text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Víctor Mirayes, acusado y apelante.
    Núm. 6649.

    Sometido: Julio 20, 1937.

      Resuelto: Noviembre 23, 1937.

      ■Carlos Santana Becerra, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Contra Víctor Mirayes se presentó una denuncia en la. Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, que copiada, a la letra, en lo pertinente, dice:

“Yo, Secundino Pérez Sánchez, Dtve. P. I., vecino de Santuree,. San Juan, calle de Ave. Ponee de León, núm. 181, de mayor de 21 años, formulo denuncia contra Víctor Mirayes, por delito de Libelo Infamatorio, cometido de la manera siguiente: Que en 29 de febrero-de 1936 y en la Ave. Ponce de León de Santuree, San Juan, del Distrito Judicial Municipal de San Juan que forma parte del Dis-trito Judicial de San Juan, P. R., el referido acusado, allí y enton-ces, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con ‘intención criminal de impugnar la honradez e integridad del Hon. Blanton Winship, Go-bernador de Puerto Rico, exponiéndole al desprecio público, publicó, repartió e hizo circular en una hoja impresa con el título de ‘Última Hora,’ entre otros, los siguientes conceptos:
“ ‘FueRa Winship . . . Comandante de las Fuerzas Asesinas de Puerto Rico. — Los recientes acontecimientos ponen aún más de mani-fiesto la incapacidad del loro de la Fortaleza, el ‘Generalísimo’ (léase ‘abusivísimo’) Bastón- Winship y otras hierbas. — Winehito añade-ahora una burrada a las muchas que ya ha cometido: Pide voz en cuello que se implante de nuevo la pena de muerte en Puerto Rico. ¡ Qué va, Winehito! Eso está bueno para tu tierra, donde el lincha-miento es el menú favorito; pero aquí en Puerto Rico, somos un poco más civilizados. ¡ Silendio, Winship, Silencio! ¡ Para decir dispa-rates, no hables!’
“Cuya hoja impresa fue publicada, repartida y hecho circular por el acusado, a raíz de los sucesos ocurridos en el Cuartel de la Policía Insular de esta Capital, en donde perdieron la vida dos jó-venes, Elias Beauchamp e Hiram Rosado, por disparos héchosles por la policía, y con la maliciosa intención de imputar al Hon. Gober-nador de Puerto Rico el haber ordenado la muerte de dichos jóvenes.. Hecho contrario a la ley.”

Elevados los autos a la corte del distrito, Mirayes pidió la eliminación del último párrafo de la denuncia. Llamada la causa para la celebración del juicio, insistió en su moción eliminatoria el acusado. Se opuso a ella el fiscal, y dijo y resolvió la corte lo que sigue:

“Vamos a oír la prueba y la corte estudiará la cuestión y si es in-material no lo tomará en consideración.
“La corte deniega por abora la moción para considerarla mij,s tarde, cuando vaya a resolver el caso. Si es inmaterial, yo lo de-clararé así.
“Vamos a oír la prueba y la Corte resolverá después esta cues-tión.”

Ninguna de las partes objetó y fue llamado el primer tes-tigo de cargo, Secundino Pérez, quien declaró que el 29 de febrero de 1936, Mirayes vendía en Santurce, San Juan, “es-tas bojas sueltas a dos centavos cada una . . . unas cuan-tas personas compraban de ellas” y manifestó el fiscal, “voy a presentar como prueba la hoja suelta ésta,” e in-tervino la defensa como sigue:

“P. — ¿Quién dice usted que cogió la hoja suelta?
“R. — Pues diferentes personas, y entre ellas Luis Benitez, el Jefe Auxiliar de la Detective. . . Y se la presentó al Juez Fernández, que estaba inscribiendo al Partido Regional en Santurce, en el Cuar-tel de la Policía allí en esos días.
“Defensa: No hay oposición a la admisión de la hoja ésta.
“Juez: Se admite sin oposidión, y se marea Exhibit No. 1 de a Pueblo. ’ ’

La hoja así admitida en evidencia se envió original a esta Corte Suprema. Contiene inmediatamente antes de lo trans-crito en la denuncia, lo que sigue:

‘ ‘ ¡ Fuera Vázquez ! ¡ Beauohajmp AsesinaIdo ! El consenso de la opinión pública en torno a la muerte de los jóvenes Elias Beauchamp e Hiram Rosado se manifiesta cada vez más acremente en contra de los miembros de la Uniformada bajo cuya custodia estaban, especial-mente contra el Jefe Vázquez.
“Para clasificar la muerte de Beauchamp y Rosado, sólo existe una palabra: ¡asesinato!”

Llamado el segundo y último testigo del Pueblo, Luis Be-nitez, declaró:

“Yo me dirigía al Cuartel donde-tengo mi oficina y vi que cir-culaba una hoja suelta; conseguí una y al leerla noté que estaba -escrita en conceptos injuriosos para el Gobernador de Puerto Rico y al mismo tiempo que no tenía el pie de imprenta. Entonces le ordené al Detective Pérez Sánchez arrestar al individuo que estaba repartiendo esas liojas, coincidiendo con que al llevarlo al cuartel estaba allí el Juez Municipal Victoriano Fernández. Fué interro-gado sobre quién había escrito la hoja ... y dijo que la hoja era de él; que él la había hecho, y que tenía su membrete impreso en la misma hoja, tenía su nombre, y que él reconocía que él era el responsable, que no buscaran a más nadie que él se hacía responsable de ese hecho. Entonces el juez ordenó que se estudiara el caso para hacer la correspondiente denuncia.
“Fiscal: ¿Qué había ocurrido unos días antes en el cuartel de la PoLcía de San Juan?
“Defensa: Señor Juez, nosotros nos vamos a oxooner por creerlo 'inmaterial, y para ser consistentes con la cuestión de derecho que hemos levantado.
“Juez: La Corte permite la pregunta.
/ ‘ Defensa: Excepción.
“Fiscal: ¿Qué había ocurrido unos días antes en el Cuartel de la Policía de San Juan?
“Testigo: Unos días antes habían ocurrido los acontecimientos éstos de la . . .
“Fiscal: ¿Cuáles eran los acontecimientos? ¿Quiénes habían muerto allí en el cuartel?
“Testigo: Unos muchachos nacionalistas.
“Fiscal: ¿Cómo se llamaban?
“Testigo: Beauchamp y Rosado.”

Cuando terminó el testigo, manifestó el Fiscal: “Ése es el caso, señor juez,” y expresó la defensa:

“Nosotros, señor juez, vamos a someter el caso también con la siguiente cuestión que vamos a levantar: Independientemente de la imputación del innuendo, que ya hemos discutido, y que sostenemos que es inmaterial y completamente impertinente, y que es una mera deducdión legal del denunciante que no está sostenida por el texto del supuesto libelo, nosotros entendemos que considerado el texto en sí, no aduce hechos suficientes para constituir el delito de libelo, y nos ba-samos en la doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo en el caso de El Pueblo v. López, reportado al tomo 23 D.P.R. 114.”

La corte anunció que resolvería el caso al día siguiente y en efecto así lo hizo declarando culpable al acusado del de-lito de libelo impntádole, imponiéndole nn año de cárcel y las costas.

Apeló Mirayes para ante esta Corte Suprema y señala en su alegato la comisión de dos errores cometidos a sn jui-cio por la corte al declarar sin lugar la moción eliminatoria y al no absolverlo perentoriamente por no constituir la pu-blicación materia libelosa.

Dice el artículo 243 del Código Penal:

“Constituye libelo cualquiera maliciosa difamación expresada por medio de escritos, impresos, signos, láminas, dibujos, u otra forma análoga, tendentes a denigrar la memoria de un difunto, o impugnar la honradez, integridad, virtud o buena fama de un vivo, o publicar sus defectos naturales o supuestos, exponiéndole así al odio, despre-cio o ridículo público.”

Y dispone el 245 del propio cuerpo legal:

“Se presumirá maliciosa toda publicación injuriosa, si no se pro-bare que hubo motivo justificable para hacerla.”

Ninguna evidencia en justificación presentó el acusado. La prueba del fiscal fue admitida con la sola objeción que dejamos consignada, improcedente a nuestro juicio. Queda en pie la publicación becba por el acusado tal como surge de la denuncia y más completa aún de la boj a suelta.

¿Constituye lo publicado en dicho impreso una maliciosa difamación tendente a impugnar la honradez, integridad, vir-tud o buena fama del Gobernador Winship?

Una respuesta en la afirmativa se impone. La publica-ción comienza imputando al Gobernador el hecho de ser el “Comandante de las Fuerzas Asesinas de Puerto Rico” inmediatamente después de haber calificado de asesinato un hecho concreto atribuido a miembros de dichas fuerzas, o sea “de la Uniformada,” esto es, de la Policía Insular, cuya superior autoridad en cuanto a su dirección reside en el Gobernador de acuerdo con la ley. Sección 2077, Estatutos Revisados de Puerto Rico, Compilación de 1911, pág. 424. ¿Acaso puede considerarse honrado, íntegro y virtuoso quien comanda nna organización de asesinos? ¿Podría con-servar su buena fama el que tal hiciera? Claro es que no y por tanto precisa concluir que la imputación no sólo tiende si que de hecho impugna maliciosamente la honradez, inte-gridad, virtud y buena fama del Sr. Winship, Gobernador de Puerto Rico.

T si a lo dicho se agregan las imputaciones que siguen y la forma manifiestamente denigrante e injuriosa en que aparecen redactadas, la conclusión a que llegáramos se im-pone con más fuerza todavía.

No puede el derecho a la libre expresión del pensamiento amparar excesos semejantes. Lo hecho por el acusado cons-tituye una agresión más seria quizá que si hubiera herido el cuerpo de su víctima. Hirió su- reputación que es parte de su vida y que la ley debe proteger y protege lo mismo que su cuerpo.

El caso que invoca el apelante — El Pueblo v. López, 23 D.P.R. 114—es distinto. Allí la corte se vió obligada a resolver que el lenguaje ofensivo usado caía de lleno dentro del principio sentado en el de El Pueblo v. García, 21 D.P.R. 163, expresándose por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison, con palabras que entrañan admoniciones que de-ben grabarse bien en su recto significado en la conciencia pública, constitutivas de aquella sanción moral que guiados por un espíritu de justicia se lanzan a veces a aplicar los tribunales cuando no existe la sanción legal que se invoca. Dijo la corte:

“Es una curiosa coincidencia que el lenguaje ofensivo que ha sido imputado al acusado caiga tan de lleno dentro del principio sen-tado por esta corte en el caso de El Pueblo v. García, 21 D.P.R. 163, citado por el acusado, que sugiere la intención deliberada y ma-licioso propósito de ir tan lejos en el uso de este lenguaje como fuere posible hacerlo áin peligro alguno, contando para ello con la protec-ción de la interpretación que fué dada a estas cuestiones en dicho caso. Pero no es de la incumbencia de las cortes prescribir el re-medio para cualquier tendencia maligna aún cuando los síntomas in-diqen una asimilación defectuosa de los principios fundamentales proclamados judicialmente. Ni tenemos necesidad de considerar ex-tensamente los beebos expresados en la denuncia. Las palabras que fueron imputadas al acusado pronunciadas en un momento tan crí-tico y bajo circunstancias que son conocidas de todos, de notoriedad pública e historia contemporánea, de las cuales tomamos conocimiento judicial sin hacer mención de detalles, caracterizan suficientemente tanto al orador como al acto suyo de expresarlas, siendo superfluo todo comentario respecto a tal conducta. Y si él no hablaba mera-mente a nombre propio sino también en una capacidad representa-tiva, entonces el estigma que de tal-modo se imprime sobre sus re-presentados es a su vez una cuestión en la cual no debemos sentir ningún interés. La dura escuela de la experiencia es la única espe-ranza de salvación para aquéllos que toleran tales intérpretes.”

Aparte de que en los casos de El Pueblo v. García, supra, y El Pueblo v. López, supra, se imputó directamente el delito de calumnia de acuerdo con la ley para definir y castigar el delito de calumnia e injuria, aprobada en 9 de marzo de 1911 (Código Penal, ed. de 1937, pág. 173) y aquí se imputa directamente el delito de libelo infa-matorio previsto en el artículo 243 del Código Penal, es lo cierto que imputar en una hoja impresa que se hace circular por su propio autor al Gobernador de la Isla el hecho de ser el “Comandante de las Fuerzas Asesinas de Puerto Rico,” no es expresar una opinión más o menos injuriosa acerca de un funcionario público, si que es relatar algo-sobre dicho funcionario, atribuirle algo, maliciosa y públicamente, que tiende a su deshonra, descrédito y menosprecio.

En cuanto a la eliminación del innuendo bastará decir que aunque se llegara a la conclusión de que tal como aparece redactado no estuviera enteramente sostenido por los hechos imputados en el cuerpo de la denuncia, el error que pudiera haberse cometido no sería perjudicial porque la sentencia condenatoria no se fundó en el innuendo sino en los hechos perpetrados por el acusado de acuerdo con la denuncia y que puso de manifiesto la prueba. Se trata además de una denuncia y “ya hemos decidido en repetidas ocasiones que las reglas que gobiernan las acusaciones no serán puestas en vigor estrictamente al ser invocadas como apli-cables a las denuncias corrientes,” como acabamos de recor-dar en el caso de El Pueblo v. Cintrón, resuelto en el día de boy (pág. 334).

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino..


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    Enrique Carrillo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, Sustituto, recurrido.
    Núm. 987.

    Sometido: Julio 19, 1937.

      Resuelto: Noviembre 23, 1937.

      Rafael S. Vidal, abogado del recurrente;
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Mario Fuentes Morales, como alcalde de la ciudad de Humacao, y los esposos Carrillo Pérez otorgaron una escri-tura el 9 de diciembre de 1936. En ella se hace constar que el municipio de Humacao es dueño de dos fincas y que los esposos Carrillo Pérez son dueños en pleno dominio de otra parcela de terreno. El párrafo cuarto de la escritura lee así:

‘ ‘ Que teniendo las partes convenido un contrato de arrendamiento, lo llevan a efecto bajo las cláusulas siguientes:
“PRIMERA:

Por la cláusula primera a que se hace referencia se ceden en arrendamiento a Enrique Carrillo las dos parcelas perte-Mecientes al municipio. En la escritura se hace constar en-tonces que cada nna de dichas parcelas es arrendada por el término de seis años; que en cuanto a la finca marcada le-tra “A” el municipio conviene en que se entenderá concedido el usufructo a favor de Carrillo si éste fabrica dentro del término del arrendamiento; que en cuanto a la finca descrita bajo la letra “B” el municipio se reserva el derecho de rescindir el contrato de arrendamiento si decide en cualquier momento construir en el mismo una plaza de mercado.

En consideración al llamado contrato de arrendamiento a que antes se'hace referencia los citados esposos traspasaron a la ciudad la propiedad específica a que hemos aludido.

El registrador denegó la inscripción en los siguientes tér-minos :

“Denegada la inscripción que se solicita ele este documento, con vista de una resolución número 30 de la Hon. Asamblea Municipal de Humacao sobre ratificación, y respecto al contrato de arrenda-miento de las fincas letras ‘A’ y ‘B’ Porque dicho arrendamiento no se ha llevado a efecto mediante la pública subasta que prescribe el inciso 5 del artículo 8 de la vigente ley municipal aprobada el 28 de abril de 1928, y Porque la mencionada resolución número 30, como consecuencia de ese defecto carece de eficacia y valor, pues la misma no puede dar validez a un acto que es nulo de acuerdo eon la ley. En su lugar se toman anotaciones preventivas de acuerdo con la ley sobre recursos contra las resoluciones de los Registradores de la Pro-piedad, por el término legal de 120 días. ...”

En apelación, Carrillo sostiene que aunque por su forma el contrato celebrado por las partes fue calificado de arrendamiento, la escritura en realidad era una escritura en que se concedía un derecho de usufructo.

El registrador sostiene que en todo el documento so usa la terminología acostumbrada en los contratos de arrenda-miento, pero que en ella no se expresa el propósito de cons-tituir al presente un usufructo, aunque el mismo podría surgir eventualmente en lo' que a la propiedad marcada con la letra “A” se refiere.

El alcalde no cedió los dos solares en usufructo. En verdad, el convenio entre las partes demuestra qne ellas ha-bían arrendado y tenido el propósito de arrendar las fincas por un período de tiempo específico. De conformidad con las disposiciones del artículo 8, párrafo 5 de la Ley número 53 de 1928 (leyes de ése año, pág. 341), “no se podrá vender, arrendar, hipotecar, gravar, ni en modo alguno disponer de propiedad alguna municipal, sino mediante pública su-basta, excepto en los casos en que expresamente se permita por esta Ley que se haga de* otro modo, ni podrá permutarse dicha propiedad, sino por acuerdo de las dos terceras par-tes del número total de miembros de que se componga la asamblea municipal ...”

Por tanto, en nuestra, opinión, el caso es uno de lex scripta, toda vez que no se cumplieron las disposiciones del precepto de ley arriba copiado.

Tenemos alguna duda respecto a si el alcalde fue autorizado por la asamblea municipal, conforme exige el artículo 70 de la Ley Municipal, supra, para ceder terrenos en usufructo. La resolución número 30 de la asamblea municipal que figura en los autos lleva por título:

“PARA APROBAR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO DE IIUMACAO EN RELACIÓN CON LAS EINCAS URBANAS QUE SE DESCRIBIRÁN MÁS ADELANTE.”

Además, el segundo “Por cuanto” de dicha resolución lee así:

“Por cuanto esta Asamblea Municipal aprobó con fecha 15 de octubre ele 1936, la Resolución Núm. 27, en virtud de la cual auto-rizó al Alcalde de Humacao, don Mario Fuentes Morales, a arrendar las referidas .fincas urbanas en los términos y condiciones que esti-mara procedentes.”

De los extractos anteriores no se desprende claramente que cediera al alcalde otra facultad que la de “arrendar” los terrenos del municipio.

Por tanto, debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisok

text:
    Rafael, Carmen, Rosalinda, Margarita, Pelayo, Ana Mercedes y Fernando Valls, y Herminia Cancio, demandantes y apelados, v. Juan Rosado Fussá, demandado y apelante.
    Núm. 7164.

    Sometido: Marzo 16, 1937.

      Resuelto: Noviembre 23, 1937.

      Oscar Souffront y Pascasio Fajardo Martínez, abogados del apelante; ■J. Alemañy Sosa, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchisok

emitió la opinión del'. tribunal.

El artículo 518 del Código Civil (edición de 1930)’ lee así:

“No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros-voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no bay dos metros-de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad..
“Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la. misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.”

Juan Rosado Fussá apela de una sentencia que le con-dena a cerrar ciertos huecos que la corte de distrito resolvió’ eran “ventanas con vistas rectas”, dentro del significado’ del artículo 518. La primera contención es que la corte-de distrito cometió error al estimar que los hechos expuestos en la demanda aducen una causa de acción.

Los demandantes alegaron: que eran dueños de cierta casa y solar que se describen en la demanda; que el deman-dado era dueño de otra casa y solar que igualmente se des-criben; que el demandado destruyó su casa y construyó en el mismo sitio otras dos casas de dos plantas cada una, se-paradas por un callejón; que una de éstas casas limitaba al norte con la propiedad de los demandantes y que el deman-dado había abierto en ella ventanas y balcones con vistas-rectas sobre la finca de los demandantes a ciertas distancias: que se especifican de la línea divisoria de los dos solares; que todas dichas ventanas se usaban para recibir luz y dar vista; que los demandantes requirieron del demandado que cerrara y tapiara dichas ventanas y éste se negó a hacerlo,. La omisión que ahora se plantea es que los demandantes de-jaron de alegar que ellos no habían prestado su consenti-miento para que se estableciera la servidumbre. La única autoridad citada en apoyo de este criterio es el caso de Serrano v. Central Cambalache, 23 D.P.R. 655.

En el caso de Cambalache los demandantes alegaron que" eran condueños de una novena parte de cierta finca; que la*. Central Cambalache era dueña de nn ferrocarril privado qne atravesaba dicha propiedad y la convertía en nn predio sir-viente de la corporación demandada; qne otro demandado,, Avelino Cruz, qne era el condueño qne se hallaba al frente de la finca, autorizó a la Central por su propia cuenta para tender la vía y había venido permitiendo, sin el consenti-miento de los demandantes, qne por ella transitaran los tre-nes de la Central Cambalache, imponiendo así nn gravamen sobre el condominio de los demandantes, en contra de la vo-luntad de éstos. La demanda en dicho caso termina con la suplica de qne se declare, entre otras cosas, primero, qne so-bre la finca no pesa servidumbre alguna a favor de la Central demandada sin qne los condueños demandantes otorguen título a favor de la corporación, y, segundo, que es nulo el convenio celebrado entre los dos demandados para la ins-talación de vías y paso de trenes por la finca. La corte de distrito había sostenido una excepción de falta de hechos su-ficientes para determinar una cansa de acción y declarado sin lugar la demanda en la teoría de que los demandantes debieron haber alegado que la madre de ellos conservó su condominio hasta que murió y que ellos fueron declarados sus herederos por título de sucesión legítima o testamentaria. Lo resuelto por este tribunal aparece del siguiente extracto:

"Entendemos que la demanda es suficiente porque ejercitándoseen ella una acción negatoria de servidumbre, y disponiendo el artículo-604 del Código Civil que para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso se necesita el consentimiento de todos los copropieta-rios y que la concesión hecha solamente por algunos quedará en sus-penso hasta tanto que la otorgue el último -de todos los partícipes o-comuneros, les bastaba a los demandantes alegar como alegaron que-son condueños de la finca sobre la que se ha impuesto la servidum-bre, y que no dieron su consentimiento para ella para tener derecho-a que se declare la libertad de la finca. Esas son las alegaciones esen-ciales en casos como el presente y era innecesario alegar, como exigió la corte, que la madre de los demandantes conservó su condominio-hasta que murió, que los demandantes fueron declarados sus here-deros por título de sucesión legítima o testamentaria ni tampoco la porción que tenía la madre de los demandantes en la finca.”

Si en el caso de la Central Cambalache los demandantes hubiesen alegado que eran dueños de un condominio repre-sentado por una novena parte de la finca y que la Central había colocado sus rieles a través de dicha propiedad y corría sus trenes sobre los mismos, y hubieran solicitado sentencia para obligar a la Central a quitar la vía y a dejar de correr sus trenes por sobre dicha propiedad, y si la corte de distrito hubiese declarado con lugar una excepción previa y sin lugar la demanda por dejar de alegar la supuesta creación de una servidumbre por otro condueño sin el consentimiento de los demandantes, es muy posible que este tribunal hubiera re-vocado la sentencia fundado en que cualquier cuestión rela-tiva a la servidumbre preexistente era cuestión de defensa que los demandantes no tenían que anticipar. Por lo menos no surgió tal cuestión en el caso de la Cambalache y nada hay en el dictum, supra, que milite contra el criterio que acabamos de sugerir, toda vez que no existió semejante cuestión en la mente del tribunal. De todos modos, la de-manda en el presente caso aducía suficientes hechos para determinar una causa de acción. Incumbía al demandado alegar y demostrar, si podía, conforme trató de hacer en la corte inferior, que los demandantes habían prestado su con-sentimiento a que se abrieran las ventanas en cuestión. Ade-más, no se presentó excepción previa ante la corte de distrito y la omisión en la demanda, de haberla, fue subsanada por la prueba.

Otr.a contención es que la corte de distrito cometió error al ordenar que ciertas puertas de la planta baja que dan al callejón fuesen cerradas. El juez de distrito resolvió que las llamadas puertas no fueron diseñadas ni eran usadas como medio de ingreso y egreso, y que no eran en realidad puertas, sino ventanas disfrazadas de puertas con el objeto de evadir responsabilidad por la.violación palpable del ar-ticulo 518 del Código Civil. La doctrina de los casos de Rabell v. Rodríguez,, 24 D.P.R. 561, y de Rodríguez Pérez v. Colón, 34 D.P.R. 78, no es aplicable a nn caso de esta na-turaleza. Si las llamadas puertas no eran puertas sino ven-tanas, el juez de distrito no cometió error al ordenar que fuesen cerradas.

El tercer señalamiento hedió por el apelante es que la corte de distrito cometió error al resolver que las ventanas fabricadas en la planta alta de la casa del demandado conferían vistas rectas sobre el predio de los demandantes y al ordenar la clausura de las mismas. El demandado, luego de iniciado el presente recurso, clausuró algunas de las ventanas de la planta alta y convirtió cada una de las otras en una proyección en forma de mampara improvisada (bay-window) de unos 42 centímetros de fondo. El costado de esta proyección que se halla al lado opuesto de la ventana situada en la pared del edificio del demandado y paralelamente con dicha pared fué cubierto de zinc. En los otros dos lados de esta proyección se construyeron unos huecos estrechos que se usaban como ventanas. El juez de distrito resolvió que mientras estuvo de pie frente a uno de los huecos que formaba una de las ventanas originales, no podía ver aquella parte de la finca de- los demandantes que quedaba directamente al frente, pero sí podía ver otras partes de la misma por entre los huecos que había a los lados de la mampara. En esta forma podía ver desde una ventana aquella parte de la propiedad de los demandantes que no podía ver de la otra ventana y vice versa. Éstas eran, a nuestro juicio, vistas “de costado u oblicuas” y no “vistas rectas” dentro del significado de esas frases conforme las mismas son usadas en el artículo 518 supra. Todas, a excepción de una de estas ventanas, estaban a más de 60 centímetros de distancia de la línea divisoria común de los dos solares. Deben, por tanto, ser excluidas de los efectos de la sentencia. En lo que a la mampara que estaba a menos de 60 centímetros de la línea divisoria, la sentencia no será alterada.

Otros errores se refieren, a la exclusión de evidencia, a la apreciación de la prueba, a la cuestión de costas, y a dejar de incluir en la sentencia una disposición alternativa al efecto de que el demandado, en vez de clausurar las ventanas, podía construir dentro de su propia finca, y paralelamente con el lado norte de su casa otra pared lo suficientemente alta que obstruyera las vistas de cualquiera de las ventanas en cuestión.

Si la evidencia excluida hubiera sido admitida, el resul-tado habría sido el mismo. No hallamos error manifiesto en la apreciación de la prueba ni abuso de discreción en la concesión de costas. Los demandantes no solicitaron ningún remedio alternativo y el demandado no pidió ninguna resolu-ción alternativa en la sentencia que se dictara. Aún si el demandado hubiera hecho tal súplica, la cuestión hubiera caído dentro de la sana discreción del juez de distrito. Éste no cometió error al no resolver sobre la fabricación de una pared a opción del demandado como medida alternativa a la clausura de las ventanas.

La sentencia debe ser modificada y así modificada con-firmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: '.El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Cintrón Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 6718.

    Sometido: Noviembre 2, 1937.

      Resuelto: Noviembre 23, 1937.

      Gelpí <& Gelpí, abogados, del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   '.El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La sección 4 de la Ley núm. 25 aprobada el 17 de julio de 1935 (Legislatura Extraordinaria, págs. 153-155) lee así:

“Toda persona que fuere sorprendida portando o conduciendo cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista de números o imple-'mentos, a sabiendas de que se utilizan o están utilizando para los juegos ilegales de la ‘bolita’, ‘boli-pool’, combinaciones clandestinas relacionadas con los pools de los hipódromos de Puerto Eico, y lote-rías clandestinas . . . será arrestada inmediatamente. .

José Cintrón Rodríguez fué convicto de infringir este ar-tículo. El único error señalado se refiere a haberse decla-rado sin lugar una excepción perentoria a la denuncia pre-sentada por un jefe de la Policía Insular. Se sostiene que la denuncia imputaba más de un delito. La parte pertinente de la denuncia es que el acusado portaba sobre su persona ciertos tichets y talonarios de “lotería y boli-pool” que se describen más específicamente como 29 tichets impresos en papel amarillo con ciertos números específicos dividiéndose cada tichet en cinco secciones o cupones, y 34 tichets impresos en papel azul con ciertos números que se especifican y estando dividido cada tichet en dos secciones o cupones, y otros nú-meros que se especifican, dividido cada uno en cinco secciones o cupones y talonarios de los mismos colores, los que se uti-lizaban para juegos ilegales y combinaciones clandestinas cuyo juego es ilícito, para vender a razón de 5 centavos cada tichet, entre personas que pagaran o prometieran pagar dicha cantidad en la inteligencia y por correr la aventura de obtener el premio, que en esta lotería asciende a $100 en la inteligencia y acuerdo de que sería agraciada la persona a quien por suerte le tocara el mismo número de las últimas tres cifras de dólares que diera el radio como agraciado en. el premio mayor en el sorteo que se verifique el día 10 de-noviembre de 1935 en la República Dominicana, Lotería Na-cional de aquel país, lo que constituye una distribución de-dinero de un juego ilícito conectado con la práctica de las-combinaciones clandestinas, en violación a la sección 4 de-la Ley núm. 25, aprobada en julio 17 de 1935.

La denuncia no imputaba más de un delito.* Las palabras-<£o boli-pool” pueden considerarse como superfluas. Del contexto se desprende con razonable claridad que los ticket# eran billetes clandestinos de lotería, o más específicamente bo-letos usados en esa forma de lotería clandestina conocida por “bolita”. Ya hemos decidido en repetidas ocasiones que las-reglas que gobiernan las acusaciones no serán puestas en vigor estrictamente al ser invocadas como aplicables a las de-nuncias corrientes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señor Del Toro

text:
    Hermenegildo Hance, demandante y apelante, v. R. Méndez & Hnos., demandada y apelada.
    Núm. 7129.

    Sometido: Junio 15, 1937.

      Resuelto: Noviembre 24, 1937.

      Luis Apellániz Storer, abogado del apelante; R. Diaz Collazo, abo-gado de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Pbesidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito sobre daños y perjuicios fallado en contra del demandante.

En la demanda se alega qne el 14 de mayo de 1934 la mercantil demandada era dueña de un camión dedicado al transporte de carga que guiaba su socio Alejandro Méndez por la carretera insular núm. 3, yendo en la plataforma Leo-nides Hance, su empleado, y que al doblar una curva Méndez no redujo la velocidad y como fuera por el centro de la carretera, al enfrentarse con otro camión que iba en dirección contraria desvió súbitamente, lanzando al camino a Hance que se fracturó el cráneo y murió a consecuencia de la frac-tura.

Se alega, además, que Hance iba sujeto con sus manos a una de las divisiones de madera del camión y que éste a pesar de llevar carga no tenía barandas laterales, que Hance tenía diez y nueve años de edad, era activo y saludable, cursaba el octavo grado en las escuelas públicas y ganaba un peso diario con el cual ayudaba a sus padres que son sus únicos herederos, estando la madre recluida en el manicomio insu-sular.

La demanda la interpuso el padre. Reclama como com-pensación por sus sufrimientos morales y pérdidas materia-les diez mil dólares.

Aceptó la demandada que era dueña del camión, que lo guiaba su socio Alejandro Méndez, que Hance era su em-pleado, que cayó y murió; pero sostuvo que la caída se debió a la propia negligencia del empleado consistente en haberse sentado sobre un barril de aceite que rodó debido al movi-miento natural del vehículo al tomar la curva, perdiendo Hance el equilibrio y cayendo en el momento mismo en que. pasaba otro camión que lo arrolló y le produjo las contusio-nes que le ocasionaron la muerte.

Alegó, además, la demandada que los padres de Hance acogiéndose a la Ley núm. 85 de 1928 (pág. 631), presénta-ron sn reclamación a la Comisión Industrial que la resolvió definitivamente, motivo por el cual quedaron impedidos de lecurir a los tribunales de justicia.

Fué el pleito a juicio y la corte lo falló en contra del de-mandante, como ya dijimos. En su relación del caso y opi-nión se expresó, en parte, como sigue:

“El sitio del accidente fué inspeccionado por el tribunal ... es una curva que por la topografía natural del terreno, impide la vi-sión de un lado a otro, o sea, de las dos rectas que están unidas por la curva. La carretera tiene un ancho de 6 metros 80 centímetros en el sitio en donde según la prueba, se cruzaron los vehículos. Éstos, medidos por el marshal en presencia del tribunal, tienen el de la demandada 2 metros de ancho, y el otro un metro 92 centímetros. Al llegar el truck de la demandada, decimos nosotros estableciendo los hechos, de acuerdo con la evidencia al vértice o ángulo de la curva y como a una distancia, que cerca del sitio donde queda el vér-tice o ángulo más agudo de la curva, y en los momentos que otro truck, que venía en dirección contraria le pasaba al de la demandada, se cayó un drum (barril de acero) e inmediatamente después cayó en la carre-tera el cuerpo de Leonides Hance Mateo. El truck de la deman-dada venía cargado con 93 cajas de fideos y 3 drums (barriles de acero) vacíos. Ni las cajas ni los otros drums (barriles de acero) se cayeron. No hubo choque entre los vehículos y nada sostiene la alegación de la demandada, de que otro truck arrollara o causara lesiones al occiso. El único testigo presencial de los hechos, esto es, el único testigo que presenció la caída, Pelegrín Torres, no puede dar una descripción exacta de cómo fué la caída. La demandada presentó un documento también jurado y suscrito ante un notario público por este mismo testigo, que da una versión completamente contraria a la dada en el juicio. El hecho cierto es, después de con-siderar toda la prueba, que el fenecido Leonides Hance, que venía ese día trabajando como peón de la demandada, venía en la plata-forma, no sabemos si sentado, o parado, y que al tomar el auto-camión de la demandada la curva que existe en el sitio a que nos referimos en la inspección ocular, otro camión que venía en direc-ción contraria le pasó, y sin que hubiera choque o conmoción al-guna, inmediatamente después se cayó un drum (barril de acero) de los tres que venían como parte de la carga y detrás del drum cayó Leonides Hance Mateo a la carretera, sufriendo lesiones délas cuales falleció.
“Veamos si los actos ele negligencia alegados por el demandante ban quedado establecidos por la prueba. Descartando el testimonio de Pelegrín Torres, Francisco Rivera describe la velocidad del auto-camión de la demandada como ‘bastante regular;’ Ana María Pérez la describe ‘mueba velocidad;’ Ramón Rivera Vizearrondo declara que antes del accidente el empleado de la demandada le pasó en su auto-camión a una velocidad superior a la que él llevaba, que era de 30 a 35 kilómetros por hora; Secundina Conde, que ‘iba a grande velo-cidad;’ igual manifestación hizo Eladio Mulero. Todos convienen en que el autocamión de la demandada venía por el centro de la carretera. No aparece de la prueba que se cayera ninguna otra parte de la mercancía que el truck conducía; que el vehículo chocara con otro, ni que tampoco se cayera otro de los peones que venían mon-tados en la plataforma.
“Ninguna ley en Puerto Rico impone la obligación de que un auto-camión de carga esté provisto de barandas laterales sobre su plata-forma a fin de evitar la caída de las personas que viajan en el mismo. No constituye tampoco negligencia per se el que un vehículo camine por el centro de la carretera, si tiene el camino expedito, y nada hay que le haga presumir la existencia de algún peligro inmediato. En el caso de Aguayo v. Municipio de San Juan, 35 D.P.R. 425, la prueba tendió a demostrar que el conductor del vehículo propiedad •del municipio, ocupaba el centro de la carretera, y se resolvió que generalmente no constituye negligencia accionable el que el conductor de un vehículo ocupe cualquier parte del camino cuando no está pasando por su frente ningún vehículo o persona. La regla general en acciones de negligencia, es que la oeurrecia de un accidente no crea ninguna presunción de negligencia, a menos que las circunstan-cias que rodean el suceso causante del daño sean de tal carácter que ofrezcan una base para inferir razonablemente que si se hubiera ob-servado el debido cuidado, diligencia y celo por parte del obligado a ello, el accidente no hubiera ocurrido. Doctrina ésta que aparece citada en Correa v. The Fajardo Sugar Co., 29 D.P.R. 341, 345. También es conocida la regla de que la negligencia debe probarse por lo menos razonablemente..
“Discute el demandante en su alegato que la inferencia a que lógicamente puede conducirnos el análisis de la prueba, es a la de que el accidente ocurrió por la culpa o negligencia del agente de la de-mandada, y que la doctrina de res ipsa loquitur es aplicable. Aquí la demandada ha ofrecido una explicación satisfactoria del' hecho y su único pecado ha sido pretender que este accidente fuese some-tido a decisión de la Comisión Industrial de Puerto Rico, para que este organismo pagase indemnización al demandante por virtud de tal accidente. Esta inferencia la bace resaltar el demandante en cnanto a las contradicciones que se notan en las declaraciones de los •testigos. Ya antes hemos dicho que hay uno de ellos, Pelegrín Torres, cuyo testimonio tenemos que descartar, no obstante ser un tes-tigo presencial de los hechos. Las manifestaciones que hizo en su declaración ante el tribunal y aquéllas que hiciera ante un notario, desvirtúan por completo su declaración, ya que en una y en otra relata la ocurrencia de hechos completamente absurdos. Pero to-mando las declaraciones de los demás testigos y apreciando nosotros el calibre mental de éstos, llegamos a la conclusión de que no hay aquellos elementos de prueba que podrían dejar satisfacer la concien-cia de un juzgador al dictar un fallo condenatorio en este caso, ya que la prueba es tan deficiente, imprecisa y vaga, que no habría base suficiente para sostenerlo. En Pacheco v. Méndez, 41 D.P.R. 697, se cita la doctrina jurídica de Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92, 98, en cuanto a la obligación que tiene el conductor de un vehículo ai tomar una curva, de reducir la velocidad, ya que ignora lo que ha de encontrar después de la curva, y toda vez que si tiene absoluto control sobre la máquina, de ir a una velocidad moderada, puede evi-tar el accidente; pero en este caso son los propios testigos del de-mandante, quienes no determinan, en primer lugar, la exagerada ve-locidad del conductor, y en segundo lugar, porque por nuestra apre-ciación del sitio en donde se desarrollaron los hechos, no creemos po-sible que un vehículo pesado de motor pueda tomar la curva que allí existe a una velocidad tal que determine la caída de un drum (barril de acero), que es un artefacto de pesada construcción, pues según un testigo dijo, pesaba 150 libras. Sin embargo, ninguna de las cajas de madera usadas para envasar fideos, que estaban vacías y que constituían la mayor parte de la carga del truck, se salió del mismo ni niguna otra persona sufrió golpe, lesión o accidente alguno con motivo de haber tomado la curva el agente de la demandada, en la forma que se alega en la demanda. La circunstancia de que el truck de la demandada aparezca a mayor distancia de la que el deman-dante expuso en su declaración, tampoco tiene significación si se con-sidera que en la dirección Oeste, o sea hacia San Juan, la carretera forma una pendiente bástante inclinada, y si se considera además que de acuerdo con nuestras mensuras la distancia de donde cayó el mu-chacho al sitio donde paró el truck hay como tres de 40 (sic) metros. No se puede, esperar que un vehículo pesado de motor pare auto-máticamente y sin que deje una profunda huella o surco en la ca-rretera o se percaten de tal parada súbita los ocupantes del vehículo. Nada de esto arrojó la prueba. La circunstancia de que en este caso un hombre joven, robusto, de alguna instrucción baya perdido la vida, no puede constituir per se fundamento bastante para im-putar negligencia a la demandada. Creemos que una persona que aborda un vehículo como el de la demandada, o sea un autocamión destinado al transporte de mercaderías, asume cierto riesgo en cual-quier lesión que pudiera sobrevenir. Si no en absoluta concordancia con esta teoría, le sirve, sin embargo, de fundamento la doctrina jurídica del caso de Rivera v. Graham, 34 D.P.R. 1.
“Apreciando toda la ev±ueneia aportada en este caso y después de estudiar las declaraciones de los testigos de una y otra parte, y de considerar las apreciaciones .que hace el Tribunal Supremo de Puerto Rico ,en el caso de Pacheco v. Méndez, supra, por labios de su malogrado juez y maestro, Hon. Jacinto Texidor, de las declara-ciones de los testigos sobre su fuerza probatoria, sobre su veracidad y sobre la verosimilitud de los hechos que describe, llegamos a la con-clusión de que no ha probado el demandante los actos de negligencia que imputa a la demandada, y en estas condiciones, no puede prospe-rar su demanda.”

El demandante en su alegato sostiene que la corte erró al establecer los hechos, al exonerar de culpa y negligencia a la demandada, al apreciar la prueba y al declarar no apli-cable la doctrina de res ipsa loquitur, y le atribuye prejuicio y apasionamiento en su actuación.

Examinemos la evidencia. Para probar el matrimonio del demandante con Laura Mateo, el nacimiento de Leonides Hance y su defunción presentó el demandante tres certifica-ciones que se admitieron sin objeción de la parte demandada. Con su objeción se admitió otra certificación creditiva de que Leonides cursó la escuela elemental.

Comenzó entonces la prueba de testigos. Declaró el pro-pio demandante. Dijo que le avisaron del accidente y salió en busca de su hijo encontrándolo al fin muy grave en la Clí-nica Miramar; que fue a ver a Alejandro Méndez “y me dijo que el muchacho venía en el truck y se estropeó allá en Pie-dras Blancas. ‘Yo he tratado por llevarlo a la Comisión para hacerte así el favor de que tú no quedes mal, aunque él no venía trabajando, yo lo traía encargado para que se entendiera con unos sacos que iba a dejar allá en Santurce;’ ” que regresó a su casa de Loíza y al día siguiente le infor-maron que su bijo había muerto, vino y vió su cadáver; que su esposa está en el manicomio; que tiene con ella cinco hijos con quienes vive en su casa; que Leonides tenía diez y nueve años, era de naturaleza fuerte y le ayudaba en su trabajo ganando de noventa centavos a un peso diarios que empleaba en sí mismo y en los gastos de la casa y calcula la pérdida material que su muerte le ha ocasionado en seis o siete mil pesos, habiendo reclamado por la total diez mil.

Seguidamente fué llamado Pelegrín Torres, quien declaró que era peón del camión de Méndez & Hno. que guiaba Alejandro el día del accidente, 14 de mayo de 1934; que en el camión iban también Leonides Hance, Alejandro Ortiz y otro que le dicen Luis, que el camión iba ligero por el centro de la carretera, y al aproximarse a la curva no tocó; que en la curva “se encontró con otro truck que subía y por la misma rapidez que llevaba dió un zigzag y se cayó un drum y de-trás del drum se cayó Leonides Hance sobre la carretera;” que iban cuatro drums sueltos en la plataforma; que Hance iba frente a él, parte izquierda, en el medio de dos drums parados.

A repreguntas de la defensa contestó:

“P. — ¿De manera que usted le quiere decir a la corte que venían cerca de cien cajas de ñdeos vacías? E. — Cincuenta y tres. P.— ¿Con un encerado por encima, sin atar? E. — Las cajas no venían amarradas, el encerado venía amarrado por encima, como se le pone. P. — ¿De manera que las cajas no se movieron? E. — Cuando hizo el zigzag se cayeron las cajas por el lado. . . . P. — ¿En la parte tra-sera de la plataforma del camión venían cuatro drums? E.' — Cuatro drums. . . . P. — ¿Esos drums no venían amarrados? E. — No, se-ñor, en ningún momento. P. — ¿Y Leonides no estaba sentado1 sobre un drum? E. — No señor, estaba parado. Aquí está un d/rum y aquí está él, recostado sobre la baranda. . . . P. — ¿Y a juicio de usted, Méndez tomó la curva muy ligero? E. — Si no la toma tan ligero, no pasa el accidente. . . . P. — ¿La caída de Hance, si usted lo sabe, coincidió en el momento en que se cruzaban los dos vebícu-los, o fué más o menos antes ele cine se cruzaran o después de cru-zarse? B. — La caída del muchacho coincidió con el zigzag que dió Alejandro Méndez cuando vió el otro truck. P. — ¿Pero coincidió la caída del muchacho más o menos antes, en los momentos o después de haberse cruzado el truck? B. — En el mismo acto que hizo así, para adentro, cayó el muchacho en la parte atrás del otro truck. P. — ¿ Y el otro carro no lo estropeó? B. — No señor. ...”

Se llamó entonces a Francisco Rivera quien dijo que es-taba parado en la carretera, en la curva de Piedras Blancas, y vió al camión de R. Méndez & Hno., guiado por Alejandro Méndez “y alante venía un señor con él y atrás venían tres personas, y cuando llegaron allí a la curva, al mismo centro de la curva, apareció el otro carro, ... él entonces trató de sacar el cuerpo porque venía a velocidad y un poco de su derecha, y entonces cuando hizo así, que trató de echar el guía para coger su derecha, entonces . . . salió un drum y detrás del drum un muchacho que se cayó al suelo y se re-ventó en el suelo con la calle.”

Francisco Carrillo, el siguiente testigo, dijo que vivía cerca de la curva de Piedras Blancas, que acababa de soltar dos yuntas de bueyes y al salir al camino vió “el truck de don Alejandro” que venía de Carolina para Río Piedras y al enfrentarse con otro de Jesús Arroyo que subía en direc-ción contraria tuvo que desviarse porque se trataba de una curva bien cerrada e iba a mucha velocidad y “se fue un drum alante y la víctima atrás.”

Ana María Pérez dijo que vivía a la orilla de la carre-tera y sintió un alboroto de “un truck que venía muy ligero, y al venir ese truck muy ligero, venían unos señores encima del truck y dice uno ‘ Gallego, Gallego, Gallego, para, para, (fue mataste a uno.’ Entonces él siguió corriendo y mucho más para abajo de mi casa se paró. . . El truck venía a mucha velocidad, iba corriendo demasiado de mucho . . . apeé abajo al patio de mi casa, que hay una puerta de entrada a la ca-rretera y en eso miré así para arriba, y cuando vi así para arriba vi al señor tendido en la carretera. Entonces corrí para arriba de mi casa, cogí un cubo de agua para írselo ■a echar, creyendo que estaba vivo, pero cuando llegó el cubo •de -agua, me dijeron, ‘No le eche agua que ya está muerto.’ "Pero ahí, a los pocos minutos boqueó así y se inclinó y allí entonces le echamos el cubo de agua.”

Bamón Bivera Vizcarrondo, Márshal de la Corte Municipal de Carolina, manifestó que iba en su auto en dirección de Carolina a Bío Piedras, a una velocidad de 30 a 35 kiló-metros y Méndez con su camión le pasó cerca de la curva de Piedras Blancas y al llegar a dicha curva encontró un jo-veneito tendido en la carretera y gente corriendo hacia él, paró y vió al camión como a 50 ó 60 metros.

Jesús Arroyo que era la persona que guiaba el otro ca-mión declaró que en efecto iba de regreso para Carolina con su truck cargado con unos ochenta quintales, despacio, su-biendo una cuesta y se enfrentó con Alejandro Méndez que iba bastante ligero cogiendo una curva “y al enfrentarse con-migo, haló el guía para su derecha” y “se cayó un drum y un hombre al suelo;” que él iba por su derecha y Méndez por el centro de la carretera, . . . que lleva manejando ocho años, “cuando yo llevo drums, cuando van cargados, como pesan cinco quintales, se pueden llevar así, sueltos, pero cuando van vacíos, se llevan amarrados;” que el camión de Méndez “tenía barandas alante y en el medio y atrás,” no laterales, “los drums iban parados y llevaban una soga así.”

Seeundino Conde, quien viajaba en la parte delantera del camión de Arroyo, dijo que iban a poca velocidad por su de-recha porque llevaban mucha carga y subían una pendiente cuando se enfrentaron en la curva con el truck de Méndez que viajaba a gran velocidad; Méndez “al darse cuenta que veníamos nosotros, desvió a su derecha y al desviar a su de-recha se salió un drum vacío de gasolina, y al mismo tiempo que se caía el drum, se cayó un muchacho en el mismo medio de la carretera; en ese momento desviamos el truck para una parte llana que es de grama así, una entrada que hay en Los Mameyes, y allí nos paramos.”

Eladio Mulero, quien guiaba otro truck que iba detrás del de Arroyo, manifestó que al encontrarse Méndez con Arroyo, el primero “hizo un zigzag para defenderse del truck que se encontraba en la curva,” y Arroyo “se tiró para la cuneta de allá y le quedó la rueda montada en el talud, y el señor Méndez desvió, y entonces se cayó el drum y el muchacho en esta posición. ...”

A la pregunta “¿El truck guiado por Alejandro Méndez usted pudo notar si caminaba por su derecha al coger la curva"!,” contestó: “No, por eso fué el movimiento que tuvo que hacer el zigzag, porque cogió la curva por el centro de la carretera.”

Raimundo Pagán, jefe de distrito de la policía insular, 'fué a investigar el accidente al sitio donde ocurrió y Méndez le dijo, refiriéndose a Hance, que “aunque él no era peón del carro, pero puede usted ponerlo, porque él trabajaba antes conmigo, podríamos ponerlo,” a lo que se negó el testigo.

José Dolores Ríos, también jefe de distrito de la policía 'insular, declaró que Méndez le “dijo de que el muchacho éste (refiriéndose a Hance) viajaba en el truck, que iba atendiendo unos sacos, que él lo conducía a San Juan para que aten-■diera a unos sacos mientras los peones iban a coger carga, y que siendo hijo de un señor a quien él apreciaba y distin-;guía, y que siendo empleado del truck, que reportaría el caso ■como peón a la Comisión Industrial. ...”

Antonio Palú acompañó al demandante cuando vino a Han Juan a ver a su hijo en la Clínica y fué luego con él ■donde Méndez. “Fui y hablé con Méndez y él dijo que el paciente ya estaba en la Clínica Miramar, y que Hermene-ígildo no tenía que apurarse, puesto que el caso que le ocu-rrió a él, aunque no estaba trabajando, que le había llevado para que le vendiese unos sacos en Santurce, que él buscaba la manera de que se arreglara el asunto. Entonces él vino *al carro y eso mismo le explicó a Hermenegildo Hance de-lante de Rafael Budet y Pelegrín Torres. . ”

Llamado nuevamente Jesús Arroyo declaró como sigue:

“Sr. Apellániz: ¿En qué sitio de la curva paró usted su truck?'
“R,. — Yo paré en la entrada de Los Mameyes, qué es una entrada que bay cogiendo la misma curva ésa, que sale un camino así, y desechando la carretera de brea, me metí así, tapando la entrada de Los Mameyes.
“P. — ¿A qué tiempo de ocurrir el accidente usted paró?
“R. — Seguido.
“P. — ¿Por qué pudo parar seguido?
“R. — Porque iba poco a poco, subiendo una curva, iba bastante-cargado.
“Sr. Apellániz: Nada más.
“La Corte: La otra parte.
‘ ‘ Sr. Díaz Collazo: Nada.
1 ‘ Sr. Apellániz: Entonces, hemos terminado nuestro caso. ’ ’

La parte demandada presentó una moción de nonsuit que-fué declarada sin lugar. Introdujo su prueba. Ramón Arias, empleado de la Maryland Casualty Company, fué su primer-testigo. Se le mostró un documento y dijo que era la decla-ración jurada que había tomado al testigo del demandante-Pelegrín Torres ante el notario público Ríos Algarín. Que no hizo al testigo amenaza ni ofrecimiento algunos.

Se llamó al notario Ríos Algarín quien reconoció el docu-mento como la declaración de Torres jurada ante él volun-tariamente por el testigo, después de leerla por sí mismo.

Se presentó el documento en evidencia y la corte lo ad-mitió “no como prueba del caso, sino para impugnar el tes-timonio de Pelegrín Torres en cuanto a que, en fechas ante-riores, hizo manifestaciones contrarias a las que hizo en la. silla de testigos.”

Dice la declaración “que el día 14 de mayo de 1934 sa-limos de Canóvanas para San Juan en el truck Day Elder-Lie. H. P. 65, manejado por Alejandro Méndez, los peones Leonides Hance, Luis García y yo. Que los tres veníamos-montados en la plataforma del truck, pero Hance venía sen-tado sobre un drum de tres que habíamos colocado nosotros-mismos en la plataforma al salir de Canóvanas. Que en el trayecto y viniendo nuestro truck a una velocidad moderada, y al tomar una curva se viró el drum en que venía sentado-Hance y éste cayó a la carretera en los precisos momentosen que venía otro truck en dirección contraria, el cual le pasó-por encima causándole graves lesiones. Que de ahí lo reco-gimos y lo llevamos al Hospital Municipal de Carolina y de-allí lo pasaron a la Clínica Miramar en donde tengo enten-dido falleció. Que me consta que el señor Hance era peón auxiliar del truck y que ese día venía a cargar con nostros, en San Juan. Que el que manejaba el tru,ck en que yo via-jaba, Sr. Alejandro Méndez, no tuvo culpa alguna en el ac-cidente, pues en todo momento lo manejó con mucho cuidadoy a velocidad moderada.”

Luis García Vizcarrondo, peón del camión del demandado,, fué el siguiente testigo. Dijo que Hance iba en la parte tra-sera de pie, sentándose unas veces en un drum vacío; que-zal entrar en la curva venía ese otro truck, y Alejandro tomó la curva por su derecha, cuando haló el guía se salió el drum con el muchacho.” Preguntado: “¿Estaba sentado-él entonces sobre el dnomf,” contestó: “Eso no estoy se-guro si estaba o si fué que lo agarró, porque como yo es-taba de espaldas, yo lo vi que se fué con el drum.” Que nada más se cayó del camión, que los drums “traían una soga pasada.”

Alejandro Ortiz, comerciante, iba con Méndez sentado en. la parte delantera del camión, los drums iban detrás de las cajas de fideos, las cajas “iban amarradas, no podían venir sueltas de ninguna manera,” los drums “yo no me fijé si venían amarrados, pero un drum no puede andar por la ca-rretera sin amarrar;” caminaba a velocidad moderada, se-cruzaron sin chocar, cuando “íbamos un poquito más adelante-de la curva . . . tocaron timbre y yo le dije, ‘Tocayo, párese-que ese timbre es a usted.’ ” . . . “y le dije, ‘Párese que se-ha caído un muchacho,’ y fui el primero que abrí la puerta.”'

Juan Rivera declaró que el ancho de la carretera en el sitio donde ocurrió el accidente es el de seis metros ocho centímetros, el del camión del demandado dos y el del de Arroyo nno y cinco octavos.

Testificó por último el propio Alejandro Méndez, socio ■de la demandada y chófer que guiaba el camión en que iba Hance. En resumen dijo que cargó en el camión noventa y nueve cajas de fideos vacías y tres drums vacíos que se colocaron en la segunda plataforma amarrados “con un cá-ñamo que abrazaba las cajas y el encerado y los drums;” que Torres, Hance y G-arcía iban detrás; que es chófer desde 1930 y está familiarizado con la carretera; que al llegar a la curva tocó klaxon y al enfrentarse con el otro truck que subía oyó un golpe y se paró; que no hubo colisión; que atendió a Hance llevándolo al hospital; que el Jefe de la Policía le dijo “usted puede marcharse;” que llevaba tres peones, uno de ellos Hance, a quien puso a trabajar por otro ■que estaba enfermo.

En el acta de inspección ocular se consignó lo que sigue:

“Desde Ja entrada de un camino que se le informa al Tribunal .se llama Martín González, aprecia el Tribunal que en dirección Este es una recta, y la carretera sigue en línea recta. En el punto en que está situado el juez, forma una curva que por la topografía del terreno impide la visión desde la recta al otro extremo de la carre-tera. La carretera tiene en este sitio una anchura de 6 metros 80 centímetros; hacia la parte izquierda hay un pequeño talud y a la •derecha un pequeño desnivel que forma la cuneta, pero de muy poco fondo. Aprecia también el Tribunal que desde el punto de donde ha hecho la observación y hacia el Oeste hay una pequeña pendiente. Del sitio donde hizo el juez la observación a donde el demandado manifiesta paró su truck, hay una distancia de 49 metros 40 centí-metros; y del sitio de donde practicó la observación el juez a donde las partes convienen que cayó el muchacho, hay una distancia de 11 metros 60 centímetros. Del sitio donde dice el demandado que paró su truck al sitio donde dicen los testigos de la otra parte que paró su truck, hay una distancia de 41 metros, 20 centímetros, y queda frente a la casa de la testigo Ana María Pérez, y la Corte puede ■apreciar que del rastrillo de entrada de la casa de esta testigo es per-feetamente visible el sitio en que los testigos todos convienen en que cayó el occiso. El truck del demandado mide 5.90 metros de largo por 2 metros de ancho. Aprecia la Corte que el vuelo o curva de la carretera frente al camino Martín González y que une los dos trozos rectos de carretera, tiene un desarrollo ele 30 metros. Las partes aceptan que el truck del demandado, que está en el sitio de la ins-pección, marca Day Elder, mide 5.90 metros de largo por 2 metros de ancho, y la Corte aprecia también que la plataforma del truck, a lo largo, está dividida por dos rastrillos o barandillas, pero que no tiene barandas laterales. La altura de la plataforma de este truck es de un metro 5 centímetros. La distancia entre el sitio en que paró el otro camión que conducía Jesús Arroyo al otro extremo es de 6 metros 90 centímetros. El truck de Jesús Arroyo, que está también en el sitio de la inspección, tiene una anchura en su plataforma de 1 metro 94 centímetros; su largo es de 5 metros 63 centímetros. Las partes manifiestan que no tienen observación que hacer y la Corte da por terminada la inspección y ordena que la misma se incorpore a los autos del caso como parte de la evidencia.”

A nuestro juicio de la prueba surge tan claro que el ac-cidente se debió a la negligencia de la demandada que el error cometido por la corte sentenciadora al resolver lo contrario es manifiesto.

Negligente fue la demandada al correr a la velocidad que corría y al penetrar a esa velocidad en una curva por el me-dio del camino. De no ir a esa velocidad y de haber tomado su derecha no hubiera tenido' que hacer el movimiento vio-lento que hizo para no chocar con el otro track, movimiento que determinó la caída de Hance y su muerte como conse-cuencia de ello.

Hance no era uno de los peones encargados del truck, iba en él para atender a un negocio de la demandada en otra línea. De acuerdo con las circunstancias puestas de mani-fiesto por la prueba no cabe atribuir su caída a su propia negligencia.

Es cierto que en Aguayo v. Municipio de San Juan, 35 D.P.R. 425, 427, dijo esta corte: “En este caso la prueba tendió a mostrar que el conductor ocupaba el centro del ca-mino. ’ ’ Y agregó: ‘‘ Generalmente no constituye negligen-•cia aceionable que un conductor ocupe cualquier parte del camino cuando no está pasando en cualquier dirección por su frente ningún vehículo o persona.” Pero este caso es muy distinto al de Aguayo. Aquí no sólo iba el conductor por el centro de la carretera, si que yendo por el centro y a gran velocidad tomó una curva que le impedía conocer si el camino estaba o no libre (Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92) como en efecto no lo estaba viéndose obligado para evi-tar un choque con otro camión que venía por su derecha a hacer la rápida y violenta maniobra que hizo y que ocasionó la caída de una persona que iba en el truck confiada a su pericia y diligencia. En el caso de Aguayo se trataba de una niña que “corrió súbitamente hacia el frente del auto-móvil,” no pudiendo el,conductor “evitar el accidente” no obstante los “zigzags y otras tentativas” que hizo “con tal fin. ’ ’

Creemos que la corte sentenciadora expuso bien la juris-prudencia en su opinión cuando dijo:

“. . . La regla general en acciones de negligencia, es que la ocu-rrencia de un accidente no crea ninguna presunción de negligencia, a menos que las circunstancias que rodean el suceso causante del daño sean de tal carácter que ofrezcan una base para inferir razonable-mente que si se hubiera observado el debido cuidado, diligencia y celo por parte del obligado a ello, el accidente no hubiera ocurrido. Doctrina ésta que aparece citada en Correa v. The Fajardo Sugar Co., 29 D.P.R. 341, 345. También es conocida la regla de que la negli-gencia debe probarse por lo menos razonablemente.”

Pero estimamos que aplicando la regla así expuesta a los hechos de este caso se ve uno obligado a inferir razonable-mente que si el conductor hubiera observado el debido cui-dado, diligencia y celo, el accidente no hubiera ocurrido.

Siendo •ello así se impone la revocación de la sentencia apelada y el pronunciamiento de otra declarando la ■demanda con lugar y condenando a la demandada a pagar al •deman-dante una indemnización que atendidas todas las circumstan- das concurrentes parece justo fijar en $3,000, con más lias •costas del pleito.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino,


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dionisio Pearson, acusado y apelante.
    Núm. 6675.

    Sometido: Noviembre 18, 1937.

      Resuelto: Noviembre 24, 1937.

      ■C. Santana Becerra, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de noviembre de 1935 el Fiscal del Distrito de San ■Juan formuló acusación contra Dionisio Pearson impután-dole la comisión de un delito de portar armas prohibidas.

Contra el acusado formuló el fiscal otra acusación por de-lito de atentado a la vida, sometiéndose la causa por portar armas a la decisión de la corte por la misma prueba practi-cada en la de atentado a la vida.

El 29 de mayo de 1936 la corte de distrito dictó sentencia condenando a Pearson como autor del delito de portar ar-mas prohibidas y es contra esa sentencia que se interpuso •el presente recurso de apelación en el que se señalan dos errores, el primero cometido al estimar la corte que hubo prueba suficiente y el segundo al no resolver que la prueba fue contradictoria y al no dar el beneficio de la duda al acu-sado.

Dijo la corte razonando sn sentencia:

“En cnanto al proceso por portar armas, la denuncia imputa al: acusado que el día 24 de octubre de 1935 en Río Piedras, que forma parte' del Distrito Judicial de San Juan, P. R., ilegal, voluntaria y maliciosamente portaba sobre su persona con fines de ofensa y de-fensa, un revólver, que es un arma de fuego, con la cual allí y en-tonces podía causarse grave daño corporal.
“Hemos leído la parte del récord que ya está transcrita por el taquígrafo, y hemos hecho que éste nos traduzca verbalmente sus-notas de todas las declaraciones prestadas durante el juicio por el delito de atentado a la vida. De la declaración de Jorge Pérez, cabo-de la Policía Insular, tomamos lo siguiente:
“ ‘P. — -¿ Quiénes tenían armas en la mano? R. — El acusado y los-tres ocupantes del carro. . . . P. — ¿Pero en el tiroteo, Pearson dis-paró? R. — Sí, señor. . . P. — ¿Cuando usted oyó que Pagán dijo,, según sus palabras ‘a tiro limpio,’ qué hizo usted? R. — Yo estaba en la acera y traté de ver, bajé la cabeza y los vi a todos armados y tra-taba con Pagán de quitarle la pistola, cuando los de atrás me tiraron y caí herido y me llevé la pistola de Pagán. . . . P. — ¿ Con qué arma le disparaba el acusado? R. — Yo vi arma de fuego y vi los tiros cuando me los disparaba, pero no puedo describirle el arma. . . . P. — ¿En qué asiento iba él? R. — En el asiento trasero derecho.’
'“La declaración del policía Orlando Colón contiene lo que sigue:
“ ‘P. — -¿Quiénes entraron a tiros? R. — Los ocupantes del auto-móvil. P. — ¿Pearson disparó? R. — Sí, señor.’
“José S. Barreño, que no es policía, dice en su declaración:
“ ‘P. — Tenga la bondad de explicarle a estos señores lo que pasoen Río Piedras el 24 de octubre de 1935. R. — Ese día estando yo-en la calle Brumbaugh -en la acera al lado izquierdo mirando hacia el cuartel de la policía, vi un carro parado frente a un cafetín, no-sé el nombre del cafetín, y vi salir un tiro de un carro. P. — ¿De dónde salió el tiro? R. — Del automóvil y después un tiroteo entre-paisanos y policías. Los paisanos estaban dentro del carro.’
“La declaración de Domingo Beniamino, Jefe de Distrito de la Policía Insular, contiene lo siguiente:
“ ‘P- — ¿Quiénes dispararon allí? R. — Yo vi disparar a dos de los ocupantes del carro. P. — ¿.Quiénes? R. — Pagán y el acusado-Pearson. P. — ¿Usted vió disparar al acusado Pearson?. R. — Sí, se-ñor. . . . P. — ¿Usted ocupó algo allí, jefe R. — Un revólver. P.— ¿En dónde? R. — En los pies del acusado. P. — Mire a ver si fue un revólver parecido a éste. . . . R. — Sí, señor. . . . P. — ¿Y us-ted vio, además del que guiaba, quién más disparó contra la policía? R. — Disparó Pearson, el acusado.’
“Por último, la declaración de Isolina Rondón, testigo de la de-fensa, contiene lo siguiente, con referencia a los ocupantes del auto-móvil :
“ ‘R.— . . . Inmediatamente el policía que venía al lado iz-quierdo, que según supe era el Cabo Pérez, le disparó al señor Pagán directamente en la cara e inmediatamente toda la policía rodeó el carro y siguió disparando dentro del carro y por todo el lado. En-tonces ellos hicieron tantos y tantos disparos que en ese tiroteo cayó el policía Pérez al suelo y no pudo pararse de allí.’
! 1 Si hemos de dar crédito a la declaración de los testigos del Pueblo, el delito de portar armas está más que probado. No encontra-mos en todas las declaraciones ningún elemento que nos permita poner en tela de juicio la declaración de los policías, la que sostiene el hecho de que el acusado mientras estaba en un automóvil en unión de otras personas, tenía un revólver en la mano y con él disparó. Se ha resuelto que esta evidencia es suficiente para justificar una sen-tencia por un delito de portar armas prohibidas. El Pueblo v. Calderón, 46 D.P.R. 887.
“Nada hay en la prueba de la defensa que desvirtúe o haga incompatible con la verdad e inverosímil la presunción de que. los tes-tigos del Pueblo han dicho la verdad. En la resolución de este caso el juez no puede ir más allá de lo que dice la prueba que fué prac-ticada en el proceso por atentado a la vida. Ambos procesos son de distinta naturaleza; y la absolución en el caso por atentado a la vida no apareja necesariamente la absolución en el caso por portar armas. ’ ’

Hemos leído cuidadosamente el alegato del apelante. Nada contiene a nuestro juicio que haga siquiera dudar de la corrección del fallo recurrido. La transcripción del récord sostiene las conclusiones de la corte. Se trata de un recurso frívolo interpuesto con el único propósito de dilatar la eje-cución de la sentencia. Debe, en tal virtud, declararse sin lugar, quedando la sentencia confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Carmen Fernández, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1003.

    Sometido: Noviembre 1, 1937.

      Resuelto: Noviembre 24, 1937.

      Carlos J. Torres, abogado de la recurrente;
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a cancelar una anotación de lis pendens. La solicitud de cancelación se pre-sentó más de cuatro años después de haberse hecho la ano-tación.

El artículo 388-A de la Ley Hipotecaria autoriza la cancelación de—

“las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anotaciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial que tengan más de cuatro (4) años de anotadas, si no hubie-ren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa.” Leyes de 1923, sesión extraordinaria, pág. 37; Ley Núm. 19, tercera sesión extraordinaria de 1936, pág. 149.

Entre las personas que pueden pedir anotación preventiva bajo el inciso 1 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria está—

“el que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier dere-cho real.”

De conformidad con el artículo 43 — ■

“En el caso del número Io. del artículo anterior, no podrá ha-cerse la anotación preventiva, sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima, y en virtud de docu-mento bastante, al prudente arbitrio del juzgador.”

Las “anotaciones de embargo y prohibiciones de enajenar” que preceden inmediatamente a la frase “anotaciones de de-manda” (suits) son, desde luego, autorizadas por una orden de la corte y no pueden obtenerse sin tal orden. Inmediata-mente después de la frase “anotaciones de demanda” están las palabras “y cualesquiera, otras hechas en virtud le ma/tv-lamiento policial.” Interpretando la palabra “suits” — o la frase más inteligible del texto castellano “anotaciones de de-manda” — a la luz de su contexto, el significado debe limi-tarse, a nuestro juicio, a aquellas anotaciones de lis pendens que fian sido hechas “en virtud de mandamiento judicial.’? No se exige tal mandamiento como condición precedente a la presentación de una anotación de lis pemlens a tenor del ar-tículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. Una anotación hecha de conformidad con dicho artículo continúa en vigor mientras esté pendiente el recurso.

Nuestra conclusión es que los registradores de la propie-dad no están autorizados por el artículo 388-A de la Ley Hipotecaria para cancelar una anotación de lis pemlens una vez expirado el período de cuatro años contado a partir de la anotación. Tal cancelación puede obtenerse fácilmente, desde luego, al terminarse el litigio. Hasta entonces debe continuar en vigor, a menos que la corte ordene su cance-lación.

Dehe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Estados Unidos de América, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1010.

    Sometido: Noviembre 1, 1937.

      Resuelto: Noviembre 24, 1937.

      A. Cecyl Snyder, abogado del recurrente;
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Aviles Vizcarrondo, dueño de una finca de 59 cuer-das en el barrio Caín Alto, de San Germán, segregó por es-critura pública núm. 63 de 3 de mayo de 1937 tres cnerdas para constituir con ellas una finca independiente e inscribirla bajo distinto número en el Registro.

El 25 de junio de 1937 vendió la parcela segregada a los Estados Unidos de América, según escritura pública núm. 128, que otorgó el día 25 de junio de 1937, en unión de su esposa Ruperta Cruz Clierena, a favor de Jorge E. Frank, en su carácter éste de representante de Ernest H. Gruening, Administrador de la Puerto Rico Reconstruction Administration.

Presentada para sn inscripción en el registro la escritura nnm. 128 antes referida, acompañada de la núm. 63 (supra) como documento complementario, el registrador se negó a inscribirla consignando sns razones en una nota denegatoria que lee como sigue:

“DeNegada la inscripción de venta que comprende el documento anterior, tomándose en su lugar anotación preventiva por el término legal de 120 días, a favor de los Estados Unidos de América, al folio 15 del tomo 126 de San Germán, finca número 4513, anotación letra A, por los siguientes fundamentos:
“ (a) Porque la finca cuya inscripción de venta se interesa es una segregación de otra finca de mayor cabida, sin que tal segregación se encuentre inscrita como finca separada a favor del vendedor Sr. Aviles Vizcarrondo, según las terminantes disposiciones de la Ley Hipote-caria en su artículo veinte, que requiere la previa inscripción de los derechos enajenados.
“ (2) Porque en el presente caso lo que ba querido evadirse pre-cisamente es el pago de los derechos correspondientes a la inscripción previa de esa segregación, como es de verse de la nota al margen del asiento de presentación número 296 del tomo 110 del Diario, en cuyo asiento se presentó la escritura número 63 que ahora se acompaña como documento complementario, para inscribir previamente esa segregación a favor del Sr. Avilés Vizcarrondo, pero sin consignar en sellos los derechos correspondientes a la misma, por cuyo motivo se devolvió el documento sin practicar operación alguna.
“(3) Y porque existe un título que requiere una previa inscrip-ción en este Begistro, que es la citada escritura número 63 presen-tada ahora como complementaria, para poder inscribir la venta a favor de los Estados Unidos de América, sin que en forma alguna se salve el impedimento de la previa inscripción, presentando dicha escritura como documento complementario.
“La finca sorporta la hipoteca a favor del Federal Land Bank of Baltimore que se relaciona en este documento, otra a favor de Horacio Pagan y un contrato agrícola a favor de la South Porto Bico Sugar Company of Porto Bico, todas cuyas cargas afectan la finca principal. ’ ’

No conforme el recurrente con dicha nota, pide a este tribunal que la revoque en el presente recurso gubernativo.

Para inscribir la compraventa a favor de la Puerto Rico Reconstruction Administration no era necesario qne se inscribiera previamente a nombre del vendedor qne hizo la segregación la parcela de terreno segregada. Habiéndose presentado al registro la escritura de segregación de la parcela de tres cuerdas y la de venta de dicha parcela a la Puerto Rico Reconstruction Administration, el Registrador recurrido pudo y debió inscribir la nueva finca a nombre de la Puerto Rico Reconstruction Administration, toda vez que los títulos a través de los cuales se hizo el traspaso constan ya inscritos a nombre del anterior dueño. Véase Ley núm. 103 de 12 de mayo de 1937 (pág. 252).

Tampoco estuvo justificado el recurrido al exigir los derechos a que se refiere el párrafo segundo de su nota,, puesto que de su pago fueron eximidos los “Estados Uni-dos de América, la Puerto Rico Reconstruction Administration y el Administrador de esta agencia federal” por ley de la Asamblea Legislativa núm. 78 de 10 de mayo de 1937 (pág. 218).

La nota recurrida debe revocarse y, m su consecuencia^ ordenarse la inscripción solicitada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wqle

text:
    Andrés Quintana Reyes, demandante y apelante, v. La Capital de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 6970.

    Sometido: Mayo 24, 1937.

      Resuelto: Noviembre 26, 1937.

      Andrés Quintana Reyes, por su propio derecho; Juan Valide juli Ro-drigues, abogado de la apelada; Antonio L. Lopes, como amiaus euriae.

   El Juez Asociado Señor Wqle

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El apelante, entre otras razones alegadas para solicitar la reconsideración de nuestra sentencia, sostiene que dejamos de disentir el quinto'señalamiento de error, relativo a la cancelación que se ordenó del título de Cipriano Manrique, cedente del aquí demandante y apelante, que lee como sigue:

“Erró la corte inferior también, actuando con notoria injusticia y con pasión, prejuicio y parcialidad al despojar como despoja por la sentencia del caso a Cipriano Manrique Gil, que no ha sido parte en este caso ni se le ha dado la oportunidad de su día en conte, de su derecho a mantener la inscripción del título de propiedad inmueble, adquirido de buena fe y al amparo de la ley, violándose un precepto constitucional, previsto en la sección 2 de nuestra Carta Orgánica, y las disposiciones terminantes del artículo 82 y párrafo último del artículo 83 de la Ley Hipotecaria, y la numerosa, constante y no in-terrumpida jurisprudencia de este alto tribunal, sobre la materia que señalaremos en el curso de la argumentación de este error.”

El alegato del apelante era muy extenso y se incorpora-ron en él un sinnúmero de materias ajenas a un alegato, y en el análisis final la omisión no era vital. Veamos.

En primer lugar, sería Cipriano Manrique quien podría quejarse más propiamente de la omisión de no habérsele hecho parte, y de tener él algunos derechos que fueron perdidos con motivo de la cancelación, la sentencia recaída en este pleito no le obligaría.

El día de la vista Quintana Beyes sostuvo, si lo enten-demos bien, que si la inscripción hecha a favor de Manrique no era cancelada, él, Quintana, tendría derecho a alegar un' título a base del título de Manrique; que si éste hubiera sido .demandado habría podido aducir argumentos que hubieran sostenido su propio título y en su consecuencia la reclama-ción de Quintana. Como testigo Manrique tuvo tal oportu-nidad, o Quintana quizá pudo haberla desarrollado.

Quintana tuvo otra oportunidad, y fue haber requerido de saneamiento y evicción a la persona de quien compró. No adoptó esta medida y de conformidad con el artículo 1370 del Código Civil, ed. 1930, tal omisión relevaría a Manrique de su obligación al saneamiento.

Somos necesariamente del criterio de que todos los dere-chos de Manrique y especialmente cualesquiera derechos de acción o defensa pasaron a Quintana. Lo que el registro con-tenía eran solamente inscripciones a favor de este último. Por tanto, el municipio tenía derecho a solicitar la cancela-ción de todas las inscripciones posteriores a aquélla en favor de la persona de quien hubo originalmente, De la Cruz, que militaban contra dicho municipio.

Los otros fundamentos que nos presenta la moción de reconsideración han sido suficientemente discutidos en nues-tra opinión principal emitida el 5 de marzo de 1937.

Debe declararse sm lugar la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Carlos M. Molini Mejía, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1006.

    Sometido: Noviembre 1, 1937.

      Resuelto: Noviembre 30, 1937.

      L. López de Victoria, abogado del recurrente;
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán copia certificada de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce el 10 de septiembre de 1937 declarando justificado el dominio de cierta finca rústica a favor de Carlos M. Molini Mejía, el registrador la inscribió con

“ . . . el defecto subsanable de no haberse acompañado copia del plano de mensura de la finca, aprobado por el Departamento del Interior de Puerto Rico, en cumplimiento de lo que dispone la Reso-lución Conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, apro-bada en quince de mayo último. ...”

No conforme Molini con la consignación del defecto, re-currió para ante este tribunal.

La resolución conjunta en que se funda el registrador es la núm. 55 de 1937 (Leyes de ese año, pág. 639), cuyo título es como sigue:

“RESOLUCIÓN CONJUNTA
■“Para autorizar al Comisionado del Interior a que Reglamente la preparación de planos de los terrenos públicos y particulares en las distintas municipalidades de esta isla, con el fin de recopi-larlos e ir formando el plano catastral de la Isla de Puerto Rico •de acuerdo con los registros de la propiedad, y para otros fines.”

Entre sus “Por cuantos” bay uno que dice:

“Por cuanto, facilitaría grandemente el trabajo en las cortes de justicia y registros de la propiedad de esta Isla el tener la ga-rantía de que los planos sometidos a su consideración en los dis-tintos pleitos, expedientes posesorios y de dominio, particiones - de bienes, etc., el qne dichos planos hayan sido inspeccionados y comprobados por nn centro oficial técnico;”.

Ese “Por cuáNto” está en línea con el criterio susten-tado por el registrador, pero lnego entre lo resuelto por la ley nada hay qne hable expresamente de los expedientes de-dominio. Las secciones qne se refieren a cortes y registros son las qne signen:

“Sección 2. — No se admitirá en los registros de la propiedad,, cortes de justicia n oficinas gubernamentales de esta Isla, ninguna copia de planos que no haya sido previamente aprobada por el Co-misionado del Interior de Puerto Rico.”

“Sección 7. — De toda segregación o agrupación que se haga de-cualquier finca o fincas, deberá presentarse plano, haciendo constaren él la parte segregada o las fincas que se agrupan.”

La sentencia declaratoria de dominio de qne se trata lo-es del de nna finca en sn totalidad. No constituye nna se-gregación ni nna agrupación. Y no habiendo plano que pre-sentar no hay qne investigar si fné aprobado o no por el. Comisionado del Interior.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia dice Ruling Case Law:

“El preámbulo generalmente contiene los motivos y razones que-hubo para la aprobación de la ley y el acudirse al mismo puede, en.-su consecuencia, ser útil para determinar las causas que condujeron a la aprobación de la ley o los daños que con ella se tuvo la inten-ción de remediar. Puede acudirse al mismo para ayudar a la inter-pretación de la cláusula dispositiva cuando existe alguna ambigüe-dad, y es especialmente útil cuando la ambigüedad no es simplemente-aquélla que surge del significado de determinadas palabras sino la-que puede provenir del alcance y significado generales de un esta-tuto. Conforme a veces se ha dicho, es la llave que sirve para pe-netrar en la mente de los redactores de la ley. Sin embargo, el preámbulo no forma parte esencial de la ley y no puede ampliar-o conferir poderes, ni controlar las palabras de la ley a menos que éstas sean dudosas o ambiguas. Por tanto, se ha resuelto que la-necesidad de acudir al mismo con el objeto de determinar la ver-dadera intención y el verdadero espíritu del poder legislativo es fatal a cualquier reclamación que de acuerdo con las reglas corrien-tes de hermenéutica pueda ser sostenida tan sólo mediante lenguaje claro e inequívoco. Algunas cortes han establecido como regla general que si en el cuerpo de la ley se expresa una proposición más amplia que la sugerida por el preámbulo, el cuerpo o parte dis-positiva de la ley prevalecerá sobre el preámbulo, pero si al cuerpu de la ley puede dársele una interpretación que esté en armonía con los fines de la misma conforme éstos son declarados en el preámbulo, ella será así interpretada.” 25 R.C.L. 1030, párr. 266.

El caso que se cita para sostener la última parte del texto es el de Huntworth v. Tanner, Attorney General, et al., 152 Pac. 523. En el curso de la opinión se dice:

“El preámbulo no deja de tener sus usos. No debe ser entera-mente rechazado cuando el estatuto es ambiguo, aunque, no debe acu-dirse a él para crear una duda o mal entendido que por otra parte no existe. Cuando existe una duda, se dará al preámbulo el valor que le corresponde como parte integrante de la ley.
“ ‘Se dice que el preámbulo es la llave del estatuto, que sirve para penetrar en la mente de los legisladores en torno a los males que han de ser remediados y los fines que han de ser cumplidos con el mismo.’ Diccionario Legal de Bouvier, tit. Preámbulo.
“ ‘Cuando un estatuto es de por sí ambiguo y difícil de inter-pretar, puede acudirse al preámbulo.’ Den ex dem. James v. Du Bois, 16 N.J.L. 285.
“Cuando el espíritu de la ley es objeto de investigación, se dice que:
“El preámbulo ‘revela la intención legislativa al aprobar la ley/ Hanly v. Sims, 175 Ind. 345, 93 N. E. 288, 94 N. E. 401.
“ ‘ “Es ‘un buen modo,’ dice Lord Coke, de, averiguar el sig-nificado del estatuto, y es la llave que sirve para interpretarlo.” f Lewis’ Sutherland, Slat. Const. (2a. ed.) sec. 341.
“Sin multiplicar las autoridades o discutir las ya citadas, cree-mos que podría sentarse como regla general que si la ley expresa una proposición más amplia que la sugerida por el preámbulo, el cuerpo o parte dispositiva de la ley prevalecerá sobre el preámbulo; mas. si al cuerpo de la ley puede dársele una interpretación que sea con-sistente con los fines de la misma tal cual éstos son declarados en el preámbulo, así será interpretado.”

Aquí el texto de la ley no aumenta, si que no cubre todo-el campo que quizá tuvo en mente el legislador. ¿ Puede en tal caso darse a la ley una interpretación que sea consistente ■con el propósito de la misma declarado en el preámbulo?

Si la intención del legislador surgiera clara, terminante, del preámbulo, tendríamos ante nos un caso más fuerte, pero nos vimos obligados a decir cuando al preámbulo nos refe-rimos que quizá fuera la intención del legislador la de exigir la presentación de planos en todos los casos porque no de otro modo podría llegarse á formar el catastro completo de la Isla por la vía que traza la ley, pero la verdad es que el “Por Cuanto” en vez de sugerir una nueva obligación legal, parece más bien referirse a los casos en que de acuerdo con las leyes existentes deban presentarse planos o cuando los interesados voluntariamente presenten dichos planos enton-ces “facilitaría grandemente el trabajo en las cortes de jus-ticia y registros de la propiedad el tener la garantía de que dichos planos hayan sido previamente inspeccionados y com-probados por un centro oficial técnico.” La nueva obliga-ción impuesta por la ley en cuanto a presentación de planos ■en el registro, está contenida en la sección 7 que dejamos transcrita y no comprende como ya dijimos este caso.

Siendo ello así precisa concluir que ni siquiera propor-ciona el preámbulo una base sólida para aplicar la regla de interpretación más favorable al criterio sustentado por el registrador que no puede en tal virtud prevalecer.

Debe revocarse la nota recurrida en cnanto al defecto subsanable en la misma apuntado, debiendo eliminarse de la inscripción verificada el indicado defecto.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor W-ole

text:
    Félix Banuchi, demandante y apelante, v. El Distrito de Riego, Etc., demandado y apelado.
    Núm. 7109.

    Sometido: Diciembre 10, 1936.

      Resuelto: Noviembre 30, 1937.

      Juan B. Soto, Juan F. Soto y Enrique Igaravídez, abogados del ape-lante; Iíon. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor W-ole

emitió la opinión del tribunal.

Félix BanucM demandó en daños y perjuicios a la entidad conocida como “Sistema de Biego de Isabela,” que es un sistema de regadío para un área limitada en la parte Noroeste de esta Isla. BanucM alegó primeramente que el demandado convino en suministrar agua a ciertas parcelas de sus tierras, designadas en los libros del demandado como No. 2-A y 12, y a incluirlas en su llamado distrito provisional de riego. De los términos y condiciones del supuesto convenio, los más importantes eran substanciálmente los siguientes :

(a) Ambas parcelas serían incluidas en el distrito provisional de riego y recibirían agua a determinado precio por un número limi-tado de días consecutivos dentro de cada quincena, comenzando en diciembre de 1928 y enero de 1929, respectivamente.

(b) El demandado igualmente convino en incluir las parcelas en su distrito provisional de riego mientras éste existiera, y en que si por alguna razón una o ambas parcelas fuesen excluidas del referido distrito, se les suministraría a las tierras el agua necesaria para su regadío hasta la recolección de la cosecha bajo cultivo al tiempo de efectuarse la exclusión.

(c) En consideración a lo cual el demandante convino en que al expirar el primer año de tal servicio, él comenzaría a pagar las pri-mas requeridas a tenor de los términos de la Ley Núm. 63 de 19 de julio de 1919 (Leyes de 1919, pág. 349) según fué enmendada.

El demandante alegó además que el 26 de junio de 1929, y aproximadamente seis meses después de haber comenzado a funcionar el servicio de riego, éste fué repentina e inten-cionalmente suspendido y sus tierras quedaron privadas de los beneficios del agua basta entonces suministrada a las mismas, reduciéndose el producto neto de la caña de azúcar entonces bajo cultivo en $7,040.25. Banuchi también adujo que debido a la susodicha suspensión de las facilidades de regadío se vió precisado a vender las tierras el 6 de marzo de 1930 a la Central Cambalache por $6,000 menos de los que hubiera recibido por las mismas de haber continuado disfrutando de los beneficios del sistema del demandado. Por tal motivo reclamó daños y perjuicios por la cantidad total de $13,040.25.

El demandado contestó negando las referidas alegaciones y especialmente la existencia de convenio alguno, oral o es-crito, en el sentido de suministrar agua a las tierras del de-mandante o de incluirlas en su distrito provisional de riego. Alegó afirmativamente que todo lo efectuado en relación con el servicio de riego de las parcelas del demandante se hizo exclusivamente en cumplimiento y conforme a las disposicio-nes de las secciones 11, 33, y 34 de la Ley núm. 63 supra. También alegó que la suspensión del servicio se verificó en mayo y no en junio de 1929; que en abril de 1929 notificó al demandante que la cantidad de agua que le sería suminis-trada en el futuro era incierta debido a las dificultades que se ofrecían para llevar el agua a sus tierras; que el 1929 fue el primer año en que funcionó el servicio en su totalidad y que surgieron muchas dificultades; que el 1929 fué un año muy seco, por lo que el demandado se vió obligado a reducir ■el suministro de agua a otras personas en un 50 por ciento; que la suspensión del servicio se efectuó debido a hechos fuera del dominio del demandado y a la gran cantidad de .•agua que se perdía al ser servida al demandante; que el de-mandante nunca pudo haber recibido como beneficio del sistema el valor que alega haber perdido, porque el sis-tema nunca aumenta la producción del terreno a tal extremo en el año inicial de su uso, lo cual se desprende del clamor 'de los terratenientes para que se redujesen las primas; que la cantidad de $6,000 que se alega haber sido perdida en la venta de las tierras no es tal pérdida porque el demandante vendió con una ganancia de $140 por cuerda, y además por-que el aumento en valor de los terrenos sitos dentro del Dis-trito de Regadío no es el resultado de los esfuerzos del dueño hasta que éste ha contribuido con cierta proporción del costo •del sistema mediante el pago de primas. Como materia nueva y de defensa el demandado alegó que la suspensión del servicio de riego pudo y debió haber sido revisada de acuerdo con la sección 34 de la Ley núm. 63 de 1919.

Substancialmente la corte inferior llegó a la conclusión ■de que el demandado había notificado al demandante allá para fines de 1928 de que las dos parcelas en cuestión habían sido incluidas en el distrito provisional de riego creado por la Ley núm. 63 de 1919, supra; quepa partir de determina-das fechas, las mismas serían abastecidas con agua para fines ■de regadío; que el demandante Banuchi, con motivo de dicha notificación, procedió a preparar sus tierras para el cultivo ■de caña de azúcar y en realidad sembró unas 34 cuerdas o .sea aproximadamente la mitad de su extensión total; que por 4 ó 5 meses se suministró el agua y fué luego suspen-•dida por la gran pérdida en que se incurría por razón de las filtraciones a través de las paredes del canal que conducía el agua a las tierras del demandante; que estas filtraciones se debían principalmente a la negligencia por parte de los in-genieros y empleados del demandado y debieron haberse evi-tado o reparado antes de notificar al demandante qne sn pro-piedad participaría de los privilegios del regadío. La res-ponsabilidad del demandado fue basada por la corte senten-ciadora en la obligación cnasi contractual qne surge de sn oferta de suministrar agua y en el perjuicio sufrido por el demandante al confiar en ella. Dijo la corte inferior:

“Se ha probado fuera de toda duda, que el demandante con mo-tivo de la notificación del demandado de que a partvt' del 16 de diciembre de 1928 y *5 de enero de 1929 (fechas en que comenzaría a suministrarse agua) comenzó a preparar sus terrenos, sembró cañas e incurrió en gastos, y de ahí en adelante nació su, derecho a que se le sirviera agua y la obUgac-ión del demandado a suministrarla.”

La corte a quo decidió que Banuchi debió haber ejerci-tado en primer término el derecho de revisión concedídole por la sección 34 de la Ley (núm. 63 de 1919) y que los da-ños y perjuicios deben limitarse a los que habría sufrido si se hubiera aprovechado de ese remedio oportunamente. La corte decidió, sin embargo, que la evidencia que tuvo ante sí en cuanto a los daños y perjuicios cubría un campo dema-siado vasto, y por lo tanto declaró sin lugar la demanda, sin pei’juieio del derecho del demandante para incoar otro pleito e introducir evidencia en apoyo del mismo solamente en cuanto a los daños y perjuicios que la corte estimó recia-mables.

La apelada sostiene que el no haberse hecho uso del re-medio provisto por la ley especial anula el derecho del de-mandante a los daños y perjuicios qne hubiere sufrido. El apelante, en su señalamiento de errores, que ascienden a cua-tro, impugna las conclusiones de la corte inferior en el sen-tido de (1) que el demandante debió haber ejercitado el re-medio concedido por la sección 34 de la Ley núm. 63 supra, tal como fue enmendada; (2) que el demandante solamente puede reclamar aquellos daños que habría sufrido si hubiera hecho uso de ese derecho; (3) que el demandante tiene que incoar otra acción y limitar sn prueba a los daños y perjui-cios señalados en el error precedente; y (4) que la demanda debe declararse sin lugar.

La parte pertinente de la sección 34 supra, lee como sigue:

. . Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo contenido eü esta Ley impedirá la debida distribución del agua por rotación entre los diversos predios de terreno por cualquier canal o lateral, y si al-gún dueño o arrendatario de tal terreno se considera perjudicado por la negativa del Comisionado del Interior de Puerto Rico sobre abas-tecimiento de agua, tal dueño o arrendatario podrá entablar una ac-ción en la corte de distrito del distrito en que radicaren los mencio-nados terrenos para obligar al Comisionado del Interior de Puerto Rico a dejar entrar el agua al terreno;...”

Opinamos que el remedio de cumplimiento específico con-cedido por la sección transcrita no es exclusivo y que el de-mandante puede incoar una acción de daños y perjuicios, si la conclusión de la corte sentenciadora en cuanto a su causa de acción es correcta. Además, no estamos conformes en que se limiten en modo alguno los daños y perjuicios única-mente por no haberse ejercitado el procedimiento especial.

En lo que a la cuestión de la causa de acción se refiere nos inclinamos a convenir con la corte inferior. Considerando la ley envuelta (núm. 63 de 1919) y analizando la situación que surgió como resultado de la oferta del demandado de suministrar agua para regadío, recayó un deber cuasi contractual sobye el demandado de cumplir su oferta hasta que se recolectara la cosecha sembrada descansándose en tal oferta. No tenemos base adecuada para desvirtuar la conclusión de la corte inferior que imputó negligencia al demandado en la preparación y construcción del canal que llevaba el agua a las tierras del demandante.

Bajo estas circunstancias, todo lo que resta por decidir es la cantidad de daños y perjuicios a ser concedidos. Aparece de la evidencia que la caña bajo cultivó era caña de gran cultura y por consiguiente era una cosecha de ca-ñas muy bien cultivadas. Igualmente se desprende de los autos que aunque el agua fue suspendida en abril o mayo de 1929 (en junio según el demandante), BanueM no inter-puso ningún procedimiento formal, legal o de otra natura-leza, basta febrero de 1930, cuando radicó una reclamación de daños y perjuicios ante el Comisionado del Interior. La cuestión a determinar, por lo tanto, es la base sobre la cual se han de computar los daños materiales. Somos del crite-rio que el demandante tiene derecho a la diferencia entre el valor neto de la caña tal como fue cosechada en el año 1929-30 y el valor neto de esa caña calculado sobre la base de que hubiera sido regada desde mayo o junio hasta su corte. Cualesquiera otros daños y perjuicios deben ser des-cartados por ser demasiado remotos.

La siguiente evidencia existente en los autos permite a este tribunal hacer por sí mismo la concesión de daños y perjuicios,-.obviándose de este modo una demora adicional:

Ramón Añeses, Alcalde de Isabela en el 1929 y miembro de la Comisión del Riego; Ramón Banuchi, Secretario de la Comisión del Riego en 1929; y Félix Banuchi, el deman-dante ; todos con una vasta experiencia en el cultivo de caña de azúcar, declararon que la diferencia en el tonelaje de la caña del demandante, debido a la falta de regadío en 1929, fue alrededor de 28 toneladas por cuerda. El demandante declaró que a él le pagaba la Central Cambalache $5.44 por tonelada. La evidencia es clara en el sentido de que él so-lamente tenía 33 cuerdas sembradas y sujetas al riego, lo cual deja la pérdida estimada en 924 toneladas y su valor bruto en $5,026.56. De estos cálculos hay que deducir, o to-mar en consideración, los gastos en que el demandante ha-bría incurrido en el corte, transporte, y quizá hasta cierto punto, cultivo del tonelaje que dejó, de obtener. De hecho no tuvo que invertir dinero alguno para tales fines.

.Una lectura de los autos nos convence de que Banuchi perdió por lo ..menos $1,000, mas no tenemos forma alguna para determinar, por falta de datos, una suma considerable en exceso de ésta.

Por tanto, dehe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en fa/vor del demandante concediéndole la suma de $1,000.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.