text:
    Ana Frías Mandri, demandante y apelada, v. Isidoro Hernández, demandado y apelante.
    No. 3892.

    Visto: Junio 8, 1926.

      Resuelto: Julio 9, 1926.
    Divorcio — Pensión Alimenticia (Alimony), Concesiones (Allowances) y Dispo-sición de la 'Propiedad — Alímentos! Permanentes — Preceptos Estatüto- • ríos — Interpretación.—En este caso se interpreta el artículo 177. del Có-digo Civil en el sentido de que los alimentos a la mujer divorciada sólo/pue- - . den asignarse cuando concurriendo las otras circunstancias exigidas por la ley ol que fué su marido tenga Menes, no significando la palabra bienes ca-pacidad para ganar ni la palabra rentas la¡s ganancias corrientes que rcsul-' ten.del trabajo.
    Senténoxa de Gabriel Gastejón, J. (Guayama), condenando al de-smandado a entregar a la demandante, por vía de alimentos,, una .cantidad mensual determinada,, con costas.

      Revocada,, desesti-mándose la demanda, sin costas.

      Antonio L. López, abogado del apelante; González Fagun’do & Gon- -. zález Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ana Frías Mandri obtuvo sentencia a su favor en un pleito de divorcio, que quedó firme. Así las cosas, alegando que carecía en absoluto de bienes de fortuna y medios eco-nómicos para poden alimentarse, reclamó de su antiguo es-poso por la vía .judicial la cantidad necesaria para soste-nerse. Fué el pleito a juicio y oída la prueba de ambas partes, la corte dictó sentencia condenando al demandado a satisfacer a la demandante como alimentos la suma de veinte y cinco dólares mensuales.

No conforme el demandado apeló, señalando en su ale-gato dos errores cometidos a su juicio por la corte senten-ciadora así: "

‘■“Primero: Aplicó indebidamente el artículo 168 del Código Civil en vez del 177 del mismo cuerpo legal, que debió regir el pre-sente . easo.
“Segundo: Apreció erróneamente en perjuicio del apelante la evidencia aportada al juicio.”

Arabas partes están conformes en que el demandado ca-rece .de bienes muebles o inmuebles y en que su única en-trada consiste en los sueldos de administrador de correos y colector de rentas del pueblo de Gurabo que según los hechos declarados probados por la corte sentenciadora, ascienden en junto a $135 al mes, de los cuales pasa quince para ali-mentos de un hijo que vive con la demandante.

Basado en ello y en el texto del artículo 177. del Código Civil, sostiene el demandado que no está obligado a alimen-tar a; la- que fue su esposa.

¿El texto castellano del artículo 177, que no hay duda al-guna que es el precepto de la- ley aplicable a este caso, dice:

“Art. 177. — Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, la corte de distrito puede asig-narle .alimentos discrecionales de los bienes que sean de la propie-dad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la tercera parte de la renta de aquéllos.
“La pensión alimenticia será revocada si llegase a hacerse inne-cesaria, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo matrimo-nio.”

Y su texto inglés lee como sigue:

“See. 177. — If the divorced wife, in whose favor .judgment was rendered, has not sufficient means of subsistence, the district court may allow her, in its discretion, an alimony out of the property of her divorced husband, which alimony shall not exceed one-third of his income.
“The alimony shall be revoked if it shall become unnecessary, or if the'divorced wife contracts a second marriage.”

La corte sentenciadora basó enteramente su fallo en la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Betancourt v. Larregui, 27 D.P.R. 606. En lo pertinente, la opinión de esta corte emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey lee corno-sigue :

“Al disponer el artículo 168 del Código Civil que la pensión que a la mujer haya de pasar el marido sea en proporción a los- bienes de éste, no ha limitado tal obligación al caso en que el marido tenga bienes propios suyos, como sostiene el apelante-, pues la palabra ‘bienes’, según dice el artículo 324 del mismo Código, es aplicable en general a cualquier cosa que pueda constituir riqueza o fortuna, y, por tanto, dentro de ese concepto están comprendidos los salarios o sueldos que una persona gana por su trabajo. Además, en el texto en inglés del artículo 168 citado se dice que la cantidad será en proporción a los recursos (means) del marido.”

Pero el apelante sostiene que dicha decisión sólo inter-preta el artículo 168 y que el 177 es distinto, no sólo por-que regula una situación diferente, si que también y espe-cialmente porque sus términos son distintos. Y así es en efecto, ya que en el primer caso se trata de una medida tran-sitoria que se toma cuando aún subsiste el matrimonio y en el segundo se trata de una medida que puede resultar defi-nitiva tomada después de roto el vínculo y disuelto en abso-luto el matrimonio y ya que existe verdadera diferencia en-tre el texto de ambos artículos pues mientras en el primero se dice que la pensión alimenticia se fijará en proporción a los bienes del esposo sin especificar la naturaleza de los bie-nes, en el segundo se expresa: “de los bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la tercera parte de la renta de aquéllos,” siendo aún más claro el texto inglés al decir “out of the property of her divorced husband.”

No cita el apelante jurisprudencia alguna en apoyo de su contención pero del estudio que hemos hecho hemos en-contrado que en los estados en que existen preceptos de ley iguales o similares al nuestro, las decisiones le son favo-rables.

Bn Louisiana los artículos 148 y 160 del Código Civil, leen como sigue:

“Art. 148. — Si la mujer no contase con suficientes rentas para vivir durante el juicio de divorcio, el juez le asignará para su soste-nimiento una suma en proporción a los medios del marido,” etc.
“Art. 160. — Si la mujer que ha- obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, la corte puede asignarle, en su discreción, de los bienes pertenecientes al marido, una pensión ali-menticia que no excederá de la tercera parte de las rentas de éste. Dicha pensión podrá ser revocada de hacerse innecesaria, y también en caso de que la mujer contraiga segundo matrimonio.”

E interpretándolos en el caso de Jackson v. Burns, 116 La. 695, la Corte Suprema del estado estableció la siguiente doctrina:

“De acuerdo con el artículo 160 del Código Civil, a la mujer que ha obtenido el divorcio sólo pueden concedérsele alimentos de los bienes pertenecientes al marido y nunca en exceso de la tercera parte de las rentas de éste. • La palabra ‘bienes’ tal como se em-plea en dicho ai'tículo no significa capacidad para ganar dinero,' ni tampoco la palabra ‘rentas’ denota las ganancias corrientes que resultan del trabajo.”

Y en Minnesota la Corte Suprema del estado en el caso de Wilson v. Wilson, 67 Minn. 444, 448, se expresó así:

“Por el artículo 4807 de los Estatutos Generales de 1894 la corte está autorizada en todos los divorcios por cualquier causa excepto el .adulterio de la mujer, a asignar y conceder a la misma, de los bienes del marido, aquella pensión alimenticia que estime justa y razonable, teniendo en consideración la capacidad del marido para darla, el carácter y situación de las partes y todas las demás cir-r cunstancias del caso, y puede en su propia orden hacer de dicha pensión una carga específica sobre cualquier propiedad real del ma-rido.
“ ‘Pero la asignación total hecha en favor de la mujer, de los bienes del marido, bajo las disposiciones de este artículo, en ningún caso excederá, en valor actual, de una tercera parte de los bienes muebles del marido y del valor de su viudedad.’
“La limitación así impuesta por el estatuto parece ser manda-toria, y su efecto morigerador es impedir a la corte el conceder a la mujer más de la tercera parte del valor presente de los bienes muebles e inmuebles del marido. Es muy plausible y también muy justa la contención de que cuando el marido carece de bienes mué-bles e inmuebles pero tiene entradas de consideración por sus ser-vicios profesionales o por otra causa, no debe permitírsele vivir lujosamente mientras su mujer padece hambre, especialmente cuando él es el culpable de que ella se viera obligada a solicitar el divorcio. Pero el remedio de esta situación está en las manos de la Legisla-tura y no corte. La legislatura ha fijado en términos preci-sos el status de los derechos de las partes en pleitos de divorcio y de los derechos incidentales sobre propiedad en tales casos; y como no encontramos autoridad que permita conceder a la mujer más de lo fijado en el estatuto de referencia, la sentencia de la corte inferior debe ser modificada y dejada sin efecto la asignación de $360.”

Vista la ley y la jurisprudencia aplicables, nos vemos obligados a declarar con lugar el recurso y en su consecuen-cia a revocar la sentencia apelada y a desestimar la demanda, sim ■■especial condenación de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El, Juez Presidente Señob del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Antonio Lebrón, demandante y apelante, v. F. Fresno & Co., S. en C., y José Fuentes Valle, demandados y apelados.
    No. 3946.

    Visto: Junio 21, 1926.

      Resuelto: Julio 9, 1926.
    1, Cortes — Naturaleza, Extensión y Ejercicio de la Jurisdicción en General — Necesidad de que la Jurisdicción Aparezca de los Autos — Oortes de Jurisdicción Limitada — Cortes Municipales. — Tratándose de una corte '■ municipal, su facultad para conocer de un litigio no se presume; debe apa-recer de los autos,
    2. .Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Falta de Juris-dicción del Tribunal de Apelación — Caso Originado en la Oort® Municipal — Cuantía Jurisdiccional que Aparece de los Autos de Apelación. —En este caso — tercería de bienes inmuebles — se interesó la desestimación del recurso porque habiéndose originado en la corte municipal, no aparecía que su, cuantía fuera superior a $300. 8e resolvió: declarar sin lugar la moción porque si bien no se alegó el valor de la finca reclamada en la de- . manda, se contestó ésta sin levantarse cuestión alguna por razón de la cuantía, y practicada la prueba, de ella surgía que el valor, no impugnado, de la finca era de¡ $400.
    Mooión sobre desestimación de apelación presentada por los apelados.

      No ha lugar.

      F-. Gallardo Díaz, y L. Pereyó Jr., abogados del apelante; González Fagundo & González Jr., abogados de los apelados.
   El, Juez Presidente Señob del Tobo,

emitió la opinion del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso establecido en este caso porque tratándose de un pleito de-cidido en apelación por la corte de distrito no se demuestra que su cuantía sea superior a trescientos dólares.

La parte apelante se opone alegando que si bien pn la demanda no se alegó el valor de la casa reclamada, de la prueba transcrita en la exposición del caso, archivada ya debidamente, aparece que dicho valor es el de cuatrocientos dólares, y, en tal virtud, que surge de los autos mismos la jurisdicción de este tribunal.

Muestran los autos que en la Corte Municipal de Yabu-coa, F. Fresno y Co. entablaron demanda contra José Fuentes Valle y embargaron una casa. Así las cosas Antonio Lebrón estableció la demanda de tercería origen de este liti-gio en la indicada corte municipal alegando que la casa em-bargada le pertenecía por haberla comprado a Fuentes, sin fijar expresamente el valor de la casa.

Los demandados en la tercería, F. Fresno y Co., contes-taron sin levantar cuestión alguna de jurisdicción. Se prac-ticó la prueba y el caso fué decidido en favor del tercerista.

No conforme F. Fresno y Co. apelaron para ante la Corte de Distrito de Humacao. Se llamó .el caso para verse de nuevo. Se leyeron las alegaciones y se practicó la .prueba y finalmente la corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por falta de jurisdicción basándose en que de la demanda no constaba la cuantía, en la sección 17 dé la ley de tercería, en la decisión de' esta corte en el caso de Corujo Carrasquillo v. Corte de Distrito de Guayama, 32 D.P.R. 961, y en otras decisiones de tribunales del continente.

■ ' El tercerista apeló y archivó-la- transcripción de los x autos. Ya hemos dicho que. el apelado solicitó la desestima-oión:del recurso. • ■ . • • . ...

No hay duda alguna qué "tratándose de una -corte municipal que es un tribunal de jurisdicción limitada, su fa-cultad para conocer del litigio no se presume. Debe, por el contrario, aparecer de los autos. Dados además los térmi-nos en que está redactada la sección 17 de la ley de tercería de 1907, Comp. 1911, p. 891, si el demandado hubiera pedido la desestimación de la demanda por no alegar el valor de la casa en cuestión, necesariamente hubiera tenido que decla-rarse la moción del demandado con lugar con permiso segu-ramente al demandante para enmendar su demanda.

Pero habiendo contestado el demandado sin levantar cuestión alguna de jurisdicción por razón de la cuantía y habiéndose practicado la prueba y surgiendo de ésta que el valor de la casa es de cuatrocientos dólares, la situación varía.

Nuestra decisión en el caso de Corujo, supra, se basó en que la cuantía no constaba de los autos y aquí de los autos consta que la casa de que se trata fué comprada en cuatro-cientos dólares que debe presumirse que es su justo valor en ausencia de impugnación alguna por la parte contraria.

Véase 15 O. J. 750 y siguientes.

Aunque nos hemos visto obligados a tratar quizá los mé-ritos de la apelación, nuestra decisión está sólo limitada a la desestimación del recurso, pudiendo las partes tratar la cuestión con mayor amplitud en la vista que al efecto se celebre.

No ha lugar a desestimar la apelación interpuesta.


author: Eíj Juez Asociado Sbñoe Fbanoo Soto,

text:
    Isidra González Ramos, demandante y apelante, v. Juana y Luis Magín González Ramos, demandados y apelados.
    No. 3783.

    Visto: Enero 29, 1926.

      Resuelto: Julio 12, 1926.
    1. Alegaciones — Mociones—Solicitud de Sentencia Sobre las Alegaciones— Insuficiencia de la Contestación Como Fundamento de Aquélla — Mate-ria Nueva en la Contestación que Cumple con la Let y Efecto. — Las alegaciones comprensivas de materia nuevai de defensa en el easo de autos se resolvió cumplían con el estatuto y la jurisprudencia y la corte no erró al no conceder una sentencia sobre las alegaciones.

      2. Evidencia — Actos Públicos u Oficiales, Procedimientos, Récords y Certi-ficados — Récords o Expedientes Judiciales — En General — Cuando una parte alega la existencia de una sentencia y guarda silencio respecto a los heehos determinativos de la jurisdicción de la corte, si ésta se niega y aquélla no prueba esos hechos,, la admisión del expediente en que la sen-tencia se dictó — cuyo expediente presentó la otra parte — no constituye error, y menos cuando dicha parte lo presenta para probar1 y prueba la falta de tal jurisdicción.
    3. 'Hijos Naturales — De los Hijos Naturales en General — Legitimación por Subsiguiente Matrimonio de los Padres — Condición Previa para que Surta sus Efectos Legales. — Sólo los hijos naturales pueden ser legitima-dos por subsiguiente matrimonio, peroi como ellos requieren ser reconocidos para ser considerados como tales, el reconocimiento, antes o después del ma-trimonio de los padres, es condición previa para que la legitimación pro-duzca sus efectos legales.

      4. Hijos Naturales — Del Reconocimiento — Reooniocimiento Voluntario — Re-conocimiento Auténtico y Fehaciente — En Partida Bautismal. — La ale-gación fundamental do la aquí demandante — en acción para qne se la de-clarara heredera de un finado y se anulara una partición hecha — descansó en su carácter de hija natural reconocida legitimada por el subsiguiente matrimonio, y el previo reconocimiento se alegó hecbo en partida de bau-tismo habiendo tenido lugar éste en abril, 1902. Se resolvió: qne dicha partida bautismal no era prueba auténtica y fehaciente del reconocimiento.
    5. Hijos Naturales — Del Reconocimiento — Del Reconocimiento Obligatorio —Acción de Reconocimiento o Filiación — De la Sentencia o Declara-ción (Decree) de Hijo Natural — Validez—Sentencia Dictada en Proce-dimiento Ex-parte. — Una sentencia, dictada sin jurisdicción en procedi-miento ex-ftarle, que ordena la inscripción 'de una persona como hija natural reconocida, legitimada por el subsiguiente matrimonio de los padres, no es eficaz en derecho para establecer la condición do dicha persona como tal hija natural reconocida, legitimada por subsiguiente matrimonio.
    Sentencia de Gabriel Castejón, J. (Guayaina), declarando con lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      C. Domínguez Rubio, abogado de la apelante; R. V. Pérez Marchand, abogado de los apelados.
   Eíj Juez Asociado Sbñoe Fbanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Iva relación del caso y opinión de la corte/ inferior soste-niendo la sentencia que declara sin lugar la demanda, dice así:

"Don José María González y doña Gregoria Ramos Fonseca vi-vieron en concubinato hasta el 29 de junio de 1902 en qne contra-jeron matrimonio civil en la municipalidad de Arroyo, P. R.
"Con anterioridad a dicho matrimonio procrearon varios hijos «entre los cuales se alega están las partes en este caso.
•“La demandante Isidra González Kamos alega en su clepa^nda ser hija- natural reconocida de los dos esposos González Hamos, le-gitimada como consecuencia del matrimonio de sus padres; i. y que •si bien no lué inscrito su nacimiento en el Registro al' báutizarse fué reconocida de manera auténtica por sus padres que estaban ya casados civilmente de acuerdo con la ley general de 1899 no. habién-dose hecho constar por los contrayentes en el acta de matrimonio ningurio de los hijos habidos con anterioridad a éste por no exigirlo así la citada Ley; que posteriormente la demandante instó ante la Corte de Distrito de Guayama un procedimiento para obteüer su inscripción en el Registro Civil como hija legitimada de sus padres, obteniendo sentencia de dicha Corte ordenando tal inscripción la que se llevó a cabo mediante el levantamiento de la oportuna., acta; que tanto a la fecha de la inscripción como a la del nacimiento de los demandados así como de la demandante no existía causa 'física o legal que .impidiera la unión de sus citados padres y que tanto los demandados como especialmente la demandante fueron reconocidos pública y privadamente antes y después del matrimonio ■ como tales hijos de sus ameritados padres.
' ‘ ‘ Que José • María González falleció el 20 de noviembre' dé 1902 bajo testamento ológrafo en el cual mencionó como sus hijos a la codemandada Juana González y a Julio o Guillermo que falleció antes que el padre y no así al demandado Luis.
“Que llevada a cabo la partición de los bienes de don José Ma-ría González se prescindió de la demandante eliminándola como he-redera no obstante saber y conocer los demás herederos qué ella existía viviendo con su madre y era una de los herederos del citado José María González. • '
“Después de describirse los bienes que fueron objeto'de dicha partición hereditaria se interesa de la Corte una sentencia'"decla-rando que la demandante es hija natural reconocida legitimada por subsiguiente matrimonio de sus padres los citados González Ramos y heredera por tanto del primero; nula lá partición de los bienes hereditarios de su ameritado padre y el derecho de la deinandante a obtener un tercio de las dos terceras partes de dicha' herencia ad-judicada, a sus hermanos .los demandados, interesándose ad'emás/otros pronunciamientos congruentes con la nulidad de partición solicitada.
“La .demanda en cuestión fué contestada por el demandado Luis Magín estableciendo en contra de. la misma una excepción'previa de falta..de hechos deterpiihantes de una causa de acción y como materia'pueva. de.'defensa los siguientes-: ...
“Que la demandante Isidrá González Ramos no es’ nijha sido reconocida minea como hija, natural de José María González y Gre-goria Ramos Fonseca en documento auténtico ni por éstos ni por sus herederos; ni tampoco lo ha sido por sentencia de Tribunal de competente jurisdicción, ni antes ni después del matrimonio de las expresadas personas; y que la expresada demandante no ha-sido instituida heredera de José María González en testamento, ni declarada heredera de éste por ningún tribunal de competente ju-risdicción.
“Los fundamentos de la excepción previa son en síntesis los mismos que abarca la materia nueva de defensa por cuya razón los examinaremos conjuntamente.
‘ ‘ El nacimiento de la demandante tuvo lugar en 15 de mayo de 1899, siendo aplicable por tanto a este caso los preceptos del Código Civil Español de 1888 hecho extensivo a Puerto Rico en 1889 y anterior al revisado.
“Según dicho cuerpo legal, artículo 121, sólo se considerarán le-gitimados por subsiguiente matrimonio los hijos que hayan sido re-conocidos por los padres antes o después de celebrado.
“Y de acuerdo con el artículo 131 del propio Código, el recono-cimiento de un hijo natural deberá hacerse en el acta de matrimo-nio, en testamento o en otro documento público.
“Si hacemos aplicación de los preceptos transcritos a las alega-ciones y prueba presentada en este caso surge necesariamente como primera cuestión a resolver si la demandante Isidra González Ramos fué debidamente reconocida por su padre especialmente por don José María González y ostenta por razón de tal reconocimiento el carácter de hija natural reconocida.
“En el caso de Amsterdam et al. v. Puente, 16 D.P.R. 561, nues-tra Corte Suprema interpretando el alcance del artículo 131 del Código Civil Español, que ya hemos transcrito, se expresa del modo siguiente:
“ ‘Creemos que de las disposiciones del Código Civil vigentes anteriormente, así como de la práctica y jurisprudencia sobre el particular, puede correctamente deducirse la conclusión de que sin algún acto que en forma auténtica revele la voluntad del padre, de dar a su hijo tal estado, el hijo tiene solamente un derecho de acción para obligar al padre a que le confiera dicho estado. El artículo 135 del Código Civil Español, y el 189 del Código Civil de Puerto Rico, preven los casos en que un padre puede.ser obligado a recono-cer a su hijo ilegítimo. Solamente puede ser obligado a ello por m^-dio de una acción, y puede decirse que tal acción sería innecesaria, úni-camente en aquellos casos en que hubieran actos solemnes por parte del padre, que vengan a demostrar que tal obligación ha sido cum-plida. Claramente se deduce de estos artículos, que aunque un padre haya ejecutado, como sucede en el caso de autos, una serie de actos tendentes a mostrar que determinada persona era hijo suyo, 'sin embargo, no puede decirse que él la haya reconocido, dentro de la acepción que legalmente tiene la palabra “reconocimiento.” Si él puede ser obligado a ello, entonces hay que convenir en que antes de obligársele, el desideratum no se ha logrado. Bajo tales cir-cunstancias, y hasta que no haya algún acto solemne, o alguna de-claración de parte de un tribunal, no puede decirse que el hijo haya sido reconocido, ni puede afirmarse que haya adquirido el estado civil de hijo natural reconocido.’
“Si aplicamos tales razonamientos al presente caso veremos que la prueba no sostiene el reconocimiento alegado por la demandante.
“El procedimiento incoado ante esta Corte es un expediente ex parte cuyo propósito fué el de inscribir el nacimiento de la deman-dante en el Registro Civil sin que dentro de' tales actuaciones por su carácter especial pudieran plantearse y menos resolverse cuestio-nes que afectaban a la filiación de la peticionaria sino que en vista de un derecho claro y ya declarado ordenarse la inscripción corres-pondiente. El adoptar un criterio contrario sería sostener que por medio de un procedimiento ex parte sin audiencia a las partes con-trarias interesadas se podría obtener el mismo resultado que en una acción de filiación lo cual sería en un todo contrario a los buenos principios de equidad y de jiisticia en que se inspiran nuestras leyes vigentes.
“En Puente et al. v. Puente et al., 16 D.P.R. 586, se dice:
“ . . . Ha sido la práctica constante que cuando el padre omite o niega el reconocimiento, el hijo debe acudir al tribunal com-petente ejercitando la acción de filiación para obtener que el tribunal declare en una sentencia lo que omitió o se negó a declarar el padre de una manera solemne. Tal procedimiento es por su natu-raleza contencioso y en él son partes además del hijo, el padre o sus herederos y causa-habientes.’
“Por otra parte los actos de reconocimiento hechos por el padre y que aparecen de la prueba del presente caso en manera alguna son suficientes para sostener el hecho del reconocimiento de la de-mandante, ellos de por sí podrían dar un derecho de acción en favor de la parte actora para obtener su filiación, pero nunca el derecho de hija natural reconocida hasta que tal extremo no se resuelva por una corte competente por medio de la oportuna sentencia y en el juicio ordinario correspondiente.
"Nuestra Corte Suprema en Puente et al. v. Puente et al., supra, nos dice:
" ‘Para que la apelante en este caso hubiera podido alegar con éxito su condición de bija natural reconocida y oponerse como tal y como tal ser declarada heredera, era necesario que constara que su reconocimiento se había verificado voluntaria y solemnemente por el padre, sin lugar a dudas, o que teniendo ella derecho a ser reco-nocida de acuerdo con la ley y habiéndose omitido por el padre hacer el reconocimiento de una manera solemne o habiéndose ne-gado a ello, había obtenido sentencia firme a su favor en un tribunal competente y dentro del procedimiento contencioso adecuado.
" ‘ "La calidad de hijo natural ha de fundarse necesariamente en el reconocimiento del padre, espontáneo y legalmente probado, o en el caso de omisión o resistencia en una ejecutoria solemne que así lo declare.’'- Sentencia del Tribunal Supremo de España de 16 de abril de 1864.
" ‘ "La filiación de los hijos naturales debe constar necesaria-mente por el reconocimiento de sus padres o por la declaración so-lemne de una ejecutoria no bastando para justificarla la simple par-tida de bautismo.” (Sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de junio de 1864).
" ‘El Código Civil español de 1888 hecho extensivo a Puerto Rico en 1889, en su artículo 131 determina que el reconocimiento del hijo nattiral deberá hacerse en el acta de nacimiento, en testa-mento o en otro documento público. Cuando el reconocimiento se ha hecho por el padre en una de las formas prescritas, entonces el hijo no necesita acudir a los tribunales, pues él tiene su estado per-fectamente establecido.
“ ‘El propio Código Civil español en su artículo 135 determina cuándo el padre está obligado a reconocer al hijo natural, a saber: cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reco-nozca su paternidad o cuando el hijo se halla en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia. (Véase con respecto a la madre el artículo 136). Y en tales casos, cuando el padre no se aviene a hacer el reconocimiento de la manera dispuesta en el artículo 131, es necesario acudir al tribunal competente ejerci-tando la acción de reconocimiento cuya duración fija el artículo 137 del propio Código Civil español.’
“Puente et al v. Puente et al., 16 D.P.R. 585. "La segunda cuestión planteada por las partes o sea la que se refiere a la condi-ción de heredera de la demandante, está resuelta a nuestro juicio en las anteriores consideraciones en el sentido de que faltando la condición de hija natural reconocida en favor de la demandante falta a su vez su derecho a la legitimación y a la condición de here-dera de su difunto padre José María González.
“No pudiendo por otra parte sostenerse que se ejercita en esta acción una de reconocimiento o filiación sino la de nulidad de parti-ción y reconocimiento de haber hereditario fundándose la misma en el hecho de la legitimación de la demandante, a virtud del matri-monio de sus padres, siendo del todo improcedente que por esta corte y en la presente acción se resolviese aisladamente sobre el re-conocimiento y filiación de la demandante lo que requiere el ejerci-cio de una acción clara y definida propia y adecuada a la consecu-ción de dicho fin y sujeta a los requisitos y términos de prescripción que para el ejercicio de tales clases de acciones establece en distin-tos preceptos el propio Código Civil.
“Reasumiendo las anteriores consideraciones somos de opinión que toda vez que la demandante no fué reconocida por su padre de una manera auténtica en el acta de nacimiento, en testamento o en otro documento público ni tampoco fué declarada su filiación por sentencia de tribunal competente, carece de la condición de hija natural reconocida requisito para que pudiera surtir efecto su legi-timación por subsiguiente matrimonio de sus padres no ostentando por tanto su condición de heredera de don José María González.
“Procede pues se registre una sentencia de acuerdo con los tér-minos de esta opinión, declarando sin lugar la demanda, sin especial condena de costas.”

La apelante en su alegato, imputa a la corte los siguien-tes errores, a saber:

“I. La Corte erró al no conceder una sentencia en las alegacio-nes debido a que el demandado no había establecido controversia al-guna y su llamada materia nueva no era tal materia nueva sino li-beralmente interpretada, una negativa a algunos hechos de la de-manda.
“II. La Corte erró, al aceptar como prueba el espediente No. 5125 de la Corte de Distrito de Guayama ofrecido por el demandado, pues dicha prueba era completamente impertinente.
“III. La Corte erró al aceptar como prueba una supuesta par-tida de nacimiento ofrecida por los demandados para justificar el nacimiento de la demandante.
“IV. La sentencia dictada por la Corte es contraria a la Ley habiendo apreciado indebidamente la referida Corte el alcance de la misma en lo relativo al reconocimiento previo a la legitimación.
“V. La Corte erró al declarar sin lugar la demanda en totali-dad, pues aceptando hipotéticamente que la demandante no hubiera sido una hija legitimada por subsiguiente matrimonio, dentro de las alegaciones expuestas por la misma, la Corte podía haberla decla-rado hija natural reconocida de su padre y con derecho a su cuota hereditaria. ’ ’

I. La apelante solicitó una sentencia sobre las alegacio-nes, basándose en que la contestación del demandado no po-nía en controversia ningún hecbo material de los alegados en la demanda y que siendo ésta jurada, debió establecerse una negación específica a cada una de sus alegaciones. La contención de la apelante descansa principalmente en que la materia nueva alegada en la contestación admite directa o implícitamente los hechos de la demanda.

Estee’s, tomo 2, p. 569, refiriéndose a la materia nueva como defensa, dice así:

“Materia. Nueva. De acuerdo eou el código, solamente se per-miten dos clases de defensas. La primera consiste de una simple negación; y la segunda, de la alegación de materia nueva en forma afirmativa; y como el código ha abolido toda distinción en las for-mas de acción, y requiere solamente una simple relación de los he-chos que constituyen la causa de acción o defensa, estas dos clases de defensas tienen que ser las mismas en todos los casos. Por ma-teria nueva se entiende cuando el demandado trata de introducir en el caso una defensa que no aparece de las alegaciones; algo en que él confió pero que no ha sido puesto en controversia por el deman-dante y es algo que el demandado debe establecer en forma afirma-tiva. Materia nueva tiene que ser alegada especialmente.. Según el código no hay diferencia en las clases de materia nueva porque todo aquello que admite, bien directamente o por deducción, que una causa de acción según ha sido expuesta en la demanda existió una vez, pero al mismo tiempo la evita y demuestra que ha dejado de existir, es materia nueva.”

Lo sustancial de la demanda para establecer la legitima-ción de la apelante por subsiguiente matrimonio es él previo reconocimiento de hija natural que se alega hecho por los padres a fin de determinar su derecho1 a la herencia y para ello se alega que el reconocimiento se hizo en el acta de bau-tismo y que posteriormente la apelante para conseguir su inscripción en el Registro Civil y como hija legitimada del finado José María González y G-regoria Ramos Fonseca, instó un procedimiento ante la Corte de Distrito de Guayama en el que obtuvo sentencia ordenándose la inscripción. En la materia nueva se alega que la apelante no es ni ha sido reco-nocida como hija natural de José María González en docu-mento auténtico ni por sus herederos; ni tampoco lo ha sido por sentencia de jurisdicción competente o instituida here-dera en testamento por el finado. Estas alegaciones com-prensivas de la materia nueva de defensa cumplen con el estatuto y la jurisprudencia. En ellas es verdad que no se niega la existencia del acta de bautismo y la sentencia que fué dictada por la Corte de Distrito de Guayama, pero no se admite su eficacia alegándose que el reconocimiento de la apelante no se' ha hecho en documento auténtico o por sen-tencia dictada por tribunal de competente jurisdicción. No se cometió, por tanto, el primer error apuntado.

II. Se impugnó por la apelante la admisión en evi-dencia del expediente No. 5125 tramitado ante la Corte de Distrito de Guayama y en el cual a su instancia, so dictó la sentencia que ordenó su inscripción en el Registro Civil de Arroyo como hija legitimada de los finados José María Gon-zález y Gregoria Ramos Fonseca.

La objeción de la apelante consiste en que los. autos del expediente no prueban ningún hecho de la materia nueva del demandado.

El artículo 126 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice:

“Art. 126. — Al alegar la existencia de una sentencia o resolución de una corte, funcionario o junta oficial, no será preciso citar los he-chos que determinan su jurisdicción, pero podrá consignarse que dicha sentencia o resolución fué dictada en debida forma. Si tal alegación fuere impugnada, la parte que dedujo aquélla deberá pro-bar en el juicio los hechos constitutivos de la jurisdicción.”

La apelante alegó la existencia de la sentencia que or-denó su inscripción en el Registro Civil, en la forma que hemos visto de las alegaciones de la demanda, pero guardó silenció en cnanto a los hechos que determinaban la juris-dicción de la corte y el demandado negó tal jurisdicción. Co-rrespondía entonces probar a la apelante los hechos. A falta de tal prueba su alegación quedaría sin valor legal, pero el demandado optó, sin embargo, por presentar dicho expe-diente tendente a probar la falta de jurisdicción de la corte para dictar la citada sentencia, y en ello la corte inferior no cometió ningún' error al admitirlo.

III. La apelante apenas se detiene a discutir el tercer error, por lo que entraremos de lleno a considerar conjun-tamente los dos últimos errores en que se discuten los mé-ritos del caso.

Estamos de acuerdo con el análisis que' la corte inferior bace de la ley y la jurisprudencia en su aplicación a las alegaciones y las pruebas de este caso. Se nos hace nece-sario, sin embargo, hacer más precisa la discusión en cier-tos extremos. En atención a la fecha del nacimiento de la apelante, mayo 15, 1899, su caso se rige por los preceptos del Código Civil Español. Sólo los hijos naturales pueden ser legitimados por subsiguiente matrimonio, pero como ellos requieren ser reconocidos para ser considerados como tales, el reconocimiento antes o después del matrimonio por los padres viene a constituir la condición previa para que la legitimación produzca todos los efectos legales. La acción de la apelante tiene por última finalidad que se le declare a ella una de las herederas del finado José María González y se anule la partición de los bienes de la herencia en que aparece preterida. Su alegación fundamental es su carác-ter de hija natural reconocida legitimada por subsiguiente matrimonio, existiendo el requisito del previo reconocimiento hecho por los padres en acta de bautismo y también en vir-tud de sentencia que ordenó su inscripción en el registro civil haciéndose constar en el acta sn condición de hija natural reconocida legitimada por subsiguiente matrimonio. Si cualquiera de estos dos elementos tuviera fuerza legal, la apelante hubiera alcanzado su objeto. Pero el acto del bau-tismo, que aparece tener lugar en abril 2, 1902, estando ya en función el registro civil desde el año 1884, no podía con-siderarse como la prueba auténtica y fehaciente del recono-cimiento. En el caso de Rodrígues v. Rodrígues et al., 18 D.P.R. 440, se estudia el efecto legal de esa clase de prueba y se dice:

'Las partidas de bautismo y de matrimonio como en general todos los documentos públicos, hacen fe del hecho que motivó su otorgamiento y de la fecha de éste o sea de la administración del bautismo y de la celebración del matrimonio en la fecha que expre-san ; pero no de la veracidad de las manifestaciones que en ella se inserten respecto de la filiación o estado del bautizado o casado. Esa es la doctrina legal derivada de sentencias del Tribunal Supremo de España de 28 de junio de 1864, 18 de marzo de 1873, 24 de junio de 1897, y 13 de junio de 1899, doctrina conforme con el precepto del artículo 1186 del Código Civil vigente.’ ”

Y no más eficaz en su efecto legal es la sentencia que ordenó la inscripción de la apelante como hija natural reco-nocida legitimada por el subsiguiente matrimonio de José María González y Gregoria Ramos Fonseca. Prima facie la demanda establecía con la sola mención de la sentencia el reconocimiento en forma fehaciente de la apelante, pero investigado el procedimiento en que se obtuvo, se vino én conocimiento que se trataba de un procedimiento ex parte, tramitado en ausencia de las demás partes realmente intere-sadas y sin jurisdicción, por tanto, la Corte de Distrito de Guayama para dictarla. No existe ninguna otra evidencia que establezca en forma auténtica y fehaciente el reconoci-miento de la apelante, pero su abogado en el alegato, du-dando del valor legal de la partida de bautismo y sentencia que menciona en la demanda, plantea la cuestión en esta, foi’ma:

"Nosotros al establecer nuestra alegación, en el hecho segundo consignamos actos que tendían a demostrar un reconocimiento por los padres de la demandante, para que el Tribunal estuviera en-con-diciones de fijar el reconocimiento de la demandante como condición previa a su legitimación, basándose en la posesión de tal estado, en la hipótesis que el procedimiento incoado para su legitimación no hubiere sido eficaz en derecho.
"La'Corte no resolvió esta cuestión, sino que como ya vimos, no habiendo aparecido el reconocimiento en la forma que consigna el Artículo 131, y haciendo caso omiso de todo lo demás, declaró sin lugar.”

Y su razonamiento para sostener la proposición dice:

" El' estado de legitimación de los hijos es un estado resultante de la celebración del acto de matrimonio por dos personas que vi-vieron en estado de concubinato y procrearon una familia natural a la que reconocieron por una serie de actos y hechos de acuerdo con las exigencias del Código y el matrimonio operó como causante de la legitimación, siendo el reconocimiento voluntario o coactivo.”

El punto así levantado es de suma trascendencia, de-biendo considerarse en relación con los artículos 115, 116, 117, 121, 135 y 136 del Código Civil Español, que dicen lo siguiente:

“Art. 115. — La filiación de los hijos legítimos se prueba por el acta de nacimiento extendida en el Registro Civil, o por documento auténtico o sentencia firme en los casos a que se refieren los arts. 110 al 113 del capítulo anterior.
"Art. 116. — A falta de los títulos señalados en el artículo anterior, la filiación se probará por la posesión constante del estado de hijo legítimo.
"Art. 117. — En defecto de acta de nacimiento, de documento au-téntico, de sentencia firme o de posesión de estado, la filiación le-gítima podrá probarse por cualquier medio, siempre que haya un principio de prueba por escrito, que provenga de ambos padres con-junta o separadamente.
"Art. 121. — Sólo se considerarán legitimados por subsiguiente matrimonio los hijos que hayan sido reconocidos por los padres antes o después de celebrado.
“Art. 135. — El padre está obligado a reconocer al hijo natural ■en los casos siguientes:
“1-, Cuando exista.escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“29. Cuando el hijo se halle, en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.
“En los casos de violación, estupro o rapto, se estará a lo dis-puesto en el Código Penal en cuanto al reconocimiento de la prole.
“Art. 136. La madre estará obligada a reconocer al hijo natural :
“l9. Cuando el hijo se halle, respecto de la madre, en cualquiera de los casos expresados en el artículo anterior.
“29. Cuando se prueba cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo.”

Manresa discute en cierto modo la cuestión suscitada por el hábil abogado de la apelante y establece el sentido a que puede conducir el tenor literal del artículo 121, el cual trata de armonizar con los demás artículos que hemos citado y su comentario, en parte, es como sigue:

“El tenor literal del artículo hace presumir que si hay varios hijos naturales, sólo serán legitimados por subsiguiente matrimonio aquellos que individualmente hubiesen sido reconocidos por los padres; con lo cual llegará tal vez a producirse una desigualdad in-justa entre ellos, si no han sido reconocidos todos. No puede creerse que los redactores del Código hayan querido provocar esta conse-cuencia, y hay que examinar despacio la duda, buscando otros ele-mentos de interpretación diferentes de la letra del artículo.
“En el proyecto de 1851 existía el mismo precepto (art. 119), y Goyena lo explicaba del siguiente modo: ‘El subsiguiente matri-monio legitimaba hasta’ ahora de pleno derecho, porque estando per-mitida la investigación de la paternidad natural, podía el hijo pro-barla aún después de celebrado el matrimonio y a pesar de la pro-hibición de los padres. Ahora está prohibida hasta la investigación de la maternidad, según el art. 127: no hay hijo natural sin el re-conocimiento previo y voluntario.’
“Si tal es, como parece ser en muchos de los Códigos extranje-ros que piden también esta condición, el único motivo de proclamar semejante precepto, no tiene ahora valor alguno, puesto que en nuestro Código está permitida la investigación de la maternidad, según la base 4», y de hecho puede producirse también la paternidad. *£=»*«&*
"Es verdad que contra olvidos injustificados tienen los hijos el remedio de obligar a que se les reconozca, según el tenor de los arts. 135 y 136; pero como respecto del padre (excepto en los casos de violación, estupro o rapto), lo que se pide y se puede realmente ob-tener es la fuerza legal de un reconocimiento voluntario anterior, la ventaja del hijo no reconocido se amengua, y la indefensión será absoluta cuando careciese del escrito o de la posesión de estado que mencionan los números l9 y 2'-’ del artículo 135.
“Tratándose, pues, de hijos naturales (contra quienes no concu-rren los prejuicios que pesan sobre otros ilegítimos), creemos que debiera haberse extendido a todos el beneficio de legitimación hecho a un hermano, aunque los demás no estuviesen reconocidos, y una vez que probasen por todos los medios que a los legítimos se conce-den (arts. 115, 116, y especialmente el 117) su cualidad de hijos naturales de la persona cuya paternidad pretenden. Verdad es que esto equivaldría a una completa investigación de la paternidad; pero completaría el texto del artículo que comentamos, evitando la desigualdad que puede producirse entre los hijos naturales.” Man-resa, Coment. al Cód. Civ. Esp., tomo 1, págs. 543-45.

A pesar de las sugestiones que presenta el Sr. Manresa para evitar desigualdades injustas si hay varios hijos y no todos han sido reconocidos, o subsanar omisiones por olvi-dos injustificados, la apelante, sin embargo, no ha aportado los elementos necesarios como medio de estudiar tales suges-tiones en sus diferentes aspectos. Las cuestiones así plan-teadas quedan abiertas para el futuro. La apelante ha es-tablecido su acción fundada únicamente en el reconocimiento auténtico que prescribe el artículo 131. Ella no extendió el issue a cualquiera de los casos previstos en el 135. Así por lo menos quedó clara y explícita su afirmación en ese sen-tido cuando discutiendo la suficiencia de la materia nueva de defensa en el primer error, dicha apelante dice:

“¿Acaso estamos dentro de una acción sobre reconocimiento de hija natural, donde tal vez pudiera plantearse este problema, o es-tamos ante el caso de una hija legitimada por subsiguiente matri-monio que reclama su participación en los bienes?”

Pero aun concediendo que esta inconsistente actitud se alega'se únicamente a los fines de la argumentación, es lo cierto que nada encontramos en la demanda comprensivo dentro de los casos de un reconocimiento forzoso.

Par todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.

El Juez Presidente Señor del Toro y el Juez Asociado Señor HutcMson, disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutohison,

text:
    Angela López, demandante y apelante, v. Emilio Chevremont, demandado y apelado.
    No. 3383.

    Visto: Enero 26, 1926.

      Resuelto: Julio 12, 1926.
    1. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Oaso — •Revocación— Errores que no Justifican Una Revocación — Fundamento Erróneo de la Sentencia, Guando Esta es en sí Correcta. — Errores alegados en ape-lación no justifican una revocación cuando la sentencia apelada puede -sos-tenerse sobre otras bases.
    2. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Confirmación— En General — Fundamentos de las Proposiciones Alegadas Como Moti-vos de Apelación — Exposición Insuficiente de Aquéllos en la Corte Inferior. — Cuando en la corte inferior no se exponen fundamentos muy satis-factorios para las proposiciones alegadas comd fundamento de apelación, y según dietas proposiciones se presentan' en el' alegato, no requieren seria consideración, procede confirmar la sentencia apelada.
    SENTENCIA de M. Rodrigues Serva, J. (San Juan, Segundo Distrito), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Eduardo Lopes Tizol, abogado de la apelante; Luis Méndez Vas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutohison,

emitió la opinión del tribunal.

Una historia concisa de la presente controversia basta la revocación de una sentencia de non-suit está contenida en el caso de Tous Soto, defensor etc., v. Chevremont, 31 D.P.R. 381.

La, presente apelación es de la siguiente—

‘ ‘ SENTENCIA
“La vista final de este caso se verificó el día 8 de octubre del co-rriente año concurriendo las partes asistidas de sus abogados, pre-sentando y practicando sus pruebas.
“Considerando en conjunto dicha prueba la Corte llega a las siguientes conclusiones de hechos.
“1*. — Que la demandante no era considerada en su comunidad como una mujer pura, en la época en que alega haber sido seducida, sino por el contrario ella había vivido en concubinato con otro hombre.
“2®. — Que la demandante no ha probado haber sufrido daños y perjuicios a virtud de los actos del demandante. Sobre este punto hubo ausencia total de prueba.
“En su virtud la corte es de opinión que debe declarar sin lu-gar la demanda y al efecto dicta sentencia declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.”

En mayo 29 de 1925 se dispuso del caso per curiam en la siguiente forma:

“Por cuanto, todos los miembros de esta Corte convienen en que el pronunciamiento final y parte dispositiva contenido en la senten-cia dictada por la corte inferior de ser considerado, por sí solo no es tan manifiestamente contrario a la prueba aducida al juicio que re-quiera su revocación; y
“Por cuanto, el alegato del apelante no contiene ningún seña-lamiento de error por separado; y
“Por cuanto, las cuestiones promovidas, según se expresaron en el informe oral en el acto de la vista en tanto pueden tener algún mérito como cuestiones abstractas de ley, son más o menos técnicas, y en la forma y modo en que han sido sometidas a nuestra conside-ración admiten implícitamente y prescinden de ciertas proposiciones más serias y fundamentales sobre las cuales este Tribunal no está unánimemente conforme como lo está con referencia a la cuestión aquí referida en primer término; y
“Por cuanto, de un examen cuidadoso de toda la prueba no pa-rece probable que se obtendría un resultado más favorable para la demandante, si por razones más o menos técnicas el caso debiera ser devuelto otra vez para la celebración de un nuevo juicio; y
“Por cuanto, no estamos dispuestos a incitar a la demandante que prosiga o someta al demandado al continuado sostenimiento de una controversia de esta naturaleza y de tal mérito dudoso e intrín-seco en lo que respecta al alegado derecho de la demandante para recobrar por daños.
' ‘ Por tanto, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan, Distrito Segundo, en Diciembre 37 de 1923.”

En agosto 1 de 1925 por orden de la mayoría de esta corte se declaró con lugar una moción de reconsideración y se invitó a las partes a que discutieran además de los pun-tos ya presentados las siguientes cuestiones:

”1 — ¿ Determina la sentencia la cuestión litigiosa principal res-pecto a si fue o nó seducida la demandante por el demandado?
“2 — ¿Puede sostenerse 1a. sentencia por la teoría de una apela-ción contra el pronunciamiento final de la misma, preseindiéndose de cualquier error en la determinación de las únicas cuestiones ex-presamente resueltas ?
”3 — ¿Es la sentencia de desestimación, cuando expresamente se funda en una conclusión de hecho falsa y una conclusión de dere-cho errónea, comprendida en ella, sin hacer mención y al parecer sin ninguna consideración de la cuestión litigiosa principal, una de-terminación final de los derechos de las partes dentro del significado del artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil?”

La apelante contesta la primera y tercera de estas pre-guntas en forma afirmativa y al discutir la segunda se con-forma con; insistir en la proposición de que la sentencia ape-lada no debe ser confirmada sino revocada. Bajo estas cir-cunstancias no debemos llevar la investigación más lejos.

La apelante insiste en que:

“ler error. — Qiie la corte cometió error al declarar como base de su sentencia que la demandante no era considerada en su comu-nidad como una mujer pura, en la época que alega haber sido se-ducida.
“2o error. — Que la corte cometió error al considerar como con-trario al derecho de la demandante el supuesto concubinato de Angela López con Zencovieh.
“3r error. — Que la corte cometió error al declarar en su senten-cia que no se ha probado los daños sufridos por la demandante.
“4o'error. — Que la corte cometió error al declarar que Angela López era de mal carácter, tomando para ello las declaraciones de Laforet y Nazario, quienes sólo declararon sobre un caso en particular, de concubinato.
“5o error. — Que la corte cometió error al permitir que el tes-tigo Francisco Cuevas Laforet declarara que Angela López vivió en concubinato con Zeneovicb.
“6o error. — Que cometió error al permitir que el testigo Ramón Nazario declarara acerca del supuesto concubinato de Angela López con Zeneovich.
“7o error. — Que la corte cometió error al no declarar con lugar la moción del demandante solicitando se eliminara totalmente la de-claración de este testigo, por inmaterial.
“8o. error. — Cometió error al declarar sin lugar la moción de eliminación de las declaraciones de los testigos Laforet, Nazario y Juan Oquendo, presentados para impugnar la propia declaración de la testigo del demandado, Angela López.
“9o. error. — La corte cometió error al dictar sentencia contraria a la prueba practicada y a las alegaciones.”

.El primero, segundo, cuarto y quinto de los errores señalados según están especificados, no justifican una revocación si se puede sostener la sentencia sobre otras bases, de acuerdo con decisiones anteriores de esta corte. Paganacci v. Lebrón, 24 D.P.R. 796; Pellicier v. Fernández, 19 D.P.R. 117; Gandía v. Pizá, 17 D.P.R. 812; González v. Co llazo, 22 D.P.R. 618; Galán v. Borinquen Trading Corp., 32 D.P.R. 62; Bravo v. Bravo, 27 D.P.R. 444; Guerra v. Acha, 27 D.P.R. 688; Albite v. Lecumberri, 22 D.P.R. 856; France & New York Medicine Co. v. Reily, 31 D.P.R. 650.

En un número de estos casos el juez que suscribe fia disentido o firmado conforme con la sentencia, pero bajo las circunstancias de este caso esta diferencia de opinión, sin nada más, no tiene importancia suficiente para justificar que me negara a dictar la opinión de esta corte.

En este caso no hubo moción de nuevo juicio ni tampoco petición alguna solicitando conclusiones de beclios específicos.

El dejar de presentar tales conclusiones de becbos no ha sido siquiera señalado como error. La invitación exten-dida a la apelante para que atacara la existencia de una. sen-tencia adversa o una decisión sobre los méritos ha sido re-husada.

Para los fines de esta opinión no necesitamos estudiar ni discutir los principios elementales del derecho sentados por otras cortes al disponer de casos que envuelven responsabi-lidad civil por seducción y en los cuales confía la apelante en su alegato.

Ninguno de los casos parece haber confundido la seduc-ción con actos o relaciones meramente ilícitos. Si la deman-dante dijo la verdad en la silla de los testigos, ella ha sido seducida. Si la versión del demandado de lo que ocurrió era cierta, no había base para una reclamación por seducción. Una u otra de estas manifestaciones era falsa.

La apelante admite que la corte inferior resolvió la cues-tión. Y, en la teoría de que se llegó a una conclusión a este respecto, entonces, según manifestamos en la sentencia per curiam de abril 29 de 1925, ninguno de los miembros de esta corte puede decir a conciencia que la corte inferior erró ma-nifiestamente en la apreciación de la prueba.

Esto resuelve los. señalamientos octavo y noveno.

No se expuso ningún fundamento muy satisfactorio en la corte inferior para las proposiciones alegadas como tercera, sexta y séptima base de la apelación; y según han sido presentadas en el alegato no requieren seria consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor. Hutchison,

text:
    Alfredo Schmidt y María Criado, demandantes y apelados, v. Alfredo, Frank, Adalina O’Sheaf y Colón, demandados y apelantes.
    No. 3886.

    Visto: Junio 4, 1926.

      Resuelto: Julio 13, 1926.
    Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Oorte Inferior — Solicitud-para Dejar Sin. Efecto Una Sentf.ncia — Nesativa del Tribunal Inferior. — En este caso se apeló de una orden que declaró sin lugar moción-para dejar siu efecto una sentencia por haber sido ésta obtenida por sor-presa, inadvertencia o negligencia excusable. Atendidas las circunstancias concurrentes set resolvió no era posible resolver que el juez inferior erró al declarar sin lugar dicha moción.
    ORDEN de B. II. Todd, Jr., J. (Ronce), declarando sin lugar moción sobre apertura de rebeldía y para dejar sin efecto la sentencia dictada.

      Confirmada.

      Arjona & Arjona, abogados de los apelantes; B. Pérez Marchand, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes radicaron una demanda contra Alfredo, Frank y Adalina O’Sbeaf y Colón como herederos de Alaida O’Sheaf y Colón, solicitando se condenara a los demandados a otorgar una escritura de cancelación y pago de una hipo-teca y al pago de daños y perjuicios.

El día 5 de abril de 1924, Alfredo y Adalina O’Sheaf y Colón comparecieron por conducto de su abogado Angel Piol Negrón y presentaron excepción previa a la demanda ale-gando que ésta no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción contra ellos.

Posteriormente se presentó la siguiente moción:

“Comparece abora el abogado suscribiente, Ledo. Angel Fiol Negrón, ante la Honorable Corte en el caso arriba intitulado y res-petuosamente expone: — 1. Que el suscribiente firmó y radicó el día 5 de abril de 1924 una excepción previa en el caso arriba intitulado compareciendo en representación de los arriba demandados Alfredo y Adalina O’Sbeaf y Colón. — 2. Que el abogado suscribiente sola-mente estaba autorizado a comparecer a voz y nombré del deman-dado Alfredo y de la niña Emma Tenn y O’Sbeaf que conjunta-mente con los otros demandantes componen la Sucesión de Doña Alaida O’Sbeaf. — 3. Que por error involuntario aparece en la. ex-cepción previa que el suscribiente verifica la comparecencia a. nom-bre de Alfredo y de Adalina O’Sheaf y Colón, cuando en realidad, de verdad quiso verificarlo a nombre de Alfredo y Emma Tenn y O’Sbeaf. — 4. Que el abogado suscribiente nunca recibió instruccio-nes ni verbales ni escritas, • ni en- ninguna ’ otra forma de Doña Ada-lina O’Sheaf para comparecer por ella en-el caso arriba intitulado, ni en ningún otro caso. — 5. Que no estando demandada en el suso-dicho caso la referida Emma Tenn y 0 ’’Sheaf, el abogado suscri-biente solamente podía comparecer entonces a nombre de Alfredo O’Sheaf y Colón, la única persona que en este caso le ha facultado para asumir su representación. Por todo lo expuesto, a la Hon. Corte suplico que la excepción previa radicada por este abogado se tenga por presentada solamente en cuanto al demandado Alfredo O’Sheaf y Colón, y en cuanto a la otra demandada Adalina O’Sheaf y Colón, y se tenga como no comparecida o sea como si jamás se hubiera radicado la excepción previa en cuanto a ella toda vez que la comparecencia de ésta fué por error involuntario del abogado que suscribe, según se expone en esta moción. Respetuosamente sometida. (Firmada) Angel Fiol Negrón. — Abogado de Alfredo O’Sheaf.”

.El 21 de febrero de 1925 el secretario a instancias del abogado de los demandantes anotó la rebeldía de Frank y Adalina O’Slieaf.

El día 13 de marzo de 1925 se celebró la vista del caso y los demandantes presentaron su prueba y el día 20 la corte dictó sentencia contra los demandados Frank y Adalina O’Sheaf de acuerdo con la súplica de la demanda. El 17 de ag’osto de 1925, Adalina O’Sheaf por su abogado Angel Fiol Negrón presentó una moción para que se dejara sin efecto la sentencia y se continuara tramitando el caso, ale-gando que ella había dado la representación de su caso al Ledo. Fiol, quien había comparecido a nombre de ella y ex-cepcionado la demanda el 5 de abril de 1924; que la moción de 17 de febrero de 1925 fué presentada inadvertidamente; que su citado abogado no tenía instrucciones de abandonar el caso y que la demandada creía que él la estaba represen-tando; que la demandada tuvo conocimiento de la sentencia al leer un edicto sobre la venta de los derechos de la deman-dada en ciertos terrenos en Salinas. Que la demandada te-nía una buena defensa sobre los méritos del caso, según que-daba demostrado por la prueba traída por los demandantes en apoyo de su demanda, por la cual se veía que no había nada que demostrara que los actos de Frank O ’Sheaf podían perjudicar los derechos personales e individuales de la de-mandada; que la sentencia contra la demandada había sido obtenida por sorpresa, inadvertencia y negligencia excusable; que la demandada había expuesto los hechos de su de-fensa bien y fielmente a su abogado; que éste le había in-formado que ella tenía una buena y suficiente defensa en derecho sobre los méritos del caso, lo que así creían ambos de buena fe.

Un así llamado “Affidavit de méritos” dice como sigue:

“Yo, Angel Fiol Negrón, mayor de edad, casado, abogado y ve-cino de Ponce, Puerto Rico, bajo juramento declaRO: — -1. Que soy del nombre, apellidos, edad, estado civil, profesión y vecindad antes mencionados. 2. Que esta acción se inició ante esta Corte recla-mando el otorgamiento de cierta escritura y además, el pago de ciertos daños y perjuicios. 3. Que la demandada Adalina O’Sheaf y Colón me confirió su representación en este asunto, y comparecía en fecha 5 de abril de 1924, exponiendo una excepción previa contra la demanda, a nombre de dicha demandada. 4. Que en fecha 18 de febrero de 1925 se radicó ante esta Corte una moción por mí, ha-ciendo constar que no comparecí en el nombre de Adalina O’Sheaf y Colón y que sí sólo lo hacía en el nombre de Alfredo O’Sheaf .y Colón, otro demandado en este procedimiento. 5. Que dicha moción fué presentada inadvertidamente por mí, toda vez que yo no tenía instrucciones por dicha demandada de abandonarle su caso, y actué al presentar dicha moción, bajo la falsa impresión de querer hacer constar a la Corte que yo no comparecía como abogado de Frank O’Sheaf y Colón, pero nunca que no lo era de Adelina O’Sheaf y Colón. Ponce P. R., a 17 de agosto de 1925. — Angel Fiol Negrón. —Affiant.”

La demandada apela de una orden declarando sin lugar esta moción mencionada últimamente y alega que:

“PkimeR error: — Erró la Corte al imputar a la aquí apelante la responsabilidad de la actuación del abogado Angel Fiol Negrón por la moción de éste alegando que no comparecía como representante de la demandada y apelante.
‘‘Segundo error:- — Erró la Corte al ignorar la comparecencia de la demandada y apelante, en la excepción previa que había radicado, fundándose en una moción personal de su abogado, sin que de la misma se le hubiere dado noticia, y sin que la Corte hubiera dictado sobre dicha moción del abogado, providencia o resolución que le hu-biere sido notificada a la demandada y apelante.
‘ ‘ TERCER error : — Erró la Corte al estimar que no hubo sorpresa, inadvertencia, o negligencia excusable, en este caso, al dictarse la sentencia que se dictó en contra de la demandada y apelante.
‘ ‘ Cuarto error : — Erró la Corte al no haber accedido a la súplica de la demandada y apelante, negándose a abrir la rebeldía que le fué anotada y negándose eximirla de los efectos de la sentencia que en contra de la misma, le fué registrada en rebeldía.”

No encontramos que la corte inferior imputara a la de-mandada responsabilidad alguna por las manifestaciones he-chas por Angel Fiol en febrero de 1924 o que la corte pasara por alto la comparecencia y la excepción previa presentada por la demandada. El argumento admite que la demandada compareció y excepcionó la demanda.

Pero no hay prueba alguna en apoyo de esta aserción a no ser la alegación misma con la firma de un abogado, quien posteriormente dice que nunca estuvo autorizado para pre-sentarla y hace constar claramente que él no era ni había sido nunca abogado de la demandante. Aceptando estas ma-nifestaciones como ciertas, el juez de distrito no imputó res-ponsabilidad alguna a la demandada, pues de haber algo de cierto en tales aserciones la relación de abogado y cliente nunca existió. De todos modos, en lo que a un cliente se refiere, un abogado tiene tanto derecho a retirar una excep-ción como a presentarla. T la corte, cuando no están en-vueltos los derechos de otras personas y las circunstancias son tales que no despierten sospecha, no comete error al re-conocer este derecho.

El hecho de que el abogado en este caso manifestó des-pués bajo juramento que la moción radicada en febrero fué presentada por inadvertencia no parece haber causado im-presión alguna al juez de distrito ni, en ausencia de algo más concreto que explique cómo ocurrió el error, estamos persuadidos que la corte inferior dejó de apreciar la impor-tancia de esta declaración jurada. Ni siquiera aparece que oí pliego presentado en febrero 18 no fné preparado y fir-mado por el abogado personalmente. Según fué preparado su lenguaje no podía baber sido por inadvertencia, ya que su redacción es muy elaborada, muy específica y muy tauto-lógica, en detalles para haber sido escrita, dictada o aún leída bajo la impresión de que se deseaba referirse a Frank O’Sheaf dondequiera que aparecía el nombre de Adalina O’Sheaf. Además, el abogado nunca había comparecido o presentó excepción alguna a nombre de Frank O’Sheaf. Pol-lo que aparece del récord, el abogado nunca había represen-tado ni se había sospechado que representara a ese deman-dado. El abogado no tenía, por tanto, razón para negar tal representación, ni tampoco, por consiguiente, excusa para haber tenido la intención de decir o la creencia de que estaba diciendo que nunca había sido autorizado para representar al dicho Frank O’Sheaf y que por falta de tal autorización deseaba' retirar el pliego de alegaciones radicado como abo-gado del dicho Frank O’Sheaf.

El affidavit de méritos no demuestra que la demandada tenga una buena defensa sobre los méritos del caso. Ni aún declara bajo juramento la manifestación sin jurar a ese efecto contenida en la moción. No tenemos a la vista la prueba aducida durante el juicio y con la moción no se ofre-ció pliego de alegación alguna. No se da explicación alguna de por qué el affidavit de méritos no fué hecho personalmente por la demandada.

La demandada parece que estaba representada por otro abogado al tiempo de someter su moción a la consideración de la corte inferior. Aún así se pudo presentar una decla-ración jurada adicional. De lo contrario, en las circunstan-cias excepcionales de este caso quizás podría decirse que las reglas ordinarias que rigen cuestiones de esta clase no son aplicables a una situación tan anormal: Pero habiendo te-nido la demandada oportunidad de presentar un caso más fuerte del que presentó en la corte inferior y en ausencia de tal demostración nos es imposible resolver que el juez de distrito erró al declarar sin lugar la moción.

La orden apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Isabelo Carrasquillo y Miguel Santiago, peticionarios y apelados, v. Federico Schroder, Juez en Comisión de la Corte Municipal de Río Grande, P. R., demandado y apelante.
    No. 3739.

    Visto: Diciembre 22, 1925.

      Resuelto: Julio 13, 1926.
    Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Procedimientos de Tribunales In-feriores — Su Anulación for Certiorari — En General. — No puede anu-larse, mediante certiorari, la sentencia- y procedimientos de una corte inferior1 después de transcurrido el término para apelar, a instancia de personas extrañas a dicho procedimiento, sin oir las partes enl el mismo y a virtud de prueba alvwtide aducida en ausencia de dielias partes.
    Resolución de M. Rodríguez Berra, J. (San Juan, Segundo Dis-trito), declarando nulos y sin valor legal alguno actos realizados por el Márshal de la Corte Municipal de Río Grande, o por la corte misma.

      Revocada.

      R. García Mujica y E. H. F. Dottin, abogados del apelante; M. Be-nitez Flores, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

María Matos instituyó un procedimiento de desahucio contra Antonio Ciuró alegando la falta de pago de cánones bajo un supuesto contrato verbal de arrendamiento.

El demandado, al ser notificado, presentó una moción pi-diendo se le prorrogase el tiempo para preparar su defensa. Esta moción fué declarada con lugar y la audiencia preli-minar fué señalada de nuevo para el 16 de enero de 1925.

En dicha fecha, no habiendo comparecido el abogado del demandado, fué notificado que la audiencia preliminar se había señalado de nuevo para el 21 de enero de 1925, junto con una moción radicada por la demandante protestando contra la acción de la corte al conceder la moción de sus-pensión del demandado.

Una sentencia dictada en enero 22 expresa la omisión del demandado de comparecer a la audiencia el día anterior.

En nn escrito radicado en enero 22 y titulado “Compa-recencia del Demandado” se solicitó permiso para presen-tar en la segunda comparecencia prueba testifical y docu-mental, y la única referencia que a ella se hizo para identi-ficarla fué que se ofrecía en anticipación a dicha segunda comparecencia.

La contestación consiste de una negación general y de una sugestión de que los hechos alegados en la demanda no constituyen una causa de acción. Esta parece haber sido radicada en 22 de enero de 1925, habiendo sido depo-sitada en el correo de San Juan el día 20 del citado mes.

El 9 de febrero el demandado presentó una moción soli-citando se anulara la sentencia dictada en enero 21, basán-dose en el hecho de que además de los pasos ya menciona-dos dados por el abogado del demandado y a pesar de la diligencia y actividad del demandado, su abogado había reci-bido un telegrama del secretario de la corte municipal dos días después de la vista notificando al demandado. que ¡ su contestación se había recibido después de haberse resuelto el caso; que este telegrama fué una verdadera sorpresa para su abogado; que el demandado tenía una justa y buena causa de defensa en sus méritos, “lo que le constaba no solamente al demandado, quien había explicado su caso a su abogado y éste le había informado en tal sentido, sino que asimismo le constaba a la demandante, por cuanto ella sabía que no tenía derecho a establecer esta acción, porque la finca objeto de la demanda no era de su propiedad ni la ■ poseía desde agosto de 1924 en que fué vendida en pública subasta por el márshal de aquella misma corte municipal como consecuencia de un pleito establecido ■ contra la refe-rida María Matos, sobre cobro de dinero, que ésta perdió; : que estos hechos eran de conocimiento de la demandante y de su abogado, y que la acción de desahucio se había ejercido .maliciosamente y a sabiendas de que ella no era dueña ni poseedora de la finca en cuestión; que una sentencia como la que se dictó en ausencia del demandado a pesar de éste haber comparecido remitiendo su contestación, lesionaba hondamente los intereses del demandado y era contraria a los'fines dé la justicia.”

En marzo 13 el abogado del demandado fué notificado de una orden dictada el 11 del mismo mes, la que dice que la vista de la moción del demandado solicitando se anulara la sentencia había sido señalada para el 2 de marzo; que el abogado del demandado no había comparecido y que el abo-gado de la demandante se había opuesto a tal moción y por consiguiente se procedió a declarar la misma sin lugar.

En marzo 18 la demandante solicitó una orden de lanza-miento que fué expedida al día siguiente.

El diligenciamiento del márshal y el informe de los ta-sadores al dorso de dicho auto indican que el 20 de marzo el márshal desahució al demandado y a todas aquellas per-sonas que se hallaban en la finca por orden de éste, po-niendo al demandante en posesión de la misma, excepto de la casa ocupada por el demandado, quien tenía dos niños enfermos y por consiguiente se le permitió permanecer en la finca hasta el 24 de marzo, fecha en la cual se le lanzó de la finca; que no habiendo los tasadores llegado a un en-tendido, el demandante nombró a José P. Nazario (el már-shal había nombrado a Pedro Concepción), y que el deman-dado rehusó nombrar un tasador, manifestando que él allí no tenía nada y no deseaba que ningún tasador le repre-sentara; y que los tasadores nombrados por la demandante y por el márshal llegaron a un acuerdo respecto a la tasa-ción de la finca, dándose el resultado de esta tasación en forma de una relación detallada.

Un mes más tarde Isabelo Carrasquillo y Miguel Santiago solicitaron un auto de certiorari de la Corte de Dis-trito. La petición contenía las siguientes alegaciones y sú-plica :

‘ ‘ 2. — Que allá por el mes de agosto de 1924, el peticionario Isabelo Carrasquillo, arrendó a Genaro Betancourt Mujica, por el término de dos años, y al canon de $50.00 anuales, pagaderos por anualida-des vencidas, la siguiente finca:
“Rústica: — Situada en el barrio de Hato-Puerco de Loíza, Puerto Rico, compuesta de nueve cuerdas y varas, colindando por el Norte, con don Juan López de Victoria; por el Sur con la Sucesión Be-tancourt; por el Este con el río Canóvanas, y por el Oeste, con la misma Sucesión Betancourt.
“3. — Que posteriormente y el 22 de septiembre de 1924 el otro peticionario Miguel Santiago adquirió la finca antes descrita por título de compraventa, de Genaro Betancourt Mujica, concertándose entonces otro arrendamiento por el término de dos años, sujeto a prórroga de un año más entre el señor 'Santiago e Isabelo Carras-quillo.
“4. — En estas condiciones, el arrendatario y abora peticionario Isabelo Carrasquillo tomó posesión de la finca objeto de este arren-damiento desde su primer contrato con el señor Betancourt, siguiendo en ella una vez ratificado el mismo por él segundo dueño Sr. Miguel Santiago, dedicándose a cultivar la misma, preparando los terrenos, cercando dicha finca, adquiriendo semillas para la siembra y sem-brándola de caña y frutos menores, cuya finca vino poseyendo hasta el día 20 de marzo último, en cuya fecha el-Márshal de la Corte Municipal de Río Grande, Luis García Piñero, en cumplimiento de una orden de ejecución de una sentencia de desahucio dictada por el Hon. Schroder, Juez en comisión de la referida Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Río Grande, en el caso civil No. 734 seguido por María Matos v. Antonio Ciuró, sobre desahucio se presentó dicho márshal en la finca antes descrita como entre 2 y 3 p. m. del referido día 20 de marzo último y lanzó de allí a Isabelo Carrasquillo uno de los peticionarios, y el arrendatario de la finca antes descrita, juntamente con el encargado que en la misma había puesto el referido peticionario, o sea Antonio Ciuró, lanzando de la finca, además, el ganado que en la misma tenía el peticionario y los peones que en ella trabajaban, poniendo en posesión de la-misma, entonces y allí, a José R. Nazario, que no fué el demandante en el pleito de desahucio, bajo el supúesto de que dicho José R. Nazario, era el dueño de dicha finca, y a pesar de las protestas del peticiona-rio Isabelo Carrasquillo, quien alegó al Márshal que él era el arren-datario de aquella finca que él había arrendado a sus dueños, pri-meramente Genaro Betancourt, y últimamente Miguel Santiago y que Antonio Ciuró era un peón y encargado que él tenía allí..
“5. — Que la sentencia cuya ejecución realizó' el Márshal antes re-ferido, se dictó por la Hon. Corte Municipal de Río Grande, el día 21 de enero de 1925, en un pleito en que no fueron partes deman-dadas ni el peticionario Carrasquillo, arrendatario de la finca, ni el anterior Genaro Betancourt ni el actual Miguel Santiago, ahora pe-ticionario.
“6. — Que este pleito de desahucio lo estableció María Matos, maliciosamente y a sabiendas de que esa finca no era suya, puesto que había sido embargada en cumplimiento de una sentencia recaída en esta misma corte de distrito en un pleito seguido por Genaro Betancourt Mujica vs. María Matos, civil No. 2850 de esta Corte de Distrito, habiendo recaído sentencia a favor del demandante Ge-' naro Betancourt Mujiea, en contra de la demandada María Matos. Y que como consecuencia de la sentencia de esta Hon. Corte, y no habiendo satisfecho la demandada María Matos el importe de la misma, se embargó y remató en subasta pública la finca antes des-crita, que era de la propiedad de María Matos, habiéndosele adju-dicado en pago de la deuda y en cumplimiento de la ameritada sen-tencia dictada a favor del entonces demandante Genaro Betancourt Mujiea, por escritura de venta judicial, pasada por el mismo Már-shal de la Corte Municipal de Río Grande, Luis García Pinero, a favor de Genaro Betancourt Mujiea, a 13 de agosto de 1924, y ante .el Notario don Luis-Sánchez Vahamonde.
“7. — Que estos hechos eran del conocimiento de María Matos la demandante en el pleito de desahucio y de su abogado R. García Mujiea que es el mismo que actuó en el pleito anterior, sobre cobro de dinero antes referido, y eran además del conocimiento del Marshal de la Corte Municipal de Río Grande el repetido Luis García Pinero y del propio Juez Sr. Schroder, que fué quien intervino como tal en ambos casos.
“8. — Que este procedimiento particularísimo y a todas luces ex-traño de desahucio, se llevó a efecto por la repetida María Matos a pesar de que ésta sabía y le constaba como también lo sabía y -Je constaba a su abogado, que tal finca a la fecha en que se radicó la demanda de desahucio, no era de la propiedad ni estaba en posesión de ella en ningún concepto, y al que hicieron concurrir .como de-mandado, a Antonio Ciuró, con el propósito de obligar por medio de un procedimiento anormal a que se ventilara nuevamente la cuestión que había sido objeto de la sentencia de esta Corte burlán-dose así de ella y trayendo un estado de cosas verdaderamente anor-mal, ilegal y perturbador, acarreándole trastornos y perjuicios in-contables, a los peticionarios.
“9. — Que en vista de lo anormal de este procedimiento, el abo-gado que suscribe acompañado de los peticionarios, se personó en Loíza en la residencia del Marshal de la Corte Municipal de Río Grande antes mencionado, a quien impuso de todos estos hechos, que eran conocidos de él, requiriéndole para que dejara a los peticiona-rios en el libre goce y disfrute de la posesión de la finca objeto de este recurso de desahucio y para que se abstuviera de proceder contra ellos lanzándolos de dicha finca por no ser partes en el procedi-miento ni figurar como demandados en el juicio de desahucio, a lo que el expresado marshal contestó negativamente, alegando que él tenía que cumplir con la orden que le habían dado.
"10. — Los peticionarios alegan además que han hecho toda clase de gestiones para conseguir que no se perpetúe un estado de cosas como éste que constituye un verdadero atropello, realizado sin un debido proceso de ley, habiéndose cometido errores graves y funda-mentales en el procedimiento.
"11. — Los peticionarios no tienen en el curso ordinario de ley otro recurso adecuado y eficaz para defender sus derechos que el extraordinario de certiorari y creen que por tratarse de un caso tan extraordinario como el presente, deben acogerse a este recurso y la Corte dictar el auto correspondiente.
"Por las razones expuestas, los peticionarios a la Hon. Corte suplican se sirva expedir un auto de certiorari por el que se ordene al Juez de la Corte Municipal de Río Grande, el referido Federico Schroder, que lo es en comisión de dicha Corte, para que remita las diligencias o autos del pleito antes referido, civil No. 734, de María Matos v. Antonio Ciuró sobre desahucio, determinando los procedi-mientos correspondientes y ordenando en definitiva lo que fuere procedente a la justicia.
“San Juan, Puerto Rico, Abril 21 de 1925.”

El juez municipal en su contestación, además de negar varios de los hechos alegados en la petición, solicitó se de-jara sin efecto el auto por los siguientes fundamentos:

"1. — Que la Corte carece de jurisdicción para actuar en el- pre-sente caso por no ser partes los peticionarios en el caso que se trata de revisar, ni haberse citado debidamente para que comparezcan a oponerse ías partes en el caso de desahucio No. 734 que son las úni-cas interesadas y las que pueden perjudicarse por, una resolución o sentencia.
• “2. — Que el procedimiento de certiorari no es el procedimiento adecuado.
"3. — Que un caso de desahucio sólo tiene una apelación y por medió de este procedimiento de certiorari se trata de traer tina ape-lación más a la que tenía derecho el demandado y la que renunció.
"4. — Un caso de certiorari es sólo para revisar los procedimien-tos o ley adjetiva, pero nunca para revisar cuestiones de hecho o ley sustantiva.’ ’

La parte dispositiva de la orden apelada dice como sigue:

"Bu su virtud por las razones expuestas, la Corte declara nulos y sin efecto legal los actos realizados por el marshal de la Corte 'Municipal de Río Grande, o por la Corte misma, en cuanto por ellos los peticionarios fueron desposeídos o privados de la posesión a que tenían y tienen derecho, como dueño uno y arrendatario otro, de la finca descrita. Se ordena al Juez Municipal de Río Grande y al márshal de esa Corte que procedan a reintegrar a los peticionarios en la posesión de la finca descrita.
"San Juan, P. R., a 13 de mayo de 1925.”

Al juez municipal no se le pidió que certificara y él no certificó hecho alguno o procedimiento que no apareciera de la faz de los autos en la corte municipal. La orden en cues-tión- se basaba enteramente en prueba aliunde aducida por los ‘ peticionarios en la vista de la corte de distrito, inclu-yendo los autos del pleito anterior en dicha corte, y primor-dialmente, según parece, en el resultado de dicho pleito anterior.

No hubo falta de jurisdicción en la corte municipal en tanto en cuanto se refiere a las únicas partes que estaban ante la corte en el procedimiento de desahucio, y el récord de los procedimientos certificado a la corte de distrito no revela irregularidad alguna.

No sabemos de precedente o autoridad alguna para que una corte superior pueda anular mediante certiorari la sen-tencia y procedimientos de una corte inferior después de transcurrido el término para apelar, a instancia de perso-nas extrañas al procedimiento que se trata de revisar, sin dar aviso u oportunidad para ser oídas a las partes en dicho procedimiento y en virtud de prueba aliunde aducida por los peticionarios sin la presencia de dichas partes.

La orden apelada debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Isidro Arzola, acusado y apelante.
    No. 2777.

    Visto: Junio 15, 1926.

      Resuelto: Julio 13, 1926.
    Fiscales de Distrito (District and Prosecuting Attorneys) — ■“ Assistant" Fiscal de Distrito — Facultades—Presentación de Acusaciones'Bajo su Firma. — Bl assistant fiscal — cargo creado por la sección 5 de la Ley No. 106 de 1925 (p. 970) — tiene poder y autoridad para formular, suscribir y ■presentar una acusación con su propia firma.
    SentenCia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada,

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado en este caso fuá sentenciado por el delito de portar armas y alega en apelación que un assistant fiscal no tiene poder ni autoridad para formular, suscribir y pre-sentar una acusación con su propia firma, sin usar el nom-bre del fiscal del distrito. La única autoridad citada en apoyo de esta teoría es 22 R.C.L. 372 y 373 y Gibbons v. Picket, 31 Fla. 147, al efecto de que en algunas jurisdiccio-nes un assistant debe firmar y actuar a nombre de su principal.

Por otra parte, el Fiscal de esta corte confía en la ju-risprudencia sentada por los casos de El Pueblo de P. R. v. Rivera, 9 D.P.R. 439 y Ex parte González, 9 D.P.R. 464, que resuelven que la cuestión del carácter oficial y status de un fiscal de facto no puede ser levantada por un acusado al apelar de una sentencia condenatoria en un caso criminal.

En el volumen 5 de Corpus Juris, página 1327, después de definirse la palabra “assistant” se dice que “la palabra es susceptible de una variedad considerable de significados, que debe aclararse en cada caso con la ayuda del contenido, de las circunstancias y de otros medios de interpretación.

■ Entre otros ejemplares interesantes de la dificultad en-vuelta en todo esfuerzo de formular una definición exacta suficientemente amplia para incluir y aplicarse en todos los casos, independientemente de las regias de interpretación es-tatutoria, liemos examinado los casos de Naill v. State, 59 Tex. Cr. 484, 487; Freeman v. Barum, 131 Cal. 386, 390, y Murrey v. State, 48 Tex. Cr. 219, 220, todos los cuales están citados al pie dél volumen y página arriba mencio-nados.

Los artículos 5 y 6 de la ley titulada “Ley para abolir la Corte del Distrito Judicial de Ponce en la forma en que existe en la actualidad; crear una nueva Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, y para otros fines,” Leyes de 1925, página 970, dicen así:

‘ ‘ Sección 5: — Dicha corte tendrá un fiscal, un assistant fiscal, un secretario y un márshal, los cuales serán nombrados por el Goberna-dor con el consejo y consentimiento del Senado, por un período de cuatro años y hasta que sus sucesores hayan sido debidamente nom-brados y cualificados.
‘ ‘ Sección 6: — Los sub-secretarios y sub-márshals serán nombrados por el secretario y el márshal, respectivamente, con aprobación del Attorney General, y los taquígrafos y demás empleados de la corte serán nombrados por los jueces de la misma.”

Según la redacción del artículo 5 el assistant fiscal es un funcionario y una parte integrante de la corte tan clara y tan específicamente como lo son el secretario, el mársbal y el mismo fiscal. Cuando la Legislatura tuvo en mente nombrar subalternos (deputies) usó la palabra “deputy” como la forma clara y corriente de indicar tal intención. Los subsecretarios y los sub-mársbals mencionados en la sección 6 deben ser nombrados por el secretario y el míár-sbal, respectivamente, con la aprobación del Attorney General, pero no por tiempo definido. Por otra parte, el assistant fiscal es nombrado por el Gobernador por un pe-ríodo de cuatro años, y al menos en este extremo se le co-loca en el mismo nivel que el secretario, mársbal y fiscal. Sin embargo, los taquígrafos y demás empleados de la corte son nombrados por los jueces de la misma. Se hizo amplia disposición para cualesquiera empleados de oficina que el fiscal pudiere necesitar.

Bajo estas circunstancias estamos obligados a resolver que la Legislatura no tuvo en mente nombrar un assistant fiscal en el sentido de un mero escribiente, subalterno {deputy) o ayudante de oficina, sino que su intención fué crear un nuevo cargo, el ocupante del cual es un funcionario pú-blico sujeto únicamente a la supervisión y control del fiscal y con todos los poderes y deberes de un fiscal en la prepa-ración, persecución y dirección de los casos confiádosle por su superior.

Las otras cuestiones levantadas en el alegato del ape-lante no requieren seria consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: Lij .Juez Asociado Senos Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Rosado, acusado y apelante.
    No. 2797.

    Visto: Junio 15, 1926.

      Resuelto: Julio 13, 1926.
    1. Fiscales de Distrito (District and Prosecuting Attorneys) — “Assistant” Fiscal de Distrito — Facultades—Presentación de Acusaciones Bajo su Fusma. — 151 assistant fiscal — eargo oreado por la sección 5 de la Ley No. 106 de 1925 (p. 970) — tiene poder y autoridad para formular, suscribir y presentar una acusación con su propia firma.
    2. “Indictment” y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la acusación— Alegaciones Conjuntivas (Conjunctive Allegations) Bajo Estatutos Dis-yuntivos (Disjunctive Statutes). — Cuando ol estatuto menciona varios actos disyuntivamente y cada nno constituye el mismo delito y se castiga con la misma pena, la denuncia o acusación que sigue las palabras del estatuto únicamente en lo que se refiere al uso de las palabras descriptivas do los actos enumerados, pero substituye la conjunción y por la, disyuntiva o del estatuto, es suficiente.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Portee), condenando al acusado por delito de adulteración de leche.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   Lij .Juez Asociado Senos Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

L¡1 apelante alega que:

“1. — La corte inferior cometió error grave al considerar una'acu-sación firmada en su propio nombre por Pedro Rodríguez .Serra como Asst. Fiscal del Distrito, cuando aparece formulando tal acu-sación el Fiscal del Distrito, y no teniendo como no tiene facultad un asst. fiscal para en su nombre presentar una acusación.
“2. — La Corte cometió error al considerar suficiente la acusación, no obstante haberle hecho reparos a la misma el acusado, y estando dicha acusación defectuosa.
“3. — La sentencia en este caso, es contraria a derecho.”

El primer punto Ira sido resuelto adversamente a la alegación del apelante en el caso de El Pueblo v. Arzola, según opinión y sentencia del día de hoy.

La teoría de la excepción perentoria presentada en la corte inferior y del alegato en apelación es que la acusación no contiene una exposición clara y concisa de hechos que permitan a una persona de inteligencia ordinaria en-tender la naturaleza del supuesto delito imputado y la forma en que se alega que se cometió el delito. En apoyo de esta alegación el apelante cita el caso de El Pueblo v. Hood, un caso de California, sin especificar el volumen ni la página en que el mismo está reportado, al efecto de que una acusación por incendio malicioso, en la cual se alega que el acusado en determinado día quemó o hizo quemar cierta casa de vivienda, es defectuosa, porque el cargo se formula en forma alternativa, mientras que debe ser específico. Una denuncia debe exponer los hechos y circunstancias del supuesto delito, a fin de que el acusado pueda preparar su defensa.

En relación con lo que antecede el apelante también cita 31 Corpus Juris, sección 181, páginas 663 y 664, donde ha-llamos lo siguiente:

“La regla general está bien establecida de que una denuncia o acusación no debe estar redactada en forma disyuntiva o alterna-tiva, de¡ tal manera que no se sepa exactamente en qué.se funda la acusación. En la misma narración (count) no pueden alegarse al-ternativamente dos delitos. Como regla general, dondequiera que un estatuto especifica varias formas o modos de -cometer un delito alternativamente, es una manera errónea de alegar tales medios o modos en forma alternativa. Pero cuando se usan términos en forma alternativa que son sinónimos, la acusación es correcta; y cuando un estatuto al definir un delito, usa la palabra ‘o' como equi-valente de ‘a saber’, o sea explicando lo que precede, haciendo que signifique lo mismo, la acusación puede seguir las palabras del es-tatuto. No vicia una acusación la alegación alternativa de materia que puede ser rechazada como redundante, o que no tiene relación con el cargo formulado o con la definición del delito o que es sola-mente una agravante.”

La denuncia en este’ caso imputa una infracción del ar-tículo 1 de la Ley “Proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leclie y para otros fines,” y dice así:

“El citado Luis Rosado, el día veinte y dos de octubre de mil novecientos veinte y cinco, en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, ilegal, volun-taria e intencionalmente, tenía para la venta, ofrecía en venta y vendía leche de vaca adulterada.”

No se alega que la denuncia imputara más de un delito. Por el contrario el apelante en su alegato admite que los varios actos enumerados, no son sino distintas formas de cometer el delito. Estos varios actos se le imputan al acu-sado en forma conjuntiva, no en forma disyuntiva.

El apelante parece haber' pasado por alto el hecho de que la denuncia sigue las palabras del estatuto únicamente en lo que se refiere al uso de las palabras descriptivas de los actos enumerados, pero substituye la conjunción “y” por la disyuntiva “o” del estatuto. La diferencia es que donde-se usa la forma disyuntiva el acusado no tiene medios de anticipar sobre cuál de los varios actos alegados hará hin-capié El Pueblo durante el juicio; mientras que el uso de-la palabra “y” claramente indica el fin de probar no uno-o más, sino "todos los actos alegados-en la denuncia.

“Es una regla bien establecida de .procedimiento criminal, que cuando un delito castigado por un estatuto, penal puede ser come-tido en una o más formas, la denuncia o .acusación puede, en una sola narración (count) • imputar su comisión en cualquiera o en to-das las formas mencionadas en el estatuto. De igual manera, cuando un estatuto penal menciona varios actos disyuntivamente y prescribe que cada uno de ellos constituirá el mismo delito y se castigará con la misma pena, una denuncia o acusación puede imputar cualquiera o todos los actos conjuntamente como constitutivos de un solo de-lito.” 31 Corpus Juris, sección 325, página 764. Véase también el caso de El Pueblo v. Rivera, alias Panchito, 7 D.P.R. 332.

La tercera proposición mencionada en el señalamiento de errores la somete el apelante como corolario de las que le preceden y desde Inego no merece ulterior consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Yera, acusado y apelante.
    No. 2716.

    Visto: Abril 14, 1926.

      Resuelto: Julio 13, 1926.
    1. Bebidas Embriagantes (Intoxicating Liquors) — Procesos Criminales — De la Evidencia — Suficiencia de la Misma — Posesión de Licor para la Yenta.— Atendidas las circunstancias que rodean el caso da autos se resolvió eran suficiente para establecer un caso prima facie de posesión de licor para la venta.
    2. Der cci-io Penal — ‘ ‘ Dormer Jeopardy ’ ’ — Necesidad de que los Delitos Sean Idénticos — Determinados Delitos en Particular — Delitos Relacionados con la Ley de i.a Prohibición Nacional. — Acusada una persona de poseer licor para la venta, una declaración al efecto de que en un registro criminal aparece una sentencia imponiendo al acusado una multa y en su defecto cárcel por una "infracción a la Ley Nacional de Prohibición” no establece una condena anterior por el mismo delito.
    SENTENCIA de R. López Antongiorgi, J. (G-uayama), condenando al acusado por delito de infracción a la Ley de Prohibición Nacio-nal.

      Modificada y confirmada.

      C. Domínguez Rubio, abogado del apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusa al apelante de poseer ilegalmente licores para la venta. En la denuncia también se alega una condena anterior por el mismo delito.

La corte de distrito al ver el caso en apelación de la corte municipal, después de un juicio de novo, declaró al acusado culpable de una infracción de la Ley Nacional de Prohibición y le impuso $200 de multa o en su defecto a sufrir una pena máxima de noventa días de cárcel.

En el señalamiento de errores el apelante alega que:

“La Corte erró al declarar sin lugar la moción, de nonsuit presen-tada por el acusado.
“La Corte erró al declarar convicto al acusado considerando su-ficiente la prueba para justificar las dos premisas básicas de la de-nuncia, a saber:
“(a) Que el acusado tenía licor en su posesión para la venta.
“ (b) Que el acusado había sido declarado culpable de un de-lito exactamente igual al que ahora se le imputaba para justificar la condena en reincidencia.”

La policía halló una botella de ron en un barril que estaba en una habitación que queda detrás de un cafetín perteneciente al acusado. También había botellas vacías, que olían a ron.

Uno de los policías dice que allí había vasos.,

El acusado manifestó a la policía que él tenía aquel ron para su uso personal. El no vivía en la tienda, ni tampoco ésta estaba contigua a su casa.

No se disputó el hecho de la posesión y las circunstan-cias que rodeaban el caso eran suficientes para establecer un caso prima facie de posesión de licor para la venta.

La explicación que dió el acusado al tiempo que los po-licías le visitaron pudo haberse considerado como suficiente si la corte hubiese creído que era cierta, pero el juez sen-tenciador no estaba obligado a creer la manifestación hecha a la policía y no hay nada en los autos que indique que la corte inferior la creyera.

La única prueba de una condena anterior por el mismo delito fué la declaración del secretario de la corte municipal al efecto de que en el registro criminal de la corte municipal aparecía una sentencia imponiendo una multa de cinco dollars o en su defecto a sufrir treinta días de cárcel por una “infracción a la Ley Nacional de Prohibi-ción.”

Convenimos con el apelante que la sentencia mencionada sin otros detalles, no establece una condena anterior por el mismo delito. El Pueblo v. Campos, 17 D.P.R. 1190-1193; Massey v. U. S. 281 Fed. 293; Hazelton v. U. S. 293 Fed. 384; Schooley v. U. S., 4 Fed. (2nd) 767.

La sentencia apelada debe ser modificada de acuerdo con la práctica uniforme de esta corte según fia sido indi-cada en el caso de El Pueblo v. Bermúdes, ante, (pág. 596) y casos citados, rebajando la multa a cincuenta dollars, y, después de modificada debe ser confirmada.