author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Antonia Rieder de Marxuach, demandante y apelante, v. Juan Torruella Cortada, demandado y apelado.
    No. 6682.

    Sometido: Marzo 26, 1935.

      Resuelto: Julio 19, 1935.

      F. Parra Capó y A. Arnaldo Sevilla, abogados de la apelante; José A. Poventud y Alberto S. Poventud, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal. .

Antonia Rieder de Marxuach y Juan Tor mella Cortada constituyeron una sociedad civil particular que giró en Ponce bajo la razón de Recreo Agricultural Company por un tér-mino de diez años que habría de vencer en abril 17 de 1938, siendo la demandante socia capitalista y el demandado socio industrial. Pué el objeto de esta sociedad fomentar los pastos de ciertas fincas cuyo uso aportó la demandante a la sociedad, explotar una lechería, y dedicarse a la crianza y compra de ganado vacuno y a otras actividades que pudiesen tener relación con la mejor explotación de las referidas fincas. La corte inferior, en su resolución de 10 de junio de 1933, dice que se aportó además el avalúo de cierto ganado e implementos como parte del capital social, aunque se hizo constar en la cláusula dos de la escritura que el mismo le sería devuelto al expirar el término, sin devengar interés alguno. Este ganado aparece valorado en $8,606.75 en el inventario practicado al constituirse la sociedad. Añade la corte que no obstante lo dicho en la cláusula dos en cuanto al avalúo del ganado e implementos que la Sra. Marxuach aportó a la sociedad, en la cláusula trece se hizo constar que en el momento de disolverse esta sociedad todo el ganado que existía propiedad de la misma, según arrojen los libros que al efecto se llevarán, así como los carros e implementos de cultivo y demás muebles, serían tasados y su valor repar-tido de por mitad entre ambos socios, incluyendo lo que se consigna en el párrafo segundo de la escritura, luego de pagarse las deudas de la sociedad.

Convinieron además las partes en que sería de cuenta de la sociedad el pago del ganado vacuno que fuera preciso adquirir para el cumplimiento de dicha sociedad, el pago de las contribuciones de todas clases que se impusieran a las fincas y que fuesen originadas por el negocio, y el pago de las cantidades que anualmente correspondiera pagarse al Banco Federal, durante la duración del contrato, para amorti-zación de una hipoteca con sus intereses, que grava la finca a favor de dicho Banco en la proporción- en que hasta la fecha de .otorgarse la escritura de sociedad venían realizán-dose dichos pagos. Por la cláusula once del contrato se convino que las pérdidas y ganancias se repartirían de por mitad entre ambos socios.

La Sra. Antonia Rieder de Marxuach solicitó la disolu-ción y liquidación de la sociedad, a lo cual se allanó el deman-dado Juan Torruella Cortada. La corte dictó sentencia de conformidad y ajustándose a lo estipulado designó al Lie. Luis Yordán Dávila para llevar a cabo la referida liquida-ción con práctica del correspondiente inventario, avalúo, adjudicación y distribución de cualquier sobrante que pudiese existir, después del pago de las deudas sociales y con vista de la escritura social. El Sr. Yordán Dávila falleció antes de haber cumplido su misión y las partes, mediante estipu-lación, sometieron a la resolución definitiva de la Corte de Distrito de Ponce todo lo concerniente a la liquidación dé-la citada entidad Recreo Agricultural Co., para que dicho tribunal, utilizando la prueba practicada ante el comisionado Sr. Yordán Dávila y dándole a las partes la oportunidad de presentar nueva prueba, procediese a la resolución definitiva de las cuestiones pendientes relativas a la susodicha liquida-ción social..

En 10 de junio de 1933 la corte inferior dictó resolución fijando las partidas constitutivas del activo de dicha sociedad, que estimó en $25,794.75, y determinando las partidas inte-grantes del pasivo, ascendentes a $28,115.58. El tribunal, no creyéndose autorizado dentro de los términos de la estipula-ción para decretar las adjudicaciones de los bienes, dejó a las partes en libertad de hacerlas a su mejor conveniencia. Según se ha dicho anteriormente, los litigantes sometieron “a la resolución definitiva de la corte todo lo concerniente a la liquidación de la entidad Recreo Agricultural Co.” La estipulación termina diciendo que después de oídas las partes se procederá “a la resolución definitiva de las cuestiones pendientes relativas a la susodicha liquidación social.” La parte demandada solicitó la reconsideración de la resolución fijando el activo y pasivo de la sociedad, alegando, entre otras razones, que la corte debía distribuir el caudal social, haciendo las adjudicaciones que fuesen procedentes y estableciendo la forma de hacer efectivos los derechos de las partes y el pago definitivo de lo adeudado por la sociedad. La demandante estuvo conforme, y, habiendo estipulado ambas partes que se hiciesen las adjudicaciones de acuerdo con sus alegatos, la corte así lo dispuso en resolución dictada en 22 de junio de 1933. De esta resolución apeló la demandante, alegando en su primer motivo que la corte erró al no estimar que la sociedad Recreo Agricultural Company debe a la demandante $8,606.75 y al no haber incluido ese crédito en el pasivo de la sociedad y ordenado su pago en la liquidación de dicha entidad. En su segundo motivo alega la demandante que la corte erró al estimar que la Recreo Agricultural Company debe a Juan Torruella Cortada $20,892.98 y al incluir ese crédito en el pasivo de dicha sociedad, y ordenar su pago en la liquidación. Arguye el demandado que los errores pri-mero y segundo deben descartarse, porque se dirigen contra la resolución dictada en 10 de junio de 1933 que no ha sido apelada y no contra la que se dictara en 22 de junio que es la única que ha sido objeto del presente recurso de apelación. A juicio de la parte apelada se trata de órdenes dictadas después de sentencia que únicamente pueden revisarse cuan-do se establece el correspondiente recurso de apelación.

Argumentando su moción de reconsideración, acep-tada por la parte apelante en lo que se refiere a la adjudica-ción de los bienes, se expresó así el demandado apelado:

“Fué indiscutiblemente la idea de los interesados que nada que-dase pendiente; y, si la Hon. Corte no adjudica los bienes entre tales interesados imponiendo a éstos o a alguno de ellos la obligación de saldar el pasivo, sencillamente quedarían las partes envueltas en un nuevo litigio para obtener esa finalidad, o, por lo menos, sería preciso instar procedimientos supletorios en este mismo caso para que ese extremo quedase finalmente despejado. Además, la liqui-dación social como la liquidación de los bienes relictos de un cau-sante, necesariamente envuelve la adjudicación o distribución de bienes con imposición a uno o más de los interesados de la obligación relativa al pago de las deudas o pasivo que existiere.”

La corte inferior, en 22 de junio de 1933, dictó su decisión final haciendo las adjudicaciones de los bienes, en una reso-lución que titula “Decreto Definitivo”. La parte deman-dada, al sostener que los pronunciamientos contenidos en la resolución anterior no pueden discutirse en el presente re-curso, porque dicha resolución no fue apelada, parte segura-mente de la base de que pudo apelarse de la referida reso-lución. Sobre este particular abrigamos serias dudas. La corte quedó autorizada por las partes a resolver definitiva-mente todas las cuestiones pendientes y concernientes a la liquidación. La misma parte apelada admite que la auto-ridad concedida al tribunal envuelve necesariamente la adju-dicación o distribución de bienes. Si esto es así, hay que convenir en que la resolución dictada en 10 de junio no re-solvió definitivamente los derechos de las partes, puesto que se omitieron pronunciamientos que debieron haberse hecho, y que se hicieron después con el consentimiento de ambos litigantes.

En su primera resolución la corte fijó el activo y pasivo de la sociedad disuelta; pero lo que quedó por hacer y lo que se hizo después, distribuyendo la propiedad y fijando las responsabilidades de los socios, fue algo que requirió el ejercicio de la inteligencia judicial y no una cuestión que pudo resolverse mediante nn acto puramente ministerial. Se lia sostenido por numerosas decisiones que una sentencia, orden o decreto no es definitivo y apelable a menos que re-suelva los méritos de la controversia, o los derechos de las partes, sin dejar nada para una futura determinación. La orden de 10 de junio no tiene carácter ejecutivo. La resolu-ción dictada en 22 de junio es la que resuelve definitivamente las cuestiones planteadas por las partes y por lo tanto nos inclinamos a creer que los pronunciamientos de la corte inferior en la orden anterior, impugnados por la parte apelante, pueden ser revisados dentro del presente recurso de apela-ción.

Tócanos ahora resolver los errores apuntados por la parte apelante. Se alega en primer término que la suma de $8,606.75 constituye un crédito a favor de la demandante, que debió haberse incluido en el pasivo de la sociedad y ordenado su pago en la liquidación de la misma. Comienza la escritura social describiendo cinco fincas rústicas radicadas en algunos barrios de Ponce, pertenecientes en pleno dominio a la Sra. Rieder de Marxuach. Luego, en el hecho segundo de la escritura se hace constar que en estas fincas existen y también son de la propiedad de dicha señora “determinado número de ganado vacuno, a más de algunos carros para bueyes y aperos de labranza que se detallan en el inventario unido a la escritura.” En el hecho tercero se dice que teniendo convenido ambos otorgantes formar con dichas fincas una sociedad particular para el fomento de las mismas y repartición entre ellos de los beneficios que produzcan, lo llevan a efecto bajo los siguientes pactos y condiciones:

“1. La señora Marxuach aporta a dicha sociedad las fincas antes descritas con todas sus pertenencias, para el solo fin ya dicho en el hecho tercero del presente documento, con-tinuando dichas fincas del dominio particular de la Sra. Marxuach.

“2. El ganado, carros e implementos de cultivo a que se refiere el hecho segundo del presente documento será tasado hoy en dinero efectivo según precio corriente en plaza y su avalúo lo aporta también a esta sociedad, debiendo serle de-vuelto por la misma al expirar el término de su constitución, sin devengar interés alguno.”

Éste es el ganado que fué valorado en el inventario en $8,606.75. Arguye la demandante que aportó a la sociedad el disfrute de las cinco fincas rústicas que constituyen la finca Recreo, reservándose el dominio particular de la misma y que además prestó a la sociedad la referida suma de $8,606.75, cuya cantidad se obligó a devolver, al expirar el término de su constitución, sin devengar interés alguno. La parte ape-lada sostiene que no se trata de un préstamo sino de una aportación. Nos inclinamos a creer que ésta es la interpre-tación más correcta, de acuerdo con las cláusulas de la escri-tura que liemos transcrito. En primer lugar, aparece la señora Marxuach aportando a la sociedad las fincas de que es dueña. No hay duda alguna de que el usufructo de estas fincas constituye capital aportado a la sociedad. Luego se hace constar que el avalúo del ganado, carros e implementos de cultivo lo aporta también a esta sociedad. La palabra “también” está indicando igualdad y semejanza con lo dicho en la cláusula anterior sobre aporte de capital. Es verdad que se dice que el avalúo del ganado debe ser devuelto por la sociedad al expirar el término de su constitución sin de-vengar intereses y que es raro que así se haga constar, ya que el capital aportado no devenga intereses. Es sabido que todo socio capitalista tiene derecho al reintegro del capital aportado al disolverse la sociedad una vez cubierto el pasivo de la misma, sin devengar interés alguno. Éste es el argu-mento básico de la parte apelante para sostener que lo que se intentó fué un préstamo .y no una aportación. Sin embargo, puede que la referencia sobre el no pago de inte-reses haya sido hecha a mayor abundamiento, como algo que se tenía por sabido y que, aunque innecesario, se quiso hacer constar en el contrato de constitución de sociedad. Las partes, a nuestro juicio, han manifestado claramente su in-tención enando, a raíz de decir en nn párrafo qne la Sra. Marxuach aporta a dicha sociedad las fincas con todas sns pertenencias, agregan en el párrafo siguiente qne también .aporta a esta sociedad el avalúo del ganado, carros e imple-mentos de cultivo.

Se ha demostrado que en el libro mayor de la sociedad la suma de $8,606.75 a que asciende el avalúo del ganado figura como capital social. En las cuentas de la sociedad remitidas a la demandante, el avalúo del ganado aparece como •cuenta capital sin que la demandante hiciese objeción a dichas cuentas ni ofreciese prueba tendente a demostrar qne las partes no tuvieran esa intención. El demandado Juan Torruella Cortada declara que el avalúo del ganado aportado a la sociedad lo fué como cuenta capital y que así aparece en los libros y cuentas rendidas a la demandante. No hay nada en los autos que pueda servir de base para sostener que los contratantes no tuvieron la intención de que el valor del ganado se aportase a la sociedad como capital y sí hay prueba abundante para demostrar que ésa fué la intención de las partes. La cuestión de si una propiedad personal adquirida o perteneciente a un socio ha sido aportada por dicho socio como bien de la sociedad, depende de la intención de las partes, revelada por su conducta, por las disposiciones del contrato social, por las entradas en los libros de la firma y por el uso de la propiedad en los negocios de la misma, aunque el simple hecho del uso por sí solo no basta para demostrar que la propiedad pertenece a la firma. 47 C. J. 752; In re Amy, 21 F. (2d) 301.

En el presente caso, además de la escritura social donde se estipula que el avalúo del ganado, carros e implementos de cultivo se aporta también a la sociedad, existe la entrada ■en el libro de la misma, las cuentas rendidas a la deman-dante, sin objeción alguna de su parte, y el testimonio no ■contradicho del demandado de que el referido avalúo fué .-aportado como capital de la sociedad. Arguye el demandado ■como una razón para aportar el avalúo del ganado e imple-ulentos en vez del ganado mismo, que si la demandante-hubiese contribuido con el referido ganado, el riesgo hubiese-’ sido para ella en caso de pérdida total o parcial de sus ani-males, mientras que aportando la valoración o precio fijadoen el inventario, el riesgo en ese caso sería para la sociedad.. En esta forma la demandante aporta un capital invariable,, que no está sujeto a oscilaciones, por consistir en el avalúo,, valoración, estimación o precio fijado al ganado e imple-mentos de cultivo. Debe desestimarse el error apuntado.

En el segundo motivo se alega que la corte erró al declarar que la Recreo Agricultural Co. debe a Juan Torruella Cortada la cantidad de $20,892.98 y al incluir esecrédito en el pasivo de la sociedad y haberse hecho el pagodel mismo en.la liquidación.

En su resolución de 10 de junio de 1933 la corte reco-noció un crédito de $20,892.98 a favor del demandado Juan-Torruella Cortada, expresándose en los siguientes términos r

“Se ba probado, a satisfacción de la corte, que el demandado-Juan Torruella Cortada tiene un crédito o cuenta contra la sociedad' ascendente, según el inventario y balance general de octubre 29,. 1932, a $20,892.98. Este crédito viene arrastrándose en los inventa-rios y balances anuales desde una suma de $12,234.61 en el año 1929,. en aumento anualmente basta el 1932, a la suma mencionada; y habiéndose probado que el demandado rendía dichas cuentas anual-mente a la demandante, la que nunca hizo objeción alguna a ellas,, puede concluirse que dichas cuentas quedaron aceptadas por la de-mandante de acuerdo con los casos de Hernaiz Targa & Co., v. Cobián, 41 D.P.R. 546; Torres v. Lothrop, 16 D.P.R. 180; Drug Co. v. Pérez, 43 D.P.R. 772, y First National Bank v. Allen, 100 Ala. 476, 46 Am. St. Rep. 80; y habiéndose probado además por testi-gos y peritos, y por la prueba documental los detalles de dicha cuenta, o crédito del demandado sin que la demandante ofreciera prueba alguna en contrario, habiéndose demostrado también que el deman-dado siempre puso a disposición de la demandante y su perito Ios-libros y comprobantes de dicha cuenta. A la Corte le mereció en-tero crédito la prueba del demandado en cuanto a la venta del ganado que hizo a la sociedad (adquirido de acuerdo con el apar-tado a de la cláusula Diez), y que dicbo ganado fué inventariado, recibido y utilizado en la finca y aún existe en ella parte del mismo. ’ ’

Hemos examinado el testimonio de los testigos que decla-raron sobre esta reclamación del demandado contra la socie-dad. Las conclusiones de la corte inferior están justificadas por la prueba. La demandante no presentó prueba alguna para refutar la que produjera el demandado. La corte inferior creyó esa prueba. No se ba demostrado pasión, prejuicio o parcialidad, o manifiesto error en la apreciación de la misma. No bay siquiera un conflicto de prueba. En estas condiciones esta corte no puede baeer otra cosa que desestimar el error apuntado por la parte demandante.

El tercer motivo de error ataca una de las adjudicaciones flechas por la corte inferior en la providencia recurrida. Se alega que la corte erró “al encargar a la demandante apelante el pago de las contribuciones adeudadas al Pueblo de Puerto Eico y de los plazos vencidos de la hipoteca otorgada a favor del Banco Federal por la demandante apelante, cuyas dos partidas suman siete mil doscientos veintidós dollars cincuenta y ocho centavos, y adjudicarle en pago de dicha cantidad el derecho al uso de las fincas que tiene la sociedad hasta el 17 de abril de 1938 por trece mil trescientos sesenta dollars veintiún centavos, con la obligación de devolver a Juan Torruella Cortada ocho mil doscientos tres dollars noventa y ocho centavos, con el interés del 6 por ciento anual.”

De los $18,310.21 importe de la valoración del uso de las fincas desde octubre 28 de 1932 al 17 de abril de 1938, se descontaron $4,950, importe de las contribuciones que deven-garían las fincas durante el período comprendido entre ambas fechas, quedando un sobrante de $13,360.21. Para cubrir la suma de $5,327.46, importe de las contribuciones adeudadas al Pueblo de Puerto Eico en octubre 29 de 1932, y para satis-facer ciertos plazos debidos al Banco Federal, ascendentes a $1,895.12, se adjudicó a la demandante, Sra. Eieder de Mar-xuach, entre otros bienes, el uso y disfrute de las fincas hasta abril 17 de 1938. Para mayor claridad vamos a permitirnos transcribir de la resolnción de la corte inferior la parte qne se refiere a la adjudicación decretada en favor de doña Antonia Eieder de Marxuacb.

“Doña Antonia Rieder de Marxuach, la ac-tora, HA DE HABER:

Para hacerse cargo del pago de las contri-buciones debidas al Pueblo de Puerto Rico por las fincas aportadas a la sociedad, la suma de $5, 327. 46

Y para satisfacer los plazos debidos al Banco Federal — partida núm. 2 del pasivo — ■ la cantidad de- 1, 895.12

Ha de baber en total_:_ 7, 222. 58

Y PARA SU PAGO SE LA ADJUDICA:

(a) El importe de los créditos de la socie-dad contra la misma doña Antonia Rieder de Marxuach, Vicente López, R. Colón, Guillermo Torres y Ponce Electric Co., que es la partida número 4 del activo, montante a_ 174. 40

(b) Los carros, equipo de establo, enseres e implementos agrícolas en la finca El Re-creo, detallados y descritos en el mencionado inventario de octubre 29/32, que es la par-tida 2 (5) del activo, montante a_ 1,891.79

(c) Y el derecho de uso o disfrute de las fincas aportadas por la misma actora a la sociedad hasta abril 17, 1938, descrito ese derecho y las fincas en la escritura social, va-lorado después de deducirse las contribucio-nes desde la disolución de la sociedad hasta la expiración de tal derecho en abril 17, 1938, en la suma de- 13, 360. 21

- |7, 222. 58

Suma lo adjudicado a la demandante Sra. Rieder a-$15, 426. 40

Diferencia que debe devolver la actora Sra. Rieder, para atender al resto del pasivo de _ la sociedad- $8, 203. 82.”

Como se ve, se impuso a la Sra. Eieder dé Marxuacb la obligación de devolver $8,203.82 para atender al resto del pasivo de la sociedad. Esta cantidad, que debía devolver la demandante, se adjudicó a Juan Torruella Cortada, con in-tereses legales al 6 por ciento anual basta su total reintegro.

La parte demandante estuvo conforme en que el valor del disfrute de la finca basta la expiración del contrato social en 1938 formase parte del activo de la sociedad. En su resolución de 10 de junio de 1933 dice la corte inferior:

“. . . la demandante aceptó, al igual que el demandado, que el valor del disfrute de las fincas basta la expiración del contrato social en 1938 forma parte del activo de la sociedad, y que dicbo uso de las fincas fué valorado por perito ante el Comisionado Sr. Yordán en $18,310.21, y que esto fué incluido en el inventario y balance de Oct. 29 de 1932, habiendo las partes, en su estipulación de fe-brero 14 de 1933, supra, sometido la liquidación a la resolución de la Corte, por dicha prueba practicada ante el Comisionado y la que presentaron después. La demandante no presentó prueba alguna que tienda a variar el valor dado al disfrute de las fincas. ...”

Nos damos cuenta de que la Sra. Rieder de Marxuaeb aportó el usufructo de las fincas a la sociedad con todas sus pertenencias, de que el Sr. Torruella aportó también los cono-cimientos que posee en el género de explotación y además su dirección personal, estando la administración de la sociedad a su cargo exclusivo, y de que el contrato social en que se hicieron estas aportaciones debió durar hasta el 17 de abril de 1938. Yernos que la sociedad fué disuelta en virtud de sentencia dictada por convenio de las partes en 28 de octubre de 1932 y que el usufructo de las fincas desde esta fecha hasta 1938 ha sido considerado como bien distribuíble, con una valoración de $18,310.21. No ignoramos que este mismo usufructo fué valorado en $5,000 al constituirse la sociedad. La propia demandante, sin embargo, propuso que ese usu-fructo fuese valorado como caudal distribuíble, que su im-porte continuase afecto al pago de las contribuciones y de los plazos de la hipoteca del Banco Federal, y que formase parte del activo de la sociedad. En estas condiciones no tenemos base para decir que la corte inferior incurriera en error al adjudicar a la demandante el importe del derecho y disfrute de las fincas hasta la fecha mencionada, para pagar las contribuciones y los plazos debidos al Banco Federal y cubrir parte de la suma adeudada al demandado.

La parte demandante entiende que es un error adjudicár-sele bienes para satisfacer obligaciones de la sociedad, es-pecialmente. cuando se ha hecho la adjudicación por una can-tidad que excede del importe de las obligaciones, para com-pelerla a devolver al Sr. Torruella el sobrante de $8,203.82, lo que a su juicio llega a la opresión. Ya hemos dicho que el uso de las fincas fué valorado como capital distribuíble en $18,310.21, y añadimos ahora, ratificando a la corte inferior, que la demandante no ofreció prueba alguna para rebatir el testimonio de los peritos que declararon sobre esta valoración. La corte inferior, en vista de que el importe de lo adjudicado excedía del montante de las contribuciones vencidas y de los plazos debidos al Banco Federal, dispuso que la adjudicataria encargada de solventar estas obliga-ciones devolviese el balance para atender al resto del pasivo de la sociedad. El fallo de la corte inferior hay que juzgarlo teniendo en cuenta la prueba que le fué sometida, las admi-siones de la propia demandante y los medios que tuvo a su alcance para establecer sus conclusiones. Al constituirse la sociedad en 1928, una parte aportó sus bienes, la otra su industria. Estos bienes responden de las deudas de la so-ciedad. Entre ellos se hace figurar el importe de lo que las fincas puedan producir en un período que se extiende desde 29 de octubre de 1932 hasta el 17 de abril de 1938, fecha en que debió expirar el contrato. El derecho de usufructo durante diez años, valorado en $5,000 en 17 de abril de 1928, al constituirse la sociedad, aparece justipreciado por los pe-ritos del demandado en más de $18,000 después de los hura-canes de San Felipe y San Ciprián, cuando había transcu-rrido ya cerca de la mitad del término señalado para el contrato. Con el importe de ese usufructo es que se pagan las contribuciones vencidas, los plazos debidos al Banco Federal y parte del crédito de $20,892.98 reconocido a favor •del demandado.. Estos hechos, sin embargo, admitidos unos por el socio capitalista y establecidos otros mediante prueba •que no ha sido refutada, nada tienen que ver con la adjudica-ción de bienes a la parte demandada. Opinamos que no te-memos base para dejar sin efecto la adjudicación impugnada, y que debe confirmarse la resolución apelada.


source: Caselaw Access Project

author: .El Juez Asociado Señoe Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Jerónimo E. Colón, demandante y apelante, v. Ernesto Fernando Schlüter y Félix Román, demandados y apelados.
    No. 6445.

    Sometido: Enero 15, 1935.

      Resuelto: Julio 19, 1935.

      JE. Díaz Santana, abogado del apelante; Joaquín Vendréll, abogado del apelado Sr. Schlüter.
   .El Juez Asociado Señoe Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante interpuso esta apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan que declaró sin lugar .su demanda de tercería.

José Lizardi, uno de los cuatro componentes de la suce-sión Lizardi, vendió por escritura pública de 1924 a Román Félix, casado con Dominga Maldonado, cinco condominios de una cuarta parte cada uno que tenía en cinco fincas radicadas en el barrio de Quebrada Arenas, de Eío Piedras, dos de ellas rústicas y tres urbanas sitas en esas fincas. En 1930 de-mandó Ernesto Fernando Schlüter a Eomán Félix en cobro de una hipoteca. Por escritura pública de 2 de abril do 1931 Dominga Maldonado, esposa de Eomán Félix, vendió con la asistencia de su marido, Eomán Félix, dichos cinco condominios a Jerónimo Colón por precio de $1,000 que según la escritura confesó la vendedora haber recibido antes de dicho acto. Esos condominios fueron embargados y anun-ciados en venta en 1932 en el pleito de Ernesto Fernando Schlüter contra Eomán Félix. Entonces Jerónimo Colón es-tableció la demanda de tercería que motiva esta apelación contra Ernesto Fernando Schlüter y contra Eomán Félix en la que alegando ser dueño de esos condominios por haberlos comprado en 1931 a Dominga Maldonado, casada con Eomán. Félix, interesa que por ser de su propiedad sea levantado el embargo sobre ellos trabado por Ernesto Fernando Schlüter. Este contestó la demanda oponiéndose a ella y alegando que la compra hecha por Jerónimo Colón en 1931 es simulada porque no medió precio en ella y fué hecha para burlar los derechos de los acreedores de Eomán, entre ellos los de Schlüter.

Celebrado el juicio y declarada sin lugar la demanda alega Colón en su apelación contra esa sentencia que debe ser revocada porque la corte inferior cometió error al resolver que la venta de la finca hecha a Jerónimo Colón fué simulada y que no tuvo otro objeto que burlar los derechos de los acreedores de Eomán Félix, entre ellos los de Schlüter, en el cobro de sus acreencias: y que también erró al apreciar la prueba. Como ambos motivos de error están íntimamente relacionados los resolveremos conjuntamente.

En la demanda se alegó que Dominga Maldonado compró esos condominios en 1928, antes de contraer matrimonio con Eomán Félix, pero de esto no presentó prueba en el juicio pues ni siquiera está en los autos la escritura de 1928. Solamente dijo Eomán Félix en su declaración que él está casado con Dominga Maldonado y qne se Rabia divor-ciado en 1927.

La cuestión fundamental en este pleito es si la compra qne Rizo Colón en 1931 es simnlada por Raber sido otorgada en perjuicio de ScRliiter, acreedor de Román Félix.

En los casos de García v. Banco Popular, 39 D.P.R. 854, y de Lebrón v. F. Fresno & Co., 39 D.P.R. 901, y también en el de Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869, Remos declarado qne el artículo 1264 de nnestro Código Civil dis-pone qne se presumen celebrados en fraude de acreedores los contratos por los cuales el deudor enajena bienes a título gratuito, y que según la sentencia del Tribunal Supremo de España de 20 de febrero de 1899 se entenderá que no medió precio ni su equivalente en los contratos cuando el notario no dé fe de su entrega, o si confesando los contratantes Raberse ésta verificado con anterioridad no se justificare el RecRo: también dijimos que esos contratos tendrán la pre-sunción de Raber sido otorgados a título gratuito a menos que se pruebe que el precio fué entregado.

El tercerista declaró que pagó los $1,000 de la compra en billetes de banco el mismo día de la escritura, en presencia del notario. Román Félix testificó que recibió dicRa cantidad en billetes en el acto de la escritura, después que se Rizo, estando presente el notario. Este funcionario declaró que en el acto del otorgamiento de la escritura no se entregó dinero alguno y que en su presencia tampoco se entregó después.

El apelante trató de probar con su declaración y la de Román Félix que Colón tomó posesión en seguida de la finca (sic) y que Rabia cortado sus cañas utilizando los bueyes de Julio Díaz y de José Gr. Díaz, pero admitió Román que des-pués de la venta Ra intervenido en el corte de cañas porque siempre Ra estado y está en negocios con Colón.

Los testigos del demandado ScRliiter contradijeron esas manifestaciones, Rabiendo manifestado Félix Cruz que lo único que tenía Colón era una cuerda de terreno que vendió, aunque tiene diez o doce cuerdas en Guaynabo y que Bomán Félix tiene todavía lo que le vendió Lizardi y está administrándolo. José Lizardi dijo que la cuarta parte que vendió a Bomán Félix, éste la arrendó a Marín, que Colón no tiene finca alguna en Quebrada Arenas sino en Hato Nuevo y que nunca fia visto a Colón en la participación que vendió a Bomán. T Bamón Marín declaró que tiene una finca en Quebrada Arenas, de Bío Piedras, colindante con otra de Bomán Félix y Gon la sucesión Lizardi: que para proteger el testigo sus siembras puso una cerca de alambre en la colindancia con Bomán Félix, quien la derribó en 24 de junio de 1931: que- tratando de arrendar últimamente la finca de la sucesión Lizardi fueron a verle Bomán Félix y Jerónimo Colón para proponerle la venta de una parte que ellos dijeron tener allí: que quien le propuso el negocio fué Bomán Félix, y que éste le dijo que Colón era el dueño de la parcela.

En vista de la ley y jurisprudencia citadas, así como de los Lechos expuestos, llegamos a la conclusión de que la corte no cometió los errores que le atribuye el apelante, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Seño» Aldbey,

text:
    Banco Territorial y Agrícola, demandante y apelado, v. Alfonso Lastra Charriez y el Municipio de Santa Isabel, demandados y apelante el último.
    No. 6201.

    Sometido: Diciembre 18, 1934.

      Resuelto: Julio 19, 1935.

      Leopoldo Tormos García, abogado del apelante; el apelado no com-pareció.
   El Juez Asociado Seño» Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico demandó en 1929 a Alfonso Lastra Charriez y al municipio de Santa Isabel para que le paguen solidariamente cierta cantidad de dinero. Lastra Charriez no contestó la demanda y por sn rebeldía fue registrada sentencia en su contra. El municipio compareció y formuló contra la demanda excepción previa de no contener causa de acción en cuanto a él. Esa excepción fue declarada sin lugar por la corte pero fue reproducida en' la contestación a la demanda. Celebrado el juicio la corte dictó sentencia contra el municipio condenándole a pagar la cantidad reclamada.

En la apelación que el municipio interpuso contra esa sentencia no ha comparecido el apelado; y el apelante alega como primer motivo para la revocación de la sentencia que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excep-ción previa opuesta a la demanda.

Los hechos que alega la demanda son los siguientes: que Alfonso Lastra Charriez suscribió y entregó al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico el 17 de mayo de 1926 un pagaré en el que reconoció haber recibido del mismo la cantidad de $1,500 que- se comprometió a pagarle el 31 de agosto del mismo año, en cuyo pagaré el deudor hizo constar lo siguiente; “Para garantizar esta obligación afecto un crédito de $1,500 que tengo reconocido, según ordenanza de fecha 15 del corriente, por el municipio de Santa Isabel, P. R., quedando el banco autorizado para cancelar este documento tan pronto como reciba el cheque correspondiente”: que Lastra Charriez entregó al banco junto con el pagaré copia certificada de una ordenanza que se transcribe en la demanda según la cual dos días antes del pagaré fué aprobada una ordenanza por la Asamblea Municipal de Santa Isabel reconociendo deber a Alfonso Lastra Charriez la cantidad de $1,500, cuyo crédito sería incluido en el presupuesto del año económico de 1926-1927 para serle pagado en la segunda quincena de agosto de 1926: y que el pagaré venció sin haber sido pagado por Lastra Charriez ni por el municipio de Santa Isabel a pesar de las gestiones hechas por el banco para el cobro, habiendo resultado inútiles las gestiones del demandante para que el municipio le informase sobre si el crédito de Lastra Charriez había sido incluido en el presu-puesto. Por esas alegaciones solicitó el banco que ambos demandados fuesen condenados a pagarle solidariamente la citada cantidad con sus intereses.

De los hechos alegados en la demanda no surge relación jurídica alguna entre el banco y el municipio por la cual el último pueda ser condenado a pagar la deuda de Lastra Charriez, pues el hecho de que Lastra Charriez afectó el ex-presado crédito al pago de su deuda con el banco no crea obligación en el municipio de pagar la deuda de Lastra Charriez, ya que él no cedió su crédito sino que lo afectó, o sea, lo gravó para garantizar su deuda con el banco. No se alega hecho alguno por el cual la Asamblea Municipal de Santa Isabel se haya comprometido a pagar. Tal y como está redactada la demanda no puede ser condenado el muni-cipio a pagar al banco la reclamación que tiene contra Lastra Charriez y por consiguiente no aduce hechos determinantes de causa de acción en cuanto al municipio, por lo que al no declararlo así la corte inferior cometió el error alegado por el recurrente y la sentencia que condenó al municipio debe ser revocada devolviéndose los autos a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Rafael y Amado Bernardo Colón, demandantes y apelantes, v. Central Cambalache, Inc., demandada y apelada.
    No. 5808.

    Sometido; Marzo 13, 1934.

      Resuelto: Julio 19, 1935.

      Lms.& Susoni, abogados de los apelantes; Félix Santoni, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Para los fines de este recurso podemos hacer nn extracto de algunos de los hechos hallados por la corte inferior, como sigue:

“Se trata de una acción negatoria de servidumbre incoada por Rafael y Amado-Bernardo Colón contra Central Cambalache, Inc., en cuya demanda, al efecto radicada, alegan, sustancialmente, los demandantes, ser dueños de una parcela de terreno, ubicada en la jurisdicción de Arecibo, compuesta de tres cuerdas setenta cén-timos, que adquirieron por compra a Carmelo J. Colón, libre de gravámenes, y que la demandada, sin el consentimiento de los de-mandantes ni de los que le precedieron en el dominio de la misma y sin compensación alguna, ha tendido sobre la referida parcela una vía férrea fija de un ferrocarril privado de su pertenencia, que ocupa una faja de terreno en la finca de los demandantes de tres metros de ancho y la atraviesa de este a oeste, y que, a pesar de los requerimientos que los demandantes ban efectuado cerca de la demandada, ésta se ha negado a levantar dicha vía.
“Una demanda enmendada fué contestada por la demandada negando todas y cada una de las alegaciones de la misma, y como defensas especiales alegó las siguientes:
“A. Que doña Clara Álvarez, conocida también por Sagastibelza, constituyó servidumbre de paso, a perpetuidad, a favor de Central Cambalache, Inc., mediante la correspondiente consideración, para que la demandada tendiese sus vías y pudiese circular sus trenes, quedando gravada con dicha servidumbre una finca de la propiedad privativa de la referida doña Clara Álvarez, compuesta de 129 cuerdas 25 céntimos, radicada en los barrios de Hato Abajo y Hato Arriba, de Arecibo.
“B. Que la finca de tres cuerdas y 70 céntimos, que alegan los demandantes pertenecerle, colinda por el sur con terrenos de la su-cesión de doña Clara Sagastibelza, conocida también por Alvarez, pertenecientes a la finca de 129 cuerdas y 25 cétimos.
“C. Que doña Clara Sagastibelza o Álvarez falleció, siendo sus herederos doña Saturnina Álvarez o Sagastibelza y Carmelo, Rafael y Amado Colón, y estos tres últimos, únicos cesionarios de la he-rencia, siendo la finca de 129 cuerdas 25 céntimos actualmente de la pertenencia de ellos tres.
“D. Que don Sebastián Figueroa, esposo de doña Clara Álvarez o Sagastibelza, constituyó también otra servidumbre a perpetuidad, mediante la correspondiente compensación, a favor de la demandada, sobre una finca de 208 cuerdas sita en el barrio de Hato Abajo de Arecibo.
“E. Que el referido don Sebastián Figueroa, al fallecer dejó como heredera a su esposa Clara Álvarez o Sagastibelza y a esta última heredaron Carmelo, Rafael y Amado Colón.”
“F” se refiere a la inscripción de las fincas y puede omi-tirse el transcribir este párrafo.
“G. Que tanto la finca de 129 cuerdas 25 céntimos como la de 208 cuerdas colindan por el norte con finca que perteneció a don Eduardo Rosso, adquirida más tarde por Carmelo J. Colón, quien segregó de ella tres cuerdas y 70 céntimos y vendió a sus hermanos Rafael y Amado Colón (los demandantes).”
“H” se refiere a “f” y puede igualmente ser omitido.
“I” lee así:
“Que tanto Carmelo J. Colón como sus hermanos Rafael y Amado Colón, conocían acerca de las servidumbres que gravan las fincas de 129 cuerdas 25 céntimos y de 208 cuerdas y sabían que fueron constituidas por don Sebastián Figueroa y doña Clara Alvarez.
“J. Que los hermanos Colón, por estar enterados de estas ser-vidumbres y por observar visualmente los rieles tendidos por la demandada, hace catorce años, y los trenes que operan desde dicha fecha, no son terceros; y que adquirieron de sus causantes a sa-biendas de la existencia de tales servidumbres.
“K. Que los hermanos Colón se han beneficiado con la vía que tendiera la demandada, cargando-y transportando las cañas de su pertenencia.
“L. Que la demandada construyó de buena fe la vía de referen-cia, invirtiendo en dicha obra muchos millares de dólares y hacién-dola de carácter permanente sin oposición de los demandantes o de ninguna otra persona.
“M. Que los hermanos Colón han ejecutado actos que conllevan el reconocimiento y aceptación de tales servidumbres.
“N. Que si la vía férrea pasara por la parcela descrita en la demanda, ello se debería a que, siendo los hermanos Colón propieta-rios de tierras colindantes, habrían hecho alguna involucración o confusión al objeto de aparentar tal cosa.”

Después de revisar las alegaciones y de hacer una historia del título, la corte, copiando de la demanda, describe la finca de los demandantes en la siguiente forma:

Rústica: compuesta de tres cuerdas setenta céntimos de otra, equivalentes a una hectárea, cuarenta y cinco áreas y cuarenta y dos centiáreas de terreno de vega dedicado a cañas de azúcar hoy, en lindes, por el norte, con Luisa Colón, separados por el paso de río denominado Villanueva; al sur, Sucn. de Clara Sagastibelza hoy; al este, el Río Santiago, y al oeste, la finca principal que es segre-gación, propiedad de don Carmelo J. Colón Sagastibelza.”

Que la referida finca estaba inscrita en el registro de la propiedad libre de gravámenes.

Entonces la corte va al origen de la finca de 37.95 cnerdas de que fue segregada la parcela de 3.70 cuerdas. La corte describe el origen de las otras tierras y sus lindero:-. Se desprende más particularmente qne la finca de 129.25 cnerdas tenía nna casita qne se describe como enclavada cerca del lindero norte. La corte también bace nn resnmen de la evi-dencia al efecto de qne tiende a demostrar nn impedimento {estoppel) de parte de los demandantes para solicitar qne los rieles fneran removidos. Lnego de otras manifestaciones, la corte continúa diciendo:

“En cuanto a si los rieles de las vías tendidas por la deman-dada Central Cambalache Inc. están sobre la parcela de 3 cuerdas 70 céntimos, como alegan los demandantes, o dentro de la finca de 129 cuerdas 25 céntimos, como alega la demandada, la prueba es contradictoria.
“En realidad, la única cuestión a decidir en este caso es ésa. Es una cuestión tangible, y por ello la corte efectuó una inspección ocular del sitio de referencia, levantando la correspondiente acta, en donde consta la conclusión del juzgador, luego de efectuada la misma.
“Tratárase de dilucidar una servidumbre de paso sobre una finca cuyas colindancias estuvieran debidamente fijadas y delimitadas y rodeada por fincas pertenecientes a personas ajenas a los reclamantes y la cuestión sería relativamente fácil. . . . Pero en este caso que nos ocupa, nos encontramos con una situación verdaderamente rara e inusitada, como es la de que todas las parcelas colindantes con la finca de 3 cuerdas 70 céntimos, de los demandantes, pertenecen también a estos mismos, y, ¡claro está!, perteneciendo todas ellas a los mismos propietarios, carecen de signos aparentes que marquen y fijen las respectivas colindancias de cada una . . . .”

La corte inferior entró en otras consideraciones, a qne nos referiremos más tarde. Se dictó sentencia en favor de la demandada.

En apelación, los apelantes, entre otros, aducen el siguiente señalamiento de error:

“1. La Corte de Distrito de Arecibo cometió manifiesto error al no dar crédito y validez a la evidencia testifical y pericial sobre el hecho que la vía de la demandada está en la finca de los demandantes objeto de la acción negatoria de servidumbre.”

Al iniciar la discusión del primer señalamiento los ape-lantes acertadamente dicen que en una acción negatoria de servidumbre, el demandante sólo está obligado a probar s'n título y los actos materiales de la parte demandada que in-debidamente graven o limiten el derecho del demandante; que corresponde a la parte demandada probar la existencia de las servidumbres; y que éste es uno de los pocos casos en que el peso de la prueba recae sobre la parte demandada. Luego de hacer otras consideraciones, los demandantes dicen:

"En vez de negar en forma clara y específica que sobre la finca de los demandantes no existe vía alguna de la demandada, o que •existe con justo título, la _ Central demandada negó en forma general los hechos de la demanda y después, en forma hasta cierto punto .-contradictoria, alega que otras personas que no son partes en este pleito le habían otorgado dos servidumbres de vía férrea, sobre dos fincas distintas por completo en cabida y colindancia de la des-crita en la demanda, y que si la dicha vía cruza la finca de los -demandantes objeto de esta acción, será por confusión o involucra-eión, debida a las circunstancias del terreno.”

Un poco antes los demandantes alegan que las defensas especiales tendían a introducir confusión en el caso.

Convenimos necesariamente en que una vez que un deman-dante ha probado su título, el peso de la prueba recae sobre la parte demandada para demostrar una servidumbre o de-recho a pasar. Empero, incumbe primordialmente al deman-dante demostrar su título. En el presente caso la contro-versia se redujo a si los rieles se hallaban colocados al norte o al sur de la colindancia de la finca de 129.25 cuerdas. El peso recayó claramente sobre los demandantes mismos para demostrar dónde estaba el lindero sur de la parcela de 3.70 cuerdas. Todos los hechos de la demanda fueron negados. La demandada, por supuesto, no admitió que el lindero sur de la parcela de 3.70 cuerdas se hallaba en el sitio en que alegaban los demandantes.

Citamos de la opinión de la corte inferior para demostrar -que la verdadera controversia en el caso fue dónde se hallaba ■exactamente el lindero sur de los demandantes. Ésta fue primordialmente casi la única cuestión en disputa.

No hemos podido hallar ningún caso qne claramente diga qne cnando se ha tenido nna servidumbre privada de vía férrea y nn demandante alega qne la misma se halla sobre su finca, le incumba demostrar los límites de la finca. Ésta pa-recería ser de ordinario la regla y prácticamente ha sido ad-mitida por los demandantes. Sin embargo, hemos hallado na numero de casos en qne se demuestra qne nn demandante po-día acudir a nna acción reivindicatoría contra nna compañía, ferroviaria que está en posesión del terreno y de los rieles;. Dodd v. St. Louis & H. Ry. Co., 18 S. W. 1117; Pittsburgh, V. & C. Ry. Co. v. Oliver et al., 19 Atl. 47; Dulin v. Ohio River R. Co., 78 W. Va. 166, 80 S. E. 145, Ann. Cas. 1916 D, 1183; Hill v. Woodward, 100 Miss. 879, 57 So. 294, Ann. Cas. 1914 A, 390.

También citamos de la opinión de la corte inferior para demostrar cuán difícil ha sido la cuestión de hecho en este-caso. La conclusión de la corte fué qne no había signos materiales o linderos naturales para determinar definitiva-mente este extremo sur de la finca de los demandantes.

Tanto en el curso de la vista como en el de la nueva vista de este caso teníamos dudas respecto a si los demandantes no habían presentado un caso que merecía la revocación de la sentencia, pero durante las varias ocasiones en que hemos considerado los hechos no llegamos a una conclusión defini-tiva contraria a la resolución de la corte sentenciadora.

El hecho más fuerte en favor de los demandantes fué queen la descripción de la finca de 129.25 cuerdas el notario hizo-constar que en el lindero norte de la misma se hallaba una casita; por lo menos tres testigos de los demandantes de-clararon respecto a la existencia material de esa casa y que la misma se hallaba bastante al sur de los rieles puestos por la demandada, mas uno de ellos fué el agrimensor cuya de-claración no era claramente de conocimiento propio. Debe intercalarse que en la época en que se pusieron los rieles la-demandada, Central Cambalache, estaba como arrendataria, en posesión prácticamente de todo el terreno en controversia y que, por tanto, fácilmente pudo cometer nn error al tender los rieles.

La corte dijo:

"Una cosa, sin embargo, llamó poderosamente la atención del Juez, en el acto de la inspección ocular, y ella fué el espeque ubicado en la misma esquina que forma el camino del ‘Tanque’ con el resto de la parcela de Rosso, o de los demandantes. Y también bubo de fijar su atención el juzgador en que, si bien en la escritura de se-gregación y venta de la parcela de 3 cuerdas 70 céntimos, se dice que la misma colinda por el Oeste con la finca principal de que se segregó, es lo cierto que entre dicha parcela y el resto de la finca existe el camino del ‘Tanque’, que tiene una anchura de más de tres metros. ¿Por qué, en vez de fijar la colindancia Oeste de la parcela en controversia con la finca principal de que se segregó, no se asignó con el camino público del ‘Tanque’?
‘‘Hay otra circunstancia digna de la mayor consideración al resolver este caso. Si admitiésemos que la colindancia Sur, de la parcela de 3 cuerdas 70 céntimos con la finca de 129 cuerdas 25 céntimos, es la que alegan los demandantes ser, o sea, más al sur de las vías, tendríamos que, tanto la finca anteriormente de Rosso, en toda su integridad, como la parcelita de 3 cuerdas 70 céntimos, posteriormente segregada, no sólo colindaría por el Oeste con el resto de la finca principal, sino también colindaría por el Oeste con parte de la finca de 208 cuerdas de doña Luisa "W. de Juarbe, des-pués de Sebastián Figueroa y hoy de los demandantes, ya que la parcela en disputa entraría a manera de cuña entre la finca de 208 cuerdas y el río Santiago, hasta encontrar la colindancia Sur con la finca de 129 cuerdas 25 céntimos. Y ello no es así, porque ni en la antigua descripción que de la finca que Rosso vendiera a Carmelo J. Colón, y éste a sus demás hermanos, ni en la que de la parcela de 3 cuerdas 70 céntimos se hace al segregaría del resto de la finca principal, se fija la colindancia Sur, como entrando a manera de una cuña, entre el camino del Tanque y el río Santiago; sino que se designa la colindancia Sur como una colindancia recta.
‘‘Por otro lado, en la descripción de la finca de 129 cuerdas 25 céntimos, y sobre la cual se constituyó la servidumbre de paso por su propietaria doña Clara Álvarez o Sagastibelza a favor de la demandada Central Cambalache Ine., se dice que la misma colinda por el Norte con tierras de don Eduardo Rosso, en lugar de Rosario Álvarez, con doña Luisa Waterson y un camino vecinal que es el •del 'Tanque’ a 'Dominguito’. Este camino vecinal del 'Tanque’ a 'Dominguito’ viene bordeando toda la colindancia Oeste de esa finca de 129 cuerdas 25 céntimos, y al llegar al sitio en que está ubicado el espeque, o sea en la esquina que forma dicho camino con la finca de Eosso, tuerce un poquito hacia la derecha o sea hacia el Este, y por ello se ve que dicha finca colinda por el Norte con el mencionado camino. Pero si aceptáramos la colindancia de dicha finca, tal como la quieren hacer aparecer los demandantes, ten-dríamos que en vez de colindar por el Norte con dicho camino, con Luisa "Waterson y Eduardo Eosso, sólo colindaría con Eduardo Eosso y Luisa Waterson, y no con parte del camino.
“De los planos aducidos en evidencia en este caso, los únicos que han merecido crédito a la Corte son los dos antiguos, que se refieren: uno, a la finca de doña Luisa Waterson de Juarbe, más tarde de don Sebastián Figueroa, de 208 cuerdas, levantado por el agrimensor B-. M. Martínez Mora, en el año 1903 y el otro es el plano de la finca de 129 cuerdas 25 céntimos, denominada ‘El Tan-que’, propiedad de Doña Clara Álvarez o Sagastibelza, hoy de los demandantes, levantado por el agrimensor don Arturo Puig en el año 1909. El plano levantado en 4 de diciembre de 1930 por el mismo agrimensor don Arturo Puig, no le ha merecido mucho cré-dito al juzgador, por varias circunstancias y razones: primera, por-que el Juez conoce bastante de mensura, tanto que su primera pro-fesión antes de dedicarse a las leyes fué la de agrimensor, y sabe perfectamente que un plano levantado sobre las bases tan falsas en que fué levantado ése a que nos referimos, adolece de graves de-fectos, ya que sólo se funda en las informaciones suministradas por los propios interesados; segunda, porque la mensura de la finca de 3 cuerdas 70 céntimos y el correspondiente plano de la misma se verificó sin que la demandada tuviese participación alguna en ella, ni siquiera en indicar los puntos existentes al tiempo del tendido de sus vías; y, tercera, porque no existiendo signos tangibles, apa-rentes y fijos, de la colindancia Sur de la parcela de tres cuerdas 70 céntimos con la de 129 cuerdas 25 céntimos, y a mayor abunda-miento, siendo todos los terrenos, tanto los de una como los de otra, propiedad de los demandantes, es fácil confundir la verdadera co-lindancia, sobre todo si no existen signos indestructibles de las mis-mas.
“De la inspección ocular verificada, la Corte ha llegado a la con-clusión que la verdadera colindancia sud de la parcela de 3 cuerdas 70 céntimos es la que indica la línea de colindancias de la finca de 208 cuerdas con la finca de Rosso, que se marca en el plano de 4 de diciembre de 1930 N. 75°0', prolongándola hacia el Este y pa-sando por el espeque hasta arribar a la orilla del caño Santiago. Y, que siendo ésta la verdadera colindancia Sur de dicha parcela con la finca de 129 cuerdas 25 céntimos, viene a resultar que las vías quedan al Sur de dicha línea, o sea dentro de la parcela de 129 cuerdas 25 céntimos, perteneciente una vez a doña Clara Alvarez o Sagastibelza y hoy a los demandantes. Y como doña Clara Alvarez o Sagastibelza otorgó derecho de servidumbre a favor de la demandada para el tendido de dichas vías, cuyo derecho fué ins-crito a favor de Central Cambalache Inc., en el registro de la pro-piedad, es claro ¡como la luz meridiana!, que los demandantes no tienen derecho alguno para negar la servidumbre que legítimamente constituyó, a perpetuidad, la antecesora de ellos, mediante la corres-pondiente remuneración. El sitio por donde fueron tendidas las vías, que atraviesan la finca de doña Clara Alvarez o Sagastibelza para penetrar en la de don Sebastián Figueroa, ha sido, en el curso de los años, trasmutado. Su aspecto topográfico ha cambiado bas-tante. Esto pudo ser observado al efectuarse la inspección ocular. Porque para tender dichas vías, fué necesario efectuar ciertos des-montes de una loma medio circular que formaba la finca de don Sebastián Figueroa cerca del camino del ‘Tanque’. Y es natural que, al verificarse dichos desmontes para construir el terraplén, aquel sitio cambiara un tanto de aspecto y de lineamientos.
“A pesar de ello, la Corte no tiene duda alguna de que la ver-dadera colindancia de la parcela de 3 cuerdas 70 céntimos con la de 129 cuerdas '25 céntimos es la que hemos ya indicado, o sea al Norte de los rieles.”

Necesariamente, si la casa aún está situada en el lugar en que la fijaron los testigos de los demandantes y éste era realmente el lindero sur de su finca, ellos tendrían razón. Empero, esta prueba es inconsistente con las otras considera-ciones en que entró la corte. Nos parecería imposible, al igual que le pareció a la corte inferior, que se describiera la finca de los demandantes como que lindaba por el oeste sola-mente con la propiedad de Rosso, cuando su situación real dejaría una faja de terreno bastante ancha en lindes al oeste con la finca de 208 cuerdas, que claramente pertenecía a Figueroa y más tarde a su esposa.

No estamos en absoluto convencidos de la situación exacta de la casa a que se refieren los testigos. Existe también la posibilidad de que la casa que notan abora en el terreno quizá no sea la casa que existió en el lindero norte. Es muy fácil construir casitas en cualquier finca. Según indica el juez en su inspección ocular, todas las fincas estaban tan cubiertas de caña u otras plantas, que era difícil encontrar signos de clase alguna.

En su inspección ocular la corte no se refiere en absoluto a la existencia de esta casa situada en la finca de 129.25 cuerdas, pero los demandantes solicitaron más tarde que el acta de la inspección fuese corregida. La corte nominal-mente dijo que no corregiría su acta, toda vez que tal solicitud no se babía becbo antes de dictarse sentencia y que esta última debía subsistir. En otras palabras, esta enmienda fué solicitada en el momento en que las partes preparában-los autos de la apelación. La corte entonces dijo que al efec-tuarse la inspección ocular no se le llamó particularmente la atención bacia dicba casa y que durante el juicio no había dado a la misma importancia alguna.

Conforme hemos visto, la corte demuestra, o trata de de-mostrar, que el lindero sur de la finca de 37.95 cuerdas, de donde se segregó la finca de los demandantes, seguía práctica-mente una línea recta que pasaba al norte de los rieles. Los demandantes contestan esto diciendo que el lindero déla finca de 37.95 cuerdas no corría en una línea enteramente recta.

No hemos entrado en un anáfisis más minucioso, porque nos sentimos obligados por la conclusión a que llegó la corte, y los apelantes no nos han convencido en sentido contrario.

Podría decirse que el segundo señalamiento de error ha sido cubierto por las anteriores consideraciones. Se admitió un plano ofrecido por los demandantes para demostrar la situación de su finca. Sin embargo, la corte resolvió en efecto que no le merecía mucho crédito, toda vez que el plano fué preparado sólo a instancias de los demandantes, sin la intervención de la demandada; que la corte creía que Tin plano así preparado no tenía mayor peso, y, necesaria-mente, el juez, que también babía sido agrimensor, estaba en mejor posición que nosotros para juzgar los verdaderos techos del caso. Desde luego, el plano era admisible para dar a la corte y a la demandada una idea de qué era lo que los demandantes alegaban, así como para otros fines similares.

Se señala como error el no admitir el plano demostrativo de los linderos de las 129.25 cuerdas ofrecido por los deman-dantes en su prueba directa. No creemos que los deman-dantes lo ofrecieron debidamente. Además, la corte más larde admitió este plano como prueba de rebuttal.

Los demandantes dicen que si dicho plano hubiera sido ■admitido, ellos hubiesen ofrecido otro plano de las 208 ■cuerdas, que la corte más tarde se negó a admitir en la teoría de que debió ofrecerse durante el examen directo.

Creemos más bien que antes de terminarse el juicio los demandantes debieron haber presentado esta clase de argu-mentos a la corte y quizá ésta entonces hubiese cedido. No obstante, hemos examinado el plano de las 208 cuerdas y los demandantes no nos demuestran cómo el negarse a admitirlo ■perjudicó su caso. Esto cubre también el cuarto señala-.miento de error.

Las otras cuestiones planteadas, a nuestro juicio, quedan suficientemente cubiertas por las siguientes consideraciones. La demandada trató de suscitar impedimentos {estoppels) de varias clases. Creemos, de acuerdo con la doctrina de Torres et al. v. Plazuela Sugar Co., 24 D.P.R. 479, que se necesita mucho para impedir (iestop) a los demandantes si éstos tienen en primera instancia un caso de negatoria de servidumbre. Cuando estos rieles fueron colocados, la Central Cambalache aparentemente estaba en posesión de todo el terreno. Ni los demandantes ni su hermano hicieron nada directamente para avenirse a que los rieles fueran tendidos, y la prueba no nos convence de que ninguno de los hermanos Colón tuviera conocimiento directo de que los rieles estaban siendo colocados por la Central sobre las 3.70 cuerdas.

En realidad, a nuestro modo de ver, la corte no se basó al dictar sn sentencia en ninguna cuestión de impedimento (estoppel) sino qne hizo comentarios de paso sobre el hecho de qne los demandantes tenían conocimiento de la existencia de la servidumbre y sobre otros similares.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Del Tono,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cándido Marrero Fernández, Juan Pedro Marrero Fernández y José Miranda Ortiz, acusados y apelantes.
    No. 5362.

    Sometido: Abril 26, 1935.

      Resuelto: Julio 19, 1935.

      Agustín JS. Font, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, fiscal, y Luis Janer, fiscal auxiliar, abogados de El Pueblo,. apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, base de este proceso, copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“En la Corte de Distrito de Ponce, Puerto Rico, a 27 de junio de.mil novecientos treinta.
“El Fiscal formula acusación contra José Calazán Marrero, co-nocido por Blanquillo Marrero, Juan Pedro Marrero, conocido por Bobo, Cándido Marrero, conocido por Macán, José Miranda y Pablo Pomales, por el delito de asesinato (eelony) cometido de la ma-nera siguiente:
“Porque los referidos acusados José Calazán Marrero, conocido por Blanquillo Marrero, Juan Pedro Marrero, conocido por Bobo, Cándido Marrero, conocido por Macán, José Miranda y Pablo Po-males, allá en o por el día 7 de junio de 1930 y en el barrio Cao-nilla Arriba sitio Dajao del término municipal de Villalba, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., voluntaria, ile-gal y maliciosamente, con premeditación y deliberación, y demos-trando cada uno de los acusados tener un corazón pervertido y maligno, dieron muerte ilegal al ser Rumano Ramón Martínez Ríos, policía insular, acometiéndole y agrediéndole con puñal, arma mortífera, infiriéndole varias heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas algunas graves, a consecuencia de las cuales falleció horas después el citado Ramón Martínez Ríos.”

En julio 24, 1930, los acusados excepcionaron la acusa-ción alegando que ésta en la forma que estaba redactada no imputaba delito público alguno ni menos el de asesinato en primer grado y la contestaron alegando su inocencia y solici-tando juicio por jurado. La corte declaró la excepción* sin lugar, haciendo constar la alegación de inocencia de los acu-sados.

En octubre 1, 1931, los acusados pidieron a la corte que ordenara al fiscal que les proporcionara un pliego de espe-cificaciones. Su petición fué desestimada el 5, y el 7 del propio mes y año fué llamada la causa para juicio durando éste hasta la madrugada del 10, en que el jurado rindió su veredicto declarando a Cándido y Juan Pedro Marrero cul-pables de asesinato en segundo grado, a José Miranda culpable de homicidio voluntario y no culpables a José Calazón Marrero y Pablo Poníales.

Acto seguido la corte dictó sentencia absolviendo a los acusados declarados no culpables y señaló día para pronun-ciarla en cuanto a los declarados culpables. Éstos presen-taron una moción de nuevo juicio que fué finalmente decla-rada sin lugar en noviembre 17, 1931. El 4 de diciembre siguiente la corte de distrito dictó sentencia condenando a Cándido Marrero a sufrir doce años de presidio, imponiendo igual pena a Juan Pedro Marrero y la de seis años de pre-sidio a José Miranda.

No conformes los acusados condenados apelaron. La transcripción, que contiene 856 páginas, quedó archivada en la Secretaría de esta corte en diciembre 9, 1933. En mayo 22, 1934, presentaron los apelantes su alegato, señalándose la vista del recurso para noviembre 6, 1934. Pidió el fiscal la suspensión con la conformidad de los apelantes. Señalada de nuevo la vista, fué suspendida otra vez por estipulación de ambas partes, celebrándose por último en abril 26, 1935, fecha en que el caso quedó definitivamente sometido a la consideración y resolución del tribunal.

Imputan los apelantes la comisión de veinte y dos errores a la corte sentenciadora, y los argumentan extensamente. El primero se refiere al pliego de especificaciones y el se-gundo a la constitución del jurado; el sexto a cierta actitud hostil atribuida al juez que presidió el juicio y el séptimo y el octavo a manifestaciones hechas por el fiscal en su in-forme al jurado; por el vigésimo se impugnan las instruc-ciones de la corte al jurado, por el vigésimo primero se sostiene que el veredicto del jurado es contrario a la ley y a la prueba y por el vigésimo segundo que debió concederse un nuevo juicio. Los catorce restantes guardan relación con la práctica de la prueba.

Examinemos la cuestión referente al pliego de especificaciones. Conocemos la acusación. Estimando que no era suficiente para su defensa, los acusados pidieron a la corte que ordenara al fiscal que les proporcionara los siguientes detalles:

“(A) Circunstancias concurrentes a la perpetración del becho.
“(B) Especificar las heridas sufridas por el interfecto Ramón Martínez Ríos, y la naturaleza de dichas heridas.
“(C) La participación específica de cada coacusado en cuanto al acometimiento y a la agresión y a las heridas que cada uno infi-riera a Ramón Martínez Ríos.
“(D) Cuál de los coacusados usó un puñal o si cada uno de los coacusados usó indistintamente un puñal ¿cómo era ese puñal, y en qué momento, en el orden cronológico de los acontecimientos, fué usado ese puñal?”

Conocemos la acusación. A nuestro juicio es suficiente, ya que contiene todos los elementos esenciales del delito que imputa a los acusados e informa a éstos con certeza a los efectos de prepararse debidamente para su defensa.

Pudo quizá la corte de distrito conceder algo de lo pedido adoptando una actitud más liberal en armonía con la jurisprudencia sobre la materia, (El Pueblo v. Pacheco, 33 D.P.R. 224; El Pueblo v. Ramírez, 28 D.P.R. 313; 49 C. J. 626), pero no es posible sostener que abusara de su discreción al actuar en la forma en que lo hizo. No surge de los autos que los acusados sufrieran perjuicio.

El criterio rígido de la corte sentenciadora encuentra apoyo en lo resuelto por esta Corte Suprema em el caso de El Pueblo v. Vélez, et al., 32 D.P.R. 382, 384. En él se dijo:

“El apelante se queja de que no fué notificado por la acusación de que a él se acusaba de haber ayudado en el acto del disparo pero que la acusación única y exclusivamente le imputaba el acto de disparar. La cuestión es, pues, si cuando un hombre tiene un juicio por separado y la acusación contra varias personas imputa sólo el acto de disparar, el acusado puede quejarse de una falta de notificación con respecto a que a él se le acusaba del homicidio.
“Independientemente de todos los estatutos que consideran a un cómplice antes del hecho como un principal, la ley era que cualquier persona que estaba presente ayudando era un principal: En el caso de Mekelley, 9th Coke 67 B. 77 Reprint 832, se usaron las siguientes palabras:
“ ‘De modo que si a A. B. & C. se les acusa de haber dado muerte a J. S. y que A. lo golpeaba y los otros estaban presentes, ayudando, y de la prueba aparece que B. dió el golpe y que A. y C. estaban presentes, etc., en este caso la acusación no se ajusta a las circunstancias; y sin embargo es suficiente para sostener la acusación, pues la prueba está de acuerdo con el efecto de la acu-sación y por tanto la variante de las circunstancias de la acusación no es esencial; pues considerará la ley que la herida ha sido causada por cada uno de ellos y que es tan vigorosamente el acto de todos los otros como si los tres juntos hubieran cogido el arma, etc., y todos a un tiempo hubieran golpeado al interfecto.’
“En el caso de Sir John Heyden, 11 Coke, 5 B, 7 Reprint 1151, se dijo que el acto de uno es el acto de todos los del mismo grupo que estaban presentes y en Commonwealth v. Chapman, 11 Pick, 428, se dijo: ‘La prueba de que una persona estaba presente ayu-dando sostendría una acusación en que se le imputa como único principal o autor el hecho de haber dado el golpe con sus mismas manos.’ Otro razonamiento en el mismo sentido puede verse en algunos de los casos que luego citaremos con otro fin.
“Aun cuando el acusado hubiera meramente ayudado en el acto de la muerte, sin estar realmente presente, una acusación que imputa el acto de dar muerte es suficiente para declarar culpable a cual-quiera que anteriormente hubiera sido conocido, como cuestión general, como un cómplice antes del hecho. La cuestión alegada como error está comprendida en el artículo 36 del Código Penal, el cual es como sigue:
“ ‘Artículo 36. — -Todas las personas complicadas en la comisión de un crimen, ya fuera “felony” o “misdemeanor”, y que directa-mente cometieren el acto constituvo del delito, o no hallándose pre-sentes, hubieran aconsejado su comisión o incitado a ella; y todas las personas que aconsejaren o incitaren a menores de catorce años, lunáticos o idiotas, a cometer algún crimen; o que, por medio de fraude, artificio, o violencia, ocasionaren la embriaguez de otra persona con el fin de hacerle cometer tin crimen, son principales o auto-res en el crimen cometido.’
“Y más particularmente en el artículo 93 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, el cual prescribe lo siguiente:
“ ‘Artículo 93. — En la acusación contra personas qué han tenido participación en la perpetración de un delito grave (felony), ya ha-yan cometido directamente el hecho constitutivo del delito o hayan ayudado a llevar a término la comisión del mismo, aunque ninguna persona sea perseguida, juzgada y castigada como autor, no necesita exponerse hecho alguno fuera de los necesarios en la acusación contra el autor.’ ”

Y en lo decidido recientemente en el caso de El Pueblo v. Coto, 48 D.P.R. 147, 148, a saber:

“La acusación presentada contra el apelante y Arcadio Colón les imputa que el día 30 de junio de 1930 en Coamo, P. R., voluntaria e ilegalmente, con malicia (premeditación y deliberación) y con propósito firme de dar muerte ilegal al ser humano Juan Marrero Hernández, alevosamente lo acometieron y agredieron con un mar-tillo, arma mortífera, produciéndole la fractura del cráneo, lesión ésta que le causó la muerte casi instantáneamente al citado Juan Marrero Hernández.
“Al ser leída esa acusación solicitó el abogado de ambos acusa-dos que la corte ordenase al fiscal que hiciera más específica su acusación (bill of particulars) a fin de que informe cuál de los acusados agredió con el martillo a Juan Marrero Hernández, pero la corte no accedió a esa pretensión. Entonces los acusados solici-taron juicio separado y ante jurado. Esa solicitud de especificación fué reproducida por el apelante el día señalado para su juicio, antes de procederse al sorteo de los jurados pero también le fué ne-gada. Tal negativa se alega fué errónea en el primer motivo de este recurso.
“La acusación imputa claramente a los acusados el delito de asesinato y cumple con lo requerido por el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues contiene una exposición de los hechos constitutivos del delito en lenguaje conciso y corriente, de tal modo que cualquier persona de inteligencia común puede en-tender por ella que los acusados con premeditación y alevosía die-ron muerte a Juan Marrero Hernández al causarle la rotura del cráneo con un martillo. No era necesaria mayor especificación res-pecto a cuál de ellos produjo la herida causante de la muerte pues esto es materia de prueba, ni el apelante demostró en la corte inferior ni tampoco ahora ante nosotros que la falta de la especificación por él solicitada impidiera o dificultara su defensa, pues esos hechos estaban en su conocimiento. Por consiguiente, entendemos que la corte inferior no abusó del poder discrecional que tiene para ordenar mayor especificación de la acusación.”

Veamos el segundo señalamiento de error. Cuando se estaba constituyendo el jurado y cuando ninguna de las partes había agotado sus recusaciones perentorias, se preguntó al fiscal si tenía alguna recusación perentoria que hacer y contestó: “Por ahora, no.” Intervino la defensa y pidió a la corte que estableciera la regla que si el fiscal no iniciaba dichas recusaciones y ella no recusaba, el fiscal no tendría derecho a recusar después, y la corte no accedió. Luego se permitió al fiscal que recusara perentoriamente un jurado y la defensa tomó excepción.

El artículo 229 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice:

“Todas las recusaciones de un miembro del jurado, excepto la perentoria, deben presentarse, primero por el acusado o su defen-sor y después por el fiscal, y cada una de las partes debe agotar todas las recusaciones a que tiene derecho antes que la otra empiece a presentar las suyas.”

Y el 231 del propio Código prescribe:

“Si todas las recusaciones de una u otra parte han sido dene-gadas, puede cada una de ellas, primero el fiscal y luego el acusado, interponer recusación perentoria, a no haberse agotado las recusa-ciones perentorias de ambas partes.”

Esos artículos parecen dar la razón a los acusados. Sin embargo, no obstante regir los mismos preceptos legales en California, la jurisprudencia en dicho estado, tal como se resume por Pomeroy en sus “Codes of California Annotated —Penal Code,” pág. 390, ha resuelto:

“Cuando el fiscal pasa el panel al acusado y éste se niega a presentar recusaciones, puede permitirse al fiscal que recuse a uno de los miembros del jurado: Pueblo v. McCarty, 48 Cal. 558. Véase Pueblo v. Doolan, 96 Cal. 315, en que se permitió al fiscal que re-cusara perentoriamente a un miembro del jurado que ya había sido pasado una vez por El Pueblo. Véase también Silcox v. Lang, 78 Cal. 118, y Pueblo v. Majors, 65 Cal. 138, 52 Am. Rep. 295, que se pronuncian en el mismo sentido. Y el fiscal puede recusar a un miembro del jurado después de habérsele tomado juramento cuando existen buenos motivos para ello: Pueblo v. Bemmerly, 87 Cal. 117.”

Y es que la cuestión descansa grandemente en la discreción de la corte. Consúltese el caso de Pueblo v. Torres, 48 D.P.R. 39, en el que se analizan los de Pueblo v. Munera, 39 D.P.R. 295, Pueblo v. Rivera, 37 D.P.R. 760 y Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.R. 361, y se establecen reglas que guardan relación con la cuestión aquí envuelta.

Además aunque se concluyera que la actuación de la corte no se había ajustado estrictamente a la ley, el error carecería de importancia a los efectos de la revocación de la sentencia porque el jurado fue finalmente aceptado por ambas partes. A la página 130 de la transcripción aparece lo que sigue:

“Fiscal Sr. Pérez Almiroty. — Ninguna otra pregunta, señor Juez. — Juez.—La defensa, perentoria. . . . Defensa.' — No tengo nin-guna recusación perentoria. Aceptado el jurado.- — Juez.—Entonces se acepta el jurado por ambas partes. ¿Se acepta el jurado por am-bas partes? — Contestan 'Sí’ las dos partes.- — Defensa.—Sí, señor. — . Juez. — Entonces tome juramento definitivo.”

La actitud hostil del juez de distrito a que se refiere el sexto señalamiento de error la encuentran los acusados en lo que sigue, página 640 de la transcripción:

“Defensa.- — Cuando declaró el testigo Daniel Rivera o Figueroa, sentamos las bases para impugnarlo. Vamos a usar para ello el tes-timonio de Nemesio Santiago.
“DECLARACIÓN JURADA DE NEMESIO SANTIAGO.
“Juez. — Mire, usted va a hablar en voz alta, de modo que se le oiga, cuando le pregunten. Si yo tengo que decirle tres veces a us-ted que hable en voz alta, yo lo voy a castigar por desacato, porque entonces usted desobedece a lo que yo le digo. De modo que cuídese mucho de hablar en voz alta. Pregunte la defensa.
Defensa. — P.—¿Cómo se llama usted?- — R.-—Nemesio Santiago —Juez.—Eso es bajitito. — Testigo.—Nemesio Santiago. — Juez.—Más duro, grite? más.- — Testigo.—Nemesio Santiago. — Juez.—Así.—De-fensa.- — P.—-¿Dónde usted vive?- — R.—En la Ortiga. — P.-—¿A qué se dedica usted? — R.—Me dedico a decir la verdad. — Juez.-—P.—No. ¿A qué trabajo se dedica usted? La ocupación suya, su trabajo. —Defensa.—La ocupación suya, su trabajo. — R.—Yo, a trabajar en un ventorrillo.”

La verdad es que el juez no tenía necesidad de advertir al testigo lo del desacato y que el Leclio considerado aislada-mente llama la atención, pero seguidos cuidadosamente todos los incidentes del juicio, tomadas en consideración las muclias veces que el juez se había visto obligado a indicar a los tes-tigos que hablaran en voz alta, se explica lo ocurrido, que no consta en manera alguna que influyera en un sentido o en otro en la declaración del testigo ni que produjera el más leve perjuicio a los acusados.

Lo mismo sucede con los errores séptimo y octavo. El séptimo se plantea como sigue:

“El fiscal, en los comienzos de su informe al jurado, afirmó a los señores del jurado que la gente a donde iba el policía (la casa de los acusados) era gente mala. La defensa interrumpió al fiscal, alegando que el carácter de los acusados no había sido objeto de prueba; que el fiscal no podía entrar en ese terreno por ese motivo y porque, además, si la defensa no había planteado la cuestión del carácter de los acusados, el fiscal estaba impedido de hacerlo. El fis.cal reconoció su error (véase página 787 de la T. de la E.) ; pero insistió en ello al hacer, en forma admirativa, el siguiente comen-tario, mientras se dirigía al jurado: — ‘ ¡ Son muy buenos los acu-sados!’ (páginas 786 y 787 de la T. de la E.)”

Y el octavo, así:

“El fiscal, al dirigirse al jurado, impropiamente comentó los términos de una decisión de esta Corte Suprema sobre el Hábeas Corpus que los propios acusados sometieron a este alto tribunal (Ex parte Marrero, 41 D.P.R. 695.) (Páginas 792-793 de la T. de la E.) ”

No se consigna cuál fué el comentario. Tampoco aparece del récord.

Basta la exposición hecha por los mismos apelantes para conclnir qne se trata a lo sumo de meras desviaciones de la buena práctica qne no constituyen errores capaces de pro-ducir la revocación de la sentencia, desviaciones que se eorri-gieron, además, en el primer caso, por el propio fiscal, y en •el segundo por la corte que, según consta a la página 793 de la transcripción, dijo al jurado lo que sigue:

“Juez. — La Corte va a intervenir. La Corte va a decir a los señores del jurado lo siguiente: aquí se ha hablado de ese recurso de hábeas corpus. Cuando se resuelve un recurso de hábeas corpus lo que se resuelve es si hay un principio de prueba, si hay un prin-cipio de prueba para arrestar, pero no se resuelve definitivamente sobre la culpabilidad, o inocencia de los acusados. Esa cuestión es ahora para el jurado este que está presente aquí después que se le someta el caso a su deliberación y resolución; este jurado es el único que debe resolver sobre la culpabilidad, o inocencia de los acusados. Eso es lo qué significa el recurso de hábeas corpus; pero la resolución que diera el Tribunal Supremo no prejuzga la reso-lución final de este caso, que está sujeta, por la prueba presentada, a la apreciación del jurado. Ésa es la realidad de la cuestión legal.
“Defensa.' — Exactamente.
“Juez.' — Entonces no hay que discutir más sobre eso.”

No nos detendremos a expresar por escrito nuestro juicio con respecto a los errores que guardan relación con la prác-tica de la prueba y las instrucciones de la corte al jurado. Uno a uno fian sido expuestos y discutidos por los apelantes en su alegato y uno a uno explicados y contestados por el fiscal en el suyo. Todos se refieren a cuestiones ya resueltas por la jurisprudencia y tras una detenida consideración de las circunstancias concurrentes, estamos en condiciones de afirmar que ninguno, de haberse cometido, sería suficiente para producir la revocación de la sentencia. Un estudio completo del récord revela lo bien y ampliamente que los acusados fueron defendidos, la imparcialidad de la corte y la cuidadosa y liberal actuación del jurado al apreciar la ■prueba en la forma en que lo hizo, declarando no culpables a «los de los acusados, y culpables sólo de asesinato en segundo grado y de homicidio a los otros tres. Tan fuerte es la im-presión que la lectura de la transcripción produce en el ánimo' del juzgador que, al terminarla, en su conciencia sólo se oye-una voz que dice, lo más que el jurado pudó hacer en favor-de los acusados, conservándose fiel al juramento que pres-tara, fué actuar en la forma en que lo hizo. Esto nos lleva, al estudio y resolución del señalamiento de error número-veinte y uno, por el que se sostiene que el veredicto es-contrario a la ley y a la evidencia.

Ésta comenzó por el testimonio de los doctores López-Nussa y Américo Serra. El primero reconoció en un hospital' de Ponce y operó a Ramón Martínez Ríos en la madrugada-, del ocho de junio de 1930. El segundo practicó la autopsia de su cadáver horas después. Tenía tres heridas leves, una en la cara y dos en la región lumbar, y tres graves, una en la región torácica que penetró en la pleura, otra que interesó el hígado y otra que perforó el intestino grueso, causadas con arma cortante como puñal o cuchillo. La muerte sobrevino como a eso de las tres de la tarde del mismo día, a consecuencia de hemorragia y peritonitis aguda, según el doctor López Nussa; de hemorragia y shoch, según el doctor Serra, producidos por las heridas.

¡¿Quién era Ramón Martínez Ríos, y cómo y por quién o por quiénes fué herido? Cándido Ramos, vendedor ambu-lante, declaró en el juicio que en la noche del siete de junio-de 1930 fué con su batea de dulces acompañado de su hijo-Ramón Ramos a la casa del acusado José Calazán Marrero,, situada en Yillalba, barrio de Caonilla Arriba, lugar cono-cido por Lajao, donde se celebraba un baile, y se colocó-frente a la puerta que daba a la cantina perteneciente a Ios-acusados José Miranda y Cándido Marrero instalada en la casa y en la que se vendían galletas, pan, dulces y licor.

Ya empezado el baile, llegó Ramón Martínez Ríos, Policía Insular, vestido de uniforme. Amarró su caballo. Dió una-vuelta por donde estaban los dulceros y se paró a su lado. Alguien pidió un palo de ron en voz alta, lo oyó el policía,. penetró en la casa y ocupó el licor. Mientras eso ocurría fué maltratado de palabra por los dueños de la cantina, con-testando al retirarse en su caballo con el licor, “voy a llevarlo al Limón, vuelvo después.”

Volvió en efecto como a la media bora, amarró su caballo, subió al balconcito de la casa y se paró en la puerta y José Calazón le dijo que hiciera el favor de retirarse y lo cogió por los brazos. En ese momento el acusado Pedro Marrero que estaba detrás de José Calazón le dió por la cabeza y el policía cayó y en el suelo José Miranda y Cándido Marrero le infirieron varias puñaladas.

No le vió arma a Miranda. Cándido tenía un cuchillo que había visto en la cantina primero y después que se fué el policía en su pretina. Preguntado si el policía había sacado su revólver, contestó: “¡Cómo lo iba a sacar, si estaba acho-cado en el suelo!”

José Calazón ayudó a quitarle la gente de encima y a subirlo a la casa donde le dió a beber un poquito de leche.

Acto seguido fué llamado a declarar Eamón Eamos, que estaba con su padre ayudándolo en su negocio, corroborando su declaración.

Tras los Eamos ocupó la silla testifical Daniel Figueroa, trabajador de la tierra, que miraba el baile. Dijo que vió llegar al policía Martínez dos veces, la primera como a las nueve de la noche cuando ocupó el licor que estaba debajo del mostrador de la cantina en botellas. La cantina era de José Miranda y Cándido Marrero. Miranda le dijo que no tenía autorización para ocupar el licor y él contestó que él tenía que cumplir con la ley. Después que se fué, “Cándido Marrero se tiró con un cuchillo en la cintura.”

Volvió el policía a caballo, solo, y cuando llegó a la puerta José Calazón le dijo: “Martínez, retírese, que hay peligro” y lo empuñó por los molleros, dándole un golpe en la sien izquierda Juan Pedro Marrero. “Cayó al suelo; y al caer al suelo, vino Cándido Marrero y le dió una puñalada en el pecho, y después le segundó la otra por aquí.”

El policía pidió auxilio a Juan Marrero y éste acudió y dijo: “El que le dé más a Martínez me tiene que matar a mí.” Lo subieron a la casa, lo sentaron en un tablerito y José Calazán le dió una copa de leche. Después lo llevaron en una hamaca hasta la hacienda Limón de Mac Jones y allí lo colocaron en una guagua para llevarlo a Ponce.

Juan Ortiz fué llamado entonces a declarar. Sólo tiene catorce años de edad. Es familiar de los Marrero y estaba mirando el baile. Conocía al policía y presenció cuando al subir al baile José Calazán le dijo: “Martínez, retírese” y cuando Pedro Marrero expresó: “Yo soy tan hombre como él” y le agredió por la sien izquierda y el policía “se cayó, se tumbó.” Caído “Cándido Marrero le metió el puñal.” “Según le dió la puñalada, yo cogí miedo.” Y corrió. Esperó en el camino hasta que pasaron al policía en la hamaca y se fué tras él hasta el Limón.

Juan Romero tocaba el güiro en el baile. Yió las dos veces al policía. La segunda “cuando sentí el revolú, soltó el güiro y me he asomado a la ventana, y cuando me asomé por la ventana, lo tenía Marrero, Blanquillo, empuñado por los encuentros. . . Pablo Pomales, por las piernas. . . y José Miranda lo desarmó, y Macán le sumbó una puñalada por aquí, pero yo no sé si el cuchillo cogió para acá, o para acá. . . Yo, por no ver dándole más, me tiré abajo. . . Y como a los diez minutos fui allá a verlo. . . Estaba sentado. . . me acerqué. . . soltaba sangre por aquí, por la cara; y él abrió los ojos así, y me dijo: ‘Juan, coge el caballo, y ve a dar cuenta.’ Entonces cuando fui a coger el caballo, Tití Ma-rrero me tiró del freno. . . yo me tiré y fui donde el hermano mío y le dije: ‘Antonio, i voy o no voy?’ Entonces llamé al testigo ese Figueroa y me cogió el freno por la mano, me monté, y fui a la. hacienda y le dije a Mac Jones, el americano de Villalba”, lo que había pasado.

Rosa Burgos, una de las mujeres que se encontraban en el baile, fué llamada por el Pueblo a declarar. Oyó a José Calazán decir a Martínez “Retírese” y vió pasar a Cándido Marrero para encima de Martínez. Nada más vió porque se retiró a nn cnarto. Al poco rato salió y “vi a Martínez sentado, qne tiraba a limpiarse y no podía, y le qnité el pañnelo y lo limpié. . . la sangre que tenía aqní. . . Le pre-gunté: “¿Tiene conocimiento de qnién lo agolpeó?' — Sí.— ¿Quién lo agolpeó?' — José Miranda y Cándido Marrero.— Pero yo me retiré y me fui. Estaba solo. Sentadito. . . Yo me asusté y me fui. ... El quedó hablando solo. . .” El acusado Cándido Marrero es yerno suyo. José Miranda no es su familiar.

El siguiente testigo fué Arturo Figueroa Plata, bracero, que llegó al baile después del suceso. “Cuando yo lo vi' (al policía) estaba ya herido y sentado en un banco ... Le dije a don Blanco que cómo había pasado eso en su casa . . . Me contestó que eso había pasado como en cinco minutos y no se había dado cuenta. . . El policía Martínez Bíos entonces me dijo: ‘Arturo, yen acá’. . . me dijo: ‘Don Blanco me aguantó, Macán me hirió, Pablo Pomales me hirió, y José Miranda me hirió, y Bobo me dió este golpe. . . Me dijo que me lo trajera, que estaba grave. . . Pedí una hamaca. . . el señor Blanquillo. . . la mandó buscar. . . y cuando estuvo preparada, lo eché en la hamaca y me vine con él.” Lo acompañaron Herminio Figueroa, Félix Ortiz, Juan Rodrí-guez y Daniel Figueroa. Lo llevaron a la hacienda Limón donde “ya Mr. MacJones estaba preparado con la guagüita ... y me mandó con él al Hospital de Distrito de Ponce.”

En el camino el Juez de Paz de Villalba tomó una breve declaración al policía cuya presentación en evidencia dió lugar a varios incidentes. Bien pudo el fiscal prescindir de ella, y evitar complicaciones innecesarias ya que todo lo en ella manifestado lo conocía el jurado a través de las declara-ciones de Arturo Figueroa y Rosa Burgos.

Dejaremos en tal virtud de hacer mención de la declara-ción del Juez de Paz de Villalba, Jesús María Santiago. También de las de Juan Soltero y Leandro Curet, policías insulares, y de la declaración escrita del acusado Pomales cuya presentación dio lugar a dilatados incidentes y excep-ción, cuando sólo se trataba de una mera repetición de lo ya dicho con todos sus detalles por los testigos presenciales que conocemos. Diremos que el Pueblo aportó otros testimonios de menor importancia y terminaremos nuestro análisis refi-riéndonos a la declaración de Juan Marrero Torres, testigo anunciado por el fiscal como hostil, anuncio que suscitó otro largo incidente.

Vivía en Coamo, tenía una tienda y fué al baile dado en la casa de su tío José Calazán Marrero. Conocía al policía insular Martínez. Se observa que evade toda manifestación que tienda a incriminar a determinada persona. Músico por afición, estaba tocando una plena cuando ocurrió el suceso. La gente dejó de bailar, las mujeres corrieron para el cuarto y él se dirigió hacia el sitio en que estaba el policía en el suelo rodeado de un grupo de personas.

Se le pregunta por sus nombres y contestó: “Yo no recuerdo ninguna, porque la única idea mía fué salvarle, y fui muy rápidamente donde estaba él. . . me dijo que estaba herido. . . echaba sangre por la sien izquierda. . . me acosté encima de él y lo protegí: contra el pecho mío el pecho de él. . . sentí un rasguño. . . por la espalda mía. . . no sabe quién se lo dió. . . al público dije ‘para matarlo a él, me tienen que matar antes a mí’. . . cuando me levanté no estaba nadie allí. . . estaba bien herido (Martínez). . . lo conduje al banco que había en la sala. . . le quité la guerrera. . . . dijo que tenía calor. . . entonces vió la camisa manchada de sangre . . no oyó detonación alguna.”

A preguntas de la defensa contestó que oyó cuando el policía dijo: “Don Blanco, no me deje matar,” contestando Don Blanco: “No le tire nadie; no le den a un hombre en el suelo.”

Presentó entonces la defensa su prueba. Acepta la cele-bración del baile en casa del acusado José Calazán Marrero, la llegada del policía Martínez y la ocupación del licor. Tiende a demostrar que dicha ocupación fué indebida y que el policía amenazó con volver para acabar con los guapos; que volvió en efecto no obstante haberse encontrado por el camino con Felipe Vázquez que le aconsejó que no lo hiciera, ■diciendo al llegar, ‘Vengo a probar los guapos”; que José Calazón intervino en buenas formas tratando de evitar cues-tiones, diciéndole “Martínez, no me haga esto en mi casa;” y, como dijo en sus propias palabras uno de los testigos, “de abajo entonces lo jalaron, el grupo de gente que había, lo jaló; y entonces, cuando lo jalaron decía, ‘don Blanco, no me deje matar, no me deje matar’. . . y don Blanco intervino diciendo que a un hombre en el suelo no se le tiraba.”

Deja dicha prueba en la oscuridad los nombres de los autores directos del crimen, aunque contiene insinuaciones que tratan de presentar al hijo del dulcero, el testigo de cargo Ramón Ramos, como el autor de las puñaladas a Martínez.

Una gran parte del esfuerzo de la defensa se dirigió a la impugnación de los testigos de cargo, esfuerzo que a nuestro juicio le resultó contraproducente pues lo que palpita en todo el proceso como algo enteramente cierto es la existencia ■de amenazas por parte de los Marrero para impedir el escla-recimiento de los hechos, llevando la confusión a la investi-gación preliminar. Pasó el tiempo. Las aguas volvieron a su nivel. Los testigos se sintieron garantizados e instados a declarar lo hicieron con toda amplitud en el juicio.

Difícil es resumir con acierto y en justicia en pocas palabras prueba tan larga como la en este caso practicada. Hemos tratado de referirnos a lo esencial y de omitir todo lo que se impugnó por inadmisible, y creemos que de lo con-signado surge clara, inevitable, creídas como fueron por el jurado las declaraciones de los testigos presenciales de cargo, la culpabilidad de los acusados apelantes.

Pudo el jurado condenarlos a todos. No lo hizo. La prueba con respecto al dueño de la casa, Blanquillo, José Calazón Marrero, era susceptible de dos interpretaciones, y adoptó la favorable a su inocencia. Concluyó que el sujetar por los brazos al policía, momento aprovechado para ases-társele el golpe en la sien izquierda que lo derribó al suelo., se debió no a su connivencia en el ataque sino a su desea de evitar disgustos; dió crédito a lo dicho por algunos tes-tigos con respecto a su intervención posterior tratando de evitar que se le siguiera golpeando en el suelo, mitigando su sed y proporcionando la hamaca en que se le condujo al Limón, y lo absolvió.

Lo mismo actuó en cuanto a Pomales. Su intervención en el hecho de acuerdo con algunas de las declaraciones puda llevarlo a ser considerado como un cooperador directo, coma un principal o autor. Sin embargo, siendo las imputaciones imprecisas, prefirió darle el beneficio de la duda, y lo absolvió.

El caso de Miranda, declarado culpable de homicidio vo-luntario, muestra además lo cuidadoso que fué y su deseo, llevado hasta el límite, de ser benévolo al par que justo. Pudo declararlo culpable de asesinato. Existía prueba abun-dante de su intervención directa en el ataque que dió. por resultado la muerte de Martínez horas después, pero estimó quizá que el no uso de arma alguna por su parte justificaba la calificación de su actuación como homicidio.

En cuanto a los Marrero, Juan Pedro y Cándido, conoci-dos por el Bobo y Maeán, los actos por ellos realizados puestos de relieve de modo tan claro y firme por la prueba, no podían ser calificados de otro modo que como lo fueron, esto es, de asesinato.- Y aún en cuanto a ellos fué benigno el jurado, pues pudiendo llegar hasta el primer grado, se detuvo en el segundo.

Es cierto que el policía no tuvo necesidad de ir la segunda vez al baile. Aceptando que fuera hombre no sólo de- valor, sino temerario. Partiendo de la base de haber llegado la segunda vez de modo arrogante y retando. Aún así, no exis-tiendo la más leve prueba de que atacara a alguien, de que hiciera uso de sus armas, y habiendo sido agredido y derri-bado al suelo mientras se le tenía agarrado por los brazos y apuñaleado acto seguido, infiriéndosele las heridas cau-santes de su muerte, el hecho, visto desde el ángulo más favorable a la defensa, constituiría siempre nn asesinato.

Se insiste en qne el veredicto es contrario a ley porque el jurado no podía, dentro de sns atribuciones, declarar culpables a dos de los acusados de asesinato y a otro de ellos de homicidio. Podía, de acuerdo con la jurisprudencia.

El fiscal en su alegato hace la siguiente cita de la Enciclopedia de Ley Criminal, pág. 460, de Brill:

"Bajo la ley común un accesorio no puede ser declarado culpable de ningún grado mayor del delito que aquél del cual se haya declarado culpable también a su principal. Y generalmente la cul-pabilidad del principal en segundo grado o de uno que ha estado presente durante la comisión del delito ayudando o aconsejando, es medida por la intención de aquél que ha realmente perpetrado el delito. Si el accesorio o cómplice interviene en la comisión del delito con la misma intención y propósito, entonces su culpabilidad será del mismo grado que la del principal actor. Pero, sin embargo, hoy día generalmente se ha establecido que los principales, accesorios y los que ayudan o aconsejan a la comisión del delito, pueden ser declarados culpables de diferentes grados del delito, de acuerdo con sus respectivas intenciones en la participación del delito. Esto ha sido muy frecuentemente establecido en casos de homicidio, por ejemplo. Así, se ha resuelto que un accesorio o principal en segundo grado o uno que ha ayudado o ha aconsejado en la comisión de un homicidio, puede ser declarado culpable de asesinato en un grado más alto o más bajo que el verdadero per-petrador del crimen, o puede ser convicto de asesinato aún cuando el verdadero perpetrador de la muerte haya sido convicto sola-mente de homicidio o puede ser convicto de homicidio aún cuando el perpetrador de la muerte haya sido convicto de asesinato. La misma regla prevalece y ha sido aplicada en procesos por ataque para cometer homicidio o para cometer asesinato o en ataques para cometer violación.”

En el caso de Leslie v. State, resuelto por la Corte Criminal de Apelaciones de Texas, 42 Tex. Cr. 65, 57 S. W. 659, se resolvió que:

“Si un principal en segundo grado, o alguien que ha ayudado en el crimen lo ha hecho con una intención distinta que el verdadero perpetrador del crimen, él será culpable de acuerdo con la inten-ción con la cual él ha llevado a cabo su participación en el crimen.”

Y en el de Miller v. State, de la Corte Suprema de Wisconsin, reportado en 139 Wis. 57, 119 N. W. 850, se decidió que:

“Cuando dos personas se combinan para atacar a otra y una de ellas intenta materia y la otra no tiene intención de matarla, y la persona resulta muerta por la primera, los acusados pueden ser convictos de diferentes grados de homicidio.”

El veredicto no es, pues, contrario a la prueba ni a la ley, y como tampoco cometió la corte el último de los errores señalados, o sea el veinte y dos, que se refiere a su negativa a conceder un nuevo juicio, el recurso interpuesto debe ser declarado sm hogar y confirmadas la resolución y la sentencia recurridas.