text:
    El Pueblo, Apelado, v. Meléndez, Apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2098.
    Resuelto en febrero 19, 1924.
   El único error señalado por el apelante es la negativa del juez sentenciador a conceder una moción de nuevo juicio fundada en que el veredicto fué contrario a la ley y a la prueba. Se resolvió: que no bay envuelta cuestión alguna verdadera de derecho y la discusión se refiere a la aprecia-ción de la prueba tratándose de demostrar un abuso de dis-creción.

Un examen de los autos no revela un abuso tal que jus-tifique una revocación y un análisis de todos los hechos ca-recería de finalidad práctica, por lo cual se confirmó la sen-tencia.

El Juez Asociado Se. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Stebbins Bajo el Nombre de Besosa & Stebbins, Sucr., Demandante Apelante, v. Porto Rico Commercial Corporation, Demandada y Apelada.
    Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.
    No. 2837.
    Resuelto en febrero 29, 1924.
   Esta es una acción para recobrar el valor de 25 barriles de tocino que se alegaba era el resto de un lote de 116 barri-les vendidos por la demandada al demandante. La deman-dada negó la venta y alegó qne había vendido 316 barriles de tocino a Armour & Co. y la reventa por Armour & Co. al demandante de 116 barriles y sn entrega. La demanda fné desestimada levantándose varios errores por el demandante: qne la corte erró al declarar sin lugar la demanda, en no fallar qne la demandada tenía el deber de entregar los 116 barriles de tocino al demandante, en no decidir qne existía un contrato de compraventa entre las partes, en qne faltaban. 10 barriles por entregar y finalmente en qne la prneba no sostenía la sentencia.

Hubo prneba oral para demostrar una venta consumada y una entrega interpretativa a Armour & Co. antes de ce-rrarse el trato con Stebbins; que la demandada permitió qne el tocino continuara en sn almacén pendiente de distri-bución a riesgo del comprador y sin responsabilidad para el vendedor.

Considerando todas las circunstancias, no encontró el Tribunal Supremo tal manifiesto error en la apreciación de la prueba referente a la entrega qne justifique una revoca-ción de la sentencia apelada, la cual se confirmó.

El Juez Asociado Se. Hutchisou, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Polanco, Demandante y Apelado v. Goffinet et al., Demandados y Apelantes.
    Corte de Distrito de Humacao.
    No. 2772.
    Resuelto en marzo 26, 1924.
   August y Constant Goffinet siguieron un juicio ejecutivo hipotecario contra José J. Nicolás Polanco en el que fué vendida una finca del demandado obteniéndose en la subasta la cantidad de $19,202.

El objeto de esta apelación es que se declare que no pro-cedía requerir a los apelantes para entregar los $19,202 y en vista de que ese requerimiento se había hecho, resolvió el Tribunal Supremo que resulta académico resolver si era o no procedente y por ese motivo la apelación se desestimó.

El Juez Asociado Sb. Audrey, emitió la opinión del tribunal.


text:
    El Pueblo, Apelado, v. Castro, Apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2229.
    Resuelto en marzo 28, 1924.
   El primer motivo de error alegado por el apelante para pedir la revocación de la sentencia que lo condenó por el delito de burto de mayor cuantía es, que al decir la acusa-ción que “sustrajo varias prendas valoradas en más de cien dollars” sin otra descripción o identificación de dichas pren-das, no imputa un delito.

El fiscal estuvo conforme con que la acusación era in-suficiente y de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Piris, (pág. 941) se revocó la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Nos. 3004 y 3007.
    Padilla, Apelante, v. Asamblea Municipal de Arroyo, Apelada.
    C. de D. de Guayama.

      Cer-tiorari.

    R. jun. 1, 1923.
   No habiendo el apelante en estos casos presentado en esta Corte en debida forma las cons-tancias del juicio y por los fundamentos del caso No. 2661 de Rodríguez v. Asamblea Municipal de Guánica, 31 D. P. R. 133, se elimina de la transcripción de antos el llamado return”, y no habiendo radicado sn alegato dentro del tér-mino qne le fné concedido, se desestima la apelación.


text:
    No. 2678.
    Figueroa et al., v. Sumersille, Apelante.
    C. de D. de Humacao.
    R. jun. 5, 1923.
   Desestimado el re-curso a instancia del apelado por no haber presentado ale-gato el apelante.


text:
    No. 82.
    Ex parte Cestero.

    Habeas Corpus.

    R. jun. 7, 1923.
   Llamado el caso para vista, desistió el peticionario por habérsele fijado por la corte inferior fianza para obtener sn libertad. Se le tnvo por desistido, quedando el peticio-nario bajo la custodia del alcaide de la cárcel.


text:
    No. 2024.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    Adulteración de leche.
    R. jun. 8, 1923.
   Examinados los antos y apareciendo de 'la prueba qne el acusado no tenía ni ofrecía en venta como pura leche de vaca adulterada, que fné el hecho impu-tado en la acusación, sino que era de otra persona la leche adulterada que se le ocupó y él la conducía a un depósito que no era de su propiedad; y vistos los casos de El Pueblo v. Nogueras, 23 D. P. R. 332, y El Pueblo v. Ojeda, 26 D. P. R. 437, se revoca la sentencia y se absuelve al acusado.


text:
    No. 3079.
    Cayere, Apelado, v. Quiñones et al., Apelantes.
    C. de D. de Humacao.
    Cobro de dinero.
    R. jun. 12, 1923.
   Desestimada la apelación ,por no haberse presentado en tiempo la exposición del caso ni solicitado prórroga cotí tal objeto.


text:
    No. 3004.
    Padilla, Apelante, v. Asamblea Municipal de Arroyo, Apelada.
    C. de D. de Guayama.

      Certiorari.

    R. jun. 18, 1923.
   Sosteniéndose esta resolución por los funda-mentos del caso de Rodríguez v. Asamblea Municipal de Guánica, 31 D. P. R. 493, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 2094.
    El Pueblo, Apelado, v. Martínez, Apelante.
    C. de D. de Ponce.
    Infracción del artículo 553 del Código Penal.
    R. jun. 25, 1923.
   No siendo los hechos que se pro-baron, constitutivos del delito denunciado, se revoca la sen-tencia apelada y absuelve al acusado.


text:
    No. 3090.
    García, Sepúlveda et al., Apelantes, v. García Díaz et al., Apelados.
    C. de D. de Ponce.
    Nulidad de sen-tencia y otros extremos.
    R. jun. 26, 1923.
   Desestimada a instancia del apelado porque después de eliminado el récord taquigráfico en diciembre 14, 1922, no se ha archivado nin-gún otro récord o exposición ni radicado los autos en esta corte.


text:
    No. 3051.
    Jorge, Apelada v. Claudio, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Segundo.
    Daños y perjuicios.
    R. jul. 9, 1923.
   Desestimado el recurso a instancia de la ape-lada por no haber cumplido el apelante con la regla No. 42 del Reglamento del Tribunal.


text:
    No. 3099.
    Aguayo, Apelado, v. Vázquez, Apelante.
    C. de D. de Guayama.
    R. jul. 16, 1923.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por no haber el apelante presentado la exposición del caso y pliego de excepciones, sin haber solici-tado prórroga.


text:
    No. 3104.
    Guzmán, Apelado, v. Orellana, Apelante.
    Cobro de dinero.
    C. de D. de Humacao.
    R. jul. 19, 1923.
   De-sestimado el recurso a instancia del apelado por no haber el apelante presentado en tiempo la exposición del caso, ni la transcripción de autos.


text:
    No. 15.
    In re. Aponte, Jr., Querellado.

    Disbarment.
    R. jul. 24, 1923.
   Archivado el caso en vista de la moción del Attorney General y del informe del fiscal especial qne le acompaña.


text:
    No. 3109.
    Fulladosa, Apelada, v. Castro, Apelante.
    C. de D. de Humacao.
    R. jul. 26, 1923.
   Desestimado a instan-cia del apelado después de oir los argumentos de los abo-gados de ambas partes, por los fundamentos de la opinión en el caso No. 2983 de Díaz v. The Porto Rico Railway, Light & Power Co., (pág. 95).


text:
    No. 2825.
    López, Apelante, v. Millán, Apelada.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. jul. 28, 1923.
   Exami-nados los autos del caso donde aparece un conflicto de la evi-dencia qne fue resuelto por la corte sentenciadora a favor del demandado; y estimando además que el apelante en su alegato no lia hecho una relación concisa de la cansa ni una exposición por separado de los errores en que funda su re-curso y no resultando que se haya cometido error fundamental, se confirma la sentencia.


text:
    No. 3139.
    Sucesores de Abarca, Apelante, v. Nones et al., Apelados.
    Cobro de dinero.
    C. de D. de Ponce.
    R. nov. 6, 1923.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado, con la conformidad de la apelante.


text:
    No. 3175.
    Fernández et al. Apelantes, v. Lizardi et al., Apelados.
    Beivindicación.
    C. de D. de Humacao.
    R. nov. 6, 1923.
   Celebrada la vista sin asistencia de las partes, se desestimó el recurso por falta de gestión por el apelante.


text:
    No. 3150.
    Bonilla, Apelante, v. Robles, Apelado.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. nov. 6, 1923.
   Celebrada la vista con asistencia de las partes, se desestimó la apelación estable-cida contra providencia que resolvió la impugnación hecha a un memorándum de costas, porque siendo una providencia especial dictada después de sentencia definitiva no se inter-puso el recurso dentro del termino de diez días, de acuerdo con el artículo 295 No. 3 del Código de Enjuiciamiento Civil.


text:
    No. 212.
    Del Valle, Peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla.

    Mandamus.
    R. nov. 8, 1923.
   Apareciendo de 3a solicitud presentada que la cuestión planteada en este caso fué discutida y resuelta por la corte inferior después de ha-ber sido notificado y oído el fiscal y no constando ningúu hecho demostrativo de abuso de discreción en el grado que fija la doctrina del caso de Dyer v. Rossy, 23 D. P. R. 772, y además vistos los casos de El Pueblo v. Paris, 25 D. P. R. 111, y El Pueblo v. Ibern, 31 D. P. R. 917, no ha lugar a ex-pedir el auto.


text:
    No. 214.
    García, Peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla.

    Mandamus.
    R. nov. 15, 1923.
   Eesuelto por los fundamentos del caso de del Valle v. Corte de Distrito de Aguadilla, de nov. 8, 1923. Denegado.


text:
    No. 3174.
    Díaz, Apelado v. Sucesión de M. Díaz, Apelantes.
    C. de D. de Humacao.
    R. nov. 8, 1923.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por no haberse presentado en tiempo la exposición del caso ni la transcripción de la evidencia.


text:
    No. 3121.
    Ortiz, Apelante, v. Claudio, Apelado.
    C. de D. de Ponce.
    R. nov. 8, 1923.
   Cumplimiento de contrato. Vista la moción del apelado sobre desestimación de apela-ción, la certificación del secretario de la corte inferior qne se acompaña y el alegato formulado en apoyo de la misma, se desestima la apelación. .


text:
    No. 3116.
    Buitrago, Apelado, v. Asamblea Municipal de Guayama, Querellante.
    Memorándum de costas.
    R. nov. 8, 1923.
   Se desestima la apelación por no haberse archivado en tiempo la transcripción de autos.


text:
    No. 3170.
    Rivera, Apelante, v. Díaz, Apelado.
    C. de D. de Aguadilla.
    Otorgamiento de escritura.
    R. nov. 8, 1923.
   Se desestimó la apelación por haber vencido en sept. 17, 1923 la última prórroga concedida al taquígrafo para pre-parar la transcripción de la evidencia que solicitó el apelante y no hizo, sin qne se haya archivado tampoco la transcrip-ción de antos.


text:
    No. 425.
    Herederos de Cruz Jiménez, Peticionarios, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. P. Berga, Juez, Demandado.
    R. nov. 9, 1923.
   En la solicitud de certiorari pre-sentada en este caso en sept. 12, 1923, cuando esta Corte estaba en vacaciones, se alegó como sigue: “En obser-vancia de lo dispuesto en la ley del caso y ep las reglas 69 y siguientes de las de esta Hon. Corte los peticionarios alegan: que solicitan de esta Corte Suprema el ejercicio de su jurisdicción original para que expida dicho auto, porque habiendo dirigido a la corte de distrito una moción para qne reconsidere y anule su resolución del 31 de agosto no solamente no la ha anulado sino que ha diferido consi-derar dicha moción hasta el mes de noviembre próximo:”

T habiendo llegado el mes de noviembre sin que la soli-citud de certiorari haya sido aún resuelta, teniendo por tanto oportunidad la parte interesada de insistir en que su caso sea primeramente decidido por la corte de distrito:

La Corte Suprema, en el ejercicio de su discreción, por tal motivo, niega la expedición del auto solicitado.


text:
    Nos. 429 y 430.
    Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Peticionaria, v. Corte de Distrito de Arecibo.
    R. nov. 12, 1923.
   Descansando la concesión de prórrogas en la sana discreción de la corte y no demostrando la solicitud de cer-tiorari que al negar la prórroga de que se trata la corte abu-sara de su poder discrecional, no ha lugar a expedir el auto.


text:
    No. 3115.
    Crespo et al., Apelados, v. Crespo et al., Apelantes.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. nov. 13, 1923.
   Decla-rada con lugar la corrección de autos pedida por los ape-lantes.


text:
    No. 2433.
    Borrás et al., Apelantes, v. Ramis et al., Apelados.
    C. de D. de Humacao.
    R. nov. 15, 1923.
   Desistido a instancia de los apelantes y del apelado Solano Mendoza, en lo que afecta a los mismos solamente, considerando firme y ejecutiva la sentencia apelada en cuanto a las fincas que se describen en los números 4 y 5 en el párrafo 6 de la de-manda enmendada, poseídas por dicho demandado; debiendo continuar el recurso y los procedimientos del litigio contra los otros demandados y las demás fincas.


text:
    No. 3127.
    Mangual, Tercerista, Apelante, v. Suárez, Contrademandante-Apelado, y Hernández, Demandado-Apelado
    C. de D. de Aguadilla.
    R. nov. 16, 1923.
   Apareciendo que la transcripción se archivó fuera del término que marca la ley, porque no existiendo exposición del caso se radicó después de vencidos treinta días contados desde la notifica-ción de la apelación sin que hubiera concedido prórroga al-g:una, se declaró con lugar la moción y se desestimó el re-curso.


text:
    No. 575.
    Santiago, Recurrente, v. Registrador de San Germán, Recurrido.
    R. nov. 20, 1923.
   Vistos los alegatos y especialmente la declaración que en su alegato hace el re-gistrador respecto a la omisión del recurrente de acompañar copia certificada, debidamente autenticada del matrimonio a que se hace referencia en la escritura de hipoteca voluntaria, donde aparece el defecto subsanable que es objeto del recurso, y la'doctrina de los casos de Pujals v. El Registrador, 20 D. P. R. 43, Rivera v. El Registrador, 26 D. P. R. 625, Ortiz v. Registrador 23 D. P. R. 702, y Ochoa v. Registrador, 26 D. P. R. 783, se confirma la nota.


text:
    No. 431.
    Cividanes, Peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama.

    Certiorari.
    R. nov. 30, 1923.
   Considerando que la corte de distrito hizo bien en suspender los procedi-mientros mientras tanto se resolviese la moción de traslado en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el- Dis-trito de Puerto Rico, no ha lugar a expedir el auto.


text:
    No. 579.
    Martínez, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    R. dic. 5, 1923.
   Visto y considerado el presente recurso gubernativo contra nota del registrador, el tribunal resuelve confirmar la misma.


text:
    No. 3191.
    Buitrago, Comisionado, etc., Apelado, v. Asamblea Municipal de Guayama, Apelante.
    C. de D. de Guayama.
    R. dic. 7, 1923.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por no haberse presentado pliego .de excepciones o exposición del caso, solicitado prórroga ni archivado la transcripción de los autos.


text:
    No. 2113.
    El Pueblo, Apelado, v. Aparicio, Apelante.
    C. de D. Ponce.
    Seducción.
    R. dic. 17, 1923.
   Celebrada la vista con la sola asistencia del fiscal, examinados los autos y los alegatos y apareciendo que el único error que se señala es que el veredicto no está sostenido por la prueba, habién-dola examinado el tribunal y encontrado que es suficiente, se declara sin lugar el recurso. Confirmada.


text:
    No. 3180.
    Curbello, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    C. de D. de Humacao.
    R. dic. 18, 1923.
   Apareciendo de la certificación expedida por el secretario de la corte de dis-trito, que la sentencia se dictó en mayo 7, 1923, y la apelación se interpuso el día 12 del mismo; que se concedieron varias prórrogas a la apelante para presentar la exposición del caso; que no se ha presentado el pliego de excepciones ni la exposición del caso no habiéndose archivado tampoco la transcripción de los autos; de acuerdo con la jurispruden-cia constante de este tribunal, se declaró con lugar la moción y se desestimó la apelación.,


text:
    No. 3190.
    Mazarredo et al., Apelantes v. García et al., Apelados.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. dic. 18, 1923.
   No habiéndose presentado ningún pliego de excepciones o ex-posición del caso, ni la transcripción de la evidencia certi-ficada por el taquígrafo ni obtenido prórroga para ello, sin que se haya archivado tampoco la transcripción de los autos; de acuerdo con la ley y la jurisprudencia constante de este tribunal, sé declaró con lugar la’moción y se desestimó la apelación.


text:
    No. 3159.
    No. 3160.
    Sucesores de Gilet & Arce, S. en C., Apelados v. Vázquez, Apelante. Sucesores de Cosio & Primo, S. en C., Apelados, v. Vázquez, Apelantes.
    C. de D. de Ponce.
    R. dic. 18, 1923.
   Habiéndose archivado la trans-cripción de los autos en la Secretaría de este Tribunal en sep. 20, 1923 y apareciendo que las apelantes nó han ra-dicado alegato alguno dentro del término reglamentario ni solicitado prórroga, se declaró con lugar la moción y se de-sestimó el recurso.


text:
    No. 3197.
    Torres, Apelante, v. American Railroad Company of Porto Rico, Apelada.
    C. de D. de Ponce.
    R. dic. 21, 1923.
   Desestimada la apelación por los fundamentos de los casos de Sanders Philippi & Cia., Scres., S. en C., v. Rivera, 28 D. P. R., 957, y Pagán v. Pagán, 32 D. P. R., 640.


text:
    No. 3204.
    Piñero, Apelado, v. Vázquez, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Segundo.
    R. dic. 21, 1923.
   Apa-reciendo que la sentencia decretando el desahucio por falta de pago de fecha 20 de nov. 1923 fue apelada el 26 del propio mes, sin que se consignaran los cánones de arrendamiento vencidos; vista la ley, se declaró con lugar la moción y se desestimó el recurso.


text:
    No. 3195.
    Torres, Apelado, v. Ramos, Apelante.
    C. de D. de Ponce.
    R. dic. 21, 1923.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por no haber el apelante radicado en tiempo la transcripción de los autos.


text:
    No. 3133.
    Del Rosario, Apelante, v. Santiago et al., Apelados.
    C. de D. de Humacao.
    R. enero 15, 1924.
   Ha-biéndose archivado la transcripción de los autos en la secre taría de este tribunal el 7 de agosto, 1923, sin que la ape-lante haya redicado alegato ni solicitado prórroga para ello, se declaró con lugar la moción del apelado y se desestimó el recurso.


text:
    No. 2145.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Primero.
    R. enero 18, 1924.
   Celebrada la vista sin la comparecencia del apelante; siendo la prueba contradictoria y habiendo el tribunal inferior re-suelto el conflicto sin qne liaya cometido error, y estando la pena impuesta de acuerdo con la ley, se confirmó la sen-tencia.


text:
    No. 2134.
    El Pueblo, Apelado, v. Echavarry, Apelante.
    Adulteración de leclie.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. enero 24, 1924.
   Celebrada la vista sin la asistencia del apelante; examinados los alegatos así como la trans-cripción de autos; siendo la insuficiencia de la prueba la. única cuestión propuesta por el apelante y considerándola el-tribunal suficiente, se confirmó la sentencia.


text:
    No. 2190.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. enero 21, 1924.
   Vista la moción del acusado notificada al fiscal de esta corte, se desestima el presente recurso por haber sido ya resuelto este caso anteriormente por el tribunal.


text:
    No. 3211.
    El Pueblo a requerimiento de F. Monclova, Apelado, v. Martínez, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Primero.
    R. enero 21, 1924.
   Apareciendo qne dic-tada sentencia en este procedimiento el 27 de abril 1923 a favor del demandante, el demandado apeló y obtuvo qne en 4 de junio la corte inferior ordenara al taquígrafo que trans-cribiera la evidencia dentro del término de ley, y que se le concedieran otros términos adicionales que vencieron sin que se hubiera preparado la transcripción; y no habiéndose archivado la transcripción de los autos, se declaró con lugar 3 a moción y se desestimó la apelación.


text:
    No. 3218.
    Matos, Apelante, v. Caraballo, Apelada.
    C. de D. de San Juan, Distrito Primero.
    R. enero 21, 1924.
   Apareciendo que la sentencia en este caso de julio 11, 1923 fué apelada en agosto 11, siguiente y en oct. 17, 1923, la corte ordenó al taquígrafo que preparara la transcripción dentro del plazo de ley sin qne el taquígrafo lo hiciera, y no habiéndose archivado la transcripción de autos, se declaró con lugar la moción y se desestimó la. apelación.


text:
    No. 3212.
    Ballester, Apelado, v. Martínez et al., Apelantes.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. enero 25, 1924.
   Dene-gada la reconsideración solicitada. •


text:
    No. 3080.
    Simons Hardware Co., Apelante, v. Healy & Siebert, etc., Apelada.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. enero 29, 1924.
   Desestimado el recurso a instan-cia del apelado por no ser apelable la orden de la corte inferior de fecha marzo 26, 1923, y además, por no haberse radicado la transcripción de autos dentro del término legal.


text:
    No. 3219.
    Ramírez, Apelado, v. García, et al., Apelantes.
    C. de D. de Mayagüez.
    R. enero 29, 1924.
   Desesti-mado el recurso a instancia del apelado por no haber pre-sentado en tiempo el apelante la exposición del- caso y no ha-berse radicado la transcripción de los autos dentro del tér-mino legal.


text:
    No. 3245.
    Ballester, Apelado, v. Rullán, Apelante.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. enero 29, 1924.
   Exigiendo.la sección 12 de la ley de desahucio que para admitir la ape-lación del demandado en este procedimiento se otorgara una lianza a satisfacción del tribunal que conoció del juicio, la cual fué declarada nula por dicho tribunal y habiendo vencido el término para poder otorgar otra fianza válida, se deses-timó el recurso.


text:
    No. 2983.
    Gordils, Apelante, v. Blazquez, Apelado.
    C. de D. de Arecibo.
    R. enero 29, 1924.
   Por cuanto, en el caso arriba expresado consta que fué ofrecida una carta como prueba, que representaba estar fir-mada por el demandado y apelado, y fechada agosto 16, 1920.

Poe cuanto, no se permitió que la referida carta se ofre-ciera como prueba y a esta resolución denegatoria fué to-mada la debida objeción y se alega ahora como error.

Poe cuanto, la inclusión de esta carta como prueba pa-rece ser importante para la consideración de este caso;

Poe tanto, se ordena por la presente que el Juez de la Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Enrique Lloreda, dis-ponga que se prepare una certificación suplementaria en este caso, que incluya la referida carta y se identifique como la carta que fue ofrecida en evidencia, concediéndose a am-bas partes la oportunidad de ser oídas con el fin de proponer adiciones o enmiendas a la indicada certificación.


text:
    No. 442.
    Hernández, Peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.

    Certiorari.
    R. enero 29, 1924.
   En el ejercicio de su facultad discrecional, el tribunal denegó el auto.


text:
    No. 3168.
    Durán, Ex parte, Administradora Judicial y Apelante.
    Testamentaria.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. enero 29, 1924.
   Desestimado el recurso a ins-tancia de la apelada por no haber radicado alegato la ape-lante ni solicitado prórroga para ello.


text:
    No. 2627.
    Díaz, Apelante, v. Joglar, Apelado.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. enero 29, 1924.
   Denegada la moción del apelante sobre aclaración de sentencia.


text:
    No. 3142.
    Blanco, Apelada, v. Muñoz, Apelante.
    Cobro de cantidad.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. enero 29, 1924.
   Desestimado el recurso a instancia de la apelada, por no haber presentado alegato el apelante.


text:
    No. 2159.
    El Pueblo, Apelado, v. Martínez, Apelante.
    C. de D. de Ponce.
    R. feb. 1, 1924.
   Celebrada la vista con la comparecencia e informe de ambas partes, apareciendo, que la prueba que conecta al acusado con el delito es la decla-ración del cómplice Pedro Morales la cual no fué corrobo-rada, visto el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y la decisión en el caso de El Pueblo v. Buxó, 29 D. P. R. 81, se revoca la sentencia, y se absuelve al acusado.


text:
    No. 2164.
    El Pueblo, Apelado, v. Santiago, Apelante.
    C. de D. de Arecibo.
    R. feb. 1, 1924.
   Celebrada la vista con la sola asistencia del fiscal; no expresándose en la de-nuncia por abandono de hijos, que el padre lo hizo “sin ex-cusa legal”, requisito esencial del artículo 263 del Código Penal, y vistos los casos de El Pueblo v. Giraud, 23 D. P. R. 531, y El Pueblo v. Ferrán, 26 D. P. R. 263, se revoca la sentencia y absuelve al acusado.


text:
    No. 3210.
    El Pueblo, a Requerimiento de Adrián Cheveres, Apelado, v. Guardiola, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Primero.
    R. feb. 11, 1924.
   Apareciendo de la moción de desestimación y de la certificación que se acom-paña, que después de vencido el último término concedido .por la corte inferior al apelante para preparar la transcrip-ción de la evidencia, ni el apelante ni el taquígrafo han soli-citado u obtenido otra prórroga a dicho fin y habiendo trans - currido más de 30 días desde la fecha en que se radicó la apelación, se desestima.


text:
    No. 3257.
    Fernández, Apelante, v. The Employer's Liability Assurance Cor. Ltd., Apelada.
    C. de D. de San Juan, Distrito Primero.
    R. feb. 14, 1924.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por no haberse archivado en tiempo la transcripción de los autos.


text:
    No. 2124.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    C. de D. de Arecibo.
    R. feb. 15, 1924.
   Vistos los alegatos de las partes y apareciendo que no se ha establecido siquiera por circunstancias y deducciones lógicas, ni puede inferirse de los hechos probados, el sitio donde se cometió el delito; por los fundamentos de la opinión en el caso de El Pueblo v. Amorós, 31 D. P. R. 506, se revoca la sentencia apelada.


text:
    No. 2176.
    El Pueblo, Apelado, v. Maldonado, Apelante.
    C. de D. de Arecibo.
    R. feb. 15, 1924.
   Vistos el llamado “alegato” del apelante y el informe del fiscal; siendo la-prueba suficiente y no habiéndose demostrado la existencia de grave error, pasión, prejuicio o parcialidad en la apre-ciación de la misma por la corte inferior, se confirma la sen-tencia apelada.


text:
    No. 2739.
    Martínez et al., Apelantes, v. Soto, Apelado.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. feb. 15, 1924.
   Celebrada la vista de esta apelación interpuesta contra resolución denegatoria de un nuevo juicio, con asistencia de los abogados de ambas partes.

Por cuastto, el alegato de la parte apelante no establece que la corte inferior hubiera quedado obligada por la reso-lución del Departamento de Sanidad, o que la mera cance-lación del permiso para construir necesaria o probablemente hubiera producido un resultado distinto;

Por cuanto, la investigación en que se basó tal resolu-ción había sido hecha varias semanas antes del juicio como resultado de quejas presentadas por los, apelantes en el De partamento de Sanidad, y no se hizo demostración alguna de la diligencia que se ejercitara, si alguna se ejercitó, para descubrir antes del juicio la acción que se hubiera tomado sobre dichas quejas;

Por cuanto, no aparece que el resultado de tal investi-gación no fuera, en todo caso, prueba acumulativa; y

Por cuaNto, por razón de los fundamentos en que esta corte se basó para confirmar, en diciembre 17, 1923, la sen-tencia en la apelación No. 2994, (p. 607), las cuestiones que aquí se pretende levantar resultan académicas;

. Por tanto, la resolución de la corte inferior de marzo 24, 1922, desestimando la moción de nuevo juicio, es por la pre-sente confirmada.


text:
    No. 2216.
    El Pueblo, Apelado, v. Toro, Apelante.
    C. de D. de Ponce.
    R. feb. 18, 1924.
   Celebrada la vista con la sola asistencia del fiscal, examinados los autos y los alegatos de ambas partes y no encontrando que se haya cometido error fundamental alguno, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia.


text:
    No. 3260.
    Ballester, Apelante, v. Martínez et al., Apelados.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. feb. 21, 1924.
   Desesti-mado el recurso a instancia del apelado por no haberse radi-cado la transcripción del récord dentro del término legal.


text:
    No. 443.
    Casal, Peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero.

    Certiorari.
    R. feb. 21, 1924.
   Examinada la solicitud y oídos los abogados de ambas par-tes, no habiéndose establecido a satisfacción de la corte el derecho al remedio solicitado, en el ejercicio de nuestra dis-creción se declara no haber lugar al auto..


text:
    No. 2146.
    El Pueblo, Apelado, v. Hernández, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Segundo.
    R. feb. 25, 1924.
   Visto el alegato del apelante y el informe del fiscal y no habiéndose presentado pliego de exposición del caso ni de excepciones ni suscitado cuestión de derecho alguna, se con-firma la sentencia.


text:
    Nos. 2071 al 2081.
    El Pueblo, Apelado, v. Laurnaga & Cía., Sucesores, S. en C., Apelante.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. feb. 25, 1924.
   Por las razones consignadas en la opinión del caso No. 2053 El Pueblo v. Laurnaga & Cía. (pág. 831), se revocan las sentencias apeladas.


text:
    No. 3270.
    Arnaldo, Apelado, v. Fernández, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Primero.
    R. feb. 25, 1924.
   Oída la moción verbal presentada en corte abierta por el abogado del apelado, se declara con lugar y se le tiene por desistido de su moción para desestimar la apelación.


text:
    No. 3266.
    Salazar et al., v. Becerra, Apelante.
    C. de D. de Ponce.
    R. feb. 26, 1924.
   Apareciendo de la moción de desestimación y de la certificación que se acompaña* cuya vista se celebró en 25 del corriente sin asistencia de las partes, que en julio 27, 1921 fué apelada la sentencia dictada en este caso con fecha 29 de junio de 1921, y que el apelante no ha presentado transcripción de la evidencia o exposición del caso y pliego de excepciones ni solicitó prórrogas para tal fin, se declara con lugar la moción y se desestima la ape-lación.


text:
    No. 3272.
    Southgate Import & Export Co., Apelada, v. Pérez, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Segundo.
    R. feb. 26, 1924.
   Apareciendo de la moción de la apelada y de la certificación acompañada que el demandado radicó su escrito de apelación contra la sentencia apelada en enero 15, 1924 sin que basta la fecha de la certificación, feb. 18, 1924, hubiera presentado exposición del caso o transcripción de la evidencia ni hubiera solicitado prórroga al efecto, se declara con lugar la moción y se desestima la apelación.


text:
    No. 3278.
    Jovet, Apelante, v. Jiménez, Apelada.
    C. de D. de Ponce.
    R. mar. 3, 1924.
   Yista la moción del apelante allanándose a la desestimación solicitada por la parte ape-lada, se declara con lugar la moción y se desestima la ape-lación.


text:
    No. 3280.
    Rivera, Apelado, v. Reyes et al., Apelantes.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. mar. 6, 1924.
   Vista la moción sobre desestimación de apelación fundada en no haber sido notificado el apelado de la apelación y apareciendo de la cer-tificación del secretario de la corte de distrito que uno'de los abogados de los apelantes ha presentado una declaración jurada de haber hecha esa notificación por correo,' se declaró no haber lugar a la desestimación pedida.


text:
    No. 585.
    La Sociedad Anonyme des Sucreries de Saint Jean, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso Gubernativo.
    R. mar. 12, 1924.
   Examinado el do-cumento presentado en el registro o sea la escritura No. 103, otorgada en Caguas, ante el notario Joaquín Vendrell, la nota del registrador negando la inscripción y los alegatos del re-currente y del opositor, y no apareciendo que los gravámenes inscritos que en la nota se describen puedan ser afectados por la servidumbre constituida en el documento, se revoca la nota y se ordena la inscripción pedida.


text:
    No. 433.
    Corujo, Peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Demandado.

    Certiorari.
    R. mar. 12, 1924
   Exa-minados los alegatos, visto lo dispuesto en la sección 17 de la ley para proveer el procedimiento en los casos de tercería, de marzo 14, 1907, Compilación 1911, p. 891, siendo las cortes municipales tribunales de jurisdicción limitada y no apare-ciendo el valor de la finca embargada, al declarar la corte de distrito que no constaba la jurisdicción con que’ actuó la corte municipal en este caso y de desestimar la apelación por tal motivo, no cometió error alguno, debiendo anularse el auto expedido.


text:
    No. 3054.
    Mazarredo et al., Apeladas, v. Ramírez et al., Apelantes.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. mar. 12, 1924.
   Exa-minados los autos y los alegatos y apareciendo que la ley del caso está contenida en la sentencia y opinión en el caso de Mazarredo et al., v. García et al., 31 D. P. R. 771, se revoca la resolución recurrida de marzo 26, 1923 quedando así las cosas en el ser y estado que tenían antes de dictarse la reso-lución revocada.


text:
    No. 3100.
    Ramírez, etc., Apelada, v. Ramírez et al., Apelantes.
    C. de D. de Humacao.
    R. mar. 12, 1924.
   Exami-nados los autos y los alegatos y no apareciendo que las ga-nancias del padre sean suficientes aún para relevar al abuelo de su obligación de alimentar a su nieto, se confirmó la sen-tencia quedando abierto el procedimiento para cualquier nueva gestión que proceda.


text:
    No. 3182.
    No. 3183.
    Garage Mayagüez, Apelante, v. Solé, Apelado. Solé, Apelado, v. Garage Mayagüez, Apelante.
    C. de D. de Mayagüez.
    R. mar. 13, 1924.
   Examinadas las alegaciones de las partes y los autos, vista la condición desor-denada de la transcripción y del alegato del apelante en estos casos, por los motivos consignados en la moción del apelado y de acuerdo con la constante jurisprudencia de este tribunal sobre la materia, se desestimó la apelación.


text:
    No. 2838.
    Rivera, Apelante, v. Porto Rico Railway, Light, & Power Co., Apelada.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. mar. 13, 1924.
   Celebrada la vista de esta ape-lación, examinados los alegatos, oída la argumentación oral de la apelada, única que compareció a la vista y examinada la transcripción esta corte llega a la conclusión que la corte inferior no cometió error en la apreciación de la prueba y al declarar culpable a la demandante de negligencia contri-butoria, que fué la causa próxima del accidente por el que se reclama indemnización; que consta en autos el resultado de la inspección ocular y que dado el resultado de la prueba no cometió error al no permitir cierta evidencia, para probar daños, ni en negar permiso para enmendar la demanda en el juicio y poder presentar dicha evidencia. García v. San Juan Light & Transit Co., 17 D. P. R. 626. Confirmada.


text:
    No. 3065.
    Quiñones Hermanos & Cía., Apelantes, v. Ortiz, Apelada.
    C. de D. de Guayama.
    Cobro de dinero.
    R. mar. 13, 1924.
   Examinados los autos y el alegato de la ape-lante y no demostrándose que la demandada se obligara al pago de la partida de $360 ni tampoco haber autorizado a Ignacio Robles a hacer el traspaso a su nombre de dicha partida y no apareciendo de los autos error fundamental al-guno, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 3283.
    González, Apelado, v. Delgado, Apelante.
    C. de D. de Guayama.
    R. mar. 14, 1924.
   Desestimado el re-curso a instancia del apelado por no, haberse establecido la apelación dentro del término legal.


text:
    No. 3289.
    Linares, Apelante, v. Linares, Apelada.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. mar. 19, 1924.
   Apareciendo de la mo-ción de la apelada y de la certificación que se acompaña que la apelación se interpuso en die. 7, 1923 sin que se haya radicado en tiempo en la corte inferior la exposición del caso ni haberse archivado la transcripción de los autos, vista la ley y la constante jurisprudencia de este tribunal, se desestimó la apelación.


text:
    No. 2129.
    El Pueblo v. Cruz.
    Adulteración de leche.
    C. de D. de Ponce.
    R. mar. 19, 1924.
   Celebrada la vista de esta apelación con la sola comparecencia del fiscal, exami-nado el alegato del apelante y apareciendo que la prueba es suficiente, se confirma la sentencia recurrida.


text:
    No. 1910.
    El Pueblo Apelado, v. The Times Publishing Company, Apelante.
    Libelo.
    C. de D. de San Juan, Sección Segunda.
    R. mar. 19, 1924.
   Celebrada la vista con la asistencia de los abogados de ambas partes, examinados los autos y los alegatos y visto lo resuelto en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 31 D. P. R. 699, se revoca la sentencia y ab-suelve a la acusada.


text:
    No. 2060.
    El Pueblo, Apelado, v. López (a) Chito, Apelante.
    Escalamiento en primer grado.
    C. de D. de Humacao.
    R. mar. 19, 1924.
   Celebrada la vista y examinados los autos, y apareciendo que no se formuló la acusación dentro del término de ley, de acuerdo con la jurisprudencia esta-blecida en el caso de El Pueblo v. Almodóvar, (pág. 829) se revoca la sentencia y se sobresee la acusación, sin perjui-cio, decretándose la libertad del acusado o la cancelación de la fianza que tenga prestada.


text:
    No. 2995.
    Andreu, Apelado, v. Noble et al., Apelantes.
    C. de D. de Humacao.
    R. mar. 19, 1924.
   Celebrada la vista con la sola comparecencia del apelado, examinados los autos el alegato del apelante la opinión de la corte inferior' y oídas las manifestaciones del abogado de la apelada en el acto de la vista, no- apareciendo que se haya cometido error fundamental alguno, se confirmó la sentencia.


text:
    No. 3034.
    López, Apelado, v. Soler, Apelante.
    C. de D. de Ponce.
    R. mar. 20, 1924.
   Celebrada la vista sin asisten cia de los abogados. Examinada la transcripción y los ale-gatos, no alegándose expresamente en la demanda que el caballo permutado estuviera enfermo de muermo en el acto de la celebración del contrato, visto el caso de Valenhoff v. Aponte, 28 D. P. R. 364, se revoca la sentencia recurrida, con-cediéndose al demandante diez días para enmendar su de-manda, contados a partir del en que esta sentencia sea reci-bida en la corte inferior.


text:
    No. 3267.
    Monagas, Administrador, etc., Apelado, v. Rivera, Márshal de la Corte de Distrito, y Simons Hardware Co., Apelante.
    C. de D. de Mayagüez.
    R. mar. 20, 1924.
   Vista la moción de desestimación de la apelada y la impug-nación, de la apelante, estimándose que dada la naturaleza de las cuestiones planteadas podrán dichas cuestiones resolverse con mayor acierto después de visto el caso en su fondo, se declara no liaber lugar por ahora a la desestimación del re-curso.


text:
    No. 3202.
    Hernández Mena, Apelante, v. Sánchez, Apelado.
    C. de D. de San Juan, Primer Distrito.
    R. mar. 25, 1924.
   Celebrada la vista con la sola asistencia de la ape-lada, examinados los autos y los alegatos y estimando que la corte de distrito actuó con razón derecha al concluir que la demanda de nulidad no aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción, porque si bien en ella se alegó que no está vencido el plazo de dos años qué fué convenido para el pago de la deuda hipotecaria, tal alegación no im-plica necesariamente que no estuviera vencida la obligación y porque de los. mismos términos de la demanda se deduce que se hizo el requerimiento en debida forma y finalmente que el demandante con su comparecencia voluntaria reconoció la jurisdicción de la corte, se confirma la sentencia recurrida.


text:
    No. 2894.
    Goffinet et al., Apelados, v. Polanco, Apelante.
    C. de D. de Humacao.
    R. mar. 26, 1924.
   Celebrada la vista de esta apelación con asistencia e infórme de los abogados de ambas partes, examinados los autos y los ale-gatos, habiendo en consideración lo decidido en Goffinet et al. v. Polanco 30 D. P. R. 826, que debe considerarse como la ley del caso, se confirmó la resolución apelada.


text:
    No. 3115.
    Crespo et al., Apelados, v. Crespo, et al., Apelantes.
    C. de D. de Aguadilla.
    R. mar. 26, 1924.
   No ajus-tándose el alegato al reglamento, por no contener una espe-cificación de errores, ni la transcripción a la ley, se desestimó el recurso.


text:
    No. 2223.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.
    C. de D. de Arecibo.
    Infracción Ley de Arbitrios.
    R. mar. 26, 1924.
   Celebrada la vista de esta apelación en la que el fiscal se allana a la petición del apelante de que revoquemos la sentencia condenatoria dictada por ser insuficiente la prueba para sostener la sentencia; encontrando que no se probó que el apelante tenía en sn posesión y custodia como dueño, un alambique, se revoca la sentencia apelada.


text:
    No. 2248.
    El Pueblo Apelado, v. Lagué, Apelante.
    C. de D. de Arecibo.
    Escalamiento en primer grado.
    R. mar. 26, 1924.
   Celebrada la vista con la sola asistencia del fiscal, examinados los autos y los alegatos; no pudiendo conside-rarse las cuestiones que el acusado levanta por liacer refe-rencia a las pruebas y no haberse elevado éstas a este tribunal, no apareciendo que se baya cometido error fundamental alguno, se confirma la sentencia.


text:
    No. 3012.
    Porto Rico Fertilizer Company, Apelado, v. Gandía, Apelante.
    C. de D. de San Juan, Distrito Primero.
    R. mar. 28, 1924.
   Interpuesta demanda en este caso recla-mando el cumplimiento de una obligación y pidiendo que se condene al demandado al reintegro de cierta cantidad que según alega la demandante cobró indebidamente y ajustán-dose la solicitud de aseguramiento a la ley sobre efectividad de sentencias que, tal como fué enmendada en 1916, no exige que en la solicitud se consignen los hechos y fundamentos de derecho que antes requería el estatuto, se confirma la re solución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Steffens, Promovente y Apelada, v. Sucesión Soler, Opositora y Apelante.
    No. 2822.

    Visto: Noviembre 23, 1923.

      Resuelto: Abril 2, 1924.
    Información de Dominio — Término para Oponerse a la Información — Abuso de Discresión. — El. término de sesenta días que fija la ley convocando por edictos en una información de dominio a las personas ignoradas que' puedan tener intereses opuestos al'promo vente, no es fatal;, por lo que el dejar de oír a un opositor que comparece después de transcurrir los sesenta días pero antes de la sentencia final, constituye abuso de discreción; y cuando la opo-sición no es jurada o es defectuosa por otro concepto, la corte tiene discre-ción para permitir que sea enmendada.
    ResoluciÓN de Angel Acosta, J. (Mayagüez), aprobando una infor-mación de. dominio.

      Anulada la resolución y devuelto el caso.

      U. F. Besosa, abogado de la apelante; A. A. Vázquez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada obtuvo un título de dominio a su favor en la Corte de Distrito de Mayagüez. El día 28 de enero de 1922 se ordenó la publicación de edictos convocando a las per-sonas que tuvieran intereses opuestos, o que pudieran re-sultar perjudicadas. El término de la publicación se fijó en sesenta días y por tanto Labia de expirar el día 27 de marzo de 1922. El 13 de abril de 1922, el fiscal presentó su informe. En 15 de abril, 1922, los apelantes radicaron una moción de intervención alegando tener interés y ser partes perjudicadas. El día 23 de mayo, 1922, la corte dictó una resolución aprobando la información de dominio, la cual contenía la siguiente declaración:

“Por cuanto: después de haber transcurrido los! sesenta días de la publicación de los edictos, la Sucesión de Miguel Soler radicó un escrito de oposición, y la promovente solicitó la eliminación de tal escrito por el fundamento de haber sido presentado después de vencido el término legal, y discutido el incidente eií corte abierta, la corte se reservó su decisión;
“Por cuanto, en la tramitación de este espediente se han ob-servado las prescripciones legales;
“Por tanto, la corte es de opinión que la ley y los hechos es-tán a favor de la peticionaria y, en su consecuencia, la corte eli-mina del récord el escrito de oposición radicado por la Sucesión de Miguel Soler, y declara justificado, a favor de Zulma Steffens y García, el dominio que tiene sobre la finca antes descrita, y ordena la corte que una vez firme esta resolución se entregue copia de ella a la interesada para su inscripción en el Registro de la Propie-dad del Partido1.”

Cuando la corte fija un término de sesenta días para una comparecencia, las partes deben comparecer dentro de ese tiempo. Sin embargo, este no es un término fatal, es-pecialmente toda vez que el mismo expediente de dominio puede ser atacado en circunstancias adecuadas.

Cuando antes de que la corte fia dictado su resolución final o sentencia un peticionario aparentemente de buena fe solicita ser oído, la corte debe considerar la petición por sus méritos. El dejar de hacerlo así constituye un abuso dé discreción semejante al que discutimos en los casos de Borinquen Sugar Co. v. Mas, 18 D.P.R. 304; Fernández v. Pescay, 26 D.P.R. 808, y Gutiérrez v. Foix, 23 D.P.R. 73.

Notamos que la petición de intervención no está jurada, ni acompañada de ningún affidavit de méritos. Asimismo la Sucesión de Miguel Soler es una descripción de partes indefinida y poco satisfactoria. La corte inferior, sin embargo, no consideró estos particulares.

Sin embargo, la comparecencia de un abogado es una es-pecie de garantía y a su cliente debe darse una oportuni-dad para enmendar.

No es necesario considerar los demás errores alegados por la Sucesión de Miguel Soler toda vez que no fué tedia parte debidamente, si tenía tal derecho.

La idea de la norte de que no tenía facultad para oir a la apelante, constituyó una falta de ejercicio de su discre-ción. La resolución apelada debe ser anulada, debiendo de-volverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


text:
    López et al., Demandantes y Apelados, v. Ortiz et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3024.

    Visto: Noviembre 22, 3923.

      Besuelto: Abril 2, 1924.
    Nulidad de Venta por Simulación — Excepción Previa de Indebida Acumula-ción de Acciones. — En el presente caso la teoría de la demanda de nulidad fué que dos de las demandadas eran concubinas o queridas del vendedor en los referidos traspasos y que cada una de estas concubinas se confabuló con dicho vendedor en vida de éste para defraudar a sus herederos legítimos, o sea los demandantes. Se resolvió: que aunque una excepción previa de in-debida acumulación debió prosperar porque no se alegó confabulación entre las concubinas ni ninguna otra razón para incluir a una en la causa de acción contra la otra y viceversa; sin embargo, cuando el caso va a juicio y los demandantes tienen amplia oportunidad de ser oídos, la sentencia que pro-cede dictarse es final en favor de los demandados a menos que la corte de apelación esté convencida de que los fines de :la justicia requieren una reso-lución diferente y que debe darse a los demandantes otra oportunidad, cosa que no sucede en el presente caso.
    Id. — Prueba de la Simulación. — No demostrándose que la concubina del cau-sante de los demandantes era insolvente en la fecha en que compró por es-critura pública al primero por $300 de por mitad para sí y para los hijos naturales de ambos la finca cuya venta se trata ‘de anular, ni que la venta se hizo por menor precio del que tenía la finca, no puede concluirse que la enajenación fué simulada, y menos cuando hubo prueba de que la compra-dora obtenía lucro de su trabajo personal a la fecha de la compra.
    Id. — Id.—Cuando se pide la nulidad de una escritura de venta por ser simulada, 3a mera pobreza de la compradora en cualquier fecha no es suficiente para rebatir la presunción de que la manifestación contenida en la escritura es cierta, especialmente cuando la suma en cuestión es tan pequeña que no es más que de $100.
    Sentencia de A. Arroyo, J. (G-nayama), declarando con lugar la demanda en cnanto a varias cansas de acción, sin costas.

      Revocada.

      C. Domínguez Rubio, abogado de los apelantes; M. A. Martínez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes obtuvieron sentencia a su favor en la Corte de Distrito de Guayama. La sentencia declaraba que varias escrituras de venta eran nulas y sin ningún valor toda vez que fueron simuladas. La teoría de la demanda fue que dos de las demandadas eran concubinas o queri-das del vendedor en los referidos traspasos y que cada una de estas concubinas se confabularon con dicto vendedor en vida de éste para defraudar a sus herederos legítimos, o sea los demandantes en este pleito. Tres fueron las nu-lidades que se trataron de obtener y la corte pronunció sen-tencia en favor de dos de éstas.

Entre otras objeciones los demandados formularon ex-cepción previa a la demanda por el fundamento de indebida acumulación de acciones. Verdaderamente que no se alegó ninguna razón para incluir como partes a una u otra de estas dos mujeres en la causa de acción contra la otra. A ellas no se les imputó ninguna confabulación entre sí. La ex-cepción previa debió haber sido sostenida por este funda-mento. Sin embargo, la corte la declaró sin lugar y la causa o causas siguieron su trámite hasta la celebración del juicio.

La primera causa de acción alegaba un traspaso fraudu-lento o simulado a favor de Juana Ortiz Malavé y sus hi-jos; que no medió precio alguno en dicha escritura y que Juana Ortiz y sus hijos entonces eran insolventes. Hubo alguna prueba de que Juana Ortiz era insolvente cuando López se fue primero a vivir con ella. Parte de esta prueba no mereció crédito pues los testigos fueron vagos en sus de-claraciones y no demostraron cómo adquirieron el conoci-miento de esta insolvencia. En la escritura que fué otor-gada algunos años después se consignaba que la considera-ción fue la suma de $300; $150 procedentes de dicha Juana Ortiz y $150 de sus hijos. Ellos eran hijos naturales reco-nocidos. Los demandantes no probaron que Juana Ortiz o sus liijos no tenían las cantidades que se alegó tenían en la ft cha de la escritura. Puede haber sospechas en sentido contrario pero una sospecha no es prueba. Juana Ortiz de-claró que la propiedad primero sé le regaló, pero que después ella la compró manifestando cómo consiguió el dinero. Ella declaró y por lo menos otro testigo' dijo que ella trabajaba. En vista de la solemne declaración hecha en la escritura, de las manifestaciones de Juana Ortiz y las débiles pruebas de simulación no hubo prueba suficiente ante la corte para anular la escritura. Que parte de la consideración procede de regalos hechos por López no importa. No hubo ninguna prueba de. que la propiedad valía más de la consideración expresada.

La escritura asimismo fue en parte a favor de los hijos naturales reconocidos. Una escritura a favor de ellos por tan pequeña cantidad podía sostenerse lo mismo que una escritura a favor de los herederos legítimos. No se pre-tende hacer la colación en este pleito.

Con respecto a la escritura a favor de Bonifacia Díaz la prueba de pobreza fue muy débil. La causa o precio de la. escritura fue $100. La mera pobreza en cierta fecha u otra no es suficiente para rebatir la presunción de que la mani-festación contenida en la escritura es cierta especialmente cuando la suma en cuestión es tan pequeña que no es más que de $100.

Bonifacia Díaz traspasó la finca de referencia a Dámaso Caraballo. La demanda alegaba la compra hecha por éste conociendo el traspaso fraudulento hecho a Bonifacia Díaz. Hemos examinado los autos cuidadosamente y no encontra-mos nada tendente a probar este conocimiento. No existe ninguna razón piara anular el referido traspaso a favor de Dámaso Caraballo.

La excepción previa de indebida acumulación de accio-nes debió haber sido declarada con lugar. Sin embargo cuando el caso va a juicio y los demandantes tienen amplia oportunidad de ser oídos la sentencia que procede dictarse es final en favor de los demandados a menos que la Corte de apelación esté convencida de que los fines de la justicia requieren una resolución diferente y que debe darse a los demandantes otra oportunidad. La corte está convencida de lo contrario debiendo por consiguiente dictarse sentencia en favor de los demandados.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda, sin costas.


author: El Juez Asociado SeñOR Aldiíey,

text:
    Fernández, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Demandado y Apelante.
    No. 2915.

    Visto: Mayo 31, 1923.

      Resuelto: Abril 3, 1924.
    Daítos y 'Perjuicios bob, Incumplimiento de Contrato — Contbatos no Escri-tos Cuya Cuantía Excede de $300., — El heeho de que un contrato de com-praventa cuya cuantía excede de $300 no conste por escrito como requiere el artículo 1247 del Código Civil, no es obstáculo para la declaración judicial de su existencia en un pleito de daños por incumplimiento del mismo. Sen-tencia del Tribunal Supremo de España, de junio 18, 1902.
    Id. — Está justificada por el artículo 1073 del Código Civil una sentencia para que el demandado indemnice al demandante en un pleito de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, de lo que el demandante perdió como con-secuencia del incumplimiento más lo que habría ganado en caso de cumpli-miento del contrato.
    Id. — Evidencia de Contratos Escritos. — Consistiendo la transacción en una carta . del demandante a cierta compañía ofreciéndole maderas en venta y una or-den de la compañía para que las maderas fueran entregadas, no puede con-cluirse que erró la corte al negar la eliminación del testimonio del deman-dante sobre tales hechos, bajo la teoría de que fué violada la regla que prescribe que cuando el contrato consta por escrito la mejor evidencia es el contrato mismo.
    Id. — Id.—Admisiones del Demandado. — Después de haber declarado el deman-dado en el presente caso que no había hecho contrato alguno con el deman-dante, éste, para refutar esa declaración, presentó un testigo para que de-clarase, como declaró, que el demandado había reconocido ante él que había, hecho dicho contrato, fundándose la oposición en que de acuerdo con el ar-tículo 159 de la Ley de Evidencia debió ser preguntado antes el demandado si había heeho tal manifestación, y de haberla heeho, permitir que la expli-cara. No se infringió el artículo 159 citado porque la declaración del tes-tigo era para probar una admisión hecha por el demandado en cuanto a la cuestión principal en controversia, esto es, si celebró con el demandante el contrato que éste alega y que es base de su reclamación.

      Sentencia de Pablo Perga, J. (Humaeao), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      P. González, abogado del apelante; L. López Antongiorgi y B. Gui-llermety, abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñOR Aldiíey,

emitió la opinión del tribunal. w

En este pleito se reclaman daños y perjuicios por incum-plimiento de un contrato. La corte inferior condenó al de-mandado a pagar al demandante la cantidad de mil dólares por ese concepto y las costas, contra cuyo fallo interpuso este recurso de apelación.

El primer motivo de su recurso es porque la sentencia no está sostenida por la prueba. La evidencia fue contra-dictoria en cuanto a la existencia del contrato por cuyo in-cumplimiento se reclaman los daños y perjuicios habiendo sido resuelto el conflicto por la corte inferior en contra del demandado, en cuya decisión no encontramos error, sin que el hecho de que tal contrato no conste por escrito siendo superior a $300, como requiere el artículo 1247 del Código Civil, sea obstáculo para la declaración de su existencia se-gún declaró el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 18 de junio de 1902; 93 J. C. 1010.

Tampoco existe ese error por la condena de pagar mil dólares pues si bien el demandante perdió solamente $500 en las maderas que tuvo que comprar como consecuencia del incumplimiento de su contrato con el demandado para' poder cumplir el que él hizo con la Central Santa Juana,' sin embargo los otros $500 son los que dejó de ganar en dicho contrato, condena que está justificada por el artículo 1073 del Código Civil. . - *

El segundo motivo de error es porque no fue eliminada por la corte inferior cierta parte de la declaración del de-mandante con respecto a su contrato con la Central Santa Juana. ■ .

El demandante celebró un contrato de compra de* árbo-les de húcar con el demandado, que éste no cumplió- des-pues, y en virtud de ese contrato el demandante celebró otro con la Central Santa Juana para entregarle cierta can-tidad de traviesas de Mear. El demandante declaró sobré su contrato con la Central Santa Juana y sostiene el ape-lante que debió ser eliminada esa parte de la declaración porque constando el contrato por escrito la mejor eviden-cia era el escrito mismo, y que esa prueba era importante por ser la base de la condena de pagar mil dólares, pues sin ella no podría declararse que Mbo daños y perjuicios.

La petición de eliminación no solamente se bizo dema-siado tarde a la corte pues no se pidió tan pronto el testigo dijo ,que existía un documento por escrito sino mucho tiempo después, cuando había terminado de declarar otra serie de preguntas sobre distintos hechos, sino que además no re-sulta de su declaración que existiera un verdadero contrato escrito c'on la Central Santa Juana sino una oferta escrita de venderle cierta cantidad de madera y una orden de la Central Santa Juana para que entregara las maderas.

Los tercero y cuarto motivos están íntimamente rela-cionados pues ambos se refieren a que no debió ser permi-tida la declaración del testigo Eafael Mas.

Después de haber declarado el demandado que no había hecho contrato alguno con el demandante, éste, para, refutar esa declaración, presentó al testigo Mas para que declarase, como declaró, que el demandado había reconocido ante él que había hecho dicho contrato, fundándose la oposición en que de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Evidencia debió ser preguntado antes el demandado si había hecho tal manifestación, y de haberla hecho, permitir que la expli-cara. No se infringió el artículo 159 citado, porque la de-claración del testigo Mas era para probar una admisión he-cha por el demandado en cuanto a la cuestión principal en controversia, esto es, si celebró con el demandante el con-trato que éste alega y que es base de su reclamación.

'' En cuanto al último error por imposición de costas cree-mos que la corte inferior no hizo mal uso de la facultad discrecional que le concede la ley para imponerlas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoii Wole,

text:
    Del Río et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Cancel et al., Demandados y Apelados.
    No. 3213.

    Visto: Marzo 27, 1924.

      Resuelto: Abril 7, 1924.
    Traslado por Razón de Residencia — Corporaciones Extranjeras; Residencia de. — Una corporación extranjera carece de residencia en Puerto Rico y el mero hecbo de que tenga su oficina principal en San Juan no le da derecho a solicitar por razón de residencia el traslado de un pleito iniciado ante la Corte de Distrito de Arecibo, en el cual dicha corporación es una de las partes demandadas.
    Resolución de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), ordenando el traslado del caso.

      Revocada y devuelto el caso.

      V. Polanco de Jesús, abogado de los apelantes; H. F. Besosa, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoii Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este caso alegaron que la National Surety Company era una corporación de los Estados Uni-dos que liacía negocios en Puerto Rico, con oficina principal en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y que su agente general era Harry F. Besosa, mayor de 21 años de edad y vecino de San Juan; que los demás demandados son re-sidentes de Giales. Los otros demandados apareció que eran residentes de Lajas, dentro del distrito judicial de Ma-yagfiez, pero la residencia de los demás demandados no es importante para los fines de esta opinión.

La National Surety Company, junto con una excepción previa, radicó una moción de traslado del caso y también un affidavit de méritos. Aparece de estos documentos que la teoría de la National Surety Company al solicitar el tras-lado del caso era el hecbo admitido de que tenía su oficina principal en la ciudad de San Juan. No bubo discusión al-guna de que la National Surety Company era una corpo-ración extranjera. La Corte de Distrito de Arecibo declaró con lugar la moción de traslado y los demandantes apela-ron.

El Código de Enjuiciamiento Civil, después de determi-nar el lugar en que deben seguirse ciertas acciones, prescribe en el artículo 81 lo siguiente:

“Art. 81. — En todos los demás casos el pleito deberá verse en el distrito en que residieren los demandados, o algunos de ellos, al iniciarse el litigio; y si ninguno de los demandados residiere en la Isla de Puerto Rico, o si residiendo en ella, ignorase el demandante el distrito en que residan, el pleito podrá seguirse en cualquier distrito designado por el demandante en la demanda; y si el de-mandado estuviere a punto de ausentarse de esta isla^ el pleito po-drá seguirse en el distrito en que cualquiera de las partes resida, o en que se haga la citación, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar del juicio, según lo dispuesto en este Código.”

Tuvimos primero ocasión de interpretar este artículo en el caso de Veve et al. v. The Fajardo Development Company, 15 D.P.R. 577. Allí resolvimos que una corporación extranjera no tenía residencia en la isla y que por tanto los demandantes tuvieron el derecho a elegir su sitio (forum). El caso de Yeve no era uno sobre traslado, pero en él se atacó la jurisdicción de la Corte de Distrito de Ponc'e por el fundamento de que la demandada tenía su oficina principal en otra parte. En el caso de Yumet v. Royal Insurance Co., 29 D. P. R. 912, la cuestión envuelta era un traslado y allí expresamos tener duda sobre si una corporación extranjera podía adquirir una residencia en Puerto Rico, y resolvimos que el mero establecimiento de una agencia no traía como consecuencia una residencia. In-dudablemente que si se nos hubiera llamado la atención ha-cia el caso de Veve hubiéramos sido más terminantes, pero por cierto error la doctrina de ese caso no ha sido bien llevada a los índices. En el curso de la opinión del caso de Veve citamos el de Rank of Augusta v. Earle, 13 Pet. 588, donde se dice:

“Es bien cierto que una corporación no puede tener existencia legal, fuera de los límites de la soberanía que le dio vida. Ella existe sólo a virtud de la ley y por la fuerza de la ley. * * * Ella debe residir en el lugar de su creación y no puede emigrar a otra Soberanía. Pero aunque ella debe vivir y tener su existen-cia solamente en el Estado de su origen, no debe por esto se-guirse que tal existencia no pueda ser reconocida en otros luga-res. Su residencia en un Estado, no es una objeción insuperable a su poder para contratar en otros.”

Que una corporación tiene su residencia en el Estado-que la' incorpora, como se estableció en el caso que acaba-mos de citar, es un principio que ha sido ratificado u ob-servado en los siguientes casos: Shaw v. Quincy Mining Co., 145 U. S. 444; Baumgarten v. Alliance Insurance Co., 153 Fed. 302; John P. Squire Co. v. Portland, 106 Me. 236, 30 L. R. A. (N. S.) 576; Barbour v. Paige Hotel Co., 2 App. D. C. 179, y prácticamente en todos los casos que luego citaremos. En el caso de Veve et al. v. The Fajardo Development Co. se citó también del caso principal de Thomas v. Placerville G. Q. U. Co., 65 Cal. 600, a saber:

“Ella puede ser demandada aquí, no porque resida aquí, sino porqué ella ha escogido este lugar para hacer negocios por medio de sus agentes. Su hogar está en el país en donde ella solamente existe. T como si ella reside, lo es en cualquier parte, fuera de este Estado, una acción contra ella puede tramitarse en cualquier condado designado por el demandante (Code Civ. Proc., par. 395). Esto está por supuesto, sujeto al derecho de la corporación de-mandada a solicitar un traslado basado en causa suficiente.”

Este caso fue seguido en el de Rains v. Diamond Match Co., 153 Pac. 239; y en Waechter v. Atchison T. & S. F. Ry. Co., 101 Pac. 41, casos de California.

También se ha observado o establecido un principio se-mejante en otros Estados que tienen estatutos similares. Roff Oil and Cotton Co. v. King, (Oklahoma), 148 Pac. 90; New York Life Insurance Co. v. Pike, ((Colo.), 117 Pac. 899; Ivanusch v. Great Northern Ry. Co., (So. Dak.), 128 N. W, 333; Denver & Río Grande Ry. Co. v. Roller, 100 Fed. 738; Boyer v. Northern Pacific Ry. Co., 8 Idaho 74, 70 L. R. A. 691.

En el caso Railroad Company v. Koontz, 104 U. S. 11, se resolvió que la cuestión de poder demandar y de la ju-risdicción no era tanto de ciudadanía como de encontrar al demandado. Se sugirió en este y en algunos de los casos anteriores, que en acciones transitorias la jurisdicción de-pende del acto de encontrar al demandado, quien puede ser demandado en cualquier sitio donde se le encuentre. El ar-tículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, o los precep-tos semejantes de otros Estados prescriben que puede se-guirse una acción contra un demandado no residente en cualquier corte del estado, siempre que el demandado pueda ser citado dentro del estado. Hay otra cita del caso de Boyer v. Northern Pacific R. Co., supra que es pertinente, a saber:

“En los Comentarios de Thompson sobre la Ley de Corpora-ciones (tomo 6, párrafo 7426) se dice lo siguiente: ‘La regla en cuanto al lugar del juicio según se infiere de la precedente sección es que una corporación, ya sea extranjera o doméstica, que tiene una residencia general en el estado para fines de jurisdicción, se considera que reside en todo el Estado, y especialmente en aque-llos condados donde realiza su negociq y ejerce sus franquicias, y puede, por tanto, demandarse en cualquier condado donde tenga un agente contra quien pueda, servirse l'egalmente un emplazamiento. Debe tenerse muy presente, sin embargo, que esta regla no es tanto una teoría de las cortes en cuanto a la residencia legal de una cor-poración para fines de- jurisdicción, como una regla en determinados estados, que se funda en el lenguaje expreso de los estatutos; y que, en cuanto a los estados que tienen la misma regla, es más bien una regla que depende de una legislación concurrente que de la concurrencia de decisiones judiciales. La palabra “no residente’’ en este estatuto comprende las corporaciones, según el principio de interpretación a que en otro lugar se ha hecho referencia. El punto en el cual estos estatutos convienen más frecuentemente es que una acción transitoria puede establecerse contra una compañía de. fe-rrocarriles, en cualquier condado en el cual funciona su ferroca-rril, siempre que tenga un agente en ese condado a- quien pueda no-tificársele legalmente el emplazamiento; y esto sin tener en cuenta la cuestión del lugar donde la causa de acción se originó, o el per-juicio se ocasionó.’ La regla correcta aplicable a este caso ha sido expresada por el Juez Thompson en la precedente sección. A falta de cualquier precepto estatutorio que determine el lugar del juicio en acciones contra corporaciones extranjeras en algún condado en particular, no vemos ninguna razón por la cual tales acciones no deban establecerse y sostenerse en cualquier condado en este estado. Entendemos que esta es la norma y teoría de nuestro Código.”

En las notas al caso anterior se indica que nna corpo-ración extranjera puede convertirse en doméstica al conce-dérsele una carta constitutiva doméstica, pero fuera de esto no liay medio que sepamos por el cual una corporación ex-tranjera pueda dejar de ser no residente y quedar sujeta a una acción en cualquier corte de la isla sin derecho al traslado del caso por razón de residencia.

La resolución dictada por la Corte de Distrito de Arecibo debe ser revocada, devolviéndose él caso a la corte de distrito para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señou "Wole,

text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Méndez, Demandado y Apelado
    No. 3198.

    Visto: Marzo 14, 1924.

      Resuelto: Abril 7, 1924.
    Alegato del Apelado Radicado Tardíamente pero Antes de la Vista — Sus-pensión de Vistas Ante él Tribunal Supremo. — La radicación tardía pero antes de la vista, del alegato del apelado, no motiva la eliminación del mismo, cuando el apelante no demuestra perjuicio. En tales casos, si el apelante lo pide, generalmente se concede la suspensión de la vista.
    Señalamiento para Juicio — Enmiendas a la Demanda. — No constituye error el señalamiento de un caso para juicio después que se había desestimado una excepción previa a la contestación, bajo el fundamento de que la corte no concedió tiempo al demandante para enmendar la demanda, si no se demues-tra que las enmiendas eran tan importantes que no pudieran hacerse durante el juicio.
    Traslado del Pleito por Parcialidad de la Corte. — El apelante solicitó el cam-bio del lngar del juicio por el fundamento de parcialidad en la corte. Esta parcialidad contra el demandante consistió en la atmósfera que se creó por virtud de varios pleitos anteriores, algunos de los cuales estaban relacionados con este litigio que el apelante había perdido. Se resolvió: que en ausencia de prueba de la alegada parcialidad de la corte, la revocación es improee-dente porque la presunción es que una corte de justicia considerará cada caso nuevo por sus propios méritos y no traerá a él las impresiones producidas en otros litigios.
    Juicio; Suspensión del — Discreción Judicial. — Para que la negativa de la corte a suspender el juicio sea motivo de revocación, es necesario que se de-muestre que al negarla, la' corte abusó de su discreción.
    Nulidad de Venta Judicial — Prueba del Oaso. — Un demandante no está exento de probar su caso m'eramente porque notifique a la otra parte de la alegada falta de jurisdicción de ciertos particulares y el demandado no contesta a este escrito. El demandante alegaba la nulidad de una venta judicial y estaba obligado a probar su caso y 'no podía interpretar la falta de responder como una admisión.
    SENTENCIA de T. Bryan, J. (Aguadilla), desestimando la demanda con costas.

      Confirmada.

      V. P. Martínez y L. Muñoz Morales, abogados del apelante; B. Es-teves y Beiohard & Beichard, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señou "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante se opone a la tardanza del alegato del ape-lado. Generalmente la corte se ve obligada a perdonar tal tardanza si el alegato llega antes de la vista y no se de-muestra perjuicio para el apelante. La pena que frecuen-temente se impone en tal caso es un aplazamiento, si el ape-lante así lo desea.

La objeción técnica del apelante nos remite a su mismo alegato. Este no contiene un señalamiento de errores como lo exigen nuestras regias, y por tanto consideraremos algu-nas de las cuestiones principales y pasaremos por alto las inmateriales.

El apelante se queja de haberse señalado el caso. Oree, según parece, que la corte inferior no tenía derecho a ac-tuar sin acreditar su jurisdicción sobre la persona del de-mandado. Este último, sin embargo, compareció, y esta idea carece de fuerza. Al desestimarse la excepción previa a. la contestación, el caso está listo para señalamiento y no vemos por qué no es efectiva inmediatamente tal actuación de* la corte. Ni debe demorarse el señalamiento porque el demandante deseaba enmendar su demanda, si como aquí sucede el demandado está conforme con las enmiendas.

Se queja el apelante de que la corte no le dió tiempo para hacer las propuestas enmiendas a la demanda, pero no demuestra que las enmiendas fueran tan importantes que no pudieran hacerse en el juicio. El documento o ale-gación enmendada podría presentarse hasta después del jui-cio nunc pro tune si las partes y la corte conocían las cues-tiones en controversia.

El apelante solicitó el cambio del lugar del juicio por el fundamento de parcialidad en la corte. Esta parcialidad contra el demandante consistió en la atmósfera que se creó por virtud de varios pleitos anteriores, algunos de los cua-les estaban relacionados con este litigio que el apelante ha-bía perdido. Debe presumirse, sin embargo, que una corte de justicia considerará cada caso nuevo por sus propios mé-ritos y no traerá a él las impresiones producidas en otros litigios. El apelante no nos convence de que el juez de dis-trito fue en realidad parcial.

La suspensión del juicio cae siempre dentro de la sana discreción de la corte sentenciadora y el apelante no nos convence de que se haya abusado de dicha discreción.

Encontramos que la contestación a la demanda fue sufi-ciente y que contestaba a cada párrafo de. la demanda, aun-que algunos de los párrafos de la contestación no hacían ninguna referencia específica al correspondiente párrafo de la demanda.

El mero hecho de que se desestime una excepción previa a la demanda no mejora en nada la situación de un deman-dante en el juicio.

Un demandante no está exento de probar su caso mera-mente porque notifique a la otra parte de la alegada falta de jurisdicción de ciertos particulares y el demandado no contesta a este escrito. El demandante alegaba la nulidad de una venta judicial y estaba, obligado a probar su caso y no podía interpretar la falta de responder como una ad-misión. La corte inferior declaró probado que los hechos demostraron que el demandado liabía adquirido un título en contra del demandante por virtud de una venta judicial y no vemos que se baya cometido ningún error en esta con-clusión.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Seño» Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Irizarry, Acusado y Apelante.
    No. 2235.

    Visto: Abril 3, 1924.

      Resuelto: Abril 10, 1924.
    Declaración Pericial — Capacidad del Perito — Discreción Judicial. — No pro-cedo eliminar una declaración pericial por no haberse demostrado previa-mente la capacidad del perito. Si el acusado no promovió la cuestión de capacidad antes de declarar el perito, se presume que renunció a tal derecho. Además, la corte inferior tiene discreción para que la capacidad ,del perito so pruebe después de haber declarado.
    Id. — Prueba Admisible. — Habiendo el acusado introducido prueba pericial liara demostrar que la adición de formol por parte del inspector de sanidad para preservar la muestra de leche, causó la adulteración de ésta, el gobierno po-día refutar esta prueba con otra prueba pericial.
    Id. — Juicio—Prueba; Orden de la. — El orden de la prueba es cosa que descansa en la discreción de la corte sentenciadora.
    Sentencia de B. Díaz Cinirón, J. (Ponce), condenando a diez días de cárcel por adulteración de leche.

      Confirmada.

      tires. Martínez Nadal, Tormes & Colón, abogados del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño» Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En un juicio por adulteración de leche se permitió de-clarar a un alegado perito del laboratorio químico, como parte de la prueba directa del gobierno, sin hacerse nin-guna objeción en cuanto a. no haber demostrado éste su ca-pacidad, que la leche en cuestión estaba adulterada. El acu-sado entonces pidió a la corte que la declaración fuera eli-minada toda vez que el testigo no había probado su capa-cidad. Si bien la corte puede ejercitar su discreción para eliminar, el fiscal muy acertadamente manifestó que el mo-mento para oponerse1 era cuando el testigo empezó a de-clarar, queriendo decir, por supuesto, que el acusado renun-ció el derecho probablemente debido a que el acusado sa-bía que el testigo estaba capacitado o podía demostrar su capacidad. La defensa hizo esta manifestación significativa, “Entonces no sería defensa para esta parte.”

En otras palabras, la idea del acusado era que podía permitir que se diera una declaración y esperar entonces a que él pudiera técnicamente excluirla solicitando su elimi-nación. No solamente tuvo razón el fiscal al decir que la objeción era tardía, sino que la corte tiene amplia discre-ción para abrir el caso de nuevo o permitir al testigo que acredite su capacidad mmc pro tuno, por así decirlo. En el presente caso la corte inferior estuvo de acuerdo con el fiscal, pero para solucionar cualquier dificultad que pudiera presentarse permitió que se hiciera el interrogatorio con el fin de poner a prueba la capacidad pericial del testigo. El acusado alegó en contrario que el fiscal había terminado su interrogatorio directo y, que el período de las repregun-tas había llegado. La corte declaró sin lugar la objeción. El orden de la prueba c-s cuestión que está siempre dentro de la sana discreción de l'a corte sentenciadora. Estas con-sideraciones resuelven el primer señalamiento de error.

Según parece, es práctica de los inspectores agregar al-gún preservativo como el formol a la leche decomisada. En este caso se tomó dicha medida. La defensa ofreció prueba testifical para establecer el hecho de que el preservativo agregado fue el que causó la aparente adulteración. El go-bierno entonces presentó un perito para declarar en cuanto al efecto de este preservativo o formol. El segundo seña-lamiento de error es el siguiente: “La corte cometió error al permitir que el testigo Eafael Pérez Porrata declarara para contrarrestar en términos generales la declaración del perito de la defensa Angel M. Pesquera.” El fundamento de este señalamiento, a juzgar por la cita que hace el ape-lante, es que la condición de la leche es una cuestión principal en el caso y no puede ser probada por la mera opinión de peritos. La defensa, sin embargo, introdujo prueba pe-ricial para demostrar que la adición de formol adulteró o podía adulterar la lecbe. Su perito no era posible que su-piera que la adición del preservativo babía realmente adul-terado la leche. Era esencialmente la mera opinión del pe-rito de la defensa que tal adición podía producir la adulte-ración. A esta suposición científica el gobierno tenía el per-fecto derecho de refutar como lo hizo. Asimismo hemos examinado la prueba y si bien algunas de las preguntas que se hicieron al perito no estaban'en la mejor forma, su declaración fue clara y tendente a demostrar que la adición de formol no produjo la adulteración o la cantidad de agua aumentada.

El tercero y. cuarto señalamiento de error se refieren a la apreciación de la prueba por la corte en esta contienda de peritos. Esta era una cuestión relativa al peso de la prueba y no vemos que haya habido error en la resolución de la corte.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Flanco Soto,

text:
    Diego Agüeros & Cía., Demandante y Apelada, v. Llorens, Demandado, y Navarrete, Tercerista y Apelante.
    No. 3275.

    Visto: Marzo 3, 1924.

      Resuelto: Abril 10, 1924.
    Tercería — Sentencia Contra el Tercerista — Resolución no Apelable. — No os final y por tanto no es apelable aunque se haya dictado después de- sentencia, una resolución denegando una moción por la cual el tercerista, alegando que había devuelto al marshal los bienes que éste le había entregado, solicitaba, basándose en la sección 15 de la ley sobre tercería de bienes muebles, que se declarara haber sido satisfecha la sentencia contra él dictada y se le rele-vara de responsabilidad para el futuro.
    Resolución de Charles Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), de-negando moción del tercerista. Moción sobre desestimación de apelación de uno de los demandados en la tercería.

      Desestimada.

      Soto Gras c& Siaca, abogados de la apelada; B. Sancho Bonet, abo-gado del apelante.
   El Juez Asociado Señob Flanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior dictó resolución' denegando la moción del tercerista en la cnal alegaba haber devuelto al marshal los bienes que le habían sido entregados, y solicitaba que se declarara haber satisfecho la sentencia contra él dictada y se le relevara de toda responsabilidad en el futuro.

No conforme el tercerista con la negativa de la corte, interpuso apelación, y uno de los demandados en el proce-dimiento de tercería solicita la desestimación del recurso porque la resolución de la corte inferior no es apelable.

La sección 15 de la ley para proveer el procedimiento en los casos de tercería de bienes muebles, etc., aprobada en marzo 14 de 1907, dispone:

“Sección 15. — Dentro de los diez días de haberse dictado el fa-llo, se librará el mandamiento de ejecución.
“Si dentro de los diez días de haberse dictado fallo contra el reclamante, éste devolviere la propiedad en la misma buena condi-ción en que la hubiere recibido, y pagare por el uso de la misma así como por los daños y costas causadas, con tal entrega y pago se tendrá por satisfecha la sentencia.” Leyes de 1907, p. 315.

La orden rehusando declarar satisfecha la sentencia por el tercerista en la forma que lo ha solicitado, no parece ser por su naturaleza, una orden final. En ningún sentido afecta la sentencia de tercería, o produce efecto en la misma, ya en su ejecución o deteniendo su cumplimiento. La moción del apelante se funda en la sección 15 supra, y hasta que se resuelva que se ha cumplido o no con lo pre-visto -en dicha sección la simple negativa de la corte inferior indica que algo queda por hacer y la orden no podía considerarse como final, pues no existe parte agraviada y cuando así resulta es que la orden afectaría los efectos de la sentencia.

No siendo por tanto final la orden dictada en este caso, aunque se haya dictado después de sentencia, no es apela-ble y debe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Bartolomey, Demandante y Apelante, v. Crédito y Ahorro Ponceño, Demandada y Apelada.
    No. 2979.

    Visto: Diciembre 7, 1923.

      Resuelto: Abril 14, 1924.
    Préstamo oon Hipoteca, a Plazos — Ejecución de Plazos Vencidos. — En un contrato de préstamo hipotecario en el cual se convino el pago en plazos de capital e intereses acumulados, se estipuló lo siguiente: “.Quinta.— En casó de demora en cualesquiera de los plazos o en todos si -llegare su vencimiento y no lo satisficieren, devengarán intereses a razón del ocho por ciento anual.” Interpretando dicha cláusula el Tribunal Supremo resolvió: que la misma significa que vencido uno o más plazos se cobrarán intereses de mora al ocho por ciento anual, consistiendo -la razón o motivo de' esta esti-pulación en el hecho de que ya se habían comprendido en cada plazo los intereses corrientes de la hipoteca y así los intereses capitalizados devengarían a su vez intereses en caso de mora o prórroga de los plazos vencidos y no pagados, por lo que el acreedor no quedaba obligado a esperar el último plazo para poder cobrar uno o más plazos anteriores vencidos y no pagados.
    SENTENCIA de R. Díaz Cintrón, J. (Ponce), desestimando la demanda con costas.

      Confirmada.

      8r. B. Pérez Marchand, abogado del apelante; Sres. Parra Capó & Torres Górdova, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes tomaron a préstamo de la 4‘Sociedad Anónima Crédito y Ahorro Ponceño” la suma de $7,000, qne con intereses convenidos a razón del 8% anual, y que se acumularon al capital, deberían devolver en siete plazos anuales, los que empezaban en septiembre de 1918 y ter-minaban en igual mes de 1924.

En garantía del préstamo los demandantes constituye-ron hipoteca a favor del acreedor sobre cierta finca rustica y habiéndose extinguido la sociedad anónima acreedora por la expiración de su término, pasó la hipoteca a la corpo-ración constituida con igual nombre “Crédito ,y Ahorro Ponceño,” por haberse hecho-cargo de! los negocios de la vieja institución bancaria.

Vencidos los tres primeros plazos de la hipoteca y no satisfechos, la corporación demandada procedió a su cobro por el procedimiento especial hipotecario y subastada la finca fué adjudicada a la demandada por el importe de los plazos vencidos y sus intereses. !

A consecuencia de este procedimiento sumario, los de-mandantes establecieron demanda ordinaria solicitando la nulidad de dicho procedimiento y además cierta indemniza-ción por daños y perjuicios sufridos.

Se hace importante advertir que en el contrato se fijó expresamente un término de vencimiento para cada plazo y claramente se convino que los pagos de los mismos se ha-rían sin pretexto ni dilación alguna. Así resulta de la., pri-mera cláusula de la escritura otorgada, que esencialmente1 dice:

“El Crédito y Ahorro Ponceño, en su oficina de Yauco; * * * dará y entregará a don Alejandro Bartolomey y Da. Luisa Fra-tieelli, * * “ a título de préstamo devolutivo: La suma de siete mil dólares, moneda corriente de los Estados Unidos, que satisfa-rán en siete plazos anuales con intereses a razón del ocho por ciento anual; préstamo que con sus intereses a razón del 8% anual as-ciende a la suma de nueve mil quinientos cuatro dollars, obligados a satisfacer los esposos deudores al Crédito y Ahorro Ponceño, en su oficina de Yauco, sin pretextos ni dilaciones: en esta forma: Un mil ciento sesenta dollars el día 25 de septiembre del año 1918; un mil trescientos doce dollars en el mismo día y mes del mil no-vecientos diez y nueve; un mil trescientos cuarenta y ocho dollars en el mismo día y mes del 1920; un mil trescientos setenta y seis dollars en el mismo día y mes del 1921; un mil trescientos noventa y seis en el mismo día y mes del 1922; un mil quinientos ocho dollars en el mismo día y mes del 1923, y un mil cuatrocientos cuatro dollars en el mismo día 25 de septiembre del año 1924.”

No se pacta en esta cláusula ni en ninguna de la escri-tura que dejado de pagar uno o más plazos, se considera-rán vencidos todos,’ pero sí resulta expresamente estipulado que la devolución del capital, junto con los intereses acu-mulados, ha de efectuarse por plazos anuales.

“A veces la devolución del capital del préstamo ha de hacerse por plazos, entendiéndose que si se retrasa el pago de uno, se con-sideren vencidos todos; otras no se estipula esta condición, pero puede el acreedor solicitar que se enajene la finca para que se le satisfaga la parte de capital correspondiente al plazo vencido, o para que se le satisfagan los intereses caídos. La tramitación es la misma, y la finca pasa al comprador, con la hipoteca correspon-diente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha, la cual, con los intereses, se deducirá del precio que haya de satisfacer el comprador, que queda obligado substituyendo al deudor.” Galindo, Legislación Hipotecaria, tomo 3, pág. 304.

Este comentario responde a los artículos 130 y 131 de la Ley Hipotecaria, que dicen:

“Art. 130. — Lo dispuesto en los dos artículos precedentes será igualmente aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o de los intereses, cuyo pago deba hacerse en pla-zos diferentes, si venciere alguno de ellos sin cumplir el deudor su obligación y siempre que tal estipulación conste inscrita en el ■ re-gistro.
“Art. 131. — Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar la finca hipotecada, y aun quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca corres-pondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha, la cual, con los intereses, se deducirá del precio.
“Si el comprador no quisiere la finca con esta carga, se deposi-tará su importe con los intereses que le correspondan, para que sea pagado al acreedor al vencimiento de los plazos pendientes.”

Pero además-se convino por la cláusula quinta del docu-mento lo siguiente:

“Quinta: En caso de demora en cualesquiera de los plazos o en todos si llegare su vencimiento y no1 lo satisficieren, devengarán inte-reses a razón del ocho por ciento anual.”

En 'esta cláusula los demandantes fundan su demanda y es la que lia dado origen a este pleito.

Los. apelantes alegan, apoyándose en dicha cláusula, que la apelada no podía cobrar ni ejecutar ningún plazo ven-cido, puesto que era necesario esperar el vencimiento del último plazo para considerar vencida y exigible la obliga-ción. Toda la argumentación del apelante en su extenso alegato gira sosteniendo insistentemente tal interpretación. Pero esta sería la manera de confundir cosas diferentes, pne's ni la letra ni el espíritu de aquella cláusula puede enten-derse en el sentido de que lo hacen los apelantes. Los tér-minos de la cláusula son tan claros que no dejan duda so-bre la intención .de las partes, por lo que se debe estar al sen-tido literal de la misma, pues ella significa simplemente1 que vencido uno o más plazos se cobrarán intereses de mora al 8 fe anual, consistiendo la razón o motivo de esta esti-pulación en el hecho de que ya se habían comprendido en cada plazo los intereses corrientes de la hipoteca y así los intereses capitalizados devengarían a su vez intereses en caso de mora o prórroga de los plazos vencidos y no pa-gados. T esta fue la verdadera intención de las partes con-tratantes, sin que pueda sostenerse en modo alguno que dicha intención estaba en contradicción con la letra o tér-minos de-la cláusula en cuestión, no apareciendo, por tanto, bajo ninguna forma de interpretación, la obligación dél acreedor de quedar obligado a esperar el último plazo para cobrar uno o más plazos anteriores vencidos y no pagados por razón de la repetida cláusula quinta.

Los apelantes, sin embargo, intentaron demostrar con prueba extrínseca a la escritura de préstamo que la cláusula que discutimos tuvo por objeto cumplir el convenio que en-volvía el propósito de los demandantes, de no poder ser ejecutados o perseguidos por ningún cobro parcial. Es verdad que la prueba tiende a demostrar que primeramente se redactó un proyecto del documento pactándose que ven-cidos tres plazos y no pagados se entendería vencida toda la deuda y cjue esto fue rechazado por los apelantes. Pero el notario que rédactó la escritura, si bien admite que no se convino esto último en cuanto al vencimiento de tres plazos para entenderse vencida la hipoteca en su totalidad, también afirma que en su oficina, antes o después, no se ha-bló de darle a la cláusula quinta el alcance o interpretación que sostienen los apelantes. Por el contrario, annqne la declaración del demandante Alejandro Bartolomey ha tra-tado de; establecer una estipulación extraña al’ contrato, su testimonio Carece de todo peso o fuerza legal con vista de la carta que escribió a la demandada en contestación al cobro de los plazos vencidos y no pagados, y en la que en nada hace mención de la cláusula en que funda su demanda, sino que espontáneamente afirma como excusa para el pag’o la mala cosecha de la finca hipotecada, no alcanzando la venta del fruto a cubrir la refacción. Dicha carta dice:

“Yauco, Sept. 19, 1919. — Sr. J. E. Totti. — Gerente del Crédito y Ahorro Poneeño, Yaueo. — Muy Sr. mío: En respuesta a su carta ■de ayer tengo el pesar de informarle que no estoy en condición de satisfacer, como así es mi ferviente deseo, mi compromiso vencido con ese Banco, que usted señala en su citada, por la muy poderosa razón que paso a exponerle.
“Es de todos conocida, aunque nadie se explica la causa, que la última cosecha de café ha sido más escasa que ninguna de las ante-riores, y aunque vendida a precios muy altos no ha alcanzado a cubrir la refacción. Pero m^ estoy ocupando de la venta de la finca con el propósito exclusivo de solventar en todas sus partes mi deuda hipo-tecaria contraída con ese Banco.
“Como quiera que se vislumbra un brillante porvenir para la in-dustria cafetera, yo no dudo ver coronados mis deseos en un futuro próximo para satisfacción de todos. Muy atentamente.”

La Ley de Evidencia, así como el Código Civil, tratan la materia de la interpretación de Contratos; pero no obs-tante los esfuerzos de los apelantes al comentar las reglas de interpretación que contienen, ninguna tiene el alcance y aplicación que se pretende, pues la cláusula quinta es clara y precisa en sus términos, y la tendencia de los apelantes es darle una significación equivocada y contraria a la ver-dad y recto sentido del contrato.

La sentencia debe confirmarse.


text:
    Díaz, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Demandada y Apelante.

      No. 3209.

    Visto: Marzo 7, 1924.

      Resuelto: Abril 15, 1924.
    JURAMENTO EN EL MEMORÁNDUM DE COSTAS — CONOCIMIENTO DEL ABOCADO QUE. Jura. — Se atacó en este caso la validez del juramento prestado por el abo-gado en el memorándum de costas por no expresar el secretario de la corte que conoce al abogado y por aparecer la firma de éste después de la palabras “Suscrito y jurado * * * , ” junto y antepuesta a la firma del secretario autorizante. Se resolvió: que atendida la sección 9 de la ley sobre affidavits de 1908, el dejar el secretario de dar fe del conocimiento del abogado no invalida el juramento; y que el aparecer la firma del abogado en la forma antes expresada, es un defecto clerical que tampoco lo invalida.
    HONORARIOS de Abocado — Ouantía de los Honobarios. — La reclamación original se estableció por $7,000 y la sentencia concedió al demandante la suma de $3,500. El memorándum en cuanto a la partida de honorarios de abogado monta a la suma de $2,000 y la corte inferior, después de oír las declara-ciones de abogados de una y otra parte, los redujo a la suma de $1,200. Teniendo en cuenta el resultado de la sentencia y el trabajo que se ha reali-zado por los abogados de los demandantes, nos parece que fué exagerada la suma acordada por honorarios. Como alegaciones de la demandada hubo excepción previa y contestación. .El juicio fué celebrado y duró medio día. No existe ninguna otra circunstancia que pueda considerarse para elevar los honorarios a $1,200. La suma de $700 que como máximum fijó el perito de la apelante es una cantidad razonable.
    ResoluCIÓN de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), en una impugnación al memorándum de costas.

      Confirmada, mo-dificando la. partida de honorarios.

      J. II. Brown y C. Ruiz Nazario, abogados de la apelante; Rincón j Yizcarrondo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de una resolución aprobando un memorándum de costas. La partida impugnada se refiere al montante de honorarios de abogado fijado por la corte inferior.

La asignación de errores consiste: en ser nulo el jura-mento que contiene el memorándum, y haber sido excesiva la suma de $1,200 que, en concepto de honorarios de abo-gado, aprobó la corte inferior.

El primer error se funda en no contener el juramento la declaración por el funcionario que lo autoriza de conocer al abogado que presta el juramento, y no aparecer la firma del interesado en el sitio correspondiente del memorándum, sino después de las palabras “Suscrito y jurado * # junto y antepuesta a la firma del secretario que recibió el juramento.

Pero este es un defecto más bien clerical que no inva-lida el juramento. En el affidavit se Race constar que Luis Vizcarrondo, después de prestar el juramento debido, es uno de los abogados del demandante y esto aclara su iden-tidad no obstante aparecer su firma junto a la def secre-tario y no en el sitio que correspondía del affidavit.

La ley estableciendo el registro de affidavits, aprobada en marzo 12 de 1908, (Comp. 1911, see. 23) dispone en la sección 3!l las diferentes fórmulas a que deben ajustarse y en todas ellas es un requisito que el funcionario autorizante dé fe del conocimiento del interesado o de los testigos de conocimiento; pero al mismo tiempo por la sección 9 se prescribe lo siguiente:

“Sección 9. — No se entenderán comprendidas en esta ley las declaraciones prestadas en procedimientos judiciales, o gubernativos, ante jueces o funcionarios de cualquiera clase, en asuntos de su ju-risdicción.”

Le esto se desprende que la omisión de dar fe el secre-tario del conocimiento personal del abogado, no afecta a la validez del juramento por ser un requisito innecesario, ya que hay que presumir que un abogado que lleva la direc-ción de un pleito está debidamente admitido a ejercer la profesión y como tal se le considera funcionario depen-diente de la corte.

Por el segundo error se sostiene que los honorarios fi-jados fueron excesivos.

La reclamación original se estableció por $7,000 y la sen-tencia concedió al demandante la suma de $3,500. El me-morándum en cuanto a la partida de honorarios de abo-gado monta a la suma do $2,000 y la corte inferior, des-pués de oir las declaraciones de abogados de una y otra parte, los redujo a la suma de $1,200.

Teniendo en cuenta el resultado de la sentencia y el tra-bajo que se lia realizado por los abogados de los deman-dantes, nos parece que fue exagerada la suma acordada por honorarios. Como alegaciones de la demandada hubo ex-cepción previa y contestación. El juicio fué celebrado y duró medio día. No existe ninguna otra circunstancia que pueda considerarse para elevar los honorarios a $1,200. La suma de $700 que como máximum fijó el perito de la ape-lante es una cantidad razonable. Véanse además los casos Beltrán et al. v. Carrasquillo, 29 D.P.R. 559 y 563 respecti-vamente.

Por lo expuesto debe modificarse la resolución inferior reduciéndose las partidas de honorarios a la suma de $700.

Confirmada.