author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Manuel Mendía Morales, demandante y apelado, v. Mathieu Alfonsi, demandado y apelante.
    No. 5076.

    Sometido: Marzo 4, 1930.

      Resuelto: Marzo 27, 1931.

      C. Coll y Cuchí y L. B. Polo, abogados del apelante; B. Cuevas Ze-qioeira y II. B. Lienza, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Mendía, el demandante, y Mathieu Alfonsi, el demandado, suscribieron, en unión de la Compañía General de Cines y Espectáculos, un pagaré a favor del Banco Popular de Economías y Préstamos por la suma de diez mil dólares y se lo entregaron al entregar el indicado banco a su vez la expresada suma a la Compañía General de Cines y Espec-táculos. Mendía y Alfonsi actuaron en verdad como fiadores solidarios.

Pasó el tiempo y la compañía no pagó la deuda. Se fueron haciendo abonos, firmándose y entregándose nuevos pagarés, todos con las firmas de Mendía y Alfonsi.

Finalmente, alegando Mendía haberse visto obligado a pagar al banco la deuda original de $10,000, con más $3,335.78 de intereses, inició este pleito contra Alfonsi para que le pagara la mitad de lo por él satisfecho.

Contestó el demandado aceptando la firma y entrega de ios pagarés y el pago de la deuda original e intereses, pero alegando que firmó “como un acto de acomodamiento para el dicho demandante que le manifestó no sólo que estaba in-teresado financieramente en los. negocios de la Compañía de Cines y Espectáculos sino que era su mayor accionista, y el demandado sin tener nexos comerciales o de ninguna otra clase, con el demandante, ni con la ameritada corporación 'Compañía General de Cines y Espectáculos, se prestó al otor-gamiento de su garantía personal. . . como un acto de aco-modamiento a favor del demandante”.

Solicitó el demandante sentencia sobre las alegaciones por entender que tratándose de una. demanda jurada se había contestado en forma tal, que los hechos esenciales de su reclamación quedaban admitidos. La corte declaró sin lugar la petición.

Fué el pleito a juicio, practicando prueba amba's partes. 3 ja demandada pidió entonces que se le permitiera enmendar su contestación, para conformarla a la prueba, agregándole la siguiente defensa:

“Como otra defensa especial el demandado alega que el pagaré a que se refiere el párrafo segundo de la demanda fué satisfecho por la compañía General de Cines y Espectáculos, parte hasta $3,500 directamente al Banco Popular; y el resto al propio demandante.” demanciante parte de su reclamación, o sea $4,917.89, sin especial condenación de costas.

Se opuso el demandante. La corte se reservó su resolu-ción que dictó luego, permitiendo la enmienda y reservando una excepción al demandante.

Finalmente la corte, basándose en una amplia y cuidadosa relación del caso y opinión, dictó sentencia concediendo al

No conforme el demandado, apeló, asignando como errores-ios que siguen :

“La corte erró al declarar que la preponderancia de la prueba en este caso estaba a favor del demandante y apelado.
“La corte erró al resolver el conflicto entre las declaraciones del' demandante y apelado y del demandado y apelante a favor del de-mandante.
“La corte erró al declarar que el demandante apelado pagó al Banco Popular de Puerto Rico las sumas especificadas en la sentencia.
“La corte erró al declarar con lugar la demanda.”

Como puede verse, trátase en este caso, en última instancia, sólo do si la prueba fué o no debidamente apre-ciada por el tribunal sentenciador, ya que el derecho del fiador Mendía a reclamar del otro fiador Alfonsi está consa-grado por la ley y la jurisprudencia.

El artículo 1745 del Código Civil, en lo pertinente, dice:

“Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por ■ una misma deuda, el que de ellos la baya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda, satisfacer. ’ ’

Y esta Corte Suprema, en el caso de Pérez v. Sociedad Agrícola Santiago Hermanos, 37 D.P.R. 15, después de citar y analizar los artículos 1745, 1723, 1104, 1107 y 1112 del Código Civil, se expresó así:

“Por tanto, parece evidente que deudores solidarios pueden co-brarse el uno del otro la cantidad adeudada. El demandante y la demandada en este caso eran solidariamente responsables entre sí cuando firmaron para ayudar á Bautista Rosario.
“La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Una situación parecida se presentó en el caso de Hughart v. Sucesion Hamill, 15 D.P.R. 308. De acuerdo con los becbos de diebo caso la corte basó-su razonamiento principal en el artículo 1112 y resolvió que uno dé-los tres otorgantes de un pagaré puede recobrar de la sucesión del deudor principal. . La decisión en dicho caso está, sin embargo, for-talecida .por la referencia hecha en el artículo 1723, supra. Poste-riormente, en el caso de Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró, 32 D.P.R. 817, esta corte aceptó la doctrina del caso de Hngbart, pero demostró qne los becbos del caso qne tenía ante sí eran distintos.
‘ ‘ En los Estados Unidos continentales, cuando dos personas firman por igual para ayudar a un deudor surge un contrato implícito por razón del pago, y el otro fiador debe pagar su proporción. Allá, se-gún varios principios un firmante de favor es considerado siempre como un fiador. En Maryland un estatuto algo similar al nuestro fué igualmente interpretado en el caso de Fuhrman v. Fuhrman, 115 Md. 441. Louisiana ha interpretado los derechos de los firmantes de favor entre sí, pero las decisiones se hacen depender de principios de ley comercial en general y no de algunas disposiciones especiales del Código Civil. Nosotros también creemos que cuando partes in pa/is firman para ayudar a un tercero, entre las dos que firman para favorecer al tercero, surge una obligación de conformidad con los principios del artículo 1745, supra.”

Véase también el caso de Hernández v. Delgado, 31 D.P. R. 570.

Parece conveniente hacer constar además qne la parte apelada en su alegato insiste en que pudo y debió dictarse una sentencia sobre las alegaciones, y en qne la enmienda permitida lo fué en contra de la ley y la jurisprudencia. No nos detendremos en el análisis de esas contenciones, pero deseamos decir que del ligero estudio que de ellas liemos hecho, encontramos que no están desprovistas de razón.

Yendo al campo más amplio y favorable para el deman-dado que fué el que escogió la corte de distrito para dictar su fallo, entendemos que la sentencia debe confirmarse.

La corte sentenciadora, en su dicha relación del caso y opinión, dijo:
“Por el resultado de la prueba practicada, la corte estima de-mostrado que allá el 27 de mayo, 1920, la Compañía General de Cines y Espectáculos, por su tesorero Juan B. Soto, Mathieu Alfonsi y Manuel Mendía Morales, suscribieron a favor del Banco Popular de Economías y Préstamos, una obligación solidaria por la suma de $10,000 a vencer el 27 de noviembre de 1920; que vencida esta obligación, el 30 de noviembre de 1920, se pagó al banco la suma de $2,000 y se extendió una nueva obligación por $8,000, con las firmas de Compañía General de Cines y Espectáculos, por su tesorero Jaime Gelabert, MatMeu Alfonsi y Manuel Mendía Morales, a vencer el 27 de febrero de 1921; que este pagaré se prorrogó, y en 26 de septiembre, 1921, después de haberse hecho un abono de $1,000.00, se extendió otra obligación, con las firmas solidarias de la Compañía General de Cines y Espectáculos, por su tesorero Jaime Gelabert, MatMeu Alfonsi y Manuel Mendía, por el montante de $7,000 a vencer el 27 de diciembre, 1921; que en 18 de abril, 1922, después de haberse hecho un abono de $500, se extendió otro pagaré, con las mismas firmas de deudores solidarios, por la suma de $6,500, a vencer el 27 de junio, 1922; que se hicieron entonces abonos en distintas fechas desde septiembre 18, 1922, hasta mayo 24, 1927, en cuya fecha quedó totalmente pagada la obligación.
“Aparece también que se pagaron intereses por Manuel Mendía, ascendentes a la suma de $3,335.78, según se alega en el hecho 3 de la demanda que está jurada, y que el demandado no ha negado espe-cíficamente.
“Ge ha demostrado que Manuel Mendía Morales y su esposa Doña Carmen Palés de Mendía, siendo dueños del edificio Teatro Victory Garden, sito en Santurce, P. R., por escritura de 4 de marzo de 1920, lo dieron en arrendamiento, incluyendo su instalación cinematográfica, y mobiliario, a la corporación denominada ‘Compañía General de Cines y Espectáculos’, por su tesorero y director Don Juan B. Soto, por el término de 3 años, desde el 1 de marzo, 1920, prorrogable a dos años más, y canon de $450.00 mensuales; que dicha eorporación explotaba el negocio de cinematógrafo en el edificio arrendado; y que Manuel Mendía Morales no formaba parte de la misma. Declaró Don Juan B. Soto, persona que ha merecido entero crédito para la coyte, que encontrándose una mañana en la Universidad, fué a verle el Sr. Malatrasi para hablarle de traer una compañía de ópera a trabajar en el teatro; que en la tarde'del mismo día se reunió en su oficina con los señores Malatrasi y Mendía, éste que era el dueño del edificio pero no accionista ni oficial de la corporación, y se discutió la conveniencia de traer contratada por la corporación, una compañía de ópera bajo el punto de vista del negocio; que era necesario para ello enviar a New York una suma de $10,000 para que pudiera venir y la corporación no la tenía disponible, pero que un banco estaba dispuesto a prestarla con la firma de la corporación, del señor Mendía, y de otra persona; que el testigo manifestó que él firmaría como representante de la corporación, pero no garantizando individual-mente la operación, y entonces el señor Malatrasi sugirió que el Sr. Alfonsi firmaría, presentó su nombre diciendo que él había visto al Sr. Alfonsi, y se llegó a la conclusión que se traería la compañía y •que el señor Alfonsi firmaría el pagaré; y qne el documento se firmó posteriormente porque era necesario ir al banco a obtener el impreso y llenar los requisitos. Declaró Don Manuel Mendía Morales que él prestó su garantía a solicitud de Don Juan B. Soto, como tesorero ■de la corporación, y de su manager señor Tosté, gratuitamente y como un favor a la corporación, y aunque nada manifestó el Sr. Soto sobre ese particular, de su testimonio resulta que quien pre-sentó el nombre de Mathieu Alfonsi para firmar el pagaré, después de haber hablado con él, fué el señor Malatrasi, y dicho señor Al-fonsi fué el primero que firmó la obligación por $10,000 llevada a él por el señor Malatrasi, haciéndolo luego el Sr. Soto por la corpora-ción, y Manuel Mendía. El Sr. Malatrasi no declaró en el juicio.
“Existe notable contradicción entre las declaraciones de Manuel Mendía y Mathieu Alfonsi, que son las partes demandante y deman-dada en este pleito. El primero declaró, como antes se ha expresado, que él suscribió el documento a solicitud de los señores Soto y Tosté, como un favor a la corporación; mientras que el segundo mani-festó que en el París Bazar se le presentó una tarde el Sr. Mendía, dieiéndole que se trataba de traer una compañía de ópera para el Victory Garden, que se necesitaba para ello una cantidad no menor de $6,000 y que hacía falta una segunda firma, y que el demandado le contestó que no tenía inconveniente en complacerle, habiendo dado la firma al señor Mendía y no a la compañía. Se resuelve el conflicto a favor del demandante.
“Aparece de la prueba que el señor Alfonsi, que es hombre de negocios, firmó en 27 de mayo de 1920 el pagaré por $10,000 que le llevó el Sr. Malatrasi, con la sola manifestación de que era mandado por Mendía, siendo el Sr. Malatrasi un empleado de la Compañía ■General de Cines y Espectáculos, encargado del abono y. la persona, -que según el Sr. Soto, había hablado con Alfonsi y manifestado que lo firmaría; que con posterioridad el demandado firmó también los ctros tres pagarés de febrero 27, 1921, por $8,000; de diciembre '27, 1921, por $7,000; y de junio 27, 1922, por $6,500, que le pre-sentara Jaime Gelabert, Tesorero de la Compañía de Cines y Es-pectáculos, sin que en ello tuviera intervención alguna el demandante; y que en septiembre 22, 1923, el Sr. Mendía escribió al Sr. Alfonsi, comunicándole los avisos que había recibido del Banco Popular, lla-mándole la atención del balance que restaba de los $10,000 o sea la •suma de $4,900, comunicándole las gestiones que había practicado con la principal deudora Compañía General de Cines y Espectáculos para que pagara la deuda, las que habían resultado infructuosas, y pidiéndole que viera la forma de cancelar ambos la deuda como únicos-responsables después de la insolvencia de la compañía. Nada contestó’ a esta carta el señor Alfonsi, ni nada pagó al banco, a pesar de los-18 avisos que se le remitieron. No comprendemos cómo si el señor Alfonsi firmó el primer pagaré por $10,000 únicamente para com-placer al Sr. Mendía y no a la Compañía General de Cines y Espectáculos, firmara luego los subsiguientes, llevados todos por em-pleados de la compañía, durante un período de dos años, sin hablar nada con el señor Mendía, ni contestar su carta de septiembre 22 de 1923, en donde le establece la responsabilidad de ambos.
“Por el resultado de la prueba, la corte estima que Manuel Mendía. y Mathieu Alfonsi eran fiadores de la Compañía General de Cinesy Espectáculos en la operación con el Banco Popular de Economíasy Préstamos; . . .
“El demandado admitió en el juicio y la prueba también lo de-muestra, que el demandante satisfizo directamente al banco la suma, de $6,500 y los intereses, -que según el hecho 3 de la demanda, no-negado específicamente, ascienden a la suma de $3,335.78. En cuanto-a los $3,500 restantes del capital, declaró el Sr. Jaime Gelabert que-él los satisfizo personalmente al banco, con dinero de la compañía, y como el 'Sr. Mendía también declaró que al principio daba dinero a la Compañía de Cines y Espectáculos para hacer abonos a cuenta,, que le prestaba o anticipaba dinero para que fueran al Banco a pagar,, la corte da crédito en ese respecto al Sr. Gelabert. No puede el demandante recobrar del demandado las cantidades que él prestara a la compañía, aunque fuera para satisfacer parte de la deuda, por-que los pagos así realizados se consideran como de la compañía y no-del demandante. En cuanto a la otra parte del testimonio de Ge-labert, referente a que los $6,500 restantes, que el demandado ad-mitió que los había pagado Mendía, los satisfizo también la Compañía General de Cines y Espectáculos, traspasándole el mobiliario en page de los arrendamientos debidos y del pagaré, es insuficiente para llegar a esa conclusión, pues no se establece claramente en qué consistía ese-mobiliario, su valor, ni recuerda el testigo a cuánto ascendía la deuda por concepto de arrendamientos y del pagaré; y por el contrario-afirmó el Sr. Mendía, de manera categórica, que la compañía le debía rentas atrasadas y puso un interventor para cobrarlas, no siende cierto que la compañía para el pago de los $6,500 y las rentas, le entregara el mobiliario. Según la escritura de 24 de marzo de 1920, el edificio fué arrendado a la compañía con su mobiliario, que se detalla así: Un lienzo de aluminio montado en su correspondiente cuadro para las proyecciones; setecientas butacas de hierro y ma-dera, con brazos y plegadizos los asientos; ciento ochenta sillas de tijeras, corrientes, amarillas; dos máquinas de cinematógrafo, ‘Simplex’, completamente nuevas y equipadas de todo lo necesario para el funcionamiento. ...”

En su alegato el apelante transcribe parte del testimonio de ambos, demandante y demandado, y liace {grandes es-fuerzos por demostrar que debe prevalecer el del demandado,, especialmente teniendo en cuenta la declaración de Jaime Gelabert. Sin embargo, aunque no puede negarse la fuerza de sus argumentos, no es diclia fuerza bastante para destruir-la conclusión del tribunal sentenciador. En vez de pasión, prejuicio o parcialidad, todo revela deseo de acertar y jui-ciosa observación por parte de dicbo tribunal, y, como tantas veces se ba dicbo, él estaba en mejores condiciones qué nos-otros para juzgar de la veracidad de los testigos.

No bay duda alguna que el demandante Mendía tenía otras relaciones con la Compañía de Cines y Espectáculos, pero no puede asegurarse que la empresa le pagara lo que él pagó en relación con el documento base de este pleito. Mendía era el dueño del edificio arrendado por la com-pañía y él también en ese sentido quedó envuelto en el fracaso de la misma. Era natural que Mendía tuviera in-terés en el éxito del negocio de la empresa, pero ello no quiere decir que la operación de ayudarla a conseguir el dinero necesario para traer la compañía de ópera, no tuviera vida separada por sí misma. Fué un negocio independiente. Un mal negocio tanto para. Mendía como para Alfonsi, pero el mal, de acuerdo con la ley, debe distribuirse entre ambos. Alfonsi no puede eludir, por más esfuerzos que baga, la parte que le toca. Es la consecuencia de sus propios actos. Puesta una firma, precisa honrarla. Si como dice, Mendía le prometió garantizarlo contra toda responsabilidad, debió lo mismo que él le daba su firma a Mendía, exigir que Mendía le diera la suya a él en otro documento.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


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license: Public Domain

text:
    Victorio Arroyo, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Arecibo, Hon. Puro Girau, Juez, demandada y apelada.
    No. 5490.

    Sometido: Marzo 20, 1931.

      Resuelto: Marzo 27, 1931.

      Luis Mercader, abogado del apelante; José B. Aponte, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Victorio Arroyo inició en la Corte Municipal de Arecibo un pleito en cobro de pesos y para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse embargó cincuenta sacos de arroz. The American Colonial Bank of Porto Rico reclamó en tercería la propiedad del arroz embargado y, mediante fianza que prestaron Antonio Márquez y Amelio Cortés, le fué el arroz entregado. Tanto el pleito en cobro ■de pesos como la tercería se fallaron en favor de Arroyo, Por la sentencia en la tercería se condenó solidariamente al tercerista y a sus fiadores a pagar a Arroyo la suma recla-mada, intereses y costas.

La sentencia en el caso de tercería fné notificada al ter-cerista y al fiador Cortés. El tercerista apeló de ella para ante la corte de distrito. Nada Rizo el fiador. Y así las-cosas, Arroyo pidió a la corte municipal que ordenara la ejecución de la sentencia contra el fiador Cortés y como se negara, inició contra ella este procedimiento de mmdcmus en la corte de distrito.

Presentada la solicitud, la corte libró una orden para que la, demandada compareciera y mostrara las causas que tu-viera, si las tenía, para que.el auto solicitado no se expidiera.

En el día señalado comparecieron las partes. La corte municipal pidió que la solicitud fuera desestimada. Ambas partes tuvieron oportunidad de exponer su caso con toda amplitud y, finalmente, la corte de distrito, exponiendo sus razones en una cuidadosa opinión, declaró no baber lugar a expedir el auto solicitado. No conforme Arroyo, apeló, se-ñalando en su alegato la comisión de siete errores, la mayor parte de ellos impugnando los razonamientos del juez ex-puestos en su opinión.

A nuestro juicio, bajo cualquier aspecto que el caso se considere, debe confirmarse la sentencia recurrida.

En primer lugar, dadas las circunstancias concurrentes, esto es habiendo surgido una verdadera cuestión legal a resolver a virtud de bailarse pendiente la apelación interpuesta por el tercerista contra la sentencia cuya ejecución se pedía, el auto de mandamus no es el remedio adecuado como lo hubiera sido en el caso de una negativa a librar una orden de ejecución de una sentencia claramente firme.

Y en segundo lugar, yendo al fondo de la cuestión, es-tamos enteramente conformes con la corte sentenciadora en que interpuesta la apelación por el tercerista, la verdadera parte en el pleito, la sentencia no puede ejecutarse contra el fiador. Este sigue la suerte de la persona a quien fiara.

El que se trate de un fiador solidario, no importa. Si a virtud de la apelación, en el nuevo juicio que se celebre en la corte de distrito, dicho tribunal se convence de que la razón asiste al tercerista y no a Arroyo la sentencia sería revocada, y si la obligación del principal desapa-rece, ¿cómo habría de subsistir la de su fiador? En casos de esta naturaleza, la integridad, que es una de las cualidades de casi todas las sentencias, es completa. Ai los fiadores no se les hace partes en el pleito. Ellos responden de la sol-vencia de la parte que fiaran para cumplir la obligación que se impuso. Es la parte fiada la que actúa y ataca o se de-fiende. Si gana, nada tiene que hacer el fiador; si pierde, ■el fiador responde, pudiendo hacerse efectiva contra él la obligación sin necesidad de recurrir primero contra el deudor principal cuando la fianza, como en este caso, es solidaria. Pero cuando el deudor pierde en la primera instancia y, de acuerdo con la ley, sigue gestionando en la segunda, aunque nada haga el fiador directamente, a pesar de haberse dictado contra él la sentencia también de acuerdo con la ley, no se puede exigir que cumpla su responsabilidad mientras pende la apelación. La sentencia que le impuso esa responsabilidad dejó de ser ejecutoria a virtud de dicha apelación interpuesta por la verdadera parte en el pleito. Esto es evidente.

■Debe confirmarse la resolución recubrida.


author: JEl Juez Asociado Señor Wole,

text:
    La Sucesión de Harry A. McCormick, representada por sus albaceas testamentarios Dolores Alcaide Baiz, Antonio S. Alcaide Baiz, Carlos J. Torres y William A. McKinley, demandantes y apelantes, v. José Carrión, demandado y apelado.
    No. 4874.

    Sometido: Enero 21, 1930.

      Resuelto: Marzo 27, 1931.

      Heriberto Torres Sola y Garlos J. Torres, abogados de la apelante; F. Gallardo Díaz, abogado del apelado.
   JEl Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Harry A. McCormick falleció bajo testamento en San •Juan, el 17 de octubre de 1927. El testamento se fecbó el 12 de abril, 1927. El testador designó como herederos •algunos de sus parientes más cercanas; reconoció el usu-fructo de su esposa; hizo varios legados, y nombró a ciertas personas como albaceas suyos, los que tomaron debida pose-sión de sus cargos. La cláusula XVI del testamento disponía lo siguiente:

“Los albaceas podrán acordar y pagar a otras personas los gastos y retribuciones que crean convenientes en la administración y cus-todia de los bienes y tendrán la representación exclusiva del caudal en los litigios de cualquier clase que contra el mismo se promovieren, eon facultades amplias para defenderlos, transarlos o contratar los -servicios de letrados, caso necesario, e igualmente procederán cuando el litigio fuere promovido por el caudal.”

Entre los bienes relictos estaba una finca en Yabucoa, compuesta de sesenta cuerdas. Alegando haber sido pertur-bados en la posesión de dicha propiedad por José Carrión, los albaceas incoaron pleito contra él. El litigio se intituló “Sucesión de Harry A. McCormick, representada por sus albaceas testamentarios’’ (designándolos). La demanda, ade-más de alegar algunos de los hechos que anteceden, adujo ■que los albaceas habían disfrutado la pacífica posesión material de esa finca hasta el 26 de marzo, cuando el demandado penetró en ella violentamente, etc. En la demanda también ■se alegó que Harry A. McCormick estuvo en posesión de la finca hasta el momento de su muerte, y que entonces la cus-todia y administración de sus bienes pasó a los albaceas. ISe radicó una contestación en la que se alegaron varias de-fensas, y la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia •en favor del demandado. De ahí esta apelación.

La Corte de Distrito de Humacao resolvió, siguiendo una defensa especial, que el demandante (sic) no tenía persona-lidad para demandar. La teoría fué que como se designó en el testamento a un número de herederos voluntarios, éstos eran los únicos con capacidad para demandar; que si bien el tes-tador había nombrado albaceas con facultades especiales,, también había designado herederos, y que él no podía violar los derechos de estos últimos. Se citó el caso de Domínguez v. Sucesión Nadal, 38 D.P.R. 372, el que a su vez citó el de Pérez v. Zeda, 35 D.P.R. 329, que es un caso de administra-ción, j no de albaceazgo. La corte entonces resolvió que los albaceas carecían de personalidad para demandar.

Los apelantes llaman nuestra atención, entre otras cosas, hacia la alegación contenida en su demanda al efecto de que instaron este pleito en beneficio de la sucesión; que el testa-dor no dejó herederos forzosos, sino completamente volun-tarios; que la herencia de McCormick era enteramente de libre disposición; ellos mantienen que los herederos volun-tarios heredan, por tanto, a la voluntad del testador; que bajo estas circunstancias, los albaceas son mandatarios del testador (78 J. C. 26; Sucesión Criado v. Martínez, 25 D.P.R. 334); que los albaceas quedan obligados por todo aquello que esté especialmente regulado (100 J. C. 391; Vilella v. El Registrador, 36 D.P.R. 795). Entonces los apelantes hacen referencia al artículo 53 del Código de Enjuiciamiento Civil, así:

“Un albacea, administrador o comisario (trustee) por comisión expresa, o una persona especialmente autorizada por la ley puede demandar sin el concurso de las personas en cuyo beneficio se ejercita la acción. Una persona con la cual, o en cuyo nombre se celebra un contrato en beneficio de otra, es tenido por comisario (trustee) de una comisión expresa dentro del significado de este artículo.”

Bajo el artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, la jurisprudencia tiende a demostrar que los albaceas pueden actuar en un caso como el presente, de ser aplicable el artículo 53. Creemos que lo es, y nada de lo que dijimos en el caso de Pérez v. Pérez 41 D.P.R. 852 milita contra su aplicación. Convenimos con los apelantes en que los casos de Domínguez v. Nadal, y Pérez v. Zeda, son entera-mente distintos, y nos inclinamos a favor de algunos de sus otros razonamientos, todos los cuales no hemos transcrito. No se presentó ningún caso de tal testamento específico en que los herederos fueran enteramente voluntarios. Los al-baeeas quedaron investidos de la posesión de la finca desde la fecha del fallecimiento del testador.

Además, en la demanda se alega la posesión material en los albaceas, y la prueba prima facie tendió a justificarla. No son los herederos voluntarios quienes han comparecido a la corte a oponerse, sino un alegado poseedor torticero. Si los apelantes tenían o no derecho a mantener la posesión, es cuestión distinta, pero no puede haber duda alguna de que si ellos tenían efectivamente la posesión material, según la prueba tendió a demostrar, les asistía, al amparo de las leyes de 1913 y 1917, el derecho de recuperarla. Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores pro-cedimientos no mcom.patibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gabriel Herrera, acusado y apelante.
    No. 4354.

    Sometido: Marzo 10, 1931.

      Resuelto: Marzo 27, 1931.

      A. Reyes Delgado•, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso lee como sigue:

“Yo, Rafael B. Díaz, J. D., vecino de Arecibo, P. R., calle Gonzalo Marín número 38, de mayor edad, formulo denuncia contra Gabriel Herrera por delito de inf. al artículo 433 del Código Penal de P. R., cometido de la manera siguiente: Que en 19 de agosto de 1930 y en el poblado Jareales, del Bo. Cambalache, de Arecibo, dentro del distrito judicial del mismo nombre, el referido acusado Gabriel Herrera, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente, habién-dose encontrado tres monedas de oro españolas, de a un cuarto de onza cada una, que tenían un valor de $10.00, el acusado no practicó diligencias algunas para restituirlas a su legítimo dueño, ni las entregó a la's autoridades correspondientes, apropiándose el hallazgo, y cuyas monedas entregó más tarde a Manuel Ríos Reyes para que se las liquidara, todo sin haber practicado justas y razonables diligen-cias para encontrar al dueño y devolverle su propiedad, las que per-tenecían al Sr. José Matienzo, y eran producto de un escalamiento perpetrado en la casa de éste pocos días antes de que el acusado las encontrara. Las referidas monedas fueron ocupadas en poder de Manuel Ríos Reyes y se ponen a disposición de la Hon. Corte como evidencia del caso.”

Así, pues, el fundamento del delito, según indica el ape-lante, fué que el acusado se bailó tres monedas españolas que tenían un valor de diez dólares, que le habían sido hurtadas a Matienzo, las que eran producto de un escalamiento perpe-trado en la casa de José Matienzo; que el acusado no hizo esfuerzos para averiguar el verdadero dueño o para entregar el dinero a las autoridades; que se apropió del dinero. El artículo 622 del Código Civil impone el deber a una persona que hallare bienes muebles de restituirlos a su anterior poseedor o en su defecto al alcalde del pueblo.

El artículo 433 del Código Penal lee así-:

“La persona que encontrare alguna cosa perdida, bajo circuns-tancias que le dieren indicio de su legítimo dueño, o le facilitaren el medio de averiguarlo, y se apropiare el hallazgo, bien para su uso particular, bien para el de otra persona, sin haber practicado las •diligencias del caso para encontrar el dueño y devolverle su pro-piedad, será culpable de hurto, y será castigado con la pena corres-pondiente. ’ ’

Bajo el artículo 622 del Código Civil, supra, la persona que se halla bienes muebles está en la obligación de hacer ciertas cosas que se especifican en el citado artículo. El deber es muy general.

Sin embargo, el deber que surge bajo el Código Penal es distinto. Bajo dicho código una persona es solamente culpable de un delito si deja de devolver los bienes bajo circuns-tancias que le dieren indicio de su legítimo dueño. Si dejan de existir estas circunstancias no hay delito. Esta es la tendencia de todas las autoridades citadas tanto por el ape-lante como por el fiscal, quien igualmente sugiere la revoca-ción. 17 R.C.L. 38, 39; Com. v. Titus, 17 Am. Rep. 138 y nota; Bailey v. State, 21 Am. Rep. 182; Griggs v. State, 29 Am. Rep. 762; Reed v. State, 34 Am. Rep. 732.

La sentencia apelada debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señoh Hutchison,

text:
    Vicente López, demandante y apelado, v. G. Llinás & Co., S. en C., y Amelia Costas Ferrer, demandados y apelante la primera.
    No. 5344.

    Sometido: Marzo 17, 1931.

      Resuelto: Marzo 27, 1931.

      Tomás Paz, abogado del apelante; Leopoldo Tormes, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación de una sentencia dictada en favor de Vicente López, dueño de cierto ganado embargado por la parte apelante como de la propiedad de Amelia Costas Eerrer, demandada en un procedimiento ejecutivo sumario.

La primera contención de la apelante es que la corte de distrito erró al declarar sin lugar una excepción previa a la demanda radicada por López, quien, al trabarse el embargo, alegó ser dueño de los bienes embargados, sin especificar la fuente de su título o la manera en que adquirió. La alegación de dominio, sin más, era la consignación de un hecho último, y la omisión de detalles no equivalió a dejarse de alegar hechos suficientes para constituir causa de acción. 21 Cal. Jur. 38.

La segunda contención es que la corte de distrito erró al admitir un documento de venta, infringiendo el artículo 1195 del Código Civil, que dispone que:

“La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. ’ ’

La disposición del código se dirige al valor probatorio de un documento privado, en lo que concierne a la fecha del mismo, y no a su admisibilidad en evidencia. El caso dé autos se rige por el de Mattei v. Díaz, 25 D.P.R. 332, y el de Longpré v. Wolff, 23 D.P.R. 15; no por Aguayo v. Vázquez, 33 D.P.R. 913, citado por la apelante. El Juez de distrito no erró al admitir en evidencia el documento de venta.

Otra contención es que la corte erró al eliminar del récord cierta pregunta y las contestaciones a otras dos preguntas. Estos errores, de haberse cometido, no exigirían, bajo las circunstancias del presente caso, la revocación.

La contención final de la apelante es que la corte cometió error al apreciar la prueba en conjunto. En su relación de hechos y opinión el juez dice que creyó a los testigos del reclamante. Sus declaraciones, de ser ciertas, dan amplio apoyo a la sentencia. Si bien las circunstancias en que descansó la apelante podrían haber justificado un resultado diferente, no son tan incompatibles con los hechos reseñados por los testigos del reclamante que justifiquen a este tribunal en alterar la conclusión a que llegó el juez de distrito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Seño» TexidoR,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Colón, acusado y apelante.
    No. 4248.

    Sometido: Febrero 4, 1931.

      Resuelto: Marzo 27, 1931.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño» TexidoR,

emitió la opinión deL tribunal.

El apelante fné juzgado por un jurado legalmente consti-tuido, en la corte de distrito de Arecibo, y bajo la acusación cuyo testo es como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Ramón Marrero, c|p Moncho, Carlos Colón y Olimpio Pérez, por el delito de asesinato en primer grado (felony) cometido de la manera siguiente:
“Los referidos acusados, Ramón Marrero, c|p Moncho, Carlos. Colón y Olimpio Pérez, en la noche del día 4 de septiembre de 1929, y en el sitio conocido por ‘Junco’, del Bo. Hato Abajo, de Arecibo, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, allí y entonces, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, con malicia premeditada y deliberado propósito de dar muerte, demostrando te-ner un corazón pervertido y maligno, acometieron, agredieron y torturaron a Antonio Rivera (ser humano) produciéndole varias he-ridas en el cráneo y cuerpo con una azada, siendo una de dichas, heridas (la que le ocasionaron en la región occipital derecha del crá-neo, con fractura dé éste) la causa de la muerte ilegal de dicho' Antonio Rivera, que ocurrió allí y entonces, pocos momentos después.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. ’ ’

El Jurado declaró a este acusado culpable de asesinato en segundo grado; y la corte condenó a la pena de veinte años, de presidio con trabajos forzados. Contra la sentencia en que se le impone tal pena, apela el acusado Colón.

Los errores señalados por el apelante son dos: uno por la denegación de orden de nonsuit, y otro por haber dictado* sentencia contra el acusado siendo el veredicto contrario a derecho y a las pruebas.

En el juicio declaró el Doctor Guillermo Curbelo,. acerca de las heridas observadas por él en el cadáver de* Antonio Bivera, y de que ellas fueron la causa de. la muerte* de Bivera; y en cuanto a su conocimiento de la persona cuya autopsia practicó, dijo que cuando fue a practicar la autopsia preguntó al celador del cementerio cuál era el cadáver de Antonio Bivera, y el celador se lo señaló.

Los testigos Guillermo Fuentes y Manuel Barrios, ambos de la Polioía Insular, declararon acerca de una azada que se bailó en el sitio en que estaba el cadáver, y cuya azada presentaba manabas de sangre y de barro; y asimismo acerca del sitio, y de los barrancos que en el mismo bay, y de cómo encontraron una vaca amarrada a una raíz; y de que en el sitio babía un machete largo.

Marcos Maldonado dijo ante el jurado cómo se cometió el crimen, y su participación en el mismo, de acuerdo con Moncho Marrero, Carlos Colón, y Olimpio Pérez. Relató su ida a casa de Justo Marrero, para decirle que le iban a robar las gallinas, aviso que dió Carlos Colón, y que después echaron a correr, y encontraron a Moncho Marrero, quien mandó a Carlos a que llamara a Antonio Rivera, mientras Marrero sacaba la vaca, como lo hizo, amarrándola de la raíz de un palo, y Colón llamó a Rivera, diciéndole que le robaban la vaca; salió Rivera, que llevaba un machete, y Marrero había subido a la parte arriba de donde estaba la vaca, y cuando llegó Rivera y la fué a soltar, Marrero- desde' arriba-le dió con la azada, cuyo instrumento le es presentado y lo reconoce como el mismo que usó Marrero; que Colón también le dió a Rivera con un machete que llevaba, y que cogieron el dinero que llevaba Rivera, y luego se lo repar-tieron en casa de Carlos Colón.

Nicomedes Rivera declaró acerca de una conversación que ante él tuvieron, el 7 de septiembre Pedro Jiménez y Carlos Colón, y de cómo éste relató cómo había llegado la gente, por dónde bajaron, cómo bajaron la vaca, “un relato tan minucioso — dice el testigo — que Pedro - le dijo: entonces fuiste tú, cuando sabes tantas cosas,” y Colón le contestó: “Yo no fui, pero a ese sinvergüenza lo hubiera matado yo antes”.

El testigo Pedro Jiménez confirma la conversación con Carlos Colón, y que éste le dijo que suponía que el hecho había ocurrido así: “El muerto estaba durmiendo, y lo lia-marón por detrás del seto, y le dijeron ‘Toño, te roban la vaca,’ y se levantó, y cogió el machete y se fné detrás de la vaca a la rejolla, y entonces allí lo mataron,” y qne nno le había acometido por arriba mientras soltaba la vaca. El téstigo le dijo que él sabía más de la cuenta y que él había sido, y Colón dijo que él no había sido, pero que ese individuo estaba pasado de que lo mataran.

En términos parecidos declaró Luis García Colón, que oyó también la conversación entre Jiménez y el acusado.

El fiscal del distrito de Arecibo declaró acerca de la forma en que Marcos Maldonado relató, ante él y en presencia de Carlos Colón y Moncho Marrero, cómo ocurrieron los hechos, y que Carlos Colón al decirle el testigo que Maldonado lo declaró todo, dijo: “Yo perdí esa oportunidad”.

Se ofreció por El Pueblo, como prueba, el machete y la azada, y quedaron admitidos.

La defensa pidió que se eliminara la declaración de Maldonado, y que se ordenara al jurado que trajera un veredicto absolutorio. La moción fué denegada.

Esta apelación se funda principalmente en que la de-claración del cómplice Maldonado no fué corroborada, y no puede ser usada para condenar al acusado.

En la decisión en el caso criminal No. 4202, El Pueblo v. Marrero, rendida por este tribunal en 18 del corriente mes de marzo (41 D.P.R. 951), hemos expuesto la doctrina seguida por este tribunal en esta materia de corroboración del testi-monio del cómplice, que es la misma que aplicamos a este caso.

El jurado es el tribunal de hecho y a su decisión se someten las cuestiones de esa clase; él juzga de la certeza de los testimonios; a él toca decidir si se ha corroborado un testimonio en forma tal que pueda producir la razonable certeza necesaria, para absolver o condenar. De la opinión disidente en el caso El Pueblo v. Ortiz, 22 D.P.R. 680, copiamos:

"En el caso de El Pueblo v. Cofres!, resuelto por este tribunal en julio 9, 1915, indicó el tribunal que por lo general puede confiarse en que el jurado en Puerto Rico condena a un hombre que es culpable de un delito, y de igual modo puede tenerse confianza de que absuelve al acusado si es inocente. La actitud de las cortes de ape-lación en tratar de dejar sin efecto el veredicto del jurado en casos más o menos parecidos puede observarse en la jurisprudencia general y particularmente en los casos de The People v. Vereneseneckockockoff, 129 Cal. 497; State v. Marren, 107 Pac. 1000-01; The People v. Sutton, 17 D.P.R. 343; State v. Brown, 113 Pac. 783; People v. Muhly, 114 Pac. 1017. Ad quaestionem facti non respondent judiees, ad quaestionem legis non respondent juratores.”

La cita en latín que se acaba de copiar expone una doctrina de acuerdo con la verdadera naturaleza de la insti-tución del jurado.

No encontramos que se baya cometido ninguno de los errores que se señalan por el apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor, DEL JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

text:
    Salvador E. Suazo, peticionario y apelante, v. Andrés A. Lugo, demandado y apelado.
    No. 4301.

    Sometido: Noviembre 25, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1931.

      J. B. Soto j J. Iglesias de la Cruz, abogados del apelante; R. A. Gómez,' abogado dé M Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del. tribunal.

Salvador E. Suazo fné acusado por el fiscal del distrito de San Juan, Puerto Eico, por infracción de la sección o artículo 18 de la ley número 19, Asamblea Legislativa de Puerto Rico, año 1928, para reglamentar la venta de café-extranjero. Este acusado fué detenido, y presentó ante la Corte de Distrito de San Juan, Puerto Rico, una petición de Mbeas corpus, que fué oída por la corte, y ésta, final-mente, dictó una resolución denegatoria, de la que se lia. apelado ante este tribunal.

La ley que se dice infringida, es así:

“Sección 18. — Los traficantes en café extranjero que lleven li-bros oficiales, los tendrán a la disposición de los agentes de rentas internas para cualquier inspección de los mismos que desearen haceren cualquier ocasión.”

El acusado Suazo se negé a presentar tales libros a un agente de rentas internas, afirma el fiscal en su acusación..

El peticionario alegó: que los hechos que se le imputan no constituyen delito público alguno; que la ley No. 19, que se dice infringida impone a los traficantes en café extranjero la obligación de tomar una licencia, a renovarla cada tres meses y por valor de $20' para el tráfico al por mayor, y de $5 para el tráfico al detalle; que- esa ley impone a Ios-dichos traficantes el pago de- estampillas preparadas por el Tesorero de Puerto Rico, por dos centavos por libra de café que vendan, y lo mismo por el que exporten, y al imponer tales contribuciones de rentas internas, y de exportación* viola la sección 3 de nuestra Ley Orgánica, y la Constitución de los Estados Unidos.

En la apelación se asignan a la resolución de la corte de distrito dos errores, que debemos estudiar. Bu la realidad la asignación puede reducirse a un error, el de declarar que la ley es constitucional y válida.

Como lo ba hecho el apelante, tiene este tribunal que decidir los distintos motivos o cuestiones legales, para pro-ceder con método a su estudio y resolución.

Se ha argumentado en este caso acerca del precedente en esta jurisdicción, casos Nazario v. Gallardo, 40 D.P.R. 791. La cuestión primordial no fué presentada de una manera completa y total en esos casos.

La Ley No. 19, de 19 de abril de 1928, tiene el siguiente título:

“Ley para reglamentar la venta de café extranjero puro o mez-clado con café de Puerto Rico y para proveer fondos con que pagar los gastos que ocasione tal reglamentación, y para otros fines.”

Por su título, esta ley va dirigida a la reglamentación de venta, no de todo el café con que pueda comerciarse en Puerto Rico, sino única y exclusivamente del café que se designa como “extranjero”. Y si vemos el artículo o sección 24 de esta ley, encontramos que para sus fines, es café extranjero todo el que no haya sido cosechado o producido en Puerto Rico.

¿Es ésta una ley de inspección? Este es uno de los primeros problemas a resolver en este caso.

Desde luego, es de poca importancia el nombre que se dé a la ley. Así, en el caso Wagner v. City of Covington, 251 U. S. 95, se dice:

. . apenas si es necesario repetir que cuando esta corte está . llamada a catar, mediante las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos, una contribución impuesta por un estado, nuestra decisión debe depender, no de la forma del plan de contribuciones,, o de cualquier caracterización del mismo adoptada por las cortes del estado, sino más bien de la acción práctica y del efecto de la contri-bución tal cual se aplica y se pone en vigor. . .”

En este caso se trataba de una licencia de venta; pero la imposición alcanzaba lo mismo a los del Estado de Kentucky; •que a los de cualquier otro Estado. Desde luego es de- tenerse en cuenta lo anotado, porque fija una regla importantísima: la de estimar la naturaleza del tributo o carga por sí misma, por su esencia y sus efectos, y no por el nombre que se le Raya querido dar.

¿Crea la ley de 1928, de que se trata aquí, un taco, una •contribución, un impuesto, o es simplemente un derecbo de inspección1?

Aunque, como expondremos, no tiene este punto la gran importancia que, a primera vista aparenta, es conveniente ■decir algo para resolverlo.

Sería imposible citar aquí todas las definiciones RecRas por diversos tribunales de la Unión. Pero es necesario pre-sentar algunas.

“Las contribuciones se definen \Coyno cargas o gravámenes im-puestos por el poder legislativo sobre las personas o los bienes, para levantar fondos destinados a fines públicos.”

Esta definición del diccionario de Webster fue adoptada y citada en gran número de decisiones; pero en ninguna ocasión se Ra afirmado con tanta fuerza como en el caso Loan Association v. Topeka, 20 Wall. U. S. 655, que nos pro-ponemos citar más por extenso en esta opinión.

En la decisión en el caso Loan Association v. Topeka, 20 Wall. 655, se dijo por la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que copiamos:

“Debe admitirse que hay derechos en todo gobierno libre que ■están fuera del dominio del estado. Un gobierno que no reconociera ■esos derechos, que mantuviera la vida, la libertad y la propiedad de ■sus ciudadanos sujetas en todo tiempo a la absoluta disposición y al' ■dominio ilimitado aún del más democrático depositario de poderes, no sería, al fin y al cabo, más que un despotismo. Es verdad que ■sería el despotismo de los más, de la mayoría, si queréis llamarlo así, pero no dejaría por eso de serlo en lo más mínimo. Si un hombre Ra de mantener todo aquello que esté acostumbrado a llamar suyo, todo aquello en que haya depositado su felicidad, y cuya seguridad sea esencial a su bienestar, bajo el dominio ilimitado de otros, puede muy bien dudarse si no es más sabio que ese poder deba ser ejercido por uno que por muchos.
“La teoría de nuestros gobiernos, estadual y nacional, es opuesta al discernimiento de poderes ilimitados en nadie. Las ramas eje-cutiva, legislativa y judicial de estos gobiernos son todas de poderes limitados y definidos.
“Hay limitaciones en tales poderes que emanan de la naturaleza esencial de todos los gobiernos libres. Hay reservas tácitas de de-rechos individuales, sin las que no podría existir el conglomerado social, y que son respetadas por todos los gobiernos que sean acreedo-res al nombre que ostenten. Ninguna corte, por ejemplo, vacilaría en declarar nulo un estatuto que proveyera que A y B, que son ma-rido y mujer, dejaran de serlo, y que con posterioridad a la aprobación del mismo, A se convirtiera en el esposo de C y B en la esposa de D. O que dispusiera que el hogar seguro perteneciente en la actualidad a A dejará de ser suyo y en el futuro será de B.
& r/,- # 5X;
1 ‘ El poder de imponer contribuciones es, por tanto, el más fuerte, el más difusivo de todos los poderes del gobierno, que llega directa o indirectamente a todas las clases sociales. El Juez Presidente Sr. Marshall dijo en el caso de McCulloch v. The State of Maryland, que el poder de imponer contribuciones es el poder de destruir. Un ejemplo resaltante de la solidez de esa proposición se observa en el hecho de que la presente contribución del diez por ciento impue'sta por los Estados Unidos sobre el funcionamiento de todos aquellos bancos que no sean nacionales, hizo desaparecer, dentro de uno o dos años de haber sido aprobada, todos los bancos estaduales. Este po-der puede ser utilizado tan fácilmente contra una clase de individuos como en favor de otra, en forma tal que arruine a una clase y conceda riqueza y prosperidad ilimitadas a la otra, de no existir una limi-tación implícita respecto al uso que ha de darse a tal poder.
“Ejercer con una mano el poder del gobierno sobre la propiedad del ciudadano, y conferirlo con la otra a individuos favorecidos para ayudar empresas privadas y levantar fortunas particulares, no deja de ser un robo porque se haga bajo visos de legalidad y porque se le llame imposición de tributos. Esto no es legislar. Esto es de-cretar bajo fórmulas legislativas.”

No puede concebirse el poder de imponer contribuciones como ilimitado y arbitrario.

La primera limitación de ese poder se encuentra en su propia naturaleza. La contribución, gravamen impuesto a los ciudadanos con detracción de sus riquezas o sus ganancias, ha de fundarse, para ser legal, en la necesidad de atender los servicios públicos o los fines de la comunidad. A este prin-cipio, a un mismo tiempo rigurosamente científico y esencial-mente práctico han respondido todos los códigos políticos fundamentales de los pueblos civilizados. Y la Constitución de los Estados Unidos, en su Sección 8, Artículo Primero, lo encarna así:

“El Congreso tendrá facultad: Para establecer y recaudar con-tribuciones, derechos, impuestos y arbitrios a fin de pagar las deudas y proveer a la defensa común y bien general de los Estados Unidos; pero todas las contribuciones, derechos, impuestos y arbitrios serán uniformes en todos los Estados Unidos. ’ ’

Para proveer a la defensa común y al bienestar general de los Estados Unidos, es decir, para la comunidad, y pai*a beneficio de todos, se establece y justifica ese poder del Con-greso.

En la opinión concurrente del Juez Field en el caso Pollock v. Farmers’ Loan and Trust Co., 157 U. S. R. 429, encontramos:

“Según sostiene el abogado: ‘No hay tal cosa en la teoría de nuestro gobierno nacional como el poder ilimitado del Congreso para imponer contribuciones. Hay limitaciones,’ según él observa con razón, ‘de sus poderes, que emanan de la naturaleza esencial de todo gobierno libre; hay reservas de derechos individuales, sin las que la sociedad no podría existir, y que son respetadas por todo gobierno. El derecho a imponer tributos está sujeto a estas limitaciones.’ Loan Association v. Topeka, 20 Wall. 655, y Parkersburg v. Brown, 106 U. S. 487.” (De la página 599, Tomo citado.)
“La naturaleza inherente y fundamental de un tributo es la de una contribución para el sostenimiento del gobierno, impuesta sobre el principio de igual y uniforme prorrateo entre las personas afecta-das por el impuesto, y cualquiera otra exacción no cae dentro de la definición legal de una contribución.”

En la nota en el caso City of New Orleans v. Great Southern Telephone and Telegraph Company, 8 Am. State Reports, 506, se incluyen varias definiciones del término “tax” que concuerdan, en sn esencia, con el concepto qne exponemos.

Es indudable qne la ley de qne tratamos, orea un gravamen, un tributo, o una carga, sobre determinada industria; la de la venta en el'país y la de la exportación, de café ex-tranjero, entendiéndose por tal el que no se fia cultivado, recolectado, o producido, en Puerto Rico; que esa carga, tributo, o contribución, grava solamente el café extranjero, y el tráfico y negocio sobre el mismo, y no afecta al tráfico y negocio sobre el café producido en Puerto Rico. •

¿Cómo se establece ese gravamen o tributo? En las sec-ciones 2, 9 y 10 de la ley de que se trata, se establece el tributo en la forma que sigue:

“Sección 2. — Dicha persona, firma o compañía deberá solicitar, por escrito, del Tesorero de Puerto Rico, antes de dedicarse a traficar con café extranjero puro o mezclado con café de Puerto Rico, la correspondiente licencia, la cual deberá ser renovada trimestral-mente, debiendo cancelar sobre cada licencia expedida sellos de rentas internas por valor de veinte (20) dólares si se trata de traficantes al por mayor, y de cinco (5) dólares cuando se trate de traficantes al detall. Estas licencias vencerán el día primero de cada uno de los meses de enero, abril, julio y octubre.
“Sección 9. — Todo café extranjero en granos enteros, crudo o tostado, triturado o molido que se venda, al por mayor o al detall, dentro del territorio de Puerto Rico, (o que se exporte de Puerto Rico para cualquier punto de los Estados Unidos o de país extran-jero) deberá llevar adherido o fijado en los sacos o envases en que se coloque o empaque para su venta o explotación, un sello o estampilla en el cual estará estampado, impreso o grabado lo siguiente: ‘Café Extranjero — Foreign Coffee.’ Los expresados sellos o estampillas se confeccionarán y fijarán o adherirán de manera que en cuanto sea posible, no puedan ser imitados, cambiados ni falsificados, y de modo que, al abrirse el saco o envase, sea destruido el sello; Dispo-miéndose, que dichos sellos o estampillas, serán fijados en, o adheridos a los expresados continentes cuando su contenido consista en granos enteros o triturados de dicho fruto, cosechado totalmente en el ex-tranjero, o mezclado con granos enteros o triturados de dicho fruto cosechado en Puerto Rico, o de polvo de café extranjero o mezclado con café de Puerto Rico; y que serán fijados, o adheridos por la persona que venda o exporte dicho fruto, antes de que éste salga deí almacén, depósito, tahona o sitio cualquiera, en que se le tuviere para su venta al por mayor o detall; Disponiéndose, además, que cuando la venta se hiciere de un traficante al por mayor a un trafi-cante al detall establecido en Puerto Rico, corresponderá a éste úl-timo el fijar sobre los envases la estampilla correspondiente al vender al consumidor.
“Sección 10. — Los sellos o estampillas a que se refiere la sección anterior de esta Ley, se prepararán, emitirán y distribuirán por el Tesorero de Puerto Rico y serán de los valores que fije dicho Teso-rero, sobre la base de dos (2) centavos por cada libra. El valor de cada sello o estampilla se grabará o imprimirá también en ellos en forma legible; se tendrán a la venta y distribución en las Colec-turías de Rentas Internas. ’ ’

Tenemos, pues:

(a) Una licencia para el tráfico en café extranjero.

(b) Un pago, en sellos de rentas internas, de dos centavos por libra de café extranjero.

(c) La venta, negociación, o tráfico del café producido en Puerto Pico, no aparece gravada, ni con la imposición de licencia, ni con la de fijar, previo pago, sellos de clase alguna en los envases del producto.

La ley, sección 24, define el café extranjero como “todo el que no baya sido cosechado o producido en Puerto Pico”.

Para completar los precedentes es necesario tener en cuenta que:

. (a) La sección 23 de la ley citada, dispone que los fondos o producto de la venta de los sellos y de las licencias y las multas, creados o impuestos por la misma ley ingresarán en el Tesoro Insular y constituirán un fondo especial, que se llamará “Pondo de Protección Cafetera”.

(b) Que la Legislatura de Puerto Pico, en 1930, pasó la Ley No. 4, por la que se autorizó al Gobernador de Puerto Rico a disponer de los balances pasado y de 1930 del fondo de protección cafetera, después de cubiertos los gastos de fiscalización e inspección, para el fomento de la agricultura y la instrucción rural en las zonas cafeteras de Puerto Rico, y fomento de la agricultura, etc.

(g) Que en el mismo año 1930, en la Ley de tarifas aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, aparece una Sección, la 319, cuyo texto es:

“Sección 319 (m). — Impuesto sobre el café importado en Puerto 3ieo.
“Por la presente se autoriza a la Legislatura de Puerto Rico a imponer derecho de importación sobre el café importado en Puerto Rico, incluyendo el café molido en un país extranjero que entre a Puerto Rico procedente de los Estados Unidos. Tales derechos serán cobrados y tratados en la forma dispuesta actualmente por la ley en los casos de derechos de importación cobrados en Puerto Rico.”

(d) Que en Resolución Conjunta No. 59 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada en 5 de marzo de 1930, se estableció, a partir de 1 de agosto de 1930, un derecho de importación de diez centavos por libra a todo café que se importara en Puerto Rico, empezando a regir la ley tan pronto como se aprobara por el Congreso de los Estados Unidos cualquier ley autorizando a la Legislatura de Puerto Rico a imponer un derecho de importación al café que se importara en Puerto Rico.

Estas disposiciones de la ley de 1928 para reglamentar la venta de café extranjero ¿contienen una imposición de contribuciones, o son determinantes de un derecho de inspec-ción?

Parece ser éste uno de los problemas más importantes del oaso, y si lo fuera, encontraríamos ya una decisión, la del caso Nazario v. Gallardo, Tesorero, 40 D.P.R. 791, en que se dijo que la ley creaba un derecho de inspección (inspection fee).

En los casos Nazario v. Gallardo, supra, la cuestión mías importante era si se trataba de una contribución en la que ol pago bajo protesta pudo dar marg’en a recobrar el im-porte.

En este caso el apelante, y por él su. representación el Abogado D. Juan B, Soto, presenta la cuestión en otros tér-minos : Si, sea derecho de inspección o contribución, pudo la Legislatura crear una inspección de carácter de privilegio, discrimen o diferencia, en favor de unos comerciantes en café de Puerto Rico, y en perjuicio de otros que comercian o trafican en café extranjero, dentro del mismo territorio.

Para el estudio y resolución de esta cuestión, precisa ordenar y someter a método los distintos extremos presen-tados.

Las leyes, a cuya luz deben estudiarse aquellos problemas, son:

1. La Constitución de los Estados Unidos.

2. El Acta Orgánica de Puerto Rico.

En cuanto a la Constitución de los Estados Unidos, ya fiemos hecho alguna, indicación de cómo establece el poder de imponer contribuciones. Pero es forzoso entrar en otros particulares.

La Sección 1 de la'Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos, es como signe:

“Sección 1. — Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Es-tados Unidos y del Estado en que residen. Los Estados no podrán dictar ni hacer cumplir ninguna ley que restrinja las prerrogativas o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrán privar a ninguna persona de la vida, la libertad o los bienes de fortuna, sin el debido procedimiento legal, ni negar a nadie en su jurisdicción la igual protección de las leyes.”

Copiando en parte ese precepto, que es al mismo tiempo, la más sólida garantía de los derechos primarios del hombre, y la suprema realización legal, de los ideales y principios democráticos, dice la Sección 2 de nuestra Ley Orgánica:

“No se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedi-miento de ley, o que negare a una persona de dicha isla la protección igual de las leyes.”

¿Choca la ley de que tratamos con el principio de igual protección de la ley, o se ajusta a él? Esto es, a nuestro juicio, el problema de más importancia en el caso ante nos-otros.

Esta ley, sin duda alguna, trata de distinta manera a los que comercian y trafican en café extranjero y a los que lo hacen en café cultivado y producido en Puerto Eico. Mien-tras el tráfico y comercio de estos últimos es libre, y se halla, exento de impuestos especiales, el de los primeros se halla sujeto al pago de una licencia, y al pago de sellos que se hacen indispensables. Y la diferencia se establece de manera inequívoca, al definir lo que es café extranjero, o sea el café que pudiéramos llamar castigado con los impuestos. •

En el caso Ward v. Maryland, 12 Wall. 418, se trataba de un estatuto que fijaba como requisito para el tráfico de géneros, por los que no fueran productores, la obtención de licencia, de diversos tipos o precios; y en lo que se refería a los no residentes en Maryland, establecía una distinta licencia, por valor de $300 anuales. El tipo más alto de licencia para los comerciantes o traficantes residentes en Maryland, era de $150.

Ward, un ciudadano de los Estados Unidos y ele New Jersey, residente en New Jersey, vendió, por muestras, dentro de los límites de Baltimore, arneses de caballo; Ward no tenía la licencia exigida por el estatuto; fué acusado ante una corte de Baltimore; y la defensa fué que el estatuto era anticonstitucional y nulo, defensa que no fué aceptada por la corte, que multó a Ward en $400; condena confirmada por la corte de apelación de Maryland. La Corte Suprema de los Estados Unidos, decidió que el estatuto de Maryland de que se trataba era anticonstitucional y nulo, por bailarse en pugna con el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos. De la opinión tomamos los siguientes párrafos:

‘ ‘ Las contribuciones, se admite en esos casos, pueden ser impuestas, por un estado sobre todas las ventas efectuadas dentro de él, bien se produzcan los artículos vendidos en el .estado tributante, o en cual-quier otro, siempre que la contribución sea uniforme; pero la corte al mismo tiempo decide en ambos casos que un impuesto que discri-mina en contra de los artículos de los ciudadanos de los otros estados-de la Unión sería incompatible con las disposiciones de la Constitu-ción Federal, y que la ley que imponga tal derecho sería inconstitu-cional y nula. Semejante exacción, no importa el nombre que se le dé, es una contribución sobre los artículos o efectos vendidos, toda vez que el vendedor tiene que aumentar el precio a fin de compensar la suma cargádale por la licencia, la que debe ser pagada por el con-sumidor o por el vendedor mismo; y en uno u otro caso la suma cargada equivale a una contribución directa sobre los artículos o efectos.
»* # * # ' #
“Dése por sentado que los estados puedan imponer contribuciones discriminatorias contra los ciudadanos de otros estados, y pronto se hallará que la facultad concedida al Congreso para reglamentar el comercio entre los estados carece de valor, toda vez que el poder sin freno de los estados para imponer contribuciones resultará ser más eficaz para promover la desigualdad que cualesquiera reglamenta-ciones que el Congreso pueda adoptar para preservar la igualdad de derechos que tuvo por mira la Constitución entre los ciudadanos de los varios estados. En todas partes se ha admitido que los estados pueden imponer arbitrios, siempre que no sean de alguna forma dis-criminatorios; mas no debe olvidarse que los ciudadanos de los dis-tintos estados viven bajo una constitución común, que se instauró para establecer la justicia, y que, con las leyes del Congreso y con los tratados celebrados por la autoridad correspondiente, es la ley suprema de la nación. Y esa ley suprema exige igualdad de cargas y prohíbe la discriminación • en los impuestos estaduales cuando se aplica tal facultad a los ciudadanos de los demás estados. La des-igualdad de cargas, así como la falta de uniformidad en la regla-mentación del comercio, fué uno de los agravios de que se quejaron los ciudadanos bajo la Confederación; y la nueva Constitución fué adoptada, entre otros motivos, para remediar los defectos del régimen anterior.’ ’

En el voto concurrente del Juez Sr. Bradley encontramos lo que sigue:

“Estoy conforme con la opinión de la corte en que la actuación de la Legislatura de Maryland impugnada en este caso discrimina en favor de los residentes y en contra de los no residentes del estado, y que, por tanto, infringe el artículo 4 de la Constitución de los Es-tados Unidos, y es, por ende, írrita y nula. Pero soy además de opinión de que tal actuación infringe la cláusula de comercio de la Constitución que confiere al Congreso la facultad de reglamentar el comercio entre los varios estados; y lo sería aunque impusiera a los residentes la misma carga por vender artículos mediante muestras que la impuesta a los no residentes. Tal ley impediría, en efecto, que los fabricantes de los estados fabriles vendieran sus productos en otros estados a menos que establecieran en éstos casas de comercio o que vendieran a comerciantes residentes que se decidiesen a en-viarles pedidos. Ella es en verdad un derecho de importación fi-jado por un estado contra otro bajo el nombre de un impuesto. Por’ tanto, disiento de cualquier manifestación en la opinión de la corte que en forma alguna signifique que tal carga, bien en forma de una contribución o de una penalidad, aunque se imponga en igualdad de condiciones sobre residentes y no residentes, sería constitucional.”

Esta lectura nos lleva a considerar, no sólo el precepto constitucional que hemos venido tomando en cuenta, sino también lo que allí se denomina “cláusula comercial” o sea la parte de la Sección 8, Artículo I de la Constitución, que confiere al Congreso de los Estados Unidos el poder para jegular el comercio con las naciones extranjeras, el comercio entre los Estados y el con las tribus indias. Y éste es uno de los aspectos bajo que presenta su caso el apelante. Este añade que la Sección 3 de nuestra Ley Orgánica, es de aplicar a su contención. El precepto legal que cita en un Disponién-dose., dice así:

“Que no se hará distinción alguna entre los artículos importados de los Estados Unidos o de países extranjeros, y los artículos simi-lares producidos o manufacturados en Puerto Rico.”

Puede llegarse con el ilustrado abogado del apelante a la conclusión que él ofrece en su alegato. Esto es: la Sección S, Artículo I, de la Constitución, Ira reservado al Congreso el poder de regular el comercio entre los distintos Estados, y éstos no pueden adoptar o crear legislación alguna que regule o tienda a regular, directa o indirectamente tal co-mercio. Aparente la finalidad de esas disposiciones legales,, no nos es difícil llegar a la conclusión primera del apelante con respecto a que en ella está la prohibición de legislación discriminatoria, diferencial o de diversidad, con respecto a personas o productos de diversos Estados.

Por la Sección 9, Artículo citado, Constitución de los Estados Unidos, se prohíbe a los Estados el establecimiento' de impuestos o derechos sobre la importación o exportación, excepto en lo que pueda ser “absolutamente necesario para ejecutar sus leyes de inspección.” Pero, esto no quiere decir que las leyes de inspección puedan ser discriminatorias, ni convertirse en leyes de imposición de derechos o tributos a la exportación o la importación. Como ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos en su decisión en el caso Wagner v. City of Covington, supra, el nombre que se dé a la imposición no es lo importante, sino el efecto de la misma.

De las autoridades que cita el apelante para sostener su primera proposición, copiarnos, haciéndola nuestra, la del caso Minnesota v. Barber, 136 U. S. 313, en donde se dijo r

“Un impuesto discriminatorio fijado por un estado, que sea des-ventajoso para los productos de otros estados al ser introducidos en aquél, es, en efecto, una reglamentación que restringe las relaciones comerciales de los estados y como tal es una usurpación de los po-deres conferidos al ■ Congreso por la Constitución de los Estados Unidos. ’7

El estatuto de Minnesota de que en este caso se trataba era uno que proveía para la inspección del ganado que había de sacrificarse para consumo público. En él se establece la inspección del ganado, y las condiciones en que ha de llevarse a cabo. Como se dice en la decisión:

“La presunción de que este estatuto fue promulgado de buena fe, para el fin expresado en su título, o sea, para proteger la salud de los ciudadanos de Minnesota, no puede regir la determinación final de la cuestión de si es contrario a la Constitución de los Estados Unidos. Puede que no sea el propósito de la Legislatura infringir las disposiciones de ese instrumento, y sin embargo, un estatuto adoptado por ella en forma de ley puede, por sus efectos necesarios, destruir los derechos otorgados o garantizados por la Constitución. En tales casos, las cortes deben sostener la ley suprema de la nación, declarando el estatuto inconstitucional y nulo. Este principio de in-terpretación constitucional ha sido enunciado frecuentemente por este Tribunal. En el caso de Henderson & C. v. New York & C., 92 U. S. 259, 268 en que un estatuto de Nueva York que imponía condiciones gravosas y casi imposibles de cumplir sobre el desem-barque de pasajeros de buques dedicados al comercio con el extran-jero, fué declarado inconstitucional y nulo por ser una reglamentación de tal comercio, la corte dijo que: ‘No importa la fraseología en que se redacte un estatuto, su fin debe ser determinado por su efecto natural y razonable.1 En People v. Compagnie Générale Transatlantique, 107 U. S. 59, 63, en que la cuestión envuelta era la validez de un estatuto del mismo estado, que trataba de sostenerse como una ley de inspección autorizada por la sección 10 del artículo I de la Constitución, y así se designó en su título, se dijo: ‘Un estado no puede calificar una ley destinada a levantar fondos para sostener a los pordioseros, para investigar o impedir el crimen, para prevenir las enfermedades y curar a los enfermos, como una ley de inspec-ción, dentro del significado constitucional de esa palabra, designán-dola así en el título. ’ Así, en el caso de Soon Hing v. Crowley, 113 U. S. 703, 710, se dijo: ‘Es regla general, en lo que atañe a las dis-posiciones de todos los cuerpos legislativos, que los tribunales no pueden penetrar en los designios de los legisladores al aprobarlas, salvo tal cual puedan inferirse de la propia faz de las leyes o cole-girse de sus efectos, considerados en relación con las condiciones del país y la legislación vigente. Los designios de los legisladores, con-siderados como los fines que tuvieron en mente, siempre se presumirá que son para cumplir aquello que surge como efecto natural y razo-nable de sus actuaciones. ’ En Mugler v. Kansas, 123 U. S. 623, 661, la corte, dspués de decir que toda presunción posible es en favor de la validez de un estatuto, manifestó que el poder judicial debe obe-decer la Constitución más bien que a la rama legislativa del gobierno, y que debe, bajo su propia responsabilidad, determinar si en un caso en particular los límites de la Constitución han sido traspasados. Se dijo además: ‘Por tanto, si un estatuto que se supone haber sido promulgado para proteger la salud, la moral o seguridad públicas no tiene relación real o substancial con tales fines o es una invasión palpable de los derechos garantizados por la ley fundamental, las cortes están en el deber de así declararlo, dando de ese modo efecto a la Constitución.’ Por la autoridad de dichos casos, y de otros que podrían citarse,, es nuestro deber inquirir, con respecto al estatuto que tenemos ante nos, no sólo si existe una relación real o subs-tancial entre los fines manifiestos y los medios de la legislación diseñados para realizar esos fines, sino también si por sus resultados necesarios o naturales, menoscaba o destruye derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos.”

La Corte Suprema llegó a la conclusión de que tal estatuto, por requerir que para ser vendida en Minnesota carne de buey, ternera, camero, cordero o cerdo, destinada a alimento humano, los animales de que procediera tenían que ser ins-peccionados en Minnesota, antes de ser sacrificados, era en violación de la Constitución de los Estados Unidos. En la opinión se citan los casos de Woodruff v. Parham, 8 Wall. 123, 140, Hinson v. Lott, 8 Wall. 148, Wellton v. Missouri, 91 U. S. 275, Railroad Co. v. Husen, 95 U. S. 465, y otros, igualmente importantes.

La segunda proposición del apelante o sea que toda ley que impone una licencia para comerciar con un producto extranjero, y no exige la misma licencia para comerciar con el producto nativo de la misma clase, es discriminatoria, y, por ello, anticonstitucional, es, a nuestro juicio, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos y con la jurispru-dencia, correcta.

El caso que cita el apelante, Wellton v. Missouri, 91 U. S. 275 (98 U. S. en el alegato) contiene la misma doctrina legal que venimos exponiendo. Como hemos dicho, aparece citado en Minnesota v. Barber.

La doctrina expuesta tiene el carácter de indiscutible después de la decisión de la Corte Suprema en Wright v. Wright, 141 U. S. 62. En este caso se trató un estatuto por el que se exigía que toda harina que se importara o trajera al Estado de Virginia, para ser en él vendida, debería ser revisada y marcada con el sello de inspección de Virginia. En la opinión se cita la definición del Chief Justice Marshall en Gibbons v. Ogden, 9 Wheat 1, de lo que son leyes de inspección, así:

“El objeto de las leyes de inspección es mejorar la calidad de los artículos producidos por la industria de un país; hacerlos apro-piados para la exportación, o acaso para el uso doméstico. ’ ’

Y se dice, por la corte:

“La ley de que se trata es discriminatoria, y exige la inspección de harina traída de otros estados, cuando tal inspección no se re-quiere para la harina fabricada en Virginia. Este aspecto del caso lo trae directamente dentro del principio de Brimmer v. Rebman, 138 U. S. 78, decidido en el presente término. La ley discutida en ese caso fué otro estatuto de Virginia haciendo ilegal la venta, dentro del estado, de cualquier carne fresca (carne de vaca, de ternera y de carnero) procedente de carnicerías que estuvieran a cien millas, o más, del sitio en que fuera ofrecida en venta, hasta que hubiera sido inspeccionada y aprobada con arreglo a la ley. El Juez Asociado Sr. Harlan, como juez ponente, dijo: ‘Indudablemente, un estado puede establecer reglas para la protección de su pueblo contra la venta de carnes malsanas, siempre que tales reglas no estén en con-flicto con los poderes conferidos por la Constitución al Congreso, o no infrinjan derechos otorgados o garantizados por ese instrumento. Pero no puede, so color de ejercer sus poderes de policía, o de aprobar leyes de inspección, hacer discriminaciones en contra de los productos e industrias de algunos de los estados en favor de los pro-ductos e industrias del propio u otros estados. El dueño de las carnes de que se trata, aunque fueran de animales sacrificados en Illinois. tenía derecho, al amparo de la Constitución, a competir en los mercados de Virginia sobre bases de igualdad con los dueños de carnes similares de animales sacrificados en Virginia o en cualquier punto dentro de un radio de cien millas del sitio de la venta. Cualquier regla local que por sus términos o por sus consecuencias necesarias niegue esta igualdad en los mercados de un estado es, cuando se aplica al pueblo y a los productos o industrias de otros estados, una carga directa sobre el comerciante entre los estados, y, ergo, nula. Wellton v. Missouri, 91 U. S. 275, 281; Railroad Co. v. Husen, 95 U. S. 465; Minnesota v. Barber, 136 U. S. 313, 319. ’ El caso de Brimmer v. Rebinan se decidió de acuerdo con estos puntos de vista, declarándose inconstitucional y nula la ley en cuestión.”

Evidentemente, y bajo cualquier nombre que se le quiera dar, la Ley No. 19 de 19 de abril de 1928, es como de su contexto aparece, y como de su efecto u operación resulta una ley para protección del café de Puerto Pico contra com-petencia del café que allí se llama extranjero.

La Ley del Congreso de los Estados Unidos permitiendo' a la Legislatura de Puerto Rico la creación de un derecho de-importación sobre el café extranjero, llena los fines de pro-tección, con la diferencia de que el producto de tal derecho de importación se invierte en beneficio del pueblo en general.

Del estudio de la precedente jurisprudencia, venimos a la consideración del nuevo aspecto en que por el apelante se presenta la cuestión de constitucionalidad de la ley. En los casos Nazario v. Gallardo, supra, la cuestión no fué la misma, ni se resolvió, como ahora, si aun tratándose de una ley de inspección, podía ésta ser discriminatoria. Este es el nuevo aspecto del problema.

Aunque se trate de una ley de inspección, los preceptos constitucionales que garantizan la igual protección de las leyes, y la libertad e igualdad del comercio entre los Estados, dejando la regulación de éste al Congreso, no pueden ser des-conocidos o violados por la legislación de cualquier Estado;, lo que es aplicable, como limitación, a las Legislaturas de territorios y posesiones. Esta es, en verdad, la proposición legal, que resolvemos de acuerdo con el apelante.

La Ley No. 19, de 19 de abril de 1928, es anticonstitu-cional y nula. Por lo que debe revocarse la resolución ape-lada, y declararse con lugar la petición de habeas corpus de Salvador E. Suazo, decretándose la libertad del peticionario y la cancelación de la fianza.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.

OPINION DISIDENTE

DEL JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

Aunque reconozco la fuerza de los argumentos en con-trario, a mi juicio la ley número 19, de 1928, para regla-mentar la venta de café extranjero que se impugna, no es anticonstitucional, porque sólo impone un derecho de inspec-ción y la fijación de ciertas estampillas a fin de que el con-sumidor sepa que lo que compra es café extranjero y no dé-la Isla. Oreemos que exigir que el artículo extranjero que se venda en un estado o territorio de la Unión lo sea como-tai, no es coartar el comercio entre estados. Tendría que de-mostrarse que el derecho cobrado a fin de poner en práctica la medida, por su magnitud o por cualquiera otra circuns-tancia, revelaba la intención de prohibir u obstaculizar y de hecho obstaculizaba o prohibía el comercio entre estados, para declarar la ley anticonstitucional, y aquí, a mi juicio, no se-ha demostrado tál cosa.


author: El Juez Peesidente SeRoe del Toko,

text:
    María Luisa Santiago y María Santiago Soto en representación de sus hijos menores Maximino y Pedro Santiago, demandantes y apeladas, v. Encarnación Hernández Vda. de Maximino Zayas Vázquez; Generoso, Etelvina, Alfonso y Jacinto Zayas Hernández, representado éste por su madre con patria potestad Encarnación Hernández,, demandados y apelantes.
    No. 5605.

    Sometido: Marzo 9, 1931.

      Resuelto: Marzo 31, 1931.

      ~M. Rodríguez Alberty, abogado de los apelantes; G. Domíngitez Ru-bio, abogado de las apeladas.
   El Juez Peesidente SeRoe del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

Se pide en este caso por los apelados la desestimación de la apelación, por frívola.

De la demanda aparece que Maximino Zayas falleció el 9 de junio de 1927.- Una de las cláusulas del testamento que otorgara y bajo el cual murió, dice: “Lego a María Luisa, a Maximino y a Pedro Santiago, hijos naturales de María Santiago Soto, la cantidad de quinientos dólares a cada uno de ellos.” En el propio testamento instituyó herederos en el remanente de sus bienes a sus hijos legítimos G-eneroso, Etelvina, Alfonso y Jacinto Zayas, por partes iguales, y a su esposa Doña Encarnación Hernández, en la cuota en usu-fructo que determina la ley. Los legatarios son los deman-dantes. Los herederos los demandados.

Se alega además en la demanda que el 9 de julio de 1928 se otorgó un contrato entre los legatarios y los herederos a virtud del cual se prorrogó el pago de los legados hasta el 8 de julio de 1929, abonando los herederos a los legatarios $225 de intereses.

■Y se alega, por último, el vencimiento de la prórroga sin que los legados se satisficieran, pidiéndose una sentencia decretando el pago de los $1,500 reclamados.

Se emplazó a los demandados, no comparecieron y se anotó su rebeldía. En el día señalado, 2 de enero de 1931, se llamó el caso para su vista. Sólo asistieron los deman-dantes. Se practicó prueba. Y la corte dictó sentencia de-clarando la demanda con lugar, sin especial condenación de costas.

El 31 de enero de 1931, los demandados apelaron para ante este tribunal, y el 9 de febrero los demandantes pidieron la desestimación del recurso notificando su petición al abo-gado de los apelantes. La vista de la moción se celebró el 2 de marzo actual sin asistencia de las partes.

Basta la mera exposición de los hechos que antecede para •concluir que se trata de un recurso interpuesto con el único propósito de dilatar la ejecución de la sentencia. Ni en la corte a quo, ni en esta Corte Suprema, comparecieron los demandados y apelantes, y el derecho de los demandantes y apelados surge claro del testamento otorgado por el causante de los demandados, les fue por éstos expresamente recono-cido en el contrato sobre prórroga y pago de intereses y quedó consagrado por una sentencia basada en la demanda, en la rebeldía de la parte demandada y en la prueba aducida en el juicio.

Podría decirse que a la fecha en que fné radicada la moción de desestimación y aun a la en que fué vista, no habían transcurrido noventa días contados a partir de la de la interposición del recurso, enero 31, 1931, y, por tanto, que la desestimación no procedía de acuerdo con la regla 59 del Eeglamento de este tribunal.

Sin embargo, si bien dicha regla tal como está redactada y ha sido interpretada “requiere el transcurso de noventa días y, además, que se prueba bien que el apelante no ha proseguido su apelación con la debida diligencia, o de buena fe, o que tal apelación es frívola,” (Fajardo v. Fajardo, 28 D.P.R. 523, 525) se ha decidido por esta misma Corte en el propio caso citado que esa interpretación de la regla “no debe entenderse como negando todo poder á esta corte para desestimar antes de los noventa días de interpuesta, una apelación que sea de tal manera frívola que constituya una clara y manifiesta burla de la administración de la justicia.” Fajardo v. Fajardo, 28 D.P.R. 523.

Y ése es, en verdad, aquí el caso. Procede, en tal virtud, la desestimación solicitada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Agosto Otero, acusado y apelante.
    No. 4291.

    Sometido: Enero 23, 1931.

      Resuelto: Marzo 31, 1931

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Jnan Agosto Otero fné acusado ante la Corte Municipal de Río Piedras de haber guiado un automóvil con tal negli-gencia que lo hizo chocar con otro en que viajaba la señora Isabel Vaughan, produciendo a ésta varias contusiones y la fractura de una .costilla. La corte lo declaró culpable. No conforme, apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan, y, otra vez fué declarado culpable. Recurrió entonces' para ante este tribunal.

En el alegato se levantan varios errores referentes uno a habérsele permitido impugnar al fiscal indebidamente un testigo por él mismo presentado y otros a la errónea aprecia-ción de las pruebas. También aparece del récord alegada la falta de jurisdicción de la Corte Municipal de Río Piedras y el haber estado expuesto él acusado por el mismo delito .ante la Corte Municipal de San Juan.

El caso ha sido estudiado cuidadosamente en el seno del tribunal, habiéndose llegado finalmente a la conclusión uná-nime de que debe revocarse la sentencia apelada porque la prueba aportada por El Pueblo es insuficiente para demos-trar fuera de duda razonable la culpabilidad del acusado.

En el nuevo juicio ante la corte de distrito declaró el acusado que no era él el que manejaba el automóvil al tiempo ■de ocurrir el accidente, sino el dueño del mismo, Ramón B. Roig, y éste declaró en igual sentido, explicando que tenía una licencia de aprendizaje y que el acusado, que era un •chauffeur experto, iba a su lado, pero que era él en persona el que guiaba.

Las declaraciones en que se basa el fallo condenatorio fueron las de F. W. Vaughan y el Dr. Payne. Ninguno de ellos vió al acusado Otero guiando el automóvil, pero tienden a demostrar que Otero y Roig admitieron, momentos después del accidente, que Otero era el que guiaba. Decimos tienden a demostrar, pero nuestra conciencia de juzgadores no nos permite afirmar que demostraron fuera de duda razo-nable y fundada que lo guiaba. Otero y Roig hablaban en español. El Doctor Payne conocía el español; el señor Vaughan lo entendía algo. Roig y Otero explican que lo admitido fué que Otero era el chauffeur del carro, pero no que lo guiara. Roig sostuvo no sólo en la corte de distrito, sino en la municipal de Río Piedras y en la municipal de San Juan, que él era el que manejaba el auto. Y la verdad es que el experimento que hizo el juez municipal de Río Piedras para contradecir su testimonio, no tiene gran im-portancia, porque no fué en un camino abierto en que puso a manejar al testigo, sino que le encomendó sacar un auto de un sitio en que estaba prácticamente encajonado, maniobra difícil aun para los mismos expertos, y Roig lo que dice es que estaba aprendiendo a guiar, debiéndose precisamente a •ello que llevara a su lado al chauffeur Otero.

Puede que Otero sea culpable; puede que las sentencias dictadas por la corte municipal y la de distrito- sean justas; pero ante la duda razonable y fundada que ha .surgido en nosotros, se impone la revocación del fallo recurrido y la absohición del acusado.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Ramírez Brau, acusado y apelante.
    No. 4129.

    Sometido: Noviembre 21, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1931.

      José Tons Soto, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal. Enrique Ramírez Bran fné convicto, en efecto, de haber infringido la sección primera de la resolución adoptada por la Junta Insular de Elecciones en octubre 29, 1928, y apeló.

La sección 12 de la ley electoral vigente, la No. 79 de ■junio 25, 1919 (Leyes'de ese año, página 531), según fué enmendada por la Ley No. 74 de 1923, página 561, dispone:

“La Junta Insular de Elecciones tendrá a su cargo la inspección y dirección de las elecciones en Puerto Rico; podrá aprobar reglas y reglamentos para Uevar a efecto las disposiciones de esta Ley, que no estuvieren en contradicción o conflicto con la misma, los cuales, para tener fuerza de ley, deberán ser aprobados por el Gobernador de Puerto Rico. .

La sección 97 (a) de la misma ley, agregada por la No. 15 de marzo 12, 1920, reza así:

“Toda persona que infringiere cualquier disposición de esta Ley, para la cual infracción no hubiere prescrito otra pena en esta Ley o en el Código Penal de Puerto Rico, y toda persona que infringiere cualquier regla o reglamento de la Junta Insular de Elecciones le-galmente adoptado y proclamado según se autoriza en virtud de la Sección 12 de esta Ley, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y convicta que fuere ante una Corte de jurisdicción compe-tente, será castigada con multa no menor de cien ni mayor de qui-nientos dólares, o reducida a prisión por no menos de uno ni más de seis meses, o con ambas penas, multa y prisión, a discreción de la Corte. ’ ’

La Junta Insular de Elecciones, el 29 de octubre de 1928, redactó y aprobó la siguiente resolución, que también fué aprobada por el Gobernador:

Que al momento de entregar sus papeletas el elector al inspector de colegio, y antes de éste depositar dichas papeletas en la urna, el elector deberá entintarse la punta del dedo pulgar, de su mano de-recha, con una solución química inofensiva, difícil de borrarse, la que será suplida a cada colegio electoral por el Superintendente General de Elecciones, y usada de acuerdo con instrucciones que apruebe la Junta Insular de Elecciones; Disponiéndose, que los electores que tuvieren mutilado el dedo pulgar derecho deberán entintarse cual-quier otro dedo de cualquier mano, preferentemente, a ser posible, de la derecha.”

El delito imputado fue, en síntesis, así:

. . . el referido denunciado Enrique Ramírez Brau el 6 de noviembre de 1928, día que se celebraban las últimas elecciones gene-rales en Puerto Rico, en la ciudad de Ponce, Puerto.Rico, que a la vez forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, ilegal y vo-luntariamente, siendo elector capacitado, en el momento de votar y al entregar su papeleta de elector al inspector de colegio del colegio número 16 del Precinto Primero de Ponce, Puerto Rico, y antes de éste depositar dicha papeleta en la urna, el acusado no se entintó y se negó a entintarse la punta del dedo pulgar de su mano derecha con la solución química suplida para ese fin a dicho colegio' por el Superintendente General de Elecciones conforme a la regla de la Junta Insular de Elecciones legalmente aprobada y adoptada en se-sión celebrada el día 30 de octubre del mismo año por el Hon. Gober-nador de Puerto Rico, H. M. Towner, según la sección 12 de la Ley de Inscripciones y Elecciones de Puerto Rico.”

Los dos primeros señalamientos de error pueden ser tratados conjuntamente. Leen así:

“1. La Corte de Distrito de Ponee erró al estimar que la Junta Insular de Elecciones y el Gobernador tenían facultad para aprobar la resolución que exigía de los electores el entintarse el dedo pulgar de la mano derecha antes de depositar su papeleta en la urna.
“2. La Corte de Distrito erró al estimar que la Legislatura de Puerto Rico podía delegar en la Junta Insular de Elecciones la fa-cultad de declarar que ciertos hechos son delictivos e imponer pena-lidades por la omisión o comisión de tales hechos.”

En el orden lógico-, debemos decir que la Legislatura de Puerto Rico no tiene facultad para exigir de un ciudadano que se entinte un dedo bajo ninguna circunstancia. Entre otras cosas, según indicó el apelante, no creemos que la Legislatura tenga derecho a imponer ese estigma a un ciudadano, de suerte que aparezca ante la comunidad como un ente sospechoso/- El apelante también llama. la atención hacia el hecho de que bajo la misma ley electoral hay otras formas de impedir fraudes. Probablemente no sea un argumento de mucho peso, pero el apelante también llama nuestra atención al hecho- de que en ciertas ocasiones, políticos ladinos de un partido contrario podrían inducir a los votantes a entintarse sus dedos pulgares, haciéndoles así difícil, si no imposible, votar. Sin embargo, el punto principal es que el derecho de todo hombre a conservar su cuerpo intacto de cualquiera des-_ figuración o mancha es absoluto. Por lo menos, ni siquiera sabemos de ningún derecho a marcar el cuerpo aun de los presos. Una ley de esta índole aprobada por la Legislatura no estaría dentro de sus facultades, y sería inconstitucional y nula, si no por cualquier otro motivo, por no ser un debido procedimiento de ley.

Por tanto, del mismo modo que la corriente de un río no puede subir a mayor altura que su nacimiento, la Legislatura no puede delegar tal facultad en la Junta Insular de Elecciones.

Empero, suponiendo, a virtud de una interpretación de la ley, que la Legislatura tuviera tal facultad, no podría delegarla en la Junta Insular de Elecciones. Crea un nuevo •delito. En el caso de El Pueblo v. Carril, 41 D.P.R. 266, revisamos las autoridades, especialmente el caso de United States v. Eaton, 144 U. S. 677, 688, y resolvimos lo contrario.

La Legislatura, al conceder poderes a la Junta Insular de Elecciones para dictar reglas y reglamentos razonables, no delegó en ella la facultad de hacer que un ciudadano se entinte uno de sus dedos al votar.

Pasando a consideraciones más generales, algunas de las cuales tal vez han sido suscitadas por el apelante, podría decirse que si la aludida resolución constara en una ley de la Legislatura, ella sería nula por vaga o indefinida. La sanción de la ley no es que se castigue a un ciudadano por ■dejar de entintarse uno de sus dedos, sino que meramente le exige que se entinte el dedo en el momento de votar. Non constat que él pueda presentarse al colegio electoral, obtenga una papeleta, y entonces se niegue a votar por no querer entintarse uno de sus dedos. No podría haber delito posible sí un ciudadano se negara a votar, especialmente bajo estas condiciones. A mayor abundamiento, él corre el riesgo de que se le excluya en las próximas elecciones, pero ésa es-cuestión distinta. No se confiere a nadie la facultad de impedir que un hombre vote por el hecho de tener su dedo entintado.

El derecho a votar está constitucionalmente garantido en Puerto Rico, y cualquier disposición vaga de la ley, supo-niendo que en este caso sea tal, es nula por incierta e inde-finida.

El apelante señaló otros errores, entre ellos el de que Ios-peritos en el caso dejaron de probar que la tinta no podía borrarse siquiera temporalmente, pero la corte llegó a una conclusión adversa a él, y creemos innecesario discutir este extremo, toda vez que la sentencia debe ser revocada por otros fundamentos.


author: El Juez Asociado Señor. "Wole,

text:
    Román Cepero, demandante y apelado, v. Manuel Mora, demandado y apelante.
    No. 5014.

    Sometido: Abril 4, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1931.

      González Fagundo efe González Jr.¡ abogados del apelante; Angel M. Yülamil, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Mora, ciudadano de Barcelona, España, es dueño de una casa y solar en Oaguas. Bajo un contrato de arrendamiento mensual que renovándose de mes en mes se ña extendido por un período de odio años, Román Cepero es el arrendatario de toda la planta- alta de la casa, así como de una parte considerable del piso principal. La propiedad se usa para una casa de hospedaje. Teniendo conocimiento de los destrozos causados por el ciclón de septiembre 13, 1928, Mora vino a Caguas a ver su propiedad. Condonó una mensualidad, reparó el techo, hizo algún trabajo de pintura, y quizá otras cosas. Más particularmente, instaló algunas vitrinas en la parte inferior de la casa, una en la parte ocupada por Cepero y dos en la ocupada por un tal Escoda. Para realizar las reparaciones proyectadas, el arrendador hizo un número de cambios y alteraciones. Al principio, el arrendatario consintió o aun solicitó algunas de ellas, pero después se opuso a la forma y manera en que procedía el arrendador y entabló un procedimiento de injunction, de acuerdo con las leyes de 1913 y 1917, para retener pacíficamente la posesión de la casa. La corte falló a su favor.

No podemos convenir con el apelante, el arrendador, en ■que un arrendatario de bienes inmuebles meramente tiene el uso o la ocupación de los mismos, mas no la posesión, dentro del significado en que se usa esa palabra en los interdictos. No nos detendremos a analizar la cita de Manresa¡, Comen-tarios al Código Civil, tomo 4, página 214, salvo para decir que nos parece imposible que el ilustre comentarista, al hablar de un arrendatario se haya, estado refiriendo a cual-quier otro arrendatario que aquél contra quien se dicte una sentencia de desahucio. Si bien para muchos fines la pose-sión de un arrendatario es la del arrendador, en cualquier contienda entre ellos el arrendatario tiene una posesión in-dependiente. Es más que evidente que un arrendatario tiene la posesión material de la propiedad arrendada. La Ley No. 11, de noviembre 14-, 1917, tomo II de las leyes de ese' año, página 221, protege además, por su propia fraseología,, no sólo la posesión, sino también la tenencia.

Cividanes v. Obén, 34 D.P.R. 802, es aplicable al caso de un inquilino contra su arrendador. De igual modo, esta corte-resolvió en Fajardo Sugar Growers Association v. Central Pasto Viejo, con fecha 13 de febrero de 1931, que un arren-datario privado de su posesión puede valerse de un inter-dicto. El que suscribe disintió de esa opinión, pero no por este fundamento.

El apelante dice que todo marchó bien hasta que el arrendador trató de aumentar el canon, pero no importa cuáles hayan sido los motivos de un arrendatario si tuvo un derecho. Muchos hombres tolerarán todos los actos de in-vasión o intrusión hasta que se llegue a un punto en que-se hacen intolerables. Por regla general podría decirse que no surge entonces impedimento alguno. Por otra parte, hubo considerable prueba de que el arrendador hacía que la. permanencia en la oasa fuera incómoda para los huéspedes. Aparentemente, él les manifestó que deseaba la posesión de la casa, e igualmente, parece que uno de los huéspedes se mudó. Nada hallamos en los autos que demuestre que fuera necesariamente malo el carácter de los huélspedes. Uno o-más de ellos venían a dormir a la casa a las cuatro de la mañana, pero la prueba tendió a demostrar que eran vende-dores ambulantes. Naturalmente, cualquier persona que lea esta opinión podría preguntar qué tiene que ver el carácter-de los huéspedes con este recurso, pero el apelante ataca su credibilidad por semejante fundamento.

El apelante se queja de la decisión de la corte, por no especificar en sn opinión otras perturbaciones que las causadas por la inserción de las vitrinas en el piso inferior. También se queja de que la corte resolviera que en esta forma de procedimiento no podían discutirse los derechos respectivos de las partes.

Nos inclinamos a convenir con el apelante en que en casos, de arrendamiento los derechos de las partes pueden discutirse basta cierto punto. Este tribunal no ha ido más lejos que resolver, a veces con disentimientos, que en un recurso de-injunction para recobrar la posesión no podían dirimirse cuestiones de título. Muy fácilmente, la cuestión de si un arrendador en un caso como el presente ejercita la posesión legal, efectiva y material de su propiedad, podría envolver la discusión de algunos derechos.

Ahora bien, es también cierto que la corte específicamente sólo mencionó la instalación de las vitrinas en el piso inferior como una verdadera perturbación. La corte hizo una ins-pección ocular del sitio, y halló que las reparaciones que se trataban de hacer realmente perturbaban al inquilino. La corte, después de mencionar este hecho y la inhabilidad de discutir los derechos, dijo que el demandante había sido perturbado en su posesión. Esta última aseveración podría ser considerada como una especie de conclusión general. Según hemos indicado anteriormente, hubo prueba tendente a demostrar otras perturbaciones. El hecho resaltante fué que el arrendador continuó en la posesión o casi posesión de la casa con la oposición del arrendatario. Las vitrinas no eran necesarias para la conservación de la casa. Ni siquiera puede obligarse a una persona a recibir beneficios contra su voluntad. 51 La. Ann. 1249, 26 So. 100.

El arrendador tiene el derecho de hacer en la finca arren-dada las reparaciones urgentes que no puedan diferirse hasta la conclusión del arriendo, las que deben ser toleradas por el arrendatario, aunque se vea privado de parte de la finca.. Si hay choque entre arrendador y arrendatario acerca de la calidad necesaria de esas obras, o el arrendatario se niega a tolerarlas, la intervención de la corte se hace precisa.

En resumen, aunque el hábil letrado del apelante nos ha provocado algunas dudas, no estamos convencidos de que la corte no estuviera justificada al dictar sentencia con costas, v la misma debe ser confirmada.