author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, Juez Asociado Señor Fe-liberti Cintrón,

text:
    Hayrinés Calderón Fradera, recurrida, v. Departamento de la Familia, peticionario.

      Número: CC-2015-0801

      Resuelto: 8 de diciembre de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Guillermo A. Mangual Amador, pocurador general auxiliar, abogados del Departamento de la Familia, parte peticiona-ria; Erika B. Isaac Vega, abogada de Hayrinés Calderón Fradera, parte recurrida.
   SENTENCIA

Expedido el auto de certiorari solicitado y evaluados los escritos de las partes, se dicta la presente Sentencia confir-matoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones el 30 de junio de 2015, por encontrarse este Tribunal igualmente dividido.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez Aso-ciado Señor Colón Pérez. El Juez Asociado Señor Rivera García estuvo conforme e hizo constar la expresión si-guiente:

Estoy conforme con la sentencia emitida por este Tribunal. Se dilucidaba en este caso si la Sra. Hayrinés Calderón Fra-dera presentó, dentro del término jurisdiccional de 30 días dis-puesto en la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA see. 8791 et seq.), evi-dencia acreditativa de la antigüedad necesaria para ser excluida del plan de cesantías requerido mediante el referido estatuto. Es mi criterio que, teniendo las agencias administra-tivas para las cuales laboraba la señora Calderón Fradera el control de la evidencia fehaciente en cuanto a sus años de servicio, constituiría un fracaso de la justicia concluir que esta falló en presentarla oportunamente. La responsabilidad de producir las referidas certificaciones le correspondía exclusi-vamente a las agencias para las cuales laboró, y no lo hicieron dentro del término de 30 días con el que contaba la señora Calderón Fradera para presentarlas. Imponerle esa exigencia a la empleada constituiría una carga onerosa e irrazonable. Es evidente que la recurrida se vio imposibilitada de producir la evidencia de antigüedad ante la dilación de la agencia.
Nótese que la recurrida fue cesanteada el 28 de septiembre de 2009 y el 5 de octubre de ese año presentó por derecho propio una solicitud de apelación ante la otrora Comisión Ape-lativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH). En el 2015 la Comisión Ape-lativa del Servicio Público (CASP) emitió un Informe en el que concluyó, entre otras cosas, que la señora Calderón Fradera no presentó prueba fehaciente para acreditar que cumplía con el requisito de antigüedad dispuesto en la Ley Núm. 7, supra. El Informe también señaló que no se consideró la experiencia la-boral que esta tuvo en otra agencia, la Administración del De-recho al Trabajo (ADT), para recalcular los años de antigüe-dad, porque no presentó evidencia fehaciente acreditativa de dicho servicio. No obstante, adviértase que la primera certifi-cación de antigüedad que le notificó el Departamento de la Familia a la señora Calderón Fradera señaló que esta había laborado en el servicio público cero años, cero meses y cero días. Luego de impugnar dicha información, la recurrida reci-bió el 30 de septiembre de 2009 una notificación enmendada que indicó que para el 17 de abril de 2009 contaba con trece años, cinco meses y veintiséis días de servicio. A esto se le suma que el expediente cuenta con una certificación de empleo expedida el 17 de noviembre de 2009 por la ADT que refleja que la recurrida laboró desde el 4 de enero de 1988 al 29 de abril de 1988 en esa agencia.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió una Opinión disidente, a la cual se unieron el Juez Asociado Señor Martínez Torres y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez no interviene.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

— O —

Opinión de conformidad emitida por la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Colón Pérez.

Estoy conforme con la sentencia confirmatoria que hoy emite este Tribunal. De esta manera, se mantiene en vigor la determinación del Tribunal de Apelaciones que or-denó la reinstalación de la señora Calderón Fradera en su puesto como empleada pública, del cual fue privada injustamente. A continuación los fundamentos que sostie-nen mi parecer.

I—i

El 9 de marzo de 2009 se aprobó la Ley Núm. 7-2009, la cual estableció un plan de cesantías de empleados pú-blicos en razón de la crisis fiscal enfrentada por el Gobierno. No obstante, del Art. 37.02 del estatuto se deduce que dicho plan excluyó de su aplicación a ciertos empleados que la propia ley adujo que llevaban a cabo "funciones esenciales en protección de la seguridad, ense-ñanza, salud y bienestar”. 3 LPRA see. 8797. Tal exclu-sión buscaba “evitar un impacto negativo en los servicios brindados por el Gobierno”. Id. Entre los empleados exen-tos de la aplicabilidad de la ley estaban: “[p] olicías y bom-beros”, “maestros asignados al salón de clases”, “profesio-nales de la salud (médicos, paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio)”, “trabajadores sociales” y otros. Id.

La señora Calderón Fradera fungía como Directora Aso-ciada de Familias y Niños en la Administración de Fami-lias y Niños (ADFAN), ente adscrito al Departamento de la Familia. Las determinaciones de hecho de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) describen el puesto ocupado por Calderón Fradera como un “trabajo profesio-nal y especializado, de considerable complejidad y respon-sabilidad, en el campo del trabajo social que consiste en asistir a un Director Regional en la dirección, planificación, administración y supervisión de los programas de la admi-nistración del Departamento de la Familia a nivel regional”. Informe de la Oficial Examinadora (5 de febrero de 2015), pág. 8, Apéndice, pág. 92. Los requisitos para ocupar dicho puesto son los siguientes: (1) “seis (6) años de experiencia relacionados con los programas de servicios en la ADFAN, [incluyendo] un (1) año de supervisión”; (2) “po-seer licencia permanente para ejercer la profesión de Tra-bajador Social”, y (3) “ser miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico”. íd.

Al analizar los pormenores del puesto de Directora Aso-ciada de ADFAN a la luz del mencionado Art. 37.02, consi-dero que Calderón Fradera debió estar exenta del plan de cesantías. Si bien algunas de sus labores eran de carácter administrativo o de supervisión, esto no debió ser impedi-mento para reconocer que su puesto estaba claramente en-marcado en el ámbito del trabajo social A diferencia de otras profesiones exceptuadas de la ley, el Art. 37.02(g), 3 LPRA sec. 8797(g), solo alude a “trabajadores sociales”, sin especificar el tipo de labores que debe ejercer un trabajador social para quedar exento de la aplicación de la ley

Así, pues, me parece aplicable el axioma de que “[e]l nombre no hace la cosa”. A.E.E. v. Rivera, 167 DPR 201, 223 (2006). Véanse: Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 127 DPR 448, 463 (1990) (opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García); Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 24 (1987). Reducir el alcance del puesto de “trabajador social” al título formal atribuido a un emple-ado, en vez de tomar en cuenta la descripción de sus fun-ciones, soslayaría un mandato legislativo claro de eximir a este tipo de profesionales de la ley por el carácter esencial de sus servicios para la ciudadanía Desde esa perspec-tiva, considero que la recurrida estaba exenta de la aplica-ción del plan de cesantías de la Ley Núm. 7-2009 por la naturaleza y descripción del puesto que ocupaba.

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Por si fuera poco, al caso particular ante nuestra consi-deración se añade el hecho de que la recurrida había ocu-pado su puesto por más de trece años y seis meses, lo que constituye razón adicional para eximirla de la aplicación de la ley. Esto, pues, mediante la Carta Circular Núm. 2009-16, la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal esta-bleció que no serían cesanteados aquellos empleados con trece años y seis meses de antigüedad en el servicio público. De ahí que las agencias tenían el deber de certificar por escrito a los empleados afectados “su fecha de antigüedad según surge de sus récords”. 3 LPRA see. 8799(8). Junto a esta certificación, el empleado debía ser apercibido de su derecho a rebatir por escrito el tiempo de antigüedad acreditado. Una vez notificado, el empleado disponía de un término de treinta días para presentar su escrito y eviden-cia documental fehaciente que refutara la antigüedad certificada. 3 LPRA see. 8799(9).

En este caso, originalmente hubo dos certificaciones diri-gidas a Calderón Fradera sobre su antigüedad. En la pri-mera (14 de abril de 2009), se le indicó que acreditaba cero años, cero meses y cero días. Basada en esta certificación, Calderón Fradera sometió un formulario rebatiendo la anti-güedad indicada, ya que a su entender llevaba unos trece años laborando en el Departamento. Esa impugnación pro-vocó que varios meses después la recurrida recibiera una segunda certificación en la que se le indicó que acreditaba trece años, cinco meses y veintiséis días de antigüedad. Cuando la recurrida apeló esta segunda certificación, sur-gieron controversias en cuanto a si había sido debidamente notificada Por esto, tras varios trámites procesales, el Tribunal de Apelaciones ordenó la celebración de una vista evidenciaría Como parte de esta vista, el propio Departa-mento de la Familia presentó una tercera certificación (del 14 de abril de 2010) que concluyó que Calderón Fradera acreditaba trece años, siete meses y veintisiete días de antigüedad. Fue con el beneficio de esa certificación que el Tribunal de Apelaciones luego determinó que Calderón Fra-dera contaba con la antigüedad que disponía la Carta Circular Núm. 2009-16 para no quedar cesanteada.

A pesar de que la señora Calderón Fradera cuenta con la antigüedad necesaria para retener su empleo, tal como acre-dita la tercera certificación, el Departamento de la Familia aduce en su recurso de certiorari que la prueba sobre tal antigüedad debió presentarse dentro de los treinta días pos-teriores a la primera certificación recibida por Calderón Fradera, en la que se le indicaba que acreditaba cero años, cero meses y cero días. Difiero de esa apreciación puesto que, aunque la Ley Núm. 7-2009 establece un término de treinta días para objetar la antigüedad acreditada y presen-tar prueba al respecto, considero irrazonable que dicho tér-mino se active mediante una notificación patentemente errónea. Véase Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165, 178 (2005) (sobre “el deber de notificar a las partes una de-terminación administrativa de manera adecuada y completa”).

Es evidente que la recurrida entendió que la certifica-ción era errónea de su faz dados los años que llevaba la-borando en el Departamento. Bajo ese entendido, remitió oportunamente un formulario impugnando la fecha de antigüedad. Si bien es cierto que no presentó evidencia documental fehaciente junto al formulario, sería irrazo-nable exigirle que lo hiciera cuando el propio Departa-mento incumplió con su deber de notificarle una fecha de antigüedad basada en los récords. Es por eso que no comparto la noción de que la certificación del 14 de abril de 2009 activó el término de treinta días del Art. 37.04(b)(9), 3 LPRA sec. 8799(b)(9), para que la recurrida presentara toda la evidencia pertinente a su antigüedad, como sostiene la opinión disidente. Así pues, entiendo que la prueba que luego estableció que Calderón tenía treinta años, siete meses y veintisiete días de antigüedad surgió de manera propicia y dentro de los procedimientos establecidos en la ley que debieron observarse desde un principio.

h-H f—i h-H

Por los dos fundamentos anteriores, estoy conforme con que se confirme al Tribunal de Apelaciones.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fe-liberti Cintrón,

a la cual se unen el Juez Asociado Señor Martínez Torres y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

Mediante el presente recurso, el Departamento de la Familia solicitó la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 30 de junio de 2015. En su determinación, el foro apelativo intermedio resolvió que, en el expediente administrativo, había prueba que acredi-taba que la parte recurrida llevaba más de trece años y seis meses laborando en el servicio público, por lo que contaba con los años de antigüedad requeridos para ser excluida del plan de cesantías de la Ley Núm. 7-2009.

En el día de hoy se confirmó el dictamen recurrido por encontrarse este Tribunal igualmente dividido. No obs-tante, a base de las razones que expongo a continuación, opino que procedía revocar la Sentencia del foro apelativo intermedio y, por consiguiente, disiento. Veamos.

1—i

A. Trasfondo fáctico

A base de la prueba presentada durante la vista admi-nistrativa del asunto en controversia, la Comisión Apela-tiva del Servicio Público (CASP) acogió, en su Resolución de 27 de febrero de 2015, las determinaciones de hecho consignadas en el Informe de la Oficial Examinadora de 5 de febrero de 2015, las cuales resumimos a continuación.

En abril de 2009, la Sra. Hayrinés Calderón Fradera (se-ñora Calderón o recurrida) se desempeñaba como Directora Asociada de Familias y Niños en la Administración de Fa-milias y Niños (ADFAN), adscrita al Departamento de la Familia. Para obtener ese puesto, cumplió con ciertos requi-sitos de educación, experiencia, licencia y colegiación. Esta posición conllevaba una labor profesional especiali-zada, de considerable complejidad y responsabilidad en el campo del trabajo social. Sus funciones consistían en asistir a un Director Regional en la dirección, planificación, admi-nistración y supervisión de los programas de la ADFAN. Además, como Directora Asociada de Familias y Niños, la señora Calderón tenía a su cargo a cinco empleados que ocu-paban puestos de Supervisor de Trabajo Social II. En fin, el trabajo realizado por la recurrida era mayormente adminis-trativo y de supervisión.

El 14 de abril de 2009, la ADFAN emitió una Certifica-ción de Fecha de Antigüedad en la Agencia dirigida a la señora Calderón, en la que señalaba que esta laboró en el servicio público por cero años, cero meses y cero días. Ade-más, se le apercibió que, dentro del término de treinta días contado a partir de la notificación, podía presentar un For-mulario de Impugnación de Fecha de Antigüedad acompa-ñado de evidencia documental fehaciente que sostuviera su postura. Además, se le advirtió que, de no presentar evi-dencia documental fehaciente o de no refutar la antigüe-dad certificada, la misma sería concluyente.

El 8 de mayo de 2009, la señora Calderón sometió el Formulario de Impugnación de Fecha de Antigüedad ante el Departamento de la Familia. En este indicó que contaba con un total de trece años de servicio público. Precisó que trabajó un primer periodo de cinco años, tres meses y vein-ticinco días, contados a partir del 5 de agosto de 1991. Ade-más, señaló que laboró durante un segundo periodo de ocho años, dos meses y quince días, contados desde el 16 de febrero de 2001 hasta el 30 de abril de 2009, fecha en que suscribió el formulario.

El 30 de septiembre de 2009, la señora Calderón recibió una notificación enmendada de antigüedad en el servicio público fechada el 8 de julio de 2009. Por este medio, la ADFAN acreditó que la recurrida laboró en el servicio pú-blico durante trece años, cinco meses y veintiséis días. En el documento no se le apercibió sobre el derecho de apelar.

El 28 de septiembre de 2009, el Departamento de la Familia le notificó a la señora Calderón que, efectivo el 6 de noviembre de 2009, sería cesanteada de su puesto como Directora Asociada de Familias y Niños, en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 7-2009.

Además de las determinaciones de hecho de la CASP, en los autos consta que, el 17 de noviembre de 2009, la Admi-nistración del Derecho al Trabajo (ADT) expidió una Certi-ficación de Empleo. Este documento refleja que la señora Calderón trabajó veinticinco horas semanales en la ADT desde el 4 de enero de 1988 hasta el 29 de abril de 1988.

El expediente judicial también contiene una Certifica-ción de 20 de agosto de 2012, emitida por la Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Departamento de la Familia, Sra. María Luisa Torres Co-lón, que, en lo pertinente, indica:

Que mediante documento interno llamad [o] Tabla de Verifica-ción de Tiempo en el Servicio Público - Post Entrega de Carta de Cesantías, en el que se tomó en consideración la evidencia presentada por la señora Calderón posterior a su cesantía, se concluyó que la antigüedad era de 13 años[,] 7 meses [y] 27 días. Este documento tiene fecha del 14 de abril de 2010. (Én-fasis nuestro). Apéndice, 2da Pieza.

B. Trasfondo procesal

Por los hechos relatados, el 5 de octubre de 2009, la señora Calderón presentó la Solicitud de Apelación (Por Derecho Propio) ante la extinta Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Ser-vicio Público (CASARH). Oportunamente, impugnó la ce-santía notificada el 28 de septiembre de 2009 a base de dos argumentos. Primeramente, cuestionó la antigüedad acre-ditada por la ADFAN. Igualmente, objetó la determinación por considerar que la naturaleza de su puesto, como Direc-tora Asociada de Familias y Niños, era de trabajo social.

El 5 de febrero de 2015, la CASP emitió el Informe de la Oficial Examinadora que estableció que las funciones del puesto de Directora Asociada de Familias y Niños eran “eminentemente administrativas y de supervisión”. Por lo cual, la oficial examinadora de la CASP concluyó que las responsabilidades de la posición no eran propiamente de trabajo social. Además, dispuso que el Formulario de Im-pugnación de Fecha de Antigüedad presentado por la se-ñora Calderón no incluyó evidencia fehaciente de los servi-cios prestados en la ADT, por lo cual, no se consideró esa experiencia al recalcularse su antigüedad. A base de ello, únicamente acreditó una antigüedad de trece años, cinco meses y veintiséis días.

El 27 de febrero de 2015, la CASP emitió Resolución en la que, conforme a las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho del referido Informe de la Oficial Examinadora, declaró “no ha lugar” la Solicitud de Ape-lación (Por Derecho Propio) presentada por la señora Calderón.

Inconforme, el 30 de marzo de 2015, la recurrida pre-sentó una Petición de Revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Argüyó que la CASP erró al determinar que las funciones del puesto de Directora Asociada de Familias y Niños eran eminentemente administrativas y de super-visión, distinguibles de las que realizaba un supervisor de trabajo social o un trabajador social. Planteó que, por el contrario, al tratarse de un puesto esencial de trabajadora social, estaba exenta del plan de cesantías de la Ley Núm. 7-2009. Además, alegó que la CASP erró al concluir que no presentó evidencia fehaciente que sustentara que cumplió con el requisito mínimo de antigüedad de trece años y seis meses para ser eximida del plan de cesantías. Por lo cual, solicitó que se dejara sin efecto la cesantía, se le reinsta-lara en su puesto de Directora Asociada de Familias y Ni-ños y se le pagaran todos los haberes dejados de devengar.

El 30 de junio de 2015, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia mediante la cual revocó la Resolución emitida por la CASP. Indicó que del expediente administrativo del caso surgía que el Departamento de la Familia contaba con evidencia emitida luego de la cesantía que acreditaba que la señora Calderón contaba con más de trece años y seis meses de antigüedad en el servicio público. Por lo cual, concluyó que la recurrida cumplió con el requisito mínimo de antigüedad en el servicio público y ordenó la reinstala-ción al empleo, así como el pago de los salarios dejados de percibir.

No conteste con tal determinación, el 21 de septiembre de 2015, el Departamento de la Familia instó el recurso de epígrafe. Alegó que el foro apelativo intermedio incidió al considerar la prueba emitida luego de expirado el término jurisdiccional de treinta días para presentar evidencia feha-ciente en tomo a la antigüedad. Por otra parte, aclaró que la CASP actuó correctamente al concluir que, conforme a su clasificación, el puesto de Directora Asociada de Familias y Niños de la ADFAN no estaba excluido del plan de cesantías de la Ley Núm. 7-2009.

Por su parte, la señora Calderón presentó su Oposición a Certiorari. Argüyó que, como Directora Asociada de Fa-milias y Niños realizaba tareas dentro del ámbito de la profesión de trabajo social y que, en el expediente adminis-trativo, había prueba que demostraba su antigüedad en el servicio público. Por lo cual, arguyo que estaba exenta del plan de cesantías de la Ley Núm. 7-2009 y solicitó que se confirmara la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Mediante una Resolución de 29 de enero de 2016 expe-dimos el auto de certiorari solicitado, y ambas partes com-parecieron para defender sus respectivas posiciones.

HH HH

A. El criterio de antigüedad del Plan de Cesantías de la Ley Núm. 7-2009 y el proceso de impugnación

Mediante el Art. 2 de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA see. 8791 n.) se declaró en Puerto Rico un estado de emergencia económica y fiscal gubernamental y se adoptó un plan de estabilización con el fin de atender el mismo. Como parte del referido plan, se implemento un proceso de tres fases para la reducción de la nómina gubernamental. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7-2009 (2009 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 53); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393 (2012); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1 (2010).

La Fase II del mencionado plan incluyó las cesantías de empleados con nombramiento permanente o de carrera “ob-servando exclusivamente el criterio de antigüedad, de modo que sean cesanteados en primer término aquellos que ten-gan menor antigüedad”. Art. 37.04(b)(3) de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA see. 8799). Véanse, además: Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7-2009, supra, págs. 54-55; Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra. Para determinar la anti-güedad de los empleados afectados es menester computar todo el tiempo que cada uno laboró en el servicio público. Véanse: Art. 37.04(b)(4) de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA see. 8799(b)(4)); Negrón Matos et al. v. E.L.A., 179 DPR 217 (2010).

Así pues, las distintas agencias gubernamentales esta-ban obligadas a determinar y certificar la antigüedad de los empleados afectados, conforme a lo establecido en el Art. 37.04(b)(8) de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA sec. 8799(b)(8)). En particular, esta disposición requiere que las agencias certifiquen por escrito la fecha de antigüedad de cada uno de los empleados afectados, según sus expedientes, y le aperci-ban del derecho de exponer y fundamentar su versión por escrito en caso de estar inconformes con la misma. íd.

Los términos y las condiciones para impugnar la certi-ficación de antigüedad emitida por la agencia se consigna-ron en el estatuto de la manera siguiente:

El empleado, y de ser el caso, éste a través de su organización sindical, tendrá un término no mayor de treinta (30) días ca-lendario, a partir de la fecha de la notificación, para presentar por escrito a la agencia, evidencia documental oficial emitida por la autoridad o entidad gubernamental competente (eviden-cia documental fehaciente) que refute la antigüedad que le ha sido certificada. Para ello utilizará el formulario que para esos fines será provisto por su respectiva agencia, el cual comple-tará y someterá a su propia agencia, con copia de la evidencia documental fehaciente que refute la fecha de antigüedad noti-ficada por la agencia. (Enfasis nuestro). Art. 37.04(b)(9) de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA sec. 8799(b)(9)).

El referido término de treinta días es de carácter juris-diccional, por lo cual no se permite su interrupción. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra. De no refutar o presen-tar evidencia documental fehaciente, la antigüedad notifi-cada por la agencia será concluyente al efectuarse el plan de cesantías. Véase Art. 37.04(b)(10) de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA sec. 8799(b)(10)) Por ello, la CASARH y su suce-sora, la CASP, pierden “jurisdicción sobre cualquier docu-mento presentado por la recurrida fuera del término juris-diccional de treinta (30) días”. (Enfasis nuestro). Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 406. Consecuente-mente, aunque exista justa causa para una demora, la CA-SARH o su sucesora no tienen autoridad para considerar aquellos documentos que se presenten a destiempo. íd.

Por otro lado, en aquellos casos en que se presente, oportunamente, evidencia documental fehaciente que refute la antigüedad, la agencia tendrá que celebrar una vista previo a emitir una determinación final. Véase Art. 37.04(b)(ll) de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA see. 8799(b)(ll)). Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra. Ahora bien, para tener derecho a que se celebre una vista, el empleado público afectado debe solicitarla. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra.

Por último, la determinación final de la agencia tendrá que ser emitida y notificada conforme a lo establecido en el Art. 37.04(b)(12) de la Ley Núm. 7-2009, según enmen-dado, 3 LPRA sec. 8799(b)(12), que requiere que se le aper-ciba al empleado sobre su derecho de solicitar revisión.

B. La Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal

Para determinar la cantidad global de empleados que se-rían cesanteados por el referido plan de cesantías, la Asam-blea Legislativa creó la Junta de Reestructuración y Estabi-lización Fiscal (JREF), entidad que cuenta con amplias facultades para descargar las funciones encomendadas. Vé-anse: Art. 33(f) de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA sec. 8791(f)); Art. 37.04(b)(5), (b)(6) y (b)(7) de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA sec. 8799(b)(5), (b)(6) y (b)(7)). Estos poderes estaban limitados por el referido criterio rector de la antigüedad. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra.

Entre los poderes delegados, la JREF tenía facultad para establecer la fecha de corte para el cómputo de la antigüe-dad de los empleados públicos. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra; Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95 (2011).

El 2 de noviembre de 2009, la JREF emitió la Carta Circular Núm. 2009-16, sobre el Proceso para la Determi-nación de Empleados Públicos a Ser Afectados por el Plan de Cesantías Dispuesto por el Capítulo III de la Ley Núm. 7 de 9 de Marzo de 2009, Según Enmendada. En lo perti-nente, la JREF dispuso que, en la segunda ronda de cesan-tías, serían afectados los empleados públicos que, a la fe-cha de corte de 17 de abril de 2009, contaban con una antigüedad en el servicio público igual o menor a trece años, seis meses y cero días. Íd. Véase, además, Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., supra.

El propósito de contar con una fecha objetiva para de-terminar la antigüedad era evitar señalamientos de discri-men entre empleados. Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., supra. Así pues, esta fecha uniforme para el “cómputo de antigüedad le brindó al proceso de cesantías un clima de pureza y transparencia”. Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., supra, pág. 123.

C. La exención a los Trabajadores Sociales

Para evitar un impacto negativo en los servicios guber-namentales esenciales, la Asamblea Legislativa excluyó del referido plan de cesantías a “aquellos puestos que pres-tan servicios esenciales a la ciudadanía y que son esencia-les para mantener la continuidad de servicios”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7-2009, supra, pág. 54. Esta fue la única excepción permitida al criterio de antigüedad del proceso de cesantías. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra.

Conforme a lo anterior, se eximió del plan de cesantías a aquellos empleados que, según sus clasificaciones, tenían “funciones esenciales en protección de la seguridad, ense-ñanza, salud y bienestar, según serán definidos por la JREF, tales como: [...] (g) trabajadores sociales”. (Enfasis nuestro). Art. 37.02 de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA see. 8797).

H-4 i—i 1—4

Analizado cuidadosamente el expediente judicial y eva-luado el único señalamiento de error, en armonía con el de-recho aplicable, estoy convencido de que el foro apelativo intermedio incidió al revocar el dictamen de la CASP. Veamos.

A. La impugnación de la fecha de antigüedad

De entrada, debo señalar que del Formulario de Impug-nación de Fecha de Antigüedad y de la prueba sometida oportunamente se infiere que la señora Calderón solicitó que, para el 30 de abril de 2009, se le reconociera una antigüedad total de trece años, seis meses y diez días.

No obstante, habida cuenta que la JREF fijó el 17 de abril de 2009 como la fecha de corte para determinar los años de servicio público, al recalcular la antigüedad im-pugnada hasta esa fecha, el Departamento de la Familia determinó correctamente que la antigüedad probada era de trece años, cinco meses y veintiséis días. A esos efectos, el Departamento de la Familia acreditó todo el tiempo de an-tigüedad alegado por la señora Calderón a base de la prueba presentada oportunamente, pero limitado a la fe-cha de corte. Por lo cual, sin trámite ulterior, la agencia ajustó la certificación recurrida y aceptó la validez de la prueba sometida.

Como mencioné anteriormente, mediante la Ley Núm. 7-2009 y la Carta Circular Núm. 2009-16, se determinó que serían cesanteados aquellos empleados públicos que, a la fecha de corte de 17 de abril de 2009, contaban con una antigüedad igual o menor a trece años, seis meses y cero días. Luego de recibir una certificación de antigüedad, los empleados tenían un término jurisdiccional de 30 días para impugnar y presentar evidencia fehaciente que sustentara su posición. De lo contrario, la certificación de antigüedad sería concluyente para propósitos del plan de cesantías.

El foro apelativo intermedio resolvió que en el expe-diente administrativo había prueba que acreditaba que la señora Calderón laboró en el servicio público por más de trece años y medio. Sin embargo, no existe controversia en cuanto a que la documentación a la cual se refirió el Tribunal de Apelaciones para sustentar esa determinación fue emitida luego de expirado el término jurisdiccional de treinta días con el que contaba la recurrida para impugnar la antigüedad certificada por la ADFAN, el cual venció en mayo de 2009.

En consecuencia, considero que ninguno de los foros concernidos, o sea, el Departamento de la Familia, la CASP, el Tribunal de Apelaciones y esta Curia, tiene juris-dicción para admitir y evaluar la documentación adicional presentada fuera de término. Es decir, estamos vedados de tomar en consideración las alegaciones de la señora Calde-rón basadas en el contenido de tales escritos.

A base de lo anterior, opino que la CASP actuó correcta-mente al excluir la prueba presentada fuera de término y al concluir que la señora Calderón no demostró fehaciente-mente que llevaba más de trece años y seis meses en el servicio público. Consecuentemente, no estaba exenta del plan de cesantías por ese fundamento. Por lo tanto, en-tiendo que el Tribunal de Apelaciones erró al considerar la documentación adicional emitida y presentada fuera del término jurisdiccional de treinta días.

B. La exención a los Trabajadores Sociales

Como excepción al criterio de antigüedad antes discu-tido, la Ley Núm. 7-2009 eximió del plan de cesantías a aquellos empleados que tenían funciones esenciales en pro-tección de la seguridad, enseñanza, salud y el bienestar. Entre esos empleados protegidos se encontraban los traba-jadores sociales.

Para determinar si un empleado realizaba este tipo de funciones esenciales, tiene que revisarse su clasificación. De la clasificación del puesto de Director Asociado de Fa-milias y Niños se colige que las funciones de la señora Cal-derón consistían en planificar, organizar y coordinar los servicios ofrecidos por la agencia, así como supervisar, orientar y dirigir al personal. Conforme a ello, la CASP determinó razonablemente que las labores de una Direc-tora Asociada de Familias y Niños eran mayormente admi-nistrativas y de supervisión, y que, por ende, no estaba exenta del plan de cesantías. En el presente caso no existen fundamentos suficientes para interferir con la de-terminación pericial de la CASP y omitir la deferencia que le debemos a dicho foro.

En mérito de lo anterior, concluyo que el Tribunal de Apelaciones erró al dejar sin efecto la Resolución de la CASP.

IV

Por los fundamentos expuestos, considero que debimos revocar la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelacio-nes el 30 de junio de 2015 y reinstalar la Resolución dic-tada por la CASP el 27 de febrero de 2015. Por consi-guiente, respetuosamente disiento.

       Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, 3 LPRA seo, 8791 et sea.

       Como plantea la recurrida, la distinción en atención al título del puesto, en vez de su descripción, tiene el efecto anómalo de que empleados cuyas clasificaciones oficiales aluden al trabajo social, pero con menos antigüedad y jerarquía en el De-partamento de la Familia, quedaran exentos de la aplicabilidad de la ley, vis a vis empleados como Calderón Fradera, quien por su destaque en la agencia dentro sus funciones como trabajadora social, al punto de elevarla al puesto de supervisión de mayor jerarquía, quedó fuera del alcance de la exención de la ley.

       Compárese con otros profesionales como los maestros, sobre los cuales se especificó que solo estarían exentos aquellos “asignados al salón de clases”. 3 LPRA sec. 8797(c). Así también, valga mencionar a los “profesionales de la salud”, de los cuales se eximió solo a los “médicos, paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y téc-nicos de laboratorio”. 3 LPRA sec. 8797(f).

       Es importante el énfasis en la descripción de las labores, pues no debe infe-rirse que mi posición llegaría al extremo de sostener que todos los empleados guber-namentales con preparación profesional en trabajo social estaban exentos del plan de cesantías de la Ley Núm. 7-2009. Considero que, al determinar la aplicabilidad de la exención, el análisis debe centrarse en que la labor del empleado en efecto esté dentro del ámbito del trabajo social, como lo fue en este caso.

       Petición de certiorari del Departamento de la Familia, pág, 10.

        Calderón Fradera v. Dpto. de la Familia, KLRA201000972 (TA, San Juan), (25 de febrero de 2011), Apéndice, pág. 60.

        Calderón Fradera v. Dpto. de la Familia, KLRA201500313 (TA, San Juan) (30 de junio de 2015), Apéndice, pág. 272.

       Petición de certiorari del Departamento de la Familia, págs. 17-18.

       “[L]as agencias certificarán por escrito a sus empleados afectados, indivi-dualmente, su fecha de antigüedad según surge de sus récords”. (Énfasis suplido). 8 LPRAsec. 8799(b)(8).

       “Ese era el término que tenía la señora Calderón para someter toda la evidencia pertinente a su antigüedad en el servicio público”. (Enfasis en el original). Opinión disidente del Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón, pág. 1003 esc. 17.

       Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, según en-mendada, 3 LPRA see, 8791 et sea. (Ley Núm. 7-2009).

       Por virtud del Art. 4 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público (Plan de Reorganiza-ción), 3 LPRA Ap. XIII, se creó la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) “como un organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva, especializado en asuntos obrero-patronales”. La CASP fusionó las funciones de la Comisión Apelativa del Sis-tema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) y de la Comisión de Re-laciones del Trabajo del Servidor Público. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013).

      8) En particular, el puesto de Directora Asociada de Familias y Niños requería: maestría en trabajo social; al menos seis años de experiencia relacionados con los programas de servicios en la Administración de Familias y Niños (ADFAN), con un mínimo de un (1) año de experiencia como supervisora; licencia permanente para ejercer la profesión de trabajador social y ser miembro activo del Colegio de Profe-sionales del Trabajo Social de Puerto Rico.

       En aquel momento, la Sra. Hayrinés Calderón Fradera (señora Calderón) no informó ni acreditó con evidencia fehaciente que había trabajado en la Administra-ción del Derecho al Trabajo (ADT) durante el año 1988.

       Los años de antigüedad acreditados por la ADFAN coinciden con las fechas señaladas por la señora Calderón en el Formulario de Impugnación de Fecha de Antigüedad, pero limitado hasta el 17 de abril de 2009, fecha de corte establecida para propósitos del plan de cesantías de la Ley Núm. 7-2009.

       Por medio de esta Certificación, el Departamento de la Familia reconoció que la señora Calderón tenía sobre dos meses adicionales de antigüedad en el servicio público en comparación con la Certificación de 8 de julio de 2009.

       El Art. 37.02 de la Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA see. 8797) estableció que los trabajadores sociales estaban exentos del plan de cesantías debido a que, según sus clasificaciones, tenían “funciones esenciales en protección de la seguridad, ense-ñanza, salud y bienestar”.

       Por virtud del Plan de Reorganización, las funciones adjudicativas de la CASARH se traspasaron a la CASP. Por ende, esta última adquirió jurisdicción sobre la Solicitud de Apelación (Por Derecho Propio) presentada por la señora Calderón.

       En específico, el foro apelativo intermedio identificó la Certificación de 20 de agosto de 2012, que establecía que la señora Calderón llevaba trece años, siete meses y veintisiete días laborando en el servicio público.

       por 0tra parte, la señora Calderón consideró que fue privada de su derecho al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes por: alegados errores en la apreciación de la prueba; la falta de una vista administrativa, y la falta de una notificación final adecuada del Departamento de la Familia que incluyera las debidas advertencias. No obstante, no presentó ante nuestra consideración un recurso de certiorari ni pagó los correspondientes derechos arancelarios para proceder con la revisión de esos señalamientos. Por ello me limito a discutir el error presentado en el recurso de certiorari de epígrafe. Véanse: Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393 (2015); Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014).

       La jurisdicción tampoco puede ser otorgada por las partes ni el tribunal puede arrogársela. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014).

       En Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95 (2011), expresamos que la Asamblea Legislativa estableció, con diáfana claridad, que la antigüedad notificada sería concluyente para todo propósito relacionado con el plan de cesantías.

       Originalmente, la revisión debía solicitarse ante la CASARH, ahora la CASP.

       En Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., supra, pág. 125, también discu-timos que la Carta Circular Núm. 2009-16 de la JREF fue “un ejercicio válido de autoridad por parte de la JREF que garantizó un trato equitativo y objetivo a todos los empleados públicos afectados por la Ley Núm. 7, supra”.

       Este periodo se desglosa de la manera siguiente: cinco años, tres meses y veinticinco días por el tiempo de servicio comenzado el 5 de agosto de 1991; más ocho años, dos meses y quince días por el tiempo de servicio entre el 16 de febrero de 2001 hasta el 30 de abril de 2009.

       En específico, hizo referencia a la Certificación de antigüedad de 20 de agosto de 2012 que, a su vez, se basó en un documento de 14 de abril de 2010. Nótese que también obra en autos una Certificación de Empleo de ADT de 17 de noviembre de 2009. Esta última refleja que la señora Calderón trabajó en el servicio público desde el 4 de enero de 1988 al 29 de abril de 1988.

       El término jurisdiccional de treinta días comenzó a correr a partir de la notificación de la Certificación de Fecha de Antigüedad en la Agencia de 14 de abril de 2009. Ese era el término que tenía la señora Calderón para someter toda la evidencia pertinente a su antigüedad en el servicio público. De así hacerlo, podía solicitar una vista con el propósito de solucionar cualquier pugna relacionada a la prueba presentada oportunamente.

       Según la clasificación del puesto de Director Asociado de Familias y Niños, la señora Calderón debía contar con preparación, conocimiento y experiencia en el área de trabajo social. Además, debía estar colegiada y tener una licencia para ejercer dicha profesión. No obstante, esto no significa que esta posición era esencial para la seguri-dad, la enseñanza, la salud y el bienestar; ni equivale a puesto de trabajadora social.

       El principio de la deferencia judicial establece, como norma general, que los tribunales revisores no intervendrán en las determinaciones administrativas basa-das en su peritaje. OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012). En esa línea, hemos reiterado que la deferencia hacia las decisiones administrativas solo habrá de ceder “cuando no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia haya errado en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o ilegal”. OCS v. Universal, supra, pág, 179, citando a The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 186 DPR 800, 822 (2012).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Estrella Martínez Jueza Presidenta Oro-noz Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    José Julio Cardona Caraballo, peticionario, v. Autoridad de Carreteras y Transportación, recurrida.

      Número: CT-2014-200

      Resuelto: 9 de diciembre de 2016

      Juan R. Dávila, abogado de la parte recurrente; Juan Carlos Villafañe y Leila S. Castro Moya, de Puerto Rico Legal Advocates, PSC, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos brinda la ocasión para determinar si el pago de los gastos por dietas y millaje constituye un bene-ficio económico, que los empleados pueden reclamar al am-paro del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180-1998, conocida como Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfer-medad de Puerto Rico, infra.

Expongamos los antecedentes fácticos y procesales que nos auxiliarán a resolver las controversias que nos ocupan.

HH

Este caso tiene su génesis el 3 de diciembre de 2010, cuando el peticionario, Sr. José J. Cardona Caraballo (señor Cardona Caraballo) y varios empleados pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Autoridad de Carreteras (UTAC), presentaron una demanda ante el Tribunal de Pri-mera Instancia contra la Autoridad de Carreteras y Trans-portación (ACT). En ésta reclamaron el reembolso de los gastos por dietas y millaje adeudados desde el 1 de julio de 2010. Para ello se ampararon en el Art. LIV del Convenio Colectivo suscrito entre la ACT y la UTAC (Convenio Colec-tivo), el Art. 7(a) de la Ley Núm. 74 de 23 de jimio de 1965 (9 LPRA sec. 2007(a)), y el Reglamento Núm. 09-001 sobre Gastos de Viaje y Representación de 16 de mayo de 1992, Departamento de Transportación y Obras Públicas (Regla-mento Núm. 09-001). Además, solicitaron la imposición de la penalidad incluida en el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180-1998 (Ley Núm. 180), 29 LPRA sec. 250i, la cual se refiere a recibir una cantidad adicional igual a la que se le haya de-jado de satisfacer, por salarios, beneficios, vacaciones o li-cencias por enfermedad dejadas de pagar con los intereses y honorarios de abogado correspondientes.

En lo pertinente, los demandantes indicaron que la falta de pago les causó daños a su poder adquisitivo y patrimonial, ya que en su faena diaria han incurrido en gastos en beneficio de la ACT y no han recibido su justa compensación. Para fundamentar su petitorio, éstos sostu-vieron que el Art. LIV, el cual regula lo concerniente al re-embolso de los gastos de dietas y millaje, continuó vigente luego de la fecha de vencimiento del Convenio Colectivo.

En respuesta, ACT admitió que no había rembolsado los gastos de dietas y millaje reclamados y reconoció que había incumplido con el pago, alegando que el Convenio Colectivo había expirado el 30 de junio de 2010 y el Art. LIV no tenía vigencia indefinida e independiente. Asimismo, alegó que se encontraba en proceso de atender las reclamaciones de dietas y millaje que fueran procedentes, mientras se nego-ciaba y firmaba un nuevo convenio colectivo.

Posteriormente, la UTAC presentó una Moción Urgente en Solicitud de Remedio. En ésta informó que la ACT había emitido una resolución administrativa y comenzado a pa-gar las partidas de dietas y millaje a sus miembros, sin contar con el consentimiento de éstos, para burlar la juris-dicción del foro primario en cuanto a cualquier controver-sia relacionada con las cantidades y penalidades reclama-das, incluyendo evadir la penalidad dispuesta en la Ley Núm. 180 (29 LPRA see. 250 et seq.). Por lo tanto, solicitó que se le ordenara a la ACT descontinuar ese proceder.

Ante ello, la ACT presentó un escrito intitulado Oposi-ción a Moción Urgente y Moción Solicitando se Dicte Sen-tencia Sumaria. En lo pertinente, argüyó que debido a que el Convenio Colectivo expiró el 30 de jimio de 2010, no tenía facultad legal para efectuar los pagos de dietas y millaje reclamados, toda vez que no disponía de una fórmula que lo regulara. Informó que comenzó a efectuar los rembolsos, ya que el 8 de marzo de 2011 aprobó una resolución adminis-trativa que se lo permitía. Por lo tanto, adujo que el pleito se había tomado académico. De igual forma, alegó que era im-procedente la penalidad dispuesta en la Ley Núm. 180, pues la reclamación instada no se relaciona a salarios, beneficios, vacaciones o licencias por enfermedad dejadas de pagar. Así las cosas, solicitó que se dictara sentencia sumaria y se des-estimara el pleito por academicidad.

Oportunamente, la UTAC se opuso a la solicitud de sen-tencia sumaria incoada por la ACT. En esencia, argumentó que no procedía la disposición sumaria del pleito debido a que la ACT no sustentó su alegación de que el Art. LIV no tenía vigencia propia más allá de la fecha de expiración del Convenio Colectivo. Afirmó que el lenguaje del convenio era claro, en cuanto a que el Art. LIV tiene su propia vi-gencia, lo que significa que continuó con pleno vigor luego de 30 de junio de 2010. De esta forma, adujo que la ACT siempre mantuvo la facultad legal para efectuar los pagos requeridos y no lo hizo.

A su vez, la UTAC indicó que el pleito no era académico, toda vez que no tan solo solicitan el reembolso de los gastos de dietas y millaje, sino también la penalidad establecida en la Ley Núm. 180. En ese sentido, la UTAC sostiene que la ACT comenzó a realizar los pagos, valiéndose de una resolución administrativa, con el fin de tornar el caso en académico y evadir esa penalidad.

Por su parte, la ACT presentó una duplica en la cual expresó que la interpretación ofrecida por la UTAC, sobre el Convenio Colectivo, no tenía fundamento. Señaló que, aunque el Convenio Colectivo establece que tendrá una vi-gencia del 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2010 y que el Art. LIV contiene su propia vigencia, esto último se refiere a la fecha cuando el artículo entraría en vigor; es decir, diez días luego de la firma del Convenio Colectivo. Según la ACT, si la intención de las partes era que el Art. LIV tu-viera una vigencia indefinida, así lo hubieran pactado expresamente.

Examinadas las posturas de las partes, el 31 de mayo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Senten-cia Parcial mediante la cual concluyó que no existía contro-versia real ni sustancial sobre los hechos esenciales, por lo que procedía disponer del caso de forma sumaria parcial. A tales efectos, dictaminó que el Art. LIV continuó vigente luego de la fecha de expiración del Convenio Colectivo, ya que claramente estaba exceptuado de ésta. Además, deter-minó que el pleito no era académico, pues se cumplían va-rias de las excepciones a la doctrina de la academicidad, a saber: (1) la controversia de autos es susceptible de repe-tirse cada vez que expire un convenio colectivo entre las partes; (2) la ACT ha intentado modificar los hechos del caso, aprobando una resolución administrativa, pero el cambio no es permanente, y (3) subsiste una reclamación colateral, debido a que se solicita la penalidad dispuesta en la Ley Núm. 180.

A su vez, el foro primario razonó que en el caso de epí-grafe aplicaba lo dispuesto en el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180. Ello, por entender que el rembolso por dietas y millaje es un beneficio económico que está considerado en la alu-dida legislación. En vista de lo anterior, ordenó determinar la cuantía que sería pagada por la ACT. En desacuerdo con lo resuelto, la ACT solicitó la reconsideración, pero fue denegada.

Así las cosas, la ACT acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Aquilatados los argumentos de las partes, el 16 de agosto de 2013, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia mediante la cual revocó el dictamen recu-rrido y desestimó el pleito. Razonó que éste era académico, ya que el 8 de marzo de 2011 la ACT aprobó la Resolución Núm. 2011-09, mediante la cual estableció la forma como debían realizarse los pagos de dietas y millaje. Para el Tribunal de Apelaciones, la aprobación de la resolución per-mitió que la ACT comenzara el rembolso de los pagos de dietas y millaje correspondientes. Por ende, entendió que no existía una controversia justiciable.

Además, el foro apelativo intermedio determinó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al concluir que el Art. LIV permanecería vigente, aun vencido el Convenio Colectivo. Indicó que ello no surgía expresamente del convenio. En disconformidad, los demandantes presenta-ron una solicitud de reconsideración, pero fue declarada “no ha lugar”.

Inconforme, el señor Cardona Caraballo recurre ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En esen-cia, señala que el Tribunal de Apelaciones erró al determi-nar lo siguiente: (1) que el caso de autos es académico; (2) que el Art. LIV no continuó vigente luego de la fecha de vencimiento del Convenio Colectivo, y (3) que los rembolsos reclamados no son el tipo de beneficio económico que dis-pone el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180, supra. Examinado el recurso de certiorari presentado, el 31 de octubre de 2014 emitimos una Resolución, mediante la cual expedimos el auto.

En su comparecencia ante este Tribunal, el señor Car-dona Caraballo reproduce los argumentos esgrimidos ante los foros recurridos. Esto es, sostiene que la ACT adeuda el rembolso de los gastos por dietas y millaje a partir del 1 de julio de 2010. Reitera que la ACT siempre mantuvo su obli-gación legal de efectuar los pagos reclamados, debido a que el Convenio Colectivo es claro al indicar que el Art. LIV tiene vigencia propia más allá de 30 de junio de 2010. Es decir, que el Art. LIV está exceptuado de la fecha de expi-ración del Convenio Colectivo.

De igual forma, el señor Cardona Caraballo argumenta que el pleito no es académico, pues se cumplen con varias de las excepciones dispuestas en nuestro ordenamiento. Señala que, tras la presentación de la reclamación judicial, la ACT comenzó a efectuar los pagos, valiéndose de una resolución administrativa, en aras de tornar el caso en aca-démico y evadir la penalidad que establece el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180, supra. Además, plantea que este artículo aplica al caso de autos, pues arguye que el reembolso de los gastos por dietas y millaje es parte de los beneficios que conllevan una aportación económica por parte del patrono. Amparado en todo lo anterior, solicita que revoquemos el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

Por su parte, la ACT comparece mediante el Alegato de la Parte Recurrida, en el cual también reproduce los argu-mentos planteados ante los foros recurridos. En otras pa-labras, expresa que a partir del 1 de julio de 2010 dejó de efectuar los pagos de dietas y millaje reclamados porque el Convenio Colectivo expiró el 30 de junio de 2010. Alega que por tal motivo no contaba con una fórmula legal que regu-lara el desembolso de los pagos. En ese sentido, plantea que en el Convenio Colectivo no se dispuso que el Art. LIV tuviera una vigencia indefinida e independiente.

Del mismo modo, la ACT señala que desde el momento en que se aprobó la Resolución Núm. 2011-08, la cual regula de manera interina el desembolso de gastos de dietas y millaje retroactivo al 1 de julio de 2010, el pleito se tornó académico. Informa que la aludida resolución fue enmen-dada por la Resolución Núm. 2011-13, para extenderla hasta la firma de un nuevo convenio. Por último, la ACT aduce que la Ley Núm. 180 es inaplicable a la reclamación instada porque ésta no se relaciona con los salarios, los be-neficios, las vacaciones o las licencias por enfermedad deja-das de pagar. A la luz de lo anterior, solicita que confirme-mos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Expedido el recurso de certiorari y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

A. En términos generales, un convenio colectivo es un acuerdo por escrito efectuado entre una organización obrera y un patrono, en el cual se especifican los términos y las condiciones de empleo para los trabajadores cubiertos por el contrato, el estatus de la organización obrera y el procedimiento para resolver las disputas que se susciten durante su vigencia. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 319 (2011). Véanse, además: M. Méndez Ballester, Vocabulario obrero-patronal, San Juan, Departamento del Trabajo, 1962, pág. 25; H.R. Arroyo-Aguilar, Léxico laboral puerto-rriqueño: diccionario de términos jurídicos sobre el derecho del trabajo, San Juan, Ed. Situm, 2010, pág. 68. Los con-venios colectivos se consideran instrumentos útiles para la promoción de la política pública laboral del Estado, por lo que están revestidos de un alto interés público. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 321; J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 330 (1988). Además, se ha afir-mado que la celebración de éstos fomenta la paz laboral, ya que permiten resolver de forma pacífica las controversias obrero-patronales que acontezcan. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 321.

Es doctrina reiterada que los convenios colectivos son contratos y, como tal, tienen fuerza de ley entre las partes. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 320; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 451 (2007); J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, supra, pág. 333. Véase, además, Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 2994. Claro está, siempre que no contravengan las leyes, la moral o el orden público. Véase Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3372. Ello significa que, al pactar el contenido de un convenio colectivo, las partes deben cum-plirlo con estricta rigurosidad. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 320; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 451; Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 DPR 986, 995 (1993). Esto, pues el convenio colectivo obliga al patrono, a la unión y a los miembros individuales de la unión. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 320; San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 DPR 86, 89 (1975). Por consiguiente, ni el pa-trono ni los empleados pueden pretender beneficiarse de ciertas cláusulas y rechazar otras. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 320; San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., supra, pág. 89.

B. Es menester indicar que el Art. 7(a) de la Ley Núm. 74 de 23 de jimio de 1965, conocida como Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico dispone expresamente que “fl]os funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los gastos de viaje necesarios o en su lugar a las dietas correspondien-tes que sean autorizadas por reglamentos aprobados por la Autoridad”. Específicamente, el Reglamento Núm. 09-001 sobre Gastos de Viaje y Representación fue aprobado por la ACT el 16 de mayo de 1992 con el propósito de establecer las normas que deben seguir los funcionarios y empleados de la ACT, relacionadas con los gastos de viaje y la representación. Además, se promulgó con el fin de decretar las dietas y millaje que se pagarán por esos viajes. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 94-124. Cabe señalar que el Art. V(A) del Reglamento Núm. 09-001 dis-pone que “los empleados unionados que reclamen dieta, mi-llaje y alojamiento, recibirán el reembolso por los gastos a tono con el convenio colectivo vigente”. Íd., pág. 99.

C. Cónsono con lo anterior, la ACT y la UTAC suscribie-ron un Convenio Colectivo el 5 de julio de 2006, en el cual pactaron varios asuntos obrero-patronales y se comprome-tieron a no violar sus términos. Véase Convenio Colectivo, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 134. En lo que concierne a la controversia ante nos, la ACT y la UTAC acor-daron expresamente en el Art. LX del convenio que éste ten-dría “una vigencia del 1ro de julio de 2006 al 30 de jimio del año 2010, salvo las siguientes cláusulas que contienen su propia vigencia', a) Artículo XLVIII ‘Bonificación Por Firma De Convenio’; b) Artículo LTV ‘Dietas y Millaje’ ”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 246. Por su parte, la See. 4 del Art. IX dispone que el término de vigencia del Convenio Colectivo, a partir de la fecha de vencimiento, quedará automática-mente renovado, a menos que una parte notifique por es-crito —con sesenta días de anticipación a la fecha de venci-miento del convenio— su derecho a terminarlo, enmendarlo o modificarlo. íd.

Conforme se adelantó, específicamente el Art. LIV del Convenio Colectivo regula todo lo concerniente al pago de dietas y millaje. De esta forma, la Sec. 1 de ese artículo define “dietas” como la cantidad de dinero que se les rem-bolsa a los empleados que ejecutan una misión oficial para cubrir los costos de desayuno, almuerzo, comida y aloja-miento, cuando son requeridos a ejercer sus funciones fuera de donde normalmente está ubicado su centro de trabajo. íd., pág. 231. La sección advierte que el pago es rembolsable siempre y cuando la distancia sea en exceso de tres millas recorridas. íd.

En las See. 2 a la 8 el Art. LIV se desglosan las normas aplicables al reembolso de gastos por dietas y millaje, íd., págs. 232-234. Además, la See. 9 indica que el Reglamento Núm. 09-001 regulará todo aquello que no estuviera dis-puesto en el Art. LIV, en lo concerniente al pago de dietas y millaje. Íd., pág. 234. Por su parte, la Sec. 10 establece que el Art. LIV entra en vigencia diez días después de firmado el Convenio Colectivo. íd.

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Sabido es que la Ley Núm. 180, conocida como Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, supra, se promulgó con el fin de, entre otros aspectos trascendentales en materia de derecho laboral, velar por la protección de los derechos de los empleados, disponer los pormenores de sus reclamaciones y establecer las penalidades aplicables. (1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 692-706). Véase, además, R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, [sin Ed.], 2005, págs. 210-214. A grandes rasgos, la Ley Núm. 180 tuvo el efecto de atemperar las disposiciones contenidas en la antigua Ley de Salario Mínimo con la Fair Labor Standards Act of 1938 (29 USCA sec. 201 et seq.) y uniformar todo lo relacionado con las licencias por enfermedad y vacaciones. Arce Bucetta v. Motorola, 173 DPR 516, 529 (2008); González v. Merck, 166 DPR 659, 670-671 (2006).

En lo que atañe al caso de epígrafe, el Art. 11(a) de la ley, supra, señala que:

Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba compen-sación inferior a la prescrita en [esta ley] o en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la diferencia adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación que le corresponda, por concepto de salario, vacaciones, licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de compensación adi-cional, además de los costos, gastos, intereses y honorarios de abogados del procedimiento, sin que para nada de ello obste pacto en contrario. (Énfasis suplido).

Como puede apreciarse, en la referida disposición esta-tutaria el legislador no optó por una lista taxativa o limi-tativa e incluyó expresamente la categoría de “cualquier otro beneficio”. Mucho menos hizo exclusiones expresas con relación a ello. El historial legislativo de la Ley Núm. 180 guarda silencio en tomo al alcance del concepto. Tampoco este Tribunal ha tenido ocasión de interpretar el precitado Art. 11(a). Por lo tanto, procede interpretar y pautar el alcance del concepto en controversia.

Para esa encomienda resulta oportuno señalar que, en su análisis sobre nuestra legislación laboral, el Ledo. Alberto Acevedo Colom indica que como parte de todo conve-nio se negocian dos tipos de cláusulas, a saber: económicas y no económicas. A. Acevedo Colom, Legislación de relacio-nes del trabajo comentada, Ira ed., San Juan, [sin Ed.], 2007, pág. 135. Éste explica que las cláusulas económicas son aquellas que abarcan los aspectos de compensación que según el convenio cobijan a los empleados, así como cualquier otro beneficio que conlleve una aportación econó-mica por parte del patrono. Id. En ese sentido, el licenciado Acevedo Colom concluye que las cláusulas económicas pue-den incluir lo siguiente: (1) los niveles de compensación de los empleados, entiéndase salarios, vacaciones y licencias por enfermedad; (2) la compensación correspondiente al tiempo extra trabajado; (3) los bonos, incluyendo el de Na-vidad y los de productividad; (4) las aportaciones patrona-les a los planes médicos, planes de retiro —que no sean el de Seguro Social—, planes de beneficios, entre otros; (5) las dietas y millaje, y (6) los pagos de estacionamiento. íd.

Examinado lo anterior, conjuntamente con el texto claro de la Ley Núm. 180, no existe razón para que este Tribunal excluya el beneficio del reembolso de los gas-tos de dieta y millaje de los beneficios enumerados en el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180. Sin duda, al igual que opina el licenciado Acevedo Colom, concluimos que las dietas y millaje constituyen beneficios que conllevan una aporta-ción económica por parte del patrono. Por consiguiente, re-solvemos que el pago por dietas y millaje constituye un beneficio que los empleados tienen derecho a reclamar, conforme lo dispone el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180.

Lo resuelto es cónsono con la reiterada norma de interpretación estatutaria en cuanto a que la exclusión de un empleado de los beneficios de la legislación laboral debe ser clara y que las leyes laborales deben interpretarse de forma liberal, resolviéndose toda duda de la manera más favorable al empleado, para así cumplir con sus propósitos eminentemente sociales y reparadores. Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 653 (2014); Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 951 (2011); S.L.G. Rivera Carrasquilla v. A.A.A., 177 DPR 345, 363 (2009); Arce Brucetta v. Motorola, supra, pág. 551. En otras palabras, es principio de hermenéutica que las leyes labo-rales deben ser interpretadas liberalmente para conceder al empleado la mayor protección de los derechos que el legislador estatuyó. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 363. Recuérdese, pues, que la finalidad de nuestra legislación laboral es promover la justicia social a la clase trabajadora, garantizando la mayor protección de sus derechos laborables.

Expuesta la normativa pertinente, procedemos a apli-carla a la controversia que nos ocupa.

IV

En primer lugar, este caso nos exige precisar la necesi-dad, si alguna, de determinar si el Art. LIV del Convenio Colectivo o las Resoluciones corporativas emitidas por la ACT son las que regulan lo concerniente al reembolso de los gastos por dietas y millaje. Esto, con el fin de resolver si, a partir de 1 de julio de 2010, la ACT contaba con una fórmula legal para el desembolso de los pagos reclamados. Con relación a ello, el señor Cardona Caraballo sostiene que el Art. LX del Convenio Colectivo es claro al establecer que el Art. LIV tiene vigencia propia más allá de 30 de junio de 2010. Es decir, argumenta que el Art. LIV está exceptuado de la fecha de expiración del Convenio Colectivo.

Por su parte, la ACT expresa que, a partir del 1 de julio de 2010, dejó de efectuar los pagos de dietas y millaje re-clamados por motivo de que el Convenio Colectivo expiró el 30 de junio de 2010 y no contaba con una fórmula legal que regulara su desembolso. Según la ACT, el Convenio Colec-tivo no dispone expresamente que el Art. LIV tiene una vigencia indefinida e independiente. Sin embargo, la ACT obvia que las Resoluciones corporativas emitidas estable-cieron, con efecto retroactivo al 1 de julio de 2010, la forma como se harían los pagos a los empleados unionados por los gastos de dietas y millaje, a fin de cumplir con el mandato legislativo.

Ante esa realidad, resulta innecesario pronunciarnos en torno a la vigencia o no del convenio colectivo; máxime cuando la ACT está obligada por mandato de ley a efectuar los pagos de dieta y millaje. Ante el requerimiento legisla-tivo de que sean autorizados mediante reglamentación, la ACT promulgó el correspondiente Reglamento sobre Gas-tos de Viaje y Representación, y eventualmente las Reso-luciones corporativas aludidas. Ante las particularidades del tracto procesal descrito, huelga determinar si el rem-bolso en controversia surge en virtud del convenio colectivo o de las Resoluciones aprobadas con efecto retroactivo a la fecha que, precisamente, genera la discrepancia entre am-bas partes, pero que nos conduce al mismo camino: el de proceder con los pagos correspondientes.

Disipado ese extremo, procede dictaminar si el pago por las dietas y millaje constituye un beneficio de los que alude el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180, supra. Como expresamos, no existe razón para excluir el pago de las dietas y millaje de los beneficios económicos que los empleados pueden re-clamar, al amparo del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180, supra. Así las cosas, y en vista de que tal pago se encuentra con-templado en nuestro ordenamiento, procede que remita-mos el caso al Tribunal de Primera Instancia para deter-minar la cuantía la ACT debe rembolsar, por el pago de dietas y millaje a partir del 1 de julio de 2010, más la penalidad solicitada, al amparo del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180.

V

En mérito de lo expuesto, revocamos la determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, remitimos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos ulteriores en armonía con lo aquí resuelto.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurrió con el resultado con opinión escrita. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez no intervino.

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Opinión concurrente emitida por la

Jueza Presidenta Oro-noz Rodríguez.

Concurro con la determinación de este Tribunal de apli-car la penalidad del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180-1998, conocida como la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Li-cencia por Enfermedad de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 250i, a los gastos por dietas y millaje reconocidos en el Art. 7(a) de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965 (9 LPRA see. 2007(a)). No obstante, no estoy de acuerdo con que resulta innecesario precisar si la base legal para esta compensa-ción es el Art. LIV (en adelante Artículo de Dietas y Mi-llaje) del Convenio Colectivo entre la Autoridad de Carre-teras y Transportación (ACT) y la Unión de Trabajadores de la Autoridad de Carreteras (UTAC) o las Resoluciones Administrativas 2011-8 y 2011-13. Esto, pues si el artículo permaneció vigente, la base legal para el rembolso de los gastos de dietas y millaje era éste y no las resoluciones administrativas.

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En primer lugar, corresponde analizar si el Artículo de Dietas y Millaje permaneció vigente luego de culminada la vigencia del Convenio el 30 de junio de 2010. La UTAC pre-tende atribuirle una vigencia permanente al Artículo de Dietas y Millaje. Se fundamenta en que el Art. LX (Artículo de Vigencia) excluía de éste al Artículo de Dietas y Millaje, el cual tendría su “propia vigencia”. Por lo tanto, como el Artículo de Dietas y Millaje solo establecía cuándo comen-zaba, y no cuándo culminaría, las partes acordaron expresa-mente que continuaría en vigor luego de concluido el Convenio. Apoya su argumento en el Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA see. 3471, y su jurisprudencia inteipretativa, que establecen que si los términos de un contrato son claros hay que atenerse a su sentido literal. Véanse, por ejemplo: C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443 (2007); Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 DPR 425 (1962) (aplicando a los convenios colectivos las normas de interpretación contractual).

No obstante, el Art. 1237 del Código Civil dispone que “[l]as cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”. 31 LPRA see. 3475. Si analizamos conjuntamente el Artículo de Dietas y Millaje y el Artículo de Vigencia, debemos concluir que la fecha de culminación del Convenio y del Artículo de Dietas y Millaje es la misma: el 30 de junio de 2010. La Sec. 10 del Artículo de Dietas y Millaje establecía que “[e]ste Artículo entra en vigencia diez días luego de la firma de este Convenio Colectivo”. Por otro lado, el Artículo de Vigencia disponía que “[e]ste Convenio tendrá una vigencia del 1ro de julio de 2006 al 30 de junio del año 2010, salvo las siguientes cláu-sulas que contienen su propia vigencia: [...] Artículo LTV ‘Dietas y Millaje’ ”. Así, el Artículo de Vigencia establecía una excepción para el Artículo de Dietas y Millaje, solo por-que éste tiene una fecha de comienzo distinta. Atribuirle al Artículo de Dietas y Millaje una vigencia infinita porque no dispuso nada sobre cuando culmina su vigencia contradeci-ría el sentido que resulta de ambas cláusulas: que el Artí-culo de Dietas y Millaje empezaría diez días luego de la firma del Convenio Colectivo, pero que culminaría el 30 de jimio de 2010, al igual que el resto del Convenio.

A diferencia del análisis aquí realizado, la Opinión Ma-yoritaria rehúsa pronunciarse sobre si el Artículo de Dietas y Millaje permaneció vigente. Sostiene ésto basándose en que las resoluciones administrativas establecieron con efecto retroactivo la forma como se harían los pagos. Esto resulta preocupante porque la misma Opinión reconoce que lo pactado en un convenio colectivo debe cumplirse con estricta rigurosidad. Véase C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 320 (2011). El Tribunal se contradice y sugiere que cuando se aprueban resoluciones administrativas con efecto retroactivo será innecesario examinar lo aprobado en un convenio colectivo o, más importante aún, si éste permaneció vigente. Así, pone en entredicho si mediante resoluciones administrativas se puede alterar lo aprobado en un convenio colectivo.

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Por otro lado, como considero que el Artículo de Dietas y Millaje perdió su vigencia, corresponde examinar de dónde surge la obligación legal y la fórmula para el rembolso de los gastos reclamados. El Art. 7(a) de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, supra, dispone que “[l]os funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los gastos de viaje necesarios o en su lugar a las dietas correspondientes que sean autorizadas por reglamentos aprobados por la Autoridad”. Por otro lado, el Reglamento Núm. 09-001 sobre Gastos de Viaje y Representación de 16 de mayo de 1992, Departamento de Transportación y Obras Públicas (Reglamento Núm. 09-001), señala en su artículo introductorio que “ [e] 1 desarrollo satisfactorio de [las funciones de la ACT] hace necesario rembolsar a los funcionarios y empleados los gastos de viaje y de represen-tación incurridos para desempeñarlas, para lo cual, bajo las disposiciones de la ley deben establecerse normas de aplicación uniforme”. Sin embargo, en lugar de estable-cer cómo se harán estos rembolsos, el Reglamento esta-blece que “[t]odos los empleados unionados que reclamen dieta, millaje y alojamiento, recibirán el rembolso por los gastos a tono con el convenio colectivo vigente”.

Al no existir ningún convenio colectivo con vigencia, la ACT atendió la ausencia de una fórmula mediante la apro-bación de las Resoluciones Administrativas Núms. 2011-8 y 2011-13. En la Resolución Núm. 2011-8, la ACT reconoció el derecho de sus empleados unionados a un rembolso por los gastos de dietas y millaje. A su vez, expresamente esta-bleció que “[s]e continuarán pagando las cantidades dis-puestas en los Artículo LIV y LV del Convenio Colectivo con la UTAC que venció el 30 de junio de 2010” y estableció que estos pagos tendrán vigencia retroactiva al 1 de julio de 2010. Por otro lado, estableció que “a partir del 1 de abril de abril de 2011 no se pagarán Dietas a ningún em-pleado, Regulares o Fijas”. No obstante, mediante la Re-solución Núm. 2011-13, la ACT enmendó la Resolución Núm. 2011-8 y destacó que las disposiciones sobre dietas y millaje continuarán vigentes hasta que se firme un nuevo convenio colectivo.

Debido a que el Convenio Colectivo perdió su vigencia el 30 de junio de 2010, las resoluciones administrativas esta-blecieron la base legal para el cómputo de los rembolsos e incorporaron la fórmula dispuesta en el Convenio Colectivo. Al otorgarle retroactividad al 1 de julio de 2010, llenaron el vacío que dejó la culminación del Convenio Colectivo. Por lo tanto, son estas resoluciones y no la su-puesta vigencia perpetua del Artículo de Dietas y Millaje lo que da base legal al reclamo de los peticionarios.

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Finalmente, debo determinar si aplica la penalidad in-cluida en el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180, supra. Coincido con el análisis que hace la Opinión Mayoritaria al concluir que la penalidad del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180, supra, aplica a “cualquier [...] beneficio que conlleve una aporta-ción económica por parte del patrono”, entre ellos, las die-tas y el millaje. (Énfasis suprimido). Por lo tanto, si los empleados de la ACT tenían derecho a un rembolso por dietas y millaje, pero la ACT no los pagó, el empleado tiene derecho a la penalidad establecida en el Art. 11(a). La única diferencia es que la Opinión Mayoritaria se niega a resolver si la obligación emana del Convenio o de las reso-luciones administrativas, mientras que a mi juicio el Con-venio perdió su vigencia y la obligación surge de la ley habilitadora, el Reglamento Núm. 09-001 y de la Resolu-ción Núm. 2011-8, la cual restableció lo dispuesto en el Convenio Colectivo sobre el pago de dietas y millaje.

IV

Al igual que la Opinión Mayoritaria, revocaría el dicta-men recurrido y remitiría el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos, pero por los fundamentos expuestos.

         Transcurridos varios incidentes procesales, se presentó una Demanda Enmen-dada, en la cual la Unión de Trabajadores de la Autoridad de Carreteras (UTAC) compareció en representación de toda su matrícula de unionados.

        Valga aclarar que no existe controversia en cuanto a que la ACT debe el reembolso de los gastos por dietas y millaje y que está obligada aefectuarlo.

       Convenio Colectivo, Apéndice, pág. 198.

       Íd., pág. 210.

       Reglamento de Gastos de Viaje y Representación, Apéndice pág. 60.

       Íd., pág. 63.

       Resolución Núm. 2011-8, Apéndice pág. 214.

       Íd., pág. 214.

       Véase Opinión mayoritaria, pág. 1016.