source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

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text:
    Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, recurrida, v. Jorge S. Carlo Marrero et als., peticionarios.

      Número: CC-2008-842

      Resuelto: 30 de junio de 2011

      José A. Andrés Fuentes y Pedro J. López Bergollo, ambos del Bufete Andréu & Sagardía, abogados de los peticionarios; Wanda I. Medina de Soler, abogada de la recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Nos confrontamos con la interrogante sobre el punto de partida del término prescriptivo aplicable a la reclamación de una aseguradora, por razón de la subrogación que opera al pagarle a su asegurado por los daños extracontractuales causados por un tercero. En particular, debemos resolver si al producirse la subrogación de la aseguradora continúa transcurriendo el término prescriptivo que tenía el asegu-rado como acreedor original o nace un nuevo término que debe computarse desde que se paga. Por entender que al pagar los daños causados por el tercero la aseguradora se inserta en la misma posición que su asegurado, resolvemos que el término prescriptivo para ejercer la causa de acción contra ese tercero es el mismo que correspondería a la ac-ción en daños que pudiera haber instado el asegurado. El término comienza a transcurrir desde que este hubiera po-dido presentar su reclamación.

1 — I

El 5 de noviembre de 2004, se produjo un accidente de tránsito entre el Sr. Jorge S. Cario Marrero y el Sr. Angel L. Báez Rivera. El vehículo del señor Báez Rivera fue pér-dida total. El 29 de diciembre de 2004, la Cooperativa de Seguros Múltiples (Cooperativa) le pagó $10,663 al señor Báez Rivera, según disponía la póliza de seguro que éste tenía con ella. El 23 de junio de 2006, la Cooperativa presentó una demanda de subrogación contra el señor Cario Marrero, en la cual alegó que él era el responsable del accidente del 5 de noviembre de 2004 y que, por lo tanto, le respondía por los daños causados al señor Báez Rivera y los pagos que la Cooperativa realizó por ese concepto.

El señor Cario Marrero solicitó la desestimación de la demanda y alegó que la causa de acción estaba prescrita, toda vez que el término de un año aplicable a las causas de acción basadas en culpa o negligencia extracontractual co-menzó a transcurrir inmediatamente después del accidente. Por su parte, la Cooperativa alegó que el tér-mino prescriptivo comenzó a transcurrir cuando esta hizo el pago al señor Báez Rivera. Tomando como base la teoría cognoscitiva del daño, que establece que los términos no se comenzarán a computar hasta que el acreedor de la causa de acción pueda ejercitarla, la Cooperativa planteó que no se le podía imputar el término prescriptivo del acreedor original, pues no es hasta que se efectúa el pago que se produce la subrogación, según la cual la Cooperativa puede ejercer la causa de acción contra un tercero.

Además, la Cooperativa alegó que las cartas que envió al señor Cario Marrero los días 4 de octubre, 31 de octubre y el 28 de noviembre de 2005 constituyeron reclamaciones extrajudiciales que tuvieron el efecto de interrumpir el tér-mino prescriptivo. Por su parte, el señor Cario Marrero sostuvo que nunca recibió las cartas alegadamente envia-das el 4 y 31 de octubre, ya que fueron enviadas a una dirección que no era su dirección postal.

El Tribunal de Primera Instancia declaró “sin lugar” la moción de desestimación presentada por el señor Cario Marrero. Éste recurrió al Tribunal de Apelaciones. Ese foro se negó a expedir el recurso al entender que el término prescriptivo en una demanda de subrogación comienza a transcurrir desde la fecha en que la compañía aseguradora emite el pago a favor de su asegurado y no desde cuando ocurre el accidente.

Tn con forme con esta determinación del Tribunal de Ape-laciones, el demandado presentó ante este Tribunal una petición de certiorari. En síntesis, alega que se cometieron dos errores, en cuanto al punto de partida del término prescriptivo y en cuanto a las reclamaciones extrajudicia-les alegadas por la Cooperativa. Aduce el peticionario que, en una demanda de subrogación, el término prescriptivo comienza, no desde que la aseguradora emite el pago a su asegurado, sino desde que el asegurado, como acreedor original de la causa de acción subrogada, podía ejercitar su acción. En segundo lugar, alega que erró el foro intermedio al tomar como un hecho cierto el envío y recibo de las car-tas de 4 y 31 de octubre de 2005, ya que sobre este asunto se trabó una controversia de hechos que ameritaba, cuando menos, que se celebrara una vista evidenciaria. El 6 de marzo de 2009 expedimos el certiorari. Ambas partes han comparecido. Resolvemos.

II

A. Mediante un contrato de seguro “una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un su-ceso incierto previsto en el mismo”. En estos contratos se transfiere el riesgo a la aseguradora y surge una obligación por parte de ésta de responder por los daños económicos al asegurado de ocurrir ese suceso. Hemos resuelto que, al resarcir económicamente al asegurado, “la compañía ase-guradora se pone en la misma posición de éste con relación a todas las acciones y remedios a los cuales tiene derecho. Ocurre lo que llamamos ‘el derecho a la subrogación’ ”. (Én-fasis suplido. Es decir, la subrogación es la figura jurí-dica por la cual una compañía de seguros sustituye a su asegurado en el ejercicio de las acciones o los derechos que éste tiene contra los causantes de un daño. También he-mos resuelto que “[e] 1 objetivo de este mecanismo de susti-tución legal es que la compañía aseguradora, en virtud del contrato de seguro, pueda recuperar de esos terceros cau-santes de un accidente, la cantidad que en concepto de in-demnización la aseguradora pagó a la parte asegurada para cubrir los daños ocasionados por los terceros”. Me-diante la subrogación, la aseguradora “se coloca en la misma posición del asegurado para invocar aquellos dere-chos que le fueron cedidos”. (Énfasis suplido. Es decir, cuando la aseguradora ejerce el derecho de subrogación no representa al asegurado, sino que le sustituye, mas solo para recobrar de terceros lo pagado por ella, según los tér-minos de la póliza. El alcance de esta sustitución está cla-ramente delimitado y se circunscribe a reclamar “los dere-chos y remedios que tenía el asegurado frente al causante

de los daños, relativos al pago que la compañía asegura-dora le hizo al asegurado”. (Énfasis suplido.) Por lo tanto, hemos resuelto que esta subrogación “[n]o confiere mayores derechos al que se subroga que los que tenía el asegurado”. (Énfasis suplido.) Esto, “pues nadie puede adquirir —vía la subrogación— derechos que no tenía aquél cuyos derechos invoca el asegurador”.

La subrogación se puede catalogar como un tipo de novación modificativa. Esto pues las “obligaciones pueden modificarse: (1) [vjariando su objeto o sus condiciones principales!,] (2) [sustituyendo la persona del deudor [, o] (3) [s]ubrogando a un tercero en los derechos del acreedor”. En el tercer supuesto, se trata de una novación modificativa subjetiva de la parte activa de la obligación que no produce la extinción de la relación obligatoria original, sino que sustituye un acreedor por otro. De igual manera, “la subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en el Código Civil”. El artículo 1164 del Código Civil establece que se “presumirá que hay subrogación: (1) [c]uando un acreedor pague a otro acreedor preferente!,] (2) [c]uando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa o tácita del deudor[, o] (3) [c]uando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda”. Además de esta modalidad legal de la subrogación, tam-bién existe la convencional. En esta, el acreedor y el ter-cero acuerdan la transmisión de la titularidad del crédito. Esta es la modalidad aplicable a los pagos rea-lizados por las aseguradoras al amparo de la póliza de se-guro con sus respectivos asegurados. La subrogación transfiere al subrogado “el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas”.

Nuestra jurisprudencia está acorde con la doctrina civilista, en cuanto establece que el efecto principal de la subrogación es que el nuevo acreedor se coloca en la “misma situación jurídica que se encontraba el acreedor respecto al deudor”. (Énfasis suplido. A diferencia de una novación extintiva, en donde la obligación original se extingue y nace un nuevo vínculo obligacional entre las partes, en la novación modificativa la obligación original subsiste. Como nos explica Hernández-Gil: “[El p]resupuesto de la subrogación es el mantenimiento de la relación obligacional inicial.” (Énfasis suplido.)

Una modalidad de la novación modificativa es la subjetiva en la que se produce la sustitución de una de las partes. Si se sustituye al deudor, se trata de una novación modificativa subjetiva de la parte pasiva. Si se sustituye al acreedor, estamos ante una novación modificativa subjetiva de la parte activa. En este último caso, se produce la transmisión de la titularidad del crédito del acreedor original a un tercero que le sustituye. Si bien en una época el traspaso de la obligación no era posible sino por vía de la novación extintiva, “el concepto moderno de la obligación no es obstáculo a su transmisibilidad”. Por lo tanto, en la subrogación, como novación modificativa subjetiva, “no se produce, como en los demás casos de la novación, la extinción de las obligaciones accesorias!, sino que] la subrogación transfiere al subrogado los créditos con los derechos a él anexos”. Incluso, hay tratadistas que proponen que, más que una novación subjetiva activa, el pago con subrogación es una “transmisión activa de la obligación”. Otros plantean que es mejor hablar de los efectos del pago por tercero que de una novación modificativa subjetiva. En todo caso, el resultado es el mismo; es decir, la continuación íntegra de la obligación anterior en la que el vínculo original “subsiste idéntico en manos del nuevo acreedor”. (Énfasis suplido.)

La doctrina civilista ha recurrido a la figura de la cesión de créditos, a modo de analogía, para explicar los efectos de la subrogación. En cuanto a esta figura, el Tribunal Supremo de España ha expresado que, tras la cesión del cré-dito, el nuevo acreedor “se ha colocado en la misma situa-ción que se hallaba el cedente cuando le transfirió dicho crédito”. (Enfasis suplido.) En su Sentencia de 13 de febrero de 1988, el Tribunal Supremo español resolvió que, más allá del cambio en la persona del acreedor, “en lo de-más la obligación queda inalterable o invariable en su total contenido y características ... [y] el deudor no responde hacia el cesionario de una obligación distinta, sino de la misma obligación en su total integridad e identidad, en cuyo sentido ya cuida nuestro Código de hablar de nova-ción modificativa”.

B. Como hemos visto, uno de los efectos de la subrogación es que el nuevo acreedor adquiere todos los derechos y créditos del acreedor original, incluidas las garantías y demás elementos accesorios. Además, adquiere las mismas limitaciones pues, como hemos visto, nadie puede, por vía de la subrogación, adquirir derechos contra el deudor que el acreedor original no tenía. De igual manera, el deudor conserva contra el nuevo acreedor las mismas excepciones que tenía contra el anterior A esta conclusión llegó el Tribunal Supremo de España en su Sentencia de 23 de junio de 1969: “[D]e igual modo que el crédito del tercero, por ser el mismo que el originario, pasan las garantías de éste, se le pueden oponer las mismas excepciones.” (Énfasis suplido. No obstante lo anterior, la doctrina civilista ha sido considerablemente parca al atender la interrogante del efecto de las defensas que el deudor tenía contra su acreedor original cuando entra en escena un nuevo acreedor por vía de la subrogación, parti-cularmente en cuanto a la prescripción. Como nos explica Cañizares Laso:

Aspecto fundamental y sobre el que la doctrina no suele ocuparse con detenimiento es el de las excepciones oponibles por el deudor al nuevo acreedor que ocupa el lugar del antiguo .... La doctrina generaliza en esta materia y a veces se llega a clasificaciones que en el mejor de los casos contribuyen a os-curecer la materia objeto de estudio.

Según la tratadista, quien establece, al igual que otros tratadistas, la similitud entre la subrogación y la cesión de crédito, estas excepciones oponibles por el deudor al nuevo acreedor pueden ser por razón de la cosa, es decir, que sean inherentes a la causa de acción, o de la persona, es decir, que sean inherentes a las partes. En particular, ésta sostiene que la defensa de la prescripción es una excepción por razón de la cosa. Es decir, es inherente a la causa de acción y no a unas partes específicas. Nuevamente ha-ciendo una comparación con la figura de la cesión de crédi-tos, la tratadista afirma que “[u]no de los supuestos que podía producirse es el de la posible excepción de la prescripción. Se incluirían en este supuesto dos cuestiones: caso de deuda prescrita y caso de deuda en plazo de prescripción”.

A semejante conclusión llega Valverde y Valverde. Se-gún éste, la afirmación de que un deudor puede oponerle al nuevo acreedor las mismas excepciones que podía utilizar contra el acreedor original es compatible con la similitud entre la subrogación y la cesión de créditos, ya que, en el segundo caso, el deudor “puede poner al cesionario las mis-mas excepciones inherentes a la cosa que hubiera podido utilizar contra el acreedor primitivo”. Esto, pues el deu-dor “no responde de otra obligación distinta, sino de la misma que tenía con el cedente, y, por consiguiente, con-serva al cesionario la posición jurídica que tenía”. Igual opina Puig Peña en el caso de la cesión de créditos:

El deudor de la obligación puede oponer al nuevo acreedor las excepciones que podía oponer al acreedor ordinario. Esto es consecuencia del principio de que la situación del deudor no puede empeorarse por virtud de la cesión. (Énfasis suplido.)

Como nos explica Puig Brutau, esto también es compatible con el hecho de que la subrogación no es una novación extintiva creadora de una nueva obligación, pues “sería in-conveniente esta novación extintiva con cambio de acree-dor para el deudor, que no podría oponer al nuevo acreedor las excepciones personales de que disponía a su acreedor primitivo”.

En su Sentencia de 13 de mayo de 1930, el Tribunal Supremo de España explica la relación entre la causa de acción del acreedor original y la del nuevo acreedor, parti-cularmente las limitaciones comunes a ambas, cuando una aseguradora se subroga en la posición de su asegurado frente al tercero causante del daño:

Considerando [q]ue es la subrogación la acción de sustituir, o poner una cosa o persona en lugar de otra ... [un] asegurador ... después de haber pagado la indemnización al asegurado, es evidente que para perseguir aquél la responsabilidad que pre-tenda exigir a quienes sean los autores o responsables del [daño] habrá de ajustar el ejercicio de sus derechos y subordi-nar en todo la titularidad de su acción a lo que expresamente debiera haber cumplido el asegurado. (Enfasis suplido.

Como hemos visto, tanto la doctrina científica como la jurisprudencia española concluyen que entre los elementos inherentes a la subrogación se encuentran: (1) que se trata de la misma obligación que vinculaba al antiguo acreedor y al deudor que permanece en la relación, y no del nacimiento de una nueva obligación, y (2) que el deudor, precisamente porque quedó inalterada la relación obligacional original, podrá oponer al nuevo acreedor las mismas excepciones y defensas que tenía frente al acreedor inicial. Por lo tanto, es forzoso concluir que, cuando un tercero se subroga en la posición del acreedor anterior, adquiere la causa de acción en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que éste. Esto incluye, indudablemente, el periodo transcurrido del término prescriptivo aplicable a esa causa de acción. Lo contrario permitiría el absurdo de que un tercero que se subroga en la posición del acreedor de una causa de acción prescrita pueda resucitarla y el deudor ahora responda por una obligación que ya no era exigible.

Pero hay más. Por tratarse de una subrogación en el contexto de una póliza de seguro, materia traída a nuestro ordenamiento de la doctrina estadounidense, recurrimos a ésta por su valor persuasivo. Esto pues, en materia de se-guros, “la praxis de este Tribunal ha consistido en utilizar las normas más avanzadas del derecho angloamericano y del derecho civil”.

La doctrina estadounidense contesta la interrogante que nos ocupa de la misma forma que la doctrina civilista. Incluso, la contesta con mayor precisión. Como nos explica la tratadista Jane Massey Draper:

[I]nsurers have frequently attempted to have applied to the subrogation actions the same time accrual as that applied to the indemnity actions, but courts generally have adhered to the view that the statute of limitations begins to run on a subrogated insurer’s action against a third-party tortfeasor at the same time that the statute of limitations would begin to run on an action by the insured, or his personal representative in the event of the death of the insured, against the third-party tortfeasor. (Énfasis suplido.)

La justificación ofrecida para esta conclusión es seme-jante a la de la doctrina civilista:

A rationale offered in support of this view has been that a subrogated insurer stands in the shoes of its insured, taking no rights other than those that the insured had, and at the same time being subject to all defenses which the third-party tortfea-sor might assert against the insured. (Énfasis suplido.)

C. A diferencia de lo argumentado por la parte demandante, lo anterior es compatible con la teoría cognoscitiva del daño, vigente en nuestro ordenamiento. Ésta establece que los términos para incoar una causa de acción comienzan a transcurrir cuando el reclamante conoce, o debió conocer, si hubiera empleado un grado razonable de diligencia, que sufrió daños y quién se los causó. En Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403 (2000), manifestamos que “[h]emos resuelto reiteradamente que el verdadero punto de partida para computar el término prescriptivo para instar una acción de daños y perjuicios es la fecha en la que el agraviado supo del daño y pudo ejercitar su acción. Por lo tanto, el término para ejercer las acciones comienza a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino cuando se conocen todos los elementos necesarios para po-der ejercer la acción”. (Énfasis suprimido. Como conse-cuencia, “hemos precisado que el momento que se toma como verdadero punto de partida en una acción de daños es la fecha en que el perjudicado conoció del daño, quién fue el autor, y, además, desde que éste conoce los elementos ne-cesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción”.

La parte demandante expone que no podía entablar una acción contra el alegado responsable de los daños produci-dos a su asegurado antes de subrogarse en su posición. Alega entonces que, como la teoría cognoscitiva se funda-menta en que los términos prescriptivos comienzan a co-rrer desde el momento cuando el titular de la causa de acción puede ejercitarla, el término prescriptivo de la causa adquirida por subrogación debe calcularse desde que se emitió el pago. Esa posición obvia el hecho fundamental de que la parte demandante no está ejerciendo una causa de acción nueva producto del pago emitido a favor de su asegurado. Todo lo contrario, la premisa principal de la subrogación supone, como hemos visto, que el nuevo acree-dor sustituye al anterior en su posición, mientras la obli-gación original permanece intacta. Es decir, la asegura-dora está ejerciendo la causa de acción que tenía su asegurado. Por lo tanto, lo que hay que analizar es desde cuándo el asegurado podía entablar la causa de acción. Esto, pues “la prescripción es materia sustantiva y no pro-cedimental, regida por los principios que informan el De-recho civil”.

La causa de acción del señor Báez Rivera contra el señor Carlo Marrero surgió al amparo del Artículo 1802 del Có-digo Civil. Esta, según el Artículo 1868 del Código, prescribe por el transcurso de un año “desde que lo supo el agraviado”. (Enfasis suplido. Esto es desde que el agra-viado conoció los elementos necesarios para instar efecti-vamente su causa de acción. Finalmente, el Artículo 1869 del Código Civil dispone que “[e]l tiempo para la prescrip-ción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”. En este caso, el señor Báez Rivera, acreedor original de la causa de acción, pudo ejer-citarla desde el mismo día que ocurrió el accidente, puesto que en ese momento conoció del daño causado a su auto y al autor del daño. Por lo tanto, el término prescriptivo de un año comenzó a partir del 5 de noviembre de 2004. Al subrogarse en su posición, la aseguradora adquirió una causa de acción cuyo término prescriptivo ya había comen-zado y continuaba corriendo.

III

Como hemos visto, el término prescriptivo de la causa de acción en este caso comenzó a transcurrir el 5 de no-viembre de 2004. Por lo tanto, la causa prescribía el 7 de noviembre de 2005.

El propósito de los términos prescriptivos es garantizar la estabilidad de las relaciones económicas y sociales al estimular el rápido reclamo del cumplimiento de las obligaciones. Por eso, las acciones prescriben “por el mero lapso del tiempo fijado en la ley”. Como expusimos en Cintrón v. E.L.A., “el silencio crea una objetiva y razonable confianza en [el] deudor de que el derecho no será ejercitado”. No obstante, los términos prescriptivos son susceptibles de interrupción. Según el Artículo 1873 del Código Civil, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Particularmente, en los primeros dos casos se permite la interrupción del término prescriptivo ante la “manifestación inequívoca de quién, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. Uno de los efectos de la interrupción de la prescripción es que el plazo prescriptivo comienza a transcurrir de nuevo, por entero, desde la fecha de la interrupción.

Para interrumpir el término prescriptivo de la acción por daños mediante una reclamación extrajudicial, es necesario que dentro de ese término el acreedor del de-recho informe o manifieste su voluntad de reclamar por los perjuicios que le ha causado la actuación u omisión del deudor. En el caso de autos, la parte demandante alega que interrumpió el término prescriptivo al enviar unas car-tas los días 4 de octubre, 31 de octubre y 28 de noviembre de 2005. Como hemos visto, la carta de 28 de noviembre no tuvo efecto alguno sobre la prescripción, pues el término vencía el 7 de noviembre. Por lo tanto, lo crucial es deter-minar si las cartas del 4 y el 31 de octubre interrumpieron los términos. El contenido de las cartas revela la innegable intención de la parte demandante de preservar su derecho. En ese sentido, cumplen sustantivamente con los elemen-tos de una reclamación extrajudicial. El demandado no dis-puta ese hecho, pero alega que ambas cartas fueron envia-das a una dirección postal que no es la suya. La aseguradora indica que envió las cartas correctamente y descansa en la presunción de la Regla 304 de Evidencia que establece que “una carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad”. Por su parte, los demandados han presentado declaraciones jura-das de que no recibieron esas cartas, para reafirmar su alegación de que las direcciones a las que se enviaron no eran las correctas.

En Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526, 530 (1989), resolvimos que la reclamación extrajudicial hecha por medio de una carta interrumpe la prescripción de la acción “si la misma llega a su destino”. Para activar la presunción establecida en la Regla 304, se debe demostrar que, en efecto, se envió la carta. Una vez establecido el hecho básico de que las cartas se enviaron, corresponde a la otra parte presentar prueba para persuadir al juzgador de la inexistencia del hecho presumido de que las cartas llegaron a su destino. Es decir, el hecho base que ha de demostrarse por quien quiera valerse de la presunción es que envió la carta. El hecho presumido es que la carta llegó. Por lo tanto, la otra parte puede presentar una prueba para derrotar el hecho base o para derrotar el he-cho presumido. En el primer supuesto, se determinará la existencia del hecho, según establece la Regla 110 de Evidencia En el segundo caso, la prueba presentada para derrotar la presunción debe ser de tal calidad que persuada al juzgador de la inexistencia del hecho presumido. De lo contrario, el hecho presumido sobrevive. En ambos casos, le corresponde al juzgador de los hechos, en su sana discreción, aquilatar la prueba y hacer una determinación.

En el caso de autos, la Cooperativa alega que envió dos cartas al señor Cario Marrero el 4 y el 31 de octubre de 2005. Ambas cartas constituían una reclamación extrajudicial. La Cooperativa descansa en la presunción establecida por la Regla 304 de Evidencia. Sin embargo, el señor Carlo Marrero ha presentado declaraciones juradas atacando tanto el hecho base de que se enviaron las cartas a la dirección correcta como el hecho presumido de que las cartas llegaron a su destino. Le corresponde al Tribunal de Primera Instancia celebrar una vista evidenciaría para dirimir esta controversia. De determinarse que las cartas no fueron enviadas a la dirección correcta o que éstas no lle-garon a su destino, procede la desestimación de la de-manda por prescripción. De lo contrario, si se determina que, en efecto, fueron enviadas correctamente y que llega-ron a su destino, el término prescriptivo se habrá inte-rrumpido y la demanda se habrá presentado oportuna-mente.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de procedi-mientos ulteriores compatibles con esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El costo del vehículo se calculó en $11,962. A esta cantidad se le restan $1,299 en concepto de la venta de salvamento que hizo la aseguradora, para un total de $10,663.

       La Cooperativa reclamó $11,563: $10,663 del gasto neto, producto del pago hecho al señor Báez Rivera, más $900 en alegados gastos de transporte.

       No hay controversia sobre el contenido de las cartas, en cuanto estas indu-dablemente constituyen una reclamación extrajudicial. Ahora bien, como puede no-tarse de las fechas de las cartas impugnadas y los dos posibles puntos de partida del término prescriptivo, la controversia de si las cartas de 4 y 31 de octubre fueron enviadas y recibidas incide directamente sobre el desenlace del caso.

       26 L.P.R.A. see. 102. Véase Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.RR. 203, 209 (1994).

      Aseg. Lloyd’s London v. Cía. Des. Comercial, 126 D.RR. 251, 267 (1990).

       íd.

        Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 D.P.R. 523, 532 (1999). Véase, además, Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, supra, pág. 211.

        Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 532.

       Id., pág. 533. Como veremos más adelante, esta figura se asemeja a la de cesión de créditos.

       Id. Véanse, además: Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, supra, pág. 211; Aseg. Lloyd’s v. Cía. Des. Comercial, supra, pág. 269.

        Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, supra, pág. 311.

       íd.

       J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. 1, Vol. I, pág. 404.

       Art. 1157 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3241.

       A. Cristóbal Montes, El pago o cumplimiento de las obligaciones, Madrid, Ed. Tecnos, 1986, pág. 55; J.M. Lete del Río y J. Lete Achirica, Derechos de Obliga-ciones, Navarra, Ed. Thomson/Aranzadi, 2007, Vol. I, pág. 182.

       Art. 1163 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3247.

       31 L.P.R.A. see. 3248.

       N. Bayo Recuero, El pago del tercero. Subrogación, Madrid, Ed. Dijusa (2000), pág. 253.

       Véanse: Gen. Accident Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 532; Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, supra, págs. 210-211.

       Art 1166 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3250.

       f Puig Peña, Tratado de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1974, T. 4, Vol. I, pág. 229. Véanse, además: Puig Brutau, op. cit., pág. 253 (“[E]l pagador adquiere el derecho de crédito del acreedor”); A. Hernández Moreno, El Pago del Tercero, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, pág. 74 esc. 344 (“[E]s la misma obligación”); Cristóbal Montes, op. cit., pág. 55 (“[El nuevo acreedor] se subroga en la posición jurídica del acreedor satisfecho, adquiriendo su derecho de crédito en el estado actual con todas sus garantías y accesorios” (énfasis suplido)); Bayo Recuero, op. cit., pág. 327 (“[N]o se crea ningún tipo de vínculo nuevo de obligaciones no existentes hasta entonces” (énfasis suplido)).

       A. Hemández-Gil, Derecho de Obligaciones, Madrid, (Ed. de autor), 1960, pág. 292. Este tratadista distingue los efectos de la subrogación y la continuidad de la relación obligacional inicial, insistiendo en que no es “un mero derecho de crédito”, sino la supervivencia de la obligación original en su totalidad. íd., pág. 294. También lo distingue de la acción del reembolso, en donde opera una obligación nueva y dis-tinta a la anterior.

      C. Valverde y Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Vallado-lid, Ed. Talleres Tipográficos Cuesta, 1937, T. III, pág. 196.

       íd., págs. 156-157.

       Puig Brutau, op. cit., pág. 404.

       Valverde y Valverde, op. cit., pág. 202.

       F. De A. Sancho Rebullida, La Novación de las Obligaciones, Barcelona, Ed. Nauta, 1964, pág. 161. Por su parte, Montes propone que, más que una novación, se trata de “la sucesión inter vivos en el crédito establecido” en donde el crédito “no se extingue [sino que] pasa tan sólo al nuevo titular [pues] esta figura presupone el mantenimiento de la relación obligatoria inicial”. Cristóbal Montes, op. cit., pág. 56.

       Buyo Recuero, op. cit., pág. 327.

       Sancho Rebullida, op. cit., pág. 162.

       Véanse: Puig Brutau, op. cit., pág. 386; Puig Peña, op. cit., pág. 167.

       Sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de abril de 1932, Núm. 1026 Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi), pág. 445. En su Sentencia del 19 de diciembre de 1932, ese foro resolvió que las obligaciones anteriores “no se alteran ni modifican por el acto jurídico de la cesión”. Núm. 1365 Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi), pág. 569.

       Núm 1985 Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi), pág. 1956. Véase, ade-más, Sentencia de 17 de septiembre de 1953, Núm. 2509 Repertorio de Jurispruden-cia (Aranzadi), págs. 1619-1621.

       Buyo Recuero, op. cit., pág. 264. Véase, además, Cristóbal Montes, op. cit., pág. 59.

       Núm. 3576 Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi), pág. 2426. Véanse, además: Sentencia del 3 de marzo de 1988, Núm. 1546 Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi), pág. 1487-1488; Sentencia de 12 de mayo de 1932, Núm. 1050 Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi), pág. 455.

       A. Cañizares Laso, El Pago con Subrogación, Madrid, Ed. Civitas, 1996, pág. 139.

       íd., pág. 140.

       íd., págs. 140-141.

       íd., págs. 141-142.

       Valverde y Valverde, op. cit., pág. 159.

       íd.

       Puig Peña, op. cit, págs. 168-169.

       Puig Brutau, op. cit., pág. 405. Véase, además, Puig Peña, op. cit, esc. 1.

       939 Repertorio de Jurisprudencia 939, Aranzadi, pág. 357.

        Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 632, 636 (1986).

       J. Massey Draper, Annotation, “When Does a Statute of Limitations Begin to Run Upon an Action by Subrogated Insurer Against Third-Party Tortfeasor”, 91 A.L.R. 3d 844, 847 (1979). La autora ofrece una lista de jurisdicciones donde los tribunales han llegado a semejante conclusión. Entre éstas se encuentran: Alabama, Arkansas, California, el Distrito de Columbia, Idaho, Indiana, Luisiana, Nueva Jersey, Ohio, Pennsylvania, Tennessee y Texas, además de la jurisdicción federal. íd., pág. 850.

       íd.

        Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249 (1992).

        Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403, 411 (2000).

        Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 328 (2004). Véanse, además: Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002); Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383, 405 (1999).

        Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 742-743 (1981). Véase, además, Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 657 (1966).

       “ei qUe p0r acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negli-gencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.” 31 L.P.R.A. see. 5141.

       31 L.P.R.A. see. 5298.

       31 L.P.R.A. see. 5299.

       Véase Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249 (1992), en cuanto a la teoría cognoscitiva del daño, que establece que el término prescriptivo de una acción se computa desde que la víctima supo o debió saber del daño causado y quién lo causó.

       Lo anterior no significa que la aseguradora queda desprovista de alternati-vas en caso de subrogarse en una causa de acción prescrita. En primer lugar, cabe destacar que, en este caso, la aseguradora no adquirió una causa de acción a punto de prescribir; apenas habían transcurrido tres meses. En segundo lugar, muchos contratos de seguro incluyen cláusulas de cooperación, diseñadas precisamente para facilitar el ejercicio de la causa de acción subrogada por parte de la aseguradora. Mediante esta cláusula, el asegurado está obligado a notificarle inmediatamente a la aseguradora sobre algún evento pertinente para que ésta pueda tomar acciones afir-mativas para proteger su interés. En caso de que por la negligencia del asegurado la aseguradora no pueda ejercer su causa de acción subrogada, ésta tendrá una causa de acción contra aquél. Véanse: Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, supra, págs. 212-214; Morales v. Automatic Vending Service, Inc., 103 D.P.R. 281, 284—285 (1975); Valle v. Sucn. Wiscovitch, 88 D.P.R. 86, 89 (1963).

       El 6 de noviembre era domingo.

        Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 588 (1990).

       Art. 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5291.

        Cintrón v. E.L.A., supra, pág. 589.

       31 L.P.R.A. see. 5303. Véase Cintrón v. E.L.A., supra, págs. 589-590.

        Feliciano v. A.A.A., supra, pág. 660.

       Véase Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471, 474 (1980).

        Cintrón v. E.L.A., supra, pág. 589.

       32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 304(23).

       íd., pág. 531.

        Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., supra, pág. 478.

       32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110.

       Véase Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 913-914 (2011).


author: per curiam:

text:
      In re Yesenia Vázquez Torres.

      Número: TS-16169

      Resuelto: 30 de junio de 2011

      Guillermo Figueroa Prieto, abogado de la querellada.
   per curiam:

Hoy nos vemos forzados a separar de la pro-fesión a una abogada que se declaró culpable del delito de perjurio ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Por entender que la Leda. Yesenia Vázquez Torres cometió un delito que implica falta de honradez, se le suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la profesión.

La licenciada Vázquez Torres fue admitida al ejercicio de la abogacía el 26 de enero de 2007 y prestó juramento como notaría el 26 de febrero del mismo año.

El 27 de mayo de 2009, la abogada de epígrafe fue acu-sada por un Gran Jurado federal (indictment), junto con el Sr. José D. Figueroa Agosto T/C/C “Junior Cápsula”, de los cargos de False Statement in Application for a Passport and Aiding and Abetting, 18 U.S.C.A. sec. 1542, y Furnishing a Passport which was Secured by Reason of a False Statement, 18 U.S.C.A. sec. 1542. Luego de llegar a un pre-acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la licenciada Vázquez Torres se declaró culpable de perjurio en el caso United States v. Yesenia Vázquez Torres, 10-CR-143 (JAF), el 26 abril de 2010.

De los hechos estipulados en el preacuerdo entre la de-fensa de la licenciada Vázquez Torres y la Fiscalía federal surge que en o alrededor del 17 dé diciembre de 1999, ésta acompañó al señor Figueroa Agosto a la Oficina de Pasa-portes del Departamento de Estado de Puerto Rico. Allí, Figueroa Agosto solicitó un pasaporte con el nombre ficticio de “Angel F. Rosa Rivera”. Por su parte, la licenciada Váz-quez Torres solicitó un pasaporte a su nombre. En las soli-citudes de pasaportes, a sabiendas, ambos ofrecieron la misma dirección residencial —la de Vázquez Torres— a sa-biendas de que Figueroa Agosto no residía allí. En especí-fico, la licenciada Vázquez Torres se declaró culpable de Official certificates or writings, según dispuesto en el capí-tulo 47 de 18 U.S.C.A. see. 1018 y 2(b). Ese delito precep-túa:

Whoever, being a public officer or other person authorized by any law of the United States to make or give a certificate or other writing, knowingly makes and delivers as true such a certificate or writing, containing any statement which he knows to be false, in a case where the punishment thereof is not elsewhere expressly provided by law, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both. id.

El mismo 26 de abril de 2010, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico le sentenció a cumplir un año de probatoria. El 13 de mayo de 2011, enterado este Tribunal de la convicción por conducto de la Secretaria del Tribunal de Distrito federal, le concedimos a la licenciada Vázquez Torres un término de diez días para que mostrara causa por la cual no se le debía suspender inmediatamente del ejercicio de la abogacía, según lo dis-puesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735).

El 31 de mayo de 2011 compareció la representación de la licenciada Vázquez Torres y nos informó que esta se en-cuentra en un estado delicado de salud. En vista de su situación, solicitó que se aplazara durante noventa días el término para que la abogada contestara nuestra Resolu-ción de 13 de mayo del presente año. No obstante, no negó que su representante era la persona implicada en la refe-rida sentencia federal ni adujo razones por las cuales no debía ser suspendida de la abogacía, según lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra. Exami-nados los hechos expuestos, procedemos a resolver.

I

Como es sabido, un abogado que sea culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave en conexión con el ejercicio de su profesión, podrá ser suspendido de la profesión. 4 L.P.R.A. see. 735. En el pasado hemos expresado que, cuando de una sentencia federal surge la admisión de unos hechos que implican depravación moral y falta de honradez, corresponde la separación inmediata de un miembro de la profesión legal. In re Andújar Figueroa, 156 D.P.R. 873 (2002); In re Rivera Medina, 127 D.P.R. 600 (1990). La depravación moral con-siste en hacer algo contrario a la justicia, a la honradez, a los buenos principios o a la moral. In re Colón Muñoz, 149 D.P.R. 627 (1999); In re Ríos Ruiz, 129 D.P.R. 666 (1991); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985).

Asimismo, hemos suspendido inmediatamente de la profesión a abogados que cometen perjurio por la carga que ello conlleva sobre la expectativa de honradez que se tiene de los abogados. Véase In re Cales Santiago, 155 D.P.R. 337 (2001). Esto, pues, como hemos expresado, con sus actuaciones, los abogados reflejan ante la comunidad las bases del concepto que ésta se forme, no solamente del abogado en particular que actúa, sino también de la clase profesional. In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974).

II

Por los fundamentos que anteceden, estimamos que el delito cometido por la abogada de epígrafe conlleva una seria falta de honradez. Conforme a la jurisprudencia ci-tada, una vez recibida la sentencia condenatoria en casos donde un abogado comete perjurio, corresponde que se le separe de la profesión. Por lo tanto, luego de un examen del expediente de esta abogada, proveemos “no ha lugar” a la moción presentada por su representación legal para un término adicional para mostrar causa y se decreta la sus-pensión inmediata e indefinida de la Leda. Yesenia Váz-quez Torres del ejercicio de la abogacía.

III

La licenciada Vázquez Torres notificará a sus clientes que, por motivo de la suspensión, no puede continuar con su representación legal y les devolverá los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por tra-bajos no realizados. De igual manera, deberá informar de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Además, se ordena al Alguacil General de este Tribunal que se incaute la obra notarial de la licenciada Vázquez Torres.

Se dictará Sentencia de conformidad.


text:
      In re Fundación Facultad de Derecho Eugenio María De Hostos.

      Número: MC-1996-25

      Resuelto: 30 de junio de 2011

      Carlos M. Rivera Lugo y Julio Aldea Irizarry,, representantes de los miembros fundadores y permanentes de la FFDE-MDH; Ramón E. Colón Pratts, representante del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Angel D. Díaz Vanga, repre-sentante del Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; Nasser A. Taha Montalvo, representante del personal docente de la FFDEMDH; Marién Méndez Acevedo, representante del personal no docente de la FFDEMDH; Patricia Pantoja Báez, representante de la FFDEMH; Federico Cedo Alzamora, representante del go-bierno municipal de Mayagüez; Carlos Rodríguez Sierra, decano y miembro exoficio de la FFDEMDH; Sr. Eddie González Vázquez, representante de la Asociación Hosto-siana de Exalumnos; Junta de Gobierno Estudiantil de la FFDEMDH; Jorge Pérez Díaz, presidente del Comité de Evaluación de la Acreditación de la FFDEMDH; Ramón E. Febus Bernardini, representante del honorable Goberna-dor de Puerto Rico.
   RESOLUCIÓN

I

Para 1996, tras su constitución e inicio de operaciones como entidad universitaria de estudios de Derecho, la Fun-dación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos (FFDEMH) nos solicitó una acreditación provisional de modo que sus egresados pudieran ser admitidos a los exá-menes de reválida que administra este Tribunal por medio de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y de la Notaría. La solicitud se formuló según nuestras facultades de regulación y supervisión del ejerci-cio de la abogacía que, como hemos expresado, es una de las áreas en las que este Tribunal tiene poder inherente.

Contando con nuestra acreditación provisional, la FFDEMH operó durante varios años. Véanse: In re Fund. De Hostos I, 161 D.P.R. 359 (2004); In re Fund. De Hostos, 159 D.P.R. 707 (2003); In re Fund. E. Ma. De Hostos II, 158 D.P.R. 786 (2003); In re Fund. E. Ma. De Hostos I, 158 D.P.R. 784 (2003); In re Fund. Fac. Der. E. Ma. De Hostos II, 150 D.P.R. 508 (2000); In re Fund. Fac. Der. E. Ma. De Hostos I, 150 D.P.R. 315 (2000); In re Fund. Fac. Der. E. Ma. De Hostos, 145 D.P.R. 217 (1998); In re Fund. Fac. Der. E. Ma. De Hostos 1,143 D.P.R. 818 (1997); In re Fund. Fac. Der. E. Ma. De Hostos, 142 D.P.R. 176 (1996); In re Fund. Fac. Der. Eugenio Ma. De Hostos, 141 D.P.R. 663 (1996).

Ahora bien, como entidad universitaria de educación superior en el campo del Derecho, la enseñanza en la FFDEMH debe proveer altos estándares de calidad que ga-ranticen que sus estudiantes puedan obtener una ense-ñanza jurídica cabal y que sus egresados ejerzan compe-tentemente la abogacía. La obtención de nuestra acreditación, así como la de la “American Bar Association” (ABA), son consecuentes con esa aspiración, toda vez que tal obtención supone que la institución de que se trate sa-tisface exigencias rigurosas de variado género, tales como: poseer un currículo apropiado de enseñanza, tener una fa-cultad con credenciales idóneas, poseer instalaciones físi-cas que permitan proveer a los estudiantes una experien-cia educativa amplia y variada, y contar con cierto grado de solidez institucional, tanto económica como organiza-tiva, entre otras cosas. De esta manera, la obtención de una acreditación provisional, y eventualmente la perma-nente, constituye una garantía de que ha mediado una su-pervisión rigurosa sobre el desempeño y la realidad insti-tucional de la entidad de que se trate respecto a su capacidad para formar abogados competentes, a la luz de la experiencia sobre qué debe comprender un programa ideal de Juris Doctor y qué experiencia mínima debe pro-veer una institución a sus estudiantes. Este es el interés público principal que debemos vigilar al ejercer nuestra función de acreditar instituciones educativas que proveen el grado de Juris Doctor.

A lo largo de los aproximadamente ocho años que la FFDEMH ha operado luego de que obtuviera la acredita-ción provisional —la primera se le concedió el 27 de junio de 2003 y se otorgó por un periodo de cinco años, In re Fund. De Hostos, supra— hemos visto cómo esta ha evolucionado. Originalmente se organizó como una entidad de carácter privado. Luego, para superar adversidades, principalmente de carácter económico, adoptó una modali-dad organizativa distinta e incluso ha explorado otras.

En el devenir de su historia, la FFDEMH ha contado con nuestra acreditación provisional en varias ocasiones. Es esta, el instrumento que permite a este Tribunal dar a la institución un rango similar al de las escuelas de Dere-cho acreditadas, de modo que se pueda evaluar su desem-peño sobre la marcha.

La acreditación provisional con la que actualmente la FFDEMH opera fue originalmente concedida, como ya mencionamos, por un periodo de cinco años. Durante ese período, se designó un Comité de Evaluación de la Acredi-tación Provisional de la FFDEMH (Comité de Acredita-ción), presidido por el Ledo. Jorge Pérez Díaz y compuesto por el Dr. Efraín González Tejera, el Dr. José González Ma-rrero, el Ledo. José Sosa Lloréns y el c.p.a. Rafael Martínez Margarida, que tuvo la responsabilidad de evaluar el pro-greso de la institución y formularnos recomendaciones a la luz de sus hallazgos.

Al vencimiento del plazo original de cinco años de nues-tra última acreditación provisional, concedimos un plazo adicional de tres años para observar si la institución podía superar las deficiencias identificadas previamente y que no logró atender de manera cabal en el plazo que le concedi-mos de cinco años. Coincidimos con el Comité de Acredita-ción cuando nos expresa que este período de tres años adi-cionales era un plazo crítico para la institución, ya que completaría un término de ocho años de operación con una acreditación provisional. A nuestro juicio, ocho años es un plazo razonable para demostrar la viabilidad de una insti-tución de enseñanza de Derecho. Por lo tanto, al finalizar el plazo de acreditación provisional de ocho años, la reali-dad institucional de la FFDEMH revela un cuadro bas-tante certero de su capacidad para subsistir como una ins-titución educativa en Puerto Rico, lo que sumado a su existencia previa, sin duda, refleja un panorama atinado de cúan viable es la institución a la luz de las exigencias impuestas y a la luz de la realidad del Puerto Rico de hoy.

El último informe de progreso de la institución fue pre-sentado en enero de 2011. Luego de evaluarlo, el Comité de Acreditación designado por este Tribunal nos recomendó que denegáramos la extensión de la acreditación provisional. En reacción a este informe, la FFDEMH pre-sentó una moción en oposición, cuyo contenido también he-mos considerado.

No obstante, por la importancia que reviste este asunto, procedemos a incorporar “in extenso” el contenido del In-forme del Comité de Evaluación de la Acreditación Provisional de la Fundación Facultad de Derecho Eugenio Maria de Hostos en Torno al Decimoquinto Informe de Progreso de 21 de abril de 2011, págs. 1-11, el cual esta-blece que:

La Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hos-tos [en adelante, FFDEMH] sometió ante^ el Tribunal Supremo su Decimoquinto Informe de Progreso. Éste describe las ges-tiones realizadas por la institución durante el semestre que transcurre de agosto del 2010 a diciembre del mismo año. Abarca las siguientes áreas:
• Política de admisión
• Resultados de los exámenes de reválida
• Programa de desarrollo académico
• Acreditación de la American Bar Association [en ade-lante, (ABA)]
• Notificación a los estudiantes de las condiciones para la acreditación provisional
• Informes de progreso
• Desarrollo de la nueva biblioteca
• Administración y Finanzas
• Otras condiciones PH1

I. Trasfondo

El 13 de febrero del 2008, el Tribunal Supremo de Puerto Rico extendió la acreditación provisional de la FFDEMH hasta el 30 de junio del 2011. La determinación inició un nuevo pe-ríodo de acreditación provisional que se sumaba al período de acreditación provisional concedido previamente por el Tribunal Supremo, y a la acreditación concedida originalmente al inicio de las operaciones de la FFDEMH, ocasión en la que ésta tampoco logró obtener la acreditación de la ABA, ni la acreditación final del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Al emitir la resolución en el 2008, el Tribunal impuso varias condiciones específicas que atañen a aspectos fiscales, al por-centaje de pasantía en la reválida de abogados por parte de los egresados de la FFDEMH, a la construcción de la nueva biblioteca y a las gestiones que la entidad debía realizar para obtener la acreditación de la ABA. Este período adicional de tres años era, por lo tanto, un período crítico para la institu-ción, la cual debía demostrar no sólo que podía superar las dificultades enfrentadas, siendo las principales la situación fiscal y la relacionada a la acreditación de la ABA, sino tam-bién que podía proyectarse al futuro como una entidad sol-vente, estable gerencialmente y competitiva frente a las de-más escuelas de Derecho de Puerto Rico.

En el pasado el Comité ha expresado serias preocupaciones sobre la posibilidad de que la FFDEMH pueda superar las dificultades enfrentadas y que pudiera proyectarse hacia el futuro llenando las expectativas de las entidades acreditadoras. Entre otras cosas, el Comité ha sido enfático en recalcar que el desempeño financiero ha sido pobre y las me-didas fiscales adoptadas han sido inefectivas y que la posibili-dad de que la FFDEMH pudiera cumplir sus responsabilida-des económicas y sus proyecciones de crecimiento bajo las circunstancias institucionales presentes eran escasas. La FFDEMH, de diversas maneras, ha reconocido la realidad fiscal comprometida que ha tenido. Ha explorado por su propia iniciativa distintas alternativas que no se han concretado.

Este Comité, en el ejercicio de las responsabilidades que tiene frente al Tribunal Supremo y frente a la sociedad por los intereses públicos que están implicados, respetuosamente en-tiende que la FFDEMH no es una entidad económicamente viable y que por razón de esto, su capacidad para proveer una educación de calidad, competitiva y que pueda responder sa-tisfactoriamente a las expectativas de su matrícula, bajo el escenario actual, es inexistente. Además, el Comité entiende que, a pesar del largo tiempo transcurrido en las gestiones para lograr la acreditación, la FFDEMH no cuenta con un plan concreto para mejorar sus finanzas, establecer la viabili-dad de su operación y culminar con éxito el proceso de acredi-tación por la ABA. En atención a lo anterior, el Comité reco-mienda DENEGAR una extensión a la acreditación provisional de la FFDEMH como al final de este informe se plantea.

A continuación el Comité comenta los aspectos más sobresa-lientes de este informe. Destacamos que el informe presentado por la FFDEMH, y sus mociones complementarias, no son ex-tensas, razón por la cual, se limita el análisis en este docu-mento a los aspectos sobresalientes y a la exposición de las preocupaciones del Comité sobre el contenido de los documen-tos evaluados. Finalizamos con una recomendación fundamen-tada respecto a la extensión de la acreditación provisional por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que como adelan-tamos, consiste en DENEGAR la extensión de la acreditación provisional.

II. Evaluación de los aspectos más sobresalientes del Decimoquinto Informe

1. Política de admisión

La FFDEMH ha mantenido desde el 2007 como política de admisión reclutar sólo estudiantes que tengan una puntuación en el EXADEP que no sea inferior a 550 puntos.

Para el período comprendido en el informe, sólo recibieron 16 solicitudes de personas que satisfacían este requisito. Ad-mitieron de éstos sólo a 10, cuyo perfil académico está descrito en el informe.

Si bien la FFDEMH ha cumplido con el requisito establecido en el Memorando de Entendimiento y las normas adoptadas por la FFDEMH con la aprobación del Tribunal Supremo, lo cierto es que el escaso número de nuevos estudiantes arroja serias dudas sobre la capacidad real de la FFDEMH para atraer estudiantes con las credenciales académicas mínimas requeridas para cumplir las exigencias profesionales estable-cidas por la FFDEMH y la reglamentación que regula la ad-misión al ejercicio de la abogacía. De esta manera, indepen-dientemente que la FFDEMH haya cumplido con este requisito, lo cierto es que dicho estándar de admisión puede afectar las posibilidades de reclutamiento de la entidad y con-secuentemente menoscaba los recursos fiscales provenientes de matrícula. La FFDEMH, por su parte, ha planteado en va-rias ocasiones que el poco número de estudiantes de nuevo ingreso es consecuencia del estatus de la solicitud de acredita-ción de la institución. Ha sugerido que la incertidumbre de la entidad en alguna medida ha estado ligada a cómo se ha de-sarrollado el proceso de evaluación de su solicitud de acreditación.

Aun cuando consideramos que tal planteamiento no es iló-gico, lo cierto es que la FFDEMH sabía que la obtención de la acreditación permanente suponía que cumpliera con las exi-gencias de la acreditación provisional, las cuales fueron acep-tadas por la FFDEMH. La ausencia de una acreditación per-manente puede ser un disuasivo para algunos estudiantes que desconfían de la inestabilidad institucional. Pero, la inestabi-lidad institucional respecto a la acreditación es un asunto que sólo puede superar la FFDEMH alcanzando la acreditación permanente mediante cumplimiento con las condiciones que fueron aceptadas para ello.

2. Resultados de los exámenes de reválida

Al presente, la FFDEMH debe lograr que no menos de un 35% de sus egresados aprueben la reválida de Derecho general en su primera oportunidad. En el examen administrado en septiembre del 2010, 5 de 9 estudiantes que lo tomaron por vez primera lo aprobaron. Porcentualmente, esto representa un 56% de pasantía para primerizos, por lo que implica que la entidad cumplió con este requisito.

3. Programa de desarrollo académico

El informe de la FFDEMH detalla los programas académi-cos especiales desarrollados como alternativas complementa-rias para el mejoramiento de sus estudiantes. Referimos al lector al Informe de la institución el cual contiene una exposi-ción de cada uno de estos cursos. En el informe no se discute si la institución evaluó la efectividad de estos cursos y programas.

4. Acreditación de la American Bar Association

Al extender la acreditación de la FFDEMH en el 2008, el Tribunal Supremo requirió a esta institución:

9. Iniciar y adelantar el proceso para obtener la acreditación provisional de la American Bar Association durante el plazo de acreditación provisional aquí concedido.

10. Atender agresivamente todos los hallazgos de la American Bar Association que impidieron la obtención de la acredi-tación provisional.

Con el vencimiento de la extensión de la Acreditación Provisional de la ABA, las gestiones realizadas al respecto cobran mayor importancia para la FFDEMH. En el informe, la enti-dad hace referencia a varias mociones selladas presentadas en el pasado. Presumiblemente, éstas se refieren a las gestiones realizadas por la entidad para lograr algún tipo de afiliación con otras entidades de educación universitaria. En el informe de progreso nada se indica respecto a gestiones específicas realizadas por la FFDEMH durante el período que cubre el informe para adelantar la obtención de la acreditación provisional. Al día de hoy el Comité desconoce qué progreso, si alguno, ha logrado la FFDEMH para cumplir satisfactoria-mente con los requisitos de la ABA.

5. Notificación a los estudiantes de condiciones de la acreditación provisional

La FFDEMH ha cumplido sustancialmente con este requisito.

6. Informes de progreso

La FFDEMH ha cumplido sustancialmente con este requisito.

7. Desarrollo de la colección de la biblioteca y cons-trucción de la nueva sede

En cuanto al fortalecimiento de la colección jurídica de la biblioteca de la FFDEMH, el informe refleja que han cumplido con esta condición, pues ha mantenido el proceso de adquisi-ción de recursos bibliográficos en la proporción establecida en el memorando de entendimiento del 2003. De esta manera, informan que durante el primer semestre del año académico 2010-2011 se añadieron 226 volúmenes impresos a la colec-ción bibliográfica de la FFDEMH. Actualmente la biblioteca de ésta cuenta con 67,300 volúmenes impresos y 135,106 volúme-nes en microformato. La proporción es de 33.25% volúmenes impresos y 66.75 en microformato. Prevén aumentar en el fu-turo la proporción de volúmenes impresos frente a los de microformato.

Por otro lado, en cuanto a la construcción de la sede de la nueva biblioteca, en pasados informes la FFDEMH ha infor-mado que estimaban que la construcción de ésta debía estar sustancialmente completada en febrero del 2011. En el in-forme aquí evaluado informan que debido a reclamaciones de subcontratistas en cuanto al pago de sus servicios por parte del contratista, no se han certificado varios meses de trabajo y al presente examinan la posibilidad de ejecutar la fianza “Payment and Performance Bond”. Esta situación ha motivado que reexaminen las expectativas en cuanto a la fecha de fina-lización de la construcción de la biblioteca.

La información suministrada revela que el itinerario pre-visto para completar la construcción de la biblioteca debe revisarse. El Comité carece de información más precisa al respecto. De hecho, la información contenida en el Informe de la FFDEMH es insuficiente para determinar el alcance de los problemas indicados. Destacamos, sin embargo, que bajo las condiciones establecidas en la resolución del Tribunal Supremo en la que se extendió la acreditación provisional de la FFDEMH sólo se requirió a ésta que iniciara la construcción de la biblioteca no más tarde de una fecha en particular sin que se le requiriera que la completara en una fecha en específico.

8. Administración y Finanzas

La situación financiera de la FFDEMH ha continuado debi-litándose, no empece el apoyo económico del gobierno de Puerto Rico. En los pasados dos años fiscales (2009 y 2010) la Facultad ha experimentado disminuciones en sus ingresos y pérdidas (disminución de activos netos) en sus operaciones as-cendentes a más de $600,000 anuales. La información finan-ciera más reciente, para la primera mitad del año fiscal en curso (2010-2011), evidencia un continuado incumplimiento con el presupuesto de operación así como un resultante debi-litamiento en el desempeño fiscal de la FFDEMH. No empece sus planes financieros, los ingresos por concepto de matrícula para este periodo evidenciaron una disminución por $101,282 que la FFDEMH atribuye nuevamente a la merma en estu-diantes matriculados. Más preocupante aún, la FFDEMH in-forma que para la sesión que comenzó el pasado mes de enero se matricularon solo 10 estudiantes de nuevo ingreso de 16 que habían sido admitidos y de 15 que habían sido presupuestados. Para este semestre se proyecta tma matrícula de 72 estudiantes, 3 menos que el semestre anterior. Por otro lado, la FFDEMH no informa de medidas para atajar esta preocupante tendencia de continua merma de estudiantes.

A pesar que la FFDEMH ha sido prudente con el manejo de sus gastos, los resultados al 31 de diciembre de 2010 arrojan una pérdida en las operaciones de $355,679 y no tenemos in-formación que sugiera que al final del año fiscal, 30 de junio de 2011, la situación mejore. Es probable que la pérdida para el año en curso sea similar, o mayor, a la de los dos años anteriores. Por otro lado, no es razonable que se continúen reduciendo los gastos (cuando hay partidas, como energía eléc-trica, cuyo aumento es incontrolable) sin que se afecte adver-samente la calidad del ofrecimiento académico. Pero nueva-mente, no se ha ofrecido información al Comité que permita aquilatar las alternativas que se puedan adoptar y sólo se aduce repetidamente el problema de reclutamiento de estu-diantes ante la falta de acreditación de la institución, hecho que la FFDEMH conocía desde el principio.

Por otro lado, el flujo de efectivo de operaciones reflejó una insuficiencia de $80,838 al concluir el año 2010 que se logró enjugar mediante el uso de una línea de crédito y una trans-ferencia del fondo dotal. No hay datos que sugieran que esta precaria situación haya mejorado, por el contrario. Estas limi-taciones de flujo de efectivo resultan seriamente preocupantes particularmente cuando se anticipa que, una vez concluida la construcción de la nueva biblioteca, la FFDEMH tendrá que efectuar pagos de $43,292 mensuales para amortizar el prés-tamo de construcción. De la información suministrada no surge que la FFDEMH tenga capacidad para cumplir con esta obligación, lo que tendrá serias consecuencias.

En síntesis, la situación económica de la FFDEMH es pre-caria, hecho consignado por sus auditores externos en la opi-nión que emitieron con los informes financieros del 2010. La situación informada no augura mejoría alguna, y al día de hoy no se ha presentado un plan financiero que plantee la eventual viabilidad de la FFDEMH y cómo ésta habrá de lograrse.

HL Recomendación Final del Comité en cuanto a la ex-tensión de la acreditación provisional de la FFDEMH

En el año 2008, el Tribunal Supremo extendió la acredita-ción provisional de la FFDEMH por 3 años. Vencería en el 31 de enero del 2011. Al conceder esta extensión el Tribunal des-tacó que lo hacía de manera “excepcional”. Advirtió el Tribunal que el incumplimiento de las condiciones establecidas conlle-varía la revocación de la acreditación.

De los requisitos establecidos, sin duda, los más neurálgicos son los que atañen a la autosuficiencia fiscal de la institución, a los porcentajes de pasantía en los exámenes de reválida y a la obtención de la Acreditación Provisional de la ABA.

Aun cuando en algunos renglones, la FFDEMH logró cum-plir con los requisitos, incluyendo lograr un porcentaje de pa-santía en los exámenes de reválida consecuente con los están-dares antes indicados, nos parece que la continuidad de la institución como una universidad viable depende de la auto-suficiencia fiscal y la obtención de la acreditación de la ABA. La FFDEMH no ha podido cumplir con las expectativas en ambos renglones.

Por otro lado, en cuanto a la acreditación de la FFDEMH por parte de la ABA, la fecha de su obtención es incierta. Cabe señalar que la concesión de la prórroga por el Tribunal Supremo para la acreditación provisional tuvo como uno de sus objetivos primarios dar a la Escuela una oportunidad adicio-nal para demostrar que era una entidad educativa viable. Tres años después no lo ha demostrado.

Asimismo, no ha resuelto su estrecha situación fiscal con los ingresos provenientes en el pago de matrícula. Tampoco ha ampliado sus fuentes externas de ingresos que no hayan sido aportaciones gubernamentales. En efecto, sus proyecciones económicas son iguales o peores a las existentes hace tres años, sobre todo si se toma en consideración que en el futuro cercano deberá asumir obligaciones fiscales adicionales rela-cionadas con la operación de la biblioteca y el repago de la deuda contraída para la construcción de ésta. Lo anterior, su-mado a la experiencia de la pasada década, nos provee los fundamentos para recomendar DENEGAR la extensión de una acreditación provisional a la FFDEMH, sin perjuicio de que se permita a sus actuales estudiantes tomar los exámenes de reválida tan pronto obtengan el correspondiente grado de Juris Doctor.

Respetuosamente sometido.

En San Juan, Puerto Rico a 25 de abril de 2011.

(firmado)Lcdo. Jorge Pérez Díaz Presidente

(Corchetes y énfasis en el original.)

II

Como se puede apreciar, si bien la FFDEMH cumplió con alguna de las condiciones requeridas por este Tribunal para lograr su acreditación, al recomendar denegar la ex-tensión de la acreditación provisional, el Comité destaca de modo preeminente la debilidad fiscal de la institución y la dificultad que ha tenido para reclutar nuevos estudiantes. Además, del Informe también se desprende que esta insti-tución educativa no ha demostrado progreso alguno para obtener la acreditación provisional de la ABA durante el plazo de acreditación provisional que le concediéramos. Esta era otra de las condiciones medulares para su acredi-tación por este Tribunal, pues su cumplimiento hubiese asegurado que sus egresados tuviesen la seguridad de que su institución educativa cumplía con los mismos criterios de calidad que tienen las otras tres escuelas de Derecho de Puerto Rico y las escuelas de Derecho de Estados Unidos. Otros factores, como el porcentaje en el índice de aproba-ción de la reválida de los egresados de la FFDEMH y la construcción de la nueva biblioteca, también son medulares.

Una constancia de la FFDEMH por los pasados años ha sido su debilidad fiscal. Ha sido ésta la que llevó a la ins-titución a reestructurarse para poder recibir aportaciones gubernamentales significativas, sin las cuales todo indica que no podría subsistir. Lamentablemente, no empece a ello, y aun cuando este Tribunal ha concedido múltiples oportunidades a la FFDEMH para que cumplan con los criterios de acreditación claramente establecidos y ha per- mitido a sus egresados tomar el examen de reválida de ma-nera ininterrumpida por los pasados años, del Informe del Comité de Acreditación se desprende claramente que la ins-titución educativa está prácticamente insolvente y no es autosuficiente.

De igual modo, aun cuando reconocemos que la FFDEMH ha hecho ajustes y recortes en sus gastos admi-nistrativos para atenuar problemas fiscales, las repercu-siones que estos gastos pudieran tener en la calidad de la enseñanza, por la reducción de programas, materiales de estudio, reducción de personal o de horas de trabajo de empleados necesarios para la operación de la institución, resulta como mínimo preocupante. No olvidemos que una institución educativa de Derecho no está compuesta solo por profesores y estudiantes. Es también el entorno educa-tivo en el que se provee esa enseñanza, el conjunto de pro-gramas que refuerzan el trabajo lectivo y las alternativas de enriquecimiento extracurricular que tienen los estu-diantes, entre otras cosas. Un escenario fiscal deprimido incide sobre la capacidad de una institución para fortalecer estos programas.

En sus comparecencias, la FFDEMH ha reiterado que su debilidad fiscal se debe, en parte, a su incapacidad para atraer a un número de estudiantes apropiado que permita fortalecer la cantidad de ingresos por la matrícula. Atri-buye este hecho a la falta de una acreditación permanente. La experiencia durante los pasados ocho años revela otra cosa. Repasemos los hechos.

La FFDEMH tenía durante buena parte de su vida una política de admisión de estudiantes más flexible que las demás escuelas de Derecho del país. De esta manera, uti-lizaba criterios de elegibilidad menos rigurosos que los de las otras escuelas al momento de establecer la puntuación mínima requerida en el EXADEP y en los demás criterios de admisión. El efecto de esa política de admisión tuvo su consecuencia en los resultados de índices de aprobación en los exámenes de reválida. Un porciento significativo de sus egresados no aprobaba la reválida de Derecho General en su primera ocasión, lo que incidía sobre una de las condi-ciones establecidas en el “Memorando de Entendimiento” que la institución suscribió con este Tribunal en el 2003. Consecuentemente, la FFDEMH no podía cumplir con la cuota mínima de índices de aprobación que le fue establecida. Esta realidad, que ponía en precario su acre-ditación, motivó que la institución variara su política de admisión para admitir sólo a personas que tuvieran una puntuación en el EXADEP que no fuera menor a 550 puntos.

El cambio mermó la cantidad de estudiantes que podía reclutar, no sólo por la reducción del universo de candida-tos, sino porque la institución tenía que competir con las otras tres escuelas acreditadas del país que tenían políti-cas de admisión similares. La reducción de la plantilla de nuevos estudiantes mermó los ingresos en concepto de ma-trícula de la FFDEMH y aumentó la dependencia de otras fuentes de financiamiento. A esta dependencia se sumó la urgencia que tenía la institución de construir una nueva biblioteca para su institución, cuyo costo supondría, como supuso, la obtención de financiamiento de la banca.

Carecer de la acreditación permanente, durante los pri-meros años de acreditación provisional no era necesaria-mente un disuasivo para nuevos estudiantes, pues éstos tenían garantizada su admisión a los exámenes de reválida si terminaban sus estudios durante la vigencia de la acre-ditación provisional, siempre y cuando cumplieran con los demás requisitos de admisibilidad. Así, el panorama exis-tente durante esos primeros años de acreditación provisional no era necesariamente excepcional. Podía reflejar la realidad en la que operaría la institución y sugiere que los pronósticos de disponibilidad de estudiantes elegibles para admisión no eran certeros.

Siendo ello así, y tomando en consideración el último “Informe del Comité de Evaluación de la Acreditación Provisional de la Fundación Facultad de Derecho Eugenio Maria de Hostos en Torno al Decimoquinto Informe de Progre-so”, la réplica a ese informe presentada por la FFDEMH, así como la experiencia de la pasada década, resolvemos “denegar” la extensión de una acreditación provisional a la FFDEMH. No obstante, el Tribunal considera que la deter-minación que hoy tomamos no es óbice para que la FFDEMH continúe su esfuerzo de solventar su situación económica y académica y, una vez concluya ese proceso, reinicie nuevamente su proceso de acreditación ante este Tribunal.

Ahora bien, para proteger a los estudiantes que cursa-ron estudios en la FFDEMH mientras estuvo vigente la acreditación provisional, se les permitirá a éstos tomar los exámenes de reválida tan pronto obtengan el correspon-diente grado de Juris Doctor. De igual forma, se les perm i - tirá tomar los exámenes de reválida a los egresados de la FFDEMH durante ese término. Por último, debe quedar claro que la medida que hoy tomamos no afecta en nada la licencia de aquellos egresados de la FFDEMH que aproba-ron la reválida.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta hace constar la expresión siguiente:

Disiento de la decisión mayoritaria que deniega la extensión de la acreditación solicitada por la Fundación Facultad de De-recho Eugenio María de Hostos. Sin embargo, aplaudo la ex-hortación a la Fundación para que continúe sus esfuerzos para lograr su viabilidad económica y, una vez esté en condiciones, retome el procedimiento de acreditación ante este Tribunal.
Considero que en el cumplimiento responsable de nuestro deber de velar por que las escuelas de Derecho de este país provean una educación de alta calidad, no podemos evaluar una solicitud como la presente utilizando mediante un enfo-que estrechamente económico, menospreciando que menospre-cie los avances y logros alcanzados desde el año 2008 por la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. Si bien es cierto que esta institución de educación jurídica se encuentra en una situación fiscal delicada, no podemos obviar que durante el plazo de acreditación provisional de tres años nuestro país ha atravesado y atraviesa aún dificultades económicas. A pesar de ello, la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos ha cumplido con la mayor parte de las condiciones impuestas por este Tribunal en la Resolución de 13 de febrero de 2008, al igual que con muchas de las ob-servaciones emitidas por la American Bar Association en su última vista de acreditación de 21 de abril de 2007. Concreta-mente, los requerimientos en torno al mejoramiento acadé-mico, tanto del estudiantado como de su facultad, la expansión de sus recursos investigativos y bibliográficos, junto a la crea-ción de nueva infraestructura, han sido adelantados de forma consistente. Incluso, la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos ha rebasado por mucho el índice de apro-bación del examen de reválida que le requerimos y uno de sus egresados fue la nota más alta en la reválida de marzo de este año. Todo ello denota una gran capacidad de superación.
La Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hos-tos se ha destacado en los últimos años por su fiel compromiso por mejorar su calidad de enseñanza y ofrecer a su estudian-tado una visión única del mundo jurídico en el que se desen-volverán como profesionales del Derecho. A la vez, los esfuer-zos por estabilizar su situación fiscal y organizativa, aunque infructuosos, han sido notables. Por lo tanto, extendería la acreditación provisional por tres años adicionales, en aras de que ésta pueda cumplir a cabalidad con los requerimientos restantes.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, recurrida, v. Puerto Rico Telephone Company, peticionaria; Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Jorge L. Torres Plaza, A.), organismo revisado.

      Número: CC-2009-1034

      Resuelto: 30 de junio de 2011

      José J. Santiago Meléndez y Carlos A. Padilla Vélez, de Fiddler, González & Rodríguez. abogados de la parte peti-cionaria; Jaime Enrique Cruz Alvarez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del

Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde dirimir si un árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Negociado de Conciliación y Arbitraje) actuó de forma ultra vires al declarar el archivo con perjuicio de un caso de arbitraje laboral entre la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) y la Hermandad Independiente de Empleados Te-lefónicos (HIETel). Concluimos que el árbitro actuó dentro del margen de discreción que le confiere el ordenamiento jurídico. Por los fundamentos que exponemos a continua-ción, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

I

El 24 de junio de 2005 la PRTC despidió a la Sra. Ive-lisse Vargas Gelabert por alegadamente incurrir en viola-ciones al Reglamento de Disciplina y al Reglamento de Ética de la PRTC. Por no estar conforme con dicho despido, la HIETel —unión obrera que representa a la señora Vargas Gelabert— presentó una querella ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje.

El árbitro señaló una vista para el 3 de febrero de 2006. Al notificar su señalamiento, el árbitro Jorge Torres Plaza incluyó una advertencia que fue repetida en todas las no-tificaciones posteriores. Ésta dispone de la forma si-guiente:

Se les apercibe que de no comparecer o de comparecer y no estar debidamente preparadas, el árbitro, entre otras cosas, podrá conforme lo dispone el Reglamento para el Orden In-terno de los Servicios del Negociado de Conciliación y Arbi-traje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos:
1. proceder al cierre del caso con perjuicio
2. efectuar la vista con la parte compareciente
3. tomar la acción que estime apropiada, consistente con la más rápida y efectiva disposición de la controversia. Apéndice, pág. 87.

La vista fue suspendida a petición de la HIETel, ya que el abogado no se había reunido con la señora Vargas Gelabert. Por segunda ocasión, el árbitro señaló la vista para el 6 de junio de 2006. No obstante, la vista fue sus-pendida a solicitud de la HIETel por el fallecimiento de un familiar.

Posteriormente, la vista fue pautada para el 30 de octu-bre de 2006. Sin embargo, se suspendió nuevamente a pe-tición de la HIETel, ya que la querellante estaba enferma. Entonces, el árbitro señaló otra vista para el 12 de marzo de 2007. Esta vista también fue suspendida, pero en esta ocasión a petición de la PRTC, ya que un testigo no podía comparecer. Nuevamente la vista se calendarizó para el 2 de agosto de 2007. No obstante, la vista fue suspendida a petición de la HIETel porque la querellante se encontraría fuera de Puerto Rico.

La vista se señaló por sexta ocasión para el 15 de no-viembre de 2007. Dicha vista tampoco se celebró. Fue sus-pendida a petición de la HIETel por encontrarse en un pro-ceso de conciliación con la PRTC. El árbitro entonces pautó la vista para el 20 de febrero de 2008. Fue suspendida por un conflicto en el calendario del abogado de la HIETel. Se señaló la vista por octava ocasión para el 3 de abril de 2008. No obstante, esa vista tampoco se celebró, ya que el abogado de la HIETel solicitó otra suspensión porque no se había reunido con la señora Vargas Gelabert. De nuevo, el árbitro reseñaló la vista para el 9 de jimio de 2008, pero ésta también se suspendió a petición de la HIETel por con-flicto en el calendario de su abogado.

Así las cosas, por décima ocasión, el árbitro señaló la vista para el 17 de diciembre de 2008. Esa notificación tiene fecha de 5 de septiembre de 2008 y en ésta se aper-cibió a las partes de que no se concedería ninguna petición de suspensión. A tales fines, la notificación expresó:

Se apercibe a las partes que no habremos de conceder petición de suspensión alguna que en lo sucesivo se pretenda presentar. El día de la vista, el caso se verá con la parte que comparezca. No se le concederá suspensión a la Unión. Apén-dice, pág. 110.

La notificación fue enviada a la Leda. Sonia H. Cruz, gerente del Departamento de Asuntos Laborales de la PRTC, y al Ledo. Jaime Cruz Alvarez, representante legal de la HIETel. A pesar de la advertencia realizada por el árbitro de que no se concedería ninguna solicitud de sus-pensión, el representante legal de la HIETel solicitó la dé-cima transferencia de la vista. El 23 de septiembre de 2008 presentó una Moción Solicitando Transferencia de Vista, en la cual alegó que para la fecha pautada estaría de vaca-ciones con su familia. El árbitro no emitió notificación al-guna como respuesta a esta solicitud.

Con posterioridad, el 17 de diciembre de 2008 se celebró la vista, conforme lo había programado el árbitro. Sin embargo, la señora Vargas Gelabert y el abogado de la HIETel no comparecieron. Surge del expediente que tampoco se comunicaron con el árbitro para verificar si el señala-miento de vista continuaba en pie. Ante la incomparecen-cia de éstos, el árbitro ordenó el archivo y cierre de la que-rella, con perjuicio.

Inconforme, la HIETel recurrió mediante una solicitud de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. Este expidió el auto solicitado y confirmó la decisión del árbitro de archivar la querella con perjuicio. El foro primario en-tendió que, según las disposiciones de los Reglamentos para el Orden Interno de los Servicios del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 3 de junio de 2003 y de 24 de no-viembre de 2008, el árbitro tenía la discreción para decla-rar el archivo con perjuicio del caso. Fundamentó su deci-sión en que se trataba de un caso en que se había cancelado la vista en su fondo en nueve ocasiones y en que hubo un apercibimiento expreso de que, en caso de incom-parecencia, una de las consecuencias podía ser el archivo del caso.

Aún inconforme, la HIETel acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Este, tras sopesar los argumentos de las par-tes, revocó la determinación del foro de instancia. A su jui-cio, el representante legal de la HIETel incurrió en una conducta constitutiva de demora, abandono y falta de diligencia. Sin embargo, concluyó que el árbitro debió im-ponerle alguna sanción antes de utilizar la medida extrema de la desestimación. Al revocar, impuso una sanción de $500 al representante legal de la HIETel por su incom-parecencia a la vista y devolvió el caso al Negociado de Conciliación y Arbitraje.

Inconforme, la PRTC acude ante nos y señala que el foro apelativo intermedio erró al permitir la reapertura del caso, pues el árbitro tenía discreción para archivar con per-juicio la querella. Expedimos el auto de certiorari y, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, luego de analizar detenidamente el expediente del recurso, pasamos a resolver.

II

A. “Un acuerdo en un convenio colectivo para utilizar el arbitraje como mecanismo de ajuste de controversias crea un foro sustituto a los tribunales de justicia. En efecto, ello representa una sustitución del juez por el árbitro.” Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 D.P.R. 347, 352 (1999). Véase López v. Destilería Serrallés, 90 D.P.R. 245 (1964).

Por tal motivo, “[l]os procedimientos de arbitraje y lau-dos emitidos en el campo laboral gozan ante los tribunales de justicia de una especial deferencia por constituir el trá-mite ideal para resolver disputas obrero-patronales de modo rápido, cómodo, menos costoso y técnico”. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 836 (1977).

Es decir, el arbitraje obrero-patronal es un medio más apropiado que los tribunales de justicia a la hora de resolver disputas que suxjan de la relación contractual entre las partes, ya que es menos técnico, más flexible y menos oneroso. Véanse: C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299 (2011); Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 127 (1963). Con esto se cumple “con la política pública laboral imperante en esta jurisdicción, la cual exige que ‘las con-troversias laborales tengan rápida adjudicación y pronto fin’ ”. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 37. Véase, además, J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 D.P.R. 76, 81-82 (1978).

De este modo se le confiere gran deferencia a la inter-pretación que realiza el árbitro de lo acordado en el conve-nio, pues “en Puerto Rico existe una fuerte política pública a favor del arbitraje ...”. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 368 (2010), y casos allí citados.

El rol del convenio colectivo en el campo laboral es trascendental. Al respecto, hemos mencionado que el convenio colectivo

... representa el fruto de largas y acaloradas horas de discu-sión entre el patrono y la portavoz de los reclamos de los em-pleados de éste. La otorgación y firma de un convenio colectivo representa el triunfo del poder de la negociación sobre la fuerza, de la cordura y la razón sobre la temeridad y la violen-cia, y de la necesidad que todos tenemos de vivir en armonía los unos con los otros. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 352 (1985).

La flexibilidad que caracteriza el proceso de arbitraje se logra porque las reglas de procedimiento civil no le aplican. D. Fernández Quiñones, El Arbitraje Obrero-Patronal, Colombia, Ed. Forum, 2000, pág. 24. Es decir, el árbitro conduce el proceso sin tener que sujetarse al rigor que impone ese cuerpo de reglas. El propósito de esto es respetar uno de los principios básicos del arbitraje, que es la finalidad en las dilucidaciones de controversias por medio de un pro-cedimiento más ágil y menos formal. Véase, en general, F. Elkouri y E. Elkouri, How Arbitration Works, 5ta ed., Washington D.C., The Bureau of National Affairs, 1997, págs. 10-15.

B. Luego de exponer el marco doctrinal sobre el arbi-traje, es necesario precisar bajo cuál reglamento debemos resolver la controversia que tenemos ante nuestra consideración. Para responder esa interrogante es menes-ter que acudamos al convenio colectivo existente entre la PRTC y la HIETel. Éste, al disponer lo relativo a las con-troversias sometidas a arbitraje, establece en su Art. 57, Sec. 3:

Para todos los efectos de este Artículo, las normas del Nego-ciado que prevalecerán serán las que estaban vigentes al 26 de diciembre de 2002, y ninguna enmienda a las mismas o un nuevo reglamento, serán aplicables bajo este Convenio. La de-cisión del Arbitro será final e inapelable, la cual será seguida y cumplida por las partes siempre que sea conforme a derecho. Apéndice, pág. 216.

Lo anterior es de especial importancia, ya que los foros inferiores utilizaron erróneamente las disposiciones conte nidas en reglamentos del Negociado de Arbitraje y Conci-liación posteriores a las que estaban vigentes el 26 de diciembre de 2002, contrario a lo pactado.

Hemos expresado que un convenio colectivo es un contrato entre las partes, al cual le aplican las disposiciones del Código Civil en lo relativo a la materia de contratos. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443, 450 (2009); Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 425, 440 (1962). Así pues, un convenio colectivo tiene fuerza de ley entre las partes y debe cumplirse conforme con lo que en él se establece. Véanse: Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2994; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 451.

Por consiguiente, conforme al convenio colectivo, que es la ley entre las partes, la norma aplicable para resolver la controversia que nos ocupa la establece el Reglamento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del Ne-gociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Reglamento Núm. 6065 de 27 de septiembre de 1999, que era el vigente al 26 de diciembre de 2002.

III

En lo pertinente, el Reglamento Núm. 6065, supra, es-tablece en su Art. VIII:

Artículo VIII— Aplazamientos o Suspensiones, Incompare-cencias y Tardanzas
a) Todas las posposiciones o suspensiones de vistas serán con-cedidas a discreción del árbitro. Disponiéndose, que en aque-llos casos en que medie justa causa que impida a la parte que solicita la posposición o suspensión comunicarse con el árbitro, ésta podrá elevar dicha solicitud ante la consideración del Director del Negociado de Conciliación y Arbitraje o la persona que lo sustituya.
b) Para poder considerar solicitudes de aplazamiento o sus-pensión de vistas, la parte interesada deberá someter por es-crito la solicitud al árbitro, indicando las razones, por lo menos con cinco (5) días laborables de antelación a la fecha de la vista, salvo en circunstancias extraordinarias, y deberá notifi-car simultáneamente a la otra parte.
c) Incomparecencias — Si una de las partes, o ambas, no com-parecen a la vista luego de haber sido notificada por el árbitro, sin haber solicitado y conseguido aplazamiento o suspensión de la vista, el árbitro:
1. podrá proceder al cierre del caso con perjuicio si la incom-parecencia es de la parte querellante;
2. o, si la parte contraria es la que no comparece, podrá proceder con la celebración de la vista y emitir su decisión sólo a base de la prueba presentada por la parte querellante;
3. o, si ninguna de las partes comparece, podrá tomar la acción que estime apropiada, consistente con la más rápida y efectiva disposición de la controversia.

Esta disposición del Reglamento es en extremo diáfana. “[E]s tan clara que hiere la retina con la intensidad de su luz.” P.R. Am. Sugar Refinery Inc. v. Domenech, Tes., 46 D.P.R. 602, 609 (1934). Es decir, un análisis del Reglamento Núm. 6065, supra, revela que el árbitro tiene la dis-creción de archivar el caso con perjuicio ante la incompa-recencia de la parte querellante que no solicita y obtiene la suspensión de la vista señalada. Precisamente eso fue lo que ocurrió en este caso. Ante la constante incomparecen-cia de la parte querellante, el árbitro ejerció su discreción y desestimó la acción.

Hemos mencionado que la discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 770 (1977). Asimismo, “ ‘no significa poder para actuar en mía forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho’ ”. (Énfasis suprimido.) Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).

En conformidad con lo anterior, el árbitro contaba con discreción para decretar el archivo con perjuicio del caso ante la incomparecencia de la señora Vargas Gelabert, de-bido a que ésta no consiguió la suspensión que solicitó, como requiere el Reglamento Núm. 6065, supra.

Coincidimos con el Tribunal de Apelaciones en que la medida de la desestimación es extrema. No obstante, el árbitro no abusó de su discreción al desestimar la querella. El caso llevaba alrededor de tres años sin que se celebrara vista alguna debido a nueve suspensiones, ocho de ellas procuradas por la parte promotora, a saber, la señora Vargas Gelabert y la HIETel. Éstas no mostraron la diligencia necesaria para ejercer su derecho y efectuar el proceso de arbitraje. Por el contrario, su patrón de solicitar suspensio-nes reiteradamente demuestra, como mínimo, dejadez y desinterés de su parte.

La PRTC señaló que reabrir el proceso de arbitraje po-dría causarle un gran perjuicio. Fundamentó su posición en que, por tratarse de un caso de despido, el patrono tiene el peso de la prueba y que las continuas posposiciones pue-den producir que los testigos no estén disponibles; que aun cuando estuvieran disponibles, el paso del tiempo puede afectar el recuerdo de los sucesos. La contención de la PRTC es correcta.

Aunque en los procesos de arbitraje no se puede violar la vertiente procesal del debido proceso de ley, mencionamos en J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 69 (1987), que “esto no significa que la implantación de un procedimiento de arbitraje que ha sido pactado previamente dependa de los deseos de una de las partes de comparecer al mismo”. Además, expresamos que esto “resultaría en un estado de anarquía si las partes pudieran eludir las decisiones por el simple hecho de no comparecer”. Id. Véase, además, Hod Carriers v. Pennsylvania Pipeline, 103 Cal. App.3d 163, 172 (Cal. App. 1980). En J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., supra, la parte que no compareció al proceso de arbitraje fue la querellada. Sin embargo, el fundamento de ese caso es ex-tensivo al que nos ocupa, en el que la parte que no compa-rece es la querellante.

El foro apelativo intermedio fundamentó su decisión de permitir la reapertura del caso en que el “árbitro debió primero amonestar y sancionar al abogado, además de ad-vertirle a la [HIETel] que si el problema de las suspensio-nes no se corregía!,] la querella podía ser desestimada, dándole así oportunidad para que corrigiera el problema”. Apéndice, pág. 35.

En otras palabras, el Tribunal de Apelaciones aplicó al proceso de arbitraje la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), que era la vigente al mo-mento en que se desestimó la querella. En específico, la regla disponía de la forma siguiente:

Regla 39.2 Desestimación

(a) Si el demandante dejare de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa pro-pia o a solicitud del demandado, podrá decretar la desestima-ción del pleito o de cualquier reclamación contra él o la elimi-nación de las alegaciones, según corresponda.
Cuando se trate de un primer incumplimiento la severa san-ción de la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones, tan sólo procederá después que el tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado de la parte de la situación y se le haya concedido oportunidad para responder.
Si el abogado de la parte no respondiese a tal apercibimiento, el tribunal procederá a imponer sanciones al abogado de la parte y se notificará directamente a la parte sobre la situación. Luego de que la parte haya sido debidamente infor-mada y/o apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener el que la misma no sea corregida, el tribunal po-drá ordenar la desestimación del pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal concederá a la parte un término de tiempo razonable para corregir la situación que en ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos que las circuns-tancias del caso justifiquen que se reduzca el término. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 39.2(a).

El foro apelativo intermedio concluyó que no procedía la desestimación del proceso de arbitraje como primera sanción. En cambio, le impuso una sanción de $500 al abo-gado de la HIETel. Erró el Tribunal de Apelaciones al así proceder.

Como se mencionó anteriormente, las Reglas de Proce-dimiento Civil no regulan el procedimiento de arbitraje, pues se busca que este sea flexible y ágil. Véase la Sec. 15 de la Uniform Arbritation Act, producida por la National Conference of Commissioners of Uniform State Laws, que le otorga una gran discreción al árbitro a la hora de condu-cir el proceso de arbitraje.

Por tal motivo, el Reglamento Núm. 6065, supra, des-cartó el uso de las Reglas de Procedimiento Civil al dispo-ner en su Artículo X(a) que “[l]as reglas de evidencia y [de] procedimiento de los tribunales o de agencias administra-tivas no serán de aplicación al procedimiento de arbitraje”. De este modo, el Reglamento Núm. 6065, supra, eliminó la posibilidad de que las Reglas de Procedimiento Civil pau-taran el trámite del arbitraje. En cambio, las reglas pue-den servir de guías, siempre que no contradigan lo pactado en el convenio ni frustren la flexibilidad y agilidad que son inherentes al proceso de arbitraje.

Precisamente, el Reglamento para el Orden Interno de los Servicios del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico de 24 de noviembre de 2008, eliminó toda referencia a las Reglas de Procedimiento Civil. En lo concerniente a las Reglas de Evidencia, dispuso “que podrán utilizarse como guías en las vistas de arbitraje, pero se aplicarán flexiblemente”. Apéndice, pág. 293.

Así, para poder saber cuál es el cuerpo procesal que va a regular el arbitraje, es necesario acudir al convenio colec-tivo y auscultar qué fue lo que se pactó. Véase Elkouri y Elkouri, op. cit., págs. 313-315. En este caso, el cuerpo procesal que regula el procedimiento de arbitraje es el Re-glamento Núm. 6065, supra, que fue el que se escogió en el convenio colectivo. Éste le concedía al árbitro la facultad de desestimar la querella ante la incomparecencia de la parte que promueve el arbitraje.

IV

En suma, la parte querellante debió actuar diligente-mente en la tramitación de su caso. Al no hacerlo, quedó sujeta a que le desestimaran la querella por su dejadez y negligencia. El Reglamento Núm. 6065, supra, otorgaba al árbitro la facultad discrecional de desestimar la querella. Así lo hizo y no abusó de su discreción.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se re-voca la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se confirma la decisión del árbitro de desestimar la querella.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       El análisis es el mismo al amparo de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V).

       En lo pertinente, el texto en inglés lee de la manera siguiente: “An arbitrator may conduct an arbitration in such manner as the arbitrator considers appropriate for a fair and expeditious disposition of the proceeding.” Uniform Arbitration Act (2000) (U.L.A.) Sec. 15.