author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Roig, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de una escri-tura de hipoteca voluntaria.
    No. 199.
    Resuelto en junio 26, 1915.
    Hipotecas — Créditos Refaccionarios Garantizados con Hipoteca — Hipotecas para Garantizar Cantidades Recibidas o que Deban Recibirse. — Los artí-culos 59, 60 y 94 de la Ley Hipotecaria se refieren a la anotación preventiva de créditos refaccionarios y a la conversión de dicha anotación e inscripción hipotecaria, y no a hipotecas expresamente constituidas para garantir canti-dades ya recibidas y que debían recibirse en el futuro para un destino indicado.
    Id. — Obligaciones Futuras — Terceros.—De acuerdo con los artículos 142 y 143 de la Ley Hipotecaria, como la hipoteca os una obligación accesoria, puede constituirse para la seguridad del cumplimiento de cualquiera especie de obli-gación permitida por las leyes, ya sea pura, ya sea condicional, ya a día cierto, ya desde cierto día, ya por la que se contrae de presente, ya por la que se contrae de futuro o se piensa contraer; por toda la deuda, por parte de ella, por las obligaciones naturales y por las civiles; de modo que puede no ser eficaz en la obligación principal y serlo, sin embargo, la hipoteca constituida por un tercero garantizándola.
    Id. — Inscripciones de Hipoteca — Requisitos de la Inscripción — Deber del Registrador — Terceros.—En las inscripciones de hipotecas deberá expresarse ' con claridad la cantidad de que responde la finca por razón de capital, de inte-reses y de costas; pero si en la escritura no se haee esa distinción, el regis-trador deberá atenerse a lo que de ella resulte, sin que deba estimar como defecto el que no se haga esa distinción, porque lo importante es saber de qué responde la finca en perjuicio de tercero.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González.

    El registrador recurrido Sr. Miguel ,'Planellas compare-ció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Humacao por virtud de la cual se negó la inscripción de cierta hipoteca voluntaria. En 16 de agosto de 1914, en Humacao, comparecieron ante el notario público Francisco González, Vicente Valázquez y su esposa María Peña, de una parte, y de otra, Antonio Roig Torrellas, como presidente de la compañía azucarera “El Ejemplo,” corporación organizada con arreglo a las leyes de Puerto Rico, y otorgaron una escritura de refacción, siem-bra y molienda de cañas y garantía hipotecaria.

En dicha escritura, entre otros particulares, se hace cons-' tar que los comparecientes Velázquez y su esposa son dueños de un predio rústico de 21 cuerdas, que se describe debida-mente, poseyendo además Velázquez en arrendamiento otra parcela de terreno de la propiedad del otro compareciente Roig Torrellas; que Velázquez tiene sembradas 16 cuerdas de cañas en la finca arrendada y tres en la de su propiedad; que Roig ■ Torrellas se compromete a refaccionar a-Veláz-quez para el cultivo, siembra y corte de las cañas, $30 por cada cuerda de plantilla, $10 por cada cuerda de tocón o retoño y 70 centavos por cada tonelada de corte y cargado de vago-nes, confesando Velázquez que desde el 7 de marzo de 1914 en que empezó la refacción, hasta la fecha de la escritura, ha recibido a cuenta de la dicha refacción $1,021.31; que las cuentas de refacción devengarán el interés del 1 por ciento mensual que se irá cargando a ella y se liquidará todo al final de cada zafra o cosecha en 30 de junio de los años 1915 y 1916, abonando a ella el importe del azúcar elaborada, y, por último, que los dichos Velazquez y su esposa constitu-yeron “hipoteca por el importe o alcance de la refacción a favor de la compañía azucarera £E1 Ejemplo’ sobre la finca rústica de su propiedad descrita en el hecho primero de la parte expositiva de esta escritura, cuya hipoteca se amplía también a la cantidad de $100 para el caso qne tenga que1 procederse judicialmente al cobro.”

Presentada la escritura en el registro, se negó su ins-cripción por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de la hipoteca contenida en este docu-mento, porque no pudiendo conocerse según el mismo el importe de la refacción en cuya garantía se constituye aquel gravamen, no aparece expresada la extensión del derecho que se pretende inscri-bir; y se tomó anotación por 120 días de acuerdo con la ley, en el tomo 24 de Humacao, al folio 231 vto. finca No. 1066 (inscrip) digo anotación A. Humacao, 18 de septiembre de 1914. Miguel Pla-nellas. Registrador de la Propiedad.”

El registrador sostiene además en un alegato presentado en apoyo de su nota, que la Ley Hipotecaria le prohíbe la inscripción de una hipoteca en garantía de créditos hipote-carios ilíquidos, y cita al efecto los artículos 60, 59 y 94 de dicha ley.

Después de un cuidadoso estudio del caso, opinamos que debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada con el defecto subsanable que se indicará más ade-lante.

Los artículos de la Ley Hipotecaria invocados por el regis-trador, se refieren a la anotación preventiva de créditos refac-cionarios y a la conversión de dicha anotación e inscripción hipotecaria, y en el presente caso no se trata simplemente de un crédito refaccionario, sino de una hipoteca expresa-mente constituida para garantir las cantidades ya recibidas y que debían recibirse en el futuro para el destino indicado en la escritura.

Que puede constituirse una hipoteca para garantir una obligación futura, está expresamente previsto en la Ley Hipo-tecaria, artículos 142 y 143. Comentando G-alindo esos artícu-los se expresa como sigue:

“Como la hipoteca en una obligación accesoria, puede constituirse para la seguridad del cumplimiento de cualquiera especie de obli-gación permitida por las leyes, ya sea pura, ya sea condicional, ya a día cierto, ya desde cierto día, ya por la que se contrae de presente, ya por la que se contrae de futuro o se piensa contraer; por toda la deuda, por parte de ella, por las obligaciones naturales y por las civiles; de modo que puede no ser eñcaz en juicio la obligación principal, y serlo, sin embargo, la hipoteca constituida por un tercero, garantizándola.” 3 Galindo, Legislación Hipotecaria, 353.

Es cierto que no se fija por modo preciso la extensión de la obligación hipotecaria, pero ella podrá fijarse cuando se liquide la cuenta de refacción para cuya liquidación se consignan bases en la escritura.

' “En las inscripciones de hipoteca deberá expresarse con claridad la cantidad de que responde la finca por razón de capital, de inte-reses y de costas; pero si en la escritura no se hizo esa distinción/ el registrador deberá atenerse a lo que de ella resulte, sin que deba estimar como defecto el que no se haga esa distinción, porque lo im-portante es saber de qué responde' la finca en perjuicio de tercero.” 1 Galindo, Legislación Hipotecaria, 594.

En el presente caso, si bien no se fija una cantidad deter-minada como cuantía de la hipoteca, se señala con toda clari-dad la naturaleza de la obligación constituida, obligación que p,or virtud de esa misma naturaleza no podía liquidarseen el momento en que quedó constituida, refiriéndose su liqui-dación a una fecha determinada. Y de todo lo debido en esa fecha responderá la finca en perjuicio de tercero. Dicha suma total en ningún caso podía exceder de cierta cantidad máxima que puede determinarse ligeramente haciendo un cál-culo basado en los datos que constan en la misma escritura. Por consiguiente, esta escritura debido al error en cuestión no puede ocasionar inconveniente alguno a ninguna persona como no. sea a las mismas partes.

Debe revocarse la nota recurrida.

. Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Belaval, Demandante y Apelado, v. Todd, Alcalde de San Juan, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un recurso sobre mandamus.

    No. 1259.
    Resuelto en junio 26, 1915.
    Mandamus — Sentencia en Pavor de la Petición — Alegaciones Ciertas — -Pre-sunción. — Cuando en una solicitud de mandamus la corte resuelve la cuestión en favor del peticionario, debe presumirse que todas las alegaciones bien formuladas que ella contiene son ciertas.
    Destitución de Empleados — Destitución por Causa Política — Ley Municipal. — Una destitución por causa política es una destitución sin justa causa y en contra del precepto contenido en el artículo 32 de la Ley Municipal de marzo 8, 1906, tal como quedó enmendado en marzo 10, 1910. . Véase Buis v. del Valle, Alcalde de San Juan, 17 D. P. R., 686.
    Id. — Justa Causa- — Notificación y Audiencia. — Generalmente cuando un estatuto confiere a una colectividad o a una persona la facultad para destituir por "causa” o "justa causa,” se considera que es una facultad judicial y el organismo o persona investido de dicha facultad no debe destituir sin antes ser notificada y oída la persona que va a ser destituida.
    Id. — Peso de la Prueba — Suficiencia de la Prueba — Discreción—Defensa.— Aun cuando la cuestión relativa al peso de la prueba o si la prueba es sufi-ciente o no esté confiada únicamente a la discreción de la junta o persona con facultad de destituir, debe dársele al funcionario o empleado que va a ser destituido, la oportunidad de defenderse y presentar prueba.
    Id. — Derechos del Destituído a ser Repuesto — Cuestión Académica. — Guando el derecho de un demandante a ser repuesto en un cargo determinado puede originarle derechos a cuya privación tiende la destitución, el caso debe resol-verse por sus méritos a menos que se demuestre que la cuestión a resolver había Regado a ser puramente académica.
    Los hechos están expresados en la opinión..
    Abogados del apelante: Sres. Ramón Falcón y Adrián Agosto. .

    Abogados del apelado: Sres. J. H. Brown, Eduardo Acima y H. S. Belaval.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación interpuesta contra la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan ordenando a Roberto TI. Todd, Alcalde de San Juan, por virtud del auto de mandamus, que restituya en su cargo al Dr. José S. Bela-val. La sentencia podría haber sido más específica y mencio-nado el empleo en el cnal había. de ser restituido, pero no se ha formulado queja con motivo de esto y en la petición claramente se expresa el cargo. El juicio tuvo lugar ante la corte inferior, pero debido a un mal entendimiento acerca de la ley ninguna de las pruebas presentadas en el caso han sido sometidas a la consideración de este tribunal, sino úni-camente las alegaciones. Como la corte resolvió la cuestión en favor de la petición tendrá que presumirse que todas las alegaciones que en ésta han sido bien formuladas son cier-tas. La única cuestión pues, que debemos considerar es si la petición expresaba una causa de acción.

Se alega substancialmente en la petición: (1) que José S. Belaval es vecino de San Juan, de profesión médico, y que el demandado Roberto H.'Todd es alcalde de San Juan; (2) que el peticionario es director de los hospitales municipales de San Juan; (3) que el peticionario fué debidamente nom-brado director de los hospitales municipales de San Juan por el demandado .en el mes de septiembre de 1912, y desde esa fecha hasta el día 1 de abril de 1914, fecha en que fué privado de su derecho, desempeñó fielmente los deberes de ese cargo; (4) que el día 28 de abril, 1914, el peticionario recibió una carta firmada por el demandado en su carácter de alcalde de San Juan en la que expresaba que desde aquella fecha y por conveniencias del servicio, cesaba en su empleo de director del hospital municipal el peticionario, entendiéndose que la resolución tendría efecto a partir desde esa misma fecha, y que al mismo tiempo el demandado encargaba al Dr. del Toro para actuar interinamente como director de los Hos-pitales Municipales de San Juan; que el peticionario se negó a hacer entrega de su cargo al Dr. del Toro, fundándose en que la orden de cesantía era ilegal; que con fecha treinta de abril de 1914, el alcalde dirigió xyieva comunicación' al Dr. del Toro y una carta circular a los médicos, superin-tendentes de nurses y demás empleados de los hospitales, para que ellos no reconociesen como director de dichos hos-pítales más que al Dr. riel Toro, y el peticionario en virtud de la orden del demandado, fué privado de sn derecho para ejercitar sn cargo o empleo y excluido de sn desempeño; (5) qne el peticionario aleg’a qne no se le ha dado ni tiene cono-cimiento de la cansa en que se funda la dicha orden de cesan-tía, ni está enterado de cargo o queja alguna contra él; (6) el peticionario hace referencia a las prescripciones del ar-tículo 32 de la Ley Municipal de 1906, según fué enmendada por la Ley de marzo 10, 1910; (7) que según información y creencia alega el peticionario que la dicha orden de cesan-tía .y su destitución intentada fué motivada por fines políti-cos del demandado y por razón' de no haberse prestado el peticionario a apoyar la candidatura del demandado para ser nombrado candidato del partido republicano para alcalde •> de San Juan y a contribuir con fondos para tales fines per-sonales y políticos del demandado; (8) que el peticionario continúa siendo de jure director de los hospitales munici-pales porque su destitución no se hizo con arreglo a la ley; (9) que aunque el demandado ha sido requerido para que re-ponga al peticionario en su cargo se ha negado a hacerlo; (10) que el peticionario percibía un sueldo de $2,000 anua-les, además de ser provisto de una casa de vivienda con luz y agua, de todo lo cual fué privado por el acto ilegal del de-mandado; (11) por todo lo cual terminaba el peticionario alegando que no tenía otro remedio y solicitaba la expedición de un auto de mandamus.

En el caso de Ruiz v. del Valle, 17 D. P. R., 686, al cual volveremos a hacer referencia, se sugirió que una destitu-ción por causa política sería una destitución sin justo motivo y en contra del precepto contenido en el artículo 32 de la Ley Municipal según fué enmendada. Por tanto, podría con-siderarse que el peticionario ha alegado una causa de acción al expresar en el párrafo VII de la petición que su des-titución fué motivada por fines políticos. Sin embargo, tanto el peticionario como la corte inferior se fundan en ra-zones más poderosas, o sea, que el peticionario fué destituido de su cargo sin conocimiento de la causa de la destitución y sin dársele oportunidad de defenderse.

“El alcalde nombrará todos los empleados del municipio cuyos nombramientos no se proveyeren de otro modo en esta ley y que estuvieren autorizados por las asignaciones del presupuesto y deberá ver que cumplan debidamente con sus obligaciones. El alcalde podrá, por justa causa, destituir a todos los funcionarios y empleados nom-brados por él solamente, o nombrados por él con la anuencia y con-sentimiento del concejo municipal; Disponiéndose, sin embargo, que el contador municipal o el secretario municipal en funciones de con-tador no podrá ser destituido sin el consentimiento del concejo municipal después de haber el alcalde formulado cargos por escrito y pre-sentándolos al concejo, y después de haberse dado al contador un período de dos días para presentar al concejo una contestación de dichos cargos por escrito.”

El artículo 32 de la Ley .Municipal, tal como fue enmen-dado por la Ley de marzo 30, 1910, en el cual se funda el peticionario dice lo siguiente:

Generalmente cuando un estatuto confiere a una colecti-vidad o a una persona la facultad para destituir por “causa” o “justa causa,” se considera que esa es una-facultad judicial y el organismo o persona investido de dicha facultad- no debe destituir sin ser notificada y oída la persona que va a ser destituida. McCulley v. State, 46 L. R. A., 571, y auto-ridades citadas. State et al. v. Hitchcock. 16 L. R. A., 413, y autoridades. Hagerty v. Shedd, 75 N. H., 393, 396.

Con sujeción a las prescripciones del estatuto y a la clase de los empleados existe la tendencia en casi todos los Esta-dos de exigir que tenga lugar un procedimiento semejante a un juicio en el cual se da al'funcionario o empleado la opor-tunidad de defenderse y presentar prueba; oportunidad que generalmente debe darse aún cuando la cuestión relativa al peso de la prueba, o si la prueba es suficiente o no esté con-fiada únicamente a la discreción de la junta o persona que destituye ■ al funcionario; en otras palabras, el funcionario o persona que va a ser destituido debe baber tenido la opor-tunidad de defenderse ante la persona o junta que tiene la facultad de bacer la destitución.

En nuestra misma ley municipal de 1906 puede verse que cuando la Legislatura de Puerto Eico tenía presente un pro-cedimiento semejante al juicio, así lo expresaba específica-mente. En el artículo 32, en el cual se apoya el peticiona-rio, puede observarse que el contador municipal o el secre-tario municipal en funciones de contador solamente podrá ser destituido después de baber el alcalde formulado cargos por escrito al concejo, y después de haberse dado al conta-dor un período de dos días para presentar al concejo una contestación a dichos cargos por escrito. De igual manera en el artículo 20 cuando el concejo municipal investiga car-' gos de cualquier funcionario, se prescribe que se permitirá a los funcionarios comparecer y estar representados por abo-gado; y asimismo en el artículo 35, cuando se trata de la destitución del alcalde mismo habrá de dársele la oportuni-dad de ser oído en su defensa. Por consiguiente, creemos que la intención de la Legislatura de dar a un funcionario un derecho a algo así como el juicio no resulta completamente clara y la duda aumenta por el hecho de que de acuerdo con dicho artículo 32 el alcalde está en la obligación especial de ver que todos los empleados cumplan debidamente cotí sus obligaciones. Sin embargo, de conformidad con las auto-ridades citadas, opinamos que un funcionario tiene derecho a alguna notificación y audiencia.

En el caso de Ruiz v. del Valle, supra, no tuvimos que considerar detenidamente si un peticionario siempre tenía derecho a ser avisado y oído, porque en aquel caso creimos que se habían cumplido debidamente los requisitos respecto al aviso y audiencia del empleado. En dicho caso ya había, sido notificado el empleado una vez anteriormente, fué oído y también se le dió la oportunidad de que abandonara el negocio que tenía el cual era incompatible con su permanen-cia en el servicio. La causa de la remoción fue prácticamente I confesada. Por regla general y en apoyo del principio reía- ] tivo al aviso y audiencia sería buena práctica, aunque no sea absolutamente necesario para el alcalde dar alguna clase de aviso por escrito. En el caso que consideramos el peti-cionario alega que jamás se le dió ningún avisó u oportu-nidad de defenderse y nos inclinamos a opinar con la corte inferior en que es necesaria alguna notificación o audiencia aun cuando el alcalde sea el único juez de la suficiencia'de la prueba de la causa que se alega. :

Hemos llamado la atención hacia el hecho de que sola-mente podemos tomar en consideración la petición formu- 1 lada en este caso, pues la prueba no ha sido traída a la con-sideración de este tribunal, pero la contestación misma, de ser cierta, no favorecería al apelante, o sea al alcalde en este caso, puesto que el decreto contenido en dicha contestación era de déstitución aun cuando en él se determinara una causa o causas. Además, la corte en su opinión se negó a consi-derar la prueba de causa suficiente por haber estimado que el peticionario jamás fué notificado de los cargos ni oído 1 en' su defensa.

En este caso la parte apelante sostiene que este tribunal no debe entrar a resolver la cuestión envuelta en este pleito por resultar académica debido al hecho de que el mandamus librado por el juez de distrito sería imposible de cum-plir por haber cesado en el desempeño de sus funciones por ministerio de la ley el alcalde que nombró al peticionario, y con él todos los funcionarios por él nombrados.

Tendría razón el apelante si se nos hubiere demostrado que la cuestión a resolver en el presente caso había llegado a ser puramente académica. No ha sido así. El derecho del demandante a ser repuesto en el cargo puede originarle derechos a cuya privación tiende la destitución, y por tanto no es jiisto dejar de resolver el caso por sus méritos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y HntcMson.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bird, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en cansa por delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes.
    No. 849.
    Resuelto en junio 26, 1915.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Apreciación de la Prueba — Prueba Contradictoria. — Siendo en este caso la prueba contradic-toria y no existiendo absolutamente nada en los autos que demuestre pasión, prejuicio o parcialidad, o abuso de discreción, o error manifiesto por parte del juez sentenciador al apreciar la prueba de una y otra parte, la sentencia apelada debe ser confirmada.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado del Pueblo: Sr.-Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

V

El acusado-apelante fué declarado culpable por la Corte ■de Distrito de Guayama de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. Los testigos de la .acusación declararon que el delito se cometió en la casa particular de una familia, habiendo insistido los testigos de la ■defensa en el hecho de que cuando el golpe fué dado las par-tes se encontraban paradas una frente a la otra: el acusado ■en la acera y el agredido en la puerta de entrada a su casa.

No se ha alegado que la pena impuesta sea excesiva tra-tándose de un castigo por acometimiento y agresión grave, pero se alega que la corte cometió error al declarar proba-dos los hechos en la forma en que fueron referidos por los testigos de la acusación. La sentencia muestra que la corte se basó en las declaraciones de estos testigos no existiendo prueba de ninguna circunstancia agravante que no fuera la de haber penetrado en la casa el acusado; pero no existe absolutamente nada en los autos que sugiera la existencia de parcialidad, pasión o prejuicio.

Además de la contradicción que hubo entre los testigos de la acusación y otros testigos oculares de la defensa existe también algún conflicto'en lo que respecta a ciertos detalles de menos importancia en las declaraciones que fueron acep-tadas como verdaderas por la corte inferior, pero no apa-rece en los autos razón alguna por la cual este tribunal pu-diera estar justificado en adoptar la teoría del apelante res-pecto al abuso de discreción o error manifiesto por parte del juez sentenciador al apreciar la prueba de una j otra parte'.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Jtjbz Asociado Sr. Audrey,

text:
    Crehore, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama, sobre inscripción de autorización judicial con defecto subsanable.
    No. 231.
    Resuelto en julio 6, 1915.
    Calificación de Títulos — Suficiencia de los Documentos Presentados — Fa-cultades del Registrador. — Aun cuando la facultad que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria concede a los registradores para calificar . los documen-tos judiciales que se les presenten para surtir efecto en el registro no se extiende hasta apreciar la justicia o injusticia intrínseca de las resoluciones de los tribunales, sin embargo, los autoriza para examinar la naturaleza del mandato, del juicio en que se dictó, del procedimiento, y si el' juez tenía jurisdicción. Véase Fernández y. M Registrador, 17 D. P. R., 1062.
    CANCELACIÓN DE HIPOTECA — MANDAMIENTO JUDICIAL — CONSENTIMIENTO—JURISDIC-CIÓN — Defecto Subsanable. — Cuando en un mandamiento judicial para la cancelación de una hipoteca por convenio de los herederos no se expresa si la comparecencia -la hicieron dichos herederos personalmente o por medio de representante legal, esta falta constituye un defecto por referirse al pro-cedimiento que da jurisdicción al tribunal.
    Los hechos están expresados en la opinión. .
    Abogado del recurrente: Sr. José C. llamos.

    El registrador recurrido, Sr. Felipe Cuchí Arnau, no com-, pareció. • . ;
   El Jtjbz Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del triy bunal.

En resolución dictada por el Juez de Distrito de Guayamaen expediente sobre consignación de cantidad promovido por Charles L. Crehore, que se insertó en el mandamiento librado1 al Registrador de la Propiedad de Guayama para la can-celación de cierta hipoteca, se hizo constar 'que habían com-parecido en los autos todos los herederos de Don Jesús Ma.. Texidor Vázquez, a saber:: María Torres Díaz viuda, albacea, y heredera, Jacinto y Jesús Ma. Texidor y Alcalá' del Olmo, lá Sucesión de Manuel Texidor y Alcalá del Olmo, Clemen-tina Texidor Vázquez, y Rigoberto McFarlans Texidor, mani-festando que se hallaban conformes con la consignación y con que se librara mandamiento al registrador para que can-celase la hipoteca a que la consignación se refería.

El registrador hizo la cancelación que se le ordenó, pero “haciendo constar el defecto subsanable de no expresarse en la resolución la forma de la comparecencia de los here-deros para allanarse a esa consignación.” Contra esa cali-ficación de defecto subsanable interpuso Charles L. Crehore el presente recurso gubernativo.

Aun cuando la facultad que el artículo 18 de la Ley Hipo-tecaria concede a los registradores para calificar los docu-mentos judiciales que se les presentan para surtir efecto en el registro no se extiende hasta apreciar la justicia o injus-ticia intrínseca de las resoluciones de los tribunales, según hemos declarado repetidas veces, sin embarg’o, los autoriza para examinar la naturaleza del mandato, del juicio en que se dictó, del procedimiento y si el juez tenía jurisdicción. Fernández v. El Registrador, 17 D. P. R., 1062.

Si bien en este caso se consigna que comparecieron todos los herederos de Don Jesús Ma. Texidor, entre ellos la Suce-sión' de Don Manuel Texidor, y que consintieron en la cance-lación de su derecho de hipoteca, no se expresa si. la compa-recencia la hicieron personalmente o por representante legal, dato que es importante que conociera el registrador para poder apreciar la validez del consentimiento prestado para la cancelación de la hipoteca, por lo que lo menos que pudo hacer dicho funcionario fué consignar como defecto subsa-nable la falta de consignación de la forma en que se hicieron las comparecencias, para lo que está autorizado por referirse al procedimiento que da jurisdicción al tribunal.

La nota recurrida-debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Aldrey,

text:
    Hernández Mena, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Mayagüez denegando anotación de embargo.
    No. 233.
    Resuelto en julio 6, 1915.
    Recurso Gubernativo — -Alegato del Recurrente — Hechos que no Aparecen de los Documentos Presentados al Registrador. — Guando en el alegato escrito del recurrente se relacionan1 hechos que no aparecen de los documen-tos que el registrador tuvo ante sí para su resolución, se prescindirá de ellos al .resolver el recurso.
    Sentencia — Sentencia Contra uno de los Cónyuges — Bienes de la Sociedad de Gananciales. — El hecho de que una sentencia se diete contra una persona estando casada no es suficiente para llegar a la conclusión de que la obligación que originó la condena fuá contraída durante el matrimonio en algún caso en que ella podia obligar a los bienes de la sociedad de ganan-ciales.
    ANOTACIÓN DE EMBARGO — DEUDA DE LA ESPOSA — BIENES INSCRITOS A NOMBRE de la Esposa — Bienes de la Sociedad de Gananciales. — Cuando de los documentos presentados al registrador para que tome anotación de embargo . trabado contra bienes de la esposa no aparece que se baga para responder de obligación contraída por ella en ocasión en que legalmente podía obli-gar a la sociedad de gananciales, ni que siendo contraída antes del matri-monio se baya ordenado por no tener bienes suficientes para responder de la deuda, procede correctamente el registrador que se niega a anotar en tales condiciones un embargo trabado contra bienes, que aunque inscri-tos a nombre de la esposa, pertenecen a la sociedad de gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
    El registrador recurrido, Sr. Joaquín Servera Silva, com-pareció también en nombre propio.
   El Juez Asociado Su. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En virtud de una orden de ejecución librada en el pleito que Agustín Hernández Mena siguió en la Corte Municipal de Mayagüez contra Alejandrina Blanco Eamírez, Jaime Zapata y Pedro Arán sobre indemnización para cumplir la sen-tencia que condenó a los demandados a pagar la cantidad de $490.87, el márshal de ese tribunal libró mandamiento al Registrador de la Propiedad de Mayagüez para que tomase anotación del embargo que había trabado sobre dos fincas que reseñó con las letras A y B.

El mandamiento fué presentado en el Registro acompa-ñado de una copia de la orden de ejecución, de la sentencia dictada en el pleito y de la de otro pleito seguido por Ale-jandrina Blanco Ramírez y Francisco Arán Cuascú contra Agustín Hernández Mena, Emilio Arán y otros en la que entre otras cosas se declaró que siete octavas partes de una casa en la calle de Oriente de Mayagüez son de la propiedad de la sociedad de gananciales de Alejandrina Blanco Ramí-rez con su esposo Emilio Arán Cuascú.

El registrador hizo la anotación de embargo en cnanto a la finca reseñada con la letra B pero la negó en cnanto a la descrita con la letra A, qne es el condominio de siete octavas partes de la casa de la calle de Oriente de qne se lia hecho mención, poi; el fundamento de qne teniendo tal condominio el concepto de bien ganancial porque fné adquirido por Ale-jandrina Blanco Ramírez durante su matrimonio por adju-dicación en pago de un crédito adquirido también estando casada, y por haber sido así declarado expresamente en la sentencia acompañada con el mandamiento, se observa qne el pleito en que se decretó el embargo no fné seguido contra la sociedad conyugal dueña del condominio, sino única-mente contra uno de los consortes, Alejandrina Blanco Ramí-rez, persona diferente de la sociedad conyugal quien no tiene su representación legal.

Contra esta negativa interpuso Agustín Hernández Mena el presente recurso gubernativo presentando un alegato es-crito en el que relaciona ciertos hechos en los apartados I, II, III que no aparecen de los documentos que el registrador tuvo ante sí para su resolución, por lo que prescindiremos de ellos. Cadillo v. El Registrador y Pomoles v. El Registrador, 19 D. P. R., 80 y 947 respectivamente.

El recurrente reconoce que el condominio de siete octavas partes sobre el cual trata de anotar el embargo, inscrito a nombre de Alejandrina Blanco Ramírez, pertenece a la socie-dad de gananciales que lleva con su esposo Emilio Arán Cuascú, pero sostiene que debe responder de la deuda que se le cobra porque fué originada durante el matrimonio con conocimiento y consentimiento del esposo y porque la sen-tencia condenatoria fué dictada estando casada.

El primer fundamento no lo consideraremos porque des-cansa en los hechos consignados en los tres primeros párra-fos de su alegato que no aparecen de los documentos presen-tados al registrador; y en cuanto al segundo, el hetího de que la sentencia se dictara contra Alejandrina Blanco Ramí-rez siendo casada, no es suficiente para llegar a la conclu-sión de que la obligación qne originó la condena fné contraída durante el matrimonio en algún caso en qne ella podía obli-gar a los bienes de la sociedad de gananciales.

El procedimiento se dirigió únicamente contra la esposa y con tal, antecedente no cabe presumir que la corte baya decretado el embargo de bienes de la sociedad conyugal.

El artículo 1323 del Código Civil liace responsables a los bienes de la sociedad conyugal de las deudas contraídas du-rante el matrimonio por el marido y de las de la mujer en los casos en que legalmente pueda obligar a la sociedad; y el 1325 de las deudas contraídas con anterioridad al matri-monio cuando el cónyuge deudor no tuviere capital propio o fuera insuficiente, después de cubiertas las atenciones que enumera el artículo 1323.

De los documentos presentados al registrador no aparece que el embargo se hace para responder de obligación con-traída por la esposa en ocasión en que legalmente pudo obli-gar a la sociedad de gananciales, ni que siendo contraída antes del matrimonio se baya ordenado por no tener bienes propios suficientes para responder de ella, y por tanto el registrador procedió correctamente al negarse a anotar en esas condiciones embargo contra bienes que, aunque inscri-tos a nombre de la esposa, pertenecen a la sociedad conyugal.

El caso de Truyol v. El Registrador, 18 D. P. R., 937 que el recurrente cita en su apoyo no es aplicable a éste, porque en aquél se dirigió la acción contra el marido por deuda con-traída durante el matrimonio y de acuerdo con el artículo 1323 los bienes gananciales debían responder de ella.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pietri, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por delito de alteración de la paz pública, infrac-ción al artículo 358 del Código Penal.
    No. 784.
    Resuelto en julio 6, 1915.
    Alegato del Apelante — Mala Práctica — Errores Fundamentales. — Es una mala práctica que los apelantes no presenten sus alegatos escritos como ordena la regla 42 de la Corte Suprema y cuando esto sucede sólo se exami- . narán los errores que sean fundamentales.
    Estorbo Público (“Nuisance”) — Sustancias Pestilentes — Cortes de Equi-dad. — Las cortes de equidad han prohibido la producción de sustancias pes- . tilentes por ser constitutivas de estorbo público (nwisanee).
    Conducta Grosera e Indecorosa — Acción Impolítica — Reglas en la Socie-dad. — Conducta grosera e indecorosa es cualquiera acción impolítica, contraída a las reglas usuales observadas en la sociedad, cometida por una persona contra otra.
    Alteración de la Paz Pública — Conducta Grosera e Indecorosa — Sustan-cias Pestilentes — Derecho de Reunión Lícita. — Constituye conducta gro-sera e indecorosa el acto de producir olores pestilentes ante otra persona o personas, porque es un acto contrario a las reglas usuales en la sociedad, y cuando, como en este caso, tal acto tiene lugar voluntaria y maliciosa-mente en una reunión de personas congregadas lícitamente y es causa de que se disgreguen, entonces constituye la infracción del artículo 858 del Código Penal, cuyo objeto es proteger el derecho de reunión lícita casti-gando a quien lo perturbare o molestare por alguno de los medios que en él se relacionan.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Fernando B. Fornaris y Manuel Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Ponce se presentó la siguiente denuncia:

“Corte Municipal de Ponce, P. R. Estados Unidos de América. El-Presidente de los EE. UU. El Pueblo de Puerto Rico v. Rector Pietri. Yo, Juan Cruz Piris, vecino de Ponce, P. R, formulo denun-cia contra Héctor Pietri por delito de alteración de la paz pública cometido de la manera siguiente: Que en abril 29, 1914, bora 9.20 p. m., y en la Plaza de las Delicias del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., este individuo, Héctor Pietri, voluntaria y malicio-samente con una conducta ofensiva, durante la celebración de un meeting obrero que se llevaba a efecto en la referida plaza en la citada noche, arrojó entre la multitud de gente allí reunida un pote conte-niendo una materia mal oliénte, lo que produjo la disgregación de los allí reunidos teniendo el orador que estaba en la tribuna que callar su discurso. Como este hecho es contrario a la ley para tal caso pre-vista lo denuncio ante esa Hon. Corte a los fines oportunos. Juan Cruz Piris, denunciante. Siendo testigos: María Aponte, Juan Moler, Juan Ríos, Carlos Mercado, Luis Monserrate y José C. Castillo, Cabo P. I. Jurada ante mí hoy 21 de mayo de 1914. Pedro Iglesias Gon-zález, secretario de la Corte Municipal de Ponce, P. R.”

Al conocer de ella en grado de apelación el Tribunal de Distrito de Ponce dictó sentencia declarando al acusado culpable del delito comprendido en .el artículo 358 del Código Penal y lo condenó a la pena de doscientos dóllares de multa y en defecto de pago a sufrir' un día de cárcel por cada dollar que dejara de satisfacer, no excediendo de noventa días, y al pago de las costas.

Interpuesto por el sentenciado el presente recurso de ape-lación se recibió la transcripción de los autos en la que figura un pliego de exposición del caso y de excepciones, pero no. presentó alegato escrito aun cuando su abogado asistió a la vista' que se celebró en este tribunal.

. Es una mala práctica que los apelantes no presenten sus: alegatos escritos como ordena la regla 42 de las de este Tribunal Supremo y cuando esto sucede sólo examinaremos los errores que sean fundamentales. El Pueblo v. Colón, 17 D. P. R., 1011; El Pueblo v. Carrillo y El Pueblo v. Calderón, 19 D. P. R., 366 y 934 respectivamente y El Pueblo v. Laureano, 20 D. P. R., 7.

De acuerdo con la doctrina contenida en estos casos, espe-cialmente en el último en el que dijimos que cuando no se presente alegato escrito por el apelante sólo examinaremos como errores fundamentales los de falta de jurisdicción y los de que la acusación no imputa un delito público, nos con-cretaremos a este último en el presente caso ya que respecto del otro nada alegó oralmente el abogado y realmente la corte inferior tenía jurisdicción.

En la vista de la apelación sostuvo el abogado del ape-lante que el becho imputado en la denuncia no es constitu-tivo del delito comprendido en el artículo 358 del Código Penal por cuya infracción se le castiga, porque el medio por el cual se alega se produjo la disgregación de la reunión no es nin-guno de los comprendidos en sus diversos apartados. Dicho artículo dice así:

“Todo el que voluntariamente perturbare o molestare cualquiera congregación de personas reunidas para dedicarse al culto religioso, ú otro objeto lícito, con ruidos, palabras profanas, conducta grosera o indecorosa, innecesario alboroto, bien dentro del local en que se celebra el acto, o tan cerca que perturbe el orden y solemnidad de la reunión; o que sin autoridad perturbare o dispersare cualquiera asamblea o reunión de carácter legítimo, incurrirá en misdemeanor.

No hemos encontrado en la jurisprudencia americana un caso en el que se considere un hecho siquiera semejante al imputado al apelante por lo que tendremos que atenernos únicamente al estudio de las palabras de la ley y del espíritu que informa el precepto en cuestión. Sin embargo, las cortes de equidad han prohibido la producción ele sustancias pesti-lentes por ser constitutivas de estorbo público (nuisance).

Entendemos que la denuncia está, comprendida en el apar-tado que se refiere a conducta grosera e indecorosa.

Conducta grosera o indecorosa es cualquiera acción impo-lítica, contraria a las regias usuales observadas en la socie-dad, cometida por una persona contra otra. 2 Bouvier’s Law Dictionary, 938..

El acto imputado al apelante se comprende propiamente dentro de la significación de esas palabras de la ley porque el producir olores pestilentes ante otra persona o personas es un acto contrario a las regias usuales en la sociedad; y cuando, como en este caso, tal acto tiene lugar voluntaria y maliciosamente en una reunión de personas congregadas lícitamente y es causa de que se disgreguen, entonces cons-tituye la infracción del artículo 358 citado cuyo objeto es pro-teger el derecho de reunión lícita castigando a quien lo per-turbare o molestare por alguno de los medios que en él se relacionan.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Matos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito ele San Juan, Sección 2a., en causa por delito contra la salud pública.
    No. 847.
    Resuelto en julio 6, 1915.
    Delito Contra la Salud Pública — Denuncia—Venta de Carne en Estado de Putrefacción — Conocimiento del Delito. — En este caso se imputó al acusado el hecho de que “voluntaria y maliciosamente y con intención criminal expendía carne de res en completo estado de putrefacción,” y en apelación se resolvió que de acuerdo con el artículo 338 del Código Penal la denuncia no exponía hechos constitutivos de delito, por no alegarse, como era necesario, y no justificarse tampoco por la prueba, que el aeusado ven-día la carne a sabiendas de que estaba en estado de putrefacción. Véase Hl JPueblo v. Vázquez, resuelto en mayo 17, 1915.
    Los hechos están expresados en la opinión. .
    Abogados del apelante: Sres. Tisol y Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Jacinto Matos fué denunciado ante la Corte Municipal de Bayamón y en grado ele apelación condenado por la Corte ele Distrito de San Juan, Sección 2a., en virtud de denuncia que le imputa que el 10 de octubre de 1914, en Toa Baja, voluntaria y maliciosamente, y con intención criminal,, expendía came de res en completo estado de putrefacción,, hecho contrario a la ley.

El Hon. Fiscal de este Tribunal Supremo solicitó en su alegato escrito, y en el oral, que revoquemos la sentencia porque la denuncia es insuficiente en los términos en que está redactada para imputar la comisión de un delito e igual petición hizo el abogado del apelante en la vista del recurso,, sosteniendo así la excepción que en el tribunal inferior alegó' de que la denuncia era insuficiente.

El único precepto legal bájo. el cual pudiera estar com-prendida la denuncia es el artículo 338 del Código Penal que dice así:

. “Toda persona que a sabiendas vendiere, tuviere u ofreciere en. venta o dispusiere de cualquier comestible, bebida, droga o medicina, constándole que se halla el artículo en estado de corrupción o dete-rioro, o que por cualquier otra causa es nocivo a la salud o impro-pio para el consumo, con intención de permitir que se coma o beba, incurrirá en misdemeanor.”

La' denuncia no alega como era necesario, según resolvi-mos en mayo 17■ de este año en el caso de El Pueblo v. Vázquez, que el acusado vendía la carne a sabiendas de que estaba en estado de putrefacción y por tanto no exponía hechos cons-titutivos de delito. La prueba tampoco justificó ese extrémo.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Matos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en cansa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 848.
    Resuelto en julio 6, 1915.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Delitos Contra el Poder Ejecutivo — Inspector de Sanidad — Denuncia Suficiente. — En este caso se imputó al acusado el hecho de que voluntaria, ilegal, y con inten-ción criminal de causar grave daño corporal al denunciante, que es un inspector de sanidad, le acometió y agredió violentamente, agarrándolo por los hombros y dándole fuertemente contra la pared de la carnicería, con conocimiento de que el denunciante era un funcionario legal y que estaba cumpliendo en aquel momento un deber oficial de su cargo, como era el de decomisar cierta cantidad de carne que el acusado tenía en la carnicería en estado de descomposición. Se resolvió: que la denuncia imputa el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes previsto en la Ley de marzo de 1904, y no el comprendido en el artículo 84 del Código Pensil. Véase' J¡1 Pueblo v. Hamos, 13 D. P. R., 336.
    Los hechos están expresados en la opinión,
    Ahogados del apelante: Sres. Tizol y Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Celebrado en este caso un juicio de novo ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., fué declarado culpable el acusado del delito de-acometimiento y agresión grave por virtud de la denuncia formulada originalmente en la Corte Municipal de Bayamón, la cual en su parte pertinente es como sigue:

“Yo, Diego Guerrero, jefe local de sanidad, vecino de Toa Baja, calle del Comercio, de 41 años, formulo denuncia contra el referido acusado por delito 'acometimiento y agresión grave, cometido de la manera siguiente: Que en 10 de octubre de 1914, hora 3 p. m., y en la carnicería pública de Toa Baja del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el referido acusado, voluntaria, ilegal y con la intención criminal de causarme daño corporal me acometió y agredió violenta-mente agarrándome por los hombros y dándome fuertemente contra la pared de dicha carnicería. Hago constar que el denunciado sabía perfectamente que el exponente' era un funcionario legal y que estaba cumpliendo en aquel momento un deber oficial de su cargo, como es el de decomisar cierta cantidad' de carne que el acusado tenía en la repetida carnicería en estado de descomposición.”

La corte de distrito declaró sin lugar las excepciones que fueron interpuestos, en las cuales se alegaba:

“Que lá corte municipal de Bayamón cometió error al calificar el hecho denunciado como constitutivo de un delito previsto en la ley de marzo de 1904, para determinar y castigar acometimiento y agresión, acometimiento con circunstancias agravantes, y acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes, y para derogar la sección 237 del Código Penal.
“Se ha acusado a Jacinto Matos de que voluntaria, ilegal y con la intención criminal de causar daño corporal acometió y agredió violentamente por los hombros y dándole fuertemente contra la pared, sabiendo perfectamente que era un funcionario legal y que estaba cumpliendo en aquel momento un deber oficial de su cargo. La ley aplicable a este caso es el artículo 84 del Código Penal que dice:
“ 'Toda persona que intentare por medio de amenaza o violen-cia, impedir a un funcionario ejecutivo que cumpla cualquier obli-gación impuéstale por la ley, o que a sabiendas ofreciere resisten-cia a dicho funcionario en el cumplimiento de su deber, empleando viva fuerza o violencia, incurrirá en una multa máxima de $500 y pena de presidio por un término máximo de cinco años.’ ”

El caso de El Pueblo v. Ramos, 13 D. P. R., 336, única autoridad que ha sido citada por el apelante no sostiene la proposición expresada, sino más bien lo contrario. En la denuncia no solamente se imputa claramente el delito por el cual fue declarado culpable el acusado y no otro delito, sino que la prueba todavía da menos' lugar a duda respecto a si el delito que realmente se cometió fue debidamente con-siderado como acometimiento y agresión grave. No existe error aparente ele la faz de loa autos y la apelación es dema-siado frívola para ser considerada seriamente.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    In re Montalvo, Querellado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un procedimiento de desacato en un recurso sobre injunction.

    Moción de Joaquín Oronoz Podón, demandante en el pro-; cedimiento de injunction, para que se desestime la ape-lación.
    No -.
    Resuelto en julio 7, 1915.
    Desestimación de Apelación — Desacato Civil — Desacato Criminal — Senten-cia — Notificación del Escrito de Apelación — Parte Contraria. — El que-rellado fué convicto de desacato por la Corte de Distrito de Aguadilla por la omisión o falta de cumplimiento con los requerimientos de un mandamiento de injunction' expedido en un procedimiento seguido ante dicha corte por Joaquín Oronoz Bodón, y en el que figuró el querellado como demandado, apelando éste de dicha sentencia para ante esta corte; y habiendo solici-tado Joaquín Oronoz la desestimación del recurso por el fundamento de no haberse notificado el escrito de apelación: Se resolvió: que siendo la sentencia apelada clara y puramente penal en cuanto a su carácter y pro-pósito, aun admitiendo que los procedimientos que dieron lugar a dicha sen-tencia eran en equidad por un desacato civil, el apelante estuvo justificado en ' adoptar el procedimiento que regula las apelaciones criminales y en notificar el eserito al Eiseal como "abogado de la parte contraria,” en vez de al demandante en el recurso de injunction.

    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de Joaquín Oronoz: Sr. Carlos Franco Soto.

    Abogado del querellado: Sr. Víctor P. Martínez.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Eel 13 ele febrero de 1914, la Corte de Distrito de Agua-dilla dictó la siguiente sentencia:

“Joaquín Oronoz Rodón v. Susano Montalvo y Víctor P. Martínez. Injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble. Registrada la sentencia en ’febrero 13, 1914. La corte, después de haber oído el escrito de demanda y el de contestación, las pruebas que se introdujeron en el acto del juicio, documental y de testigos, y los informes orales de los abogados representantes de las partes, declaró el juicio concluso para sentencia reservándose dic-tarla en una de sus próximas sesiones y en este día, después de haber considerado cuidadosamente el caso declara: que los hechos y la ley están a favor de la parte demandante Joaquín Oronoz Rodón y en contra solamente del demandado Susano Montalvo, disponiendo por tanto quede libre de toda responsabilidad el demandado Víctor P. Martínez en el concepto por el cual fué demandado. Por tanto, se ordena mandamiento de' injunction que se dirigirá al márshal del distrito a fin.de que dicho demandante Joaquín Oronoz Rodón sea restablecido en la posesión de la finca rústica que .se describe en la demanda bajo los puntos y arrumbaciones que se designan en la misma; que se requiera al demandado Susano Montalvo para que en lo sucesivo se abstenga de cometer los actos por él realizados o sea el haber intimidado, con machete en mano, al demandante desa-lojándole de la finca descrita y manifestándole que si tenía algún dere-cho que lo reclamara a Víctor P. Martínez; u otras que manifiésten el mismo propósito bajo apercibimiento de desacato a esta corte por desobediencia a esta orden. Con imposición de las costas al de-mandado Susano Montalvo, pago d'e desembolsos y honorarios del abogado. Que se registre esta sentencia en el libro de sentencias de la corte. En corte abierta hoy 13 de febrero de 1914.”

Y en Mayo 15 de dicho año se dictó otra sentencia bajo el mismo encabezamiento y título, la'cual es como sigue:

“La corte en este día 15 de mayo de 1914 después de haber oído la solicitud de denuncia por desacato a esta corte, las causas o moti-vos alegados por los acusados Víctor P. Martínez y Susano Montalvo, los affidavits y contra-affidavits presentados por las partes y la decla-ración de los testigos del denunciante Joaquín Oronoz Rodón así como los informes de los abogados representantes de aquéllas, declara al acusado Susano Montalvo culpable de desacato a esta corte por la omisión o falta' a cumplir con los requerimientos del mandamiento ■de injunction expedido al marshal del distrito en 20 de abril de 1914 •en el caso civil No. 1676, seguido ante esta misma corte por Joaquín ■Oronoz Bodón contra Víctor P. Martínez y González sobre acción para recobrar la posesión de propiedad inmueble, consistente dicho desa-cato en que al practicar el márshal auxiliar de esta corte Juan B. Angulo los días 22 y 24 de abril de este año la diligencia de cum-plimiento de la sentencia ya relacionada y consiguiente mandamiento de injunction, requiriendo al demandado Susano Montalvo para que •se abstuviera de cometer los actos por él realizados de haber inti-midado machete en mano al demandante Joaquín Oronoz, manifes-tándole dicho demandado que si tenía algún derecho que lo reclamara a Víctor P. Martínez u otros actos que manifiesten el mismo propó-sito; dicho'demandado Susano Montalvo si bien no se opuso a que el márshal reintegrara al demandante Oronoz en la posesión material de las diez y seis cuerdas de terreno manifestó, sin embargo, su opo-sición y se opuso a que dicho márshal diera al demandante Oronoz la posesión material de dos casas radicadas y comprendidas dentro del perímetro del referido lote de terreno, negándose a' desocupar los dos dichos inmuebles, pretextando para ello que una de ellas, fabri-cada de maderas y zinc, es de la propiedad de Víctor P. Martínez y se halla ocupada por la familia de un tal Zenón Morales, y la otra casa de madera y yaguas la había él (el demandado) construido vivién-dola actualmente con su familia y que anexo a ella tiene un glacis, habiendo hecho además varias mejoras.
“En su consecuencia, se condena a dicho Susano Montalvo a pagar al Pueblo de Puerto Rico una multa de noventa dólares y no pudiendo satisfacerla por carecer de recursos, a un día de prisión en la cárcel del distrito por cada tres dólares de dicha multa que dejare de satis-facer, con las costas de este procedimiento; entendiéndose que la prisión en este caso no podrá exceder de treinta días. Regístrese esta sentencia en el libro de minutas de la corte y líbrese el oportuno, mandamiento u orden al márshal del distrito de acuerdo con lo que dispone la ley; y en cuanto al otro acusado Víctor P. Martínez y González se le absuelve del cargo de desacato a esta corte por no tener esta corte jurisdicción sobre la persona de dicho acusado y no haberse demostrado a satisfacción de la misma su culpabilidad.”

'Al día siguiente fué notificado al fiscal el escrito de ape-lación y archivado en secretaría.

En junio 29, él demandante en el pleito de injunction pre-sentó una moción a este tribunal para que fuera desestimada la apelación, por el fundamento de que el apelante no liabía radicado en este Tribunal su transcripción de autos como' tampoco presentaba ál juez de distrito ningún proyecto de. exposición del caso o pliego de excepciones para su aproba-ción. Esta corte se negó a considerar la moción por el fun-damento de que el demandante en la corte inferior no era. parte en el procedimiento de desacato que dió origen a' la. sentencia apelada. .

En julio 13 dicho demandante solicitó que fuera recon-siderada la orden a que se ha hecho referencia últimamente, moción que fue desestimada en julio 31 por las razones con-signadas eil la opinión que fué emitida el mismo día. Oronoz v. Montalvo, 21 D. P. R., 347.

En marzo 4, 1915, el demandante en el caso de injunction-presentó nuevamente una moción para que se desestimara la apelación, alegando además de las razones aducidas en su anterior moción, que no se había notificado ningún escrito de apelación a él o a su abogado, presentando copias certi-ficadas de las dos sentencias transcritas, con el fin de mos-trar la supuesta naturaleza civil del procedimiento de desa-cato.

La única cuestión que ha sido promovida es si la presente apelación debe regirse por las reglas del procedimiento civil o criminal, cuestión que desde luego depende únicamente de la naturaleza de la sentencia apelada. Los principios gene-rales por los cuales debemos regirnos en cuanto al particular quizás jamás han sido más claramente expresados que por el Juez Vanfeet en el caso de Hammond Lumber Co. v. Sailors’ Union of the Pacific, 167 Fed., 809, y por el Juez Sr. Lamar en el de Gompers v. Brick’s Stove and Range Co., 221 U. S., 418. Véase también la nota del caso Rostchild and Co. v. Iteger and Sons Piano Mfg. Co., 42 L. R. A., (N. S.) 793 y notas anteriores que exf el mismo se citan.

La sentencia contra la cual se ha interpuesto esta ape-lación es clara y puramente penal en cuanto a su carácter y propósito que son por sí evidentes y, aún admitiendo que los procedimientos que dieron lugar a dicha sentencia eran en. equidad por un desacato civil, y que la referida sentencia fué dictada como consecuencia de una súplica en que se inte-resaba un remedio reparador, hechos que son compatibles con el encabezamiento y título de los dos documentos arriba trans-critos, pero que no fueron alegados ni probados, sin embargo, después de haberse dictado sentencia condenatoria por desa-cato criminal, el apelante estuvo justificado en adoptar el procedimiento que regula las apelaciones criminales y en notificar el escrito al fiscal como “abogado de la parte con-traria,” en vez de al demandante en los procedimientos de injunction.

Por lo tanto no puede ahora permitirse al demandante alegar que no fué notificado del escrito de apelación o en alguna otra forma en este procedimiento por la muy deficiente razón que hasta ahora ha sido alegada.

La moción tal como ha sido presentada no puede ser to-mada en consideración.

Desestimada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison, SE. DEL TOSO.

text:
    Figueroa, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando en parte la agrupación de fincas.
    No. 234.
    Resuelto en julio 7, 1915.
    INscripción de Títulos — Agrupación de Fincas — Diferencias de Casida — Mensura. — En este caso fué presentada al registrador para su inscripción una escritura de agrupación de seis porciones de terreno, colindantes entre sí, compuestas, según los títulos de adquisición, de 19814 cuerdas, y según mensura practicada últimamente por un geómetra, con citación de los due-ños de los predios colindantes, de 212 cuerdas, estando la finca descrita en sn totalidad por sus linderos en la forma ordinaria. Habiendo el registra-dor denegado la agrupación solicitada en cuanto al número de cuerdas en exceso que aparecieron de la mensura, se resolvió: que la nota recurrida no podía ser sostenida, aplicando la doctrina establecida en Oo66 v. El Regis-trador, 12 D. P. R., 218, y las autoridades. 1 ©alindo (Edición de 3903) pág. 581 y Odriozola, págs. 774, 775.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel Paz Urdas.

    El registrador recurrido, Sr. Felipe Cuchí, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una escritura que fué presentada al Registrador de la Propiedad de Arecibo para su inscripción fueron agru-padas seis porciones de terreno colindantes entre sí formando una sola finca “compuesta según los títulos de adquisición de 198 cuerdas y media, equivalentes a 78 hectáreas, 41 áreas, 84 centiáreas, y según mensura practicada últimamente por el geómetra Señor Arturo Giráu, con citación de. los dueños de los predios colindantes, su exacta medida superficial es la de 212 cuerdas, equivalentes a 83 hectáreas, 32 áreas, 50 centiáreas de terreno llano y quebrado a pastos y con plan-taciones de café, plátanos y cañas de azúcar.” En la escri-tura se consigna además que “de las expresadas 212 cuerdas de terreno 177 están' enclavadas en el barrio Aibonito y 35 en el de Campo Alegre, ’ ’ descrita en su totalidad en la forma ordinaria por sus linderos. La nota del registrador en lo que respecta a la cuestión envuelta en este caso se expresa como sigue:

“Hecha la agrupación que comprende este documento solo en cuanto a la cabida de ciento noventa y ocho cuerdas cincuenta cén-timos, al folio 26 del tomo 34 de Hatillo, finca número 1784, inscrip-ción Ia., y denegada la inscripción en cuanto al resto de trece cuer-das cincuenta céntimos de su cabida total, por no aparecer registrada a favor de Don Sebastián Figueroa Colón ni al de otra persona.

No puede ser sostenida la nota. Véase el caso de Cobb v. El Registrador, 12 D. P. R., 218; 1 Galindo (Edición de 1903) pág. 581; Odriozola, págs. 774,775.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey. -

El Juez Asociado Sr. del Toro disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO

SE. DEL TOSO.

Opino que debe confirmarse la nota recurrida. La juris-prudencia sobre la materia admite que en casos de esta natu-raleza el registrador tiene facultades discrecionales, y a mi juicio, las ejercitó debidamente al exigir para variar la me-dida de la finca, no ya la simple manifestación de la parte interesada hedía en la escritura de agrupación, acerca de que se había practicado una mensura por un geómetra, con citación de los colindantes, sino la mensura misma.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Maldonado, Demandante y Apelado, v. Preston, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre reivindicación de finca rústica.
    No. 1161.
    Resuelto en julio 7, 1915.
    Cortes Municipales — Interpretación de Ley — Márshals de las Cortes Muni-cipales — IÍÁrshal de Distrito. — De un examen de la legislación relativa a las cortes municipales, se resolvió: que ha sido la intención de la Legis-latura conferir a los marshals de dichas cortes las mismas atribuciones, facul-tades, deberes, autoridad y jurisdicción dentro de sus respectivos distritos municipales y con referencia a las cortes para las cuales habían sido res-pectivamente nombrados y con respecto a las cuestiones pendientes en las mismas, que las ya anteriormente prescritas para el gobierno de los marshals de las diferentes cortes de distrito con relación a estas ultimas y a los distritos judiciales mayores.
    Márshal — Mírshal de las Cortes Municipales — Mandamiento de Ejecu-ción — Embargo de Bienes Inmuebles Radicados en Otro Término Municipal. — Un márshal de una corte municipal carece de autoridad para embar-gar o vender bienes inmuebles que se encuentran radicados en otro término municipal, siendo nulos, por tanto, un embargo y venta hechos bajo tales circunstancias. Véase Benet v. Hernández, 22¡ D. P. B., 348.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco González.

    Ahogados de la apelada: Sres. Carlos Travecier y Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Hnmacao, el demandante-ape-lado obtuvo sentencia contra el demandado-apelante en una acción reivindicatoría. Uno de los eslabones de la cadena que constituye el título del demandante es una escritura otor-gada por el marshal de la Corte Municipal de Humacao al vendedor del demandante. Aparece claramente de la faz del documento que la venta que en el mismo se acredita se llevó a cabo por virtud del embargo trabado sobre la finca objeto de este pleito, radicada en el término municipal de Naguabo, por el referido marshal de la Corte Municipal de Humacao de acuerdo con la ejecución seguida para satisfacer la sentencia que sobre pago de cantidad fué dictada por esa corte.

El demandado se opuso a la admisión de esta escritura fundándose en que la misma es nula y sin ningún valor por carecer de jurisdicción y facultades el márshal de la Corte Municipal de Humacao para ejecutar y vender bienes inmue-bles que se encuentran radicados en otro término municipal. Al declarar sin lugar esta objeción la corte se refiere con apro-bación a la regla general enunciada en el tomo 17 de Oye., 'página 1080, de acuerdo con la cual “un oficial no tiene auto-ridad para embargar y vender bienes inmuebles que radi-can fuera de los límites de su condado o distrito;” pero sostiene dicha corte que este principio no puede ser invocado por el demandado en este caso, que cualesquiera irregulari-dades que pueda haber en los. procedimientos no pueden per-judicar los derechos del comprador, y que la demandada está limitada al derecho que tiene de solicitar que se deje sin efecto el traspaso mediante una acción establecida con tal objeto.

El primer señalamiento alegado es que la corte cometió error al admitir este documento.

La escritura subsiguiente que fuá otorgada por el com-prador en la venta por virtud de la ejecución a favor del de-mandante ya babía sido admitida previamente por la corte, no obstante la objeción de la demandada basada en otras ra-zones que no es preciso mencionar, y el segundo error alegado consiste en que la corte incurrió en error al dar fuerza pro-batoria a esta escritura y declarar que el demandante era dueño de la finca.

También aparece de otras pruebas documentales que fue-ron presentadas por la demandada que la orden de ejecución fué dirigida al mársbal de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Humacao,” en la que se le ordenaba que satisficiera las sumas que en la misma se especificaban en bienes de la propiedad personal de dicbo deudor, y si no hubiese propiedad personal bastante, entonces de la pro-piedad real que se bailare en el distrito suyo, y que la venta se hizo por el referido mársbal en su oficina de Humacao siendo el comprador en aquel lugar el único postor que se presentó.

En el reciente caso de Benet Colón v. Hernández Mena, decidido en abril 17, 1915, este tribunal resolvió que el embargo hecho por el mársbal de una corte de distrito de bienes inmuebles radicados en otro distrito es enteramente nulo. No es preciso repetir ahora lo declarado entonces. Este caso debe regularse por esa decisión a menos que baya de esta-blecerse alguna diferencia entre los márshals de las cortes de distrito y los de las cortes municipales.

Si bien el apelado no ba sugerido la posibilidad de tal distinción, en el tomo 35 de Oye., página 1528, se expresa claramente que ‘ ‘ se ba resuelto que la autoridad de un algua-cil (constable) está limitada a su propio distrito, precinto o ciudad; pero la regla más general expresa que su autori-dad se extiende a todo el condado a que pertenece su pre-cinto; y se lia resuelto que, aunque la ley le prohíbe a un alguacil, (constable) so pena de incurrir en un castigo, cum-plimentar mandamientos y embargar bienes fuera de su de-terminado precinto, sus actos oficiales son, sin embargo, váli-dos en cualquier parte del condado.” De un examen cuida-doso de los casos citados se ve, no obstante, que la llamada “regla más general” en todos los casos es la consecuencia de una disposición estatutoria específica y no envuelve la aplicación de ningún principio de ley nuevo o diferente, y como hecho cierto la conclusión a que se llegó en aquellos casos estaría más propiamente comprendida bajo el título “Una excepción a la regia general,” una excepción creada por disposición estatutoria, ya por mandato expreso de la ley o por deducirse necesariamente de sus términos.

También es verdad que la ley prescribe que los deberes del márshal de una corte municipal “serán idénticos a los descritos en la ley creando el cargo de márshal, a saber, ‘Ley creando el cargo de márshal de distrito, definiendo sus debe-res y fijando su sueldo por el desempeño de los mismos.’ ”

Debe notarse de pasada que este precepto trata de los deberes del márshal y no habla específicamente de su juris-dicción territorial. Concediendo, sin embarg*o, que mediante una. interpretación liberal del lenguaje usado, si se considera aisladamente y sólo en la forma en que aparece podría lógi-camente decirse que la idea de identidad de deberes así expre-sada incluye la identidad de jurisdicción territorial, dicho lenguaje, sin embargo, deberá ser leído a la luz de su contexto y de otros preceptos in pari materia.

Una ley que fué aprobada en la misma fecha dispone que “todos los procedimientos ante dichas cortes municipales de-berán ser tramitados conforme a las reglas y procedimien-tos en práctica en las cortes de distrito;” que “habrá un juez municipal para cada distrito judicial municipal;” que “en cada corte municipal habrá un márshal;” que “en cada corte municipal habrá nn secretario, * * * y sus deberes serán idénticos a los deberes del secretario del tribunal de distrito, en la forma en que están definidos en la ley titulada ‘Ley creando el cargo, de secretario de los tribunales de distrito, definiendo sus deberes y fijando su compensación;’ ” que “los derechos que habrán de cobrar y cargar el márshal y el secre-tario descritos en las secciones 10 y 11 serán idénticos a los enumerados y contenidos en la ley titulada: ‘Ley referente a los derechos y compensación de ciertos funcionariossiendo todos los referidos derechos cobrados por dicho márshal y dicho secretario precisamente en la forma dispuesta en dicha ley: disponiéndose, que puede prescindirse de los derechos del taquígrafo ascendentes a tres dólares que se requieren en todas las acciones que se promuevan en las cortes de dis-trito,’5 etc.

La ley creando el cargo de márshal de distrito prescribe que: “el márshal tendrá el deber: 1. de asistir a las cortes de distrito durante sus respectivos períodos de sesiones cele-bradas dentro de su distrito, y obedecer sus órdenes legales e instrucciones; 2. De exigir la ayuda de cuantos habitantes varones hayan en su distrito que él creyere necesarios al efecto de ejecutar los deberes aquí definidos.” Asimismo la ley creando el cargo de secretario de las cortes de distrito prescribe que este funcionario, “deberá, ya sea en persona, ya sea por medio de un auxiliar, asistir a todas las sesiones de un. tribunal de distrito celebradas dentro de su distrito.” Ciertamente que no fué la intención de la legislatura hacer que los preceptos legales últimamente citados fueran de apli-cación a los márshals y secretarios de las cortes municipales. Es de igual modo claro que el dar entero y absoluto cumpli-miento al requisito de que deben observarse en las cortes municipales “las reglas y procedimientos de las cortes de distrito” en muchos particulares sería completamente impracticable si insistiéramos en sujetarnos con demasiado rigor al sentido literal del lenguaje empleado. Podríamos presentar muchos ejemplos, pero no es necesario hacer esto. La interpretación liberal de las palabras en cuestión en e) sentido de que en ellas se amplía la jurisdicción territorial del mársbal de la corte municipal basta hacerla igual a la que tiene el mársbal de la corte de distrito, llevada a su con-clusión lógica, resultaría claramente en un reductio ad adsur-dum.

Un examen juicioso de toda la legislación relativa a las cortes municipales nos lleva inevitablemente a la conclusión de que la legislatura simplemente tuvo la intención de hacer extensiva a las cortes municipales y a los mársbal y secre-tarios de las mismas, en todo aquello que fuera aplicable o práctico, mutatis mutandis, la legislación que ya había sido decretada, en la cual se prescribe el procedimiento que ha de seguirse en las cortes de distrito y las funciones, deberes y derechos que han de ser cobrados por los secretarios y márshals de dichas cortes. O hablando con más precisión, que todo lo que trató de hacer la legislatura fue conferir a los márshals de las cortes municipales las mismas atribucio-nes, facultades, deberes, autoridad y jurisdicción dentro de sus respectivos distritos y con referencia a las cortes para las cuales habían sido respectivamente nombrados y con res-pecto a las cuestiones pendientes en las mismas, que las ante-riormente prescritas para el gobierno de los márshals de las diferentes cortes de distrito con relación a estas últimas y a los distritos judiciales mayores.

Las decisiones de aquellas cortes que, de' acuerdo con las prescripciones peculiares de la legislación local especial por la que se aumenta la jurisdicción territorial de los algua-ciles (constables) y márshals de la ciudad, han sostenido los actos oficiales de dichos funcionarios fuera de los límites geográficos de sus respectivas demarcaciones, ciudades o pre-cintos, no enunciando, como es el caso, ningún nuevo princi-pio de ley, no pueden por tanto ser aplicables debidamente a los actos extraterritoriales de un mársbal municipal en esta isla donde toda la legislación en cuanto a este particular indica una identidad del principio regulador más bien que el lieclio de que sea necesario establecer una distinción o hacer una excepción a la regia general.

En apoyo de la resolución que ha sido impugnada en el primer señalamiento de error supra, el demandante apelado cita de la “Enciclopedia de Procedimiento y Práctica,” tomo 12, página 82. Sobre Yentas Judiciales. XIII. Objeciones y anulación. 1. Quién puede y quién nó formular objeción. # * * Cyc., tomo 24, páginas. 43, 44, 70 y 72. XIV. Aper-tura y anulación. C. Quién puede solicitar la nulidad de una venta. * * * D. Procedimientos. 1. Moción para anular. * * * 2. Acción para ¡anular. * * * 20. Yen-tas defectuosas, nulas y anulables. E. Ataque colateral. * * * Cuando la corte tenía jurisdicción, los errores e irregularidades en el procedimiento conducentes a la orden de venta o en la venta únicamente pueden servir de base de impugnación por medio do algún procedimiento, ya ante la misma corte o en una corte de apelación. Freeman sobre eje-cuciones. . Tomo 2, página 1785 a 1823. Capítulo XXI. De la nulidad y ratificación de ventas y la expedición y traspaso de certificados de compra. P. 305. A petición de quién y contra quién puede anularse una venta. * * *

Los subtítulos por sí solos indican una lamentable omi-sión en distinguir no solamente entre lo que son ventas judi-ciales técnicas y por ejecución sino también entre ventas nulas y anulables, entre meras irregularidades y defectos jurisdic-cionales que afecten a la cuestión relativa a los procedimien-tos directos para anular y a las partes del mismo por. un lado y el ataque colateral por otra parte. Para aclarar el con-cepto erróneo que se observa acerca del principio que sirve de base a la doctrina sobre ataque colateral, será bastante con completar la cita del tomo 24 de Cyc., XX. Ventas defec-tuosas, nulas y anulables. E. Ataque colateral * * *, supra, supliendo en bastardilla la omisión inadvertida en que incurrió el apelado según se indica por asteriscos en el pá-rrafo arriba citado de su alegato: Ataque colateral. — “Si la corte que decreta una venta judicial carecía de facultades para conocer de los procedimientos, los procedimientos son nulos; no pueden basarse derechos de ninguna clase sobre los mismos, y están sujetos a impugnación colateral en cual-quier otro procedimiento. De igual manera también si la venta es nula por cualquier razón puede ser atacada colate-ralmente. -Si la venta, sin embargo, no es enteramente nula, sino solamente anulable, no puede ser atacada colateralmente. Cuando la corte tenía jurisdicción, los errores e irregulari-dades en los procedimientos que conducen a la orden de venta o en la venta solamente pueden servir de base de impugna-ción mediante algún procedimiento directo, ya ante la misma corte o en una corte de apelación * * *.” 24 Cyc., pá-gina 72.

Este caso ni siquiera envuelve una “venta judicial” en el sentido estricto y legal de la palabra en contraposición a una “venta por ejecución.” No existe cuestión alguna respecto a la jurisdicción de la corte. La corte nada tenía que ver con la cuestión después de dictar sentencia y orde-nar la expedición del mandamiento ordinario. Ni es este un caso de una mera irregularidad de forma o procedimiento.

La cuestión es demasiado elemental para que requiera una discusión más extensa. El mársbal no tenía autoridad alguna ya por virtud del mandamiento de ejecución o de acuerdo con el estatuto para embargar la finca en cuestión o venderla en el lugar en que se trató de verificar la venta o en otra parte. Para la ley no existió embargo' alguno ni venta.

Puesto que esta consideración del asunto resuelve defi-nitivamente todo el caso, no es necesario que consideremos los otros errores que ban sido alegados. •

Debe revocarse la sentencia apelada y ordenarse, decre-tarse y resolverse por este tribunal que el demandante-ape-lado nada recobre por virtud de su acción.-

Revocada la sentencia apelada y absolviéndose de la demanda al demandado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Alclrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sureda, Demandante y Apelante, v. Sureda, Demandada y Apelada.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un procedimiento sobre traslado de pleito en • causa de divorcio.
    No. 1332.
    Resuelto en julio 7, 1915.
    Divorcio — Lugar rara la Celebración del Juicio — Domicilio del Demandado al Iniciarse la Acción. — No hay precepto alguno en el Código de Enjui-ciamiento Civil que áje lugar para la celebración de un juicio por divorcio, y. a falta de disposición expresa sobre el particular, el pleito debe verse en el distrito en que residiere el demandado al iniciarse el litigio con arre-glo al artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Domicilio — Residencia Permanente — Intención de Establecer el Domicilio— 'Transeúnte. — Un residente es una persona que viene a un sitio con la inten-ción de establecer su domicilio o residencia permanente y que por consiguiente » en realidad permanece allí. Si no existe dicha intención de establecer el domicilio o residencia permanente, la persona será un mero transeúnte.
    Id. — Domicilio dé la Esposa — Presunción.—De acuerdo con el artículo 11* No. 5o. del Código Político el domicilio de la esposa se presume ser el del marido, presunción que subsiste mientras no se demuestre que la esposa tiene domicilio propio, esto es, mientras ella no se encuentre en condiciones mediante un decreto judicial de divorcio o de separación de adquirir un domicilio propio.
    Divorcio — Abandono del Domicilio Conyugal por la Esposa — Distrito para Establecer la Demanda. — El acto de abandonar una esposa el domicilio conyugal con infracción ■ de los deberes que le imponen los artículos 156 y 158 del Código Civil, no puedo darle el derecho a ser demandada en el distrito donde ilegalmente reside.
    Los lie ellos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José S abater.

    Abogado de la apelada: Sr. Manuel Tons Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Mayagüez presentó demanda de divorcio Cristóbal Sureda contra su esposa Palmira Su-reda, alegando como beclios determinantes de su acción pala-bras injuriosas y actos de crueldad de la demandada para con el demandante y el abandono del demandante por parte de la demandada desde el mes de junio de 1913, con la deli-berada intención de no volver a unirse a él, pries desde esa fecha abandonó la casa donde ambos vivían en dicha ciudad, trasladándose a la ciudad de Ponce y cesando por completo las relaciones maritales entre ambos cónyuges.

La demandada presentó moción a la corte de Mayagüez para que el pleito fuera trasladado a la del distrito de Ponce, alegando por medio de affidavit de méritos ser vecina de esa ciudad y residir en ella en compañía de su madre, tener una buena causa de defensa, y proceder de buena fe, sin ánimo de entorpecer la acción de la justicia al solicitar dicho tras-lado. A la moción se acompañó además de un affidavit de méritos un escrito de excepción previa general a la demanda. •

El demandante se opuso a la moción declarando bajo jura-mento que tiene su residencia dona fide en la ciudad de Maya-güez, donde ha vivido y residido en los últimos catorce años y contrajo matrimonio con la demandada, constituyendo am-bos su hogar, el que abandonó la demandada sin consenti-miento del demandante, habiendo residido aquélla desde en-tonces en otros puntos de la isla además de la ciudad de Ponce, a la que, según informes que cree verídicos, ha ido a residir desde el mes de diciembre de 1914.

La Corte de Mayag’üez declaró con lugar la moción de traslado por medio de resolución de 14 de mayo de 1915, por la que decreta y ordena que el caso sea trasladado a la Corte de Distrito de Pbnce para ser continuado ante la misma, por ser la demandada vecina del término municipal de Ponce, del distrito judicial del mismo nombre, y contra esa orden interpuso el demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como fundamento de su recurso que la Corte de Distrito de Mayag’üez erró al declarar que la demandada es vecina de Ponce, pues ella no ha expresado en su affidavit de méritos que ese sea el lugar en que tiene su domicilio bona fide, ni cuánto tiempo hace que reside allí, y además el domicilio de la esposa se presume ser el del ma-rido con arreglo al artículo 11, inciso 5°., del Código Político.

No bay precepto alguno en el Código de Enjuiciamiento Civil que fije lugar para la celebración de un juicio por divor-cio, y a falta de disposición expresa sobre el particular el pleito debe verse en el distrito en que residiere el deman-dado al iniciarse el litigio, con arreglo al artículo 81 del' Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

“Un residente es una persona que viene a un sitio con la inten-ción de establecer su domicilio o residencia permanente y que por consiguiente en realidad permanece allí.”
3 Words & Phrases Judicially Defined, p. 2178.

Si no existe dicha intención de establecer el domicilio o residencia permanente, la persona será un mero transeúnte.

Opinamos que la demandada no puede calificarse de resi-dente en Ponce en la acepción legal que tiene esa palabra, a los efectos del artículo que dejamos citado. Ella no puede tener otro domicilio que el de su marido .y el Código Civil no le reconoce derecho alguno a elegir el que le plazca.

El artículo 156 de dicho Código impone a ambos cónyuges la obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, y según el artículo 158, la mujer está obligada a obedecer y seguir a su marido donde quiera que fije su residencia.

El artículo 11 del Código Político en su número 5o. esta-blece que el domicilio de la esposa se presume ser el del ma-rido, y esa presunción subsiste mientras no se demuestre que la esposa tiene domicilio propio, lo que no sucede en el presente caso, pues aunque aparece que la demandada reside en Ponce, esa residencia no puede constituir su domicilio legal mientras ella no se encuentre en condiciones mediante un decreto judicial de divorcio o de separación, de adquirir un domicilio propio.

Un acto ilegal de la demandada, como lo es el abandono del domicilio conyugal con infracción de los deberes que le imponen los artículos 156 y 158 ya citados del Código Civil, no puede darle el derecho de ser demandada en el distrito donde ilegalmente reside. El punto de su residencia legal es Mayagüez donde reside su esposo y hasta ahora no apa-rece que la asista razón alguna legal para vivir separada de su marido, el demandante.

Por las razones expuestas es de revocarse la orden ape-lada, debiendo continuarse la tramitación del juicio en la Corte de Distrito de Mayagüez en que se radicó la demanda.

Revocada la resolución apelada y declarada sin lugar la moción de traslado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Llorens, Peticionario y Apelado, v. Castillo, Juez Municipal, Demandado, y Crédito y Ahorro Ponceño, Interventor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponee en un recurso sobre certiorari.

    No. 1325.
    Resuelto en julio 7, 1915.
    EMPLAZAMIENTO — DlLIGENCIAMIENTO POR PARTICULARES-Id. POR EL MARSHAL — • Texto Inglés t Español del Artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil — Agentes Judiciales. — La palabra '‘officers” usada en el texto in- ' glés del artículo 92, apartado 2°., del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, se refiere tanto al marshal como al particular que haga el emplazamiento, por lo que no existe contradicción entre el texto original y el inglés de dicho artículo, ya que uno y otro ejercen funciones públicas oficiales, actuando como agen-tes de la administración de justicia, por más que sea distinta la forma de autenticar el ejercicio de tales funciones, pues el marshal certifica, mien-tras que el particular presta juramento. Así, no hay razón alguna especial para que la copia del diligeneiamiento se inserte al dorso de la copia del emplazamiento únicamente cuando se hace por el marshal, y no cuando se hace por un particular.
    Interpretación de Lev — Intención del Legislador — Artículo 18 del Código Civil. — De acuerdo con el artículo 18 del Código Civil, el medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expre-siones son dudosas es considerar la razón y el espíritu de ella o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla.

      Emplazamiento — Citación Hecha por tjn Particular — Formalidad del Jura-mento — Copia del Diligenciamiento. — Cuando el que hace el emplazamiento es un particular y éste no puede llenar la formalidad del juramento en el mismo acto de prestar el servicio, bastará simplemente con que dé una copia del diligeneiamiento como aparezca del original en el momento de verificarlo, sin perjuicio de llenar la formalidad del juramento antes de devolver el emplazamiento diligenciado al secretario que lo expidió.
    Id. — Diligenciamiento Defectuoso — Copia del Diligenciamiento — Nulidad.— Es defectuoso el diligeneiamiento de un emplazamiento cuando de acuerdo con el apartado 2o. del artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué enmendado en 1911, se deja de incluir al dorso de la copia del mismo una copia del diligenciamiento según existe en el original al llevarse éste a efecto, pero esa omisión o falta constituye solamente una mera irre-gularidad que no lo vicia de nulidad.
    Certiorari — Emplazamiento—Irregularidad en el • Servicio de un Emplaza-miento — Derechos Sustanciales — Negligencia.-—No es procedente un re-curso de oertiorari para anular el servicio de un emplazamiento, sin más motivo que meras irregularidades que no perjudican sustaneialmente los derechos del solicitante, máxime cuando éste ha sido negligente en su defensa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del peticionario: Sr. Antonio F. Castro.

    El demandado Sr. Tomás Castillo León, juez municipal, no compareció.
    Ahogados del interventor: Sres. Llorens & Canales y José de Calazamz Rivera.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada demanda ante la Corte Municipal de Ponce por la sociedad Crédito y Ahorro Ponceño en cobro de la suma de $250, fué emplazado el demandado en la propia ciu-dad de Ponce con fecha 28 de noviembre de 1914; y como no compareciera a contestar la demanda, le fué anotada la rebeldía en 5 de enero dé 1915, en cuya fecha también quedó registrada contra el mismo una sentencia por la cantidad reclamada en la demanda, habiéndose expedido mandamiento para su ejecución en 21 de enero citado.

La subasta de bienes del demandado fijada para el día 2 de marzo, hubo de suspenderse mediante estipulación de las partes que aprobó la corte municipal en 27 de febrero, por haber presentado el demandado una moción con fecha del día anterior 26 de febrero, con súplica de que se decla-rara la nnlidad de la diligencia de sn emplazamiento, y resol-viera la corte qne no había adquirido jurisdicción sobre el mismo por el fundamento de que al dársele copia del empla-zamiento no se había hecho constar en ella una copia literal del diligenciamiento y su fecha, según se consignaba en el original, por la persona que hiciera dicho diligenciamiento.

El demandante se opuso a la moción de nulidad, y cele-brada la vista, la corte municipal dictó resolución en 11 de marzo de 1915 declarándola sin lugar.

El demandado Tiburcio Llorens Torres acudió entonces a la Corte de Distrito de Ponce con fecha 24 del propio marzo en solicitud de auto de certiorari contra el juez municipal de dicha ciudad, para que corrigiera el error sustancial de procedimiento en que había incurrido al declarar sin lugar la moción de nulidad de emplazamiento con infracción del artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil según quedó enmendado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911.

Expedido el auto de certiorari con suspensión de todo procedimiento en el caso, y visto el recurso en 29 de marzo de 1915, la Corte de Distrito de Ponce lo resolvió por sen-tencia de 9 de abril, declarándolo con lugar y anulando en su consecuencia todos los procedimientos seguidos ante la Corte Municipal de Ponce en el caso del Crédito y Ahorro Ponceño contra Tiburcio Llorens Torres sobre cobro de dinero, a partir del servicio de emplazamiento hecho al de-mandado.

Contra esa sentencia ha interpuesto la representación del Crédito y Ahorro Ponceño recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y para sostener el recurso, alega como • errores los siguientes:

Primero. Que la corte cometió error al aplicar a la reso-lución del caso el texto español y no el inglés de la Ley No. 70 de 9 de marzo, 1911, enmendatoria del artículo 92 del. Código de Enjuiciamiento Civil.

Segtmdo. Que la corte incurrió en error al estimar defec-tuoso el diligenciamiento del emplazamiento hecho al deman-dado Tiburcio Llorens Torres.

Tercero. Que la corte también incurrió en error al esti-mar que constituye falta de jurisdicción la irregularidad ale-gada en el diligenciamiento del emplazamiento.

Examinemos conjuntamente los dos primeros errores ale-gados.

El texto español del artículo 92 del Código de Enjuicia-miento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, dice así:

“Artículo 92. — La citación puede hacerse por el marshal del dis-trito donde se encontrare el demandado, o por cualquier otra persona mayor de diez y ocho años que no fuere parte, en la acción. La cita-ción irá acompañada de una copia de la demanda, a menos que dos o más de los demandados residieren en el mismo distrito, en cuyo caso sólo será necesario entregar una copia de la demanda a uno de los demandados. Cuando el márshal hiciere la citación, la devolverá a la oficina del secretario que la expidió, bajo su certificación de haber sido cumplimentada y de haber hecho entrega de la copia de la de-manda que se hubiese acompañado a la citación. Cuando se diligen-ciare por cualquier otra persona, se devolverá a la misma oficina, con la declaración jurada de dicha persona de que ha practicado la diligencia de citación y entregado la copia de la demanda, en caso de haberse acompañado.
“Al servirse la copia de la citación se hará constar en aquélla a su dorso y por quien la haga, una copia literal del diligenciamiento y fecha de éste consignado en el original.”

El texto inglés del segundo apartado del artículo trans-crito, está concebido en los siguientes términos:

“Upon the copy of the summons being served it will be endorsed on the bach by the officer serving it, with a literal copy of the service and its date as appearing on the original.”

Como se ve, el texto español dispone que se pondrá al dorso de la copia del emplazamiento por la persona que lo baga una copia literal del diligenciamiento y su fecha según aparezcan en el original, mientras que el texto inglés dice que se pondrá al dorso ■ de la copia del emplazamiento por el funcionario u oficial que lo baga una copia literal del dili-genciamiento y su fecha según aparezcan en el original.

Se sostiene por la parte demandante que, de acuerdo con el texto inglés sólo el márshal está obligado a dar copia del diligenciamiento, no imponiendo la ley tal obligación a otra persona que lo haga, mientras que el demandado sostiene que la entrega de copia del diligenciamiento es un deber im-puesto por la ley tanto al márshal como al particular que haga el diligenciamiento.

• Opinamos que la palabra “officer” usada en el texto in-glés se refiere tanto al márshal como al particular que haga el emplazamiento, pues uno y otro ejercen funciones públi-cas oficiales, actuando como agentes de la administración de justicia, por más que sea distinta la forma de autenticar e'1 ejercicio de tales funciones, pues el márshal certifica,, mien-tras que el particular presta juramento; pero si alguna duda pudiera ofrecer el texto inglés, esa duda se desvanece me-diante aplicación del artículo 18 del Código Civil, precep-tivo de que el modo más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas es considerar la razón y espíritu de ella o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla. No hay razón alguna especial para que la copia del diligencia-miento de emplazamiento se inserté al dorso de la orden de emplazamiento cuando éste se hace por el márshal y no cuando se hace por un particular.

Comprendemos que el precepto de la ley puede cumplirse ■ fácilmente cuando el márshal es el que diligencia el empla-zamiento, pues él puede certificar, lo que no sucede si el emplazamiento se verifica por un particular, el cual no ten-drá a su lado o en su compañía funcionario ante quien pueda prestar el juramento que integra el diligenciamiento de em-plazamiento; pero como la ley debe cumplirse en cuanto soa posible y no en lo imposible, entendemos que en un caso en que el particular no pueda llenar la formalidad del jura-mentó en el acto mismo de prestar el servicio del emplaza-miento, bastará simplemente una copia del cumplimiento del servicio como aparezca del original en el momento mismo de verificar el emplazamiento, sin perjuicio de llenar la fór-mula del juramento antes de devolver el diligenciamiento del emplazamiento al secretario que lo expidió.

No habiendo, pues, contradicción verdadera entre el texto original y el inglés, huelga discutir el primer motivo del re-curso.

En cuanto al segundo, opinamos que verdaderamente el diligenciamiento del emplazamiento fué defectuoso por no haber cumplido el particular que lo diligenció con el pre-cepto contenido en el segundo apartado del artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como ha sido enmendado. El emplazamiento fué defectuoso, pues el particular que lo diligenció dejó de incluir en él la copia de su diligenciamiento tal como existiera en el original al llevarse a efecto esa dili-gencia.

Sin embargo, y nos referimos al tercer motivo del recurso, la.omisión o falta de que adoléce el diligenciamiento consti-tuye solamente una irregularidad que no lo vicia de nulidad.

El hecho del emplazamiento tuvo realmente lugar y hu omisión en que incurrió el que lo practicó, pudo subsanarse solicitando el demandado que se subsanara, desde luego, sin esperar para solicitar la nulidad del emplazamiento, desde la fecha en que éste se hizo hasta el día en que presentó la moción pidiendo la nulidad, cuando ya se estaba procediendo a la ejecución de la sentencia pronunciada en su rebeldía.

El demandado ha sido negligente en la defensa de su derecho. Su acción ha sido tardía y no nos parece justo en un recurso de certiorari anular los procedimientos seguidos contra él en juicio ante una corte municipal, sin más motivo que una mera irregularidad que no perjudicó sustancialmente sus derechos.

El artículo 142 del Código de Enjuiciamiento. Civil pre-viene que en cualquier estado del pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o en los procedimientos qne no afecte los dereclios esenciales de las partes, y ninguna sentencia será revocada o afectada por razón de tal error o defecto.

' No puede afirmarse qne cualquier irregularidad en el dili-genciado de un emplazamiento lo vicie de nulidad.

Al resolver en 17 de mayo último el caso de Serrano Jiménez v. Berdiel y Corbera et al., dijimos:

“* * * En el caso de Lee v. Clark, 53 Minn., 315, se resolvió que! una omisión de esta clase (la del nombre del abogado) es una mera irregularidad y si el emplazamiento era válido en sus demás particu-lares el demandado tendría que comparecer y pedir que se anulara el diligenciamiento. El caso de Milletie v. Mehmke, 26 Minn., 306, citado por la corte de Minnesota fué uno. en el que no se entregó la copia de la demanda con el emplazamiento y se resolvió asimismo que esta omisión era una mera irregularidad, desechando la corte el riguroso principio establecido en un caso anterior. Los demás casos citados por la referida corte tienden a sostener esta conclusión. Greveling v. Moore, 39 Mich., 563; Low v. Mills, 61 Mich., 35, 27 N. W. Rep., 877; Macbett v. Vick, 53 Wis., 158, 10 N. W. Rep., 84. De igual modo en el caso del People v. Wrin, 143 Cal., 14, resolvió la corte que el nombre del abogado no era parte del emplazamiento de tal modo que pueda anularse una notificación hecha por publicación en que se omita dicho nombre.”

Opinamos que por un defecto tan nimio como el que se lia alegado en apoyo de la nulidad dél emplazamiento del demandado no procede declarar la nulidad de un juicio ya terminado por sentencia pendiente de ejecución.

El demandado lia podido solicitar la apertura de rebeldía si le asistían razones para ello, y tenía buena causa de defensa.

Es de revocarse la sentencia apelada.

Revocada la resolución apelada y anulado el mandamiento de certiorari expedido por la corte inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.