposa María Lorenzo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1229.

    Sometido: Febrero 13, 1948.

      Resuelto: Marzo 4, 1948.

      José Ver ay, Jr., abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Seüoe SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento ex parte la corte de distrito declaró con lugar la solicitud del tutor de Eusebio Galarza Nieves, persona incapacitada, y ordenó la venta en pública subasta de dos fincas, como pertenecientes a Galarza, por un pre-cio no menor de $400 y $170 respectivamente. De confor-midad con esta resolución, se vendieron a Francisco Acevedo Badillo las dos fincas en pública subasta por los pre-cios arriba mencionados. María Lorenzo compareció en la escritura de venta otorgada por el mársbal, haciendo cons-tar que era la esposa de Galarza, que las dos fincas consti-tuían bienes gananciales, que ratificaba y consentía a la venta de las dos fincas a Acevedo, y que convenía en reci-bir en su oportunidad y tan pronto como la corte de dis-trito así lo resolviera, la parte proporcional que a ella le correspondía en el precio de venta de las fincas.

El registrador se negó a inscribir la escritura de venta por los motivos (1)' que la resolución ordenaba que la finca se vendiera como de la exclusiva pertenencia de G-alarza, mientras aparecía inscrita como bienes gananciales de éste y de María Lorenzo, y (2) que una resolución judicial no puede ser enmendada por una escritura.

Alega el peticionario que no obstante la resolución, la ratificación de la venta beclia en la escritura por María Lorenzo, convalida la venta. Descansa en García v. Registrador, 66 D.P.R. 683, y en Rivera v. Registrador, 65 D.P.R. 298.

En el caso de García la esposa compareció ante la corte de distrito por derecho propio y en representación de su esposo incapacitado, y alegó que éste era el dueño, como bie-nes gananciales, de una finca, y solicitaba que a nombre de los dos se vendiera la finca en pública subasta. Esto se hizo a tenor con una resolución de la corte, y el márshal firmó la escritura a nombre de cada uno de ellos. El regis-trador inscribió la escritura con el defecto subsanable de que la esposa no había comparecido en la escritura a rati-ficar la venta en cuanto a su participación de la mitad de los gananciales. Revocamos su nota por el fundamento de que como la esposa había dado su consentimiento y autori-zación anteriormente, no era necesario que ella compare-ciera de nuevo a ratificar- un acto que se verificó a instancia suya y con su consentimiento anterior y expresa autoriza-ción.

En el de Rivera una madre con patria potestad sobre su menor hija solicitó la autorización judicial para vender la participación de ésta en una finca perteneciente a las dos. El fiscal convino en que el traspaso se autorizara'con la con-dición de que se vendiera en pública subasta toda la propie-dad y que se depositara el producto en corte para retirar de ella la parte perteneciente a la menor. La corte ordenó la venta de toda la finca, y ésta se llevó a cabo. Se inscri-bió la escritura con el defecto subsanable de que la madre no había consentido en que se vendiera su participación en la finca. Confirmamos la nota del registrador por el fun-damento de que la solicitud de autorización y la resolución de la corte se limitaron a la participación de la menor en la propiedad. Sin embargo, dijimos que (pág. 299) “No consta que dicha señora consintiera expresamente que su condominio fuese vendido en pública subasta.”

Es cierto que dijimos a la página 299 del caso de Rivera que “la corte carecía de jurisdicción para ordenar la venta del condominio de la madre.’.’ Y del mismo modo, en el presente caso la corte carecía de jurisdicción para vender la participación de la esposa en los bienes gananciales. ■ Pero con su esposo incapacitado, no había impedimento alguno para que la esposa, a iniciativa propia, compareciera en la escritura, como lo hizo en este caso, de suerte que ella apa-reciera vendiendo su participación y el márshal apareciera vendiendo la del esposo incapacitado. La actuación del .márshal fué conforme a la resolución de la corte; la actua-ción de la esposa fué conforme a su propio deseo, indepen-dientemente de la resolución de la corte.

Lo que hemos dicho es también consistente con el caso de García. Allí la comparecencia de la esposa en el proce-dimiento judicial fué suficiente para justificar la venta por el márshal no solamente de la participación de su esposo incapacitado, si que también de la suya en la propiedad ganancial. Aquí la corte carecía de jurisdicción sobre su participación 'ya que ella no compareció en el procedimiento judicial. Pero al unírsele en la escritura, esto ‘facultó al márshal para cumplir con la resolución de la corte en cuanto a la participación del esposo en la finca.

No podemos ver por qué, según el registrador, el fiscal pudo no estar conforme con la venta o la corte pudo haber dictado lina resolución diferente, si el tutor, en vez de de-cir en su solicitud que la propiedad pertenecía exclusiva-mente al esposo incapacitado, hubiera indicado que era un bien ganancial; A lo sumo, si los hechos se hubieran ex-puesto correctamente — que la propiedad pertenecía a la so-ciedad de gananciales — la corte quizás hubiera exigido el consentimiento de la esposa para vender tanto su partici-pación en la finca como la de su esposo, con el fin de ob-tener el mejor precio posible. Pero esto se efectuó mediante la comparecencia de la esposa en la escritura sin necesidad de una resolución de la corte.

Tampoco podemos convenir con el registrador en que la resolución fué modificada por la escritura. La resolución se cumplió: el márshal vendió la participación del esposo en la propiedad, si bien aquélla no era privativa. La com-parecencia de la esposa en la escritura no estuvo en conflicto con la resolución. Más bien ayudó a llevar a cabo los fines de la resolución.

La nota del registrador será revocada y se le ordenará qiie inscriba la escritura libre de defectos.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Andrés López Silva, peticionario y apelado, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. F. Gallardo Díaz, Juez, demandada; Julio Pérez Muñiz y Manuel Vélez, interventores y apelantes.
    Núm. 9627.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Marzo 5, 1948.

      Vicente Géigel Polanco, abogado de los apelantes; Samuel R. Qui-ñones, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda radicada ante la Corte Municipal de Vega Baja, el demandante Andrés López Silva alegó, en síntesis, que es dueño de una casa que adquirió por compra a María Josefa Lomba; que con anterioridad a la venta, la señora Lomba babía cedido la casa en arrendamiento a José Alvarez, quien, sin el consentimiento de la arrendadora,. la sub-arrendó a Julio Pérez Muñiz y Manuel Vélez, los demanda-dos en la acción de desabueio; que el demandante no ba celebrado contrato de arrendamiento alguno con los deman-dados, quienes ocupan la casa sin su consentimiento y se ban negado a desalojarla. La Corte Municipal dictó sen-tencia declarando con lugar la demanda) Los demandados apelaron para ante la Corte de Distrito de Bayamón y radi-caron una fianza por la suma de $300 para responder de daños y perjuicios y costas.

En mayo 9 de 1947 los demandados apelantes, basándose en lo resuelto por este Tribunal en Font v. Echeandía, 67 D.P.R. 244, solicitaron de la Corte de Distrito una orden para la suspensión del procedimiento de desabueio basta la terminación de la emergencia declarada por la Ley de Alquileres Razonables. Se opuso el demandante a la sus-pensión solicitada, alegando: (a) que la corte carecía de jurisdicción, porque la fianza no fué notificada al deman-dante apelado, ni fue aprobada por la corte de distrito, y adolece del defecto de' no haber sido jurada por los fiado-res, según lo requiere el artículo 355 del Código de Enjui-ciamiento Civil; y (b) que de acuerdo con el inciso (c) del artículo 12 de la Ley de Alquileres Razonables no procedo la suspensión del procedimiento “cuando el arrendatario subarriende la propiedad objeto del arrendamiento sin la autorización o consentimiento del dueño o arrendador.” En junio 24 de 1947 la corte inferior decretó la suspensión del procedimiento y ordenó la devolución de los autos a la Corte Municipal. Habiéndose negado la corte inferior a reconsi-derar dicha orden de suspensión, el demandante acudió ante el Juez Asociado de este Tribunal, Sr. Marrero, actuando en funciones de turno, en solicitud de un auto de certiorarir alegando que la corte inferior erró al no resolver la cues-tión jurisdiccional que le fué planteada y al decretar la sus-pensión del procedimiento. Expedido el auto y oídas las-partes, en septiembre 24 de 1947 el señor Juez Asociado de Turno dictó sentencia anulando la orden recurrida y devol-viendo el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con la opinión emitida en la misma fecha. No estuvieron conformes los demandados interven-tores e interpusieron el presente recurso.

De la opinión emitida por el juez recurrido copiamos lo que sigue:

“De acuerdo con el artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. de 1933, según ha sido enmendado por la Ley núm. 170 de 9 de mayo de 1942, pág. 889, cuando en un procedimiento de desahucio se dicta sentencia contra un demandado no se admite a éste el recurso de apelación a no ser que preste una fianza a satis-facción del tribunal, para responder a la parte demandante de los daños y perjuicios que la apelación pueda irrogarle. Según ese ar-tículo, cuando el desahucio se basa en falta de pago de los cánones, podrá consignarse por el demandado en secretaría el importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia. Empero, las par-tes en este caso no insisten en que el presente sea un desahucio por falta de pago.
“Dentro del término concedido por la ley para apelar para ante la Corte de Distrito (art. 630 del Código, supra) los demandados prestaron ante la Corte Municipal de Vega Baja sendas fianzas, las que, según se desprende de los autos que tenemos a la vista, no con-tienen prima íacie la declaración jurada o justificación de garantía requeridos por el artículo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil. Este Tribunal lia resuelto reiteradamente que la prestación de tal fianza por el demandado en debida forma es un requisito previo, sin cuyo cumplimiento el tribunal para ante el cual se apela no adquiere jurisdicción. Oliver v. Soto, 57 D.P.R. 418; Suau v. Pol, 51 D.P.R. 445; Pol v. Corte, 48 D.P.R. 379, y Del Castillo v. Del Castillo, 44 D.P.R. 554. También ba dicho que declarada nula e ineficaz la fianza prestada, el recurso de apelación cae por su base (Fabián v. Rodriguez, 53 D.P.R. 448); que en las fianzas que lian de prestarse en estos procedimientos los fiadores están obligados a prestar el juramento a que alude el artículo 355, supra, (Molinary v. Aponte, Juez, 14 D.P.R. 526) y que una fianza defectuosa no puede ser subsanada después de transcurrido el término para apelar (Sucn. Belaval v. Acosta, 64 D.P.R. 109).
“Las cuestiones de jurisdicción son privilegiadas y deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras por las cortes ante las cuales se suscitan. Es más, cuando sin que ninguna de las partes le llame la atención a ese respecto un tribunal se da cuenta de que carece de jurisdicción, éste puede sua sponte levantar y decidir la cuestión, y al determinar que carece de jurisdicción lo único que debe hacer es así declararlo. Desde luego, si de una apelación se trata, entonces su deber es desestimar el recurso por falta de juris-dicción. Santana v. Salinas, 54 D.P.R. 116; Oller v. López, 42 D.P.R. 697; Nadal v. American Railroad Co., 19 D.P.R. 1080; Texidor v. Mollfulleda, 15 D.P.R. 749, y American Railroad Co. v. Hernández, 8 D.P.R. 516.
“Es cierto que en este caso con posterioridad al archivo de la moción solicitando que la corte de distrito se declarase sin juris-dicción' por ser las fianzas defectuosas, los apelantes elevaron ante ella una supuesta justificación de garantía. Sin embargo, no se soli-citó permiso para corregir los autos, ni se desprende de tal justi-ficación a cuál de las dos fianzas la misma se refería.
“Ante esa situación, la Corte de Distrito de Bayamón debió haber considerado y resuelto con preferencia a todas las demás la cuestión de jurisdicción plánteádale por el demandante. No habién-dolo hecho así, cometió un error revisable por certiorari. Pol v. Corte, supra.
“Si al devolvérsele el caso y luego de celebrar una vista — siem-pre que así lo estimare conveniente — sobre la cuestión de jurisdic-ción, la corte inferior llegare a la conclusión de que debe declarar con lugar la moción radicada a tal efecto, ella desestimará el recurso, pero si fuere de opinión que tiene tal jurisdicción será su obliga-ción así declararlo y resolver entonces las demás cuestiones que le han sido suscitadas.
“No creemos por ahora necesario determinar si dadas las alega-ciones de la demanda la Corte Municipal de Vega Baja tenía juris-dicción para conocer de la misma, si en su consecuencia la de Dis-trito de Bayamón carecía igualmente de jurisdicción para conocer del recurso para ante ella interpuesto, ni si a la larga, con vista de la Ley núm. 464 de 1946, debe suspenderse el procedimiento de desahucio.
“La orden dictada en 24 de junio de 1947 por la Corte de Dis-trito de Bayamón será anulada y devuelto el recurso a la misma para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.”

La sentencia recurrida está bien fundada y debe ser con-firmada.

El Juez Asociado Sr. Marrero se inhibió.


author: En Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Calero Pelegrina, acusado y apelante.
    Núm. 12365.

    Sometido.—Diciembre 5, 1947.

      Resuelto: Marzo 5, 1948.

      Héctor Reichard y Benicio Sánchez Castaño, abogados del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras j Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respectivamente, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   En Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado a un año y medio de cárcel y $5,000 de multa por infracción a la Ley de Suministros.

El señalamiento de errores va dirigido, en primer tér-mino, contra dos resoluciones de la corte inferior': (a) la que permitió al fiscal presentar una segunda acusación luego de haberse ordenado el sobreseimiento de la primera; y (b) la que lo autorizó para enmendar la segunda, después de ha-ber sido leída al acusado, pero antes de que éste formulase su alegación.

La primera acusación fué radicada el 31 de julio de 1946, pero advirtiendo el fiscal al ser llamado el caso para juicio, que la acusaqión no expresaba el lugar donde se cometió el delito, con el fin de corregirla, solicitó su sobreseimiento, a menos que la defensa no objetase a la enmienda. La de-fensa manifestó que no se oponía al sobreseimiento y la corte lo ordenó. Inmediatamente el fiscal, dirigiéndose a la corte, dijo: “Entonces, Sr. Juez, con la venia de la corte, el fiscal solicita permiso del tribunal para radicar acusa-ción en el caso de El Pueblo v. Rafael Calero Pelegrina, por infracción a la Ley de Suministros. El fiscal jura y radica en corte abierta esta acusación.” Acto seguido el juez dictó la siguiente resolución: “Se admite la radica-ción de esta acusación. Estando el kcusado presente vamos a darle lectura a la acusación.”

La defensa pidió que antes de procederse a la lectura de la nueva acusación, se le concediese un plazo de dos días por lo menos, para oponerse a su radicación. Como funda-mento de su solicitud, alegó que tratándose de un misdemeanor, el sobreseimiento de la primera acusación impedía la radicación do la segunda. Está moción fué denegada pro-cedióndose a la lectura de la acusación. La defensa solicitó entonces un término de cinco días para formular su alega-ción. Le fué concedida una bora solamente, considerando que las dos acusaciones, la primera y la segunda eran igua-les con excepción del lugar donde se cometió el delito, el cual no aparecía en la primera. Llamado de nuevo el caso y antes de que el acusado formulase su alegación, el fiscal descubrió que en la segunda acusación no se exponía la fecha de la co-misión del delito. Solicitó entonces que se le permitiese en-mendarla insertando la fecha, o sea el 31 de julio de 1946. Ordenó el juez que el fiscal dictara la enmienda y determi-nara el sitio donde debía insertarse. Lo hizo el fiscal y la corte dictó inmediatamente la siguiente resolución: “La corte admite la enmienda. La acusación se da por enmen-dada en el sentido solicitado por el Señor Fiscal, y como la enmienda ha sido dictada en corte abierta por el Fiscal la misma ha sido oída por el acusado y los abogados defen-sores y está el caso en condiciones de hacerse alegación por el acusado.”

I

Discutiremos, en primer lugar, si erró la córte a quo al admitir la segunda acusación. El apelante cita los ar-tícalos 451 y 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal() para sostener que el sobreseimiento de la primera acusación impide la radicación de la segunda.

No tratándose de un sobreseimiento bajo los artículos 448 et seq. del Código de Enjuiciamiento Criminal, no es de aplicación el artículo 452 de ese Código. Ese artículo por sus propios términos, está limitado a los sobreseimientos bajo el Capítulo VI del Título XI del citado Código. () García de Quevedo v. Corte, ante, pág. 22; Pueblo v. Muñoz, 57 D.P.R. 218, 222. En verdad, difícil es concebir que por el becbo de que el fiscal, por inadvertencia o de otro modo, incurriera en errores de esta índole al redactar la acusación, el delito misdemeanor quedase impune por no poderse ra-dicar una acusación enmendada, a menos que el propio acu-sado, actuando en tal caso contra su- propio interés, inter-pusiese una excepción perentoria contra la defectuosa acu-sación. Por ese motivo, bemos resuelto que la situación que se produce cuando el fiscal solicita el sobreseimiento para presentar acusación enmendada, es igual a la que surge cuando, declarada con lugar la excepción perentoria, la corte ordena que se presente una nueva denuncia o acusación, siempre que, como en este caso, no se varíe el delito impu-tado en la acusación o denuncia original. Pueblo v. Muñoz, supra.

Pero la defensa no descansa exclusivamente en el ar-tículo 452. Para el caso de que resolviéramos que ese ar-tículo no era aplicable, invocó el 157() del referido Código. Arguye que de conformidad con este último, la segunda acu-sación debía desestimarse porque al decretar el sobresei-miento de la primera, la corte no ordenó la radicación de la segunda. En apoyo de su tesis, la defensa cita el caso de Ex parte Williams, 48 Pac. 499 (Cal. 1897). En dicho caso la corte a quo declaró con lugar una excepción peren-toria “con permiso al fiscal para radicar una nueva acusa-ción.” En una solicitud de habeas corpus presentada por Williams ante la Corte Suprema de California, alegó que de conformidad con el artículo 1008 del Código Penal de aquel Estado — sustancialmente igual al 157 de nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Criminal — no habiéndose ordenado-ai fiscal radicar nueva acusación, era imperativo dar por terminado el proceso y poner en libertad al acusado, no bas-tando que la corte meramente diese permiso para, radicar la nueva acusación.

Interpretando el artículo 1008 del Código Penal, aquella corte resolvió que dicho artículo claramente contempla que la radicación de una nueva acusación después de declararse con lugar una excepción perentoria, es una cuestión que des-cansa en la discreción de la corte, no en la del fiscal; que la nueva acusación debe radicarse a virtud de la orden de la corte; que en aquel caso, en vez de haberse hecho así, la corte, sin autoridad legal, dió permiso al fiscal para que la radicase, dejando la decisión de radicaría o no entera-mente a la discreción de dicho funcionario; que bajo una orden de la corte disponiendo la radicación de una nueva acusación, si el fiscal deja de radicaría, incurre en respon-sabilidad. y puede castigársele en consecuencia; que por el contrario, bajo una orden permisiva, si el fiscal nunca ra-dica la nueva acusación, no falta a ningún deber y no está sujeto a castigo. Y entendiendo la Corte Suprema que la .orden dictada por la corte inferior en relación con la nueva acusación era meramente permisiva y no mandatoria, re-solvió que había sido dictada sin autoridad legal, por1 lo cual declaró con lugar la petición de habeas corpus y de-cretó la excarcelación del peticionario.

En el año 1911 volvió a suscitarse la misma cuestión ante la Corte Suprema de California en el caso de Ex parte Hughes, 117 Pac. 437, (Cal. 1911). Se presentó una nueva acusación contra Hughes a virtud de una resolución que al 'declarar con lugar una excepción perentoria, decía que la corte “era de opinión que debería presentarse una nueva acusación que evitase la objeción y que fnese suficiente' en todos respectos”. Hughes presentó en la Corte Suprema de California una solicitud de hábeas corpus, fundándola, pre-cisamente, en que la resolución de la corte inferior no or-denaba, sino que permitía al fiscal presentar la nuéva acu-sación y se invocó ol caso de Ex parte Williams, (Cal.), supra. Al desestimar la petición de hábeas corpus se expresó así el Tribunal:

“Aquí hubo el ejercicio del poder judicial que como se lia dicho, la ley contempla lo ejercite la corte y no el fiscal. Este poder judicial, habiendo sido en realidad ejercitado por la corle, se ha demos-trado un cumplimiento sustancial con el estatuto. Por consiguiente, se anula el auto y el peticionario volverá a la prisión.,”

Como podrá verse, el hecho de haber dicho la corte inferior que una nueva acusación debería radicarse fué inter-pretado por la Corte Suprema como equivalente al ejerci-cio de discreción por la corte y diferenció aquel caso del de Williams, (Cal.), supra.

El caso ante nos es distinto del de Ex parte Williams, (Cal.), supra. En este último, simplemente se concedió per-miso al fiscal para radicar una nueva acusación.' Este fun-cionario fué facultado para usar su discreción en cuanto a si la radicaba o no. En el caso de autos el fiscal, quien había solicitado el sobreseimiento con el objeto de presentar la nueva acusación, en el instante de decretarse el sobresei-miento solicitó permiso para radicaría y así lo hizo. Acto seguido la corte dictó la siguiente orden: “Se admite la ra-dicación de esta acusación. Estando el acusado presente vamos a darle lectura a la acusación”. Esta orden constituye más que un mero permiso. La corte, conociendo la nueva' acusación, ejercitó su discreción al permitir que fuera ra-dicada. De ese modo sustancialmente cumplió con el ar-tículo 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En el caso de autos la posición del fiscal es más fuerte que en el de Ex parte Hughes, supra. Allí la corte a quo se limitó a expresar (pie en su opinión, debería radicarse una nueva acu-sación. Aquí, conocida la acusación, la corte opinó que de-bía admitirla y ordenó, qiie estando presente el acusado, se procediese a su lectura.

Una situación similar a la del caso de autos surgió en la Corte Suprema de Nevada en Ex parte Williams, 186 Pac. 673 (Nev. 1920). Allí Williams presentó una execpción pe-rentoria que fué declarada con lugar. El fiscal, anticipando el resultado, había preparado una nueva acusación y al de-clararse con lugar la excepción perentoria, pidió permiso a la corte para presentarla y le fué concedido. El abogado del acusado solicitó entonces que se desestimase la nueva acusación, basándose en que había sido radicada sin auto-ridad legal. Oídas las partes, la moción de la defensa fué denegada. El acusado radicó una petición de hábeas corpus en la Corte Suprema de Nevada alegando que se hallaba ilegalmente privado de su libertad, toda vez que la corte, al declarar con lugar la excepción perentoria, había permi-tido, pero no ordenado, que se radicase una nueva acusa-ción. Invocó el artículo 7101 de las Leyes Revisadas de Nevada de 1912, el cual es sustaneialmente igual al artículo 157 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal. Alegó que, si bien la corte podía ordenar que se radicase una nueva acusación, no tenía jurisdicción para conceder permiso al fiscal para radicaría y citó, entre otros, el caso de Ex parte Williams (Cal.) supra. La Corte Suprema de Nevada, al desestimar la petición de babeas corpus, diferenció el caso de Williams (Cal.), supra, del de Williams, (Nev.) supra, en los siguientes términos:

“En el caso de autos el fiscal, anticipando que la excepción peren-toria contra la primera acusación sería sostenida, preparó una nueva acusación que tenía en corte cuando la orden sosteniendo la excep-ción perentoria fué dictada e inmediatamente pidió permiso para radicaría, el cual le fué concedido, y la acusación fué inmediata-mente presentada y examinada por la corte, mientras que en el caso de California, la excepción perentoria fué declarada con lugar con permiso al fiscal para radicar una nueva. Hasta donde resulta de la opinión en el caso de Williams [Cal.] el fiscal no manifestó entonces. deseo alguno de radicar la nueva acusación. El razona-miento de la corte en aquel caso- no es de aplicación a la situación prevaleciente en el de autos. Allí se dijo que la orden dictada tuvo el efecto de transferir el deber de decidir; que si el fiscal Rubiera dejado de actuar, si se le hubiera ordenado radicar una nueva acusación, hubiera incurrido en responsabilidad, pero que si hubiera rehusado actuar bajo una orden permisiva, no hubiera habido tal responsabilidad — todo lo cual es indudablemente cierto.”

El caso de Williams (Nev.), supra, no puede diferenciarse del de autos.

Es verdad que en el caso de García de Quevedo v. Corte, supra, se aplicó la doctrina de Ex parte Williams (Cal.), supra. En el de García de Quevedo, supra, la corte de dis-trito, al declarar con lugar la excepción perentoria y deses-timar las dos acusaciones el 27 de febrero de 1947, nada dispuso con respecto a la radicación de nuevas acusaciones» El 30 de abril de 1947 el fiscal, ejercitando su propia dis-creción, sin intervención de la corte radicó dos nuevas acu-saciones. Fué entonces que el peticionario solicitó su sobre-seimiento, fundándose en que, declarada con lugar una ex-eepción perentoria, no procede la radicación de nna nueva acusación, a menos que la corte así lo ordene, y que en dicho caso no se había ordenado. La corte de distrito declaró sin lugar la moción del acusado diciendo, en parte, que. . . siendo éste un caso en que no prescribe el delito por ser uno contra el erario público, es de justicia dictar, como por la presente dicta una orden cuyos efectos se retrotraigan al día en que dictó, la resolución ordenando el archivo del caso por falta de causa de acción concediéndole permiso al fiscal para radicar nueva acusación.” (Bastardillas nues-tras.)

Listo Tribunal, siguiendo el caso de Ex parte Williams (Cal.), supra, resolvió que suponiendo que una orden mmo pro tunc, como la dictada en el caso de García de Quevedo, supra, pudiera dictarse, dicha orden no cumplió con los re-quisitos del artículo 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y agregó: “El estatuto exige específicamente que la corte ordene y no que permita al fiscal que radique una nueva acusación. La teoría es que la corte debe ejercitar su propio criterio y no dejar la cuestión de si se radica o no una nueva acusación a la discreción del fiscal. Por tanto, "la resolución debe contener un lenguaje mandatorio más bien que permisivo.”

Inmediatamente veremos que el caso de García de Quevedo, supra, es distinto del de autos. El efecto legal de la orden mime pro tune fué conceder permiso al fiscal para ra-dicar una nueva acusación, la cual se retrotraería a la fe-cha en que declaró con lugar la excepción perentoria. Y esto contraviene lo dispuesto en el artículo 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal y es contradictorio con la doc-trina del caso de Ex parte Williams (Cal.), supra.

No erró, pues, la corte de distrito, al denegar en el caso de autos la moción para que se desestimase la segunda acu-sación. Ex parte Hughes, supra.; Ex parte Williams (Nev.), supra.

II

Pasemos ahora a determinar si erró la corte de de distrito al permitir que la nueva acusación fuese enmendada para insertarle la fecha de la comisión del delito. Ya hemos dicho -que la resolución dictada en este caso tuvo el efecto de ordenar la radicación de la nueva acusación. Radicada ésta el 6 de agosto de 1946, el derecho a enmendarla surgió del artículo 158 del Código de Enjuiciamiento Criminal. () Existe marcado contraste entre los artículos 157 y 158: El primero requiere una orden — no un mero permiso' — para que pueda radicarse nueva acusación después ele sostenida la excepción perentoria; el segundo, sólo exige un mero permiso para enmendar una acusación o denuncia ya radicada. García de Quevedo v. Corte, supra.

En el presente caso la corte concedió el permiso para en-mendar la segunda acusación. El próximo paso debe ser determinar si la enmienda insertada varió el delito impu-tado en la acusación original. Si lo varió, tendríamos que resolver que carecía la corte de jurisdicción para permitir la enmienda. Monografías en 7 A.L.R. 1516; 68 A.L.R. 928. Pero en este caso la fecha no es un elemento esencial del delito. Si bien es necesaria para determinar la prescrip-ción, este Tribunal ha resuelto repetidamente que en los casos criminales la prescripción es materia de defensa y como, tal, debe ser alegada y probada por el acusado. Pueblo v. Delgado, 32 D.P.R. 75, 76; Morera v. Corte, 55 D.P.R. 742, 743. Cf. Pueblo v. Serrano, 66 D.P.R. 454.

No erró la corte de distrito al permitir la enmienda a la nueva acusación.

III

Procede, en orden lógico, determinar si erró la corte de distrito al desestimar la excepción perentoria a la acusación original. La excepción fue predicada en fundamentos distintos de los que aliora se alegan en apelación. La corte de distrito la desestimó. Ahora el apelante funda la ex-cepción en que la acusación no alega: (a) que el arroz es un artículo de primera necesidad; (b) que el acusado es un comerciante a quien, como tal, es aplicable la Orden Administrativa; y (c) que el comprador Faustino Fantauzzi es un “consumidor”, quien como tal, puede exigir la factura o ticket a que se refiere dicha Orden.

La Orden Administrativa núm. 8, según fue enmendada por la núm. 84, obliga “a todo comerciante o industrial, sea mayorista, comisionista, intermediario o detallista, a dar lina factura clara y terminante en donde se haga constar la cosa vendida, el precio sobre unidad y el valor total”. (Bastardillas nuestras.) La Orden Administrativa obliga a todo detallista a dar una factura o ticket y ordena a todo “consumidor” a quien el detallista negare la factura o ticket de su compra, “a formular una queja o denuncia ante ... la policía o jueces ...”

Concedemos que la acusación habría sido más específica si hubiese alegado que el acusado era un comerciante. Pero el acusado no tuvo a bien solicitar esa especificación. Be-bemos presumir que la corte hubiese accedido a concederla. Pueblo v. Rivera, 54 D.P.R. 368. De negarse a ello y de-mostrarse que los derechos sustanciales del acusado fueron, con tal motivo, perjudicados, la negativa hubiera sido causa de revocación.

Nada decimos sobre la circunstancia de no alegarse que el comprador era un “consumidor” porque no tenemos duda de que el Administrador no tuvo la intención de conceder exclusivamente al “consumidor” el derecho a exigir la fac-tura. A nuestro juicio, la palabra “consumidor”, como se usa en la Orden Administrativa, incluye a todo comprador, pues la mayoría de las veces el que en definitiva consume el artículo se vale de algún intermediario para adquirirlo y de darle la interpretación restringida que propugna el apelante, el propósito perseguido al exigir la factura que-daría frustrado en tales casos. Ésa, repetimos, no pudo ser-ía intención del Administrador. De todos modos, la acu-sación informó al acusado que babía vendido un saco de arroz sin dar factura, que es la esencia del delito. En el caso de Pueblo v. Santos, 67 D.P.R. 650, donde no se alegó que el arroz fuese un artículo de primera necesidad; que el vendedor fuera comerciante ni que el comprador fuera con-sumidor, se. decidió que era suficiente una acusación en la cual se imputó liaber vendido dos libras de arroz negándose a dar factura sobre la venta.

Dentro de las circunstancias de este caso, los motivos en que está predicada la excepción perentoria no justifican la revocación de la sentencia.

IY

Se queja el apelante de que la corte inferior no le concedió tiempo razonable para preparar su defensa; Según la acusación, el delito se cometió el 31 de julio de 1946. Ese mismo día se presentó la acusación original y el 6 de agosto siguiente se celebró el juicio. Los autos revelan que la controversia de hecho era la de si el acusado había vendido un saco de arroz y si había rehusado dar la correspondiente. factura. Si el acusado no vendió el arroz .o en caso de haberlo vendido, si dió factura, en los .seis días que transcurrieron entre la radicación de la acusación y la celebración del juicio, tuvo tiempo suficiente para preparar su prueba. Es más, el acusado no ofreció evidencia para controvertir la del fiscal.

V

El apelante señala como error el hecho de que los procedimientos en este caso se instaron a iniciativa del fiscal Alega que, de conformidad con el artículo 13(b) de la Ley Insular de Suministros, según fue enmendada por la núm. 493 de 29 de abril de 194-6 (pág. 1475), debió el Administrador certificar los Lechos al Procurador General, quien, en su discreción, pudo entonces instituir los procedimientos adecuados. En efecto, ese artículo en lo pertinente, dis-pone:

“Cuando el Administrador crea que alguna persona está sujeta a castigo bajo las disposiciones de este inciso certificará los hechos al Procurador General quien, a su discreción, instituirá los procedi-mientos adecuados.”

El artículo no excluye necesariamente el deber que al Procurador General y sus auxiliares los fiscales, impone el artículo 64 del Código Político() de perseguir, de su propia iniciativa, todo delito que se cometa contra las leyes de Puerto Rico. No pudo ser la intención legislativa compli-car y hacer más dilatoria la administración de justicia en los procesos por infracción a esta Ley, la cual, por su natura-leza, requiere acción rápida para reprimir el mal que se propuso' conjurar. Sería necesario, por lo menos, un len-guaje más específico para que pudiéramos interpretar que fué la intención de la Legislatura en infracciones contra la Ley Insular de Suministros, limitar las facultades del Pro-curador General y sus auxiliares a aquellas infracciones que le fueren certificadas por el Administrador. Este funciona-rio así interpretó el artículo 3 3 (-&) en su Orden Administra-tiva núm. 84 al disponer que toda persona que se conside-rase agraviada por alguna práctica especulativa y todo con-sumidor a quien el detallista negare un ticket de su compra consignando la cantidad exacta comprada, el valor por uni-dad y el valor total pagado, deberá formular una queja o denuncia ante — entre otros funcionarios — la policía o jue-ces.

Opinamos que esa disposición es meramente directiva y no mandatoria o preceptiva.

VI

El apelante sostiene que la corte de distrito erró en la apreciación de la prueba. La del fiscal — el acusado no presentó prueba — consistió en el testimonio'de Eaustino Fantauzzi y en el del Fiscal Willis llamos. El primero declaró que el 31 de julio de 1946 fué a la tienda del acusado en el barrio Haguey, de Aguadilla, para comprarle un saco de arroz; que le pidió la factura, contestándole aquél que no podía dársela, pero que le entregaría un papel para que fuese a su casa, donde su esjjosa le entregaría el saco de arroz; que fué a la casa del acusado, mostró a la esposa de éste el papel y ella le entregó el arroz. El segundo declaró que mientras practicaba la investigación de este caso el acusado le manifestó que no babía entregado factura y que no tenía facturas impresas. El fiscal presentó en evidencia el papel(() y las Ordenes Administrativas números 8 y 84. El papel no es una factura, pues no reúne los requisitos exigidos por la Orden Administrativa núm. 84 en cuanto a la descripción del artículo vendido, el precio sobre unidad y el valor total. Simplemente se trataba de una orden para la entrega de un artículo que no se describía. La evidencia es suficiente para sostener la acusación.

VII

Por último, se queja el apelante de que la sentencia es excesiva. La pena que dispone la Ley Insular de Suministros en su artículo 13(6), según fué enmendado por la Ley núm. 493 de 29 de abril de 1946, es: multa que no ex-cederá de $5,000 y cárcel por un término no menor de tres meses ni mayor de dos años, y en aquellos casos en que la violación sea de una escala de precios, se impondrá una multa adicional equivalente a tres veces la cantidad envuelta en el negocio prohibido.

En el caso de Pueblo v. Arce, 67 D.P.R. 253, la infrac-ción consistió en negarse a vender 48 sacos de arroz — a pe-sar de tener en existencia suficiente cantidad de ese ar-tículo' — si no se le compraban también otros artículos, tales como maíz, papas, etc. La sentencia de la corte de distrito fué dos años de cárcel y $5,000 de multa, más las costas. Este Tribunal resolvió que era excesiva y la redujo a cua-tro meses de cárcel, $1,000 de multa y costas. Y en el de Pueblo v. Santos, supra, donde la infracción consistió en haber vendido dos libras de arroz a diez y siete centavos libra y negarse a dar una factura, la misma corte de dis-trito le impuso un año de cárcel y $1,000 de multa, más las costas. Este Tribunal también la redujo, por excesiva, a tres meses de cárcel y $100 de multa, más las costas.

Consideradas las circunstancias concurrentes somos de opinión que la sentencia apelada es excesiva. Procede re-ducirla a tres meses de cárcel, |300 de multa más las cos-tas. Así modificada se confirma.

      (1)Los artículos 451 y 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal pres-criben :
      “Artículo 451. — El tribunal, ya por su propio acuerdo, o ya a petición del fiscal y en pro de la justicia, puede decretar el sobreseimiento de una causa o de una acusación. Las causas de sobreseimiento deben exponerse en el auto que al efecto se dicte, el cual so insertará en el acta del proceso.
      “Artículo 452. — Un auto para el sobreseimiento de una causa, según lo prescrito en este capítulo, imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, si éste es un ‘misdemeanor’ (delito menos, grave); pero no así cuando el delito es un ‘felony’ (delito muy grave.)”

      (2)Este Capítulo comprende los artículos 448 al 452, inclusives.

      (3)E1 artículo 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe:
      "Si se admitiere la excepción, esto constituirá sentencia definitiva respecto-a la acusación impugnada, y excluirá la formación de otro proceso por el mismo-delito, a no ser que a juicio del tribunal, la objeción en cuya virtud fuere admitida la excepción perentoria, pudiera evitarse mediante nueva acusación, y ordenare la presentación de ésta; Disponiéndose, que después de la orden para una nueva acusación, podrá el reo ser examinado por un juez de paz, y puesto en libertad o reducido a prisión, como en los demás casos.’''

      (4) E1 artículo 158 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe:
      “Si el tribuna] no permitiere que se modifique la acusación, ni ordenare la presentación de otra, deberá ponerse en libertad'al reo, si estuviere bajo custodia; si se hallare en libertad bajo fianza personal, ésta quedará extin-guida, devolviéndosele el depósito, si fuere pecuniaria.” (Bastardillas nues-tras.)

      (5)E1 artículo 64 del Código Político en lo pertinente, prescribe:
      “El Attorney General representará a El Pueblo de Puerto Bico, bien per-sonalmente, o por medio de sus auxiliares o cualquiera de los Fiscales de distrito, en todas las demandas y procesos civiles o criminales, en que fuere parte; . . . Disponiéndose, sin embargo, que los procesos criminales, excepto como queda establecido en el artículo 74 del Código Político, serán promovidos por el Fiscal del respectivo tribunal, sin especial autorización del Attorney General; pero en todos estos casos el Attorney General podrá intervenir en inte-rés del público.”

      (6) E1 papel dice así:
      “Llille: Dalo m saco al portador. Rafael. ”


author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Je.,

text:
    Rafael Pabón Salazar, demandante y apelante, v. Liborio Ayala, demandado y apelado.
    Núm. 9536.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Marzo 5, 1948.

      A. Ramínez Silva, abogado del apelante; Ildefonso Freyre, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

De la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ma-yagiiez declarando sin lugar la demanda de injunction para recobrar la posesión apela el demandante, y en este recurso alega que dicba .corte erró: (1) al resolver que la falta de juramento en la contestación radicada por el demandado no daba derecho al demandante a solicitar, como solicitó, una sentencia por las alegaciones, y (2) al apreciar la prueba y resolver que de acuerdo con el resultado de la misma, la acción ejercitada por el demandante estaba prescrita.

En' cuanto al primer señalamiento, la Regla 11 de las de Enjuiciamiento (hvil dispone que “ . . . Excepto cuando específicamente se disponga otra cosa por regla o estatuto, no es necesario jurar las alegaciones ni acompañarlas de affidavit ...” (Bastardillas nuestras.)

Si bien es cierto que el artículo 2 de la Ley proveyendo procedimientos para recobrar la posesión de propiedad in-mueble de marzo 13, 1913 (pág. 85), según quedó enmendada por la Ley núm. 11 de 1917 ((2) pág. 221), (artículo 691, Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933) dispone que la de-manda en estos casos será jurada por el demandante, dicha ley no dispone específicamente que la contestación del demandado también deba ser jurada por éste. Es cierto que el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que cuando se jure la demanda deberá jurarse la contestación, empero al interpretar la Regla 11, supra, resolvimos en el caso de Waymouth Estate, Inc. v. Corte, 63 D.P.R. 668, que el ar-tículo 118 ha sido modificado por la Regla 11 de forma que un litigante por el hecho do jurar una alegación no puede obligar a la parte contraria a jurar sus alegaciones subsi-guientes. No estaba envuelto en dicho caso un estatuto en que se requiriera que la demanda estuviera jurada. Si bien en el de autos la ley sobre interdictos posesorios sí con-tiene dicho requisito', guarda silencio en cuanto ' al jura-mento en la contestación y por tanto no debemos hacer ex-tensivo dicho requisito a una alegación que, ni por regla ni por estatuto lo requiere. () Bajo las nuevas Reglas el ju-ramento en una alegación es la excepción y no la regla general. Waymouth Estate, Inc. v. Corte, supra, y la vera-cidad y honestidad al alegar descansan grandemente en la firma del abogado que la suscribe y uo del juramento. 1 Moore Federal Practice 616. No se cometió, a nuestro jui-cio, el primer error.

Por el segundo, se ataca la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior, y al resolver que la acción estaba prescrita.

En la demanda se alegó que el demandante es dueño de varias fincas en San Germán, que colindan con un camino que atraviesa terrenos del demandado; que el demandante estaba en posesión del uso de dicho camino dentro del año anterior a la radicación de la demanda y que un mes antes el demandado sin anuencia o consentimiento del demandante y en contra de su voluntad, ilegalmente procedió a cerrar y cerró dicho camino con un portón que fijó en la colindan-cia oeste del mismo, privando de esta manera al deman-dante de la posesión del uso del camino, viéndose éste pri-vado de sacar de sus fincas el producto de las mismas por medio de carros y trucks como lo venía haciendo.

El 'demandado en su contestación aceptó algunos y negó otros hechos de la demanda y como defensa especial alegó que cd camino de referencia es privado y fué construido por el demandado; que el demandado concedió al deman-dante el derecho de entrada y salida por dicho camino, su-jeto dicho permiso a revocación por el demandado; que dicho permiso no ha sido revocado ni se le ha impedido al de-mandante el paso por el camino; que el portón que existe en dicho camino fué construido por el demandado en el año 1938, o sea. nueve años con anterioridad a la radicación de la demanda, estando prescrita toda acción posesoria por parte del demandante para pedir su eliminación de acuerdo con el artículo 1868 del Código Civil; que el portón perma-nece abierto todo el día y el demandante ha continuado en-trando y saliendo por dicho camino para ir a sus fincas y sacar sus productos en las mismas condiciones que siempre lo lia hecho.

La corte inferior en la opinión dictada al resolver el caso hizo constar lo siguiente:

“En este caso, por las declaraciones de los testigos de la parte demandada, entre ellas la declaración de Ricardo Jusino, ha que-dado demostrado a satisfacción de la Corte que el portón fué cons-truido y existo desde el año 1938, por lo que la acción está clara-mente prescrita a la luz de dichos hechos y del precepto de ley a ellos aplicable. (Artículo 1868 del Código Civil, supra.) Esto ha sido resuelto por la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, entre otros, en los casos do Richardson v. Martínez, 35 D.P.R. 1036 y Municipio de Aguas Buenas v. Esteban de la Fuente, 57 D.P.R. 910.
“Pero aparte de que la prescripción extintiva es de absoluta apli-cación, quedó claramente demostrado que no existe obstáculo alguno que impida que el demandante penetre por el camino hacia sus pro-piedades, o que en fecha alguna se haya realizado acto alguno impli-cativo de que el demandante haya sido privado de su alegado dere-cho de uso del camino o del libre acceso a sus fincas. El portón permanece abierto todo el día y el demandante usó el camino, según propia admisión, en los días 7, 8, 11, 16, 17, 22 y 25 sacando y entrando productos y materiales para su finca en trucks y carros de bueyes. El demandado, al cerrar el portón de noche'con una cadena, pero sin candado, está obrando en virtud de un derecho que le corresponde, o sea, proteger la entrada a dicho camino privado en dichas horas, hecho que no le impide al demandante el uso del camino durante esas horas, ya que según declaración del demandado, a quien la Corte le da entero crédito, la cadena que se le pone al portón no tiene candado, pudiendo el demandante usar dicho camino de noche, observando las condiciones establecidas por el demandado para proteger la entrada del camino durante esas horas. Además se demostró por la parte demandada que el portón se viene cerrando durante la noche en la forma indicada desde hace más de un- año con anterioridad a la radicación de la demanda estando, por con-siguiente prescrita toda acción por parte del demandante para variar el uso del portón en la forma indicada.
"En resumen, esta Corte ha llegado a la conclusión de que exis-ten dos fundamentos por los cuales o por cualquiera de ellos debe ser declarada ’ sin lugar la pretensión del demandante: uno es el de la prescripción y el otro es que se ha probado que el demandado no ha efectuado actos que tiendan a privar en forma alguna el uso del camino por el demandante.’’

Hemos examinado detenidamente la transcripción de la evidencia y somos de opinión que la conclusión a que llegó la corte sentenciadora está plenamente sostenida por la prueba. Esta fué contradictoria, pero la corte dió crédito a la del demandado y al así hacerlo no se ha alegado que ac-tuara con pasión, prejuicio o parcialidad y estamos conven-cidos de que no cometió manifiesto error. Bajo estas cir-cunstancias repetidamente hemos resuelto, que no variare-mos las conclusiones de hecho a que haya llegado la corte sentenciadora.

Se confirma la sentencia apelada.

      (1) Contrario a lo que procede en loa casos de interdictos posesorios, en los de mandamus, artículo 656, Código Enjuiciamiento Civil, e injunction, ar-ticulo 684 del mismo Códig'o, se requiere que la contestación sea jurada.


author: El Juez Asociado SeñoR Todd, Je.,

text:
    José A. Torres Plata, demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 9544.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Marzo 5, 1948.

      E. Trislani, Jrabogado del apelante; líon. Procurador General'■ Luis Negrón Fernández y Elmer Toro Lucchetü, Procurador General Atoxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Bieo, actuando bajo la autoridad concedídale por el artículo 62() de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas (Ley núm. 6 de 30 de junio de 1936, 3* Leg. Ext., pág. 45), confiscó un automóvil propiedad de José A. Torres Plata por haber sido sorprendido dicho ve-hículo, en Juana Díaz, transportando dos latas conteniendo espíritus destilados sobre, las cuales no se habían pagado los arbitrios correspondientes. ' Dentro del término de diez días prescrito por el artículo 97 de la misma ley, () Torres Plata apeló para ante la Corte de Distrito de Ponce ale-gando: (1) que no había cometido ningún delito; (2)'que no se había seguido el debido procedimiento de ley, y (3) que se había cometido un embargo arbitrario e ilegal contra la propiedad del apelante.

El Tesorero contestó la demanda y alegó afirmativa-mente que el motivo por haber confiscado el automóvil fué “que el 30 de octubre de 1944, el Sr. José Ramón Mercado. Rodríguez conducía por la carretera número 11, kilómetro ■66 de Juana Díaz, el automóvil Buick P-4177 y al llegar a una curva fué ordenado por el Policía Insular, Luis Pérez Rivera que detuviera la marcha del citado automóvil por-que no había tocado claxon; que Mercado no obedeció la orden que le fué dada por dicho Policía y por el contrario aceleró la marcha; que desde el carro hacia la carretera fueron lanzadas dos latas conteniendo ron de fabricación clandestina que no tenían los correspondientes sellos de ren-tas internas adheridos; que el Policía Pérez persiguió el .dicho automóvil hasta un garage donde fué depositado, re-sultando luego que el dueño del automóvil lo era el Sr. José .Angel Torres Plata... .”

Celebrado el juicio correspondiente. y después de haber practicado una inspección ocular del sitio donde fué ocupada la bebida, la corte desestimó la demanda y el querellante apeló, y en este recurso alega que la corte a quo erró al declarar que la ocupación del automóvil por la Policía en el garage del apelante y la orden dada a éste para que lo llevara al Cuartel fuera una ocupación y orden legal; al declarar válida la confiscación del automóvil sin haberse ocupado el alcohol clandestino dentro del mismo; y al de-clarar que el apelado probó los hechos esenciales justifica-tivos de la confiscación.

Sosteniendo su primer señalamiento, arguye el .apelante que la confiscación de su automóvil le priva de su propiedad sin el debido procedimiento de ley, ya que fué ocupado por el policía sin una orden legal. La prueba, ■creída por la corte, demostró que el apelante, a requerimiento ■del policía que había- ocupado las latas de ron que fueron lanzadas del automóvil del apelante cuando era guiado por otra persona, llevó voluntariamente el vehículo al cuartel. Posteriormente, el Tesorero notificó al apelante que había confiscado el automóvil y el perjudicado acogiéndose al pro-cedimiento del artículo 97, supra, apeló ante la corte inferior — y allí se celebró un juicio plenario.

En el caso de General Motors Acceptance Corp. v. Brañuela, 60 D.P.R. 696; 61 D.P.R. 725, resolvimos que las confiscaciones que autoriza el artículo 62, supra, no infrin-gen la garantía constitucional sobre el debido proceso de ley, debido a que el artículo 97, supra, da al dueño o persona interesada en el vehículo confiscado amplia y suficiente oportunidad.de ser oído.

No se cometió el primer error. Tampoco el segundo el cual carece de méritos. Arguye el apelante que por el hecho de no haber sido ocupadas las dos latas de alcohol dentro del automóvil éste no puede ser confiscado. Los hechos probados demuestran que al ser perseguido el automóvil del apelante por un policía en motocicleta, se lanzaron a la cuneta las dos latas las cuales al ser ocupadas contenían alcohol. El artículo 62, supra, dispone que puede confiscarse cualquier vehículo que se capture “cargado o en el momento de cargar o de estar transportando, llevando o trasladando espíritus destilados o bebidas alcohólicas, etc.” Habiéndole dado crédito la corte inferior al testimonio del policía de que notó cuando desde el automóvil en movimiento se lanzaron las latas, forzoso es concluir que dichas latas se estaban transportando, llevando y trasladando dentro del vehículo. Resolver lo contrario sería hacer ineficaz el cumplimiento del mandato legislativo, ya que los transgresores de la ley podrían evadir su sanción lanzando del vehículo las bebidas clandestinas transportadas en él. En el caso de autos la corte dió crédito al testimonio del policía de que notó cuando se lanzaron las latas, éstas resultaron contener alcohol clandestino y se ocupó el vehículo que las transportaba. Esa prueba es suficiente y no alegándose que la corte sentenciadora actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, y no estando convencidos de que cometiera manifiesto error al apreciarla, tampoco se come-tió el tercer error señalado. Hernández v. Acosta, 64 D.P.R. 171; Castro v. Las Monjas Racing Corp., 63 D.P.R. 222; Martínez v. Báez, 63 D.P.R. 783.

No existe en este caso conflicto alguno en la prueba, ya que la del apelante no contradijo en forma alguna la pre-sentada por el apelado y, bajo estas circunstancias, procede la confirmación de la sentencia.

      (1)E1 artículo 62. dispone: "El Tesorero queda por la presente autorizado para confiscar cualquier vehículo, "bote, lancha, o cualquier embarcación marí-tima o aérea que se capture cargado o en ol momento de cargar o de catar transportando, llevando, o trasladando espíritus destilados o bebidas alcohólicas fabricadas, importadas, destiladas o rectificadas ilegalmente y sobre los cuales no se hubieren pagado los impuestos prescritos por esta Ley; y los mismos serán vendidos en pública subasta para beneficio de El Pueblo de Puerto Rico; Disponiéndose, que el Tesorero, a su discreción, y si el servicio público así lo requiero, podrá designar no más de cinco (5) de dichos vehículos o botes de motor para uso de los funcionarios y agentes debidamente autorizados por el Negociado de Bebidas Alcohólicas y Narcóticos.”

      (2)“ Artículo 97. — Siempre que el Tesorero de Puerto Rico esté facultado por esta Ley para vender artículos o productos confiscados por él o por sus agentes, la persona agraviada podrá apelar ante la correspondiente corte de-distrito, y dicha corte tendrá jurisdicción, después de ser oída la persona, para, confirmar, revocar, o modificar la decisión del Tesorero. Dicha apelación deberá radicarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación a la persona interesada.”


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Salustiano Maldonado, por sí y en representación de la Unión de la Industria Marítima Afiliada a la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicolás Colón, Víctor Ubiles, Martín Rivera, Victorio Ortiz y Pío Rosa, demandados y apelantes
    Núm. 9542.

    Sometido: Febrero 3, 1948.

      Resuelto: Marzo 5, 1948.

      Hipólito Marcano j Santiago de la Puente, abogados de los apelan-tes; Alvaro Ortiz,.abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de noviembre de 1945 Salnstiano Maldonado, por sí y 'en representación de la Unión de la Industria Marí-tima afiliada a la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico, radicó ante la Corte de Distrito de Humacao una pe-tición de injunction para recobrar la posesión de cierta casa y solar, conocidos como el Templo del Trabajo. Alegó que estaba en posesión de la propiedad dentro del año prece-dente a la radicación de la demanda, y que el 26 de agosto de 1945, los demandados le despojaron de la posesión de dicha propiedad. Luego de ciertos procedimientos prelimina-res, se celebró un juicio en los méritos y se dictó sentencia a favor del demandante. El casó se encuentra ante nos en apelación de dicha sentencia.

El primer error señalado és la supuesta nulidad del diligenciado conteniendo la prueba demostrativa del diligenciamiento. No hay controversia alguna en cuanto a que los demandados fueron debidamente emplazados por César A. Pillot, una persona particular.

La Regla 4(g) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil le exige a una persona particular que haga constar el diligen-ciamiento mediante declaración jurada. Sin embargo, por algún motivo inexplicado, la declaración jurada en cuanto a la prueba del diligenciamiento' fué hecha por el deman-dante y no por Pillot, quien fué la persona que diligenció el emplazamiento.

Después de disponer en cuanto a la prueba del diligen-ciamiento mediante declaración jurada, la Regla 4($) sigue prescribiendo: “El dejar de presentar prueba del diligen-ciamiento no afecta su validez.” Esto se incluyó en dicha Regia “para impedir que un demandado, que ha sido em-plazado, ataque la validez de dicho emplazamiento por el. tecnicismo de que la persona que lo emplazó no hizo cons-tar tal hecho.” 1 Moore’s Federal Practice, sec. 4.39, pág. 364; Peeples v. Ramspacher, 29 F. Supp. 632, (S.C., 1939). Los demandados no niegan que como cuestión de hecho fue-ron emplazados por Pillot. El no haber radicado prueba de tal emplazamiento en su consecuencia no afecta la validez del mismo bajo la Regla 4(g).

En 1944 había en Humacao una unión conocida como la Unión Local de Estibadores Núm. 1584, afiliada a la Asociación Internacional de Estibadores (I.L.A.), Distrito de Puerto Rico. Esta era dueña de la casa y solar aquí enuveltos. El 27 de noviembre de 1944, en una supuesta asamblea de esta unión, se aprobó una resolución dando por terminada su afiliación con la I.L.A. y convirtiéndose en una unión independiente. Én otra supuesta asamblea celebrada el 9 de diciembre de 1944 la unión decidió afiliarse a la Unión de Empleados de Muelles de la C.Gr.T.

El segundo error está dirigido al alegado fallo de la corte de distrito al efecto de que estas reuniones tuvieron lugar y de que dichas resoluciones fueron aprobadas legal-mente. La contención de -los apelantes es que dichas 'reso-luciones eran nulas porque las asambleas en que se aproba-ron fueron celebradas sin quorum.

Este error sería importante si tuviéramos que determi-nar el título o el derecho a la posesión. Pero aquí tenemos que averiguar solamente si el demandante y el grupo que él representa — la unión de la C.Gr.T. — estaban en posesión de la propiedad aquí envuelta dentro del año precedente a la radicación de la demanda. Aun -cuando el grupo repre-sentado por el demandante no sea el sucesor legal de la Unión Núm. 1584 y sea nn grupo diferente que en 1944 se separó de la Local Núm. 1584, el demandante no obstante debe resultar victorioso si él y su grupo estaban, dentro de un año antes de noviembre 7 de 1945, en posesión de la casa que se admite perteneció a la Local Núm. 1584 antes de que surgiera la controversia entre estos dos grupos.

La corte de distrito resolvió correctamente que este caso no es el recurso adecuado para determinar si las asambleas fueron celebradas legalmente y si las resoluciones fueron vá-lidamente aprobadas. Según indica la corte inferior, la única cuestión aquí envuelta es si el demandante y la nueva unión liabían estado en posesión física según se alegaba en la demanda.

No podemos convenir en que se cometió el segundo error porque (1) la corte inferior no llegó a conclusión alguna en cuanto a la legalidad de las asambleas y resoluciones, y por-que (2) aun cuando lo hubiera hecho, dicho fallo sería irre-levante a los fines de este caso.

Los apelantes señalan como su tercer error la actuación de la corte de distrito al admitir en evidencia copia de la carta de afiliación de la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Eico con la C.G-.T. Estamos satisfechos en que. se explicó suficientemente la razón por qué no se traía el original : éste estaba en la casa aquí envuelta de la cual el de-mandante alegaba había sido desposeído. Además, por los motivos expuestos al considerar el segundo error, en este caso nada tenemos que ver con la cuestión del status de las dos uniones, incluyendo los términos de sus respectivas car-tas de afiliación.

El cuarto señalamiento llega a la médula del caso. Alegan los apelantes que la corte inferior cometió error al resolver que la Unión de la Industria Marítima estaba en posesión física de la propiedad dentro de un año precedente a la radicación de la demanda. - Expondremos primeramente los hechos incontrovertidos. La Unión Local Núm. 1584 ha •existido desde 1938. En 1942, debido a la guerra, se cerra-ron todos los puertos abiertos de huerto Rico, incluyendo el de Punta Santiago en Humacao. Estos permanecieron -cerrados basta abril de 1945. Los miembros de estos dos grupos fueron obligados a buscar trabajo en otro sitio. Como resultado de ello, durante este período bubo muy poca actividad en lo que. se refiere a las uniones. ■ En agosto de 1945, el grupo que todavía se llamaba a sí mismo Local Núm. 1584, convocó para una asamblea general en la casa en cues-tión, pero no pudo obtener la llave. Por tanto, rompieron el candado, instalaron uno nuevo, celebraron su asamblea y desde entonces han estado en posesión de la propiedad.

Sin embargo, bubo conflicto en la evidencia en cuanto a si el demandante estaba en posesión de la llave en agosto, 1945, y en cuanto a si él era Presidente del grupo de la C.G.T. en dicha fecha. Pero hubo evidencia a este efecto, creída por la corte de distrito. T nada hay en el récord que justifique que intervengamos con la conclusión de la corte de distrito sobre este particular.

No puede negarse que la evidencia que hay en el récord en relación con la posesión del demandante y de la nueva unión no es abundante. Pero es suficiente para justificar la conclusión de la corte inferior de que “La llave de la casa en litigio la tenía el demandante y en ella continuó cele-brando sus reuniones la Unión de la Industria Marítima desde diciembre de 1944 basta el día 26 de agosto de 1945.” Esto contrasta con el fallo de la corte inferior, también ba-sado en evidencia adecuada, al efecto de que entre diciem-bre de 1944 y agosto 26, 1945, el grupo que permaneció con la Unión Local Núm. 1548, nunca se reunió en esta casa des-pués de diciembre de 1944, sino que lo hizo en casa del de-mandado Nicolás Colón. En vista del hecho de que una unión era dueña del edificio' y por tanto éste se usaba sólo esporádicamente, convenimos con la corte de distrito en que estos hechos constituyeron posesión física del demandante' y sn unión, a los fines de este pleito, dentro de un año pre-cedente a la radicación de la demanda.

El quinto error consiste en que la evidencia no iden-tificó la casa suficientemente. Los demandados admiten que la propiedad fué descrita adecuadamente en la demanda. En su contestación los demandados admitieron que ellos es-taban en posesión de la propiedad según ésta aparecía des-crita. Por tanto no vemos motivo alguno para que fuera necesaria alguna evidencia en relación con la identidad de la propiedad, cuestión que nunca levantaron los demandados en sus alegaciones. La sentencia, que describía la propie-dad según ésta aparecía de la demanda, estuvo justificada a la luz de las alegaciones.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.