author: El Juez Presidente Se. Hebnández,'

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en un caso de quo warranto.

      No. 2296.
    Resuelto en julio 19, 1921.
    Quo Warranto — Procedimiento para Remoción de Punctonarios Municipales Incapacitados. — Cuando se trata de si un miembro del concejo de adminis-tración elegido por la asamblea municipal debe cesar o no por estar inca-pacitado para desempeñar dicho cargo, el procedimiento adecuado es el quo warranto establecido por la Ley de marzo 1, 1902, vigente actualmente y no el de eeríiorari de que trata el artículo 65 de la Ley Municipal.
    Id. — Incapacidad para Ser Miembro del Concejo de Administración — Conducta Inmoral. — Una persona que había sido destituida anteriormente del cargo de Alcalde por haber realizado hechos que son claramente inmorales, los cuales se insertan en la opinión, está incapacitada, de acuerdo con el ar-tículo 34 en relación con el 33 de la vigente Ley Municipal para ejercer el cargo de comisionado de servicio público, policía y prisiones, aunque el de-creto expresara que la destitución obedecía a la conducta “altamente im-propia” del alcalde.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. M. F. Bossy.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General y Sres. Su-liver es y Lastra Gharries.

   El Juez Presidente Se. Hebnández,'

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de -un procedimiento de quo warranto seguido en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, a instancia de Ramón Salgado con el consentimiento del Attorney General, para que se declare por sentencia que Pedro López no tiene derecho a ocupar y ocupa ilegalmente el cargo de Comisionado de Servicio Público del pueblo de Dorado, para el que fué hombrado por acuerdo del concejo municipal de dicho pueblo de 29 de octubre de 1919, votando en contra el demandante Ramón Salgado, como miembro de dicho con-cejo municipal.

Entre otras alegaciones se hacen en la demanda, sn fecha 5 de noviembre de 1919, las que transcribimos a continuación:

“Que el mencionado Pedro López, ocupa, desempeña y ejerce el cargo aludido de una manera ilegal y en pugna abierta con el artículo 3 7, 33 y 34 de la Ley número 85 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de 31 de julio de 1919, titulada: !Ley estableciendo un sistema de gobierno local y reorganizando los servicios municipales.’
“Que dicha ilegalidad consiste:
“En que el mencionado Pedro López al ser designado como lo fué para ocupar dicho cargo.de Comisionado de Servicio Público del Municipio de Dorado, P. R., en los momentos en que tomó posesión del mismo o sea el 1 de noviembre de 1919 y en este instante de ahora no reunía ni reúne las condiciones requeridas por los citados artículos 17, 33 y 34 de la mencionada ley debido a que el referido señor López fué legal y debidamente destituido en fecha 25 de enero de 1916, por el entonces Gobernador Interino de Puerto Rico señor Martín Travieso, del cargo que entonces desempeñaba dicho señor López como Alcalde de Dorado, P. R., y cuya destitución y los mo-tivos de la misma se desprenden de los siguientes documentos oficiales que transcritos al pie de la letra dicen lo que sigue:
“ ‘Government of Porto Rico, Office of the Executive Secretary.— San Juan 8 de enero de 1916. — Sr.:—En cumplimiento de instruccio-nes del Gobernador Interino, tengo el honor de comunicar a Yd. que de la investigación practicada recientemente por el Hon. Jaime Sifre, Fiscal Espécial, resulta contra Yd. el cargo verdaderamente grave, de que instigados por Yd., como alcalde de ese municipio y con el propó-sito de obtener la suspensión de ciertos trabajos de reparación que ve-nían haciendo diversos propietarios en el camino rural de la “Sardi-nera,” en ese municipio, cuatro concejales y el secretario del Concejo falsificaron los records públicos, haciendo aparecer en ellos como apro-bada por el Concejo en primero de noviembre último, una ordenanza prohibiendo reparaciones en los caminos municipales sin la autoriza-ción previa del alcalde, cuando en realidad el Concejo no celebró nin-guna sesión.el citado día primero de noviembre; la ordenanza de refe-rencia fué redactada con posterioridad a dicho día y los concejales fir-maron el libro en que aparece el acta de la supuesta sesión, también con posterioridad a la fecha indicada, separadamente y en ocasiones distintas, sin que en ningún momento se reunieran en la forma que dispone la ley para discutir y aprobar la referida ordenanza. Y que Yd. al denunciar criminalmente a varios propietarios, en quince de noviembre último, por infracción de dicha ordenanza, sometió al juez de paz un documento que pretendía ser una copia certificada de aquélla, sabiendo que ese documento no tenía fuerza legal alguna porque la ordenanza nunca había sido aprobada de acuerdo con la ley. Se le dirige a Yd. la presente carta, antes de que el Gobernador adopte una resolución definitiva en este asunto para ofrecerle la oportunidad de que pueda Yd. presentar por escrito, en su defensa, las alegaciones que considere pertinentes, acompañadas de las prue-bas que esté Yd. en condiciones de someter a la consideración del Gobernador. El Gobernador interino esperará su defensa hasta el día 15’de enero actual, inclusive, y pasado dicho día dictará su reso-lución final en este caso haya Yd. utilizado o no la oportunidad que por esta comunicación se le brinda.. — Respetuosamente, Firmado: R. Siaca Pacheco, Secretario de Puerto Rico Interino. — Sr. D. Pedro López, Alcalde suspenso, Dorado, P. R.’
“ ‘ Government House, P. R., San Juan, 25 de enero de 1916.— Sr.: — He leído el escrito que dirigió Yd. con fecha once del que cursa, al Secretario Interino de Puerto Rico, defendiéndose de los cargos que se le formularon, en cumplimiento de mis instrucciones en la carta que el referido funcionario envió a Yd. el día 8 del co-rriente. Después de dar la necesaria consideración a las alegaciones consignadas por Yd. en su citado escrito; a la evidencia obtenida de la investigación practicada' por el Fiscal Especial General; y al informe que sobre el asunto me ha hecho el Attorney General; he llegado al convencimiento de que la certeza de los hechos de que ha sido Yd. acusado está suficientemente probada. Esos hechos revisten mayor gravedad en cuanto se refiere a su participación en ellos por ser usted el jefe ejecutivo de ese municipio a quien la ley impone el deber de velar porque cumplan debidamente con sus obligaciones los demás funcionarios y empleados municipales. Considero, por lo tanto, altamente impropia su conducta como funcionario público en esta ocasión, y en consecuencia, haciendo uso de las atribuciones que la ley municipal me confiere le destituyo por medio de esta carta del cargo de Alcalde del Municipo del Dorado, y los efectos de esta desti-tución se retrotraerán al momento en que cesó usted en las funciones de dicho cargo en virtud de la suspensión ordenada por el Goberna-dor con fecha 4 de diciembre próximo pasado. Una copia de esta comunicación y otra de la que remitió a usted el Secretario de Puerto Rico, el día 8 del actual, serán archivadas en las oficinas de dicho funcionario en cumplimiento de lo que prescribe la ley. — Respetuosa-mente, Firmado: Martín Travieso, Jr., Gobernador Interino. — Sr. D. Pedro López, Dorado, P. R.’ ”

El demandado al contestar la demanda acepta la exposi-ción de cargos y el decreto del Gobernador interino que se dejan transcritos; pero niega que ocupe ilegalmente el cargo para que fué nombrado de Comisionado de Servicio Público, Policía y Prisiones, y afirma que concurren en él todas las condiciones marcadas en los artículos 17 y 34 de la Ley Municipal para el desempeño de dicho cargo, pues- la destitu-ción de que fué objeto en 25 de enero de 1916 por el Go-bernador interino Travieso de su cargo de Alcalde de Dorado se fundó en considerar su conducta altamente impropia para desempeñar tal cargo y no en conducta inmoral.

Celebrado el juicio la corte pronunció sentencia en 30 de enero de 1920 declarando que Pedro López no tiene derecho a ocupar el cargo de Comisionado de Servicio Público del Dorádo y en su consecuencia ordena se le destituya del mismo, a cuyo efecto se procederá por el marshal a requerir a dicho querellado para que inmediatamente cese en dicho cargo del cual se le despoja, y a la Asamblea Municipal de Dorado, para que lo tenga por destituido del mismo a los efectos legales procedentes, con costas y honorarios de abogado al demandado.

Esa sentencia ha sido apelada por Pedro López para ante esta Corte Suprema y examinado su alegato en apelación encontramos que sostiene como motivos del recurso que el procedimiento de quo warranto no es el apropiado para el caso sino el recurso de certiorari, y que el decreto del Go-bernador de.25 de enero de 1916, que acordó su destitución de Alcalde de Dorado por conducta altamente impropia no le inhabilitaba para el cargo de Comisionado de Servicio Público de dicho pueblo para el que fué nombrado por el concejo municipal en 29 de octubre de 1919.

Entendemos qne el recurso de quo warranto es el apro-piado a los .fines qne persigne el querellante.

La Ley Municipal No. 85, aprobada en 31 de julio de 1919, en su artículo 65, bajo el epígrafe “Recursos Judi-ciales”, dice así:

“Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada:
“(a) Para-anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la asamblea municipal o concejo de administración o de los comisionados, que lesione derechos constitucionales de los quere-llantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes "de Puerto Rico, mediante certiorari;
“(6) Para suspender mediante injunction la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garantizados por la Constitución o las leyes insulares;
“(o) Para compeler, mediante auto de mandamus el cumpli-miento de deberes ministeriales por los funcionarios municipales;
“(d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales, por malicia, negligencia o ignorancia inexcusable. ’ ’

Como se ve la sección 65, en su apartado (a), prescribe el recurso de certiorari para anular o revisar cualquier acto legislativo o administrativo de la asamblea municipal o con-cejo de administración o de los comisionados que lesionen derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, estableciendo para otros casos en los apartados (b), (c) y (d) el injunction, el mandamus y el juicio ordinario. La elección de un comisionado no es un acto legislativo ni administrativo en el sentido propio de la palabra y la simple lectura del apar-tado (a) muestra que no ba sido redactado en consideración a la elección de comisionados sino teniendo presente la rea-lización de determinados actos lesivos de derechos constitu-cionales, de la Ley Orgánica o de las leyes de Puerto Rico. Se trata en el presente caso de si Pedro López debe cesar o no en el cargo de Comisionado de Servicio Público, Policía y Prisiones del pueblo de Dorado por estar incapacitado le-galmente para su desempeño y a ese fin el remedio claro es el establecido por la Ley de Quo Warranto aprobada en primero de marzo de 1902 que no ña sido expresa ni tácita-mente derogada por la Ley Municipal citada.

Por lo que atañe a la incapacidad de Pedro López ale-gada como causa de su destitución, el artículo 33 de la Ley Municipal en la parte atinente dice así:

“Los comisionados de servicio público deberán reunir las condi-ciones siguientes:
“1. Ser residentes del municipio por dos o más años.
“2. Ser contribuyentes por bienes raíces o poseer un título pro-fesional o diploma de octavo grado o haber desempeñado los cargos de alcalde o concejal por cuatro o más años, y tener buena conducta moral. ’ ’

El artículo 34 de la propia ley estatuye que para ser miembro del concejo de administración, del cual según el artículo 29 ña de formar parte el comisionado de servicio público, se requerirán las mismas condiciones fijadas para los de la asamblea municipal excepto en lo que respecta a la residencia y a la capacidad electoral. Y el artículo 17 exije para ser elegible como delegado a la asamblea municipal las siguientes condiciones:

“Ser ciudadano de los Estados Unidos, mayor de veintiún años y ser elector capacitado en el municipio;
“Haber residido en el municipio por un período no menor de un año.
“Saber leer y escribir;
“No haber sufrido condena por delito grave o que implique de-pravación moral ni haber sido destituido- de cargo público alguno por delincuencia o conducta inmoral.”

Indudablemente que el querellado Pedro López estará in-capacitado para el desempeño del cargo de Comisionado de Servicio Público del Municipio del Dorado, si la conducta altamente impropia que motivó su destitución anterior de alcalde de dicho pueblo es equivalente a conducta inmoral.

Conducta, según dijimos en el caso de El Pueblo v. Ways, decidido en 15 de abril del corriente año, en una de sus varias acepciones, quiere decir según el Diccionario de la Academia “porte o manera con que los hombres go-biernan su vida o dirigen sus acciones.” Y “la conducta de una parte en su sentido más amplio según se ha dicho en el caso de Hallowell National Bank v. Morston, 27 Atl. 529, 531, citado en 2 ‘Words & Phrases Judicially Defined,’ 1416, con-siste en actos, palabras, silencio u omisión de hacer alguna cosa.” Moral es lo perteneciente ó lo relativo a la moral, lo que concierne a las costumbres o a las acciones humanas en orden a lo lícito 'o a lo ilícito de ellas. De modo que la conducta moral de una persona será buena o mala según se ajuste o no a los dictados de la moral en el orden de lo lícito o de lo ilícito. La conducta de Pedro López fué alta-tamente impropia, según el decreto del Gobernador de Puerto Rico de 25 de enero de 1916 al ejecutar los actos que mo-tivaron su destitución como Alcalde del Municipio del Do-rado. Entendemos que aunque no toda conducta impropia sea inmoral, la de Pedro López merece esa calificación aten-didas las circunstancias del caso.

En el decreto del Gobernador de 25 de enero de 1916 se califica de altamente impropia la conducta de Pedro López “por haber llegado aquella autoridad al convencimiento de que la certeza de los hechos de que fué acusado estaba sufi-cientemente probada.” Esos hechos consistían en que López como Alcalde del Municipio del Dorado y con el propósito de obtener la suspensión de ciertos trabajos de reparación que venían haciendo diversos propietarios en el camino rural de la Sardinera, en dicho municipio, consiguió mediante ins-tigación suya como tal alcalde, que cuatro concejales y el secretario del concejo hicieran aparecer en los records pú-blicos como aprobada por el concejo en Io. de noviembre de 1915 uña ordenanza prohibiendo reparaciones en los caminos municipales sin la autorización previa del alcalde cuando en realidad dicha ordenanza fué redactada con posterioridad a su fecha y firmada por los concejales separadamente y en ocasiones distintas sin que en tiempo alguno se reunieran en la forma que dispone la ley para discutirla y aprobarla, habiendo denunciado criminalmente en 15 de noviembre citado ante el juez de paz a varios propietarios por infracción de la expresada ordenanza sabiendo que ésta no tenía fuerza legal alguna. De los hechos consignados en los decretos del Gobernador de 8 y 25 de enero de 1916 claramente se des-prende que los trabajos de reparación fueron comenzados por diversos propietarios en el camino rural de la Sardinera y fueron iniciados cuando no existía ordenanza alguna que los prohibiera y que por tanto para denunciarlos y perse-guirlos como constitutivos de infracción de una ordenanza municipal fué que se redactó y firmó posteriormente la orde-nanza de que se trata, a instigación de Pedro López. La conducta de éste al proceder como procedió, no solamente fué altamente impropia sino también inmoral como encami-nada a dar el carácter de punibles a hechos que no lo eran antes de que fuera redactada y firmada la ordenanza.

Tal conducta no se ajustaba a los dictados de la moral.

Además, debe tenerse en cuenta que en la fecha en que fué dictado por el Gobernador el decreto de' destitución de 25 de enero de 1916 regía la Ley Municipal aprobada en 8 de marzo de 1906, cuya sección 35 en la parte atinente dice así:

“En caso que un alcalde estuviere inhabilitado para desempeñar debidamente los deberes de su cargo por incapacidad física, o en caso que se condujere mal o que por cualquier otra causa legal estuviere incapacitado, será destituido de su cargo por el Gobernador después de haberle dado oportunidad de ser oído en su defensa. El Gober-nador entregará para su archivo en la oficina del Secretario de Puerto Rico una exposición de los motivos en que se funda la destitución y diebá exposición constituirá un documento público. La decisión del Gobernador será definitiva. * * * ”

Debemos suponer que el decreto del Gobernador se ajustó a dicha sección y que por tanto la conducta altamente im-propia de Pedro López a que se refiere fue equivalente a mala conducta que por no ajustarse como ya hemos dicho a los dictados de la moral, debe calificarse de inmoral aten-didos los hechos que motivaron el decreto de destitución.

Para sostener el recurso se funda también el apelante en errores de procedimiento que supone cometidos por la corte inferior al obligarle a que presentara conjuntamente todas sus alegaciones, pero nos abstenemos de considerarlos por no habérsele privado de ningún derecho sustancial para su defensa, ni causádosele perjuicio alguno.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. HittchisoN,

license: Public Domain

text:
    González, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegatoria de la inscripción de una escritura de partición de bienes.
    No. 489.
    Resuelto en julio 20, 1921.
    Partición de Herencia — Colación de Bienes Adquiridos a Costa del Caudal Común — Facultad de los Herederos para Colacionar. — En el presente caso,' el registrador denegó la inscripción de una escritura de partición por haberse colacionado cierto crédito hipotecario que aparece del registro haber sido ad-quirido por la viuda e hijos después del fallecimiento del causante. Se re-solvió: que habiendo convenido la viuda, los interesados mayores de edad y los menores representados por el defensor legal designado por el testador y nombrado por la corte, la cual además había aprobado la partición, que el crédito fué adquirido con dinero del caudal común, el convenio de colacionar era válido e inscribible la adjudicación del crédito.
    Id. — Contribución sobre Herencia — Prueba de Excepción de Pago de Contri-bución sobre Hebencia. — Habiendo ocurrido el fallecimiento del. testador en 1911 o sea cuando la viuda j los hijos estaban exentos de pagar contribución de herencia, la presentación al registrador de un certificado creditivo de tal exención es innecesaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la recurrente: Sr. F. González.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. HittchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir nna escritura de partición de bienes .en lo que respecta a cierta adjudicación hecha en dicha escritura, por los motivos que a continuación transcribimos:

“Denegada la inscripción del precedente documento, con vista de otros y en cnanto al crédito de $2,500 adjudicado a doña Asunción González viuda de Dueño, único de que se solicita inscripción por los defectos siguientes: Primero: que aunque en el presente docu-mento, se dice que el crédito que se pretende inscribir fué adquirido con dinero del caudal común, del registro aparece inscrito a favor de doña Asunción González y Rosado ya en estado de viudez y de sus hijos Ana María, Rafael Agustín, María Práxedes, Asunción Magdalena, Angel Manuel y José Agustín Dueño y González, entendiendo por consiguiente que el crédito de referencia no es un bien susceptible de colación en la herencia dejada al óbito del causante don Manuel Dueño Figueroa; Segundo: que el testamento número 77, otorgado por don Agustín Dueño Figueroa, ante el notario don Carlos M. Rola, en Río Grande a 14 de- abril de 1910, que s.e acompaña, es un instrumento nulo per se toda vez que del .texto del mismo no se desprende que los testigos vean y entiendan al testador de acuerdo con el artículo 703 del Código Civil Revisado, y Tercero: que no se ha acreditado haberse pagado la contribución de herencia en armonía con lo preceptuado en el artículo 369 del Código Político.”

En la escritura de partición se convino por todos los interesados que el crédito hipotecario en cuestión, aunque fué constituido e inscrito a nombre de la viuda y sus hijos, en realidad representaba una inversión con dinero del caudal común. En lo que respecta a la viuda esta fue una admi-sión contra sn interés y podía propiamente hacerla. Los me-nores estuvieron representados por un defensor legal nom-brado por la corte quien á la vez había sido designado por el testador en su testamento para representar a los hijos en y fuera de la corte en caso de haber intereses encontra-dos. La corte también aprobó la partición como fué he-cha, lo que parece completamente justo y razonable. Dentro -de las circunstancias se nos hace algo imposible comprender por virtud de qué teoría el registrador, que no ha presen-tado alegato, llegó a la conclusión de que el crédito no era susceptible de ser colacionado. Una cuestión algo semejante fué considerada y resuelta en sentido contrario a una ale-gación parecida en el caso de Irizarry v. El Registrador, 22 D. P. R. 94.

El testamento por su faz indica haberse otorgado a pre-sencia de los testigos, y en ausencia de algo que demuestre que dichos testigos eran ciegos y sordos o que no podían en-tender, es lógico suponer que ellos “vieron y entendieron” al testador. De todos modos, el nacimiento de otros hijos con posterioridad a la fecha del otorgamiento del testamento dió origen, después del fallecimiento del testador, a un pro-cedimiento sobre declaratoria de herederos y el documento citado en ultimo término había sido presentado al registra-dor. El testamento no contenía legados ni mejoras sino que dejaba la propiedad para que fuera distribuida porción por porción lo mismo que cuando be distribuye por virtud de un decreto judicial sin testamento, y dentro de las circunstan-cias cualquier defecto de forma o técnico en dicho testamento de no haber sido subsanado por el decreto, es cuestión de poca o ninguna importancia práctica. Véase la resolución de la Dirección General de los Eegistros de mayo 26, 1899, Odriozola, página 1082.

El testador falleció en el año 1911 cuando la viuda y los hijos estaban exentos de pagar contribución de herencia. La presentación de un certificado creditivo de tal exención no era necesaria. Rovira v. El Registrador, 21 D. P. R. 415. La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se, Wole,

text:
    Pagán et al., Demandantes y Apelantes, v. Sellés et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación.
    No. 2119.
    Resuelto en julio 21, 1921.
    Venta de Bienes de Memores para Pago de Deudas — Autorización Judicial— Nulidad de Venta. — De acuerdo eon la doctrina establecida en el caso de Dongpré v. Díaz, 237 TI. S. 512, la venta de bienes inmuebles hecha por el albacea para el pago de deudas del finado, sin previa autorización judicial, es nula aún cuando el causante hubiera hecho constar en su testamento que había previamente convenido la enajenación de la finca con los acreedores a quienes posteriormente fué ésta vendida por el albacea, si la intención del testador al hacer el traspaso no aparece.
    Id. — Tercero—Prescripción Adquisitiva — Defensa no Levantada en la Con-testación. — Cuando las defensas de tercero j de prescripción adquisitiva no han sido propuestas en la contestación, no serán consideradas en apelación.
    Id. — Justo Título. — La venta de bienes de menores hecha por el albacea sin au-torización judicial no puede constituir el justo título que se requiere como uno de los factores integrantes de la prescripción adquisitiva del dominio.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los demandantes: Sres. J. y M. Tous Soto.

    Abogados de los demandados: Sres. Guerra y Soldevila.

   El Juez Asociado Se, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco José Santa Ana, conocido también por Francisco José Santana, falleció en febrero de 1888. La cláusula duodécima de su testamento era la siguiente:

“Declaró que se encuentra en estado de soltería, sin ascendientes ni descendientes legítimos, y que viven a su calor cuatro bijos de su crianza e Rijos naturales de la referida G-uillerma Pagan nombrados don José, doña Mercedes, don Juan de Mata y don Eugenio Pagan, que adopta como tales Rijos.”

No encontramos ningún otro acto de adopción de dichos hijos. En dicho testamento él instituyó a estos cnatro hijos por sus herederos. La cláusula sexta de su testamento fué la siguiente:

“Declaró que después de Raber estado en Caguas con el fin de pagar a sus únicos acreedores de entonces, don Pedro Más, Sres. So-brinos de Puigmoler, don Luis Sala y don Jaime Vilá, liquidador de Vilá e Isern, sus acreencias, satisfecRos el Sala y el Vilá, en las cosas que se manifestarán más adelante elegidas por éste último, quedando únicamente pendiente de pago el Más y los Sres. Sobrinos de Puig-moler, convino días después el don Fernando Plá, socio de la mer-cantil de los citados Sobrinos de Puigmoler, en tomar la casa hipote-cada por la suma de seis mil pesos, en que se efectuó digo se la ofreció el otorgánte, si bien vale más del doble de esa cantidad, para que se cobraran de su cuenta y pagaran a Más su acreencia, cuyo convenio no Ra llevado adelante la indicada mercantil, sin embargo de Raber mediado el trato ante testigos, mediando también entre el otorgante y aquella mercantil correspondencia particular sobre dicho convenio, quedando por lo tanto novada tanto la escritura hipotecaria vencida y la de declaratoria ya citadas, siendo claridad también, haberse agre-gado al convenio indicado, que el sobrante de los seis mil pesos im-porte de la indicada casa, después de pagada la sociedad indicada y el don Pedro Más, devolver aquélla la diferencia del otorgante, todo lo que hace presente a los efectos que convengan, y si por sus herede-ros quisieran en todo tiempo hacer uso de su derecho.”

Las cláusulas decimosexta y decimonovena de su testa-mento son como siguen:

“Décimo'sexta: Nombró por sus Albaceas testamentarios en primer lugar, a Guillerma Pagán, en segundo lugar, al Presbítero don Joaquín Saras, y en tercero, a don Juan Benet, facultándoles en debida forma para que obren, bien separados o juntamente, cualquiera de ellos en el cumplimiento de sus deberes y encargos que se les ha encomendado, confiriéndoles al efecto el poder tan bastante y nece-sario que en derecho fuere menester y sin limitación alguna, prorro-gándoles el término del albaceazgo qne señala la ley por el más que puedan necesitar.
“Décimonovena: Prohibido terminantemente toda intervención judicial en su testamentaría, queriendo que ésta se haga extrajudicial-mente, y en un solo acto, los inventarios, avalúos y cuenta divisoria; todo sin perjuicio de llevarse a la aprobación judicial toda vez que existen menores entre sus herederos.”

G-uillerma Pagán, posteriormente vendió la propiedad des-crita en la cláusula sexta a la mercantil Sobrinos de Puig-moler mencionada en dicha sexta cláusula del testamento.

Siendo menores dichos cuatro hijos Pagán a la fecha de la referida venta hecha por su madre Guillerma Pagán, y no habiéndose obtenido ninguna autorización de la corte para vender la propiedad de dichos hijos, Juan y Eugenio Pagán presentaron -esta demanda contra Hermanos.Sellés y Sobrino y contra Mercedes y José Pagán, quienes se negaron a unirse a sus hermanos como demandantes. Los demandados Her-manos Sellés y Sobrino son los sucesores en derecho de So-brinos de Puigmoler, y la teoría de la demanda es que la adjudicación hecha a Puigmoler es absolutamente nula y sin ningún valor, en consonancia con la sentencia en el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512.

La contestación de los demandados Hermanos Sellés y Sobrino negaba los hechos de la demanda. Después de cele-brado un juicio la corte dictó sentencia a favor de los de-mandantes, siendo la parte más importante de la sentencia la siguiente:

“Hoy, 30 de junio de 1919, la corte, de acuerdo con su opinión unida a los autos del caso, entiende que debe dictar y dieta sentencia a favor de los demandantes y en beneficio de la sucesión de don Francisco José Santana, condenándose a Hermanos Sellés y Sobrino a reivindicar a dicha sucesión en la posesión y disfrute del inmueble que se reclama, a rendir cuenta a dicha sucesión de los frutos que el expresado inmueble haya podido producir desde el veinte y tres de febrero de 1917, fecha de la notificación de la demanda inicial de este litigio y a pagar a la misma el importe en metálico de tales frutos, todo ello sin especial condena de costas.”

Los demandados Hermanos Selles y Sobrino apelaron y notificaron a los dos demandantes Juan y Eugenio Pagán, pero no notificaron a los dos demandados Mercedes y José Pagán. Los apelados solicitaron la desestimación del re-curso por el fundamento de que esta corte carecía de juris-dicción para conocer del caso, toda vez que Mercedes y José eran partes interesadas adversas y que les afectaría la re-vocación de la sentencia.

Los apelados, por supuesto, tienen razón al sostener que una sentencia no puede ser revocada sin notificación a las partes contrarias. Sin embargo, debido a la forma de la sentencia en este caso, el hecho de que los apelados podrían haber sido considerados como indicó la corte inferior que actuaban a nombre de toda la sucesión, robustecido por el hecho de que los herederos que no fueron notificados de la apelación nunca comparecieron ni tomaron ninguna medida en la acción, y también porque el emplazamiento no identi-ficaba claramente a la demandada como entidad o individuo, tenemos suficientes dudas para preferir no desestimar el caso, especialmente porque el' examen de los méritos nos convence de que la sentencia debe ser confirmada.

Con excepción de la cláusula sexta del testamento que ya hemos citado, el caso está claramente comprendido en el prin-cipio enunciado en el de Longpré v. Díaz, como fué declarado por la corte inferior. ¿Era esa cláusula una instrucción para el traspaso de la propiedad al acreedor? Si se examina la cláusula se observará que en ella no se hace mención ninguna de la albacea, sino que se deja a los herederos • una discre-ción absoluta para hacer lo que les plazca. El traspaso, sin embargo, fué hecho por la albacea a nombre de los herederos y los autos no muestran que ellos intervinieran en ninguna forma. No hay nada, por tanto, que demuestre que el tras-paso era distinto de la clase no autorizada por la ley como se indicó en el caso de Longpré v. Díaz, supra. Este caso es todavía menos fuerte qne algunos de los qne han sido considerados por nosotros, pues no liay la partición qne ge-neralmente se hace de los bienes de la qne tal vez podría formarse una idea de qne los herederos se beneficiaron con el traspaso, de modo qne los casos como los de Vázquez v. Santalís, 26 D. P. R. 677, y Ortiz v. Passalacqua, 26 D. P. R. 639, no son de aplicación.

En cnanto a la defensa de prescripción adquisitiva ésta no fné promovida en la contestación y nos inclinamos al pa-recer de qne la nulidad en este caso es de tal clase qne no permitiría qne se alegara nn justo títnlo. La defensa de tercero no fné levantada en la contestación y no es necesario considerarla.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jaeces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Claudio, Demandante y Apelado, v. Palacios y Muñiz, Demandados, y Apelante la última.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero
    No. 2365.
    Resuelto en julio 22, 1921.
    Abogados — Comparecencia de Abogados — Presunción de que el Abogado Re-presenta al Cliente. — La comparecencia de un abogado debidamente ad-mitido es prueba presuntiva de su facultad para representar a la persona por quien comparece, e incumbe a la parte que impugna su facultad demos-trar que es nula.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Méndez Vaz.

    Abogado del demandado: Sr. A. Dones.

      Abogado del apelado: Sr. M. Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juana Muñiz presentó una moción para que se dejara sin efecto una sentencia final, las diligencias seguidas en la eje-cución de la misma y todos los procedimientos habidos en un caso a partir y después de una orden sobre sustitución de partes demandadas.

En su moción se dice lo siguiente:

“1. Que en este caso y a virtud de orden de la corte, se sustituyó la persona del demandado don José Palacios Rucabado por sus Rijos doña María, don José, don Manuel, don Rafael, don Víctor y doña América Palacios Trade, y su vda. doña Juana Muñiz.
“2. Que de acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como' fué enmendada por la ley de 8 de marzo de 1906, era necesario citar a la compareciente, como una de las herederas de don José Palacios Rucabado, para que compareciera a defenderse en dicha acción, citación que había de efectuarse en la forma prescrita por la ley para las citaciones ordinarias.
"3. Que ía compareciente no ha recibido hasta la fecha citación de ninguna clase y a esa misma conclusión se» llega, examinando li-geramente los autos del caso, donde no hay constancia alguna que acredite ese extremo.
“4. Que la compareciente, que reside en New York desde el mes de julio de 1920, no ha tenido conocimiento de la existencia de este litigio hasta recientemente que se ha enterado de lo1 que ha sucedida, por un edicto que ha visto publicado su apoderado don Pedro de 'Elzaburu en un periódico local ‘El Imparcial’, en que se anuncia en venta una casa de la exclusiva propiedad de la compareciente por el marshal de esta corte.
“5. Que la compareciente, ni personalmente ni por mediación-de tercera persona, ha nombrado a ningún abogado para que ostente su representación en estos autos.
“ ‘ 6. Que según informes fidedignos, el abogado don Adolfo Dones al personarse en este caso, después de la substitución de partes, lo hizo a nombre de los seis hijos del Sr. Rucabado, antes nombrados mas no en representación de la exponente.
“7. Que don Pedro Elzaburu, único apoderado que tiene en Puerto Rico, tampoco ha confiado la representación y defensa de la compare-cíente, a ningún abogado en esta isla. Se acompaña nn affidavit de dicho señor que se hace formar parte de esta moción.
“8. Que la substitución de partes demandadas en este litigio se hizo antes de contestarse la demanda y consiguientemente antes de la celebración del juicio, no habiendo tenido, por tanto, oportunidad la compareciente ni de presentar 'su contestación ni de ofrecer sus pruebas el día del juicio.
“9. Que la responsabilidad que se trata de hacer efectiva en este caso, dimana de la infracción de cierto contrato según se alega, en el que no tuvo intervención de ninguna clase la exponente.
“10. Que el embargo para aseguramiento de la efectividad de la sentencia solicitado por el demandante y trabado sobre una casa de la exclusiva propiedad de la compareciente Juana Muñiz cuya venta en subasta pública está señalada para el día cinco de octubre de 1920, no ha sido notificado a la compareciente en forma legal, ni tampoco a su apoderado don Pedro de Elzaburu.”

La alegación está suscrita y jurada por el abogado de su propio conocimiento en cuanto a los párrafos 1, 2, 8 y 9 y por informes que cree ciertos los restantes.

Las declaraciones juradas de Dones y Elzaburu son las siguientes:

“Yo, Adolfo Dones Padró,'juro: que soy mayor de 21 años de edad, abogado, casado y vecino de esta Capital: que fui el abogado de don José Palacios Encabado en este asunto hasta su fallecimiento ocurrido en ocho (8) de septiembre de 1919, que con posterioridad a dicho fallecimiento, sus hijos doña María, don José, don Manuel, don Rafael, don Víctor y doña América Palacios Trade, me confirie-ron su representación y a su nombre de ellos, solamente, me personé en el pleito arriba expresado: que la viuda doña Juana Muñiz, a quien conozco, le constaba que el declarante era el abogado de su esposo en este litigio; que después de fallecido don José Palacios Eucabado, el declarante y su viuda Juana Muñiz, no han hablado de este asunto, y que el declarante se ha entendido con el Sr. Víctor M. Palacios, — quien era apoderado de sus hermanos: Que lo declarado es la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. — A. Dones. ’ ’
“Yo, Pedro de Elzaburu y Vizcarrondo, juro: que soy mayor de edad, casado, empleado y propietario vecino de San Juan, que soy ■la persona que en Puerto Rico cuido de los intereses de doña Juana Muñiz, vda. de Palacios en segundas nupcias, desde que esta señora reside en New York; que dicha señora se ausentó de esta isla para New York antes del mes de julio de 1920, y desde entonces no ha vuelto a Puerto Rico; que el dicente como apoderado de dicha señora no ha hecho designación alguna de abogado, antes de esta fecha que se cuide de representarla en litigios de ninguna clase no habiendo hecho tampoco su poderdante, según su mejor conocimiento y creen-cia; que ni siquiera sabía que existiese el pleito de autos, pues no ha visto en los periódicos locales edicto alguno emplazando a su re-presentada, ni citándola, ni notificando la demanda de ninguna clase; que recientemente tuvo ocasión de ver en el periódico ‘El Impartial’ que se edita en esta Capital, el edicto que se acompaña en el que aparece pregonada una casa de la propiedad de su mandante, cuyo remate tendrá lugar el día cinco del mes próximo y por tal edicto, ha podido averiguar cuanto se ha actuado en este caso; que su man-dante en ninguna ocasión ni en ninguna de las cartas le ha hablado de semejante pleito de cuya existencia no ha tenido ni tiene conoci-miento, ya que a cosas de menos importancia se refiere en su corres-pondencia; que la deuda que aquí se reclama no ha sido constituida por su mandante, sino que deriva de cierto contrato que celebró su esposo y.cuya responsabilidad se trata de hacer ahora efectiva; que su mandante como viuda del demandado Sr. Palacios Rucabado, se limitó a percibir su cuota usufructuaria, que le fué entregada en efectivo percibiendo por tal concepto * * * ; que la casa cuyo remate se ha anunciado, según antes se ha dicho, es de su exclusiva propiedad, habiéndola comprado después de muerto su esposo; que él como apoderado, no ha recibido notificación alguna de embargo trabado sobre la misma, ni ha visto publicada su notificación en nin-gún periódico local; que en la fecha en que el marshal de esta corte hace constar que notificó por escrito a la Sra. Muñiz el embargo, en la casa No. 69 de San Juan Moderno, dicha señora no residía en Puerto Rico; y que lo declarado es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.— (Fdo.) Pedro de Elzaburu.”

El contra affidavit presentado por Avelino Plores es como sigue:

“Yo Avelino Flores, después de prestar juramento con arreglo a la ley, declaro: Qlue soy de 35 años de edad, soltero, sastre, vecino de San Juan y residente en esta ciudad desde hace más de dos años; que conozco al abogado don Victoriano M. Fernández, con quién tuve una contrata allí por el año 1918 hasta principios de 1920, para llevar a efecto las notificaciones que hubieran de hacerse en la oficina de abogado que tenía en sociedad con don Manuel Tous Soto; que conozco a doña Juana Muñiz, vda. de Palacios y fui comisionado para notificar a esa señora y los hijos de don José Palacios como lo hice a fines de noviembre o principios de diciembre del año 1919, verifi-cando la citación de dicha señora en el poblado de San Juan Moderno de Santurce, en la misma fecha que hice la de los demás demandados, esto es, con entrega de copias de la demanda y emplazamiento y que dicha señora se incomodó conmigo diciéndome que por qué le enviaban aquellos papeles cuando tenía su abogado que conocía el Sr. Fernán-dez. — -(Fdo.) Avelino Flores.”

Al declarar sin lugar la moción la corte inferior se ex-presó en los siguientes términos:

“Vista la moción presentada por doña Juana Muñiz, viuda de Palacios, y examinado el record, resulta que el abogado Év. Dones compareció representando a dicha peticionaria, en todas sus actua-ciones.
“Es de observarse que este pleito al iniciarse lo fué contra don José Palacios Encabado, el que aparece representado por el abogado Sr. Dones y el que a su nombre interpuso excepciones previas a la demanda con fecha 26 de junio de 1919; en 21 de octubre del mismo año, el demandante solicitó la sustitución de la parte demandada por la sucesión y la viuda del demandado, previa notificación al abogado Sr. Dones.
“En 14 de noviembre el demandante radicó una demanda enmen-dada contra la sucesión y la viuda, a la que se interpuso excepción por la sucesión demandada la que fué declarada sin lugar, conce-diéndole la corte diez días a los demandados para contestar.
“Posteriormente y con fecha 28 de enero de 1920, comparecieron las partes y estipularon se le concedieran diez días a los demandados para contestar, y el Sr. Dones aparece firmando la estipulación como abogado de los demandados. En 11 de febrero el abogado Sr. Dones contestó la demanda a nombre de los demandados.
“Señalado el día 15 de junio para la celebración del juicio el Sr. Dones compareció a nombre de los demandados y con fecha 21 de junio presentó su alegato también a nombre de los demandados.
“Transcurrido el término para la apelación, presentó escrito, el que no surtió efecto por haber transcurrido el término y el deman-dante inició la ejecución de la sentencia.
“En ninguna de sus comparecencias el Sr. Dones Rizo la salvedad de que sólo representaba a la sucesión.
“En el acto del juicio, cuando la corte Rizo la pregunta de cos-tumbre, “En el acto del juicio, cuando la corte Rizo la pregunta de cos-tumbre, £ ¿ Los demandados están listos para el juicio ’ ? El Sr. Dones contestó afirmativamente, sin que alegara que solo representaba a la-sucesión. ’ ’

El apelante insiste en que:

“La corte con su orden de fecRa cinco de octubre de 1920 decla-rando sin lugar la moción de la demandada apelante Juana Muñiz vda. de Palacios, cometió los errores siguientes:
“Primero: Infracción de la Ley No. 94, aprobada por la Cámara Legislativa de Puerto Rico, promulgada en 31 de marzo de 1919 en virtud de sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de fecha 11 de marzo de 1919.
“Segundo: Infracción del artículo 43 del Código de Enjuicia-miento Civil, enmendado por la ley aprobada por la Cámara Legis-lativa de Puerto Rico en ocho de marzo de 1906.
“Las dos infracciones invocadas, se fundan en los motivos legales siguientes: Tanto la moción del demandante sobre sustitución de partes demandadas, como el escrito del mismo demandante pidiendo al secretario de la corte incluyese aquella moción en el calendario especial para su vista; ni la orden de la corte declarando con lugar la moción del demandante sobre sustitución de partes demandadas, fueron notificadas a lá demandada apelante Juana Muñiz, vda. de Palacios en tiempo ni forma legal alguna, pues si bien aparece que de todo ello fué notificado el abogado Adolfo Dones Padró, como abogado del demandado fallecido José Palacios Rueabado, tal repre-sentación terminó el día 8 de septiembre de 1919, en que falleció dicho José Palacios (artículo 1836,) del Código Civil y Julián et al v. McCormick et al., 25 D. P. R. 186; y como dicho abogado en la fecha de dichas notificaciones ni posteriormente, ha representado en este pleito a la demandada Juana Muñiz, es claro y evidente convenir en que las infracciones invocadas han sido cometidas por la corte inferior.
“Tercero: Infracción del artículo 98 del Código de Enjuicia-miento Civil:
“La infracción alegada se funda en el motivo legal siguiente: En 18 de noviembre de 1919, el demandante enmendó su demanda, la que no fué notificada a la demandada Juana Muñiz, vda. de Pala-cios, ni personalmente ni por medio de edicto, y si bien aparece de los autos que el abogado Adolfo Dones compareció en representación de la sucesión demandada en 7 de enero de 1920 oponiendo excep-ciones previas a la demanda enmendada, y declaradas éstas sin lugar, el propio abogado contestó la demanda enmendada, sin especificar en ninguna de esas comparecencias los nombres de los’ demandados a cuyo nombre y representación compareció; como la demandada Juana Muñiz, vda. de Palacios, en ningún tiempo confirió su representación a dicho abogado Sr. Dones Padró en este pleito, ninguna de las omisiones en que haya incurrido dicho abogado, deben ni pueden per-judicar el derecho e intereses de la demandada Juana Muñiz vda. de Palacios. # * *
“Cuarto: La corte inferior cometió error con su sentencia de fecha once de agosto de 1920, en cuanto condenó a la demandada Juana Muñiz vda. de Palacios, en unión de los demás demandados, a pagar al demandante $2,500 dollars; por el motivo de que, no ha-biendo sido citada ni emplazada de la demanda enmendada la deman-dada Juana Muñiz vda. de Palacios ni conferido su representación al abogado Dones, ni comparecido en autos, voluntariamente, la corte, no ha adquirido jurisdicción sobre dicha demandada y carecía de jurisdicción para dictar sentencia contra la misma.
“Quinta: Infracción del artículo 1226 del Código Civil Revisado que copiado dice así:
“Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de quien no tenga su autorización o representación legal, será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.”

Y la corte inferior en su orden de fecha cinco de octubre de 1920, dice:

“En ninguna de sus comparecencias el Sr. Dones hizo la salvedad de que sólo representaba a la sucesión. En el acto del juicio, cuando la corte hizo, la pregunta de costumbre, ‘los demandados están listos para el juicio’ el Sr. Dones contestó afirmativamente, sin que se ale-gara que sólo representaba a la sucesión.”

Que Dones no compareció en representación de los hijos solamente como expresó él en su affidavit sino como abogado de los demandados sin que nada indique una intención de excluir a la viuda, es uu hedió que aparece concluyentemente de los autos. El dice que la viuda, a quien conoce, tenía conocimiento de que él era el abogado de su esposo en este pleito. Dicho abogado cuidadosamente elude decir que ella no le autorizó para representarla después del fallecimiento de su esposo o que él en realidad no la representaba. La ingenua manifestación de que no había hablado nada con ella después del fallecimiento de Palacios, y verdaderamente toda esta notable combinación de palabras, es más significativa por razón de lo que deja a la imaginación que por nada de lo que en ella se queda expresado como hecho.

Una curiosa circunstancia digna de consideración en re-lación con ésta es que cuando el caso fué llamado para juicio solicitaron verbalmente una suspensión. Los fundamentos de la moción no constan pero ésta fué declarada sin lugar y es inconcebible que la corte hubiera procedido a la cele-bración del juicio y a dictar sentencia en contra de la viuda ante una formal sugestión de que el abogado de la defensa no la representaba y que en realidad ella nunca fué hecha parte en el pleito. Si el abogado en' su alegación no intentó asumir ninguna responsabilidad como abogado de la viuda o si él no estaba autorizado para representarla, él perdió con esto una excelente oportunidad de obtener la deseada suspensión de la vista mediante la presentación de estos hechos.

En cuanto a la declaración jurada de Elzaburu, será bas-tante con decir que según consta de la declaración jurada de Avelino Plores, que no ha sido contradicha expresamente, el emplazamiento, junto con una copia de la demanda fué notificada a la viuda en noviembre 1919 / la contestación de Dones como abogado de los demandados fué radicada en febrero 11 de 1920, algunos meses antes de marcharse doña Juana y de la fecha en que el declarante se hizo cargo de sus intereses. La omisión en no haberse radicado un affidavit de notificación de la demanda enmendada antes de la fecha de la moción citada en primer término se explica satis-factoriamente por la comparecencia, excepciones previas y contestación de los demandados.

“Está bien establecido en las cortes de este país, tanto en la Federal como en la de Estado, que la comparecencia de un abogado debidamente admitido es prueba presuntiva de su facultad para re-presentar a la persona por quien comparece, e incumbe a la parte que impugna su facultad demostrar que es nula.” 2 ft. C. L., p. 980, see. 58. Yéase también 6 C. J., p. 631, sección 128.

Otra presunción que de ser necesaria, podría o no ser invocada por robustecer más lo dicho anteriormente'es: “que toda persona cuida de sus propios asuntos con celo ordi-nario.” Sección 102, apartado 4, de una “Ley para regla-mentar la presentación de evidencia en los procedimientos; civiles,” aprobada marzo 9, 1905.

La viuda misma nada dice. Su abogado habla de su pro-pio conocimiento únicamente en cuanto a cuestiones de de-recho, de opinión legal o de constancias de autos, que no constituyen por sí los verdaderos fundamentos de la moción. La declaración cuidadosa de Elzaburu, sacada de su argu-mentación, inferencia, conclusiones y manifestaciones condi-cionadas, no requiere formal consideración. El no expre-sarse ningún hecho pertinente en la declaración jurada de Dones, excepto en cuanto a la materia respecto a la cual los autos le contradicen, es más elocuente que el verdadero con-tenido de ese vago y elusivo documento; y la fuerza per-suasiva de tal omisión tiende a sostener las conclusiones a que llegó el juez sentenciador más bien que la teoría del apelante.

El caso así presentado no obstante la inequívoca y no contradicha declaración jurada de la notificación no es bas-tante para hacer ineficaz la presunción citada en primer término.

Sí, según declaró probado la corte inferior y como esta-mos obligados a declarar a falta de una demostración más robusta en sentido contrario, la apelante estaba represen-tada por abogado, las otras cnestiones, de baber algunas, envueltas en el razonamiento contenido en el alegato de -la ¡apelante, aunque no carecen enteramente de méritos, difícil-mente-podían considerarse como fundamentos para la revo-cación de la sentencia apelada.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    López, Demandante y Apelada, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre indemnización por accidentes del trabajo.
    No. 2236.
    Resuelto en julio 22, 1921.
    'Accidentes dee Trabajo — Causa de Acción — Prueba Insuficiente. — Cuando si bien la corte declaró probado que la muerte del obrero sobrevino a conse-cuencia del envenenamiento producido por la absorción de sales de plomo manejadas en el curso de su empleo, no consta, sin embargo, desde cuándo estaba él ocupado en tal labor ni hay declaración específica en cuanto a la condición actual de su salud el día del supuesto accidente y ninguna suges-tión de algún incidente extraordinario ocurrido ese u otro día que hubiera podido causar la absorción de una,_.cantidad anormal de veneno, ni hay nada que indique que el veneno fué o pudo ser absorbido ese día o dentro de un período definido anterior al mismo en cantidad suficiente para producir la muerte; el hecho de que el obrero fuera un hombre robusto que no mostraba síntomas de saturnismo crónico y el de que la muerte tuvo lugar pocas horas después de los primeros síntomas del envenenamiento, no son bastantes para concluir que la muerte se debió necesariamente a un accidente del trabajo.
    Id. — Id.—Interpretación del Artículo 4 de la Let sobre Accidentes del Tra- ' bajo. — Al redactar el artículo 4 de la Ley sobre indemnizaciones por acciden-tes del trabajo la Legislatura no tuvo la intención de enumerar todos los casos que no estén comprendidos en el alcanee de la ley sino solamente especificar las circunstancias en las cuales no debe permitirse a un demandante que pueda recobrar no obstante la posible prueba de los hechos que en ausencia de tal restricción constituirían un perjuicio ocasionado por un accidente.
    Los Recibos están expresados en la opinión.

      Abogado de la apelada: Sr. J. Soto Rivera.

    Abogados de la apelante: Ron. Attorney General, R. Rivera Zayas, Acting Attorney General, y A. Arroyo.

   El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos como fueron declarados probados y las con-clusiones a que llegó el juez sentenciador en tanto son nece-sarios para la resolución de las cuestiones aquí envueltas han sido expresados por dicho juez en la siguiente forma:

“De acuerdo con las disposiciones de la sección 9 de la Ley de indemnizaciones por accidentes del trabajo, llegó este caso a esta corte en grado de apelación: y con observancia de los trámites le-gales se celebró la vista del mismo con la comparecencia de ambas partes asistidas de sus respectivos abogados. Como resultado de la evidencia producida en el acto de la vista, la corte entiende satisfac-toriamente probado,, que Miguel Alenda, esposo de la demandante, era en tres de enero de mil novecientos diecinueve, empleado como capataz de los filtros de prensa de los molinos para la fabricación de azúcar, propiedad de la Fajardo Sugar Company, que es una cor-poración debidamente autorizada para efectuar negocios en esta Isla, y está inscrita de acuerdo con la ley de indemnizaciones por acciden-tes del trabajo vigente en Puerto Rico en la fecha mencionada; que dicho Miguel Alenda, que era un hombre joven, robusto y saludable, tenía que usar en las faenas a que habitualmente se dedicaba, como empleado de The Fajardo Sugar Company, y para la limpieza de los filtros mencionados, una substancia compuesta de sales de plomo, de-nominada ‘plombagina’; y en el día de referencia y en el curso de su empleo, Miguel Alenda, sintió súbitamente fuertes dolores en el vientre, náuseas y vómitos, requiriendo su estado la intervención de los médicos de la corporación aludida, quienes ordenaron el inme-diato traslado de Miguel Alenda, al Hospital Presbiteriano de San-turce, donde falleció horas después a consecuencia de un envenena-miento producido por la absorción de las sales de plomo, o ‘plomba-gina,’ con que el expresado Miguel Alenda trabajaba; que la deman-dante y su hija son las únicas y universales herederas de Miguel Alenda, quienes dependían única y exclusivamente para su subsisten-cia del jornal de $10.50, que el expresado Miguel Alenda devengaba semanalmente. De acuerdo con los hechos relatados, entiende esta corte que procede dictar una sentencia a favor de la parte deman-dante. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, que compareció en autos por medio del fiscal del distrito, lia sostenido como razón legal para negar la indemnización reclamada, la circunstancia de ser éste un caso que no tiene el carácter de accidente del trabajo, y a este respecto se hace hincapié en el certificado de defunción expedido por el Dr. Vizcarrondo, y en el cual se dice que Miguel Alenda falleció a consecuencia de saturnismo crónico, aseveración ésta que no está sos-tenida por la prueba presentada, en el curso del juicio, y de la cual se desprende que Alenda fué siempre un hombre saludable, fuerte y robusto, que no experimentó nunca los síntomas, que de acuerdo con el testimonio del propio Dr. Vizcarrondo, hubiera necesariamente sen-tido, si el expresado Alenda hubiera sufrido el saturnismo crónico. Pero aún dando por supuesto que la causa de la muerte de Miguel Alenda, hubiera sido el envenenamiento lento y pausado, por la absolu-ción durante varios años de la substancia venenosa con que tenía que bregar, como incidente de la labor por él realizada, para beneficio de su patrono, entiende esta corte que no podría alegarse con éxito la teoría de la parte demandada y del fiscal del distrito, toda vez que a la luz de la jurisprudencia, la palabra ‘accidente,’ cuando se usa en pólizas de seguro, debe recibir una interpretación amplia y liberal, de acuerdo con la acepción común y popular del vocablo, incluyendo por tanto aquellos casos que tienen lugar sin que puedan ser previsto» o evitados por la persona o personas a quienes afectan. Richards v. Travelers Ins. Co., 89 Cal. 170. 1 Cyc. 249. La jurisprudencia sos-tiene asimismo, que una enfermedad contraída por un empleado que en el curso de sus deberes tiene su manos en contacto con trapos infectados o sustancias venenosas, constituye un accidente que da lugar al establecimiento de una acción para recobrar el importe de una póliza. 1 Words and Phrases, 34-36. Y no es solamente la ju-risprudencia la que sostiene los puntos de vista de la corte, sino' los términos de la propia Ley de indemnizaciones por accidentes del tra-bajo que en su sección segunda dispone que el estatuto en cuestión será aplicable a los obreros lesionados o que se inutilicen, o pierdan la vida por accidentes que provengan del empleo y ocurran durante el curso de éste. De un modo o de otro, el envenamiento de Miguel Alenda, súbito o crónico, ocurrió durante-el curso de su empleo, y fué producido por el uso de la substancia tóxica, cuya naturaleza y condición él desconocía. Y que tal es la interpretación que debe recibir la ley, se desprende del contenido del artículo 4, en el que se enumeran los casos en los cuales no procederá conceder la indem-nización. Dicho artículo 4 dice así:
“ !No son accidentes del trabajo y no darán, por consiguiente, derecho a indemnización al obrero o a sus herederos, de acuerda con esta ley, los que ocurran en las siguientes circunstancias:
“ ‘1. Al tratar el obrero de cometer un delito o de lesionar a su patrono o a cualquiera otra persona, o cuando voluntariamente se causare la lesión.
“ ‘2. Estando el obrero embriagado, siempre que la embriaguez fuera la causa del accidente.
“ ‘3. Cuando la lesión le haya sido causada al obrero por el acto criminal de una tercera persona.
“ ‘4. Cuando la imprudencia temeraria del obrero haya sido la única causa de la lesión.’
“Así, pues, no estando el caso de Alenda comprendido dentro de aquéllos que el legislador ha considerado que no son accidentes del trabajo, y siendo así, que él, de acuerdo con la misma ley, no podía asumir el riesgo, hay que concluir necesariamente que la muerte de Miguel Alenda se debió a un accidente del trabajo ocurrido en el curso de su empleo, y que sus herederos tienen un legítimo derecho a recibir la compensación que la ley les acuerda.”

Uno de los errores alegados y el único que necesitamos considerar es que la sentencia dictada a favor de la deman-dante es contraria a derecho:

“Aunque las palabras ‘perjuicio personal’ como se emplean en el estatuto de Massachusetts se ha declarado que son lo suficientemente amplias para incluir las enfermedades contraídas en el curso del oficio (véase anotación en L. R. A. 1917 D, 104, nota 31), tales enferme-dades no se incluyen en la palabra ‘accidente’ o ‘perjuicio personal’ como se emplea en los estatutos de otros Estados.
“De modo que un empleado que se dedica a pintar muebles de caoba no puede recobrar una compensación debido a una enfermedad de la mano ocasionada por el contacto con la pintura, puesto que la ley de Michigan no prescribe compensación para las enfermedades contraídas en el curso del oficio. Jener v. Imperial Furniture Co., (1918) Mich. 166 N. W. 943. La corte dijo ‘Si el daño ocasionado al reclamante se originó por razón de la naturaleza de su trabajo él está excluido de recobrar porque la ley no prescribe una compensa-ción para aquéllos que sufren un daño debido a enfermedades ocasio-nadas en el curso del oficio. La prueba parece indicar que aquéllos ocupados en pintar muebles con tintura de caoba frecuentemente su-fren de enfermedades en las manos. Sin embargo, si el daño ocasio-nado al reclamante se debe no a la-naturaleza general de su ocupa-ción, sino a algún accidente casual, entonces los autos están entera-mente desprovistos de cualquier prueba de un accidente. Si el re-clamante sufrió un rasguño o raspadura por donde penetró el veneno, los autos nada dicen respecto a cuándo y de qué manera él sufrió el accidente. ’ Anotación al caso Re Maggelet, L. R. A. 1918 F, pág. 872.
“Se alega que uno de los argumentos más fuertes en contra de que se incluyan las enfermedades del oficio entre los daños compren-didos en la ley de compensaciones que no estén expresamente pres-critos en ella, es que todas las leyes americanas han sido más o menos adoptadas de las leyes inglesas, y cuando se había declarado que la ley original de ese país no era aplicable a tales enfermedades y antes de aprobarse cualquiera de los estatutos, se enmendó para compren-derlos no con la omisión de la palabra ‘accidente’ sino por la adi-^ ción de un precepto de que la inhabilitación producida por una enfer-medad del oficio ‘se considerará como que ha ocurrido un accidente.’ También se agregaron preceptos bien considerados que comprenden la concesión de una compensación en tales casos. Linnane v. Aetna Brewing Co., L. R. A. 1917 D, pág. 106.
“Yarias prescripciones del estatuto, particularmente la cláusula que exije la notificación del accidente que ha de hacerse al patrono dentro de un término especificado, se ha declarado que indican la intención legislativa de que debe haber un tiempo, lugar y circuns-tancia a los que puede referirse el perjuicio. Elke v. Hart-Dyke, (1910) 2 K. B. (Eng.) 677, 80 L. J. K B. N. S. 90, 103 L. R. N. S. 174, 26 Times L. R. 613, 3 B. W. C. C. 482, 3 N. C. C. A. 230; Alloa Coal Co. v. Drylie, (1913) W. C. & Ins. Rep. (Eng.) 213, (1913) S. C. 549, 6 B. W. C. C. 398, 50 Scot. L. R. 350, 4 N. C. C. A. 899; Petschett v. Preis, (1915) 31 Times L. R. (Eng.) 289, 106 L. T. N. S. 741, 76 J. P. 251, 28 Times L. R. 344, (1912) W. N. 105, 5 B. W. C. C. 259.” Nota al caso de Adams v. Acme White Lead & C. Works, L. R. A. 1916 A, pág. 290.

Los hechos declarados probados por la corte inferior son finales, pero ¿cuáles son los hechos declarados probados en el presente caso? El juez sentenciador expresa que Alenda era un hombre robusto que no mostraba síntomas de satur-nismo crónico y cuya muerte tuvo lugar a las pocas horas después de los primeros síntomas del envenenamiento; pero también dice la corte qne la muerte fué consecuencia del en-venenamiento debido a la absorción de las sales de plomo que acostumbraba usar en su trabajo diario. No consta desde cuándo Alenda había estado ocupado en este trabajo, aunque se insinúa que el empleo comprendía un período de varios años. No hay ninguna declaración específica en cuanto a la condición actual de la salud del reclamante en enero 3, cuando se desarrollaron los síntomas y ninguna sugestión de algún' incidente extraordinario ocurrido ese día, o en alguna otra fecha, que hubiera podido causar la absorción de una can-tidad anormal de veneno, ni, exceptuando la posible infe-rencia de los hechos declarados probados respecto a la con-dición física anterior y a la rapidez con que sobrevino la muerte, nada hay que indique que el veneno fué o pudo ser absorbido ese día en particular, o dentro de un período de-finido anterior al mismo en cantidad suficiente que produ-jera la muerte. No hay nada que demuestre que un ataque agudo sin síntomas anteriores de envenenamiento, a diferen-cia de una enfermedad crónica, no podría ser igualmente consecuencia de la absorción gradual que continuó por un período considerable de tiempo. El hecho declarado probado nada contiene, por tanto, que interpretado razonablemente pueda decirse que niega distintamente la teoría de un pro-ceso gradual incompatible con la idea de cualquier fecha pre-cisa en la cual el alegado accidente pudo haber ocurrido y algo así, por lo menos, se necesitaría para excluir definiti-vamente el caso de la clase general a que pertenece.

• La incompatibilidad, de haber alguna, entre el hecho de-clarado probado de que la muerte se debió al proceso gradual ordinario, si no necesario, de la absorción de la plom-bagina contenida en la sustancia que acostumbraba usar Alenda en su trabajo diario y la declaración absoluta en cuanto a su buen estado de salud anterior, y que estaba libre de todo síntoma de saturnismo crónico, y la cuestión más im-portante de que no se hicieron conclusiones de hecho más de-finidas, puede haberse debido a que el juez sentenciador tenía su mente concentrada en la cuestión de si el caso desde cual-quier punto de vista podría o no ser considerado como no comprendido en el alcance del estatuto. T de la opinión del juez sentenciador considerada en conjunto sí parece razona-blemente claro que él creyera que la cuestión de si la muerte fué o no consecuencia de una enfermedad originada en el curso del oficio era de poca importancia.' Pero sea esto como fuere, los hechos declarados probados según ya se ha indi-cado ni fijaron la fecha en que el alegado accidente tuvo lugar, ni indicaron que la absorción, que se consideró fué la' causa de la muerte, tuvo o pudo tener lugar en o dentro-de cualquier período de tiempo determinado del cual podría haberse hecho la notificación como requiere la ley.

Será bastante con agregar que en e] artículo 4 de la ley la Legislatura no tuvo la intención de enumerar todos los casos que no estén comprendidos en el alcance de dicha ley sino solamente especificar las circunstancias en las cuales no debe permitirse a un demandante que pueda recobrar, no obstante la posible prueba de los hechos que en ausencia de tal restricción constituirían un perjuicio ocasionado por un accidente. Preceptos semejantes son bastante comunes en la legislación de esta clase y generalmente se les incluye en el artículo en que se hace referencia a los perjuicios su-fridos por accidentes, como una limitación al alcance de esa frase. Tales cláusulas no tratan de nada que en ningún caso podría considerarse como una lesión originada por un acci-dente, y el principio de expressio unius est exclusio alterius invocado por la corte inferior no puede tener debida apli-cación.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Laborde, Demandante y Apelado, v. Solís et al., Demandados, t Apelante el Primero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre deslinde.
    No. 2302.
    Resuelto eu julio 22, 1921.
    Deslinde — Posesión—Alegación—Causa de Acción. — Eu una aeeióu establecida bajo el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil, una demanda que alega no sólo una confusión de colindaneias sino también que los deman-dados están en posesión de una parte de la finca del demandante sin derecho alguno a ello, establece una causa de acción.
    Id. — Id. — Interés. — En un caso en que una finca grande lia sido subdivi-dida en muchas parcelas pequeñas que han pasado a ser de diferentes per-sonas, puede ser que una mensura de más de una o de todas esas segregacio-nes sea necesaria para localizar e identificar la merma que resulta de la men-sura de terrenos colindantes con la finca principal, y parecería Inmaterial el hecho de si la finca del demandante colinda con todas y cada una de las . pequeñas parcelas que originalmente estaban contenidas en la finca principal y ahora pertenecen a los respectivos demandados. La cuestión es una do interés y la necesidad de una mensura de todas las subdivisiones con el fin de determinar la superficie y verdaderas colindaneias de la finca principal, o de partes integrantes de la misma que colindan con terrenos del deman-dante, suple cualquier interés que el estatuto exija en tales segregaciones.
    Los Lechos .están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. L. Pereyó.

    Abogado del apelante: Sr. F. González.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Félix Solís apela de una resolución ordenando el exa-men y deslinde de cierta finca perteneciente a él, dictada en un procedimiento seguido por virtud de las disposiciones del artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil, e insiste en que:

1. La corte erró al declarar sin lugar las excepciones pre-vias presentadas en este caso por el demandado Félix Solís.

2. La corte cometió un error al dictar su orden final, pero de los autos no aparece que se hiciera el requerimiento pre-vio a que se refiere el artículo 286 del Código de Enjuicia-miento Civil.

3. La corte cometió error al admitir como prueba la Es-critura No. 138 otorgada por Francisco Rivera Artigues a favor de Alejandro Laborde Quintero.

4. La corte cometió error al ordenar la mensura de la finca del demandado Félix Solís porque la prueba practicada es insuficiente para sostener dicba orden.

Los fundamentos de excepción previa, como fueron ale-gados en la corte inferior, eran los siguientes:

“Que la solicitud presentada en este caso no aduce becbos sufi-cientes para decretar una mensura de acuerdo con el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil.
“Que existe indebida acumulación de partes demandadas, toda vez que se demandan individuos y se describen fincas que no colindan con la del demandante.
“Que la solicitud es ambigua y dudosa pues no se sabe con cuál finca están confundidas las eolindancias, y esto sería necesario para poder establecer una parte su defensa.”

Las alegaciones esenciales de la demanda enmendada, omi-tiéndose las descripciones de las trece fincas enumeradas en ella como pertenecientes a los distintos demandados, son las siguientes:

“Segundo: Que el demandante es dueño de la siguiente finca: Rústica: Predio de terreno alto, sito en el barrio de Guayanés del término municipal de Yabucoa, compuesto de sesenta cuerdas, más o menos, de terreno, en lindes por el sur, con la rivera marítima; por el norte, con doña María Limardo; por el este, con Marcos Solís; y por el oeste, con terrenos de Roberto de la Cruz, Sucesión Pendás y Domingo Figueroa.
‘ ‘ Tercero: Que los demandados, unos por berencia del causante Mareos Solís, y otros por compra a algunos herederos del expresado causante, son dueños de varias parcelas de terreno, en el barrio de Guayanés, • del término municipal de Yabucoa, las cuales poseen en la actualidad, haciendo un total de doscientos veinte y siete cuerdas noventa y seis centavos de otra de terreno, que se describen como • a>. .y, sigue: * * *
“Cuarto: Que según el leal saber y entender del demandante, las eolindancias de su finca y las de los demandados, se hallan de tal manera confundidas, que los expresados demandados vienen utili-zando parte de la finca del demandante, sin derecho alguno a ello, y con los consiguientes perjuicios para dicho demandante. Y alega •que para aclarar dichas eolindaneias y reclamar cualquier terreno que ocupen los expresados demandados indebidamente, se hace nece-sario un examen y deslinde de todas las fincas que poseen en la actua-lidad dichos demandados, en el barrio de Guayanés ya expresado.
‘ ‘ Quinto: Que con fecha diez y siete de febrero de mil novecientos veinte, fueron requeridos debidamente los expresados demandados para que permitieran el examen y deslinde de todas sus fincas en el citado barrio, al demandante; y a pesar del tiempo transcurrido, no han autorizado o negado el permiso para llevar a cabo el citado exa-men y deslinde de las fincas referidas de su propiedad.”

La teoría de la alegación respecto a la supuesta falta de causa de acción es que una mera confusión de eolindaneias no justifica que Raya de acudirse al procedimiento prescrito por el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil, y los casos de McCormick v. Molinari, 16 D. P. R. 409, y Blasini v. Colón, 24 D. P. R. 336, se citan para sostener esta pro-posición. Pero la demanda presentada en este caso alega no solamente una confusión de eolindaneias sino también que los demandados ‘ ‘vienen utilizando parte de la finca del de-mandante, sin derecho alguno a ello,” y además que para “reclamar cualquier terreno que ocupen los expresados de-mandados indebidamente se hace necesario un examen y des-linde de todas las fincas que poseen en la actualidad dichos demandados en el barrio de G-uayanés ya expresado.” Se ve, pues, que los casos citados no son de aplicación.

Para sostener el segundo fundamento de excepción previa se cita el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil pero ese artículo se refiere a la acumulación de varias causas de acción en una demanda y nada se dice de que el deman-dante en esta acción haya tratado de expresar más de una causa de acción. El título IY, artículos 51 al 74, inclusive, del Código de Enjuiciamiento Civil está dedicado exclusiva-mente a la materia “de las partes en acciones civiles,” y el artículo 63 prescribe que “cualquiera persona podrá ser cons-tituida en demandado, siempre que tenga o alegue tener in-terés en la contienda en oposición al demandante, o sea parte indispensable para la completa determinación o arreglo de la cuestión litigiosa.” Puede ser, y no hay duda de que a menudo ocurre en casos como el que ahora consideramos, que una finca grande ha sido subdividida en muchas pequeñas por-ciones que han pasado a poder de diferentes dueños, que un deslinde de más -de una o de todas de dichas segregaciones es necesario pora localizar e identificar la merma que resulte de un deslinde de terrenos colindantes con dicha primitiva finca de mayor cabida. Si esto es así, como alega el deman-dante en este caso que es lo que sucede, parecería inmaterial el hecho de si la finca del demandante colinda o no con todas y cada una de las parcelas más pequeñas que primitivamente estaban comprendidas en la finca de mayor cabida y que ahora pertenecen a los respectivos demandados. La cuestión no es de colindancias sino de interés y de necesidad razo-nable como medio para el descubrimiento de la prueba que h'a de utilizarse en el pleito que se pretende seguir. En el presente caso la existencia de un interés en la finca de mayor cabida de la que se segregaron las varias parcelas que están ahora en posesión de los distintos demandados no ha sido negado, y la necesidad de un deslinde de todas las subdivi-siones para poder determinar la superficie y verdadera co-lindancia de la finca de mayor cabida o de las partes inte-grantes de la misma que colindan con los terrenos del de-mandante suple cualquier interés que el estatuto pueda exi-gir en cada una de dichas segregaciones.

De igual modo en cuanto al tercer motivo de excepción previa debe tenerse-en cuenta que ésta no es una acción para reivindicar una propiedad sino meramente una investigación preliminar con el objeto de determinar los hechos que han de- utilizarse como prueba en la pretendida acción al ser ins-tituida. En tanto en cuanto la cuestión que aquí se trata de levantar no haya sido resuelta será bastante con agregar que en las descripciones de cuatro de las trece parcelas que se alega pertenecen a los diferentes demandados, se habla de Alejandro Laborde como dueño de propiedad colindante. De las siete subdivisiones pertenecientes al apelante una co-linda por el oeste y por el norte con terrenos de Domingo Figueroa a quien se menciona en la descripción de la finca del demandante como colindante con ella por el oeste. Otra de estas siete fincas que es también una de las cuatro ante-riormente citadas, se describe como que colinda por el norte con Alejandro Laborde. Dentro de las circunstancias no podemos decir que la demanda por defectuosa que pueda ser en otros particulares sea ambigua y dudosa en lo que res-pecta a la indicación que en ella se hace de los puntos colin-dantes o terreno que puedan estar ocupando indebidamente los demandados en cuanto a la finca del demandante y las diferentes parcelas en poder de los respectivos demandados.

El escrito del cual el apelante se queja en el segundo señalamiento de error es como sigue:

“Humaeao, P. R., febrero 17, 1920. — Sres. Félix Solís, Antonio Cruz, Bstebanía Rosi, Marcelina Solís, Manuel García Vellón y Va-lentina Gautier. — Barrios de Guayanés y Candelero Abajo de Hu-maeao y Yabueoa, P. R.
“Muy Señores míos: — Tiene la presente el objeto de manifestar a Uds. que soy colindante de la finca que Uds. poseen en los barrios de Humaeao y Yabueoa, representando a la vez los derechos de la Sucesión Pendas que también es colindante por ser su representante legal.
‘ ‘ Que habiendo mensurado tanto mi finca como las de la expresada sucesión, nos hemos encontrado una gran diferencia en nuestros terre-nos, y como quiera que Ud. ha ordenado a sus peones quitar las cercas por los sitios donde nosotros creemos colindan nuestras fincas con la de Ud., solicito se nos permita practicar una mensura de la propiedad que Ud. posee, para determinar la cantidad de terrenos que Ud. tiene actualmente y la cual forma parte de nuestras fincas.
“Esta solicitud la hacemos cumpliendo lo ordenado en el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil, por entender de buena fe, que la porción de terreno que nos falta en nuestras fincas, se encuen-tra dentro de las guardarrayas o límites que Ud. ha mandado des-truir.' — Atentamente, (firmado) A. Laborde.”

El razonamiento del apelante respecto a la alegada insu-ficiencia de esta notificación se basa en la misma teoría que hace para sostener el tercer motivo de excepción previa a la demanda, y el documento en cuestión, así como la demanda, deja mucho que desear; pero no podemos decir que sea tan vago y dudoso que justifique al apelante en hacer completo caso omiso del mismo. Si cualesquiera de los particulares omitido» al parecer basado en la suposición de que eran conocidos por los demandados no fuesen de tal modo cono-cidos por ellos cualquier ulterior información que se hubiese deseado en cuanto a esto sin duda alguna se hubiese sumi-nistrado en seguida al ser solicitada. De todos modos no se ha probado ni perjuicio ni deseo de complacer al deman-dante al permitirse un deslinde de cualesquiera de sus terre-nos en posesión del apelante colindaran o no con aquéllos del demandante.

En el alegato se nos dice que el documento a que se hace referencia en el tercer señalamiento ni aparece haber sido inscrito en el registro de la propiedad ni en él se expresa la forma en la cual el vendedor adquirió la finca que en él se traspasó al demandante. La escritura en cuestión no ha sido sometida a nuestra consideración y al tiempo de opo-nerse a su admisión como prueba no se hizo ninguna indi-cación de que en ella no se manifestara el origen del título del vendedor. El juez sentenciador en su resolución sobre la objeción como fué hecha, al admitir el documento por el valor que pudiera tener en relación con el derecho del de-mandante a un deslinde llamó la atención hacia el hecho de que el procedimiento que entonces se encausaba no era una acción para reivindicar la finca y el alqgato del apelante no revela ninguna razón convincente de por qué no ha de ser admitida como prueba de tal derecho por parte del deman-dante una escritura que no ha sido inscrita.

En cuanto al cuarto señalamiento será bastante con ex-presar que aunque la prueba lo mismo que la demanda y el anterior requerimiento por escrito no es muy satisfactoria, sin embargo, no se presentó ninguna prueba por la defensa y si el juez sentenciador dió crédito a los testigos del deman-dante como aparentemente lo hizo no podemos decir que el caso prima facie así presentado sea insuficiente para sos-tener la conclusión a que llegó la corte sentenciadora.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Alonso Riera & Cía., Demandante y Apelante v. Salas et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2281.
    Resuelto en julio 22, 1921.
    Autenticidad y Otorgamiento de un Pagaré Transcrito en la Demanda — Con-testación no Jurada — Prueba de Palta de Causa de un Pagaré Autén-tico. — Aunque el lieelio de que un demandado no jure su contestación conte-niendo una negativa general a una demanda fundada en un documento que en ella se transcribe, constituye de acuerdo con el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil una admisión de la autenticidad y otorgamiento de dicto documento, esto no impide al demandado presentar prueba en apoyo de una alegación contenida en la materia nueva que constituye una defensa válida y que revela la verdadera causa de la obligación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. R. Martines Alvares.

    Abogados de los apelados: Sres. Soto Gras & Siaca y A. Nava & Domíngues.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante estableció su demanda fundado en un pa-garé que se transcribe en dicba demanda, el cual es como sigue:

“San Juan, P. R, Sept. 19, 1917. — Por $450. — Debo y pagaré a los señores Alonso Riera y Cía. de San Juan, el día diez de diciembre, de mil novecientos diez y siete, la cantidad de cuatrocientos cincuenta dollars (450) que ihe ba facilitado a intereses y recibí a mi entera satisfacción. T al fiel cumplimiento de este compromiso obligo todos mis bienes habidos y por haber con la garantía del Sr. o Sres. Juan F. Crespo. Zoila Salas. Fiador. Victoriano. Quintero. Fiador.”

Los demandados en una contestación sin jurar y después de hacer una negativa general de las alegaciones de la de-manda, alegan como materia nueva lo siguiente:

“1. Que allá por el día 19 de septiembre de 1917 la demandante vendió al demandado Juan F. Crespo un automóvil que la deman-dante se obligó a reparar por su cuenta y a entregar al demandado en el mes de octubre del mismo año de 1917.
“2. Que en virtud de este convenio, y para satisfacer en su opor-tunidad el importe del precio convenido, el demandado suscribió e hizo entrega a la demandante de un pagaré con la firma de los también demandados Zoila Salas y Victoriano Quintero como fiadores, por la suma de cuatrocientos cincuenta dólares, que el demandado se obligó a pagar el 10 de diciembre de 1917.
“3. Que el automóvil de referencia no fue entregado como fué convenido en el mes de octubre de 1917, a pesar de haber requerido su entrega el demandado Crespo, habiéndose negado la demandante en aquella fecha, y hasta la presente, a hacer la entrega de dicho automóvil de acuerdo con los términos del convenio celebrado por las partes.”

La corte de distrito después de un juicio de novo en ape-lación de la corte municipal- declaró probados los hechos como fueron alegados por los demandados y declaró sin lu-gar la demanda. Encontramos al empezar el juicio las si-guientes manifestaciones hechas por el abogado del deman-dante, a saber:

“Abogado del DemaNdante: Sr. Juez: la prueba en este caso ha de ser simplemente la demanda donde se copia el pagaré íntegra-mente, donde se hace la alegación de que dicba deuda no está pagada; y al mismo tiempo presentamos también como prueba en este caso la contestación a la demanda, donde aparece una negación general y específica de todas y cada una de las alegaciones de la demanda, sin que esta contestación esté jurada, como lo exije el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con la copia de pagarés o documentos en la demanda; es decir, Sr. Juez, que como la contes-tación bace una negación general y específica de todas y cada una. de las alegaciones de la demanda y no se jura, se admite la autenti-cidad del documento y, por consiguiente, no tenemos que presentar-prueba de clase alguna, porque todas las alegaciones de nuestra de-manda han sido aceptadas por la contestación toda vez que en estos casos cuando se copia el pagaré, cuando se quiere impugnar la exis-tencia del pagaré es necesario que se jure la contestación. Esa es; nuestra prueba.
“Abogado del Demandado: No ha sido nuestra intención impug-nar el pagaré. Presentaremos la prueba para sostener nuestra contra-demanda. ’ ’

La prueba aducida por los demandados para sostener las alegaciones afirmativas contenidas en la contestación fue im-pugnada por el demandante por el fundamento de que ha-biéndose admitido el otorgamiento y autenticidad del docu-mento que ha sido transcrito en la demanda no debe permi-tirse a los demandados que varíen o contradigan sus tér-minos.

El alegato del apelante no contiene señalamientos He error por separado o en otra forma pero en el mismo se levantan y contestan en forma negativa las dos cuestiones que trans-cribimos :

“1. Cuando un demandante alega y copia en su demanda un do-cumento, base de la acción que ejercita, y el demandado en su contes-tación no jure ésta ¿puede presentarse prueba de clase alguna por el demandado que varíe el otorgamiento y autenticidad de dicho do-cumento copiado en la demanda?
“2. ¿Necesita un demandante presentar otra prueba que la de-manda en donde aparece copiado un documento, base de la acción ejercitada, si el demandado no jura su contestación?”

Para sostener la conclusión a que así se llegó se nos citan varios casos ya resueltos por esta corte y las siguientes deci-siones de California: Burnett v. Stearns, 33 Cal. 473; Sloan v. Diggins, 49 Cal. 40; Carpenter v. Shinners, 108 Cal. 361; Brown v. Weldon, 71 Cal. 393; Moore y. Copp, 119 Cal. 432; Cutten v. Pearsall, 146 Cal. 694; Rosenthal v. Merced Bank, 110 Cal. 203; Corcoran v. Doll, 32 Cal. 88; Hills v. Sherwood, 33 Cal. 474.

.En decisiones más recientes de las cortes de California ■con frecuencia se cita del caso de Moore v. Copp, supra, lo -.siguiente;

'".Los casos en los cuales la sección 448 ha sido interpretada son numerosos. El resultado alcanzado puede expresarse brevemente como sigue: Cuando el demandado ha alegado como defensa un do-cumento escrito (no por vía de contra-demanda), y el demandante no ha notificado y radicado un affidavit en que niegue el documento, ni ha ofrecido prueba impugnándolo por alguna razón, se considerará como admitido el documento y deberá considerarse por lo que de su faz representa ser. Pero el demandante puede atacar el documento mediante prueba de fraude, error, influencia indebida, transacción, pago, prescripción, impedimento y defensas semejantes de acuerdo con la sepeión 462 del Código de Enjuiciamiento Civil. En suma, podrá el demandante mediante prueba, impugnar el documento fun-dado en cualquiera o en todos los motivos que estime-pertinentes menos impugnar su debido otorgamiento o su autenticidad. Por autenticidad no quiere- decirse otra cosa sino que no es falso, falsificado, o de dife-rente significación por su faz del otorgado, sino que es el mismo documento otorgado por la parte. (Sloan v. Diggins, 49 Cal. 38; Crowley y. City R. R. Co., 60 Cal. 628; Fox v. Stockton, Etc., Works, 73 Cal. 273; Petersen v. Taylor, 34 Pac. Rep. 724 (sin reportar); In re Garcelon, 104 Cal. 570; 43 Am. St. Rep. 134; Carpenter v. Shinners, 108 Cal. 359; Rosenthal v. Merced Bank, 110 Cal. 198).

Los artículos 119 y 120 de nuestro Código de Enjuicia-miento Civil prescriben lo siguiente:

"Artículo 119. — Cuando se entable una acción fundada en un documento, y la demanda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a ella, la autenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se considerarán admitidas, a menos que se jure la contestación ne-gando dicha autenticidad.
“Artículo 120. — Cuando la oposición a una acción se funda en un documento cuya copia vaya inserta en la contestación, o unida a ella, la autenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento, se tendrán por admitidas, a menos que el demandante presente al secretario, dentro de los diez días de haber recibido copia de la. con-testación, una declaración escrita y jurada negando dicha autenti-cidad, y entregue copia de la misma al demandado.”

Puede hacerse referencia de paso a 21 E. O. L., página 559, sección 118, y al volumen 4 de Wigmore, página 3627, sección 2596, en donde se indica de un modo general el probable origen, historia, objeto y principio que sirven de base a tales preceptos estatutorios.

“En ausencia de impedimento la falta u omisión de causa para el documento o pagaré objeto de la demanda constituye una buena defensa en una acción entre las primitivas partes en ella, aun cuando la causa haya sido expresada en él o expresamente reconocida por las palabras ‘valor recibido.’ Así pues, cuando el librado demanda basado en un pagaré es una defensa que el otorgante fué inducido a firmar mediante una promesa verbal hecha al mismo tiempo que luego no se cumplió.” 8 G. J. pág. 744, see. 1018.
“Si la cantidad que ha de deducirse puede determinarse, según el peso de las autoridades aun cuando no esté expresamente autori-zado por el estatuto, la falta u omisión de causa total o parcial es' nna. defensa absoluta o pro tanto, según sea el caso, a una acción basada en un pagaré otorgado por el precio de una propiedad-, cuando la acción es entre las partes primitivas o por un subsiguiente tenedor del pagaré a quien se imputa conocimiento o aviso de los derechos del comprador.” Nota al caso de Daniels v. Englehart, 39 L. R. A. (N. S.) 939, y casos citados.
“Es otra excepción a la regla general que discutimos, que en acciones en que están envueltos contratos por escrito, la causa ex-presada generalmente está sujeta a explicación. Así en pagarés u otros contratos, con frecuencia se alega la defensa de .que el contrato no tenía causa, o que la causa ha fracasado; y es admisible la prueba en que se sostiene tal defensa, a menos que no varíe en otros particu-lares el efecto legal del contrato * * # y ahora es la regla gene-raímente adoptada, que la verdadera cansa puede probarse’ aunque sea diferente de la expresada.” Jones sobre evidencia, sección 468.
“En este punto es necesario distinguir. La prueba sobre la cual surge la disputa puede ser el efecto de que el documento no fué confiado al librado con la intención de crear una obligación legal; que el hecho de si debe crearse o no una obligación legal, depende de una contingencia, o puede ser el efecto simplemente de que el ha-cerse cumplir la obligación depende de la contingencia. En el primer caso, lo que se pretende probar con la prueba es que el docu-, mentó ^escrito nunca se convirtió en un contrato; en el segundo caso se supone que el documento quedó convertido en un contrato; la prueba se encamina meramente al cumplimiento de la obligación del contrato. * * *
“Los principios como han sido expresados son claros. Pero es sumamente difícil determinar por la prueba, si se presenta una situa-ción en la cual la intención de las partes se refería a la entrega del documento, haciéndola condicional, o meramente a su obligación. Esta es una dificultad que se presenta a la corte cuando se hace nece-sario resolver sobre el carácter de la prueba. Las cortes no siempre han afrontado esta dificultad enteramente caracterizando la prueba, o como que demuestra un convenio de que el documento no debe tener efecto como contrato válido excepto por cierta contingencia o mera-mente un convenio que se refiere a su cumplimiento. # * *
“ * * * En caso de que la condición se refiriese meramente al pago puede hacerse ineficaz el documento demostrando una falta de causa, o que ésta ha fracasado; pero esto es por virtud de una regla independiente que no se relaciona con las condiciones anexas ya a la entrega o a la obligación.” L. R. A. 1917, 6, 306, 308.
' “Aunque la autenticidad y el otorgamiento de un documento con-tenido en la contestación se consideran admitidos por dejarse de pre-sentar un affidavit en que se niegue, el demandante, sin embargo, puede controvertirlo mediante prueba de fraude, error, indebida in-fluencia, transacción, pago, prescripción, impedimento, u otras defen-sas semejantes; en suma, puede él, mediante prueba, refutar el do-cumento por todos y cada uno de los motivos que no sean su debido otorgamiento o autenticidad. Moore v. Copp, 119 Cal. 429 ; 51 Pac. 630; Reynolds v. Pennsylvania Oil Co., 150 Cal. 629; 89 Pac. 610. Puede presentarse prueba de error, fraude u otra semejante para refutar el documento aunque se haya admitido su autenticidad y debido otorgamiento. Newson v. Woollcott, 5 Cal. App. 722; 91 Pac. 347; California Packers Co. v. Merritt Fruit Co., 6 Cal. App. 507; 92 Pac. 509. * * *
“Aunque el affidavit del demandante negando la autenticidad y debido otorgamiento de un pagaré alegado en la contestación se pre-senta demasiado tarde, tiene él sin embargo, derecho a refutar el pav garé probando otros particulares en justificación o excusa. Myers v. Sierra Valley Stock, Etc., Ass’n. 122 Cal. 669; 55 Pac. 689. La omisión del demandante en una acción sobre ejecución de una hipo-teca en presentar un affidavit negando la autenticidad y debido otor-gamiento de un documento escrito que se transcribe en la contesta-ción y que implica una prórroga del término del pago del pagaré garantizado por la hipoteca no excluye la prueba por parte del deman-dante de que la prórroga carecía de causa. Brooks v. Johnson, 122 Cal. 569; 55 Pac. 423.” Fairall’s Code of Civil Procedure, Part 1, pp. 448, 449, Notas.
“Pero el efecto de la omisión en presentar un affidavit de acuerdo con la sección 448 es meramente el de admitir la autenticidad y de-bido otorgamiento del documento. A pesar de tal admisión puede él impugnar el documento mediante prueba de influencia indebida o error, Moore v. Copp, 119 Cal. 429 (51 Pac. 630), o que no hubo ninguna causa para el mismo Brooks v. Johnson, 122 Cal. 569, (55 Pac. 423), o que el traspaso, aunque absoluto en su forma en realidad fué una hipoteca. Clarks v. Fast, 128 Cal. 422, (61 Pac. 72”). Cordano v. Wright, 159 Cal. 616.
“El demandante dejó de presentar el affidavit negativo exigido por esta sección y por tanto admitió el otorgamiento y autenticidad del recibo. Todavía podía él en el juicio impugnar o explicar los recibos mediante prueba documental o testifical. No habiéndolo he-cho está obligado por lo que los recibos dan a entender por su faz Carpenter v. Shinners, 108 Cal. 362, (41 Pac. 473) ; Brooks v. Johnson, 122 Cal. 569, (55 Pac. 423); Newson v. Woollcott, 5 Cal. App. 723, (91 Pac. 347), y lo que consta es el reconocimiento del pago de todas las sumas de dinero debidas por Whitaker & Ray a la sucesión del Dr. Montague.” Mckensie v. Ray, 168 Cal. 622.

A falta de una razón más persuasiva y autoridades que las contenidas en el alegato del apelante, nos vemos obliga-dos a resolver que en cuánto al librador y librado mencio-nados en un pagaré por el precio de venta en que se con-signa una causa en efectivo y que ba sido transcrito en la demanda, la admisión judicial en cuánto al otorgamiento y autenticidad del mismo, por no haberse jurado la contesta-ción en que se hace una negativa general y establece nueva materia que constituye una defensa válida y que revela la verdadera causa la que falta enteramente, no excluye la pre-sentación de prueba para sostener la alegación de falta de causa. *

La sentencia apelada debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente'Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Aldrey.