text:
      In re Maribel Rosario Cartagena.

      Número: TS-12347

      Resuelto: 21 de febrero de 2007

      Maribel Rosario Cartagena, pro se.

   per curiam:

La Leda. Maribel Rosario Cartagena fue admitida al ejercicio de la abogacía el 23 de enero de 1998 y al ejercicio del notariado el 21 de mayo de ese mismo año.

Este procedimiento disciplinario tiene su génesis en un informe remitido a este Foro por parte de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), mediante el cual se nos informó de ciertas deficiencias en la obra notarial de la abogada de epígrafe. Veamos los hechos que dan pie al ejercicio de nuestra función disciplinaria.

I

El 28 de septiembre de 2006, la Directora de ODIN, Leda. Carmen H. Carlos (la Directora), sometió ante este Foro un informe referente al estado de la obra notarial de la licenciada Rosario Cartagena. En éste nos informó que dicha abogada incurrió en diversas infracciones a los Arts. 12, 13, 59 y 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico, así como a las Reglas 13 y 72 de su Reglamento. Según se desprende del informe, la abogada ha faltado a su deber de rendir índices mensuales, presentar los informes de la actividad notarial anual y mantener el registro de testimonios al día. Se indica en el informe, además, que al día de hoy la ODIN desconoce el número de testimonios autorizados por la licenciada Rosario Cartagena desde agosto de 2003. Por último, surge del referido informe que, luego de autorizar diversos testimonios, la letrada omitió cancelar los correspondientes sellos de asistencia legal.

El 3 de noviembre de 2006 emitimos una resolución para concederle a la querellada un término de veinte días para expresarse sobre las deficiencias señaladas por la ODIN.

Mediante una "Moción en Cumplimiento de Orden” de 6 de diciembre de 2006, ésta indicó que entendía la gravedad de los señalamientos contenidos en el informe, así como que se habían subsanado algunas de las deficiencias señaladas en el informe que cursara la Directora de ODIN a este Foro. Finalmente, intimó que no se habían podido corregir ciertas deficiencias en los testimonios por ella autorizados, ya que, para corregirlos, los otorgantes debían acudir a los tribunales a dilucidar ciertas controversias referentes a la distribución y el contenido de cierto caudal hereditario. Finalmente, aceptó la comisión de las infracciones señaladas en el informe de la ODIN y se allanó a cualquier sanción disciplinaria que estimáramos procedente.

Mediante Resolución de 22 de diciembre, le concedimos a la querellada un término de veinte días para rendir los índices mensuales ausentes de su obra notarial; rendir los informes anuales correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005; realizar las anotaciones correspondientes en su libro de registro de testimonios, y para que procediera a cancelar los sellos de asistencia legal que no estuviesen debidamente cancelados. Le concedimos el término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida indefinidamente del ejercicio de la notaría. Se le notificó personalmente y se le apercibió de que, de no comparecer, se habría de disponer de este asunto sin más citarle ni oírle. Transcurrido el término concedido, este Foro no ha recibido contestación de la querellada. En virtud de lo anterior, procedemos a resolver.

II

Es obligación ineludible de todo abogado responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal. He-mos determinado que una vez el abogado se aparta de cumplir con las obligaciones y los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en una conducta que acarrea una sanción disciplinaria, ya que lesiona la confianza y la función pública en él depositadas.

La abogada de epígrafe ha incumplido con los requerimientos de este Tribunal para que corrigiera las deficiencias en su obra notarial, así como para que cancelara los sellos de asistencia legal que no estuviesen debidamente cancelados. Tampoco ha cumplido con nuestra orden para mostrar causa por la cual no deba ser suspendida de la práctica de la notaría. Dicha abogada no ha sido diligente en su proceder para así evitar ser separada de ésta.

III

En vista de lo anterior, se decreta la suspensión inmediata e indefinida de Maribel Rosario Cartagena del ejercicio de la notaría.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       4 L.P.R.A. secs. 2023, 2031 y 2094-2095.

       4 L.PR.A. Ap. XXIV.

        In re Moreno Franco, 166 D.P.R. 787 (2006); In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687 (2001).

        In re Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575 (2002).


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

license: Public Domain

text:
    Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, recurrida, v. Carlos A. López Ruiz, peticionario.

      Número: CC-2006-1135

      Resuelto: 21 de febrero de 2007

      Pedro E. Ortiz Álvarez, abogado del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Ala petición de certiorari presentada en este caso, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri ex-pediría y emitió un voto disidente. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Rivera Pérez no intervinieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Reducido a sus hechos esenciales, el caso de autos trata sobre un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) que se había desempeñado durante nueve años en un cargo gerencial regular de esa entidad. El 29 de enero de 2004, ese empleado solicitó una licencia médico-familiar, acompañada de la certificación médica correspondiente, con el propósito de ausentarse de su empleo por algún tiempo, a los fines de dedicarse a cuidar a su señora madre, quien se encontraba gravemente enferma padeciendo de cáncer del seno.

Debido a la urgencia de la enfermedad de su madre, el empleado referido comenzó a ausentarse de su trabajo en la AEE a partir del 4 de febrero de 2004, sin esperar más por la respuesta a la solicitud de licencia aludida antes. Así las cosas, el empleado estuvo ausente de su empleo por espacio de cincuenta y dos días. Al cabo de ese término fue despedido de su cargo por haber incurrido alegadamente en un “abandono del empleo”.

Hoy una mayoría de este Tribunal confirma el despido referido. Ello, a pesar de la clara jurisprudencia de este Tribunal, mediante la cual se ha resuelto que la destitución de un empleado público es un “castigo extremo” que procede únicamente cuando la falta de dicho empleado es de eminente gravedad. En efecto, hemos resuelto que el despido de un empleado público por “abandono del trabajo” se justifica únicamente cuando la ausencia del empleado es “de carácter vicioso” y “sin justificación razonable”. Véanse: Rodrigo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 151 (1973); Lebrón v. Junta de Personal, 100 D.P.R. 164 (1971).

A la luz de la jurisprudencia referida es claro que el empleado en el caso de autos no podía ser destituido de su cargo. No podía imponérsele el castigo en extremo drástico del despido. De ninguna forma puede considerarse que las ausencias del empleado que aquí nos concierne fueron “de carácter vicioso” y “sin justificación razonable”. Por el contrario, dichas ausencias estuvieron motivadas por una razón muy válida y comprensible, que era la grave enfermedad de su madre. A lo anterior hay que añadir, además, que la actuación de la AEE aquí fue probablemente ilegal y que el empleado en cuestión tenía derecho a la licencia solicitada. Ello en virtud de lo dispuesto por el Medical and Family Leave Act, una ley federal aprobada hace algunos años que establece el derecho a una licencia laboral de hasta doce semanas sin paga, para que un empleado pueda atender su propia condición seria de salud o la de su cónyuge, hijos o padres. Véase 29 U.S.C.A. see. 2601 et seq.

Como la mayoría del Tribunal en este caso se aparta arbitrariamente de lo pautado por nuestra propia jurisprudencia y, además, hace caso omiso de lo ordenado por una ley federal, ratificando así lo que es para mí una clara injusticia y un acto ilícito, yo disiento.