author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Petrona Ramírez, menor representada por su madre con patria potestad Ramona Rodríguez, demandante y apelada. v. Rafael Ramírez, demandado y apelante.
    Núm. 7458.

    Sometido: Marzo 17, 1938.

      Resuelto: Mayo 13, 1938.

      González Fagundo González, Jr., abogados del apelante; Faustino B. Aponte, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Ramírez, luego de celebrarse la vista sobre una orden para mostrar causa, fué declarado culpable de desacato y sentenciado a pagar una multa de treinta dólares, o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. Los señalamientos primero y segundo alegan que se violaron los artículos 152, en su inciso segundo, y 160 del Código Civil, en relación con los artículos 56 y 57 del Código de Enjuiciamiento Civil y con el artículo 77 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales.

El artículo 152 del Código Civil provee:

“La patria potestad sobre los Lijos legítimos no emancipados co-rresponde, en primer término, al padre, y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre.
“Los hijos ilegítimos, y los adoptivos menores de edad, estarán bajo la potestad del padre o de la madre que los haya reconocido o adoptado. Si ambos los hubieran reconocido o adoptado, será en ese caso aplicable lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.”

Petrona Ramírez, hija natural reconocida de Rafael Ra-mírez, estuvo representada como demandante en el recurso que dió origen a este procedimiento, por su madre Ramona Rodríguez. La objeción que se hace bajo el primer señala-miento es que en ausencia de cualquier alegación relativa al reconocimiento de la menor por su madre, Ramona Rodríguez, el recurso, en la forma en que se instituyó, no puede prospe-rar.

El artículo 160 del Código Civil autoriza el nombramiento de un defensor judicial para que represente al menor en aque-llos casos en que los intereses de dicho menor estén en con-flicto con los de su padre o madre. Este artículo dispone:

“La corte de distrito, a petición del padre o de la madre, del mismo menor, del fiscal o de cualquiera persona capaz para compa-recer en juicio, conferirá el nombramiento de defensor al pariente del menor a quien en su caso correspondería la tutela legítima, y a falta de éste, a otro pariente o a un extraño.”

Los artículos 56 y 57 del Código de Enjuiciamiento Civil y el artículo 77 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales, que ahora es el artículo 611 del Código de Enjuicia-miento Civil, edición de 1933, leen del modo siguiente:

“Artículo 56. — Cuando un menor, demente o persona incapa-citada es parte en un litigio, deberá comparecer, bien por medio de su tutor general, o de un defensor nombrado por la corte que entienda en el asunto, en cada caso, o por el juez de la misma. El defensor puede ser nombrado en cualquier caso, cuando la corte que conoce del asunto, o el juez de la misma juzgare conveniente que el menor, demente o persona incapacitada sea representada por dicho defensor, aun cuando tuviere tutor general y haya comparecido por medio de éste.
“Artículo 57. — Cuando se nombre defensor, el nombramiento de-berá hacerse como sigue:
“1. Cuando el menor es demandante, a petición de éste, si tu-viere _catorce años cumplidos; y si tuviere menos edad, a petición de un pariente o amigo del menor.
“2. Cuando el menor es demandado, a petición del mismo, si tu-viere catorce años cumplidos, y presentare dicha petición dentro de los diez días de hecha la citación; si fuere menor de catorce años o dejare de presentar la petición como queda dicho, entonces a solici-tud de cualquiera otra parte en el litigio entablado, o de un pa-riente o amigo del menor.
“3. Cuando una persona demente o incapacitada fuere parte en una acción o procedimiento, a petición de un pariente o amigo de dicha persona demente o incapacitada, o de cualquiera otra de las partes en la acción o procedimiento.
“Artículo 611. — El nombramiento de defensor se hará siempre mediante petición, en la que se ha de consignar, bajo juramento, que el menor de que se trata se halla en en el caso previsto por el artículo 230 del Código Civil.”

La médula del argumento del apelante bajo el segundo señalamiento es que: no se puede dictar sentencia en un procedimiento en que la parte demandante no está ante la corte; si Ramona Rodríguez no tenía la patria potestad, debió acudirse al procedimiento prescrito por el artículo 160 del Código Civil, suplementado como lo está por el artículo 77 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, que requiere una declaración jurada al efecto de que el menor de que se trata se baila en el caso previsto por el artículo 230 del Có-digo Civil; los artículos 56 y 57 del Código de Enjuiciamiento Civil, en tanto en cuanto están en conflicto con el artículo 77 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, fueron dero-gados por este último; de acuerdo con el artículo 56 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil Petrona Ramírez debió baber comparecido por su tutor general o por un defensor judicial designado por la corte; la designación de un defensor judicial debe hacerse de conformidad con. el inciso primero del artículo 57; no puede hacerse en una sentencia dictada luego de haberse suscitado la cuestión, en un caso en que la menor está representada por una persona que no tiene la patria potestad y no es su defensora judicial.

El primer párrafo de la demanda en la causa original con-tenía la alegación de que la demandante Petrona Ramírez era una menor de doce años de edad que comparecía representada por su madre con patria potestad, Ramona Rodríguez, en cuya compañía ha vivido la demandante desde su nacimiento. El demandado negó la alegación de que Petrona Ramírez estu-viera bajo la patria potestad de Ramona Rodríguez. La prueba aducida durante el juicio de este caso no está ante nos. De la sentencia se desprende que después que las par-tes habían terminado de presentar su prueba y sometido el caso, el juez de distrito designó a Ramona Rodríguez como defensora judicial de Petrona Ramírez, “en caso de que fuere necesario nombrar un defensor judicial.” El demandado se anotó una excepción y la corte dictó sentencia en favor de la demandante.

La sentencia en el pleito original fué dictada el 20 de abril de 1936. El alegato del apelante en el recurso inter-puesto contra la orden en el procedimiento de desacato fué radicado el 8 de marzo de 1937. De éste se desprende que una moción de reconsideración presentada contra la senten-cia de abril 20, 1936, se hallaba aún pendiente en la corte de distrito. El presente recurso fué visto y sometido el 17 de marzo de 1938. No se desprende cuál es el estado actual del pleito original en la corte de distrito. Evidentemente el apelante tuvo tiempo suficiente para obtener una resolución sobre su moción para reconsiderar la sentencia dictada en el pleito original y para perfeccionar una apelación contra esa orden. Se desprende con igual claridad que no estamos en posición de determinar la regularidad o irregularidad de los procedimientos en dicho pleito. Las únicas partes de los autos en dicho procedimiento, anteriores a la institución de este recurso, son, la demanda, la contestación y la sentencia a que ya nos hemos referido. El alegato del apelante deja de convencernos de que la corte de distrito, por carecer de jurisdicción en el pleito original, tampoco tenía jurisdicción para imponer la multa o en su defecto una pena de cárcel en el procedimiento de desacato.

La contención del apelante bajo el tercer señalamiento es que por haber estado enfermo, le había sido económicamente imposible depositar los siete dólares semanales requeridos por la sentencia dictada en el pleito original. El juez de dis-trito se negó a admitir como prueba una certificación médica en que un facultativo hacía constar que había examinado a Ramírez el 16 de marzo de 1936, lo había hallado sufriendo de hemoptisis con una ligera consolidación en la parénquima del pulmón izquierdo, y le aconsejó descansar en cama. No se señala como error la exclusión de este certificado. La ale-gación de Ramírez de que estaba física y económicamente inca-pacitado descansó en gran parte en su propio testimonio. Su declaración en torno a otras cuestiones fue contradicha de plano por Ramona Rodríguez. De la conclusión a que llegó el juez de distrito sobre la cuestión de desacato, así como de lo que él dijo al declarar sin lugar una moción para suspender el efecto de la orden de desacato por espacio de una se-mana, colegimos que el juez de distrito no fue muy impre-sionado por la declaración de Ramírez. Si ese testimonio era cierto, a Ramírez, desde luego, no debió habérsele declarado culpable de desacato. No hallamos un error tan manifiesto en la apreciación de la prueba que justifique la revocación.

La sentencia apelada dehe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Francisco Caraballo, lesionado y apelante; Hill Brothers, patrono, y Fondo del Estado, asegurador y apelado.
    Núm. 25.

    Sometido: Diciembre 29, 1937.

      Resuelto: Mayo 13, 1938.

      i?. Soli ero Peralta, abogado del apelante; Mon. Proctirador General B. Fernández García, E. de Aldxrey, Procurador General Au-xiliar, y Luis Negrón Fernández, abogados del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En este recurso, interpuesto por el obrero lesionado, se solicita la revisión de una resolución de la Comisión Industrial. Los Lechos, tal como fueron expuestos por la Comi-sión, son los siguientes:

El obrero Francisco Caraballo, trabajaba en el corte de caña para el patrono Hill Bros, y estando en dicho trabajo, allá para el 21 de marzo de 1937, recibió una herida incisa de machete que le infirió en la mano derecha Tomás Rivera, también trabajador de Hill Bros., y quien estaba encargado de servirle el agua a los peones del corte de caña, entre los cuales se encontraba el lesionado. Tomás Rivera fué a bus-car el agua para repartirle a los trabajadores; y al presen-tarse como a las ocho y media o nueve de la mañana en el sitio del trabajo,, el lesionado Francisco Caraballo se le acercó pidiéndole le diera agua. Tomás Rivera se negó a dársela y lo empujó para impedirle que la tomara. Cuando Cara-bailo insistió para que le diera el agua, Rivera trató de em-pujarlo nuevamente, y en un momento, al hacer Caraballo un movimiento para defenderse, tocó a Rivera con el machete en una de sus manos, ocasionándole una incisión en la piel. Eivera no tenía entonces machete en sns manos, pero al acer-carse en esos momentos el capataz Antero Torres con el pro-pósito de terminar el conflicto, Eivera le arrebató al capataz el machete que portaba y éste, viéndose desarmado, los amo-nestó para qne se fueran a sus labores so pena de quedar des-tituidos del trabajo. Francisco Caraballo, después de haber tomado el agua por sus propias manos, se fúé a su trabajo en dirección al sitio en donde había estado cortando caña; y en el momento de empezar nuevamente el trabajo, Tomás Ei-vera se le acercó por la espalda con el machete que aún por-taba, y le asestó un machetazo en la mano derecha, ocasio-nándole una herida de gravedad de la cual estuvo tratándose en la Clínica Industrial.

La cuestión envuelta es al efecto de si este accidente es compensable. El artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (núm. 45 de 1935, pág. 251), dispone lo siguiente:

“Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los obre-ros y empleados que trabajen para los patronos a quienes se refiere el párrafo siguiente, que sufran lesiones o se inutilicen, o que pier-dan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o fun-ción inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste, y como consecuencia del mismo o por enfermedades o muerte derivadas de la ocupación, según se especifican en el artículo si-guiente. Se exceptúan expresamente aquellos obreros y empleados dedicados al servicio doméstico y aquéllos cuya labor sea de carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro del negocio, in-dustria, profesión u ocupación de su patrono y además aquellas per-sonas que trabajen en sus domicilios.”

El artículo 4 lee de la manera siguiente:

“No son accidentes compensables del trabajo y no darán por consiguiente derecho a compensación al obrero, empleado o a sus beneficiarios de acuerdo con esta Ley, los que ocurren en las siguien-tes circunstancias:
“3. Cuando la lesión le haya sido causada al obrero o empleado por el acto criminal de una tercera persona.”

El obrero recurrente, en apoyo de su. contención de que el accidente es compensable, cita el caso de Montaner v. Comisión, 50 D.P.R. 628, en el que resolvimos que el inciso 3 del artículo 4, supra, no es aplicable a “aquellos casos en que el obrero se incapacita, lesiona o muere en el desempeño de un trabajo o' empleo cuya característica distintiva es la de expo-ner al que lo realiza a la' posibilidad y probabilidad de ser lesionado por el acto criminal de un tercero.” No creemos que la doctrina sentada en dicho caso pueda ser invocada como autoridad para la resolución del caso de autos. Los hechos en uno y en otro caso son tan distintos, que no es posible que ambos puedan ser resueltos por la misma regla.

En Montaner v. Comisión, supra, el obrero lesionado era un celador de las fincas de su patrono y tenía entre otras obli-gaciones la de impedir que se robasen la piedra de la can-tera que había en una de las fincas. En el curso de su empleo y en el cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo de celador, vióse obligado dicho celador a echar de la finca a un individuo a quien había sorprendido en el acto de sus-traer piedra de la cantera, siendo atacado por dicho indivi-duo y resultando mutilada una de sus manos. Y al aplicar la ley a los hechos del caso, dijimos:

“. . . El acto ele echar fuera de la finca a Santiago Kuiz, que en aquellos momentos era un intruso, era un ‘acto o función inherente’ al trabajo o empleo que desempeñaba Monge; y el accidente en que' éste perdió su mano ocurrió en el curso de ese empleo y como consecuencia del mismo. No creemos que la intención del legislador haya sido la de excluir de los beneficios de la ley a aquellos obreros, que estando encargados de impedir la realización de actos criminales contra la propiedad del patrono, sean lesionados o pierdan la vida como consecuencia del cumplimiento de esos deberes.”

Y añadimos:

“La excepción que establece el apartado 3o. del Articuló 4, supra, se refiere a las lesiones recibidas por el acto criminal de un tercero, en un trabajo o empleo en que tal riesgo no es la natural y probable consecuencia, o en uno en que ese riesgo no sea una característica in-herente del mismo.”

La situación que nos presenta el caso de autos es com-pletamente distinta a la del caso de Montaner v. Comisión, supra. Al tratar de tomar el agua en contra de la negativa del aguador, Francisco Caraballo no estaba realizando un acto o función inherente a su empleo. El accidente en que recibió la lesión no provino de actos o funciones relacionados con el empleo de cortador de cañas, ni fué consecuencia directa de tal empleo. Surgió el accidente de una cuestión personal provocada por el mismo lesionado recurrente al tratar de ven-cer la resistencia del aguador y al herir a éste con su machete. El trabajo de cortar cañas no tiene como característica dis-tintiva la de exponer al que lo realiza a la posibilidad y pro-babilidad de ser lesionado por el acto criminal de un tercero.

No erró la Comisión Industrial al resolver que el accidente no es compensable por estar comprendido dentro de la excep-ción que establece el apartado 3ro. del artículo 4 de la Ley de Compensaciones por Accidentes de] Trabajo.

La resolución recurrida debe ser confirmada.


text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Clemencia Olesa, peticionaria ante la Comisión.
    Núm. 28.

    Sometido: Abril 18, 1938.

      Resuelto: Mayo 13, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, E. de Aldrey, Pro-curador General Auxiliar y Luis Negrón Fernández, abogados del recurrente; Ismael Soldevila, abogado de la peticionaria ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los Lechos de este caso, tal como aparecen expuestos en la resolución recurrida, son los siguientes:

“Alberto Ross Olesa, conocido también por Alberto Olesa, desde hacía año y medio o dos antes de su muerte, venía desempeñando en la West India Oil Co. el puesto de celador o sereno de los edificios y solar que dicha Compañía posee en esta ciudad de San Juan con las colindancias siguientes: por el norte con la calle San Agustín; por el este con la calle Carlos Frías; y por el sur con la vía del ferrocarril, encontrándose muy cerca de este terreno el barrio Miranda, el Muelle San Antonio y otros muelles más adyacentes. Los deberes de su cargo como tal celador, los desempeñaba dentro de este predio de terreno circundado por una cerca de seis o siete pies de altura al que se penetraba por un portón de rejas de hierro. Los serenos eran dos: el interfecto y otro de nombre José Laureano, en-cargándose uno de la custodia de las oficinas, y el otro que en la noche ele autos era Alberto Olesa extendía su vigilancia al solar y a la parte exterior de las oficinas, garages de los trucks y tanques de gasolina, etc. El día 15 de julio de 1936, a los 9:00 de la noche ambos celadores o serenos se hallaban en funciones de sus respec-tivos cargos, cuando un Policía Insular de nombre Juan José Mon-toyo llegó procurando a Alberto Olesa y entrando dentro de los lí-mites del solar encargado al celo de los dos serenos nombrados, en-tabló conversación con Olesa tratando de venderle un revólver, y cuando se encontraban en estos tratos inopinadamente se disparó el revólver objeto del contrato, yendo la bala a herir mortalmente a Olesa. El Policía Insular, al ver caer a su interlocutor, perdiendo la serenidad se levantó la tapa de los sesos en aquel mismo momento.”

El Administrador del Fondo del Estado desestimó la peti-ción formulada por la señora Clemencia Olesa, madre del difunto, por entender que el accidente en el que perdió su vida Alberto Ross Olesa no era compensable de acnerdo con la ley.

Apelado el caso para ante la Comisión Industrial de Puerto Rico, ésta dictó su resolución revocando la del Administrador del Pondo del Estado y sosteniendo:

1. Que la lesión que causó la muerte de Olesa provino de un acto inherente al empleo del lesionado.

2. Que la lesión ocurrió en el curso del empleo de Olesa.

3. Que la lesión ocurrió como consecuencia del empleo del lesio-nado.

4. Que el difunto Olesa mantenía con su salario a su madre Cle-mencia Olesa, mujer de edad avanzada y viuda, la cual debe ser declarada beneficiaria del obrero occiso.

Solicitada la reconsideración y denegada ésta por la Comi-sión Industrial, el Administrador del Pondo del Estado inter-puso el presente recurso de revisión. Los errores imputados a la comisión pueden refundirse así:

La comisión erró al resolver que el accidente era compen-sable; que la compra de un revólver era un acto o función inherente al empleo de celador; que el accidente ocurrió como consecuencia del empleo; y que debía presumirse que el em-pleo de celador requiere el uso de un arma de fuego.

Consideremos dichos señalamientos a la luz de las dispo-siciones del artículo 2 de la “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo ’ ’ (Ley núm. 45 de 18 de aludí de 1935), que lee así:

“Artículo 2. — Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los obreros y empleados que trabajen para los patronos a quie-nes se refiere el párrafo siguiente, que sufran lesiones o se inutilicen o que pierdan la vida por accidentes que proveng'an de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste, y como consecuencia del mismo ...”

De acuerdo con el lenguaje claro del estatuto, tres son los requisitos que deben concurrir para que un accidente sea com-pensable. La lesión debe (a) ser el resultado de un acto o función inherente al empleo, (6) haber ocurrido en el curso del empleo, y (c) ser consecuencia del empleo. Si faltare uno de esos requisitos, el accidente no sería compensable.

¿ Era la compra de un revólver un acto o función inherente al empleo de celador? La Comisión Industrial sostuvo que lo es, porque a su entender un sereno o celador no puede des-empeñar debidamente las funciones de su cargo si no tiene un arma de fuego para defenderse y para defender la propiedad de su patrono. No estamos conformes con el criterio de la Comisión.

Del récord del caso aparece que como cinco años antes del accidente la West India Oil Company recogió las armas de fuego que ella misma había entregado a sus dos celadores, expresando así su deseo de que sus celadores no estuviesen armados; y que el difunto Alberto Boss Olesa hacía como un año que estaba como celador de dicha compañía, desempe-ñando su cargo durante todo ese tiempo sin portar sobre su persona un arma de fuego. No existe evidencia alguna que demuestre que la compañía exigiera a sus celadores que estu-viesen armados mientras ejercían las funciones de su cargo. Y no estamos convencidos de que para custodiar un patio o almacén sea absolutamente necesario que el celador lleve sobre su persona un arma de fuego. La mejor prueba de ello es que durante un año entero el celador Boss cuidó de las pro-piedades de su patrono sin tener necesidad de armas.

Aplicando la ley a los hechos probados y admitidos por ambas partes, tenemos que llegar a la conclusión inevitable de que el desgraciado accidente que causó la muerte de Alberto Boss y Olesa no provino de la realización de acto alguno inhe-rente al de su empleo de celador, ni ocurrió en el curso de dicho empleo ni como consecuencia del mismo; y que la comi-sión erró al resolver que dicho accidente era compensable.

Debe revocarse la resolución recurrida.


author: El Juez Asociado Señob. Wole

text:
    José Lázaro Costa, demandante y apelante, v. Sucn. de Luis Toro Cabañas, compuesta de su esposa Sra. Josefa Montoto, de su hermano Juan Antonio Toro y de su padre Luis Toro Pérez, demandados y apelados; El Pueblo de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 7166.

    Sometido: Abril 13, 1937.

      Resuelto: Mayo 16, 1938.

      R. Días Gintrón, abogado del apelante; Don. Procurador General B. Fernández García, R. Gordovés Arana, Procurador General Auxiliar j M. Rodríguez Ramos, Subprocurador, abogados del Pueblo de Puerto Rico, interventor; F. González Fagundo, abogado del Sr. Luis Toro Pérez, apelado; J. ValldejvM Rodríguez, abo-gado de la Sra. Montoto Vda. de Toro; y Juan B. Soto, abogado de la Maryland Casualty Company.
   El Juez Asociado Señob. Wole

emitió la opinión del tribunal.

De la segunda demanda enmendada presentada en este caso se desprende que José Lázaro Costa inició un pleito cou--tra la sucesión del notario público Luis Toro Cabañas, com-puesta de su padre, Luis Toro Pérez; contra su viuda Josefa Montoto, como miembro supérstite de la sociedad de ganan-ciales ; y también contra la Maryland Casualty Co. La última demandada mencionada fué incluida en el caso como fiadora, basta la suma de $2,500, por el fiel cumplimiento de los debe-res de Luis Toro Cabañas como notario público. Mientras se trababa la contienda entre el demandante y la última deman-dada mencionada, El Pueblo de Puerto Pico obtuvo permiso para intervenir y alegó una preferencia sobre el importe de la fianza.

Finalmente la Maryland Casualty Co. radicó una demanda de interpleader, y, con el consentimiento de las otras par-tes, consignó los $2,500 en la corte, sujetos a la decisión judicial que se dictara sobre las reclamaciones contradic-torias de José Lázaro Costa y El Pueblo de Puerto Rico. La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en favor del demandante y contra la sucesión de Luis Toro Cabañas por la suma de $4,050 más intereses, y también dictó senten-cia decretando una preferencia a favor de El Pueblo de Puerto Rico en cuanto a la suma de $2,500 consignada en corte por la Maryland Casualty Co. El demandante, José Lázaro Costa, ba apelado.

La Corte de Distrito de San Juan resolvió que Luis Toro Cabañas babía estado ejerciendo la profesión de abogado y notario público y que para garantizar el fiel cumplimiento del notariado babía prestado una fianza por la suma de $2,500 con la Maryland Casualty Co. como fiadora; que en 25 de octubre de 1933 el demandante entregó a Luis Toro Cabañas la suma de $4,050 en efectivo con instrucciones de preparar la cance-lación de dos créditos hipotecarios qne pesaban sobre nna finca qne el demandante se proponía comprar y de las cuales el acreedor hipotecario era Ramón Aboy; y qne Lnis Toro Cabañas murió el 11 de diciembre de 1933. Entonces la corte eontinnó concluyendo en efecto qne si bien el notario había redactado la escritura de cancelación, nunca había entregado el dinero al acreedor hipotecario; que el demandante había exigido la devolución de los $4,050 de la sucesión Toro Caba-ñas, pero que no tuvo éxito en ello; que el finado notario había dejado de cancelar sellos de rentas internas en muchas escri-turas que había otorgado y que esta falta se había prolon-gado desde 1921 hasta la fecha de su muerte en 1933, y que la fianza de la Maryland Casualty Co. cubría estas infraccio-nes. Luego de aducir otros hechos que no creemos necesario transcribir, la corte de distrito llegó a la conclusión de que la controversia en el caso era si los $2,500' debían ser pagados preferentemente a El Pueblo de Puerto Rico.

El demandante sostenía que si la fiadora era responsable de algo bajo la fianza, esa responsabilidad debía limitarse al último año en que el notario ejercía su profesión, o en otras palabras, que El Pueblo de Puerto Rico no tenía derecho a ob-tener más del valor de los sellos que el notario dejó de adhe-rir durante el último año. La corte inferior dice que tam-bién estaba envuelta una cuestión de prescripción, aunque dis-cute la cuestión conjuntamente.

Cuatro son los errores señalados por el apelante José Lázaro Costa. El más importante ataca la resolución de la corte inferior a virtud de la cual al Pueblo de Puerto Rico se le dió una preferencia absoluta sobre el apelante con res-pecto al importe de la fianza. En respuesta al énfasis especial dado a este señalamiento por el apelante mismo en su alegato, dedicaremos gran parte de nuestra opinión a su discusión.

Todos los señalamientos, a excepción, posiblemente, del primero, se refieren a la fianza suscrita por el notario y la Maryland Casualty Co. Esta fianza lee así:

“MARYLAND Casualty OoMpany — Baltimore'—Fianza de Luis Toro Cabañas.
“Sepan todos los que la presente vieren: Que nosotros, Lnis Toro Cabañas, de Yabucoa, como principal, y The Maryland Casualty Company, corporación del Estado de Maryland, con oficina principal en la ciudad de Baltimore, como fiadora, nos hacemos directa y fir-memente responsables a favor de El Pueblo de Puerto Rico por la suma de dos mil quinientos dólares ($2,500), moneda legal de los Estados Unidos, para ser pagada a El Pueblo de Puerto Rico, y al fiel y eficaz pago de la cual nos obligamos nosotros mismos, así como nuestros herederos, albaceas y administradores, mancomunada y soli-dariamente, por medio de la presente.
‘ ‘ En testimonio de lo cual, el referido Luis Toro Cabañas, como principal, ha firmado su nombre y reconocido esta fianza, y la dicha Maryland Casualty Company, como fiadora, por medio de sus fun-cionarios debidamente nombrados y legalmente autorizados, ha sus-crito la misma y estampado su sello corporativo, hoy clía 19 de diciembre de 1921.
“La condición de la anterior obligación es tal, que Por Cuanto el referido Luis Toro Cabañas ha sido debidamente designado y nom-brado como notario público.
“Por tanto, si el mencionado Luis Toro Cabañas cumple y desem-peña bien y fielmente con todos los deberes impuéstosle y con la confianza en él depositada como tal notario público, de acuerdo con la ley, con las reglas, reglamentos y órdenes dictados de confor-midad con la misma, y da cuenta fiel y exacta de todos los ingresos, honorarios, dineros, garantías y bienes que vayan a su poder como tal notario público desde y a partir del día 19 de diciembre de 1921, entonces esta obligación será nula; de lo contrario estará y conti-nuará en toda su fuerza y vigor.
“Queda mutuamente convenido y entendido entre todas las par-tes que intervienen en la presente, que la Maryland Casualty Company puede, al notificar por escrito con no menos de sesenta días de anticipación, al Presidente de la Corte .Suprema de Puerto Rico, terminar la responsabilidad por ella aquí contraída, en tanto en cuanto a las actuaciones u omisiones del referido Luis Toro Cabañas se refiere, posteriores a la terminación de dicho período de sesenta días, caso en el cual la Maryland Casualty Company, al solicitársele, devolverá la parte proporcional de la prima pagada por el período no vencido de esta fianza.”

Teniendo muy presentes los términos expresos de esta fianza, estamos preparados para .convenir con la corte inferior en que tanto el dejar de cancelar los sellos de rentas internas en las muchas escrituras notariales otorgadas por Toro Cabañas, requeridos por la ley, como el acto de apro-piarse los $4,050 confiádosle como notario, caían dentro de los amplios términos de la cláusula de la fianza en que la com-pañía se hacía responsable. Ambas cosas fueron omisiones o comisiones en violación de los deberes del notario y de la confianza en él depositada. De esto no tenemos duda.

Los señalamientos primero y segundo suscitan la conten-ción de que (a) los sellos de rentas internas en una escritura notarial no establecen un impuesto y que el deber de adherir-los no recae sobre el notario, y (6) que aun si se les conside-rara. como un impuesto de cuyo cobro los notarios son res-, ponsables, el deber de cancelarlos no es uno oficial o ministerial proveniente del ejercicio del notariado.

Estamos satisfechos con la discusión de este punto, con-forme la misma aparece en la opinión de la corte inferior. La cancelación de ciertos sellos de rentas internas en toda escritura notarial es, en su esencia, una manera que El Pueblo de Puerto Eico tiene para recaudar ingresos y el deber de cumplir con tal requisito, a nuestro juicio, recae primor-dialmente sobre los notarios de esta Isla. Con ello las par-tes no quedan relevadas de la responsabilidad de suministrar los sellos al notario.

La Ley núm. 34 de 1912 (Leyes de ese año, pág. 73) dis-pone :

“Sección 1. — El artículo 31 de la Ley titulada 'Ley para en-mendar el Capítulo II, Título IX, del Código Político, y para de-rogar ciertas secciones del Código Penal, y para otros fines,’ apro-bada el 9 de marzo de 1905 y enmendada el 14 de marzo de 1907, queda enmendada en la forma siguiente:
“ ‘Se impondrá, cobrará y pagará:
“‘(1) Sobre cada instrumento o documento original autorizado por notario público o inscrito por un registrador — un dollar; Dispo-niéndose, que en los documentos que se otorgaren por funcionarios en el curso de asuntos oficiales no se impondrá, cobrará o pagará ningún impuesto.
“ ‘ (2) Sobre cada copia de dichos instrumentos o documentos ori-ginales — cincuenta centavos.
“ ‘(3) Por cada registro o inscripción de dichos instrumentos o documentos o de sus copias — cincuenta centavos.
“ ‘(4) Por cada affidavit o declaración ele autenticidad otorgado ante notario público, juez de paz, u otro funcionario, pero sin incluir a los funcionarios del Servicio ele Rentas Internas cuando tomaren declaraciones, affidavits y juramentos en materias referentes a la ta-sación de la propiedad, y a infracciones de las leyes de rentas inter-nas — veinte y cinco centavos; Disponiéndose, que no se impondrá el impuesto en los instrumentos que se otorgaren ante los jueces de paz, u otros funcionarios judiciales, referentemente a los asuntos en pro-cedimientos judiciales de que ellos conocieren.
“ ‘Los impuestos que por la presente se disponen se pagarán fijando al documento, instrumento, affidavit o declaración de auten-ticidad, un sello de rentas internas de la debida denominación, el cual será cancelado por el funcionario ante el cual se otorgare el do-cumento o instrumento, escribiendo en el mismo sus iniciales, y la fecha en que se fija.
“ ‘Toda persona que autorizare o inscribiere, o haga que se au-torice o inscriba, cualquier instrumento, o documento o su copia, sin que antes se baya pagado el impuesto prescrito en esta Sección, con-victa que fuere será castigada con multa de cien dollars.’ ”

La Ley núm. 31 de 1917 (Leyes de ese año (2), pág. 307) especifica de manera más completa los sellos que se deben cancelar en escrituras notariales en proporción a la suma envuelta en la transacción. Sin embarg-o, conforme dice la corte inferior, la ley de 1917, supra, no derogó expresamente la de 1912, excepto en tanto en cuanto las mismas resultan inconsistentes. Interpretando estos estatutos y la jurispru-dencia sentada en los casos de M. Grau e Hijos v. Registrador, 23 D.P.R. 380, y Pueblo v. Fernández, 19 D.P.R. 1055, llegamos a la conclusión de que el cancelar sellos de rentas inter-ñas en las escrituras notariales, de acuerdo con la ley, era uno de los deberes oficiales impuestos al notario, y que tal deber estaba cubierto por la fianza que está bajo nuestra considera-ción.

La tínica parte del cuarto señalamiento que ba sido discutida por el apelante en su alegato, se refiere a la prescripción de la responsabilidad por los sellos omitidos con más de un año de anterioridad a la muerte del notario. El apelante pasa por alto el Lecho de que la teoría del litigio se basa primordialmente en un contrato de garantía y no en un acto de negligencia o torticero. Por tanto, la responsabilidad no se limita al período de un año sino que es continua en su naturaleza. Además, véase Pueblo de Puerto Rico v. American Surety Co., 10 P. R. Fed. 190.

Ahora que.hemos resuelto los errores que preceden, podemos proceder a determinar la forma exacta en que debe adjudicarse el importe de la fianza prestada por la Maryland Casualty Co.

La corte inferior resolvió que El Pueblo de Puerto Eico gozaba de una preferencia absoluta sobre el demandante con respecto a la fianza de la Maryland Casualty Co. Hemos leído los argumentos presentados por ambas partes en ape-lación, y llegado a la conclusión definitiva de que no existe preferencia alguna en favor de El Pueblo de Puerto Eico.

La fianza, aunque concebida en términos que aparente-mente excluyen de su protección a todo el mundo a excepción de El Pueblo de Puerto Eico, fué prestada realmente para garantizar a favor de El Pueblo de Puerto Eico, el fiel cum-plimiento de los deberes notariales y de la confianza (trusts) y obligaciones que se enumeran. Fué a El Pueblo de Puerto Eico, compuesto de uno o más de sus ciudadanos, que pudie-ran ser perjudicados por las actuaciones del notario, a quien la fianza tenía el propósito de cubrir, así como a la entidad política conocida con el nombre de El Pueblo de Puerto Eico. Esta naturaleza legal de la fianza fué expresada por este tribunal en el caso de Del Río Torres v. Sucn. Cancel et al., 36 D.P.R. 519, en el cual dijimos:

“El propósito y fin de la fianza exigida por la ley a los notarios fué, como ella dice, para responder de los daños y perjuicios que causen en el ejercicio de su ministerio, y por tanto cualquiera persona que resulte perjudicada por sus actos u omisiones en. el cumpli-miento de sus deberes como notario tiene acción contra la fianza para resarcirse de los perjuicios sufridos, sin que el hecho de que la fianza baya sido constituida a favor del Pueblo de Puerto Rico y para pa-garle a él pueda ser obstáculo para que la acción de cobro de daños y perjuicios pueda dirigirse contra dicha fianza pires el Pueblo de Puerto Rico es solamente una parte nominal en ese contrato de fianza en representación de las personas desconocidas que puedan .resultar perjudicadas y para cuyo beneficio fué requerida por la ley. Sostener que 1a. fianza sólo responde a la entidad Pueblo de Puerto Rico y no a cualquiera persona perjudicada llevaría a la conclusión de que la fianza no responde a los fines para los cuales fué exigida, o sea, para responder a cualquiera persona perjudicada.”

Una vez que se ha sentado esta premisa no hallamos base para preferir al Pueblo de Puerto Bico sobre el demandante en este caso. Ningún estatuto lo dispone así expresamente y el contexto de la fianza no sostiene tal proposición.

El artículo 1826, inciso 2, de nuestro Código Civil (edición de 1930) no establece esta preferencia, según sostiene el inter-ventor. Éste lee así:

“Los créditos que gozan de preferencia con relación a determi-nados bienes muebles, excluyen a todos los demás hasta donde al-cance el valor del mueble a que la preferencia se refiere.
“Si concurren dos o más respectos a determinados muebles, se ob-servarán, en cuanto a la prelación para su pago, las reglas siguien-tes :
“1.
“2. — En el caso de fianza, si estuviera ésta legítimamente consti-tuida a favor de más de un acreedor, la prelación entre ellos se de-terminará por el orden de 'fechas de la prestación de la garantía.
!!

Ese artículo se refiere en especial a aquellos casos en que se ha prestado más de una fianza en favor de distintos aeree-dores y se ha dado una sola propiedad mueble en garantía. Ésa no es la situación con que nos confrontamos. Aquí tene-mos una fianza para garantizar el fiel cumplimiento de los deberes de un notario, otorgada en una feolia original, a favor-de todas aquellas personas que pudieran ser perjudicadas en el futuro. Hasta que se agote el importe de esa fianza por sentencias obtenidas y ejecutadas contra ella, cosa que ahora no está ante nos, toda persona con derecho a su protección, y qae oportunamente ha radicado su reclamación, debe ser protegida proporcionalmente por esa fianza.

El caso citado por el interventor no es aplicable al recurso-que está ante nos. Esa decisión—Brunet, Sáenz & Co. v. Aponte, 33 D.P.R. 524—se basó en la interpretación del al-cance de la responsabilidad contraída por los fiadores. En la fianza sólo se especificó un beneficiario. Allí no estaba envuelta ninguna cuestión de preferencia, y el caso se resol-vió realmente sobre sus hechos especiales y se interpretó estrictamente en favor de los aseguradores.

Si algún artículo de nuestro Código Civil es aplicable al presente caso, éste es el 1829, que provee:

“Los créditos, que no gocen de preferencia con relación a deter-minados bienes, y los. que la gozaren, por la cantidad no realizada, o euanclt) hubiese prescrito el derecho a la preferencia, se satisfarán conforme a las reglas siguientes:
“1. Por el orden establecido en el artículo 1824.
“2. Los preferentes por fechas, por el orden de éstas, y los que la tuviesen común, a prorrata.
“3. Los créditos comunes a que se refiere el artículo 1825, sin consideración a su fechas.”

Somos de opinión que los créditos que están ante nos no-tienen preferencia alguna sobre determinados bienes, aunque es cierto que El Pueble de Puerto Rico, de haber sido dili-gente, pudo haber cobrado sus derechos de año en año, con exclusión del aquí demandante. Empero, si hubiera hecho esto, tal vez no hubiera surgido la situación que ahora está ante nos, o la fianza habría redundado enteramente en bene-ficio del demandante. La Ley Notarial exige que se haga una inspección periódica de los protocolos de los notarios.

No se cumplió con este requisito en el presente caso por espa-cio de más de doce años. Los terceros que hasta cierto punto descansaron en el fiel y puntual cumplimiento de los debe-res del notario,'basados si acaso tan sólo en el mero hecho de que este funcionario continuaba ejerciendo como tal, no deben sufrir más de lo necesario por la actitud pasiva, quizá negligente, de los funcionarios de El Pueblo de Puerto Eico. Si el método dispuesto por la ley no es práctico, deben tomarse las medidas adecuadas para que el mismo sea remediado por la Asamblea Legislativa. .

Por las rabones antes expuestas, somos de opinión que los $2,500 consignados en la corte por la Maryland Casualty Co.. ■deben ser divididos entre El Pueblo de Puerto Rico y José Lásaro Costa en proporción directa a sus respectivas reclama-ciones, y así se ordena.


author: El Juez PresideNte Señor Del' Toro

text:
    Juan Canals González, demandante y apelado, v. Epifanio Vidal, Silverio V. Laguerra y Great American Indemnity Company, demandados y apelante la última.
    Núm. 7342.

    Sometido: Enero 21, 1938.

      Resuelto: Mayo 17, 1938.

      Juan Validejidi Rodríguez, abogado de la aplante; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del' Toro

emitió la opinión del tribunal.

Juan Canals González demandó a Epifanio Yidal, a Sil-yerio V. Laguerra y a la Great American Indemnity Company en reclamación de $905.82 por daños y perjuicios.

Contestaron conjuntamente los demandados Yidal y Great American Indemnity Company negando los Lechos de la demanda que podían perjudicarles y alegando varias defen-sas afirmativas. El otro demandado, Laguerra, no contestó, anotándose su rebeldía.

Celebrada la vista, la corte de distrito declaró probados los siguientes hechos:

“De toda la evidencia ofrecida por las partes, la corte estima pro-bado que el demandante Juan Canals González y el demandado Epi-fanio Yidal son mayores de 21 años de edad y vecinos de Mayagüez, el priríiero propietario y el segundo comerciante; el codemandado Sil-verio V. Laguerra también mayor de 21 años, chófer y vecino de Mayagüez; y la codemandada Great American Indemnity una cor-poración organizada de acuerdo con las leyes de Nueva York, dedicada al negocio de seguros en Puerto Eico, y con oficina principal en San Juan; que en 25 de marzo de 1934 el demandado Epifanio Yidal era dueño del automóvil Buick núm. 8988, y que en el expresado día 25 de marzo de 1934, como a las 30:15 de la noche, en la carretera núm. 2, sitio conocido por ‘Punta de Camuy’, kilómetro 103, heetó-metro 6, barrio Yeguada de dicha población, el expresado automóvil era conducido por el demandado Silverio V. Laguerra, chófer con placa núm. 32,077, y al así conducirlo chocó dicho automóvil Buick con un tríllele marca Diamond, propiedad del demandante, modelo de 1933, tablilla HP^47, guiado por Vicente Hernández López, placa núm. 43,752, causando daños a dicho truck, consistentes en averías en ,1a rueda derecha, un guardalodo, bonete, eje y el chassis que quedó virado, y las sopandas, habiéndose gastado en la mano de obra y piezas que se emplearon para la reparación de dicho camión la suma de $225.82, cantidad que fue pagada por el demandante a la mer-cantil E, Solé & Cía. de San Juan, donde estuvo en reparación por unos diez y nueve días; que se trataba de un truck nuevo, cuyo valor era entre $2,050 y $2,150, y que a la fecha inmediata al acci-dente valdría como $150 menos, y que después de la reparación ten-dría un 20% o un 25% de depreciación del valor que tenía antes del accidente; que dicho accidente ocurrió con ocasión en que el triock del demandante, guiado por su chófer Vicente Hernández Ló-pez iba en dirección hacia San Juan, habiéndose arrimado bien a su derecha, porque vió Venir un carro en dirección de frente, o sea en dirección opuesta al truck; que el truck iba en segunda, y que de pronto se vió que por detrás de dicho truck venía a una velocidad muy grande el automóvil del demandado Epifanio Vidal, guiado por Silverio V. Laguerra, y al intentar dicho Silverio V. Laguerra pasar al truck, en el instante mismo en que cogía su derecha el automóvil que venía en dirección opuesta, dicho autoihóvil del demandado Epi-fanio Vidal chocó con el truck del demandante por el costado, pro-duciéndole los daños que se han mencionado antes, estimando el Tribunal que no medió culpa ni negligencia en dicho accidente y que ei mismo se debió exclusivamente a la culpa, negligencia y temeraria imprudencia de Silverio V. Laguerra, quien intentó pasársele al truck del demandante; cuando la derecha correspondía al otro automóvil que caminaba en dirección contraria, siendo dicha culpa y negli-gencia la causa única y exclusiva de dicho accidente.
“1.
“El demandante ofreció como evidencia, la póliza de seguro a que lá 'demanda se contrae, la que contiene un endoso (omnibus clause) que copiado a la letra dice así:
“ 1 Endosó para asegurados adicionales — Omnibus clause 'endorsement — Por el presente queda entendido y convenido que el se-guro provisto por esta póliza se extiende de tal modo que, en la misma mañera y bajo las mismas condiciones en que ampara al nom-brado Aségurado, amparará a cualquiera pérsona que opere, y/o cual-quiera otra persona que esté montada en (exceptuando al chauffeur - empleado del automóvil asegurado) y/o cualquiera otra persona, firma o corporación legalmente responsable de la operación de Cual-quiera de los automóviles descritos en las estipulaciones específicas, siempre que tal uso u operación sea legal y con el permiso del nom-brado Asegurado, o, si el hombrado Aségurado fuere un individuo particular con él permiso dé un adulto miembro de la familia del nombrado Asegurado pero que no sea chauffeur ni sirviente doméstico, exceptuando que esta extensión del seguro no se aplicará, ni el se-guro pi ovisto amparará ningún garage público de automóviles, taller de reparación de automóviles, agencias de ventas de automóviles, ni a los propietarios, empleados, o agentes de los tales o de cual-quiera como tales; Disponiéndose, además, que el seguro pagadero por moíivo de esta póliza será aplicado por la compañía primero a la prolección del nombrado Asegurado, y el sobrante, si lo hubiere, a la protección de otros con derecho al seguro bajo las estipulaciones y condiciones del Convenio General de Seguro y tal como el nom-brado Asegurado disponga por escrito. Esta póliza queda en lo demás sujeta a todas sus estipulaciones. Este endoso es efectivo desde las 12: 00 M. Octubre 4, 1933. Adherido y formando parte de la Póliza Núm. M-221496, expedida por la Great American Indemnity Company, a nombre de Epifanio Vidal. Mayagíiez, P. R., Great American Indemnity Company, Jesse S. Phillips, Presidente. Auto 3106A 2M11-31. ’
"No estima probado la corte que el automóvil de Epifanio Vidal iba en negocios de éste y para su beneficio, pues aunque hubo evidencia de que Francisco Vidal y Epifanio Vidal son hermanos entre sí, trabajaban juntos y el carro de dicho Epifanio Vidal iba a buscar a Francisco Vidal que regresaba de Estados Unidos en viaje de nego-cios, no se trataba de un negocio personal de Epifanio Vidal ni de Francisco Vidal, por lo que estima el juzgador que no puede hacer pronunciamiento alguno en contra de dicho Epifanio Vidal.
‘‘De toda la evidencia surge, sin embargo, que Silverio V. La-guerra guiaba el automóvil Buick de Epifanio Vidal, ya como chófer, como se admitió por todos los demandados, ya como persona especial-mente designada por el demandado'Epifanio Vidal para que condu-jera dicho automóvil en el viaje a San Juan para buscar a Francisco Vidal, hermano del demandado Epifanio Vidal. En otras palabras, el demandado Silverio V. Laguerra operaba el automóvil de refe-rencia, hecho que le constaba al propio demandado Epifanio Vidal, que le dio $7 para los gastos de dicho viaje.”

Estudia lueg'o la corte la ley y la jurisprudencia aplica-bles y concluye que debe dictar sentencia absolviendo de la demanda al demandado Vidal, dueño del automóvil con el cual se causó el daño, por no viajar en él ni usarlo en su negocio, y condenando a los otros demandados Laguerra, que guiaba el automóvil, y G-reat American Indemnity Company, que lo aseguró, a pagar solidariamente al demandante $625.82 en que tasó los daños y perjuicios que éste realmente sufriera por gastos de reparación de su truck y depreciación del mismo, con más las costas, gastos y honorarios de abogado. Lague-rra fue además condenado separadamente a pagar al deman-dante $95 por la pérdida del uso de su truck, no siéndolo la compañía aseguradora por no cubrir su póliza esa respon-sabilidad. «

Contra la sentencia dictada apeló la Great American In-, demnity Company, señalando en su alegato cuatro errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora 1, al inter-pretar el “Omnibus Clause” de la póliza; 2, al declarar en forma dudosa, contraria a lo alegado, que Lagmerra actuó bien como chófer de Vidal, dueño del carro, ya como persona espe-cialmente designada por Vidal para conducir su automóvil; 3, al convertir la póliza de seguro de este caso, de responsa-bilidad pública, en póliza de vida; y, 4 al apreciar las alega-ciones y la prueba.

La corte de distrito, pues, estimando probado que el deman-dado Vidal, dueño del carro, no viajaba en él cuando ocurrió el accidente, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia que rigen en Puerto Pico, lo eximió de responsabilidad, y esti-mando probado de igual modo que cuando el accidente ocurrió el automóvil iba guiado por el demandado Laguerra, chófer del dueño, lo condenó, condenando también a la Great American, no obstante la exoneración de Vidal, por estimar que auto-rizado como estaba el chófer por el dueño del carro asegu-rado para guiarlo en el momento del accidente, la Great American era responsable de acuerdo con los términos de su póliza.

Conocemos la cláusula pertinente de la póliza. Protege “en la misma manera y bajo las mismas condiciones en que ampara al asegurado” a:

1, cualquiera persona que opere el auto asegurado;
2, cualquiera otra persona que esté montada en él, excep-tuando al chófer-empleado del mismo;
cualquiera otra persona, firma o corporación legalmente responsable de su operación, ^siempre que ésta sea legal y con permiso del asegurado, y si el asegurado fuere un , individuo particular, con el permiso de cualquier miem-bro adulto de su familia que no sea chófer ni sirviente do-méstico.

A nuestro juicio la corte sentenciadora interpretó correcta-mente la cláusula en cuestión, conocida generalmente con la designación de “omnibus clause”. La jurisprudencia es abundantísima. En el tomo 72 A. L. E. 1375, comienza a anotarse la misma, precedida de la siguiente introducción:

“Independientemente de la cláusula general de seguros conte-nida eu una póliza de automóviles, con frecuencia aparece, bien en la misma póliza o a manera de tirilla o endoso unido a la misma, una cláusula que trata, o tiene el efecto, de bacer que la protección ofrecida por la póliza se haga extensiva a cualquiera persona o per-sonas que caigan dentro de determinado grupo. Ésta es la llamada cláusula ‘omnibus’. A veces, aunque no tan frecuentemente, la cláu-sula en sí está redactada en tal forma que otorga esta clase de se-guro, es decir, que crea responsabilidad y cubre no sólo al asegurado designado, sino también a cualquiera persona o personas que per-tenezcan a determinado grupo; en tanto en cuanto sea extensiva a éstas, para los fines de la presente anotación, esa cláusula cae dentro de las llamadas ‘omnibus’.”

Las anotaciones terminan a la página 1437. A la 1382 se cita el caso de Lahti v. Southwestern Automobile Ins. Co., 292 P. 527, 528, en el cual la Corte de Distrito de Apelaciones Primer Distrito, División 1, California, se expresó así :

“La persona designada como asegurada en la declaración núm. 1, es Margaret McMenamin. La contención del apelante es que la de-mandada no tuvo en mente ser responsable bajo su póliza a ninguna otra persona que no fuera Margaret McMenamin, o sea la persona designada en la declaración. La contención carece de mérito. En lenguaje claro e inequívoco la cláusula ‘omnibus’ de la póliza dis-pone que, en adición al asegurado designado en la misma, cualquiera persona que corra dentro del automóvil cubierto por la póliza, o que lo guíe, será considerada como que está incluida dentro del signifi-cado de la palabra ‘asegurada’. William McMenamin caía dentro del grupo definido, por ser el conductor del vehículo, y siendo ello así, la póliza otorgaba indemnización por sus actuaciones como un ase-gurado no mencionado, en igual sentido y efecto que si se le hubiera designado expresamente en ella. El hecho de que fué la intención del apelante conceder beneficios a otras personas en adición a la ase-gurada Margaret McMenamin, queda además evidenciado por la cláu-sula de la póliza que dispone que el seguro se aplicará primeramente a la protección del asegurado designado en la declaración, y el re-manente, de haberlo, se dedicará a proteger a otras personas con de-recho a indemnización. El resolver que la póliza cubría tan sólo la responsabilidad incurrida por la asegurada misma mientras el auto-móvil era guiado por un tercero con su consentimiento y que no cu-bría la responsabilidad de un tercero cuando la asegurada misma no era de por sí responsable, equivaldría a ignorar enteramente las dis-posiciones expresas de la cláusula ‘omnibus’. Véanse Ocean Accident & Guarantee Corp. v. Bear, 220 Ala. 491, 125 So. 676; Horn v. Commonwealth Co., 105 N. J. Law, 616, 147 A. 483; Odden v. Union Indemnity Co., (Wash.) 286 P. 59.
“Los términos de la póliza son claros y explícitos y el signifi-cado palmario y libre de duda, y no necesita interpretación. La in-tención declarada en la póliza fué cubrir no sólo a la asegurada desig-nada en la póliza sino también al grupo definido en la cláusula ‘omnibus’.
“Debe confirmarse la sentencia y resolución apeladas.”

La apelante insiste en que su póliza no es susceptible de ser interpretada como cubriendo la responsabilidad contraída por el chófer porque éste está excluido expresamente de las personas amparadas por el seguro.

Es cierto que lo está en los grupos dos y tres, pero de ello no puede deducirse que lo esté del primero que abarca a cual-quiera persona que opere el automóvil asegurado, con el con-sentimiento del dueño o con el de cualquier miembro adulto de su familia, única limitación que luego se impone a la persona, cualquiera que ella sea, que maneje el automóvil.

Aquí se demandó al dueño, al chófer y a la compañía como responsables solidarios y se condenó al chófer y a la com-pañía, siendo ésta responsable porque garantizó a cualquiera otra persona además del dueño que operara el auto asegurado y el chófer yendo o no yendo el dueño dentro del carro está claramente comprendido dentro de los términos “cualquiera persona” del primer grupo. Si la intención de la asegura-dora hubiera sido excluirlo, lo hubiera hecho expresamente como lo hizo en seguida en los otros dos grupos.

No existe, pues, el primer error señalado. Tampoco el segundo que sostiene que la corte — contrario a lo alegado en la demanda — declaró en forma dudosa que Laguerra manejaba el automóvil asegurado bien como chófer del dueño, ya como persona especialmente designada por él para conducirlo.

Es cierto que en la demanda se alegó que el auto era con-ducido por Laguerra, chófer del dueño, en viaje-de negocios de éste, y que la corte no estimó probado lo del viaje de nego-cios, pero es cierto también que durante el juicio quedó ple-namente demostrado que Laguerra, chófer del dueño, guiaba el automóvil no sólo con la autorización si que por el encargo del dueño que lo mandó a buscar a San Juan a su hermano que regresaba de los Estados Unidos, dándole siete dólares para los gastos del viaje. Y bajo esas circunstancias la de-manda puede considerarse enmendada, si fuere necesario, para conformarla a la prueba. Véase el caso de Indemnity Ins. Co. of North America v. Forrest et al., de la Corte de Circuito de Apelaciones del Noveno Circuito reportado en 44 F. (2d) 465, 466, que es autoridad .sobre este punto y también sobre el anterior que dilucidamos, esto es, sobre la responsa-bilidad de la compañía por los actos del chófer bajo los tér-minos de la póliza. También el de El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223 y el de Sucesión Franceschi v. González, 42 D.P.R. 939, confirmado por la Corte de Circuito de Apelacio-nes del Primer Circuito en Heirs of Franceschi v. González, 62 F. (2d) 748, 751.

El tercer error o sea que la corte sentenciadora convirtió la póliza de seguro de que se trata, de responsabilidad pública, en póliza de vida, carece de tal modo de fundamento en rela-ción con los hechos del caso, que basta enunciarlo para con-cluir que no existe.

El cuarto y último error comprende tres extremos, a saber: que la sentencia es contraria a las alegaciones, a derecho y a la evidencia practicada.

Los dos primeros han quedado ya resueltos al considerar y resolver los señalamientos segundo y primero. Con res-pecto al tercero, poco dice la apelante. T es que poco o nada de peso puede decirse en verdad porque la evidencia sostiene ampliamente los hechos que la corte de distrito declaró pro-bados y en los cuales basó su sentencia.

Debe declararse él recurso sin lugar y confirmarse la seiu lencia apelada.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Armour Fertilizer Works, acusada y apelada.
    Núms. 6965, 6970, 6971, 6976, 6977, 6980 y 6981.

    Sometidos: Abril 25, 1938.

      Resueltos: Mayo 25, 1938.

      B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; Rafael Buscaglia, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En estos siete casos la parte apelada, Armour Fertilizer Works, ba pedido la desestimación de los recursos por causa de frivolidad. Se señaló la vista de las mociones para el 25 de abril último. Ambas partes comparecieron. El fiscal se opuso oralmente.

Las violaciones de la Ley de Abonos — núm. 36 de 1934 (pág. 309), enmendada por la núm. 20 de 1935 ((2) pág. 115) —que se imputan consisten todas en haberse vendido en dife-rentes fechas cierto número de toneladas de materias primas de abonos de cuya venta se rindió declaración al Comisionado de Agricultura y Comercio sin pegar, adherir y cancelar los sellos de rentas internas de veinte centavos por cada tone-lada, que exige la ley.

Cuando se le leyeron las acusaciones, la acusada por medio de su representante legal alegó la excepción perentoria de falta de hechos constitutivos de delito. La corte tomó la cuestión suscitada bajo consideración y la resolvió el 27 de enero último declarando las excepciones con lugar y en su consecuencia dictando sentencias ordenando el archivo y sobreseimiento de los procesos, con las costas de oficio.

No conforme El Pueblo, por su fiscal apeló de las sen-tencias. Y son las apelaciones que interpuso las que se pide ahora a este tribunal que desestime.

La ley aplicable o sea la núm. 36 de 1934 (Leyes de ese año, pág. 309), tal como quedó enmendada por la núm. 20 de 1935 (Leyes de ese año, sesión- extraordinaria, pág. 115), en su artículo 8, que es el que se alega por El Pueblo que la acusada infringió, prescribe:

“Artículo 8. — Tocio fabricante, importador, almacenista, manipu-lador de abonos, de materia prima de abonos, o de enmiendas para terrenos; o agente que lo represente, estará obligado a presentar al Comisionado, o ante un agente o inspector del Comisionado de Agri-cultura y Comercio debidamente autorizado por éste, dentro de los cinco primeros días de cada mes, una declaración de acuerdo con el modelo que prepare el Comisionado de Agricultura y Comercio, donde se incluyan las marcas y el número de toneladas o fracción de ellas, de abonos, materias primas de abonos y de enmiendas para terrenos, fabricados, vendidos, o importados para el uso en Puerto Rico durante el mes anterior; Entendiéndose, que en los casos de importación de estas materias o abonos para venta, o fabricación para venta en Puei-to Rico, se especificará detalladamente a quiénes ban sido vendidos dichos -abonos, materias primas o las enmiendas para terrenos, las cantidades vendidas a cada persona o compañía y la dirección de las mismas.
“Por la presente se impone una contribución especial de veinte (20) centavos por cada tonelada o fracción de ella en relación con el total de toneladas de abonos que aparezcan fabricados, vendidos o importados para uso en Puerto Rico según la declaración presen-tada; y asimismo, diez (10) centavos por cada tonelada o fracción de tonelada de enmiendas para terrenos que aparezcan fabricadas, ven-didas o importadas para uso en Puerto Rico. Por tanto, todo fa-bricante, importador, almacenista o manipulador de abonos, de materias primas de abonos o de enmiendas para terrenos-, o agente que lo represente, estará obligado a cancelar en sellos de rentas in-ternas el total de la contribución por los abonos, materias primas de abonos o enmiendas para terrenos que aparezcan declarados como vendidos o importados para uso en Puerto Rico, y deberán pegarse estos sellos en la misma declaración de que trata el primer párrafo de este artículo. ...”

Y la acusada sostuvo en la corte sentenciadora y sostiene ahora ante este tribunal que siendo lo vendido por ella mate-ria prima de abonos no viene obligada a pagar la contribu-ción pegando y cancelando en sus declaraciones de venta los sellos de veinte centavos a que se refieren las acusaciones, por no exigir la ley el pago de contribución alguna cuando se trata de la venta de materias primas de abonos.

En efecto la ley que en su primer párrafo se refiere sepa-radamente a abonos, materias primas de abonos y enmiendas para terrenos, al imponer en su párrafo segundo el pago de la contribución, lo hace prescribiendo el tipo de veinte centavos por cada tonelada o fracción de abonos y el de diez para cada tonelada o fracción de enmiendas para terrenos. Omite toda referencia expresa a materia prima de abonos.

Si lo recordamos bien, el argumento oral en contrario del fiscal se basó en que de hecho las materias primas de abonos son abonos y qiie por tanto es suficiente el que la Legislatura usara en el párrafo segundo del artículo el término general abonos para considerar comprendidas dentro de él las mate-rias primas de abonos.

Quizá tenga razón el fiscal en que las materias primas de abonos constituyen abonos por sí solas, si no en todos los casos eil algunos por lo menos. Quizá la verdadera intención de la Legislatura fué la de imponer la contribución también a dichas materias primas. Tal vez resulte injusta en la prác-tica la interpretación que a la ley diera la corte de distrito. Puede que se preste dicha interpretación a eludir el pago del impuesto fijado para los abonos y enmiendas para terrenos. Pero ningüna de dichas consideraciones justificaría la inter-pretación dé la ley que sugiere el fiscal. Si la intención de la Legislatura fué la de gravar las materias primas de abo-nos, hay que concluir que se trata de un verdadero caso omiso quo los tribunales no pueden suplir.

■ No es sólo en el artículo 8 de la ley en el que se trata de abonos, materias primas y enmiendas para terrenos, como de cosas separadas y distintas, si que la ley comienza por sepa-rarlas y distinguirlas en su propio título y en su artículo pri-mero, como sigue:

“Artículo 1. — Para los efectos de esta Ley, el término ‘abonos comerciales ’ se refiere a toda mezcla de dos o más ingredientes o materias que contengan los elementos nutritivos que sean utilizables por las plantas, tales como nitrógeno, fósforo, potasio, etc., y no implica que dicha mezcla sea ofrecida para venta; el término ‘ma-terias primas’ se refiere a toda materia orgánica o mineral que con-tenga substancias o elementos nutritivos esenciales para el desarrollo de las plantas, como por ejemplo el nitrato de sosa, sulfato de po-tasa, harina de semilla de algodón, sangre desecada, etc.; el tér-mino ‘enmiendas de terrenos’ se refiere a aquellas substancias o materias que se aplicasen a los terrenos, para mejorar su condición física, o que en alguna otra forma propendan al mejor desarrollo de las plantas cultivadas en tales terrenos así tratados. ’ ’

Podría sostenerse que lo dispuesto al final de la parte del párrafo segundo del artículo ocho de la ley que dejamos transcrita, o sea la obligación que impone al fabricante, etc., de cancelar en sellos de rentas internas el total de la contribución, citando entonces no sólo abonos y enmiendas para terrenos si que las materias primas de abonos, levanta una duda favorable a la interpretación sugerida por el fiscal, pero la duda no es bastante para llegar a la conclusión positiva que habría que adoptar insertando las palabras materias primas de abono en el sitio en que la contribución se impone y no es posible especialmente tratándose como se trata de la imposición de una contribución. Plácido Longo & Cía. v. Sancho Bonet, Tesorero, 50 D.P.R. 160 y P. R. Distilling Co. v. Tesorero, 32 D.P.R. 576. Y ello es así aún con muclia más razón cuando como en este caso el no pago del impuesto se considera como un delito público por la propia ley que se interpreta. Artículo 16 de la Ley núm. 36 de 1934 como enmendado por la núm. 20 de 1935 (Leyes de ese año, pág. 123).

Deben declararse con lugar las mociones y en su consecuen-cia desestimarse los siete recursos en que fueron presentadas.


author: Él Juez Asociado Señor "Wolf

text:
    Mrs. Charles M. Boerman, née María L. Fordham, peticionaria, apelada y apelante, v. Herederos de Esther Bessie Boerman, opositores, apelantes y apelados.
    Núm. 7060.

    Resuelto: Mayo 25, 1938.

      Mariano Acosta Velarde y Federico Acosta Velarde, abogados de los apelantes y apelados; B. Ramos Antonini y V. Gutierres Fran-gid, abogados de la apelada y apelante.
   Él Juez Asociado Señor "Wolf

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCIÓN DE RBC'ON SIDERACION.

Conforme dijimos en nuestra opinión principal de 4 de febrero de 1938 (52 D.P.R. 611), el incidente envuelto en este caso surgió de la rendición y aprobación de la cuenta final de la administración judicial de Charles M. Boerman. Entre otras cosas, la corte inferior había concedido a la adminis-tradora ciertas sumas por concepto de desembolsos y hono-rarios de abogado. Luego de un estudio que se hizo bas-tante difícil por el estado complicado de los autos, y descan-sando necesariamente, según dijimos, en la mayor familiari-dad y conocimiento por parte de la Corte de Distrito con todos los documentos, etc., y con la administración judicial misma, llegamos a la que consideramos una decisión razona-ble y lógica de las cuestiones que estaban ante nos. Los opo-sitores han radicado ahora una moción de reconsideración acompañada de varios exhibits, con el propósito de subsanar la falta de identificación de algunos de los documentos halla-dos en la transcripción de evidencia, para impugnar la apa-rente naturaleza y efecto de algunas de las órdenes de la corte y, en general,, para corregir o aclarar en lo posible algu-nas de las partidas importantes, relativas a honorarios de abogado y costas judiciales, que, precisamente por falta de tal claridad o identificación, resolvimos a favor de la admi-nistradora.

Los opositores, como excusa por haber dejado de hacer esto originalmente en su alegato, dicen que toda vez que en su recurso de apelación atacaron totalmente la legalidad dé todos los cargos hechos por concepto de honorarios de abogado y costas judiciales, tal ataque incluía la validez de todas y cada una de dichas partidas individuales.

Algunas de las explicaciones que ahora hacen los peticio-narios puede que tiendan a sostener sus contenciones. Sin embargo, no creemos que debemos en este momento entrar a considerar dichas partidas, la incorrección de las cuales debió haber sido señalada separadamente como error. Los peticio-' nar'ios tuvieron sú oportunidad, y debieron haber anticipado bien la situación actual o la revocación o confirmación parcial de la decisión de la corte inferior.

• La presunción relativa a la certeza de la sentencia de la corte inferior sobre aquellas partidas que tan sólo ahora han sido atacadas específicamente, debe subsistir. Tal vez sea de lamentarse que los peticionarios no especificaran o presenta-ran en detalle sus objeciones originalmente. La mayoría de esas objeciones depende para su determinación de circunstan-cias que no han sido verdaderamente desarrolladas o que no aparecen claramente de los autos que están ante nos en ape-lación, y de deducciones que no deben razonablemente espe-rarse de una corte de jurisdicción apelativa. Los litigios deben algún día llegar a su fin. Interest reipubliúae ut sii finis litium. Muchos de los puntos a que ahora se da énfa-sis nunca fueron planteados con precisión en el alegato radi-cado en apelación y no debemos considerarlos en fecha tan remota, especialmente, toda vez que tal consideración conlle-varía mayor demora én la liquidación final de una adminis-tración qué dasi ha sido interminable.

Nos damos cuenta de la desventaja en que los aquí peti-cionarios han estado litigando, debido parcialmente a su ausen-cia de la Isla durante la mayor parte del tiempo que ha durado la administración, mas no puede hacérsenos responsables de que desconozcamos cosas o hechos que no aparecen claramente de los autos ni del alegato original. Son los apelantes los llamados a guiarnos y a indicarnos lo que es cierto y lo que no lo es. Si nos confrontamos con múltiples documentos, reso-luciones, etc., que la corte inferior ha resuelto favorablemente, y no se presenta objeción específica a ellos, nos sentimos obli-gados a aceptar la validez y caracterización que la corte sen-tenciadora bizo. Eso es más o menos lo sucedido en este caso.

Por las razones antes expuestas, debe declararse sm lugar la moción de reconsideración.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Parodi y Ermesinda Correa, demandados y apelantes.
    Núm. 7492.

    Sometido: Marzo 29, 1938.

      Resuelto: Mayo 25, 1938.

      Mariano Aoosta Velarde, abogado de los apelantes; Iíon. Procurador General B. Fernández García y Harry B. Lienza, Oficial Jurídico éste de la División de Hogares Seguros, abogados del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito ordenó la remoción de una pequeña casa o habitación de madera que medía catorce pies por cada lado y que había sido construida- sin permiso alguno en un solar ya ocupado por una residencia. El dominio restringido de la casa de vivienda y del solar había pasado a los arren-datarios a virtud de un contrato de arrendamiento con dere-cho de propiedad otorgado por el Comisionado del Interior de conformidad con las disposiciones de una “Ley para crear una Comisión de Hogares Seguros; autorizar la construcción de casas para artesanos y obreros con fondos de El Pueblo de Puerto Rico; proveer el arrendamiento de las mismas, con derecho de propiedad; para mejorar las condiciones de los terrenos de El Pueblo de Puerto Rico que sean seleccionados para la construcción de dichas casas aprobada el 11 ■de julio de 1921 (leyes de ese año, pág\ 387), según fue enmen-dada en 1928 (leyes de ese año, pág. 467).

Sólo existen dos señalamientos de error. Estos son: pri-mero, que la corte de distrito cometió error al sostener que las restricciones sobre edificación impuestas por la ley y por la Comisión de Hogares Seguros en su reglamento son apli-cables tanto al arrendatario durante la vigencia del contrato de arrendamiento como- a los dueños de la casa y el solar que han dejado de ser tales arrendatarios, y, segundo, que la corte cometió error al ordenar la demolición de la casa o habita-ción. La segunda de estas dos contenciones debe subsistir o caer con la primera.

Habría mucho peso en el argumento de los apelantes si la ley, los reglamentos y el contrato de arrendamiento fueran interpretados estrictamente. Tal interpretación tendería a privar al gobierno de su dominio sobre la higiene y salubri-dad públicas, así como sobre los tipos de seguros y sobre otras cuestiones relacionadas con las condiciones residenciales y comerciales en un proyecto de urbanización, y eventualmente a hacer surgir un recrudecimiento de las condiciones indesea-bles que todo proyecto de eliminación de arrabales trata de eliminar. Hasta ese extremo sería subversivo del propósito e intención clara de la Legislatura, conforme éstos son reve-lados por la historia, tendencia general y desarrollo de la ley en cuestión.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.


text:
    Esperanza Rodríguez Barreal y su esposo Ernesto Mari Rodríguez, demandantes y apelantes, v. El Tesorero de Puerto Rico, Hon. R. Sancho Bonet, demandado y apelado.
    Núm. 7637.

    Sometido: Abril 6, 1938.

      Resuelto: Mayo 25, 1938.

      José Sabater, abogado de los apelantes; Ron. Procurador General B. Fernández García y C. Andréu Rivas, Subprocurador, aboga-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios en un procedimiento de mmvdavrms ape-lan de una sentencia adversa. El recurso se basó en una ley (núm. 23) aprobada el 16 de julio de 1936 (Leyes de 1936 (2) pág. 161) que autorizó al Tesorero de Puerto Bico dentro del período estatutario de redención a aplazar el pago de ciertas contribuciones adeudadas sobre propiedad vendida por haberse dejado de pagar las mismas. Dos parcelas de terreno pertenecientes a los peticionarios habían sido vendidas para el cobro de contribuciones atrasadas y adjudicadas a El Pueblo de Puerto Bico. Las contribuciones atrasadas incluían contribuciones personales, así como las impuestas sobre las fincas. Los peticionarios ofrecieron un cheque certificado en pago de cierta parte de las contribuciones adeudadas sobre las fincas. El Tesorero de Puerto Bico se negó a aplazar el pago del saldo de estas contribuciones a menos que se pagaran tam-bien las contribuciones personales atrasadas para cuyo cobro había sido embargada y vendida la propiedad.

El primer señalamiento es que la corte inferior erró al resolver qne los peticionarios no tenían derecho a obtener el aplazamiento de cierta parte de las contribuciones sobre la finca sin pagar las contribuciones personales atrasadas. El segundo señalamiento es que la corte de distrito erró al resolver que la cuestión del aplazamiento era una que caía dentro de la discreción del Tesorero.

El artículo 348 del Código Político, según fue enmendado en 1910 (Estatutos Revisados de 1911, pág. 600, sección 3014), dispone que los bienes vendidos para el pago de contribucio-nes podrán redimirse “pagando al comprador, herederos o cesionarios, la cantidad total del valor de la compra, con inte-rés anual a razón del doce por ciento, junto con todas las costas devengadas y contribuciones vencidas.” Luego de proveer que “el recibo del dinero pagado para redimir la pro-piedad” se extenderá al dorso del certificado de compra, el artículo continúa disponiendo que :

“El recibo debidamente extendido al dorso del certificado de compra, surtirá el efecto de carta de pago a todas las reclamaciones sobre el título de propiedad del inmueble, vendido por razón o en virtud de dicha subasta para el pago de contribuciones no satisfechas. Y el que redimiere la propiedad puede hacer que dicha carta de pago se inscriba debidamente en el registro de la propiedad contra el certificado de compra, mediante el pago al registrador de un dollar como honorarios; y la propiedad así redimida quedará sujeta a todas las cargas y reclamaciones legales contra ella, que no fueren por contribuciones, en la misma amplitud y forma como si no se hu-biere vendido dicha propiedad para el pago de contribuciones.”

El artículo 1 de la ley de 1936 (Tercera Legislatura Ex-traordinaria, pág. 161) autoriza al Tesorero de Puerto Rico “para aplazar el pago de las contribuciones sobre la propiedad inmueble en Puerto Rico adeudadas y pendientes de pago correspondientes al año 1934-35 y años anteriores en la forma y condiciones que se disponen en esta ley y con sujeción a los reglamentos que dicho Tesorero promulgare con arreglo a la misma.” El artículo 2 preceptúa: “Cualquier contribu-yente que se hallare adeudando contribuciones sobre la pro-piedad inmueble correspondientes al año 1934-35 o años ante-riores podrá solicitar del Tesorero de Puerto Eico que se aplace el cobro de dichas contribuciones para ser pagadas en plazos en la forma que determine esta Ley; Disponiéndose, que esta Ley será aplicable además a todas aquellas personas naturales o jurídicas cuyas propiedades hubieren sido rema-tadas por falta de pago de contribuciones y adjudicadas a ‘El Pueblo de Puerto Eico’ y que no estén dedicadas al ser-vicio del G-óbierno Federal, Insular o de los municipios, y que estén dentro del año legal de redención ...” El artículo 3 provee: “El Tesorero de Puerto Eico a solicitud de cualquier contribuyente podrá autorizar el aplazamiento del cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmueble que dicho con-tribuyente adeude correspondientes al año 1934-35 y años anteriores ...”

Los artículos 4, 5 y 8 leen así:

“Artículo 4. — Cada uno de los recibos de contribuciones sobre la propiedad inmueble cuyas contribuciones sean aplazadas será sus-pendido del cobro y el Tesorero de Puerto Rico ordenará que el montante de contribuciones que cada una de dichas propiedades in-muebles adeude, sin incluir intereses, recargos, cuotas de apremios y gastos de anuncios de subasta, se haga figurar en un nuevo recibo que se llamará recibo de contribuciones aplazadas. Estos recibos de contribuciones aplazadas estarán divididos en veinte secciones para ser cobrados en las fechas que anteriormente se dispone, y de-vengarán intereses al tipo de tres (3) por ciento anual a contar desde el día 1ro. de abril de 1936.
“Artículo 5. — El montante de los recibos de contribuciones apla-zadas expedidos de acuerdo con esta ley constituirá un gravamen preferente sobre los bienes sujetos a la ctontribución no pagada y aplazada. Este gravamen tendrá preferencia y prioridad sobre cual-quier otro gravamen que pesare ya o que pudiera constituirse en adelante sobre las citadas propiedades. El término de duración de este gravamen, por contribuciones impuestas sobre bienes inmuebles, establecido por los artículos 315 del Código Político, 1823 y 1824 del Código Civil, 168 de la Ley Hipotecaria y la sección Ira. de la Ley 14 aprobada el 24 de agosto de 1933, se extiende a un período de veinte (20) años y no se extinguirá hasta que se hayan pagado totalmente las contribuciones aplazadas y sus intereses; Disponiéndose, que los embargos inscritos en el Registro de la Propiedad para el cobro de estas contribuciones quedarán vigentes hasta que se haya satisfe-cho el montante de las contribuciones aplazadas incluidas en el embargo.
“Artículo 8. — Será condición expresa del aplazamiento que haga el Tesorero de las contribuciones morosas adeudadas por un con-tribuyente, que éste pague antes del día 31 de diciembre de 1936, las contribuciones que se le impusieron por el año 1935-36 y el primer semestre del año 1936-37. Como premio al fiel cumplimiento del contrato de aplazamiento, el Tesorero dividirá en veinte (20) partes iguales el importe total adeudado por el contribuyente por concepto de intereses, recargos, cuotas de apremios y gastos de anun-cios de subasta en el momento de hacerse el aplazamiento y condonará al contribuyente la cantidad proporcional de aquéllas que correspon-dieren al plazo o plazos de la deuda aplazada que hubiere satisfecho el contribuyente.”

Estamos muy contestes con los apelantes en que las con-tribuciones cuyo pago puede ser aplazado bajo la ley de 1936 son tan sólo las contribuciones sobre bienes inmuebles. Pre-cisamente por esa razón no bailamos evidencia de ninguna intención legislativa de autorizar la redención de bienes que ban sido embargados y vendidos para el pago de contribucio-nes personales atrasadas, como tampoco para contribuciones atrasadas sobre la propiedad misma, sin pagar las contribu-ciones personales atrasadas, conforme exige el artículo 348 del Código Político. Sea ello como fuere, la ley de 1936 no impone al Tesorero el deber ministerial de permitir la reden-ción de bienes inmuebles que ban sido embargados y vendidos para el cobro de contribuciones atrasadas, incluyendo con-tribuciones personales, sin que se hayan pagado estas últimas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutohison

text:
    Pedro Beauchamp, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1019.

    Sometido: Abril 9, 1938.

      Resuelto: Mayo 25, 1938.

      Pedro Beauchamp, por su propio derecho; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutohison

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se neg’ó a inscribir la escri-tura de venta otorgada por el márshal de una propiedad ven-dida en ejecución para satisfacer una sentencia en cobro de dinero dictada contra un hombre casado. El registrador basó su nota en los siguientes motivos:

“ . . . por observarse que la finca vendida en pública subasta aparece inscrita en este Registro en la siguiente forma: Un condo-minio de una mitad privativamente a favor de Paula Sandoval, por título de herencia, y la otra mitad a favor de Arturo Vázquez y su esposa Paula Sandoval y apareciendo de los autos originales del pleito que ha motivado esta venta y cuyos autos se han tenido a la vista, que la sentencia en este caso fué dictada declarando sin lugar la demanda en todas sus partes expresamente en cuanto a la deman-dada Paula Sandoval concierne, y con lugar en cuanto al demandado Arturo Vázquez y habiéndose vendido todo el derecho, título e in-terés que el demandado Arturo Vázquez tenga en esta finca a favor del demandante Pedro Beauchamp, no es inscribible dicha venta por-que la sentencia sólo puede hacerse efectiva en bienes privativos del demandado Arturo Vázquez, y la inscripción que se pretende a favor del comprador equivaldría a transferir el condominio pri-vativo de la esposa del demandado Paula Sandoval, cuando a ella se le absolvió de la demanda, no pudiéndose inscribir tampoco el título en cuanto al condominio'que ambos demandados tienen en la finca por título de gananciales porque equivaldría a una división de comunidad de la sociedad de gananciales que no puede realizarse por medio de la inscripción que se pretende, no constando que dicha sociedad se haya disuelto. Inscrita en dominio y afecta a varias cargas.”

En Sucesión García v. Registrador, 16 D.P.R. 781, este tribunal resolvió, conforme se dice en el sumario, que:

"Mientras no se disuelva y liquide la sociedad de gananciales, la mujer no adquiere participación alguna en los bienes de la misma que pueda estar sujeta a embargo o ejecución por deudas u obliga-ciones de carácter particular, que no sean de aquéllas por las cuales puede obligar los bienes de la sociedad, de acuerdo con el artículo 1323 del Código Civil.”

En Hernández v. Registrador, 19 D.P.R. 274, este tribunal dijo:

"No estamos enteramente de acuerdo con el registrador al decir que no puede precisarse si hay o no gananciales mientras no se disuelva el matrimonio, pues de adoptarse ese criterio, el acreedor de uno de los esposos quedaría privado de todo recurso para el cobro de su crédito, y esto sería además contrario a la jurisprudencia esta-blecida por este tribunal en el caso de Truyol v. Registrador, 18 D.P.R. 937, y casos allí citados. Para el acreedor existe siempre un recurso.
"Convenimos, no obstante, con el registrador, en que los bienes de la sociedad de gananciales no pueden quedar afectos al pago de deudas contraídas por uno de los esposos con anterioridad al ma-trimonio e independientemente de la sociedad conyugal, hasta tanto no sea disuelto el matrimonio ya por muerte de uno de los esposos o por otra causa, o mientras no se establezca el debido procedimiento ante la corte por virtud del cual quede verificada la separación de los referidos bienes o pueden los mismos quedar sujetos al pago de deudas que han sido dontraídas individualmente por los esposos, según determina y exige el artículo 1325 del Código Civil. No se ordenará que los mencionados bienes queden de tal modo se-parados o sujetos al pago de las referidas deudas, según lo deter-mina y exige el artículo 1325, hasta que no se haya probado que el cónyuge deudor no tiene capital propio de qué responder y se hayan cubierto las demás atenciones de dicha sociedad de ganan-ciales.
“En el presente caso las dos deudas de referencia se originaron en el caudal de Inocencia Cuaseú. Probablemente los herederos en-traron en posesión de los bienes sin beneficio de inventario, pero haya o no ocurrido esto, la participación que pueda tener cualquiera de dichos herederos sobre los bienes que existen en una sociedad de gananciales, no podrá ser ejecutada o decretarse un embargo contra la misma, sin que se demuestre que tal persona no tiene bienes pro-pios o se cumpla de alguna otra manera con los demás requisitos del artículo 1325.”

En el presente caso Vázquez y su esposa fueron deman-dados en una acción en cobro de dinero. Luego de un juicio en los méritos, el juez municipal desestimó la demanda en cuanto a la esposa y dictó sentencia contra el marido. Nada hay que demuestre que los demandantes trataran de hacer que “los bienes de la sociedad de gananciales” respondieran de una deuda privativa de uno de los cónyuges. No hubo embargo ni venta de la propiedad conyugal como tal. Los úni-cos bienes embargados o vendidos fueron todo derecho, título e interés que el demandado, Arturo Vázquez, tenga en la finca. En verdad, semejante embargo y venta no podían afectar en forma alguna los bienes privativos de la esposa. Los únicos dos casos citados por el registrador en apoyo de su nota son Sucesión García v. Registrador, supra, y Hernández v. Registrador, supra. Estos casos no van tan lejos como el regis-trador desearía que fuésemos.

El presente recurso cae dentro del principio sentado en Truyol v. Registrador, supra. Véanse también Bank of Nova Scotia v. Carle Dubois, 52 D.P.R. 704; Carle Dubois v. Benitez, 46 D.P.R. 188; Banco Español de P. R., v. Bolívar, 7 D.P.R. 66, 86.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcelino Dávila Díaz, acusado y apelante.
    Núm. 7036.

    Sometido: Mayo 13, 1938.

      Resuelto: Mayo 25, 1938.

      Antonio L. López, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Marcelino Dávila Díaz fué convicto en dos ocasiones, pri-mero en la corte municipal, y luego, después de un juicio de novo, en la corte de distrito, del delito de abandono y descuido de menores.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que la denuncia imputaba un delito público. Se alegaba que el acusado ilegal, voluntaria y maliciosamente, y con la intención criminal de abandonar al menor Marcelino Dávila Torres, dejó de proveerlo de alimentos, medicinas y vestuario, etc. El artículo 263 del Código Penal dispone que todo padre “que voluntariamente y sin excusa legal, dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor.” La objeción que el acusado hizo a la denuncia fué que ésta no alegaba que el abandono hubiera sido “sin excusa legal.” La alegación de que el abandono había sido ilegal, voluntario y malicioso y con intención criminal, era suficientemente clara para qne cualquier persona de ordinaria inteligencia compren-diera que la conducta así imputada al acusado era “sin excusa legal. ’ ’

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción para que se absolviera perentoriamente al acusado, basada en que la evidencia presentada era insuficiente al terminar la prueba de cargo. Cuando la denunciante terminó su declaración, el juez de distrito, estando aparentemente convencido, preguntó al fiscal si el resto de su prueba era acumulativa. Éste contestó afirmativamente y cerró su caso. El acusado solicitó se le absolviera perentoriamente. La declaración de la denunciante, de ser cierta, bastaba para establecer un caso prima facie.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito erró al considerar la prueba en conjunto y al declarar al acusado culpable. No bailamos un error tan manifiesto que exija la revocación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez PbesideNte Señob Del Tobo

text:
    Dr. Rafael U. Lange, demandante y apelado, v. Alejandrina, María Trifona, conocida por Trina, y Sabás Honoré Rivera, demandados y apelantes.
    Núm. 7741.

    Sometido: Mayo 23, 1938.

      Resuelto: Mayo 31, 1938.

      Enrique Báez García, abogado de los apelantes; José Sabater, abo-gado del apelado.
   El Juez PbesideNte Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Confirmada por esta Corte Suprema la sentencia que dictó la corte de distrito en este caso (51 D.P.R. 711), la parte victoriosa presentó el nueve de agosto de 1937 su memorán-dum de costas contentivo de seis partidas, cinco de costas y desembolsos ascendentes a ciento seis dólares y una, la sexta, de honorarios de abogado fijados en cinco mil. La parte ven-cida, el demandante, aceptó las partidas primera, cuarta y quinta e impugnó las restantes. La corte declaró sin lugar las impugnaciones a las partidas dos y tres y rebajó la sexta a seiscientos dólares. Y contra su resolución, dictada en marzo 17, 1938, interpusieron los demandados el presente re-curso de apelación, cuya desestimación solicita el demandante por causa de frivolidad.

La cuestión a estudiar y a resolver se plantea por el apelado como sigue:

“Alega el demandante apelado, que los demandados apelantes establecieron apelación contra la resolución de la corte de distrito de Mayagüez aprobando el memorándum de costas en la forma en que lo ha hecho, modificando la partida de honorarios de abogado, radicándose dicho escrito de apelación y notificándose al abogado del demandante el 19 de marzo de 1938; pero habiéndose practicado prueba en el acto de la vista del memorándum de costas, ... no han radicado la exposición del caso o la transcripción de evidencia dentro del término legal para poder revisar esa prueba este Hon. Tribunal Supremo y determinar si la corte inferior al señalar como honorarios del abogado de los demandados la cantidad de seiscientos dólares usó de su discreción o abusó de la misma; ... y por lo tanto la apela-ción resulta, frívola o académica” por falta de base para resolverla.

Los apelantes se oponen invocando la regla cuarenta (c) del reglamento de este°tribunal que prescribe:

“En la apelación de una resolución aprobando un memorándum de costas en que la prueba y otros procedimientos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que dió origen al memorán-dum, hubieren sido elevados previamente a este Tribunal mediante pliego de excepciones, exposición del caso, transcripción de la evi-dencia, o en otra forma debida, las partes para probar sus respec-•tivas alegaciones pueden referirse a los dichos autos del pleito que dió origen al memorándum y archivar cualquier otra evidencia de-bidamente autenticada que el juez inferior hubiera tenido ante sí al resolver el memorándum.”

Opinamos que dando a la regla la debida interpretación, esto os, considerando ampliada la transcripción especial pre-parada para perfeccionar la apelación de la resolución rela-tiva al pago de determinadas cantidades por costas y hono-rarios de abogado, con la elevada cuando se apeló de la sen-tencia resolutoria del pleito en que dichas costas se impu-sieron, aún así, falta la evidencia última que ante la corte se practicara al verse el memorándum a los efectos de la fija-ción de la cuantía de los honorarios de abogado, a saber, la declaración del letrado Enrique Báez García.

El récord no está completo. El hecho de que la declara-ción del letrado Sr. Báez se prestara en relación con las cons-tancias del pleito, no quiere decir que dicha declaración no sea necesaria para colocar a esta corte en la misma situación en que estuvo colocada la corte de distrito al dictar su reso-lución de marzo diecisiete último.

Ahora bien, si el récord se considera completo, dado el conocimiento que de él tenemos y de todas las circunstancias que en el caso concurrieron, nos consideramos en perfectas condiciones para concluir que la cantidad fijada finalmente por el juez sentenciador no es injusta ni improcedente. He-mos leído el amplio alegato de los apelantes archivado para sostener su apelación y la moción por virtud de la cual impug-nan la desestimación que solicita el apelado, y su lectura no nos ha hecho variar de criterio.

Ai decidir esta corte la apelación contra la sentencia, dis-puso del señalamiento de error relativo a las costas en los siguientes términos:

“El sexto error se refiere a las costas. Nos inclinamos a creer que la corte inferior no cometió abuso de discreción al conceder las costas a los demandados.” 51 D.P.R. 711, 719.

El demandante pidió la reconsideración y su petición fué resuelta en los siguientes términos:

“Distamos de estar convencidos de que las costas no deben ser impuestas en este caso especialmente cuando se considera que además de la cuestión de prescripción, la corte inferior, conforme sostuvi-mos, decidió que la cantidad de $3,800 satisfecha al doctor lo fué en pago total de su reclamación. Sin embargo, el apelante cuando se radique el memorándum de costas tendrá la oportunidad de in-sistir en una limitación de la cuantía de los honorarios y de una subsiguiente apelación.” 51 D.P.R. 719.

Si nuestro criterio no se fijó de modo más preciso desde entonces, fué porque sabíamos que de acuerdo con nuestra propia jurisprudencia la corte sentenciadora tenía una segunda oportunidad para juzgar sobre la temeridad de la parte con-denada al pago de los honorarios de abogado al determinar, cuando el memorándum se le presentara, la cantidad exacta a satisfacer. Castro v. Société Anonyme Des Sucreries, 34 D.P.R. 575; Miranda v. P. R. Railway, L. & P. Co., 50 D.P.R. 388; Sucn. Villegas v. Central Victoria, Inc., 49 D.P.R. 507; Trujillo Lange v. López, 49 D.P.R. 336; Rodríguez v. Sánchez, 48 D.P.R. 236.

Continuar tramitando el recurso cuando estamos conven-cidos de que no ha de prosperar, sería dilatar conscientemente la administración de la justicia. La moción de desestimación nos proporciona la oportunidad de terminarlo, y lo haremos declarándola con lugar, en primer término, porque no estando el récord completo, los apelantes no han colocado a esta corte en las mismas condiciones en que se encontraba la de distrito al ejercitar su discreción fijando la cuantía de los honorarios en seiscientos dólares, y en segundo, porque juzgando por nosotros mismos las constancias existentes, consideramos que la resolución apelada debe subsistir porque la cuantía se fijó tomando en consideración no una sino todas las circunstancias que en el caso concurren, que no revelan aquel grado de teme-ridad por parte del demandante necesario para justificar el pago del valor total de los servicios prestados por su abogado a la parte demandada.

Bebe desestimarse el recurso y en su consecuencia confir-marse la resolución apelada.