author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Luis L. Biamón, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 2.

    — Sometido: Enero 17, 1944.

      Resuelto: Julio 12, 1944.

      Brown, González & Newsom y Enrique Górdova Díaz, abogados del peticionario; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y M. Velázquez Flores, Procurador General Auxiliar, aboga-dos del Interventor, Tesorero de Puerto Rico.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari incoado de acuerdo con las disposiciones de la sección 5 de la Ley núm. 169 de mayo 15 de 1943, creando el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico.

Los hechos esenciales, admitidos por ambas partes litigan-tes, son los siguientes:

En marzo 15 de 1941, el peticionario Dr. Luis L. B.iamón y su señora esposa, ciudadanos de Venezuela y vecinos de Cuaynabo, P. R., radicaron planillas separadas de esposo y esposa en relación con sus respectivos ingresos durante el año que terminó el 31 de diciembre de 1940, pagando ambos en esa misma fecha la contribución sobre el importe de los ingresos declarados en dichas planillas. Estas fueron prepa-radas de conformidad con la Ley de Contribuciones sobre Ingresos entonces vigente.

En agosto 18 de 1941, el Tesorero de Puerto Rico envió al peticionario un aviso y requerimiento (notice and demand) notificándole que sus planillas para el año 1940 habían sido reliquidades de acuerdo con lo dispuesto por la Ley núm. 31 de'abril 12 de 1941 y por la núm. 159 de 13 de mayo de 1941, por virtud de las cuales se enmendó la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, con efecto retroactivo al primero de enero de 1940. Al hacer la reliquidación, el Tesorero consolidó las dos planillas para formar una sola y computó la contribución a ser pagada por el peticionario a base de los tipos fijados en dichas leyes para los ciudadanos extranjeros residentes en Puerto Rico. El peticionario fué requerido para que pa-gase la suma adicional de $479.20, en dos plazos, el primero dentro de los diez días siguientes al del aviso y el segundo en o antes del 15 de septiembre de 1941, con apercibimiento de que si no pagaba dentro de los términos fijados se le co-braría un recargo de 1 por ciento mensual desde la fecha del requerimiento.

No estuvo conforme el peticionario con las actuaciones del Tesorero y apeló para ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones el día 10 de septiembre de 1941, entregando al Tesorero en esa misma fecha un cheque certificado por la suma de $96.82, que a su juicio era el importe de la contri-bución que él venía obligado a pagar de acuerdo con las dos mencionadas leyes enmendatorias, tomando como bases las planillas separadas de esposo y esposa y el tipo aplicable a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Estando pendiente ante el Tribunal de Contribuciones la apelación interpuesta por el aquí peticionario, esta Corte Suprema rindió su decisión en el caso, de Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, en el cual decidimos, de acuerdo con la contención del Tesorero, “que la disposición de la sección 13 de la Ley núm. 31, Leyes de Puerto Rico, 1941, que exige una sola planilla conjunta de esposo y esposa, no es nula en tanto en cuanto se aplica al ingreso declarado por el peticionario y su esposa para el año 1940”; y decidimos, también, de acuerdo con la contención del peticionario Ballester, que las disposiciones de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, enmendada por la Ley núm. 159 de 1941, en tanto.en cuanto disponen tipos de contribución sobre el ingreso de un extranjero residente más altos que los aplicables al ingreso de un ciudadano residente, son in-constitucionales y nulas porque infringen las cláusulas de la Carta Orgánica relativas a la. igualdad en la protección de las leyes y a la uniformidad en las contribuciones.

Tan pronto como tuvieron conocimiento de nuestra deci-sión en el caso de Ballester, las partes estipularon que se dic-tara sentencia de conformidad con lo allí resuelto; y el tribunal así lo hizo. El Tesorero radicó entonces su cómputo de la contribución, según el cual el peticionario debía pagar la suma de $255.16, más intereses al 1 por ciento mensual desde agosto 18 de 1941, fecha en que fué impuesta y notifi-cada la contribución, hasta la fecha de su definitivo pago. Se opuso el peticionario y su oposición fué declarada sin lugar por el Tribunal de Contribuciones por resolución dic-tada en noviembre 12 de 1943. En el presente recurso se nos pide que revoquemos dicha resolución.

Sostiene el peticionario que la “Notificación y Re-querimiento” que le hizo el Tesorero en agosto 18 de 1941 no es una “deficiencia” ni tampoco un “jeopardy assessment” y sí una resolución administrativa, no siendo por tanto apli-cables las secciones 57(f) y 59(&) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos. Y cita en apoyo de su contención la deci-sión de esta Corte Suprema en Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 768.

Tiene razón el recurrente. Los hechos de este caso son idénticos a los del caso de Ballester y lo allí resuelto es de estricta aplicación y debe servirnos de guía para la decisión de esta controversia.

En el citado caso de Ballester resolvimos que “una defi-ciencia es la cantidad por la cual la contribución impuesta por la Ley de Contribuciones sobre Ingresos excede de la cantidad declarada por el contribuyente como importe de la contribución”, y que “la deficiencia tradicional surge, como ya se ha indicado, a virtud de un examen de la planilla del contribuyente y una determinación del Tesorero de (pie el contribuyentes en la fecha en que rindió la planilla debía una contribución sobre ingresos mayor, bajo la ley que entonces regia, a la que él declaró y pagó”. Si aplicamos esta regla al caso de autos veremos que aquí tampoco hubo deficiencia en el sentido usual. Las planillas originales radicadas' en marzo 15, 1941 por el peticionario y su esposa eran correctas de acuerdo con la ley entonces vigente. Lo que ahora se exige al peticionario es el pago de una contribución adicional autorizada e impuesta por virtud de leyes aprobadas con posterioridad (Leyes 31 y 159 de 1941) y a las cuales se dió efecto retroactivo al 1 de enero de 1940.

Tampoco se trata aquí de un “jeopardy assessment”. No aparece del récord que existiera emergencia alguna que justificara o hiciera necesario que el Tesorero procediese por la vía del jeopardy.- Por el contrario, en la “Notificación y Requerimiento” de agosto 8, 1941, el propio Tesorero in-forma al contribuyente que “si dentro del término de diez (10) días, a partir de esta fecha no fuere satisfecha la canti-dad de $239.60, importe del primer, plazo de la nueva contri-bución adeudada de acuerdo con la anterior liquidación, se cobrarán recargos a razón del 1 por ciento mensual desde la fecha de este requerimiento”. La admisión por parte del Tesorero de que se trataba de una nueva contribución y de que ésta podía ser pagada a plazos demuestra claramente que lo que se notificó al peticionario en agosto 8 de 1941 no fué ni una deficiencia ni un “jeopardy assessment” y sí' una “resolución administrativa” dentro del significado de la sec-ción '4 de la Ley núm. 172 de 1941. Así lo resolvimos en Ballester v. Tribunal, supra, y así lo resolvemos en el pre-sente caso por tratarse de hechos idénticos en ambos recursos.

Nos toca ahora resolver si tratándose de una resolución administrativa el Tesorero está autorizado para exigir el pago de intereses. j

La contención del peticionario ante el Tribunal de Con-tribuciones y ahora ante nos es que no estando envuelta en este recurso ni una deficiencia determinada por el Tesorero, ni una contribución determinada por el propio contribuyente en su planilla, el Tesorero carece de autoridad legal para exi-gir el pago de intereses; y que aun cuando se considerase que la notificación y requerimiento que dió motivo a este re-curso se refería a una deficiencia, sólo procedería cobrar inte-reses al 6 por ciento anual desde la fecha de la notificación hasta que la deficiencia fué definitivamente tasada.

Para llegar a la conclusión de que el contribuyente en este caso está obligado a pagar los intereses reclamados por el Tesorero, el Tribunal de Contribuciones hizo grandes esfuer-zos por distinguir el caso de autos del de Ballester, empezando por sostener que nuestra decisión de que la notificación y re-querimiento que se hizo a Ballester no era ni una deficiencia ni un “jeopardy assessment” y sí una resolución adminis-trativa se limitó “únicamente a los efectos de juzgar sobre la jurisdicción del Tribunal de Apelación de Contribuciones”. Después de encerrar nuestra decisión dentro de los estrechos límites de la cuestión jurisdiccional, el tribunal llegó a la erró-nea conclusión de que aquello que no era ni podía ser la noti-ficación de una deficiencia a los efectos del requisito juris-diccional de. la sección 57(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, podía y debía ser considerado como la notificación de nna deficiencia a los efectos de la imposición y cobro de intereses de acnerdo con las secciones 57(/) y 59(b) de la misma ley. Bastará leer nuestra decisión en el caso de Ba-llester para comprender cnán errónea es la resolución del Tribunal de Contribuciones.

La Ley de. Contribuciones sobre Ingresos impone al con-tribuyente la obligación de pagar intereses solamente en dos casos específicos:

El primer caso es aquél en que el Tesorero notifica una deficiencia al contribuyente, de acuerdo con lo dispuesto en las secciones 56 a 59, ambas inclusive. A ese efecto, la sec-ción 57, en su inciso (/) dispone:

“ (/) Los intereses sobre la cantidad determinada como deficien-cia, o, si la contribución fuere pagada a plazos, sobre la parte de la deficiencia prorrateada a cada plazo, serán impuestos al mismo tiempo que la deficiencia, pagados mediante notificación y requeri-miento del Tesorero, y cobrados como una parte de la contribución a razón del 6 por ciento anual desde la fecha prescrita para el pago de ésta, o para el pago de dicho plazo, hasta la fecha en que la defi-ciencia fuere tasada. ’

Cuando la deficiencia ba sido ya tasada por el Tesorero si no se efectúa el pago dentro del término fijado por dicho funcionario, entonces la suma adeudada devengará intereses a razón del 1 por ciento mensual. Así lo dispone la sección 59(6) de la ley.

El segundo caso en que la ley impone la obligación de pagar intereses a razón del 1 por ciento mensual desde la fecha en que debió pagarse la contribución, es cuando el con-tribuyente mismo ha determinado en su planilla el montante de la contribución y no la pag'a dentro del término fijado por la ley. Así lo dispone la sección 59(a) de la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos.

No existiendo disposición legal alguna que autorice al Te-sorero para exigir en un caso como el de autos el pago de ■intereses al tipo del 1 por ciento mensual sobre la suma de $255.16, que el peticionario venía obligado a pagar de acnerdo con el cómputo que fué practicado por el Tesorero en sep-tiembre 20 de 1943, el tribunal recurrido erró al resolver que el Tesorero tenía derecho a exigir el pago de tales intereses.

Opinamos, sin embargo, y así lo resolvemos, que el peti-cionario está obligado a pagar intereses al tipo legal de 6 por ciento anual, desde agosto 18 de 1941, fecha en que fué requerido de pago por el Tesorero, hasta su definitivo pago sobre la suma de $158.34, o sea sobre la diferencia resultante entre la suma de $255.16 y la de $96.82 que el peticionario ofreció pagar al Tesorero mediante un cheque a favor de dicho funcionario y a cargo del Royal Bank of Canada, cheque que le fué devuelto por el Tesorero.

El peticionario pudo evitar el verse obligado a pagar intereses al tipo legal de 6 por ciento sobre la suma total de $255.16, pagando o consignando dicha suma a dispo-sición del Tesorero. En vez de hacerlo así, el peticio-nario optó por retener dicha suma en su poder, ofreciendo pagar solamente la cantidad de $96.82, que era la que a su juicio él estaba obligado a pagar. Es justo que ahora pague intereses al tipo legal sobre la suma que durante todo ese tiempo ha retenido en su poder. Bajo las circunstancias del presente caso la fianza ofrecida por el peticionario al Te-sorero y no aceptada por éste no puede tener el mismo efecto legal que el pago en efectivo o la consignación de la suma reclamada por el Tesorero y finalmente adjudicada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones. Véanse artículos 1053 y 1061, Código Civil, edición 1930.

Se modifica la resolución recurrida en el sentido de dispo-ner que el peticionario está obligado a pagar intereses al tipo del 6 por ciento anual desde el día 18 de agosto de 1941 hasta su pago definitivo, pero solamente sobre la suma de $158.84 y así modificada quedará confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe de Jesús

license: Public Domain

text:
    Narciso Torres y Rafael Vázquez, demandantes y apelados, v. Félix González Rivera, demandado y apelante.
    Núm. 8846.

    — Sometido: Abril 13, 1944.

      Resuelto: Julio 13, 1944.

      Leopoldo Tornes García, abogado del apelante; Erasio Arjona Siaca, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados radicaron una querella en la corte municipal en reclamación de ciertas horas extras que como chóferes en la empresa de autobuses del querellado alegan haber traba-jado durante el término de sn empleo.

En lo que a Narciso Torres respecta, se alegó en la que-rella que trabajó desde el 28 de agosto de 1938 basta el 28 de agosto de 1941, o sea mil noventa y cinco días, y que du-rante esos días trabajó 4,108 boras extras; que su salario era de .$12.50 por semana, equivalente a $1.78 por día, el cual computado sobre la base de jornadas de ocbo boras resulta a razón de veintidós centavos la bora, y por último que el valor de las 4,108 boras extras calculado a doble tipo de com-pensación, importa $1,807.52.

En cuanto a Rafael Vázquez, se alegó en la querella que estuvo empleado desde el 8 de mayo de 1939 basta el 8 de mayo de 1942, o sea mil noventa y cinco días, durante los cuales trabajó setecientas dos boras extras, y que su salario de $12.50 semanales equivale a $1.78 diarios por jornadas de ocbo boras, o sea veintidós centavos por bora; y que com-putadas las setecientas dos boras extras a doble tipo de com-pensación, importan $308.88.

Basados en esas alegaciones, Narciso Torres y Rafael Vázquez solicitaron sentencia a su favor por $1,807.52 y $308.88, respectivamente.

El apelante levanta en este recurso la cuestión de que la demanda no aduce beebos constitutivos de causa de acción a favor de los apelados. Arguye, como se bizo en el caso de Alcalá v. Ponce Star Line, Inc., ante, pág. 860, resuelto el día 3 del actual, que el trabajo que verificaron los demandantes no está comprendido dentro de las disposiciones de la Ley núm. 49 de 7 de agosto de 1935 (Sesión Extraordinaria, pág. 539). Ese punto fué entonces resuelto adversamente a las pretensiones del apelante, y nada tenemos que agregar a lo que sobre ello dijimos.

Consideremos ahora los méritos del caso.

La prueba es contradictoria, pues mientras Narciso Torres, uno de los querellantes,, asegura que trabajó doce horas diarias durante la duración de su empleo y Rafael Vázquez, el otro querellante, reclama una hora extra trabajada durante igual tiempo, el demandado Félix González afirma que éstos, como todos sus demás empleados, sólo tra-bajaron ocho horas diarias, por las cuales recibieron $12.50 semanales, equivalentes a $1.78 diarios; y que si bien es ver-dad que el querellado Narciso Torres durante el período de la zafra, una semana sí y otra no, hacía un viaje diario a la una de la mañana a la Central Mereedita, eü«el cual invertía tres cuartos de hora, durante esas semanas se le pagó de mutuo acuerdo dos dólares semanales extras.

Al resolver esc conflicto a favor de los querellantes, dando entero crédito a sus declaraciones, el juez se expresa así:

“Como el querellado negó en su contestación, y trató de demos-trar, y produjo testimonios de coempleados en el sentido de que dichos querellantes solamente trabajaban 8 horas al día, es evidencia que su teoría es que la suma de $1.78 pagada por día a Narciso Torres y a Rafael Vázquez lo era por días de 8 horas. Habiéndose justificado ante este Tribunal que dichos querellantes trabajaban horas en exceso de las 8 horas regulares, es obvia la conclusión de que estas horas extras no han sido pagadas por el querellado a los querellantes, y sólo resta liquidar su importe en armonía con la ju-risprudencia sentada por . el ITon. Tribunal Supremo en el citado caso de Cardona v. Corte, supra, o sea, a razón de doble tipo la novena hora y simple tipo las otras en exceso.
“Hecha la correspondiente operación aritmética, resulta adeudar el querellado al querellante Narciso Torres $481.80 por el total de las novenas horas trabajadas y no satisfechas calculadas al doble tipo de $.44 la hora, y $722.70 por el remanente de horas extras en exceso de la novena hora calculadas al tipo simple de $.22, o sea, la parte querellada se encuentra adeudando al querellante Narciso Torres la suma total de $1,204.50.
“En cuanto al querellante Rafael Vázquez, el querellado resulta adeudarle $481.80 por el total de las novenas horas trabajadas y no satisfechas calculadas ál doble tipo de $.44 la hora.”

¿Erró la corte al así apreciar la evidencia?

De una parte tenemos las declaraciones de los querellan-tes y de otra tenemos la del querellado, quienes son las per-sonas que en mejores condiciones se hallan para conocer la verdad de lo sucedido.

Comencemos por establecer la forma en que según los que-rellantes se inició el contrato de trabajo. Narciso Torres, declara en el examen de repreguntas que una vez solicitó de Félix González que lo emplease y que éste le contestó que no tenía trabajo, que cuando hubiera una oportunidad lo llama-ría; que después lo mandó a buscar para trabajar, sin pac-, tarse sobre salario y horas de trabajo, y que al terminar la semana [a pesar de haber comenzado a trabajar el martes] le pagó $12.50; que a la semana siguiente [aunque la trabajó completa] le pagó también $12.50, y así continuó durante los tres años que duró su empleo. Al preguntársele por el abo-gado del demandado si estuvo conforme con ese salario, y si en alguna ocasión había reclamado al señor González algo que le debiera por su trabajo, manifestó: “Bueno, estaba traba-jando por doce pesos y medio ... No le reclamé nada. No tenía en la'mente que me debía nada.”

Y Rafael Vázquez, refiriéndose a la forma en que se inició su contrato de trabajo, declaró: “Yo venía guiando una gua-gua de la Playa, y me dijo [el demandado] que si yo quería-trabajar con él, y le dije que estaba dispuesto. Entonces-empecé a trabajar y cuando terminé de trabajar el domingo me dió doce pesos y medio.” “¿Entonces no le dijo el tra-bajo que usted tenía que realizar por eso?”, le preguntó el abogado del demandado, y contestó: “Yo empezaba a tra-bajar a las cinco de la mañana, cuando solamente había dos guaguas, y salía a las doce de la noche, con media hora para almorzar y media hora para comer.”

Declaró este testigo que esto ocurrió en 1929. Compárese la forma en que se inició este contrato de trabajo con la ma-nera en que se inició el de Narciso Torres el 28 de agosto de 1938, y se verá que a pesar de haber transcurrido nueve años entre la iniciación de uno y otro, en ambos se siguió el raro procedimiento de una invitación a trabajar como chófer de una empresa de guaguas, y a pesar de no existir una. tarifa para esa clase de trabajo, al patrono no se le ocurre decir al obrero cuánto va a pagarle y cuánto tiempo deberá tra-. bajar,-y lo- que es más raro aún, el empleado tampoco lo pre-gunta para poder determinar si la proposición del patrono es aceptable, Luego, al final de la s.emana, a pesar del trabajo excesivo que alegan los querellantes haber hecho, el patrono les entrega la cantidad de $12.50 y ellos la reciben sumisos, sin'protesta ni investigación alguna

Veamos ahora la versión del querellado sobre la manera, en' que se inició el trabajo del querellante Vázquez:

' • “P. Rafael Vázquez trabajaba con usted, ¿como qué? R. Como chófer.
’ “P. ¿De qué? R. De una dé las guaguas mías.-
: “P. . . .¿Cómo convinieron ustedes hacer ese trabajo? R. Esa guagua, como trabajaba un promedio de catorce a quince horas, ne-cesita dos chóferes, y gestioné dos chóferes, o sea a Carlos Febles, que entró conmigo desde el año mil novecientos veintiséis, y a Vázquez.
“P. Entonces, entre [sobre] el período de trabajo y el salario que el señor Vázquez ganaría, ¿qué se estableció? R. Le hablé a ellos, a los dos. Cuando les fui a hablar les dije que si querían trabajar conmigo, y me dijeron que sí. Les pagaba doce cincuenta semanales, a razón de uno setenta y ocho diarios.
“P. Y el tiempo a trabajar, ¿cómo se estableció? R. La gua-gua trabaja catorce horas, y uno solamente no puede trabajar ca-torce horas.
“P. ¿Cómo estableció los períodos? R. Puse, dos chóferes.”
Y refiriéndose al contrato con Narciso Torres, declaró:
“Lie. Tormes: P. . . ¿Conoce a Narciso Torres? R. Sí, señor.
“P. ¿Qué trabajo hacía para usted? R. Era chófer.
“P. Explique el convenio de trabajo: cuáles eran las condiciones, términos, precio, etc. Explíquelo. R. Cuando yo conocí a Narciso, él estuvo a buscar .trabajo, y le dije que se presentara con la tarjeta-de la Comisión de Servicio Público. Entonces entró como suplente, no.como, chófer.
;-._“P. De agosto de mil novecientos treinta y ocho a agosto de mil novecientos cuarenta y dos, explique el contrato de trabajo suyo con el señor Narciso Torres. R. Narciso Torres como suplente ganaba diez pesos semanales, y cuando era chófer regular,, ganaba doce cincuenta.
- “P. ¿Por qué tiempo era eso? R. Ocho horas diarias.
“Sr. Juez: P. Empecemos otra vez. Narciso, ¿cuándo empe-zaba? R. A las cinco y media de la mañana, hasta las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana terminaba su trabajo y se iba a guardar la guagua. En ese viaje de las ocho de la mañana, traía a" los escolares de la Central Mercedita, y de allá se traía a las mu-chachas de la destilería, que salían a las once y media de allá.
Lic. Tormes: P. ¿Hasta qué hora? R. Llegaba a Ponce y viraba para la Central Mercedita a buscar los escolares que dejó allá. Entonces llegaba a la una menos diez, y a la una estaba en el garage.
“P. ¿A qué hora comenzaba por la tarde? R. Después, a las tres de la tardo salía a llevar a los escolares que él dejó cerca de la escuela, y los llevaba a la Central Mercedita, porque los escolares salían a las tres. De allá trae trabajadores. Vuelve otra vez a la Central Mercedita, a buscar la gente que hay, que sale de allí a las cinco menos diez o a las cinco menos cinco, y tan pronto coge ese grupo de trabajadores, lleva la guagua al garage.
“P. ¿A qué hora? R. Como a las .cinco y diez.
“P. ¿A qué'hora volvía a salir por la noche? R. Por la noche le dije que tenía que hacer un viaje, de las ocho'de la noche, a la Central Mercedita.
“P. ¿Hasta qué hora? R. Hasta las nueve menos cuarto.

Considerando ahora las horas que los querellantes alegan haber trabajado, tenemos de un lado que Rafael Vázquez trabajaba como chófer para el mismo patrono haciendo la misma clase de trabajo que hacía Narciso Torres, y mientras el primero sólo trabajaba una hora extra y percibía $12.50 semanales, Narciso Torres trabajaba no menos de doce horas diarias y en ocasiones quince, y a veces hasta hacía viajes a «tros pueblos, transportando pasajeros, sin.recibir remune-ración alguna por dichos viajés, para al fin de la semana recibir los'mismos $12.50 que por nueve horas de trabajo diarias recibía Rafael Vázquez. Y éste salario de $12.50 se-manales en estas condiciones lo recibía Torres sin la menor protesta, porque como dijera este testigo, “No le reclame nada. No tenía en la mente que me debía nada.”

Ahora consideremos la cuestión desde el punto de vista del patrono. Asumiendo, sin aceptarlo, desde luego, que el egoísmo del patrono lo llevara a exigir y a obtener de Nar-ciso Torres que trabajase doce horas diarias por $1.78, ¿no es lógico que ese mismo egoísmo le impidiese pagar a Rafael Vázquez el mismo salario por nueve horas diarias de trabajo? Lo racional es que hubiese exigido a Vázquez la misma can-tidad de trabajo que la rendida por Narciso Torres, y que de negarse éste, lo despidiera. Hubiera tenido que hacerlo así, en primer término, porque no había razón por la cual por el mismo dinero Vázquez no rindiese la misma jornada que Torres, y en segundo lugar, porque de permitir ese dis-crimen, al enterarse Torres hubiera protestado. Y es el caso que uno y otro continuaron trabajando para el demandado por tres años consecutivos, sin protesta de Torres por exi-gírsele más trabajo-que a Vázquez, y sin protesta de Gon-zález por no rendir Vázquez igual cantidad de trabajo que Torres.

La declaración de Félix González es lógica, consistente, y de ella surge claramente que su contrato con los demandantes era de una jornada de ocho horas diarias por $12.50 sema-nales.

Distintos pasajes de las declaraciones de los querellantes, por los absurdos, resultan ridículos. Llamado a declarar en examen de refutación para contradecir al querellado, quien aseguró que los chóferes empezaban a trabajar a las cinco y media y no a las cinco de la mañana, dijo Vázquez:

“Había una cuestión que el señor Félix González no la sabía. El señor Juan Matos, chófer, prefería hacer más pasaje, que ningún otro chófer. Entonces había una disputa con el primero que sa-liera antes de las cinco de la mañana; y como quería presentar más pasajeros, había el regateo de pasaje, y salíamos antes de las cinco de la mañana, cuando el señor Félix González no se había levantado. ’ ’

En ese momento le pregunta el juez: “Entonces, lo que ustedes hacían, ¿lo hacían por cuenta de ustedes!”, y con-testa: “Sí, señor.” Repreguntado por el ahogado del de-mandado, “¿Qué interés tenía Juan Matos en hacer rega-teos!’’/manifestó, “Le gustaba presentar que hizo doscientos pasajeros él solo. Eso era un placer para él.” ¿Cómo se concibe que pagándose a los chóferes un salario fijo, indepen-dientemente del número de pasajeros transportados, estos chóferes, que no eran niños inexpertos, se les habría de ocu-rrir empezar a trabajar antes. de las cinco de la mañana porque uno de ellos, sin motivo justificado, comenzara antes de la hora señalada para así tener el vano placer de informar un mayor número de pasajeros transportados!

Citemos ahora otro incidente similar en relación con el testimonio de Narciso Torres. Durante el examen de repre-guntas, el abogado del demandado presentó al testigo para su identificación ciertos cheques expedidos a la orden de y cobrados por el testigo, entre ellos uno por veinticinco dólares. El testigo admitió que el cheque había sido expedido a su orden por González, y que la firma al dorso era la del testigo, quien había recibido su importe. Explicando el origen del cheque, declaró que se lo había regalado Félix González. Vea-mos ahora la explicación que sobre este cheque nos da el patrono. Declaró éste que Narciso Torres había tenido una pelea con un individuo en la Central Mercedita, y que con una sortija que usaba Torres le cortó la cara a aquél, quien se proponía vengarse. Enterado González de ello, en evita-ción de un disgusto de mayores consecuencias, indicó a Torres que dado lo sucedido, él no quería que volviese con las guaguas a la Central, y le propuso que aceptase trabajar en el taller percibiendo el mismo salario. Torres no aceptó y prefirió abandonar su colocación, por lo que el querellado, en cumplimiento de la ley, le entregó un cheque por veinti-cinco dólares, importe de dos semanas de trabajo.

¿No es acaso evidente que el juez sentenciador ha incu-nido en error manifiesto al dar entero crédito a estos testigos cuyas declaraciones lian sido contradichas con tanta lógica y exactitud por parte del querellado?

La doctrina que nuestras decisiones han introducido en esta jurisdicción al efecto de que este tribunal acatará y acep-tará las conclusiones de hecho a que hubiere llegado la corte inferior en la apreciación de la prueba, confiere una amplia facultad a la vez que impone una seria y delicada responsa-bilidad a las cortes de distrito en relación con la administra-ción de justicia. Consciente de esa responsabilidad, debe el juez de distrito poner a contribución su talento, su conoci-miento de la naturaleza humana y su laboriosidad toda, a fin de desentrañar la verdad del cúmulo de la prueba. La doc-trina puede convertirse en espada de dos filos. Si los jueces cumplen su deber a cabalidad resultará un poderoso auxiliar en la correcta resolución de los pleitos, pero si por el contra-rio no se percatan de su delicada misión, la doctrina puede convertirse en instrumento de opresión, e injusticia. En el ejercicio de su discreción en la apreciación de la prueba el juez debe actuar con entera independencia y sin otra preocu-pación que no sea la de dar a cada uno lo suyo. Repetidas veces hemos dicho que las leyes de justicia social como la aquí envuelta deben ser liberalmente interpretadas, a fin de poder lograr los elevados fines perseguidos por el legisla-dor^ Pero esto no implica que al apreciar la prueba en estos casos deba darse crédito a la declaración del obrero cuando de acuerdo con las circunstancias concurrentes no lo merezca. No debemos olvidar que la justicia, si bien se debe al obrero, también le es debida al patrono. “Raygada virtud es la Justicia, segund dixeron los Sabios antiguos, que dura siempre en las voluntades de los ornes justos, e da, e com-parte a cada vno su derecho egualmente.” Ley I, Título I, Tercera Partida.

Convencidos como estamos que el juez de la corte inferior indebidamente dió crédito a las declaraciones de los quere-liantes, incurriendo así en error manifiesto en la apreciación de la prueba, la cual demuestra que el contrato celebrado entre los querellantes y el querellado fué por ocho horas, que ellos en efecto trabajaron ocho horas y ninguna hora extra y que recibieron el precio de su trabajo, procede revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra desestimando la querella.

         Es casi inconcebible que después de cuarenta años de predicación a los obreros de Puerto Bico sobre sus derechos relacionados con su trabajo, un chófer de una empresa de autobuses en la ciudad de Ponce trabaje doce horas día por día’durknte tres años consecutivos, -sin la'más mínima protesta.-;

       Es verdad que de acuerdo con la declaración del querellado el chófer Torres en tiempos de zafra trabajaba, una semana sí y otra no, tres cuartos de hora extra por las noches, recibiendo por compensación, en adición a su salario ordinario, la cantidad de dos dólares semanales cuando así trabajaba. Pero en los autos no existe evidencia alguna que nos pueda servir de base para calcular la diferencia de lo que pueda adeudarle el patrono, y por consiguiente no podemos hacer un pronunciamiento sobre ese particular.

        Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722, 727.

       A moción del juez sentenciador para que se eliminaran ciertas frases de este párrafo, el Tribunal dictó la resolución que aparece en la página 1032' de esto Tomo.


author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

text:
    Francisco Crespo Escalera, demandante y apelado, v. Mercedes San Miguel Torres, demandada y apelante.
    Núm. 8854.

    — Sometido: Junio 7, 1944.

      Resuelto: Julio 14, 1944.

      Agustín E. Font, abogado de la apelante; y B. Fernández Matos, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Confirmada por esta Corte la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce en el caso de Francisco Crespo v. Ernesto F. Schlüter, et al., 58 D.P.R. 834, sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario, el demandante obtuvo que la corte inferior expidiera una orden de ejecución a virtud de la cual el Submárshal de dicha corte procedió el 29 de abril de 1943 a dar posesión material de una de las fincas objeto del litigio al demandante a través de su representante Francisco Burgos Rivera.

En dicho acto el Submárshal notificó personalmente a todas las personas que, en concepto de agregados, había en la finca de que desde ese momento estaba dando posesión al demandante y asimismo notificó a la aquí demandada Mercedes San Miguel Torres, que llegó a la finca mientras' el márshal estaba allí, habiendo ella manifestado que había ad-quirido la finca de Schlüter y que no daría posesión de la misma. El demandante, el 9 de junio de 1943, inició esta acción de injunction para recobrar la posesión de la finca, alegando, entre otras cosas, que la demandada “el día 3 de junio de 1943 personalmente y por medio de peones destruyó cercas de alambres y otros materiales colocados poh-el deman-dante” en la finca y “violentamente, armada de revólver, echó ganado hacia otra finca contigua y contra la voluntad del demandante, sacando también violentamente de la finca a Francisco Burgos Rivera” representante y empleado del de-mandante.

La demandada negó que el márshal diera posesión de la finca al demandante y en contrario alegó que dicha posesión siempre la ha tenido ella desde el año 1937. Como defensa especial alegó que ella adquirió la finca y entró en posesión de la misma desde el año 1937; que ella nunca tuvo cono-cimiento del pleito seguido por el demandante en relación con la finca ni se le notificó aeción alguna que afectara su título o posesión.

La corte inferior declaró con lngar la demanda y en este recurso la demandada alega que erró al declarar qne el de- , mandante “tomó posesión de la finca por haberla trasmitido el márshal de la Corte de Distrito de Ponce en cumplimiento de una orden expedida por dicho tribunal, proveniente dicha orden del pleito Civil núm. 1624 de la Corte de Distrito de Ponce, confirmado por el Tribunal Supremo en 58 D.P.R. 884.”

La prueba, tanto del demandante como de la demandada, justifican plenamente la decisión de la corte inferior. Se probaron los hechos alegados en la demanda y realmente la única cuestión envuelta es si el demandante fue puesto legah mente en posesión de la finca por la orden dictada por la corte inferior.

Ratificando lo resuelto en el caso de Teissonier v. Barnés, 8 D.P.R. 204, esta corte en el reciente caso de Ramos v. Puig, 61 D.P.R. 83, resolvió que una persona que es afectada por la toma de posesión de una finca por otra persona a virtud de y en cumplimiento de una orden dictada en un procedimiento judicial, cree tener algún derecho a poseer la finca, “su remedio es acudir a la corte que dictó la orden dando posesión . . . para que la revoque o entablar la acción ordinaria correspondiente para la protección de su derecho.”

En el caso de autos si la demandada creyó tener algún derecho a continuar poseyendo la finca, cuya posesión material no hay duda alguna fue entregada al demandante a virtud de una orden judicial legalmente expedida debió acudir a la corte inferior y solicitar la revocación de dicha orden o de lo contrario entablar la acción ordinaria correspondiente. Ella no tenía derecho a penetrar de nuevo en la finca, tumbar las cercas puestas por el demandante y despedir violenta-mente al encargado de la finca. [3] Sn alegación de que ella tenía título a la finca adquirida de Schlüter no la autorizaba a ignorar la posesión adquirida por el demandante a virtud de una orden de la corte inferior, ya que en estos procedi-mientos no pueden determinarse cuestiones de título sino me-ramente de posesión.

El caso de Lloréns v. Arbona, 61 D.P.R. 279, 290, citado por la apelante, es claramente distinguible del presente, pues precisamente lo que allí se resolvió es que cuando un márshal da posesión de una finca, sin haber obtenido una orden de la corte, su actuación es ilegal, y se dijo expresamente a la pág. 290: “ . . . el márshal al dar posesión de la finca al demandado Arbona y al echar de la misma a los demandantes, actuó sin autorización legal y su acto constituyó un despojo ilegal de la posesión que tenían los demandantes.’7 En el caso de autos, sin embargo, el márshal actuó con plena autoridad legal — una orden de ejecución librada por la corte —y su acto no puede bajo ningún concepto considerarse come un despojo ilegal de la posesión de la demandada.

Debe confirmarse la sentencia apelada. <

       La corte inferior dictó una orden el 23 de marzo de 1943 ordenando al secretario librar al marshal un mandamiento para la ejecución de la sentencia dictada en el caso y el Diligeneiamiento del Márshal, de abril 29 de 1943, dice así:
      "Certifico: Que recibí el presente mandamiento en 24 de marzo de 1943 y que di cumplimeinto al mismo trasladándome al barrio Damián Abajo de Oro-covis, Puerto Rico, el día 29 de abril de 1943, y allí entonces hice entrega y di posesión al señor Francisco Crespo Esealera, representado por su agente 'o encargado Sr. Francisco Burgos Rivera, de la finca de 81 cuerdas, radicada en dicho barrio Damián Abajo de Oroeovis, Puerto Rico, que se describe detallada-mente en el presente mandamiento en su apartado 'A’


author: El Juez Asociado Señoe SnydeR

text:
    Efigenio Charneco y Pura Charneco, recurrentes, v. Comisión Industrial, Etc., demandada; Juan Hernández Acevedo, lesionado.
    Núm. 324.

    — Sometido: Junio 16, 1944.

      Resuelto: Julio 14, 1944.

      William Luyando Charneco, abogado de los recurrentes; la Comisión Industrial y el obrero lesionado no comparecieron,
   El Juez Asociado Señoe SnydeR

emitió la opinión del tribunal:

La presente es una solicitud de revisión de una resolución de la Comisión Industrial otorgando compensación a Juan Hernández Acevedo, el obrero aquí envuelto. ' Esta corte; motu -proprio, deja sin efecto su opinión y sentencia del 3 de julio de 1944 dictadas en este caso.

Debe rechazarse la contención de los recurrentes, de que estando aquí envuelto un patrono no asegurado, el caso no debió haberse visto ante un comisionado. Aunque el caso de Santini v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 412, sostiene la contención de los recurrentes, la Legislatura ha cambiado la ley sobre este punto. La Ley núm. 43, Leyes de Puerto Rico, 1942f enmienda la sección 10 de la Ley de Compensaciones del Trabajo, al disponer que “en los casos de patronos no ase-, gurados ... el caso podrá ser visto por la Comisión Industrial, o por uno de sus Comisionados . . . ”.

En cuanto a los méritos del caso, el obrero declaró que había empezado a trabajar para el patrono el día del accidente; que se dedicaba a cortar leña para hacer carbón; que era la única persona empleada dicho día; que en una ocasión anterior durante el mismo año se habían empleado más de cuatro obreros en la misma finquita de los peticiona-rios durante el desmonte y la recolección del café. Hubo con-flicto en la prueba en cuanto a algunos de estos hechos, pero la Comisión los resolvió tal y como se han expuesto.

Aceptando como ciertos los hechos tal y como la Comisión los encontró probados, el obrero no tenía derecho a compen-sación en este caso. Como dijimos en Hernández v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 165, el caso de Santini v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 363 — en el que descansó la Comisión al conceder la compensación — “resuelve que nna obra especí-fica debe estar cubierta en todo momento por el seguro de compensaciones a obreros, si en cualquier momento cuatro o más obreros fueron empleados durante el curso de tal obra”. Asumiendo, sin decidirlo, que el desmonte y recolección del café era una “obra” específica similar a la contemplada por el caso de Santini, la prueba del propio obrero fue que la colecta había sido terminada varios días antes y que él sola-mente estaba trabajando para el patrono el día del accidente, cortando leña para hacer carbón.

Según dijimos en el caso de Hernández, a la pág. 167: “ ... en ausencia de un empleo regular y permanente de cuatro o más obreros durante el año, a lo sumo el patrono estaba obligado a asegurar cada obra en la cual se emplearan cuatro o más obreros. Como no hubo evidencia de que exis-tiera en este caso alguna de estas condiciones, no había hechos sobre los cuales la comisión hubiese podido basar correcta-mente su adjudicación.”

La resolución de la Comisión Industrial será revocada y se dictará otra a favor de los recurrentes.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Municipio de Aguadilla, representado por su Alcalde José Badillo Nieves, demandante y apelante, v. Hon. Antonio Fernós Isern, Comisionado de Sanidad de Puerto Rico, y Juan Acevedo, Registrador Demográfico de Aguadilla, demandados y apelados.
    Núm. 8902.

    — Sometido: Junio 6, 1944.

      Resuelto: Julio 14, 1944.

      F. Fernández Cuyar y Enrique González Mena, abogados del ape-lante,- IIon. Procurador General Interino Jesús A. González, y Carmen B. Fernández, Procurador Auxiliar, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una petición de injunction interpuesta por el Muni-cipio de Aguadilla, representado por su Alcalde, contra el Comisionado de Sanidad y el Registrador Demográfico de Aguadilla. El remedio solicitado es que se prohíba a los demandados sacar los libros de los antiguos registros civiles de dicho municipio que se encuentran en la alcaldía. El de-mandante ha apelado de la sentencia de la corte de distrito desestimando su petición.

La cuestión fundamental a determinar en este caso es si existe alguna base para la contención del municipio de que el Comisionado carece de autoridad para ordenar la remoción de los libros del antiguo registro de la alcaldía del municipio a cualquier sitio dentro del Municipio de Aguadilla. La de-terminación de esta- cuestión exige un examen minucioso de la reglamentación estatutaria de los registros demográficos en Puerto Rico.

En 1911 la Legislatura estableció los registros civiles en todos los municipios de Puerto Rico. Estos registros estaban a cargo de los secretarios municipales, bajo la inmediata inspección de los alcaldes. A tenor con esta ley los secretarios municipales expedían copias certificadas de los asientos contenidos en los libros bajo su custodia. Estas ofi-ciñas funcionaban, en resumen, como dependencias munici-pales (Ley núm. 61, Leyes de Puerto Rico, 1911, pág. 197).

La Ley núm. 24, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 229) que deroga expresamente la Ley núm. 61 de 1911, estableció un sistema para el registro demográfico completamente dife-rente. Se creó un Registro General Demográfico de Puerto Rico, a ser establecido en el Negociado de Estadística Demo-gráfica del Departamento de Sanidad. Se le asignó al De-partamento todo lo concerniente a la inscripción de los naci-mientos, casamientos y defunciones y se le impuso el deber de preparar todas las- instrucciones e impresos referente a ios mismos. La ley dispone que el Departamento “procurará que los mismos sean registrados en cada distrito primario de registro . . . ”, y “El Comisionado de Sanidad cuidará de que esta Ley sea observada y aplicada uniformemente en . . . Puerto Rico.” (Artículo 3). La ley también dispone que ‘ ‘ Cada Municipio . . . constituirá un distrito primario de re-gistro ...” (Artículo 4) y que “En cada distrito primario de registro babrá un Registrador de Estadística Demográfica el que será nombrado por el Alcalde . . . con la aprobación de la Asamblea Municipal ...” (Artículo 5).

En términos generales, la Ley núm. 24 de- 1931 puso la maquinaria y el funcionamiento del Registro General bajo el Comisionado de Sanidad. Sin embargo, subsistieron ciertos vestigios del viejo sistema operado por el municipio. Por ejemplo, como liemos visto, los registradores continuaban siendo nombrados por los alcaldes. Y toda vez que los regis-tradores continuaban con nombramiento municipal, la Legis-latura dispuso en el artículo 32 de la Ley núm, 24, “que todas las actas de nacimiento, casamiento y defunción que hayan ocurrido o se haya celebrado en Puerto Rico con anterioridad a la fecha de la vigencia de esta ley, quedarán en los archivos de los respectivos municipios bajo la custodia del secretario municipal, quien, a petición de parte interesada, expedirá co-pias certificadas de las mismas mediante el pago ... de un derecho . . . que ingresará en el tesoro municipal.” Obvia-mente era lógico que la Legislatura dispusiera que los anti-guos libros del registro “quedarán en los archivos de los res-pectivos municipios”, si iban a continuar bajo la custodia del secretario municipal, quien también era el funcionario con poder para expedir copias certificadas de tales asientos.

La Ley núm. 28, Leyes de Puerto Rico, 1935, Sesión Extra-ordinaria (pág. 163), fue considerablemente más lejos con mi-ras a la centralización del registro, de estadística demográ-fica en las manos del Comisionado de Sanidad. La Ley núm. 28 traspasó al Comisionado el poder de nombrar y remover a los registradores. También disponía “que las oficinas de los registradores demográficos serán establecidas en las Uni-dades y Subunidades de Salud Pública donde las hubiere y en las oficinas locales de sanidad en aquellos municipios donde no hubiere unidades; Disponiéndose, además, que los libros de los antiguos registros-civiles, actualmente en poder de las autoridades municipales, quedan por la presente sometidos a la jurisdicción y autoridad del Comisionado de Sanidad de Puerto Rico, y permanecerán en los sitios que en la actualidad han sido destinados para sus archivos en los respectivos mu-nicipios, bajo la custodia inmediata de los registradores de-mográficos, quienes quedan por la presente autorizados para expedir copias certificadas de todos los actos que aparezcan inscritos en los mismos, mediante el pago por parte del soli-citante de un derecho de cincuenta (50) centavos en sellos de rentas internas por cada copia certificada de cada nacimiento, casamiento o defunción.’

Así vemos que por primera vez se separa a los funcio-narios municipales de toda conexión con los registros demo-gráficos. Los registradores son nombrados y removidos por el Comisionado; las oficinas de registradores fueron trasla-dadas a las unidades de salud pública; los libros de los anti-guos registros civiles anteriormente en manos de las autori-dades municipales son transferidos a la jurisdicción y auto-ridad del Comisionado y puestos bajo la inmediata custodia de los registradores; y los registradores — no los secretarios municipales — están autorizados para expedir copias certifi-cadas de todos los asientos que surjan de los registros.

El Municipio, no obstante, insiste en que el lenguaje de la sección 1 de la Ley núm. 28 de 1935, que enmienda el artículo 5 de la ley — de que los libros de' los antiguos registros civiles “permanecerán en los sitios que en la actualidad han sido des-tinados para sus archivos en los respectivos municipios, bajo la custodia inmediata de los registradores demográficos . . . — significa que los referidos antiguos registros civiles deben continuar permaneciendo en las alcaldías de los respectivos municipios.

El municipio afirma que esta disposición ha subsistido a través de todas las enmiendas de la ley. Pero lo primero que notamos es que este lenguaje, empleado en la Ley núm. 28 de 1935, no es exactamente el mismo empleado en el ar-tículo 32 de la Ley núm. 24 de 1931. Este claramente dispone que los antiguos libros “quedarán en los archivos de los res-pectivos municipios bajo la custodia del secretario municipal . . . (Bastardillas nuestras). Ya hemos visto la ra-zón de dicha disposición: el registrador era un empleado municipal, y el secretario municipal expedía las copias certi-ficadas. Pero el lenguaje de la Ley núm. 28 de 1935 es un poco diferente. El mandato terminante de la Ley núm. 24-fué cambiado para que leyese que los libros “permanecerán en los sitios que en la actualidad han sido destinados para sus archivos en los respectivos municipios, bajo la custodia inmediata de los registradores demográficos, quienes quedan por la presente autorizados para expedir copias certifica-das . . . ”. (Bastardillas nuestras).

No puede dudarse que el lenguaje de la Legislatura es-oscuro (inept), y que hay considerable motivo para lá con-tención de que el lenguaje empleado en la Ley núm. 28 sig-nifica lo que el municipio alega que significa. __ Sin embargó, en manera alguna claramente dice eso, y representa un cambio del lenguaje que anteriormente disponía con claridad que los referidos libros permanecerían “en los archivos de los res-pectivos municipios”. Al leerse a la luz de su raigambre histórica, el lenguaje envuelto es por lo menos ambiguo. Y de ser ambiguo, tenemos justificación en investigar. el pro-pósito del estatuto, en un esfuerzo para determinar lo que la Legislatura quiso decir con dicha fraseología. (De Castro v. Junta de Comisionados, 59 D.P.R. 676; Crawford, Statutory Construction, secciones 164-5, págs. 256-261; secciones 174-5, págs. 276-284).. .

Una vez resuelto que el lenguaje en cuestión es por lo menos ambiguo y es razonablemente susceptible de dos inter-pretaciones, no encontramos razón alguna dentro del actual estatuto para concluir que la Legislatura tuvo en mente pro-veer que los referidos antiguos libros de los registros civiles permanecerán en las alcaldías de sus respectivos municipios. En verdad, el propio apelante no asume esta posición. Sólo alega que el estatuto claramente así lo dispone. Pero toda vez que nada encontramos en la ley de 1935 que específica-mente provea que estos libros permanecerán en las alcaldías, y siendo toda la teoría de la actual ley otorgar al Comisionado de Sanidad el control completo de los registros demográficos —el poder de nombrar y remover, la radicación de las oficinas de los registradores en edificios del Departamento, el situar bajo su jurisdicción y autoridad los antiguos libros, el poner la inmediata custodia de los antiguos libros bajo registradores cuyo nombramiento y remoción dependan del Comisionado y que son los únicos funcionarios autorizados hoy día a ex-pedir copias certificadas de los asientos, todos señalan inequí-vocamente a esta dirección — resolvemos que la Legislatura por medio de este lenguaje un poco oscuro tuvo la intención de disponer que los referidos libros permanecerán dentro dé los .límites de los municipios, pero no necesariamente en sus alcaldías.

. La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

       Las enmiendas hechas a la Ley por la Ley núm. 99, Leyes de Puerto Rico, 1943, no arrojan luz al problema ante nos. Se refieren a la creación de un fondo especial de los derechos cobrados por los Registradores por las copias certificadas Je los asientos, y otros asuntos que no están aquí envueltos.


text:
    Power Electric Company, Inc., demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8941.

    — Sometido: Junio 15, 1944.

      Resuelto: Julio 14, 1944.

      Damián Monserrat, JrGabriel de la Haba y Bafael BaragaMo, Jr., abogados de la apelante; Hon. Procurador General Interino Jesús ,A.. González y P. A. Bodríguez Porteza, Procurador General Auxi-liar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la demandante radicó ante la corte .1-de-¡distrito una petición de sentencia declaratoria en la que . .solicitaba de la corte que “declare y decrete que las dispo- ; .sicipnes del inciso 20 de la sección 16 de la Ley núm. 85 de , agosto 20 de 1925 (pág. 585), según quedó enmendada por la ,.,^ey núm. 25 de diciembre 4,1942 ((2) pág. 127) y por la núm. .¡-.lldide 12 de mayo de 1943 (pág. 335) no impone ni fija con-tribución, arbitrio o impuesto alguno sobre los materiales y efectos eléctricos que se fabriquen, vendan, traspasen, usen o introduzcan en Puerto Rico y que constituyan aparatos eléctricos o partes o accesorios de los mismos; que prohiba al demandado incoar acción alguna contra la demandante en cobro de los arbitrios a que se refiere esta demanda . . .

La demandante ha apelado contra sentencia de la corte inferior desestimando la demanda.

Las alegaciones de la petición indudablemente establecen una controversia entre la demandante y el Tesorero. La corte de distrito resolvió, sin embargo, qne no tenía juris-dicción sobre la materia envuelta, en virtud de la disposición de la sección 4 de la Ley núm. 169, Leyes de Puerto Rico,. 1943 (pág. 601), al efecto de que “El Tribunal de Contribu-ciones tendrá jurisdicción, de carácter- exclusivo ... de to-das las acciones, procedimientos o recursos especiales o extra-ordinarios y reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con, o que afecten la imposición, cobro, pago, devolución o reembolso de toda clase de contribuciones, incluyendo arbi-trios, contribución sobre ingreso ... y cualesquiera otras contribuciones o impuestos . . . ”. (Bastardillas nuestras).

La apelante admitió en la vista oral que su petición se basaba únicamente en la alegada ilegalidad de la contribu-ción reclamada por el Tesorero y que en este caso no concurre ninguna de las consideraciones de equidad que, con anterio-ridad a la aprobación de la Ley núm. 169, han inducido a esta corte en el pasado a prohibir el cobro de contribuciones. (Véanse los casos anotados en la pág. 599 de Fernández v. Buscaglia, Tesorero, 60 D.P.R. 596). La demandante insiste, .sin embargo, en que tiene derecho, mediante sentencia declara-toria, a que se determine la ilegalidad de la contribución de que aquí se trata; y que de hacer la corte de distrito tal decla-ración a su favor, entonces tendría derecho, a tenor con la sección 8 de la Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias, Ley núm. 47, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 379), a un injunction prohibiendo el cobro de dicha contribución!

Hemos expuesto detalladamente los hechos y las conten-ciones de este caso, con el fin de demostrar que era innece-sario el que la corte de distrito decidiera a base de que no tenía jurisdicción para dictar en este caso una sentencia decla-ratoria. Dándole a la petición y a los argumentos de la demandante el valor que realmente tienen, ellos establecen un caso en que la corte de distrito en el debido ejercicio de su discreción debió haber denegado el remedio por vía de sen-tencia declaratoria (Véanse Paul Smith Const. Co. v. Buscaglia, 140 P. (2d) 900 (C.C.A. 1, 1944); Great Lakes Co. v. Huffman, 319 U.S. 293). Bn el caso corriente el remedio provisto por la ley ante el Tribunal de Contribuciones es el adecuado, Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribu-ciones, 60 D.P.R. 768, y no debe permitírseles de ordinario' a los contribuyentes que eviten el pasar por dicba corte utili-zando el procedimiento de solicitar una sentencia declaratoria en la corte de distrito. Si la corte de distrito tiene o no to-davía jurisdicción para conceder un remedio declaratorio,, acompañado del remedio adicional coercitivo de injunction, en un caso que esté dentro de la regla expuesta en Fernández v. Buscaglia, Tesorero, supra, es una cuestión que no tenemos, que resolver abora y por tanto expresamente la dejamos pen-diente' (Véanse Anotación, Tax questions as proper subject of action for declaratory judgment, 132 A.L.R. 1108. Cf. Miles Laboratories v. Federal Trade Commission, 140 F.(2d) 683 (C.C.A., D.C., 1944); United States ex rel. Jordan v. Ickes, F.(2d), resuelto en 5 de junio de 1944 (C.C.A., D.C., 1944) ).

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

       Los dos primeros párrafos de la petición leen como sigue:

        “Primero: La demandante se dedica a la importación y .venta, dentro de la Isla de Puerto Rico, de aparatos eléctricos, partes y accesorios necesarios para el funcionamiento de los mismos y además a la venta de otros efectos y materiales eléctricos. En 30 de mayo de 1943 los inspectores del Negociado de Arbitrios del Departamento de Hacienda de Puerto Rico practicaron un inventario de las 'existencias de la demandante a los efectos de la imposición del arbitrio de un 15 por ciento que fija y dispone el inciso 20 de la sección 16 de la Ley múrn. 85 de 20 de agosto de 1925, según quedó enmendada por la Ley núm. 25 de diciem-bre 4 de 1942 y por la Ley núm. 116 de 12 de mayo de 1943. Al practicar dicho inventario los inspectores del Negociado de Arbitrios incluyeron en el mismo todos los efectos y materiales eléctricos en el establecimiento de la de-mandante por un montante de $8,764.50, a cuya suma agregaron un beneficio ostimado en $1,972.90, determinando un total de $11,837.40. Sobre dicho total el demandado, a través de sus agentes y empleados, impuso el arbitrio de 35 por ciento quo fija y determina la ley antes citada, y requirió a la demandante de pago de la cantidad de $1,775.61.

        “Segmdo: La demandante lia comunicado al demandado en repetidas oca-siones que no viene obligada al pago de la referida suma de $1,775.61 por cuanto el inciso 20 de la sección 16 de la Ley núm. 85 de agosto 20 de 1925, según quedó enmendada por la Ley núm. 25 de diciembre 4, 1942 y por la Ley núm. 116 de 12 de mayo de 1943 no impone ni fija contribución, arbitrio o impuesto alguno a efectos y materiales eléctricos que se fabriquen, vendan, traspasen, usen o introduzcan en Puerto Rico, siendo aplicable la citada disposición de ley úni-camente a aparatos eléctricos y a partes y accesorios necesarios para el funcio-namiento de dichos aparatos eléctrios, pero el demandado insiste en que la citada disposición de ley es aplicable a efectos y materiales eléctricos al igual que a aparatos eléctricos y a partes y accesorios necesarios para el funcionamiento de dichos aparatos eléctricos; insiste así mismo en que la demandante deberá pagar la suma de $1,775.61 por concepto de arbitrios o impuestos sobre los efectos y materiales eléctricos a que se refiere el párrafo- segundo, y requiere a la deman-dante de pago de dicha suma alegando que la disposición de dicha sección que dispone que no importa el uso al cual se destinen hace tributables todos los apa-ratos eléctricos, accesorios para los mismos y todo otro efecto o material eléctrico sin importar que no sea un aparato o una parte o accesorio del mismo. ’ ’■

       Aunque no es de absoluta aplicación, la anotación Justiciable controversy within Declaratory Judgment Act as predicable upon advice, opinion, or ruling of public administrative officer, que se encuentra en 149 A.L.R. 349 et seq., sería de alguna ayuda en la determinación de esta cuestión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Díaz Conte, acusado y apelante.
    Núm. 10,484.

    — Sometido: Julio 8, 1944.

      Resuelto: Julio 18, 1944.

      Francisco García Quiñones, abogado'-del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de un delito de ataque para co-meter violación. Celebrada la vista del caso ante un jurado, éste declaró al acusado culpable y la corte inferior, después de declarar sin lugar una moción de nuevo juicio, le condenó a dos años de presidio con trabajos forzados. No estuvo conforme el acusado y apeló de la orden denegatoria del nuevo juicio y de la sentencia:

En apoyo de sn recurso el apelante alega que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar la moción de archivoy sobreseimiento de la causa; al denegar la moción para la absolución perentoria del acusado; al negarse a dar instruc-ciones al jurado sobre el delito de acometimiento y agresión; al admitir el testimonio del alcaide de la cárcel de distrito de San Juan para impugnar la credibilidad de la testigo Isabel Román de Baello; y al negarse a conceder la celebración de un nuevo juicio. Sostiene, además, que el veredicto es contrario a la prueba y que el jurado actuó con prejuicio, pasión y parcialidad al apreciar la evidencia.

De los autos aparece que la acusación fué radicada ante la Corte de Distrito de San Juan el día 12 de noviembre de 1942 y leída al acusado el 4 de diciembre del mismo año. Del récord no aparece la fecha en que se hiciera el señala-miento del caso para juicio. Sí aparece que el caso fué lla-mado para juicio el día 13 de octubre de 1943, o sea a los once meses y un día desde la fecha en que se radicó la acu-sación, cuando ya había transcurrido con exceso el término de 120 días fijado por el párrafo 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

De la transcripción de evidencia aparece que al ser lla-mado el caso para vista, el acusado compareció en persona y asistido de su abogado. Entonces ocurrió el siguiente inci-dente :

“Sr. Juez: ¿Están listas las partes?
“Fiscal: Estamos listos, señor Juez.
“Defensa: En este caso nosotros íbamos a solicitar de la corte el archivo y sobreseimiento -de esta acusación. Este caso data desde el mes de noviembre de 1942 y el mismo ha sido suspendido en re-petidas ocasiones.
“Sr. Juez: La última vez que se suspendió fué porque no com-pareció una señora que hay ahí de testigo.
“Defensa: Y se ha venido suspendiendo por incomparecencia de la prueba del Pueblo. Nosotros vamos respetuosamente, a solicitar' el archivo y sobreseimiento del caso.
“Sr. Juez: La corte deniega la moción de archivo y sobresei-miento.
“Defensa: Tomamos excepción de la resolución de la corte.”

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone, que “a menos que exista justa causa contraria” el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso cuando un acusado, cuyo juicio no ha sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de 120 días, a contar desde la presentación de la acusación.

Cuando la moción de sobreseimiento es presentada opor-tunamente, es al fiscal a quien incumbe probar que el juicio fué transferido a petición del acusado o que existió justa causa para privar al acusado de su derecho al juicio rápido que le garantiza el párrafo 2 del artículo 2 de la Ley Orgánica.

En el caso de Pueblo v. Díaz, 60 D.P.R. 540, esta Corte Suprema, después de revisar la jurisprudencia anterior inter-pretativa del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, mantuvo en pie la regla sentada en Pueblo v. Áyala, 19 D.P.R. 936 y derogó toda la jurisprudencia anterior, en tanto en cuanto la misma se oponga a dicha regla, que es la siguiente:

“Es cierto que generalmente las mociones deben presentarse en el acto de la lectura de la acusación o mejor todavía, inmediatamente después que vence el término fijado por la ley para la presentación de la acusación o la celebración del juicio, pero el demorar la presen-tación de su moción no quiere decir que el acusado pierda el derecho a presentarla en cualquier momento antes de la vista del caso. (Bas-tardillas nuestras.)

En el caso de autos, el término de 120 días, contados desde el 12 de noviembre de 1942, fecha de presentación de la acusación, expiró el día 12 de marzo de 1943. Desde esa fecha, hasta el día 13 de octubre de 1943, fecha señalada para la celebración del juicio, el acusado tuvo 215 días dentro de los cuales pudo haber radicado su moción de sobreseimiento, dando así-una oportunidad al fiscal de probar, si era posible 'hacerlo, que el juicio había sido transferido a petición del .acusado o que había existido justa causa para que el juicio no pudiera celebrarse dentro del término fijado por el esta-tuto. El acusado dejó transcurrir los 215 días sin tomar ac-ción alguna para solicitar el sobreseimiento de la causa y aguardó para formular su moción hasta después de haber sido llamado el caso para juicio y de haber anunciado el fiscal que estaba listo para celebrarlo. El acusado no cumplió con los requisitos de la regla. Su moción fué presentada tardía-mente, cuando el caso había sido llamado para juicio y cuando el fiscal no tenía ni la oportunidad ni los medios de prueba' necesarios para poder hacer frente a la moción. Esta Corte no puede dar su aprobación a la práctica de aguardar hasta que el caso sea llamado para juicio para solicitar el sobre-seimiento. El fiscal debe tener una oportunidad razonable para enterarse de los términos de la moción y preparar la prueba de que pueda disponer para demostrar que hubo justa causa para la dilación. No erró, pues, la corte inferior al declarar sin lugar la moción de sobreseimiento. •

El segundo y el quinto señalamientos están relacionados con la suficiencia de la evidencia. Sostiene el apelante que siendo la evidencia insuficiente para sostener la acusación, la corte inferior erró al no ordenar la absolución perentoria del acusado. Por el mismo fundamento alega que el veredicto es contrario a la prueba y demostrativo de que - el jurado actuó con pasión, prejuicio y parcialidad.

La prueba de cargo puede resumirse así:

En la noche de autos, la joven Ernestina Falcón, vecina de Río Piedras, soltera, de 23 años de edad, y su amiga Ramona Ríos Montalvo, vecina de Santuree, divorciada, se en-contraban de paseo por la parada 22 de Santuree. Encon-trándose las dos bajo la marquesina de una tienda para gua-recerse de la lluvia, se acercaron a ellas dos marinos hablán-doles en inglés, idioma que ellas desconocen. En ese mo-mento, el acusado, que se encontraba en aquel mismo sitio, intervino en la conversación para explicar a las jóvenes lo que decían los marinos. Entablada así la conversación entre las dos jóvenes y el acusado, éste las invitó a ir a la parada 241/2 para tomar una coca-cola. Después de tomar la coca-cola, los marinos se marcharon, quedándose el acusado con las dos jóvenes. Ernestina quería irse para su casa, pero como llovía muy fuerte en ese momento el acusado les pro-puso que fueran a la casa de él, en donde las presentaría a su mamá y a su esposa e hijas. Fueron ambas con el acusado a la casa de éste en Sunoco, notando al llegar allí que en la casa no había nadie. El acusado tan pronto como ambas hubieron entrado cerró la puerta, y al gritar Ernes-tina, diciéndole que la dejara salir, el acusado la amenazó con darles dos gamatás si volvía a gritar. Entonces el acu-sado, teniendo en su mano una navaja Gem, le dijo a Er-nestina que si no se acostaba con él le cortaría la cara. De-claró Ernestina que ella no se atrevía a gritar por el temor de que él le cortara la cara; que el acusado insistía en que ella se desnudara y que al negarse ella a hacerlo él la empujó a la cama y le dió un puñetazo en un muslo; que entonces le dió a ella un desmayo; que en ese momento su amiga Ramona Ríos intervino, diciéndole al acusado: “Mire, haga el favor, ésa es una señorita. Lo que usted quiere hacer con ella hágalo conmigo”; que el acusado siguió en sus esfuer-zos para tener contacto carnal con ella, tocándole y besán-dole los muslos, sin que ella consintiera; que el acusado realizó el acto carnal con Ramona, quien se vió obligada a ello para que Ernestina no tuviera que hacerlo, pero por la mañana el acusado volvió a insistir otra vez para realizar el acto con Ernestina y entonces Ramona tuvo que quedarse con él para que él dejara a Ernestina marcharse a su casa. Declaró también Ernestina que mientras realizaba esos actos el acusado se encontraba completamente desnudo y en condi-ciones para poder realizar su propósito de violarla.

La declaración de Ramona Ríos corroboró en todos los he-chos esenciales lo declarado por Ernestina Falcón, insistiendo en que ella se vió obligada a entregarse al acusado para salvar a su amiga. Declaró además que el acusado realizó el acto carnal tres veces y qne ella quedó encinta, dando a luz nn niño, Mjo del acnsado.

La prueba de la defensa tendió a probar que el acusado y las dos muchachas habían tomado licor durante el tiempo que pasaron los tres en casa del acusado; y que los vecinos que tenían sus habitaciones cerca de la del acusado no habían sentido ruido ni gritos durante toda'esa noche.

El jurado, que vió y oyó declarar a las dos jóvenes perju-dicadas, dió entero crédito a sus declaraciones. Éstas so'n, fuera de toda duda, suficientes para justificar el veredicto de culpabilidad rendido por el jurado. Y no apareciendo en manera alguna justificada la imputación de pasión, prejuicio y parcialidad, estamos obligados a respetar el veredicto. No erró, pues, la corte inferior al negarse a decretar la abso-lución perentoria del acusado.

Hemos examinado las instrucciones dadas por la corte al jurado y las encontramos ajustadas a la ley. Es cierto que la corte no instruyó al jurado específicamente, en cuanto al delito de acometimiento y agresión, pero no es me-nos cierto que las instrucciones fueron trasmitidas al jurado en presencia del acusado y de su abogado defensor. Pudo este último solicitar una instrucción específica en cuanto al. acometimiento y agresión y no lo hizo. Aceptó las instruc-ciones en la forma en que fueron dadas por la corte, sin formular objeción alguna en cuanto a su suficiencia y.sin pedir que las mismas fueran ampliadas. No es justo que se le permita levantar esa cuestión sin haber dado a la corte .inferior oportunidad de corregir su error, si alguno se. hu-biere cometido. Además, opinamos que de haberse come-tido, en nada pudo perjudicar al acusado por ser la prueba ampliamente suficiente para justificar el veredicto.

Toda la evidencia aducida por el fiscal demostró que el acusado atacó a la joven con el solo propósito de violarla o sea de tener contacto carnal con ella, usando como medios para vencer su resistencia la violencia y las amenazas. El único veredicto compatible con esa prueba era el que fué •rendido por el jurado. Bajo tales circunstancias, la instruc-ción sobre el acometimiento y agresión hubiera sido impro-cedente..

El incidente que sirve de base al cuarto señalamiento es el siguiente:

La última testigo presentada por la defensa declaró que durante los últimos dos años y medio ella había conocido al acusado viviendo siempre en la misma casa en que ocurrie-ron los hechos. El fiscal anunció que se proponía impugnar la declaración de dicha testigo con la del alcaide de la cárcel de San Juan. Entonces tuvo lugar el siguiente diálogo:

“Sr. Juez.- El compañero ha estipulado algo con el fiscal a ese • efecto.
' “Defensa: Sr. Juez, nosotros consideramos que eso no tiene im-portancia alguna y que es hasta inadmisible, pero queremos ganar tiempo. Nosotros estipulamos que este ciudadano desde el mes de septiembre del año 1940 hasta el mes de agosto de 1941 estuvo en la Cárcel Municipal de aquí.
“Fiscal: T que empezó a cumplir en el mes de septiembre de 1940.
“Defensa: El término de un año de cárcel.
“Fiscal: Está bien. Y con esa prueba de rebuttal cerramos el caso. ’ ’

No puede ahora quejarse el apelante del efecto que en la mente del jurado haya podido producir su propia estipula-ción. La corte, al dar sus instrucciones al jurado, protegió al acusado haciendo constar que el hecho de que el acusado hubiese estado diez meses en la cárcel nada tenía que ver con el delito que se le imputaba.

Consideradas todas las circunstancias del caso, no erró la corte inferior al declarar sin lugar la moción para la conce-sión de un nuevo juicio.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    Dolores Rivera Vda. de Gómez, demandante y apelada, v. Rafael de Choudens y Lydia Ducret, demandados y apelantes.
    Núm. 8891.

    — Sometido: Junio 13, 1944.

      Resuelto: Julio 24, 1944.

      L. CobaTles Gandía, abogado de los apelantes; Fernando J. Géigel J Adrián Agosto, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En sn petición radicada ante la Corte de Distrito de San Juan, la demandante alegó ser dueña de una finca urbana situada en Santurce, consistente en un solar, que por su parte oeste colinda con solar de los demandados en una extensión de 17 metros 50 centímetros. En el solar existe una casa de concreto, de dos plantas, que mide 24 pies de frente por 37 de* fondo.

Los demandados son dueños de las siguientes fincas:

“ (A) URBANA: Compuesta de casa y solar, midiendo éste 133 un cuarto metro cuadrados, radicada dicha finca urbana en la calle ‘Vereda Estrecha’ y mareada dicha casa con el número uno de dicha calle en la sección Norte del barrio de Santurce de esta ciudad de San Juan, Puerto Rico.
“ (B) URBANA: Parcela o trozo de terreno, radicado en la Sección Norte de esta ciudad de San Juan, Puerto Rico, con una cabida superficial de 37 metros, 36 centímetros cuadrados, afecto a la forma de un triángulo, lindante por el Norte, en 5 metros, 20 centímetros, con terrenos de la'Sucesión París; por el Este, en 12 metros, con 20 centímetros, con solar de don Francisco Rivera París, procedente dicha finca de la finca principal de doña Gregoria París. Este solar pertenece hoy a la peticionaria en este caso, doña Dolores Rivera viuda de Gómez, y es el descrito en la alegación 2da. anterior de esta demanda; y por el Oeste en 13 metros, 20 centímetros, con el solar de don Rafael de Choudens, descrito bajo la letra (a) en la alegación 3ra. de esta demanda.”

Alegó la demandante: Que los dos solares pertenecientes a los demandados forman un solo cuerpo por colindar entre sí; que por escritura pública debidamente inscrita, los deman-dados, por el fundamento de que las dos parcelas A y B se encuentran agrupadas formando una sola finca y colindan con la finca hoy propiedad de la demandante, constituyeron sobre la parcela B servidumbre de luces y vistas en beneficio y a favor del predio de la demandante, antes de Juan Francisco Rivera París, consintiendo expresamente que las ventanas y huecos abiertos en la casa enclavada en la finca de la deman-dante continuaran abiertos permanentemente en la misma forma en que se encontraban en la fecha en que se constituyó la servidumbre, o sea en mayo 25,1938. La casa de la deman-dante fué construida a 45 centímetros de la colindancia oéfete del solar B de los demandados. En la casa existen, tanto en la planta baja como en la alta, ventanas y huecos que dan al solar B de los demandados, por su lado este.

Continuó alegando la demandante que no obstante su opo-sición y protestas, los demandados han procedido a fabricar una adición de maderas a la casa radicada en la finca descrita bajo la letra A; que esa adición se corre sobre la faja de terreno descrita bajo la letra B, sobre la cual pesa la servi-dumbre, de tal manera que anula la servidumbre, tapando todas las ventanas y huecos de la casa de la peticionaria. -

Para la mejor comprensión de los hechos y de la situación de los tres predios, conviene aclarar que las fincas A y B de los demandados colindan entre sí y están situadas ambas al oeste de la finca de la demandante. La finca B colinda por su lado este con la de la demandante y por su lado oeste con la finca A. La construcción que afecta la servidumbre se ha hecho en la casa radicada en la finca A, pasando por la finca B, que es la que está afecta a la servidumbre, hasta llegar a la colindancia con la demandante, obstruyendo sus huecos y ventanas.

La demandante solicitó un auto de injunction perpetuo por el que se ordenase a los demandados a suspender la obra comenzada y a demoler y remover lo ya construido.

En abril 7 de 1943 la corte inferior dictó sentencia a favor de la demandante en los siguientes términos:

“Los demandados en este caso, a virtud de la escritura pública otorgada ante el notario Aureliano Rivera el día 25 de mayo de 1938, y como dueños del trozo de terreno descrito en dicha escritura, constituyeron y establecieron sobre 'el mismo una servidumbre de luces y vistas en beneficio del predio colindante perteneciente entonces a Juan Francisco Rivera y hoy a la demandante en este caso, ‘consintiendo en su consecuencia expresamente y de modo permanente, que las ventanas y huecos abiertos en la casa enclavada en dicha propiedad, que se han relacionado, continúen abiertos para beneficio de ésta, en la misma forma y manera en que se encuentran en la actualidad.’

“Las ‘ventanas y huecos relacionados’ se hacen constar en el apartado cuarto de la referida escritura y consisten ‘en la planta baja de dicha casa, lado oeste, una ventana de tres pies por cinco, dos tragaluces, una abertura del tamaño de una puerta cerrada con una reja de hierro y un pasamanos de la galería en la parte posterior de dicha casa, y en la planta alta, en el mismo lado oeste, cuatro ventanas de tamaño corriente, o sea tres pies por cinco y una ven-tana de un pie y medio por tres, dando todas dichas ventanas o huecos al trozo de terreno del señor De Choudens, mencionado’.
“De los términos claros de la referida escritura se desprende cla-ramente que por dicho título se adquirió derecho a tener vistas directas y miradores sobre la propiedad colindante de los demandados por lo que de acuerdo con el artículo 521 del Código Civil, no pue-den éstos, como dueños del predio sirviente, edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la medida a tenor del artículo 519 de] mismo Código, desde la línea externa de la pared en los huecos en que no haya voladizos y desde la línea de éstos donde los haya.
“Procede por tanto declarar con lugar la demanda y expedir el Auto de Injunction perpetuo solicitado. ...”

En apoyo de su recurso los demandados se limitan a alegar que la demandante no procedió con la debida diligencia al entablar su recurso de injunction. Esa defensa no fué le-vantada ante la corte inferior y no puede ser considerada ahora por primera vez en apelación. Además, de la evi-dencia resulta que la demandante se quejó tan pronto como tuvo conocimiento de la obra que se proponían realizar los demandados y trató de conseguir por medios amistosos que. desistieran de su propósito, viéndose obligada como último extremo a radicar su demanda de injunction.

La evidencia y la ley justifican la sentencia recurrida, la cual debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Isabel Illanes Velazco, por sí y por su hijo menor Pedro, y Miguel, Sebastián, Francisco y Catalina, estos cinco de apellidos Alcázar Illanes, demandantes y apelantes, v. Américo Oms Sulsona, demandado y apelado.
    Núm. 8814.

    — Sometido: Abril 19, 1944.

      Resuelto: Julio 24, 1944.

      Ismael Soldevila, abogado de los apelantes; Erasto Arjona Siaca, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

The Federal Land Bank of Baltimore era dueño de cierta hipoteca sobre una finca de 104.71 cuerdas perteneciente a Isabel Illanes y a sus hijos Sebastián, Francisco, Pedro, Miguel y Catalina Alcázar. Éstos adeudaban al banco $1,045.32 por concepto de plazos atrasados de la hipoteca. El 9 de abril de 1931 Américo Oms, con el conocimiento de los deu-dores y sin protesta de ellos, pagó al banco la referida can-tidad. Posteriormente la finca de 104.71 cuerdas fué dividida en dos parcelas: una de 52.35 cuerdas que se adjudicó a Isabel Illanes, y la otra de 52.36 cuerdas adjudicada a sus hijos. De su parcela Isabela Illanes segregó un predio de 36 cuerdas que vendió a Alfredo Vega, reteniendo ellá el remanente, pero quedando todas las tres parcelas afectas a la hipoteca del banco por ser indivisible el gravamen.

En abril de 1931 Oms instó el pleito número 5836 ante la corte inferior en cobro de los $1,045.32 que por cuenta de los demandados pagó al banco. Se opusieron los demandados, fué el caso a juicio y dictada sentencia a favor del deman-dante por la indicada cantidad, se le adjudicaron las fincas a cuenta de la sentencia, quedando pendiente de cobro la can-tidad de $45.32 remanente de la sentencia, para satisfacer la cual se expidió una segunda orden de ejecución sobre su-puestos plantíos y arboledas que se dijo existían en las fincas. El 17 de mayo de 1935 Isabel Illanes y sus hijos instaron este pleito contra Oms en la corte inferior, solicitando la nulidad de las actuaciones en el pleito 5836, la reivindicación de las fincas y el cobro de los frutos producidos o debidos producir por las fincas.

Aunque en la demanda virtualmente se alega solamente una. causa de acción, consistente en la alegada nulidad de las actuaciones en el pleito 5836, y como consecuencia de esa nulidad se solicita la reivindicación de las fincas y recobro de los frutos producidos o debidos producir, los demandantes han dividido la demanda en cinco causas de acción, conside-rando como causa de acción separada cada uno de los moti-vos de nulidad que alegan.

Se alega sustancialmente en la demanda que al citarse a Isabel Illanes en el pleito 5836, no se consignó que ella era emplazada en su doble carácter de demandada y de madre con patria potestad sobre los menores Catalina y Pedro Al-cázar. Se alegó además que Oms declaró en el juicio del caso 5836 que Isabel Illanes le debía cierta cantidad garan-tizada con segunda hipoteca sobre las referidas fincas, que ese hecho era falso y que Oms lo deelaró con el solo propósito de obtener sentencia contra ella, y que sin ese* fraude así perpetrado no hubiera obtenido tal sentencia; que Cristino E. Colón, quien fue el abogado de Isabel Illanes y sus hijos en el citado pleito 5836, fué nombrado juez municipal, y no obstante haber cesado como abogado de récord desde la fecha de su nombramiento, a él fue notificada el 23 de mayo de 1932 la sentencia que se dictó en el caso 5836. En los autos del mencionado pleito no existe constancia alguna de la notifica-ción, Si bien aparece una declaración jurada por Tulio Medina al efecto de que notificó personalmente el 30 de junio de 1932 a los demandados, no consta la fecha en que se archi-vara en los autos esa notificación. Continúa alegándose que én el mencionado caso 5836 sólo se practicó un embargo pre-ventivo, pero no se dictó embargo en ejecución, y que el citado embargo preventivo no se notificó a los ahora demandantes Miguel, Sebastián, Pedro y Catalina Alcázar; y que el valor de.los frutos producidos por las fincas desdé que Oms tomó posesión de ellas hasta la radicación de la demanda del pre-sénte pleito no bajan de cuatro mil quinientos dólares.- Ter-mina la demanda con súplica de una sentencia que' declare nula, por cualquiera de los motivos expuestos, la sentencia que contra los demandantes obtuvo Oms en el caso 5836; que se condene a éste a devolverle las fincas a los demandantes, a pagarles cinco mil dólares por concepto de ciertos plantíos y arboledas que alegaron el demandado cosechó y se apro-vechó, con intereses legales desde la fecha en que se apro-vechó de ellos, y cuatro mil quinientos dólares por concepto de frutos producidos o debidos producir, y los que produzcan o deban producir dichas fincas a razón de no menos de mil ochocientos dólares anuales; y por último que se ordene la cancelación de las inscripciones practicadas a favor de Oms en el registro de la propiedad, y que se le impongan el pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

La corte inferior llegó a las siguientes conclusiones de heclio: que en el caso 5836 Isabel Illanes no fué emplazada ei) su carácter de madre con patria potestad sobre los meno-res Pedro y Catalina Alcázar, y que por consiguiente el em-plazamiento en cuanto a ellos es nulo, pero que como el abo-.gado Cristino R. Colón había comparecido en representación de los demandados radicando excepción previa, y al así com-parecer expresó que lo hacía a nombre de los hijos mayores de edad, mencionándolos, y de Isabel Illanes por sí y como madre con patria potestad sobre los menores, el defecto del emplazamiento fué subsanado por haber quedado los menores de ese modo sometidos a la jurisdicción de la corte; que no había sido probada la alegación de los demandantes al efecto de que Oms había declarado en el juicio del caso 5836 que Isabel Illanes le era deudora de una segunda hipoteca; que la sentencia en el caso 5836 fué notificada al que había sido abogado de los demandados, Cristino R. Colón, pero que 'al tiempo de hacerse la notificación el referido abogado había dejado de representarlos, por estar ya ocupando el cargo de juez municipal; que en los autos del referido pleito aparece la notificación de sentencia que diligenciara Tulio Medina, p,ero que no consta en qué fecha quedó archivada en los autos esa notificación; y por último que no se había probado que la finca hubiera producido algo durante el tiempo que la había poseído Oms. La corte inferior dictó sentencia el 26 de enero de 1938 declarando nulas las dos subastas celebradas en el caso 5836, y en su consecuencia ordenó la devolución de las fincas a los ahora demandantes, así como la cancelación de las inscripciones practicadas a favor del demandado en el registro de la propiedad, todo sin especial condenación de-costas. Posteriormente, a moción de los demandantes la corte-modificó su sentencia en el sentido de imponer a Oms el pago-de las costas sin incluir honorarios de abogado.

La sentencia no fué apelada por Oms, y por consiguiente los pronunciamientos de la misma que le perjudican constituyen cuestión definitivamente resuelta y no debemosdiscutirlos en el presente recurso.

A nuestro juicio la sentencia de la corte se ajusta a la ley y a los hechos probados. La evidencia prepouderantemente demostró que las fincas estaban cubiertas de maleza, que habían sido abandonadas por los propios demandantes algún tiempo antes de que Oms estableciera el pleito contra ellos, y que los terrenos eran completamente estériles y no existieron los plantíos y arboledas por los cuales los demandantes reclaman cinco mil dólares.

Procede por lo expuesto la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado SbñoR de Jesús

text:
    Asamblea Municipal de Trujillo Alto, querellante y apelada, v. Luis Cruz Hernández, querellado y apelante.
    Núm. 12.

    — Sometido: Junio 20, 1944.

      Resuelto: Julio 24, 1944.

      Samuel B. Quiñones y F. Vizearrondo Vázquez, abogados del ape-lante ; Cayetano Coll y Cuchí, L. Archilla Laugier y Cayetano Coll Pujol, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado SbñoR de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de abril de 1944 José Rodríguez dirigió una comu-nicación a la Asamblea Municipal de Trujillo Alto imputando-ai alcalde actos delictivos. Convocada la asamblea a sesión extraordinaria para considerar la referida comunicación, se reunió el 1 de mayo de 1944 y aprobó una resolución por la cual hizo suyos los cargos imputados al alcalde, suspendién-dolo de empleo y sueldo. Se acordó continuar la sesión el día 8 de mayo, en cuya fecha se sustanciarían los cargos. El 8 de mayo comparecieron los asesores de la asamblea y el alcalde y sus abogados, acordándose posponer la sesión para el 12 de mayo. Al contestar el alcalde, formuló excepciones previas de insuficiencia de hechos, a la vez que negó todos los cargos imputados.

Durante la vista, se presentó prueba en apoyo de dos de los cargos formulados, pero la asamblea sólo consideró la relacionada con uno de ellos, y al declararlo probado destituyó al alcalde. El cargo que estimó probado la asamblea es el siguiente:

“El Alcalde de Trujillo Alto, P. R, Sr. Luis Cruz Hernández, allá a mediados del año 1942, poco más o menos, conspiró y se con-fabuló eon la Sra. Isabel Díaz de Díaz, simulándose un traspaso del automóvil privado de dicha Isabel Díaz de Díaz a favor del Muni-cipio de Trujillo Alto, sin que hubiera autorización ni negociación autorizada ante el Municipio de Trujillo Alto con la Sra. Isabel Díaz de Díaz, el cual simulado traspaso del referido automóvil al Municipio de Trujillo Alto, se hizo para conseguir raciones de gasolina y neumá-ticos para dicho automóvil, violándose reglas y reglamentos vigentes del Gobierno Federal, que regulan el racionamiento de gasolina y neumáticos, obteniendo de esta manera Isabel Díaz de Díaz para dicho automóvil, que continúa en el uso privado de ella y su familia, las raciones de gasolina que le hubieran correspondido a dicho carro si realmente fuera de Ja propiedad del Municipio de Trujillo Alto. En toda esta maniobra para violar reglas y reglamentos del Gobierno Federal, en cuanto al racionamiento de gasolina y neumáticos para el referido automóvil y en beneficio de Isabel Díaz de Díaz y su familia, ■que continúan utilizando dicho automóvil como un vehículo privado de Isabel Díaz de Díaz y .su familia, el Sr. Luis Cruz Hernández continúa confabulando y conspirando con Isabel Díaz de Díaz."

Recurrió el alcalde para ante este tribunal, alegando (1) que la asamblea actuó sin jurisdicción, (2) que la reso-lución recurrida no está sostenida por la evidencia y es con-traria a la ley, y (3) que la asamblea actuó movida por pa-sión, prejuicio y parcialidad.

Fundamentando el primer error, alega que nunca fué notificado adecuadamente de los cargos, que no hubo convocatoria para su sustanciación y que, a pesar de haber surgido de un ciudadano particular, los cargos no fueron jurados.

Al comparecer el querellado a la sesión de la asamblea para excepcional’ y contestar la querella, y al presentar prueba en su defensa, subsanó cualquier defecto que pudiera haber existido en la citación. Si la asamblea fué convocada para una sesión extraordinaria que' había de celebrarse el 1 de mayo para considerar los cargos, y en esa fecha luego de hacer suyos los cargos, suspende la sesión y se acuerda pos-ponerla para el día 8 siguiente, y ese día vuelve a posponerse a solicitud de las partes para el 12, era innecesaria una nueva convocatoria para que la asamblea pudiese legalmente re-unirse en la fecha últimamente mencionada. No era nece-sario que los cargos adoptados por la asamblea fuesen ju-rados por José Rodríguez, Artículo 29, Ley Municipal.

Para sostener que la resolución recurrida fué con-traria a derecho y a pruebas, el querellado alega que la reso-lución fué aprobada en sesión privada, contrario a lo pres-crito en la Ley Municipal, y que no hubo evidencia para sostener las conclusiones de hecho qué le sirvieron de base.

Un examen de los autos revela que la sesión de la asam-blea durante la cual se ventiló toda la prueba fué pública,, y que la sesión privada que se celebró tuvo por único objeto considerar la prueba presentada y aprobar la resolución de destitución. Al así actuar no incurrió en error la asamblea. Al reunirse en sesión privada para deliberar sobre la prueba presentada y dictar la resolución correspondiente, la asam-blea actúa como lo hace un jurado cuando se retira a deliberar para formular su veredicto. Si bien pudo legalmente resolver el caso en presencia del público, creemos que la forma en que actuó es la más adecuada y está más en armonía con la práctica judicial.

No tenemos duda de que la evidencia presentada sos-tiene la resolución recurrida. La tesorera-directora escolar simuladamente donó un automóvil al municipio, confabulán-dose con el alcalde, quien nunca dió cuenta de la donación a la asamblea. El municipio pagaba la gasolina que usaba el automóvil, a pesar de no existir en presupuesto una par-tida para esa atención, por lo cual se recurría a la de impre-vistos. Sin embargo, las gomas y las reparaciones las pagaba la tesorera de su propio peculio, y el automóvil era guardado en el garaje de ella. En una transacción privada que cele-bró la tesorera sin el consentimiento de la asamblea, dió el automóvil y cien dólares a cambio de otro automóvil. La junta de racionamiento suspendió por dos semanas la cuota de gasolina asignada para el automóvil por haberlo usado la tesorera en actividades políticas. Por último, admitió el alcalde que en ninguna ocasión enteró a la asamblea de las supuestas donaciones al municipio alegadas por la tesorera.

La imputación que a la asamblea hace el querellante al efecto de que actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad, está predicada en que los asesores de la asamblea se convirtieron en partes adversas al querellado; en que la asamblea no consideró los otros cargos formulados, y en qué al declarar probado el primer cargo, tuvo en cuenta ciertos hechos que no formaban parte del mismo. Ninguno de estos fundamentos, de existir, justificaría la conclusión de que la asamblea actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad.

Procede por lo expuesto confirmar la resolución recurrida.