text:
    Luisa Pillot, demandante y apelada, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8312.

    Sometido: Febrero 10, 1941.

      Resuelto: Febrero 27, 1941.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar, H. González Blanes y F. Alvarado, Jr., abogados de la apelante; Ciro Malatrasi, Jr., y Víctor M. Marchán, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso es la de si el término de diez días que concede el artículo 299 del Código de Enjui-ciamiento Civil tal como quedó enmendado en 1939, pág. 575, para pedir — a los efectos de perfeccionar la apelación que se interponga contra una sentencia de una corte de distrito— “que se baga y prepare la transcripción de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofrecidas y practicadas,, y de todas las resoluciones, actos o manifestaciones de la corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los abogados y cuestiones o materias que con la misma se relacionen”, puede prorrogarse, o renovarse si hubiere vencido.

Dicha cuestión se levanta por la apelada en una moción solicitando la desestimación del recurso por no haberse archi-vado en tiempo la transcripción. Su posición es ésta: El recurso se interpuso en diciembre 16,1940. En enero 16,1941, no se había archivado la transcripción, dejándose de hacerlo, en tal virtud, dentro del término de treinta días que el propio artículo 299 concede para ello. No se ha cumplido con la ley y la desestimación procede.

La apelante se opone porque el término de treinta días invocado no ha empezado a correr aún de acnerdo con lo dispuesto en el repetido artículo 299, ya que está pendiente en la corte de distrito la preparación de la transcripción de la evidencia, replicando la apelada que aunque es cierto que la corte sentenciadora concedió a la apelante una prórroga mmó pro tune hasta diciembre 30, 1940, para presentar su solicitud, dicha concesión es nula porque habiéndosele pedido que actuara cuatro días después de vencido el término de diez días de que se trata, dicha corte carecía de jurisdicción para otorgarla.

La realidad es que el término venció en diciembre 26,1940; que la solicitud de prórroga se archivó en diciembre 30, 1940; que en enero 21, 1941, la apelante radicó otra moción expli-cando la tardanza de cuatro días y solicitando que la corte ejercitara en su favor la discreción que le confería el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, y que la corte en siete de febrero actual dictó una orden cuyo párrafo final es como sigue:

“Concluimos por lo tanto que esta corte tiene facultad para con-ceder la prórroga solicitada, y puesto que el caso es uno propio para ello, en el ejercicio de nuestra discreción, se concede a la demandada una prórroga nunc pro tune, hasta el 30 de diciembre de 1940, para la radicación de su solicitud sobre transcripción de la evidencia.”

En su consecuencia, si la corte de distrito actuó con juris-dicción, la desestimación no procede, y si no la tuvo, debe la moción declararse con lugar.

¿Se trata de un término fatal que no puede ser prorro-gado, ni renovado en su caso?

Esta Corte Suprema en Peña v. Vergne, 38 D.P.R. 1050, en una resolución per curiam, dijo, al negarse a desestimar la apelación, “Por cuanto es prorrogable el período de tiempo fijado por la ley para solicitar de la corte que ordene al taquí-grafo que prepare la transcripción de evidencia”, y luego, resolviendo una moción de reconsideración, se expresó así:

“... La teoría de los apelados aparentemente es qne la orden al taquígrafo debió obtenerse primeramente y entonces prorrogarse el término; qne el término mismo para obtener tal orden no podía ser prorrogado. Creemos qne es demasiado claro para qne sea necesario argumentar más, qne el término para imponer nn deber puede ser prorrogado así como el período para cumplir el deber una vez im-puesto. Esta es la única proposición levantada por la moción de desestimación qne consideramos de importancia o qne merecía aten-ción especial.” Peña v. Vergne de la Concha, 38 D.P.R. 989.

Sostiene la apelada que esa decisión no es aplicable porqne la ley lia variado, revelando la qne rige en la actualidad la clara intención del legislador de qne el término qne concede no sea prorrogable.

En efecto, en 1928 cuando la opinión en el caso de Peña v. Vergne, supra, fue emitida, el artículo 299 tal como había sido enmendado en 1919, decía: “Archivada que sea una apelación contra una sentencia de una corte de distrito, la “parte apelante, dentro de los diez días siguientes a su archivo o de la prórroga que en su caso se le conceda por la corte, deberá presentar....” y ahora, después de la enmienda de 1939, dice: “Archivada que sea una apelación contra una sentencia de una corte de distrito, la parte apelante, dentro de los diez días, siguientes a la radicación de ese escrito deberá presentar....”, de suerte que quedaron eliminadas las pa-labras “o de la prórroga que eñ su caso se le conceda” y es esa eliminación la qne invoca la apelada como reveladora de la intención legislativa.

A nuestro juicio la eliminación no tiene el alcance que le atribuye la apelada. Creemos que siendo el término de que se trata de naturaleza prorrogable, no había necesidad de conferir poder alguno a la corte para extenderlo en casos apropiados. Lo que hizo el legislador fué eliminar de la ley algo inútil, dejándola substancialmente en ese punto como estaba.

Ahora bien, aquí no nos confrontamos con una mera pró-rroga. El término había vencido y sabido es qne los términos vencidos no pneden prorrogarse. Si nos detuvimos en el análisis de la cuestión lo fue para fijar la naturaleza pro-ir r o gable del término de que se trata. En las apelaciones sólo existe un término jurisdiccional, improrrogable, el fijado por la ley para la interposición del recurso. (González v. Príncipe et al., 10 D.P.R. 508; Pérez v. Sucesión Collado, 19 D.P.R. 422; Noriega v. Sucesión Colón, 40 D.P.R. 450; Ríos v. Díaz, 54 D.P.R. 697.) Los demás, a no ser que la ley disponga expresamente lo contrario, son prorrogables. (Pueblo v. Sociedad Civil Borda & Calaf, 43 D.P.R. 935; Municipio de Guayanilla v. Comisión Servicio Público, 51 D.P.R. 374.)

El efecto de la orden aquí dictada o sea la de la corte de distrito de febrero siete en curso cuyo último párrafo trans-cribimos, es el de la concesión de un nuevo término. ¿ Tuvo autoridad para dictarla?

A nuestro juicio la pregunta debe contestarse en la afir-mativa. La apelante invocó el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y esta corte en el caso de Báez v. Honoré, 56 D.P.R. 31, 34, 38, 41 y 43, Pablando por su Juez Asociado Sr. Hutcbison, se expresó como sigue:

“La corte de distrito, luego de exponer los hechos substancial-mente, tal cual figuran en la moción de los apelantes, invocó en apoyo de su actuación, no sólo su facultad inherente para corregir sus propios autos, sino también los poderes eonferídosle por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. La orden de la corte dis-ponía que las resoluciones de abril 10 y 15 se entendieran redactadas nunc pro tune, ‘de modo que se le ordene al taquígrafo formular las notas taquigráficas y que las prórrogas conferidas lo fueron a los apelantes para radicar la exposición del caso, así como que se en-tienda que los apelantes se acogen a la Ley núm. 70 de 9 de marzo de 1911 y no a la que prescribe las apelaciones de casos criminales.’
“Podría admitirse que esta orden no puede sostenerse como una mera corrección nunc pro tune de un error oficinesco (clerical) come-tido en las órdenes anteriores. Para los fines de esta opinión podría admitirse de igual modo que las órdenes anteriores difícilmente pueden ser interpretadas como prórrogas del término para radicar la expo-sición del caso. La cuestión es si la corte de distrito bajo el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil tenía facultad para exonerar a los apelantes de los efectos de estas órdenes, consideradas las mismas como prórrogas para qne el taquígrafo transcribiera sus notas taqui-gráficas y entregara copia de la transcripción al letrado de los ape-lantes.
" En Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188, la mayoría de este tribunal, conforme el mismo estaba constituido en 1913, resolvió, según se bace constar en el sumario, lo siguiente:
“ ‘Los preceptos de nuestro estatuto relativos al término para preparar una exposición del caso deben ser interpretados en sentido estricto.
££ £E1 artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no faculta a una corte de distrito para admitir una exposición del caso después de haber expirado el término legal. La palabra “procedimiento” a que se refiere dicho artículo es un procedimiento en la corte senten-ciadora y no abarca los procedimientos para perfeccionar una ape-lación. ’
“La opinión señala ciertas diferencias insignificantes existentes entre nuestro Código de Enjuiciamiento Civil y el de California. Ninguna de estas ligeras diferencias ni ninguna disposición por parte de la corte a ‘considerar diligentemente los casos sometidos a su con-sideración’, son suficiente motivo para negarse a seguir la interpreta-ción dada al estatuto de California con anterioridad a la fecha de su adopción por nuestra Asamblea Legislativa.”

Se analizan los hechos y circunstancias del caso de Pardo y. Pardo, supra, citándose las varias opiniones de esta corte en que sus dicta fueron seguidos y se continúa diciendo:

“Desde que se resolvieron estos casos el personal que constituye la corte ha variado. La cuestión se suscita ahora por primera vez ante el tribunal tal cual está constituido al presente. Luego de con-siderar y discutir nuevamente el asunto hemos llegado a la conclu-sión de que los casos resueltos hasta ahora deben ser revocados.
“En 8 Bancroft’s Code Practice and Remedies, pág. 9027, sec. 6832, hallamos:
“ ‘Una parte puede ser exonerada de los efectos de haber dejado de notificar, archivar o presentar un pliego de excepciones dentro del término prescrito en un estatuto que autoriza a una corte, en la forma que estimare justa, para eximir a una persona de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia. La autoridad conferida por el estatuto para conceder el remedio puede ejercitarse tan sólo cuando se presenta una solicitud fundamentada que demuestre equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia, en que la corte pueda basar sus conclusiones en pro o en contra de la solicitud; la mera conclusión en una decla-ración jurada al efecto de que el letrado dejó de solicitar una pró-rroga por inadvertencia y negligencia excusable, es insuficiente para invocar la jurisdicción de la corte.
“ ‘Cualquier duda que exista debe ser resuelta en favor de la solicitud a fin de celebrar una vista sobre los méritos, siempre que se presente un caso adecuado bajo el estatuto; y una corte de apela-ciones estará menos inclinada a revocar una resolución declarando con lugar tal solicitud que una negándola. Pero la discreción de la corte sentenciadora debe basarse en sus propias inferencias lógicas y razonables, de los beclros presentádosle en el caso específico que está ante ella. El remedio puede concederse condicionalmente. ’ ”

Siguen citas de 4 C.J.S. pág. 1364, sec. 869, 2 Cal. Jur., pág. 563, de Bancroft’s Supplement, sec. 6832, y se expresa:

“En California ‘la aprobación de un pliego de excepciones es un “procedimiento” dentro del significado de las disposiciones del ar-tículo 473.’ Pollitz v. Wickersham, 150 Cal. 238; Lukes v. Logan, 66 Cal. 33.
“En George B. Leavitt Co. v. Couturier, 23 P. (2d) 1101, la Corte Suprema de Utah dijo:
“ ‘Es ley ya establecida en esta jurisdicción que una corte de distrito puede, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Revisados de Utah de 1917, sección 6619, al radicarse -la oportuna solicitud, debidamente fundamentada, exonerar a una parte de los efectos de haber dejado de mantener vivo el término para preparar, notificar y radicar un pliego de excepciones.’ ”

Se transcriben entonces párrafos de las opiniones en los casos de Morgan v. Oregon R. R. Co., 74 P. 523 y Richardson v. Bohney, 109 P. 727, terminando la opinión así:

“La corte de distrito, de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil tenía facultad para excusar la omisión de los apelantes, por equivocación, inadvertencia o negligencia excusable, de solicitar — en sus mociones para que se dictara una orden dirigida al taquígrafo para que preparara y entregara la transcripción y para que se le concedieran prórrogas para preparar y entregar la misma — un término para radicar la exposición del caso. También tenía facultad para eximir a los apelantes de los efectos de las resoluciones en que se ordenaba al taquígrafo que preparara y entregara la transcripción y se prorrogaba el término para que el taquígrafo preparara y entregara tal transcripción, sin ampliar el término dentro del cual los apelantes pudieran preparar y archivar una exposición del caso.”

Poco después esta propia corte, en el caso de Municipio v. De la Fuente, 56 D.P.R. 105, resolvió, copiando del resumen, que:

“Las cortes de distrito tienen autoridad bajo el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para conceder, ya expresa o implí-citamente, tomando en consideración las circunstancias que concurren, un nuevo término para presentar una transcripción de evidencia cuando la prórroga no se solicita durante la vigencia de la anterior.”

En tal virtud, habiendo actuado con jurisdicción la corte de distrito al conceder el nuevo término de que se trata, la realidad es que se encuentra pendiente aún en dicha corte la preparación del récord de la apelación, y disponiendo como dispone la ley (artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por la Ley Núm. 111 de 1939, pág. 575, 579) que dicho récord “deberá ser archivado en la secretaría de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes al en que se haya aprobado la transcripción de la evidencia”, carece de fundamento la moción de desestimación que deberá, en su consecuencia, declararse sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Carmen Alicia Carradero, representada por su madre, Andrea Carradero, demandante y apelada, v. Juan Lebrón, demandado y apelante.
    Núm. 8145.

    Sometido: Febrero 19, 1941.

      Resuelto: Febrero 27, 1941.

      F. González Fagundo, abogado del apelante; Benjamín Ortiz, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se estableció contra la sentencia que declaró a la apelada hija natural reconocida del apelante. La causa de acción está basada en que el demandado y apelante Juan Lebrón, vivió en concubinato con Andrea Carradero y que de estas relaciones nació la demandante; que cuando la de-mandante fue concebida y durante el embarazo de su madre, el apelante y Andrea Carradero vivían en concubinato; que durante la concepción y nacimiento de la niña tanto Lebrón como Andrea Carradero eran solteros y no tenían impedi-mento alguno para contraer matrimonio, y, por último, que después de nacida la niña el apelante la trataba como hija suya.

La prueba es contradictoria y el propio apelante así lo acepta en su alegato, sin que haya alegado y demostrado que la corte inferior, al dirimir el conflicto en la forma en que lo hizo, actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o cometiera error manifiesto en la apreciación de la prueba. Hemos examinado la transcripción de evidencia y no tenemos duda alguna de que la prueba de la demandante sostiene sus alegaciones. Arguye, sin embargo, el apelante, que la sentencia es contraria a derecho porque de acuerdo con la prueba de la propia demandante cuando ésta nació, el apelante y la madre de la niña no vivían en concubinato, sosteniendo el apelante que ese requisito es indispensable para que pueda prosperar la acción de filiación cuando se basa en la relación de concubinato; pero esta cuestión ba sido ya definitivamente resuelta por este tribunal en el caso de Estela v. Sucn. Medraño, 44 D.P.R. 149, y el apelante no nos ha convencido de que la jurisprudencia allí establecida sea errónea.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y con-firmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Mánuel A. Frías, demandante y apelado, v. José y Faustino Berríos Sánchez, demandados y apelantes.
    Núm. 7961.

    Sometido: Febrero 20, 1941.

      Resuelto: Febrero 28, 1941.

      F. González Fagundo, abogado de los apelantes; Géigel & Silva, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Manuel A. Frías, médico cirujano, demandó a José y a Faustino Berríos en reclamación de mil quinientos dólares de honorarios por servicios médicos prestados a Jesús Berríos. Éste falleció y sus hijos los demandados fueron declarados sus únicos y universales herederos.

Contestaron los demandados negando la prestación de los servicios y el valor de los mismos.

Fue el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia condenando a los demandados al pago de setecientos cincuenta dólares, intereses legales sobre esa suma desde la notifica-ción de la demanda hasta el completo pago de la misma, con más las costas.

Apeló la parte perdidosa. Señala como errores los come-tidos a su juicio por la corte al fijar el valor razonable de los servicios, al dictar una sentencia que no está sostenida por la prueba y al imponer las costas y el pago de intereses. Argumenta largamente en apoyo de las posiciones que adopta.

La solución de este caso es sencilla.' Los demandados apelantes que comenzaron negando la prestación de los servicios médicos a su causante, terminan por, aceptar dicha prestación, tratando entonces de impugnar el valor de cada uno de ellos en particular y de todos en conjunto, sin razón a nuestro juicio porque el valor lo fijó la corte basándose en la propia declaración del perito que ellos mismos presentaron.

Ese perito fué el Doctor Manuel Díaz Barcia, médico cirujano. Después de contestar haciendo consideraciones generales y valoraciones específicas de los varios servicios profesionales prestados por el demandante al causante de los demandados, copiando textualmente del récord, declaró:

“A preguntas del señor Juez el Doctor Díaz García contestó que tuvo en sus manos la minuta que se llama Bill de particulares: que liace dos días el Ledo. González Fagundo se la había suministrado. Que teniendo en cuenta que el médico en este caso va a la casa del paciente a hacer esos trabajos que se dicen' ahí, tasando todo el trabajo en conjunto sin tener en cuenta el valor sentimental porque eso es inapreciable y teniendo en cuenta que se trata de un paciente de una posición económica relativa y que el médico tenía que sacri-ficar el tiempo y tenía que estar pendiente de la salud del enfermo y dejar compromisos y otras cosas para atender al caso, el valor del trabajo aumenta considerablemente y no aumentaría si fuera una persona que lo fuera a llamar esporádicamente cada cuatro o cinco días para una visita. Que considera que la minuta de particulares está subida haciendo un cálculo prudente a un cincuenta por ciento. Admitiendo desde luego que se trata de un enfermo que necesita atención constantemente no solamente la visita sino que tiene uno que estar pendiente de la bora de su visita y pendiente de su llamada a cualquier bora teniendo uno que dejar otras atenciones y compro-misos: que en la minuta de particulares se le ba dado un valor a los servicios de $1,500 y cree que todo eso podrá valer de $750 a $900. Yo be becbo un estimado del Mil que se me presenta calculándolo inflado en un cuarenta o cincuenta por ciento.
“Los demandados admiten que Don Jesús Berríos es un paciente que podía tener de $30,000 a $40,000 de capital.”

Esa fué la síntesis de su declaración hecha por el mismo perito, la substancia de la misma. Y a ella se ajusta la sentencia.

Tratar de analizar partida por partida de la cuenta de honorarios y luego obtener la suma total de la valoración dada a cada una que es lo que hacen los apelantes en su alegato para llegar a la suma de $410, es uno de los métodos a seguir en estos casos para la fijación del valor justo y razonable de los servicios, pero existen otros elementos a considerar de acuerdo con las circunstancias que en cada caso concurren y esos otros elementos fueron tomados en cuenta por el perito de los demandados al hacer sus manifestaciones finales contestando al juez sentenciador, fijando su criterio definitivo sobre el justo valor de los servicios reclamados apreciados en conjunto.

Los dos primeros errores no fueron, pues, cometidos. La sentencia se basa en la prueba y no es claramente irrazo-nable la valoración de los servicios, tomadas en consideración todas las circunstancias concurrentes.

Tampoco se cometió el tercero y último de los errores señalados, el relativo a costas e intereses. Si en vez de negar la prestación de los servicios, los demandados hubieran ofre-cido pagar por ellos una suma razonable que se hubiera por lo menos acercado a la estimada como justa por la corte en el caso de no haberla aceptado el demandante, entonces se hubieran puesto a salvo de intereses y costas, pero no lo hicieron, y habiendo perdido finalmente, sufren las conse-cuencias de sus propios actos. Ahora bien, lo que sí exige modificación es la fecha desde que empieza el cobro de los intereses que debe ser la del registro de la sentencia y no la de la notificación de la demanda, ya que la reclamada no fue una suma líquida. Véase 8 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 103, y Escriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, tomo 3°., pág. 941.

Debe modificarse en ese sentido la sentencia apelada y así modificada confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Antolina Gajero, demandante y apelada, v. Enrique Valedón y Ramón Bauzá, demandados y apelantes.
    Núm. 8108.

    Sometido: Febrero 19, 1941.

      Resuelto: Febrero 28, 1941.

      E. Huertas Zayas, abogado de los apelantes; B. Atiles Moréu, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido ante la Corte de Distrito de Ponce, en cobro de un crédito hipotecario por la vía ordinaria, se ordenó el embargo de tres fincas pertenecientes al demandado Enrique Valedón, una de 203 cnerdas en los barrios Rucio y Tallaboa Alta, de Peñuelas, otra de 18 cuerdas, y otra de 13 cnerdas, ambas en el barrio Rucio de la misma munici-palidad. Con posterioridad al embargo, la misma corte de-cretó la sindicatura de las fincas, y más tarde incluyó en el embargo y sindicatura otra finca de 10 cuerdas situada en el mismo barrio.

Al ir el síndico a tomar posesión de las fincas, el deman-dado Valedón se negó a dársela en cuanto a las fincas de 13 y de 10 cuerdas, alegando que no eran de él porque las había traspasado a su cuñado Ramón Bauzá. En abril 30, 1938, el márshal puso al síndico en posesión de las cuatro fincas em-bargadas.

En mayo 5 de 1938, la demandante radicó una moción en la que alegaba que el día primero del mismo mes Valedón y Bauzá, desacatando la orden por virtud de la cual se dió posesión al síndico, penetraron en las fincas de 13 y 10 cuerdas, desafiaron y amenazaron de muerte al síndico y trataron de arrebatarle a éste las chinas que estaba recolec-tando, lo que no pudieron conseguir porque dicho funcionario se defendió; que después de vendidas las chinas por el síndico, Valedón y Bauzá amenazaron al comprador dicién-dole que se las quitarían si no les pagaba a ellos el precio de las mismas; que el comprador Sr. Pierantoni pagó a Bauzá la suma de $13, obteniendo de él un recibo; que dichos Valedón y Bauzá han penetrado en las fincas varias veces, amenazando al síndico, el primero con una escopeta y el segundo con revólver y machete.

Expedida por la corte inferior una orden para que los demandados comparecieran a mostrar causa por la cual no debieran ser procesados por desacato, compareció el deman-dado Valedón y negó qne él hubiese intervenido en manera alguna para impedir que se cumpliera la orden de la corte. Alegó además en su contestación que él no ha impedido que Bauzá ejercite sus derechos como dueño de una finca de 23 cuerdas que colinda con las de su propiedad, embargadas por la demandante; qué el embargo no puede hacerse extensivo a la finca de 23 cuerdas de Bauzá, quien las adquirió por compra a Grloria Renta, quien a su vez las adquirió por compra al demandado Valedón en 1934; que las chinas a que se ha hecho referencia fueron recolectadas en la finca de 23 cuerdas de Bauzá, quien cobró su importe; y que al dar posesión al síndico de las cuatro fincas embargadas,, el márshal no incluyó ni podía incluir la finca de Bauzá.

Visto el caso, la corte inferior declaró a ambos deman-dados culpables de desacato e impuso a cada uno de ellos la pena de $25 de multa o veinticinco días de cárcel, más las costas, de por mitad.

El primer señalamiento de error en que se basa el presente recurso es que la corte de distrito condenó a Bauzá sin haber adquirido jurisdicción sobre dicho querellado. De los autos aparece que Bauzá fué citado para que compareciese a mostrar causa; que compareció al acto de la vista asistido de su abogado, presentó evidencia en su defensa y repreguntó a los testigos de la demandante. No era necesario que el Sr. Bauzá fuese parte en el litigio para que la corte pudiese adquirir jurisdicción sobre él y castigarle por el desacato cometido al desobedecer una orden de la corte y al amenazar a uno de sus funcionarios. La corte procedió con plena jurisdicción sobre la persona del Sr. Bauzá.

Los otros dos señalamientos se refieren a la apreciación que de la prueba hizo el juez sentenciador. Éste declaró que la evidencia aducida por la demandante sostenía todos los hechos alegados en la moción sobre desacato. Hemos examinado la transcripción de la evidencia y a nuestro juicio es suficiente para sostener las conclusiones a que llegó el tribunal inferior. Aun asumiendo que el Sr. Bauzá fuese dueño de la finca de 23 cnerdas, de la cnal el síndico fué puesto en posesión por orden de la corte, su condición de dueño desposeído no le daba derecho a recobrar la posesión perdida, por medio de la fuerza y tomándose la ley en sus propias manos; y al hacerlo así incurrió en desacato.

La moción radicada en esta corte por la demandante apelada — en la cual hace constar que el pleito ha terminado por adjudicación a su favor de las fincas embargadas y que ella como demandante ya no tiene interés en la ■ confirmación de la sentencia — no puede afectar en modo alguno nuestra decisión del presente recurso. Las sentencias de un tribunal de justicia no pueden ser revocadas o confirmadas por estipulación de las partes litigantes. Nuestro deber es confirmarlas o revocarlas de acuerdo con los méritos del caso y sin tomar en cuenta el interés que en uno u otro sentido pueda tener cualquiera o ambas partes litigantes.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Dolores Eulogia López Vda. de López demandante y apelante, v. Félix Rexach y The Maryland Casualty Co., demandados y apelados. Juan López Ortega, demandante y apelante, v. Félix Rexach y The Maryland Casualty Co., demandados y apelados.
    Núms. 8079 y 8080.

    Sometidos: Febrero 7, 1941.

      Resueltos: Febrero 28, 1941.

      Brown, González & Newsom y E. Górdova Díaz, abogados de los apelantes; Cayetano Goll y Cuchí y Enrique Igaravídez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El juicio de estos casos fue celebrado ante el entonces juez de la corte inferior Hon. Pablo Berga, y habiendo éste fallecido antes de dictar sentencia, fueron resueltos por el juez Hon. Marcelino Romany a virtud de una transcripción de las alegaciones y de la prueba sometídale por estipulación de las partes.

Se alega sustancialmente en una y otra demanda que el demandado Félix Rexach, el 24 de octubre de 1938, era dueño del camión H-34-8, asegurado con la codemandada The Maryland Casualty Co., y qne en la indicada fecha el referido camión, por cnlpa y negligencia de sn chófer Jacinto Nevárez Landrón, empleado del demandado Rexach, arrolló a José López, esposo e hijo, respectivamente, de los demandantes, cansándole graves heridas y contusiones a consecuencia de las cuales falleció en las primeras horas del día siguiente. La negligencia del chófer consistió, según alegan los deman-dantes, entre otras cosas, en conducir el camión a una velo-cidad exagerada e ilegal, no tener frenos adecuados, llevar una carga excesiva, haber lanzado dicho camión hacia el lado izquierdo de la carretera, y por último, no haber tomado las precauciones necesarias para evitar daños a las personas que se encontraban o transitaban por el sitio donde ocurrió el accidente.

El demandado Rexach admite ser el dueño del camión y que dicho vehículo era entonces guiado por su empleado Jacinto Nevárez, actuando dentro del radio de sus atribu-ciones, pero niega entre otras cosas los actos de negligencia alegados por los demandantes. Alegan ambos demandados que la causa próxima del' accidente fué la negligencia del in-terfecto al cruzar la carretera de Sur a Norte en la forma en que lo hizo; interponen además la defensa de negligencia contribuyente, y en cuanto al padre demandante concierne, alegan también que en la hipótesis de que fuese padre del interfecto — cosa que niegan — dicho demandante no tenía de-recho a recibir alimentos de su citado hijo, ni había éste contraído obligación alguna de suministrárselos.

La codemandada The Maryland Casualty Co. admitió haber expedido la póliza y aceptó su responsabilidad bajo la misma hasta la cantidad de $5,000 en caso de que se resolviese en definitiva que el demandado Rexach es responsable de los daños reclamados.

El juez inferior desestimó ambas demandas por el si-guiente fundamento, que expresa así al final de su opinión:

"No queremos que se nos entienda, sin embargo, que consideramos al conductor del truck como no culpable de negligencia. Por el con-trario, el demandante llenó cumplidamente su obligación y probó, no ya con preponderancia de la prueba, sino más allá de duda razonable; los cargos de que el truck era conducido a una velocidad exagerada e ilegal, que no tenía frenos adecuados y que llevaba una carga ex-cesiva; y creemos más, que esa negligencia del conductor del camión contribuyó a la muerte del infortunado Sargento López. Pero esa negligencia no fué la única que causó el accidente; la negligencia del hoy interfecto también contribuyó grandemente y sin ella no hubiera ocurrido el accidente; y es por esta última razón que decla-ramos sin lugar la demanda en este caso.”

Como el juez sentenciador no vió ni oyó declarar a los testigos, nos encontramos en idénticas condiciones a él en lo que a la apreciación de la prueba respecta. Delgado v. Díaz, 30 D.P.R. 120. Así pues, haremos primero una descripción del accidente de acuerdo con la versión de una y otra parte, y procederemos después a considerar la prueba que en apoyo de sus respectivas teorías presentaron cada una de ellas, para determinar entonces si estuvo o no justificado el juez inferior al negarse a dar crédito a los testigos de los demandantes por ser sus declaraciones, según dicho juez, contrarias a los hechos físicos probados.

En el costado Norte de la Avenida Muñoz Rivera, que es la prolongación de la Calle Salvador Bráu de esta ciudad, y frente a los cuarteles y garages de la Guardia Nacional, existen dos casas construidas por el Ejército de los Estados Unidos para residencia de militares. En una de ellas, la más próxima a Santurce, residía el sargento José López el día del accidente. La avenida en ese sitio mide 36 pies de ancho, de encintado a encintado, y desde el sitio en que ocurrió el accidente hacia Santurce, la avenida es recta en una extensión de unos 200 metros, sin que nada interrumpa la visión desde esa distancia. Al lado Norte de la avenida no existen calles, pues consiste dicho lado en una faja de terreno bastante estrecha, que desde una considerable elevación desciende abruptamente al mar; pero al lado Sur existen varias calles cortas que la conectan con la Avenida Ponce de León. El día del accidente, alrededor de la 1:30 de la tarde, el sargento López venía por dicha avenida desde San Jnan para su casa en nna motocicleta con side-car, por sn derecha y a moderada velocidad. Poco antes de llegar a los terrenos donde enclava el edificio de la Guardia Nacional, fue alcanzado por un automóvil que marchaba en su misma dirección. Se echó López más hacia su derecha, dando paso así al automóvil, continuando este último hasta cruzarse casi al final de la recta de que hemos hablado, con el camión H-348, que a la sazón venía por la avenida de Santurce hacia San Juan. No existe controversia en cuanto a los hechos que acabamos de narrar. Según los testigos de los demandantes, al aproximarse frente a su casa, el sargento López trató de atravesar la avenida de Sur a Norte, pero observando que en dirección contraria se aproximaba el camión, paró la moto-cicleta a su derecha, a una distancia de 13 pies 10 pulgadas del encintado al Sur de la avenida, y el camión, que venía a una velocidad que se calcula en 50 kilómetros por hora, hizo entonces un zigzag hacia su derecha primero y hacia la izquierda inmediatamente después, continuando en esa direc-ción, yendo a chocar con la motocicleta y lanzándola por el aire a unos cuantos pies de distancia, cayendo ésta con las ruedas hacia arriba, lanzando al mismo tiempo al sargento junto al encintado Sur de la avenida, arrollándolo, saltando el truck por encima del encintado, quedando entonces sus cuatro ruedas sobre la acera, deteniéndose sobre una estrecha faja de tierra que separa el encintado Sur de la Avenida de las paredes posteriores de los garages de la Guardia Nacional, al enterrársele una de sus ruedas traseras casi hasta el eje de la misma, produciendo ciertos desconchados en la referida pared.

Según los testigos de los demandados, que lo fueron el chófer Nevárez y los peones del camión, Zenón de Jesús y Julio Vega, el camión marchaba por su derecha a una velo-cidad de 25 ó 30 kilómetros por hora, como a dos pies del encintado Norte. Vieron la motocicleta cuando se hallaban a 20 pies de ella, declarando todos que venía por su derecha como a 2 ó 3 pies del encintado y continuando así hasta que al hallarse como a 9 pies del camión, súbitamente viró hacia la izquierda. Tocó Maxon el chófer, aplicó los frenos y desvió hacia su izquierda para dar paso a la motocicleta que había llegado a una distancia de 5 pies del encintado Norte; pero el ciclista se confundió y en vez de seguir en la dirección que llevaba, volvió a su derecha, chocando entonces la parte delan-tera izquierda de la motocicleta con la parte delantera derecha del camión, ocurriendo el choque, según el chófer, a 4 pies del centro de la carretera hacia la derecha del truck, o sea a 14 pies del encintado Norte y no a 22 pies 10 pulgadas como se determinó por las huellas que quedaron en el pavimento.

Conviene aquí consignar que inmediatamente después del accidente se trasladaron al sitio los Capitanes Francis H. Boos y Philip R. Dwyer, así como el Teniente Samuel Arthur Daniels; que como a las 2:30 de la tarde, después de haber observado el sitio del suceso, los Capitanes Boos y Dwyer se trasladaron al Cuartel de la Policía en Puerta de Tierra, encontrando allí al chófer Nevárez Landrón. El Capitán Boos, en presencia de su compañero y del sargento Correa, de la Policía Insular, preguntó en español a Nevárez como había sucedido el accidente, y no contestándole éste, volvió a preguntarle, interpretándole el sargento Correa, contestando entonces Nevárez, después de encoger los hombros: “Estaba andando muy ligero.” La declaración del Capitán Boos fue corroborada en todas sus partes por la del Capitán Dwyer, quien como su compañero, habla español.

Declaró el Teniente Daniels como experto en el funciona-miento de vehículos de motor. Para calificar como tal ex-perto, declaró que es graduado de la Academia Militar de West Point y que desde septiembre de 1937 a junio de 1938 tomó un curso en Army Infantry School, Tank Section, en Port Benning, G-eorgia; que todos los oficiales que toman ese curso en dicha institución dedican un año completo al estudio de la fabricación de automóviles, su funcionamiento, y modo de cuidarlos y mantenerlos en buenas condiciones; que a la terminación de esos estudios, son enviados a las distintas organizaciones del Ejército como especialistas en esa rama y que desde que él se graduó en dicha escuela actúa como oficial especialista en el Puesto de San Juan, en la Compañía de Servicio del Ejército (Service Company). Declaró además este testigo que se ocupa, entre otras cosas, del cuidado y limpieza de los vehículos, poniéndolos en buenas condiciones, reparándolos en caso de accidente o cuando se desajustan. Una vez que calificó como experto, declaró que inmediatamente después del accidente se trasladó a aquel sitio por ser ésa su obligación de acuerdo con la ley, y luego de describir la posición y forma en que quedaron los vehículos, determinó el sitio exacto en que ocurrió el choque, observando la huella que dejaron los vehículos al venir en contacto; que dicho sitio estaba, según la medida que tomó, a 13 pies 10 pulgadas del encintado Sur de la avenida. Observó además que del sitio del impacto a aquél en que vinieron a quedar las ruedas delanteras del camión después del accidente, había una distancia de 86 pies; que el peso del truck vacío era de 6,000 libras y que cargado no estaba autorizado para exceder de un peso total de 12,000 libras; que la velocidad máxima autorizada para dicho vehículo era de 12 millas por hora y por estudios que hizo de las huellas que dejó en la carretera, sitio donde paró finalmente, etc., pudo asegurar que el camión, en el momento del accidente, marchaba a una velocidad no menor de 50 kilómetros por hora. Declaró además dicho testigo que en compañía del experto de los demandados, Sr. Pascual Hernández, condujo el camión con la carga que traía a la romana de la corporación Porto Eico Coal Co. y dió un peso total de 16,330 libras, demostrando así que traía un exceso de peso de 3,300 libras, o sea un peso total igual al 150 por ciento de aquél para el cual había sido diseñado. Probó también los frenos, guiando el camión el perito de los demandados, primero a una velocidad de 20 kilómetros por hora — -logrando parar solamente a una distancia de 36 pies desde el sitio en que se aplicaron los frenos — , y luego, a una velocidad de 40 kilómetros, paró a una distancia de 104 pies. Tanto el perito de los demandantes como el de los demandados aseguraron que el exceso de peso en un vehículo de motor afecta no solamente los frenos sino todo su funcio-namiento. Es evidente que los demandantes probaron con-cluyentemente la negligencia crasa con que era conducido dicho camión, y así lo estimó la corte sentenciadora, agregando “que esa negligencia del conductor del camión contribuyó a la muerte del infortunado sargento López”, pero la corte inferior relevó de responsabilidad a los demandados por es-timar que la negligencia del interfecto “contribuyó grande-mente y sin ella no hubiera ocurrido el accidente.” Llegó a esta conclusión porque dió crédito a la versión de los deman-dados sobre la forma en que ocurrió el accidente, y desechó la de los testigos presenciales de los demandantes por estimar que sus declaraciones eran contrarias a los hechos físicos probados. Veamos si esta apreciación es correcta.

Dice el juez sentenciador:

“No nos merecen crédito los testigos del demandante que dicen presenciaron el accidente. Sus declaraciones están abiertamente en pugna con los hechos físicos demostrados en el juicio... De acuerdo con ellos es claro para nosotros que el impacto ocurrió a 13 pies 10 pulgadas del encintado izquierdo yendo de Santurce para San Juan; sin embargo, todos los testigos del demandante colocan al sargento, en el momento del choque, a 5 pies del referido encintado; Gregorio Ríos fué aun más lejos diciendo que el choque ocurrió después que el truck subió al encintado.”.

Sobre este particular declararon los testigos de los de-mandantes :

Remigio Tisera:
“P. ¿Por dónde venía la motocicleta cuando él la chocó?
. “R. Él tenía (se refiere al ciclista) por lo menos cinco pies del encintado hacia la carretera.” (T. de E., 76.)
Francisco Muriel:
“F. Pero antes del golpe, ¿usted vio dónde estaba la motocicleta?
“R. Iba por su derecha de aquí para allá.
“P. Y cuando le dió el golpe, ¿ dónde estaba la motocicleta?
“R. Está en su derecha.
“P. Yo le muestro una fotografía — exhibit 11 de la parte deman-dante — le pregunto si quedó en esa forma después del choque.
”R. Sí, tal como está ahí y estaba en el centro de la carretera.
‘ ‘ Sr. Coll: ¿ La motocicleta estaba en el centro de la carretera? ”R. Después del accidente quedó así.
“P. ¿Después del accidente la motocicleta quedó en el centro?
“R. Sí, señor.” (T. de E., 89-90.)
Rogelio Mercado:
“P. Sí, pero antes del choque, ¿ dónde estaban la motocicleta y el ciclista?
”R. Yenía por su derecha.
“P. ¿ Pegado, o más hacia el centro de la carretera?
”R. Por la derecha.
”P. ¿ Usted está seguro?
“R. Sí, señor.” (T. de E., 99.)
Remigio Ríos:
”P. ¿Ya qué distancia se quedó parado el sargento del encintado de la derecha de la carretera?
“R. Como a dos o tres pies.
“P. ¿En ese sitio fué que se produjo el choque?
”R. Sí, señor.” (T. de E., 105-106.)
Francisco Roura:
“P. Ahora, ¿dónde quedó parada la motocicleta con el sargento?
”R. Más a su derecha que al centro de la carretera.
“P. ¿Pero estaba parada?
“R. Sí, señor.” (T. de E., 109-110.)

Éstos son los únicos testigos presenciales que declararon por parte de los demandantes. No podemos convenir con el juez sentenciador en cuanto asegura que deben descartarse sus testimonios porque “todos los testigos del demandante colocan al sargento en el momento del choque a cinco pies del referido encintado (el Sur).”

Todos, con excepción de Remigio Usera y Gregorio Ríos, declararon que el choque ocurrió a la derecha del sargento, sin precisar distancias, lo cual es perfectamente congruente con el hecho físico a que se refirió la corte. Si la carretera tiene 36 pies de ancho en ese sitio, sobre lo cual no existe controversia, su centro estará a 18 pies de uno y otro encin-tado. Habiendo ocurrido el impacto en un sitio a 13 pies 10 pulgadas del encintado Sur, están en lo cierto los testigos del demandante al asegurar que al ocurrir el choque el sar-gento se hallaba en su derecha.

En cuanto al testigo Bemigio Usera, como puede verse por su declaración, no asegura que el sargento estuviera a 5 pies del encintado, pues lo que él manifestó fue que “él tenía por lo menos 5 pies del encintado hacia la carretera.” Es un cálculo que podrá ser equivocado, pero no es motivo para rechazar su declaración, pues de ella se desprende que él no había tomado medidas, y todos sabemos cuán inexactos son los testigos ignorantes en lo que se refiere a calcular tiempo y distancias. Por otra parte, si se considera que el ancho de la motocicleta era de 4 pies, se verá entonces que el sitio donde estaba el sargento, según este testigo, distaba 9 pies del encintado Sur. El error de cálculo es, pues, de 4 pies solamente. Más o menos lo mismo puede decirse con respecto a la declaración de G-regorio Eíos.

"Hay que tener en cuenta que un accidente de esta naturaleza se desarrolla con inusitada rapidez, provocando la consiguiente exci-tación, y que no es de esperarse, ni debe exigirse, de un testigo en estas condiciones que fije con exactitud matemática hechos y detalles que fueron objeto de una festinada observación. Cuando estos hechos, así relatados, han podido ocurrir y desarrollarse en la forma expuesta por el testigo, su grado de veracidad no debe depender de una falta de precisión al fijar la distancia, o de una ligera variación en la apreciación de la misma.” López v. American Railroad Co. of P. R., 50 D.P.R. 1, 18-19.
“Hemos leído cuidadosamente la transcripción de evidencia y no encontramos nada en las declaraciones de los testigos del demandante que pueda hacer dudar de su veracidad. Sus contestaciones son categóricas, no hay evasivas ni contradicciones, y si bien existen ciertas discrepancias entre ellos en cuanto a la hora exacta en que ocurrió el accidente, el ancho de la carretera, la distancia a que se hallaba Navarro del paso a nivel, etc., etc., tales discrepancias, lejos de debi-litar la fuerza probatoria de sus testimonios, los fortalecen, pues demuestran que la prueba del demandante no babía sido amañada.
“Es muy conocido de todo estudiante de Evidencia el clásico ex-perimento del grupo de personas que presencia un accidente y que luego, al relatarlo, no bay dos de los observadores que estén estricta-mente de acuerdo en todos sus detalles. Además, es de conocimiento general la inexacta noción que del tiempo y del espacio corriente-mente tienen los testigos ignorantes, no debiendo tampoco perderse de vista la circunstancia de que en este caso los testigos declararon tres años después de baber ocurrido el accidente.” Navarro v. Compañía Azucarera “El Ejemplo”, 53 D.P.R. 726, 730-731.

Volvamos añora a la declaración del testigo Ríos para determinar si está justificado el juez inferior en aseverar que ese testigo “fue aún más lejos, diciendo, que el choque ocurrió después .que el truck subió al encintado.”

“P. ¿Cómo caminaba ese truck?
“R. A una velocidad exagerada, y.en ese mismo momento venía el sargento López en su motocicleta de San Juan para-Santurce, para su casa. Él venía por su derecha. Venía a una velocidad mínima y en el momento en que venía el truck tan ligero, el track venía más a la izquierda de él que era la derecha del sargento, y en ese mismo momento el truck, como venía tan ligero el truck, dió un zigzag, se trepó por encima del encintado del borde y se fue contra la pared de la Guardia Nacional, y en ese mismo momento le dió con el tapa-lodo derecho a la motocicleta que la volcó y al sargento lo tiró a su derecha.” (T. de E., 100-101.)
“P. ¿A qué distancia se quedó parado el sargento del encintado derecho de la carretera?
“R. Como a dos o tres pies.
“P. jT en ese sitio fué que se produjo el choque?
“R. Sí, señor.” (T. de E., 105-106.)

Examinada cuidadosa y fríamente la declaración de este testigo, no es posible darle la interpretación que le dió el juez inferior. De lo transcrito se advierte lo inexacto que es en su expresión, pero asegurando como asegura que el accidente ocurrió en el sitio donde se bailaba el sargento— que según él distaba 2 ó 3 pies del encintado — , la frase “y en ese momento le dió con el tapalodo derecho a la motoci-cleta, etc.”, no pnede referirse al momento en qne se había trepado el trnck sobre la acera, puesto qne allí no estaba el sargento, teniendo qne ocurrir el impacto necesariamente antes de subir al encintado.

La qne nos parece inverosímil es la teoría de los deman-dados. El chófer Nevárez Landrón, testigo estrella de los demandados, declaró qne él venía a 25 ó 30 kilómetros por hora, por su derecha, y que el sargento también venía por su derecha. Qne cuando el camión y la motocicleta se hallaban a unos 15 ó 20 pies de separación, vió qne el sargento súbita-mente viró hacia su izquierda, llegando hasta unos 5 pies del encintado Norte; que entonces Nevárez desvió hacia su izquierda, pero el ciclista se confundió y volvió entonces hacia su derecha, viniendo a chocar con el camión como a 4 pies del centro de la carretera, hacia la derecha del chófer. Asumiendo a los efectos del argumento que el camión viniese a 25 ó 30 kilómetros por hora, según declaró Nevárez, en un minuto debió caminar 500 metros, y en un segundo 8% metros, o sea alrededor de 28 pies. Esa distancia fácilmente pudo ser cubierta por el camión en menos de un segundo. ¿Cómo es posible entonces que el ciclista en menos de un segundo pudiese atravesar la carretera hasta llegar a 5 pies del encintado Norte y dar la vuelta hacia atrás, especialmente en una motocicleta con side-car, para llegar a 4 pies del centro de la carretera, donde según el chófer ocurrió el impacto? Otro testigo de los demandados, Julio Vega, fué más lejos aún al declarar que cuando la distancia entre el camión y la motocicleta era de tres varas, o sea 9 pies, la motocicleta desvió hacia su izquierda y luego volvió a su derecha para chocar con el camión. (T. de E., 158.) En el examen de repreguntas, este testigo, exagerando más, declaró:

“P. Pero el primer movimiento que hizo la motocicleta bacía la derecha de ustedes, ¿fué cuando ustedes estaban a 3 varas?
“R. No, señor, cuando la vimos fué a tres varas, pero cuando cruzó estaba más cerca.” (T. de E., 160-161.)

El otro testigo de los demandados, Zenón de Jesús, de-claró como el chófer que cuando vió la motocicleta, marchaba ésta como a 6 pies del encintado Sur y a 20 pies de distancia del truck. (T. de E., 130.)

Parece haber impresionado a la corte fuertemente a favor de los demandados el mero hecho de que la parte izquierda de la motocicleta chocase con el frente derecho del truck, pero a nuestro juicio esa circunstancia no es decisiva en el pre-sente caso, pues en la confusión del momento, al percatarse López del peligro inminente en que se hallaba al ver venir sobre él el camión, no sabemos qué movimiento pudo hacer en aquel instante, sin que desgraciadamente para los deman-dantes pueda él darnos luz alguna sobre este particular.

No basta que el demandado alegue la negligencia contribuyente. Es preciso también que la pruebe por la preponderancia de la evidencia, a menos que tal negligencia pueda inferirse de la prueba del demandante. Rosado v. Ponce Ry. L. Co., 20 D.P.R. 564, 584; González v. Malgor, Luiña & Co., 29 D.P.R. 105; Maldonado v. Hamilton, 32 D.P.R. 224, y Rush v. Lagomarsimo (Cal. 1925) 237 P. 1066.

No dudamos que hubiera sido más prudente el interfecto si se hubiera mantenido junto al costado derecho de la carretera hasta que pasase el camión, y hasta podría concederse que fué negligente al no hacerlo así, pero esa negligencia de su parte no afecta el resultado del caso, ya que la mera negligencia por parte del interfecto no priva a los demandantes del derecho a indemnización a menos que ella haya contribuido al accidente como causa próxima del mismo. Rush v. Lagomarsino, supra.

A nuestro juicio la conducta del sargento López sólo pro-porcionó una condición dentro de la cual se desarrolló el acto negligente del chófer del demandado Rexach, acto negligente que en nuestra opinión fué la causa próxima del accidente. Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 618.

En el caso de Delgado v. Díaz, supra, se dijo por eslíe tribunal:

“La prueba así presentada es robusta y convincente en cuanto a que el chófer de la apelada iba con una velocidad muy exagerada; que los niños a quienes el chófer trató de no golpear pudieron ser vistos claramente, y se infiere necesariamente que si al verlos hubiera reducido su velocidad en vez de tratar de no chocar con ellos, pro-bablemente el accidente no hubiera ocurrido. Cuando alguien aparece en el camino frente a un chófer, su deber es controlar de tal modo su máquina como lo exijan las circunstancias. La ley, como ha sido expuesta en el caso de El Pueblo v. Blandford, 23 D.P.R. 625, es de aplicación. Un chófer no tiene ningún derecho a confiar en su habi-lidad para poder pasar. La prueba tiende a demostrar que no sola-mente hubo exagerada velocidad, sino que ésta excedía el límite fijado. Por tanto, debe revocarse la sentencia- y dictarse otra a favor del demandante.”

Véanse al mismo efecto Welch v. Sink (Cal. 1937), 74 P. (2) 833, 835; Brush y. Kurstin (Cal. 1936), 53 P. (2) 777.

Si en el caso de autos el chófer Nevárez no hubiera condu-cido su automóvil a una velocidad tan exagerada de acuerdo con las circunstancias, si sus frenos hubieran estado en buenas condiciones de funcionamiento, no llevando una carga tan en exceso de la que podía llevar el vehículo, hubiera podido controlarlo a tiempo, reducir la velocidad, y hasta pararlo sin necesidad de tener que optar por la peligrosa maniobra a que su propio descuido y negligencia le obligaron a recurrir. Considerando como consideramos que la causa próxima de la muerte del sargento López fue la negligencia de Nevárez, sin que se haya probado por la preponderancia de la prueba negligencia contribuyente por parte del interfecto, pasemos ahora a determinar la cuantía de los daños, resolviendo antes si como alegan los demandados, el demandante Juan López Ortega no tiene causa de acción contra los demandados al ser privado de los alimentos que de su referido hijo recibía.

En su demanda alega Juan López Ortega que el interfecto le suministraba dinero para su sostenimiento, habitación, vestidos, y asistencia médica en caso de enfermedad, y de la prueba no contradicha de los demandantes resultó que ■Juan Ortega era el padre legítimo del interfecto; que en mayo de 1939 el referido padre cumpliría 69 años; que es muy pobre y que aunque tiene otros hijos, ninguno dé ellos está en condiciones de ayudarlo por hallarse todos en muy mala posición económica; que el demandante hacía tiempo se hallaba sin trabajo y que el interfecto le pasaba $18 ó $20 mensuales y además le daba ropas, zapatos y sombreros, y si se enfermaba le conseguía una cama en el Hospital Militar. En tales circunstancias, es claro el derecho del demandante a recibir indemnización por la pérdida de alimentos conforme se resolvió en el caso de Ruberté v. American R. R. Co., 52 D.P.R. 471.

El sargento López, en la fecha de su muerte, a juzgar por la edad del padre, no debió tener más de cincuenta años, y era un hombre fuerte y saludable según declaró el Teniente Coro-nel Tamraz, ,del Cuerpo Médico del Ejército de los Estados Unidos, quien lo asistió al ser llevado al Hospital Militar después del accidente, y lo conocía por algún tiempo antes de esa fecha; que el rango del interfecto era el de sargento pri-mero, con un sueldo de $105 mensuales. Su esposa, en el año 1939, tenía 31 años de edad, no tuvieron hijos, hacía 10 años que habían contraído matrimonio, y a su fallecimiento el sargento no dejó bienes ni tampoco los poseía su referida esposa.

Procede, por lo expuesto, declarar con lugar ambos re-cursos y revocar las sentencias apeladas, dictando en su lugar las que debió haber dictado la corte sentenciadora, a saber: en el caso número 8079, que es el seguido por la esposa, con-denar a los demandados solidariamente a pagar a la deman-dante la cantidad de $3,500, más las costas y $150 por con-cepto de honorarios de abogado; y en el número 8080, que es el seguido por'el padre del interfecto, condenar a los deman-dados solidariamente a pagar al demandante la cantidad de $1,500, más las costas y $150 para honorarios de abogado, entendiéndose que las obligaciones impuestas por dichas sen-tencias a la codemandada The Maryland Casualty Co. no excederán en ningún caso de $3,500 y $1,500 respectivamente.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Vidal Rivera, demandante y apelante, v. Pedro Colón, demandado y apelado.
    Núm. 8097.

    Sometido: Febrero 18, 1941.

      Resuelto: Febrero 28, 1941.

      Luis Ríos Algorín y Víctor M. Marchan, abogados del apelante; F. Prieto Azúar, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso está basado exclusivamente en que según el apelante, la corte inferior erró al resolver que “la evidencia es contradictoria y que la preponderancia de la misma está en favor del demandado.”

En verdad la prueba es contradictoria. Se trata de una acción de daños y perjuicios con motivo de la destrucción de la guagua del demandante, licencia P-495, al chocar con un camión, licencia HP-218, propiedad del demandado, en un puente en la carretera que de Cidra conduce a Comerlo.

De acuerdo con la prueba del demandante, su guagua, guiada por el chófer Arturo Figueroa, iba de Comerlo para Cidra, llegando al sitio del accidente entre dos y tres de la tarde. Cuando la guagua estaba ya en el puente, venía el truck del demandado en dirección opuesta, a gran velocidad, por el centro del mismo, y el chófer del demandante paró su guagua bien a la derecha, pero al aproximársele el camión le dió por la izquierda de la guagua, lanzándola por un costado del puente y quedando destruido el vehículo al caer sobre unas rocas. Según los testigos del demandante, el pavimento es-taba seco y la guagua había recorrido más de la mitad del puente — que todos convienen mide 40 metros de largo— cuando fué alcanzado por el camión.

La versión del demandado es que el camión había llegado al puente antes que la guagua y que cuando estaba próximo a salir, entró la guagua a una gran velocidad; que el chófer del camión detuvo la marcha y se echó tanto a su derecha que la portezuela del mismo lado no podía abrirse por impe-dirlo el tubo que servía de baranda al puente; que el piso estaba mojado y que al llegar la guagua junto al camión, chocó su tapalodo trasero izquierdo con el tapalodo del truck, y luego patinó, yéndose la guagua por un costado del puente; que antes de entrar la guagua al puente en cuestión, no pudo ser vista por el chófer del camión porque en dicho sitio, viniendo de Comerío para Cidra, existe una curva y en sus costados hay árboles tan copiosos que sólo permiten ver el vehículo que venga en esa dirección cuando desemboca en el puente.

El juez sentenciador, que vió y oyó declarar los testigos, dirimió el conflicto a favor del demandado, influyendo grande-mente en su decisión una fotografía presentada en evidencia, representativa del puente poco después del accidente, mos-trando el sitio por donde se deslizó la guagua, y de dicha fotografía aparece que el impacto sucedió como sostiene la prueba del demandado, es decir, cuando el camión había recorrido treinta metros dentro del puente, comprobándose así que cuando entró la guagua, ya el camión estaba próximo a salir.

Siendo la prueba contradictoria y no habiéndose demos-trado que la corte sentenciadora cometiera error manifiesto o que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad en su apreciación, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no-intervino.


text:
    Ambrosio Matos Santalís, en su carácter de padre con patria potestad sobre su hijo legítimo, Víctor Enrique Matos, demandante y apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelante.
    Núm. 8128.

    Sometido: Noviembre 7, 1940.

      Resuelto: Febrero 28, 1941.

      Brown, González & Newson y E. Córdova Díaz, abogados de la ape-lante; Eduardo Urrutia Martorell, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por la calle Buenavista, del barrio de Santurce, y a una altura mínima de 26 pies 4 pulgadas sobre el nivel de la calle, pasan las líneas de alta tensión que la demandada utiliza para el suministro de alumbrado. Por sus alambres, que se bailan enteramente descubiertos, pasa una corriente eléctrica de 2,300 voltios, sin que la demandada baya tomado otra pre-caución para evitar daños a las personas o a la propiedad que no sea la elevación a que ba extendido sus líneas. Sin que sepamos cómo, un alambre del grueso del usado para tender ropas, vino en contacto por una de sus extremidades con uno de los de alta tensión, quedando su otro extremo colgando muy cerca del pavimento. El 23 de octubre de 1936, el niño de doce años de edad Víctor Enrique Matos, que caminaba por dieba vía pública, vino en contacto con el alam-bre que pendía de las líneas de la demandada, recibiendo con tal motivo las quemaduras a que más adelante haremos refe-rencia. Describiendo lo sucedídole, declaró el niño lesionado:

“Yo iba para un mandado, para después ir para la escuela, y cuando pasé por debajo de unos alambres de la luz, sentí una cosa que me agarró y me dió un cantazo. Cuando trate de quitármelo con esta mano, me quedé pegado. Entonces empecé a luchar con él para quitármelo y no podía, y después me quedé sin conocimiento. No sé nada más.” (T. de E., págs. 99-100.)

La testigo María Nieves Cáceres, que presenció el acci-dente, lo describe así:

“ • • - vi como el niño, que algo le llegaba a la espalda; él trató de quitárselo de encima y se cayó, y el cuello le humeaba, y yo me tiré a auxiliarlo.. .le salía por los dedos una lnceeita azul.. .cuando yo me acerqué al niño, vi que un cordón de arriba bajaba y seguía echando de un lado para otro.. .ya él había caído, ya lo había tirado, ya estaba inconsciente en el suelo... cuando aquello le tocó la espalda, hizo así y trató de quitarse algo y cayó boca arriba.” (T. de E., págs. 20-21.)

El Dr. Arsenio Comas, que asistió al niño inmediatamente después del accidente, refiriéndose a las lesiones recibidas por éste, declaró que presentaba quemaduras extensas y múl-tiples de segundo grado en el tórax, espalda, brazo derecho, antebrazo izquierdo, región axilar izquierda, muslo izquierdo y en ambos talones; que presentaba además quemaduras de tercer grado de la mano izquierda con amputación parcial de los dedos índice y medio de dicha mano; que le aplicó el tratamiento indicado para esos casos, pero viendo que la mano no mejoraba, el 11 de noviembre tuvo que amputarle el resto del dedo medio y otra falange del dedo índice; que estuvo en el hospital hasta el 4 de diciembre de 1936. De acuerdo con la prueba, el niño es zurdo y según el Dr. Comas ha quedado con una incapacidad en esa mano de un 85 ó 90 por ciento. (T. de E., 43-45.)

El juicio de este caso terminó el 16 de enero de 1939 y tres días más tarde, el abogado del demandante radicó una moción debidamente notificada a la parte contraria, en la que acompañaba una copia certificada de una ordenanza aprobada por. el Consejo Municipal de San Juan el 6 de agosto de 1908, titulada “Ordenanza regulando las instalaciones eléctricas en la ciudad”, cuya sección 2a. prescribe:

“Sección 2a. Líneas exteriores. — Todas las líneas que provean alumbrado eléctrico dentro de la ciudad deben ser de alambre de cobre, cubierto, bien con una goma o el llamado ‘Weatherproof’, así como los que se usan para amarrar los mismos en los aisladores. El grueso de esta cubierta debe ser con arreglo al voltaje de la línea...”

En la referida moción, el abogado del demandante solicitó •de la corte que tomase conocimiento judicial de la precitada ordenanza y si no lo creía procedente, abriese el caso a fin de 'ampliar su- prueba para ofrecerla en evidencia.

Ninguna resolución dictó la corte ni el demandante prac-ticó gestión alguna a ese respecto, dictándose sentencia el 15 de marzo siguiente a favor del demandante por la cantidad de $1,200 más las costas y $200 por concepto de honorarios de ahogado. Ni en la sentencia ni en la opinión se hace la más remota referencia a la citada ordenanza. En otras palabras, la corte sentenciadora hizo caso omiso de dicho documento, cosa que admite la propia apelante.

Para evitar que podamos tomar conocimiento judicial de la ordenanza en cuestión, la apelante, con posterioridad a su informe oral, presentó en esta corte un alegato suplementario exponiendo razones por las cuales no debemos considerar dicha ordenanza a los fines de este recurso.

Tratándose como se trata de un pleito iniciado en la corte de distrito, carecía dicha corte de facultad para tomar conocimiento judicial de esa ordenanza municipal. El Pueblo v. Suárez, 23 D.P.R. 243; Pueblo v. Nochera, 23 D.P.R. 604; Pueblo v. Garzot, 24 D.P.R. 231, y Pueblo v. Solís, 56 D.P.R. 284. Puesto que la corte de distrito no podía tomar conoci miento judicial de la referida ordenanza, tampoco la puede tomar este Tribunal al conocer del caso en apelación. Como la referida ordenanza no fué admitida en evidencia, toda vez que si bien se ofreció a través de la moción indicada, nunca se señaló una vista para su presentación, tendremos que ignorarla a los efectos de este recurso.

Eesuelta así esta cuestión previa, pasaremos ahora a considerar el recurso en sus méritos.

¿Tenía la compañía demandada la obligación de mantener cubiertos los alambres de alta tensión que pasaban por la calle Buenavista en las condiciones indicadas, es decir, a una altura mínima de 26 pies 4 pulgadas sobre el nivel de dicha palle? En todo caso, ¿fué el defecto de aislar los alambres la causa próxima del accidente? Ésas son, de acuerdo con la prueba y las alegaciones, las cuestiones a resolver en este recurso.

En muchos de los casos qne hemos consultado en el es-tudio de este pleito, se asegura que el alambre transmisor de una corriente eléctrica de alta tensión es una de las cosas más peligrosas que se conocen. No sólo es peligroso por ser capaz de causar la muerte al más ligero contacto, si que también por la circunstancia de ser ünposible a la genera-lidad de las personas descubrir en un momento dado si por determinado alambre está pasando una corriente de alta tensión o si dicho alambre es inofensivo. De ahí que la juris-prudencia exija a los que se dedican a generar y distribuir tan peligroso elemento, que usen el más alto grado de cuidado para evitar causar daño. Pero a pesar de este alto grado de cuidado que se les exige, sostiene también la jurisprudencia que las personas o empresas dedicadas a este negocio no tienen la responsabilidad de un asegurador. En otras pala-bras, que no son responsables en cualquier caso que se cause un perjuicio, a menos que el daño haya sido producido por su culpa o negligencia al no usar un grado de cuidado o diligencia en proporción al peligro que el uso de ese elemento conlleva. Véase la monografía en 31 L.R.A. 566, titulada: “Liability for injuries by electric wires in highways,’’ suplementada por la más reciente en 22 L.R.A. (N.S.) 1169, bajo el título de “Liability for injuries or death of traveler coming in contact with electric wire in highway.”

Como el alambre transmisor de corriente de alta tensión no ofrece peligro a menos que venga en contacto con las personas, la jurisprudencia exige que se cubra con material que impida que se escape la corriente sólo cuando haya la probabilidad de que pueda existir tal contacto. En 9 R.C.L. 1213, sección 21, se expone la regla en los siguientes términos:

“Aislaeión en determinados puntos o sitios. — Es razonable que el deber de proveer aislaeión esté limitado a puntos o sitios donde haya motivos para sospechar que las personas puedan venir en contacto con los alambres, y la ley no obliga a compañías generadoras o dis-tribuidoras de electricidad a aislar sus alambres en todas partes, sino en aquellos sitios donde la gente pueda ir a trabajar, a negocios o por placer, es decir, en aquellos sitios donde razonablemente pueda esperarse que vayan. ’ ’

Ilustraremos la doctrina enunciada con varios casos en qne los tribunales la han aplicado.

En Wetherby v. Twin State Gas & Electric Co., 25 L.R.A. (N.S.) 1220 (Vt. 1910), la compañía demandada había pasado tres alambres transmisores de corriente de alta tensión a lo largo de un puente de hierro. Los alambres quedaban, el más próximo, a 2 pies 3 pulgadas del exterior del costado del puente. Brazos de madera salían de las vigas (crossbeams) del puente por dos o tres sitios y sobre estos brazos de madera estaban colocados aisladores de cristal, por los que pasaban los alambres a una distancia unos de otros de 1 y2 pies. Los alambres estaban imperfectamente cubiertos. Un muchacho se trepó por la parte exterior del costado del puente y mientras jugaba con otros, uno de sus pies vino en contacto con el alambre más próximo, falleciendo casi instan-táneamente. Aunque se presentó alguna evidencia tendente a demostrar que muchachos y otras personas solían treparse en los costados del puente con el fin de pescar, nada había en el récord que demostrase que la compañía o sus empleados tuvieran conocimiento de que los muchachos acostumbraban treparse donde se hallaban los alambres. La corte de primera instancia falló a favor del demandante. En apelación, se revocó la sentencia, expresándose la Corte Suprema en los siguientes términos:

“Desde cualquier ángulo que se considere la evidencia, la posición y actos del interfecto en el momento del accidente no eran inciden-tales a, o relacionados con el uso del puente para pasar por él a pie. (Pág. 1223.)
“Nada hay en los alambres o en la forma en que estaban dis-puestos que indujese o atrajese a los niños o a otras personas a ocupar una posición donde la corriente de electricidad que discurría por los alambres constituyese un peligro para ellos, y el ejercicio del más alto grado de cuidado y prudencia exigidos a la demandada en el mantenimiento de sus líneas, no pudo sugerirle la probabilidad de un contacto con los alambres por persona alguna. Ése era un acci-dente que no podía razonablemente anticiparse. (Op., pág. 1224.)
“El negocio de transmitir electricidad, aunque indispensable a la sociedad, debe realizarse teniendo en cuenta la más alta consideración a la seguridad del público, y considerando además la imprevisión, inexperiencia, falta de juicio y errores de los niños de corta edad; pero las cortes no pueden convertir a las compañías de electricidad en aseguradoras de los niños más que de otras personas, ni exigir de tales compañías, en el desenvolvimiento de su negocio, un grado de cuidado, prudencia y previsión mayor que el que se exige a los hombres cuidadosos y prudentes en idénticas o en análogas circuns-tancias. (Pág. 1226.)”

En el caso de Callaway v. Central Georgia Power Co., 160 S. E. 703 (Ga., 1931), se dijo:

“Aunque a una compañía de electricidad puede imputársele cono-cimiento de que los niños juegan en las calles de una ciudad, no puede razonablemente anticiparse que los niños, mientras juegan en las calles de la ciudad, al lanzar un alambre, vendrán en contacto con alambres no aislados extendidos sobre la calle a una altura de 20 pies solamente. Por consiguiente, la extensión y mantenimiento de los alambres no aislados cargados de corriente de alta tensión sobre las calles de una ciudad, extendidos a una distancia de 20 pies del suelo, en ausencia de una disposición legal que exija a la com-pañía aislar dichos alambres o mantenerlos a mayor distancia del suelo, no constituye negligencia en lo que respecta a un niño que juega en la calle y que en el juego accidentalmente tira un pequeño alambre y de ese modo recibe una corriente eléctrica (electric shock) que le causa daños. (Citas.) ”

En el caso de Bunten v. Eastern Minnesota Power Co., 228 N. W. 332 (Minn., 1929), luego de exponer la regla ante-riormente enunciada al efecto de que no se exige a una com-pañía de luz eléctrica aislar sus alambres de alta tensión en aquellos sitios en que no hay posibilidad de que vengan en contacto con personas, se citan los siguientes casos ilustra-tivos de dicha regla:

“Se ba resuelto que constituye negligencia permitir que tales alambres (sin aislar) pasen a través de ramas de árboles, especial-mente cuando los árboles se hallan cerca de las calles o en la proxi-midad de terrenos en los cuales juegan niños, puesto que la com-pañía debe prever que los niños pueden subirse a ellos. (Citas.) (Pág. 334.)
“Es el deber de una compañía de electricidad que mantiene alambres transmisores de corriente de alta tensión en sitios donde el público tiene el derecho de estar y existe la probabilidad de que vengan en contacto con tales alambres, proteger al público contra ellos, aislándolos de manera efectiva o proveyendo otros medios de protección.” (Pág. 334.)

En el caso de Scott v. Pacific Power & Light Co., et al., 35 P. (2d) 749 (Wash, 1934), el demandante, empleado de un teatro cuyo techo era usado para la exhibición de anuncios, tuvo que subir a,dicho techo para remover un poste de hierro del cual pendían ciertos anuncios, y mientras realizaba este trabajo el poste vino en contacto con un alambre de alta tensión de la compañía demandada, el cual se hallaba exten-dido horizontalmente a una distancia de 10 ó 20 pulgadas del edificio, sufriendo con tal motivo el demandante ciertas quemaduras. La corte confirmó la sentencia que se había dictado a favor del demandante, citando entre otras autori-dades, de la obra de Curtis “Law of Electricity” el siguiente párrafo:

“Una compañía de electricidad debe esperar que las personas vayan algunas veces al techo de los edificios por placer o por negocios y por consiguiente debe ejercitar el debido cuidado a fin de que sus alambres conductores de electricidad que pasan sobre o cerca del techo estén debidamente aislados para evitar daños a personas que legalmente se hallen allí. Por ejemplo, si un hombre empleado para reparar el techo o para hacer cualquier otro trabajo en o cerca del mismo viene en contacto con un alambre defectuosamente aislado y recibe un shock que le hace daño, la compañía generalmente será obligada a responder de los perjuicios causados.” Ob. cit., sec. 515, pág. 776.

En Brooks v. Consolidated Gas Co., 70 N. J. Law 211, 57 A. 396, 398, al declarar a la compañía responsable de la muerte de una persona que vino en contacto con alambres defectuosamente aislados, mientras pintaba las canales de un balcón, dijo la corte:

“Cuando la compañía colocó su convertidor (converter) en la posición indicada, debió considerar y prever la posibilidad de que alguien que usase el balcón por placer o para hacer obras en él viniese en contacto con los alambres y recibiera el consiguiente daño, y debió tomar las precauciones que razonablemente hubiesen evitado tales resultados. Si la compañía tomó o no dichas precauciones y ejercitó el cuidado que las circunstancias demandaban, es cuestión a ser resuelta por el jurado.”

En el caso de autos, declararon por la demandada dos inge-nieros electricistas. El Sr. F. del Valle, que construyó la línea en cuestión en el año 1935, un año antes del accidente, y el Sr. Cosme, que la examinó o inspeccionó poco antes de la fecha en que se celebró el juicio. Del testimonio de uno y otro resulta evidente que la línea fue construida y conser-vada de acuerdo con los últimos adelantos de la ciencia. Hallándose los alambres a una distancia mínima de 26 pies 4 pulgadas del pavimento de la calle, claro es que no existe posibilidad alguna de que las personas que transitan por dicha vía pública, ya a pie, ora en cualquier vehículo, puedan venir en contacto con las líneas de alta tensión. Por lo tanto, no era necesario, dentro de las circunstancias de este caso, que los alambres estuviesen cubiertos para evitar hacer daño a las personas que por dicha vía pública transitasen, pues la separación a que del suelo se hallaban constituía una efec-tiva aislación.

Sostiene el apelado que este tribunal, en el caso de Rosado v. Ponce Railway & L. Co., 18 D.P.R. 609, ha resuelto que es obligación de las compañías de luz eléctrica conservar constantemente aislados los alambres extendidos por las calles de la ciudad. En efecto, en el indicado caso se dijo:

“Además, según se ha resuelto en nn caso de Louisiana, es el deber imperativo de nna compañía de luz eléctrica que suministre electricidad por medio de alambres en lo alto, extendidos por las calles de una ciudad, conservarlos constantemente aislados con el fin de tenerlos en condiciones de que no se pongan en contacto con otros objetos, sin tener en consideración los hechos y causas que puedan ocasionar el contacto. Herbert v. Lake Charles Ice Light & Waterworks Co., 111 La. 522, citando el caso de Fitzgerald v. Edison E. I. Co., 200 Pa. St. 540, 50 A. 161, 86 Am. St. Rep. 732, y otros casos. Véase también McLaughlin v. Louisville Electric Light Co., 34 L.R.A. 812, y Haynes v. Raleigh Gas Co., 26 L.R.A. 813.”

En el caso de Herbert, supra, que sirvió, de base al párrafo precedentemente transcrito, se probó que los alam-bres de la compañía demandada hacía tiempo que estaban podridos y que la noche del accidente sopló viento y uno de los alambres de la compañía del teléfono, que también estaba en malas condiciones y de lo que tenía conocimiento la com-pañía demandada, vino en contacto con uno de los alambres de ésta, partiéndolo. El pedazo de alambre que así colgaba fué el que vino en contacto con Herbert y le ocasionó la muerte. Tales hechos demuestran que la compañía deman-dada fué negligente al no conservar sus alambres en condi-ciones de resistir la violencia de un viento ordinario y al no tomar las precauciones necesarias para evitar que sus alam-bres viniesen en contacto con los de la compañía del teléfono.

En el caso de Rosado, los hechos eran distintos de los del de Herbert. Allí se trataba de alambres secundarios que bajaban de las líneas de distribución al balcón de una casa, y estos alambres secundarios estaban defectuosamente aisla-dos, pues de acuerdo con la prueba la cubierta que original-mente tenían había desaparecido en algunos sitios. De acuerdo con estas circunstancias, tratándose de alambres secundarios que descendían al balcón de una casa, era deber de la compañía mantenerlos constantemente aislados para evitar que las personas que tuviesen que aproximarse en alguna forma a dichos alambres, ya fuera para reparaciones o por cualquier otro motivo, sufriesen daños. Brooks v. Consolidated Gas Co., supra.

Posteriormente, la Corte Suprema de Louisiana, de donde procede el caso de Herbert, supra, lia aclarado su posición, entre otros, en los casos de Bujol v. Gulf States Utilities Co., 147 So. 545 (1933), y Freibert v. Sewerage & Water Board of New Orleans, 159 So. 767 (1935), en los cuales se sostuvo la regla general de que sólo es necesario mantener los alam-bres aislados en aquellos sitios en que razonablemente pueda esperarse que se bailen personas por placer o para fines de negocio, a fin de protegerlas.

En el caso de McLaughlin, supra, citado en el de Rosado, también existía el deber de aislar los alambres, pues éstos pasaban cerca de un edificio y el demandante vino en con-tacto con ellos mientras se ocupaba en pintarlo. Parsons v. Appalachian Electric Power Co., 100 A.L.R. 615 (W. Va., 1934).

En el caso de Haynes v. Raleigh Gas Co., 26 L.R.A. 810, el accidente fué causado al romperse un alambre de alta tensión y colgar en la acera en momentos en que pasaba un niño por allí, quien vino en contacto con dicho alambre. Sostuvo la corte que puesto que el alambre que causó la muerte del niño era de la compañía, era de aplicación la doctrina de res ipsa loquitur, e incumbía a la demandada probar que la caída del alambre no fué causada por su culpa o negligencia. Se dijo por el tribunal:

“ ¿ Se aplica la doctrina de res ipsa loquitur a un estado de hechos como el indicado, y constituyen dichos hechos un caso prima facie de negligencia contra la demandada, imponiendo a ella el peso de'la prueba para demostrar que no fué negligente? No se necesitan argu-mentos ni cita de autoridades para demostrar que los que usan las calles de una ciudad con la autorización de los que puedan concederle tal privilegio, para derivar beneficio, están obligados respecto a las personas que transiten por dichas calles a conducir su negocio de modo que no les cause perjuicio. Refiriéndonos especialmente al caso que nos ocupa, la compañía demandada tenía para con el interfecto el deber de quitar de su paso, mientras él se dirigiese a su casa o a sus negocios, todos sus alambres. Era el deber de la demandada mantener la vía pública donde tenía sus postes y alambres sustancial-mente en las mismas condiciones en cuanto a conveniencia y seguridad que existían antes de construir tales líneas. Se ha dicho que la negligencia es el incumplimiento de un deber. La evidencia de que había en la vía pública un alambre cargado de electricidad crea la presunción de que alguien ha dejado de cumplir un deber para con el público. Cuando a esos hechos se agrega la prueba de que el alambre capaz de causar la muerte fué puesto sobre la calle por la demandada, y que dicho alambre era propiedad de ésta y se hallaba bajo el manejo y control de sus empleados, y que por venir en con-tacto con ese alambre, el interfecto, que tenía el derecho de estar en la calle, fué muerto, se completa un caso prima facie de negligencia y el peso de la prueba recae sobre la demandada para demostrar que ese alambre cargado de electricidad no se hallaba en la calle por la culpa o negligencia de sus empleados y agentes.” (Pág. 812.)

El caso de Orta y. P. R. Railwway L. & P. Co., 36 D.P.R. 743, no es de aplicación al presente. Allí se trataba de un alambre de alta tensión, propiedad de la compañía deman-dada, el cual se hallaba en malas condiciones, se partió y vino en contacto con un niño, causándole la muerte.. Se aplicó la doctrina de res ipsa loquitur, y como la demandada no cumplió con el deber de explicar cómo cayeron estos alambres, se le hizo responsable del perjuicio causado.

Si el alambre que causó el daño en el caso de autos hubiese formado parte de las líneas de la demandada o hubiese sido colocado allí por sus agentes o empleados, no vacilaríamos, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en aplicar la doc-trina de res ipsa loquitur, es decir, aplicaríamos la presun-ción juris tantum de que el accidente había sido causado por la negligencia de la demandada. Pero en este caso el alam-bre era extraño a las líneas de la demandada, y la prueba no revela que hubiese sido puesto allí por sus agentes o empleados. Esto nos lleva a considerar la segunda cuestión planteada: ¿Fué la negligencia de la demandada la causa próxima del accidente? Para resolver correctamente el pro-blema así planteado, precisa que contestemos antes estas dos preguntas: ¿Pudo razonablemente prever la demandada que alguien habría de tirar sobre sus- líneas, que se hallaban a una altura mínima de 26 pies 4 pulgadas sobre la calle, un alambre que viniese en contacto con ellas? ¿Tuvo la deman-dada conocimiento actual (actual knowledge) o constructivo (iconstructive knowledge) de la existencia de este alambre sobre sus líneas, con suficiente anticipación para removerlo y evitar el accidente?

En el caso de Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 618, refiriéndonos a la intervención de un agente independiente como causa próxima de un accidente, dijimos:

“Para que pueda sostenerse con éxito que el daño causado a otro es el resultado de la intervención de un agente independiente, es requisito sine qua non que al tiempo de ponerse en acción la fuerza que culminó en el daño, no existiera todavía el agente independiente, o en caso de existir ya, lo ignorase el demandado y no pudiese razo-nablemente preverlo, pues en caso de existir entonces y conocerlo el demandado, o no conociéndolo pudiendo razonablemente preverlo, entonces el supuesto agente independiente no es otra cosa que una situación de hecho o circunstancia que debió tener en cuenta el demandado al actuar o dejar de actuar en la forma en que lo hizo. ’ ’

Es evidente que al tiempo en que la compañía demandada tendió sus líneas por la calle Buenavista, sin cubrir sus alam-bres, no existía el alambre en cuestión. Tampoco podía prever que alguien pudiese tirarlo sobre sus líneas. Por consiguiente, de acuerdo con la regla que acabamos de enun-ciar, es preciso concluir que el accidente sufrido por el deman-dante en este caso es el resultado de la intervención de un agente independiente.

En el caso de Watral’s Adm’r. v. Appalachian Power Co., 115 S. W. (2d) 372 (1938, Ky.), la compañía de luz eléctrica colocó los alambres de alta tensión sobre postes de 13 pies de altura a lo largo de o cerca de la vía pública, próximos a la casa de Kornelia "Watral, en una sección densamente poblada de uno de los campos mineros poseídos por la deman-dada. Los alambres no estaban cubiertos (insulated). Un niño estaba volando nn volantín con nn alambre de cobre, el cual hizo contacto con el alambre de alta tensión, recibiendo ciertas quemaduras y el correspondiente shock. Su madre, que trató de auxiliarlo, recibió también un fuerte shock y cayó al suelo con serias quemaduras. Los gritos de ésta atrajeron a su vecina, Kornelia Watral, quien trató de auxi-liarla, y al hacerlo fué electrocutada. Se alegó en la demanda enmendada que en aquel sitio los niños de la vecindad acos-tumbraban jugar y volar volantines en aquella calle, y debajo y alrededor del alambre que causó el daño, y que los emplea-dos de la compañía tenían conocimiento de ello. La corte inferior declaró con lugar la excepción previa de insuficiencia de hechos para constituir una causa de acción, dictando una sentencia que desestimó la demanda. Al confirmarla, la Corte Suprema dijo:

"La cuestión presentada fué: ¿Era el deber de la demandada anticipar que un muchacho volaría un volantín usando un alambre de cobre que podía venir en contacto con los alambres eléctricos no aislados?
"La regla general seguida por ésta y prácticamente todas las demás cortes es que las personas o corporaciones que utilizan y operan alambres cargados con corrientes eléctricas de alta tensión, deben ejercitar el más alto grado de cuidado para la protección del público en todos aquellos sitios donde tales personas puedan legalmente estar. (Citas.) Aunque los que se ocupan en el negocio de producir y transmitir corriente eléctrica deben usar el mayor grado de cuidado y diligencia para evitar daños a cualquier persona que esté legal-mente en un sitio, sin embargo tales personas o compañías no son aseguradoras contra todos los daños que puedan causarse por la operación de su negocio.”

Se llama la atención en el caso anteriormente citado de que el estar los alambres a 13 pies de altura solamente no fué la causa del accidente, pues estaban fuera del alcance de los niños, y lo mismo hubiera podido ocurrir este accidente aunque el alambre estuviese a 25 ó 50 pies de altura. Tampoco afectó la resolución del caso el hecho de que los empleados o agentes de la compañía supiesen que los niños aeostum-braban jngar allí, pues no se probó que en alguna otra oca-sión hubiesen utilizado alambre de cobre para sus volantines, y por el contrario lo que usaban era hilo, el cual no es tras-misor de la electricidad. Termina la opinión en el caso citado con el siguiente párrafo:

"Uno está obligado a anticipar solamente las consecuencias razo-nables y naturales de sus actos y no se le exige que tome precauciones contra aquellos actos que una persona razonablemente prudente, bajo las circunstancias, no anticiparía como probables de suceder. No encontramos alegaciones de hecho en la petición, según lia sido en-mendada, que autorice la conclusión de que la apelada, en el ejercicio del más alto grado de cuidado, pudiera haber previsto que un niño volase un volantín con un alambre de cobre y recibiese los perjuicios resultantes del contacto del alambre de cobre con los de la línea.”

En el de Jones v. Union Ry. Co., 50 Misc. 651, 98 N. Y. Supp. 757, un mal intencionado tiró un pedazo de alambre sobre los de la demandada, quedando dicho alambre colgando del del trolley. No hubo prueba del tiempo que el alambre había estado en esa posición, excepto la declaración de un motorista de la demandada que ocho minutos antes del acci-dente pasó por allí y no lo vió. Dicho alambre así cargado de electricidad vino en contacto con un caballo y lo mató. Se resolvió que la evidencia no justificaba que se sometiese el caso al jurado, absolviéndose a la demandada de respon-sabilidad.

En el caso de Luehrmann v. Laclede Gaslight Co., 127 Mo. App. 213, 104 S. W. 1128, se resolvió que una compañía de luz eléctrica no es responsable de un accidente causado por un alambre tirado por unos muchachos sobre sus líneas momentos antes de que una persona viniese en contacto con dicho alambre. Declaró la corte que imponer responsabilidad a la demandada en tales circunstancias equivaldría práctica-mente a considerar a la compañía como aseguradora de la vida y miembros de todas las personas contra los daños causados por el acto ilegal de cualquier persona que ilegal-mente interviniese (tamper) con sus líneas.

En el caso de Brubaker v. Kansas City Electric Light Co., 130 Mo. App. 439, 110 S. W. 12, se resolvió que una compañía de electricidad no es responsable de los perjuicios resultantes del acto ilegal o negligente de transgresores (trespassers), al colgar un alambre de uno de los de la luz, si dicho alambre (el colgado por los transgresores) había estado allí un tiempo tan corto que la compañía, en el ejercicio del más alto grado de cuidado, no hubiera podido descubrirlo y removerlo.

De la prueba no resulta qué tiempo antes del accidente estuvo ese alambre colgando de las líneas de la compañía. Una testigo del demandante, que vivía frente al sitio del accidente, declaró que no lo había visto antes, lo que hace presumir que no había estado allí por mucho tiempo, pues de lo contrario dicho alambre hubiera sido descubierto por los vecinos.

No existiendo evidencia alguna de que la compañía tuviese conocimiento actual de la existencia dé ese alambre extraño y no habiendo.prueba de que dicho alambre hubiese perma-necido allí durante un tiempo suficientemente largo para presumir que la demandada, ejercitando el deber que tiene de inspeccionar sus líneas, lo hubiese descubierto con ante-lación al accidente, no podemos hacer responsable a la com-pañía de actos de un extraño que ella no podía anticipar. Graves v. Washington Water Power Co., 11 L.R.A. (N. S.) 452.

Es muy a nuestro pesar y solamente obligados por el consenso de la jurisprudencia en los Estados Unidos, que revocamos la sentencia apelada y negamos compensación al demandante. Si impusiéramos responsabilidad a la compañía apelante en este caso, invadiríamos un campo de acción vedado a la rama judicial; pero ello no obsta, y por el contrario creemos nuestro deber, urgir del organismo competente que exija a las compañías de servicio público dedicadas a comer-ciar con un elemento tan peligroso como lo es la corriente eléctrica, que pongan en práctica el único medio de aislar de manera efectiva la corriente, o sea, tender sus líneas bajo tierra en la zona, urbana de pueblos y ciudades, como es costumbre en el Continente, de esa suerte logrando el doble propósito de evitar las desgracias personales que con tanta frecuencia se repiten, a la vez que mejorar el ornato, elimi-nando esa red cada vez más complicada de alambres trans-misores de corriente eléctrica que se cierne como una cons-tante amenaza sobre las cabezas de los que con igual derecho que dichas compañías, hacen uso de las calles y sitios públicos en la zona urbana.-

Por las razones expuestas, procede declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra desestimando la demanda, con costas al demandante.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe. Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Carrasquillo Rivera y Paulina Negrón, demandados y apelantes.
    Núm. 8246.

    Sometido: Febrero 21, 1941.

      Resuelto: Febrero 28, 1941.

      Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados de los apelantes; Eon. Procurador General George A. Malcolm y Angel C. Calderón, Asesor Legal éste del Departamento del Interior, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión Eiera era dueña de una parcela de terreno situada en Puerta de Tierra y en el año 1927, a virtud de un contrato verbal, arrendó a Francisco Carrasquñlo un solar de 155 metros cuadrados por canon de $12 mensuales, sin término fijo de vencimiento. En dicho solar Carrasquillo fabricó una casa de maderas. En el año 1937 El Pueblo de Puerto Pico compró todos los terrenos conocidos por “Barriada Riera” para dedicarlos a fines de utilidad pú-blica y, a virtud de la Ley núm. 177 aprobada el 11 de mayo de 1938 (Leyes de 1938, pág. 375), convalidando la Resolución Conjunta núm. 20 aprobada el 6 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 589), inició en la Corte de Distrito de San Juan acción de expropiación forzosa con el fin de expropiar la casa construida por el aquí apelante. Visto el caso, la corte de-claró con lugar la demanda y condenó a los demandados Carrasquillo y su esposa a transmitir al Pueblo de Puerto Rico la casa, mediante el pago de $1,450 que fué el valor justo y razonable fijado por la corte, de acuerdo con su apre-ciación de la prueba presentada por las partes en el juicio. No conformes los demandados con la sentencia recaída han apelado para ante esta Corte Suprema.

La única cuestión envuelta en el presente recurso es la cuantía de la indemnización y, al efecto, los apelantes im-putan a la corte inferior la comisión de tres errores, los que pueden sintetizarse así: primero, al declarar que el arrendador tenía derecho a dar por terminado el contrato al fin de cualquier mes y que el demandante hubiera podido ejercitar la acción de desahucio contra el arrendatario obte-niendo el desalojo del solar sin tener que indemnizar a los demandados por el valor de la casa; segundo, al declarar que la valoración de la casa fue un acto de mera liberalidad y que, por tanto, el método usado, o sea, el costo de la misma menos su depreciación por desgaste, fué razonable y les con-cedió una justa indemnización y, tercero, al no conceder a los demandados apelantes la suma de $600 reclamada por concepto de daños y perjuicios ocasionados por las gestiones de expropiación del demandante apelado.

El primer error señalado envuelve dos cuestiones legales distintas: el haber la corte inferior resuelto que el arrendador pudo dar por terminado el contrato de arrendamiento al finalizar cualquier mes, siendo hechos admitidos que el canon se pagaba a razón de $12 mensuales y que el contrato verbal no tenía término fijo alguno, es cosa que no admite discusión, visto el artículo 1471 del Código Civil (ed. 1930) preceptivo de que si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario. Véase Puig v. Soto, 18 D.P.R. 132.

La segunda cuestión envuelta es la que se refiere a lo dicho por el juez sentenciador en su opinión de que el demandante apelado pudo ejercitar la acción de desahucio contra el arrendatario sin tener que indemnizar el valor de la casa. Sostienen los apelantes que de acuerdo con lo resuelto por esta corte en los casos de Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381 y Carrasguillo v. Ripoll y Maldonado Int., 56 D.P.R. 395, los razonamientos que expresó la corte inferior en su opinión para declarar con lugar la demanda, a virtud de lo resuelto en el caso de González v. Peña & Balbás, 38 D.P.R. 713, caen por su base. Repetidamente esta corte ha resuelto que el recurso de apelación se da contra la sentencia y no contra sns fundamentos. Alcaide v. Morales et al., 26 D.P.R. 238; Meunier Fréres v. Amill, 25 D.P.R. 792; Borrero v. Ubarri, 33 D.P.R. 344; y, por tanto, si la sentencia en este caso es correcta y ajustada a derecho no procede su revo-cación.

En los casos de Rivera v. Santiago y Carrasquillo v. Ripoll, supra, se resolvió, en síntesis, que las casas que de buena fe se edifiquen en suelo ajeno ceden por derecho de accesión a favor de los dueños del suelo pero la cesión no queda consumada hasta que los dueños cumplan su obligación de pagar a los edificantes el importe de los materiales invertidos y el montante de la mano de obra y, además, que el desahucio en precario no procede contra el dueño de una casa que se fabricó con el consentimiento del dueño del terreno, debiéndose recurrir a la acción ordinaria correspondiente dentro de la cual podrán dirimirse los derechos de una y otra parte, a menos que exista un pacto regulando los derechos de los litigantes con respecto a lo así edificado.

El caso de González v. Peña & Balbás, supra, citado por el juez sentenciador y que sirvió de base a su conclusión de que el demandante pudo acudir al procedimiento drástico del desahucio y que el haber escogido el de expropiación forzosa con la consiguiente indemnización sólo fué un acto de mera liberalidad, así como cualquier otro que sostenga una doctrina contraria a la establecida en los de Rivera v. Santiago y Carrasquillo v. Ripoll, supra, deben considerarse revocados.

La Enciclopedia Jurídica Española, vol. 22, pág. 216, define lo que son mejoras así:

“Las obras, trabajos y aumentos hechos en algún edificio o heredad para ponerlo en mejor estado, y en general los realizados en las cosas que producen en ellas mayor valor.
“Las mejoras son de tres clases: necesarias, útiles y volun-tarias ...”

Se reputan útiles, continúa exponiendo a la página 217, “las verificadas en beneficio de la claridad, comodidad y salubridad de una finca.”

La construcción de una casa, en solar ajeno, de buena fe y con el consentimiento del dueño del solar, bien sea por arrendamiento o por mera tolerancia, no puede considerarse como la mejora útil o de recreo a que se refiere el artículo 416 del Código Civil aplicado en el caso de González v. Peña & Balbás, supra, y, por el contrario, debe regularse por lo prescrito en el artículo 297 del Código Civil (ed. 1930) según lo ha resulto esta corte en los casos de Pueblo v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R 656; Sucn. Collado v. Pérez, 19 D.P.R. 928; King v. Fernández, 30 D.P.R. 592; Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R. 596; Berrocal v. Registrador, 54 D.P.R. 527 y Rivera v. Santiago, supra. Véase además 3 Manresa, Código Civil Español, 203 et seg_.

En el caso de Berrocal, supra, se expresó por la Corte, en forma sucinta, por medio del Juez Asociado Sr. de Jesús, la doctrina aplicable a las distintas modalidades que puedan surgir en relación con la construcción de un edificio en solar ajeno, al expresarse a la página 531 así:

“Tres modalidades distintas puede ofrecer la construcción de un edificio en solar ajeno:
“1. Puede construirse con permiso o en virtud de contrato con el dueño del suelo.
“2. Puede haberse construido de buena fe, y
“3. Puede haberse construido de mala fe.
“En el primer caso, el que construyó conserva el dominio de lo edificado con exclusión del dueño del suelo, pudiendo inscribir su edificación en el registro de la propiedad; en el segundo caso, el dueño del suelo tampoco lo es del edificio (art. 297, Código Civil), mientras no lleve a efecto la indemnización establecida en los artículos 382 y 383 del mismo cuerpo legal; y en el tercer caso, si bien de acuerdo con el artículo 298 del Código Civil el que edifica de mala fe en terreno ajeno pierde lo edificado, sin embargo, puede demoler la obra con abono de daños y perjuicios, siempre que pueda hacerlo sin menoscabo de la finca, y en ese caso el dueño del suelo tampoco adquiere el dominio de lo edificado. 3 Manresa, Código Civil Español, edición 1910, pág. 216.” (Itálicas nuestras.)

Aliora bien, aún cnando el razonamiento de la corte inferior fné erróneo, la sentencia debe confirmarse porque los apelantes no tienen derecho a más indemnización qne la con-cedida, ya qne la valoración de la casa en $1,450, a base del costo de los materiales, más mano de obra, menos deprecia-ción, está ampliamente sostenida por la prueba practicada, según aparece de las declaraciones de los peritos, no sólo del demandante sino de los propios demandados apelantes.

No habiéndose cometido los errores imputados, debe con-firmarse la sentencia apelada.