author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Ortiz, Apelante, v. Muñoz, Alcalde de Guayama, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama.
    No. 973.
    Resuelto en junio 25, 1913.
    Mandamus. — El mandamus -es una: acción o procedimiento judicial de naturaleza . civil, extraordinario, en el sentido de -que procede sólo cuando 'no existe otro , remedio adecuado, de carácter privilegiado, • 'ya que la expedición así del alternativo como del perentorio descansa en la discreción de la corte, y diri-gido a poner en vigor solamente derechos legales claros y a compeler a las cortes a conocer y a proceder en el ejercicio de su jurisdicción, o a compeler a corporaciones públicas y privadas, a juntas públicas y a comisionados y funcionarios .a ejercer su jurisdicción o discreción y a cumplir deberes minis-teriales que resulten de su empleo, fideicomiso o situación y sean clara y perentoriamente impuestos por la ley como absolutos y oficiales.
    Id.- — Ordenanza .Municipal — Licencia para Ejercer Como Tablajero — Facul-tad del Alcalde para Expedirla v Revocarla. — En el presente caso se de-mostró que estaba en vigor una ordenanza municipal que facultaba al alcalde - . 'para expedir y revócar licencias para ejercer como' tablajero en él mercado de la ciudad; que el peticionario de acuerdo eon la ordenanza solicitó y-obtuvo una licencia; que comenzó a ejercer y ejerció su oficio de tablajero; :que durante el curso ’del mismo' fué denunciado por' vender carne falta de peso; que el alcalde practicó una amplia investigación , con conocimiento previo y a la presencia del peticionario y llegó a la conclusión de que el ■ peticionario era culpable y lé retiró la licencia sin que contra la resolución del alcalde entablara, el, peticionario recurso alguno, y-que días después el peticionario pidió al alcalde que le renovara la licencia, fundándose en que ' había sido absuelto'por la 'corté municipal dél mismó 'heého de que fué denun-ciado ante el alcalde, y el alcalde se negó a renovar la licencia..- Entonces el peticionario presentó una splicitud de mandamus para que se obligara al alcalde'a'renovar la'licencia. Sé resolvió: 1, que la'validez o nulidad de la. ordenanza no-estaba, envuelta.en, el.litigio^.ya icjue -el mismo peticionario se había acogido a sus preceptos reconociendo de hecho su validez.; 2, que " ' lá sentencia" de la corte' municipal tuvo' el é'fectó de absolver al acusado y .de librarlo, jle-toda responsabilidad criminal; pero el- alcalde-no tenía el deber absoluto de sustituir su juicio formado por el examen directo dp la prueba practicada en la investigación administrativa, por el juicio del juez muni- - .. -cipal;. 3, que notse-,demostró qite el-alcalde'-aibusara!'dé-su;’discreción'," y 4, que el juez sentenciador no erró alnegarse a expedir .el auto .de, mandamus:.

    Yenta de Artículos Faltos de’ Ptóso. — Con arreglo a una ordenanza que deter-'iDma. -fin -'castigo por usar balanzas de peso falso, el hecho de que dichas ba-lanzas pierdan su equilibrio por ‘habérseles- puesto' -otros platillos después-de limpiadas, no constituye una defensa válida. The City of New 7orlc, v. Biijle, 91 N. Y. Sup. 737, Kerr’s Penal Code, párrafo 553.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Ahogado del apelado: Sr. José G. Ramos.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Modesto Ortiz presentó una solicitud de mandamus en la Corte de Distrito de Guayaron, alegando en resumen:

1. Que el oficio del demandante es .el de tablajero.

2. Que el demandado es el alcalde de la corporación municipal de Guayama.

3. Que entre las ordenanzas del municipio de Guayama existe una aprobada en febrero, Í911, y enmendada en fecha reciente no obstante encontrarse la misma en litigio, cuya sección pertinente dice así:

“Queda autorizado el Señor Alcalde para extender la correspon-diente licencia siempre que la solicitud venga acompañada de una certificación de buena salud extendida por el Oficial de Sanidad, esté firmada por el interesado ante el secretario municipal o ante un funcionario autorizado por la ley para el reconocimiento de firmas, y venga acompañada de una recomendación que acredite la capaci-dad del solicitante y de una fianza autorizada por dos fiadores abona-dos, a satisfacción del Señor Alcalde, que paguen contribuciones y posean bienes raíces por valor de más de cien dollars excluyendo1 los bienes exentos de ejecución, por cuya fianza que deberá ser firmada al igual de dicha recomendación ante el secretario municipal' o -ante cualquier funcionario autorizado por la ley para- el reconocimiento de firmas, se comprometan dichos fiadores a,responder de cualquier daño qrie cause el solicitante en los puestos de venta, o en los útiles y utensilios propiedad del municipio que existen en los mismos.”

4. Dicha ordenanza, que se refiere a los requisitos que deben tener los individuos que deseen ejercer el cargo de tablajero,' contiene otra sección que dice así: 1

“No .podrá desempeñar ningún puesto en el.matadero municipal ni en las mesas de expender carnes, ninguna persona que no esté ■ provista die una licencia que le autorice para el cargo que va a ocupar. ’ ’

5. Que deseando el peticionario dedicarse al ejercicio de su profesión, de acuerdo con la ordenanza municipal referida presentó al demandado, en la forma que prescribe la orde-nanza, una solicitud acompañada de su certificado de salud, y recibió por respuesta la siguiente carta:

“Guayama, P. R., 21 de diciembre de 1912. Señor Don Modesto Ortiz, Ciudad. Señor: Contestando a su solicitud del 20 de los corrien-tes, esta alcaldía por la presente reitera su comunicación anterior sobre su pretensión de ocupar nuevamente un puesto de tablajero en el mercado municipal, significándole poi? segunda vez que no tiene nada que rectificar en su resolución obrante en el expediente incoado con motivo de haber vendido Yd. carne falta de peso a un vecina de esta ciudad y de la cual se le expidió copia oportunamente. Aten-tamente, José Muñoz Vázquez, Alcalde.”

6. Que es falso que el peticionario, vendiera carne falta de peso. Que el peticionario fue denunciado por ese delito ante la corte municipal, revocándosele la licencia, pero fué absuelto por la dicha corte. Que la denuncia se hizo por un empleado del municipio con el solo y avieso fin de impedir que el peticionario vendiera la carne de Miguel Truyol, y

7. Que el peticionario desea dedicarse al ejercicio de su profesión y no tiene otro remedio para obtener su licencia que el remedio de mandamus.

La Corte de Distrito de Gfuayama libró el auto solicitado, en forma alternativa, y el demandado contestó, en resumen:

1. Que la petición no aducía hechos suficientes para deter-minar una causa de acción.

2. Que el peticionario tiene un remedio adecuado en ley en la acción ordinaria que le reserva la sección 93 de la ley municipal o en una acción de daños y perjuicios.

3. Que el- día 23 de noviembre de 1912, recibió el deman-dado en-su carácter de'alcalde municipal de la ciudad de Gua-yama, una queja formulada contra el peticionario Modesto» Ortiz, por el inspector de la plaza del mercado público, pro-piedad del municipio, por la cual sé acusaba a dicho Modesto Ortiz de expender carne falta de peso a determinada persona; y vista la queja presentada, el demandado, haciendo uso de la facultad que le concedía la sección 3a. de la ordenanza vi-gente en dicha fecha, procedió a la investigación administra-tiva correspondiente, para la cual fue citado y compareció el denunciado y los testigos en su contra. T después de haberse llenado todos los requisitos legales, quedó convencido el de-mandado de la verdad del cargo, objeto de la investigación, y en su virtud separó definitivamente de su cargo de tabla-jero en el mercado municipal de esta ciudad, al peticionario Modesto Ortiz, dejando nula y sin valor alguno la licencia que a dicho peticionario expidió la alcaldía municipal de Gua-yama, la cual le autorizaba para ejercer como tablajero; y que de tal resolución fué notificado el interesado en forma.

4. Que la sección 3a. de dicha ordenanza vigente en la fecha de la investigación referida facultaba al alcalde deman-dado para la revocación, en cualquier momento, por razones que se juzgaren convenientes para el mejor servicio, confi-riendo así al demandado en su carácter de alcalde _ de Gua-yama, una facultad discrecional, cuasi-judicial, que ejercitó el demandado de una manera propia y adecuada y con arre-glo a ley, en el caso de que se queja el peticionario.

5. Que el poder de revocación conferido por la ameritada sección 3a. de dicha ordenanza entonces vigente, implica el derecho a negarse a conceder una. nueva licencia, por las mis-mas causas que hubieran podido dar origen a la revocación de la primitiva. Que el demandante ahora peticionario, aceptó la licencia de tablajero revocádole como se alega en el párrafo 3°., que precede, bajo la condición de que la misma podría revocarse en cualquier momento, por razones que se juzgasen convenientes para el mejor servicio, y ahora está impedido (estopped), de alegar en contra de la revocación de la misma, o de la no expedición de una nueva licencia ori-ginada por los mismos motivos de la revocación.

¡6. Y el dem.andadQ alega, adeipás,¡ que en £.qd’o;casq,.cua:p,do •el peticiojaario presentó su nueva-,sqlicitu<J:-©l. día .20 del. cq-.mente-, .las.secciones 2a. y 3a. .de, la... ordenanza titulada “Ore-denanza para regular .el servicio de. empleado^ de la-matanza de ganado y expendio de. carnes en el matadero y mercado municipal” aprobada, por el,concejo municipal -en-18 de. fe-brero de 1911, había sido- enmendada,.estando vigentes dichas enmiendas en la siguiente forma: -Se transcriben la sección 2, que ha -sido ya copiada, al resumir las-alegaciones del peticio-nario y-la sección 3, que dice así: ;

. “La licencia será por un término ,de 30 días y el Señor Alcalde podrá revocarla en cualquier momento o negarse a expedir otra nueva caso que el interesado hubiere sido' encontrado administrativa-mente culpable en virtud de' quejas promovidas por el inspector del mercado y matadero municipal de infracción de cualquier ordenanza o reglamento dictado para regular las labores en el matadero y mer-cado público o por incurrir en cualquiera 'de las contravenciones si-guientes:. (a) Vender carne falta de-peso; (6). Defraudar en cual-quier forma a los compradores de carne; (c) Usar hacha o cual-quier otro instrumento que deteriore los artefactos en uso para divi-dir los huesos; (d) Por infracción de cualquier ley, ordenanza o re: gl'aínento de Sanidad en vigor; (e) Proferir palabras obscenas o in-decorosas o verificar cualquier acto inmoral dentro' de los estable-cimientos en que ejerza su oficio; (/) Por dejar de concurrir al peso de las carnes a la hora que se señale de antemano por el inspector del mercado y matadero municipales; (g) Por dejar de concurrir a la hora fijada de antemano por el dicho inspector para la matanza del ganado de acuerdo con la ordenanza qué rige sobre este extremo; (h) Por haber sido condenado por un tribunal óómpetente de cual-quier delito que apareje depravación moral:”

Y de acuerdo con dicha sección 3a. enmendada, que faculta al alcalde demandado para negarse a expedir una licencia como la que ahora nos ocupa, cuando el peticionario haya sido en-contrado administrativamente culpable de vender carne falta de peso, o defraudar en cualquier forma a los compradores de carne, o por, infracción de cualquier ordenanza o reglamento dictada para regular las labores en el matadero y mercado, en vista de haber-sido.el demandante-, ahora peticionario, encon-trado-administrativamente--culpable; de vender-carne falta de peso, con infracción de. lo- preceptuado en dicha sección- ter-cera ameritada, con • anterioridad a su solicitúd, el alcalde ahora demandado tenía- perfeoto ,derécho: de ejercitar como ejercitó su facultad discrecional, al- no conceder al deman-dante peticionario, la licencia en cuestión. ■

7. Mas en todo caso, alega- el demandado,, que el poder dis-crecional concedídole por la. sección tercera vigente en-la fecha de la revocación de la licencia del demandante, para apreciar qué razones son suficientes para revocar una licencia o ne-garse a expedir una nueva, con -objeto de mejorar el servicio público, no pudo quedar limitado por la acción judicial, pues en primer término no se.requiere el mismo grado de certeza respecto a la culpabilidad de un denunciado en un proceso-administrativo como en uno criminal y hasta puede resultar un acusado inocente de un-delito .por falta dé intención criminal, y sin embargo ser culpable del hecho imputádole admi-nistrativamente, ya porque medie negligencia de su parte o-por cualquier otra causa.

Señalado día para la vista, comparecieron las partes y se-practicó la prueba, La del peticionario consistió en la corres-pondencia cruzada con el alcalde con motivo de sus gestiones, para desempeñar el oficio de tablajero, incluyéndose en uno-de los escritos una certificación de la sentencia absolutoria de la corte municipal, y en la declaración del testigo Arroyo Váz-quez que se limitó a declarar que el péticionário era la mismá. persona'contra quien'se presentó, la denuncia, y' que ejercía antes el oficio de tablájero y ño lo ejerce ahora. ' La del de-mandado consistió en las declaraciones'del alcalde y del secre-tario del municipio y en el expediente gubernativo tramitado con miotivo de la denuncia contra el peticionario.' Dicho- expe-diente, que se presentó, con el único objeto de demostrar que se -había hecho la investigación, contiene: la- denuncia; la orden mandando investigarla- la carta dirigida al peticio-nario citándolo, para la investigación; idem a los testigos; las declaraciones de cinco testigos prestadas a la presencia del acusado, y la resolución del alcalde. Terminada la prueba del demandado, el peticionario presentó al testigo Alonso Pizarro quien declaró que a veces por defecto en las romanas y no por la voluntad del tablajero, puede venderse carne falta de peso y adujo algunos ejemplos.

Con vista de 'las alegaciones y las pruebas y después de examinar los alegatos que ambas partes le presentaron, la corte de distrito resolvió en definitiva no haber lugar a expe-dir el auto de mandamus. Contra esa resolución de la corte dictada en 3 de marzo de 1913, interpuso el peticionario el presente recurso de apelación.

El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal Supremo de la Isla, o por las cortes de distrito de Puerto Rico, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría, dentro de su jurisdicción, requiriéndole para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo. Sección 1 de la ley estableciendo el auto de mandamus. Leyes 1903, p. 116.

El mandamus es una acción o procedimiento judicial de naturaleza civil, extraordinario en el sentido de que procede sólo cuando no existe otro remedio adecuado, de carácter pri-vilegiado, ya que la expedición, así del alternativo como del perentorio o mandamiento final descansa en la discreción de la corte, dirigido a poner en vigor solamente derechos legales claros, y a compeler a las cortes a conocer y a proceder en el ejercicio de su jurisdicción, o a compeler a corporaciones, públicas y privadas, y a juntas públicas, comisionados y fun-cionarios, a ejercer su jurisdicción o discreción y a cumplir deberes ministeriales, cuyos deberes resulten de su empleo, fideicomiso o situación, y seap. clara y perentoriamente im-puestos por la ley como absolutos y oficiales. 23 Cyc., 139 y casos citados.

Si examinamos las alegaciones y las pruebas a la luz de lo dispuesto por ley vigente y de lo establecido por la juris-prudencia de los tribunales reasumida por Cyc. en el párrafo que dejamos transcrito, concluiremos, sin esfuerzo alguno, que la Corte de Distrito de G-uayama ejercitó debidamente su discreción al negarse a expedir finalmente el auto de mandamus solicitado por el apelante Ortiz.

No está envuelta en este caso la nulidad o validez de la ordenanza municipal. El peticionario se acogió a sus pre-ceptos y de liecbo reconoció su validez.

Para que pudiera prosperar la solicitud del peticionario, dados los términos en que el debate ba sido planteado y la naturaleza del recurso escogido por el propio peticionario, tendría que demostrarse que el alcalde estaba en el deber ineludible de expedir una nueva licencia al peticionario.

T las alegaciones y las pruebas demuestran que las orde-nanzas cuyas disposiciones pertinentes fian sido transcritas, se encontraban en vigor en el municipio de Ghiayama; que el peticionario, que era un tablajero debidamente autorizado que se hallaba en el ejercicio activo de su empleo, fué denun-ciado por vender carne falta de peso; que el alcalde prac-ticó una amplia investigación con conocimiento previo y a la presencia del peticionario y llegó a la conclusión de que el peticionario era culpable y le retiró entonces la licencia, sin que contra esa resolución del alcalde entablara el peticio-nario recurso alguno, y que días después el peticionario pidió al alcalde que le renovara la licencia fundándose en que había sido absuelto por la corte municipal del mismo hecho por el que fué denunciado ante el alcalde y el alcalde se negó a renovar la licencia.

De tales hechos no puede deducirse la conclusión de que el alcalde estaba obligado de modo ineludible a expedir 'al peticionario una nueva licencia. La sentencia de la corte municipal tuvo el efecto dé absolver al acusado y de librarlo de toda-,-responsabilidad criminal,.pero el alcalde-no--tenía el deber absoluto de sustituir su juicio formado por el- exar-men directo de .la prueba practicada en el-expediente admi-nistrativo, por'el-juicio del juez, municipal.- r Y< a este-respecto, diremos-que el mismo peticionario. • admitió en la investiga-ción administrativa, que ■ a -la. carne que vendiera le faltaban cien gramos pero que no. fué por voluntad suya sino por defecto en da romana, y qué se ha declarado en el caso de The City of New York, v. Biffle, 91 N. Y. Sup., 737, citado en Kerr’s Penal Code, párrafo 553, “que con arreglo a la ordenanza que determina un castigo por. usar-balanzas.de peso falso, el beclio de que pierdan éstas su equilibrio por habérseles puesto otros platillos después de limpiadas-, no constituye una de-fensa, siendo el propósito de. dicha .ordenanza el evitar que los compradores adquieran efectos de peso incompleto, y el comprador será de igual .modo- engañado con' balanzas que-no marquen eb debido peso, ya resulte - esto de cualquiera imperfección en- dichas balanzas, porque alguien las desa-rregle o alguna persona confunda sus platillos.” :

Por las-razones expuestas, debe declararse ■ sin lugar el recurso interpuesto y confirmarse - la resolución apelada. ■

Confirmada.

Jueces concurrentes,: .Sres. Presidente Hernández' y Aso-ciados MacHeary, Wolf y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wole

license: Public Domain

text:
    Clausells, Apelado, v. Ramírez, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Córte de 'Distrito de Ponce. '
    No. 949.
    Resuelto en junio 25, 1913.
    Alegaciones Enmendadas — Excepciones Previas — Alegación de Prescrip-ción. — La' etintestaeión a la demanda én la parte relativa a la alegación de prescripción fué enmendada tres veces en. virtud de haber -sido excepei'oiiada y declarada con lugar la .excepción, previa. En el acto del juicio el deman-dado solicitó permiso para insertar de nuevo en la contestación la defensa de prescripción que quedó elimiriáda ■ en ■■ virtud de" la' excepción previa ' inter-puesta contra ella y declarada con lugar, .cuyo. permiso fué denegado por la corte. ’ Se resolvió: ’ ' . .
    1. Que el hedió de enmendar una contestación después de ’haber sido ’ex-cepeionada y de haberse declarado con 'lugar la excepción, constituye una renuneia de la objeción que pudiera hacerse a la resolución de la corte decla-rando con lugar la excepción previa.
    2. Qu,e la corte no cometió error al permitir al demandante durante el ju.ieio enmendar su demanda para adaptarla a la prueba y que entonces era el momento oportuno para que se aprovechara el demandado de la ocasión para pedir permiso para enmendar su contestación de nuevo, alegando la defensa de prescripción y pedir la suspensión ■ del juicio y presentar prueba en apoyo de su defensa.
    3. Que la prueba de inspección ocular decretada por la corte fué aceptada por ambas partes, sin que el demandado tomara excepción contra la resolución de la corte ni contra la 'forma en que se llevó a cabo la inspección.
    4. Que la corte no tenía el deber de llevar consigo para el acto de la inspección ocular al secretario ni al taquígrafo de la corte, aparte de que la ausencia de ambos funcionarios no fué objetada por la parte demandada, ni aún en el caso de que fuera error sería de tal naturaleza que afectara los derechos de la parte.
    5. Que como el peso de la prueba recae sobre el demandante, la corte no cometió error al permitirle que en el acto de la inspección ocular indicara primeramente la finca en litigio.
    6. Que los autos demuestran que todos los testigos habían prestado jura-mento en el-juicio y por tanto carece de fundamento la objeción de que los testigos que asistieron a la inspección ocular no prestaron juramento en aquel acto, pues lo habían prestado ya.
    7. Para que esta corte pueda examinar errores determinados que se aleguen cometidos por la corte inferior, es necesario que se especifiquen detalladamente en el alegato, según exigen los artículos 42 y 43 del reglamento de esta corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José de Diego.

    Ahogado del apelado: Sr. José A. Poventud.

   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal

El día 16 de septiembre de 1911, el demandado y apelante en este caso formnló su tercera contestación enmendada, a lina demanda sobre reivindicación que estaba pendiente ante la Corte de Distrito de Ponce. El demandante estableció excepción previa contra aquella parte de la contestación de-nominada “Materia nueva,” habiendo sido- declarada con lugar dicha excepción previa-en cuanto a-este particular. Se .celebró el juicio del caso dictándose sentencia a favor del demandante y apelado. El primer motivo de error o serie de errores alegados por el apelante es, que debido a la acción tomada por la corte, el demandado quedó impedido de poder ejercitar el derecho que tenía de formular nna alegación sobre prescripción.

El demandado formuló su contestación en 8 de abril, 1911, en cuya época presidía la Corte de Ponce el Juez Sr. Foote, habiéndose presentado entonces una excepción previa a toda la demanda que fué declarada con lugar. En 6 de mayo, 1911, el demandado formuló una nueva contestación contra la cual se presentó excepción previa declarando la corte con lugar la mencionada excepción previa en 21 de julio de 1911. En 28 de julio, 1911, el demandado formuló su segunda contes-tación enmendada contra la que volvió a presentarse excepción previa, pero en 3 de agosto, 1911, el demandado Adolfo Ramírez por medio de su abogado solicitó de la corte que le permitiera enmendar su contestación enmendada anterior, pues debido al poco tiempo de que disponía y a las nume-rosas ocupaciones que dicho abogado tenía como notario, no había examinado cuidadosamente la resolución de la corte de fecha julio 21 anterior y deseaba cumplir con ella entera-mente, por lo que en 14 de septiembre 1911, la corte dictó la siguiente orden:

“Señalado este día para discutir la moción del demandado solicitando permiso para enmendar la contestación enmendada, y para la vista de las excepciones a la contestación enmendada, la corte, alla-nándose el demandado a dielia excepción previa, le concede tres días, como última gracia, para enmendar su contestación enmendada, con las costas de la excepción allanada.”

Según hemos visto la corte permitió que'se formulara la excepción previa a la nueva materia contenida en esta ter-cera contestación enmendada, siendo ésta la cuarta alega-ción presentada por el demandado y se procedió al juicio del caso. Al empezar dicho juicio el demandado hizo una moción para que se le permitiera incluir nuevamente la nueva mate-ria de oposición que había sido eliminada por la corte de la cuestión en controversia, negándose la corte a conceder dicha moción por las mismas razones qne las expresadas al decla-rar con lugar la excepción previa. Esta excepción previa según su naturaleza esencial se refería al hecho de que al tratar el demandado de presentar la alegación de prescrip-ción no admitió de modo alguno la posesión del demandante, sino que de modo indirecto afirmó que to’dos los terrenos que poseía en determinada jurisdicción eran los que había tra-tado de relacionar en su contestación y que había estado en posesión de dichos terrenos por tiempo indefinido, habiendo tratado de alegar de modo indirecto, según hemos dicho, el hecho de que había adquirido un derecho por prescripción en dichos terrenos. El apelante admite virtualmente que la ob-jeción se formuló bien, pero alegó que la admisión de la pose-sión o las alegaciones admitiendo los hechos de la demanda y alegando otros nuevos con el fin de anular los hechos así admitidos, que es esencial a la defensa de prescripción, fué realmente alegada en la primera y segunda contestación, ha-biendo la corte declarado con lugar indebidamente las excep-ciones previas que se formularon. Sin embargo, es jurispru-dencia invariable de la corte, que el enmendar una contes-tación después que se ha declarado con lugar una excepción previa formulada a una defensa, equivale a una renuncia del error que se comete al declarar con lugar la excepción previa. Sucesión de Chavier v. Sucesión de Giráldez, 15 D. P. R., 164; Hagely v. Hagely, 68 Cal., 348; Gilman v. Cosgrove, 22 Cal., 356-358; Welsh v. Bardshar, 137 Cal., 154-155; y la regla general con respecto a alegaciones enmendadas consiste, en que la parte contra quien se presenta la excepción previa renuncie a la objeción de que se declare con lugar dicha ex-cepción, si formula una alegación enmendada o en sustitución de la que fué considerada mala por virtud de la excepción previa, cuyo punto está sostenido por gran número de autori-dades en todos los libros. No trataremos de seguir conside-rando con mayor amplitud la acción tomada por la corte con respecto 'a las anteriores excepciones’ previas, especialmente porque el demandado tuvo otras oportunidades' para presen-tar-su supuesta alegación ■ de prescripción y'nníícá se apro-'' vechó de las'mismas. •' ■ " ' ' ' • ' '

' En' este caso se describió la finca én la demanda por sus antiguos linderos, en la que-nó' aparecían ‘ clararfiente marcas físicas, habiéndose puesto durante el juicio' al testigo Jorge Mussenden' 'en la' silla de testigo piara identificar la finca. Hizo réferencía a los primitivos’ dueños y también a las actuad les colindáncias, e hizo especial mención de los linderos físi-cos así como á'iihá quebrada hacia el oeste, uh camino ál norte que era la carretera entré Sabana Grande y Taüco, y otras divisiones físicas. Para ayudarle1 en esa descripción el demandante presentó un plano dé la finca, qué fué admitido por el demandado ' con tal 'objetó sin objeción de'ninguna clase: ' De modo qué en' este casó se' dió al' demandado una idéá clara de la 'finca reclamada por el demandante, sus lin-deros físicos'y las personas que hoy son dueñas de propie-dades contiguas. Durante el curso de la’prueba de éste tesr tigo' el demandante' solicitó permiso para enmendar su de-manda con él fin'de ajustarla'a .la prueba. El demandado se'opuso a la enmienda p'or. el fundamento de que la prueba ñb había 'terminádo, y porque''constituía un cambio, esencial en la colindancia dél horté, habiendo resuelto ía Corte que las colindáncias'principales en este caso eran las anti.gu.asj que no hubiera permitido un cambio dé tales colindáncias y la corte' no estima qué el cambió a las nuevas colindáncias cau-sára alguna sorpresa ó perjuicio. al demandado, siendo uño de éstos un'cambió esencial en él nombre y él otro simple-mente para ampliar la'prúebá, expr'eSañ'do"la corté 'qué debía permitirse la-'enmienda, y'no deseando la corte'pérjudicar los-derechos''del demanda'do ’sometió a la consideración dél mismo la cuestión referente' a'’ la suspensión! dél Caso cuando'terminara la'prüeba'del demandante'y para darle una oportunidad dé’prbsentar cualquiera prueba'que tuviera para impugnar la enmienda que‘fué ehtonbes'presentada, y si así lo hiciera, la corte no -tendría inconveniente en imponer las costas al demandante por la suspensión del juicio.- El deman-dado tomó excepción, pero no presentó moción alguna u ofre-cimiento de ninguna clase. Esta fué la ocasión principal en que si por primera vez reconoció la finca que ahora se describe enteramente corno de su propiedad actual y que la había poseído por un término mayor que el séñalado para la pres-cripción, que el demandado tuvo la oportunidad de .solicitar permiso de la corte para presentar una contestación adicio-nal o tomar alguna otra medida que tuviera por conveniente. El no hizo.nada de esto si bien tenía conocimiento de la clase de colindancias, no solamente-por la prueba del testigo del demandante, sino también -por el plano que fué presentado como prueba, habiéndose presentado, además, otras pruebas durante el juicio en apoyo de las manifestaciones hechas por el testigo. No vemos nada en la acción tomada por la corte que pudiera privar al demandado de ninguna oportunidad para presentar una verdadera defensa que hubiera- podido tener. En todo juicio es el demandante quien tiene derecho a elegir.su campo de acción. En el presente caso el demandado hizo una alegación tras, otra en las .que jamás admitió clara-mente su posesión, .pero formuló contestaciones, en donde describía ciertos terrenos, alegando que éstos eran todos los-que él poseía .en. cierta jurisdicción, tratando así de escoger su mismo campo para,1a.contienda propuesta por el deman-dante y tratando de evitarla (confession and avoidance). El tuvo otra oportunidad de-solicitar permiso para presentar una alegación sobre prescripción-, después que la corte había procedido a examinar los mismos ferrónos y con anteriori-dad a que .se dictara la .sentencia. .

Debemos tomar en consideración de paso, que la corte no ' cometió error en permitir al demandante que enmendara su-demanda.para ajustarla a la-prueba: ' El apelante’no há ale-gado de modo categórico que-no-hubiera prueba Suficiente para justificar la enmienda, -habiendo- ya :esta -corte -tenido ■ oportunidad de'hacer referencia en cuanto-ai-derecho gene--ral de la corte para admitir enmiendas en el caso de Mongil v. Castro, resuelto en junio 6, 1913, (pág. 682).

El .otro error de importancia que lia sido alegado por el apelante se refiere a que la corte no tenía derecho para orde-nar ex officio una inspección ocular, por no estar autorizada ésta por la.actual legislación, y que el demandado se opuso a que .se concediera, dicha inspección ocular.

Los autos de este caso muestran que al terminarse la prueba presentada por ambas partes, el demandante propuso la inspección ocular como parte de su prueba d.e rebuttal, a lo cual el demandado por medio de su abogado se opuso, pero manifestó que si ,1a corte deseaba practicarla ex oficio, él no tenía objeción alguna en que se hiciera. La corte • entonces ordenó dicha inspección ocular ex oficio con consentimiento de las partes, permitiendo a cada una de éstas que. llevara consigo dos testigos que ya habían declarado en el juicio, señalando luego la corte el día 19 de abril de 1912 como fecha para practicar dicha inspección ocular, habiendo tenido lugar el juicio principal el día 26 de marzo de 1912. Se verá, por tanto, que la inspección ocular se practicó con el consenti-miento del demandado, no habiéndose tomado • excepción al-guna a la resolución de la corte o a la forma en que se llevó a efecto.

Alega el apelado, sin embargo, que la inspección tal como' se practicó era irregular y nula porque la corte no estuvo acompañada ni del secretario ni del taquígrafo como lo exige la ley. De la certificación con respecto a la inspección ocular que fue presentada por la corte y que ha sido remitida por el apelante a este tribunal, no aparece que se haya formulado la más ligera objeción o excepción por este fundamento, ha-ciendo referencia particularmente las objeciones formula-das por el apelante al hecho de que la corte creyó conveniente seguir las indicaciones de los testigos del demandante, sin haber tenido qportunidad los testigos del demandado de des-cribir la finca. Además, no podemos ver en qué forma pudo perjudicar. al apelante la omisión por parte del juez' senten-ciador de haber llevado consigo al secretario o taquígrafo y de conformidad con el artículo 142 del Código de Enjuicia-miento Civil esta corte estaría obligada a hacer caso omiso1 de cualquier error que no afectara a los derechos esenciales de las partes. Pero no creemos que la corte' estuviera en la obligación de llevar consigo a ninguno de los funcionarios" a que el apelante se refiere, y especialmente en este caso, pues parece que la idea de la corte era solamente que dos testigos de cada una de las partes iban a acompañarla para indicarle la finca. Además, no podemos ver .de qué modo la ausencia del secretario o del taquígrafo, aún en la celebración de un juicio, podría invalidar dicho juicio, de no formularse obje-ción o excepción o demostrarse la existencia de algún per-juicio.

Alega, además, el apelante, que la corte cometió error en permitir al demandante que hiciera indicación de la finca reclamada en el acto de la inspección ocular. Pero debe re-cordarse que el peso de la prueba incumbía al demandante y la corte tenía derecho a solicitar de dicho demandante que indicara la finca objeto de la reclamación, pero según la cer-tificación. de la inspección ocular que tenemos ante nosotros, los testigos del demandado tuvieron oportunidad de ser oídos y alegaron simplemente que la finca se encontraba situada en otra jurisdicción, sin tratar de. hacer ninguna otra alega-ción. Por tanto, no vemos que se haya cometido error alguno. La corte, además, certifica que el único objeto que había en permitir que se practicara la inspección ocular era el de cer-ciorarse si en realidad existía dicha propiedad tal como había, sido alegada y descrita por los testigos, y sin que tuviera in-tención alguna de ampliar las declaraciones de los testigos,, por cuya razón no utilizó los servicios del secretario o del taquígrafo.

El apelante alegó también que la corte cometió error oyendo a los testigos, durante la inspección sin haberles to-mado juramento, pero aparece de los autos que-todos los tes-tigos habían sido juramentados en el juicio, lo cual constituye una contestación suficiente a dicha objeción.

El apelante también impugna la certificación relativa a la inspección y expresa que es argumentativa e inexacta y revela en su totalidad predisposición contra el demandado. La corte en su certificación es cierto que caracteriza algunos de los actos del demandado, pero no vemos que realmente exista hostilidad alguna en el sentido en que esa palabra debe entenderse en la. ley, y, además, la certificación debe hablar por sí con respecto a cualesquiera errores cometidos, y cuales-quiera razones o argumentos presentados por la corte en di<cha certificación no constituyen fundamentos de error, pues ¡son los actos ejecutados por la corte y no las razones, los que deben ser alegados como motivos de error.

Otro error que ha sido alegado es que el demandado quedó perjudicado ■ por no admitir la corte ciertas certificaciones del registro. La corte admitió algunas cosas afirmativas, pero negó la certificación en tanto en cuanto la misma contenía manifestaciones negativas, tales como que ciertas constancias no existían en el registro, por el fundamento de que el regis-trador solamente tiene que certificar que ciertos hechos consta-ban del registro y, además, que el registrador ya'había cer-tificado todos los documentos favorables al demandado, para los cuales dicho demandado había solicitado su certificación.

Se alegaron otros errores semejantes, pero el apelante en su alegato no insiste en ninguno de ellos sino que hace una alusión general a los mismos; y como no vemos que haya habido prejuicios o que exista algún error fundamental, no hay necesidad de discutirlos. Si el apelante deseaba que tomáramos en consideración algún error determinado, debió haber sido alegado concretamente, de conformidad con las disposiciones de las reglas 42 y 43 de este tribunal.

Creemos que resulta bastante claro de los autos, que la inspección practicada por la corte no fue como alega el ape-lante porque la corte creyera que la prueba sometida durante ■el juicio era insuficiente, sino que fué por exceso de precau-ción. HnTbo prueba suficiente en apoyo de las afirmaciones del demandante aun prescindiendo de la inspección ocular, y aunque existió contradicción, no vemos razón alguna para modificar la conclusión a que llegó la corte, debiendo confir-marse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacL,eary, del Toro y Aldrey.

En agosto 7, 1913, se interpuso recurso de apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y en octubre 15, 1913, a instancias de la parte apelada se comunicó a la corte inferior la sentencia-directada en este caso, por no ha-berse otorgado la fianza para suspender la ejecución de la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf

text:
    Clausells, Apelado, v. Ramírez, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 940.
    Resuelto en junio 25, 1913.
    Nuevo Juicio — Sorpresa—Actividad que Debe Desplegar la Parte Sorpren-dida. — El apelante solicitó un nuevo juicio en este caso fundado en que fué sorprendido en el acto de la inspección ocular al saber que la finca identi-ficada por los testigos estaba dentro de la jurisdicción de Sabana Grande y no de Yaueo y que si lo hubiera sabido podía haber admitido que la poseía y alegar la adquisición del dominio por prescripción. Se resolvió:
    1. Que según la descripción enmendada de la finca el demandado podía comprender en qué jurisdicción radicaba la finca y tuvo ocasión en el acto del juicio de ver un plano de la misma, sin que a pesar de esto alegara sorpresa antes de dictada sentencia.
    2. Para que pueda pedirse con éxito un nuevo juicio fundado en la sorpresa recibida por una parte, es necesario que demuestre que la sorpresa no ha sido la consecuencia de su propia culpa o negligencia.
    , 3. Es necesario que la parte que alegue haber sido sorprendida proceda con gran actividad; al menos que la sorpresa sea manifiesta, lo que no ocurre en este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Diego.

      Abogado del apelado: Sr. José A. Poventud.

   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación contra resolución denegando una moción de nuevo juicio. Con respecto a los supuestos errores que se cometieron el decretarse la inspección ocular y a los demás que fueron cometidos mientras tuvo lugar dicho acto, no repetiremos el fundamento de nuestra opinión al confirmar la sentencia sobre das cuestiones planteadas por las partes que fian sido resueltas en el día de boy.

El apelante presentó también un número de declaraciones juradas en apoyo de su moción de nuevo juicio, para probar que hubo sorpresa durante el juicio. El objeto principal de estos affidavits, si es que los entendemos, fué que se debió únicamente a la acción tomada por la corte y los testigos que asistieron a la inspección ocular, que el demandado pudo identificar la finca reclamada por el demandante, y que si él hubiera sabido que la finca determinada que fué identifi-cada por los testigos se encontraba en la jurisdicción de Sa-bana G-rande en vez de Yauco, hubiera podido estar en condi-ciones de admitir el hecho de encontrarse en posesión de la misma y alegar la prescripción. La descripción que se hace de la finca en la demanda original, fué la siguiente:

“Pedazo de terreno radicado en el barrio de Guánica, sitio del Limón, del término municipal de Yauco, con cabida de cuarenta cuer-das, equivalentes a 15 hectáreas, 72 áreas, y 16 centiáréas. Linda por el norte, cón terrenos de Don Juan José Díaz, boy Sucesión Anton-giorgi; por el sud, con los de . Don Antolino Rodríguez, hoy Don Emilio Pietri; por el saliente con tierras de Don Juan Aubriet, hoy del demandado Don Adolfo Ramírez; y por el poniente, con los de Don Juan Evangelista Postillo y Doña Calixta Jusino, hoy del mismo Don Adolfo Ramírez.”

Y la descripción como fué finalmente enmendada por el permiso de la corte, es así:

“Pedazo de terreno radicado en- el barrio de Guánica sitio del Limón, del término municipal de Yauco, con cabida de cuarenta cuer-das, equivalentes a quince hectáreas, 72 áreas y 10 centiáreas; linda por el norte, con terrenos que fueron de Juan José Díaz, conocido por el Curro Díaz, tocando en gran parte la carretera que va de Yauco a Sabana Grande y San Germán hasta un punto cerca de las Piedras del Convento; por el poniente con Juan Avangelista Postillo y Calixta Jusino; hoy Don Adolfo Ramírez, separándolos en su mayor parte por ese límite una quebrada llamada ‘Quebrada Majina’; por el este con tierras de Don Juan Aubriet, hoy del demandado Don Adolfo Ramírez, separándolos en parte un camino vecinal que va a la Laguna de Guániea; y por el sud, con terrenos de Don Antolino Rodríguez, hoy de Don Emilio Pietri.”

Por tanto, se ha probado que la finca se encuentra hoy en Yauco principalmente.

Ahora bien, si la descripción de la finca según fué final-mente enmendada demostrara claramente al demandado la jurisdicción en donde la misma radica, por supuesto que él no puede sostener sorpresa en el juicio, porque en él fué lla-mada su atención hacia tal descripción y se desprende que no sólo tuvo oportunidad de conocerla sino también de oir prueba con respecto a ella y de ver un plano referente a la misma. Esto no obstante, ni en el juicio, en la inspección ocular, ni en ningún otro momento con anterioridad a que se dictara la sentencia alegó el demandado sorpresa alguna.

Es innecesario que se discutan otras numerosas cuestio-nes que fueron planteadas en la apelación y en las declara-ciones juradas y contra-affidávits para probar que en rea-lidad el demandado no fué sorprendido. Dicho demandado no ha probado un caso de sorpresa. Además, creemos que los principios enunciados en el caso de Rivero et al. v. Hernández et al., 17 D. P. R., 904, son aplicables a este caso. Tanto en este caso como en.el otro, el apelante no ha mos-trado que la sorpresa no provino en manera alguna de su propia culpa o negligencia. En este caso como en aquél no ha mostrado dicho demandado que acudiera en solicitud de un remedio en la primera oportunidad que tuvo. Por el con-trario, aunque según alega tuvo noticia de la descripción por la inspección ocular, no tomó medida alguna hasta después de dictada la sentencia para alegar sorpresa. Se requiere gran diligencia de una persona que solicita nn nuevo juicio por el fundamento de sorpresa, a no ser que ésta se mani-fieste por sí misma; lo que no ocurre en este caso según de-muestran los mismos affidavits de las partes. No creemos tampoco que la inspección ocular tuviera el alcance impor-tante en el caso que ha alegado el demandado, ni tampoco que la sentencia hubiera sido simplemente el resultado de la inspección ocular.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Apelado, v. Alvarado, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 456.
    Resuelto en junio 26, 1913.
    Perjurio — Desacato—Jurisdicción—Acción Civil Pendiente — Presunción.—■ No puede alegarse con éxito por primera vez en apelación el error de que la orden para mostrar causa por la cual no deba ser castigada una parte como perjuro por desacato no, contenía la alegación necesaria para dar juris-dicción a la corte inferior, dé que la acción civil en la cual se cometió el perjurio estaba aún pendiente, pues al menos que se pruebe lo contrario la presunción es que la corte inferior actuó de acuerdo con la ley y de que la acción civil estaba pendiente. '
    Id. — Orden para Mostrar Causa — Juramento de la Parte. — El apelante alega que es insuficiente para demostrar que la declaración prestada por él fué bajo juramento, la manifestación hecha en la orden para mostrar causa de que el acusado prestó juramento solemne ante la corte de decir la verdad. Se resolvió que esta clase de errores deben ser objetados en la corte inferior y que pueden ser suplidos por la prueba presentada.
    Pruebas — Perjurio—Desacato.—En un procedimiento sumario para castigar el perjurio como desacato es bastante para probar la importancia de la declara-ción falsa prestada por el acusado en la acción civil, presentar aquella parte de los autos del caso civil que tienda a- demostrar esa importancia, no siendo indispensable presentar como prueba todos los autos.

      Non Suit — Renuncia—Presentación de Prueba por el Demandado. — Se entiende que un demandado renuncia a su moción de non suit cuando después de dene-gada ésta presenta su prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. José A. Poventud.

   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Alvarado fué testigo en un pleito civil seguido por la corporación Marvin & Jones v. Marcelino Torres Zayas, sobre nulidad de un contrato y de expediente posesorio y reivindicación de finca rústica, en 21 de marzo,. 1912, o sea durante el juicio del pleito que pendía entre las partes y de-claró “que en ninguna ocasión, ni antes ni después de enta-blado el pleito antes mencionado tuvo conversación alguna con Don Juan Seix en la que manifestara al último que no había pagado cantidad alguna por la compra de la finca de treinta y cuatro cuerdas en dicho pleito reclamada, y que esa finca se la había traspasado su suegro Don Marcelino Torres Zayas, y que si éste no la entregaba a Don Marvin, él, Alvarado, la entregaría; que jamás conversó con el Señor Seix en sentido alguno con.respecto a ese traspaso o enajenación, ni ha cambiado con dicho señor ni una palabra sobre el asunto a que dicho pleito se contraía; que no ha hecho manifesta-ción alguna al Señor Seix en presencia de Don Francisco Giménez el día 13 de marzo, 1912, o en cualquier otro día por la que hubiere reconocido que no tenía derechó alguno que reclamar en dicho pleito civil, ni ha hecho al Señor Gimé-nez ninguna declaración reconociendo que hubiera hecho ma-nifestaciones en aquel sentido al Señor Seix; ni que tampoco habló el día 14 del corriente con el Señor Giménez sobre el asunto del mencionado pleito en ningún sentido, en ocasión en que ambos se dirigían juntos enAun coche a sus respec-tivas casas.”

La declaración anterior fué considerada por la corte inferior como un perjurio, y el día 25 de marzo, 1912, y de acuerdo con la ley para proveer un castigo sumario por el delito de perjurio cometido' en corte abierta, aprobada en 9 de marzo, 1911, fué librada una orden citando a dicho Enrique Alvarado para que compareciera ante la corte el día 28. de marzo, 1912, a mostrar las causas por las cuales no debía ser casti-gado por desacato por perjurio. El juicio tuvo lugar el día 4 de abril 1912, y en 9 de abril 1912 la corte declaró al acu-sado culpable de desacato por perjurio y le condenó a pagar una multa de $100, o en su defecto, a sufrir un día de cárcel por cada dos dólares que dejara de satisfacer.

Contra esta sentencia se interpuso esta apelación y consta en los autos un pliego de excepciones y una exposición del caso, habiendo presentado el abogado en su alegato nueve fundamentos de error. El primero de éstos se refiere a la falta de jurisdicción de la corte. El apelante alega en primer término que no hay jurisdicción porque la orden inicial no con-tenía ninguna alegación de que en la fecha en que dicha orden fué dictada por la corte, se encontraba pendiente el caso civil. Esta cuestión no fué alegada ante la corte inferior donde era debidamente materia de defensa, y no habiendo prueba alguna en sentido contrario, la presunción sería que lá corte obró de acuerdo con la' ley y que el caso civil está aún pendiente.

Por el-mismo fundamento de este error alegó el apelante que la orden inicial era mala porque en ella solamente se alegó que el acusado compareció y prestó ante la corte un solemne juramento de decir verdad, lo que, según alega el apelanté, no es una alegación suficiente de que su declara-ción se hiciera bajo juramento; el apelante se funda al pare-cer, en que la corte expresó más de lo que era necesario, pero •esto no es en manera alguna una cuestión contra la que deba presentarse objeción en la corte inferior y el error queda-ría subsanado por las pruebas aportadas al juicio. Existen •otras cuestiones de igual naturaleza que fueron corregidas por la prueba.

El segundo y tercer error hacen referencia a la supuesta inconstitucionalidad de la ley de marzo 9, 1911, cuya cues-tión ha quedado resuelta por este tribunal en los casos de El Pueblo v. Valcourt, 18 D. P. R., 484, y El Pueblo v. Fourquet, 17 D. P. R., 1077.

El cuarto error que lia sido alegado se refiere a haberse admitido como prueba una certificación del secretario dé la ' corte, comprensiva solamente de la demanda enmendada y de la contestación en el pleito civil, para probar la materia-lidad de las declaraciones de dicbo acusado. Sin embargo, tanto la demanda como la contestación constituyen la con-troversia entre las partes y era la mejor prueba tendente a mostrar la materialidad de la supuesta falsedad de la decla-ración del apelante. El artículo 850 de los Estatutos Bevisa-dos de los Estados Unidos es localmente inaplicable en cuanto a procedimientos criminales, por las mismas razones expre-sadas por este tribunal en el cáso de El Pueblo v. Román, 18 D. P. R., 358.

El apelante se queja además de que la corte admitió como prueba las certificaciones preparadas por el taquígrafo de la . corte, de las declaraciones prestadas por los testigos Jaime C. Seix, Francisco Giménez y Enrique Alvarado, sin exi-gir que toda la prueba fuera transcrita y certificada. Esta prueba fué admitida al parecer sin objeción alguna por el apelante, pero de todos modos éste tuvo oportunidad para presentar el resto de la prueba que fué presentada en el caso civil o aquella parte de la misma que hubiera creído necesa-ria y pertinente.

El sexto señalamiento de error hace referencia a cierta prueba que fué admitida, por la corte tendente a mostrar que el apelante había dicho que a lo más que temía era al memorandum de costas y no al resultado del juicio, y que estaba de por medio su suegro en el pleito. Esta fue una ligera prueba tendente a mostrar el perjurio y por tanto era admi-sible; además, como el juicio se celebró ante la corte, puede presumirse que ésta hizo caso omiso de cualquiera prueba que no fuera esencial o pertinente. Calvo v. Belber, 16 D. P. R., 360; El Pueblo v. Rosado, 16 D. P. R., 434.

El séptimo señalamiento de error se refiere enteramente a que la corte dejó de ordenar el sobreseimiento del caso, pero al desestimarse esta moción el acusado presentó su prueba renunciando así a ese derecho, puesto que los elementos que alegó que faltaban fueron luego presentados; por ejemplo,, el Fiscal dejó de probar que Alvarado había prestado jura-mento pero hubo prueba, sin embargo, de que era testigo en el juicio y fué luego juramentado el subsecretario para pro-bar que él le había tomado juramento al apelante. Bajo este mismo fundamento de error, discute el apelante la mate-rialidad de la declaración de Alvarado y creemos que era sufi-ciente para probar la materialidad, que se hiciera una simple comparación de las cuestiones en el pleito civil y la decla-ración de Alvarado.

El octavo señalamiento de error se refiere a la resolución de la corte negándose a admitir el récord íntegro de este caso' y todas las declaraciones prestadas por los testigos para probar la inmaterialidad de la declaración del acusado. To-dos los autos no eran en sí admisibles sino aquellas partes de los mismos de donde pudiera probarse la inmaterialidad de las declaraciones de los testigos. El apelante no hizo dili-gencia alguna para que los autos fueran certificados y remi-tidos a este tribunal y, por tanto, no podemos estimar si dichos autos eran necesarios o nó al apelante. Además, creemos que la materialidad de su declaración quedó probada por la comparación a que..ya hemos hecho referencia.

El noveno error hace referencia a la contradicción que hubo en la prueba, y como no vemos que haya habido par-cialidad, pasión o prejuicio o grave error al considerar las pruebas, no hay razón alguna por la que deba declararse con lugar este señalamiento de errores.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wolf JUEZ PRESIDENTE SR. HERNÁNDEZ.

text:
    Pérez Villamil et al., Apelados, v. Romano et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 878.
    Resuelto en junio 27, 1913.
    Hijos Naturales — Reconocimiento por Documento Público —• Admisiones 1-Ieohas por el Padre Natural en un Juicio Sobre Alimentos. — En el año 1873 la madre de los demandantes demandó en el Juzgado de Paz de Río Grande a Ramón Pérez Villamil, causante de los demandados, para que le entregara semanal o diariamente la cantidad necesaria para sostener a los tres hijos que ella había tenido con él, o sean los demandantes en este pleito. El citado Pérez Villamil, que en aquella época era juez de paz de dicho pueblo, y que se abstuvo de conocer de esta demanda por haber sido recusado por la demandante, en el aeto del juicio entre otras cosas admitió que la demandante había vivido con él en su casa y que había tenido los tres hijos mencionados en la demanda, y que le había venido entregando mensualmente cierta cantidad, y terminó comprometiéndose a pasarle mensualmente diez pesos para sus hijos y a proporcionarles ropa y calzado, en virtud de todo lo cual el juez de paz falló declarando que tanto la demandante como el deman-dado estaban obligados a respetar y eumplir lo que habían convenido en dicho-acto. Se resolvió:
    1. Que las admisiones hechas por el citado Pérez Villamil en aquel acto constituyen un reconocimiento hecho por el demandado en un aeto público y solemne de los citados tres hijos, o sean los demandantes en esta acción.
    2. El reconocimiento hecho en aquel acto se desprende de la conducta y de las palabras pronunciadas por el demandado, sin que influya para nada en el alcance de ellas el hecho de que él hubiera o nó claramente concebido la idea de que estaba creando un status para sus hijos.
    3. Que el acta del juicio celebrado ante el juzgado de paz constituye un documento público suficiente para los efectos del reconocimiento, sin que afecte para nada dicha suficiencia ni la solemnidad del -acto el que el juzgado-tuviera o nó jurisdicción para conocer de dicho asunto, o que el juez fuera de faeto, si el documento en sí es auténtico y las partes realmente creen que están ante la autoridad.
    Id. — Reconocimiento Claro y Público — Tendencia de los Tribunales — Inter-pretación. — Los tribunales se inclinan siempre a favor del hijo natural cuando el reconocimiento resulta claro y público, cualquiera que pueda ser la forma en que dicho reconocimiento se verifique, siempre que quede de él constancia auténtica y fehaciente, dando a dicho aeto una interpretación natural y humana.
    Id. — Documento de Reconocimiento Auténtico. — Examinada la prueba presen-tada en este caso se resolvió que el documento presentado para demostrar el reconocimiento a favor de los demandantes como hijos naturales del causante de los demandados era auténtico y por ser de más de 30 años está compren-dido en las disposiciones del párrafo 33 del artículo 102 de la Ley de Evi-dencia de 1905.

      Id. — Estado de los Padres — Presunción.—En una acción sobre nulidad de insti-tución de herederos entablada por los hijos naturales reconocidos en virtud de un documento público, no es necesario alegar y probar que en la época del nacimiento de dichos hijos sus padres eran ambos solteros y podían con-traer matrimonio. Una persona se presume soltera hasta que se pruebe lo contrario y en un caso de esta naturaleza al demandado incumbe probar que los padres de los hijos naturales que reclaman no podían contraer matrimonio cuando ellos nacieron.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Cosa Juzgada. — En este caso los demandantes ignorando la existencia del documento de reconocimiento en que fundan la presente acción de nulidad de institución de herederos, entablaron una acción de reconocimiento que fué resuelta en contra de ellos. Y esta sentencia ha sido alegada por los demandados en este pleito como cosa juzgada. Se re-solvió que dicha sentencia no podía ser alegada como defensa de cosa juzgada en esta acción, por no reunir ambos pleitos los requisitos de identidad que exige la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelados: Sres. José de Guzmán Benitez, Francisco de la Torre y José Martínez Dávila.

    Ahogados de los apelantes: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Se. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Son numerosas las cuestiones que incidentalmente han sido presentadas en esta apelación, pero según el análisis final que hemos hecho de las mismas, tal vez dos son solamente las cuestiones de importancia a saber: si Ramón Pérez Villamil reconoció a los demandantes como hijos naturales suyos y si ■este reconocimiento fué hecho en debida forma. Hace algu-nos años que los demandantes trataron de establecer sus derechos mediante una acción de filiación, pero se declaró que ésta bahía prescrito. .’Subsiguientemente los demandantes entablaron esta acción fundados en el hecho de que habían sido reconocidos por su padre en un documento público, ha-biéndose acompañado a dicha demanda una copia fiel del expre-sado documento. El caso gira en su totalidad sobre la cues-tión referente a este documento y hemos creído conveniente' y oportuno reproducirlo en la siguiente forma:

“Señor Juez de Paz de este pueblo. Telesfora Quiñones, natural y vecina de este pueblo, de estado soltera, y mayor de edad, ante V. demanda, en juicio verbal civil, a su convecino Don Ramón Pérez Villa-mil, propietario y comerciante, para que le entregue semanal o diaria-mente, la cantidad necesaria, para poder sostener a los tres hijos que tuvo con ella, en los ocho años que vivió maritalmente en la propia casa del demandado, llamados, Angel, Adelina y Plácida, nacidos, el cinco de agosto del año de mil ochocientos sesenta y cinco, treinta de noviembre del siguiente año, mil ochocientos sesenta y seis, y quince de febrero de mil ochocientos sesenta y ocho, respectivamente, así cómo el importe de un billete que le entregó premiado, y que cobró a su debido tiempo, número tres mil ochenta y uno, perteneciente al sorteo celebrado en la capital, el día veinte y tres de junio del año de mil ochocientos sesenta y ocho, todo lo cual justificará a su debido tiempo. Suplicando al señor juez se sirva señalar día y hora para la celebra-ción del juicio, previa citación del demandado, condenándolo además y en definitiva, al pago de todas las costas que se causaren en el pre-sente juicio, por ser así procedente en justicia que pido en Eío Grande a cuatro de noviembre de mil ochocientos setenta y tres. Otrosí. Siendo la parte demandada el actual juez propietario, Sr. Don Ra-món Pérez Yillamil, lo recuso desde luego con arreglo a derecho y suplico al juzgado, se sirva tener por hecha mi recusación, en la forma más enérgica posible, pues así procede en justicia, que pido-con la anterior fecha. 2o. Otrosí. Siendo el actual secretario, Don José Yivas Monge, amigo íntimo del juez demandado, y .enemigo personal acé-rrimo de la demandante, como lo podrá justificar debidamente si lle-gase el caso, lo recusa también; prohibiendo a este s<mor, que actúe en las diligencias de cualquier índole que tengan que practicarse en la presente demanda, y su correspondiente juicio y suplico al juzgado que se sirva tener por hecha esta recusación, en la forma más solemne, para que surta los efectos de justicia, que pido en el mismo lugar y día que en lo principal y primer otrosí. (Firmado) A ruego de Telesfora Quiñones por no saber, Tomás Benoyt.
“Siendo insolvente la demandante, como le consta a todos los ve-cinos de este pueblo, pues sólo cuenta para su subsistencia con dos pesos mensuales que gana mensnaiinente como cocinera, acompaña dos pliegos de papel de pobre, números 154, 267 al 154, 270, para el caso de que el señor juez desee promover incidente de pobreza, o en caso contrario para que sirvan para el acta del juicio, pues así pro-cede en justicia que pido como antes. A ruego de Telesfora Quiñones, (firmado) Tomás Benoyt.
“Río G-rande, cuatro.de noviembre de mil ochocientos setenta y tres. Cítese por los actuarios nombrados por el proveyente; al: deman-dado Don Ramón Pérez Yillamil, para que comparezca a este juzgado, •el viernes, siete de los corrientes y hora de la una de su tarde en que tendrá lugar la celebración del juicio solicitado por su demandante, Telesfora Quiñones, pudiendo venir acompañado de las pruebas que .tenga por conveniente. Enmendado. Viernes, vale. Lo mandó y firma el señor juez de paz, primer suplente Don Santos Jiménez, • por ante nos que testificamos. (Firmado) Santo Ximénez. José Quiño-nes. Adelino-Kindgley. Hay un sello del juzgado.
“En el mismo día los actuarios que suscriben, constituidos en la casa-vivienda de Don Ramón Pérez Villamil, le citamos en forma legal para su comparendo en el día y hora señalada por el señor juez, y le fué entregada la boleta de demanda correspondiente, y firma en prueba de quedar enterado ante nos que testificamos. (Firmado) R. Villamil. José Quiñones. Adelino Kindgley.
‘ ‘ En el pueblo de Río Grande a los siete días del mes de noviembre de mil ochocientos setenta y tres, el señor juez de paz suplente, Don Santos Jiménez, estando en audiencia pública, asistido' de los actuarios Don José Quiñones y Don Adelino Kindgley por haberse inhibido de conocer en el presente juicio por ser parte interesada el señor juez propietario, y recusado por la demandante al secretario Don José Vivas Monge, siendo el día y hora señalados para la celebración del presente juicio, y hallándose presentes las partes.se procedió a dar comienzo al acto, y habiendo manifestado la demandante que había autorizado a Don Tomás Benoyt para que como su asociado, hablase a nombre de ella, que reproducía la demanda establecida en todas sus partes, sin quitar una sola palabra, y que por el contrario añadía, que además, el demandado tiene en su poder, cinco vacas de la deman-dante y una yegua parida, y desea que se las entregue con sus ganan-cias, pues dos de las vacas estaban paridas cuando se las entregó hace cinco años, sin que por ahora tenga que significar otra cosa. El de-mandado contestó. Que nunca ha negado que la demandante ha vivido en su casa, ni tampoco le ha negado los tres hijos que la misma há nombrado y para el sostenimiento de los miamos le viene entre-gando todos los meses cinco pesos, desde que se concluyeron las rela-ciones amorosas que tenían. Que en cuanto al ganado y dinero del billete premiado, cuyo número no recuerda en los momentos, ya le entregó hará unos dos años, un documento en que constan estos parti-culares, y no cree prudente entregarle a su demandante nada de lo que solicita, porque ese capitalito debe retenerlo en su poder para a.dministrarlo, a fin de adelantarlo para sus hijos, toda vez que fué adquirido por la demandante por la época en que' vivía 'con el que habla, y porque entiende, además, que la demandante, que es una mujer de poco talento, lo malgastaría todo en poco tiempo, y eso no puede autorizarlo el deponente, porque sería echar agua en un ce-dazo. La demandante replicó: que es incierto lo que acaba de signifi-car el Sr. Villamil, pues si-bien es verdad que todos los meses le viene entregando cinco pesos en efectos de su pulpería, esto es, según le tiene manifestado, como intereses del importe del billete premiado que le entregó, y no por otro concepto, lo cual no le alcanza para nada, pues a medida que los niños crecen, el gasto aumenta, y la demandante apenas puede sostenerlos con esa suma y dos pesos mensuales que gana alquilada de cocinera, y como a pesar de haberle hablado varias veces al demandado para que le aumente la pensión, éste nada ha hecho en su favor, se ha visto en la necesidad aún contra su voluntad,, de esta-blecer la presente demanda, para ver de^ conseguir lo que con tanta necesidad y perfecto derecho reclama, sin que por ello le guarde mala voluntad al Sr. Villamil. El demandado duplicó: que en atención a' las observaciones hechas por el señor juez y con el fin de que este asunto no tome el giro que ciertos caballeros de la localidad desean darle, se compromete a pasar mensualmente a su demandante si ella es conforme, diez pesos mensuales para sus hijos, y una muda de ropa cada tres meses con su calzado correspondiente, lo cual considera sufi-ciente, siempre que la demandante ayude también con lo que le sea posible. La demandante replicó: Que es conforme con lo propuesto por su demandado Don Ramón .Pérez Villamil, siempre que el citado señor no le falte a lo ofrecido en ningún tiempo.
“En este estado, el señor juez dió por terminado el acto, manifes-tando, que toda vez que las partes habían podido llegar a un acuerdo, de lo cual se alegraba, debía de fallar y fallaba, condenando a la de-mandante, Telesfora Quiñones, y al demandado Don Ramón Pérez Villamil, a estar y pasar por lo convenido entre ambos en este juicio por ser cosa juzgada ante juez competente, imponiendo las costas de este juicio al demandado Don Ramón Pérez Villamil. Y habiendo manifestado ambos estar conformes firman en prueba de ello, a excep-ción de la demandante que dijo no saber, y lo hará a su ruego su aso-ciado Sr. Benoyt, después del señor juez, por ante nos que testifica-mos. (Firmado) Santo Ximénez. Tomás Benoyt. José Quiñones. R. Villamil. Adelino Kindgley. Iiay el sello del juzgado.
CERTIFICO: Que la precedente es una copia exacta del original de su contenido a que me remito y a petición del Ledo. Don José Mar-tínez Dávila, libro la presente en Carolina, a quince de junio de mil novecientos once. Rosendo Arce. Secretario de la Corte Municipal •de Carolina, P. R. ”

Los apelantes niegan la autenticidad de este documento,, pero pospondremos la discusión de este punto a la conside-ración de las otras cuestiones que lian sido presentadas.'

Alegan los apelantes que éste no es el documento público necesario para el reconocimiento de un hijo natural, cuya alegación la fundan en parte en el Lecho de que en dicho documento el padre no revela expresamente su intención de reconocimiento, ni el pleito se entabló con tal fin. Alegan; además, que este expediente del Juzgado de Paz de Carolina, no es uno de los documentos públicos admitidos como tales por la ley, pues no es ni la sentencia de una corte competente ni tampoco un documento notarial. Sostienen también que el 'juzgado de paz no tenía jurisdicción sobre la determinada cuestión en controversia, ni era posible que tuviera tampoco jurisdicción sobre pleitos de filiación, reconocimiento y otros semejantes. Sin tratar de refutar inmediatamente las obje-ciones específicas que se formularon a la sentencia de la corte inferior, haremos primeramente una reseña de algunos de los hechos relativos al aspecto de la question legal según el parecer que tenemos de los mismos.

Los apelantes admiten que suponiendo que el documento sea auténtico, los demandantes hubieran tenido derecho por medio de una acción de filiación para obligar a,su padre a que los reconociera, si hubieren entablado dicha acción opor-tunamente. Pero esta transcripción de los autos del juz-gado de paz revela algunos otros hechos en cuanto a este particular. Los hijos de Villamil, por mediación de su madre, en la fecha en que tuvieron lugar los procedimientos en el juzgado de Paz de Carolina, pudieron haber ejercitado tal acción. Ramón Pérez Villamil admite en dichos procedimien-tos que la madre había vivido en su casa, que él había con-tribuido a su sostenimiento y al de los hijos y afirma que nunca negó las relaciones que tuvo con la madre ni que fuera el padre de los hijos mencionados por Telesfora Quiñones en la solicitud presentada por ésta al juzgado de paz. Afirma, además, que debía permitírsele retener el importe del billete de lotería, porque éste había sido adquirido durante el tiempoen que Telesfora Quiñones vivía con él, y debía dejársele em-plear tales productos para beneficio de los hijos, y además; porque el temía que Telesfora Quiñones los malgastara. No solamente afirma él estos hechos sino que con el fin de que el asunto no tomara el giro que ciertos caballeros de la loca-lidad desearían darle, él estaba conforme en pagar a la enton-ces demandante, la suma de diez pesos mensuales y hacer otras cosas en favor de ella y de sus hijos. De modo que re-sultó claro que hubiera procedido un pleito sobre reconoci-miento aun antes de presentar la demanda en el juzgado de paz. Es evidente que en la fecha del expediente era un hecho notorio la paternidad de Pérez Villamil con respecto a los demandantes y al reconocimiento de los mismos. En verdad que la actitud de éste era la de un padre indiferente.

El propio Samón Pérez Villamil era el juez de paz, en cuya corte Telesfora Quiñones entabló su acción y ella lo recusó. El debió haber estado mejor informado que ninguna otra persona de la jurisdicción de esa corte. No promovió obje-ción de ninguna clase y su manera de contestar y asentimiento en la sentencia tienden inevitablemente a dejar resuelto, por lo menos en la mente de una persona analfabeta’ y que no esté versada en las sutilezas de la ley civil, la cuestión de si los demandantes habían sido debidamente reconocidos y si se les había fijado su status como tales hijos' naturales reco-nocidos. Telesfora Quiñones era tal persona. Aquí había, un hombre, el juez y el padre que en momento solemne reco-noció a sus hijos y que convino en cumplir lo solicitado por ella, para poner término al litigio. A no ser por esta conducta o proceder de Pérez Villamil, Telesfora Quiñones pudiera haber entablado una acción de filiación a favor de sus hijos, en la corte correspondiente. No existe ninguna duda a nues-tro juicio de que éste fué un acto público y solemne de reco-nocimiento llevado a cabo por Bamón Pérez Villamil.

¿Bevelaron estos procedimientos la intención de Pérez Villamil de reconocer a los hijos, y es suficiente la prueba. que de ellos se presentó? Con respecto a la cuestión refe-rente a la intención creemos que el documento habla por sí mismo. No solamente Pérez Villamil reconoce a los hijos, sino que se compromete a atenderlos, así como también a la madre. Y no establece diferencia alguna el hecho de que él hubiera claramente concebido la idea de que estaba creando un status para sus hijos. El expresaba en un sitio público, en una corte: “Estos son mis hijos. Hasta ahora he atendido a su manutención y continuaré haciéndolo así.” ¡Su intención de reconocerlos surge de sus palabras y proce-der en el pleito en cuestión.. El asumió prácticamente todas la obligaciones que le imponía la institución de la patria potestad y su intención de verificar el reconocimiento resulta niara, teniendo en- cuenta su proceder.

Creemos, además, que estos procedimientos habidos en el juzgado de paz, constituyeron un documento público suficiente. A petición del juez de paz ambas partes expresaron su asenti-miento firmando el acta. Ningún documento notarial podría ser más solemne. Ya tuviera o nó jurisdicción la corte, las partes creyeron que la tenía. El documento o acta no es menos solemne por el hecho de que la corte carezca de juris-dicción o que el funcionario sea uno de facto, si el documento resulta ser auténtico y las partes realmente creen que se encuentran ante la debida autoridad. El caso de Blythe v. Ayres, 96 Cal., 584, fué uno sobre reconocimiento de un hijo natural. Los hechos de este caso particular no son aplicables al presente, pero en aquél el Juez Garoutte examina un nú-mero de autoridades, siendo algunas de las mismas aplica-bles al que ahora consideramos. En el caso de Rice v. Efford, 3 Hen. & M., 227, se resolvió que el reconocimiento de un hijo ilegítimo como hijo del testador hecho en un testamento, ■era suficiente para darle derecho en la herencia, no obstante ser dicho testamento nulo como tal. En el caso de Sucesión de Fletcher, 11 La. Ann.,, 60, Henry Fletcher, en un docu-mento sobre emancipación otorgado ante un notario y tes-tigos, se describe a’ la parte emancipada por el documento como “bija natural, esclava,” habiéndose resuelto que éste era un reconocimiento suficiente de paternidad, con arreglo a.un estatuto que declaraba que “el reconocimiento de un hijo ilegítimo se hará por medio de una declaración otorgada ante un notario público, y en presencia de dos testigos.” En este caso la corte citando autoridades francesas, resolvió “Se ha dicho que las palabras ‘hija natural, esclava’ eran térmi-nos de descripción distintos a aquellos del documento em-pleado para emancipar a una esclava y no para legitimar (■reconocer) su paternidad, pero no se prescribe ninguna forma para tal reconocimiento, exceptuando solamente que la declaración debe hacerse ante un notario público, en pre-sencia de dos testigos.” En el caso de Remy v. Municipality, 11 La. Ann., 159, la corte, al referirse al reconocimiento de paternidad hecho en un .testamento dijo “Este documento, es cierto, tuvo por objeto ser un testamento, y nunca ha sido admitido como tal en las cortes de testamentaría, pero aun-que no es obligatorio como testamento, es indudablemente válido como un reconocimiento de paternidad hecho en debida forma.

No olvidamos, desde luego, que las disposiciones de nues-tro Código Civil y aquellas de los estatutos de los diferentes estados no son idénticas, pero citamos los anteriores casos para mostrar que las cortes se inclinan siempre a favor del hijo natural cuando el reconocimiento resulta claro y públi-camente, cualquiera que pueda ser la forma en que dicho reconocimiento se verifique, siempre que quede de él constan-cia auténtica y fehaciente. Los apelantes no nos han citado ningún caso de la Corte Suprema de España que sea seme-jante en absoluto en cuanto a los hechos, y en ausencia de tal citación debe prevalecer la interpretación natural y humana.

Bajo este punto de vista resulta de poca importancia el considerar si el juzgado de paz tenía en realidad jurisdicción. Tal vez la suma o cosas reclamadas por Telesfora Quiñones excedía en su totalidad de la jurisdicción de dicha corte, pero este hecho no aparece claramente de los antos y surgiría también una duda con respecto a si este pleito era más bien por su naturaleza un acto de conciliación que un pleito con-tencioso, y este parecer encuentra apoyo en el hecho de que Eamón Pérez Villamil firmó el acta y Telesfora Quiñones hizo que alguien firmara por ella, expresando la misma corte que estaba satisfecha con el convenio a que habían llegado las partes.

Se ha negado la autenticidad del. documento y los apelantes presentaron en el juicio ante la corte inferior documentos y peritos, para probar que entre otras, las firmas de Villamil y Jiménez (o Ximénez), el juez sustituto, eran falsas. Estos documentos han sido certificados y remitidos a este tribunal y hemos cotejado algunos de ellos. Con respecto a la firma de Villamil creemos que no puede haber duda alguna, y la misma le imprime el carácter de verdadero al acto y a las otras firmas y demás manifestaciones contenidas en los procedimientos. En los procedimientos, Ximénez aparece ac-tuando como juez sustituto. Es verdad que en documentos anteriores Jiménez resulta firmando con una “J” en vez de una “X,” pero Santos Jiménez tenía derecho a cambiar la forma de su firma y a usar “X” en vez de “J.” Su firma muestra que escribía con dificultad y quizás en ciertas oca-siones prefirió firmar su nombre con-una “X” en vez de “J. ” De todos modos existe un conflicto en la prueba que filé presentada ante la corte inferior, y no vemos motivo al-guno para modificar las conclusiones de dicha corte en cuanto-a este particular. Además, convenimos con la corte senten-ciadora, en que como el origen de este documento procedente del Juzgado de Paz de Carolina, había quedado probado satis-factoriamente, la prueba que había de presentarse para im-pugnar su autenticidad tendría que ser muy clara. A la vez, este documento es de más de 30 años y parece estar com-prendido en las disposiciones del artículo 102 de la Ley de Evidencia, párrafo 33.

Los apelantes también alegan que los demandantes deja-ron. de probar durante el juicio, que en la época d'e su naci-miento sus padres eran ambos solteros y podían contraer matrimonio. Hemos resuelto en varios casos que debe pre-sumirse que una persona es soltera basta tanto se demuestre lo contrario, pero debe recordarse que ésta no es una acción sobre filiación en la cual es necesario el requisito referente al estado de soltería, sino un pleito sobre nulidad de un tes-tamento y para que se declaren herederos a los demandantes. Ellos se fundan en su estado legal reconocido anteriormente y la obligación de probar que sus padres no tenían derecho a casarse incumbe a la otra parte.

Los apelantes también sostienen que su alegación referente a' cosa juzgada, res judicata, debiera haber prevalecido. En la fecha en que los apelantes entablaron su primitiva acción la existencia de este documento era desconocida para ellos. De todas maneras, según ya hemos indicado, la acción pri-mera era sobre filiación, para adquirir el estado legal que en este pleito ahora, ellos alegan que tenían desde el año 1873.

Semejantes consideraciones pueden ser de aplicación a la cuestión relativa a la prescripción que ha sido presentada •por los apelantes. Los demandantes no trataban de que se ■les reconociera como hijos de Ramón Pérez Villamil, sino que alegaban que este estado o condición legal ya había sido establecido por él. Bajo los hechos alegados la alegación re-ferente a la prescripción era ineficaz para los demandados. Véase el caso de Orama et al. v. Oyanguren, (pág. 828).

La sentencia deber ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

Juez disidente: Sr. Presidente Hernández.

En julio 5, 1913, se interpuso recurso de apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Huidos, y en noviembre 21, 1913, la corte declaró sin lugar, por falta de jurisdicción, una moción ele la parte apelante de acuerdo con la apelada para que se le tenga por desistida de la apelación interpuesta.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ PRESIDENTE SR. HERNÁNDEZ.

En la demanda que originó el presente pleito se ejercita la acción de nulidad de la institución de herederos hecha por el difunto Ramón Pérez Villarail a favor de los demanda-dos, por el fundamento de haber sido preteridos por el tes-tador Pérez Villamil en su testamento los demandantes que alegan ser hijos naturales reconocidos del mismo.

La cuestión previa, que surge desde luego a-discutir, es si ha podido ejercitarse por los demandantes la acción de nulidad de institución de herederos sin haberse antes ejercitado, o al menos al mismo tiempo, la acción de reconocimiento.

Al resolver en 17 de junio de 1910 el caso de Amsterdam et al. v. Puente et al., 16 D. P. R., 554, 561, dejamos establecida la siguiente doctrina:

“Creemos que de las disposiciones del Código Civil vigentes ante-riormente, así como de la'práctica y jurisprudencia sobre el particular, puede correctamente deducirse la conclusión de que sin algún acto que en forma auténtica revele la voluntad del padre, de dar a su hijo tal estado, el hijo tiene solamente un derecho de acción para obligar al padre a que le confiera dicho estado. , El artículo 135 del Código Civil Español, y el 189 del Código Civil de Puerto Rico, preveen los casos en que un padre puede ser obligado a reconocer a su hijo ilegí-timo. Solamente puede ser obligado a ello por medio de una acción, y puede decirse que tal acción sería innecesaria, únicamente en aque-llos casos en que hubieran actos solemnes por parte del padre, que vengan a demostrar que tal obligación ha sido cumplida. Claramente se deduce de estos- artículos, que aunque un padre haya ejecutado, como sucede en el caso de autos, una serie de actos tendentes a mos-trar que determinada persona era hijo suyo, sin embargo, no puede decirse que él la haya reconocido, dentro de la acepción que legal-mente tiene la palabra ‘reconocimiento.’ Si él puede ser obligado a ello, entonces hay que convenir en que antes de obligársele, el deside-rátum no Se ha logrado. Bajo tales circunstancias, y hasta que no haya algún acto solemne, o alguna- declaración de parte de un tribunal, no puede decirse que el hijo ha sido reconocido, ni puede afirmarse que haya adquirido el estado civil de hijo natural reconocido. En el caso de autos, no hay prueba satisfactoria que demuestre la intención, por parte del padre, de reconocer a sus hijos naturales con todas las con-secuencias legales propias de tal reconocimiento.”

En otro caso de Puente et al. v. Puente et al., 16 D. P. R., 585, 586, dijimos:

“Para que la apelante en este caso hubiera podido alegar con éxito su condición de hija natural reconocida y oponerse como tal y como tal ser declarada heredera, era necesario que constara qué su reconocimiento se había verificado voluntaria y solemnemente por el padre, sin lugar a dudas, o que teniendo ella derecho a ser reconocida de acuerdo con la ley y habiéndose omitido por el padre hacer el reco-nocimiento de una manera solemne o habiéndose negado a ello, había obtenido sentencia firme a' su favor en un tribunal competente y den-, tro del procedimiento contencioso adecuado.
“* * * Ha sido la práctica constante que cuando el padre omite o niega el reconocimiento, el hijo debe acudir al tribunal competente ejercitando la acción de filiación para obtener que el tribunal declare en una sentencia lo que omitió o se negó a -declarar el padre de una manera solemne. * * *.”

En otro caso de Rijos v. Folgueras et al., 16 D. P. R., 628, 629, nos expresamos en los términos siguientes:.

“El hijo legítimo deriva su condición de tal del matrimonio de-sús padres. Para que el matrimonio se entienda realizado no basta la intención del hombre y la mujer de contraerlo, no basta que vivan juntos y que juntos hayan procreado hijos; sino que es necesario que el acto se realice en una de las formas solemnes que autoriza la ley y que quede de él la debida constancia auténtica y fehaciente.
“El hijo natural deriva su derecho del reconocimiento y para que el reconocimiento se entienda realizado y surta todos sus efectos legales, es necesario que se haga de una manera solemne por el padre con la firme voluntad de realizarlo, y que quede de él la debida cons-tancia auténtica y fehaciente. Cuando el padre realizaba actos ten-dentes a establecer su paternidad que por sí solos no constituían un reconocimiento solemne y de los que no quedaba constancia auténtica y fehaciente, bajo las leyes de Toro; cuando ocurrían los casos del artículo 137, bajo el Código Civil antiguo, y cuando se realizan los del artículo 189 del vigente Código Civil revisado, entonces .debía y debe ejercitarse la acción de filiación y el reconocimiento debía y debe constar por la ejecutoria solemne de un tribunal competente.
“Los padres que en el cumplimiento de su deber deseen trasmitir a sus hijos naturales su apellido y sus bienes, o la parte que en ellos les corresponda, deben hacer constar el reconocimiento de una manera auténtica y fehaciente, por ejemplo, en el acta de nacimiento, en un documento público, en su testamento, en una declaración prestada en forma solemne ante un funcionario o tribunal, etc., de manera que el hijo natural reconocido pueda hacer constar su condición de tal, en la misma forma que el hijo legítimo.
“Cuando los padres no realizan el reconocimiento de los hijos naturales de la manera expresada, entonces los hijos deben ejercitar la acción de filiación y obtener una declaración judicial de su derecho.
“Si los padres y los hijos fueren negligentes, en tal caso ellos deben sufrir las consecuencias de sus actos y culparse ellos mismos y nó a la ley que reguló estas cuestiones de tanta trascendencia social de una manera uniforme y para bien de todos.”
“La calidad de hijo natural ha de fundarse necesariamente en el reconocimiento del padre, • espontáneo y legalmente probado, o en el caso de omisión o resistencia, en una ejecutoria solemne que así lo declare.” Sentencia del Tribunal Supremo de España de 16 de abril de 1864.
“La filiación de los hijos naturales debe constar necesariamente por el reconocimiento de sus padres o por la declaración solemne de una ejecutoria.” Sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de junio de 1864.

Igual doctrina lia sido ratificada en los casos de Calaf et al., v. Calaf, 17 D. P. R., 198, de Peñagarícano v. Peñagarícano et al., (pág. 494), y de Figueroa v. Díaz et al., (pág. 717).

Gomo se ve, no liay discrepancia alguna sino completa conformidad entre la doctrina sancionada por las senten-cias de la Corte Suprema de Puerto Rico y las que interpre-tando el mismo punto jurídico-dictó el Tribunal Supremo de España, en fechas en que no regía el Código Civil Español.

De dicha doctrina se desprende, que para ejercitar dere-dios en los bienes de nna persona fallecida, el snpnesto hijo natural ha de contar siempre con un reconocimiento de su filiación, expreso, voluntario y solemne, que conste en forma auténtica y fehaciente, o con una sentencia ejecutoria en que sea declarada tal filiación. Si no existiere el reconocimiento en los términos antedichos o una sentencia ejecutoria que obligue al reconocimiento, el hijo natural deberá interponer una demanda de filiación antes o al mismo tiempo que inter-pone. la de reclamación de derechos hereditarios.

Veamos ahora si los demandantes se encuentran en alguno do los casos expresados para que pueda eximírseles del ejer-cicio de la acción de reconocimiento.

Han presentado los demandantes para justificar el reco-nocimiento de su filiación por Eamón Pérez Villamil, el récord de un juicio verbal civil promovido ante el Juzgado de Paz de Río Grande en noviembre del año 1873, por Telesfora Quiñones contra Ramón Pérez Villamil, reclamando a éste cantidades para sostener a los tres hijos Angel, Adelina y Plácida, que la demandante afirmaba haber tenido con el de-mandado, y el importe de un billete premiado de la lotería provincial, cuya reclamación en el acto de la celebración del juicio se hizo extensiva a cinco vacas y una yegua.

Al contestar Pérez Villamil la demanda expresó:

“Que nunca ha negado que la demandante ha vivido en su casa, ni tampoco le ha negado los tres hijos que la misma ha nombrado y para el sostenimiento de los mismos, le viene entregando todos los meses cinco pesos desde que se concluyeron las relaciones amorosas que tenían. Que en cuanto al ganado y dinero del billete premiado, cuyo número no recuerda en los momentos, ya le entregó hará unos dos años, un documento en que constan estos particulares, y no cree prudente entregarle a su demandante nada de lo que solicita, porque ese capitalito debe retenerlo en su poder para administrarlo, a fin de adelantarlo para sus hijos toda vez que fué adquirido por la deman-dante, por la época en que vivía con el que habla, y porque entiende además, que la demandante que es una mujer de poco talento, lo mal-gastaría todo en poco tiempo, y eso no puede autorizarlo el deponente, porque sería echar agua en un cedazo. La demandante replicó: Que es incierto lo que acaba de significar el Sr. Yillamil, pues si bien es. verdad que todos los meses le viene entregando cinco pesos en efectos-de su pulpería, esto es, según le tiene manifestado, como intereses del importe del billete premiado que le entregó, y no por otro concepto, lo cual no le alcanza para nada, pues a medida que los niños crecen, el gasto aumenta, y la demandante a penas puede sos-tenerlos con esa'suma, y dos pesos mensuales que g’ana alquilada de cocinera, y como a pesar de haberle hablado varias veces al deman-dado para que le aumente la pensión, éste nada ha hecho en su favor, se ha visto en la necesidad aun contra su voluntad, de establecer la presente demanda, para ver de conseguir lo que con tanta necesidad y perfecto derecho reclama, sin que por ello le guarde mala voluntad al Sr. Yillamil. El demandado duplicó: Que en atención a las observa-ciones hechas por el Sr. Juez y con el fin de que este asunto no tome el giro que ciertos caballeros de la localidad desean darle, se compro-mete a pasar mensualmente a su demandante si ella es conforme, diez pesos mensuales para sus hijos, y una muda de ropa cada tres meses con su calzado correspondiente, lo cual considera suficiente, siempre que la demandante ayude también en lo que le sea posible. La deman-dante replicó: Que es conforme con lo propuesto por su demandado Don Ramón Pérez Yillamil, siempre que el citado señor no le falte a lo ofrecido en ningún tiempo.”

Después de las anteriores alegaciones el juez de paz mani-festó :

.£ ‘ Que toda vez que las partes habían podido llegar a un acuerdo, de lo cual se alegraba, debía de fallar y fallaba condenando a la demandante Telesfora Quiñones y al demandado Don Ramón Pérez Yillamil a estar y pasar por lo convenido entre ambos en este juicio, por ser cosa juzgada ante juez competente, imponiendo las costas de este juicio ál demandado Don Ramón Pérez Yillamil.”

El acta del juicio, comprensiva de las alegaciones de las partes y de la sentencia pronunciada, aparece firmada por el juez, por las partes, haciéndolo a ruego de la demandante, su acompañante Tomás Benoyt, y por los actuarios que asis-tieron al acto en sustitución del secretario recusado.

No tenemos dificultad en admitir que el documento de que se trata es público, pues documentos públicos son las actua-ciones judiciales, y tampoco discutiremos su autenticidad, admitida tanto por la corte inferior como por 'esta Corte Snprema. Pero no podremos estar conformes con qne ese documento contenga el reconocimiento expreso, voluntario y solemne de los demandantes por parte ele Eamón Pérez Villamil. Qne no contiene sentencia ordenando dicho reco-nocimiento, es claro,»pues la sentencia del Juez de Paz de Río Grande se limita a aprobar el convenio o acuerdo en vir-tud del cual el demandado se compromete a pasar a la deman-dante $10 mensuales y una muda de ropa con su calzado correspondiente cada.tres meses, ordenando el cumplimiento de ese convenio, sin bacer declaratoria alguna sobre el reco-nocimiento por Pérez Villamil de los hijos de Telesfora Qui-ñones, la que tampoco en su demanda formuló petición alguna sobre ese extremo.

Hemos examinado detenidamente el documento de . que se trata y no encontramos justificado en forma auténtica y fehaciente que Pérez Villamil reconociera expresa, volunta-ria y solemnemente, a Angel, Adelina y Plácida, como hijos naturales suyos. Lo que si aparece demostrado en forma auténtica y fehaciente es que Pérez Villamil manifestó en el acto del juicio que nunca ha negado que la demandante ha vivido en su casa ni tampoco le ha negado los tres hijos, para cuyo sostenimiento le había venido entregando todos los meses $5, desde que se concluyeron las relaciones amorosas que ambos sostenían, expresando, además, no creer prudente entregar a Telesfora el importe del billete premiado, y las cabezas de ganado que le reclamaba, para que sus hijos con-servaran ese capitalito y no lo malgastara una mujer de poco talento como la demandante. Esas manifestaciones hechas ante una autoridad judicial y consignadas en documento pú-blico constituirían un principio de prueba escrita del reco-nocimiento de los demandantes y a lo sumo la posesión de estado civil de hijos naturales por Angel, Adelina y Plácida con relación a Ramón Pérez Villamil, principio de prueba y posesión de estado que nunca los excusaría de ejercitar la acción de reconocimiento, según la doctrina que dejamos esta-blecida al resolver el caso de Gual et al. v. Bonafoux et al.. 15 D. P. R., 559.

El reconocimiento de los demandantes por Pérez Villa-mil que se pretendiera deducir de las manifestaciones qne hizo éste en el acto del juicio verbal civil, sería a lo sumo un reco-nocimiento tácito dé la filiación natural de aquéllos, pero nunca el reconocimiento expreso, voluntario y solemne que la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema exige para que pueda ser innecesario el ejercicio de la acción de reco-nocimiento. Para que gramatical y legalmente pueda afir-marse que Pérez Villamil reconoció a los demandantes en documento público auténtico y fehaciente, es preciso que tal reconocimiento haya sido expreso, voluntario y solemne.

Además, el reconocimiento sería sólo incidental, pues Teles-fora Quiñones no demandó a Pérez Villamil para que reco-nociera a los hijos que había tenido con .el mismo, sino para que les pasara alimentos y ese reconocimiento meramente incidental no merece la calificación de solemne. Ni fue tam-poco voluntario en el sentido de que Pérez Villamil quisiera reconocer en el acto del juicio a sus hijos pues si tal hubiera sido su propósito, hubiera hecho el reconocimiento en docu-mento apropiado al efecto, .con el fin de que en cualquier tiempo sirviera a sus hijos de comprobante de su filiación.

Aun más, el hecho de que Pérez Villamil conviniera en pasar alimentos a los tres hijos de Telesfora Quiñones con la cual había sostenido relaciones ilícitas, convenio aprobado por el Juez de Paz de Pío Grande, no envuelve el reconoci-miento de la filiación natural de aquéllos, aún admitiendo que a tal convenio sirviera de fundamento la paternidad natural de Pamón Pérez Villamil, pues en dicho juicio nada se establece ni podía establecerse sobre el reconocimiento. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 11 de abril de 1861. Además, es sabido que nadie queda obligado a más de aquello a que- quiso obligarse o a que judicialmente se le obliga.

El status civil de los demandantes con relación a Don Pa-món Pérez Villamil' no fné definido en el juicio verbal cele-brado ante el Juez de Paz de Eío Grande, pnes en ese juicio no recayó decisión alguna sobre el particular y Pérez Villa-mil sólo se avino a pagar unos alimentos, avenencia que el demandado realizaba en atención a las observaciones liechas por el Sr. Juez y con el fin de que el asunto no tomase el giro que ciertos caballeros de la localidad deseaban darle, pala-bras reveladoras de falta de voluntad y propósito de hacer un reconocimiento tan importante como el de paternidad.

Faltando como falta la prueba en forma auténtica y feha-ciente del reconocimiento expreso, voluntario y solemne de los demandantes por Pérez Villamil, ha debido ejercitarse previa o conjuntamente con la acción de nulidad de institución de herederos la de reconocimiento. En un juicio de esa clase podrían discutirse las acciones de prescripción y de cosa juz-gada alegadas por la parte apelante.

Por las razones expuestas disentimos de la opinion sus-tentada por la mayoría de esta corte y opinamos que procede la revocación de la sentencia apelada, y que se declare sin Jugar la demanda que originó el juicio, sin especial condena-ción de costas.