author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    José M. Gallardo, en su carácter de Comisionado de Instrucción de Puerto Pico, peticionario, v. R. Agraít Aldea, Juez de la Corte de Distrito de Arecibo, y Víctor Rosario, demandados.
    Num. 76.

    Sometido: Enero 18, 1941.

      Resuelto: Febrero 19, 1941.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y A. Torres Braschi, Subprocurador Auxiliar, abogados .del peticionario; R..Agraít Aldea, pro se; Virgilio Brunet, abogado’ del demandado Sr. Rosario.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Comisionado de Instrucción de Puerto Rico, por con-ducto del Fiscal G-eneral, presentó en esta Corte una solicitud para que se expidiera un auto inhibitorio contra el Juez de Distrito de Arecibo y Víctor Rosario ordenándoles que se abstuvieran de nuevos procedimientos en -el caso pendiente ante la corte entre Rosario y el Comisionado, civil núm. 2739, apelación interpuesta de acuerdo con la Ley 29 de 1931, sec-ción 4 (pág. 313).

El auto fue expedido, celebrándose la vista el 13 de enero último. Comparecieron el peticionario por su abogado y el demandado Rosario por el suyo. Se admitió en evidencia el expediente original del caso civil núm.- 2739 de la Corte de Distrito de Arecibo y se concedieron cinco días al peticionario para alegato y dos al demandado para replicar. En enero 18 quedó el asunto definitivamente sometido a la decisión de la corte.

La cuestión a resolver es la de si la ley invocada — Ley núm. 29 de 1931 — otorga o no facultad a la corte de distrito para conocer de la apelación que para ante ella entablara Rosario contra cierta resolución del Comisionado de Instruc-ción.

La resolución está contenida en una carta que copiada a la letra dice:

“June 17, 1940.- — Mr. Víctor Rosario, Arecibo, Puerto Rico.- — ■ Dear Mr. Rosario: After giving you a hearing on the charges preferred against you on January 8, 1940, and after careful consideration of the record of the case, I have come to the conclusion that the evidence presented warrants your suspension from the service. Therefore, you • are hereby suspended without pay from January 8, 1940, to the end of the school year 1939-40; that is, to June 14, 1940. Furthermore, for the-good of.the service, you shall be given an assignment for the year 1940-41 in a ' school district other than- Arec.ibc). — Very truly yours, (Sgd.) José M. Gallardo, Commissioner of'Education.”

Y la parte de la ley aplicable en su sección 4, que lee así:'

“Sección 4. — El Comisionado de Instrucción -podrá cancelar la licencia de cualquier maestro, director o superintendente de escuelas cuando, mediante' una investigación practicada de acuerdo con el procedimiento que señala la ley, el tenedor de la licencia aparezca, a juicio del Comisionado, culpable de crueldad, incompetencia, insu-bordinación, o negligencia en el desempeño de sus funciones o con-ducta inmoral; Disponiéndose-, que el maestro interesado tendrá derecho a establecer recurso de apelación ante la corte de distrito a que pertenece su domicilio dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha en -que el-'Comisionado de Instrucción le haya comunicado la resolución cancelándole la licencia. Dicha apelación se- tramitará radicando,- en la corte de distrito correspondiente, un escrito conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho en que funda el apelante su recurso. Este escrito será notificado al Comi-sionado de Educación, en la forma que la corte dispusiere y el Comisionado contestará la demanda dentro de los diez días subsi-guientes a la fecha en que se le emplazara.
“Radicada la contestación, la corte fijará un día dentro de los diez subsiguientes a dicha radicación, para la vista del caso, y en este acto el Comisionado practicará la prueba en apoyo de su reso-lución y el apelante la suya, si la tuviere o fuere necesaria.
‘ ‘ Será deber de la corte de distrito que conozca del caso, dictar sentencia no más tarde del vigésimo día de haberse celebrado la vista; Disponiéndose, que la sentencia que recayere en dicho caso, será final para ambas partes y contra ella no se admitirá recurso de apelación alguno.”

La Corte de Distrito -de Arecíbo ante la .cual se planteó el problema no lo resolvió en definitiva. Después de oír amplia-, mente a las partes, declaró sin lugar la moción del Comisio-nado-para que se desestimara la apelación por entender que-no estaba aún en condiciones de decidir si carecía o-no de jurisdicción, concediendo al dicho Comisionado quince días para contestar, sin perjuicio de que pudiera levantar poste-riormente la cuestión de derecho suscitada por la moción.

Para ello se fundó en lo que sigue:

"(1) En julio 15 se radicó en este tribunal un escrito apelando de la resolución dictada por el Comisionado de Instrucción de Puerto Rico con fecha junio 17 de 1940, a virtud de ciertos cargos formu-lados al demandante Víctor Rosario, profesor de Artes Industriales, por conducta inmoral mientras estaba contratado como tal maestro en las escuelas de Puerto Rico. La apelación se funda en la sección cuarta de la Ley número 29 de 23 de abril de 1931.
“Se le concedió al Comisionado de Instrucción un término de diez días para contestar el escrito de apelación, y dentro de ese término presentó una moción solicitando que se desestime el recurso por los fundamentos que estudiaremos más adelante. La corte celebró una vista y recibió alegatos por escrito de ambas partes.
“ (2) El fundamento del demandado para pedir que se desestime el recurso, es que la sección cuarta sólo autoriza una apelación, en el caso que se cancele la licencia del maestro al resolver los cargos; y que toda vez que la resolución dictada no dispuso tal cosa, la corte no tiene jurisdicción para revisar el fallo del Comisionado de Instrucción.
“Una lectura de la letra como fué redactada la sección cuarta de la referida ley número 29, sostiene a primera vista la objeción del demandado. No obstante, si se considera el hecho que la Asam-blea Legislativa concedió intervención a las cortes de distrito para revisar el fallo del Comisionado cuando se formulen cargos a los maestros, esto parece indicar que la disposición literal contenida en dicho artículo limitando la apelación al caso de que la licencia fuera cancelada, pudo ser una concordancia con el comienzo de la misma sección concediendo la facultad de cancelar, y es dudoso que fuese la intención del legislador colocar al Comisionado en la única alter-nativa de cancelar o absolver.
“La omisión de no conceder en forma expresa el mismo derecho de apelación con respecto a cualquier otro fallo que declarara culpable al maestro y le impusiera un castigo de igual alcance moral y material que una cancelación de su licencia, pudo ser involuntaria por en-tender la Asamblea Legislativa que tal derecho estaba comprendido en el espíritu de la legislación. Si el Comisionado pudo salirse, como lo hizo, de la letra de la referida sección e impuso al apelante un castigo que no es una cancelación de la licencia y va tan lejos hasta penarle con el importe de los salarios, entonces la duda se hace más fuerte con respecto a si la apelación procede contra cualquier fallo que declare culpable al maestro.
“El apelante alega qne si bien no se canceló la licencia en absoluto, se hizo definitiva la suspensión que había sido decretada, privándole de ejercer durante gran parte del año escolar, y que el Comisionado resolvió que el apelante no podría percibir los sueldos (facultad que no aparece de la sección cuarta), y que, además, en el fallo se le niega la oportunidad de seguir ejerciendo en la ciudad de Areeibo, donde ha adquirido el derecho de maestro permanente, según la ley 312 de 1938; y que dicha ley en su sección quinta sólo establece una suspensión temporal mientras se celebre la vista con motivo de los cargos.
“Esa ley de maestros permanentes, propuesta por el mismo Comi-sionado, ha cambiado mucho la discreción general que antes tenía el jefe del departamento de Instrucción con respecto a nombramientos de maestros bajo contrato, especialmente en materia de traslado.
“La reglamentación por ley sobre formulación de cargos y remo-ción de maestros, a pesar de la gran discreción que tienen los Comisionados y Superintendentes de escuelas en los Estados Unidos, ha sido declarada constitucional en muchos casos, aun cuando el nombramiento obedezca a un contrato. (Chehock v. Independent School District of Marion, (Iowa) 228 N. W. 585.)
“Alega también el apelante que la resolución del Comisionado equivale a una destitución por el tiempo en que se le privó de empleo y sueldo, si es inocente, y que resulta similar, como cuestión de hecho, a una cancelación de la licencia durante tal término; y que, por tanto, tiene el derecho de apelar.
“El argumento es un esfuerzo que tiende a convencer desde un punto realista, aun si estuviese al margen de la técnica legal. El Comisionado se agarra a la letra del articuló cuarto, que limita la apelación a casos de cancelación de licencia; sin embargo, no está despojada de lógica la contención del apelante cuando se agarra también a la letra de dicho artículo alegando que si la referida sección sólo le concede facultad al Comisionado para cancelar, si el maestro es culpable, cualquier otra resolución que dicte y que tenga el efecto de una cancelación o destitución, es un subterfugio para evitar que los tribunales revisen el fallo, según fué la intención de la Asamblea Legislativa. En otras palabras, que podría cometerse cualquier abuso con un profesor, con cualquier resolución drástica, que no se llamara una cancelación.
“La suspensión por sí sola no se saldría de las facultades de dicho artículo, si se considera a través de otras secciones de la ley escolar y de la misma ley sobre maestros permanentes. Cuando se formulan cargos a un funcionario por conducta inmoral, general-mente se decreta una suspensión mientras se dicta el fallo; pero la imposición de una penalidad en cuanto a los sueldos cuando no se le destituye, y el obligar al maestro a salir de su domicilio donde tiene su residencia, y quizás otros intereses, podría implicar en determinados casos, un medio hábil para obligarle a renunciar, y el fallo tendría entonces el- efecto de una cancelación.
"La licencia no es más que el instrumento para ejercer. Si el maestro se ve obligado a renunciar, se encuentra en igual condición que si se le hubiese cancelado la licencia. La sección 23 de la ley número 29 de 1931, dice lo siguiente:
" ‘Esta ley será interpretada y aplicada en la manera que resulte más liberal y propicia al aseguramiento de los derechos de que en la actualidad gozan los maestros.’ ”

Cita el Juez de la obra Corpus Juris, tomo 56, páginas 398 y 300 algunos párrafos que resumen jurisprudencia que si bien guarda relación con la materia no resuelve el punto exacto aquí envuelto, y continúa:

"Colocada la cuestión en estas condiciones, el punto de si tenemos jurisdicción, es dudoso. No tenemos interés en intervenir en la dis-creción del Departamento de Instrucción, y seríamos los primeros en aplaudirle por medidas drásticas para imponer moralidad en todo lo que se relacione con las escuelas, pero tampoco queremos evadir la responsabilidad de actuar en protección de los derechos del magis-terio, si la ley nos concede tal jurisdicción.
"Es difícil que pueda resolverse el punto suscitado sin oír la prueba sobre los hechos y conocer el verdadero perjuicio que sufriría el apelante si aceptara la resolución del Comisionado y se viese obligado a ejercer en un municipio distinto. Tal prueba podría determinar si el traslado equivale a una renuncia obligatoria, por serle imposible cumplirlo; en cuyo caso tendríamos algo similar a una cancelación de su licencia para ejercer. En tales circunstancias, el derecho a apelar sería, por lo menos, implícito.
"Por otra parte, pudiera ser que la evidencia que tuvo ante sí el Comisionado fuera de tal naturaleza, que el traslado sea algo indispensable al buen servicio, y entonces podríamos concluir que si después de aprobada la ley de maestros permanentes el estatuto no confiere al Comisionado la facultad de trasladar, por no haber regla-mentación al efecto, la responsabilidad que le impone la Carta Orgá-nica con respecto a la instrucción en Puerto Rico, haría quizás ex-tensiva esa facultad de traslado en bien de los intereses públicos; pero para llegar a esa conclusión extrema necesitamos, conocer cuál fné la prueba sobre la conducta del maestro. De otro modo, la ley sobre maestros permanentes, podría ejecutarse en forma caprichosa.”

Hemos transcrito la opinión de la corte sentenciadora para dar color al asunto y porque revela un cuidadoso estu-dio del mismo y el deseo de hacer justicia, pero no podemos estar conformes con el criterio que la informa.

La ley es terminante. Comienza otorgando al Comisio-nado el poder para cancelar la licencia del maestro por los motivos y en la forma que establece y luego dispone que el maestro “tendrá derecho a establecer recurso de apelación ante la corte de distrito . . . dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha en que el Comisionado ... le haya comunicado la resolución cancelándole la licencia.” Y dis-pone algo más la ley. Prescribe que la sentencia que recayere en la apelación “será final para ambas partes y contra ella no se admitirá recurso de apelación alguno.” Quiere decir que el caso termina poh completo en la corte de distrito.

Se trata, pues, de un recurso especial otorgado dentro de una ley también especial, que sólo a cancelaciones se refiere. Y como el Comisionado no le canceló su licencia al maestro y ello consta de modo terminante de la resolución que sirvió de base al maestro para establecer la apelación, claro es que tal apelación no procede, careciendo de autoridad el juez de distrito para resolver la cuestión planteádale dentro del pro-cedimiento elegido por el maestro. Los términos de la reso-lución del Comisionado son tan claros y precisos, que es in-necesaria la ulterior investigación ordenada por la corte.

Hemos puesto énfasis en el carácter especial del recurso de que se trata y en sus limitaciones porque no es éste el caso de un recurso ordinario al que pudieran acogerse las partes interesadas a virtud de una interpretación liberal de la ley y siguiendo la tendencia moderna de abrir las puertas de las cortes para hacer justicia eliminando tecnicismos (Escartín v. Comisión Policía Insular, 47 D.P.R. 502) sino el de un pro-cedimiento decretado para cierta clase de casos cuya resolu-ción. final se encomienda a las cortes de distrito.

Además el que ese procedimiento especial no proceda, no implica que se niegue al maestro su derecho a ventilar su asunto en los tribunales en propios casos. Si se procedió con él arbitrariamente, si se le privó de su propiedad sin facultad ni motivo, otros recursos tendrá que le permitan no sólo el ejercicio de su acción ante las cortes de distrito si que ante este propio Tribunal Supremo.

Debe, en su consecuencia, ordenarse en forma definitiva al Juez de Distrito de Arecibo y al maestro Víctor Rosario que se abstengan de nuevos procédimientos en el caso núm. 2739 qtte será sobreseído.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Aracelis Díaz Ceballos de Vela, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Jorge L. Córdova, Juez, demandada.
    Núm. 1234.

    Sometido: Febrero 17, 1941.

      Resuelto: Febrero 20, 1941.

      Mariano Acosta Velarde y Federico Acosta Velarde, abogados de la peticionaria; Monserrat, Fe la Haba & Monserrat, abogados del interventor, el tutor nombrado en el caso.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La señorita Luisa María de Elzaburu y Ceballos fue de-clarada incapaz para regir su persona y sus bienes por reso-lución dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 26 de marzo de 1928. Por la misma resolución se nombró como tutora de dicha joven a su tía carnal doña Luisa de Elzaburu Vizcarrondo, quien desempeñó la tutela hasta el 26 de octubre de 1940, día en que falleció en la ciudad de San Juan. En su testamento doña Luisa instituyó por su única y universal heredera de todos sus bienes a su sobrina y pupila incapaci-tada y designó como tutor a don Adolfo de Hostos, en primer término, y al Dr. Luis L. Biamón, en segundo término, para la guarda de los bienes dejados por la testadora a la incapa-citada.

En noviembre 7 de 1940, la Corte de Distrito de San Juan, a instancia de la aquí peticionaria señora Aracelis Díaz Ce-bados de Vela, nombró a ésta tutora y administradora de los bienes de su prima hermana Luisa María, la incapacitada. El 12 del mismo mes y dentro del mismo procedimiento com-parecieron los señores de Hostos y Biamón, en su carácter de albaceas y tutores testamentarios de la incapaz, y radica-ron una solicitud en la cual después de exponer los hechos que ya hemos relacionado, alegaron en síntesis lo siguiente:

(a) que la joven incapacitada carece de los parientes que señala el artículo 186 del Código Civil como aquellos a quienes corresponde la tutela por ministerio de la ley, y qué en ese caso la tutela debe deferirse por disposición del tribunal de conformidad con el artículo 194 del mismo código;
(ó) que la tutora doña Aracelis Díaz y Ceballos no ba entrado aún en posesión de su cargo, y que si se sostuviese su nombramiento la incapaz tendría dos' tutores, uno para la guarda de los bienes heredados de doña Luisa' de Elzaburu y otro para la guarda de su persona y de sus bienes particulares, cuando por disposición del artículo 169 del Código Civil la tutela debe ejercerse por un solo tutor.

T terminaban, los albaceas y tutores testamentarios su-plicando al tribunal que después de oírles a ellos y a la tutora dativa dictase la resolución “que a su juicio mejor convenga a los intereses de la incapacitada.”

El mismo día en que fué radicada la solicitud de los alba-ceas y tutores testamentarios, el juez recurrido dictó una orden dejando sin efecto la de noviembre 7 de 1940, por la cual se nombró a la señora. Díaz y Ceballos tutora dativa de la incapacitada, y por otra orden de igual fecba señaló para el día 22 de noviembre de 1940 la vista de la solicitud de los albaceas y'tutores testamentarios y de la moción de la señora Díaz y Ceballos sobre nombramiento de tutor. Ce-lebrada la vista en la fecba ya indicada, la corte de distrito dictó en 13 de enero de 1941 una resolución nombrando a don Adolfo de Hostos tutor de la incapacitada, para hacerse cargo de su persona y bienes, con todas las facultades que la ley confiere a los tutores. Para la revisión de' dicba resolu-ción, con súplica de que la misma sea revocada y se la nombre tutora en lugar del señor De Hostos, la señora Aracelis Díaz y Ceballos inició el presente recurso de certiorari.'

El primer alegado error de procedimiento que se imputa a la corte inferior es el de no baber aplicado los preceptos del artículo 175 del Código Civil (ed. 1930), el cual, según alega la peticionaria, requiere el nombramiento de un tutor que no sea el testamentario, para que acepte o repudie la herencia a nombre de la incapaz, no surtiendo efecto el nombramiento del tutor testamentario basta que la herencia haya sido aceptada. El artículo que se dice infringido lee así:

“Artículo 175. — También el que les deje herencia o legado de importancia a los menores o incapacitados, puede nombrarles tutor para la administración de dichos bienes. El nombramiento, sin embargo, no surtirá efecto hasta que la herencia o el legado haya sido aceptado por el padre, la madre o el tutor del menor, con la aproba-ción de la corte de distrito competente.”

El artículo 207 del Código Civil español, que es el equi-valente al 175 del nuestro, dispone que el nombramiento de tutor testamentario “no surtirá efecto basta que el Consejo de familia baya resuelto aceptar la herencia o legado.”

No encontramos en el citado artículo 175, ni tampoco en los artículos 167 y 168 del mismo Código, citados por la peticionaria, disposición alguna que prohíba a la corte de dis-trito designar para el cargo de tutor de la persona y de los bienes propios de la incapacitada, a la misma persona de-signada por la testadora para administrar los bienes dejá-dosle por ella como herencia.- Tampoco hemos podido encon-trar razón alguna — y la peticionaria no ha aducido ninguna— para convencemos de que* pueda existir incompatibilidad en-tre el cargo de tutor testamentario y el de tutor dativo. Es cierto que el tutor dativo es el llamado a aceptar la herencia a nombre de la incapacitada y que el nombramiento como tutor testamentario no puede tener efecto hasta que la he-rencia haya sido aceptada; pero eso no puede ser consi-derado como una incompatibilidad, si se tiene en cuenta que la aceptación de la herencia por el tutor dativo no puede tener efecto mientras no haya sido aprobada por la corte. Y debemos presumir que el tutor dativo no tendrá interés en recomendar, ni la corte aprobará, la aceptación de una heren-cia onerosa para la incapacitada. Además, el tutor necesita autorización judicial para aceptar la herencia sin beneficio de inventario o para repudiarla. Artículo 212 del Código Civil.

La alegación de la peticionaria de que los artículos 167 y 168 del Código Civil (ed. 1930) “Lacen mandatorio el nombramiento de un tutor para la guarda de la persona y bienes propios de la incapaz, independientemente del tutor testamentario,” no está sostenida ni por la letra del estatuto ni por autoridad alguna que baya sido sometida a nuestra consideración. El primero de dichos artículos se limita a definir el objeto de la tutela y el segundo a enumerar las personas sujetas a tutela.

Entre las disposiciones generales del Código Civil apli-cables a la tutela dativa figura el artículo 169 (artículo 201 del Código español) que dispone que “la tutela se ejercerá por un solo tutor.” El mandato legislativo es tan claro, que seguramente la corte de distrito no estaría facultada para nombrar dos o más tutores para un solo menor o incapaci-tado.

La Ley de Partidas admitió la pluralidad de tutores que ejercieran sus cargos conjuntamente, pero teniendo en cuenta las discordias que surgían entre ellos dispuso que se eligiera entre los designados uno solo que desempeñara la guarda-duría. El Código Civil es más radical aún, y para impedir las desavenencias entre los tutores dispone que sólo admite la tutela ejercida por un solo tutor.

En sus comentarios el artículo 201 del Código español (tomo 4, págs. 140-141), dice Scaevola: .

“...La generalidad de los códigos extranjeros consignan pre-ceptos análogos, y es porque todos ellos se inspiran en procurar que los intereses del menor estén garantidos no tan sólo por medios materiales, como, v. gr., la fianza, sino también por seguridades de otro orden, como son la rectitud del tutor, su conducta ajustada a las normas de una severa administración, su cuidado, todo dirigido hacia el mayor provecho en favor del confiado a su guarda y de ninguna manera distraído en rencillas y cuestiones con otros que pudieran disputarle el predominio... He aquí la razón de que todos los Códigos vacíen un artículo en la común turquesa de la unidad de la función tutelar... En nuestra opinión, deberá procurarse que rija la unidad siempre que sea compatible con las disposiciones del Código. ’ ’

Al designar para el cargo de tutor al señor De Hostos, la misma persona designada por la tía y tutora -de la incapa-citada para administrar los bienes de la herencia, la corte recurrida tuvo en cuenta sin duda alguna la conveniencia de depositar en una sola persona todas las funciones y respon-sabilidades tutelares. La designación del señor De Hostos es a nuestro juicio compatible con las disposiciones del Código Civil. Tan pronto como entre en el desempeño de su cargo de tutor dativo, él podrá aceptar, con la aprobación de la corte de distrito, la herencia que corresponde a la incapaci-tada bajo el testamento de su difunta tía. Desde ese mo-mento, su nombramiento como tutor testamentario surtirá efecto y quedarán reunidas en una sola persona todas las fun-ciones tutelares para la guarda de la persona y de todos los bienes de la incapacitada Luisa María de Elzaburu y Ce-ballos.

La corte inferior tenía amplia facultad y discreción para dictar la resolución recurrida, y a nuestro juicio usó debida-mente de ambas. Pudo dentro de su discreción haber desig-nado tutora a la peticionaria, persona a quien consideramos capacitada para el cargo que solicita, y si lo hubiese hecho así, hubiésemos respetado su resolución en ausencia de hechos demostrativos de un abuso de discreción.

La circunstancia de ser la peticionaria prima hermana de la incapacitada y de tener, según alega, el derecho a sucedería ab intestato no da a la peticionaria un derecho absoluto a que se le confiera la tutela. El artículo 181 del Código Civil (ed. 1930) dispone solamente que la declaración de incapacidad de los locos y sordomudos pueden solicitarla el cónyuge y los parientes del presunto incapaz que tengan derecho a sucederle ab intestato, pero dicho artículo no impone a la corte la obligación de conceder la tutela a dichos parientes. La única prelación existente, para reclamar la tutela de los locos o sordomudos es la que establece el artículo 186 del Código Civil (ed. 1930) en favor del cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos y los hermanos. En de-fecto de una de esas personas, como ocurre en el caso de autos, el tribunal debe nombrar una persona de reconocida probidad. Así lo dispone el artículo 194 del mismo Código Civil y así lo hizo la corte recurrida. Ésta pudo — pero no estaba obligada a ello.por precepto legal alguno — nombrar a la peticionaria. Creyó más conveniente para los intereses de la menor elegir a una persona que además de ser de probidad reconocida es la misma elegida por la tía testadora, que amó y cuidó, a la incapacitada cual si fuera su madre, hasta el día de su muerte. Manresa en el tomo 2, pág. 260, dice:

“Nosotros creemos que el espíritu del Código, claramente mani-festado en varios artículos, y aun en el mismo 231, abona en el caso expuesto la preferencia del .tutor testamentario, y la razón señala también esa preferencia nacida del cariño y previsión que debe suponerse en los padres al designar tutor para sus hijos. Nada importa que el nombramiento se hiciere para el caso de la menor edad, no previendo el testador el caso dé incapacidad. La Ley debe presumir que al llegar a este caso la voluntad de ese padre o testador, será siempre preferida la persona designada por él mejor que a otra cualquiera más o menos extraña designada por la Ley o por el Con-sejo de Familia.”

No existiendo razón o motivo legal alguno que justifique nuestra intervención y opinando que la corte inferior pro-cedió correctamente dentro de la discreción que la ley le concede, resolvemos que debe anidarse el auto expedido y desestimarse l-a petición, con imposición de costas a la peticio-naria.


text:
    Francisco Acuña Aybar, demandante y apelante, v. Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular, etc., demandados y apelados.
    Núm. 8073.

    Sometido: Febrero 14, 1941.

      Resuelto: Febrero 21, 1941.

      Rafael Soltero Peralta, abogado del apelante; Eon. Procurador Gene- - ral George A. Malcolm y Jesús A. González, Procurador General Auxiliar, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelante, Francisco Acuña Aybar, alega que durante 28 años consecutivos fué empleado del Pueblo de Puerto Rico, basta que en junio 30 de 1929 se le separó invo-luntariamente del servicio, por haber sido suprimida en la ley de presupuesto para el año 1929-1930 la plaza que había venido ocupando; que al empezar a regir la Ley núm. 22 de septiembre 22 de 1923 ((2) pág. 157), el demandante se acogió a sus beneficios y al aprobarse en septiembre 2,1925, la nueva ley, número 104 de ese año, (pág. 949), el demandante quedó comprendido dentro de sus disposiciones; que de acuerdo con las secciones 3, 5 y 8 de la citada Ley núm. 104 de 1925, en la fecha en que fué retirado del servicio, el demandante tenía ya adquirido el derecho a retirarse voluntariamente con una pensión o renta vitalicia de 560 dólares anuales; que por ha-ber sido separado del cargo involuntariamente y no habérsele notificado la cesantía con un término razonable de anticipación, el demandante no tuvo una oportunidad para solicitar su pensión mientras estaba en servicio activo y se vió obligado a solicitarla cuando ya estaba fuera del servicio; que la junta demandada, amparándose en lo dispuesto en la sección 3 de la citada ley, le denegó la pensión.

Los fundamentos legales de la petición de mandamus ra-dicada pon el apelante ante la Corte de Distrito de San Juan son:

(a) que las disposiciones de la sección 3 de la Ley núm. 104 de 1925 no son aplicables a casos de retiro por separación involuntaria.
(ó) que la junta procedió en forma arbitraria y contraria a los propósitos esenciales de la Ley de Retiro.
(c) que la acción de la junta ha privado al demandante de su pensión anual desde junio 30, 1929, a la fecha de la demanda, por un total de $5,133.33; y que el demandante continuará siendo pri-vado de su pensión, a menos que la junta sea obligada por decreto judicial a pagársela.
(d) que la junta demandada cuenta con fondos suficientes para hacer el pago de las sumas que adeuda al demandante.

Los demandados alegaron por vía de excepción previa que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción. La corte de distrito declaró con lugar la excepción previa y desestimó la demanda. El demandante apeló y alega que la corte inferior erró al declarar que el demandante tuvo tiempo razonable para solicitar su pensión antes de cesar en su empleo; al declarar con lugar la excep-ción previa, fundándose para ello en materia de prueba y desatendiendo las alegaciones de la demanda; y al declarar que la demanda era fatalmente defectuosa.

La corte inferior procedió a resolver el caso bajo la impresión errónea de que la solicitud de pensión del peticionario se basa en la sección 9 de la Ley núm. 104, supra. En el párrafo 6 de su demanda, el peticionario hace constar específicamente que su alegado derecho a ser pensionado emana de las disposiciones de las secciones 3, 5 y 8 de la citada ley. Es cierto que la citada sección 9 es aplicable a reclamaciones de pensión en casos de separación involuntaria, pero es cierto también que, de acuerdo con los términos claros y precisos del estatuto, para que pueda prosperar una reclamación en caso de separación involuntaria el empleado reclamante debe alegar y probar (a) que tiene cuarenta o más años de edad; (b) que fué separado del servicio involuntariamente, mas no por destitución; (c) que al tiempo de ser separado había servido por un período total no menor de quince años; y (d) que fué separado antes de tener derecho al retiro. El peticionario en el presente caso no podía basar su reclamación en la citada sección 9, porque en la fecha en que se le retiró del servicio ya él tenía derecho a reclamar su retiro, a tenor de lo dispusto en las secciones 3, 5 y 8 de la Ley núm. 104. Admitidas por la excepción previa las alegaciones de la demanda al efecto de que el demandante “fué empleado en servicio activo del Gobierno Insular de Puerto Rico durante 28 años consecutivos, ’ ’ es indudable que con anterioridad a la fecha en que fué separado involuntariamente del servicio el demandante tenía derecho a solicitar su retiro de acuerdo con la sección 8 de la ley, la cual concede ese derecho a cualquier funcionario o empleado que haya prestado por lo menos veinte años de servicios.

La única cuestión a resolver es: ¿Perdió el empleado demandante su derecho adquirido al retiro, por no haber solicitado el retiro voluntario antes de ser separado involuntariamente del servicio?

La sección 3 de la Ley núm. 104, que es la que concede el derecho al retiro con renta vitalicia, por razón de edad, inhabilidad física o número de años de servicio, dispone “que no tendrán derecho a pensión alguna aquellas personas que no estuvieren en servicio activo en la fecha en que soliciten su pensión.”

La corte inferior resolvió que la demanda es fatalmente defectuosa porque en ella se dice que el empleado demandante no solicitó su pensión hasta después de haber sido separado de su empleo involuntariamente. El demandante alega en su demanda que no se le notificó su cesantía con un término razonable de anticipación para que él pudiera solicitar su pensión mientras permanecía en servicio activo. La corte inferior, después de considerar las razones que tuvo el deman-dante para no solicitar la pensión mientras estaba en el ser-vicio, se expresó así:

“.. - En la demanda se trata de excusar el cumplimiento de esa obligación diciendo que no se le dio notificación de su cesantía con un término razonable de anticipación dentro del cual él pudiera soli-citar su pensión mientras permanecía en servicio activo; en el supuesto no admitido que bajo circunstancias excepcionales y extraordinarias, como el caso de un peticionario que inesperadamente y'sin previo ■aviso se viera fuera de su cargo, pudiera dejarse de cumplir con esta obligación legal, estamos convencidos que éste no pudo ser jamás el caso del demandante; éste dice que cesó por mandato legislativo en junio 30 de 1929; si su plaza fué suprimida por el presupuesto, tenemos entonces que la Ley núm. 51 de 1929, proveyendo asigna-ciones para el sostenimiento del gobierno en el año económico que terminaría el 30 de junio de 1930 (Leyes de ese año, pág. 275) fué aprobada por el Gobernador en mayo 2 de 1929, desde cuya fecha ya estaba obligado legalmente a tener aviso, de que cesaría el último día del año económico, teniendo, por tanto, tiempo suficiente, casi dos meses, para ejercitar su derecho si hubiera sido diligente. No tenemos conocimiento de que su puesto fuera suprimido por alguna ley especial, pero aunque lo hubiera sido, tomamos conocimiento judicial de que de acuerdo con la sección 33 de la Ley Orgánica la Legislatura cerró sus sesiones en abril 15 de 1929, por lo que el Gobernador, de acuerdo con la sección 34 de la misma ley, solamente tuvo treinta días para firmarlo a contar de esa fecha, por lo que necesariamente tuvo que convertirse en ley a más tardar en mayo 15 siguiente, teniendo, por tanto, en este último caso, mes y medio para solicitar su pensión.”

No estamos conformes con las anterires conclusiones. Al demandante no se le puede imputar que antes del 30 de junio, 1929, fecha en que se le comunicó su ceseantía, tuviera conocimiento de la ley de presupuesto, especialmente si se tiene en cuenta que ésta no empezó a regir hasta el primero de julio de 1929. “No existe ninguna presunción de que to-dos los hombres conocen la ley. La máxima ‘se presume que un hombre conoce la ley’ es un dicho trivial y sentencioso, que no es en manera alguna universalmente cierto. Igno-rancia de la ley no excusa a las personas para librarlas de las consecuencias de sus actos, tales como el castigo por ofen-sas criminales.” Municipal Metallic Bed Mfg. Corp. v. Dobbs, 253 N. Y. 313, 171 N. E. 75, 68 A.L.R. 1376. Véase: Bouvier’s Law Dictionary, Vol. 2, pág. 1490, y 10 R.C.L. pág. 874, nota 12.

En el presente caso, el hecho alegado y aceptado por la excepción previa es que el demandante no tuvo conocimiento de su cesantía hasta el 30 de junio, cuando ya era tarde para solicitar la pensión mientras estaba en servicio activo. La corte inferior no estuvo justificada al asumir o presumir que el demandante supo antes del 30 de junio que en la nueva ley de presupuesto se había suprimido su plaza. Debemos, pues, considerar y resolver la cuestión planteada sobre la base de que el demandante no tuvo conocimiento de la supresión de su plaza hasta el día antes de empezar a regir el nuevo presupuesto.

El caso de Acosta v. Junta de Retiro, 42 D.P.R. 828, citado por la corte inferior en apoyo de la sentencia- recurrida, puede distinguirse fácilmente del de autos. José J. Acosta, quien ocupó el cargo de fiscal de distrito, radicó una .•solicitud de pensión de acuerdo con la sección 9 de la ley, basando su petición en que tenía más de cuarenta ¿ños de dad, babía prestado servicios por más de 15 años y babía sido separado involuntariamente de su cargo antes de baber adquirido el derecho a retiro. Su petición fué radicada más de año y medio después de baber expirado el término de cuatro años para el cual babía sido nombrado. La razón fundamental que tuvo esta Corte Suprema para confirmar la sentencia denegatoria del auto de mandamus solicitado por Acosta, fué que el peticionario babía sido nombrado por un término de cuatro años, y desde la fecha de su nombramiento ‘ ‘ sabía que cesaría en su cargo al cabo del término por el cual fué nom-brado.” Acosta tuvo tiempo sobrado para baber solicitado su pensión mientras estuvo en servicio activo y no lo hizo; y esperó año y medio para formular su petición, sin ofrecer excusa o razón alguna para justificar su falta de diligencia.

El peticionario en el presente caso ha servido como em-pleado público, sin término fijo, durante un período de 28 años consecutivos. Su nombramiento, que babía de conti-nuar indefinidamente mientras él observase buena conducta o se retirase voluntariamente del servicio, no- le dió aviso, como en el caso del fiscal Acosta, de una fecha determinada y fatal en que habría de cesar en su cargo por expiración del término por el cual fué nombrado.

La jurisprudencia sostiene de manera uniforme que las leyes que crean el derecho a disfrutar de una pensión deben ser interpretadas liberalmente, a fin de que se cumpla el propósito del legislador; y que la fuerza y efecto de dichas leyes no deben conformarse estrictamente a los términos literales del estatuto. Walton v. Cotton, 60 U. S. 355; Hanscom v. Malden etc. Gas Light Co., 220 Mas. 1, 107 N. E. 426; O’Dea v. Cook, 176 Cal. 659; 48 C. J. sec. 4, pág. 787.

Siendo el propósito humano de toda ley de pensiones compensar y ayudar en su vejez o inhabilidad a aquellas personas que durante un número de años han servido fiel-mente a la comunidad y han contribuido con parte de su sueldo a formar y sostener el fondo para el pago de pensio-nes, no podemos concebir que al suprimir en la ley de presu-puesto la plaza de un empleado que lia rendido servicios du-rante veintiocho años, consecutivos, la Asamblea Legislativa de Puerto Eico tuviera la intención de privar a ese empleado de su derecho a reclamar su pensión, por el solo hecho de no haber cumplido con una condición que se le hizo impo-sible cumplir por la misma ley. Una interpretación estricta del estatuto, dentro de los hechos alegados en la petición y admitidos por la excepción previa, equivaldría a privar al peticionario de su derecho a ser pensionado, sin el debido pro-ceso de ley, y haría que el estatuto fuese anticonstitucional en su aplicación.

No sabemos si el puesto que ocupaba el demandante en el servicio del Gobierno era único en su clase o si había en el presupusto anterior varios empleados en el mismo servicio, con iguales sueldos y denominaciones. Sobre este punto nada dicen las alegaciones. Si en el nuevo presupuesto se suprimieron una o más plazas de un grupo de igual denominación y la designación de los empleados que habían de ser separados del servicio dependía del jefe del departamento, el demandante no e'staba obligado a saber que su plaza había quedado suprimida, hasta que recibió la comunicación oficial de su cesantía. La comunicación hecha el día antes dé tener efecto la cesantía no dió al demandante un término razonable para reclamar su pensión estando aún dentro del servicio.

Considerados los hechos alegados y admitidos por la excepción previa y dando a la ley la interpretación liberal que estamos obligados a darle para que se cumpla el propósito del legislador, resolvemos que las disposiciones de la sección 3 de la Ley núm. 104 de septiembre 2 de 1925, que requieren que la solicitud de pensión sea hecha mientras el empleado está en servicio activo son aplicables a los casos de re-tiro voluntario; y que no lo son cuando el empleado es separado involuntariamente del servicio, después de haber ad-quirido el derecho a solicitar su retiro voluntario con pensión vitalicia, a menos que la Junta de Retiro alegue y pruebe que el empleado reclamante tuvo una oportunidad o término razonable para solicitar su pensión antes de que su cesantía tuviera efecto y no fué diligente en la reclamación de su de-recho.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia que dictó la Corte- de Distrito de San Juan en 29 de julio de 1939 y devolverse el caso a dicha corte para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señob, De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Leónico Monroig, acusado y apelante.
    Núm. 8504.

    Sometido: Febrero 17, 1941.

      Resuelto: Febrero 24, 1941.

      A. Beyes Delgado y P. Santos Borges, abogados del apelante; IIon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del ■ Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Leónico Monroig fué convicto del delito de portar armas prohibidas y sentenciado a dos meses de cárcel. Como único fundamento de este recurso, alega que la sentencia no está sostenida por la prueba. El acusado no ofreció evidencia al-guna, consistiendo la del Pueblo en la declaración de Antonia Monroig, bija del acusado, y esposa del testigo principal Genaro López, y en los testimonios de Daniel y Antonio Ramos y Genaro López. La declaración de los dos primeros testigos no arroja luz alguna, ya que según ellos no se ha-llaban en el sitio de los sucesos cuando éstos tuvieron lugar. Antonio Ramos sólo sabe que los disparos a que más adelante haremos referencia tuvieron lugar en- la casa de Genaro López, y sabe que los hizo Leónico Monroig porque se lo dijo López. Así, pues, la resolución de este caso dependerá prin-cipalmente del testimonio de Genaro López. Declaró éste que en la fecha de los sucesos hacía poco más de un año que había seducido una hija de Monroig y que desde entonces no se hablaban; que el día de autos, entre 7:30 y 8 de la noche, fué Monroig a la casa de López y al llegar a la puerta le dijo: “López, tengo que hablar con usted,” contestándole éste, “Suba”; que en ese preciso instante le dispararon un tiro desde la puerta e inmediatamente después oyó cuatro deto-naciones más, resultando López con una herida en el pecho; que corrió hacia el interior de la casa y cogiendo un cuchillo que tenía en una tablilla, fué abajo, agarrándose entonces con Monroig, a quien produjo ciertas heridas. Al preguntársele quién le hizo los disparos, manifestó López que cree fué Mon-roig, pero luego expresa cierta duda porque según él había algunos vecinos frente a su casa en aquellos momentos y como estaba oscuro no pudo ver quién le atacó; que él luchó con Monroig porque lo consideraba su único posible enemigo. Tanto de la declaración de López como de la de los demás testigos surge claramente el propósito de todos de exonerar a Monroig sembrando la duda sobre la identidad de la persona que portaba el arma al hacerse los disparos. Por con-siguiente, debemos analizar la declaración de López a la luz de las circunstancias concurrentes, a fin de determinar si no obstante su propósito de defender a Monroig, se ha probado la culpabilidad del acusado fuera de duda razonable. No existe controversia alguna en cuanto a que fué Monroig la persona que llegó a la casa de López; que López, como hemos visto, lo consideraba el “único enemigo que podría tener”, y esta creencia, como hemos visto, no estaba desprovista de funda-mento. De suerte que existía un móvil para el ataque a López

, ' • ¡i Kirü por parte de Monroig. Sin embargo, López, a pesar de que los disparos se hicieron en la puerta de su casa en los mo-mentos en que él y Monroig cambiaban palabras, no puede asegurar que fuese éste el agresor, simplemente porque es-taba oscuro. Ahora bien, habida cuenta de la enemistad exis-tente entre ellos, es lógico suponer que al presentarse Mon-roig en la casa de López después de un año de no dirigirle la palabra y hablarle en la forma en que lo hizo, López no habría de esperar una conferencia amistosa, y debió fijar toda su atención en los movimientos de Monroig. Siendo ello así, habiéndose hecho los disparos tan cerca de él y frente a él, ya que la herida la recibió en el pecho, necesariamente tuvo que ver los fogonazos, y viéndolos, advertir si fue o no Mon-roig quien los hiciera.

En el caso de Pueblo v. Delerme, 51 D.P.R. 519, se dijo por este Tribunal:

“Alvarado declaró que el acusado hizo un disparo de pistola, pero luego dice que no lo había visto disparar. Si uno se encuentra cerca de una persona puede darse cuenta por la detonación de que esa persona ha hecho un disparo. Además, como sugiere el fiscal, el testigo pudo haber estado tratando de proteger a un amigo. El apelante no niega que hubiese disparos, pero insiste en que nadie pudo saber quién los hizo. La situación física y la evidencia circuns-tancial tendieron a demostrar que Alvarado y el apelante estaban presentes en el lugar donde se hicieron los disparos. Entonces la corte podría llegar a la conclusión de que no fué Alvarado el que disparó y por eliminación que fué el acusado el que lo hizo.”

Que lo vió López y que le consta que fué Monroig quien le atacó, lo demuestra su propia conducta al repeler la agre-sión con un cuchillo y luchar con Monroig por espacio de quince o veinte minutos, así como al manifestar poco des-pués al testigo Antonio Eamos que fué Monroig quien lo hirió. Por otra parte, la oscuridad que allí reinaba no debió ser tan intensa cuando a pesar de la prisa y de la consiguiente turbación del momento pudo López encontrar inmediatamente el cuchillo que buscaba. Las demás personas que estaban fuera de la casa eran, según López, vecinos suyos, y nada revela que pudieran tener interés alguno en hacerle daño, lo que disipa cualquier duda que pudiera surgir con respecto a ellos.

No siendo López quien se produjo la herida de hala, nece-sariamente debió ser su suegro el apelante, y para inferirla, tuvo que portar el arma.

La circunstancia de que los testigos de cargo manifiesten el propósito de exonerar de responsabilidad al acusado, no releva a la corte del deber de sentenciarlo si de la prueba y circunstancias concurrentes surge su culpabilidad fuera de duda razonable.

El hecho de que la corte sentenciadora haya absuelto al acusado del delito de infracción a la ley sobre registro de armas, que también le fué imputado, no es motivo suficiente para absolverlo de éste, toda vez que desconocemos las razo-nes que la movieron a dictar aquella sentencia. Tampoco nos impresiona el que López declare que mientras luchaba cuerpo a cuerpo con Monroig después de los disparos, no vió revólver o pistola alguna en las manos de éste, pues aparte de su evidente propósito de exonerarlo de responsabilidad, de poco o nada servía el arma a Monroig luego de disparadas las balas, por lo cual nada de particular tiene que se hubiere desprendido de ella o la hubiera ocultado después de usarla.

Procede por lo expuesto confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Ex parte Jesús Casellas Torres, peticionario y apelante. Ex parte Aníbal Arzuaga Casellas y Jesús Casellas Torres, peticionarios y apelantes. Ex parte Aníbal Arzuaga Casellas, peticionario y apelante.
    Núms. 8228, 8229 y 8230.

    Sometidos: Febrero 21, 1941.

      Resueltos: Febrero 24, 1941.

      Villamil & Santana Becerra, abogados de los peticionarios; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, por El Pueblo de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Por convenio de las partes, al igual que 6n la corte inferior, estos tres recursos fueron vistos conjuntamente y, por tanto, la única cuestión legal planteada en ellos será resuelta en esta opinión.

Los apelantes, Aníbal Arzuaga Casellas y Jesús Casellas Torres, fueron acusados en la Corte Municipal de San Juan de un delito de acometimiento grave, cometido conjunta-mente con otros acusados, y además, cada uno de ellos fué acusado, separadamente, de un delito de portar armas pro-hibidas. Señalados los casos para juicio, comparecieron los aquí apelantes ante la corte municipal y, sin estar represen-tados por abogado al leérseles las acusaciones, hicieron ale-gación de culpabilidad; mientras que los otros coacusados, representados por el Lie. Carlos Santana Becerra, alegaron ser inocentes. Se procedió por la corte a ver los casos en cuanto a los coacusados, y después de haber desfilado la prueba, fueron todos los acusados declarados culpables, sentenciándose a los aquí apelantes a cumplir seis meses de cárcel, mientras que a los coacusados se les condenó a cumplir dos años de cárcel, en cada caso.

Los apelantes radicaron tres recursos de hábeas corpus en la Corte de Distrito de San Juan alegando, en síntesis, que estaban privados de su libertad ilegalmente por ser las refe-das sentencias nulas por haber actuado la corte municipal sin jurisdicción al no advertir a los acusados del derecho que les asistía a tener un abogado que los representara, ni haber ellos, de una manera inteligente, renunciado dicho derecho, infringiéndose así preceptos fundamentales de la Constitu-ción de los Estados Unidos (Enmiendas V y VI), de la Carta Orgánica de Puerto Pico (Art. 2, párr. 2) y el artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Expedidos los autos correspondientes, celebrada la vista y practicada la prueba, la corte inferior dictó sentencias" declarando sin lu-gar las peticiones, habiendo los peticionarios entablado los presentes recursos de apelación.

El único error alegado por los apelantes dice así:

“La corte inferior erró.al desestimar las peticiones de hábeas corpus por el fundamento de que lo.s peticionarios hicieron una renuncia libre, voluntaria, inteligente y competente de su derecho a estar asistidos por abogado al tiempo en que se confesaron culpables. ’ ’

El juez sentenciador, al analizar la prueba presentada hace constar en su opinión lo siguiente: • '

“La evidencia en este caso demuestra que los peticionarios, libre y voluntariamente, se declararon' culpables del delito que se les impu-taba, Consistente en que allá para el 8 de junio de 1937 los mismos, en unión de Raimundo Díaz, Santiago Nieves, Julio Monge Hernández, Dionisio Vélez Avilés, y Juan Bautista Colón, en la municipalidad de San Juan, y con la intención de inferir grave daño personal, aco-metieron con revólveres y pistolas al ser humano Hon. Roberto A. Cooper, Juez de la Corte Federal; que habían estado asistidos de su primo el Lie. Villamil, no solamente eu este proceso, sino también en otro seguido contra los aquí peticionarios ante la Corte Federal para los mismos días en que se dictó la sentencia objeto de este recurso, habiéndose también declarado culpables los peticionarios .del delito a virtud del cual se les perseguía en dicha .Corte Federal; que el Lio. Villamil habló con el Juez de la Corte Municipal de San Juan, Sec-ción Tercera, Hon. Rafael González, informándole su deseo de declarar culpables a los• aquí peticionarios, y solicitó de dicho Juez demencia para los mismos; que los otros -coacusados alegaron ser inocentes del delito imputádoles, se les celebró juicio, fueron, defendidos por el Lie. Santana Becerra ahora abogado de los peticionarios, y senten-ciados a sufrir la pena de dos años de cárcel cada uno; que el Son. Juez González, no obstante la confesión de culpabilidad de los acu-sados, no los sentenció hasta después de haber oído la prueba en cuanto a los demás coacusados.” (Itálicas nuestras.)

Y, más adelante se expresó así:

“En ninguno de los casos resueltos por nuestro Tribunal Supremo y aquí citados eran los hechos iguales a los del presente caso, en el que los peticionarios tuvieron asistencia de abogado.” (Itálicas nuestras.)

Concretando, aún niás, sn criterio, al finalizar la opinión dice:

“Estando, como estamos, convencidos de que los peticionarios libre, voluntaria, inteligente y competentemente renunciaron su de-recho a estar asistidos por abogado al hacer su confesión de culpa-bilidad, así como de que antes de hacer la misma estaban asistidos y aconsejados por el primo de los mismos Lie. Angel M. Villamil, quien también los representa en la presente acción, procede que declaremos sin lugar la petición de habeas corpus...”

La conclusión a que llegó el juez sentenciador está am-pliamente sostenida por la prueba practicada ante él. De-muestra la transcripción de la evidencia que el Lie. Ángel M. Villamil es primo de los apelantes y que era su abogado en un proceso que, por el delito de conspiración, relacionado con los mismos hechos que dieron base a las acusaciones en la corte municipal, se siguió contra ellos y los otros coacusa-dos en la Corte Federal y en el cual los aquí apelantes tam-bién hicieron alegación de culpabilidad; que el Lie. Villamil, actuando como abogado de los 'apelantes conferenció varias veces con el juez en la corte municipal, Lie. Rafael González, en relación con la ayuda que habían prestado los dos acu-sados en la tramitación e investigación del caso y le dijo que los acusados se iban a declarar culpables y que la corte debía ser benigna en la imposición de la pena pues “estos acu-sados Aníbal Arzuaga y Jesús Casellas habían cooperado con el Gobierno Federal en el esclarecimiento del atentado” (T. de E. págs. 36 y 37); que la corte tomando en conside-ración eso les impuso una pena más benigna (T. de E. pág. 40); que los apelantes sabían, por conducto de sus familia-res, que el Lie. Villamil los estaba representando ante la corte municipal y aunque él no compareció a la corte el día del juicio, los acusados se declararon culpables, voluntariamente y sin coacción de clase alguna, y teniendo en cuenta que al hacerlo la corte sería más benigna en la imposición de la pena, como efectivamente lo fue. El propio abogado de los apelantes, Lie. Santana, al declarar como testigo en la corte inferior se expresó, en parte así:

“70 puedo asegurar a la corte que tanto en la Corte Federal como en este caso de la corte municipal, el compañero Villamil inter-vino basta cierto punto en representación de estos dos peticionarios. Yo no tengo la más absoluta duda de que el compañero Villamil pudiera tener conferencias con el Juez González sobre el particular. De eso no tengo la menor duda.” (T. de E. pág. 48).

Se demostró también ante la corte inferior que el acusado Aníbal Arzuaga Casellas tenía 19 años de edad y estaba cursando su segundo año de Artes Liberales o sea segundo año de preparatoria de derecho, y que el otro acusado tenía 25 años de edad y era graduado de octavo grado.

Repetidamente ha resuelto este tribunal, desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el caso Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, 82 L. ed. 1461, que: “cuando no se instruye a un acusado que comparece ante la corte a quo sin abogado en cuanto a su derecho constitucional a estar representado por letrado, se deja de proveerle de-fensa y nada indica que él renunciara a ese derecho compe-tente e inteligentemente, dicha corte deja de tener jurisdic-ción para seguir el proceso hasta convicción y sentencia.” Ex Parte Rodrigues, Reyes, 55 D.P.R. 415. (Itálicas nues-tras.)

Somos de opinión que, bajo los hechos especiales que concurrieron en los casos de autos, los apelantes estuvieron representados por su abogado Lie. Ángel Villamil desde qne se iniciaron los procesos contra ellos, tanto en la Corte Federal como en la corte municipal; qne actuando como tal abogado de los acusados el Lie. Villamil después de haberlos declarado culpables ante la Corte Federal conferenció varias veces con el Juez G-onzález y le expresó el deseo de los acu-sados de declararse culpables e hizo gestiones para obtener una sentencia benigna, tomando en consideración la coope-ración que habían prestado los acusados en el esclarecimiento del atentado contra el Juez Cooper. Con estos hechos pre-vios como base, ¿puede sostenerse, como desean los apelantes, que ellos no renunciaron competente e inteligentemente al derecho de estar representados por abogado al momento de declararse culpables? Somos de Opinión que no. Por el conocimiento que tenía el Juez González por mediación del Lie. Villamil, actuando como abogado de los acusados, que ellos se iban a declarar culpables, al igual que lo hicieron en la Corte Federal, quedó relevado de preguntarles si ellos tenían abogado defensor ni de informarles de su derecho a que la corte les nombrara uno. El Juez González tenía motivos para creer que la actuación de los acusados, era el resultado del consejo del Lie. Villamil y al sentenciarlos a una pena más benigna, seis meses de cárcel, en comparación a la de dos años de cárcel impuesta a los demás coacusados, ellos obtuvieron el objetivo que su actuación voluntaria buscaba.

Consideramos que los apelantes no presentaron ante la corte inferior la preponderancia de la prueba que se indica en el caso de Johnson v. Zerbst, supra, como necesaria para demostrar que no renunciaron competente e inteligentemente a su derecho constitucional a estar representados por abo-gado en el momento de declararse culpables y destruir así la eficacia de las sentencias impuestas. Hemos leído los casos citados por el abogado de los apelantes en su alegato y, en conjunto, estamos conformes con la doctrina en ellos expuesta, pues es la misma que este Tribunal ha seguido en los casos de Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416; Santiago v. Corte, 54 D.P.R. 607; Pueblo v. Rivera, 54 D.P.R. 611; Pueblo v. Mercado, 54 D.P.R. 903; Ex parte, Oropesa Rolón, 55 D.P.R. 281; Ex parte Rodríguez Reyes, 55 D.P.R. 415; Ex parte Resto Miranda, 55 D.P.R. 725; Pueblo v. Muriel, 57 D.P.R. 914 y Dijols v. Lugo, ante, pág. 5. Pero, cada caso debe juzgarse y resolverse de acuerdo con sus peculiares hechos y circunstancias, y los que con-currieron en los casos de autos nos llevan a la misma con-clusión a que llegó el juez de la corte sentenciadora, sin que ello implique, en forma alguna, que hemos variado en nada la doctrina establecida en los casos antes citados.

No habiéndose cometido el único error imputado, procede, por lo expuesto, desestimar los recursos y confirmar las sen-tencias apeladas.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Antonia Rodríguez Vda. de Denizard, por sí y en representación de sus menores hijos Martín y Obdulia Denizard Rodríguez, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada, y Fondo del Seguro del Estado, asegurador.
    Núm. 214.

    Sometido: Enero 12, 1941.

      Resuelto: Febrero 25, 1941.

      Buenaventura Esteves, abogado de la recurrente; Virgilio Brunet, abogado de Isabel María Rosario y Heriberto Irizarry, beneficiarios.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La vinda de Denizard y sns dos Lijos legítimos como be-neficiarios del obrero Miguel Denizard, solicitan de esta corte que revise y anule la resolución de la Comisión Industrial de agosto 3, 1940, por virtud de la cual se declararon tam-bién beneficiarios a dos Lijos ilegítimos del obrero.

A ese efecto alegan que el obrero, trabajando bajo el patronato de Miguel F. Gil, sufrió un accidente en septiembre 14, 1937, a consecuencia del cual falleció en marzo 17, 1939; que en agosto 14 siguiente el Fondo del Seguro del Estado declaró beneficiarios a los recurrentes o sea la viuda y los hijos legítimos del obrero, concediéndoles una compensación de $1,421.29 para ser distribuida por partes iguales entre' los tres; que en agosto 21, 1939, la firma de abogados Brunet y Casiano, en representación de Juana Rosario como madre con patria potestad sobre la menor Isabel María Rosario, y de Petra AdaricL Rodríguez como madre de crianza del menor Heriberto Irizarry, alegando que ambos menores eran Lijos adulterinos del obrero y dependían de lo que éste ganaba para su subsistencia, recurrió para ante la Co-misión Industrial de la resolución del administrador por entender que se les Labia preterido, y que celebrada la vista correspondiente la comisión declaró beneficiarios a los dichos Mjos adulterinos y solicitada reconsideración se negó a-ello, siendo lo resuelto por la comisión injusto, erróneo y-, contrario a la ley y a los hechos por los siguientes motivos:'

“(a) Porque en la misma se resuelve que el niño Heriberto Irizarry dependía del jornal del obrero para su sostenimiento, siendo así que Petra Adarieb (madre de crianza de dicho niño) declaró bajo juramento ante el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, 'que el supuesto padre de dicho niño no le daba nada’, declaración que tuvo en cuenta el administrador para determinar que no existía dependencia total ni parcial y denegar la compensa-ción que solicitó dicha madre de crianza. (Esta declaración obra en los autos del caso y se presentó como prueba ante la comisión al objeto de impugnar la veracidad de la testigo Petra Adarich, que declaró lo contrario en la vista ante la comisión) ;
"(ó) Porque dicha resolución está en pugna con lo que dispone el Código Civil en sus artículos 116 y 117, ya que la señora Juana Rosario (una de las apelantes ante la Comisión Industrial) aparece ser una mujer casada con Angel Santiago — que vive — y su hija Isabel María Rosario, cuyo verdadero apellido es Santiago, es fruto de este matrimonio y aparece inscrita en el Registro Civil con el nombre de Isabel María Santiago, hija legítima de Angel Santiago y Juana Rosario, según certificación de dicho registro obrante en los autos y que tuvo ante sí el Administrador del Fondo del Estado para resolver el caso en primera instancia, por lo que dicha niña no es tal hija adulterina del obrero occiso, y la actuación de la madre al presentarla como hija adulterina del obrero ‘después de la muerte de éste’ equivale a una impugnación de la legitimidad de su hija, cosa que no puede -hacer la madre, y equivale también a un ataque cola-teral a la inscripción de su nacimiento, lo cual tampoco puede hacerse sin permiso de la corte de distrito competente;
"(c) Porque dicha resolución es contraria a lo que dispone el art. 5, inciso 2 (sic), de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, pues la compensación no ha sido distribuida según lo dispone dicha ley, ya que a hijos adulterinos (sin que aceptemos que lo sean) se les ha asignado una compensación igual que a la viuda y a los hijos legítimos.”

Los tres motivos transcritos constituyen los errores se-ñalados en el alegato presentado luego por la recurrente.

El primero no puede ser tomado en consideración, ya que se trata de un error de hecho y no de derecho. Si el menor Irizarry dependía o no total o parcialmente de lo qne ganaba sn padre el obrero fallecido, es cuestión qne la comi-sión decidió en sentido afirmativo de acnerdo con la evidencia qne se le presentara. Y la circunstancia de qne la testigo Adaricb declarara en la comisión de modo distinto a como declaró ante el administrador, no quiere decir qne, como cuestión de derecho, la comisión estuviera impedida de darle crédito a lo que ante ella dijera.

También el error segundo envuelve una cuestión de hecho. Para llevarlo al campo del derecho, se insiste en que la comisión no pudo pasar por encima de lo preceptuado en el artículo 116 del Código Civil al efecto de que la legitimidad sólo puede impugnarse por el marido, que vivía en este caso, y de lo prescrito en el seis de la Ley de Registro Civil, con respecto a que firmada una inscripción, no podrá hacerse en ella rectificación, adición o enmienda que la altere substancialmente, sino a virtud de orden de la corte de distrito.

Si no se tratara de la aplicación de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo, la situación sería distinta, pero tratándose de esa ley, la facultad de la comisión para llegar directamente a la fijación de la dependencia, es clara. Es el propósito del estatuto, se dijo por esta misma corte en el caso de Rivera v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 878, que la compensación sustituya en lo posible la protección que el obrero fallecido brindaba a los que de él dependían. Y en ese caso se trataba también de un hijo adulterino y estaba envuelta una inscripción del registro civil.

Lo que la comisión resuelve no tiene más alcance que el de los límites del propio caso de la compensación. La ins-cripción del registro civil seguirá en pie a no ser que sea anulada por una corte con jurisdicción para ello, de acuerdo con la ley.

Pudiendo actuar la comisión en la forma en que lo hizo, resulta, como dijimos al principio, que se trata de una cues-tión de hecho que la ley que otorga el recurso no autoriza que se discuta y resuelva en el mismo. Ley núm. 45 de 1935. ((1) pag. 241, artículo 11).

En cuanto al tercer error o sea que la Comisión no estaba autorizada para bacer la distribución, autoridad que sólo tiene el administrador de acuerdo con el artículo 3, inciso 5 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, bastará decir que en efecto esa facultad corresponde al administrador, pero que ello no implica que apelado un caso para ante la comisión, al resolverlo ésta tomando en cuenta los hechos y la ley, no pueda dictar la resolución que proceda y que debió haber dictado el administrador y no lo hizo.

No ha lugar a la revisión solicitada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Lupercio López, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, y Hernán R. Franco, Fiscal del Distrito de San Juan, recurridos.
    Núm. 77.

    Sometido: Febrero 6, 1941.

      Resuelto: Febrero 25, 1941.

      B. Rivera Zayas, abogado del peticionario; A Cecil Snyder, Fiscal Federal, y Adolfo Valdés Cobián, Fiscal Federal Auxiliar, por los Estados Unidos de América, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Juan se han radicado dos acusaciones separadas, bajo los números 4336 y 4337, contra el aquí peticionario Lupercio López, imputándosele en cada una de ellas la comisión de un delito distinto de violación. Eu un pliego de particulares sometido por el fiscal, se alega que los hechos ocurrieron en la Urbanización Eleanor Roosevelt, conocida también por Barriada Roosevelt, del tér-mino municipal de Río Piedras, qne forma parte del distrito judicial de San Juan, P. R. El acusado interpuso en cada caso una excepción perentoria a la acusación, alegando que la Corte de Distrito de San Juan carece de jurisdicción para conocer y juzgar delitos cometidos dentro de los límites de dicha urbanización.

Son hechos admitidos por ambas partes, qne la Urbaniza-ción Eleanor Roosevelt es nna finca nrbana de 227.193 cner-das, adquirida por los Estados Unidos de América, a través de sn agencia “Puerto Rico Reconstruction Administration,” por compra a personas particulares; que la referida agencia del G-obierno Federal ha construido en dicha finca unas 500 casas de vivienda, de acuerdo con un proyecto aprobado por el Presidente de los Estados Unidos, para la construcción de hogares de bajo costo — “Low Cost Housing Project”- — y que los fondos para la compra del terreno y la construcción de viviendas fueron puestos a disposición de dicha agencia federal (PRRA) por el Presidente, con cargo a las asigna-ciones hechas por el Congreso bajo la Ley de Asignaciones para Auxilio de Emergencia de 1935.

Desestimadas por la corte inferior las excepciones peren-torias formuladas por el acusado, éste ha invocado la juris-dicción original de esta Corte Suprema mediante una petición en la que suplica se expida un auto inhibitorio dirigido a la Corte de Distrito de San Juan y al fiscal de la misma, orde-nándoles que desistan y se abstengan de seguir nuevos pro-cedimientos en los dos casos incoados contra el peticionario; o, en la alternativa, que se expida auto de certiorari para la revisión y anulación de los procedimientos seguidos ante dicha corte.

A la vista celebrada el 6 de febrero de 1941, para oír a las partes sobre la procedencia del recurso, comparecieron el letrado representante del peticionario y el Fiscal Federal Auxiliar, como amicus curiae, sometiendo más tarde sus res-pectivos alegatos.

Las contenciones del peticionario son sustancialmente las siguientes:

Ia. Que por virtud de las disposiciones de la sección 5 de la “Ley autorizando al Gobernador de Puerto Rico para traspasar ciertos terrenos a los Estados Unidos para fines navales o militares y para otros fines públicos,” aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en febrero 16 de 1903 (secs. 1670 a 1677 E. R. de P. R., ed. 1911), El Pueblo de Puerto Rico renunció o transmitió su jurisdicción sobre los terrenos de la Urbanización Eleanor Roosevelt, a favor de los Estados Unidos, quedando dichos terrenos desde el mo-mento en que fueron adquiridos y se tomó posesión de ellos para los fines de dicho proyecto, bajo la exclusiva jurisdicción del G-obierno Federal y de sus tribunales. El citado estatuto insular lee así:

“Sección 5.- — Que se dé y por la presente se da, el consentimiento a los Estados Unidos para adquirir, para fines navales o militares u otros fines públicos, por compra o expropiación forzosa, cualesquiera terrenos en la Isla de Puerto Rico, y cuando fuesen adquiridos en esta forma, y los Estados Unidos hayan tomado posesión de los mismos, toda jurisdicción sobre tales terrenos por parte de El Pueblo de Puerto Rico cesará y terminará ipso facto. Disponiéndose, no obs-tante, que, si subsecuentemente los Estados Unidos enajenaren cual-quiera o todas las tierras adquiridas en esta forma, El Pueblo de Puerto Rico volverá a tener jurisdicción sobre las mismas.”

2a. Que siendo la Urbanización Eleanor Roosevelt una obra de utilidad pública y para fines públicos, al adquirir y tomar posesión de los terrenos necesarios para dicha urba-nización, los Estados Unidos aceptaron la autorización y consentimiento prestados por El Pueblo de Puerto Rico en virtud de la citada ley insular, adquiriendo al mismo tiempo jurisdicción exclusiva sobre dichos terrenos; y que desde ese momento El Pueblo de Puerto Rico y sus tribunales carecen en absoluto de jurisdicción para perseguir o castigar por delitos públicos cometidos dentro de los límites de la urba-nización.

Las dos cuestiones a resolver pueden formularse así:

Ia. ¿Han adquirido los Estados Unidos, por virtud de las disposiciones de la sección 5, supra, y de la compra y toma de posesión, y sin necesidad de algún otro acto o formalidad, jurisdicción exclusiva sobre los terrenos de la Urbanización' Eleanor Roosevelt?

2a. ¿Es válida y efectiva la renuncia o cesión de jurisdic-ción sobre terrenos que forman parte del territorio insular, usados para los fines de un “Low Cost Housing Project,” sin que en el mismo instante o con posterioridad a tal renun-cia o cesión el Gobierno de los Estados Unidos acepte y asuma la jurisdicción exclusiva sobre los mismos?

Ambas preguntas requieren una contestación negativa.

La Constitución de los Estados Unidos dispone (Artículo I, sección 8, cláusula 17) que el Congreso ejercerá el poder legislativo y autoridad exclusiva sobre todos aquellos locales {places) comprados con el consentimiento de la Legislatura del Estado en que radicaren, para la construcción de fuertes, almacenes, arsenales, muelles, y otros edificios necesarios.

El propósito de la Asamblea Legislativa insular al apro-bar la sección 5 de la ley de 1903, supra, fue otorgar de una vez su consentimiento para todos aquellos casos en que los Estados Unidos adquieran por compra o expropiación, “para fines navales o militares u otros fines públicos,” cualesquiera terrenos en la Isla de Puerto Eico. El lenguaje del estatuto local no siguió estrictamente el de la cláusula constitucional, pero dice sustancialmente lo mismo, pues es obvio que los fuertes, los almacenes, los arsenales y los muelles se cons-truyen “para fines navales o militares.” La frase de la cláusula constitucional “y otros edificios necesarios,” es menos amplia que la del estatuto insular “u otros fines pú-blicos.” A los fines de determinar cuándo y cómo se trans-fiere al Gobierno Federal, automáticamente, la jurisdicción exclusiva sobre los terrenos que adquiere por compra con el consentimiento de un Estado, fiemos hecho un detenido es-tudio de la jurisprudencia interpretativa de la disposición constitucional sobre la materia.

Cuando el Gobierno Nacional compra terrenos para dedi-carlos a uno de los propósitos específicamente mencionados en la Constitución, y la legislatura del Estado ha dado su consentimiento para dicha adquisición, los terrenos así com-prados quedan ipso facto sometidos al exclusivo poder legis-lativo del Congreso; y desde ese momento cesa por completo y como consecuencia inevitable la jurisdicción estatal, porque la jurisdicción exclusiva va siempre acoplada al poder legis-lativo exclusivo. U. S. v. Cornell (C.C. R.I. 1819) 2 Mason, 60, 25 Fed. Cases Núm. 14,867; Fort Leavenworth R. R. Co. v. Lowe, 114 U. S. 525, 29 L. Ed. 264. En el último caso citado, al sostener que el Estado de Kansas no babía perdido su jurisdicción sobre la Reserva Militar de Fort Leavenworth, la Corte Suprema Federal sentó la regla aplicable cuando los terrenos ban sido comprados por el Gobierno Federal “para la construcción de fuertes, almacenes, arsenales, muelles, y otros edificios necesarios,” sin el consentimiento del Estado, expresándose así:

“El consentimiento de los estados para la compra de terrenos dentro de sus límites para los propósitos especiales mencionados es esencial, de acuerdo con la Constitución, para transferir al Gobierno Federal, junto con el título, la jurisdicción política y el dominio. Cuando las tierras son adquiridas sin tal consentimiento, la posesión de los Estados Unidos, a menos que la jurisdicción política le baya sido cedida en alguna otra forma, es simplemente la de un propie-tario ordinario. La propiedad en ese caso, a menos que sea usada para llevar a cabo los propósitos del gobierno, está sujeta a la auto-ridad legislativa y al control de los estados al igual que la propiedad de ciudadanos privados.
“Por consiguiente, cuando los Estados Unidos han adquirido terrenos dentro de los límites de un estado, en cualquier otra forma que no sea por compra con el consentimiento del estado, el Gobierno Federal poseerá los terrenos sujetos a la siguiente condición: que si sobre ellos se construyen fuertes, arsenales u otros edificios públicos para los usos generales del Gobierno Federal, tales edificios, con sus pertenencias, como instrumentos para el ejercicio de sus poderes, estarán libres de aquella intervención y jurisdicción del estado que pudiera destruir o disminuir su uso efectivo para los fines indicados. Tal es la ley con referencia a todas las instrumentalidades creadas por el Gobierno General. Su exención del control del estado es esencial a la independencia y autoridad soberana de los Estados Unidos dentro de la esfera de sus poderes delegados. Pero cuando no son usados como tales instrumentalidades, el poder legislativo del Estado sobre los locales adquiridos será tan. completo como sobre cualquiera otra propiedad dentro de sus límites.”

¿Pertenecen las viviendas construidas por la PERA en la .Urbanización Eleanor Roosevelt a la clase de edificaciones a que se refiere la frase “ y otros edificios necesarios” (and other needful buildings) del Artículo 1, sección 8, cláusula 17 de la Constitución Federal? Opinamos que no. De acuerdo con los párrafos que fiemos transcrito del caso de Fort Leavenworth., supra, los “other needful buildings” a que se refiere la Constitución son aquellos que se usan para llevar a cabo los propósitos del gobierno y que éste necesita utilizar como instrumentos para el ejercicio de sus poderes gubernamentales. Véanse: U. S. v. Tucker, 122 Fed. 518; Pundt v. Pendelton, 167 Fed. 997; U. S. v. Wurtzbarger, 272 Fed. 752; People v. Mouse, 203 Cal. 782; State v. Mack, 47 Pac. 763. Cuando los edificios son de esa naturaleza, la jurisdicción estatal no puede intervenir en forma tal ‘ ‘ que pudiera destruir o disminuir su uso efectivo” para los fines gubernamentales, aun cuando el terreno en que radican haya sido comprado sin el consentimiento del estado. Se ha resuelto en Battle v. United States, 209 U. S. 36, 52 L. Ed. 670, que el Congreso tiene poder para comprar terrenos para la cons trucción de correos o cortes, y que cuando la compra se hace con el consentimiento del estado, el Congreso adquiere el poder exclusivo de legislar sobre esos terrenos, por figurar los edificios de correos entre los “otros edificios necesarios” (other needful buildings) a que se refiere el citado precepto constitucional. Véanse: Chicago, R. I. & P. Ry. Co. v. McGlinn, 114 U. S. 542, 29 L. Ed. 270; Benson v. U. S., 146 U. S. 325, 36 L. Ed. 991.

Alega el peticionario que el proyecto de Urbanización Eleanor Roosevelt es una obra de utilidad y para fines pú-blicos, que tiende a promover la salud, el comfort y el bienes-tar de los ciudadanos, proveyéndoles de viviendas higiénicas y baratas; y que al adquirir los terrenos, tomar posesión de ellos y proceder a la construcción de la barriada, el Gobierno Federal aceptó la autorización y consentimiento otorgados por El Pueblo de Puerto Eico en virtud de la ley de 1903.

En Re O’Connor, 37 Wis. 386, se trataba de la compra de tierras por una corporación organizada por una ley del Congreso, para establecer en ellas el “Asilo Nacional para los Soldados Voluntarios Inválidos.” Se resolvió que la cesión que se había intentado hacer no confería jurisdicción exclusiva al Gobierno Nacional “porque la Legislatura no tiene facultad para abdicar su jurisdicción sobre su territorio, excepto cuando las tierras son compradas por los Estados Unidos para los fines a que se refiere la Constitución.” Y al contestar el argumento de que los servicios que prestaba la corporación eran de carácter público, la corte se expresó así:

“La corporación es por su naturaleza y objeto una institución caritativa pública, digna, sin duda alguna, del favor público y de la munificencia privada. No debe ser, sin embargo, confundida con el Gobierno General; ni sus derechos y propiedades son en ningún sentido justo y legal derechos y propiedades de los Estados Unidos. ’ ’

En Re Kelly, 71 Fed. 545, 552, la Corte de Circuito de Wisconsin resolvió:

“Un estatuto del estado, que provee £que la jurisdicción sobre las varias parcelas más adelante mencionadas sea y por la presente es cedida a los Estados Unidos de América,’ no concedió jurisdicción exclusiva cuando el propósito era uno no específicamente mencionado en la Constitución, y uno que no requería y sobre el cual el Congreso no tuvo intención de ejercer jurisdicción exclusiva. Tal estatuto debe ser interpretado en el sentido de ceder — o sea, traspasar o renunciar — a favor de los Estados Unidos toda la jurisdicción que el Congreso pueda encontrar que es necesaria para los objetos de la cesión y para el ejercicio de la cual debe adoptar leyes claras condu-centes a ese fin y dentro de sus facultades.”

Durante la argumentación ante esta corte, y en sus ale-gatos, las partes han admitido — y de ello podemos tomar conocimiento judicial — que tanto el Gobierno Insular como el Municipal de Eío Piedras ejercen funciones y facultades gubernamentales dentro de los límites de la Urbanización Eleanor Roosevelt, para el servicio, beneficio y protección, de los ciudadanos allí residentes. Los niños de la barriada asisten a escuelas públicas mantenidas por el Gobierno Insular. Éste mantiene allí, también a su costo, dispensarios y clínicas médicas y odontológicas para atender a la salud de los vecinos no pudientes. El orden público es mantenido allí por miembros del cuerpo de la Policía Insular. Los servicios de agua, extracción de basura y extinción de incendio son suministrados por los gobiernos municipales de San Juan y Río Piedras. La barriada está físicamente incorporada a la municipalidad de Río Piedras, sin que existan cercas ni monumentos de clase alguna que sirvan para demarcar sus linderos, y sus calles están abiertas al libre tráfico de cuantos deseen circular por ellas. Todos estos becbos constituyen, a nuestro juicio, prueba fehaciente de que el proyecto, por su naturaleza, no puede ser considerado como uno de los espe-cíficamente mencionados en la Constitución; que diebo pro-yecto no requiere para su debido desarrollo y funcionamiento el ejercicio de jurisdicción exclusiva por el Congreso; y por último, que el Congreso no ha revelado en manera alguna su intención de aceptar y asumir jurisdicción exclusiva sobre dicha urbanización. En el caso de Rainier National Park Co. v. Martin, 23 Fed. Supp. 60 (véase 18 Fed. Supp. 481), decidido en 1938, y en el cual la Corte Suprema denegó el certiorari (302 U. S. 661), se resolvió que cuando los Estados Unidos compran tierras con el consentimiento de la Legislatura del estado para un.propósito que no sea de los enumerados en la Constitución, “dichas tierras y los edificios que en ellas se construyan para uso del Gobierno Federal estarán libres de cualquier interferencia y jurisdicción del estado que pueda menoscabar su uso efectivo para los fines para los cuales fué adquirida la propiedad.” Y en Williams v. Arlington Hotel Co., 22 Fed. (2d) 669, se resolvió que la jurisdicción de los Estados Unidos es exclusiva cuando el estado cede el terreno para propósitos gubernamentales; pero, si se ad-quiere para cualquier otro propósito, la posesión de los Estados Unidos es meramente la de un propietario.

La Corte Suprema Federal en una de sus recientes decisiones, Ryan v. State of Washington, (1938), 302 U. S. 186, 82 L. Ed. 187, sentó la regla que consideramos aplicable a la situación que presenta el caso ante nos. La cuestión que resolvió la Corte Suprema fue la de si los terrenos adquiridos por el G-obierno Federal para el Proyecto de Construcción del “Grand Coulee Dam,” con el consentimiento del Estado de Washington, otorgado a virtud de un estatuto sustancial-mente igual al de Puerto Rico, estaban bajo la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos. Las condiciones y cir-cunstancias bajo las cuales se organizó la vida de la comu-nidad de trabajadores empleados en la construcción de la represa, eran idénticas a las que prevalecen en la Urbaniza-ción Eleanor Roosevelt. El estado cooperaba con el Gobierno Federal para que los trabajadores y sus familiares tuviesen todas las facilidades y servicios requeridos por la vida en comunidad. La Corte Suprema teniendo en cuenta esos hechos, dijo:

“No se presenta cuestión alguna en cuanto a la autoridad cons-titucional del Congreso para realizar esta empresa o para adquirir los terrenos necesarios o adecuados para ese propósito. No bay con-tención alguna de que el estado pueda intervenir en el desarrollo del proyecto. La cuestión sobre la jurisdicción territorial exclusiva es distinta. Esa cuestión asume la ausencia de toda clase de interfe-rencia con el ejercicio de las funciones del Gobierno Federal y es si los Estados Unidos lian adquirido autoridad legislativa exclusiva basta el punto de privar al estado del ejercicio de toda autoridad legislativa incluyendo la facultad de imponer contribuciones y la de mantener el orden público en relación con las propiedades y activi-dades de los individuos y corporaciones dentro del territorio. La adquisición de título por los Estados Unidos no es suficiente para efectuar esa exclusión. Debe aparecer que el estado, por consenti-miento o cesión, ba transferido a los Estados Unidos ese residuo de jurisdicción que de otro modo podría ejercer libremente. (Citas.)
"No solamente encontramos que no se ba violado el derecho federal o frustrado la intención federal por la interpretación que el estado ba dado al estatuto, sino que la evidencia es clara de que el Gobierno Federal tuvo el propósito de que continuase existiendo la jurisdicción estatal consistente con las funciones federales e invitó la cooperación del estado al proveer un apropiado ejercicio de autoridad local sobre el territorio.
"Aun cuando asumiéramos que el estatuto del estado debería ser interpretado en el sentido de ser aplicable a las adquisiciones federales aquí envueltas, todavía nos enfrentaríamos con la contención del Gobierno de que éste no estaba obligado a aceptar, y no ba aceptado, un traspaso de jurisdicción exclusiva. Como ese traspaso está basado en una concesión del estado, mediante consentimiento o cesión, resulta, de acuerdo con principios familiares aplicables a las concesiones, que la concesión puede ser aceptada o rechazada. La aceptación puede presumirse en ausencia de evidencia de una intención en contrario, pero no conocemos ningún principio constitucional que obligue a los Estados Unidos a aceptar una jurisdicción exclusiva en contra de su propia concepción de sus intereses. El mero hecho de que el Gobierno necesite el título sobre propiedades dentro de los límites de un estado, las cuales pueden ser adquiridas sin necesidad del con-sentimiento del estado (citas), no hace necesario que el Gobierno asuma las cargas incidentales a una jurisdicción exclusiva. Hemos dicho con frecuencia que nuestro sistema de gobierno es un ajuste práctico mediante el cual la autoridad nacional puede ser mantenida en todo su alcance, sin pérdida innecesaria de la eficiencia local. Al adquirir propiedades, la función federal proyectada puede cumplirse sin perturbar la administración local en aquellos asuntos que pueden quedar apropiadamente bajo la autoridad del estado. En nuestra opinión en James v. Dravo Contracting Co., 302 U. S. 134, ante, observamos que la posible importancia de reservar al estado jurisdic-ción para los propósitos locales, que no implique una interferencia en el cumplimiento de funciones gubernamentales, se hace más y máj! clara a medida que las actividades del Gobierno se expanden y se adquieren grandes extensiones de terreno dentro de los estados. T añadimos que parecía no existir razón alguna por la cual los Estados Unidos debieran ser obligados a aceptar jurisdicción exclusiva o el estado obligado a concederla al dar su consentimiento para las compras.”

Desde el año 1841 hasta 1930 estuvo en vigor un estatuto federal que en lo que es pertinente disponía:

- "No se invertirán fondos públicos en ningún solar o terreno comprado por los Estados Unidos con el propósito de construir sobre el mismo cualquier aduana, u otro edificio público, de cualquier clase que sea, hasta que se haya obtenido la opinión del Attorney. General en favor de la validez del título y mientras el consentimiento de la Legislatura del Estado en que radique el solar o terreno, para la compra, haya sido otorgado. .. ” (40 U.S.C.A., sec. 255, pág. 71.)

Nada dice el citado estatuto sobre jurisdicción. Bastaba el consentimiento del estado para que se hiciese la compra por el Gobierno Federal y que el edificio fuese uno de los comprendidos dentro del precepto constitucional para que los Estados Unidos adquiriesen jurisdicción exclusiva.

En el año 1930, cuando el Gobierno Nacional comenzó a desarrollar su política de ayudar a los Estados y Territorios en la eliminación de arrabales, construcción de viviendas de bajo costo y otros proyectos de emergencia, y más tarde, en febrero 1, 1940, el Congreso, deseando evitar que la adquisi-ción de terrenos con el consentimiento de los estados impu-siera al Gobierno Federal la obligación de aceptar y ejercer jurisdicción exclusiva sobre dichos proyectos, enmendó la sección 255, supra, para que leyera, en lo que es pertinente, así:

"No obstante cualquiera otra disposición legal, la obtención de jurisdicción exclusiva para los Estados Unidos sobre tierras o inte-reses sobre las mismas que hayan sido o puedan ser en lo futuro adquiridos por ellos, no será requerida; pero el jefe u otro funcio-nario autorizado de cualquier departamento o establecimiento inde-pendiente o agencia del Gobierno puede, en los casos y en las fechas que considere deseables, aceptar o conseguir del estado en el que radiquen cualesquiera tierras o intereses sobre las mismas que estén bajo su inmediata jurisdicción, cuidado o control, el consentimiento para o la cesión de tal jurisdicción, exclusiva o parcial, si no se hubiere obtenido previamente, sobre cualquiera de dichas tierras o intereses según lo estime conveniente, y hacer constar la aceptación de tal jurisdicción en nombre de los Estados Unidos archivando a ese efecto un aviso de tal aceptación con el Gobernador de dicho Estado o en cualquiera otra forma que prescribieren los estatutos del estado en que estén situadas dichas tierras. A menos y basta que los Estados Unidos bayan aceptado jurisdicción sobre las tierras que se adquieran en lo futuro, se presumirá concluyentemente que tal juris-dicción no ba sido aceptada. (Bastardillas nuestras.) 40 U.S.C.A. 255, Supplement, 1940-41.

Por lo tanto, mientras no se presente prueba de que los Estados Unidos ban aceptado y asumido jurisdicción exclu-siva sobre la urbanización, debemos presumir concluyente-mente que la jurisdicción no ba sido aceptada.

En junio 29, 1936, el Congreso, con el propósito evidente de evitar el tener que asumir y ejercer jurisdicción exclusiva sobre los proyectos para eliminación de arrabales y de vivien-das a bajo costo (low-cost housing), adoptó el siguiente esta-tuto :

“See. 421. Jurisdicción del estado o subdivisión política; de-rechos civiles bajo la ley local reservados.
“La adquisición por los Estados Unidos de cualquier propiedad inmueble adquirida antes o después de junio 29, 1936, en relación con cualquier proyecto de viviendas a bajo costo o de eliminación de arrabales, construido antes o después de junio 29, 1936, con fondos asignados a la ‘Federal Emergency Administration of Public Works’ de acuerdo con las secciones 401 a 411 de este título, la Emergency Belief Appropriation Act of 1935, o cualquiera otra ley, no será interpretada en el sentido de privar a ningún estado o subdivisión política del mismo de su jurisdicción civil o criminal en y sobre dieba propiedad, o de menoscabar los derechos civiles bajo la ley local de los inquilinos o habitantes de dicha propiedad; y en cuanto y hasta donde esa jurisdicción haya sido quitada a cualquier Estado o sub-división, o tales derechos hayan sido menoscabados, la jurisdicción sobre cualquier propiedad de esa clase queda por el presente cedida de nuevo a tal Estado o subdivisión. (Junio 29, 1936, c. 860, sec. 1, 49 Stat. 2026.) ” 40 U.S.C.A., sec. 421, 1938 Supp.

De acuerdo con los hechos admitidos y la jurisprudencia y estatutos a que nos hemos referido, opinamos y resolvemos que los Estados Unidos al comprar y tomar posesión de los terrenos de la Urbanización Eleanor Eoosevelt, no asumieron ipso facto jurisdicción exclusiva sobre dicba urbanización, por no pertenecer las edificaciones en ella construidas a la clase de “otros edificios necesarios” a que se refiere la Cons-titución; que no habiéndose alegado ni presentado evidencia alguna de la aceptación de jurisdicción exclusiva por el Gobierno Federal, estamos obligados a presumir concluyente-mente que no ba habido tal aceptación; y por último, que si El Pueblo de Puerto Rico en algún momento o por cual-quier causa dejó de tener jurisdicción civil y criminal sobre los terrenos y sobre los habitantes de dicha urbanización, esa jurisdicción fué readquirida por virtud de las disposiciones de la sección 421, supra, con la sola y única limitación de que El Pueblo de Puerto Rico no puede intervenir en forma alguna en la administración de la barriada, ni realizar acto alguno que pueda destruir o disminuir el uso efectivo de las propiedades para los fines a que han sido dedicadas.

La cesión o renuncia de jurisdicción hecha por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a virtud de la ley de 1903 no es ni puede ser efectiva hasta que el Gobierno Federal la haya aceptado. Mientras no exista esa aceptación, el Gobierno Insular puede y debe continuar ejerciendo jurisdicción civil y criminal en y sobre la Urbanización Eleanor Roosevelt y sus habitantes, pues no podemos concebir que el Congreso y la Legislatura Insular hayan tenido la intención de crear a la sombra de la bandera nacional una zona de anarquía, en donde pueda cometerse el más grave de los delitos, con abso-luta impunidad, por no existir tribunal federal o insular con jurisdicción para castigarlo.

Por las razones expuestas, opinamos que la Corte de Dis-trito de San Juan tiene amplia jurisdicción para conocer de y castigar por los delitos que puedan cometerse dentro de los límites de la Urbanización Eleanor Roosevelt y que no ha lugar a la expedición de ninguno de los autos solicitados.

La petición debe ser desestimada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.