author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Sucesión Jiménez, Demandante y Apelada, v. Cruz et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2484.
    Resuelto en diciembre 9, 1922.
    Honorarios de Abogado — Daños t Perjuicios — Injunction.—En una acción se-guida a virtud de fianza prestada para garantizar el pago de los daños y per-, juicios que pudieran originarse con motivo de una orden de injunction pre-liminar, los honorarios que pueden recobrarse generalmente están limitados ‘ a aquéllos que son necesarios al tratar de obtener la resolución del injunc-, tion, quedando excluidos los servicios prestados al hacerse una defensa general sobre los méritos, así como también los honorarios por servicios sumi-nistrados al pretender sin éxito obtener la disolución de tal injunction. Por tanto, si un demandado en vez de procurar disolver el injunction preliminar trata más bien de impedir la expedición de un injunction perpetuo, o enca-mina sus esfuerzos, a hacer ineficaz la acción del demandante, el gasto in-currido por honorarios de abogado esj un incidente en la acción y no puede recobrarse en concepto de daños y perjuicios originados por razón del injunction.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogado de la apelada: \Sr. F. González.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia por la suma de $402 en concepto de daños y perjuicios en una acción seguida a virtud de fianza prestada para garantizar el pago de los daños y perjuicios que pudieran originarse por razón de la expedición del injunction provisional u orden restric-tiva. Cuatrocientos dólares de la suma por tal concepto re-cobrada corresponde a los honorarios de abogado por servi eios profesionales prestados no por tratar de obtener la re-solución del injunction preliminar, sino por defender el caso principal sobre sus méritos, siendo la disolución de la orden restrictiva un mero incidente para el resultado de la cuestión principal.

Cita la corte inferior el caso de Moreno v. Martínez et al., 14 D. P. R. 383, pero los honorarios de abogado envueltos en aquel caso parece que fueron por servicios suministrados para conseguir la disolución del injunction. Si esta corte, será o no consecuente con la regla enunciada en dicho caso, la que parece estar sostenida por el gran peso de las autori-dades en las cortes de .estados, o reconocerá lo que es al pa-recer la doctrina establecida en las cortes federales, y en los territorios donde se consideran como reguladoras las deci-siones de aquellas cortes, es cuestión que no es necesario resolver ahora definitivamente.

"Los honorarios que pueden recobrarse generalmente están limi-tados a aquellos que son necesarios al tratar de obtener la resolución de un injunction, quedando excluidos los servicios prestados al ha-cerse una defensa general sobre los méritos, así como también los honorarios por servicios suministrados al pretender obtener sin éxito la disolución de un injunction. For tanto, si un demandado en vez de procurar disolver el injunction preliminar trata más bien de im-pedir la expedición de un injunction perpetuo, o encamina sus es-fuerzos a hacer ineficaz la acción del demandante, el gasto incurrido por honorarios de abogado es un incidente en la acción y no puede recobrarse en concepto de daños y perjuicios originados por razón del injunction.” 14 R. C. L. pág. 487, sección 191.

Esta regla parece ser de aplicación con peculiar fuerza al presente caso, toda vez que en los procedimientos de injunction quedaron excluidos expresamente los honorarios de abo-gado, en el ejercicio de una sana discreción por el juez senten-ciador, del pronunciamiento de costas a favor de los deman-dados en dichos procedimientos. Y dentro de las circunstam cias no vemos razón por la que deba condenarse a los deman-dados'en este caso al pago de costas.

Debe modificarse la sentencia apelada eliminándose la partida de honorarios de abogado con el proimnciamiento re-lativo a las costas, y así modificada, confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada, modificán-dola, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf yAldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Sucesión Pagán, Demandante y Apelante, v. Ramos et al., Demandados, y Nadal, Interventora y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reclamación y entrega de bienes muebles. Moción sobre desestimación de apelación.
    No. 2828.
    Resuelto en diciembre 9, 1922.
    Jurisdicción — Exposición del Caso — Prórroga Vencida — Estipulación. — La-corte de distrito carece de jurisdicción para conceder al apelante una pró-rroga para radicar la exposición del caso cuando una anterior prórroga a tal fin concedida había vencido; y la conformidad de la parte apelada, me-diante estipulación, no confiere tal jurisdicción a la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. P. Fajardo.

    Abogado de la apelada: Sr. A. A. Vázquez.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Diez días después de vencida una prórroga para radicar la exposición del caso en la corte inferior, las partes hicie-ron una estipulación para obtener una prórroga adicional de quince días, contados-a partir de la fecha del vencimiento de la. prórroga anterior, estipulación qne fné aprobada por el juez sentenciador.

Después de radicada la transcripción de autos en esta corte la apelada solicitó la desestimación del recurso.

La corte de distrito carecía de facultades para conceder una prórroga después de vencido el término fijado en la orden anterior. Claudio v. Ortiz, 29 D. P. R. 435, y casos citados. Ni podían tampoco las partes mediante estipulación o consen-timiento conferir tal jurisdicción: 3 C. J. 1074, 4 G. J. 504, 586.

Los únicos errores que han sido señalados en el alegato de la apelante, el cual fué radicado después de presentada la moción de desestimación, envuelven cuestiones relativas a la admisión y apreciación de la prueba.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldrev,

text:
    Cruz, Demandante y Apelado, v. Valentín, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en procedimiento de injunction (memo-rándum de costas.)
    No. 2695.
    Resuelto en diciembre 11, 1922.
    Costas — Memorandum de Costas — Sentencia Bevocatobia sin Pronuncia-miento de Costas. — Una sentencia revocatoria dictada en apelación sin pro-nunciamiento en cuanto a costas no da derecho al apelante para recobrar-las. Y si por ministerio de la ley el apelante tiene derecho a costas debe pedir a la Corte Suprema que las imponga y cuando obtenga tal declaración entonces podrá presentar el memorándum de costas en la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la’ opinión.

      Abogados del apelante: Sres. O. M. Wood y L. Jcmer Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. M. Acosta Velarde.

   El Juez Asociado Se. Aldrev,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante obtuvo en este Tribunal Supremo la revoca-ción de una sentencia en un procedimiento de injunction se-guido contra él por el cual el demandante trataba de reco-brar la posesión de ciertas fincas. Nuestra sentencia se li-mitó a revocar la que había dictado la corte inferior contra el demandado sin que hiciéramos declaración alguna sobre cos-tas. Después de ella el demandado presentó en la corte inferior un memorandum de costas que fué impugnado por el demandante, en primer término, porque nuestra sentencia rer vocatoria no le concede las costas, motivo por el cual la corte inferior desestimó la aprobación de dicho memorandum, y contra esa resolución se ha interpuesto el presente recurso de apelación por el demandado.

El memorandum de costas no tiene otro objeto que deter-minar y fijar la cantidad que debe ser pagada en concepto de costas como consecuencia de una condena de pagarlas por lo que para que una corte pueda aprobar un memorandum de costas es necesario que se haya dictado previamente una re-solución o sentencia judicial condenando al pago de ellas; y no existiendo en este caso condena en ese sentido contra el apelado demandante, procedió correctamente la corte inferior al negar su aprobación al memorandum que se le presentó. Veve v. Municipio de Fajardo, 18 D. P. R. 771; Busigó v. Jordán, 19 D. P. R. 627; Hermida v. Márquez, 19 D. P. R. 466; Byron v. González, 19 D. P. R. 1035; Fajardo Sugar Co. v. Santiago, 19 D. P. R. 1151; y Laborde v. López, 29 D. P. R. 518.

Si como alega el apelante él tenía derecho por ministerio de la ley al cobro de costas por haberse dictado sentencia a su favor y no hicimos tal condena, debió pedirnos que impu-siéramos el pago de ellas para que una vez obtenida esa de-claración pudiera presentar su memorandum de costas en la corte inferior.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Pérez et al., Demandantes y Apelados, v. Nogueras, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito' sobre cobro de lo indebido.
    No. 2525.
    Resuelto en diciembre 11, 1922.
    Cobro de lo Indebido — Pianza—Paso—Excusión.—El fiador, que al ser reque-querido paga una sentencia dictada contra su fiado no puede luego alegar con éxito enl una demanda sobre cobro de lo indebido contra la) personal que cobró la sentencia que no fué notificado de ella ni se practicó excusión en los bienes del fiado, pues dicho pago constituye' una renuncia a la excusión y a la notificación de la sentencia, de ser ésta última necesaria. Volenti non fit injuria.

    Id. — Causa de Acción — Admisión de Hechos Alegados en Demanda Insufi-ciente. — La admisión por un demandado de hechos alegados en una demanda que es insuficiente, no subsana el defecto de ésta (Questel v. Conde, 18 P. R. R. 752), y mucho menos cuando tal admisión se hace después, de radicada una excepción previa:
    Los hechos estáu expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. M. Tous Soto y V. M. Fer-nández.

    Abogados de los apelados: Sres. J. B. Soto y H. Torres Sold.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Nogueras Pedraza obtuvo sentencia a su favor contra Juan Canel por la suma de $789.73, con intereses al 6 por ciento anual desde oi día 23 de mayo de 1911. Para el ase-guramiento de la efectividad de la sentencia, el acreedor em-bargó nn automóvil del demandado. Con el fin de levantar el embargo trabado sobre este automóvil y alegando ser de sn propiedad entabló demanda de tercería Francisco Bird Quiñones con dos fiadores. No sólo se dictó sentencia a favor de Nogueras sino que el procedimiento de tercería fué tam-bién resuelto a su favor en 21 de junio de 1916.

Los demandantes en esta acción son los dos fiadores en la demanda de tercería. Alegan ellos que en octubre 30, 1918, y a requerimiento de Nogueras pagaron a éste la suma de $756.90, y no consta que ni siquiera, hubieran sido amenazados con un mandamiento de ejecución o embargo. Antes de ha-ber verificado este pago los demandantes, o sea, en julio 11, 1917, recibió también Nogueras de Francisco Bird Quiñones la cantidad de $400, como abono a la sentencia obligándose éste último a pagarle el resto hasta los $900. .

Aparece ciertamente y creemos que tal es el hecho principal en este caso, que cuando los demandantes hicieron el pago a Nogueras de la suma de $756.90, la sentencia Contra Canel, después de abonársele la suma satisfecha por Quiñones de $400, y calculándose los intereses, era más o menos la suma precisa que pagaron los demandantes. En la demanda no existe alegación de que Nogueras hubiera recibido una canti-dad mayor a la de su deuda contra Canel.

Los demandantes alegaron que el pago que verificaron fué debido a una equivocación o inadvertencia; que nunca fue-ron notificados de la sentencia; que no sabían si Francisco Bird Quiñones había pagado algo o no, y que Nogueras no había practicado excusión alguna sobre los bienes de Francisco Bird Quiñones de quienes eran fiadores.

Como consecuencia de estos hechos resultaría que la de-manda fué frívola. Los demandantes-apelados no nos han honrado con un alegato. Los demandantes sin detenerse a insistir en que se practicara excusión en los bienes de Quiño-nes pagaron la suma de $756.90. Con este proceder renun-ciaron a la necesidad de la excusión y debe considerarse que el pago es voluntario' Volenti non fit injuria.

Asimismo renunciaron ellos a cualquier necesidad de una notificación de la sentencia, aun suponiendo que tal notificación era necesaria. Ellos ciertamente fueron apercibidos por el requerimiento de Nogueras. Ni era una diferencia concebi-ble que los demandantes no supieran si Quiñones babía o no pagado alguna cantidad. No consta que a Nogueras se le pagó con exceso por Quiñones o los demandantes, o que dicho acree-dor estaba tratando de obtener más del importe de la senten-cia, y es un hecho establecido que el principal y los fiadores actuaron todos conjuntamente para levantar el embargo del automóvil.

Nogueras es el apelante en esta corte. En la corte inferior él admitió los hechos de la demanda, pero la corte entendió que él se había allanado a la súplica de la demanda dictando por tanto sentencia contra él. Los autos muestran, como sostiene el apelante, que él solamente admitió los hechos de la demanda habiendo radicado anteriormente una excepción previa. Tal admisión no subsanará una demanda insuficiente. Questel v. Conde, 18 D. P. R. 752. De todos modos Nogueras tenía de-recho a que su excepción previa fuera revisada por esta corte. Los hechos como han sido examinados revelan una falta de causa de acción por parte de los demandantes.

Además puede dudarse si no sería error por parte de una corte conocer de una demanda que no determinaba una causa de acción.

Debe revocarse la sentencia y desestimarse la demanda.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda con las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Angleró, Demandante y Apelado, v. Fernández, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre desahucio.
    No. 2820.
    Resuelto en diciembre 11, 1922.
    Desahucio — Título del Demandante — Pleito Pendiente. — El demandante com-pró cierta finca al Banco de San Juan. La demandada Rabia arrendado la misma finca al propio banco. El demandante, que no venía obligado a res-petar el contrato celebrado entre el banco y la demandada, entabló este pleito de desahucio. La demandada alegó que existía un pleito pendiente iniciado por otra persona contra el banco en el que se discutía el dereeho de éste a la propiedad en cuestión. Se decidió: que la existencia de dicho otro pleito nada tenía que ver con la tramitación del desahucio.
    Id. — Venta de Finca Arrendada. — Cuando el comprador de una finca arrendada cuyo arrendamiento no consta inscrito en el registro no promete respetar el contrato aun cuando conozea su existencia, no queda obligado por sus térmi-nos y si el arrendatario no se aviene a entregarle la finca puede ejercitar contra él la acción de desahucio en la corte de distrito correspondiente, ya que no existiendo contrato, la posesión del arrendatario es' equivalente al disfrute de la finca en precario y no surge cuestión del montante de las ren-tas anuales según se decidió en Sosa v. Mo Garande Agrícola Co., Ltd., 17 D. P. R. 1149.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. M. Qaetcm Barbosa.

    Abogado del apelado: Sr. B. Sancho Bonet.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Angleró archivó nna demanda de desahucio en la Corte de Distrito del Primer Distrito de San Juan contra Antonia Fernández. Alegó que era dueño de un solar, que describe debidamente, situado en Melilla, Santurce; que había requerido a la demandada, ocupante del solar, para que lo de-jara a su disposición y que la demandada se había negado a ello y continuaba ocupándolo sin pagar canon ni merced.

La demandada presentó una excepción previa sobre de-fecto o indebida acumulación de partes y contestó negando los hechos de la demanda refiriéndose a cierto pleito pendiente en que estaba envuelto el dereeho de propiedad del solar en cues-tión y alegando que había arrendado al Banco de San Jnan el solar y venía depositando el precio del arrendamiento en el juzgado.

Practicada la prueba, la corte de distrito dictó sentencia en contra de la demandada y ésta interpuso entonces el presente recurso de apelación

Resulta claro que la demandante arrendó al Banco de San Juan. De este banco recibió también su título de propiedad el demandante. La propia demandada declarando en el jui-cio, dijo í£el Sr. Angleró fup a mi casa y yo le propuse que ya que el banco le había vendido el solar donde habitaba mi casa, sabiendo que la propiedad estaba ante el tribunal, le propuse que él comprara la casa pues la casa me había costado $800 y yo se la daba en $600, y el Sr. Angleró salió de mi casa como a las ocho de la noche para ir donde el admixdstrador que tiene el banco para que me viniesen a comprar la casa y lo que me contestó el Sr. Angleró es traerme a esta corte.” Y An-gleró, de igual modo declarando en el juicio, se expresó así: “Después de comprar la finca visité a la Sra. doña Antonia Fernández y le pregunté si el banco le había informado que la finca había pasado a mi propiedad, y le dije que había comprado aquella finca y deseaba utilizarla inmediatamente. * * * No le di plazo por la razón de que ella me dijo que se creía con derecho a aquella finca por medio de un arrenda-miento, y entonces desde luego lo que hice fué volver al banco a decirle que la señora que ocupaba la finca se negaba a de-socuparla y el banco me dijo que recurriera a los tribunales en un procedimiento legal. ’ ’

La circunstancia de que exista un pleito pendiente en que otra persona distinta de la demandada reclame la propiedad de que se trata incluida en otra de mayor extensión, nada tiene que ver en este pleito. La demandada contrató con el banco. El banco vendió. El adquirente no está obligado por ni quiso reconocer el contrato y habiendo demandado su derecho ante el tribunal por duro que ello sea está el tribunal obligado a reconocerlo y a hacerlo valer en la forma que la ley dispone.

En el alegato se levanta nna cuestión jurisdiccional. Se alega que no siendo la cuantía del arriendo superior a mil dólares anuales y no tratándose de un caso de precario, la corte de distrito no pudo conocer válidamente del pleito, co-rrespondiendo la jurisdicción a la corte municipal. Esta misma cuestión fué suscitada y resuelta de modo adverso a la contención de la apelante en el caso de Cuesta v. Ortiz, 29 D. P. R. 494, en el que se estableció la siguiente doctrina:

“Cuando el comprador de una finca arrendada cuyo arrendamiento no consta inscrito en el registro no promete respetar el contrato aun cuando conozca su existencia, no queda obligado por sus términos y si el arrendatario no se aviene a entregarle la finca puede ejercitar contra él la acción de desahucio en la corte de distrito correspon-diente, ya que no existiendo contrato, la posesión del arrendatario es equivalente al disfrute de la finca en precario y no surge cuestión del montante de las rentas anuales según se decidió en Sosa v. Río Grande Agrícola Co. Ltd., 17 D. P. R. 1149.”

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Sin lugar el recurso y confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Rivera et al., Demandantes y Apelantes, v. The Juncos Central Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Córte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación.
    No. 2688.
    Resuelto en diciembre 12, 1922.
    Dominio por Prescripción — Posesión en Concepto de Dtjeíío — Prescripción Extraordinaria. — En Puerto Rico para que una persona pueda adquirir por prescripción el dominio sobre nna propiedad, es necesario que ella y sus causantes hayan adquirido y disfrutado la posesión en concepto de dueños, aun cuando se trate de la prescripción extraordinaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. B. López Antongiorgi y R. Guillermety.

    Abogado de la apelada: Sr. F. González.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes son los herederos de José Rivera Carrion y trataron de probar que la demandada, The Juncos Central Company, estaba en posesión de una finca rústica que pertenecía a su causante y por tanto que había pasado a ellos por herencia.

Celebrado el juicio la corte de distrito declaró probado que la propiedad de la cual estaba la demandada en pose-sión, era la misma que los demandantes pretendían reivin-dicar. La demandada, como apelada en esta corte, alegó que no había sido establecida la identidad de la finca, pero tanto las conclusiones de la corte como la prueba establecen el he-cho a favor de los demandantes.

La corte de distrito dictó sentencia en favor de la deman-dada fundada al parecer en dos motivos: primero, que los demandantes no justificaron o probaron su posesión de la finca, y segundo, que la prescripción extraordinaria de treinta años había corrido a favor de dicha demandada. La corte de-claró probado y la prueba tendió a establecer, que el causante adquirió esta finca en el año 1872, y por tanto la presun-ción ordinaria de continuidad conferiría el título a los de-mandantes. Fulladosa v. Castro, 27 D. P. R. 702; Gandía v. Porto Rico Fertilizer Co., 28 D P. R. 555; y la posesión civil sería necesariamente consecuencia. También declara-ron los demandantes tendente a acreditar que estaban en po-sesión, aunque dado su título y posesión civil no tenían dichos demandantes que probar la posesión física de la finca. Cualquiera que reclame en oposición a ellos -tendría que pro-bar un título a su favor.

Esto trató de hacerlo la demandada. Probó que hubo-traspasos de personas en la posesión material y que su pose-sión databa de más de treinta años. Los demandantes in-sisten en que esta persona fué un mero tenedor, o que poseyó con consentimiento de los demandantes. No tenemos necesi-dad de fundar nuestra decisión en la certeza de esta alega-ción de los demandantes toda vez que la prueba no demostró la naturaleza de la posesión de la persona de quien la deman-dada alegó derivar su título. Prácticamente nada se probó con excepción de que esta persona estaba en la finca desde muchos años antes cultivándola. No hubo prueba de que esta persona poseyera la finca en sentido adverso, o en concepto de dueño. Tal vez la siguiente cita de 2 C. J., página 125, hará más claro el punto:

“Con excepción de un número limitado de decisiones en las que se emplea un lenguaje del cual podría inferirse una regla contraria,, y de pocas otras basadas en estatutos especiales, las decisiones son prácticamente unánimes al efecto de que es esencial que se alegue el dominio o título para la adquisición de un título por posesión adversa. Como ya se ba expresado, es la intención de reclamar el título lo que hace adversa la posesión. No importa la continuada, exclusiva y hostil que en apariencia pueda ser la posesión respecto al verdadero dueño, no puede ser realmente adversa a menos que vaya acompañada de la intención por parte de la persona que la tiene de que así sea. Decir que la posesión ha de ser hostil1 es equi-valente a expresar que ha de ser bajo un título aparente.’ Sin embargo, no debe darse a este principio un alcance tal que infrinja otro principio aplicable a la posesión adversa ‘de que una parte puede reclamar adversamente aunque sepa que su título es defec-tuoso, pero debe reclamar un derecho a la finca.’
“Razón de la regla. — La razón en que se funda la regla en nin-guna parte ha sido más claramente expresada que en una opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se dijo que ‘La po-sesión per ,se no establece otra cosa que el mero hecho de la actual ocupación con derecho, pues la ley no presumirá un mal; y que la posesión es tan compatible con nn derecho actual, por virtud de un arrendamiento por años, o por términos indefinidos, como en el do-minio completo. Por tanto, como consecuencia de la naturaleza misma del caso, ha de depender de las circunstancias colaterales que es lo que constituye la calidad y alcance del derecho reclamado por la parte y hasta ese punto y ese únicamente existirá la presunción legal a su favor.’ ”

El texto principal, o sea, la posesión en concepto de dueño, es igualmente la regid en Louisiana. Clemens v. Meyer, 44 La. Ann. 390; Simon v. Richard, 42 La. Ann. 842; Stille v. Shull, 41 La. Ann. 816; Spivey v. Wilson, 31 La. Ann. 653.

Que una persona debe poseer en concepto de dueño es la ley en Puerto Pico. Artículo 449 del Código Civil. Véase también el caso de Calvet et al. v. Martin et al. 29 D. P. R. 644.

Ni tampoco nos satisface la prueba presentada en este caso en cuanto a una posesión no interrumpida como exige el artículo 1860 del Código Civil. La posesión parecía ser por un período limitado.

La demandada no puede descansar en su adquisición de una persona que tenía su título inscrito puesto que el título de los demandantes. había sido inscrito anteriormente. Artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria. Ayllón et al. v. González et al., 28 D. P. R. 67, y casos citados; Ménéndez v. Cobb et al., 28 D. P. R. 775; Sucesión de Torres v. Torres, 29, D. P. R. 909; King v. Fernández, 30 D. P. R. 592.

Una de las cosas que se pedía en está demanda era que los demandantes fueran declarados herederos de su alegado cau-sante. Quiénes son los herederos que han justificado su de-recho para ser declarados tales herederos es un hecho que según el estado de los autos debe ser resuelto por la corte sentenciadora.

Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para ulte-riores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sb. Fbanco Soto,

text:
    Trautman, Demandante y Apelado, v. La Sociedad Trautman & Acha, Etc.,. Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero. — Moción sobre desestima-ción de apelación.
    No. 2676.
    Resuelto en diciembre 12, 1922.
    Apelación — Embargo para Aseguramiento de Sentencia — Término para Ape-lar una Orden Negando Levantamiento de Embargo. — No existe incompa-tibilidad entre! la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias y el artículo 295, inciso 3°., del Código de Enjuiciamiento Civil; por tanto, no es motivo para desestimar la apelación de una orden que negó el levantamiento de un embargo trabado para aseguramiento de sentencia, el beebo de que la apelación de tal orden, que se estableció al apelar de la sentencia que puso término al pleito, no se hubiera establecido dentro de los diez días de dictada.
    Id. — Desestimación de Apelación — Exposición del Caso. — No procede deses-timar una apelación establecida contra una orden que negó el levantamiento de un embargo, por el fundamento da que las actuaciones que sirvieron de base a la corte inferior para dictar la resolución apelada no se elevaran a esta corte en forma de exposición del caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. E. Hincón y L. Visca,-rrondo.

    Abogado del apelado: Sr. E. Flores Colón.

   El Juez Asociado Sb. Fbanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la acción que se estableció ha sido en cobro de dinero, y con la demanda el demandante pidió y ob-tuvo el aseguramiento de la sentencia. Trabado el embargo sobre cierto inmueble del demandado, surgió el inci-dente en que dicho demandado solicitó de la corte inferior que anulara o levantara el -embargo que se efectuó en el inmueble mencionado. Denegadas las pretensiones del demandado en ese sentido y dictada sentencia declarándose con lugar la de-manda, el demandado interpuso apelación no sólo de la sen-tencia final sino también de la resolución de la corte inferior, denegando la anulación del embargo pedida por el deman-dado.

Es bien fácil comprender abora que 1a. resolución interlo-cutoria recaída en el incidente de embargo fué apelada jun-tamente con la sentencia final, y en esto el demandado no bizo mas que ajustarse a lo que dispone la sección 14 de la ley especial para segurar la efectividad de la sentencia, apro-bada en marzo Io, 1902, que dice:

“Todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de senten-cia, se sustanciarán en pieza separada, dándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusiere y fueren pertinentes, resolviéndose acto seguido por el tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculos para la continuación del pleito principal. Entre la citación, y la comparecencia de estos juicios ver-bales no mediará un término mayor de cinco días, y no se suspenderá la celebración de los mismos por ningún motivo. Toda resolución del tribunal será ejecutoria desde luego, pudiendo consignarse por la parte perjudicada la oportuna protesta a los efectos del recurso que la Ley de Procedimientos le conceda contra la sentencia defi-nitiva.”

Tal vez pudiera levantar dudas la disposición del artículo 295 en su apartado 3, en donde se prescribe que de una pro-videncia anulando o negándose a anular nn embargo podrá es-tablecerse apelación dentro de los diez días de dictada la pro-videncia o sentencia interlocutoria, y desde luego que si se aplicara aisladamente la disposición citada la apelación no tendría base para sostenerse, pero de un exámen que bemos beebo de diferentes casos de esta Corte Suprema sobre la misma materia envuelta en la moción de desestimación, entre los que podemos citar Bolívar v. Aldrey, Juez de Distrito, 12 D. P. R. 273; Veve v. The Esperanza Central Sugar Co., 13 D. P. R. 259; Roig v. Landrau, 29 D. P. R. 315 y Armstrong v. Irizarry, 29 D. P. R. 607, hemos llegado a la conclusión que de p.na manera implícita se ha establecido que no existe incom-patibilidad entre la sección 14 de la ley para asegurar la efec-tividad de sentencia, aprobada en marzo Io de 1902, y el ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y que se puede optar entre uno u otra disposición a los efectos de establecer la correspondiente apelación de la resolución anulando un embargo o de la negativa para anularlo.

Después de lo que en forma implícita quedaba resuelto y presentada la cuestión clara y definida en este caso, no cree-mos que exista razón legal alguna para que vaxiémos la pauta que se había seguido escogiendo mío u otro medio para apelar que autoriza la ley sobre resoluciones que anulen o niegen la nulidad de un embargo.

En tal sentido y habiendo el apelante escogido uno de los medios dispuestos en la ley para apelar un incidente de embargo, no estamos en caso de desestimar la apelación por tal motivo.

El segundo motivo de la moción alegando que el certiorari presentado por el demandado a esta corte para revisar la re-solución de la corte inferior sobre la misma materia del embargo resolvió en el fondo el asunto, es enteramente erróneo. Por el contrario: la cuestión quedó abierta, declarando esta corte que el certiorari no era el remedio adecuado para re-visar la resolución interlocutoria de la corte inferior y sí lo era la apelación que se había establecido para el caso de que no pudiera prosperar el derecho del demandado.

La segunda parte de la moción interesando la eliminación de ciertos extremos del récord, también debe desestimarse. Los particulares a que se refiere la moción son las actuaciones en que se fundó la corte inferior para dictar la resolución en el incidente de embargo; y siendo ese el objeto del demandado al incluirlas en el récord, no se hace necesario que para traer tales actuaciones a esta corte formen parte de una exposi-ción del caso.

Por todo-lo expuesto, la moción del apelante en sus dos ex-tremos, debe desestimarse.

Sin lugar la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución Je este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Barbosa, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en causa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1975.
    Resuelto en diciembre 14, 1922.
    Prueba — Admisión de Prueba — Errores no Revisables en Apelación. — En este caso la corte, con el consentimiento de ambas partes, tomó en consideración las declaraciones de testigos prestadas contra el acusado en otro caso. Se resolvió: que si bubo en ello alguna informalidad se renunció a todo dere-cho respecto a ella, y que la actuación de la corte no puede ser atacada en apelación, con mayor razón cuando que no se hizo objeción en la corte inferior.
    Id. de la Existencia de un Alambique — Evidencia Primaria. — La declaración de testigos oculares sobre la existencia de un alambique es prueba primaria y no secundaria a los efectos de la regla sobre la mejor prueba.
    Señalamientos de Error.. — -No constituye un señalamiento de error el decir en términos generales que la corte incurrió en error al declarar sin lugar ob-jeciones del acusado. Los errores deben especificarse en serie (seriatim).

    Multa — Prisión Subsidiaria. — No constituye un error técnico el imponer una multa sin fijar la prisión subsidiaria en caso de falta de pago.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Qaetán Barbosa.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Barbosa y otros fueron acusados de haber obstacu-lizado a un policía en el cumplimiento de sus deberes, y ab-sueltos de dicho delito. Al terminarse este juicio, José Bar-bosa, acusado de tener ilegalmente un alambique, fue juzgado por dicbo delito y declarado culpable. ■ De la exposición del caso ante nos en apelación, aparece que por consentimiento de ambas partes, la corte tomó en consideración prueba que fue presentada en el juicio anterior por estar ante la misma en este caso. Si bubo alguna informalidad se renunció a ella y no puede ser atacada en apelación la actuación de la corte especialmente por no haberse formulado ninguna objeción en la corte inferior. Con esto queda resuelto el primer error que alega el apelante.

También se alega como error el haber permitido la corte que se presentara prueba sobre la existencia de un alambi-que cuando, según el apelante, la mejor prueba hubiera sido la presentación del alambique mismo. Sin embargo, la prueba de testigos oculares sobre la existencia de un alambique es prueba primaria y no secundaria. En la denuncia se alegaba que el alambique fué presentado en la corte, y de hecho fuá llevado a la corte municipal. Sin embargo, no se levanta nin-guna cuestión de que fuera esencial esta manifestación en la denuncia original o de que existió incongruencia.

Algunos de los demás errores señalados en el alegato no se hicieron constar en un señalamiento de errores. No es un señalamiento de error el decir en una forma general como dijo el apelante, que la corte inferior incurrió en error al decla-rar sin lugar sus objeciones. Los errores deben consignarse por serie (seriatim) en un señalamiento de errores. Las ma-terias desestimadas no parecen ser fundamentales. Hubo prueba suficiente de la culpabilidad del apelante.

Y no constituyó tampoco error de la corte el imponer una-multa sin fijar la prisión subsidiaria, aunque es mejor la prác-tica sugerida.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Calderón, Demandante y Apelada, v. Reyes, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre confesoria de servidum-bre.
    No. 2495.
    Resuelto en diciembre 14, 1922.
    Servidumbre — Camino Público — Apelación—Incon6RUENcia—Objeción — Sor-presa. — No solamente se formula demasiado tarde una objeción en cuanto' a la existencia de una incongruencia más bien técnica que substancial entre las alegaciones y la prueba, al hacerse por primera vez en apelación, sino que si durante el curso del juicio una parte insiste en que ha sido sorprendida o inducida a error, deberá establecer su alegación demostrando que está bien fundada.
    Id. — Id.—Teoría del Caso.- — 'Que una parte no pueda celebrar el juicio de su caso fundada en una teoría y ganar su apelación por virtud de otra, se ha indicado en varios otros casos y es una cuestión demasiado elemental para que requiera discusión o cita de autoridades.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. García de la Noceda.

    Abogado de la apelada: Sr. L. 8. Yahamonde.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso dedujo demanda la actora para probar la exis-tencia desde tiempo inmemorial de una servidumbre como me-dio de entrada y salida de la finca de dicha demandante y a través de la finca del demandado. En la demanda se alegaba que ambas fincas eran segregaciones de otra finca de mayor ca-bida, que en la escritura de la demandante no se hizo constar ningún pacto o reserva que modifique o limite el uso y disfrute de dicho anterior camino, su valor, y después de una admisión voluntaria de la existencia de otro medio de salida distante, la inconveniencia en usarlo por ser mayor el recorrido, siendo casi doble la distancia comparada con el que se usa, la natu-raleza abrupta del terreno, el río y riachuelos que hay que atravesar y la condición intransitable del mismo en períodos de lluvia.

En la contestación después de varias admisiones y nega-tivas se alega como materia nueva, entre otros particulares, que la demandante tiene otro medio de salir de su Enea, o sea el camino público que no está ni a un metro, de distancia de la finca de la demandante.

Los hechos probados siguen en su orden general a las ale-gaciones de la demanda haciéndose referencia de paso a los artículos 571, 572 y 574 del Código Civil.

El apelante en su alegato sostiene que la corte sentencia-dora cometió error al apreciar las pruebas y al aplicar la ley.

De un examen cuidadoso de los autos no consta semejante error tan manifiesto en los hechos probados que exija que se revoque la sentencia.

El motivo de queja del apelante es que existe una incon-gruencia que envuelve más o menos confusión, en las declara-ciones de ciertos testigos respecto a las colindancias en rela-ción con los puntos cardinales, así como algunas discrepancias ■entre tales declaraciones y la descripción de las fincas que en la demanda se mencionan. Pero la incongruencia fue inma-terial y técnica más bien que substancial y no parece haberse levantado ningua cuestión en cuanto a esto en la corte inferior.

No sólo se formula muy tarde la objeción al levantarse por primera vez en apelación, sino que si aún en el curso de un juicio una parte insiste en haber sido sorprendida o inducida a error deberá probar su alegación demostrando de algún modo que en realidad está bien fundada. Díaz Llenza et al. v. Rosado et al., 30 D. P. R. 515 y autoridades citadas.

También sostiene el apelante que la corte inferior procedió fundada en la teoría de una £‘servidumbre legal,” de con-formidad con los artículos del Código Civil citados por el juez sentenciador mas bien que en la prescripción adquisitiva que se ejercita principalmente en la demanda. Pero, como ya he-mos indicado, el demandado no sólo no se opuso a la forma de la demanda sino que alegó como defensa afirmativa la exis-tencia del camino público. Hubo cierta prueba para sostener los hechos alegados en la demanda respecto a la conveniencia relativa de los dos medios de salida, y el demandado insistió en todo el inicio en la existencia de nn camino público abierto nuevamente si bien dejó de probar en absoluto qne era igual-mente conveniente o utilizable como medio de salido. Y arias veces se ha indicado en nuestras anteriores decisiones qne una parte no puede celebrar el juicio de su caso basado en una teoría y ganar su apelación por virtud de otra, cuestión que es demasiado elemental para exigir una discusión más amplia ó citas de autoridades.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. HittchisoN,

text:
    Camacho, Demandante y Apelante, v. Ortiz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad de escritura y cancelación, etc.
    No. 2510.
    Resuelto en diciembre 14, 1922.
    abandono de Acción — Sentencia de Sobreseimiento (Nonswit) — Conocimiento Judicial. — El espíritu del artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil es estimular la diligencia en la prosecución de los pleitos y proteger a un de-mandado contra cualquier demora innecesaria determinada por una aparente e inexplicable morosidad en dicha gestión, pero no es su propósito castigar a todo demandante que por razón de sucesos ajenos a su voluntad tenga la desgracia de caer dentro de la letra de la ley, ante las circunstancias ate-nuantes o justificativas que aparezcan de los autos o sean del conocimiento de la corte y de los abogados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. M. del Toro Colberg y P. Amado Rivera.

      Abogado de los apelados: Sr. P. Fajardo Martines.

   El Juez Asociado Se. HittchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La cuarta demanda enmendada en este caso fué radicada en 13 de septiembre de 1919.

La contestación a dicha demanda fué suscrita y jurada en febrero 17, 1920, según aparece de una copia certificada de la misma, presentada por los apelados. No consta la fecha- de su radicación.

En febrero 4,1921, o sea, el día anterior al señalado para la celebración del juicio, la demandante solicitó la suspensión de .la vista alegando que era de conocimiento público y lo sa-bía también el abogado de los demandados que el abogado de récord de la demandante se encontraba enfermo, atacado de pulmonía luego de haber sufrido una operación quirúrgica en la vejiga y, por tanto, estaba impedido de comparecer a la vista.

Aparece de una notación hecha en el libro de minutas que en abril 28 del mismo año habiendo sido señalado el caso para la celebración de la vista en ese día fué llamado; que compa-reció uno de los demandados por medio de su abogado, y no habiendo comparecido la demandante se solicitó de la corte se tuviera por desistida a la demandante de su acción por abandono de la misma.

La corte se reservó su resolución dictando al siguiente día sentencia de desistimiento, con las costas a favor de ios de-mandados, citando el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual prescribe entre otros particulares, que podrá de-clararse abandonada una demanda por la corte ' ‘ cuando el de-mandante deja de comparecer en el juicio, y compareciendo el demandado pide que se declare a aquél por desistido.”

El escrito de apelación que fué archivado poco antes de vencer el término prescrito en la ley, expresa que la deman-dante nunca recibió la notificación de la sentencia que se dice fué hecha por correo; que la demandante jamás fué notifi-cada del segundo señalamiento del caso para sn vista; que su abogado defensor había fallecido en vísperas del día fijado primeramente y luego pospuesto como queda dicho y que la demandante no había tenido oportunidad de proveerse de otro abogado. Desde luego que técnicamente no es éste el medio adecuado de presentar estos hechos pero a falta de objeción por este fundamento el hecho de no recibir la notificación de la sentencia puede considerarse como excusa suficiente de la omisión, si lo es, de acudir a la corte inferior en solicitud de un remedio de acuerdo con el artículo 140 del Código de En-juiciamiento Civil antes de perfeccionarse una apelación.

De todos modos si fuera necesario para los fines de justicia substancial esta corte podría tomar conocimiento judicial respecto al fallecimiento del abogado a quien se ha hecho referencia y de su fecha, según lo revelan nuestros records. Ciertamente que no es irrazonable suponer que en una ciudad de la capacidad de Mayagüez tanto el abogado de los demandados como el juez sentenciador deben haber tenido conocimiento a la fecha del desestimiento de la ac-ción de que el abogado de la demandante, que ejercía su profesión ante la corte de distrito había fallecido pocas horas después de radicada la moción para la suspensión de la vista. Aún siendo de otro modo, la seria condición revelada en la moción de lá cual la misma corte inferior tomó conoci-miento judicial al resolverla sin exigir una certificación fa-cultativa u otra prueba en cuanto a ella era suficiente para ha-cer que tanto la corte como el abogado procedieran a inves-tigar. Aceptando en pro del argumento que la contestación se presentó al ser jurada, la situación desarrollada en los tres meses antes de hacerse la moción para que se tuviera por de-sistida a la demandante, es bastante para destruir cualquier presunción de abandono fundada en la mera incomparescen-cia al juicio después de transcurrido un año de suscitada la contienda litigiosa.

Con respecto al precepto correlativo del código de California se lia dicho lo siguiente:

“El fin de esta sección fué favorecer a los demandados, librarlos del establecimiento de viejas reclamaciones y garantizar la debida diligencia en la tramitación de las acciones ejercitadas (Pacific Paving Co. v. Vizelieh, 141 Cal. 4: 74 Pac. 352).” Código de Enjuicia-miento Civil de Fairall, Parte I, página 617.

Esto está en perfecta armonía con el principio general enunciado en el siguiente texto elemental:

“Una acción puede declararse abandonada o decretarse su sobre-seimiento por dejar el demandante de seguir tramitándola con la debida diligencia, si bien el estatuto de prescripción impedirá otra acción, a menos que dicho demandante presente suficiente excusa por no seguir la tramitación. * * *
“Dentro de la regla que acaba de citarse puede declararse pro-piamente abandonada una acción por dejar de seguir tramitándola, no habiendo contrademanda o contrarréplica cuando el demandante no comparece en persona o por medio de abogado al ser llamado su caso por su orden para juicio.” 18 C. J. páginas 1191 y 1192, sec-ciones 110 y 111.

T en una nota bajo el epígrafe “Razón de la Regia” en-contramos una cita del caso de Smith v. Faris-Kesl Construction Company, 27 Idaho, 407, 427, donde la corte se expresó en los siguientes términos:

“El lapso de tiempo solamente no es suficiente para justificar el declarar abandonada una acción. En casos como éste, cuando una defensa de abandono se sostiene, es fundada en la teoría de que la demora, considerada con otras circunstancias del caso, es prueba sa-tisfactoria de que ha sido abandonada la causa de acción, o que re-sultaba en perjuicio de alguien que no era responsable de la demora, y cuando esta teoría o presunción se destruye por otros hechos y cir-cunstancias, no debe prevalecer la defensa.
“El abandono ha sido definido en el tomo 18 de American & English Encyclopaedia of Law, 2a. edición, pág. 97, como sigue: ‘Abandono es aquel descuido u omisión en ejercitar un derecho que, considerado en unión del lapso de tiempo más o menos grande y
otras circunstancias que causan perjuicio a una parte contraria, produce el efecto de un impedimento en una corte de equidad.’
“La siguiente es una parte del sumario del caso de Coles v. Ballard, 78 Va. 139, a saber:
“Abandono es el descuido en hacer algo que una parte debe hacer, y el mero lapso de tiempo sin ir acompañado de alguna cir-cunstancia que suministre prueba de una presunción de que el de-recho ha sido abandonado no se considera abandono.”

El caso de Estate of Dean, 149 Cal. 487, si bien se dife-rencia en muchos particulares del presente caso, puede ci-tarse de paso para indicar hasta qué punto considerará la cuestión una corte de apelación a fin de evitar cualquier in-justicia que pueda resultar de una interpretación literal y estricta aplicación del precepto estatutorio en cuestión.

Creemos, por tanto, que el espíritu e intención del artículo 192 de nuestro código es estimular la diligencia en la tramita-ción de una acción y proteger al demandado contra toda de-mora innecesaria debida a una falta aparente e inexplicable en este sentido, pero no, ante las circunstancias atenuantes o excusables que aparecen de los autos o que son conocidas de la corte y los abogados castigar a todo demandante que por circunstancias que están fuera de su dominio pueda ser tan infortunado que quede comprendido en el texto de la ley.

Consideradas todas las circunstancias nos vemos obliga-dos a resolver que la corte inferior incurrió en error al decla-rar por abandonada la acción sin hacerse la verdadera notifi-cación a la demandante, y por tanto, que debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    Santiago, Demandante y Apelada, v. Maldonado et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de embargo. — Moción sobre desesti-mación de apelación.
    No. 2760.
    Resuelto en diciembre 11, 1922.
    Apelación — Embargo paea AsegubAmiento de Sentencia — Término paea Ape-lab una Orden Negando Levantamiento de Embargo. — Una resolución ne-gando la nulidad de un' embargo puede sor apelada independientemente de la apelación contra la sentencia definitiva a condición de que se establezca dentro de diez días de dictada la orden, como dispone el artículo 295, inciso 3o., del Código de Enjuiciamiento Civil, cuyo precepto no es incompatible con la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. C. Bnmet.

    Abogado de la apelada: Sr. M. A. Rivera.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Uno de los demandados en este caso solicitó de la corte inferior en marzo 9, 1922, que anulase el embargo que había sido trabado en sus bienes. En 29 del mismo mes fue regis-trada sentencia contra los demandados, en rebeldía, y el 18 de abril la corte declaró sin lugar la solicitud de nulidad de embargo, contra cuya resolución interpuso el demandado Miguel Maldonado este recurso de apelación ocho días después. Pendiente la vista de este recurso se nos pide por la parte ape-lada que lo desestimemos fundándose en que dicha resolución sólo puede ser revisada en la apelación contra la sentencia, según el precepto de la sección 5246 de la Compilación de los Estatutos Devisados referente a la ley para asegurar la efec-tividad de sentencias.

En el caso de Trautman v. La Sociedad Trautman y Acha, que hemos resuelto el 12 de este mes, hemos declarado que re-soluciones como la que motivan este recurso pueden ser ape-ladas independientemente de la apelación contra la sentencia, de acuerdo con el artículo 295, número 3o, del Código de En-juiciamiento Civil y la jurisprudencia de este Tribunal en los casos que se citan.

La moción debe ser desestimada.

Sin lugar la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto, de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Casanovas et al., Demandados y Apeladas, v. El Municipio de Mayagüez et al., Demandados y Apelantes.
    .Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en recurso de certiorari.

    No. 2775.
    Resuelto en diciembre 15, 1922.

      Sertiorari contra Organismos t Funcionarios Municipales. — De acuerdo con el artículo 65 de la Ley Municipal de 1919 el remedio de certiorari que allí se coneede alcanza a los actos legislativos o administrativos de los organis-mos y funcionarios municipales, sin estar circunscrito conforme a la regla general de la jurisprudencia americana a los actos judiciales o euasi judi-ciales.
    Solares Concedidos por los Municipios. — La caducidad de la concesión de so-lares por los municipios se regirá por la ley vigente al tiempo, de gestionarse aquélla.
    Ordenanza Municipal Inconstitucional. — Las ordenanzas que restringen los usos inherentes al dominio sin establecer una regla perfectamente definida y dejando la restricción al arbitrio de las autoridades del municipio son an-ticonstitucionales ya que pueden dar lugar a privilegios y al ejercicio de po-deres por dichas autoridades en contravención a la Constitución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogado de las apeladas: Sr. A. A'rnaldo.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del Iribnnal.

En 14 de septiembre de 1921 la Asamblea Municipal de Ma-yagüez adoptó una ordenaza por la cual declaró extinguidas las concesiones de los menores Antonio, Ramón, Pedro, Jaime y José María Yicens y Casanovas para edificar en dos sola-res que pertenecen a los ejidos de la ciudad de Mayagüez.

La ordenanza dice:

“Por cuanto: De acuerdo con los artículos 189 y 191 de las pri-meras ordenanzas municipales para la ciudad de Mayagüez, apro-badas en el año 1890, los cesionarios de solares de ejidos al destruirse el edificio o edificios construidos sobre los mismos quedaba extin-guida la concesión superficiaria que les babía sido concedida; y
“Por cuanto: La ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Mayagüez, P. R., en el año 1908, concedía un plazo de seis meses (6) para que el cesionario reedificara el edificio construido sobre un solar de ejido, perdiendo el poseedor todo derecho si no lo hiciere dentro del plazo señalado;
“Por cuanto: El edificio conocido por la Mallorquína, propiedad de la sucesión de don Antonio Yicens y Magraner, construido sobre dos solares de ejidos', fué destruido por un incendio el día 16 de-septiembre de 1920, y los concesionarios han dejado transcurrir más de seis meses (6) sin haber reconstruido el edificio ni haber solici-tado prórroga para ello, ni presentado planos, ni presupuesto alguno, dejando en completo abandono dicho solar en perjuicio de los inte-reses municipales y del ornato público;
“Por cuanto: La Ley Municipal de 1912, según fué enmendada por la Ley de 1920 no es aplicable a este caso, porque estas conce-siones fueron hechas con anterioridad a dichas fechas;
“Por cuanto: La Municipalidad de Mayagüez, P. R., no que-riendo dejar de oír a los actuales concesionarios la sucesión Yicens les notificó la iniciación de un expediente de caducidad de concesión y señaló una vista pública a petición de los mismos para que compa-recieran a exponer razones;
“Por cuanto: En la sesión celebrada por la Asamblea Municipal de Mayagüez, P. R., en la noche del día 13 de septiembre de 1921 se celebró la vista pública para oír a los concesionarios Yicens y éstos comparecieron por su abogado Ledo, Alfredo Arnaldo y Sevilla, li-mitándose solamente a hacer argumentaciones orales sobre el de-recho de los concesionarios a seguir en el uso y servidumbre de dichos solares;
“Por tanto: Resuélvase por la Asamblea Municipal de Maya-güez, P. R.
“Sección 1. — Declarar como declara por la presente finida la concesión que los menores Yicens tuvieron como concesionarios de los solares que se describen a continuación: (Se describen.)
“Sección 2. — Requerir como por la presente se requiere al Re-gistrador de la Propiedad de Mayagüez, P. R., para que proceda a cancelar las inscripciones de los solares a que se ba hecho referencia en la primera sección de esta resolución, dejando libre y a disposición del Municipio de Mayagüez, P. R., los expresados solares.
“Sección 3. — Esta resolución empezará a regir inmediatamente por existir circunstancias extraordinarias y derogará todo otro acuerdo o resolución municipal que estuviere en conflicto con ella.
“Sección 4. — Notifíquese por el Secretario a la sucesión de don Antonio Yicens y Magraner y expídase copia certificada al Sr. Regis-trador de la Propiedad para la cancelación de la inscripción que se dispone en la presente, que aparece a nombre de don Antonio Yicens y Magraner, compuesta de sus hijos Antonio, Ramón, Pedro Jaime y José María Yicens y Casanovas.”

Antes de ser aprobada la anterior ordenanza, el Concejo de Administración había declarado finida la concesión que te-nían dichos menores pero posteriormente dejó sin efecto su resolución por entender que no se había ajustado al requeri-miento del artículo 54 de la Ley Municipal, tal como quedó en-mendada por la Ley de 12 de mayo de 1920. El caso entonces pasó a la Asamblea Municipal, quien lo resolvió mediante la ordenanza arriba transcrita.

No conformes los concesionarios con aquella ordenanza, presentaron a la Corte de Distrito de Mayagiiez una solicitud de certiorari y dicha corte, después de expedir el auto y oir a las partes, dictó una orden por la que declara nula la or-denanza de la asamblea municipal de 14 de septiembre de 1921, y disponiendo que en su lugar se dictare otra por la que se requiera a los peticionarios para que dentro de un plazo razonable procedan a reedificar en los solares de que son con-cesionarios, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que al efecto se les conceda, será declarada la caducidad o finidad de la concesión que poseen.

De esa orden se ha interpuesto el presente recurso de ape-lación que pende ante nos para su resolución.

Los apelantes consignan en su alegato como errores :

“I. La corte erró al desestimar la excepción previa de indebida acumulación de parte demandada.
"II. La corte erró al desestimar la excepción previa de que la solicitud no aduce becbos suficientes para determinar una causa de acción, ni para la expedición de un auto de certiorari.
"III. La corte erró al desestimar la excepción de que la acción,' en cuanto a la asamblea municipal, estaba prescrita.
"IV. La corte cometió error al declarar con lugar la solicitud de certiorari estimando el caso comprendido en las prescripciones del artículo 54 de la vigente Ley Municipal.
"V. La corte erró al denegar la moción de reconsideración pre-sentada por la parte demandada.
"VI. La corte erró al desestimar la moción de la parte deman-dada por la cual ésta solicitó que se declarara nulo todo lo actuado.”

Examinemos los errores apuntados por su orden de im-portancia.

Los señalados con los números II y IV versan sobre la misma materia toda vez que tienden a demostrar la inaplica-ción del artículo 54 de la ley estableciendo un gobierno local y reorganizando los servicios municipales tal como quedó en-mendado por la ley Núm. 9, aprobada en mayo 12 de 1920.

Se alega por el apelante al discutir dichos errores- que el recurso de certiorari no procede en este caso porque los de-mandantes antes que la asamblea municipal dictara la orde-nanza cuya nulidad se pide, fueron citados y oídos por dicha asamblea y ésta resolvió el caso por los hechos y la prueba. Pero cualquiera que haya sido la forma en que haya actuado la asamblea municipal al dictar la ordenanza, el caso siempre quedaría comprendido en el artículo 65 de la Ley Municipal de 1919, el cual faculta a todo querellado a utilizar el recurso de certiorari, si la asamblea municipal por cualquier acto le-gislativo o administrativo lesiona derechos constitucionales o sean contrarios a la Ley Orgánica o las leyes de Puerto Rico.

Los términos de la disposición anterior demuestran que fué la intención de la legislatura extender el alcance del re-curso de certiorari en asuntos municipales sin limitarlo a lo que en general la jurisprudencia de los tribunales americanos había sentado como regia invariable circunscribiendo dicho re-curso extraordinario a la revisión de ordenanzas en las que al decretarlas los miembros de una corporación municipal ac-túan judicialmente o de un modo quasi judicial.

La cuestión ahora que resulta envuelta y que pasamos a resolver es si la asamblea municipal violó o no las regias que establece el artículo 54 de la vigente Ley Municipal, tal como quedó enmendada en mayo 12 de 1920 en relación con la ca-ducidad de concesiones sobre ejidos de la ciudad de Maya-güez, caso de ser aplicable dicha ley.

Se alega en la petición que los solares descritos en la or-denanza municipal forman parte del terreno cedido, el 20 de agosto de 1760, por Juan de Aponte y Juan de Silva, para ejidos y edificación del pueblo de Mayagüez y la cesión de sus terrenos fué hecha a Mayagüez sin imposición de condición, ni limitación ninguna; que el solar radicado en la calle de Once de Agosto esquina a la de Federico Degetau fué cedido a José Prats en 21 de julio de 1866, sin ninguna limitación, ni condición; que no consta en qué condiciones se hizo la concesión del solar radicado en la calle de Santiago It. Palmer esquina a la de Federico Degetau, pero resulta de la certificación de la inscripción de la testamentaría de don Eamón Bello que se inscribió el dominio de dicho solar; que por sucesivas transmisiones los edificios existentes en los solares pasaron a los peticionarios y fueron destruidos por un incendio el 16 de septiembre de 1920; que la Asamblea Municipal de Mayagüez no ha requerido a los menores Vi-cens y Casanovas, ni a ninguna persona que los hubiera po-dido representar, para que como cesionarios de los solares reedifiquen las casas destruidas que existieron en ellos, ni les ha concedido plazo ninguno para la reedificación de dichas casas; que la ordenaza adoptada por la asamblea municipal declarando la caducidad de las concesiones que tienen los me-ñores Vicens y Casanovas para edificar en los dos solares que a ella se refiere se fnndan en las ordenanzas de Mayagüez de 1890 y 1908; pero como los solares fueron cedidos para edificios mu-cRo antes de 1890 y antes de esta fecha fueron edificadas las casas que en ellos existieron y dichas casas fueron destruidas en 16 de septiembre de 1920, esas ordenanzas de 1890 y 1908 no son aplicables y que la ley aplicable es la Ley Municipal de 1920.

Los fundamentos legales que se consignan en la ordenanza para sostenerla, descansan en las primeras ordenanzas mu-nicipales que tuvo la ciudad de Mayagüez, aprobadas el 27 de febrero de 1890 y en la aprobada en febrero 28 de 1908 por el concejo municipal de dicha ciudad.

Los artículos 189 y 191 de las ordenanzas de 1890, dicen así:

“Art. 189. — El Ayuntamiento puede conceder el derecho de su-perficie para edificar sobre ellos (se refiere a solares de Ejidos) gra-ciosamente, o mediante precio, atenidas las circunstancias.”
“Art. 191. — El derecho de superficie sobre dichos solares, cesa y se extingue por la destrucción total o parcial de las cuatro quintas partes de la finca superficiaria.”

Y la sección 2a de la aprobada en 1908, textualmente dice:

“Sección 2. — Los dueños de solares de Ejidos deberán fabricar dentro de los seis meses de haberse destruido o derribado el edificio construido en los mismos, perdiendo el poseedor todo derecho si no lo fabricaba en el término indicado.”

En marzo 7 de 1912, se aprobó una ley autorizando a las municipalidades la concesión de solares; proveyendo a la re-construcción de los mismos y para otros fines, y en la sección 6 de dicha ley, se prescribe:

“Sección 6.' — -Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de incluir concesiones de terrenos de los cuales se hu-biere hecho donación hasta la fecha a los municipios bajo condicio-nes que específicamente dispongan el uso que haya de hacerse de los mismos, en los cuales casos las condiciones impuestas por el do-nante así como cualesquiera condiciones impuestas por el municipio serán estrictamente cumplidas; Disponiéndose, sin embargo, que la concesión del uso de terrenos situados en la zona urbana de un mu-nicipio, que con anterioridad se hubieren donado o en lo sucesivo se donaren a un municipio, sin imposición de condición alguna espe-cífica que acompañe a la donación, se regirá en lo sucesivo por las disposiciones de esta Ley.”

Como la concesión de solares a que se refiere la ordenanza de 14 de septiembre de 1921, se hizo en su origen sin condición alguna que acompañara a la concesión, resulta bien definido y claro, en virtud de lo que se dispone por la sección de la ley anterior citada, que las primeras ordenanzas de la ciudad de Mayagüez de 1890 y la de 1908, que se citan por la asamblea municipal como aplicables, quedaron derogadas por la razón de que todas las concesiones que se habían verificado con anterioridad a la fecha de la ley de 7 de marzo de 1912, o por lo menos en cuanto al presente caso, sin que se hicieran impo-niendo condición alguna, quedaban sujetas por el proviso de dicha ley a las prescripciones y regulaciones que para la re-construcción de edificios se prevé en las secciones Ia y 2a de la misma ley.

Más luego vino la ley estableciendo un sistema de gobierno local, que fué aprobada en 31 de julio de 1919, y por esta ley, artículo 71, apartado 2°, se deja en vigor la de marzo 7 de 1912, con la diferencia de que las facultades y deberes que es-taban conferidos al concejo municipal pasaban a la asamblea municipal. Después, la ley estableciendo un sistema de go-bierno local, aprobada en julio 31 de 1919, fué enmendada en mayo 12, 1920, y el artículo 54 de aquella ley, tal como fué enmendado, literalmente dice:

“Art. 54. — La asamblea municipal podrá, a petición, conceder solares a perpetuidad, para -la construcción de casas en los mismos, en las condiciones que fije aquélla en ordenanza aprobada al efecto; y, una vez concedido un solar como queda dicho, tendrá el dueño de la casa construida en él, el uso de dicho solar durante todo el tiempo que mantuviere allí un edificio en buenas condiciones, de acuerdo ■con los reglamentos establecidos en dicha ordenanza.
“Las asambleas municipales deberán especificar en las concesiones que otorgaren los derechos respectivos del eedente y del cesionario o sus sucesores respecto a la propiedad de los edificios, su recons-trucción en los casos en que fueren destruidos o deteriorados y cuanto no se opusiere a lo preceptuado en esta Ley.
“La cesión se hará necesariamente mediante ordenanza o reso-lución adoptada por la mayoría del número total de miembros de la asamblea; siendo entendido que no se tomará en consideración soli-citud ninguna si el peticionario no la acompaña con los planos y presupuestos para el edificio que se haya de construir sobre el solar solicitado, de modo que la asamblea pueda darse cuenta de la obra al acordar la concesión.
“El incumplimiento por parte del concesionario de las condiciones impuestas por la resolución de la asamblea municipal, referente a cada concesión, se considerará como suficiente para la revocación de dicha concesión por el municipio, si el concesionario, a requeri-miento de la asamblea municipal interesada, no procediere a sub-sanar la omisión o infracción dentro del plazo razonable que al efecto se le conceda por la misma.
“Cuando la asamblea municipal estimare llegado el caso de tratar de la caducidad de una de estas concesiones, se citará al'concesio-nario, con antelación de un mes por lo menos, para que comparezca ante la asamblea a la defensa de sus derechos, en sesión que al efecto se celebrará. Oído que sea el interesado, la asamblea resolverá dentro de ley y de conformidad con los hechos de la prueba; y la resolución que adopte será firme, si el concesionario no acude en el término de treinta días de notificársele la resolución, estableciendo la oportuna demanda ante la corte de distrito del distrito a que el municipio pertenezca; y visto de nuevo el caso en dicha corte la decisión de ésta será definitiva.
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“Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de incluir concesiones de terrenos de los cuales se hubiere hecho do-nación a los municipios bajo condiciones que específicamente dis-pongan el uso que haya de hacerse de los mismos, en los cuales casos las condiciones impuestas por el donante así como cualesquiera con-diciones impuestas por el municipio serán estrictamente cumplidas; Disponiéndose, sin' embargo, que la concesión del uso de terrenos situados en la zona urbana de un municipio, que con anterioridad se hubieren donado o en lo sucesivo se donaren a un municipio, sin imposición de condición alguna específica que acompañe a la dona-eión, se regirá en lo sucesivo por la ley en vigor al tiempo de .la donación.
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De un estudio comparativo del artículo 54 que se acaba de insertar y la Ley Núm. 40, aprobada en marzo 7 de 1912. a qne antes nos liemos referido, se puede ver que el artículo 54 enmendado sigue casi textualmente la ley de 1912 y que la disparidad que podríamos llamar esencial consiste en el proviso de ambas leyes, disponiéndose en la de 1912 que la concesión que con anterioridad o en lo sucesivo se donaren a un municipio, sin imposición de condición alguna específica, que acompañe a la donación se regirá en lo sucesivo por las-disposiciones de dicba ley, mientras que por la enmienda de 1920 la ley que ba de regir en tales casos será la ley en vigor al tiempo de la concesión.

Admitido que la donación de terrenos al municipio de Mayagüez, de la que traen causa los peticionarios, se bizo sin imposición de condición específica que acompañara a la con-cesión y no alegándose por la asamblea municipal que exis-tiera ordenanza al tiempo de la donación que regulara Jas edificaciones de solares en ejidos de la ciudad, así como tam-poco su reconstrucción en caso de destrucción, claramente re-sulta que la ley que debemos aplicar en cuanto a tales regu-laciones es la ley de 12 de mayo de 1920 por la que se en-mendó el artículo 54 de la ley de 1919. La consecuencia es que destruidos los edificios de los peticionarios por un incen-dio en 16 de septiembre de 1919, estamos en el caso de una re-construcción y para ello deben aplicarse las reglas que señala el citado artículo 54 tal como fué enmendado, y el que, entre sus regulaciones, prescribe la concesión de un plazo razonable para la reedificación de acuerdo con la presentación de planos. Naturalmente que no se trata de una nueva concesión y se debe partir del principio que la concesión es un derecho ad-quirido de superficie y en tal caso se baria indispensable el requerimiento a los peticionarios por la asamblea municipal para que se reedificara dentro del tiempo razonable que se concediera bajo la conminación de declarar la caducidad en la forma que el mismo artículo 54 determina.

A la luz de lo que se acaba de exponer, la ordenanza de la Asamblea Municipal de Mayagüez no ya cumple con el ar-tículo 54 de la ley de 1920 declarándolo inaplicable, sino que bace aplicación de ordenanzas que al mismo tiempo de no estar en vigor no responden a reglas de un carácter general y uni-forme y la negativa dependería más bien de la-voluntad arbi-traria de los funcionarios municipales que de su discreción como resultante del cumplimiento de reglas que como las es-tablecidas por el artículo 54 garantizan en sus respectivos derechos tanto al cedente como al cesionario.

•“Es claro que si una corporación municipal aprueba una orde-nanza que por su faz restringe el derecho de dominio que una persona de no ser así podría ejercitar sin disputa alguna, no de acuerdo con alguna regla general o uniforme, sino para hacer que el goce absoluto que dicha persona tiene dependa del criterio arbitrario de las autoridades que gobiernan el pueblo o ciudad, es anticonstitu-cional y nula, por no ofrecer una regla de acción uniforme, y dejar el derecho de propiedad sometido a la voluntad despótica de los fun-cionarios municipales, quienes pueden ejercitarlo de acuerdo con algún principio que no correspondería al poder constitucional del estado sancionar o hasta llegar, a conferir beneficios o privilegios exclusivos a personas particulares.” 19 R. C. L. 813.

La ordenanza, además, envuelve por sus términos una mera prohibición de que los concesionarios puedan reedificar y la falta de que se les haya dado una, oportunidad para re-construir y no aparecer requerimiento alguno a ese efecto, hace que la ordenaza no tenga validez legal alguna, ya que se ha seguido para declarar la caducidad de la concesión un pro-cedimiento injusto y ad libitum de los que votaron la orde-nanza.

Se ha resuelto, sin embargo, por el peso de las autoridades que una ordenanza que no establece los requisitos que han de observarse ni ninguna regla general y uniforme, sino que meramente prohíbe la construcción de algún edificio dentro de los límites municipales sin obtenerse'un permiso es nula, puesto que deja la concesión del permiso a la discreción arbitraria de las autoridades municipales que puede ser ejercitada basada en algún principio no justificado y que no está sujeta a la remisión judicial toda vez que la corte no puede decir si los planos del propuesto edificio se ajustan o no a los requisitos municipales.” 19 R. C. L. 830.

En cuanto a los demás errores, no siendo suficientes por sí solas las razones que se alegan para sostenerlos y care-ciendo los mismos de importancia en este recurso, no Ray lugar a fundar ellos la revocación que se pide.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la orden de la corte inferior de 15 de febrero de 1922, en cuanto por ella se de-clara la nulidad de la ordenanza municipal de Mayagüez de 14 de septiembre de 1921. Los demás pronunciamientos de-ben revocarse por improcedentes.

La resolución de la corte inferior sobre nuli-dad de la ordenanza de septiembre Id, 1921.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Santiago, Demandante y Apelada, v. Maldonado et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de embargo.
    No. 2760.
    Resuelto en diciembre 15, 1922.
    Embabgo para Aseguramiento de Sentencia — Préstamos Agrícolas — Prefe-rencia de Créditos. — La preferencia que de acuerdo eoa la Ley de Préstamos Agrícolas de 1904 pueda tener el aereedor sobre los bieaes objeto del prés-•tamo que Ran sido embargados en pleito seguido por otra persona contra el deudor, no puede ser invocada por éste sino por el acreedor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. C. Brunet.

    Abogado de la apelada: \Sr. M. A. Rivera.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito se reclama el pago de tres mil dólares en virtud de un pagaré cuyo vencimiento era el 18 de octubre de 1921. Compareció el demandado Miguel Maldonado ante la corte alegando que le había sido embargado en este pleito ga-nado vacuno, caballar, varios carros y un coche de su propiedad que servían de garantía a un préstamo agrícola a favor de José Yaledón por la cantidad de siete mil dólares que el compare-ciente suscribió el día 17 de octubre de 1921 y que vencerá el 15 de octubre de 1927, sin estar satisfecho en la actualidad, por lo que pidió a la corte que anulara el embargo trabado. Negada esta petición estableció el presente recurso de apela-ción exponiendo como único error el no haber dado la corte efecto alguno a la preferencia del crédito agrícola sobre los mencionados bienes embargados.

El derecho de prioridad que de acuerdo con la ley de préstamos agrícolas de 10 de marzo de 1904 pueda tener José Yaledón por virtud de su crédito agrícola sobre los bienes embargados en este pleito, a él correspondería ejercitarlo y no a su deudor Miguel Maldonado, por lo que no cometió la corte el error que se le atribuye por el apelante.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados "Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Peesidente Se. del Tiobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Justiniano, Acusado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por seducción.
    No. 1960.
    Resuelto en diciembre 18, 1922.
    Gran Jurado — Acusación—Sobreseimiento de la Acusación. — Cumple eon las disposiciones de la sección 39 de la ley de 1919 estableciendo el Gran Jurado, una orden sobreseyendo la acusación que imputa al acusado el mismo cargo que babía sido desestimado por un Gran Jurado y que fué sometido a otro Gran Jurado sin orden de la corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

    Ahogado del apelado: Sr. A. A. Vázquez.

   El Juez Peesidente Se. del Tiobo,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación interpuesta por el fiscal contra una orden de la corte de distrito desestimando una acusación.

El 14 de junio de 1922 se leyó al acusado una acusación formulada el 10 del mismo mes mediante información del Gran Jurado. Solicitó el sobreseimiento de la misma “por-que ya al acusado se le hizo el mismo cargo ante otro Gran Jurado y fué desestimado, según consta en el récord del caso Núm. 351 de asuntos criminales de esta Honorable Corte, que han sido archivados, y este nuevo cargo de ahora ha sido sometido a otro Gran Jurado sin haberse obtenido orden ni autorización de esta Honorable Corte. ’ ’

Probada la certeza de los hechos alegados, la corte' so-breseyó la acusación y el fiscal estableció el recurso.

La ley aplicable es la sección 39 de la Ley Núm. 56 de 1919 estableciendo el Gran Jurado, que dice así:

“La desestimación de cualquier cargo por el Gran Jurado im-pedirá la sumisión del mismo cargo a otro Gran Jurado, salvo orden de la Corte.”

La cuestión es tan clara qne no se concibe la interposición del recurso.

Cita el fiscal la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de California en Ex parte Clark, 54 Cal. 412, que, interpretando un precepto de ley esencialmente igual al nuestro, dice:

"Tal sobreseimiento tiene la naturaleza de una sentencia de nonsuit; y, toda vez que el acusado en tal caso nunca lia sido ex-puesto por el mismo delito, dentro del significado de la Constitución, no es un obstáculo para otra acusación. Termina el caso comenzado por la acusación bajo la cual el juez libró la orden de arresto; pero un nueva acusación del pueblo puede ser presentada en cualquier día subsiguiente, ya por información del Gran Jurado o por una acusación presentada al juez.”

La jurisprudencia es sabia y se acepta, pero ella no dice que para la presentación de la nueva acusación deje de nece-sitarse la orden de la corte exigida por la ley.

Debe confirmarse la orden recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. FraNco Soto,

text:
    Rivera et al., Demandantes y Apelantes, v. Rivera et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en pleito sobre nulidad de testamento.
    No. 2691.
    Resuelto eu diciembre 19, 1922.
    Nulidad de Testamento — Causa de Acción — Demanda Insuficiente. — No aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción una demanda paTa obtener la declaratoria de nulidad de un testamentó ológrafo por contener disposiciones favorables a un hijo adulterino del testador, cuando en la misma no se alega que dicho hijo fuera instituido heredera en el testamento y sí sólo que se le hizo un legado sin demostrar que el mismo excediera del tercio de libre disposición.

      Id. — Id.—Facultad de la Corte. — Cuando la demanda no establece una causa de acción, aunque el demandado no interponga excepción previa en tal sen-tido, la corte puede mote propio desestimar la demanda por ese fundamento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. M. Moraga.

    Ahogados de los apelados: Sres. M. Tous Soto y M. F. Bossy,

   El Juez Asociado Sr. FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito en donde se solicita la nulidad de un testamento ológrafo, y la nulidad se funda en que contiene disposiciones favorables a un hijo adulterino del testador.

La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, y la opinión de la corte resolviendo el caso es como sigue:

“Las partes, representadas por sus abogados respectivos han so-metido este caso para su resolución final, sin celebración de juicio, pues han admitido todos y cada uno de los hechos alegados, y las cuestiones a resolver son puramente de derecho. Vistas las alega-ciones de la demanda enmendada, y de la contestación, así como los casos civiles tramitados ante esta corte, bajo los números 1883, 1895 y 1923, que por virtud de la anterior estipulación se han tenido en cuenta para resolver este pleito;
“Y considerando que la demanda enmendada no puede apreciarse si el importe de los alegados por el testador a Manuel Rivera Díaz es o no mayor que el tercio del total de la herencia, no pudiendo, por tanto, deducirse si el testamento ológrafo de Manuel Rivera Marrero afecta la legítima de su heredera universal declarada por esta corte, Edelmira Rivera Vázquez;
“La corte es de opinión que dicha demanda enmendada no ex-pone hechos suficientes para constituir una causa de acción, y por tanto, dicta sentencia declarando sin lugar dicha demanda, con las costas a los autores.”

Las alegaciones 4a, 5a y 6a de la demanda son de esencial importancia porque ellas constituyen la base para sostener las conclusiones a que debemos llegar en este caso. El texto literal de dichas alegaciones dice así:

“4o. Que en siete de julio de mil novecientos diez y ocho, nació también en esta ciudad, un niño, al cual se le puso por nombre Manuel, y fué inscrito en el Registro Civil de San Juan, como hijo natural reconocido de Manuel Rivera y Marrero.
“5o. Que el referido niño Manuel Rivera, aparece ser hijo de ■ Rosa Díaz, casada que fué con Antonio Miranda, cuyo matrimonio fué disuelto por sentencia en caso de divorcio dictada por la Corte .de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, el día treinta y uno de mayo de mil novecientos diez y ocho, por la causa de adulterio de la mujer, precisamente con Manuel Rivera y Marrero.
“6o. Que Manuel Rivera y Marrero, falleció bajo el testamento ológrafo que otorgara el día veintiocho de julio del año mil nove-cientos veinte, bajo las sigrüentes disposiciones:
"Deja a su hermana Lina-$75.00
"Deja a su hermano José- 25.00
"Deja a su hermano Jenaro- 200.00
"Deja a su hija Edelmira- 200.00
“Dejando además a ésta una casa en la parada 21, Santuree, y otra en la parada 23 a su hijo Manolín.
“Un dinero que quedó en el cajoncito del escritorio y quinientos dólares que había en la segunda gavetita, que un tal Engracia tiene trabajando, y el billar para Rosa y su hijo Manolín, para que los empleen en una casita.
“Que Engracia tiene $650 y según balance de 29 de junio de 1920, había de utilidades para los dos $1,184.83. (Esta es una so-ciedad para compra y venta de víveres del país, que tenían Engracia Lozada y el testador Manuel Rivera y Marrero) a partir los bene-ficios entre ambos.”

Ni en la alegación 6a que copiamos ni en ninguna otra de la demanda se alega que el testador haya instituido heredero a Manuel Bivera Díaz sin que se pueda presumir que se dé ese carácter al llamarle “hijo” el testador. Más bien se des-prende de la demanda que el testador hizo la distribución de sus bienes en las personas que designa, y entre ellas, no de-signándose a Manuel Bivera Díaz como heredero instituido, la porción que recibe había que considerarla como un legado o donación. Siendo esa la conclusión, debió alegarse que en uno u otro caso aquella porción excedía a la cuota de libre disposición para que se declarara inoficiosa o nula en el ex-ceso. Yéase el artículo 807 del Código Civil en relación con la sección 2 de la ley para modificar y derogar los artículos 795, 796, 797, 801, 811, 812, 815, 821, 822, 823 y 824 del Código Civil vigente, aprobada en marzo 9, 1905.

Nuestro Código Civil vigente es claro y preciso en mate-ria de sucesiones. El impone a todo testador la obligación de designar al heredero de un modo que no dé lugar a dudas. No obstante, omitiéndose en alguna forma hacer institution expresa de herederos, hay que presumir que el testador había dejado a la ley que hiciera esa declaración llamando a la su-cesión a los herederos legítimos, pero en todo caso se respeta-rían las demás disposiciones del testador dentro de las limita-ciones que la misma ley determina. Artículo 752 del Código Civil Revisado.

El apelante no hace un señalamiento de errores en su alegato y dudamos que él haya cumplido con las regias de esta Corte Suprema. En el curso de su argumentación úni-camente alega que la corte inferior infringió los artículos 109 y 105 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la excepción de falta de causa de acción no fué opuesta por el demandado Rivera Díaz, y siendo ello así, la corte inferior ha debido tener esa excepción por renunciada. No se citan autoridades legales por el apelante, pero es cuestión ya resuelta que la excepción previa de que una demanda no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción, es una alegación que puede hacerse por primera vez ante este Tribunal Supremo, y de la cual puede conocer tanto el tribunal senten-ciador como el de apelación, de su propia iniciativa, aún cuando no haya sido alegada por las partes. Jiménez v. Sucesión Guarch, 11 D. P. R. 69; Ramírez v. Schroder et al., 16 D. P. R. 620. Añade, además, que se infringió por la corte inferior el artículo 699 del Código Civil. Este artículo se re-fiere al deber de una persona que tiene depositado un testa-mento ológrafo de presentarlo a la corte de distrito luego que tenga noticia de la muerte del testador, pero en absoluto tiene aplicación ni relación con la cuestión fundamental que en-vuelven las pretensiones de los demandantes en este caso.

La demanda, por tanto, no aduce hechos suficientes para determinar' una causa de acción, y la sentencia de la corte inferior debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Nichols, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una cancelación de hipoteca.
    No. 538.
    Resuelto en diciembre 19, 1922.
    Cancelación de Hipoteca — Obligaciones Hipotecarias Transeeribles por En-doso — Consentimiento de la Esposa. — Para cancelar una hipoteca garan-tizando un pagaré que ha sido endosado posteriormente no es necesaria la inscripción previa de la transferencia de la obligación, y el registrador no está en la necesidad de investigar sobre la naturaleza de la transferencia, siempre que la deuda haya sido debidamente satisfecha. Siendo casado el acreedor puede, sin el consentimiento de su esposa, y como representante de la sociedad conyugal, endosar el pagaré, y ese endoso constituye un traspaso absoluto del, derecho hipotecario, quedando el deudor obligado sólo para con el tenedor, y satisfecha a éste la' deuda tiene el deudor derecho a la cance-lación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. -S. Suau.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Norval P. Nichols, dueño de una finca sobre la cual se ins-cribió una hipoteca, trata de cancelar dicha hipoteca. El deu-dor y su esposa otorgaron originalmente tres pagarés garan-tizados con dicta hipoteca. Los pagarés se libraron a favor de E. L. Mudge, quien los endosó al American Colonial Bank en posesión del cual fueron satisfechos. La objeción que se hace a la cancelación es que siendo casado E. L. Mudge no consta el consentimiento de la Sra. .Mudge para el endoso. El registrador invoca el artículo 159, 1328 y otros del Código Civil.

El artículo 153 de la Ley Hipotecaria prescribe lo si-guiente :

“Art. 153. — En la hipoteca constituida para garantir obligaciones transferibles por endoso o títulos al portador, cuando se enajene o ceda el derecho hipotecario, se entenderá éste transferido con la obli-gación o con el título sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse constar la transferencia en el Registro.”

Este artículo hace claramente innecesaria la inscripción de la transferencia de la obligación garantizada. Siendo esto así parece inferirse que el registrador no está en la nece-sidad de investigar sobre la naturaleza de la transferencia con tal que la deuda haya sido debidamente cancelada. E. L. Mudge como representante de la sociedad conyugal tenía un perfecto derecho para traspasar o endosar los pagarés al American Colonial Bank. Este último adquirió un título completo a dichos pagarés. El deudor estaba obligado a pagar los pagarés al dueño y tenedor de los mismos y a nadie más. Satisfecha la deuda tenía el deudor derecho a la can-celación. Sostener otra cosa es anular no solo el espíritu sino, creemos, la letra del artículo 153 de la Ley Hipotecaria, supra. Su propósito evidente fué favorecer la libre tras-misión de pagarés y otras obligaciones semejantes aun es-tando garantizados por hipoteca. Véase a Morell, Comenta-rios a la Ley Hipotecaria, tomo IV, página 251. La Sra. Mudge está enteramente impedida para quejarse de los actos de su esposo y cualquier supuesto derecho en ella es suma-mente académico en vista del derecho del deudor.

Debe revocarse la nota del registrador y verificarse la cancelación.

Revocada la nota recurrida y ordenado se ve-rifique la cancelación interesada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Rodríguez, Peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Tomás Bryan, Juez.
    No. 386.
    Resuelto en diciembre 21, 1922.
    Cortes Municipales — Secretarios de las Cortes Municipales — Notificación de Sentencias. — No es el deber de los secretarios de las cortes municipales notificar cada sentencia a la parte perjudicada o a su abogado, archivando una copia de la notificación con los autos, según se prescribe en la Ley Núm. 70 de 9 de marzo de 1911, pues dicha ley se refiere a los asuntos de las cor-tes' de distrito; y rigiéndose las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales por la Ley Núm. 13 de 14= de noviembre de 1917, y computándose el término para apelar desde que la sentencia es notificada a la parte perju-dicada, tal notificación debe hacerse por la parta contraria siguiendo lo pres-crito en el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. A. A. Vázquez.

    La parte demandada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

A petición de Ramón Rodríguez libramos un auto de cer-tiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez y redamamos las diligencias del pleito seguido en la Corte Municipal de Cabo Rojo por José Itara contra Ramón Rodrí-guez y cuya sentencia fué apelada para ante la expresada corte de distrito. Recibidas esas diligencias dejaron las par-tes de comparecer ante nosotros el día qne estaba señalado para la vista del auto.

Resulta de las actuaciones que tenemos ante nosotros qne demandado Ramón Rodríguez para que pagase la cantidad de $278.03 más $4.06 de intereses fué citado en su residencia del barrio de Tunas de San Germán para que contestase la de-manda : qne el día 3 de julio de 1922 fué dictada sentencia en sn rebeldía condenándole al pago de las cantidades recla-madas : qne el mismo día el secretario de la corte municipal puso en el correo y dirigida al pueblo de San Germán una tarjeta postal notificando a Ramón Rodríguez la sentencia recaída en el pleito; que a instancia del demandante la corte municipal ordenó el 18 de julio la ejecución de la sentencia; que el día 20 fué notificado Ramón Rodríguez en su residen-cia del barrio Tunas de San Germán del memorándum de cos-tas que presentó el demandante: que el 22 fué devuelta al se-cretario por la oficina postal de San Germán la tarjeta que babía enviado para Ramón Rodríguez notificándole de la sentencia, por no liaber sido reclamada: que el 28 de julio Ramón Rodríguez presentó escrito apelando de la sentencia haciendo constar que ese día se había enterado de ella pues no ha sido notificado de la misma, y que pedida por la parte apelada en la corte de distrito la desestimación de la apelación por haber sido interpuesta fuera de tiempo, fué desestimada la apelación por resolución de 8 de septiembre.

Se fundó la petición de certiorari en que la resolución de la corte de distrito desestimando su apelación no es apelable para ante nosotros por ser la cuantía del pleito inferior a $300 y en que no habiendo sido el peticionario notificado de la sentencia dictada contra él en la manera dispuesta en la Ley Núm. 13 de 14 de noviembre, de 1917, su apelación fué esta-blecida en tiempo y no debió ser desestimada.

La Ley Núm. 13 citada, que fué promulgada para enmen-dar la sección Ia de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11, 1908, dispone en sn sección Ia que la apelación contra sentencia de las cortes municipales se for-malizará notificándola por escrito al secretario de la corte municipal dentro de los diez días siguientes al en que se hu-biere notificado la sentencia a la parte contra la cual se hu-biere dictado, o a su abogado, y entregando igual notificación dentro del mismo término a la parte contraria, o a su abo-gado. hTo autoriza esta ley al secretario para que él haga tal notificación y por esto debió ser hecha por la parte contraria de acuerdo con el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil, bien personalmente o dejando la notificación en la re-sidencia del demandado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, en poder de alguna persona de suficiente edad y dis-creción ; y si se ignorase su residencia, cursándola por correo, bajo sobre certificado dirigido a dicha parte. La ley anterior, Núm. 70 de 9 de marzo de 1911, imponiendo a los secretarios el deber de enviar a la parte perjudicada o a su abogado una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada y debiendo archivar una copia de esa notificación con los autos, desde cuya fecha empieza a correr el término para establecer el recurso de apelación, se refiere a los asuntos de las cortes de distrito y no a los tramitados en las cortes mu-nicipales, que en este extremo están regulados por la ley posterior de 1917 a que nos hemos referido.

La orden recurrida debe ser anulada.

Anulada la orden de 8 de septiembre de 1922.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.