author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr., JUEZ ASOCIADO SEÑOR SNYDER

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Vicente Vázquez, acusado y apelante.
    Núm. 10229.

    — Sometido: Enero 20, 1944.

      Resuelto: Mayo 1, 1944.

      Justo A. Casablanca, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado a seis meses de cárcel por un delito de hurto menor. No existe prueba directa tendente a demostrar que él cometiera el delito; pero los efectos ro-bados fueron en parte vendidos por él a otra persona y el resto de ellos fué ocupado en su posesión. La cuestión a determinar en el presente recurso es si los hechos del caso y la explicación que ofrece el acusado sobre la forma en que dichos efectos vinieron a su poder justifican la revocación de la sentencia. Pueblo v. Laureano, 20 D.P.R. 7.

Allá para el 17 de julio de 1942 Angel Díaz García era dueño de un automóvil que además de sus cuatro gomas tenía dos de repuesto, todas nuevas, (lomo a las nueve de la uoclie de ese día, lo prestó a José Luis López con encargo de devol-verlo enseguida. Como a las doce de la noche del mismo día vino López a avisarle que le habían hurlado el automóvil de un sitio en la carretera de Río Piedras a Caguas, donde lo tenía estacionado. Hicieron gestiones para recuperarlo y lo encontraron el 26 de julio de 1942 en una cuneta de la carretera que conduce de La Muda de Caguas a Aguas Bue-nas, como a un kilómetro de esta población. El vehículo no había sufrido ningún desperfecto, pero le faltaban entre ofras cosas las dos gomas de repuesto y dos de las que estaban en uso. Como resultado de la investigación practicada por la detective, dos de las gomas aparecieron usándose en el auto-móvil de Santiago Díaz. Interrogado este último, manifestó que las había comprado a Ramón Vicente Vázquez; que éste le pidió por ellas $100 y se las dejó en $90. Investigado Vázquez, admitió que las había vendido a Santiago Díaz, y al preguntársele cómo las había adquirido él, dijo que las había comprado, juntamente con otras dos que aparecieron en el automóvil del propio Vázquez.

Según el detective Saturnino Romero, Vázquez en ningún momento dijo quién se las había vendido, a pesar de habér-selo preguntado insistentemente. De dichas cuatro gomas, Angel Díaz García identificó tres como de su propiedad.

La defensa presentó como testigo a Víctor Vélez Rosado, quien declaró que conocía a Ramón Vicente Vázquez hacía algún tiempo; que Vázquez le había dicho que si sabía de alguien que vendiese algunas gomas le avisase; que para esa fecha William Carrión le había informado que él tenía unas gomas para vender; que fué con William Carrión donde Vázquez; que aquél se las ofreció y éste le compró dos por $75; que desde esa fecha no ha vuelto a ver a Carrión ni co-noce su paradero.

Fernando Pérez, amigo de Vázquez, declaró que un do-mingo fue a buscar a Vázquez para dar un paseo, y hallándose en la casa de éste presenció cuando llegaron dos individuos y le ofrecieron en venta unas gomas; que dichos individuos llegaron en un automóvil, y que el que lo guiaba era William Carrión, a quien no conoce personalmente; que al que acom-pañaba a Carrión le llamaban Vitín y se hallaba en la corte el día en que se celebraba el juicio en la corte inferior; que las gomas fueron compradas por $75.

El acusado declaró además que trabajaba en Tesorería Federal hacía dos años; que ganaba $135 mensuales; que vivía con su padre, que es un comerciante en Eío Piedras, y que la casa donde vivía era propiedad de su padre; que los $135 que ganaba le sobraban casi en su totalidad debido a que vivía con su padre y no tenía que pagar renta alguna; que jamás había sido acusado ni convicto de delito alguno; que es soltero y no tiene-hijos; que el domingo 19 de julio de 1942, frente a su casa, compró las cuatro gomas a Víctor Vélez Rosado y a William Carrión por la cantidad de $75, que entregó a William Carrión (T. de E., pág. 39); que dos de las gomas fueron ocupadas en su poder y las otras dos las había vendido a Santiago Díaz el 22 de julio de 1942. Más adelante, a preguntas del juez inferior, contestó que al ser interrogado por la detective acerca de cómo había ad-quirido las gomas les dijo que las había comprado a un tal Vitín (T. de E., pág. 42); que no mencionó entonces a Ca-rrión’ porque el que vino a hacer la transacción fué Vitín; que a Vitín lo arrestaron el mismo día que a él; que ha tra-tado de conseguir a Carrión porque el asunto es muy delicado para él por la posición que ocupa, pero no lo ha conseguido ; que luego le informó a la detective sobre Carrión.

Somos de opinión que la prueba en este caso no es sufi-ciente para establecer la culpabilidad del acusado. Al igual que en Pueblo v. Atilano, 44 D.P.R. 591, en ¿1 cual revocamos la sentencia condenatoria, puede decirse que “La explicación que éste (el acusado) dió pudo ser sin duda alguna más con-creta, debiendo haber demostrado por lo menos que hizo es-fuerzos para encontrar al vendedor, pero no es increíble y pudo ser cierta.” (Bastardillas y paréntesis nuestros). La declaración del acusado en el caso de autos es aun más fuerte que la del acusado en el caso de Pueblo v. Atilano, supra, pues tendió a demostrar los esfuerzos que hizo por localizar al que le vendió las gomas, y además presentó dos testigos pre-senciales que declararon en cuanto a la transacción de la venta. Ninguna de esta prueba fué contradicha por El Pueblo.

Las discrepancias ó contradicciones que se notan en la declaración del- acusado tienen su explicación en el hecho de que el caso envuelve la compra de unas gomas en lo que en estos tiempos se conoce con el nombre de “Mercado Negro”, hecho prohibido y penado. Empero, aun cuando él no estaba acusado de ese delito, siendo un empleado federal tenía que darse cuenta de las posibles consecuencias que su actuación podían acarrearle. No es irrazonable considerar dichas con-tradicciones como una consecuencia lógica de dichas circuns-tancias.

Sostuvimos, además, en el caso de Pueblo v. Atilano, supra, que por fuerte que sea la sospecha que contra el acusado se tenga, no es suficiente para declararlo culpable y aplica-mos la regia establecida en el de El Pueblo v. Domínguez, 36 D.P.R. 463, al efecto de que: “Cuando en proceso por hurto la prueba sólo demuestra la posesión por parte del acusado del objeto hurtado sin ninguna otra circunstancia que le co-necte con el hecho de la sustracción, ella es insuficiente.”

Esta regla es aplicable al caso de autos y la sentencia debe ser revocada absolviéndose al acusado.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR SNYDER

Disiento. Abrigo dudas en cnanto a haber llegado al-mismo resultado a que llegó la corte de distrito, de haber sido yo el juez ante quien se practicó la prueba. Pero no oí ni vi a los testigos, y del récord escueto no tengo medios de averiguar qué testigos eran dignos de crédito. Aun si tuvié-ramos poder para así hacerlo, estaría por tanto renuente a sustituir mi apreciación de la prueba por aquélla de la corte de distrito.

En este caso no debemos examinar do nuevo los hechos ' para determinar si hubiéramos llegado al mismo resultado en primera instancia. La misión de esta corte, al revisar cuestiones de hecho, termina cuando encuentra que existe base racional en la sentencia de la corte inferior. No puedo convenir en que la sentencia de la corte de distrito era ente-ramente irracional, y que no existía prueba sobre la cual basar la sentencia condenatoria. Esa es mi única razón por la cual voté para que se confirmara la sentencia condenatoria.


source: Caselaw Access Project

author: Ei, Juez Asociado Señok Todd, Je.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Félix R. Nieves Santa, acusado y apelado.
    Núm. 10409.

    — Sometido: Abril 11, 1944.

      Resuelto: Mayo 1, 1944.

      B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelante; Edgar S. Belaval, abo-gado del apelado.
   Ei, Juez Asociado Señok Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 12 de febrero de 1943 se radicó en la Corte Municipal de San Juan una denuncia contra Félix R. Nieves Santa por un delito de acometimiento y agresión grave, consistente eir haber agredido a José Pérez Negrón con una piedra el día 30 de enero de 1943. Esta denuncia fue radicada el 12 de febrero no obstante que el 8 de febrero, cuatro días antes, ya el agredido había fallecido según aparece de la acusación que por el delito de asesinato radicó el Fiscal Auxiliar en la corte de distrito el día 17 de febrero. Estando pendiente este proceso- en la corte de distrito, el 9 de marzo de 1943 se vió ante la corte municipal el caso por acometimiento y agre-sión grave'siendo absuelto el acusado.

Al ser llamado el acusado para la lectura de la acusación 'por asesinato hizo alegación de inocente y además alegación de haber sido expuesto y absuelto por el mismo delito, former jeopardy. La corte inferior después de exponer los hechos, declaró con lugar la' segunda alegación y ordenó el sobresei-miento y archivó del caso. Contra esta sentencia interpuso apélaeión el Fiscal del Distrito y ahora el apelado solicita que el recurso sea desestimado (a) por no ser apelable la sentencia, y (b) por ser frívola la apelación.

Aun .cuando la vista de la moción fué pospuesta en dos ocasiones para dar oportunidad al Fiscal de esta Corte para radicar su alegato, nunca lo hizo, y en la vista oral se allanó a la moción por el primero de sus motivos.

Creemos que tiene razón el apelado pues una mera lectura del artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal de-muestra que el caso de autos no está comprendido en ninguno de sus seis apartados y que como consecuencia la sentencia en este caso no era apelable. Siendo el derecho de apelación estatutario El Pueblo de Puerto Rico sólo puede apelar en aquellos casos expresamente provistos en el artículo 348, supra, U. S. v. Sanges, 144 U.S. 310. En los. casos de State v. Ansheroft, 252 Pac. 1001 (N. M. 1927); People v. White, 5 N.E. (2d) 472; People v. Vitale, 5 N.E. (2d) 474; People v. Nitti, 5 N.E. (2d) 476 (Ill. 1936), se resolvió que en ausen-cia de un estatuto que autorizara la apelación, resoluciones similares a la dictada en el caso de autos eran inapelables por el Estado.

El abogado del apelado en su alegato hace un concienzudo resumen y análisis de toda nuestra jurisprudencia interpre-tando los preceptos de dicho artículo que demuestran un detenido y loable estudio de la cuestión planteada. No con-sideramos propio, sin embargo, tratar de aclarar las aparen-tes contradicciones existentes'en algunos de los casos resuel-tos por esta Corte, a que hace referencia dicho letrado, pues no estando el caso de autos comprendido en ninguno de ios apartados del artículo 348, supra, sería académico si lo hi-ciéramos.

Los hechos envueltos en este caso merecen nuestra más fuerte censura. De acuerdo con los autos ante nos no pode-mos determinar con certeza a quién corresponde hacer res-ponsable de que se permitiera que continuaran los procedi-mientos por acometimiento y agresión grave ante la corte municipal no obstante estar pendiente ante la corte de distrito el proceso por asesinato.

No aparece de los autos quién formuló la denuncia en la corte municipal. Es posible que baya sido un miembro de la policía insular pero el hecho es que a la fecha en que se radicó ya había fallecido el agredido. Al ocurrir dicho fa-llecimiento el caso tuvo que llevarse a la fiscalía por el funcionario que originalmente investigó los hechos, que segu-ramente fué el mismo que radicó la denuncia en la corte municipal. ¿Cómo es posible que no informara al fiscal de ese hecho? Si lo hizo, ¿por qué no solicitó el fiscal el archivo de la denuncia ante la corte municipal?

Por otra parte, el abogado del apelado admitió en la vista oral que él no informó al juez de la corte municipal al cele-brarse el juicio por acometimiento y agresión grave en cuanto al hecho de que se había radicado una acusación por el delito de asesinato en la corte de distrito. Consideramos que sin faltar a sus deberes para con el acusado, como funcionario de la corte debió haberlo hecho. En cuanto al juez de la corte municipal, aparentemente no investigó el motivo por el cual el agredido, sin duda el principal testigo en el caso, no compareció a declarar en el juicio, porque si lo hubiera hecho fácilmente se hubiera enterado de su fallecimiento y entonces era su deber dar traslado del caso al fiscal.

Todos los hechos concurrentes demuestran que este pro-ceso, desde que se inició hasta su terminación, se llevó a cabo con negligencia crasa, si no algo más, por parte de todos los que en él intervinieron.

No siendo apelable la sentencia en este caso, se desestima el recurso por falta ele jurisdicción.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

       "Artículo 348. — El ministerio público puede establecer apelación:
      “1. De una providencia desestimando la acusación.
      “2. De una sentencia a favor del acusado en virtud de excepción perentoria puesta a la acusación. . .

        “3. De una providencia concediendo la celebración de nuevo juicio.

        “i. De una providencia declarando el sobreseimiento provisional.

        “5, De una providencia dictada'después de pronunciado el fallo, que afecte los derechos sustanciales del ministerio público.
      “6. De una orden del tribunal al jurado mandando que éste pronuncie vere-dicto a favor del acusado.’’


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Protasio Maymí Martínez, demandante y apelado, v. Banco Popular de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8719.

    — Sometido: Febrero 3, 1944.

      Resuelto: Mayo 2, 1944.

      Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la liaba y Rafael Baragaño, Jr., abogados del apelante; Hipólito Marcano, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios y condenó al banco demandado a pagar al de-mandante la suma de $200 y las costas. Los heclios son los siguientes:

Protasio Maymí Martínez espidió un cheque el día 12 do febrero de 1942 a favor del Colmado Colón por la suma de $1.10 y contra su cuenta corriente en el banco demandado. Dicho cheque fué endosado por Esther Ortiz, esposa del de-mandante, y por Antonio Colón, dueño del Colmado Colón, siendo entregado a la firma Narciso Ortega, S. en C., quien lo depositó en su cuenta corriente en el banco demandado. No obstante tener el demandante fondos suficientes para cu-brir el importe del cheque, el banco demandado se negó a pagarlo y lo devolvió a Narciso Ortega, S. en C. con un aviso de débito en el cual se les notificó que el cheque girado por Francisco González Bouillerce a favor del Colmado Colón con cargo al demandado se devolvía por la razón siguiente: “No Tiene Fondos Suficientes”, aviso que aparece aprobado con las iniciales de dos empleados del demandado. La firma Ortega entonces devolvió el cheque a Colón y éste a su vez al demandante.

Además de los anteriores hechos se probó en la corte inferior que el demandante es Contable de profesión, graduado de la Universidad de Puerto Eico; que ha ocupado varios puestos públicos en el Gobierno Insular y desde julio de 1942 ocupa el cargo de Investigador de Cuentas en el Pondo del Seguro del Estado. Que fué nombrado para ocupar este úl-timo cargo después de haber ocurrido el incidente sobre' el cheque.

En su opinión la corte inferior hizo constar expresamente que:

“La evidencia no nos ha demostrado que la integridad, crédito y reputación, o buen nombre del demandante se hayan' perjudicado o afectado por la devolución del cheque en cuestión por el Banco de-mandado. ■ Sí resulta de la prueba practicada, que los empleados de dicho Banco actuaron negligentemente al devolver el cheque del de-' mandante por no tener fondos suficientes.”

Esto no obstante declaró con lugar la demanda' porque “El Banco demandado estaba en la obligación de pagar el cheque del demandante, y al no hacerlo así ha incurrido' eii responsabilidad. Ríos v. National City Bank, 51 D.P.R. 488”, y condenó al demandado a pagar al - demandante la suma de $200 y las costas.

El apelante trata de. demostrar en su alegato que la corte inferior erró “al interpretar erróneamente las alegaciones contenidas en la contestación : . .” y “al desestimar la ex-cepción previa de falta de hechos constitutivos de causa de acción”, porque si bien el demandado admitió el endoso del cheque nunca admitió que estuviera “debidamente endosado” y que éste fué el verdadero motivo de no haberse pagado. Empero, el hecho probado es que el cheque fué devuelto, no porque estuviera indebidamente endosado sino porque el gi-radór no tenía fondos suficientes. Esa es la base para esta acción de daños y perjuicios. Es la imputación falsa de falta de crédito que se le liace a un depositante solvente. Si el demandado hubiera devuelto el cheque por endoso indebido no hubiera surgido la causa de acción alegada eñ este caso. Habiendo el demandado expuesto la razón por la cual devol-vió el cheque no puede luego defenderse alegando otra dis-tinta. Véase el caso de Macrum v. Security Trust & Savings Co., 221 Ala. 419, 129 So. 74 en el cual se resolvió que un banco que rehúsa pagar un cheque porque una firma comer-cial no tiene fondos suficientes, no puede luego poner en tela de juicio la facultad del gerente del depositante para expedir cheques, diciendo la corte: “Si los funcionarios del banco tenían duda de la autoridad del demandante para expedir el cheque al rehusar pagar debió haberse fundado en ese mo-tivo ... y no en la alegación de que.no había fondos sufi-cientes; y en ese caso surgiría una cuestión distinta.”

En el hecho séptimo de la demanda se alega que el cheque fue endosado por el dueño del Colmado Colón, Sr. Antonio Colón y esta alegación fué admitida en la contestación. Es cierto que el demandado negó en la contestación que el che-que le fuera devuelto al demandante por no tener fondos suficientes y alegó en contrario que se negó a pagar el cheque “por la única razón de faltarle el primer endoso y así se lo comunicó a los Sres. Narciso Ortega, S. en C. adhiriéndole al mismo un volante impreso que así lo expresaba. ’ ’ Empero estas alegaciones del demandado quedaron huérfanas de toda prueba. Si el demandado hubiera probado esos hechos hu-biera destruido la contención del demandante y seguramente otra hubiera sido la decisión de la corte. El caso de Eichner v. Bowery Bank of New York, 48 N.Y.C. 978, entre otros, citado por el apelante, no es aplicable pues la corte expresa-mente dice en su opinión que “No hay alegación alguna en la demanda de que el cheque fuera endosado en algún mo-mentó por el girado bien antes o al momento cuando fué presentado al banco para ser pagado.”

La verdadera cuestión importante a resolverse en este recurso es si a pesar de no haberse probado, como resolvió la corte inferior por la apreciación que hizo de la prueba, que “la integridad, crédito, reputación o buen nombre del demandante se hayan perjudicado o afectado por la devolución del cheque en cuestión por el banco demandado”, pudo condenarse al demandado a pagar una indemnización al demandante. La única jurisprudencia nuestra que cita la corte sentenciadora para sostener su sentencia es el caso de Ríos v. Rational City Bank, supra.

En dicho caso el banco demandado, por negligencia de sus empleados, también devolvió sin pagar dos cheques de la demandante por el falso motivo de no tener fondos sufi-cientes y se resolvió que “Las relaciones entre un banco y sus clientes correntistas son de naturaleza contractual” y que “Al aceptar un depósito en cuenta corriente el banco contrae la obligación de honrar, pagándolos al ser presenta-dos al cobro, los cheques expedidos por el. correntista hasta el límite del balance a su favor en los libros del banco. Y si así no lo hiciere, el banco incurre en responsabilidad.” Para sostener esta conclusión se citaron los casos siguientes: “Third National Bank v. Ober, 178 Fed. 678; Atlanta National Bank v. Davis, 96 Georgia 334, 51 A.S.R. 139; Patterson v. Marine National Bank, 130 Pa. 419, 18 Atl. 632; Stevens v. Market Street Title & T. Co., 65 Pa. Super. Ct. 288, 4 A.L.R. 955; y Woody v. National Bank, 194 N.C. 549, 140 S.E. 150.”

Termina la opinión diciendo:

“El incumplimiento de esa obligación se debió a la negligencia y y falta de cuidado de los empleados del Banco demandado y éste debe reparar él daño causado a su cliente.
“De la prueba practicada aparece que el banco demandado, al darse cuenta del error cometido por sus empleados, .hizo cuanto es-tuvo a su alcance para mitigar en lo posible el perjuicio que pudiera sufrir let demandante, notificando al Royal Bank of Ganada y a las Compañías a favor de las cuales se expidieron los cheques y expli-cándoles lo ocurrido.
“No estamos convencidos de que él crédito y buen nombre de la demandante hayan sido seriamente afectados, y opinamos que la suma de dos mil dólares concedida por la corte inferior es excesiva.” (Bastardillas nuestras.)

Y por ese motivo se redujo la indemnización a $250.

Hemos examinado el expediente del caso de Ríos y esta-mos convencidos que la conclusión a que allí se llegó en cuanto a la cuantía de los daños y perjuicios se basó en que la de-mandante probó que su crédito y buen nombre habían sido afectados aunque no tan seriamente para justificar la suma concedida por la corte sentenciadora. Decimos esto, porque mi examen de la jurisprudencia citada'en dicho caso podría inducir a la conclusión de que expresamente habíamos re-suelto la cuestión planteada en el de autos, es decir, que aun a falta de prueba de daños sufridos por el demandante debe siempre condenarse al banco demandado a base de la doc-trina prevaleciente en distintos estados de la Unión al efecto de que en un caso de esta naturaleza surge una presunción de que el demandante ha sufrido algunos daños y perjuicios. Nos parece más bien que la jurisprudencia citada en el caso de Ríos lo fue para sostener las relaciones contractuales existentes entre las partes. Veamos ahora cuál es el alcance de dicha' jurisprudencia.

En algunas jurisdicciones americanas la doctrina vigente es que si el depositante es un comerciante (trader) se'presu-men los daños ya que el' rechazo indebido de su cheque tiene necesariamente que afectar su crédito. En otras jurisdiccio-nes se sostiene que si el 'depositante no es un comerciante los daños no se presumen y el demandante debe siempre pro-barlos, mientras que en otras jurisdicciones han eliminado la distinción entre comerciantes y no comerciantes sosteniéndose que en la vida moderna ambos se desenvuelven económica-mente a base de crédito y que los daños deben presumirse en tocios los casos'. Indudablemente fue esta última doctrina la aplicada por la corte inferior pues se limitó a citar en su opinión la monografía contenida en 126 A.L.R. 206 y a 7 Am. Jur. 392 et seq. que tratan en forma detallada distintos as-pectos de esta cuestión. Un ejemplo del razonamiento usado para sostener la responsabilidad de un banco, aun a falta de prueba de daños, cuando el demandante no es un comerciante, 16 encontramos en el cáso de Valley National Bank v. Witter, 121 P. (2d) 414, 418, en el cual la Corte Suprema de Arizona se expresó así:

“De'un examen general de los casos que distinguen entre el co-merciante y el no. comerciante, y su razonamiento, es obvio que ]a regla se basó en la teoría, bastante cierta cuando se aplicó por primera vez, de que el-perjuicio era causado a la oportunidad del depositante para obtener más crédito financiero en sus negociaciones con otros; que prácticamente todo el negocio de un comerciante o negociante estaba basado en transacciones a crédito más bien que de contado, y que cualquier ataque a su carácter financiero necesariamente tendía a disminuir sus medios de obtener crédito en el futuro y por tanto lesionaba su negocio.- Por otro lado, el no comerciante raras veces tenía cuenta en el banco, llevaba a cabo la mayor parte de sus transac-ciones de contado y solamente necesitaba crédito en ocasiones aisladas y especiales, de manera que no había razón para presumir que la falta de pago de uno de sus cheques, en las pocas ocasiones en que él tuvo una cuenta en el banco, podría afectar un crédito que presun-tivamente no se usaba o no existía. La situación, sin embargo, ha cambiado grandemente en los últimos años. La inmensa mayoría de las transacciones financieras modernas, bien llevadas a cabo por co-merciantes o no comerciantes, son hechas a base de crédito. Un gran porcentaje de nuestra población conduce hasta sus cuentas caseras a base de crédito mensual, pagando generalmente con cheques contra sus propias cuentas de banco, y el no pago de uno de esos cheques presuntivamente tiene que afectar su crédito, aun cuando no fuera tan grande en dólares y centavos y tan serio en proporción con la extensión de sus transacciones con aquellos que sepan del rechazo, como lo sería la negativa de pago de un cheque de un gran comer-ciante. En ambos casos, bajo las condiciones modernas de negocios creemos que por el mero hecho del no pago del cheque la presunción es que el crédito del depositante fué perjudicialmente afectado.”' (Bastardillas nuestras.)

Como liemos dicho, la jurisprudencia en los Estados Uni-dos está en tal forma dividida que no puede afirmarse cuál de las distintas doctrinas expuestas prevalece. Algunos es-tados, dándose cuenta seguramente de las consecuencias eco-nómicas que para un banco pueden tener acciones de esta clase, han aprobado estatutos limitando su responsabilidad a solamente daños nominales, a falta de prueba de daños espe-cíficos del demandante, a aquellos casos en que se alega y prueba que la actuación ha sido maliciosa. Estatutos de esta índole existen en Alabama (First National Bank of Mobile v. Ducros, 168 So. 704); Arkansas (State Bank v. Marshall, 260 S.W. 431); California (Allen v. Bank of America, etc., 136 P. (2d) 345) ; Missouri (Waggoner v. Bank of Bernie, 281 S.W. 130); North Carolina (Thomas v. American Trust Co., 182 S.E. 136; Woody v. National Bank of Rocky Mount, 140 S.E. 150).

Para una discusión amplia sobre las distintas teorías existentes en los Estados Unidos, véase Michie, Banks and Banking, Cap. 9, Sec. 242 et seq. y las monografías en 4 A.L.R. 947 y 126 A.L.R. 206.

¿Debemos adoptar en Puerto Rico alguna de estas doc-trinas! La regla general es que en acciones de daños y per-juicios el demandado sólo es responsable de aquéllos real-mente causados y que, por tanto, el demandante en todo caso está obligado a probarlos en consonancia con los artículos 1054 y 1802 del Código Civil que proveen lo siguiente:

“Artículo 1054. — Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”
“Artículo 1802. — El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Empero, como una excepción a la regla general sobre prueba de daños y perjuicios, esta Corte desde el año 1910 resolvió en un caso de daños y perjuicios por libelo, Quiñones v.' J. T. Silva Banicing & Commercial Co., 16 D.P.R. 696, 702 que “Cuando el escrito es difamatorio per se, y no hay privilegio a favor del demandado, con esto le basta al deman-dante para tener derecho a recobrar a lo menos daños nomi-nales, sin que tenga que probarlos especialmente. (Bastardi-llas nuestras). Ratificamos la doctrina con extensas citas de autoridades en Rivera v. Martinez, 26 D.P.R. 760, y en otros casos posteriores, siendo el más reciente el de Mendos v. Kraidman, pág. 281 ante. La misma doctrina ha sido aprobada por el Tribunal Supremo de Filipinas en Guevara v. Almario, 56 Jur. Fil. 518.

Morse en su obra sobre Banks and Banking, 6th Ed., pág. 1007, párr. 458, citado con aprobación en el caso de Valley National Bank v. Witter, supra, sostiene que acciones como las del caso de autos se asemejan a las de libelo y calumnia cuando dice:

“ . . . Difícilmente puede rehusarse el pago del cheque de un cliente sin poner en tela de juicio su crédito, lo que de hecho será un perjuicio real, aun cuando no pueda por la naturaleza del caso suministrar prueba independiente y clara sobre el mismo. Es como en los casos de libelo y de calumnia, con cuya clase de pleitos, ciertamente, tiene un parecido íntimo, ya que es de he,cho un estigma al crédito y reputación del demandante en el mundo de los negocios. Daños especiales pueden probarse si el demandante está en condicio-nes de hacerlo; pero, si no lo está, el jurado puede no obstante con-ceder aquellos daños temporales (temporary) que ellos crean es una razonable compensación por el agravio indefinido que tal acto se asuma ha infligido, de acuerdo con el curso ordinario de los eventos hu-manos.” (Bastardillas nuestras.)

No sólo los tratadistas sino que la jurisprudencia también sostiene que estas acciones son por su naturaleza similares a las de libelo y calumnia. Así en el caso de Macrum v. Security Trust & Savings Co., supra, se dijo que “Las auto-ridades en términos generales sostienen que el rechazo inde-bido de honrar un cheque es una forma muy efectiva de calumniar al depositante en sus negocios, y que acciones de esta clase son similares a y caen dentro de la categoría de, acciones calumniosas (extensas citas)”.

“La distinción se dice algunas veces que consiste en que en una calumnia, propiamente considerada, se usan palabras, mientras que en esta clase de daños es en efecto difamación por medio de actua-ciones. James Co. v. Con. National Bank, 105 Tenn. 1, 58 S.W. 281, 51 L.R.A. (N. S.) 255, 80 Am. St. Rep. 857;
“La actuación del banquero al rehusar honrar .un cheque se sos-tiene que constituye imputar insolvencia o mala fe por parte del gi-rador y tiene el efecto de calumniar al comerciante en su negocio (citas).”

Igual doctrina se Ira sostenido en casos en que el girador no era un comerciante. Así en el de Spearing v. Whitney Central National Bankr 56 So. 548, la Corte Suprema de Louisiana aplicando el artículo 2315 de su Código Civil, similar al'1802 del nuestro, dijo lo siguiente:

“Todas las autoridades de la ley común están de acuerdo en que daños nominales pueden recobrarse en tocio caso de rechazo de un cheque de un depositante que tiene suficientes fondos en el banco.
“Bu el caso cumbre de Bolin v. Steward, 14 C.B. 595 una acción de daños y perjuicios por indebido rechazo de un cheque se asemejó a !una acción por calumnia a una persona por la forma en que conduce sus negocios’. .(Se cita .el caso de James Co., supra, para señalar la analogía entre las dos acciones). Tal rechazo indebido es tan efi-caz al imputar falta de honradez o de solvencia al cliente como si cualquiera de ellas se le hubiera imputado de palabra (by word of mouth). En el caso de autos la acción se funda en una cuasicalumnia, sin intención dañina, y se gobierna por la regla de que:
“ ‘Cualquier acto de un hombre que causa daño a otro'obliga a aquél por cuya culpa sucedió, a repararlo. C. C. 2315.’ ” (Bastar-dillas y paréntesis nuestros.)

No obstante sostener la similitud entre las dos clases de acciones, la Corte Suprema de Louisiana, que en casos de libelo y calumnia per se acepta la excepción a la regla sobre prueba de daños (véanse las citas en el caso de Rivera v. Martínez, supra), la rechaza en el caso que acabamos de citar y sostiene que el demandante, no siendo comerciante, sólo puede recobrar aquellos daños que alegue y pruebe. Real-mente no vemos la razón lógica para sostener la diferencia entre comerciantes y no comerciantes. Es • cierto que en el caso de un comerciante el efecto sobre su crédito como tal puede ser más serio que el que pueda sufrir un particular, pero en cuanto a la humillación y descrédito general el efecto tanto en uno como en otro nos parece igual. No debemos pa-sar por alto el hecho de que en Puerto Rico constituye delito expedir, con el propósito de defraudar, un cheque sin tener fondos suficientes para su pago. Ley núm. 26 de abril 26 de 1934 (pág. 279). Aun cuando el demandante no haya podido probar daños específicos causados creemos que la corte pudo conceder la indemnización razonable que concedió. El mero hecho de que su cheque fuera deshonrado y devuelto, sin justi-ficación alguna, a la firma N. Ortega, S. en C. y por ésta al Col-mado Colón, con un aviso escrito diciendo que no tenía fondos suficientes, puso en entredicho la buena reputación del de-mandante entre aquellas personas que intervinieron en el asunto. Como se dijo en el caso de Woody v. National Bank. supra, en el que el demandante no era un comerciante:

“La mejor autoridad parece ser que, algo más que daños nomi-nales deben concederse. Es casi imposible que el cheque de un cliente pueda ser rechazado indebidamente sin que se ponga en tela de juicio en alguna forma su crédito, lo cual de hecho causa algún daño efec-tivo, aunque no pueda, por la naturaleza del caso, presentar prueba . independiente y positiva del mismo. Es como en los casos de libelo y calumnia, a cuya clase de acciones en verdad se asemejan mucho, debido a que es de hecho un estigma al crédito y buena reputación del demandante en el campo de los negocios. Daños especiales pue-den demostrarse si el demandante puede hacerlo, pero si no está en condiciones de hacerlo, el jurado puede, no obstante, conceder aque-llos daños moderados (temperate) que considere una razonable com-pensación por el perjuicio indefinido que un acto de esta naturaleza debe asumirse que ha causado en el curso ordinario de los aconteci-mientos humanos.”

Consideramos que la indemnización de $2.00. concedida pol-la corte sentenciadora al demandante es una razonable com-pensación de acuerdo con las circunstancias concurrentes en este caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor SNyder

text:
    Clarence K. Bowie, et als., etc., demandantes y apelantes, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8795.

    — Sometido: Marzo 7, 1944.

      Resuelto: Mayo 2, 1944.

      E. T. Fiddler, II. 8. McConnell, José G. González j Jorge M. Morales, abogados de los apelantes; Hon. Procurador General Interino, M. Rodríguez Ramos j G. Benitez Gautier, Procurador General Au-xiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor SNyder

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito en cobro de contribuciones pa-gadas por los demandantes al Tesorero, bajo protesta, por la suma de $234.43, por concepto de contribuciones, recar-gos, penalidades e intereses sobre gomas y tubos para carros de bueyes importados en Puerto Rico por los demandantes durante 1937, 1938 y 1939. El demandado excepcionó la demanda. Los demandantes lian apelado de la sentencia de la corte de distrito dictada después de la resolución decla-rando con lugar la excepción previa.

La única cuestión aquí envuelta es si la contribución pro-vista en la Sección 16, Ley número 85, Leyes de Puerto Rico, 1925, (pág. 401) según quedó enmendada, conocida como la Ley de Rentas Internas, se aplica a las gomas y tubos para carros de bueyes.

Desde que se aprobó originalmente, la Ley de Rentas Internas ha sido enmendada en casi todas las sesiones de la Legislatura. En varias de estas ocasiones, ban sido enmendados los párrafos que tratan de las gomas y tubos. Originalmente, la sección 16 contenía- el siguiente párrafo:

“15. Vehículos de motor. — Sobre todo vehículo de motor, tales como automóviles, camiones, tractores, auto-wagones, autos de arras-tre (sea cual fuere el nombre con que se conocieren) ; chassis, moto-res, cajas, tubos interiores y gomas sólidas o neumáticas para las mismas; sobre motocicletas y lanchas (tengan o no puestos los moto-res) ; motores para las mismas y sobre gomas sólidas o neumáticas para motocicletas que se vendan, traspasen o usen en Puerto Rico, un impuesto de siete (7) por ciento ad valorem.”

Es claro que de acuerdo con este párrafo sólo estaban sujetas a la contribución en cuestión las gomas y tubos para vehículos de motor, incluyendo motocicletas. Y por el pá-rrafo 28 de la sección 16 también se imponía una contribución de 7 por ciento ad valorem “sobre toda bicicleta de pedal, partes, accesorios y neumáticos para las mismas, que se ven-dan, traspasen o usen en Puerto Rico”. Estas eran las únicas disposiciones en dicha ley que expresamente impo-nían una contribución sobre gomas y tubos. Las gomas y tubos que no fueran a usarse bien en vehículos de motor o en bicicletas de pedal no estaban por tanto sujetos a la con-tribución del siete por ciento. Pero estaban sujetos por las disposiciones de la sección 62 de la ley a una contribución del 2 por ciento sobre ‘‘cualesquiera artículos objeto de co-mercio, que no estén especificados en la sección 16 de esta Ley, o exentos de contribución según lo dispuesto en la misma. ’ ’

El párrafo 28 de la sección 16 fué enmendado por la Ley número 11, Leyes de Puerto Rico, Sesión Extraordinaria, 1926 (pág. 31), para que leyera como sigue: “28. Bicicletas., Sobre toda bicicleta de pedal que se venda, traspase o use en Puerto Rico, un impuesto de siete (7) por ciento ad valo-rem.” Así vemos que de ahí en adelante las gomas y tubos para bicicletas no estaban ya sujetos a la contribución de 7 por ciento ad valorem anteriormente impuéstales, y que la referida contribución de 7 por ciento sólo se aplicaba a go-mas y tubos para las diferentes clases de vehículos de motor descritos en el párrafo 15 de la sección 16.

En 1927 la Legislatura promulgó de nuevo la sección 16, incluyendo los vehículos de motor bajo el párrafo 8 en vez del párrafo 15, pero con la misma fraseología (Ley número 17, Leyes de Puerto Rico, Segunda Sesión Extraordinaria, 1927, pág. 459). Por la Ley número 83, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 505), el párrafo 8 de la sección 16 se en-mendó para que leyera; en parte, como sigue:

“8. Vehículos de. motor y lanchas y botes de, motor. — Sobre todo vehículo de motor, incluyendo automóviles, autow'agones, camiones, tractores, autos de arrastre, motocicletas (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), chassis, motores, cajas, baterías, tubos inte-riores y neumáticos para los mismos, lanchas . . . que se vendan, tras-pasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico; Dispo-niéndose, que . . . sobre gomas sólidas para camiones y otros vehícu-los de motor que se vendan, usen, traspasen, fabriquen o introduzcan en Puerto Rico, el impuesto será de quince (15) por ciento sobre al precio de venta; . ». . ”

Esta Ley de 1931 no hizo referencia a otras gomas y tu-bos para vehículos, excepción hecha de las gomas y tubos para vehículos de motor. En julio 24 de 1931 el Tesorero expidió un Reglamento que cubría la Ley de Rentas Internas que dice en parte como sigue:

“Sección 8. — (Sección 16 de la Ley.) — A partir del día 4 de agosto de 1931 se cobrará y pagará como impuesto de rentas inter-nas, por una sola vez, sobre todos los artículos que más adelante se mencionan y aquellos comprendidos en la Sección 16 de la Ley de Rentas Internas . . . que fueren introducidos, vendidos, ... en ■Puerto Rico, lo siguiente:
“Diez por ciento sobre el precio de venta de:
“31. Neumáticos para vehículos de motor.
“38, Tubos de automóviles.”

Este Reglamento, en la sección 9, párrafo 8, definió los tubos interiores y neumáticos como sigue:

“Sección 9. — Definición de Incisos de la. Sección 16. — Para los efectos del cobro y pago de los impuestos se definen los siguientes in-.cisos, y la manera de pagar los impuestos, como sigue:
“Tubos interiores y neumáticos. — Se considerará comprendido en las disposiciones de la ley todo tubo interior y neumático, sea cual fuere su condición, que. se utilizare para cualquier vehículo de motor. ’ ’

La Ley número 108, Leyes de Puerto Rico, 1936 ((1) pág. 567), enmendó nuevamente el párrafo 8 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas. La contribución sobre gomas y tubos se eliminó del párrafo 8 y se incluyó en un nuevo pá- ' rrafo número 8A. Ambos párrafos, en sus partes pertinen-tes, dicen como sigue:

■ “8. ‘Vehículos y apa/ratos de■ auto-impulsión’ y lanchas y botes ..de motor. — Sobre todo vehículo y aparato movido por propia impul-sión, tales como automóviles, autovagones, camiones, locomotoras, .tractores, autos de arrastre, motocicletas (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), incluyendo chassis, motores, cuerpos de autos sin motor, tanques, baterías, ... y sobre toda parte o accesorios para cualesquiera de los artículos aquí enumerados, excluyendo neu-máíícos, tubos interiores y gomas sólidas, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico, ...”
“8. — A. Neumáticos, tubos interiores pura los mismos y gomas sólidas para vehículos de motor. — Sobre todo neumático, tubos inte-riores para los mismos, y gomas sólidas para vehículos de motor que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de venta.”

Afirman los demandantes y no niega el demandado que a través de todo este período, — es decir, desde 1925 hasta al-guna época en 1942 — el Tesorero interpretó el párrafo en cuestión como que se aplica sólo a gomas y tubos para ve-hículos de motor. Sobre las gomas y tubos para otros fines, tales como para ser usados en carros de bueyes, se imponía una contribución a razón del 2 por ciento de conformidad con la sección 62 de la Ley de Rentas Internas.

En 1941 hubo todavía otra enmienda a la ley. La Ley número 158, Leyes de Puerto Rico, 1941 ((1) pág. 949), pro-mulgó de nuevo la sección 16 de la Ley de Rentas Internas. Los párrafos 8 y 8A fueron entonces numerados párrafos 7, 8, 9 y 10 y dicen como sigue:

“7. Vehículos y aparatos de auto-impulsión. — Sobre automóviles, motocicletas, locomotoras, tractores, y otros vehículos de propia im-pulsión de naturaleza semejante, (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), incluyendo chassis, motores, cuerpos de autos sin motor. tanques, baterías, motores para los mismos, y sobre toda parte o aecesoi’io para cualquiera de los artículos aquí enumerados, exclu-yendo neumáticos, tubos interiores y gomas sólidas, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico; . . . .
“8. Otros vehículos y aparatos de auto-impulsión. — Sobre auto vagones, camiones, y autos de arrastre y otros vehículos similares de auto-impulsión (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), in-cluyendo chassis, motores, ... y sobre toda parte o accesorio para cualquiera de los artículos aquí enumerados, excluyendo neumáticos, tubos interiores y gomas sólidas, que se vendan, ... un impuesto de doce y medio (12%) por ciento . . .
“9. Lanchas, yates y botes ele motor. — Sobre todo yate, lancha. . •
“10. Neumáticos, tubos interiores para los mismos y gomas sólidas para vehículos de motor. — Sobre todo neumático, tubos interiores para los mismos, y gomas sólidas para vehículos de motor que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de venta.”

La Ley número 29, Leyes de Puerto Rico, 1941 ((1) pág. 469), derogó la sección 62 de la Ley de Rentas Internas. Como hemos visto, esta sección disponía una contribución de 2 por ciento para todos los artículos sobre los cuales la sec-ción 16 no impusiere expresamente una contribución. Hasta dicha fecha el Tesorero, de conformidad con su propio Re-glamento, aparentemente había estado cobrando sólo una contribución de 2 por ciento sobre gomas y tubos para carros de bueyes .en la teoría de que la contribución mayor provista en la sección 16 se aplicaba solamente a gomas y tubos para vehículos de motor. Cuando la sección que imponía la con-tribución genérica del 2 por ciento fué derogada, el Tesorero concluyó que tales gomas y tubos estaban sujetos a la con-tribución mayor — que había aumentado del 7 al 10 al 12% por ciento — provista en la sección 16. Según tenemos enten-dido, el Tesorero asumió esta posición sin hacer ningún cam-bio formal en su propio Reglamento arriba copiado, que disponía expresamente que la contribución mayor no se aplica a gomas y tubos como los aquí envueltos.

La corte de distrito, al dictar sentencia a favor del Te-sorero, concluyó que el párrafo bajo consideración, según quedó enmendado en 1936 (párrafo 8A) y en 1941 (párrafo 10), está sujeto a “una sola interpretación, o sea, que por las mismas se impone una contribución sobre todo neumá-tico y tubos interiores para los mismos que se vendan, tras-pasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, sean éstos para vehículos de motor, carretas de bueyes, “trailers”, bicicletas, carretillas, o para ser usados en cualquier otro aparato que utilice neumáticos, ya que las mismas no esta-blecen distinción de clase alguna, excepto la que se hace en cuanto a gomas sólidas para vehículos de motor.

“De acuerdo con la doctrina conocida como del ‘último antecedente’, las palabras, frases y cláusulas relativas o que modifican deben ser aplicadas a las palabras o frases que inmediatamente las preceden y no deben ser interpretadas en el sentido de extenderse a o incluir otras más remotas, y siendo ello así, la frase ‘para vehículos de motor’ en las sec-ciones aquí .transcritas es aplicable, únicamente, a las pala-bras ‘gomas sólidas’ que la anteceden, y no a la palabra y frase ‘neumáticos’ y ‘tubos interiores para los mismos’ (Véase; Mayagüez Sugar Co. v. Carreras, Tesorero, 59 D.P.R. 720; 59 C.J. 985).”

La corte de distrito abandonó él camino correcto cuando aplicó mecánicamente la doctrina del “último antecedente” como fórmula (test) única para determinar el significado del estatuto bajo su consideración. En manera alguna esta doctrina es la única fórmula de que disponen las cortes para determinar el significado de un estatuto. Crawford on Statutory Construction, dice a las páginas 331-2: “Sin embargo, no debe utilizarse esta regla de construcción hasta que otras más importantes hayan demostrado ser fútiles. Si hay algo en la ley indicativo de que la intención es que la palabra relativa o disposición modificadora se aplique a otras en vez del antecedente inmediatamente anterior, es obvio que la regla debe descartarse.

“Sin embargo, sólo es necesario una leve indicación para poder extender el alcance del término relativo. Tal extensión quizá podría exigirse por el significado natural y de sentido común de la ley, y en particular con el fin de evitar resultados absurdos o para impedir una desviación del evidente propó-sito de la Legislatura. Y cuando una cláusula o frase apa-rece después de varias palabras a las cuales puede aplicarse de igual manera, de ser posible, deberá interpretarse como que se aplica a todas ellas.”

En el caso de Mayagüez Sugar Co., Inc., tal como indicó la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en Buscaglia v. Bowie, 139 P. (2) 294, (C.C.A. 1er Circuito, 1943) a la página 297, “de haber decidido la Corle Suprema de Puerto Rico en otra forma, la ley prácticamente hubiera sido destruida como medida contributiva toda vez que sólo las mieles ‘vendidas pa.ra consumo en Puerto Rico’ o ‘manu-facturadas para consumo en Puerto Rico’ estarían sujetas a contribución; y, siendo la producción de mieles una industria de exportación, la mayor parte del ingreso contemplado por la legislatura evadiría la contribución.”

El caso de Bowie contiene lenguaje aplicable al presente. La corte dice a la página 296:

“Encontramos apoyo para ella [la posición del demandado] en lo que se conoce como la doctrina del ‘último antecedente’ que exige en interpretación de estatutos que las palabras modificadoras, en au-sencia de una intención en contrario, se apliquen de ordinario única-mente a las palabras o frases inmediatamente anteriores. Pero en primer lugar esto sería contrario al significado natural o de sentido común del estatuto. Como se dijo en Lewis, Sutherland Statutory Construction, Yol. 2, Sección 420:
“ ‘Este principio [último antecedente] no tiene gran valor: sólo funciona cuando nada hay en el estatuto que indique que las palabras relativas o la disposición modificadora tiende a surtir un efecto dife-rente. Y una leve indicación del propósito legislativo o la lectura ordinaria y de sentido común de la ley, pueden eliminarla y darle una aplicación más comprensiva.’
.“En el caso de Great Western Ry. v. Swiden, etc. Ry., L. R. 9 App. Cas. 787, 808, se dijo que ‘como.cuestión de interpretación ordi-naria cuando varias palabras aparecen seguidas por una expresión general que es aplicable tanto a la primera y a otras palabras como a la- última, dicha expresión no se limita a la última, sino que se aplica a todas’.
“Esta última regla de interpretación estatutaria ©=! seguida por la Corte Suprema en Puerto Rico Ry., Light & Power Co. v. Mor, 253 U.S. 345, 348, 40 S. Ct. 516, 518, 64 L. Ed. 944; donde dice: ‘Cuando varias palabras aparecen seguidas por una cláusula que es aplicable tanto a la primera y a otras palabras como, a la última, la interpre-tación natural del lenguaje exige que'la cláusula se lea como apli-cable a todas.’ ” (Primer corchete nuestro).

En síntesis, todos los casos, incluyendo el de Mayagüez Sugar Co. Inc., reconocen que la doctrina del “último ante-cedente” dista mucho de ser una regla absoluta. Esta corte, en el lenguaje que se encuentra a las páginas 719-24 del caso de Mayagües Sugar Co. Inc., en efecto aconseja cautela contra la aplicación general y universal de la doctrina del úl-timo antecedente.

La “leve” indicación de un propósito contrario necesario para rendir inaplicable la doctrina del “último antecedente” concurre patentemente en este caso. En primer lugar, la historia legislativa de la ley a través de sus varias enmien-das indica el propósito de imponer contribución exclusiva-mente a las gomas y tubos que fueran a uharse en vehículos de motor.. Puede ser, como afirma el apelado, que este pro-pósito original se debiera al hecho de que en 1925 era raro el uso de gomas y tubos en vehículos que no fueran de motor. Pero cualesquiera que fueran sus razones, la Legislatura expresó claramente su intención a este respecto.

Es significativo, por ejemplo, que después de haber orde-nado en 1925 una contribución sobre gomas de bicicleta— la única vez en que la contribución se impuso específicamente sobre un vehículo sin motor — la Legislatura mediante legis-lación de emergencia en su primera oportunidad — la Sesión Extraordinaria de 1926 — eliminó dicha contribución sobre gomas de bicicletas, restableciendo la situación mediante la cual pagaban contribución solamente las gomas y tubos para vehículos de motor.

Como hemos visto el Tesorero adoptó formalmente un 'Reglamento'asumiendo esta posición; y nuestra- atención no ha sido llamada hacia cambio alguno en este Reglamento desde que se adoptó en 1931.

Finalmente, el significado ordinario y natural de la cláu-sula en cuestión inevitablemente nos lleva a la conclusión de que la ley siempre ha dispuesto la contribución mayor sobre gomas y tubos únicamente para vehículos de motor. A nuestros fines, el lenguaje del párrafo pertinente de la sec-ción 16 de la Ley de Rentas Internas ha permanecido subs-tancialmente el mismo desde 1925 al 1941. Si la Legislatura hubiera intentado imponer la contribución mayor sobre go-mas y tubos independientemente de su uso, hubiera sido fácil redactar el lenguaje a ese efecto. Sin embargo, la Le-gislatura ha dispuesto consistentemente que — citando la Ley de 1936, que es el estatuto que controla las transacciones ante nos — “sobre todo neumático,.tubos interiores para los mismos, y gomas sólidas para vehículos de motor . . . un impuesto de doce y medio (12%) por ciento . . .”. Consi-deramos la anterior una oración simple e inequívoca prove-yendo que una corta lista de artículos pagarán contribución ■si se usan “para vehículos de motor”. Resolver en este caso que “para vehículos de motor” se aplica solamente a “go-mas sólidas” sería, a nuestro juicio, altamente artificial' e injustificado. Constituiría un flagrante mal uso de la doc-trina del “último antecedente”, y en efecto sería resolver que uno nunca puede poner una.frase al final de una oración con la intención de que ésta modifique una lista de partidas anteriores, no importa lo pequeña que sea. Adoptar tal regla inexorable sería hacer caso omiso de las reglas familia-res de gramática y cánones tradicionales de interpretación estatutaria. En vista de (a) el lenguaje claro del estatuto, (ó) su historia legislativa, y (c) la interpretación adminis-trativa ininterrumpida de conformidad con la misma, no es de aplicación a este caso la doctrina del “último antece-dente ”.

La sentencia apelada será revocada y se dictará una nueva sentencia a favor de los demandantes.

      Las gomas y tubos aquí envueltos fueron importados en Puerto Rico du-rante el 1937, 1938 y 1939, y por tanto la contribución sobre los mismos no puede ser afectada por la enmienda de 1941. Sin embargo, dicho punto no es material aquí toda vez que la enmienda de 1941 no efectuó cambio alguno en el lenguaje de la Ley de 1936 en relación con la cuestión ante nos.

       Al mismo efecto, Buras v. Fidelity & Deposit Co. of Maryland, 1 So. (2) 552 (La., 1941); Kelly v. State Personnel Board of California 88 P. (2) 264 Calif., 1939).

       Ley número 85, Leyes de Puerto Eioo, 1925 (pág. 401).

       Ley número 11, Leyes de Puerto Rico, (Sesión Extraordinaria), 1926 (pág.' 31).

       Si el significado del estatuto fuera dudoso o ambiguo, que no lo es, esta-ríamos llamados a considerar si bajo todas las circunstancias de este caso, debié-ramos dar peso substancial o quizá decisivo al Reglamento del Tesorero. Indu-dablemente el tiempo ha venido a dar a los Reglamentos del Tesorero de Puerto Rico en casos contributivos el efecto y alcance descritos en Helvering v. Griffiths, 318 U.S. 371 a las páginas 395-6, y los casos allí citados (véanse también 1 Mertens, Law of Federal Income Taxation, Secciones 3.21, 3.22, págs. 87-93, y 1943 Cumulative Pocket Supplement; Welch v. Bradley, 130 P. (2) 109; (C.C.A. 1st, 1942) pág. 114, 115). Sin embargo, no es necesario que nos preocupemos con dicho problema en el presente caso, en vista de nuestra conclusión en cuanto al significado claro del estatuto aun sin la ayuda del Reglamento del Tesorero al mismo efecto.

         Royal Indemnity Co. v. Puerto Rico Cement Corp. 142 P. (2d) 237, resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito el 5 de abril de 1944, sin mencionar la doctrina del "último antecedente" propia-mente dicha, la aplica a los hechos de dicho caso debido a la historia legislativa del estatuto envuelto y ciertas consideraciones prácticas. En efecto el caso sim-plemente reitera la régla de. que depende de todas las circunstancias concurrentes el que la doctrina del ‘ ‘ último antecedente ’ ’ .sea de aplicación en un caso espe-cifico. En el presente caso dichas circunstancias demuestran lo contrario.


author: El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Central Aguirre Associates (Trust de Massachusetts), Central Aguirre Sugar Company (Corporación Doméstica), Central Machete Company (Corporación Doméstica) y Luce & Company, S. en C., demandadas.
    Núm. 9.

    — Sometido: Junio 7, 1943.

      Resuelto: Mayo 4, 1944.

      Charles B. Rartzell, abogado de Central Aguirre Associates; Ron. Procurador Oenerad Interino M. Rodríguez Ramos, Miguel Guerra-Mondragén, Rafael Rivera Zayas, Luis Venegas Cortés y Niliia Vientos Gastón, abogados asociados los cuatro últimos, abogados todos del querellante.
   El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción sobre nulidad de emplazamiento radicada por la-codemandada Central Aguirre Associates.

El Procurador General de Puerto Rico presentó en este tribunal una solicitud para que se instruya información de la naturaleza de quo idarranto a nombre de El Pueblo de Puerto Rico contra las demandadas Central Aguirre Associates (Massachusetts Trust); Central Aguirre Sugar Co. (corpo-ración doméstica) Central Machete (corporación doméstica); y Luce & Company, S. en C. (sociedad constituida de acuerdo con el Código Civil de Puerto Rico) alegando que en viola-ción abierta de la Resolución Conjunta núm. 23 del Congreso 56,' Sesión Primera, aprobada en Io. de mayo de 1900 (31 Stats, at Large 716, Código de los Estados' Unidos, Título 48, Sección 752), así como de la ley local sobre corporaciones privadas, el referido fideicomiso Central Aguirre Associates es dueño de y controla en la actualidad, tanto por sí como por las subsidiarias o agentes que directamente domina, o sea las demandadas Central Aguirre Sugar Company, The Central Machete Company y Luce & Company, S. en C., las cua-les “cada una de ellas posee y controla en pleno dominio, como cada una de ellas ha poseído y controlado por largo tiempo jasado, ciertas tierras de labrantío en exceso de 500 acres, en las que todas y cada una de dichas demandadas se dedica a la. siémbrá, cultivo'y recolección de-cañas de.azúcar, y cada nna de dichas cuatro demandadas contribuye y participa en las violaciones cometidas por cada una de las otras deman-dadas. ”

Alegó además que “Central Aguirre Associates maneja, controla y domina todas las propiedades de Luce & Company, S. en C.” y que Luce & Company “carece de existencia real pues que los accionistas del fideicomiso Central Aguirre Associates y los de Central Aguirre Sugar Company son dueños de la totalidad del capital de la sociedad Luce & Company, S. en C. . . . ”

Permitida la radicación de la solicitud, se ordenó el em-plazamiento de las demandadas, y una vez diligenciado, fué devuelto por el márshal con el siguiente certificado en cuanto a Central Aguirre Associates:

“Yo, William G-. Látimer, Márshal de la Corte Suprema de Puerto Rico, certifico:
‘ ‘ Que recibí la presente citación a las 10:18 a. m. del día 28 de mayo de 1941, y queda debidamente diligenciada entregando copia fiel de la misma, de la resolución de este Tribunal Supremo de fecha 26 de mayo de 1941 y de la querella de la naturaleza de un quo warranto presentada en éste caso, a todas y cada una de las deman-dadas; 'viz:
“Central Aguirre• Associates en la persona de Marcelo J. Obén, en su carácter de agente en Puerto Rico de dicha entidad, personal-mente en su oficina en Aguirre, P. R., hoy día 9 de junio de 1941, a las 10:00 a. m.
“Deseo hacer constar que el Sr. Marcelo J. Obén, rehusó aceptar la notificación y -emplazamiento para la Central Aguirre Associates porque ni la Sociedad Luce- & Company, S. en C., de quien él es socio gestor, ni él personalmente, son agentes, ni empleados, ni re-presentantes de dicha Central Aguirre Associates, y al yo insistir en dejarle estos documentos, manifestó que los tendría que devolver al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Central Aguirre Associates solicita se decrete la nulidad-de este emplazamiento por los fundamentos, según los resume el fideicomiso- demandado en sn alegato, de que: “Central Aguirre Associates is not a legal person but the common designation of the business carried on by Messrs. Charles Francis Adams, Charles G. Bandroft, Robert F. Herrick, J. Brooks, George C. Lee, George S. Mumford, Jr., Eliot Wods-worth, Ellsworth Bunker, John Farr and Charles G. Meyer under a declaration of trust agreement executed at Boston, Massachusetts; none of which persons has ever been, nor is, a resident of Puerto Rico or domiciled therein; that Marcelo Obén, is in no manner or form, directly or indirectly an agent or representative of the Associates, the trustees thereof or these persons as individuals, who have never had an agent or representative of any kind in Puerto Rico nor any office or place of business in Puerto Rico nor transacted any business therein. That'no consent has even been given for such service as was attempted or for any other service.” Por lo que la demandada alega que este tribunal carece de jurisdicción sobre ella y que cualquier sentencia dictada en este caso contra ella o las personas haciendo negocios bajo dicha designación común, sería sin el debido procedimiento de ley y nula, en contravención de las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y de la Ley Orgánica de Puerto Rico.

La cuestión en controversia, según se dijo en el caso de Pueblo v. South Porto Rico Sugar Company, 56 D.P.R. 661, 664, en el cual se suscitó una situación similar, es la si-guiente: % Está Central Aguirre Associates haciendo nego-cios en Puerto Rico, a través de agentes y fiduciarias, de tal forma y en tal grado que justifique la inferencia de que se halla presente en esta Isla, y se ha sometido a su jurisdicción y a sus leyes?

Examinemos las relaciones que existen entre Central Aguirre Associates, Luce & Co., 8. en C. y Marcelo J. Obén, según las propias alegaciones de la demandada y la prueba presentada el día de la vista celebrada ante esta corte. Antes de continuar hacemos constar que admitimos definitiva-mente la prueba admitida condieionalmente el día de la vista y se anota la excepción correspondiente a la demandada.

De acuerdo con dicha prueba Luce & Co., S. en C. tiene un capital de $1,203,000 del cual, a su constitución en 1919, los socios gestores John D. H. Luce, John Farr, Charles L. Carpenter, contribuyeron $1,000 cada ímo, y Charles G. Meyer, Louis Bacon y Charles G. Bandroft como socios coman-ditarios contribuyeron $400,000 cada uno, siendo sus con-tribuciones convertidas en acciones del valor a. la par de $10. Al momento de radicarse este procedimiento de quo wa-rranto la sociedad Luce & Co. se componía de William H. Gulliver como único socio comanditario y Edward G. English, Frederick A. Stevens y Marcelo J. Obén como socios gestores, siendo el Sr. Obén el socio gerente (managing partner). El artículo 11 de la escritura de constitución de la sociedad provee que los socios gestores recibirán de las ganancias anuales la suma de $1,000 y que el socio gerente (managing partner) podrá recibir aquella suma adicional como compen-sación por sus servicios que determinen los socios gestores. El remanente de las ganancias, con excepción de aquellas sumas necesarias para cubrir los gastos de negocios, o para aumentar el capital, extender el volumen de negocios u otros propósitos lícitos (proper purpose), se repartirán entre los socios comanditarios en proporción a las acciones que po-sean. Estas acciones de Luce & Co. que representan el in-terés de los socios comanditarios las poseen dichos socios “in trust”, sujetas a ciertas obligaciones incurridas en la creación del fideicomiso, para el beneficio prorrata de los ac-cionistas de Central Aguirre Associates en una proporción de 179,384, ■y para el beneficio prorrata de los accionistas de Cen-616 . 180,000 tral Aguirre' Sugar Company en una proporción de 180,000

El Procurador General alega. que esta situación de te-chos que acabamos de exponer es completamente análoga a la que tuvo este tribunal ante sí en el caso de South Porto Rico Sugar Co., supra, por lo que nos pide que lleguemos a igual conclusión o sea, que desestimemos la moción por el fundamento de que Central Aguirre Associates está “ha-ciendo negocios” en Puerto Eico. Veamos si tiene razón.

En el caso de South Porto Eico Sugar Co. había, al igual que en éste, una sociedad en comandita (Eussell &■ Co.) de-dicada a la agricultura en Puerto Eico. Dicha sociedad a la fecha de su" constitución consistía en tres socios gestores que aportaron $1,000 cada uno y tres comanditarios, dos de los cuales aportaron $30,000, y el otro $40,000. La primera diferencia que encontramos es que dos de los socios gestores de Eussell & Co. eran a la vez directores de la corporación de New Jersey, y uno de éstos, el Sr. Dillingham, era socio gerente de Eussell & Có. y Presidente de South Porto Eico Sugar Co. Ninguno de los socios .originales o actuales de Luce & Co. es uno de los actuales trustees de Central Aguirre Associates. No tenemos ante nos el trust agreement consti-tutivo de Central Aguirre Associates, por lo que nos es im-posible determinar si los trustees actuales de los Associates son los mismos que los originales. En el caso de South Porto Eico Sugar Co. los comanditarios de Eussell & Co., por la suma de $100,000 cedieron al American Colonial Bank todos los beneficios pecuniarios que en su carácíer de coman-ditarios tuviesen derecho a percibir de Eussell & Co., reser-vándose cada uno una participación de $500 anuales en las ganancias y una aportación al capital de $500 cada uno. A la vez se otorgó un “trust agreement” mediante el cual el American Colonial Bank se constituyó en trustee para repar-tir los beneficios entre los accionistas comunes de South Porto Eico Sugar Co. Eepetimos que desconocemos los términos del fideicomiso en el caso de autos, pero sí consta que en vez de ser el -“trustee” una entidad distinta, como el American Colonial Bank en el .caso de la South Porto Bico Sugar Co., aquí el “trustee” es el propio socio comanditario de Luce & Go., William H. G-ulliver. Al igual que en el caso de South Porto Bico Sugar Co., el “trustee” posee el capital en co-mandita para beneficio de los accionistas de Central Aguirre Associates. En el caso de South Porto Bico Sugar Co. apa-rece del “trust agreement” que los accionistas comunes de dicha corporación, tenían el control del “trustee” y podían destituirlo, o dar por terminado el fideicomiso cuando lo esti-maren conveniente. No sabemos si existe igual disposición en el caso de autos.

La demandada hace esfuerzos y dedica gran parte de su alegato tratando de distinguir el caso de South Porto Bico Sugar Co. del de ■ autos. El Procurador General, por su parte, arguyo que lo que la demandada pretende es que esta corte reconsidere el criterio adoptado en dicho caso. Exa-minando los alegatos allí presentados, encontramos expuestas casi todas las doctrinas y la jurisprudencia que se nos pre-sentan ahora de nuevo por la demandada. Creemos que lo resuelto en dicho caso es aplicable al de autos y, por tanto, nos limitaremos a considerar las cuestiones nuevas plantea-das en consideración a los diferentes hechos envueltos en este caso.

Arguye la demandada que en el de South Porto Bico Sugar Co. se trataba de una corporación mientras que Central Aguirre Associates es un “Massachussetts Trust”, ca-rente de personalidad jurídica. No tiene razón la demandada ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Hemphill v. Orloff, 277 U. S. 537 expresamente ha reconocido la personalidad jurídica de un Massachusetts Trust, diciendo a la página 548:

“Las cortes de Massachusetts dan efecto a convenios como al aquí descrito, reconocen la autoridad de asociaciones organizadas de acuerdo con los mismos y sostienen que tanto los fideicomisarios como los accionistas están exentos de responsabilidad personal.”

y más adelante a la página 550 se dice

“Que una asociación determinada sea llamada corporación, so-ciedad o fideicomiso, no es el factor esencial para determinar los po-deres del Estado para con ella. La verdadera naturaleza de la orga-nización debe ser considerada. Si está revestida con las funciones y atributos ordinarios de una corporación está sujeta a un trato similar. (citas).”

No puede, por tanto, sostenerse que la demandada carezca de personalidad jurídica. A los efectos de la cuestión plan-teada ahora y en ausencia del “trust agreement” tenemos que aceptar como ciertas las alegaciones contenidas en la querella y ellas son suficientes para demostrar que la de-mandada “está revestida de las funciones y atributos de una corporación”. No creemos por tanto aplicable el caso de Flexner v. Farson, 248 U. S. 289, citado por la demandada, que se refiere a los requisitos exigidos para emplazar a una sociedad.

Arguye además la demanda que el socio comanditario de Luce & Co., o sea el “trustee”, posee las acciones en fidei-comiso para los accionistas de Central Aguirre Associates y no para beneficio de dicha entidad, y que es a ésta a quien se ha tratado de emplazar. Cabe''preguntar ¿pero quién es Central Aguirre Associates? ¿Es acaso una razón social empírica, intocable e inaccesible por el hecho de -que sean sus accionistas los que reciben los beneficios a través del “trustee”? El hecho es que dicho trustee es el socio co-manditario de Luce & Co. y que el nexo jurídico entre las partes demandadas hay que determinarlo desde el punto de vista del control, según ha sido alegado en la querella y pro-bado, es decir, que la entidad Central Aguirre Associates controla a sus subsidiarias codemandadas incluyendo a Luce & Co. Lo importante no es, como arguye la demandada, quién recibe los beneficios de Luce & Co., si es la entidad Central Aguirre Associates o si son sus accionistas directa-, mente. Este recurso de quo warranto no es una acción que tiene como base resolver quién recibe dichos beneficios. Aquí lo que se va a ventilar es si la Central Aguirre Associates está violando la prohibición sobre tenencia de tierras en ex-ceso de 500 acres. Por lo tanto, lo importante es que los accionistas de Central Aguirre Associates controlan dicha entidad, y dicha entidad a su vez, de acuerdo con el caso de South Porto Pico Sugar Co., supra, controla la sociedad do-méstica Luce & Co. En el referido caso el trustee también estaba en la obligación de repartir los beneficios a los accio-nistas y no a la entidad.

Sostiene la demandada que si bien el socio comanditario de Luce & Co. no tiene interés en el “trust res”, ya que el “beneficial interest’’ está en los accionistas de la demandada Central Aguirre Associates, sin embargo, sigue siendo, como trastee, dueño de dichas acciones, y que por tanto dichos accionistas no pueden controlarle en el ejercicio de sus fun-ciones como tal. Un affidavit presentado por la demandada y firmado por J. Brooks Keyes, Tesorero de la demandada, así como la declaración del Sr. Marcelo J. Obén, ambos al efecto de que el alegado control no existe, por ser “self serving evidence’’ no tiene gran fuerza probatoria, según re-solvimos en el caso de South Porto Pico Sugar Company, supra.

Pesia considerar la contención de la demandada en el sen-tido de que este caso se diferencia del de South Porto Pico Sugar Co., porque allí se emplazó a “Carl S. Nadler, en su carácter de socio gestor (managing partner) de Bussell.& Co., Sucesores, firma social que, de acuerdo con las alega- • ciones 8 y 9 de la querella, era agente en Puerto Pico de South Porto Pico Sugar Co.”; mientras que aquí se emplazó a “Central Aguirre Associates en la persona de Marcelo J. Obén en su carácter de agente en Puerto Rico de dicha en-tidad.” Arguye la demandada que Marcelo J. Obén no es ni ha sido nunca agente suyo en Puerto Rico. Empero, ya hemos visto que Luce & Co. sí lo es, y considerando que Luce & Co. es una persona jurídica que “únicamente puede actuar a través de aquellas personas autorizadas a actuar a su favor (United States v. Dotterweich, 320 U. S. 277, 281) es lógico y razonable que se emplace a su socio gestor cuando se trate de emplazar a Luce & Co. como agente en Puerto Rico de Central Aguirre Associates. El hecho de que así no se hiciera constar en el certificado del márslial nos parece, dentro de las circunstancias de este caso, un formalismo in-necesario. La razón por la cual la ley requiere que cuando a una persona se emplaza en su carácter de agente de otra así se le haga constar, es que, siendo uno de los requisitos de debido procedimiento de ley el que el principal reciba no-tificación de dicho emplazamiento, si no se le dice al agente que se le.emplaza como tal, se corre el riesgo de que el principal nunca se entere de que ha sido emplazado por mediación de su agente. Empero, en el caso de autos esa consideración ha dejado de tener importancia, toda vez que Central Aguirre Associates ha comparecido y aceptado que el emplazamiento que se hizo en la persona del Sr. Obén iba dirigido a ella.

Somos de opinión que dentro de las circunstancias gene-rales concurrentes, forzoso es concluir, a tenor con lo resuelto en el tantas veces mencionado caso de South Porto Rico Silgar Company, que Central Aguirre Associates está pre-sente haciendo negocios en Puerto Rico a través de las co-demandadas.

Se desestima la moción sobre nulidad del emplazamiento.

       Para un resumen completo de ellas véase Pueblo v. Central Aguirre Associates, 59 D.P.R. 406.


author: El Juez Asociado Seño®, Todd, J-r.,

text:
    Elisa Ruiz Vda. de Monge, demandante y apelante, v. Sindicato Reorganización Vannina etc., y Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en C., demandados y terceros demandantes; José María del Valle, tercero demandado.
    Núm. 8868.

    — Sometido: Marzo 9, 1944.

      Resuelto: Mayo 4, 1944.

      R. 11. Blondet, abogado de la apelante; Damián Monserrat, Jr. y Gabriel de la Haba, abogados de los apelados y terceros deman-dantes; Francisco Vizcarrondo Morell, abogado del tercero de-mandado.
   El Juez Asociado Seño®, Todd, J-r.,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante solicitó el desahucio de los demandados por las causales de (o) falta de pago de los cánones de arren-damiento de una finca y (b) vencimiento, por rescisión, del contrato de arrendamiento. La demanda fue declarada sin lugar por la corte inferior y la demandante en este recurso alega que erró al resolver que 'no se habían probado dichas causales. Hemos examinado detenidamente la prueba pre-sentada y consideramos que la opinión emitida por la corte sentenciadora expone correctamente los hechos probados en este caso, los cuales justifican la sentencia dictada. Dicha opinión, en lo pertinente, dice así:

“Allá por el año 1937, y mediante escritura otorgada ante el Notario Damián Monserrat el día 6 de diciembre de dicho año, la demandante, Elisa Ruiz Yda. de Monge, arrendó a la demandada Sindicato Reorganización Yannina, por el término de catorce años ocho meses, y por el canon de $110 mensuales, pagaderos por mensualidades vencidas, una finca rústica radicada en el barrio Carraizo del término municipal de Trujillo Alto. La arrendataria, Sindicato Reorganización Yannina, anticipó a la arrendadora la suma de $2,500 a cuenta do los cánones de arrendamiento, cantidad ésta que, en unión de sus intereses al 7 por ciento anual, sería satisfecha por la arrendadora en plazos mensuales de $50 que le serían descontados del canon de arrendamiento, y del resto de dicho canon la arrendataria pagaría a The Federal Land Bank of Baltimore $50 mensuales para abonar a la deuda hipotecaria a que estaba afecta la finca objeto del arrendamiento, entregando la arrendataria a la arrendadora los restantes $10 del referido canon.

■'“La sociedad arrendataria, Sindicato Reorganización Vannina, fué disuelta por escritura otorgada ante el Notario Damián Monse-'rrat el día 25 de abril del año 1939, y en dicha escritura se constituyó la .Sociedad Agrícola do Río Piedras, sociedad esta última que fué modificada por escritura otorgada ante el mismo Notario en 12 do enero de 1940, en la que se constituyó la Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en C., aquí también demandada. Tanto la Sociedad Agrícola de Río Piedras como la Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en O., como sucesoras de Sindicato Reorganización Yannina, y por haber adquirido los derechos de ésta en el contrato de arrendamiento celebrado con la demandante, cumplieron todas las condiciones pac-tadas en el referido contrato, excepto las condiciones do pago del ■canon, que a petición de la demandante quedaron modificadas en la siguiente forma: En vez de entregársele a la demandante $10 mensuales, se le entregaban $30 mensuales; a Tl^ Federal Land Bank of Baltimore se le siguieron haciendo los pagos de $50 men--suales; y los plazos del préstamo fueron rebajados a $30 mensuales.
“En octubre 28 de 1941, y por escritura otorgada ante el Notario Damián Monserrat, la Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en O. subarrendó a José María del Valle, tercero aquí demandado, la finca ■objeto del referido arrendamiento, de cuyo subarrendamiento tuvo conocimiento la demandante en mayo 31 de 1943, pues basta dicha fecha la demandada Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en C., no obstante haber snbarrendad.o al Sr. Del Valle dicha finca, estuvo pa-gando a la demandante el canon de arrendamiento en forma con-venida.
“Al tener conocimiento la demandante del subarriendo al Sr. del Valle, un hijo de ésta, con fecha 3 de junio de 1943, se dirigió por escrito a la demandada Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en C., informándole quo la demandante no estaba conforme m aceptaba dicho subarrendamiento, ya que el contrato que ella había firmado no confería a dicha sociedad el derecho de subarrendar.
“No aparece del contrato de arrendamiento celebrado entre ¡a demandante y Sindicato Reorganización Vannina que a la arrenda-taria le estuviese prohibido subarrendar la finca objeto del contrato.
“El subarrendatario, Sr. del Valle, y de acuerdo con las instruc-ciones recibidas de la sociedad subarrendadora, pagó el canon de arrendamiento correspondiente a los meses de junio, julio y agosto del corriente año en la misma forma en que había sido pagado por las demandadas desde el otorgamiento del contrato de arrendamiento —diciembre del año 1937 — , hasta mayo 31 del corriente año, esto es, enviando $50 a The Federal Land Bank of Baltimore, $30 a la Central San José, Inc., y el resto hasta completar el canon, luego de descontar el Impuesto de la Victoria de la totalidad do dicho canon, a la demandante, quien, al recibir del Sr. del Valle un cheque en pago de la parte del canon que a ella lo correspondía del mes de junio del corriente año, se lo devolvió por conducto de su abogado, Lie. Ricardo H. Blondet, porque ella no aceptaba el contrato de'subarren-damiento celebrado entre el Sr. Del Valle y la demandada Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en C.; y por el mismo motivo le fueron devueltos al Sr. del Valle los cheques que envió a la demandante en pago de la parte del canon que a ella le correspondía de los meses de julio y agosto de este año.
“Los cheques que el Sr. del Valle envió a la Central San José, Inc. y a The Federal Land Bank of Baltimore por cuenta de la de-mandante y a cuenta de los cánones de arrendamiento correspondien-tes a los meses^de junio, julio y agosto de 1943, fueron pagados por el Banco Popular de Puerto Rico, contra ol cual habían sido libra-dos, a la Central San José, Inc. y a The Federal Land Bank of Baltimore. ’ ’

(Debemos hacer constar que de acuerdo con certificación del secretario de la corte inferior, radicada en esta Corte, el Sr. del Valle lia depositado mensualmente en dicha corte el balance del canon de arrendamiento perteneciente. a la ape-lante. )

“Sostiene la demandante que a ella se le pagó por el' Sr. del Valle con cheques, y que ése no es un pago de acuerdo con el contrato ni de acuerdo con la ley; pero al así hacerlo, olvídase la demandante de que las condiciones del contrato fueron modificadas por sus pro-pias actuaciones, al haber estado recibiendo cheques de las demanda-das en pago de los cánones por un período de más de cinco años. Cuando la demandante recibió el primer cheque del Sr. del Valle no se lo devolvió por ese motivo, y sí porque no aceptaba el'contrato do subarrendamiento; ....

“La evidencia no nos ha convencido de la alegada rescisión del contrato de arrendamiento. Si bien es cierto que en julio 1ro. de 1941 la Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en C. se dirigió a la demandante inquiriendo si estaría dispuesta a rescindir el contrato de arrendamiento que tenían celebrado, y que en julio 8 de 1941 la demandante contestó aceptando la re cisión propuesta! e, no es menos cierto que nunca llegó a rescindirse el contrato, y así lo admitió el propio hijo de la demandante en su declaración. Si el contrato hubiera estado rescindido, no hubiera el hijo de la demandante, con fecha 3 de junio del corriente año, escrito a la demandada Sociedad Agrícola de Río Piedras, S. en C. refiriéndose al contrato, -ni hubiera el abogado de la demandante, Lie. Blondet, informado por escrito, en julio 7 de 1943, al -Sr. del Valle, que la demandante no aceptaba el subarrendamiento.”

Todos los hechos probados demuestran que el único mo-tivo que tuvo en mente la demandante para no aceptar del Sr. del Valle el pago del balance del canon de arrendamiento qne le correspondía recibir de acuerdo eon el contrato, fue el hecho de haberse subarrendado la finca al Sr. del. Valle, sosteniendo la demandante qne la arrendataria no estaba .autorizada a subarrendar la finca. Empero, ese hecho no fué alegado ni probado por la demandante y no podía serlo por-que el contrato no prohibía expresamente dicho subarrenda-miento y siendo ello así, la arrendataria podía hacerlo de acuerdo con el artículo 1440 del Código Civil.

Bebe- confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Leander Perry Foss, demandante y apelante, v. Bertha Beatrice Ferris, demandada y apelada.
    Núm. 8728.

    — Sometido: Abril 11, 1941.
    Resuelto: Mayo 5, 1944.

      G. Cruzado Silva-, abogado del apeiante; la apelada no compareció.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión legal a resolver en el presente recurso es .si un Sargento del Ejército de los Estados Unidos, que lia sido enviado a Puerto Pico como miembro de las fuerzas armadas destacadas en esta Isla y que se encuentra en Puerto Pico desde enero de 1941, ha adquirido la residencia legal nece-saria para poder entablar demanda de divorcio, ante la Corté de Distrito de San Juan, contra su esposa, residente en el estado de Nueva York. . ■

El demandante y la demandada contrajeron matrimonio en el estado de Nueva York. • No han procreado hijos ni ad-quirido bienes gananciales.

En la demanda interpuesta por el Sargento Foss se alega “que el demandante y la demandada han vivido completa-mente separados, sin interrupción alguna” desde agosto de 1938 hasta la fecha de la demanda, la que fué radicada en noviembre 6 de 194.2.

La demandada fué citada por edictos, no compareció y le fué anotada la rebeldía. Celebrado - el juicio con la sola asistencia del demandante, la corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. En apoyo de su recurso para ante esta corte, el demandante apelante alega que la corte inferior erró al declarar que el demandante no lia es-tado residiendo en la Isla durante el año anterior a la fecha de radicación de su demanda.; que el demandante es un mero transeúnte; que la residencia que -se requiere en casos de divorcio debe reunir los mismos requisitos que son necesa-rios para establecer un domicilio; y que el demandante al ser trasladado a Puerto Rico no perdió su antiguo domicilio ni adquirió otro nuevo en esta Isla.

Conviene que antes de entrar a considerar y resolver la cuestión hagamos un resumen de lo declarado por el propio demandante en la vista del caso. Declaró que es sol-dado del Ejército de los Estados Unidos, con él grado de Sargento Técnico; que se casó con la demandada en South-old, Nueva York, en junio 30 de 1938; que vivieron juntos por un corto tiempo, alrededor de un mes y diez días, pasados los cuales ella se fué a vivir con su familia y él se fué para las Islas Filipinas en septiembre 2 de 1938, permaneciendo allí cerca de dos años, hasta que regresó a New York en septiembre 9 de 1940; que al día siguiente de su llegada a New York se fué a Munroe, Virginia y de Munroe vino a Puerto Rico, llegando a esta Isla el día 21 de enero de 1941; y por último, que desde septiembre 2 de 1938 no ha vuelto a vivir con su esposa, habiendo seguido separados hasta la fecha, sin interrupción. Preguntado por el juez si su residencia en la Isla es voluntaria o porque está en el Ejército, contestó: “Estoy bajo las órdenes del Ejército; si me diesen orden de salir mañana, tendría que salir.” Preguntado si él se había visto obligado a vivir aquí durante dos años por órdenes del Ejército, contestó afirmativamente.

El artículo 97 de nuestro Código Civil dispone que “nin-guna persona podrá obtener el divorcio de- acuerdo con este Código qué no haya residido en la Isla un año inmediata-mente antes de hacer la demanda, a menos que la causa en que se funda se cometiera en Puerto Rico o mientras uno de los cónyuges residiese aquí.”

Si el demandante no lia residido en la isla durante un año antes de radicar su demanda, su acción ha sido legal-mente desestimada, pues es. un hecho admitido que la ale-gada separación ocurrió en Nueva York, más de dos años antes de que el demandante viniese a Puerto Rico.

Para que una persona pueda considerarse como residente en un sitio determinado es necesario que haya venido a ese sitio con la intención de establecer allí su domicilio o resi-dencia permanente y que en realidad permanezca allí con ese propósito. 37 Words & Phrases, págs. 277, 301; Sureda v. &lureda, 22 D.P.R. 667; Williams v. State of North Carolina, 317 U.S. 287.

En Suit v. Shailer (D.C. Md.) 18 Fed. Supp. 568, 571, encontramos la definición más -correcta, a nuestro juicio, de la palabra “residencia”:

“ 'Residencia’ no significa el sitio-permanente de vivienda, donde una persona tiene la intención de vivir durante, el resto de su vida o por nn término indefinido o ilimitado, ni tampoco la residencia de una persona para un propósito temporal con .la intención de regresar a su antigua residencia cuando ese propósito haya sido cumplido, y sí el hogar actual en el sentido de no tener ningún otro hogar, ya sea con la intención de residir allí pérmanenteínente, o por un período ele tiempo definido o indefinido. ” ' '

El demandante en el presente, caso no vino a Puerto Rico por propia voluntad y sí en cumplimiento de 'órdenes supe-riores que él, como miembro de las fuerzas armadas, estaba obligado a obedecer. Su permanencia aquí en la Isla de-pende de la voluntad de otros y no de la suya. Sus- supe-riores pueden ordeñarle en cualquier momento que se traslade a otro-sitio y él no tendrá otro remedio que obedecer. Una persona bajo tales circunstancias ño pue.de tener su residen-cia más que en el sitio donde' vivía cuando ingresó en el Ejército, toda vez que desde el momento en que ingresa en el servicio activo el soldado no puede elegir el sitio a donde lia de ir,- ni.el tiempo que lia de permanecer allí ni la fecha en que ha de regresar a .su hogar. “La adquisición de una residencia, ya .sea actual o legal, envuelve necesariamente, por lo menos, el ejercicio de la voluntad en su selección, y eso no puede decirse afirmativamente de la residencia de un soldado o de un marino en servicio activo.” Harris v. Harris, 215 N.W. 661. La presunción legal de que el domi-cilio de una persona es el sitio en que actualmente vive, no. surge en el caso de un soldado en activo servicio, pues éste no está en libertad para elegir su domicilio. Gallagher v. Gallagher, 214 S.W. 516; 129 A.L.R. 1382. De la declara-ción del propio demandante apelante se infiere que él vino a Puerto Rico como militar, obedeciendo órdenes superiores y sin el animus manendi que se requiere para- la adquisición de residencia legal en un sitio determinado. La mayoría de las jurisdicciones estatales sostienen que por el mero hecho de vivir en un puesto o campamento del Ejército, situado dentro de un estado, un miembro de las fuerzas armadas no adquiere una residencia legal dentro del Estado. Stevens v. Allen, 139 La. 658, 71 So. 936; Restatement of the Law, Conflict of Law, pág. 20, párrafo 9; 17 Am. Jur. 278, pá-rrafo 249.

No erró la corte inferior al resolver que la adquirida por el apelante, en Puerto Rico es la residencia accidental de un transeúnte y no la que requiere el artículo. 97 del Código Civil como base esencial para poder ejercitar la acción de divorcio en esta Isla. ■ •

La sentencia recurrida dehe ser confirmada.