author: El Juez Presideute Sr. del Toro,

text:
    Noriega & Alvarez, Demandante y Apelante, v. The New York & Porto Rico Steamship Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reclamación de bienes muebles.
    No. 2841.
    Resuelto en julio 26, 1923.
    Reclamación t Entrega de Bienes Muebles — Compra1venta ■— Derecho del Vendedor a Parar la Mercancía en Tránsito. — Para que un vendedor tenga derecho a parar mercancías en tránsito, deben concurrir las siguientes circunstancias: (1) Debe haber un vendedor no pagado; (2) La propie-dad de las mercancías debe haber pasado; (3) Las mercancías deben estar en tránsito del vendedor al comprador; (4) Una reventa de las mercancías por el comprador no debe haber extinguido el derecho; (5) El comprador debe estar insolvente.
    ib, — Id.—Id.—Conocimiento de Embarque no Negociable. — La reventa bajo la base de un conocimiento de embarque directo qué lleva estampadas las pa-labras “no negociable,” no impide al primitivo vendedor no pagado ejer-citar su derecho de retener en tránsito la entrega de la mercancía en caso de insolvencia del primer comprador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sres. H. Tormes y R. Martí-nez Nadal.

    Abogados ele la apelada: Sres. O. B. Fraser y N. Oam-man.

   El Juez Presideute Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción en reclamación de bienes -mue-bles establecida de acuerdo con el artículo 170 y siguien-tes del Código de Enjuiciamiento Civil. La demanda en-mendada, base del pleito, copiada, en lo pertinente, dice:

“1. Que la demandante, Noriega & Alvarez, es dueña absoluta, desde Dibre. 18, 1920 y con derecho a la posesión inmediata desde entonces de los bienes siguientes:
“50 Bxs. Y. A. 2902_ 22673/4
“25 “ Gouda 1218_ 870
“11 “ Daisies Shim 526_ 437
“2o. Que dichos bienes tienen un valor de $1,030.00 y los mis-mos se encontraban depositados en la fecha en que este pleito co-menzó, Die. 21, 1920, en la Playa de Ponee, Puerto Pico;
“3o. Que la demandada, New York and P. R. S. S. Co., desde Die. 21 de 1920, sin el consentimiento de la actora retuvo injus-tamente la posesión de dichos bienes y se negó a entregarlos a la demandante quien lo requería para ello amistosamente;
“4o. Qiue la demandante por procedimiento iniciado por la misma de acuerdo con los arts. 170 y siguientes del Código de En-juiciamiento Civil de Puerto Pico, desde Dio. 21 de 1921 y dentro de este mismo pleito obtuvo la posesión de dichos bienes descritos por entrega que de ello le hizo el Marshal de esta Corte, quien los sacó de la posesión injustificada de la demandada. Y por todo lo alegado, a esta Hon. Corte suplicamos que en su día y previo los trámites de Ley dicte una sentencia declarando con lugar esta de-manda enmendada y en su consecuencia: (1) Que la demandante, desde Die. 18, 1920, fué dueña absoluta y con derecho a la pose-sión de los bienes descritos; (2) Que condene a la demandada al pago de las costas en este pleito.”

La contestación, también copiada en lo pertinente, es como sigue:

“1. Niega que la demandante es dueña de los bienes descritos en el párrafo marcado lo. de la demanda enmendada y niega asi-1 mismo que la demandante es dueña de algunos de dichos bienes o de parte alguna de ellos; y niega la demandada que la deman-dante ha sido en cualquier fecha desde Dicbre. 18, 1920, dueña de dichos bienes o de algunos de ellos o de cualquier parte de ellos; y niega la demandada que la demandante tiene o en cualquier fe-cha desde Dibre. 18, 1920, tenía derecho a la posesión inmediata de los bienes descritos en dicho párrafo o de algunos de ellos o de alguna parte de ellos, y alega que Reynolds & Company era en Dibre. 18, 1920 y en todo el tiempo desde esa fecha dueño de todos dichos bienes.
”2. Niega que los artículos mencionados en el párrafo 1 de dicha demanda enmendada tienen un valor de solamente $1,060, y alega por el contrario que dichos artículos tienen un valor de $1,130.95.
”3. Admite que la demandada se negó a entregar dichas mercan-cías a la demandante, y que la demandante la requirió y alega que la-demandada tenía debida justificación para negar tal entrega, a saber, las instrucciones del dueño de dichas mercancías.
“4. En cuanto a las alegaciones del 4 párrafo de la demanda enmendada, la demandada alega que el márshal de esta Corte, en-tregó las mercancías mencionadas a la demandante únicamente como eustodiano en custodio legis y alega además que la deman-dante dispuso de dicha mercancía ilegalmente y en desacato a esta Hon. Corte. Por todo lo cual la demandada solicita que se declare sin lugar la demanda y que se condene a la demandante al pago de las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado y que se ordene a dicha demandante pagar a la demandada además el valor de las mercancías a que se ha hecho referencia en esta con-testación, o sea, la suma de $1,130.95.”

Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió en contra de la demandante. La sentencia se basa en los siguientes Le-chos declarados probados:

“1. Que la demandada New York & P. R. S. S. Company, se negó a hacer la entrega de dichos bienes que reclama a la deman-dante, fundándose en un cable recibido de Reynolds & Company en que le ordenaba paralizara la entrega de dichos bienes. — 2.— Que dichos bienes fueron vendidos por Reynolds & Co. a Noriega & Sanquírico a un plazo de treinta días. — 3.—Que el valor de dichos bienes es de $1,130.95. — 4.—Que la demandante ha dispuesto de dichos bienes. — 5.—Que en la fecha en que los vendedores Reynolds & Co. paró la entrega de dichos bienes era insolvente la firma de Noriega & Sanquírico. — 6.—Que el conocimiento era un Straight Bill of lading, not negotiable, y no podía ser endosado a la de-mandante Noriega & Alvarez.”

No conforme la demandante con la sentencia que declaró sin lugar su demanda y la condenó a pagar a la demandaba la suma de $1,130.95 valor de la mercancía perteneciente a Reynolds & Co., apeló de ella para ante este Tribunal, se-ñalando en su alegato seis errores cometidos a su juicio por la corte, 1, al limitar el interrogatorio directo de la de-mandante a la transacción objeto del pleito; 2, al admitir prueba secundaria para, demostrar las instrucciones reci-bidas por la demandada; 3, al declarar probada la insol-vencia de Noriega y Sanquírico; 4, ¿1 fijar el alcance del conocimiento de embarque; 5, al desestimar la demanda y condenar a la demandante a pagar la suma expresada en la sentencia, y 6, al imponer las costas a la demandante.

Se queja la demandante de que si bien a ella no se le permitió probar transacciones anteriores habidas entre Noriega y Sanquírico y Reynolds & Co., a la demandada se lo permitió introducir prueba de otras negociaciones a los efec-tos de demostrar la insolvencia de Noriega y Sanquírico. Aparece del record que la demandante consintió la regla de la corte al introducir su prueba. No tomó excepción. Lo ocurrido después no revivía lo resuelto y consentido. Ade-más las circunstancias eran distintas. La insolvencia de Noriega y Sanquírico fué un hecho alegado en la contestación y la prueba de la falta de pago de efectos vendidos a dicha firma por Reynolds & Co. con anterioridad, era admi-sible.

Tampoco breemos que se cometiera el segundo de los errores señalados. Se insiste por la apelante en que debió presentarse no una copia sino el original del cable recibido por la demandada. N;os parece suficiente la contestación de la demandada contenida en su alegato. Dice así: “El hecho material en issue era y es la razón que tuvo la com-pañía para negarse, a hacer la entrega, y como la intención de la New York y Porto Rico Steamship Co. se deriva de la copia del cable recibido por ella, ésta es evidencia primaria. En cuanto al envío del cable por el Sr. Reynolds aparece de la evidencia que el original de dicho cable se encuentra en la oficina de New York, y es bien sabido que cuando el original se encuentra fuera de la jurisdicción y fuera de la posesión de una de las partes no es necesario el presentarlo como prueba.”

Estudiaremos conjuntamente las cuestiones suscitadas con motivo de los señalamientos de error números 3, 4 y 5.

No hay duda alguna con respecto al hecho de la venta por parte de Reynolds & Co., de los quesos de que se trata a Noriega y Sanquírico. Tampoco con respecto al embar-que, a la orden del vendedor de que no fuera entregada la mercancía y al cumplimiento de dicha orden por parte de la demandada.

El punto fundamental de este pleito consiste en el dere-cho del vendedor a ordenar la retención de la mercancía vendida, en tránsito para ser entregada al comprador. Ambas partes citan copiosa jurisprudencia. Procuraremos referirnos a aquella que sea estrictamente necesaria.

El profesor Williston, que es una autoridad sobre la ma-teria, en su, obra sobre “Ventas,” dice:

“Para que un vendedor ^enga el derecho de parar mercancías en tránsito, estas circunstancias deben concurrir: (1) Debe haber un vendedor no pagado; (2) la propiedad de las mercancías debe ha-ber pasado; (3) las mercancías deben estar en tránsito del ven-dedor al comprador; (4) el comprador' debe estar insolvente; (5) una reventa de las mercancías por el comprador no debe haber extinguido el derecho.” Williston on Sales, página 893.

Debe haber un vendedor no pagado. La prueba de-muestra que los quesos vendidos no habían sido pagados. La venta se hizo a treinta días plazo. Es más, ni siquiera el giro había sido aceptado cuando la orden se dió por ei vendedor y se cumplió por la demandada negando la en-trega.

La propiedad de las mercancías debe haber pasado. Se trataba de un contrato perfecto. A virtud de él la propie-dad de los artículos vendidos pasaba al comprador.

Las mercancías deben estar en tránsito del vendedor al comprador. Los quesos fueron embarcados por el vende-dor consignados al comprador y en' tránsito, en el vapor de la demandada, se encontraban cuando la orden de no en-trega fué expedida.

El comprador debe estar insolvente. Requiere este re-quisito una consideración más amplia. La prueba demues-tra que algunos días después de ocurridos los hechos origen de este pleito, Noriega y Sanquírieo se presentaron en quie-bra ante la Corte Federal. Dicha firma sostenía relaciones comerciales con Reynolds & Co., y dejó de pagar a su ven-cimiento varias remesas de mercancías por valor de unos seis mil dólares. Cuando Reynolds & Co. recibió esta in-formación, ya había embarcado los quesos y acto seguido libró la orden de no entrega, de que se trata. La eviden-cia no demuestra pues, que a la fecha en que la orden fué expedida, Reynolds & Co. estuvieran, en posesión de prueba terminante de la insolvencia de Noriega y Sanquírico, pero los datos que tenían eran bastantes para actuar en la forma en que lo hicieron de acuerdo con la jurisprudencia.

Resumiendo esa jurisprudencia Riding Case Law, dice:

“La insolvencia del comprador es esencial al derecho del ven-dedor de retención en tránsito. No puede ser ejercitado al mere capricho del vendedor cuando no existe insolvencia, y el hecho de que la mercancía haya sido embargada por acreedores del compra-dor, si el comprador no es insolvente, no da al vendedor el derecho de retención en detrimento de tales acreedores, y para establecer su derecho de retención el vendedor debe demostrar la insolvencia del comprador. Este requisito de insolvencia no exige que el com-prador esté absolutamiente quebrado o haya sido formalmente de-clarado insolvente, sino que meramente significa una inabilidad general para pagar justas deudas en el curso ordinario del negocio, y el hecho de que la situación financiera del comprador esté tan se riamente embarazada que no puede cumplir con sus obligaciones se ha resuelto que es suficiente, especialmente cuando esta situación es seguida por sit subsiguiente insolvencia. Se ha resuelto que no se requiere una prueba estricta de insolvencia para justificar el ejercicio del derecho; que es suficiente que haya habido una falta de pago de la deuda a causa de la cual el derecho se reclama, y que el deudor no puede ser encontrado en su conocido lugar de negocio. El mero hecho de que el comprador pueda faltar al cum-plimiento de su parte del contrato no da al vendedor el derecho de retención; y el derecho no surge en caso de muerte del compra-dor, a menos que su propiedad esté también insolvente.” 24 R. C. L. 403 y 404. Las itálicas son nuestras.

Por último, una reventa de las mercancías por el com-prador no debe haber extinguido el derecho. Como aquí existió una reventa a los demandantes aparentemente este requisito les favorece. Pero ¿pudo esa reventa verificarse válidamente? Ya dijimos que el conocimiento contiene es-tas palabras: “Straight Bill of lading, Not Negotiable” que aparecen no sólo impresas si que también marcadas en letras grandes con un sello de goma en la parte más visible del documento.

“Cuando el conocimiento es un conocimiento directo o no ne-gociable para el comprador, no puede haber duda de la aplicabi-lidad de la doctrina de retención in ircmsitu. Este es el caso típico donde la doctrina debe ser permitida,” dice el profesor 'Williston en su ya citada obra sobre “Ventas,” párrafo 542, página 920, y luego, refiriéndose a las reventas y al conocimiento, expresa:
“Es fundamental que el vendedor no puede dar un derecho mayor que el que tiene. Cuando hay mercancías sujetas a un gra vamen legal, como lo están cuando un vendedor no pagado está en posesión de ellas, el comprador puede adquirir solamente el derecho que el comprador original a quien él compró entonces te-nía. Sin embargo, si el vendedor incondicionalmente transfiere al sub-eomprador, siendo esto, en efecto, una entrega de las mercan-cías a él, el gravamen queda extinguido. Los derechos de los sub-compradores han sido considerados quizá más a menudo en casos envolviendo la doctrina de retención in transitu, y este derecho, es generalmente sostenido, puede únicamente ser desechado en la ley común por el traspaso al sub-comprador de un conocimiento de embarque endosado, porque únicamente en ese caso es que el sub-eomprador, en efecto, recibe entrega de la mercancía. Bajo la Ley de Ventas por una pai’te, afín el traspaso de un conocimiento de embarque, si es un conocimiento no negociable, no afectará el de-recho de retención in transita, del vendedor, y por otra parte, el mero hecho de que un conocimiento de embarque negociable está pendiente limita el derecho del vendedor. La importancia de un conocimiento de embarque endosado se debe a su operación como una entrega de las mercancías así como a un contrato para trans-ferir título. Bajo la Ley de Ventas son únicamente los documen-tos de título negociables los que operan como una entrega cuando se endosan. De conformidad, el vendedor, si el derecho de ro tención in transitu es considerado como un derecho legal, tiene, un mejor derecho que.un sub-comprador, que adquiere algo menos que un traspaso de título acompañado por un documento que equivale en efecto a una entrega de las mercancías; y aún si el derecho de retención del vendedor se considera meramente como uno de equidad, esta equidad toma preferencia sobre cualquier derecho que el comprador pueda dar a un sub-comprador por cualesquiera otros medios que un conocimiento de embarque negociable. Pero como un conocimiento de embarque negociable pendiente en poder del comprador puede subsiguientemente ser endosado, la retención no es permitida bajo la Ley de Ventas, cuando tal conocimiento lia sido expedido a menos que el vendedor pueda entregarlo al portea-dor.” Wüliston on Sales, página 938 y 939.

No fué Noriega y Sanquírico el que reclamó los quesos de la demandada. Si él lo hubiera hecho personalmente, no hubiera habido cuestión. Con anterioridad a la llegada del vapor al muelle de Ponce se había ordenado la retención de la mercancía y nada hubiera podido reclamar Noriega & Sanquírico que en aquella fecha estaban en descubierto con Reynolds y Co. y en realidad de verdad en estado de insol-vencia. Reclamó la demandante y ¿qué documento presentó para ello? Un conocimiento no negociable, un documento que hablando por sí mismo decía que los únicos que podían usarlo era Noriega & Sanquírico. El derecho de los deman-dantes estaba, pues, enteramente supeditado al del primi-tivo comprador. La reventa no varió las relaciones en-tre el vendedor y su comprador directo. El derecho que pudieran haber adquirido los demandantes cede entera-mente al del vendedor.

Ambas partes en sus respectivos alegatos estudian la cuestión fundamental envuelta a la luz de la jurisprudencia americana y así lo hemos hecho nosotros. El párrafo final del artículo 706 de nuestro Código de Comercio dice: £iEl' conocimiento podrá ser al portador, a la orden o a nombre de persona determinada.” Y el 708 expresa: "Los cono-cimientos al portador destinados al consignatario serán transferibles por la entrega material del documento; y en virtud de endosos los extendidos a la orden. En ambos ca-sos, aquel a quien se transfiera el conocimiento adquirirá sobre las mercaderías expresadas en él todos los derechos y acciones del cedente o endosante.” Expressio unius est exckisio alterius. Pero aunque esto no fuera así, aceptando que el conocimiento a nombre de determinada persona sea también negociable por ésta, en términos generales, no ha-bría duda alguna que dejaría de serlo si en el mismo cono-cimiento se consignara expresa y claramente que no lo era. Tal condición sería la ley del contrato.

Eesta sólo considerar el último de los errores señalados. Keaknente no bay prueba en los autos que demuestre que existió alguna combinación fraudulenta entre los demandan-tes y Noriega y Sanquírico. Los demandantes se presen-taron y quedan legalmente después del pleito como compra-dores de buena fe. Pero de acuerdo con la ley se ba visto que no tenían derecho a posesionarse de la mercancía y habiendo, el juez sentenciador apreciado que debía im-ponerles las costas y no habiéndose demostrado un claro abuso de discreción, no creemos estar justificados en revo-car su decisión.

Como los demandantes faltando a las obligaciones con-traídas como depositarios, bien abiertamente, ya por igno-rancia de las mismas, vendieron los efectos en cuestión, en vez de ellos deben retornar a la demandada su importe como ordena la sentencia recurrida, que debe confirmarse en to-dos sus particulares.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Maldonado, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en causa por infracción al artículo 260 del Código Penal.
    No. 2091.
    Resuelto en julio 26, 1923.
    ViolacióN — Prostitución de Menorfs Solteras — Confusión de Delito Menor -. en Delito Mayor (Merger). — El delito de prostitución de mujeres solteras menores de edad que define y castiga el artículo 260 del Código Penal no está necesariamente comprendido en el de violación, por lo que es errónea una sentencia que declaró culpable del delito primeramente expresado á un acusado de violación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. IrimJe, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Mediante información del Gran Jurado se acusó a Margarito Maldonado como autor de un delito de violación co-metido en la persona de Monserrate Olmo. Alegó el acu-sado su inocencia y la vista de la causa se celebró ante el tribunal de derecho.

Declaró Monserrate Olmo y en resumen dijo que ha-bía sido llamada por Paula Hernández para que le sacara una lata de agua de un algibe que estaba en el interior de cierta casa en Bay amén en un sitio cubierto, que acce-dió y una vez dentro se encontró a solas con Maldonado quien a la fuerza, la violó. La declaración es amplia y de-tallada. El Dr. Rodríguez reconoció a Monserrate Olmo en-contrando roto el himen. Justa Olmo, hermana de Mon-serrate, describió con lujo de detalles cómo llegó su her-mana, de diez y siete años de edad, llorando, con las ropas manchadas de sangre y le contó lo acaecido. Ella era la hermana mayor, habían perdido la madre hacía poco y fue la encargada de comunicar el hecho al padre, que lo denun-ció a la justicia. Paula Hernández negó que hubiera lla-mado a Monserrate y sostuvo que lo dicho por ella no es la verdad. José Alvarez vió el día del suceso a Monserrate salir de la tienda del acusado llorando, e igual declara-ción prestó el testigo Evaristo Moreno.

Así quedó el caso sometido a la corte que dictó el 7 de febrero último la siguiente sentencia:

“Que habiendo sido el acusado Margarita Maldonado juzgado debidamente por el tribunal de derecho y por el mismo declarado culpable de un delito de infracción al Artículo 260 del Código-Penal, la Corte, en cumplimiento de su fallo del propio día 31 de enero de 1923, debe condenar y condena a dicho Margarito Maldonado a sufrir la pena de tres meses de cárcel y trescientos dólares de multa.”

Apeló el acusado y alegó que la corte había errado al declararlo convicto de un delito que no se le había impu-tado y del cual no existía prueba alguna. El fiscal está conforme en el error cometido.

El artículo 260 del Código Penal dice:

“Toda persona que por medio de amaños indujere o engañare, a una mujer soltera, de menos de veinte y un años de edad, repu-tada hasta entonces por pura, a entrar en alguna casa de leno-cinio, o en cualquiera otra parte, con objeto de prostituirla, o de que tenga contacto carnal ilícito con cualquier hombre, o que ayudare o cooperare a tal seducción o engaño; o que valiéndose de ardi-des, engaños u otros medios fraudulentos, consiguiere que una mu-jer tenga comercio carnal ilícito con cualquier hombre, incurrirá en pena de presidio por un término máximo de cinco años, o de cárcel por un término máximo de un año o de multa máxima de mil dollars, o de ambas penas.
“Toda persona que maliciosamente cometiere cualquier acto im-púdico o lascivo, fuera de los que constituyeren otros delitos pre-vistos en el Código Penal, con un niño menor de catorce años de edad, o con el cuerpo de dicho niño o cualquiera parte o miembro del mismo, con la intención de despertar, incitar o satisfacer la impudicia, pasiones o deseos sexuales de dicha persona o de dicho niño, será culpable de delito grave (felony) y recluido en la pe-nitenciaría por un período que no excederá de cinco años.”

Basta una simple lectura del precepto legal -transcrito, para concluir que el delito que prevé y castiga no está com-prendido en el de violación y que por tanto el error come-tido por la corte es evidente. La prueba fue en absoluto congruente con la acusación.

El delito de violación consiste en el acto directo del acu-sado al yacer con una mujer que no es su esposa en los va-rios casos qne especifica el artículo 255 del Código Penal.

Los delitos que comprende el párrafo primero del ar-tículo 260, que es el único pertinente, son los cometidos no por la persona que directamente realiza el acto carnal, sino por aquellos seres depravados que se dedican a corromper mujeres para que otros hombres satisfagan en ellas sus ape-titos lascivos.

A.un cuando se partiera de la base de un previo acuerdo entre el acusado y Paula Hernández, ésta y no el acusado sería la culpable, independientemente del delito perpretado por el acusado, de la ofensa prevista y castigada en el ar-tículo 260. En el caso de El Pueblo v. Boderigas, 49 Cal. 9, la Corte Suprema de dicho estado decidió:

“El conseguir a una mujer para que tenga contacto carnal ilí-cito con cualquier hombre es el delito de un alcahuete o una celes-tina. La palabra ‘consiguiere,’ tal como está usada en el estatuto, se refiere al acto de una persona que consigue para otra la satis-facción de una pasión lasciva. Una persona que induce a una mujer reputada hasta entonces por ¡pura, a que tenga contacto carnal ilícito con dicha persona, no cae dentro de la frase relativa a quien ‘consiguiere que una mujer tenga comercio carnal ilícito con cualquier otro hombre.’ ”

Parece conveniente citar la siguiente jurisprudencia con-tenida en una nota que figura al pie del artículo 266 del Código Penal de California, que corresponde al 260 del de Puerto Rico, en la obra “Codes of California Annotated,'— Penal Code,” — por Pomeroy. Dice así:

“Para que quede constituido el delito de instigar a una mujer soltera menor de diez y ocho años a entrar en una casa de leno-cinio para fines de prostitución, debe existir una intención de re-ducir a dicha mujer a un estado de prostitución común o de con-cubinato : Slocum v. People, 90 Ill. 274. La clase y proporcio-nes de los artificios de seducción, que son necesarias para la apli-cación de la ley en tales casos, no dependen de regla alguna abso-luta. Si los alicientes .ofrecidos de hecho incitan a tal mujer a entrar en una casa de lenocinio o de citas, o en cualquier otro lu-gar, para fines de prostitución, el delito queda completo: Slocum v. People, 90 Ill. 274. Sin embargo, el llevarse a una mujer con el fin de que tenga contacto carnal ilícito con el individuo que así solicita que ella lo acompañe no es suficiente para constituir el delito. Debe ser un rapto con el objeto y propósito de colocarla en una casa de lenocinio o de citas, o en algiín otro lugar, para que se convierta en una prostituta, en el más amplio y justo sentido de la palabra. Debe ser colocada allí para el comercio carnal con hombres sin distinción y en común, o debe ser raptada con el fin de que tenga, contacto carnal con personas distintas al raptor: People v. Roderigas, 49 Cal. 9; Commonwealth v. Cook, 12 Met. 93; Carpenter, 8 Barb. 603; State v. Stoyell, 54 Me. 24; 89 Am. Dec. 716; Osborne v. State, 52 Ind 526.”

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia apelada y la causa devolverse a la corte de distrito. de su origen para, ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso pam ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez PeesideNte Se. bel Tobo,

text:
    Sellés, Casas & Co., S. en C., Demandante y Apelada, v. Betancourt et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre desahucio.
    No. 3111.
    Resuelto en julio 26, 1923.
    Apelación; Desestimación de — Desahucio—Arrendamiento—Pago por Men-sualidades Adelantadas — Consignación.—Guando de acuerdo eon el con-trato de arrendamiento el pago de los alquileres ha de hacerse por mensuali-dades adelantadas, la consignación de cánones que a los efectos de la ape-lación en un easo de desahucio por falta de pago ha de hacer el arrenda-tario apelante, debe verificarse el primer día de cada mes, que es el del vencimiento de la obligación. Si así no se hacfe, procede declarar con lugar una moción del apelado para que se sobresea el reeurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. Aponte, Jr.

    Abogado de la apelada: Sr. A. L. López.

   El Juez PeesideNte Se. bel Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de desahucio en el cual se dictó sentencia en junio 16, 1923, y se interpuso apelación el 21. La parte demandante y apelada solicita la desestimación del reeurso porque siendo la causa del desahucio la falta del pago de los alquileres, no se han consignado los correspon-dientes al mes de julio actual. Se opuso el apelante archi-vando una certificación del secretario de la corte de dis-trito creditiva de haber hecho la consignación el 5 de julio. La parte apelada insiste porque la ley dice que el deman-dante puede solicitar que se sobresea la apelación, si el de-mandado no consigna el importe de todos y cada uno de los arrendamientos que va3mn venciendo, artículo 15 de la Ley de Desahucio de 1905, y aquí el arrendamiento de acuerdo con el contrato venció el primero de julio y en tal fecha la consignación no se había verificado.

El contrato expresa que los alquileres se pagarán por mensualidades adelantadas. ¿ Cuándo se entiende vencida una mensualidad que deba pagarse por adelantado? De la contestación a esa pregunta depende la resolución del pro-blema planteado.

Cuando se celebró la vista de la moción, expresó la parte apelante por medio de su abogado que existía jurispruden-cia tanto española como americana en el sentido de que en casos como el presente o sea cuando el alquiler debe pagarse por mensualidades adelantadas, el arrendatario tiene un plazo razonable que se extiende de siete a diez días para verificar el pago. Sin embargó no proporcionó a la corte el beneficio de esa jurisprudencia. Por el contrario la que ba estado a nuestro alcance no favorece la posición del ape-lante.

En Sherlock v. Thayer, la Corte Suprema de Michigan, se expresó así:

“El único caso que nos ha sido posible encontrar que se refiere directamente a la cuestión pendiente ante nosotros es el de Smith v. Sheppard, 15 Pick., 147, en el cual se resolvió en pn contrato sobre pago de renta trimestralmente, por adelantado (el primer día del trimestre caía en el primer día de octubre), que el arren-datario tenía todo el transcurso del día para pagarla. El princi-pio establecido por ese caso es, que cuando el arrendamiento se hace pagadero por trimestres o en otros períodos especificados, por ade-lantado, el inquilino tiene todo el transcurso del primer día de cada uno de los trimestres siguientes o de otros períodos de tiempo fijados para hacer los pagos. Esta regla está sostenida por la ra-zón y la justicia, es consistente con las reglas de ley en casos aná-logos y con el entendimiento común y la experiencia de los hombres y realiza el objeto de dar tal interpretación al convenio a fin de conservar los derechos de ambas partes en el mismo. Si exis-tiera. alguna duda respecto del significado de las palabras o la intención de las partes, llegaríamos a la misma conclusión, ob-servando el bien conocido canon de interpretación, que las pala-bras se han de interpretar de acuerdo con su sentido legal y la apreciación ordinaria y si ésta fuera dudosa, la intención de las partes .en el contrato gobernará. Si esta intención es dudosa, se dará una interpretación, si las palabras han de permitirlo, que salvará una propiedad, antes que una confiscación: 1 Pick., 485.’’ Sherlock v. Thayer, 4 Mich. 358.

Y en Deyo v. Bleakley, la Corte Suprema de New York dijo:

“Si, de acuerdo con la corriente uniforme de autoridades desde la decisión de Lord Mansfield, en el caso de Pugh v. Duke of Leeds, la expresión en este arrendamiento que denota el principio del término, a saber ‘desde el primer día de abril próximo’ puede sí o no incluir o excluir el terminus a quo, según la hubieren de-signado las partes; y como inmediatamente después de esta ex-presión, se encuentra otra que parece declarar que el primer día de abril de cada uno de los años del término tendrá que ocurrir al comienzo del mismo; (pues la renta se lia de pagar anualmente en partes iguales trimestralmente, en los^ primeros días de abril, julio, octubre y enero de cada año:) y como -estas disposiciones son no sólo juiciosas y coherentes por sí mismas, sino que poseen entera consistencia cuando así se leen unidas con todo el armazón del arrendamiento, yo llego a la conclusión de que este término dió principio ciertamente el primero de abril de 1853 e incluyó ese día; y que el primer trimestre de renta era pagadero en ese día por adelantado.” Deyo v. Bleakley, 24 Barbour’s Reports, p. 14.

No habiéndose consignado durante todo el día primero de julio actual el canon de arrendamiento vencedero dicho día de acuerdo con el contrato que fijó el pago por mensua-lidades adelantadas, debe declararse con lugar la moción de la apelada que se funda en la le3r y, en tal virtud, sobre-seerse la apelación y el caso devolverse a la corte de su origen a los fines procedentes.

Sobreseída la, apelación y devuelto el caso a los fines procedentes.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Wiole,

text:
    F. Falagán & Cía., Demandante y Apelante, v. La Sociedad “Centro Español,” Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre desahucio.
    No. 3020.
    Resuelto en julio 26, 1923.
    Desahucio — Pago de Alquileres — Ofrecimiento de Paso — Día Feriado — Con-signación. — El pago de los alquileres vencía en diciembre 81, que era do-mingo. Siendo un día feriado el Io. de enero, el arrendatario hizo ofreci-miento de pago en 2 de enero, pero el arrendador envió al arrendatario donde su agente, que tenía el recibo para el cobro y no estaba presente. Se hizo un nuevo ofrecimiento de pago en enero 6 y no fué aceptado, y entonces el arrendatario consignó el importe del canon en la corte. Se re-solvió: que el ofrecimiento de pago hecho en enero 2 fué suficiente y que la consignación hecha en enero 6 lo fué dentro de un término razonable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. A. A. Vázquez y L. Mén-dez Vaz.

    Abogados de la apelada: Sres. A. Amoldo y L. Muñoz M orales.

   El Juez Asociado Se. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna apelación contra nna sentencia a favor de la demandada en nna acción de desahucio. La primera cues-tión es que la contestación, no estaba jurada, pero en cuanto a esto la apelante simplemente está equivocada. La contes-tación parece haberse jurado ante el secretario de la corte.

El segundo señalamiento se refiere a la suficiencia de -la contestación. El quinto hace referencia a la suficiencia de la prueba, y el tercero se relaciona con la prueba documen-tal, pero todos estos tres señalamientos de error dependen de una sola cuestión, o sea, si la-demandada tenía una de-fensa, o en otras palabras, si hubo hechos suficientes para im-pedir que el dueño pueda recobrar su finca por una supuesta falta de pago del canon de arrendamiento una vez vencido. El canon de arrendamiento que originó la alegada falta de pago venció en diciembre 31, 1922, y la apelante insiste en que el pago debió haberse verificado antes de expirar ose día.

En este caso el canon debió pagarse en diciembre 31, 1922. Este día era domingo. El día siguiente, enero 1, 1923, era festivo.

Tomando en consideración los hechos declarados proba-dos por la corte y que están sostenidos por la prueba, al día siguiente, enero 2, el representante de la demandada fué a la oficina de la demandante Falagán y ofreció primero un cheque de $100, importe del canon, y entonces ofreció tam-bién cien dólares en billetes de banco. Falagán contestó qne el pag’o debía hacerse a Palón, cobrador de Falagán, quien tenía el recibo.

Hubo otra prueba tendente a acreditar que antes de esto y en el mismo día fué Palóu a la oficina de la demandada y solicitó el pago, que el representante de la demandada no encontraba sus llaves y que Palóu convino en volver al día siguiente. Que al día siguiente, sin embargo, cuando el re-presentante de la demandada encontró a Palóu, éste se negó a aceptar el pago toda vez que ya él no tenía el recibo y se había establecido una acción.

El día 6 de enero el representante de la demandada vol-vió a ver a Falagán a quien le ofreció los cien dólares, dijo que él haría su consignación y al negarse Falagán a recibir el dinero fué consignado en la Corte Municipal de Maya-güez en 6 de enero de 1923.

Aunque es cierto que en el caso de García v. Fernández, 8 D. P. R. 106, y en el de Finlay v. Fabián, 24 D. P. R. 152, resolvimos que para que una consignación sea válida debe hacerse un ofrecimiento de pago, antes de vencer el último día de un término en que el canon debía pagarse, en nin-guno de estos casos era domingo el último día. Lo que qui-simos decir en cada uno - de esos casos era que el ofreci-miento de pago debía hacerse dentro del término permitido por la ley. La cuestión precisa estuvo ante nuestra conside-ración en el caso de Veve v. Fajardo Sugar Growers’ Association, 18 D. P. R. 282, en donde dijimos:

“Por lo que toca al semestre de arrendamiento de enero a junio de 1911, que debía ser satisfecho en 1 de enero citado, aparece que el ofreeimento de pago se hizo en 31 de diciembre de 1910 y 3 de enero de 1911, verificándose la consignación en 7 de enero ci-tado; y aunque admitamos en mera hipótesis que el primer ofre-cimiento fué ilegal por más que favorecía al deudor, siempre re-sultaría que como el día 1 de enero del año 1911 fué domingo y que el día 2 era feriado por ministerio de la ley, el primer día hábil para hacer el pago fué el 3 de enero en que se hizo el se-gundo ofrecimiento, teniendo, por tanto, tal ofrecimiento el mismo efecto que si se hubiera realizado en el día señalado, según el pre-cepto del artículo 389 del Código Político.”

Esta opinión, así como la del caso de García v. Fernández, fué emitida por el juez Sr. Hernández. Según el artículo 389 del Código Político un pago que vence en detei*-minado día que es feriado puede hacerse al día siguiente.

La corte inferior declaró probado que bubo un debido ofrecimiento de pago héc'ho el día 2 de enero, 1923. Por tanto, de conformidad con todos los casos citados, bubo un ofrecimiento becbo en tiempo, y en el caso de Veve v. Fajardo Sugar Growers’ Association, supra, se resuelve que la consignación puede hacerse déspués dentro de un tiempo ‘‘prudencial” o “razonable.” Una consignación en 6 de enero fué hecha dentro de un tiempo razonable. Véase •tam-bién la sentencia de la Corte Suprema de España de febrero 15, 1916, citada por la corte inferior.

Convenimos asimismo con la apelada en que la consigna-ción se hizo debidamente en la corte municipal en vez de en la corte de distrito. El dinero se debía y la corte municipal tenía jurisdicción en una acción para su pago.

Otro señalamiento de error fxxé sobre la admisión del cheque ofrecido como prueba en el juicio cxxando no había sido ofrecido en el día de la presentación de la prueba do-cumental. Con qué grado de rigor es qu.e una corte debe adherirse a la regla, es cuestión que no resolveremos ahora. Un caso análogo es el que se presenta con respecto a los nombres de testigos endosados en una acusación y hemos resuelto que la corte tiene allí facultad para oír a otros tes-tigos. El Pueblo v. Román, 18 D. P. R. 219. La apelante en manera alguna fué perjudicada por el cheque toda vez que el caso no giraba en absoluto en su presentación como prueba.

Al atacar la credibilidad del representante de la deman-dada dice la apelante que era improbable que el agente hu-biera ido a ver a Falagán defendido por el cheque y el dinero. Si él había recibido algún consejo legal, o temía a Fa-lagán, su actuación era enteramente la que procedía. ■

No encontrando que se haya cometido error, debe con-firmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Gerena, Demandante y Apelado, v. Sales et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre nulidad de reconocimiento.
    No. 2896.
    Resuelto en julio 26, 1923.
    Matrimonio — Prueba Secundaria del Matrimonio; Cuándo es Admisible.— Cuando la partida del matrimonio no puede obtenerse, dielio matrimonio puede probarse por la reputación y presunciones, suponiendo que en Puerto Rico el matrimonio generalmente debe probarse por el registro civil.
    Id. — Errores sin Especificación. — Errores faltos de especificación no serán revi-sados en apelación.
    Id. — Orden para Presentación de Evidencia — Discreción Judicial. — El orden para la presentación de evidencia en un juicio es discrecional en la corte sentenciadora.
    Los hechos están expresados en. la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. D. Rodrigues.

    Abogados del apelado: Sres. García Méndez & García Méndez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción para anular un reconocimiento de una liija. La corte dictó sentencia a favor del demandante, y en el curso de su opinión se expresó como sigue:

“De la prueba resulta satisfactoriamente probado que la de-mandada Dolores González, allá por el 1905, 1906 y 1907 vivió en Lares, P. R.; que en marzo 1 de 1906 tuvo una bija llamada Ma-ría Eladia González conocida por Rosa, o sea la menor represen-tada en esta acción por Fidel Gerena; que dicha niña fué el fruto de las relacione's amorosas de la co-demandada Dolores Gon-zález con otra persona cuyo nombre no fué preciso mencionar, y que no era Francisco Sales Ayala; que Francisco Sales Ayala no vivió con su co-demandada ni en 1905, ni en 1906, ni antes de esa fecha; y que en tal tiempo él era casado con Higinia Guzmán, quien falleció en 1911, casándose el referido Sales Ayala con la aquí demandada Dolores González Hernández en abril 18 de 1921, en el cual acto reconocieron a la menor María Eladia como hija de ellos, cuando en verdad, la prueba demuestra que la citada María Eladia no era tal liija de Francisco Sales Ayala, hecho que también les constaba. Y finalmente se probó, de una manera tex*-minante, que Sales Ayala fué inducido por el hombre desconocido para aparentar y alegar ser padre de una niña y que él no en-gendró. En relación con toda la prueba, es de expresarse que la eo-demandada Dolores González no compareció a declarar, y que Sales Ayala, su co-demandado por su forma de declarar, por sus dudas, vacilaciones y por la manifiesta falsedad de sus declara-ciones no mereció ningún crédito a la corte.”

Los apelantes, el esposo y la esposa, asignan varios errores. JE1 primero es que la corte cometió error al ad-mitir prueba testifical del matrimonio del demandado, Francisco Sales Gerena, con otra mujer, que no es la actual es-posa, en la fecha de la concepción de la niña en este caso. Antes de ser admitida esta prueba testifical el deman-dante había ofrecido como prueba varias certificaciones de Lares y San Sebastián negativas de la existencia de nin-guna anotación del matrimonio del demandado con la ale-gada primera esposa. Aunque se formularon objeciones a estas Certificaciones no hubo ninguna en cuanto a su forma negativa y sn admisión no se asigna como error. De ma-nera que era admisible la prueba secundaria del matrimonio. Cuando la partida del matrimonio no puede obtenerse, dicho matrimonio puede probarse por la reputación y presuncio-nes, suponiendo que en Puerto Rico el matrimonio general-mente debe probarse por el registro civil. M demandado, además, en su matrimonio con la actual esposa declaró él mismo ser viudo de la anterior esposa en cuestión y toda su actitud en la silla testifical hizo claro el hecho. El dijo que no podía recordar haber estado casado antes, e hizo otras manifestaciones de un testigo recalcitrante como indicó la corte.

El segundo señalamiento de error es el siguiente: “La corte cometió error al admitir evidencia secundaria, indi-recta y de referencia.” Propiamente el señalamiento debe pasarse por alto por falta de especificación. Convenimos, sin embargo, con el apelado en que la prueba secundaria e indirecta no perjudicaba en su resultado general, o era pro-piamente admisible.

El tercer señalamiento, o sea que la corte alteró el orden de la prueba admitiendo prueba documental después de la prueba testifical, sólo necesita enunciarse para refutarse. El orden es discrecional en la corte sentenciadora.

El cuarto señalamiento se refiere a la apreciación de la prueba y no vemos cómo podía haber llegado la corte a al-gún otro resultado.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    South Porto Rico Sugar Company, Demandante y Apelante, v. Pasapera et al., Demandados y Apelados.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn procedimiento de injunction.

    No. 2741.
    Resuelto en julio 26, 1923.
    Arbitrios Municipales — Ordenanza Municipal — Contribución Sobre la Pro-piedad. — Una ordenanza imponiendo un arbitrio sobre eada romana estable-cida o que se estableciere dentro de la municipalidad para pesar caña de azúcar constituye un recargo de la contribución sobre la propiedad que no puede exceder de los tipos fijados en el artículo 49 de la Ley Municipal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sres. F. Manuel Toro y O. B. Fraser.

    Abogados de los apelados: \Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante, una corporación doméstica y dueña de va-rias romanas dentro de la municipalidad de San Germán, dedicadas a pesar cañas de azúcar, estableció demanda contra el Comisionado Municipal de Hacienda y el Comisionado de Servicio Público de ese municipio, para que se abstuvie-ran de toda gestión tendente a hacer efectivo el cobro de una contribución impuesta por una ordenanza, cuyas tres primeras secciones son como sigue:'

“Sección 1. — Por la presente se señala un impuesto o arbitrio de veinte y cinco dollars al año, por cada romana establecida, o que en lo sucesivo se estableciere, dentro de la municipalidad de San Germán, P. R., para pesar cañas de azúcar.’
“Sección 2. — Dicho impuesto o arbitrio será satisfecho a los fon-dos municipales en todo el mes de febrero de cada año, por el dueño o dueños de las expresadas romanas, sus agentes o representan-tes en este Municipio.
“Sección 3. — Toda persona, sociedad, corporación, o comité que de algún modo infrinja o ayude a infringir esta ordenanza será de-nunciado ante la Corte de Paz, y convicta que fuere iheurrirá en una multa no mayor de cincuenta dólares.o prisión por un término que no excederá de quince días o ambas penas a' discreción del Tribunal. ’ ’

En la vista de tina orden para mostrar causas, la peticio-naria probó que el valor de sus romanas era de $200 a $500 cada una. Fueron admitidos otros hechos alegados en la pe-tición habiendo la corte de distrito declarado sin lugar la so-licitud de injunction presentada y ordenado fuera disuelto el entredicho anteriormente decretado.

El artículo 49 de la Ley Municipal prescribe lo siguiente:

“Artículo 49. — Los ingresos municipales consistirán:
* ■* * ■* * # *
“ (c) En cualquier recargo de la contribución sobre la propie-dad imponible del municipio; siempre que así se acordare por las dos terceras partes de la asamblea municipal. Dicho recargo no podrá exceder del uno por ciento, en los municipios de primera y segunda clase y de medio en los de tercera, computándose cual-quier contribución adicional autorizada al presente o que en lo futuro se autorice.
* * * * * * #
“ (/) Cualquier otro impuesto, arbitrio o contribución que se decretare por las dos terceras partes de los miembros de la asam-blea municipal siempre que el objeto o materia de la contribución no lo fuere de algún impuesto federal o insular.”

El hecho de que a las romanas de pesar caña el Gobierno Insular impone una contribución y que el impuesto municipal, de ser uno sobre la propiedad, es nulo por constituir un recargo de la contribución en exceso del tipo legal, no se disputa, pero insisten los apelados en que el impuesto no es sobre la propiedad, sino un derecho de licencia o im-puesto por la ocupación.

Be ser correcto este modo de ver la cuestión, entonces, por supuesto, que sería inevitable la conclusión a que llegó la parte apelada, esto es, que la ordenanza no es nula “me-ramente porque la propiedad dedicada al negocio al cual se impone la contribución está sujeta a la contribución general sobre la propiedad.”

Ni nada tenemos qne decir en contra de la regla de.in-terpretación citada por los apelados del tomo 19 de R. C. L., pág. 951, sección 232, qne dice así:

“Cuando se adopta una reglamentación municipal que sería legal de ser su objeto para un íin e ilegal si fuera para otro, la pre-sunción es que el fin fué legal, a menos que aparezca claramente lo contrario.”

Pero en cuanto a las premisas envueltas en estas dos proposiciones, considerando los hechos del presente caso, creemos “que aparece claramente lo contrario.”

Si los municipios pueden imponer una contribución a las romanas a tipos exorbitantes cuando se dedican a pesar caña, pueden también quedar igualmente sujetas a tal im-puesto si se dedican a pesar café, tabaco, papas, frutos ci-trosos, guineos, o cualquier otro artículo o cosa.

Además, como indica la apelante, si fuera válida la or-denanza entonces puede imponerse un impuesto al mismo tipo a una yunta de bueyes, a una pareja de muías, o a un arado de vapor cuando se usan para cultivar el suelo, y una contribución semejante puede imponerse a todos los apara-tos de agricultura cuando se emplean para fines agrícolas.

En resumen, cualquiera o toda la propiedad mueble po-dría fácilmente quedar sujeta en la misma forma al im-puesto y pronto quedaría convertida en letra muerta la li-mitación estatutoria referente a recargos a la propiedad a la cual ya se lia fijado contribución, o a los impuestos que invaden un campo • ya cubierto por el Gobierno Insular.

Si existe en esta isla tal negocio como es el de pesar caña, y los municipios desean imponer un impuesto al mismo por tal ocupación, no es cuestión difícil redactar una ordenanza adaptada a este fin en lenguaje razonablemente claro. Pero no pueden ellos eludir la imoliibición estatutoria sobre re-cargos en exceso del tipo especificado, con decir simplemente que fia de pagarse el impuesto cuando se usa la propiedad en cuestión con el fin al cual se pretendía dedicar o esta-blecer.

En el caso de Fantauzzi v. Asamblea Municipal de Arroyo, 30 D. P. R. 423, y en el de Sucesores de J. González & Cía. v. Asamblea Municipal de Guayama, 31 D. P. R. 428, fué considerada y discutida con alguna extensión la cuestión referente a la facultad municipal en materia de arbitrios. No es necesario que tratemos ahora de fijar los límites exactos de esa facultad en ningún caso hipotético, ni trazar una línea divisoria definida entre la propiedad de la clase arriba indicada y otros artículos que pueden o no quedar incluidos luego en la lista de cosas, tales como mesas de billar, coches y automóviles, reconocidos general-mente como sujetos al ejercicio legítimo de tal poder, aun cuando sólo se usen por su dueño para su propio recreo o diversión, e incidentalmente para los fines que se inten-taba dárseles.

En el presente caso la corte inferior resolvió en sentido adverso a los apelados, por el fundamento de que el injunction no es el remedio adecuado, conteniendo el alegato del apelante cierto razonamiento en- apoyo de dicha resolución. En contestación a esto el abogado de los apelados llama la atención al hecho de no estar ellos en la obligación de con-siderar ese punto, pero insiste en una supuesta diferencia entre las facultades generales de las cortes federales y el poder estatutorio de nuestros tribunales insulares. En re-lación con esto se n.os hace referencia a la cuestión materia de duda en el caso de Central Victoria v. Pérez, 30 D. P. R. 447, y Mayagüez Show Company v. Municipio de Mayagüez, 30 D. P. R. 451, y a los apartados 3 y 6 de la sección 4 de la ley de 1908.

El estatuto en que de tal modio descansa la apelante prescribe que “No podrá otorgarse un injunction: * * * (3) Para impedir el cumplimiento de un estatuto público por funcionarios de la ley, en beneficio del público * * * (6) Para impedir qne una corporación municipal ejecute un acto legislativo.”

La consideración del primero de los apartados citados envolvería al principio varias cuestiones de interpretación estatutoria que resaltan al momento claras e interesantes. Pero no disponemos de tiempo para hacer ahora una inves-tigación independiente sobre estos extremos. En cuanto al párrafo sexto nos inclinamos vigorosamente al parecer de que el pretendido acto de hacer cumplir una ordenanza municipal qne es nula, por el comisionado municipal de hacienda y el comisionado de servicio público de un munici-pio, no es “un acto legislativo de una corporación municipal.”

Por otra parte, el artículo 3 de la misma ley y la sub-división primera prescriben lo siguiente:

“Puede concederse un injunction en los siguientes casos:
“1. — Cuando resultare de la petición que el peticionario tiene derecho al remedio solicitado, y dicho remedio, o parte del mismo, consistiere en impedir la comisión o continuación del acto denun-ciado, bien por un período de tiempo limitado, o perpetuamente.”

Si la legislatura tuvo la' intención de conferir a las cor-tes insulares amplia facultad para expedir injunctions en todos los casos en que dicho auto se expide por cualquier corte de equidad, y que en dicha ley después no se enume-ran o excluyen expresamente, entonces el amplio carácter de las palabras realmente empleadas, interpretado a la luz de los párrafos que siguen inmediatamente, se adapta ad-mirablemente, para llegar a ese fin.

El artículo 65 de la Ley Municipal prescribe expresa-mente que “Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada: * * * (b) Para suspender mediante injunction la ejecución de cualquier ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garanti-zados por la Constitución o las leyes insulares.”

Aparte de tal cuestión constitucional sobre el debido proceso de ley, la Ley Municipal, 'que es una constitución para los municipios insulares, en su limitación al poder municipal legislativo en materia de contribución por necesa-ria deducción reconoce en el dueño de la propiedad un de-recho a estar libre del gravamen y vejamen de una contri-bución ilegal en exceso del tipo fijado en el estatuto, o de otro modo no autorizada.

Dentro de las circunstancias y a falta de alguna luz adi-cional sobre la cuestión, nos vemos obligados a resolver, por lo menos experimentalmente, que el poner en vigor la ordenanza municipal en cuestión equivaldría a la violación ■ de un derecho del peticionario que está “garantizado por las leyes insulares.”

Debe revocarse la sentencia apelada y en su lugar dic-tarse otra por esta corte de acuerdo con la súplica de la petición.

Revocada. la sentencia apelada sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


text:
    Logia “Eslabón de Borinquen No. 9752,” Demandante y Apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en un procedimiento de injunction.

    No. 2879.
    Resuelto en julio 26, 1923.
    Accidentes del Trabajo — Injunction contra la Comisión de Indemnizaciones-a Obreros — Jurisdicción.—El recurso de injunction es adecuado para deter-minar si la Comisión de Indemnizaciones a Obreros tiene o no jurisdicción para ordenar a una sociedad benéfica que empleó accidentalmente a un solo-obrero, el cual resultó lesionado trabajando en determinada obra de la so-ciedad a la cual pertenecía el obrero, que pague indemnización por tal acci-dente.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. M. Gaetán Barbosa.

    Abogados de la apelada: Eon. Attorney General y Sr. L. Samalea.

   El Juez Asociado Se. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

Una Logia llamada “Logia Eslabón de Borinquen,” ra-dicada en Cataño, tuvo necesidad de hacer ciertas repara-ciones en la planta baja del edificio donde estaba estable-cida y para ello nombró una comisión de sus miembros para realizar tales obras, entregando a uno de los miembros cierta cantidad de dinero para la compra de materiales que habían de usarse en la obra, habiendo el encargado de la obra empleado a Virgilio Colorado que era miembro activo de la logia en cuestión para realizarla, recibiendo dicho Vir-gilio Colorado cierta compensación diaria por el trabajo. Virgilio Colorado sufrió un accidente mientras estaba en su trabajo. Este alegado trabajador solicitó una compensa-ción de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros que or-denó se le diera una compensación de $800, y toda vez que el alegado patrono no estaba asegurado ordenó se instru-yera al Tesorero de Puerto Pico de acuerdo con la ley para que cobre al patrono, la referida logia, el importe de la compensación. Para impedir el cumplimiento de esta or-den fué establecida la presente acción de injunction.

La corte inferior desestimó la petición de injimction por virtud del artículo 28 de la Ley de junio 19, 1919, y de cier-tas decisiones de esta corte. Hubiera sido un poco mejor si la corte dijera que carecía de jurisdicción, o que el pe-ticionario tenía otro remedio o algo específico para de-mostrar la cuestión resuelta. La apelada sostiene sin embargo que el recurso de injunction no procedía toda vez que el auto de certiorari está expresamente prescrito en el ar-tículo' 28, supra.

Una acción en equidad para impedir procedimientos de ley en los cuales la propiedad de una persona iba a ser in-mediatamente afectada desastrosamente y especialmente cuando su propiedad iba a ser embargada en ejecución por virtud de órdenes o diligencias que se alega son nulas pro-cedería en muchos casos, si no generalmente. No se Con-testa con decir que las cortes de equidad ordinariamente no intervendrán para regular a las juntas oficiales en cuestio-nes pertenecientes a su jurisdicción porque en este caso se ataca la jurisdicción de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros.

La apelada cita autoridades en general al efecto de que no procederá el injunction cuando existe un remedio ade-cuado en la ley, y asimismo a menos que la persona tenga un derecho de propiedad y ningún medio para protegerlo, e igualmente tampoco cuando el derecho del demandante es dudoso. La apelada no nos ha satisfecho, sin embargo, de que estos principios son aplicables a una amenazada e inme-diata captura de la propiedad bajo una alegada jurisdic-ción nula.

Conocemos, además, el principio contenido en el tomo 22 de Cyc. página 775, donde se dice que no se concederá un injunction cuando puede obtenerse un remedio mediante apelación, por certiorari, por auto inhibitorio, etc., pero más adelante se dice en la misma obra: ‘ ‘ Cuando el demandante tiene un .derecho de apelación en la acción que se trata de impedir y la injusticia que se alega puede ser reparada por tal apelación, la acción no será restringida, especialmente ■cuando puede obtenerse la paralización de los procedimien-tos mientras esté pendiente la apelación. De igual modo no se expedirá el injunction cuando existe un remedio ade-cuado por certiorari. El caso- no es así cuando el reme-dio por certiorari no es rápido y eficiente.” Estas ci-tas de Cyc. no fueron hechas por las partes y no hemos examinado las autoridades de las notas. Este no es un caso en que puede invocarse la jurisdicción de una corte de ley para corregir su propia alegada falta de jurisdic-ción.

Este es un pleito en el cual la apelante insiste vigorosa-mente en que es una logia para fines de1 hermandad o be-néficos, que no es un patrono que ejecuta obras, que el em-pleo. de este obrero fue meramente casual y por estas y otras razones la Comisión de Indemnizaciones a Obreros no tenía ninguna jurisdicción o autoridad sobre ella. Cuando una corte de ley se ha excedido, en su jurisdicción puede recurrirse a esa corte. Es una corte. La apelada aquí es una, junta inferior con facultades judiciales o' cuasi-judicia-les. Una logia compuesta de ciudadanos encuentra que su propiedad está amenazada por el Tesorero de Püerto Rico.-Ninguna de las partes está ante una corte. Si la propie-dad se vende no se da ningún recurso específicamente en la ley contra el Tesorero. La apelada en este caso está con-forme con que la apelante no tenía ninguna apelación contra la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros porque no era ella un patrono asegurado. ¿Era el auto de certiorari que Concede el artículo 28, supra, el remedio exclusivo y adecuado?

El artículo 28, supra, como fue enmendado por la ley de' junio 19, 1919, es como sigue:

“Art. 28. — Todo patrono que empleare obreros bajo las condi-ciones establecidas en esta Ley, estará obligado a contribuir al Fondo de Depósito para Indemnizaciones a Obreros en la forma y modo en ella prescritos; disponiéndose que a instancia de la parte agraviada, la -Corte de Distrito competente podrá revisar mediante, certiorari cualquier decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, que fuere dictada con infracción de las disposiciones de esta Ley, siempre que dicho recurso se interpusiera en el término de quince días desde la notificación de la decisión impugnada; y disponiéndose además, que la legalidad de cualquier cuota fijada por dicha Comisión podrá ser también revisada, de igual modo y manera mediante. diebo recurso de -certiorari interpuesto en-el tér-mino antes referido.”

La parte agraviada que ha sido llevada ante un cuerpo que se cree no tiene jurisdicción debe ser rápida. Deberá presentar su solicitud de certiorari dentro de quince días o quedar sin remedio, según la apelada. Somos de opinión de que cuando las cortes hablaban de ser adecuado el auto de certiorari, no estaban considerando una ley especial y limitada como la presente. El • remedio por certiorari en un caso de un pretendido ejercicio de una jurisdicción nula por una junta inferior aparentemente ■ no es adecuado y no es exclusivo. Las personas cuya propiedad está amenazada como sucede aquí, no pueden estar limitadas en la forma píopuesta.

La materia general de la jurisdicción de equidad está cubierta en la ley de marzo 8, 1906, artículos 1 y 2, y más especialmente por' las siguientes citas: 22 Oye. 786, y si-guientes; 14 R. C. L. 405, 408; indicando todas que la equi-dad se interpondrá para evitar ciertas injusticias por otras cortes y juntas. Es cierto que en el caso de Ewing v. City of St. Louis, 5 Wall. 413, la corte, por conducto del juez Sr. Field dijo que el certiorari era un remedio ade-cuado y no el injunction. La corte, por supuesto, se refe-ría al recurso ordinario de certiorari y no al recurso limi-tado que autoriza el artículo 28, supra. La ley general de marzo 10, 1904, en cuanto a certiorari no autoriza la revi-sión de procedimientos de juntas inferiores sino únicamente de cortes inferiores. En el caso de Ewing, además, los ca-sos. extraordinarios donde podría surgir un daño irreparable o una multiplicidad de acciones constituyen una excep-ción.

Si la logia apelante tiene razón al sostener por Cual-quier fundamento, constitucional o de otra clase, que la Co-misión de Indemnizaciones a Obreros no tenía jurisdicción sobre ella, creemos entonces' que el remedio conferido por el artículo 28 es inadecuado y no exclusivo. Si el Teso-rero se incautara de la propiedad de la logia, la apelante tendría que trabajar nraclio antes de poder recobrar si acaso y entonces únicamente después de un litigio costoso. Además, en Puerto Rico no existe la división marcada en-tre la ley y la equidad. El derecho a juicio por jurado en casos civiles no existe. Por tanto, no necesitamos fijarnos muy estrictamente en el remedio particular que se busca, sea por injunction o certiorari, a menos que sea que clara-mente no proceda.

Por abora no expresamos ninguna opinión sobre si la Comisión de Indemnizaciones a Obreros puede ordenar que, pague una compensación una persona que emplea a un solo obrero para hacer determinada obra. Estamos meramente resolviendo que procederá un injunction para determinar esa cuestión.

Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opi-nión.

Revocada la resolución apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Porto Rican-American Tobacco Company, Peticionaria y Apelante, v. Juez Municipal de Río Piedras, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en un recurso de certiorari.

    No. 2907.
    Resuelto en julio 26, 1923.
    Embargo — Fianza—Procedimiento.—Una corte siempre puede tener control de sus propias diligencias y un medio radical para impugnar una fianza insu-ficúrnte prestada para garantizar un embargo es mediante moción para anular el procedimiento al cual se supone que sostiene.

      Id. — Id.—Id.—Certiorari.—La expedición o negativa a expedir un mandamiento de certiorari es, en gran parte, discrecional en la corte con jurisdicción para expedirlo; pero no puede expedirse cuando la actuación de la corte que se trata de revisar no infringe regla alguna de procedimiento, como en el caso de una resolución declarando nula y sin ningún valor una fianza prestada para garantizar un embargo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: JSr. H. Torres Solá.

    Ahogado de la parte contraria: Sr. E. Días Viera.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante, The Porto Eican and American Tobacco Company, fué la parte demandante en la Corte Municipal de Eío Piedras. Allí estableció una acción contra E. E. Torres y otros y obtuvo un aseguramiento de sentencia.

A moción de los demandados el Juez Municipal de Eío Piedras resolvió que la fianza para garantizar el embargo era insuficiente y dejó sin efecto el referido' embargo y or-denó que los bienes embargados fueran entregados a los demandados. Entonces la demandante solicitó y obtuvo la expedición de un auto de certiorari en la Corte de Distrito de San Juan. Después de celebrada la debida vista de dicho certiorari la referida corte de distrito anuló el auto.

La corte de distrito declaró que la fianza prestada para sostener el auto de certiorari era insuficiente (1): Porque no constaba que los fiadores poseían bienes muebles por el doble del valor‘del importe de la fianza; (2) que la cer-tificación al calce de la fianza aparecía suscrita por “C. Eengel, Secretario,”’ sin determinar qué clase de funcio-nario era “C. Eengel, o de donde era él Secretario, y (3) que asimismo la fianza no tenía una fecha ni ninguna indi-cación de haber sido considerada y aprobada por el juez municipal.

Sin hacer un señalamiento de error la apelante en su primera cuestión alega qne la corte municipal carecía de jurisdicción para dejar sin efecto la fianza. La teoría de la apelante parece ser qne como la corte municipal por vir-tud del artículo 14 de la Ley sobre Aseguramiento de Sen-tencias está en el deber de actuar inmediatamente, que por tal razón la corte municipal no tenía ningún control sobre sus propias diligencias, por lo menos para anular un embargo. Una corte siempre puede tener control de sus pro-pias diligencias y un medio radical para impugnar una fianza insuficiente es mediante moción para anular el pro-cedimiento al cual se supone que sostiene.

Hemos resuelto un número de veces y recientemente en el caso de Marín v. Acosta, Juez, 30 D. P. R. 26, que la ex-pedición o negativa a expedir un mandamiento de certio-rari es, en gran parte, discrecional en la corte que tiene derecho a expedirlo. No' creemos que el auto de certiorari Xmocede en absoluto toda vez que no ha habido, ninguna ver-dadera infracción del procedimiento. Fué prestada una fianza y anulado un mandamiento de embargo pero según nuestra actual información nos sentimos obligados a resolver que una decisión por la cual se declara nula y sin nin-gún valor una fianza no infringe ninguna regla de procedi-miento. Es más bien una conclusión substantiva hecha por la corte en cuestión.

La sentencia apelada debe confirmarse.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Se. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bermúdez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en causa por infracción al artículo 37 del Código Político.
    No. 2067.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Cómplice — Acusación Insuficiente — Alegaciones Necesarias. — Es insuficiente una acusación formulada contra un cómplice de acuerdo con el artículo 37 del Código Penal cuando en ella no se exponen los hechos que realizó ©1 acusado para dar albergue y protección al autor del delito grave y no se alega que la persona albergada y ocultada había sido acusada o convicta de tal delito grave (felony).
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Martines Nadal. .
    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso se formuló el 16 de octubre de 1920 y copiada a la letra, en lo pertinente, dic'e:

“Mediante esta información el Gran Jurado del distrito judicial de San Juan acusa a Juan Bermudez Sánchez, de una in-fracción al artículo 37 del Código Penal, felony, cometido del modo siguiente: El referido Juan Bermúdez Sánchez, allá por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 1919, en el pueblo de Baya-món, que forma parte del distrito judicial de San Juan, ilegal, vo-luntaria y maliciosamente, a sabiendas de que Jesús Cruz Gómez, (a) Chuchu, había cometido un delito de asesinato, felony, en la persona del policía insular, Juan Fernández, ocultó a dicho Jesús Cruz Gómez (a) Chuchú de las autoridades, guardándole y al-bergándole y dando lugar a que se escapara de la acción de la justicia, todo lo cual es contrario a la ley para tal caso hecha y pre-vista y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

Del pliego de excepciones que forma parte de la trans-cripción aparece que “el acusado antes de entrar en jui-cio, por medio de su abogado, formuló contra la acusación la siguiente excepción previa: “Que los hechos tal y como están alegados en la acusación, no constituyen el delito que se le imputa al acusado, ni están alegados en forma co-rrecta. Discutida ampliamente por las partes esta excep-ción, fué declarada sin lugar por la corte. El abogado tomó excepción por el motivo de que la acusación no bacía más que vaciar las conclusiones legales del estatuto aplicables y no se exponían los becbos en que consistieron los actos del acusado para dar albergue y protección a Jesús Cruz Gó-mez, y porque la acusación no alegaba que este Jesús Cruz Gómez estuviera acusado' ni convicto de un delito de asesi-nato, ni se relataban los becbos realizados por dicbo Jesús Cruz Gómez.”

Siguió el juicio adelante y el acusado fué declarado culpable y condenado a sufrir-la pena de seis meses de presi-dio con trabajos forzados. No conforme, apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato la comisión de diez y ocbo errores. El primero se refiere a la cuestión levan-tada por la excepción previa en la forma que dejamos transcrita. Al argumentarlo invoca la decisión de esta corte en el caso de El Pueblo v. Paz, 12 D. P. R. 100.

En su informe el fiscal mostró su conformidad con el error cometido, basándose en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de California en el caso de The People v. Len Garnett, 129 Cal. 364.

La verdad es que no se concibe cómo habiéndose susci-tado en tiempo una cuestión tan clara, se siguió adelante el procedimiento. No debe construirse sobre una base que no contenga todos los elementos necesarios. Las excepcio-nes sirven para purificar los asuntos desde sus comien-zos. El fiscal pudo allanarse y si estaba convencido de que realmente se había cometido el delito por el acusado, pudo encontrar tal vez en la ley el medio adecuado para acusar de nuevo presentando una. base sólida para el juicio y la sentencia.

En el caso de Paz al emitir la opinión de la corte, des-pués de un cuidadoso estudio de la jurisprudencia, el juez Figueras se expresó así:

“Por esta y por otras reglas de alegación es indudable que es buena la doctrina sentada en las tres primeras resoluciones cita das del Tribunal Supremo del Estado de California; y en el pre-sente caso, por tanto, debió especificar la acusación que Paz, con conocimiento de la comisión del crimen, lo ocultó de las autori-dades, por qué medios y si albergó o protegió al acusado como autor material, especificar también de qué manera particular rea-lizó los actos de ocultación o protección.” El Pueblo v. Paz, 12 D. P. R. 99, 109.

Y en el caso de California citado por el fiscal, la corte se expresó del siguiente modo:

“El acusado fué convicto como cómplice en un delito de hurto mayor, por virtud del artículo 32 del Código Penal, que dice así-. “Poda persona que después de tener pleno conocimiento de que se ha cometido un delito grave (felony), lo ocultare al magistrado co-rrespondiente, o albergare y protegiere a la persona acusada o convicta del mismo, será considerada cómplice."
“El artículo transcrito es en manera alguna tan claro ni tan explícito como' pudiera serlo. Así también la palabra ‘ ocultare, ’ tal como está aquí usada, significa algo más que la mera retención del conocimiento que posea una persona de que se ha cometido un de-lito grave. Esta ocultación _ necesariamente incluye como elemento algún acto afirmativo por parte de la persona que tienda o se en-camine a guardar secreta la comisión del delito. El mero silen-cio después de conocida su .comisión no es bastante para conside-rar a la persona como un cómplice. Además, la palabra ‘acusada/ como se usa en el artículo, implica una denuncia o acusación formal presentada contra el autor del delito, aunque pudiera ser que un arresto sin mandamiento fuera también suficiente. Simples ru-mores generales o hablillas corrientes sobre que una persona lia cometido un delito grave son absolutamente insuficientes para colmar la medida exigida por la palabra ‘acusada.’
“Dejando a un lado otras cuestiones que surgen de la acusa-ción, encontramos que la misma imputa que una tal Lewis cometió un delito de burto mayor, y que el acusado Garnett ‘después de tener pleno conocimiento de que dicho delito grave había sido co-metido como antes se ha dicho, voluntariamente * * '* y en-tonces y allí ocultó dicho delito al magistrado, y albergó y pro-tegió a dicha Laura Trixie Lewis, ayudando a dicha Laura Trixie Lewis a huir fuera del condado de Fresno, estado de- California, y albergando y ocultando a dicha Laura Trixie Lewis de las autori-dades y protegiéndola de ser arrestada y castigada por la comi-sión de dicho delito, teniendo el dicho Len Garnett entonces y allí la intención y el propósito de ocultar al magistrado el crimen co-metido por la dicha Laura Trixie Lewis, con pleno conocimiento que entonces tenía de que dicha Laura Trixie Lewis había come-tido dicho delito en la forma antes mencionada, y de que el mismo era un delito grave.’
“No encontramos, alegación alguna en esta acusación de que Lewis estuviera acusada de un delito grave. Por tanto, aquella parte de la acusación que imputa al acusado Garnett el albergarla y protegerla nada significa. Por razón de la falta de esta ale-gación toda prueba tendente -a sostener esa parte de la acusa-ción debió no ser oída por el jurado y el caso juzgado sobre la teoría iónica de que el acusado ocultó al magistrado la comisión del delito. Por el contrario, se sometió prueba sobre ambas partes de la acusación, y ambas fueron consideradas por el jurado. Este hecho resulta de las instrucciones de la corte. Por tales razones el caso debe ser devuelto para nuevo juicio. Es imposible, con vista del veredicto, llegar a otra conclusión que no sea la que el acusado fué convicto como cómplice por haber albergado y prote gido a Trixie Lewis.” People v. Garnett, 129 Cal. 366-7.

Por virtud de lo expuesto y sin que sea necesario entrar en la consideración de los otros errores señalados por ha-berse demostrado la existencia del primero que es fundamental, debe revocarse la sentencia recurrida.

Revocada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por adulteración de leche.
    No. 2069.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Venta de Leche Adulterada — Prueba dio la Venta — Insuficiencia de Prueba. Una sentencia por venta de leche adulterada, que tiene por base el testi-monio no corroborado de un inspector de sanidad que repetidamente elude contestar satisfactoriamente si vió al acusado vender la leehe adulterada, no debe prevalecer.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Er. A. Torres Górdova.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de haber vendido leche de vaca adulterada, habiendo sido declarado culpable del delito im-putado. Prácticamente la única prueba tendente a demos-trar una venta es la manifestación hecha por un Inspector de Sanidad, de la cual transcribimos lo siguiente:

“Este joven tenía dos porrones de leehe en la mano, en en-vases de cristal y yo estaba tomando una muestra de leehe en el depósito de José Sandoval y llegó él eon la leehe y me dijo: ‘yo quiero que Yd. examine esta leche,’ entonces yo le dije: ‘espé-rese un momentito en lo que acabo de' terminar la recolección de estas muestras para complacerlo’; de’spués que terminé, tomé la leche de él y me estuvo muy sospechosa de estar adulterada, en-tonces tomé muestras oficiales y determiné la responsabilidad sobre él en virtud de que él tiene un affidavit jurado ante notario en la oficina para dedicarse a la venta de leche: ¿Yd. le vió vender le-che ese día? R. Después que le tomé la muestra él vendió la leche. Defensor: Pedimos que se elimine lo del affidavit, porque la mejor prueba es el affidavit. Juez. — Se ordena la eliminación. Fiscal: ¿Yd. lo vió vender leche? R. — Después que tomé la muestra ven-dió la leche. ¿Qué leche fué la que vendió? R. — Era un porrón de envase de aceitunas. ¿Fué la misma lecbe de la cual Vd. tomó la muestra? R. — Sí, señor; de la misma que yo tomé la muestra. P. — ¿Ud. le permitió venderla? R. — Yo se la devolví y él la ven-dió. ¿Aquí en Ponce? R. — En Ponce. ¿Bajo qué número mandó esa muestra al laboratorio químico? R. — Bajo el número 31538. Defensor: ¿Dice Vd. que le vió vender leche a él? R. — Después que yo le tomé su muestra, él vendió el resto de la leche. ¿A quién se la vendió? R. — El se lá vendió allí en la calle a distintas perso-nas (digo) familias. ¿Habían muchas familias allí? Sí. Tomó .el nombre de algunas'de ellas? R. — No tenía ninguna necesidad. ¿No recuerda ninguna? R. — No recuerdo. ¿Vd. bajo el juramento que ha prestado, está seguro que él vendió leche? R. — Que vendió leche. ¿Pero en ese día, la leche esa que Vd. ocupó? R. — -Vendió la leche de la cual sobró. ¿La denuncia que Vd. juró antes fué por vender o por otra cosa? R. — Porque vendió leche adulterada. ¿La denuncia jurada por Vd. ante, el Fiscal es é’sta? Lea lo que dice. R. — El acusado de referencia voluntaria, maliciosa e ilegalmente ven-dió leche de vaca adulterada con agua ambulante por las calles de Ponce. ¿Vd. lo vió vender esa leche o lo vió ambular por las calles de Ponce? R. — Después que yo tomé las muestras de leche, la que sobró él la vendió. ¿VcL vió alguna persona, conoce alguna persona que él le vendiera leche? R. — Como él andaba en un carrito de ca-ballo .... ¿En qué calle de Ponce ocurrió eso? R. — Eso fué en la calle Húear, Intendente Ramírez. — ¿Vd. dice que él tenía doS purrones de leche? R. — El llevó dos envases. — ¿Dice Vd. que se encontraba en un depósito y él voluntariamente se presentó a que V. le examinara la leche? R. — El voluntariamente me llevó la le-che. ¿Así es que Vd. no tuvo que ir donde él? R. — Nada.”

Dos veces por el fiscal y tres por la defensa fué inte-rrogado este .testigo si vió al acusado vender alguna parte de la leche en cuestión; y cinco veces en menos de cinco minutos el testigo eludió la cuestión. Las condenas fun-dadas en tal prueba no corroborada y que en su propia faz Uevan el distintivo de su misma desconfianza, no puede per-mitirse que prevalezcan.

Todas las demás circunstancias en el caso fueron si acaso más bien favorables que adversas al acusado.

Véase también el caso de El Pueblo v. Martínez, resuelto en julio 19 de 1923.

Debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada, y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.