author: El Juez PresideNte Se. Hernández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en cansa por delito comprendido en el artículo 16 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros.
    No. 1200.
    Resuelto en abril 8, 1918.
    Alegato del Apelante — Palta de Presentación — Errores Fundamentales.— Es una mala práctica que los apelantes no presenten sus alegatos escritos como ordena la Regla 42 de las de este Tribunal Supremo, y cuando ello su-cede sólo serán examinados los errores fundamentales.
    Ley de Indemnizaciones a Obreros — Juicio por Jurado. — Acusado el apelante de-un delito comprendido en el artículo 16 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, no tenía derecho a ser juzgado por jurado.
    Id. — Acusación Sueiciente. — Una acusación en que se alega que el. acusado tiene una panadería donde regularmente trabajan 6 obreros, cuyos jornales no exceden de $1,200 anuales; que no había rechazado los beneficios de la Ley de Indemnizaciones a Obreros y que voluntaria e ilegalmente dejó de presentar a la Oomisión de Indemnizaciones a Obreros un estado duplicado expresando el número de obreros empleados por él que tenían derecho a los beneficios de la ley y el total de sus haberes durante el año económico anterior, contiene todos los hechos necesarios para constituir el delito compren-dido en el artículo 16 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros.
    Id. — Obrero—Empleado—Alcance de Dichas Palabras. — Las palabras obrero o empleado según el artículo 32 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, deben interpretarse en el sentido de incluir cualquier persona empleada por un pa-trono y que tenga derecho a los beneficios de la ley, sea hombre, mujer o niño.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. Santiago B. Palmer y V. Polanco de Jesús.

    Abogado xlel apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez PresideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Arecibo se formuló acusación por sxi Fiscal el 28 de abril de 1917 contra José Martínez B,e-ventós por delito misdemeanor comprendido en el artículo 16 de la “Ley de Indemnizaciones a Obreros,” aprobada en 13 de abril de 1916, y en ella se consignan los siguientes hechos:

“Que el dicho José Martínez Reventós tiene en la actualidad y ha tenido desde antes del 15 de junio de 1916, una panadería en el pueblo de Cíales, donde regularmente trabajan seis obreros cuyos jornales no exceden de la suma de $1,200 anuales, no habiendo en ningún tiempo el referido José Martínez Reventós rechazado los be-neficios de la ‘Ley de Indemnizaciones a Obreros.’
“Que el acusado José Martínez Reventós, en Cíales, dentro del Distrito Judicial de Arecibo, P. R., voluntaria e ilegalmente, en o antes del 15 de julio de 1916, dejó de presentar a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros un estado duplicado bajo juramento, ex-presando el número de obreros empleados por él que tenían derecho a los beneficios de la ‘Ley de Indemnizaciones a Obreros,’ el total de sus haberes durante el año económico anterior y demás requisites requeridos por la Comisión de Indemnizaciones a Obreros.”

El acusado solicitó de la corte el sobreseimiento de la causa alegando tener derecho a ser juzgado por jurado a virtud de la Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos, y su petición fué desestimada, habiendo tomado ex-cepción contra tal resolución.

Opuso después la excepción de que los hechos relatados en la acusación no constituían delito y la corte desestimó igualmente la excepción alegada, habiendo sido excepcionada esa resolución.

Celebrado el juicio la representación del acusado hizo moción verbal de non suit bajo el fundamento de que los he-chos contenidos en la acusación no habían sido probados por el Fiscal, moción que igualmente fué declarada sin lugar.

La corte dictó sentencia en Io. de junio de 1917, por la que declara al acusado José Martínez Revenios culpable del delito de infracción a la sección 16 de la “Ley de Indemni-zaciones a Obreros” y le impone la pena de multa de $500 y pago de costas, debiendo ser encarcelado por falta de pago y permanecer un día en reclusión por cada dollar que deje de satisfacer, sin que el término de la reclusión pueda exce-der de noventa días.

Interpuesto por el sentenciado recurso de apelación contra la sentencia pronunciada fue archivada en la secretaría de esta Corte Suprema la transcripción de autos, en la que figura un pliego de exposición del caso y de excepciones, pero en apoyo del recurso no se ha presentado alegato alguno aún cuando el acusado en el acto de la vista tuvo abogado que asistiera a ella.

Ya hemos dicho anteriormente ser una mala práctica que los apelantes no presenten sus alegatos escritos como ordena la Regla 42 de las de este Tribunal Supremo y que cuando ello sucede sólo examinaremos los errores que sean funda-mentales. El Pueblo v. Colón, 17 D. P. R. 1011, El Pueblo v. Carrillo, 19 D. P. R. 366, El Pueblo v. Calderón, 19 D. P. R. 934, El Pueblo v. Laureano, 20 D. P. R. 7, y El Pueblo v. Pietri, 22 D. P. R. 646.

De acuerdo con la anterior doctrina examinaremos por ser errores fundamentales, -el de falta de jurisdicción de la Corte de Distrito de Arecibo, y el de que los hechos consig-nados en la acusación no son constitutivos de delito.

En cuanto al primer error fundado en el derecho alegado por el acusado a ser juzgado por jurado, cae por su base ante las resoluciones recientes de la Corte Suprema de los Estados Unidos dictadas en 21 de enero del corriente año, en los casos de certiorari de José Muratti y de habeas corpus de Carlos Tapia.

Y por lo que atañe a la excepción de que los hechos con-signados en la acusación no son constitutivos de delito, la consideraremos con relación a la ley aplicable al caso.

El artículo 16 de la Ley No. 19 para Indemnización a Obreros, aprobada en 13 de abril de 1916, contiene textual-mente en sus incisos Io. y 2°., los siguientes preceptos:

“Será deber de todo patrono de obreros, con derecho a los bene-ficios de esta Ley, y que no haya optado por rechazar los beneficios de la misma, el presentar a la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros, el día quince de julio de .cada año, o antes de dicha fecha, un estado por duplicado, bajo juramento, expresando el número de obre-ros empleados por dicho patrono y que tenían o habrían tenido de-recho a los beneficios de esta Ley, si ésta hubiera estado en vigor y el patrono no hubiere optado por rechazar los beneficios de la misma, así como también la cantidad total de jornales pagados a dichos obreros durante el año económico anterior, y aquellos otros informes que con respecto a los jornales de dichos obreros se requirieran por la comisión.
“El dejar de presentar tal estado en la fecha arriba especificada, o antes de dicha fecha, constituirá delito menos grave (misdemeanor) castigable con multa de no menos de cincuenta ni más de quinientos dólares, a juicio de la corte.”

Y el rechazamiento de los beneficios de la ley por parte del patrono, según el artículo 23, debe significarse a la Co-misión de Indemnizaciones a Obreros mediante la presenta-ción de declaración escrita el día 15 de junio de 1916 y el 30 de abril, o antes de dicha fecha, en cada uño de los años si-guientes.

De acuerdo con el artículo 3o. de la ley citada, ésta no será aplicable a ningún patrono que regularmente emplee menos de cinco obreros, ni a ningún obrero cuyos jornales excedie-ren de la suma de $1,200 anuales.

Ahora bien, en la acusación se alega que Martínez Ee-ventós tenía en 28 de abril de 1917 y había tenido desde el 15 de junio del año anterior, una panadería en el pueblo de Cía-les, donde regularmente trabajaban seis obreros, cuyos jorna-les no excedían de $1,200 anuales; que Martínez Eeventós no había rechazado los beneficios de la “Ley de Indemnizacio-nes a Obreros5’ y que voluntaria e ilegalmente dejó de pre-sentar a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros nn estado duplicado expresando el número de obreros empleados por él que tenían derecho a los beneficios de la ley y el total de sns haberes durante el año económico anterior. Esos son los elementos integrantes del delito comprendido en el artículo 16 de la “Ley de Indemnizaciones a Obreros” y por tanto la acusación contiene todos los hechos necesarios para cons-tituir dicho delito.

Hemos examinado además la evidencia aportada al juicio y de ella resulta, según declara el testigo Oscar Cruzado, que Martínez Reventós era en 15 de junio de 1916 dueño de una panadería en Cíales, en donde trabajaban seis empleados, cuatro hombres y dos muchachos, ganando el que más un jornal de $1.50. T que el acusado no rechazó en forma de-bida los beneficios de la “Ley de Indemnizaciones a Obreros” y dejó de archivar los infoi’mes ordenados, lo afirma el tes-tigo Vicente Laborde, Secretario Administrativo de la Comi-sión de Indemnizaciones a Obreros, que es el que tiene a su cargo el archivo de esa comisión.

Nada importa que la panadería tuviera tres departamen-tos, a saber, uno para depósito, otro para la elaboración del pan y otro para horno, siendo como es indiferente para el caso que unos trabajaran en un departamento y los demás en otros, así como también es indiferente que dos de los que trabajaban fueran muchachos, pues las palabras obrero o em-pleado, según el artículo 32 de la ley, deben interpretarse en el sentido de incluir cualquier persona empleada por un patrono y que tenga derecho a los beneficios de la ley, sea hombre, mujer o niño.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ferrán, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por abandono de menores.
    No. 1211.
    Resuelto en abril 8, 1918.
    Abandono de Menokes — Acusación.—Para que una acusación por abandono de menores impute la comisión del verdadero aeto delictivo que castiga el ar-tículo 263 del Código Penal, es necesario alegar que el acusado actuó sin excusa legal.
    Id. — Hijos Legítimos — Hijos Bastaedos. — El estatuto que dispone el castigo de una persona que se descuidare en proveer las necesidades de un hijo del que él o ella es padre o madre, estando él o ella en condiciones de soste-nerlo, es solamente de aplicación a los padres de hijos legítimos y no a los padres de hijos bastardos.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Sandalio Torres Monje.

    Abogados del apelado: Sres. Salvador Mestre, Fiscal, y Luis Campillo, Fiscal del Distrito.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusacióii en este caso, copiada en lo pertinente, dice así:

“El citado Francisco Ferrán en la jurisdicción del Distrito Judicial de San Juan, ilegal, voluntariamente dejó de pasar á sus hijos María Socorro y Elcilia de 3 años la primera, y de días la segunda, procreados con Josefina González, con la que llevó vida marital du-rante siete años, lo indispensable para su alimentación y vestuario. ’ ’

El acusado fué juzgado y condenado a sufrir diez días de cárcel, como autor del delito de abandono de menores pre-visto y castigado en el artículo 263 del Código Penal. Dicho artículo es como sigue:

“Art. 263. — Todo padre o madre de un niño que voluntariamente y sin excusa legal, dejare de cumplir cualquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor.

Basta comparar la ley con la acusación formulada, para concluir que en la acusación no se imputa al acusado la co-misión del verdadero acto delictivo que la ley castiga, ya que en ella no se expresa que el acusado procediera sin ex-cusa legal.

£íEn una acción criminal por abandono de menores,” dijo esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Giraud, 23 D. P. R. 531, “no basta demostrar que el acusado dejó de cum-plir sus deberes de padre con relación a sus bijos, dejando de proporcionarles los recursos indispensables para su subsis-tencia, tales como alimentos, vestuario y asistencia médica, sino que es-necesario probar además, de acuerdo con el artí-culo 263 del Código Penal, que esa omisión fue voluntaria y sin excusa legal.”

Además, según la acusación los bijos abandonados en este caso no eran legítimos, sino que fueron procreados por el acusado con Josefina González, con la que llevó vida marital durante siete años. La ley babla de padre o madre sim-plemente y ya esta misma Corte Suprema dijo en Días v. P. R. Ry. L. & P. Co., 21 D. P. R. 78, 83, que “Extender el significado de las palabras padre, madre e bijo, usadas en la ley, basta comprender en ellas a los padres, a las madres y a los bijos naturales, sería realizar algo que sólo puede llevar a efecto la legislatura. Y nosotros no podemos convertir-nos en legisladores.”

El caso de Díaz, supra, es de naturaleza civil, pero el principio es el mismo en causas criminales. “Con arreglo a las expresas disposiciones de algunos estatutos,” dice C. J., “el padre que ilegalmente rehusare a se descuidare en proveer a las necesidades de su bijo o bija bartardos puede ser castigado por ello !* * *. Pero el estatuto que dis-ponga el castigo de una persona que se descuidare en proveer las necesidades de un bijo, del que él o ella sea padre o ma-dre, estando él o ella en condiciones de sostenerlo, es sola-mente de aplicación a los padres de hijos legítimos y no a los padres de hijos bastardos.” 7 C. J. 957 y casos citados.

Las circunstancias de que nuestra ley civil impone a los padres la obligación de alimentar a sns hijos ilegítimos, pa-rece digna de consideración. Sin embargo ya la cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo de California en el sentido de que las disposiciones de la ley civil sobre la materia en nada influye en la interpretación que debe darse al estatuto criminal. Tanto la ley civil como la criminal en California son similares, en este respecto, a las que rigen en Puerto Pico.

La jurisprudencia a que acabamos de referirnos, ha sido establecida en los siguientes términos:

“El artículo 270 del Código Penal, que tal como fué ori-ginalmente promulgado calificaba de delito grave el que un padre voluntariamente dejase de proporcionar el sustento a un hijo menor, no tiene aplicación al padre de hijos ilegí-timos, y el artículo 196a del Código Civil, promulgado en 1913, que impone a un padre el deber de dar el sustento a sus hijos ilegítimos, no ha modificado en manera alguna la aplicación del artículo 270 del Código Penal.” In re Luigi G-ambetta, 169 Cal. 100.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia apelada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Juez concurrente: Sr. Asociado Wolf.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia.”

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Al-drey no intervinieron.


text:
    Fortuna Estates, Promovente, v. Texidor, Juez de Distrito, et al., Demandados.
    Solicitud para qn© se expida un auto inhibitorio al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., y José E. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, para que desistan y se abstengan de actuar en nuevos procedimientos en el caso de Fortuna Estates v. José E. Benedicto, Teso-rero de Puerto Rico, sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta.
    No. 17.
    Resuelto en abril 8, 1918.
    Auto Inhibitorio — Derecho Legal — Anulación Manifiesta. — Para aplicar la ley que autoriza la expedición de autos inhibitorios en la parte que dice que procede el auto “cuando al ejercer funciones de su competencia el tribunal inferior anulare un - derecho legal, ’ ’ debe aparecer que tal derecho es de verdadera importancia y que su anulación es manifiesta.
    Id.- — Discreción de la Corte. — La expedición de un auto inhibitorio, descansa en la sana discreción de la corte, con contadas excepciones.
    Estipulación — Orden Aprobándola — Examen de sus Términos. — Examinada la estipulación hecha por las partes para suspender los procedimientos en determinado pleito hasta tanto se resolviera otro que estaba entonces pen-diente en la Corte Suprema de Puerto Rico, por la corte de última instancia, en relación con la orden de la corte de distrito decretando la suspensión hasta que el pleito fuera decidido por la Corte Suprema de Puerto Rico, habiendo la Corte Suprema de Puerto Rico fallado el indicado pleito; no obstante el hecho de existir otra apelación interpuesta en el mismo con pos-terioridad y contra una nueva sentencia dictada por la corte de distrito, se resolvió: que a partir de la decisión del Supremo, quedaron las partes en la misma situación en que se encontraban antes de firmar el convenio, pudiendo continuar la tramitación del pleito suspendido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la promovente: Sr. O. B. Fraser.

    Abogado del demandado Sr. Benedicto: Hon. Howard L. Kern, Attorney General de Puerto Rico.

    El Juez Hon. Jacinto Texidor, demandado, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los abogados de ambas partes en el pleito No. 8727, se-guido por Fortuna Estates contra José E. Benedicto, como Tesorero de Puerto Bieo, sobre devolución de contribuciones, acordaron lo siguiente:

“Estipulación. — Los infrascritos letrados, en representación del demandante y los demandados en el caso arriba titulado, por la presente estipulan y convienen que todos los procedimientos en este caso sean pospuestos basta tanto se resuelva el caso de ‘The Ensenada Estates, Inc. v. Allan H. Richardson, como Tesorero de Puerto Rico,’ cuyo caso está pendiente en la Corte Suprema de Puerto Eico, por la corte de última instancia. San Juan, Puerto Rico, marzo 28 de 1916. — Francis E. Neagle, abogado de la demandante. — Howard L. Kern, Attorney General y abogado de El Pueblo de Puerto Rico.”

Sometida la estipulación a la corte, ésta, el 29 de marzo de 1916, resolvió lo que sigue:

“Vista la estipulación presentada por los abogados de las partes en cada uno de estos dos casos, la corte las. aprueba posponiendo todos los procedimientos en los mismos, basta tanto sea resuelto por la Corte Suprema de Puerto Rico el caso de Ensenada Estates Inc. v. Allan H. Richardson, como Tesorero de Puerto Rico.”

El caso de “The Ensenada Estates, Inc. v. Allan H. Richardson, como Tesorero de Puerto Rico,” a que se refiere la estipulación y que se bailaba pendiente de resolución en esta Corte Suprema el 29 de marzo de 1916, fué resuelto el 28 de julio del mismo año, volviendo a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos. La corte de dis-trito lo resolvió de nuevo en contra de la demandante y ésta apeló otra vez para ante este Tribunal Supremo, encontrán-dose en la actualidad pendiente su apelación.

En la lectura regular del calendario, la corte de distrito señaló el 1 de marzo de 1918 para la vista de una excepción previa presentada en el dicbo pleito No. 8727, en que se ar-chivó la estipulación de referencia. El día del señalamiento compareció la parte demandante y se opuso a la vista, invo-cando la estipulación. La corte sostuvo su orden y la parte demandada sometió, sin argumentación, la excepción previa, a la decisión del tribunal.

Entonces la parte demandante presentó a esta Corte Su-prema sn petición de auto inhibitorio, alegando que la Corte de Distrito de San Juan al resolver la excepción previa le privaría de un derecho legal importante, a saber: el derecho legal al cumplimiento fiel por el demandado de su convenio, y le causaría daños para impedir los cuales no tenía un re-medio adecuado en ley. Se expidió el auto, se oyó a las par-tes interesadas y el asunto quedó finalmente sometido a nues-tra consideración y resolución.

El auto inhibitorio, de acuerdo con la ley vigente en Puerto Pico, (1343, Cornp. 1911), es el expedido por un tribunal superior, dirigido al juez y a la parte de un pleito entablado en un tribunal inferior, en el que se les ordena la paraliza-ción de todo procedimiento del mismo significándoles que la causa original o algún incidente surgido en dicho pleito no es de su competencia sino de la de otro tribunal; o cuando al ejercer funciones de su competencia el tribunal inferior anulare un derecho legal; o para impedir que un juez con-ceda una nueva vista, una vez vencido el término señalado para la celebración del juicio.

No se trata aquí ni del caso de falta de jurisdicción, ni del de la concesión de una nueva vista. El peticionario se basa en que el tribunal ejerciendo funciones de su competen-cia anuló un derecho legal, a saber: el que tenía a que el juicio no se celebrara mientras no se decidiera por la corte de última instancia determinado pleito.

La práctica que debe seguirse para la expedición de autos inhibitorios está prescrita por los estatutos, como sucede en Puerto Pico, pero su naturaleza, objeto y funciones, se regulan por la ley común. (Véase 32 Cyc. 599.)

El auto inhibitorio es un auto privilegiado que debe usarse con gran cautela y a los efectos de impedir la interrupción y en apoyo de la justicia, y para asegurar el orden y la segu-ridad en todos los tribunales, cuando no existe otro remedio ordinario. Su esfera de acción legítima y sus propósitos son los de hacer que los tribunales actúen dentro de los límites de su jurisdicción e impedir que usurpen la jurisdicción de otras cortes. Véase 32 Cyc. 598.

De acuerdo, pues, con el espíritu de la jurisprudencia y con el origen e historia de la ley, al interpretarse el estatuto portorriqueño en la parte que dice que procede el auto “cuando al ejercer funciones de su competencia el tribunal inferior anulare un derecho legal,” tal derecho legal debe ser de verdadera importancia y su anulación manifiesta. De otro modo como en cualquiera resolución incidental errónea dictada en cualquier pleito va envuelta la anulación de un derecho legal, podría recurrirse al auto inhibitorio en todos dichos casos, con lo cual en vez de promoverse se obstaculi-zaría la buena administración de la justicia. A este respecto deseamos consignar también que según el peso de las auto-ridades, la expedición del auto inhibitorio, con contadas ex-cepciones, descansa en la sana discreción de la corte. Véase 32 Cyc. 599.

Penetrando ahora en los méritos de este caso, diremos que a nuestro juicio no resulta claro que la corte de distrito anulara ningún derecho legal del peticionario. La estipula-ción de las partes no puede examinarse aisladamente. Es ne-cesario estudiarla en relación con la orden de la corte. (Véanse los casos de Sucn. Criado v. Rivera et al, 25 D. P. R. 254, 257, y González v. Acha, 19 D. P. R. 1208, 1211.) La orden de la corte se dictó desde el 29 de marzo de 1916 y sus términos son claros. La suspensión estaba limitada hasta que el pleito, en aquel entonces pendiente en la Corte Su-prema de Puerto Rico, fuera resuelto por este tribunal, como lo fué desde el 28 de julio de 1916. A partir de ese momento cesó el convenio, quedando las partes con respecto a este ex-tremo en la misma situación en que se encontraban antes de firmar la estipulación.

El abogado de la peticionaria insistió en que en la estipu-lación se hablaba de la corte de última instancia. Ya hemos dicho que la estipulación no puede examinarse aisladamente sino en relación con la orden de la corte consentida por am-bas partes, pero deteniéndonos por nn momento en el examen aislado de la estipulación, encontramos que la mente de am-bas partes estuvo en efecto puesta en el tribunal de última instancia para el caso de que hubiera que recurrir a él dentro de la apelación entonces pendiente, como hubiera sucedido si este Tribunal Supremo en vez de revocar, como revocó, hubiera confirmado la sentencia apelada.

Por virtud de lo expuesto, debe anularse el auto expedido, quedando expedita la jurisdicción de la corte inferior para seguir actuando como si este tribunal no hubiera intervenido.

Anulado el auto librado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Colón et al., Demandantes y Apelantes, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1564.
    Resuelto en abril 8, 1918.
    Cuestiones Litigiosas Dejadas de Resolver — Objeción—Renuncia.—Cualquier error que se haya cometido por parte del juez sentenciador en dejar sin de-cidir cualquier cuestión litigiosa sustancial que le hayan sometido las partes, puede estimarse renunciado en defecto de alguna objeción o esfuerzo para corregir la omisión en la corte inferior.
    Daños y Perjuicios — Acción por Muerte Ilegal — Daños Ejemplares, Puni-tivos o Vindicatorios. — Es un principio bien establecido el que en una acción ° derivada de un estatuto que concede el dereeho de acción por la muerte oca-sionada por un acto ilegal, no pueden obtenerse daños ejemplares, punitivos o vindicatorios a menos que el estatuto o la constitución, bien expresa o implícitamente, autorice su recuperación.
    Id. — Id.—Obligación de un Principal para con Quien no es su Empleado.— Un principal no tiene obligación alguna para con quien, sin promover o pro-teger algún legítimo interés suyo, voluntariamente ayuda a un empleado, salvo, por supuesto, la obligación de no causarle desconsiderada o volunta-riamente algún perjuicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: iSr. Rafael Guillermety.

    Abogados de la apelada: Sres. J. H. Broion y Pedro Amado Rivera.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En Oagnas fecha 22 de octubre de 1913, mientras un ca-pataz de la Porto Rico Railway Light & Power Company encargado de varios hombres estaba sustituyendo postes nuevos por postes viejos, Epifanio Colón vino a decirle que en otro sitio los alambres de la Compañía demandada se cru-zaban con los del Telégrafo Insular o de la Compañía del Teléfono y a requerirle para que separase el contacto de modo que se pudiesen hacer ciertas conexiones.

Puede admitirse que el capataz se negó a abandonar el trabajo que tenía entre manos y sugirió y aún insistió como requisito previo a la pronta atención del otro asunto que le ayudase Colón en el cambio de los alambres eléctricos.

Siguiendo cualquier conversación que haya tenido lugar. Colón subió a uno de los postes eléctricos, y luego de haber quitado uno o más de los alambres y antes de que quitase los demás fué muerto.

El Dr. Simón Moret, que vió al cadáver en el mismo sitio y que posteriormente practicó la autopsia pero que no com-pareció a la vista del caso, certificó que la muerte fué debida a un choque o conmoción eléctrica (shock). El médico que representaba a la compañía demandada en la autopsia de-claró que la muerte fué debida a la fractura del cráneo y ma-nifestó que el doctor ausente, a la fecha en que se practicó la autopsia convino en que no existía indicio de conmoción eléc-trica. Se demostró también con testigos de la defensa sin contradicción o impugnación alguna que los alambres de alta tención se habían cortado antes de empezar el trabajo, y que los demás sólo cargaban ciento diez volts y que después del accidente se hizo el cambio por completo sin ninguna dificultad. Por otra parte el testimonio de testigos oculares del demandante, de ser cierto, indica claramente el contacto con una corriente de mayor intensidad. Más cualquiera que lraya sido la cansa próxima de la muerte, la prueba en su totalidad apenas si podría sostener la teoría del desconside-rado o voluntario perjuicio.

La corte de distrito dictó sentencia en favor del deman-dado por el fundamente de que no se demostró que la deman-dante Rubiera sufrido alguna pérdida pecuniaria. Ninguna otra cuestión litigiosa fué resuelta ni insistieron los deman-dantes en la corte de distrito em que ninguna otra cuestión litigiosa fuese determinada.

Dado el criterio que tenemos de la cuestión, no necesi-tamos discutir en detalle los supuestos nueve errores apun-tados por el apelante, ni intentar aRora determinar por ade-lantado las regias y principios por los que Rayan de regirse en lo futuro casos en que estén envueltos RecRos distintos.

Cualquier error que se Raya cometido por parte del juez sentenciador en dejar sin decidir cualquier cuestión litigiosa sustancial que le Rayan sometido las partes, puede estimarse renunciado en defecto de alguna objección o esfuerzo para corregir la omisión en la corte inferior.

Pero la corte sentenciadora implícitamente al menos de-claró que no se podían cobrar daños punitivos en acciones de esta índole, y discutió asimismo sin decidir la cuestión de los daños nominales. Los apelantes se quejan de esta falta e implícita negativa en conceder ni daños ejemplares ni nominales-

Aparte de la sugestión, supra, respecto a la falta de prueba suficiente para sostener la teoría del desconsiderado o voluntario perjuicio, “está bien establecido el principio de que en una acción derivada de un estatuto que concede' el derecRo de acción por la muerte ocasionada por un acto ilegal, no pueden obtenerse daños ejemplares, punitivos o-vindicatorios a menos que el estatuto o la constitución ora expresa o implícitamente autorice su recuperación. Algu-nas cortes este principio lo Ran fundado Rasta cierto puntoen el lenguaje peculiar en que se Ralla redactado el estatuto-que concede los daños y perjuicios, pero por lo general se le Race descansar en la naturaleza del derecho de acción esta-tutorio por la muerte ilegal. Como ya se lia visto, el de-recho conferido comúnmente se considera como nuevo y no como un derecho transmitido. La teoría generalmente adop-tada, de que los daños y perjuicios que pueden recobrarse lo son por las pérdidas pecuniarias sufridas por los benefi-ciarios, necesariamente excluye toda retribución como cas-tigo al demandado.” 8 R. C. L, 844, See. 120.

De los autos aparece concluyentemente que el capataz era un empleado antiguo y de experiencia, que hasta entonces ha-bía observado buena conducta; que el capataz no tenía autori-zación alguna para emplear a nadie en trabajos de la compañía sino que por el contrario tenía órdenes de no permitir a per-sonas extrañas subir a los postes; que el día del accidente tenía bajo su mando un suficiente número de empleados de la compañía; que Colón no era empleado de la mencionada compañía; y que el poste a que subió y todos los alambres, adheridos al mismo pertenecían exclusivamente a la deman-dada.

El trabajo que llevó a cabo el capataz no tenía el carác-ter de urgente necesidad. No aparece nada que sugiera la idea de que la compañía demandada era en forma alguna responsable por el inconveniente que produjo el mensaje traído por Colón. Los autos no revelan deber alguno por parte del capataz de cumplir con lo que se le pidió. Tam-poco aparece que fuese urgente el asunto, o de alguna im-portancia especial o de otro modo de una naturaleza que justificase la hipótesis de que Colón al tratar de facilitar el trabajo de la compañía demandada actuaba en beneficio de su propio interés, o del de su principal hasta el extremo de que su posición pasara de ún simple ayudante voluntario (volunteer) a la de una persona interesada a quien se le per-miten ciertos privilegios o licencias {licenses).

“Es suficiente decir que ordinariamente un principal no tiene obligación alguna para con quien, sin promover o pro-teger algún legítimo interés suyo, voluntariamente ayuda a un empleado, salvo, por supuesto, la obligación de no cau-sarle desconsiderada o voluntariamente algún perjuicio.” Nota al caso de Hunter v. Corrigan, 43 L. R. A. (N. S.) 187.

No existía base alguna para conceder daños nominales.

No encontramos error alguno que justifique la revocación de la sentencia recurrida, por lo que la misma debe ser con-firmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Sucesión Collazo, Etc., Demandante y Apelada, v. Rivera Esbrí et al., Demandados y Apelante el Primero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de pesos.
    No. 1806.
    Resuelto en abril 11, 1918.
    Cobro de Dinero — Deuda Procedente de Intereses. — Cuando la suma exigida es una deuda vencida, procedente de intereses, y que fué reclamada y reco-nocida por los deudores, su importe perdió su carácter especial de intereses y llegó a ser lo mismo que cualquier otra deuda.
    Interés en la Acción — Peso de la Prueba. — La cuestión del interés que una persona pueda tener en un pleito atiende al peso de la prueba y no a su fuerza probatoria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: iSr. Gustavo Rodrigues.

    Abogado de la apelada: Sr. R. Martines Nadal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A fin de sostener que ha habido error en este caso, el ape-lante insiste en que el demandante no tenía derecho para uobrar intereses sobre intereses y se apoya en el artículo 1076 del Código Civil, que prescribe que:

“Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silen-cio sobre este punto.”

En este caso, sin embargo, la suma reclamada era nna deuda vencida, procedente de intereses, y que entonces fné reclamada y reconocida por los deudores, así que sn importe perdió su carácter especial de intereses y llegó a ser lo mismo que cualquiera otra deuda, siendo de aplicación el artículo 1067 que reza, así:

“Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cum-plimiento de su obligación.”

Se presentó prueba suficiente para probar la existencia ' del requerimiento de pago de esa deuda, aún cuando esa prueba la aportó una parte interesada. La cuestión del in-terés que una persona .pueda tener en un pleito atiende al peso de la prueba y no a su fuerza probatoria. En ausen-cia de toda objección especial, de la demanda aparece lo suficiente para justificar la concesión de los intereses sobre la deuda que en la misma se alega.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte ele Distrito de Ponce en causa por adulterio.
    No. 1253.
    Resuelto en abril 11, 1918.
    Adulterio — Acusación Contra Ambos Adúlteros. — El que sea necesario que existan dos personas que concurran en el acto carnal para que pueda per-petrarse- el delito de adulterio, no implica la necesidad de formular acusa-ción contra ambas para que una de ellas pueda ser castigada.
    Id. — Identidad del Acusado. — Habiendo sido el apelante en este caso acusado bajo el nombre de Angel Antonio Rivera y habiendo presentado el Fiscal y admitido la corte un documento auténtico ereditivo del matrimonio de Angel Antonio Eivera para probar tal acto, existe la presunción (art. 102, apartado 25, Ley de Evidencia, Compilación 1911, p. 311), no destruida por el acusado, de que el Angel Antonio Eivera de la acusación y el del acta de matrimonio son una misma persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Ramón Freyre.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn delito de adulterio. La denuncia fué pre-sentada originalmente en la Corte Municipal de Ponce por el Fiscal del distrito y en ella se imputó a Angel Antonio Rivera, casado, la comisión de un delito de adulterio consis-tente en haber tenido comercio carnal en el hotel “Hogar” de la ciudad de Ponce, con la joven soltera Amelia Martí, que no era su esposa. El acusado fué condenado en la corte municipal. Apeló para ante la de distrito y, celebrado el juicio de nuevo, fué de igual modo condenado, recurriendo entonces para ante este Tribunal Supremo.

El apelante señala en su alegato la comisión de tres erro-res, que analizaremos en el mismo orden en que han sido presentados.

1. La corte de distrito erró al desestimar la excepción pe-rentoria del aciísado. Sostiene éste que la denuncia no re-vela la comisión del delito de adulterio porque para que tal delito exista es necesario que haya dos personas culpables y en este caso sólo se ha exigido responsabilidad criminal a una. Convenimos en que es necesario que existan dos per-sonas que concurran en el acto carnal para que pueda perpe-trarse el delito de adulterio, pero ello no implica la necesidad de formular acusación contra ambas para que una de ellas pueda ser castigada.

2. La corte actuó sin jurisdicción. Alega el apelante que de haberse cometido el delito, la prueba demostró que se había perpetrado en Lajas y no en Ponce y que, por tanto, de acuerdo con el artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la corte que tenía jurisdicción era la de Mayagüez y no la de Ponce.

La única evidencia introducida qne hace referencia a que el Hecho delictivo se perpetrara en el territorio de la Corte de Distrito de Mayagüez y no en el de la-de Ponce, fue la manifestación Hecha por el acusado al juez municipal de Ponce con respecto a que el comercio carnal lo tuvo con la joven Martí en San Germán y no en Ponce, pero esa mani-festación está contradicha por la terminante afirmación de Amelia Martí y por la otra prueba que analizaremos al es-tudiar el último de los errores señalados. En tal virtud no puede sostenerse que la corte actuara sin jurisdicción.

3. La prueba de cargo es insuficiente. En el acto de la . vista insistió el apelante por medio de su abogado en que no se demostró que el acusado fuera la misma persona a que se refería la certificación de matrimonio presentada por el Fiscal. La primera evidencia introducida por la acusación en el juicio fue la “certificación del Secretario Municipal y en-cargado del Registro Civil de Lajas, P. R., don José A Morales, de 24 de agosto de 1917, no objetada por la defensa en cuanto a lo que la propia certificación de matrimonio pueda probar y admitida por la corte, marcada Exhibit A del Pueblo de Puerto Rico, para demostrar el matrimonio del acusado Antonio Rivera con Providencia Flores, y cuya certificación dice como sigue * * Nada más aparece de los autos. Ninguna excepción se consignó con respecto a este extremo en el pliego preparado por el mismo acusado. Bajo tales circunstancias, habiendo sido el apelante acusado bajo el nombre de Angel Antonio Rivera y habiendo presen-tado el Fiscal y admitido la corte el documento auténtico de que se trata creditivo del matrimonio de Angel Antonio Rivera para probar tal acto, existe la presunción (Art. 102, apartado 25, Ley Evidencia, Comp. 1911, p. 311), no destruida por el acusado, de que el Angel Antonio Rivera de la acusa-ción y el del acta de matrimonio son una misma persona. (Véase 19 R. C. L. 1332.) La limitación con que al parecer estuvo conforme la defensa en admitir el documento, no fué clara, ni franca, ni puede considerarse ahora suficiente para sostener que el documento no es prueba del matrimonio del acusado.

Sostiene además el acusado que la prueba es insuficiente por que la declaración de Amelia Martí, su cómplice, no está, según él, corroborada en sus extremos esenciales-.

La prueba demuestra que el acusado viajaba por un barrio de Lajas en un automóvil y se encontró con Amelia Martí que paseaba con Joaquín Barros y Carmen Luisa Torres, novios que iban a contraer matrimonio. Que el acusado los invitó a dar un paseo. Que aceptaron y llegaron basta Ponce. Dice Amelia Martí que cuando ella se dió cuenta de que iba demasiado lejos, se asustó y comenzó a llorar, pero que los otros la convencieron de que nada malo le ocurriría. Este becbo lo niega Barros. Sigue diciendo Amelia Martí que al llegar a Ponce fueron al botel “Hogar” y Carmen Luisa le dijo que como se iba a casar dormiría con su marido, que ella durmiera con el acusado. Que así lo bizo, perdiendo allí su virginidad. Barros contradice lo dicbo por Amelia Martí y asegura que las dos mujeres durmieron en un cuarto y los dos hombres en otro, aunque admite que los cuartos podían comunicarse interiormente'. Amelia Martí aseguró que perdió su virginidad con el acusado y en efecto fué re-conocida por el doctor Lassise días después quien encontró que la joven había sido desflorada recientemente. Ya cono-cemos la admisión del acusado por medio de la declaración del juez municipal a que nos referimos al examinar el se-gundo de los errores, señalados.

Siendo ese, a grandes rasgos, el resultado de la prueba, es bien claro que no puede sostenerse que el testimonio de Amelia Martí esté falto de corroboración. A través de las páginas del proceso surge la figura de esa pobre joven de diez y ocho años de edad, como la de una mujer débil para defender su honor, que cede fácilmente a los halagos de un paseo en automóvil, de la vista de una ciudad y de las liber-tades de un. hotel; que se excita ante el espectáculo de dos. novios poco escrupulosos presenciado de cerca por varias-horas y sintiendo al lado al propio tiempo el influjo de un hombre sin conciencia al cual termina por entregar, rendida y miserable, su virginidad, en las sombras de la noche.

. El hecho es grave. No está la mujer, como hemos Visto, exenta de culpa. Pero si su figura surge del proceso como la de una mujer débil que no supo defender su honor de la manera firme y decidida que la moral y la ley le' exigían de consuno, la del acusado aparece como la del criminal que por satisfacer sus apetitos carnales falta a la fidelidad que debe a su esposa y destruye el honor de una pobre campesina.

Bajo tales circunstancias es necesario concluir que el acu-sado fué debidamente declarado culpable. El único reparo que puede ponerse, en verdad, a la sentencia, es el de haber sido demasiado benigna, ya que se limitó a imponer una pena de multa, cuando debió haber impuesto además un castigo de prisión.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Díaz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce eir causa por infracción a la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1255.
    Resuelto en abril 11, 1918.
    Ley de Pesas y Medidas — Pan sin el Peso Debido — Acto Ilecal. — El vender u ofrecer en venta pan que no tiene el peso que marca su rótulo es ilegal, sin que afecte al hecho la merma sufrida por el tiempo u otras circunstan-cias pues debe suponerse que todo esto se ha tenido en cuenta al ser Ajado el tipo de tolerancia por defecto del peso.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr, Carlos del Toro Fernández.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Joaquín Díaz fné acusado de infringir la ley de pesas y medidas del año 1917, porque por medio de nn agente vendía bollos de pan con rótulos de que pesaban 225 gramos, cuando pesados doce de dichos bollos, que debían tener un peso de 2,700 gramos resultó que sólo tenían 2,450 gramos y que rebajados 10 gramos que la' ley concede por defecto, que son 120 gramos, aún defraudaba al público en 130 gramos. También se alegó que vendía los bollos a doce centavos. Declarado culpable y sentenciado a pagar 'una multa interpuso este recurso de apelación.

En el juicio resultó comprobado que los bollos de pan ' pesaban las cantidades que se expresan en la acusación y la cantidad en ellos fijada como peso, pero sostiene el apelante que la sentencia debe ser revocada porque probó que el pan disminuye de peso en el horno y que a pesar de aumentar el peso antes de entrar en el horno para contrarrestar tal merma, se hace difícil obtener el peso requerido por la ley y además, que a las doce horas de salir el pan del horno, y el pan objeto de la denuncia las tenía, ha disminuido su peso y más aún veinte y cuatro horas después.

Sea esto como quiera, lo cierto es que el pan del apelante .no tenía el peso que marcaba sus rótulos cuando estaba a la venta, infringiendo así la sección 2a. de la ley citada en la acusación según la cual todo pan que se venda u ofrezca en venta,, que sea mayor o menor de una libra, o sea 453 gramos, deberá llevar un rótulo claro con el peso correcto. Hemos de suponer que cuando el Jefe del Negociado de Pesas y Me-didas en cumplimiento de la facultad que le concede la ley lijó el tipo de tolerancia por defecto en el peso, tuvo en cuenta la merma que se sufre por horno y otras circunstancias pol-lo que debemos considerar como ilegal cualquier defecto en el peso del rotulado que exceda de ese tipo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado SR. Aldrey,

text:
    Pierazzi, Demandante y Apelado, v. Molini et al., Demandados, y Apelante el Primero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre tercería de mejor derecho.
    No. 1737.
    Resuelto en abril 11, 1918.
    Créditos sin Preferencia — Facultades de los Tribunales. — Como el deman-dado en este caso no tiene concedido por la ley derecho preferente y como los tribunales de justicia no tienen facultades para extender la ley a casos no comprendidos en ella, no puede reconocerse la preferencia que pretende, pues, además, el artículo 1826 del Código Civil dispone que no gozarán de preferencia los créditos que no estén comprendidos en sus disposiciones.
    .Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Farra.

    Abogado del apelado: Sr. José Tous Soto.

   El Juez Asociado SR. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Molini reconoce en su alegato ante nosotros que los créditos qne cobra a sn dendor Fernando Tronblard no' tienen preferencia específicamente declarada en el Código Civil sobre los créditos del apelado Pierazzi para hacerlos efectivos en una acreencia que el deudor de ambos tiene contra el Municipio de Tauco por ciertas obras que para él ejecutó, pero alega que toda vez que el dinero que reclama fué empleado en esas obras y que el crédito de Troublard por ellas es el fruto de su dinero, por analogía con lo que la ley determina para los créditos por refacción, alquileres, precio de la venta, etc., debemos declarar que tiene prefe-rente derecho sobre Pierazzi para hacer efectiva su reclama-ción en ese crédito de Troublard.

Aparte de que los tribunales de justicia no tienen facul-tades para extender la ley a casos no .comprendidos en ella, el artículo 1826 . del Código Civil declara que no gozarán de preferencias los créditos no comprendidos en sus disposicio-nes.

Besuelta la única cuestión propuesta por el apelante como fundamento para que revocásemos la sentencia apelada, de-bemos confirmarla.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    J. Ochoa & Hermano, Demandantes y Apelados, v. De Jesús, Juez Municipal, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en recurso de mandamus.

    No. 1769.
    Resuelto en abril 12, 1918.
    Aseguramiento de Sentencias — Fianzas Personales — Especificación de Pro-piedad Inmueble. — Un juez no tiene facultad discrecional para exigir en las fianzas personales prestadas para obtener el aseguramiento de una sen-tencia, que se especifique con qué determinada propiedad inmueble se habrá de responder, pues la ley no requiere tal especificación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados' del apelante: Sres. E. T. Fiddler, Assistcmt Attorney General, y N. R. Canales, oficial jurídico.

    Abogado de los apelados: iSr. Francisco Soto Gras.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

J. Ochoa y Hermano presentó demanda en cobro de pesos en la Corte Municipal de San Juan y pidió que se decre-tase el embargo de bienes de su deudor para asegurar la efectividad de la sentencia que recayera. El juez exigió que prestara una fianza por determinada cantidad y cuando le fue presentada una fianza personal se negó a decretar el embargo; entonces el demandante acudió a la corte de distrito en procedimiento de mandamus, la que después de oir a dicho juez le ordenó que despachase la orden de embargo.

Los dos únicos motivos que alegó el juez municipal en el tribunal inferior como fundamento para no decretar el embargo y que reproduce ahora para pedirnos la revocación de la sentencia apelada fueron: Io. que la parte demandante se negó a especificar en la fianza con qué determinada pro-piedad inmueble respondería en su caso a la parte contraria, especificación que la corte en uso de su discreción consideró procedente y justa en dicho caso para la debida protección de la parte sentenciada: 2°. Que la fianza no se ajusta al modelo impreso de fianzas que para tales casos tiene pro-visto y a disposición de las partes y de las cortes el Depar-tamento de Justicia.

La ley para asegurar la efectividad de las sentencias au-toriza el embargo de bienes en caso de que la obligación no conste en documento público, cuando se prestare fianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al deman-dado por consecuencia del aseguramiento, y en sus secciones 6a., 7a. y 8a. consigna los requisitos que deberán tener las fianzas personales, hipotecarias o metálicas. En cuanto a la personal expresa que podrán ser fiadores personales las personas que pagaren al Tesorero de Puerto Pico, a título de dueños, una contribución sobre la propiedad, representa-tiva de un capital cuyo valor sea el doble de la fianza exigida por el tribunal para decretar el aseguramiento. No requiere esta ley en esa clase de fianza que se especifique, como pre-tende el juez municipal recurrido, con qué determinada pro-piedad inmueble se habrá de responder y por tanto carece el juez municipal de facultad para exigir tal especificación de responsabilidad de bien inmueble. Se trata de un caso en que el juez no tiene facultad discrecional para exigir que se haga esa especificación. Sus facultades en cuanto a este extremo están limitadas a examinar si se han cumplido los requisitos exigidos por la ley, pero no puede exigir otros distintos, y si lo hace no ejerce ninguna discreción y enton-ces el auto de mandamus es procedente. La propia sección 6a. garantiza el derecho de los demandados contra nna fianza personal determinando lo que lian de hacer cuando quieran asegurarse contra las fianzas de esa clase. Tampoco el artí-culo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil que trata de la manera de constituir una fianza personal, exige el requisito que en este caso pidió el juez municipal.

Respecto al segundo fundamento alegado por el recurrente tampoco está justificado. No hay precepto alguno en la ley que requiera que la fianza haya de constar en fórmulas im-presas redactadas por el Departamento de Justicia. Si la fianza presentada en este caso está redactada de acuerdo con la ley, y respecto de esto no ha hecho objeción el juez municipal, el hecho de que no estuviera extendida en dichos im-presos no era motivo para dejar de aprobarla.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf del Toro y Hutchison.


author: El Juez Pbesidente Sr. Hernández, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Arbona Hermanos, Demandantes y Apelados, v. H. C. Christianson & Company, Demandados Apelados, y Cadierno et al., Fiadores Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre rescisión y daños y perjuicios.
    No. 1732.
    Resuelto en abril 15, 1918.
    Aseguramiento de Sentencia — Piadores—Responsabilidad.—El derecho contra un fiador no se cansa propiamente ni pnede hacerse efeetivo sino cuando después de quedar firme la sentencia pronunciada en el juicio, se devuelve sin cumplimiento la orden de ejecución librada contra el deudor. Enton-ces y no antes es cuando puede ejercitarse contra el fiador la acción de fianza para hacer efectiva su responsabilidad subsidiaria.

      Id. — Ley de Abril 13, 1916. — Contratos Otorgados oon Anterioridad — Proce-dimiento. — La .ley No. 27 de abril 13, 1916 es de carácter adjetivo o pro-cesal y no altera bajo concepto alguno los términos de un contrato de fianza otorgado con anterioridad a la promulgación. Sólo afecta al procedimiento que debe seguirse para la ejecución de la sentencia.
    Procedimientos Judiciales — Estatutos—Acciones Pendientes a la Pecha de su Aprobación. — Los estatutos destinados a cambiar el modo en que hayan de verificarse los procedimientos judiciales cuando el cambio afecte al método de ejercitar un derecho y no al derecho mismo, se han de interpre-tar como aplicables a causas de acción que surgieron antes de la aprobación del estatuto, al igual que a las que surgieron después, y se ha sostenido ge-neralmente que tales estatutos son también de aplicación a las acciones que estuviesen pendientes a la fecha de la aprobación del estatuto a falta de alguna cláusula en contrario.
    Id. — Id.—Dejación, Sustitución o Adición al Remedio de un Acreedor — Obli-gación no Desvirtuada. — Es principio generalmente admitido que si se deja, sustituye o añade alguna disposición al remedio existente a favor de un acreedor, la obligación contenida en el contrato no queda desvirtuada.
    Constitución Federal — Debido Procedimiento. — La cláusula de la Constitu-ción Federal referente al debido procedimiento no controla las meras formas de procedimiento siempre que los requisitos fundamentales de la notifica-ción y de la oportunidad para defenderse, sean cumplidos.
    Emplazamiento — Omisión del Nombre del Abogado del Demandante — Mera Irregularidad — Apelación.—La falta del nombre del abogado del deman-dante en el emplazamiento, es una mera irregularidad que puede aprovecharse compareciendo ante la corte y pidiendo que subsane el defecto, pero éste no puede alegarse por primera vez en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los fiadores apelantes: Sr. O. B. Frazer.

    Abogado de los demandantes apelados: Sr. José Tous Soto.

    Abogados de los demandados apelados: Sres. Bounds, Hatch, Dillingham & Debevoice.

   El Juez Pbesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación en procedimiento sobre co-bro de fianza.

En 22 de septiembre de 1914, la sociedad mercantil Ar-bona Hermanos radicó demanda ante la Corte de Distrito de Ponce contra H. C. Christianson & Company con súplica de qne se declarara rescindido nn contrato de compraventa de 500 sacos de azúcar refinado que ambas partes babían cele-brado, condenándose además a los demandados al pago de la suma de $1,000 en concepto de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de dicho contrato y también en costas, desembolsos y honorarios de abogado.

En la propia fecha la parte demandante presentó una mo-ción de embargo para asegurar la efectividad de la sentencia, cuya pretensión le fué concedida en el mismo día, decretán-dose el embargo de bienes de la demandada previa fianza de $2,000, suficientes a cubrir la suma reclamada de $1,000 y $200 más para cubrir desembolsos y honorarios.

El embargo fué practicado en 184 sacos de azúcar refi-nado; y a moción de la demandada, el embargo se dejó sin efecto mediante fianza que prestaron los comerciantes de esta ciudad de San Juan, Segundo Cadierno y Manuel Gómez en octubre Io. de 1914, hasta la suma de $1,200.

Anotada en 5 de enero de 1915 la rebeldía de la sociedad demandada se dictó contra ella sentencia en 30 de enero ci-tado por la que se condena a H. C. Christianson & Company a pagar a los demandantes Arbona Hermanos la cantidad de $1,000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, con las costas, de-sembolsos y honorarios del abogado de los demandantes.

Por resolución de 19 de mayo de 1915, la corte de Ponce desestimó la moción de la parte demandada para abrir la rebeldía, anular la sentencia dictada y cancelar la fianza, por no tener jurisdicción sobre la demandada, cuya resolución en grado de apelación fué confirmada por esta Corte Suprema en 28 de enero de 1916. 23 D. P. B-. 493 y 501.

Posteriormente la demandada presentó otra moción a la corte de Ponce para que se dejara sin efecto la sentencia de rebeldía, fundándose en que la comparecencia hecha a su nombre en la moción para sustituir el embargo con una fianza no fué hecha por abogado autorizado, y habiendo sido dene-gada aquella moción por resolución de 19 de mayo de 1916, la resolución fné apelada y desestimado el recurso por sen-tencia de esta Corte Suprema de marzo 16, 1917. 25 D. P. R. 1 y 18.

En moción de 8 de julio de 1916 la demandante liabía so-licitado de la corte de Ponce que se librara orden de ejecu-ción contra la demandada H. C. Christianson & Company y que en el caso de no encontrarse bienes suficientes de su pro-piedad se embargaran bienes a los fiadores para cubrir el montante de la sentencia. Los apelantes en el presente caso, Cadierno y Gómez, afirman en su alegato que la ejecución no se efectuó por haber pendiente apelación ante el Tribunal Supremo, y que por entonces no se dieron pasos algunos contra los fiadores.

Volvieron Arbona Hermanos a presentar nueva moción a la corte reproduciendo la anterior de 8 de julio de 1916 por la razón de que la apelación interpuesta por la deman-dada contra la orden de dicha corte de 19 de mayo de 1916, había sido declarada sin lugar por el Tribunal Supremo, y entonces la corte de Ponce por resolución de 9 de abril de 1917 dispuso que se “expidiera orden de ejecución para hacer efectiva la sentencia en cuanto al importe de ella y memo-rándum de costas sobre bienes de la demandada, y que en el caso de no encontrarse bienes propios de la demandada suficientes a cubrir el montante de la sentencia, intereses legales desde su pronunciamiento, y montante del bill de cos-tas aprobado, se procediera al embargo y venta de los bienes de los fiadores, no excediendo dicho embargo de mil doscien-tos dollars ($1,200) importe de la fianza.”

El mandamiento de ejecución en la forma ordenada fue expedido al márshal de la Corte de Distrito de San Juan en 25 de abril de 1917; pero el mandamiento en la parte rela-tiva a los fiadores no fue cumplimentado por haber solicitado del márshal la representación de Arbona Hermanos que se abstuviera de hacerlo, con el fin de ajustar el procedimiento estrictamente a las disposiciones de la Ley No. 27 de 19 de abril de 1916 y a los preceptos complementarios de la misma contenidos en los artículos 307 al 312, inclusive, del Código de Enjuiciamiento Civil, como así lo manifestó la demandante en moción de 26 de mayo de 1917, en la que, alegando además que la sentencia no había sido satisfecha en todo ni en parte, como así se hacía constar en affidavit del abogado, suplica que de acuerdo con las disposiciones legales citadas se ex-pida un emplazamiento dirigido a los fiadores Segundo Ca-dierno y Manuel Gómez en el cual se describiera la sentencia y se requiriera a dichos fiadores para que muestren causa, si alguna tuvieren, dentro del término legal correspondiente, según el sitio en que se verifique el diligenciamiento, para que no los obligue la sentencia dictada en el caso contra H. C. Christianson & Company. La corte accedió a lo solicitado por orden de 28 de mayo de 1917. El emplazamiento se hizo a los fiadores, y habiéndoles sido anotada la rebeldía en 22 de junio de 1917, por no haber'comparecido dentro del tér-mino legal después de emplazados, a petición de la sociedad demandandante se registró sentencia contra ellos en 23 de junio de 1917, “obligándolos a pagar mancomunada y soli-dariamente a la sociedad demandante Arbona Hermanos el montante de su fianza ascendente a $1,200, a cuyo efecto se expediría oportunamente mandamiento al márshal para ha-cerla efectiva.”

Esa sentencia ha sido apelada para ante esta Corte Su-prema por la representación de Segundo Cadierno y Manuel Gómez.

Alega iá parte apelante como motivos del recurso los si-guientes :

I. Que la sentencia dictada contra los fiadores es defec-tuosa porque la Ley de 13 de abril de 1916 no es aplicable al caso y no justifica dicha sentencia.

II. Que la sentencia apelada infringe la Séptima En-mienda a la Constitución de los Estados Unidos.

III. Que la sentencia apelada infringe la prohibición con-tenida en la Constitución de los Estados Unidos, de que no se privará de la propiedad sin el debido procedimiento de ley y la prohibición contra el quebrantamiento de contratos; infringiendo también el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica de 2 de marzo de 1917.

IV. Que la sentencia apelada es defectuosa porque nunca se expidió orden de ejecución contra el demandado antes de expedirse citación contra los fiadores.

V. Que la sentencia apelada no se ajusta a las disposicio-nes de la Ley de abril 13, 1916.

VI. Que la sentencia apelada-es defectuosa porque la ci-tación en que se basa no se ajusta a la ley.

Para sostener el primer motivo del recurso alega la parte-apelante que habiéndose prestado la fianza en octubre Io. de-1914, y sido aprobada en 13 de abril de 1916, la ley que sirve de fundamento a la sentencia, esa ley no puede regular el' caso a menos que se le de efecto retroactivo contra el pre-cepto del artículo 3o. del Código Civil.

Opinamos que la Ley No. 27 de 13 de abril de 1916 es la reguladora del caso, sin que por ello se le dé efecto retroac-tivo.

Esa ley, que enmendó la ley para asegurar la efectividad de sentencias, según fué aprobada en marzo 1°., 1902, en-mendada por la ley posterior de marzo 12, 1903, dispone en su sección 2a. que la sección 16 de la referida ley (5248 de la Compilación) quede derogada, y en su lugar se insertará lo siguiente:

“Una vez firme la sentencia pronunciada a favor del litigante que hubiere qbtenido un mandamiento de embargo para asegurar la efectividad de dicha sentencia, si el .expresado mandamiento de embargo se hubiere suspendido o dejado sin efecto a virtud de fianza o consignación, se dispondrá la, confiscación de la fianza a favor de dicho litigante, y se expedirá orden de ejecución contra la parte condenada por la sentencia. Si la orden de ejecución fuere devuelta sin cumplimentar en todo o en parte, se expedirá nueva orden de ejecución contra los fiadores por el remanente que no haya sido satis-fecho, siguiéndose contra los fiadores el procedimiento establecido en los artículos 307 a 312, ambos inclusive, del Código de Enjuiciamiento. Civil.” - b

En la sección 3a. se dispone que la expresada Ley No. 27' regirá inmediatamente después de sil aprobación, la cual según se deja indicado tuvo lugar en 13 de abril de 1916.

La fianza prestada por Segundo Cadierno y Manuel Gó-mez en Io. de octubre de 1914, en la parte conducente dice así:

“.Por tanto, nosotros, Segundo Cadierno y Manuel Gómez, nos obli-gamos y obligamos a nuestros herederos, sucesores o administradores, a pagar a la demandante Arbona Hermanos la cantidad d'e $1,200 o cualquiera otra inferior a la misma. La anterior obligación la cons-tituimos libremente para responder a la demandante de la efectividad de la sentencia que en el presente caso haya de recaer, si es que la corte decide el litigio en su favor-, siendo entendido que recayendo sentencia en favor de la demandada, quedará nula esta fianza.”

El derecho de. Arbona Hermanos contra los fiadores, si bien reconoce por origen el contrato de fianza constituida en 1°. de octubre de 1914, no se causó propiamente ni pudo hacerse efectivo sino cuando después de haber quedado firme la sentencia pronunciada en el juicio, fué devuelta sin cum-plimiento la orden de ejecución librada contra el deudor. Entonces y no antes es que pudo ejercitarse contra los fia-dores la acción de fianza para hacer efectiva su responsa-bilidad subsidiaria. Ese es el texto de la ley y a él debemos atenernos. La sentencia se pronunció en 30 de' enero de 1915, y aunque no fué apelada, fueron interpuestos recursos de apelación contra resoluciones de la Corte de Distrito de Ponce de 19 de mayo de 1915 y mayo 19, 1916, en que estaba envuelta la cuestión legal de nulidad de dicha sentencia y que impedían por tanto su’cumplimiento hasta que se resol-vieran esos recursos, de los cuales el último fué resuelto en 16 de marzo de 1917, cuando ya estaba vigente la ley de' 13 de abril de 1916. Hasta la fecha de la decisión de ese úl-timo recurso por la Corte Suprema no puede decirse que quedó firme y en condiciones de ser ejecutada la sentencia de 30 de enero de 1915, y por tanto la ley aplicable al caso era la que regía en 16 de marzo de 1917 o sea la No. 27 de 13 de abril de 1916.

La circunstancia de que la obligación de fianza fuera cons tituída en Io. de octubre de 1914, en cuya fecha no podía dic-tarse sentencia contra los fiadores sin una acción ejercitada en forma en la cual tendrían los fiadores todas las defensas que hubiera podido aducir el demandado o deudor principal, entre éstas, la celebración del juicio en el distrito de su residencia o sea en San Juan, el derecho a ser juzgados por jurado, y la falta de jurisdicción sobre la persona del demandado principal, según alega la representación de la parte apelante, nada arguye contra la aplicación al caso de la Ley No. 27 de 13 de abril de 1916, aún en el supuesto de que tales alegaciones fueran admisibles. Dicha ley, como su texto indica, es de carácter adjetivo o procesal y no altera bajo concepto alguno los términos del contrato de fianza otorgado en octubre Io. de 1914. Sólo afecta al procedi-miento que debe seguirse para la ejecución de la sentencia.

Los estatutos destinados a cambiar el modo en qne hayan de verificarse los procedimientos judiciales cuando el cam-bio afecte al método de ejercitar un derecho y no al derecho mismo, se han de interpretar como aplicables a causas de acción que surgieron antes de la aprobación del estatuto, al igual que a las que surgieron después, y se ha sostenido ge-neralmente que tales estatutos son también de aplicación a las acciones que estuviesen pendientes a la fecha de la apro-bación del estatuto a falta de alguna cláusula en contrario. Sección 26, Am. &¡ Eng. Ene. of law, 695, y casos que se citan.

Eepetimos que la ley No. 27 de abril .13, 1916, afecta al método de ejercitar el derecho de fianza y no al derecho mismo. Dicha ley no tiene cláusula de reserva, y según su sección 3a. debía regir desde la fecha de la aprobación.

Siendo dicha ley la aplicable al caso, bajo cualquier as-pecto que se la considere, por las razones expuestas, en vir-tud de tales razones tenemos que llegar también a la conclu-sión de. que carecen de fundamento sólido los motivos 2°. y 5°. en que se apoya el recurso.

La ley de 13 de abril de 1916, como liemos dicho antes, no afecta a derecho sustancial alguno de los fiadores, ni que-branta el contrato de fianza, pues es principio generalmente admitido que si se deja sustituye o añade alguna disposi-ción al remedio existente a favor de un acreedor la obliga-ción contenida en el contrato no queda desvirtuada. Bronson v. Kinzie et al., 1 How. 310, 311; Tennessee v. Sneed, 96 U. S. 69, 74; N. O. City & Lake R. R. Co. v. New Orleans, 157 U. S. 219; State Savings Bank of Detroit v. Matthews, 123 Mich. 56; 6 R. C. L. 356 et seq.; 6 id. 294, 305, 309.

Los fiadores en virtud de dicha ley han tenido su día en corte en que han podido ser oídos y alegar sus defensas sin que por ello, puedan quejarse de que les ha faltado el debido procedimiento de ley. La cláusula de la Constitución Federal referente al debido procedimiento no controla las meras formas de procedimiento siempre que los requisitos funda-mentales de la notificación y de la oportunidad para defen-derse sean cumplidos. Louisville & Nashville R. R. Co. v. Schmidt, 177 U. S. 230, y Torres v. Lothrop, Luce & Company, 231 U. S. 171.

La ley de 13 de abril de 1916 ha tenido debido cumpli-miento y no son admisibles las alegaciones hechas por los apelantes al razonar el 4o. y 5o. motivos del recurso, de que. no se expidió orden de ejecución contra H. C. Christianson & Co. antes de expedirse citación contra los fiadores, y de que no se decretó la confiscación de la fianza.

Ciertamente qne la primera orden de ejecución o sea la de 25 de abril de 1917, nos referimos al cuarto motivo del recurso, fué expedida conjuntamente contra H. C. Christian-son & Company y contra los fiadores, y en cuanto a éstos era realmente nula; pero no sucede lo propio respecto de los deudores, y si era válida contra éstos, estaba autorizada la expedición de una orden de ejecución contra los fiadores al ser devuelta la primera sin diligenciar por carecer de bie-nes los deudores, en consonancia con los preceptos del Có-digo de Enjuiciamiento Civil que la ley de 13 de abril de 1916 declara aplicables al caso. Que la confiscación de fianza se bizo, nos referimos al 5o. motivo del recurso, lo demuestra claramente la sentencia dictada contra los fiadores en 23 de junio de 1917 obligándolos a pagar el montante de la fianza después de haberse expedido sin éxito favorable orden de ejecución contra la parte condenada por la sentencia. La ley fue cumplida snstancialmente y no importa que por modo expreso no se decretara la confiscación de la fianza que prác-ticamente fué confiscada.

En cuanto al 6o. motivo del recurso, es cierto que Cadierno & Gómez sólo se obligaron a pagar a Arbona Hermanos la cantidad de $1,200 o cualquiera otra inferior a la misma para responder a la demandante de la efectividad de la sentencia que en el caso recayera decidiéndose el litigio en su favor, y que en el emplazamiento se les apercibía de dictarse sen-tencia contra ellos, si no comparecían en término a alegar sus defensas, condenándoles al pago del montante de la sen-tencia recaída ascendente a la suma de $1,000 de principal y de $221.82 por costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado, cuyas partidas dan el total de $1,221.82, cantidad superior a la de la fianza; pero en el mismo emplazamiento se consignó la cláusula “hasta el montante de $1,200 de la fianza,” y por tanto no puede afirmarse que fueran aperci-bidos de cobro de una cantidad superior a la que estaban obli-gados a pagar en virtud del contrato de fianza.

La falta del nombre del abogado de la demandante en el emplazamiento, de que se quejan los apelantes, es una mera irregularidad de que los fiadores pudieron aprovecharse compareciendo ante la corte y pidiendo que se subsanara el defecto, pero éste no puede alegarse por primera vez en ape-lación. Serrano v. Berdiel, et al, 22 D. P. R. 445.

Por.el juicio que hemos formado del caso ocioso se hace considerar y decidir si los preceptos del Código de Enjuicia-miento Civil a que se refiere la ley de 13 de abril de 1916, serían también aplicables a un caso como el presente antes de la aprobación de la expresada ley, cuya cuestión ha sido le-vantada por la parte apelada.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “conforme con la senten-cia.”

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este. caso.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Existía alguna duda en mi mente acerca de si la intención de la legislatura con respecto a la ley que discutimos era ha-cerla aplicable a las sentencias que se dictaran antes de su promulgación. Pero una cuidadosa lectura me ha conven-cido de que el pensamiento legislativo estaba puesto en la efectividad de cualquier sentencia, dictada o no, más bien que en las de acciones futuras o pendientes de ser entabladas. De acuerdo con la sección primera de la Ley de' abril 13, 1916, la “petición” puede ser hecha después del fallo, y no hay razón para limitar un embargo solamente a las reclamacio-nes que han de ser hechas efectivas. En otras palabras, se menciona generalmente a las sentencias, sin que se demues-tre razón para excluir a ninguna. Esta conclusión queda robustecida por el hecho de1 que el texto español de la sección 2 de dicha ley dice firme en lugar de “final,” indicando así una sentencia que podría ser final pero no ejecutable como en este caso.

Establecida esta premisa, no tengo dudas sobre el poder de la legislatura para hacer el remedio aplicable a senten-cias dictadas, bajo el principio corriente1 de que si se deja, sustituye o añade alguna disposición al remedio existente a favor de un acreedor, la obligación contenida en el contrato no queda desvirtuada. Y estoy conforme' con la jurispruden-cia citada por la corte, en cuyo análisis tomé parte. ••

’ ‘ Además el récord muestra que los apelantes comparecie-ron- ante la corte, no para protestar de la falta de jurisdiA ción de la corte sobre ellos, sino para negar la jurisdic-ción sobre el demandado- principal. Los apelantes, en res-puesta a los emplazamientos expedidos en este caso, tuvie-ron una oportunidad para levantar su defensa especial y no lo hicieron. Algunas de las consideraciones de la corte en el caso de Louisville & Nashville R. R. Co. v. Schmidt, 177 U. S. 230, son aplicables cuando una parte ha comparecido sin hacer tal defensa especial. Véase también Pease v. Rathbun-Jones Eng. Co., 243 U. S. 280.

Por ser algunos de mis razonamientos distintos a los es-tablecidos por la corte, es que los expongo en esta opinión concurrente.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Cintrón, Demandante y Apelado, v. “El Zenit,” Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento de traslado de causa sobre cobro de dinero.
    No. 1796.
    Resuelto en abril 15, 1918.
    TRASLADO — Declaración Jurada Fundamentada. — La declaración jurada y fun-dada a que se refiere el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil co-rresponde en el texto inglés al concepto affidavit of merits.

    Id. — Buena Defensa de la Acción. — Para solicitar el traslado de un pleito de-ben exponerse hechos que permitan apreciar si la demandada tiene o no buenos motivos de defensa contra la acción ejercitada.
    Id. — Conveniencia de los Testigos. — Cuando 'se solicita el traslado por razón de la conveniencia de los testigos, debe demostrarse que estos testigos son im-portantes ‘o necesarios o qué hechos espera probar la demandada por medio de los mismos, sin lo cual la corte inferior no estará en condiciones de apre-ciar la conveniencia invocada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. M. Benitos Flores.

    Abogado del apelado: Sr. José Bamón Freyre.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn recurso de apelación contra una orden de la Corte de Distrito de Mayagiiez negando el traslado de nn pleito a otro distrito judicial.

Dicha orden, que lleva fecha de 11 de enero del corriente año, en su parte sustancial dice así:

“Esta es una moción radicada por la demandada juntamente con una excepción previa, en la cual solicita que este caso sea trasladado a la Corte de Distrito de San Juan por ser la residencia de dicha demandada y por el motivo adicional de conveniencia de los testigos.
“Con la moción no se acompaña un affidavit demostrativo de que la demandada tiene una buena defensa sobre los méritos de la acción, requisito sin el cual no puede prosperar ninguna moción de esta índole. Además el fundamento de conveniencia de testigos no puede tomarse en cuenta porque no se consigna en ninguna parte quiénes son los testigos ni dónde residen, o dato alguno por el cual la corte pueda formar idea de la pertenencia o impertinencia de esos testi-monios ; por tanto la corte desestima la mencionada moción de traslado. ’ ’

Como se ve, la cuestión envuelta en el recurso no es la de si el apelante tiene derecho al traslado sino la de si ejercitó su derecho de acuerdo con la ley.

El artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá sin embargo conti-nuarse en aquel a menos que el demandado al comparecer a contestar o a formular excepciones presente una declaración .jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre -■en el distrito correspondiente. Declaración jurada y fundada -.corresponde en el texto inglés al. concepto “affidavit of ■merits.”

La demanda tiene por objeto el cobrar de la demandada, que es una sociedad cooperativa mutua de seguros contra accidentes físicos, incorporada con arreglo a las leyes de Puerto Rico, la suma de $4,410 que corresponde al deman-dante como beneficiario de la socia fallecida María Soler y Mercader, y la moción jurada de traslado se funda en que la sociedad demandada tiene su oficina principal en la ciudad de San Juan desde que fué constituida y en que la celebra-ción del juicio en el distrito de Mayagüez seguramente oca-sionaría trastornos, dificultades y gastos innecesarios y per-juicios incalculables a la demandada.

La moción de traslado fué presentada al formular excep-ción previa de que la demanda no aduce beclios suficientes para determinar una causa de acción y fué acompañada de dos declaraciones juradas, una del presidente de la sociedad de seguros denominada “El Zenit” y otra del tesorero de dicha sociedad sin que esas declaraciones contengan hecho alguno que permita apreciar si la demandada tiene o no bue-nos motivos de defensa contra la acción ejercitada. No hay propiamente el “affidavit of merits'’ que exige el artículo ya citado del Código de Enjuiciamiento Civil. Fajardo et al v. Tió, 17 D. P. R. 244, y Bithorn et al., v. Ball et al., 17 D. P. R. 577.

Por lo que atañe al traslado por razón de la conveniencia de los testigos, ni en la moción ni en las declaraciones juradas existe alegación alguna tendente a demostrar que los testi-gos son importantes o necesarios o qué hechos esperaba pro-bar la demandada por medio de dichos testigos, no encon-trándose por tanto' la corte inferior en condiciones de poder apreciar la conveniencia invocada. Arzuaga & Cía. v. Aramburu, 15 D. P. R. 178, Sarié v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., 15 D. P. R. 204, Torres et al., v. Torres et al., 16 D. P. R. 352.

Las alegaciones de la parte apelante para obtener la re-vocación de la orden apelada se encaminan a demostrar que la Corte de Distrito de San Juan es la competente para co-nocer de la demanda, pero no es esa la cuestión envuelta en el recurso sino la de si el apelante ha ejercitado el derecho al traslado de acuerdo con la ley.

Es de confirmarse la orden apelada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Porrata, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de una es-critura de venta judicial.
    No. 355.
    Resuelto en abril 15, 1918.
    Recurso Gubernativo — Desestimación del Recurso — Interposición Nuera de Término. — Habiéndose interpuesto el recurso fuera del término de veinte días estatuido por la ley para recurrir de la nota del registrador, ésta quedó consentida por el transcurso del tiempo y no cabe considerar y decidir el re-curso en sus términos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González.

    El registrador interino recurrido, Sr. Eafael López An-tongiorgi, compareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Es el presente un recurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Propiedad de Humacao de 26 de febrero último, denegatoria de la inscripción de una escritura de com-praventa de bienes raíces.

El registrador de Humacao al contestar el alegato de’ la parte recurrente, solicita que se desestime el recurso por ha-berse interpuesto fuera del término estatuido por la ley.

El documento no inscrito fue devuelto al recurrente en Io. de marzo del corriente año y presentado en la secretaría de esta Corte Suprema con alegato escrito en 23 del mismo mes.

La sección 3a. de' la ley sobre recursos contra las resolu-ciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1°., 1902, dice así:

“Sección 3a. — Si el interesado recogiere el documento podrá pre-sentarlo al tribunal dentro de los veinte días siguientes a la notifica-ción de la negativa que debió hacerle el registrador, y se decidirá el recurso según dice la sección 2a. de esta Ley.

El documento como hemos dicho fue devuelto al intere-sado Francisco Porrata en Io. de marzo y desde' esa fecha a la del día 23 del mismo mes, en que fué presentado al tribunal, transcurrieron más' de los veinte días que señala el pre-cepto que dejamos transcrito.

La nota de que se trata quedó consentida por el trans-curso del tiempo que la ley señala para recurriría y por tanto no cabe considerar y decidir el recurso en sus méritos. Hernández v. El Registrador de la Propiedad, 14 D. P. R. 795, y Barreras v. El Registrador de la Propiedad, 15 D. P. R. 556.

Procede desestimar el recurso.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Santiago et al., Demandantes y Apelados, v. Santiago, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre desahucio.
    No. 1785.
    Resuelto en abril 15, 1918.

    Desahucio — Conflicto de Títulos.- — Apareciendo de las alegaciones y la evi-dencia que existe un conflicto de títulos, es bien claro, de acuerdo con la constante jurisprudencia de esta Corte Suprema, que no es el juicio de desa-hucio el apropiado para resolverlo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Luis Mercader.

    Abogado de los apelados: Sr. Herminio Miranda.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de desahucio. Los demandantes ale-gan que son dueños de una finca de veinte y siete cuerdas si-tuada en el barrio de Arrozal, del municipio de Arecibo, que está ocupada por la demandada sin pagarles canon ni merced, y que han requerido a la dicha demandada para que deje libre la finca y no han podido conseguirlo.

La demandada contestó negando los hechos de la demanda y alegando:

‘ ‘ Que hace como 17 años la demandada se asoció a Modesto Rodrí-guez, en el barrio Arrozal de Arecibo, donde vivieron trabajando juntamente en la agricultura y el comercio, habiendo procreado unos siete hijos que están a cargo de la demandada, y durante todo ese tiempo adquirieron para ambos con el trabajo personal de cada uno, en 1904, diez y seis cuerdas por compra a Juan Figueroa, en 1907, ocho cuerdas a Ramón García, y tres cuerdas que compraron a Juan Martínez Tirado hace como 8 años, y todas esas adquisiciones forman la finca de 27 cuerdas descrita en la demanda de este caso; y alega la demandada que la referida finca en su mitad indivisa le pertenece y es dueña en propiedad y dominio pleno, por haberla adquirido con el trabajo material y constante en unión del mencionado Modesto Rodríguez, laborando diariamente los terrenos aludidos y atendién-dola aún más que su consocio el Rodríguez relatado. Y alega asi-mismo, que hace como dos años el susodicho Rodríguez que vivía en su compañía, dejó la finca y desertó de la casa de sus hijos, de-jando a la demandada hecha cargo de la finca en cuestión, quién la ha venido trabajando desde entonces sola y con sus recursos, aten-diendo a su administración, y poniendo de su peculio lo necesario para su cultivo y atención, y cuidando a la vez de los hijos aban-donados y sin recurso.”

Trabada así la contienda se celebró la vista, dictando fi-nalmente la corte su sentencia en contra de la demandada. Esta interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Hemos examinado la prueba practicada y la de la deman-dada tiende a demostrar las alegaciones de su contestación. Siendo esto así, esto es, apareciendo de las alegaciones y la evidencia que existe un conflicto de títulos, es bien claro, de acuerdo con la constante jurisprudencia de este tribunal, que no es el juicio de desahucio el apropiado para resolverlo. Véase Virella v. Virella, 23 D. P. R. 693, 698; García v. Brignoni et al., 22 D. P. R. 356, 365; Gabassa v. Bravo, 21 D. P. R. 353, 355; Miranda v. Camerón et al., 19 D. P. R. 488; To rres et al., v. Pérez, 18 D. P. R. 573; Pesquera v. Fernández, 16 D. P. R. 235; Elzaburu v. Chávez, 15 D. P. R. 17; y Mehrhof v. Rodríguez et al., 14 D. P. R. 59, 67 y casos en él citados.

En tal virtud debe declararse con lugar el recurso, revo-carse la sentencia apelada y en su lugar dictarse otra deses-timando la demanda, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra desestimando la demanda, sin especial con-denación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Aldkey,

text:
    Santiago, Peticionario y Apelante, v. Corte Municipal de Caguas et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un recurso de mandamus.

    No. 1803.
    Resuelto en abril 15, 1918.
    Mandamus — Ejecución de Sentencia — Objeto del Auto. — Cuando un juez ha decretado la suspensión de la ejecución de una sentencia no es procedente el auto de mandamus para conseguir que continúe la ejecución, pues ese procedimiento extraordinario sólo tiene por fin el obligar al cumplimiento de un acto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogados de los apelados: Sres. Rafael Arce y M. Tous Soto.

   El Juez Asociado Su. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Entre los varios motivos por los cuales no debe prosperar la petición de mandamus que hizo el apelante Miguel Santiago contra el juez municipal de Oaguas y que requieren la confirmación de la sentencia de la Corte de Distrito de Huma-cao que desestimó la petición, el más importante y fundamental es que habiendo actuado el juez municipal en determinado sentido, acertada o erróneamente, no se puede mediante' el procedimiento escogido por Santiago revisar la resolución de dicho juez y corregir el error en que haya incurrido, si es que en verdad fué errónea su resolución.

Al juez municipal se le pidió que suspendiese el cumpli-miento de cierta sentencia y así lo decretó después de oir a la parte contraria, y lo que pretende el apelante por su so-licitud de mandamus es que se ordene a dicho juez que siga cumpliendo la sentencia que suspendió. En otras palabras, que deje sin efecto su resolución anterior y dicte otra nueva en sentido contrario.

Claramente no es éste el objeto del auto de mandamus cuyo fin es obligar a determinadas personas al cumplimiento de algún acto que esté dentro de sus atribuciones o deberes.

Es tan improcedente la petición que no necesitamos ex-tendernos más ni hacer referencia a los casos qué hemos re-suelto y en los que claramente está consignada la doctrina en que fundamos nuestra resolución.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: En Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Ortiz, Peticionario y Apelante, v. Juez Municipal de Coamo, Demandado y Apelado, y Torres & Enseñat, Interventores y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso sobre certiorari.

    No. 1768.
    Resuelto en abril 18, 1918.
    Emplazamiento — Copia de la Citación. — La omisión de consignar al dorso de la copia de un emplazamiento el sitio y fecha de su entrega o notificación, no vicia de nulidad el emplazamiento, constituyendo una mera infracción que puede servir de base a la corte que dietó la sentencia para, en uso de las facultades que le confiere el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, dejarla sin efecto, en bien de la justicia y de acuerdo con las circuns-tancias que concurran en cada caso concreto que se someta a su consideración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. A. Quintana Cajas y Rafael R. Rivera Zayas.

    Abogado de los interventores apelados: Sr. Carlos Rrunet.

    El juez demandado, Sr. Felipe Janer, no compareció.
   En Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce desestimando fi-nalmente cierta solicitud de certiorari.

Felipe Ortiz fué demandado en la Corte Municipal de Coamo en cobro de pesos por Torres y Enseñat. Se le em-plazó debidamente cumpliéndose con todos los requisitos de la ley, con excepción del contenido en el último párrafo 'del artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, según vere-mos después. No contestó, se anotó su rebeldía y se dictó sentencia en contra suya. Días después de dictada la sen-tencia, el demandado pidió a la corte que la dejara sin efecto, porque el emplazamiento que .se le había hecho era nulo. La corte oyó al demandado y declaró sin lugar su petición, ba-sándose en el caso de Llorens v. Castillo, 22 D. P. R. 670. El demandado entonces presentó una solicitud de certiorari a la Corte de Distrito de Ponce, que, según dijimos, fué deses-timada finalmente por dicho tribunal.

El artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué puesto en vigor en ’1904, no contenía la disposición refe-rente a lo que debe hacerse constar al dorso de la copia que se entregue al emplazado. En 1911 se le adicionó dicha dis-posición, así: “Al servirse la copia de la citación se hará constar en aquélla a su dorso y por quien se haga, una copia literal del diligenciamiento y fecha de éste consignado en el original.” (Comp. 1911, p. 857.) Y en 1915, ley No. 8, quedó redactada del siguiente modo: “Al entregarse la copia de la citación se hará constar en aquéllíl a su dorso y por quien la haga, la fecha y sitio de la entrega o notificación, la cual fir-mará la persona que haga dicha citación, no siendo necesa-rio que se copie literalmente el diligenciamiento consignado en el original. ’ ’

En el presente caso, según se ha dicho, se cumplió con to-do lo exigido por la ley, esto es, se emplazó al demandado en forma debida, entregándosele copia de la demanda y de la citación, pero en la copia de ésta nada se hizo constar con respecto a la fecha y sitio de la entrega.

La infracción de la ley es, pues, manifiesta, siendo la única cuestión a resolver la de los efectos que pueda tener dicha infracción en cuanto a la sentencia dictada en contra del de-mandado. ¿Es dicha sentencia nula en absoluto, por haber sido dictada sin haber la corte1 llegado a adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, o simplemente la infracción pudiera servir de base a la corte que dictó la sentencia para, en bien de1 la justicia y en uso de las facultades que le con-fiere el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, de-jarla sin efecto, de acuerdo con las circunstancias que concu-rran en cada caso que se presente a su consideración?

Debe advertirse que en este caso concreto que estamos es-tudiando y resolviendo el demandado no alegó que hubiera sido inducido a error por la falta de consignar al dorso de la copia que se le entregara el sitio y fecha de la notificación, a los efectos, por ejemplo, de la computación del término para contestar, 'o que hubiera sido perjudicado de cualquier otro modo, sino que se limitó a alegar que el emplazamiento era totalmente nulo y por tanto ineficaz lá sentencia pronunciada sobre la base del mismo. También es conveniente advertir que el emplazamiento a que nos referimos es el segundo hecho al demandado en este pleito que se halla pendiente desde el año 1910.

En dos ocasiones se ha presentado esta cuestión a este tribunal, a saber: en el caso de García v. Brignoni et al., 22.

D. P. R. 356 y en el citado de Llórens v. Castillo, ambos de-cididos en 1915. En el primero se resolvió qne el defecto alegado era patente y la infracción de la ley manifiesta, pero como la parte demandada se había sometido por sn eompa- _ recencia voluntaria a la jurisdicción de la corte, no tuvimos oportunidad de entrar a considerar el efecto que hubiera te-nido la infracción en cuanto a la jurisdicción de la corte. En el segundo fue más a fondo este tribunal y decidió que la in-fracción de que se trata constituía una mera irregularidad que no perjudicó sustancialmente los derechos del demandado ni vició de nulidad el emplazamiento. 22 D. P. R. 671, 675.

La parte apelante no ha citado en su alegato jurispru-dencia contraria a la establecida jior esta corte, ni aducido' razón alguna de peso para un cambio de criterio por parte de este tribunal. Siendo ello así, aplicando a -este caso la regla fijada en el de Llorens, supra, no habiéndose demos-trado que’ el demandado fuera perjudicado en ningún derecho sustancial, es necesario concluir que la Corte Municipal de Coamo actuó correctamente y que debe confirmarse la sen-tencia recurrida que pronunció la de distrito de Ponce el 6 de octubre de 1917.

Confirmada la sentencia apelada„

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    Sánchez, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción en parte de una escritura de préstamo con hipo-teca y consignando defectos subsanables.
    No. 343.
    Resuelto en abril 18, 1918.
    Hipoteca — Condominio Afecto a Usufructo Viudal — Nuda Propiedad — Domi-nio .Util. — Apareciendo del registro qne el condominio hipotecado se halla afecto al usufructo legal de una viuda es evidente que el dueño del condo-minio sólo tiene sobre él la nuda propiedad, que es lo que puede hipotecar por ahora, sin que el hecho de que tal usufructo no haya sido constituido específicamente por los interesados sobre esa finca pueda cambiar la natura-leza jurídica del usufructo de dominio útil que es, en mero gravamen, como pretende el recurrente, al efecto de que se entienda hipotecado también el deminio útil o usufructo de la viuda.
    Id. — Condominio—Valoración sin Consentimiento de los Condueños. — Cons-tando del registro que los interesados en una finca la valoraron en $16,840 y habiendo fijado uno de los condueños el valor de su participación en $2,105, que es la cuarta parte de la mitad, que es lo que tiene inscrito, no tiene ne-cesidad de acreditar el consentimiento de los condueños para esa valoración .por tratarse de una simple operación aritmética.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Soto Oras.

    El registrador sustituto recurrido, Sr. Manual Paz Ur-daz, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de. la Propiedad de San Juan se halla ins-crito una finca a favor de una viuda, en cuanto a una mitad por sus gananciales, y la otra mitad en común y proindiviso por partes iguales a favor de cuatro hijos suyos por' título de herencia del padre y esposo que fue de dicha viuda. Uno de los hijos hipotecó su condominio y cuando el acreedor hi-potecario presentó en el registro la escritura hipotecaria para •su inscripción el registrador sustituto hizo constar al pie de ■ella que inscribía la hipoteca con excepción del derecho de usufructo, que según el registro tiene dicha viuda en la finca, y por tanto en la participación de que se trata, y que se ne-gaba a inscribirla en cuanto a dichos derechos de usufructo por no resultar inscritos a favor del deudor, quien sólo es , nudo propietario.

El único motivo que alega el acreedor hipotecario en el recurso gubernativo que estableció contra esa calificación del registrador a fin de que la revoquemos es, que puesto que los interesados no han constituido específicamente el usufructo sobre esta finca, por lo que pesa sobre ella como sobré cuales-quiera otros bienes de la herencia, tiene solamente el carác-ter de gravamen, que no impide la constitución de otros y no puede decirse que los herederos han consentido en separar el usufructo y la nuda propiedad.

Apareciendo del registro que el condominio hipotecado se halla afecto al usufructo legal de la viuda es evidente que el dueño del condominio sólo tiene sobre él la nuda propiedad, que es lo que puede hipotecar por ahora, sin que el hecho de que tal nsufrncto.no haya sido constituido específicamente por los interesados sobre esa finca- pueda cambiar la naturaleza jurídica del usufructo de dominio útil que es,'en mero gravamen, como pretende el recurrente al efecto de que se en-tienda hipotecado también e'l dominio útil o usufructo de la viuda. En consecuencia el registrador procedió correcta-mente al negar la inscripción de la hipoteca en cuanto al usufructo.

El otro motivo del recurso es que en la inscripción se con-signó indebidamente como defecto subsanable el no constar el consentimiento de los demás condueños en la determina-ción del valor que el deudor hipotecario hace de su 'condo-minio.

No tuvo razón el registrador en este particular, porque apareciendo del registro que los interesados en la finca la valoraron en $16,840 y habiendo fijado ese condueño el valor de su participación en $2,105, que es la cuarta parte de la mitad, que es lo que tiene inscrito,, no tenía necesidad de acreditar el consentimiento de los condueños para esa valo-ración por tratarse de una simple' operación aritmética.

La nota recurrida debe ser confirmada en cuanto a la ne-gativa de inscripción que contiene y revocada por el defecto subsanable que consignó.

■Confirmada la nota recurrida en cuanto a la negativa de inscripción que contiene y re-vocada en cuanto al defecto subsanable con-signado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.