author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Cortés & Segura, Inc., demandante y apelada, v. Fernando J. Cortés, demandado y apelante.
    No. 4310.

    Sometido: Marzo 31, 1930.

      Resuelto: Mayo 20, 1930.

      F. Soto Gras, abogado de la apelada-apelante; O. B. Frazer & B. Castro Fernández, abogados de la apelante-apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de febrero último esta Corte Suprema dictó sen-tencia en este caso revocando la apelada y declarando la demanda sin lugar con costas. Por la demanda se pedía que se condenara al demandado a entregar a la demandante la posesión de cierto establecimiento mercantil.

El 27 de marzo siguiente la parte demandante archivó su escrito de apelación de la sentencia de esta Corte Suprema para ante la de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, acompañado de un señalamiento de errores.

El propio día 27 de marzo la parte demandada presentó ua escrito oponiéndose a la admisión del recurso. La corte í-eñaló el día 31 de dicho mes para oír a las partes sobre si procedía o no admitir la apelación. Ambas partes compa-recieron y fueron oídas,- concediéndoseles cinco días para archivar memorándums. Sólo archivó el suyo la parte de-, mandada.

Después de un estudio cuidadoso de todas las cuestiones suscitadas y de la ley y la jurisprudencia aplicables, creemos que no hay lugar a admitir la apelación.

La sección 128 (a) del Código Judicial de los Estados Unidos, según fué enmendada por Ley del Congreso de febrero 13, 1925, en lo pertinente, dice:

“Las cortes de circuito de apelaciones tendrán jurisdicción para revisar mediante apelación o recurso de error la's decisiones finales: . . .
* ‘ Cuarto:. De la Corte Suprema de los territorios de Hawaii y Puerto Rico en todos aquellos casos civiles ... en que el valor en controversia, excluyendo intereses y costas,.exceda de $5,000.”

T Corpus Juris, resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, expresa:

“La regla general e's que el ■valor o cuantía en controversia debe-aparecer afirmativamente de los antos, y que si de ellos no puede ser determ’nada, la apelación será desestimada, incumbiendo al apelante c al demandante en el recurso de error establecer la jurisdicción. Una inferencia incierta o especulación no es suficiente.” 3 C. J. 397,

¿Cuál es el valor en controversia en este caso?

Revisando los autos puede encontrarse en ellos datos suficientes para afirmar que las mercancías existentes en el establecimiento cuya posesión reclamaba la demandante valían más de cinco mil dólares, pero ¿es el valor de dichas mercaneíás lo que está en controversia o simplemente el valor que pueda tener la posesión de las mismas?

A nuestro juicio como lo único reclamado en el pleito fue la posesión, como la sola cuestión legal discutida y resuelta íué la de si cuando la demanda se interpuso el demandado se encontraba o no en la posesión legal del establecimiento de la demandante, debe tomarse en cuenta para fijar la cuantía el valor de la posesión y no el de la propiedad.

Parece conveniente transcribir aquí las siguientes citas que tomamos del memorándum de la parte demandada:

“Cuando el derecho a la pose'sión de una cosa es el asunto en controversia el valor de la posesión y no el valor de los bienes de-terminará la cuantía en controversia.” 3 C. J. 428.
“En una acción para recobrar bienes muebles y daños y perjui-cios por su detentación, en que los bienes fueron embargados y en-tregados al demandante, la cuantía en controversia en una apelación interpuesta por el demandado contra una sentencia condenándole al pago de daños y perjuicios por la detentación de los bienes es sola-mente el importe de tal sentencia, no estando envuelta la propiedad de dichos bienes. ’ ’ Frost vs. Rowan, 56 S. W. 427.
‘ ‘ Cuando en una acción para recobrar bienes muebles por valor de $300 se dictó sentencia contra el demandado, quien alegaba estar en posesión de los bienes para satisfacer un derecho de retención (lien) por la suma de $50 'solamente, la cantidad en controversia para los fines de una apelación interpuesta por tal demandado era menos de $100 y la corte suprema no tenía jurisdicción.” Blank vs. Powell, 68 Kan. 556; 75 P. 486.
“Cuando una de las partes en una acción para recobrar bienes muebles alega tener derecho a éstos a virtud de una orden de ejecu-ción trabada sobre los biene's en controversia por una suma menor de la jurisdiccional y solicita la devolución de dichos bienes o que se dicte una sentencia por el importe de dicha ejecución se ha resuelto que esa persona no tiene derecho a apelar de una sentencia adversa toda vez que en tal caso el importe de la orden de ejecución y no el valor de lo's bienes es el que debe servir de base. ’ ’ Davis vs. Upright, 54 Iowa, 752, 6 N. W. 266.

Establecido que debe tomarse como base el valor de la posesión ¿qué dice el récord sobre su cuantía? Muestra que el demandado como Tesorero Gerente encargado del estable-cimiento de la demandante ganaba $350 mensuales y que se le privó de la posesión ilegalmente el Í0 de diciembre de 1926, siendo luego separado de acuerdo con la ley el 2 de enero siguiente. El valor de la posesión significaba para él el sueldo dejado de cobrar mientras estuvo separado ilegal-mente. La parte demandante no nos fia demostrado que signifique otra cosa. Lo que pudiera significar para la de-mandante no aparece de los autos.

La sentencia de esta Corte Suprema reconoce el derecho del demandado a la posesión pero no ordena que sea reintegrado en la misma, y a los efectos de penetrar en el alcance de todo lo comprendido en la apelación parece" conveniente transcribir los siguientes párrafos del alegato de la propia parte de-mandante. Dicen:

“Hemos dicho y repetimos ahora que la cuestión se ha convertido en académica fundamentalmente. En esta acción la sentencia de esta Hon. Corte sólo puede abarcar dos extremos: ordenar la devolución de la propiedad o sea la restitución de la posesión, o que el deman-dante pague el valor de la propiedad si no puede devolverla. Si la corte llegara a la conclusión de que el demandado tenía derecho a la posesión, siempre tendría que dar por sentado que la dueña del esta-blecimiento era la corporación. Luego, si la propiedad ya no existe no podrá ser devuelta tampoco la posesión al demandado; y como él no es dueño, tampoco podrá ordenarse que se le pague su importe, el que, en todo caso, pertenece a la corporación, que ya lo tiene en 'su poder y ha dispuesto de él debidamente.
“Lo único que quedaría por resolver es quién tiene derecho a las costas, y para este fin únicamente es que la corte habrá de entrar a resolver si la corporación tenía derecho a la posesión y al estableci-miento de este pleito, y si el demandado fué justamente déstituído y por autoridad competente.
“Judgment for costs should be given defendant if entitled to possession at commencement of action, but when his right ceases pending action, he is not entitled to judgment for return of property. 29 Cal. 312. 36 Cal. 110. 56 Cal. 458, 127 Cal. 653.”

Lo que nos ha hecho vacilar es la gestión posterior que pueda realizar el demandado en reclamación dei daños y per-juicios y esa duda se despeja con las siguientes manifesta-ciones contenidas en el memorándum de la dicha parte de-mandada :

“En cuanto al argumento de que tomando como base la decisión de este Hon. Tribunal en el presente caso, el demandado tendría de-recho a presentar un pleito por una suma mayor de $5,000, ya hemos discutido y admitido que esta acción no podría radicarse contra la de-mandante y el hecho de que pueda radicarse contra el Sr. Valdés, es inmaterial y no puede considerarse para determinar 'si el valor en controversia es mayor de $5,000 puesto que el Sr. Valdés no es parte en este asunto, ni puede apelar de esta sentencia, y al determinar el importe del valor en controversia el Tribunal está limitado a deter-minarlo tomando en cuenta solamente el interés que tiene en el a’sunto ia parte que desea apelar, o sea la demandante, Cortés & Segura, Inc. (Véase los casos de Black vs. Powell y Davis vs. Upright supra).
“Como se desprende del récord en éste caso, dicha corporación ha sido la dueña única de los bienes objeto de este pleito, desde la ini-ciación de este pleito ha tenido la posesión de los bienes, no está obligada a devolver dichos bienes al demandado aunque perdió el pleito porque la 'sentencia no la condena a entregar los mismos al demandado (véase la sentencia) y sería ridículo exigir que los de-vuelva o entregue al demandado el valor de los mismos porque el demandado habiendo sido destituido posteriormente de su cargo de gerente-tesorero estaría en el deber de devolver en el mismo acto dichos biene's o su valor a la demandante como única y exclusiva dueña de.los mismos; no es responsable de daño alguno al demandado porque la corporación no lo expulsó ni lo privó de la posesión de los bienes y el que lo bizo lo hizo sin estar autorizado por la corporación demandante.”

Por virtud de todo lo expuesto debe resolverse no haber lugar a admitir la apelación.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Ex parte Quintín Rosado, peticionario y apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor-apelado.
    No. 5177.

    Sometido: Mayo 5, 1930.

      Resuelto: Mayo 20, 1930.

      Luis Mercader, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Ley del Registro Civil dispone en su artículo 56 que los errores materiales (immaterial) que se adviertan en las inscripciones después de firmadas podrán subsanarse por el-encargado del registro después de instruir expediente en el que exigirá la prueba que estime oportuna; y en cuanto a los errores que sean esenciales se dice en el artículo 6 de la ley que no podrán hacerse correcciones que alteren subs-tancialmente las inscripciones sino en virtud de una orden de la corte' de distrito.

El apelante promovió expediente en la Corte de Distrito de Arecibo para que ordenase la corrección de un asiento del libro de defunciones del Registro Civil de Arecibo a fin de que en lugar de decir que murió Basilio González diga que el fenecido fué Cecilio Rosado. No estimando la corte sufi-exente la prueba que le fué presentada negó la orden intere-sada, contra cuya resolución se ha interpuesto este recurso de apelación.

No todas las resoluciones judiciales son apelables sino aquellas en que la ley concede tal recurso. La Ley de Regis-tro Civil que requiere la tramitación del expediente que motiva el presente recurso no concede apelación contra la resolución que niega la corrección de las inscripciones, por lo que tenemos que determinar si esta apelación está com-prendida en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil cuyo primer número concede apelación contra las sen-tencias definitivas pronunciadas por las cortes de distrito en pleitos o procedimentos especiales.

En. este caso no se trata de un pleito sino de un proce-dimiento especial, pero los procedimientos especiales a que se refiere el código son los que tratan de cuestiones civiles,, de carácter verdaderamente judicial. Así, en el caso Eos parte Montalvo, resuelto el 31 de marzo último, en el que se apeló de la resolución de una corte de distrito negándose a conceder permiso a una persona para portar armas, des-pués de considerar extensamente la cuestión suscitada ahora y de tener en cuenta el caso de Luce v. Registrador, 34 D.P.R. 952 y la opinión disidente en él, así como su resolución en 20 Fed. (2d) 115, dijimos:

“Aquí la Corte actuó es cierto por ministerio de la ley y al ne-garse a conceder la autorización no hay duda alguna que examinó la solicitud y pesó la prueba ejercitando su criterio judicial, pero no se trata de un procedimiento civil, ex parte o contencioso, de carác-ter verdaderamente judicial. La Legislatura encomendó a la Córte-la conceción de la licencia en casos apropiados como pudiera haberlo hecho a un funcionario administrativo, y teu actuación áislada, con-creta, discrecional, es definitiva.”

Ese caso es análogo al presente porque se trata en él de una cuestión administrativa que pudo haberse confiado a xxn funcionario de esa clase.

La apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Fernando y Justo Ruiz Calleja, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 784.

    Sometido: Noviembre 4, 1929.

      Resuelto: Mayo 20, 1930.

      L. López de Victoria, abogado de los recurrentes; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En sus méritos, este recurso envuelve la suficiencia de una ¡escritura de partición para transferir el título en un caso en que se trataba de menores y en que se bizo una adjudicación •en pago de deudas. Existe, sin embargo, una cuestión pre-liminar. Esos menores trataron de enajenar bienes gasá--dosles nominalmente a virtud de la escritura. El Registrador ■de San Germán, en septiembre de 1929, se negó a inscribir por el justificable motivo de que la finca que se pretendía ¡enajenar no figuraba a nombre de los alegados cedentes. Estos presentaron entonces una escritura de partición otor-gada en 1909, tendente a transferir dicho título. A la ameritada escritura de partición de por sí se le Rabia negado anteriormente inscripción en agosto de 1929, y no se apeló-de la decisión del registrador. Este sostiene, aparentemente,, que los recurrentes no pueden escudar su título o el origen, de éste en una escritura cuya inscripción ba sido denegada,, habiéndose consentido la negativa.

Empero, la escritura que tenemos ante nos agrega urt elemento que no estuvo ante el registrador cuando negó la inscripción de la escritura original de partición. El elemento adicional es una alegada confirmación, y ratificación hecha, por. las partes principalmente interesadas, a saber, los-menores actualmente mayores de edad que fueron afectados-por la aludida partición. Bajo estas circunstancias la con-junción de las dos escrituras presenta un estado de hecho que no estuvo anteriormente ante el registrador y la situa-ción total no es una consentida.

Tócanos entonces examinar el caso en sus méritos y ver primeramente la naturaleza de la escritura de particiónQue una escritura de esta naturaleza puede ser confirmada,, aparece de nuestras opiniones en el caso de Ledesma et al. v. Agrait, 19 D.P.R. 567, y más especialmente de nuestras decisiones en los casos de Vázquez v. Santalís et al., 26 D.P.R. 677; Carrasquillo et al. v. Bertrán et al., 26 D.P.R. 582; Díaz et al. v. Balseiro & Giorgetti et al., 27 D.P.R. 141,. confirmada por la Corte de Circuito de Apelaciones bajo el título de Llenza et al. v. Balseiro & Giorgetti, 285 Fed. 132, citando con aprobación del caso de Vázquez v. Santalís,. supra. Muchas de estas decisiones hicieron distinción del caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512.

Todos los casos citados, a excepción del de Ledesma v. Agrait, demuestran que los menores, al llegar a su mayoridad,, pueden confirmar o ratificar una escritura de partición en que se hace una adjudicación en pago de deudas. Según se-dijo en el caso de Carrasquillo v. Bertrán, supra, donde-estaba envuelta una escritura de partición, tal enajenación “puede ser convalidada, confirmada o reconocida, o dársele vida legal por vez primera por el menor cnando éste goza de la plena capacidad que le otorga sn mayoría de edad”.

En este caso en particular aparece igualmente de la escri-tura de partición que los menores eran las únicas personas que podían reclamar el título, y aun si las adjudicaciones hechas a otras personas fueran enteramente nulas, sin embargo, los cedentes, que han dejado de ser menores de edad, están completamente impedidos de reclamar el título.

Debe notarse que en todos o casi todos los casos en que se impugnaron las adjudicaciones hechas en pago de deudas, la propiedad envuelta fue traspasada a otras personas dis-tintas a los menores mismos. En el presente caso, los bienes de cuya inscripción se trata fueron adjudicados directamente a los menores, no a un tercero.

Debe revocarse la nota recurrida y efectuarse la inscrip-ción.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    José Ortiz, demandante y apelante, v. La Sucesión de Alfredo Amy, demandada y apelada.
    No. 5289.

    Sometido: Abril 28, 1930.

      Resuelto: Mayo 21, 1930.

      K. Rivera Zayas, abogado de la peticionaria-apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide la reconsideración de nuestra resolución de fecha 24 de abril, 1930, porque el tribunal dejó de resolver acerca del defecto alegado consistente en que en la declara-ción jurada no se dice cuál es el domicilio del abogado del apelante, y esto debe aparecer para que, justificándose la diferencia de domicilios de aquél y del abogado del apelado, se justifique la notificación por correo; y se dice asimismo que aunque se resuelve que la notificación puede hacerse por un agente, no resolvemos si es suficiente un affidavit en el que no se designa la residencia de la parte apelante o de su abogado.

El punto que se suscita es quizá demasiado técnico. Se trata de un caso en que no se niega que el abogado, del ape-lado baya recibido la copia de la apelación, que indudable-mente se recibió. La misma parte alega la radicación de la apelación, y el transcurso de 120 días desde tal acto.

Si nos ceñimos estrictamente a la lectura de la ley, el artículo 521 del Código de Enjuiciamiento Civil es así:

“La remisión por correo podrá tener lugar, cuando la persona en-cargada de hacer la notificación o remitir los documentos y aquella a quien fueren dirigidos residieren o tuvieren sus oficinas en distin-tos puntos, entre los cuales hubiere un servicio regular de comunica-ciones por correo.”

Se refiere la ley a la “persona encargada de hacer la notificación. ’ ’ Aquí lo es Pablo Buiz, que en la declaración jurada dice:

“que entre Ponee, donde está mi residencia, y Coamo, en donde se encuentra la residencia del abogado notificado, existe un servicio regular, diario y permanente de comunicaciones por correo. ...”

Por lo expuesto, no ha lugar a la reconsideración que se solicita.


author: Ed Juez Asociado Seños. Audrey,

text:
    La Sucn. de Julio Cayere, demandante y apelante, v. Raymunda Monell, La Sucn. de Elías Quiñones y Zalduondo & Gómez, demandados y apelados.
    No. 4461.

      Sometido: Noviembre 13, 1929.

      Resuelto: Mayo 22, 1930.

      González Fagundo & González Jr., F. H. F. Dottin, Juan B. Soto y A. García Veve, abogados de los apelantes; Arturo Aponte, F. Gallardo y A. Barceló Jr., abogados de los apelados.
   Ed Juez Asociado Seños. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación tiene por objeto qne decidamos qne la ■corte inferior cometió error al no declarar nnla nna escritura ■de mandato y al no declarar tampoco nnla la escritura por 3a cual el mandatario en la anterior vendió nna porción de ■cierta finca.

Los esposos Elias Quiñones y Raimunda Monell otor-garon escritura de hipoteca a principios de 1920 sobre nna finca de 181 cnerdas de terrenos a favor de Julio Cayere para garantizarle el pago de $13,000 que les dió en préstamo, no estando entonces la finca inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de los hipotecantes. A fines del si-guiente año esos consortes confirieron poder a su hijo Evaristo Rafael Quiñones para que los representara, y en 2 de febrero de 1922 ese hijo vendió en nombre de sus man-dantes a la sociedad civil Zaldnondo & Grómez 100 cuerdas de la mencionada finca por precio de $6,000, y manifestando que él tenía esas cien cuerdas de tierra en arrendamiento basta junio de 1926 por canon de $800 anuales, afianzó en nombre de .sus mandantes el pago de esa cantidad y para garantizarlo constituyó hipoteca sobre las 81 cuerdas res-tantes a favor de Zalduondo & Grómez. Tampoco estaba inscrita entonces la finca a nombre de sus mandantes. Pocos días después, el 28 de de febrero del mismo año, Cayere demandó judicialmente en procedimiento ordinario el pago de su préstamo y de los intereses no satisfechos. Ese día fué presentado por Cayere en el Registro de la Propiedad su escritura de hipoteca pero fué negada su inscripción el 15 de marzo siguiente por no estar inscrita la finca a nombre de los hipotecantes y fué hecha por el registrador anotación preventiva de la hipoteca por 120 días. El 18 de julio si-guiente fué presentado en el registro el título de propiedad de los esposos Quiñones-Monell y también la escritura otor-gada a favor de Zalduondo & Gómez, y el 31 de ese mes quedó inscrita la finca y la venta de las cien cuerdas. En el pleito de Cayere contra sus deudores, fué vendida y adju-dicada a su acreedor la finca hipotecada de 181 cuerdas el 6 de agosto de 1923. En septiembre de 1923 Zalduondo & Gómez comenzó juicio ejecutivo hipotecario para cobrar el canon de arrendamiento pero más' tarde desistió de él; y, por último, la Sucesión de Julio Cayere comenzó el pleito que motiva esta apelación demandando a Raimunda Monell, a la Sucesión de Elias Quiñones y a Zalduondo & Gómez con el fin de que sean declaradas nulas la escritura de poder otorgada por Elias Quiñones y por su esposa porque aquél tenía perturbadas sus facultades mentales, la escritura de venta de las 100- cuerdas, de afianzamiento de arrendamiento' y de hipoteca de las 81 restantes a favor de Zalduondo & Gómez por ser fraudulenta, así como el juicio hipotecario de dicha sociedad.

Se opusieron las demandadas a esas nulidades, habiendo alegado la Sociedad Zalduondo & Gómez que es un tercero inocente por haber comprado de quien podía vender, igno-rando el gravamen que tenía la finca, y celebrado el juicio recayó sentencia declarando' nulo el contrato de arrenda-miento, su afianzamiento y la hipoteca que lo garantizó, pero negó la nulidad de la escritura de mandato y la de venta por el apoderado de las 100 cuerdas a favor de Zalduondo & Gómez.

Contra esa sentencia interpuso esta apelación la sucesión de Julio Cayere pero sólo uno de sus componentes, Julia Cayere, ha comparecido ante nosotros a sostener el recurso. En cuanto a los demandados ninguno de ellos ha comparecido on la presente apelación.

Entendemos que la corte inferior estuvo justificada en no declarar nula la escritura de mandato otorgada por Elias Quiñones pues la prueba de los demandantes fué sumamente vaga e imprecisa respecto de actos en general por los cuales pudiera concluirse' que él tenía perturbadas sus; facultades mentales, aparte de que ninguno de los testigos se refirió a que se hallase en las condiciones que ellos ex-presan el día que otorgó la escritura de mandato; y por el contrario la declaración prestada por el Dr. J. S. M. Pressly fué terminante y creída por la corte que la oyó, en el sentida de que asistió como médico por espacio de unos trece años y en su última enfermedad, a Elias Quiñones, que falleció de una prostatitis aguda, y que sus facultades mentales fueron siempre buenas.

Veamos ahora el error alegado por no haber sido declarada la nulidad de la venta de las 100 cnerdas.

Desde luego qne Elias Qniñones y sn esposa sabían qne ellos habían hipotecado la finca de 181 cnerdas a Jnlio Cayere y qnizás lo sabía también sn apoderado, pero no se ha pre-sentado prneba algnna de qne la sociedad Zaldnondo & Gómez supiera tal cosa. Como hemos dicho la finca no estaba ins-crita a favor de Elias Quiñones y de sn esposa cuando la hipotecaron a Cayere ni tampoco cuando sn apoderado vendió 100 cnerdas de ella en 2 de febrero de 1922 a Zal-dnondo & Gómez, ni el título hipotecario de Cayere había sido presentado en el Registro, por lo qne se quiere deducir el fraude de ciertas circunstancias como la de haber sido otorgada la escritura de venta clandestinamente, sin que se nos cite ni conozcamos precepto alguno legal qne obligue a un deudor a dar aviso a sn acreedor que va a vender parte o toda la finca qne la tiene hipotecada: la de que el compra-dor no tomó posesión de la finca, en lo qne estaba justificado en este caso por haberse hecho constar en el contrato qne la finca vendida estaba sujeta por cierto tiempo a un contrato de arrendamiento; que el precio de $6,000 por las cien cuerdas no fué adecuado porque un testigo del demandante tasó las 181 cuerdas en $20,000', cuestión que generalmente no es presunción de fraude como dijimos en el caso de Sabalier v. Iglesias, 34 D.P.R. 369; y por último en la de que esa venta significaba la enajenación total de los bienes del deudor Elias Quiñones, lo cual no resulta así pues le quedaban las 81 cuerdas restantes, hipotecadas ciertamente pero cuya hipo-teca podía anularse y ha sido anulada. También le quedaba el producto de algunas cañas de azúcar y un poco de ganado. En el caso de Ana María Sugar co. v. Castro, 28 D.P.R. 257, hemos dicho, citando otros casos, que el fraude debe probarse claramente por prueba robusta o por prueba fuera de duda y que no puede ser cuestión de mera conjetura.

Réstanos el último argumento aducido para sostener que existe el fraude. Es el caso de Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 873, en el que declaramos que si el notario no da fe de que el precio se entrega ante él el con-trato tendrá la presunción de haber sido otorgado a título gratuito, a menos de que se pruebe que el precio fué entre-gado, y que el caso de enajenación gratuita, habiendo deudas, levanta la presunción de fraude. Así lo ha declarado este tribunal pero esa presunción ha sido destruida en este caso porque Diego Zalduondo Veve, uno de los socios de Zalduondo & Gómez declaró en el juicio que no tenía conocimiento de la hipoteca de Cayere, en cuyo caso no hubiera comprado, y que le ofrecieron la finca en $8,000 y después la compró en $6,000, declaración que llevó a la corte inferior a la conclusión de que hubo un precio cierto en la transacción, por la repu-tación y hombría de bien del declarante y su prestigio en la comunidad, concluyendo, en consecuencia, que el contrato no fué hecho a título gratuito y sí oneroso. El hecho de que la corte inferior declara nulo el contrato de arrendamiento y su garantía hipotecaria por ser simulada no puede perjudicar a la venta constante en el mismo documento, pues Zalduondo & Gómez se limitaron a aceptar la manifestación del apode-rado de Elias Quiñones de que existía el arrendamiento que fué garantizado con hipoteca; ni el que el juez de la corte inferior haya dicho en una parte de su opinión que Elias Quiñones tenía otros bienes independientes de la finca, lo que era cierto, y en otra parte haya dicho que no los tenía, no es motivo para destruir la conclusión a que llegó con res-pecto al testimonio de Diego Zalduondo.

Dice, además, la apelante que su anotación preventiva de la hipoteca quedó convertida en inscripción definitiva al sér inscrito el título de propiedad de Elias Quiñones, pero cuando ese título fué presentado en 18 de julio ya estaban caducados los ciento veinte días de la anotación preventiva tomada a favor de Cayere, y en el caso de Alvarez v. Quilinchini, 24 D.P.R. 167, ha declarado este tribunal que un asiento caducado no puede destruir derechos civiles de un tercero.

Hay otro motivo del recurso en el que se dice que la corte erró al no declarar qne el mandatario Evaristo Rafael Qui-ñones no estaba autorizado para afianzar, dentro de las facultades conferidas por la escritura de mandato. No te-nemos que considerarlo porque la corte resolvió que es nulo e] contrato de arrendamiento y la hipoteca constituida para garantizarlo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Joaquín Mariño, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, Recurrido.
    No. 751.
   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Joaquín Marino entabló un pleito contra Justo Cabrera, y para asegurar la efectividad de la sentencia embargó una finca como perteneciente al supuesto demandado. Cuando se presentó al registrador la orden de embargo, éste se negó a anotar la misma en vista de que la finca que se trataba de embargar aparecía inscrita a nombre de Celestino López Rivera, persona distinta al demandado Cabrera, y en su lu-gar tomó anotación preventiva por 120 días.

En González v. Registrador de Arecibo, 38 D.P.R. 854, en que bubo una negativa similar, transcribimos el artículo 42 de la Ley Hipotecaria y dijimos:

“De acuerdo con este artículo un acreedor que trata de dejar sin efecto una enajenación fraudulenta, o que alega que los bienes de una persona pertenecen a otra, tiene derecho a que se haga una anotación, según ha sido definida en el presente artículo. La ano-tación nada resuelve; es meramente un aviso al mundo en general de que el acreedor reclama un derecho.”

El registrador en su alegato dice que no tenía conoci-miento de la decisión que antecede cuando se negó a bacer la anotación, pero insiste en que la nota puesta por él en el presente caso es correcta y en que puede hacerse una dis-tinción entre los dos casos. En el caso anterior se trató de embargar bienes de un menor como pertenecientes a su padre, pero en la decisión está implícita y directamente expre-sado que cuando bay una controversia debatible respecto a si una finca pertenece o no a un demandado, debe hacerse la anotación. En el presente caso el recurrente alega, y el registrador no niega sino que más bien admite, que la finca aparecía inscrita a nombre de Justo Cabrera basta el 12 de-junio de 1928, cuando fue traspasada a Celestino López Rivera.

No obstante, se desprende suficientemente que para re-cobrar la suma de $546 la finca en cuestión fue embargada por el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan como perteneciente al demandado y deudor Justó Cabrera. Si el traspaso a Celestino López Rivera es válido o no, es preci-samente la cuestión que tiene que ser resuelta por la Corte de Distrito de San Juan. El mársbal en realidad lia em-bargado la finca y basta ese punto se ha convencido de que el deudor jamás se desprendió del título.

Los incisos primero y segundo del artículo 42 de la Ley Hipotecaria disponen:

“Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro público correspondiente:
“1.- — -El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmue-bles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cual-quier derecho real.
“2. — El que, con arreglo a derecho, obtuviere a su favor manda-miento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces deL deudor. ’ ’

Considerando los derechos creados de conformidad con el inciso primero, puedo decir que lo que el acreedor necesa-riamente interesa es la extinción de un derecho aparente en su contra que fue obtenido de modo fraudulento, y conside-rando los creados bajo el inciso segundo, parecería despren-derse que si el traspaso fué fraudulento no surgió título al-guno de parte de la persona a cuyo favor se transfirió, a pesar de la inscripción. Artículo 33 de la Ley Hipotecaria..

El último inciso del artículo 389 de la Ley Hipotecaria dispone lo siguiente:

“También podrá, admitirse el expresado documento cuando se* presente para pedir la declaración de nulidad y consiguiente canee-lación de algún asiento que impida verificar la inscripción de aquel documento. ’ ’

Lo que el recurrente trata de hacer es destruir una ins-cripción en contra suya, dando los primeros pasos tendentes a ello, a saber, trabando un embargo y obteniendo una ano-tación preventiva de su existencia, fill sostiene que el tras-paso es nulo e ineficaz.

El denegar el registrador la anotación equivale a decidir anticipadamente lo que incumbe a la corte. Según el ar-tículo 42 de la Ley Hipotecaria la cuestión esencial es si la finca en realidad pertenece al deudor. He examinado aque-llas decisiones de la Corte Suprema de España, de las' cita-das por el registrado^ que be podido encontrar, y nada bailo en ellas que esté en conflicto con la teoría de este caso. Denegando la anotación, si existe un traspaso fraudulento, un acreedor que embarga podría perder un derecho o ser sometido a grandes dificultades. A no.ser para dar aviso a todo el mundo, la anotación nada decide, y debió haberse hecho.


author: JUEZ ASOCIADO SE. WOLE

text:
    Ramón Pujals Carlo, peticionario, v. Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 661
   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. WOLE

La jurisdicción de una corte municipal debe aparecer de la faz de los procedimientos. Una demanda debe alegar los hechos jurisdiccionales. Las palabras “no menor de cien dollars” pueden significar, cualquier suma superior a $500, y fuera de la jurisdicción de una corte municipal. La última está limitada a $500. Si en un caso dado la propiedad en realidad vale más de $500, un demandante puede optar por acudir a una corte municipal alegando las palabras arriba citadas. Cuando la jurisdicción depende de la cuantía, debe trazarse una línea, y un demandante que desea acudir a una corte municipal debe colocarse dentro de esa línea.


author: Juez Presidente Señor del Toro.)

text:
    No. 4749.
    Julio 26, 1929.
    López et als., apltes., v. Dexter, Etc., apldos.—
    C. D. San. Juan.
   (Por la corte,, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Pon cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso establecido en este caso por no haberse presentado en tiempo el alegato y por frívolo;

Pos. cuanto., examinados los autos resulta que si bien el alegato no fué presentado dentro de la última prórroga con-cedida, el día del vencimiento de dicha prórroga la parte apelante solicitó una nueva y cuando se llamó para la vista de la moción de desestimación ya estaba archivado el ale-gato, y

Pon cuanto, basta un ligero estudio del alegato de los apelantes para convencerse de que los errores en que basan su apelación no son enteramente frívolos,

Por tanto, se declara sin lugar la moción.


text:
    No. 770.
    Mayagüez Sugar Co., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Julio 26, 1929.
   Por los motivos consignados en la opinión dictada en el caso de Mayagüez Sugar Co. v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurso gubernativo No. 771, resuelto en el día de hoy, se revoca la nota re-currida del Registrador de la Propiedad de Mayagüez, de fecha 6 de mayo, 1929, y se ordena la inscripción solicitada.


text:
    No. 5032.
    Escapa, aplte., v. Saliva, apldo.
    C. D. Maya-güez.
    Julio 26, 1929.
   Basándose la moción de reconsideración en que el término que tiene el apelante en este caso para presentar su alegato es de veinte días conta-dos a partir de la fecha de la radicación de los autos, cuando en realidad es solamente de diez días, no ha lugar.


author: Juez Asociado Señor Aldrey.)

text:
    No. 5047.
    Rossy, apldo., v. Del Valle, aplte.
    O. D. San Juan.
    Nov. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimada la apelación a petición del apelado porque habiendo sido interpuesta el 24 de junio último no se ha so-licitado preparación de transcripción de evidencia ni se han xadicado tampoco los autos en el Tribunal Supremo.


author: Juez Asociado 'Señor Hutchison.)

text:
    No. 5023.
    J. Octavio Seix & Co., Inc., aplte. v. Ramírez Hostos, apldo.
    C. D. San Juan.
    Nov. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado 'Señor Hutchison.)

Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y apareciendo de los autos que ha vencido «con exceso la última prórroga concedida a la parte apelante para presentar su aleg’ato, sin que hasta la fecha lo haya presentado ni solicitado nueva prórroga para ello: se de-belara con lugar la referida moción y se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan con fecha 23 de mayo de 1929, en el caso arriba expresado.


author: Juez Asociado Señor Wolf.)

text:
    Nos. 3642, 3669, 3670.
    Pueblo, apldo., v. Báez, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Pon cuanto, el acusado ha apelado de esta corte para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, señalando como error en el sentido constitucional que la Corte Suprema de Puerto Rico cometió •error al declarar que el caso no había prescrito, infringiendo así el derecho constitucional que tenía el acusado a un juicio Tápido;

Por cuanto, el resolver que un caso no ha prescrito, en ningún sentido equivale a una negativa a un juicio rápido, especialmente cuando el mismo acusado es el que levanta tal cuestión de prescripción;

Pon, cuanto, si bien se han alegado otros errores, sin embargo, no se ha levantado ninguna cuestión que sea de ver-dadera naturaleza constitucional,

Pon taNto, no ha lugar a admitir la apelación interpuesta por el acusado para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 3777.
    León Lugo, peticionario-apldo., v. Pueblo, opositor-aplte.
    C. D. Ponce.
    Nov. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado 'Señor Hutchison.)

Vistos los autos y la moción que antecede sobre reconsi-deración de la sentencia dictada por este tribunal con fecha 26 de julio de 1929, no ha lugar a reconsiderar.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 4986.
    Díaz Molinari et als., peticionarios-apldos., v. Cividanes Alonso, aplte.
    C. D. Gfuayama.
    Nov. 5, 1929.
   (Por la corte, á propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por cuanto, se solicita que desestimemos por frívola la presente apelación;

Pon cuanto, hemos examinado los autos y el alegato del apelante ;

Por cuanto, en la administración judicial en que se dictú la orden recurrida ha sido aprobada la partición y adjudi-cación de los bienes relictos por Rufina Molinari;

Por cuanto, dinero y títulos de deudas adjudicados a al-gunas de las personas interesadas en esa partición los tiene depositados el administrador judicial en bancos extranjeros;.

Por cuanto, en la resolución apelada se ordena al admi-nistrador judicial que dicho dinero y títulos los traiga a esta Isla para estar a disposición del tribunal;

Por cuanto, en este caso estimamos justa esa orden para que esos bienes puedan ser entregados a las personas a quie-nes fueron adjudicados, por lo que la apelación interpuesta contra ella es frívola,

Por tanto, debemos desestimar y desestimamos la apela-ción interpuesta por el Administrador judicial Manuel Civi-«danés contra la resolución del 14 de enero de 1929 dictada en los expresados antos de administración judicial.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: Juez Asociado Señor Hutchison.)

text:
    No. 5048.
    Banco Comercial de Puerto Rico, apldo. v. Pizá Hnos., S. en C., en Liquidación, aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista la moción “que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y apareciendo de la certificación acompa-ñada a la misma que el escrito de apelación fue radicado fuera de tiempo, se declara con lugar dicba moción y se de-sestima la apelación establecida contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan con fecha 4 de junio, 1929.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 5044.
    Báez, tercerista-apldo., v. Porto Rico Commercial Corporation, et al., apltes.
    C. D. Hnmacao.
    Nov. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Celebrada la vista de la moción para desestimar, a la cual no asistieron las partes, se declara con lugar la moción por falta de la debida prosecución y por tanto se desestima el recurso de apelación interpuesto en este caso por la parte «demandada.


text:
    No. 5066.
    Rodríguez Cancio, apldo., v. Independence Indemnity Co., aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Nov. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Celebrada la vista de la moción para desestimar, a la cual :sólo asistió la apelada, y apareciendo que este tribunal ca-rece de jurisdicción por razón de la cuantía envuelta, y ade-más que el apelante ha dejado de perfeccionar el recurso, se declara con lugar la moción, y en su consecuencia se deses-tima la apelación establecida en este caso por la demandada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 3758.
    Pueblo, apldo., v. Pérez, aplte.
    O. D. San. Juan.
    Nov. 6, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Pob cuanto, no proceden apelaciones para ante la Corte-Suprema de los Estados Unidos contra sentencias dictadas, por esta Corte Suprema;

Pon cuaiíto, la apelación interpuesta para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito fue radicada el 31 de julio de 1929, y dene-gada en agosto 5 del mismo año por el Juez Asociado Siv Hutchison, en funciones normales de turno, pero actuando, en esta clase de acciones como substituto del Juez Presidente de este tribunal;

Por cuanto, no se ba levantado ni en forma ni fundamen-talmente ninguna verdadera cuestión constitucional,

Por tanto, no ba lugar a admitir la apelación solicitada-

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: Juez Presidente Señor del Toro.)-

text:
    No. 5064.
    Cruz Rosado, et als., apltes., v. Rodríguez,, apldo.
    C. D. Humacao.
    Nov. 6, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)-

Por cuanto, la apelación se interpuso en este caso el 6 d& diciembre de 1927, solicitándose gran número de prórrogas para preparar la exposición del caso habiendo vencido la. última desde bace más de seis meses sin que se báyan pre-sentado los autos en esta corte;

Por cuanto, basándose en tales hechos la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por moción vista el 4 de-noviembre de 1929 con la sola asistencia del abogado de-la dicha parte apelada,

Por tanto, se declara con lugar la moción y se desestima,, por abandono, el recurso.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 4901.
    Santiago et als., apltes., v. Junta Insular de Elecciones, demandada, y Rodríguez Dros et als., interven-tores.
    C. D. San Juan.
    Nov. 7, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vistos los autos y los alegatos de las partes, y por los motivos expresados en la opinión emitida en el caso de Fernando Velázquez et als. v. Junta Insular de Elecciones y Antonio González et als., certiorari, No. 4875, resuelto en el día de lioy, así como los expresados en la opinión que sirvió de base a la sentencia de la corte inferior dictada con fecha 12 de enero de 1929, se resuelve confirmar, como por la pre-sente se confirma, la dicha sentencia apelada en este caso.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 5090.
    Sucesión de José S. Mandés Cintrón, Etc., aplda.-aplte., v. Sucesión de Alfonso G. Agüero Vázquez, Etc., aplte.-aplda.
    Nov. 14, 1929.
   A la estipulación de las partes, de fecha 8 de octubre de 1929, para que una sola transcripción sea usada por ambas partes ape-lantes, como se pide.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió, porque en su opi-nión el récord de cualquier apelación debe originarse no. en la Corte Suprema, sino en la corte en que se celebró el juicio, y, por tanto, entiende que la estipulación, radicada en este caso debió haberle sido sometida a la corte de distrito para su aprobación.


text:
    No. 5123.
    Despiáu, aplte., v. Corte Municipal de Manatí, Etc., apldas.
    C. D. Arecibo.
    Nov. 14, 1929.
   (Por la corte, a propuesta clel

Juez Asociado Señor Wolf.)

Vista la moción presentada por Manuel Despiáu en el caso arriba titulado, así como la contestación de la Corte de Dis-trito de Arecibo a la orden para mostrar causa: estando este tribunal convencido de que es el deber de un apelante, aun en un procedimiento de certiorari instado en una corte de distrito, dar los pasos necesarios para perfeccionar su apela-ción en tal corte, se declara sin lugar la referida moción.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


text:
    No. 5074.
    González Martínez et al., apldos., v. Vega, aplte.
    -O. D. San Juan.
    Nov. 20, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, así como la relación del caso y opinión del juez de distrito acompañada a la misma, de la cual no se desprende que la demanda enmendada mencionada en dicha relación del caso y opinión aduzca hechos suficientes para constituir una causa; no habiendo la parte promovente pre-sentado copia certificada de dicha demanda enmendada a que se remite el juez de distrito para constancia de algunos de los hechos declarados probados; no habiendo presentado .tampoco la parte promovente transcripción de evidencia al-guna, por lo que no queda excluida la posibilidad de que el apelante' pueda demostrar la existencia de un error mani-fiesto en la apreciación de la prueba; y no apareciendo, por los motivos expresados, que la apelación sea enteramente frívola, único fundamento de la moción sobre desestimación, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5080.
    Cemeteries and Brisqueteries Reunies, aplda., v. Cummings, aplte.
    C. D. Ponce.
    Nov. 20, 1929.
   . Desestimado el- recurso a petición de la parte apelada, por abandono.


text:
    No. 5094.
    Martorell, aplte., v. Crédito y Ahorro Ponceño, apldo.
    C. D. San Juan.
    Nov. 21, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Por cuanto, el único fundamento de la moción de desesti-mación presentada en este caso es el hecho de haber expirado una prórroga para radicar la transcripción de la evidencia en la corte inferior, sin que, según el promovente, se radicara la dicha transcripción dentro del término fijado;

Por cuanto, el juicio duró varios días y las notas taqui-gráficas fueron tomadas durante las sucesivas sesiones de la corte por distintos taquígrafos cuyas notas fueron transcri-tas en piezas separadas y radicadas en fechas diferentes, cada .pieza bajo la firma y certificación del taquígrafo correspon-diente ;

Por odaNto, la primera de dichas piezas fué radicada dentro del tiempo concedido por el juez de distrito, y la se-gunda, después;

Por cuanto, el apelado se opuso a la aprobación de la transcripción presentada en tal forma por haberse radicado fuera de tiempo, quedando resuelta la. cuestión así planteada en su contra por el juez de distrito, quien aprobó la dicha transcripción;

Por cuanto, la transcripción así aprobada fué radicada en la secretaría de este tribunal antes del acto de la vista de la moción sobre desestimación, y la falta de transcripción o exposición del caso no excluiría la posibilidad de otras cues-tiones de derecho que pudieran ser suscitadas y discutidas por el apelante,

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


author: Juez Asociado Señor Texidor.)

text:
    No. 5075.
    López, apldo., v. López Rodríguez & Cía., aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 21, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Apareciendo que en este caso, y para preparar la trans-cripción de evidencia, la última moción de prórroga que se presentó por el apelante fué en 26 de junio de 1929, sin que se pidiera ninguna otra prórroga, ni se haya presentado la transcripción; y solicitada por la parte apelada la desestima-ción, se declara con lugar su petición, y se desestima el re-curso.


text:
    No 3879.
    Pueblo, apldo., v. Charles, aplte.
    C. D. Ponce.
    Nov. 22, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por cuanto, Alberto Charles apela de una sentencia que lo condena por haber alterado la paz pública. •

Por cuanto, para el juicio de esa denuncia fué utilizada en el tribunal inferior la prueba que fué presentada en otro juicio celebrado contra el mismo Charles por el delito de por-tar un revólver, que se encuentra en este Tribunal Supremo en la apelación No. 3880, resuelta el 26 de julio de 1929, y cuyo alegato se usa para la presente apelación;

Pob cuanto, la única alegación de error para esta apela-ción es que la sentencia es contraria a las pruebas y a derecho

Pos cuanto, de la prueba aparece que los disparos de re-vólver hechos por el apelante en una vía pública en G-uánica atrajeron al sitio a varias personas, produciendo así una al-teración de la paz pública,

PoR tanto, debemos confirmar y por la presente. confir-mamos la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce-con fecha 7 de febrero de 1929, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4019.
    Campos, apldo., v. The Great American Insurance Co:, aplte.
    C. D. Ponce.
    Nov. 23, 1929.
   Siendo éste-un caso en el cual la jurisdicción pasó a la Corte de Apela-ciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos a vir-tud de la admisión de recurso de apelación, prestación de fianza y diligenciamiento de la citación, no ha lugar por ahora a decretar la sustitución de parte que se pretende; y visto-lo resuelto en noviembre 6, 1923 en el recurso No. 2631, González v. Roig, se declara sin lugar la moción de desistimiento sin perjuicio de que se le someta a la dicha Corte de Circuito.


text:
    No. 5112.
    M. Grau e Hijos, aplda., v. Charrón, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Nov. 26, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Poe cuanto, interpuesta apelación en este caso el 12 de agosto de 1929, nada ha hecho el apelante para perfeccio-narla,

Poe tanto, se declara con lugar la moción de la parte apelada de 21 de octubre, 1929, vista sin asistencia de las. partes el 25 de noviembre actual, y en su consecuencia se de-sestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5099.
    Flores et al., apldos., v. Crescioni et als., demandados y aplte. el segundo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 26, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Por cuaNto, la transcripción de los autos quedó radicada en la secretaría de esta Corte Suprema el 14 de octubre de 1929 y el apelante no lia archivado su alegato,

Por tanto, habiendo en consideración lo dispuesto en la regla 42 del reglamento de este tribunal, se declara con lugar la moción de la parte apelada de 28 de octubre último, vista sin asistencia de las partes, el 25 de noviembre actual, y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Ryder Patten, peticionario.
    Nov. 26, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Admitido de acuerdo eon la Ley No. 78 de mayo 11, 1928.


author: Juez Asociado Séñor Wolf.)

text:
      In re: Erasto Arjona Siaca y Guillermo S. Pierluissi, querellados.

    Nov. 26, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Séñor Wolf.)

Vista la jurisprudencia citada en el caso de Luce & Co. v. Registrar of Property of Guayama, 20 Fed. (2nd) 115, así como la opinión disidente a que se refiere la misma y que apa-rece en el tomo 34 D.P.R. pág. 913: no siendo la actuación de esta corte al suspender al abogado Erasto Arjona Siaca de su profesión, un “caso” dentro del significado de esa pala-bra según se usa en los estatutos que confieren jurisdicción a la Corte de Circuito de Apelaciones, no ha lugar a la ape-lación solicitada.


text:
    No. 4397.
    Pérez Chanza, aplda., v. Gerena, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Nov. 26, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Estando ya este caso sometido a este tribunal por virtud de una vista final, y no teniendo dudas de que el apelado tenía conocimiento de la existencia tanto de la sentencia como del escrito de apelación, los que han sido traídos ahora a esta corte, y creyendo además que la apelación interpuesta no es frívola, la corte, en el ejercicio de su discreción, declara sin lugar la moción de desestimación presentada.


text:
    No. 792.
    López, recurrente, v. Registrador de Caguas, recurrido.
    Dic. 2, 1929.
   Por desis-tido el recurrente.


text:
    No. 4008.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. ITu-macao.
    Dic. 3, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Sin lugar la reconsideración solicitada.


text:
    No. 5148.
    Pérez et als., apltes., v. García Fernández, apldo.
    O. D. Ponce.
    Dic. 3, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Vistas la moción jurada, la demanda y la opinión de la corte, se concedió nuevo término de 60 días para presentar la transcripción de la evidencia “quedando la corte de dis-trito autorizada para conceder cualquier otro término que se solicite en tiempo y que fuere en justicia menester.”


text:
    No. 5096.
    Sucrs. de L. Villamil & Co., S. en C., aplda., v. Díaz, demandado, Ríos et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Dic. 3, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimada por falta de instancia.


text:
    No. 5124.
    Zambrana, apldo., v. Bonilla et al., apltes.
    O. D. Ponce.
    Dic. 3, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Desestimada por falta de instancia.


text:
    No. 5114.
    Dic. 3, 1929.
    C. D. Mayagüez.
    Del Toro Soler, apldo., v. Municipio de Cabo Rojo, aplte.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Desestimada por falta de instancia.


text:
    No. 5097.
    Sucn. de José Alfonso Quiñones, aplte. v. Central Eureka, Inc., aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Dic 3, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimada la apelación en este caso a petición de la parte apelada por no haberse radicado la transcripción de la evidencia para lo cual se concedió un término al taquígrafo de 20 días que venció en septiembre de 1929.


author: Juez Asociado Señor Hutcbison.)

text:
    No. 5115.
    Dr. García de Quevedo, apldo., v. Morales et als., apltes.
    O. D. Mayagüez.
    Dic. 3, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutcbison.)

Con lugar la moción de desestimación visto el allana-miento de los apelantes.


text:
    No. 5117.
    Benet Colón, apldo., v. Anzoategui et als., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Dic. 3, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Con lugar la desestimación por no baber hecho gestión alguna para perfeccionar la apelación entablada contra sen-tencia de septiembre 19, 1929.


text:
    No. 5065.
    G. Llinás & Co., aplda., v. Sucn. de Salvador Alemañy, Etc., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Dic. 4, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por ouaNto, reclamándose en este pleito el pago de $265.29 importe de un pagaré y $207.42 por sus intereses, no es apelable para ante nosotros la sentencia condenatoria por dichos conceptos dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla en apelación de la pronunciada por una corte municipal, de acuerdo con el artículo 295, No. 29, del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado en 1905, y nuestra sentencia en el caso de Sues, de L. Villamil & Cía., 35 D.P.R. 911, debemos desestimar, por tanto, la apelación establecida, como solicita la parte apelada.


text:
    No. 5109.
    Roig Commercial Bank, apldo., v. Benítez et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Dic. 4, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por cuanto, aparece de la moción del apelado y de la copia simple de la transcripción de autos que a la demanda en el caso se presentó moción eliminatoria, a cuya vista no concurrió la representación del demandado,- y luego excep-ción perentoria, a cuya vista tampoco concurrió dicha repre-sentación,- y luego una contestación conteniendo una nega-ción que se titula general y específica, de los hechos alegados en la demanda; y que señalado el día para juicio, tampoco compareció la representación del aquí apelante, alegando luego que no había tenido noticia del señalamiento;

Poe ouaNto, en este caso se reclamó por la demanda el pago de cantidad con arreglo a un pagaré que en las alega-ciones se copia, y cuya autenticidad no se halla negada en forma legal;

Por cuanto, el apelante no ha alegado razón legal alguna que nos convenza de los posibles méritos de su apelación; y en cuanto a la falta de notificación del señalamiento no encon-tramos la prueba, y sí aparece que el caso fue señalado en calendario corriente,

Por tanto, se declara con lugar la moción del apelado, y se desestima la apelación por ser frívola.


text:
    No. 5141.
    Ex parte, Almodóvar, peticionaria.
    C. D. Ponce.
    Dic. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Con lugar la desestimación por falta de instancia.


text:
    No. 793.
    Centeno, recurrente, v. Registrador de Caguas, recurrido.
    Dic. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Confirmada la nota del registrador denegando inscripción die embargo de una plantación de cañas porque hallándose la plantación embargada en finca inscrita a nombre de persona distinta de los deudores demandados, y no constando en los libros del registro que tal plantación sea de las personas a quienes ha sido embargada, procedió correctamente el regis-trador recurrido al negarse a anotar dicho embargo, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.


text:
    Ex parte, Gandía, peticionario.
    Dic. 5, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Examinadas la solicitud y certificaciones presentadas, y apareciendo que de los asuntos judiciales en que intervino el solicitante, el más remoto es de fecha 30 de abril de 1924, y vista la Ley No. 78 de 1928, que exige cinco años de práctica con anterioridad a la aprobación de esa misma ley, se deniega la petición de admisión al ejercicio de la abogacía, sin exa-men, dedncida por Don Angel 0. G-andía.


text:
    No. 3936.
    Pueblo, apldo., v. Maceira, aplte.
    0. D. San Juan.
    Dic. 9, 1929.
   Sin lugar la moción del apelante solicitando permiso para xadicar la transcripción de la evidencia, por ser frívolas las razones que le sirven de base; y.con lugar la del fiscal pi-diendo la desestimación del recurso.


text:
    No. 5122.
    Irizarry, aplte., v. Porto Rico Telephone Co., aplda.
    C. D. San Juan.
    Dic. 10, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Se desestima este recurso por no haberse establecido en tiempo la apelación.


text:
    No. 5149.
    Dr. Lange, apldo., v. Lange et als., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Dic. 10, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Habiendo sido interpuesta esta apelación el 11 de octu-bre de 1929 y- solicitado el apelante el 8 de noviembre si-guiente que el taquígrafo luciera la transcripción de la evi-dencia para la apelación, o sea después de los diez días que a tal fin concede la ley, y no habiendo sido presentados en este tribunal los autos de la apelación dentro de los treinta días siguientes a la apelación, debemos desestimarla y la de-sestimamos, como solicita el apelado sin oposición del ape-lante.


text:
    No. 3932.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Humacao.
    Dic. 10, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

No habiendo el apelante proseguido su recurso en este caso en debida forma y no habiendo convencido a esta corte con sus escritos radicados que debe continuarse la causa, se declara con lugar la moción del fiscal y en su consecuencia se desestima la apelación establecida en este caso.


text:
    No. 3933.
    Pueblo, apldo., v. Serrano et al., acusados y aplte. el primero.
    C. D. Humacao.
    Dic. 10, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Yista la petición del fiscal para qne desestimemos esta apelación por falta de alegato y la transcripción de la apela-ción sin qne el apelante Raya justificado dicRa falta, debemos desestimar y desestimamos la apelación interpuesta por Ma-rín Serrano.


text:
    No. 5074.
    González et al., apldos., v. Vega, aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 17, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista en este caso una moción del apelante solicitando un nuevo término para radicar la transcripción de la evidencia en la corte de distrito y para elevar los autos al Tribunal Supremo, y otra de los apelados para desestimar, se declaró sin lugar la primera y con lugar la segunda porque el mero he-cho de haberse presentado una moción sobre desestimación ante este tribunal no justifica en modo alguno la falta de diligencia por parte del apelante, no habiendo éste substan-ciado su alegación sobre los méritos de la apelación ni por argumentos ni citas de jurisprudencia, ni aun un affidavit de méritos.


text:
    No. 5156.
    The United Porto Rican Bank, apldo., v. Nieves, demandada, Vela interventor-aplte.
    C. D. Humacao.
    Dic. 17, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Con lugar la moción de desestimación por falta de instan-cia.


text:
    No. 5154.
    Betances et al., apltes., v. The American Railroad Co. of Porto Rico, aplda.
    C. D. San Juan.
    Dic. 17, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Con lugar la moción de desestimación, por falta de instan-cia.


text:
    No. 5155.
    The American Railroad Co. of Porto Rico, aplda., v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada, y Ayende, aplte.
    O. D. San Juan.
    Dic. 17, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Con lugar la moción de desestimación por falta de instan-cia.


text:
    No. 5158.
    S. Kaplan & Co., aplda., v. Hawayek, aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 18, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Pob cuanto, en este caso se ha solicitado la desestima-ción de la apelación porque el apelante no ha radicado la transcripción de la evidencia ante la corte de distrito, dentro del término y prórrogas que se le concedieron para ello;

Pok cuanto, aparece radicado ante este tribunal el legajo de sentencia en el caso;

Pob cuanto, la parte apelante, en oposición a la moción para que se desestime, alegó tener radicado el legajo de sen-tencia y hallarse pendiente de otras diligencias en cuanto a la aprobación de la transcripción de evidencia;

Por cuanto, es posible seguir una apelación con la trans-cripción de autos,

Por tanto, se declara sin lugar la desestimación solici-tada.


text:
    No. 3943.
    Pueblo, apldo., v. De Jesús, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Dic. 18, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por cuanto, el acusado-apelante fué convicto por el ju-rado del distrito de Arecibo de tentativa de violación, y con-denado por la corte de acuerdo con el veredicto; sentencia de la que ha apelado;

Por cuanto, en esta apelación no se ha presentado trans-cripción de evidencia, ni exposición del caso, que nos dé a conocer los hechos y la prueba;

Por cuanto, tampoco se ha presentado alegato de acuerdo con las reglas de este tribunal, limitándose el que aparece en los autos a consideraciones acerca del veredicto y sus fundamentos, sin que se señalen errores,

Pob taNto, debe confirmarse y se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3821.
    Pueblo, apldo., v. Cabán Ríos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 19, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Apeló el acusado en este caso de una sentencia condenán-dole por haber dado muerte a un niño negligentemente mien-tras guiaba un automóvil en una calle de Bayamón, P. R. Consisten los fundamentos de la moción de nuevo juicio de cuya denegación apeló el acusado en (a) el descubrimiento de nuevas pruebas y (6) en haber sido traicionado por sus testigos Urbano Natal y Víctor Montalvo, de los cuales el primero concurrió a la corte y su declaración fue adversa al acusado, cuando anteriormente y en presencia del defensor del acusado había dado otra declaración completamente dis-tinta favorable a la defensa; el segundo ni siquiera asistió ■a la corte, habiéndose encontrado el peticionario completa-mente huérfano de defensa por la defección de sus testigos. Dice el Tribunal Supremo resolviendo el recurso:

“.Pob cuanto, el acusado anunció que estaba listo para entrar en juicio al principio del mismo, y en nin-gún momento se quejó de la ausencia del testigo Víctor Mon-talvo, ni trató de conseguir su asistencia ni intentó de ma-nera alguna impugnar el crédito dél otro testigo Urbano Natal por la declaración del policía Felipe Sanabria, que compareció como testigo de la defensa, o por el testimonio del acusado, quien también declaró como testigo en su propia defensa;

Pob cuanto, no consta ni en la moción sobre nuevo jui-cio ni en las declaraciones juradas acompañadas a la misma cuáles fueron las diligencias practicadas por el acusado para descubrir las nuevas pruebas en cuestión, ni que se hubiera desplegado actividad alguna con tal fin, sino que por contra-rio dicho acusado confiaba más bien en lo que iban a declarar sus dos testigos Natal y Montalvo, creyendo que no había necesidad alguna de buscar otros,

Pob taNto, se confirma la sentencia apelada.”


text:
    No. 3933.
    Pueblo, apldo., v. Serrano et al., acusados y aplte. el primero.
    C. D. Humacao.
    Dic. 19, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

A la moción de reconsideración presentada por el acusado y apelante, no ba lugar.


text:
    No. 790.
    Calderón, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de San Juan, recurrido.
    Dic. 19, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Pob cuanto, aparece de los documentos presentados en este caso que en dos de las escrituras otorgadas en una división de finca obtenida por herencia, compareció Doña Eulalia Quiñones como apoderada de su esposo Don Francisco Calderón y Escalera, no acreditándose el poder más que bajo la aseveración de la compareciente, y no haciéndose in-dicación de que se trate de poder escrito y expreso;

Pob cuanto, esos dos documentos públicos son parte in-tegrante de una serie de escrituras por medio de las que se hace la división y entrega de bienes inmuebles, herencia de Bárbara Escalera;

Pob cuanto, se halla prescrito por el Código Civil de Puerto Rico (art. 1615) y confirmado por la jurisprudencia que para transigir, enajenar, hipotecar, o ejecutar cualquier acto de dominio, es necesario poder expreso, calidad que no aparece de las escrituras, ni en ninguna otra forma en el re-gistro de la propiedad;

Pob cuanto, es aparente que las dos escrituras de que se trata son parte de un contrato que tiene por fin la división de esos bienes hereditarios, y que consta que ésas y otras es-crituras, que también fueron presentadas, que están, en de-recho, afectadas por las dos de que se habla en primer tér-mino, y cuya, inscripción fue también denegada por la nota de que se recurre,

Pob tanto, se confirma la nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, objeto de este recurso.


author: Juez Asociado Señor HutcMson.)

text:
    No. 5140.
    Pérez, aplte., v. Quintana Racing Park Inc. et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Dic. 20, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor HutcMson.)

Por cuanto, alegan los demandados-apelados como moti-vos para la desestimación de la apelación en este caso, lo si-guiente : primero, que un término de 30 días concedido por la corte de distrito al demandante, a partir de octubre 10, 1929, para archivar la exposición del'caso, es nulo e ineficaz por-que las cortes de distrito no tienen facultad para conceder términos en esa forma, sino solamente para dar prórrogas del término de 10 días que a partir de la fecha de radicación del escrito de apelación señala la ley para radicar la expo-sición del caso; segundo, que aun cuando dicho término sea válido, como el mismo venció en noviembre 9, 1929, y el de-mandante no ha obtenido prórroga alguna para radicar la exposición del caso, no puede ya perfeccionar su apelación por ese medio, ni puede tampoco elevar a este tribunal la transcripción de los autos porque ha vencido también el tér-mino que para ello concede la ley; tercero, que la apelación es frívola y se ha entablado con fines meramente dilatorios, pues por la opinión de la corte de distrito puede verse que el caso fue resuelto en contra del demandante por un motivo fundamental de derecho consistente en que la acción enta-, blada no era la que procedía, así como por razón de la apre-ciación de la evidencia hecha por la corte de distrito; y creen los demandados-apelados que conociendo el demandante- ape-lante que en poder de ellos está depositada la suma de $2,000 para ser entregada al Sr. Oarlos Bird tan pronto la senten-cia sea firme contra el demandante, éste ha interpuesto apela-ción para hacer retardar la entrega de dicho dinero y así tratar de obligar al Sr. Bird a ofrecer alguna transacción; cuarto, que el demandante no lia proseguido su apelación con la debida diligencia, pues habiendo solicitado una copia de las notas taquigráficas del juicio para preparar la exposición del caso, no ba becbo dentro del término señalado la consig-nación requerida para honorarios del taquígrafo;

Pob o danto, el término de 30 días concedido por la corte a que se contrae el primer fundamento puede y debe enten-derse como una prórroga y no como una pretensión por parte del juez de distrito de cambiar el término legal prescrito por la ley;

Pos cuanto, en noviembre 5, 1929, el demandante radicó una moción solicitando de la corte 30 días para archivar la exposición del caso, expresando por un error o inadvertencia al final de dicha moción que se le concediera 30 días al taquí-grafo para la transcripción del récord, moción que fué de-clarada con lugar en noviembre 6 de 1929;

Poe cuanto, en noviembre 19 de 1929 el demandante ra-dicó una moción solicitando se tuviera por enmendada su anterior moción, así como la orden de la corte concediendo lo solicitado, en el sentido de expresar que los 30 días solicita-dos lo eran para radicar la exposición del caso, a lo cual ac-cedió la corte en noviembre 30 de 1929, fundándose en la doc-trina establecida por este tribunal en el caso de Domínguez v. Fabián, 35 D.P.R. 314;

PoR cuanto, de la opinión de la corte de distrito no se desprende que la apelación sea claramente frívola, sin que afecte la cuestión la mera creencia o sospecha infundada de los demandados-apelados en cuanto a la supuesta mala fe del demandante-apelante;

Pok cuanto, queda demostrado por el demandante-ape-lante que éste ha adelantado al taquígrafo la suma de veinti-cinco dólares, existiendo el convenio entre ambos que el resto de los honorarios de dicho funcionario le serán satisfechos tan pronto como pueda hacerle entrega de la transcripción del récord,

Pok tanto, se declara sin lugar la desestimación solici-tada por los apelados.


text:
    No. 4045.
    Pueblo, apldo., v. Díaz et al., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Dic. 21, 1929.
   Por desistida la parte apelante.


text:
    No. 3812.
    Pueblo, apldo., v. Alicea, aplte.
    C. D. Ponce.
    Dic. 23, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Pos cuanto, la objeción a una acusación por haberse ju-rado ante un subsecretario es tardía si se presenta el día del juicio;

Poe cuanto, un subsecretario está autorizado para tomar tales juramentos;

Por cuanto, el apelante no nos convence de que la corte abusó de su discreción al negar la solicitud del acusado pi-diendo que se abriera el juicio de nuevo para permitirle pro-bar que algunos de los testigos principales eran perjuros; tanto más cuanto que las alegadas declaraciones inconsisten-tes que se presentaron no aparecen en la transcripción;

Por cuanto, examinada toda la prueba, la corte no en-cuentra razón alguna para ir contra la apreciación d'e la misma hecha por el jurado,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3931.
    Pueblo, apldo., v. García, aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 24, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cuanto, en este caso el apelante se declaró culpable del delito de que se le acusaba;

Por cuanto, la corte se limitó a imponerle la pena mí-nima que señala el estatuto en casos de esta naturaleza ;

Por cuanto, el apelante no nos convence de que la corte abusó de su discreción al no abrir la sentencia para permi-tirle presentar su defensa,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada.


author: Juez Presidente Señor dél Toro.)

text:
    No. 3893.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Ponce.
    Dic. 24, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor dél Toro.)

Por ouaNto, acusado Jorge Rodríguez como autor de un delito de asesinato en segundo grado, fué condenado como autor de un delito de homicidio involuntario; y

Por cuanto, no conforme con la condena el acusado apeló para ante este tribunal alegando que la sentencia no está sos-tenida por la prueba, habiendo errado además la corte sen-tenciadora al instruir al jurado sobre la llamada confesión del acusado y al no instruirlo sobre el extremo de que las declaraciones escritas presentadas por el fiscal para impug-nar la veracidad de las declaraciones prestadas por dos de sus testigos en el acto del juicio y sobre la evidencia circuns-tancial; y

Por cuanto, el fiscal de esta Corte Suprema admite que la prueba no es bastante y que la corte erró al no instruir al jurado sobre los extremos a que se refiere el apelante; y

Por cuanto, examinados los autos esta corte ha quedado convencida de que se cometieron los errores señalados con los cuales está conforme el fiscal, el primero de los cuales, o sea el de la falta de prueba, no sólo lleva consigo la revocación de la sentencia, si que también la absolución del acusado,

Por tanto, declarando como se declara con lugar el re-curso, se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.


text:
    No. 5116.
    González, et als., dmtes. apltes.-apldos., v. Plazuela Sugar Co., et als., dmdos. apltes.-apldos., y González, et als., interventores apltes.-apldos.
    C. D. Arecibo.
    Enero 13, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Por cuanto, los interventores apelados han solicitado la desestimación de la apelación interpuesta por los demandan-tes fundándose para ello en la supuesta falta de notificación del escrito de apelación a Ambrosio González Román, uno de los demandados, en la supuesta frivolidad de dicha apelación, en no haberse radicado en la secretaría de este tribunal la transcripción de la evidencia ni la transcripción de autos, y en no haberse notificado y entregado a los interventores ape-lantes ni a su abogado copia de la transcripción del legajo de la sentencia;

Pon ouaNto, de la copia certificada del escrito de apela-ción acompañado a la moción se desprende que dicho escrito fué dirigido “Al Ledo. Gustavo Zeno Sama, como abogado de los demandados Plazuela Sugar Company y Ambrosio González Román” y que dicho abogado fué notificado con copia el día 10 de junio1 de 1929, aunque al aceptar la entrega de dicha copia aparece firmando como abogado de la Plazuela Sugar Company únicamente;

Pon cuanto, una declaración jurada de dicho abogado acompañaba,, al escrito de contestación de los demandantes-apelantes a la moción sobre desestimación demuestra que no fué la intención del declarante, abogado de récord de Am-brosio González Román para aquella fecha, limitar su repre-sentación en modo alguno o evadir su responsabilidad como tal abogado, sino aceptar la notificación de la copia del es-crito de apelación en la forma en que estaba redactado ;

Pon cuanto, los promoventes han dejado de demostrar que la apelación establecida por los demandantes sea clara-mente frívola;

Pon cuanto, de la certificación acompañada a la moción sobre desestimación se desprende que los demandantes-ape-lantes no han radicado en la secretaría de este tribunal trans-cripción de evidencia alguna por separado, ni transcripción de autos, porque fué acordado y estipulado a moción de los propios demandantes interventores, que una sola transcrip-ción y un solo legajo de sentencia sirvieran para perfeccionar ambas apelaciones,

' Por tanto, se declara sin lugar la desestimación solici-tada.


text:
    No. 687.
    Camacho, peticionario, v. Corte de Distrito, demandada.
    Enero 13, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

No ha lugar.


text:
    No. 688.
    Sucn. de José Faustino Gorbea, peticionario, v. Corte de Distrito, demandada.

    Enero 13, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

No ha lugar.


text:
    No. 4520.
    Arreche, apldo., v. P. R. Railway Light & Power Co., aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 14, 1930.
   Sin lugar la reconsideración.

El Juez Presidente Señor del Toro, disintió.


text:
    No. 789.
    Vidal, recurrente, v. Registrador de Mayagüez, recurrido.
    Enero 14, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

A la moción de reconsideración, no ha lugar.


text:
    No. 5061.
    Ortiz, aplte., v. Nazario et al., apldos.
    C. D. Ponce.
    Enero 14, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Con lugar la moción de desestimación, por los fundamen-tos de la resolución dictada en Dic. 20 ppdo. en el caso de Ralat v. Nazario et al.


text:
    No. 5192.
    Hernández et al., aplda-aplte., v. P. R. Railway, Light & Power Co., aplte.-aplda.
    C. D. San Juan.
    Enero 14, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

No habiendo hecho gestión alguna la demandante desde el 3 de mayo de 1929 para que el taquígrafo haga la transcrip-ción de la evidencia, por la cual optó para su apelación, ésta ¿debe ser y es desestimada, de acuerdo con la regla 59 de este tribunal.


text:
    No. 5179.
    Pérez, apldo., v. Martínez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Enero 14, 1930.
   No apareciendo satisfactoriamente de los autos que la mo-ción de desestimación lia sido notificada a la snpnesta parte apelante ni a nadie en sn representación, y no bastando la notificación por correo como en el presente caso cuando el su-puesto abogado niega haberla recibido, se declara sin lugar la dicha moción de desestimación.


text:
    No 24.
    Ex parte, Molina, querellado.

    Enero 15, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

No exponiendo la solicitud en este caso hechos constituti-vos de mala conducta profesional del abogado Henry GK Molina, no ha lugar a iniciar procedimientos contra él y archí-vese la petición.


author: Juez Asociado Señor Hutchison.}1

text:
    No. 4940.
    Vázquez, aplda., v. López de Victoria, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 15, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.}1

La sentencia apelada dictóse en mayo 1, 1928, habiéndose radicado el récord de apelación en abril 3, 1929, desde cuya, fecha el apelante pidió y obtuvo ocho prórrogas de 30 días-para alegato. La apelada radicó oposición a nuevas prórro-gas y el apelante pidió una última prórroga para corregir y transcribir el alegato, la cual obtuvo con carácter de última hasta diciembre 14, 1929. En diciembre 31 la apelada pidió-la desestimación por no haberse presentado el alegato dentro» de la última prórroga. El alegato fué radicado finalmente en enero 2, 1930. Resolviendo la desestimación, el tribunal, dice: “y aunque el apelante ha explicado de un modo más-satisfactorio los motivos que le impidieron presentar dicho-alegato durante el tiempo transcurrido entre el día nueve y el día catorce de diciembre de 1929 dentro de la semana si-guiente, sin embargo, ha dejado de explicar el por qué dicho-alegato no hubiera podido ser terminado y radicado durante los diez días que transcurrieron entre el día veintiuno y el día treintiuno de diciembre, fecha en que fué notificada y ra-dicada la moción de desestimación.”

No encontrando el tribunal, por otra parte, que los erro-res argumentados demuestren un verdadero fracaso de la justicia, declaró con lugar la moción de desestimación.


text:
    No. 5193.
    Alicea, aplte., v. Saldaña, apldo.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Por ouaNto, se ña solicitado la desestimación del re-curso que se dice interpuesto en este caso por medio de un escrito que contiene únicamente la siguiente alegación: ‘ ‘ Que se desestime la apelación interpuesta por el demandante por no ñañer radicado en tiempo la transcripción de la eviden-cia;” y

Por cuanto, ese escrito no coloca al Tribunal Supremo en condiciones de actuar debidamente ya que no contiene los da-tos necesarios sobre el pleito, la sentencia que recayera y su fecha, la interposición del recurso y lo ocurrido al tramitarlo, con expresión de fechas, ni viene acompañado de documento alguno creditivo de los hechos que debieron haberse alegado y que pudieron servir de base para llegar a la conclusión que el escrito contiene,

Por tanto, no ha lugar ala desestimación solicitada.


text:
    No. 5176.
    Muñoz Dieppa, apldo., v. Buxó Villafañe, aplte.
    C. D. Humacao.
    Enero 16, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Con lugar la moción de desestimación fundada en que el apelante d'ejó transcurrir los términos para radicar la expo-sición del caso en la corte inferior y el récord en el Tribunal Supremo.


text:
    No. 3939.
    Pueblo, apldo., v. Polanco et al., acusado y apelante el primero.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Por cuanto, el único error señalado por el apelante en este caso es: “El veredicto es contrario a la prueba practi-cada;”

Por cuanto, el apelante no cita parte o página alguna de la transcripción de la evidencia para comprobar las supues-tas contradicciones entre las declaraciones de los testigos de cargo;

Por cuaNto, por los motivos expresados en el informe del fiscal y por otros que no estimamos necesario agregar no estamos conformes con la conclusión deducida por el apelante del supuesto conflicto en la prueba,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en mayo 25, 1929, en el caso de epígrafe.


text:
    No. 265.
    Peña Vda. Balbás, et als., peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, demandada.

    Enero 17, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

No estando convencida esta corte de que procede un mandamus para ordenar a una corte inferior a que castigue por desacato, ni aun suponiendo tal facultad por parte de este tribunal, de que los peticionarios fian agotado todas las po-sibilidades que puedan favorecer la resolución de la corte de distrito al negarse a castigar por desacato, y no habiendo tampoco convencido a esta corte de que los peticionarios su-frirían un verdadero perjuicio por razón de tal negativa por parte de la corte de distrito, no ba lugar a librar el auto so-licitado.


text:
    No. 4940.
    Vázquez, aplda., v. López, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 20, 1930.
   Sin lugar la reconsideración.


text:
    No. 4014.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Enero 23, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por cuanto, en el presente caso no se ba formulado el alegato de conformidad con lo establecido por el reglamento de este tribunal, faltando en él un señalamiento específico de errores, motivo suficiente para desestimar la apelación;

Por cuanto, la cuestión suscitada por el fiscal de este tribunal, con relación a no aparecer de la copia del récord, el nombre de persona alguna jurando la denuncia, no es sufi-ciente, ya que el juicio se siguió sin que se suscitara tal cues-tión, y aparece la copia de la firma del funcionario ante quien se juró, y hay elementos bastantes para suponer que puede haber un defecto en la copia, y para sostener la presunción de que el procedimiento se siguió de acuerdo con las prescrip-ciones de ley,

Pon tanto, se desestima la apelación del acusado en este caso.


text:
    No. 5203.
    Noble Domenech, apldo., v. González Prado, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 29, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor HutcMson.)

Con lugar la moción de desestimación fundada en aban-dono y frivolidad.


text:
    No. 5179.
    Pérez, apldo., v. Martínez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Enero 29, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor HutcMson.)

Con lugar la moción de desestimación fundada en que la apelación y la fianza fueron radicadas fuera de tiempo.


text:
    No. 5202.
    Cautiño Insúa, demandante, Pizá Hnos. S. en C. demandada, y Fernández Vda. de Suárez, interventora-aplda.
    C. D. San Juan.
    Enero 31, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Con lugar la moción de desestimación por los mismos fun-damentos de la resolución dictada hoy en el recurso No. 5201.


text:
    No. 694.
    Loíza Sugar Co. et als., peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, demandada.

    Enero 31, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

No ha lugar.


text:
    No. 5189.
    Sosa et al., apltes., v. Asamblea Municipal de San Juan, et al., aplda.
    C. D. San Juan.
    Enero 31, 1930.
   Sin lugar.


text:
    No. 4014.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Enero 31, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 5196.
    Capella et al., apltes., v. Lluberas et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Feb. 3, 1930.
   No ba lngar a resolver la moción de desestimación de la apelada y se tiene a la apelante por desistida del recurso.


text:
    No. 695.
    Cintrón, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez.

    Feb. 4, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

No ba lugar.


text:
    No. 47.
    Dr. Ortiz, promovente, v. Corte de Distrito de Ponce, et al., demandados
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

A la anterior solicitud de auto inhibitorio, no ba lugar.


text:
    No. 5209.
    The Royal Bank of Canada, aplda., v. López, aplte.
    C. D. San Juan.
    Feb. 4, 1930.
   Desestimado el recurso por abandono.


text:
    No. 5204.
    Schlüter & Co., Sucr., aplda., v. Sucn. de Benigno Díaz, Etc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Feb. 5, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Habiendo la corte en su sentencia hecho la declaración de que los demandados aceptaron la herencia a beneficio de in-ventario, única defensa por ellos alegada en este pleito que versa sobre cobro de dinero contra una sucesión, la apela-ción interpuesta por los dichos demandados resulta prima facie frívola, y debe desestimarse, como por la presente se desestima.


text:
    No. 791.
    Macalla, Etc., recurrente, v. Registrador de Mayagüez, recurrido.
    Feb. 5, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Por cuaNto, cuando en la copia de una escritura el nota-rio certifica que tal copia es una reproducción fiel del original, y al final de éste como se desprende de la copia en este caso, el notario da fe de todo lo que antecede y de que los otor-gantes y testigos firmaron la escritura y esta misma aparece firmada después por el notario, éste ha cumplido con el apar-tado 39 de la sección 20 de la Ley Notarial, sin la necesidad «de más particularidad en esos respectos y especialmente sin la necesidad de decir en la copia que las partes y testigos fir-maron en el original o decir en tal original qué otorgantes ürmaron junto con el notario autorizante,

Poe tanto, se revoca la nota recurrida del Registrador ■-de la propiedad de Mayagüez de fecha 23 de octubre de 1929.


text:
    No. 5207.
    Cuyar, aplte., v. Comisión Indemnizaciones, Etc., apldos.
    C. D. San Juan.
    Feb. 5, 1930.
   Con lugar la moción de desestimación.


text:
    No. 5150.
    Gutiérrez Vda. de Crosas, aplte., v. Longpré et. als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Feb. 5, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por cuanto, se nos pide • desestimemos la apelación en •este caso, porque la transcripción del récord ha sido presen-tada cuarenta días después de expirar el término de treinta •días de archivado el escrito de apelación; y se nos argumenta •que por ese hecho este tribunal no tiene jurisdicción en el caso;

Por cuanto, la transcripción de autos aparece presentada en la secretaría de este tribunal en 26 de noviembre de 1929, y se halla certificada por los abogados de las partes apelantes y apelada en 18 del citado mes;

Por cuanto, aparece presentado en la secretaría de este ■tribunal el alegato de la apelante en fecha 16 de enero de 1930;

Por cuanto, la moción de desestimación fué presentada el 22 de enero de 1930;

Por cuanto, no encontramos razón legal alguna en favor •de la contención de falta de jurisdicción que sostiene la parte apelada María Longpré, Ramón Aboy y Encarnación Aboy Benitez,

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestima-ción.


text:
    No. 5214.
    Zaragoza, aplda., v. León, aplte.
    C. D. San Juan.
    Feb. 11, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Con lugar la moción de desestimación por no haber sido-notificado el escrito de apelación a la apelada y por falta do prosecución.


text:
    No. 3952.
    Pueblo, aplte., v. Rivera et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Feb. 11, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

No encontrando que la apelación en este caso sea frívola*, ya que presenta una importante cuestión de ley, se declara sin lugar la moción para desestimar.


text:
    No. 4839.
    Altiery, apldo., v. Junta Examinadora de Ingenieros, Etc., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Feb. 14, 1930.
   Confirmado por los fundamentos de la opinión en el cas» 4840.


text:
    No. 4971.
    Amadeo, aplte., v. Rodríguez et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Feb. 14, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Desestimado el recurso después de sometido, por falta de-jurisdicción consistente en haberse radicado el escrito de ape-lación después de vencido el término legal.


text:
    No. 5218.
    Benítez, aplte., v. Yabucoa Sugar Co., aplda.
    C. D. Humacao.
    Feb. 19, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

No habiendo el apelante elevado a esta corte los autos den-tro de los 30 días que señala la ley después de aprobada la transcripción de la evidencia, se declara con lugar la moción, de la parte apelada y por consiguiente se desestima la ape-lación entablada.


text:
    No. 3912.
    Pueblo, apldo., v. López et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Feb. 19, 1930.
   (Por la corte; a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Radicado el récord de este caso el 18 de junio, 1929, el apelante obtuvo primeramente 3 prórrogas de un mes cada, una para presentar alegato, un nuevq término por haber ven-cido la última sin radicarlo y finalmente obtuvo dos prórro-gas, la última con carácter de final y vencedora en enero 15.. 1930. En enero 23, 1930, el fiscal pidió la desestimación por falta de alegato que al fin radicóse antes de la vista de la mo-ción. El tribunal, al final de la resolución se expresa así:

“ .... Pon cuanto, las razones alegadas para excusar el retraso del apelante, no pueden tenerse como satisfactorias, ya que no puede serlo el heclio de que la máquina de escribir se descompuso; y en cuanto a la gravedad de la pena im-puesta no sería suficiente por sí sola,

Poe tanto, se desestima la apelación en este caso.”


text:
    No. 692.
    Muñiz Vda. de Pérez Etc., peticionarios, v. Corte de Distrito de Arecibo, demandada.

    Feb. 20, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

No ha lugar.


text:
    No. 265.
    Peña Vda. de Balbás, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, demandada.

    Feb. 20, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Vista la petición de mandamus, las órdenes de la corte inferior de junio 29 y 26 de diciembre de 1929, y vista ade-más la oposición del interventor así como los informes ora-les de ambas partes, aun considerando que este tribunal tenga' facultades para ordenar que una corte inferior castigue por desacato, no encontrando motivos suficientes para intervenir en la discreción de la Corte de Distrito de San Juan en la forma que la ha ejercitado en el presente caso, no ha lugar a conceder el auto de mandamus que se solicita.


text:
    No. 5227.
    Santini Fertilizer Co., aplda., v. Casas et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Feb. 27, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Habiendo sido interpuesta esta apelación el 8 de enero úl-timo sin el sello de rentas internas que dispone la ley y, ade-más, no habiendo hecho los apelantes gestión alguna desde dicha fecha para perfeccionar su recurso, desestimamos la apelación, a instancia de la apelada.


text:
    No. 700.
    Manrique, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan.

    Feb. 27, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

No ba lugar.


text:
    No. 4009.
    Pueblo, apldo., v. Falcón, aplte.
    C. D. Arecibo.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Con lugar la moción de desestimación por falta de alegato y sin lugar la del apelante pidiendo nueVo término para ra-dicarlo.


text:
    No. 5228.
    Félix, peticionario-aplte., v. Carballeira, Juez Municipal de San Juan, apldo.
    C. D. San Juan.
    Feb. 28, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor HutcMson.)

No habiendo la parte apelante hecho gestión alguna desde el 11 de enero de 1930 para tramitar su recurso, debemos desestimar y desestimamos la apelación interpuesta contra la sentencia dictada en este caso.


text:
    No. 4762.
    Mateo, aplte., v. Junta Examinadora de Ingenieros, Etc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Feb. 28, 1930.
   (Por la corte, a propuesta, del

Juez Asociado Señor Wolf.)

A la moción de desestimación presentada el 26 de febrero actual y ampliada en escrito del día siguiente, ayer: aten-dida la interpretación dada por este tribunal a la ley No. 31 de 1927 en los casos de Llovet Díaz, Aran ¡Zuzuarregui, González y Flores, todos contra la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, resueltos el mismo día en que éste fue decidido, surgiendo el hecho de que el peticionario Mateo no había ejercido como un verdadero ar-quitecto de su propia solicitud estudiada a la luz de la prueba que a la junta presentara el mismo peticionario, no ha lugar.


text:
    No. 4657.
    Orange Rice Milling Co., aplda., v. Barasorda, aplte.
    C. D. San Juan.
    Feb. 28, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Vista la moción de reconsideración y el artículo 1226 del Código Civil: no encontrando que la demandante probara la existencia de una agencia suficiente ni la ratificación de que habla dicho artículo, no ha lugar a reconsiderar nuestra sentencia.


text:
    No. 27.

    In re Ardín, querellado.

    Feb. 28, 1930.
   No imputando la querella al querellado hechos cometidos en conexión con el ejercicio de su profesión de abogado, ni la comisión de algún delito que envuelva depravación moral, no ha lugar a proceder.


text:
    No. 5235.
    Cansobre, aplda., v. Bonilla, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 5, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Habiendo el apelante radicado ya la exposición del caso en la corte inferior y no habiéndose demostrado la frivolidad ele la apelación interpuesta, se declara sin lugar la moción de desestimación presentada por la parte apelada.


text:
    No. 3912.
    Pueblo, apldo., v. López Solano et al., apltes.
    C. D. San Juan.
   A la moción de reconsideración, atendida la naturaleza del delito, y estando ya archivado el alegato, se deja sin efecto la resolución de 19 de febrero último y continúe el recurso tramitándose de acuerdo con la ley.


text:
    No. 701.
    Russel y Co., Sucrs., S. en C., peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, demandada.

    Marzo 11, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

No siendo lo alegado en la petición de certiorari que re-solvemos materia propia para el recurso que se interpone, no ha lugar a expedir el auto que se interesa.


text:
    No. 4005.
    Pueblo, apldo., v. Vecchini, aplte.
    C. D. Guayama.
    Marzo 11, 1930.
   Revocada la sentencia y absuelto el acusado, a petición del fiscal, por estimar el tribunal que no hay prueba suficiente.


text:
    No. 5245.
    Díaz Quiñones, aplte. v. Padín Ríos, apldo.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 11, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Con lugar la moción de desestimación por falta de la de-bida prosecución.


text:
    No. 5246.
    Piovanetti, et al., apldos., v. Bacó, et al., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 11, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Con lugar la moción de desestimación por falta de la de-bida prosecución.


text:
    No. 4204.
    Pueblo, apldo., v. Feliciano, aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 12, 1930.
   Desestimada a petición, del fiscal, por abandono.


text:
    No. 699.
    González Collazo, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, demandada.

    Marzo 18, 1930.
   No habiendo dado cumplimiento el peticionario de modo persistente a la Regla 69 del Reglamento de esta corte, se anula el auto expedido devolviéndose los procedimientos ele-vados a virtud del mismo a la corte de su origen.


text:
    No. 267.
    The United Porto Rican Bank, peticionario, v. C. Llauger Díaz, Juez de Distrito de San Juan, demandado.
    Marzo 17, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

No' ha lugar.


author: Juez Asociado Señor ’Wolf.)

text:
    No. 5252.
    Garriga, aplda,, v. Medina, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 18, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor ’Wolf.)

En un caso de reivindicación en el cual no se ha dictado' sentencia, una orden de la corte negándose a abrir una re-beldía anotada por el secretario de la misma, no es apelable; por tanto, se declara con lugar la moción de la apelada y se desestima la apelación.


text:
    No. 5232.
    Herminio Madera & Hno., Inc., aplte., v. Díaz, Sucn., et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Marzo 18, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

No habiéndosenos demostrado que la apelación sea clara-mente frívola en cuanto a una de las pólizas de seguro em-bargadas, no ha lugar a desestimar esta apelación.


text:
    No. 5256.
    León, aplte., v. A. Aguilú Hijo, et al., apldos.
    —C. D. Ponce.
    Marzo 18, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Vista la sección 19 de la ley de 1907 sobre tercerías y apa-reciendo del documento que nos ha presentado el apelado que la apelación en este caso no fné interpuesta dentro de los diez días de notificado el apelante de la sentencia dictada contra ■él, debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación.