source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

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text:
    Landfill Technologies of Arecibo Corporation, peticionaria, v. Gobierno Municipal de Lares, su alcalde Hon. Roberto Pagán Centeno y Margarita Guzmán o Directora de Finanzas del Municipio de Lares, recurridos.

      Número: CC-2012-0176

      Resuelto: 12 de febrero de 2013

      Javier Joaquín Vázquez Bravo, abogado de la parte peticio-naria; William Marini Román, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

La empresa Landfill Technologies of Arecibo Corp. com-parece ante nos para que revoquemos una determinación del Tribunal de Apelaciones que liberó al municipio de La-res de pagarle una deuda ascendente a $300,256.50 por servicios prestados. Por el contrario, el foro apelativo inter-medio le ordenó rembolsar $390,043.64 al municipio. Con su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó al Tribunal de Primera Instancia.

Por entender que la relación contractual entre el muni-cipio de Lares y Landfill Technologies of Arecibo Corp. es de servicios cobijada bajo la excepción que dispone el Art. 8.004(b) de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 4354(b), revocamos.

I — I

El 2 de julio de 2004, el municipio de Lares (Municipio) y Landfill Technologies of Arecibo Corp. (Landfill) firmaron un contrato para disponer de desperdicios sólidos. El acuerdo, que firmó el entonces alcalde Hon. Luis A. Oliver Canabal meses antes de que finalizara su administración municipal, se tituló Contrato para la Disposición de Des-perdicios Sólidos No Peligrosos. El contrato establecía que el Municipio podía depositar los desperdicios domésticos aceptables que acarrearan sus camiones en el Vertedero de Relleno Sanitario de Arecibo, propiedad de Landfill. La empresa cobraría una tarifa de $31 por cada tonelada depositada.

La cláusula diez del contrato detalló que su vigencia abarcaba desde el 1 de julio de 2004 hasta el 30 de junio de 2005. A partir de ese momento, se renovaría semestral-mente “mediante la correspondiente separación de fondos debidamente registrada”. Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 77. Paso seguido, la cláusula once dispuso:

El Municipio certifica que ha separado en su presupuesto una partida de cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho dólares con 58 centavos ($55,438.58) para estos propósitos bajo la Partida de Disposición de Desperdicios Sólidos, cuenta número 01-10-06-94-73. El Municipio se compromete además a transferir a esta cuenta cualquier cantidad de dinero adicio-nal necesaria para el pago de este servicio, que pudiera venir obligado a pagar, pero que no obligó en su presupuesto, según las leyes y reglamentos que regulan las operaciones municipales. (Énfasis nuestro). Apéndice de la Petición de cer-tiorari, págs. 77-78.

Además, el Municipio se comprometió a separar, registrar y procesar los fondos para cumplir con el contrato co-rrespondiente a ese año, y a presentar la evidencia de esa gestión durante los años subsiguientes, si las partes deci-dían renovarlo. El contrato se registró en el Registro de Contratos del Municipio y en la Oficina del Contralor.

Luego de gestiones extrajudiciales de cobro que resulta-ron infructuosas, el 21 de mayo de 2009, Landfill demandó al Municipio en cobro de dinero. Exigió el pago de $300,256.50 correspondientes a servicios prestados entre agosto de 2004 y junio de 2005, mientras estuvo vigente el contrato.

El Municipio presentó una reconvención en la que re-clamó el rembolso de $390,043.64 que supuestamente pagó en exceso. Basó su reclamo en una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. El informe del Contralor M-03-51, de 30 de mayo de 2003 recomendó, entre otras cosas, recobrar un dinero que se pagó por obligaciones en la cuales se incurrió ilegalmente porque se cargaron a pre-supuestos de años posteriores. Lo recomendó, además, por-que no se registraron esas obligaciones en los libros del Municipio. El informe no detalla los contratistas a quienes se les pagó el dinero que se debía recobrar, más allá de señalar que el monto totalizaba $713,142. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia aclara que, del monto total del señalamiento del Contralor, $390,043.64 corresponden a facturas que el Municipio pagó a Landfill de diciembre de 1999 a junio de 2000 y de febrero a junio de 2001.

El Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la demanda de Landfill, por lo que ordenó al Municipio pa-garle $300,256.50. Concluyó que la Ley de Municipios Au-tónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq., concede flexibilidad a los contratos sobre la disposición de desperdicios, por su importancia para la salud pública. Además, declaró “no ha lugar” la reconvención del Municipio. Así descartó que Landfill tuviera que rembolsar $390,043.64. Entendió que la partida que reclamó el Mu-nicipio era incobrable porque los servicios contratados y prestados se hicieron acorde con las disposiciones de ley. Por último, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la falta en hacer constar en el Registro de Contratos del Mu-nicipio la separación de las partidas requeridas para cos-tear el contrato, según señaló el Contralor, recaía en la administración municipal, no en el contratista.

De esa determinación, el Municipio acudió al Tribunal de Apelaciones. Solicitó que se revocara la Sentencia de 14 de abril de 2011, se declarara ilegal el contrato con Landfill y se le eximiera del pago de $3,000 de honorarios que se le impuso. El foro apelativo intermedio declaró ilegal el contrato. Reconoció que el servicio de disposición de des-perdicios sólidos está excluido de varios de los requisitos legales para la contratación con municipios, pero que el contrato aquí en controversia atenta contra el interés público. Además, cuestionó la constitucionalidad de varios de los artículos de la Ley de Municipios Autónomos. Tam-bién ordenó a Landfill rembolsar los $390,043.64 que el Municipio reclamó en la reconvención.

De la sentencia del Tribunal de Apelaciones, de 31 de enero de 2012, Landfill recurre ante nos. Reitera en su petición de certiorari que la Ley de Municipios Autónomos establece que los contratos de disposición de desperdicios sólidos son de servicios, por lo que están exentos por ley del impedimento de pagarse con presupuestos futuros.

En reconsideración, expedimos el auto el 25 de mayo de 2012. Con la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

La validez de los contratos con los municipios tiene que determinarse según las disposiciones pertinentes de la Ley de Municipios Autónomos, y no según la teoría de las obligaciones y contratos del Código Civil, que tan solo aplica supletoriamente. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 D.P.R. 530, 537 (2011); Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 840, 854-855 (2007); Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1, 31 (2000).

Ahora bien, a pesar de que la Ley de Municipios Autónomos reconoce autonomía a los municipios, establece unas restricciones sobre el desembolso de fondos públicos. En lo pertinente a este caso, el Art. 8.004, 21 L.P.R.A. sec. 4354, señala que

as obligaciones y [los] desembolsos de fondos públicos municipales sólo podrán hacerse para obligar o pagar servicios, suministros de materiales y equipo, reclamaciones o cualesquiera otros conceptos autorizados por ley, ordenanza o resolución aprobada al efecto y por los reglamentos adoptados en virtud de las mismas.
(a) Los créditos autorizados para las atenciones de un año fiscal específico serán aplicados exclusivamente al pago de gastos legítimamente originados e incurridos durante el res-pectivo año, o al pago de obligaciones legalmente contraídas y debidamente asentadas en los libros del municipio durante dicho año.
(b) No podrá gastarse u obligarse en año fiscal cantidad al-guna que exceda de las asignaciones y los fondos autorizados por ordenanza o resolución para dicho año. Tampoco se podrá comprometer, en forma alguna, al municipio en ningún con-trato o negociación para pago futuro de cantidades que exce-dan a las asignaciones y los fondos. Estarán excluidos de lo dispuesto en este inciso los contratos de arrendamiento de pro-piedad mueble e inmueble y de servicios. (Enfasis nuestro).

De esta forma, un municipio, por lo general, no puede pactar el pago futurp de cantidades que excedan la asignación presupuestaria de ese año. Los fondos correspondientes a un año fiscal no se pueden utilizar para pagar obligaciones contraídas en años previos o posteriores. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 539. Sin embargo, esta regla general encuentra su excepción en los contratos de arrendamiento de propiedad mueble e inmueble y de servicios, según dispone la Ley de Municipios Autónomos en su Art. 8.004(b), supra, 21 L.P.R.A. sec. 4354(b):

Ahora bien, ¿puede un Municipio obligarse al pago futuro de cantidades que excedan la asignación de un contrato en particular? La respuesta, de ordinario, es en la negativa. En cuanto a ello, el Art. 8.004(b) de la Ley de Municipios Autónomos, ante, expresamente prohíbe que los municipios se comprome-tan, mediante contrato u otro tipo de negociación, al pago fu-turo de obligaciones que excedan a las asignaciones y a los fondos.
No obstante, está disposición exceptúa de la prohibición a los contratos de arrendamiento de propiedad mueble e inmue-ble y a los contratos de servicios. (Enfasis en el original supri-mido y énfasis nuestro). Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 857.

Además, el Art. 8.016 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4366, requiere que todos los municipios mantengan “un registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo las enmiendas a los mismos y enviarán copia de éstos y de las escrituras de adquisición y disposición de bienes a la Oficina del Contralor de Puerto Rico” dentro de los quince días después de haberse otorgado. De igual forma requiere la Ley Orgánica de la Oficina del Contralor, Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, 2 L.P.R.A. sec. 71 et seq. Al res-pecto, hemos reiterado que

[e]ste precepto, también de sana política administrativa pú-blica, refleja el interés legislativo de evitar pagos y reclama-ciones fraudulentas o ilegales, al crear un mecanismo de cotejo para perpetuar circunstancial y cronológicamente dichos con-tratos, y requiere que: (1) se reduzcan a escrito; (2) se man-tenga un registro fiel con miras a prima facie establecer su existencia; (3) se remita copia a la Oficina del Contralor como medio de una doble constancia de su otorgamiento, términos y existencias, y (4) se acredite la certeza de tiempo, esto es, ha-ber sido realizado y otorgado quince (15) días antes. (Enfasis en el original.) Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 53-54 (1988). Véanse, además: ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 537; Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, págs. 852-853.

Como vemos, el registro y la remisión de los contratos a la Oficina del Contralor es un mecanismo de cotejo para evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia, el descuido y los riesgos de incumplimiento en la administración pública. Lugo v. Municipio Guayama, 163 D.P.R. 208, 220 (2004). El incumplimiento con el mantenimiento del registro y la presentación del contrato en la Oficina del Contralor no acarrea la nulidad del negocio jurídico, aunque no podrán exigirse las prestaciones hasta que se haya cumplido con ese requisito. Art. 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, 1975 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 901, 2 L.P.R.A. sec. 97; Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 D.P.R. 718, 727 (2007).

Por otro lado, la enmienda que introdujo la Ley Núm. 258-2004 a la Ley de Municipios Autónomos en su Art. 2.005, confiere a los municipios la facultad de determinar cómo se dispondrá de los desperdicios sólidos. Les autoriza a crear y operar programas y servicios para su manejo, o contratar con personas naturales o jurídicas que se encarguen de esa labor. 21 L.P.R.A. sec. 4055. Entre sus definiciones, el inciso (a)(2) señala que la disposición de desperdicios sólidos es un servicio que se define de la si-guiente forma:

(2) Servicio de disposición de desperdicios sólidos. Signifi-cará la disposición de desperdicios sólidos, por cualquier enti-dad pública o privada, incluyendo cualquier otro municipio o la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos, mediante la operación de plantas o instalaciones para la disposición de tales desperdicios. (Énfasis nuestro).

El Art. 2.006(k) reitera la facultad de los municipios para contratar el servicio de manejo de desperdicios sólidos. Destaca que este tipo de contrato estará excluido del requisito de subasta pública. Además, específicamente indica que “podrán otorgarse por cualquier término de duración”. 21 L.P.R.A. sec. 4056(k). El inciso (m) admitió la retroactividad de las enmiendas que introdujo la Ley Núm. 258-2004, supra, siempre y cuando no menoscaben las obligaciones contractuales.

III

A. Antes de adentrarnos en el análisis de la Ley de Municipios Autónomos y el contrato objeto de la demanda, es pertinente una breve discusión sobre el Art. VI, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico, que el Tribunal de Ape-laciones trajo a discusión como parte de su análisis. El foro apelativo intermedio concluyó que la cláusula once del con-trato violó el Art. VI, Sec. 10, de la Constitución de Puerto Rico, que señala:

Ninguna ley concederá compensación adicional a un funciona-rio, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el contrato. Ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento. Nin-guna persona podrá recibir sueldo por más de un cargo o em-pleo en el gobierno de Puerto Rico. (Énfasis nuestro). L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, págs. 433-434.

Según el foro apelativo intermedio, la cláusula once del contrato violenta esta disposición constitucional en la parte que compromete al Municipio a transferir “cualquier cantidad de dinero adicional necesaria para el pago de este servicio” a la cuenta asignada para el pago de desperdicios sólidos. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 10. No coincidimos con su análisis. Esta cláusula constitucional no aplica a los hechos de este caso.

El Tribunal de Apelaciones entendió que este contrato viola la cláusula constitucional que impide compensaciones adicionales por servicios pactados o trabajados porque per-mite que se hagan pagos adicionales a la cantidad inicial-mente separada para pagarlo. Sin embargo, este no es el caso. La cláusula constitucional pretende evitar que se ha-gan pagos adicionales por servicios ya pactados o realizados. No impide que se pacten servicios adicionales a los ya contratados aunque estén relacionados. A tales efec-tos, véase la discusión plasmada en el Tomo 3 del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1961, págs. 1973-1986. En esa discusión, algunos de los constituyentes expresaron preocupación porque entendían que el lenguaje del Art. VI, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico, supra, se podía interpretar como un impedimento a la flexi-bilidad necesaria para hacer cambios de órdenes legítimos a contratos o extensiones a obras ya comenzadas. Al res-pecto, el Sr. Luis Muñoz Rivera expresó:

... Me parece que aquí se ha exagerado, se ha ido más allá de lo que dice aquí. Se ha exagerado la interpretación de lo que dice aquí: el aprobar compensación adicional lo que quiere decir es, que cuando un individuo ha contratado un servicio o una obra, por ese mismo contrato no puede recibir una com-pensación adicional. Pero esto no quiere decir que si ese indi-viduo, que a ese individuo, se le prohíba en forma alguna que contrate un nuevo servicio, aunque sea relacionado con el anterior o [que pueda] extender la obra que había comenzado... Si hubiere algún peligro, de acuerdo con la enmienda del com-pañero, de que se fuera a entorpecer, se fuera a privar a los administradores, bien sea de los municipios o de los distintos departamentos del gobierno respecto de nuevos contratos; nuevos contratos por la misma obra, no con el mismo alcance del contrato anterior, pero distinto y diferente... Eso no es compensación adicional en ningún sitio. Por eso no hay peligro en la adopción de la enmienda del compañero. (Enfasis nuestro). Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, íd., pág. 1979.

El Art. VI, Sec. 10 tampoco impide que se pague lo acor-dado por los servicios a prestar como parte del contrato pactado, aunque exceda la cantidad inicialmente separada para ello en el presupuesto municipal. Eso es lo que sucede en el caso ante nos.

El Art. 8.004(b) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, establece una excepción expresa para los contratos de servicios y de arrendamiento de muebles e inmuebles en lo que respecta a la limitación de comprometerse al pago fu-turo de partidas que excedan las presupuestadas. La cláu-sula once del contrato objeto de la demanda de Landfill se cobija en esta disposición.

Aquí se pactó una tarifa de $31 por cada tonelada de desperdicios sólidos no peligrosos que el Municipio aca-rreara al Vertedero de Relleno Sanitario de Arecibo, pro-piedad de Landfill. Se pactó una tarifa por unidad, no una cantidad global por un número indefinido de toneladas. Para ese servicio por unidad el Municipio separó inicial-mente $55,438.58. Además, se comprometió a separar cual-quier otra cantidad que fuera necesaria para pagar servi-cios adicionales.

La cantidad que Landfill intenta cobrar por medio de su demanda corresponde a servicios que se prestaron entre agosto de 2004 y junio de 2005. Se trata de servicios que se prestaron durante la vigencia del contrato, que abarcó desde julio de 2004 hasta junio de 2005. El hecho de que la cantidad que separó el Municipio de su presupuesto, según consta en el contrato, fuera insuficiente para costear el ser-vicio que finalmente utilizó, no significa que se reclame el pago de una cantidad adicional a lo pactado o por un ser-vicio prestado. Se exige el pago de lo pactado en el con-trato, nada más. Lo que ocurre es que el costo final resultó excesivo con relación a la cantidad inicialmente separada para cubrirlo.

Los $55,438.58 no representaban un tope ni el monto total del contrato. Fue una cantidad inicial que el Munici-pio separó para pagar el servicio, y a la que debió sumar partidas adicionales conforme aumentara la necesidad por el acarreo de desperdicios sólidos al vertedero. El hecho de que el Municipio no separara partidas adicionales para costear el contrato, como se comprometió, no hace ilegal este negocio jurídico. Estamos ante un contrato de servicios que el legislador expresamente exceptuó de la regla general de que no se puede pactar el pago futuro de cantidades que excedan las asignaciones presupuestarias de un año, acorde con el Art. 8.004(b) de la Ley de Municipios Autóno-mos, supra. Tampoco lo hace inconstitucional según el Art. VI, Sec. 10, de la Constitución de Puerto Rico, supra. Nó-tese que la falta por parte del Municipio de no separar partidas presupuestarias adicionales no implica, necesa-riamente, que se tenga que cargar el pago de los servicios utilizados a presupuestos futuros, pues muy bien el Muni-cipio podía identificar partidas dentro del presupuesto del mismo año en que utilizó los servicios.

La asignación de partidas adicionales tampoco habría representado una enmienda al contrato, como plantea el Municipio en su alegato. En el contrato en controversia, el Municipio se obligó a identificar las partidas con que paga-ría a Landfill, según hiciera uso del servicio. Aquí debemos recordar que los contratos para servicios de disposición de desperdicios sólidos se pueden extender por cualquier tér-mino de duración.

Como dijimos en Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 857, el Art. 8.004(b), supra, excep-túa a los contratos de servicios así como a los de arrenda-mientos de muebles e inmuebles de la prohibición de com-prometerse al pago futuro de obligaciones que excedan las asignaciones y los fondos. No cabe duda de que el contrato entre Landfill y el Municipio de Lares era de servicios. La cláusula once del contrato —objeto de la demanda de Lan-fill— lo denomina como tal. Además, la Ley de Municipios Autónomos es consistente en señalar la disposición de des-perdicios sólidos como un servicio. Como ejemplo, el Art. 2.005 así lo denomina. Por lo tanto, el contrato entre Landfill y el Municipio cae entre las excepciones que establece la Ley de Municipios Autónomos en su Art. 8.004(b), supra.

El Tribunal de Apelaciones determinó que esa cláusula atenta contra el interés público, pues permite que un al-calde comprometa las arcas municipales con un contrato que impacte presupuestos futuros en momentos en que ocurran cambios de administración. Sin embargo, al apro-bar la Ley de Municipios Autónomos, la Asamblea Legisla-tiva hizo un análisis de cuál era el mejor interés público y concluyó que los contratos de servicios, junto con los de arrendamiento de muebles e inmuebles, debían excep-tuarse del requisito. Esa determinación merece nuestra entera deferencia.

En el caso particular de los contratos de desperdicios sólidos, que se tratan de manera excepcional dentro de la Ley de Municipios Autónomos, la razón para la excepción es obvia. Se trata de un servicio esencial para la comunidad que amerita cierta flexibilidad en aras de procurar su continuidad. La interrupción del servicio podría perjudicar la salud pública. Recae en los funcionarios municipales utilizar sabiamente la excepción que concede el Art. 8.004(b) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, en particular, en lo relativo a los desperdicios sólidos. Este Artículo no representa un cheque en blanco para otorgar contratos sin identificar los fondos para sufragarlos, según la demanda del servicio contratado. Pero tampoco se puede imponer una camisa de fuerza que obligue a interrumpir un servicio esencial como es el de disposición de desperdi-cios sólidos. Incluso, por ello la Ley de Municipios Autóno-mos permite que se contraten por cualquier término de duración.

B. En cuanto a la reconvención que presentó el Muni-cipio de Lares, que nació del informe de la Oficina del Con-tralor, el foro apelativo intermedio ordenó a Landfill rem-bolsarle $390,043.64. Esa cifra surge de pagos que hizo el Municipio a Landfill por facturas de diciembre de 1999 a junio de 2000 y de febrero a junio de 2001. Según el Con-tralor, esas facturas se pagaron con partidas presupuesta-rias de años posteriores al de la contratación. Además, fue-ron objeto del señalamiento del Contralor porque esas obligaciones no se registraron en los libros municipales.

Al abordar este reclamo, nos confrontamos con el pro-blema de que el expediente está huérfano de evidencia al respecto. El Municipio descansa su reclamo, principal-mente, en el informe del Contralor de 30 de mayo de 2003, que incluye un señalamiento general sobre varios contra-tos del municipio de Lares. Ni siquiera consta en el ex-pediente copia del contrato correspondiente a los años del señalamiento del Contralor, que según el Tribunal de Pri-mera Instancia correspondía a facturas de diciembre de 1999 a junio de 2000 y de febrero a junio de 2001. Nótese que estas facturas son distintas y previas a las del contrato del cual se originó la demanda de Landfill, que data de julio de 2004. Ello dificulta nuestra función revisora.

De los alegatos de las partes podemos inferir que, al igual que el contrato objeto de la demanda de Landfill, la obligación de la cual se desprende la reconvención también se trataba de un contrato de servicios por acarreo de des-perdicios sólidos al vertedero propiedad de Landfill. Si ese fuera el caso, el rembolso no procedería por las mismas razones que hoy validamos la demanda en cobro de dinero que presentó Landfill. En los contratos de servicios por dis-posición de desperdicios sólidos, pagar partidas con presu-puestos de años posteriores no constituye una ilegalidad. Por lo tanto, ese señalamiento del Contralor es insuficiente para que declaremos nulo el contrato.

El otro señalamiento que hace el informe del Contralor es que no se registraron adecuadamente esas obligaciones en los libros del Municipio y, por consiguiente, no se obli-garon los créditos correspondientes. El Municipio sustenta su reclamo en lo que decidimos en Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 D.P.R. 1003, 1012-1013 (2011). En ese caso, señalamos que “[s]i el Municipio desembolsó dinero público incorrectamente mediante un acuerdo nulo, tiene el derecho a recobrarlo”. Íd., pág. 1016. Sin embargo, ese caso se distingue del reclamo de reembolso que hace el Municipio de Lares en su reconvención. También se deter-minó que el contrato que originó el desembolso era nulo porque se hizo verbalmente, lo que es inaceptable cuando se trata de contrato con municipios.

Hemos reiterado que los contratos con los municipios se deben hacer constar por escrito, hay que mantener un registro fiel de ellos para probar su existencia, y se debe remitir una copia a la Oficina del Contralor dentro de los quince días de haberse otorgado el contrato. Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, pág. 54. El incumplimiento con este último requisito no acarrea la nulidad de un contrato legalmente válido, aunque sí impide que se reclamen la prestación y contraprestación hasta tanto se registre adecuadamente.

En el caso de la reconvención del Municipio, no estamos en posición de concluir que la obligación es nula. Como vimos, el señalamiento del Contralor de que se pagaron partidas con presupuestos de años posteriores no hace nulo un contrato de servicios. El hecho de que no registrara la obligación en los libros del Municipio es responsabilidad de este último. Ello, por sí solo, no hace nulo el contrato que el Municipio pagó. Tampoco contamos con una copia del con-trato objeto de la reconvención ni con una alegación sus-tentada por parte del Municipio que nos lleve a concluir que la obligación fue ilegal.

Si el Municipio quiere reclamar el rembolso de los fon-dos, tiene que presentar prueba sobre alguna ilegalidad. No es suficiente el señalamiento del informe del Contralor. Bajo este panorama, no podemos ordenar el rembolso de los $390,043.64 objeto de la reconvención.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos al Tribunal de Apelaciones y reinstalamos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Lares. El Municipio de Lares deberá pagar a Landfill Technologies of Arecibo Corp. la cantidad dispuesta por el foro primario. De igual forma, dejamos sin efecto la orden para que Landfill Technologies of Arecibo Corp. rembolse al Municipio $390,043.64.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

       En lo pertinente, el informe del Contralor M-03-51 indica:

        “Hallazgo 2 — Pago de deudas y obligaciones incurridas ilegalmente

      “a. De julio de 2000 a noviembre de 2001 se autorizó el pago de $713,142 por 47 deudas contraídas irregularmente en años fiscales anteriores con cargo a partidas presupuestarias de años posteriores. Al momento de incurrirse en dichas obligacio-nes éstas no se registraron en los libros del Municipio, por lo que no se obligaron los créditos correspondientes. De dicha cantidad la Legislatura Municipal, sin autoridad legal para ello, autorizó el pago de deudas por $396,344. Los restantes $316,798 fueron aprobados por el Alcalde y el Director de Finanzas”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 117.


author: El Juez Asociado Señor Rivera García La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    El Día, Inc., recurrida, v. Municipio de Guaynabo y Municipio de Cataño, peticionarios.

      Número: CC-2012-0145

      Resuelto: 13 de febrero de 2013

      Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva, Iván Castro Ortiz, Raúl Santiago Pérez y Maytte Texidor López, abogados del municipio de Guaynabo, parte peticionaria; William W. Díaz Natal y Javier A. Fuentes Cosme, abogados del mu-nicipio de Cataño, parte peticionaria; Josué A. Rodríguez Robles, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar en el presente recurso si la actividad de almacenamiento de papel llevada a cabo por una compañía de comunicaciones, representa un elemento esencial en el funcionamiento de esa empresa que, a su vez, incide sobre sus ganancias y volumen de negocios.

El reclamo de la peticionaria se fundamenta en la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651 et seq., la cual establece que la patente municipal se calcula a base del volumen de negocios atribuibles a la prestación de al-gún servicio, industria o negocio que se lleve a cabo en un municipio.

El caso de autos tiene su génesis en una impugnación de una notificación final de denegatoria de reintegro de pa-tentes municipales emitida por el municipio de Guaynabo contra la parte recurrida, El Día, Inc. (EDI), correspon-diente a los años fiscales 2005-2006 al 2008-2009. La re-currida alega, a esos efectos, que el municipio de Cataño le requirió el pago de una deficiencia por concepto de paten-tes municipales relacionadas con un almacén que EDI tiene arrendado en dicho municipio para guardar una por-ción de rollos de papel que se utilizarían en la impresión del periódico. En vista de lo anterior, EDI solicita que se ordene al municipio de Guaynabo que, a prorrata, le de-vuelva o acredite cualquier cantidad pagada a este en con-cepto de patentes municipales.

Conscientes de la naturaleza de la controversia ante nos, pasemos a trazar los hechos pertinentes que la originaron.

I

El 22 de junio de 2010 la recurrida presentó una de-manda sobre impugnación de cobro de patentes municipa-les en contra del municipio de Cataño (Cataño) y del peti-cionario, municipio de Guaynabo (Guaynabo). En esta alegó que Cataño le notificó un déficit en el pago de paten-tes municipales por el uso de un almacén arrendado que ubica en ese municipio. Además, sostuvo que no corres-ponde el pago de dichas patentes, porque no realiza activi-dades de negocio dentro del referido municipio, ya que el referido almacén solo servía para almacenar papel que pos-teriormente se utilizaría para confeccionar el periódico en las facilidades ubicadas en Guaynabo.

Luego de varias incidencias procesales, el 25 de agosto de 2011 el peticionario presentó una moción de desestimación. En síntesis, argüyó que debía desestimarse el pleito en su contra ya que, según lo establecido en la Ley de Patentes Municipales, el cobro de patentes municipales debe realizarse de acuerdo con el volumen de negocio ge-nerado en la demarcación geográfica del municipio donde ubican las facilidades dirigidas a ese propósito.

Entre tanto, Cataño se opuso a la solicitud de desestimación. Alegó que de acuerdo con la ley en contro-versia y su jurisprudencia interpretativa, podía exigirse el pago también en lugares donde una empresa realizara ac-tividades esenciales para su negocio. En virtud de ello, afirmó que el arrendar un establecimiento para el almace-namiento de papel que utilizaría en un futuro, constituía una actividad básica para el funcionamiento de su negocio.

Por su parte, EDI presentó una moción expresando su posición en torno a la petición de desestimación presentada por Guaynabo. En síntesis, alegó ser un proveedor de ser-vicios de comunicación y que no realiza negocios ni man-tiene oficinas en Cataño, sino que es en Guaynabo donde se lleva a cabo su actividad económica. Empero, afirmó que el peticionario debía permanecer en el pleito hasta que se determinase si procedía el pago de las patentes y el ale-gado rembolso correspondiente por parte del peticionario.

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó una Resolución denegando la petición de Guaynabo. A estos efectos, determinó que existe duda sobre si las par-tes llevarían o no un descubrimiento de prueba para deter-minar el alcance de la Ley de Patentes Municipales con respecto a la controversia de este caso. Es decir, si el alma-cenaje de papel resulta ser esencial para el funcionamiento de EDI.

Asimismo, ordenó a las partes a que, luego de presentar su prueba, si así lo hicieran, entregaran al tribunal sendos memorandos de derecho con sus respectivos argumentos sobre si corresponde o no que Cataño cobre las patentes municipales a la recurrida según el claro entendimiento “que no habría más controversia que las de derecho por resolver”. Sobre este particular, el foro de instancia ex-presó:

Ahora bien, es cuando utilizamos el método de prorrateo que surge la duda de si las empresas de comunicación deben pagar patente y si es mediante el método de prorrateo que se debe pagarla. Por un lado, la Ley indica que el método de prorrateo podrá ser utilizado para cobrar patentes a negocios de comu-nicaciones, incluyendo “otros negocios de comunicaciones”. Sin embargo, en un inciso anterior la Ley indica que en “Otros servicios de comunicación... el volumen de negocios será el importe de lo recaudado de dichos servicios de comunicación en cada municipio donde mantenga oficinas” creando duda si solo se podrá cobrar patentes en aquellos municipios donde la empresa recauda dinero directamente o donde esta mantenga locales que influyan en la obtención de ganancias. (Énfasis en original).

No conteste con esta determinación, el peticionario acu-dió mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, dicho foro determinó no expedir dicho recurso.

Inconforme con ese proceder, Guaynabo presentó un re-curso de certiorari ante este Tribunal con el siguiente se-ñalamiento de error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el recurso de certiorari ante sí y, en consecuencia, no considerar en los mé-ritos la controversia planteada en el mismo, ni desestimar el caso contra el Municipio de Guaynabo. Certiorari, pág. 4.

Atendido el recurso, expedimos el auto de certiorari solicitado. Las partes han presentado sus respectivos alegatos. Contando con el beneficio de sus comparecencias, procedemos a resolver.

II

A. Ley de Patentes Municipales

Surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la Ley de Patentes Municipales, que esta fue creada para fijar patentes municipales sobre los servicios, las ventas, los negocios financieros y otras industrias o negocios. La patente constituye “la contribución impuesta y cobrada por el municipio bajo las disposiciones de las sees. 651 a 652y de este título, a toda persona dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien a cualquier negocio financiero o negocio en los municipios... de Puerto Rico”.

La intención del legislador al aprobar este estatuto fue proveer un mecanismo a los municipios para generar ingresos y fortalecerlos económicamente para que cumplan sus funciones en beneficio del bienestar general de los ciudadanos que habitan en esa área. Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R. 548, 559 (2001); F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, 134 D.P.R. 385 (1993).

La referida tributación está cimentada en la prestación de servicios y ventas que ofrece la industria o el negocio a un consumidor. Tomando esto como base, la ley establece que la patente municipal se calcula a base del volumen de negocio que lleva a cabo la industria o empresa en ese municipio.

Cónsono con lo anterior, la Ley de Patentes Municipales define volumen de negocios como

... los ingresos brutos que se reciben o se devenguen por la prestación de cualquier servicio, por la venta de cualquier bien, o por cualquier otra industria o negocio en el municipio donde la casa principal realiza sus operaciones, o los ingresos brutos que se reciban o se devenguen por la casa principal en el municipio donde ésta mantenga oficinas, almacenes, sucur-sales, planta de manufactura, envase, embotellado, procesa-miento, elaboración, confección, ensamblaje, extracción, lugar de construcción, o cualquier otro tipo de organización, indus-tria o negocio para realizar negocios a su nombre, sin tener en cuenta sus ganancias o beneficios. 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(7)(A)(i).

En armonía con lo anterior, la referida ley dispone cómo se determina el cálculo cuando existen sucursales en distintos municipios:

... El volumen de negocios de personas que mantienen ofici-nas, almacenes, sucursales o cualquier otro tipo de organiza-ción de industrias o negocios en distintos municipios de la Isla se determinará en cada municipio por separado a los efectos de que la casa principal pague las contribuciones que corres-ponda al respectivo municipio donde radica cada oficina, alma-cén, sucursal o cualquier otro tipo de organización de indus-tria o negocio. 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(7)(E).

Según este precepto, hemos resuelto que el factor deter-minante será si el evento económico o la fuente del negocio que genera el ingreso están dentro o fuera de la municipalidad. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182 D.P.R. 267, 289 (2011).

Para los servicios de comunicación que no estén incluidos en los servicios de televisión por cable o satélite, servicios de telecomunicaciones o servicios telefónicos, “el volumen de negocios será el importe de lo recaudado de dichos servicios de comunicación en cada municipio donde mantenga oficinas”. (Enfasis suplido). 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(7)(G)(iii).

Por otro lado, la ley dispone que “[e]n caso de que las operaciones de un negocio sean llevadas a cabo en dos (2) o más municipios, el cómputo de la patente se hará prorrateando el volumen de negocios tomando como base el promedio del número de pi[e]s cuadrados de las áreas de los edificios utilizados en cada municipio durante el período contributivo del año natural anterior a la fecha de la radicación de la patente”. 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(7)(H).

Hemos resuelto antes que “cada municipio deberá recibir el pago correspondiente de patente municipal por aquella actividad económica que se materializa dentro de su jurisdicción geográfica, independientemente de si la misma se devenga o contabiliza finalmente por una casa u oficina en otra municipalidad”. (Énfasis suplido). First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 198, 204 (2001). Véase Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., 140 D.P.R. 152, 158 (1996).

Cabe señalar, a modo persuasivo, una Opinión del Se-cretario de Justicia por medio de la cual expresó que “ [e] 1 elemento esencial en la determinación de si una ‘persona dedicada con fines de lucro a la prestación de servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier negocio financiero o a cualquier industria o negocio en los municipios’, tiene que pagar la patente impuesta, es si el evento económico ocurre o se ejecuta dentro de la demarcación geográfica del Municipio”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido). Op. Sec. Just. Núm. 1980-2.

En Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., supra, establecimos dos requisitos que deben cumplirse para validar la tributación municipal. El primero de estos exige que la empresa o el negocio tenga un establecimiento comercial u oficina dedicada, con fines de lucro, a la prestación de cualquier servicio en el municipio correspondiente. En segundo lugar, una vez consumado el criterio anterior, es necesario que se determine la base sobre la cual se impondrá la patente.

Establecido el alcance de la Ley de Patentes Municipa-les y los requisitos necesarios para la imposición de la tributación, pasemos a discutir una de las defensas valederas mediante el mecanismo de la moción de desestimación.

B. Moción de desestimación fundamentada en dejar de ex-poner una reclamación que justifique la concesión de un remedio

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece que

[t]oda defensa de hechos o de derecho contra una reclama-ción se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada:
(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.
(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.
(3) Insuficiencia del emplazamiento.
(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento.
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la con-cesión de un remedio.
(6) Dejar de acumular una parte indispensable.

La referida regla permite que un demandado o reconvenido solicite al tribunal la desestimación de la demanda en su contra por el fundamento de que la acción no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010). A estos efectos, hemos expresado ya que para resolver una moción de desestimación, los tribunales tienen que dar por ciertas las alegaciones contenidas en la demanda y considerarlas de la manera más favorable para la parte demandante. García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 814 (2005).

Del mismo modo, reiteramos en Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 D.P.R. 407, 423 (2012), que no procede la desestimación a menos que se deduzca con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su reclamación.

Cónsono con lo anterior, la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone lo siguiente:

Después que la parte demandante haya terminado la pre-sentación de su prueba, la parte demandada, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la moción sea decla-rada “sin lugar”, podrá solicitar la desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, la parte demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el tribunal en su orden de desesti-mación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2... y cualquier otra desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido acu-mular una parte indispensable, tienen el efecto de una adju-dicación en los méritos.

A estos efectos, Cuevas Segarra nos expresa que

... esta disposición aplica cuando el demandante en el juicio ha terminado la presentación de su prueba, y el demandado, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en casos que la moción sea declarada sin lugar, solicita la desestimación fundamen-tándose en que bajo los hechos hasta ese momento probados por ley, el demandante no tiene derecho a la concesión de re-medio alguno. El tribunal puede determinar los hechos y dic-tar sentencia contra el demandante o puede denegarla hasta la presentación de toda la prueba. J.A. Cuevas Segarra, Tra-tado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. III, pág. 1158.

Examinada la regla que atiende el mecanismo de la des-estimación, veamos su aplicación a los hechos particulares del presente caso.

hH 1 — 1 1 — 1

En el caso de autos, los peticionarios alegan que incidió el foro apelativo al no desestimar la demanda en su contra. Adujeron que aun cuando EDI almacena papel en el muni-cipio de Cataño, los ingresos en concepto de esos productos los genera dentro de los límites territoriales del municipio de Guaynabo y, por ende, es a este último a quien corres-ponde realizar el pago en concepto de patentes. Nos parece correcta esta aseveración. Veamos.

De la Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia se establecen como hechos no controver-tidos, entre otros, los siguientes:

4. EDI no producía papel en el Almacén, sino que lo adquiría de fuentes externas.
5. No todo el papel que EDI utilizaba se guardaba en el Alma-cén en [el] Municipio de Cataño (Cataño), también tenía ins-talaciones de almacenaje en [el] Municipio de Guaynabo donde almacenaba papel (Guaynabo).
6. EDI no mantenía empleados en el Almacén de Cataño y la contabilidad de papel se llevaba a cabo en las oficinas de Guaynabo.
7. Prácticamente la totalidad de los servicios y ventas que EDI realiza se llevan a cabo en Guaynabo.
8. EDI contrataba a un tercero para el transporte de papel desde el Almacén a las instalaciones de Guaynabo.
9. Mientras no se necesitase papel, el Almacén permanecía cerrado.
10. EDI no ofrecía servicios al público en general, ni a terce-ras personas desde el Almacén, tampoco vendía productos, im-primía o llevaba a cabo ninguna otra función en el Almacén que no fuera el almacenaje de papel que luego se utilizaría para periódicos. Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del Certiorari, pág. 310.

De una simple lectura podemos colegir que aun cuando EDI almacenaba papel en el municipio de Cataño, los in-gresos en concepto de esos productos los generaba dentro de los límites territoriales del municipio de Guaynabo. Por lo tanto, es a favor de este último a quien se debe realizar el pago en concepto de patentes.

Recordemos que anteriormente establecimos que el factor determinante para la imposición del pago de patentes municipales es que “ ‘el ingreso se produzca como consecuencia de los negocios que la persona, natural o jurídica, desempeña en el municipio, lo cual implica que el ingreso no hubiese sido generado a no ser por las operaciones llevadas a cabo allí’ ”. Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., supra, pág. 161, citando a The Coca Cola Co. v. Mun. de Carolina, 136 D.P.R. 216, 221 (1994).

Del mismo modo, la Ley de Patentes Municipales esta-blece que las patentes se calculan a base del volumen de negocio atribuible a las operaciones realizadas en el muni-cipio que impone la patente autorizada. 21 L.P.R.A. sec. 651d(b).

Así pues, siguiendo el criterio rector reiterado en Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra, es necesaria la concurrencia de dos criterios para validar la tributación municipal. El primero de estos, como ya mencionamos, exige que la empresa o el negocio tenga un establecimiento comercial o una oficina dedicada, con fines de lucro, a la prestación de cualquier servicio en el municipio correspondiente. En segundo lugar, una vez cumplido con el criterio anterior, es necesario que se determine la base sobre la cual se impondrá la patente.

En este caso, el primer requisito para validar la tribu-tación municipal que reclama Cataño está ausente. Esto, pues EDI no tiene en Cataño un establecimiento comercial u oficina dedicada, con fines de lucro, a la prestación de servicios. Nótese que desde agosto de 2005 hasta agosto de 2008, EDI arrendó un local en Cataño con el único propó-sito de almacenar el papel que luego sería utilizado, de tiempo en tiempo, para la impresión del periódico en Gua-ynabo, conforme a la necesidad de suministro de papel.

Además, el dueño del almacén era quien se encargaba del control de acceso y de la seguridad de este, las calles, los caminos aledaños y el alumbrado. Cuando EDI necesi-taba buscar papel, el acceso al almacén se coordinaba con la seguridad del local y la compañía contratada para la transportación de este entre el almacén y la oficina de Guaynabo.

Más aún, EDI no se dedicaba a vender o distribuir papel almacenado ni dependía de mantener el local para produ-cir el periódico El Nuevo Día. Ello se debe a que mantenía áreas de almacenaje en sus facilidades de Guaynabo y uti-lizaba el almacén de Cataño para mantener una reserva de papel adicional, en aras de abaratar los costos asociados con la compra del papel en menores cantidades.

En conformidad con lo anterior, resulta evidente que dicho almacenamiento no era esencial para el funciona-miento de EDI. La producción del periódico no dependía del papel almacenado en Cataño, sino del que tenían en las facilidades de EDI en Guaynabo.

Finalmente, en cuanto al volumen de negocios atribui-ble a EDI, entendemos que equivale al importe de lo que recauda por sus servicios de comunicación en el municipio de Guaynabo, lugar donde lleva a cabo los negocios. El al-macén que utilizaba en Cataño, según evidencia el récord, no genera allí recaudo alguno.

Siendo ello así, y al tenor de la normativa ex-puesta anteriormente, concluimos que un municipio no puede imponer el pago de patentes a una entidad solo por llevar a cabo una actividad incidental a su negocio dentro de su límite territorial cuando esta no genera ingreso alguno. Por tal razón, es forzoso concluir que erró el tribunal a quo al no desestimar la demanda instada contra Guaynabo.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sen-tencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. En conse-cuencia, se desestima la demanda presentada contra el mu-nicipio de Guaynabo. Por otro lado, se devuelve el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos de la demanda instada en contra del municipio de Cataño de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

no intervino. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con la expresión siguiente:

Disiento de la opinión mayoritaria por entender inapro-piada nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. Por otro lado, después de resolver la contro-versia, el Tribunal devuelve innecesariamente el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedí-mientos en un caso ya resuelto. Por estas razones disiento de la opinión emitida por este Tribunal.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

       Véase Resolución y orden del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del Certiorari, pág. 318.

       Íd, pág. 316.

       Véase Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(7)(H)(16).

       Véanse, además: The Coca Cola Co. v. Mun. de Carolina, 136 D.P.R. 216, 221 (1994); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692, 696 (1988).

       Véase Apéndice del Certiorari, pág. 3.

       Íd., pág. 40.


author: per curiam:

text:
      In re Juan C. Guzmán Rodríguez.

      Número: TS-9380

      Resuelto: 14 de febrero de 2013

      Yanis Blanco Santiago, directora ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua.
   per curiam:

En octubre de 2012, la Junta de Educación Jurídica Continua presentó un informe ante este Tribunal en el que nos refirió el caso de incumplimiento del Ledo. Juan Carlos Guzmán Rodríguez. Se indicó que no cumplió con los requisitos establecidos en el Reglamento del Pro-grama de Educación Jurídica Continua durante el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2008, no tomó los cursos requeridos cuando se le envió un aviso y se le proveyó un periodo adicional para cumplir en el 2009, y no pagó la cuota para cumplimiento tardío. Además, no justificó su incumplimiento cuando compareció por escrito ante el Pro-grama de Educación Jurídica Continua luego de que se le citara para una vista informal en noviembre de 2010.

El licenciado Guzmán Rodríguez no contestó las llama-das, las cartas ni los correos electrónicos del Programa en numerosas ocasiones. En estas comunicaciones se le orien-taba sobre cómo presentar una solicitud de acreditación para cumplir con los requisitos de educación continua, ya que indicó que estaba trabajando en el estado de Florida y había tomado algunos cursos en línea, pero no había pro-visto los documentos necesarios para que se le convalidaran. Asimismo, el abogado ignoró una carta que el oficial examinador de la vista le envió en abril de 2012 informándole que interesaba brindarle una oportunidad adicional para que cumpliera antes de referir su caso a este Tribunal.

Mediante Resolución de 9 de noviembre de 2012, este Tribunal concedió al licenciado Guzmán Rodríguez un tér-mino de 20 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía debido a su incumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua y a su indiferencia ante los requerimientos del Programa. Aún hoy no ha comparecido.

I

Los miembros de la profesión legal están obligados a “mantener un alto grado de excelencia y competencia ... a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional...”. Con ese fin, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación Jurídica Continua. Éste requiere que los abogados y notarios admitidos a la práctica, que no estén exentos, aprueben 24 horas crédito en cursos acreditables cada dos años y dis-pone los procedimientos para certificar el cumplimiento, cumplir tardíamente o de forma alternativa y revisar las determinaciones del Programa de Educación Jurídica Continua. Es importante que quienes ejercen la abogacía cumplan con lo dispuesto en ese Reglamento y mantengan una comunicación efectiva con el Programa.

I — i I — !

En innumerables ocasiones les hemos recordado a los miembros de la profesión legal que tienen el deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal relacionados con su práctica profesional. No hacerlo constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, que dicta que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.

La dejadez es incompatible con el ejercicio de la abogacía. Por eso, cuando un abogado se muestra indife-rente ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias por no comparecer ante este Tribunal, procede su suspen-sión inmediata de la profesión.

I — I h — i I — I

El abogado de epígrafe ha actuado de forma censurable al no ser responsivo a los requerimientos que le han hecho este Tribunal y el Programa de Educación Jurídica Continua.

Por esto, se suspende indefinidamente al licenciado Guz-mán Rodríguez del ejercicio de la abogacía. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El informe de la'Junta de Educación Jurídica Continua señala que el licen-ciado tampoco ha tomado curso alguno para cumplir con los créditos exigidos para los periodos de enero de 2009 a diciembre de 2010 y de enero de 2011 a diciembre de 2012.

       Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

        In re Regí. Educ. Jur. Cont., 146 D.P.R. 494 (1998); Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua 2005 (4 L.P.R.A. Ap. XVII-E).

       Reglamento, supra, Rs. 4-5, 10-15 y 24-37.

       Véase In re Grau Collazo, 185 D.P.R. 938 (2012).

       Véanse, por ejemplo: In re Torres Trinidad, 183 D.P.R. 371 (2011); In re Rodríguez Salas, 181 D.P.R. 579 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 D.P.R. 1 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 D.P.R. 841 (2011); In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010); In re Otero Encarnación, 179 D.P.R. 827 (2010); In re Polanco Ortiz, 179 D.P.R. 771 (2010); In re Grau Díaz, 167 D.P.R. 397 (2006); In re Quiones Cardona, 164 D.P.R. 217 (2005); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R. 857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992).

       Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. K. Véanse: In re Rosado Cruz, 176 D.P.R. 1012 (2009); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992).

        In re Colón Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007); In re González Barreto, 169 D.P.R. 772 (2006).

        In re Montes Díaz, 184 D.P.R. 90 (2011); In re Feliciano Jiménez, 176 D.P.R. 234 (2009); In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re Reyes, Rovira, 139 D.P.R. 42 (1995).


text:
      In re Segundo Meléndez Zayas, querellado.

      Número: AB-2012-127

      Resuelto: 19 de febrero de 2013

      Alfredo Cardel Montalvo y Maricel del Carmen Mercader An-túnez, querellantes; Segundo Meléndez Zayas, pro se.

   per curiam:

Reiteradamente hemos sido enfáticos en re-saltar la importancia que reviste el que los abogados cum-plan con las órdenes impartidas por nuestros tribunales. En esta ocasión, nos vemos en la obligación de ordenar la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Segundo Me-léndez Zayas del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los requerimientos de este Tribunal.

I

El Ledo. Segundo Meléndez Zayas fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 28 de junio de 1989 y, posterior-mente, al ejercicio de la notaría el 9 de agosto del mismo año. El 3 de abril de 2012, el Sr. Alfredo Cardel Montalvo y la Sra. Maricel del Carmen Mercader Antunez presentaron ante nos una queja disciplinaria contra el abogado de epí-grafe, en la cual alegaron que para el 2004 otorgaron una escritura de liberación, segregación y compraventa ante este último. Además, que luego de realizado un estudio de título por la Sra. Odette González Ortiz, supieron que la escritura de compraventa no había sido debidamente ins-crita en el Registro de la Propiedad, Sección de San Germán.

Posteriormente, el 26 de abril de 2012, la subsecretaría del Tribunal Supremo cursó comunicación al licenciado Meléndez Zayas en la cual se le concedió un término de diez días para que tuviera oportunidad de contestar la queja presentada. La misiva fue cursada mediante correo certificado a la dirección que obra en nuestro Registro. Se-gún la boleta de cotejo, esta fue recibida y firmada por el propio licenciado Meléndez Zayas.

No obstante lo anterior, el señor Meléndez Zayas nunca compareció. Por ello, el 3 de julio de 2012 se le envió una segunda notificación, la cual también fue recibida y fir-mada por el propio letrado. Así las cosas, el 10 de septiem-bre de 2012 emitimos una Resolución en la cual concedi-mos al licenciado Meléndez Zayas un término final de cinco días para que compareciera ante este Tribunal y contes-tara la queja presentada. Asimismo, se le apercibió de que el incumplimiento con nuestra Resolución podía conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. En esa ocasión, ordenamos que la Resolución se notificara personalmente al letrado Me-léndez Zayas por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

A pesar de todos los trámites reseñados, al día de hoy el Ledo. Segundo Meléndez Zayas no ha comparecido a con-testar la queja ni ha cumplido con el requerimiento de nuestra Resolución.

H-1 I — I

En reiteradas ocasiones hemos expresado que todo abogado tiene la ineludible obligación de observar rigurosamente los requerimientos de este Tribunal. In re Montes Díaz, 184 D.P.R. 90, 93 (2011); In re Rivera Rosado, 180 D.P.R. 698 (2011). Asimismo, hemos enfatizado que la obligación de contestar con premura y diligencia se agudiza cuando las órdenes del Tribunal se refieren a procedimientos relacionados con la conducta profesional de los letrados. In re Martínez Class, 184 D.P.R. Ap. (2012); In re Rosario Martínez, 184 D.P.R. 494, 498 (2012).

De igual manera, hemos señalado que desatender las órdenes judiciales constituye, en sí misma, una violación a los Cánones del Código de Ética Profesional. In re Buono Colón, 187 D.P.R. 379 (2012); In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010). Véase, además, Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, respecto a la exigencia de respeto hacia los tribunales. Por consiguiente, se configura una falta independiente a los méritos de la queja presentada cuando un abogado incumple con esta disposición ética. In re Montes Díaz, supra; In re Otero Encarnación, 179 D.P.R. 827 (2010); In re Rosado Ramos, 172 D.P.R. 400 (2007).

Cónsono con estos principios, cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re Morales Rodríguez, 179 D.P.R. 766 (2010); In re Feliciano Jiménez, 176 D.P.R. 234 (2009). Ello es así debido a que el patrón de dejadez e incumplimiento con nuestras órdenes en la esfera disciplinaria es incompatible con el ejercicio de la abogacía. In re González Barreto, 169 D.P.R. 772 (2006).

Como corolario de la doctrina, esta Curia ha resuelto que los abogados están obligados a cumplir con nuestros requerimientos aunque la acción disciplinaria que se ha iniciado mediante queja sea inmeritoria. In re Rojas Rojas, 185 D.P.R. 405, 407-408 (2012); In re García Vallés, 172 D.P.R. Ap. (2007).

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En el caso de autos, el señor Meléndez Zayas incumplió con su deber de responder oportunamente a la queja pre-sentada en su contra y a los requerimientos de este Tribunal. Esto, a pesar de que el propio querellado recibió personalmente dos notificaciones enviadas por correo cer-tificado y una resolución notificada personalmente por la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Sus acciones reflejan un comportamiento desidioso e indiferente, considerado in-aceptable para un miembro de la profesión legal.

En vista de lo anterior, decretamos su suspensión inde-finida e inmediata del ejercicio de la abogacía y de la nota-ría, según se le había apercibido. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e informar oportunamente de su suspen-sión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y cer-tificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días a partir de la notifica-ción de esta opinión per curiam y sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tar la obra y el sello notarial del señor Meléndez Zayas y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Cabe señalar que se han presentado dos quejas adicionales contra el licen-ciado Meléndez Zayas que se encuentran pendientes ante este Tribunal. Véanse Quejas AB-2012-109 y AB-2011-373.