author: El Juez Asociado Señoe, Wolf,

text:
    Antonio Quíros Santiago, peticionario y apelante, v. Junta de Farmacia de Puerto Rico, compuesta por los Señores Carlos A. del Rosario, Ramón Daubón, Carlos García de Quevedo, Luis Hernández, y R. López Irizarry, demandada y apelada.
    No. 6088.

    Sometido: Abril 4, 1934.

      Resuelto: Junio 14, 1935.

      A. Quirós Méndez, 'abogado del apelante; Hon. Procurador General Benjamín J. Horton y Felipe Janer, Subprocurador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Quirós Santiago radicó una petición solicitando un auto de mandamus para que se ordenara a la Junta de Farmacia que reconociera su derecho a ejercer la profesión de farmacia y le entregara su licencia de farmacéutico. La corte expidió im auto alternativo. La demandada, por con-ducto de la oficina del Procurador General, contestó, pero después de celebrar una vista, la Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar la petición.

Se adujeron varias defensas; a saber, que por varias razones la junta carecía de facultad o autoridad para cum-plir con lo solicitado, res adjudicata y abandono. El apelante se basa en diversas leyes de la Legislatura, en haber aprobado los exámenes de farmacia muchos años ha, y, po-dríamos decir en efecto, dada la aprobación de su examen y las varias leyes, especialmente la (No. 97) de 1931 (pág. 595), en el hecho de que la Junta de Farmacia es la única entidad en Puerto Eico a quien compete autorizar al peticio-nario a practicar su profesión.

En 1913 ó 1914 el peticionario tomó sus exámenes ante la Junta de Farmacia que entonces existía. Sucede que los miembros individuales de la junta en dicha época resolvieron que el peticionario tenía derecho a ejercer la profesión de farmacia. En su consecuencia, al peticionario se le exigió la suma de $25 por la expedición del diploma o licencia, se-gún sea el caso. Así lo hizo. Entonces se descubrieron fraudes e irregularidades en la expedición de diplomas por la Junta de Farmacia y se adoptaron varias medidas para poner coto a los mismos. Entonces el Tesorero de la Junta devolvió los $25 al peticionario. En el ínterin cinco miem-bros de la junta habían suscrito un documento, sin fecha, que hacía constar que Antonio Quirós Santiago había cumplido con la ley y que, por tanto, se le expedía una licencia para ejercer la profesión de farmacia de conformidad con la ley de marzo 8, 1906 (pág. 72, Comp. 1741-1765). Este supuesto diploma no estaba fechado ni registrado y nunca fué entre-gado al peticionario.

Entre otras cosas, el Sr. Daubón, que formaba enton-ces parte de la junta y que también era uno de los miem-bros de la junta en la época en que se celebró la vista del caso, declaró que el peticionario había tomado sus exámenes y los Rabia aprobado satisfactoriamente, por lo menos aqué-llos que Daubón había examinado, y que la junta también ha-bía convenido en que el peticionario estaba completo. No obstante, más tarde una junta posterior examinó el caso y resolvió, más o menos en armonía con la decisión de este tribunal en el caso de Monclova v. La Junta de Farmacia, 24 D.P.R. 46, que el peticionario no tenía derecho a su licencia toda vez que no se había matriculado debidamente.

La sección 9 de la Ley (No. 15) de 1921 (Leyes de ese año, página 139) provee:

“Toda persona a cuyo favor se haya expedido una licencia de Farmacéutico sin haber llenado previamente los requisitos prescritos por la Ley, y haya ejercido consecutivamente por un período no menor de tres 'años, tendrá derecho a ejercer o a continuar ejerciendo la profesión de farmacia, siempre que dicha persona no haya sido con-victa de fraude con el propósito de obtener la expedición de la licen-cia.”

El peticionario cita esta ley en el curso de su alegato y hasta cierto punto se funda en ella para demostrar que era innecesario que se matriculara. Sin embargo, conforme lo entendemos, el derecho al auto de mandamus en este caso no depende de la referida sección 9 y nos referiremos a esto nuevamente.

En lo que el peticionario se basa es en la ley de 1931 (Le-yes de ese año, pág. 595) que dispone lo siguiente:

“Ley para autorizar la entrega de ciertos diplomas retenidos por el Board de Farmacia de Puerto Rico, y para otros fines.
“Decrétase por la A¡samblea Legislativa de Puerto Rico:
“Sección 1. — Toda persona a cuyo favor se hubiese llenado un diploma de farmacéutico firmado por cuatro o más miembros del Board de Farmacia o que aparezca como que ha aprobado todas las asignaturas de la carrera de farmacia en los registros oficiales tendrá derecho a ejercer la farmacia en Puerto Rico siempre que no hubiese cometido fraude en los exámenes; Disponiéndose, que la junta de farmacia deberá registrar estos diplomas después de expedidos.
“Sección 2. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.
“Sección 3. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su aprobación.”

La corte inferior indicó que de acuerdo con la referida ley una persona que había cumplido cualquiera de los requisi-tos de la misma tendría derecho a ejercer la profesión de farmacia en Puerto Rico, siempre que no hubiera cometido fraude. Entonces la corte resolvió que la primera parte de la ley de 1931 no imponía deber alguno a la junta, que el único deber impuesto más tarde a la junta era registrar los. diplomas luego de haber sido expedidos. La corte continuó diciendo que la ley no expresa qué diplomas deben ser ins-critos ni quién deberá expedirlos; que no se desprendía que la Junta tuviera obligación alguna de entregar un diploma, etc.; que una licencia no era un diploma y que la licencia (sic) que expidieron en este caso no tenía valor, eficacia o efecto legal alguno toda vez que la misma no expresaba la fecha; que el único sitio en que se hablaba de la entrega era en el título, y que el título no constituía la ley.

La ley en verdad no es clara. Empero, la lectura de la misma nos convence plenamente de que ni por ella ni por ninguna otra ley en Puerto Rico la Junta de Farmacia está obligada a expedir licencia excepto cuando el candidato ha cumplido con ciertos requisitos previos y se ha matriculado de conformidad con la ley general. En otras palabras, los deberes de la junta, según las distintas leyes de farmacia de Puerto Rico, son limitados. El peticionario no nos con-vence de que la Junta de Farmacia tuviera el deber de ex-pedirle una licencia a tenor de la ley de 1931. Dando al pe-ticionario todo beneficio en pro de su reclamación, se des-prendería que lo que la Legislatura de Puerto Rico hizo fue autorizar al peticionario a ejercer su profesión en esta Isla bajo las condiciones establecidas en-dicha ley, mas esta última no ordenó a la Junta de Farmacia que autorizara al peticio-nario a ejercer la referida.profesión. Podemos repetir que esta autorización provendría de la ley misma.

La petición de mandamus en este caso no solicita de la junta que expida al peticionario la supuesta licencia firmada años ña por los cinco miembros de la junta, sino que solicita en parte de la corte inferior que ordene a la junta que expida al peticionario una licencia. Si éste tenía algunos derechos éstos emanaban de la ley de la Legislatura misma y no necesitaba actuación ulterior de parte de la junta.

El peticionario dice en su alegato que un farmacéutico tendría que exhibir su licencia a fin de poder ejercer la pro-fesión. La sección 5 de la Ley de 10 de marzo de 1910 dis-pone lo siguiente (Estatutos Revisados de 1911, Sección 1755):

1 ‘ Intercalar entre la sección 14 y la siguiente un apartado que diga así: ‘Las licencias otorgadas por esta junta o por anteriores juntas deberán estar colocadas en los establecimientos de farmacia donde es-tuvieren empleados sus respectivos poseedores’.”

Esta ley exigiría’ al peticionario que exhibiera su licen-cia, de haberla obtenido, pero si la Legislatura expresamente le autoriza a ejercer su profesión, no tendría que exhibirla. Lo que entonces quizá podría hacer sería poner en un marco copia de la ley y obtener copia del documento suscrito por los cinco miembros de la junta hace un número de años.

Decimos todo esto sobre la base de que el peticionario tuviera derecho a que su licencia le fuera expedida después de haber tomado sus exámenes. Sin embargo, tal no era la realidad. El no se había matriculado debidamente. Conforme leemos la sección 9 de la ley de 1921, la misma no es aplicable a este caso toda vez que, siguiendo su letra estric-tamente, ninguna licencia fué realmente expedida al peti-cionario. Esta continuó en poder de la junta. No podemos interpretar la sección 9 de la ley de 1921 en el sentido de que es un sustituto de la matrícula. Cualquier licencia que hubiera, quedó viciada al dejarse de cumplir con los requisi-tos previos.

No hemos prestado gran atención a la cuestión de res judicata, pero otra persona de apellido Giol, en unión al pe-ticionario, acudió a la Corte de Distrito de San Juan y su solicitud fue denegada. No estamos preparados para resolver que la corte de distrito estuvo equivocada al decidir que el demandante estaba impedido (barred) ni que no fuera culpable de abandono (laches).

El auto de mandamus no procede en un caso dudoso. Debe desprenderse claramente que la Junta de Farmacia tenía un deber impuesto específicamente por la ley o cualquier inferencia muy necesaria de otras disposiciones de la ley.

González v. Junta Examinadora, 20 Jurisprudencia Filipina 376, fue un caso en que el peticionario trató de obte-ner un certificado de la Junta Examinadora de Farmacéuticos de las Islas Filipinas. Los hechos son distintos a los del presente caso. Sin embargo, la corte dijo:

“Es requisito esencial para que se expida el mandamiento de mandamus que el demandante tenga un derecho evidente a la cosa que solicita y ha de ser deber ineludible del demandado el de ejecu-tar el acto requerido. Nunca se expide en casos dudosos. Aunque no sea necesario que el deber sea absolutamente expreso, es preciso que conste de una manera clara. No se expedirá mandamiento al-guno para obligar a un funcionario a hacer algo que no está obligado a hacer o cuyo deber es no hacerlo u otorgar al solicitante algo a que no tiene derecho por la ley. El mandamiento ni confiere facul-tades ni impone deberes. Es simplemente una orden para ejercer una facultad que ya se tiene y cumplir con un deber ya impuesto.”

La sentencia a/pelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Carmelo Sierra, demandante y apelante, v. José Pilar Santiago y Felipe Santiago, demandados y apelados.
    No. 6312.

    Sometido: Junio 19, 1934.

      Resuelto: Junio 17, 1935.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; A. Bivera Colón, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito de daños y perjuicios instituido en la Corte Municipal de Ciales. En un pleito anterior ante la misma corte, las personas que constituían la sucesión de Manuel Maldonado promovieron un pleito contra el aquí apelante, Carmelo Sierra, en cobro de cierta cantidad de dinero. Dichas personas obtuvieron un embargo para asegu-rar la efectividad de la sentencia, en el cual los fiadores eran José Pilar Santiago y Felipe Santiago, los aquí apelados. A tenor de dicho auto se embargó una finca compuesta de 7.80 cuerdas. En la demanda que tenemos a la vista se alegó que los demandantes en el pleito anterior prosiguieron el mismo tesoneramente y que la Corte Municipal de Ciales lo declaró sin lugar. La cuestión principal envuelta en este re-curso es que dicho litigio causó al aquí demandante daños y perjuicios ascendentes a la suma de $400, qne los referi-dos fiadores lian dejado de satisfacerle. La corte de distrito declaró sin lngar la demanda.

La primera partida de daños y perjuicios alegada era qne el referido pleito anterior impidió qne el apelante vendiera los bienes embargados, teniendo éste nna oferta ventajosa sobre los mismos.

La corte de distrito no quedó convencida por la prneba de qne el demandante recibió nna oferta definitiva sobre los aludidos bienes y expnso sns razones para ello, y el apelante-no nos convence de qne ella estuviera equivocada. Conve-nimos de nn todo en qne prneba de un embargo, qne puede ser fácilmente levantado, no sería tal obstáculo qne impedi-ría a nna persona comprar nna finca deseable, especialmente cuando la cantidad qne ña de pagarse es relativamente pe-queña. El apelante copia extensamente de la exposición del caso para demostrar nna apreciación errónea de la prneba, pero en tanto en cnanto un supuesto conflicto tenga peso en este caso, no podemos bailar qne la corte inferior estu-viese equivocada. Aun si el razonamiento de la corte al calcular las posibilidades de la propiedad como una lechería no era correcto, ello no importaría mucho. Creemos igual-mente qne la reclamación es remota y qne no es nna cansa próxima. Lowande v. Otero & Co., 15 D.P.R. 194.

El otro elemento de daños y perjuicios alegados son las costas incurridas por el apelante con motivo del litigio anterior. En el mismo la parte demandante y apelante obtuvo sentencia por las costas. Dejó de reclamarlas dentro de tal pleito. En el presente recurso trata de recobrar las costas y los honorarios de abogado en qne se le obligó a incurrir por virtud de la iniciación del otro pleito. El apelante admite qne las costas qne hubiera podido haber obtenido por la sentencia no pueden ser recobradas, pero admitiendo también qne no podían concedérsele honorarios de abogado en dicho pleito trata de recobrarlos en éste. Aunque puede haber excepciones, la regla general es que las cos-tas o desembolsos, y especialmente los honorarios de abo-gado, incurridos en la defensa de nn litigio no pueden ser recobrados como elementos de daños y perjuicios. Day v. Woodworth, 13 How. 362; Flanders v. Tweed, 15 Wall. 450; nota a Winkler v. Roeder, 8 A.S.R. 158; 17 C. J. 807. De igual modo, cnando nn estatnto prescribe los casos y la forma en que en pleitos ordinarios tales honorarios pueden ser re-cobrados, ningún otro remedio puede ayudar a un deman-dante que tuvo que defenderse en otro pleito. Véanse algunos de los casos citados. Ésta es la regla en Puerto Pico. El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, lee como sigue:

“Las partes en acciones o procedimientos, incluyendo El Pueblo de Puerto Rico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben.
“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los servicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponién-dose, que nada de lo contenido en esta sección, se entenderá que concede honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impusieren a un demandado que no hubiere radicado su com-parecencia en una acción o procedimiento; Y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia.”

Este artículo según fué originalmente aprobado en 1904 disponía:

“La cuantía y forma de pago de los honorarios de los abogados y consultores se deja al convenio expreso o tácito de las partes; pero las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las costas y a los desembolos, según más adelante se dispone.”

El demandante abandonó sn reclamación por las costas ante la corte municipal y quizá sea su mala suerte que en un pleito por menos de $500 no se puedan conceder honora-rios de abogado.

Existe también otra duda. Los demandados en el presente recurso eran los fiadores en una fianza prestada para trabar nn embargo. Es bastante remoto hacerles responder de honorarios de abogado o de cualquiera otra cosa que no sea el resultado directo de la iniciación del litigio o del embargo incidental.

No hallamos abuso de discreción en la intervención de la corte durante el curso del litigio, ni tampoco en la imposi-ción de las costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asocíalo Señor Wolf,

text:
    The Fajardo Sugar Growers’ Association, demandante y apelada, v. Ramón Pérez Villamil Romano, José Pérez Villamil Romano, representado y asistido éste por su tutora María Luisa Rosario, y Carlos J. Torres, demandados y apelante el segundo.
    No. 7043.

    Sometido: Mayo 20, 1935.

      Resuelto: Junio 21, 1935.

      Juan B. Soto y Juan F. Soto, abogados del apelante; Jaime Sifre, Jr., y Horacio Franceschi, abogados de la apelada; Carlos J. Torres, por su propio derecho y Joaquín Vendrell, abogados del deman-dado Ramón Pérez Yillamil Romano.
   El Juez Asocíalo Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En abril 9 de 1928 Josefa Romano Cestari cedió en arren-damiento dos fincas a la Fajardo Sugar Growers’ Association, demandante en el recurso de interpleader presentado ante la Corte de Distrito de San Juan. El arrendamiento se extendía basta el Io. de julio de 1943. Por la finca “Cupey” se pagaría una renta anual de $932.10 y $6,017.53 por la finca “Venecia”, en plazos mensuales. La finca “Venecia” fué vendida a José Pérez Villamil el 23 de junio de 1928 y el 27 del mismo mes la finca “Cupey” fué vendida a Ramón Pérez Villamil. El 8 de agosto de 1928 los referidos José y Ramón notificaron a la demandante que el 65 por ciento del total de las rentas adeudadas sobre ambas propiedades debía ser pagado a José y el 35 por ciento a Ramón.

En noviembre 18 de 1929, José Pérez Villamil, dueño de la finca “Venecia”, notificó a la demandante que dieba finca había sido vendida al aludido Ramón y que los cánones de arrendamiento debían, en su consecuencia, ser remitidos directamente a este último. A partir de esta fecha, y durante algún tiempo, la demandante pagó todas las rentas a Ramón, dueño para aquella época de ambas fincas. Sin embargo, según la demanda, entonces los dos Pérez Villamil conti-nuaron dividiéndose las rentas en la proporción del 65 y 35 por ciento.

El 2 de mayo de 1930, José Pérez Villamil se convirtió nuevamente en dueño de la finca “Venecia” y notificó a la demandante que debía pagarle las rentas de la mismo. Empero, y de la demanda no se desprende por qué, la arren-dataria continuó pagando el 65 por ciento del total de los cánones a José y el 35 por ciento a Ramón. El 31 de marzo de 1933, Ramón Pérez Villamil notificó a la arrendataria del traspaso de las rentas de ambas propiedades, o de parte de las mismas, a Carlos J. Torres. Si entendemos las alega-ciones de la demanda, irrespectivamente de los convenios existentes entre José y Ramón, no se demostró que este último, al efectuarse el supuesto traspaso, tuviera interés alguno en la finca “Venecia”. De la demanda no se desprende en absoluto que la demandante tuviera entonces órdenes de dividir las rentas en proporción del 65 por ciento a José y el 35 por ciento a Ramón. La demanda procede a demostrar nna especie de conflicto.

En mayo de 1934, María Lnisa Rosario, como tutora de José, notificó a la compañía demandante qne debía pagarle las rentas de la finca “Venecia” a ella, mientras qne Carlos J. Torres, como cesionario de Ramón Pérez Villamil, notificó a la compañía qne debía continnar pagando las rentas de ambas propiedades en la proporción del 65 por ciento a José y el 35 por ciento a Ramón. Las rentas anuales sobre ambas propiedades, según la demanda, ascendían a $6,949.60. El 35 por ciento de esa suma excedería de $2,432, mientras qne todas las rentas de la finca “Cupey”, qne claramente per-tenecía a Ramón, ascenderían solamente a $932.10. La dife-rencia entre estas dos cantidades es $1,500 y tanto los Pérez como sns sucesores o cesionarios, reclaman esa cantidad de la demandante. En sn consecuencia, la demandante depositó $125 o más en la corte inferior para cubrir esta renta anual de $1,500 y convino en pagar en lo sucesivo nna cantidad similar. La demandante alegó que le era imposible zanjar las diferencias existentes entre los dos Pérez Villamil y solicitó de la corte qne ordenara a los demandados en el recurso de interpleader qne litigaran entre sí.

Ramón Pérez Villamil y Carlos J. Torres contestaron admitiendo un gran número de las alegaciones de la demanda, pero negando qne la demandante ignorara las personas a quienes debían pagarse las rentas y alegando qne la deman-dante tenía pleno conocimiento de la forma en que dichas rentas debían ser divididas. Sostenían especialmente que a la finca “Venecia” objeto del arrendamiento se le había dado un valor demasiado alto y qne la Fajardo Sugar Growers’ Association no estaba dispuesta a pagar más de $10 por cnerda por la referida finca, y qne Ramón Pérez Villamil no estaba dispuesto a aceptar menos de $10 por cnerda por la finca “Cnpey”. En efecto, así se alegaba en la defensa especial, qne los dos hermanos, José y Ramón, habían convenido en qne la Fajardo Sugar Growers’ Association debía pagar el 65 por ciento a José y el 35 por ciento a Ramón; qne José Pérez Villamil y Ramón Pérez Villamil, en 8 de agosto de 1928, escribieron nna carta a la Fajardo Sngar Growers’ Association notificándole de la existencia de tal convenio y qne, según se alegaba en la contestación, debía pagar dnrante la vigencia del arrendamiento el 65 por ciento a José y el 35 por ciento a Ramón. Se trata de demostrar qne tanto la tutora como la compañía tenían conocimiento de este convenio existente entre los dos hermanos.

La contestación presentada por Ramón alegaba qne José Pérez Villamil hizo el traspaso a Ramón para evadir las re-clamaciones de los acreedores y qne el nuevo traspaso hecho a Ramón tuvo lngar cnando ya había desaparecido el peligro de tales reclamaciones. La contestación de María Luisa Rosario negaba este convenio especial.

Entre otras cosas, esta última contestación sostiene que el contrato de arrendamiento fné celebrado por Josefa Romano Cestari y qne las condiciones relativas a las rentas fueron expresadas en el aludido contrato de arrendamiento, diciendo pues, o tratando de decir por implicación, que un valor semejante por cnerda no fné objeto de convenio alguno entre los dos hermanos, sino qne en el contrato original se expresó el valor de cada finca.

La tutora también alegó qne José padecía de nna grave enfermedad nerviosa cnando tuvieron lngar algunos de los hechos anteriormente narrados y que posteriormente se volvió loco. La inferencia qne ella deseaba la corte hiciera era qne José fné inducido por Ramón a hacer algunas de las cosas por él realizadas, pero que éste en realidad nunca se desprendió de su derecho a percibir el total de las rentas de la finca “Venecia”, conforme se expresa en el contrato original de arrendamiento de la señora Romano Cestari.

De las alegaciones surgían otros hechos. La Corte de Distrito de San Juan declaró con lngar la petición hecha en la demanda original y ordenó a las partes qne litigaran entre sí.

De la faz ele la demanda se nos hace algo dndoso si desde el pnnto de vista de la Fajardo Sngar Growers’ Association ésta no habría estado justificada en pagar a la tntora los cánones de arrendamiento expresados en el contrato, corres-pondientes a la finca “Venecia”. Es cierto que en una ocasión se notificó a la compañía que dividiera las rentas en la proporción del 65 y 35 por ciento, pero más tarde ambas fincas figuraban a nombre de Ramón y la compañía pagaba a éste el importe total- del arrendamiento. Luego la finca “Venecia” fué traspasada nuevamente a José y se despren-dería, hasta cierto punto por lo menos, que la Fajardo Sugar Growers’ Association podía exonerarse de responsabilidad pagando las sumas mencionadas en el contrato original de arrendamiento celebrado por la señora Romano Cestari. En otras palabras, si el aviso original para que se hiciera la división en 65 y 35 por ciento, de ser realmente obligatorio, no fué rescindido por las actuaciones de los dos hermanos al hacer el traspaso de la finca “Venecia”.

Empero, no nos sentimos en posición de decir que no existe en absoluto mérito alguno en la reclamación, en de-recho o equidad, de Ramón Pérez Villamil y Carlos J. Torres. Éstos alegaron en su contestación algunos hechos, que, de ser ciertos, someterían a la demandante a reclamaciones opuestas. Se desprendería que si las aludidas contestaciones de Ramón y su cesionario eran ciertas, éstos eran partes in-teresadas en la reclamación de $1,500 ya mencionada.

Tenemos ante nuestra consideración una moción para de-sestimar el recurso por falta de partes necesarias y porque la apelación es frívola. No estamos del todo convencidos de que la apelación sería frívola, pero nos sentimos obligados a resolver que Ramón Pérez Villamil y Carlos J. Torres eran partes contrarias interesadas y tenían derecho a ser notifi-cados del recurso. Ellos estaban plenamente interesados en que el litigio prosiguiera, tal cual lo había ordenado la Corte de Distrito de San Juan.

Conforme hemos indicado, tenemos algunas dudas en favor de la tutora, mas, independientemente de la desestima-ción técnica aquí solicitada, creemos que el interés de todos sería fomentado litigando en la Corte de Distrito de San Juan, según lo solicitó la Fajardo Sugar Growers’ Association y resolvió la corte.

Debe desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señor Del ToRO,

text:
    Margaret Bird, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 955.

    Sometido: Junio 18, 1935.

      Resuelto: Junio 21, 1935.

      J. Henri Brown, G. Ruiz Nazario, Q. E. González j G. Benitez Gautier, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compa-reció por escrito.
   El Juez Pbesidente Señor Del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, la escritura de venta No. 16, otorgada en esta ciudad el 2 de abril, 1934, ante el notario Gustavo Benitez Gautier, por virtud de la cual el mársbal de la Corte de Distrito de San Juan Manuel Náter Girona en cumplimiento de orden de ejecución dictada en el pleito seguido ante dicha corte por Margaret Bird v. Helen Porter Nechodoma, Emilio Nechodoma Strobel, Antonin Nechodoma Strobel, Benjamín Nechodoma Porter, y Helen Nechodoma Porter, como únicos componentes de la Sucesión de Antonin Nechodoma en cobro de dinero, vendió a la deman-dante, representada por su abogado y mandatario verbal Clemente Ruiz Nazario, tres fincas por precio de trescientos dólares cada una, o sea en junto novecientos dólares que fue la suma por la cual se adjudicaron las indicadas fincas a la demandante como único postor en la subasta celebrada al efecto, causó la siguiente nota:

“Denegada la inscripción ele este documento por cnanto las tres fincas- se hallan inscritas 'a nombre de Antonin Nechodoma persona distinta de los demandados, habiéndose denegado la finca letra B, además, en cuanto a la diferencia de 102.50 m/c por aparecer segre-gados e inscritos también a nombre de persona distinta de dichos de-mandados, tomándose ...”

No conforme la compradora, interpuso el presente re-curso gubernativo.

Sostiene en primer término que el registrador erró “porque esta Hon. Corte, en los casos de Zayas v. Registrador, 14 D.P.R. 607, y García v. Registrador, 41 D.P.R. 469, ha resuelto que no es necesaria la previa inscripción a favor del causante, en caso de adjudicación de bienes mediante decreto judicial dictado en un procedimiento ordinario en cobro de crédito hipotecario, y porque no existe razón legal alguna para diferenciar un pleito ordinario en cobro de un crédito hipotecario, de un pleito ordinario en cobro de un crédito común, y de establecerse tal distinción se estaría privando a la aqní recurrente de la protección igual de las leyes, que le garantiza la Carta Orgánica de Puerto Rico y la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.”

Es cierto que en los castís citados esta Corte resolvió que no era necesaria la previa inscripción a favor de los here-deros, pero lo fué como se expresa en el primero y se rati-fica en el segundo porque tratándose “de una venta judicial hecha en pago de un crédito hipotecario, no se necesita la inscripción previa de las fincas hipotecadas a favor de los herederos del deudor para que pueda inscribirse la escritura judicial de venta en pago, a tenor de lo dispuesto por la Real Orden de 22 de julio de 1896 que forma parte de la legislación hipotecaria vigente y que esta Corte Suprema ha aplicado ya en marzo 25 de 1904 en el caso de Passalacqua v. Registrador de la Propiedad de Caguas.” Zayas v. Registrador, 14 D.P.R. 607, 609.

Siendo lo decidido en el caso de Passalacqua Hnos. v. Registrador, 6 D.P.R. (2a. ed.) 42, 44, en el que fué Ponente el Juez Presidente Sr. Quiñones, lo que sigue:

“. . .si bien era doctrina y jurisprudencia constante de la Dirección General de los Registros de la Propiedad, sin más excepción que en los casos de la herencia yacente, que debían inscribirse a nom-bre de los herederos del deudor los bienes vendidos o adjudicados me-diante procedimiento judicial para pago de deudas, antes de hacerse la inscripción a favor del comprador o del adjudicatario, esta doctrina quedó modificada por la Real Orden de 22 de julio de 1896 dictada a instancia del Gobernador del Banco Hipotecario de Madrid, y co-municada directamente a la Dirección General de los Registros de la Propiedad, por la que se dispuso que en los casos de venta o adju-dicación de inmuebles hipotecados, a virtud de procedimiento eje-cutivo, seguido a instancia del acreedor hipotecario contra los here-deros del deudor, o del tercer poseedor, no es precisa l'a previa ins-cripción a favor de los mismos, para que pueda inscribirse la escri-tura, que está inspirada en la recta inteligencia de los artículos 105 y 133, en armonía con el 20 de l'a Ley Hipotecaria de España, que se reproducen sustancialmente en la vigente en esta Isla, es de aplicación general, y por consiguiente, debe tenerla en el presente caso, en que concurren todas las circunstancias que dicha orden determina. ’ ’

Si aquí se tratara de una venta judicial en un procedi-miento ejecutivo hipotecario, tendría razón la recurrente, pero como se trata de un pleito civil ordinario en cobro de pesos, seguido contra los herederos, la regla general preva-lece, de acuerdo con lo decidido por esta corte en repetidos casos.

En Garrido v. Registrador, 12 D.P.R. 405, en pleito seguido en cobro de pesos contra las Sucesiones de Bárbara Torres y su esposo Vicente Melchor Ros, al ejecutarse la sentencia dictada a favor del demandante Garrido se le ad-judicó la casa embargada perteneciente a las demandadas. Presentada en el registro la escritura de venta por adjudi-cación, el registrador se negó a inscribirla por no haberse registrado primero la casa a favor de las demandadas. Re-currida la nota, fué confirmada por esta Corte Suprema.

A igual conclusión se llegó años después en el caso de Figueroa v. Registrador, 18 D.P.R. 260, y en el de Pomoles v. Registrador, 19 D.P.R. 637, en el que hablando por la corte su Juez Presidente Hernández, se expresó así:

“Al resolver eu 25 de marzo de 1904 recurso gubernativo de Passalaequa Hermanos y Cía. v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, 6 D.P.R. 86, dijimos, ‘era doctrina y jurisprudencia de la Dirección General de los Registros de la Propiedad, sin más excepción que en los casos de la herencia yacente, que debían inscribirse a nombre de los herederos del deudor los bienes vendidos o adjudicados me-diante procedimiento judicial para pago de deudas, antes de hacerse la inscripción a favor del comprador o del adjudicatario;’ de esa doctrina hicimos aplicación al resolver el recurso gubernativo de Figueroa v. Registrador de la Propiedad, 18 D.P.R. 260.
“De la escritura de que se deja hecho mérito no resulta si en l'a demanda se designaron los miembros componentes de la sucesión de Pedro García, ni en qué forma fueron citados para el juicio, ni si comparecieron a él, ni si la sentencia fué dictada o no en rebeldía. No aparece que la reclamación se dirigía contra una herencia yacente y por tanto la finca debe ser inscrita previamente a nombre de los herederos de García para serlo luego a favor del comprador.
“La Real Orden de 22 de julio de 1896 dictada a instancia del go-bernador del Banco Hipotecario de Madrid y comunicada directa-mente a la Dirección General de los Registros de la Propiedad, por la que se dispuso que en los casos de venta o adjudicación de inmue-bles hipotecados a virtud de procedimiento ejecutivo seguido a ins-tancia del acreedor hipotecario contra los herederos del deudor o del tercer poseedor, no es precisa la previa inscripción a favor de los mismos, para que pueda inscribirse la escritura de venta o el testi-monio de adjudicación, no es aplicable al presente caso por no con-currir en él todas las circunstancias que dicha Real Orden determina. ’ ’

Y, por último, en el caso de Orcasitas v. Registrador, 45 D.P.R. 110, 111, esta Corte de modo terminante resolvió, a virtud de opinión emitida por su Juez Asociado Sr. Hutchison, lo que sigue:

“Un registrador de la propiedad se negó a inscribir la escritura otorgada por un márshal de una parcela de terreno vendida en ejecución de sentencia en una acción personal instituida por un acreedor hipotecario contra los herederos del deudor para recobrar el importe de la hipoteca. El artículo 20 de la Ley Hipotecaria prohibe que se inscriba cualquier enajenación hecha por el cedente, o a su nombre, cuyo título a la propiedad en cuestión no estuviere previamente ins-crito. Este artículo fué modificado por Real Decreto de 22 de julio de 1896, a fin de permitir que se inscribieran las escrituras de bienes vendidos en procedimiento ejecutivo sumario. Passalacqua Hnos. & Cía. v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 6 D.P.R. 42, segunda edición: Zayas v. Registrador de la Propiedad de Ponce, 14 D.P.R. 607; Orcasitas v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 21 D.P.R. 553; y Zayas v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 28 D.P.R. 116.
“El recurrente cita de 2 Galindo 214, edición de 1903, como si-gue:
“ ‘Aunque la Real Orden de 22 de julio de 1896 sólo se refiere al caso de ejecución instada por un acreedor hipotecario, creemos que puede 'aplicarse también al de que la ejecución se haya seguido a ins-tancia de un acreedor personal, porque donde hay la misma razón debe aplicarse el mismo derecho.’
“No es necesario que nos detengamos a investigar hasta qué punto l'a certeza de la premisa aquí envuelta puede ser afectada por la diferencia existente entre una acción puramente personal y un proce-dimiento sumario quasi in rem. Admitiendo, para los fines de la ar-gumentación solamente, que podría existir en uno u otro caso la misma razón para tal regia, es ése un hecho para la consideración de la legislatura. La fraseología clara del Decreto Real no puede ser ex-tendida por legislación judicial con el propósito de incluir acciones puramente personales. ’ ’

No podemos ver cómo la conclusión a que en esos casos se llega prive a los ciudadanos de la igual protección de las leyes que les garantizan nuestra Carta Orgánica y la Enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos de Amé-rica.

La regla de la previa inscripción es la general. Se basa en lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. A virtud de la muerte del causante, pasan sus bienes a sus be-rederos y se inscriben a nombre de todos en el registro en los casos de indivisión y de cada uno, en la porción corres-pondiente, cuando la partición se ba practicado. He las deudas del causante responden los herederos tanto con los bienes de la herencia cuanto con los suyos propios a menos que se hubieran acogido al beneficio de inventario.

Siendo ello así, debiendo inscribirse en el registro todas las transferencias de dominio, la que tiene lugar a título de herencia parece lógico que también se inscriba. Se ha-bía reconocido la excepción de la herencia yacente, caso en el que en verdad no existen herederos, no habiendo por tanto trasmisión de dominio, y en el que por una ficción legal se considera que continúa subsistente la personalidad del difunto, y se reconoció luego por Eeal Orden el de la venta de bienes hipotecados por el causante para satisfacer la deuda por el mismo contraída, viniendo así a constituir dicha pres-cripción otra especialidad del procedimiento ejecutivo hipo-tecario.

Si pudiera sostenerse que con ello se negó a los ciudada-nos la igual protección de las leyes, habría que concluir que también se negó cuando se dispuso por ejemplo que en ca-sos de hipoteca basta el requerimiento al deudor y el no pago de la deuda dentro del plazo de treinta días, para or-denar la venta en pública subasta de la finca hipotecada, cuando en casos ordinarios en cobro de pesos se necesita establecer demanda con derecho al demandado para excep-cionar y contestar, no pndiendo decretarse la venta de los bienes del deudor previamente embargados hasta que no haya sido declarado tal por una sentencia dictada de acuerdo con los hechos y la ley. Y sabemos que no es así.

No se trata de desigualdades sino de especialidades que imponen las .peculiares circunstancias de las diferentes re-laciones jurídicas que surgen entre los hombres considera-das en general y no con respecto a determinada persona en particular.

Tampoco creemos que esté envuelto ningún derecho subs-tancial. Todo lo que la ley tal como ha sido interpretada requiere para los casos corrientes, es un asiento más en el registro y el pago de los derechos que ese asiento lleve con-sigo.

Insiste la recurrente en que la nota debe revocarse “porque a los efectos de la adjudicación de referencia, en un pleito seguido contra la viuda y herederos como continuadores de la personalidad del causante y dé la sociedad de gananciales que existía entre éste y la demandada en dicho pleito Helen Porter, debe reputarse que la herencia está yacente y que cualquier trasmisión hecha en un pleito de la naturaleza del indicado en el presente recurso debe conceptuarse como una transferencia directa del deudor causante al acreedor de dicho deudor, sin necesidad de la previa inscripción de los bienes a nombre de los presuntos herederos de dicho causante.”

Se acoge a una de las excepciones. La de la herencia yacente. ¿Es ésa la condición de la herencia en este caso?

En Figueroa v. Registrador, 18 D.P.R. 260, ya citado, dijimos :

“La primera cuestión que debemos estudiar y resolver es la de si' se trata o no de una herencia yacente. Si la cuestión se resuelve afir-mativamente, debemos suponer existente la personalidad del difunto y considerar como verificada por él mismo la venta de sus bienes, y, en tal caso, no podría negarse la inscripción de dicha venta en el registro de la propiedad. Si, por el contrario, la herencia ha sido aceptada, entonces los bienes deben ser inscritos previamente a nom-bre de los herederos y luego a favor del comprador.
“ ‘Es yacente la herencia no reclamada por nadie.’ (Scaevola, Principios Generales del Derecho Civil, pág. 130.)
“ ‘Mientras la herencia permanece yacente, por haberse abstenido de su aceptación los llamados por la ley, se supone existente la per-sonalidad del difunto.’ (Sent, del T. S. de España, de 5 de junio de 1861.)
“Constando que los herederos han renunciado la herencia, son inscribibles los testimonios de adjudicación de fincas en autos eje-cutivos contra una testamentaría, sin que sea necesaria la previa ins-eión a favor de los herederos. (R. de la D. G. de los R., de 24 de julio de 1884.)
“Seguida ejecución contra los herederos del deudor, y vendida la finca a nombre de la herencia yacente, por ser aquéllos ignorados, no puede exigirse la previa inscripción a nombre de los herederos. (R. de la D. G. de los R., de 25 de abril de 1890.) ”

Procedimos entonces a examinar los hechos y decidimos que no demostraban que la herencia estuviera yacente. Igual sucede aquí a juzgar por la escritura de venta, único do-cumento que tuvo a- la vista el registrador. El pleito se siguió contra Helen Porter Nechodoma y otros como únicos componentes de la Sucesión de Antonin Nechodoma, en co-bro de dinero. La venta se verificó por el márshal en re-presentación de los demandados como únicos componentes de la Sucesión. En ninguna parte de la escritura consta que los demandados hubieran repudiado la herencia de su causante. Al contrario, a juzgar por lo expuesto en ella po-dría deducirse que aceptaron la herencia convirtiéndose en dueños de sus bienes.

Después de manifestarse por las partes la existencia del pleito iniciado pór la demandante Margaret Bird contra los' demandados, cobrándoles $9,648.66 que su causante adeu-daba a la demandante, se agrega: “Segundo: Que mediante orden dictada por el Honorable Juez ... se obtuvo un man-damiento de embargo contra los bienes de los demandados y se embargó como de la propiedad de los demandados las siguientes fincas: . . . Tercero: Que una vez registrado o anotado el embargo de dichas fincas y otras más pertenecien-tes a los demandados . . .”

No hay base, pues, para aplicar las Resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de julio 24, 1884, diciembre 15, 1887, abril 25, 1890 y agosto 7, 1893, que cita la recurrente. Nos limitaremos a transcribir uno de los considerandos de la primera. Dice:

“Considerando que los herederos se han abstenido de aceptar la herencia, y ésla se reputa yacente y subsistente la personalidad del difunto para todos los efectos legales, incluso el de que se considere hecha la venta por el mismo, como declara la sentencia de 5 de junio de 1861, por la que ha de tenerse por cumplido el artículo 20 de la Ley si las fincas de cuya adjudicación se trate se hallan previamente inscritas a nombre de aquél, sin que haya términos hábiles para que se inscriban a favor de los herederos que no llegaron a tener dominio sobre ellas, según doctrina de esta Dirección consignada en las Reso-luciones de 5 de diciembre de 1863 y 20 del mes anterior:” Itálicas nuestras.

Si en verdad la herencia en este caso estaba yacente cuando la venta constante en la escritura de abril 2, 1934, se hizo, las puertas del registro están aún abiertas para la recu-rrente. Ella puede pedir de nuevo y obtener la inscripción del traspaso que se le hiciera sin necesidad de previa ins-cripción de las fincas a favor de los herederos, si acompaña al documento prueba demostrativa de que la herencia de An-tonin Nechodoma estaba en realidad yacente. Pero si los herederos aceptaron la herencia, entonces hubo un eslabón más en la cadena de títulos que debe hacerse constar en el registro.

Insiste, por último, la recurrente en que “aun en el supuesto de que el registrador recurrido hubiera estado autorizado para requerir la previa inscripción de los derechos que en dichos bienes pudieran tener los hijos del causante Antonin Nechodoma, dicho registrador no tenía poder ni autoridad legal alguna para denegar la inscripción de dicha escritura en cuanto a la mitad o el interés que en dichos bienes tiene la demandada Helen Porter, como cónyuge su-perviviente, y a cuyo nombre también figuran inscritos dichos bienes por ser gananciales.”

No estamos conformes. En primer lugar se demanda a Helen Porter como heredera. No consta de la escritura que se hiciera alguna distinción específica. No consta tampoco la forma exacta de la actual inscripción. Lo legal es que si la adquisición se hizo por Antonin Nechodoma estando casado con Helen Porter, surja del registro, existiendo en-tonces la presunción dé que los bienes adquiridos, pertene-cían a la sociedad de gananciales. Dicha sociedad es una persona jurídica distinta de la de cada uno de sus socios. Disuelta por la muerte de uno de ellos, debe liquidarse y la adjudicación que se haga al cónyuge o socio sobreviviente causa también en el registro una nueva inscripción.

Todos estos requisitos no se exigen por dificultar las tran-sacciones, sino por hacerlas claras en evitación precisamente de dificultades que cuando surgen luego en el futuro son mucho más complicadas y difíciles de resolver.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Seńor, Córdova Dávila,

text:
    María Laureano, demandante y apelada, v. Luis Díaz, demandado y apelante.
    No. 6983.

    Sometido: Mayo 29, 1935.

      Resuelto: Junio 21, 1935.

      R. Diaz Cintrón, abogado del apelante; E. Flores Colón, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seńor, Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

María Laureano ejercita acción de desahucio contra Luis Díaz, alegando qne posee a título de arrendamiento cierto solar que se describe en la demanda, perteneciente a la Igle-sia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico, que el demandado tiene instalada en dicbo solar una casa que cubre una superficie como de 50 varas cuadradas, sin autoriza-ción ni consentimiento de la demandante y sin título alguno para ello, y que, habiendo sido requerido para que desocupe la porción de ese solar, el referido demandado se ha negado a desocuparla. Solicita la demandante se dicte sentencia ordenando al demandado que deje libre y expedita la parte del solar de la demandante que ocupa con’ su casa, aperci-biéndolo de lanzamiento si no lo verifica dentro del término señalado por la ley.

El demandado en su contestación alega, entre otras cosas, que en 9 de abril de 1934 adquirió la casa en cuestión por compra a Balbino Lebrón y su esposa María Segarra, quienes a su vez la hubieron de Antonia Díaz Ramos, arren-dataria del solar al Obispado de Puerto Rico. Continúa ale-gando el demandado que la compraventa de esta casa se verificó de una manera real y absoluta, con todos los usos, servidumbres y derechos anexos a la misma, adquiridos por el vendedor de dicha Antonia Díaz Ramos, con el derecho de arrendamiento que de dicho solar tenían los anteriores due-ños por una suma mensual de $1.50 que satisfacían a la Iglesia Católica, Diócesis de San Juan, Puerto Rico.

La corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando el lanzamiento del.demandado del solar descrito en la demanda, “sobre el cual tiene instalada una casa de madera el referido demandado, sin autoriza-ción ni consentimiento de la demandante y sin título para ello.”

El demandado atribuye a la corte inferior varios erro-res qne exponen con cierta vaguedad los motivos qne sirven de base al recurso de apelación. Argumentando el cuarto motivo de error, basado en que no se aducen por el demandante becbos bastantes para determinar una causa de ac-ción, nos dice el apelante que la demanda ba debido ser de-clarada sin lugar ante el aparente conflicto de títulos, que no deben ser ventilados dentro de los sumarios trámites del procedimiento de desabucio, y que las cuestiones de propie-dad no son materias a decidir en juicios de esta naturaleza, por ser un procedimiento especial y único para recuperar la posesión de algún inmueble y lanzar de él a quien lo detente sin título.

La cuestión de cesión de derechos de arrendamiento no surge en este caso de las alegaciones de la demanda, sino de la prueba practicada. La demandante se limita a alegar que posee a título de arrendamiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Eomana de Puerto Rico el solar que se describe en la demanda, sin especificar que ese arrendamiento lo ob-tuvo por cesión de Antonia Díaz, quien fue arrendataria de dicbo solar.

La prueba demuestra que en 29 de julio de 1921, el demandado Luis Díaz vendió a Antonia Díaz una casa de madera por la cantidad de $200; que en 3 de diciembre de 1931 Antonia Díaz vendió a los esposos Balbino Lebrón y María Segarra la referida casa por la cantidad de $113; que en 9 de abril de 1934 el demandado Luis Díaz volvió a adqui-rir de los esposos Lebrón Segarra, por la suma de $60, la misma casa que babía vendido en 1921. El solar donde ra-dica esta casa, que mide 10 metros de frente por 20 de fondo, pertenece a la Iglesia Católica y ba sido arrendado por un canon mensual de $1.50, Cuando Antonia Díaz vendió a Bal-bino Lebrón, éste se bizo cargo de pagar el canon de arren-damiento; cuando Lebrón vendió a Luis Díaz, éste contrajo idéntico compromiso. Lebrón pagó algunas mensualidades y dejó de pagar después. Luis Díaz declara que pagó $4.50 al cobrador de la Iglesia Católica, a quien dijo que le fuese abonando esos meses, permitiéndole abonar algo cada vez que viniese.

La casa vendida por el demandado Luis Díaz en 1921 fué la única construida en el solar arrendado a la Iglesia Católica hasta que Balbino Lebrón, que adquirió en 1931, auto-rizó la construcción de otra casa que más tarde fué vendida a la demandante María Laureano con permiso del referido Lebrón. Este último testigo declaró sobre estos hechos, sin que su testimonio haya sido contradicho.

Así las cosas y a raíz de adquirida la antigua casa por el demandado Luis Díaz, María Laureano, a sus espaldas, prometió pagar y pagó los cánones de arrendamiento venci-dos que Lebrón primero, y Díaz después, debieron satisfe-cer, y obtuvo de Antonia Díaz una cesión del contrato de arrendamiento. Cuando esta cesión se hizo, habían trans-curridos más de dos años desde que Antonia Díaz vendió la casa, se fué de allí y no volvió más a ese sitio, según re-sulta de su propio testimonio. El comprador Lebrón quedó encargado de satisfacer el canon de arrendamiento. El con-trato no sufrió alteración alguna. El canon original con-venido continuó siendo el mimo. Lebrón satisfizo las pri-meras mensualidades al Obispado y dejó de pagar después. La verdad es que Antonia Díaz, al vender su casa, trans-mitió en una forma u otra el arrendamiento del solar a Bal-bino Lebrón, y que más tarde cedió ese mismo arrenda-miento a la demandante María Laureano, cuando había de-jado de ser dueña de la casa y de tener interés en conser-var el solar. El título de Balbino Lebrón, causante del de-mandado, puede ser inferior o superior al título de la de-mandante María Laureano; pero entendemos que no es un procedimiento de desahucio el juicio adecuado para resolver cuál es el título que debe prevalecer. El mismo administra-dor .de la Iglesia nos dice que si hubiese sabido que parte del solar o el solar en su totalidad hubiese sido traspasado a otra persona, se hubiese abstenido de actuar. De la de-claración del Sr. Cecilio Kercadó, administrador de los bie-nes de la Iglesia, copiamos lo siguiente:

“P. ¿En el Obispado hubo algún traspaso de Antonia Díaz a favor de alguna otra persona que no fuera María Laureano?
“R. No, señor.
Dte. No, señor.
“P. Ud. tendría la bondad de informar a la corte si Ud. hubiera aceptado ....
' Dte. Va a establecer una cosa hipotética.
“P. ¿Antonia Díaz aparecía siendo la arrendataria?
“R. Sí, señor.
“P. Uds. teñían conocimiento de que ella había traspasado . . .
“R. Nó, señor.
“P. ¿Si'Uds. hubieran sabido esto hubieran hecho Uds. el tras-paso?
Dte. Nos oponemos, es nna cosa hipotética.
"P. ¿Si Ud. hubiera sabido eso hubiera Ud. traspasado con esa facilidad el derecho de arrendamiento?
“R. Primeramente la cuenta estaba atrasada. :Si yo hubiera sa-bido que Antonia Díaz hubiera cedido parte de ese solar, no hubiéra-mos hecho el traspaso hasta tanto ....
“P. .¿De manera que si hubiera sabido que parte del solar o el solar en totalidad había sido traspasado a otra persona, se hubieran abstenido ....
“R. Sí, señor.
“P. ¿De manera que cuando Ud. hizo esta transacción como admi-nistrador del Obispado, la hizo de buena fe?
“R. Sí, señor.
“P. ¿De manera que Ud. fué sorprendido en su buena fe?
Dte. Esa es una conclusión.”

Las cuestiones que surgen de las alegaciones y la prueba no parecen propias para ser resueltas sumariamente en un procedimiento de desahucio. Ambas partes se basan en un título derivado de Antonia Díaz, arrendataria que fué del solar. Existe un conflicto evidente entre las partes que debe ser resuelto en un juicio plenario y no en una acción suma-ria de desahucio.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar desestimando la demanda, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Rafael Pirazzi, peticionario y apelado, v. Marcos Vecchini Battisti y Josefina Peré Westein, née Josefina Pirazzi, demandados y apelante la última.
    No. 7055.

    Sometido: Junio 17, 1935.

      Resuelto: Junio 21, 1935.

      Alberto 8. Poventud, abogado de la apelante; Edelmiro Martínez Rivera, abogado del apelado; G. Olivieri, abogado del demandado Sr. Vecchini.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se reclaman-alimentos provisionales. El pleito fue tramitado en la corte inferior en la forma pres-crita para el juicio de desahucio. La primera y segunda comparecencias tuvieron lugar los días 25 y 26 de marzo de 1935. Se dictó sentencia en 9 de abril de 1935, concediendo al demandante cierta suma en concepto de alimentos. Se promovió recurso de apelación en 3 de mayo de 1935, y se solicita por el demandante apelado la desestimación de dicho recurso porque el mismo debió entablarse dentro de los cinco días de notificada la sentencia, de acuerdo con el artículo 11 de la “Ley estableciendo el procedimiento para el desahucio y fijando reglas para apelaciones en esta clase de juicios”, que es hoy el artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933.

La parte apelante sostiene qne siendo ésta nna reclama-ción de alimentos a la qne solamente en primera instancia se aplican las reglas especialmente estatuidas para el procedi-miento de desahucio, la sentencia dictada en este caso es apelable dentro del término de treinta días, de acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Dispone la ley que toda reclamación sobre alimentos provi-sionales se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Contra la sentencia que se dicte podrá apelarse, sin que la apelación obstaculice la ejecución de dicha sentencia.

Cualquier reclamación de alimentos provisionales demanda acción inmediata. Es por la urgencia del caso que la ley prescribe un procedimiento breve y sumario para los trámites de una reclamación que tiene carácter perentorio y que debe resolverse rápidamente, porque así lo exige la necesidad im-periosa de conservar la vida. La ley ampara y garantiza los derechos de una y otra parte; pero el procedimiento sumario se decreta más bien para beneficio de la persona que solicita los alimentos, que es la que en realidad tiene verdadera urgencia en una rápida solución del caso. La ley fija el mismo procedimiento para los alimentos provisionales que para el desahucio;, pero cuando se promueve recurso de apelación se establece una notable diferencia, porque en los casos de desahucio se suspende la sentencia, y en los de ali-mentos provisionales el fallo del tribunal inferior es ejecu-torio aunque se haya interpuesto recurso de apelación. Se explica que la ley acelere la interposición del recurso de apelación en un procedimiento de desahucio, porque, no siendo ejecutoria la-sentencia después de apelada, surge la necesidad de acortar los términos para hacer más rápida la tramitación del procedimiento. No resulta así en una acción sobre ali-mentos provisionales, porque la persona que obtiene esos ali-mentos no siente'la presión de una urgente necesidad, toda vez que la sentencia es ejecutoria mientras se substancia el recurso. Y si el fallo le es adverso, puede establecer la ape-laeión inmediatamente, y es de suponerse que así lo haga, ya que es la parte que invoca la necesidad y la que está excepcionalmente interesada en provocar una pronta solu-ción. Una vez decretados los alimentos, cesa para el alimen-tista la necesidad perentoria, la emergencia que tuvo en mente el legislador al prescribir el procedimiento sumario. En cuanto a la parte condenada a satisfacerlos, que es la única a quien puede perjudicar la demora, tiene el campo expedito para apelar desde el primero hasta el último de los treinta días concedidos para establecer el recurso.

La ley establece un remedio rápido y para darle mayor efectividad, teniendo en cuenta las razones apuntadas, ha decretado que la apelación no obstaculiza la ejecución de una sentencia en favor del alimentista.

En éstas y otras razones nos basamos cuando en Hornes v. Giusti (ante, pág. 257), dijimos que es para la primera instancia que rigen las reglas del desahucio. De la opinión emitida en el caso referido copiamos lo siguiente:

"Si nos fijamos en lo prescrito en el artículo 84 de la ley de pro-cedimientos legales especiales, veremos que abarca dos extremos. Por el primero ordena que toda reclamación sobre alimentos se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Por el segundo autoriza la apelación sin que ésta obstaculice la ejecución de la sen-tencia. Es para la primera instancia que rigen las regias del desahu-cio. La apelación se otorga expresamente, con una condición especial, el no obstáculo de la ejecución de la sentencia que se apele. .Cuando el legislador fijó las reglas que contiene la sección 12 de la ley de desahucio, su mente estaba enteramente fija en casos de desahu-cio. Cuando se ocupó de casos de alimentos, pensó que las reglas rápidas del juicio de desahucio podrían serle aplicables y así lo dis-puso, pero ordenó algo especial en cuanto a la apelación. Si su in-tención hubiera sido que las disposiciones de la ley de desahucio re-lativas a la segunda instancia les fueran también aplicables, nada hubiera dicho con respecto a apelación.
"La totalidad de lo dispuesto en la sección 84 de la ley, artículo 618 del Código, demuestra que el legislador tuvo muy en cuenta lo Urgente que son las cuestiones relativas a alimentos. Garantizó un procedimiento rápido para ventilarlas en primera instancia y si bien permitió apelar de las sentencias resolviéndolas, dispuso expresamente que el recurso no obstaculizaría la ejecución de la sentencia. Ésta puede y debe cumplirse no obstante la apelación. La pensión que se fije debe satisfacerse inmediatamente, pudiendo la corte castigar por desacato a la parte obligada a prestarla, si se niega a ello voluntaria y obstinadamente. Villa v. Corte, 45 D. P. R. 879.”

Opinamos que el plazo para establecer recurso de apela-ción contra la sentencia dictada debe regularse por el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y no por el artículo 11 de la ley de desahucio.

Debe declararse sin Vagar la moción solicitando que se desestime la apelación.


text:
    José Juan Bardeguez, demandante y apelado, v. Rita María de los Angeles Bardeguez, demandada y apelante.
    No. 6535.

    Sometido: Abril 10, 1935.

      Resuelto: Junio 21, 1935.

      Pedro E. Anglade, abogado del apelante; F. Beiró Rovvra, abogado del apelado. ... .

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 25 de mayo de 1918 don Juan Bardeguez y Guibbs, viudo y de sesenta yun años de edad, sin haber tenido hijos legítimos ni. legitimados, ni naturales reconocidos, adoptó mediante escritura pública otorgada ante el notario Celestino Domínguez, al demandante José Juan Bardeguez y a la de-mandada Rita María de los Angeles Bardeguez, cuando éstos alcanzaban la edad de veintitrés años el primero y veinticinco la segunda, como hijos legítimos suyos, autorizándoles para llevar su apellido y concediendo a ambos todos los derechos que tienen los hijos legítimos, adopción que fué debidamente aceptada por el demandante y la demandada, quienes antes de ser adoptados llevaban el apellido Gutiérrez. La citada adopción fué inscrita en el Registro de Guayama, donde nació el demandante, y en el de Ponce, donde nació la demandada, después de haber sido aprobada por la Corte de Distrito de Guayama. Encontrándose' enfermo el adoptante Juan Bar-deguez y Guibbs y en peligro inminente de muerte, y cono-eiéndolo así, otorgó testamento de palabra, en el enal insti-tuyó a la demandada Rita María de los Angeles Bardeguez como única y universal heredera de todos sus bienes. Este testamento fue aprobado en 2 de junio de 1930 por la Corte de Distrito de Guayama en procedimiento civil seguido ante la misma sobre protocolización de testamento otorgado en peligro inminente de muerte, habiendo sido protocolizado en el registro del notario de dicha ciudad Pedro E. Anglade, según consta de la escritura pública No. 32, otorgada en 5 de junio de 1930. El referido Juan Bardeguez y Guibbs, quien dejó al morir bienes muebles e inmuebles, omitió en la institución de herederos hecha en su mencionado testamento a su hijo adoptivo José Juan Bardeguez, sin haberlo deshe-redado expresamente. Alega el demandante que tiene de-recho a heredar como heredero forzoso a su citado padre, en la mitad de todos sus bienes, correspondiéndole la otra mitad a la demandada. Básándose en estos hechos y en la ineficacia e inexistencia de la institución de' heredero hecha a favor de la demandada, solicita el demandante que se le declare heredero forzoso en unión de su hermana, con cuales-quiera otros pronunciamientos compatibles con sus alega-ciones.

Los hechos esenciales de la demanda han quedado estable-cidos por las admisiones de la parte demandada, complemen-tadas con la prueba producida en el juicio.

La corte inferior dictó sentencia declarando nula e inexis-tente la institución de herederos hecha a favor de la demandada Rita María de los Angeles Bardeguez por Juan Bardeguez y Guibbs, declarando además que tanto el demandante José Juan Bardeguez como la demandada Rita María de los Angeles Bardeguez en su carácter de hijos adoptivos de Juan Bardeguez y Guibbs deben ser considerados como here-deros forzosos, con derecho a una participación igual en la herencia de su padre, y abriendo la sucesión intestada res-pecto a los bienes del referido causante, con imposición de costas a la parte demandada, quien no conforme con la sen-tencia, interpuso el presente recurso de apelación.

Se alega en primer término que la corte de distrito cometió error al admitir en evidencia, sin estar debidamente identificados, unos autos que constituyen prueba secundaria, ya que la prueba primaria que fia debido ser aportada es la escritura de protocolización de testamento autorizada ante el notario Pedro E. Anglade.

La parte demandante ofreció como prueba copia del expe-diente tramitado ante la Corte de Distrito de Q-uayama para declarar testamento las manifestaciones hecfias en peligro de muerte por Juan Bardeguez y Guibbs, que se encontraba ar-chivada en dicfio tribunal. La demandada se opuso, alegando que debía presentarse la escritura de protocolización. El Secretario de la corte de distrito declaró que tenía en su archivo la referida copia, porque los originales fueron en-tregados al notario para protocolizarlos en su notaría. Estos originales fueron entregados al notario por orden de la corte, la cual ordenó que se conservase copia literal de todos los documentos en los archivos del tribunal. En los autos obra un recibo del notario Sr. Anglade haciendo constar que dejó una copia del expediente archivada en el tribunal. Aun en el caso de que la copia de este expediente archivada en el tribunal no constituyese la mejor prueba, no comprendemos cómo su admisión pueda haber perjudicado a la parte de-mandada después de haber aceptado en su contestación de una manera expresa y categórica los hechos segundo, ter-cero y cuarto de la demanda, donde se alegan la adopción de las partes litigantes, con su consentimiento, por Juan Bardeguez y Guibbs, y las manifestaciones hechas por éste que fueron declaradas su testamento por la Corte de Distrito de Guayama. El hecho cuarto de la demanda, aceptado por la parte demandada, dice así:

“El citado padre adoptante de las partes en este pleito, don Juan Bardeguez y Guibbs, encontrándose enfermo de suma gravedad y en peligro inminente de muerte, y conociéndolo así, otorgó testamento de palabra, en el cual instituyó a la aquí demandada como única y universal heredera de todos su bienes, testamento que fue aprobado en 2 de junio de 1930 por esta Hon. Corte, previo los trámites de rigor, en el procedimiento civil No. 8988 sobre protocolización de testamento otorgado en peligro inminente de muerte y en su consecuencia proto-colizado en el registro del Notario de esta ciudad don Pedro E. Anglade, según consta de su escritura pública No. 32, otorgada en 5 de junio de 1930.”

Para probar estos hechos, aceptados por la demandada, fné que se presentó la copia del expediente obrante en el archivo de la Corte de Distrito de Guayama. Debe desesti-marse este alegado error.

Se alega en segundo término que la corte erró al declarar sin lugar la moción sobre indebida acumulación de causas de acción y eliminación. A juicio del apelante se alegaron dos causas de acción: la nulidad o inexistencia de la institución de herederos y la reclamación de bienes hereditarios. En la demanda se describen los bienes relictos al fallecimiento de Juan Bardeguez y Guibbs y se solicita que se declare ineficaz e inexistente la institución de herederos hecha a favor de la demandada, y herederos forzosos del causante don Juan Bardeguez y Guibbs a ambos litigantes de por mitad cada uno, con cualesquiera otros pronunciamientos compatibles con las alegaciones. La acción ejercitada se basa en la preterición por el testador de uno de los herederos. La participación del demandante en los bienes de la herencia es una consecuencia inevitable de cualquier sentencia que se dicte dejando sin efecto dicha preterición. No existe la indebida acumulación de acciones alegada por la parte demandada.

Los errores tercero y cuarto se basan en que la sentencia es contraria a derecho y a la prueba practicada. Se alega que la intención del testador fue dejarle todos sus bienes a la demandada, que éste fué su propósito deliberado y firme, y que debe respetarse su intención. Se arguye además que en ninguna parte del Código Civil se estatuye que los hijos adoptivos tienen derecho a la herencia del adoptante, y se cita la ley de 9 de marzo de 1905, qne en sn artículo primero dice quiénes son herederos forzosos.

La opinión emitida por esta corte en Ex parte Ortiz y Lluberas, 42 D.P.R. 350, reconoce a los hijos adoptivos derechos hereditarios que le dan el carácter de herederos for-zosos. En dicho caso las peticionarias solicitaron se les de-clarara únicas y universales herederas de su madre adoptiva Rosa Lluberas Rodríguez. A esta solicitud se opuso Arturo Lluberas Rodríguez, alegando que había sido declarado único y universal heredero de la referida Rosa Lluberas Rodríguez en un testamento ológrafo otorgado por la misma. La corte de distrito resolvió a favor de las hijas adoptivas. Las peti-cionarias fueron declaradas únicas y universales herederas de Rosa Lluberas Rodríguez, quedando sin efecto el testa-mento otorgado a favor de Arturo Lluberas Rodríguez. Esta corte confirmó la sentencia apelada en una opinión escrita por el Juez Asociado Sr. Wolf, de la cual extractamos lo siguiente:

“En varios estados de la Unión se aprobaron estatutos sobre adopción. Las leyes anteriores se referían a la distribución de la herencia o a otros extremos que daban ciertos derechos a los ‘vástagos’ (issue) o ‘descendientes’ (descendants) de un finado. Las cortes generalmente han resuelto que los. hi jos adoptivos deben ser por tanto considerados como vástagos o descendientes, aunque es claro que originalmente nin-guna de estas palabras podía significar otra cosa que la prole. In re Newman, 75 Cal. 213; Batchelder v. Walworth, 37 L.R.A. (N.S) 849, casos citados e historia; Riley v. Day, 44 L.R.A. (N.S.) 296; Ross v. Ross, 129 Mass. 243; In re Hebb’s Estate 134 Wash. 424; 1 R.C.L. 619; 11 C.J. 752; 1 C.J. 1398, par. 128. Todas estas autori-dades tratan de la proposición principal. De igual modo, en Puerto Rico, donde el estatuto otorga el derecho de adopción, no es gran esfuerzo decir que la Legislatura quiso significar que la persona así adoptada cayera dentro del significado de heredero forzoso. Sujeto a restricción, se confiere al adoptivo el status de hijo legítimo.
“Conforme hemos dicho, el artículo 200 por sí mismo otorga dere-chos, y los artículos posteriores solamente fijan ciertas limitaciones sobre tales derechos, que, bajo el artículo 186 incluyen el derecho a heredar. Consideramos que nn estatuto sobre 'adopción debe ser in-terpretado liberalmente en favor del hijo adoptivo, al igual que se ha hecho en otras jurisdicciones. Bilderback v. Clark, 9 A.L.R. 1622; In re Hebb’s Estate, 134 Wash, 424, 427; 1 R.C.L. 595.”

En su opinión este tribunal estudia la legislación vigente en Puerto Eieo sobre adopción, llegando a la conclusión de que el hijo adoptivo tiene la condición de hijo legítimo del adoptante, debiendo considerarse como un heredero forzoso, sujeto a las restricciones impuestas por la ley.

Los litigantes son hijos adoptivos de Juan Bardeguez y Guibbs, quien murió siendo viudo, sin dejar ascendientes ni descendientes. El Sr. Juan Bardeguez, hallándose en peligro de muerte, expresó sus deseos de testar a varias personas que oyeron sus manifestaciones y comparecieron como tes-tigos ante la Corte de Distrito de Guayama, cuyo tribunal, en posesión de toda la prueba, declaró que las manifesta-ciones del referido Juan Bardeguez y Guibbs constituían su testamento. El testador, según el resumen que de las decla-raciones de los testigos hizo el referido tribunal, manifestó “que testaba todo cuanto él poseía para su hija adoptiva Bita Bardeguez, quien quería el testador que fuese su here-dera, y que el testador no tenía más herederos, recompen-sando así en lo buena que su mencionada hija adoptiva había sido para con él, toda vez que ella había sido para con el testador mejor que una hija propia.”

La preterición del demandante resulta manifiesta. Las palabras del testador no dejan lugar a dudas. Nada recibe en el testamento el hijo adoptivo por disposición del testador, quien además agrega que “no tenía más herederos.”

Argumentando el tercer error sostiene la parte apelante que la Corte de Distrito de Guayama ha declarado equivocadamente en su sentencia que el demandante tiene en la herencia del causante los mismos derechos que la demandada. A juicio de ésta, el artículo 742 del Código Civil no ha sido correctamente interpretado, porque el testador ha expresado claramente su intención de dejar todos los bienes de que podía disponer testamentariamente, de acuerdo con la ley, a su hija Bita. Se arguye que el testador, al mani-festar que quería que todos sus bienes fuesen para su men-cionada hija, lo que hizo fué mejorarla, legándole el tercio de libre disposición e instituyéndola heredera en la legítima corta de acuerdo con lo que estatuyen nuestras leyes, respe-tando los derechos legitimarios de cualquier otro heredero.

La corte inferior, al dictar su sentencia, parte de la base de que la institución de herederos es totalmente nula, de acuerdo con el criterio de Manresa, quien también cita las sentencias del Tribunal Supremo de España de 17 de junio de 1908 y 27 de febrero de 1909, que sostienen idéntica opinión y que interpretan el artículo 814 del Código Civil español, equivalente al 742 de nuestro código. 6 Manresa, 6a. ed., páginas 352 y 353. ¿Pero, es aplicable este artículo a los hijos adoptivos? He aquí la cuestión fundamental a resolver para determinar la participación que corresponde al demandante en los bienes relictos al fallecimiento de su padre adoptivo.

El referido artículo 742 dice en su primer párrafo así:

“La preterición de alguno o de todos los herederos forzosos en línea recta> sea que vivan al otorgarse el testamento o sea que nazcan después de muerto el testador, anulará la institución del heredero; pero valdrán las mandas y mejoras cuando no sean inoficiosas.”

El artículo que antecede se refiere exclusivamente a los herederos forzosos en línea recta. El hijo adoptivo no lo es, y aunque de acuerdo con el código tiene los derechos de un hijo legítimo, sin perjuicio de los que correspondan a los herederos forzosos, los cuales subsistirán como si la adopción no se hubiese verificado, sin embargo, no creemos que esta disposición tenga el alcance de incluir al hijo adoptivo entre los herederos forzosos en línea recta que son los únicos que pueden obtener la anulación de la institución de heredero en. la extensión que determina el artículo 742 del referido cuerpo legal.

En el caso de Ernst v. Rivers, 123 N. E. 93, 95, resuelto por la Corte Suprema de Massachusetts, se dice que it is plain that “lineal heirs” mecmsé -descendants.

La Enciclopedia Jurídica Española expresa con mayor claridad el significado legal de estas palabras. Del tomo 21, pág. 457, de la citada obra, copiamos lo siguiente:

“Línea es la serie u orden de personas unidas en lazo de paren-tesco natural, por descender de una misma raíz o tronco. ‘Ayunta-miento ordenado de personas que se tienen unas de otras como cade-nas, descendiendo de una rayz, e facen entre sí grados de partidos..’' (L. 2a., título VI, pág. 4a.)
“Tiene su origen en el parentesco, cuya proximidad se determina por el número de generaciones, o sea por la distancia que media éntre-los parientes más inufediatos. Y así como la línea geométrica es una-serie de puntos, o la trayectoria que descubre uno de ellos, en lo jurídico, siguiendo el proceso de la generación, cada una de las gene-raciones forma un grado, y la serie o conjunto de éstos, la línea.
“En Roma los grados de parentesco se computaban de diferente manera, según la línea: en la directa contando las generaciones, o bien contando las personas que habían entre los parientes en cuestión, prescindiendo de una. La relación de procedencia era fundamento de cognación. Cuando esa procedencia era directa, se decía que eran parientes en línea recta, y cuando la relación se daba en un tronco común, pero por mediación de genitores distintos, entonces formábase la línea transversal. Y en ésta se llamaba bilateral la cognación, cuando eran comunes los genitores, y los hermanos así nacidos se llamaban germanos. Y unilateral, cuando sólo hay común un genitor. La madre da lugar a la fraternidad uterina, el padre a la consan-guínea.”

Como se ve, línea en derecho civil significa una serie u or-den de personas unidas en parentesco natural que tiene su origen en la comunión de sangre y cuya procedencia se de-termina por el número de generaciones. Cuando la proce-dencia es directa, los parientes lo son en línea recta, por vínculos de consanguinidad y no por ninguna otra relación..

Bajo el subtítulo “Clases de Parentesco según el Dere-cho Actual”, dice la Enciclopedia Jurídica Española, toma 24, pág. 305:

“Admite uua fundamental clasificación en natural j civil o legal, según tenga su origen en el becbo natural de la comunión de sangre, o en el fenómeno meramente jurídico de la adopción.
“El parentesco natural, llamado en latín Gonsanguinitas, est vinculum personarum ai eodem stipite propinquo descendentium, vel quarum una descenclit ai alici carnali propagatione (5). Las Parti-das lo definen: ‘atenencia o aligamiento de personas departidas, que descienden de vna rayz (6).’
“La antigua distinción romana de agnación y cognación pierde su primitivo valor en el Derecho moderno por las modificaciones que el progreso del tiempo ba llevado al organismo familiar.
“Basado el parentesco natural en la comunidad de sangre, tiene 'su fundamento capital en la familia, que se constituye por medio •del matrimonio, y éste se califica de parentesco natural legítimo o •mixto; pero puede originarse también en unión extralegal y entonces ^tendremos el parentesco puramente natural o ilegítimo, que une los 'hijos naturales y los descendientes de los mismos a su padre o a su madre y a los descendientes de éstos.”

El hijo adoptivo no puede, por lo tanto, considerarse como un heredero forzoso en línea recta por ser muy distintos los vínculos que lo unen a su padre por adopción. No pudiendo aplicarse el artículo 742, por tratarse de la prete-rición en el testamento de un hijo adoptivo, creemos que po-demos acogernos al artículo 741, según el cual “el testador no podrá privar a los herederos de su legítima, sino en los casos expresamente determinados por la ley.” No es éste un caso en que el testador haya dejado al heredero forzoso menos de la legítima que le corresponde. La legítima del heredero no ha sido menguada por disposición testamenta-ria y, por lo tanto, no son aplicables los artículos 743 y 744 del Código Civil. En el caso de autos el demandante ha sido completamente ignorado en su carácter de heredero. El tes-tador aparece disponiendo de todos sus bienes en favor de su hija Rita, con menoscabo de la legítima que corresponde al demandante. Siendo ello así, es claró que debe dictarse sentencia dejando, sin efecto’el testamento en tanto'en cuanto dispone de la legítima perteneciente al heredero ignorado.

Precisa determinar, sin embargo, cnál es la porción de los bienes qne corresponde al demandante en concepto de le-gítima. De acnerdo con el artícnlo 737 del Código Civil, constituyen la legítima de los Rijos y descendientes legítimos las dos terceras partes del baber hereditario del padre y de la madre. Sin embargo, podrán éstos disponer de nna parte de las dos qne forman la legítima para aplicarla como mejora a sus hijos y descendientes legítimos. La tercera parte restante será de libre disposición. El artícnlo citado divide el caudal hereditario en tres tercios, cada uno de ellos con naturaleza propia e independiente: uno que constituye la legítima estricta de los descendientes; otro del que puede disponer el testador libremente; y otro, que forma la mejora, que no puede nunca exceder del tercio de los bienes. 6 Manresa, 407. De modo que además del tercio de libre disposi-ción, el testador puede disponer de un tercio más para apli-carlo como mejora. En el presente caso Juan Berdeguez y Guibbs manifestó que testaba todo cuanto él poseía para su hija Bita Berdeguez. Las palabras del testador clara-mente expresan su intención de dejar todos sus bienes a la mencionada heredera. Para cumplir en cuanto sea posible con" su voluntad debe asignársele a la referida heredera to-dos aquellos bienes de que el testador tuvo autoridad para disponer con arreglo a ley. No hay duda de que pudo disponer del tercio de libre disposición y de otro tercio más en concepto de mejora. Manresa dice que el artículo 813 del Código Civil español, equivalente al 741 de nuestro có-digo, edición 1930, sólo se refiere a la legítima estricta. 6 Manresa, 399. Nos parece acertado este criterio, porque ésta es la única porción de la cual no puede privar el tes-tador a un heredero forzoso. Si se expresa en el testa-mento de una manera clara y precisa que se dejan todos los bienes a uno de los herederos, con preterición de otro, parece natural que de todos esos bienes se excluya única-mente la legítima estricta, que es la única porción de los mismos de que el testador no puede privar al legitimario, y que el resto vaya al heredero favorecido por la voluntad del testador.

El artículo 755 del Código Civil dispone, que la manda o legado hecho por el testador a uno de los hijos o descen-dientes no se reputará mejora sino cuando el testador haya declarado expresamente ser ésta su voluntad o cuando no quepa en la parte libre. De manera que hay dos casos "en que la manda o legado puede reputarse como mejora: cuando el testador haya declarado expresamente ser ésta su voluntad, o cuando no quepa en la parte libre. En el caso de autos el testador dispuso de todos sus bienes en favor de su hija. El todo, como es natural, no puede caber en la parte de libre disposición. Excluida la legítima estricta per-teneciente al demandante, parece natural que aquella parte que no cabe en el tercio de libre disposición le corresponda a la hija en concepto de mejora. Si el testador quiso favo-recer a su hija con todos sus bienes, con exceso de las atri-buciones concedidas por la ley, hay que convenir en que fue mucho más allá de lo permitido, salvando los límites de la mejora para penetrar en el campo vedado de la legítima es-tricta. Y si es así y su intención resulta clara y manifiesta, su última voluntad debe respetarse en todo lo posible, anu-lándose únicamente el testamento en tanto en cuanto afecta la legítima estricta del heredero.

Comentando el artículo 828 del Código Civil español, equivalente al 755 de nuestro código, dice Manresa:

“Nosotros creemos que siendo el 828 especial, ba de aplicarse en el caso a que se contrae con preferencia al 820, que es general. ‘Cuando no quepa en la parte libre’, dice aquel artículo. La cuestión es, por lo tanto, sencilla y por eso decimos que no bay verdadera con-tradicción. ¿Cabe el legado becho al descendiente en la parte libre, teniendo en cuenta, en su caso, los demás legados? Siempre que no quepa, se entiende que el testador quiso mejorar. Se funda el ar-tículo en la presunta voluntad del testador; no quiso éste que se quitase a los legatarios extraños lo que voluntariamente les legó mien-tras cupiese en el tercio, sino que pudiendo disponer además de otro tercio entre sus descendientes, debe suponerse que usó de esa facultad. Lo contrario es quebrantar la voluntad libremente expresada del tes-tador en la parte cuya disposición se le permite, en obsequio de los legitimarios, que contra dicha voluntad sólo pueden pretender su le-gítima estricta.
“El caso más claro de aplicación del artículo 828 es el siguiente: Lego el tercio de mis bienes a Juan, Pedro y Antonio; lego otro tercio a mi hijo José, y en el resto instituyo por herederos a todos mis hijos. ¿Se pretenderá, porque no hay mejora expresa, que se unan ambos legados para reducir a un sexto el de los extraños? ¿No re-sulta clara la intención del testador de mejorar a su hijo José? Pues un caso idéntico'es el expresado antes, aunque no se hable de tercios. 6,000 se legaron a extraños, y pudieron legárseles, 6,000 se legaban al descendiente, y cabían en el tercio de mejora. Eso quiso el testa-dor; ¿pudo hacerlo? ¿Puede cumplirse? Pues se cumple, esto es todo.” 6 Manresa, 437.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar dejando sin efecto el testamento en tanto en cuanto dispone de la legítima estricta a que. tiene derecho el deman-dante, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Sr. Aldrey disintió.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Joaquín Pérez, acusado y apelante.
    No. 5557.

    Sometido: Diciembre 19, 1934.

      Resuelto: Junio 24, 1935.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Joaquín Pérez fue convicto del delito de escalamiento en primer grado cometido, según se alegaba, al penetrar en una casa durante las horas de la noche con intención de co-meter violación. María Martínez era su novia. La había cortejado por espacio de más de dos años. Sus atenciones no eran del desagrado de ella ni de su familia. Durante las primeras horas de la noche en cuestión, el causado había estado de visita en la casa de Martínez y salió de ella como a las ocho. María era la mayor de trece hijos solteros. Su padre, Zoilo Martínez, se hallaba trabajando en otro pueblo de la Isla. Con él estaba Juan Gaspar, muchacho de quince años. Las edades de los otros hijos que se hallaban a la sazón en la casa fluctuaban entre dos y trece años.

El testimonio de María y de la madre de ésta tendió.a, demostrar que María estaba durmiendo en una cama en unión a tres de sus hermanitas menores y que su madre dor-mía en una habitación contigua o cercana con otro u otros de los hijos; que la puerta de la cocina y una de las ven-tanas de ésta estaban cerradas, pero no aseguradas; que una puerta que había entre la cocina y el comedor también se hallaba cerrada; que entre las doce de la noche y una de la madrugada Pérez pasó por la cocina y el comedor al cuarto de María y la desarropaba en el momento en que ella se despertó y gritó; que cuando la madré se despertó y apa-reció en la escena de los hechos, Pérez estaba en el dintel de la puerta entre la habitación de la joven y el comedor; queda madre también gritó y llamó a los vecinos; que Pérez confesó su falta, prometió casarse con la joven a la mañana siguiente y suplicó a la madre no dijera nada al padre.

José Montalvo, un vecino, yerno e inquilino de Martínez, que acudió a los gritos de la señora Martínez dice que cuando llegó a la casa de esta señora, Pérez se hallaba en la sala, donde admitió su error, dijo a la madre que no se apurara y prometió casarse con la hija. Durante el examen de re-pregunta manifestó haber sido despertado por sn esposa, qnien oyó los gritos que.salían de la casa de Martínez. Luego dijo haber oído que María le gritaba a su madre: “Mamá, aquí está un señor.” Y que la' madre contestó: “Llama a Pepe,” y el testigo dijo: “No se apuren que ya voy”; y que había oído los gritos que salían de la casa de Martínez después de haber sido despertado por su esposa. La madre también declaró que otro vecino, Juan Rodríguez, había acu-dido al oír sus gritos, pero Rodríguez no fué presentado como testigo.

La familia Martínez tenía por costumbre dormir con un quinqué encendido y la casa no estaba a oscuras, sino a media luz. El caso fué presentado al fiscal de distrito al si-guiente día, después de haberse negado Pérez a casarse con la joven.

Pérez declaró que era su costumbre visitar la casa a prima noche cuatro o cinco veces por semana y que en la noche en cuestión había acordado regresar más tarde para verse con María, quien había convenido abandonar su casa y fugarse con él; que él cumplió su cita y María salió de la casa por la ventana de la cocina para encontrarle, en el callejón; que mientras hablaban en el callejón, la madre se despertó y llamó a los vecinos, quienes le contestaron, más no vinieron a la casa de Martínez; que el acusado y María entonces vinieron a la casa donde la Sra. Martínez estaba llorando en el balcón; que el acusado le dijo que no se apu-rara ; que él daría los pasos necesarios al día siguiente para casarse con María; y que al siguiente día no le fué posi-ble cumplir los arreglos que tenía en mente y más tarde ha-bía prometido casarse con María dentro de dos meses.

Otra testigo, una enfermera empleada del municipio, de-claró que al pasar junto a la casa de Martínez a su regreso de una visita profesional, como” a las once y media, ella vió a Pérez y a María en el callejón que está entre las casas de Martínez y Montalvo.

Los hechos que anteceden bastan para distinguir el pre-sente caso de El Pueblo v. Ramírez, 41 D.P.R. 747. Aceptando como cierta la prueba de cargo, ella no es suficiente para sostener una convicción. No importa cuán reprocha-bles hayan sido los móviles y la conducta de Pérez, las cir-cunstancias concurrentes en su totalidad tendían a negar más bien que a establecer la intención de cometer el delito de violación. Su conducta pudo haber sido inducida por un deseo sensual, mas no hay prueba de la intención de rea-lizar su objetivo mediante el uso de fuerza o violencia. A menos que el acusado fuera culpable de tener la intención de cometer violación, no existía, en su consecuencia, el delito de escalamiento.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Ramona Morales Berríos, demandante y apelada, v. Dolores Cabrera Vda. de Salazar, demandada y apelante, Herminia Ruiz Robert, demandada.
    No. 6365.

    Sometido: Jimio 21, 1934.

      Resuelto: Junio 24, 1935.

      Carlos J. Torres y Joaquín Vendrell, abogados de la apelante; Celes-tino Beníiez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Una acreedora ordinaria, Ramona Morales Berrios, ob-tuvo sentencia contra marido y mujer, o sea contra Víctor L. Lokpez y Herminia Ruiz Robert, por la suma de $2,000, más intereses. Con anterioridad a ello los referidos deudo-res habían hipotecado tres fincas a Pedro Salazar y Sehuck por la suma de $15,000, etc. Este último falleció y le suce-dió su esposa, Dolores Cabrera viuda de Salazar. Esta ini-ció nn procedimiento ejecutivo sumario. Herminia Ruiz Robert se convirtió en la única deudora. En el curso del pro-cedimiento ejecutivo la acreedora embargó, o trató de em-bargar, las rentas producidas por una de las tres fincas hi-potecadas. Esto se hizo mediante estipulación y con el con-sentimiento absoluto de Herminia Ruiz Robert. Ramona Morales Berrios, la acreedora ordinaria por sentencia, inició procedimiento solicitando la nulidad del embargo trabado sobre las rentas, y en el mismo litigio embargó las referidas rentas. La Corte de Distrito de San Juan anuló el embargo practicado sobre las mismas, obtenido en el procedimiento sumario.

La forma en que se efectuó el embargo de las rentas no nos es del todo clara, pero ambas partes convienen en que las mismas fueron embargadas en el aludido procedimiento ejecutivo. La sentencia en el presente recurso fue dictada sobre las alegaciones, estando aceptados todos los hechos tanto de la demanda como de la contestación. Se admitió que la acreedora por sentencia, aquí apelada, no podía co-brar su reclamación debido al embargo trabado sobre las rentas, únicos bienes aparentemente existentes sujetos a eje-cución.

Estamos plenamente contestes con; la corte inferior en que el procedimiento ejecutivo sumario de la Ley Hipo-tecaria se limita a los bienes hipotecados y que no puede extenderse a las rentas producidas por una de las fincas hipotecadas. Manrique v. El Registrador, 33 D.P.R. 544-548; García Méndez v. Villarubia, 42 D.P.R. 88, y Paradis v. Ferández, 47 D.P.R. 321-328. Es cierto que estos casos tra-tan de tentativas de embargar bienes no sujetos a la hipo-teca cuya ejecución se tramitaba, pero el mismo razona-miento es aplicable a tentativas de embargar rentas bajo tal procedimiento ejecutivo.

Después de haber expuesto la corte la naturaleza de la estipulación, continuó diciendo:

“La estipulación de 12 dé diciembre de 1931 entre las demandadas en este caso, que eran las partes en el procedimiento ejecutivo hipote-cario, para que la cantidad embargada se aplicara en primer término al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado en la cantidad de $1,500.00 y en segundo lugar a los intereses, y luego al remanente del principal en descubierto no surte efecto contra la de-mandante, que es un tercero, quien en este caso, y siendo nulo el embargo trabado en el procedimiento ejecutivo hipotecario, obtuvo orden de aseguramiento de la sentencia, en 27 de abril, 1932, contra las aquí demandadas para que no dispusieran del montante de las rentas producidas que estaba aún en poder de Angel Fernández, a quien se ordenó depositarlo en la secretaría de la corte, así como cualesquiera otra que recibiera por el mismo concepto. Pero con posterioridad, en 20 de julio, 1932, se 'aprobó una fianza prestada por la demandada Dolores Cabrera Vda. de Salazar, de acuerdo con la sección 15 de la Ley de Aseguramiento de Sentencias, levantando el embargo y obligándose los fiadores John Callender y A. F. W. Haeus-ler, hasta el montante de $1,911.16, existente en poder de Angel Fer-nández, como depositario judicial, al pago de cualquier sentencia que pudiera dictarse contraía referida señora Dolores Cabrera Yda. de Salazar. ’ ’

La apelante discute con visos de razón que la apelada no es un tercero. Nosotros mismos hemos tenido algunas du-das respecto a si el deudor y el acreedor no pueden válida-mente ponerse de acuerdo dondequiera, aun en el curso del ejecutivo sumario. ’

Empero, en conjunto estamos convencidos de qne las ren-tas únicamente podían ser embargadas legalmente en algún pleito ordinario, o en algún otro procedimiento, mas no en el procedimiento ejecutivo sumario; que la corte no podía ser utilizada como un medio para escudar las relaciones en-tre las partes y un posible fraude.

La apelada también demuestra que la finca hipotecada que produjo las rentas fue adjudicada en la subasta a la acreedora por la suma de $9,000, mientras que la hipoteca tan sólo era por $6,000; que la hipoteca quedó saldada y las rentas, para así decirlo, quedaron exoneradas. El argumento entonces es que el dinero en poder de Angel Fernández, según expresa la opinión, estaba sujeto al embargo trabado por la demandante. El artículo 1264 del Código Civil provee:

“Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.
“También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes.”

Las partes no tenían derecho a crear un fondo o a po-ner éste fuera del alcance de las reclamaciones de los acree-dores. Lo que las partes trataron de hacer debe ser conside-rado como una enajenación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

text:
    Clotilde Zayas Rivera, por sí y como padre con patria potestad sobre sus hijos legítimos, los menores Orlando, Rafael y Miguel Zayas González, demandante y apelante, v. Ignacio López Colón, demandado y apelado.
    No. 6966.

    Sometido: Junio 10, 1935.
    Resuelto: Junio 26, 1935.

      Guerra-Mondragón é Soldevila, abogados del apelante; Wilson P. Colberg, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción solicitando se aclare nuestra reso-lución desestimando el recurso. Sucedió que al tener al de-mandante por desistido de su acción de daños y perjuicios, la corte agregó las palabras “a su perjuicio.” Antes de eso el demandante babía obtenido la suspensión de la vista a condición de pagar las costas dentro de un período fijo y de que si no lo bacía así se le tendría por desistido del re-curso, con costas. No convino en el pronunciamiento de que sería a su perjuicio. En nuestra resolución dijimos que aun si éste fuera uno de esos casos en que la orden de la corte pudiera perjudicar al demandante, éste no había demostrado que su situación había sido empeorada. Nos damos ahora cuenta de que esto quizá haría que la situación pareciera ambigua al demandante en caso de que deseara iniciar el litigio de nuevo. Sin embargo, somos personalmente del criterio que en ningún caso puede el desistimiento de un recurso como el presente hacerse en perjuicio del demandante. Tenemos la idea de que la corte no tiene facultad para pre-juzgar una acción de daños y perjuicios que ha de radicarse más tarde; y que en esta clase de acciones no puede crear una situación de res adjudicata contra el demandante. Ade-más, la probabilidad es que la corte tan sólo estaba haciendo definitivo el pronunciamiento de costas.

No podemos convenir con el apelante en que debemos ahora entrar en los méritos de una supuesta prescripción de fin caso futuro. Tal alegación, de existir, debe suscitarse únicamente en un nuevo recurso a opción de la parte deman-dada, y quizá nunca sea planteada. El Pueblo v. Brau, 27 D.P.R. 779, 785.

El Jnez Asociado Sr. Aldrey no intervino.