text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ruiz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en cansa por delito de abuso de con-fianza.
    No. 1209.
    Resuelto en noviembre 30, 1917.
    Abuso de Confianza — Apropiación Fraudulenta. — Comete un delito de abuso de confianza la persona que reeibe ciertas prendas de vestir en comisión para la venta y se. apropia fraudulentamente de parte del precio de las mismas.
    Abogado del apelante: Sr. E: H. F. Dottin.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Miguel Ruiz de haber recibido el 11 de octu-bre de 1916, en Puerta de Tierra, distrito judicial de San Juan, como agente, para la venta al público con un veinte por ciento de beneficios, varias piezas y trajes de. señora por valor de $94.80, y de haberse apropiado de la parte de dicha suma perteneciente al dueño de los trajes, con la intención de defraudar al dicho dueño. El acusado alegó que no era culpable y celebrado finalmente el juicio en la corte de dis-trito, fué condenado a pagar cien pesos de multa y en su de-fecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer.

No conforme el acusado, interpuso el presente recurso de apelación alegando que la corte sentenciadora erró por-'que no se probó en el juicio, (a), que fuera agente del dueño de los trajes, (b) ni que existiera relación fiduciaria alguna de parte de él para con el dicho dueño, y (c) porque la prueba demostró que él adquiría el dominio de la. ropa inmediata-mente después de la entrega. Invocó en su favor el caso de El Pueblo v. Rivera, 21 D. P. R. 384.

Hemos examinado cuidadosamente la evidencia, y de la de cargo resultan plenamente comprobados los hechos que se imputan al acusado en la denuncia. El acusado recibía las prendas de vestir en comisión para la venta. La pro-piedad de las prendas no pasaba por virtud* de la entrega al acusado. Si bien éste podía vender las prendas al precio que quisiera, es lo cierto que al entregárselas se daba un valor a cada una y sobre ese valor era que se calculaba en todos los casos el tanto por ciento de la 'comisión que debía percibir el acusado.

La prueba de descargo tiende a demostrar que el acusado compraba a crédito las prendas de vestir y las revendía luego satisfaciendo su importe al vendedor. Que a su vez vendió a crédito y no le pagaron, razón por la cual no pudo cumplir con el compromiso contraído. Es decir que dicha evidencia tiendo a demostrar que se trata de una acción civil y no de una criminal.

La corte de distrito creyó a los testigos del Fiscal y no a los de la defensa y no se ha demostrado a nuestro juicio ra-zón alguna de verdadero peso que demuestre que cometió algún error o injusticia al proceder de tal modo. . ,

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los Jueces Bros. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SR. del TORO,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosa, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por delito de infracción al artículo 162 del Código Penal.
    No. 1197.
    Resuelto en noviembre 30, 1917.
    Acusación — Excepción Perentoria de que los Hechos no Constituyen Deli-to Públioo. — Aun cuantío el acusado no consignara por escrito los funda-mentos de su excepción alegando que los Ledros expresados en la acusación no constituían delito público, el tribunal no debió negarse a considerarla, por tratarse de una excepción de naturaleza privilegiada; pero tal heclio no puede servir de basé para obtener la revocación de la sentencia apelada, ya que el acusado tuvo la oportunidad de discutir la excepción en sus mé-ritos ante esta Corte Suprema y no lo hizo, y estudiada además la acusación resulta que imputa al acusado el delito que provee y castiga el artículo 1(52 del Código Penal.
    Delito Contra el Derecho Electora!. — Inscripción sin Tener la Edad — Apre-ciación de la Prueba. — En este caso se imputó al acusado el delito de ha-berse inscrito en las listas electorales sin tener la edad necesaria para ello'. El fiscal presentó como prueba una certificación dé nacimiento del registro civil de la cual aparece que el acusado nació el 26 de abril de 1896. El acusado ofreció como prueba una partida de. bautismo de la que resulta que el niño Juan Toribio fué bautizado el 28 de junio de 1885, habiendo además el padre del acusado declarado como testigo que su hijo fué bautizado el 16 de mayo de 1995 (sie). Se resolvió: que tratándose de una cuestión de apreciación de prueba y habiendo tenido el juez sentenciador la opor-tunidad de observar personalmente al acusado antes de decidir el conflicto de si tenía 20 o 31 años de edad, su resolución no debe ser alterada por esta corte.
    Abogado del apelante: Sr. José de J. Esteves.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los liadlos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado SR. del TORO,

emitió la opinión del tribunal.

Toribio Rosa, conocido por Juan Rosa Maysonet, fué acusado por el Fiscal del Distrito de Arecibo como autor de un delito previsto y castigado en el artículo 162 del Código Penal, porque “el 7 de julio de 1916, en Manatí, que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. R., concurrió per-sonalmente ante la junta de inscripciones para el precinto de Manatí y allí y entonces voluntariamente se hizo inscribir en el Registro de Electores del Municipio de Manatí, sabiendo que no tenía derecho a tal inscripción por no tener la edad de veinte y un años o más que la ley exige para ser elector el día que estaba señalado para celebrarse unas elecciones generales en Puerto Rico, o sea el 7 de noviembre de 1916.”

El acusado alegó que era inocente y celebrada la vista de su causa fué condenado a sufrir cuatro meses de cárcel y a pagar las costas. No conforme con la sentencia interpuso el presente recurso de apelación.

En el “pliego de excepciones y exposición del caso” apa-rece lo que signe:

“Sépase que el día 8 de diciembre de 1916 fué llamado este caso para juicio ante la Hon. Corte de Distrito de Arecibo, manifestando ambas partes: El'Fiscal y'el abogado defensor que estaban prepa-radas para entrar en juicio, acto seguido se dió lectura a la acusa-ción y entonces el abogado dél acusado presentó una excepción pe-rentoria a la acusación de que los hechos alegados no constituyen delito público. Fué presentada por escrito y consta unida a los autos. El Sr. Fiscal, se opuso a que fuera admitida por no tener los requisitos legales y la corte resolvió no tomarla en consideración por no venir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal porque se omiten en ella los fun-damentos de los reparos a la acusación. La defensa tomó excep-ción. ’ ’

En su alegato el abogado del acusado sostiene que la corte erró al dejar de resolver la excepción formulada porque era privilegiada su naturaleza y podía aducirse en cualquier tiempo, pero no expresa ni una sola palabra que directa o indirectamente revele a esta Corte Suprema por qué el acu-sado . entiende que los hechos alegados en la acusación no constituyen delito público.

El artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal, prescribe que el acusado podrá oponer reparos a la acusación cuando de su contenido resultare, entre otras que especifica, la circunstancia de “no constituir delito público los hechos denunciados.” Y el artículo siguiente, 154, de dicho código, copiado textualmente dice así:

“La excepción perentoria deberá presentarse en escrito firmado por el reo o por su defensor. Deberá precisar los fundamentos de los reparos a la acusación, sin lo cual no se tomará en cuenta.”

No obstante haberse ajustado al parecer estrictamente a la letra de la ley la corte sentenciadora, estimamos que no debió negarse a considerar la cuestión planteada. For-mulada la excepción, la corte, atendida la naturaleza privi-legiada de la misma, de'bió oir a las partes sobre sus méri-tos y dictar entonces la resolución que fuese procedente. Yéase el resumen de la jurisprudencia de California sobre la materia, hecho por Pomeroy en su obra “The Codes and Statutes of California,” Penal Code, pag. 363.

“Una excepción previa basada en cualquiera de los fundamentos arriba enumerados" constituye una oposición a la suficiencia de la acusación. Debe hacerse por escrito, especificando claramente los fundamentos de la oposición, y debe ser interpuesta antes de que sea levantado, por alegaciones, el conjunto de las cuestiones de hecho. A menos que así no se haga, cualquiera de las objeciones mencionadas que aparezca de la faz de la acusación queda renun-ciada, y no puede hacerse uso de ella en el juicio ni para pedir la sus-pensión de la ejecución de la sentencia, excepto, sin embargo, la objeción a la jurisdicción de la corte, y la de que no se ha determi-nado en la acusación un delito público, de las cuales puede hacerse uso en cualquier tiempo. Artículos 1082, 1185; People v. Josephs, 7 Cal. 299; People v. Shotwell, 27 Cal. 394; People v. Garnott, 29 Cal. 662; People v. Jim Ti, 32 Cal. 60; People v. Burgess, 25 Cal. 115; People v. Turner, 39 Cal. 370; People v. Swenson, 49 Cal. 383.”

Pero es el caso que el acusado’, no obstante tener la amplia oportunidad de su alegato y la también amplísima de una vista ante esta Corte Suprema, ha permanecido en silencio con respecto a los motivos que pueda tener para alegar, que la acusación no le imputa la comisión de ningún delito pú-blico ; y siendo esto así, y habiéndose examinado por nosotros mismos la acusación y llegado a la conclusión de que imputa al acusado el delito público previsto y castigado en el artí-culo 162 del Código Penal, es bien claro que el hecho de ha-berse negado la corte de distrito a resolver la cuestión no perjudicó al acusado y no puede servir de base para revo-car la sentencia apelada.

Sostiene el apelante, además, que la corte sentenciadora erró al declararlo culpable después de haber admitido como prueba cierta partida de bautismo en la que constaba que el apelante había sido bautizado en junio de 1885, teniendo, por tanto, el día de las elecciones la edad requerida por la ley.

Del pliego de excepciones y exposición del caso, aparece que—

“El Fiscal entonces presentó como prueba la partida de naci-miento del Registro Civil de Manatí sin que hubiera oposición por el abogado defensor del acusado, siendo admitida por el Sr. Juez.”

T también aparece que cierta partida de bautismo presen-tada por el acusado fué admitida finalmente por la corte en la siguiente forma:

“La corte .admite una certificación del Presbítero Pedro Mo-rante fechada en Manatí el 11 de noviembre de 1916, que en su parte esencial hace constar, hallarse en dicho archivo parroquial una partida de bautismo en la que se consigna lo siguiente: en esta pa-rroquia de Nuestra Señora de la Candelaria y San Matías, Apóstol de Manatí, P. R., a los veintitrés días del mes de junio de 1885, yo, el presbítero Juan Zabat Llauger, cura Coadjutor de ella, bauticé solemnemente y puse óleo y crisma a Juan Toribio.”

Se trata simplemente de una cuestión de apreciación de prueba. De la certificación del registro civil aparece que el día 18 de mayo de 1896 compareció ante el Juez Municipal de Manatí Juan Rosa Cortés y solicitó que se inscribiera, como se inscribió en efecto, a un varón, hijo natural suyo, que había nacido el 16 de abril a las cinco de la tarde. Si el acusado nació el 16 de abril de 1896, es bien claro que el 7 de noviembre de 1916 no había cumplido aún la edad de veinte y.un años.

Si la partida de bautismo presentada y admitida como prueba se refiere al acusado, entonces éste habiendo sido bautizado el 23 de junio de 1885, hubiera tenido el 7 de no-viembre de. 1916, diez años más de los requeridos por el es-tatuto como mínimum para poder votar en Puerto Rico.

En el acto de la vista declaró Juan Rosa, padre del acu-sado, y negó que él hubiera solicitado la inscripción del na-cimiento de su hijo, contradiciendo así lo hecho constar en los libros del registro civil. T declaró además que su hijo fué bautizado por el padre Llauger “el 16 de mayo de 1995’’ (sic). Se ha cometido un claro error al transcribir la fecha. No pudo bautizarse el acusado en el año-de 1995. ¿Se refirió el testigo al 1895 o al 1885? No lo sabemos, pero de todos modos el día fijado por el testigo, 16 de mayo, no es el 23 de junio a que se refiere la partida de bautismo.

Si se toman en consideración esas circunstancias y, ade-más, que el acusado estuvo presente en el acto de la vista, habiendo tenido por tanto el juez sentenciador la oportuni-dad, que no tenemos nosotros, de observarlo personalmente antes de decidir el conflicto de si tenía veinte o treinta y un años de edad, opinamos que la resolución del juez senten-ciador sobre la materia no debe ser alterada por esta corte.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Fabián, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 1a., Recurrido.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 1a., denegando la inscripción de una escritura de renuncia de derechos y acciones.
    No. 341.
    Resuelto en noviembre 30, 1917.
    Divorcio — Bienes Gananciales.- — -Disuelto un víneulo matrimonial por senten-cia de divorcio, cada uno de los cónyuges inmediatamente adquiere el derecho a la mitad de todos los bienes gananciales que existieran.
    Id.- — Renuncia de Derechos y Acciones en la Sociedad de Gananciales.— Cuando disuelto el víneulo matrimonial por sentencia de divorcio, las partes celebran un contrato por virtud del cual renuncian a todos los derechos y acciones que tienen en la sociedad de gananciales y convienen en que toda propiedad inscrita en el registro a nombre de cualquiera de ellos se con-sidere como de la exclusiva propiedad de la parte en cuyo nombre se ha-llare inscrita, tal contrato es una cesión mutua de los derechos de una parte a o en cualquier propiedad que estuviese inscrita a nombre de la otra, por lo que al presentarse al registro por cualquiera de las partes una escritura de compraventa otorgada a su favor, previamente inscrita, para que se ins-criba la finca que se describe como de su exclusiva pertenencia, tal escri-tura debe ser inscrita, bien se repute como abandono de derechos o como renuncia de presunción de ser ganancial la propiedad.
    Id. — Título Universal. — Aun cuando históricamente la frase "título universal” usada en el artículo 21 de la Ley I-Iipoteeariaj se refiere a la herencia, sin embargo los derechos que como usufructuario tiene un marido se han con-siderado generalmente como título universal, y no se va más allá del sen-tido de la frase cuando se dice que el título que a la disolución del matri-monio adquiere cada uno de los cónyuges es un título universal.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Soto Gras.

    El registrador interino recurrido, Sr. Manuel Paz Urdaz, compareció por escrito en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan se dictó el día 16 de mayo de 1916 una sentencia disolviendo el vínculo matrimonial que existía entre Rafael Fabián y Josefina Finlay.

Copia de esta sentencia se presentó al registrador en este caso.

Con posterioridad a la fecha en que se registró la sen-tencia, log citados Rafael Fabián y Josefina Finlay — repre-sentados por conducto de sus respectivos apoderados — com-parecieron ante un notario de Nueva York y otorgaron el contrato a que se contrae la nota denegatoria del registrador.

Versaba el contrato sobre una plena, mutua renuncia de derechos y acciones que tenían en la sociedad de ganancia-les que entre ellos había existido, y convenían y declaraban que toda propiedad que apareciera en el registro a nombre de cualquiera de los esposos fuese'y se considerase como de la exclusiva y privativa propiedad del esposo en cuyo nom-bre se hallare inscrita la propiedad.

Acompañando esta escritura'de renuncia y convenio pre-sentó el recurrente Rafael Fabián una escritura de compra-venta otorgada a su favor, previamente inscrita, y solicitó del registrador que la finca que en dicha escritura se describe se inscribiese como de su propia y exclusiva propiedad. La nota denegatoria del registrador reza como sigue:

“Denegada la inscripción del precedente documento en cuanto a una finca compuesta de 50,398 metros cuadrados, 41 decímetros, en la Sección Sur del Barrio de Santurce, San Juan, con vista de la sentencia de divorcio y d'e otros documentos, porque en el presente título no se describen las fincas que deben ser objeto del mismo, sin que sean suficientes para el caso la descripción que de dicha finca se hace en el escrito acompañado, por tratarse del presente que es un documento moderno, y denegada también la inscripción en cuanto a una parcela de 1,000 metros cuadrados, por haber sido segregada de la citada finca y hallarse inscrita a favor de persona distinta de los contratantes; * * * ” ■

Convenimos con el recurrente en que el registrador lia debido expresar sus razones de una manera un poco más' amplia.

Parece que no existe ninguna disposición en la Ley Hipo-tecaria que por sus términos expresos cubra este caso. Nuestro Código Civil, sin embargo, lo reconoce en su artí-culo 163.

Al quedar en 16 de mayo de 1916 di suelto el vínculo matrimonial de Rafael Fabián y Josefina Finlay, cada uno de ellos inmediatamente adquirió el derecho a una mitad de todos los bienes gananciales que existieran.

El contrato en este caso es una cesión mutua de los de- ' reclios de una parte a o en cualquier propiedad que estu-viese inscrita a nombre de la otra.

Josefina Finlay, por la sentencia de divorcio, quedó in-vestida de un inmediato derecho a una mitad individual en toda propiedad de la sociedad de gananciales disuelta a virtud de dicha sentencia de-divorcio. Ella hizo una cesión general de sus derechos en bienes gananciales en cuanto a toda propiedad que se hubiese inscrito a nombre de' Rafael Fabián, renunciando necesariamente la presunción de que fuese ganancial dicha propiedad, presunción que existía a su favor. Ora se repute copio abandono de derecho, ora como renuncia de presunción, en ambos casos el recurrente tenía derecho a que se inscribiese su escritura, si el registra-dor no tenía razón al requerir nna descripción específica de los bienes.

Mucbo se fia escrito sobre la naturaleza del derecho de un marido o mujer mientras subsiste la sociedad conyugal, pero estamos satisfechos con la teoría de que a su disolución por la muerte o por sentencia de divorcio cada esposo ad-quiere algunos derechos en realidad, trasmitidos en este caso por virtud de la sentencia de divorcio.

El artículo 21 de la Ley Hipotecaria dispone:

“Las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscri-birse, expresarán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción' y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.
“Los dúeños de bienes inmuebles o derechos reales por cualquier título universal o' singular que no los señale y describa individual-mente, podrán obtener su inscripción presentando dicho título con el documento, en su caso, que pruebe haberles sido aquél transmi-tido, y justificando con cualquier otro documento fehaciente que se hallan comprendidos en él los bienes que traten de inscribir.”

Aun cuando históricamente la frase “título universal” se refiere a la herencia, sin embargo, en su literal sentido puede interpretarse con mayor alcance. Los derechos que como usufructuario tiene un marido se han considerado general-mente como título universal, y no creemos que se va más allá del sentido de la frase cuando se dice que el título que a la disolución del matrimonio adquiere cada uno de los cón-yuges es un tituló universal. Se refiere a cada porción de terreno de los que pertenecían a la sociedad conyugal. Así, también, ha sido el traspaso o renuncia de Josefina Finlay en favor de Rafael Fabián un título universal, o cuando menos, respecto a Lodos los bienes inscritos a nombre del citado Rafael Fabián. Esta doctrina adquiere mayor fuerza con vista del artículo 1247 del' Código Civil, que trata de la misma manera los derechos hereditarios y conyugales, a saber:

“Deberán constar en documento público.
i (^ # * #
a 2 ® # #
í í g # # #
“4. La cesión, repudiación y renuncia de los derechos heredita-rios o de los de la sociedad de gananciales.
“5. * * *
“6. * * *

Si alguna duda tuviésemos la resolveríamos a favor del recurrente. Las partes están identificadas. Los bienes fian sido cumplidamente identificados. No bay posibilidad al-guna de perjudicar a terceros. Josefina Finlay, sus herede-ros o cesionarios, están completamente impedidos por razón de sus actos.

La nota denegatoria del registrador debe ser revocada, y hecha la inscripción de conformidad.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


text:
    No. 1528.
    Gual, Apelante, v. Andújar, Apelado.
    Marzo 30, 1917.
   Rei-vindicación. San Juan, Sec. 1a.

Confir-mada.


text:
    No. 1514.
    Dros, Apelada, v. Santiago, Apelante.
    Abril 10, 1917.
   Indem-nización por seducción. Ponce.

Confir-mada.


text:
    No. 1158.
    El Pueblo, Apelado, v. Madera, Apelante.
    Mayo 22, 1917.
   Infracción a la Ley de Automóviles. Hnmacao.

Confirmada.


text:
    No. 1157.
    El Pueblo, Apelado, v. Cruz, Apelante.
    Mayo 22, 1917.
   Adul-' teración de leche. San Juan, Sec. 2a.

Con-firmada.


text:
    No. 1558.
    Aponte, Apelante, v. Hocking, Apelado.
    Junio 19, 1917.
   Re-.clamación y entrega de propiedad personal. Mayagñez.

Confirmada.


text:
    No. 1743.
    Majehns, Apelante, v. Padín, Apelado,
    Noviembre 21, 1917.
   Rei-vindicación y confesoria de servidumbre. San Juan, Sec. Ia.

Desestimada la apelación.


text:
    No. 1648.
    Quiñones, Apelado, v. Delgado, Apelante.
    Marzo 21, 1917.
   En-trega de bienes. San Juan, Sección 1.a.

Desestimada Va apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1651.
    Benet, Apelante, v. Gómez, Apelado.
    Marzo 27, 1917.
   Indem-nización. Mayagüez.

Desistida la apela-ción.


text:
    No. 1138.
    El Pueblo, Apelado, v. Napoleoni, Apelante.
    Marzo 27, 1917.
   Infracción ordenanzas municipales. Ponce.

Desestimada la apelación por falta de alegato.


text:
    No. 1140.
    El Pueblo, Apelado, v. Caraballo et al., Apelantes.
    Marzo 29, 1917.
   Motín. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1141.
    El Pueblo, Apelado, v. Tirado, Apelante.
    Marzo 30, 1917.
   Adulteración de leclie. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1146.
    El Pueblo, Apelado, v. Pérez, Apelante.
    Marzo 31, 1917.
   Ho-micidio voluntario. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1652.
    Barquet Hermanos, Apelados, v. Lazalde, Apelante.
    Marzo 31, 1917.
   Memorandum de costas. Ponce.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1654.
    Ruiz, Apelada, v. Rosaly, Apelante.
    Marzo 31, 1917.
   Filiación. Ponce.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1653.
    Rodríguez, Apelada, v. Rosaly, Apelante.
    Marzo 31, 1917.
   Fi-liación. Ponce.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1656.
    Negrón & Hernández, Apelada, v. H. C. Christianson & Cía., Apelantes.
    Abril 2, 1917.
   Rescisión y daños y perjuicios. Ponce.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1139.
    El Pueblo, Apelado, v. Figueroa et al., Apelantes.
    Abril 2, 1917.
   Motín. San Juan, Sección 2a.

Con-firmada la sentencia.


text:
    No. 1632.
    Lecler, Apelante, v. Pérez, Apelado.
    Abril 10, 1917.
   Nuevo

juicio. Mayagüez.

Desestimada la apela-ción por no ser apelable una providencia concediendo o dene-gando un nuevo juicio.


text:
    No. 1631.
    Sucesión Padró et al., Apelantes, v. Sanmillán et al., Apelados.
    Abril 10, 1917.
   Injunction. Arecibo. Desestimada la apelación por falta de alegato.


text:
    No. 1660.
    Camacho, Apelado, v. Dávila, et al., Apelantes.
    Abril 12, 1917.
   Información de dominio. Arecibo.

Desestimada la apelación, por falta de transcripción.


text:
    No. 184.
    Fernández, Peticionario, v. Sepúlveda, Juez Distrito, Ponce, Demandado.
    Abril 13, 1917.
   Certiorari.

No ha, lugar.


text:
    No. 1151.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante.
    Abril 16, 1917.
   Aco-metimiento y agresión g’rave. Hnmacao.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1154.
    El Pueblo, Apelado, v. Ramos, Apelante.
    Abril 17, 1917.
   In-fracción ordenanzas municipales. Hnmacao.

Confirmada la sentencia,.


text:
    No. 1145.
    El Pueblo, Apelado, v. Martínez, Apelante.
    Abril 19, 1917.
   Hurto menor. San Juan, Sección 2a.

Con-firmada la sentencia.


text:
    No. 1147.
    No. 1150.
    No. 1156.
    No. 1161.
    No. 1170.
    El Pueblo, Apelado, v. Vega, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Pagán, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Gutiérrez, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Bravo, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Meléndez, Apelante.
    Abril 20, 1917.
   Infracción ordenanzas municipales. Ponce.

Desestimadas las apelaciones por falta de compare-cencia.


text:
    No. 1152.
    El Pueblo, Apelado, v. Ochart, Apelante.
    Abril 20, 1917.
   Portar armas prohibidas. Hnmacao.

Con-firmada la sentencia.


text:
    No. 1586.
    Torres, Apelante, v. Arbona, Apelado.
    Abril 23, 1917.
   Decla-ración de sociedad civil. Ponce.

Desesti-mada la apelación por falta de alegato.


text:
    No. 1587.
    Pérez, & Cía., Apelado, v. Hamburg American Line, Apelante.
    Abril 23, 1917.
   Nulidad de embargo y citación. San Juan, Sección Ia.

Desestimada la apelación por falta de alegato.


text:
    No. 186.
    Figueroa, Peticionario, v. Sepúlveda, Juez Distrito, Ponce, Demandado.

    Abril 23, 1917.
   Certiorari.

No ha lugar.


text:
    No. 1165.
    El Pueblo, Apelado, v. Falú, Apelante.
    Abril 23, 1917.
   In-fracción artículo 300 Código Penal. San Juan, Sec. 2a.

Confirmada.


text:
    No. 1629.
    Barquet Hermanos, Apelados, v. Lazalde, Apelante.
    Abril 24, 1917.
   Cobro de dinero. Ponce.

Desesti-mada la apelación por' carecer de finalidad práctica.


text:
    No. 1121.
    El Pueblo, Apelado, v. Martínez, Apelante.
    Abril 24, 1917.
   Escalamiento en primer grado. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1165.
    The Fajardo Sugar Company, Apelante, v. Quiñones, Apelado.

    Abril 24, 1917.
   Injunction. San Juan, Sección 2a.

Desestimada la apelación por falta de transcrip-ción.


text:
    No. 1167.
    El Pueblo, Apelado, v. Romero, Apelante.
    Abril 24, 1917.
   Daños maliciosos.

San • Juan, Sección 2a, Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1166.
    El Pueblo, Apelado, v. Romero, Apelante.
    Abril 24, 1917.
   Daños maliciosos.

San Juan, - Sección 2a. Con filmada la sentencia.


text:
    No. 1117.
    El Pueblo, Apelado, v. Encarnación, Apelante.
    Abril 26, 1917.
   Asesinato en primer grado. San Juan, Sección 2a.

Desestimada la apelación por fallecimiento del acusado.


text:
    No. 1573.
    Lowrie, Apelado, v. Franceschi et al., Apelantes.
    Abril 27, 1917.
   Cobro de dinero. San Juan, Sección Ia.

Desistida la apelación.


text:
    No. 1666.
    Ponsa, Apelado, v. Declet, Apelante.
    Abril 27, 1917.
   Reivin-dicación. San Juan, Sección Ia.

Desesti-mada la'apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1168.
    El Pueblo, Apelado, v. Carreras, Apelante.
    Abril 30,1917.
   Adulteración de leche. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1148.
    El Pueblo, Apelado, v. Mundo, Apelante.
    Mayo 1, 1917.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección 2a.

Desestimada la apelación por falta de com-parecencia.


text:
    No. 1669.
    Bartholomew, Apelado, v. Crisey et al., Apelantes.
    Mayo 3, 1917.
   Cumplimiento de contrato. Arecibo.

Desestimada la apelación por convenio de las partes.


text:
    No. 1673.
    Ruiz, Apelado, v. Pillot, Apelante.
    Mayo 21, 1917.
   Desahu-cio. Gruayama.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1674.
    Pillot, Apelante, v. Puchol et al., Apelados.
    Mayo 21, 1917.
   Nulidad de escritura y daños y perjuicios. Guayama.

Desestimada la apelación por falta de transcrip-ción.


text:
    No. 1153.
    El Pueblo, Apelado, v. Cordero, Apelante.
    Mayo 21, 1917.
   Homicidio voluntario. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 190.
    Ricci, etc., Peticionaria, v. Sepúlveda, Juez Distrito, Ponce, Demandabo.

    Mayo 21, 1917.
   Certiorari.

No ha .lugar.


text:
    No. 1149.
    El Pueblo, Apelado, v. Vilar, Apelante.
    Mayo 21, 1917.
   Per-jurio. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    Nos. 1676 y 1677.
    Acevedo et al., Apelados, v. Bryan, Juez Municipal, Apelante.
    Mayo 22, 1917.
   Mayagüez.

Deses-timadas las apelaciones por falta de transcripción.


text:
    No. 1174.
    El Pueblo, Apelado, v. Quiñones, Apelante.
    Mayo 25, 1917.
   Acometimiento con circunstancias agravantes. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia pero modificada en el sentido de que donde dice “acometimiento y agresión con circunstancias agravantes” diga “acometi-miento con circunstancias agravantes


text:
    No. 160.
    Camacho, Peticionario, v. Marrero, Secretario Corte Distrito, San Juan, Sección 1a., Demandado.

    Mayo 29, 1917.
   Mandamus.

No ha lugar.


text:
    No. 1155.
    El Pueblo, Apelado, v. Iglesias, Apelante.
    Mayo 29, 1917.
   Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sen-tencia.


text:
    No. 183.
    Rivera, Peticionario, v. Sepúlveda, Juez Distrito, Ponce, Demandado.

    Mayo 29, 1917.
   Certiorari.

No lia lugar.


text:
    No. 161.
    Sucesión Collazo et al., Peticionarios, v. Lloreda, Juez Distrito, Arecibo, Demandado.

    Junio 7, 1917.
   Mandamus.

Desestimada la solicitud por carecer de finalidad práctica.


text:
    No. 159.
    Nones, Peticionario, v. Junta Escolar de Ponce, Demandada.

    Junio 11, 1917.
   Mandamus.

Desistida la so-licitud.


text:
    No. 162.
    Sucesión de Jesús et al., Peticionarios, v. Corber, Secretario Corte Distrito Arecibo, Demandado.

    Junio 14, 1917.
   Mandamus.

No ha. lugar.


text:
    No. 192.
    Morales, Peticionario, v. López Acosta, Juez Distrito Guayama, Demandado.

    Junio 18, 1917.
   Certiorari.

No ha lugar.


text:
    No. 194.
    Ramos, Peticionaria, v. Foote, Juez Distrito Mayagüez, Demandado.

    Junio 19, 1917.
   Certiorari.

No ha lugar.


text:
    No. 4.
    Ginorio, Promovente, v. Consejo Ejecutivo, Demandado.

    Junio 23, 1917.
   Injunction.

No ha lugar.


text:
    No. 63.
    Rivera, Peticionario, v. Figueroa, Alcaide Cárcel Municipal Carolina, Demandado.

    Junio 27, 1917.
   Habeas Corpus.

No ha lugar.


text:
    No. 11.
    In re Sergio León Lugo, Querellado.

    Junio 28, 1917.
   Disbarment. Desestimada la querella.


text:
    No. 195.
    Sucesión Criado, Peticionaria, v. Sepúlveda, Juez Distrito Ponce, Demandado.

    Junio 29, 1917.
   Certiorari.

No ha lugar.


text:
    No. 1176.
    El Pueblo, Apelado, v. Maisonet, Apelante.
    Junio 29, 1917.
   Adulteración de leche. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    Nos. 1177, 1778, 1779 y 1780.
    El Pueblo, Apelado, v. Silén, Apelante.
    Junio 29, 1917.
   Abuso de confianza. Ponce.

Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 197.
    Comas et al., Peticionarios, v. Penedo, Juez Municipal, Fajardo, Demandado.

    Julio 3, 1917.
   Certiorari.

No ha litgar.


text:
    No. 196.
    Mena, Peticionaria, v. Córdova Dávila et al., Demandados.

    Julio 6, 1917.
   Certiorari. San Juan, Sección Ia.

No ha lugar.


text:
    No. 1113.
    El Pueblo, Apelado, v. Matos et al., Apelantes.
    Julio 9, 1917.
   Asesinato en primer grado. Poiice.

Desestimada la apelación en cuanto a Domingo Matos, por' fallecimiento de este acusado.


text:
    No. 1693.
    Carrero, etc., et al., Apelados, v. Mandry et al., Apelantes.
    Julio 9, 1917.
   Cobro de dinero. San Jnan, Sección Ia.

Desistida la apelación.


text:
    No. 321.
    Vargas, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Julio 9, 1917.
   Becurso gubernativo.

Revo-cando y ordenando la inscripción del expediente posesorio.


text:
    No. 324.
    Collazo, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Julio 10, 1917.
   Becurso gubernativo.

Revo-cando y ordenando la anotación solicitada.


text:
    No. 1694.
    Armstrong, Apelante, v. Homar y Colón et al., Apelados.
    Julio 12, 1917.
   Tercería de mejor derecho. Ponce.

Desistida la apelación.


text:
    No. 1184.
    El Pueblo, Apelado, v. Vázquez, (a) Loló, Apelante.
    Julio 19, 1917.
   Homicidio voluntario. Guayama.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1695.
    Pagán, Apelado, v. Díaz, Apelante, y Ruiz Interventores.
    Julio 19, 1917.
   Otorgamiento de escritura. San Juan, Sec-ción Ia.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1696.
    Vals, Apelante, v. Buxó, Apelados.
    Julio 20, 1917.
   Tercería de bienes inmuebles. San Juan, Sección Ia.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1697.
    Capó, Apelante, v. Municipio Cayey, Apelado.
    Julio 24, 1917.
   Devolución de bienes. Guayama.

Desesti-mada la apelación visto él caso Ciuró v. Ciuró, 20 D. P. R. 38.


text:
    No. 1199.
    Goico et al., Apelantes, v. El Pueblo, Apelado.

    Julio 26, 1917.
   Habeas corpus. Guayama.

Desesti-mada la apelación por no ser apelable la resolución que de-sestimó de plano la solidad.


text:
    No. 1699.
    Pérez, etc., Apelado, v. Mercado, Apelante.
    Julio 26, 1917.
   Reivindicación. Ponce.

Desestimada la ape-lación por falta de transcripción.


text:
    No. 1698.
    Rosés, Apelada, v. López de Victoria et. al., Apelantes.
    Julio 26, 1917.
   Cobro de crédito. San Juan, Sección 2a.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 168.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez Distrito Aguadilla, Demandado.

    Octubre 22, 1917.
   Certiorari.

No ha lugar.


text:
    No. 64.
    Ex Parte Baiges, Peticionario.

    Octubre 24, 1917.
   Habeas corpus..

Bin lugar.


text:
    No. 1744.
    Matienzo, Apelante, v. Cid, Apelado.
    Noviembre 7, 1917.
   Desa-hucio. San Juan, Sección 2a.

Desistida la apelación.


text:
    No. 1745.
    López, Apelada, v. Sucesión Plaud et al., Apelantes.
    Noviembre 8, 1917.
   Filiación. Guayama.

Deses-timada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 165.
    Feliú, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez Distrito Humacao, Demandado.

    Noviembre 9, 1917.
   Mandamus.

Archivada la solicitud por carecer de finalidad prác-tica.


text:
    No. 1739.
    Alejandro, Apelada, v. Juncos et al., Apelantes.
    Noviembre 9, 1917.
   Filiación. Nulidad de testamento. Hnmacao.

Desestimada la apelación por radicarse fuera de término el escrito de apelación.


text:
    No. 1748.
    Gierbolini, Apelado, v. Rodríguez et al. y Torres & Enseñat, Apelante la Ultima.
    Noviembre 9, 1917.
   Cobro de dinero. Ponce.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1189.
    El Pueblo, Apelado, v. Escapa, Apelante.
    Noviembre 9, 1917.
   Falsa representación e impostura. Ponce.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1191.
    El Pueblo, Apelado, v. Dávila, Apelante.
    Noviembre 9, 1917.
   In-fracción Ley de ’ Pesas y Medidas. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1194.
    El Pueblo, Apelado, v. Feliciano, Apelante.
    Noviembre 9, 1917.
   Portar armas. Aguadilla.

Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1458.
    Cruz, Apelante, v. Sucesión Santiago, Apelada.
    Noviembre 9, 1917.
   Dominio. Ponce.

Desestimada la apelación por falta dé transcripción.


text:
    No. 1192.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera et al., Apelante el Primero.
    Noviembre 9, 1917.
   Infracción artículo 444A Código Penal. ■ San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sen-tencia..


text:
    No. 198.
    Suárez, Peticionario, v. Rossy, Juez Distrito San Juan, Sección Segunda, Demandado.

    Noviembre 9, 1917.
   Certiorari.

No há lugar. '


text:
    No. 199.
    Acha, Peticionario, v. Crosas, Juez Interino Distrito San Juan, Sección Primera, Demandado.

    Noviembre 9, 1917.
   Certio-rari.

No ha lugar.


text:
    No. 21.
    Majenhs, Apelante, v. Padín, Apelado.
    Noviembre 9, 1917.
   Aproba-ción de exposición del caso. San Juan, Sección Ia.'

No ha lugar.


text:
    No. 1190.
    El Pueblo, Apelado, v. Sánchez, Apelante.
    Noviembre 12, 1917.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección 2a.

C on firmada-la sentencia.


text:
    No. 1195.
    El Pueblo, Apelado, v. López, Apelante.
    Noviembre 12, 1917.
   Aco-metimiento y agresión grave. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia pero modificada por una de acometimiento y agresión simple.


text:
    No. 1201.
    El Pueblo, Apelado, v. Matos, Apelante.
    Noviembre 13, 1917.
   Aco-metimiento y agresión grave.. Humacao.

Desistida la apelación.


text:
    No. 1753.
    Sucesión Pons, Apelada, v. Rivas, Apelante.
    Noviembre 14, 1917.
   Reivindicación. Ponce.

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 203.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez Distrito Aguadilla, Demandado.

    Noviembre 15, 1917.
   Certiorari.

No ha lugar.


text:
    No. 1203.
    El Pueblo, Apelado, v. Andrades, Apelante.
    Noviembre 16, 1917.
   Alteración de la paz. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia,.


text:
    No. 1207.
    El Pueblo, Apelado, v. Tapia, Apelante.
    Noviembre 19, 1917.
   In-fracción artículo 339 Código Penal. San Juan, Sección 2a.

Confirmada l,a sentencia.


text:
    No. 1208.
    El Pueblo, Apelado, v. Rossy, Apelante.
    Noviembre 20, 1917.
   In-fracción Ley Pesas y Medidas. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia..


text:
    No. 1756.
    Sucesores de Abarca, Apelados, v. Municipio Mayagüez, Apelante.
    Noviembre 22, 1917.
   Cobro de dinero. Mayagüez:

Desestimada la apelación por falta de transcripción.


text:
    No. 1206.
    El Pueblo, Apelado, v. Acosta, Apelante.
    Noviembre 23, 1917.
   Se-ducción. San Juan, Sección 2a.

Con-firmada la sentencia.


text:
    No. 1212.
    El Pueblo, Apelado, v. Juliá et al., Apelantes.
    Noviembre 23, 1917.
   Conspiración. Incidente sobre cobro de multa a Cle-mente Ramírez. San Juan, Sección 2a.

Confirmada la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    The Fajardo Sugar Company, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador.de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de un con-trato de compraventa de cañas.
    No. 340.
    Resuelto en diciembre 4, 1917.
    Refacción Agrícola y Molienda de Gañas — Contratos Privados Suscritos ante Notario — Arrendamiento.—Presentado al registro para su anotación un contrato privado de molienda de cañas suscrito ante notario, acompañado de un contrato también privado suscrito ante notario, sobre arrendamiento de la finca al terrateniente, no debe denegarse su anotación por el funda-mento de que el contrato de arrendamiento no es nn documento público de los comprendidos en el artículo 2 de la Ley Hipotecaria, pues si se tiene en cuenta que el objeto de la ley de 1910 es el de favorecer el desa-, rrollo del crédito territorial y facilitar la contratación sobre frutos a los terratenientes que carecieran de título inscribible, seria absurdo sostener que el derecho de un arrendatario a otorgar un contrato, inseribibie cuando se ha consignado por documento privado suscrito ante notario, debe acre-ditarse por documento público, porque ello dejaría frustrado en gran parte el evidente propósito del legislador.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco G. Descartes, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió I3, opinión del tribunal.

En 25 de junio de 1917, mediante un documento privado suscrito ante notario, arrendó Felipe Díaz a José Montes cierta fracción de terreno por el término de tres años.

En 27 de junio de 1917, el citado Montes en su carácter de arrendatario, y la Fajardo Sugar Company otorgaron on ■contrato -de molienda de cañas, a vencer al terminarse la zafra del 1920, coya anotación foé denegada por no haberse justificado el alegado arrendamiento foera de la constancia qoe del mismo se bacía en el docomento coya anotación se pretendía.

En 13 de agosto de 1917 volvió a presentarse el contrato de molienda de cañas, acompañado del docomento privado sopra-mencionado, y de ona solicitad por escrito interesando la conversión en anotación definitiva de la anotación pre-ventiva de 120 días qoe determina la ley y qoe se tomó la primera vez qoe se presentó el docomento.

La segonda nota denegatoria del registrador reza como signe:

“Denegada la conversión solicitada por resultar qoe el título que se acompaña para subsanar el defecto que motivó la nota de-negatoria anterior no es un documento público de los comprendidos en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, y resoluciones del Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico. Delgado v. El Registrador de Caguas; Hernández v. Rosado; Pietri v. El Registrador, 22 D. P. R. 125, 387, y 729, y, por tanto, no está comprendido dentro de los títulos que pueden' ser calificados por los registradores de la pro-piedad, de acuerdo con el artículo 18 de la misma Ley Hipote-caria; # * # ”

El artículo 2 de la Ley Hipotecaria enumera, entre otros títulos inscribibles en el registro de la propiedad,

“Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período qoe exceda de seis años, o los en que se hayan anticipado las rentas de tres o más años, o cuando sin tener ninguna ’ de estas condiciones, hubiere' convenio expreso de las partes para que se inscriban. ’ ’

El artículo 3, qoe cita el registrador, dispone qoe—

“Para que puedan-ser inscritos los títulos expresados en el ar-tículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública * * * >>

El contrato de arrendamiento' de qoe se trata no está comprendido dentro de los mencionados en el artículo 2, ni filé tampoco presentado para su inscripción. Los preceptos de la Ley Hipotecaria, por disposición expresa de la ley, sólo serán aplicables a cuestiones de esta naturaleza en todo cnanto no se opongan con los de la Ley de 1910, intitulada “Ley sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas y para otros fines,” según quedó enmendada en 1911. Esta ley reconoce de una manera especial los contratos otorgados por documento privado suscrito ante notario siempre y cuando no esté comprendida en el contrato “la constitución, modificación o extinción de un derecho real.” Todos los derechos emanados de estos contratos son trans-misibles por “simple endoso suscrito ante notario. ”-

El objeto de la ley, según ya lo hemos enunciado,

“Fué él de favorecer el desarrollo del crédito territorial y faci-litar la contratación sobre frutos a los terratenientes que carecieren de título inscribible.”

Porto Rican Leaf Tobacco Company v. El Registrador de Guayama, 24 D. P. R. 891, 894.

El sostener que el derecho dé un arrendatario a otor-gar un contrato, inscribible cuando se ha consignado por do-cumento privado suscrito ante notario, debe acreditarse por documento público, de no ser un absurdo evidente, dejaría frustrado en gran parte el evidente propósito ya indicado del legislador.

Los casos citados por el registrador no son de aplicación, y debe por tanto la nota recurrida ser revocada y practicarse la anotación solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ano-tación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: Ml Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Sarriera, Demandante y Apelante, v. Todd, Alcalde de San Juan, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un recurso sobre mandamus.

    No. 1633.
    Resuelto en diciembre 7, 1917.
    Mandamus — Destitución de Empleados — Notificación y Audiencia — Justa Causa. — Cuando un peticionario, empleado de un municipio (Ecónomo de los Hospitales Municipales), es privado de su cargo por el alcalde sin previa notificación y audiencia, tiene un legítimo derecho a la expedición de un auto de mandamus para que se le reponga en su destino aunque la corte inferior encontró justificada la destitución.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. José de Guzmán Benílez y el propio peticionario.
    Abogado del apelado: Sr. Ramón Falcón.

   Ml Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. La Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, dictó sentencia en este caso declarando sin lugar la solicitud de mandamus. Que en este caso el peticionario fué privado de su cargo sin previa notificación y audiencia es un hecho pro-bado, que aparece tanto de la exposición del caso como de la propia opinión de la corte inferior. El demandado no hizo esfuerzo alguno para probar lo contrario, sino que se concretó a demostrar que el peticionario habíá sido privado de su cargo por justa causa. La cuestión controvertida fué la de si existió la justa causa, y la corte inferior llegó a una conclusión afir-mativa, en favor del alcalde demandado.

El apelante, tanto en su alegato como en su informe oral ante esta corte, concedió la mayor importancia a la cuestión de si existía o no la justa causa para su separación.

De haber sido esa sola la cuestión planteada ante nosotros, no vacilaríamos ni un solo momento para seguir la decisión de la corte inferior, no solamente por el conflicto de la prueba, sino porque estimamos que tendió la prueba a mostrar la justa causa. Sin embargo, existe en este caso una cuestión de derecho que nos compele a revocar la sentencia. La corte basándose en parte en la interpretación que le dió al de Ruiz v. del Valle, 17 D. P. R. 682, 683, creyó que la notifica-ción y audiencia no eran necesarias. Nos es innecesario volver a considerar la cuestión otra vez, puesto que ya lo hemos hecho recientemente en los casos de Belaval v. Todd, 22 D. P. R. 633; Belaval v. Todd, 24 D. P. R. 26, y Cintrón v. Berríos, 24 D. P. R. 721.

El apelado no presentó ningún alegato en este caso, sino que compareció a informar oralmente ante esta corte para sostener la justicia de la separación y sugerir que nada ga-naría el apelante con la revocación de la sentencia a esta fecha, pero la situación que haya de surgir al expedirse el mandamus dentro de las actuales circunstancias no pende aún ante nosotros, aunque la hemos considerado ya en algo en los casos últimamente citados y en el de Belaval v. Todd, 24 D. P. R., 820, 821.

El apelante tenía derecho a notificación y audiencia, lo que no obtuvo, y por tanto tenía un legítimo derecho a la expedición del auto de mandamus.

La sentencia debe ser revocada y dictarse otra requi-riendo al Alcalde de San Juan, Sr. Eoberto H. Todd, para que reponga al apelante en su destino.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra en su lugan' ordenando la expedición de un auto de mandamus perentorio para la res-titución del peticionario en su cargo.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Srcs. Presidente Hernández y Asociado .Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Rodríguez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de.Distrito de Ghiayama en pleito sobre nulidad de testamento y otros extremos.
    No. 1684.
    Resuelto en diciembre 7, 1917.
    Nulidad de Testamento — Fraude y Confabulación — Prueba, Clase de. — En casos en que se solicita la nulidad de un testamento aparentemente válido en su forma y solemnemente hecho ante notario fundado en fraude y con-fabulación, las autoridades han establecido unánimemente que la prueba debe ser clara, y cuando el demandante ha dejado de presentar aquel caso claro que exige la ley, su acción debe ser declarada sin lugar.
    Inspección Ocular — Práctica en Presencia de las Partes o sus Abogados— Acta de Inspección. — La ley de evidencia de marzo 9, 1905, no es inconsis-tente con las disposiciones de los artículos 1183, 1208 y 1209 del Código Civil sobre inspección personal del tribunal o juez, siendo la inspección personal un medio de prueba que debe practicarse en presencia de las partes o de sus abogados, a quienes debe dárseles oportunidad para explicar o aña-dir lo que estimen conveniente al resultado de la inspección. Del propio modo la corte debe levantar un acta de la inspección ocular.
    Escrituras Notariales, Fuerza de — Renuncia de .Derechos — Prueba, Clase de. — Si las escrituras concernientes a bienes raíces o renuncia de derechos pudiesen posteriormente anularse con prueba testifical de la naturaleza de la que en este caso se ha presentado, tendente a demostrar que el otorgante desconocía el contenido de la misma y que si bien firmó voluntariamente en cuanto se refiere al traspaso de su derecho a la finca particular que se le adjudicara, el notario leyó con tal rapidez el documento que le fué impo-sible seguirlo, el número de impugnaciones que pudiera hacerse contra las es-crituras notariales sería ilimitado y la adquisición de propiedades quedaría sin seguridad; pero la doctrina legal imperante sostiene todo lo contrario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Martines Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. C. Domínguez Rubio.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal. En 24 de abril de 1914, en la casa-habitación, de su es-poso y ella, Doña Manuela Martínez Vázquez otorgó un tes-tamento abierto ante el Notario de Cayey, Don Francisco Navarro Ortiz. Nueve días después falleció dicha señora, o sea, el día 3 de mayo de 1914. Su padre, Don Manuel Martínez Avilés, es el demandante en este • pleito, y el de-mandado su esposo Fructuoso Rodríguez.

El día 16 de mayo de 1914, el demandante-apelante com-pareció ante el propio notario y cedió a Fructuoso Rodríguez por la suma de $1,400 todos sus derechos y acciones en los bienes hereditarios dejados por su hija y que había adquirido a virtud del testamento que ésta otorgara en 24 de abril de 1914, y vendió especialmente' al citado Fructuoso Rodríguez su título y dominio sobre una fracción determinada de te-rreno que se le adjudicara en el testamento.

En dicho testamento se tasaron todos los bienes de que disponía la testadora y se hizo una partición de la partici-pación que le correspondía a la testadora en los bienes de la sociedad matrimonial.

En la demanda se alegan tres diferentes causas de acción. Se impugna el testamento de dolo y fraude. Por el mismo fundamento de impugnación se ataca en la segunda causa de acción la tasación y particiones hechas en el testamento. Y asimismo se alega bajo la tercera causa de acción que medió fraude y confabulación en el otorgamiento de la es-critura.

El demandado no sólo niega todas las alegaciones de fraude, sino que alega, además, un impedimento positivo (positive estoppel) contra el demandante por razón del otor-gamiento de la escritura de 16 de mayo de 1914^

Lo más esencial de la primera causa de acción se alega en la 7a. cláusula de la demanda, que reza como sigue:

“Alega el demandante que la cláusula anteriormente transcrita no fué dictada por la testadora al notario, pues ella se encontraba en estado de gravedad, padeciendo de tuberculosis miliar pulmonar; que ella era completamente lega en tales materias y el referido tes-tamento fué autorizado en una habitación distinta a la que ocupaba la testadora, y que fué dictado por el demandado y el notario puestos de acuerdo y con el propósito de defraudar al demandante como he-redero legítimo de la testadora; que dicha testadora, no autorizó ni a su esposo el demandado ni al notario autorizante para que consig-naran la referida cláusula; que los testigos del testamento no es-tuvieron presentes en el acto del otorgamiento y que dicho demandado con el propósito deliberado de defraudar al demandante envió a éste a Guayama, alejándolo de la casa de la testadora para redactar a sus espaldas el referido testamento sin la autorización de la testadora que no intervino en la redacción del mismo. Que el demandado y su esposa en ningún momento celebraron contrato de capitulaciones ma-trimoniales para que dicho demandado apercibiera interés alguno por su administración y que éste de mala fe, engañosa y fraudulen-tamente hizo que se consignara en el testamento de su esposa la cláusula anterior para por este medio privar al demandante en su carácter de heredero forzoso de su hija de una parte de su legítima. ’ ’

Eñ el juicio los testigos del demandante declararon que Manuela Martínez Vázquez estaba enferma en su cama con la enfermedad que se describe en la demanda, pero también declararon sobre otro punto, no alegado en la demanda-, de que dicha señora tenía el hábito de la embriaguez y sufría de agudos ataques de “delirium tremens.”

Aunque no están de acuerdo entre sí, estos testigos decla-raron también de que la testadora no estaba en condiciones de otorgar una escritura válida o un testamento, aunque la oportunidad que la mayor parte de los mismos tuviese para conocer este hecho se hacen constar de un modo muy vago, y uno de los testigos principales del demandante reveló evi-dencia tendente a demostrar que a la fecha del otorgamiento del testamento la testadora podía conversar con él y su es-poso y preguntar por ellos con solicitud.

La prueba del “delirium tremens” no mereció ningún crédito, siendo así que no se llamara a declarar a ningún pei'ito sobre el particular, y sin.embargo, la prueba tiende a demostrar que ■ estuvo asistida por un médico, el Doctor Janer. Realmente, hay prueba tendente a demostrar que dicho médico le recetó brandy. Además, como ya lo hemos dicho el demandado no tuvo conocimiento de que trataría el demandante de apoyarse sobre estos hechos.

Algunos de estos varios testigos declararon sobre las cir-cunstancias bajo las que se otorgó el testamento, describiendo lo que pasó, sosteniendo que vieron a las personas que fueron .llamadas para servir de testigos en el otorgamiento del tes-tamento.

Se presentó prueba tendente a demostrar qne las fincas adjudicadas al marido fueron valoradas en menor cantidad que el montante que se describe en el testamento, y también se presentó prueba tendente a demostrar que la finca adju-dicada al padre valía menos de los $1,400 mencionados en el testamento.

La teoría que resalta del testamento es la de que el ma-rido poseía bienes privativos por la suma de dos mil dólares que le reconoció la testadora, además de otras cosas, y el demandante en el juicio trató de demostrar que Fructuoso Bodríguez al tiempo de su matrimonio no tenía nada en ab-soluto.

La prueba que se ha presentado para demostrar que el marido no tenía bienes ningunos de fortuna a la época en que contrajo matrimonio, aunque sólo se halla contradicha por el testamento, no nos satisface, y aun cuando hubiese sido esa prueba satisfactoria no podría impedir la confirma-ción de la sentencia por razón de los actos del demandante subsiguientes a la muerte de su hija.

Aquí tenemos un testamento, aparentemente válido en su forma, solemnemente hecho ante notario, y las autoridades unánimemente han establecido que cuando se alega fraude y confabulación la prueba debe ser clara. Aun cuando no hemos expuesto toda la prueba testifical, estamos conven-cidos, después de haber estudiado la exposición del caso, de que la prueba' presentada no es 'aquella prueba clara que exige la ley.

La corte, sin embargo, — haya o no tenido alguna duda sobre la veracidad del testimonio prestado por los testigos del demandante — practicó una inspección ocular de la casa en que murió la testadora. Por virtud de esta inspección la corte llegó al convencimiento de que.los testigos del deman-dante, o algunos de los más importantes, no decían la ver-dad. Esta inspección ocular la practicó la corte a su propia iniciativa, sin que ninguna de las partes la sugiriera y sin que ninguna de ]as partes estuviese presente al practicarse dielia inspección.

El artículo 1183 del Código Civil dispone que “ las prue-bas pueden hacerse: por instrumentos, por confesión, por inspección personal del tribunal o juez, por peritos, por tes-tigos y por presunciones.”

Los artículos 1208 y 1209 del propio código prescriben lo siguiente:

. “Artículo 1208. — La prueba de inspección personal del tribunal o-juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al tribunal apre-ciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el lieelio que trate de averiguar.
“Artículo 1209. — La inspección practicada por un tribunal o juez podrá ser apreciada en la sentencia' que otro dicte, siempre que el primero hubiera consignado con perfecta claridad en la diligencia los detalles y circunstancias’de la cosa inspeccionada.”

La Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905 no es incon-sistente con estas disposiciones. Puesto que la inspección personal es, por consiguiente, un medio de prueba debe prac-ticarse en presencia de las partes o de sus abogados, a quie-nes debe dárseles una oportunidad para explicar o añadir lo que estimen conveniente al resultado de la inspección. Del propio modo la corte debe levantar una acta de la ins-pección ocular.

Nada de esto se hizo en este caso. El demandante pudo haber hecho que sus testigos explicaran la situación, o, al menos ofrecido hacerlo. Antes de que se terminase el jui-cio los abogados pudieron haber argumentado a la corte so-bre el efecto de la inspección ocular, y es éste un derecho generalmente reconocídoles a los abogados. De haber sido el presente un caso en el que hubiera existido un verdadero conflicto de la prueba, la sentencia tendría que revocarse, pero después de haber examinado los autos en su totalidad hemos llegado al convencimiento de que se ha hecho sustan-cial justicia, y a tal grado ha llegado nuestra convicción sobre este particular, que hasta nos hubiéramos sentido obli-gados a revocar la sentencia, si ésta se hubiese dictado a favor del demandante.

Así lo creemos, como lo hemos indicado anteriormente,, porque el demandante ha dejado de presentar aquel cas» claro que exige la ley cuando se impugna un testamento' por el vicio de fraude.

Consideraciones del mismo género son aplicables a la se-gunda cansa de acción, pero la resolución de tal causa de acción la cubre la situación legal respecto a la tercera.

El demandante — un hombre que en la silla del testigo de-mostró ser de suficiente inteligencia, actividad y circunspec-ción en la mayor parte de sus particularidades, — ataca la escritura de 16 de mayo de 1914 sólo para alegar sustaneial-mente que desconocía el contenido de la misma. Confiesa que firmó voluntariamente la escritura en cuanto se refiere al traspaso de su derecho a la finca particular que se le adjudicara, pero sostiene que el notario leyó con tal rapidez: la escritura que le fué imposible seguirlo. Además, que no se preocupaba de otro asunto salvo el de la ameritada finca particular.

Si las escrituras concernientes a bienes reales o renun-cia de derechos pudiesen posteriormente anularse con prueba testifical de la naturaleza de la que en este caso se ha presen-tado, el número de impugnaciones que pudiera hacerse contra las escrituras notariales sería ilimitado y la adquisición de propiedades quedaría sin seguridad. La doctrina legal sostiene todo lo contrario. Razonamientos semejantes apli-cables al presente caso se han hecho en los casos de Cruz v. Lópes, 17 D. P. R. 43, y de Torres v. Lothrop, Luce & Company, 16 D.P.R. 181; 231 U. S. 171.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


text:
    Gandía Córdova, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo, inscribiendo con defecto subsanable un contrato de compraventa.
    No. 345.

    Resuelto en diciembre 7, 1917.
    Compraventa — Consentimiento, Objeto y Causa — Aceptación.—En un con-trato de compraventa cuyo objeto es el terreno y la causa su precio, hecho en escritura pública que firman las partes y en la que el notario da fe de los hechos relacionados y de haberla leído a los otorgantes, el consenti-miento de las partes queda terminantemente establecido, y tal consenti-miento, puesto que perfecciona el contrato, envuelve necesariamente la acep-tación del mismo.
    Instrumento Público — Ee del Notario. — Es innecesario, como declara el ar-tículo 17 de la Ley Notarial en sus palabras finales, que el notario dé fe de cada cláusula separadamente, siendo suficiente que certifique de todo lo con-tenido en el documento, por lo que tal expresión debe entenderse aplicable a toda la escritura.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio. .
    El registrador interino recurrido, Sr. Herminio Miranda, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal. Al serle presentada una escritura de compraventa, el Registrador de Arecibo denegó su inscripción por el defecto subsanable de que el contrato no había sido aceptado por el comprador.

El apelante, al contestar a esto, copia la cláusula final de la escritura, en la siguiente forma:

“Leído por mí íntegramente este instrumento a otorgantes y tes-tigos, porque renunciaron su derecho a leerlo por sí, del que les ad-vertí, se ratifican aquéllos en su contenido, y firman todos por ante mí, el notario, que de cuanto queda relacionado doy fe, ’ ’

y alega que esas frases de ratificación constituyen una acep-tación expresa.

De un examen de la escritura en cuestión, encontramos que no sólo firmaron la escritura los vendedores, sino también los compradores. La escritura expresa que el precio fué recibido de manos de los compradores por los vendedores y que los compradores fueron puestos en posesión del terreno específicamente descrito en ella.

El artículo 1058 del Código Civil dispone que las obliga-ciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

Los contratos están definidos en el libro IV, Título II, del Código Civil, y el artículo 1225 dispone que los contra-tos se perfeccionan por el mero consentimiento, y el 1228 enumera como condiciones esenciales de un contrato, consen-timiento, objeto cierto, y causa o consideración. El artículo 1229 dice así:

‘'Artículo 1229. — El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
“La aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su conocimiento. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.”

El contrato que estamos considerando, hecho en escritura pública, tiene como objeto el terreno, y como causa su precio. No conocemos prueba más terminante del consentimiento que la firma ele las partes en una escritura pública hecha ante notario. El notario en este caso expresa que las partes otorgan la escritura y que la misma les es leída, y da fe de los hechos relacionados. El consentimiento de las partes está terminantemente establecido. El consentimiento, puesto que perfecciona el contrato, envuelve necesariamente la aceptación del mismo. El artículo 17 de la Ley Notarial, en sus palabras finales, declara ser innecesario que el notario de fe de cada cláusula separadamente, siendo suficiente que certifique de todo lo contenido en el mismo, y que tal expre-sión se entienda aplicable a toda la escritura. Si los com-pradores no hubieran firmado la escritura sería quizás nece-sario que se consignara su aceptación de la misma, pero en este caso ellos aparecen como una de las partes otorgantes •de la escritura.

Convenimos con el apelante en qne la ratificación puesta -al final de la escritura constituye una aceptación expresa, empero, el perfeccionamiento del contrato por' el consenti-miento de todos los otorgantes es también una aceptación. Siendo el contrato perfecto, estando en un documento público adecuado, y siendo un traspaso de derechos reales, era ins-cribible, sin defecto alguno, en virtud del artículo 2 de la Ley Hipotecaria, Ignoramos que exista ley alguna o regla-mento que exija una aceptación más específica en casos de ■esta naturaleza.

La nota del registrador debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida en la. parte que lo ha sido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-■drey no intervinieron.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vázquez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Córte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de adulteración de leche.
    No. 1217.
    Resuelto en diciembre 11, 1917.
    Adulteración de Leche — Leche Adulterada o Diluída — Intención o Cono-cimiento — Grado Legal o Standard. — El conocimiento o la inteneión o la procedencia de la leche, no hace al caso cuando el acusado la vende u ofrece en venta o permite que se venda estando diluída o adulterada; y el vender leche diluída es un delito aun cuando la mezcla que resulte exceda del grado legal (standard). El grado legal es una medida que fija el límite mínimo para la venta de la leche, empero, la adulteración o dilu-ción es punible en absoluto.
    'Id. — Con stitu cionalidad de la Ley — Intención.—La Ley de 10 de marzo de 1910 no es anticonstitucional pues es manifiesta la facultad que tiene la legislatura para hacer innecesaria la prueba de la intención o mens rea.

      Id. — Informe del Perito del Gobierno — Presunción de Adulteración o Dilución. — La ley no dá al informe del perito del Gobierno el carácter de presunción irrefutable de adulteración o dilución. Es un medio de prueba que el acusado puede refutar con prueba en contrario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: iSr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La prueba en este caso demostró que. la leche qne se ale-gaba estar adulterada alcanzaba materialmente la medida del grado legal (standard) fijado por las'autoridades, pero sin embargo la prueba pericial, que la corte .creyó cierta, tendía á demostrar que dicha leche había sido diluida, que, habiendo habido venta, oferta en venta o su equivalencia, es el delito previsto por la Ley de 10 de marzo de 1910, Le-yes de 1910, página 167. Después de definir el delito, dice la ley:. “La adulteración o dilución de la leche puede pro-barse en la forma usual que la ley provee para la vista de causas criminales, pero en cualquier caso se considerará y se tendrá por leche adulterada o diluida aquella que no diere la prueba que se prescribe por las autoridades competentes; Disponiéndose, que el grado legal (standard) .de la leche de-berá ser fijado por el Director de Sanidad, Beneficencia y Correcciones, y publicado para conocimiento general en la Gaceta Oficial de Puerto Rico y en los periódicos de mayor circulación de la isla que se determinaren por dicho funcio-nario.” Por tanto, conforme a las numerosas decisiones de esta corte, el conocimiento o la intención, o la procedencia de la leche, no hacen al caso cuando el demandado vende u ofrece en venta o permite que se venda leche diluida. _ El vender leche diluida es un delito,"aun cuando la mezcla que resulte exceda del grado legal. El grado legal (standard) es una medida que fija el límite mínimo para la venta de la leche, empero, la adulteración o dilución es punible en ‘ab-soluto.

El apelante alega que la ley es anticonstitucional. Im-plícitamente esta corte decidió ya esa cuestión cuando en am-bas opiniones, concurrente y disidente, analizamos o revisa-mos las autoridades en el caso de El Pueblo v. Ferraris, 15 D. P. R. 813. Es manifiesta la facultad que tiene la legisla-tura para liacer innecesaria la prueba de la intención o mens rea. Se lia hecho deber de los lecheros el no vender leche adulterada o diluida.

Entrando en detalles, no podemos convenir con el apelante en que la ley da al-informe del perito del Gobierno el carác-ter de una presunción irrefutable de adulteración o dilución. Es un medio de prueba, como lo sería la prueba directa de haberse echado agua a la leche, pudiendo el acusado ofrecer prueba en contrario. Por ejemplo, si el perito del Gobierno dice que la leche fue diluida, el acusado puede presentar otro perito para demostrar que no lo fué, o también impugnar la capacidad o la credibilidad del perito del Gobierno. O puede el acusado demostrar, por sus testigos, que ninguna de las personas en cuyo poder había estado la leche, la había diluido. Si hubiera habido testigos que juraran que la leche no había sido diluida la corte tendría que resolver el conflicto como en cualquier otro caso.

No es necesario que discutamos, en este caso, la facultad de la legislatura para delegar el derecho de fijar el grado legal, puesto que la prueba tendía a demostrar una dilución de leche independientemente del grado legal.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son. '

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado AI- - drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

text:
    Hernández, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una escri-tura de cesión de derechos y usufructo.
    No. 346.
    Resuelto en diciembre 11, 1917.
    Bienes Privativos Adquiridos en Estado de Viudedad — Presunción de Ser Ga-nanciales, Cómo se Destruye. — Para proceder a la inscripción en el re-gistro de la propiedad del usufructo de un solar y de una casa que en el mismo radica como bienes privativos del adquirente, estando éste en estado de viudedad, por alegarse que los liubo siendo soltero, es necesario, habiendo dudas de si el terreno fué o no adquirido durante el matrimonio habido, demostrar la fecha del matrimonio, y que la propiedad le pertenecía con anterioridad a esa fecha.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco ISocorro, compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.'-''

Toribio Hernández, quien adquirió de José I. González, apela de la siguiente nota del registrador:

“Denegada la inscripción del precedente documento, en cuanto a la concesión del usufructo del solar y casa que en él radica, porque resultando de esta escritura que el adquirente’ Joaquín I. González se halla actualmente en estado de viudedad, no se ha acreditado sa-tisfactoriamente con documento auténtico el estado que tenía cuando adquirió dicho usufructo ni cuándo edificó la casa, pues si bien alega que esos derechos los hubo siendo soltero, en cuyo caso deberán ins-cribirse como bienes privativos-, y que con una certificación expedida el primero de este mes por el Secretario y el Alcalde de Gurabo se trata de corroborar esa alegación, ese extremo no puede aceptarse como cierto, ni por la simple afirmación del propio interesado, ni. por la afirmación de los mencionados funcionarios, puesto que el artículo 320 del Código Civil determina claramente los documentos nece-sarios para la prueba del estado civil de una persona; y respecto a la venta de la casa por no estar la misma inscrita a favor del vendedor ni de ninguna otra persona, etc.”

El recurrente sostiene que si el registrador podía tomar 'conocimiento del hecho de que González era viudo, podía 'también aceptar como cierta la manifestación de que el dicho González era soltero al tiempo de adquirir la finca. El re-gistrador, conociendo que había existido un estado de ma-trimonio, tuvo la duda justificada de si el terreno fue o no adquirido durante el matrimonio de González. Como existe la presunción de que una pegona es soltera en tanto no se demuestre lo contrario, y como esa presunción quedó des-truida por el matrimonio habido, el recurrente pudo haber restablecido la presunción en favor de González probando' la fecha de su matrimonio y que la propiedad pertenecía al referido González con anterioridad a esa fecha.

En lugar de probar el matrimonio con la mejor prueba, las partes presentaron dos certificados expedidos por dos funcionarios de Gurabo, demostrativos de que González ad-quirió la propiedad en cuestión cuando era soltero. No en-traremos en una extensa discusión acerca del modo de probar que una persona era' soltera en determinada fecha, pues con-venimos con el registrador que la manera más rápida y satis-factoria de hacerlo era probando el hecho del matrimonio.

La nota debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Jüez Asociado Sb. Wole,

text:
    Benítez Sugar Company, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Bectjbso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Hnmacao denegando la inscripción de un con-trato de refacción agrícola y molienda de cañas.
    No. 330.
    Resuelto en diciembre 11, 1917.
    Refacción Agrícola y Molienda de Cañas — Anotación en el Registro— Arrendamiento — Consentimiento de la Esposa. — No puede denegarse la anotación en el registro de contratos agrícolas de uno de siembra, molienda de cañas y refacción otorgado por ambos cónyuges a favor de una corpora-ción, en el que la finca sujeta a siembras es poseída en arrendamiento ce-lebrado por cinco años y prorrogable por tres más, bajo el fundamento de que perteneciendo la finca a una sociedad de gananciales no intervino la esposa del arrendador, ya que de acuerdo con los términos de dicho contrato éste es uno de aquellos en que el marido como ■ administrador de la sociedad de gananciales puede otorgar sin estarle prohibido por los artículos 159 y 1327 del Código Civil, y además, porque el contrato de refacción es lo único cuya anotación se solicita, y el espíritu de la ley de 10 de marzo, 3910, favorece la misma.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González.

    El registrador recurrido Sr. Francisco G-. Descartes, com-pareció en nombre propio.
   El Jüez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de junio de 1917, Oliver Sliaw y su esposa reali-zaron un contrato de siembra,, molienda de cañas y refacción, con la corporación Benítez Sugar Company, enyo contrato fné extendido en escritura otorgada ante el notario Francisco González Fagundo bajo el número 160 y en la propia fecha.

Dicho instrumento fué presentado en el Begistro de la Propiedad de Hnmacao para su inscripción en el registro de contratos agrícolas, acompañado de una copia de la escri-tura No. 158 otorgada ante el Notario Francisco González Fagundo el 12 de junio de 1917, para probar que Oliver Shaw estaba en posesión, como arrendatario, de la finca en la cual él iba a hacer las siembras.

El registrador denegó la inscripción por medio de la si-guiente nota:

“Denegada la anotación del contrato contenido en este documento, en unión de la escritura de arrendamiento número 158 otorgada en Vieques a doce de junio de 1917 ante el notario de la presente, por resultar de dicha escritura de arrendamiento que el mismo ha sido ce-lebrado sin el consentimiento de la esposa del arrendador, Doña De-metria Mercado, tratándose de bienes gananciales según el registro, etc. ’ ’

No vemos completamente claro que el contrato presentado al registrador en este caso sea uno de aquellos que el marido, como administrador de los bienes gananciales, no pueda otorgar por estarle prohibido por los artículos 159 y 1327 del Código Civil.

El plazo del contrato es de cinco zafras, terminando en 1922, pero concede al arrendatario el derecho de prorrogarlo por tres zafras más, previo aviso al arrendador, quedando bien entendido que habrá una zafra cada año.

Ahora bien, aun cuando el terrateniente tiene opción a prorrogar el contrato por tres años más, sin embargo el pre-sente arrendamiento es sólo por cinco años, y el término del contrato de refacción no se extiende más allá del del arren-damiento. Quizás si el marido o sus herederos insistieran en hacer uso del derecho de prórroga pudiera resolverse que tal prórroga estaba fuera de las facultades del marido. En todo caso el contrato de refacción es lo único cuya inscrip-ción se gestiona y el espíritu de la Lej de marzo 10, 1910, favorece la inscripción.

La nota debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ano-tación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Srcs. Presidente Hernández y Asociado AL drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cesari, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en . cansa por infracción a la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor.
    No. 1220.
    Resuelto en diciembre 11, 1917.
    Sobreseimiento del Proceso — Aglomeración de Asuntos en el Calendario Civil — Juicio Rápido. — La mera aglomeración de asuntos > civiles en el ca-lendario no constituye justa causa para dilatar el juicio de una causa criminal, pues ello subordinaría los derechos del acusado garantizados por el artículo 448, apartado 2°., del Código de Enjuiciamiento Criminal, a la ■ conveniencia más -bien que a la discreción del juez sentenciador y habría de tender directamente a destruir en la práctica el juicio rápido que exige . . el artículo 11 del código referido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado del apelante: Sr-r Leopoldo Tormesí

    Abogado del apelado: Sr'. Saluador Mestre, Fiscal,

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto primeramente en la Corte Municipal y-luego en la de Distrito de Ponce, por una infracción a- la ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Eico.

’ En la corte de distrito se presentó una moción para que la causa fuese sobreseída por el fundamento de que la misma no había sido llamada para juicio dentro de los 120 días que señala la ley, moción que fué declarada sin lugar por la ra-zón de que “según una orden de la corte, que se dictó al principiar el término civil anterior, de acuerdo con los abo-gados en aquel momento presentes, se convino en dedicar todo ese término en asuntos civiles, debido al gran número de asuntos que había.”

Lo que ocurriera al principio del término y antes de ser llamadas-para señalamiento las causas del Calendario Criminal',' que relacionara el juez sentenciador, apenas si puede estimarse como una renuncia por parte del acusado de su derecho a que se sobreseyese su causa pendiente, de con-formidad con lo que se dispone en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El sostener que la mera aglomeración de asuntos civiles en el calendario constituye justa.causa para dilatar el juicio de una causa criminal,, subordinaría los derechos del acusado a la conveniencia, más bien que a la discreción, del juez sen-tenciador, y habría de tender directamente a destruir en la práctica el juicio rápido que exige el Código.

La sentencia apelada debe ser revocada y sobreseída la causa.

Revocada .la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres, Asociados Wolf y dél Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Se. Hutchisok,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. González, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción de la ley de automóviles.
    No. 1221.
    Resuelto en diciembre 11, 1917.
    Infracción de la Ley de Automóviles — -Vehículos de Motor — Automóvil con la Luz Roja Posterior Apagada — Intención Criminal — Debido Cuidado o Diligencia. — Al acusado se imputó una infracción del artículo 8 de la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor, o sea, por haber llevado apa-gada la luz roja posterior del automóvil que guiaba. Alegó que la prueba, con-siderada a la luz de los artículos 11 y 12 del Código Penal, no revelaba la existencia de intención criminal y que en todo caso la declaración del acu-sado y la del dueño del carro, demostraban la total ausencia de la mens rea. Se resolvió: que la ignorancia del acusado en cuanto al hecho del caso, no constituye defensa alguna si bien la demostración de un debido cuidado o diligencia podría quizás relevarlo de responsabilidad criminal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchisok,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 8 de la Ley de 1916,. página 144, para regla-mentar el uso de vehículos de motor exige entre otras cosas que “todo automóvil que transitare en el período compren-dido desde media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de la salida del mismo, llevará por lo menos dos luces blancas, y toda motocicleta una luz blanca, visibles a una distancia de por lo menos doscientos cincuenta pies desde el frente de tal vehículo; pero queda prohibido en calles de ciudades o caminos-públicos bien alumbrados el uso de luces que deslumbren. Cada automóvil llevará tam-bién una luz roja visible en la parte posterior.”

El artículo 18 dispone que “las infracciones de las dis-posiciones de esta ley serán consideradas como delitos me-nos graves, y serán castigadas con multa de no menos de cinco dólares, o con prisión de no menos de cinco días ni más de tres meses.”

El apelante fué convicto primero en la corte municipal y luego después de celebrádole un juicio de novo en la corte de distrito, por infracción al artículo 8 de la citada ley a virtud de una denuncia en que se le imputaba “que en abril 3, 1917, a las 7:30 p. m. en la Avenida Hostos, Playa, Ponce, P. R., del distrito judicial municipal de Ponce, P. R., el acusado Gumersindo González, en .abril'3, 1917 y en la Ave-nida Hostos, maliciosa y voluntariamente, violó las disposi-ciones de la ley para regular el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, llevando apagada la luz roja posterior, del anta 2175, propiedad de Temístocles Laguna, a las 7:30 p. m.

Se han apuntado los siguientes motivos de error:

“A. En que la sentencia de la corte inferior, es contraria a las pruebas aducidas en el juicio por El Pueblo de Puerto Rico para sostener su querella.
“B. En que la corte inferior abusó de su discreción e hizo una apreciación errónea de los testimonios aducidos en juicio por los testigo^ del Pueblo de Puerto Rico.
“C. En que, aceptando como cierto, de que el acusado baya rea-lizado los actos imputádosle en la denuncia, ello no constituye delito público alguno penable.” •

El argumento aducido respecto a los dos primeros erro-res alegados, como los términos en que se hallan redactados dichos motivos de error, se concreta a la prueba aducida por el Fiscal. Si hubiera el acusado preferido conformarse con su moción de non-suit quizá no hubiera carecido por com-pleto de méritos su pretensión, pero la prueba de descargo corrobora las declaraciones de los dos policías tanto res-pecto al corpus delicti como a la identidad del carro y del acusado, disipando así cualquier duda que pudiera de otro modo haber existido en este sentido.

La única disputa que bajo el tercer motivo de error vale la pena de considerarse detenidamente es la de que la prueba considerada a la luz de los artículos 11 y 12 del Código Penal no revela la existencia de una intención criminal y de que en todo caso la declaración del acusqdo y la del dueño del carro demuestran la total ausencia de la mens rea.

No necesitamos ni queremos detenernos a considerar la proposición del Fiscal, de que la legislatura tuvo la inten-ción de hacer e hizo de la falta de exhibirse una luz roja un delito menos grave (misdemeanor) sin tener en cuenta la existencia o no-existéncia de una intención criminal, puesto que sin eluda alguna tenía facultades para hacerlo. Como quiera que sea, la omisión del legislador en este sentido apenas si puede estimarse que exija prueba de intención es-pecífica. Síguese que en cuanto pueda cuestión alguna re-lacionarse con este asunto “se presume que toda persona ■intenta la consecuencia de sus actos,” aunque por supuesto esta presunción no es necesariamente concluyente. 2 Bishop’s New Criminal Procedure, Sec. 1099, pág. 946, Sec. 1301, pág. 947.

Además, “áun cuando se alegare, para los efectos de la intención, la ignorancia de hecho, esa defensa de nada apro-vecha cuando el acusado, mediante el ejercicio de la debida diligencia, pudo haberse dado qnenta de sn error. # * T, como regia general, cuando se le imputa al acusado negli-gencia por no haber investigado los verdaderos hechos del caso, sn ignorancia no constituye defensa alguna.” I ■Wharton’s Criminal Law, Edición 11a., See. 114, páginas 153, 154.

Admitiendo para los fines de la argumentación que la de-mostración de un debido cuidado y diligencia podría relevar de responsabilidad criminal a un acusado en casos de esta naturaleza, tenemos que decir que la prueba de descargo en . este caso es tan pobre, vaga y poco satisfactoria que no jus-tificaría la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia-apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al--drev no intervinieron.