author: El Juez Asociado Se. HutchisoN,

text:
    Figueroa, Demandante y Apelante, v. Figueroa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre partición de bienes hereditarios e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1319.
    Resuelto en enero 28, 1916.
    Partes Necesarias — Nuevas Partes a Iniciativa de la Corte — Objeción del Demandado sobre Defecto de Partes. — La corte puede, a iniciativa propia, ordenar que se incluyan las partes necesarias en una acción, pero no está obligada, a moción del demandado, y contra el deseo del demandante, a traer nuevas partes que no son necesarias, aunque sean partes que pudieron haber sido demandadas.
    Id. — Renuncia por el Demandante- — Sentencia.—Si un demandante, renunciando a cualquier remedio por el que se haría necesaria la presencia de otra parte, pide que se dicte sentencia por aquello a que sólo tiene derecho en cuanto respecta a los demandados que están ante la corte, y acerca de lo cual puede obtenerse completa resolución, la corte puede conceder tal remedio sin nece-sidad de incluir otras partes.
    Id. — Defecto de Partes Demandadas — Temeridad del Demandante — Deman-dados — Apelación.—Cuando un demandante se opone con éxito a una-excep-ción sobre defecto de partes demandadas, prescinde deliberadamente de hechos alegados en la contestación demostrativos de tal defecto, e insiste en con-tinuar su acción contra los primitivos demandados exclusivamente, no puede ser oído en apelación de que se' le ha obligado a establecer una segunda acción contra las personas así excluidas, y de que no haya sido obligado asimismo antes de dictarse sentencia, a incluirlas como demandadas.
    Id. — Errores Motivados por el Apelante — Actitud Incompatible. — Un ape-lante no puede atacar- con éxito un error que ha sido sugerido por él mismo, ni asumir ante el tribunal de apelación una actitud que es incompatible con la que adoptó durante el -juicio.

      Prueba Testifical — Evidencia Oral para Contradecir un Documento — Impe-dimento o Estoppel — Secciones 101 de la Ley de Evidencia y 1186 del Código Civil — Manifestaciones—Buena Pe. — Los artículos 101 de la Ley de Evidencia y 1186 del Código Civil determinan meramente el conocido prin-cipio a la regla sobre prueba testifical para contradecir un documento y al impedimento o estoppel por razón del mismo. Una manifestación que no es una afirmación precisa de un hecho no implica un impedimento o estoppel para negar el hecho. Un impedimento o estopp'el no surge de una-manifesta-ción a menos que sea de la esencia del contrato. Una manifestación no siempre es necesariamente obligatoria en una acción que no ésta fundada en un contrato o que no ha sido establecida para hacer valer derechos que nacen del mismo, en el cual se invoca dicho contrato no por las partes que lo han otorgado sino por un extraño, no como un contrato de acuerdo con el cual se alegan derechos, sino como prueba de una mera admisión favorable a la recla-mación del extraño. Al determinar el efecto de una manifestación, ésta debe ser interpretada en relación con todo el contrato. La parte que alega el impedimento o estoppel debe haber sido inducida de buena fe al perjuicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelanteSr. Miguel Olmedo,
    Ahogado de los apelados: Sr. José E. Benedicto.

   El Juez Asociado Se. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos y razones en los cuales la corte sentenciadoíá fundó su sentencia están expresados en la opinión del juéíz sentenciador, en la forma siguiente:

“Este pleito tiene por objeto, partición, adjudicación y 'entrega de bienes hereditarios e indemnización de daños y perjuicios.
“La demandante litiga en su carácter de heredera de Manuel Figueroa Peña, fallecido el 15 de septiembre de 1910, en Filadelfia, Pennsylvania, E. TL, estando casado entonces con Carmen Disdier, sin haber otorgado testamento, y dejando como únicos y univer.salés herederos a sus hijos legítimos, la demandante y Jacinto, América y Alcides Figueroa Disdier, y a la viuda en la cuota usufructuaria: '■
“Alega la aetora:
“Que Manuel Figueroa Peña, a la época de su fallecimiento se hallaba en posesión de las siguientes propiedades, pertenecientes a la sociedad de gananciales:
“Qlue Carmen Disdier, la viuda, fué nombrada administradora de los bienes relictos al fallecimiento de su mencionado esposo, y qué inventariados los bienes en el mes de diciembre de 1910, se otorgó, en enero de 1911, por los referidos herederos ante el notario de esta ciudad Don Adrián Agosto, una escritura de división en que se acordó el derecho de cada uno de los herederos a su parte alícuota en la herencia, pero en que no se hizo partición material ni adjudi-cación a cada heredero de determinada parte de dichos bienes.
“Que en dicha escritura quedaron valorados aquéllos, para los efectos de la división solamente, en la suma de $5,784.32, y que acor-dada la mitad de proindiviso a la viuda, como gananciales, o sea $2,692.16, se acordó a cada uno de dichos cuatro herederos una cuarta parte en la otra mitad de dicho caudal también proindiviso, o sea un condominio de un valor de $673.04.
“Que no obstante esta división acordada, los bienes continúan en estado de indivisión, administrados unas veces por la referida Carmen Disdier y otras, por cualquiera de los demandados, pero nunca con el consentimiento de la actora, excepto para la administración con an-terioridad a la división.
“Que la demandante en enero de 1913, adquirió de su hermana América Figueroa Disdier, el condominio que a ésta pertenecía con todos sus derechos y acciones en la herencia de su padre, notificando por esa misma fecha a la entonces administradora de los referidos bienes, Carmen Disdier de Figueroa, la mencionada compra.
“Que la demandante ha sido excluida de su posesión material en la parte alícuota de la herencia y del condominio comprado a su hermana, y que en ningún caso se le ha permitido acto alguno de administración ni consultado para nada que se relacione con dichos bienes, y que si bien, según su información, la viuda Sra. Disdier, ejerce actos de administración, éstos tienen lugar a nombre y por delegación de los demandados Jacinto y Alcides Figueroa Disdier, para eludir responsabilidades de éstos.
“Qlue para que continúe la indivisión no ha habido pacto expreso o tácito entre la demandante y demandados, y sí por obstinación de éstos, que han sido requeridos para la partición material y entrega a la promovente de sus condominios, dando el silencio como respuesta á sus solicitudes.
“Que se colacionen en los bienes hereditarios, $2,200 depositados por el causante a favor de los demandados allá por el mes de agosto ■ de 1910.
“Que se incluyan también entre los bienes hereditarios los hornos de la panadería que fueron omitidos en el inventario, valorados en $800.
“Que las rentas del caudal ascienden a $110, o sea un total de $3,960 desde enero de-1911, del cual le corresponde una octava parte, por dos años, o sean $330 y una cuarta parte por un año, o sea $330 igual a un total de $660 en concepto de rentas por los referidos tres años que los bienes ban estado en comunidad, d’el cual total, dedu-cidos $168 recibidos a cuenta de las rentas, le quedan $520 en con-cepto de capital dejado de colacionar.
“Y pide la demandante un fallo condenando a los demandados,
“1. A colacionar en la herencia de su padre, Manuel Figueroa Peña, la suma de $2,200 recibidos por ellos en efectivo o en un cheque.
“2. A incluir en el inventario la partida de $800, valor de los hornos.
“3. A entregar a la demandante los dos condominios que a ella le pertenecen en el caudal de la herfencia, y pagarlo la,suma de $1,200 e intereses, en concepto de valores dejados de colacionar y rentas no satisfechas o aquella parte de dicha suma que arroje una liquidación, más los honorarios de abogado y las costas.
“Los demandados en su contestación alegaron:
“Aceptando la capacidad y carácter con que la demandante en-tabla este pleito,'el fallecimiento abintestato del causante y la decla-ratoria de herederos a favor de la viuda y sus hijos, la relación de los bienes antes expresada con excepción de la parte que se refiere a los 20 tableros, 4 palas, 2 cubos para hornos, 2 para los caldos, un 'armario para caldos, un filtro, guardapolvos, tablas, balanzas, etc., que alega fueron comprados por los demandados después del falleci-miento de Don Manuel Figueroa al precio de doscientos dollars.
“Admiten el hecho de la demanda relativo al nombramiento de Da. Carmen Disdier, como administradora de los bienes de su difunto esposo.
“Aceptan que se otorgó la escritura de división de bienes, pero que por mutuo acuerdo de todos los interesados quedaron los bienes pertenecientes al caudal hereditario, en común proindiviso. ■
“Alegan, además, que no se acordó nunca una división extrajudicial; que dichos bienes siempre han sido administrados por la viuda del causante Carmen Disdier, no por delegación de los deman-dados, sino en su nombre propio, y fundándose para ello en su nom-bramiento de administrador judicial, el que no ha sido revocado judi-cialmente, ni por los interesados en la herencia; que los demandados no han intervenido jamás en la administración' de los bienes, y que todos los interesados en el caudal hereditario, han admitido, por lo menos de una manera tácita, la administración de la señora citada.
“Admiten los demandados la compra -hecha por la actora a su hermana América del condominio de ésta, y la notificación de esa compra a la administradora Carmen Disdier.
“Aceptan que fueron requeridos para formalizar la partición y alegan que siempre ban estado y están dispuestos a llevarla a efecto; pero que la demandante no ba becho nada práctico tendente a ese fin.
“Niegan que Manuel Figueroa retirase fondos de un banco depo-sitados a su nombre, para imponerlos a nombre de los demandados, y que en el inventario de los bienes hereditarios se omitió el horno de pan, el que dicen fué considerado, y se inventarió como parte del inmueble (la panadería) del que forma parte y es anexo.
“Niegan el hecho de la demanda relativo a las rentas, y en su lugar alegan que éstas son menores; que la demandante entregó a Doña Carmen Disdier una hija de aquélla para que atendiera a su sostenimiento y educación, habiéndole dejado las rentas de dichas propiedades para los alimentos de su luja, y que también dicha Sra. Disdier le ha entregado varias sumas por concepto de rentas.
“Y terminan los demandados pidiendo se declare'sin lugar la demanda en cuanto a la colación de bienes y se ordene la venta en pública subasta de las fincas poseídas en común proindiviso, la dis-tribución del producto entr'e todos los herederos con costas, gastos y honorarios a la demandante.
“Señalado este caso, se celebró el juicio oral el día 6 de noviembre de 1914, con asistencia de las partes y sus respectivos letrados, se practicó la prueba de ambas partes, consistente en documental y tes-tifical, y se sometió el caso por medio de briefs que se presentaron oportunamente.
“Hemos estudiado las cuestiones debatidas con mucho cuidado.
“De los pronunciamientos que solicita a su favor la demandante; descartamos, desde luego, el primero, o sea, el.que se refiere a la cola-ción de los $2,200, porque no se ha probado la entrega de esa can-tidad a los demandados por su padre, ni la imposición por éste en banco a nombre de ellos.
“Tampoco nos detenemos en la segunda petición, o sea la inclu-sión en el inventario de los hornos valorados en $800 y la distribu-ción de esta suma entre los interesados.
“Tanto en el inventario como en la escritura de partición se rela-cionó ‘una casa propia para la industria de panadería,’ detallando sus accesorios. Entendemos que en el término panadería se incluyen los hornos, y aun aceptando que en el valor de la panadería no estu-viera comprendido el de los hornos, esto en nada perjudicaría a la demandante, porque ella tiene un condominio en la finca de una cuarta parte, y sea cual fuere el precio, su participación en la misma, siempre será una, que no depende del valor que pueda dársele, sino de su derecho determinado por la escritura de división y la compra de las acciones y derechos a su hermana América.
“En cuanto a la división del caudal, los demandados se avienen a ella.
“La única cuestión a resolver, es la referente al pago de las rentas no percibidas.
“Para ello debemos ver, si los demandados han estado en la pose-sión y disfrute de los bienes hereditarios.
“La propia demandante en su alegación sexta de la demanda no afirma que los demandados estén administrando los bienes. Vacila en la exposición de los hechos, diciendo que los bienes continúan en la indivisión, administrados unas veces por Carmen Disdier, esposa del causante de la herencia bajo el nombramiento primitivo de ad-ministrador judicial hecho por la Corte de Distrito de San Juan, otras veces por cualquiera de dichos demandadlos Jacinto, y AlcideS. Figueroa.
“La misma Carmen Figueroa al ser examinada como testigo, a preguntas del abogado de los demandados, contesta:
“Antes de la escritura de división ¿quién administraba? A mi madre la nombraron administradora aquí en la corte, pero cuando yo vi que le pasó en venta sus bienes a mis hermanos, pues no la consideré administradora.
• “Esta es toda la prueba aportada para demostrar que los deman-dados están en la administración de los bienes, prueba que no puede llevarnos a una conclusión categórica en favor de la actora.
“En cambio, y aparte de que la demandante alega que Doña Carmen Disdier ha desempeñado la administración con posterioridad a la escritura de división otorgada en enero de 1911, su declaración, cuando dice que no la considera administradora, está en contradic-ción con la prueba testifical de los demandados, de la cual copiamos los particulares que van a continuación y que aparecen en el interro-gatorio dirigido a Jacinto Figueroa.
“¿Quién hizo la liquidación? Mi madre.
‘ ‘ ¿ Quién siguió administrando después de la .liquidación ? Pues mi madre.
“¿Alguno protestó de esa administración? No, señor. ¿ Todos recibían su participación en el producto de los bienes? Todos.
“ ¿ Se .le pidió alguna vez a su señora madre por alguno de los interesados que abandonase la administración de los bienes? No, que yo sepa.
“Y además"de estas negaciones rotundas frente a las alegaciones inciertas y débiles y evasivas contestaciones de la demandante, tene-mos en el récord, admitido como prueba, un documento que dice:
“ ‘He recibido de Da. Carmen Disdier viuda de Figueroa la suma de diez y seis pesos a cuenta de las rentas que me correspondan en mis participaciones en la herencia de mi padre por el mes de mayo. Carmen Figueroa. Santurce, mayo 30 de 1913. Son $16.’
“Como se ve, este documento data de 30 de mayo de 1913; es decir, que es posterior al mes de enero de 1911, en que se hizo la escritura de división, y constituye una prueba de que los demandados no están en la administración de los bienes y sí.su madre, Carmen Disdier.
“Esta fué nombrada administradora judicial por la corte, y pa-rece que por corruptela, después de la división siguió administrando, según resulta de la prueba, sin que su nombramiento de tal adminis-tradora haya sido revocado ni dada por finiquita la administración.
“Carmen Disdier no es parte en este pleito. Y ¿cómo puede condenarse a los demandados a pagar rentas de bienes que no se ha probado están usufructuando?
“El hecho de que a la demandante no se le consultó sobre arren-damientos y otros actos de administración, no tiene importancia. Un administrador según el artículo 43 de la Ley de Procedimientos Le-gales Especiales está autorizado para hacer contratos de arrenda-mientos de establecimientos fabriles cuya renta anual no excede, como la de la .panadería de este caso, de mil dollars.
‘ ‘ Sería m”uy difícil en casos de bienes .pertenecientes a varios here-deros, obtener el consentimiento de éstos para los actos del adminis-trador.
“Estando los bienes-bajo la administración de Da. Carmen Dis-dier, que no es parte en este pleito, no procede una sentencia contra los demandados por rentas retenidas, y, por tanto, no hay necesidad de ■ entrar a determinar la cuantía de éstas.
“Por las razones expuestas la corte declara sin lugar la demanda en cuanto a la colación de los $2,200, la inclusión en el inventario de los hornos y su distribución entre los interesados y el pago de las rentas reclamadas; y con lugar en cuanto a la entrega de los dos condominios sin especial condenación de costas. El secretario regis-trará una sentencia de acuerdo con esta opinión. San Juan, P. R,, enero 8, 1915. Firmado, Félix Córdova Dávila, Juez de Distrito, Sección Primera.”

La demandante apela “de aquella parte de la sentencia * * * por la cnal se deniega a la demandante el-derecho a la suma de quinientos dollars ($500) qne en concepto de rentas sobre sns dos condominios en la herencia de su padre se le' adeudaba en enero, 1914, y reclama de los demandados, o aquella suma que de una liquidación practicada resultare en deber los demandados a la demandante en la fecha en que deba satisfacerse la sentencia que se dictare.”

Los siguientes son los errores que han sido alegados por la apelante:

“I. La corte cometió error al resolver en efecto, después del juicio, sin la previa alegación de la parte demandada, o sin la moción espon-tánea de la corte en la vista de la causa, que lia Rábido defecto de partes demandadas en lo que respecta a la acción por las rentas no satisfechas.
“II. Error en la apreciación de la prueba al no darse todo el-alcance y valor probatorio al documento que contiene las cuentas finales de la administración judicial (Exhibit E, Rec. pág. 49), así como a la notificación que Race el abogado de la administradora a la demandante de que lia cesado la administración judicial.
“III. Error al resolver la corte que la responsabilidad de un he-redero co-administrador, demandado por los.actos de su asociado, en que ha coadyuvado o ha tenido connivencia, no es solidaria entrambos.
“IV. Error en la apreciación de la prueba al resolver la corte que el acto de firmar los demandados-apelados un contrato de arren-damiento (Exhibit C, Rec. pág. 45), en su carácter de dueños de la propiedad no es un acto de administración y de dominio que les obliga a rendir cuenta de las rentas al heredero copartícipe excluido.
“V. Error en la apreciación de la prueba al considerar la corte que el recibo dado por la demandante-apelante (Rec. pág. 63) a Carmen Disdier por $16 a cuenta de sus rentas, cuando ya no era ésta administradora judicial, confiere a dicha Carmen Disdier capa-cidad o carácter alguno.
“VI. La corte erró al no conceder a la demandante-apelante las rentas que se piden en la súplica de la demanda.
“VII. Se ha cometido error al no ordenar la corte una ‘liquida-ción,’ cuando de la prueba resulta que durante una época (1911 y parte de 1912), no se pagaron las rentas a la demandante-apelante; que los pagos o abonos hechos se aceptaron con la correspondiente reserva y no cubrían la cantidad debida; que nunca se rindió cuenta, y que en la súplica se pide fallo por $500 de rentas no satisfechas, o la suma que resulte deberse a la demandante después de una liqui-dación.”

En lo que respecta al primero de los errores alegados que de tal modo han sido especificados el razonamiento del apelante es que como consecuencia de la sentencia apelada la demandante está obligada a establecer una nueva acción contra la actual cobradora de las rentas; que por tal motivo se ve competida a litigar en dos acciones lo que de igual ma-nera podía ser resuelto en una sola; que habiendo la anterior administradora hecho traspaso de sus bienes a los de-mandados en esta acción, es pues ahora insolvente, y en todo caso que si ella como demandada en dicha nueva acción pro-bara que aunque cobró las rentas éstas en realidad pasaron a manos de los demandados en este caso absueltos ya de toda responsabilidad por virtud de la sentencia que ahora se con-sidera, entonces la demandante quedaría enteramente despro-vista de todo remedio; que el defecto de partes demandadas es una cuestión de defensa y debió haber sido alegado por los demandados, ya en la forma de una excepción previa, o de una moción o en la contestación; que una acción de esta clase no debe ser juzgada separadamente, y que antes de dic-tarse sentencia en este caso la corte debió haber procedido de conformidad con el artículo 74 del Código de Enjuicia-miento Civil, que entre otros particulares prescribe lo si-guiente :

“* * *; pero cuando no se puede llegar a una completa reso-lución de la controversia sin la presencia 'de otras personas la corte deberá entonces disponer la comparecencia de éstas, y acto seguido la parte a quien la corte lo ordene deberá hacer que se entregue en la forma general prescrita para las citaciones, una copia de la dis-puesta en el pleito y de la orden antedicha, a cada una de las partes cuya comparecencia se hubiere ordenado, las cuales tendrán diez días, o el tiempo que dispusiere la corte, después de notificada dicha cita-ción, para comparecer y alegar su derecho; y en caso de que dicha parte dejase de comparecer y alegar en juicio dentro del plazo señalado,- la corte podrá, disponer que se Raga constar su ausencia y proceder como en los demás casos de rebeldía, o dictar nueva orden de acuerdo, con lo que el estado de la causa y la justicia. exigieren:

Dejando a nn lado la insinuación relativa a la insolvencia de Carmen Disdier y la fútil consideración respecto a lo que pudiera revelar o nó la prueba si se estableciera una nueva-acción, podríamos sentirnos fuertemente inclinados a soste-ner la alegación de la apelante en cuanto a este punto si la premisa referente a no baber promovido los demandados tal cuestión en la corte inferior en realidad estuviera bien fun-dada y si la misma demandante no fuera responsable más que ninguna otra persona de la triste situación ¡en que abora se encuentra.

Pero en primer lugar, como ba dicbo el juez sentenciador y según aparece de los autos, la demanda misma deja mucbo que desear en su vaga alegación respecto a la actual admi-nistración de los bienes. La alegación sexta de la deman-dante a que se ba becbo referencia en la opinión citada ante-riormente dice lo que sigue:

“Y dicba demandante alega que a pesar- de la división acordada extrajudicialmente de dichos bienes, como queda dicho, y de ser éstos perfectamente divisibles, los referidos bienes han continuado y con-tinúan aún en estado de indivisión hasta la fecha, administrados unas veces por la referida Carmen Disdier, esposa del causante de la herencia, bajo el nombramiento -primitivo- de administradora judicial, hecho por la Corte de Distrito de San Juan con anterioridad a dicha escritura de división, otras veces por cualquiera de dichos demandados Jacinto y Aleides Figueroa Disdier, pero nunca con el consentimiento de dicha demandante, excepto para la administra-ción de dichos bienes con anterioridad a dicha división; siendo así que la dicha demandante ha sido excluida no solamente de posesión material de su parte alícuota en la herencia, y del condominio ad-quirido por ella de su hermana América Figueroa Disdier, sino que en ningún caso se le ha permitido acto alguno de administración, ni se le ha consultado para los arrendamientos de dichos bienes, o gastos hechos en ellos, ni se le ha rendido cuenta de la administración de los mismos, a partir de la escritura dicha. Y la demandante alega,* según información y creencia, que si bien la viuda de dicho Manuel Figueroa ejerce todavía actos de administración en dichos bienes, como lo son el cobro de rentas y firma de contratos de arrendamien-tos, estos actos tienen lugar a nombre y por delegación de dichos demandados Jacinto y Alcides Figueroa Disdier, con el fin de eludir éstos toda responsabilidad, puesto que dicha viuda hizo cesión y tras-paso de su condominio de una mitad proindivisa en dichos bienes, a raíz de firmarse la escritura de división, por enero, 1911, a favor de los referidos demandados, o uno solo de ellos, dicho Jacinto Figueroa Disdier.”

Los demandados prontamente formularon excepción pre-via a la demanda, alegando entre otros fundamentos, los si-guientes :

‘ ‘ 2a. Que la demanda es ambigua, ininteligible o dudosa * * *.
“Se funda esta excepción en que en el hecho sexto dé la demanda se expone que los bienes que pertenecieron al caudal hereditario de Don Manuel Figueroa fueron administrados por su viuda Carmen Disdier sin que se le diese participación alguna en la administración a la demandante; y en el hecho décimo de la misma demanda se expone que dicha demandante ha recibido de las rentas o productos de los referidos bienes la suma de $168; lo que envuelve una notoria contradicción.
“3a. Que existe un defecto de partes demandadas * * *.
“Se funda en que alegándose en la demanda que los bienes han sido y son administrados por Carmen Disdier, es ella quien debe responder de las gestiones de su administración y no los demandados.
“4a. Que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, o sea el número sexto del artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
“Se funda esta excepción en que en el apartado noveno de la demanda se expone que el causante Don Manuel Figueroa consignó cierta cantidad en el banco donde acostumbraba hacer sus depósitos a favor de los demandados Jacinto y Alcides Figueroa) sin expresar el banco donde se hizo la consignación; dato indispensable para que los demandados puedan tomar informes y preparar su contestación en cuanto a ese extremo de la demanda.
“Además en que se pide a los "demandados rendición de cuentas de la administración y entrega de rentas y productos, y en la misma demanda se alega que no han sido ellos ni son en la actualidad los administradores de dichos bienes hereditarios, sino que lo ha sido y es en la actualidad Da. Carmen Disdier; y si bien es cierto que en el beeho sexto de la demanda se expone que algunas veces dicha' Carmen Disdier administraba por cualquiera de los demandados,' éstos presuponen la existencia de un mandato expreso o tácito, pero . aun así no serían los demandados, o sean los mandatarios, respon-sables, sino que la responsabilidad de la administración sería exclu-sivamente de la demandante.
“Por cuyas razones y en cuanto a esos extremos,-la demanda no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción contra estos demandados.”

El verdadero motivo por el cual la demandante no sola-mente prefirió omitir el nombre de Carmen Disdier como parte demandada en la fecha de la presentación de la de-manda sino que'tan tenazmente se mantuvo al parecer en el propósito firme de excluirla del litigio de todos modos, aun 'después de haber sido formulada la excepción previa en vez de estar conforme con ésta y aprovechar esa oportunidad para subsanar este defecto de partes mediante enmienda, al cual de una manera tan clara se le llamó la atención, es un hecho que no aparece claramente.

Cualquiera que sea el mérito que pueda haber o nó en los señalamientos segundo y cuarto es difícil comprender por qué tenía la córte sentenciadora que haber desestimado el tercer fundamento de excepción {supra), a no ser que procediera basada en la muy clara teoría de que siendo Carmen Dis-dier a lo sumo verdadera parte demandada más bien que ab-solutamente necesaria, no incumbía a la corte obligar a la demandante en contra de su deseo, a proceder contra su ma-dre cuya presencia en manera alguna era indispensable para la resolución completa de la controversia en cuanto a las partes que ya estaban ante la corte y cuya exclusión difícil-mente podría causar perjuicio a los demandados sino sola-mente al inconveniente que en el futuro pudiera resultar a la obstinada demandante.

“La corte puede, a iniciativa propia, ordenar que se incluyan las partes necesarias, pero no traerá nuevas partes a menos que su pre-sencia sea necesaria a moción del demandado y contra el deseo del demandante. Si una corte en un juicio dicta una orden de que se permita comparecer y contestar a ciertas personas debido a la supo-sición errónea de que son partes necesarias, dichas personas no son interventores, y no se convierten en partes en la acción. Y si el demandante elige renunciar a cualquier remedio por el que se liaría necesaria la presencia de otra parte, y pide que se dicte sentencia por aquello a que solamente tiene derecho en lo que respecta a los demandados que ya están ante la corte, y acerca de lo cual puede obtenerse una completa resolución, la corte puede conceder el último remedio sin la inclusión de otras partes. La frase ‘cuando una determinación completa,’ etc., significa que hay personas que no son partes cuyos derechos deben ser fijados y resueltos antes que los dere-chos de las partes en el pleito puedan ser determinados. 1 Sutherland, Code Pleading, Practice and Forms, Sec. 692.”

Además, después que la excepción previa relativa al de-fecto de partes demandadas había sido desestimada, los de-mandados insistieron nuevamente en este punto por medio ■de una alegación específica de conformidad con la negativa ■de la sexta alegación de la demanda, a saber, “que jamás ■se acordó entre las partes una división extrajudicial de los bienes hereditarios, y si éstos han continuado indivisos ha ■sido por acuerdo de los interesados. Que dichos bienes han ;sido siempre administrador por la viuda del causante Da. Carmen Disdier, no por delegación de los demandados, sino ■en su nombre propio, y fundándose para ello en su nombra-miento de administradora judicial, que no le ha sido revo-cado judicialmente, ni por los interesados en la herencia. ■Que los demandados no han intervenido jamás en dicha ad-ministración, no habiendo nunca tratado de eludir la respon-sabilidad de sus actos, como se alega en la demanda. Que todos los interesados en el- caudal hereditario han admitido, por lo menos de una manera tácita la administración de Da. ■Carmen Disdier, la que repetidas veces ha consultado a la demandante sobre los arrendamientos y otros actos de ad-ministración, habiéndole además rendido la correspondiente cuenta de administración. Que si la demandante ha sido excluida de 1a- posesión, no ha sido por la voluntad de los demandados, sino por la imposibilidad física y legal de poseer nn condominio proindiviso.”

Y este claro aviso del resultado probable en caso de haber prueba suficiente en este sentido también parece que no fué tomado en consideración. Además, después de la vista y ai solicitar la demandante enmendar su demanda para ajustarla a la prueba presentada, ni siquiera- entonces se sugirieron nuevas partes en la enmienda propuesta o la celebración de otra vista.

Habiéndose opuesto con éxito la demandante a la excep-ción previa sobre defectos de partes demandadas; habiendo prescindido deliberadamente de la alegación terminante que acaba de citarse, e insistido tenazmente durante todo el pro-cedimiento en continuar su acción contra los primitivos de-mandados solamente, en completa desatención del triple aviso contenido en los dos escritos de defensa a los que ya se ha hecho referencia y en la prueba de la defensa en el mismo sentido, no puede ser oída ahora en queja-de que se le ha obligado a establecer una segunda acción debido a la supuesta omisión de la corte de distrito sua sponte, y antes de dictar sentencia obligarla, no obstante su disgusto manifiesto, a in-cluir entre dichos primitivos demandados a la referida Oar-men Disdier de quien tan repetidas veces llamaron los de-mandados la atención a la demandante como verdadera parte demandada, aunque no absolutamente necesaria.

Que la apelante no puede atacar con éxito un error que ha sido sugerido por ella misma, ni asumir ante el tribunal de apelación una actitud que es incompatible con la que adoptó durante el juicio, es una cuestión demasiado elemental para que sea necesario discutirla con mayor extensión. Véase 2 R. C. L. pág. 79, sección 56, pág. 183, sección 156, pág. 238, sección 198; 3 C. J. pág. 718, sección 618.

Al discutir el segundo señalamiento de error, la apelante impugna la manifestación hecha por la corte de que la pri-mitiva administradora judicial “parece que por corruptela, después de la división siguió administrando los bienes según resulta de la prueba, sin que su nombramiento de tal admi-nistración jamás baya sido revocado, ni dada por finiquita la administración,” y emprende' una discusión algo extensa para probar que después de presentadas las cuentas finales de diclia administración y de habérsele notificado por con-ducto de su abogado de haber terminado su administración, no puede ser ella considerada por más tiempo como una ad-ministradora de facto, o en otra forma, y que si no es una administradora viene a ser una mera agente o mandataria, por cuyos actos son responsables los demandados como prin-cipales.

No creemos que sea necesario discutir en sus detalles los razonamientos del apelante en cuanto al particular. Puede admitirse para los fines de esta opinión que quizás existe un número de diferencias características que podrían establecerse entre un administrador judicial y un simple agente o man-datario ; pero se nos hace enteramente imposible comprender, y la apelante no nos ha indicado con. algún grado de preci-sión, en qué forma de acuerdo con los hechos de este caso, ha sido ella verdaderamente perjudicada en algún derecho sustancial por la confusión que haya podido existir en la mente del juez sentenciador acerca de este punto en concreto.

Es verdad que el juez sentenciador llama la atención en el curso de su opinión hacia el hecho de que “un'adminis-trador, según el artículo 43 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales está autorizado para hacer contratos de arrendamiento de establecimientos fabriles cuya renta anual no exceda, como la de la panadería en este caso, de mil dollars.” Y puede ser que la corte sentenciadora incurriera en error en tanto se inclinó a considerar a Carmen Disdier de todos modos como administradora judicial después de haber presentado sus cuentas finales y de habérsele notificado que había terminado en ella. • Los apelados en verdad ad-miten otro tanto en su alegato. Pero no creemos que sea necesario resolver ahora esta cuestión.

La resolución del caso en la corte de distrito dependió claramente de la conclusión a qne llegó el juez sentenciador de acuerdo con la prueba de la defensa de qne los demandados en realidad jamás intervinieron en el verdadero gobierno general, administración o dominio. de los bienes pertenecientes al caudal hereditario, va como principales, co-administrado-res, o en otro carácter, ni recibieron, manejaron o disfrutaron 'de ninguna de las rentas qne pretende recobrar la deman-dante, sino por el contrario qne la primitiva administradora Carmen Disdier después, y a pesar de la rendición de sns cuentas finales, de la ejecución de la llamada “partición,” del aviso que se le dió de haber terminado en la adminis-tración y del traspaso de sus' bienes a sus hijos en realidad había quedado sola, absoluta y exclusivamente con el manejo y gobierno de dichos bienes, pagando las contribuciones y afrontando todos los gastos corrientes, cobrando las rentas y verificando todos los pagos que se hicieron, tanto a los demandados, como a la demandante en esta acción.

Con este criterio acerca de la prueba, no siendo Carmen Disdier parte en este pleito, la sentencia dictada era inevitable y la cuestión promovida en el segundo señalamiento viene a ser una simple cuestión abstracta, y el error, si-alguno se cometió, no parece ser perjudicial.

T en este caso también la opinión de la corte meramente parece seguir y adoptar la primitiva teoría de la demandante respecto al supuesto carácter judicial de la verdadera admi-nistración, en completa armonía con la alegación sexta de la demanda, supra, a saber, que los bienes de la herencia, a pesar del convenio sobre partición y de su naturaleza divisible, continuaban todavía en estado de indivisión y “admi-nistrados unas veces por la referida Carmen Disdier, esposa sobreviviente del causante de la herencia, bajo el nombra-miento primitivo de administradora judicial hecho por la Corte de Distrito de San Juan con anterioridad a dicha es-critura de división, y otras veces por uno u otro de dichos demandados * . * Así pues, si algún error se cometió puede decirse razonablemente que fué sugerido por la de-mandante en su escrito original, para no hacer mención de la prueba y de su ■ actitud conforme con la misma durante el juicio y no puede abora quejarse del resultado natural al cual ba contribuido tanto con su propia conducta.

La proposición enunciada en el tercer señalamiento ex-presa simplemente una cuestión imaginaria. La apelante da mucha importancia a la última parte de la alegación sexta de la demanda, a la cual ya se ba hecho referencia en particular, por imputarse en ella connivencia, pero parece olvi-darse de que tal connivencia, lo mismo que otro hecho cual-quiera debe ser probada como también* alegada. La corte inferior no resolvió como alega la apelante, sino que más bien declaró probado en vista de toda la prueba, según se ha dicho, que los demandados no eran co-administradores en unión de Carmen Disdier y que para todos los fines y objetos prácticos no habían participado en absoluto en la verdadera administración de los bienes. No existiendo base alguna en los autos para la premisa en cuestión y no habiendo formu-lado la demandante objeción a ninguna de las pruebas pre-sentadas, no tendría objeto alguno que hiciéramos un aná-lisis acabado de la argumentación de la demandante sobre este punto. En tanto en cuanto en ella está envuelta la teoría de una ádministración judicial de facto paradójica que atribuye la apelante a la corte inferior ya ha sido resuelto en la consideración que hemos hecho del segundo señala-miento. Y en lo que respecta a la alegación de la respon-•sabilidad solidaria que surge del proceder de los demandados al otorgar conjuntamente con dicha Carmen Disdier el con-trato de arrendamiento mencionado en pl cuarto señalamiento; y no habiéndose formulado en absoluto objeción alguna ni tomado ninguna excepción, como queda expuesto, dicha ale-gación debe prevalecer o caer con la proposición enunciada en ese señalamiento que indica el único fundamento en los autos por el que pudiera alegarse cualquier error en, este sentido.

La cuestión promovida en el cuarto señalamiento es algo más importante. El contrato de arrendamiento a que en el mismo se hace referencia, es en verdad según el criterio de la demandante, el punto sobre el cual .gira todo el caso y no puede negarse que el otorgamiento de dicho instrumento por los demandados es una circunstancia muy significativa que merece detenida consideración, a la luz de la teoría de la demandante sobre el caso y en relación con todas las demás pruebas que han sido presentadas. Además, existe cierta atmósfera que rodea toda la .controversia que no tiende a inspirar absoluta confianza en la prueba de los demandados y que sugiere una fuerte sospecha de que la demandante tal vez tiene verdadero motivo para quejarse del trato que ha recibido, a pesar de no haber podido establecer su caso. Sin embargo, ambos demandados subieron a la silla de los tes-tigos y declararon extensa y detalladamente, sin objeción por parte de la demandante, respecto a lá verdadera administra-ción de los bienes por la madre Carmen Disdier, así como también acerca de la intervención que tuvieron ellos en dichos bienes, no habiendo la demandante hecho uso en absoluto del privilegio que tenía de hacer un fuerte examen de repregun-tas en cuanto al particular. Por qué renunció á la oportuT nidad qne de tal modo se le ofreció para exigir una expli-cación completa del conflicto entre los hechos según han sido expresados en el contrato de arrendamiento otorgado por los demandados' de acuerdo con la interpretación que les da la demandante y los hechos tal como han sido declarados ,por ellos, es otro de los varios aspectos por considerar en el caso y que tiene que quedar como aparece envuelto en el misterio.

Y además, en este caso la corte no resolvió como alega la apelante que el otorgamiento de un contrato de arrenda-miento por los demandados como dueños que alegan ser de cierta propiedad no es un acto de administración y dé doT minio que lleva consigo la obligación de rendir cuentas a nn heredero o condueño qne ha sido excluido, sino que la corte simplemente declaró probado en vista de toda la prueba, in-cluyendo el contrato de arrendamiento,-' y no obstante su otorgamiento por los demandados como arrendadores en común con Carmen Disdi er, que dicha Carmen Disdier en realidad ejercía el único y exclusivo manejo y dominio de la propiedad perteneciente a la herencia.

Toda la teoría de la demandante sobre el caso se basa, como hemos dicho, en este contrato de arrendamiento con ayuda de presunciones, deducciones y teorías que por fuertes, lógicas y razonables que sean en abstracto, o de ser aplicadas a este detalle en particular, consideradas aisladamente y solas no es posible que puedan subsistir ante la prueba de la defensa de ser ésta verdadera y que la corte sentenciadora aceptó como cierta. -Toda la argumentación de la deman-dante, en tanto puede encontrarse en los autos una base sólida para la misma, pudo de igual modo haberse fundado en un solo señalamiento, o sea, que la corte sentenciadora cometió error al fundar su opinión en los hechos tales como fueron declarados por los testigos de la defensa y corrobo-rados en cierto modo por las admisiones de la demanda, la declaración de la- demandante y el recibo firmado por ella que fué introducido como prueba por los demandados, en lugar de seguir a ciegas el curso sugerido por el contrato de arrendamiento con las presunciones naturales y deducciones lógicas que surgen del mismo, a la luz de ciertas otras cir-.cunstancias más o menos sospechosas y en completa desa-tención de todas las demás pruebas que fueron presentadas.

Mucho se ha insistido en el artículo 1186 del Código Civil que prescribe lo siguiente:'

“Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de- la fecha de éste.
“También harán prueba contra los contratantes y sus causaha-b’ientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”

Ambos de estos preceptos, en tanto son aplicables a los hechos de este caso pueden resumirse en la expresión simple y evidente por sí misma de que el contrato de arrendamiento •otorgado por los demandados hace prueba contra todo el mundo del hecho de dicho arrendamiento, y particularmente y prima facie, aunque no de modo concluyente en cuanto al hecho principal en contra de tales demandados, de que son ellos como en el mismo alegan ser .“los dueños y como tales los administradores” de la propiedad en particular que ha sido arrendada por e]los. Cualquiera que fuera la fuerza y el efecto de dicho instimmento como prueba contra los de-mandados en esta acción en un pleito establecido para hacer cumplir, o por incumplimiento de dicho contrato de arren-damiento, o de sus términos y condiciones, sin embargo, la cuestión relativa al valor probatorio y fuerza persuasiva de sus cláusulas en cuanto por ellas se establece el hecho principal a que en las mismas- se hace mención, considerado dicho contrato meramente como una parte en todo el volumen de pruebas en una acción en que no están envueltos derechos garantizados por el mismo cuando se invoca el contrato, no por las partes que lo han otorgado sino por un extraño, no como un contrato de acuerdo con el cual se alegan derechos, sino como prueba de una mera admisión que favorece la reclamación de dicho tercero; la cuestión de si tal admisión hecha bajo circunstancias que excluyen la doctrina del im-pedimento (estoppel) es concluyente o puede ser contra-dicha y regulada por otra prueba adecuada, y la cuestión del grado de prueba necesario para anular dicha admisión so-lemne y los principios por los cuales debe regirse la corte sentenciadora al apreciar semejante prueba contradictoria y resolver el hecho principal son enteramente otra cuestión. IV Wigmore, see, 2425, 2446, 2470, 1058, 1060; Dualey v. Niswander & Co., 64 S. E. 745.

Los demandados no niegan el otorgamiento de este con-trato y hasta mencionan algunos otros actos aislados de ca-rácter administrativo, pero de esa mera transacción no se deduce necesaria e inevitablemente con relación a nna pro-piedad en particular, que los demandados realmente admi-nistraban los bienes o que en verdad cobraron y recibieron las rentas que vencían de acuerdo con dicho contrato, o que no hayan de ser tomadas en consideración las circunstancias que concurrieron al otorgamiento del contrato en tanto pue-dan servir de ayuda al determinar la verdadera significación, importancia relativa y valor probatorio de las mismas.

Dada la condición de los bienes en cuestión a la fecha de dicho arrendamiento, parece la cosa más natural que un futuro arrendatario se negara a aceptar un instrumento otor-gado por la viuda únicamente y que insistiera en que dicho documento lo firmaran los mismos herederos además de la administradora de facto. Expresa uno de los demandados que él firmó simplemente porque se le dijo que era necesaria su firma. Es de sentirse que no se haya aclarado un poco más este punto, pero como ya hemos indicado, la demandante no hizo ninguna objeción a esta manifestación ni a ninguna otra declaración respecto a la verdadera administración y en el examen de repreguntas no prefirió observar el sistema de investigación que así se le sugirió.

0 El contrato de arrendamiento no dice que los arrenda-dores que en él se mencionan son administradores en común de los bienes sino que solamente expresa que ellos son los “dueños y como tales administradores” de una panadería objeto de dicho contrato, y además expone inmediatamente de modo expreso y específico qúe “sus condominios - en la casa descrita'en que está construida le resultan a Da. Carmen Disdier y sus hijos Jacinto N., 'América y Alcides É. Figueroa en la partición de bienes quedados al óbito de Manuel Figueroa Peña, según escritura de 11 de febrero, 1911, ante el Notario D. Adrián Agosto.”

De manera que la manifestación anterior respecto al do-minio y consiguiente administración está determinada clara-mente quedando indicada con claridad la naturaleza precisa y extensión de dicho dominio y administración por medio de referencia expresa a la fuente del título. Se 'deduce, pues, que el texto del contrató de arrendamiento en el cual se funda insistentemente la demandante debe ser interpre-tado a la luz de su contexto, y de los techos tal como apa-recen de la escritura de partición a las cuales se tace refe-rencia directa y específica.

Pero la apelante considera extensamente el gran peligro que tay en admitir prueba para contradecir.la solemne ex-posición de los techos contenidos en un documento público y cita en relación con esto los párrafos 2do. y 3ro. del artí-culo 101 de la Ley de Evidencia que establecen como presun-ciones concluyentes, las siguientes:

“2. La verdad de los hechos relatados, en la relación contenida en un documento escrito, entre las partes interesadas en el mismo o sus sucesores en interés por título adquirido posteriormente; pero esta regla no será aplicable a la relación de una compensación.
“3. Siempre que una de las partes hubiere, por su propia decla-ración, acto u omisión, inducido intencional • o deliberadamente a otra de las partes, a creer en la verdad de una cosa y obrar en esa creencia, no se podrá en ningún litigio a que diere lugar dicha decla-ración, acto u omisión, permitir a aquella que la refute.

El artículo citado, así como el del Código Civil, supra, determina meramente el conocido principio referente a la regla sobre prueba testifical y ’al impedimento (estoppel) por razón de un documento, y la apelante prescinde entera-mente de la limitación expresa y elemental en cuanto a las partes y demás personas interesadas y del principio rudi-mentario de que una manifestación que no equivale a una afirmación precisa de un hecho no constituye un impedimento (iestoppel) para negar el hecho de que un impedimento (es-toppel) no surge de una manifestación a menos que sea de la esencia del contrato; que una manifestación no siempre es necesariamente obligatoria en una acción que no está fun-dada en un contrato o que no ha sido establecida para hacer valer algún derecho que nace de dicho contrato, o en el que la materia objeto del documento no se está considerando, y que al resolver el efecto de una manifestación ésta debe ser interpretada en relación con todo el contrato y la parte que alega el obstáculo o impedimento debe haber sido inducido de buena fe al perjuicio. 8 Manresa (1907), 464 et seq.; 16 Cyc. 671 et seq.; IV Wigmore, sección 2400 et seq.; Schultz v. Ryan (131 La.) 59 So. 21; Stackhouse v. Zunts, 23 La. Ann. 481; Blake v. Hall, 19 La. Ann. 49; Davis v. Binion, 5 La. Ann. 248; Hill v. Spangenberg, 4 La. Ann. 553; Layman v. Vicknair, 47 La. Ann. 679; Succession of Bellande, 41 La. Ann. 491; Westholz v. Retaud, 18 La. Ann. 285; Tillman v. Mosely, 14 La. Ann. 710.

Muy bien podríamos haber eliminado enteramente la alegación de la apelante en este sentido aplicando la regla general de que una corte de apelación no tomará en consi-deración aquellas cuestiones que no han sido promovidas debidamente en la corte inferior, pero la apelante ha discu-tido la cuestión con tanta insistencia y con tal extensión, y se ha permitido hacer tan fuerte crítica de la corte senten-ciadora, que nos hemos visto inclinados a discutir la cuestión como ha sido presentada en tanto es necesaria para demos-trar que la proposición, tal como ha sido aplicada a los hechos de este caso, es enteramente insostenible.

Los demás errores que han sido alegados se refieren me-ramente al peso y suficiencia de la prueba y el discutirlos en detalle sería dar demasiado extensión a esta opinión.

Después de examinar cuidadosamente los autos en su to-talidad no podemos decir que la corte inferior cometió nin-gún error manifiesto al llegar a su decisión sobre los méritos del caso en la forma en que fué presentado, y debe confir-marse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sb. Hernández,

license: Public Domain

text:
    G. Martínez y Compañía, Demandante y Apelante, v. Roig, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en cansa sobre nulidad de inscripción.
    No. 1270.
    Resuelto en enero 28, 1916.
    Servidumbre de Paso — Predio Dominante — Predio Sirviente — Inscripción en el Registro — Terceros—Cancelación de Inscripción. — Por escritura pú Mica que fué inscrita en el registro, cierta porción que lleva el nombre “El Ejemplo” fuó segregada de una hacienda denominada “Providencia,” y vendida bajo ciertos pactos entre los cuales figuró el de que el vendedor se obligaba a permitir por los terrenos de la hacienda, y sin perjuicio de sus plantaciones, los caminos que considerare necesarios el comprador. Muerto el vendedor, se adjudicó á uno de sus hijos una porción de la hacienda que como finca independiente y denominada “Vega del Recreo' fué inscrita en el registro. Posteriormente, en un- contrato de préstamo con garantía hecho por escritura entre el heredero y el mismo comprador, se convino en ciertas renuncias de derechos que .pudieran corresponder a cada uno por virtud de la escritura de venta de la finca “El Ejemplo,” reservándose el comprador “únicamente la servidumbre de paso” que fué también inscrita. Ahora se pide por los actuales dueños de la finca “Vega del Recreo,” quienes la obtu-vieron por compra al heredero, la nulidad de la inscripción y cancelación en el registro.' Se resolvió:

    1. Que por la escritura de venta de la finca “El Ejemplo' fué la intención ■de las partes constituir, y se constituyó, una servidumbre de paso o eamino en favor de dicha finca como predio dominante, y sobre la hacienda “Provi-dencia” como predio sirviente, haciéndose necesaria la servidumbre por que-dar la finca “El Ejemplo” dentro de la hacienda “Providencia.” Artículo 574 del Código Civil.
    2. Que por la otra escritura otorgada al hacerse el contrato de préstamo con garantía, no sólo quedó subsistente la servidumbre, sino que fué confir-mada con respecto a la finca “Vega del Recreo,” servidumbre que hubiera afectado siempre a la expresada finca por ser parte de la hacienda “Provi-dencia.” Artículo 542 del Código Civil.
    3. Que -.atendidos los términos en que está redactada la escritura, no en-vuelve obligación personal o promesa por parto del vendedor a favor del comprador de constituir servidumbre de paso, sino la constitución de un dereeho real de servidumbre, derecho sujeto a inscripción con arreglo al No. 2 del artículo 2 de la Ley Hipotecaria.
    4. Que la inscripción de servidumbre de que se trata contiene todos los elementos que integran un dereeho real de servidumbre, no estando compren-dida en los casos de nulidad a que se refiere el artículo 30 de la Ley Hipo-tecaria.
    5. Que constituida una servidumbre por el causante sobre la totalidad de una finca, la cual por muerte de dicho causante pasa a sus herederos, y uno de éstos inscribe la parte que le ha sido adjudicada como finca propia, como este hei'edeio no es un tercero, sino que es la continuación de la personalidad del causante, dicha inscripción no impide el que el dueño del predio dominante obtenga que se inscriba dicha servidumbre sobre la parte que el heredero inscribió a nombre propio.
    6. Que los demandantes.en este pleito no pueden alegar su condición de ter-ceros para pedir la nulidad de la inscripción de servidumbre sobre la finca ‘ ‘ Vega del Recreo ’ ’ de que son dueños, porque del registro que es la garantía para la contratación sobre bienes inmuebles, aparece claramente la existencia del gravamen de servidumbre de paso sobre la finca "Providencia.”
    7. Que el derecho inscrito de que se trata no se ha extinguido y, en su consecuencia, es improcedente su cancelación en el registro con arreglo al artículo 79, No. 2, de la Ley Hipotecaria; no siendo de aplicación el artículo 1224 del Código Civil porque no se trata de un derecho personal.
    8. Que cuando en el ejercicio de un derecho de servidumbre surge algún conflicto entre las partes interesadas, éste puede ser. decidido por la misma voluntad de las partes o por mediación de la corte de justicia competente.
    Los hechos están' expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. López del Valle, Rafael López Landrón y Juan Gregory.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco González.

   El Juez Presidente Sb. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao declarando sin lugar demanda sobre nulidad de inscripción de servidumbre y consiguiente cancelación de dicha inscripción en el registro.

Los hechos atinentes al caso que han de servirnos de base para la decisión del recurso, son los que pasamos a exponer:

- Por escritura pública No. 227 otorgada en la ciudad de Humacao a 15 ele noviembre de 1896 ante .el notario Don Marcelino Estévanes Nanclaes, Don Rodulfo Leoncio Pérez y Polanco dueño de la hacienda “Providencia” radicada en el término municipal de la referida ciudad, segregó de ella una porción compuesta de 12 cuerdas con los edificios, esta-blecimientos, maquinaria y dependencias ubicadas en esa por-ción y la vendió a Don Antonio Roig Torrellas bajo ciertos pactos entre los cuales es de transcribirse el consignado en la cláusula 6a. ele dicha escritura que dice así:

“El Don Rodulfo se obliga a permitir por los terrenos de su finca ‘Providencia’ y sin perjuicio de sus plantaciones, los caminos que con-sidere necesarios el Sr. Roig quien a su vez se compromete a facilitar al Don Rodulfo preferentemente y sin retribución alguna vías férreas tan pronto como éstas sean instaladas en la finca * *

Las colindancias de la finca segregada de la “Providen-cia” y que desde entonces se llamó “El Ejemplo,” según se espresan en la escritura, son:

“Por el norte con la quebrada'Mariana que la separa de más terrenos de la finca principal ‘ Providencia,’ por. el este con el camino vecinal del barrio de Mariana que la separa de más terrenos de la finca ‘Providencia,’ por el sur con el mismo camino y una zanja que la separa de la hacienda ‘Providencia,’ y por el oeste, con otros terre-nos de la predicha hacienda ‘Providencia.’ ”

El contrato de compraventa fué inscrito en el tomo 14 •de Humacao, al folio 101, finca número 674, inscripción Ia., y la servidumbre a que se refiere la cláusula 6a., en los tomos 13 y 14 de Humacao, a los folios 81 vuelto y 103 vuelto, fincas números 633 y 674, inscripciones 4a. y 2a., respectiva-mente. La finca No. 633 es la denominada ‘‘Providencia” y la número 674 es la segregada que recibió el nombre de “El Ejemplo.”

Muerto Don Rodulfo Leoncio Pérez Polanco fué adju-dicada a su bija Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez una porción de la hacienda “Providencia” compuesta de 53 cuerdas 75 centavos de otra, que como finca independiente y con el nombre de “Vega del Recreo” fué inscrita en el mismo registro de la propiedad sin expresión de la condi-ción estipulada en la escritura de 15 de noviembre de 1896.

Por otra escritura pública otorgada en Humacao a 21 de agosto de 1902 ante el notario Don Antonio de Alclrey, Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez y su esposo Don Emilio Cuadra y Rosa celebraron con Don Antonio Roig Torrellas un contrato de préstamo con garantía de cañas, entre cuyas cláusulas figura una que literalmente dice así:

“7a. Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez con licencia y consen-timiento de su esposo el Don Emilio Cuadra y Don Antonio Roig Torrellas, como condición esencial y precisa de este contrato, renun-. cian terminantemente cuantos derechos de todas clases pudieran corres-ponderles a cada uno de ellos por virtud de la escritura No. 227 otorgada en esta ciudad a 15 de noviembre de 1896 ante el notario Don Marcelino Estévanes, de venta de la hacienda ‘Providencia’ antes, hoy ‘El Ejemplo,’ otorgada por Don Eodulfo Leoncio Pérez y Polanco, padre de la Doña Julia, a favor del Sr. Eoig, quien se reserva única-mente la servidumbre de paso que tiene por los terrenos de la com-pareciente con relación a la central ‘El Ejemplo’ de su propiedad, comprometiéndose ambos a no hacer en ningún tiempo reclamación alguna por el indicado concepto.”

Habiendo solicitado Don Antonio Eoig Torrellas del re-gistrador de Iíumacao en escrito de fecha 26 de noviembre, 1910, que por virtud de lo convenido en la cláusula 7a. de la escritura de 21 de agosto, 1902, que acompañaba, se inscri-biera sobre la finca “Vega deí Eeereo,” propiedad de Deña Julia Ana María Pérez y Sánchez, la servidumbre de paso que con relación a la hacienda “El Ejemplo” de Don Antonio Eoig, constituyera Don Eodulfo Leoncio Pérez sobre la finca “Providencia” el registrador al margen del asiento de pre-sentación de dicho escrito extendió la siguiente nota:

“La inscripción de ratificación de servidumbre que se solicita con los documentos del asiento adjunto ha sido denegada de conformidad con la resolución de 27 de junio, 1864, por cuanto no aparece men-cionada en la finca ‘Vega del Eeereo’ la servidumbre y no consta la anuencia de la propietaria para el establecimiento, pues la cláusula 7a. del documento presentado es condición esencial de un contrato cuyo objeto no fué el reconocimiento expreso de servidumbre alguna sobre dicha finca; y se ha tomado anotación por 120 días en el tomo 21 de Iíumacao al folio 169, finca 848, triplicado, anotación letra A. Iíumacao, 4 de enero de 1911. Planellas.”

Posteriormente con escrito de 5 de mayo, 1911, Don Antonio Eoig Torrellas presentó al mismo registrador la escri-tura de 15 de noviembre de 1896 solicitando se inscribiera sobre la finca llamada “Vega del Eeereo” que fue segregada de la hacienda “Providencia,” la servidumbre de paso que so-bre ésta constituyera su dueño a favor de “El Ejemplo” del Sr.’Eoig, y al margen del asiento de presentación del escrita y documento aludidos estampó el registrador la siguiente nota:

“Se deniega la inscripción a que se contraen los documentos del asiento adjunto por aparecer que la finca ‘Vega del Recreo’ fué inscrita a favor de Doña Julia Ana María Pérez Sánchez libre de la servi-dumbre a que se refieren dichos documentos, por virtud de un título posterior al de constitución de la misma, artículo 17 L. H., tomándose en su lugar la anotación por 120 días que dispone la ley, en el tomo 28 de Humacao, al folio 151 vuelto, finca 1199, anotación A. Huma-cao, 15 de mayo de 1911. Planellas. ”

Contra la nota que dejamos transcrita se interpuso re-curso gubernativo por Don Antonio Eoig Torrellas y esta corte revocó la expresada nota por resolución de octubre 11, 1911, ordenando la inscripción solicitada.

Denegada nuevamente la inscripción de servidumbre por el registrador en atención a encontrarse la finca “Vega del Recreo ’ ’ inscrita en el registro a favor de G-. Martínez y Cía., libre de esa carga, se interpuso otra vez por Eoig Torrellas. recurso contra aquella denegatoria para ante esta Corte Su-prema, la cual por resolución de 25 de enero,. 1912, revocó. la nota recurrida, ordenando la inscripción de la servidumbre-sobre la finca “Vega del Recreo,” como así lo verificó el registrador.

Esa inscripción es la que fia dado lugar a la demanda, interpuesta en el presente caso por G-. Martínez y Cía. contra Antonio Roig Torrellas en la que la demandante como-dueña actual de la finca “Vega del Recreo” solicita se declare la nulidad de la inscripción y se ordene su cancelación en el registro, condenando úl demandado a pagar todas las. costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado si se-opusiere a la demanda.

• Opúsose la parte demandada a la pretensión de la deman-dante, y celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 16 de-julio de 1914, declarando sin lugar la demanda con imposi-ción de costas a la parte actora, contra cuya sentencia ha in-terpuesto la sociedad Gr. Mailínez y Cía. el presente recurso.

Alega la parte apelante como motivos del recurso, los siguientes:

Primero. Error de la corte inferior al declarar que por la cláusula 6a. de la escritura de 15 de noviembre de 1896 se constituyó una servidumbre y que fué debidamente ins-crita en el registro de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Hipotecaria.

Segundo. Infracción del artículo 30 de la Ley Hipotecaria en relación con el 9, número 2°., de la misma.

Tercero. Aplicación indebida al número 2o. del artículo 2 de la Ley Hipotecaria al estimar que la escritura de 15 de noviembre de 1896 es un título en que se lia constituido servidumbre de caminos o de paso cuando sólo se estipuló una obligación personal de constituir la servidumbre de ese nombre.

Cuarto. Infracción de la ley suprema del contrato cele-brado entre las partes y consignado en la escritura de 15 de noviembre de 1896, al estimar carga real perpetua e indefi-nida la obligación personal de constituir servidumbre por diez años.

Quinto. Infracción de los artículos 17 y 79, número 2°., de la Ley Hipotecaria, y 1224 del Código Civil.

Examinemos conjuntamente los motivos del recurso por Ja estrecha relación que guardan entre sí.

Es indudable, como dice el juez sentenciador, que al otor-garse la escritura No. 227 de 15 de noviembre de 1896 se constituyó una servidumbre a favor, de la finca “El Ejemplo” cómo predio dominante y sobre la finca “Providencia” como predio sirviente, siendo esa servidumbre lá de paso o camino. Los términos en que está redactada la cláusula 6a. de aquella escritura son claros y no dejan duda de la intención de los ■contratantes. La finca “El Ejemplo” que en virtud de dicha escritura vino a constituir una finca independiente, quedaba ■ehcerrada dentro de la finca “Providencia” como lo revelan sus colindancias, y por tanto se hacía necesaria la cláusula en cuestión. Artículo 574 del Código Civil.

Y esa servidumbre quedó subsistente y fue confirmada respecto de la finca “Vega del Recreo,” parte de la “Pro-cidencia” que adquirió por herencia de su padre Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez, según lo demuestra la escritura de 28 de agosto de 1902 en que Don Antonio Roig, al renun-ciar otros derechos que le otorgaba la escritura de 15 de no-viembre de-1896, se reservó la servidumbre de paso que tenía por los terrenos de la finca “Vega del Recreo” con relación .a la Central “El Ejemplo.”

Pero aunque Don Antonio Roig Torrellas no se hubiera reservado en la escritura de 21 de agosto de 1902, con el ■consentimiento de Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez, la servidumbre de paso que tenía sobre la finca de ésta titu-lada “Vega del Recreo,” esa servidumbre hubiera afectado ■siempre a la expresada finca “Vega del Recreo” por ser parte de la hacienda “Providencia” sobre la que Don Ro-■dulfo Leoncio Pérez constituyó servidumbre a favor de la finca “El Ejemplo,” vendida por él a Roig Torrellas.

Habiendo constituido Don Rodulfo Leoncio Pérez por la •cláusula 6a. de la escritura de 15 de noviembre, 1896, un ■derecho real de servidumbre sobre la finca de su propiedad •denominada “Providencia” a favor de la finca que con el nom-bre de “El Ejemplo” vendió a Don Antonio Roig Torrellas, y siendo la finca “Vega del Recreo” que adquirió Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez por título hereditario de su difunto padre Don Leoncio Pérez, parte de la finca “Provi-dencia,” el derecho .real de servidumbre tenía que afectar también a la finca “Vega del Recreo,” con arreglo al artículo •542 del Código Civil que dice así:

“Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide en dos o más la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.”

No se ha justificado en el presente juicio ni siquiera se ha alegado' queda finca “Vega del Recreo”- deba ser exenta -de la servidumbre a que se refiere la cláusula 6a. de la escri-tura de noviembre 15, 1896. Se niega en- absoluto por el apelante el gravamen- ele servidumbre sobre ella. Esa es la cuestión legal a debatir.

La expresada cláusula, atendidos los términos en que está redactada, no envuelve obligación personal o promesa por parte de Don Rodulfo L. Pérez a favor de Don Antonio Eoig Torrellas de constituir servidumbre de paso, sino la consti-tución de una derecho real de servidumbre de la finca “Pro-videncia.” a favor de la finca “El Ejemplo,” derecho sujeto a inscripción con arreglo al número 2°. del artículo 2 de la Ley Hipotecaria que enumera entre otros títulos sujetos a inscripción los constitutivos de servidumbre.

El artículo 536 del Código Civil define la servidumbre en los siguientes términos:

“Art. 536. — La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.
“El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente.”

Comentando el Sr. Manresa la definición comprendida en el artículo 530 del Código Civil Español, llega a esta con-clusión :

“Tenemos, pues, como requisitos de las servidumbres definidas en el artículo 530: Io. La existencia de dos predios pertenecientes a dis-tinto dueño. 2o. Algo que se pierde por el uno y se agrega al otro, o un gravamen que, afectando a uno de los inmuebles y limitando el derecho sobre él, beneficia al otro inmueble, o por consideración a éste, a su propietario.
'“Puesto que se trata de dos inmuebles, es indispensable saber cuáles son; es indispensable que las fincas sean determinadas. Así los respectivos poseedores conocerán el objeto material sobre que recae su derecho o su deber, como también el límite y la extensión de los mismos.”

La cláusula 6a. de la escritura de 15 de noviembre de 1896 contiene todos los elementos que integran el derecho real de servidumbre. En ella se describen tanto el predio dominante como el sirviente y se especifica la naturaleza del derecho que se establece. No hay razón alguna legal que pueda vi-ciar de nulidad la constitución cleh derecho de servidumbre reconocido por Rodulfo Leoncio Pérez a favor de Don Antonio Roig Torrellas. -

• La parte apelante, al invocar como infringido el artículo 30 de la Ley Hipotecaria, según el cual “las inscripciones de los títulos expresados en los artículos 2o. y 5o. serán nulas cuando carezcan de las circunstancias comprendidas en los números 1°., 2°., 3°., 4°., 5°., 6o. y 8o. del artículo 9; y en el número Io. del artículo 13,” ha hecho caso omiso del artículo 32 de la misma ley que dice así:

“Art. 32!. — Se entenderá que carece la inscripción de alguna de las circunstancias comprendidas en los números y artículos citados en el artículo 30, no solamente cuando se omita bacer mención en ella de todos los requisitos expresados en cada uno de los mismos artículos o números, sino también cuando se expresen con tal inexactitud, que pueda ser por ello el tercero inducido a error sobre el objeto de la circunstancia misma, y perjudicado, además, en su consecuencia.
“Cuando la inexactitud no fuese sustancial conforme a lo preve-nido en el párrafo anterior, o la omisión no fuese de todas las circuns-tancias comprendidas en alguno dé los referidos números o artículos, no se declarará la nulidad sino en el caso de que llegue a producir el error y el perjuicio.”

Comentando los señores Gralindo y Escosura igual artículo de la Ley Hipotecaria de España, se expresan en los siguien-tes términos:

“Si faltasen todos los requisitos que forman una circunstancia o número de los citados en el artículo 30 refiriéndose al 9°., o se expresa-ran con tal inexactitud que por ello pudiera ser inducido a error un tercero, sobre el objeto de la circunstancia o número, y perjudi-cado en su consecuencia, será nula la inscripción, y si ■ sólo faltare alguno de los que comprende la circunstancia o número, o se expresase con inexactitud aunque fuera sustancial, sólo se declararía la nulidad cuando se produjeran el error y perjuicio a tercero. ’ ’

Comentarios de la Legislación Hipotecaria, 4a. edición, Tomo II, páginas 354 y 355.

Y más adelante, al folio 357 del mismo tomo, añaden aquellos ilustrados comentaristas:

“Concretando lo dispuesto en el artículo 32 refiriéndose al 30, la inscripción será nula:
! 1 Io. Cuando se omita hacer mención en ella d’e todos los requisitos expresados en cada una de las circunstancias o números citados en el 30.
“2o. Cuando todos los requisitos comprendidos en la circunstancia o número, se expresen con tal inexactitud, que pueda por ello un ter-cero ser inducido a error sobre el objeto del número mismo y perju-dicado en su consecuencia.
“3o. Cuando se produzcan el error y perjuicio, si la inexactitud de todos los requisitos no es' sustancial, o si siéndolo se limita a un solo requisito.
“4o. Cuando la omisión, aunque no sea de todos los requisitos de la circunstancia o número, llegue a producir el error y el perjuicio. ’ ’

La inscripción de la servidumbre de que se trata, con-forme con la cláusula 6a. de la escritura de 15 de noviembre de 1896, cuya cláusula, según hemos dicho antes, contiene todos los elementos que integran el derecho real de servi-dumbre, no está comprendida en los casos de nulidad a que se refiere el artículo 30, pues no aparece que se haya omitido hacer mención en ella de todos los requisitos aludidos en cada uno de los artículos o números citados en'dicho artículo 30, ni que se hayan expresado con inexactitud induciendo a un tercero a error y perjudicándole en su consecuencia, ni que haya habido alguna omisión causante realmente de error y perjuicio. La inscripción de servidumbre se hizo constar no sólo en la hoja destinada a las inscripciones del predio domi-nante sino también en la hoja destinada a las inscripciones del predio sirviente, según previene el artículo 13.

Por lo que toca a infracción del artículo 17 de la Ley Hipotecaria', al verificarse la inscripción de la servidumbre éobre la finca “Vega del Recreo” cuando estaba inscrita dicha finca sin tal gravamen a favor de Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez, causante de la sociedad demandante, bástenos reproducir lo que ya dijimos al resolver en 11 de octubre de 1911 recurso gubernativo interpuesto contra el Registrador de Humacao por Don Antonio Roig Torrellas contra nota denegatoiia de la inscripción de la servidumbre a que se refiere la cláusula 6a. transcrita de lá escritura de 15 de noviembre de 1896 en cuanto a la finca “Vega del Recreo”:

‘ ‘ Del asiento de inscripción de Doña Julia A. María Pérez y Sán-chez resulta que su finca ‘Vega del Recreo’ es una de las porciones en que se dividió la finca ‘Providencia’ sobre la que Don Rodulfo Leoncio Pérez Polanco constituyó el gravamen que se trata de ins-cribir, y también que su adquisición fué por título de herencia universal como hija del dicho señor, y como los herederos son la repre-sentación jurídica de su causante con sus mismos derechos y obli-gaciones siendo los continuadores . de su personalidad, no tienen . el carácter de terceros según las sentencias del Tribunal Supremo de España de 15 de abril, 6 de julio, 1899, 28 de enero de 1892, y,,el haber inscrito su dominio por título de herencia no es obstáculo para que una enajenación o un gravamen de. fecha anterior a su inscrip-ción, otorgado por su causante, pueda ser inscrito aunque se presente después de la inscripción del heredero, porque no pudiendo su causante oponerse á la inscripción, tampoco pueden hacerlo sus herederos, ya que siendo sus representantes tienen la misma obligación que1 él tenía de consentir la inscripción.” Roig v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 954.

Los demandantes apelantes G. Martínez y Cía. no pueclen alegar su condición de terceros para pedir la nulidad-de la inscripción de servidumbre sobre la finca “Vega del Recreo” de que son dueños, pues del registro de la propiedad q.ue es la garantía para la contratación sobre bienes inmuebles, aparecía claramente la existencia del gravamen de servidum-bre de paso sobre la finca “Providencia,” y si constaba de tal suerte inscrita la servidumbre, sobre dicha finca, todas las parcelas de ella segregadas y, por tanto, la finca “Vega del Recreo,” estaban afectas al mismo gravamen, sin que el hecho de que el registrador dejara de relacionar es-a carga en la inscripción de la finca “Vega del Recreo” fuera mo-tivo para que dejara de existir semejante gravamen.

G. Martínez y Cía. tenían el derecho al verificar la com-pra de la finca “Vega del Recreo,” de examinar no sola-mente la inscripción de esa finca, sino la de la finca principal de donde fue segregada; y si así no lo Mcieron, cúlpense a sí mismos de las consecuencias de su negligencia.

Sostienen los apelantes que la obligación a que se refiere la cláusula 6a. de la escritura de 15 de noviembre de 1896 de permitirse paso a la finca “El Ejemplo” por la finca “Pro-videncia,” sólo había de durar diez años, o sea, el tiempo que durara el contrato de molienda q aparcería celebrado tam-bién por Rodulfo Leoncio' Pérez y Antonio Roig Torrellas en la misma escritura.

Hemos examinado detenidamente las cláusulas de la es-critura concernientes a la molienda de cañas en relación con la cláusula constitutiva del gravamen de servidumbre y esti-mamos destituida de fundamento la alegación de la sociedad ■apelante.

Los términos de la cláusula 6a. son generales y en ese sen-tido de generalidad han sido interpretados por Don Antonio Roig Torrellas y Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez en la escritura posterior de 21 de agosto de 1902 de que hemos hecho'mérito anteriormente.

No se ha extinguido, pues, el derecho inscrito, y en su consecuencia es improcedente su cancelación con arreglo al artículo 79, número 2°., de la Ley Hipotecaria; y como no :se trata de un derecho personal sino real, tampoco es de apli-cación el artículo 1224 del Código Civil que se supone in-fringido.

Si en el ejercicio del derecho de servidumbre surgiere ■•algún conflicto entre las partes interesadas, ese conflicto puede decidirse por la misma voluntad de las partes o por mediación de la corte de justicia competente.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.