author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Cibes et al., Demandantes y Apelantes, v. Santos et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez,en cansa sobre cobro de una cantidad de -dinero. ■
    No. 1164.
    Resuelto en marzo 27, 1915.
    Excepciones Previas — Palta de Capacidad para Demandar — Conclusiones de Derecho — Demanda.—La excepción previa de falta de capacidad legal para demandar, comprendida en el No. 2 del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil, entraña una conclusión legal que ha de derivarse de ciertos hechos, y si tales hechos no resultan de la demanda, el demandado está en el deber de precisarlos, como así lo estatuye el artículo 106 al ordenar que la excepción previa deberá especificar con precisión los motivos en que se funda cualquiera de las impugnaciones hechas a la demanda.
    Id. — Demanda—Contestación a la Demanda — Alegaciones de Hecho.- — Tanto la demanda como la contestación deben contener alegaciones de hecho, ya sean éstas determinantes de una acción, ya de una excepción, para que esos heehos puedan servir de base a la resolución de las cuestiones legales propuestas.
    Id. — Palta de Capacidad Legal para Demandar — Partición de Herencia.- — No sostiene la excepción previa de falta de capacidad legal para demandar, el hecho de que el pagaré en litigio no fué objeto de partición sino expresamente excluido de ella para su distribución futura por ios mismos demandantes, pues ello no afecta a la personalidad de éstos sino a la falta de acción.
    Albaceas — Pacultad de los Albaceas — Cobro de Crédito. — El artículo 876 del Código Civil marca taxativamente las facultades de los albaceas para el caso de que el testador no las hubiere determinado especialmente, no estando comprendidas en esas facultades las de cobrar los créditos pertenecientes al finado.
    Id. — Facultades para Demandar — Sucesión.—La facultad que para demandar so reconozca a los albaceas no coarta en modo alguno el derecho que para hacerlo asiste a los herederos del finado.
    Contadores Partidores — Sus Facultades. — Las funciones de los contadores par-tidores se limitan, como su nombre lo in'dica, a la partición de la herencia.
    Sucesión del Pinado — Capacidad para Demandar. — El hecho de que exista la entidad “Sucesión del finado” no es motivo para negar capacidad para demandar a la viuda e hijos del causante que son precisamente los que le constituyen.
    Administración Judicial — Menores Ausentes. — De acuerdo con el artículo 25 de la ley de procedimientos legales especiales, aprobada en 9 de marzo de 1905, tal como fué enmendada por ley de 8 de marzo de 1906, cuando existe un representante legítimo de los menores ausentes en la jurisdicción del último domicilio de la persona finada, como es la madre, no es necesaria la administración judicial de los bienes del difunto.
    Patria Potestad — Defensor Judicial — Tutor.—El artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil no deroga el 223 del Código Civil, y armonizando los preceptos de ambos códigos, la conclusión es que al padre o a la madre por razón de la patria potestad corresponde la representación de sus hijos menores de edad, y que solamente cuando haya incompatibilidad para ello podrán éstos ser representados por medio de su tutor general o un defensor nombrado por la corte.
    Id. — Incompatibilidad de Intereses. — No procede la aplicación del artículo 230 del Código Civil, en juicio sobre pago de cantidad cuando litiga en coneepto de demandada una madre en nombre propio y en representación de sus hijos menores, porque en este caso no existen intereses opuestos sino comunes.
    Obligación — Mancomunada y Solidaria. — No habiéndose establecido en el pre-sente caso que la obligación que se reclama tenía el carácter de solidaria con arreglo al artículo 1104 del Código Civil, la contienda entablada entre las partes tiene que ser favorable a la demandante en el sentido de que ambos demandados están obligados maneomunadamente al cumplimiento de la obli-gación que se reclama en la demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. José S abater.

    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción ejercitada ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez por Isabel Cibes y Estela a nombre pro-pio y además como madre con patria potestad sobre sus me-nores hijos habidos en su matrimonio con el finado Julián Herencia y G-ozalvo, nombrados Julián, Juan, Rosa, Fernando y Roberto Herencia y Cibes, siendo también deman-dante Isabel Herencia y Cibes por su propio derecho asistida de su esposo Alfredo Lasisse, cuya acción tiene por objeto' gestionar el cobro de un pagaré, su valor $1,500, y obtener-sentencia por la que se condene a los esposos demandados; William J. Santos y Fausta Aponte de Santos a pagar a. los demandantes solidaria y maneomunadamente la expre-sada suma, con intereses legales desde la interposición dé-la demanda, costas, gastos, desembolsos y honorarios del abo-gado de los demandantes.

El pagaré de que se trata inserto en la demanda enmen-dada, tal como fué notificada a la representación de la parte demandada en 29 de diciembre de 1913, dice así:

“Por $1,500. Para el 30 de junio de J.912. Debo y pagaré en virtud del presente y a la orden de Don Julián Herencia la canti-dad de un mil quinientos dollars,, oro americano, valor recibido de dicho señor,' a mi entera satisfacción y contento, la que pagaré el día treintá'de junio de mil novecientos doce y al fiel y exacto cum-plimiento de ésta mi obligación, sujeto y afecto todos mis bienes habidos y, por "haber, los cuales no podré enajenar sin el pago íntegro «de dicha-Cantidad, obligando_en el caso de que mi acree--dor me 'Conceda' alguna prórroga a satisfacer el interés convenido -del_1_'_i___,__po'r ciento_renunciando todas las leyes a _1_favor y la general, en forma, .así como la de non nume-‘xata pecunia,'.prueba y término, el derecho de domicilio, fuero y weeindadi ■ En el caso .de reclamación judicial obligóme a pagar -pesos para gastos y costas incluso honorarios de abogado y me someto a la jurisdicción exclusiva de la corte. Mayagüez, P. B., 3 de junio de 1912. Faiista Aponte de Santos. P. P. ¥m. J. Santos. ¥m. J. Santos.”

Alega la parte demandante en su demanda que en 3 de ,'junio de 1912 el demandado William J. Santos por sí y como .-apoderado de su esposa Fausta Aponte de Santos, la otra demandada,. suscribió y entregó a Julián Herencia y Gozalvo el pagaré de. que se deja hecho mérito por valor de $1,500, a vencer■ en 30 de junio del mismo año; que vencida la obli-gación.los. demandados no la pagaron ni en todo ni en parte, a pesar de haber sido requeridos para ello innumerables ve-ces; que el.tenedor del documento, Don Julián Herencia y Gozalvo falleció en la ciudad de Mayagíiez el 17 de mayo de 1913, bajp testamento, dejando como únicos y universales he-rederos a sus seis hijos legítimos los demandantes, habidos en su matrimonio con Isabel Cibes y Estela, y a ésta en la forma que determina la ley civil; y que los demandantes §on dueñop emcomún y proindiviso del pagaré como herederos testamentarios de Julián Herencia y Gozalvo, teniendo en su poder dicha obligación, la que no ha sido traspasada a per-dona alg-upa.. ..

: .Los • demandados -al contestar la demanda negaron espe-cífica y generalmente, todos y cada uno de los hechos de la misma, y alegaron como defensas adicionales y especiales: lh. Quq ni, ,los demandantes ni ninguno de ellos con excep-ción' de .Isabel,,1Cibes y Estela e Isabel Herencia y Cibes, tie-nen capacidad legal para demandar en el presente caso; 2a. Que ni los demandantes ni ninguno de ellos son dueños del pagaré en que se funda la demanda; y 3a. Que los demanda-dos no lian sido ni fueron jamás notificados de endoso, pre-tensión o adjudicación alguna de dicho pagaré a favor de los demandantes ni de ninguno de éstos ni de otra persona alguna.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 13 de mayo de 1914 por la que se declara que la ley y. los hechos están a favor de los demandados, y en su consecuencia sb deses-tima la demanda enmendada sin especial condenación de cos-tas, dejando a los demandantes en libertad para ejercitar-cualquier otra acción que estimen oportuna y procedente para hacer efectivos los derechos que tengan, cuya senten-cia ha sido apelada para ante esta Corte Suprema por la representación de los demandantes.

Dos son los motivos que invoca la parte apelante en apoyo del recurso, y consisten en los siguientes errores de ley, a saber:

Primero. Que la corte inferior erró al considerar la ale-gación de los demandados sobre la falta de capacidad para demandar en los demandantes y resolver dicha cuestión, por haber sido promovida en forma de excepción previa sin há-berse expuesto los motivos y fundamentos legales de tal ale-gación.

Segundo. Que la corte inferior erró al declarar que los demandantes en su carácter individual de herederos no tienen personalidad para entablar y proseguir este litigio.

Antes de entrar a examinar los motivos del recurso con-viene hagamos constar los fundamentos de hecho y de dere-cho en que el juez funda su sentencia.

El juez estima probadas las alegaciones todas de la de-manda, a saber, el otorgamiento del pagaré en los términos que sii texto revela a la orden de Julián Herencia y Glozalvo, la falta de pago de dicho documento en parte o en todo, y el fallecimiento de Julián Herencia y Gozalvo bajo testamento en el cual designó por sus únicos y universales lierederos a sus hijos los demandantes y a su esposa también deman-dante, en la forma que determina la ley.

También establece el juez como hecho probado que con motivo del fallecimiento de Julián Herencia y G-ozalvo se tramitó un expediente sobre partición de los bienes del mismo, sin que el pagaré de que se trata fuera incluido en el inven-tario ni adjudicado a los interesados en la herencia, pues se dejó en poder de la viuda Isabel Cibes y Estela para que ésta pudiese gestionar su cobro, transarlo o cederlo, obrando en todo con entera libertad, a cuyo fin intentaron confe-rirle cuantas facultades pudiera necesitar; que en dicho ex-pediente figuraron además de la viuda Isabel Cibes y Estela por su propio derecho y como albacea contador-partidor, para cuyo cargo fué designada en el testamento de su difunto esjooso, Isabel Herencia y Cib.es, y José Cibes y Estela como defensor judicialmente nombrado de los menores Herencia y Cibes, de los cuales dos de ellos, Julián y Juan, residían en Alemania al hacerse la partición; que los concurrentes a la partición' descontaron del capital sujeto a distribución entre los herederos un 8 por ciento para cubrir los quebran-tos que pudiera haber en las obligaciones no satisfechas y los gastos que ocasionara el cobro de las mismas; y que las operaciones particionales fueron aprobadas por la corte el día 2 de septiembre de 1913.

Después de establecidas las anteriores conclusiones de hecho, la corte inferior hizo constar que pasaba a conside-rar y resolver el aspecto legal de la cuestión, y lo hizo en la siguiente forma:

“Tal y como ha sido entablada esta acción por los demandantes, la corte entiende en primer lugar que no se ha probado que tengan capacidad legal para ejercitarla, ni que sean dueños del pagaré en cuestión, requisitos estos esenciales para poder ejercitar con éxito la reclamación que consideramos.
“Y encontramos apoyo en este razonamiento en el hecho de que el pagaré en litigio no fué hecho objeto de partición, sino que fué expresamente excluido de ella para su distribución futura por los mismos demandantes. En tal situación, paréeenos que los deman-dantes, en la forma y carácter con que comparecen en este pleito, no tienen personalidad bastante ni derecho para reclamar con éxito el pago que demandan de los demandados.
“Habiendo fallecido el acreedor en el pagaré de referencia, bajo testamento en el cual dejó nombrado un albacea contador partidor, no vemos cómo pueden estos demandantes en su carácter individual de herederos, entablar y proseguir este litigio a nombre de todos y cada uno de ellos personalmente, existiendo como existe en este caso la entidad sucesión del fenecido, única que a nuestro juicio ten-dría probablemente personalidad para ejercitar esta acción. Existe otra circunstancia que también se tiene en. cuenta por la corte para resolver este caso; y es la de si debió o nó ejercitarse esta acción por un administrador judicial nombrado en tiempo y forma, habiendo como hay entre los demandantes menores que al hacerse la partición de referencia residían fuera de Puerto Rico.”

Parece que el juez lia llegado a la conclusión ele que los demandantes no tienen capacidad legal para demandar en el presente caso ni son dueños del pagaré cuyo cobro persi-guen, por los siguientes motivos: (a) porque el pagaré en litigio no fué objeto de la partición sino expresamente ex-cluido de ella para su distribución futura por los mismos demandantes; (b) porque el tenedor del pagaré Julián Heren-cia y Glozalvo dejó nombrado un albacea contador-partidor; (c) porque existe la entidad sucesión del finado, única que a su juicio tendría probablemente personalidad para ejerci-tar la acción;, (d) porque habiendo como hay entre los de-mandantes, menores que al hacerse la partición residían fuera de Puerto Rico, debe tenerse en cuenta para resolver el caso si debió o nó ejercitarse la acción por un adminis-trador judicial nombrado en tiempo y forma.

Los antecedentes expuestos son los que nos han de servir de guía para considerar y decidir si se han cometido o nó en la sentencia los errores apuntados en su alegato por la parte apelante, pues la parte demandada en su contestación a la demanda no nos dice en qué consiste la falta de capa-cidad legal para demandar que como defensa alega en su contestación, en cuya falta de capacidad-legal es que propia-mente descansa la sentencia.

Examinemos el primer error: La parte "demandada, según ya liemos dicho, alegó en su. contestación como defensa adi-cional y especial que ni los demandantes ni ninguno de ellos excepto Isabel Cibes y Estela e Isabel Herencia y Cibes, tienen capacidad legal para demandar en este caso.

Dicha alegación envuelve la excepción comprendida en ól No. 2o. del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil que puede alegarse como previa si resulta del contenido de la misma demanda, y también al contestar la demanda, con arreglo al artículo 108 del mismo Código, estableciendo ade-más el artículo 139 que no queda perjudicada una excepción previa deducida al mismo tiempo que la contestación; pero como la excepción de falta de capacidad legal para demandar entraña una conclusión legal que ha de derivarse de ciertos hechos, si tales hechos no resultan de la demanda, el deman-dado está en el deber de precisarlos y así lo estatuye el artículo 106 al ordenar que la excepción previa deberá espe-cificar con precisión los motivos en que se funda cualquiera de las impugnaciones hechas a la demanda.

Tanto la demanda como la contestación deben contener alegaciones de hecho, ya sean éstas determinantes de una acción, ya de una excepción, para que esos hechos puedan servir de base a la resolución de las cuestiones legales pro-puestas, pues si faltan hechos no cabe decidir cuál sea el derecho aplicable. Eso sucede -en el presente caso, en que por ignorar cuáles son los hechos que determinan la falta ,de capacidad legal de los demandantes, el tribunal carece de base para considerar y resolver la excepción mencionada de falta de capacidad legal de los demandantes. Dicha excep-ción podría desestimarse por no haber sido propuesta en forma.

Pero tomemos como base de discusión las conclusiones de hecho y de derecho establecidas por la corte en su opi-nión, ya que no las alegaciones de hecho de la parte deman-dada por falta de éllo-s, para discutir en el fondo la except ción de falta de capacidad legal para demandar,, y- exami-. nemos el segundo motivo del recurso.

Ya hemos dejado expuestas y marcadas con las letras' a, b, c, d, las razones que tuvo el juez para estimar que los demandantes no tienen capacidad legal para demandar ni son dueños del pagaré.

La razón marcada con la letra a de que el pagaré en liti-gio no fué objeto de partición sino expresamente excluido de ella, para su distribución futura por los mismos' deman-dantes no sostiene dicha excepción, pues no afecta a la per-sonalidad de los demandantes sino a la falta de acción. En cuanto a ésta, lejos de destruirla, la favorece, pues si el pa-garé en litigio no fué adjudicado 'a ninguno, de los miembros componentes de la Sucesión' de Julián Herencia,' ninguno dé ellos en particular adquirió la propiedad del mismo sino que quedó perteneciendo a dicha sucesión en común y proindi-viso, y por tanto esa sucesión tiene derecho a reclamar su cobro mediante lá correspondiente acción.

El artículo 876 del Código Civil marca taxativamente las facultades de los albaceas para el caso de que el testador no las hubiere determinado especialmente, no estando compren-dida entre esas facultades la de cobrar los créditos perte-necientes al finado; y aunque el artículo 53 del Código de Enjuiciamiento Civil establece que un albacea, administrador o comisario (trustee) por comisión expresa, o una persona especialmente autorizada por la ley puede demandar sin el concurso de las personas en cuyo beneficio se ejercita la ac-ción, parécenos que ese precepto procesal debe armonizarse con los de derecho sustantivo que respecto de los albaceas contiene el Código Civil, o sea en el sentido de no ser necer sario el concurso de las personas en cuyo beneficio se ejer-cita la acción, cuando el albacea obra dentro de sus facul-tades legales.

De todos modos, la facultad que para demandar se rec'o-nozca a los albaceas no coartará el derecho que para hacerlo asiste a los herederos del finado.

Las funciones de los contadores-partidores se limitan, como sn nombre indica, a la partición de la herencia.

Ciertamente que en las operaciones divisorias del caudal relicto al fallecimiento de Julián Herencia aparece entre otros créditos por cobrar el pagaré motivo de la presente acción, habiendo convenido los interesados en que no se hi-ciera adjudicación de dichos créditos “sino que quedasen en poder de la viuda para que ésta pudiese gestionar el cobro, invistiéndola de plenas facultades para cobrarlos, entablar y ejercitar todas las acciones que estime convenientes para obtener el cobro, transándolos o cediéndolos, y obrando en todo con entera libertad, pues al efecto le conceden cuantas facultades pueda necesitar, y si lograse realizar el cobro, el producto que se obtenga será dividido en la misma forma y proporción en que se ha repartido el capital inventariado. ’ ’

Las facultades transcritas constituyen a favor de la viuda de Herencia un apoderamiento o mandato para el cobro de los créditos a que se refiere, pero ella no ha querido ejer-citar ese poder, y no vemos por tanto dificultad alguna para que todos los interesados en la herencia hayan podido ges-tionar el cobro, como lo han hecho por latvia judicial.

La viuda e hijos de Herencia, por muerte de éste, que-daron dueños del crédito de que se trata y si pueden cobrarlo por medio de mandatario con mayor razón pueden cobrarlo personalmente.

La razón marca.da con la letra c, o sea el hecho de que exista la entidad Sucesión del finado” tampoco es motivo para negar capacidad para demandar a la viuda e hijos de Herencia, pues precisamente ellos son los que constituyen esa sucesión, la que ha tenido que determinarse en la de-manda por medio de la expresión individual de sus compo-nentes con el fin de que la acción pudiera ser viable.

Tampoco puede afirmarse, y es la razón marcada con la letra d, que la acción ha debido ser ejercitada por un admi-nistrador. judicial nombrado en tiempo y forma, por haber entre los demandantes menores que al hacerse la partición residían fuera de Puerto Pico.

La Ley de Procedimientos Legales Especiales aprobada en marzo 9, 1905, tal como fné enmendada por la de 8 de marzo.de 1906, establece en su artículo 25 que cuando todos o algunos de los herederos estén ausentes y no tengan repre-sentante legítimo en la jurisdicción del último domicilio de la persona finada o lugar donde radiquen sus bienes, o cuando un heredero o legatario sea menor o esté incapacitado y no esté representado por su padre o madre o por un’tutor que haya prestado fianza con arreglo a la ley, será necesaria la administración judicial de los bienes del testador.

Los menores hijos de Herencia, ausentes o presentes, te-nían un representante legítimo en la persona de su madre y no era por tanto necesaria la administración judicial de los bienes del difunto.

Habiéndose alegado la falta de capacidad para deman-dar, sin expresión de hechos que la determinen, esa falta de capacidad, si habría de derivarse de la misma demanda, podría entenderse en el sentido de que la madre no podía representar a sus hijos menores de edad. Examinemos la excepción bajo ese aspecto. En busca de alguna razón legal que pueda apoyarla, hemos encontrado el artículo 56 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil que dice así:

“Artículo 56. — Cuando un menor, demente o persona incapaci-tada es parte en un litigio deberá comparecer bien por medio de su tutor general o de un defensor nombrado por la corte que entienda en el asunto en cada caso o por el juez de la misma * *

Ese artículo no deroga el 223 del Código Civil que entro otros particulares dispone que el padre y la madre tienen Respecto de sus hijos no emancipados el deber de represen-tarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redun-dar en su provecho, y armonizando los preceptos de ambos Códigos podemos llegar a la conclusión de que al padre o a la madre por razón de la-patria potestad corresponde la representación de sus hijos menores de edad, y que" sola-mente cuando haya incompatibilidad para ello podrán éstos ser representados por medio de su tutor general o un defen-sor nombrado por la corte.

En el presente caso no hay-incompatibilidad de intere-ses entre la viuda y sus hijos demandantes. El Tribunal Supremo de España en sentencia de 17 de junio de 1903 esta-blece que nó procede la aplicación del artículo 165 del Código Civil Español (230 de Puérto Rico) en juicio sobre pago de cantidad cuando litiga' en concepto de demandada una madre en nombre propio y en representación de sus hijos menores, porque en este caso no existen intereses opuestos sino comunes. Jurisprudencia Civil, tomo 95, página 951. Aceptamos esa doctrina y la encontramos aplicable al pre-sente caso.

La excepción de falta de capacidad para demandar no fue propuesta en forma y por ese fundamento pudo ser deses-timada; pero aun discutiéndola en su fondo, como la hemos discutido, es improcedente.

Siendo ello, así, la solución que ha de darse a la judicial contienda entablada entre ambas partes tiene que ser favorable a la demandante en el sentido de que ambos demanda-dos están obligados al cumplimiento de la obligación que se reclama en la demanda pero hó solidariamente como se pre-tende, sino mancomunadamente con arreglo al artículo 1104 del Código Civil, que dice así:

“Artículo 1104. — La concurrencia de dos o más acreedores o de do^ o más deudores en una sola obligación, no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la • obligación expresamente lo determine, constituyén-dose con el carácter de solidaria.”

La solidaridad no se ha establecido en el presente caso.

Julián Herencia era dueño legítimo del pagaré'cuya auten-ticidad es forzoso admitir por no haber sido 'impugnada clebi-damente en la forma que previene el artículo 121 del Código de Enjuiciamiento Civil; y habiendo fallecido Herencia sin que la obligación se hubiera extinguido total o parcialmente, la sucesión del mismo constituida por los demandantes adqui-rió el derecho a cobrarla. No fue adjudicado el crédito a alguno de los herederos sino que por convenio entre todos ellos quedó en común y proindiviso, con facultades a la viuda para cobrarlo, lo cual no es óbice'para que la misma viuda y los hijos de Herencia hayan podido ejercitar como han ejercitado la acción de cobro.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada, declarando con lugar la demanda y condenando a los demandados a pagar mancomunadamente a los deman-dantes la suma de $1,500, montante del pagaré, con intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda, cos-tas y desembolsos del juicio y honorarios del abogado de la parte demandante.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, deh Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNte Sr, Hernández,

license: Public Domain

text:
    Delannoy, Demandante y Apelado, v. Blondet, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., contra resolución denegando un nuevo juicio en causa sobre filiación.
    No. 1057.
    Resuelto en marzo 31, 1915.
    Nuevo Juicio — Descubrimiento de Nuevas Pruebas — Discreción Judicial. — La concesión de nuevos juicios con motivo del descubrimiento de nuevas prue-bas ha sido siempre una cuestión que depende de la sana discreción del tribunal sentenciador y su resolución generalmente no será modificada a no ser que se demuestre que ha habido abuso de dicha discreción.

      Id. — Requisitos para un Nuevo Juicio. — -Pava que uua parte tenga derecho a un nuevo juicio P01' el fundamento de haber descubierto nuevas prue-bas, debe aparecer:' (1) que la prueba y no meramente su materialidad, se ha descubierto nuevamente; (2) que la prueba no es meramente eimiu-lativa; (3) que sea»de tal clase que produzca un resultado distinto en el nuevo juicio del caso; (4) que la parte no pudo, no obstante la razonable diligencia ejercitada, descubrirla y producirla en el juicio, y (5) que estos hechos se muestren por medio de la mejor prueba que pueda presentarse.
    Prueba Contradictoria — Su Apreciación — Nuevo Juicio — Discreción Judicial. — Cuando hay conflicto de evidencia, a la corte inferior incumbe dirimirlo: y si los testigos incurrieren en contradicciones, también a la misma corte incumbe apreciar el valor probatorio de sus declaraciones, sin que a la corte de apelación le sea permitido ir contra la apreciación hecha por la corte inferior al resolver una pretensión de nuevo juicio.
    Demanda — Alegaciones Juradas no Impugnadas' — Contestación a la De-manda. — Cuando una alegación jurada en la demanda no se niega específi-camente ni es impugnada en la contestación, debe tenerse por cierta para los efectos de la acción.
    Hijos Naturales — Impedimento de los Padres para Contraer Matrimonio— Palta de Prueba. — Aunque no hubiera habido prueba alguna acerca de la capacidad de los padres para contraer matrimonio en la fecha de la con-cepción y del nacimiento del hijo, cuando existe alegación jurada en la demanda de que no había impedimento alguno entre ellos, y esto no es negado - específicamente ni impugnado en la contestación, es de sostenerse esa caqiacidad.
    Id. — Definición—Ley XI de Toro — Reconocimiento por Parte del Padre. — De acuerdo eon la Ley XI de Toro, son hijos naturales los nacidos de padres que al tiempo de la concepción y del nacimiento podían casarse justamente y sin dispensación con tal que el padre los haya reconocido; siendo nece-sario, según dicha ley, que exista el reconocimiento por parte del padre para que pueda ser obligado a ejecutarlo.
    Litis Pendencia — Contestación a la Alegación de Litis Pendencia — Desis-timiento de la Apelación. — Es -una buena contestación a la alegación de litis pendencia de una acción anterior por la misma causa, el hecho de ha-berse desistido de la primera, ya sea-el desistimiento anterior o posterior a la presentación de la alegación, siempre que el desistimiento se haga antes de celebrarse el segundo juicio.
    I-Iijos Naturales — Ley XI de Toro — Incongruencia Entre la Demanda y la Sentencia. — Si bien en la demanda en éste caso sólo se pide que se declare al demandante hijo natural del demandado, mientras que en la sentencia se declara que el demandante es hijo natural reconocido del demandado, no existe por ello incongruencia entre la demanda y la sentencia, pues la decla-ración de hijo natural no puede hacerse sin la existencia de actos demos-trativos del reconocimiento, según la definición que da la Ley XI de Toro.
    Pruebas — Prueba Oral del Contenido de un Escrito. — No puede admitirse prueba oral del contenido de un escrito sin antes comprobar su pérdida y su identidad.
    Testigos — Pruebas Sobre el Contenido de un Escrito — Excepciones.—No es sostenible la excepción a la declaración de un testigo sobre el contenido de im escrito que se ha extraviado, cuando ya éste es conocido de ]a corte por la declaración de otro testigo prestada sin objeción alguna.
    Hijos Naturales — Actos Directos de la Familia — Posesión Continua de Estado de Hijo Natural — Doctrina del Tribunal Supremo de España. — • En el presente caso declaró un testigo acerca de manifestaciones que le hi-ciera una tía del padre demandado respecto a la manutención del hijo deman-dante, y se resolvió: que esa declaración era pertinente al juicio como tendente a demostrar el concepto de hijo natural pn que la tía tenía al demandante; y que su admisión no infringe la doctrina del Tribunal Supremo de España en su sentencia de 17 de julio de 1905 cuando establece que los actos direc-tos de la familia, a que se refiere el artículo 135 del Código Civil Español, son aquellos que tienden a demostrar la posesión continua de estado de hijo natural en que se ha hallado el que pretende el reconocimiento, pero no los que haya podido realizar alguno de los parientes con relación al pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Herminio Días.

    El apelado no compareció.
   El Juez PeesideNte Sr, Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 9 de diciembre de 1911 Luis Delannoy presentó demanda ante la Corte dé Distrito de San Juan, Sección Ia., contra Carlos H. Blondet, basada en las siguientes alega-ciones :

Primera. Que demandante y demandado son mayores de edad, el primero con residencia en la ciudad de Gruayama y el segundo en el pueblo de Bío Piedras.

Segunda. Que nació en Guayama el 5 de agosto de 1889, siendo su padre natural el demandado Carlos Blondet, y su madre Carmen Delannoy, conocida generalmente por María Teresa Delannoy.

Tercera. Que tanto al tiempo de su nacimiento como al de su concepción, Carlos Blondet y Carmen Delannoy vivían en publico y notorio concubinato, y ambos eran solteros, libres y seglares, sin parentesco alguno entre ellos de con-sanguinidad ni afinidad, ni impedimento de crimen o voto.

Cuarta. Que durante los primeros años de la infancia del demandante, Carlos Blondet le suministraba todo lo necesa-rio para su subsistencia y la de su madre.

Quinta.-Q,ue el demandado en frecuentes ocasiones pú-blica y privadamente ha tratado al demandante domo hijo, llamándolo así y presentándolo y teniéndolo como tal.

Sexta. Que el demandante ha gozado constantemente del estado de hijo natural del demandado Carlos Blondet, quien ofreció a su madre en distintas fechas y en diversas ocasio-nes reconocerlo como su hijo natural por los medios legales, no habiendo cumplido su ofrecimiento.

La demanda concluye con la súplica de que se declare por sentencia que el demandante es hijo natural del deman-dado Carlos Blondet con todos los derechos que el Código Civil reconoce a los hijos naturales, y costas del pleito a cargo del demandado .

A la anterior demanda opuso el demandado la excepción previa de que aquella no aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción; y desestimada dicha excepción por orden de 13 de febrero de 1912, el demandado la- con-testó negando las alegaciones esenciales de la misma y en-mendándola luego con otra alegación, consistente en que existe otra acción pendiente entre las mismas partes sobre el mismo objeto por virtud de demanda radicada ante la Corte de Distrito de Gruayama y trasladada a la Corte de Distrito de San Juan.

Celebrado el juicio, en el que ambas partes propusieron las pruebas que estimaron conducentes a sus respectivas de-fensas, la corte inferior bajo el epígrafe de “Findings” de-claró probado:

“Que el demandante Luis Delannoy nació en G-uayama allá por el mes de agosto de 1889, siendo sus padres naturales el demandado Carlos H. Blondet y Carmen Delannoy.
“Que tanto al tiempo del nacimiento como al de la concepción del demandante, Carlos Blondet y Carmen Delannoy eran solteros, no existiendo en ambas" fechas ningún impedimento legal para que hubiesen podido contraer matrimonio.
“Que el demandante Luis Delannoy es hijo reconocido del deman-dado Carlos Blondet de acuerdo con la ley en vigor en la fecha de su nacimiento.
“Que el día 8 de mayo de 1912, cuando se inició la vista de esta causa, no existía ninguna acción pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, pues el pleito 4787 radicado en la Corte de Distrito de Guayama y trasladado a esta Corte de Distrito de San Juan, fue sobreseído por esta corte a petición del demandante el día 7 de mayo de 1912.”

Bajo esas conclusiones la expresada corte de San Juan dictó sentencia en 29 de Mayo de 1912, por la que declara con lugar la demanda y en su consecuencia que el deman-dante Luis Delannoy es hijo natural reconocido del deman-dado Carlos H. Blondet, condenando a éste a tener al de-mandante por tal hijo, con derecho a llevar su apellido y los demás inherentes a tal condición, y al pago de las costas y gastos que se justifiquen.

En 4 de junio siguiente el demandado notificó al deman-dante su propósito de solicitar un nuevo juicio, a cuyo fin presentaría oportunamente una moción fundada en los si-guientes motivos:

(а) En el descubrimiento de nueva evidencia, esencial, cuya existencia ignoraba con anterioridad al juicio cele-brado, y ha venido a descubrir después de su celebración, a pesar de haber empleado una razonable diligencia en des-cubrir toda la pertinente al caso.

(б) En que la evidencia del demandante no es suficiente para sostener los findings of facts en que dicho fallo se funda.

(c) En que la corte cometió errores de derecho' durante el juicio, habiendo sido tales errores debidamente excepcio-nados.

La expresada moción sería acompañada de affidavits y se basaría además en las minutas de la corte, en el récord taquigráfico y' en un bill de excepciones y exposición del caso.

La moción de nuevo juicio fué presentada en 9 de agosto de 1912 y en ella alega el demandado que según el pliego de exposición del caso y de excepciones ya archivado para su aprobación, se habían cometido en la sentencia los errores de hecho y de derecho qne en el pliego se determinan y hacen qne la sentencia final sea contraria a la, ley, siendo los erro-res de derecho los signientes:

Primero. Qne la sentencia es incongruente con la única acción qne en la demanda se ejercita, habiéndose infringido con ella la Regia 4a. y el artículo 131 del Código Civil Espa-ñol, en relación con el artículo 135 del mismo código, y la doctrina sentada en el caso de Amsterdam v. Puente, 16 D. P. R., 554, pues en la demanda sólo se pide que se declare al demandante hijo natural del demandado Carlos II. Blon-det, con todos los derechos que el Código Civil otorga a los hijos naturales, mientras que en la sentencia se declara que el demandante es hijo natural reconocido de Carlos H. Blondet.

Segundo. Que se ha infringido el principio adore non probante reus est absolvendus, comprendido en la regla de evidencia que al actor le corresponde la prueba de sus ale-gaciones negadas en la contestación a la demanda o que estén en issue, pues el actor en el presente caso no ha pro-bado ni la fecha de su nacimiento, ni su filiación paterna y materna, ni la posesión de estado por actos directos repe-tidos y constantes de Blondet o de su familia directa, ni que su padre lo haya reconocido en cualquiera de las tres únicas formas en que puede hacerse el reconocimiento de un hijo.

Tercero. Que también se ha infringido el principio de que no puede admitirse prueba oral del contenido de un escrito 'sin antes comprobar su pérdida y su identidad, cuyo prin-cipio ha sido infringido al admitir como prueba una supuesta carta de Blondet a la madre del demandante.

Cuarto. Infracción del principio establecido por la juris-prudencia española de que' no los actos de un pariente cual-quiera del presunto padre, sino los de éste o de su familia directa, son los que pueden demostrar la posesión de estado, cuyo principio infringió la corte inferior admitiendo coum base para la demostración, de posesión de estado, actos rea-lizados por una tía del demandado Blondet.

Quinto. Infracción del principio de procedimiento de que no puede dividirse la continencia de una causa, siguiéndose a la vez dos pleitos entre las mismas partes y sobre la misma cuestión.

Alega además el demandado en su moción solicitando nuevo juicio, que según aparece del pliego de excepciones y exposición del caso la sentencia dictada por la-corte es con-traria a la evidencia por las razones que en el pliego se consignan más ampliamente, el cual se hace parte de la mo-ción

Y concluye alegando que según puede verse en los affidavits que se acompañan, el demandado ha descubierto nue-vas pruebas esenciales para su defensa, no cumulativas .ni tendentes a impugnar evidencia que haya sido introducida, ya en forma documental o en forma oral, no habiéndole sido.' antes ni durante la celebración del juicio conocida esa nueva evidencia, a pesar de haber empleado la debida diligencia para conseguirla.

La moción de nuevo juicio que había de basarse en affidavits, ' en las minutas de la corte, en el récord taquigráfico y en un pliego de exposición del caso y excepciones, vino a quedar basada únicamente en affidavits y en un pliego de exposición del caso y excepciones; y fué declarada sin lugar por orden de 16 de septiembre de 1913, contra la cual inter-puso la parte demandada recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Examinemos los fundamentos en que se basa la preten-sión de nuevo juicio, empezando por el primero de ellos que es el comprendido en el número 3o. del artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil, a saber: “Descubrimiento de* nue-vas pruebas que sean importantes para la parte solicitante, las cuales, a pesar de razonables diligencias no pudo des-cubrir y presentar en el juicio.”

■ Al resolver el caso de Collazo v. The Juncos Central Co., 16 D. P. R., 142 y 143, dijo esta corte:

“La concesión de nuevos juicios con motivo del descubrimiento 'dé nuevas pruebas ha sido siempre una, cuestión que depende de la sana discreción 'del tribunal sentenciador, y la resolución de dicho tribunal dictada en tales mociones, generalmente no será modificada a no ser que se muestre que ha habido abuso de dicha discreción. Spottiswood v. Weir, 80 Cal., 448. Véase también a Hayne sobre Nuevo juicio y apelación, artículo 87, citado en el tomo 73 de California, ’ página 248. Al resolver tales mociones se rigen las cortes tpor reglas bien establecidas, las que han sido comprendidas por JHayne en el artículo 88, como sigue:
“ ‘Para que una parte tenga derecho a un nuevo juicio por el fundamento de haber descubierto nuevas pruebas, debe aparecer: 1. Que la prueba y no meramente su materialidad se ha descubierto nuevamente; 2. Que la prueba no es meramente eumulativa; 3. Que sea de tal clase que produzca un resultado distinto' en el nuevo juicio del caso; 4. Que la parte' no pudo, no- obstante la razonable .diligencia ejercitada, descubrirla y producirla en el juicio; y 5. Que estos hechos se muestren por medio de la mejor prueba que pueda presentarse.’ (1 Hayne sobre Nuevo Juicio y Apelación, art. 88.) People v. Sutton, 73 Cal., 247.
“Esta doctrina se sienta también en las siguientes decisiones del 'mismo ilustrado tribunal, a saber: Russell v. Dennison, 45 Cal., 337; Jones v. Jones, 38 Cal., 584; Arnold v. Skaggs, 35 Cal., 684; Leirisky v. Johnson, 35 Cal., 41; Baker v. Joseph, 16 Cal., 174.”
“También puede citarse un caso de Texas en apoyo de la regla establecida por Hayne, a saber: Sabine y E. T. Ry. Co. v. Wood, 69 Tex., 682. Pudieran citarse otros muchos casos, tanto civiles como criminales, que muestran que estas reglas son casi, sino total-mente universales.”

En el caso de Fajardo et al. v. Tió, 17 D. P. R., 342, nos expresamos -así:

“En cuanto a las pruebas nuevamente descubiertas, la ley está ciara en cuanto a que deben ser, en primer lugar, importantes para el peticionario, y, en segundo lugar, deben ser, no solamente prue-bas nuevamente descubiertas, sino que también deben ser tales que a pesar de diligencias razonables no pudieron descubrirse y presen-tarse en el: juicio. ’ ’ Artículo ‘ 221 del ’ Código de Enjuiciamiento Civil, Leyes de P. R., 1904, p. 229.; El Pueblo v. Goitia, 5 D. P. R., 246; Silva v. Salamanca et al., 14 D. P. R., 543, y casos citados.
“Los hechos en cuanto a la importancia de las pruebas y a que son nuevamente descubiertas y que no pudieron descubrirse y pre-sentarse en el juicio a pesar de diligencias razonables y que. real-mente el peticionario practicó tales diligencias, deben ser todos ex-puestos en la moción solicitando nuevo juicio, y también deben pro-barse mediante declaraciones juradas o de otro» modo, a satisfacción de la corte, la que posee una discreción amplia para conceder o dene-gar nuevos juicios por este fundamento.” Viso v. Porto Rico Sugar Company, 16 D. P. R., 788; 37 American Digest Century, columnas 1113 et seq.
“Después de todo, la principal cuestión aquí resuelta versa sobre si la corte de distrito cometió 'o nó abuso alguno de discreción al negar el nuevo juicio por este fundamento, pues tal abuso debe pro-barse para sostener una apelación con tal motivo.” Crystal Lake Ice Co. v. McAuley, 75 Cal., 632; Harrison v. S. St. Ry. Co., 116 Cal., 161; Spottiswood v. Weir, 80 Cal., 448; Hall v. Jensen, 14 Idaho, 170.
“Y claramente que una moción solicitando un nuevo juicio, basada en pruebas nuevamente descubiertas, se dirige en gran medida a la discreción de la corte sentenciadora, que no ha mucho ha oído las declaraciones sobre el caso, de los labios de los testigos mismos y que puede determinar si las pruebas que el peticionario desea que sean apreciadas cambiarían o nó, de ser admitidas, el resultado del juicio anterior, o serían causa de que se dictara una sentencia dife-rente. De obtenerse el mismo resultado en un nuevo juicio, teniendo la corte a la vista las pruebas nuevamente descubiertas, sería un procedimiento infructuoso e inútil conceder un nuevo juicio y vol-ver a examinar el caso para satisfacer un capricho o antojo de la parte que perdiera en la primera contienda judicial.” Byrne v. Reed, 75 Cal., 282.
“Como no se haya cometido una injusticia manifiesta al dene-gar el nuevo juicio, el tribunal de apelación no habrá de anular lá discreción que aparentemente ha sido debidamente ejercitada al dene-gar el nuevo juicio. (Véanse Silva v. Salamanca et al., resuelto por este tribunal el 12 de junio de-1908, y Viso v. P. R. Sugar Co., tam-bién resuelto por este tribunal el 15 de diciembre 1910, y los nume-rosos casos citados en esas opiniones.)”

Los affidavits presentados por el demandado para pedir la celebración de nuevo juicio por el fundamento de haber descubierto nuevas pruebas, tienden a demostrar: (a) Que por el tiempo del nacimiento de Luis Delannoy, en la casa de la abuela de éste se celebraban con frecuencia por la noclie fiestas a las que concurría participando de ellas, no sola-mente la madre del demandante sino tambiéfi otras señori-tas hermanas de ella; (b) que dos de las hermanas de la madre del demandante tuvieron hijos en la propia casa donde vivían, con la madre del demandante; (c) que el padre del niño que tuvo una de las hermanas de la madre del deman-dante, cuyo niño murió, fué un primo del demandado llamado Lili Blondet y Delannoy; (d) que la propia madre del deman-dante María Teresa Delannoy, antes de ser madre o por los días en que lo fué no tuvo otro no vio. que un chico llamado Juan Díaz a quien se le tiene y se le ha tenido siempre en Guayama por padre del demandante; (e) que la misma Ma-ría Teresa Delannoy antes de casarse con su actual esposo vivió mucho tiempo en concubinato con éste; (/) que por los año's de 1889 al 1895 en que el demandado vivió en la finca “Julia” radicada entre las jurisdicciones de Guayama y Salinas, se inició en la Logia “Legalidad” y sólo iba a ella cuando se celebraban Tenidas, y siempre de noche; (g) que al deman-dado no se le han conocido en Guayama otros hijos que los habidos en su legítimo matrimonio; (h) que el demandante nunca ha sido tenido como hijo del demandado, ni por éste ni por su familia ascendente o descendente.

Ni en el escrito de notificación de propósito de solicitar un nuevo juicio, ni en la moción de nuevo juicio expresa el demandado-apelante los actos y diligencias' que ejecutó para descubrir y presentar la nueva prueba, ni tampoco alega que admitida y practicada esa prueba había de cambiar el resultado del juicio. La nueva prueba tiende a desvirtuar la ya practicada en el juicio por la parte demandante, habiendo tenido el demandado oportunidad para conseguir ese propó-sito al practicar la suya, pues en el juicio se practicó prueba para justificar que María Teresa Delannoy por el tiempo en que nació el demandante no había tenido relaciones amo-rosas con otros liombres que con el demandado Carlos Ií. Blondet, que éste pagó a la comadrona los servicios que le prestó en su parto, que trató al demandante como liijo, y también pagó gastos de su educación.

Si fué el demandado negligente en la defensa de sus dere-chos cúlpese a sí mismo y no venga tardíamente a mostrar una actividad que en tiempo oportuno pudo desplegar.

La corte inferior procedió con arreglo a ley y a la juris-prudencia ya establecida por esta corte al denegar la moción de nuevo juicio por descubrimiento de nuevas pruebas. No se lia demostrado que hubiera de su parte abuso de discre-ción.

El segundo motivo alegado para la celebración del nuevo juicio tal como se consigna en la notificación de intención de solicitar un nuevo juicio, consiste en que “La evidencia del demandante no es suficiente para sostener los findings of facts en que el fallo se funda, ’ ’ mientras que en la moción de nuevo juicio ese mismo motivo se hace consistir en que “según aparece del pliego de excepciones y exposición del caso, la sentencia dictada por la Corte es contraria a la evi-dencia y a la ley por las razones que en dicho pliego de excep-ciones se consignan más ampliamente y se-hacen parte de dicha moción.”

El artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil ex-presa las causas que pueden dar lugar a la concesión de un nuevo juicio, y entre ellas encontramos marcada con el mi-mero 5, la de insuficiencia de la prueba para justificar la sentencia o decisión o que ésta fuera contraria a la ley, siendo esa la causa invocada por el demandado, por más que no se haya ajustado en su expresión a las palabras de. la ley, que es la mejor práctica.

Acerca de dicha causa establece el último párrafo del segundo apartado del número 3 del artículo 223 que “cuando en la notificación de la moción se consignare como funda-mento de ella la insuficiencia de las pruebas para justifi-car la sentencia u otra decisión, la exposición especificará los particulares en que se alegare consistir la insuficien-cia ele la prueba.”

Hemos examinado el escrito de exposición del caso y pliego de excepciones que ha servido de base a la parte ape-lante para solicitar un nuevo juicio por el motivo que esta-mos consicler&ndo y a su final aparece una especificación de errores de hecho y de derecho que el demandado afirma ha-berse cometido durante la celebración del juicio y con la sentencia.

Los errores de-hecho alegados son los siguientes:

1. Declarar probado que el demandante Luis Delannoy nació en agosto de 1889 y que es hijo natural del dem'andado Carlos Blondet y Carmen Delannoy.

2. Declarar probado que tanto al tiempo del nacimiento como al tiempo de la concepción del demandante Carlos Ií. Blondet y Carmen Delannoy eran solteros y que no existía en ambas fechas ningún impedimento legal para que hubie-sen podido contraer matrimonio.

3. Declarar probado que el demandante es hijo recono-cido por Carlos Blondet, de acuerdo con la ley en vigor en la fecha del nacimiento.

4. Declarar probado que el día 8 de mayo cuando comenzó la vista del pleito no existía ninguna acción pendiente entro las partes sobre el mismo objeto.

Los errores de derecho consignados por la parte deman-dada en el escrito de exposición del caso son los mismos que relacionó en la moción solicitando el nuevo juicio y que ya dejamos consignados al ocupamos de dicha moción.

Estimando alegados para mostrar la insuficiencia de la prueba los errores de hecho que con ese nombre enumera la parte apelante, pues a tal fin conducen, por más que el demandado afirma haberse cometido durante el juicio y con la sentencia, pasemos a examinarlo^ por el mismo orden en que han sido expuestos.

Fúndase el primer error en que no hay más prueba de la fecha del nacimiento de Luis Delannoy que la partida ele bautismo presentada por el actor, cuya partida fné admi-tida por la corte, no para evidenciar el día de sn nacimiento, sino solamente el liecho del' bautismo y la fecha en que tuvo lugar; en que el peso de la prueba traída al juicio pára de-mostrar la maternidad natural de Carmen Delannoy está en favor de la negativa, pues en la partida de bautismo apa-rece como' madre del demandante María Teresa Delannoy sin que se exprese que ésta fuera conocida o se le designara comúnmente con el nombre de Carmen Delannoy; y en que el peso de la prueba introducida por el actor en cuanto a la simple paternidad de Carlos Blondet, está también en favor de una negativa.

La conclusión a que llegó el juez sentenciador al estimar que el demandante nació en agosto de 1889, se sostiene por las declaraciones de María Teresa Delannoy, según la cual el demandante tendría 14 meses cuando se bautizó, y de José Alonso, el cual afirma que al ser bautizado tendría de doce a catorce meses de edad, examinando esas declaraciones en relación con la partida de bautismo del demandante, el cual, según dicho documento, fué bautizado en. 6 de noviembre de 1890. Además, de haberse cometido error en la expre-sión de la fecha del nacimiento del demandante, hubiera sido de tan escasa importancia que no hubiera influido en el resul-tado del juicio.' •

En la partida de bautismo del demandante aparece éste como hijo natural de María Teresa Delannoy, sin que se ex-prese que se la conoce con el nombre de Carmen Delannoy; pero los testigos Nicolás Alonso, Jqsé del mismo apellido, y Tomás Yanks, la designan con ambos nombres y no puede por tanto decirse que falta prueba de la alegación, de que Carmen Delannoy sea conocida con el nombre de María Teresa Delannoy. Además, afirmando como ha afirmado María Teresa Delannoy al declarar que ese es su nombre, y edesig-nándola con dicho nombre varios testigos, no hay duda que ella es la madre del demandante a que se refiere la partida de nacimiento de éste, siendo indiferente a los fines del juicio el que se la conozca también con el nombre de Carmen.

Para sostener el demandado que el peso de la prueba introducida por el actor en cuanto a la simple paternidad de Carlos Blondet está en favor de la negativa, hace un exa-men detenido de las declaraciones de los testigos de la parte demandante, María Teresa Delannoy, Valeriano Ortiz, Cruz Guerra, Isidro, Nicolás y José Alonso, Angel Pacheco, Tomás Vanks, y Luis'Delannoy, y después de argumentar y discu-tir sobre el alcance de dicha prueba tendente toda ella a de-mostrar la filiación y reconocimiento de Luis Delannoy en ■relación con el demandado Carlos H. Blondet, concluye con las siguientes palabras:

“Y esa es toda la prueba del actor. No queremos por abora afirmar que baya un conflicto de evidencia con la de la parte con-traria por más que exista, y sí patentizar que los mismos medios probatorios que ba utilizado la parte demandante ban debilitado la demostración de sus asertos basta el punto de poderse afirmar que su prueba se contradice a sí misma.”

Si hay el conflicto de evidencia que indica la parte ape-lante, a la corte inferior incumbía dirimirlo como lo dirimió a favor de la parte demandante, y si los' testigos incurrieron en contradicciones, también a esa misma corte incumbía apre-ciar el valor probatorio de sus declaraciones como también lo apreció a favor de la parte demandante, sin que a esta corte de apelación sea permitido' ir contra la apreciación hecha por la corte inferior al resolver una pretensión de nuevo juicio dentro de su facultad discrecional de la que no aparece haya abusado en el presente caso, en que la filia-ción natural del demandante con relación al demandado se sostiene por la evidencia aportada al juicio.

Tampoco se ha cometido el segundo error de hecho ale-gado por la parte apelante al establecer la corte inferior que María Teresa Delannoy y Carlos H. Blondet eran sol-teros al tiempo de la concepción y nacimiento del deman-dante, y que no existía en ambas fechas ningún impedimento legal entre ellos para que hubiesen, podido contraer matri-monio.

Ante todo debemos bacer constar que la demanda fué. ju-rada por la parte actora y que la tercera alegación de ella concerniente a dichos particulares fué contestada por el de-mandado también con juramento en los siguientes términos:

“Se niega el hecho tercero de la demanda en cuanto a las rela-ciones del demandado con la madre del demandante.”

Esa negativa, como se vé, no fué absoluta sino limitada a las relaciones de concubinato entre el demandado y la madre del demandante, y por tanto Blondet no negó que él y María Teresa Delannoy al tiempo de la concepción y del nacimiento de Luis Delannoy pudieran casarse justamente y sin dispen-sación, como dice la Ley XI de Toro.

El artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil en su número 2o. establece que. cuando se jurare la demanda, la negación de cada alegación impugnada deberá ser específica, y el 132 establece que toda alegación esencial de la demanda no impugnada en la contestación se tendrá por cierta para los efectos de la acción.

La alegación jurada en la demanda de que María Teresa Delannoy y Carlos H. Blondet, eran solteros y sin impedi-mento alguno entre ellos para contraer matrirtíonio en la fecha de la concepción y del nacimiento del demandante, no fué negada específicamente ni impugnada en la contestación, y por tanto debe tenerse por cierta para los efectos de la acción.

Pero es que sobre esa alegación de la demanda se sumi-nistró prueba por la misma parte demandante, consistente en la declaración de María Teresa Delannoy, la cual afirmó que entre ella y Blondet existieron relaciones amorosas por espacio de 8 ó 10 meses, siendo ambos solteros, y siendo ella soltera también cuando nació el fruto de esas relaciones.

Aunque no hubiera habido prueba alguna acerca de la capacidad de María Teresa Delannoy y Garlos Blondet para contraer matrimonio en la fecha de la concepción y del naci-miento del demandante, sería de sostenerse esa capacidad por falta de prueba en contrario con arreglo a la jurispru-dencia ya establecida por esta corte en los casos de Lange v. Avilés, 2 S. P. R., 611, y de Silva v. Salamanca y otros, 14 D. P. R., 545.

Tampoco cometió la corte inferior el tercer error que se le imputa consistente en declarar probado que el demandante es hijo reconocido del demandado Carlos IT. Blondet de acuerdo con la ley en vigor en la fecha del nacimiento.

Alégase para sostener dicho error que no hay una sola palabra en la evidencia que demuestre que Carlos H. Blon-det ha realizado el reconocimiento de Luis Delannoy en cual-quiera de las tres únicas formas establecidas por el Código Civil.

Ciertaménte que el demandante no había sido reconocido ■ por Carlos Blondet pomo hijo natural suyo en forma alguna de las establecidas por el Código citado, y de ahí la necesi-dad de que se interpusiera la demanda para que Blondet fuera obligado a dicho reconocimiento, siendo necesario para llegar a ese fin aportar al juicio prueba demostrativa de actos que lo determinaran.

Esa prueba fué aportada al juicio, y en virtud de ella la corte inferior estimó que Blondet había reconocido al de-mandante,. no en forma auténtica y fehaciente que hiciera innecesario el ejercicio de la acción de reconocimiento, sino. por medio de actos demostrativos del reconocimiento, al que por tanto debía ser obligado por sentencia ya que él volun-tariamente no se prestaba al reconocimiento.

La sentencia guarda congruencia con la Ley XI de Toro que regula el presente ca,so, según la cual son hijos natu-rales los nacidos de padres que al tiempo de la concepción y del nacimiento podían casarse justamente y sin dispen-sación con tal que el padre los haya reconocido. Según esa ley es necesario que exista el reconocimiento por parte del padre para que éste pueda ser obligado a ejecutarlo. En el presente caso se ha demostrado que existe el reconoci-miento, y por existir es que se obliga al demandado por sen-tencia a tener al demandante por hijo natural.

Finalmente, en cuanto al último error consistente en de-clarar probado que el día 8 de mayo cuando comenzó la vista del pleito no existía ninguna acción pendiente entre las par-tes, debemos consignar que aún en el supuesto de que ese error fuera de hecho y no de derecho, tampoco se habría come-tido.

Afirma la parte apelante que si bien el pleito No. 4787 radicado en la Corte de Distrito de Gruayama y trasladado a la de San Juan fué sobreseído por ésta a petición del de-mandante el día antes de la celebración del juicio, no hay prueba ni puede haberla de que el sobreseimiento se hiciera con notificación al demandado personado 'ya en aquel juicio, ni de que éste hubiese renunciado tal notificación, y mucho menos de que él hubiese renunciado también el de'recho de apelar, por cuyas razones dicho sobreseimiénto en el día del juicio lo mismo que cuando se pronunció la sentencia no era firme y estaba por tanto pendiente la acción ejercitada en el referido pleito.

Resulta del escrito de exposición' del caso que en. la Corte de Distrito de Gfuayama comenzó en junio de 1911 un pleito entre Luis Delannoy, demandante, v. Charles H. Blondet, demandado, sobre filiación, y que a petición del demandante en ese mismo mes se dictó una orden de traslado a la Corte de Distrito de San Juan,, en cuya Sección Ia., había de trami-tarse; que en mayo 7, 1912, fué presentada por la parte demandante ante dicha corte una moción para que se le tu-viera por desistido de la acción entablada con las costas a su cargo; que ese escrito de desistimiento fué notificado en la misma fecha a la representación del demandado y que en la misma fecha también se dictó la orden teniendo por desistido al demandante.

El presente caso fué llamado a juicio oral al siguiente día 8 de mayo de 1912.

El Código de Enjuiciamiento Civil en su artículo 192, No. 1, establece que el demandante podrá desistir de la de-manda en cualquier tiempo antes del juicio, previo pago de costas, salvas las excepciones que menciona y que no con-curren en el caso de cuyo desistimiento se trata.

Según la mayoría de las decisiones modernas, la deses-timación o abandono en tiempo oportuno de una acción anterior destruye la defensa de litis pendencia.

En los casos resueltos más recientemente, y según la opi-nión de la mayoría de las autoridades, se sostiene que es una buena contestación a la alegación de litis pendencia de una acción anterior por la misma causa el hedió de haberse 'desistido de la primera, ya sea el desistimiento anterior o posterior a la presentación de la alegación. De acuerdo con esta doctrina, la alegación será desestimada a menos que el primer pleito esté pendiente al celebrarse el juicio del se-gundo. I Oye., 24 y 25.

No existe, pues la excepción de litis pendencia.

Consideremos ahora los errores de derecho relacionados por la parte apelante.

El primer error consiste en incongruencia de la sentencia con la demanda. Ciertamente que en la demanda sólo se pidió que el demandante fuera declarado hijo natural del demandado, pero como esa declaratoria no puede hacerse sin la existencia de actos demostrativos del reconocimiento de hijo natural del demandante con relación al demandado según la definición que de los hijos naturales nos da la Ley XI de Toro, es lógico deducir que la sentencia guarda con-gruencia con la demanda. Aquí damos por reproducida la doctrina expuesta al discutir el tercer error de hecho.

El segundo error de derecho consiste en la infracción del principio adore non probante reus est absolvendus. Dicho error puede considerarse como determinante de la insu-ficiencia de la prueba para sostener la sentencia.

Para fundar ese error sólo expresa el demandado-ape-lante que el actor no ha probado ni la fecha de su nacimiento, ni su filiación paterna y materna, ni la posesión de- estado, por actos directos, repetidos y constantes de Blondet o de su familia directa, ni qne sn padre lo haya reconocido en cualquiera de las tres únicas formas en que puede hacerse el reconocimiento de un hijo. Para impugnar la existencia de dicho error nos referimos a lo qne ya liemos dicho al dis-cutir los errores de hecho Io., 2o. y 3°., respecto de los cuales aceptamos que el demandado especificó los particulares en que consiste la insuficiencia de la prueba, según el precepto consignado en el último párrafo del segundo apartado del número 3 del artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Civil que ya antes hemos dejado transcrito.

Los errores de derecho marcados con los números 3o. y 4°., aunque alegados para sostener que la’sentencia es con-traria a la ley, pueden sin embargo considerarse como erro- ' res de derecho cometidos durante el juicio, causa en que tam-bién se funda la moción de nuevo juicio, pues el tercero con-siste en haberse inflingido el principio de que no puede admi-tirse prueba oral del contenido de un escrito sin antes com-probar su pérdida y su identidad, cuyo principio se dice fué infringido por la corte inferior al admitir como prueba una supuesta carta ele Blondet a ,1a madre del demandante, con-sistiendo el error número 4 en haber admitido la corte inferior como base para la demostración de la posesión de estado por parte del demandante, actos realizados por una tía o pariente distante del Sr. Blondet, contra la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de España de que no los actos del pariente aislado sino los del padre o de la fami-lia directa de éste son los que pueden demostrar la posesión de estado.

Ni uno ni otro' error ha existido.

En cuanto al tercero, aparece de la exposición del caso que después de haber declarado María Teresa Delannoy y su consorte Angel Pacheco acerca de una carta que a la pri-mera hábía dirigido el demandado Blondet cuando tenía pro-yectado celebrar matrimonio con Pacheco el cual se. enteró ele su contenido rompiéndola luego, la corte inferior admitió prueba sobre el contenido de dicha carta. Cuando ya la María Teresa había declarado sobre el contenido de la carta sin oposición alguna por parte del demandado, la corte per-mitió que también declarase sobre el mismo particular el Pacheco, a cuya admisión de prueba opuso excepción la parte demandada. Tal excepción aparece destituida de todo fun-damento, pues al admitir la declaración de Pacheco sobre el contenido de la carta ya estaba justificada la pérdida de la misma por su rotura, y su contenido era ya conocido a la corte por la declaración de María Teresa Delannoy prestada sin tomar excepción la parte demandada. No fué infrin-gida regla alguna de evidencia.

En cuanto al error de derecho marcado con, el número 4, aparece que al declarar Francisco Cintrón, testigo del demandante, se expresa en los siguientes términos:

“Conozco a Don Carlos Blondet, a Doña María Teresa Delannoy y a Doña Camila G-aucüaeau, -la cual era tía del Sr. Blondet. Conozco a Luis Delannoy; en mi'tienda recuerdo que la Señora Camila lle-vaba cuenta conmigo, cuenta qúe arreglaba mensualmente cuando c-Ua recibía sus rentas, y llevando esa cuenta un día se me presentó frente de la casa como de costumbre, a la parte de afuera, fui a donde ella que entraba con el sobrino, como ella le decía, Luis Delannoy, y ella me dijo que quería que le abriese una cuenta particular en nombre de su sobrino Carlos Blondet para la manutención de su hijo.’5

Pidió el demandado que se eliminara esa declaración de Francisco Cintrón, pues se oponía a que constara la mani-festación que se dice hecha por la Señora ( anula que se afirma ser parienta del Sr. Blondet, y se oponía igualmente a que constaran las manifestaciones del testigo tendentes a demostrar que dicha señora trataba como sobrino a Carlos Blondet. ■ '

El juez entendió que era admisible la prueba y el deman-dado consignó su excepción fundándose en 'que, según las reglas establecidas por la jurisprudencia, las declaraciones de tales parientes no son admisibles para demostrar las relar ciones del demandante con el demandado, ni las del deman-dante con la persona que se dice hizo la declaración.

No vemos que se cansara perjuicio alguno a Blondet con la declaración inserta, pues en cuanto a su parentesco de sobrino con Doña Camila G-audineau, el mismo Blondet lo confiesa en su declaración, y ese mismo parentesco ha sido aseverado por otros testigos como María Teresa Delannoy e Isidro Alonso, sin que a sus declaraciones se opusiera el demandado. Que Doña Camila trataba de sobrino al deman-dante, lo dice también el testigo Isidro Alonso; y que le tenía mucho cariño y se lo llevaba a su. casa lo relata también la María Teresa Delannoy sin que contra tales manifestaciones se tomara excepción alguna. El. relato hecho por el testigo Francisco Cintrón acerca de haberle dicho la Doña Camila que quería le abriese una cuenta particular en nombre de su sobrino Carlos Blondet para la manutención de su-hijo, refiriéndose a Luis Delannoy, era pertinente al juicio como tendente a demostrar el concepto de hijo natural de Carlos Blondet en que Doña Camila, tía de éste, tenía al deman-dante, y no vemos que al admitir esa prueba, haya sido infrin-gida la sentencia del Tribunal Supremo de España de 17 de junio, 1905, invocada por el recurrente, cuya sentencia esta-blece que los actos directos de la familia a que se refiere el artículo 135 del Código Civil Español son aquellos que tien-den a demostrar la posesión continua del estado de hijo natural en que se ha hallado el que pretende el reconocimiento, pero no a los que haya podido realizar alguno de los parien-tes. con relación al pleito. Jurisprudencia Civil, Tomo 101, p. 667. " '

El quinto error de derecho ha sido discutido al examinar el cuarto de-los de hecho y para impugnarlo reproducimos aquí la doctrina que entonces expusimos.

Por las razones expuestas es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la orden apelada denegatoria de nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: "El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Chavarría, Demandante y Apelada, v. Purdy & Henderson, Inc., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce de una moción concediendo nuevo juicio en causa sobre daños y perjuicios.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1274.
    Resuelto en marzo 31, 1915.
    Desestimación de Apelación — Exposición del Caso. — El hecho de que se deji ■ le archivar una exposición del caso en una apelación contra la sentencia, no es fundamento por sí solo bastante para que se desestime la apelación.
    Id. — Nuevo Juicio — Affidavits.—El no radicarse en esta corte los affidavits que deben acompañarse a una moción de nuevo juicio, no es suficiente para decre-tar la desestimación del recurso.
    Nuevo Juicio — Transcripción de Autos. — Una mera copia de la moción de nuevo juicio, no es una transcripción de autos suficiente.
    Desestimación de Apelación — Alegato del Apelante. — La falta de presenta-ción de alegato por el apelante, constituye motivo para la desestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelada: Sres. B. Martínez Nadal y J. Tons Soto.

    Los apelantes no comparecieron.
   "El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Habiéndose, en la corte inferior, dictado una sentencia en contra de la demandante ésta registró una moción de nuevo juicio basada exclusivamente en que la sentencia era .contraria a las pruebas, especificando cinco distintos fun-damentos que es innecesario enumerar. La moción alega también, que se fundaba en nn pliego de exposición del easo> que se acompañaba a la misma. En otras palabras, la mo-ción sobre nuevo juicio básase solamente en la apreciación hecha por el juez de la evidencia que fué aportada durante el juicio. La corte concedió el nuevo juicio solicitado, y de ello entabló apelación la demandada Purdy & Henderson, Ine. La transcripción de autos elevada a esta corte sólo contiene la moción de nuevo juicio, pero no así la exposición del caso a que la misma se refiere, ni tampoco las alegacio-nes. La transcripción fué archivada en esta corte el 6 de febrero de 1915. El 18 de febrero, 1915, la apelante presentó una moción de prórroga para presentar su alegato, la que le fué denegada por la corte, sin perjuicio de los derechos que pudieran asistir a las partes. La apelante no ha hecho ninguna otra gestión. En 23 de marzo, 1915, la apelada regis-tró su moción relacionando los anteriores hechos y solicitando la desestimación de la apelación.

Hemos frecuentemente resuelto que el hecho de que se deje de archivar una exposición del caso en una apelación contra la sentencia no es fundamento por sí solo bastante para desestimar la apelación. Monge v. Central Vannina, 19 P. R. R., 1254; Parker v. Oller, 21 D. P. R., 438. También hemos resuelto que el no radicarse en esta corte los affidavits que deben acompañarse a una moción de nuevo juicio, no es suficiente para decretar la desestimación del recurso. Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila & Co., 20 D. P. R., 410.

Por otra parte hemos resuelto que una mera copia dé-la moción de nuevo juicio, no es una transcripción de autos, suficiente. Pérez et al. v. Romano et al., 18 D. P. R., 318. Y como en este caso concreto que resolvemos no sólo no se-archivó en esta Corte Suprema la copia de la exposición del caso que sirvió de base a la solicitud de nuevo juicio, sino-que tampoco se archivaron las alegaciones de das partes, no existe nada que la corte pueda entrar a considerar.

La 'apelante tampoco lia presentado alegato, lo que cons-tituye otro motivo para la desestimación.

La apelación debe ser desestimada.

Con lugar la moción y desestimada la apelación.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Wole,

text:
    Trelles et al., Peticionarios, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    .Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al-Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., •en un caso sobre divorcio y liquidación de bienes ganan-niales.
    No. 139.
    Resuelto en marzo 31, 1915.
    Administración Judicial — Intervención—Discreción Judicial. — La cuestión de si debe permitiese intervenir en el procedimiento a las personas que aleguen tener derecho a un fondo o propiedad que esté bajo la administración de una corte de distrito, pertenece a la sana discreción judicial.
    Jd. — Divorcio—Bienes Gananciales — Bienes Privativos. — Cuando en un pleito sobro divorcio el administrador judicial nombrado para la liquidación de la sociedad de gananciales toma posesión dé bienes privativos de uno de los * cónyuges o pertenecientes a otras personas con título aparente, y se solicita por los interesados que tales bienes sean excluidos del inventario y de la posesión del administrador, la corte debe considerar la solicitud y conceder una vista amplia, oir pruebas y resolver el conflicto existente entre las par-tes con respecto a dichos extremos, sin que en esa audiencia pueda decidirse la cuestión sobre el derecho de dominio, lo que debe ventilarse en el juicio correspondiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. Eduardo Acuña, Luis Abella Blanco y Agusto Malaret.

    El demandado compareció por escrito en nombre propio.
    Abogado de la interventora María Ríos: Sr. Herminio Dias.

   El Juez Asociado Su. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

María Eíos Méndez siguió xin pleito sobre divorcio y liqui-dación de bienes gananciales contra Vicente Trelles' Oliva. El caso fné el número 184 en el qne se dictó sentencia de divorcio a favor de ésta.

En el pleito de divorcio no compareció el esposo a defender sns derechos ni se promovió por él ninguna cuestión sobre si dichas acciones podían ser acumuladas debidamente. Ha-biendo sido dictada la sentencia de divorcio en 11 de junio de 1914, en 24 de julio de 1914 la referida demandante María Eíos presentó una moción a la Corte de Distrito de San Juan, sobre liquidación de los bienes gananciales, con el fin de que fuera nombrado un administrador judicial, y en 29 de julio de 1914 la corte nombró a Pablo G-once como administra-dor ’judicial cuyos deberes eran los de formar el inventario de todos los bienes de María Eíos y Vicente Trelles Oliva adquiridos durante su matrimonio y entrar en posesión de los mismos, continuando como administrador, de conformi-dad con las instrucciones de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a. Como se ve, el administrador debía formar el inventario de los bienes gananciales del matrimonio Trelles-Eíos y entrar en posesión de ellos.

El administrador judicial Pablo Gonce obtuvo una orden de la Corte de Distrito de San Juan para tomar posesión de tres fincas urbanas y una rústica situadas todas en la juris-dicción de Mayagiiez, y de otra finca urbana y de otra rús-tica comprendidas en el término municipal de Cabo Eojo. Esta orden fue librada al márshal del Distrito de Mayagüez que dió posesión de estas propiedades al administrador judicial notificándolo al marido. Entre estos bienes se encon-traba una finca rústica que el esposo alegó que era de su pertenencia en concepto de bien privativo suyo, y había otra propiedad que Eduardo Alvarez Eíos alegaba haber adqui-rido por compra al. marido, habiendo además otra que Pedro P. Colberg alegó que había adquirido en igual forma del esposo. Alvarez Eíos y Pedro F. Colberg, alegando ser com-pradores del marido presentaron una solicitud a la Corte de Distrito de San Juan, solicitando permiso para intervenir en el pleito, a saber en el caso No. 184, y alegaron también que las fincas adquiridas por ellos por compras beabas al esposo habían pertenecido a los bienes privativos de dicho esposo. El objeto de la petición era el de que se eliminaran esas fincas del inventario y posesión del administrador judicial.

Igualmente presentó el esposo Trelles una solicitud por separado a la corte de Distrito con el fin de que su finca per-teneciente a sus bienes privativos fuera eliminada. El día 14 de enero de 1915 la Corte de Distrito de San Juan en una sola orden denegó ambas peticiones, expresando que como las fincas habían sido ocupadas ya por el administrador judicial nombrado por la corte, no creía dicha corte que el pro-cedimiento iniciado por los peticionarios fuera el adecuado para obtener el remedio que solicitaban y que los peticiona-rios debían ejercitar sus derechos en la forma prescrita por la ley dando así una oportunidad a la demandante María Eíos para discutir sus derechos. Posteriormente, o sea en 27 de enero de 1915, Vicente Trelles Oliva, Eduardo Alvarez Eíos y Pedro F. Colberg’ hicieron una petición conjunta de certiorari a esta corte, en la que solicitaron que la orden dictada por la corte de distrito de enero 14 de 1915 fuera anu-lada con resultados favorables al carácter privativo que ori-ginalmente tenían los bienes del esposo.

El juez de la corte de Distrito formuló su contestación al mandamiento que fué librado por este tribunal expresando que los bienes que se alega que fueron traspasados a Alvarez Eíos y a Colberg si bien tal vez eran privativos al prin-cipio tenían sin embargo el carácter de gananciales con mo-tivo de ciertos pagos y otras cosas semejantes. También hizo referencia el juez a que las ventas fueron hechas des-pués de haberse establecido la acción de divorcio llamando además la corte nuestra atención hacia el hecho de que desde la fecha de la petición de certiorari la demandante María Eíos había establecido una demanda para que se declara-ran nulas las ventas hechas a Alvarez Eíos y Colberg. Esta demanda consta en los autos bajo el mismo títnlo en la misma acción, o sea, el caso No. 184.

María Eíos, por medio de sn abogado, compareció ante este tribunal oponiéndose a qne fuera concedida la solicitud. La cuestión de si debe permitirse intervenir a las personas qne alegan' tener derecho a nn fondo o propiedad qne está bajo administración de la corte de distrito pertenece a la sana discreción judicial'de la cual creémos qne se ha abusado 'en este caso. Entendemos qne el derecho de la corte en este procedimiento para ordenar al administrador judicial a qne tome posesión de los supuestos bienes del marido sin haberlo citado para comparecer, era enteramente dudoso. También fué muy dudoso el hecho de si el administrador judicial tenía derecho a tomar posesión de las supuestas propiedades de Alvarez Eíos y Colberg. La corte expresa qne los bienes qne se alega qne pertenecen a Alvarez Eíos y Colberg fue-ron traspasados mientras pendía el caso de divorcio pero no surge ninguna presunción de fraude por el mero traspaso. Ellos eran los dueños de los bienes para todos los fines y propósitos y tenían derecho a seguir en el dominio de los mismos contra todo el mundo, con excepción de la persona que'alegue y demuestre tener un títnlo mejor. Tenían derecho a ser oídos en una corte de justicia. Por tanto,' cuando sin que se hubiera hecho notificación alguna a ninguno de los peticionarios se permitió al administrador judicial tomar po-sesión de los bienes que ellos reclamaron, la petición que hicie-ron con el fin de que se les permitiera intervenir en la acción en la cual se les había privado sin procedimiento alguno legal de la posesión de dichos bienes, fué una petición que debió haber sido tomada en consideración por la corte de distrito. La corte podía conceder una vista amplia, oir pruebas y resolver el conflicto existente entre las partes, sobre si tales bienes debían excluirse del inventario y de la posesión del administrador. No es nuestro ánimo sostener que mediante esa audiencia pudo decidirse sobre el derecho de dominio que reclaman así Trelles Oliva como Alvarez Eíos y Pedro F. Oolberg. Ese derecho de dominio debe esclarecerse en el correspondiente juicio. Lo que sí afirmamos es que si los peticionarios poseían los bienes que reclaman con título aparente, no podían ser perturbados ni menos despojados de dicha posesión sin ser antes vencidos en juicio. Ellos no deben ser demandantes sino demandados. Así lo ha enten-dido la misma demandante María Eíos Méndez como lo de-muestra el hecho de que ella ha presentado una demanda por separado en el pleito original No. 184 para qué se anu-len los traspasos hechos a Colberg y a Alvarez Eíos.

Creemos que debido a la acción tomada por las partes, la corte está en condiciones de considerar las questiones le-vantadas en este caso y resolverlas con sujeción a los prin-cipios expuestos.

La orden de enero 14, 1915, debe ser anulada.

Declarada con lugar la solicitud de certiorari y anulada la resolución de la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección 2s-., de 14 de enero de 1915:

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.