text:
      In re Isamar Marichal Morales, querellada.

      Números: TS-11,860
    AB-2013-0109

      Resueltos: 2 de junio de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, y Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

En el presente caso decretamos la separación inmediata e indefinida de la Leda. Isamar Marichal Morales (licenciada Marichal Morales) del ejercicio de la aboga-cía y la notaría, en razón del craso patrón de incumpli-miento asumido por la letrada ante las órdenes de este Tribunal y los requerimientos de las dependencias encar-gadas de asistirnos en la tarea de reglamentar la profesión legal, así como por obstaculizar el ejercicio de nuestra fa-cultad disciplinaria. Veamos.

I

A. TS-11,860: señalamientos del Director de la Oficina de Inspección de Notarías

El 15 de mayo de 2015 el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías (Director de la ODIN), presentó un Informe Especial, mediante el cual detalló el incumplimiento de la licenciada Marichal Morales con sus deberes notariales. Según consta en dicho In-forme, el 31 de octubre de 2014 el Director de la ODIN le envió una carta por correo certificado con acuse de recibo a la abogada de epígrafe para indicarle que adeudaba 14 índices de actividad notarial mensual. Cónsono a lo anterior, le confirió un término de 10 días calendario para some-terlos y explicar las razones de su reiterado incumplimiento. A pesar de haber sido dirigida a la dirección de notificaciones oficiales que obra en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), la carta no fue reclamada por la letrada (“Return to Sender, Unclaimed, Unable to Forward”), por lo que fue posteriormente devuelta por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

Lo anterior provocó que el 15 de enero de 2015 el Director de la ODIN le tuviera que cursar a la licenciada Marichal Morales una “Notificación final [,] requerimiento [y] presentación [de] Indices Notariales [...] e Informes Estadísticos de Actividad Notarial adeudados”, en esta ocasión, por correo ordinario y correo electrónico. El Director de la ODIN hizo referencia al contenido de la primera carta y le concedió hasta el 30 de enero de 2015, término final e improrrogable, para someter los índices mensuales adeudados junto con la justificación de rigor. Por último, le advirtió que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, procedería a rendir el informe correspondiente a este Tribunal.

Por su parte, el 10 de marzo de 2015 la Sra. Rosalinda M. Guevara (señora Guevara), funcionaría de la Unidad de Informes Notariales de la ODIN, dirigió a la letrada una Solicitud de índices Adeudados a la misma dirección postal a la cual el Director de la ODIN le había estado enviando sus notificaciones. En su comunicación, le instó presentar los índices de actividad notarial mensual correspondientes a marzo, julio, septiembre y noviembre de 2014. Le informó, además, que de no tener constancia de haber sometido estos documentos, debía presentarlos junto con una moción o carta donde expusiera las razones de su tardanza.

Cónsono a lo anterior, el 18 de marzo de 2015, la licenciada Marichal Morales respondió a la carta de la señora Guevara. Indicó que había examinado sus expedientes, pero no había podido hallar las copias ponchadas de los índices mensuales de referencia, supuestamente sometidos, por lo que preparó y acompañó con su comunicación los documentos correspondientes a los cuatro meses pendientes de 2014. En la misiva explicó que ella era la encar-gada de preparar y enviar los índices, y que no podía precisar la razón por la cual esos documentos adeudados no aparecían como enviados. Finalmente, justificó su proceder de la manera siguiente:

Desde finales del año 2013 la abogada suscribiente ha tenido que dedicar gran parte de su tiempo a acompañar a su esposo a diversos procedimientos médicos por una situación de salud que aún al día de hoy no ha podido ser diagnosticada. Expre-samos nuestras más sinceras excusas, ya que cualquier inad-vertencia de nuestra parte puede haberse debido a esta situa-ción y no a una intención de nuestra parte de desatender nuestras obligaciones bajo la Ley y el Reglamento Notarial.

Cabe destacar que la abogada guardó silencio sobre los índices de actividad notarial mensual adeudados, atinentes a los años 2012 y 2013. De la más reciente Certificación de 7 de mayo de 2015 incluida como anejo del Informe presentado, surge que la licenciada Marichal Morales no ha cumplido con presentar los documentos referentes a estos dos años y que, además, adeuda el Informe de Actividad Notarial Anual del 2014.

Examinado el Informe Especial antes reseñado, el 2 de junio de 2015 concedimos a la abogada 20 días para que se expresara en torno al mismo. Además, le apercibimos que de incumplir con lo ordenado, se expondría a sanciones disciplinarias severas, incluyendo su suspensión de la abogacía.

El Director de la ODIN compareció el 30 de julio de 2015 para informarnos que había vencido el término otorgado a la notaría sin que ésta hubiese dado cumplimiento a lo ordenado por esta Curia. Por tal razón, el 26 de febrero de 2016 le concedimos un término de 7 días para que mostrara causa por la cual no debíamos separarla de la profesión legal. Nuestra Resolución a dichos efectos le fue notificada personalmente a la abogada a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Al presente, la licenciada ha optado por ignorar nuestras órdenes.

B. AB-2013-0109: requerimientos de la Oficina de la Procu-radora General

El 26 de marzo de 2013 los Srs. Luis E. Pérez Collazo y Carmen D. Rivera Alicea (señores Pérez y Rivera o promoventes) presentaron una Queja en contra de la licenciada Marichal Morales. Adujeron que el 1 de octubre de 2010 habían suscrito un contrato de servicios profesionales con la abogada para que presentara una demanda en contra del Banco Popular de Puerto Rico por cerrarles una cuenta “por muerte”. En esa misma fecha, los promoventes afirmaron haberle entregado $600 a la licenciada Marichal Morales. Al momento de presentar la Queja, plantearon que la abogada no había cumplido con la gestión encomendada, razón por la que solicitaron la devolución del dinero que le habían entregado.

El 12 de abril de 2013 la Leda. Camelia Montilla Alvarado, Subsecretaría de este Tribunal (Subsecretaría) para dicha fecha, le remitió copia de la susodicha Queja a la licenciada Marichal Morales con una notificación en la que, entre otras cosas, le indicó que debía reaccionar a la misma en un término de 10 días. A solicitud de la letrada de epígrafe, el 13 de mayo de 2013 la Subsecretaría le concedió una prórroga de 10 días más para que presentara su contestación. Ante la inacción de la abogada, mediante comunicación de 25 de junio de 2013, la Subsecretaría reiteró su requerimiento anterior y le confirió otro término de 10 días. Aun así, no contestó.

Evaluada la conducta de la licenciada Marichal Morales, el 23 de agosto de 2013 emitimos una Resolución mediante la cual le otorgamos un término final de 5 días para que reaccionara a la queja presentada en su contra y le advertimos que no acatar lo ordenado podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo su suspensión del ejercicio de la abogacía. No fue hasta el 18 de septiembre de 2013 que la abogada, finalmente, reaccionó a las alegaciones de los promoventes. En lo pertinente, la licenciada Marichal Morales manifestó lo siguiente:

Luego de haber solicitado una prórroga y haber sido conce-dida, preparé esta contestación y por error u omisión nuestra, no fue remitida por correo. Ciertamente, esta es la primera queja que se nos ha presentado en 17 años de profesión y des-conocíamos un poco el proceso. Pedimos excusa por nuestro error y nos aseguraremos que no se repita. La abogada suscri-biente fue contratada por los querellantes según el contrato que ha sido presentado. Durante el trámite del caso, la comu-nicación con los querellantes se dificultó pero nunca se nos solicitó la renuncia de la representación legal. La abogada [...] está en la mejor disposición de devolver el depósito que solici-tan los querellantes [,] así como el expediente del caso. (Énfasis suplido). Carta a Lie. Camelia Montilla Alvarado, Sub-secretaria del Tribunal Supremo.

Después de que el expediente de la Queja fuese remitido a la Oficina de la Procuradora General para investigación e informe, el 30 de enero de 2014 dicha funcionaría nos presentó una “Moción informativa y en solicitud de remedio”. Según relató la Procuradora en su escrito, tras evaluar las comparecencias de las partes, entendió necesario obtener información adicional relacionada con el desempeño de la letrada en la gestión profesional que los señores Pérez y Rivera le encomendaran. Por esta razón, le remitió por correo regular y por correo certificado un requerimiento de información a la abogada que debía ser contestado en o antes del 23 de diciembre de 2013. No obstante, la comunicación enviada por correo certificado no fue reclamada “Return to Sender, Unclaimed, Unable to Forward”). La Procuradora expresó que, a pesar de las prórrogas concedidas, la letrada no contestó el requerimiento de información que le solicitara su oficina.

El 28 de marzo de 2014 la Procuradora sometió una Moción Informativa y Reiterando Solicitud de Remedio, mediante la cual solicitó, entre otras cosas, que tomáramos conocimiento de la inacción de la letrada. En vista de ello, el 19 de mayo de 2014 concedimos a la licenciada Marichal Morales 10 días para que atendiera la solicitud de la Procuradora y, en igual término, compareciera ante esta Curia a exponer las razones de su conducta. Se le apercibió que el incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, como su suspensión del ejercicio de la profesión.

El 28 de octubre de 2014 la Procuradora nos presentó un Informe en el que detalló el patrón de conducta antes relatado. Así las cosas, mediante Resolución de 28 de abril de 2015 le concedimos un término de 20 días a la licenciada Marichal Morales para que se expresara en torno al Informe presentado por la Procuradora. Asimismo, se le advirtió que, de no actuar en el término provisto, se entendería allanada a las recomendaciones plasmadas en el mismo.

Examinada la Moción Informativa y en Solicitud de Remedio presentada por la Procuradora, y por el hecho, según surge del expediente, de que la letrada no había observado lo ordenado en la Resolución anterior, el 26 de febrero de 2016, le concedimos 7 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía. A pesar de las múltiples oportunidades que tuvo, la licenciada Marichal Morales optó por ignorar nuestras órdenes y desatender el trámite de la acción disciplinaria.

II

A. Canon 9: conducta del abogado ante los tribunales y ante las entidades judiciales

El Código de Ética Profesional regla las pautas mínimas que deben regir el desempeño de los miembros de la abogacía en nuestra jurisdicción, tanto para beneficio de la ciudadanía y la profesión, como para las instituciones de justicia. In re Crespo Peña, 195 DPR 318 (2016). En lo pertinente, el Canon 9 del mismo cuerpo normativo, 4 LPRA Ap. IX (Canon 9), exige a cada abogado “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Cónsono con lo anterior, todo profesional del Derecho tiene la obligación de observar responsable, diligente y oportunamente cada uno de los mandatos emitidos por los foros judiciales. In re Crespo Peña, supra. En otras palabras, “ ‘[l]a naturaleza de la función del abogado requiere de éste una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes que emiten los tribunales’ ”. In re Ezratty Samo et al., 2016 TSPR 19, pág. 8, 194 DPR Ap. (2016), citando a In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 840 (2010).

Ello incluye el deber de acatar y responder con diligencia nuestros decretos, principalmente aquellos relacionados a un proceso disciplinario. In re Santaliz Martell, 194 DPR 911 (2016); In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753 (2016); In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337 (2015). Lo contrario, una actitud pasiva y displicente ante nuestras órdenes y apercibimientos, constituye una afrenta directa a la auto-ridad de este Tribunal y a nuestro poder inherente de regular el ejercicio de la profesión legal, que transgrede el Canon 9 y que acarrea la suspensión inmediata e indefinida de la abogacía. In re Santaliz Martell, supra; In re Nieves Vázquez et al., 2016 TSPR 22, 194 DPR Ap. (2016); In re Rodríguez Zayas, supra. “Idéntica consecuencia supone el incumplir con los requerimientos de entidades a las cuales le[s] hemos delegado alguna función en la tarea de regular el ejercicio de la profesión, como lo son la Oficina de la Procuradora General, la Oficina de Inspección de Notarías y la Junta del [Programa de Educación Jurídica Continua]”. In re Ezratty Samo et al., supra, págs. 8-9.

B. Regla 9(j) del Tribunal Supremo: actualización de la información en el RUA

En lo pertinente, la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, obliga a todo abogado a mantener actualizada su información personal en la base de datos del Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). 4 LPRA Ap. XXI-B. El fiel cumplimiento con este precepto regla-mentario garantiza el ejercicio eficaz de nuestra facultad de velar porque los miembros de la clase togada cumplan con sus deberes ético-profesionales, es decir, que atiendan con prontitud y diligencia las comunicaciones que se le remitan. In re Nieves Vázquez et al., supra; In re Ezratty Samo et al., supra. Lo contrario, no tan solo obstaculiza el ejercicio de nuestra autoridad disciplinaria, sino que además constituye, por sí mismo, un fundamento suficiente para decretar la separación inmediata e indefinida de un abogado de la práctica de la profesión legal. In re Nieves Vázquez et al., supra. In re Álvarez Westwood et al., 194 DPR 960 (2016).

III

La conducta desplegada por la licenciada Marichal Morales revela un patrón de desdén y desafío a la autoridad de este Tribunal que nos parece inexcusable. Si bien la licenciada Marichal Morales indicó en un momento determinado estar atravesando por una situación personal que ha limitado su práctica del Derecho, ello no justifica el abandono de sus deberes ético-profesionales. Pese a todo el tiempo transcurrido y a las múltiples oportunidades que le fueron concedidas, la abogada no realizó esfuerzo alguno que denotara su intención de cumplir con las órdenes de esta Curia o con los requerimientos de la ODIN y de la Procuradora, en patente desafío al Canon 9 de Ética Profesional, supra.

Es pertinente destacar que la licenciada Marichal Morales hizo caso omiso a los requerimientos de la ODIN y de la Oficina de la Procuradora General, entidades judiciales que nos sirven de apoyo en la delicada tarea de regular la profesión legal. Con su falta de diligencia, además, provocó que en más de una ocasión las notificaciones que le fueran remitidas llegaran devueltas. Además, ignoró nuestras órdenes y se desvinculó de todo el trámite disciplinario en su contra. Ciertamente, este Tribunal no va a tomar livianamente la actitud de indiferencia y menosprecio de un abogado hacia nuestras órdenes.

IV

En conformidad con los fundamentos antes expuestos, decretamos la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Isamar Marichal Morales del ejercicio de la abogacía y de la notaría a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. Por tal razón, le ordenamos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos. Asimismo, se le ordena que devuelva a sus clientes tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Se le impone, además, la obligación de informar inmediatamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Por último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la abogada suspendida, Sra. Isamar Marichal Morales, y los entregará al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal. Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y sentencia a la Sra. Isamar Marichal Morales a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La Leda. Isamar Marichal Morales (licenciada Marichal Morales) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 16 de enero de 1997 y al de la notaría el 6 de abril de 1998.

       Surge de una Certificación emitida el 29 de octubre de 2014 por la Jefa del Registro General de Competencias Notariales, la Sra. Johanna Díaz Burgos, que la abogada omitió someter los índices mensuales correspondientes a los siguientes me-ses:
      a. enero, mayo, julio, octubre a diciembre de 2012

      b. enero, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de 2013
      c. marzo y julio de 2014

       Del Informe presentado por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús (Director de la ODIN), surge que la carta enviada a la abogada por correo ordinario no fue devuelta.

       Específicamente, la susodicha certificación refleja que la abogada adeuda los índices notariales de los meses de enero, mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2012, así como los de los meses de enero, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre 2013.

       El 5 de abril de 2016 el Director de la ODIN presentó un escrito mediante el cual nos indicó que el término que le fuera concedido a la abogada de epígrafe había vencido, sin que ésta atendiera el asunto vertido en la Resolución de 26 de febrero de 2016.

       Los Srs. Luis E. Pérez Collazo y Carmen D. Rivera Alicea (señores Pérez y Rivera o promoventes) plasmaron lo siguiente en la Queja presentada en contra de la abogada: “Despu[é]s de años, m[ú]ltiples e[x]cusas o razones entendemos que no cumplifó]. Sentimos que nos minti[ó], evadi[ó] el regreso de llamadas o informarnos ciertamente del caso”. Queja AB-2013-0109.

       De su carta se infiere que la abogada recibió un pelotazo en el rostro, por lo que necesitó de ciertas intervenciones quirúrgicas. Según manifestara la abogada en su comunicación escrita, tanto las molestias post operatorias, así como los medica-mentos recetados, le habían dificultado reintegrarse a sus labores.

       El expediente de la Queja fee referido a la atención de la Oficina de la Procuradora General (Procuradora) el 22 de octubre de 2013.

       Originalmente, el 18 de diciembre de 2013 la Procuradora sometió un escrito mediante el cual nos solicitó un término adicional de 45 días para obtener informa-ción adicional atinente a los trámites realizados por la letrada a favor de sus clientes y para evaluar cómo era la comunicación entre las partes.

       Del escrito presentado por la Procuradora consta, además, que el 23 de diciembre de 2013 la abogada solicitó mediante correo electrónico hasta el 7 de enero de 2014 para responder al requerimiento de información que le fuera cursado, pero se le otorgó hasta el 10 de enero de 2014. Vencido el término conferido para actuar, el 14 de enero de 2014 la licenciada Marichal Morales remitió otro mensaje de correo electrónico para informar que su esposo estaba confrontando una situación de salud que le había imposibilitado volver a trabajar, por lo que pidió hasta el 20 de enero de 2014, a lo cual la Procuradora accedió.

       El 1 de agosto de 2014 la Procuradora nos sometió un escrito para informar-nos que a esa fecha la abogada no había comparecido a esa dependencia ni había cumplido con suplir la información que se le había solicitado.

       Todo notario está obligado a observar, tanto la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., como su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIV. “[Éste] debe tener un cuidado extremo y debe desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional”. In re Santaliz Martell, 194 DPR 911, 924 (2016). Véase, además, In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753, 757 (2016). Cónsono con lo anterior, el fallar a sus deberes los somete a la facultad disciplinaria de este Tribunal. In re Santaliz Martell, supra; In re Santiago Rodríguez, supra.

       De acuerdo con el texto de la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, los abogados tienen que actualizar la siguiente información en la base de datos del Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA): los números de teléfono de su oficina, el personal y el fax; su dirección postal personal y de la oficina; la dirección física de su residencia y de su oficina; la localización de oficina notarial, si la tiene; la dirección seleccionada para recibir las notificaciones, y su dirección de correo electrónico.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re William Rivera Herrans.

      Número: AB-2014-56

      Resuelto: 3 de junio de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Yaiza-marie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; William Rivera Herrans, pro se.

   per curiam:

I

El Ledo. William Rivera Herrans (licenciado Rivera He-rrans) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 9 de sep-tiembre de 1994.

El asunto de autos consiste en que el licenciado Rivera Herrans fue encontrado culpable por el delito de agresión grave de tercer grado en el caso criminal Núm. KIC2009G0023. La Oficina de la Procuradora General nos refirió el asunto para el trámite de rigor. Como corolario, emitimos una Resolución el 8 de abril de 2014, en la que ordenamos al licenciado Rivera Herrans expresarse sobre este asunto.

El licenciado Rivera Herrans compareció en el término ordenado. A estos efectos, se limitó a señalar que había presentado recursos ante los foros federales y que las ale-gaciones eran falsas. Empero, éste no negó la sentencia de culpabilidad recaída en su contra.

II

No existe duda de que la facultad para regular el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción es inherente a este Tribunal. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802-803 (2014). Véanse, además: In re Doitteau Cruz, 190 DPR 979, 981 (2014); In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 54 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 998 (2013). Tal poder nos permite imponer las sanciones disciplinarias necesarias a los miembros de la profesión. Entre éstas, podemos desaforar o suspender a los abogados y abogadas que no estén aptos para ejercer tan delicado ministerio. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648, 650 (2005). Esa facultad inherente conlleva el ejercicio inseparable de reglamentar la profesión de la abogacía sin restricción alguna, siempre que se le brinde al letrado o letrada el debido proceso de ley al permitir presentar sus defensas. In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945).

En consecuencia, en múltiples ocasiones hemos expresado que los estatutos no confinan ni restringen las razones para ejercer nuestra facultad disciplinaria. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 650. Al contrario, comprenden toda conducta manifestada por el abogado que perturbe su condición moral y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro y de representar a este foro. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, págs. 650-651; In re Morell Corrada, supra, pág. 330. Por ello, este Tribunal ha asentado que toda conducta delictiva de un letrado, que evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando no sea producto o en conexión con el ejercicio de su profesión, es motivo para desaforarlo o suspenderlo. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 651. En esas circunstancias, hemos expresado que constituye depravación moral realizar algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. In re Colón Ledée, supra, pág. 55; In re García Suárez, supra, pág. 999; In re González Díaz, supra, pág. 651.

Conforme a la norma jurídica enunciada, procedemos a atender el asunto ante nuestra consideración.

M hH f—i

Según expresado, el licenciado Rivera Herrans resultó convicto de un delito de agresión grave de tercer grado. La acción incurrida por el letrado violentó gravemente la integridad corporal de otra persona, lo que muestra una falta de respeto a los principios éticos que deben regir la conducta esperada de los miembros de la profesión legal. Asimismo, surge de la contestación del letrado que aún no acepta sus actuaciones, al señalar que los hechos son fal-sos, sin ninguna otra explicación y sin reconocer la fina-lidad de la sentencia criminal dictada en su contra. Ante esta realidad, concluimos que el licenciado Rivera He-rrans no se encuentra apto para ejercer la práctica de la abogacía en nuestra jurisdicción. Por ello, procede que ejerzamos nuestro poder inherente de regular la profesión y lo suspendamos inmediata e indefinidamente del ejerci-cio de la abogacía.

> HH

Según lo expuesto, suspendemos inmediata e indefini-damente del ejercicio de la abogacía al Ledo. William Rivera Herrans. Por consiguiente, se le impone al señor Rivera Herrans el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, y devol-verles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportuna-mente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga al-gún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del tér-mino de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia.

Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y Sentencia al Sr. William Rivera Herrans por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

       Nótese que, en lo pertinente, de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 se desprende que cuando un abogado sea hallado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave —en conexión con el ejercicio de su profesión— o sea culpable de cualquier delito que implique depravación moral, podrá ser suspen-dido o destituido de la profesión. 4 LPRA. see. 735.

       Incluso, hemos señalado que la depravación moral consiste en un estado del individuo, compuesto por una deficiencia en su sentido de la moral y la rectitud, en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana. In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 55 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 999 (2013); In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648, 651 (2005).


text:
      In re Jorge Luis Armenteros Chervoni, querellado.

      Número: CP-2014-2

      Resuelto: 10 de junio de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Zaira Z. Girón Anadón, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradoras generales, Minnie H. Rodríguez López y Edna Evelyn Ro-dríguez Benitez, procuradoras generales auxiliares; Guillermo Figueroa Prieto y Mario A. Rodríguez Torres, aboga-dos del querellado; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

Los contornos fácticos en este caso nos llevan nuevamente a ejercer nuestro rol inherente de regular la profesión legal. En esta ocasión evaluamos la conducta de un abogado a quien se le imputó haber infringido los Cánones 12,18 y 38 del Código de Ética Profesional. A tenor con los fundamentos que expondremos a continuación, cen-suramos enérgicamente la actuación del letrado y le aper-cibimos que de incurrir en nueva conducta antiética, se expone a sanciones disciplinarias más severas.

I

El Ledo. Jorge Luis Armenteros Chervoni (licenciado Armenteros Chervoni) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 21 de enero de 1998. El 3 de junio de 2010 la Sra. Gabriela Quilinchini (señora Quilinchini) presentó una queja en la que alegó que el letrado no fue diligente en su deber de representar sus intereses adecuadamente en un caso de custodia y pensión alimentaria.

Surge del expediente sobre la gestión profesional del li-cenciado Armenteros Chervoni, que en agosto de 2009 la señora Quilinchini contrató verbalmente los servicios del referido letrado. En lo atinente al caso, señaló que el 13 de noviembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la que notificó a las partes que el In-forme Social, necesario para atender la controversia del caso sobre la custodia de la menor, ya estaba disponible para ser examinado. Sin embargo, el licenciado Armente-ros Chervoni no leyó los informes de la trabajadora social y tampoco compareció a la vista de custodia que el tribunal había señalado para el 14 de diciembre de 2009. Alegó que para la vista de custodia el letrado envió a un abogado sustituto que ella no conocía y quien por no estar prepa-rado solicitó la suspensión de la vista. Adujo que ante la incomparecencia del licenciado Armenteros Chervoni el foro de primera instancia concedió a la parte adversa la custodia provisional de la menor. Precisó que el Tribunal de Primera Instancia señaló una segunda vista para el 16 de febrero de 2009, esta vez para dilucidar el asunto de la pensión alimentaria. Empero, a este último señalamiento el letrado tampoco compareció. En consecuencia, la señora Quilinchini afirmó que tuvo que contratar a otro abogado para que la representara en la subsiguiente vista señalada para atender las recomendaciones del Informe Social. Por otra parte, la señora Quilinchini argüyó que durante la vista de pensión alimentaria se le impuso una sanción por ésta no haber contestado un interrogatorio que se le había cursado el 15 de septiembre de 2009. Además, sostuvo que se le denegó presentar prueba pericial (de trabajadora social y psicóloga) en el caso. Ante ello, la nueva represen-tante legal tuvo que recurrir al foro apelativo intermedio mediante recurso de certiorari para solicitar revisión judicial, lo que conllevó gastos adicionales.

Por su parte, en su contestación de la queja, el licen-ciado Armenteros Chervoni justificó su incomparecencia a la vista de custodia debido al hecho de que tenía que litigar en otro juicio ante el foro federal. Alegó que, una vez fina-lizado el juicio en el foro federal tuvo que comparecer in-mediatamente al juicio del llamado caso de la “Masacre de Pájaros”. Ante la relevancia pública de este caso, adujo que existía un acuerdo para eximirlo, a él y a los demás abogados litigantes, de comparecer a los señalamientos que éstos tuvieran ante los foros estatales hasta que el juicio de la “Masacre de Pájaros” concluyera. Puntualizó que de la minuta del 12 de noviembre de 2009, se desprenden las expresiones del juez Juan José Delgado, quien presidía la sala en el foro estatal, en la que éste señaló que de ser necesario se harían los arreglos pertinentes con los demás tribunales ya que no los expondría a una situación en la que tuvieran que responder éticamente con sus clientes. Por otro lado, adujo que presentó una moción para solicitar la posposición del caso federal pero su petición fue denegada sumariamente en dos ocasiones. Asimismo, argumentó que el 11 de diciembre de 2009 presentó una moción en la que solicitó sin éxito la transferencia de la vista de custodia señalada para el 14 de diciembre de 2009. Añadió que, subsiguientemente, el 17 de diciembre de 2009, presentó una moción urgente al Tribunal de Primera Instancia en la que solicitó reconsideración de la determinación de custodia provisional. Sin embargo, la referida moción fue denegada por el foro de primario.

En virtud de los hechos relatados, el 28 de julio de 2011, la Oficina de la Procuradora General presentó un informe en el cual señaló que de acuerdo con la investigación rea-lizada el licenciado Armenteros Chervoni pudo haber in-fringido el Canon 18 por haberse desentendido del caso que llevaba en favor de la señora Quilinchini. Hizo esto inde-pendientemente de que estuviera atendiendo un juicio de gran relevancia pública y de que el referido juez Delgado lo hubiera eximido formalmente de litigar en los casos que tenía pendientes ante el foro estatal.

Tras conceder un término de 20 días al licenciado Armenteros Chervoni para que se expresara en cuanto al informe, el 4 de noviembre de 2011, este Tribunal ordenó a la Procuradora General presentar la querella correspondiente. El 27 de febrero de 2014, la Procuradora General presentó la querella sobre conducta profesional contra el licenciado Armenteros Chervoni para imputarle violaciones a los Cánones 12, 18 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Luego de los trámites de rigor, designamos mediante Resolución de 11 de julio de 2014 a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez, exjueza del Tribunal de Apelaciones para que en presencia de las partes y en calidad de Comisionada Especial, recibiera la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hecho y las recomendaciones que estimara pertinentes. El 6 de julio de 2015 la Comisionada Especial nos rindió el correspondiente informe. En éste concluyó que el licenciado Armenteros Chervoni violó los Cánones 12, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. La Comisionada Especial determinó que el letrado infringió el Canon 12 por su incomparecencia a las vistas de custodia y pensión alimentaria. De igual forma, determinó que la falta de diligencia fue lo que causó las dilaciones en el caso ya que éste no compareció a las vistas, no leyó los informes de la trabajadora social y tampoco contestó los interrogatorios. Además, envió a un abogado sustituto que no estaba preparado.

Ante la prueba presentada la Comisionada Especial también concluyó que se violó el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, ya que los descuidos del letrado lo colocaron ante una difícil situación en ambos foros judiciales. No obstante, apuntó que el cambio de señala-miento de fechas por parte del Tribunal federal fue un as-pecto sobre el cual el licenciado Armenteros Chervoni no tuvo ningún control. Además, la Comisionada Especial pre-cisó que existían atenuantes que este Foro debía considerar. Entre ellos, el hecho de que aun con los errores cometidos y la falta de diligencia desplegada, el licenciado Armenteros Chervoni realizó diversos esfuerzos para tra-tar de cumplir en todos los foros, confiando en las promesas del entonces juez Juan José Delgado, que aparentemente no tuvieron efecto alguno.

II

El Código de Ética Profesional recoge las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la pro-fesión legal. Éste promueve un comportamiento ejemplar por parte de los abogados en el desempeño de su labor. En lo pertinente al caso ante nos, el Canon 12, supra, dispone lo siguiente:

Canon 12. Puntualidad y tramitación de las causas
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente.

El precitado canon le impone al abogado, además de ser puntual y diligente al momento de tramitar las causas, ser responsable en la tramitación de los casos que le son enco-mendados para evitar que haya trabas en la resolución del litigio. En otras palabras, los abogados y abogadas tienen la responsabilidad de cumplir con todas las gestiones legales encomendadas para evitar entorpecer el curso y la solución de un pleito. Por ello, este postulado ético le impone la obligación al abogado de ser puntual en su asistencia y conciso en el trámite y presentación de los casos. El objetivo principal del referido canon es “evitar demoras indebidas en la tramitación y solución de las causas que impactan negativamente a las partes y al sistema de justicia”.

Por su parte, el Canon 18, supra, expone el deber de defender los derechos del cliente diligentemente, desple-gando en cada caso el más profundo saber y habilidad. El referido canon dispone lo siguiente:

Canon 18. Competencia del abogado y consejo al cliente
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

Esta disposición ética le impide al notario actuar de forma indiferente y sin la diligencia requerida en dicho canon. El aludido precepto ético dispone que es impropio que un abogado asuma la representación legal de un cliente cuando está consciente de que no puede realizar una labor adecuada y competente. De esta forma, el abogado tiene un deber de competencia, cuidado y diligencia que ha de ejercer al tramitar los asuntos encomendados por su cliente. Por consiguiente, “el letrado que acepta representar a un cliente, pero no hace gestión profesional con ese propósito, comete una violación ética”. Anteriormente, hemos puntualizado que una de las situaciones que constituye una violación al deber de diligencia que impone el Canon 18 es el desatender los trámites de una causa de acción que lleva el abogado a favor de su representado.

Ahora bien, por otra parte hemos señalado que “los cánones de ética profesional no son, ni deben convertirse, en armas procesales adicionales para adelantar los intereses individuales de una de las partes en un caso”. Así, “[l]a falta de diligencia que da lugar a sanciones éticas tiene que ser crasa, que denote falta de competencia o un menosprecio al sistema de administración judicial”. Normalmente, los tribunales de instancia deben atender y resolver las dilaciones o los incidentes procesales en un caso.

Asimismo, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que el abogado o la abogada “deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque [a]l así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Además, dispone que por la confianza pública que se deposita en el abogado, éste debe conducirse en forma digna y honorable tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión.

Por último, la Regla 14(h) del Reglamento de este Tribunal, introduce la figura del Comisionado Especial a los procesos disciplinarios. Esta disposición reglamentaria nos concede discreción para nombrar a un Comisionado, quien tendrá la responsabilidad de celebrar las vistas, recibir la prueba, dirimir la evidencia conflictiva y rendir un informe con sus determinaciones fácticas. Contamos con la facultad de adoptar, modificar o hasta rechazar el informe de un Comisionado. Ya que ejerce una función similar a la de un juzgador de hechos al aquilatar la prueba y adjudicar la credibilidad, de ordinario, sus determinaciones gozan de nuestra deferencia, salvo que medie pasión, error manifiesto, prejuicio o parcialidad.

Cabe señalar, que ante el hecho de que un procedimiento disciplinario contra un abogado puede acarrear la pérdida de su título profesional, afectándose su derecho fundamental a ganarse el sustento, la carga probatoria es mayor a la requerida en los procesos civiles. Por tal razón, el quantum de prueba aplicable a los procedimientos éticos contra los miembros de la profesión legal es el de prueba clara, robusta y convincente.

Ahora bien, al momento de fijar la sanción a un abogado que ha infringido el Código de Ética Profesional ponderamos los factores siguientes: (1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su primera falta y si no ha causado perjuicio a alguna parte; (4) la aceptación y arrepentimiento sincero por las imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta; (6) si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo de lucro, y (8) cualquier otra consideración atenuante o agra-vante aplicable a los hechos.

III

Al licenciado Armenteros Chervoni se le imputa haber infringido los Cánones 12, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Tras evaluar todo el expediente, la prueba estipulada, así como el Informe de la Comisionada Especial, concluimos que éste quebrantó los Cánones 12, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. En síntesis, las actuaciones de este abogado pusieron en riesgo la causa de acción de su cliente al no ser puntual en el trámite y la presentación de su caso. Además, su falta de diligencia se manifestó al no informar a su cliente en el caso sobre cus-todia, el hecho de que enviaría a un abogado sustituto y, tanto al foro local como a su cliente, sobre el conflicto en calendario por el señalamiento del caso federal. En este sentido, no podemos avalar el argumento del licenciado Armenteros Chervoni en cuanto a que las vistas (del caso en el foro estatal como en el foro federal) fueron señaladas para el mismo día y que ello fue la razón por la cual éste no pudo comparecer a la vista de custodia. Surge del expediente que el licenciado Armenteros Chervoni conocía sobre el señalamiento del caso de custodia desde el 23 de noviembre de 2009 y, además, la certificación del caso en el tribunal federal le fue notificada el 1 de diciembre de 2009.

Por último, nos resta examinar los factores atenuantes o agravantes que inciden en la sanción a imponer. A tales efectos, la Comisionada Especial nos sugirió que acogiéra-mos como atenuante el hecho de que el cambio de señalamiento de fechas por parte del Tribunal federal fue un aspecto sobre el cual el licenciado Armenteros Chervoni no tuvo ningún control. Es decir, el abogado descansó en una aparente orden de la Administración de Tribunales por un alegado acuerdo entre esta última y el Juez Administrador de la Región de Bayamón en el que, tanto el licenciado Armenteros Chervoni como los demás abogados, se les aseguró que serían eximidos de los compromisos y vistas que éstos tuviesen ante los demás foros judiciales. Ello se debió al alto interés público y la importancia que revestía en aquel momento el caso de la llamada “Masacre de Pájaros”. Además, surge del Informe de la Comisionada Especial que el letrado realizó diversos esfuerzos para tratar de cumplir con los trámites que tenía encomendados en los distintos foros.

IV

Considerado todo lo anterior, censuramos enérgicamente al licenciado Armenteros Chervoni y le apercibimos que de incurrir nuevamente en una conducta contraria a los cánones del Código de Etica Profesional que rigen la profesión de la abogacía, será sancionado rigurosamente. Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y sentencia al Ledo. Jorge Luis Armenteros Chervoni a través de la oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       4 LPRA Ap. IX.

       Véase Informe de la Procuradora General, págs. 3-4. Véase, además, la con-testación de la queja titulada Moción expresándonos sobre el Informe de la Procuradora General, Anejo 1, pág. 6; Anejos 2 y 3. En su contestación al Informe de la Procuradora General, el letrado incluyó copia de la prueba documental que sustenta sus alegaciones y la cual forma parte de los autos de este caso.

       Íd., pág. 7.

       Ese foro determinó, entre otras cosas, que el licenciado Armenteros Chervoni conocía desde el 23 de noviembre de 2009 el conflicto en calendario y no lo informó a tiempo.

        In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 660 (2015); In re Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013).

        In re Hernández González, supra, pág. 727; In re López Montalvo, 173 DPR 193, 200 (2008).

        In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1009 (2013).

        In re Irizarry Rodríguez, supra. Véase, además, In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 391 (2014).

        In re Irizarry Rodríguez, supra, pág. 662.

        In re Pizarro Colón, 151 DPR 94, 105 (2000).

        In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 751 (2014).

       Íd.

        In re Díaz Nieves et als., supra, pág. 1012.

        In re García Ortiz, 187 DPR 507, 516 (2012).

       Íd.

       Íd.

        In re Morales Lozada, 192 DPR 239, 243 (2015).

       4 LPRA Ap. XXI-B.

        In re Irizarry Rodríguez, supra, págs. 666-667; In re Salas Arana, 188 DPR 339, 346 (2013); In re Guzmán Guzmán, 181 DPR, 511 (2011).

        In re Irizarry Rodríguez; In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 228 (2015); In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 146 (2014).

        In re Irizarry Rodríguez, supra, pág. 667; In re Salas Arana, supra, pág. 346; In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 585 (2001).

        In re Irizarry Rodríguez, supra; In re Salas Arana, supra, págs. 346-347; In re Caratini Alvarado, supra; In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 417 (2011).

        In re De León Rodríguez, supra, pág. 396; In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 593 (2012); In re Plaud González, 181 DPR 874, 887-888 (2011).

       Recientemente, en In re Santos Cruz, 193 DPR 224 (2015), censuramos enérgicamente a un abogado por haber infringido los Cánones 18 y 19, ya que su falta de diligencia provocó el archivo de la causa de acción de su cliente al éste dejar de presentar una solicitud de emplazamiento por edicto dentro del término requerido. Por otro lado, en In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 591 esc. 12 (2015), señalamos que luego de haber realizado un estudio de la jurisprudencia, encontra-mos cierta uniformidad en las sanciones impuestas a los abogados y abogadas que infringían los Cánones 12, 18 y 38. Entre las actuaciones constitutivas de tales infracciones encontramos que: (1) en In re Pietri Torres, 191 DPR 482 (2014), amones-tamos a un abogado que interpuso tardíamente un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, por infringir el Canon 18; (2) en In re Díaz Nieves et als., supra, amonestamos a una de las abogadas disciplinadas en el caso por presentar un recurso apelativo transcurrido el término jurisdiccional; (3) en In re Hernández González, supra, censuramos enérgicamente a un letrado por faltar a los Cánones 12, 18 y 19 (4 LPRA Ap. EX), ya que su falta de diligencia ocasionó el archivo de un caso sin perjuicio; (4) en In re Cotto Luna, supra, censuramos enérgicamente a un abogado que infringió los Cánones 18 y 38 al presentar una apelación ante la CIPA fuera del término jurisdiccional; (5) en In re Pietri Castellón, 185 DPR 982 (2012), censuramos enérgicamente al licenciado Pietri Castellón por faltar a los Cánones 6, 12, 18 y 19, supra, al no mantener a su representada informada e incumplir varias órdenes de un organismo administrativo, ocasionando la desestimación de lo encomendado, y (6) en In re Mulero Fernández, 174 DPR 18 (2008), censuramos enérgicamente a la licenciada Mulero por faltar a los Cánones 18 y 19, al desatender una encomienda provocando que la cliente perdiera su causa de acción.


text:
      In re Carmen del R. Collado Ruiz, querellada.

      Número: CP-2013-8

      Resuelto: 10 de junio de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, aboga-das de la parte querellante; Luis R. Lugo Emanuelli y Je-sús Bird Serrano, abogados de la parte querellada; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

Los hechos acaecidos en este caso nos permi-ten reiterar a los miembros de la profesión jurídica que la práctica de la notaría requiere un alto grado de dedicación y esmero en su ejecución. Cuando no se ejerce la notaría con el empeño requerido, se coloca en riesgo la fe pública, que es la piedra angular de nuestro derecho notarial. Vea-mos los antecedentes fácticos que originaron este procedi-miento disciplinario.

I

La Leda. Carmen del R. Collado Ruiz (licenciada o que-rellada) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 6 de no-viembre de 1979 y al de la notaría el 30 de noviembre del mismo año.

El 26 de abril de 1989, la licenciada Collado Ruiz autorizó un contrato privado de compraventa de un solar que no estaba segregado ni inscrito en el Registro de la Propiedad. Compareció como parte vendedora, el matrimonio compuesto por la Sra. Doris L. Rosa Carrión y su entonces esposo, el Sr. Emilio Larrión Querrol (señor Larrión), y como parte compradora, la Sra. Aida L. Carbonell Burgos (señora Carbonell Burgos o quejosa). El contrato estaba condicionado a que la letrada realizara varios trámites de segregación y que autorizara las correspondientes escrituras para la posterior inscripción de la propiedad en un término de tres años. Concluidas estas gestiones y transcurrido ese término, se completaría el pago de la compraventa.

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2006, la señora Carbonell Burgos presentó una queja contra la licenciada Collado Ruiz. Alegó que transcurridos más de doce años desde que fue autorizado el contrato privado de compraventa, la notaría no había completado la gestión encomendada. Adujo que tuvo que darle seguimiento personalmente hasta que, finalmente, en 2003 se otorgó la escritura correspondiente.

Cabe señalar, que la licenciada Collado Ruiz cometió va-rias infracciones y faltas notariales en varios documentos posteriores al otorgamiento del contrato privado; además de las actuaciones erradas en su gestión como notaría du-rante el trámite para formalizar la compraventa. Veamos.

Según detalla el expediente del caso, la finca objeto del contrato privado de compraventa (solar Núm. 5) procedía de otro predio que pertenecía, a su vez, a otra finca de mayor cabida que no estaba segregada (Finca Núm. 732). Transcurridos seis años desde el otorgamiento del contrato privado de compraventa, el señor Larrión, quien fue uno de los vendedores del bien inmueble en cuestión, falleció. Como parte de las gestiones con la Sucesión Larrión, en noviembre de 2000, la querellada autorizó una escritura de Protocolización de Poder, en la que se nombró como apoderado a uno de los hijos del causante.

En abril de ese mismo año, la licenciada Collado Ruiz autorizó una escritura de Ratificación de Segregación de Compraventa (Primera Escritura) a la cual comparecieron el apoderado de la Sucesión Larrión, la viuda y una hija de ésta, para ratificar la compraventa concretada mediante contrato privado a favor de la quejosa. El bien inmueble objeto del contrato se identificó como “el predio número 5 procedente de otro predio” del cual no se ofrecieron datos regístrales, que a su vez procedía de la “Parcela F”, inscrita como la “Finca Número 732 de Canóvanas”. En esa escritura la licenciada Collado Ruiz únicamente consignó que los vendedores eran “dueños en pleno dominio” del predio objeto del contrato y que la segregación del solar objeto de la escritura había sido autorizada por la otrora Autoridad de Reglamentos y Permisos (ARPE).

Posteriormente, en junio de 2003, la querellada autorizó una segunda escritura sobre Ratificación de Segregación y Compraventa (Segunda Escritura). Al otorgamiento de esa escritura comparecieron los miembros de la Sucesión Larrión, la viuda Doris L. Rosa Carrión y un hermano de ésta. En la aludida escritura, la notaría por primera vez explicó la procedencia de la Finca Núm. 732. En cuanto a ello, señaló que la finca le pertenecía a Crescencio Rosa Pérez (don Crescencio). Añadió que ésta había sido objeto de varias segregaciones, ventas y cesiones a favor de los hijos de don Crescencio, Ángel Enrique y Doris Rosa. Empero, la querellada no figuró información sobre la declara-toria de herederos o documento alguno que acreditara quién o quiénes eran los herederos de don Crescencio. Tampoco ofreció referencia sobre qué documento acreditaba las transacciones realizadas. Así las cosas, la licenciada Collado Ruiz presentó una acción de declaratoria de herederos ante el Tribunal de Primera Instancia para la Sucesión de don Crescencio. A pesar de que la resolución fue emitida el 1 febrero de 2005, no fue hasta el 28 abril del 2006 que la querellada presentó instancia ante el Registro de la Propiedad para inscribirla.

Conforme a lo anterior, el 7 de marzo de 2009, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) rindió un Informe sobre la queja presentada. En cuanto a las actuaciones notariales de la licenciada Collado Ruiz, éstas no están en disputa. De hecho, la abogada aceptó que incurrió en las numerosas fal-tas y deficiencias señaladas en el informe. Además, previo a que este Foro ordenara la presentación de la querella que nos ocupa, la quejosa solicitó el desistimiento de la queja ya que el inmueble finalmente fue inscrito en el Registro de la Propiedad y ésta íue compensada económicamente por la querellada.

No obstante, el 8 de octubre de 2012 ordenamos a la Procuradora General que presentara la querella de acuerdo con la Regla 14 de nuestro Reglamento. Subsiguientemente, el 22 de febrero de 2013, la Oficina de la Procuradora General presentó la Querella y le imputó a la letrada violaciones a los Cánones 18, 19 y 35 del Código de Etica Profesional; al Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial); al Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), y al Art. 57 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria). Luego de varias prórrogas, la licenciada Collado Ruiz con-testó la querella. En esencia, aceptó los hechos y reconoció que no obró con la diligencia requerida en la otorgación de las escrituras públicas descritas. Sin embargo, aclaró que finalmente se logró la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad a favor de la quejosa.

Después de recibir la contestación de la querellada, de-signamos a la Leda. Eliadís Orsini Zayas como comisionada especial para que recibiera la prueba y nos rindiera un in-forme con sus determinaciones de hecho y recomendaciones pertinentes. Las partes sometieron el caso a base de la prueba documental existente en los expedientes del Tribunal. La única prueba testifical consistió en los testimonios de tres testigos de reputación quienes coincidieron en que la letrada goza de una excelente reputación en la comunidad. La comisionada especial señaló en su Informe que la letrada aceptó las faltas imputadas. Por ello, nos recomendó que sancionáramos a la querellada, limitándole el ejercicio de la notaría por un año y permitién-dole autorizar únicamente testimonios y declaraciones de autenticidad. Tanto la procuradora general como la quere-llada tuvieron la oportunidad de reaccionar al Informe de la comisionada especial. Examinados los hechos ante nuestra consideración, estamos en posición de resolver.

HH (—]

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, que “[e]s deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desple-gando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Es innegable que este canon consagra un deber ineludible, según el cual el abogado o abogada debe manifestar todo su conocimiento y sus destrezas en favor de la causa de su cliente.

Hemos señalado que “ ‘[c]uando se infringe el Canon 18, el perjuicio directo lo padece la propia parte negligente no logrando la concreción de lo pretendido’ ”. Por tal razón, la referida norma ética prescribe y enfatiza la necesidad de que los abogados empleen toda su habilidad y co-nocimiento de forma tal, que su actuación en la gestión a la que se comprometió, no repercuta en perjuicio de los mejores intereses de su cliente, ya sea por descuido, negligencia o dilación indebida en los trámites de su caso. Nótese que, a pesar de que este canon menciona la labor idónea en rela-ción con el cliente, reiteradamente hemos interpretado que el mismo aplica a la labor del abogado-notario, ya que el notario, como abogado, está obligado por los Cánones del Código de Ética Profesional. Por lo tanto, el Canon 18 impide al notario actuar de forma indiferente y sin la dili-gencia requerida en este.

Por otro lado, el Canon 19, en lo que atañe a la conducta que nos compete, dispone que “ [e] 1 abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Así, en un sinnúmero de ocasiones hemos expresado que la obligación que impone el Canon 19 “constituye un elemento imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente”. A tales efectos, hemos señalado que “constituye un deber ético independiente de la diligencia que, en virtud del Canon 18, se le exige al abogado en todo momento durante su gestión profesional”. Por ello, el Canon 19 impone al notario la obligación de asesorar legalmente a los otorgantes sobre las posibles consecuencias jurídicas que puede tener el negocio jurídico celebrado. En consecuencia, cuando el notario no informa a los otorgantes sobre las circunstancias del otorgamiento y sus efectos, el notario infringe el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

En ese contexto, en In re Pizarro Colón, 151 DPR 94 (2000), dijimos que el abogado en su función notarial está obligado a realizar “las averiguaciones mínimas que requieren las normas más elementales de la profesión [y las leyes aplicables] y que en aquellas ocasiones en que tenga duda sobre lo expresado por el otorgante, indague más allá de lo requerido comúnmente”. Por lo tanto, antes de autorizar una escritura, es de vital importancia que el notario conozca la realidad registral de la propiedad como principal custodio de la fe pública. Ante esa responsabilidad, el notario tiene el insoslayable deber de lograr que los otorgantes concurran al acto notarial en un estado de conciencia informada. Es decir, si el notario desconoce el estado registral de la propiedad sobre la cual se otorga la es-critura, no podría informarles debidamente a los otorgantes de las posibles consecuencias que puedan ocurrir en el ne-gocio jurídico. De manera que la información que proveería a los otorgantes no le constaría de propio conocimiento y correría el riesgo de que la información compartida sea incierta. Por ello, aquel notario que al autorizar una es-critura no demuestre la competencia y diligencia exigida en el ejercicio de la notaría y que tampoco se asegure de pro-veer a los otorgantes la información que le conste sea cierta, viola los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. Esto es importante, ya que cuando el notario o nota-ría otorga un instrumento público imprime en ellos una ga-rantía de fe pública. Por lo que al quebrantar esa dación de fe está cometiendo una falta grave en el ejercicio de la notaría. Tales actuaciones constituyen una violación, no únicamente a los cánones del Código de Ética Profesional, sino también a las disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento. Esto conlleva la imposición de una severa me-dida disciplinaria.

Sobre este particular, el Art. 15(f) de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2033(f), dispone que el abogado o abogada tiene el deber de hacer todas las advertencias legales per-tinentes durante el acto de otorgamiento. Por lo tanto, y como mencionáramos previamente, antes de autorizar una escritura pública el notario debe conocer los antecedentes registrales de la propiedad para asegurarse de que lo expre-sado es cierto. El notario no puede simplemente ignorar el estado registral de una propiedad al momento de autorizar una escritura de segregación, por ejemplo. De lo contrario, estaría dando como cierto un hecho que es incompatible con la realidad registral, violando la fe pública notarial que, como sabemos, constituye la “espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental notarial”.

En lo atinente a la conducta de la licenciada Collado Ruiz, en In re López Maldonado, 130 DPR 863 (1992), expresamos lo siguiente:

Un abogado-notario viola la fe notarial al no hacer nn estu-dio de título en el Registro de la Propiedad y proceder a pre-parar y a autorizar una escritura —dando fe de que se hace un traspaso de una finca— cuando en realidad el traspaso es de un solar segregado y aún no inscrito y no sobre la finca des-crita en la escritura. También viola la fe notarial el dar fe en una escritura de que la finca está inscrita a nombre de una persona cuando de los libros del Registro de la Propiedad surge que esto no es cierto.

En conclusión, el notario debe asegurarse del fiel cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, so pena de que se tomen medidas disciplinarias en su contra. No hacerlo sería apartarse de la conducta exigida por el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra. En lo pertinente, este canon dispone que el abo-gado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos y al presentar sus causas. Cónsono con lo enunciado, hemos resuelto que se infringe el referido canon por el simple hecho de faltar a la verdad, independientemente de los motivos de la falsedad. A esos efectos, no es necesario que el notario haya faltado a la verdad deliberadamente o con la intención de defraudar o engañar. Tampoco es necesario causar daño a un tercero. Tales manifestaciones no constituyen una defensa ante la violación ética.

Finalmente, debemos puntualizar que no estamos obligados a sostener las determinaciones de hechos realiza-das por un comisionado especial. Estas merecen nuestra de-ferencia, salvo que se demuestre pasión, prejuicio, parciali-dad o error manifiesto en su apreciación de la prueba. No obstante, esa deferencia aplica cuando las determinaciones de hechos están basadas en prueba testifical, pues es cuando el comisionado especial se encuentra en una mejor posición para aquilatar la prueba. Ahora bien, “cuando esas determinaciones estén basadas en la prueba documental que obra en el expediente, el tribunal revisor está en igual posición que el Comisionado Especial, y por ende, puede adoptar, modificar o rechazar tal informe”. Establecido el marco doctrinal aplicable, procedemos a determinar si la notaría incurrió en las violaciones imputadas.

III

Sabido es que cuando adjudicamos casos relacionados a violaciones éticas debemos tomar en consideración los agravantes y atenuantes que apliquen. Así, al determinar la sanción disciplinaria que vamos a imponer a un abogado que ha incurrido en conducta impropia, debemos considerar su historial profesional. Evaluamos, entre otras cosas, la reputación del abogado en la comunidad, si se trata de una primera falta, si ninguna parte ha resultado perjudicada, la aceptación de la falta y el resarcimiento al client e.

En este caso, debemos reconocer que es la primera vez que la licenciada Collado Ruiz se enfrenta a un proceso disciplinario. Además, sabemos que ésta aceptó todos sus errores, demostró estar verdaderamente arrepentida por las faltas en que incurrió se responsabilizó de subsanar las deficiencias de las escrituras objeto de la controversia y se aseguró de inscribir en el Registro de la Propiedad el in-mueble que la quejosa adquirió. Incluso, le entregó $8,000 a la quejosa para recompensar los gastos incurridos en el negocio jurídico autorizado y demostró a través de sus testigos que tiene una buena reputación en la comunidad. En síntesis, la licenciada Collado Ruiz subsanó todos sus erro-res y logró la transmisión del inmueble y su subsiguiente inscripción en el Registro de la Propiedad.

Ahora bien, el hecho de que un notario subsane todas las deficiencias no es suficiente para liberarlo de responsabilidad. Esto, porque la función que ejerce el no-tario, como custodio de la fe pública, requiere que éste sea sumamente cuidadoso y que preste gran atención y esmero en las gestiones que realiza. Al respecto, hemos reafirmado que “el ejercicio del notariado exige un grado razonable de organización administrativa, supervisión, responsabilidad y consciencia pública”. En lo que respecta al caso ante nos, es evidente que la licenciada Collado Ruiz no empleó la atención y el esmero requeridos en sus funciones como notaría. Un examen del expediente refleja que la abogada autorizó alrededor de diez documentos tratando de rectifi-car o subsanar sus propios errores. Sin embargo, a pesar de ello, repetía las mismas faltas una y otra vez. Particu-larmente, la omisión de las advertencias legales, dejar de exponer información sobre los otorgantes, dejar de exponer la información necesaria de ella como notaría autorizante, la descripción incompleta e incongruente de solares, el omitir el tracto sucesivo de las cabidas, entre otras.

También, surge del expediente del caso que la letrada recibió una comunicación por parte del Bufete Carlos M. García Rullán, en la que se le solicitó que aclarara nume-rosas interrogantes que surgían de varias escrituras auto-rizadas por ella. Entre las aclaraciones solicitadas están: la falta de datos de inscripción de las fincas segregadas, la falta de documentos complementarios importantes para la inscripción de las correspondientes escrituras en el Regis-tro de la Propiedad, confusión con respecto a la cabida de las fincas segregadas, datos incongruentes entre la infor-mación de las escrituras y la autorización de ARPE para la segregación de fincas. En fin, un sinnúmero de errores y faltas que ponen de manifiesto la nefasta gestión notarial de la licenciada Collado Ruiz.

De otra parte, en la Primera Escritura (sobre ratifica-ción y compraventa) la licenciada Collado Ruiz consignó que los vendedores eran dueños en pleno dominio del in-mueble, cuando constaba inscrito en el Registro de la Pro-piedad a nombre de otra persona. Esto demuestra que la letrada no verificó el historial registral del inmueble. De igual forma, la letrada tampoco consignó que el predio del cual procedía el solar 5 no constaba inscrito en el Registro de la Propiedad, como finca separada de la Finca Núm. 732; no orientó adecuadamente a la quejosa sobre las con-secuencias de adquirir un inmueble que aparecía inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de otra persona. Más importante aún, no realizó las advertencias necesarias y esenciales sobre el negocio jurídico en cuestión. Además, en tres ocasiones distintas, la licenciada Collado Ruiz omitió la información sobre nombre, vecindad y sitio de oficina de la notaría autorizante apartándose así de las disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento. Tales actuaciones, en unión a todos los errores y faltas cometidos en las escritu-ras públicas, demuestran una falta de diligencia por parte de la querellada en su quehacer jurídico.

Por último, en la Segunda Escritura de ratificación de segregación y compraventa no figuró información sobre la declaratoria de herederos o documento alguno que acreditara quién o quiénes eran los herederos de Don Crescencio, verdadero dueño de la Finca Núm. 732. Ello en violación a la fe pública notarial, al Art. 57 de la Ley Hipotecaria, supra, y en consecuencia, del Canon 35.

Cónsono con los hechos del caso ante nos, colegimos que la licenciada Collado Ruiz cometió las violaciones imputadas. Según reseñado, las actuaciones y omisiones de la letrada reflejan su patente indiferencia respecto sus deberes como abogada y notaría. De esa forma, la querellada violó los Cánones 18, 19 y 35 del Código de Ética Profesional, supra. En conclusión, se apartó de los deberes exigidos en la Ley Notarial, la Ley Hipotecaria y los cánones del Código de Ética Profesional.

IV

Por los fundamentos que anteceden, decretamos la suspensión inmediata de la Leda. Carmen Collado Ruiz de la práctica de la notaría por el término de tres meses. La Oficina de Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato, a incautar la obra protocolar y sello notarial de la licenciada Collado Ruiz y entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación e informe correspondientes. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” a la licenciada Collado Ruiz por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Según el Informe de la Comisionada Especial, el contenido del documento reflejaba ser una opción de compra aunque se le denominó “escritura de contrato de compraventa”.

       Cabe señalar que no fue sino hasta diez años luego del fallecimiento del señor Larrión que la licenciada Collado Ruiz presentó una instancia ante el Registro de la Propiedad con el fin de inscribir la declaratoria de herederos del causante.

       Surge del expediente del caso que en ese momento la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) aún no había aprobado la segregación.

       El 9 de julio de 2004, mediante Acta de Subsanación, la licenciada Collado Ruiz subsanó la deficiencia en la omisión de nombre, vecindad y sitio del notario autorizante en las escrituras. Posteriormente, el 28 de agosto de 2006, la letrada autorizó una nueva Acta de Subsanación para aclarar que en una escritura anterior describió erróneamente el solar 5 vendido a la quejosa, ya que ese predio aparecía como “Lote 5” y también como “Lote H-l” en distintos planos.

      4 LPRA Ap. XXI-B.

       4 LPRA Ap. IX.

       4 LPRA sec. 2001 et seq.

       4 LPRA Ap. XXIV.

       30 LPRA sec. 2260.

       La única imputación que la querellada no aceptó fue la violación al Art. 66 de la Ley Notarial, supra. Ello, porque el estado de derecho al momento de los hechos no lo prohibía. Véase el Informe de la Comisionada Especial, pág. 3.

       4 LPRA Ap. IX.

        In re Santos Cruz, 193 DPR 224, 228 (2015). Véase, además, In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433, 442 (2008).

       Íd.; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37-38 (2011) (citando a R.L. Vigo, Ética del abogado: conducta procesal indebida, 2da ed., Buenos Aires, Ed. LexisNexis Abeledo Perrot, 2003, pág. 103).

        In re Pizarro Colón, 151 DPR 94, 105 (2000).

       4 LPRA Ap. IX.

        In re Santos Cruz, supra, pág. 229; In re Colón Morera, 172 DPR 49, 57 (2007). Véase, también, In re Muñoz Morell, 182 DPR 738, 752 (2011); In re García Muñoz, 170 DPR 780, 790 (2007); In re Criado Vázquez, 155 DPR 436, 456 (2001).

        In re Santos Cruz, supra, pág. 230.

       Véase, además, In re Criado Vázquez, supra, pág. 452.

        In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 501 (2013).

        In re Pizarro Colón, supra, pág. 106, citando a In re Vera Vélez, 148 DPR 1, 9 (1999).

       Íd.

       Íd.

        In re Ortiz Gutiérrez, 153 DPR 271, 277 (2001).

        In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753 (2016); In re Toro Imbernón, 194 DPR 499 (2016).

       Íd.

        In re Martínez Sotomayor, supra, pág. 500.

       íd.

       íd.; In re Collazo Sánchez, 159 DPR 769, 774 (2003).

        In re López Maldonado, supra, pág. 866.

        In re Toro Imbernón, supra.

        In re Ojeda Martínez, 185 DPR 1068, 1075 (2012).

        In re Toro Imbernón, supra.

       Íd.

        In re García Ortiz, 187 DPR 507, 521 (2012); In re García Aguirre, 175 DPR 433, 442 (2009).

       Íd.; In re González Ortiz, 162 DPR 80, 85-86 (2004).

        In re García Ortiz, supra, pág. 521.

        In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826, 832 (2013).

       Id. Véase, además, In re García Ortiz, supra, pág. 521.

        In re Montañez Alvarado, 160 DPR 496, 498 (2003).