author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Vázquez, Demandante y Apelado, v. Santalís et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre reivindicación y reclamación de frutos.
    No. 1662.
    Resuelto en julio 27, 1918.
    Acción Reivindicatoría — Demanda—Causa de Acción. — Cuando on una demanda de reivindicación lo que se intenta reivindicar son participaciones de una finca en absoluto indeterminadas y en dicha demanda ni. siquiera se trata de fijar las participaciones con la necesaria certeza, tal demanda no aduce hechos determinantes do una causa de acción.
    Acción Reivindicatoría Entre Comuneros. — Puede seriamente dudarse, y la jurisprudencia tiende a prestar mayor apoyo a la duda, de si una aeeión de reivindicación es procedente por parte de un comunero contra otro comunero.
    Nulidad — Prescripción de la Acción. — Teniendo que considerarse el presente caso como una aeeión de nulidad a fin de poder dar alguna vitalidad real a los hechos alegados, y habiéndose hecho por la corte inferior declaración de nulidad en el mismo, hay que convenir en que la acción que se ventila en este caso es de nulidad y como tal ha prescrito.

      Impedimento para Negar el Justo Título. — Una persona que conscientemente interviene y ayuda a confeccionar un título, está impedida de negar que tal título sea justo.
    ESCRITURA de Partición — Nulidad.—Una escritura de partición es un todo con partes de tal modo trabadas entro sí, que no puede destruirse una parte sin afectar el todo. La única acción adecuada que cabría en el presente caso sería una en la que se interesara no sólo la nulidad de la adjudicación sino la nulidad de toda la escritura de partición.
    Repudiación — Renuncia de Derechos. — Cuando se toman los bienes bajo una escritura de partición y no se repudia de una manera especial la adjura-ción dentro de los cuatro años de haber llegado a su mayor edad, se enten-derá que los menores renuncian cualesquiera derechos que tuvieren.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Sabater.

    Abogados del apelado: Sres. Fernando Vázquez y J. R. F. Savage.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en el presente caso que se titula de reivin-dicación y reclamación de frutos alega sustancialmente que el demandante es el cesionario de José, Bernardo y Matea Olivares y 'Velez; que Ramón Olivares y G-arcía falleció bajo testamento el día 15 de marzo de 1894 dejando cinco hijos de su primer esposa, a saber, Julio, María, Julio Segundo, Ra-món y Guillermo; que en su segunda esposa, Monserrate Vélez, tuvo seis hijos, Bernardo, Matea, José, Hipólito, Ma-ría y Ramona; que entre otras cosas sus bienes consistían en la finca “Camila” y que instituyó por sus herederos a sus citados once hijos; que el día 25 de agosto de 1895 se hizo extrajudicialmente el inventario y avalúo de los bienes in-terviniendo la viuda en su propia representación y en la de sus menores hijos, asimismo Julio Olivares por sí y en re-presentación de los demás hijos menores y Joaquín Francisco Santalís de algunos de los menores, nietos del testador; que en la misma fecha tuvo lugar del mismo modo la partición de los bienes; que se le adjudicó a Luis Pío Santalís, que no era ni heredero ni acreedor testamentario un bien inmueble tasado en la suma de $20,324.55 para el pago de las bajas del caudal, a saber, un condominio por 64 partes de las cien partes iguales en que se consideraba dividida la finca “Ca-mila”; que Hipólito Yélez falleció ab intest ato y le sucedió su madre Monserrate Yélez; que Eamón Olivares falleció ab in-testato y le sucedieron sus hermanos; que Guillermo Olivares falleció bajo testamento dejando sns bienes a sus hermanos Julio y Julio Segundo; que Monserrate Yélez falleció sin testar habiéndole sucedido sus hijos; que Julio Segundo fa-lleció sin haber otorgado testamento, habiéndole sucedido sus hermanos; que Eamona Olivares y Yélez falleció asimismo sin haber otorgado testamento y así también falleció su her-mana María Olivares y Yélez; que Julio Olivares y Otero cedió todos sus derechos en la herencia a Luis Pío Santalís, haciendo lo propio Monserrate Yélez; que la adjudicación hecha en favor de Luis Pío Santalís se verificó siendo todos los herederos, con la única excepción de uno de ellos, menores de edad, sin la previa autorización judicial y sin que se jus-tificase previamente la necesidad y utilidad de la venta; que dicho condominio fué adquirido de mala fe por Luis Pío Santalís y sin Justo título y desde el día que le fué adjudi-cado, lo viene detentando y percibiendo los frutos que el mismo ha producido y produce; que José, Bernardo y Matea por sí y como herederos de sus hermanos y hermanas eedie: ron todos sus derechos en la herencia al demandante; que la adjudicación de las referidas 64/100 partes de la finca'£ ‘ Ca-mila” es nula y sin efecto legal alguno y que por lo tanto, el demandante suplicaba se dictase sentencia declarando nula la adjudicación y decretando que el demandado devolviese a los herederos de Eamón Olivares y García, entre los cuales se hallaba el demandante como cesionario, las referidas 64/100 partes de la finca “ Camila” y ordenando la rendición de las cuentas completas y detalladas de las rentas y productos de la finca “Camila” y el pago de costas y honorarios de abogado.

Contra esta demanda se interpuso excepción previa, la que fué declarada sin lugar y entraremos ahora a considerar dos de sus fundamentos: Io. Que no aduce hechos detenni-nantes de una causa de acción; y 2o. Que la acción, siendo ima acción de nulidad, lia prescrito por virtud del artículo 1268 del Código Civil.

Después de resuelto el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, se han suscitado infinidad de litigios levantando añejas reclamaciones, clase de pleitos jamás favorecida por las cor-tes. Sin embargo, el caso de Longpré v. Díaz no es una carta abierta para toda clase de reclamaciones en que inter-vienen menores. En aquel caso había un sólo menor a quien únicamente le correspondía todo el título de la finca en con-troversia y siendo nula la adjudicación, no había persona alguna en el mundo que ostentase título alguno adverso a su derecho o que tuviese iguales derechos que él en la ameri-tada finca. La corte dijo: “Esto lo decimos porque la par-ticipación así llamada y la venta de la propiedad por un mero contrato privado estaban directamente en pugna con los pre-ceptos de la ley relativos a la administración y venta de bienes de menores y por lo tanto semejante simple venta privada no creó derechos ningunos en conflicto con el título que tenía el menor en virtud de su condición de heredero.’” Los derechos sustantivos de los menores hijos de Bamón Olivares y García eran quizás iguales o semejantes a los derechos del menor en el caso de Longpré, a saber, la adjudicación como tal hecha en favor de Santalís no obligaba a los citados menores, en otras palabras, la citada adjudicación de haber permanecido sola y debidamente impugnada ha podido des-truirse o descartarse. El caso de Longpré, sin embargo, no determina los derechos de un número de herederos entre sí, cuando han intervenido otros elementos que no fuese una mera adjudicación.

La demanda no aduce hechos determinantes de una causa de acción. Si se examina se verá que no se describe con exactitud cuál es la posesión de que actualmente goza San-talís y a pesar de esto la demanda revela que se le cedieron otras participaciones de la finca. La demanda es deficiente como demanda de reivindicación puesto que la participación del demandante, divisa o indivisa, es en absoluto indeter-minada. Admitiendo que el demandante tuviese los derechos que les correspondían a los hijos cuyas participaciones com-pró, ellos no tendrían una acción reivindicatoría puesto que la demanda ni siquiera trata de reducir sus participaciones con la necesaria certeza. La demanda no localiza otras por-ciones de la finca “Camila,” y sólo contiene la alegación ele que 64/300 ele la misma se trató de adjudicar a Santalís.

tsos es sumamente imposible decir con la demanda en la mano qué participación o aun qué porción “ideal” pertenecía a los cedentes de Vázquez a la fecha en que se inició el pleito. La demanda parte de la teoría de que las 64/100 partes se devuelvan no a Vázquez, ni siquiera a sus cedentes, sino a todos los herederos. Y es evidente que Santalís tenía tanto o más derecho a las 64/100 partes de la finca por la sola razón de los traspasos hechos en su favor por los otros here-deros, por no decir nada de su reclamación por las deudas.

Puede seriamente dudarse y nuestra jurisprudencia tiende a prestar mayor apoyo a la eluda de si en todo caso una acción de reivindicación fuese procedente por parte de un comunero en contra de otro comunero. Estas cesiones veri-ficadas en favor de Santalís no sólo son de participaciones que se le habían adjudicado a los herederos respectivos por virtud de la partición primitiva sino que comprendían to-dos los derechos, título e interés de los herederos deman-dados. Por lo tanto aparece perfectamente claro de la de-manda que el derecho de Santalís, adquirido por cesión de los herederos que lo enajenaron en su favor, es exactamente de la misma naturaleza de los derechos que le fueron cedidos a Vázquez. Si Vázquez tiene derecho a reclamar la parte adjudicada de 64/100 partes de la finca Camila también lo tiene Santalís. Y ha debido alegarse algo más, en todo caso, para que pudiera un marshal ejecutar una sentencia si el pleito lo es de reivindicación.

La única manera ele considerar los lieclios alegados en la demanda de modo qne pueda dárseles alguna vitalidad real es considerándola como una acción de nulidad. En su forma necesariamente es así. La última relación de hechos alega la nulidad, la súplica pide la declaración de nulidad y la corte inferior a instancias del demandante así lo declara. La acción lo es ele nulidad y como tal ha prescrito.

Después de haberse declarado sin lugar la excepción pre-via contestaron los demandados. Entre otras cosas éstos alegaron la defensa de posesión adquisitiva.

El demandado alega la prescripción adquisitiva de más de veinte años. El demandado estaba necesaria y efectiva-mente en posesión de una gran porción del terreno con un buen título, que es más que un justo título. Se le imputa al demandado la mala fe. Pero ¿qué diremos del demandante, abogado y procurador que fué el activo hombre de leyes,, consultor y consejero de los menores, y en gran parte el instrumento que intervino en el traspaso de esta porción de 64/100 a Santalís? No necesitamos fundar nuestra decisión sobre este punto, pero podemos poner en tela de juicio si Fernando Vázquez no estuvo impedido de negar qne un título que ayudó a confeccionar y en el que conscientemente inter-vino fuera un justo título. También podemos preguntar, si no existiría un impedimento en su contra sobre la mera con-troversia aun cuando no se hubiera radicado la alegación de-prescripción.

Pasemos a otros puntos desarrollados en el juicio. Se ha admitido que Santalís. está en posesión de toda la finca. El testamento fué ofrecido cómo prueba. El testador legó la parte de libre disposición a su esposa. Esa parte fué también adquirida por Santalís en el traspaso que le hizo Monserrate Vélez. Se ofreció como prueba la escritura de partición. De ella se desprende el hecho de que todos los causantes de Fernando Vázquez, los alegados menores here-deros, recibieron una porción ideal de la finca en contro-versia. Aceptaron esta porción y se la vendieron a Santalís con la debida autorización judicial. ¿Era la escritura de ' partición de 1895 una totalidad o era susceptible de segregate en parte? Una escritura de partición es un todo con partes ele tal modo trabadas entre sí que no puede destruirse una parte sin afectar el todo. Cuando menos aquel que des-cansa sobre la destrucción de una parte debe demostrar que esa parte puede segregate sin destruir el todo. Aquí to-dos, el demandante, el demandado y herederos en general, aceptaron y actuaron bajo la escritura de partición. Bajo los becbos del presente caso no procede acción alguna que no persiga la destrucción de toda la testamentaría. No existe la más mínima insinuación, además, de que los citados me-nores herederos, desde hace ya tiempo mayores de edad, ofrezcan poner en la masa común el beneficio por ellos ad-quirido. De modo que la única acción adecuada que cabría en este caso lo sería aquella en la que se interesara no sólo la nulidad ele la adjudicación, sino la nulidad de toda la escri-tura de partición.

También hay la cuestión de ratificación o repudiación de derechos. Al tomar los bienes bajo esta escritura de par-tición y puesto que jamás repudiaron de una manera especial la adjudicación dentro de los cuatro años de haber llegado a su mayor edad, los menores renunciaron cualesquiera de-rechos que tuviesen. A la fecha de la citada escritura de partición en 1895 el más joven de los menores causantes de Vázquez tenía ocho años de edad. Por lo tanto tenía unos 29 años cuando se inició el presente pleito.

Es de revocarse la sentencia recurrida y dictarse otra en favor del demandado.

Revocada la sentencia recurrida y dictada otra en favor del demandado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado'-' del Toro, Aldrey y Hutchison,.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Sánchez, Demandante, Apelante y Apelado, v. Hartzell et al., Demandados, Apelados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Areeibo en pleito sobre reivindicación y daños y perjuicios.
    No. 1681.
    Resuelto en julio 27, 1918.
    Acción Reivindicatoría — Jurisdicción.-—El demandante no tuvo necesariamente que acudir a la corte de distrito de los Estados Unidos en y para el distrito de Puerto Rico para establecer su acción reivindicatoría, porque fuera des-pojado de su finca a consecuencia de una orden expedida por dicho tribunal. La corte de jurisdicción general del distrito en que estaban situados los bienes, en este caso la de distrito de Areeibo, tenía potestad para conocer del pleito.
    Mención en el Registro de la Propiedad. — La circunstancia de haberse hecho constar en el registro al inscribirse la venta de la finca de que se trata en este caso a favor de Erau y Oía., que tal venta se había verificado sin per-juicio de los derechos que pudiera tener la sociedad de abogados Ilartzell y Rodríguez Serra a la mitad de la finca, sin especificar esos derechos, ni si se referían al dominio o a cualquier otro derecho real, no puede considerarse como determinante de la existencia jurídica de una mención, dentro del sis-tema hipotecario vigente en Puerto Rico.
    Venta Judicial — Advertencia del Marshal — Embargo Preventivo — Contrato Privado : Su Eeci-ia. — Habiendo sido la finca previamente embargada por Erau y Cía., la advertencia del marshal al venderla con respecto a los dere-chos que pudieran tener Il'artzell y Rodríguez Serra a la mitad de la misma, no pudo destruir por sí sola los derechos adquiridos por Erau y Cía., por virtud del embargo. Para que ITartzell y Rodríguez Serra hubieran podido sostener que habían adquirido la finca libre del gravamen, debieron probar, lo que no hicieron, que la fecha del traspaso de su diente a ellos era anterior a la del embargo.
    Daños t Perjuicios. — Examinadas las pruebas, el tribunal concluyó que la evi-dencia era suficiente jiara condenar a los demandados a pagar al demandante determinada suma por daños y perjuicios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del demandante: Sres. Henry G. Molina y Raf. Rivera Zayas.

    Abogados de los demandados: Sres. Charles Harlsell y M. Rodrigues Serra.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de mi pleito sobre reivindicación y daños y per-juicios. El demandante alegó que era dueño en pleno do-minio de una finca rústica de cien cuerdas radicada en los términos municipales de Ciales y Manatí; que hallándose en la quieta posesión de ella desde el 21 de agosto de 1911 en que la adquirió por compra a- Cristóbal Frau, fué desa-lojado de la misma violenta e ilegalmente en enero de 1913 a instancias de los demandados, quienes entraron en la pose-sión de la finca y se mantienen en ella; que mientras el demandante estuvo en el disfrute de su propiedad la cultivó sembrando alrededor do quince cuerdas de tabaco y otras más de plátanos y frutos menores, y que sufrió daños y per-juicios por valor de mil pesos. Tales son, en resumen, las alegaciones del demandante.

Los demandados alegaron excepciones previas que fueron finalmente desestimadas y contestaron negando los hechos de la demanda y alegando como materia nueva, en‘resumen, que por virtud de cierto pleito seguido en la Corte Federal, Enrique Pousa Parés llegó a ser dueño de la finca de que se trata y cedió a los demandados sus abogados un condominio de la mitad de la misma; que trataron de tomar posesión de su condominio y encontrando serios obstáculos obtuvieron el 5 de septiembre de 1912 de la Corte Federal una orden de posesión dirigida al márshal, que fué cumplimentada en 2 de enero de 1913; que la finca fué objeto de un embargo y luego de una venta judicial practicada por la Corte Municipal de Manatí y que al verificarse dicha venta los compra-dores fueron informados de los derechos de los demandados, habiéndose inscrito su título con tal advertencia en el regis-tro de la propiedad. Y los demandados alegan además que la Corte de Distrito de Arecibo no tiene jurisdicción por tratarse de un asunto ventilado y que debía continuar venti-lándose en la Corte Federal.

Trabada así la contienda, la corte.de distrito declaró con lugar la demanda en cuanto a la reivindicación y sin lugar en cuanto' a la reclamación de daños y perjuicios. Ambas partes apelaron entonces para ante este tribunal.

La cuestión de jurisdicción planteada carece de impor-tancia. Como sostiene el juez de distrito, la acción reivin-dicatoría establecida por una persona que no fué parte en el pleito iniciado y terminado en la Corte Federal, no está su-jeta a la jurisdicción de dicha corte porque el despojo se haya cometido usándose de una orden de la misma. El dueño desposeído acudió propiamente en demanda de justicia a la corte de jurisdicción general del lugar en que están situados sus bienes.

Examinadas las pruebas no hay duda alguna con respecto a la identidad de la finca y al título de dominio que tiene sobre ella el demandante. El demandante la adquirió por compra el 21 de agosto de 1911 a Cristóbal Frau y su título quedó inscrito en el registro desde el 12 de septiembre de 1911; Frau a su vez la había adquirido por compra a Ramón Castillo el 11 de marzo de 1911; Castillo por compra a Francisco Sánchez Cines, el 3 de septiembre de 1910; Cines por compra a Ramón Castillo el 23 de julio de 1909; Castillo por compra a la sociedad Frau y Cía., y Frau y Cía. por último, por compra en pública subasta el 20 de febrero de 1907, en pleito seguido contra Enrique Pousa Pares, de quien alegan que traen causa también los demandados. Todas las ante-riores transferencias constan inscritas en el registro de la propiedad.

Fué cuando la venta a Frau y Cía. que el márshal hizo la advertencia alegada por los demandados en su contestación. Pero es lo cierto que la finca había sido ya previamente em-bargada a las resultas del pleito en que fué finalmente ven-dida, seguido contra el cliente de los demandados, y éstos no pudieron obtener de su cliente más de lo que su cliente tenía. El peso de la prueba para demostrar que se había hecho a los demandados la cesión con anterioridad al 30 de noviembre de 1906, fecha del embargo, correspondía a los demandados, y ellos no lo hicieron así. Ellos demostraron que- tenían a su nombre cierta cesión privada bóchales por su cliente ins-erita en los libros de la Corte Federal desde el 31 de diciem-bre de 1906 en cnanto a la mitad de la finca habiendo adqui-rido su cliente la finca entera por virtud de la sentencia que obtuvo a su favor en la dicha Corte Federal. La cesión era de fecha agosto 1, 1906, pero los demandados estaban obli-gados a probar la fecha en que en realidad de verdad se otorgó la cesión y no limitarse a confiar en la fecha mencio-nada en el documento. Yéase el artículo 1195 del Código Civil.

En cuanto a la. circunstancia de haberse hecho constar en el registro desde la inscripción a favor de Frau y Cía. que la venta se hacía sin perjuicio de los derechos que pudieran tener Hartzell y Rodríguez Serra a la mitad de la finca, sin determinar esos derechos, ni si se referían al dominio o a cualquier otro derecho real, es bien claro que no puede con-siderarse como determinante de la existencia jurídica de una mención, como sostiene en su opinión la corte de distrito. Si es que en realidad los demandados tenían algún derecho, es lo cierto que nunca trataron de inscribirlo de modo específico, como requiere la ley, en el registro. No es necesario dis-cutir el caso de Jordán v. Gómes, 18 D. P. R. 151.

La sentencia, pues, en cuanto declaró con lugar la reivin-dicación, debe confirmarse. Examinemos la cuestión de frutos.

Sostiene la corte sentenciadora en su opinión que la prueba en cuanto a ese extremo es deficiente y confusa. Sin embargo la liemos examinado y aunque convenimos en que pudo ser en efecto más precisa, esto no obstante hay en ella ele-mentos que permiten fijar una> cantidad mínima que sin temor a dudas pueda considerarse como perjuicios realmente su-fridos por el demandante a virtud de los actos de los deman-dados.

El testigo Lorenzo Casanovas declaró que el demandante tenía a la fecha del desalojo de diez a doce cnerdas sembradas de tabaco que podían valer de ochenta a noventa pesos cada una; que tenía sembrados además plátanos, guineos y habi-chuelas, y que la finca podría producir'en limpio, de quinientos a seiscientos pesos anuales. Otro testigo, Eulogio Perales, asegura que cuando el demandante fué echado de la finca tenía sembrados frutos menores y como de nueve a diez cuer-das de tabaco. Y declarando el propio demandante como testigo expresó que en efecto tenía doce o trece cuerdas de tabaco que valían ochenta pesos cada una, que seis eran de él y en el resto, cultivado por sus agregados, le correspondía la mitad, y que los frutos menores valdrían de doscientos a trescientos pesos. Que la finca producía en limpio de cua-trocientos a quinientos pesos anuales.

Esa prueba quedó en pie. Por. virtud de los actos de los demandados el demandante ha sido privado por años de la posesión de una fincg, que legítimamente le pertenece. En esa finca tenía cultivos al tiempo del despojo, cultivos que no pudo recoger. Sin hacer cálculos sobre lo que la finca pudo producir, limitándonos a lo perdido en las siembras, y de esto tomando una cantidad que esté necesariamente com-prendida dentro de la prueba, creemos que lo menos que la justicia requiere que se ordene reintegrar por los deman-dados al demandante es la suma de quinientos pesos.

En consecuencia de lo expuesto debe revocarse la sen-tencia apelada en cuanto a su pronunciamiento sobre frutos, sustituyéndose el pronunciamiento revocado por otro que conceda una indemnización por la suma indicada.

Confirmada la sentencia apelada en cuanto a la reivindicación y revocada en cuanto al pronunciamiento sobre frutos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la senten-cia con excepción de lo que se refiere a daños y perjuicios.


author: El Juez Presidente Sr. Hebnández,

text:
    Martorell et al., Demandantes y Apelantes, v. J. Ochoa y Hermano et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. en pleito sobre nulidad y reivindicación.
    No. 1499.
    Resuelto en julio 27, 1918.
    Venta de Bienes de Menores — Jurisdicción.—De acuerdo con los artículos 54 y 74 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil las partes tenían el derecho de acudir en solicitud de autorización para la venta de bienes de menores a cualquier juez o tribunal que tuviera jurisdicción para conocer de esa ma-teria, y como dicha jurisdicción indudablemente radicaba en los juzgados de primera instancia, el juzgado a que se acudiera no podía negarse a co-nocer del caso estimándose incompetente por razón de la materia.
    Autorización Judicial — Bienes de Menores — Competencia para Otorgar Au-torización Judicial. — Aun cuando el artículo 164 del Código Civil Español establece, la necesidad de la autorización judicial para la venta de bienes de menores y también fija la competencia del juez del domicilio para otorgar dicha autorización, esa competencia no impedía que con arreglo al artículo 56 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española se pudiera acudir a cualquier juez de jurisdicción ordinaria para obtener la autorización, ya que la dis-posición contenida en el artículo 1976 del mencionado Código Civil sólo con-tiene cláusula derogatoria del derecho civil común en todas las materias que son objeto del código y no en las materias ajenas al mismo como son las de carácter adjetivo o procesal.
    Ley de Enjuiciamiento Civil Antigua — Código Civil Español. — Los artículos 56 y 58 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refieren a la com-petencia y sumisión de las partes, no fueron derogados por el artículo 164 del Código Civil Español en la materia específica a que el citado articulo se refiere sino que quedaron vigentes como complementarios del mismo. Pue-den armonizarse y no hay verdadero conflicto entre ellos.
    Resolución Anterior — Ley Tradicional del Caso. — La corte puede apartarse de una resolución dictada anteriormente on el mismo caso, pues la tradi-cional ley del caso jamás puede justificar un deliberado sacrificio de los principios esenciales de justicia impidiendo que se rectifique un error co-metido.
    Los lioelios están expresados en Ja opinión.
    Abogados de Jos apelantes: Sres. José y Manuel Ton4 Soto.

    Abogados de los apelados: S¡ es. Bosch y Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia qne en el caso arriba expresado pronunció la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en 22 de diciembre de 1915 desestimando la demanda sin especial condenación de costas.

En dicha demanda enmendada, siendo la original de fecha 5 de junio de 1914, se pide que se declare nula en cuanto a los condominios correspondientes a los demandantes la adju-dicación en pago de ciertas fincas rústicas que se describen en la demanda bajo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, declarándose que a cada uno de los demandantes le corresponde en cada una de las referidas fincas un condominio de 2/18 partes en plena propiedad y otro condominio de % parte en nuda propiedad en un condominio de 2/18 partes y condenando a la sociedad demandada a reconocer dichos condominios y a reintegrarlos a los actores con sus frutos y rentas perci-bidos y podidos percibir, de los cuales deberá rendir cuenta detallada y justificada en el término que se le fije, con cos-tas, desembolsos y honorarios de abogado a cargo de la demandada.

Los hechos determinantes de la acción, que la corte a quo estima probados, son los siguientes:

(a) A cada uno de los demandantes correspondía en cada una de las fincas que se describen en la demanda, un condo-minio de 1/9 parte de la mitad, o sean 2/18 partes de la tota-lidad en plena propiedad y otro condominio de % parte de 2/18 partes en nuda propiedad.

(b) Doña Eosa Torrens, en representación de los deman-dantes menores de edad entonces, en el ejercicio de su patria potestad vendió a la sociedad J. Ochoa y Hermano por escri-tura de 18 de marzo de 1904, los condominios correspon-dientes en plena propiedad a dichos menores, como herederos de su padre don Pedro Martorell, en los referidos inmuebles.

(c) Doña Eosa Torrens verificó la referida venta en vir-tud de autorización que le fué concedida por la Corte de Distrito de San Juan por resolución de 28 de abril de 1902, teniendo en esa fecha así como al tiempo de otorgarse la escritura, la expresada señora y sus hijos menores bajo su patria potestad, su residencia, domicilio y vecindad en el Municipio de Ciales.

(d) La sociedad demandada se encuentra actualmente en posesión de los inmuebles descritos en la demanda y lia es-tado en dicha posesión desde que se otorgó la escritura de venta, percibiendo los frutos y rentas de los mismos.

(e) La sociedad J. Ochoa y Hermano sostenía correspon-dencia con doña Rosa Torrens y con la sucesión de don Pedro Martorell, dirigida al pueblo de su residencia, o sea Ciales, y estaba enterada de que Ciales era la residencia habitual de la señora Torrens y de sus hijos al tiempo de concederse la autorización judicial.

La parte demandada alegó como defensa especial que la acción ejercitada había prescrito de acuerdo con el artículo 1858 del Código Civil revisado y la corte por ese fundamento desestimó la demanda en su sentencia de 22 de diciembre de 1915.

Esta Corte Suprema, visto y considerado el recurso, con-firmó la sentencia apelada por la que dictó en 28 .de julio de 1917 y de esa sentencia solicitó la parte demandante recon-sideración que le fué concedida, habiéndose traído nueva-mente el caso a estudio con alegaciones así escritas como orales de la representación de los apelantes y del abogado Antonio P. Castro en concepto de amicus curiae, y alega-ciones orales de la representación de la parte apelada.

La cuestión legal principal a discutir es si ha habido o no justo título para la prescripción o sea si es bastante para •ella la escritura de venta de 18 de marzo de 1904 por la que Rosa Torrens en representación de los demandantes entonces menores de edad, en el ejercicio de su patria potestad, vendió a la sociedad J. Ochoa y Hermano los condominios de que se trata, habiendo obrado como obró Rosa Torrens con una auto-rización judicial para la venta que le fué concedida en reso-lución de 28 de abril de 1902 por la Corte de Distrito de San Juan que no era la del domicilio de los menores.

Esa resolución dice así:

“ Resultando que doña Rosa Torrens Risech ha solicitado autori-zación para vender las participaciones proindivisas que sus menores hijos sujetos a su patria potestad y llamados doña Teresa, don Antonio, don Luis, don Miguel y don Gerardo Martorell y Torrens tienen en las fincas místicas siguientes: '* !>í * (las fincas que se describen en la demanda). Resultando que por los tres testigos sin tacha a los que certifica conocer el secretario se ha justificado con citación del ministerio público la necesidad y la utilidad en cuanto a los dichos menores en la indicada venta siendo el Sr. Fiscal de parecer que se conceda la autorización pedida. Considerando lo que dis-ponen los artículos 164 del Código Civil, 2010 y siguientes, y 2029 de la, Ley de Enjuiciamiento Civil, se autoriza a doña Rosa Torrens y Risech en cuanto a sus indicados hijos menores, para que venda las participaciones que en las mencionadas fincas tienen aquéllos. Lo acordaron los Sres. del Tribunal y firman todos de que certifico: Juan R. Ramos. — Juan llorera Martínez. — José R. F. Savage. Ante mí, Ramón Faleón.”

Para apreciar la eficacia legal de dicha resolución se hace necesario fijar ante todo cuál era la legislación vigente en Puerto Rico, aplicable al otorgarse a Rosa Torrens en 28 de abril de 1902 la autorización que la parte demandante ar-guye de nula e inexistente.

Estaban entonces vigentes en Puerto Rico la Ley de En-juiciamiento Civil que comenzó a regir en Io. de enero de 1886 a virtud de Real Decreto de 25 de septiembre del año anterior, y el Código Civil que comenzó a regir en Io de enero de 1890 a virtud de Real Decreto de 31 de julio de 1889.

Como se ve la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil fue anterior a la del Código Civil.

Las reglas determinantes de la competencia según la Ley de Enjuiciamiento Civil citada, que pueden ser atinentes al caso, son las comprendidas en los artículos 56, 58 y 63 que en lo conducente dicen así:

“Art. 56. — Será juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.
“Esta sumisión sól-o-podrá hacerse al juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado.”
“Art. 58. — Se entenderá hecha la sumisión tácita:
“Io. Por el demandante en el mero hecho de acudir al juez inter-poniendo la demanda.
“2o. Por el demandado en el hecho de hacer después de personado en el juicio cualquiera gestión que no sea ]a de proponer en forma la declinatoria. ” ., ¡
“Art. 63. — Para determinar la competencia, fuera de los casos expresados en los artículos anteriores se seguirán las reglas siguientes:
“23. En las autorizaciones para la venta de bienes de menores o incapacitados, será juez competente el del lugar en que los bienes se hallaren o el del domicilio de aquellos a quienes pertenecieren'.”

Comentando Manresa el citado artículo 63 se expresa en los siguientes términos:

“¿Serán tan absolutas estas reglas especiales de competencia, que excluyan en todo caso la sumisión expresa o tácita de las partes?
“La duda podría ocurrir en la aplicación de las demás reglas por referirse a procedimientos que no constituyen pleitos, en el sentido estricto de esta palabra, al tiempo de incoarlos, como sucede en los embargos preventivos, desahucios, retractos, • interdictos y des-lindes, a que se refieren las reglas 12, 13, 14 y 15, y en los actos de jurisdicción voluntaria de que tratan las restantes, excepto la 21, que examinaremos por separado. ‘En cuanto a dichos actos,’ dijo el Tribunal Supremo en varias decisiones de competencia, después de regir la Ley Orgánica de 1870, en la cual se establecieron las reglas de que se trata, y no obstante las mismas, que según el propio tribunal tenía declarado en repetidas sentencias, ‘en los actos de juris-dicción voluntaria no tiene cabida la cuestión de competencia porque ésta la concede la regla Ia. del artículo 1208 de la ley de enjui-ciamiento (la de 1855) al juez ante quien se acude, y sólo puede promoverse cuando aquéllos, perdiendo su carácter de jurisdicción voluntaria, se hayan convertido en asuntos judicialmente contencio-sos.’ (Sentencias de julio 22 y septiembre 30 de 1875; octubre 6 de 1866 y jimio 2 de 1877.) Esta doctrina reconoce como base la sumisión del actor, por el mero hecho de acudir al juez deduciendo su pretensión, y aunque la nueva ley no contiene la regia antes citada de la antigua, está el artículo 56 que concede preferencia para conocer de las acciones de toda clase al juez a quien se hubieren sometido los interesados; por lo cual entendemos que ha de considerarse subsistente la jurisprudencia antes citada del Tribunal Supremo.”
Manresa y Navarro, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, tomo 1, páginas 217 y 218, edición de 1910.

Que el precepto del artículo 56 de la Ley de Enjuicia-miento Civil española ya transcrito contiene una regla general tanto en los casos de jurisdicción contenciosa como en los de jurisdicción voluntaria, se confirma por los artículos 54 y 74 de la misma ley, que dicen así:

“Art. 54. — La jurisdicción civil podrá prorrogarse al juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad objeto del litigio y de la gerarquía que tenga en el orden judicial, pueda conocer del asunto que ante él se proponga.”
“Art. 74.' — En ningún caso se promoverán de oficio las cuestiones de competencia en los asuntos civiles; pero el juez que se crea incom-petente por razón de la materia podrá abstenerse de conocer, oído el ministerio fiscal, previniendo a las partes que usen de su derecho ante quien corresponda.”

En virtud de lo dispuesto en el artículo 54 es obvio que las partes tienen el derecho de acudir en solicitud de auto-rización para la venta de bienes de menores ante cualquier juez o tribunal que tuviera jurisdicción para conocer de esa materia, jurisdicción que indudablemente radicaba entonces en los juzgados de Ia. instancia y teniendo presente la dis-posición del artículo 74, el juzgado a quien se acudiera no podía negarse a conocer del caso por tratarse de materia sometida a su jurisdicción.

“Esta disposición” (la del artículo 74), dice el mismo comentarista Manresa y Navarro, “es la consecuencia natural de lo que prescriben los artículos 54 y 56; según ellos es prorrogable la jurisdicción civil, y tiene competencia pre-ferente el juez a quien se hubieren sometido las partes ex-presa o tácitamente. Luego están obligados los jueces a aceptar el conocimiento de los negocios civiles que los liti-gantes sometan a sn jurisdicción y no pueden por tanto in-hibirse y promover de oficio cuestión alguna de competen-cia. * * * Esta regla tiene una excepción, que se dedu-ciría de los artículos antes citados si no la estableciera expre-samente el que estamos comentando. No puede prorrogarse jurisdicción ante juez que no la tenga para conocer del asunto por razón de la materia, de la cantidad objeto del litigio, o del grado o instancia en que se halle el negocio, como lo pre-viene el artículo 54. * * * En tales casos es radical y absoluta la incompetencia porque procede de la falta de ju-risdicción, y como es de orden público que ningún juez ni autoridad traspase el límite de sus atribuciones, de aquí la facultad que el artículo que estamos comentando concede a los jueces para que se abstengan de conocer cuando se crean incompetentes por razón. de la materia, aunque los intere-sados no propongan la declinatoria ni la inhibitoria.” Man-resa y Navarro, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, tomo 1, páginas 240 y 241.

T no puede sostenerse que el artículo 164 del Código Civil Español aplicable al caso por ser el que regía cuando el .'Juz-gado de Ia. Instancia de San Juan concedió a Eosa Torrens la autorización para la venta de bienes inmuebles de sus menores hijos, derogara los preceptos de la Ley de Enjui-ciamiento Civil que entonces regía y que según jurispru-dencia del Tribunal Supremo de España y de la Dirección G-eneral de los Registros afectaban así a lbs casos de juris-dicción contenciosa como de jurisdicción voluntaria.

Ese artículo dice así:

“Art. 164. — El padre o la madre en su caso no podrán enajenar los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo o la administración, ni gravarlos, sino por causas justificadas de nece-sidad o utilidad y previa la autorización del juez del domicilio, con audiencia del ministerio fiscal, salvas las disposiciones que en cuanto a los efectos de la trasmisión establece la Ley Hipotecaria.”

Opinamos que el artículo transcrito establece la necesidad de la autorización judicial para la venta de bienes de me-nores y también fija la competencia del juez del domicilio para otorgar dicha autorización, pero esa competencia no impedía que con arreglo al artículo 56 de la Ley de Enjuicia-miento Civil pudiera acudirse a cualquier juez de jurisdic-ción ordinaria para obtener la autorización pues la disposi-ción final contenida en el artículo 1976 del Código Civil sólo contiene cláusula derogatoria de todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyan el derecho civil común en todas las materias que son objeto del código, y no en las materias ajenas al mismo como lo son las de carácter adje-tivo o procesal.

“La competencia,” como dice Manresa comentando el ar-tículo 164 del Código Civil Español, “es una cuestión que pertenece al derecho adjetivo y la disposición final del código sólo deroga el derecho civil común.” Manresa, Código Civil, tomo 2, página 42, edición de 1903.

“El Código es una ley sustantiva y civil cuya publicación sólo puede afectar a las de su misma índole, no a las de naturaleza diversa, esto es, a las adjetivas o procesales como es la de enjuiciamiento civil.” Scaevola, Código Civil, tomo 3, p. 311.

Entendemos, pues, que los artículos 56 y 58 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil no fueron derogados por el ar-tículo 164 deb Código Civil Español, sino que quedaron vi-gentes como complementarios del mismo. No hay verdadero conflicto entre aquéllos y éste sino que pueden armonizarse en los términos expuestos.

La doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Es-paña en las sentencias de 22 de julio y 30 de septiembre de 1875, 6 de octubre de 1876 y 2 de junio de 1877, de que en los actos de jurisdicción voluntaria no tienen cabida las cues-tiones de competencia porque la ley concede ésta al juez ante quien se haya acudido, ha sido invocada por la Dirección General de los Registros de España en resoluciones de 22 de enero de 1886, 9 de mayo ele 1889 y 8 de febrero de 1907, como también por esta Corte Suprema al resolver en 25 de marzo de 1905 recurso gubernativo de Sola contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas, 8 I). P. R. 213. En esa resolución dejamos establecido, tratándose precisamente de un caso de jurisdicción voluntaria “que es principio general en materia de competencia, que es juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las ac-ciones de todas clases, aquél a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente siempre que tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en .el mismo grado, y que este principio que establecía la antigua Ley de Enjui-ciamiento Civil en su artículo 56, lia sido reproducido por el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 76 y 77 * * Siendo la autorización para la enajenación de bienes de menores un acto de jurisdicción voluntaria tam-bién a esa autorización es aplicable la doctrina expuesta.

Y debemos hacer constar que según el artículo 1814 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, en los actos de juris-dicción voluntaria debía ser oído el promotor fiscal cuando la solicitud promovida afectaba a los intereses públicos y cuando se refería a persona o cosa cuya protección o defensa competían a la autoridad, debiendo el promotor emitir por escrito su dictamen, y que para decretar la venta de bienes de menores exigía la misma ley en su artículo 2011, entre otros requisitos, que se oyera al promotor fiscal. El pro-motor fiscal fué oído en el expediente promovido por Rosa Torrens para obtener la autorización de venta y lejos de oponerse estuvo conforme con ella sin que para la protección o defensa de los menores solicitara como pudo solicitar que el juez la denegara si estimaba de aplicación el precepto del artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuya reso-lución hubiera sido apelable para ante la Audiencia Territorial.

Por las cuestiones que trata nos parece oportuno trans-cribir la resolución de la Dirección G-eneral de los Registros de 22 de enero de 1886 que dice así:

‘ ‘ Considerando que para resolver la otra cuestión que en presente recurso se ventila, hay que investigar si las reglas especiales de com-petencia que establece el artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son tal absolutas que excluyen en todo caso la sumisión expresa o tácita de las partes;
“Considerando que las mismas palabras del citado artículo 63 sirven para dar una solución a ese problema, ya que al ordenar que las reglas que contiene deben observarse fuera de los casos expre-sados en los artículos anteriores, reconoce que tales reglas son ina-plicables a los casos de que tratan esos artículos, y como quiera que entre éstos se halla el 56, que sienta como principio general en ma-teria de competencia la sumisión de las partes, es evidente que cuando ésta medie no puede invocarse la regla especial de com-petencia ;
“Considerando que por más que puede oponerse a esta doctrina el que el citado artículo 56 habla de pleitos, y no tienen tal carácter los actos de jurisdicción voluntaria, en cuyo número figura el que ha dado origen al presente recurso, destruye tal objeción la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en varias sentencias, y señalada-mente en las de 22 de julio y 30 de septiembre de 1875, 6 de octubre de 3876 y 2 de junio de 1877, según las que en los actos de jurisdic-ción voluntaria, no tienen cabida las cuestiones de competencia porque la ley concede ésta al juez ante quien se haya acudido;
“Considerando que si bien esta jurisprudencia giraba sobre la regla Ia. del artículo 1208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, regla que no contiene la nueva ley, no debe olvidarse en primer término, que cuando el Tribunal Supremo sentaba esa jurispruden-cia, se hallaba vigente la Ley Orgánica de 1870, que consignaba casi todas las reglas de competencia que figuran en el artículo 63 de la presente ley; además, que el artículo 56 de ésta al eoneeder competencia preferente para conocer de las acciones de toda clase al juez a quien se hubieren sometido los interesados, consigna una regla general que alcanza también a los actos que nos ocupan, y deja subsistente la jurisprudencia del Tribunal Supremo; y por último, que es opinión de autorizados comentaristas que las reglas del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo son aplicables a los casos en que no hay sumisión de todos los interesados en un asunto a diferente juzgado del que el referido artículo determina.”

Es de notar que el Libro I de la antigua Ley de Enjuicia-miento Civil en que están incluidas las regias de competencia a que nos liemos referido lleva por epígrafe “Disposiciones Comunes a la Jurisdicción Contenciosa y a la Voluntaria,” y que por tanto el pensamiento del legislador español fuó que los preceptos de competencia se aplicaran tanto a una como a otra jurisdicción.

Por el estudio que liemos lieclio no tenemos conocimiento de un sólo caso en que se haya levantado y decidido por el Tribunal Supremo la cuestión legal sobre nulidad de una autorización concedida por un juez que no fuera el del domi-cilio del menor; pero la falta de jurisprudencia precisa sobre el particular nos induce a pensar que tal cuestión no se lia levantado por ser creencia general y uniforme, tanto en España como en sus posesiones, la de ser válida la autori-zación concedida por cualquier juez de jurisdicción ordinaria.

En el caso sometido a nuestra consideración ni el abogado que dirigió a Eosa Torrens y redactó la.solicitud en demanda de autorización judicial para la venta de bienes de sus me-nores bijos, ni los tres jueces que conocieron de dicha soli-citud, ni el fiscal que emitió dictamen favorable sobre ella, ni el notario que redactó la escritura de venta, ni el regis-trador que hubo de inscribir el título de dominio abrigaron la menor duda de que era legal el procedimiento empleado y aun más, los mismos demandantes han dejado transcurrir impasibles los años de 1904 al 1914 sin ejercitar el derecho de que se creen asistidos y sin alegar razón alguna que jus-tificara su tardanza en el ejercicio ele ese derecho, cual si ellos mismos estuvieran persuadidos de que la autorización era válida por haber sido concedida por juez competente.

Acaso la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Garzot v. Rubio, 209 U. S. 303, y la nuestra en el caso de Esterás v. Arroyo, 16 D. P. R. 727 lian influido para sacarlos del quietismo en que se encontraban; pero si se examinan con detenimiento los casos que las moti-varon es necesario concluir que no son aplicables al presente.

Bajo la teoría que dejamos establecida opinamos que la Corte de Distrito de San Juan tenía jurisdicción para otor-gar a Eosa Torrens la autorización a que se refiere la reso-lución transcrita de 28 de abril de 1902 y que también tuvo competencia para otorgarla, por el hecho de haberse some-tido a ella la expresada señora siendo en sn consecuencia válida y eficaz en derecho dicha resolución y en su virtud válida y eficaz la venta hecha por Eosa Torrens a la sociedad J. Ochoa y Hermano por escritura de 18 de marzo de 1904.

Ciertamente que al opinar hoy como opinamos nos apar-tamos de la resolución dictada en el presente caso en julio 23, 1915, 23 D. P. R. 43, en que por estimar nula la autoriza-ción concedida a Eosa Torrens por auto de 28 de abril de 1902 resolvimos ser improcedente la excepción de falta de acción opuesta a la demanda por los demandados, pero la tradicional ley del caso jamás puede justificar un deliberado sacrificio de los principios esenciales de justicia impidién-donos rectificar el error cometido. Aquella resolución no era una sentencia definitiva. Great Western Tel. Co. v. Burnham, 162 U. S. 339.

“Y no entendemos que el principio referente a que una vez dic-tada una resolución se convierte en la ley establecida del caso sea un principio de acero, incapaz de doblegarse en forma alguna. Pue-den surgir casos en los cuales se demuestre clarameiite que la pri-mera decisión fue errónea; que no solamente se derivará un per-juicio en el caso de autos si Se mantiene dicha decisión, sino que también otros intereses en la comunidad habrán de ser perjudicados; de aquí que no dudemos de la facultad de la corte para considerar y revocar una decisión anterior en el mismo caso.” Central Branch Union P. R. Co. v. Shoup Co., 28 Kan. 394, 42 Am. Rep. 163.
“En ausencia de todo estatuto sobre el particular, la frase 'ley del caso’ aplicada al efecto de órdenes anteriores como última acción de la corte habida en el caso, expresa simplemente la práctica general de las cortes al negarse a abrir a nueva discusión cuestiones que han sido ya resueltas, pero no establece un límite a sus facul-tades.” Messenger v. Anderson, 225 U. S. 436, y casos citados.

Pero es que aun sin ir contra nuestra decisión de 23 de julio de 1915, 23 D. P. R. 43, la sentencia apelada se sosten-dría por el fundamento de haber prescrito la acción ejerci-tada de acuerdo con el artículo 1858 de dicho código que la corte inferior estimó aplicable al caso y que la parte ape-¡ante invoca como infringido por la sentencia de 22 de diciembre de 1915.

Los artículos del Código Civil que regulan la cuestión de prescripción envuelta en el presente caso, son los 1841, 1851, 1853, 1854, 1855 y 1858, que transcribimos a continuación:

“Artículo 1841. — Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley.”
“Artículo 1851. — La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía trasmitir su dominio.”
“Artículo 1853. — Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya» prescripción se trate. ’ ’
“Artículo 1854. — El título para la prescripción ha de ser verda-dero y válido.”
“Artículo 1855. — El 'justo título debe probarse; no se presume nunca. ’ ’
“Artículo 1858. — El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre pre-sentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título.”

Gomo se ve, el Código Civil en su artículo 1858 exige para la adquisición por prescripción del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, buena fe, justo título y posesión por diez años entre presentes y veinte entre ausentes.

En el artículo 1851 define el- concepto de la buena fe, el cual consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa el poseedor, era dueño de ella y podía transmitir su dominio. Para la buena fe basta la creencia indicada y no es necesario el hecho real y positivo de que la persona de quien el poseedor recibió la cosa fuera en efecto dueño de ella y pudiera transmitir su dominio. Ese concepto de la buena fe concuerda con el artículo 436 aplicable a la pres-cripción, lo mismo que el 437, por precepto terminante dei 1852, cuyo artículo 436 establece que se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalido, reputándose poseedor de mala fe al qiie se halla en el caso contrario. Y según el artículo 437 la buena fe se presume siempre y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba. De modo que es poseedor de buena fe el que cree que adquirió la cosa de quien era dueño de ella y podía transmitir su dominio, o el que ignora que en su título o modo de adquirir existiera vicio que lo invalidara. Así es que la buena fe es compatible con un título, afectado por un vicio que lo invalide, siempre que se ignore la existencia del vicio por el poseedor o éste crea que no existe.

Por lo que atañe al justo título, por modo expreso dice el artículo 1853 que se entiende por tal el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya pres-cripción se trate. Para que el título sea justo no es nece-sario que de hecho transfiera el dominio o derecho real sino que sea suficiente para transferirlos, aunque adolezca de un vicio que lo invalide. Y tiene que ser así, porque si bajo el nombre de justo título que la ley exige para la prescripción, viniera comprendido solamente un título adornado de todos los requisitos así internos como externos necesarios para la transmisión real y positiva del dominio, holgaría la pres-cripción como medio adquisitivo del dominio.

“ ‘Esto no solamente es lo justo sino que es lo legal,’ como ya dijimos al resolver el caso de Teillard v. Teillard, 18 D. P. R. 568, ‘so pena de que queden sin efecto las disposiciones del Código Civil referentes a que por el transcurso de diez años entre presentes y de veinte entre ausentes, se adquiera por prescripción el dominio de las cosas inmuebles poseídas con buena fe y justo título. Si la pose-sión transmitida mediante una venta, aun así necesitara treinta años para prescribir, holgarían esos preceptos del código y también las muchas decisiones de esta Corte Suprema, dictadas de conformidad ron los citados preceptos al resolver apelaciones sobre informaciones de dominio, que están contenidas en mayor número en los tomos 3, 5 y 6 de nuestras decisiones.’ ”

Y agregamos entonces, invocando la sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de octubre de 1881, que “si el título nulo no puede dejar de serlo convirtiéndose en vá-lido, las leyes fundadas en razón de conveniencia pública lian dado en algunos casos a la posesión una fuerza irrevocable, no por virtud de su causa originaria, sino por el respecto debido a un estado consagrado por el transcurso del tiempo.”

La doctrina expuesta fué ratificada posteriormente en los casos de Picard v. de León, 22 D. P. R. 592, Arroyo et al. v. Bruno et al., 23 D. P. R. 814, y Maldonado v. Ramos et al., 24 D. P. R. 297.

El Tribunal Supremo de España, en sentencia de 2 de octubre de 1908, al resolver recurso de casación en que se citaban como infringidos los artículos 1950, 1952 y 1953 del Código Civil Español (1851, 1853 y 1854 del Eevisado), por haberse estimado bastante para la prescripción ordinaria una escritura de venta de una concesión por un viudo que la había adquirido siendo casado, sosteniéndose que dicho título era nulo e ineficaz para la prescripción, desestimó el recurso por los siguientes motivos:

“Io. Porque la escritura -de 16 de julio de 1891 es un título jusvo y perfecto en sus condiciones externas de los establecidos en la ley, para poder transmitir el dominio, y reúne los requisitos exigidos en lo.s artículos 1952 y 1953 del Código Civil, no siendo dable, lega 1-mente, confundir la nulidad que para los efectos de la prescripción pueda afectar a. los títulos, por la falta de alguno de aquellos que, según su carácter respectivo, obsten a su estimación en juicio, con la derivada de la naturaleza de los actos realizados y de la capacidad de las personas; 2o. porque siendo presumible siempre la buena fe y consistiendo ésta en la creencia de que la persona de quien se recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su dominio según el artículo 3950, no puede negarse esta condición a las compa-ñías demandadas por la mera particularidad de que el Conde de Locatelli hubiese otorgado la escritura, consignando en ella su estado de viudo, puesto que aparecía como único concesionario y tiene en este concepto el carácter de dueño, aparte de las inconveniencias familiares producidas por la defunción de su esposa ocurrida mes y medio antes del otorgamiento de aquélla, que pudieron haber pa-sado inadvertidas para los que intervinieron en la constitución de la sociedad, y porque para la estimación de una mera creencia a los efectos de la buena fe no hay que aplicar los principios estrictos de derecho como si se tratara de juzgar acerca de la validez del acto * * Jurisprudencia Civil, tomo 112, página 39.

El mismo tribunal, en sentencia posterior ele 30 ele no-viembre de 1910, establece “Que aun en el supuesto de que una escritura no Rubiera podido transmitir al comprador-la propiedad de los bienes reclamados por la nulidad del título que el vendedor ostentara, si diclia escritura, además de reunir los requisitos externos que la ley requiere consti-tuye por su naturaleza un título traslativo de dominio, es manifiesto que se llenan en ella las condiciones establecidas en los artículos 1952 y 1953 del Código Civil (1853 y 1854 del Revisado), como así lo tiene proclamado esta sala en casos análogos, porque de exigirse que el título invocado transmi-tiera de hecho y de derecho el dominio de la cosa al com-prador, no tendría para qué acudir éste a la prescripción, y este modo de adquirir, por 'lo que respecta a la prescripción ordinaria, sería superfiuo y habría-que borrarlo por innece-sario e inútil de entre todos los admitidos por nuestra legis-lación positiva.” Jurisprudencia Civil, tomo 119, página 486.

En vista de los preceptos legales citados y de !a juris-prudencia ya establecida por esta Corte Suprema conforme con la del Tribunal Supremo de España, llegamos a la con-clusión de que un título hábil para transferir el dominio, aunque no lo transmita de hecho y de derecho al adquirente por adolecer de un vicio que lo invalida, puede servir para adquirir por medio de la prescripción ordinaria el dominio siempre que concurran los requisitos de buena fe y tiempo de posesión prevenido por la ley, siendo además la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida, según el artículo 1842 del Código Civil Revisado.

Nada arguye contra la anterior conclusión el precepto del artículo 1854, según el cual el título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. Al concepto de verdadero en sentido gramatical y legal es opuesto el de falso. Al con-cepto de válido no podemos dar una significación que borre de nuestro código el modo de adquirir por prescripción ordi-naria, como sucedería si entendiéramos por título válido aquel que llenase todas las condiciones internas y externas exigidas por la ley. Título válido será el que reúna los re-quisitos que den vida al título y demuestran su existencia prescindiendo de la naturaleza de los actos realizados y de la capacidad de las personas, si nos atenemos a las sentencias del Tribunal Supremo de España de 2 de octubre de 1907 30 de noviembre de 1910:

Haciendo aplicación al caso de autos de la doctrina legal que dejamos expuesta, forzoso se hace concluir que la so-ciedad demandada lia adquirido por prescripción ordinaria los condominios que los demandantes tratan de reivindicar. La escritura de 18 de marzo de 1904 por la que Eosa Torrens en ejercicio de la patria potestad sobre sus menores liijos los demandantes, y con autorización de la Corte de Distrito de San Juan concedida en 28 de abril de 1902, vendió a la sociedad J. Oclioa y Hermano los condominios expresados, es un título justo, verdadero y válido para la prescripción; justo, por ser de compraventa bastante para transferir el dominio, verdadero pues no lia sido argüido de falso; 3r válido por ser perfecto en sus requisitos externos y aun en las condiciones internas .que afectan a su vida y existencia, con arreglo al artículo 1228 del Códig’o Civil, pues hubo ma-teria del contrato, consistente en los condominios que se describen en la demanda, consentimiento que manifiestan J. Ochoa y Hermano por medio de su gestor don Severo Oclioa y los menores por medio de su representante legal, o sea su madre Eosa Torrens que ejercía patria potestad sobre los mismos, y causa del contrato originada por las presta-ciones de ambas partes, a saber, traspaso de los condominios y pago de su precio. La falta de autorización por corte competente, afectaría a la modalidad del consentimiento que en la escritura de 18 de marzo de 1904 prestó Eosa Torrens en representación de sus hijos menores, pero no a su esen-cia; no haría el título inexistente sino anulable, y por tanto subsistente para la prescripción alegada. La posesión por parte de J. Ochoa y Hermano lia sido de buena fe, pues ésta se presume siempre y las pruebas no demuestran que supiera que en su título o modo de adquirir existía vicio que lo invalidara.

El conocimiento que tuvieran J. Ochoa y Hermano de que Eosa Torrens y sus hijos eran vecinos de Ciales, pueblo co-rrespondiente al distrito judicial de Arecibo y no al de San Juan, dadas todas las circumstancias concurrentes del caso, no destruye la presunción legal de que dicha sociedad haya sido poseedora de buena fe. Y que dicha posesión ha sido en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrrumpida, según exige el artículo 1842 del Código Civil, y por más de diez años entre presentes, no es materia a discutir en el presente recurso.

Hemos dejado transcrita la resolución de 28 de abril de 1902 por la que la Corte de Distrito de San Juan concedió a Eosa Torrens autorización para la venta de las participa-ciones de condominio sobre bienes inmuebles correspondien-tes a sus menores hijos.

Investida con dicha autorización, de cuya eficacia legal no dudaron ni Eosa Torrens ni J. Ochoa y Hermano, la primera en representación de los menores vendió a J. Ochoa y Hermano por escritura de 18 de marzo de 1904 ante el notario don Herminio Díaz Navarro los condominios de referencia.

La escritura de venta fue inscrita en el Eegistro de la Propiedad de Arecibo.

Con razón la ilustrada representación de la parte ape-lada, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, formula la siguiente pregunta: “Si el abogado que dirigió a doña Eosa Torrens y redactó la solicitud creyó proceder correcta y legalmente presentándola al Tribunal de Distrito de San Juan, si el fiscal emitió un dictamen favorable, si los tres jueces que conocieron de dicha solicitud dictaron una reso-lución de acuerdo con lo solicitado, si el notario que redactó la escritura y teniendo el documento judicial a la vista no le opuso reparo, si el registrador que lrubo de inscribir el título de dominio, no observó ningún vicio que lo invalidara, siendo todos ellos peritos en el conocimiento del derecho y los lla-mados por la ley a calificar la validez o invalidez de un documento, 4 con qué razón ni con qué derecho se pretende ahora que J. Ochoa y Hermano sea responsable de los vicios o errores cometidos por un tercero y completamente ajenos e independientes de su voluntad? Si los jurisperitos no vieron ni notaron defecto alguno en la autorización judicial concedida a doña Eosa Torrens, ¿ cómo se -quiere que los viera y notara J. Ochoa y Hermano, profano en la técnica jurídica? No era J. Ochoa y Hermano el llamado a resolver un problema legal de tan difícil solución que exige un análisis profundo de los preceptos legales envueltos en la ameritada autorización, como ha venido a demostrarlo después esta misma corte al rendir su decisión en este punto que acusa un estudio dete-nido, arduo y complejo de la materia.’'

Ciertamente que una corte sin jurisdicción no puede dar autoridad a nadie para enajenar bienes de menores. Pero es que la Corte de Distrito de San Juan tenía jurisdicción para otorgar la autorización aunque como mera hipótesis .admitamos que no fuera la competente para otorgarla sino la Corte de Distrito de Arecibo.

Jurisdicción en derecho español que es el que debe regular el presente caso, según el concepto que de ella nos da el ilustrado comentarista Manresa y Navarro en sus comen-tarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil española, es la potes-tad de que se hallan revestidos los jueces para administrar justicia; y competencia es la facultad- que tienen para co-nocer de ciertos negocios, ya por la naturaleza misma de las cosas o bien por razón de las personas; la primera es el género y la segunda la especie. La jurisdicción emana siempre de la ley directa e inmediatamente; nadie puede ejercerla sin que la ley le haya concedido este poder; sólo tienen jurisdicción, sólo pueden administrar justicia las per-sonas a quienes les ha sido concedido este poder con arreglo a la lej^; más, la competencia del juez para conocer de un negocio, aunque se derive también de la ley, unas veces trae de ella su origen directa, inmediata y exclusivamente, y otras lo tiene de la voluntad de las partes. El primer caso forma la regia g’eneral, y el segundo las excepciones. Garcés v. Franceschi, 1 S. P. R. 282, Bayron et al. v. García et al., 17 D. P. R. 538. Si la autorización se hubiera concedido por esta Corte Suprema o alguno de sus jueces o por una corte municipal o de paz, o por cualquier funcionario o particular no facultado para administrar justicia, la autorización en-tonces hubiera sido nula por falta de jurisdicción y bien hubiera podido calificarse de inexistente. Su nulidad no se deriva de falta de jurisdicción sino de falta de competencia por la corte que la otorgó. Jurisdicción y competencia son conceptos distintos, por más que frecuentemente se emplean como sinónimos.

El caso de Longpré v. Días, 237 U. S. 512, no es igual al presente, en que realmente se concedió por una corte de distrito autorización para la venta, la cual tenía la presun-ción de válida hasta que fue puesta en tela de juicio por la demanda de 5 de junio de 1914, cuando ya se habían llenado todos los requisitos que la ley exige para la prescripción ordinaria adquisitiva del dominio entre presentes.

Por las razones expuestas opinamos que desautorizando nuestra resolución de julio 23, 1915, es de confirmarse la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 22 de diciembre de 1915, desestimando la demanda, sin especial condenación de costas.

Confirmada la sentencia apelada.

Juez concurrente: Sr. Asociado Aldrey.

Los Jueces Sres. Asociados del Toro y Hutchison firma-ron conformes con la sentencia,- pero sin discutir la excep-ción de prescripción.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió en la resolución de osle caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Martorell et al., Demandantes y Apelantes, v. J. Ochoa y Hermano et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre nulidad y reivindicación.
    No. 1498.
    Resuelto en julio 27, 1918.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el easo No. 1499, Mar-torell et ál. v. J. OeTioa y Hermano et at, pág. 689.
    Abogados 'de los apelantes: •Sres. José y Manuel Tons Soto.

    Abogados de los apelados: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal. _

Se trata de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia que en el caso arriba expresado pronunció la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en 22 de diciembre de 1915 desestimando la demanda sin especial condenación de costas.

En elidía demanda se pide que se declare nula la venta otorgada por Bosa Torrens en representación de los deman-dantes a favor de Juan Eonre Dalman por escritura de 5 de marzo ele 1897 con relación a los condominios correspondien-tes a dichos demandantes en la finca rústica que se describe en la demanda, y nula también la venta hecha por Boure Dalman a J. Ochoa y Hermano de dichos condominios, por es-critura de 29 de mayo de 1903, y las inscripciones consiguien-tes, declarando además, que dichos condominios corresponden a los demandantes y condenando a la sociedad demandada a re-integrarlos a los mismos demandantes con sus frutos y rentas percibidos y podidos percibir, de los cuales deberá rendir cuenta detallada y justificada, con costas, desembolsos y hono-rarios de abogado a cargo de la demandada.

Los hechos determinantes de la acción que la corte a quo estima probados, son los siguientes:

(a) A cada uno de los demandantes corresponde en la finca descrita en la demanda un condominio de 1/9 parte de la mitad o sean 2/19 partes en plena propiedad y un condo-minio de y8 parte de ¡2/19 partes en nuda propiedad.

(5) Eosa Torrens en representación de los demandantes y como madre investida de patria potestad sobre los mismos vendió a Juan Eoure Dalmau por escritura de 5 de marzo de 1897 ante el notario don Antonio Alvarez Nava los condo-minios a que se deja hecha referencia mediante autorización del Juzgado de Primera Instancia de Catedral obtenida por auto de 25 de febrero de 1897, teniendo entonces como tam-bién al tiempo de solicitarse la autorización y otorgarse dicha escritura doña Eosa Torrens y sus hijos menores su resi-dencia, domicilio y vecindad en el municipio de Ciales.

(c) Don Juan Eoure Dalmau por escritura otorgada tam-bién ante el notario don Antonio Alvarez Nava en 5 de marzo de 1897, hipotecó la finca de que se trata a favor de la, mer-cantil J. Ochoa y Hermano, a quienes posteriormente la ven-dió por escritura de 29 de mayo de 1903 otorgada ante el notario don Jacinto Texidor, constándole a dicha mercantil que la venta hecha a su causante Eoure Dalmau fué autori-zada por el Juzgado de Primera Instancia de Catedral de la ciudad de San Juan.

(d) La sociedad demandada J. Ochoa y Hermano se en-cuentra- en posesión de lá finca de que se trata y ha estado en esa posesión desde el año 1903 percibiendo los finitos y ren-tas de la misma.

(e) La mercantil J. Ochoa y Hermano sostenía corres1 pondencia con doña Eosa Torrens y con la sucesión de don Pedro Martorell, dirigida al pueblo de su residencia, o sea Ciales, y sabía que Ciales era la residencia habitual de la señora Torrens y de sus hijos al tiempo de concederse la autorización judicial

La parte demandada alegó como defensa especial que la acción ejercitada había prescrito de acuerdo con el artículo 1858 del Código Civil Revisado y la corte por ese fundamento desestimó la demanda en su sentencia de 22 de diciembre de 1915.

Esta Corte Suprema, visto y considerado el recurso, con-firmó la sentencia apelada por la que dictó en 28 de julio de 1917 (25 D. P. R. 759), y de esa sentencia solicitó la parte demandante reconsideración que le fue concedida, habiéndose traído nuevamente el caso a estudio con alegaciones así escri-tas como orales de la representación de los apelantes y del abogado Antonio F. Castro en concepto de amicus curies, y alegaciones orales de la representación de la parte apelada.

Al considerar si había o no justo título para la prescrip-ción, trajimos a estudio por estimarlo conveniente a los inte-reses de la justicia nuestra resolución de 23 de julio de 1915, Martorell et al. v. J. Ochoa y Hermano et al, 23 D. P. R. 31, y hemos llegado a la conclusión, volviendo sobre dicha resolu-ción, de que la escritura de 29 de mayo de 1903 otorgada x^or Juan Roure Dalmau a favor de la mercantil J. Ochoa y Her-mano no adolece del vicio de nulidad que se le atribuye, por no aclolocer de ese vicio la autorización que Rosa Torrens obtuvo del Juzgado de Ia. Instancia de Catedral por auto de 25 de febrero de 1897, x>ara vender a Roure Dalmau los con-dominios de que se trata.

Dicha conclusión se sostiene por las mismas razones que consignamos en la opinión que sirve de fundamento a la deci-sión del recurso No. 1499, pronunciada en esta fecha, las que aquí ratificamos y damos por reproducidas.

Pero es que aún en la hipótesis de que sostuviéramos nues-tra decisión de 23 de julio de 1915 en el mismo caso y entre las mismas partes, 23 D. P. R. 31, la sentencia apelada se sostendría por el fundamento de haber prescrito la acción ejercitada.

Es indiscutible que la mercantil J. Ochoa y Hermano ha estado en i>osesión de los condominios de que se trata por más de diez afios que es el período aplicable al caso por tra-tarse de prescripción entre presentes.

La posesión lia sido de buena fe, la cual debe presumirse siempre, correspondiendo la prueba de la mala fe del posee-dor al que la afirma, según el artículo 437 del Código Civil, y esa'mala fe como cuestión que es de hecho ha debido pro-barse.. No se ha probado, como tampoco se ha probado me-diante la correspondiente evidencia que J. Ochoa y Hermano tenían conocimiento de que la escritura pública que les sirve de título, o sea, la otorgada a su favor por Juan Roure Dal-mau, contuviera algún vicio que la invalidara, lo cual basta para que su posesión sea reputada de buena fe con arreglo al artículo 436 del Código Civil concordante con el 1851. La buena fe del poseedor, que como hemos dicho antes siempre e’s de presumirse, consiste según el artículo 1851 en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Para la estimación de una mera creencia a los efectos de la buena fe no bay que aplicar los principios estrictos de derecho como si se tratara de juz-gar acerca de la validez del acto, según sentencia del Tribunal Supremo de España de 2 de octubre de 1908, Jurisprudencia Oiv. 112, página 39. Viene a corroborar la presunción de la buena fe por parte del poseedor, la autorización concedida para la venta por el Juzgado de Primera Instancia de Catedral.

Por lo que atañe al justo título para la prescripción, que en el caso presente es la escritura otorgada por Juan Roure Raiman a favor de J. Ochoa y Hermano aun en la mera hipó-tesis de que aquél no hubiera podido transmitir a esa sociedad la propiedad de los bienes reclamados, como dicha escritura además de reunir los requisitos externos que la ley exige constituye por su naturaleza un título traslativo de dominio, es manifiesto que se llenan en ella las condiciones establecidas en los artículos 1853 y 1854 del Código Civil Revisado, porque de exigirse que el título invocado transmitiera de hecho y de derecho el dominio de la cosa al comprador, no tendría éste por qué acudir a la prescripción, cuyo modo de adquirir por lo que respecta a la prescripción ordinaria sería supérfluo y habría que borrarlo por innecesario e inútil de entre los admitidos por nuestra legislación positiva. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 30 de enero de 1910, 119 Jur. Civ. 486. Véase nuestra opinión en el recurso No. 1499, supra.

Es de confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 22 de diciembre de 1915, deses-timando la demanda sin especial condenación de costas.

Confirmada la sentencia apelada.

Juez concurrente: Sr. Asociado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison firma-ron .conformes con la sentencia, pero sin discutir la excep-ción de prescripción.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió en la resolución de este • caso.


author: En Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Agenjo y Santiago et al., Demandantes y Apelados, v. Santiago Rosa et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de contrato, y otros extremos.
    No. 1531.
    Resuelto en julio 27, 1918.
    Nulidad de Escrituras — Autorización Judicial — Bienes de Menores — Juris-dicción — Competencia.—Las escrituras de enajenación de bienes inmuebles de menores otorgadas con autorización de la Corte de Distrito en que no radican los bienes, no adolecen de vieio de nulidad pues aquella eorte tiene" jurisdicción para actuar por razón do la materia y también competencia para otorgar la autorización, derivada de la sumisión de la parte con arreglo a los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil que han sido to-mados de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil española.
    Jurisdicción Voluntaria — Juez Competente. — So lia establecido como regla general por el Tribunal Supremo de España y la Dirección General de los He-gistros que en los actos de jurisdicción voluntaria la ley concede la compe-tencia al juez a quien se haya acudido; y como la autorización para ena-jenar bienes de menores es un acto de jurisdicción voluntaria, también a esa autorización es aplicable la doctrina expuesta.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. Juan de Gusmán Benitez.

    Abogado de los apelados: Sr. M. Tons'Soto.

   En Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del i ribvmal.

Con fecha 27 de mayo de 1913 los demandantes menores de edad, Félix Fabián, José Felipe, Vicente Luis, Angela Alejandra, Elena Wenceslá, Espiridión Doroteo, Juan Pedro, Gumer-sinda Aurora, y María Estrella Agenjo Santiago, represen-tados por su defensor legal José Hernández Zeno, radicaron demanda en la Corte de Distrito de Humacao contra Juana Agenjo neé Santiago Rosa y Joaquín Ramos Ferro, con sú-plica de que se declarara nulo el contrato de compraventa de la finca “Santa Rosa” descrita en la demanda, celebrado por Juana Agenjo en representación de sus menores hijos los demandantes a favor de Joaquín Ramos Ferro, y nula tam-bién la inscripción de dicho contrato en el Registro de la Propiedad de Caguas, condenando al demando Ramos Ferro a entregar a los demandantes el referido inmueble libre de gravamen con los frutos producidos hasta la fecha de la demanda y los que continuara produciendo hasta su entrega a los demandantes, sin que éstos tuvieran que devolver can-tidad alguna de la entregada por Ramos Ferro en concepto ue precio de la compraventa del inmueble.

El demandado Ramos Ferro opuso excepción previa a la demanda por el fundamento de no constituir sus alegaciones una causa de acción y la excepción fué desestimada conce-diendo a aquél un plazo de diez días para contestar la de-manda, según así lo hizo.

Juana Agenjo no compareció al juicio ni consta que fuera emplazada.

Más tarde el demandado Ramos Ferro solicitó que se constituyera en parte demandada a la mercantil Hermanos Sellés y Sobrino por existir sobre el- inmueble Santa Rosa un gravamen hipotecario del cual era dueña dicha mercantil y por pedirse en la demanda se devolviera a los demandantes d inmueble libre de gravamen. La corte así lo ^acordó y la sociedad Hermanos Selles y Sobrino compareció y contestó la demanda.

Celebrado el juicio y sometida evidencia por las partes la corte dictó sentencia en 7 de agosto de 1915 estimando que procede declarar nulo y sin existencia legal alguna el contrato de compraventa de la finca “Santa Rosa” y nula por tanto su inscripción en el- Registro de la Propiedad de Ca-guas, condenando en su virtud al demandado Joaquín Ramos Perro a devolver a los demandantes el referido inmueble, libre de gravamen, con todas sus accesiones y los frutos producidos y que continúe produciendo basta su entrega a los demandantes, y ordena al registrador de Caguas que una vez firme la sentencia proceda a cancelar la inscripción liecha del contrato de compraventa otorgado por Juana Santiago Rosa a favor de Joaquín Ramos Ferro, a quien reintegrarán los demandantes la cantidad de $600 satisfecha por Juana Santiago Rosa a José S. Alonso, debiendo asimismo los de-mandados satisfacer las costas.'

Contra esa sentencia interpusieron recurso de apelación los demandados Joaquín Ramos Perro y Hermanos Selles & Sobrino.

En la opinión que sirve de fundamento a la sentencia se establecen cómo hechos probados los que transcribimos a continuación:

Io. Que la finca Santa Rosa a que se refiere la demanda radica en el término municipal de San Lorenzo del distrito judicial de Humacao.

2o. Que en el mes de septiembre de 1910, encontrándose la Corte de Distrito de Humacao en vacaciones, fué concedida al juez de la misma, Hon. Jorge V. Domínguez, una licencia con autorización para ausentarse de la Isla.

3o. Qne en la misma época se concedió por la Corte de Distrito de San Juan a Juana Santiago Rosa autorización para enajenar los condominios en el inmueble Santa Rosa que correspondían a sus menores hijos los aquí demandan-íes, y con esa autorización Juana Santiago Eosa vendió la finca “Santa Eosa” al demandado Joaquín Eamos Ferro.

4o. Que por autorización de la misma Corte de Distrito de Sa,n Juan dada en 22 de octubre de 1910, la misma señora Santiago Eosa cedió a Hermanos Selles y Sobrino el crédito hipotecario constituido por Joaquín Eamos Ferro para ga-. rantía de la cantidad de $5,000 convenida como precio apla-zado del inmueble.

5o. Que la finca Santa Eosa desde su enajenación hasta la fecha del juicio ha estado arrendada por el canon mensual de $55 percibidos desde entonces por Joaquín Eamos Ferro.

6o. Que del precio de adquisición ha satisfecho Juana Santiago una deuda de $600 contraída por Fabián Agen jo, cau-sante de los demandantes, a favor de José S. Alonso, y otras obligaciones contraídas por ella a favor de otras personas.

La cuestión fundamental de ley a discutir y resolver en el presente recurso, pues a ella se subordinan las demás, es si la escritura de venta de la finca Santa Eosa y la de cesión del crédito hipotecario sobre ella constituido, otorgadas res-pectivamente en septiembre y octubre de 1910 con autoriza-ciones de la Corte de Distrito de San Juan y no de la del distrito de Humacao en que radica dicha finca, adolecen de vicio de nulidad, originado por la nulidad de las autoriza-ciones, procediendo en su virtud la restitución de la finca a los menores demandantes, libre de gravamen, con los pro-nunciamientos accesorios correspondientes según se solicita en la demanda y se ordena en la sentencia apelada.

Con relación a la anterior cuestión son de traerse a exa-men el artículo 229 del Código Civil Eevisado enmendado por la Ley de 14 de marzo de 1907 según regía en los meses de septiembre y octubre de 1910 en que fueron concedidas por la Corte de Distrito de San Juan a Juana Santiago Eosa las dos autorizaciones de que se trata, y los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil también aplicables al caso.

Esos artículos dicen así:

“Art. 229 ( 0. C.). — El ejercicio de i a patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles que de cualquier modo pertenezcan al hijo, y que estén bajo la adminis-tración de alguno de aquéllos, sin previa autorización judicial, la que se les acordará por la corte de distrito del distrito judicial en que los bienes de que se trate radiquen, previa comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o gravamen * *
“Art. 76 (C. E. C.). — Con arreglo a su jurisdicción una corte conocerá de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, cuando las partes, hubieren convenido en someter dicho pleito a la decisión de tal corte.
“Art. 77 (C. E. C.). — Se entenderá hecha la sumisión:
“1. Por convenio escrito de las partes.
“2. Por el demandante en el mero hecho de acudir a la corte interponiendo la demanda.”

La Ley de Procedimientos Legales Especiales aprobada en marzo 9, 1905, se limita a establecer en su artículo 80 que en todos los casos en que según el Código Civil necesiten los padres o el tutor de un menor autorización judicial para rea-lizar algún acto que se refiera a la guarda de dicho menor o de sus bienes, se pedirá mediante solicitud dirigida a la corte de distrito competente, haciéndose en ella constar bajo jura-mento la necesidad y utilidad que reportará al menor el acto de que se trate y la causa que lo motive. Ese artículo como se ve no establece regla alguna de competencia para los casos a que se refiere.

Estudiando comparativamente los artículos transcritos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil llegamos a la conclusión de que la Corte de Distrito de San Juan tenía no sólo jurisdicción sino también competencia para otorgar-las autorizaciones que de ella solicitó Juana Santiago Posa.

Jurisdicción en derecho español, que es el que debe regular el presente caso, según el concepto que de ella nos da el ilustrado comentarista Manresa y Navarro en sus comen-tarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil española, es la po-testad de que se hallan revestidos los jueces para administrar justicia; y competencia es la facultad que tienen para conocer de ciertos negocios, ya por la naturaleza misma de las cosas o bien por razón de las personas; la primera es el género y Ja segunda la especie. La jurisdicción emana siempre de la ley directa e inmediatamente; nadie puede ejercerla sin que la ley le haya concedido ese poder; sólo tienen jurisdicción, sólo pueden administrar justicia, las personas a quienes les ha sido concedido este poder con arreglo a la ley; más la competencia del juez para conocer de un negocio aunque se derive también de la ley unas veces trae de ella su origen directa, inmediata y exclusivamente y otras lo tiene de la voluntad de las partes. El primer caso forma la regla general y el segundo las excepciones.. Garcés v. Franceschi, 1 S. P. R. 282, Bayron et al. v. García et al., 17 D. P. R. 538.

Todas las cortes de distrito de la Isla tienen jurisdicción para conceder autorización con el fin ele' enajenar bienes de menores aunque no todas tengan competencia para ello según el precepto del artículo 229, sino la del distrito en que radi-quen los bienes, pero esa competencia que por su índole ■ es de carácter adjetivo o procesal se la conceden los artículos 76 y 77 también transcritos del Código de Enjuiciamiento Civil cuando haya sumisión como sucede en el- presente caso en que Juana Santiago Rosa acudió a la Corte de Distrito de San Juan para obtener las autorizaciones de enajenar bienes inmuebles pertenecientes a sus menores hijos.

Al resolver el caso de Gómes v. Toro, 23 D. P. R. 642, in-terpretamos los artículos 76 y 77 de nuestro Código de En-juiciamiento Civil en relación con los 56, 57, y 58 de la an-tigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que transcribimos a con-tinuación :

“Art. 56.' — Será juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.
“Esta sumisión sólo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdic-ción ordinaria y que la tenga para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado.
“Art. 57. — Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio, y designando con toda precisión el juez a quien se sometieren.
“Art. 58. — Se entenderá heeha la sumisión tácita:
“Io. Por el demandante en el mero hecho de acudir al juez inter-poniendo la demanda.
“2o. Por el demandado en el hecho de hacer, después de perso-nado en el juicio, cualquiera gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria.”

Entonces dijimos:

“Como puede verse sin dificultad el artículo 76 del nuevo código equivale a.l 56 de la ley antigua. El párrafo final del último se condensa en estas palabras: ‘Con arreglo a su jurisdicción’ del primero, y en vez de las palabras ‘expresa o tácitamente’ del primer párrafo del 56, se habla en el 76 de la sumisión en general.
“El artículo 77 del nuevo código comprende todos los casos de los artículos 57 y 58 de la antigua ley. Pero siguiendo el legislador español la pauta marcada en el artículo 56 define en los artículos 57 y 58 los casos de sumisión expresa y sumisión tácita, mientras que el legislador puertorriqueño, lógico con la fórmula adoptada en el artículo 76, abarca en el artículo 77 todos los casos de sumisión en general, aunque puede concluirse perfectamente que el número Io. del artículo 77 comprende la verdadera sumisión expresa, y los números 2 y 3 del mismo, la tácita, con la única diferencia de que según el código moderno. basta que se convenga la sumisión por escrito para que exista y según la ley antigua era necesario que se renunciara el fuero propio y se designara el juez a que se sometieren las partes. * * *
“De ahí (pie sin dificultad alguna, no obstante nuestro Código de Enjuiciamiento Civil actual, puedan subsistir sus artículos 76 y 77 con su interpretación antigua.”

Y la interpretación antigua que el Tribunal Supremo de España estableció en sus sentencias de 22 de julio y 30 de septiembre de 1875, 6 de octubre de 1876 y 2 de junio de 1877, es la de que en los actos de jurisdicción voluntaria no tienen cabida las cuestiones de competencia porque la ley concede ésta al juez ante quien se baya acudido, cuya doctrina ha sido invocada por la Dirección General de los Eegistros de España en resoluciones de 22 de enero de 1886, 9 de mayo de 1889 y 8 de febrero de 1907 como también por esta Corte Suprema al resolver en 25 de marzo de 1905 recurso guber-nativo de Solá contra nota del Registrador de la Propiedad de .Caguas, -8 D. P. R. 213. Esas sentencias y resolucionés establecen por regla general sin consignar excepciones que en los actos de jurisdicción voluntaria la ley concede la com-petencia al juez a quien se baya acudido y como la auto-rización para enajenar bienes de menores es un acto de jurisdicción voluntaria, también a esa autorización es apli-cable la doctrina expuesta. De igual doctrina hemos hecho aplicación en el día de boy al resolver los casos Nos. 1498 y 1499 de Martorell et al. v. J. Ochoa y Hermano et al., (págs. 689 y 709), y a ellos nos referimos.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Revocada la. sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió en la resolución de este caso.