author: El Juez Asociado Señor Shyder

text:
    Francisco Ballester Ripoll, peticionario, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, etc., demandados; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 1300.

    Sometido: Julio 2, 1942.

      Resuelto: Julio 23, 1942.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado del peticionario; If on. Procurador General George A. Malcolm, M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar y Eulogio Riera-, Subprocurador Auxiliar,, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Shyder

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de marzo de 1941 Francisco Ballester Kdpoll y su esposa radicaron planillas separadas de contribuciones sobre ingreso por el año terminado en diciembre 31, 1940. Sus planillas reflejaban nn ingreso neto de $39,058.90, y sobre éste pagaron contribuciones ascendentes a $908.78.

El 18 de agosto de 1941 el Tesorero dirigió al peticiona-rio una comunicación titulada “Notificación y Eequeri-miento”. Este documento era una forma impresa que lee como sigue:

“Por la presente se le notifica que su declaración de ingresos, planilla número [347], rendida por el año contributivo terminado ■en [diciembre 31, 1940], ha sido reliquidada por este Departamento, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 31, aprobada en .abril 12, 1941, y la Ley Núm. 159, aprobada en mayo 13, 1941, en-mendatorias con retroactividad al 1° de enero del 1940, de la Ley de Contribución sobre Ingresos Núm. 74, de ag'osto 6, 1925, según fué subsiguientemente enmendada, tomando como base el ingreso neto declarado originalmente en su citada planilla, en la forma que se detalla a continuación:
“[Ingreso neto según su planilla_$19,529.45
Ingreso neto según planilla de su esposa_ 19, 529. 45
$39, 058. 90
Menos: Exención personal_$2, 000. 00
Crédito por dependientes_ 1, 200. 00
- 3, 200. 00
Ingreso neto sujeto a contribución normal-$35, 858. 90
Contribución Normal .- 8 por ciento sobre $35,858.90_$2, 868. 71
Contribución Adicional_1-'— 3, 701. 78
Total Contribución_$6, 570. 49
Menos:
Contribución impuesta por Kern No. 770-771_1_ 908. 78
Balance a pagar--i-$5, 661. 71]
“Si dentro del término de diez (10) días, a partir de esta fecha no fuere satisfecha la cantidad de [$2,830.86], importe del primer plazo de la nueva contribución adeudada de acuerdo con la anterior liquidación, se cobrarán recargos a razón del uno por ciento mensual, desde la fecha de este requerimiento.
“El segundo plazo deberá pagarse en o antes de [septiembre 15, 1941].”

Lo que está dentro de corchetes, que se aplica al caso específico del peticionario, fné insertado en maquinilla en la forma impresa.

El 21 de agosto de 1941 el abogado del peticionario es-cribió al Tesorero solicitando de éste que “anulara la con-tribución impuesta” en este caso. El Subtesorero Interino' contestó por carta de septiembre 10, 1941, que lee en parte como sigue:

“En contestación se le informa que la Notificación y Requeri-miento heeba a su representado en agosto 18 de 1941, no constituye una deficiencia estatutaria toda vez que la misma no es una tasación preventiva y sí la imposición de la contribución computada al tipo que dispone la ley en vigor.
“Tampoco dicha notificación y requerimiento de pago es una decisión administrativa del Tesorero, que dé jurisdicción al Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Puerto, pues ello tan sólo constituye un acto ministerial del Tesorero en cumplimiento de la ley. ’1

El 1 de octubre de 1941 el peticionario radicó ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones una querella contra el Tesorero. El Tesorero radicó una contestación el 24 de diciembre de 1941, el caso fue visto en sus méritos el 27 de enero de 1942, y quedó sometido para ser resuelto por el Tribunal de Apelación de Contribuciones. El 27 de mayo de 1942 el Tribunal de Apelación de Contribuciones decidió que no tenía jurisdicción para conocer del caso, y ordenó al Tesorero que cobrasé la contribución en controversia de acuerdo con dicha decisión. Expedimos el auto preliminar de certiorari.

Aunque el Procurador General, que representaba al Te-sorero, siguió la práctica corriente de radicar una alegación formal y de rutina impugnando la jurisdicción del tribunal, ninguna de las partes argumentó este asunto en el Tribunal de Apelación de Contribuciones y el caso fue visto-en sus méritos por el tribunal y quedó sometido para decisión. El tribunal motu proprio resolvió que no tenía -jurisdicción por el fundamento de que el caso envolvía una deficiencia, y que el contribuyente había omitido prestar la fianza que es un requisito jurisdiccional en tales casos.

Bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924, según ha sido enmendada, el contribuyente normal-mente prepara su propia planilla, computa su propia con-tribución y la paga dentro del período estatutario (sección 53). “Tan pronto como sea factible después de haberse radicado una declaración, el Tesorero de Puerto Rico . . . la examina (rá)v y determina (rá) el importe exacto de la contribución” (sección 54). Si el Tesorero no está de acuerdo con el contribuyente en cuanto a la cantidad, notifica al contribuyente por correo certificado de una deficiencia, pero en realidad no tasa la deficiencia hasta que no se le haya dado al contribuyente la oportunidad de tomar ciertos pasos para atacarla (sección 57(a)). Sin embargo, si el Tesorero creyere que la tasación o cobro de una deficiencia ha de ser comprometida por la demora, dicha deficiencia será tasada inmediatamente y la notificación y requerimiento para el pago de la misma hechos por el Tesorero. (Sección 57(d); ahora 57(c), a virtud de la enmienda a la sección 57 conte-nida en la sección 6 de la Ley Núm. 23, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria.)

Nos remitimos ahora a los hechos del presente caso. El Tesorero, como hemos visto, asumió la posición en su “No-tificación y Requerimiento” de 18 de agosto de 1941 de que en este caso no estaba envuelta deficiencia alguna. En su consecuencia, no envió al contribuyente la notificación de deficiencia por correo certificado exigida por la sección 57(a) en tales casos. Parecería obvio por tanto, sin discusión ulterior, que no está envuelta aquí deficiencia alguna, y que el requisito jurisdiccional de la, sección 57(a) (según quedó enmendada por la sección 7 de la Ley Núm. 102, Leyes de Puerto Rico, 1936; la sección 5 de la Ley Núm. 159,'Leyes de Puerto Rico, 1941; y la sección 6 de la Ley Núm. 23, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria) de que debe prestarse una fianza por el 75 por ciento de la contribución para así poder el contribuyente tener derecho a la" revisión estatutaria de la determinación de una- deficiencia hecha por el Tesorero, no podría en manera alguna aplicarse a este caso.

El Tribunal de Apelación de Contribuciones sin embargo resolvió que sí existía una deficiencia en este caso, y que en vista de que el contribuyente no prestó la referida fianza, no tenía jurisdicción para conocer del caso. Aún con-cediendo que el Tesorero no había notificado al contribuyente una deficiencia como lo exigía la sección 57(a), el tribunal concluye sin embargo que el Tesorero había hecho en este caso un jeopardy assessment bajo la entonces sección 57(d), que provee que cuando el Tesorero hace un jeopardy assessment, la notificación al contribuyente por correo certificado y otros requisitos de la sección 57(a) para deficiencias no tienen que ser cumplidos por el Tesorero.

El Tribunal de Apelación de Contribuciones, al llegar a esta conclusión, afirma que no tiene derecho a sustituir su criterio en cuanto a que debe hacerse un jeopardy assessment por el del Tesorero. El tribunal cita con aprobación, de Hamel, Practice and Evidence Before the U. S. Board of Tax Appeals, página 77, a ese efecto, como sigue:

“Jurisdicción para decidir cuestiones específicas, a. Regia general. Aunque en general la Junta tiene jurisdicción para considerar todas las cuestiones necesarias a la determinación de la debida defi-ciencia o pago en exceso, no pasará sobre cuestiones que están con-sideradas como cuestiones de administración de Negociado. Cues-tiones de esta clase son la aceptación o rechazo de planillas enmen-dadas, el punto de si un pago en exceso debe acreditarse o reem-bolsarse, y de si existe ‘ jeopardy’ para justificar un jeopardy assessment.”

El tribunal está correcto en su afirmación de que no puede intervenir en la actuación del Tesorero al hacer un jeopardy assessment. Pero, por la misma razón, no hay autoridad o poder en el tribunal para resolver que el Tesorero ha hecho, o debió haber hecho un jeopardy assessment cuando no lo hizo. La disposición para jeopardy assessments contempla evidente-mente que será utilizada por el, Tesorero en aquellas situa-ciones de emergencia como la fuga inminente del contribu-yente, la disposición por él de su propiedad, o el vencimiento del período de prescripción. Y aquí el Tesorero no llegó a tales conclusiones {findings). Como ya hemos visto, lejos de proceder por la vía del jeopardy, el Tesorero notificó al contribuyente que esto ni siquiera era una deficiencia, y que permitiría el pago a plazos. El Procurador General, ni en su alegato ni en el argumento oral, realizó esfuerzo alguno para sostener la posición del Tribunal de Apelación de Contribuciones de que el Tesorero hizo aquí un jeopardy assessment. La conclusión del Tribunal de Apelación de Contribuciones de que esto se había hecho no tenía base y debe descartarse.

Por tanto' tenemos que retrotraernos a la cuestión original en este caso — ¿fue “la Notificación y Requeri-miento” del Tesorero la determinación de una deficiencia de acuerdo con la sección 57(a) í Una deficiencia es la cantidad por la cual la contribución impuesta por la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos excede de la cantidad declarada por el contribuyente como importe de la contribución (sección 56(1)).

La situación aquí es única. No se ha llamado nuestra atención hacia caso alguno que pueda enteramente aplicarse a esta cuestión. La deficiencia tradicional surge, como ya se ha indicado, a virtud de un examen de la planilla del con-tribuyente y una determinación del Tesorero de que el con-tribuyente en la fecha en que rindió la planilla debía una contribución sobre ingresos mayor, bajo la ley que entonces regía, a la que él declaró y pagó. Véase Veeder v. Commissioner of Internal Revenue, 36 F. (2) 342, 343 (C.C.A. 7th Cir., 1929). Ciertamente no hubo aquí, por tanto, una deficiencia .en el sentido usual. El Tesorero no ha puesto en tela de juicio la veracidad de las planillas del peticionario y su esposa en la fecha en que se radicaron. La contribu-ción adicional qne ahora se reclama se hizo exigible por primera vez después qne estas planillas habían sido radica-das, a virtnd de las Leyes Núms. 31 y 159, Leyes de Puerto Rico, 1941, qne disponían qne sns disposiciones tendrían efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1940. El mismo Tesorero en la “Notificación y Requerimiento” la llama nna eontribnción nueva, en vez de nna contribución qne el peti-cionario y sn esposa debieron pagar y no pagaron a la época en qne rindieron sns planillas el 15 de marzo de 1941.

El Procurador General, qne representa al Tesorero, trata aquí en sn alegato de que el peticionario se ajuste a la ale-gación de sn querella ante el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones de qne la contribución en controversia envolvía nna deficiencia, y argumenta que el Tribunal de Apelación de Contribuciones por tanto correctamente resolvió qne no tenía jurisdicción para proceder, en vista de la falta de la fianza exigida por la sección'57(a) para casos de deficien-cia. Pero alega el peticionario que toda vez que éste no es un jeopardy assessment, y toda vez que el Tesorero omitió cumplir con los requisitos estatutarios de notificación et al. provistos para una deficiencia, no puede considerársele como tal. Paul and Mertens, Law of Federal Income Taxation, vol. 5, sections 42.52, 42.53, 43.09; Heinemann Chemical Co. v. Heiner, 92 F. (2) 344 (C. C. A. 3rd Circ. 1937). Y es suficientemente claro que el Tesorero resistió todos los es-fuerzos del contribuyente para que se resolviera la contro-versia de la manera provista por el estatuto para deficien-cias. Seguir los argumentos del Tesorero y del contribuyente hasta la conclusión lógica de cada uno de ellos sólo serviría por tanto para producir un impase.

En su consecuencia entraremos a considerar la posi-ble solución de que una “resolución administrativa” ha sido tomada por el Tesorero en este caso. El Tesorero en su carta del 10 de septiembre de 1941 afirmó que al enviar su “Notificación y Requerimiento” había efectuado solamente un acto ministerial. Esta posición a primera vista parece razonable. Por ejemplo si el Tesorero hubiera omitido en-viar notificación alguna a tales contribuyentes, no puede dudarse que la responsabilidad de éstos por las contribu-ciones en cuestión hubiera permanecido inalterada. Esto perece particularmente cierto en vista de la aparente falta de requisito, por ley o por reglamento, de que se rindiera una planilla nueva o suplementaria en conexión con la con-tribución adicional impuesta retroactivamente.

Sin embargo este resultado debe evitarse de ser posible, toda vez que si se sigue hasta su conclusión lógica, militaría directamente en contra de una vieja política establecida por la Legislatura. Esta política se expresa en la terminante inhibición estatutaria contra la expedición de autos de injunction para impedir el-cobro de contribuciones, o que se pongan en vigor los estatutos contributivos. (Véanse Fernández v. Tesorero, ante, pág. 596, decidido en junio 18, 1942; Smallwood v. Gallardo, 275 U.S. 56.)- Este estatuto se basa en la sana política pública de que el impedir el ingreso de la renta pública resulta, en una paralización de las operacio-nes gubernamentales. Los contribuyentes deben, a menos que un estatuto disponga lo contrario, pagar primero y liti-gar después. Es solamente cuando el contribuyente carece de remedio judicial alguno para obtener la revisión de deter-minaciones ejecutivas en cuanto a su responsabilidad con-tributiva, que las cortes pueden impedir la acción ejecutiva con el fin de cobrar tales contribuciones (véase Fernández v. Tesorero, supra).

Resolver, como afirma el Tesorero, que las contribuciones aquí en controversia no se deben ni a virtud de una deficien-cia ni a virtud de una resolución administrativa suya, y que el Tribunal de Apelación de Contribuciones carecía por tanto de jurisdicción, justificaría ampliamente al contribuyente en recurrir al injunction por el fundamento de que no existía otro remedio. Pero esta corte no desea trastornar la poli-tica legislativa contra el remedio de injunction en casos de contribuciones, si puede evitarse tal resultado. Tenemos a la mano la conclusión obvia. Si la “Notificación y Requeri-miento” del 18 de agosto de 1941, demandando del peticio-nario que pagase una nueva contribución de $5,661.71, es una “resolución administrativa” dentro del significado de la sección 4 de la Ley Núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941, el Tribunal de Apelación de Contribuciones bajo dicha sección tiene jurisdicción en este caso, el contribuyente tiene un adecuado remedio estatutario, y el injunction, en el caso or-dinario, por tanto, no procedería.

Ésta no es una deducción enteramente ilógica de los he-chos tal como surgen del récord. El Tesorero intentó hacer algo. Puede argüirse que su acción equivalió meramente a un cálculo matemático. Pero el resultado neto fue que estaba advirtiendo al contribuyente de su conclusión de que las Leyes Núms. 31 y 159 le eran aplicables en diversos as-pectos detallados, dando la cantidad exacta que se debía y resolviendo que las disposiciones retroactivas eran válidas y se aplicaban a él en cierto modo detallado.

Como ya se ha dicho, no se han traído a nuestra atención autoridades en las cuales esta situación única haya sido con-siderada. El caso que más se asemeja, según hemos podido encontrar, es el de Zellerbach v. Helvering, 293 U.S. 172, en el que la cuestión en' controversia era si el período prescrip-tivo dentro del cual el Comisionado de Rentas Internas po-día hacer una tasación de deficiencia era calculado desde la fecha en que se radicaba originalmente la planilla, a pesar del hecho de que el estatuto había sido enmendado, como ocurre aquí, retroactivamente aumentando las contribuciones en ciertos aspectos. En el caso de Zellerbach la situación era.algo diferente ya que a los contribuyentes se les exigía “radicar una planilla nueva o suplementaria que cubriera tal contribución adicional” (página 174). Sin embargo, la teoría y el lenguaje del caso de Zellerbach destaca el hecho de que una contribución retroactiva es una contribución adi-cional mediante operación de ley más una determinación por el Tesorero en cuanto a la aplicación exacta de sus nume-rosas disposiciones y la cantidad exacta que se adeuda por este contribuyente específico. Véase el comentario al caso de Zellerbach en 48 Harv. L. Rev. 858.

Resolver que la actuación del Tesorero al determinar la cantidad de la presente contribución constituye una “reso-lución administrativa” de su parte, no violenta en manera alguna la Ley Núm. 172. En verdad, cumple el propósito general del estatuto para canalizar todos los casos de con-tribuciones de ciertos tipos hacia el Tribunal de Apelación de Contribuciones. No crea injusticia alguna para cual-quiera de las partes. Y más importante, llamar la actuación del Tesorero una resolución administrativa y proveer por tanto la revisión judicial, o cuasijudicial, por el Tribunal de Apelación de Contribuciones bajo la sección 4 de la Ley Núm. 172, nos permite poner en vigor la sabia política de la Le-gislatura establecida hace tiempo.para evitar el remedio de injunction al cual tendría derecho el contribuyente bajo estas circunstancias, si no llegáramos a esta conclusión.

Además, este. resultado parecería particularmente desea-ble en vista del hecho que del mismo, junto con nuestra opi-nión en Mayagüez Sugar Company, Inc. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, ante (pág. 753), surgiría (a) la inmunidad de que se obstaculice el ingreso de la renta pública mediante injunction y (b) la integración de todos los remedios de revisión por esta Corte de las decisiones del Tribunal de Apelación de Contribuciones bajo la sección 5 de la Ley Núm. 172, que dispone para tal revisión'un certiorari de naturaleza especial.

Al resolver que la actuación del Tesorero al enviar al peticionario la “Notificación y Requerimiento” de agosto 18, 1941, equivalía a una resolución administrativa, quizás este-mos permitiendo alguna elasticidad {play at the joints) en la aplicación de la Ley Núm. 172. Pero las cortes no funcio-nan en un vacío. Los resultados prácticos de sus decisiones no pueden, y no deben, ser rechazados por. ellas. “Reco-nozco, sin vacilación alguna, que los jueces legislan y deben legislar, pero pueden hacerlo así sólo en los intersticios {interstitiálly). Están limitados desde los movimientos mo-lares hasta los moleculares.” (El Juez Holmes disintiendo en el caso de Southern Pacific Company v. Jensen, 244 U.S. 205, 221.) Si se considerara que en. nuestra decisión de este punto estamos siguiendo este comparativamente moderado mandato del Juez Holmes, creemos que la situación eminen-temente justifica nuestra acción.

Nos sentimos constreñidos a añadir que tanto la decisión como el razonamiento de este caso sobre este punto específico están limitados a los hechos peculiares y cuestiones de dere-cho con que nos confrontamos aquí. No debe entenderse que resolvemos que todas las resoluciones del Tesorero están sujetas a revisión por el Tribunal de Apelación de Contri-buciones. Hasta el punto que la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y otros estatutos confieren discreción al Tesorero para tomar cierta acción, tal como imponer jeopardy assessments, como en el presente caso, cuándo debe hacer determi-naciones definitivas (sección 73), cuándo remitir (sección 75), etc., no encontramos intención alguna expresada por la Le-gislatura en la Ley Núm. 172 que crea el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones para sustituir la discreción de dicho tribunal por la del Tesorero.

Restan tres cuestiones de procedimiento suscitadas por el Procurador General. Arguye primeramente que como este caso envuelve una deficiencia, el contribuyente debió haber recurrido ante esta corte mediante apelación en vez de certiorari. Hemos resuelto que aún en casos sobre defi-ciencia, el certiorari, de conformidad con la sección 5 de la Ley Núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941, es el remedio adecuado para nosotros revisar las decisiones del Tribunal de Apelación de Contribuciones (Mayagüez Sugar Co., Inc. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, etc. ante, pág. 753, resuelto en julio 23, 1942). En adición, como ya hemos resuelto que el asunto aquí en controversia envuelve una “resolución(es) del Tesorero de Puerto Pico que afecte(n) al . . . pago de contribución sobre / . . ingresos ...” den-tro del alcance de la sección 4 de la Ley Núm. 172, el cer-tiorari de naturaleza especial provisto en la sección 5 para la revisión por esta corte de tales casos, era claramente el adecuado para elevar aquí este caso.

El Procurador General entonces alega que la deci-' sión del Tribunal de Apelación de Contribuciones en este caso no era una decisión final, y que la apelación es por tanto prematura. Su contención es que el contribuyente pudo haber tratado de reabrir el caso con el fin de (a) pres-tar la fianza exigida y (b) radicar una querella enmendada alegando que así lo había hecho. Arguye que si el contri-buyente no deseaba seguir este curso, debió en tal caso haber solicitado una “decisión” final y definitiva del Tribunal de Apelación de Contribuciones que le permitiera obtener una revisión de la misma en esta Corte. El Procurador General invoca la analogía de una resolución de una corte de distrito declarando con lugar una excepción previa que ordinaria-mente no es apelable. En tales circunstancias, la parte per-judicada debe pedir que se dicte una sentencia final de la cual pueda ella apelar.

Cierto es que el tribunal dijo en el párrafo final de su “decisión” que si el contribuyente prestaba la lianza exi-gida por la sección 62(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, el tribunal reabriría .el caso con el fin de conside-rarlo en sus méritos. Pero eso está muy lejos de resolver que la decisión del tribunal no fuese final. Al contrario, el tribunal procedió en la misma fecha a expedir una “orden” al Tesorero que dice como sigue:

“Se acompaña con la presente copia certificada de la decisión en el caso de epígrafe, mediante la cual no se varía en modo alguno la imposición de la contribución hecha por' el Tesorero de Puerto Pico. Se le ordena, por lo tanto, que proceda al cobro de la misma de con-formidad con los términos de la mencionada decisión.”

Es difícil comprender cómo el Tribunal de Apelación de Contribuciones pudo haber rendido una resolución más de-finitiva y concluyente. Su decisión, de no modificarse o revocarse, resultaría ciertamente en el cobro de la contribu-ción. Aún asumiendo que el contribuyente hubiera solicitado la reapertura del caso para obtener la modificación de la de-cisión, no estaba obligado a hacerlo así. Y la analogía que establece el Procurador General con pleitos ordinarios, que exigen se dicte sentencia después que una corte de distrito rinde una resolución declarando con lugar una excepción pre-via para así poder apelar de ella, no es aplicable, toda vez que la Ley creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones no hace tal distinción. Su sección 5 dispone la revisión por esta corte de sus “decisiones”. Exigir al contribuyente que solicite del tribunal que dicte otra “decisión” final basada en una decisión que ya había sido dictada, sería enfrascarnos en formalidades que no tienen ningún fin práctico. Cierta-mente no estamos preparados para decir que bajo las cir-cunstancias de este caso y como consecuencia del mismo, se privó completamente al contribuyente de su derecho a revi-sión por esta corte.

El Procurador General arguye finalmente que la apelación debe desestimarse ya que el contribuyente volun-tariamente pagó las contribuciones en cuestión. Para sos-tener su contención el Procurador General cita los casos de Agudo v. Sancho, 89 F. (2) 481, 484; Jiménez v. Domenech, 80 F. (2) 767, 778; Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U. S. 505, 508; y Oliver v. Domenech, 58 D.P.R. 64, 69. En ver-dad, el Procurador General sostiene que aun el Tribunal de Apelación de Contribuciones no tiene ya jurisdicción en este caso por virtud del alegado pago voluntario, citando el caso de Yábucoa. El razonamiento del Procurador General es que los estatutos disponen que después de una decisión final del Tribunal de Apelación de Contribuciones, el contribuyente, para poder obtener una revisión de tal decisión por esta Corte, debe pagar su contribución bajo protesta. El Procu-rador General no discute que el contribuyente en este caso, con posterioridad a la decisión rendida por el Tribunal de Apelación de Contribuciones, pagó las contribuciones en cuestión bajo protesta. Sin embargo, el Procurador General afirma que toda vez que la decisión en cuestión no era una final, el contribuyente por tanto pagó la contribución con anterioridad a la decisión contemplada por la sección 5 de la Ley Num. 172. El Procurador General concluye, por tanto, que el pago debe tratarse como voluntario, con todas las consecuencias provenientes de tal acción. Este argu-mento, desde luego, está basado en la premisa de que la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones en este caso no era final. Como ya fiemos rechazado esa premisa, resolvemos que el pago fue adecuadamente fieefio bajo pro-testa después de la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones, y que por tanto tenemos jurisdicción para considerar este caso.

El peticionario nos pide que dispongamos del caso en sus méritos, incluyendo la alegada nulidad de varias dispo-siciones de las Leyes Núms. 31 y 159, Leyes de Puerto Pico, 1941. El récord demuestra que no hubo discusión seria en-tre las partes acerca de los hechos, y por tanto quizá sería posible tomar tal acción. Sin embargo, en vista del hecho de que el Tribunal de Apelación de Contribuciones habién-dose negado a adquirir jurisdicción, nunca pasó sobre las cuestiones de hecho y de derecho, creemos que, bajo las cir-cunstancias de este caso específico, sería conveniente para nosotros tener el beneficio de sus puntos de vista antes de resolver las numerosas cuestiones suscitadas en relación con los méritos en este caso.

La decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones será revocada y devuelto el caso a dicho tribtmal para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Neftalí Vidal Garrastazú, el al., demandantes y apelantes, v. Juan A. Monagas, et als., demandados y apelados.
    Núm. 8541.

    Sometido: Junio 15, 1942.

      Resuelto: Julio 28, 1942.

      José B. Gelpí y J. Alemañy Sosa, abogados de los apelantes; José Saiater, abogado del Sr. Juan A. Monagas y de la Sucesión de la Rosa, apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda enmendada radicada en febrero 9 de 1938 por Neftalí Vidal y su madre Juana Garrastazú, como here-deros de Ramiro Vidal, se designaron como partes deman-dadas a Juan A. Monagas, Sucesión de Ramón E. Beau-champs, Sucesión de Rosario de la Rosa y Sucesión de Arturo Monagas Cedo.

Los hechos esenciales alegados en la demanda son:

Don Ramiro Vidal adeudaba a don José Mora la suma de $900, por enya snma el acreedor Mora obtuvo sentencia a sn favor, ante la Corte de Distrito de Mayagüez en febrero 14 de 1919. En la fecha de sn fallecimiento, septiembre 17 de 1921, Ramiro Vidal era dueño de nn condominio pro-indiviso de una tercera parte en la hacienda nombrada “Belvedere”, en el término municipal de Cabo Rojo, com-puesta de 1,470 cuerdas de terreno, de las cuales 600 son de primera, 400 de segunda y el resto de tercera clase. El demandado Juan A. Monagas es condueño de dicha hacienda.

Con posterioridad al fallecimiento de Vidal, el demandado Juan A. Monagas, con la intención fraudulenta de apro-piarse de y hacer inscribir a su nombre la participación de Vidal en la hacienda “Belvedere”, “se puso de acuerdo y en combinación con Ramón E. Beauchamps”, para que éste comprara como efectivamente compró, por la suma de $800, la sentencia que contra Vidal tenía don José Mora. De acuerdo con el alegado plan existente entre Monagas ‘y Beauchamps, éste, en abril 2 de 1923, mediante solicitud ex parte y sin notificar a los demandantes, se hizo subrogar como demandante en lugar del Sr. Mora e hizo que el deman-dante Neftalí Vidal, que a la sazón tenía siete años de edad, fuera sustituido como demandado en lugar de su difunto padre, haciendo al mismo tiempo que doña Juana Q-arrastázú fuese sustituida como demandada en concepto de cónyuge viuda y no en su carácter de madre con patria potestad sobre su hijo menor de edad. En abril 9, 1923, Beauchamps, ac-tuando en combinación con Monagas, obtuvo una orden para la ejecución de la sentencia en bienes personales del deudor y si éstos no fuesen bastantes, entonces en los inmuebles. De acuerdo con dicha orden, el márshal anunció la subasta del condominio de los demandantes en la hacienda “Belve-dere”. En mayo 17 de 1923 se llevó a efecto la subasta,, adjudicándose el condominio al Sr. Ramón E. Beauchamps por la suma de $900. Tanto a Monagas como a Beauchamps l@s constaba que los herederos de Vidal, aquí demandantes, eran dueños de pagarés hipotecarios al portador por un valor de $1,933, de los cuales era deudora la Sociedad Agrícola “Mo.-nagas & Vidal”, de lá que era socio el demandado Juan A. Monagas; y que la hacienda “Belvedere” tenía entonces un valor mayor de $100,000.

El 18 de mayo de 1923, o sea el día siguiente al de la subasta y venta a su favor, Ramón Beauchamps’ vendió el condominio de una tercera parte en la Hacienda “Belve-dere” a Juan A. Monagas, casado con Rosario de la Rosa, por la suma de $1,602.

Se alegan, entre otras, como causas de nulidad de la subasta y de las escrituras otorgadas por el marshal a Beauchamps y por éste a Monagas, las siguientes:

(a) Que todo ello fue el resultado de una combinación entre Monagas y Beauchamps para defraudar a los deman-dantes.

(b) Que la Corte de Distrito de Mayagüez, 'después' de haber transcurrido cuatro años y un mes desde que la sen-tencia a favor de Mora quedó firme — marzo 16, 1919 a abril 2, 1923 — no tenía jurisdicción para ordenar la sustitución de partes por medio de peticiones ex parte y sin notificación o citación de los herederos del deudor de la sentencia.

(c) Que la venta del condominio se hizo sin que se em-bargara previamente el mismo y sin que se notificara el embargo a los demandantes como herederos del deudor de la sentencia.

(d) Que al demandado Monagas le constaba que su socio Ramiro Vidal había pagado el importe de la sentencia y que no adeudaba nada cuando falleció.

Las alegaciones contenidas en la segunda causa de acción en nada se refieren al cansante de.la Sucesión de Ramón E. Beauchamps. Nos abstendremos de hacer una relación de las mismas, por creerla innecesaria para la resolución de la única cuestión sometida a nuestra consideración.

Los demandados, con excepción de la Sucesión de Ramón E. Beauchamps, comparecieron y formularon excepción pre-via a la demanda, basándola en insuficiencia de los hechos alegados, indebida acumulación y defecto de partes deman-dadas, y ambigüedad, duda e ininteligibilidad de sus alega-ciones. Interpusieron al mismo tiempo las defensas espe-ciales de res judicata, estoppel y prescripción.

La Sucesión de Ramón E. Beauchamps, no obstante ha-ber sido debidamente emplazada — tres de sus componentes personalmente y tres de ellos por edictos, por residir fuera de la isla — no compareció y se le anotó la rebeldía.

En marzo 6 de 1942, la Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia declarando que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción; que la acción ha prescrito por haber transcurrido el período de cuatro años que marca la ley; y que el demandado Juan A. Monagas ha adquirido por prescripción el dominio del inmueble que se trata de reivindicar. En su consecuencia declaró sin lugar la demanda, condenando a los demandantes al pago de las costas, sin incluir honorarios de abogado. En marzo 30 de 1942 los demandantes apelaron, radicando oportuna-mente ante esta corte la transcripción de autos y su alegato en apoyo del recurso.

Los demandados apelados Juan A. Monagas y Sucesión de Rosario de la Rosa solicitan la desestimación del recurso, alegando que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer del mismo, “porque la apelación no ha sido notifi-cada a los componentes de la Sucesión de Ramón E. Beau-champs, demandados en este caso y partes necesarias e interesadas en el caso.”

¿Son los componentes de la Sucesión de Ramón E. Beau-champs partes interesadas en el resultado del presente recurso y por tanto necesarias para que esta Corte pueda conocer del mismo y confirmar o revocar la sentencia re-currida? La contestación afirmativa de esta pregunta será suficiente para que desestimemos el recurso.

Los actos cuya nulidad se pide en la primera causa de acción fueron todos, según se alega, ejecutados por Ramón E. Beauchamps en virtud de una conspiración o combinación fraudulenta formada y existente entre él y Juan A. Mona-gas y que tenía por objeto y fin el de defraudar a los de-mandantes, apropiándose del condominio que estos tenían en la hacienda “Belvedere”. Por tratarse de actos y contra-tos en los cuales intervinieron conjuntamente Monagas y Beauchamps fue necesario hacer a éste último — y en su defecto a su Sucesión — parte demandada.

El efecto que la anotación de rebeldía pudiera tener contra la Sucesión Beauchamps quedó anulado y destruido por la sentencia recurrida dictada en favor de los otros demandados, declarando la demanda insuficiente y prescrita la acción. La acción que se trata de ejercitar contra Mo-nagas y la Sucesión Beauchamps, por estar basada en la exis-tencia de una alegada combinación o conspiración fraudulenta, es una e indivisible. Beauchamps no podía por sí solo cons-pirar para defraudar a los demandantes. Al resolver la corte inferior que los hechos alegados en la demanda no son suficientes para determinar una causa de acción basada en una conspiración, esa sentencia beneficia tanto a los demandados comparecientes como a los demandados que se hallan en rebeldía. Y es lógico que así sea, pues, si las alegaciones de la demanda no son suficientes para sostener que Monagas conspiró o se combinó con Beauchamps, tam-poco deben serlo para sostener que Beauchamps se combinó o conspiró con Monagas. Consideramos aplicable a este caso lo resuelto por esta Corte Suprema en Valiente & Co. v. Corte, 52 D.P.R. 732. La ¿notación de rebeldía no es una sentencia. Ésta no puede dictarse en contra del deman-dado en rebeldía hasta que se haya presentado prueba demostrativa de la 'existencia de la cansa de acción qne alega el demandante, salvo en los casos comprendidos den-tro de las disposiciones del inciso 1 del artícnlo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, las cnales no son aplicables al de antos. Si prospera la defensa alegada por los deman-dados comparecientes, esa defensa rednnda en beneficio de los demandados en rebeldía y la sentencia final debe dictarse en favor de todos. Véase nota en 78 A.L.R. 939. Black on Judgments, vol. 1 (2nd ed.) p. 310.

Teniendo, como ya fiemos .resuelto, la Sucesión Beau-efiamps derecho al beneficio de la sentencia dictada en favor de los otros demandados comparecientes, debemos resolver también qne dicha Sucesión tiene un interés en qne dicha sentencia no sea alterada en sn perjuicio y es por consi-guiente parte interesada en el recurso.

La Sucesión Beauchamps es no solamente parte intere-sada si que también necesaria en el pleito. Sn causante intervino en la realización de los actos y en la celebración de los contratos que se dice fueron realizados y celebrados con el propósito de defraudar a los demandantes. Esos actos y contratos no pueden ser anulados sin que estén ante la corte todos los que en los mismos intervinieron. En la súplica de la demanda se pide que se condene á los demandados, “mancomunada y solidariamente”, a pagar a los demandan-tes $100,000 como valor del condominio en cuestión, más $64,000 importe de los productos, rentas, beneficios y uti-lidades de dicho condominio desde septiembre 17 de 1921, más costas, gastos y honorarios.

La revocación de la sentencia recurrida expondría a la Sucesión Beauchamps a todas las responsabilidades que he-mos mencionado.

Apareciendo afirmativamente del récord que dicha Suce-sión no ha sido notificada del escrito de apelación y siendo ella parte interesada y necesaria para que esta corte pueda adqui-rir jurisdicción para conocer del recurso, procede declarar con lugar la moción de desestimación. (Martínez v. Sucesión Laurido, 21 D.P.R. 30; Galafar v. Sucn. Morales, 22 D.P.R. 491; Nieves v. Mullenhoff, 22 D.P.R. 528; Collazo v. Rivera, 26 D.P.R. 92; y Ramirez v. Ramírez, 26 D.P.R. 132.)

Se desestima el recurso por falta de jurisdicción.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Calixta Orta Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1101.

    Sometido: Julio 7, 1942.

      Resuelto: Julio 28, 1942.

      Luis Tirado Géigel, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   BN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 25 del mes pasado desestimamos este recurso por en-tender qne dentro de un recurso gubernativo carecíamos de jurisdicción para revisar la nota del Registrador. Dijimos entonces, citando los casos de Bartolomei v. Registrador de Ponce, 2 S.P.R. 589, Mollfulleda v. Registrador, 19 D.P.R. 1001, Comunidad Religiosa, etc., v. Registrador, 55 D.P.R. 928, y Banco de Ponce v. Registrador, 58 D.P.R. 602, que el recurso gubernativo sólo procede contra la negativa del registrador de la propiedad a inscribir, anotar o cancelar los títulos que se le presenten, pero no contra las demás resolu-ciones de los registradores que puedan afectar los intereses de las partes y contra las cuales los interesados puedan uti-lizar los demás recursos que les ofrece la ley. Dijimos además que la solicitud que en este caso se presentó al re-gistrador no era un título sino una mera petición ex parte por la que se pretendía, invocando la sección 2 de la Ley Núm. 12, aprobada el 29 de agosto de 1923 (sesión extraor-dinaria, pág. 37), que se cancelase una inscripción de hipo-teca a favor de un tercero sobre una finca propiedad de la recurrente, y por ese fundamento desestimamos el recurso sin entrar a considerar sus méritos. La recurrente ha soli-citado que reconsideremos nuestra citada resolución de 25 del mes pasado. Los argumentos que expone, nos han con-vencido de que nuestra citada resolución es errónea. Por consiguiente, es nuestro deber reconsiderarla.

La procedencia del recurso gubernativo no depende de la naturaleza del documento que se presente al registro, sino de la índole de la operación que se solicite del registra-dor. Si lo que se solicita es una inscripción, anotación o cancelación y el registrador al calificar el documento sus-pende, deniega o practica con defecto súbsanable la operación solicitada, procede el recurso gubernativo para revisar su resolución. A este efecto, prescriben las secciones 1 y 5 de la Ley sobre recursos contra los registradores de la pro-piedad :

“Sección 1. — Cuando el registrador deniegue o suspenda alguna inscripción, anotación o cancelación, expondrá el pie del documento, clara y concisamente, los motivos legales de su negativa y de ella notificará al interesado, quien firmará la notificación.
“Sección 5. — Contra la calificación de defectos subsanables que hicieren los registradores podrá acudir el interesado al Tribunal Supremo para resolución definitiva. El Tribunal Supremo confirmará o revocará la resolución del Registrador y éste hará lo que procediere de conformidad con dicha decisión.”

Pero cuando se trata de obtener del registrador, a virtud de hechos que le expone el solicitante, que usando su discreción euasijudicial practique una operación o certifique sobre la libertad o estado de cargas o situación legal del título de un inmueble, en tales casos no procede el recurso gubernativo para revisar la resolución del registrador. En los cuatro casos citados en la resolución que ahora reconsi-deramos, se trataba de resoluciones de la naturaleza última-mente mencionada.

En el de Bartolomei v. Registrador, supra, don Pedro Bartolomei con fecha 7 de febrero de 1902 presentó en el Begistro de la Propiedad de Ponce una escritura a su favor por la que se le cedía una finca rústica, y extendida por el registrador al pie de dicha escritura la nota de presentación, por otra nota puesta a continuación de la anterior en 17 de marzo siguiente, declaró el registrador caducado el referido asiento de presentación por haber transcurrido treinta días hábiles sin que el interesado hubiera satisfecho la contribu-ción .impuesta en el párrafo (c) de la sección 79 de :1a Ley para proveer de rentas a El Pueblo de Puerto Bicó. ■ Fúé contra una resolución de esa índole que se interpuso el re-curso gubernativo que este tribunal desestimó por impro-cedente.

Y en el caso más reciente de Banco de Ponce v. Registrador, supra, a fin de demostrar que el principio envuelto era el mismo de los -tres anteriores, dijimos:

“En el caso de autos tampoco se trata de un recurso contra la negativa dél registrador de la propiedad a inscribir, anotar o can-celar un título, sino de un procedimiento puramente ex parte ante el registrador de la propiedad, en que el recurrente, como peticio-nario, a juicio del registrador no cumplió con el requisito de ofrecer al comprador de la finca y luego consignar en el registro ‘la cantidad total del valor de la compra en pública subasta, junto con el interés anual a razón del 12 por ciento, así como' todas las costas deven-gadas y contribuciones vencidas.’ ” (Pág. 606.)

El caso de autos és distinto. Aquí se trata de un recurso contra la negativa del registrador de la propiedad a cancelar una hipoteca por el alegado defecto de no haber sido autenticada la firma de la solicitante en la instancia escrita presentada con. ese fin. En este caso sí procede el recurso gubernativo para revisar la nota del registrador.

Reconsiderada la cuestión previa, procederemos ahora a resolver si como alega el registrador, debe ser au-tenticada la firma en una solicitud interesando que con arreglo a la sección 2 de la Ley núm. 12!, aprobada el 29 de agosto de 1923, se cancele una hipoteca que según el registro tiene más de veinte años de vencida.

La sección 1 de la citada ley, en lo pertinente prescribe:

“Sección 1. — Los registradores de la propiedad a instancia es-crita de parte o de su representante, autenticada ante notario, pro-cederán a cancelar en el respectivo registro:
(Se refiere a menciones de hipoteca, censos, etc.; anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, etc.; inscripciones de fianzas hipotecarias para garantizar el ejercicio de cargos públicos verifica-das a favor del Estado, etc., y finalmente gravámenes por razón de sentencias que tengan más de cinco años de constituidos.)

Y la sección 2 en lo pertinente dice:

‘ ‘ Sección 2.
4 ‘ Transcurrido un año desde la vigencia de esta Ley, los regis-tradores, a instancia de las personas interesadas ya indicadas, pro-cederán a la cancelación de las hipotecas referidas en esta sección, sin necesidad de notificación alguna, si no se hubiere acreditado en el registro la interposición de la demanda en cobro de la misma o la de subsistencia de tales gravámenes.” (Bastardillas nuestras.)

El registrador sostiene que la instancia a que se contrae la sección 2 debe ser autenticada ante notario. La recurrente sostiene lo contrario, basándose en que la sección 2, al refe-rirse a la instancia, no exige ese requisito. A nuestro juicio, tiene razón el registrador. Las distintas secciones de una ley deben interpretarse las unas en relación con las otras, completando y supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo provisto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al propósito del legislador. La interdepen-dencia entre las secciones 1 y 2 se bace más patente por la referencia en la 2 a “las personas interesadas ya indi-cadas”, que no son otras que las que con más amplitud se describen en la sección 1. Y si el propósito expreso del le-gislador es que esas personas, para obtener la cancelación de una mención de hipoteca o una anotación de demanda o de embargo, deberán autenticar sus firmas ante notario en lá instancia escrita que han de presentar a ese fin, con mayor razón debe presumirse el propósito legislativo de exigir no menos formalidad cuando esas mismas personas solicitan la cancelación de un derecho de más trascendencia legal que aquéllos, como lo es la cancelación de un derecho de hipoteca. Si nos ciñésemos estrictamente a la letra de la sección 2, sin relacionarla con la sección 1 como parece pretender la re-currente, tendríamos que concluir que la instancia para cancelar una hipoteca podría ser oral, ya que la sección 2 no ■dice que debe ser escrita, como lo hace- la sección 1. Tal interpretación sería manifiestamente absurda, y una inter-pretación que conduce a una conclusión absurda debe ser-rechazada. Más evidente resulta la falacia del argumento-de la recurrente si tenemos en cuenta la necesidad de que las operaciones que se practiquen en el Registro de la Pro-piedad estén basadas, por lo menos, en la garantía y seriedad de un documento auténtico.

Por las razones expuestas, se reconsidera nuestra reso-lución del 25 del mes pasado y penetrando ahora en los méritos de la cuestión, procede confirmar la nota recurrida-


author: El Juez Asociado SeñoR Travieso

text:
    Orraca Hermanos, peticionaria, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, demandado.
    Núm. 1355.

    Sometido: Julio 15, 1942.

      Resuelto: Julio 29, 1942.

      M. Guzmán Texidor, abogado de la peticionaria; Son. Procurador-General George A. Malcolm, M. Rodríguez Ramos, Procurador-General Auxiliar y Eulogio Riera, Procurador Auxiliar, abogados--del demandado.
   El Juez Asociado SeñoR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la petición de certiorari radicada ante esta corte por la sociedad civil “Orraca Hermanos”, se alega que dicha sociedad estableció apelación para ante la Junta de Bevi-sión e Igualamiento, solicitando la revisión de la tasación de la contribución sobre ingresos de la peticionaria, hecha por el Tesorero de Puerto Bico para los años 1932 a 1936^ que al ser abolida la referida junta, el caso pasó de acuerdo, con la ley al Tribunal de Apelación de Contribuciones, en donde fue radicado bajo el título “José Orraca, querellante-v. Tesorero de Puerto Bico, querellado, Núm. J.B.I. 7558— 7562”; que dicho Tribunal de Apelación, en febrero 17 de 1942, resolvió el caso sin citar a los peticionarios, sin oírlos y sin darles oportunidad de defenderse ni su día en corte? que en junio 8, 1942 el referido tribunal dictó una resolución en la que hizo constar que la resolución dictada contra José Orraca, confirmando la tasación hecha por el Tesorero, se refería a la sociedad “Orraca Hermanos”; que al resolver el caso en contra de los peticionarios, el Tribunal de Ape-lación no se fundó en los hechos del caso y sí en la alegada buena posición económica de los peticionarios y en informes de personas extrañas, que los peticionarios no tuvieron oportunidad de refutar.

Alegan los peticionarios que el procedimiento seguido por el Tribunal de Apelación de Contribuciones es contrario a ley e infringe los derechos constitucionales de los peticio-narios al privarles de su propiedad sin el debido proceso-de ley.

Expedido el auto solicitado, compareció el Tesorero, y en su escrito de oposición y, en síntesis, alegó:

1. Que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer de este caso:

(a) Porque la petición de certiorari ha sido radicada bajo la Ley Núm. 172 de 1941, la cual no autoriza dicho procedi-miento.

(b) Porque el pago bajo protesta hecho en junio 29 de 1942 se realizó fuera del término de 30 días que para acudir a la Corte Suprema concede la ley a partir de la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones.

(c) Que habiendo sido dictada la sentencia en 17 de febrero de 1942 y la petición de certiorari radicada el 8 de julio de 1942, resulta que el recurso fué interpuesto después de expirado el término de treinta días contados desde fe-brero 17.

2. Niega que el caso fuera resuelto sin oír a las partes, y en contrario alega que los peticionarios tuvieron su día en corte ante la Junta de Revisión e Igualamiento.

3. Que la resolución de junio 8 de 1942 fué dictada con el único objeto de corregir el nombre de los peticionarios, el cual por error mecánico de los empleados del tribunal se había escrito “José Orraca” en vez de “Orraca Hermanos”.

El Tesorero formuló otras negativas y alegaciones que no mencionaremos por creerlo innecesario para la decisión del recurso.

La única cuestión a resolver es si el pago bajo pro-testa fué hecho y el escrito de apelación radicado dentro del término fijado por el estatuto. El Tesorero insiste en que el término de treinta días debe contarse desde el 17 de fe-brero de 1942, fecha de la primera resolución dictada contra José Orraca. El peticionario sostiene por el contrario que dicho término empezó a correr en junio 8 de 1942, fecha en que se dictó la decisión, contra Orraca Hermanos, que es la parte realmente interesada, como contribuyente y como recurrente ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones.

Tiene razón la parte peticionaria. El error cometido por un empleado del Tribunal de Apelación al radicar el caso a nombre de José Orraca, y el cometido por el propio tribunal al dictar su decisión en contra de José Orraca en vez de Orraca Hermanos, son errores substanciales de los cuales no es responsable Orraca Hermanos que es la verda-dera parte interesada. Privarles de • su derecho a recurrir ante esta Corte Suprema, por errores que ellos no cometie-ron, equivaldría a castigar a una persona por la falta de otra. Resolvemos que la petición de certiorari fué radicada y el pago bajo protesta hecho dentro del término legal y que esta corte tiene jurisdicción para conocer del caso y dictar la sentencia que sea procedente.

La cuestión levantada por el Tesorero interventor de que la Ley Núm. 172 de 1941 no autoriza el recurso de certiorari para revisar las decisiones del Tribunal de Ape-lación de Contribuciones, en asuntos de contribuciones sobre ingresos, y que el único recurso del contribuyente es la apelación ordinaria, fué también levantada y resuelta en contra del Tesorero en los casos Núm. 1286, Mayagüez Sugar Co., Inc. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, et al. y Núm. 1300, Francisco Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, et al., ambos resueltos en julio 23 de 1942 (ante, págs. 753 y 768).

La sociedad peticionaria tenía derecho a ser oída por el Tribunal de Apelación. Éste no está autorizado por la ley para resolver casos pendientes de decisión ante la Junta de Revisión e Igualamiento sin oír al recurrente. El fallo dictado por dicho tribunal sin conceder a la peticionaria su día en corte no puede surtir efecto legal alguno. Así lo resolvimos en el caso de Mayagüez Sugar Co., Inc., supra.

Las resoluciones recurridas deben ser anuladas y el caso ■devuelto al Tribunal de Apelación de Contribuciones para ■ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, a instancias de Luis A. Castro, querellante y apelado, v. Lino Padrón Rivera, querellado y apelante.
    Núm. 8539.

    Sometido: Juio 14, 1942.

      Resuelto: Julio 29, 1942.

      C. Coll y Cuchí, abogado del apelante; E. Martínez Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los beebos esenciales de este caso son como sigue:

En septiembre 11 de 1931, por virtud de nombramiento que a su favor extendiera el Administrador de la Capital de Puerto Pico, el querellante Luis A. Castro tomó posesión ■del cargo de Secretario de la Capital; y continuó desempe-ñando dicho cargo, sin interrupción, hasta el día 21 de abril •de 1941, fecha en que ocurrieron los hechos de que se queja ■el querellante y que constituyen la base de este procedimiento de Quo Warranto.

Alega el querellante que el día 21 de abril de 1941, sin que él hubiese renunciado su cargo y sin que el Adminis-trador de la Capital le hubiese suspendido o destituido, el querellado Lino Padrón Rivera, prestó juramento de toma de posesión del cargo de Secretario de la Capital, en subs-titución del querellante, y se encuentra usurpando ilegalmente-las funciones de dicho cargo contra la voluntad expresa del querellante; que el querellado Lino Padrón Rivera ocupa, desempeña y ejerce en la Legislatura de Puerto Rico el cargo-de Senador, para el que fue electo en las elecciones celebradas el 5 de noviembre de 1940; y que el querellado carece de título o derecho para desempeñar el cargo en cuestión, por los siguientes motivos:

(o) Porque en la fecha en que el querellado pretendió tomar posesión del cargo, éste no estaba vacante y sí ocupado por el querellante.

(■b) Porque el querellado basa su derecho a tomar pose-sión del cargo en el nombramiento expedido a su favor por el Administrador Sr. Fernando G-éigel, siendo dicho nombra-miento ilegal y nulo por hallarse el cargo ocupado por el querellante desde septiembre 11 de 1931, a virtud de nom-bramiento hecho a su favor por el Administrador.

(c) Porque si el Administrador ha tenido el propósito de-destituir al querellante mediante un nombramiento a favor del querellado, dicho nombramiento no puede tener efecto, por cuanto al querellante no se le han formulado cargos, ni se le ha dado oportunidad de ser oído, como lo exige el artículo 27 de la Ley Núm. 99 de mayo 15 de 1931 (pág. 627).

(d) Porque habiendo sido electo para y tomado posesión del cargo de Senador, el que ejercía en la fecha en que pre-tendió tomar posesión del cargo de Secretario de la Capital,, el querellado está impedido de desempeñar las funciones del referido cargo de Secretario de la Capital en virtud de la prohibición expresa contenida en el artículo 30 de la Carta Orgánica de Puerto Rico.

Pide el querellante que se investigue el título o derecho-que alega tener el querellado para ocupar el cargo de Se-cretario de la Capital, y que se dicte sentencia declarando qne el querellado ha usurpado y ejerce ilegalmente las fun-ciones de dicho cargo, en el que debe cesar inmediatamente, con imposición al querellado de costas y honorarios de abo-gado.

Compareció el querellado y formuló excepción previa en cuanto al fundamento (d) de la querella, supra, alegando que los hechos expuestos rio son suficientes para determinar una causa de acción. Y contestando la querella alegó:

Que el 22 de abril de 1941 el querellante abandonó volun-tariamente el cargo de Secretario de la Capital e hizo entrega del mismo al querellado.

Que el 17 de febrero de 1941 y en varias ocasiones anteriores, el Administrador de la Capital, Sr. Gréigel, y el Presidente de la Junta de Comisionados informaron al que-rellante que por razones de índole política él no podía con-tinuar en el cargo de Secretario, para el cual se había designado al querellado; que el querellante mostró su con-formidad, conviniendo en que pondría en orden la secretaría para hacer entrega inmediata al nuevo secretario, tan pronto se le notificara de su toma de posesión; y que el 17 de febrero, 1941 el Administrador extendió el nombramiento de secretario a favor del querellado.

Que-el querellado prestó juramento del cargo de secre-tario el día 21 de abril de 1941; y el día 22 del mismo mes el querellante le hizo entrega de un inventario completo de las propiedades municipales bajo su custodia, así como de su escritorio, libros de actas y records del Gobierno de ía Capital, caja de caudales, fianzas, pólizas de seguro, fianzas en efectivo y en general de todas las propiedades y enseres de la Secretaría.

Alegó, por último, el querellado que el querellante está impedido de ejercitar esta acción o de discutir el título del querellado, porque el querellante reflexiva, voluntaria y de-Unitivamente abandonó el cargo e hizo entrega del mismo al querellado.

En septiembre 8 de 1941 la corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la querella y resolviendo qne el que-rellado ocupa y desempeña ilegalmente el cargo de Secretario de la Capital; que el querellante tiene derecho a dicho cargo y lo ha tenido desde abril 22, 1941 y deberá ser repuesto en el mismo, con todos los poderes, prerrogativas, privilegios y emolumentos inherentes al mismo; y, por último, que el querellado deberá cesar inmediatamente en el desempeño del cargo y abandonar el mismo, con costas al querellado, sin incluir honorarios de abogado.

Los pronunciamientos específicos de dicha sentencia fue-ron los siguientes:

1. Que en febrero 17 de 1941, fecha en que fue nombrado el querellado, no existía vacante alguna en el cargo de Secretario de la Capital que pudiera ser cubierta a virtud de nuevo nombramiento, y por consiguiente el nombramiento extendido al querellado es nulo.

2. La condición de miembro de la Asamblea Legislativa (Senador) no incapacita al querellado para ser nombrado Secretario de la Capital, ni para desempeñar el cargo.

3. Que el nombramiento del querellado no tuvo otra moti-vación que razones de índole política o sea para cumplir compromisos políticos; y que aún cuando es cierto que el querellante hizo entrega de su oficina al querellado por me-dios pacíficos, el querellante nunca tuvo la intención de abandonar su cargo ni de renunciar su derecho al mismo.

• El querellado apelante, para sostener su recurso, alega que la corte sentenciadora erró: al declarar que el nombra-miento hecho a favor del querellante en septiembre 11 de 1931 era un título legal para ocupar el cargo después de la toma de posesión de la Junta de Comisionados electa en noviembre de 1940; al admitir como prueba el referido nom-bramiento; y al declarar que el querellante no abandonó voluntariamente el cargo.

Pasaremos ahora a considerar y resolver las dos cuestio-nes envueltas en este procedimiento.

la. ¿Cuál era el status legal del peticionario Luis A. Castro el día 17 de febrero de 1941, cuando el Sr. Géigel, Administrador de la Capital, designó al querellado para el cargo de Secretario de la Capital?

De la evidencia ofrecida por el propio querellante apa-rece que el nombramiento original a favor del Sr. Castro fue hecho por el Administrador Sr. Jesús Benitez, el día 11 de septiembre de 1931; que en enero 4 de 1937, el querellante presentó la renuncia de su cargo al nuevo Administrador de la Capital, Dr. Carlos M. de Castro, electo en las elec-ciones de noviembre de 1936; que el Administrador Sr. de Castro no aceptó la renuncia del querellante y en la misma fecha le extendió un nuevo nombramiento; y que desde en-tonces o sea desde la fecha de su nombramiento original hasta la fecha en que el querellado tomó posesión, el querellante ocupó el cargo de Secretario de la Capital. Se admite por ambas partes que en ninguna fecha anterior a la de la toma de posesión del querellado se suspendió de empleo o se for-muló cargo alguno contra el querellante para su separación del puesto.

¿Era legalmente necesario que el querellante renunciara, entregara o abandonara o fuera removido del cargo de Se-cretario de la Capital, que venía ocupando por virtud de nombramientos extendídosle por los dos antecesores del Administrador electo en noviembre de 1940, para que el nuevo Administrador pudiese hacer un nuevo nombramiento en favor de otra persona distinta a la del querellante? La pregunta debe ser contestada en la negativa. Para sostener la afirmativa tendríamos que resolver que el de Secretario de la Capital es un cargo vitalicio, lo que estaría en abierto conflicto con nuestra decisión en De Castro v. Junta de Comisionados, 59 D.P.R. 676, qne consideramos de estricta aplicación al caso de autos. Habiendo resuelto como resol-vimos en dicho caso que “el término del Administrador de la Capital es el de cuatro años,, siempre que durante el mismo observe buena conducta”, tenemos que resolver en el presente que el término del Secretario de la Capital es también el de cuatro años, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Núm. 99 de mayo 15 de 1931, por la que se rige el G-obierno de la Capital. Resolvemos, por lo tanto, que el Administrador de la Capital, electo en noviembre de 1940, tenía desde el momento en que tomó posesión de su cargo el derecho de nombrar el nuevo Secretario de la Capital, sin estar obligado a pedir la renuncia o a formular cargos al querellante, quien, por razón de haber expirado el término para que le nombrara el Administrador anterior, se encon-traba ocupando el cargo a voluntad del poder nominador y hasta que éste le designase sucesor. Si la petición de la renuncia o la remoción fuese un requisito previo y esencial para poder nombrar el sucesor de un funcionario que ocupa el cargo en esas condiciones, “holding over”, tendríamos que admitir que el cargo podría convertirse en vitalicio, a voluntad del ineumbente, con sólo negarse a renunciarlo. Y no puede depender el derecho a hacer el nombramiento del nuevo funcionario, de la formulación de cargos y remoción del funcionario saliente, porque en el caso de que no hubiera cargos que formular, el puesto se convertiría en vitalicio y el que lo ocupa podría continuar ocupándolo mientras observase buena conducta. [3] Queremos hacer constar, además, que aún cuando sostuviéramos que la renuncia del querellante es un requisito esencial para la validez del nom-bramiento de su sucesor, ese requisito fué cabalmente cum-plido, pues la evidencia practicada, sin que de ella surja conflicto alguno, estableció que con anterioridad al día 12 de abril de 1941, el querellante sabía que el querellado había sido nombrado para sucederle en el cargo de Secretario; que el 15 del mismo mes el querellante se dirigió por escrito al Administrador, Sr. Gréigel, pidiéndole le enviara copia del nombramiento extendido al querellado “a los fines de récord”; que el día 18 el administrador envió al querellante copia de dicho nombramiento; que el 21 del mismo mes el querellado tomó posesión del cargo, sin que el querellante se opusiera o formulara protesta alguna, excusándose por no poder asistir al acto de toma de posesión por ser ése el dia de su onomástico; que al día siguiente, 22 de abril, el que-rellante fué a secretaría y allí le presentó al querellado el personal de la oficina, explicándole las atribuciones de cada empleado, le entregó el inventario del contenido de la caja de hierro, firmó los contratos que estaban pendientes de su firma y realizó todos los actos necesarios para familiarizar al querellado con el funcionamiento de la secretaría, sin que de sus labios brotase en momento alguno ni una sola pala-bra de protesta o que revelase su intención de reclamar y retener para sí el cargo que voluntariamente estaba entre-gando. Todos esos actos realizados por el querellante, vo-luntariamente y sin que sobre él se ejerciera influencia, fuerza o presión indebidas, constituyen una entrega (surrender) voluntaria del cargo a su sucesor. Attorney General ex rel Moreland v. Maybury, 141 Mich. 31, 104 N. W. 324; Rainwater v. State, 121 A.L.R. 981; Rex v. Greens, 2 Q.B. 460, 6 Jurist (1842) 777; 22 R.C.L. 560, sec. 264. El efecto legal de dichos actos no puede ser destruido por la simple manifestación, hecha a posteriori, por el querellante, al efecto de que cuando actuó en la forma establecida por la prueba él no tenía la intención de entregar o renunciar el cargo y que al entregarlo, lo hizo con la reserva mental o propósito de reclamar el cargo más tarde por medio de este procedi-miento de quo warranto.

Las conclusiones a que llegó la corte inferior son claramente erróneas e insuficientes por sí solas para sostener la sentencia recurrida. Sin embargo, como la apelación se interpone contra la sentencia y no contra los fundamentos de la misma, es nuestro deber sostenerla si a nuestro juicio existen otros fundamentos para justificar su confirmación.

2a. ¿Podría el querellado, no obstante su condición de Senador, en el Senado Insular, ser legalmente nombrado para el cargo de Secretario de la Capital?

El texto inglés de la sección 30 de la Ley Orgánica de Puerto Rico, en lo que es pertinente, dice:

“No senator or representative so elected or appointed shall, during his term of office, be appointed to any civil office under the Government of Puerto Bieo, and no such senator or representative shall be eligible for appointment to any office created during his term of office until the expiration of two years after the date upon which his term of office shall have expired.” (Itálicas nuestras.)

La traducción al castellano lee como sigue:

“Ningún senador o representante así elegido o nombrado podrá ser nombrado para ningún cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico durante el término de su ministerio, ni será elegible parh nombra-miento para ningún cargo creado durante dicho término hasta des-pués de transcurridos dos años desde la fecha en que haya vencido-el mismo.” (Itálicas nuestras) Leyes de 1938.

Comparando el texto inglés, que es el que debe prevalecer, con el castellano, se notará que la frase “under the Government of Puerto Rico” ha sido erróneamente traducida por “en el Gobierno de Puerto Rico”, en vez de “bajo el Gobierno de Puerto Rico”. Considerando que el error de traducción es substancial, estudiaremos y resolveremos la cuestión a la luz del texto inglés.

La sección 30, supra, contiene dos prohibiciones:

(a) Ningún senador o representante será nombrado, o sea no se le podrá nombrar legalmente, para un cargo civil bajo el Gobierno de Puerto Rico, durante el término de su cargo.

(b) Tampoco se le podrá nombrar para ningún cargo que hubiere sido creado por la Legislatura, durante el término de su elección, hasta que hayan transcurrido dos años desde la expiración de dicho término.

Es con la primera de estas dos prohibiciones que tenemos que ver en el presente caso. Dicha prohibición va dirigida al funcionario que de acuerdo con la ley tiene la facultad de nominar.. Cuando se dice qué “ningún senador o repre-sentante será nombrado”, lo que en realidad se dice es que los miembros de la Legislatura no son elegibles para cargos civiles bajo el gobierno de la isla y que los funcionarios investidos del poder nominador no tienen facultad para nombrar a un miembro de la Legislatura para uno de tales cargos. Y no puede ser de otro modo, pues el miembro de la Legislatura no puede nombrarse a sí mismo.

Que el de Secretario de la Capital' de Puerto Rico es un cargo civil, es cuestión que no admite discusión. Lo que tenemos que considerar y resolver es si dicho cargo es un “civil office under the Government of Puerto Rico” — un cargo civil bajo el Gobierno de Puerto Rico — y, por consi-guiente, uno de ésos para los cuales no puede ser legalmenté nombrado un senador o representante, durante el término de su cargo como legislador. -

El gobierno, o sea la instfumentalidad creada por la Ley Orgánica para regular y administrar los intereses públicos de la comunidad puertorriqueña, es y debe ser un conjunto armónico, y todas sus subdivisiones y dependencias deben regirse por los mismos principios de la más pura moral administrativa. Para su mejor funcionamiento, la ley ha dividido el gobierno de nuestra isla en dos ramas: la llamada ‘ ‘ Gobierno de Puerto Rico ” o “ Gobierno Insular ’ que tiene' facultad y jurisdicción sobre todo aquello que pueda afec-tar al pueblo de la isla en general, y el “Gobierno Municipal”, cuyas facultades y jurisdicción no pueden alcanzar más allá de los límites territoriales de una determinada sub-división municipal. Aún cuando la rama insular y la rama municipal parecen funcionar como entidades distintas y se-paradas, ambas son en realidad partes de una sola instru-mentalidad gubernamental — el gobierno de Puerto Rico. San Millán v. Junta de Retiro, 45 D.P.R. 244. Así lo reco-noce la propia Ley Orgánica cuando dispone (artículo 3) que . . todos los bonos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico o por autoridad de éste, estarán exentos de contribución por el Gobierno de los Estados Unidos, por el Gobierno de Puerto Rico, por cualquier subdivisión política o municipal del mismo . .

Las subdivisiones municipales o municipios de Puerto Rico son criaturas de la Legislatura de Puerto Rico, que es una de las tres ramas del Gobierno de Puerto Rico. ,Es la legislatura insular la que puede dar vida a nuevas muni-cipalidades y la que tiene facultad para consolidar dos o más de las ya existentes para formar una sola. Las leyes por las cuales se rigen los municipios son aprobadas por los legisladores insulares, y son éstos los que crean los cargos municipales y fijan y aumentan los sueldos de los funcipna-rios. Las contribuciones sobre los inmuebles radicados den-tro de los límites de las respectivas municipalidades son cobradas por funcionarios del Gobierno Insular e ingresadas en los respectivos tesoros municipales. Las emisiones de bonos municipales requieren para su validez y efectividad la aprobación previa del Gobierno Insular. Todo esto de-muestra claramente que los gobiernos municipales, por las relaciones que existen entre ellos y el Gobierno Insular y por la supervisión que éste ejerce sobre aquéllos, son partes integrantes del Gobierno de Puerto Rico, siendo por tanto los cargos civiles municipales, cargos civiles bajo el Gobierno de Puerto Rico. Véase State v. Vallé, 41 Mo. 29, 31.

La ley orgánica del Gobierno de la Capital, Ley núm. 99, aprobada en mayo 15 de 1931, es la qne ba creado el cargo de Secretario de la Capital, qne abora ocnpa el querellado a virtud de nombramiento becho a su favor por el Adminis-trador de la Capital en abril 20 de 1941. Dicha ley fija el sueldo que deberá pagarse al Secretario por sus servicios •como tal. La Legislatura puede abolir dicbo cargo y puede también disminuir o aumentar el sueldo del funcionario. Todo lo cual es una demostración más de que el cargo civil de Secretario de la Capital es un cargo civil bajo el Gobierno de Puerto Eico y por tanto comprendido dentro de la .pro-hibición expresa de la Carta Orgánica. Wood v. Miller, 242 S. W. 573.

El caso de San Millán v. Junta de Retiro, supra, no tiene el alcance que pretende darle la corte inferior. Lo que re-solvimos en dicho caso fue que el Secretario Municipal no es un empleado del Gobierno Insular, a los efectos' de la sec-ción 20 de la Ley de Eetiro, 104 de 1925 (pág. 949).

La contención del querellado de que la aceptación del cargo de Secretario de la Capital creó una vacante en su cargo de Senador, no es sostenible. Siendo dicbo cargo, ■según hemos resuelto, un cargo civil bajo el Gobierno de Puerto Eico, el nombramiento extendido por el Administra-dor de la Capital a favor del querellado es nulo ab initio y no puede ser convalidado por la mera aceptación del quere-lladq. Además, el récord demuestra que el querellado ocu-paba el cargo de Senador en la fecha en que fué nombrado para el cargo de Secretario de la Capital; que después de haber tomado posesión del cargo municipal no solamente no renunció el cargo de Senador, sino que continuaba ocupán-dolo en la fecha de la celebración de la vista del caso, en mayo 26 de 1941; y que al ser preguntado si al aceptar el cargo de secretario tuvo la intención de renunciar el de Se-nador, contestó: “No la tuve”, añadiendo que no tenía la intención de abandonar sn pnesto en el Senado. Toda esa evidencia, más el conocimiento judicial qne toma esta Corte de qne el querellado ha continuado y continua en la. actualidad ocupando su sitio en el Senado, demuestra fuera de toda duda el propósito firme y deliberado del querellado' de continuar ocupando ambos cargos en violación de las dis-posiciones de la Carta Orgánica.

Las mismas razones de índole moral que pueden invocarse para sostener que un senador o representante no puede ni debe ocupar un cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico, pueden ser invocadas para sostener que tampoco debe ocupar un cargo civil bajo el Gobierno de Puerto Rico.

La contención del apelante, hecha oralmente en el acto de la vista de esta apelación, al efecto de que Luis A. Castro, habiendo abandonado el cargo, no tenía interés-para radicar este procedimiento de quo warranto, carece de-méritos. El querellante no reclama que se le ponga en po-sesión del cargo. Al autorizar el procedimiento, el Attorney G-eneral de Puerto Eico, lo hizo por el interés público en-vuelto en el mismo. Santiago v. Feuille, 10 D.P.R. 432; Pueblo v. Oliveras, 33 D.P.R. 743; Ex rel. Pérez v. Manescáu, 33 D.P.R. 739.

Por las razones expuestas, se declara con lugar la quere-lla y se modifica la sentencia recurrida, declarando y resol-viendo que él querellado Lino Padrón Rivera ocupa y está desempeñando ilegalmente el cargo de Secretario de la Capital desde la fecha en que tomó posesión del mismo o sea desde el 22 de abril de 19él, y que dicho querellado deberá abando-' nar y cesar inmediatamente en el desempeño de dicho cargo, bajo apercibimiento de que si se negare a hacerlo se librará él oportuno mandamiento para que la sentencia sea ejecutada: por el Márshal, con imposición de costas al querellado, sin incluir honorarios de abogado. Y así modificada se confirma-


author: El Juez Asociado SeSoe De Jesús

text:
    Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico por sí y en representación de los farmacéuticos de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Junta Insular de Farmacia de Puerto Rico, etc., y Carlos Monclova Franceschi, J. M. Quiñones, B. R. Rosa, Arquidemio Franceschi y Getulio Echeandía, demandados y apelados.
    Núm. 8474.

    Sometido: Junio 5, 1942.

      Resuelto: Julio 29, 1942.

      B. Fernández Garzot, abogado del apelante; Fon. Procurador General George A. Malcolm y B. García Cintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados de la Junta Insular de Farmacia, apelada;-Enrique Igaravídez, abogado de los apelados Sres. Quiñones, Rosa-, y Echeandía.; Manuel A. Bivera, abogado del apelado Sr. Mon-el ova.
   El Juez Asociado SeSoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El ejercicio de la farmacia en esta Isla está reglamentado por la “Ley autorizando la creación de una Junta de Far-macia, determinando la validez de ciertos diplomas de far-macéuticos, y para otros fines,” vigente desde el 19 de mayo ■de 1921 (Leyes de 1921, pág. 135). Con arreglo a la misma todo aspirante al ejercicio de esa profesión deberá presentar un diploma acreditativo de haber cursado los cuatro años de escuela superior en una alta escuela de Puerto Rico o en una institución acreditada igual o análoga de los Estados Unidos o del extranjero a satisfacción de la Junta de Far-macia, debiendo presentar además un diploma de la univer-sidad o colegio de farmacia de donde se hubiera graduado. Prescribe asimismo la sección 11 de la misma ley, según fue enmendada por la núm. 9 aprobada el 12 de mayo de 1927 (Leyes de 1927, pág. 423), que el aspirante deberá aprobar un examen de ciertas materias que especifica, pudiendo la Junta de Farmacia disponer de ese examen en ciertos y ■determinados casos,

No obstante la citada ley de carácter general, la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico pasó cuatro leyes especiales, numerada-s 26, 231, 237 y 296, aprobadas todas el 15 de mayo de 1938, en beneficio exclusivo de los demandados apelados, que no son miembros de la Junta de Farmacia, ■ordenando a dicha junta que admita a examen a dichas per-sonas a pesar de que no reúnen los requisitos exigidos por la citada ley general.

Con el propósito de .que por los tribunales se decretase la inconstitucionalidad de dicha legislación, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico presentó en la corte inferior una solicitud de sentencia o decreto declaratorio en la que :sustancialmente alegó: Que el Colegio de Farmacéuticos ■de Puerto Rico es una corporación cuasipública creada me-diante la Ley núm. 243 de 1938 (pág. 476) y está debidamente autorizado para representar a los farmacéuticos de esta Isla en la acción aquí interpuesta; qne la demandada, Jnnta Insular de Farmacia de Pnerto Eico, es también nna cor-poración creada por la Ley núm. 15 de 19 de mayo de 1921 (pág. 135), con domicilio en la cindad de San Jnan, y se exponen los nombres de sns miembros; qne en virtud de dichas leyes especiales se ordenó a la Jnnta de Farmacia qne admitiese a examen a los demandados Getnlio Echeandía,. Carlos Monclova Franeeschi, J. M. Quiñones, B. E. Eosa y Arqnidemio Franeeschi (a qnienes en lo sucesivo llamaremos “los demandados” para distinguirlos de la codemandada Jnnta Insular de Farmacia, a quien llamaremos “la Junta”); que la Junta Insular de Farmacia de Puerto Eico está por aprobar, existiendo grandes probabilidades de que las apruebe, las solicitudes a examen de los referidos deman-dados .... y los someterá a examen y les concederá licencia para ejercer la profesión de Farmacéutico en Puerto Eico en caso de que aprueben dichos exámenes”; que las cuatro leyes antes aludidas son inconstitucionales porque (a) niegan a las personas residentes en Puerto Eico la igual protección de las leyes; (b) son discriminatorias y conceden privilegios injustificados a “los demandados”; (c) no son uniformes y no se aplican igualmente a otras personas en posición similar a los referidos demandados, colocando a estos últi-mos en una posición superior a otras personas similarmente situadas y colocándolos también en posición superior y pri-vilegiada en relación con los farmacéuticos de Puerto Eico debidamente autorizados para ejercer su profesión bajo la ley general de farmacia; (d) porque la citada legislación priva de su propiedad sin el debido proceso de ley a los farmacéuticos de Puerto Eico ya autorizados para ejercer su profesión bajo la ley general de farmacia; y (e) porque dicha legislación constituye “una invasión y usurpación de parte de la legislatura de Puerto Eico de los derechos, prerrogativas y poderes discrecionales de la Junta Insular de Farmacia de Puerto Rico.” Alega además la solicitud que “existe una controversia real y efectiva entre la parte demandante y los demandados en relación con los hechos alegados en esta demanda y en relación con las cuestiones de derecho levantadas en esta solicitud de sentencia declarato-ria.” Termina la solicitud con súplica de que se declare inconstitucional la legislación en controversia con todas sus consecuencias legales y se condene a todos los demandados, incluyendo la junta, al pago de las costas y honorarios de ahogado. Los demandados excepcionaron la demanda y al ser desestimadas las excepciones previas, contestaron todos con excepción de la junta, anotándose su rebeldía, así como la de Arquidemio Franceschi, que no compareció. Sometido el caso por las alegaciones de la demanda y las distintas contestaciones, según se estipuló al efecto, se dictó senten-cia decretando que dichas cuatro leyes “no infringen las disposiciones del primer párrafo del artículo 2 del Acta Orgánica de Puerto Rico.”

Apeló el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico y en su alegato señala cinco errores. Los tres primeros señala-mientos constituyen una sola proposición expresada en tres formas distintas, que virtualmente se reducen a que la legislación en controversia infringe la garantía constitucional relativa a la igual protección de las leyes, por conceder a “los demandados” exclusivamente, privilegios que no se aplican igualmente a otras personas en posición igual o similar a la de ellos, colocando a los demandados en mejor posición que los farmacéuticos de Puerto Rico debidamente autorizados a ejercer su profesión bajo la ley general de farmacia. Los siguientes señalamientos, el cuarto y el quinto, se refieren respectivamente a que la referida legis-lación priva de su propiedad sin el debido proceso de ley a los farmacéuticos de Puerto Rico admitidos a ejercer su pro-fesión y que dicha legislación -constituye “una invasión y usurpación de parte de la legislatura de Puerto Rico de los •derechos, prerrogativas y poderes discrecionales de la Junta de Farmacia de Pnerto Pico.”

Como en este caso los demandados radicaron excepciones previas de falta de hechos constitutivos de causa de acción •que fueron desestimadas por la corte inferior, convencidos •como estamos de que dichas excepciones no carecen de fun-damento, procederemos a su estudio a la luz de la ley uni-forme sobre sentencias y decretos declaratorios, y de los principios fundamentales del derecho constitucional. A los efectos de la discusión de las excepciones previas, debemos dar por sentado que el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Pico es una corporación cuasipública que ostenta legalmente la representación de los farmacéuticos de Puerto Pico en ■este procedimiento, per constar así de las alegaciones de la demanda.

La sección 2 de la Ley relativa a Sentencias y De-cretos Declaratorios en lo pertinente dice:

‘ ‘ Toda persona interesada en una escritura ... o cuyos derechos, •estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un esta-tuto . . . podrá obtener la determinación de cualquier divergencia acerca de la interpretación o validez de dichos estatutos ... y ade-más que se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se deriven.” (Bastardillas nuestras.)

La primera cuestión a resolver a los efectos de determinar ■si la demanda expone hechos constitutivos de causa de acción dentro de este procedimiento es la siguiente: ¿Apa-rece de la faz de la demanda que la demandante sea una parte interesada cuyos derechos puedan ser afectados por los estatutos cuya validez impugna?

La posición de la demandante, conforme resulta de la demanda, es que la legislación en controversia priva a sus miembros, los farmacéuticos de Puerto Pico, de la igual pro-tección de las leyes, les priva de su propiedad sin el debido proceso de ley, y por último que dicha legislación invade los derechos y privilegios de la Junta demandada.

Es nn principio cardinal de derecho constitucional que las leyes se presumen válidas mientras los tribunales na declaren que son inconstitucionales. Está igualmente establecido que la constitucionalidad de una ley no puede ser impugnada a menos que el que la ataque demuestre que dicha ley le priva de derechos protegidos por la Constitución. A este efecto se ha dicho por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Plymouth Coal Co. v. Pennsylvania, 232 U.S. 531, 544:

“Podemos repetir una vez más lo que tantas veces se lia dicho,, que quien quiera impugnar un,estatuto alegando que infringe la Constitución federal, debe demostrar que se halla comprendido en la clase con respecto a la cual la ley es inconstitucional, debiendo' demostrar que la alegada infracción a la Constitución le perjudica y opera de tal forma que le priva de los derechos protegidos por la misma. (Citas.)”

Véanse además Collins v. Texas, 223 U.S. 288, y el más reciente de Nebbia v. New York (1934), 291 U.S. 502, 521, 78 L. ed. 940.

El mismo principio es claramente aplicable en lo que respecta a derechos protegidos por la Carta Orgánica. Porto Rico Ry., Light & Power Co. v. Colom, 106 F. (2) 345, 358.

¿Aparece acaso de la faz de la demanda que la le-gislación impugnada prive a la demandante o a sus miembros de su propiedad sin el debido proceso de ley o que le niegue la igual protección de las leyes? Indudablemente que no. Dichas leyes sólo tienen por objeto ordenar que previa examen debidamente aprobado “los demandados” sean au-torizados a ejercer la farmacia en Puerto Eico. Los miem-bros todos de la corporación demandante ya lo han sido, y por consiguiente la legislación en controversia en nada puede afectar las licencias que les han sido concedidas. Na se ha concedido a los miembros del Colegio de Farmacéu-ticos de Puerto Eico ningún monopolio para el ejercicio de su profesión. El perjuicio que quizá pueda irrogárseles aumentando el número de farmacéuticos, como resultaría si los demandados fuesen en definitiva admitidos a ejercer la profesión, constituiría damnum absque injuria, y esa cir-cunstancia no es suficiente para reconocerles derecho alguno a atacar la constitucionalidad de esa legislación. Alabama Power Co. v. Ickes (1938), 302 U.S. 464, 82 L. ed. 374; Tennessee Electric Power Co. v. T.V.A. (1939), 306 U.S. 118, 83 L. ed. 543.

La contención de la demandante al efecto de que la legis-lación en controversia constituye una invasión de los dere-chos y privilegios de la Junta de Farmacia es por demás absurda. La Junta de Farmacia es una creación de la Asamblea Legislativa, y siéndolo, no sólo puede esta última disminuir sus prerrogativas e invadir los poderes que le confirió, si que puede aboliría cuando lo creyese conveniente. Pero aparte de esto, la Junta de Farmacia no está alegando tal invasión de sus derechos y prerrogativas, y en la hipó-tesis de que pudiera hacer tal alegación, no podría la de-mandante arrogarse una representación que no le ha sido concedida.

. Por estos fundamentos, y sin necesidad de considerar, por estimarlo innecesario, si de los hechos correctamente alegados surge que exista una divergencia entre las partes con respecto a la validez de dicha-legislación, tenemos que llegar a la irresistible conclusión de que de la faz de la demanda implícitamente resulta que la demandante por sí y en la representación que ostenta, carece del interés nece-sario para que pueda acudir al remedio concedido por la Ley relativa a Sentencias y Decretos Declaratorios, y siendo ello así, erró la corte a quo al desestimar las excepciones pre-vias. Si de la faz de la demanda no aparece, como hemos expuesto, que fué éste un caso en que pudiese recurrir la demandante al citado procedimiento, la corte a quo no ad-qúirio 'jurisdicción dentro de esta ley especial para conocer del caso, y en su consecuencia debió abstenerse de entrar al fondo del mismo dictaminando sobre la validez de la legis-lación impugnada. '

Procede, por lo expuesto, modificar la sentencia apelada limitando sus pronunciamientos a declarar sin lugar la demanda, con costas a la demandante.


author: El Juez Asociado Señor Snydeb

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Yera, acusado y apelante.
    Núm. 9492.

    Sometido: Julio 21, 1942.

      Resuelto: Julio 29, 1942.

      Julio Viera Morales, abogado del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm j B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snydeb

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fné convicto de homicidio involuntario por un jnrado, y ha apelado de la sentencia qne lo condenó a sufrir un año de cárcel.

Annqne se señalan tres errores, dos de ellos envuelven el mismo incidente. La prneba demostró qne el acusado mientras manejaba nn truck,, arrolló y cansó lá'muerte del' finado. Estando el jurado' deliberando,' regresó a la'sala'de la corte a iniciativa propia, teniendo lagar el siguiente 'diá-logo :

“Presidente del Jurado: Señor Juez: Hay algunos de los ju-rados que oyeron una pregunta que usted hizo a uno de los testigos, con referencia al trayecto de la carretera donde ocurrieron los he-chos, sobre si había una curva.
“Juez: Parece que fué el testigo Felipe Ortiz. - El taquígrafo podrá leer la parte pertinente a los señores-del jurado.
“Taquígrafo: (Leyendo de sus notas;)
“ ‘Juez: La corte desearía aclarar un punto. ¿En el sitio donde ocurrió el accidente, es una curva o un sitio recto?
“ ‘Hay una simple curva.
“ ‘¿Se ve a distancia?
“ ‘Sí, señor.
“ ‘¿Donde ocurrió el accidente es curva?
“ ‘Una simple curva.’
“Jurado Dámaso A. Toro: Yo interesaba saber si la curva do-blaba a la izquierda o hacia la derecha.
“Juez: No lo dijo el testigo. El testigo dijo que era una simple curva y que se veía a distancia, y no dijo más nada.
“Fiscal: Parece que dijo que iba para Guayanilla el truck.
“Juez: No podemos insertar nada. Y los señores del jurado no tomarán en consideración las palabras del fiscal.
“Jurado Sr. Verges: Si el accidente fué al entrar a la curva o antes de llegar a la simple curva.
“Juez: El testigo no ha declarado ninguna otra cosa sobre el sitio del accidente; que había una simple curva y que se veía a distancia. No dijo más nada ni nadie le preguntó. Pueden reti-rarse y seguir deliberando. Receso de la corte hasta la vuelta del jurado.
“ (El jurado se retira de nuevo a deliberar.) ”

Nada perjudicial vemos en el comentario del fiscal de distrito de que el truck iba baeia Guayanilla. Como cues-tión de becbo, el testigo de referencia había declarado que el truck iba de Ponce a Guayanilla. Aparentemente nunca hubo discusión alguna en cuanto a ese hecho específico. La corte, sin embargo-, instruyó al jurado que no tomara en consideración el comentario del fiscal de distrito, y el acu-sado no hizo objeción ni manifestación alguna durante ese diálogo. El acusado descansa en el caso de Pueblo v. Marchand Paz, 53 D.P.R. 671, pero los hechos del presente caso no son ni aun remotamente similares a lo que ocurrió en dicho caso. -

El último error consiste en que hubo manifiesto error en la apreciación de la evidencia.. Aquí la acusación fue que la negligencia criminal del acusado al manejar un truck tuvo por resultado la muerte del finado. La prueba del Pueblo, a la cual dió crédito el jurado, fue que temprano en la tarde el finado y otro hombre caminaban despacio por el lado derecho de la carretera hacia G-uayanilla; que mientras to-maban una curva simple en la carretera, un truck que era manejado por el acusado a velocidad excesiva en la misma dirección, sin que tocase bocina, arrolló al finado, quien fue lanzado a la cuneta contigua y quien falleció más tarde a consecuencia de las lesiones recibidas. El finado fue gol-peado por la parte de atrás del truck, que era más ancha que la parte del frente. El acusado no se detuvo, sino que con-tinuó manejando el truck hacia G-uayanilla.

El acusado descansó en el testimonio de que el finado estaba borracho y caminó hacia el truck. Bajo todas las circunstancias, el jurado estuvo justificado en no darle cré-dito a este testimonio y en rendir un veredicto de culpabi-bilidad. Los casos de Pueblo v. Ramos, 43 D.P.R. 71, y Pueblo v. Rivera, 55 D.P.R. 783, citados por el acusado, se distinguen por sus propios hechos. El caso de Ramos en particular claramente envolvía un accidente inevitable.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado "Señor Snydee

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José María Santiago, acusado y apelante.
    Núms. 9079 y 9080.

    Sometidos: Julio 15, 1942.

      Resueltos: Julio 29, 1942.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado "Señor Snydee

emitió la opinión del tribunal.

El acusado ha apelado de las sentencias dictadas en dos casos criminales que se vieron conjuntamente. En un caso se le imputaba al acusado una infracción al artículo 81 de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas, Ley Núm 6, Leyes de Puerto Bico, 1936, Tercera Sesión Extraordina-ria, que dispone que el tener la posesión o custodia de un alambique no inscrito constituye un misdemeanor. En el otro caso se le imputaba al acusado la posesión de espíritus des-tilados sin que se hubiesen satisfecho sobre los mismos los impuestos de rentas internas prescritos por el artículo 4 de la referida ley, en violación del artículo 77 de la misma.

El apelante señala dos errores. Alega que ni la corte municipal, donde primeramente se vieron estos casos, ni la corte de distrito tenían jurisdicción para conocer de ellos. Su argumento es que las cortes inferiores carecían de juris-dicción porque las denuncias fueron radicadas por un poli-cía insular en la corte municipal “sin habérsele dado una oportunidad al Tesorero de Puerto Bico para resolver el caso administrativamente, tal como lo dispone la ley.” El apelante descansa en el artículo 60 de la ley de referencia, que dice como sigue:

‘ ‘ El Tesorero queda por la presente autorizado a imponer y cobrar multas en casos de delitos menos graves (misdemeanors) mediante procedimientos administrativos, a toda persona que deje de observar y cumplir las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, promul-gados de acuerdo con la misma; dichas multas no excederán de cien (100) dólares. Si la persona multada dejare de pagar dentro del período concedido por el Tesorero, ello constituirá motivo para radicar una denuncia ante una corte competente por la infracción cometida. El Tesorero, a su discreción, y sin procedimientos admi-nistrativos, podrá radicar una denuncia contra dicha persona ante la corte correspondiente por dejar de cumplir las disposiciones de esta Ley o los reglamentos del Tesorero.”

No hallamos requisito alguno en el artículo 60 al efecto de que el Pueblo debe demostrar que el Tesorero ha deci-dido no resolver el caso administrativamente, antes de que las cortes puedan conocer de denuncias por infracciones criminales a los artículos 81 y 77. Quizá sería una mejor práctica administrativa intragubernamental qne en casos de esta índole la policía pusiera los hechos en conocimiento del Tesorero con el fin de qne éste, como el funcionario encar-gado principalmente de poner en vigor esta ley, pueda deci-dir si una multa administrativa o un procedimiento criminal sería de mejor provecho al interés público, en un caso espe-cífico. Pero ningún delincuente puede alegar que él tiene un derecho adquirido en esta posibilidad de una decisión administrativa. Los artículos 81 y 77 no contienen un len-guaje tan restrictivo. Disponen en términos absolutos que la posesión de un alambique no inscrito y la de espíritus destilados sobre los cuales no se ,han pagado los impuestos de rentas internas, constituyen misdemeanors. Y el artículo 86 dispone la pena que será impuesta por las cortes en casos de convicción por tales ofensas. Por lo tanto resolvemos, que tanto la corte municipal como la de distrito tenían ju-risdicción para conocer de estos casos, en ausencia de una demostración afirmativa por el apelante de que el Tesorero había resuelto los casos administrativamente, de acuerdo con el artículo 60.

El segundo error señalado es que no hubo prueba de las ofensas imputadas. El primer argumento del apelante sobre este punto es que el alambique y los espíritus destila-dos no fueron presentados en evidencia. No creemos que tal evidencia sea absolutamente indispensable en casos de esta clase. Sea ello como fuere, el récord contradice al apelante sobre los hechos. Copiamos del récord lo siguiente:

“Fiscal: Ese es nuestro caso. Presentamos el alambique y el alcohol.
“Juez: Se admiten.”

El apelante argumenta también que el Pueblo omitió probar una venta de los espíritus destilados en cuestión. Al establecer este argumento, el apelante aparentemente está bajo la impresión que la denuncia imputaba una infracción al párrafo 4 del artículo 3 de la ley, que define el traficante al detall. La denuncia, sin embargo, imputa una infracción al artículo 4 (que provee el tipo del impuesto sobre espíritus destilados) y el artículo 77, que dispone que la posesión de tales espíritus, sobre los cuales los referidos impuestos no se hayan pagado, constituye un misdemeanor. Por lo tanto no había necesidad de probar una venta para justificar la convicción bajo tal denuncia. Era suficiente que se probara la posesión.

La posición del apelante de que el Pueblo no probó su posesión del alambique y de los espíritus destilados no está sostenida por el récord. Dos policías declararon que sorprendieron al apelante en el acto de estar funcionando el alambique, y que se había huido dejando tras sí el alambique y un galón conteniendo alcohol, que no tenía adheridos los sellos de rentas internas. La prueba de la defensa consistió de, una coartada, a la cual la corte de distrito no dió crédito. La prueba fué suficiente para justificar las denuncias en estos casos. Pueblo v. Figueroa, 58 D.P.R. 673.

Las sentencias de’ la corte de distrito serán confirmadas.