source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

license: Public Domain

text:
    Adria Maldonado Rivera, recurrida, v. Carlos Suárez y otros, recurridos, y Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionario.

      Número: CC-2014-723

      Resuelto: 28 de marzo de 2016

      Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradora general, Amir Cristina Nieves y Maranyelí Colón Requejo, procuradoras generales auxiliares, abogadas de la parte peticionaria; Domingo Emanuelli Hernández y Gabriel J. Emanuelli Anzalotta, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), acogimos la doctrina de la solidaridad impropia u obligación in solidum en lo referente a la interrupción de la prescripción en acciones sobre daños y perjuicios cuando concurren una pluralidad de causantes. Así, concluimos que en esta clase de acciones no aplica el Art. 1874 del Código Civil, 31 LPRA see. 5304, por lo que el perjudicado debe interrumpir el término prescriptivo con respecto a cada cocausante individualmente si desea conservar su causa de acción contra cada uno. Hoy nos toca examinar una controversia que no está resuelta. ¿Pueden unos pre-suntos cocausantes solidarios de un daño, quienes fueron demandados oportunamente, instar una demanda contra tercero para incluir en el pleito a otro presunto cocausante a favor de quien la causa de acción sobre daños y perjuicios prescribió? ¿Procede en estas circunstancias una acción de nivelación contra el alegado cocausante que no fue deman-dado a tiempo? En atención a los efectos de la prescripción, resolvemos que ese alegado cocausante no le responde al perjudicado ni tampoco, a través de una acción de nivela-ción contingente, a los presuntos cocausantes demandados. Por lo tanto, en una situación como ésta no procede la de-manda contra tercero. Veamos.

El 24 de junio de 2013, la joven Adria Maldonado Rivera (demandante) instó una demanda sobre daños y perjuicios en contra del Sr. Carlos Suárez Miranda, su hijo Carlos Juan Suárez González (los recurridos) y el Sr. Ricardo Ramos Inchautegui. La demandante expuso que el 24 de julio de 2011, alrededor de las 11:30 p. m., se encontraba como pasajera junto a otras personas en una lancha —pro-piedad del señor Suárez Miranda— de paseo por la bahía de Boquerón. Alegó que la lancha era conducida por Carlos Juan Suárez González a alta velocidad y sin tomar las de-bidas precauciones, por lo que impactaron el velero del se-ñor Ramos Inchautegui que se encontraba anclado con las luces apagadas, sin permiso ni marbete. Como consecuen-cia del choque, la demandante sostuvo que sufrió daños físicos y emocionales, cuya indemnización le reclamó a los recurridos y al señor Ramos Inchautegui como cocausantes solidarios.

Los recurridos contestaron la demanda y negaron responsabilidad. Posteriormente, presentaron una de-manda contra tercero contra: la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). En esta, le imputaron negligencia por presuntamente no vigilar el área de la bahía de Boquerón donde ocurrió el accidente, lo que permitió que el velero del señor Ramos Inchautegui permaneciera anclado de manera peligrosa. Así, mediante la demanda contra tercero los recurridos sostuvieron que el ELA le respondía directamente a la demandante por sus daños o, en la alternativa, le debía responder a ellos en nivelación por la cantidad que tuvieran que indemnizar a la demandante.

El ELA contestó y solicitó la desestimación de la de-manda contra tercero. Adujo que la reclamación de la de-mandante había prescrito a su favor, ya que no la incluyó como codemandada ni interrumpió la prescripción extraju-dicialmente dentro del año desde la fecha en que ocurrió el accidente. Es decir, que desde entonces comenzó a transcu-rrir el término prescriptivo. Por su parte, los recurridos se opusieron y sostuvieron que “[e]l hecho de que la parte demandante original no haya hecho reclamación alguna contra la parte tercera demandada [...] no es óbice para que los terceros demandantes, puedan presentar esta ac-ción de nivelación dentro de este mismo pleito en virtud de una demanda contra tercero”. Moción en oposición a deses-timación, Apéndice, pág. 123.

Al resolver, el Tribunal de Primera Instancia razonó que la demandante pudo haber ejercido su causa de acción contra el ELA desde la fecha del accidente, por lo que, al estar prescrita contra esta, dictó una sentencia parcial en la cual desestimó la demanda contra tercero. Concluyó que en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, este Tribunal dictaminó que en acciones por responsabilidad civil extracontractual cuando varios causantes concurren en el daño, el término prescriptivo debe interrumpirse indivi-dualmente respecto a cada uno. Por lo tanto, estando pres-crita la causa de acción de la demandante contra el ELA, los recurridos no podían reclamarle responsabilidad indi-rectamente por vía de una demanda contra tercero.

Oportunamente, los recurridos acudieron al Tribunal de Apelaciones y le imputaron error al Tribunal de Primera Instancia por concluir que su acción de nivelación estaba prescrita “por el hecho de que la demandante no incluyera al Estado Libre Asociado, a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como partes demandadas en su demanda”.

El Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia me-diante la cual modificó la determinación apelada. Concluyó que el precedente de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, no tiene el efecto de impedir una acción de ni-velación contra el ELA. Así, estimó que la demanda contra tercero para que el ELA le respondiera directamente a la demandante estaba prescrita. Sin embargo, no estaba prescrita aquella parte de la demanda contra tercero en la que se incluyó la reclamación contingente de nivelación para que el ELA le responda a los recurridos por cualquier cantidad que éstos finalmente tuvieran que pagar. Ello, pues los recurridos, de ser declarados cocausantes, esta-rían obligados a reparar todo el daño, incluyendo aquella parte —si alguna— a la cual hubiera contribuido el ELA.

Luego de solicitar sin éxito la reconsideración, el ELA recurrió ante este Tribunal y adujo como único señala-miento de error que “[e]rró el Honorable Tribunal de Ape-laciones al concluir que la causa de acción de nivelación contra el ELA no se encuentra prescrita, a pesar de que la causa de acción original de la demandante en contra del Estado sí lo está”.

Los recurridos se opusieron a la expedición del recurso de certiorari y sostuvieron que procedía su acción de nive-lación contingente pues estaban sujetos a responder por todo el daño, incluyendo aquella parte correspondiente a la alegada responsabilidad del ELA. Examinados los escritos, expedimos el recurso y le concedimos a las partes un tér-mino para someter sus alegatos. Habiéndose cumplido lo anterior, estamos en posición de resolver la controversia.

h-H HH

A. La demanda contra tercero

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, reglamenta el mecanismo procesal de la demanda contra tercero. Según esta regla,

[l]a parte demandada podrá notificar, como demandante contra tercero, un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser responsable a la parte demandada por la totalidad o parte de la reclama-ción de la parte demandante, o que sea o pueda ser responsa-ble a cualquier parte en el pleito. Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Por medio de la demanda contra tercero se per-mite que controversias surgidas de unos mismos hechos y relacionadas entre sí se diluciden en el mismo pleito. El propósito es promover la economía procesal y facilitar la pronta, pero eficaz, resolución de las controversias. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 28 (1986); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, pág. 580. Por ello hemos dicho que este mecanismo no crea, extiende o limita derechos sustantivos, sino que acelera su dilucidación. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 534 (1999); Colón v. Coop, de Seguros Múltiples de P.R., 111 DPR 568, 571 (1981).

También hemos aclarado que el solo hecho de te-ner en común un mismo supuesto fáctico no es suficiente para añadir a un pleito nuevas controversias mediante la demanda contra tercero. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499 (2015); Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 534. Reiteradamente hemos requerido que se satisfagan dos condiciones ulteriores: que la recla-mación contra el tercero sea contingente al resultado de la demanda original, y que exista una relación suficiente-mente estrecha entre la demanda original y la demanda contra tercero, requisito al que nos hemos referido como “entronque común” y que debe ser evaluado según las cir-cunstancias particulares de cada caso. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, supra, págs. 26-27.

B. La prescripción

La prescripción extintiva es una institución de derecho sustantivo que extingue el derecho a ejercer deter-minada causa de acción. Se trata de “un modo de extinción de los derechos, resultante de la no concurrencia de ningún acto interruptivo, durante el plazo marcado por la Ley”. J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 32, citando a Alas, De Buen y Ramos, De la prescripción extintiva, Madrid, 1918, pág. 57. A través de la prescripción nuestro ordenamiento promueve que las reclamaciones se insten de manera oportuna y que las personas ejerciten sus cau-sas de acción diligentemente. La prescripción extintiva se fundamenta en la necesidad de que haya estabilidad en las relaciones y seguridad en el tráfico jurídico. SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 813 (2014); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011). Se parte del supuesto de que las reclamaciones válidas se ejercitan oportunamente y de que una persona no debe es-tar sujeta de forma indefinida a la contingencia de una reclamación. Ello, entre otras razones, por la situación de indefensión en que pudiera quedar como consecuencia del paso del tiempo y la desaparición de la prueba. Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Culebra Enterprise Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 950 (1991).

Así, una vez se agota un término prescriptivo se extingue el derecho a ejercer la causa de acción, con la correspondiente exoneración para la persona que hasta en-tonces se encontraba sujeta a responder. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 188 (2002); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 (1995). Por otra parte, la prescripción es una defensa afirmativa que debe plante-arse expresa y oportunamente ya que, de lo contrario, se entiende renunciada. Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 1017; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002).

Un término prescriptivo puede interrumpirse de tres maneras: mediante la correspondiente acción judicial, mediante reclamación extrajudicial y por el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA see. 5303. Una vez se interrumpe la prescripción, el término prescriptivo comienza a transcurrir nuevamente. Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra.

La causa de acción que provee el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA see. 5141, para exigir la reparación de un daño extracontractual causado por culpa o negligen-cia tiene un término prescriptivo de un año. Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA see. 5298. Hemos expresado que la brevedad de este término responde a que el legislador quiso dotar de mayor certeza una relación que general-mente carece de ella debido a la inexistencia de un vínculo previo entre las partes y el desconocimiento de la extensión de la obligación. Culebra Enterprise Corp. v. ELA, supra, pág. 950; L. Díez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 239.

De modo que, salvo que se produzca la interrupción me-diante alguna de las tres formas indicadas, la reclamación para exigir responsabilidad al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, prescribe por el transcurso de un año. Fundamentados en la teoría cognoscitiva del daño, hemos reiterado que este término comienza a transcurrir una vez el perjudicado conoció —o debió conocer— que sufrió un daño, quién se lo causó, así como los elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa de acción. Art. 1868, supra, y Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA see. 5299; COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984).

C. La naturaleza de la obligación por un daño extracon-tractual causado por una pluralidad de sujetos

Cuando dos o más deudores concurren en una misma deuda, la obligación puede ser mancomunada o solidaria. En las primeras, la deuda puede ser dividida y cada deudor responde únicamente por la parte que le corresponde. En las segundas, la deuda se considera indivisible y cada deudor responde indistintamente por la to-talidad de la deuda. E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Equity Pub. Co., 1991, Vol. V, págs. 137 y 139; C. Lasarte, Principios de Derecho Civil, 14ta ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 2010, T. II, págs. 31 y 35-36. Asimismo, el pago efectuado por cualquiera de los deudores libera a los otros de la obligación frente al acreedor. H.M. Brau del Toro, El término prescriptivo y su interrupción en acciones en daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el derecho puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 218 (1983); Vázquez Bote, op. cit., pág. 145.

En el ámbito contractual, debido a la oportunidad que tienen las partes para determinar el alcance de su relación, el Art. 1090 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3101, pre-cisa que cuando concurren dos o más deudores en una sola obligación la responsabilidad de éstos se presume manco-munada, siendo solidaria sólo cuando así se pacte expresamente. De otra parte, nuestro Código Civil no preceptúa la naturaleza (mancomunada o solidaria) de la obligación que surge cuando, fuera de una relación contractual, dos o más personas quebrantan el deber general de cuidado y ocasionan, por su culpa o negligencia, un daño indivisible. No obstante, mediante jurisprudencia nos he-mos encargado de suplir esta omisión. Para una mejor comprensión de la controversia que hoy atendemos, con-viene examinar la trayectoria que este Tribunal ha seguido sobre el particular.

Desde comienzos del siglo pasado hemos rechazado extender al campo de la responsabilidad civil extracontrac-tual, por inaplicable, la presunción de mancomunidad que establece el Art. 1090 del Código Civil, supra, para las obli-gaciones contractuales. Así, por ejemplo, en Cruz et al. v. Frau, 31 DPR 92 (1922), dijimos que cuando un accidente es ocasionado por la culpa o negligencia concurrente de dos o más personas, cada una de ellas es responsable por todo el daño. Sin embargo, fue en García v. Gobierno de la Capital, 72 DPR 138 (1951), que evaluamos con mayor detalle la obligación que surge para los cocausantes de un daño extracontractual, así como sus implicaciones procesales. En aquel caso los demandados, a quienes se les reclamó por un accidente automovilístico, presentaron una de-manda contra tercero para incluir en el pleito al dueño del auto en el que viajaba la víctima al momento del choque. Por su parte, el tercero demandado solicitó la desestima-ción, aduciendo que la reclamación en su contra estaba prescrita.

Al resolver, mantuvimos la dirección perfilada en casos como Cruz et al. v. Frau, supra, y reiteramos que la sen-tencia dictada contra dos o más cocausantes de un daño es solidaria. Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 DPR 825, 828 (1950). Tomando como fundamento la equidad y el de-ber de evitar el enriquecimiento injusto, extendimos la ac-ción de nivelación que contempla el Art. 1098 del Código Civil, 31 LPRA see. 1098, a los casos de responsabilidad civil extracontractual con pluralidad de causantes. García v. Gobierno de la Capital, supra, pág. 147. De modo que, si después de haberse adjudicado la responsabilidad entre varios cocausantes uno de ellos indemnizaba a la víctima en una proporción mayor a su por ciento de responsabili-dad, éste podía nivelar y exigir de los demás cocausantes solidarios el reembolso de la cantidad que correspondiera a sus respectivos por cientos de responsabilidad.

Aunque reconocimos que la acción de nivelación no sur-gía hasta que uno de los cocausantes pagaba en exceso de su participación en el daño, concluimos que mediante una demanda contra tercero podía incluirse una acción de ni-velación contingente para el caso en que el tribunal llegara a determinar que ambos, demandado y tercero deman-dado, fueron cocausantes y el primero terminara pagando todos los daños. García v. Gobierno de la Capital, supra, págs. 147-148.

Resolvimos, además, que en aquel caso la demanda contra tercero no estaba prescrita, pues aunque se instó tres años después de ocurridos los hechos, la presentación opor-tuna de la demanda original había interrumpido el tér-mino prescriptivo. García v. Gobierno de la Capital, supra, págs. 148-149. Para llegar a esta conclusión aplicamos al ámbito de la responsabilidad civil extracontractual el Art. 1874 del Código Civil, supra, el cual preceptúa uno de los efectos de la solidaridad: la interrupción del término prescriptivo. En lo pertinente, el Art. 1874, supra, dispone: “La interrupción de la prescripción de acciones en las obli-gaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores”.

El siguiente caso de gran pertinencia es Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 DPR 596 (1992). Allí, cuatro años después de haber instado la demanda, los demandantes solicitaron enmendarla para añadir como codemandados solidarios a unos médicos, quienes se opusieron y adujeron que la acción estaba prescrita. Al resolver, precisamos nuestros pronunciamientos en García v. Gobierno de la Capital, supra, y aclaramos que la presunción de mancomu-nidad del Art. 1090 del Código Civil, supra, no aplica al ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, sino a las obligaciones contractuales. Asimismo, especificamos que la responsabilidad de los cocausantes de un daño indivisible es de naturaleza solidaria. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs. 604-605.

Por otra parte, dijimos que en nuestro ordenamiento la solidaridad tenía un carácter homogéneo, por lo cual no distinguimos entre los efectos primarios y secundarios de la solidaridad. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 607. En consecuencia, concluimos que al ser aplicables todos los efectos de la solidaridad, la interrupción del tér-mino prescriptivo frente a uno de los cocausantes surtía efectos —por virtud del Art. 1874 del Código Civil, supra— contra todos los demás que fueran cocausantes solidarios del daño. Por lo tanto, aquellos cocausantes que inicial-mente no hubieran sido demandados podían ser traídos posteriormente al pleito, tanto por el demandante (por vía de enmienda a la demanda) como por los demandados (a través de una demanda contra tercero). Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, pág. 608. Por lo tanto, al disponer del caso permitimos que los demandantes trajeran a los médicos cuatro años después, pues la presentación a tiempo de la demanda original había interrumpido el tér-mino prescriptivo.

Por último, recientemente resolvimos Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, caso que también versaba so-bre una demanda por impericia médica. Transcurridos seis años desde la presentación de la demanda, los demandan-tes solicitaron enmendarla para incluir como codemanda-dos a dos doctores, a pesar de que tenían conocimiento de la identidad y participación de éstos desde la fecha en que ocurrieron los hechos. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 392. Luego de que el Tribunal de Primera Instancia permitiera la enmienda, uno de los doctores so-licitó que se dictara sentencia sumaria, pues la tardanza injustificada de los demandantes al reclamar seis años des-pués constituía una falta de diligencia crasa. No obstante, basándose en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, los tribunales recurridos declararon “no ha lugar” a la moción.

Al disponer del caso, comenzamos por reiterar que el Código Civil no establece expresamente la naturaleza de la obligación de los cocausantes de un daño extracontractual. Luego, procedimos a considerar las consecuencias de inter-pretar —como habíamos hecho hasta entonces— que los efectos de la solidaridad en el ámbito extracontractual se extendían para interrumpir el término prescriptivo con respecto a todo posible cocausante. El resultado era que se socavaba el principio de la prescripción, particularmente cuando en el Código Civil se establece el término breve de un año para el ejercicio de las acciones sobre responsabili-dad civil extracontractual. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 388.

Expusimos que, según la jurisprudencia anterior, se ha-bía permitido que un demandante decidiera en qué mo-mento reclamarle a un supuesto cocausante, aún cuando el término prescriptivo para ello había transcurrido. Conclui-mos, pues, que la norma anterior era contraria a los funda-mentos de la prescripción, facilitaba el ejercicio arbitrario y negligente de los derechos, promovía la inestabilidad en las relaciones jurídicas y permitía injusticias patentes contra los que eran demandados varios años después. Estos de-mandados podrían encontrarse en una posición de indefen-sión debido a la pérdida de prueba o la gran dificultad para conseguirla. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 386 y 387.

Por esa razón, revocamos la norma establecida en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, en cuanto a la interrupción del término prescriptivo y adoptamos la fi-gura de la solidaridad impropia (también conocida como obligación in solidum) en lo atinente a la interrupción de la prescription En consecuencia, resolvimos prospectiva-mente que “el Art. 1974 del Código Civil no aplica a los casos de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil”, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389, y explicamos que, en adelante:

[E]l perjudicado podrá recobrar de cada cocausante deman-dado la totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. Sin embargo, de-berá interrumpir la prescripción en relación con cada cocau-sante por separado, dentro del término de un año establecido por el Art. 1868 del Código Civil, supra, si interesa conservar su causa de acción contra cada uno de ellos. [...] De esta forma, la presentación oportuna de una demanda contra un presunto cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes, porque tal efecto secundario de la solidaridad no obra en la obligación in solidum. (Énfasis en el original y citas omitidas). Id.

Así, este Tribunal concluyó que la adopción de la solida-ridad impropia u obligación in solidum, en lo referente a la interrupción del término prescriptivo en acciones de daños y perjuicios, era la norma que mejor armonizaba instituciones y conceptos tan relevantes como la prescripción, la solidari-dad y la teoría cognoscitiva del daño, conduciendo a un balance más equitativo entre las partes. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 391.

D. La solidaridad impropia u obligación “in solidum”

Los franceses distinguen entre los efectos primarios y secundarios de la solidaridad. Los efectos primarios se re-fieren a que el acreedor tiene derecho a exigir de cada co-deudor el pago íntegro de la deuda y cada codeudor está obligado a así hacerlo. Asimismo, el pago realizado por cualquiera de los codeudores libera a todos de la obligación frente al acreedor. H. Mazeaud, L. Mazeaud y J. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1960, Vol. III, 2da parte, págs. 317-318. Por su parte, entre los efectos secundarios de la solidaridad se encuentra el que la interrupción del término prescrip-tivo con respecto a uno de los codeudores se extiende para afectar a todos. L. Josserand, Derecho Civil, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1950, T. II, Vol. I, págs. 612-615.

El Código Civil francés no establece cuál es la natura-leza de la obligación que surge cuando un daño extracon-tractual es causado por más de una persona. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia en ese país categorizan esta obligación como una in solidum. H. Mazeaud, L. Mazeaud y A. Tune, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1977, T. II, Vol. II, págs. 595-596. Las obligaciones in solidum presentan los efectos primarios de la solidaridad, pero no los secundarios. De manera que cada cocausante está obligado, independientemente de su grado de culpa o por ciento de responsabilidad en el daño, a indemnizar íntegramente al perjudicado y el pago de la deuda por cualquiera de ellos libera a los demás de la obli-gación frente al perjudicado. Josserand, op. cit., págs. 617-618. Sin embargo, al no operar los efectos secundarios de la solidaridad, el término prescriptivo tiene que ser interrum-pido individualmente con respecto a cada cocausante. Mazeud, Mazeud y Tunc, op. cit., pág. 596; Mazeud, Mazeud y Mazeud, op. cit., págs. 327-328.

La distinción práctica entre los efectos primarios y se-cundarios se justifica a base del concepto de la representación. Debido al origen convenido de la solidari-dad en el contexto de las obligaciones contractuales o al carácter expreso de ésta cuando se deriva de la ley, los codeudores se consideran representantes los unos de los otros en atención a la comunidad de intereses que existe entre ellos. Mazeud, Mazeud y Mazeud, op. cit., págs. 315-316. Se recurre a la idea de un mandato tácito entre ellos para representarse mutuamente, pues la solidaridad fue convenida o estaba ya preceptuada en la ley. G. Ripert y J. Boulanger, Tratado de Derecho Civil según el tratado de Planiol, Buenos Aires, Eds. La Ley, 1965, T. V, 2da parte, págs. 534-535; Josserand, op. cit., pág. 611.

Pero cuando unas personas son codeudoras por el hecho de haber concurrido en la causación de un daño extracon-tractual, no existe entre ellas esa relación de representatividad. Mazeaud, Mazeaud y Mazeaud, op. cit., pág. 328. Cada uno responde por el todo frente al perju-dicado porque, al igual que, en los efectos primarios, se trata de un mismo daño indivisible. Sin embargo, cuando hablamos de los efectos secundarios de la solidaridad los actos procesales como la interrupción de la prescripción deben efectuarse de forma independiente por cada cocau-sante, pues uno no es representante del otro.

Por su parte, en España la distinción entre efectos pri-marios y secundarios de la solidaridad es de más reciente cuño. Fue en su sentencia de 14 de marzo de 2003, que el Tribunal Supremo español acogió expresamente la figura de la solidaridad impropia en el marco de las acciones so-bre responsabilidad civil extracontractual con pluralidad de causantes. Específicamente, el Tribunal Supremo es-pañol resolvió que el Art. 1974 de su Código Civil —el cual establece que la interrupción de la prescripción en las obli-gaciones solidarias perjudica a todos los deudores— aplica únicamente a las obligaciones solidarias propias, mas no a las impropias:

La presente sentencia cuya deliberación originó discrepancias entre los miembros de la Sala de Justicia que la autoriza, acerca de la cuestión jurídica básica que sustenta el recurso, se dicta previa consulta a la “junta general de los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo”, celebrada el día 27 de marzo de 2003, que adoptó, por amplia mayoría de votos el acuerdo que se transcribe: “el párrafo primero del artículo 1.974 del Código civil únicamente contempla efecto interrup-tivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en sentido propio cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto con-vencional, sin que pueda extenderse al ámbito de la solidari-dad impropia, como es la derivada de responsabilidad extra-contractual cuando son varios los condenados judicialmente”. S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 223/2003, Repertorio de Ju-risprudencia, 2003/3645. http://supremo.vlex.es/vid/ reclamacion-cantidad-indeminizacion-da-fa-17748670 (última visita, 10 de agosto de 2016)

De manera que después de esta sentencia, el perjudi-cado que ha sufrido un daño extracontractual por la culpa o negligencia de varios cocausantes y que pretenda exigir responsabilidad de todos deberá interrumpir el término prescriptivo respecto a cada uno individualmente e in-cluirlo en la demanda. La jurisprudencia española justifica este resultado en la falta de representatividad entre los cocausantes, aunque lo explica distinto a como lo ha hecho la doctrina francesa. Así, para el Tribunal Supremo espa-ñol, a pesar de que la obligación de reparar nace una vez ocurre el daño, la solidaridad en el contexto extracontrac-tual no se produce sino hasta que el tribunal la declara en la sentencia:

En la solidaridad que nace convencionalmente o por disposi-ción legal, se aplica claramente la interrupción de la prescrip-ción a todos los deudores solidarios por aplicación del artículo 1974 del Código Civil. Pero si la solidaridad no nace sino de la sentencia, que es la llamada solidaridad impropia, la interrup-ción de la prescripción respecto a uno de los deudores no al-canza a otro, ya que no era deudor solidario y sólo lo fue desde la sentencia que así lo declaró, no antes. S. de 4 de junio de 2007, Núm. 662/2007, Repertorio de Jurisprudencia 2007/ 3612. http://supremo.vlex.es/vid/extracontractual-prescripci-n-30350723 (última visita, 10 de agosto de 2016).

El Tribunal Supremo español también ha dicho que en supuestos de solidaridad impropia los efectos de la solida-ridad, al igual que nacen con la sentencia, se agotan en la sentencia, por lo cual no procede extenderlos a personas que no hayan sido demandadas y condenadas. En tales ca-sos, el por ciento de responsabilidad y en el daño que se le atribuya a esas personas que no fueron demandadas con-denadas no lo asumen los cocausantes condenados solida-riamente, sino que se descuenta de la indemnización del perjudicado. S. de 17 de junio de 2002, Núm. 631/2002, Repertorio de Jurisprudencia 2002/5223; S. de 21 de oc-tubre de 2002, Núm. 967/2002, Repertorio de Jurispruden-cia 2002/8770; Tratado de responsabilidad civil, (L. Fernando Reglero Campos, coordinador), 4ta ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2008, T. I, pág. 988.

E. La acción de nivelación

A la relación entre el perjudicado y los cocausan-tes del daño se le conoce como “relación externa”. Como hemos dicho, tanto en la solidaridad propia como en la im-propia, cada cocausante tiene la obligación de responder frente al perjudicado por la totalidad de sus daños. Sin embargo, en nuestra jurisprudencia hemos distinguido la culpa de cada uno de los cocausantes, determinando su particular por ciento de responsabilidad en el daño. Esta relación entre los cocausantes en función de su respectiva cuota de responsabilidad, se conoce como relación interna y en ésta podría tener lugar la acción de nivelación. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 901 (2012).

Cuando alguno de los cocausantes paga la totalidad de la condena impuesta, los demás cocausantes quedan libe-rados de la obligación ante el perjudicado. Por ello, bajo nociones de equidad hemos reconocido la acción de nivela-ción a favor del cocausante que indemniza al perjudicado en una proporción mayor a su grado de culpa en el daño. Mediante esta acción el cocausante que pagó le puede re-clamar a los otros el reembolso correspondiente según sus respectivos porcientos de responsabilidad. De otro modo re-sultaría una situación contraria al principio que prohíbe el enriquecimiento injusto. íd.; US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 858 (2008).

Debido al carácter subsidiario de la acción de nivelación, ésta solo procede contra aquellos que judicial-mente hayan sido declarados cocausantes solidarios Por lo tanto, si un tribunal concluye que determinado demandado no tuvo culpa en el daño, éste no es cocausante y no puede haber acción de nivelación en su contra. De igual forma, si la obligación de un cocausante se extingue o deja de ser exigible, este queda liberado y los otros no pueden recurrir a la acción de nivelación.

Por otra parte, aunque la acción de nivelación surge cuando uno de los cocausantes paga en una propor-ción mayor a su por ciento de responsabilidad, hemos per-mitido el uso de la demanda contra tercero como meca-nismo procesal para traer al pleito a un presunto cocausante y hacer viable una potencial acción de nivela-ción contingente al resultado de la demanda. íd.; Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 191, 198 (1973). Así se facilita la dilucidación de responsabilidad y se promueve la economía procesal.

No obstante, la premisa que posibilita la acción de nive-lación contingente es que la causa de acción del deman-dante contra el tercero demandado no esté prescrita. Como vimos en algunos de los casos reseñados, esa fue la principal defensa que trataron de utilizar los terceros demandados. García v. Gobierno de la Capital, supra. Sin embargo, en aquel momento la declaramos “sin lugar”, pues concluimos que la demanda original presentada a tiempo había interrumpido el término prescriptivo por vir-tud del Art. 1874 del Código Civil, supra. Pero como veremos, esto cambió después de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, al resolver que el Art. 1874 del Código Civil, supra, no aplica en las acciones sobre responsabilidad civil extracontractual con pluralidad de causantes. Pasemos ahora a aplicar este derecho a la controversia de autos.

¡-H HH I—I

Los recurridos instaron una demanda contra tercero para incluir al ELA en el pleito. Alegaron que el ELA ne-gligentemente permitió que el velero del señor Ramos In-chautegui permaneciera anclado sin autorización y con las luces apagadas, creando una situación de peligro que re-sultó en el choque de las embarcaciones. Así, sostuvieron que el ELA debía responderle directamente a la deman-dante o, en la alternativa, a ellos por la cantidad que tu-vieran que pagar como indemnización.

Ya que cualquier reclamación que la demandante pu-diera tener contra el ELA estaba prescrita, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no procedía la demanda contra tercero para que el ELA le respondiera directa-mente a la demandante. Asimismo, resolvió que tampoco procedía para que le respondiera a los recurridos por cual-quier suma que éstos tuvieran que pagar. Razonó que los recurridos no podían revivir la causa de acción de la de-mandante indirectamente por vía de una acción de nivela-ción contingente. Por lo tanto, dictó sentencia parcial y desestimó la demanda contra tercero.

Los recurridos apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones sostuvo la desestimación de la demanda contra tercero en lo referente a incluir en el pleito al ELA para que le respondiera a la demandante. Sin embargo, revocó aquella parte de la sentencia parcial que desestimó la acción de nivelación contingente. Expresó que en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, este Tribunal mantuvo la vigencia de los efectos primarios de la solida-ridad, por lo cual los recurridos estaban sujetos a pagar la totalidad de los daños independientemente de que la ac-ción de la demandante estuviera prescrita a favor del ELAA. Inconforme, el ELA recurrió ante nos y señaló que el tribunal intermedio incidió al permitir una acción de nivelación contingente, a pesar de que frente a ella la causa de acción original estaba prescrita.

Efectivamente, en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, dijimos que cada uno de los cocausantes demandados continuaba siendo responsable de pagar la totalidad de la deuda que procediera. Asimismo, en el escolio 13 de esa opinión aclaramos que la presunción de mancomunidad que establece el Art. 1090 del Código Civil, supra, no aplica en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Por lo tanto, la obligación que surge cuando un daño es causado por una pluralidad de sujetos es de carácter solidaria. Sin embargo, especificamos que se trata de una solidaridad impropia en el sentido de que la interrupción del término prescriptivo frente a un cocausante no tiene el efecto de interrumpir automáticamente el término pres-criptivo para todos los demás cocausantes del daño que fueran conocidos por el demandante.

Entendimos que esta norma era la que mejor armoni-zaba con una institución tan relevante en nuestro ordena-miento jurídico como lo es la prescripción. El Art. 1868 del Código Civil, supra, fija un término prescriptivo de un año para las acciones sobre responsabilidad civil extracontrac-tual y la brevedad de ese término fue deliberadamente pre-tendida por el legislador como una manera de contrarres-tar la incertidumbre que caracteriza a este tipo de obligación. Resultaba, pues, incompatible que un deman-dante se cruzara de brazos y, amparándose en la interrup-ción automática, pretendiera tiempo después traer al pleito a un cocausante cuya responsabilidad conocía o po-día conocer. Además, precisamos que la teoría cognoscitiva del daño seguía estando vigente, por lo que si durante el proceso judicial un demandante advenía en conocimiento de la responsabilidad de un presunto cocausante, podía en-mendar la demanda para incluirlo como demandado.

El Tribunal de Apelaciones interpretó nuestras expre-siones en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, como susceptibles de permitir una acción de nivelación contingente en una situación como la de autos en que la reclamación original sobre daños y perjuicios ha prescrito con relación al tercero demandado. Sin embargo, ello no es compatible con lo que este Tribunal resolvió. Aunque en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux Mutuo, supra, no se tra-taba de una demanda contra tercero sino de una enmienda a la demanda promovida por el demandante una vez había transcurrido el término prescriptivo, el problema sobre prescripción que allí discutimos aplica de manera similar.

Es decir, debido a que la reclamación sobre da-ños y perjuicios es la causa de acción principal y la acción de nivelación es subsidiaria y dependiente, si la primera no está disponible por motivo de prescripción, la segunda se torna improcedente. “No puede permitirse indirectamente, por vía de tercero, lo que está impedido en una acción directa”. González v. Multiventas, 165 DPR 873, 883 (2005); Cortijo Walter v. Fuentes Fluviales, 91 DPR 575, 581 (1964). Al prescribir la reclamación sobre daños y per-juicios a favor de un cocausante, éste queda liberado de tener que responder, pues su responsabilidad deja de ser exigible. Lo contrario violaría los fundamentos de Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.

El propósito de promover el reclamo diligente de los de-rechos, la seguridad en el tráfico jurídico y la estabilidad de las relaciones en nuestro ordenamiento se vería frustrado de resolver como lo hizo el Tribunal de Apelaciones. Una de las consecuencias sería que aun cuando un perjudicado co-nociera que su daño fue causado por la culpa o negligencia de varias personas, pueda cruzarse de brazos, demandar solo a uno y cobrar de éste la totalidad de la indemnización. A su vez, ese cocausante podría presentar una acción de nivelación contingente durante el pleito o reclamarle —des-pués de dictada la sentencia— a otros posibles cocausantes, escenarios que pueden ocurrir años después de presentada la demanda en vista de que el derecho a nivelar no surge hasta que el cocausante paga más de lo que le corresponde. El análisis que hicimos en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, para armonizar la responsabilidad solidaria, la prescripción y la teoría cognoscitiva del daño habría sido en vano.

Por el contrario, si la reclamación del perjudi-cado contra determinado cocausante está prescrita, nin-guno de los cocausantes demandados a tiempo puede tra-erlo al pleito para que le responda al perjudicado. Al estar prescrita a su favor la causa de acción, ese cocausante no está sujeto a responderle al perjudicado. Art. 1830 del Código Civil, 31 LPRA see. 5241. Asimismo, los cocausan-tes demandados tampoco pueden, mediante demanda contra tercero, presentar en su contra una acción de nivelación contingente, pues al extinguirse el derecho del perjudicado a exigir responsabilidad de ese cocausante, cesa la obligación para los demás cocausantes de responder por la parte de aquel en el daño. “La Regla 12.1 de Proce-dimiento Civil [sobre la demanda contra tercero] no crea, extiende o limita derechos sustantivos”. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 534. Véase Colón v. Coop. de Seguros Múltiples de P.R., supra, pág. 571.

En tal caso, el por ciento de responsabilidad de ese co-causante que no fue demandado a tiempo con conocimiento del demandante se resta de la totalidad y el perjudicado será indemnizado por el valor monetario de la diferencia que resulte. De la totalidad de esa diferencia responderán solidariamente todos los cocausantes demandados dentro del término prescriptivo. Lo anterior es consecuencia de la solidaridad impropia u obligación in solidum, según la adoptamos en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra:

[E]l peijudicado podrá recobrar de cada cocausante deman-dado la totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. Sin embargo, de-berá interrumpir la prescripción en relación con cada cocau-sante por separado, dentro del término de un año establecido por el Art. 1868 del Código Civil, supra, si interesa conservar su causa de acción contra cada uno de ellos. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389.

Así, por ejemplo, si un daño extracontractual es ocasio-nado por cuatro cocausantes solidarios a quienes el perju-dicado demanda de manera oportuna, una vez el tribunal adjudica los respectivos por cientos de responsabilidad (su-pongamos que le atribuye 25% a cada uno) el perjudicado tiene derecho a cobrar de cualquiera de ellos la totalidad (el 100%) de la indemnización. De la misma forma, si uno de los cuatro paga toda la deuda, el que pagó puede nivelar con los demás y requerir el reembolso correspondiente a sus respectivos por cientos de responsabilidad.

Por el contrario, si en el ejemplo anterior el perjudicado (a pesar de conocer que sufrió un daño, quiénes lo causaron y los elementos necesarios para ejercitar su causa de ac-ción) insta una demanda dentro del término prescriptivo solo contra dos cocausantes, pero con respecto a los otros dos la acción prescribe, los dos cocausantes demandados a tiempo no pueden valerse de una demanda contra tercero para traer al pleito a los que quedaron fuera. Al estar pres-crita a su favor la causa de acción original, los cocausantes que no fueron demandados a tiempo no son responsables frente al perjudicado y, como consecuencia, no se configura una relación de solidaridad con respecto a los cocausantes demandados. De resolver el tribunal que, en efecto, el daño fue ocasionado por los cuatro cocausantes y fijar el por ciento de culpa de cada uno en 25%, del total (100%) de las participaciones en el daño restará el 50% de culpa corres-pondiente a los dos cocausantes con respecto a los cuales la acción prescribió. El perjudicado solo tendrá derecho al restante 50% correspondiente a la participación en el daño de los cocausantes que demandó a tiempo. La indemniza-ción equivalente a ese 50% podrá cobrarla de cualquiera de los dos cocausantes demandados, quienes responden solidariamente.

Con respecto a la controversia que hoy atende-mos, la conclusión a la cual llegamos es la que más clara-mente se deriva del análisis y los fundamentos en los que este Tribunal al resolver Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. La solidaridad en el ámbito de la responsa-bilidad civil extracontractual se mantiene, pero se trata de una solidaridad impropia en lo que a la interrupción del término prescriptivo se refiere. Por ende, el perjudicado debe interrumpir el término prescriptivo de un año que establece el Art. 1868 del Código Civil, supra, frente a cada presunto cocausante individualmente si es que pretende conservar su causa de acción contra cada uno de ellos.

Como corolario, un cocausante demandado no puede traer al pleito mediante demanda contra tercero a un pre-sunto cocausante solidario con respecto a quien la causa de acción del perjudicado prescribió. Prescrita a su favor la causa de acción, ese alegado cocausante no está sujeto a responderle al perjudicado ni tampoco, mediante una ac-ción de nivelación, a los cocausantes demandados. La pres-cripción “constituye una forma de extinción de un derecho debido a la inercia en ejercerlo por su titular, durante un tiempo determinado”. Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 188. Véase Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, pág. 566. Si después de celebrado el juicio el tribunal concluyera que el presunto cocausante que no fue demandado a tiempo en efecto contribuyó a producir el daño, el por ciento de res-ponsabilidad que se le atribuya se descontará de la indem-nización del peijudicado. Ello, ya que fue su propia falta de diligencia —al no interrumpir el término prescriptivo cuando estaba en posición de hacerlo— lo que provocó que perdiera el derecho a reclamar ese por ciento de responsabilidad.

Por último, debemos recalcar que, en nuestro ordenamiento jurídico, rige la teoría cognoscitiva del daño. Por lo tanto, el término prescriptivo para exigir responsa-bilidad por un daño extracontractual comienza a transcu-rrir cuando el perjudicado conoció —o debió conocer de ha-ber procedido diligentemente— la existencia del daño, quién lo causó, así como los elementos necesarios para ejer-cer efectivamente la causa de acción. Si en el transcurso del proceso judicial el perjudicado conoce de la responsabi-lidad de un presunto cocausante, será desde ese momento que el término prescriptivo comenzará a transcurrir en cuanto a este último.

Asimismo, mantenemos la acción de nivelación que por primera vez reconocimos en García v. Gobierno de la Capital, supra. Esta operará en la relación interna entre los cocausantes solidarios del daño cuando cualquiera de ellos indemnice al perjudicado en una proporción mayor a la que le corresponde. Sin embargo, para que proceda la acción de nivelación contra un cocausante es un requisito que éste sea responsable solidariamente frente al perjudi-cado, pues solo así puede haber derecho a exigir el reem-bolso por su responsabilidad concurrente en el daño. Lo anterior no sucede cuando la causa de acción sobre daños y perjuicios ha prescrito a su favor.

Al repasar los hechos del caso, no hay controversia en cuanto a que la demandante no le reclamó extrajudicial-mente al ELA. Por su parte, en la demanda incluyó como codemandados a los recurridos Carlos Juan Suárez Gonzá-lez y Carlos Suárez Miranda como conductor y propietario, respectivamente, de la lancha en la cual se encontraba cuando ocurrió el accidente. Demandó también al señor Ramos Inchautegui como dueño del velero contra el que chocó la embarcación. Surge del expediente que el alegado accidente ocurrió el 24 de julio de 2011. Sin embargo, no fue hasta el 22 de agosto de 2013 —cuando los recurridos presentaron la demanda contra tercero— que el ELA tuvo conocimiento de alguna reclamación en su contra. Así lo determinó el Tribunal de Primera Instancia y ello no fue controvertido.

Al haber transcurrido el término para que la deman-dante pueda exigir responsabilidad del ELA, la demanda contra tercero no procede. Aun presumiendo que el ELA haya actuado negligentemente —sobre lo cual no estamos haciendo determinación alguna—, al estar prescrita la causa de acción, el ELA no está sujeto a responderle a la demandante ni a los recurridos. Por lo tanto, no se satisfa-cen ninguno de los requisitos que contempla la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, para que proceda una de-manda contra tercero. Así pues, la demanda contra tercero presentada por los recurridos en el presente caso debe ser desestimada.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones en cuanto permite la acción de ni-velación contingente contra el ELA, mediante la demanda contra tercero. Se reinstala la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia en todos sus extremos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disintió e hizo constar la expresión siguiente, a la que se unió el Juez Asociado Señor Rivera García:

Disiento por las razones que expresara en mi opinión disi-dente en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 396-412 (2012).
La adopción “parcial” de la doctrina de las obligaciones in solidum por este Tribunal, sin mayor análisis sobre sus reper-cusiones —en vez de abrazar las herramientas que sí reconoce nuestro ordenamiento jurídico—, ha dislocado esas institucio-nes y conceptos que pretendía armonizar. El caso de autos es ejemplo de cómo los préstamos tomados de otros ordenamientos jurídicos pueden afectar los derechos de las partes, dificultar la labor de nuestros tribunales y requerir constantes remiendos.
Tras comenzar a disiparse los efectos del carácter prospectivo de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, este caso ha requerido que una mayoría del Tribunal aborde jurispruden-cialmente algunas de las serias interrogantes causadas por la adopción de la doctrina. Sus efectos son desconocidos por nuestro ordenamiento y ahora no se ven enmarcados por la coherencia que el Código Civil proveyó por décadas a la figura de la solidaridad. Véanse, por ejemplo: Rodríguez Caraballo v. Departamento de Transportación y Obras Públicas, KLCE201501080 (sobre cuándo surge la causa de acción contra el cocausante no demandado); Soto López v. Supermercados Econo Corp., KLCE201400476; R & C Painting Corporation v. Consejo de Titulares, KLAN201401831, KLAN201401836 (sobre la aplicación de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a casos de responsabilidad absoluta por producto defectuoso); Ramirez-Ortiz v. Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, 994 F.Supp.2d 218 (2014) (sobre la existencia de solidaridad perfecta entre hospital y doctor cuando el paciente confía su salud al hospital). Véase, además, J.J. Álvarez González, Responsabilidad civil extracontractual, 83 (Núm. 3) Rev. Jur. UPR 893, 899 (2014) (análisis del caso Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, en cuanto al efecto de mancomunidad de la Opinión, los posibles incidentes de colusión entre los cocausantes, la complicación litigiosa, la dificultad para alcanzar transacciones extrajudiciales, y el aumento en el riesgo de que el demandante incurra en temeridad).

       También se incluyó como codemandada a la Sociedad Legal de Bienes Ga-nanciales de la que puedan ser parte, respectivamente, los señores Suárez Miranda y Ramos Inchautegui.

       Entre sus defensas afirmativas, los recurridos expresaron que la demanda en su contra estaba prescrita, pues la demandante no interrumpió el término prescriptivo. Esta contención aún no ha sido objeto de consideración ante el Tribunal de Primera Instancia ni se ha pasado prueba al respecto. Así lo reconocen los propios recurridos al declarar que “dicha defensa afirmativa tendrá que ventilarse en su día para que sea el Tribunal, mediante la moción correspondiente y/o en juicio plenario, [quien] resuelva la misma”. Alegato de la parte demandada-demandante contra ter-cero, pág. 6.

       Este hecho no está en controversia.

       Resolvió el Tribunal de Primera Instancia que:
      “En el presente caso no hay duda que la demanda contra tercero contra uno de los alegados cocausantes fue presentada 2 años después de ocurridos los alegados hechos. Además alegaron que contra ello[s] no fue interrumpido el término prescriptivo con-forme dispone nuestro ordenamiento. Dicha alegación no fue rebatida por el tercero demandante ni por el demandante original, el cual no cumplió con la Regla 8.4 de Procedimiento Civil. En consecuencia, conforme a lo antes expuesto resolvemos que la demanda contra tercero está prescrita”. Sentencia parcial, Apéndice, pág. 73.

       íd.

       Escrito de apelación, Apéndice, pág. 64.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 24.

       Petición de certiorari, pág. 7.

       “Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291.

       Nos dice Puig Brutau lo siguiente:
      “La prescripción extintiva tiene su fundamento en la necesidad de poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular. La inactividad, silencio o falta de ejercicio del dere-cho constituye el fundamento de la prescripción extintiva por ser contrario al interés social una prolongada situación de incertidumbre jurídica”. J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 32.

       Los tres requisitos para que se configure la prescripción extintiva, son: la existencia de un derecho que se pueda ejercitar, la falta de ejercicio o inercia por parte del titular y el transcurso del tiempo determinado en la ley. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2009).

       Subsiste entre las partes una obligación natural que no es exigible judicialmente. García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 DPR 137, 142 (1994).

       El Art. 1090 del Código Civil dispone: “La concurrencia de dos o más acre-edores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria”. 31 LPRA sec. 3101.

       El Art. 1098 del Código Civil, supra, dispone: “El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses de anticipo. La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será su-plida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno”.

       Así, acogimos la postura disidente de algunos miembros de este Tribunal que desde varios años antes venían favoreciendo este curso de acción. Véase Arroyo v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 608 (opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Hernández Denton). Véase también García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 160 (2009) (opinión disidente emitida por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez).

       Véase, también, G. Marty, Derecho Civil, Puebla, Pubs. Universidad de Puebla, 1952, Vol. II, págs. 139-141.

       “Lo cierto es que la representación recíproca de los deudores solamente se justifica si existe entre ellos una comunidad de intereses; no tiene razón alguna de ser si los deudores entienden permanecer ajenos los unos a los otros y si la solidari-dad les es impuesta en razón de las circunstancias, tal vez puramente fortuitas, en que nacieron sus deudas”. Ripert y Boulanger, op. cit., pág. 535.

       S. de 14 de marzo de 2003, Núm. 223/2003, Repertorio de Jurisprudencia 2003/3645.

       Aunque esta sentencia es anterior a la de 14 de marzo de 2003 en la que se acogió sin ambages la solidaridad impropia, esta última se apoyó en la primera para sostener que la distinción entre solidaridad propia e impropia no se trataba de una nueva norma, sino que desde antes ese Tribunal había resuelto a base de esa distinción.

       Asimismo, cuando no es posible atribuir un por ciento de participación pre-ciso, lo hemos fijado por partes iguales entre todos los cocausantes. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 707 (1987).

       Así, hemos resuelto, por ejemplo, que cuando uno de los cocausantes tran-sige con el perjudicado y éste lo libera de toda responsabilidad, dicho perjudicado asume el por ciento de participación de ese cocausante en el daño. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 656 (2003). Como los cocausantes que permanecen en el pleito no tienen que responder por el por ciento de responsabilidad del que fue liberado, cualquier acción de nivelación contra éste carece de fundamentos. Id.

       cuando transcurre el periodo de tiempo que fija la ley se extingue la acción para hacer efectivo el derecho en cuestión y el deudor queda liberado de su obligación en tanto puede negarse a cumplir con ella fundamentado en que ésta fue reclamada tardíamente”. Meléndez Guzmán v. Berrios López, supra, pág. 1018. Vé-ase también García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 DPR 137, 142 (1994).

       “También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”. Art. 1830 del Código Civil, supra.

       Siguiendo este ejemplo, cualquiera de los dos cocausantes demandados a tiempo que indemnice al perjudicado en una proporción mayor a su 25% de respon-sabilidad, podrá nivelar con el otro y exigir el reembolso correspondiente.


text:
    Toyota Credit y Universal Insurance Company, recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionario.

      Número: CC-2014-0845

      Resuelto: 28 de marzo de 2016

      Tanaira Padilla Rodríguez y Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradoras generales, y María Astrid Hernández Martín, procuradora general auxiliar; Annette M. Prats Palerm, abogada de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El 4 de octubre de 2012, la Policía de Puerto Rico ocupó un vehículo Toyota “Yaris”, dado que éste presuntamente fue utilizado en violación al artículo 404 de la Ley de Sus-tancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 LPRA see. 2404), y el Artículo 21 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular de 1987, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 LPRA see. 3220). Luego de los trámites de rigor, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) confiscó el vehículo en cuestión.

Así las cosas, el 9 de noviembre de 2012, Universal Insurance Company (Universal), quien adquirió los derechos sobre el vehículo confiscado, presentó una demanda de im-pugnación de confiscación ante el foro primario. Acaecidas varias incidencias procesales, Universal presentó una mo-ción de sentencia sumaria. En ésta, adujo que, debido a que la acción penal relacionada a los hechos que motivaron la confiscación no prosperó, procedía declarar “con lugar” la demanda de impugnación de confiscación.

El ELA, por su parte, se opuso. Por lo tanto, señaló que el carácter in rem de la confiscación en nuestra jurisdic-ción, así como la independencia de esta con relación a cual-quier otro procedimiento eran razones suficientes para de-clarar “sin lugar” la moción presentada por Universal. Ello, en virtud de los Artículos 8 y 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 (34 LPRA secs. 1724e y 17241). Asimismo, el ELA señaló que Universal no rebatió la pre-sunción de legalidad y corrección que dispone dicho estatuto.

El 18 de febrero de 2014, el foro primario emitió una sentencia para declarar “con lugar” la demanda de impug-nación de confiscación presentada por Universal. El ELA, inconforme, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo intermedio, por su parte, confirmó la senten-cia recurrida.

En consideración a lo anterior, el 6 de octubre de 2014, el ELA acudió ante este Foro. En esencia, planteó que el resultado favorable en la acción penal relacionada a los hechos que motivaron la confiscación no permite disponer sumariamente de la demanda de impugnación de confisca-ción presentada por Universal. Este Tribunal, por su parte, expidió el recurso en cuestión.

Evaluados los argumentos presentados por las partes, y estando el Tribunal igualmente dividido, se dicta sentencia y se confirma el dictamen del foro apelativo intermedio cuya revisión nos fue solicitada.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secreta-rio del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez emitió una Opinión de conformidad. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez hizo constar la expre-sión siguiente:

Estoy conforme por entender que procedía declarar “con lu-gar” la demanda de impugnación de confiscación y ordenar la devolución del vehículo. Ello, en vista de que la causa penal relacionada con la confiscación no prosperó.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco hizo constar la expresión siguiente:

Estoy conforme con el dictamen emitido por este Tribunal por los fundamentos esbozados en mi Opinión de conformidad en Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016).

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez hizo constar la expresión siguiente:

Estoy conforme con el dictamen emitido por este Tribunal por los fundamentos contenidos en mi Voto particular disi-dente emitido en Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA et al., 194 DPR 116, 149 (2015).

El Juez Asociado Señor Martínez Torres disintió del re-sultado por los fundamentos expuestos en la Opinión disi-dente del Juez Asociado Señor Rivera García en Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016), y en su Opinión de conformidad en Mapfre Praico Ins. et al. v. ELA, 195 DPR 86 (2016). El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo disin-tió por las razones esbozadas en la Opinión disidente del Juez Asociado Señor Rivera García en Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016).

El Juez Asociado Señor Rivera García hizo constar la expresión siguiente:

Disiento de la sentencia que antecede por los fundamentos que expuse en la Opinión disidente que emití en Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016).

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón hizo constar que disiente del resultado alcanzado por los fundamentos expuestos en la Opinión disidente del Juez Asociado Señor Rivera García en Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016), y en su Opinión de conformidad en Mapfre Praico Lns. et al. v. ELA, 195 DPR 86 (2016).

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

“[I] disapprove of confiscations. If some have insisted that they were a restraint to vengeance, and the violence of particulars, they have not reflected, that though punishments be productive of good, they are not, on that account, more just; to be just, they must be necessary. Even an useful injustice can never be allowed by legislator [...]
The law which ordains confiscations, sets a price on the head of the subject, with the guilty punishes the innocent, and by reducing them to the indigence and despair, tempts them to become criminal”.

En esta ocasión, nos corresponde dirimir la relación en-tre un procesamiento penal y un proceso civil de confisca-ción cuando ambos se relacionan con un mismo núcleo de hechos. En particular, debemos dilucidar la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedi-mento colateral por sentencia, en un proceso civil de im-pugnación de confiscación al amparo de las disposiciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA secs. 1724-1724w. Esto, cuando la causa penal relacionada con los hechos que motivan la confiscación no prospera.

I

El 4 de octubre de 2012, la Policía de Puerto Rico ocupó un vehículo Toyota ‘Taris” por presuntamente haber sido utilizado en contravención al Artículo 404 de la Ley de Sus-tancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2404, y del Artículo 21 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular de 1987, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 9 LPRA sec. 3220. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) emitió las no-tificaciones de rigor y procedió a confiscar el vehículo de motor.

El 9 de noviembre de 2012, la recurrida —Universal Insurance Company (Universal), cesionaria de los derechos sobre el vehículo en cuestión— presentó una demanda de impugnación de confiscación ante el Tribunal de Primera Instancia. Luego de varios trámites procesales, el 12 de julio de 2013, Universal presentó una moción de sentencia sumaria. En ésta alegó que, dado que la causa penal rela-cionada con los hechos que motivaron la confiscación no prosperó, procedía declarar “con lugar” la demanda de im-pugnación de confiscación. Esto es, en función de las cir-cunstancias particulares de este caso, la determinación de “no causa para acusar” en la vista preliminar en alzada habría de surtir efectos sobre el proceso civil de confiscación.

El ELA, por su parte, se opuso. Entre otros particulares, señaló que los Artículos 8 y 15 de la Ley Uniforme de Con-fiscaciones de 2011, 34 LPRA secs. 1724e y 1724l, estable-cían expresamente el carácter in rem del proceso civil de confiscación y su total independencia con relación a cual-quier otro procedimiento relacionado con los mismos hechos. Además, el ELA solicitó la desestimación de la de-manda, puesto que la recurrida no había presentado prueba que rebatiera la presunción de corrección y legali-dad de la confiscación que establece la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.

El 18 de febrero de 2014, el Tribunal de Primera Instan-cia dictó sentencia a favor de la recurrida. Por lo tanto, razonó que la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedimento colateral por sentencia, era aplicable y que la desestimación de la acción penal relacionada a los mismos hechos que motivaron la confiscación impugnada permitía disponer sumariamente de ésta.

Inconforme, y luego de haber presentado oportuna-mente una moción de reconsideración en el foro primario, el 2 de junio de 2014, el ELA recurrió al Tribunal de Apelaciones. Ante dicho foro, replicó los argumentos esgri-midos anteriormente, a los efectos de que la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedi-mento colateral por sentencia, era contraria a las disposi-ciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. La recurrida, por su parte, reafirmó que la doctrina de cosa juzgada en la referida modalidad era aplicable al caso en cuestión. Asimismo, ésta resaltó el carácter punitivo de este tipo de proceso y adujo que el mismo debería enten-derse como una excepción al mandato constitucional que prohíbe la toma de propiedad privada para fines públicos sin justa compensación.

El foro apelativo intermedio confirmó el dictamen recurrido. Razonó, pues, que, conforme lo resuelto por este Tribunal en Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 742 (2008), aplicaba la doctrina en cuestión y, en consecuencia, procedía declarar “con lugar” la demanda de impugnación de la confiscación cuando el proceso penal relacionado con ésta no prospera.

El 6 de octubre de 2014, el ELA recurrió ante este Tribunal e hizo el señalamiento de error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al utilizar el resultado favorable del acusado en el caso criminal como fundamento para confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia de-clarando con lugar la demanda impugnando la confiscación bajo la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedi-mento colateral por sentencia, a pesar de las disposiciones contenidas en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, que expresamente establecen la independencia de la acción civil confiscatoria de la acción penal.

Habiendo repasado los hechos medulares del caso que nos ocupa, procede examinar las normas pertinentes con tal de dirimir la relación entre un proceso penal y un pro-ceso civil de confiscación, cuando ambos se relacionan con los mismos hechos. Esto, al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada.

HH f-H

A

La confiscación es el acto en virtud del cual el Estado se apropia de bienes que han sido utilizados en la comisión de algún delito debidamente tipificado en el Código Penal o en leyes especiales que dispongan expresamente para ello. Díaz Ramos v. E.L.A. y otros, 174 DPR 194, 202 (2008); Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907 (2007); First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835, 842 (2005); Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 51 (2004); Cooperativa v. E.L.A., 159 DPR 37, 43 (2003); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 980-981 (1994). Por otra parte, la doctrina reconoce dos modalidades a través de las cuales el Estado puede llevar a cabo la con-fiscación, a saber: mediante una acción “in personam” o una acción “in rem”. Suárez, supra, págs. 51-52.

En lo que respecta a la primera de estas modalidades, la acción “in personam” —conocida, también, como “confisca-ción criminal”— permite que el Estado “impon [ga] la con-fiscación como una pena adicional” contra el imputado de determinado delito si este resultara convicto. (Enfasis en el original). Del Toro Lugo, supra, pág. 981. Así, bajo esta modalidad, “[l]a confiscación [...] forma parte integral del procedimiento criminal contra el propietario de la cosa a ser incautada, y la convicción de éste es, precisamente, el fundamento que origina la confiscación”. íd., págs. 981— 982.

Por otro lado, se le reconoce al Estado la prerrogativa de articular el proceso de confiscación como una acción in rem —conocida como “confiscación civil”—. Bajo este supuesto, “[e]l procedimiento de confiscación va dirigido contra la cosa (in rem), y no contra el dueño [...]”. Del Toro Lugo, supra, pág. 987. Véase Cooperativa, supra, pág. 43. Es decir, “[s]e trata de una ficción jurídica mediante la cual —en cierta medida— se culpa a la propia cosa por su participación en el delito. El derecho del Estado de tomar posesión de la cosa surge del mal uso que se le haya dado a ésta”. Suárez, supra, pág. 52. Asimismo, este tipo de confiscación se concep-túa como “independiente de la acción penal que la motivó”. (Citas omitidas). Cooperativa, supra, pág. 44.

Es menester señalar que, en cuanto a esta modalidad de confiscación, “la naturaleza in rem de la acción no la des-viste de su condición esencialmente punitiva y de infligir castigo”. Ochoteco v. Tribunal Superior, 88 DPR 517, 528 (1963). Tal carácter punitivo ha sido consecuentemente rei-terado por la jurisprudencia de este Tribunal. Véanse: Mapfre v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 663-664, 668, 680 (2011); Ford Motor, supra, págs. 738, 741; Centeno Rodríguez, supra, pág. 913; Del Toro Lugo, supra, págs. 986-987 y 992-993; Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 362 (1978); Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 168 (1967), citando a Ochoteco; Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 US 693 (1965). Esto, puesto que “la confiscación no sólo tiene la intención de evitar que el vehículo o la propiedad confiscada pueda volve[r] a utilizar [se] para fines ilícitos, sino que también sirve de castigo para disuadir a los criminales”. Centeno Rodríguez, supra, pág. 913. Véanse, también: Coop. Seg. Múlt., supra, págs. 663-664; Ford Motor, supra, pág. 741; First Bank, supra, pág. 843; Cooperativa, supra, pág. 43; Del Toro Lugo, supra, pág. 987.

Para que proceda la confiscación bajo esta modalidad —in rem— es preciso determinar “si existe prueba sufi-ciente y preponderante de que se haya cometido un delito, y que exista un nexo entre la comisión del delito y la propie-dad confiscada”. Del Toro Lugo, supra, pág. 983. Véanse, también: Díaz Ramos, supra, pág. 203; Suárez, supra, pág. 52. Nótese, además, que el estándar probatorio al que se alude es “prueba suficiente y preponderante”; esto bien pudiera acusar una de las particularidades que comporta la confiscación en su modalidad civil in rem, a saber, un estándar probatorio distinto al aplicable a procedimientos propiamente penales. Sin embargo, esta particularidad no trastoca su carácter y naturaleza esencialmente puniti-vos, según ha sido reconocido palmariamente por este Tribunal.

Por otra parte, dada la ficción jurídica que sustenta esta modalidad confiscatoria, en virtud de la cual se le imputa la culpabilidad del delito a la cosa, “la culpabili-dad o inocencia del propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la confiscación civil”. Del Toro Lugo, supra, pág. 982. Ello, al menos, en términos estric-tamente ficcionales. Sin embargo, no debe perderse de vista que “[e]l derecho crece y se consolida desechando ficciones y afincándose en la realidad”. Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 DPR 10, 23 (1976). Máxime cuando me-diante estas ficciones, el Estado pretende interferir con intereses constitucionalmente tutelados, como el derecho al disfrute de la propiedad. Const. PR, Art. II, Sec. 7.

Por último, como ya se dijo, es preciso repetir que, se-gún conceptuado en nuestro ordenamiento, el proceso de confiscación es independiente al encausamiento penal concomitante que dimana de los mismos hechos. Ford Motor, supra, págs. 741-742; Del Toro Lugo, supra, pág. 983. Habría, sin embargo, que matizar los efectos de tal independencia.

B

En nuestra jurisdicción, el proceso de confiscación está regulado por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, 34 LPRAsec. 1724 et seq. Este estatuto fue promulgado con tal de “establecer un trámite expedito, justo y uniforme para la confiscación de bienes por parte del Estado y la disposición de éstos”. Exposición de Motivos de la Núm. 119, supra. Con tal de identificar las normas jurídicas pertinentes para la resolu-ción adecuada de la controversia que nos atañe, conviene repasar puntualmente el texto de aquellos artículos de la referida ley que delimitan la relación entre el proceso de confiscación y el encausamiento penal concomitante a éste, por dimanar de los mismos hechos.

En primer lugar, en lo pertinente, el Artículo 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 dispone que, en nues-tro ordenamiento,

[e]l proceso de confiscación será uno civil dirigido contra los bienes e independiente de cualquier otro proceso de natura-leza penal, civil o administrativa que se pueda llevar contra el dueño o el poseedor de los bienes ocupados bajo las disposicio-nes de cualquier ley que autorice la confiscación de bienes por parte del Estado. 34 LPRA sec. 1724e.

Se aprecia, pues, que, cónsono con la discusión prece-dente, en nuestra jurisdicción, la confiscación está caracte-rizada como un proceso civil —esto es, in rem—, indepen-diente a cualquier otro proceso, sea de naturaleza civil, penal o administrativa.

Por otra parte, en lo que respecta la regulación positiva de la confiscación en nuestro ordenamiento, el Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 dispone que “se presumirá la legalidad y corrección de la confiscación independientemente de cualquier otro caso penal, adminis-trativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los mismos hechos”. 34 LPRA sec. 1724Z. En consecuencia, “[e]l demandante tfendrá] el peso de la prueba para derro-tar la legalidad de la confiscación”. Id.

Establecido el carácter civil o in rem de la confiscación en nuestro ordenamiento —la cual, además, está revestida de una presunción de legalidad y corrección—, conviene repasar someramente cómo la jurisprudencia de este Tribunal ha abordado el asunto de la interrelación entre ésta y el encausamiento penal concomitante relacionado a los mismos hechos, en particular, cuando éste no prospera.

C

Tal y como se ha intimado en la discusión precedente, este Tribunal, en el pasado, al palio de la legislación enton-ces vigente, atendió la interrelación entre el procedimiento civil de confiscación y el encausamiento penal concomi-tante a través de la doctrina de cosa juzgada, en su moda-lidad de impedimento colateral por sentencia. De esta forma, condicionó la procedencia de la confiscación al resul-tado del proceso penal relacionado a los mismos hechos. Sin embargo, al utilizar inopinadamente la doctrina de cosa juzgada en la referida modalidad, desnaturalizó su ámbito normativo y rehuyó articular puntualmente las consideraciones de índole constitucional que afianzaban tal proceder, aun cuando éstas destellaban tímidamente en aquella jurisprudencia. Por lo tanto, le compete a este Tribunal hacer las distinciones de rigor, si bien someramente, ciñéndonos a las particularidades del caso. Para ello, em-pero, es menester repasar brevemente la norma anterior que, en esta ocasión, se reformula.

i. La doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de im-pedimento colateral por sentencia, ante todo, busca “pro-mover la economía procesal y judicial, y amparar a los ciu-dadanos del acoso que necesariamente conlleva litigar en más de una ocasión hechos ya adjudicados”. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 153 (2008). Así, esta doctrina opera “cuando un hecho esencial para el pro-nunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante [una] sentencia [anterior] válida y final”. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 762 (1981). Esto es, “el impedimento colateral por sentencia impide que se litigue en un pleito posterior un hecho esencial que fue adjudicado mediante sentencia final en un litigio anterior”. PR. Wire Prod., supra, pág. 152.

Por otra parte, lo distintivo del impedimento colateral por sentencia es que, para que éste aplique, no se precisa la más perfecta identidad de causas entre el pleito en el cual se invoca y el anterior, en el que recayó sentencia vá-lida y final. Ello, contrasta significativamente con la doc-trina de cosa juzgada, la cual requiere que “concurra[n] la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las per-sonas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil, 31 LPRA see. 3343. Véase, además, A & P Gen. Contractors, supra, pág. 763. Nótese, sin embargo, que al margen de las diferencias apreciables entre la doctrina de cosa juzgada y su modalidad, ambas requie-ren previamente, para ser invocadas, una adjudicación vá-lida, final y en los méritos.

No obstante, es menester señalar que en lo que a sus requisitos formales se refiere, este Tribunal ha sido un tanto flexible al considerar el cumplimiento de éstos para su aplicación. Por ejemplo, ha permitido utilizar una con-vicción penal como impedimento colateral en un pleito civil, aun cuando las partes en ambos pleitos no eran las mismas. Véase, en general, Fatach v. Triple S, Inc., 147 DPR 882 (1999). “La razón para no requerir la identidad de partes en el contexto de pleitos criminales y civiles surge más por razones de política pública que por consideracio-nes de teoría jurídica”. íd., pág. 892. Se permite, pues, ate-nuar los rigores doctrinales de esta figura en atención a consideraciones de política pública. Justamente bajo ese entendido, este Tribunal atendió en el pasado controver-sias análogas a la que nos ocupa.

ii. Cónsono con lo anterior, en lo que respecta a la inte-rrelación entre un procedimiento civil de confiscación y el encausamiento penal concomitante a éste, este Tribunal reiteradamente ha resuelto que la doctrina de cosa juz-gada, en su modalidad de impedimento colateral por sen-tencia, permite disponer sumariamente de aquél cuando la causa penal no prosperad. Véase, entre otros, Del Toro Lugo, supra. Esto, aun cuando la causa penal concomi-tante no haya prosperado en etapas anteriores al juicio, o sea, aun cuando no se haya obtenido una absolución en los méritos.

En síntesis, [la jurisprudencia de este Tribunal] reconocfe] que la absolución en los méritos durante el juicio en su fondo, la exoneración del imputado al advenir final y firme la determina-ción de no causa probable para acusar, así como la supresión de la única evidencia incriminatoria durante el procedimiento criminal, son fundamentos suficientes para aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia en el correspondiente pro-ceso civil de confiscación y de esa manera evitar incongruencias injustificadas entre el ordenamiento criminal y el civil. (Énfasis en el original). Suárez, supra, págs. 56-57.

Así, aunque este Tribunal, en el pasado, haya optado por invocar la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedimento colateral por sentencia, para explicar la relación entre ambos procesos, lo cierto es que esta rela-ción se debe a otras consideraciones. Verbigracia, “evitar incongruencias injustificadas entre el ordenamiento criminal y el civil”. Suárez, supra, pág. 57. “Es decir, no se trata únicamente de la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia, sino de excepciones a la indepen-dencia del proceso in rem fundadas en la extinción de la acción penal contra la persona presuntamente responsable del delito”. Coop. Seg. Múlt., supra, pág. 676. Después de todo, “[e]n nuestro ordenamiento, solamente las personas naturales o jurídicas pueden cometer un delito”, id., pág. 678, y es precisamente en virtud de haberlo cometido que el Estado está legitimado a intervenir con intereses funda-mentales como la libertad o la propiedad.

Sin embargo, habría que matizar lo anterior. En reali-dad, la vinculación de los procedimientos que nos ocupan nunca se pudo explicar satisfactoriamente a través de la invocación, sin más, de la doctrina de cosa juzgada, en la modalidad de impedimento colateral por sentencia. Véase, por ejemplo, Del Toro Lugo, supra, págs. 1005-1018 (Negrón García, J., Opinión concurrente y disidente). Más bien, la “íntima” relación entre ambos procesos, Coop. Seg. Múlt., supra, pág. 672, se debió a las aludidas “excepciones a la independencia del proceso in rem”. Dichas excepcio-nes, a su vez, están fundadas en consideraciones constitu-cionales, id., pág. 680; en particular, en lo que atañe a las limitaciones al poder punitivo del Estado.

D

Como se sabe, nuestra Constitución dispone que “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley [...]”. Const. PR, Art. II, Sec. 7. Como bien señala el Prof. Luis E. Chiesa Aponte, “[a] pri-mera vista, [esta cláusula] solamente parece imponer limi-taciones procesales al poder punitivo estatal. Sin embargo, en virtud de esta cláusula también se le imponen límites al poder del Estado para crear normas de derecho penal sustantivo”. L.E. Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, San Juan, Pubs. JTS, 2007, pág. 38. Por otra parte, nues-tra Constitución también reconoce el derecho al disfrute de la propiedad como una de esas prerrogativas de carácter fundamental del ciudadano. Véase Const. PR, Art. II, Sec. 7. No es para menos, la propiedad no sólo constituye un instrumento para organizar y regular un sinnúmero de re-laciones jurídicas, sino que también constituye un medio a través del cual los individuos pueden garantizar las condi-ciones básicas indispensables para la materialización de una vida digna. Así, las disposiciones pertinentes de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 han de interpretarse a la luz de estas consideraciones.

E

Tomando en cuenta lo anterior, convendría repasar las disposiciones pertinentes de la Ley Uniforme de Confisca-ciones de 2011. En particular, lo que se refiere a la inde-pendencia entre un proceso civil de confiscación y el proce-samiento penal concomitante a éste.

Según se dijo, el Artículo 8 de la Ley Uniforme de Con-fiscaciones de 2011 establece la independencia entre los procedimientos que nos ocupan. Sin embargo, dada la dis-cusión precedente, habría que repensar los contornos de tal independencia; sobre todo, habida cuenta de los intereses constitucionales concernidos.

Para efectos de la controversia que nos atañe, baste de-cir que la independencia del proceso de confiscación es una independencia de carácter formal —esto es, procesal—. Es decir, tal independencia supone que en ese proceso se diri-mirá exclusivamente aquello que se relacione a la confisca-ción, en conformidad con las pautas jurídicas aplicables. Además, dada su caracterización como “proceso civil”, resul-tarán inaplicables, por ejemplo, las rigurosas salvaguardas procesales que son imperativas en un procesamiento propia-mente penal. Lo anterior, empero, no implica, de suyo, que dicho proceso confiscatorio no pueda verse afectado por de-terminaciones en otros procesos, pues éstas bien podrían in-cidir en la médula de éste. Esto es, la independencia formal de los procesos no impide que éstos estén materialmente re-lacionados entre sí. Después de todo, las protecciones que dispensa nuestra Constitución —de factura más ancha— no han de ceder ante meros formalismos, cuando éstos pre-tenden ser usados como subterfugios para que el Estado me-noscabe intereses constitucionalmente protegidos. Recuér-dese, pues, que mediante la confiscación, el Estado ejerce su poder punitivo y, en efecto, incide sobre uno de los derechos fundamentales de la persona, a saber, la propiedad. Véase Const. PR, Art. II, Sec. 7.

Por otro lado, el Artículo 15 de la Ley Uniforme de Con-fiscaciones de 2011 establece una presunción de legalidad y corrección a favor del Estado. Según ésta, se presumirá en todo momento que la confiscación efectuada por el Estado fue conforme a Derecho, esto es, fue legal. Sobre este particular, y a la luz de la discusión anterior, es suficiente señalar que el resultado favorable obtenido en el proceso penal relacionado a los mismos hechos que motivaron la confiscación hace innecesario tener que discutir en esta ocasión cómo opera dicha presunción. Téngase en cuenta que la vinculación de ambos procesos, en nuestra jurisdic-ción y al palio de nuestra Constitución, responde a exigen-cias de índole constitucional. Véase Coop. Seg. Múlt, supra, pág. 680 (“Al amparo de nuestras interpretaciones constitucionales, y cónsono con la normativa federal vi-gente, hemos vinculado el resultado del proceso civil de confiscación al desenlace de la causa criminal contra la persona imputada del delito a base del cual se justifica la confiscación”).

f—I ¡-H HH

En el caso ante nuestra consideración, Universal —la recurrida— interpuso una demanda de impugnación de confiscación. Durante su tramitación, presentó una moción de sentencia sumaria. En dicha moción, alegó que la deter-minación de “no causa para acusar”, obtenida en vista pre-liminar en alzada en el procedimiento penal concomitante con los mismos hechos que motivaron la confiscación, de-bería servir como base para disponer sumariamente de la demanda en cuestión. Esto es, el resultado del proceso penal relacionado a los mismos hechos debía de surtir efectos en el proceso civil de impugnación de confiscación. El Es-tado, por su parte, se opuso oportunamente e invocó los Artículos 8 y 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, en tanto éstos disponen, respectivamente, la inde-pendencia de ambos procedimientos y establecen una pre-sunción de legalidad y corrección a su favor.

Trabada en estos términos la controversia, el foro pri-mario declaró “con lugar” la demanda de impugnación de confiscación, tomando en consideración los fundamentos previamente señalados. Mientras tanto, el foro apelativo intermedio fue de la misma opinión y, en consecuencia, confirmó el dictamen recurrido. Según la discusión que precede, ambos foros actuaron conforme a derecho.

Como se dijo, el resultado favorable en el proceso penal relacionado a los mismos hechos que motivan la confisca-ción permite disponer sumariamente del pleito civil de impugnación de ésta. Esto, debido a consideraciones de índole constitucional, las cuales vinculan indefectible-mente ambos procesos. Ante todo, la mera clasificación del proceso de confiscación como uno “civil” no lo desvir-túa de su naturaleza punitiva, según ha sido reconocida por la jurisprudencia de este Tribunal. De igual forma, la mera invocación de la ficción in rem no permite que el Estado intervenga con intereses fundamentales del ser humano, como la propiedad, sin atenerse a los imperati-vos de nuestra Constitución. No habiéndose probado de-lito alguno, el Estado está impedido de probar que la cosa confiscada se utilizó en la comisión de un delito —como cuestión jurídica—.

IV

Por todo lo anterior, es menester concluir, sin ambages, que bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, la determinación favorable a un imputado o acusado en el procedimiento penal surte efectos sobre el pleito civil de impugnación de confiscación relacionado a los mismos he-chos delictivos. Este resultado es cónsono con las proteccio-nes robustas que brinda nuestra Constitución. Asimismo, llegamos al mismo sin tener que recurrir necesariamente a la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedi-mento colateral por sentencia. De lo que se trata, más bien, es de limitaciones al poder punitivo del Estado en virtud de las salvaguardas que contiene nuestra Constitución. La mera invocación de una ficción jurídica, pues, no ha de per-mitir que el Estado desatienda las exigencias que le im-pone nuestra Constitución.

En mérito de lo antes expuesto, estoy conforme con la determinación del Tribunal de Apelaciones, la cual se con-firma, por estar igualmente dividido este Tribunal.

       C. Beccaria, An Essay on Crimes and Punishments 59 (1775) (International Pocket Library, 2da ed., 1992).

       De entrada, conviene destacar que la controversia puntual que le compete resolver a este Tribunal se refiere a todas aquellas instancias en que el encausamiento penal de determinada persona no prospera y existe un proceso de confiscación conco-mitante a los mismos hechos que, en primer lugar, suscitaron el procesamiento penal. Por lo tanto, por ser innecesario, no nos expresaremos en tomo a los posibles efectos que pudiera tener una absolución sobre un proceso de confiscación bajo el esquema estatutario establecido en virtud de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.

       Valga señalar que el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico tipifica como delito la posesión de sustancias controladas. El Artículo 21 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, por su parte, tipifica como delito la mutilación, alteración, destrucción o modificación de determinadas piezas de un vehículo de motor.

       Para un breve recuento histórico sobre el surgimiento de la confiscación civil, es decir, la modalidad in rem de confiscación, véanse: M. Van den Berg, Proposing a Transactional Approach to Civil Forfeiture Reform, 163 U. Pa. L. Rev. 867, 872-878 (2015); J. Gurulé, Introduction: The Ancient Roots of Modern Forfeiture Law, en Symposium: Federal Asset Forfeiture Reform, 21 J. Legis. 155, 156-157 (1995).

       Valga señalar, además, que la jurisprudencia federal también ha reconocido el carácter punitivo de los procedimientos de confiscación civil in rem. Véanse, por ejemplo: Austin v. United States, 509 US 602, 618 (1993) (“We conclude, therefore, that forfeiture generally and statutory in rem forfeiture in particular historically have been understood, at least in part, as punishment”); Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 US 693, 700 (1965) (“[A] forfeiture proceeding is quasi-criminal in character. Its object, like a criminal proceeding, is to penalize for the commission of an offense against the law”); United States v. Ursery, 518 US 267 (1996) (se reconoce que las confiscaciones no son “castigo” para efectos de la cláusula de doble exposición de la Quinta Enmienda de la Constitución federal). Incluso, hay quienes han plan-teado que, en consideración a su carácter esencialmente punitivo, es inapropiado clasificar los procedimientos de confiscación in rem como procesos civiles. Véase S.R. Klein, Civil in Rem Forfeiture and Double Jeopardy, 82 Iowa L. Rev. 183, 190-191 (1996) (“[T]he historical classification of forfeiture as a civil in rem action against a particular piece of property is no longer appropriate”).

       Para una discusión sobre los elementos disuasivos como justificaciones de la pena, véase, en general, R. Blecker, Haven or Hell? Inside Lorton Central Prison: Experiences of Punishment Justified, 42 Stan. L. Rev. 1149 (1990).

       En esta ocasión, por ser innecesario, no resolvemos si el estándar de “prueba suficiente y preponderante” es compatible, como cuestión de derecho constitucional puertorriqueño, con la confiscación, dado el evidente carácter punitivo de ésta en nuestro ordenamiento.

       Este estatuto derogó la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, 34 LPEA ant. see. 1723 et seq., la cual, a su vez, derogó la Ley Uniforme de Confiscaciones de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de julio de 1960, 34 LPRAant. see. 1721 et seq. Nótese, además, que la mayoría de la jurisprudencia citada en esta opinión se resolvió al amparo de estos estatutos derogados. Ello, sin embargo, no es óbice para recurrir a ésta. Como se verá en la discusión ulterior, aun cuando hay diferencias apreciables entre aquellos estatutos y la actual Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, es innegable que este Tribunal afianzó sus decisiones en consideraciones que trascendían determinado esquema estatutario, a saber: el carácter evidentemente punitivo de la confiscación y las salvaguardas que contiene nuestra constitución, las cuales limitan el poder punitivo del Estado.

       Una vez más, es imperativo puntualizar que en esta ocasión nos ceñimos a aquellas instancias en que el encausamiento pensil no prospera por razones distintas a una absolución en los méritos. Cf. Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356 (1978); Ochoteco v. Tribunal Superior, 88 DPR 517 (1963).

       Incluso, en Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 61-62 (2004), este Tribunal resol-vió que la desestimación de la causa penal por incumplimiento con los términos de juicio rápido permitía disponer sumariamente del proceso de confiscación civil rela-cionado a los mismos.

       Cf. E.L. Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 (Núm. 1) Rev. Jur. UPR 83, 119-120 (1996) (“En Puerto Rico se ha llegado a resolver que una absolución tiene efecto de cosa juzgada, a favor del acusado, en cuanto a la acción civil de impugnación de confiscación, si la confiscación está basada en la conducta delictiva por la que fue absuelto el acusado. Esto es cuestionable, por decir lo menos, en virtud del escaso valor probatorio de una absolución, para lo que basta duda razonable, a diferencia de la acción de confiscación donde es suficiente preponderancia de la prueba. Si se quiere, aquí hay también ‘factura más ancha’ ”). (Énfasis suplido).

       Es imperativo señalar que los argumentos constitucionales que preceden se hacen al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase Michigan v. Long, 463 US 1032 (1983).