author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Juez Asociado Rebollo Ló-pez,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Wilfredo Suárez Alers, peticionario.

      Número: CC-2005-152

      Resuelto: 11 de mayo de 2006

      Edgardo Medina Torres, abogado de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Sariely Rosado Fernández, procuradora general auxiliar, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde determinar en esta ocasión si el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos de Meno-res, podía renunciar a su jurisdicción en un caso de un menor ofensor de trece años de edad a la fecha de los he-chos delictivos, quien al presentarse la queja en su contra había ya advenido a la mayoridad, para que fuese proce-sado como adulto.

I

El 15 de octubre de 2003 la Procuradora de Menores presentó una queja en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, Asuntos de Menores, contra el joven Wilfredo Suárez Alers por hechos ocurridos el 25 de julio de 1994. En la queja se le imputó a Suárez Alers ha-ber incurrido, alegadamente, en el delito de actos lascivos o impúdicos cometido contra el menor M.B.E. Se indicó en la queja que para la fecha de los hechos el imputado tenía quince años de edad, ya que se señaló como fecha de naci-miento el 22 de octubre de 1978 y la víctima contaba con siete años de edad.

La vista de causa de aprehensión se celebró el mismo 15 de octubre y posteriormente se celebró la vista para la de-terminación de causa para presentar querella. Así las co-sas, el 19 de marzo de 2004 se celebró una vista para aten-der la petición de renuncia de jurisdicción presentada por la Procuradora de Menores. El tribunal de instancia la de-claró “con lugar” y denegó una petición de desestimación presentada previamente por el acusado. El foro primario resolvió que tenía jurisdicción sobre el joven imputado de-bido a que los hechos fueron cometidos mientras éste era menor. Indicó también que, no empece a tener jurisdicción, no tenía autoridad para juzgarlo e imponer medidas dispo-sitivas, ya que al momento de ser procesado Suárez Alers había advenido a la mayoridad. El tribunal renunció en-tonces a su jurisdicción y remitió el expediente de Suárez Alers a la sala de lo criminal para que fuese juzgado como adulto. Posteriormente, el 31 de marzo de 2004 se presentó el pliego acusatorio contra Suárez Alers por el delito de actos lascivos.

El 4 de mayo de 2004 la defensa presentó una moción de desestimación en la que alegó, en síntesis, que la “dilación del Estado” en presentar la denuncia contra Suárez Alers le colocaba en estado de indefensión. Sostuvo que, ha-biendo transcurrido nueve años desde la ocurrencia de los hechos hasta la presentación de los cargos, se le hacía im-posible recordar dónde se encontraba en ese día, lo que impedía que pudiera traer evidencia a su favor en clara violación al debido proceso de ley.

El Ministerio Público, por su parte, se opuso a la solici-tud de desestimación. Adujo que el Estado no había sido negligente ni que había incurrido en incuria ya que la dilación no le era atribuible. Señaló que actuó con diligencia una vez le fue notificada la querella presentada contra Suárez Alers, procurando la correspondiente acción ante el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores. Además, indicó que el retraso no había causado perjuicio significa-tivo a la defensa del acusado.

El 20 de agosto de 2004 se celebró la vista para diluci-dar la moción de desestimación presentada. En ésta, a pe-tición de la defensa, testificaron la agente Rita Vázquez, quien investigó la querella presentada por el padre del per-judicado, el padre de la víctima y el Lie. Carlos Acevedo Lazarini. Se presentaron también dos comunicaciones es-critas, una de la pediatra que atendió a la víctima recién ocurrieron los hechos y otra de su psicóloga.

Del testimonio vertido en sala se desprende lo siguiente: primeramente, que el padre del menor supo de lo ocurrido el mismo día de los hechos, ya que su hijo le narró lo acontecido. El padre indicó que, preocupado por lo narrado, habló con el licenciado Acevedo Lazarini, quien le reco-mendó que llevara al menor a un psicólogo porque estaba “emocionalmente afectado”.

El padre testificó que no llevó a su hijo al psicólogo pero sí a una pediatra. Esta examinó al niño y en ese momento no encontró rasgo físico de abuso en el área genital del menor; sí encontró un rasguño en el pecho de éste. El padre del menor indicó que por recomendación del licenciado Acevedo Lazarini, decidió enviar a su hijo a residir con un tío en el estado de California.

Seis años más tarde, en 2000, el menor regresó a Puerto Rico. A su regreso, éste fue atendido durante tres años por una psicóloga. Posteriormente, el padre decidió presentar una querella en la Policía de Puerto Rico contra Suárez Alers.

De la minuta de la vista antes mencionada surge que las partes estipularon lo siguiente: “que no hay controver-sia en que el acusado tenía 13 años en la fecha de los ale-gados hechos”. (Enfasis nuestro.) Petición de certiorari, Apéndice, pág. 39.

El 27 de septiembre de 2004 el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución mediante la cual deses-timó el pliego acusatorio. El foro primario concluyó que el acusado se encontraba en estado de indefensión ante la injustificada dilación del padre de la víctima de instar la querella correspondiente. El tribunal a quo entendió que habiendo transcurrido nueve años desde que ocurrió el ale-gado incidente a la fecha en que Suárez Alers fue acusado, el derecho de éste a preparar una defensa adecuada se ha-bía vulnerado severamente. Ello, a su vez, incidía sobre el derecho de Suárez a un juicio justo e imparcial.

Inconforme, el Procurador General acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante una sentencia de 18 de enero de 2005, el foro apelativo intermedió revocó al foro primario. El tribunal apelativo concluyó que la dilación en la presentación de la acusación no era atribuible al Estado, ya que fue el padre del menor quien, a pesar de tener co-nocimiento de lo ocurrido, no presentó querella alguna en ese momento. El Tribunal de Apelaciones indicó que el Es-tado actuó diligentemente, pues una vez supo lo ocurrido, inició rápidamente el trámite correspondiente ante el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores.

El Tribunal de Apelaciones señaló también que, aun analizando la alegación genérica del acusado de que la dilación en el procedimiento le impedía preparar adecuada-mente su defensa, ésta era insuficiente para configurar “el perjuicio específico y concreto que requiere la doctrina so-bre el estado de indefensión”. El tribunal concluyó, por lo tanto, que la alegación de perjuicio fue abstracta y general, por lo cual resultaba improcedente.

En desacuerdo con esta determinación, el acusado acu-dió ante este Tribunal mediante una petición de certiorari. En su escrito, señaló la comisión de los errores siguientes:

Erró el Tribunal de el [sic] Tribunal de Apelaciones al resolver que no aplica la defensa de Estado de Indefensión.
Erró el Tribunal de el [sic] Tribunal de Apelaciones al imponer su criterio (en determinaciones de hechos) sobre el de el [sic] Tribunal de Instancia, sin tener base alguna.
Erró el Tribunal de el [sic] Tribunal de apelaciones al resolver que el delito no está prescrito y que había jurisdicción sobre el peticionario. Petición de certiorari, pág. 5.

El 13 de mayo de 2005 expedimos el auto solicitado. Las partes han comparecido y, contando con el beneficio de sus alegatos, pasamos a resolver.

hH HH

La Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 2201 et seq. (Ley de Menores), refleja un enfoque penal ecléctico en el cual se intenta armonizar la función de pa-rens patriae del Estado de velar por la rehabilitación del menor ofensor, a la vez que le exige a éste responsabilidad por sus actos. Ello sin minimizar la responsabilidad del Estado de velar por la seguridad de la sociedad en general. Véase Exposición de Motivos de la Ley de Menores de 1986, Leyes de Puerto Rico, págs. 285-286. Véanse, además: D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores: delincuente juvenil y menor maltratado, 5ta ed. rev., San Juan, Inst. Desarrollo del Derecho, 2005, Secs. 1.1.2-1.2, págs. 4-10; J.L. Morán, Sistema de justicia juvenil, exclusión de jurisdicción, renuncia de jurisdicción, 49 Rev. C. Abo. P.R. 105 (1988).

En reiteradas ocasiones hemos indicado que los procedimientos de menores son de carácter civil sui géneris y no se consideran de naturaleza criminal. Pueblo en interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 10 (1999); Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497, 502 (1983); Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 124 (1980); ELA en interés del menor R.M.R., 83 D.P.R. 242, 247 (1961). No obstante, con el transcurso del tiempo estos procedimientos han “adquirido matices de naturaleza punitiva que van más allá del propósito meramente rehabilitador y paternalista de la antigua [Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955]”. Pueblo en interés menor G.R.S., ante, pág. 12. Ese enfoque ha ido acompañado con el reconocimiento de mayores salvaguardas procesales hacia los menores como aquellas que protegen a los adultos en el proceso criminal. E.g.: Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404 (1990) (reconocimiento de la garantía constitucional contra la autoincriminación); Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993) (derecho a tener acceso a expediente social como corolario del derecho a una adecuada representación legal); Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994) (aplicabilidad de la regla de exclusión a procesos de menores).

El Art. 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204, regula la jurisdicción de la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal Superior. El concepto jurisdicción en el ordenamiento jurídico de menores, se refiere a la facultad especial de la Sala de Asuntos de Menores para entender en procesos contra éstos y se relaciona “con la cuestión de si el menor debe ser encausado dentro del sistema de justicia juvenil o en el sistema de justicia criminal”. Pueblo en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995). Es decir, la jurisdicción es determinante al decidir quién debe ser encausado como menor o, por el contrario, como adulto.

Así, el Art. 4, ante, establece que la Sala de Asuntos de Menores tendrá jurisdicción en todo caso en que se le impute a un menor una conducta que constituya falta si incurrió en ella antes de éste haber cumplido los dieciocho años; sujeto, claro está, al término prescriptivo correspondiente. Id. El artículo, sin embargo, dispone que la Sala de Asuntos de Menores no tendrá jurisdicción en aquellos casos en que se le “impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación”; en que se le impute “hechos constitutivos de delito que surjan de la misma transacción o evento constitutivo de asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación”, o “cuando se le hubiese adjudicado previamente un asesinato como adulto”. Id. En estos casos, la jurisdicción para encausar el procesamiento penal le corresponderá a la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior.

Por lo tanto, la Sala de Asuntos de Menores no tiene “jurisdicción” cuando los actos imputados al menor ocurren después de éste haber cumplido dieciocho años, si se le imputa asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación o si se le imputa un delito que surja de esa misma transacción o evento y el menor hubiese cumplido quince años. Pueblo en interés menor A.A.O., ante, págs. 172-173. Véase, además, Pueblo v. Álvarez Torres, 127 D.P.R. 830 (1991).

De otra parte, el Art. 5 de la ley dispone que el tribunal habrá de conservar su “autoridad’^) sobre todo menor hasta que éste cumpla la edad de veintiún años, a menos que mediante una orden al efecto dé por terminada su jurisdicción. 34 L.P.R.A. sec. 2205.

La Ley de Menores, en su Art. 15 (34 L.P.R.A. sec. 2215), regula detalladamente el proceso de renuncia de jurisdicción contemplado en el citado Art. 5 de la ley. La fase de renuncia a la jurisdicción es “una etapa crítica en el procesamiento”, en la cual se traslada a un menor de una jurisdicción cuyo fin es rehabilitador a otra que lo juzga como adulto con la probabilidad de la pérdida de libertad por un periodo de tiempo prolongado. Véase S.M. Davis, Rights of Juveniles, The Juvenile Justice System, 2da ed., St. Paul, Thomson-West, 2003, Sec. 4:1, pág. 4-1 (“The effect of a decision to waive jurisdiction over a child is to deny to the child the protection and ameliorative treatment afforded by the juvenile process, substituting therefor the punitive treatment found in the criminal process”). “Por la magnitud de ese traslado, por los efectos serios que puedan surgir y para cumplir con las garantías de un debido proceso de ley”, es menester cumplir a cabalidad con los criterios establecidos en el Art. 15 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2215. Pueblo en interés menor R.H.M., ante, pág. 411. En igual sentido, véase Kent v. United States, 383 U.S. 541, 556 (1966) (“It is clear beyond dispute that the waiver of jurisdiction is a ‘critically important’ action determining vitally important statutory rights of the juvenile”).

A poco que analicemos el referido artículo, nos percatamos que de su texto se desprende, con meridiana claridad, que sólo se podrá solicitar la renuncia de jurisdicción en aquellos casos que el menor involucrado sea mayor de catorce años.i ) Por lo tanto, cuando el menor imputado es menor de catorce años, la jurisdicción exclusiva para exigir responsabilidad por la comisión de una falta le corresponde a la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal Superior. Ante la ausencia de autoridad expresa para renunciar a la jurisdicción en casos de menores de catorce años, no cabe una interpretación en tal sentido. Adviértase que los tribunales de menores son “criaturas legislativas” y, como tal, le corresponderá a la Asamblea Legislativa determinar su jurisdicción conforme el diseño particular que se estime propio. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 580 (1992).

Habíamos expresado que “el poder o la autoridad del tribunal sobre un menor depende de la fecha en que se cometió la falta y no de aquella en que comenzó el proceso o en que dicha corte adquirió jurisdicción sobre el niño delincuente”. (Enfasis nuestro.) Pueblo v. Andújar, 80 D.P.R. 822, 826 (1958). Véanse, también: Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172, 179 (1993); Pueblo ex rel. L.V.C., ante, pág. 120. Por lo tanto, será la ley vigente al momento de los hechos la que habrá de determinar cómo se ha de encausar el procesamiento de un menor cuando se le impute la comisión de una falta. Ciertamente, un menor no puede “ser procesado bajo términos y condiciones más one-rosos que los impuestos por la ley vigente a la fecha en que se perpetraron los hechos imputados en la acusación”. Pueblo v. Andújar, ante, pág. 824.

Indicamos anteriormente que surge del expediente que consta ante nosotros que en la vista celebrada ante el tribunal de instancia para dilucidar la moción de desestimación presentada por el acusado, el Ministerio Público y la defensa estipularon que no “hay controversia en que el acusado tenía 13 años en la fecha de los alegados hechos”. Véase Petición de certiorari, Minuta de 20 de agosto de 2004, Apéndice, pág. 39. En P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 231 (1975), indicamos que “[u]na vez hecha y aprobada por el tribunal la estipulación obliga a quienes la hacen y a las partes por ellos legalmente representadas. La estipulación es una admisión judicial que implica un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella”. (Citas omitidas y énfasis nuestro.) Estipulado por el Ministerio Público que la edad de Suárez Alers era trece años, éste está obligado por tal determinación al haber desistido de cualquier cuestionamiento en contrario.()

Por lo tanto, a la luz de lo anterior, el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, Asuntos de Menores, aun cuando podía asumir jurisdicción en la queja instada por la Procuradora de Menores contra Suárez Alers por ser éste menor de edad al momento de los hechos, no podía bajo ningún supuesto renunciar a su jurisdicción y referir el asunto a la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior. Ello así, ya que Suárez Alers era menor de ca-torce años al momento de los hechos imputados, y el Art. 15 de la Ley de Menores, ante, no autoriza la renuncia en estos casos.

No hay duda de que si la queja contra Suárez Alers hu-biese sido presentada al momento de los alegados hechos delictivos, la Sala de Asuntos de Menores estaba imposibi-litada de renunciar a su jurisdicción. Si era improcedente en ese momento, también lo es ahora. Concluir lo contrario querría decir que le estaríamos aplicando a Suárez Alers unas condiciones y unos términos no contemplados en la Ley de Menores de 1986 para su perjuicio.()

En Pueblo en interés menor F.R.F., ante, nos enfrenta-mos a una controversia similar a la planteada en este caso. En ese caso se presentaron sendas quejas contra el menor F.R.F. por faltas cometidas en fechas distintas. Al momento de los hechos en el primer caso, el menor tenía quince años de edad; sin embargo, cuando ocurrieron los hechos del se-gundo caso, ya el menor era mayor de dieciséis años. Para la fecha de los primeros hechos estaba vigente la Ley de Menores de 1955 y para el segundo incidente había en-trado en vigor la Ley de Menores de 1986.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia renunció a su jurisdicción en ambos casos y los refirió a la sala de lo criminal para procesamiento. El menor impugnó la renun-cia de jurisdicción en ambos casos. Planteada así la contro-versia, resolvimos que el foro primario no podía renunciar a su jurisdicción en el primer caso, ya que la Ley de Meno-res de 1955 “no permitía la renuncia de jurisdicción en relación con menores de quince (15) años de edad”. (Enfasis nuestro.) Pueblo en interés menor F.R.F., ante, pág. 180. Ese problema no se planteaba en el segundo caso, ya que la Ley de Menores de 1986 permitía “la renuncia de jurisdic-ción por una falta tipo II, cometida por un menor entre las edades de catorce (14) a dieciséis (16)”. Íd., pág. 182. Véase, además, Pueblo v. Andújar, ante.

Resolvemos, por lo tanto, que fue errónea la determina-ción del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos de Menores, de renunciar a su jurisdicción, ya que la Ley de Menores de 1986 no autoriza la renuncia en casos de menores de catorce años. Dicha determinación está vi-ciada de nulidad.

Es de notar también que un menor de trece años no puede ser procesado por el sistema de justicia criminal, ya que el Art. 29 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3151,() dispone que la minoridad es una de las causas de inimputabilidad. La prohibición del Código Penal es absoluta, pues prohíbe tanto el procesamiento como la convicción.

La minoridad como causa de inimputablidad se asienta sobre la teoría que las personas menores de cierta edad no han adquirido plena madurez mental como tampoco un desarrollo biológico pleno, lo que les impide tener la capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus actos o de conformar éstos al mandato de la ley. Véanse: D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 5ta ed. rev., San Juan, Inst. Desarrollo del Derecho, 2005, Sec. 7.3, págs. 290-293; F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: Parte General, 4ta ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, págs. 414-418; E. Aponte Villalba, Criterios de evaluación para determinar la procesabilidad e imputabilidad en el sistema de justicia juvenil de Puerto Rico, Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, 1993.

Una lectura integrada del texto del Art. 29 del Código Penal, ante, y lo dispuesto en los citados Arts. 4, 5 y 15 de la Ley de Menores obligan a la conclusión de que Suárez Alers no puede ser procesado como adulto, ya que a la fe-cha de los hechos que se le imputan éste contaba con sólo trece años de edad y la Ley de Menores no autorizaba la renuncia de jurisdicción en estos casos.

1 — 1 H-1 H-i

A la luz de lo discutido, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos de Menores, erró al renunciar a la jurisdicción del aquí peticionario y referir el caso a la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior para trámites ulteriores. La actuación de dicho foro está viciada de nulidad. Se revoca, por lo tanto, la senten-cia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se ordena el archivo del pliego acusatorio instado y el sobreseimiento de la causa instada contra Suárez Alers.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con una opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Rebollo Ló-pez,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Nos vemos imposibilitados de endosar con nuestro voto la opinión que una mayoría de los integrantes del Tribunal emite en el presente caso. Dicha opinión mayoritaria está basada en unas premisas fácticas, una de las cuales no se sabe si es correcta; situación que, bajo ninguna circunstan-cia, debe servir de base a la emisión de una opinión por este Tribunal.

Nuestras decisiones no sólo deben estar sostenidas por fundamentos jurídicos correctos en derecho, sino que deben estar apoyadas en hechos sólidos e incuestionables. Por no ser así en el presente caso, nos vemos en la obligación de disentir. Veamos.

I

Una somera lectura de la opinión mayoritaria emitida es todo lo que se necesita para darse uno cuenta del hecho de que el resultado al que se llega —de ordenar el archivo de la causa criminal que pende contra el peticionario Suá-rez Alers ante la Sala Superior de Aguadilla del Tribunal de Primera Instancia— está basado en las premisas jurídi-cas y fácticas siguientes:

(a) que la Sala Superior de Asuntos de Menores del Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción exclusiva so-bre los menores de menos de catorce años que incurren en conducta considerada como “faltas”;

(b) que, únicamente, el mencionado foro judicial puede renunciar su jurisdicción sobre los menores que incurren en “faltas”, que estén entre las edades de catorce a diecio-cho años;

(c) que, en virtud de lo anteriormente expresado y en vista del hecho de que el peticionario Suárez Alers tenía trece años cuando alegadamente cometió la falta de “actos lascivos o impúdicos”, la renuncia de jurisdicción que en el presente caso se llevara a cabo, por parte del Tribunal Superior de Asuntos de Menores, “está viciada de nulidad”, y que ni el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Asuntos de Menores, ni la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia pueden procesar al peticionario Suárez Alers; el primero por razón de que ya el peticionario cum-plió veintiún años, y el segundo porque cuando alegada-mente se cometieron los hechos, Suárez Alers era un me-nor de trece años.

En vista de todo lo anteriormente expresado, se con-cluye en la opinión mayoritaria, repetimos, que lo proce-dente en derecho es que se decrete el archivo y sobresei-miento de la causa criminal que pende ante el tribunal de instancia contra Suárez Alers. Dicho de otra manera, por decreto de la Mayoría, Suárez Alers nunca podrá ser some-tido a juicio por los actos alegadamente cometidos por él el 25 de julio de 1994.

HH hH

La decisión mayoritaria, de primera intención, da la im-presión de ser correcta y procedente en derecho. De hecho, el lector debe estar, en estos momentos, cuestionando el “porqué” de nuestro proceder. Un examen, un poco más mi-nucioso, del expediente del caso brinda la respuesta. Dicho examen causa una enorme incertidumbre sobre un hecho clave sobre el cual se ancla el razonamiento mayoritario, a saber: ¿cuál era la verdadera edad que tenía el peticionario Suárez Alers al momento en que, alegadamente, incurrió en la falta de actos lascivos o impúdicos, esto es, el 25 de julio de 1994?

El Tribunal concluye que éste, a esa fecha, tenía trece años. A esos efectos da por buena y correcta —y le brinda su bendición— a una “estipulación” que surge de la “minu-ta” que recoge los procedimientos acaecidos en una vista celebrada el 20 de agosto de 2004 ante la Sala Superior de Aguadilla del Tribunal de Primera Instancia.()

Aquellos que hemos tenido, por decirlo así, la dicha de practicar intensamente la profesión a nivel de instancia, tanto en el campo civil como en el de lo criminal, somos conscientes y sabemos que no es necesariamente correcto todo lo que se dice o aparece en una “minuta”. Ello en vista del hecho que la “minuta” la prepara la secretaria de sala, quien, ser humano al fin, en ocasiones comete errores. Es cierto que dicha “minuta” es, posteriormente, refrendada con su firma por el juez que presidió los procedimientos ese día. Esa firma, sin embargo, se lleva a efecto semanas o meses más tarde, pudiendo ese juez haber olvidado lo ver-daderamente ocurrido ese día.

Somos los primeros en aceptar que el anterior argu-mento puede ser considerado como especulativo y que no debe servir de base para derrotar el razonamiento mayoritario. Pero es que hay más.

Aun si se asume, a los fines de la argumentación, que lo expresado en la “minuta” efectivamente fue objeto de esti-pulación por el representante del Ministerio Público y por el abogado defensor, de un examen minucioso del expe-diente del caso surgen dos documentos que causan enorme duda sobre la corrección del contenido de la antes mencio-nada estipulación, duda que nos impide, sin más, refren-darla desde este estrado apelativo. En primer lugar, de la “querella” que se presentara contra Suárez Alers ante la Sala Superior de Menores de Aguadilla del Tribunal de Pri-mera Instancia, surge que éste nació el 22 de octubre de 1978. De ser ello cierto, y habiendo alegadamente ocurrido los hechos que se le imputan el 25 de julio de 1994, éste contaba a la referida fecha con la edad aproximada de quince años y nueve meses.

Pero hay más. El examen del expediente revela la exis-tencia de una resolución —la cual no fue objeto de revi-sión— de 19 de marzo de 2004, emitida por la Sala Superior de Menores del Tribunal de Primera Instancia —resolución mediante la cual dicho foro judicial renunció a la jurisdicción sobre Suárez Alers— en la cual se expresa que éste, a la fecha de la alegada comisión de los hechos, contaba con quince años; hecho en que, precisamente, basó dicho foro judicial su decisión de renunciar a la jurisdicción sobre el peticionario Suárez Alers.

Debe mantenerse presente que, conforme hemos re-suelto reiteradamente, se presume la corrección y regulari-dad de los procedimientos y las decisiones que llevan a cabo y emiten los tribunales de instancia. Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974); Pueblo v. Reyes Morales, 93 D.P.R. 607 (1966).() Si a ello le añadimos que Suárez Alers consintió a dicha determinación, al no revisarla, real-mente resulta inexplicable que la Mayoría del Tribunal ignore totalmente esta resolución y lo que ella conlleva.

Por otro lado, debe señalarse que, según preceptúa la Regla 16 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, las “presuncio-nes son aquellas establecidas por ley o por decisiones judi-ciales” (énfasis suplido), y que, conforme establece la Regla 15 de ese cuerpo de reglas, en “una acción criminal, cuando la presunción perjudica al acusado, su efecto es imponer a éste la obligación de presentar evidencia para rebatir o re-futar el hecho presumido ...”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. IV. Que sepamos, esto no ha sucedido en el presente caso.

HH HH HH

En vista de que en la opinión mayoritaria se alude al hecho —como prueba, alegadamente, concluyente de que el peticionario Suárez Alers contaba con trece años a la fecha de la alegada comisión de los hechos— que tanto el Minis-terio Fiscal como el Procurador General están contestes en que Suárez Alers efectivamente contaba con esa edad en ese momento, procede que nos preguntemos si este Tribunal debe, en el uso de su discreción, tomar como buena dicha estipulación o actuación e impartirle, sin más, nues-tra aprobación en posible perjuicio de los derechos de nues-tra ciudadanía.

La contestación, obviamente, tiene que ser en la negativa. No podemos aceptar que una estipulación —que puede ser errónea— nos obligue o nos “ate las manos”. Una estipulación, no hay duda, obliga a las partes que la hicie-ron, pero nunca puede obligar a un tribunal de justicia a cometer una injusticia o a decidir un caso de manera errónea. Que sepamos, este Tribunal nunca ha abdicado su poder y obligación de resolver los casos conforme a derecho.

Por otro lado, debe mantenerse presente que, si bien nuestra Constitución y las leyes le garantizan unos dere-chos a las personas que son acusadas de la alegada comi-sión de delitos públicos, los tribunales de justicia no deben, ni pueden, olvidar que la ciudadanía —y, en especial, las víctimas de esos delitos públicos— también tienen derechos. En específico, la sociedad puertorriqueña tiene el derecho a que los que delinquen sean juzgados, convictos y sentenciados a las penas que establece nuestro ordena-miento jurídico. Rodríguez Del Valle v. Corcelles Ortiz, 135 D.P.R. 834 (1994); Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R. 245, 258 (1994).

El lenguaje, en este aspecto, utilizado por la Mayoría parece indicar que entiende y “piensa” que los funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto Rico —como lo son los representantes del Ministerio Público y el Procurador General— están inmunes de cometer errores y que este Tribunal está obligado a avalar todas sus actuaciones, sean correctas o no. Nada más erróneo y absurdo.

Nuestra función es un poco más seria y delicada. Nues-tra función es la de velar por que se haga justicia a todos. Si queremos lograr ese fin, tenemos que ser cuidadosos, minuciosos, estudiosos y juiciosos. No podemos damos el lujo de ser superficiales, ya que la irresponsabilidad no tiene cabida en este Tribunal. Si ese norte no es compar-tido por todos los integrantes de este Tribunal, Puerto Rico está en serios y graves problemas.

IV

A la luz de todo lo anteriormente expresado, ¿resulta correcto —o, cuando menos, juicioso— que este Tribunal ordene el archivo y sobreseimiento de la causa criminal que pende contra Suárez Alers a base de una alegada esti-pulación de hechos que surge de una “minuta” sin, real-mente, conocerse cuál es la verdadera situación sobre la edad de esta persona a la fecha de la alegada comisión de los hechos? Contestamos en la negativa. Somos del criterio que la actuación correcta, prudente y procedente —dados los hechos particulares del caso— es devolver el caso al tribunal de instancia para que éste dilucide, en una vista, este hecho, sobre todo cuando consideramos que un simple certificado de nacimiento podría resolver este asunto en forma definitiva.

Debe mantenerse presente que si a la fecha de la ale-gada comisión de los hechos el peticionario Suárez Alers era, en efecto, mayor de catorce años, la renuncia de juris-dicción que llevara a efecto la Sala Superior de Asuntos de Menores es válida en derecho. Si ello es así, la Sala Superior de lo Criminal de Aguadilla del Tribunal de Primera Instancia tendría jurisdicción para juzgar, como adulto, al peticionario Suárez Alers por el delito de actos lascivos o impúdicos.

Ante esta realidad, la Mayoría del Tribunal, inexplica-blemente, se niega a ordenar que se lleven a cabo las pro-videncias necesarias para esclarecer este hecho fundamental en el caso, lo cual es de fácil solución.

Es por ello que disentimos.

      (1) El concepto “autoridad” utilizado en el estatuto se refiere a la “supervisión, detención o custodia del menor que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se le encausa y luego de que se ha determinado que está incurso en la comisión de una falta”. Pueblo en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995). “Autori-dad”, por lo tanto, se refiere al tipo y a la duración de la medida impuesta una vez se determine que el menor se encuentra incurso en una falta. Id.

      (2) El Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2215, en cuanto a la renuncia de jurisdicción, dispone lo siguiente:
      “(a) Solicitud, por Procurador. El tribunal, a solicitud del Procurador, podrá renunciar la jurisdicción sobre un menor que sea mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años, a quien se le impute la comisión de cualquier falta Clase II o III. El Procurador deberá efectuar dicha solicitud mediante moción fundamentada cuando considere que entender en el caso bajo las disposiciones de [esta ley] no responderá a los mejores intereses del menor y de la comunidad.
      “El Procurador deberá promover la solicitud de renuncia de jurisdicción en los siguientes casos:
      “(1) Cuando se impute a un menor que sea mayor de catorce (14) años la comi-sión de hechos constitutivos de asesinato en la modalidad que está bajo la autoridad del tribunal, cualquier otro delito grave de primer grado, y cualquier otro hecho delictivo que surja de la misma transacción o evento.
      “(2) Cuando se impute al menor una falta Clase II o III y se le hubiera adjudi-cado previamente una falta Clase II o III, incurrida entre los catorce (14) y dieciocho (18) años.

      “El Procurador vendrá obligado a advertir al tribunal la falta de jurisdicción cuando se trata de aquellos casos excluidos de su autoridad por disposición expresa de este capítulo.” (Enfasis nuestro.)

      (3) Lo cierto es que la posición del Ministerio Público ha sido que Suárez Alers tenía, en efecto, trece años de edad al momento de los hechos imputados. A modo de ejemplo, en el alegato presentado por El Pueblo ante este Tribunal, el Procurador General indicó lo siguiente: “Para la fecha de los hechos, Suárez Alers tenía trece años de edad, mientras que el menor perjudicado contaba con siete años.” (Énfasis nuestro.) Alegato del Procurador General, pág. 2, Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 64. El asunto sobre la edad de Suárez Alers no fue un cuestionamiento que se hiciera ante los foros inferiores ni ante este Tribunal.

      (4) Debe quedar claro, sin embargo, que si Suárez Alers hubiese sido mayor de catorce años cuando ocurrieron los hechos que se le imputaron, nada impedía que la Sala de Asuntos de Menores asumiera jurisdicción y que, luego de la vista correspon-diente, determinarían si procedía o no renunciar a su jurisdicción.

      (5) El Art. 29 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3151, dispone lo siguiente:
      “Una persona no será procesada o convicta criminalmente por un hecho reali-zado cuando dicha persona no hubiere cumplido 18 años de edad, salvo los casos provistos en la legislación especial para menores.”

      (1) En dicha "minuta” se expresa, en lo pertinente: “Estipulan las partes que no hay controversia en que el acusado tenía 13 años en la fecha de los alegados hechos.” Petición de certiorari, Apéndice, pág. 39.

      (2) En Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 714-715 (1991), resolvi-mos que un tribunal, bajo la Regla 11(A)(2) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, “puede tomar conocimiento judicial de los procedimientos celebrados y de la sentencia o resolución dictada en cualquier causa seguida ante el mismo tribunal ... o en cual-quier otro tribunal dentro de la misma jurisdicción ... [p]or tratarse de hechos cuya comprobación o determinación puede efectuarse de forma exacta e inmediata” con un mero examen del expediente judicial.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Raymond Durand Villar.

      Número: TS-4576

      Resuelto: 12 de mayo de 2006

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, y Maite D.

      Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; José M. Mon-talvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogado de Puerto Rico; Marla D. Ríos Díaz, directora auxiliar de la Oficina de Inspección de Notarías; Raymond Durand Vi-llar, peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinada la moción de reinstalación, presentada por Raymond Durand Villar, así como las comparecencias del Procurador General de Puerto Rico, del Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico y de la Oficina de Inspección de Nota-rías, se ordena la reinstalación de éste al ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Blas D. Díaz Rivera, peticionario, v. Secretario de Hacienda, recurrido.

      Número: CC-2004-435

      Resuelto: 18 de mayo de 2006

      Carlos E. Díaz Olivo, abogado de la parte peticionaria; Kenneth Pamias Velázquez, subprocurador general, Wanda I. Simons García y Doraliz E. Ortiz de León, procuradoras generales auxiliares, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

A finales de junio de 1998, Blas D. Díaz Rivera decidió retirarse del servicio público activo, por lo cual solicitó la liquidación de sus haberes y de los beneficios correspondientes por los servicios prestados. En virtud de lo anterior, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le envió al Departamento de Hacienda (Hacienda) una nómina especial para el pago de $2,400 en concepto de la liquidación de las vacaciones de Díaz Rivera. El 30 de junio de 1998, Hacienda recibió la referida nómina especial. Así las cosas —y amparándose en lo dispuesto en el Art. 9(j) de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, conocida como la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Ley de Contabilidad del Gobierno), 3 L.P.R.A. sec. 283h(j), la cual impide desembolsar fondos públicos a quien tenga deudas con el erario— Hacienda retuvo la aludida suma para el pago de unas contribuciones que adeudaba Díaz Rivera pertenecientes a 1982.

Inconforme con tal retención, el 14 de octubre de 1998 Díaz Rivera le envió una carta a la entonces Secretaria de Hacienda, Xenia Vélez Silva, para impugnar el aludido crédito. Indicó que se había aplicado indebidamente el balance de la liquidación de sus vacaciones a una deuda prescrita de contribuciones sobre ingreso de 1982. Posteriormente, el 26 de octubre de 1998, la entonces Subdirectora del Negociado de Recaudaciones, Sra. Ivette Lebrón Agostin i, mediante comunicación escrita, formalmente le notificó a Díaz Rivera que había acreditado la suma retenida a una deuda de $8,309.15 en concepto de contribuciones sobre ingresos y, a su vez, le indicó la razón por la cual procedía el crédito a favor de la Secretaria de Hacienda. Además, le explicó que aun cuando en efecto no podía cobrarse la deuda por métodos ordinarios de cobro debido a que estaba prescrita, ello no le impedía a la Secretaria de Hacienda acreditar a la deuda la liquidación de sus vacaciones debido a que el Art. 9(j) de la Ley de Contabilidad del Gobierno, ante, le impedía desembolsar fondos del Estado a quien tuviera deudas con el erario. Asimismo, le apercibió que, de no estar de acuerdo con la decisión, tenía derecho a solicitar una revisión, presentando una querella ante la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo de dicha agencia. El 2 de noviembre de 1998 Díaz Rivera le envió una segunda misiva a Vélez Silva, esta vez solicitando la celebración de una vista administrativa para la revisión de la aludida determinación. Argumentó que el descuento realizado respondía a una deuda contributiva de más de quince años sobre la cual nunca se había recibido notificación o gestión de cobro alguna. En vista de ello, indicó que, conforme a la See. 6006 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (Código de Rentas Internas), 13 L.P.R.A. see. 8026, la referida deuda estaba prescrita. A su vez, señaló que —según los principios y las normas sobre prescripción dispuestas en el Código Civil de Puerto Rico, así como lo resuelto en Carazo v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 306 (1987)— el descuento efectuado era improcedente.

La aludida solicitud fue acogida como una querella y referida a la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo, quien ordenó al Negociado de Recaudaciones que la contestara. En cumplimiento con lo ordenado, el 25 de febrero de 1999 el Negociado de Recaudaciones contestó la querella. Se reafirmó en lo expresado en la misiva de 26 de octubre de 1998. Así las cosas, la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo notificó a Díaz Rivera la celebración de una vista administrativa que se celebraría el 5 de mayo de 1999.

Mientras transcurría el antes mencionado procedimiento, el 8 de febrero de 1999 entró en vigor la Ley Núm. 209 de 9 de agosto de 1998 (3 L.P.R.A. see. 8026) (Ley Núm. 209), la cual enmendó el Código de Rentas Internas de 1994 para proveer que a pesar de lo establecido en la Ley de Contabilidad del Gobierno, el Estado estaba impedido de cobrar deudas contributivas luego de transcurridos diez años desde su tasación. La referida pieza legislativa dispuso, además, que transcurrido este término, Hacienda tenía que eliminar las aludidas deudas de sus expedientes.

En virtud de lo anterior, durante la vista administrativa, Díaz Rivera argumentó no sólo que su alegada deuda contributiva estaba prescrita, sino que, además, tenía derecho al beneficio provisto por la Ley Núm. 209. Por lo anterior, el 9 de junio de 1999 el Oficial Examinador que presidía la vista ordenó a las partes que se expresaran por escrito en cuanto a la aplicación de la Ley Núm. 209 a los hechos del presente caso.

Luego de que ambas partes expusieran sus respectivas posiciones al respecto, el 1 de diciembre de 2000, mediante resolución a esos efectos, la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo denegó la solicitud de reintegro presentada por Díaz Rivera. Específicamente, resolvió que el Art. 9(j) de la Ley de Contabilidad del Gobierno, ante, le impedía a Hacienda efectuar desembolso alguno a favor de un contribuyente que tuviese una deuda contributiva con el erario. Con respecto a la Ley Núm. 209, determinó que aun cuando en efecto establecía que el Secretario de Hacienda tenía que eliminar toda deuda de los expedientes si tenía diez años o más de tasadas, ésta no aplicaba a los hechos del presente caso debido a que no tenía efecto retroactivo. A esos efectos, señaló que conforme al Art. 2 de la referida ley, ésta entraría en vigor a los ciento ochenta días de su aprobación. En vista de ello, indicó que, habiéndose aprobado el 9 de agosto de 1998, la Ley Núm. 209 entró en vigor el 8 de febrero de 1999.

Conforme a lo anterior, se indicó que la retención del salario de Díaz Rivera ocurrió el 26 de octubre de 1998 cuando todavía no había entrado en vigor la aludida pieza legislativa, por lo cual al momento de efectuarse el descuento se había actuado conforme al Derecho vigente. En vista de ello —y apoyándose en lo resuelto en Pagán v. Tribl. Contribuciones, 73 D.P.R. 654 (1952), confirmado en Carazo v. Srio. de Hacienda, ante— concluyó que al momento de la retención el Secretario de Hacienda estaba facultado para cobrar mediante métodos alternos toda deuda vencida, aunque estuviera prescrita para el cobro por la vía de apremio.

Cónsono con lo anterior, se determinó que el Art. 2 de la Ley Núm. 209 establecía que los descuentos de sueldo y los planes de pago vigentes mantendrían todo su vigor aún después de la aprobación de la ley. A su entender, el propósito de esta disposición era evitar reclamos de casos ya adjudicados en descuentos de sueldos o en planes de pagos para que éstos no fueran reabiertos sobre la base del nuevo estado de derecho.

Insatisfecho con tal determinación, y luego de presentar una moción de reconsideración ante Hacienda, el 28 de diciembre de 2000 Díaz Rivera presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda contra Hacienda. En ella solicitó —por los fundamentos esbozados ante Hacienda— que se declarara que la retención y embargo efectuado por dicha agencia había sido contrario a derecho y que, por lo tanto, se le ordenara a Hacienda realizar el reintegro de la suma retenida, más los intereses correspondientes y costas. Asimismo, argumentó que en el procedimiento administrativo llevado a cabo por Hacienda se le había violentado el debido proceso de ley, ya que para emitir su determinación había tomado en consideración documentos externos al expediente del caso. Alegó, además, que se le había privado su oportunidad de ser oído debido a que Hacienda únicamente había resuelto el planteamiento de la aplicación de la Ley Núm. 209 al caso, obviando sus otros argumentos jurídicos. Finalmente, señaló que la resolución había menoscabado su derecho a la revisión judicial debido a que se le había notificado incorrectamente que podía solicitar la revisión de la determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El 3 de septiembre de 2002, Díaz Rivera enmendó su demanda para incluir una acción de daños y perjuicios por las alegadas violaciones al debido proceso de ley en las que incurrió Hacienda en la tramitación del caso.

El 24 de enero de 2003, sin haber contestado la demanda enmendada, Hacienda presentó ante el foro primario una moción para que se dictara sentencia sumaria a su favor. Alegó, en síntesis, que la controversia planteada en el caso consistía en determinar si debía aplicar la Ley Núm. 209 o el estatuto vigente a la fecha en que se efectuó la retención del pago por deudas contributivas vencidas. Específicamente, argumentó que como la Ley Núm. 209 entró en vigor el 8 de febrero de 1999 y las retenciones efectuadas en junio y octubre de 1998, el Negociado de Recaudaciones estaba obligado al cobro de la deuda conforme a los descuentos de sueldos y planes de pago efectuados antes de esa fecha, siendo el cobro hecho conforme a derecho y de carácter definitivo. Cónsono con ello adujo que no procedía el reintegro debido que la alegada deuda de Díaz Rivera ya había sido borrada de los libros de Hacienda antes de la fecha en que la Ley Núm. 209 entrara en vigor.

Indicó, además, que el Secretario de Hacienda tenía facultad en ley para propulsar y aprobar, mediante reglamentación correspondiente, el modo y la manera en que se realizarían los cobros de las deudas prescritas que eran objeto de descuentos de sueldos y planes de pago ante la vigencia de la Ley Núm. 209, una ley de carácter prospectivo. Asimismo, señaló que aplicar la nueva norma del Código de Rentas Internas de 1994 retroactivamente, conllevaría una proliferación de casos y reclamaciones contra el Estado y tendría un efecto perjudicial sustancial sobre las Rentas Netas del Fondo General.

Finalmente, argüyó que procedía la desestimación de la reclamación de daños y perjuicios presentada por Díaz Rivera, ya que el Estado no había renunciado a su inmunidad del soberano a esos efectos. Argumentó que la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado (Ley de Pleitos), Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077 et seq.), expresamente prohibía presentar una acción de daños por que le impusieran y cobraran contribuciones sobre ingresos. A su vez, indicó que aun si existiera una causa de acción bajo la Ley de Pleitos, no procedía la reclamación, ya que Díaz Rivera no había cumplido con el requisito de notificar al Estado dentro del término de noventa días establecido en esta ley. Finalmente, adujo que las alegaciones de violación de los derechos civiles al contribuyente estaban prescritas.

Llamado el caso para la conferencia sobre el estado de los procedimientos el 19 de febrero de 2003, ninguna de las partes compareció a sala. El foro primario, en corte abierta —y haciendo constar que había examinado detenidamente los planteamientos de Hacienda— declaró con lugar la moción de sentencia sumaria presentada por Hacienda y adelantó que habría de emitir sentencia a través de su despacho declarando que, como cuestión de derecho, no podía aplicarse retroactivamente la Ley Núm. 209 y que tampoco procedía la acción en daños y perjuicios presentada por Díaz Rivera, porque no se reconocía una causa de acción por razón de cobro o imposición de contribuciones. Manifestó, además, que al día de hoy la parte demandante promovida no ha presentado oposición a la moción presentada de sentencia sumaria. Todo lo anterior se hizo constar en la minuta de este día, la cual fue enviada a ambas partes el 17 de marzo de 2003.

En el entretanto, y antes de que se notificara la referida minuta, el 14 de marzo de 2003 Díaz Rivera presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria presentada por Hacienda, solicitando, asimismo, que se dictara sentencia a su favor. En la oposición nuevamente alegó que la deuda que intentaba cobrar Hacienda estaba prescrita y que no existían métodos alternos, jurídicamente viables, para cobrarla. A esos efectos, argumentó que en Pagán v. Tribl. Contribuciones, ante, se resolvió que el Art. 124 del Código Político, 3 L.P.R.A. ant. see. 278, establecía un mecanismo alterno que permitía al Gobierno cobrar deudas contributivas prescritas mediante el embargo o la retención de salarios y otras compensaciones a los empleados del Gobierno. Alegó que al derogarse el referido Art. 124 del Código Político se aprobó una nueva disposición, el Art. 9(j) de la Ley de Contabilidad del Gobierno, ante, el cual, a su entender, era parecido pero no igual a la derogada disposición. Conforme a lo anterior, señaló que no existía en nuestro ordenamiento jurídico una disposición que estableciera un mecanismo alterno que le permitiera al Gobierno cobrar deudas contributivas prescritas mediante la confiscación de créditos a sus empleados por servicios prestados al Estado. Siendo esto así, adujo que la retención efectuada por Hacienda fue un acto ilegal y que por ello procedía el reintegro solicitado.

Con respecto a la aplicación de la Ley Núm. 209 argumentó que cuando Hacienda actúa contra un contribuyente, la retención y el embargo que efectúa no puede ser un acto final de cobro de la supuesta deuda debido a que, precisamente, la legalidad de tal acción es lo que está bajo impugnación en el proceso administrativo. Así, pues, indicó que era equivocada la alegación de Hacienda de que no le aplicaba el beneficio de la Ley Núm. 209, porque su deuda, en virtud de la retención, ya había sido eliminada de los expedientes de Hacienda, por lo cual no existía al momento de entrar en vigor la ley.

De otra parte, indicó que no procedía que se dictara sentencia sumaria a favor de Hacienda, ya que la moción que dicha agencia presentó se circunscribió al argumento relacionado con la Ley Núm. 209. Aun cuando fuera correcto lo alegado por Hacienda respecto a ese punto, al no haber considerado los restantes argumentos jurídicos del demandante, el demandado como promovente de la moción de sentencia sumaria no había establecido, tal y como requiere nuestro ordenamiento, que “la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de las alegaciones”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 106.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el 7 de abril de 2003 el foro primario finalmente emitió una sentencia sumaria en la que acogió todos los argumentos esgrimidos por Hacienda. De este modo desestimó la demanda y todas las causas de acción de Díaz Rivera. Es preciso destacar que aun cuando durante la conferencia sobre el estado del caso no se había considerado la oposición a la sentencia sumaria presentada por Díaz Rivera al emitir la sentencia, el foro primario hizo constar que se había presentado la aludida oposición y que la había examinado al tomar su decisión.

Insatisfecho con tal determinación, Díaz Rivera acudió, vía recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en síntesis, los argumentos que anteriormente había planteado ante Hacienda.

Posteriormente, el 12 de abril de 2004, el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia confirmatoria de la emitida por el foro primario. Aún insatisfecho, Díaz Rivera recurrió — vía certiorari — ante este Tribunal, y señaló que incidió el foro apelativo intermedio al

... resolver que la alegada deuda contributiva no estaba prescrita, sin haber examinado los términos prescriptivos aplicables y la naturaleza y consecuencia que en nuestro sistema jurídico tiene la figura de la prescripción.
... resolver que la Ley de Contabilidad de Gobierno le permite al estado cobrar deudas de los ciudadanos sin importar el número de años que hubiere transcurrido desde su prescripción y al ignorar lo resuelto en las decisiones de Carazo v. Secretario de Hacienda[, ante,] y de Rivera [Santiago] v. [Srio.] de Hacienda[, 119 D.P.R. 265 (1987)].
... ignorar que la retención de salarios ya devengados para el cobro de contribuciones prescritas constituye un “taking” o confiscación en violación a la cl[á]usula de[l] debido proceso de ley.
... ignorar que la causa de acción por violaciones al debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo es una causa de acción distinta e independiente de cualquier [a] otra de acción con respecto al cobro ilegal de una contribución. Petición de certiorari, pág. 7.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando en condición de resolver, procedemos a así hacerlo.

I

Por estar íntimamente relacionados entre sí, analizamos y discutimos en conjunto los primeros tres señalamientos de error.

Respecto a la facultad de tributación del Estado, este Tribunal ha señalado que “es el más fundamental de sus poderes públicos y gubernamentales”. (Énfasis suprimido.) Burlington Air Exp., Inc. v. Mun. Carolina, 154 D.P.R. 588, 597 (2001). Véase R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 428 (1964). Ello en virtud de que se trata de un poder que es “ ‘esencial a su subsistencia y para su supervivencia’ como un Estado político”. Burlington Air Exp., Inc. v. Mun. Carolina, ante.

Conforme a lo anterior, hemos expresado que ya que esa autoridad contributiva es fundamental a la vida del Estado, “el poder fiscal gubernamental es constitucionalmente de naturaleza amplia y abarcadora”. F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, 134 D.P.R. 385, 390-391 (1993). Véase, además, Continental Ins. Co. v. Srio. de Hacienda, 154 D.P.R. 146 (2001).

Ahora bien, no obstante lo anterior, este Tribunal ha advertido que “[e]l cobro de contribuciones por el Estado no es irrestricto”. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 268 (1987). Véase Carazo v. Srio. de Hacienda, ante, pág. 310. De este modo, todo procedimiento de cobro de contribuciones está sujeto a: (1) los trámites mínimos del debido proceso de ley; (2) la exigibilidad y validez de la deuda, y (3) los términos prescriptivos dispuestos en los diversos estatutos. Carazo, ante.

En virtud de la antes mencionada facultad constitucional, el Estado puede cobrar —en lo aquí pertinente— contribuciones sobre ingresos. Particularmente, la contribución sobre ingresos es un tributo sumamente importante porque es “el ... que más rentas contributivas produce al erario puertorriqueño”. G. Meléndez Carrucini, Ingreso tributable: inclusiones y doctrinas, San Juan, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, Inc., 1991, pág. 12. Véase G. Meléndez Carrucini, Procedimiento Contributivo de Puerto Rico, San Juan, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, Inc., 1981, pág. 17. Por su importancia, a través de los años la Asamblea Legislativa, mediante diferentes estatutos fiscales, ha facultado al Secretario de Hacienda a tasar y cobrar este tipo de contribuciones.

En el 1982, fecha por la cual se le está cobrando una deficiencia a Díaz Rivera, las contribuciones sobre ingresos se cobraban de acuerdo con la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada. Mediante la aludida pieza legislativa, la Legislatura estableció que Hacienda debía tasar toda deficiencia contributiva dentro del término de cuatro años luego de haberse rendido la planilla. Sec. 275(a) de la Ley Núm. 91, ante, 13 L.P.R.A. ant. see. 3275. A su vez, dispuso un término prescriptivo de siete años, a contarse desde que la contribución fue tasada, para que dicha contribución fuera cobrada mediante el procedimiento de apremio o mediante procedimiento en corte. Sec. 276(c) de la Ley Núm. 91, ante, 13 L.P.R.A. ant. sec. 3276(c).

De particular relevancia al análisis de la antes mencionada disposición estatutaria es lo resuelto por este Tribunal en Pagán v. Tribl. Contribuciones, ante. En el citado caso, un Senador impugnó el descuento que se hizo de su sueldo para satisfacer ciertas contribuciones ya prescritas. Al interpretar la Sec. 61(c) de la entonces vigente Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 —igual a la See. 276(c), ante— establecimos que “[e]l periodo prescriptivo para entablar un procedimiento judicial o trabar un embargo (apremio) para cobrar una contribución tasada e impuesta ... solamente impfedía] al Tesorero ejercitar dichos remedios pero en forma alguna limita [ba] su derecho a cobrar la contribución por otros medios que pu [dieran] existir en ley”. Id., pág. 658. Específicamente, resolvimos que el referido Art. 124 del Código Político —que prohibía el desembolso de fondos públicos a favor de una persona que tuviera deudas atrasadas con el Pueblo de Puerto Rico y permitía el descuento en los sueldos gubernamentales para satisfacerlas— constituía un método alterno establecido en ley para cobrar contribuciones atrasadas, que no estaba sujeto al término prescriptivo establecido en la derogada Sec. 61(c) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954. De este modo, determinamos que aunque hubiese transcurrido el término prescriptivo establecido para el cobro por apremio o por la vía judicial de una contribución luego de su imposición, lo anterior no impedía su cobro mediante un método alterno establecido en una ley de naturaleza distinta a una reclamación o a un procedimiento de apremio.

De las antes mencionadas disposiciones estatutarias surgía la duda de si el Gobierno tenía la facultad de hacer retenciones para cobrar una contribución tasada cuyo término para cobrar después de la tasación había expirado. Meléndez Carrucini, Procedimiento Contributivo de Puerto Rico, op. cit., pág. 624. En Pagán v. Tribl. Contribuciones, ante, contestamos al aludida interrogante en la afirmativa.

Así, pues, al armonizar ambas disposiciones estatutarias señalamos que

... la primera [la Sec. 61(c)—] se ref[ería] a procedimientos para el cobro de contribuciones sobre ingresos, estableciéndose un período precriptivo[;] la segunda [el Art. 124] se reffería] a una prohibición absoluta de pagar dinero a ninguna persona por salario o reclamación, si esa persona se hallare en descubierto con El Pueblo de Puerto Rico por deudas atrasadas, cualquiera que sea la naturaleza de esas deudas. Entre ellas están inclu[i]das las deudas contributivas. Pagán v. Tribl. Contribuciones, ante, pág. 659.

De este modo, en Pagán v. Tribl. Contribuciones, ante, establecimos que aun cuando no podía cobrarse la deuda por la vía judicial o la de apremio, la ley sí autorizaba a no pagarle esos salarios y dedicarlos a solventar esa deuda, siendo el mencionado Art. 124 del Código Político un mecanismo distinto al procedimiento administrativo de embargo o apremio provisto en la antes mencionada See. 61(c).

Posteriormente, el Art. 124 del Código Político, ante, fue derogado mediante la aprobación de la Ley Núm. 230, ante, conocida como la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. secs. 283-283p. No obstante lo anterior, el lenguaje del antes mencionado Art. 124 del Código Político fue incorporado en el Art. 9(j) de la Ley de Contabilidad del Gobierno, ante. Carazo v. Srio. de Hacienda, ante, pág. 313 esc. 4. Véase, además, Meléndez Carrucini, Procedimiento Contributivo de Puerto Rico, op. cit, págs. 631-632. A tales efectos, el aludido inciso (j) del Art. 9 dispuso:

El Secretario, los pagadores nombrados por el Secretario, los municipios, las instrumentalidades y las entidades corporativas no efectuarán pagos a persona natural o jurídica alguna que por cualquier concepto tenga deudas vencidas con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o con algún municipio. Cuando hubiere razones justificadas, los intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del municipio correspondiente resultaren beneficiados, y el Secretario lo aprobare, en los casos en que la deuda es con el Estado Libre Asociado o el Alcalde del municipio que correspondiera si la deuda es con un municipio, podrán hacerse los pagos que sean necesarios a aquellas personas que estén en deuda con el Estado Libre Asociado o con algún municipio y que continúen prestando servicios o suministrando materiales o equipo al gobierno, a los municipios, a las instrumentalidades y a las entidades corporativas. Las cantidades retenidas en cumplimiento de este inciso serán aplicadas a la deuda de la persona natural o jurídica a la cual se le retuvieren. Disponiéndose, que si la persona natural o jurídica a quien se le fuera a hacer la retención estuviere en deuda con el Estado Libre Asociado y simultáneamente con uno o más municipios, la deuda del Estado Libre Asociado será cobrada en primer término, y las demás se cobrarán sucesiva y estrictamente a base de sus fechas de vencimiento, cobrándose siempre la más antigua primero.
Se autoriza al Secretario en casos en que la deuda sea con el Estado Libre Asociado y al Alcalde en caso en que la deuda sea con algún municipio, a conceder un plan de pagos parciales que facilite el saldo de la deuda, si la situación económica del deudor así lo justificare.

Surge de lo anterior que en la referida disposición estatutaria se mantuvo la prohibición del Art. 124, ante, a los efectos de que el Secretario de Hacienda no podía efectuar pagos a persona alguna que tuviera deudas con el Estado Libre Asociado.

Por su parte, en Carazo v. Srio. de Hacienda, ante, tuvimos ante nos la interrogante de si la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico (Ley de Caudales Relictos), Ley Núm. 167 de 30 de junio de 1968 (13 L.P.R.A. ant. see. 5001 et seq.), establecía un mecanismo alterno legalmente válido para que Hacienda pudiera cobrar contribuciones aun cuando estuvieran prescritas bajo la antes mencionada Sec. 276(c) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954. Al contestar la anterior interrogante en la negativa, de entrada señalamos que coexistían diferentes métodos mediante los cuales el Estado podía cobrar contribuciones adeudadas, a saber: (1) el pago voluntario; (2) la retención; (3) el requerimiento del Secretario de Hacienda; (4) el procedimiento de apremio, y (5) otros procedimientos autorizados por ley. A su vez, reconocimos que “[c]omo norma general, expirado el término dispuesto por ley sin el Estado haber iniciado el procedimiento para cobrar las contribuciones adeudadas y tasadas, está impedido de cobrarlas”. Carazo v. Srio. de Hacienda, ante, pág. 312.

Reiterando lo establecido en Pagán v. Tribl. Contribuciones, ante, a los efectos de que las contribuciones prescritas no eran exigibles a menos que expresamente existiera un mecanismo válido en ley para cobrarlas, en Carazo v. Srio. de Hacienda, ante, señalamos que la Ley de Caudales Relictos no disponía un mecanismo similar. Conforme a lo anterior, no hay duda de que en el referido caso, aun cuando reiteramos lo resuelto en Pagán, señalamos que no aplicaba a ese caso debido a que la ley sobre caudales relictos allí en controversia no establecía un mecanismo alterno válido como el establecido en el Art. 124 del Código Político, ante.

La Sec. 276(c) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 fue derogada por la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, mejor conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (Código de Rentas Internas), 13 L.P.R.A. see. 8001 et seq. Particularmente, la See. 6006(d)(1)(A) de este Código, 13 L.P.R.A. sec. 8026(d)(1)(A), estableció nuevamente que existía un período prescriptivo de siete años para que Hacienda pudiera cobrar una deuda por el procedimiento de apremio o demanda judicial. A su vez, este Código dispone que “el monto de contribuciones o impuestos establecidos por cualquier [disposición del referido Código] será tasado dentro de cuatro (4) años después de haberse rendido la planilla o declaración, y ningún procedimiento en corte sin tasación para el cobro de dichas contribuciones será comenzado después de la expiración de dicho período”. 13 L.P.R.A. see. 8025.

En el presente caso, en el momento en que Hacienda intentó cobrar la alegada deuda contributiva de Díaz Rivera, ya había transcurrido el término de siete años establecido para cobrarla mediante el procedimiento de apremio o de cobro judicial. En virtud de lo anterior, no hay duda que la deuda estaba prescrita, por lo cual el Secretario de Hacienda estaba impedido de cobrarla a través del procedimiento de apremio o por la vía judicial.

No obstante lo anterior, según lo indicamos, esto no significa que el Secretario de Hacienda estaba totalmente imposibilitado de cobrar la deuda. Ciertamente, el Secretario podía cobrarla después del transcurso del antes mencionado término prescriptivo a través de un mecanismo alterno válido existente en ley.

En el presente caso, el Secretario de Hacienda estaba facultado para realizar la retención de la liquidación de vacaciones de Díaz Rivera a través del Art. 9(j) de la Ley de Contabilidad del Gobierno, ante, el cual, según indicamos en Carazo v. Srio. de Hacienda, ante, incorporó el lenguaje del Art. 124 del Código Político, ante, el cual validamos como método alterno válido en Pagán v. Tribl. Contribuciones, ante.

II

Ahora bien, lo anterior no dispone del caso ante nuestra consideración; ello en vista de que, como mencionamos anteriormente, estando pendiente el presente caso ante Hacienda, entró en vigor la antes citada Ley Núm. 209. La Asamblea Legislativa aprobó dicha ley para disponer que transcurridos diez años desde que una deuda fue debidamente tasada para el cobro, y estando prescrita para el apremio y el cobro judicial de acuerdo con las disposiciones del propio Código de Rentas Internas, después de transcurrir el término de siete años debe ser eliminada del expediente contributivo. Véanse: Exposición de Motivos de la Ley Núm. 209, ante, 1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 895, 896; Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 537 de 25 de junio de 1998.

Específicamente, la aludida pieza legislativa tuvo la intención de corregir la situación de los expedientes contributivos de los contribuyentes en Hacienda. Se destacó, al respecto, que

Ojos récords contributivos de muchos contribuyentes reflejan deudas que fueron supuestamente aclaradas durante los períodos de amnistía contributiva, otros porque a [d]vinieron en conocimiento de supuestas deudas contributivas pasados más de diez (10) años de la misma haber sido tasada, sin que el contribuyente ni el Departamento de Hacienda tuvieran más evidencia de donde surge la deuda excepto por la información que se desprende de la certificación de deuda. Esto es, tipo de contribución, cantidad, número de recibo y fecha de imposición. Pero la razón que motivó el ajuste, error matemático o deficiencia simplemente se desconoce tanto por el contribuyente como por el Departamento de Hacienda. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 209, ante, 1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 896. Véase Informe de la Comisión de Hacienda, ante.

Particularmente, se indicó que aun cuando conforme al Código de Rentas Internas el Secretario de Hacienda está impedido de exigir el cobro de las aludidas deudas por la vía de apremio y de cobro judicial luego de transcurridos siete años desde que fueron debidamente impuestas y tasadas, estas deudas no son eliminadas de los expedientes del contribuyente. Por todo lo anterior, aun cuando la deuda no es exigible, continúa reflejándose en cualquier certificación de deuda del contribuyente. Véanse: Exposición de Motivos de la Ley Núm. 209, ante; Informe de la Comisión de Hacienda, ante. Concretamente, se indicó que

“[l]a razón por la cual el Departamento de Hacienda no elimina la deuda de los récords del contribuyente era porque la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico establecía que las deudas contributivas podían ser compensadas a través de cualquier pago que el Gobierno viniera obligado a hacer al contribuyente y que no existía un término prescriptivo para efectuar esta compensación, según lo resuelto en Pagán v. Tribunal de Contribuciones, ante”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 209, ante, 1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 897. Véase Informe de la Comisión de Hacienda, ante.

Para lograr el antes mencionado objetivo, se enmendó la citada Sec. 6006(d)(2) del Código de Rentas Internas con el propósito específico de establecer que

[n\o obstante lo dispuesto en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, ... conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, el Secretario procederá a eliminar de los récords de los contribuyentes incluyendo a los empleados públicos, y quedará impedido de cobrar aquellas deudas impuestas por este Código o leyes anteriores de la cuales ya han transcurrido diez (10) años desde que fueron tasadas. Disponiéndose a los fines de determinar el período de prescripción, se tomará en cuenta cualquier interrupción en dicho período. (Énfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, ante, pág. 898.

Del historial legislativo de la Ley Núm. 209 surge que el legislador tuvo la intención de corregir una situación como la del presente caso en la cual el contribuyente, luego de transcurridos varios años, es que se entera de la existencia de una deuda contributiva con el erario, de la cual no existe más evidencia que la existencia de la aludida deuda en la certificación de deuda. Sin lugar a dudas, el beneficio de aplicar esta ley a los hechos del presente caso haría que el Secretario de Hacienda estuviera imposibilitado de cobrarle a Díaz Rivera la deuda aquí en controversia.

Ahora bien, al establecer la vigencia de la Ley Núm. 209, la Legislatura precisó que entraría en vigor a los ciento ochenta días después de su aprobación, es decir, el 5 de febrero de 1999. Art. 3 de la Ley Núm. 209, ante, 1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 899. Específicamente, se dispuso, además, que “[l]as deudas relacionadas con los descuentos de sueldos y los planes de pagos vigentes, serán cobradas y mantendrán todo su vigor aún después de la aprobación de esta Ley”. Art. 2 de la Ley Núm. 209, ante, 1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 898.

Como vemos, del historial legislativo de la aludida ley y de su texto claramente se deduce que ésta no aplica a descuentos y planes de pago que estuvieran vigentes al aprobarse la mencionada ley, como lo era el de Díaz Rivera, el cual se efectuó el 26 de octubre de 1988. No debemos olvidar que el Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3, establece, en lo aquí pertinente, que como norma general las leyes no tienen efecto retroactivo, a menos que expresamente se disponga lo contrario y, aun así, no pueden menoscabar obligaciones contractuales ni perjudicar derechos adquiridos al amparo de una legislación. Conforme a lo anterior, este Tribunal ha expresado que la intención de la Asamblea Legislativa de darle efecto retroactivo a una ley por ser la excepción a la regla debe aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto. Véase Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822 (1983).

Conforme a lo anteriormente expresado, somos del criterio que la Ley Núm. 209 no aplica a los hechos del presente caso, ya que la Asamblea Legislativa no dispuso su aplicación retroactiva. Siendo esto así, conforme al derecho vigente al 26 de octubre de 1998, el Secretario de Hacienda estaba autorizado a realizar la retención de $2,400 de la liquidación de vacaciones de Díaz Rivera. En vista de que el Secretario estaba autorizado para llevar a cabo la antes mencionada retención, no hay duda de que no constituyó, como aduce el peticionario, una confiscación en violación a la cláusula del debido proceso de ley. Tal actuación estuvo fundamentada en una facultad expresamente reconocida por la Asamblea Legislativa.

III

Como último señalamiento de error, el peticionario arguye que se le violó el debido proceso de ley durante el procedimiento administrativo y durante los procedimientos ante el foro primario. Entre otras cosas, argumenta que se le violó el debido proceso de ley, ya que el tribunal de instancia dictó sentencia en corte abierta durante una vista en la cual no estuvo presente —debido a que nunca se le notificó— privándosele de esta forma de la oportunidad de una vista judicial. A tales efectos, señala que el foro primario emitió su sentencia en una vista el 17 de marzo de 2003, notificada a las partes el 18 de marzo de 2003. Alega que en la minuta de ese día se hizo constar que se llamó el caso de epígrafe para una conferencia sobre el estado de los procedimientos y que ninguno de los abogados compareció. A su vez, señala que incorrectamente se ex-presó en la minuta que para ese día Díaz Rivera no había presentado su oposición. No le asiste la razón.

Este Tribunal ha señalado que “el debido proceso de ley encarna la esencia de nuestro sistema de justicia. Su prédica comprende los elevados principios y valores que reflejan nuestra vida en sociedad y el grado de civilización alcanzado”. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109, 113 (1996). Reiteradamente hemos establecido que el debido proceso de ley cuenta con dos vertientes: la sustantiva y la procesal. La dimensión sustantiva del debido proceso de ley persigue salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. Por otra parte, en la vertiente procesal, el aludido precepto le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo, equitativo y de respeto a los individuos afectados. López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987).

Particularmente, para que todo procedimiento cumpla con el debido proceso de ley en su dimensión procesal, hemos establecido varios requisitos. Entre éstos, están: (a) notificación adecuada del proceso; (b) proceso ante un juzgador imparcial; (c) oportunidad de ser oído; (d) derecho a contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada en su contra; (e) tener asistencia de abogado, y (f) que la decisión se base en el expediente del caso. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, ante, págs. 113-114. Véase, también, Feliciano Figueroa et al. v. Toste Piñero, 134 D.P.R. 909, 914-915 (1993).

No hay duda de que Díaz Rivera tenía derecho a ser oído para defenderse y presentar su caso en un proceso con las garantías adecuadas. Específicamente, entre estas garantías, tenía derecho a presentar toda la prueba necesaria para sostener su reclamo, así como refutar oralmente o por escrito la evidencia sometida en su contra. Lo anterior efectivamente ocurrió en el presente caso.

Cónsono con lo anterior, es preciso señalar que surge de la Minuta de 22 de enero de 2003 que en ese día, durante una conferencia anterior sobre el estado procesal del caso, en la cual estuvo presente el representante legal de Díaz Rivera, se señaló una conferencia sobre el estado procesal para el 19 de febrero de 2003. Específicamente, la referida minuta fue notificada a las partes el 13 de febrero de 2003. En virtud de lo anterior, resulta sorprendente la alegación del peticionario a los efectos de que no estuvo presente en la vista debido a que nunca se le notificó.

De otra parte, ciertamente en la minuta de la vista de 19 de febrero de 2003 se hizo constar que se estaba tomando la determinación de declarar “con lugar” la sentencia sumaria a favor de Hacienda sin el beneficio de la oposición a la sentencia sumaria. Ahora bien, surge del escolio número 3 de la sentencia que posteriormente redactara el tribunal de instancia, que el 20 de marzo de 2003 —fecha posterior a la vista sobre el estado del caso— el peticionario había presentado su oposición a la aludida solicitud de sentencia sumaria. A esos efectos, el tribunal señaló que la había examinado. Así, pues, fue luego de examinar las posiciones y solicitudes de ambas partes que el foro primario emitió sentencia sumaria a favor de Hacienda. Por lo tanto, aun cuando la sentencia se emitió sumariamente, se le dio oportunidad a Díaz Rivera a que expresara su posición.

Como es sabido, la sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario y discrecional que tiene como objetivo facilitar la solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presentan controversias genuinas de hechos materiales. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608 (2005). Dicho mecanismo está expresamente regulado por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la cual establece que podrá dictarse una sentencia sumaria cuando de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, no existe una controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso en cuestión. Por ello, cuando exista la más mínima duda o controversia sobre hechos materiales o esenciales del caso, el tribunal denegará la sentencia sumaria y deberá celebrar un juicio en su fondo. López v. Miranda, 166 D.P.R. 546 (2005); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154 (2005); E.L.A. v. Cole, ante.

Predicado en ello, hemos reiterado que al considerar una moción de sentencia sumaria, el foro primario tendrá como ciertos los hechos no controvertidos que consten en los documentos y en las declaraciones juradas presentadas por la parte promovente. López v. Miranda, ante; Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998). De tal modo, cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan surge que no existe una legítima disputa de hecho a ser dirimida, que sólo resta aplicar el derecho y que no se ponen en peligro los intereses de las partes, se dictará sentencia sin necesidad de que se celebre una vista en los méritos. López v. Miranda, ante; Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997). Claro está, tomando en consideración que la sentencia sumaria es un remedio de carácter discrecional, “ ‘[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de “su día en corte”, principio elemental del debido proceso de ley’ ”. (Corchetes en el original.) Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000), citando a Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617 (1990). Véase Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192 (2000).

Por ello, el tribunal de instancia, al dictar sentencia sumaria: (1) analizará los documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren en el expediente del tribunal, y (2) determinará si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., ante, pág. 611; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994).

Ciertamente en el presente caso el foro primario no abusó de su discreción al resolver el caso sumariamente, ya que no existía controversia con respecto al momento en que se había efectuado la retención y cuándo efectivamente entró en vigor la Ley Núm. 209. Era una cuestión estrictamente de derecho determinar si aplicaba a los hechos del presente caso el beneficio de la Ley Núm. 209.

Finalmente, alega el peticionario que tanto durante el procedimiento administrativo como durante el procedimiento ante el tribunal de instancia se le violó el debido proceso de ley porque no se le dio la oportunidad de presentar otros argumentos.

Luego de un examen minucioso del expediente que obra ante nos, no encontramos escrito alguno en el cual el peticionario señale específicamente cuáles son estos argumentos que no se le han dejado presentar, sobre todo cuando a través de todo el procedimiento el fundamento jurídico que ha utilizado para impugnar la retención es la prescripción de la deuda y la inexistencia de un mecanismo alterno en ley para cobrarla.

Aun asumiendo, a los fines de la argumentación, que es correcto que Díaz Rivera no tuvo la oportunidad de refutar durante el procedimiento administrativo la alegada inexistencia de la deuda porque no se le permitió presentar los argumentos a esos efectos, no hay duda de que pudo haberlos presentado ante el foro primario. El presente caso no trata meramente de una revisión administrativa, sino de un juicio de novo ante el Tribunal de Primera Instancia. Siendo ello así, Díaz Rivera tuvo la oportunidad de presentar toda la prueba que considerara pertinente y los argumentos que considerara aplicables al caso. No obstante lo anterior, de una lectura de los documentos presentados por éste ante el foro primario se deduce que nuevamente basó su posición en el argumento de la prescripción de la deuda y de la inexistencia de un mecanismo válido en ley para cobrarla.

Más aún, en este momento nos señala que todavía desconoce la naturaleza de la contribución que se le cobra, por lo que no ha podido presentar evidencia con respecto a la inexistencia de la alegada deuda. Surge de la carta que le envió Hacienda el 26 de octubre de 1998 —la cual el peticionario no niega haber recibido— que la alegada deuda de 1982 que tenía Díaz Rivera con el erario era en concepto de una contribución sobre ingresos. No hay duda de que a través de la referida misiva, Hacienda le comunicó a Díaz Rivera la naturaleza de su alegada deuda. No obstante saber el origen de su deuda, en ningún momento el peticionario ha promulgado fundamento específico alguno para negar la existencia de la deuda aquí en cuestión.

En virtud de todo lo antes expuesto, resolvemos que pro-cede confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       Específicamente, en la referida misiva se hizo constar que al 30 de junio de 1998 surgía del expediente que Díaz Rivera adeudada la antes mencionada cantidad de $8,309.15 en concepto de contribuciones sobre ingresos. De este modo, se indicó que se había acompañado con la misiva una certificación de deuda.

       Durante la referida vista, Díaz Rivera alegó, además, que la retención o confiscación que el Departamento de Hacienda (Hacienda) intentaba efectuar sobre su compensación equivalía a un embargo de salarios del contribuyente, acción que estaba sujeta a ciertas salvaguardas de naturaleza sustantiva y procesal que no habían sido observadas. Asimismo, señaló que los principios fundamentales de trato justo y razonabilidad esbozados en la protección constitucional del debido proceso de ley imposibilitaban que Hacienda cobrara una deuda en la cual se pretendía que le aplicaran al contribuyente las normas de prescripción, impidiéndole presentar prueba para derrotar la existencia de la deuda contributiva que se le imputaba y el monto de su importe, mientras, sin embargo, Hacienda intentaba esquivar la aplicación y las limitaciones que los principios de prescripción le imponen, invocando, en abierta violación de ley, mecanismos altemos cuyo efecto final era crear un procedimiento administrativo desigual e injusto.

       Específicamente, argumentó que en la resolución se indicó que “[p]ara efectos de clarificar los hechos de este caso, el Negociado de Recaudaciones reforzó su posición como Negociado a base de un Memorando Legal Número N-4 de 29 de septiembre de 1999; aclaró la cantidad de la liquidación de vacaciones por ‘Moción Informativa’ de 14 de octubre de 1999; se agotaron mecanismos informales de adjudicación y la parte querellante reaccionó con una solicitud de adjudicación el 20 de septiembre de 2000”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 131. Díaz Rivera alegó que nunca recibió las aludidas mociones y que su solicitud de adjudicación no fue en reacción a las mismas, sino para solicitar la disposición final del caso ante la inacción de Hacienda.

       Aun. cuando Hacienda no contestó la demanda enmendada, sí había contestado la demanda original.

       El Tesorero era quien cobraba las contribuciones sobre ingresos en ese momento. Posteriormente, se facultó al Secretario de Hacienda a llevar a cabo dicho cobro.

       Específicamente, el Art. 124 del Código Político establecía:

        "... —Pago de sueldo o reclamación.—Abonos de cantidades retenidas.—No se pagará dinero a ninguna persona por concepto de salario, o reclamación entablada contra la Tesorería Insular, si el interesado se hallare en descubierto con El Pueblo de Puerto Rico, por deudas atrasadas, y así consta en los libros del Contador, mientras no hubiere aquél arreglado sus cuentas con el Tesorero de Puerto Rico y satisfecho a éste todas las cantidades de las cuales fuere responsable; Disponiéndose, que por razones suficientes y siempre que los intereses del Gobierno Insular resultaren con ello beneficiados, podrán hacerse los necesarios pagos de retribución o salario devengado por personas en descubierto con El Pueblo de Puerto Rico, que continúan en el servicio del Gobierno Insular, mediante la recomendación del Contador, aprobada por el Gobernador.
      “En todos los casos en que la paga o salario de alguna persona, o una cantidad por reclamación reconocida como buena contra El Pueblo de Puerto Rico, se retuviere en cumplimiento de este artículo, deberá el Contador abonar a cuenta de la deuda o persona alcanzada la cantidad así retenida o la parte de ella que fuere necesaria para satisfacer o extinguir dicha deuda.” 3 L.P.R.A. ant. see. 278.

       Lo anterior es cónsono con la norma de la prescripción extintiva, la cual “es materia sustantiva y no procesal, regida por las disposiciones del Código Civil como una de las formas de extinción de las obligaciones”. Martínez v. Soc. de Gananciales, 145 D.P.R. 93, 101 (1998). Véase García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 D.P.R. 137, 142 (1994). La aludida norma tiene como propósito “el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los derechos y asegurar el ‘señorío de las cosas’ al evitar litigios difíciles de adjudicar debido a la antigüedad de las reclamaciones”. Martínez v. Soc. de Gananciales, ante, págs. 101-102. Véanse, además: Muñoz v. Ten General, 167 D.P.R. 297 (2006); Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 588 (1990); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).
      El efecto práctico de esta norma es que “ ‘cumplida la prescripción que quita al derecho del acreedor su fuerza coactiva, por despojarlo de la acción, se ha satisfecho el interés público, y es al particular interesado a quien le corresponde su liberación para satisfacer sus conveniencias individuales’ ”. Ortega et al. v. Pou et al., 135 D.P.R. 711, 714 (1994). Véase Cintrón v. E.L.A., ante, pág. 589. Así, pues, extinguida la acción destinada a hacer valer el derecho, subsiste entre las partes una obligación natural o moral aun cuando es irreclamable por la vía judicial. íd.

       Con respecto a lo anterior, basta con señalar que en su apelación ante el foro apelativo intermedio el peticionario expresamente reconoció que el fundamento de su reclamación era, “ha sido y continúa siendo que en nuestro ordenamiento jurídico, todo acreedor, incluyendo el Departamento de Hacienda está impedido de cobrar aquellos créditos que jurídicamente estén prescritos. Esto es precisamente lo que ha hecho el Departamento de Hacienda en este caso. Hacienda ha cobrado de forma ilegal una deuda prescrita y por ello procede la devolución de este cobro efectuado en violación de ley”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 58.