author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    El Pueblo, Ex rel. Rogelio Pérez, Querellante y Apelado, v. Manescau, Querellado y Apelante.
    No. 3454.

    Visto: Octubre 20, 1924.

      Resuelto: Octubre 29, 1924.

      -Quo Warranto — Quién puede Iniciar el Procedimiento. — -El Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancia de otra persona que sea mayor de edad, ciudadano de los Estados Unidos o do Puerto Rico, residente y contribuyente, podrá presentar a -la corte de distrito que tenga jurisdicción en el asunto, una petición de que se le admita una solicitud para que se abra una información de la naturaleza, del quo warranto.

    Id. — Jurisdicción.—Guando un funcionario público lia cometido o permitido a! guna acción que de acuerdo con las disposiciones de la ley envuelva la pév- - dida de su cargo, procede el quo warranto pediendo la corto investigar origi-nalmente los techos sin que tenga que esperar que se dicte sentencia decla-rando culpable al funcionario de la infracción cometida o permitida. En tal caso debe exigirse la prueba robusta que se necesita para una sentencia condenatoria en un proceso criminal.
    Id. — Puestos Públicos — Conducta de los Funcionarios Públioos. — La verda-dera esencia de un gobierno libre consiste en considerar los puestos públicos como un fideicomiso, encomendado para el bien del país y no para beneficio de determinado individuo o partido.
    Sentencia de B. Díaz Ontrón, J. (Ponce) declarando con lugar pe-tición de “quo warranto”, con costas.

      Confirmada.

      Martínez Nadal y Tormes & Colón, abogados del apelante; M. A. Muñoz, C. Llauger, J. A. Fernández, J. Tous Soto y J. B: Gelpí, abogados del apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un procedimiento de quo warranto. Se ini-ció de acuerdo con la ley a instancias de Rogelio Pérez Haro, mayor de edad, ciudadano de los Estados Unidos, elector, •contribuyente y residente del municipio de Ponce. El Pueblo v. Betancourt, 28 D.P.R. 854.

Su objeto fué obtener la declaración de la corte en el rsentido de que Miguel Manescau, miembro de la Asamblea Municipal de Ponce, desempeñaba sn puesto ilegalmente y debía por tanto ser separado del mismo. La causa de la ile-galidad consistía en haber Manescau arrendado una casa de su propiedad al municipio de cuya asamblea era miembro, traspasando dicha propiedad simuladamente a otra persona, a los efectos de poder realizar la transacción.

El querellado suscitó varias cuestiones previas y con-testó negando que hubiera celebrado el contrato que se le atribuía. Practicóse prueba y finalmente la corte dictó sen-tencia declarando que el querellado ocupaba su cargo ilegal-mente a virtud de los hechos alegados y probados, y orde-nando que fuera desposeído del mismo.

Apeló el querellado y en la transcripción que archivó en la Secretaría de esta Corte Suprema, no incluyó la prueba practicada. Aceptando la certeza de los hechos alegados, sostiene que no son suficientes para autorizar el procedi-miento ni basar la sentencia.

La ley estableciendo los procedimientos de quo warranto prescribe en su sección segunda (Comp. see. 1320) “que * * * cuando cualquier funcionario público haya cometido o permitido alguna acción que de acuerdo con las disposicio-nes de la ley envuelva la pérdida del cargo, * * * el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de dis-trito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancia de otra persona, podrá presentar a la corte de distrito que tenga jurisdicción en el asunto, una petición de que se le admita una solicitud de que se abra una información de la naturaleza del quo warranto * * * ” .

No hay duda alguna con respecto a lo ilegal de la actua-ción del querellado. La sección 12 de la Ley Municipal vi-gente (Leyes de 1919, p. 693) dice: “Ningún miembro de la Asamblea Municipal o del Concejo de Administración o empleado del Municipio podrá estar interesado directa o in-directamente en contratos celebrados con éste.” Una dis-posición similar contiene el artículo 202 del Código Político. Es así que Manescau celebró un contrato con el Municipio de cuya asamblea era miembro, luego actuó en contra de la ley.

Invocando el artículo 208 del Código Político, alega el querellante que el acto realizado en este caso por el quere-llado produjo como consecuencia necesaria la vacante del cargo.

El precepto invocado en lo pertinente dice:

“Queda vacante un cargo al ocurrir cualquiera de los siguien-tes casos, antes de vencerse el período de su duración: * * * (8) Ser sentenciado por delito grave (felony) o por cualquier de-lito que implique depravación moral, o infracción de sus deberes oficiales.”

Si el querellado Rubiera sido sentenciado por infracción de sus deberes oficiales y con la sentencia como base se hu-biera iniciado el procedimiento de quo warranto, no habría duda de ningún género, con respecto a la aplicación del pre-cepto invocado por el querellante;

En ausencia de una demostración cumplida en sentido contrario, nos inclinamos a resolver que la corte sentencia-dora tuvo jurisdicción para investigar dentro del procedi-miento de quo warranto, originalmente, el hecho imputado, sin esperar que se iniciara y terminara un proceso criminal, exigiendo, desde luego, la prueba robusta que se nece-sita para una sentencia condenatoria en un caso criminal, como debemos presumir que se exigió en este caso. Véase: State v. Donahue, 91 Neb. 311, y la nota a dicho caso en Ann. Cas. 1913 D 32 y siguientes, y State v. Rose, 86 Pac. 296, 6 L.R.A. (N.S.) 843.

Que la celebración de un contrato por un funcionario pú-blico expresamente prohibido por la ley y claramente con-trario a la política pública^ constituye una violación de un deber oficial capaz de producir la pérdida del cargo, nos parece evidente. No se trata de una violación inconsciente o de escasa importancia o trascendencia. Desde el momento que se acudió a uua simulación para eludir el mandato de la ley, quedó de manifiesto la intención deliberada de in-fringirla.

El artículo 86 del Código Penal dice:

“Todo funcionario que en contraYención a las leyes se interesare en contratos o efectuare compras o ventas en públicas subastas, o adquiriere certificados de acciones u otros valores fiduciarios, incu-rrirá en una multa máxima de mil dólares, o en pena de presidio por un término máximo de cinco años, qtoedando por siembre inha-bilitado para ejercer cargo público.” (Las itálicas son nuestras.)

'Y la jurisprudencia establece:

“Es también una regla bien sentada que un funcionario público no puede legalmente, a nombre del público que representa, contra-tar con sí mismo personalmente respecto a la prestación de servicios, y si él presta tales servicios y el contrato expreso de pago es nulo por razón de política pública, no se le permitirá recobrar el valor razonable {quantum meruit) de los mismos- Estos principios han sido aplicados a contratos liecbos por miembros de concejos munici-' pales con tales concejos, al efecto de que un miembro del concejo de un pueblo no puede legalmente verificar un contrato con el pueblo para su propio beneficio, cuando el contrato depende de autori-dad derivado de una votación de dicbo concejo. Tales contratos son nulos sobre la base de que es contrario a la política pública per-mitir á un miembro de una junta o concejo colocarse a sí mismo en una posición antagónica a su deber y obtener un contrato para sí mismo de un grupo del cual es él un miembro.” 22 R.C.L. 460.

Véanse los casos de El Pueblo v. Bosch, 6 D.P.R. 203, y El Pueblo v. Rivera, 25 D.P.R. 612.

Desde hace más de medio siglo John C. Callioun, se ex-presó así:

“La verdadera esencia de un gobierno libre consiste en conside-rar los puestos públicos como un fideicomiso, encomendado para el bien del país y no para beneficio de determinado individuo o par-tido.”

Las puertas de las cortes deben estar siempre abiertas para que cualquier ciudadano de arraigo pueda defender el bien del público obteniendo la- remoción de los funcionarios; qne bacen mal uso del tesoro qne el pueblo les confiara.

Procede la confirmación de la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, a instancia del Attorney General querellante y apelado, v. Oliveras, querellado y apelante.
    No. 3451.

    Visto: Octubre 20, 1924.

      Resuello: Octubre 29, 1924.
    Quo Warranto — Cargo Público Ilegalmente Ejercido. — Para pedir la destitu-ción de un alcalde cuyo cargo se alega que está ej erciendo ilegalmente,' el recurso adecuado no es el certiorari que autoriza, -la sección 65 de la Ley-Municipal, sino el quo warranto prescrito por la Ley de 3902. ]¡l Pueblo \y. Lopes, 29 D. P. R. 810.
    Id. — Attorney General — Interés de la Parte Demandante. — El Attorney General de Puerto Rico tiene capacidad para demandar en procedimiento de quo warranto la destitución de un alcalde que usurpa el cargo, aunque no tenga interés personal en tal cargo.
    Id. — Asambleas Municipales; Número de Miembros que la Dormán. — La Ley Núm. 11 de 1924 no ha variado el número de trece miembros de que se componen actualmente las asambleas municipales de primera clase. La re-ducción de trece miembros-a once que provee dieha ley se refiere a las asam-bleas que sean elegidas en las elecciones generales de 1924.
    Id. — Asambleas Municipales — Designación de Alcalde por la Asamblea.— Ratificando la doctrina del caso dd Gutiérrez v. Asamblea Municipal de Yauco, 33 D. P. R. 355, se resolvió en el presente caso: que la designación de alcalde acordada por -la asamblea de un municipio de primera clase con el voto de ocho miembros no alegándose que asistieron sus trece miembros a la sesión, no viola el precepto 'de la Ley Municipal que requiere el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los miembros que constituyen la asam-blea. Lo que requiere la Ley de 1924 para el nombramiento de alcalde son las dos terceras partes, por lo menos, de la asamblea constituida, esto es, del quorum que es necesario para constituirla.
    Id. — Id.—Dilución Política del Alcalde Designado bor la Asamblea. — La Ley No. 11 do 1924 no exige que la persona que haya de substituir al alcalde sea de su misma filiación política cuando el nombramiento -lo hace la asamblea municipal, requisito que sólo es necesario cuando el nombramiento se haga por el Gobernador. »
    Td. — Causa de Acción — Sesión Extraordinaria de la Asamblea — Convocatoria para Sesión Extraordinaria. — Aduce hechos suficientes en una demanda de quo warranto contra un alcalde, la alegación de que su nombramiento fué hecho en una sesión extraordinaria do la asamblea municipal sin que se ex-presara en la convocatoria que el nombramiento de alcalde sería asunto para ser tratado en dieha reunión.
    Id. — Alegaciones—Sentencia sobre las Alegaciones — Discreción Judicial.— En el presente caso de quo warranto el alcalde querellado no presentó una contestación como debió haber heeho sino que se limitó a formular exeep-eiones sin previo permiso, que fueron declaradas sin lugar en la misma sen-tencia sobre las alegaciones que obtuvo a su favor el querellante. Se resolvió: que toda vez que ía corte admitió tácitamente las excepciones que resolvió contra el querellado al dictar sentencia sobre las alegaciones, en bien de la justicia debe devolverse el caso autorizando al demandado para que conteste la querella.
    SENTENCIA de B. Díaz Ontrón, J.' (Ponce), dictada sobre las alega-ciones, declarando con lngar solicitud de quo warranto, sin cos-tas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Martínez Nadal, Torines é Colón, abogados del apelante; Miguel A. Muñoz, C. Llauger j J. A. Fernández, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El 26 de julio de 1924, previo permiso de la Corte de Distrito de Ponce, el Pueblo de Puerto Rico por iniciativa de su Procurador General presentó en dicho tribunal una querella jurada contra Blas Oliveras alegando en tres cau-sas de acción que desempeña ilegalmente el cargo público de alcalde de la ciudad de Ponce desde el día 9 de julio de 1924 porque fue nombrado por la Asamblea .Municipal de Ponce para ese puesto por votación de ocho de los trece miembros que constituyen esa asamblea, en violación de la ley de 1924, (p. 91) que requiere el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los miembros que constituyen dicha asamblea: porque el demandado no es de la misma fi-liación política del alcalde anterior, por lo que también viola ese nombramiento dicha ley; y porque el mismo fué hecho en sesión extraordinaria celebrada por la asamblea municipal el 9 de julio de 1924 sin que en la convocatoria para ella se hiciera constar que *el nombramiento de alcalde para la ciudad de Ponce sería asunto para ser tratado en esa reu-nión. Por esas alegaciones se pidió a la corte que expidiera un auto de quo warranto contra Blas Oliveras para que jus-tificase en virtud de qué autoridad está desempeñando el ex-presado cargo y que en definitiva se resolviese que el quere-llado está ocupando ilegalmente dicho cargo y que se le des-posea de él. Librado el auto solicitado y requerido el de-mandado para que dentro de diez días contestase la quere-lla no presentó contestación alguna, limitándose a solicitar por escrito que se anulara el auto expedido, que fuesen eli-minados ciertos particulares de la querella y formuló ex-cepciones previas contra la misma.

El día 22 de agosto de 1924 señalado para la vista del auto comparecieron las partes, y habiendo solicitado el Pro-curador General permiso para enmendar su querella le fue concedido con la condición de que la redactase de nuevo. Esas enmiendas consistieron en decir que el nombramiento del querellado se hizo para cubrir una supuesta vacante del cargo de alcalde y para agregar en la súplica que se • declarase que no existe vacante alguna en el cargo de al-calde. A la querella enmendada se hicieron las mismas ob-jeciones que a la original y se pidió además que la corte no conociera del asunto y que declarase nulas todas las actua-ciones. Por su parte el querellante solicitó de la corte que dictase sentencia por las alegaciones de la querella por no haberla contestado el demandado alegando su- título para el cargo.

La corte de distrito oyó los argumentos de las partes sobre todas estas cuestiones y después resolvió declarando sin lugar todas las alegaciones de derecho hechas por el querellado y con lugar la petición de sentencia contra el de-mandado por no haber contestado la querella, y en su con-secuencia declaró que Blas Oliveras estaba ocupando ilegal-mente el cargo de Alcalde de Ponce, que debía ser despo-seído de él y que no había existido vacante alguna que re-quiriese su nombramiento. Esa sentencia fue cumplida in-mediatamente y ha sido apelada para ante nosotros por el querellado.

Nos limitaremos a considerar las excepciones previas a la querella y la sentencia dictada por la falta de contesta-ción del demandado porque las otras cuestiones promovidas por el querellado no son de importancia.

Los motivos de la excepción previa son: primero, que* la corte de distrito no tiene jurisdicción para conocer de este procedimiento en la forma que lia sido iniciado por la materia de la acción; segundo, que existe un defecto de parte demandada; tercero, que ninguna de las tres causas de acción expuestas en la querella aduce lieclios suficientes para constituir causa de acción; cuarto, que el querellante no tiene capacidad legal para demandar en la forma que lo hace; y quinto, que la querella es ambigua, ininteligible y dudosa.

El fundamento del primer motivo de la excepción es que la corte no tiene jurisdicción para conocer de este procedi-miento de quo warranto porque no ha sido concedido por el artículo 65 de la Ley Municipal como recurso contra los actos legislativos o administrativos de las asambleas muni-cipales. Esta misma cuestión fué promovida rigiendo la actual Ley Municipal en el caso de El Pueblo v. López, 29 D.P.R. 810, en el que se trataba del nombramiento hecho por un concejo municipal para el cargo de comisionado de ser-vicio público, substituido ahora por el alcalde, a favor de cierta persona que se alegaba estar desempeñando ese puesto' ilegalmente por no tener las condiciones exigidas por la ley para desempeñarlo, y resolviéndolo dijimos:

“Entendemos que el recurso de quo warranto es el apropiado a los fines que persigue el querellante.
“La Ley Municipal No. 85, aprobada en 31 de julio de 1919, en su artículo 65, bajo el epígrafe ‘Recursos Judiciales,’ 'dice así: •
“ ‘Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada:
‘{a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o admi-nistrativo de la asamblea municipal o concejo de administración- o de los comisionados, que lesione derechos constitucionales de los que-rellantes o,sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari;
‘(b) Para suspender mediante injunction la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos-garantizados por la Constitución o las leyes insulares;
“'(c) Para compeler, mediante auto de mandamus al cumpli-miento de deberes ministeriales por los funcionarios municipales;
“ ' (d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales, por malicia, negligencia o ignorancia.’
“Como se ve la sección 65 en su apartado (a), prescribe el re-curso dcertiorari para anular o revisar cualquier acto legislativo o administrativo de la asamblea municipal o concejo de administra-ción o de los comisionados que lesionen derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Eico, estableciendo para otros casos en los apartados (&), (c) y (d) el mjnntion, el mandamus y el juicio ordinario. La elec-ción de un comisionado no es un acto legislativo ni administrativo en el sentido propio de la palabra y la simple lectura del apartado (a) muestra que no ha sido redactado en consideración a la elección de comisionados sino teniendo presente la realización de determina-dos actos lesivos de derechos constitucionales, de la Ley Orgánica o de las leyes de Puerto llieo. Se trata en el presente caso de si Pedro López debe cesar o nó en- el cargo de Comisionado de Servicio Pú-blico, Policía y Prisiones del pueblo de Dorado por estar incapaci-tado legalmente para su desempeño y a ese fin el remedio claro es el establecido por la Ley de Quo Warranto aprobada en primero de marzo de 1902 que no ha sido expresa ni tácitamente derogada por la Ley Municipal citada.’’

El argumento para el segundo motivo de excepción de que el cargo de alcalde es propiedad de la asamblea municipal y que por esto ella debe ser demandada, es tan insos-tenible que ni siquiera lo trata el apelante en su alegato, y no insistiremos en él.

También se alega como fundamento de la excepción pre-via que el querellante no tiene capacidad legal para deman-dar en la forma que lo lia hecho porque de ninguna de las tres causas de acción ejercitadas aparece que el Procura-dor General tenga interés alguno en el cargo de Alcalde de Ponce. Es verdad que el Procurador General no tiene inte-rés personal en el cargo de Alcalde de Ponce, pero a pesar de esto puede promover el procedimiento de quo warrcmto porque cuando se trata de desposeer a una persona del cargo que usurpa o que ilegalmente está desempeñando la ley ex-presamente le concede la facultad de establecer ese procédi-miento a nombre de El Pueblo de Puerto Rico.

Se alega asimismo que la querella es ambigua, ininteli-gible y dudosa porque mientras en algunas partes de ella se dice que el querellado fué nombrado para cubrir una su-puesta vacante de alcalde, en otra parte de la misma se con-signa que la renuncia del anterior alcalde fué la que motivó el nombramiento del demandado.

La querella enmendada no adolece de los defectos que se le imputan en este motivo de la excepción porque la mani-festación que se bace en el liecho cuarto de la segunda causa de acción respecto a que la renuncia del anterior alcalde motivó el nombramiento del querellado no es la expresión de que exista una renuncia efectiva y por tanto no contra-dice las expresiones Lechas en otras partes de la querella enmendada de que el nombramiento se hizo para cubrir una supuesta vacante.

Examinemos la excepción previa respecto a si alega o nó hechos suficientes en las tres causas de acción que ejer-cita.

Se alega en la primera causa de acción de la querella enmendada que el nombramiento del querellado para el cargo de alcalde es. ilegal porque no fue hecho y aprobado por el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los miembros que constituyen la Asamblea Municipal de Ponce, o sea, de sus trece miembros, pues en la sesión durante la cual se llevó a cabo el expresado nombramiento sólo dieron su voto a favor del mismo ocho de los miembros que consti-tuyen dicha asamblea.

Sostiene el querellado que la Asamblea Municipal de Ponce, que se componía antes de trece miembros, sólo tiene ahora once por virtud de la Ley núm. 11 de 25 de junio de 1924, (p. 77) que empezó a regir el primero de julio si-guiente y que por tanto ocho de sus votos son las dos terce-ras partes necesarias para aprobar el nombramiento, pero nosotros no concurrimos con esta apreciación del apelante porque la Ley núm. 11 no ha variado' el número de trece miembros que tienen las asambleas municipales de primera clase (como es la de Ponce) sino para las elecciones que ocurran después, toda vez que la sección 16 de dicha ley lo que dispone es que en las elecciones generales se elegirán once miembros para las asambleas de los municipios de pri-mera' clase, y después de la ley no se ban celebrado todavía las elecciones generales, aunque están muy próximas. Sin embargo, entendemos que es suficiente que ese nombramiento lo aprueben las dos terceras partes del quorum de la asam-blea municipal, según declaramos en el caso de Gutiérrez v. Asamblea Municipal de Yauco resuelto en junio 13, 1924 (pág. 355), al considerar el artículo 26 de la Ley núm. 60 de 1921, pág. 445 que exige el voto de las dos terceras par-tes de los miembros de la asamblea municipal para el nom-bramiento de comisionado de servicio público; y aunque el querellante alega qué esa decisión no está sostenida por las citas que en él se hacen, no solamente discrepamos de su apreciación sino que podemos decir que está también apo-yada por los casos siguientes: City of North Platte v. North Platte Water Works Co., (56 Neb. 403) 76 N.W. 909; State v. Board of Police Commrs., 113 La. 423 (77 So. 16); Southworth v. Palmyra, etc., 2 Mich. 287; Zeiler v. Central R. Co., (84 Md. 304, 35 A. 932) 43 L.R.A. 470; Swindell v. State, 143 Ind. 170, (42 N.E. 528, 35 L.R.A. 50); Commissioner v. Trust Co., 118 N.C. 784; State of Montana v. Young (Mont.) 37 L.R.A. 205; State v. Skeegs, (154 Ala. 249 ) 46 So. 270.

El Fiscal General trató de distinguir los casos citados en nuestra referida opinión de dos modos. Primero, llamando la- atención a una supuesta contradicción en la cita de Ruling Oase Law contenida en la expresada opinión. Sin embargo, la sección 190 del tomo 19 de Ruling Case Law, pág. 890, meramente trata de indicar que se ha resuelto que. cuando las dos terceras partes.de los “miembros” es necesaria para actuar, esto quiere decir las dos terceras partes de todos los miembros. Hemos examinado el punto y .encontramos solamente un caso en el que aparentemente así se resuelve y ese es uno de Oklahoma, donde se cita el de Redmond v. Incorporated Town of Sulphur, (32 Old. 201) 120 Pac. 262. Allí esa corte dice que no se le citaron casos y encontramos que no se hace ningún análisis o distinción del volumen de jurisprudencia en sentido contrario. Hasta que no se examine la razón e historia de la regla, cualquier persona tal vez podría suponer que las dos terceras partes de los miem-bros significa las dos terceras partes de todos los miembros. Cuando la legislatura dice que la “mayoría de los miem-bros constituirá quorum,” para esta gestión inicial no hay base que pueda servir para un cálculo como no sea tomar todos los miembros. Después que un “quorum”, sin embargo, se ha definido como el número necesario de miembros para actuar, la palabra “quorum” viene a ser equivalente a la palabra “cámara” ó los “miembros,” y. las dos terce-ras partes de un quorum, o de aquellos realmente presen-tes es todo lo necesario. La cita de Puling Case Law de un caso de Minnesota no sostiene en absoluto la idea contraria. Allí la constitución requería que para aprobar.un proyecto de ley era necesaria una mayoría de todos los miembros. .Por tanto, al requerir la legislatura las dos terceras par-tes para tomar acción, eran necesarias por inferencia inevitable las dos terceras partes de todo el número. El otro caso —Newbold v. City of Stuttgard (145 Ark. 544), 224 S. W. 993—citado por el Fiscal General, se pronuncia en el mismo sentido.

La otra pretendida distinción es que los citados casos se referían a las dos terceras partes de la “cámara” y no a'las dos terceras partes de los “miembros.” Una lectura del caso United States v. Ballin, 144 U.S. 1, (12 Sup. Ct. 507, 36 L. ed. 321), citado en el de Gutiérrez Vélez, mues-tra el error de esta supuesta distinción. El juez Brewer, con citas de autoridades, demostró que mucho tiempo antes de invocarse la regla por cuerpos legislativos más altos har "bía sido aplicada a los cuerpos municipales y otras corpo-raciones; que la regla Había sido siempre para tales asam-bleas constituyentes que un quorum era necesario para ac-tuar. De modo que los casos posteriores, algunos de los -cuales citamos anteriormente, .y en los que se cita el caso de Baffin, aplicaron la regla a cuerpos legislativos superio-res donde la palabra “cámara” se empleó para cubrir dis-posiciones que requerían las dos terceras partes de dicha cámara.” En otras palabras, resultó que la regla que el juez Brewer demostró "ser cierta para cualquier mayoría de una ¡asamblea constituyente, era igualmente cierta para las dos terceras partes de tal asamblea. La regia ha sido re-sumida en el tomo 152 de Pac. ítep., pág. 781 (State v. Missouri Pac. Ry. Co. 96 Kan. 609), en esta forma:

“Cuando un voto de % partes (n otra proporción) de un cuerpo legislativo- se prescribe como necesario para cualquier fin, se entiende que son las % partes de aquellos que están presentes y constituyen quorum, a menos que se empleen términos especiales que indiquen claramente una intención diferente. Cooley's Const. Limit (7th Ed..) 201, nota 2; Cotton Mills v. Commissioners, 108 N.C. 678, 13 S.E. 271; Green v. Weller et al., 32 Miss. 650; Warnock v. Lafayette, 4 La. Ann. 419. Esta es la interpretación legislativa que se ha dado al precepto de la Constitución Federal de que un proyecto se convertirá en ley, no obstante el veto del Presidente, si lo aprueba las % partes de cada cámara. TJ.S. Const., art. 1, sección 9. Véase el caso United States v. Alice Weil et al., 29 Ct. Cl. (U.S.) 523, 539.”

La razón de la regla es que para que haya un cuerpo que actúe y lleve a cabo los asuntos públicos, todo lo necesario es que haya quorum. Si la legislatura desea establecer una regla diferente, debe hacerlo expresamente.

Es cierto que después de esa decisión nuestra legislatura por su ley núm. 11 de 1924 creó el cargo de alcalde y disr puso en su sección 29 que en caso de vacante de él la asam-blea municipal nombrará un sustituto mediante el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los miembros quq constituyen dicha asamblea, palabras que no difieren de la ley anterior sino en que emplea el verbo “constituir” que es aplicable también a las asambleas constituidas con Ios-miembros necesarios para que baya quorum y puedan deli-berar y resolver, o sea, la mayoría de todos sus miembros,, según el artículo 18 de la Ley Municipal, como quedó en-mendado en 1920, pág. 59. Si la legislatura quiso que esas-dos terceras partes fueran de todos los miembros de la asamblea municipal debió decirlo con palabras más claras, como las que usa en otras secciones de la misma ley, tales como la 27 en la que dice: “En caso de desaprobación, la asamblea considerará- las objeciones, y si dos terceras par-tes, por lo menos, del número total de miembros de la asam-.blea votaren * * * ”: la 28 en la que tratándose de la .consolidación de cargos se expresa así: “siempre que así se acordare por una mayoría de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la asamblea”: siendo muy significativa en este punto la sección 61, pues mientras en su primera parte dice que cualquier ordenanza para auto-rizar venta, permuta, etc. “tendrá que ser aprobada por no-menos de las dos terceras partes de los miembros de la asamblea municipal,” contiene un disponiéndose que dicer “nada de lo contenido en este artículo se interpretará en el sentido de impedir que la asamblea municipal, por los vo-tos de dos terceras partes, por lo menos, de todos sus miem-bros, ceda etc.”

Por consiguiente, lo que requiere la Ley de 1924 para el nombramiento de alcalde son las dos terceras partes, por ló-menos, de la asamblea constituida, esto es, del quorum que es necesario para constituirla.

En vista de lo expuesto, habiendo recibido el nombra-miento del querellado ocho votos para su aprobación y no-alegándose en la querella que sus trece miembros estuvie-ran presentes, único caso en que se hubieran necesitado más de ocho votos para la aprobación, tenemos que llegar a la conclusión de que siendo el quorum de la asamblea municipal el de siete asambleístas, el nombramiento del querellado' recibió el voto de más de las dos terceras partes de la asam-blea constituida, y por tanto que la primera causa de acción no aduce hechos suficientes para la nulidad alegada en ella.

Veamos la segunda causa de acción. Se expone en día substancialmente que el nombramiento para cubrir la va-cante debió recaer en persona de la misma filiación polí-tica de la que desempeñaba el cargo anteriormente y que el anterior miembro don Francisco Parra Capó pertenecía al Partido Republicano Portorriqueño mientras que Blas Oliveras pertenece al Partido Socialista.

Así se exigía antes de ser aprobada la Ley núm. 11 de 1924, pero ésta dispuso en su artículo 29 que en caso de va-cante del cargo de alcalde, la asamblea municipal nombrará un substituto por el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los miembros que constituyen dicha asamblea, y cuando no fuere' posible obtenerse esta votación por cual-quier causa, entonces dicho substituto será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, debiendo recaer el nombra-miento en una persona de la misma filiación política de la que causare la vacante, a propuesta del organismo director del partido que eligió al alcalde cuya vacante haya de cu-brirse. En esta ley no se exige que la persona que haya de substituir al alcalde sea de su misma filiación política cuando el nombramiento lo hace la asamblea municipal, re-quisito que sólo es necesario cuando el nombramiento se haga por el Gobernador, siendo quizá la razón de esta dife-rencia que desde las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre próximo se declararán electos en cada muni-cipio los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la elección, pudieñdo cada elector votar el nú-mero total de los miembros que figuren en el ticket electoral, por lo que probablemente todos pertenecerán en cada municipio a un solo partido político, mientras que según la Ley de 1919 (p. 685) sólo podía votar cada elector una parte de los asambleístas, lo que necesariamente dejaba sitio para las minorías. Así, pues, el hecho de que la Asamblea Municipal de Ponce nombrara para substituir al Sr. Parra Capó a persona que no es de su misma filiación política no hace ilegal por ese motivo el nombramiento a favor del querellado.

Réstanos considerar la última causa de acción fundada en que el nombramiento del querellado fué hecho en una se-sión extraordinaria de la Asamblea Municipal de Ponce sin que se expresara en su convocatoria que el nombra-miento de alcalde de la ciudad de Ponce sería asunto para ser tratado en dicha reunión.

El artículo 17 de la Ley núm. 11 de 1924 a que venimos refiriéndonos es terminante en este particular pues dispone que en las sesiones extraordinarias de las asambleas muni-cipales sólo se tratarán los asuntos incluidos en la convoca-toria, y que el nombramiento de alcalde es un asunto y de gran importancia, para la propia asamblea y para el electo-rado en general, parece evidente. Siendo esto así y sin prejuzgar las cuestiones que puedan suscitarse por la con-testación del querellado, es necesario resolver ahora que la querella aduce hechos suficientes en su tercera causa de ac-ción y por tanto que, en cuanto a dicha tercera causa de acción la excepción del querellado fué debidamente deses-timada.

El comentarista McGruillin en su obra sobre corporacio-nes municipales, vol. VII, pág. 6818, suplemento de 1921, dice sobre este particular lo siguiente: “El requisito de que la convocatoria debe expresar el objeto a propósito de la reunión debe ser observado substancialmente. Omitiendo detalles, la convocatoria debe manifestar su objeto con cer-teza y precisión. Una convocatoria que meramente expresa que el objeto de la reunión es ‘considerar ordenanzas’ es demasiado indeterminado. El propósito de la ley es que la convocatoria sea suficientemente específica y cierta para dar conocimiento del carácter de los asuntos que serán re-sueltos para, que sus miembros, y por ellos el público, pue-dan generalmente tener algún conocimiento de lo que se in-tenta hacer, ya sea legislativo o de otra clase, y alguna opor-tunidad para pensar en ello.” Whitney v. New Haven, 58 Conn. 45, 20 Atl. 666; Mills v. City of San Antonio (Tex. Civ. 1901) 658 S. W. 1121; Richardson v. City of Omaha, (74 Neb. 297) 104 N. W. 172; Gale v. City of Moscow, 15 Ida. 332, 97 P. 828; Contracting Co. v. Kleiderer, 146 Ky. 442, 142 S. W. 720; Reunter v. Contracting Co. 143 Ky. 557, 136 S. W. 1028; State v. Oconto Electric Co., 165 Wis. 467, 161 N. W. 789; St. Louis v. Withaus, 16 Mo. A. 247, 3 S. W. 395.

Examinemos ahora la cuestión de la sentencia por las alegaciones.

Ordena la sección 4* de la ley estableciendo el procedi-miento de quo ivarranto (Comp. see. 1322) que todo deman-dado que haya sido citado o a quien se le haya notificado por medio de entrega de una copia de la información en la forma determinada por' la ley tendrá obligación de contes-tar (to plead) a los cargos que aquélla contenga, en el día señalado para la devolución de la citación diligenciada o cuando. se le notifique con la entrega de una copia de la denuncia al vencimiento del plazo que la corte le conceda, y si así no lo hiciere la corte podrá dictar sentencia en re-beldía (nihil dixit). En la sección quinta se dice “la corte en la cual se haga cualquier solicitud en la forma ya men-cionada, podrá conceder al demandante o a cualquier de-mandado, el plazo que dicha corte juzgue razonable y justo para la defensa, contestación u objeciones de cualquiera de las partes.

Según esos artículos lo que tiene que hacer un deman-dado en un procedimiento de quo warranto es contestar la querella, aunque puede serle concedido un plazo para for-mular cualquier- defensa, contestación u objeciones que la corte juzgue razonable.

En este caso el demandado no presentó una contestación como debió haber hecho estableciendo los hechos que de-mostrasen la legalidad de su nombramiento, sino que se li-mito a formular varias excepciones de derecho sin obtener permiso de la corte para promoverlas, pero como la corte-tácitamente las admitió desde el momento en que permitió' qne fueran disentidas y las resolvió, aunque en contra del querellado, nos parece que la justicia requiere que se dé-una oportunidad al demandado para que conteste la quere-lla, aunque no ha pedido permiso para tal alegación, pues en verdad no tuvo tiempo entonces para formularla, toda vez que en una sola decisión fueron resueltas las cuestio-nes de derecho que promovió y también fue dictada la sen-tencia en su contra por falta de contestación.

No. 3451.

Octubre 30, 1924.

Como el asunto vuelve a la corte de distrito, es conve-niente que digamos algo con respecto a cierto pronuncia-miento de la sentencia apelada. No se limitó la corte de-distrito a dictar sentencia declarando la querella con lugar y en consecuencia que el querellado ocupaba ilegalmente el cargo de alcalde y que debía ser desposeído de él sino que decidió también que no existía vacante del alcalde anterior. Tal cuestión no fué debidamente sometida a la corte por la alegaciones de la querella, a menos que pudieran tomarse-corno tales las palabras “supuesta vacante,” cosa imposi-ble dentro de nuestro sistema de alegaciones.

Si el querellante cree que debe y puede someter tal asunto a la decisión del tribunal de distrito puede éste per-mitirle que enmiende la querella para alegar los hechos de-mostrativos de la no existencia de la vacante, de los cuales surja como consecuencia necesaria la ilegalidad del nombra-miento del querellado, porque la asamblea municipal sólo puede hacer el nombramiento de alcalde en caso de vacante.

Por virtud de todo lo expuesto-la .sentencia apelada debe ser revocada y el caso devibelto a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión_

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN

Examinada la moción de reconsideración presentada por el Fiscal General, entendiendo la corte que su facultad para revocar una sentencia dictada bajo las circunstancias de la que fué pronunciada en este caso, es completa, y entendiendo además que los fines de la justicia exigían que se diera al querellado, aun cuando no lo solicitara expresamente, una oportunidad para defenderse, no ha lugar a la reconsidera-ción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Cupril Peticionario y Apelante, v. Pabra et al., Demandados y Apelados.
    No. 3445.

    Visto: Octubre 20, 1924.

      Resuelto: Octubre 29, 1924.

      Injunction — Quo Warranto — Injunction para Impedir la Separación de Funcio-narios. — El dereeho a un cargo no puede juzgarse mediante una acción en equidad o injunction. ITn funcionario no puede sostener una demanda en equidad para impedir su separación del cargo y el nombramiento de su sucesor. Si su sucesor lia sido nombrado, su remedio es el quo warranto; si el cargo está vacante, su remedio es el mandamus para obligar su resti-tución. Y así el injunction no procederá para impedir que un funcionario público que está en posesión de facto, no ejercite los deberes de su cargo, por el fundamento de que no es legalmente el propietario de dicho cargo. El dereeho de una persona que reclama un cargo- so color de la ley, y lo desempeña de facto, no puedo ser atacado colateralmente; debe ser atacado por el procedimiento directo de quo warranto.

    Sentencia de B. Díaz Cintrón, J. (Ponee), denegando el auto de injunction solicitado, sin costas.

      Confirmada.

      L. Tarmes, abogado del apelante; F. Parra y J. B. Gelpí, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Alegando el peticionario estar ejerciendo el cargo de .auditor del municipio de Ponce por baber sido nombrado legalmente para dicho cargo, presentó una petición de injunction solicitando que la corte inferior dictara nn auto de injunction perpetuo dirigido a los demandados, Francisco Parra Capó, y Eugenio Lecompte, para que se abs-tengan de estorbar al peticionario en sus funciones como tal auditor municipal.

La petición niega el carácter de alcalde de Francisco Pa-rra Capó del municipio de Ponce, y que éste, sin autoridad de ley trata de entorpecer en su cargo al peticionario, pro-poniendo nombrar en su puesto al segundo de los. deman-dados, quien además se propone desempeñar sus funciones.

La corte inferior denegó de plano la petición de injunction y fundó su sentencia en haber antes resuelto el caso núm. 12,813 sobre quo warranto■ contra Blas Oliveras decla-rando que nunca existió vacante alguna en el cargo de al-calde del municipio de Ponce y sosteniendo en dicho caso la autoridad legal de F.rancisco Parra Capó como alcalde de dicho municipio. Aún cuando estamos conformes con la conclusión a que llegó la corte inferior negando el injunction, el fundamento de la resolución es enteramente erróneo. La razón esencial debe ser que el injunction no es el reme-dio adecuado para ejercer su acción el peticionario. En el caso de Nieves v. Foote, 30 D.P.R. 817, se estableció el prin-cipio de que el injunction, como remedio de equidad, no es el apropiado para ser ejercido contra el funcionario o cuerpo que pueda destituir e impedir la destitución de un empleado público, ni contra la persona nombrada en lugar del oficial destituido para restringirle en el ejercicio de los deberes de su cargo. La razón de este principio parece que des--cansa en la teoría de que un cargo público no es un dere-cho de propiedad que la equidad pueda mantener o hacer respetar. Esto no impide, sin embargo, que como el cargo deriva emolumentos, el oficial destituido ilegalmente tenga su acción en ley para el cobro de los mismos.

Además, la petición de injunction envuelve una conten-ción respecto al título de alcalde del demandado Francisco Parra Capó, del municipio de Ponce. No importa cuál sea el color de su autoridad como tal alcalde, pues de todos modos esta cuestión no podía ser determinada mediante el .remedio de injunction.

“El derecho a un cargo no puede juzgarse mediante uña acción en equidad o injunction. Un funcionario no puede sostener una de-manda en equidad para impedir su separación del cargo y el nombra-miento de su sucesor. Si su sucesor ha sido nombrado, su remedio es el quo warranto; si el cargo está vacante, su remedio es el mandamus para obligar su restitución. Y así el injunction no procederá para impedir que un funcionario público que está en posesión de facto, no ejercite los deberes de su cargo, por el fundamento de que no es legalmente el propietario de dicho cargo. El derecho de una persona que reclama un cargo so color de la ley, y lo desempeña de facto, no puede ser atacado colateralmente; debe ser atacado por el procedimiento directo de quo warranto.” 22 R.C.L. pág. 681.

Se ha declarado asimismo de que la limitación en cnanto a que esta clase de controversias sean resueltas en accio-nes de ley, con exclusión de los remedios de equidad, no implica la negación de los principios constitucionales del debido procedimiento de ley o la igual protección de las leyes. 14 R.C.L. 374.

Por lo expuesto, la sentencia inferior debe confirmarse.


author: El Juez Asociado Señob Wole, El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    King, Demandante y Apelante, v. Fernández et al., Demandados y Apelados.
    No. 3227.

    Visto: Marzo 13, 1924.

      Resuelto: Noviembre 6, 1924.
    Accesión — Edificación en Suelo Ajeno — Elección del Dueño del Terreno.— En Jos casos comprendidos en el artículo 370 del Código Civil el dueño del terreno está obligado a elegir entre adquirir la obra y vender el terreno; y en el primer caso deberá pagar el importe de los gastos necesarios y útiles al poseedor de la obra, aún cuando éste no la construyera, suponiendo que sus causantes la hicieran. Hasta tanto tal elección se haga dicho poseedor-no está obligado a actuar ni, por consiguiente, a desalojar la finca; por lo que, faltando tal elección, su posesión no adquiere el carácter de mala fe por el hecho de haberse presentado una acción reivindicatoría.
    Resuelto en reconsideración: Febrero 17, 3925.
    Accesión — Edificación en Suelo Ajeno — Elección del Dueño del Terreno — ■ Elección Categórica. — La elección que debe hacer el dueño del terreno en los casos del artículo 370 del Código Civil debe ser categórica e incondicional para que pueda obligar al poseedor de la obra.
    Resolución de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando sin lugar petición presentada para regular la situa-ción legal de una casa fabricada en suelo ajeno.

      Confirmada.

      H. G. Molina, abogado del apelante; M. M. Ginorio, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En mayo 31, 1922, en el pleito principal seguido entre las mismas partes, esta corte revocó la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan. Nuestra sentencia reivindicaba lá propiedad al demandante pero declaraba no liaber lugar al pago de daños y perjuicios. La referida sen-tencia contenía un pronunciamiento de que la cuestión de daños Labia de regularse por el artículo 370 del Código Civil.

Habiendo presentado el demandante victorioso una mo-ción de reconsideración para obtener una declaración sobre pago 'de daños y perjuicios, esta corte emitió una opinión y ■dictó resolución desestimando la moción. En esta opinión declaramos como lieclio que la mala fe de los demandados no fué demostrada y que la casa en cuestión fué comprada a una persona que en el registro aparecía como dueña. La cuestión de mala fe, por tanto, quedó completamente re-suelta a favor de los demandados, convertida en la ley del ■(-aso y en tanto cualesquiera reclamaciones del demandante puedan ahora fundarse en la alegada .mala fe, deben ser ig-noradas. El demandante había sido oído en corte sobre ese hecho y aun suponiendo que esta corte cometió error, existe un completo impedimento por razón de nuestra sentencia.

Nuestra sentencia disponía que las partes arreglaran sus diferencias de acuerdo con el artículo 370 del Código Civil. Ese artículo dispone lo siguiente:

“Art. 370. — El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá, derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los artículos 455 y 456 del Capítulo III, Título Y, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta co-rrespondiente. ’ ’

Al ser devuelto el caso, el demandante solicitó y obtuvo una orden contra los demandados para mostrar causa por qué no debían en substancia, primero, al prestar la fianza el demandante, desocupar inmediatamente la casa y solar para que el demandante pudiera proceder a derribar la casa y terminar la construcción de las calles; segundo, por qué no debía de resolverse que la construcción de dicba casa no aumentaba en nada el valor de la propiedad, sino al con-trario, era un detrimento para el demandante; tercero, por qué la compensación a la cual pudieran tener derecho los demandados no debía limitarse a las reparaciones que ha-bían de hacerse en la casa y no al valor total de la casa; cuarto, por qué la compensación a la cual las partes ten-drían derecho mancomunadamente, no debía determinarse una contra la otra; y quinto, por qué las costas de este procedimiento no deben ser impuestas a los demandados.

La corte consideró la petición, expidió una orden para mostrar causa y después de una contestación y vista declaró sin lugar la moción.

En su primer señalamiento de error el demandante men-ciona el hecho de que el artículo 370 no estaba en issue en el caso. Es enteramente cierto que los demandados no le-vantaron tal cuestión, pero ellos habían ganado su caso en la corte inferior y nosotros revocamos la sentencia a su favor, de modo que la cuestión de beneficios o daños no era de la incumbencia inmediata de los demandados. Sin embargo, el demandante y apelante admité que hubo una re-clamación de daños y perjuicios en la demanda original y no tenemos ninguna duda, por tanto, de que en la revoca-ción esta corte podía hacer lo que pudo haber hecho la corte inferior, o sea, considerar los derechos de los demandados e invocar el art. 370, supra. El subsiguiente desarrollo de esta opinión creemos que demostrará que tanto la corte inferior como esta corte estaban obligadas a tomar conoci-miento del artículo 370 una vez que se llamó la atención ¡del mismo a una u otra corte.

La cuestión principal levantada en apelación es si los demandados tienen derecho a recobrar el valor de la casa erigida en la propiedad. El apelante alega qne la corte de-claró sin lugar su moción sin emitir una opinión. La con-testación de los demandados, en cambio, alegaba claramente que el demandante no ha hecho su elección de si pagará por la casa, u obligará a los demandados a comprar la propie-dad. Del texto del artículo 370 y de los varios comentarios de Manresa es evidente que tal elección debe hacerse. Por ejemplo, Manresa en el tomo 3, pág. 208, de sus Comenta-rios al Código' Civil dice así:

“Y como era preciso dar la elección a uno de los dos se concede' ál dueño del terreno en consideración a ser más antiguo su derecho' y más preferente también por el principio de la accesión.-”

Este extracto de Manresa ha sido tomado de los comen-tarios que indican que ha habido considerable duda o per-plejidad en cuanto a la forma de redactar el antiguo ar-tículo de donde procede el 370 de nuestro actual Código' Civil..

El demandante, en vez de hacer la elección de compen-sar a los demandados por la casa, ha tratado de demostrar que él no debe pagar nada por la referida casa, toda vez que los demandados no la construyeron, porque sus causan-tes — uno de los cuales construyó la casa — no era poseedor-de buena fe,-y porque la casa no tiene ningún valor para el demandante. Si está equivocado el demandante, corno-creemos que lo está al hacer estas defensas, no habiendo-hecho la elección de pagar a los demandados por el valor de la casa, la corte inferior no estaba obligada a considerar-las reclamaciones relativas de daños y perjuicios o las con-trarreclamaciones del demandante.

Los demandados no construyeron la casa sino que fué uno de sus causantes quien la hizo. No hemos podido en-contrar ningún caso que envuelva los derechos de un com-prador aparente de una casa y finca, donde ésta no pertene-cía al vendedor, pero sí la casa. Generalmente de acuerdo-con nn principio sobre accesión, el snelo y todo lo qne en él está pertenece al dueño, pero la ley civil y el Código Civil ña ñecño una excepción en favor de la casa construida de buena fe por un dueño, como lo asevera el artículo 370, Ese artículo igual, si no tácitamente, reconoce el derecho del verdadero dueño y también de un comprador de buena fe. El derecho a las mejoras es inherente a la persona" que construye de buena fe y este derecho puede él traspasarlo. El traspaso de toda la propiedad, traspasaba todos los de-rechos al vendedor. Sostener otra cosa sería dar al verda-dero dueño algo por nada. El mero accidente de que el hombre que construyó la casa ha pasado el título de domi-nio a otra persona, no debe conferir al verdadero dueño ningún derecho que de otro modo no hubiera poseído. Nos sentimos obligados a declarar que un comprador de buena fe sustituye a su vendedor el dueño aparente, y puede re-clamar el valor de la casa del verdadero dueño cuando el segundo se presente a reclamar la finca. También puede dudarse si la misma cuestión no fué implícitamente resuelta por la sentencia de esta corte. Estábamos considerando los derechos de los demandados a la casa y agrupamos todas las personas que habían poseído la referida casa.

De acuerdo con nuestra idea de que el demandante nn ha hecho la elección de pagar el valor de la casa, podemos-decir que ni siquiera ha elegido pagar las mejoras hechas por los actuales demandados. El pidió a la corte que pre-via prestación de fianza ordenara a los demandados abando-nar la finca inmediatamente.

No podemos interpretar la decisión de esta corte como lo hace el demandante. Declaramos, en tanto teníamos de-recho a ello — y creemos que hemos demostrado que el dere-cho existía que la persona que construyó la casa la edificó-de buena fe. Dijimos:

“Nada hay en los autos que demuestra la mala fe actual de Qui-ñones, ni de la Aragunde, ni de los demandados. Aparentemente ellos actuaron de buena fe y sufrirán por la decisión de este pleito todos o alguno o algunos de ellos verdaderos perjuicios.
“Siendo esto así, creemos que la verdadera justicia en este caso consiste en resolver que la tierra ocupada por los demandados per-tenece al demandante y ordenar su entrega y nada más.
“Hay por último, algo que no puede pasar desapercibido a esta corte, y es la casa levantada en el solar ocupado por los demandados. Dicha casa no fué construida por Catlin. Lo fué por quien de buena fe creía que era dueño de la tierra sobre la cual edificaba. Siendo ello así el caso debe regularse por lo prescrito en el Art. 370 del Código Civil.”

No vemos cómo estas palabras puedan significar otra cosa que no sea que todos los poseedores de la casa eran dueños de buena fe. Pasando entonces a la alegación del demandante de que la casa no tiene ningún valor para él, a nosotros nos parece muy claro que la conveniencia del de-mandante no puede convertirse en una regia de ley. Es únicamente un accidente que el demandante desee urbanizar la finca en cuestión y que se alegue que la casa es un obs-táculo. Generalmente la regla es como ba sido formulada por el artículo 370; que la casa tiene un valor y es el valor para su poseedor de acuerdo con la norma general de da-ños y perjuicios, o sea, el valor en el mercado. El artículo 370 tiene en cuenta una indemnización a la persona con de-recho a la casa. Es su condición lo que la ley está conside-rando y no la condición peculiar del dueño del terreno. Ad ea quae frequentius accidunt jura adptanUir.

El demandante y apelante se queja fuertemente de su privación de la posesión de la finca. Oreemos que' esta falta dé posesión es enteramente su misma falta. Esta corte ter-minantemente resolvió que el art. 370 era aplicable e indi-caba con bastante insistencia, segrín entendemos, que los demandados tenían derecho a ser indemnizados por la casa con tal que el demandante se resolviera a tomar la finca. El demandante no hizo ninguna elección y lo único que hizo fué indicar que tal vez pagaría a los demandados el valor de las mejoras en alguna ocasión, pero por ahora solicitaba de la corte qne aceptara la fianza. La contención del de-mandante de qne el demandado no era la persona qne real-mente constrnyó la casa, fné demasiado restrictiva y no la actitnd equitativa qne tiene en cuenta el artículo 370.

El demandánte también arguye en uno de sus señala-mientos de error que la posesión de los demandados era de mala fe — desde la interposición de la demanda. La contes-tación de los demandados alega que no estaban ellos obliga-dos a entregar la finca basta que el demandante eligiera asumir su posición de acuerdo con el artículo 370, y nos in-’ dinamos a creer que esta actitud de los demandados es una que está justificada por la ley. En otras palabras, tenemos la idea de que una persona que está en posesión de una pro-piedad en la cual lia construido una casa de buena fe, no está obligada a mudarse de ella basta que el verdadero dueño baga la elección requerida por el artículo 370.

Ni vemos tampoco, como sostiene el demandante y ape-lante, que los arts. 455 y 456 en manera alguna tienen por objeto beneficiar al dueño, sino que en todo su contenido es-tos artículos, en relación con el 370, están considerando el pago a las personas que ban erigido la casa o becbo otras mejoras, los reembolsos de los gastos en que han tenido ne-cesidad de incurrir.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Resolución de Febrero 17, 1925.

El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Es cierto que el demandante basta al fecha de la radica-ción de la petición no había becbo ninguna elección. El de-mandante, por supuesto, estaba interesado en recobrar el título a su propiedad y por tanto no notificó originalmente en ningún momento a los demandados de alguna elección. Sostenemos como sugerimos o resolvimos en nuestra opi-nión principal, qué basta tanto fuera hecha tal elección los demandados no estaban obligados a entregar la propiedad. No encontramos nada en los comentaristas qne nos convenza ■de qne nna persona qne está en posesión de nna casa, cnando es aplicable el artícnlo 370, esté obligada mientras no se haga nna compensación n ofrecimiento en _ tal sentido, a trasladarse de la propiedad. No vemos qne los demandados fueran culpables en manera alguna basta qne se hiciera la elección.

Ahora pide el apelante qne esta corte resuelva en -defi-nitiva el caso y sostiene qne el párrafo 8, etc., de la petición alega nna elección y qne la corte inferior debió haber re-suelto el derecho de las partes de conformidad con el artícnlo 370. En la petición se describía la finca, exponía qne este tribunal había resuelto la acción reivindicatoría en favor del demandante y qne la inscripción en el registro era nula y el caso había de regularse de acuerdo con el artícnlo 370 del Código Civil. Entonces, después de citar los artículos 370, 455 y 456 del Código Civil, el peticionario alegó qne los demandados no habían construido la casa. La petición pasa entonces a decir lo siguiente:

"4. * * * Además adquirieron la propiedad con mala fe. por-que no ignoraron el vicio en su título o modo de adquirir, pero, de todos modos, dicha casa no 'era un gasto necesario, sino, en todo caso, un gasto útil y, por tanto, el demandante tiene la opción de abonar a los demandados el aumento que por la construcción de dicha casa haya adquirido la propiedad del demandante; y alega el demandante que su propiedad no ha sido aumentada en nada como consecuencia de la construcción de dicha casa.
“5. Que el descrito solar indebidamente ocupado por los deman-dados desde la notificación de la demanda- en este caso, formó y forma parte de una finca mayor del demandante que se extiende desde la calle McLeary al sur, hasta la zona marítima por el norte. Que dicha finca está en una sección de la ciudad de San Juan que constante y continuamente se ha venido urbanizando mediante la construcción de numerosas casas en los numerosos solares en que fué dividida por el demandante.”

Más adelante, en los párrafos 6 y 7, el peticionario in-sistió en qne desde la fecha de la interposición de la de-manda los demandados perdieron su condición de poseedo-res de buena fe, estaban en posesión de mala fe y debían pa-gar rentas y frutos. En la petición se bace un cálculo de estas rentas y frutos ascendentes a $56 por alquiler de la casa y solar. De modo que el peticionario, negó a los de-mandados cualesquiera derechos a una compensación; no obstante el criterio mantenido por esta corte en el caso de King v. Fernández, 30 D.P.B. 592, negó la buena fe de ellos y especialmente insistió en que su posesión era de mala fe desde la radicación de la demanda, cuestiones que fueron consideradas en nuestra opinión principal. La petición no aceptaba la condición legal (status) que esta corte había declarado que existía. Con arreglo al artículo 370 los de-mandados no estaban obligados a dejar la finca hasta que la elección les fuera realmente notificada. De modo que la posesión de ellos después de radicarse la demanda no era una tenencia de mala fe, especialmente toda vez que con arreglo a dicho artículo 370, un demandado que ha cons-truido está obligado a comprar el terreno si el dueño así lo prefiere.

La parte restante de la petición es como sigue:

“8. Si esta corte resolviese, a pesar de los hechos expuestos, que el demandante está obligado a abonar algo a los demandados por dicha casa, en vez de ser obligados ellos a quitarla de la pro-piedad del demandante, entonces el demandante, reservando una excepción al fallo, elige pagar el importe de los gastos de los de-mandados en la construcción o compra de dicha casa, cuyo im-porte debería ser compensado con la suma que los demandados es-tán obligados a indemnizar al demandante por los frutos percibi-dos de la propiedad desde que fueron notificados de la demanda en este caso.
“9. Que los demandados adquirieron dicho solar y casa en enero 26, 1917, por la suma de $1,800.00; y alega el demandante que de dicho gasto hecho por los demandados, la suma de $800.00 represen-taba o correspondía a la casa que era y es de madera y de mala o barata construcción; y el propio demandado, Pedro Bolívar, en 8 de junio de 1917, juró en la Tesorería que dicha casa no valía más de $720.00,. en cuya suma fué tasada por los años económicos de 1918/19, 1919/20, 1920/21 y 1921/22.
“10. Que los demandados desde el día de la notificación de la demanda en este caso, o sea desde el 16 de julio de 1918, perdie-ron su carácter de poseedores de buena fe y desde dicha fecha han venido en posesión del referido solar y casa como poseedores de mala fe y en tal virtud están obligados a abonar al demandante los frutos naturales o civiles percibidos por ellos de dicha propie-dad y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir. Y alega el demandante bajo información y creencia, fundándose en la declaración del propio demandado Bolívar ante esta corte, que los demandados recibieron por alquiler del solar y casa la suma de $56.00 mensuales, y que recibieron ó hubieran podido recibir desde julio, 1918, hasta la fecha, como frutos civiles producidos por dicha propiedad, la suma total de $2,968.00.
“11. Que los demandados, a pesar de la referida sentencia del Tribunal Supremo, declarando al demandante dueño de dicho solar y que los demandados en su consecuencia deben desalojarlo, han continuado en posesión del mismo y, según información y creencia del demandante, lo tienen alquilado, y, en su consecuencia, el de-mandante se encuentra en la misma situación hoy que el día 18 de julio de 1918, cuando presentó su demanda en esta acción, por más que el Tribunal Supremo ha resuelto que dicho solar es de su propiedad, y que el título de los demandados es nulo y debería ser cancelado en el Registro de la Propiedad.
“Por los motivos expresados, el demandante por la presente so-licita de la eorte.se sirva:
“1. Previa prestación de fianza por el demandante, para responder a los demandados de cualquier suma que pudiera ser con-denado a pagarles, por el importe de los gastos en la construcción o compra de la referida casa, ordenar a los demandados que deso-cupen inmediatamente dicha casa y a la vez el solar del deman-dante, para que éste pueda entrar dentro de su propiedad con el fin de derribar la casa y terminar la construcción de las referidas calles ;
“2. Resolver que la construcción de dicha casa en la propiedad del demandante no ha aumentado en nada su valor, sino, al con-trario, lo ha depreciado y, por tanto, en virtud de los arts. 370 y 455 del Código Civil, los demandados no tienen derecho a compen-sación alguna del demandante, pudiendo, sin embargo, llevarse su casa; (reservando una excepción a la resolución de la corte en sentido contrario)', y el demandante entonces pide a la corte
“3. Determinar el importe de los gastos de los demandados em la compra de la referida casa, como también el importe de los frutos-percibidos por ellos o los que el demandante hubiera podido perci-bir desde la fecha de la notificación de la demanda en este caso, y después de compensar una suma contra la otra, condenar a la parte' que quede en deber a la otra a que pague el saldo que resulte, y
“4. Condenar a los demandados al pago de las costas de este procedimiento, incluyendo los honorarios de abogado, y también dictar cualquier otra resolución que sea propia y equitativa de acuerdo con las circunstancias de este caso.”

En el párrafo 8 de la petición, si alguna elección se hizo, sólo había de ser considerada si la corte resolviera las otras contenciones del demandante contra él.. En otras pa-labras, la elección dependía de que la corte inferior dictara una resolución, y en el mismo párrafo se pidió una compen-sación por los frutos y rentas desde la interposición de la demanda. El demandante, a pesar de la resolución de esta corte en el caso de King v. Fernández, supra, insistía en que la demandada no había construido la casa y que la pose-sión de ellos en todo caso era de mala fe. De modo que los demandados aun cuando estuvieran dispuestos a acep-tar la elección sin más discusión sobre ella, no podían.ha-cerlo sin seguir litigando la cuestión ya resuelta por esta corte. Si el demandante, según la condición de la ley como fué resuelta por esta corte, deseaba su propiedad, él debió haber hecho en su petición tal ofrecimiento a los demanda-dos, que ellos hubieran quedado obligados a aceptar.

Aunque el peticionario pide a la corte que le conceda cualquier remedio que pudiera, ser equitativo y discute la forma de llegar al valor de la casa, es en una forma limi-tada y sólo después que los demandados hubieran estado obligados a empezar de nuevo sus contiendas.

Quizás si el demandante hubiera aceptado la teoría de esta corte en cuanto a 1a- buena fe de los demandados y no' hubiera insistido muy fuertemente en la mala fe de éstos desde la interposición de la demanda, la corte inferior hu-biera estado en condiciones de resolver las demás euestio-lies, pero la petición y la orden para mostrar cansa obli-gaban al demandado a seguir litigando cuestiones ya resuel-tas, o en las que estaba envuelta su buena" fe. No debe ol-vidarse que el dueño de una propiedad tiene cierto deber •de ser vigilante, a fin de evitar que surja una reclamación pendiente y debe tratar de impedir que otra persona cons-truya en la propiedad.

Dentro de estas circunstancias no vemos que los deman-dados, o la corte inferior, estuvieran obligados a actuar y por tanto que no debía recaer en esta corte la obligación por primera vez.

Después de todo lo expuesto, la cuestión queda reducida a que el demandante — en la corte de distrito, por supuesto —haga de modo categórico su elección de pagar el precio de la casa, o de exigir al demandado que le pague el justo precio del solar. Nos inclinamos a creer, después de una consideración del asunto, que estábamos equivocados al de-cir incidentalmente (obiter) en nuestra opinión de noviem-bre 6, 1924, (pág. 759) que los demandados podían recobrar el valor de la casa en el mercado. Lo que los demandados pueden recobrar está fijado en los artículos 455 y 456 del Código Civil, siempre que no exceda del valor actual de la casa en el mercado. Si las partes no llegan a un acuerdo en la fijación del precio, será la corte de distrito la llamada a resolver el conflicto por el resultado de la prueba que le ofrezcan las partes.

La moción de reconsideración debe ser denegada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “Conforme con la resolución.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Del Rosario et al., Demandantes y Apelantes, v. Allende et al., Demandados y Apelados.
    No. 3376.

    Visto: Julio 21, 1924.

      Resuelto: Noviembre 6, 1924.
    Apelación— Término para Apelar— Notificación de Sentencia— Radicación de -la Notificación — Desestimación de Apelación. — Resolviendo negativa-mente una moción para desestimar, se estableció en este caso: que la mera adieión a los autos de una certificación fechada pero sin firmar por el secre-tario, creditiva de que el día que expresa la feeha fué enviada una copia de la notificación de la sentencia a la .parte perjudicada por ésta, no constituye la debida radicación de la notificación de la sentencia que de acuerdo con el artículo 2 de la ley de 1911 sirve de base para limitar el término de apelación.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación.

      No ha lugar.

      M. Tous Soto y E. Campillo, abogados de los apelantes; J. Martí-nez Dávila, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados presentaron nná moción para desestimar la apelación interpuesta contra la sentencia. Los apelantes contestaron radicando affidavits y otras certificaciones de las qne aparece qne la sentencia no fné notificada a los ape-lantes y qne no se archivó ninguna verdadera copia de la notificación de la sentencia con los autos del caso. La única cosa qne parece justificar la moción de desestimación es una certificación expedida por el secretario de la corte de dis-trito, creditiva de que en el caso se archivó una notifica-ción impresa en blanco y sin firmar, la cual contiene un endoso al dorso en el qne se expresa que una copia de la referida notificación de la sentencia fné enviada al apelante, o' palabras a ese efecto.

El artículo 2 de la ley de marzo 9, 1911, (p. 238, Comp. seé. 5339), prescribe lo‘siguiente:

“En todos los casos en que se pueda establecer el recurso de apelación, según lo provisto en la 'Sección 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil, según fué enmendada en marzo 11 de 1908, será deber del secretario de la corte, enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse el recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación, empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.”

Como no existe la debida radicación de la notificación de la sentencia somos de opinión de que no se fijó ninguna limitación al término para apelar, y debe declararse sin lugar la moción de desestimación.


text:
    Sucesión Benn et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesores de C. & J. Fantauzzi, Demandados y Apelados.
    No. 3151.

    Visto: Febrero 15, 1924.

      Resuelto: Noviembre 7, 1924.
    Daños v Perjuicios- — Negligencia—Res Ipsa Loquitur. — El dejar deslizar por una. pendiente, en una noche obscura y lluviosa, un vagón de ferrocarril dentro del cual había un tanque conteniendo petróleo, establece una presunción de . negligencia en un caso por daños y perjuicios como resultado de un accidente-consecuencia de dicho acto, por ser aplicable la doctrina de res ipsa loquitur.

    Alegaciones — Acumulación Indebida de Acciones — Defecto Formal. — Guando-existiendo una indebida acumulación de acciones la excepción previa al efecto-es declarada sin lugar y el demandado no apela contra esa resolución, tal acumulación indebida se convierte en un mero defecto de forma y la ley del caso es que los demandantes, bajo tales circunstancias, pudieron proceder a virtud de cada causa de acción.
    Sentencia de Angel Arroyo, J. (Guayama) declarando sin tugar-la demanda, con costas.

      Revocada.

      O. Dominguez Rubio, A. Rodríguez y J. Validejuly, abogados dé-los apelantes; M. A. Martínez y T. Bernardini, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada, Sucesores de Fantauzzi, es dueña de una central, vía férrea y de un tanque de petróleo, tanque qué alegan los demandantes ocasionó los daños en este caso. El referido tanque estaba montado en un vagón que se encon-traba parado en lo alto de una cuesta, cerca de una pendiente. El tanque estaba puesto en el carro y tenía miles de galo-nes de petróleo. Una noche obscura, y después de un agua-cero, los empleados de la demandada procedieron a mover-este vagón y tanque cargado de petróleo para otro sitio.. Había una pendiente inmediata al lugar de donde empezó a salir el carro y debido a estar mojada la vía el carro em-pezó a correr, pasando el puente y bajando por un declive,. dando esto lugar a que se volcara el tanque y vaciara por todas partes el contenido. Parte del contenido cansó da-ños a la propiedad de los demandantes. Otra parte de dicho petróleo penetró por las ventanas de la casa propiedad del padre de los demandantes. La demanda alegaba que el petróleo realmente bañó de pies a cabeza el cuerpo del su-sodicho padre, quien se encontraba allí enfermo, causándole daños y más tarde la muerte. La prueba, sin embargo, es que el petróleo en realidad no lo tocó. El referido padre fa-lleció algunas semanas después, pero la prueba del médico tanto de los demandantes como de la demandada, tiende a demostrar que el susodicho padre era muy viejo y falleció por causas naturales y no debido a ninguna impresión reci-bida al ser bañado por el petróleo. La corte declaró sin lugar la demanda en todos sus particulares y formuló sus conclusiones de hecho y de derecho en favor de los deman-dados.

No encontramos razón alguna para anular la conclusión de la corte inferior en cuanto al hecho de que el- padre de los demandantes falleciera debido a causas naturales y por tanto que el accidente no fue la causa próxima de su muerte. No es necesario considerar con gran minuciosidad el hecho de si los hijos de los demandantes tendrían derecho a daños y perjuicios por la angustia mental del padre. Nos inclina-mos a convenir con la demandada que la compensación por tal sufrimiento mental por lo general sólo se da en adición o agravación de los daños y perjuicios sufridos por la persona misma.

' La corte, sin embargo, también declaró probado que la demandada no fué culpable de negligencia y que era inapli-cable la doctrina de res'ipsa loquitur a los hechos de este caso. La corte manifestó que podría haber aplicado la doc-trina de res ipsa loquitur si la demanda y la tendencia de los demandantes mismos no fuera imputar negligencia directamente. Las citas Louisville & Nashville R. R. Co. v. Kitty Comley, L.R.A. 1917 C. 977; San Juan Light v. Requena, 224 U.S. 90 (32 Sup. Ct. 399, 56 L. ed. 680); Chicago, Rock Island, & Pacific Railway Company v. Roger McKone (36 Okl. 41, 127 Pac. 488), 42 L.R.A. (N.S.) 709; Lucid v. DuPont, 199 Fed. 377, y 20 R.C.L. 184 et seq., de ambas partes, más bien nos convencen de que en un caso como el presente sería de aplicación la doctrina de res ipsa loquitur. En otras palabras, que había un aparato que estaba exclu-sivamente bajo el control de la demandada y peligroso y si se permitió que este aparato peligroso se deslizara por la pendiente causando daños, creemos que existiría una pre-sunción de negligencia.

Además, la prueba nos convence de que los empleados de la demandada fueron en realidad negligentes. Era una noche obscura y había llovido y uno de los empleados de la demandada manifestó que sabía que el carro podía desli-zarse al ser puesto en movimiento después de la lluvia. Los empleados de la demandada en.verdad hicieron todo lo que pudieron por parar el carro después de empezar a correr, pero los frenos al parecer no eran suficientes al objeto. Inmediatamente después de salir del sitio donde estaba pa-rado, tenía el carro que cruzar un puente donde los emplea-dos de la demandada nada podían hacer. Llegamos a la conclusión de que la doctrina de res ipsa loquitur es de aplicación; que la demandada no se disculpó; que por el contrario la prueba tiende a demostrar negligencia.

La demanda en este caso comprendía una acción no sólo por la muerte del padre, sino también por los daños y per-juicios causados a la propiedad de los demandantes. Nos inclinamos al parecer de que hubo una indebida acumulación de acciones pero la excepción previa a este efecto formu-lada fue declarada sin lugar por la corte, no habiendo ape-lado la demandada. Que los demandantes pudieron proce-der a virtud de cada causa de acción, vino a ser entonces la ley del caso, y la indebida acumulación, si alguna hubo, fué un mero defecto de forma. La reclamación de los de-mandantes por daños y perjuicios a su propiedad ascendía a la suma de $500. La prueba y la opinión de la corte de-muestran que estos daños ascendían a $225. Gomo Remos declarado que la demandada fué culpable de negligencia y toda vez que la propiedad de los demandantes fué perjudi-cada basta este límite, debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra por esta corte a favor de los demandantes por la suma de $225.

Como ésta es una revocación y sólo en parte ban tenido éxito los demandantes, -no impondremos costas.


author: .El Juez Asociado Señor Aldbet,

text:
    Jaca, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    No. 599.

    Sometido: Noviembre 5, 1924.

      Resuelto: Noviembre 11, 1924.
    Rectificación de Asientos en el Registbo — Bienes Gananciales — Estado Civil. — Juan de la Cruz Santos, dueño de una finca comprada en marzo 31, 1924, bajo el estado civil de casado, según el registro, constituyó hipoteca sobre la misma haciendo constar que aun cuando en el título de adquisición se dijo que era casado sin consignarse el nombre de la esposa, lo cierto os que entonces era viudo. Negada la inscripción de la escritura de hipoteca que se acompañó con una certificación ereditiva de que Cruz Romero falleció en 1898 estando casada con Juan de la Cruz Santos, se confirmó la nota, porque ni la manifestación del dueño, ni la certificación de defunción de Cruz Romero son suficientes para rectificar la inscripción de la finca objeto de la hipoteca.
    Nota de Tirado Verrier, R. (Sección Primera, San Juan), dene-gando inscripción de una escritura de hipoteca.

      Confirmada.

      A. Marín Marión, abogado del recurrente; el registrador eompare ció por escrito.
   .El Juez Asociado Señor Aldbet,

emitió la opinión del tribunal.

Juan de la Cruz Santos otorgó escritura públiea el 27 de mayo de 1924 en la que manifestando ser viudo constituyó hipoteca sobre cierta finca que adquirió por .título- de. com-pra el 31 de marzo del mismo año, haciendo constar en dicho documento que aun cuando en el título de adquisición se dijo que era casado, sin decirse el nombre de la esposa, lo cierto es que entonces era viudo.

Esa escritura de hipoteca fue presentada en el registro de la propiedad para su .inscripción acompañada de una certificación creditiva de que Cruz Romero murió en 1898 estando casada con Juan de la Cruz Santos, pero el regis-trador se negó a inscribirla fundándose en que apareciendo de sus libros que el hipotecante compró la finca siendo ca-sado, no es suficiente para rectificar esa inscripción ni la manifestación que se hace en la escritura de hipoteca res-pecto al estado civil que tenía Juan de la Cruz Santos en la fecha de la adquisición ni la certificación de defunción de su esposa Cruz Romero ocurrida en 1898,f resolución contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo.

Esta cuestión ha sido ya resuelta por nosotros en el caso de Vázquez v. El Registrador de San Juan, 30 D.P.R. 13, en el que a pesar de que los que aparecían en el registro como casados manifestaron en un documento notarial que no lo eran, sostuvimos la negativa de inscripción del regis-trador diciendo lo siguiente: “En la inscripción de la es-critura de 4 de julio de 1896 consta que eran casados y ante esa constancia no puede verificarse otra inscripción en abierta contradicción con aquélla mientras no se demuestre en procedimiento debido que Clemente Vázquez y Jacinta Rodríguez eran solteros en la fecha del otorgamiento de dicha escritura. En el presente recurso gubernativo no es posible definir si el Vázquez y la Rodríguez eran solteros o casados. Con razón el registrador ha vacilado sobre cuál sea el estado civil de ellos y ha obrado con recto criterio al denegar la inscripción solicitada mientras no se desvanezca esa duda en procedimiento adecuado al efecto.”

La resohición recurrida debe ser confirmada.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchison firmaron: “Conforme con la_ sentencia.”


text:
    Cabanillas, Demandante y Apelante, v. Cabanillas et al., Demandados y Apelados.
    No. 3264.

    Visto: Junio 6, 1924.

      Resuelto: Noviembre 12, 1924.
    Nulidad — Inexistencia de Contrato — Contratos h® Mera Liberalidad. — En. una demanda para dejar sin efecto una escritura por la cual aparece él padre demandante vendiendo en previsión de muerte, la nuda propiedad de sus bienes a sus Rijos demandados, se alegó, que aunque en la escritura apareee celebrándose la venta por $8,000 previamente recibidos, sin embargo no medió, en realidad, precio alguno. En apelación de una resolución que declaró prescrita la acción, se resolvió:- que tales alegaciones sostienen una acción de nulidad pero no una sobre inexistencia de contrato, para la cual hubiera sido preciso alegar que los contratantes sabían que nada había de ser tras-pasado por virtud de la escritura, pues existe la presunción de que si en un contrato de tal índole entre parientes, efectivamente no se pagó el precio, no por eso dejó de existir un contrato con la mera liberalidad por causa.
    SentenCia de Angel Acosta, J. (Mayagüez), sobre excepción previa declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      J. Alemany Sosa, abogado del apelante; J. Sabater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A la demanda presentada en este caso los demandados formularon excepción previa alegando que la acción babía prescrito de acuerdo con el artículo 1268 del Código Civil. La corte declaró con lugar la excepción previa. La de-manda alegaba que allá por el año 1913 el demandante, mientras arreglaba sus asuntos personales y estaba para otorgar testamento, convino con sus hijos cuyos nombres se consignan en la demanda y son todos mayores de edad, en hacer una división provisional de sus bienes para después de su muerte; que no pudiendo dar a dicha división otro carácter que el de una compraventa, por escritura de fecha 31 de julio de 1913, el demandante aparecía vendiendo a sus relacionados hijos la nuda propiedad o dominio directo de los bienes descritos en la demanda, pero reservándose el dominio útil o usufructo de dichos bienes. La referida es-critura fue inscrita en el registro de la propiedad.

Por la cláusula tercera de dicha escritura fué entendido que la transmisión del usufructo de dictas fincas se enten-dería para después de la muerte del demandante, .en que se consolidaría a favor de sus hijos el pleno dominio.

La demanda pasa entonces a expresar, y lo que dice es tal vez la parte más importante del caso desde el punto (Je-vista del apelante, que aunque en la escritura aparece cele-brándose el contrato por la suma de $8,000, que el deman-dante confesó haber recibido de sus hijos con anterioridad a su otorgamiento, sin embargo no medió precio o causa ni consideración en el expresado contrato.

Alega además el demandante que todos sus'hijos están dispuestos a permitir la rescisión o cancelación de la escri-tura con excepción de los hijos de un hijo fallecido; que dichos menores hijos, representados por su madre, se nega-ron a consentir la indicada cancelación.

En apelación se insiste vigorosamente en que la demanda no sólo alega un contrato simulado sino uno que es absolu-tamente inexistente. Sostiene el apelante que un contrato sin consideración no es tal contrato; que el artículo 1268 sólo tiene aplicación a verdaderos contratos; o en otras pa-labras, donde todos los requisitos relativos a objeto, consen-timiento y consideración han sido observados; la acción, sin embargo; es por su faz una de nulidad. Si hemos de guiarnos por la forma de la acción que el demandante eli-gió seguir, el artículo 1268 parece ser universalmente apli-cable. Es difícil imaginarse, no obstante, casos en los cua-les en el último análisis un contrato puede ser anulado que no deba ser considerado como enteramente inexistente. Los contratos en los cuales algo ocurre después que el convenio se celebra, están más propiamente sujetos a acciones de res-cisión. El caso que se imagina el demandante, por ejemplo, de un cheque dado en consideración al traspaso de propie-dad, no es particularmente convincente. El demandante se imagina que el cheque ha sido dado y resulta que no hay fondos en el banco para pagar dicho cheque. Un cheque es una orden a un banquero. Si el banquero no tiene fondos sujetos a la orden, parecería que no mediaba ninguna con-sideración. Seguramente el mero traspaso de un pedazo de papel sin valor no es una consideración, de modo que en el supuesto caso el contrato sería también inexistente.

. Sin embargo, creemos que la sentencia debe ser confir-mada por razones más fundamentales. A pesar del hecho de que la demanda alega que no medió ninguna considera-ción para el contrato en la acción en donde se hace esta ma-nifestación, el hecho que se ha tratado de expresar puede que no sea sino una conclusión legal. La demanda pretende alegar que el precio de $8,000 fué falso y que en realidad de verdad no medió ningún precio. Este es el hecho del cual el demandante llega a la conclusión de que no hubo ninguna consideración en el contrato. En ninguna parte de la de-manda dice él que. las partes en el contrato sabían o enten-dían que en realidad de verdad nada había de ser traspa-sado por virtud de la escritura. El padre de los deman-dados era el hijo del demandante. La escritura represen-taba un traspaso a él, en previsión de muerte, de cierta por-ción de la propiedad del demandante. Esta gestión por parte del demandante, como se expresaba en la demanda, si el precio de venta especificado fué falso, era un acto de mera liberalidad. Los actos de mera liberalidad servirán de base a un contrato, al menos entre las partes-, cuando no se celebra en fraude de acreedores. El artículo 1241 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.”'

De modo que según la faz de la demanda existe la pre-sunción de que si en el contrato no medió precio real fué de pura liberalidad, y esta presunción no está destruida por el hecho de decirse que la consideración de $8,000 expre-sada en la escritura era falsa. Bn este sentido los artícu-los 1243 y 1244 son aplicables. El contrato por su faz mos-traba una consideración por valor.

No hemos podido encontrar ningún caso donde aparezca alguna interpretación de un contrato de pura liberalidad. Ni estamos enteramente seguros en cuanto a la distinción fundamental que existe entre una donación y un contrato de pura liberalidad, a no ser que sea la forma de la enajena-ción y la intención de las partes. En este caso, 'según lo que expresa la escritura, resultaría claro que el padre trató de traspasar todos los bienes a sus hijos sujetos a un usu-fructo a su favor. Es cierto que la demanda expresa que no medió ninguna consideración, pero en vista de las otras manifestaciones de la escritura non constat que el deman-dante sólo hablaba de la falsedad del expresado precio.

Si la cuestión se refiere a la suficiencia de un acto de liberalidad para sostener un traspaso hecho a un hijo, tal vez los casos americanos tienen alguna analogía. Una consi-deración por valor es la regla, pero los traspasos están sostenidos por una buena consideración, o sea, de amor o afecto, especialmente cuando se trata de hijos. En. el caso de Gale v. Coburn, 18 Pick. 401 (Mass), el Juez Presidente Sr. Shaw se expresó así:

“Está repetidamente bien establecido por las autoridades que cuando existe el hecho de la consanguinidad puede alegarse y servir de fundamento, y se presumirá que ha surtido el efecto de una consideración, total o parcial, aunque no se exprese en la escritura como consideración, y aunque el cesionario o cestui que use no se mencione como hijo u otro pariente. La circunstancia, por tanto, de que esta consideración no se mencione en la escritura no impe-dirá que surta el efecto de un convenio para tomar posesión.”

Los otros casos en los cuales la consideración pecuniaria no mediaba y prevalecía una buena consideración entre pa-rientes, son’los de Thornton v. Mulquinne, (12 Iowa 549) 79 A. D. 553; Bell v. Scammon, (15 N. H. 381) 41 A. D. 712; Berry v. Berry, (83 W. Va. 763) 99 S. E. 79; Dawley v. Dawley’s Estate, (60 Colo. 73) 152 Pac. 1173; Dolph v, Wortman, (185 Iowa 630) 168 N. W. 254.

Creemos que para aducir una completa causa de acción,, la demanda debió haber alegado que el hijo fallecido cla-ramente entendió que en realidad nada se traspasó por la escritura; o entendió que era simulada, u otras palabras para indicar que el expresado hijo fallecido creyó que no hubo ninguna consideración de ninguna clase.

Somos de opinión que en la demanda se deja de expre-sar una falta de consideración. Sin embargo, entendemos que cualquier duda haría que la escritura quedara com-prendida en la clase de contratos anulables y no nulos o-inexistentes y justificaría la acción de la corte inferior al resolver que la prescripción de cuatro años había corrido.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    Villar, Demandante y Apelante, v. Portalatín, Demandado y Apelado.
    No. 3432.

    Visto: Noviembre 10, 1924.

      Resuelto: Noviembre 13, 1924.
    Desestimación de Apelación bor Palta de Alegato — Discreción del Tribunal Supremo. — Aunque el apelante radique algunas horas después de serle noti-ficada la moción de desestimación, el alegato que no radicó en tiempo, la discreción del Tribunal Supremo no será ejercitada en su favor si las cues-tiones levantadas en el alegato no son meritorias.
    Apelación Frívola — Memorándum de Oostas — Temeridad.—La cuestión de -te-meridad no puede levantarse ante el Tribunal Supremo en la apelación de una sentencia dictada en procedimiento de memorándum de costas.
    Moción sobre desestimación de apelación.

      Desestimada.

      Campillo & Campillo j M. Tons Soto, abogados del apelante; A. Marín Marión, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción pidiendo la desestimación del re-curso de apelación que fué interpuesto por el demandante-contra una resolución de la corte inferior, aprobando un memorándum de costas a favor del demandante.

La moción se funda en no haber presentado en tiempo el apelante su alegato, sosteniendo el recurso. Aparece de los autos que el apelante solicitó y obtuvo para la presentación del alegato una prórroga de 30 días, pero el mismo" no fué radicado dentro de la prórroga. Entonces viene la moción para desestimar y fué archivada el 21 de septiembre de 1924, y aunque el alegato se presentó en la misma fecha, fué presentado horas después.

Como esta controversia para ser resuelta descansa más bien en la discreción de esta Corte Suprema, tal vez hubié-ramos ejercido tal'discreción en sentido .favorable al ape-lante, si no fuera porque del mismo alegato nada se des-prende o se discute que pueda influir para que modifique-mos los términos de la resolución inferior.

En el pleito principal hubo demanda, contestación y con-trademanda. La demanda se declaró sin lugar y prosperó la contrademanda en su parte esencial, imponiéndose todas las costas al demandante. En la misma forma fué confir-mada la sentencia inferior por esta Corte Suprema. El memorándum de costas fué presentado por $314 y rebajado por la corte inferior a $214.00. Esta suma comprende $200 por honorarios de abogado. El apelante inconforme con la reducción insiste todavía en discutir la cuestión de temeri-dad y alega que no hubo tal por parte del demandante al establecer su demanda. Esto demuestra la frivolidad del re-curso. La corte inferior al dictar sentencia tuvo en cuenta la temeridad o culpa en que incurrió el demandante para imponerle las costas, y eñ apelación la sentencia no fué va-riada. Es, pues, un punto en controversia, que como cues-tión legal, no puede suscitarse de nuevo en este recurso sobre tasación y cobro de costas, si bien parece que la corte inferior no prescindió de apreciar el grado de temeridad del demandante al reducir a $200 el montante de honorarios de abogado, no abusando de su discreción..

Por lo expuesto, la apelación debe desestimarse..


author: El Juez Asociado Señor Feanco Soto,

text:
    Flores et al., Peticionarias y Apeladas, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelante.
    No. 3256

    Resuelto en reconsideración: Noviembre 13, 1924.
    Apelación- — Accidentes del Trabajo — Comisión de Indemnizaciones. — De una resolución de la corte de distrito dictada en apelación de una orden de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros resolviendo una reclamación de los herederos de un obrero fallecido a causa de accidente del trabajo, no puede apelar la Comisión para ante el Tribunal Supremo. Bn tales casos es de aplicación el artículo 9 y no el 28 de la ley sobre la materia. Rodríguez v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 31 D. P. R. 183.
    Moción sobre reconsideración de resolución de julio 11, 1924 (per curiam) que desestimó recurso de apelación.

      Denegada.

      Attorney General y Sr. C. Llauger Díaz, abogados de la apelante; A. Aponte, Jr., y F. Gallardo, abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se pide por la apelante que reconsideremos nuestra resolución de feclia 11 de julio de 1924 (per curiam) por la que desestimamos el recurso de apelación fundándo-nos en el caso de Rodríguez v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 31 D.P.R. 183.

Se basa el apelante en que el caso citado no es aplica-ble y sí el de Rivera v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 29 D.P.R. 393, y se apoya además en el art. 28 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros tal y como quedó en-mendado por la ley No. 61 de 1919 (p. 333). Parece sin embargo que el artículo 28 citado no es de aplicación. Este precepto se refiere a los patronos que empleasen obreros bajo las condiciones establecidas en la ley disponiéndose que estarán obligados a contribuir al “fondo de depósito para indemnizaciones a obreros y más adelante se esta-blece que a instancia de la parte agraviada, la Corte de Distrito competente podrá revisar mediante certiorari cual-quier decisión de la comisión. Pero en esta disposición de la ley no se menciona en nada al obrero en sus relaciones con la comisión y es porque en el artículo 9 de dicha ley es que se establecen los recursos que puede utilizar el obrero o sus causababientes en caso de reclamación contra las de-cisiones de dicha comisión.

Esta es una reclamación de los herederos del obrero fa-llecido, con motivo de un accidente ocurrido durante su tra-bajo. Y siendo esto así la disposición aplicable es el ar-tículo 9 en la que no se autoriza el recurso de apelación a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de las decisiones de la corte de distrito. Es verdad que los peticionarios no-siguieron estrictamente el procedimiento que marca el ar-tículo 9 pero ésta era una cuestión para.la demandada quien ha debido hacer que se encauzara el procedimiento por los trámites marcados por la ley.

Por lo expuesto la moción debe denegarse.