author: El Juez . Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Fernández, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito contra la salud y seguridad públicas.
    No. 856.
    Resuelto en diciembre 9, 1915.
    Salud y Seguridad Públicas — Infracción del Artículo 352 del Código Penal-Elemento Esencial del Delito — Conocimiento—Enfermedades Contagio-sas o Infecciosas. — Para que un acusado pueda ser declarado culpable de infringir el artículo 352 del Código Penal, es necesario que se demuestre, como elemento esencial del delito, que tenía conocimiento de que el animal estaba atacado de muermo o de otra enfermedad contagiosa o infecciosa y que teniendo tal conocimiento había dejado de matar el animal enfermo o se había opuesto a su sacrificio por parte de las autoridades sanitarias.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    El apelante no compareció.
   El Juez . Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., por virtud de la cual Julio Fernández fué condenado a pagar una multa de treinta pesos como autor de un delito contra la salud y seguridad públicas.

La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“Que en 14 de diciembre de 1914, a las 10 a. m., y en la calle Bo. de Yista Alegre, dentro del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado Julio Fernández, criminal, maliciosa y voluntariamente tenía un caballo zaino de su propiedad con muermo abandonado detrás de la casa de Encarnación Rodríguez, y conociendo su enfermedad no dió cuenta a su debido tiempo al Sr. Oficial de Sanidad d'e este pueblo.”

Y la ley aplicable es la siguiente:

“Art. 352 del Código Penal: ‘Todo dueño o encargado de nn animal atacado de muermo o de cualquiera otra enfermedad contagiosa o infecciosa, deberá matarlo tan pronto como lo descubriese o supiere; y si dicho dueño o encargado dejare de cumplir las disposiciones de este artículo, o se negare a ello, incurrirá en misdemeanor.’ ”

Forma parte de la transcripción nna exposición del caso en la cual se incluye la prueba practicada. El representante del Pueblo de Puerto Eico ante esta-Corte Suprema analizó por escrito y oralmente dicha prueba y llegó a la conclusión de su insuficiencia para basar en ella la sentencia condena-toria dictada, adhiriéndose en tal virtud al recurso, y solicitando en su consecuencia la revocación de la sentencia apelada.

La prueba de cargo consistió únicamente en las declara-ciones del Dr. La Eosa, oficial de sanidad de Bayamón, y del veterinario Varas, y demuestra cumplidamente a nuestro juicio que el acusado era dueño de un caballo atacado de muermo crónico que la Sanidad hizo sacrificar y enterrar, pero no demuestra con la certeza necesaria en toda causa criminal que el acusado supiera que el caballo estaba atacado de muermo y que sabiéndolo hubiera dejado de matarlo o se hubiera opuesto a su sacrificio por parte de las autoridades sanitarias.

Infunde en verdad sospecha la conducta del acusado. Tal vez tratándose de una enfermedad crónica, es lo cierto que tenía conocimiento de ella. Quizás el oficial público encar-gado de la investigación del delito y persecución del culpable, con algún esfuerzo, hubiere podido presentar prueba del cono-cimiento. Pero lo cierto es que tal prueba no existe y, por lo tanto, que faltando uno de los elementos esenciales que integran el delito imputado al acusado, no puede éste ser declarado culpable de la comisión del mismo.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente'Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presideiite Sr. HerNÁNdez,

license: Public Domain

text:
    Paulo, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una escri-tura de venta de condominio.
    No. 255.
    Resuelto en diciembre 10, 1915.
    Título de Heredero — Inscripción en el Registro — Venta de Bienes no Ins-critos aún a Pavor de los Herederos. — Cuando los herederos sólo tienen inscrito en el registro su título de herencia intestada en común y proindiviso con el cónyuge viudo en relación a determinada finca del haber hereditario, solamente pueden enajenar ese derecho indefinido e indeterminado según apa-rece del registro, pero no un condominio igual a la mitad del valor de dicha finca, el que, no estando inscrito a favor del vendedor, tampoco puede inscri-birse a favor del comprador por impedirlo el artículo 20 de la Ley Hipo-tecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. F. Rodríguez Ortiz.

    El registrador recurrido, Sr. Eafael Tirado Verrier, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Presideiite Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en el pueblo de Cayey a 9 de junio de 1915 ante el Notario Vicente Ferrer Eodríguez y Ortiz, los hermanos Dolores y Eafael María Cortés ven-dieron a Pedro Paulo Duque el derecho de condominio que dicen tener sobre una finca rústica de cuatro cuerdas de terreno radicada en el término municipal de dicho pueblo, derecho de condominio que se hace consistir por aquéllos en la mitad del valor de la expresada finca, la cual había sido adquirida por Joaquín Vázquez durante su matrimonio con Belén Cortés madre natural ya fallecida de los otorgantes Dolores y Eafael María Cortés.

Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Guayama para su inscripción, fue ésta denegada por medio de nota que dice así:

“Denegada la inscripción de este documento por no hallarse ins-crito el condominio de una mitad que de la finca se enajena, a favor de los vendedores Doña Dolores y Don Rafael María Cortés y sí sólo su derecho hereditario proindiviso conjuntamente con el cónyuge viudo Don Joaquín Vázquez quien no ha comparecido al otorgamiento de la escritura, tomándose anotación preventiva de la denegación al folio 27 vuelto del tomo treintidós de Cayey, finca No. 1817, anotación letra A. Guayama, octubre veinte y ocho de mil novecientos quince. El registrador, Rafael Tirado Verrier.”

Contra esa nota interpuso, el comprador Pedro Paulo Duque recurso gubernativo para ante esta Corte Suprema.

Para mejor resolución del caso, por orden de esta corte, elevó , el Registrador de la Propiedad de Guayama copia cer-tificada de la inscripción del derecho hereditario sobre la finca de que se trata a favor de Dolores y Rafael María Cor-tés en unión del cónyuge viudo Joaquín Vázquez, y de la cer-tificación resulta que por resolución de la Corte de Distrito de Guayama de 21 de mayo, 1915, fueron declarados Dolores y Rafael María Cortés únicos universales heredéros de su difunta madre Doña Belén Cortés por partes iguales, y el cónyuge viudo Joaquín Vázquez en la cuota que le asigna la ley, en cuya virtud Dolores y Rafael María Cortés inscribie-ron en el registro-' su título de herencia intestada en común proindiviso con el Joaquín Vázquez, siendo de notar que con copia de la orden de declaratoria de herederos fué presen-tada en el registro una solicitud en que se valoraba, en $50 la parte de 'la finca correspondiente a Belén Cortés.

Estimamos ajustada a derecho la nota recurrida, pues los vendedores Dolores y Rafael María Cortés sólo tienen ins-crito en el registro su título de herencia intestada en común proindiviso con Joaquín Vázquez o, como dice el registrador, un derecho hereditario proindiviso conjuntamente con el cón-yuge viudo Joaquín Vázquez, y siendo ello así no tienen sobre la finca de qne se trata según afirman, nn condominio ignal a la mitad del valor de ella.

Ese derecho hereditario indefinido e indeterminado, así inscrito en el registro, es el qne han podido enajenar los hermanos Cortés, pero no nn condominio ignal a la mitad del valor de la finca qne no aparece inscrito a sn favor y qne tampoco pnede inscribirse a favor del comprador por impe-dirlo el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, preceptivo .de que para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la trans-misión o gravamen.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Ramírez, Demandante y Apelante, v. American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1288.
    Resuelto en. diciembre 16, 1915.
    Conductores — Tranagresores — Expulsión del Transgresor — Negligencia o Mal Comportamiento — Malicia, Temeridad o Perversidad. — Un conductor tiepe el derecho legal de expulsar a un transgresor sin incurrir en responsabili-dad cuando la expulsión se verifica.en debida forma empleando solamente la fuerza necesaria al objeto y en lugar adecuado, ya que no tiene más deber para con el transgresor que el de evitar causarle daños, debido a negligencia, o mal comportamiento tan manifiesto que deba considerarse como malicioso, temerario o perverso.
    Id. — Id.—Niños—Jóvenes—Adultos.—Exígese mayor grado de cuidado al conductor cuando es un niño de corta edad el transgresor, pues su conducta podría ser perversa tratándose de un niño en tanto que no lo sería en cuanto a un joven que tiene el dominio de sus fuerzas físicas o de un adulto en buena salud.

      Id. — Id.—Tren en Marcha — Gestos Amenazadores. — El mero hecho de que un tren esté en marcha no hace manifiestamente negligente o perversa la con-ducta del conductor al exigir a un transgresor que se baje, ni envuelve en sí responsabilidad para el conductor el hacer gestos amenazadoras al ordenar al transgresor que se baje cuando el tren va a poca marcha.
    Id. — Id.—Perversidad—Pruebas.—Un conductor puede obligar a un transgresor a bajarse de un tren que va a poca marcha, cuando no hay nada anormal en su previsión que convierta en perversa la expulsión, incumbiendo al de-mandante la prueba de que el conductor actuó con perversidad al expulsarlo del tren.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. José 8abater y Augusto' Málaret.

    Ahogado de la apelada: Sr. F. G. Pérez Almiroty.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso en el cual se estableció nna acción de daños y perjuicios basada en la supuesta conducta abusiva de los empleados de la demandada, la corte sentenciadora declaró probado en su opinión que el demandante sin el consentimiento expreso o tácito de la demandada había ocupado un sitio en uno de los vagones para transportar cañas de uno de los tre-nes de dicha demandada; que había otras personas que hicie-ron lo mismo; que el conductor buscando transgresores para librar al tren de ellos se encontró con el demandante y le or-denó salir del vagón, amenazándole con un pedazo de caña de azúcar que llevaba alzada en la mano; que el demandante obedeció la orden y saltó o se dejó caer del vagón al suelo y al hacerlo se resbaló, o de algún modo perdió el control sobré sí mismo y cayó en tal forma que un pie quedó bajo las ruedas del tren que en ese momento corría despacio; que el pie dél transgresor quedó tan mutilado que fue preciso amputarlo sobre el tobillo; que el demandante era un transgresor y' la-marcha que llebaba el tren no era tan rápida que razonabler mente pudiera haberse esperado daño para el demandante-, ;■ y que en estas condiciones estimó la corte que el conductor tenía derecho a expulsar al demandante del tren. ;

También aparece ele la prueba .que el demandante y otros varios muchachos más jóvenes subieron al .tren y al ordenarles el conductor que se bajaran, todos los demás Hinchadlos se tiraron antes que el demandante sin que nada les ocurriera. El démaidánte tenía diez y seis años de edad y era robusto.

El apelante admite, de conformidad con 5 Ruling Case Law, 'página 745, título Porteadores, que un porteador tiene el derecho legal de expulsar a los transgresores y que dicho porteador no incurrirá en responsabilidad cuando la expul-sión se verifica en debida forma y en el lugar adecuado; y que también puede un porteador expulsar de su propiedad, empleando solamente la fuerza que sea necesaria al objeto, a cualquier persona que no tenga nada que hacer allí. Se insiste, sin embargo, en que el apelante era un menor y que la actitud amenazadora del conductor hizo que el muchacho se tirara del.tren en marcha con el resultado que razonablemente pudo haberse previsto.

Thompson en su obra sobre Negligencia, sección 3303, tomo III, 2a. edición, indica que según el peso de las autoridades el porteador no tiene más deber para con un transgresor que •el de evitar causarle daño debido a negligencia o mal com-portamiento tan flagrantes que deba considerarse como mali-cioso, temerario o perverso. La regla como cuestión pura-mente de ley es la misma en lo que respecta a los adultos que en cuanto a los niños, Thompson* sección 3310; pero se exige mayor grado de cuidado al porteador cuando el niño es de poca edad, por lo general si es menor de 14 años, Doggett v. Chicago B. & Q. R. Co., 13 L. R. A. (N. S.) 371, en el que se revisa la jurisprudencia en la opinión y notas al final de dicho caso. En otras palabras, que la conducta del porteador, dependiendo de las circunstancias, podría ser perversa con respecto a un niño de pocos años mientras que no lo sería tratándose' de un joven que tiene el dominio de sus fuerzas físicas o de una persona mayor de buena salud.

También ha quedado bien establecido que el mero hecho de que el tren esté en marcha no convierte la conducta del porteador al exigir al transgresor que se baje, en conducta manifiestamente negligente o perversa, Bolin v. Chicago, etc. R. R. Co., 81 A. S. R. 911, 924, el cual es un caso de un niño transgresor. En esta materia' también depende de las cir-cunstancias.

Si un conductor tiene el derecho de ordenar a una persona que se baje de un tren que va a poca marcha, el hecho de que hiciera un gesto amenazador, no envuelve por sí responsabi-lidad para con el porteador.- Se ha resuelto que una persona de edad corriente y no de pocos años puede interpretar la amenaza como interpretaría la orden.

Bjornquist v. Boston & Albany R. R. Co., 115 Mass. 130, fué un caso en que un tren de carga marchaba muy despacio sin locomotora y el. guardafrenos le ordenó a un muchacho de ocho años y tres meses que se había montado sin permiso que se bajara, con la amenaza de “Bájese de ahí o le romperé el pescuezo.” La corte, considerando que fácilmente puede haber circunstancias en que podría declararse que el guarda-frenos no ha ejercitado el debido cuidado con un muchacho de tan poca edad, resolvió que el hecho de que no se tuviera ese cuidado en este caso estaba muy lejos de constituir el descuido que era equivalente a un daño intencional. La corte analizó la amenaza y resolvió que de acuerdo con las circuns-tancias no era perversa.

En el caso de Planz v. Boston & Albany Railroad Co., 17 L. R. A. 835, el transgresor era un adulto que se subió al tren mientras marchaba despacio pero que se bajó cuando dicho tren iba a mayor velocidad debido a la amenaza del guarda-frenos de “bájese o lo tiraré fuera”, diciéndole esto con un palo que tenía levantado en su mano. El caso gira como sucede con la mayor parte de los casos acerca del particular sobre la doctrina de negligencia contributoria y si dicha ne-gligencia contributoria ha sido superada por el acto perverso del porteador o su empleado. El transgresor pudo haberse mantenido alejado del guardafrenos por un rato y el caso-depende en gran parte de esa cuestión, pero la corte llamó la atención hacia el hecho de que no era como si el transgrc-sor hubiera sido expulsado del tren en mancha mediante fuer-za física cuando éste marchaba rápidamente.

El Juez Sr. Holmes en el caso de Mugford v. Boston & Maine Railroad Co., 173 Mass. 10, emitió la opinión del tribunal, sosteniendo que no había prueba suficiente de incumpli-miento de su deber por parte del demandado al hacer una amenaza a un muchacho de 11 años que premeditadamente subió a un tren en marcha y a quien le ordenó que bajara un guardafrenos que estaba arriba del carro y que bajaba con la mano levantada. No se permitió al demandante que re-cobrara daños y perjuicios.

En el caso de Powell v. Erie R. Co., 1 Am. & Eng. Annotated Cases, 774, el demandante, persona robusta de unos 21 años de edad se propuso correr sin permiso en un tren de carga y carbón. No había llegado a un' sitio de seguridad pero estaba subiendo. El guardafrenos le tiró con pedazos de carbón con ninguno de los cuales le dió. La corte resol-vió, por conducto del Juez Sr. Pitney, que el hecho de tirar pedazos de carbón era de poca importancia o nada más que un aviso para el transgresor de que se opondría resistencia a su. tentativa en subir al tren. La corte cita con aprobación los casos de Planz y Mugford, supra. Véase también el de Lebov v. Consolidated Railway Co., 26 L. R.. A. (N. S.) 265.

• No queremos que se entienda que nosotros aprobamos ahora los casos citados en toda su extensión. Algunos de ellos más bien llegaban al límite divisorio de los casos repor-tados y otros quizás van más lejos de donde estaríamos dis-puestos a ir bajo las mismas circunstancias, pero la regla que de los mismos ha de deducirse así como de la experiencia es que un conductor puede obligar a un transgresor a bajar-se de un tren que va a poca marcha cuando no hay nada ex-cepcional dentro de su.previsión que convierta en perversa' dicha expulsión. Los casos principales (jue han sido citados por el apelante Enright v. Pittsburg Jun. Co. 198 Pac. 166; 47 Atl. 938; Pierce v. North Carolina R. R. Co., 124 N. C. 83; 32 S. E. 399; Ashworth v. Southern R. Co., 116 Ga. 635; 43 S. E. 36, eran todos casos en los cuales o el tren iba a mayor velo-cidad o en que el transgresor era muy joven o intervino algún, otro elemento que hizo que la expulsión fuera perversa. El paso principal en cuanto al particular es el de Lovett v. Salen & S. D. R. Co., 9 Allen, 557, citado con aprobación pero el cual se distingue en el de Plane v. Boston Albany R. Go., supra, y en otros casos.

El demandante estaba en la obligación de probar que el conductor procedió con perversidad al expulsarlo. Y aunque no dejamos de tener algunas dudas, no podemos, después de la conclusión a que llegó la corte inferior, resolver que la expulsión se tizo sin la debida autoridad.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Sabathie et al., Recurrentes, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce denegando la inscripción de una escri-tura de venta otorgada por un marshal.
    USTo. 254.
    Resuelto en diciembre 16, 1915.
    Venta Judicial — Otorgamiento de Escritura — Cuantía Envuelta- — Cortes Municipales — Jurisdicción.—Una corte municipal tiene jurisdicción para decretar el otorgamiento por el marshal de una escritura de .venta, en fprma, de bienes inmuebles en que el comprador ha satisfecho debidamente el precio y se halla en posesión de los mismos, a los efectos de la inscripción del título en el registro de la propiedad, cuando la cuantía envuelta es menor de $500 y no existe dificultad alguna de determinarla sobre una base puramente pecuniaria.
    Los hechos están expresados en 1a. opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Leopoldo Tormes.

      El registrador recurrido, Sr. Miguel Planellas, no com-pareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el año 1892 fue vendida cierta finca y entregada por José Latre y Vidal a Doña Victoriana Blanco. El to,tal del precio de la venta, 800 pesos, aparece ñaber sido satisfecho en varios plazos, si bien la escritura formal de venta nece-saria para la inscripción del título así traspasado jamás se otorgó mientras vivieron las partes que efectuaron la tran-sacción. Después del fallecimiento de ambos, vendedor y comprador, la sucesión de este último obtuvo a su favor una sentencia en la Corte Municipal de Ponce contra la sucesión del primero, decretando el traspaso formal, escritura que fué debidamente otorgada por el márshal en 26 de octubre de 1914.

El Registrador de la Propiedad de Ponce denegó la ins-cripción de este documento por medio de una nota cuya parte pertinente es como sigue:

“Denegada la inscripción del documento que precede * * * puesto que la venta judicial se efectúa en complimiento de una sen-tencia de la Corte Municipal de Ponee dictada en un pleito sobre otorgamiento de escritura de transmisión de dominio, cuyo cono-cimiento no compete a las cortes municipales, conforme a la sección 4 de la ley definiendo sus facultades y jurisdicción, aprobada en marzo 10 de 1904, según la resolución recaída en el caso de Ferraioli v. El Registrador, 21 D. P. R. 503.”

El único fundamento por el cual se sostuvo en el caso de Ferraioli la calificación del registrador respecto a falta de jurisdicción en la corte municipal aparece claramente expre-sado en la opinión del tribunal emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey que dice lo siguiente:

“* * *, el objeto de la acción es que se obligue a la deman-dada a que promueva ante el tribunal competente una declaratoria de herederos para que el demandante pueda inscribir a su nombre el derecho que dice tener sobre la mitad proindivisa del solar y casa, derecho qne parece emanar de nna fianza hipotecaria de 500 dólares. Siendo éste el objeto de la acción, tenemos qne Regar con el registra-dor a la conclnsión de qne la materia en controversia está fnera de la jurisdicción - de la corte municipal qne espidió el mandamiento, ya qne la sección 4a. de la Ley de marzo 10, 1904, página 95, define la jurisdicción de las cortes municipales en la siguiente forma:
“ ‘Sección 4a., a excepción de lo qne se determina más adelante en la presente ley, el juez municipal creado por la presente, ejer-cerá todas las funciones que actualmente corresponden a los jueces de paz y jueces municipales. Tendrá jurisdicción en todos los asun-tos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de $500, intereses inclusive; * *.’
“Tal como está redactada esta'ley es indudable que las cortes municipales únicamente tienen jurisdicción en materia civil para conocer de cuestiones cuya controversia sea susceptible de ser tasada y resuelta en dinero, con tal que esa cantidad no exceda de $500, incluyendo los intereses; y como en este caso el objeto del pleito no versa sobre cantidad alguna, sino que se persigue una sentencia que condene a la demandada a tramitar una declaratoria de here-deros, es claro que la corte no tiene jurisdicción para conocer de ese caso, ni por tanto para expedir el mandamiento que libró, ya que la acción entablada no es susceptible de tasación.”

En. el presenté caso la acción seguida en la corte municipal fué pura y simplemente para hacer que se otorg’ara escritura de venta en forma, a fin de que pudiera el compra-dor de bienes inmuebles por precio de 800 pesos, equivalen-tes a 480 dólares, inscribir su título habiendo sido satisfecho debidamente el precio de la venta y entregada en realidad la'finca hace muchos años. Nada indicaba que fuera a esta-blecerse algún otro procedimiento ulterior, especial o de otra clase, bien en la misma corte o en otra de jurisdicción general y en muchos particulares de jurisdicción exclusiva que afectara a otras partes, a otros bienes o derechos en los mismos en exceso a la cuantía jurisdiccional que determina el artículo 4 de la ley arriba citada, ni. ninguna dificultad en determinar la ‘ suma que está realmente envuelta, sobre una base puramente pecuniaria.

El caso citado por el registrador no es de aplicación y debe revocarse la nota.

Revocada la nota recurrida y ordenada la inscripción del documento presentado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Santini, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Eecubso gubernativo contra nota del Eegistrador Interino de la Propiedad de Caguas, denegando la inscripción de una escritura de cancelación de hipoteca.
    No. 246.
    Resuelto en diciembre 21, 1915.
    'Cancelación de Hipoteca, — Carácter y Facultades de un Apoderado — Presen-tación del Poder. — Denegada la inscripción dé una escritura de cancelación de hipoteca otorgada por un apoderado, por no acreditarse en ella el carácter y facultades que ostenta éste, el único medio de subsanar el defecto es pre-sentar el poder que justifique el carácter'de tal apoderado y la extensión de sus facultades.
    Id. — Poderes — Créditos Hipotecarios — Cancelación eg Créditos Hipoteca- ■ ríos — Actos de Dominio — Interpretación del Mandato. — En este caso se trató de subsanar el defecto anteriormente apuntado y al efecto fué presen-tada en el registro con nueva escritura de cancelación, escritura de poder a favor de otro apoderado distinto del primero, cuyo poder contenía, entre otras, las facultades de recibir y cobrar intereses, censos y otros accesorios, aceptar el reembolso de cantidades adelantadas, dar recibo de ellas, levantar embargo y consentir en la radiación de inscripciones. Habiendo, el registrador con-siderado insuficiente dicho poder para la cancelación del crédito hipotecario, interpuesto el presente recurso, se resolvió: 1. Que el poder no contiene facul-tad expresa para cancelar créditos hipotecarios, requisito indispensable para el fin pretendido, con arreglo al artículo 1615 del Código Civil. 2. Que la can-celación de un crédito hipotecario entraña un verdadero acto de enajenación, pues por aquélla se desapodera el acreedor de un derecho real que le perte-nece. 3. Que la palabra “radiación” no es equivalente a la de “cancela-ción” según el diccionario de la Real Academia Española, a la que debe aeudirse para fijar el verdadero sentido de esa palabra. Y 4. Que si alguna duda pudiera haber sobre la interpretación del mandato, ésta habría de ser restrictiva.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Lorenzo Giménez García.

      El registrador recurrido, Sr. Fernando Vázquez, no com-pareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura No. 259 otorgada en Cagiias el 12 de diciembre de 1913 ante el Notario Lorenzo Jiménez García, Mr. Laurent Dibbets, en concepto de apoderado generalísimo de los hermanos Barons August y Constant Goffinet, otorgó a favor de Oantalicio Santini Torres cancelación dé hipo-teca que gravaba una finca rústica de Santini quien la había adquirido con tal gravamen de los consortes Simona del Carmen Solá López y Manuel Jiménez Jiménez, los cuales habían constituido sobre dicha finca la referida hipoteca a favor de los expresados hermanos para garantir un préstamo de $1,750, consignándose en la referida escritura número 259 que en el acto del otorgainiento de ese documento Dibbets, en el concepto indicado, recibió de Santini la suma adeudada y en su virtud cancelaba totalmente la hipoteca y consentía expresamente se pusiera la correspondiente nota de pago en el registro de la propiedad.

Presentada en el Eegistro de Caguas la escritura de can-celación de hipoteca, el registrador denegó su inscripción por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Negada la inscripción del precedente documento, que es la escri-tura número 259, otorgada en esta ciudad, a doce de diciembre de 1913, ante el Notario Don Lorenzo Jiménez García, por no acredi-tarse en dicho documento el carácter y facultades que ostenta Mr. Laurent Dibbets, de apoderado de los Señores Barons August y Constant Goffinet, acreedores hipotecarios, para canceladla hipoteca objeto de tal cancelación; extendiéndose en su lugar la correspondiente ANOTACIÓN PREVENTIVA, por el término legal de ciento veinte días, al folio 97 del tomo 36 de este ayuntamiento, finca número 903, triplicado, anotación letra “E.” Caguas, 3 de julio de mil novecientos quince. Fernando Vázquez, Registrador Interino.”

Solicitó Santini la conversión en inscripción definitiva de la anotación preventiva a que se refiere la nota inserta pre-sentando al efecto al mismo registrador una escritura de can-celación de .la hipoteca de qne se trata otorgada bajo el nú-mero 101 en 9 de julio,- 1915, ante el Notario Lorenzo Jimé-nez García por Mr. Prndent Wittemans en concepto de apo-derado snstitnto de los hermanos Goffinet a favor de San-tini y la escritura de sustitución de poder otorgada en 4 de mayo de 1914 ante el Notario Herminio Díaz Navarro por Mr. Luis G'odín en concepto de apoderado de los herma-nos Goffinet a favor de Mr. Prudent Wittemans, habiendo denegado el registrador la pretensión de Santini por medio de la siguiente nota:

“Denegada la conversión en inscripción definitiva de la anota-ción preventiva por el término legal, a que se refiere la precedente nota denegatoria, por subsistir el mismo defecto que motivó la refe-rida nota denegatoria, sin qué el citado defecto haya sido subsanado; y si bien pretendiéndose tal subsanación se ^compaña la escritura número 101, de fecha 9 de julio dq 1915, otorgada en esta ciudad ante el Notario Don Lorenzo Jiménez García, en unión de la escri-tura de sustitución de poder, número 45, de fecha 4 de mayo de 1914, otorgada en San Juan ante el Notario Don Herminio Díaz Navarro, dicha escritura número 101 se considera insuficiente para cancelar la hipoteca, por carecer el mencionado poder de facultades expresas para cancelar créditos hipotecarios, y porque habiendo recibido Mr. Laurent Dibbets, como apoderado de los acreedores, el importe del crédito, se otorga la referida escritura número 101 por el apoderado sustituto Mr. Prudent Wittemans, sin autorización expresa * * *. Caguas, 3 de agosto de 1915. Fernando Vázquez. Registrador Inte-rino.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por Santini.

Encontramos ajustada a. derecho la nota recurrida.

El defecto que sirvió de fundamento a la nota denega-toria de 3 de julio, 1915, no ha sido subsanado por las dos escrituras de cancelación y de sustitución de poder presen-tadas posteriormente en el registro. El único medio dé sub-sanar el defecto de no haber acreditado Mr. Laurent Dibbets en la escritura de cancelación de hipoteca de 12 de diciembre, 1913, el- carácter y facultades de apoderado de los Señores Barons August y Constant Goffinet, era la presentación del poder que justificara su carácter de apoderado y la exten-sión de sus facultades, y tal documento no ña sido' presen-tado en el registro.

Tampoco cañe la inscripción de la segunda escritura de cancelación de hipoteca de 9 de julio, Í913, otorgada por Mr. Prudent Wittemans en concepto de apoderado de los herma-nos Goffinet. El poder otorgado en 24 de noviembre de 1913 por los hermanos Goffinet a favor de Mr. Luis Godín ante Jean Henri Declerk, notario residente en Bruselas, cuyo po-der en español y no en francés se inserta en la escritura de sustitución por Mr. Luis Godín a favor de Mr. Prudent Wit-temans confiere a Mr. Luis Godín, entre otras facultades, “las de recibir y cobrar todos intereses, censos y otros acce-sorios, aceptar el reembolso de las cantidades adelantadas, dar recibo de ellas, levantar embargo y consentir en la radia-ción'de todas inscripciones * * No contiene facul-tad expresa para cancelar créditos hipotecarios y ese requi-sito es indispensable en el presente caso con arreglo al ar-tículo 1615 del Código Civil, según el cual'para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto.de rigu-roso dominio se necesita mandato expreso. La cancelación de un crédito hipotecario entraña un verdadero acto de ena-jenación, pues por aquélla se desapodera el acreedor de un derecho real que le pertenece. Benítez Hermanos v. El Registrador de Humacao, 17 D. P. R. 234.

El apelante sostiene que la palabra “radiación” tomada del francés equivale a' la de extinguir, borrar, hacer desa-parecer.

En la escritura de sustitución de poder otorgada por Luis Godín a favor de Mr. Prudent Wittemans se inserta como hemos dicho el poder en español y no en francés. No debe-mos, para averiguar el significado de las palabras, acudir a la lengua francesa sino a la española, y según el Diccio-nario de la Real Academia Española, radiación es la acción y efecto de radiar, y radiar es: “despedir o arrojar rayos de luz o calor un cuerpo luminoso o caliente.”

En todo caso, si alguna duda pudiera haber sobre la inter-pretación del mandato, ésta habría de ser restrictiva. Fano v. El Registrador de la Propiedad, 15 D. P. R. 334; López Landrón v. El Registrador de la Propiedad, 15 D. P. R. 722; Villar v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 434; Post et al. v. El Registrador de la Propiedad, 19 D. P. R. 190; Sucesores de Andreu & Co. S. en C. v. El Registrador de la Propiedad, 20 D. P. R. 421; Crehore v. El Registrador de Guayama, 22 D. P. R., 32; y Baguero et al. v. El Registrador de San Juan, 22 D. P. R. 24.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toso,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Nogueras, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San' Juan, Sección 2a., en causa sobre adulteración de leche.
    No. 855.
    Resuelto en diciembre 22, 1915.
    Jurisdicción — Conocimiento de los Delitos. — La jurisdicción correspondiente a los delitos, radiea en la corte de distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se cometieren.
    Salud v Seguridad Públicas- — Leche Adulterada — Envío por Ferrocarril al Comprador — Agentes—Jurisdicción.—Cuando en la persecución de un delito por vender u ofreeer en venta como pura leche de vaca adulterada, se demues-tra que el acusado adulteró j vendió la leche de que se trata en el distrito de su residencia y la envió directamente por ferrocarril al comprador resi-dente en otro distrito, debe concluirse que el delito quedó consumado en el distrito en que la leche fué adulterada y vendida o sea en el de la residencia del vendedor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Martines & Iriarte.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Toso,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., por virtud de la cual A. Nogueras fuá condenado a seis días de cárcel como autor de un delito de vender y ofrecer en venta lecbe adulterada, previsto y castigado en la ley número 59 de 1910, proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leclie, ofrecerla o tenerla para la venta.

La acusación, en lo pertinente, dice así:

“El citado A. Nogueras, allá en uno de los días del mes de noviem-bre de 1914, en la ciudad de San Juan, que forma parte del distrito judicial de mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente tenía y ofrecía en venta como pura leche de vaca adulterada.”

La ley aplicable es como sigue: ‘ ‘ Toda persona que adul-terare o diluyere leche con la intención de ofrecerla a la venta o que causare o permitiere que se ofrezca en venta, y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, será culpable de delito menos grave * * Véase la Ley número 59 de 1910, antes citada.

Examinada la acusación en relación con la ley aplicable, se ve que se imputan al acusado dos de las formas previstas por la ley para la comisión del delito, a saber: las de vender y ofrecer en venta como pura leche de vaca adulterada, hechos que según la acusación, se realizaron dentro del Distrito Judicial de San Juan.

Veamos lo que demuestra la prueba:

Carlos Abella Blanco, inspector de alimentos, declaró que el 21 de noviembre de 1914 examinó la leche que de los pueblos de la isla llega a San Juan por ferrocarril, y tomó una muestra que venía de Arecibo, y que pertenecía al acusado, cuya mues-tra rotuló y entregó al Departamento. “Repreguntado por la defensa si había algún empleado, del Sr. Nogueras que es-tuviera a cargo de esa leche, que estaban las personas a.quie-nes el Sr. Nogueras le'tenía vendida la leche, o sea los encar-gados de recibirla. 'Contestando, a preguntas del juez, dice que los envases venían cerrados, y para abrirlos, tuvo que decirle que los abriera' a persona encargada de recibirlos. ’ ’

Eafael del Valle y Bienvenido Matienzo, Director y Au-xiliar, respectivamente, del Laboratorio Químico, declararon que la muestra de leche del acusado fué examinada y resultó adulterada con agua.

Finalmente, el acusado Nogueras dijo: “que remite leche a San Juan por ferrocarril directamente a las personas que la reciben, sin que vaya ningún empleado acompañándola; que no tiene agentes en San Juan, ni hay ninguna persona a quien directa ni indirectamente haya comisionado para que lo represente en el negocio; que la leche que él remite viene con precinto, una tira de lienzo y lacre, y que así siempre lo ha hecho.”

En su alegato la parte apelante señala como error fundamental, el cometido, a su juicio, por la corte sentenciadora al actuar sin jurisdicción en este caso, ya quq, según el ape-lante, el delito se cometió en el territorio de la Corte de Dis-trito de Arecibo y nó en el de la de San Juan.

La cuestión suscitada es interesante y la hemos estudiado cuidadosamente. La ley de' Puerto Eico sobre la materia es clara. El artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que: “La jurisdicción correspondiente a los deli-tos radica en la corte de distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se cometiere.”

El precepto constitucional sobre la materia, fué interpre-tado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso In re Palliser, 136 U. S. 257, así:

“El peticionario descansa en aquellas disposiciones de la Cons-titución de los Estados Unidos ’ que declaran que en todos los pro-cesos criminales el acusado tendrá el derecho de ser juzgado por un jurado imparcial del Estado y distrito en donde el crimen se hubiere cometido. Artículo 3, sección 2; enmiendas, artículo 6.
“Pero el derecho garantido por la Constitución no es un dere-cho a ser juzgado en el distrito donde el acusado reside, ni siquiera en el distrito en él cual se encontrara personalmente en la fecha de la comisión del delito, sino en el distrito ‘ en donde el crimen se hubiere cometido.’ ” 136 U. S. 265.

¿Es éste un caso en el cual pueda decirse que no obstante haberse comenzado la comisión del delito en un distrito, es lo cierto que se consumó en otro? Si se hubiera demostrado que la leche se adulteró en Arecibo, pero en realidad de verdad se Vendió por el acusado en San Juan, personalmente o por medio de un agente, la cuestión no ofrecería duda alguna. La Corte de Distrito de San Juan tendría jurisdicción sobre la materia. Pero las pruebas practicadas no demuestran que la leche se vendiera en San Juan, sino en Arecibo, quedando el delito totalmente consumado fuera del Distrito Judicial de San Juan.

En una acusación presentada contra H. G. Hopson, se le imputó la comisión de un delito de venta de licores espirituosos e intoxicantes en el condado de Brooks, Estado de Georgia. La prueba demostró que un Sr. Gornto y otro llamado J. W. Hopson, como socios, se dedicaban a la venta de dichos lico-res en él condado de Lowndes, y que el último, o sea J. W. Hopson, tenía una tienda en el condado de Brooks, en la. cual el acusado H. G. Hopson estaba empleado. Varias personas residentes en el condado de Brooks enviaron órdenes por correo a Gornto, incluyendo con ellas el precio del licor pe-dido. Estas órdenes fueron despachadas enviándose los lico-res por expreso a J. W. Hopson, quien informó á los com-pradores de la llegada de los artículos, habiéndolos ido a buscar los compradores y habiéndolos recibido de manos de dicho H. G.' Hopson.

La causa llegó a la Corte Suprema del Estado, y al resol-verla, dicha corte se expresó así:

“Es claro que ninguna de las ventas se completó en el condado de Lowndes, porque en ninguno de los casos se entregó el licor al comprador en dicho condado. Si- los artículos vendidos se hubie-ran remitido directamente a los compradores, el caso hubiera sido diferente; ya que la entrega al porteador, hubiera sido, de acuerdo con la ley, la entrega a los compradores.”

La jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Georgia en el indicado caso, fué resumida por la misma corte en la siguiente forma:

“Cuando un comerciante en un condado recibe de una persona en otro condado una orden por mercancías y las envía a su agente en ese condado para ser entregadas a quien remite la orden, lo que en efecto se hace, la venta se realiza en el último condado; y esto es así aunque 'la persona que ordene las mercancías las pague por adelantado y su nombre esté puesto en el paquete que contiene dichas mercancías al ser enviadas al agente del comerciante.'’ 42 S. É. Rep. 412.

Véanse también los casos de Duff v. Commonwealth, 68 S. W. Rep. 390, y 54 Ohio St. 242.

Aplicando a los hechos de este caso la jurisprudencia ci-tada, tenemos que llegar a la conclusión que dejamos estable-cida, esto es, que la venta se consumó por parte del acusado en Arecibo, ya que el acusado envió directamente por ferro-carril la leche a los compradores, debiendo considerarse que el ferrocarril actuaba como un agente de los dichos compra-dores. Véase 35 Cyc. 173.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, opinamos que debe declararse con lugar el recurso establecido, revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Dávila, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a., en cansa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 858.
    Resuelto en diciembre 24, 1915.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Agresión con el Cabo de un Revólver — Arma Mortífera. — Un acometimiento y agresión eon el cabo de un revólver no es en sí un acometimiento y agresión con arma mortífera dentro del inciso octavo de la sección 6a. de la Ley de 10 de marzo de 1904, ya que un arma es mortífera según sea el uso que de ella se baga.
    Arma. Mortífera — Definición.—Arma mortífera puede definirse como cualquier instrumento que causa la muerte o grave daño corporal al ser usado del modo corriente y usual que sir forma y construcción revela.
    Los hediós están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Pedro Santana, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Quintín Dávila fué declarado culpable de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes en virtud de una denuncia que sólo imputaba un delito de acometimiento y agresión con el cabo de un revólver, y en la cual no se expre-saba ninguna otra circunstancia que colocara el caso bajo* alguna de las diez formas agravantes designadas en la ley de marzo 10, 1904. El acusado apela contra la sentencia, que le impuso una multa de cincuenta dollars, y en el recurso' se impugna la suficiencia de la denuncia, así como la de la prueba.

. El golpe en este caso fué dado con el cabo de un revólver. La única disposición legal aplicable a esta denuncia y que podría hacer el delito más grave que un acometimiento y agresión simple, es la contenida en el inciso 8 de la sección 6 de la,dicha ley de 10 de marzo de 1904, o, en otras pala-' bras, cuando la agresión se comete con nn arma mortífera, en circunstancias que no revistiesen la intención de matar' o mutilar. El Fiscal admite que no se demostró acometi-. miento y agresión alguno con circunstancias agravantes puesto que una agresión con el cabo de un revólver no es en sí-un acometimiento con arma mortífera; y la jurispru-dencia citada apoya tal admisión. Arma mortífera puede definirse como cualquier instrumento que cause la muerte o grave daño corporal, al ser usado del modo corriente y usual que su forma y construcción revela. 2 R. C. L. Assault & Battery, párrafo 25. En el caso de Filkins v. People, 60 N. Y. 101, 25 A. R. 143, se resolvió que un golpe dado con el cabo de un bieldo usado en forma de garrote no constituía un aco-metimiento con arma cortante, de acuerdo con la ley defi-niendo el acometimiento con armas mortíferas. El Juez Presidente, Sr. Roberts, en el caso de Skidmore v. State, 43 Texas, 96, 97, declaró que cuando una pistola es usada sólo para golpear, no es más que un pedazo de hierro de igual tamaño, peso y forma; y dicho caso fue citado con apro-bación en el de Jenkins v. State, 30 Texas Court of Appeals, 380.

En el caso de Acers v. United States, 164 U. S. 391, la corte resolvió que un arma es mortífera según el uso que de ella se haga, y citó el caso de Jenkins v. State, supra. De acuerdo con estas decisiones, un revólver usado como un pe-dazo de hierro no. es necesariamente un arma mortífera, a menos que por su tamaño así lo sea, y en este caso nada de-muestra que el arma fuera mortífera por su tamaño o que fuera usada en su forma mortífera, o, en otras palabras, con violencia mortal. Por lo tanto, creemos que no existe prueba - alguna de un acometimiento y agresión grave.

Además, aunque la prueba es contradictoria, hubo eviden-cia tendente a demostrar que el acusado acometió al denun-ciante con el cabo de un revólver causándole las heridas y perdida de sangre que expresa la denuncia. Por tanto, la corte estuvo justificada al imponer la pena máxima de cin-cuenta dollars de multa y no vemos razón alguna para modi-ficar su sentencia sino en lo que respecta a eliminar las pala-bras “con circunstancias agravantes.” En sus efectos, el caso estuvo muy cerca de estar comprendido en el inciso 7 de la ley, pues casi se causaron heridas graves.

La sentencia .debe ser modificada.

Confirmada la. sentencia apelada pero modi-ficada en el sentido de declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión simple.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Benítez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes.
    No. 901.
    Resuelto en diciembre 24, 1915.
    Denuncia — Alegaciones de la Denuncia — Precepto Infringido. — En una de-nuncia no es necesario que se alegue el precepto infringido del Código Penal, ni el delito en particular.
    Acometimiento y Agresión — Sentencia—Grado del Delito. — Tampoco es nece-sario en un acometimiento y agresión que la sentencia especifique el grado del delito, si la denuncia y la prueba demuestran la ofensa.
    Id. — Agresión Realizada con el Cabo o Mango de un Poete — Circunstan-cias Agravantes — Uso de un Poete en su Porma Especial.- — Un acome-timiento y agresión realizado con el cabo o mango de un foete no se con-sidera con circunstancias agravantes dentro del inciso 6o. de la sección 6a. de la Ley de marzo 10, 1904. Lo que tace grave la ofensa es el uso del instru-mento en su forma especial para causar deshonra.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Huyke.

    Abogado del apelando: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso es análogo en algunos aspectos al de El Pueblo v. Dávila, que acaba de ser decidido. La denuncia imputa un delito de acometimiento y agresión en el que se usó de un foete. La denuncia, por tanto, es suficiente. No importa que no se usen en la denuncia palabras que califiquen el delito como grave. No es necesario alegar el precepto infringido del Código Penal, ni el delito en particular. El Pueblo v. Behn et al., 13 D. P. R. 1; El Pueblo v.. Falcastro, 17 D. P. R. 96. En abundancia de razonamientos, véase la decisión de esta corte en el caso de El Pueblo v. Vilches, 12 D. P. R. 195, en el cual se resolvió que no es necesario que la sentencia especifique el grado del delito en un acometimiento y agre-sión, si la denuncia y la prueba demuestran la ofensa.

Pero la prueba en éste caso demuestra que la agresión .fué realizada con el cabo o mango del foete. Por consi-guiente, como el instrumento de ofensa no fué usado como foete, no bay nada que incluya la ofensa dentro de las dis-posiciones de la ley de marzo 10 de 1904, que bace grave el acometimiento y agresión si el instrumento usado es un foete, o un instrumento semejante, destinado especialmente a cau-sar deshonra. A pesar de que un acometimiento y agresión puede cometerse con el mango de un foete, la ofensa causada no es la especial a que se refiere el estatuto. El foete es en-tonces lo que cualquier otro palo corriente, y, por tanto, el razonamiento del Juez Presidente Roberts en el caso de Skidmore v. State, 43 Texas, 96, 97, es de aplicación. La corte inferior cometió error al dictar una sentencia de acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes.

De otra parte, la prueba tiende a sostener la denuncia en cuanto la misma imputa un acometimiento y agresión simple. Existe conflicto de prueba, pero no creemos que baya motivo alguno para ir contra la apreciación becha por la •corte inferior. El acometimiento y agresión fué serio: lo suficiente para sostener una acusación de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, bajo el inciso 7 de la ley de 10 de marzo dq 1904, si la denuncia hubiera sido debidamente redactada. El Pueblo v. Marini, 22 D. P. R. 11.

La sentencia debe ser modificada, imponiéndose al acu-■sado una multa de cincuenta dólares, o, en defecto de pago, un día de cárcel por cáda dólar que dejare de satisfacer, y las costas.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficada en el sentido de declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión -simple, e imponiéndosele como pena una multa de $50, o, en defecto de pago, un día de .cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer y las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y ITutcMson.


author: El Juez Asociado SR. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Del Valle et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 904.
    Resuelto en diciembre 24, 1915.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Heridas Graves — Heridas Serias — Denuncia Suficiente. — Ratificando la doctrina esta-blecida en los casos de El Pueblo v.'Mflrmi, 22 D. P. R. 11 y El Pueblo v. Agu/ilar, 22 D. P. R. 717, a saber: en el primero que es necesario alegar en la denuncia, y en el segundo que es preciso probar además en el juieio, alguna de las circunstancias agravantes que especifica la ley, para que una persona pueda ser castigada por el delito'de acometimiento y agresión grave, en el presente, caso se resolvió: Que la denuncia imputa un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes dentro del inciso 7 de la sección 6°. de la Ley de 10 de marzo de 1904, pues si bien no emplea la palabra "grave” expresada en la ley, usa l'a palabra "serias” para calificar las contusiones inferidas, describiendo éstas como una dislocación del brazo iz-quierdo, una fractura de una costilla, y una herida en la cabeza, habiéndose comprobado, además, en el acto del juieio, que el agredido recibió en efecto las heridas expresadas en la referida denuncia, producidas por un cuerpo o cuerpos contundentes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Tisol y Campillo.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso, en lo pertinente, es como sigue :

‘ ‘ Que en febrero 21 de 1915, como a las doce de la noche, y en el barrio de Hato Puerco de Loíza, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Río Grande, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., los citados Félix, Carmelo y Julio del Valle y Evaristo Sánchez entonces y allí, voluntaria, ilegal, 'maliciosamente y con la intención criminal de causar grave daño corporal a Elias Ayala, le agredieron con garrotes y sillas, causándole serias contusiones, como la dislocación del brazo izquierdo-; fracturación de una costilla del lado izquierdo, y una herida en la cabeza, en el lado izquierdo, de cuyas contusiones tuvo que ser asistido por el facultativo de esta loca-lidad, Sr. Boneta.”

En 17 de abril de 1915 se celebró en la corte de distrito la vista de la causa con asistencia de los acusados Félix y Carmelo del Valie. Nada consta en los autos con respecto a lo que pueda haber ocurrido en relación con los otros acusa-dos Julio del Valle y Evaristo Sánchez. Practicadas las pruebas, el juez declaró culpable a los acusados Félix y Carmelo del Valle del delito de acometimiento y agresión grave, y los condenó a pagar una multa de $200 y en defecto de pago un día de cárcel por cada peso dejado de satisfacer.

ü Los condenados apelaron para ante este Tribunal Supremo, alegando como motivos del recurso, Io.: que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos del delito de acometimiento y agresión grave, y 2o.: que la prueba fué insuficiente.

Sostienen los recurrentes que en la denuncia no se alegó ninguna de las circunstancias agravantes especificadas en la sección 6 de la- ley para castigar el acometimiento, etc., apro-bada en marzo 10, 1904, y citan en su apoyo las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de El Pueblo v. Marini, 22 D. P. R. 11, y El Pueblo v. Aguilar, 22 D. P. R. 717.

Ratificamos la doctrina establecida en dichos casos, a saber: en el primero, que es necesario alegar en la denuncia, y en el segundo, que es preciso probar además en el juicio alguna de las circunstancias agravantes que especifica la ley para que una persona pueda ser castigada por el delito de' acometimiento y agresión grave; pero, a nuestro juicio, dichos casos no son aplicables a éste que estamos considerando y resolviendo, en el sentido que pretenden los apelantes.

Es cierto, que en la denuncia no se emplea la palabra “grave” expresada por la ley, pero es lo cierto también que se usa la palabra “serias” para calificar las contusiones in-feridas, describiéndose éstas como una dislocación del brazo izquierdo: una fractura de una costilla y una herida en la cabeza, habiéndose comprobado además, en el acto del juicio, que el agredido recibió en efecto las heridas expresadas en la denuncia, producidas por un cuerpo o cuerpos contunden-tes.

Con respecto a la suficiencia de la prueba, sólo diremos que la hemos examinado cuidadosamente y opinamos que es,, bastante para sostener la sentencia recurrida.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro

text:
    Wilcox, Demandante y Apelante, v. Axtmayer et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de. Distrito de San Juan, ■Sección Ia., en causa sobre cobro de servicios profesio-' nales.
    No. 1309.
    Resuelto en enero 10, 1916.
    Testigos Hábiles — Derogación de Leyes — Ley de Evidencia. — La sección 3 de la ley prescribiendo quiénes son testigos, hábiles y derogando el artículo 1215 del Código Civil y demás leyes, órdenes y decretos que se opusieren a la misma, aprobada en 10 de marzo de 1904 (Leyes 1904, p. 121), no ha sido derogada expresamente por la Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905 (Leyes Í905, p. 86-143), ni está en conflicto con ella.
    Ib. — Declaración de una Parte, en Pleito Contra los Herederos o Repre-sentantes de un Pinado. — En la actualidad en Puerto Rico 'una parte en un pleito instituido contra los herederos o representantes legales de un finado por virtud de transacciones habidas con éste, no puede declarar como testigo, sin antes ser llamado por la .parte contraria.
    Servicios Profesionales — Examen de las Pruebas. — Examinada la prueba en este caso, se resolvió: que no existe justificación alguna para concluir que al apreciarla en la forma en que lo hizo, la corte sentenciadora cometiera el error manifiesto que le atribuye el apelante.
    Los hechos están1 expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Henry .G. Molina.

    Abogado de los apelados: Sr. Jacinto Texidor.

   El Juez Asociado Sr. del Toro

emitió la -opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre cobro de $1,500 por servicios profesionales. La demanda se interpuso contra Henry Axt-mayer, Ana Axtmayer y la Sucesión de Jacob Axtmayer, compuesta de Ana, Henry, Eosa, Joseph, Simón y Charles Axtmayer, y fué declarada con lugar únicamente en cuanto a Henry Axtmayer por la suma de $800.

Es un hecho aceptado 'que el demandante, un abogado que ejerce su profesión en esta Isla, prestó sus servicios a Henry Axtmayer en la apelación de cierto pleito de divorcio y en varios incidentes surgidos con motivo de la custodia de uno de sus hijos. La obligación de pagar tales servicios por parte de Henry Axtmayer es evidente y no se discutió en esta apelación. Pero el apelante alegó en su demanda que los padres de Henry Axtmayer se obligaron a pagar los honora-rios y sostiene ahora que la evidencia que presentó en el juicio para probar su alegación fué suficiente y que al no estimarlo así la corte sentenciadora erró y su sentencia debe ser en tal virtud revocada por este Tribunal Supremo.

El señalamiento .de errores se hizo por el apelante en su alegato así: “Io. La corte sentenciadora cometió error al excluir la declaración del demandante en cuanto 'al convenio que él había hecho con el Sr. Jacob Axtmayer. 2o La corte cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba, en cuanto al convenio verbal entre el demandante y Jacob Axt-mayer. ’ ’

1. Examinemos el primer error. A los efectos de demos-trar que Jacob Axtmayer se había obligado a'pagar al deman-dante los servicios prestados por éste a Henry Axtmayer, entre otras pruebas presentó el demandante su propia decla-ración. Analizándola, el juez sentenciador, en su opinión, se expresa así:

“En su declaración, el demandante nos dice que Jacob Axtmayer fué la única persona que habló con él con respecto al pago de sus honorarios, comprometiéndose a satisfacerlos entre él y su esposa Ana Axtmayer. Según la ley para prescribir quiénes son testigos hábiles y para derogar el artículo 1215 del Código Civil y demás leyes, órdenes y decretos que se opongan a la misma, aprobada en 1904, en las demandas por o en contra de los albaceas testamentarios, administradores o tutores, o herederos y representantes legales de un finado, en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuera llamado a declarar por la parte contraria. Los preceptos de esta ley continúan, a juicio nuestro, en vigor, después de la implantación de la Ley de Evidencia, porque no están en conflicto con ella. De modo que la declaración del Sr. Wilcox con respecto a las manifestaciones que Jacob Axtmayer le hiciera, según dicho señor declara, no pueden tener peso alguno ante un,Tribunal de derecho.”

La cuestión a resolver es, pues, la de si en la actualidad en Puerto Rico una parte en un pleito que se suscite contra los herederos o representantes legales de un finado por virtud de transacciones habidas con éste, puede declarar como tes-' tigo, sin ser llamada por la. parte contraria.

El Código Civil antiguo en su artículo 1247 disponía que eran inhábiles para declarar como testigos, entre otros, los que tienen interés directo en el pleito. Tal disposición fue preservada en el Código Civil revisado de 1902 en su. artículo 1215. En 1904 la Legislatura Portorriqueña pasó una ley para prescribir quiénes eran testigos Lábiles y para de-rogar el artículo 1215 del Código Civil y demás leyes, órdenes y decretos que se opusieren a la misma. Por la sección Ia. de diclia ley se decretó que ninguna persona estaría inhabi-litada para declarar por motivo de ser parte en el juicio o procedimiento, ser .pariente de alguna de las partes, o por estar interesada en tal juicio o procédimiento, y por su sección 3a., se dispuso lo que sigue:

“En las demandas por o en contra de los albaceas testamentarios, administradores o tutores, en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescripciones de esta sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un finado, que se suscitaren de transacciones habidas con éste.”

Así las cosas, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en 1905, adoptó una ley general de evidencia, similar a la que rige en California. La sección 38 de dicha ley, igual a la 1879 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, es como sigue:

“Todas las personas, sin excepción, fuera de lo especificado en los dos artículos siguientes, que hallándose en posesión de sus sentidos, pueden percibir y, percibiendo, comunicar sus percepciones a otras personas, son aptas para testigos. Así, pues, ninguna de las partes, ni otras personas, interesadas en el resultado de la acción o procedi-miento, serán excluidas; ni las que hubieren sido convictas de delito gravé; como tampoco se excluirá a persona alguna por razón de sus ■opiniones en lo referente a creencias religiosas; si bien en cada caso, la credibilidad de los testigos podrá ponerse en duda, conforme lo dispuesto en él artículo veintiuno.”

La sección 39 difiere de la 1880 del Código de Enjuicia-miento Civil de California, en que no incluye dos de los casos de inhabilidad que aparecen en el Código californiano.

La sección 40 de la ley de Puerto Rico es igual a la 1881 de la ley de California.

Dentro, pues, de la Ley de Evidencia de 1905, no se encuen-tra la prohibición que contiene la sección 3 de la ley de 1904 que anteriormente hemos transcrito. ¿Quiere esto decir que fué la intención de la Legislatura establecer en absoluto el precepto de que las partes en los procedimientos civiles pue-den declarar como testigos, aun en el caso de acciones ejer-citadas contra herederos por virtud de convenios imputados a sus causantes?

Examinada la Ley de Evidencia de 1905 en su totalidad, no contiene ninguna cláusula por virtud de la cual se derogue expresamente la ley de 1904 a que nos hemos venido refiriendo. Dicha Ley de Evidencia de 1905, contiene sí una cláusula derogatoria general, en estos términos: “Todo real decreto, orden general, ley o parte de ley en conflicto con las disposi-ciones de ésta, quedan por la presente derogados.”

¿Está en conflicto la ley de 1904 con la de 1905? Opina-mos, con la corte sentenciadora, que no lo está, porque ambas leyes pueden subsistir y han venido subsistiendo en la prác-tica en la mayor parte de los Estados de la Unión Americana que, apartándose de la ley común, permitieron a las partes declarar como testigos.

Véase lo que dice Oye con respecto a la regla general y a la excepción:

“Algunos estatutos declaran que las partes o personas interesa-das en la acción son enteramente incompetentes como testigos en su propia defensa, de manera que no pueden declarar respecto a ninguna cuestión, pero en la mayor parte de los estatutos se considera que dichas personas son incompetentes únicamente en lo que respecta a ciertas cuestiones particulares, quedando libres para poder declarar sobre cuestiones que no están comprendidas en la prohibición del estatuto. De acuerdo con dicha regla la cuestión relativa a si cierta declaración es o no admisible depende de los términos del estatuto que esté en vigor en la jurisdicción donde se ofrece dicha prueba.” 40 Cyc. 2310.
“El precepto del estatuto de que las partes y personas inte-resadas en la acción son testigos competentes, está limitado a una excepción que es tan general como la misma regla, pues en casi todos los Estados los estatutos fijan restricciones a la competencia de las partes y personas interesadas en acciones establecidas por los represen-tantes sobrevivientes, o sucesores en título o derecho de personas fallecidas o incapaces, o seguidas en contra de los mismos. Pero se ha resuelto que no podrá dársele mayor alcance a los términos de la excepción mediante interpretación judicial, ni será excluida ninguna declaración cuando el caso no esté claramente comprendido en los términos del estatuto.” 40 Cyc. 2260.

2. No habiendo cometido la corte de distrito el primero de los errores señalados por el apelante, pasemos al estudio del segundo.

Contiene el alegato de la parte recurrente un análisis hábil y cuidadoso de la prueba. No sólo declaró como se ha dicho el demandante con respecto al hecho de que el finado Jacob Axtmayer se había obligado a pagar los honorarios que se reclaman, sino que también lo hicieron dos testigos más, y se presentaron varias cartas relacionadas con el asun-,to. El testigo Díaz Viera ■ declaró que al iniciarse el pleito en el cual se prestaron los servicios, trabajaba como abogado en el bufete de los Sres. Charlton y Pettingil, en el mismo piso en que tenía su bufete el demandante; que a veces tra-bajaba y se sentaba en la oficina del demandante; que en esa época Jacob Axtmayer solía hacer frecuentes visitas a la oficina del demandante, y que cierto' día, hallándose él pre-sente, el demandante dijo a Jacob Axtmayer que el caso de Henry había tomado caracteres tan graves que prometía re-sultar laborioso y difícil y que en vista de que Henry no tenía bienes con qué responder, el demandante deseaba llegar a un acuerdo con él con respecto a que le garantizara el pago de sus servicios. Que Axtmayer manifestó entonces que él y su esposa pagarían los honorarios de Henry. T el testigo Frederick Timpson, manifestó que estuvo a ver a Jacob Axtmayer a instancia del demandante, para cerciorarse si pensaba pagar los honorarios que debía su hijo al deman-dante, y que el Sr. Axtmayer reconoció la obligación de pagar-los manifestando que estaba dispuesto a ello si se rebajaba la cuenta a una cantidad equitativa.

Refiriéndose a las anteriores declaraciones, el juez sen-tenciador se expresó así:

“Las declaraciones del Sr. Timpson, a quien conocía el finado como empleado del Sr. Wilcox, y del abogado Sr. Díaz Viera no han logrado convencernos' y en tales circunstancias no nos encontramos en condiciones de declarar, sin temor a equivocarnos, que Jacob Axtmayer se hubiese obligado a pagar directamente el importe de los honorarios del demandante, en la forma sostenida por éste en su de-manda enmendada.”

Y por último, analizando el resto de la prueba, dijo el juez de distrito lo que sigue:

“Se ha presentado como prueba una carta fechada en 28 de mayo de 1918, y dirigida al finado Axtmayer por el' Sr. Wilcox, en la cual se habla de un convenio verbal celebrado con el referido finado, ha-ciéndose éste responsable por sí y su esposa de los honorarios de su hijo Henry. Con esta carta envió el Sr. Wilcox un proyecto de obligación para que fuese firmado por Jacob Axtmayer y su esposa, en el cual éstos, de haberlo firmado, quedaban comprometidos a pagar directamente los honorarios exigidos. El referido proyecto no l:ué firmado por los esposos mencionados. En'17 de junio de 1913, el demandante dirigió al finado Axtmayer una carta, fijando el valor’ de sus honorarios en $1,500 y exigiéndole el pago inmediato de dicha suma. A esta carta contestó el interesado, diciéndole que enviaría la cuenta a su hijo y que tan pronto como recibiera noticias de él lo pondría en su conocimiento. ‘Según yo entiendo,’ dice Axtmayer, padre, ‘hay alguna equivocación en el montante exigido.’ En 18 de abril de 1914 el propio demandante dirigió a la Srta. Rosa Axt-mayer, hermana de Henry una carta, quejándose de que éste no le hubiera pagado y pidiéndole su dirección para escribirle con res-pecto a sus honorarios. En esta carta Wilcox pregunta a la Srta. Axtmayer si ella no estaría autorizada a pagar por Henry, y cargarlo a su herencia.
“En vista de estos antecedentes, entendemos que para disipar las dudas que los mismos arrojan en el ánimo de la corte, el Sr. Wilcox estaba obligado a probar de una manera clara y satisfactoria que efectivamente Jacob Axtmayer se comprometió a pagarle los honor a-rios de su hijo en la forma últimamente alegada. En cuanto a la esposa del finado, entendemos que éste nunca tuvo autoridad para obligarla sin su consentimiento. Para poder demandar a Jacob Axt-mayer y su esposa, sin haber realizado antes las gestiones necesarias para cobrar los honorarios a -Henry Axtmayer, el demandante tenía que probar sus alegaciones en la forma en que aparecen en la demanda, y como no se ha aportado prueba satisfactoria sobre este extremo, entendemos que el único responsable aquí es Henry Axtmayer, contra, el cual debe dictarse sentencia, porque ha sido demandado en su carácter individual y también como heredero.”

Después de un examen cuidadoso de la prueba, no nos encontramos justificados para concluir que al apreciarla en la forma en que lo hizo la corte sentenciadora cometiera el ma-nifiesto error que le atribuye la parte apelante.

Debe procederse con mucha cautela en la apreciación de una prueba semejante a la practicada en este caso. Jacob Axtmayer había muerto cuando la demanda se interpuso. El demandante no pudo presentar documento alguno en que Axtmayer'reconociera directa o indirectamente en una forma clara y precisa la obligación que el demandante alega que contrajo para con él, y probar tal obligación por medio de manifestaciones hechas por una persona que ya no puede comparecer ante una corte a declarar sobre ellas, es en ver-dad bien arriesgado.

Tal vez sean enteramente ciertas la declaración del de-mandante y las de sus testigos. La actitud que se dice que asumió Jacob Axtmayer cuando vió en peligro a su hijo, es lógica. Los hechos pudieron ocurrir perfectamente en la for-ma en que los narran el demandante y sus testigos. Pero la corte sentenciadora, el tribunal de primera instancia, el que recibió directamente los testimonios, no se sintió satisfecho, y a menos que existiera un flagrante error no estaríamos jus-tificados para sustituir por el de ella nuestro juicio.

En tal virtud debe declararse sin lugar el recurso y con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada'la sentencia apelada,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado 'Sr. Aldeey,

text:
    Quiñones, Peticionario, y Foote, Juez de Distrito, Demandado, y Ana María Sugar Company, Inc., Interventora.
    Solicitud para que se expida un auto de mandamus al deman-dado, como juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, para que permita una adición en un proyecto de expo-sición del caso a los efectos de una moción de nuevo jui-cio, y apruebe el mismo.
    No. 150.
    Resuelto en enero 10, 1916.
    Nuevo Juicio — Exposición del Caso para un Nuevo Juicio — Especificación de Insuficiencia de la Prueba — Enmiendas.—Una exposición del caso para un nuevo juicio que no contiene la especificación de insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia, es incompleta pero no nula, y en 'bien de la jus-ticia puede ser enmendada aim después de transcurrir el plazo legal para su presentación.
    Mandamus — Remedio Adecuado, Rápido y Eficaz. — El auto de mandamus es un recurso extraordinario y no debe ser expedido cuando existe un remedio en ley adecuado, rápido y eficaz.
    Nuevo Juicio — Exposición del Caso para un Nuevo Juicio — Resolución Ape-lable — Fracaso de la Justicia — Insuficiencia de la Prueba. — Es apelable la resolución de un juez de distrito denegando la aprobación de un pliego de exposición del caso para ser utilizado en una moción de nuevo juicio, y sólo debe sustituirse este recurso ordinario por uno extraordinario cuando aquél habría de resultar en un completo fracaso de la justicia, lo que no ocurre eu el presente caso, por cuanto la revisión de la insuficiencia de la prueba puede ser hecha en el recurso de apelación establecido contra la sen-tencia.
    Id. — Enmienda a un Pliego de Exposición del Caso — Especificación de In-suficiencia de la Prueba — Recurso Ineficaz. — Es ineficaz el auto de mandamus para ordenar a un juez de distrito que resuelva sobre una enmienda a un pliego de exposición del caso para sostener una moción de nuevo juicio que no contiene la especificación de insuficiencia de la prueba y para que ejercite su discreción con respecto a ella, cuando tal enmienda no es suficiente para el fin que persigue el peticionario por ser demasiado general, no cumplir eon el propósito de la ley, ni contener dicha especificación de insuficiencia de la prueba.
    Id. — Exposición del 0aso para un Nuevo Juicio — Especificación de Insufi-ciencia de la Prueba — Objeto de la Ley. — El objeto que se propone la ley al exigir que la exposición del caso para sostener una moción de nuevo juicio, basada en la insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia, contenga una especificación de los particulares en los cuales la prueba es insuficiente, es llamar la atención del tribunal y de la parte contraria a los puntos res-pecto de los cuales se estima que la prueba es insuficiente, y por eso una especificación de insuficiencia que no llama la atención hacia determinados extremos de la prueba es insuficiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. Francisco Soto Gras y José Sabater.

    El Juez demandado Sr. Charles E. Foote compareció por escrito en nombre propio.
    Abogado de la interventora: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado 'Sr. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en el pleito que don Tomás Quiñones sigue en la Corte de Distrito de Mayagüez contra la corpora-ción Ana María Sugar Co., solicitó el demandante que se le concedieía un nuevo juicio y también apeló de la sentencia.

Uno de los motivos del aviso y de la moción de nuevo juicio es la insuficiencia de la prueba para justificar la decisión del tribunal y sus conclusiones de hecho y para sostenerlo presentó en tiempo oportuno una exposición del caso sin es-pecificación de los particulares en los cuales la prueba es insuficiente, según exige el inciso 3o. del artículo 223 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

El día en que se discutió la moción de nuevo juicio quedó .pendiente el particular de la insuficiencia hasta que se apro-bara el pliegó de exposición del caso, y solicitó la parte deman-dada que no se aprobara la exposición del caso presentada por no cumplir con el requisito del inciso 3o. del artículo 223 supra, moción que el juez señaló para ser discutida el mismo día que estaba fijado para oir a las partes respecto a enmiendas en la exposición y para su aprobación. En este día la parte demandante solicitó que se permitiera hacer en el pliego la siguiente enmienda:
“Insertar al final de la prueba del demandado, que las declaracio-nes de Alfonso Valdés, Peláyo Vals y Mr. H. Hiltz, en cuanto se refie-ren al contrato de compraventa de azúcar verificado por las partes, són insuficientes para probar la condición en que basa su defensa el de-mandado, de que el demandante estaba obligado, según convenio, a consignar en el Boyal Bank of Ganada de esta ciudad, el importe de los azúcares vendidos, antes de la entrega de' éstos, al demandante.”

Después de oir el tribunal a las partes sostuvo la oposi-ción de la demandada a la aprobación de la exposición del caso para ser utilizada en la moción de nuevo juicio, deses-timó también la petición de enmienda para incluir la especi-ficación de la insuficiencia de la prueba y aprobó el pliego para ser utilizado en el recurso de apelación contra lá sen-tencia.

Después de esta resolución el demandante presentó a.uno de los jueces de este tribunal una solicitud de mandamus para que se ordenara al juez de distrito que permita la .re-ferida enmienda y proceda después a aprobar la exposición del caso en cuanto se refiere a los efectos de la moción ,de nuevo juicio. Expedido un auto condicional lo contestó /.el juez alegando que no podía cumplir ,1o que se le ordenaba por-que presentada la enmienda después de transcurrido el plazo-legal para presentar la exposición del caso con la especifica-ción de la insuficiencia de la-prueba carecía de jurisdicción, para permitir que se agregase tal especificación y citó en su apoyo el caso de Earles v. Gilham, 20 Nev. 46. La parte demandada a quien admitimos como interventora el día que estaba señalado para la vista de la petición también se opuso-a la solicitud y presentó como prueba la transcripción, que-obra en este tribunal con motivo de la apelación establecida, por el demandante contra la resolución que le negó la con-cesión de nuevo juicio.

El caso de Nevada citado por el juez sostiene su resolu-ción, pero alega la parte peticionaria que de acuerdo con, el caso de Ríos v. Ríos, 15 D. P. R. 284, tiene el juez jurisdic-ción para resolver sobre la enmienda que propuso y para, admitirla. En este caso se- trataba de una apelación contra, la resolución que negó la aprobación de un pliego de exposi-ei'ón del caso para sostener una moción de nuevo juicio por el fundamento de ser insuficiente la prueba para sostener la sentencia, porque no contenía la especificación que exige el inciso 3o. del artículo 223 del Código de .Enjuiciamiento Civil y se dijo que el apelante pudo pedir permiso al tribunal para enmendar la exposición del caso a fin de agregarle la espe-cificación de la insuficiencia, y aunque no se dijo expresamente que la enmienda podía hacerse después de transcurrido el -plazo legal para la presentación del pliego, éste es el alcance de esa resolución ya que la aprobación. siempre tiene lugar después de transcurrido dicho plazo.

Aunque la doctrina sentada en este caso de Nevada no está.acorde con la del caso de Ríos v. Ríos, supra, preferimos seguir sosteniendo el criterio del último porque encuentra apoyo en la jurisprudencia de California y de Idaho de donde procede nuestro código de procedimiento, pues ya hemos dicho antes de ahora que seguiremos con preferencia la doc-trina que con respecto a él han sentado sus tribunales. En el caso de Valentine v. Steward, 15 Cal. 397, se declaró que una exposición del caso para un nuevo juicio que no contenía -especificación de la insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia es incompleta pero no una nulidad y que en bien •de la justicia podrá ser enmendada aun después de transcu-rrido el plazo legal para su presentación, doctrina que también :se sienta en el caso de Loucks v. Edmonson, 18 Cal. 204, y en el de Smith v. City of Stockton, 73 Cal. 205, resuelto en el mismo año en que se dictó la 'sentencia en el caso de Nevada, y que fué citado con aprobación en el de Miller v. Hunt, 7 Idaho, 489, del año 1901.

Mas a pesar de lo expuesto, el auto perentorio de mandamus no debe ser expedido porque siendo un recurso ex-traordinario no debe concederse generalmente cuando existe un remedio en ley que sea adecuado, rápido y eficaz.

El juez de distrito se. negó a aprobar el pliego de expo-sición del caso para ser utilizado en la moción de nuevo jui-' ció porque carecía de la, especificación de la insuficiencia de la prueba y porque se creyó sin jurisdicción para admitir una enmienda que la agregara. Esa resolución claramente era una negativa de aprobación de una exposición del caso para un nuevo juicio, que es apelable según se declara tam-bién en el caso de Ríos v. Ríos, supra, y solamente debe sus-tituirse este recurso ordinario por los extraordinarios cuando aquél habría de resultar en un completo fracaso de la justicia, lo que no ocurriría en el presente caso, por cuanto la revisión de la suficiencia de la prueba puede ser examinada en el re-curso de apelación que tiene establecido contra la sentencia.

Además, el auto de mandamus no. debe expedirse cuando su concesión sería ineficaz. El objeto de esta petición es sin duda que se le' diga al juez que tiene jurisdicción para resolver sobre la enmienda que se le propuso y que ejercite su discresión con respecto a ella, pero sería ineficaz la ex-pedición de la orden porque la enmienda propuesta por el peticionario no es suficiente para el fin que persigue porque tal como está redactada no contiene especificación de insu-ficiencia de la prueba y tendría que ser negada su admisión.

El objeto que se propone la ley al exigir que'la exposición del caso para sostener una moción de nuevo juicio basada en la insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia contenga una especificación de los particulares en los cuáles la prueba es insuficiente es llamar la atención del tribunal y de la parte contraria a los puntos respecto de los cuales se estima que la prueba es insuficiente y por eso una espe-cificación de insuficiencia que no llama la atención hacia deter-minados extremos de la prueba es insuficiente. . En este caso la enmienda consistía en hacer constar que las declaraciones de los testigos que menciona son’ insuficientes para probar-la condición en que la demandada basa su defensa de que el demandante estaba obligado por convenio a depositar el im-porte de los azúcares vendidos, repitiendo así las palabras de la ley pero sin puntualizar por qué no son suficientes al fin que trataba de demostrar la ’demandada. La especifica-ción contenida en la enmienda es demasiado general, no cum-pie con el propósito de la ley y no contiene una especificación de insuficiencia de prueba. Silva y. Salamanca, 14 D. P. R. 545; De Molera v. Martín, 120 Cal. 544; Taylor v. Bell, 128 Cal. 306.

Por las razones expuestas el auto de mandamus solicitado debe desestimarse y dejarse sin efecto el auto condicional que se libró.

Sin lugar la solicitud, dejándose sin efecto el auto condicional expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. HutcMson no intervino.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Martínez et al., Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    RecuRso gubernativo contra nota del Registrador interino de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de división de bienes en comunidad.
    No. 248.
    Resuelto en enero 11, 1916.
    Comunidad de Bienes — División de Bienes en Comunidad — Menores de Edad Interesados en 'la Comunidad Representados por la Madre — Autoriza-ción Judicial — Vigencia del Artículo 1027 del Código Civil. — El artículo 229 del Código Civil, enmendado por la ley No. 33 de 9 de marzo de 1911, no es aplicable a una división de bienes en comunidad en que están intere-sados menores de edad, porque dicha división se rige por el artículo 413 en relación con el 1027 de dicho Código, que no exige autorización judicial para llevar a cabo 'una división de bienes poseídos en comunidad por menores de edad cuando éstos están representados por el padre o la madre, artículo que no ha sido derogado por la sección 3 de la ley No. 33 citada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado do los recurrentes: Sr. Andrés Mena Latorre.

    El registrador interino recurrido, Sr. Fernando Vázquez/ no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los hermanos Martínez Chapel son dueños por títnlo de herencia en común proindiviso de una casa radicada en Caguas y para hacer cesar la comunidad otorgaron la escri-tura de 21 de julio de 1915 por la cual todos ellos convinieron en adjudicarla a uno de los herederos con la obligación de que éste satisficiera a los demás en metálico la parte que en la casa les correspondía. En la escritura estuvieron repre-sentados dos herederos menores de edad por su madre con patria potestad y sin interés alguno en la herencia.

Presentado ese documento en el Registro de la Propie-dad de Caguas para su inscripción el registrador interino la negó fundándose en que él contrato que contiene consti-tuye una enajenación, la cual se ha efectuado por la madre con patria potestad sobre sus menores hijos sin la autoriza-ción judicial requerida por el artículo 229 del Código Civil, enmendado por la ley de la Asamblea Legislativa de 9 de marzo de 1911.

La misma cuestión suscitada por el Registrador interino de Caguas fué resuelta por nosotros en el caso de Sánchez v. Registrador de la Propiedad, 21 D. P. R. 478 en el cual llegamos a la conclusión de que el artículo 229 del Código Civil, enmendado por la ley No. 33 de 9 de marzo de 1911, no es aplicable a una división de bienes en comunidad en que están interesados menores de edad porque dicha división se rige por el artículo 413 en relación con el 1027 de dicho código, que no exige autorización judicial para llevar a cabo una división de bienes poseídos en comunidad por menores de edad, cuando éstos están representados por el padre o ma-dre, artículo que no ha sido derogado por la sección 3 de la ley de 9 de marzo de 1911.

En ese caso se consideró detenidamente la única cuestión, que se plantea en este recurso, y como el registrador recurrido no ha presentado alegato para sostener su conclusión contra-ria a la doctrina consignada en el caso citado, no tenemos que agregar a lo que entonces dijimos sino que nuestro cri-terio está de acuerdo con la resolución de la Dirección G-eneral de los Registros de España de 9 de octubre de 1901.

La nota recurrida debe revocarse y ordenarse la inscrip-ción del documento.

Revocada, la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Espinet, Demandante y Apelado, v. Alvarez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte .de Distrito de Ponce en pro-cedimiento de traslado de causa sobre prelación de cré-ditos.
    No. 1382.
    Resuelto en enero 17, 1916.
    Traslado de Pleitos — Affidavit de Méritos — Suficiencia de la Declaración del Demandado — Instrucciones del Abogado Defensor — Buena y Sólida Defensa. — Aunque no es un modelo de perfección, es, sin embargo, suficiente y puede estimarse que cumple con las exigencias del estatuto sobre la materia, la declaración jurada de un demandado en apoyo de una solicitud jugada de traslado del pleito al distrito de su domicilio, en la cual manifiesta que está perfectamente enterado de todos los lieelios del caso y de las alegaciones en él contenidas, por su propio conocimiento y por las instrucciones recibidas de su abogado consultor en relación con esos iiechos y la ley aplicable a los mismos, y que tiene la convicción, de que podrá oponer'a la demanda una buena y sólida defensa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Rivera.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra una orden negando el traslado de un pleito a otro distrito judicial.

Nadal Espinet interpuso demanda contra José de Jesús Pérez y,Manuel Alvarez Blanco, ejercitando acciones alter-nativas de inexistencia de crédito o prelación de crédito.” Emplazados los demandados, ambos solicitaron él traslado del pleito a la Corte de Distrito, de G-uayama, a cnyo efecto archivaron separadamente escritos excepcionando la deman-da por indebida acumulación de acciones y por falta de he-chos suficientes para determinar las acciones en la misma ejercitadas, las mociones de traslado en las cuales se alegó bajo juramento que los demandados residían en el territo-rio de la Corte de Distrito de G-uayama, y dos declaraciones juradas de los demandados. La corte negó el traslado y uno de los demandados, Manuel Alvarez Blanco, interpuso contra la negativa el presente recurso de apelación. La declaración jurada del demandado apelante dice así:

“Yo, Manuel Alvarez Blanco, juro solemnemente: que mi nombre es como queda dicho; que soy uno de los demandados en la acción arri-ba expresada; que tengo mi residencia fija y liermarumtemeute en el pueblo de Santa Isabel en el que me dedico al comercio; que no tengo, ni he tenido, la intención de ausentarme de la isla. Que estoy perfectamente enterado de todos los hechos del presente caso y de las alegaciones en él contenidas y por mi propio conocimiento y por las instrucciones recibidas de mi abogado consultor don Manuel A. Rivera, en relación con estos hechos y la ley aplicable a los mismos, tengo la convicción que podré oponer a la demanda una buena y só-lida defensa.” ' !

La negativa de la Corte de Distrito de Ponce se basó en la insuficiencia de los affidavits de méritos en que se funda-ron las mociones de traslado. El juez de distrito no razonó su resolución y la parte apelada no ha comparecido ante este Tribunal Supremo. De suerte que sólo tenemos ante nosotros las alegaciones, la conclusión del juez y los argu-mentos del apelante.

Que el apelante tiene derecho al traslado, no cabe duda alguna. El demandante ejercitó una acción personal ante la Corte de Distrito de Ponce y el apelante reside en el dis-trito judicial de G-uayama. Pero ésta no es la cuestión en-vuelta, sino la de si el apelante ejercitó su derecho de acuer-do con la ley.

’■El artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, dice así:

“Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos qué’ el demandado, al comparecer a contestar o a formular excepcio-nes,'presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que''el juicio se celebre en el distrito correspondiente.”

Dicho artículo ha sido interpretado en varias ocasiones por esta Corte Suprema, y a los efectos de la resolución de este caso bastará que citemos el de Bithorn et al. v. Ball et al., 17 D. P. R. 577, en el cual se estableció la siguiente doctrina:

“Es suficiente y cumple con los requisitos del Código de Enjui-ciamiento Civil sobre la materia, la declaración jurada fundamentada interesando el traslado de un pleito en la cual se alega que el deman-dado ha expuesto fielmente a su abogado los hechos del caso y que, ■según su opinión, el demandado tiene una buena defensa de los mé-ritos de la acción.”

" Examinados los hechos de este caso a la luz de la jurispru-dencia establecida, opinamos que si bien la declaración ju-rada del apelante apoyando la solicitud de traslado no es un modelo de perfección, basta para que se entiendan cumplidas las exigencias del estatuto.

En tal virtud, opinamos que debe revocarse la resolución recurrida y ordenarse a la Corte de Distrito de Ponce que decrete el traslado solicitado.

Revocada la resolución recurrida, orde-nándose el traslado solicitado.

, .Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Galarza, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 851.
    Resuelto en enero 17, 1916.
    Acometimiento y Agresión ■ — Incongruencia Entre las Alegaciones y la Prueba. — Es un principio general de la ley criminal que cuando se alega que un homicidio o acometimiento ha sido cometido con un determinado instru-mento, debe probarse el ataque según fué alegado. La prueba debe estay en armonía con la alegación.
    Id. — Arma de Fuego — Cuchillo—Revólver—Incongruencia Entre las Alega-ciones y la Prueba. — Sin embargo, si se alega que el instrumento usado fué un arma de fuego o un cuchillo, puede en el primer caso, mostrarse un re-vólver, y en el segundo puede probarse cualquier otro instrumento cortante parecido.
    Id. — Puntapié—Bofetada—Consecuencias Directas del Golpe Causado — Caída al Suelo. — La alegación de'que el acusado dió un puntapié puede quizás sos-tenerse con la prueba de una bofetada cuando el daño es el resultado directo del puntapié o golpe, pero no así cuando, como sucede en el presente caso, el daño se produce, no directamente por el golpe, sino por una caída al suelo.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia presentada en este caso, que es uno de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes, impu-taba substaneialmente el becho de que el acusado Andrés Galarza, ilegal y voluntariamente acometió y agredió al niño Bamón Alpnzo, dándole con el pie en una pierna y causándole con esto sti fractura. La prueba revela que en el corral de una escuela en Bayamón, uno de los niños de escuela que babía en un grupo tiró un chupón de china al acusado que era otro muchacho de escuela que recientemente había ingresado en la misma. Incomodado por este hecho el acusado, se dirigió al sitio donde estaba el grupo y dió una bofetada a uno de ellos por lo que el niño con quien se realizó el acometi-miento cayó al parecer contra nna palma, se deslizó al suelo y rompió su pierna.

El error principal que lia sido alegado en esta apelación se refiere al desacuerdo en que está la denuncia con la prueba. Tanto el agresor como el mucñacbo acometido eran niños de escuela y el hecho específico constitutivo de agravante, es el haberse causado una herida grave al perjudicado.

Es un principio general de la ley criminal, que cuando se alega que un homicidio o acometimiento ha tenido lugar con un instrumento particular, deberá probarse el ataque según fué alegado. 21 Cyc. 873; 2 R. C. L., título “Acometimiento y agresión,” parrafo 48; 10 Encyclopædia of Pleading & Practice, 128; Commonwealth v. McAfee, 108 Mass. 458; 11 A. R. 383; Jones v. State, 62 S. W. 758; Wilson v. State, 60 So. 983; State of Louisiana v. Braxton, Jr., 47 La. Ann. 158. Si en cambio se describe un golpe causado con determinado instrumento, como con un arma de fuego o cuchillo, si se alega que fué con arma de fuego puede probarse un revólver y si se alegara un cuchillo, cualquier otro instrumento cortante parecido. Elliot v. State, 111 Pac. 820; Shelton v. State, 100 S. W. Rep. 955; Gipe v. The State, 165 Ind. 433, y casos arriba citados. O como dice la corte de Indiana en el caso de Gipe v. The State, supra, la prueba debe estar en armonía con la alegación en síl parte substancial y carácter genérico.

Se ha resuelto uniformemente que existe desacuerdo al alegar un daño producido por un golpe y luego probar un daño que sobreviene de una caída como consecuencia del golpe. Helmerking v. Commonwealth, 37 S. W. Rep. 264; Koser v. People, 224 Ill. 206; State v. Reed, 55 S. W. Rep. 278; State v. Jenkins, 94 A. D. 135; State v. Lowber, 1 Houston Crim. Rep. 324. Tal vez si en algunos casos la alegación de un puntapié podría estar sostenida por la prueba de una bofe-tada, cuando el daño es el resultado directo del puntapié o del golpe, pero de conformidad con las autoridades éste no podría ser el caso cuando el daño se produce no directamente por el golpe, sino por una caída al snélo.

El acusado tiene derecho a conocer la naturaleza del ataque de que se le acusa y esto es precisamente así en un caso de acometimiento al tratar de probar el Fiscal un hecho constitu-tivo de agravante. En el presente caso existió claramente desacuerdo entre la denuncia y la prueba. Siendo esto así, es innecesario considerar las otras cuestiones suscitadas en esta apelación. La sentencia debe ser revocada y absuelto el acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.