text:
    García y González, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 925.
    Sometido: Julio 9, 1934.

      Resuelto: Julio 18, 1934.

      Victor M. Pons Gil, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido emparedó por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Secretario de la Corte de Distrito de Gnayama dirigió al Begistrador de la Propiedad del mismo distrito, un man-damiento que copiado a la letra, dice:

“EN la Corte de Distrito del Distrito Judioial de GuayaMA, Puerto Ttioo. — García y González, demandante, vs. Juan Basilio Rivera, demandado. — Civil No. 9604. — Sobre: Cobro de dinero.
“Estados Unidos de América, El Presidente de los Estados Uni-dos, SS.
“MaNdamiento de Anotación de Embargo. — Al ITon. Registra-dor de la Propiedad de Guayama. Señor:
“Por Cuanto: En el caso de epígrafe esta Hon. Corte ha dictado una orden que copiada al pie de la letra dice así:
“Orden.' — Vista la demanda y moción de aseguramiento en el pre-sente caso así como la escritura número 103 de la fe del notario Juan B. Nogueras del 1928; vistas las secciones 1, 2(b), 4, 5 y 9 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias aprobada el 1 de marzo de 1902 según ha sido posteriormente enmendada; y apare-ciendo de los autos que la obligación reclamada es de pagar una suma de dinero, o sea, $364 de capital, intereses sobre dicha suma a razón del 12% anual desde el 11 de agosto de 1928 hasta su total pago. Calculados dichos intereses en la suma de $181.54 y la cantidad adi-ciona] de $150 convenida para honorarios de abogado y $50 para cos-tas en caso de reclamación judicial; que la obligación reclamada consta en documento auténtico, o sea, la escritura arriba mencio-nada ; y apareciendo además que el demandado es dueño de una finca que se describe así:
“ ‘Rústica: Predio de terreno con cabida de veinte cuerdas, igual a siete hectáreas, ochenta y seis áreas, y siete y media centi-áreas, radicada en el barrio Barrancas, del término municipal de Barranquitas, y en lindes: Norte, con una quebrada que separa terrenos de la sucesión de Gabriel Negrón; Sur, Eulogio Sierra; Este, Ricardo Martínez; y Oeste, la misma sucesión Negrón.’
“La Corte conviene en ordenar y por la presente ordena el embargo de 1a. finca arriba descrita para responder de las sumas recla-madas en la demanda y que se dicen en la exposición de los funda-mentos de esta orden. Expídase por el secretario el correspondiente mandamiento de anotación de embargo dirigido al Hon. Registrador de la Propiedad de Guayama, P. R.
“l>ada en Guayama, P. R., a 9 de octubre de 1931.— (f) Gabriel Oastejón, Juez Corte de Distrito.
“PoR TANTO: El Sr. Registrador de la Propiedad de Guayama, P. R., es por el presente requerido para el debido cumplimiento de lo dispuesto en la orden transcrita.
“Expedido por orden de la Corte y con su sello oficial en Gua-yama, P. R. hoy 10 de octubre de 1931.— (f) Tomás Pagán Colón, Secretario Corte de Distrito de Guayama, P. R. (Hay un sello que dice: District Court, Guayama, P. R.).”

El registrador se negó a verificar la anotación por los siguientes motivos:

“Denegada la anotación de embargo que se interesa y solicita según el anterior mandamiento, por el motivo de que en el presente caso no se ha decretado el embargo de la finca por la Corte de Dis-trito de Guayama, ni el mismo ha sido practicado por el Marshal de dicha Corte, y por consecuencia carece de facultades el Secretario para ordenar su anotación en el Registro, y tomada en su lugar ano-tación preventiva por el término legal a favor de la demandante García y González ...”

La parte interesada remitió al registrador copias de la demanda y de la solicitud de aseguramiento y el registrador insistió en su negativa. Recurrió entonces para ante este tribunal.

Bastaría citar para revocar la nota recurrida el caso de López v. Martínez, 45 D.P.R. 530 en que de acuerdo con lo resuelto en los casos de Batle v. Registrador, 30 D.P.R. 745, Santini Fertilizer v. Registrador, 36 D.P.R. 20 y Ochoa Fertilizer v. Registrador, 43 D.P.R. 626, se estableció la si-guiente jurisprudencia: “Decretado un embargo por la corte para asegurar la efeetiYidad de la sentencia que pueda dic-tarse en el pleito, la orden para que el embargo se practique por medio de anotación en el registro emana de la corte y puede cumplirse por mandamiento expedido por el secretario directamente al registrador o al mársbal correspondiente como en los casos ordinarios para que actúe.”

Sostiene el registrador en su alegato que:

“En los Registros de la Propiedad no se anotan órdenes de embargo, ni se anotan mandamientos de anotaciones de embargo. Estos son simplemente los documentos en que apoya el Registrador su ac-.tuación. Lo que de acuerdo con la Ley los Registradores podemos anotar, son embargos practicados y perfeccionados sobre bienes in-muebles, o en otras palabras, ‘mandamientos de embargo que se hayan hecho efectivos en bienes raíces.’ Eso es lo que autoriza el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Hipotecaria. Es cierto que la sección 9 de la ‘Ley para Asegurar la Efectividad de las Senten-cias, ’ dispone que ‘ el embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectuarán anotándolos en el Registro de la Propiedad,’ etc. A nues-tro juicio, a los términos de esta Ley no puede concedérsele una in-terpretación extensiva, a tal extremo que envuelvan una modificación o enmienda de lo dispuesto por la Ley Hipotecaria, sobre todo cuando por disposición expresa de esta 'última legislación, sancionada ya por sentencia de esta Pión. Corte, ella no puede ser enmendada sino de una manera expresa. (Véase art. 413 de la Ley Hipotecaria, y Ji-ménez vs. Brenes, 10:128.)
“El sentido de la referida disposición legal quedó aclarado pol-la sección quinta de la ‘Ley Relativa a las Sentencias y Manera de Satisfacerlas’ de 9 de marzo de 1905, por la que se dispuso que, ‘para trabar un embargo sobre una propiedad inmueble no será menester que el funcionario encargado de llevarlo a cabo se constituya en la finca, y siendo bastante que en el auto disponiendo la ejecución, se haga constar por endoso el embargo, describiendo la finca, y remi-tirá una copia de dicho auto, con el endoso, al Registrador de la Propiedad del Distrito en qne radicare la finca, para la correspon-diente inscripción.' ”

Y sigue argumentando hábilmente su criterio. Sin embargo, creemos que su nota debe revocarse.

No fue sin grandes dudas, especialmente de parte de algunos de sus jueces, que esta corte llegó a su decisión en el caso de López v. Martínez, supra. La corte tuvo muy en cuenta la práctica seguida por años en miles de. casos, el trastorno que implicaría variarla, las nulidades que podrían solicitarse y tendrían que decretarse y encontrando que dicha práctica podría sostenerse de acuerdo con los expresos tér-minos de la ley especial sobre la materia, la sostuvo y seguirá sosteniéndola a menos que la Legislatura enmiende el esta-tuto. La certeza en los procedimientos judiciales es una de las características de una sociedad bien organizada.

La ley sobre efectividad de sentencias rige desde 1902. Se ha publicado últimamente en las páginas 96 a 102 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933. Es una ley especial que tiene vida por sí misma, de aplicación diaria en los tribunales. Expresamente dispone la forma en que se practicarán los embargos que de acuerdo con sus términos se decreten. En cuanto a inmuebles “se efectuarán anotán-dolos en el registro de la propiedad.”

Y la práctica ha sido: que la parte interesada solicite el aseguramiento, que la corte, si procede, lo decrete mediante embargo, y que el embargo se practique si es sobre inmuebles, anotándolo en el registro de la propiedad.

En el registro están o deben estar inscritos todos los inmuebles de la Isla. Allí está o debe estar la historia exacta de ellos. Y la verdad es que contando como contamos con una institución tan bien organizada, la disposición legal fué sabia.

Iniciado el pleito, el demandante pide a la corte como medida previa que ordene la garantía de la sentencia que solicita. Si la corte se convence de que procede, exigiendo o no fianza según sea el caso, puede adoptar alguna de las diferentes medidas que lija el estatuto, entre ellas la del embargo de bienes inmuebles del demandado. Decretado, el se-cretario comunica en forma de mandamiento la orden de la corte al registrador y éste la cumple anotando el embargo en la cuenta de la finca que lleva en su registro. Queda desde entonces notificado todo el mundo de la existencia del gravamen que pesa sobre la finca embargada. Es en verdad la práctica más sencilla y eficiente que puede imaginarse.

No se trata de una enmienda a la Ley Hipotecaria. Se trata de un procedimiento nuevo, de un deber nuevo impuesto a los registradores y para así acordarlo tiene plenos poderes la Legislatura. T la forma adoptada para el acuerdo es procedente.

Se revoca la nota recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Sixto Rivera, recurrente y apelante, v. Corte Municipal de Yabucoa, Hon. Ercilio Alvarado, Juez, recurrida y apelada.
    No. 6349.
    Sometido: Marzo 21, 1934.

      Resuelto: Julio 18, 1934.

      Alfonso Lastra Charriez, abogado del apelante; Ercitio Alvarado, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Municipal de Yabncoa abrió sn sesión para la vista de cansas criminales el 28 de noviembre de 1932. En dicho día la corte no tenía secretario, toda vez que el cargo se bailaba vacante, desde el 18 del mismo mes, debido a que el Senado de Puerto Rico no había confirmado el nombramiento hecho por el Gobernador a favor de Providencia Arroyo. Al abrir la sesión el juez, o la corte, según sea el caso, ordenó al márshal de la corte que tomara las notas necesarias de la sesión y que desempeñara en general los deberes del secretario a excepción de la toma de juramento a los testigos. Al mismo tiempo la corte ordenó a un policía que desempeñara los deberes del márshal.

Se llamó un caso contra Sixto Rivera por el delito de portar un arma prohibida. El acusado, por conducto de su abogado, presentó una moción atacando la jurisdicción de la corte, porque, en ausencia de los funcionarios regulares, ésta no estaba legalmente constituida. La parte contraria reco-noce que hemos dicho en el caso de Ex parte Plata y El Pueblo, 22 D.P.R. 188, que:

“La cuestión común y esencial en tocias las cortes es que haya un juez o jueces, y esto es tan esencial que se les designa con el nombre de corte para diferenciarlos de los funcionarios secundarios o subor-dinados.
“Los secretarios y marshals son funcionarios ministeriales, y en manera alguna necesarios a la existencia ele una corte.
“El mero hecho de que estuvieran ausentes de la vista de una causa el secretario y márshal, no invalida el procedimiento, mucho más cuando, como acontece en este caso, el acusado tuvo su día en corte y no ha demostrado que se le privara de ningún derecho substancial o que fuera perjudicado en forma alguna por no estar presentes dichos funcionarios, ni formulado entonces objeción, ni llamado la aten-ción de la corte sobre el particular.”

Empero, el apelante trata de distinguir el caso diciendo que en el de Plata los funcionarios ministeriales se hallaban meramente ausentes, mientras que en éste no se había nom-brado debidamente al secretario. La Corte Municipal de Yabucoa declaró sin lugar la moción. Entonces Sixto Rivera apeló para ante la Corte de Distrito de Humacao. El juez municipal aceptó la notificación de la apelación. Posterior-mente Rivera también presentó una petición de certiorari ante la Corte de Distrito de Humacao, la cual, a moción del juez municipal, anuló el auto.

Estamos muy contestes con el apelado en que el cargo de juez de una corte en general abarca todos los atributos que pudiera tener cualquiera de los funcionarios ministeriales de la corte; que en ausencia del secretario, ora tal ausencia fuere temporal o permanente, el juez puede desempeñar las funciones de dicho empleado. Conforme dijimos en el caso de Plata, supra, los secretarios y marshals son funcionarios ministeriales, no necesarios para la existencia de una corte. Un caso interesante que se pronuncia en el mismo sentido, citado por el apelado, es el de Mealing v. Pace, 14 Ga. 596, 629.

También indica el apelado que si un acusado tiene un juicio y la corte da todos los pasos necesarios para celebrar la vista del caso, la sentencia dictada es válida. Ronda v. Ortis, 33 D.P.R. 221; Ramos v. Sellés et al., 37 D.P.R. 604. Creemos que el juez de la Corte Municipal de Yabucoa estaba plenamente autorizado para conocer del caso y designar funcionarios ministeriales para que cooperaran con él. No importa que se tratara de designar a estos funcionarios ministeriales más o menos permanentemente sin el consentimiento del fiscal general. Todos y cada uno de los días en que la corte celebra sesión tiene facultad para determinar que sus funciones como tal corte sean desempeñadas y aun si el nombramiento no era permanente en derecho, podía hacerse una designación pro hac vice.

También en apoyo de la idea' de que la corte carecía de jurisdicción el acusado alega que no podía apelarse; que la ley relativa a apelaciones de las cortes municipales exige que el escrito sea notificado al secretario. En este caso el juez mismo aceptó el escrito de apelación, perfeccionó los autos del recurso y los envió a la Corte de Distrito de Huma-cao, donde se dallaban al presentarse la petición de certiorari. En verdad las partes convinieron en que la presencia de los autos en la corte de distrito formara parte del return. Creemos igualmente que en ausencia del secretario la corte de conformidad con la ley, se sustituyó por dicho funcionario. Sería absurdo suponer que en ausencia del secretario, a quien pudieran notificarse las apelaciones, el juez no pudiera actuar en su lugar.

Si la corte carecía de secretario a quien pudiera notificarse el escrito de apelación, entonces, como la ley no exige cosas imposibles, el apelante pudo radicar el escrito de apelación en la corte, y esto sería suficiente para el secretario en cual-quier momento en que llegara. Sin embargo, es innecesario tratar más esta cuestión, ya que somos enteramente de opinión que la acción de la corte en este caso estuvo en orden.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Fiscal Auxiliar de la Corte Suprema de Puerto Rico, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 295.
    Sometido: Junio 11, 1934.

      Resuelto: Julio 18, 1934.

      L. Janer Landrón, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogado del peticionario; J. Valldejuli Rodriguez, abogado del interventor, acusado en la causa criminal que motivó el recurso.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Carmelo Rosario fué denunciado en la Corte Municipal de Caguas de haber cometido en esa ciudad un delito de acome-timiento y agresión grave en la persona de Luis Arroyo. El denunciado presentó a esa corte municipal una moción jurada por él en la que expuso que debido al ambiente reinante en Caguas y a los intereses creados que influyen en todos los órdenes de la vida, y aun en la impartición de la justicia, no podrá obtener un juicio imparcial y justo porque, además, las influencias personales y políticas son tales que necesaria-mente habrán de influir en el presente proceso en el ánimo de la corte: que el juez de esa corte no estará completamente libre de tales influencias y que según su información y creencia existe el rumor de que si' saliera absuelto será acome-tido y agredido, por lo que para evitarlo debe ser trasladado el asunto a la corte municipal más cercana, que es la de Río Piedras, y que en caso de que la corte entienda que no debe ser trasladado a la Corte Municipal de Río Piedras o a la de cualquier otro distrito municipal, entonces el juez de la corte se inhiba de entender en el caso. Esa moción fué re-suelta por la corte negando el traslado interesado porque eJ denunciado no presentó prueba aíguna en apoyo de su alega-ción a pesar de que se le dió oportunidad para ello, pero el juez de la corte se inhibió del conocimiento de la causa.

Nombrado otro, juez para substituir en este caso al inhi-bido, ante aquél presentó escrito el perjudicado Luis Arroyo en el que suplicó que el caso fuese trasladado a otro pueblo o distrito a fin de que el ambiente en Caguas en.dicho caso no perjudique a su defendido (sic) y para evitar a su padre el sufrimiento de oír mencionar su nombre innecesariamente. El mismo día de esa moción el fiscal de distrito, Miguel García González, presentó moción a la corte haciendo una relación de las actuaciones en el caso, manifestando que al ser llamado para juicio reprodujo el abogado del denunciado su moción de traslado y el perjudicado presentó la moción a que hemos hecho referencia antes, la cual el fiscal hizo formar parte de la suya para que conste unida en los autos y soli-citó de la corte que accediera al traslado solicitado por el denunciado, salvo el mejor criterio de la corte, y requiriendo-que el traslado se hiciera a la Corte Municipal de Fajardo. El denunciado mostró por escrito su conformidad con la moción del fiscal. En la misma fecha la corte, vista la esti-pulación de las partes firmada por el fiscal del distrito y por el abogado defensor decretó el traslado del caso a la Corte Municipal de Fajardo. Celebrado el juicio en esta corte y dictada sentencia condenatoria fué interpuesta apelación contra ella para ante la Corte de Distrito de Humacao.

Al ser llamado el caso en dicha corte de distrito para celebrar el juicio de nuevo por virtud de la apelación, como dispone la ley, comparecieron El Pueblo de Puerto Eico por su fiscal y el acusado en persona y representado por abogado. Después de leída la denuncia y de haber hecho el apelante alegación de inocencia, la corte, por su propia iniciativa, declaró que la Corte Municipal de Caguas carecía de facul-tades para trasladar el caso a la Corte Municipal de Fajardo por .no haberse cumplido los requisitos de ley a dicho efecto en tanto no se presentó prueba y que por eso dicha Corte Municipal de Fajardo actuó sin jurisdicción, siendo su sen-tencia nula, por lo que oí den ó que los autos fueran devueltos a la Corte Municipal de Caguas para ulteriores procedi-mientos.

Algunos meses después el fiscal auxiliar de este Tribunal Supremo, en representación del Procurador General de esta Isla, nos presentó petición en la que exponiendo los becbos antes consignados solicitó que librásemos un auto de mcm-damus contra la Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, ordenándole que anulando la resolución que dictó en este caso proceda a conocer de él basta su resolu-ción final. El auto fué librado condicionalmente y dispusimos •que fuese notificado además al acusado Carmelo Rosario o a .su abogado por si desea intervenir en este procedimiento y 9 .la Corte Municipal de Caguas. El Juez de Distrito de Hu-.macao y Carmelo Rosario ban comparecido ante nosotros y se ban opuesto a la expedición del auto interesado.

Dados los términos de la resolución y orden objeto de este recurso se infiere necesariamente de ellas que la Corte de Distrito de Humacao so consideró sin jurisdicción para resolver la apelación llevada ante ella porque la Corte Municipal de Fajardo no la tuvo para conocer del caso y para fallarlo por no baber sido trasladado propiamente a esa corte.

La primera cuestión a decidir en este caso es si tenemos facultad para librar un auto de mandamus en él, lo que niegan tanto los recurridos como el interventor Carmelo Rosario.

Cuando una corte por error de derecho se declara sin jurisdicción, decidiendo erróneamente sobre la cuestión de derecho, y no sobre los becbos, que carece de jurisdicción y se niega a actuar o a resolver el caso, por regla general una corte superior con poder de revisión expedirá un auto de mandamus, a menos que exista un remedio específico y adecuado mediante apelación, recurso de error o cualquier otro remedio de revisión. 38 C. J. 610, cuya nota 79 cita numerosas sentencias de los tribunales. En el caso presente no existe el recurso ordinario de apelación contra la resolu-ción de la Corte de Distrito de Humacao objeto de este pro-cedimiento porqne no está concedido al fiscal por el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal, por lo qne podemos revisar la resolución de la corte de Humacao en este auto de mandamus.

La corte de Cagnas no estaba obligada por las manifestaciones de las partes a decretar el traslado ni a remitir el caso a la corte qne ellas significaran por acuerdo del fiscal y del denunciado (El Pueblo v. Paz, 12 D.P.R. 99) por lo que debemos entender que la Corte Municipal de Caguas ordenó el traslado por estar convencida de que las- circunstancias manifestadas en la solicitud bajo juramento, por baber accedido el fiscal del distrito a que el asunto fuera trasladado, eran tales que el asunto debía remitirse a otro tribunal. En otras palabras, los Lechos de la petición fueron así admitidos por el fiscal. Y también, que entendió que no debía enviar la causa a Eío Piedras porque la petición del fiscal de que la mandase a Fajardo era una demostración de que hizo objeción a Eío Piedras.

En vista de las conclusiones a que hemos llegado opinamos que debe ordenarse definitivamente a la Corte de Distrito de Humacao por su juez Hon. R. Arjona Siaca que tome juris-dicción en la apelación que estableció Carmelo Rosario contra la sentencia de la Corte Municipal de Fajardo que lo condenó, y que la resuelva.


author: El Juez Asociado Señob. Aldeey,

text:
    Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico, demandante y apelante, v. Rafael Díaz Gómez, demandado y apelado.
    No. 5483.
    Sometido: Febrero 3, 1933.

      Resuelto: Julio 18, 1934.

      Molina, Dubón & Ochoteco, abogados de la apelante; F. Colón Días, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Siendo Eafael Díaz Gómez empleado de J. Octavio Seix & Co., Ine., como vendedor de automóviles y camiones ■ de motor {trucks), compró a dicha sociedad un automóvil marca “Jordan” en venta condicional por la que suscribió varios pagarés a la orden de J. Octavio Seix & Co., Inc., en los que se comprometió también a pagar honorarios de abogado en caso de reclamación judicial.

Algún tiempo después Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico como endosataria de nueve de esos pagarés vencidos demandó en la corte de Distrito de Ponce a Eafael Díaz Gómez para que le pague la cantidad de $431.28 a que los mismos ascienden, sus intereses de mora y $100 que estima razonables para honorarios de abogado.

El demandado alegó en su contestación a la demanda que pagó dicha deuda a J. Octavio Seix & Co., Ine., con la comi-sión del 7 por ciento que le correspondía por la venta que hizo de un carro bomba de incendio al municipio de Ponce por la cantidad de $7,000, por la que le correspondían $490 que J. Octavio Seix &¡ Co. tenía que pagarle y que le abonó u la cuenta del automóvil.

Celebrado el juicio recayó sentencia declarando sin lugar la demanda y fué interpuesta esta apelación.

Al fallar este caso el tribunal inferior se expresó así;

“La corte, por la apreciación que ha hecho de la prueba de este caso, es de opinión, que si bien la demandante ha probado que tiene en su poder los pagarés que suscribió y entregó el demandado al com-prar el automóvil ‘Jordan’ en venta condicional a el. Octavio Seix & Co., Inc., esa prueba no ba destruido la presentada por el deman-dado al efecto de que siendo él vendedor de la firma J. Octavio Seix & Co., Inc., vendió al Municipio de Ponce una bomba de incendio por $7,000, de cuya venta correspondía al demandado el 7% de comisión; que el demandado continuó como empleado de la demandante al ha-cerse cargo de J. Octavio Seix & Co., Inc., y que el Sr. Haines, manager de la demandante, tuvo conocimiento de la negociación y convenio hecho por el demandado con J. Octavio Seix & Co., Inc., de que su comisión en la venta de la bomba de incendio, cuando, ésta fuera, pa-gada por el Municipio de Ponce, o sea, $490, se le abonaría a los pa-garés del automóvil ‘Jordan’ y se irían cancelando; que dicha bomba fué pagada y al demandado no se le pagó su comisión estando en la creencia de que la oficina de la demandante en San Juan había pagado dichos pagarés, pues el mismo Mr. Haines fué quien le envió la licencia del automóvil ‘Jordan’ correspondiente al presente año fiscal. Declaró además el demandado que era la costumbre de la demandante quedarse con los pagarés cancelados con sus comisiones.
“La corte es de opinión que, habiéndose alegado estos hechos en la contestación, la demandante no ha presentado prueba alguna para contradecirlos, explicarlos o negarlos, y como consecuencia, no teniendo la corte motivo para no darle crédito a la declaración del demandado, que fué ampliamente corroborada por la de sus testigos, el conflicto de la prueba debe resolverlo a favor del demandado.”

Sólo agregaremos que el pago por el municipio se hizo algún tiempo después de la venta, euando la demandante estaba encargada de los asuntos de. J. Octavio Seix & Co., Inc., y que estuvo conforme en abonar al demandado su comisión por esa venta.

En vista de lo expuesto no puede sostenerse que la corte inferior erró al declarar sin lugar la demanda, como se alega en el primer motivo de este recurso, pues aunque el deman-dado no demostró haber pagado su deuda, o en otras palabras, haber entregado dinero por ella, probó que J. Octavio Seix & Co., Inc., le debía por su comisión mayor cantidad que la representada por los pagarés cuyo pago se reclama y que la demandante estuvo conforme en abonarle dicha comisión a los pagarés.

Por lo antes expuesto el demandado tenía derecho a nna compensación de sn denda de acuerdo con el artículo 1149 del Código Civil, edición de 1930, y en consecuencia nada debe a la demandante por el automóvil que compró, según alegó y probó sin ser contradicho. Ésa fue la teoría alegada por el demandado y fue la sostenida por la corte, por lo que no cometió el error que se le atribuye de fundar su sentencia en teoría distinta a la alegada por el demandado.

Por todo lo expuesto no cometió error la corte inferior al dictar la sentencia apelada, la que debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Juan A. Muriente Gil de Lamadrid, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 922.
    Sometido: Junio 2, 1934.

      Resuelto: Julio 18, 1934.

      L. Ríos Algorín, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El dueño de tres pequeños predios urbanos con una cabida total de 119.19 metros cuadrados, según sus títulos, agrupó los mismos a fin de formar una sola parcela que se alegaba se componía de 187.17 metros cuadrados. El registrador de la propiedad inscribió el documento en lo que a los 119.19 metros cuadrados se refería, pero se negó a inscribir el ex-ceso de 18 metros cuadrados, por no aparecer que se hubiese practicado una mensura por nn perito en la materia; porque el hecho de la mensura no había sido establecido satisfactoria-mente; y porque no se había obtenido el consentimiento de los propietarios colindantes ni el de los anteriores dueños de los predios en cuestión.

En el caso de Cobb v. Registrador, 12 D.P.R. 218, 221, los comparecientes en una escritura de enajenación estipularon “que se practicaría, dentro de un término que no podría ex-ceder de seis meses, por un perito de nombramiento del com-prador, una mensura de las fincas vendidas, y que la dife-rencia que resultara de más o de menos en la cabida de las fincas, se abonaría por el comprador o por el vendedor, respectivamente, según los casos, a razón de 90 dollars 91 centavos la cuerda, el precio convenido en la escritura.” La escritura especificaba 120 cuerdas. ITna mensura posterior demostró que la cabida era 147.93 cuerdas. El comprador entonces pagó por el exceso de 27.93 cuerdas a razón de $90.91 por cuerda. Este hecho, sin más, era prueba con-vincente de la existencia del área adicional dentro de los límites establecidos. Esta Corte resolvió, según se hace constar en el sumario, que: “Las diferencias de poca impor-tancia que se adviertan en la cabida de las fincas, entre lo que resulte de los asientos del registro y lo que aparezca de los documentos que se presenten para su inscripción, no son bastantes para negar la identidad de las fincas, especialmente cuando en los linderos no haya diferencia alguna. Los regis-tradores deben hacer constar en el registro la diferencia de cabida en la forma que determina el reglamento.” (Bastar-dillas nuestras)

En Figueroa v. El Registrador, 22 D.P.R. 657, los hechos, conforme se exponen en la opinión emitida por este tribunal, fueron los siguientes:

“En tina escritura que fué presentada al Registrador de la Pro-piedad de Arecibo para su inscripción fueron agrupadas seis porciones de terreno colindantes entre sí formando una sola finca ‘compuesta según los títulos de adquisición de 198 cuerdas y media, equivalentes a 78 hectáreas, 41 áreas, 84 eentiáreas, y según mensura practicada últimamente por el geómetra Señor Arturo Iiiráu, con citación de los dueños de los predios colindantes, su exacta medida superficial es la de 212 cnerdas, equivalentes a 83 hectáreas, 32 áreas, 50 eentiáreas de terreno llano y quebrado a pastos y con plantaciones de café, pláta-nos y cañas de azúcar.’ En la escritura se consigna además que 'de las expresadas 212 cuerdas de terreno 177 están enclavadas en el barrio Aibonito y 35 en el de Campo Alegre, ’ descrita, en su totalidad en la forma ordinaria por sus linderos. La nota del registrador en lo que respecta a la cuestión envuelta, en este caso se expresa como sigue:
“ ‘Hecha la agrupación que comprende este documento sólo en cuanto a la cabida de ciento noventa y ocho cuerdas cincuenta cénti-mos, al folio 26 del tomo 34 de Hatillo, finca número 1784, inscripción Ia., y denegada la inscripción en cuanto al resto de trece cuerdas cincuenta céntimos de su cabida total, por no aparecer registrada a favor de Don Sebastián Figueroa Colón ni al de otra persona.’ ”

El Juez Asociado Sr. del Toro, en una opinión disidente corta, dijo:

“Opino que debe confirmarse la nota recurrida. La jurispruden-cia sobre la materia admite que en casos de esta naturaleza el regis-trador tiene facultades discrecionales, y a mi juicio, las ejercitó debi-damente al exigir para variar la medida de la finca, no ya la simple manifestación de la parte interesada hecha en la escritura de agru-pación, acerca de que se había practicado una mensura por un geóme-tra, con citación de los colindantes, sino la mensura misma.”

Si el registrador hubiese basado su resolución específica-mente en haberse dejado de suplementar los hechos aducidos en la escritura que tenía a la vista, mediante un certificado del agrimensor o de un plano certificado, el resultado en dicho caso quizá hubiese variado.

En Valladares v. El Registrador, 23 D.P.R. 45, 49, se dijo lo siguiente:

“. . . . Este tribunal no es el llamado a definir cuál es la parte ■ equivocada si el registrador o la recurrente; pero opinamos que si la interesada deseaba inscribir la medida superficial exacta de la finca agrupada, estaba en el deber de presentar al registrador certificación exacta de la mensura, expedida por perito competente.”

En Delgado v. Registrador, 29 D.P.R. 867, una mayoría del tribunal resolvió, según se hace constar en el sumario, que: “Un exceso de 6 cnerdas demostrado por la mensura de una finca que aparece inscrita con cabida de 51 cuerdas, por su poca importancia, no es bastante para neg’ar la iden-tidad de la finca; y es documento suficiente para obtener la rectificación una escritura pública en que el interesado la solicita exponiendo el hecho dé la mensura, sin que sea requi-sito indispensable el acompañar la certificación de mensura practicada con citación de colindantes.” En el curso de la opinión se dijo: “Y no importa que no fuera presentada al registro la certificación de mensura practicada con citación del vendedor y de los colindantes, pues precisamente ese fue el punto de disidencia en el caso de Figueroa v. El Registrador de Arecibo, supra, que no sostuvo la mayoría del tribunal.” Luego la corte manifestó: “Y no hay perjuicio de tercero en la rectificación pedida, pues del registro apa-recería que la rectificación se practica en vista de las mani-festaciones de Manuel Delgado Toledo y al adquirir un ter-cero cualquier derecho real en la finca puede exigir al ven-dedor lo que conduzca a la seguridad de su derecho sobre la cabida de la finca si alguna duda tuviere sobre ella.” Evidentemente la corte estaba considerando como terceros únicamente a futuros adquirentes de la finca en cuestión o a los dueños, en perspectiva o en alguna otra forma, de alguna participación que pudiera adquirirse posteriormente de la finca. La doctrina puede ser lo suficientemente correcta en un caso en que, conforme se indica en otro sitio de la opinión, se ha practicado una mensura “con citación de los propie-tarios colindantes y del mismo vendedor.” Se presenta cuestión distinta cuando no aparece que se haya hecho tal citación a los propietarios colindantes.

En todos estos casos, a excepción del de Valladares v. Registrador, supra, en .que estaba envuelto un predio sub-urbano de más de 30,000 metros, y en la mayoría, de no ser en todo los casos similares hasta aquí resueltos por esta corte, los predios o parcelas de terreno en cuestión eran fincas rústicas. Es materia de conocimiento general qne tan sólo en los últimos años la práctica de medir tales fincas se lia convertido en la regla (suponiendo qne así sea) en vez de la excepción. Si en cualquiera de los casos qne lian venido a nuestra consideración (a excepcion del de Portocarrero v. Registrador, infra) se había practicado previamente una mensura, tal hecho no salió a relucir. Por otra parte, cuando se divide un predio de terreno en manzanas de un pueblo o ciudad, o en solares, y se subdividen en partes fracciónales tales manzanas o solares, el trabajo generalmente se efectúa por un agrimensor más o menos competente y, sea ello como fuere, existe menos oportunidad para que ocurra cualquier error apreciable respecto al área de las subdivisiones más pequeñas que se expresan en metros en vez de cuerdas. La regla puede ser la misma en principio en uno u otro caso, pero creemos que en su aplicación los registradores de la propiedad pueden, con bastante fundamento, exigir del dueño de la finca urbana o suburbana algo más por vía de prueba de lo que exigirían de un terrateniente rústico. Por lo que sepamos, esta corte nunca ha resuelto, aun tratándose de una finca rústica, que una cláusula relativa a la existencia de un exceso específico que se dice haber sido establecido mediante una mensura, sin una certificación de un agrimensor o sin hacerse mención alguna de haberse notificado a los dueños colindantes, sea suficiente para justificar la inscripción de tal exceso.

En Portocarrero v. Registrador, 34 D.P.R.. 292, 294, por voz del Juez Asociado Sr. Franco Soto, dijimos:

“La regla general es que cuando ha3r una diferencia de la finca según aparece del registro y la que se alega en la escritura, tal dife-rencia, si resulta en exceso, no es inscribible mientras no se acredite la legítima adquisición de la misma, con arreglo al artículo 20 de la Ley Hipotecaria y demás disposiciones legales. La excepción a la regla es cuando el exceso es de escasa importancia en relación a la cabida total de la finca, o salvo si se prueba, a juicio del registrador, que en la primera medición de la finca sólo se sufrió un error invo-luntario. Resoluciones de 14 de marzo de 1876, 1 D. de R. 262, 9 de noviembre de 1878, 1 D. de R. 469; 7 de septiembre de 1880, 2 D. de R. 465; 22 de noviembre de 1893, 5 D. de R. 413; 27 de octubre de 1894, 5 D. de R. 583. Odriozola, Diccionario de Jurisprudencia Hipotecaria, 4s- ed., págs. 773, 774, 775 y 776.”

Juan A. Muriente Gril de Lamadrid, en el documento que ahora tenemos ante nos, hace constar que es dueño de las siguientes fincas:

“A. — URBANA:—Solar sito en la Sección Norte del barrio de Santurce, de San Juan, con una cabida superficial de veinticuatro metros cinco centímetros cuadrados en lindes por el Este, que es su frente, en tres metros setenta y cinco centímetros con un camino sin nombre; por la derecha entrando, que es el Norte, con seis metros en lindes con don Juan A. Muriente; por la izquierda, entrando, que es el Sur, en seis metros sesenta centímetros en lindes con la Suce-sión Sarmiento; y por la espalda, que es el Oeste, en tres metros ochenta y nueve centímetros en lindes con terrenos de la Sucesión Sarmiento.
“B. — urbana : — 'Solar con una casa en el sitio de ‘Minillas’, Sec-ción Norte del barrio de Santurce de esta-ciudad; mide seis metros de frente por trece de fondo, tiene una cabida de setenta y ocho metros cuadrados, y linda por el Norte y el Este, con solar de doña Gre-goria París antes, hoy Juan A. Muriente por el Norte, y un camino sin nombre por el Este; por el Sur, con otro de Agustín Reyes, antes, hoy Juan A. Muriente; y por el Oeste, con solar de Ana Arzuaga, antes, hoy Sucesión Sarmiento y Manuel Couvertier. La casa es te-rrera, de madera y techada de zinc y mide cinco metros de frente por diez de fondo.
I!C. — urbana:—Solar sito en la Sección Norte del barrio de San-turee, de San Juan, con una cabida superficial de diez y siete metros catorce centímetros cuadrados, en lindes por el Este que es su frente, en tres metros y diez centímetros con un camino sin nombre; por la derecha entrando, que es el Norte, con cuatro metros y treinta y cinco centímetros en lindes con doña Carmen González; por la izquierda entrando, que es el Sur, en seis metros y setenta centímetros, en lindes eon don Juan A. Muriente; y por la espalda, que es el Oeste, en tres metros diez centímetros en lindes con terrenos de don Manuel Cou-vertier. ’ ’

En dicha escritura, que está fechada abril 27 de 1934, Muriente hace constar que adquirió la finca letra “B” en julio de 1921 y las otras dos, “A” y “C”, en abril 18 de 1934. También dice:

‘ ‘ Que por lindar todas estas fincas entre sí, y formando en conse-cuencia un solo cuerpo, y una sola tinca, se practicó por el exponente una mensura de todas ellas en total, y resultó de tal operación que la cabida o medida superficial es de ciento treinta y siete metros diez y nueve centímetros cuadrados, en lugar de ciento diez y nueve metros diecinueve centímetros cuadrados como resultaría de la suma de los tres predios juntos, por lo que el exponente desea ahora inscribir dichos tres predios como si fuera una sola finca y con la verdadera cabida resultante de la mensura, y con tal objeto la describe de la manera siguiente:
“iranANA: — Predio de terreno sito en San tur ce Norte de San Juan, con una cabida superficial de ciento treinta y siete metros diez y nueve centímetros cuadrados, en lindes por el Este, que es su frente, en veintidós metros ochenta y cinco centímetros, con un camino sin nombre; por la derecha entrando, Norte, en cuatro metros treinta y cinco centímetros, con doña Carmen González; por la izquierda, tam-bién entrando, que es el Sur, en seis metros sesenta centímetros, con la Sucesión Sarmiento; y por la espalda, que es el Oeste, en vein-tidós metros noventa y nueve centímetros con la Sucesión Sarmiento, y Manuel Couvertier. Enclava una casa terrera, de madera, y te-chada de zinc, y mide cinco metros por el Sur, que es su frente, y diez metros hacia el fondo.’'

Esta aseveración no indica cómo se distribuyó dicho exceso entre los distintos predios, en caso de que se distri-buyera. Ella no es prueba satisfactoria de la existencia del supuesto exceso en cabida, dentro de determinados límites. El registrador estaba en lo cierto al negarse a inscribir la nueva parcela formada con una supuesta cabida de- 137.19 metros cuadrados, en vez de 119.19 metros cuadrados.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Rosendo Arean Moreno, por su apoderado, José Portela Prado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera (Pedro Amado Rivera, Registrador sustituto), recurrido.
    No. 928.
    Sometido: Julio 2, 1934.

      Resuelto: Julio 23, 1934.

      M. Rivera de la Vega, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En abril de 1918, un registrador de la propiedad inscribió una escritura de enajenación y mencionó la existencia de un censo a que se bace referencia en el documento. En mayo de 1934, un condueño de la finca solicitó se cancelara la mención y el registrador se negó a cumplir esta súplica, fundado en que no había transcurrido el período estatutario de veinte años contado a partir de la fecha de la mención.

El artículo primero de una ley aprobada en 1923 (leyes de ese año, p. 37) disponía que:

“Los registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar en el respectivo registro:
“(a) Las menciones de hipotecas, de censos y de otros derechos para el pago de dinero o precio aplazado de la compraventa de in-muebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se ve-rificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no solicitare la inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día en que empiece a regir esta ley, o promoviere, dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro.”

En 1924 (Leyes de ese año, p. 109) este inciso (a) fue enmendado en la siguiente forma:

“ (ai) Las menciones de hipotecas o de precio aplazado de la com-praventa de inmuebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no hubiere solicitado la inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, o no hubiere promovido, dentro de ese período, demanda en reclamación de su de-recho, anotándola en el registro. Las menciones de censo no se can-celarán de los antiguos o modernos libros del registro cuando la parte interesada solicite la traslación del asiento o mención del derecho men-cionado a los modernos libros del registro dentro del plazo de dos años a contar desde el día en que empiece a regir esta ley o promueva dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, ano-tándola en el registro; Disponiéndose, además, que dichos registra-dores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su represen-tante, autenticada ante notario, procederán a cancelar también en el respectivo registro cualesquiera otras menciones de derechos para pago de dinero, que no se refieran al precio aplazado de la compraventa de inmuebles, cuando no se fije plazo, o no se indique en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el in-mueble, si hubieren transcurrido más de cinco años.”

Podría admitirse que, según sostiene el registrador, el fin primordial de la enmienda fue conceder una prórroga dentro de la cual los asientos en los antiguos libros pudieran ser transferidos a los modernos o pudieran hacerse anota-ciones de lis pendens, como una medida necesaria para im-pedir la cancelación. De ahí no se desprende, conforme asume el registrador, que en ausencia de un traspaso de tal índole o de una anotación de Us pendens no pueda efectuarse una cancelación hasta después de transcurrido el período de veinte años contado a partir de la fecha en que se hizo la mención, como sucedía bajo la ley de 1923. No se concedió prórroga alguna en los casos de hipotecas o de gravámenes existentes en favor del vendedor. Podría ser que la Legis-latura considerara que la prórroga concedida en casos de censos fuera solamente una compensación suficiente por la pérdida del período de veinte años. Sea ello como fuere, la cuestión relativa a si la. ley debe ser nuevamente enmen-dada es una que debe ser resuelta por la Legislatura y no por las cortes.

El párrafo (a), según fué enmendado en 1924, inter-pretado en armonía con la cláusula inicial anterior, que no fué enmendada, no autoriza expresamente la cancelación dt; menciones de censos, ni después de veinte años a partir de la fecha de tales menciones ni en ninguna otra forma. (Al hacer esta aseveración echamos enteramente a un lado el disponiéndose que puede o no interpretarse en el sentido de incluir menciones de censos). La omisión de la palabra “censos” al enmendar la primera oración del párrafo a es significativa. En vez de eliminar la palabra “censos”, la Legislatura pudo.haber insertado las palabras “excepto con-forme se dispone más adelante,” enmendando así la ley de tal suerte que leyera “'menciones de hipotecas, de censos, excepto-conforme se dispone más adelante,” etc. No lo hizo así en el momento de efectuar la enmienda. Durante la dé-cada que ha transcurrido desde entonces no há tratado de efectuar ninguna nueva enmienda. Las cortes no pueden ahora restituir las palabras eliminadas mediante legislación judicial con visos de interpretación estatutaria. De acuerdo con la ley, tal como fué enmendada, el período de veinte años es aplicable solamente cuando “las menciones de hipotecas o de precio aplazado de la compraventa de inmuebles” están envueltas. La única cuestión que se discute en los alegatos es la relativa a cuándo puede efectuarse la cancelación. El registrador, al basar su resolución en el fundamento de que no habían transcurrido veinte años desde la fecha en que se hizo la mención, admitió implícitamente que la cancelación podía hacerse luego de expirado dicho lapso de tiempo. Empero, ya hemos indicado que la ley, tal cual fué enmen-dada, no autoriza expresamente la cancelación de menciones de censos, a menos que tal autorización pueda hallarse en el disponiéndose. Es cuestión a discutir si en la cláusula que inmediatamente precede al disponiéndose puede hallarse una autorización implícita. Podría decirse con algún grado de plausibilidad que el adoptar la teoría de tal autorización par-ticipa de legislación judicial. Por otra parte, debe conside-rarse que la Legislatura realizó una cosa vana y fútil al prohibir la cancelación de menciones de censos en casos de traspasos de los antiguos libros a los modernos o en casos de una anotación implícita de lis pendens, a menos que fuera su intención que en ausencia de tal traspaso y de tal anota-ción dentro del período especificado debiera hacerse la can-celación. Por ende, llegamos a la conclusión de que la Legis-latura, al prohibir la cancelación de menciones de censos, en caso de que las partes interesadas dieran determinados pasos dentro de un período de tiempo especificado, quiso decir que sí los interesados no daban tales pasos dentro de dicho período, las menciones estarían sujetas a cancelación.

Debe revocarse la resolución apelada.


text:
    La Asamblea Municipal de Añasco, a instancias de Pedro Alvarez Pesante, querellante y apelada, v. Juan Miranda Méndez, Alcalde de Añasco querellado y apelante.
    No. 3.
    Sometido: Junio 26, 1934.

      Resuelto: Julio 23, 1934.

      Pedro Baigés Gómez, abogado del apelante; Bolívar Pagan, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Alcalde de Añasco fné sometido a un procedimiento de impugnación pública, declarado culpable de conducta inmoral e impropia en su carácter oficial y destituido del cargo por la asamblea m'unicipal. La sección 29 de la Ley Municipal lee en parte como sigue, (Leyes de 1931, págs. 595-609):

“El alcalde podrá ser destituido por la asamblea municipal me-diante resolución adoptada por la mayoría del número total de miem-bros de que se compone la misma, por causa justificada, previa au-diencia y oportunidad para defenderse por sí o por medio de abo-gados. La asamblea municipal para oír y resolver cualquiera acusa-ción presentada contra el alcalde, formulada por cualquier miembro de la asamblea municipal, por el Gobernador de Puerto Rico o por cualquier ciudadano, podrá reunirse previa convocatoria del presi-dente de la misma, en cualquier fecba que notificará el alcalde, dán-dole copia de los cargos con cinco días de anticipación al en que baya de celebrarse la vista, y luego de baber obtenido un quorum, para considerar la acusación formulada al alcalde, la asamblea podrá con-tinuar reunida por todo el tiempo que fuere necesario para resolver el caso en definitiva; . . .

Al presentarse los cargos formulados por un ciudadano, el presidente de la asamblea convocó a sesión con el fin de considerarlos y de tomar en relación con los mismos los pasos que la asamblea creyere convenientes. En esta sesión se designó un comité para examinar e informar sobre los cargos formulados. El comité informó que los cargos, de ser ciertos, constituirían suficiente motivo para la destitución y reco-mendó se iniciara el procedimiento de impugnación y que se ,le suspendiera del cargo mientras el asunto estuviere pen-diente de resolución. No se adujo prueba alguna en apoyo de los cargos ni se trató de efectuar una investigación pre-liminar sobre los méritos de los mismos. El único objeto de la sesión parece baber sido determinar la suficiencia de los cargos tal cual habían sido formulados y resolver si debía iniciarse el procedimiento estatutario. La sección 29 de la ley no exige que el alcalde sea notificado de la sesión.

La sesión a que se hace referencia en el párrafo anterior fué celebrada el 16 de octubre, 1933. En aquel entonces la asamblea municipal aprobó el informe de su comité, ordenó la suspensión del alcalde dé su cargo, señaló el 31 de octubre para la vista, autorizó se hiciera uso de los servicios de un letrado para cooperar eon la asamblea y para qne la asesorara durante el cnrso de los procedimientos y ordenó qne se noti-ficara al alcalde con copia de los cargos en cuestión. Una resolución fechada el 8 de noviembre lee en parte como sigue:

“Pob cuaNto, esta Asamblea Municipal en su sesión especial judicial celebrada el día 16 de octubre de 1933 a las nueve de su ma-ñana, dispuso, que la vista de los cargos formulados por el ciudadano D. Pedro Alvarez Pesante contra el Alcalde del Municipio de Añasco, Sr. Juan Miranda Méndez, se llevara a cabo el día 31 del mismo mes de octubre de 1933 a las nueve de la mañana, y en esa fecha día 31 de octubre mencionado no pudo celebrarse por estar ausente el asesor de esta Asamblea. Municipal, Ledo. Bolívar Pagan, pero acordó, por medio de una resolución, que tuviese efecto la vista el día 8 de no-viembre de 1933 a las dos de su tarde;
"Por cuanto, en la actualidad sigue ausente en los Estados Uni-dos el letrado, Sr. Pagan, y según telegrama en poder de esta Asam-blea Municipal llegará a Puerto Rico en la próxima semana;
"Por Cuanto, los méritos que dieron lugar para la suspensión de este acto siguen en pie y se hace necesario volverlo a suspender para otra fecha:
"Por tanto, Ordénase por la Asamblea Municipal de Añasco, Puerto Pico:
"Sección 1* — Por la presente se dispone suspender la vista de los cargos presentados por el Sr. Pesante contra el Alcalde de este muni-cipio, Sr. Juan Miranda Méndez, para tener efecto el día 23 de no-viembre de 1933 a las 2: 00 p. m.”

El alcalde radicó su protesta contra esta suspensión y acudió a la corte de distrito- en solicitud de un auto de cer-tiorari. La corte expidió el auto y la asamblea municipal, de conformidad con los términos del mismo, en noviembre 23 suspendió el procedimiento de impugnación basta ulterior resolución de la corte. Luego, la corte de distrito declaró sin lugar el procedimiento de certiorari y la asamblea municipal señaló el 5 de febrero, 1934 para la vista. Mediante proclama el 5 de febrero fue declarado día feriado y la asam-blea municipal en febrero 3 suspendió nuevamente la vista. En febrero 21 señaló la vista para el 26 del mismo mes.

Aunque estas tácticas dilatorias no fortalecen nuestra confianza en la buena fe de la asamblea, la demora, debida en parte a la interrupción cansada por el procedimiento de certiorari, no es suficiente para justificar a este tribunal a que altere el resultado.

Al comenzar la vista el alcalde solicitó que debido a ciertos hechos que se indicaron en forma algo vaga en su moción, el presidente de la asamblea debía declararse incapacitado para actuar como un juez justo e imparcial y que debía abstenerse de ulterior participación en los procedimientos. El presidente replicó que él no tenía prejuicios contra el alcalde y que estaba dispuesto a rendir un veredicto absolutorio o condenatorio. El alcalde entonces ofreció presentar prueba en apoyo de su moción. La asamblea declaró sin lugar la moción. No es probable que evidencia de los hechos expuestos en la moción hubiese afectado el resultado y el error, de haberse cometido, de negar la moción, no fue uno que da lugar a la revocación. Podemos agregar aquí para limitar el alcance de esta opinión como precedente, que si los fundamentos de la moción hubiesen sido más específicos quizá se hubiese llegado a una conclusión distinta.

Otra sesión de la asamblea celebrada el 5 de marzo fue pospuesta a moción del asesor legal de la asamblea para el día 12, cuando terminó la vista. Esta posposición se señala como error. La moción para que se declarara un receso se basaba en el hecho de que el asesor legal estaba ocupado en el desempeño de sus deberes como Senador en la Legislatura Insular. Este receso de varios días era cuestión que estaba dentro de la discreción de la asamblea municipal, y sin más, no es motivo suficiente para revocar el resultado final.

Tomamos el siguiente extracto de la transcripción taqui-gráfica :

“P. — Ud. dice que conoce a Pedro Alvarez Pesante y a Bruno Santos ?
“R. — Sí, señor.
“P. — Ud. ha tenido oportunidad alguna de hablar con cualquiera de estos señores en relación con la elección de Alcalde de Juan Miranda. Méndez para este municipio?
“R. — Sí, señor, en casa del Sr. Pichan, practicante municipal, es-taba en una reunión de carácter político y para esa fecba se llevaba a cabo el nombramiento de Representante a la Cámara y Candidato a Alcalde.
“P. — Se estaban haciendo las candidaturas políticas?
“R. — Sí, señor.
“La Asamblea, por voz de su Asesor Legal, Ledo. Bolívar Pagan, se opone a estas preguntas.
“El Ledo. Biagés Gómez se refiere a la relación que existe con el Sr. Pedro Alvarez Pesante, que pretendiendo desempeñar el cargo de Alcalde de Añasco y que con el único propósito de lograr sus deseos, ha radicado un pliego de cargos contra Juan Miranda Méndez, te-niendo interés de que el querellado sea destituido de su cargo de Alcalde.
“El Asambleísta Domingo Guzmán, hace moción para que se declare impertinente la pregunta formulada por el Ledo. Baigés Gómez, y secundado por don Juan Román fué aprobada sin oposición.
“El Ledo. Baigés anota la siguiente excepción: ‘Anoto excepción a. la resolución de la Asamblea, que con su resolución priva ahora al querellado de toda la prueba con relación a la materia nueva del caso y entiende que esta resolución tiende a privarle del derecho que tiene para someter a la Asamblea toda la prueba de la materia nueva que tenía para probar que este interés data desde la fecha en que Juan Miranda Méndez fué nominado Alcalde de Añasco en el ticket Coalicionista y más tarde, nombrado Alcalde de Añasco.’
“El Ledo. Baigés anuncia que este testigo, Apolonio Irizarry, en esta p'arte de su declaración, y los testigos Luisa Pérez, Gregorio Ti-rado, Filomena Valentín y Julio Tirado, su testimonio lo ofrecía el querellado y lo trajo para demostrar el interés que desde la pasada campaña electoral tenía el Sr. Pedro Alvarez Pesante, por ser Al-calde de Añasco y el propósito de Bruno Santos, Asambleísta Municipal de que una vez electo Juan Miranda Méndez, se procedería a un procedimiento de impugnación y eliminación del cargo de Alcalde. Por el testimonio de estos testigos, era para demostración que el Sr. Pedro Alvarez Pesante expresó públicamente su propósito de una vez electo Alcalde Juan Miranda Méndez, querellado en este caso, en unión de Bruno Santos, miembro de esta Asamblea Municipal, y que no ha tomado parte en este asunto, porque la Asamblea, así lo resol-vió, de traer un procedimiento de impugnación a esta Asamblea, pai’a eliminar del puesto de Alcalde de Añasco a Juan Miranda. Méndez y que por razón de la resolución de esta Asamblea, este testimonio no puede producirse para que sea considerado por esta Asamblea.”

Se señala como error la actuación de la asamblea al ex-cluir esta prueba. Este señalamiento suscita la más seria de las ocbo cuestiones discutidas en el alegato del apelante. Alvarez Pesante quien presentó los cargos y Bruno Santos fueron los testigos estelares de cargo. Hubo un pronunciado conflicto entre su testimonio y el de un número de los testigos de la defensa. La prueba excluida de ser creída por la asamblea hubiese establecido no solamente hostilidad y pre-juicio por parte de estos testigos sino un plan preconcebido o conspiración para echar al alcalde de su cargo mediante el procedimiento de impugnación. Ciertamente la evidencia no era impertinente. No obstante, el letrado de la defensa no había expuesto plenamente al tiempo de presentar la moción y de dictarse la resolución qué era lo que se proponía probar. La importancia del testimonio fue revelada por primera vez al excepcionarse la resolución. No se hizo ningún otro esfuerzo para seguir la investigación en la forma indicada en la excepción. No se estableció fundamento para la impugnación de los dos testigos en cuestión, asumiendo para los fines de la argumentación que fuera necesario esta-blecer tal base. Esta es cuestión que no se discute en el alegato del apelante y cuestión que, por ende, no es necesario resolver por ahora. Las reglas de evidencia y de procedi-miento no pueden ser puestas en vigor tan estrictamente en casos de esta naturaleza, juzgados por una asamblea municipal como lo serían en un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por una corte de distrito. Por estos motivos no estamos dispuestos a revocar la resolución final de la asamblea municipal por el error cometido al resolver un punto cuya importancia no se había hecho constar al tiempo de dictarse la resolución.

El único señalamiento restante se dirige a una cuestión de hecho y a la apreciación de la prueba. Después de leer cuidadosamente la transcripción taquigráfica no hallamos qne se cometiera tal manifiesto error qne requiera la revocación,

Bebe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Juan R. y Luis Zalduondo Veve et als., peticionarios y apelados, Ex Parte; Puerto Rico Fertilizer Co., interventora y apelante.
    No. 6711.
    Sometido: Julio 16, 1934.

      Resuelto: Julio 23, 1934.

      J. de Guzmán Benitez, abogado de la apelante; A. Ortiz Toro, F. González, Jr. y E. Campos del Toro, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados aun no nos convencen de que el fiscal o el National City Bank fueran una parte necesaria. Si la pre-sencia de la apelante en el litigio podía reducir los fondos a tal extremo qne el National City Bank tuviera que rebajar su reclamación, quizá prevalecería la contención, mas los ape-lados no nos remiten a la parte de los autos de donde pueda hacerse tal inferencia.

Por otro lado, estamos convencidos de que el escrito de apelación debió haberse notificado a todos los herederos o a sus abogados; de que el Lie. Campos del Toro representaba solamente a algunos de los herederos y de que éste era un hecho conocido por la apelante. Los demás herederos no fueron notificados directamente o por mediación 'de sus letrados y el -unirse los abogados en una petición co-mún no alteró las representaciones respectivas que ostenta-ban. Los apelados también llaman nuestra atención hacia el hecho de que al momento de entablarse la apelación el contador partidor había termiuado sus deberes y se hallaba functus officio.

Debe desestimarse la apelación por falta de partes ade-cuadas.


text:
    Quintina Padín Castro, peticionaria, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Rafael Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 966.
    Sometido: Mayo 7, 1934.

      Resuelto: Julio 24, 1934.

      Edelmiro Martínez Rivera, abogado del peticionario; Andrés Mena, abogado de la interventora, demandada en el pleito principal. -
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De la solicitud para que se expida un auto de certiorari aparece que Quintilla Padín Castro inició ante la Corte de Distrito de Humacao un recurso de ejecución de hipoteca bajo el procedimiento sumario de la Ley Hipoteca-ria. Los demandados eran los miembros de una sucesión. Uno de ellos residía en Isabela, dentro de la jurisdicción del distrito de Aguadilla, y el requerimiento de pago fué noti-ficado a ella en Isabela. El resto de los herederos residía en Humacao, donde fueron personalmente notificados por el márshal de la Corte de Distrito de Humacao. Entonces la demandante averiguó que los menores envueltos en el caso se hallaban bajo la tutela de la American Colonial Trust Company, con domicilio en San Juan, y después obtuvo una orden adicional de la corte que fué ejecutada por el márshal de la Corte de Distrito de San Juan y notificada a la alu-dida American Colonial Trust Company. Luego los deman-dados acudieron a la corte y solicitaron se anularan los procedimientos, toda vez que la notificación a la tutora no había sido hecha por el márshal de la Corte de' Distrito de Humacao, y por otras razones. La orden de la Corte de Distrito de Humacao era de carácter general y no designaba ningún márshal ni ningún otro funcionario para su ejecu-ción. Nos referimos, desde luego, al hecho de que la corte sostenía que ninguna orden adecuada fué notificada a la American Colonial Trust Company. La corte y los quere-llados sostienen que una orden general de esa corte debe entenderse como que va dirigida solamente al márshal de la Corte de Distrito de Humacao. Conforme entendemos la cuestión, también se sostiene que nadie, a excepción del márshal de la Corte de Distrito de Humacao, tenía autori-dad para notificar la orden en este caso. La orden no de-signaba funcionario alguno.

El artículo 88 del Código de Enjuiciamiento Civil provee:

“El secretario bará constar al dorso de la demanda el día, mes y año de la presentación, y en cualquier tiempo dentro de un año des-pués de aquélla, el demandante puede obtener que se expida la citación; y si la acción se promoviere contra dos o más demandados con resi-dencia en diferentes distritos, el demandante puede obtener que sé expida la citación para cada uno de dichos distritos. ...”

El artículo 245 del mismo Código lee así:

“Cuando la orden de- ejecución fuere contra la propiedad del deudor declarado tal por la sentencia, podrá librarse al márshal de cualquier distrito de la isla. Cuando ordenare la entrega de propie-dad real o personal, deberá librarse al márshal del distrito en que radicare la propiedad, o parte de ella. Las órdenes de ejecución podrán ser libradas al mismo tiempo para diferentes distritos.”

Éste no es un caso similar al de Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, en que un marshal endosó su orden a otro márshal y la parte fué hallada en un lugar distinto a aquél en que se li-bró la orden. El caso de Lawton v. P. B. Fruit Exchange, 42 D.P.R. 291, es más aplicable, y, como en el presente, la orden fué expedida por el secretario de la corte del dis-trito en que se hallaba la propiedad y en que los procedi-mientos fueron iniciados. Y el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil fué citado. La peticionaria indica que ni de conformidad con la Ley Hipotecaria ni con su regla-mento había algo que indicara la persona que debía diligen-ciar el requerimiento de pago y que el caso de Perales v. Corte, 43 D.P.R. 902, sirve también de autoridad para el hecho de que el márshal es la persona a quien corresponde diligenciar tal orden.

La orden de la Corte de Distrito de Humacao, después de exponer los hechos, decía simplemente: “El secretario de esta corte expedirá mandamiento de requerimiento de pago para el debido cumplimiento de esta orden, el que de-berá ser diligenciado en la forma y manera dispuesta por la ley.” Para nosotros no aparece con claridad exactamente cómo la orden llegó a manos del márshal de la Corte de Distrito de San Juan, pero, ora fuere el secretario dé la Corte de Distrito de Humacao quien lo notificó directa-mente o el letrado quien puso copia de la orden en poder del márshal de la Corte de Distrito de San Juan, no im-porta. Los varios artículos citados del Código de Enjui-ciamiento Civil nos convencen de que la persona llamada a ejecutar las órdenes en San Juan es el márshal de la Corte de Distrito de San Juan y no el de la Corte de Distrito de Hnmacao.

La orden de la Corte de Distrito de Humacao negándose a decretar el remate debe ser anulada y devolverse los autos a la Corte de Distrito de Humacao para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Jerónimo Bem, peticionario y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, P. R., Sección Primera, Hon. M. Gaetán Barbosa, Juez, recurrida; Eduardo Ugarte, interventor y apelado.
    No. 6483.
    Sometido: Junio 6, 1934.

      Resuelto: Julio 24, 1934.

      B. Soltero Peralta, abogado del apelante; A. Qwirós Méndez, abogado del interventor apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Jerónimo Bem radicó ante la Corte Municipal de San Juan un pleito en cobro de cánones de arrendamiento y en ejecu-ción de fianza. La demanda estaba firmada por Rafael Sol-tero Peralta, quien también diligenció el emplazamiento contra el demandado Eduardo Ugarte. Este último no com-pareció y se anotó su rebeldía y se registró sentencia en su contra por el secretario de la Corte Municipal. Cuando el demandante trataba de ejecutar una sentencia, Ugarte com-pareció ante la corte y solicitó que la sentencia fuese anu-lada, y la corte municipal declaró con lugar su moción. El demandante radicó una petición de certiorari en la Corte de Distrito de San Juan.

Dicha corte de distrito resolvió, al igual que la corte municipal lo había hecho antes, que el letrado de una de las partes no tenía derecho a diligenciar el emplazamiento. El artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:

“La citación puede hacerse por el marshal del distrito donde se encontrare el demandado, o por cualquier otra persona mayor de diez y ocho años que no fuere parte en la acción. . .”

No estamos de acuerdo con las opiniones de ambas cortes, al efecto de que el letrado no cae dentro de la excepción enumerada y que en realidad era una parte en la acción. La Corte de Distrito de San Juan cita varios casos del conti-nente en que las cortes han resuelto que el letrado era una parte dentro del significado del artículo 92, supra. La idea de la corte fué que el letrado estaba identificado en tal forma con el cliente que no podía distinguírsele de la parte; que el letrado actúa a nombre de la parte en tal forma, firma por ella, acepta notificaciones en su nombre, etc., etc., que se identifica con ella. La opinión de la Corte de Distrito de San Juan, a nuestro juicio, agotó todo argumento posible que podría militar en favor de la idea de que un letrado deba considerarse como una parte; que la política pública era contraria a la idea opuesta.

Sin embargo, no podemos dejar de llegar a la conclusión de que se trata de una cuestión de lex scripta. No importa cuánto un letrado pueda indentificarse con su cliente, el primero no es en modo alguno una parte en el litigio. No responde personalmente de una sentencia dictada en contra de su cliente, puede retirarse del caso sin afectar la conti-nuación del mismo, puede obligar a su cliente, pero fuera de eso su identificación es incompleta.

El apelante aduce otros argumentos, mas sólo conside-raremos ligeramente uno de ellos. Analizando la jurispru-dencia, el apelante llama nuestra atención hacia el hecho de que California ha dado la misma interpretación a la ley que ahora le estamos dando. Sheehan v. All Persons, 252 Pac. 337, citando 21 Cal. Jnr. 534-536, 32 Cyc. 454. Quizá como el estatuto es el mismo, dehe prestársele atención a la in-terpretación dada por California más bien que a la de otros estados. Pero hemos llegado a nuestra conclusión fundados en que la letra de la ley es clara. No obstante, estamos convencidos de que no es una práctica deseable que un abo-gado diligencie el emplazamiento en un caso, y lo que ha ocurrido en el recurso que tenemos a la vista es demostra-tivo de ello. El hecho en sí de que los abogados son fun-cionarios de la corte debe de ordinario impedirles que den pasos que puedan estar sujetos a investigación ante las cortes.

La sentencia de la corte de distrito debe ser revocada y devolverse el caso a dicha corte de distrito con instrucciones de que libre una orden amolmido la dictada por la corte municipal, que a su vez había amolado la sentencia dictada en favor del peticionario.


text:
    William F. Lippitt, demandante y apelante, v. Concha (Nicolasa) Llanos, demandada y apelada.
    No. 6209.
    Sometido: Diciembre 15, 1933.

      Resuelto: Julio 24, 1934.

      L. Freyre Barbosa, abogado del apelante; Samuel B. Quiñones, abo-gado de la ¿pelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

En un pleito de desahucio, después de oír la prueba de ambas partes, la Corte de Distrito de San Juan resolvió el mismo a favor de la demandada, fundada en la teoría de que había un conflicto de títulos y, por ende, que el procedimiento de desahucio no era el adecuado. La demanda aduce, en efecto, que el demandante era el dueño del solar que se describe; que lo cedió en arrendamiento a Valentín Cruz, hijo de la demandada; y que éste, con el consentimiento del demandante, construyó una casa en dicha finca; que posteriormente el demandante entabló pleito contra Valentín Cruz en cobro de los cánones de arrendamiento y obtuvo sentencia a su favor; que la mencionada casa fué vendida en pública subasta por el marshal y que no habiéndose presentado postor alguno al acto de la subasta, se solicitó por el abogado del demandante la adjudicación de la mencionada casa por el importe de su reclamación.

La demanda entonces continúa aduciendo que la casa está ocupada por Concha Llanos, madre del demandado (sic), quien se niega a celebrar contrato de arrendamiento alguno o a desalojar la misma, dejándola a la libre disposición de su dueño, el demandante, disfrutándose por consiguiente dicha finca en precario. La demanda fué contestada con una negativa general y con la alegación de que la casa es pro-piedad de la demandada, toda vez que la misma fué edifi-cada a sus expensas y con materiales propios.

Durante el juicio, el demandante ofreció prueba tendente a demostrar que había cedido en arrendamiento la propie-dad a Valentín Cruz, quien, mientras se hallaba en Puerto Rico, pagó la renta de la misma y que después que éste se fué su madre pagó los cánones a nombre del hijo; y tam-bién que la finca estaba alquilada a nombre de Valentín Cruz; que ella siempre representaba a su hijo. También hubo otra prueba tendente a demostrar que la casa fué edificada por el hijo.

La demandada ofreció prueba tendente a demostrar que ella siempre había vivido en la casa en cuestión; que ésta nunca perteneció a Valentín Cruz; que cuando su hijo salió para Nueva York ella pagaba el arrendamiento, pero siempre a nombre de su hijo; que ella nunca había pagado las con-tribuciones de la propiedad. Ella también hizo la muy im-portante aseveración de que su hijo había tomado la finca en arrendamiento a fin de que ella pudiera construir la casa allí. También se ofreció el testimonio de un carpintero al efecto de que la casa fué construida enteramente por Con-cha (Nicolasa) Llanos con sus propios peculios. En rea-lidad, para los fines de esta opinión, podría admitirse que ella estableció que la casa fué construida por ella, mas en los autos no aparece el menor indicio de prueba al efecto de que el demandante tuviera otra idea que no fuera la de que Valentín Cruz fué quien edificó la casa, en armonía con el consentimiento obtenido del demandante.

El único título posible que podría surgir en la deman-dada en este caso sería por razón de la accesión mencio-nada en los artículos 360 y siguientes del Código Civil. El artículo 360 establece la regia general en la siguiente forma:

“La propiedad de los bienes, ya' sean muebles o inmuebles, lleva consigo el derecho por accesión, a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente.”

En otras palabras, que lo accesorio sigue a lo principal.

Las excepciones a esta regia las establece el artículo 370 así:

“El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los artículos 455 y 456 del Capítulo III, Título Y, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.”

Los derechos concedidos por este artículo son en uno u otro caso el de indemnización a la persona que lia edificado en la propiedad o el de indemnización al dueño del terreno. No aparece, por lo menos necesariamente, que contra el dueño surja un verdadero derecho. Asumiendo, sin embargo, que la persona que construye de buena fe adquiere un buen tí-tulo, no obstante, las disposiciones del artículo 371 leen como sigue:

“El que edifica, planta o siembra de mala, fe en terreno ajeno pierde lo edificado, plantado o sembrado sin derecho a indemniza-ción. ’ ’

Desde luego, de ordinario la ley es que se presume la buena fe, mas esta presunción queda destruida cuando se construye una casa en solar ajeno. Entonces incumbe a la persona que edificó la casa demostrar que ella lo hizo de buena fe. En este caso aparece enteramente lo contrario. La demandada declara que su hijo tomó el solar en arrenda-miento con el propósito de que ella pudiera construir sobre el mismo una casa. Puede admitirse que la demandada creyó que ella tenía derecho a fabricar la casa, mas cuando ella alega y sostiene que su hijo tomó en arrendamiento la propiedad con el objeto de permitirle a ella construir una casa sobre el mismo, el resultado no es buena fe, sino mala fe. Nadie tiene derecho a tomar en arrendamiento una finca con el propósito de permitir a un. tercero que construya una casa en el mismo, especialmente si el tercero más tarde va a tratar de sostener un título, o así lo hace. Sin embargo, aun con la admisión de parte de la demandada, quienquiera que fabrique una casa sin permiso sobre terrenos pertene-cientes a otro, no actúa de buena fe. El caso no ofrece una excepción a la regla de que lo accesorio sigue a lo principal.

Este no es un caso en que, asumiendo la posibilidad de título, la demandada haya presentado prueba tendente a de-mostrar tal título, toda vez que de la prueba no existe, ni podría existir, el mismo. La contención en oposición es que el demandante carecería de remedio porque la evidencia ofre-cida por la demandada, de probar algo, tiende a demostrar un título completo a la casa en favor de ella, y el deman-dante en ese caso nunca podría obtener una sentencia contra la demandada, ni mediante un procedimiento de desabucio ni a virtud de uno de reivindicación. Podemos agregar que lo que la demandada ofreció en este caso fue evidencia para probar todo su título, suponiendo que lo tenga.

En la Ley de Desabucio no bay disposición alguna a virtud de la cual las cortes están impedidas de resolver en cualquier caso los derechos de un demandante, ora el demandado alegue un título o no. Lo que la Corte Suprema de España ha hecho, al igual que nosotros, es resolver que cuando surge un conflicto de título, el demandante debe acudir a un pleito ordinario y no al de desabucio. Este principio no debe ser extendido a casos en que no hay posibilidad de título en favor de la parte demandada. El demandante en este caso quizá hubiera tenido derecho a considerar la propiedad como suya, si hubiese sabido que fué construida por alguien que alegaba tener el título de la misma. El demandante, sin embargo, creyó que la casa le pertenecía a Valentín Cruz y procedió a ejecutar la misma en una acción en cobro de cánones de arrendamiento. Sea ello como fuere, el título a la casa bajo la teoría del demandante o de la demandada, pertenece ahora al primero.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar dictarse otra ordenando el desahucio de la demandada.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison, disintieron.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    Arecibo Dock & Shipping Co., y The Great American Indemnity Co., peticionarias, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Sancho Bonet, Juez, demandada.
    No. 905.
    Sometido: Mayo 22, 1933.

      Resuelto: Julio 24, 1934.
    ./. Valldejuli Rodriguez, abogado de las peticionarias; Pedro San-trnia, abogado, por la Comisión Industrial y el obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una solicitud para que se expida un auto de certiorari. Hemos tenido considerable dificultad en el estu-dio de este caso, toda vez que los querellados no ban radi-cado contestación o alegato ante este tribunal. En res-puesta al auto de certiorari expedido nos ban sido remiti-dos los autos de la Corte de Distrito de Arecibo, mas las peticionarias no ban becbo nada para indicarnos las partes de los autos que son pertinentes para la solución del pro-blema que tenemos ante nos.

De la petición misma se desprende que la Arecibo Dock & Shipping Co. se dedica a la explotación de muelles en Arecibo y que también utiliza lanchas para la carga y des-carga de vapores. Emplea varios' obreros. Uno de ellos, Isidoro Martínez, sufrió un accidente. Mientras los obre-ros trataban de bacer caminar la barcaza conocida con el nombre de ‘‘Redención,” y mientras Martínez bacía fuerza con la palanca para ponerla a flote, resbaló, recibió un golpe en la rodilla y cayó al mar. Estuvo enfermo algún tiempo. La Comisión Industrial le concedió la suma total de $83.84 y también resolvió que tenía derecho a $7.50 semanales du-rante el tiempo que estuviera incapacitado.

Sucede que el sueldo mayor que Martínez hubiera per-cibido habría sido un promedio de $8 a la semana y las pe-ticionarias sostienen que de conformidad con el reglamento Martínez solamente hubiese tenido derecho a la mitad de esa suma.

La corte inferior al presentársele éste y otros hechos, si bien admitió que el obrero no ganaba más de $8 a la semana, resolvió que la comisión procedió correctamente al conce-derle $7.50 semanales. La corte se fundó en un reglamento promulgado por la Comisión Industrial de conformidad con la Ley No. 35 de 1930, Leyes de ese año, p. 291, como sigue:

“(a) A los efectos del pago de la compensación, semanal a que se refiere el inciso 2 de la división (a) de la sección 3 de la ley, el período de espera (waiting period) se empezará a contar en todos los casos desde la fecha en que el obrero se presente al médico para recibir tratamiento facultativo.
“ (b) Para la liquidación de los casos se tomará como base la fecha en que el obrero se presente al médico para recibir tratamiento hasta la fecha de alta, y del total de días que resultare se descon-tarán los primeros ocho (8) días, (incluyendo la fecha del accidente) y el número de días restantes serán los compensables, a razón de la mitad del jornal que ganaba el obrero, excepto en los casos de acci-dentes de obreros empleados por compañías navieras que reciban salario por hora (diez horas constituyen un día de trabajo) a quie-nes se les pagará compensación sobre la base, de los salarios siguientes:
“1. A los obreros que se emplean en trabajos corrientes de carga y descarga ordinaria, en tierra, que reciben $0.25 por hora, se les-pagará compensación sobre la base de un salario de $2.50 diarios.
“2. Los obreros que trabajan en la carga y descarga de azúcar, a bordo, recibirán compensación sobre la base de un salario de $3.50 diarios.
“3. Los obreros dedicados al trabajo de carga y descarga de azú-car, en tierra, recibirán compensación sobre la base de un salario de $3.50 por día.
“4. A los dependientes y capataces que tienen sueldos fijos, se les pagará compensación por la mitad del sueldo que informe el pa-trono y nunca menos de $3 ni más de $15 por semana.
“5. Los obreros dedicados al trabajo de carga y descarga de azúcar, por ajuste, recibirán compensación a base de un jornal de $4.50 diarios.
“(o) En ningún caso la compensación será menos de tres (3) dólares, ni más de quince (15) dólares semanales.”

Las peticionarias sostienen que dich.0 reglamento es nulo y las priva de su propiedad sin el debido proceso de ley. Una buena parte del argumento aducido en la petición es que el obrero en forma alguna tenía derecho a percibir más de $8 a la semana. Leyendo, sin embargo, el aludido re-glamento, aparece que la compensación concedida a los obre-ros no depende del sueldo que cualquiera de ellos realmente reciba, sino que si el obrero trabaja por horas, tal com-pensación depende puramente de una escala artificial fijada por el reglamento sobre una base no menor de $2.50 por día. Las peticionarias no nos convencen de que al obrero Mar-tínez, aunque sólo hubiera podido ganar $8 semanales como promedio, no hubiera podido quizá pagársele por día. Bajo estas circunstancias, era evidente que la concesión de $7.50 a la semana muy bien podría caer dentro de la escala artificial fijada por la comisión. Nada hallamos en la petición ni en los autos que demuestre lo contrario.

En lo que atañe a la cuestión de constitucionalidad, nos sentimos obligados a resolver que la misma no fué debidamente planteada ante este tribunal; en otras palabras, de los hechos expuestos no podemos ver exactamente cómo las peticionarias fueron privadas de su propiedad sin el debido proceso de ley. Tal hecho quizá pudiera hallarse en los autos, mas la petición misma no nos convence ni pnede convencernos a ese respecto.

Empero, aún suponiendo que dicho reglamento fuera in-constitucional, las peticionarias no nos demuestran ni nos convencen de que la comisión en alguna otra forma no hu-biera podido otorgar una compensación que pudiera igua-lar o exceder a la suma concedida en este caso.

Debe anularse el auto expedido.


text:
    Blanco Fresno & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Royal Insurance Co., demandada y apelada; Porto Rican & American Insurance Co., interventora y apelante. Blanco Fresno & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Western Assurance Co., demandada; y Porto Rican & American Insurance Co., interventora y apelante.
    Nos. 6155 y 6156.
    Sometidos: Junio 23, 1933.

      Resueltos: Julio 24, 1934.

      J. Henri Brown, C. Buis Nazmño y G. E. González, abogados de las apelantes; A. García Bucos, abogado de las demandantes apeladas; José Saloater, abogado de la demandada apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Royal Insurance Co. y la Western Assurance Co. ex-pidieron pólizas de seguro contra incendio a favor de (Jar-cia Hnos. Después de un incendio en que fue destruida alguna propiedad de (Jarcia Hnos., Blanco Fresno & Cía. adquirió los derechos bajo las pólizas e inició pleito contra la Royal Insurance Co. y la Western Assurance Co. Los casos fueron vistos conjuntamente en la Corte de Distrito de Aguadilla y se dictó sentencia a favor de las demandadas, las respectivas compañías de seguro. Las sentencias in-cluían un pronunciamiento de costas.

Después de este pronunciamiento, las demandadas victo-riosas trataron de obtener y obtuvieron, respectivamente, un embargo contra Blanco Fresno. & Cía para asegurar las sentencias en favor de las ameritadas compañías. La Corte de Distrito de Aguadilla libró el embargo sin fianza. En gran parte el caso gira sobre el derecho, bajo las circuns-tancias, a obtener un embargo sin fianza. La propiedad de Blanco Fresco & Cía. fué realmente embargada para ase-gurar la efectividad de las sentencias. Para eximir de res-ponsabilidad los bienes embargados, Blanco Fresno & Cía. acudió a la corte y ofreció una fianza. Esta fué aceptada por la corte y en cada caso la fiadora fué la Porto Rican & American Insurance Co. Las .sentencias existentes a favor de las compañías de seguro fueron apeladas y confir-madas por la Corte Suprema de Puerto Rico. Entonces las demandadas, o sea, las ameritadas compañías de seguro, presentaron un memorándum de costas; la Royal Insurance Co. por la suma de $2,091.75 y la Western Assurance Co. por la suma de $2,011.75.

Entonces la apelante, Porto Rican & American Insurance Co., radicó una moción solicitando permiso para intervenir a fin de protegerse contra el pronunciamiento de costas. La Corte de Distrito de Aguadilla declaró sin lugar la mo-ción, pero permitió que la Porto Rican & American Insurance Co. fuera oída como amicus curiae. Esta última apeló en cada caso de la resolución declarando sin lugar la mo-ción para intervenir.

Asumiendo por el momento que la Corte de Distrito de Aguadilla estuviese equivocada al negarse a permitir la intervención y que también lo estuviera al resolver que la Porto Rican & American Insurance Co. estaba impedida de plantear cualquier cuestión respecto de la' suficiencia de la fianza, la verdadera cuestión de importancia a discutir en el presente caso es la suficiencia de dicba fianza.

■ Hasta el 13 de abril de 1916 las secciones 3 y 4 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias (Estatutos Revisados de 1911, pág. 884) leían como sigue:

“Sección 3. — Ningún aseguramiento de sentencia podrá decre-tarse sin la presentación de la correspondiente demanda, y de la so-licitud de aseguramiento, con expresión de sus fundamentos de becho y de derecho. La solicitud de aseguramiento podrá presentarse con la demanda o luego de interpuesta, en cualquier período del juicio, antes de sentencia firme.
“Sección 4.- — Si consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, el tribunal decretará el aseguramiento sin fianza. En cualquier otro caso, exigirá fianza para decretarlo. La fianza que al efecto se prestare, responderá de los daños y perjuicios que se causen al demandado por consecuencia del aseguramiento.”

Hasta entonces fné claro qne la única forma en qne po-día decretarse nn embargo sin prestación de fianza era cnando la obligación legal surgía de un documento autén-tico. Dejaremos a un lado por el momento si para aquella época una sentencia de una corte de distrito podía consi-derarse como tal documento auténtico.

Lo cierto es, sin embargo, que en 1916 (Leyes de ese año, pág. 79) la sección 3 de la “Ley para asegurar la efec-tividad de sentencias”, fué enmendada para que lea como sigue:

“Ningún aseguramiento de sentencia podrá decretarse sin la pre-sentación de la correspondiente demanda y de la solicitud de ase-guramiento. La solicitud de aseguramiento podrá presentarse con la demanda o luego de interpuesta, en cualquier período del juicio, antes o después de la sentencia. Si el aseguramiento se solicitare después de pronunciada sentencia no se exigirá fianza.”

La intención de la legislatura quedó así claramente con-signada al efecto de que después de sentencia podía obte-nerse un embargo sin fianza. La sección 4 debe entenderse en el sentido de que se refiere a casos distintos a aquellos en que se ña obtenido una sentencia.

Empero, creemos que una sentencia es un documento au-téntico dentro del significado de la sección. 4, supra. El he-cho de que la cuantía de la sentencia sea indeterminada -no puede afectar la exigibilidad de la fianza, toda vez que la fijación de la misma caía dentro de la discreción de la corte y no era una cuestión in pais. Esa fue la opinión de este tribunal en el caso de Carolina Fabelo v. Andrés Quintana Reyes et al., ante, pág. 71.

La Corte de Distrito de Aguadilla también resolvió que como mediante la prestación de la fianza la Porto Pican & American Insurance Co. babía logrado que la propiedad fuese exonerada de responsabilidad, ella estaba impedida de suscitar cualquier cuestión sobre la suficiencia del embargo sin fianza. Creemos que la corte tenía razón. Asumiendo que la fianza fuera insuficiente en el momento de su otorgamiento, la única persona con derecho a impug-nar la suficiencia del embargo era Blanco Fresno & Cía., demandante y parte perdidosa en el caso principal. En ningún momento dicha demandante atacó la suficiencia del embargo. La Porto Rican & American Insurance Co. én aquel momento era un verdadero extraño al litigio, y el mero hecho de que prestara fianza para eximir los bienes de responsabilidad no le dió el derecho a impugnar el embargo.

Nos inclinamos a creer que el embargo librado en este caso bajo cualesquiera condiciones no podía ser entera-mente nulo, sino meramente anulable, y anulable a instan-cias de Blanco Fresno & Cía. Por ende, cuando la Porto Rican & American Insurance Co. logró, mediante su fianza, que los bienes quedaran exentos de responsabilidad, la corte estuvo enteramente justificada al considerar a dicha ape-lante impedida por sus propios actos.

La fianza no debe interpretarse en el sentido de hacer la situación de los acreedores por sentencia peor de lo que lo era antes de prestarse la misma. Aún bajo este aspecto del caso el ataque que trataba de efectuar la supuesta in-terventora se hizo demasiado tarde.

Entramos ahora a considerar la cuestión relativa al derecho de la Porto Rican & American Insurance Co. a intervenir después de dictarse sentencia. El artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil por sus propios términos limita el derecho a intervenir a un período anterior al pronunciamiento de la sentencia. Nos inclinamos a creer que la corte inferior estuvo acertada al resolver que debía seguirse la letra de la ley. La corte decidió que las costas eran un mero incidente de la sentencia. La apelante insiste en que el procedimiento para obtener costas es similar a un juicio de por sí. Sin embargo, la corte indica que la apelante siempre podía tener su día en corte al iniciarse el pleito para recobrar de la fianza. Como existe la posibilidad de que el artículo 72 pueda ser interpretado tal cual la apelante sostiene, no cerraremos las puertas absolutamente a una intervención en algún caso futuro.

Empero, discrecionalmente, en vista de las cuestiones que hemos discutido, y quizá por otras, la corte inferior estaba enteramente acertada al negarse a permitir a la Porto Eican & American Insurance Company que interviniera.

Las resoluciones apeladas deloen ser confirmadas.