text:
    Landislaus M. Szendrey, su esposa Maricarmen Ramos de Szendrey y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, recurridos, v. F. Castillo Family Properties, Inc. et al., peticionarios.

      Número: CC-2006-456

      Resuelto: 16 de enero de 2007

      José G. Barea Fernández, del bufete González-Nieto, García, Barea & Balzac, representantes de Inversiones y Desarrollos del Caribe, Inc., parte peticionaria; Ángel López Hidalgo, del bufete Enrique Ñassar Rizek & Asociados, representantes de F. Castillo Family Properties, Inc., parte peticionaria; Maricarmen Ramos de Szendrey, Juan J. Hernández López de Victoria y Ernesto González Piñero, pro se; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Sarah Y. Rodado Morales, procuradora general auxiliar, representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Corresponde determinar en esta ocasión si procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones por carecer ese foro de jurisdicción para atender un recurso de apelación presentado prematuramente. Por entender que el foro apelativo intermedio asumió y retuvo jurisdicción impropiamente, revocamos su determinación.

I

El Sr. Landislaus M. Szendrey, su esposa Maricarmen Ramos de Szendrey y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (esposos Szendrey Ramos) presentaron una demanda contra F. Castillo Family Properties, Inc. (Castillo), Inversiones y Desarrollos del Caribe, Inc. (InDeCa), los esposos Irizarry Almendáriz, GAM Realty Sociedad en Comandita S.E. (GAM), los esposos Collazo Torres, Metropolitan Professional Park Inc. (MPP), el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y la Administración de Corrección. Reclamaron daños y perjuicios por sufrimientos y angustias mentales y daños por el uso de una propiedad en contravención del reglamento del inmueble. El 28 de junio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, dictó sentencia, declarando “con lugar” algunas de las reclamaciones de los esposos Szendrey Ramos y desestimando otras por insuficiencia de la prueba presentada.

Inconformes, el 19 de julio de 2005, los esposos Szendrey Ramos presentaron una solicitud de determinaciones de hechos adicionales al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. De igual forma y en esta misma fecha, los codemandados InDeCa, los esposos Irizarry Almendáriz, GAM, los esposos Collazo Torres y MPP (codemandados) presentaron también una moción en virtud de la referida Regla 43.3.

El 3 de agosto de 2005, Castillo, uno de los codemandados en el pleito, presentó una oposición a la solicitud presentada por los esposos Szendrey Ramos. Alegó que la referida moción le fue notificada fuera del término de diez días establecido por la referida Regla 43.3 para su presentación. Adujo, además, que por ser un término de cumplimiento estricto, los esposos Szendrey Ramos tenían que demostrar la existencia de justa causa para la notificación que le realizaron un día después de finalizado el término dispuesto.

Así las cosas, el 6 de septiembre de 2005, estando pendiente de consideración las mociones presentadas por las partes y la determinación de justa causa para su notificación tardía, los esposos Szendrey Ramos presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, solicitando la revisión de la sentencia dictada por el tribunal de instancia. En respuesta, Castillo solicitó la desestimación del recurso presentado, alegando que la sentencia recurrida no era final, ya que tanto los demandantes como los demandados habían presentado oportunamente las mociones en controversia. Adujo que esta presentación interrumpió el término para incoar el recurso de revisión ante el foro apelativo intermedio. De otra parte, los esposos Szendrey Ramos objetaron esta solicitud alegando que el término apelativo nunca se interrumpió porque la moción de los codemandados fue también notificada tardíamente y que, por lo tanto, ninguna de las mociones interrumpió el término apelativo.

Luego de varios incidentes procesales, el 27 de octubre de 2005, el Tribunal de Apelaciones desestimó por falta de jurisdicción el recurso de apelación presentado por los esposos Szendrey Ramos. En esencia, dicho foro determinó que el recurso presentado era prematuro y que no podía asumir jurisdicción hasta tanto el tribunal de instancia determinase si existió o no justa causa para la notificación tardía de las mociones o que, de otra parte, resolviera definitivamente las solicitudes en controversia.

En desacuerdo, los esposos Szendrey Ramos solicitaron oportunamente una reconsideración de esta determinación. Adujeron que el término para instar un recurso apelativo nunca se interrumpió, ya que la moción fue notificada fuera del término de diez días establecido por la referida Regla 43.3 para su presentación. Alegaron que, en la eventualidad de que el tribunal de instancia concluyera que no existía justa causa para la notificación tardía de la moción, esta determinación tendría el efecto de no haber interrumpido el término para presentar el recurso apelativo, por lo que quedarían desprovistos de un remedio de revisión. Por lo anterior, peticionaron que el tribunal apelativo retuviera jurisdicción sobre su recurso hasta tanto el tribunal de instancia determinara si existió justa causa para la notificación tardía de la moción.

El Tribunal de Apelaciones reconsideró su determinación y, el 28 de diciembre de 2005, determinó devolver el caso al tribunal de instancia para que resolviera el asunto jurisdiccional planteado, determinando la existencia o no de justa causa para la notificación tardía de las mociones en controversia. Razonó que mientras el tribunal de instancia no determinara la existencia de justa causa o resolviera definitivamente las mociones presentadas por la partes, debía “abstenerse de expresarse en cuanto a los méritos del recurso, puesto que dependiendo de la determinación del [tribunal de instancia] podía carecer de jurisdicción por resultar prematuro el recurso presentado". Más aún, dicho foro retuvo jurisdicción sobre el recurso presentado hasta tanto el tribunal de instancia resolviera la controversia sobre las solicitudes presentadas, argumentando que lo anterior evitaría que los demandantes quedaran desprovistos de alternativas para apelar la determinación del tribunal de instancia.

Insatisfechos, el 25 de enero de 2006 los codemandados Castillo, GAM y MPP solicitaron sin éxito la reconsideración. Alegaron que el foro apelativo intermedio no podía retener jurisdicción para atender posteriormente el recurso de apelación y, a su vez, emitir órdenes al tribunal de instancia, ya que todavía estaban pendientes de consideración las mociones presentadas. Argumentaron, además, que dicho foro estaba adquiriendo una jurisdicción de tipo contingente que no había sido establecida estatutariamente.

El 24 de abril de 2006, el Tribunal de Apelaciones declaró “no ha lugar” la solicitud de reconsideración presentada por los codemandados. Además, ordenó al tribunal de instancia que dentro del término de diez días determinara si existía justa causa o no para la notificación tardía de las mociones en controversia.

Inconformes, los codemandados acudieron ante nosotros mediante una moción en auxilio de nuestra jurisdicción el 12 de mayo de 2006, para solicitarnos la revisión de la determinación del tribunal apelativo. Alegaron que dicho foro erró “al conferirse una jurisdicción de carácter contingente ... sujeta a las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia”. El 17 de mayo de 2006 denegamos esta petición. No obstante, a solicitud de los codemandados, el 23 junio de 2006 reconsideramos esta determinación y ex-pedimos el auto solicitado.

Luego de varios incidentes procesales, y contando con la comparecencia de las partes, pasamos a resolver.

II

Una parte adversamente afectada por una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia tiene la facultad, al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra, de presentar una moción para determinaciones iniciales o adicionales de hechos o conclusiones de derecho, o de otra forma, para peticionar enmiendas a las determinaciones ya hechas mediante sentencia. Aguayo v. R & G, 169 D.P.R. 36 (2006). La razón cardinal para solicitarle al tribunal sentenciador que “determine hechos específicos y consigne sus conclusiones de derecho es para que el juez de instancia quede satisfecho de que ha atendido todas las controversias de forma propia y completa, y demás para permitir a las partes y al foro apelativo estar completamente informados de la base de la decisión”. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 695.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que una oportuna y bien fundamentada solicitud de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales, interrumpe los términos que tienen las partes para interponer una apelación, un certiorari, una reconsideración de sentencia o un recurso de certificación, entre otros. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000). De acuerdo con la Regla 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, estos términos comenzarán a transcurrir nuevamente tan pronto se archive en autos una copia de la notificación de la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, en la que se resuelve la moción. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 366; Rodríguez v. Zegarra, supra, pág. 653. Dicho de otra forma, es a partir de la fecha cuando el tribunal de instancia resuelve y notifica la resolución para atender la moción de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales, que comienza a transcurrir nuevamente el término jurisdiccional de treinta días que se tiene para recurrir en apelación al tribunal apelativo. íd.

Es pertinente señalar que la Regla 53.1(g)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que el término para solicitar la revisión de una sentencia ante el tribunal apelativo quedará interrumpido por la presentación oportuna de una solicitud de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 366. Rodríguez v. Zegarra, supra, pág. 653. Dispone este precepto procesal que el término apelativo se comenzará a computar nuevamente desde que sea archivada en autos una copia de la notificación de cualquiera de las órdenes siguientes relacionadas con esta moción, por ejemplo:

(1) En las apelaciones al Tribunal [de Apelaciones] provenientes del Tribunal de Primera Instancia, declarando con lugar o denegando una moción bajo la Regla 43.3 para enmendar o hacer determinaciones iniciales o adicionales de hechos, fuere o no necesaria una modificación de la sentencia si se declarare con lugar la moción. Regla 53.1(g)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

La notificación de la presentación de una moción al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra, debe realizarse dentro del término de diez días establecido para su presentación. Específicamente, en Sucn. Salvador Jiménez v. Pérez, 153 D.P.R. 527, 533 (2001), resolvimos que el término para notificar la presentación de una solicitud de determinaciones de hechos adicionales al amparo de la citada Regla 43.3, es el mismo de diez días que se tiene para su presentación posterior al dictamen y la notificación de una sentencia del tribunal de instancia. Como señaláramos en aquella ocasión, este trámite procesal es de cumplimiento estricto, por lo que su incumplimiento implicará que no se interrumpirá el término disponible para apelar una sentencia ante el Tribunal de Apelaciones.

Reiteradamente hemos resuelto que, cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, los tribuna-, les no están atados al automatismo que conlleva un requisito de carácter jurisdiccional y pueden, por lo tanto, pro-veer el remedio que estimen pertinente, extendiendo el término según las circunstancias. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005). Sin embargo, los tribunales, a la hora de acoger y considerar un recurso presentado ante su consideración, no pueden prorrogar este término de forma automática. íd.

Los tribunales pueden extender discrecionalmente un término de cumplimiento estricto o permitir su cumplimiento tardío, “ ‘sólo cuando la parte que lo solicita demuestre justa causa para la tardanza’ ”. Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131 (1998), citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657 (1997). Elaborando sobre lo anterior, hemos determinado que los foros adjudicativos pueden eximir a una parte del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento estricto si: (1) en efecto existe justa causa para la dilación, y (2) si la parte le demuestra detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación, es decir, que la parte interesada le acredite al tribunal de manera adecuada la justa causa aludida. íd. En ausencia de estas circunstancias, los tribunales carecen de discreción para prorrogar el término y, en consecuencia, acoger el recurso de revisión ante su consideración. íd.

Constantemente hemos advertido que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen. Lugo v. Súarez, supra; Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005). Lo anterior nos ha llevado a concluir que las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436 (1950). En cumplimiento con este deber, nuestros tribunales deben tener presente que “[u]na sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto, inexistente”. (Enfasis en el original.) Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921 (2000).

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser subsanada. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005), y casos allí citados. En consideración de lo anterior, le corresponde a los foros adjudicativos examinar su propia jurisdicción, así como aquella del foro de donde pro-cede el recurso ante su consideración. Más aún, los tribunales tienen el deber ministerial, una vez cuestionada su jurisdicción, de examinar y evaluar rigurosamente el planteamiento jurisdiccional, pues éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Id. Una vez un tribunal determina que no tiene jurisdicción para atender el asunto presentado ante su consideración, procede la inmediata desestimación del recurso apelativo conforme a lo ordenado por las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. Id.

En numerosas ocasiones hemos expresado que este Tribunal tiene la responsabilidad de asegurarse que nuestro foro apelativo intermedio dispense justicia conforme al ámbito de autoridad que se le ha conferido estatutariamente. En el ejercicio de esta tarea, cuando el Tribunal de Apelaciones asuma jurisdicción en un recurso sin tenerla, es nuestro deber así declararlo y desestimar el recurso.

Es norma reiterada por este Foro que “ [u] na apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 366. Véanse: Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492 (1997). Conforme a este pronunciamiento, hemos concluido que todo recurso presentado prematuramente carece de eficacia y, por lo tanto, no produce efecto jurídico alguno, ya que al momento de ser presentado el tribunal no tiene autoridad para acogerlo y, mucho menos, para conservarlo con la intención de reactivarlo posteriormente en virtud de una mo ción informativa. Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., supra, pág. 366; Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). De hecho, considerando una controversia similar a la de autos, hemos expresado:

“Si el [Tribunal de Apelaciones] no tenía jurisdicción para entender en la apelación, tampoco la tenía para, usando como base las precitadas Reglas 53.9(a) de Procedimiento Civil y 18 de su Reglamento, ordenar al Tribunal de Primera Instancia que resolviera de nuevo la moción para solicitar determinaciones de hecho adicionales que estaba pendiente al presentarse la apelación.
El efecto suspensivo que reconocen ambas reglas está apuntalado en la premisa de que el foro apelativo tiene jurisdicción en virtud de la apelación interpuesta. Lógicamente, de carecería por prematura, como en el caso de autos, la apelación no tiene el efecto suspensivo visualizado en esa normativa.” (Énfasis suprimido.) Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., supra, pág. 367, citando a Rodríguez v. Zegarra, supra, págs. 654-655.

A la luz de la doctrina antes expuesta, evaluemos los hechos que originan la controversia ante nuestra consideración.

III

Las partes en el caso solicitaron oportunamente determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra. La presentación de estas solicitudes ante el Tribunal de Primera Instancia se realizó dentro del término de diez días establecido por el referido precepto procesal. Sin embargo, tanto la parte peticionaria como los recurridos, notificaron la presentación de sus solicitudes un día después de finalizado el término disponible para presentarlas.

Como señaláramos, el requisito de notificar la presentación de una solicitud de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales es de cumplimiento estricto. El incumplimiento con este requerimiento, privará de jurisdicción al tribunal de instancia para entenderlas. Más aún, la inobservancia de este precepto no interrumpirá el término que se tiene para solicitar la revisión de una sentencia ante el Tribunal de Apelaciones.

Ahora bien, tratándose de un requisito de cumplimiento estricto, el tribunal de instancia podía permitir la notificación tardía de la presentación de las solicitudes en controversia si determinaba que existía justa causa que justifique este trámite fuera del término. De hecho, al momento en que los señores Zsendrey-Ramos presentaron su recurso apelativo ante el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Primera Instancia había acogido las mociones presentadas por las partes y tenía la intención de evaluar si existía o no justa causa para su notificación tardía. Ante lo anterior, resulta forzoso concluir que el tribunal de instancia no había considerado ni se había expresado aún sobre un asunto que estaba dentro de su jurisdicción, por lo cual no había comenzado a transcurrir el término para acudir en alzada.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Apelaciones acogió y consideró un recurso de apelación de forma prematura. Reiteramos, al momento de ser presentado el recurso de apelación, todavía el Tribunal de Primera Instancia no había determinado si, en efecto, tenía jurisdicción para considerar las solicitudes en controversia y si procedían. Esta situación impedía que el foro apelativo intermedio acogiera y considerara el recurso de apelación y mucho menos que retuviera jurisdicción sobre éste hasta que el tribunal de instancia cumpliera con su mandato. Como resultado de este proceder, el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia nula e inexistente por haber sido dictada sin jurisdicción.

En vista de lo anterior, procede dictar sentencia revocando la determinación del Tribunal de Apelaciones y desestimar el recurso presentado ante dicho foro por falta de jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Resolución del Tribunal de Apelaciones de 28 de diciembre de 2005, Apéndice, pág. 723.

       El tribunal de instancia, cumpliendo con el mandado del Tribunal de Apelaciones, consideró las mociones en controversia. En resolución emitida el 12 de mayo de 2006 y notificada a las partes y al tribunal apelativo en esta misma fecha, dicho tribunal determinó que no había justa causa para la notificación tardía de las mociones ante su consideración.

       Petición de certiorari, pág. 5.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Víctor Torres Maldonado h/n/c Víctor Torres Products, recurrido, v. Junta de Subastas del Municipio de Aguadilla, Municipio Autónomo de Aguadilla y Económico Distributors, peticionaria la primera.

      Número: CC-2005-1163

      Resuelto: 17 de enero de 2007

      Pablo B. Rivera Díaz, abogado de la parte peticionaria; Jayson N. Ramos Pérez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 8 de julio de 2005, la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Aguadilla (Junta) publicó el Aviso de Subasta Núm. 2006-0068 para el suministro de alimentos a los centros Head Start localizados en el dicho municipio.

Conforme a lo señalado en dicho aviso, la subasta se celebró el 5 de agosto de 2005. A ésta comparecieron tres licitadores con sus réspectivas ofertas, a saber:

(1) Víctor Torres Products $628,692.11

(2) Económico Distributors $771,183.00

(3) Héctor Fortis Santiago $962,234.37

Previo a la celebración de la subasta, se llevó a cabo una reunión en la cual se entregó a los licitadores participantes un documento titulado “Términos y Condiciones para el Servicio de Entrega de Alimentos en Subasta”. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 25-28. En éste se estableció como requisito el cumplimiento por parte de los suplidores con las normas del Código de Alimentos de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (Código de Alimentos).

De igual forma, según se colige del acta de apertura de la subasta, se les informó a los licitadores que la adjudicación final no dependería únicamente del precio ofrecido, ya que era un factor importante el resultado de la inspección que ha de realizarse en los almacenes de cada uno de los licitadores; ello con el objetivo de cerciorarse que las facilidades de los almacenes cumpliesen con la reglamentación federal aplicable, debido a que la permanencia de los fondos federales asignados al programa Head Start dependía de dicho cumplimiento.

El 15 de agosto de 2005, los representantes del personal del Proyecto Head Start inspeccionaron las facilidades del almacén de Víctor Torres Products. Del informe emitido a esos efectos, y de otros documentos obrantes en el expediente, surgen las violaciones siguientes al Código de Alimentos:

1. Poca ventilación en el área de almacén, en violación a la Norma 603-11.

2. Las ventanas, al igual que las puertas, no tienen tela metálica para evitar así que cualquier insecto o roedor entre al área del almacén, en violación a la Norma 6-202.15(A) y (B).

3. Los alimentos enlatados están almacenados en una tarima junto con detergente y aceite de auto, en violación a la Norma 2-102.11 y 7-201.11(B).

4. No existe un área de productos de limpieza aparte y separada de los alimentos, en violación a la Norma 7-301.11(A) y (B) y a la Norma 7-201.11.

5. El piso agrietado, no tiene losa o piso liso, por lo cual no es de fácil limpieza, en violación a la Norma 6-201.ll.

6. El certificado de inocuidad de alimentos estaba vencido, en violación a la Norma 2-101.11(1).

7. A los baños les faltan llaves o manecillas, en violación a la Norma 2-301.15.

8. El refrigerador está distante del área de almacén y la nevera doméstica no tiene termómetro, en violación a la Norma 2-103-ll(A).

Por otro lado, el 16 de agosto de 2005 el personal inspeccionó las facilidades de Económico Distributors. De las observaciones hechas en el informe surge que las facilidades del almacén de Económico Distributors cumplían con las normas federales aplicables.

Así las cosas, la Junta emitió una notificación para adjudicar la subasta a Económico Distributors. Dicha notificación dispone, en lo pertinente, como sigue:

El licitador Económico Distributors propuso lo siguiente: cotizo [sic] alimentos con precios razonables.
El licitador Víctor M. Torres Maldonado propuso lo siguiente: cotizo [sic] algunos alimentos con precios razonables.
El licitador Héctor Fortis Santiago propuso lo siguiente: cotizo [sic] algunos alimentos con precios razonables.
La Junta de Subasta, luego de analizar y estudiar la propuesta, y la evaluación municipal, determina:
1. La oferta de Económico Distributors cumple con las especificaciones del aviso de subasta.
2. Según recomendaciones de Head Start sobre el informe de visita a las diferentes compañías se encontró lo siguiente:
a. Económico Distributors cumple con los requisitos en el área del almacén y documentación requerida, por lo que se recomienda favorablemente.
b. Héctor Fortis — falta de documentos (no presentó evidencia del Fondo del Seguro del Estado, HACCP y Certificado de Elegibilidad) y no se pudo observar el área del almacén.
c. Víctor Torres — documentos (Certificados de Salud) no estaban vigentes y no se encontró evidencia de estar en proceso. Además se encontraron varias deficiencias en el área de almacén, tales como: poca ventilación, la nevera doméstica no tiene termómetro[,] entre otros.
Por lo tanto, y a base de lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento, se adjudica la Subasta número 2006-68 Alimentos para los Centros Head Start, al licitador: Económico Distributors, ya que tratándose de compras, construcción o suministros de servicios, este resulto [sic] ser los postores [sic] más bajos, cumplió con todas las especificaciones, ha demostrado su historial previo que tiene habilidad para realizar y cumplir con el contrato, y gozan de reputación e integridad comercial ante el municipio. (Énfasis en el original.) Apéndice, págs. 147-149.

Insatisfecho, Víctor Torres Products acudió —mediante un recurso de revisión judicial— ante el Tribunal de Apelaciones. Adujo, en síntesis, que la adjudicación a favor de Económico Distributors no representaba los mejores intereses del Municipio y que la Junta no hizo constar por escrito los criterios o las razones beneficiosas al interés publico que justificaron la referida adjudicación. El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación de la Junta. Concluyó que la Junta, en la notificación de adjudicación emitida, no expresó una síntesis de las propuestas de todos los licitadores y que el señalamiento de defectos se hizo de manera generalizada, ignorando la evidencia disponible. No encontró una razón beneficiosa al interés público que justificara la adjudicación de la subasta a favor de Económico Distributors, cuya cotización excedió la de Víctor Torres Products por $143,091. Conforme a lo antes esbozado, ordenó que se adjudicara la subasta a favor de Víctor Torres Products.

Inconforme, la Junta acudió —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal. Aduce que procede revocar la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio debido a que éste incidió

... al determinar que la Junta no cumplió con el requisito de expresar una síntesis de las propuestas de los licitadores perdidosos y que los defectos de los licitadores perdidosos se hicieron de modo generalizado e ignorando la evidencia disponible.
... al extralimitarse en sus funciones y ordenar la adjudicación de la subasta a un licitador perdidoso estrictamente por razones económicas cuando no hay certeza de que su oferta fuera más económica por este no cotizar doce renglones de alimentos, por lo que la supuesta economía en los costos es una artificial.
... al extralimitarse en sus funciones y ordenar la adjudicación de la subasta a un licitador perdidoso estrictamente por razones económicas cuando dicho licitador no cumple con la reglamentación federal para el manejo y suministro de alimentos al programa Head Start, lo que pone en riesgo la salud de los niños y la permanencia de los fondos federales que sostiene dicho programa. Petición de certiorari, pág. 7.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando en condición de resolverlo, procedemos a así hacerlo.

I

A. En virtud del derecho a una efectiva revisión judicial, el debido proceso de ley exige que toda notificación de adjudicación de una subasta municipal sea “adecuada”, aun cuando la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos) no precisa el contenido de dicha notificación.

... [P]ara poder hacer efectivo el derecho de revisión judicial que consagra el Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos ... en la notificación de adjudicación de una subasta [municipal] ... es necesario que se advierta: el derecho a procurar revisión judicial; el término disponible para así hacerlo; y la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la adjudicación. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 38 (2000).

Debido a la naturaleza circunstancial y pragmática del debido proceso de ley, los elementos antes esbozados no constituyen una enumeración taxativa de las exigencias requeridas. Es por ello que la notificación de adjudicación que emita la junta de subastas municipal debe, además, incluir los fundamentos que justifican la determinación, aunque sea de forma breve, sucinta o sumaria. “Al requerir que se incluyan los fundamentos en la notificación, nos aseguramos de que los tribunales puedan revisar dichos fundamentos para determinar si la decisión fue una arbitraria, caprichosa o irrazonable.” Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 D.P.R. 733, 742 (2001).

De igual forma, al requerir que la notificación se encuentre fundamentada, se evita que una parte se vea imposibilitada de cuestionar la subasta correspondiente debido a que, si desconoce las razones para la determinación de la junta, no tendrá fundamentos para cuestionar su proceder. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999); Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, ante; IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, ante.

Por consiguiente, la notificación de adjudicación de subasta debe, al menos, incluir: (1) los nombres de los licitadores que participaron en la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos y (4) la disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y revisión judicial. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, ante, págs. 743-744; L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869 (1999).

En el caso hoy ante nuestra consideración, el Tribunal de Apelaciones determinó que la notificación de adjudicación emitida por la Junta no cumplió con los criterios de validez establecidos en nuestra jurisprudencia; entendió que la Junta no incluyó una síntesis de las propuestas de los licitadores y que el señalamiento de defectos se hizo de forma generalizada. Erró al así decidir.

De un examen de la notificación de la adjudicación en cuestión surge que ésta incluye toda la información requerida, según antes enumerada. Aun cuando la síntesis de las propuestas se hizo de forma concisa y el señalamiento de defectos se hizo de forma generalizada, entendemos que la información incluida es suficiente para cumplir con el estándar mínimo de adecuacidad establecido por nuestra jurisprudencia.

Ante el tipo subasta aquí bajo análisis —donde los licitadores ofrecieron un precio por cada renglón de alimentos— es suficiente señalar, como síntesis de cada una de las propuestas, si el licitador cotizó o no para todos los renglones de alimentos. Requerir la información detallada sobre las ofertas de los licitadores en cada renglón de alimentos desvirtuaría la razón de ser del requisito en sí, pues dejaría de ser una síntesis para convertirse en un análisis detallado de cada propuesta. De igual forma, entendemos que el señalamiento de defectos, aunque generalizado, cumple con el objetivo de informar las deficiencias detectadas. De una simple lectura de la notificación de adjudicación, se puede deducir claramente que Víctor Torres Products no cotizó en todos los renglones de alimentos, que algunos certificados de salud no estaban al día y que la planta física del almacén tenía deficiencias.

En el pasado no hemos tenido reparos en calificar como defectuosa una notificación de subasta cuando las circunstancias así lo han ameritado. A modo de ejemplo, podemos mencionar IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, ante, y L.P.C. & D., Inc. v. A.C., ante, donde declaramos como defectuosas las notificaciones allí emitidas debido a que éstas únicamente informaban a favor de quién se adjudicó la subasta. A diferencia de los casos previamente reseñados, en este caso no nos encontramos ante una notificación carente de información y fundamentos con respecto a los criterios tomados en consideración por la Junta al momento de adjudicar la subasta. Aquí la Junta claramente especificó las razones por las cuales descartó la oferta de Víctor Torres Products y adjudicó la subasta a favor de Económico Distributors, a saber, que Económico Distributors fue el único licitador que: (1) cotizó para todos los renglones de alimentos; (2) cumplió con los requisitos en el área del almacén, y (3) presentó la documentación requerida.

En fin, la notificación emitida por la Junta no afectó el derecho de las partes perjudicadas a efectivamente cuestionar la subasta ni la facultad de los tribunales de revisar la razonabilidad de la determinación emitida. Los fundamentos provistos por la Junta, de forma sucinta, fueron suficientes para cuestionar y revisar la adjudicación a favor de Económico Distributors. En consecuencia, concluimos que la notificación de adjudicación es “adecuada”, según lo establecido por nuestra jurisprudencia.

B. En aras de proteger la buena administración del Gobierno, los estatutos que requieren la celebración de subastas tienen el propósito de promover la competencia en las proposiciones, de manera que el Estado consiga realizar la obra al precio más bajo posible. “[A]l requerirse que la subasta y el contrato se adjudiquen al postor más bajo se evita que haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los contratos.” Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971).

No existe, sin embargo, una regla inflexible que exija que la subasta deba adjudicarse siempre al postor más bajo, pues pueden existir consideraciones de interés público que lleven a que la licitación más baja no resulte ser la más económica. Véase Empresas Toledo v. Junta, 168 D.P.R. 771 (2006).

Establecer una regla inflexible de que el contrato deba adjudicarse al postor más bajo, prescindiendo de tales consideraciones, privaría al público del beneficio del criterio de los funcionarios públicos en aquellas cuestiones en que el estatuto requiere que ellos lo ejerciten. Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 D.P.R. 911, 916 (1942).

Es por ello que hemos establecido que las agencias gozan de discreción al evaluar las propuestas sometidas, pues

[cjuando se trata ... de la adquisición de servicios técnicos de gran costo y sofisticación, la selección de un proveedor sobre otros puede conllevar decisiones que descansen, no en criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración de la tecnología y los recursos humanos con que cuenta, a la luz de las necesidades presentes y futuras de la agencia. (Enfasis suprimido.) A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 439 (2004).

Sólo si el licitador más bajo cumple con los requisitos reglamentarios de la agencia y tiene la capacidad de realizar la obra de forma eficiente, deberá éste ser considerado para realizar la obra. Empresas Toledo v. Junta, ante.

Una vez la agencia o junta involucrada emite una determinación, los tribunales no deberán intervenir con ésta, salvo que se demuestre que ésta se tomó de forma arbitraria, caprichosa o mediando fraude o mala fe, pues la agencia, con su vasta experiencia y especialización, se encuentra, de ordinario, en mejor posición que el foro judicial para determinar el mejor licitador, tomando en consideración los factores esgrimidos tanto por la ley como por su reglamento de subastas. Empresas Toledo v. Junta, ante; A.E.E. v. Maxon, ante.

En ausencia de fraude, mala fe o abuso de discreción, ningún postor tiene derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida como la “más ventajosa[”]. La cuestión debe decidirse a la luz del interés público y ningún postor tiene un derecho adquirido en ninguna subasta. Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, ante, pág. 916.

II

Con el trasfondo doctrinal antes expuesto, pasamos a discutir si, en este caso, la Junta abusó de su discreción al no adjudicarle la subasta a Víctor Torres Products. Al respecto, el tribunal apelativo intermedio resolvió que no existía razón beneficiosa para el interés público que justificara la adjudicación de la subasta a favor de Económico Distributors. Luego de un análisis minucioso de la totalidad del expediente, entendemos que el Tribunal de Apelaciones erró al respecto.

En primer lugar, la Junta no estaba obligada a adjudicarle la subasta al licitador más bajo. Tanto la Ley de Municipios Autónomos, como los reglamentos aplicables, facultan a la junta municipal a descartar el licitador más bajo cuando las circunstancias así lo ameriten. Específicamente, el Art. 11.006 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4506, establece que

[l]a Junta podrá adjudicar a un postor que no sea necesariamente el más bajo ... si con ello se beneficia el interés público. En este caso, la Junta deberá hacer constar por escrito las razones aludidas como beneficiosas al interés público que justifican tal adjudicación.

A su vez, el Art. VI del Reglamento de la Junta de Subastas del Municipio de Aguadilla dispone que

[l]a Junta adjudicará a favor del postor razonable más bajo en el caso de compras, construcciones, suministros y/o servicios ... tomando en consideración que las propuestas sean conformes a especificaciones; términos de entrega; la habilidad del postor para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad económica del licitador; reputación e integridad comercial y otras condiciones insertadas en el pliego de subastas. Disponiéndose, que la Junta podrá adjudicar a un postor que no sea necesariamente el más bajo ...si con ello se beneficia el interés pú blico que justifican tal adjudicación. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág.193.

En segundo término, del expediente surgen razones suficientes y razonables para justificar la adjudicación emitida en beneficio del interés público. Las deficiencias en las facilidades del almacén de Víctor Torres Products, las cuales contravienen las normas establecidas en el Código de Alimentos, justifican y revisten de validez la adjudicación a favor de Económico Distributors. Ordenar la adjudicación a favor de Víctor Torres Products, a pesar de las deficiencias en su almacén, pondría en riesgo la salud de los niños que forman parte del programa Head Start y significaría la pérdida de los fondos federales dirigidos a dicho programa, pues su permanencia depende del cumplimiento de los suplidores con la reglamentación federal aplicable, entre éstas, el Código de Alimentos.

Coincidimos con la Junta respecto a que las razones beneficiosas al interés público que justifican la adjudicación emitida son, ciertamente, garantizar la salud y el bienestar de los niños participantes del programa a través de una calidad superior de los alimentos y asegurar la permanencia de los fondos federales dirigidos al programa mediante la selección de un suplidor que cumpla con la reglamentación federal sobre alimentos. Debido a ello, no albergamos duda de que la Junta, al descartar la oferta de Víctor Torres Products, actuó en protección del interés público.

Ahora bien, Víctor Torres Products aduce que la Junta estaba obligada a exponer detalladamente por escrito las razones beneficiosas al interés público que justificaron la adjudicación. Entiende que la Junta incumplió con dicho cometido. A pesar de que en la notificación la Junta no hizo una expresión literal sobre las razones beneficiosas al interés publico, éstas claramente se infieren de la notificación emitida y de los documentos anejados al expediente, entiéndase el acta de la reunión presubasta, el documento de términos y condiciones de entrega, el acta de subasta y los informes de inspección.

De un examen de dichos documentos, los cuales forman parte del expediente, podemos percatarnos de que en todo momento se hizo énfasis en el cumplimiento de los suplidores con las normas federales aplicables y el incumplimiento de Víctor Torres Products con éstas. Ello es la esencia del interés público protegido mediante la adjudicación a favor de Económico Distributors. Además, la falta de una expresión literal sobre las razones beneficiosas al interés público no anula la adjudicación emitida y simplemente procede la enmienda de la notificación. L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de Carreteras, ante. En este caso no se justifica ordenar la enmienda de la notificación debido a que —como antes expresáramos— las razones beneficiosas al interés público se infieren de la propia notificación y de los documentos que forman parte del expediente en su totalidad.

Por otro lado, Víctor Torres Products aduce que desconocía los resultados del informe de inspección debido a que no se le entregó copia de éste. No le asiste la razón. De una lectura del referido informe surge que Víctor Torres Maldonado, representante de Víctor Torres Products, lo firmó. El que no se le haya entregado una copia del informe no significa que conocía las observaciones hechas en éste, pues, previo a su firma, muy bien pudo haber leído el informe. Además, siendo un suplidor con más de veinte años de experiencia, debió tener conocimiento de las reglamentaciones federales aplicables al campo de los alimentos y que su almacén no cumplía con esas normas. Los términos y las condiciones de la subasta exigían el cumplimiento con el Código de Alimentos y en todo momento se hizo énfasis sobre la importancia de la inspección que ha de rea¡izarse para cerciorar dicho cumplimiento. Por lo tanto, nada justifica su incumplimiento al respecto.

Por último, Víctor Torres Products señala que, en todo caso, la Junta debió permitirle subsanar los defectos señalados. Entiende que éstos son de fácil subsanación. Tampoco le asiste la razón. El objetivo detrás de las exigencias, los términos y las condiciones de una subasta es que los licitadores las conozcan y, al momento de celebrarse la subasta, cumplan con lo allí requerido.

Exigirle a la Junta esperar a que un licitador subsane los defectos detectados, a pesar de que previo a la celebración de la subasta se enfatizó sobre los requisitos que debían cumplirse, sería ponerle más trabas al proceso de compras y ala adquisición de servicios e, incluso, establecer un requisito inexistente en la legislación y reglamentación aplicables. Además, y contrario a lo que aduce Víctor Torres Products, entendemos que las deficiencias señaladas no son de fácil subsanación. Específicamente, subsanar deficiencias como la poca ventilación, la falta de tela metálica en puertas y ventanas y los pisos agrietados sin loza conlleva el transcurso de tiempo al cual no debemos sujetar a la Junta.

La Junta cumplió con su cometido al informar la importancia del cumplimiento con la reglamentación federal aplicable, por lo cual era responsabilidad de los licitadores participantes cumplir con dicho requisito previo a la celebración de la subasta. Víctor Torres Products incumplió con las normas del Código de Alimentos y dicho incumplimiento justificó el que la Junta no le haya adjudicado la subasta a pesar de ser el licitador que ofreció el precio más bajo.

En fin, del expediente no surge que la Junta haya tomado una determinación arbitraria, caprichosa o mediando fraude o mala fe, por lo cual resolvemos que ésta no abusó de su discreción al adjudicarle la subasta a Económico Distributors.

Ill

Por los fundamentos antes expuestos, procede que se decrete la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, confirmándose la determinación y adjudicación de la Junta de Subastas del Municipio de Aguadillo, Subasta Núm. 2006-0068.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       La Cláusula Núm. 25 de dicho documento dispone: “Requerir adiestramiento a empleados, proveedores (Suplidor) y Empacadoras de Alimentos sobre las regulaciones del Código de Alimentos y la aplicación del Sistema HACCP o Inocuidad de Alimentos, en las operaciones de alimentos.” Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 27.

       “6-304.11-Ventilation: If necessary to keep rooms free of excessive heat, steam, condensation, vapors, obnoxious odors, smoke, and fumes, mechanical ventilation of sufficient capacity shall be provided.” 2005 Pood Code Sec. 6-304.11, pág. 174.

       “6-202.15 — Outer Openings, Protected:
      “(A) Except as specified in (B), (C), and (E) and under (D) of this section, outer openings of a food establishment shall be protected against the entry of insects and rodents by:

        “(1) Filling or closing holes and other gaps along floors, walls, and ceilings;
      “(2) Closed, tight-fitting windows; and
      “(3) Solid, self-closing, tight-fitting doors.
      “(B) Paragraph (A) of this section does not apply if a food establishment opens into a larger structure, such as a mall, airport, or office building, or into an attached structure, such as a porch, and the outer openings from the larger or attached structure are protected against the entry of insects or rodents.” 2005 Food Code Sec. 6-202.15, págs. 169-170.

       “2-102.11-Demonstration: (0(13) Identifying poisonous or toxic materials in the food establishment and the procedures necessary to ensure that they are safely stored, dispensed, used, and disposed of according to law.” 2005 Food Code Sec. 2-102.11, pág. 25.

       “7-201.11 Separation: Poisonous or toxic materials shall be stored so they can not contaminate food, equipment, utensils, linens, and single-service and single-use articles by:
      “(A) Separating the poisonous or toxic material by spacing or partitioning; and
      “(B) Locating the poisonous or toxic materials in an area that is not above food, equipment, utensils, linens, and single-service or single-use articles. This paragraph does not apply to equipment and utensil cleaners and sanitizers that are stored in ware washing areas for availability and convenience if the materials are stored to prevent contamination of food, equipment, utensils, linens, and single-service and single-use articles.” (Énfasis suprimido.) 2005 Food Code Sec. 2-201.11, pág. 182.

       “7-301.11-Separation: Poisonous or toxic materials shall be stored and displayed for retail sale so they can not contaminate food, equipment, utensils, linens, and single-service and single-use articles by: (A) Separating the poisonous or toxic materials by spacing or partitioning; and
      “(B) Locating the poisonous or toxic materials in an area that is not above food, equipment, utensils, linens, and single-service or single-use articles.” 2005 Food Code Sec. 7-301.11, pág. 187.

       “6-201.11-Floors, Walls, and Ceilings: Except as specified under § 6-201.14 and except for antislip floor coverings or applications that may be used for safety reasons, floors, floor coverings, walls, wall coverings, and ceilings shall be designed, constructed, and installed so they are smooth and easily cleanable.” 2005 Food Code Sec. 6-201.11, pág. 166.

       “2.301.15 — Where to Wash: Food employees shall clean their hands in a hand washingsink or approved automatic hand washing facility and may not clean their hands in a sink used for food preparation or warewashing, or in a service sink or a curbed cleaning facility used for the disposal of mop water and similar liquid waste”. 2005 Food Code Sec. 2.301.15, pág. 4.

       “2-103.11 — “Person in charge: The person in charge shall ensure that (A) Food establishment operations are not conducted in a private home or in a room used as living or sleeping quarters as specified under § 6-202.111.” 2005 Food Code Sec. 2-103.11, pág. 26.

       Entre las observaciones hechas en el informe de inspección se encuentran las siguientes: (1) los alimentos sobre paleta y las tarimas sobre el nivel del piso; (2) el piso cumple con las reglas del Food Code; (3) las ventanas con tela metálica e iluminación; (4) las puertas corredizas con tela metálica; (5) el área de los materiales de limpieza separados de materiales de alimentos; (6) el congelador y refrigerador con buena temperatura; (7) el baño tiene dispensador de jabón y papel toalla; (8) los certificados de salud al día; (9) el certificado de HACCP está al día y son supervisados por un inspector; (10) la licencia sanitaria estaba vencida, pero se presentó evidencia de que al 9 de junio de 2005 se gestionaba.

       De los documentos que constan en el expediente, surge que Víctor Torres Products no cotizó doce renglones de alimentos, entre éstos: jamón de pavo, arroz grano mediano, jugos enlatados y agua destilada.

       El Art. 15.002 de esta ley dispone:
      “[El] Tribunal de Circuito de Apelaciones revisará, con exclusividad, el acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, el cual se notificará por escrito y mediante copia por correo escrito regular y certif[ic]ado a la(s) parte(s) afectada(s). La solicitud de revisión se instará dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días contados desde el depósito en el correo de la copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación. La notificación deberá incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones para la revisión judicial; término para apelar la decisión; fecha de archivo en auto de la copia de la notificación y a partir de [qué] fecha comenzará a transcurrir el término. La competencia territorial será del circuito regional correspondiente a la región judicial a la que pertenece el municipio.” (Corchetes suplidos y en el original.) 21 L.P.R.A. see. 4702(2)

       En IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, ante, la notificación emitida por la junta allí involucrada únicamente disponía, en lo pertinente, lo siguiente: “[lluego de analizar las licitaciones presentadas la Hon. Junta de Subastas determinó que la mejor oferta fue de Ravaro Construction Corporation.” En L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869, 874 (1999), la notificación allí bajo consideración solamente disponía, en lo pertinente: “[l]a Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación desea informarles que la subasta de referencia fue adjudicada a lea Miramar el día 29 de mayo de 1998.”

       Surge del expediente que la licencia sanitaria de Económico Distributors estaba vencida, pero que se presentó evidencia de que la renovación estaba en proceso.

       Tan es así que Víctor Torres Products hizo efectivo su derecho a solicitar la revisión judicial aduciendo varios fundamentos respecto a las deficiencias, en efecto, señaladas por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Aguadilla (Junta) en la notificación emitida. Aunque en la notificación aparecen sólo dos deficiencias, éstas son suficientes para informar el tipo de criterios tomados en consideración por la Junta. Además, ello en nada afectó a Víctor Torres Products debido a que, previo a la adjudicación de la subasta y a la presentación del recurso de revisión judicial, Víctor Torres Maldonado tuvo la oportunidad de observar el informe de inspección original en el cual se incluyeron todas las deficiencias e, incluso, lo firmó. De igual forma, la enumeración de sólo dos deficiencias del almacén en la notificación tampoco afectó la facultad de los tribunales de revisar la determinación debido a que la notificación, por sí, cumple con su cometido de informar los criterios y fundamentos considerados por la Junta y el resto de los documentos que forman parte del expediente en su totalidad brindan más información respecto a lo reseñado sumariamente en la notificación, especialmente, el informe de inspección.

       Además del Reglamento de la Junta de Subastas del Municipio de Aguadilla, el Reglamento Núm. 5262 de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales sobre Normas Básicas para los Municipios, págs. 52-53, permite que la subasta sea adjudicada al “postor responsable cuya oferta sea más ventajosa”. (Enfasis suplido.) Será un “postor responsable” aquel que tenga los recursos financieros adecuados para cumplir con su obligación, que sea capaz de cumplir con los términos requeridos, tenga un historial de cumplimiento satisfactorio y esté de otra forma cualificado y sea elegible para recibir una adjudicación en conformidad con las leyes y los reglamentos aplicables, entre otras consideraciones.

       También aduce que existen discrepancias en las deficiencias señaladas. Sin embargo, los documentos anejados al expediente son significativamente compatibles en términos de cuáles deficiencias fueron detectadas.


text:
    Elvin Rivera Beltrán, apelante, v. Junta de Libertad bajo Palabra, apelada.

      Número: AC-2005-024

      Resuelto: 18 de enero de 2007

      Rafael E. Rodríguez Rivera, José R. Roque Velázquez y Joel Román Román, abogados del apelante; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Arnir Cristina Nieves Villegas, procuradora general auxiliar, parte apelada.
   SENTENCIA

El Sr. Elvin Rivera Beltrán (Rivera Beltrán) recurre de una decisión del Tribunal de Apelaciones, que a su vez confirmó una determinación de la Junta de Libertad bajo Palabra (Junta), en la que se resolvió que el peticionario no es elegible para disfrutar del beneficio de libertad bajo palabra al amparo de la Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993 (Ley Núm. 33), 34 L.P.R.A. see. 1026 et seq. El recurso nos permite resolver si una persona, que hace una alegación de culpabilidad que no incluye el uso de un arma de fuego en la comisión de los delitos imputados, es elegible para disfrutar del beneficio de libertad bajo palabra, aun cuando fue acusado por ese hecho.

I

Rivera Beltrán fue acusado por los delitos de recibir bienes apropiados ilegalmente, robo domiciliario, tentativa de asesinato y por infracción a los Arts. 4, 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 414, 416 y 418. En la acusación se alegó que utilizó un arma de fuego en la comisión de los delitos imputados.

Durante el juicio, Rivera Beltrán y el Ministerio Público llegaron a un acuerdo, en virtud del cual se enmendó la acusación para eliminar toda referencia al uso de un arma de fuego en la comisión de los delitos. Conforme al acuerdo, el acusado se declaró culpable de los delitos, según imputados en la acusación enmendada. Aceptado el acuerdo y la alegación de culpabilidad, el tribunal lo sentenció.

Posteriormente, Rivera Beltrán solicitó a la Junta que le concediera el beneficio de la libertad bajo palabra. Sin embargo, la Junta se declaró sin jurisdicción, por entender que la Ley Núm. 33 excluye del beneficio solicitado a la persona que haya utilizado un arma de fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa.

Inconforme, Rivera Beltrán acudió ante el Tribunal de Apelaciones, aduciendo que la Junta erró al declararse sin jurisdicción, ya que él nunca fue sentenciado por haber utilizado un arma de fuego. Dicho foro confirmó la decisión de la Junta. Insatisfecho con el dictamen, Rivera Beltrán apela ante nos y alega que erró el foro intermedio al confirmar la determinación de la Junta, sin considerar que la sentencia condenatoria no incluyó la determinación sobre el uso de un arma de fuego en la comisión de los delitos.

Acogimos el recurso como una petición de certiorari y acordamos expedir. Las partes han comparecido a exponer sus respectivas posiciones. Conforme a ello, resolvemos.

II

La controversia del caso de autos se limita a establecer si la elegibilidad para el beneficio de la libertad bajo palabra debe determinarse a la luz de la sentencia o el fallo condenatorio o si, por el contrario, la Junta está facultada para hacer su determinación a la luz de la totalidad del expediente del proceso judicial.

En Puerto Rico, la libertad bajo palabra está regulada por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. see. 1501 et seq.) (Ley Núm. 118), y constituye un privilegio que se otorga en el mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias establezcan que propiciará la rehabilitación del confinado. Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de Distrito, 91 D.P.R. 567 (1964).

La Ley Núm. 118 creó la Junta de Libertad bajo Palabra y le concedió discreción para decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en las instituciones penales de Puerto Rico, sujeto a que cumpla con el término mínimo dispuesto por ley y que no se trate de los delitos excluidos de dicho beneficio. 4 L.P.R.A. see. 1503; Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 D.P.R. 161 (1993); Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849 (1992).

En vista de que se trata de un privilegio, la Asamblea Legislativa puede limitar su concesión y excluir del beneficio a las personas que hayan cometido ciertos delitos. Así lo hizo cuando aprobó la Ley Núm. 33. Por considerar que es peligroso que las personas que delinquen utilizando armas de fuegos estén en la libre comunidad antes de que cumplan con el término de reclusión, el legislador estableció que “[en] los casos en que se determine que la persona utilizó un arma de fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa, no se concederá el beneficio de la libertad bajo palabra”. 1993 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 174.

Por lo tanto, para que una persona quede excluida del beneficio de libertad bajo palabra, tiene que haber una determinación de que la persona utilizó un arma de fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa. En nuestro ordenamiento dicha determinación surge del fallo o de la sentencia recaída, que recoge los hechos efectivamente probados ante el juzgador. Por ende, la Junta tiene que considerar el fallo o la sentencia emitida por el tribunal sentenciador para determinar si una persona recluida es elegible para el beneficio de libertad bajo palabra.

Como consecuencia, la Junta no puede utilizar la denuncia o la acusación para este propósito, pues dichos documentos contienen hechos que no se probaron en el proceso judicial, luego de brindarle al acusado todas las garantías del debido proceso de ley. Éstos sólo son documentos con los cuales se comienza el trámite procesal penal que imputa la comisión de un posible delito. Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 39 (1974). De utilizarse la denuncia o la acusación, se estaría privando a una persona de la oportunidad de solicitar la concesión de la libertad bajo palabra fundamentado en hechos que no fueron probados por el juzgador.

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 33, en Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 D.P.R. 566 (2001), concluimos que una persona que ha sido convicta de un delito grave o su tentativa y que utilizó un arma de fuego no es acreedora al beneficio de una sentencia suspendida. En dicho caso el tribunal expresamente declaró al acusado culpable de un delito grave mediante el uso de un arma de fuego. Ahora bien, este Tribunal no se ha pronunciado hasta ahora si dicha normativa se extiende cuando medie una alegación preacordada que no incluye el uso de un arma de fuego. Esa es precisamente la controversia de autos.

Al adjudicarla, partimos de la premisa de que mediante las alegaciones preacordadas, un acusado puede declararse culpable del delito por el cual se le acusa, o bien por uno de grado inferior o relacionado. Una vez un acusado se declara culpable y el tribunal acepta la alegación de culpabilidad, la alegación se hace formar parte de la sentencia. Como la sentencia recoge los hechos probados, su contenido es determinante para establecer la elegibilidad del beneficio de libertad bajo palabra. Por ende, si el tribunal acepta una alegación de culpabilidad que no incluye el uso de un arma de fuego, la Junta está impedida de utilizar ese hecho para determinar si el acusado es elegible para el beneficio de libertad bajo palabra, precisamente porque éste no se hizo formar parte de la sentencia.

Visto el derecho aplicable, analicemos los hechos ante nos.

H-í H—i

Rivera Beltrán recurre ante nos y cuestiona que la Junta erró al declararse sin jurisdicción en su caso. Sostiene que la sentencia condenatoria no incluyó la determinación sobre el uso de un arma de fuego en la comisión de los delitos y que, por lo tanto, la Junta no podía declarase sin jurisdicción. Específicamente, afirma que se declaró culpable de los delitos imputados después de que, en virtud de un preacuerdo con el fiscal, se eliminara de la acusación la alegación de la utilización de un arma de fuego en la comisión de dichos delitos. Aduce que nunca se declaró culpable del uso de un arma de fuego y que este hecho no quedó incorporado a la sentencia condenatoria, por lo que no podía ser considerado por la Junta para determinar su jurisdicción.

Por su parte, el Procurador General afirma que la declaración de culpabilidad por los delitos de poseer y portar un arma sin licencia es concluyente en cuanto a la presencia de un arma de fuego en la escena de los hechos. Aduce que es razonable concluir, como lo hizo la Junta, que el acusado usó dicha arma. No tiene razón.

Para determinar si se utilizó un arma de fuego en la comisión de los delitos imputados, la Junta estaba obligada a usar criterios cónsonos con nuestro ordenamiento jurídico. En particular, la Junta no podía declararse sin jurisdicción para atender la solicitud de Rivera Beltrán a base de consideraciones tácticas que el juzgador no encontró probadas, y que no fueron admitidas por el peticionario en su alegación preacordada. Es por eso que la Junta tenía que considerar la sentencia condenatoria para determinar su jurisdicción.

Distinto al caso Pueblo v. Álvarez Rodríguez, supra, en el cual se determinó que el acusado cometió el delito mediante el uso de un arma de fuego, Rivera Beltrán nunca se declaró culpable de la utilización del arma de fuego y ese hecho tampoco se le probó más allá de duda razonable. En vista de ello, y al no haber otra razón para excluirlo de la elegibilidad para disfrutar del beneficio, concluimos que la Junta tenía jurisdicción para evaluar la solicitud de Rivera Beltrán. Nuestra decisión no implica que el peticionario tenga derecho a que se le conceda la libertad bajo palabra. Corresponde a la Junta evaluar, en el ejercicio de su discreción y conforme a los criterios establecidos por ley, si procede concederle dicho privilegio.

IV

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso a la Junta de Libertad bajo Palabra para que oportunamente examine la solicitud de Rivera Beltrán y determine si procede concederle los beneficios de la libertad bajo palabra.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión concurrente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rebollo López. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se le une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

La controversia por resolver en este caso es si, en virtud de la Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993 (34 L.P.R.A. see. 1026 et seq.), que excluyó del privilegio de libertad bajo palabra a toda persona que utilice un arma de fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa, la Junta de Libertad bajo Palabra puede asumir jurisdicción en un caso en que el acusado —conforme un preacuerdo— se declaró culpable de los delitos imputados, luego de eliminarse de la acusación la alegación del uso de arma de fuego en la comisión del delito base, y que se hizo la alegación de culpabilidad bajo esos términos. Sólo puedo concurrir con el resultado del dictamen del Tribunal, ya que entiendo que resulta medular a la controversia ante nuestra consideración la discusión sobre la naturaleza de las alegaciones preacordadas y el contenido de las advertencias que se le deben hacer al acusado previo a que éste haga la alegación de culpabilidad. La ausencia de una discusión profunda sobre estos asuntos me impide prestarle mi conformidad a la sentencia dictada, ya que sostengo que, según suscrita, se queda trunca. Después de todo, este caso se da en el contexto de una alegación preacordada.

I

Iniciamos exponiendo el trasfondo fáctico y procesal que dio lugar a la controversia traída ante nuestra atención, sobre el cual no hay controversia.

Por hechos ocurridos el 31 de marzo de 1998, Elvin Rivera Beltrán (peticionario o Rivera Beltrán) fue acusado por los delitos de tentativa de asesinato (3 cargos), por infracción de los Arts. 4, 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico (5 cargos), 25 L.P.R.A. sees. 414, 416 y 418, por recibo de bienes apropiados ilegalmente (3 cargos) y por robo domiciliario (1 cargo). Se alegó en la denuncia, y luego en la acusación, la utilización de un arma de fuego en la comisión de los delitos.

El 16 de mayo de 2000, durante la celebración del juicio criminal ante jurado, las partes manifestaron haber llegado a unos acuerdos y el Ministerio Público solicitó, como parte de estos acuerdos, las siguientes enmiendas a las acusaciones:

Elvin Rivera Beltrán: Se elimine la alegación de reincidencia; eliminar toda referencia al uso de arma de fuego en los casos de Tentativa de Asesinato, Infr. Artículos 8 y 6 de Armas. En el caso de Robo Domiciliario en el mismo se eliminaría el agravante donde indica que “los hechos fueron cometidos en la residencia de los perjudicados y utilizaron armas de fuego y una cuchilla para cometer el delito”. (Enfasis nuestro.) Minuta de 16 de mayo de 2000, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 52.

A esos efectos, se enmendó la acusación para reflejar los acuerdos entre el acusado y el Ministerio Público. El acusado se declaró entonces culpable por confesión en corte abierta de todos los delitos y el preacuerdo fue avalado por el tribunal. El cargo por violación al Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, fue imputado en su modalidad de delito menos grave. Así se hizo constar en la sentencia dictada. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 54.

El 22 de mayo de 2000, el peticionario fue sentenciado a una pena concurrente de quince años de cárcel por todos los delitos. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 58.

Eventualmente, el peticionario solicitó a la Junta de Libertad bajo Palabra (Junta) que lo evaluara para disfrutar del beneficio de libertad bajo palabra. El 12 de julio de 2004, la Junta emitió una resolución mediante la cual se declaró sin jurisdicción por disposición expresa de la Ley Núm. 33, según enmendada, ante (Ley Núm. 33), la cual, como se señaló, excluye del privilegio de libertad bajo palabra a toda persona que utilice un arma de fuego en la comisión de un delito grave o de su tentativa.

Inconforme con esta determinación, el peticionario presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En el recurso presentado apuntó que la Junta había errado al declararse sin jurisdicción, porque la sentencia que le fue impuesta eliminó, expresamente, la referencia al uso de arma de fuego. En su escrito, expresó que fue su objetivo al declararse culpable que se eliminara tal alegación, de suerte que pudiera cualificar, en su momento, para los beneficios de libertad bajo palabra. El Ministerio Público no ha refutado tal aseveración.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la Junta. El foro apelativo intermedio resolvió, sin mayor discusión, que el texto de la ley era claro al privar de jurisdicción a la Junta en casos donde se haya utilizado un arma de fuego en la comisión de un delito grave o de su tentativa. Indicó que el hecho de que como resultado de la alegación preacordada se eliminara la alegación relacionada con el uso de un arma, era inconsecuente, porque la transacción entre el acusado y el Ministerio Público no podía conferirle jurisdicción a la Junta allí donde la ley se la negaba.

Insatisfecho nuevamente, el peticionario presentó un escrito de apelación ante este Tribunal, en el que señaló como error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la resolución emitida por la Junta de Libertad bajo Palabra, en la agencia se declaró sin jurisdicción para considerar el referido del Sr. Elvin Rivera Beltrán en menosprecio de lo resuelto por el tribunal sentenciador que el Sr. Rivera Beltrán no utilizó un arma de fuego en la comisión del delito violentando así el derecho constitucional del apelante a un debido proceso de ley, a la presunción de inocencia, al derecho a un juicio justo e imparcial, violentando a su vez la separación de poderes. Petición de certiorari, pág. 5.

El 22 de julio de 2005 acogimos la apelación presentada como una petición de certiorari y expedimos el auto. El peticionario presentó el alegato correspondiente y, posteriormente, el Procurador General hizo lo propio en representación de la Junta. Estando en posición de resolver, pasamos a así hacerlo.

II

Como indicamos inicialmente, la cuestión que se ha de resolver es si la Ley Núm. 33 le impide a la Junta asumir jurisdicción para atender la solicitud del peticionario de excarcelación bajo palabra. Ello en virtud de que en la sentencia dictada en este caso se eliminó la alegación de utilización de un arma de fuego en la comisión del delito base, como resultado del preacuerdo al que llegó el Ministerio Público con la defensa y que fue avalado por el tribunal sentenciador. Esta alegación fue eliminada de la acusación enmendada.

El peticionario sostiene que nada impide que la Junta asuma jurisdicción y atienda su solicitud de libertad bajo palabra. Argumentó en su recurso que la Junta no puede hacer una determinación de hechos —que se utilizó un arma durante la comisión del delito— contraria a lo que adjudicó ya el foro sentenciador al recaer el fallo condenatorio en este caso, para rehusarse con esa determinación a atender su petición. Indicó que al eliminarse de la acusación la alegación del uso de un arma de fuego, ese hecho no fue probado más allá de duda razonable ante el juzgador de los hechos ni fue admitido por el acusado, por lo que no puede servir de base o de fundamento para negarse a atender su petición de libertad bajo palabra. El peticionario basó su reclamo, principalmente, en lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), y su progenie.

El Procurador General, por su parte, adelantó los siguientes fundamentos para sostener la determinación de la Junta, a saber: Primero, que la alegación preacordada no puede impedirle a la Junta que cumpla con la Ley Núm. 33 y actúe acorde con ésta. Segundo, que con la alegación de culpabilidad por los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante —poseer y portar un arma cargada sin licencia— se probó “la presencia de un arma de fuego en la escena de los hechos”, lo que era suficiente para cumplir con la Ley Núm. 33. Alegato del Procurador General, págs. 13-15. En cuyo caso, era razonable que la Junta concluyera, al evaluar el expediente, que el peticionario “usó la misma durante los hechos”. Finalmente, adujo que, existiendo evidencia sustancial en el expediente de la agencia sobre ese particular, procede confirmar la determinación de la Junta. En específico, el Procurador General apuntó que la Junta tomó conocimiento judicial del expediente criminal oficial del peticionario donde constan las acusaciones presentadas originalmente en este caso.

Pasemos entonces a evaluar los planteamientos de las partes. Iniciamos nuestra discusión repasando la naturaleza de la alegación preacordada, pues es en este contexto que se plantea la controversia de autos. Luego entonces discutiremos el alcance la Ley Núm. 33.

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Las alegaciones preacordadas

La decisión de cuándo encausar a un sospechoso y qué delito imputar es una decisión de la entera incumbencia del Poder Ejecutivo. Pueblo v. Castellón, 151 D.P.R. 15, 24 (2000). Así también es prerrogativa del Poder Ejecutivo, una vez presentada la acusación correspondiente, solicitar la reducción o archivo de cargos criminales, bien como parte de un proceso de negociación preacordada o no.

Las alegaciones preacordadas son un componente indispensable del sistema de justicia penal. Constituyen un acuerdo de voluntades de naturaleza sui generis que depende, para su consumación, de la aprobación final del tribunal. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 194 (1998). No hay duda de que éstas representan el mecanismo principal de disposición de los casos penales. Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798, 804 (1992) (“Sin las alegaciones preacordadas sería difícil enjuiciar a todas las personas acusadas de cometer delitos dentro de los términos requeridos por el ordenamiento procesal y por la Constitución”). Véase Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984). Véase, también, Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 260-261 (1971) (“the disposition of criminal charges by agreement between the prosecutor and the accused, sometimes loosely called ‘plea bargaining’ is an essential component of the administration of Justice”); Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).

Son innumerables las razones que explican la razón de ser de la alegación preacordada y la utilidad que ésta supone tanto para el Ministerio Público como para el acusado. Véase escolio 2, infra. A modo de ejemplo, valga recalcar que es usual que un acusado, confrontado con una acusación por un delito, o bajo unas condiciones que le inhabilite para recibir los beneficios de una sentencia suspendida o de la libertad bajo palabra, procure negociar con la Fiscalía el declararse culpable de otro delito —o bajo otras circunstancias— que no conlleve tales consecuencias. E.g., 5 LaFave, Israel and King, Criminal Procedure Sec. 21.1, pág. 5 (1999) (“by his plea, the defendant may avoid a high statutory minimum sentence, or a statutory bar to probation” (énfasis nuestro)).

La Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, regula el procedimiento de las alegaciones preacordadas y su efecto una vez han sido sometidas para la aprobación del tribunal. Mediante la utilización de este mecanismo el acusado, renunciando a su derecho a no incriminarse y a someterse a un juicio por jurado, acuerda declararse culpable en corte abierta del delito negociado. Toda vez que una declaración de culpabilidad conlleva la renuncia de estos derechos constitucionales, ésta tiene que ser voluntaria, con conocimiento y con conciencia de todas las implicaciones o consecuencias directas que conlleve. Véanse: Brady v. United States, ante, pág. 748; Henderson v. Morgan, 426 U.S. 637 (1976). Véase, además, LaFave, Israel and King, supra, Sec. 21.1.

De ahí que la Regla 72(7) de Procedimiento Criminal, ante, provea, en lo pertinente, que aceptada la alegación preacordada por el tribunal, el juez “deberá cerciorarse de que ha sido hecha con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado ...”. Aunque el procedimiento para determinar si una declaración de culpabilidad es voluntaria e inteligente “no requiere determinado ritual”, el juez está obligado a inquirir del acusado si comprende la naturaleza de su declaración de culpabilidad y si tiene pleno conocimiento de sus implicaciones, para lo cual debe advertirle de las consecuencias directas de ésta. Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 857 (1973). Una declaración de culpabilidad, sin pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad por parte del imputado, puede ser impugnada por ofender el debido procedimiento de ley. Mabry v. Johnson, 467 U.S. 504, 509 (1984) (“only when it develops that defendant was not fairly apprised of its consequences can his plea be challenged under the Due Process Clause”). Véase Santobello v. New York, ante, págs. 261-261. Véase, además, E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. Ill, See. 20.3, págs. 591-592.

El pleno conocimiento requiere, necesariamente, que se le informe al acusado de la sentencia a que se expone por ser esto una consecuencia directa de su declaración de culpabilidad. En Díaz Díaz v. Alcalde, ante, pág. 857, indicamos que el juez debe informarle al acusado “de la pena que el delito por el cual está procesado conlleva, haciéndole saber el mínimo y el máximo”. (Enfasis nuestro.) En la medida que el acusado no tenga la plena conciencia del castigo a que se expone, no es posible hablar de una declaración de culpabilidad “con conocimiento” como exige la Regla 72, ante; ésta sería constitucionalmente deficiente.

Cabe preguntarse, entonces, si el acusado debe ser advertido también de que el delito por el que se declara culpable lo inhabilita para recibir los beneficios de la libertad bajo palabra. La respuesta tiene que ser en la afirmativa. No hay duda de que declararse culpable de un delito, que le impida al acusado cualificar para este beneficio, afecta el tiempo que la persona permanece encarcelada y, en su consecuencia, lo expone a un castigo mayor y más oneroso.

Habida cuenta de lo anterior, este es un factor que el acusado debe sopesar a la hora de tomar su decisión de declararse culpable y bajo qué términos, en vista del efecto que tendrá su declaración sobre el tiempo que permanecerá encarcelado. Véanse: Bye v. United States, 435 F.2d 177, 179 (2do Cir. 1970) (“We agree with the position ... that ineligibility for parole is indeed a consequence of the plea about which a defendant... must be informed”); Berry v. United States, 412 F.2d 189,192 (3er Cir. 1969) (“Except for capital punishment, no other consequence can be as significant to an accused as the period of possible confinement. When one enters a plea of guilty he should be told what is the worst to expect”); Harris v. United States, 426 F.2d 99 (6to Cir. 1970); Jenkins v. United States, 420 F.2d 433 (10mo Cir. 1970); Durant v. United States, 410 F.2d 689 (1er Cir. 1969); State v. Kovack, 453 A.2d 521, 525 (1982) (“a defendant must be informed of any period of parole ineligibility that is likely to become part of his sentence ... the court must make certain that defendant has been made aware of any loss of parole opportunities that may be a component of the sentence”); State v. Byrge, 614 N.W.2d 477, 495 (2000). Véase, además, LaFave, Israel and King, supra, Sec. 21.4(d), pág. 170 (“the better view is that the defendant should be advised if the offense to which he is pleading may not lead to parole”), y casos en su esc. 97.

El hecho de que el beneficio de la libertad a prueba sea una gracia legislativa ynoun derecho del convicto en nada varía el resultado. La exigencia de “pleno conocimiento” de las consecuencias directas de la declaración de culpabilidad de la Regla 72 de Procedimiento Criminal, ante, es corolario del debido proceso de ley, pues tal declaración supone una renuncia de los derechos constitucionales.

IV

El régimen de libertad bajo palabra y la Ley Núm. 33

A. El sistema de libertad bajo palabra está reglamentado por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 1501 et seq. Mediante este sistema se permite que una persona que haya sido convicta y sentenciada a un término de reclusión cumpla con la última parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto a las condiciones que se impongan para conceder la libertad. Este beneficio tiene el propósito principal de ayudar a los confinados a reintegrarse a la sociedad. 4 L.P.R.A. sec. 1503; Maldonado Elías v. González Rivera, 118 D.P.R. 270, 275 (1987), voto particular del Juez Asociado Señor Hernández Denton. Este privilegio es un componente del proceso de rehabilitación del confinado. Se considera que mientras disfrutan de ese proceso están, técnicamente, ex-tinguiendo su condena. Véase W.A. Logan, The Importance of Purpose in Probation Decision Making, 7 Buff. Crim. L. Rev. 171 (2003).

La Junta es el ente gubernamental facultado por ley para administrar el sistema de libertad bajo palabra. La Junta podrá decretar la libertad condicionada del convicto siempre y cuando éste cumpla con los requisitos establecidos por la ley o por los reglamentos. El Art. 2(a) de la Ley Núm. 118 (4 L.P.R.A. sec. 1502(a)) establece las condiciones generales que sopesa la Junta cuando evalúa una petición de excarcelación. Entre otras cosas, el artículo dis-pone:

... La libertad bajo palabra será decretada para el mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias presentes permitan a la Junta creer, con razonable certeza, que tal medida habrá de ayudar a la rehabilitación del delincuente. Para determinar si concede o no la libertad bajo palabra la Junta tendrá ante sí toda la información posible sobre el historial social, médico, ocupacional y delictivo de cada confinado, incluyendo la actitud de la comunidad respecto a la libertad condicional del sujeto, y una evaluación que deberá someter a la Administración de Corrección.

La Junta tiene, como indicamos, discreción para decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en las instituciones penales, siempre que no se trate de delitos excluidos de dicho beneficio y que la persona hubiese cumplido el término mínimo dispuesto por ley. Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 D.P.R. 161, 166 (1993); Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849, 858 (1992). Véase N. Cohen y J. Gobert, The Law of Probation and Parole, Colorado, Ed. Shepard’s/Mc Graw Hill, 1983, Sec. 3.01.

B. La Ley Núm. 33 enmendó, entre otros, el Art. 3(a) de la Ley Núm. 118, ante, para establecer que “[e]n los casos en que se determine que la persona utilizó o intentó utilizar un arma de fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa, no se concederá el beneficio de la libertad bajo palabra”. (Énfasis nuestro.) 1993 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 174. De igual forma, el Art. 2 de la Ley Núm. 33, ante, excluyó del beneficio de sentencia suspendida a las personas que hubieran utilizado “un arma de fuego en la comisión de un delito grave o tentativa”, enmendado a esos efectos la Ley de Sentencias Suspendidas y Libertad a Prueba, Art. 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 1027.

Sólo en dos ocasiones anteriores hemos interpretado la Ley Núm. 33. En ambas ocasiones ha sido en el contexto de la imposición de una sentencia suspendida. En Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413, 422 (2002), indicamos que el propósito de esta ley fue “proteger a la sociedad puertorriqueña de los criminales de oficio” (énfasis suprimido), por lo que “excluyó del régimen de sentencia suspendida a los convictos de delito grave que hayan utilizado armas de fuego ilegalmente poseídas o portadas en la comisión del delito o su tentativa”. En igual sentido, Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 D.P.R. 566, 570-571 (2001). Huelga apuntar que el mismo fundamento es extensible a los casos de libertad bajo palabra. Veamos los hechos de estos casos en detalle.

En Pueblo v. Álvarez Rodríguez, ante, el acusado enfrentaba cargos por el delito de asesinato en primer grado por haber dado muerte a dos personas al hacerle varios disparos a cada uno con un revólver. Además, enfrentaba cargos por infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante. Celebrado el juicio, éste fue declarado culpable de los cargos que pesaban en su contra. El foro de instancia dictó sentencia y le concedió el beneficio de una sentencia suspendida por entender que aplicaba al caso la norma establecida en Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530 (1999).

La controversia planteada fue si Álvarez podía ser acreedor a los beneficios de una sentencia suspendida, a la luz de la aprobación de la Ley Núm. 33, la cual no estaba vigente al momento de resolverse Pueblo v. Zayas Rodríguez, ante, por lo que este último no aplicaba. Determinamos, entonces, que el texto de la Ley Núm. 33 era claro y no podía ser ignorado. A esos efectos indicamos que “si alguien ha sido convicto de un delito grave o su tentativa, y utilizó o intentó utilizar un arma de fuego durante la comisión de dicho delito, esta persona no tendrá derecho a una sentencia suspendida”. íd., pág. 571. Expresamos que, aun cuando se considerara que la ley era “inflexible” y que ésta no representaba “la más sabia solución al problema del crimen en Puerto Rico”, no podíamos arrogarnos “poderes legislativos” e ignorar el mandato claro del legislador. Id.

Poco después de nuestra decisión en Pueblo v. Álvarez Rodríguez, ante, nos enfrentamos nuevamente a la Ley Núm. 33. En Pueblo v. Negrón Caldero, ante, pág. 417, en una intricada opinión, discutimos extensamente el historial legislativo de la Ley Núm. 33 para atender la controversia siguiente: “si una persona convicta por el delito de homicidio voluntario, cometido con un arma de fuego para la cual tenía licencia de poseer y portar, sigue siendo acreedora del beneficio de una sentencia en libertad.”

En el caso, al acusado se le imputó la comisión del delito de homicidio y violación al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante. Celebrado el juicio, el acusado fue declarado culpable del delito de homicidio y absuelto de la infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico, ya que tenía licencia de poseer y portar arma de fuego. La opinión resaltó este último hecho para distinguir el caso de la situación en Pueblo v. Álvarez Rodríguez, ante. Concluimos, como señalamos previamente, que la Ley Núm. 33 tenía como propósito proteger a la sociedad de los criminales de oficio. Interpretando restrictivamente la Ley Núm. 33, y tomando en consideración ese historial y propósito legislativo, indicamos entonces lo siguiente:

“Entendemos que el legislador no contempló, por lo cual no pretendió excluir del beneficio de una sentencia en probatoria a una persona convicta por el delito de homicidio utilizando un arma de fuego para la cual tenía licencia de poseer y portar.” (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Negrón Caldero, ante, pág. 422.

De Pueblo v. Negrón Caldero, ante, debemos colegir que la Ley Núm. 33 debe interpretarse limitadamente. Esto es cónsono con la norma reiterada de derecho penal, de que la interpretación de los estatutos penales debe hacerse de manera restrictiva en cuanto perjudica al acusado, y liberalmente cuando le favorece. Pueblo v. Martínez Rivera, 144 D.P.R. 631, 647 (1997); Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530, 533 (1988); Mari Brás v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 516 (1972); Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276 (1914).

En rigor, sin embargo, y a pesar de lo discutido anteriormente, parece evidente que lo dispuesto en Pueblo v. Álvarez Rodríguez, ante, y en Pueblo v. Negrón Caldero, ante, no dispone expresamente de la controversia ante nuestra consideración. Veámosla entonces con mayor detenimiento.

V

Como indicamos inicialmente, el peticionario ha sostenido que la Junta podía asumir jurisdicción en su petición ya que, luego de un preacuerdo, se enmendó la acusación para eliminar la alegación de utilización de armas de fuego durante la comisión del delito. Fue de los delitos así enmendados de los que se declaró culpable en corte abierta y por los que fue convicto. El peticionario nos indicó también que al momento de evaluar su petición de libertad bajo palabra, la Junta no podía considerar un hecho que no formó parte de su alegación de culpabilidad y del delito por el cual fue convicto y eventualmente sentenciado. El argumento principal gira en torno a que al eliminarse de la acusación la alegación de uso de arma de fuego, éste nunca se declaró culpable de ese hecho, por lo que la Junta tenía jurisdicción para atender su petición de excarcelación.

La acusación es la alegación que sirve de base para el juicio, ya que son los hechos consignados allí los que permiten identificar el delito imputado y las disposiciones estatutarias involucradas. Ésta es suscrita y jurada por el fiscal y presentada en el Tribunal Superior. Reglas 34 y 35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Véanse: Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 428 (2002); Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617 (1985); Pueblo v. Candelario Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971); Pueblo v. Bermúdez, 75 D.P.R. 760, 763—764 (1954). Es en función de la acusación que el acusado queda informado de la naturaleza y extensión de la conducta que se le imputa para que así pueda desarrollar su defensa. Pueblo v. Ríos Alonso, ante, pág. 437. Chiesa, op. cit., Sec. 24.1 et seq.

Hemos resuelto que la acusación debe interpretarse con liberalidad y que no es necesario incluir un “lenguaje estereotipado o técnico o talismánico”. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 694 (1981). Véase Chiesa, op. cit., pág. 145. Lo esencial es que “la acusación consigne los elementos del delito imputado en forma que constituya debida notificación de la naturaleza y causa de los cargos”; de lo contrario, la acusación es insuficiente. Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666 (1978). Véase, además, Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338, 341-342 (1978). Como señala acertadamente el profesor Chiesa, op. cit., pág. 149, “[p]uede afirmarse, en fin, que la suficiencia de una acusación, se evalúa en forma liberal en cuanto al lenguaje utilizado en la imputación del delito, aunque en forma rigurosa en cuanto a la necesidad de imputar todos los elementos del mismo”.

Aun cuando el hecho de que la utilización de un arma de fuego no es propiamente un elemento del delito en este caso, resolvemos que para efectos de determinar si tiene jurisdicción la Junta sobre una petición de excarcelación, ese hecho debe considerarse como tal. En vista de lo cual, para que aplique la inhabilitación de la Ley Núm. 33, la alegación sobre la utilización del arma de fuego tiene que haber sido consignada en la acusación que dio base a la declaración de culpabilidad y que sirvió como fundamento para el fallo condenatorio dictado. Adviértase que estamos ante una declaración de culpabilidad producto de un preacuerdo que no incluyó el hecho de que se utilizó un arma de fuego en la comisión del delito base. Por lo tanto, permitir que se considere ese hecho para efectos de la determinación de la jurisdicción de la Junta, supondría avalar una incongruencia insubsanable con lo alegado en la acusación y lo que quedó probado mediante la declaración de culpabilidad, para con ello, hacer más onerosa la sentencia impuesta al convicto.

Somos del criterio de que, cuando la Junta evalúe si tiene jurisdicción o no sobre una petición de excarcelación, los hechos que habrá de sopesar tienen que haberse notificados previamente al convicto, de la misma forma que exigimos que, ante una alegación preacordada, el tribunal le notifique al acusado que el delito por el cual se declara culpable lo inhabilita para recibir los beneficios de una libertad bajo palabra, para que éste quede adecuadamente informado del castigo al que se expone. La manera de así hacerlo es cerciorándonos de que sean sólo los hechos que consten en la acusación los que se consideren para efectos de evaluar su jurisdicción, pues son de éstos de los cuales el acusado se declaró culpable. Después de todo, la adecuada notificación es un componente básico del debido proceso de ley. Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366 (1988).

De otra parte, no nos convence el argumento del Procurador General en el sentido de que al declararse culpable el acusado bajo los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, de poseer y portar un arma de fuego sin licencia, se probó “la presencia de un arma de fuego en la escena de los hechos” y ello es suficiente para cumplir con la exigencia de la Ley Núm. 33. La Ley Núm. 33 exige que se utilice el arma de fuego en la comisión del delito o su tentativa, lo que es muy distinto a que se posea un arma de fuego sin licencia para ello, aunque sea en el lugar de los hechos. La posesión no es sinónimo de la utilización. Ya hemos advertido que la Ley Núm. 33, como todo estatuto penal, tiene que ser interpretado de forma restrictiva y no expansivamente, como sugiere el Procurador General.

La determinación de si se usó o no un arma de fuego en la comisión de un delito hay que hacerla en virtud del fallo condenatorio y la sentencia emitida por el tribunal, y no por las denuncias, acusaciones iniciales, órdenes de arresto u otros documentos que pudieran formar parte del expediente criminal del convicto. Ciertamente, resolver lo contrario implicaría, entre otras cosas, un serio cuestionamiento sobre la validez de la alegación de culpabilidad del peticionario en este caso.

Por los fundamentos antes mencionados, procede revocar la decisión del Tribunal de Apelaciones y concluir que la Junta de Libertad bajo Palabra tiene jurisdicción para atender la solicitud del peticionario.

       La Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993 (34 L.P.R.A. see. 1026 et seq.) (Ley Núm. 33) originalmente excluía del beneficio de libertad bajo palabra a la persona que utilizó o intentó utilizar un arma de fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa. Posteriormente, dicha ley fue enmendada por la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, que suprimió la parte “o intentó utilizar”.

       El fallo es el pronunciamiento de absolución o culpabilidad que hace el juez en virtud de la alegación de culpabilidad del acusado, o el veredicto del jurado o de su propia determinación en los casos por tribunal de derecho. Por otro lado, la sentencia es el pronunciamiento judicial de la pena que se le impone al acusado tras el fallo de culpabilidad. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, págs. 519 y 522.

       Sobre los beneficios o los perjuicios de las alegaciones preacordadas, véanse: S. Bibas, Plea Bargaining Outside the Shadow of Trial, 117 Harv. L. Rev. 2463 (2004); W. J. Stuntz, Plea Bargaining and Criminal Law’s Disappearing Shadow, 117 Harv. L. Rev. 2548 (2004); J. Palmer, Abolishing Plea Bargaining: An End to the Same Old Song and Dance, 26 Am. J. Crim. L. 505 (1999); D.D. Guidorizzi, Should We Really Ban Plea Bargaining?: The Core Concerns of Plea Bargining Critics, 47 Emory L.J. 753, 754 (1998); R.E. Scott y W.J. Stuntz, A Reply: Imperfect Bargains, Imperfect Trials, and Innocent Defendants, 101 Yale L.J. 2011, 2015 (1992).

       Para un recuento histórico sobre el sistema de libertad a prueba en Estados Unidos, véanse: R. Clegg, Probation and Parole: Principles and Practices, Illinois, Ed. C.C. Thomas, 1964; N. Cohen y J. Gobert, The Law of Probation and Parole, Colorado, Ed. Shepard’s/Mc Graw Hill, 1983, Secs. 1.05-1.08.

       Este párrafo no fue incluido, suponemos que por inadvertencia, en las Leyes de Puerto Rico Anotadas. Véase 4 L.P.R.A. sec. 1503(a).

       No surge de la opinión si la acusación formulada en este caso incluyó el agravante de utilización del arma de fuego en la comisión del delito.

       Para esta última proposición, el peticionario invocó lo dispuesto en Apprendi v. New Jersey, 531 U.S. 466 (2000), y su progenie. En Apprendi, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que el debido proceso de ley, así como el derecho a juicio por jurado, exigen que cualquier hecho que tenga como resultado un incremento en la sentencia máxima a que se expone un acusado, tiene que ser probado más allá de duda razonable por el juzgador de los hechos. Específicamente, el Tribunal señaló: “Other than the fact of a prior conviction, any fact that increases the penalty for a crime beyond the prescribed statutory maximum ... must be submitted to a jury, and proved beyond a reasonable doubt.” (Énfasis nuestro.) íd., pág. 490. Subsiguientemente, el Tribunal Supremo ha ido construyendo sobre Apprendi. E.g., Harris v. United States, 536 U.S. 545 (2002); Ring v. Arizona, 536 U.S. 584 (2002); Blakely v.

        Washington, 542 U.S. 296 (2004); Shepard v. United States, 544 U.S. 13 (2005); United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005). En la situación ante nuestra consideración es evidente que Apprendi no aplica. Véase Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006).

       A tenor con el resultado a que llegamos, se hace innecesario discutir los otros señalamientos del Procurador General.