author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Díaz, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3068.

    Visito: Noviembre 27, 1923.

      Resuelto: Julio 12, 1924.
    Servidumbre de Luces t Vistas — Acción Negatoria de Servidumbre Enta-blada por el Usufructuario del Solar — Causa de Acción. — El usufruc-tuario de un solar del municipio y dueño de la casa en el mismo enclavada tiene derecho a establecer la acción negatoria de servidumbre siempre que el municipio sea incluido como parto demandante o demandada.
    SeNtenoia de Pablo Berga, J. (Humaeao), en una acción sobre de-molición de obra y negatoria de servidumbre, declarando con lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      J. C. Rivera, abogado de los apelantes; F. González Fagtmdo, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso establece apelación el demandado Rivera contra la sentencia que le ordena proceder a cerrar ciertas ventanas y destruir la escalera construida a una distancia menor de la prescrita, de la propiedad del demandante, e insiste en que la corte inferior incurrió en los siguientes errores:

(1) Al declarar sin lugar la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una cansa de acción a favor del demandante;

(2) Al desestimar la defensa de estoppel'aducida por los demandados;

(3) Al apreciar en su totalidad las pruebas practicadas •en el juicio por ambas partes, y los procedimientos puestos en práctica, en el sentido de que la preponderancia de las mismas estuvo de parte del demandante, con ese motivo la corte inferior demostró parcialidad o prejuicio contra los demandados;

(4) Al no tomar en consideración las costumbres locales establecidas en Gurabo, explicando el alcance y significación de la ordenanza en cuestión.

La proposición como fue sometida en el primer señala-miento está subdividida en esta forma:

“(a) Que el ejercicio de la acción negatoria de servidumbre compete única y exclusivamente al dueño de la heredad, finca o fundo cuya libertad se pretende;
“ (b) Que no puede hacerse parte demandada a un municipio en un caso de esta naturaleza, sin antes solicitar del mismo que se una al demandante o lo que es igual, sin alegar y probar que dicho mu-nicipio se negó a figurar como parte demandante también;
“ (o) Que interpretar la ordenanza en Cuestión en el sentido que lo hizo la corte inferior, sería declarar tácitamente que' dicha orde-nanza es anticonstitucional, por cuanto priva a un ciudadano del libre goce y disfrute de sus derechos de propiedad sin el debido pro-ceso de ley.”

El párrafo segundo implica más bien una indebida acu-mulación de partes demandadas, de lo cual el municipio nose queja, que una falta de hechos suficientes para- constituir una causa de acción. El tercero, si fué considerado de al-gún modo por la corte inferior o siquiera promovido por excepción previa, no está sostenido en el alegato por nin-guna cita de autoridades o argumento que merezca seria consideración.

El primero está sustancialmente resuelto por la corte-sentenciadora y algo más terminantemente que al desesti-marse la excepción previa, al resolverse el caso por sus mé-ritos de este modo:

“Sentados estos'hechos, y teniendo en cuenta la contestación a la demanda, sólo hay que estudiar y resolver dos cuestiones, a saber r
“¿Puede el demandante establecer su acción negatoria de servi-dumbre, sin ser dueño del solar, incluyendo como demandado al Mu-nicipio, de G-urabo, dueño del mismo?
“¿Puede el demandado, construir la escalera de su casa ocu-pando parte del callejón que debe- existir entre ambas casas?
“En cuanto al primer punto estamos por la afirmativa, y fun-damos esta conclusión en la jurisprudencia establecida por la corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Díaz v. Guerra, 18 D. P. R. 819. En aquel caso se sostiene que no siendo el demandante dueño' del solar en que estaba enclavada la casa y sí el Municipio de Río> Piedras, que no figuraba en el pleito, ni como demandante ni como-demandado, el demandante no tenía acción para ejercitar la acción negatoria de servidumbre. Es decir que la corte suprema sostuvo-que en una acción de esta naturaleza, debía ser demandante o de-mandado, el Municipio dueño del terreno, pero esta sentencia nunca podría interpretarse en el sentido que quiere hacerlo el demandado, o sea, que- como el demandante no es dueño del solar y el Municipio se calla, puede establecer una servidumbre de luces y vistas, que sólo perjudica al usufructuario del solar dueño de la casa. Esto se prestaría a combinaciones para perjudicar a una persona, lo cual no está permitido por nuestras leyes. El que tenga la propiedad de una finca, cuyo usufructo pertenezca a otro, podrá imponer so-bre ella, sin el consentimiento del usufructuario, las servidumbres que no perjudiquen al derecho del usufructo, pero en este caso no po-dría hacerlo, pues se trata de una .servidumbre de luces y vistas que vendría sólo a perjudicar la casa y no el solar. A nuestro juicio, es claro que el usufructuario del solar y dueño de la casa tiene de-recho a establecer la acción negatoria de servidumbre, siempre que el dueño del solar sea incluido como demandante o demandado y en este caso concreto, fue incluido como demandado, sin duda porque los representantes del Municipio' no actuaron sobre las quejas del de-mandante, y su silencio implicaba una acquieseencia a los actos del demandado Gregorio A. Rivera.
“Pero ahondando más en esta cuestión, la corte entiende que la teoría sustentada por la corte suprema de Puerto Ricoj no ha sido sostenida en posteriores decisiones y puede decirse que ha sido modi-ficada. Véanse los casos de Sociedad Agrícola de Gurabo v. Her-nández et al., 19 D. P. R. 817 y Rabell v. Rodríguez, et al., 24 D. P. R. 566. Aquí no hay discusión alguna sobre si el demandado tiene derecho a la servidumbre de luces y vistas, pues no lo ha ale-gado. Es un hecho cierto y probado, que dada la distancia que hay entre la pared de la casa del demandado y la línea divisoria de am-bas propiedades, el demandado Gregorio A. Rivera no tiene derecho a la servidumbre de luces y vistas por él establecida, pues no existe la distancia de dos metros que exige el artículo 589 del Código. Cí-•vil.
“En el caso antes citado y en el de García v. García, 25 D. P. R. 137, 141, se sostiene por la Corte Suprema la siguiente doctrina:
“ ‘No se trata de huecos o ventanas de treinta centímetros en cuadro, abiertos a la altura de las carreras. . El demandado ha he-cho más: tiene abiertas en una pared contigua puertas y ventanas con vistas rectas que sólo tendría derecho a abrir de acuerdo con la ley. Artículo 589 citado, si la pared de su casa1 estuviera edificada a dos metros de la colindaneia de su solar con el solar del deman-dante.’ ”
“‘La existencia de'los antiguos interdictos y el hecho de que el antecesor del demandante no recurriera al de obra nueva para hacer valer sus derechos dentro del plazo fijado por la ley. ¿Pue-den influir en la decisión de este caso? En modo alguno.”
“En cuanto al segundo punto, la defensa de ‘Estoppel’ no está sostenida por la prueba. No puede existir relación alguna entre este caso y el de Rabell v. Rodríguez et al., antes citado. En el presente, el demandante protestó inmediatamente que comenzó la construcción de la escalera y cuando las autoridades municipales no tomaron ac-.ción alguna, entonces presentó su demanda ante esta corte de dis-trito, pidiendo la demolición de la escalera.
"Es de advertir que la casa se construyó y cuando estaba termi-nada, entonces se trató de baeer la escalera entre el callejón de am-bas propiedades, ocupando la mitad de éste. Interpretando la or-denanza municipal vigente en el Municipio de Gurabo que deter-mina ‘que entre una casa de madera y otra de concreto, debe existir un espacio de dos metros divididos en dos partes iguales, corres-pondiente un metro a la servidumbre de la casa contigua,’ no cabe llegar a la conclusión, de que uno de los vecinos ocupe parte del ca-llejón con una construcción, pues no es ése .el espíritu ni la letra de la ordenanza. Y tan es así, que en el caso de la Sociedad Agrícola de Gurabo v. Hernández et al., 19 D. P. R. 821, se sostuvo que Her-nández no podía ocupar parte del callejón que debía existir entre las dos casas porque infringía una ordenanza municipal y causaba perjuicios a la demandante, la que si luego quisiera construir la casa de nuevo, tendría forzosamente que dejar libre el espacio de dos metros que debe existir entre las casas de maderas.
"La costumbre se invoca como ley por el demandado, pero cuando bay una ley clara y terminante, no se puede aplicar el derecho con-suetudinario, que sólo existe a falta de ley escrita.
"Las infracciones de la ordenanza que se hayan realizado en Gu-rabo y sobre las cuales no se haya establecido acción alguna, no crean-un estado de derecho que puede abolir el que tiene Manuel Díaz Marxuach de acuerdo con la ordenanza vigente.”

Aparte de la cuestión de modificación de la anterior re-gla de esta corte en decisiones posteriores, cuestión que no «s necesario resolver o discutir ahora, no encontramos en la precedente cita, que trata tanto del cuarto, como del primer señalamiento, ningún error tan manifiesto que requiera la revocación de la sentencia.

El segundo señalamiento pudo haber prevalecido si el demandado al tener lugar el examen de repreguntas de los dos testigos principales del demandante no hubiera estable-cido un hecho que no salió a relucir en el interrogatorio directo, o sea que se hizo la oportuna protesta no solamente a las autoridades municipales sino también al demandado Rivera personalmente.

Un examen cuidadoso del récord taquigráfico no revela semejante error manifiesto en la apreciación de la prueba que justifique a esta corte en modificar la sentencia apelada,. la que debe confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Noriega & Alvarez, Demandante y Apelante, v. The New York and Porto Rico SS. Co., Demandada y Apelada.
    No. 3248.

    Visto: Mayo 28, 1924.

      Resuelto: Julio 14, 1924.
    Memorándum de Costas — Radicación Prematura del Memorándum de Costas. ■ — Cuando el memorándum de costas se presenta en la corte inferior antes de ser recibido en ella la sentencia del Tribunal Supremo, la radicación del memorándum es prematura, por lo cual procede su eliminación. Y el hecho de que la parte condenada en costas pidiera prórroga para impugnar el memorándum no implica una renuncia a su derecho de solicitar la eliminación.
    ResoluoiÓN de B. Díaz Ontrón, J. (Poio.ce), desestimando oposición al memorándum de costas.

      Bevocada.

      Martínez Nadal, Tormes y Colón, j C. del Toro Fernández, aboga-dos de la apelante. O. B. Frazer j B. Castro Fernández, aboga-dos de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apeló de una sentencia de la corte inferior que declaró sin lugar su demanda y lo condenó a pagar al demandado la cantidad de $1,130.95 y las costas,- senten-cia que fué confirmada por nosotros. Nuestra sentencia cer-tificada por nuestro secretario el día 3 de agosto de 1923 fué presentada en la secretaría de la corte inferior el 7 de agosto, cuando el día antes había' sido presentado en ella el memorándum de costas del demandado. El demandante pi-dió prórroga para alegar contra dicho memorándum y ha-biéndosele concedido se opuso después a la aprobación de dicho memorándum de costas, alegando entre otras cosas que debía ser eliminado por haber sido presentado extem-poráneamente, antes de que se hubiera recibido en la secre-taría de la corte inferior nuestra sentencia en ese caso. El memorándum de costas fue aprobado por la corte inferior con algunas modificaciones y apelada esa resolución por el demandante alega como primer motivo de su recurso haberse cometido error al no ordenarse la eliminación que solicitó del expresado memorándum de costas por el motivo dicho.

La ley número 15 de 19 de noviembre de 1917 (2) (p. 229) dispone que la entrega del memorándum de costas se hará dentro de los diez días siguientes al en que haya ven-cido el término para apelar de la sentencia dictada en el caso de que no se hubiere apelado; y si se hubiere ape-lado, la entrega se hará dentro de los diez días siguientes al en que se haya recibido en la corte sentenciadora en pri-mera instancia aviso oficial de la resolución dictada en ape-lación en última instancia. Este precepto es claro y por tanto habiendo sido presentado el. memorándum de costas en este- caso antes de ser recibida en la corte inferior nues-tra sentencia confirmatoria, su radicación fué extemporánea y debió ser eliminado como pidió el demandante. Así lo hemos resuelto antes de ahora en el caso de la Empresa Teatral Poncena v. Municipio de Ponce, 30 D.P.R. 539.

Alega, sin embargo, el apelado que por haber pedido el demandante una prórroga de diez días para alegar contra dicho memorándum estaba impedido de solicitar su elimina-ción porque así evitaba que el demandado pudiera radicar en tiempo otro memorándum. No creemos sostenible ese ar-gumento porque la petición de prórroga no privó al deman-dante de su derecho para hacer todas las alegaciones que estimare convenientes.

Por el expresado motivo la resolución apelada debe ser revocada y dictarse otra eliminando el memorándum de cos-tas que se presentó.


text:
    Noriega & Alvarez, Demandante y Apelante, v. Cruz & Co., S. en C., Demandada y Apelada.
    No. 2901.

    Visto: Mayo 31, 1923.

      Resuelto: Julio 14, 1924.
    ■Letra de Cambio Endosaba sin Pecha — Endoso sin Fecha en Letras de Cam-bio — Interpretación del Artículo 463 del Código de Comercio — Presun-ción Disputable. — Según expresa el artículo 463 del Código de Comercio, la omisión de -la expresión de la fecha en el endoso de una letra de cambio, esté por otra parte firmado o no en blanco, produce un doble efecto. Deja la propiedad de la letra en .el endosante y crea una “simple comisión de ■cobranza ” Estas dos consecuencias van unidas inseparablemente y deben ■subsistir o desaparecer conjuntamente. Una no es más absoluta e inevitable que la otra. Interpretada una eon la otra y ambas a la luz del contexto, ■el precepto de que “la propiedad de la letra no se transferirá,” asi como la declaración de que el endoso “se entenderá como una simple comisión •de cobranza,” establece una condición legal prima facie. En uno u otro caso la presunción debe ceder a la prueba clara y convincente de la fecha real del endoso y de la existencia de una buena y suficiente consideración.
    SENTENCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponee), en una acción en cobro de dinero, desestimando la demanda con las costas, excluyendo' los honorarios de abogado.

      Revocada.

      J. Tons Soto, abogado de la apelante;

      >C. Brunet, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

.Noriega & Alvarez establecieron demanda basada en un giro protestado que literalmente es como signe:

“Antonio Mayoral. — No. 3463. — Al 30 de septiembre 1921.— Ponce, P. R., 30 de agosto 1921 — Páguese a la orden de Antonio Mayoral $547.50. — Quinientos euarentisiete 50/00 dollars. Sres. Cruz & Cía. Ponce.— (f) A. Mayoral. — Conforme al 30 septiembre 1921.— Cruz & Co.

Al reverso dice:

“ (f) A. Mayoral.— (f) Angel M. Mayoral. — Pay to the order of any Bank, Banker or Trust Company for deposit to the credit of Noriega & Alvarez, Sues. — Ponce, Porto Rico.”

El pago de este giro en la fecha de su vencimiento fné ne-gado por las razones aducidas por el socio gestor de la compañía demandada y que han sido expresadas en el do-cumento de protesto, a saber:

"Primero: Porque la mercancía que le fué vendida y que dió origen a que se expidiera el giro que abora se cobra, no fué entre-gada por el señor Mayoral y que dicho giro fué anulado por el ven-dedor señor' Mayoral en un documento que me exhibe el señor de la Cruz y que copiado literalmente lee así: ‘Si esta mercancía no fuere, entregada seguido, será nulo un giro aceptado por los mismos que vence el 30 de septiembre por $547.50 a cuenta de esta factura. A. Mayoral.' • La factura en cuyo dorso está escrito lo anterior-mente transcrito lee como sigue: ‘ Sres. Cruz & Co., Ponce, a Antonio Mayoral, Playa Ponce. — 100 S arroz a’$4.25, $425.00; 50 ha-rina de trigo a $8.00 $400.00, $f825.00. — Playa Ponce, 30 agosto 1921.’
‘ ‘ Segundo: porque en virtud de haber sido anulado el giro pro-testado según se explica en el párrafo anterior, dicho giro le fué de-vuelto a los señores Cruz y Compañía por el señor Mayoral y te-niéndolo sobre su escritorio el referido giro los señores Cruz y Com-pañía se les desapareció del sitio indicado.”

La consideración para el traspaso de este documento por el librador al hermano y por éste a los demandantes, está demostrada no sólo por la prueba testifical sino también por un cheque que dice así:

“Ponce, P. R. agosto 31 de 1921. — No. 7521. — Banco de Ponce.'— Pagúese a la orden de Angel M. Mayoral, $517.50 Cy. Quinientos diez y siete 50/100. — Noriega Alvarez, Sucers. — Al dorso (Angel M. Mayoral. — A. Mayoral. — Cleared. — Paying teller. — Sept. 1, 1921. — • The Royal Bank of Canada. — Ponce, P. R.”

Hubo además prueba testifical para acreditar la negocia-ción del giro, abono a cuenta y subsiguiente reembolso del banco que protestó el documento. La oferta para presentar prueba documental en este sentido fué desestimada por la corte inferior a iniciativa propia basada en que ya la cues-tión había sido suficientemente considerada por la prueba testifical a que acabamos de hacer referencia.

El socio gestor de la demandante manifestó que antes de descontar el giro él llamó al gestor de la compañía deman-dada al teléfono y ratificó la aceptación de dicho giro por los demandados. El socio gestor de los demandados mientras declaraba como testigo no contradijo o negó directamente esta manifestación.

La corte inferior fnndó sn sentencia a favor de los de-mandados en las siguientes conclusiones:

“1. Que la acción establecida se rige por el Código de Comer-cio de P. R. — 2. Que Antonio Mayoral fué el librador de la letra de cambio en contra de Cruz & Ca. S. en C., — y aceptada por ésta a vencer el 30 de Septiembre de 1921. — Dicha letra fué endosada por Antonio Mayoral a Angel Mayoral y Angel Mayoral a Noriega y Alvarez; todos esos endosos contienen solamente la firma de los endo-santes, sin la fecha de los mismos. — 3. El artículo 473 del Código de Comercio dice: ‘ Si se omitiere la expresión de la fecha en el endoso, no se transferirá la propiedad de la letra y se entenderá como una simple comisión de cobranza.’ Visto este artículo, la corte resuelve que', la demandante Noriega & Alvarez no es dueña por con-sideración alguna de dicho documento, y sí solamente un agente para su cobro, no siendo parte interesada en el resultado de este caso.— Jurisprudencia. Tomo 83, Sentencia No. 57 del Tribunal Supremo de España, página 266 y siguiente. — Por lo que la corte, llega a la conclusión de que- la demanda debe ser desestimada, con costas a cargo de la demandante, pero sin honorarios de abogado.”

Una breve reseña de los anteriores hechos en el alegato dó los apelantes hubiera facilitado el despacho de este caso. El alegato contiene, sin embargo, el debido señalamiento de error en el cual el abogado insiste en que:

“1. La corte erró al estimar que el endoso suscrito en blanco en este caso por Antonio Mayoral no trasmitió la propiedad de la le-tra de cambio de que se trata a. favor de Angel Mayoral y que el endoso también suscrito en blanco por éste no trasmitió dicha pro-piedad a la demandante Noriega & Alvarez.
“2. La corte erró al no estimar que se probó la trasmisión de la letra por Antonio Mayoral a Angel Mayoral y por éste a Noriega & Alvarez por suficiente consideración, teniendo por tanto dicha mercantil acción contra el aceptante de dicha letra independiente-mente de la forma del endoso.
"3. La corte erró al estimar que un endosatario, aun en el caso de que el endoso deba estimarse como una simple comisión de co-branza, no tiene acción contra dicho aceptante.”

Los artículos 461, el párrafo 49 del 462, 463 al 467 inclusive del Código de Comercio, prescriben lo siguiente:

“Art. 461. — La propiedad de las letras de cambio se transferirá por endoso.
“Art. 462. — * * *.
“4. La fecha en que>se hace.
“Art. 463. — Si se omitiera la expresión de la fecha en el endoso, no se transferirá la propiedad de la letra, y se entenderá como una simple comisión de cobranza.
“Art. 464. — Si se pusiere en el endoso una fecha anterior al día en que' realmente se hubiere hecho, el endosante será responsable de los daños que por ello se sigan a un tercero, sin perjuicio de la pena en que incurra por el delito de falsedad si se hubiere obrado mali-ciosamente.
“Art. 465. — Los endosos firmados en blanco, y aquellos en que no se exprese el valor, transferirán la propiedad de la letra y pro-ducirán el mismo efecto que si en ellos se.hubiere escrito ‘valor re-cibido. ’
“Art. 466. — No podrán endosarse las letras no expedidas a la orden, ni las vencidas y perjudicadas.
“Será lícita la transmisión de su propiedad por los medios re-conocidos en el derecho común; y si, no obstante, se hiciere el en-doso, no tendrá éste otra fuerza que la de una simple cesión.
“Art. 467. — El endoso producirá en todos y en cada uno de los endosantes la responsabilidad al afianzamiento del valor de la le-tra, en defecto de ser aceptada, y a su reembolso, con los gastos de protesto y recambio, si no fuere pagada a su vencimiento, con tal que las diligencias de presentación y protesto se hayan practicado en el tiempo y forma prescriptos en este Código.
“Esta responsabilidad cesará por parte del endosante que-, al tiempo de transmitir la letra, haya puesto la cláusula de ‘sin mi res-ponsabilidad. ’
“En este caso, el endosante sólo responderá de la identidad de ila persona cedente o del derecho con que hace la cesión o endoso.”

Las sentencias de la Corte Suprema de España citadas por el juez sentenciador dejan mucho que desear como de-claración definitiva y terminante de la conclusión a que dicho tribunal llegó con respecto al significado del precepto legal que en ella se interpreta; pero la teoría de la corte inferior parece encontrar decidido apoyo en las Islas Filipi-nas, donde la cuestión levantada bajo el primer señalamiento de error que aquí se alega, lia merecido detenida considera-ción. Véanse los siguientes casos: The International Banking Corporation v. A. A. Montagne, tomo VI, Philippine Reports, 667; Warner, Barnes & Co. v. E. Diaz & Co., X, Philippine Reports, 418; Chioco v. Inchausti & Co., X, Philippine Reports, 495; The Honkong & Shanghai Banking Corporation v. F. C. Peters y E. J. Hawkes, 16 Philippine Reports, 284; N. T. Hashim & Co. v. The Estate of John Kernan, XI, Philippine Reports, 435.

Sin embargo, según el criterio que sostenemos en este caso, la resolución final de la cuestión en esta jurisdicción puede aplazarse hasta que un caso de más importancia incite el interés de los abogados a hacer una investigación más acabada de la cuestión que se discute.

Según expresa el artículo 463 supra, la omisión de la ex-presión de la fecha en un endoso, esté por otra parte fir-mado o nó en blanco, produce un doble efecto. Deja la pro-piedad de la letra en el endosante y crea una “simple comi-sión de cobranza.” Estas dos consecuencias van unidas in-separablemente y deben subsistir o desaparecer conjunta-mente. Una no es más absoluta e inevitable que la otra. Interpretada una con la otra y ambas a l'a luz del contexto, ■el precepto de que “la propiedad de la letra no se transfe-rirá,” así como la declaración de que el endoso “se enten-derá como una simple comisión de cobranza,” establece una ■condición legal prima facie. En uno u otro caso la presun-ción debe ceder a la prueba clara y convincente de la fecha real del endoso y de la existencia de una buena y suficiente ■consideración.

En el presente caso la prueba en conjunto no da lugar a ninguna duda razonable acerca de una u otra de estas cues-tiones. Puede ser y al parecer es cierto que Antonio Mayoral perpetrara un enorme fraude contra la demandada en •este caso. Pero no existe nada que demuestre que los de-mandantes fueran partes en el mismo o en alguna conspira-ción relacionada con él. En cnanto a ellos y los demanda-dos, el resolver que los demandantes deben sufrir la pérdida debido a un mero tecnicismo y a pesar de los hechos indis-cutibles del caso, equivaldría a una burla de la justicia.

En vista de las circunstancias no es necesario que consi-deremos los méritos del tercer señalamiento.

Debe revocarse la sentencia apelada.


text:
    Saavedra, Administrador, Demandante y Apelante, v. Moreno, Demandado y Apelado.
    No. 2846

    Vista: Noviembre 6, 1923.

      Resuelto: Julio 21,1924.
    Desahucio — Decha de Documento Privado Respecto a "Terceros” — Contrato de Arrendamiento Celebrado por Mandatario. — DI contrato de arrenda-miento por seis años, base del pleito en este caso, os un documento privado que se alega fué otorgado por el mandatario del dueño de la propiedad, algunos meses antes de ser nombrado el administrador judicial que estableció la acción de desahucio, alegando la falta de pago del canon de arrenda-miento de un mes, mediante contrato verbal. Se resolvió: que con arreglo-ai artículo 1247 como fué enmendado en 7 de marro de 1912, los contratos celebrados por mandatario deberán constar en documento auténtico; y a falta de prueba de que la fecha de. un documento privado es Verdadera, e indicando todas las circunstancias lo contrario, no tiene fuerza probatoria el contrato de arrendamiento otorgado por el apoderado en este caso, el cual, no se contará respecto a tercero, habiendo sido la intención do la legislatura dejar a los mandantes en condición más o menos igual a la dé-los terceros en general dentro del significado del artículo 1195 del Código-Civil.
    Sentencia de Charles F. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito),, en una acción de desahucio, declarando sin lugar la' demanda,, con las costas al demandante.

      Revocada la sentencia, decretán-dose el desahucio, sin costas.

      D. Monserrat, Jr., abogado del apelante; C.. Honoré, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del' tribunal.

El demandante, como administrador judicial, estableció-una acción de desahucio contra el demandado, alegando la. falta de pago del canon de arrendamiento de nn mes por virtud de nn contrato verbal de arrendamiento, por el canon de $105 mensuales. El demandado alegó entre otras defen-sas nn contrato por escrito por el plazo de cinco años a ra-zón de $100 mensuales, el ofrecimiento de pago de esa can-tidad, la negativa del demandante a aceptarla y su consigna-ción en la corte.

De modo que la suma envuelta en este pleito, según apa-rece de la faz de las alegaciones, de acuerdo con la teoría a virtud de la cual fué celebrado el caso en la corte inferior y sometido en apelación sería,, según parece, cuestión de $5 mensuales por más de un>período de tiempo de algo menos de cinco años, o sea una suma que no excede de $300.

La corte inferior, después de un juicio sobre los méritos del caso declaró sin lugar la demanda tomando por base el beeho de existir un contrato por escrito. La opinión emi-tida: por el juez sentenciador no discute la cuestión principal levantada por el apelante en su alegato, ni tampoco men-ciona el término de duración del contrato con excepción de la referencia que bace a la defensa arriba citada.

. El alegato del apelante así como el del apelado se basa en la teoría de un contrato por un término de cinco años. Fué sólo después de baber sido preparado y sometido al tribunal por el juez que informa un memorandum fundado en este aspecto de la cuestión que se descubrió que el contrato ofrecido como prueba fijaba un término de seis años en vez de cinco. El caso fué entonces nuevamente señalado para una segunda vista a la cual no compareció el apelante, y el apelado no puso, en tela de juicio la exactitud de la copia del contrato como consta en los autos. '

La verdadera cuestión envuelta como ba sido presentada én los alegatos, no se desarrolla debidamente por una u otra .parte, y el apelante no tendría ninguna .razón para quejarse si fuera confirmada la sentencia apelada, por el fundamento -de que se presume que es correcta basta tanto se demues-tre lo contrario.

Sin embargo, la circunstancia de que la corte inferior aparentemente actnó tomando por base nn snpnesto contrato de cinco años cnando el hecho real fné qne el contrato era por seis años, tal vez es suficiente para destruir esa presun-ción si la diferencia en el término pudiera afectar al resul-tado. Y sea esto como fuere, la probabilidad de un error que requiera la revocación de la sentencia parecía tan ma-nifiesta, que no pudimos convenir en' resolver el caso sin entrar en una consideración de sus méritos.

El contrato de arrendamiento en que descansa el pleito en un documento privado que se alega fué celebrado por el mandatario de los dueños de la propiedad arrendada algu-nos meses antes del nombramiento de un administrador judicial. Que el nombramiento y toma de posesión del admi-nistrador judicial produjo, ipso facto, la terminación de cual-quier mandato preexistente, parece ser un hecho aceptado y admitido por todas las. partes interesadas, y para los fines de esta opinión no es necesario impugnar la certeza de esa teoría.

En el alegato del apelante se hace referencia al artículo 1847 del Código Civil como fué enmendado por la Ley No. 65 de fecha marzo 7 de 1921, sin referirse al título o página. No encontramos tal enmienda en las leyes de ese año y en-tendemos que la ley que lleva igual fecha de día y mes así como el mismo número, en la página 113 de las leyes de 1912, la que tuvo presente el abogado.

El artículo 1195 y 1247, párrafos 1 y 2 del Código Civil, como fueron enmendados en el año 1912, prescriben lo si-guiente :

“Artículo 1195. — La fecha de un documento privado no se con-tará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido in-corporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cual-quiera de los. que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio.
“La misma disposición se aplicará respecto al mandante, con relación a los contratos afectados por mandatarios, en los casos a que se refieren y salvo las excepciones que consignan los artículos 1640 y 1247, en sus últimos respectivos párrafos de este Código."
“Artículo 1247. — Deberán constar en documento público:
“1. Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación, o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.
“2. Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más años, siempre que deban perjudicar a tercero.
“3.
“4.
“5. El poder general para pleitos y los especiales que deben' pre-sentarse en juicio; el poder para administrar bienes de cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que debe redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.
“También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea pri-vado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de $300.
“En todo.caso, los contratos efectuados por intervención de man-datarios deberán constar en documento auténtico, concediéndose por el presente "artículo a los jueces municipales y- de paz, en ausencia de' notaiúo, facultades para certificar las declaraciones de autentici-dad de dichos contratos, en la forma determinada por la ley esta-bleciendo un registro de affidavits o declaraciones ante notarios y otros funcionarios, aprobada en marzo 12 de 1908.
“No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, serán váli-dos los contratos de comercio efectuados por correspondencia y to-dos aquellos en que la formalidad del documento auténtico pueda constituir una demora perjudicial a la naturaleza y rapidez del trá-fico mercantil.”

Las enmiendas consisten en el párrafo final adicionado al artículo 1195 y loá dos últimos párrafos agregados al'ar-títculo 1247.

La cuestión de si un contrato de arrendamiento celebrado por un período de tiempo menor de seis años debe o no ha-cerse constar por documento auténtico, por caer dentro del alcance del párrafo penúltimo del artículo 1247 como fué. enmendado, queda, por supuesto, eliminada por el término de seis años del contrato que ahora consideramos.

Si el artículo 1195 establece una mera presunción juris tcmtum que debe ceder ante la prueba clara y convincente de que la fecba expresada en un documento privado es au-téntica, o excluye semejante prueba junto con el documento mismo, es otra cuestión que no es necesario discutir abora, por la razón de que en el presente caso no existe ninguna demostración muy satisfactoria en este sentido. Por el con-trario, examinadas todas las circunstancias, éstas tienden de un modo persuasivo a indicar la existencia de un documento fundado con fecba anterior. Véase, sin embargo, el tomo 9 de Manresa, pág. 471.

En verdad que fué prácticamente admitido por el abogado del apelado en la segunda vista que si los mandantes repre-sentados por el mandatario que celebró el contrato de arren-damiento eran “terceros” dentro del alcance del artículo 1195 como fué enmendado, entonces la sentencia apelada no podía subsistir.

Aunque la redacción de la nueva materia contenida abora en la versión inglesa de ese artículo no sigue exactamente al texto castellano, que es algo más inteligible, sin embargo, interpretando las dos conjuntamente creemos que el propó-sito del precepto es claro en tanto concierne a nosotros. O la Legislatura tuvo la intención de colocar a los mandantes, en lo que respecta a contratos celebrados por sus mandata-rios, en una condición más o menos igual a la que ya tenían los “terceros” en general, en el sentido en el cual se em-plean las palabras citadas en el artículo 1195 o, de otro modo la enmienda carece de significado. Por lo menos no se ba dado ninguna, otra explicación más plausible sobre el pro-pósito que tuvo la legislatura; y en ausencia de una u otra sugestión, nos vemos obligados a declarar que significaba lo que sustancialmente expresaba.

Con la sabiduría de la innovación o de los motivos que la impulsaron, con excepción de que en cuanto a éstos, de ser conocidos, podrían servir para suministrar alguna luz sobre la intención, nada tenemos que ver. Tal vez si algu-ñas distinciones pueden señalarse, según surja la ocasión, pero las cuestiones que no están necesariamente envueltas aquí no hay necesidad de considerarlas por anticipado.'

La sentencia apelada debe ser revocada.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    Sucesión González, Demandante y Apelada, v. Roque González & Cía., Sucs., S. en C., Demandados y Apelantes. Alvarez et al., Demandantes y Apelantes, v. Portela et al., Demandados y Apelados.
    Nos. 2767 y 2768.

    Visto: Mayo 19, 1924.

      Resuelto: Julio 23, 1924.
    Sociedades en Comandita — Injunction pasa Prohibís, el Uso de Cierto Nombre en la Bazón Social — Good Will — Prueba.—La viuda y la hija de Boque González, socios comanditarios de "Sucesión de Boque González, S. en O.,” .comerciantes en mercancías secas, dedujeron demanda de injunction contra ‘‘Boque González y Co., Sucesores,” también comerciantes en mercancías secas, para que se abstuvieran de usar el nombre de Boque González en la razón social de la demandada, de la cual formaron parte anteriormente las ■demandantes como comanditarias, alegando que tal nombre les pertenece ex-clusivamente y alegando perjuicios por la usurpación. Se resolvió: que ■aparte de que ambas sociedades estaban infringiendo el artículo 147 del Código de Comercio porque muerto Boque González a la fecha en que ambas se constituyeron su nombre no. debía figurar en la razón social de ninguna de ellas, demostrando la prueba que al vencimiento del término de la primi-tiva sociedad en comandita ‘‘Boque González, & Co., Sucesores,” las deman-dantes, que eran socios de la misma, vendieron su interés en la mercantil a dos de los gestores, quienes quedaron, según el contrato de venta, ‘‘como únicos interesados en los bienes, acciones y derechos y en la liquidación,” retirándose las vendedoras ‘‘de toda participación e interés” en los bienes, es preciso concluir que el buen nombre (good will) de ‘‘Boque González & ’Co., Sucesores,” era uno de los bienes que fueron objeto de la enajenación ■por parte de las vendedoras, quienes, por tanto, nada pueden redamar, tanto más cuanto que no se ha demostrado la existencia de perjuicio.
    íd. — Id.—Perjuicio.-—No demostrándose la existencia de un verdadero perjuicio, ni una competencia injusta en los negocios, no cabe expedir el auto de in- . junction solicitado.
    SENTENCIA de M. Rodríguez 8erra, J. (San Juan, Segundo Distrito) . • en un procedimiento de injunction, declarando con lugar la de-manda y que cada parte pagará sus costas. (2767)

      Revocada, y declarada sin lugar la demanda, sin costas. (2768) Confirmada.

      H. G. Molina, abogado de las apelantes; Texidor & de la Haba, abo- ■ 'gados de los apelados.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Dos procedimientos de injunction fueron iniciados en la corte inferior en abril de 1921. Guardan estrecha relación. Fueron resueltos por senteücias de agosto 8, 1921, fundadas en una sola opinión. La tramitación de las apelaciones es-tablecidas contra las sentencias ha sido muy lenta y labo-riosa. La transcripción no se archivó hasta mayo 22, 1922. Se tardaron meses en la presentación de alegatos y tuvieron luga! dos vistas ante el Tribunal Supremo. Conjuntamente se celebraron dichas vistas y por esta sola opinión se estu-diarán y resolverán todas las cuestiones envueltas.

De la - prueba documental aportada aparece que el 1 de marzo de 1915, por escritura pública, se constituyó en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, una sociedad mercantil “para negociar y traficar en la compra y venta de telas, pa-ños, calzados, géneros y prendas de vestir y artículos de mercería, especialmente, y en. general para toda clase de ne-gocios y operaciones de lícito comercio,” por término de dos años prorrogable por otro más, bajo la razón social de Boqioe González y Co., siendo socios gestores Roque Gonzá-lez y José Benito Alvarez y comanditario Agustín Sobrino. El capital de la sociedad se fijó en sesenta mil dólares apor-tando González cuarenta y cinco mil, Alvarez cinco mil, y Sobrino diez mil. Se acordó que la muerte de alguno de los socios no disolvería la sociedad que continuaría hasta su término “bajo la administración y gerencia del sobrevi-viente, sin la intervención de los herederos del fallecido o fallecidos.”

El 17 de febrero de 1916 o sea antes de un año después de haberse constituido la sociedad, murió el socio gestor Roque González y la sociedad continuó de acuerdo con lo pactado bajo la dirección del otro socio gestor José Benito Alvarez.

El 5 de marzo de 1918 comparecieron ante notario pú-blico, personalmente o por medio de apoderados, José .Benito Alvarez, Agustín González, Laureano Alvarez, Trinidad María de la Asunción Sobrino, viuda de Roque González, Raquel María Trinidad González, bija de Roque González, y Agustín Sobrino, y constituyeron una sociedad mercantil en San Juan, P. R., bajo la razón social de Roque González y Co., Sucesores, “para negociar y traficar en la compra y venta de telas, paños, calzado, géneros, prendas de vestir y artículos de mercería, especialmente, y en general para toda clase de negocios y operaciones de lícito comercio,” siendo su término dos años que empezarían a correr el 1 de marzo de 1918, término prorrogable por un año más, y sus socios gestores José Benito Alvarez, Agustín González y Laureano Alvarez, y comanditarios la viuda y la bija de Roque González, y Agustín Sobrino. Se-fijó el capital en setenta y' cinco mil dólares. J. B. Alvarez aportó veinti-cinco mil, A. González veinticinco mil, L. Alvarez cinco mil, y los comanditarios veinte mil.

Por su término prorrogado de tres años, funcionó la mer-cantil Roque González y Co., Sucesores, y el día 5 de marzo de 1921 volvieron sus socios, personalmente o por medio de apoderado, a comparecer ante notario y otorgaron una es-critura en la que expusieron que hábían “convenido consig-nar la disolución de la sociedad en instrumentó público, pa-garle sus haberes a don Agustín González y a la Sucesión de don Roque González, y nombrar liquidador.” Y llevando a efecto lo pactado, declararon disuelta y en estado de li-quidación la sociedad mercantil Roque González y Co., Su-cesores; aprobaron los actos de sus gerentes; “estando con-venido que don Agustín González y la Sucesión de Roque González se retiran de toda participación e interés de la so-ciedad disuelta, en sus bienes y derechos y en su liquida-ción,” el don Agustín depositó cierta suma para pagar las contribuciones sobre beneficios excesivos y se hizo responsa-ble basta cierta cantidad y durante cierto término de los quebrantos de las cuentas comprendidas en el balance de 28 de febrero de 1921; hicieron constar que el saldo a favor del socio González era $17,443.92 y el saldo a favor de la Su-cesión de Roque González $8,597.38, y González por sí y a nombre de la Sucesión confesó recibidos dichos saldos y otorgó formal carta de pago; y “en virtud de retirarse de toda participación en la sociedad disuelta’’ don Agustín y la viuda y la bija de Roque González, se hizo constar que quedaban “como únicos interesados en los bienes, acciones y derechos y en la liquidación de la misma” los otros so-cios J. B. Alvarez, L. Alvarez y A. Sobrino, quienes nom-braron liquidador a J. B. Alvarez.

Así las cosas, el 11 de marzo de 1921 José Benito Alvarez y Laureano Alvarez, personalmente, y José María Alvarez y Agustín Sobrino, por medio de apoderados, constituyeron una sociedad mercantil para girar bajo la razón social de Roque Gonmles y Co., Sucesores, con domicilio en San Juan, P. R., por término de dos años que comenzaría a regir el 1 de marzo de 1921, prorrogadle por diez meses, y “para ne-gociar y traficar en la compra y venta, al por mayor y me-nor, por cuenta propia o en comisión, de telas, paños, cal-zado, géneros, prendas de vestir y artículos de mercancía, especialmente, y en general para toda clase de negocios y operaciones de lícito comercio.” J. B. Alvarez y L. Alvarez eran socios gestores y J. M. Alvarez y A. Sobrino comandi-tarios, siendo el capital social $86,000; $40,000 impuestos por J. B. Alvarez, $30,000 por L. Alvarez; $10,000 por el comam-ditario Sobrino y $6,000 por el otro comanditario J. M. Alvarez. Se hizo constar además en la escritura que la so-ciedad así constituida tomaba a su cargo la liquidación de la sociedad Roque González & Co., Sucesores, disuelta por escritura de 5 de marzo de 1921 y de la cual era único liqui-dador J. B. Alvarez.

Pechada el 1 de marzo de 1921, la nueva sociedad consti-tuida por escritura de 11 del propio mes de marzo, dirigió al comercio una circular que dice:

“Muy señor nuestro. — Por vencimiento de nuestro contrato social, ha sido disuelta la firma que giraba en esta plaza bajo la razón social de Roque González & Co. Suoesores, Sociedad eu Comandita, habiéndose constituido una nueva sociedad mercantil en Comandita con igual denominación, y que será continuadora y liquidadora de los negocios de aquella extinguida, según escritura pública otorgada ante el notario de esta ciudad don Damián Monserrat, Suro. — Son sus socios gestores don José Benito Alvarez Sobrino y don Laureano Alvarez Sobrino, y comanditarios don Agustín Sobrino Vicente y don José María Alvarez. — Mucho le estimaremos tome nota de las firmas estampadas al pie, y deseando merecerle la misma confianza dispensada a nuestros antecesores, nos reiteramos a sus órdenes, aten-tos y Ss. Ss. — Roque González & Co., Sucesores. — Don José Benito Alvarez, firmará. — Roque González & Co. Sues. — Don Laureano Alvarez, firmará. — Roque González & Co. Sues.”

Aparece también de la prueba documental que el 15 de marzo de 1921, por escritura pública, Gregorio Pórtela, Va-lentín Alvarez, Agustín González y la viuda y la bija de Ro-que González constituyeron una sociedad mercantil domici-liada en San Juan, P. R., bajo la razón social de Sucesión de Roque González y Co., S. en G., “para negociar y trafi-car especialmente en la compra y venta al por mayor y me-nor, por cuenta propia o en comisión de telas, paños, tejidos, .sedería, calzado, sombreros, prendas de vestir, artículos de quincalla y mercería, y en general para todos los negocio^ y operaciones de lícito comercio,” siendo Pórtela y V. Alvarez socios gestores, y A. González y la Sucesión de Roque González comanditarios. El capital se fijó en veinte mil dó-lares, de los cuales Pórtela impuso siete mil, V. Alvarez tres mil, A. González ocho mil y la Sucesión de Roque Gon-zález dos mil.

. Así las cosas, el once de abril de 1921 lq Sucesión de Ro-que González, compuesta de su viuda y de su bija, inició la demanda de injunction origen del primero de los pleitos que estamos considerando contra Roque González y Go., Suceso-res, compuesta de J. B. Alvarez, L. Alvarez, A. Sobrino y J. M. Alvarez. En ella se expresaron en forma condensada Tos hechos que dejamos narrados relativos a la constitución y disolución de las sociedades y, además, se consignó lo que sigue:

“Y la Sucesión demandante alega que ni expresamente-, ni por acto alguno suyo, ha consentido en ocasión alguna, en que el nombre de su causante Roque González ni el de su sucesión, se incluya en el título o razón social de la referida mercantil, y por el contrario, se ha opuesto al uso de tal nombre.
“VII. Que el uso del nombre Roque González por la demandada sin existir en dicha firma persona de ese nombre, y perteneciendo el mismo exclusivamente- a su Sucesión, perjudica grandemente a la demandante, al privarla del uso exclusivo del mismo en sus negocios, y al acarrearle responsabilidad solidaria en la mercantil ‘Roque Gon-zález & Co. Sucesores, S. en C.’ por permitir su uso.
“Y la demandante alega que tal uso del nombre del finado Roque González le causa un peí-juicio, cuyo valor no puede estimarse por el momento, pero sin embargo es de naturaleza irreparable, y no tiene una compensación- pecuniaria adecuada, ni remedio adecuado en ley.
“Y la demandante alega, que cuantas gestiones ha hecho para que la demandada ‘Roque González & Co. Suers. S. en C.’ y sus socios, desistan de usar el nombre de Roque González, han resultado infructuosas.
“Por todo lo que, la demandante suplioa a la coktb se sirva dictar un auto de Injunction contra la demandada ‘Roque Gonzá-lez & Company, Sucesores, S. en C.’, ordenándole que en el futuro se abstenga de usar en forma alguna el nombre de Roque González como parte de la razón social de la mercantil constituida por los so-cios de la demandada, y cualquier otro remedio que la corte estime procedente, con las costas y honorarios de abogados a la deman-dada.

El otro pleito sometido a nuestra consideración se inició el 23 de abril de 1921 por' la parte demandada en el primero contra la sociedad “Sucesión de Boque González y Co. S. en C.,” en solicitud de un auto de injunction prohibiendo a los demandados el uso en su firma de los nombres de “Suce-sión de Boque González” o “Boque González.”

La demanda fue declarada con lugar en el primero de los pleitos y sin lugar en el segundo y no conforme la so-ciedad Roque González y Co., Sucesores, constituida el H de marzo de 1921, interpuso los presentes recursos de apela-ción para ante este tribunal.

Hemos estudiado cuidadosamente los autos y los varios alegatos presentados y a continuación expondremos nuestro criterio sobre las cuestiones fundamentales envueltas que deciden, a nuestro juicio, los litigios, sin discutir aislada-mente los errores señalados, ya que ello alargaría innecesa-riamente de modo extraordinario esta opinión.

No bay duda alguna que las compañías de que se trata en estos pleitos se constituyeron teniendo en cuenta el Có-digo de Comercio que desde liace tantos años rige en Puerto Rico y que si bien lia sido necesariamente alterado a virtud de la aprobación de otras leyes, no lia sido aún objeto de «na revisión completa como lo fué desde los primeros años de la nueva soberanía el Código- Civil, o de una sustitución radical como en los casos de la Ley de- Enjuiciamiento Civil, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y otros. Esa circunstancia liace difícil la aplicación íntegra, en su propio espíritu, de algunos de los preceptos del indicado Código de Comercio que se oponen a prácticas mercantiles introdu-cidas por la realidad misma de la transformación operada.

Todo en estos pleitos gira alrededor del nombre de las sociedades demandadas. ¿Qué dice el Código de Comercio sobre ello!

Expresa diebo cuerpo legal — artículo 122 — que las com-pañías mercantiles se constituyen generalmente adoptando alguna de las siguientes formas: 1, la regular colectiva, en que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una. razón social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones; 2, la comanditaria, en que uno o varios sujetos aportan capital determinado al fondo común, para estar a las resultas de las operaciones sociales dirigidas exclusivamente por otros con nombre colectivo, y la anónima, en que formando el fondo común los asociados por partes o porciones ciertas, figura-das por acciones o de otra manera indubitada, encargan su manejo a mandatarios o administradores amovibles que re-presentan a la compañía bajo una denominación apropiada al objeto o empresa a qne destine sns fondos.

Tanto la primitiva mercantil Eoqne González y Co., de 1915, como la Eoqne González y Co., Sucesores, de 1918, la Eoqne González y Co., Sucesores de 1921 y la Sucesión de Eoque González y Co., S. en C., de 1921, fueron y son, de acuerdo con los hechos que dejamos narrados, sociedades co-manditarias y el art. 146 del Código de Comercio dice: “La compañía en comandita girará bajo el nombre de todos los socios colectivos, de algunos de ellos o de uno solo, debiendo añadirse, en estos dos últimos casos, al nombre o nombres que se expresen, las palabras ‘y compañía’, y en todos, las de ‘sociedad en comandita.’ ” Y el 147, expresa: “Este nombre colectivo constituirá la razón social, en la que nunca podrán incluirse los nombres de los socios comanditarios. Si algún comanditario incluyere su nombre o consintiese su inclusión en la razón social, quedará sujetoj respecto a las personas extrañas a la compañía, a las mismas responsabi-lidades que los gestores, sin adquirir más derechos que los correspondientes a su calidad de comanditario.” Las itáli-cas son nuestras.

Siendo ello así, se necesita de muy poco esfuerzo para concluir que sólo la primitiva sociedad Roque González y Cía. de 1915, giró, en cuanto al nombre, de acuerdo con la ley. En todos los otros casos se violó el precepto legisla-tivo, por qne Roque González había ya muerto y por lo tanto no podía ser ni figurar como socio colectivo, cuando se cons-tituyeron.

Si ésta fuera la única cuestión envuelta; si a los tribu-nales de justicia se les hubiera encomendado la tarea de ob-servar, a gestión de cualquier ciudadano o por propia inicia-tiva, si determinada sociedad mercantil cumplía o nó con la ley en cuanto al uso del nombre y en caso negativo la facul-tad de acordar las medidas necesarias para impedirlo, sería muy fácil decidir y debería decidirse en estos casos que am-bas sociedades demandadas cesaran de usar en sus razones sociales el nombre de Roque González, fallecido en 1916.

Pero ni ésa es nuestra tarea, ni tenemos esas facultades. Aquí, pidiendo que se dé cumplimiento al antiguo Código de Comercio, se han iniciado dos procedimientos modernos de injunction, de naturaleza equitativa, y esto envuelve otras consideraciones que deben tenerse en cuenta para actuar y fallar.

Refiriéndonos ahora exclusivamente al primero de los pleitos, preguntamos: ¿qué derecho tienen las demandantes para pedir el auto de injunction que solicitan? Alegan ellas que son la viuda y la hija y por tanto los herederos del nombre de Boque González. ¿Constituye el nombre de una persona una propiedad que se trasmite por herencia? El apellido de una persona se trasmite a sus hijos y descendien-tes y podrían imaginarse casos en que dichos hijos y descen-dientes pudieran recurrir con éxito a los tribunales de justi-cia en relación- con el. uso exclusivo de su apellido. Pero ése no es aquí el caso. Aquí no se trata de Boque González o del apellido González, sino de Boque González y Co., Sucesores.

¿Cuándo se usó por vez primera ese nombre comercial? Conocemos la constitución de Boque González y Co. en 1915. A juzgar por el nombre dado a la sociedad, por el capital impuesto por los socios y por la prueba testifical, Roque González era un antiguo comerciante de reconocido crédito. A él se unió José Benito Alvarez, quien, al ocurrir la muerte de Roque González, asumió la dirección exclusiva de la so-ciedad. ¿Qué ocurrió al vencerse el término del contrato? Una nueva sociedad fué formada. ¿Quiénes la constituye-ron? El antiguo socio José Benito Alvarez cuyo capital au-mentó de cinco a veinticinco mil dólares, y el antiguo coman-ditario Sobrino. La viuda y la hija de Roque González se convirtieron en socios comanditarios y dos nuevos elementos aportaron su concurso: Agustín González y Laureano Alvarez. ¿Qué relación tenía la nueva sociedad con la extin-guida? Nada se dice en la escritura. Sin embargo de lier clio fué su continuadora. Su nombre indicaba la entera ver-dad de lo ocurrido: Roque González y Co., Sucesores.

Es entonces por vez primera que se usa el nombre comer-cial origen de estos pleitos,' en una forma contraria al Có-digo de Comercio, como dejamos indicado, por el acuerdo unánime de los socios. Tal nombre fué desde entonces, 1918, una de las propiedades de la compañía, y a levantarlo se dedicó el esfuerzo de los socios, especialmente el de José Benito Alvarez que continuó siendo el cerebro director de Roque González y Co., Sucesores, 1918, como lo había sido de Roque González y Co. desde 1916 en que acaeció la muerte de Roque González. Hacemos esta afirmación de acuerdo con la prueba testifical y con las constancias de la misma es-critura de 1918. Por ejemplo de la escritura aparece que Agustín González aportó el mismo capital que José Benito Alvarez y eso no obstante el sueldo de Alvarez se fijó en-dos mil dólares anuales y el de González en mil, y el reparto de ganancias se pactó en una escala mayor para Alvarez. González parece que era un hombre enfermo que no podía dedicar todas sus actividades a la sociedad.

Así las cosas, transcurrieron los tres años del contrato. Los negocios prosperaron pero las relaciones entre los so-cios imponían ciertos cambios. Se había pactado en la es-critura de 1918 que “vencido el término social o la prórroga en su caso, se procederá a la liquidación de la sociedad, pa-gándose en primer lugar su pasivo, y luego a sus socios sus haberes, en efectivo, existencias, bienes, cuentas y créditos en regla de proporción.” No se siguió ese procedimiento. Los socios que verdaderamente dirigían el negocio pactaron la compra de sus participaciones a aquellos cuya interven-ción era de hecho por medio de su capital únicamente, a saber: Agustín González y la viuda y la hija de Roque Gon-zález.

En el acto del juicio declaró Laureano Alvarez amplia-mente y a la, siguiente pregunta: “¿Cuál fué el acuerdo?” contestó: “El de comprarle la participación de él, — se re-fiere a Agustín González — de la viuda y de la Rija de Roque González. .'. . . Entregarle en efectivo todo lo que tenían en la casa.” Y Victorio Ochoa, el otro único testigo que declaró en el juicio, dijo que intervino en las negociacio-nes como representante de Agustín Sobrino, uno de los co-manditarios, que dicho sea de paso es padre de la viuda de Roque González, “sobre proposiciones de venta.” “Se pagó -en efectivo sus partes — se refiere a A. González y a la viuda y la hija de Roque González — de acuerdo con las existencias de la casa, las cuentas y demás.” Y sostiene que tal proce-dimiento es muy distinto al de la liquidación que se pactó en el contrato social de 1918.

Es conveniente indicar que el testigo Victorio Ochoa no sólo actuó en esa ocasión como representante de Sobrino, sino que en otras ocasiones representó a la viuda y a la hija de Roque González y en las tantas veces repetida escritura de 1918 hay una cláusula que dice: “Todo asunto de dife-rencia que surgiere entre los socios gestores, será sometido a la opinión de don Victoriano Ochoa, o más personas si fuese necesario.”

No hemos perdido de vista los preceptos de la ley de evi-dencia que invoca la parte apelada. La escritura debe pre-valecer y prevalecerá en nuestra resolución, pero las ante-riores manifestaciones y otras del testigo Ochoa a que nos referiremos luego dan color y explican satisfactoriamente •ciertas cláusulas del contrato de disolución y permiten pe-netrar en la verdad de lo ocurrido.

La teoría de la compra de las participaciones de Agus-tín González y de la viuda y la hija de Roque González apa-rece claramente de la escritura de 1921. Cuando terminó ■en 1918 Roque González y Co., nada se dijo sobre su liquida-ción. Nada había que hacer porque la nueva sociedad cons-tituida comprendía todos los socios y de hecho más que li-quidarla lo que hizo fué continuarla. El caso fué algo dis-tinto en 1918, porque salían del seno social, se separaban, tres socios. Por eso convinieron “consignar la disolución de la sociedad en instrumento público, pagarle sus haberes a don Agustín González y a la Sucesión de don Roque Gon-zález, y nombrar liquidador,” como se dice textualmente en el contrato. El liquidador nombrado fué José Benito Alvarez quien quedó en el mismo local, con los mismos libros, el mismo material timbrado de escritorio y quien al constituir la nueva sociedad Roque González y Co., Sucesores, 1921, la encargó de la liquidación, siendo dicha sociedad de hecho la continuadora del negocio.

Pero hay más, existen en la escritura de disolución mani-festaciones expresas de que los socios a quienes se pagó en efectivo “se retiran de toda participación e interés de la sociedad disuelta, en sus bienes y derechos y en su liquida-ción,” quedando los otros socios, los que constituyeron la nueva sociedad Roque González y Co., Sucesores, 1921, “como únicos interesados en los bienes, acciones y derechos y en la liquidación. ’ ’

Aunque nada expresamente se pactara, es un hecho que el buen nombre, el good will, de Roque González y Co., Sucesores, 1918, era uno de sus bienes, era su exclusiva pro-piedad, y por tanto debe lógicamente concluirse que aquella propiedad quedó también “en. los tínicos interesados en los bienes” y que aquellos que se retiraron “de toda participa-ción e interés” en esos mismos bienes, ningún derecho tie-nen a reclamar. ’ En otras palabras, el nombre comercial “Roque González y Co., Sucesores,” adoptado en 1918, llegó a ser la propiedad de la sociedad constituida y pudo dispo-nerse de él por la sociedad y debe entenderse, dé acuerdo con las circunstancias que concurren, que de él se dispuso en la forma que hemos dicho.

. La conclusión a que hemos llegado está enteramente sos-tenida por las declaraciones de Laureano Alvarez y de Vic-toriano Ochoa, cuyas manifestaciones no impugnadas queda-ron enteramente en pie. Procuraremos . extractar las de Ochoa, conservando siempre el propio lenguaje del testigo. Dijo así:

“La costumbre comercial de muchos años en San Juan, es que cuando fallece alguno de los socios, o por cualquier cambio, cuando una parte compra la parte de la otra, si no quiere ponerle el nom-bre propio, pasa a ser sucesores y continuar los mismos negocios y aprovechándose de la parte que se ha comprado por ser un nombre conocido.
“Es una costumbre comercial. Nosotros estamos en las mismas condiciones. La Madrid & Co. La costumbre es cuando muere el primer socio, luego que se termina el contrato social, pasa a ser su-cesores como son la mayor parte de las casas en San Juan; es cuando se compra" la parte de contado, porque de lo contrario viene una li-quidación que siempre es perjudicial.
* « # « * # #
“Sí señor, en vez de esperar una liquidación se paga en dinero. Una liquidación siempre causa perjuicios y ahora más, se pueden perder quince o. veinte- mil pesos, al comprarle es para seguir los mismos negocios, con los mismos libros de la casa y necesitan el nombre para trabajar. Cuando fallece uno queda la sucesión y una segunda persona tiene el privilegio de ser socio de la anterior, queda con la misma firma y con los mismos libros. Una liquidación es per-judicial. Cuando se separan dos dice uno ‘no quiero que se use mi nombre,’ entonces no se compra y se sigue- con el nombre de uno.”
Sí Sí Sí Sí * Sí Sí
“Sí señor, nosotros hemos continuado con L. La Madrid & Co., no quisimos cambiar por la marcha de la casa, es una ventaja muy grande para los continuadores y para la gente que sale. Para.el saliente es que coge el dinero en efectivo.”
Preguntado: “¿Por qué es que continuó la casa así con el nom-bre anterior en vez de decir Victoriano Ochoa & Co. o Benito Alvarez & Co., por qué continuó con el nombre anterior?”- — Contestó: “Por lo manifestado anteriormente. Desde el momento que se com-pra todo y se liquida en efectivo, es para seguir usando todo lo que hay en la casa, libros, almacén, continuar con las mismas cuentas, ése es el beneficio que trae el no cambiar, para eso se da el dinero en efectivo para-esa ventaja.”

Por último después de varias preguntas y respuestas del testigo relativas a su intervención en las negociaciones que precedieron al contrato de disolución, tuvo lugar el siguiente interrogatorio:

“P. ¿En esa celebración se tuvo en cuenta, se habló o se trató de que .la nueva razón social continuaba el uso del antiguo nombre ?— E. No se habló nada absolutamente del nombre, sino continuar con los mismos negocios. P. ¿No se habló de nombre? — E. Ni palabra, era un entendido que continuaba lo mismo, para eso compraban o vendían. Abo. Dte. P. ¿Si no se habló nada de eso lo entendido era continuar con el’nombre? — E. Sí señor, con el nombre.”

Bajo esas circunstancias, creemos que la viuda y la bija de Roque González, las demandantes en el primero de los pleitos, no han demostrado que tengan derecho alguno pára impedir que los demandados usen como razón social el nom-bre de Roque Gonzales y Co. Sucesores, especialmente ha-biendo escogido para ejercitar su alegado derecho el proce-dimiento de injunction.

Además para que la acción de las demandantes pudiera prosperar, hubiera sido necesario que probaran la existencia del perjuicio que en su demanda alegaron, y a nuestro jui-cio no hay prueba.

Se ha indicado que si las demandantes permiten que los hechos continúen, podrían ser responsables de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 147 del Código de Comercio. No podemos percibir tal responsabilidad. Las demandantes no son comanditarios. Las demandantes no se llaman Roque González. La hija heredó el apellido de su padre, no el nombre. Roque González y Co., Sucesores, de 1921, la sociedad demandada, se constituyó por contrato consignado en escritura pública, que se halla transcrita en el registro mercantil y en la cual consta quiénes son los socios respon-sables. La circular que la sociedad demandada pasó a sus relacionados y al comercio en general es clara. No existe, pues, a nuestro juicio ni la más remota posibilidad de per-juicio para las demandantes como consecuencia del precepto legal indicado en relación con los hechos de este caso.

En cuanto al segundo pleito diremos que hemos exami-nado toda la prueba practicada y si bien deúmestra que ba habido algunas dificultades en la dirección de las cartas y en el cobro de algunas cuentas debido a la semejanza que existe entre el nombre de Sucesión de Roque González y Su-cesores de Roque González, no creemos que se baya demos-trado un verdadero perjuicio, ni una competencia injusta en los negocios. Siendo ello así, tampoco debe prosperar la ac-ción ejercitada.

La sentencia dictada en el recurso número 2767 debe re-vocarse, pronunciándose otra declarando sin lugar la de-manda, sin especial condenación de costas, y la sentencia dictada en el recurso número 2768 debe confirmarse.

En el caso No. 2767, los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Franco Soto disintieron y en el caso No. 2768 firmaron conforme con la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió en este último caso.


author: El Juez 'Asociado Seño®. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Collazo, Acusado y Apelante.
    No. 1981.

    Visto: Junio 14, 1924.

      Resuelto: Julio 23, 1924.
    Auto de Error — Traslado de la Causa a Otro Distrito — Cuestión no Federal. —El derecho al traslado de una causa a otro distrito uo dimana de la Cons-titución ni del Congreso de los Estados Unidos, por lo que la negativa del traslado no envuelve una cuestión federal que pueda invocarse para llevar el caso por auto de error ante la Corte Suprema Nacional.
    Las decisiones del juez de turno Sr. Franco en los casos de MI Pueblo-v. Ibern y MI Pueblo v. Gracia, resueltos en agosto 13, 1923, examinados j aprobados.
    Id. — Enmienda Sexta a la Constitución — Derecho a un Juicio Justo e Im-parcial — Cuestión no Federal. — La enmienda sexta a la Constitución, cu tanto se refiere a la cuestión suscitada, no es de aplicación en Puerto Bico sino su equivalente la sección 2 del Bill Jones. Por tanto, la cuestión de . un juicio justo e imparcial es asunto para la consideración de esta corle y no es de carácter federal.
    SoliCxtud ele auto de error para ante la Corte Suprema de los Esta-dos Unidos.

      Denegado.

      J. B. Soto, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez 'Asociado Seño®. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta corte confirmó la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla. Al acusado y apelante se le imputó la cdmisión de un delito de asesinato y fuá declarado culpable de homicidio voluntario. Ahora solicita se le admita un recurso de error para ante la Corte Suprema de los Esta-dos Unidos y alega una violación de sus derechos como es-tán garantizados por la sexta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Asumiendo que la sexta enmienda sea aplicable a Puerto Rico, la cuestión principal a la cual se nos llama la atención es qué la corte inferior' declaró sin lugar una moción de tras-lado, solicitándose éste basado en mía alegación de prejui-cio local. El derecho a un traslado no lo confiere la ley or-gánica ni ninguna ley del Congreso. El derecho emana de la legislatura local. La enmienda sexta invocada prescribe lo siguiente:

“Artículo 6. — En todas las causas criminales el acusado tendrá derecho a ser juzgado pronta y públicamente por un jurado impar-cial del Estado y distrito donde se hubiera cometido el delito, cuyo distrito será el previamente reconocido por la ley; también se le in-formará de la naturaleza.y causa de la acusación; se le careará con los testigos que declaren en contra suya; podrá obtener providencias compulsorias para conseguir testigos en su favor y tener un abogado que lo defienda.”

Parece ser consecuencia inevitable que no demostrándose que el acusado en realidad no tuvo "un juicio justo e impar-cial, la mera negativa de la corte a ordenar el traslado, a causa de un alegado prejuicio local, no envuelve una cues-tión federal. Por el contrario, la enmienda sexta garantiza más particularmente a un acusado un juicio en el distrito donde el delito fue cometido. En el caso de Fajardo v. Soto Nussa, Juez de Distrito, 23 D.P.R. 77, el derecho cons-titucional de la legislatura para ordenar un traslado fue puesto en duda y resuelto afirmativamente por esta corte.

Prescindiendo de la cuestión relativa al traslado, se nos presenta la cuestión de si el apelante hizo tal demostración de prejuicio u otro elemento indebido que el caso quedara fuera del dominio de un error corriente y cayera dentro de la esfera donde se le negó un juicio justo e imparcial, de tal modo que constituya una violación de la enmienda sexta. Si en un caso determinado se dirige la atención a cualquier supuesto error y la corte de apelación debía revocar por ese fundamento, podría alegarse que el acusado no tuvo un jui-cio justo e imparcial. Entendemos, sin embargo, que la en-mienda sexta no se refiere a casos en los cuales las cortes de apelación ban sido falibles, sino a aquellos donde el error trasciende a la falibilidad corriente a la cual estamos suje-tos. Abora parece conveniente manifestar que podríamos habernos evitado .un gran trabajo si inmediatamente hubié-ramos resuelto todas las dudas en favor del apelante, pero creimos que estábamos en el deber para con el Pueblo de Puerto Rico de que sus sentencias no fueran demoradas por apelaciones que esencialmente no proceden. Generalmente la clase de prejuicio local que da lugar a un juicio injusto se manifiesta aún en el momento del juicio, o ha habido un verdadero clamor público, o un movimiento violento contra el acusado o alguna otra demostración pública y notoria. Nada de esto ocurrió aquí.

Por el contrario los autos no demuestran signo alguno de un juicio injusto que no sea el affidavit de Font al cual se refiere nuestra opinión principal. Ampliando nuestro ra-zonamiento en cuanto a esto podemos agregar que en la fe-cha del interrogatorio de los propuestos jurados en este caso el acusado había abandonado su teoría de prejuicio local o dejado de pretender probarla en su interrogatorio a los ju-rados. Los autos no revelan que ningún propuesto jurado confesó tener algún prejuicio o que algún jurado debía ser excusado o recusado por tal motivo. No se trató absoluta-mente de demostrar prejuicio local u otro elemento indebido que no fuera el expresado en los affidavits que acompañan a la moción de traslado. Tenemos derecho a asumir, en vista de los autos, que al ser llamado el caso para juicio no-existía ningún prejuicio significativo. De non apparentibus et de non exist entibus eadem esí ratio.

A falta de alguna demostración, la presunción de no-existir ningún prejuicio se extiende al jurado a quien el de-clarante Font se refiere. Si cuando él habló a Font el ju-rado tenía prejuicio debe presumirse que desapareció al mo-hiento del juicio. Hubo oportunidad para examinar al ju-rado y probar su prejuicio y la presunción después del jui-cio llegaría hasta el hecho de que el acusado en realidad examinó al jurado sobre su voir dire. No existe la más simple demostración o sugestión por otra parte de que algún jurado que intervino en el caso realmente tuviera prejuicio.

Fuera de la suposición de que cualquier clase de error-podría levantar una cuestión federal, en este caso no se le-vantó ninguna, y la jurisprudencia de esta corte invocada en los casos de Pueblo v. Ibern, 31 D.P.R. 917, y Pueblo v. Gracia, 31 D.P.R. 910, es aplicable.

Sin embargo, no creemos que en la forma en que se pre-tende la enmienda sexta sea aplicable a Puerto Rico. La sección 2 de nuestra ley orgánica dice en parte lo que sigue:

“See. 2. — En todos los procesos criminales el acusado gozará del derecho de tener para su defensa la ayuda de abogado; de ser in-formado de la naturaleza y causa de la acusación; de obtener co-pia de la misma; de tener ún juicio rápido y público; de carearse; con los testigos de cargo y de usar de medios compulsorios para con-seguir testigos a su favor.”

El Congreso ha hecho que un precepto legal local sea aplicable a Puerto Rico y de acuerdo con las decisiones de los casos de People v. Muratti, 245 U.S. 639, y People v. Balzac, 258 U.S. 298, la enmienda sexta como tal no es apli-cable aunque sí lo es su equivalente en la ley orgánica. Por .tanto, la cuestión de un juicio justo e imparcial es asunto-para la consideración de esta corte y no envuelve ninguna cuestión federal. Como complemento a esto el Congreso ha -conferido al acusado el derecho de acudir a la Corte Su-prema de los Estados Unidos mediante certiorari. Sección 246 del Código Judicial como fue enmendada por la ley de enero 28 de 1915 y continuada en vigor por la ley orgánica, sección 43.

La solicitud debe ser denegada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison estuvo conforme con el resultado.


text:
    Garriga, Demandante y Apelado, v. Sucesores de José Fernández, Demandada y Apelante.
    No. 3120.

    Visto: Mayo 22, 1924.

      Resuelto: Julio 23, 1924.
    Sentencias — Incongruencias entre lo Concebido en la Sentencia y lo Pedido en la Demanda. — Incongruencias entre lo concedido por la sentencia y lo reclamado en la demanda no constituyen errores que motiven la revocación cuando existen en los autos elementos bastantes para que el Tribunal Supremo pueda dictar la sentencia que debió pronunciar la corte inferior.
    SENTENCIA de M. Bodrígttez Serva, J. (San Juan, Segundo Distrito), en una acción en cobro de dinero, declarando con lugar la de-manda, con costas.

      Confirmada en parte y en parte revocada.

      A. Agosto, abogado de la apelante; M. Benitez Mores, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Isidro Garriga demandó a la mercantil Sucesores de José Fernández para que le pague dos reclamaciones de dinero que le hace, alegando respecto de una que el Io de no-viembre de 1918 fue contratado por la demandada para operar un autocamión con la remuneración de' cien dólares mensuales en cuyas condiciones prestó sus servicios basta el 14 de diciembre de 1920, que dan un total de sueldos de $2,694.50: que desde el-1? dé diciembre de 1919 basta el 30 de noviembre de 1920 fue convenido que además de dicho sueldo percibiría el cincuenta por ciento de los beneficios lí-quidos del autocamión y que tales ganancias las calcula en $796.34, que sumados a la anterior cantidad hacen un total de $3,490.84, de los que ha recibido $2,534.23 quedando un saldo a su favor de $956.61 que es el que demanda. La otra, reclamación es de $600 por cierto servicio que alegó haber prestado a la demandada, pero no hacemos más referencia a ella porque esta reclamación no es motivo de este recurso.

Contestó la demandada oponiéndose a lo pedido y cele-brado el juicio la corte de distrito dictó sentencia decla-rando con lugar la demanda’y que el demandante tiene de-, recho a que la demandada le pague los sueldos devengados' y no pagados desde diciembre de 1919 hasta febrero de 1921 ^elusive a razón de cien dólares mensuales y a que se le abonen a su cuenta los beneficios obtenidos en el autoca-mión, condenando a la demandada a pagar al demandante el importe total de esos sueldos y beneficios después de dedu-cir las cantidades que a cuenta de la misma tomara el de-mandante, sirviendo de base para fijar el total líquido que deba pagar los asientos que figuran en los libros de la de-mandada, copia certificada de los cuales está unida a los autos; y en cuanto a la otra reclamación de $600 la declaró sin lugar e impuso las costas al demandado.

De esa sentencia apeló el demandado alegando la comi-sión de cuatro errores, que en realidad son dos, a saber: error en la apreciación de la prueba y que la sentencia es contraria a la ley.

El último de esos motivos de error se funda en que la sentencia no es congruente con lo que se pide en la demanda, pues habiéndose solicitado en ella el pago de $956.61 como saldo debido, la sentencia condena a practicar una liquida-ción para encontrar la cantidad que sea debida al deman-dante.

En verdad, la sentencia no es congruente con la demanda, pues habiéndose solicitado el pago de una cantidad determi-nada debió condenar al pago de esa cantidad o la parte de ella que se probare ser debida y no debió ordenar que -se practicara una liquidación de cuentas que no fué solicitada, que ha debido practicarse en el juicio para conocer lo de-bido, o declararse sin lugar la demanda si no se probó deuda alguna, y no debió dejar sin resolver la cuestión entre las partes, quienes ya han tenido su día en corte y tenían dere-cho a saber cuál cantidad era la debida, si se debía alguna, sin tener que acudir a otros procedimientos para esa deter-minación. Y es también incongruente porque condena a pa-gar sueldos desde P de diciembre de 1919 hasta el mes' de febrero de 1921 inclusive, cuando en la demanda sólo se pi-dió el pago de $956.61 como saldo hasta el 30 de noviembre de 1920. A pesar de lo expuesto, si tenemos elementos en los autos para dictar la sentencia que debió pronunciar la corte inferior así lo haremos y se evitarán perjuicios a las partes litigantes.

No hay discusión entre las partes en que el demandante ganaba un sueldo de cien dólares mensuales por manejar el autocamión desde l9 de noviembre de 1918 hasta l9 de diciembre de 1919 y la diferencia entre- ellas está en si desde l9 de diciembre de 1919 a 30 de noviembre de 1920 el deman-dante ganaba ese sueldo más un 50 por ciento de los benefi-cios líquidos que produjera el autocamión, como afirma el demandante, o solamente el expresado beneficio en sustitu-ción del sueldo de cien dólares, como sostiene el demandado. La corte inferior resolvió ese conflicto entre las partes dando crédito a la declaración del demandante y de un testigo que en algo lo corrabora y aunque el apelante hace fuertes argu-mentos contra la credibilidad del demandante, sin embargo, no nos sentimos inclinados a declarar que hubo un mani-fiesto error en la apreciación de la prueba, pues a pesar de algunas inverosimilitudes en su declaración, el juez que lo Oyó declarar pudo darle crédito como se lo dió. En conse-cuencia partiremos en adelante de la base de que el deman-dante recibía como compensación en el año antes expresado el sueldo de cien dólares más’ el 50 por ciento de los benefi-ficios del autocamión.

Él demandante declaró en el juicio que durante el año 1918 no le pagaron sus haberes correspondientes a la mitad de las ganancias del autocamión (truck) pero que le paga-ron todos los sueldos de $100 mensuales. En la transcrip-ción se dice “el año 1918” pero esto es indudablemente un error de expresión del testigo o de la transcripción, pues se-gún su demanda y su declaración él tenía solamente el sueldo de $100 desde l9 de noviembre de 1918 hasta 14 de diciembre de 1919 y después de esta fecha, o sea, durante el año 1920 era que debía percibir el 50 por ciento de los beneficios ade-más de su sueldo, por lo que consideramos que se refirió al año 1920 en la referencia que hemos hecho de esa parte de un testimonio y por consiguiente que en ese año le fueron pagados todos sus sueldos, lo que limita naturalmente su reclamación a la cantidad que durante dicho año le corres-ponde por beneficios hasta el 30 de noviembre de 1920, hasta cuya fecha so refiere la demanda.

Como hemos dicho antes, el apelado alegó en su demanda que las ganancias en ese año ascendían según sus cálculos a $796.34 y de los libros de la demandada aparece que el 50 por ciento de los beneficios líquidos del autocamión du-rante el mes de diciembre de 1919 y hasta finalizar el mes de octubre de 1920 fueron $795.48, que ellos abonaban en la cuenta del demandante como compensación por sus servi-cios, que según la mercantil era lo único que tenían que pa-garle. Como se ve sólo faltan los beneficios del mes de no-viembre de 1920 respecto de los cuales no existe prueba al-guna.

En lo que hemos expuesto encontramos elementos para determinar que el demandante ha probado que le son debi-dos $795.48 por los beneficios del autocamión, única canti-dad que le debe la demandada y que tiene que pagarle. De acuerdo con esta conclusión debe modificarse la sentencia apelada.


text:
    Fagot, Peticionario y Apelante, y El Pueblo, Opositor y Apelado.
    No. 2238.

    Visto: Abril 1, 1924.

      Resuelto: Julio 23, 1924.

      Habeas Corpus — Extradición—Fugitivo de la Justicia. — Para que una persono pueda ser considerada como fugitivo de la justicia de un determinado Estado es esencial que habiendo estado allí lo haya abandonado, se encuentre den-tro del Estado o Territorio ai que se pide la entrega y que haya incurrido en culpabilidad antes de dejar aquel Estado y mientras físicamente estuvo allí. Las palabras fugitivo de la justicia no comprenden una persona que nunca ha estado en el país del cual se dice que ha huido.
    Id. — Id.—Id.—La afirmación del Gobernador en una orden de arresto para extra-dición respecto a que la persona que va a ser arrestada es un fugitivo de la justicia, es correcta solamente prima facie y puede ser revisada por los tribunales en un procedimiento de babeas corpus.

    Id. — Enmiendas a la Petición — Abuso de Discreción. — Constituye abuso de dis-creción el negar permiso para radicar antes de .la vista del babeas corpus uná petición suplementaria en la cual se alegan de manera mós amplia los mismos heehos de la petición original.
    Resolución de R. Díaz Ontrón, J. (Ponce), en procedimiento de habeas corpus, desestimando la solicitud.

      Revocada.

      F. Parra y B. Díaz Collazo, abogados del apelante; Attorney General y J. E. Figueras y (J. Llauger, abogados' del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Emilio Fagot, Jr., presentó una solicitud de habeas corpus en la Corte de Distrito de Ponce alegando bajo jura-mento lo siguiente: ser mayor de edad por emancipación, «asado, nativo de la ciudad de Ponce, P. R., donde siempre ha residido, ciudadano americano y que se encuentra pri-vado de su libertad eu la cárcel del distrito de Ponce, siendo su prisión ilegal por los siguientes motivos: (a) porque se-gún sus informes se baila sujeto a una acusación que se le hace por un delito menos grave según las leyes del Estado -de Massachusetts, imputándosele haber abandonado a su es-posa Helen Y. West, y al efecto el Gobernador de Massachusetts pretende extraditar al peticionario desde esta isla para dicho Estado por mediación del Gobernador de esta isla, sin haberse llenado las formalidades legales para ejerci-tar el procedimiento de extradición, gozando el peticionario de los privilegios que las leyes locales garantizan a los habi-tantes residentes aquí: (ó) porque no ha cometido delito al-guno en esta isla ni en Massachusetts por el cual pueda per-seguírsele y castigársele: (c) porque aun cuando hubiera podido cometer un delito menos grave en el Estado de Massachusetts, dicho delito estaría prescrito por haber transcu-rrido más de un año desde que pudiera haber sido cometido: (d) porque no existe un mandamiento de arresto válido ni de encarcelación: (e) porque si bien existe un mandamiento firmado por el Gobernador de esta isla autorizando el arresto del peticionario, copia del cual agrega a su petición, dicho documento no es suficiente para mantener encarcelado al peticionario.

El documento a que se hace referencia dice así:

“Casa de Gobierno. — Yo, Horace M. Towner, Gobernador de Puerto Rico, al Jefe de la Policía Insular de Puerto Rico o a cual-quier miembro de la expresada fuerza: Por cuanto, se me ha hecho una requisitoria como Gobernador de la isla de Puerto Rico por Su Excelencia, Chaming II. Cox, Gobernador de la Comunidad de Massachusetts, para el arresto y entrega de Emilio Fagot, el más joven de ese apellido, a quien se le acusa de los delitos de dejar de aten-der sin motivo al sostenimiento de su esposa, de abandonarla sin justa causa y sin dejar atendida la cuestión de su sostenimiento, abandonándola y dejándola en peligro de llegar a convertirse en una carga para el público, lo cual es un delito bajo las leyes de la Comunidad de Massachusetts; y por cuanto, se me ha informado por Su Excelencia, Chaming II. Cox, Gobernador de la Comunidad de Massachusetts, que dicho Emilio Fagot, el más joven de ese ape-llido, ha huido de la jxisticia en ese Estado y se ha, refugiado en esta isla; y habiéndome exigido el referido Gobernador de la Comu-nidad de Massachusetts de acuerdo con la Constitución y Leyes de los Estados Unidos, que proceda a verificar el arresto del expresado Emilio Fagot, el más joven de ese apellido,, y su entrega a John F. Dyer, quien ha sido autorizado para recibirlo bajo su custodia y trasladarlo a la Comunidad de Massachusetts; y por cuanto, dicha requisitoria y pedimento está acompañado de una información del Gran Jurado del Condado de Suffolk, Massachusetts, y de una de-claración jurada (affidavit) suscrita por- Helen V. Fagot, por la cual al expresado Emilio Fagot, el más joven de ese apellido, se le acusa de la comisión de los indicados delitos y de baber buido del referido Estado refugiándose en esta isla, quien en la actualidad vive en la calle Atocha, ciudad de Ponce, Puerto Rico; por tanto, se le requiere a usted para que verifique el arresto del susodicho Emilio Fagot, el más joven de ese apellido, y lo entregue a la custo-dia del alcaide de la cárcel del distrito de Ponce, Puerto Rico, donde deberá permanecer temporalmente basta que se verifique su entrega a John F. Dyer, para ser trasladado a la Comunidad de Massachusetts, de donde huyó. — Dado bajo mi firma y sello de la Isla de Puerto Rico, en esta ciudad de San Juan, boy día 7 de noviembre, en el año de Nuestro Señor 1923. Por el Gobernador: — (fdo.) E. J. Saldaña, Secretario Ejecutivo.— (fdo.) H. M. Towner, Goberna-dor.”

Después de presentada la petición original de habeas corpus y antes de tener lugar la vista de este procedimiento,, el. peticionario presentó una solicitud suplementaria sin soli-citar permiso de la corte y el día de la comparecencia de las partes le pidió que le concediera ese permiso, pero la corte decretó la eliminación de la petición suplementaria y deses-timó la petición original.

El primer motivo de error alegado por el peticionario en apoyo de su recurso contra esa resolución es que la corte inferior cometió error al ordenar la eliminación de su' peti-ción suplementaria.

Si bien en esa petición suplementaria se alegan los mis-mos hechos que en la original se diferencia de ésta en que sus alegaciones son más amplias, de tal modo que si son ciertas harían procedente la excarcelación del peticionario. Así, en la petición original alegó el peticionario que no ha cometido delito alguno en esta Isla ni en Massachusetts, y en la petición suplementaria dice, además, que no es un fu-gitivo de la justicia del Estado de Massachusetts porque en ningún momento para la fecha que se alega la comisión "del delito estuvo corporal ni físicamente en ese Estado ni rea-lizó en él el delito que se le intputa, ni ningún otro delito, y que se encuentra en esta Isla desde el 6 de julio de 1922 en cuya fecha regresó de Nueva York a los pocos días de haber contraído matrimonio en ese Estado, sin haber en ningún momento después de esa fecha estado físicamente ni en ninguna otra forma dentro de los límites jurisdicciona-les del Estado de Massachusetts: también alega que no aban-donó a su esposa Helen Y. West, no pudiendo, por tanto, ser un fugitivo de la justicia de Massachusetts porque siempre estuvo y está dispuesto a que su esposa venga a residir en esta Isla, lo que ella no ha querido hacer, prefiriendo recla-mar su presencia en Massachusetts en contra de toda razón, de todo principio legal de las disposiciones de los estatutos personales y de lo preceptuado en el artículo 158 del Código Civil, según el cual la mujer está obligada a seguir a su marido dondequiera que fije su residencia, habiendo ella op-tado por sugerir la conveniencia de divorciarse cuando debía regresar a esta Isla, a lo que está dispuesto el peticionario pagándole los gastos de viaje.

Para que una persona pueda ser considerada como fugi-tiva de la justicia de un determinado Estado es esencial que habiendo estado allí lo haya abandonado, se encuentre den-tro del Estado o Territorio al que se pide la entrega y que haya incurrido en culpabilidad antes de dejar aquel Estado y mientras físicamente estuvo allí. 25 C.J. 257. Las pala-bras fugitivo de la justicia no comprenden una persona que nunca ha estado en el país del cual se dice que ha huido, pues él debe haber estado allí, haber cometido el delito y haber huido. Jones v. Leonard, 50 Iowa 106-108, 32 Am. Rep. 116; Taft v. Lord, L.R.A. 1918 E 547. El caso de Ex parte Shoemaker, 25 Cal. A 551, es muy interesante sobre este punto pues comprende muchas cuestiones relacionadas con él.

Es cierto que la orden de arresto del G-obernador de esta Isla declara que el peticionario es un fugitivo de la jus-ticia pero su decisión es correcta solamente prima facie y puede ser revisada por los tribunales en un procedimiento de habeas corpus. McNichols v. Pease, 207 U.S. 100; Ex parte Shoemaker, supra.

La otra alegación respecto a que la mujer debe seguir a sil marido dondequiera qne fije sn residencia es interesante, pero no tenemos qne tratarla aliora porqne el peticionario alega qne nnnca lia estado dentro de los límites territoriales del Estado de Massachusetts.

En vista de lo expuesto opinamos qne la corte inferior abusó de sn poder discrecional al no conceder permiso al pe-ticionario para radicar sn petición suplementaria y erró al eliminarla, y qne la resolución apelada debe ser revocada por este motivo y devolverse el caso para ulteriores proce-dimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Ortiz, Demandante y Apelante, v. Claudio, Demandado y Apelado.
    No. 3286.

    Visto: Junio 11, 1924.

      Resuelto: Julio 23, 1924.
    Cobro de Dinero — Acumulación de Acciones. — No procede la nulidad de una sentencia en rebeldía registrada en una acción en cobro de dinero por el fun-damento de indebida acumulación de acciones que son de la competencia de distintas cortes y requieren diferentes lugares para la celebración del juicio, .pues aunque las dos causas de acción pueden celebrarse en distintos sitios, no requieren, sin embargo, diferentes lugares, toda vez que las aeciones en cobro de dinero no tienen determinado sitio y pueden establecerse donde quiera que esté el demandado.
    Cobro de Dinero — Sumas Inferiores Acumuladas — Acumulación de Acciones — ’ Nulidad de Sentencias; Cuándo se Puede Pedir. — Las cortes de distrito tienen jurisdicción concurrente para conocer de demandas en que se reclaman sumas inferiores de dinero a la cuantía jurisdiccional de la corte si la suma total reclamada excede de quinientos dólares, pudiendo acumularse aeciones ■ por varia.s sumas de dinero y la indebida acumulación de acciones, si la bubo en este caso, no hizo nula sino anulable la sentencia dentro del término.
    Cobro de Dinero — Sentencias en Rebeldía por Sumas Líquidas. — Es aplicable a un caso como el presente el párrafo 1 del artículo 194 del Código de Enjui-ciamiento Civil, pues si bien el contrato en cuestión, que originariamente era uno de aparcería o cultivo del terreno y división de ganancias, las ganancias, sin embargo, llegaron a liquidarse y fueron pagadas según se alegó en la demanda.
    Sentencia de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), en una acción sobre nu-lidad de sentencia, desestimando la demanda, con las costas.

      Con-firmada.

      R. Arjona Siaca, abogado del apelante; C. 'del Toro Fernández, abo-gado del ¿pelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante como demandante en la corte inferior trató de anular una sentencia dictada contra él por varios funda-mentos.

El primero fné que se habían acumulado dos causas de acción, una por $40.08, de la competencia de la Corte Municipal de'Yauco, y otra por $516.63, y que requerían dis-tintos lugares para la celebración del juicio. Se invoca ni artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, párrafo 8. Es como sigue:

“Art. 104. — El demandante podrá acumular varias acciones en una misma demanda, cuando todas se derivan de:
• ■ * * * * # # #
“8. Las acciones así acumuladas deberán todas corresponder a una sola de estas clases, y afectar a todas las partes en el pleito; no habrán de exigir distintos lugares para la celebración del juicio, y deberán exponerse separadamente; pero una acción por arresto y persecución maliciosos, o cualquiera de estas causas, podrá acumu-larse a otra por ofensa o daño a una persona.”

Es evidente que si bien las dos causas de acción pueden ser juzgadas en diferentes sitios, ellas no requieren distin-tos lugares. Las acciones en cobro de dinero no tienen sitio determinado y pueden establecerse dondequiera que se- en-cuentre el demandado. Además, Yauco pertenece al distrito de Ponce y la corte de distrito tenía jurisdicción concurrente para conocer de la demanda por $40.08 si la suma total re-clamada excedía de $500. Que pueden acumularse acciones, por varias sumas de dinero ba sido resuelto en el caso de Perea v. Castro, 25 D.P.R. 105. Además, nos inclinamos al parecer de que la indebida acumulación de acciones no hizo nula la sentencia sino únicamente anulable dentro del tér-mino.

• ■ El segundo fundamento fué que el secretario no tenía derecho a dictar sentencia en rebeldía toda vez que la pri-mera causa de acción no era por una cantidad líquida. El contrato en cuestión aunque originariamente era uno de aparcería o cultivo del terreno y división de ganancias, sin embargo las ganancias llegaron a liquidarse y fueron paga-das al demandado y así se alegó en la demanda. Por tanto, el párrafo 1 del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil era aplicable.

Debe confirmarse la sentencia.