text:
    César Cruz Roche, recurrido, v. Janet De Jesús Colón y otros, peticionarios.

      Número: CC-2010-191

      Resuelto: 23 de junio de 2011

      Lindmila Ortiz Marrerro, abogada de Janet De Jesús Colón, peticionaria; Luzbeth Rodríguez Carbonell y Edgar Andú-jar Jiménez, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy debemos resolver si una persona favorecida por una sentencia judicial que le compensa económicamente al am-paro de la Ley Núm. 100, infra, por haber sufrido discri-men en el empleo, puede transar con su antiguo patrono por una cantidad inferior sin el aval de su excónyuge y, en el proceso, afectar partidas que se reputan gananciales.

El Tribunal de Apelaciones resolvió que la beneficiaría de la sentencia judicial tenía que contar con el consenti-miento de su excónyuge, coadministrador de la comunidad de bienes surgida entre ellos, para transar con su patrono una compensación menor a la originalmente concedida. Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos.

I

El Sr. César Cruz Roche y la Sra. Janet De Jesús Colón estuvieron casados desde mayo de 1996 hasta enero de 2003, cuando advino final y firme su divorcio y cesó de existir la Sociedad de Bienes Gananciales que había entre ambos. El divorcio fue por consentimiento mutuo y en la sentencia correspondiente las partes acordaron cómo divi-dir los bienes adquiridos y las deudas contraídas durante la vigencia del matrimonio. Nada se estableció, sin embargo, sobre cómo dividir la compensación económica que podría recaer a favor de la señora De Jesús Colón por un pleito sobre discrimen en el empleo que ella había incoado al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sees. 146-151, conocida como Ley Antidiscrimen (Ley Núm. 100).

En junio de 1997, vigente el matrimonio, la señora De Jesús Colón fue despedida de su empleo en la empresa Whitehall-Robins Laboratories. A raíz del despido, la se-ñora De Jesús Colón, el señor Cruz Roche y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos demandaron a Whitehall-Robins Laboratories al amparo de la Ley Núm. 100. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia deses-timó la acción del señor Cruz Roche y de la Sociedad de Bienes Gananciales al resolver que la referida Ley Núm. 100 está diseñada para auxiliar y beneficiar únicamente a los empleados objeto de discrimen y que no cobija a los familiares de éstos.

La demanda por discrimen siguió su curso y el foro pri-mario condenó a Whitehall-Robins Laboratories a pagar una compensación de $736,000 a la señora De Jesús Colón. La sentencia del foro primario, emitida el 31 de julio de 2003 cuando ya estaba disuelto el matrimonio, incluía $293,000 por lucro cesante y $75,000 por angustias mentales. Ambas partidas se duplicarían como penalidad por el discrimen —tal como lo contempla la Ley Núm. 100— para un total de $736,000, monto que no incluye los honorarios de abogado.

Insatisfecha con lo anterior, Whitehall-Robins Laboratories apeló al Tribunal de Apelaciones el dictamen judicial que le otorgó la compensación económica a la señora De Jesús Colón. Ante este escenario, la señora De Jesús Colón —ya divorciada y con la custodia de dos hijos universita-rios— decidió que le resultaba más conveniente transigir con su antiguo patrono y alcanzar un acuerdo que la com-pensara por $137,500 en la partida de lucro cesante. Al hacer el referido acuerdo extrajudicial, la señora De Jesús Colón no consultó ni buscó el aval o consentimiento de su excónyuge, el señor Cruz Roche.

Posteriormente, la señora De Jesús Colón y su antiguo patrono presentaron al tribunal el acuerdo transaccional alcanzado. El señor Cruz Roche, por su parte, presentó una moción para su intervención y para oponerse a que se de-jara sin efecto la sentencia original del foro primario. En enero de 2005, el Tribunal de Primera Instancia acogió el acuerdo transaccional y, a su vez, denegó la solicitud de intervención del señor Cruz Roche.

Acto seguido, el señor Cruz Roche presentó el 1 de fe-brero de 2005 una demanda sobre división de bienes y co-bro de dinero en el Tribunal de Primera Instancia. En ésta, el señor Cruz Roche reclamó la mitad de las partidas ga-nanciales que la sentencia judicial le había otorgado origi-nalmente a la señora De Jesús Colón y solicitó al tribunal que adjudicara la controversia mediante sentencia sumaria. El señor Cruz Roche planteó que, tras la disolu-ción del matrimonio, surgió una comunidad de bienes post ganancial que debía ser administrada por ambos cónyuges y que la señora De Jesús Colón, al llegar a un acuerdo extrajudicial, realizó un acto dispositivo de bienes en co-mún sin su consentimiento.

Al momento de la división de bienes, el Tribunal de Pri-mera Instancia determinó que, en efecto, una porción de la compensación a la señora De Jesús Colón —aquella rela-cionada con los salarios dejados de cobrar durante la vigen-cia del matrimonio— era de carácter ganancial y, como tal, debía concederse la mitad de la referida partida al señor Cruz Roche en la división de los bienes. Por consiguiente, el tribunal ordenó a la señora De Jesús Colón que pagara al señor Cruz Roche $135,025, cantidad que el tribunal determinó que representaba la mitad de lo que le fue otor-gado originalmente a ella en concepto de lucro cesante.

Así, pues, el foro de instancia determinó, mediante una sentencia sumaria a favor del señor Cruz Roche, que la suma recibida por la señora De Jesús Colón al amparo de la Ley Núm. 100 era parcialmente ganancial y que no se estableció nada al respecto en las estipulaciones que acom-pañaron el divorcio por consentimiento mutuo. Incon-forme, la señora De Jesús Colón acudió al Tribunal de Apelaciones. Argumentó, en esencia, que la Ley Núm. 100 y su jurisprudencia interpretativa establecen que el refe-rido estatuto está diseñado para cobijar y beneficiar exclu-sivamente al empleado afectado y que, como tal, el señor Cruz Roche no tenía derecho a partida económica alguna, pues ella era la única con legitimación activa e intereses protegidos en el pleito.

En octubre de 2009, el Tribunal de Apelaciones confirmó al foro primario al resolver que una porción de la compen-sación económica a favor de la señora De Jesús Colón era ganancial y que, por ello, correspondía al señor Cruz Roche cobrar la mitad de la partida de lucro cesante. El foro ape-lativo intermedio, sin embargo, determinó que el Tribunal de Primera Instancia había errado al dirimir la controver-sia de autos mediante sentencia sumaria. Por entender que había asuntos todavía en controversia, devolvió el caso al foro primario para que se celebraran las correspondien-tes vistas evidenciarías. Inconforme con esta parte de la decisión, el señor Cruz Roche solicitó la reconsideración al Tribunal de Apelaciones.

Acogida la moción de reconsideración, en enero de 2010 el Tribunal de Apelaciones emitió otra sentencia en la que determinó que:

De la prueba presentada durante la vista en su fondo, quedó probado que desde el 1997 hasta el 2002 la [señora De Jesús Colón] generó la suma de $270,050 en concepto de lucro ce-sante, por lo que al apelado le correspondía la mitad de dicha cantidad sin importar el verdadero resarcimiento por ésta luego del acuerdo confidencial suscrito con [Whitehall-Robins] Laboratories. Al no haberse consultado con el apelado el acuerdo antes mencionado la apelante está obligada a responder por la suma establecida en la sentencia [del Tribunal de Primera Instancia] del 31 de judio de 2003 porque éste no se podrá ver afectado por un acuerdo en el cual no participó ni consintió.
Por lo tanto, dejamos sin efecto la celebración de una vista evidenciaría .... César Cruz Roche v. Janet de Jesús Colón, KLAN2009-00567. Apéndice del Certiorari, pág. 339.

Insatisfecha con dicha determinación, la señora De Je-sús Colón acude ante nos. Plantea que el Tribunal de Ape-laciones erró al considerar su compensación económica al amparo de la Ley Núm. 100 como de carácter ganancial y al exigir el consentimiento de su excónyuge para llegar al acuerdo transaccional que redujo la cuantía de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Evaluada su argumentación, emitimos una orden al se-ñor Cruz Roche para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia del foro apelativo intermedio. Con el beneficio de su comparecencia, procede-mos a resolver.

II

A. La Ley Núm. 100 fue diseñada por el legisla-dor con el objetivo principal de proteger a los empleados de la empresa privada contra todo tipo de discrimen. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 508 (1990). Este Tribunal ha expresado que la protección que persigue la Ley Núm. 100 es de carácter personalísimo; es decir, protege y beneficia únicamente al empleado discriminado, y no a su progenie o a sus familiares cercanos. Véase Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1 (1994). Lo anterior se debe a que el referido estatuto es de índole laboral y “[s]u objeto estricto es la relación obrero-patronal”. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, pág. 5.

Hemos sido enfáticos en que la Ley Núm. 100 “[n]o tiene, pues, nada que ver con terceros u otras personas que no sean empleados”. (Énfasis suprimido.) Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, pág. 5. En suma, es derecho firmemente establecido que la Ley Núm. 100 no es el vehículo procesal para que parientes de ion empleado discriminado acudan a los tribunales en busca de resarcimiento de daños.

No obstante lo anterior, una compensación judicial otor-gada a un empleado al amparo de la Ley Núm. 100 sí po-dría contener porciones que se reputen gananciales, pues pueden estar incluidas las partidas por salarios dejados de devengar durante la vigencia de un matrimonio. Véase Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268 (1995). Cabe recordar que el Art. 1307 del Código Civil dispone que “[s]e reputan gananciales todos los bienes del matri-monio, mientras no se pruebe que pertenecen privativa-mente al marido o a la mujer”. 31 L.P.R.A. see. 3647.

A tales efectos, en Maldonado v. Banco Central Corp., supra, págs. 272-273, manifestamos que “[d]icha compen-sación por ingresos dejados de percibir es parte y goza del mismo carácter de ganancialidad que le hemos adjudicado al lucro cesante”, esto es, los ingresos dejados de percibir. También dijimos que, “[a]l instar su acción bajo la Ley Núm. 100 ... (de carácter especial protector) un empleado casado implícitamente reclama en representación de su so-ciedad de gananciales las partidas que a ésta corresponden”. íd., pág. 273. Más aún, declaramos enton-ces que el hecho de que una concesión de dinero en con-cepto de lucro cesante se obtenga dentro de un pleito fun-dado en la Ley Núm. 100 no altera el carácter ganancial de dicha partida. Id.

Por ende, coexisten dos hechos. Por una parte, la Ley Núm. 100 es de carácter personalísimo y busca la protec-ción del empleado discriminado, excluyendo a familiares y terceros. Por otra parte, hay una porción de la compensa-ción proveniente de la Ley Núm. 100 que, por sustituir salarios dejados de devengar, se considera lucro cesante y se reputa ganancial.

B. Establecido lo anterior, debemos considerar qué tipo de relación económica había entre los litigantes al mo-mento de dictarse la sentencia original del Tribunal de Pri-mera Instancia, cuando ya se había disuelto el matrimonio. Luego, debemos resolver si esta relación entre ambos obli-gaba a la señora De Jesús Colón a coadministrar su com-pensación económica producto de la Ley Núm. 100.

El Art. 1315 del Código Civil establece que la sociedad de gananciales concluye al disolverse el matrimonio mediante, entre otros, un divorcio final y firme. 31 L.P.R.A. see. 3681. Véase, también, García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383, 395 (1974). El Art. 105 del Código Civil, por su parte, preceptúa que el divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separa-ción de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges. 31 L.P.R.A. see. 381.

Como es sabido, cuando culmina rma Sociedad de Bienes Gananciales mediante la disolución del matrimonio, “surge una comunidad de bienes ordinarios entre los ex cónyuges que se rige, a falta de contrato o disposiciones especiales, por las normas de dicha figura jurídica ...”. Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219, 228 (1984). De esta forma, la figura de la comunidad de bienes posganancial está gobernada por los Arts. 326 al 349 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1271-1285. Específicamente, el Art. 328 del Código Civil establece que cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y en la manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho. 31 L.P.R.A. see. 1273.

De igual manera, este Tribunal ha resuelto que durante la existencia de la comunidad de bienes, ninguno de los excónyuges puede tener el monopolio de ella. Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282, 289 (1997). No hay que demostrar necesidad de tipo alguno para que un comunero ex cónyuge reclame su participación en la administración y disfrute de los bienes. Id., pág. 288. En Soto López v. Colón, supra, también resolvimos, citando a Puig Brutau, que el uso de la cosa en común no puede efectuarse en perjuicio de los demás condueños.

El Art. 332 del Código Civil expone cómo se debe administrar la comunidad de bienes surgida entre dos excónyuges. 31 L.P.R.A. see. 1277. Al respecto, sostiene:

Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes.
No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los inte-reses que constituyan el objeto de la comunidad.
Si no resultare mayoría, o el acuerdo de éste fuere grave-mente perjudicial a los interesados en la cosa común, el Tribunal Superior proveerá, a instancia de parte, lo que corres-ponda, incluso nombrar un administrador. Id.

C. Por último, debemos evaluar en qué momento una sentencia o dictamen judicial es final y firme para conver-tirse en dispositiva de un caso. De esta manera, podremos examinar la fecha precisa cuando surgió la responsabilidad de dividir en partes iguales la compensación ganancial re-cibida por un excónyuge.

Un dictamen judicial es final cuando se archiva en autos la notificación y se registra la sentencia, pero se convierte en firme una vez haya transcurrido el término para pedir reconsideración o apelar sin que esto se haya hecho. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Ed. Lexis Nexis, 2010, Puerto Rico, págs. 378-379.

Hace más de medio siglo explicamos que una sentencia es final o definitiva “cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma que no queda pendiente nada más que la ejecución de la sentencia”. Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955). Véanse, además: Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642 (1987); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 26 (1986); Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509 (1977). Lo anterior no significa, sin embargo, que se trate necesariamente de una sentencia inapelable. Véase Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 840 (2007).

Específicamente, una sentencia es final y firme cuando todas las cuestiones contenciosas entre los litigantes han sido dispuestas y no cabe recurso de apelación alguno. Véase Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43 (2004). No obstante, aún no será firme durante el término provisto para acudir en revisión o apelación.

III

Con estos preceptos en mente, pasemos a resolver la controversia de autos en sus méritos. En este caso, surgió una comunidad de bienes cuando se disolvió por divorcio el matrimonio regido por la Sociedad de Bienes Gananciales. En dicha comunidad figuraban las partidas de una com-pensación económica a favor de una de las comuneras por motivo de los salarios que dejó de devengar durante la vi-gencia del matrimonio, salarios que, como vimos, se repu-tan gananciales.

Además, es evidente que hubo un acto dispositivo por parte de la señora De Jesús Colón al transigir con su anti-guo patrono una suma ganancial sin el consentimiento del otro comunero, su excónyuge Cruz Roche. Sin embargo, la señora De Jesús Colón negoció las partidas económicas provenientes de una causa de acción personalísima que provee la Ley Núm. 100 en beneficio exclusivo de emplea-das discriminadas como ella.

A la luz de lo anterior debemos conciliar, por un lado, que las protecciones otorgadas por la Ley Núm. 100 son personalísimas a favor del empleado discriminado y, por otro lado, que tanto el Código Civil como nuestra jurispru-dencia especifican que una comunidad de bienes que surge tras la disolución de una Sociedad de Bienes Gananciales debe ser administrada conjuntamente por ambos cónyuges. En este caso, lo anterior se reduce a contestar si una mujer compensada económicamente por la Ley Núm. 100 —que incluye partidas gananciales del salario dejado de devengar— debía buscar el aval de su excónyuge, coad-ministrador de la comunidad de bienes surgida entre ellos, para modificar la cantidad que le había sido otorgada, o si bastaba su decisión para alcanzar un acuerdo con su anti-guo patrono.

Hoy resolvemos que, aunque haya una partida ganancial en la cifra global concedida como compensación al amparo de la Ley Núm. 100, la causa de acción continúa siendo personalísima mientras no haya una sentencia final y firme que sea dispositiva del pleito. Es decir, incoar la demanda por discrimen en el empleo, litigar el caso, ape-larlo o transarlo son todas acciones derivadas de una pre-rrogativa que pertenece única y exclusivamente al em-pleado afectado. Como tal, es el empleado demandante quien único tiene legitimación para hacer con su causa de acción al amparo de Ley Núm. 100 lo que él o ella entienda que le resultará más conveniente. Esto porque la letra clara de la ley, la intención del legislador y la jurispruden-cia interpretativa de la Ley Núm. 100 sostienen que el re-ferido estatuto se diseñó con el propósito de cobijar a los empleados discriminados, no a sus familiares o parientes. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra.

Ahora bien, es innegable que muchas causas de acción instadas bajo la Ley Núm. 100 —como en este caso— con-tendrán partidas que, por ser producto del lucro cesante, se reputarán gananciales. Maldonado v. Banco Central Corp., supra. Estas partidas, pues, tendrán que ser dividas co-rrespondientemente, pero sólo después de que el propieta-rio de la causa de acción —el empleado afectado— haya decidido cómo litigar, transar o disponer de su caso que, después de todo, le pertenece exclusivamente. El empleado discriminado es dueño y señor de su caso. Hasta que el caso concluya, no hay porción alguna —ni tan siquiera la ganancial— sobre la cual el cónyuge o excónyuge pueda tener una participación líquida y exigible.

En el presente caso, si bien es cierto que el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en la cual otorgó cierta compensación económica al amparo de la Ley Núm. 100 a favor de la señora De Jesús Colón, ésta nunca fue firme, pues el período para acudir en apelación nunca expiró. Por el contrario, el patrono demandado apeló dicha sentencia y, posteriormente, negoció con la señora De Je-sús Colón. Esto último condujo a un acuerdo transaccional que, una vez aceptado por el Tribunal de Primera Instan-cia en enero de 2005, fue lo que dispuso del caso hasta éste convertirse en final (pues terminó todas las controversias entre los litigantes y se archivó la orden a esos efectos en autos) y firme (pues ya no era posible apelar el dictamen). Es decir, el caso que enfrentó a la señora De Jesús Colón con su antiguo patrono nunca fue final y firme hasta el momento cuando el foro de instancia acogió el acuerdo al-canzado entre las partes, lo archivó en autos y expiró el tiempo dispuesto por ley para apelar. A partir de ese mo-mento, y sólo a partir de ahí, es que surgió la posibilidad de que el excónyuge, el señor Cruz Roche, reclamara su par-ticipación en la porción ganancial de la compensación otor-gada a la señora De Jesús Colón.

Así, quien posea una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 100 no tiene que contar con el aval de su cónyuge (en caso de haber una Sociedad de Bienes Gananciales) o excónyuge (si hay una comunidad de bienes posganancial ya disuelto el matrimonio) para tomar decisiones que afecten la referida causa de acción, pues ésta pertenece al empleado exclusivamente. El excónyuge que reclame parte de la porción ganancial de la compensación económica recibida por el empleado bajo la Ley Núm. 100 sólo podrá participar del monto que quede una vez el empleado titular de la acción haya dispuesto de su caso como mejor entendiera.

Del mismo modo que un empleado tiene la potestad de procurar un trabajo que lo remunere en mayor o menor grado, así también un empleado discriminado posee la pre-rrogativa de incoar o no una demanda, litigarla de una u otra forma o de transar el caso. El control en uno u otro supuesto lo tiene el empleado, aunque sin duda en ambas instancias sus acciones repercutirán sobre los ingresos que recibirá la Sociedad de Bienes Gananciales que posible-mente integra.

IV

Por todo lo anterior, se expide el auto solicitado, se re-voca la sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida en reconsideración y se devuelven los procedimientos al Tribunal de Primera Instancia para que éste determine, acorde con lo aquí dispuesto, cuál fue la cantidad final re-cibida por la señora De Jesús Colón producto del acuerdo con su antiguo patrono y qué porción se reputará ganancial. Una vez determinado lo anterior, se ordenará la división por partes iguales de la porción ganancial del acuerdo alcanzado entre la señora De Jesús Colón y Whitehall-Robins Laboratories.

Para hacer la división correspondiente, el Tribunal de Primera Instancia debe tomar varios pasos. En primer lu-gar, debe determinar qué porción se otorgó a la señora De Jesús Colón como compensación por lucro cesante. En se-gundo lugar, debe decidir qué cantidad de esa porción se habría devengado durante la vigencia del matrimonio. Será esa cantidad la que se repute ganancial. Una vez de-terminado ese monto ganancial, el tribunal ordenará que dicha cantidad ganancial se divida en partes iguales entre ambos litigantes. Para la división, no se debe usar la figura duplicada de lucro cesante que provee la Ley Núm. 100 como penalidad contra el patrono discriminante, sino el monto simple, que es el que en realidad hubiera devengado como salario durante la vigencia del matrimonio.

Se dictará sentencia de conformidad.


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Wilda Rodríguez Plaza.

      Números: AD-2007-1
    AD-2009-2

      Resueltos: 29 de junio de 2011

      Sonia Ivette Vélez Colón, directora de la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales, Victoria López Menéndez, Félix J. Fumero Pugliessi y Julia María Badillo Lozano, de la Oficina de Administración de los Tribunales, parte quere-llante; Gustavo A. Chico Barris, María Cristina Mullán Dávila y Carlos R. Ríos Gautier, del bufete Ríos Gautier & Cestero, C.S.P., abogados de la parte querellada; Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disci-plina Judicial; Ángel F. Rossy García, comisionado especial.
   PER curiam:

He aquí el dilema: la aplicación correcta de la ley o la norma jurídica no es suficiente para ejercer correc-tamente la función judicial. Los es-tilos de trabajo, de comunicación y el comportamiento del juez en y fuera del tribunal son igualmente importantes para la imagen y el lo-gro de la justicia. Uno de los ele-mentos que posiblemente más con-tribuye a elevar o erosionar el respeto, el prestigio y la estimación por nuestra judicatura es la forma en que los jueces se comportan en el Salón de Sesiones.

—L. Rivera Román y C. López Cintrón, El temperamento y la función judicial, 1 Rev. Ley y Foro 4 (2009)

I — I

En esta ocasión, tenemos la encomienda de evaluar el comportamiento de la exjuez Wilda Rodríguez Plaza, a quien se le imputaron infracciones a los Cánones de Etica Judicial. Estas imputaciones tienen su génesis en dos pro-cesos disciplinarios distintos, AD-2007-1 y AD-2009-2. En específico, a la entonces jueza se le atribuyeron transgresiones a los Cánones 4, 8, 9,13, 14 y 33 de Etica Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B.

Durante la tramitación del proceso disciplinario, la Leda. Wilma Rodríguez Plaza renunció a su cargo de jueza superior efectivo el 31 de diciembre de 2010. Así pues, el asunto que tenemos ante nuestra consideración es auscul-tar si las actuaciones de la licenciada Rodríguez Plaza en el desempeño de su cargo como juez, engendraron violacio-nes a los cánones del Código de Etica Profesional. En aras de preservar la fluidez en el análisis, narraremos por sepa-rado los hechos de los dos procesos disciplinarios.

r — i l — l

A. El 10 de febrero de 2006, el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, designó a la licen-ciada Rodríguez Plaza para ocupar el cargo de juez superior. El Senado de Puerto Rico confirmó su nombra-miento el 26 de abril de 2006 y la licenciada Rodríguez Plaza juramentó el 31 de mayo de 2006. Antes de asumir el cargo, la exjuez Rodríguez Plaza laboró por espacio de die-cisiete años en el bufete Goldman, Antonetti & Córdova, P.S.C., donde ocupó la posición de socia. Durante su esta-día en el bufete, se especializó en la práctica del derecho civil, corporativo, bancario, quiebras y ejecuciones de hipoteca.

Luego de completar el adiestramiento en la Academia Judicial, fue asignada al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 18 de julio de 2006. Allí la recibió la juez administradora, Hon. Miriam Santiago Guzmán. Esta le informó que tendría a su cargo una sala en que se aten-derían casos de tránsito, delitos menos graves, vistas de causa probable para el arresto en alzada e impugnación de confiscaciones. Aunque se asignó en propiedad al Tribunal de Aguadilla, la querellada Rodríguez Plaza tenía que tras-ladarse los miércoles al Tribunal Municipal de Isabela para atender ciertos casos.

Por motivo de actuaciones y comentarios de la quere-llada Rodríguez Plaza, el capitán de la Policía, Miguel Ro-sado Carrero, redactó una carta que remitió a la juez ad-ministradora Santiago Guzmán. En esta misiva narró una situación incómoda que ocurrió en la sala que presidía la querellada Rodríguez Plaza. En esa ocasión, esta se encon-traba en la Sala de Isabela ante un salón repleto de perso-nas y atendía casos relacionados a la Ley de Tránsito. El agente Velázquez Webb se dirigió hacia los bancos designa-dos para los policías y allí se encontró con la agente Isabel Valle, a quien saludó con un toque de mejillas. Al observar el incidente, la juez Rodríguez Plaza los señaló y en voz alta les ordenó que pasaran al estrado. Al llegar al estrado, ambos agentes recibieron una reprimenda por parte de la juez Rodríguez Plaza, quien les dijo que no podía permitir esa conducta impropia en su sala, pues constituía una falta de respeto. Añadió que eso no se debía hacer en un tribunal sino en una plaza pública.

Cuando la juez Rodríguez Plaza culminó de hablar, la agente Valle le intentó explicar que solo se trataba de un saludo. Acto seguido, la juez ordenó a la agente Valle que se callara. El agente Velázquez Webb pidió disculpas e in-dicó que no fue su intención faltarle el respeto al tribunal. Según este último, nunca en sus más de veinticinco años en la Policía de Puerto Rico había tenido una situación de esa naturaleza.

Luego del incidente de los agentes Valle y Velázquez Webb, hubo otro relacionado con el agente Esaút Ruiz. En esa ocasión se llamó el caso del agente Ruiz pero este no se encontraba presente en el tribunal. Sin reparos, la juez Rodríguez Plaza emitió una orden de arresto en su contra y fijó una fianza de $5,000 sin derecho a prestar el 10%. Acto seguido, expresó sonriéndose y mirando hacia el banco de los policías: “Recuerden que Guerrero está bien cerca.” Al-gunos policías interpretaron ese comentario como una amenaza de que si ellos no comparecían a sala, la quere-llada Rodríguez Plaza tendría la opción de enviarlos a la cárcel ubicada en el barrio Guerrero de Aguadilla y fijarles fianza sin derecho al 10%. Agraciadamente, el agente Ruiz compareció al tribunal, se excusó por su tardanza y la juez querellada dejó sin efecto la orden de arresto.

En otro incidente, la juez querellada llevó a su perro de la raza “cocker spaniel” a la sala de tribunal en Isabela, porque el animal se encontraba enfermo. El perro se man-tuvo todo el tiempo en el despacho de la jueza querellada. Esta advirtió a los funcionarios del tribunal que no tocaran al perro porque podía morder. Afortunadamente, no hubo incidentes ese día. Mientras el tribunal se encontraba en sesión, la juez Rodríguez Plaza manifestó a los presentes que llevó su perro al tribunal porque estaba enfermo. De igual forma, expresó que tendría que suspender el calenda-rio de la tarde porque tenía que llevar el perro al veterinario. No obstante, la querellada atendió los casos de la tarde.

En otra ocasión, la juez administradora recibió una queja del Ledo. José Trabal Cuevas en torno a una situa-ción que surgió en sala el 13 de septiembre de 2006. Ese día, se celebró una vista en su fondo en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Zuleni González Rodríguez, ALTR-2006-0813. Durante la vista, surgió un incidente en el que la juez Rodríguez Plaza le solicitó al licenciado Trabal Cuevas que no subiera el tono de su voz. El abogado contestó que ese era su tono de voz. En ese momento el ambiente en la sala era sumamente tenso. Con posterioridad, el abogado le explicó a la querellada que era sordo del oído derecho. Además, le indicó que tenía un derecho constitucional a su privacidad y que no tenía que divulgar información personal. La querellada Rodríguez Plaza contestó que ella no le obligó a divulgar esa información y solo le dijo que bajara la voz.

El 27 de septiembre de 2006 hubo otro incidente entre el licenciado Trabal Cuevas y la juez Rodríguez Plaza mien-tras se veía el caso Pueblo de Puerto Rico v. Juan J. Juarbe Barreto, A1TR-2006-000275 y A1TR-2006-000276. El juicio en su fondo estaba señalado para las 2:00 p.m. y cuando se llamó el caso a las 2:05 p.m. el letrado no estaba presente. A raíz de esto, la querellada le asignó un turno posterior y declaró que si el abogado llegaba después de las 2:30 p.m. le impondría una sanción de $25 por su tardanza, y que cada media hora adicional le añadiría otra sanción. Mani-festó, además, que el licenciado conocía cual era la norma del tribunal con relación a las tardanzas.

El licenciado Trabal Cuevas se presentó a las 2:15 p.m. a la sala de la querellada Rodríguez Plaza. En ese mo-mento ésta dialogaba con otro abogado y, al ver al licen-ciado Trabal Cuevas, le dijo, fuera del registro, que su caso se había llamado y que próximamente lo atendería. En ese instante, el letrado Trabal Cuevas, molesto, le reclamó que cómo era posible que su caso hubiese sido llamado si no se podían atender dos casos a la vez. A eso, la juez replicó que el licenciado Trabal Cuevas no entendía el procedimiento que ella seguía en su sala, donde escalonaba los casos para ver los que estuvieran preparados. Acto seguido, el licen-ciado Trabal Cuevas le expresó a la juez que él conocía el proceso y que, además, merecía respeto. Indicó, de igual forma, que la querellada Rodríguez Plaza menospreciaba su capacidad y eso lo hacía sentir muy mal. Finalmente, el licenciado Trabal Cuevas solicitó y obtuvo otro turno posterior. Luego, el abogado solicitó la inhibición de la juez Rodríguez Plaza. Entonces, la querellada refirió el asunto a la juez administradora.

Otro incidente que provocó la presentación de una de las quejas que dio origen a este proceso disciplinario fue el ocurrido con la Srta. Ashley González Fuentes. El 4 de diciembre de 2006 se celebraba una vista ante la querellada Rodríguez Plaza. En ese momento, esta tomaba café en el estrado. Cuando el alguacil de sala llamó un caso, se escu-chó un bostezo fuerte que provenía de la parte posterior del salón. A renglón seguido, la juez querellada le dio instruc-ciones al alguacil de sala para que hablara con la persona que había bostezado. Cuando el alguacil se acercó a la se-ñorita González Fuentes, esta se molestó e hizo un comentario. La juez Rodríguez Plaza la mandó a callar y la señorita González Fuentes le replicó. Al final, la juez or-denó al alguacil que sacara a la joven y a su acompañante. Después que la señorita González Fuentes fue removida de la sala, fue llorando a la oficina de la jueza administradora Santiago Guzmán para contarle lo ocurrido y, de paso, pre-sentó una queja contra la juez Rodríguez Plaza. Posterior-mente, la juez querellada se inhibió del caso que se iba a ver ante ella y en el cual la señorita González Fuentes era la imputada.

Por otro lado, el 27 de diciembre de 2006 ocurrió otro incidente inusual con la querellada. Mientras se encon-traba en la sala de Isabela, la juez Rodríguez Plaza ofreció entremeses a los presentes. Los entremeses estaban colo-cados en la mesa del área de los fiscales. Al pasar el algua-cil Carlos Rivera López y verlos, la querellada le indicó que había piscolabis para el público, abogados y fiscales, pero que él no podía comer porque estaba “muy gordito”. Tiempo después, el alguacil Rivera López manifestó que se sintió incómodo por la situación.

Al día siguiente, ocurrió otro suceso inusitado en la sala de Aguadilla. La querellada manifestó que era el Día de los Inocentes y que había traído entremeses y refrigerios a los presentes. Mientras la exjuez atendía los casos, comía en el estrado. Cuando el Ledo. David Villanueva Matías llegó al salón de sesiones, le pareció raro lo que observaba, por lo que preguntó la razón de los entremeses. Le informaron que la fiesta era por ser el Día de los Inocentes. Cuando el abogado se acercó al podio mencionó que era el día de su cumpleaños. En ese momento, la querellada Rodríguez Plaza instruyó a su secretaria que apagara el registro para cantarle cumpleaños al letrado. Una vez fuera del registro, todas las personas en sala, unas cincuenta, le cantaron cumpleaños al abogado.

B. Con posterioridad a los hechos narrados, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) trasladó a la querellada a la Región Judicial de Fajardo. Durante su es-tadía en esa región, la OAT recibió tres quejas juramenta-das que presentaron el Sr. Jaime Barreto Camacho, el al-guacil Ornar Vázquez Cordero y el Ledo. Ricardo M. Prieto García.

El señor Barreto Camacho trabajó como secretario jurí-dico de la querellada desde el 16 de marzo de 2007 hasta el 16 de septiembre de 2008. Durante las vistas celebradas, el señor Barreto Camacho testificó que el transcurso del día de trabajo siempre dependía del estado de ánimo en que llegara la juez. Manifestó, además, que la juez Rodríguez Plaza le hizo varios comentarios ofensivos, tales como que lo “quería restrellar contra la pared” y “que estaba gordo como un lechón”. Querella, pág. 4. Añadió que en la oficina debía mantenerse silencio absoluto porque a la juez le mo-lestaban los ruidos y las interrupciones. Según alegó el se-ñor Barreto Camacho, si otros compañeros del tribunal iban a la oficina, este tenía que comunicarles por señas que se retiraran.

Durante la segunda semana de trabajo del señor Ba-rreto Camacho, la querellada le solicitó que verificara si estaba matriculada en un seminario y la hora cuando este se llevaría a cabo. Debido a que el señor Barreto Camacho cometió un error y le informó la hora incorrecta, la juez Rodríguez Plaza le indicó que su trabajo era “chapuceado” y que iba a evaluar si él continuaría siendo su secretario jurídico. Además, le advirtió que hablaría del asunto con el juez administrador del Tribunal de Fajardo.

En otro asunto, en el Centro Judicial de Fajardo se im-partieron instrucciones para que los secretarios jurídicos no entraran al salón de sesiones ni fueran a la Secretaría a buscar expedientes. Por el contrario, se debía seguir el pro-cedimiento formal establecido para ello. No obstante, la querellada Rodríguez Plaza le requería a su secretario que entrara a sala para darle mensajes, ya fuese sobre llama-das telefónicas que estuviera esperando o para notificarle otros asuntos. Por otro lado, también obligaba al señor Ro-dríguez Barreto a entrar a la Secretaría del tribunal a bus-car expedientes aunque no tenía autorización formal para ello. A pesar de las directrices existentes, la querellada Ro-dríguez Plaza justificaba su proceder fundamentándose en que ella era la juez que presidía la sala y podía disponer lo que podía hacerse allí.

En ocasiones, el señor Barreto Camacho realizó tareas que no formaban parte de sus funciones como secretario jurídico, ya fuera porque la juez se lo ordenaba o porque él lo quería hacer. Entre estas, realizó depósitos en la cuenta de banco de la querellada Rodríguez Plaza, gestionó los preparativos de su boda (todo lo relacionado con el alquiler de mesas y sillas, música y comida) y empujó su vehículo en dos ocasiones porque se le había dañado. Además, en varias ocasiones, el señor Barreto Camacho redactó en su oficina, a solicitud de la querellada, cartas personales diri-gidas a diversas entidades para ser suscritas por ella o por su esposo, el Sr. Rafael Layer Rosario. Entre los destinata-rios de estas cartas, cabe mencionar los siguientes: Banco Santander de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica, AT & T, AAA Almacenes y la Administración de Sustento de Menores (ASUME).

En otro incidente, la Sra. Ileana Ramos, amiga del se-ñor Barreto Camacho, fue a preguntarle sobre el estado de salud de su abuela. El señor Barreto Camacho le relató que su abuela había sido diagnosticada con una condición co-nocida como “culebrilla”. Cuando la querellada Rodríguez Plaza escuchó de lo que se trataba, le dijo a su secretario que se fuera de la oficina, que eso le había dado a ella y que era contagioso. Como la condición de su abuela se complicó, el señor Barreto Camacho contrató a otra persona para que se hiciera cargo de llevarla a sus citas médicas y estu-viera pendiente de darle seguimiento a su tratamiento. En una ocasión, la persona que cuidaba a su abuela llamó al señor Barreto Camacho a su teléfono móvil para infor-marle sobre la condición de salud de su abuela y cuando la juez lo vio hablando por celular, le llamó la atención y le dijo que entrara a su oficina. Allí lo regañó fuertemente por lo ocurrido.

Cansado de que se le regañara constantemente, el señor Barreto Camacho renunció a su cargo mediante carta de 16 de septiembre de 2006. Tras presentar su renuncia, le explicó a la juez administradora Cartagena Colón las razo-nes que lo llevaron a tomar esa decisión. Posteriormente, el señor Barreto Camacho presentó una queja contra la juez Rodríguez Plaza por los incidentes descritos.

Por otra parte, el alguacil Vázquez Cordero testificó que se le hacía difícil trabajar en la sala de la querellada Ro-dríguez Plaza porque se sentía nervioso, hostigado e in-tranquilo por la forma en que ésta se comportaba y trataba a las personas. Explicó que la juez le llamaba la atención en cualquier momento si sucedía algo contrario a sus ins-trucciones sobre la manera en que debía manejarse la sala.

El 29 de agosto de 2008, el alguacil Vázquez Cordero estuvo asignado a la sala que presidía la juez Rodríguez Plaza. Después de que se terminaron de atender los casos, el alguacil tuvo una duda con relación a un auto de prisión. El alguacil fue a la oficina de la querellada Rodríguez Plaza para auscultar si procedía el auto de prisión aunque la persona imputada fue referida a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). Mientras el alguacil con-versaba con el secretario Barreto Camacho, la querellada Rodríguez Plaza le gritó desde su oficina, y le requirió que entrara y le explicara lo sucedido. Cuando el alguacil le explicó su duda, la juez Rodríguez Plaza comenzó a recri-minarle, diciéndole que él tenía que conocer lo que sucedió y que para eso él estaba allí. El alguacil intentó explicarle, pero la juez volvió a interrumpirlo. Le dijo que no estaba prestando atención. En ningún momento le dio la oportu-nidad al alguacil para que explicara lo ocurrido.

Otro día, debido a la cantidad de casos asignados que tenía la querellada Rodríguez Plaza, la sala contaba con dos alguaciles. Hubo un momento en el que la juez Rodrí-guez Plaza, desde el estrado, en voz alta, le llamó la aten-ción al alguacil Vázquez Cordero. Le indicó que no podía permanecer sentado ya que tenía que ayudar al otro alguacil. Sin embargo, la razón por la cual el alguacil Váz-quez Cordero se encontraba sentado era porque estaba pre-parando las comparecencias y citaciones. Por las situacio-nes narradas, el alguacil Vázquez Cordero presentó una queja contra la juez el 4 de septiembre de 2008.

Mediante carta de 10 de octubre de 2008 dirigida a la juez administradora del Tribunal de Fajardo, el Ledo. Ricardo Prieto García presentó una queja formal contra la juez Rodríguez Plaza. En la queja, el abogado dio a conocer su preocupación por el desempeño de la juez Rodríguez Plaza y porque había notado animosidad hacia sus clientes y él. Expresó, además, que había percibido un ambiente tenso y hostil, que se caracterizaba por un trato brusco y cortante de la juez hacia abogados, funcionarios del tribunal, policías y el público en general. Antes de presentar su queja, el licenciado Prieto García tuvo varios incidentes con la querellada Rodríguez Plaza. Es decir, existía cierta animosidad entre ambos. El licenciado Prieto García tenía una práctica voluminosa y asumía la representación legal de varios casos en Fajardo y pueblos limítrofes. Eso cau-saba que, cuando sus casos eran llamados en el salón de sesiones, había que concederle turnos posteriores, porque se encontraba atendiendo casos en otras salas de la región judicial. Esta práctica alteraba constantemente el calenda-rio del tribunal. La situación le molestaba a la juez quere-llada porque la ausencia del licenciado Prieto García retra-saba el ritmo en que ella atendía sus casos.

En una ocasión, la Sra. Lupe Torres Arzola, cliente del licenciado Prieto García, tenía un caso asignado en el salón de sesiones de la juez querellada. Había una vista seña-lada para las 11:00 a.m. El caso fue llamado antes de la hora señalada y tanto el licenciado Prieto García como su cliente no estaban presentes. Tampoco estaban presenten los testigos del Ministerio Público. Luego de hacer un re-sumen del expediente, la querellada Rodríguez Plaza emi-tió una orden de arresto contra la señora Torres Arzola, con una fianza de $500 sin derecho al 10%. Además, emitió una orden de mostrar causa contra varios testigos del Ministe-rio Público. Cuando el licenciado Prieto García se enteró de la orden, le solicitó que reconsiderara su decisión, porque el caso se llamó antes de la hora señalada. La juez Rodrí-guez Plaza se reafirmó en su determinación y decretó un receso antes de lo indicado. Luego, delegó en el alguacil de sala la tarea de identificar una fecha hábil para las partes y señalar los casos, aunque ello correspondía a las funcio-nes judiciales de la entonces juez.

En otro caso, el licenciado Prieto García representaba a la Sra. Kirsy Gutiérrez en una vista de Regla 6 en alzada, por infracción de Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Domés-tica, 8 L.P.R.A. see. 601 et seq. En esa ocasión, aunque la señora Gutiérrez no había sido citada, se ordenó su arresto. Sin embargo, el licenciado Prieto García presenció ocasiones en las que la querellada ordenaba que la persona fuese citada y no arrestada.

El 6 de mayo de 2008, el licenciado Prieto García pre-sentó una “Moción de inhibición”, juramentada, en el caso Diadel J. Márquez v. E.L.A., NSCI2002-014 y otros, que estaba ante la consideración de la juez Rodríguez Plaza. El abogado fundamentó la moción en que la querellada Rodrí-guez Plaza estaba parcializada. Esa moción fue declarada “no ha lugar” tanto por la juez administradora Cartagena Colón como por el Tribunal de Apelaciones. Posterior-mente, el licenciado Prieto García presentó una segunda “Moción solicitando la inhibición a tenor con la Regla 63.1 y 63.2 de Procedimiento Civil”, en el mismo caso. En esa ocasión, fundamentó su solicitud en que presentó una queja en la OAT contra la juez Rodríguez Plaza. Esta se-gunda solicitud sí fue declarada “con lugar”. En una oca-sión posterior, y a pesar de la orden de inhibición, el licen-ciado Prieto García volvió a litigar otro caso ante la querellada y en éste la juez Rodríguez Plaza le resolvió a favor de su cliente.

Otro evento es el que ocurrió entre la jueza Rodríguez Plaza y el fiscal Luis Marrero Avilés. La jueza le impuso al fiscal Marrero Avilés una sanción de $100 a favor del acu-sado por no cumplir con la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, sobre el descubrimiento de prueba a favor del acusado. Luego, se celebró una vista en el caso y la juez Rodríguez Plaza le llamó la atención al fiscal Marrero Avilés por no haber pagado la sanción. Ade-más, le expresó al fiscal que él tenía que pagarle los $100 al acusado. El fiscal le explicó que ello no procedía en ar-monía con las Reglas de Procedimiento Criminal. No obs-tante, la juez querellada continuó requiriéndole el pago al acusado. A su vez, el acusado, en corte abierta, le requería al fiscal que le pagara los $100, diciéndole “señor, deme mis chavos”. La jueza querellada le repetía al fiscal que estaba al borde de un desacato, mientras que todas las personas presentes en la sala se reían. Molesto, el fiscal Marrero Avilés manifestó que lo arrestaran y extendió las manos al alguacil. Finalmente, la juez Rodríguez Plaza ex-presó que no arrestaría al fiscal Marrero Avilés pero que sí emitiría una resolución, lo que nunca hizo.

III

La Regla 33 de Disciplina Judicial, en lo pertinente, establece:

Regla 33. Efecto de renuncia o expiración del término de nom-bramiento
(a) La renuncia o la expiración del término del nombra-miento de la jueza o del juez querellado no impedirá que con-tinúe el procedimiento disciplinario en su contra al amparo de este reglamento. La Comisión determinará si la conducta amerita la recomendación de imponerle a la jueza o al juez querellado medidas disciplinarias por violación al Código de Etica Profesional. 4 L.P.R.A. Ap. XV-B.

Es decir, “la renuncia de un miembro de la Judicatura o el vencimiento de su término no impide la continuación de un procedimiento disciplinario en su contra, siempre que la alegada conducta impropia pueda dar lugar a su des-aforo o suspensión del ejercicio de la abogacía”. In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245, 253 (2003).

Recientemente resolvimos en In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57 (2008), que los abogados tienen un interés propietario en el ejercicio de la profesión legal. Por consiguiente, los abogados son acreedores de las garantías que ofrece la vertiente procesal del debido proceso de ley en aquellos procedimientos disciplinarios en que esté en juego su título. In re Ruffalo, 390 U.S. 544, 550 (1968).

No obstante, es necesario tener presente cuál es el pro-ceso debido. En específico, en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 887—888 (1993), mencio-namos que mediante “el debido proceso de ley procesal se le impone al Estado la obligación de garantizar que la inter-ferencia con los intereses de libertad y propiedad del indi-viduo se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo”. (Énfasis en el original.) Es decir, el debido pro-ceso de ley, en su vertiente procesal, es pragmático y “ ‘debe ser fundamentalmente justo al individuo en la resolución de los hechos y derechos que sirven de base para aquellas acciones gubernamentales que le privan de su vida, liber-tad o propiedad’ ”. (Énfasis suplido.) Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 274 (1987).

Por otro lado, en In re Pérez Riveiro, 180 D.P.R. 193, 200 (2010), resolvimos que en la vertiente procesal del debido proceso de ley, que hay que conferirle a los abogados en el proceso disciplinario, “se satisface siempre que se le provea al abogado querellado la oportunidad de responder y defenderse de los cargos imputados y notificados, así como de las teorías en las que se basen”. Así, concluimos que

... la práctica de enmendar tácitamente la querella, a base de la prueba presentada, para sancionar a un abogado por viola-ciones al Código de Ética Profesional que no fueron imputadas en la querella es incompatible con la naturaleza de los proce-dimientos disciplinarios de los abogados y viola el debido pro-ceso de ley. íd.

Sin embargo, la norma que pautamos en Pérez Riveiro, supra, no es rígida ni inflexible. Por esto, en In re Martínez Almodóvar, 180 D.P.R. 805, 825-826 (2011), mencionamos que

...a modo de excepción, en las instancias en donde el expe-diente ante la consideración del Tribunal refleje que, en cuanto a la conducta impropia adicional, se le han salvaguar-dado al querellado todas las garantías que emanan del debido proceso de ley, el Tribunal podrá —si lo estima apropiado— evaluar y atender esa conducta adicional en el mismo procedi-miento disciplinario, sin necesidad de referirla al procurador general. Sólo así protegeremos efectivamente las garantías constitucionales del abogado querellado y no se menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su defensa ni se le impedirá velar por su sustento.

En el caso ante nuestra consideración, no se enmienda la querella para añadir hechos que no se encontraban en la querella formal presentada por la Oficina de la Adminis-tración de Tribunales. Sencillamente analizamos la con-ducta exhibida por la licenciada Rodríguez Plaza al am-paro del Código de Etica Profesional y no del Código de Etica Judicial, porque ella renunció a su cargo como juez antes de que interviniéramos. Además, la querellada Ro-dríguez Plaza tuvo amplia oportunidad de presentar prueba y refutar la que presentó la Oficina de Administra-ción de los Tribunales en ambos procedimientos disciplinarios. En palabras del Tribunal Supremo federal, nuestra actuación de disciplinar a la licenciada Rodríguez Plaza al amparo del Código de Etica Profesional no consti-tuye una “trampa” para enmendar la querella sin previo aviso al abogado. Por eso se permite. Véase Zauderer v. Office of Disc. Counsel, 471 U.S. 626, 655 esc. 18 (1985), citando a In re Ruffalo, supra, pág. 551 esc. 4.

IV

En In re Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961), desaforamos per-manentemente a un abogado, porque en su desempeño como juez sentenció e impuso multas y costas a varias per-sonas en el momento en vistas para determinación de causa probable sin haber sido presentada denuncia alguna. Determinamos que el juez se apropió ilegalmente de la cantidad de $577.25. Al así proceder, señalamos que la conducta del entonces juez José Antonio Liceaga “tiende a desacreditar el concepto del público de la justicia y a menospreciar las condiciones morales que debe reunir todo abogado”. íd., pág. 259.

Como se puede apreciar, el estándar que usamos para medir la actuación del juez Liceaga es muy similar a la apariencia de conducta impropia que esboza el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. De igual modo disciplinamos a la Leda. Elba Santiago Rodríguez por discriminar por razón de género contra las mujeres víctimas de violencia doméstica que acudían a su sala a buscar órdenes de protección. In re Santiago Rodríguez, supra. En específico, utilizamos el Canon 38 del Código de Ética Profesional y no los Cánones de Ética Judicial para disciplinar a la licenciada Santiago Rodríguez, debido a que ésta había renunciado a su cargo como juez. En aquel entonces determinamos que “las expresiones discriminato-rias de la licenciada Santiago Rodríguez hacia las mujeres víctimas de violencia doméstica se apartaron de la con-ducta digna y honorable que exige el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Con su proceder minimizó y trivializó el serio problema de violencia doméstica que en-cara el país”. Id., pág. 255.

Por otro lado, en In re Suárez Marchán, 159 D.P.R. 724 (2003), censuramos enérgicamente a un abogado que, en su desempeño como juez, intervino y decidió varios asuntos procesales de un caso de alimentos en que las partes eran amigas suyas. Además, durante el trámite del caso, le re-comendó a una de las partes que contratara a cierto abogado. Por último, el juez mantuvo comunicación pri-vada con una de las partes. Todo esto fue una clara viola-ción de los Cánones de Ética Judicial. No obstante, como el licenciado Suárez Marchán ya no era juez, lo disciplinamos al amparo de los cánones del Código de Ética Profesional. En específico, mencionamos que

[l]a conducta del licenciado Suárez Marchán dista mucho de exaltar el honor de la profesión legal. Por el contrario, sus actuaciones en todo tiempo aparentaron estar encaminadas a beneficiar, desde su posición como Juez Superior, a la señora Cruz Negrón y de utilizar su cargo para alterar el adecuado funcionamiento del sistema judicial. Id., pág. 745.

Por otro lado, en In re Barreto Ríos, 157 D.P.R. 352 (2002), censuramos enérgicamente a un abogado por insul-tar a las oficiales administrativas de la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. En específico, encontramos que

... [l]a opinión personal del licenciado Barreto en sí no consti-tuye conducta antiética. Sin embargo, la excesiva y grosera manifestación de tal opinión no es conducta digna de un abogado. No hay razón para insultar al personal de la Secre-taria del Tribunal de Primera Instancia, diciendo: “están con una dejadez, arrastrando las nalgas, culipandeándose por la Secretaría”. íd., pág. 358.

Si comparamos el caso In re Barreto Ríos, supra, con el presente, notamos ciertas similitudes. En ambos casos los querellados emitieron varios epítetos contra funcionarios judiciales que se apartaron de los preceptos de dignidad, honorabilidad y cordialidad que profesa el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Un análisis detenido de nuestras decisiones en In re Li-ceaga, supra, In re Santiago Rodríguez, supra, e In re Sua-réz Marchan, supra, refleja que en todas ellas sancionamos a abogados por su conducta como jueces. Incluso, en los dos últimos fundamentamos nuestra decisión en el Código de Etica Profesional. En el caso que nos ocupa tenemos el de-ber insoslayable de hacer lo mismo.

La Comisión de Disciplina Judicial expresó en su in-forme que “[s]i evaluáramos cada uno de los incidentes na-rrados de forma individual, podrían no constituir una vio-lación a los Cánones de Etica Judicial”. Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 72. Es decir, la Comi-sión entiende que la raíz de los incidentes que ocurrieron en el ámbito del salón de sesiones es la ausencia de tempe-ramento judicial de la exjuez Rodríguez Plaza. Si analiza-mos la mayoría de las quejas presentadas contra la exjuez, resulta forzoso concluir que ella conducía los procesos en su sala de manera atropellada y poco flexible.

Asimismo, la manera como la exjuez Rodríguez Plaza trató tanto a los funcionarios del tribunal como a los abogados, demuestra que no tenía temperamento judicial. Ahora bien, por definición, la ausencia de temperamento judicial no es motivo para disciplinar a una abogada. En lo que a la licenciada Rodríguez Plaza respecta, ese punto es académico ante su renuncia. No obstante, el criterio general de la Parte IV del Código de Ética Profesional (Deberes del abogado en relación con sus compañeros y su profesión), 4 L.P.R.A. Ap. IX, señala que “todo abogado debe observar con los compañeros una actitud respetuosa, sincera, hon-rada, cordial, velando siempre por el buen ejercicio de la profesión legal”.

La conducta de la licenciada Rodríguez Plaza no fue digna, honorable, respetuosa ni cordial. Fue todo lo contrario. Utilizó el poder de su cargo judicial para vejar a otros abogados. Sin duda, todo juez está obligado a impo-ner orden en su sala, pero sin llegar al extremo de abusar de la honrosa toga que lleva puesta.

La licenciada Rodríguez Plaza se excedió de los contor-nos éticos que regulan la profesión legal. Por ello, procede sancionarla como abogada por infringir el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Debemos, considerar, no obstante, que no todos los inci-dentes relatados configuran violaciones de ese canon. En particular, los incidentes entre la querellada Rodríguez Plaza y los licenciados Trabal Cuevas y Prieto García, así como los relatados por el señor Barreto Camacho, secreta-rio de la querellada, no configuran violaciones al citado Canon 38, sino discrepancias profundas en el manejo de sala o de la oficina de la juez. Todas fueron atendidas por los canales correspondientes. Las relacionadas a los letra-dos se atendieron en el proceso de recusación de la juez y las planteadas por el secretario de la querellada las aten-dió la juez administradora. Son los incidentes restantes los que ameritan el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

Debemos considerar también el historial de la querellada. Este es el primer incidente disciplinario en el que se ve involucrada la querellada Rodríguez Plaza, como juez o abogada.

V

Atendidos los hechos probados y el inmaculado historial profesional previo de la licenciada Rodríguez Plaza, limita-mos la sanción, en esta ocasión, a una censura enérgica. Advertimos a la licenciada Rodríguez Plaza que cualquier transgresión futura a las normas mínimas de conducta que impone el Código de Etica Profesional, conllevará una san-ción disciplinaria más severa.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: per curiam:

text:
      In re Ángel Figueroa Vivas.

      Número: TS-4270

      Resuelto: 29 de junio de 2011

      María A. Hernández Martín, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, de la Ofi-cina del Procurador General de Puerto Rico; Felipe Benicio Sánchez, abogado de Ángel Figueroa Vivas; Angel Figueroa Vivas, pro se.

   per curiam:

El Sr. Ángel Figueroa Vivas fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1973 y al de la notaría el 24 de septiembre de 1973. El 21 de febrero de 1991 este Tribunal lo separó permanentemente del ejerci-cio de la abogacía y de la notaría. In re Colton Fontán [I], 128 D.P.R. 1 (1991). Los hechos que provocaron la sanción disciplinaria tienen su génesis en los actos y las omisiones del señor Figueroa Vivas como director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en relación con los hechos aconte-cidos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978. En In re Colton Fontán [I], supra, págs. 112-113, concluimos que el señor Figueroa Vivas incurrió en una negligencia crasa que violaba los Cánones 5, 15, 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En lo relativo a la actuación del señor Figueroa Vivas, mencionamos que

... es obvio que el 17 de agosto de 1978 coaccionó al policía Quiñones Quiñones y ejerció presión indebida sobre él para que alterara su declaración sobre las dos ráfagas de disparos, hecho que era incompatible con la versión de defensa propia de la Policía. Sin explicación, destruyó además parte de la declaración jurada inicial que ese testigo le ofreció en esa fecha.
Además, Colton Fontán y Figueroa Vivas, en su desempeño como fiscales independientes y actuando combinadamente, el 17 de agosto de 1978 le ofrecieron empleo al testigo Quiñones Quiñones, y el 26 de julio de 1978, sin previo aviso, se perso-naron a su residencia en Ponce y lo amenazaron con formu-larle acusaciones por varios delitos si no alteraba su declaración. In re Colton Fontán [I], supra, págs. 107-108.

Una lectura de los párrafos anteriores demuestra que no solo sancionamos al señor Figueroa Vivas por conducir una investigación de forma negligente, sino que también lo sancionamos por intentar ocultar la verdad de los hechos ocurridos en el Cerro Maravilla. El peticionario coaccionó a testigos que participaron en la investigación. Además, des-truyó declaraciones juradas de testigos importantes. Al así proceder, encubrió los hechos que ocurrieron el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.

Tiempo después, el señor Figueroa Vivas presentó una “Solicitud de reapertura del caso, nombramiento de Comi-sionado Especial y/o se deje sin efecto sentencia”. Mediante Resolución de 4 de marzo de 1994, declaramos “no ha lu-gar” dicha moción. In re Colton Fontán [II], 135 D.RR. 259 (1994).

Posteriormente, el 20 de marzo de 1996 el peticionario solicitó nuevamente la reapertura del procedimiento disci-plinario en su contra. El 11 de septiembre de 2002 emiti-mos una Resolución en la que denegamos su solicitud. Al así proceder, concluimos que el peticionario no cumplió con los requisitos dispuestos en la Regla 188(a) de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para que prospere una moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de prueba nueva. In re Figueroa Vivas, 158 D.P.R. 1, 53 (2002).

Nuevamente, el 10 de diciembre de 2003 el señor Figueroa Vivas presentó ante este Foro una petición de reinsta-lación al ejercicio de la abogacía, la que declaramos “no ha lugar” el 23 de enero de 2004. El 10 de octubre de 2007 el señor Figueroa Vivas presentó una segunda petición de reinstalación, que también declaramos “no ha lugar” el 23 de octubre de 2007. Posteriormente, presentó una moción de reconsideración que consideramos afirmativamente el 13 de noviembre de 2007. Por tal razón, referimos el asunto a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejer-cicio de la Abogacía y la Notaría (Comisión de Reputación).

Luego de concluir con los trámites de publicación de edictos, la Comisión de Reputación celebró vistas eviden-ciarías los días 7 de abril de 2008, 5 de agosto de 2008 y 4 de marzo de 2009. En ellas testificaron las personas si-guientes: el Ledo. José Romo Matienzo, el Sr. Perfecto Acevedo Torres, el Sr. Aníbal Vázquez Carrión, el Ledo. Aníbal Medina Ríos, el Sr. Jorge Burgos Ramos, el Ledo. Eduardo A. Escribano Román y el peticionario Figueroa Vivas. Por considerarla prueba acumulativa, la representación legal del señor Figueroa Vivas colocó a disposición de la Procu-radora General y del Procurador Especial de la Comisión de Reputación los testimonios del Ledo. Genaro Rodríguez Gerena, del Ledo. Carlos I. Dávila Coca, del Dr. Orlando Rafael O’Neill, del Sr. Víctor Maldonado Viera, del Sr. Bue-naventura Quiñones Matos, del Sr. Ángel Figueroa Cruz y del Sr. Harry Robles.

Al culminar la presentación de la prueba testifical, la Procuradora General sometió su informe mediante el cual se opuso a la reinstalación del señor Figueroa Vivas a la profesión de la abogacía. Fundamentó su recomendación en la actitud asumida por el peticionario a través de los años, de negar responsabilidad por sus actuaciones. El pe-ticionario presentó una réplica al informe de la Procura-dora General. En la réplica el peticionario cuestionó las que considera las verdaderas razones que llevaron a la Procuradora General a no recomendar su reinstalación. Fi-nalmente, el 8 de noviembre de 2009 la Comisión de Repu-tación presentó ante la Secretaría de este Foro un docu-mento titulado “Informe al Tribunal Supremo.” En ese documento, la Comisión de Reputación recomendó denegar la solicitud de reinstalación porque la comunidad estaría en riesgo.

Antes de entrar en los méritos de la negativa de la Co-misión de Reputación de reinstalar al señor Figueroa Vivas, es menester considerar los hallazgos que surgen de los testimonios prestados en las vistas y de los documentos sometidos en evidencia.

I

El licenciado Romo Matienzo testificó que conocía al pe-ticionario desde su juventud, pues su familia es de Luqui-11o y el señor Figueroa Vivas fue maestro de química en ese pueblo. Indicó que fueron compañeros de trabajo en el NIE cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar a la sanción disciplinaria. Además, reveló que fue testigo del Fiscal Especial Independiente durante las vistas celebradas en 1987 sobre los hechos ocurridos en el Cerro Maravilla. Por úl-timo, señaló que no tiene reparo para la reinstalación del peticionario.

Por otro lado, el señor Acevedo Torres indicó que es ve-cino del señor Figueroa Vivas y que frecuentan la misma congregación religiosa. Señaló, además, que lo conoce hace aproximadamente veinte años y que el peticionario siem-pre ha sido un buen vecino que socorre a los demás.

El señor Vázquez Carrión, residente del municipio de Cidra, conoce al peticionario desde su adolescencia. Aun-que la relación entre ellos no es cotidiana, lo considera una persona distinguida del municipio de Luquillo.

El licenciado Medina Ríos testificó que conoce al señor Figueroa Vivas hace diez años. Lo considera su cliente y amigo. A pesar de que conoce los hechos que dieron lugar a la acción disciplinaria porque su esposa fue abogada del peticionario, prefirió no compartir esa información por mo-tivo del privilegio abogado-cliente. En suma, expresó que el peticionario goza de buena reputación y que es muy profe-sional en el desempeño de sus labores.

Asimismo, el señor Burgos Ramos, vecino del señor Figueroa Vivas, expuso que éste es muy servicial en su comu-nidad y que ayuda a las personas necesitadas. Además, indicó que hasta el momento no ha oído nada negativo so-bre el peticionario en su comunidad.

Todos los testigos puestos a la disposición de los procu-radores, por constituir prueba acumulativa, declararon que el peticionario goza de buena reputación y de una in-tegridad moral intachable en la comunidad en donde reside.

El señor Figueroa Cruz, hijo del peticionario, manifestó que su padre estudia con regularidad las opiniones que publica el Tribunal Supremo en su portal interactivo. Por otra parte, indicó que su padre le inculca valores de hones-tidad, honradez y respeto por los derechos ajenos para con las personas con quienes comparte.

Por su parte, el licenciado Escribano Román reconoció que no conoce al peticionario, por lo que no podía manifes-tar si éste se había rehabilitado. Tampoco podía testificar si el peticionario gozaba de buena reputación en la comunidad. Aunque aseguró que cree en el concepto de la rehabilitación, no estaba convencido de que el peticionario lo haya demostrado.

Finalmente, testificó el peticionario, señor Figueroa Vivas. Aceptó que cometió un error al dar crédito a las declaraciones de policías mendaces. No obstante, indicó que no tiene que arrepentirse de nada porque no actuó de manera ilegal. En específico, el peticionario Figueroa Vivas declaró:

[A] pesar de que yo no fui la persona que le tomé la decía-ración, definitivamente a la luz de toda la prueba, admito y eso es lo que he señalado, admito de que uno debió haber sido, definitivamente, más incisivo a los fines de haber tratado de conseguir alguna inconsistencia que pudiese haber aclarado el caso. No fue posible, por qué, porque le di, o sea, hasta cierto punto uno puede decir, fue cándido al uno al aceptar la versión de los policías. Transcripción de vista en su fondo de 5 de agosto de 2008, Apéndice, pág. 106.

De igual forma, el señor Figueroa Vivas señaló que, a su juicio, se ha mantenido al día sobre el desarrollo del Dere-cho puertorriqueño. Reconoció que no ha tomado cursos de educación continua durante los más de 19 años en que ha estado separado del ejercicio de la profesión. No obstante, indicó que revisa periódicamente el portal cibernético de la Rama Judicial y que no objeta tener que tomar un curso de repaso de reválida como condición para reingresar a la pro-fesión jurídica.

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Reiteradamente hemos expresado que este Tribunal tiene el poder inherente y exclusivo para admitir abogados a la práctica de la profesión. In re Gervitz Carbonell, 162 D.P.R. 665, 699 (2004); In re Bosch, 65 D.P.R. 248 (1945); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939). En virtud de ese poder inherente, tenemos la facultad de reinstalar abogados que han sido desaforados. In re Ramírez de Arellano, 173 D.P.R. 822 (2008); In re Colton Fontán [III], 154 D.P.R. 466 (2001).

Al analizar si procede una solicitud de reinstalación de un abogado que ha sido desaforado, la cuestión a considerar no es si el peticionario ha sido castigado suficientemente, sino si en el momento de la solicitud goza de tal reputación que se justifica permitirle de nuevo que ejerza la profesión. En otras palabras, lo importante es la integridad moral del peticionario en la actualidad. In re Pacheco Nieves, 135 D.P.R. 95, 99 (1994); In re Rivera Cin tron, 120 D.P.R. 706, 708 (1988); In re Cardona Vázquez, 112 D.P.R. 686, 689 (1982); In re González, 60 D.P.R. 94, 97 —98 (1942); In re Figueroa Maestre, 38 D.P.R. 955 (1928); In re Torregrosa, 34 D.P.R. 312 (1925).

En In re Pacheco Nieves, supra, pág. 98, mencionamos que “una persona que genuinamente se entiende inocente de unos hechos delictivos que le fueron imputados en el pasado no debe ser obligada a ‘aceptar’ su culpabilidad como condición sine qua non para su readmisión a la profesión”. Al aplicar tácitamente la doctrina esbozada en In re Pacheco Nieves, supra, hemos ordenado la readmisión de abogados desaforados convictos de delitos que implican depravación moral y que no se arrepienten de la conducta que dio lugar al desaforo. Véanse: In re Farinacci García, 163 D.P.R. 688 (2005); In re Malavet Rodríguez, 135 D.P.R. 823 (1994).

En In re Malavet Rodríguez, id., readmitimos al Sr. José Malavet Rodríguez, quien fue hallado culpable en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico por ayudar y alen-tar (“aiding and abetting”) a otras personas a presentar documentos fraudulentos y declaraciones falsas en las so-licitudes de pasaportes. En aquel momento reinstalamos al señor Malavet Rodríguez al ejercicio de la abogacía, aun-que no se arrepintió de lo que hizo. In re Malavet Rodrí-guez, id., pág. 833.

Por otro lado, en In re Farinacci García, supra, reinsta-lamos a un abogado que se declaró culpable de “la comisión de los delitos graves de transportación al extranjero de dinero robado y de conspiración”. Id., pág. 688. El Juez Aso-ciado Señor Rivera Pérez señaló en su opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Corrada Del Río, que “[e]l peticionario no demuestra arrepentimiento por sus ac-tuaciones constitutivas de delito grave. Justifica estas ac-tuaciones a base de una alegada situación y la presencia de unas condiciones en Puerto Rico para la época en que in-currió en tal conducta delictiva.” íd., págs. 697-698. Aún así, reinstalamos al señor Farinacci García, aunque no mostró arrepentimiento por la conducta que dio lugar al desaforo.

Por otro lado, en In re Colton Fontán [III], supra, read-mitimos al Sr. Pedro Colton Fontán al ejercicio de la abo-gacía, luego de que decretamos su separación indefinida junto con el peticionario Figueroa Vivas en In re Colton Fontán [II], supra. Al así proceder, expresamos:

“Al solicitar su rehabilitación un abogado que ha sido des-aforado, la médula de la cuestión no es si dicho abogado ha expiado su culpa ni si ha sido suficientemente castigado, sino más bien si en el momento de la solicitud él goza de tal repu-tación que justifique su readmisión a dicho ejercicio, es decir, si su integridad moral amerita su rehabilitación.” (Énfasis suprimido.) In re Colton Fontán [III], supra, pág. 471, citando In re Charneco, 72 D.P.R. 897, 898 (1951).

Es decir, en el proceso de reinstalación “no se litiga nuevamente el asunto o asuntos que previamente motivaron la suspensión del abogado. Sólo se evalúa si la conducta de un abogado suspendido, posterior a la suspensión, lo hace acreedor de su reinstalación.” S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2010, págs. 370-371. Véase In re Carbone Rosario, 166 D.P.R. 396, 398 (2005).

Por otra parte, en los casos de readmisión al ejercicio de la profesión, el peso de la prueba recae sobre la persona que solicita la reinstalación. Esta “debe demostrar que su conducta moral ha variado hasta alcanzar el grado y me-dida necesarios en que ese atributo resulta indispensable para estimarle capacitado para descargar intelectual y éti-camente los deberes y obligaciones que se esperan de todo abogado”. In re Cardona Vázquez, supra, pág. 689.

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Aparte de la jurisprudencia antes citada, en nuestra jurisdicción no contamos con un cuerpo de reglas que regule lo relativo al proceso de reinstalación de los aboga-dos desaforados. Para suplir esa laguna, es necesario que acudamos a nuestras decisiones anteriores y al derecho comparado.

La American Bar Association (ABA) publicó en 1989 las Reglas Modelo para la Aplicación de los Procesos Discipli-narios contra Abogados. Center for Professional Responsa-bility, Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement, Illinois, American Bar Association, 2007. La Regia 25(E) (Regla Modelo 25(E) de la ABA) de dicho cuerpo de regla-mentación trata los criterios a considerarse cuando se so-licita una reinstalación luego de un periodo de suspensión de más de seis meses. Id., pág. 25. La regla dispone, en lo pertinente:

Un abogado solo puede ser reinstalado o readmitido si reúne cada uno de los siguientes criterios, o si presenta razones su-ficientes y válidas que justifiquen su reinstalación o readmi-sión:
(1) El abogado ha cumplido plenamente con los términos y condiciones de las órdenes disciplinarias anteriores.
(2) El abogado no ha participado ni intentó participar en la práctica no autorizada de la profesión durante el período de suspensión o inhabilitación.
(3) ....
(4) El abogado reconoce la ilicitud y la gravedad de las faltas cometidas por las que se le suspendió.
(5) El abogado no ha incurrido en una falta de conducta pro-fesional desde la suspensión o inhabilitación.
(6) A pesar de la conducta por la que fue sancionado el abo-gado, éste tiene la honestidad y la integridad necesaria para ejercer la abogacía.
(7) El abogado se ha mantenido informado sobre la evolución del Derecho y es apto para practicar ante los tribunales.
(8) .... (Traducción nuestra.)

Lo mismo que disponen estos criterios surge de nuestra jurisprudencia. Por eso, la Regla Modelo 25(E) nos ayuda para evaluar la solicitud de reinstalación del peti-cionario Figueroa Vivas. El primer criterio se asegura de que el abogado desaforado cumpla cabalmente con las ór-denes que emita el organismo que ejerce la función disciplinaria. Como mencionamos en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 631 (1993), los abogados son “funcionarios del tribunal” y deben obediencia a éste. De igual forma, el Canon 9 (4 L.P.R.A. Ap. IX) exige que los abogados mantengan hacia los tribunales una conducta que “se caracterice por el mayor respeto”. Al adoptar el primer criterio, no hacemos otra cosa que reafirmar la norma plasmada en el Canon 9 y en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, supra. Véase, además, el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra.

El segundo criterio tiene como propósito asegurar que el abogado desaforado no practique la profesión ilícitamente durante el término de la sanción. Anteriormente, en In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007), sancionamos a un abogado que, mientras estaba suspendido de la abogacía, creó la impresión en la ciudadanía de que ejercía la profesión. Por tal motivo, concluimos que el licenciado Gordon Menéndez “estuvo en el umbral de la comisión del delito de la práctica ilegal de la profesión de abogado”. Id., pág. 219. Así, pues, al adoptar el segundo criterio nos aseguramos de que la situación lamentable que ocurrió en In re Gordon Menéndez I, supra, no vuelva a suceder.

El cuarto criterio de la Regla Modelo 25(E) requiere que la persona que solicita la reinstalación reconozca la serie-dad y las consecuencias de la conducta que lo llevó al desaforo. Véase In re Roundtree, 503 A.2d 1215, 1217 (D.C.App.1985). Aunque la regla no exige que la persona se arrepienta de la conducta que dio lugar al desaforo, sí es preciso que reconozca su gravedad. Al reconocer la serie-dad de la conducta, la persona disciplinada tiene la opor-tunidad de reflexionar sobre ella y tomar las medidas ne-cesarias para que no vuelva a suceder.

Con ese mismo enfoque, en In re Cruz Disdier, 73 D.P.R. 346 (1952), reinstalamos al Sr. Silvestre Cruz Disdier a la profesión legal. En aquella ocasión, sopesamos el testimo-nio del señor Cruz Disdier. Al preguntársele si había ana-lizado y apreciado la gravedad de los actos, el señor Cruz Disdier mencionó:

“Eso me ha hecho pensar detenidamente. Me ha hecho me-ditar mucho y he sufrido terriblemente las consecuencias de mi separación y si el Tribunal me concede otra vez volver al ejercicio, lo haría únicamente cumpliendo con las leyes; resol-vería todos los asuntos de mi mejor buena fe, sin peijuicio para nadie, sin peijudicar a nadie, solamente por el medio de ayudar a mi familia. íd., pág. 352.”

Manifestó, además, que se sentía arrepentido, así como moral y espiritualmente reformado y regenerado. Id. Como se aprecia, aunque no señalamos expresamente que reconocer la gravedad de la conducta que dio lugar al desaforo fuese un requisito imprescindible para demostrar rehabilitación, ese factor fue determinante para ordenar la reinstalación del abogado. Al adoptar el cuarto criterio de la Regla Modelo 25(E), reafirmamos el análisis que utilizamos en In re Cruz Disdier, id., porque es medular para demostrar la rehabilitación del abogado que solicita reinstalación. Reafirmamos también, como dijimos en In re Pacheco Nieves, supra, que aunque no se puede exigir la aceptación de culpa como requisito sine qua non para la readmisión de un abogado, sí se le exige que esté rehabilitado. Ese proceso comienza, de ordinario, cuando el solicitante acepta su responsabilidad por los hechos que llevaron a su desaforo. In re Pacheco Nieves, id.

El quinto criterio de la Regla Modelo 25(E) busca asegurarse de que la persona que solicita la reinstalación no ha transgredido los contornos éticos durante el tiempo de suspensión. De igual modo, por ejemplo, hemos señalado que el abogado que practica la profesión legal mientras está suspendido de su ejercicio incurre en “un desafío insólito a nuestro poder inherente para reglamentar la profesión”. In re Gordon Menéndez I, supra, pág. 215. Al adoptar el quinto criterio, reafirmamos el Preámbulo del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX n., que impone a los abogados “el deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad”.

El sexto criterio tiene como propósito asegurarse de que la persona que solicite la reinstalación sea honesta e íntegra. Se puede apreciar que este sexto criterio es el mismo que hemos exigido desde hace años en nuestra jurisdicción, a saber, que la persona que solicite la reinstalación goce de tal reputación en la comunidad que justifique su admisión de nuevo al ejercicio de la abogacía. Véanse: In re Pacheco Nieves, supra, pág. 99; In re Rivera Cintrón, supra, pág. 708; In re González, supra, págs. 97 — 98, ci-tando a In re Torregrosa, supra; In re Figueroa Maestre, supra, reiterado en In re Cardona Vázquez, supra, pág. 689. Como toda persona desaforada que solicita reinstala-ción debe cumplir con esta normativa, avalamos el sexto criterio de la Regla Modelo 25(E).

Finalmente, acogemos el séptimo criterio de esa regla, cuyo propósito es asegurar que la persona que solicita reinstalación pueda desempeñar con diligencia los retos que representa ejercer la profesión legal. En realidad, hemos aplicado este criterio en el pasado al ordenar que los abogados desaforados tomen un repaso de reválida antes de que vuelvan a ejercer la profesión legal. Véanse: In re Cotto Vives, 175 D.P.R. 773 (2009); In re Ramírez de Arellano, supra.

Luego de exponer claramente y sin ambages el derecho aplicable, evaluemos los hechos de este caso.

IV

A pesar de que los hechos que acaecieron el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla y su encubrimiento posterior fueron funestos y constituyen una página negra en la his-toria de Puerto Rico, es preciso tener presente que nuestra tarea no es pasar juicio nuevamente sobre ellos. Ya lo hici-mos en In re Colton Fontán [I], supra. En cambio, tenemos el deber insoslayable de aplicar la doctrina que con el pa-sar de los años hemos construido sobre el proceso de readmisión, que coincide con los criterios de readmisión al ejercicio de la abogacía que contiene la Regla Modelo 25(E) de la ABA.

En el caso que nos ocupa, la Comisión de Reputación concluyó que el señor Figueroa Vivas presentó prueba, a través de su testimonio y el de sus testigos, de que goza actualmente de buena reputación en la comunidad. Véase Informe de la Comisión de Reputación, pág. 7. De esta forma, el peticionario cumple con la norma que estableci-mos en In re Charneco, supra, pág. 898, y en In re Colton Fontán [III], supra, pág. 471, y con el quinto criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA.

Por otra parte, la Comisión de Reputación añade al análisis unos criterios de evaluación que no hemos considerado anteriormente. En específico, menciona que existen jurisdicciones que consideran la naturaleza y gravedad de los hechos que dieron lugar al desaforo a la hora de decidir si readmiten al disciplinado a la profesión. Véase Informe de la Comisión de Reputación, pág. 7.

No obstante, este Tribunal nunca ha usado ese criterio a la hora de reinstalar a un abogado. En cambio, manifesta-mos de manera diáfana que el elemento principal que de-bemos auscultar es si el peticionario goza de buena repu-tación en la comunidad al momento de solicitar la reinstalación. In re Carbone Rosario, supra. Específica-mente, en In re Colton Fontán [III], supra, págs. 471-472, rechazamos el criterio que propone la Comisión.

Además, el señor Figueroa Vivas lleva casi veinte años sin ejercer la profesión. Como es sabido, la falta de mejoramiento intelectual en el campo legal no se supera fácilmente. El Derecho evoluciona constantemente y es necesario que los abogados se mantengan al día en su desarrollo. Actualmente el peticionario no cumple con el séptimo criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA, similar a lo que hemos exigido a otros abogados que solicitan la reinstalación. No obstante, si el peticionario toma un curso de reválida estatal, cumpliría con la normativa expuesta.

Por otro lado, del expediente se advierte que el peticio-nario ha cumplido con el primer, segundo y quinto criterios de la Regla Modelo 25(E) de la ABA, similares a nuestra normativa jurisprudencial. Es decir, el peticionario cum-plió plenamente con nuestras órdenes disciplinarias, no ha practicado ilícitamente la profesión ni ha violentado las normas del Código de Ética Profesional.

Por otra parte, la Comisión de Reputación expresó en su informe que al peticionario “no [le] cobija la posibilidad de indicar que se siente genuinamente inocente y por lo tanto, [que] no se le puede exigir arrepentimiento”. Informe de la Comisión de Reputación, pág. 8. En otras palabras, la Co-misión de Reputación parece exigir al peticionario como condición sine qua non para su reinstalación a la profesión, que muestre arrepentimiento por sus acciones. Expresa-mos justamente lo contrario en In re Pacheco Nieves, supra.

La Comisión de Reputación intentó diferenciar el caso In re Pacheco Nieves, supra, al expresar que en la situación que ahora nos ocupa, “el Peticionário [Figueroa Vivas] no fue separado de la profesión por cometer un delito que implica depravación moral sino por incumplimiento de los deberes de diligencia y competencia”. Informe de la Comisión de Reputación, pág. 8. Es decir, la Comisión de Reputación pretende reducir la aplicación de la doctrina pautada en In re Pacheco Nieves, supra, a situaciones en las que la persona disciplinada fue convicta de delito. No podemos aceptar la tesis de la Comisión de Reputación. Es insostenible e ilógico que a un abogado a quien se le encuentra responsable ética y penalmente por unos hechos delictivos, no se le exija tener que arrepentirse de su conducta, pero al que solo se le procesa éticamente y no penalmente sí se le obligue. Reiteramos que no es un requisito sine qua non mostrar arrepentimiento por los hechos que dan margen a la acción disciplinaria para que así proceda la reinstalación.

El arrepentimiento, o falta de éste, es prueba como cual-quier otra a ser considerada al evaluar el carácter del abo-gado desaforado y determinar las repercusiones probables de su solicitud de reinstalación. In re Malavet Rodríguez, supra, págs. 830-831. Ahora bien, el cuarto criterio de la Regla Modelo 25(E) de la ABA recoge nuestro requeri-miento jurisprudencial de que la persona que solicita la reinstalación reconozca la ilicitud y gravedad de las faltas por las que se le suspendió, aunque no se arrepienta de su conducta o insista en su inocencia.

En este caso, el señor Figueroa Vivas admite que fue muy cándido al creer ciegamente la versión de los policías. Sin embargo, el peticionario no reconoce la gravedad e ili-citud de la conducta que determinamos probada, al coac-cionar testigos en la investigación del Cerro Maravilla y al destruir una declaración jurada. En otras palabras, solo reconoció la gravedad de parte de la conducta que lo llevó al desaforo, no de su totalidad. Al así actuar, el peticionario no cumple con el tercer criterio esbozado en la Regla Mo-delo 25(E) de la ABA y en nuestra jurisprudencia para ser reinstalado.

En In re Colton Fontán [III], supra, reinstalamos al li-cenciado Colton Fontán a la profesión legal luego que fuera desaforado por la misma serie de hechos por los cuales des-aforamos al peticionario Figueroa Vivas. Sin embargo, al evaluar la solicitud de reinstalación, sopesamos el hecho de que el señor Colton Fontán estaba “seriamente arrepen-tido de la conducta antiética en que incurrió y por la cual fue disciplinado In re Colton Fontán [III], supra, pág. 470.

Cuando el abogado suspendido reconoce la gravedad e ilicitud de la conducta que dio lugar al desaforo, nos coloca en posición de auscultar si realmente está rehabilitado para ejercer la profesión legal. Aunque el arrepentimiento no es una condición sine qua non para reinstalar a un abo-gado, sí es evidencia de que el abogado desaforado recono-ció la gravedad de la conducta por la cual se le disciplinó. Como señaló el Juez Asociado Señor Rebollo López en su voto particular disidente en In re Farinacci García, supra, págs. 711-712 esc. 1, la rehabilitación de quien solicita reinstalación, “de ordinario, comienza al aceptarse respon-sabilidad por los hechos que se le imputan”. (Enfasis suprimido.)

V

Al analizar el expediente, resulta forzoso concluir que el señor Figueroa Vivas no presentó prueba clara, robusta y convincente de que cumple con todos los requisitos para que proceda su reinstalación a la profesión legal.

El señor Figueroa Vivas probó satisfactoriamente que actualmente goza de buena reputación en la sociedad. En específico, presentó el testimonio de más de diez personas y la gran mayoría de ellas testificaron que el señor Figueroa Vivas goza actualmente de buena reputación, hecho que también aceptó la Comisión de Reputación en su informe. Solo el licenciado Escribano Román expresó que el señor Figueroa Vivas no está apto para ejercer la profesión. Sin embargo, el licenciado Escribano Román no conoce per-sonalmente al señor Figueroa Vivas ni le consta su reputa-ción en la comunidad. Su oposición se basa en la interven-ción del peticionario Figueroa Vivas en el encubrimiento de lo que sucedió en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978.

Aunque el peticionario no se arrepiente de lo que hizo, sí reconoció que no actuó de la mejor forma. Además, señaló que de haber actuado con más suspicacia habría detectado la mentira de los policías. Sin embargo, el peticionario no reconoce la gravedad de la totalidad de los hechos que die-ron lugar al desaforo. No acepta que coaccionó testigos ni que destruyó evidencia. Ya mencionamos que este criterio es importante, pues demuestra que la persona está real-mente rehabilitada para ejercer la profesión.

El peticionario no reconoce la gravedad de la conducta que dio lugar al desaforo. Al proceder de ese modo, siembra dudas sobre si realmente está rehabilitado y cuenta con la entereza moral para ejercer la abogacía. Independientemente de que no se arrepienta de lo que hizo, el peticionario debe reflexionar sobre la ilicitud y gra-vedad de la conducta que se le imputó y probó en In re Colton Fontán [I], supra. No olvidemos que

“[h]ay profesiones que no se compadecen con los ‘términos me-dios’, con las ‘medias tintas’ en su ejercicio; es tal la excelsitud de su ministerio, la delicadeza de su cometido, la trascenden-cia de su profesión, que ni la más leve nota de humana par-cialidad puede empañar la fulgencia de su prestigio”. In re Malavet Rodríguez, supra, pág. 824, opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, citando a F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1987, págs. 29-30.

Considerado todo lo anterior, declaramos “no ha lugar” la moción de reconsideración del peticionario Figueroa Vivas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con la decisión que emite este Tribunal de denegar la reinstala-ción a la abogacía solicitada por el Sr. Angel Figueroa Vivas. Entienden que las razones expuestas en el Informe de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, presentado ante nuestra consideración luego de que dicho cuerpo celebrara tres vistas y recibiera el tes-timonio de decenas de personas, ameritan la denegatoria de la solicitud del señor Figueroa Vivas. Además, se reite-ran en los criterios para la readmisión a la abogacía ex-puestos en el voto particular disidente del Juez Presidente en In re Colton Fontán [III], 154 D.P.R. 466, 480-487 (2001).

       Adviértase que no abordamos el tercer criterio porque trata la incapacidad física y mental del abogado, tema que no tenemos ante nuestra consideración. Tam-poco discutimos el octavo criterio por entender que no está en armonía con nuestros pronunciamientos anteriores en materia de reinstalación. Sin embargo, presentamos el texto original en inglés:

        “RULE 25. REINSTATEMENT AFTER SUSPENSION FOR MORE THAN SIX MONTHS AND RE ADMISSION

        (A)....

        (E) Criteria for Reinstatement and Readmission.

      A lawyer may be reinstated or readmitted only if the lawyer meets each of the following criteria, or, if not, presents good and sufficient reason why the lawyer should nevertheless be reinstated or readmitted:
      (1) The lawyer has fully complied with the terms and conditions of all prior disciplinary orders except to the extent that they are abated under Rule 26.
      (2) The lawyer has not engaged nor attempted to engage in the unauthorized practice of law during the period of suspension or disbarment.
      (3) If the lawyer was suffering under a physical or mental disability or infirmity at the time of suspension or disbarment, including alcohol or other drug abuse, the disability or infirmity has been removed. Where alcohol or other drug abuse was a causative factor in the lawyer’s misconduct, the lawyer shall not be reinstated or readmitted unless:
      (a) the lawyer has pursued appropriate rehabilitative treatment;
      (b) the lawyer has abstained from the use of alcohol or other drugs for at least [one year]; and
      (c) the lawyer is likely to continue to abstain from alcohol or other drugs.
      (4) The lawyer recognizes the wrongfulness and seriousness of the misconduct for which the lawyer was suspended or disbarred.
      (5) The lawyer has not engaged in any other professional misconduct since suspension or disbarment.
      (6) Notwithstanding the conduct for which the lawyer was disciplined, the lawyer has the requisite honesty and integrity to practice law.
      (7) The lawyer has kept informed about recent developments in the law and is competent to practice.
      (8) In addition, a lawyer who has been disbarred must pass the bar examination and the character and fitness examination.” Center for Professional Respon-sability, Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement, Illinois, American Bar Association, 2007, págs. 48-49.