author: El Juez Asociado Señoe Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Estrada Prado, acusado y apelante.
    Núm. 6478.

    Sometido: Junio 9, 1937.

      Resuelto: Junio 24, 1937.

      Fauslino R. Aponte, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole

emitió la opinión del tribunal.

Se presentó acusación contra Juan Estrada Prado por el delito de homicidio voluntario. En octubre 21, 1935, so llamó al acusado y se le leyó la acusación. Éste entonces solicitó que se le concediera tiempo para contestar a la misma, y la corte le concedió hasta el 25 de octubre. El 23 de dicho mes el acusado radicó una moción solicitando un pliego de particulares. La moción fué oída por la corte el 1 de noviembre de 1935, y ésta se reservó su decisión. Sin •decidir formalmente esta moción, el caso fué señalado para juicio y finalmente visto con la comparecencia personal del acusado y de su letrado el 1 de junio de 1936. De los autos no se desprende que jamás se resolviera directamente la moción en que se solicitaba un pliego de particulares ni que el acusado en momento alguno solicitara una decisión especí-fiea. Bajo estas circunstancias, como el caso fné a juicio, podría asumirse o presumirse que la corte declaró sin lugar la moción solicitando el referido pliego de particulares. El caso evidentemente fué juzgado a base de la acusación original.

Se rindió veredicto condenatorio contra el acusado y entonces su abogado solicitó que no se dictara sentencia, toda vez que el acusado nunca había hecho una alegación formal a la acusación ni en otra forma había planteado con-troversia alguna sobre el delito imputádole. La corte de-claró sin lugar la moción.

Por regla general cuando en una causa criminal el acu-sado se funda en la alegación general de inocente, muy raras reces o nunca se radica una alegación escrita. . Lo que ocurre es que el acusado o su abogado dicen “inocente”, y el secre-tario anota la alegación correspondiente. Igualmente ocurre cuando el acusado guarda silencio.

Por tanto, no es raro que la corte considere que ha sur-gido una contienda cuando un acusado entra a juicio, repre-gunta a los testigos y presenta su propia defensa.

Se señala como error el haber dejado la corte de declarar con lugar la moción para que no se dictara sentencia, y el fiscal de este tribunal conviene en que hubo tal errorLas partes citan varios casos. para sostener este criterio, tales como People v. Corbett, 28 Cal. 328, 331; People v. Monagham, 102 Cal. 229; Parkinson, v. People, 10 L.R.A. 91.

A esta lista pudo haberse agregado el caso de Crain v. United States, 162 U. S. 625. La opinión de la mayoría está fuertemente en favor de la posición asumida por el fiscal. El Juez Asociado Sr. Peckham radicó una opinión disidente; en la que, entre otras cosas, dice:

“. . . Durante cierta época en la historia de Inglaterra,, cuando un acusado no tenía derecho a estar representado por le-trado, y cuando las penas de los delitos eran tan severas que conmo-vían el sentido de la justicia de muchos jueces que administraban la-ley penal, era natural que a objeciones técnicas que quizá se inter-r ponían, por sí solas entre el acusado y el cumplimiento de una pena-lidad severa, por no decir cruel, se les otorgara gran peso, y que no teniendo realmente esas formas y modos de procedimiento relación alguna con los méritos de determinado caso, se insistiera en ellas como una especie de escudo de defensa contra las acusaciones que de otro modo resultarían fructuosas, y que a la par no debían prosperar. Aquellos tiempos ya son idos, y las razones para que nos ciñamos estricta y servilmente a las meras formas han pasado con ellos.
“Supongamos, sin embargo, que el acusado por mera inadver-tencia no hubiera sido llamado formalmente para leérsele la acusa-ción, que no hubiera hecho alegación específica, que se le sometía a juicio sin objeción alguna de su parte y que ambas partes considera-ban el caso tal cual si él hubiese sido llamado para la lectura de la acusación y hubiera alegado su inocencia, ¿podría sostenerse con plausibilidad, no obstante, que se había cometido un error fatal al abandonarse esta formalidad, y que una sentencia condenatoria debe por tal motivo ser revocada? ¿Es posible que por primera vez un acusado plantee fructuosamente ante este tribunal esta objeción, bajo circunstancias que revelen una renuncia de la regla, y obtenga una revocación de la sentencia por ese solo motivo? A mi modo de ver las cosas, la mera exposición de estas cuestiones presenta su respuesta de manera concluyente. Algunos casos pueden sostener que es nece-sario hacer una alegación formal y que la conducta de un acusado al ir a juicio sin levantar objeción alguna, tal cual si hubiera hecho la alegación de inocente, no equivale a una renuncia de la necesidad de hacer tal alegación. Esos casos no están basados en principios que, a mi juicio, deben ser ahora seguidos.
“En este caso el acusado no pudo resultar perjudicado por una inadvertencia de ese género. Debe resolverse que ha renunciado aquello que bajo las circunstancias hubiera sido una formalidad en-teramente sin importancia. Debe inferirse de manera concluyente una renuncia cuando las partes han procedido tal cual si el acusado hubiese sido debidamente llamado para la lectura de la acusación y si hubiera hecho una alegación de inocente, y cuando no se presentó objeción alguna por razón de la ausencia a tal alegación hasta que, como sucede en este caso, los autos fueron elevados a este tribunal en apelación. Sería contrario a la debida administración de justicia el permitir que un acusado bajo tales circunstancias permaneciera tranquilo, no dijera nada con respecto a tal objeción, y que entonces por primera vez la levantara ante este tribunal.”

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo ante sí un caso similar en el de Garland v. Washington, 232 U. S. 642, y la decisión del caso de Grain v. United States, supra, fué directamente revocada. Los Lechos de aquel caso eran más parecidos a los del presente, y la corte citó, con aproba-ción, parte de la opinión disidente del Juez Asociado Sr. Peckham en el caso de Crain, supra. La jurisprudencia general hoy en día es que un acusado puede renunciar la lec-tura de la acusación o la alegación a ésta. 16 Corpus Juris 391, párr. 720; Annotated Cases, 1917-D 829, 832; véase también Rose’s Notes to U. S. Reports, 1932 Supp., vol. 8, págs. 202, et seq.

Poco tenemos que agregar al razonamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, excepto quizá para decir que en el presente caso • el acusado estaba representado por letrado, tuvo la oportunidad de defenderse y de confron-tarse con los testigos en su contra.

Además, el acusado presentó una moción solicitando un pliego de particulares. No hallamos que a-un “pliego de particulares” se le haya dado una clasificación definida como alegación. No importa qué posición podamos asu-mir, subsiste el hecho de que el acusado no insistió en que se resolviera su moción solicitando el pliego de parti-culares ni solicitó la oportunidad de hacer una alegación, y por tanto debe resolverse que renunció su derecho a ha-cerlo así.

Hemos hecho un examen detenido de la jurisprudencia de California y no hallamos que los casos más antiguos, citados por el fiscal, hayan sido revocados. Aunque nuestro estatuto ha sido tomado indirectamente de California, no nos sentimos obligados a seguir su interpretación judicial, especialmente en vista del caso, de Garland v. Washington, supra.

No hallamos que se cometiera error en esto.

El siguiente señalamiento se refiere a la admisión de cierto documento por parte de la corte inferior. Parece que el propio abogado del acusado solicitó la introducción del doc.nmanto como prueba. No vemos ningún error perjudicial al admitirlo, dadas todas las circunstancias que rodearon su presentación y la reserva hecha, por la corte en sus instruc-ciones.

El motivo para el tercer señalamiento de error surgió del siguiente incidente. La defensa estaba a punto de cerrar su caso y ofreció como prueba los autos de una causa criminal por el delito de ataque para cometer asesinato, que en una ocasión se había seguido contra el interfecto. Luego de algunas discusiones por parte de los letrados la corte sostuvo la objeción a que se admitiera la evidencia ofrecida, diciendo:

“La corte declara con lugar la objeción, pero no por los funda-mentos aducidos, sino porque, a su juicio, esta evidencia no puede presentarse en el estado actual del procedimiento. Es necesario, antes, establecer ciertos requisitos no establecidos aún en el caso.

Además:

‘ ‘ Defensor: Excepción, es más, ni siquiera presento la declara-ción del acusado, renuncio a la declaración del acusado para descan-sar exclusivamente en esa cuestión.
“Fiscal: Y entonces el fiscal se reserva el derecho de comentar ese silencio del acusado después de las manifestaciones de S. «3.
“Defensor: Tomo excepción de las palabras del Fiscal.
“Juez: ¿La defensa ha terminado su caso?
‘ ‘ Defensor: Hemos terminado definitivamente.
“Juez: Entonces el Sr. Fiscal para su informe preliminar, si no tiene prueba de rebuttal.
“Fiscal: No, señor, porque no han surgido los extremos que yo esperaba que podían surgir.
“Defensor: Si el Fiscal no quiere informar, por nuestra parte tampoco.
“Fiscal: ¿Estipulamos no informar este caso y que se le someta al jurado?
“Defensor: Si me lo sugiere S. S. con mucho gusto.
“Juez: ¿Estipulan someter el caso sin informe?
‘ ‘ Defensor: Bueno. ’ ’

El error específico lee así:

“Tercer error: La Corte ele Distrito ele Humaeao erró al permitir .al fiscal comentar el silencio del acusado por no haber declarado éste. ’ ’

En un número de jurisdicciones se lian aprobado estatu-tos que prohíben cualquier presunción contra un acusado por dejar de declarar (Véase 16 Corpus Juris, 901, nota 35). Inferimos que en esas jurisdicciones la ausencia del estatuto permitiría que se comentara el silencio del acusado. En Puerto Pico tenemos semejante estatuto, por lo menos en procedimientos seguidos ante un magistrado. El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal (edición de 1935) lee, en parte, así:

“Artículo 29.— (Enmendado según la Ley de 12 de marzo de 1903, pág. 43 y la de 12 de marzo de 1908, pág. 53.) Si después de oída la denuncia, el acusado alegare su inocencia, el juez procederá en la siguiente forma:
“1. ... . . .
“2. Examinará bajo juramento los testigos de la defensa, inclu-yendo al mismo acusado, si éste deseare declarar. Si el acusado no declarare tal circunstancia no podrá utilizarse en su contra.

No obstante, un precepto de nuestra Carta Orgánica dice: “Ninguna persona.... será obligada en ninguna causa criminal a ser testigo contra sí misma.” Sección 2, subdivisión 3, de la Carta Orgánica. La misma disposición puede ha-llarse en el artículo 7 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal.

Literalmente, las observaciones del fiscal fueron dirigidas a la corte con motivo de lo dicho por el letrado de la defensa, quien, tal vez para impresionar al jurado, manifestó que re-nunciaba al beneficio de la declaración del acusado. Éste no trató de especificar sus objeciones a las observaciones del fiscal, y si lo hubiera hecho, la corte pudo haberse corregido inmediatamente.

Examinando los autos, hallamos la siguiente instrucción:

“Por un precepto de ley, el acusado puede o no declarar según él así lo desee. En este caso el acusado no ba declarado y los se-ñores del jurado no deben considerar ese silencio en forma alguna cuando vayan a formar criterio para la emisión del veredicto.”

Nuestra conclusión es que el error, de haberlo, no fué per-judicial, y en ausencia de una solicitud de aclaración, el mismo fué subsanado.

El último error señalado se refiere a si la siguiente instrucción es correcta:

“En los casos criminales, la ley presume 'que el acusado es ino-cente, mientras no se pruebe lo contrario, de modo satisfactorio y por evidencia competente, y es regla de ley que su culpabilidad debe ser completamente probada. Esta presunción de inocencia acompaña al acusado durante el juicio y el jurado debe tenerla presente al de-liberar.”

El apelante sostiene que tal instrucción pudo haber indu-cido a los legos que formaban parte del jurado a creer que la presunción de inocencia no seguía al acusado mientras se deliberaba. No vemos ningún peligro real en tal interpre-tación errónea. El juicio comprende todo hasta el momento de rendirse el veredicto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Wole, Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Agapito Díaz, demandante y apelado, v. Victoriana Ramos y Anastacio Olivero, demandados y apelantes.
    Núm. 6993.

    Sometido: Abril 24, 1936.

      Resuelto: Junio 24, 1937.

      L. Santiago Carmona, abogado de los apelantes; Duíón & Ochoteco, abogados del apelado.
   OpiniÓN del

Juez Asociado Señor Wole,

con la cual Con-curre el Juez Asociado Señor Travieso.

Uno de los jueces de esta corte se encuentra, en la actualidad fuera de la Isla. De los cuatro’ jueces restantes dos están a favor de la confirmación de la sentencia y los otros en favor de la revocación. Por tanto, la sentencia de la corte inferior debe prevalecer. Saldaña v. Concejo Municipal, 15 D.P.R. 37.

En este caso nos negamos a desestimar una apelación por haber dejado el alegato de los apelantes de cumplir con las re-glas de este tribunal. Tampoco hallamos que la apelación fuera claramente frívola.- Aunque el alegato no contenía un señalamiento de errores, los apelantes hasta ahora no han corregido el mismo. Discutiremos tan sólo los puntos esen-ciales envueltos.

Convenimos con el apelado en que cuando una demanda demuestra el título del demandante, la descripción de la propiedad y la naturaleza precaria de la tenencia del demandado, se ha presentado prima facie una causa de acción de desahucio.

El señalamiento de error principal es que los hechos admitidos revelan un conflicto de títulos. Es incuestionable que el predecesor en título del demandante otorgó escritura a favor de la demandada Ramos de una casa ubicada en el terreno de que ahora es dueño y reclama el demandante. Esa escritura nunca fue inscrita en el registro. Por lo menos nada hay en los autos que demuestre lo contrario. Dicho predecesor vendió entonces todo el terreno al demandante. Este último inscribió su título en el registro de la propiedad. Las dos escrituras son claras. Una de ellas era un traspaso directo de todo el terreno y la otra describía claramente tan sólo la casa.

Es enteramente claro que cuando existe una doble venta de bienes inmuebles la persona que primero inscribe la es-critura tiene derecho a ser preferida, y su título, por regla general, es el que prevalece. Artículo 1362 del Código Civil (ed. 1930). Si esto es cierto en lo atinente a dos escrituras de una misma finca en su totalidad, también tiene necesaria-mente que serlo cuando el primer adqnirente obtiene, quizá no el título de todo el terreno, sino únicamente el de una casa enclavada en el mismo. No es éste el caso de un demandado que estando en posesión de terreno construye en él una casa.

La demandada Ramos alegó que el demandante tenía conocimiento de la escritura hedía a su favor por el transmútente del demandante. En este recurso no trataremos de discutir si tal conocimiento impediría al demandante obtener sentencia a su favor, toda vez que durante el juicio no se adujo prueba tendente a demostrar que el demandante tenía tal conocimiento. Él sólo admitió que la demandada era dueña de la casa. Podría dársele alguna consideración en equidad al becbo de que la demandada es dueña de la casa, conforme hizo la corte inferior, pero ese dominio no debía impedir el éxito de un procedimiento para obtener posesión de toda la propiedad.

El apelado cita el caso de Battistini & Martínez v. Feliciano, 47 D.P.R. 208. Este caso, a juicio del suscribiente, tiene alguna aplicación. La sentencia fué dictada por una corte dividida, pero los hechos a favor de la demandada eran totalmente distintos, toda vez que ella había sido la dueña anterior de la finca y se le había permitido continuar en po-sesión del terreno y de una casa en él situada. No se demos-tró que se hubieran hecho dos ventas independientes, con-forme ocurre en el presente caso.

Convenimos con el apelado en que contra la inscripción de la venta de un terreno, una enajenación anterior del mismo no inscrita, no plantea conflicto alguno de título, especialmente cuando por la enajenación no inscrita tan sólo se transfiere claramente una casa. Como la situación legal se crea por el mandato expreso legislativo contenido en el artículo 1362 del Código Civil, supra, el supuesto conflicto está fuera del campo del derecho. Desde luego, si surgiera un caso en. que un demandado no sólo sostiene y alega una enajenación anterior, sino que también alega, y presenta prueba de la cual la corte sentenciadora puede inferir que el demandante en el pleito de desahucio adquirió con pleno conocimiento de la existencia de una escritura anterior de enajenación en favor de la parte demandada, la solución del caso podría ser distinta. Empero, bajo los hechos del presente caso el ar-tículo 1362, supra, no da lugar a. conflicto alguno, a menos que no deba prevalecer la letra de la ley.

Supongamos que A transmite a B. Más tarde B demanda a A en desahucio. A contesta que él todavía es el dueño del terreno. Un ligero examen demuestra que la escritura ■es completamente válida y que está inscrita o es inscribible. Bajo estas circunstancias, no existe conflicto alguno, aunque podría plausiblemente sostenerse o imaginarse que sí existía uno, conforme se hizo en el caso que está bajo nuestra consi-deración.

Desde luego, el artículo 1362, supra, presupone un con-flicto entre dos personas que reclaman un título, pero dicho artículo resuelve el conflicto y no deja ninguno en disputa. Si no obstante se supone la existencia de un conflicto, en-tonces éste surge en todo caso en que hay una doble venta, y el procedimiento de desahucio no procede en favor de la persona que tiene el título verdadero.

La sentencia en este caso ordenó el avalúo de la casa por el márshal, de acuerdo con- la ley, refiriéndose, según es de presumirse, a la sección 18 de la Ley de Desahucio (Ley de marzo 9, 1905, Estatutos Devisados de 1911, see. 1642, pág. 339). Surgió alguna duda respecto a la facultad de la corte para hacerlo así. La decisión estaba probablemente dentro de los poderes de equidad de la corte y como no se señaló error alguno no daremos al asunto ulterior consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

OumiÓN del

Juez Presidente Señor Del Toro,

con la. oual ESTÁ CoNEORME EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR HUTCHISON

A mi juicio no es éste un caso para ser resuelto dentro del procedimiento sumario de desahucio. En su demanda alega Agapito Díaz que es dueño de un solar que describe y “que la demandada Victoriana Eamos es dueña de una caseta terrera.... enclavada sobre el predio descrito.... ocupando dicha edificación un trozo de dicha parcela de trece pies de frente por veinte de fondo, lindando por el Norte, Este y Oeste con terrenos del.... predio del demandante y por su frente Sur con la calle del Dr. Ve ve.”

Alegó además que el otro demandado Anastasio Olivero ocupa la caseta en cuestión, y que ambos demandados deten-tan la posesión de la porción de su solar expresada disfru-tándola en precario sin pagarle canon o merced, y a virtud de lo alegado pidió sentencia decretando (a) el desalojo del demandado Olivero de la edificación, (b) el avalúo por el márshal de la caseta en la forma y a los fines que determina la ley, (c) imponiendo las costas, gastos y honorarios de abogado a los demandados y (d) concediendo al demandante cualquier otro remedio compatible con las alegaciones y la prueba que se practique en su oportunidad.

Los demandados excepcionaron la demanda por falta de hechos determinantes de causa de acción y la contestaron sustancialmente negando sus alegaciones y alegando como defensas especiales que la demandada Eamos compró por es-critura pública de marzo 17, 1933, la casa en cuestión a sus dueños los esposos Ortiz y desde esa fecha entró y viene en posesión de la misma y del suelo que ocupa; que el deman-dante sabía que la demandada Eamos era dueña y tenía arrendada la casa y el suelo, existiendo en la casa un cot mercio, y que bajo esas condiciones no cabe la acción de desahucio ejercitada por una persona que “nunca ha adqui-rido la tradición real del inmueble.”

Señaló el juez la primera comparecencia para el primero de octubre de 1934, ofreciendo en ella el demandante como prueba la escritura núm. 4 otorgada ante el notario Pes-quera en enero 14, 1928, por virtud de la cual el Municipio de Bayamón vendió a Gregorio Ortiz el solar núm. 1 de la urbanización “La Quinta”, de 375 metros cuadrados .con frente a la calle del Dr. Yeve, y la escritura núm. 71 otor-gada ante el notario Márquez en agosto 1, 1934, por la que Gregorio Ortiz y su esposa vendieron el indicado solar al demandante Agapito Díaz, ambas escrituras inscritas en el registro de la propiedad, y los demandados la escritura núm. 10, otorgada ante el notario Pesquera en marzo 17, 1933, no inscrita en el registro, por virtud de la cual Gregorio Ortiz y su esposa vendieron a la demandada Ramos la casa que construyeron en el repetido solar.

La segunda comparecencia tuvo lugar cinco días después. De los autos aparece que ocurrió en ella lo que sigue:

“Dte. — El demandante quiere hacer constar que admite que la casa a que se refiere la demanda es poseída por Victoriana Ramos en. concepto de dueña de buena fe y que por tanto, acepta dicha buena fe en relación con la mencionada construcción.”

Presentó el demandante las dos escrituras ofrecidas como prueba. Se admitieron sin objeción. Entonces los deman-dados dijeron:

“Solicitamos, señor Juez, que se declare sin lugar la demanda de desahucio por haber la parte demandante admitido que la deman-dada comprara a Gregorio Ortiz una casa que estaba construida en solar que no era propiedad de Gregorio Ortiz.”

La corte pidió memorandums a las partes sobre la moción de nonsuit. Volvió el caso a llamarse en octubre 27, 1934 y el 10 de diciembre siguiente fué resuelto por sentencia “or-denando que los demandados Victoriana Ramos y Anastacio Olivero sean lanzados dentro del término de veinte días .... de una casa o caseta de madera .... enclavada en una parcela de terreno que mide trece pies de frente por veinte de fondo y linda por el Norte, Este y Oeste con terrenos del siguiente predio”, describiéndose el solar del demandante, y “que una vez lanzados los demandados de la mencionada caseta o casa se proceda por el marshal de este tribunal a un avalúo de la misma a costa de la demandada Victoriana Ramos, en la suma determinada por la ley, a los fines de practicar el correspon-diente justiprecio de dicha construcción; y condenando a los demandados al pago de las costas de este pleito.”

No conformes los demandados, apelaron para ante este tribunal. Insisten en que al vendérseles la casa y dárseles posesión de la misma se les vendió y puso en posesión del terreno que la casa ocupa.

La escritura que presentaron como prueba se titula “de venta de casa.” En ella comparecen Gregorio Ortiz acom-pañado de su esposa Eugenia Erazo de una parte y Victo-riana Ramos de la otra. Los comparecientes Ortiz y esposa hicieron constar que eran dueños de un solar que describen y que es el mismo que luego vendieron al demandante, y que sobre ese solar habían construido una casa terrera, de ma-dera, techada de zinc que medía trece pies de frente por veinte de fondo, que habían convenido vender. Seguida-mente se efectuó la venta de acuerdo con las siguientes cláu-sulas :

“Primera: Los esposos don Gregorio Ortiz y doña Eugenia Erazo hacen venta real y absoluta de la casa descrita en el precedente pri-mero de esta escritura a favor de doña Victoria Ramos, para que ésta la posea en propiedad en la misma forma que la han venido pose-yendo los vendedores sin reserva ni limitación alguna.
“Segunda: Esta venta tiene lugar por la suma de doscientos cin-cuenta dollars que confiesan los vendedores tener recibida de la com-pradora a su satisfacción y antes de este acto por lo cual otorgan a su favor carta de pago.
“Tercera: Los vendedores se obligan a la eviceión y saneamiento de esta venta conforme a derecho, sirviendo este título a la compra-dora en señal de posesión.
“Cuarta: La compradora enterada de esta escritura, la acepta por hallarla conforme.”

¿Se trasmitió a y se puso en posesión de la compradora el terreno que sostenía la casa? ¿Debe entenderse qne bajo las circunstancias concurrentes es la casa lo principal y lo accesorio el terreno, como sostiene en su alegato la apelante? La verdad es que el documento debió ser más claro sobre el particular. Generalmente cuando no se trasmite el terreno, se especifica el pago de algún canon por el uso del mismo. El propio reglamento para la ejecución de la Ley Hipoteca-ria en su artículo 64 dice: “En toda inscripción rélativa a fincas en que el suelo pertenece a una persona y el edificio o las plantaciones a otra, se expresará con claridad esta cir-cunstancia.” Aquí lo estipulado fué que la compradora po-seyera la casa “en propiedad en la misma forma que la ban venido poseyendo los vendedores sin reserva ni limitación alguna”, estipulación vaga que pudo por lo menos baber in-ducido a la compradora a creer que tendría el disfrute de la tierra, -ya que iba a poseer la casa en la misma forma que la venían poseyendo los vendedores que eran dueños de la casa y el solar, sin reserva ni limitación alguna.

Bajo esas condiciones, ¿cabe el ejercicio de la acción de desahucio en este caso? Ya, bemos dicbo que no cabe..

El demandante alegó y probó que era dueño en toda su extensión del solar en una parte del cual se levanta la casa, pero alegó y admitió en el juicio que la casa no era suya sino de la demandada Ramos que la poseía de buena fe en con-cepto de dueña. Y conocemos la forma en que fué otorgado el título de adquisición.

No se trata, pues, de una doble venta en que el deman-dante alegue la preferencia de su título por haberse inscrito con anterioridad en el registro y en que se invoque el prin-cipio de que lo accesorio, la casa, sigue a lo principal, el suelo.

El propio demandante planteó su caso partiendo de la base del dominio de la casa por parte de la demandada Ramos y de su buena fe en la posesión de la misma, tratando de comprenderlo en la sección 18 de la Ley de Desahucio, ar-tículo .637 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, pág. 262, que prescribe:

“No será un obstáculo para el lanzamiento el que el colono o inquilino reclame como suyos labores, plantíos o cualquiera otra cosa que no se pueda separar de la finca.
“En este caso el márshal procederá al inmediato lanzamiento, sin prórroga alguna, y una vez efectuado éste a instancia del interesado procederá a la práctica de un avalúo a costa del reclamante, previa designación de un perito nombrado por los interesados de común acuerdo, y en caso de discordia de tres peritos designados uno por cada parte y el tercero por el márshal. Practicado el justiprecio y recibido por el márshal el resultado del mismo por escrito que fir-marán los peritos, los interesados y dicho funcionario, lo devolverá a la corte con la orden de ejecución; quedando al demandado libre el ejercicio de su acción para reclamar ante el tribunal competente, el importe de la cantidad en que se aprecie lo que creyere correspon-derle. ’ ’

Y la sentencia de la corte de distrito se dictó aplicando esa disposición legal.

¿Puede aplicarse?. A nuestro juicio no puede, porque no se trata de un colono o inquilino qu’e reclame como suyos labores, plantíos o cualquiera otra cosa que no se pueda se-parar de la finca, sino de una casa fabricada por el dueño del suelo que la vendió a una persona — la demandada Ramos —sin aclaración alguna, vendiendo luego el suelo a otra persona — el demandante Ortiz — tampoco sin aclaración, recono-ciendo Ortiz que sólo es dueño del suelo y no de la casa que posee la demandada Ramos de buena fe.

La escritura de venta de la casa dejó sin regular-especí-ficamente bajo qué condiciones seguiría usando el comprador de la casa el suelo que la sostenía. No se ba presentado la más leve prueba por ninguna de las partes sobre el particular. El demandante adquirió el solar en que está encla-vada la casa en agosto 1°., 1934, enterado de la situación. Su demanda enmendada aparece archivada en septiembre 26, 1934, de suerte que su demanda original debió presentarse poco después de su adquisición. Nada se sabe de gestiones o requerimientos previos. El caso parece que se llevó en se-guida ante los tribunales de justicia para dirimir el conflicto existente escogiéndose para ello el juicio de desahucio que, dada su naturaleza sumaria, no es en verdad el apropiado.

Aquí no existe un derecho perfectamente claro. Se trata en verdad de un caso anómalo al que quizá sea aplicable el artículo 297 del Código Civil, ed. 1930, que dice:

“El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plan-tación, previa la indemnización establecida en los artículos 382 y 383 de este Código, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.”

Decimos simplemente que quizá sea aplicable porque no fué la demandada quien edificó, pero ¿no puede equipararse el acto de comprar en la forma peculiar que comprara cre-yendo que tenía derecho al suelo, al acto de edificar creyén-dose que se edifica en suelo propio cuando de hecho se está edificando en suelo ajeno?

Hay una diferencia substancial entre regular el caso por la sección 18, supra, de la ley de desahucio o resolverlo si-guiendo la pauta que traza el artículo 297, supra, del Código Civil, porque si se aplica la ley de desahucio el dueño de la cosa reclamada es desalojado sin demora, con derecho a re-clamar luego su valor, mientras que si se aplica, el Códig’o Civil tiene el dueño de lo edificado la oportunidad de consoli-dar su dominio adquiriendo el del terreno, y si no se la da, el propietario del terreno para hacer suya la obra tiene pre-viamente que satisfacer a su dueño la indemnización que pro-ceda.

En tal virtud y sin que tengamos que resolver en defini-tiva ninguna de las cuestiones apuntadas, creemos que debe revocarse la sentencia apelada y declararse la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas, sin perjuicio de que el conflicto que existe se ventile y decida en el juicio plenario correspondiente. . ....


author: El Juez PresideNte Señor del Toro

text:
    Vicente Ortiz López, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, recurrida.
    Núm. 12.

    Sometido: Junio 7, 1937.

      Resuelto: Junio 24, 1937.

      Vicente Ortiz López, por su propio derecho; Hon. Procurador General B. Fernández Gareia, Emilio da Aldrey, Subprocurador, y Litis Negrón Fernández, abogado de El Fondo del Estado, aboga-dos de la recurrida.
   El Juez PresideNte Señor del Toro

emitió la opinión del-tribunal.

En mayo 19 último Vicente Ortiz López solicitó de esta corte que de acuerdo con la Ley núm. 45 de 1935, Leyes de 1935, pág. 251 revisara cierta resolución de la Comisión Industrial de Puerto Eico y el 21 del propio mes se señaló el 7 de junio para oír a las partes sobre la solicitud.

Ninguna de las partes compareció pero ambas radicaron alegatos en apoyo de sus respectivas pretensiones habiendo elevado además la .Comisión, el récord del caso del peticiona-rio.

Hemos examinado toda la documentación y si bien esta-mos conformes con el peticionario en que su petición de re-consideración se presentó dentro del término de ley no lo es-tañaos /en- ijue la Comisión cometió los otros errores que le atribuye. . •

Fué juzgando el mérito de la evidencia aportada por el propio peticionario y por el Fondo del Estado que la Comi-sión llegó .a la conclusión de que la incapacidad por virtud de la cual el peticionario reclamaba, no se debió a un acci-dente ..del trabajo asegurado por el Fondo del Estado.

Sostiene el recurrente en primer término que la Comisión erró al no permitirle presentar cierto, documento ni dejarlo en récord a los efectos de fundamentar su excepción. Sucedió que el peticionario por su abogado en la vista que tuvo lugar ante la Comisión trató de introducir en evidéncia una hoja de alta de-la Clínica Díaz G-arcía. Se objetó su admisión y el Comisionado dijo al abogado del peticionario: “Este documento que usted presenta. . . no viene firmado y por liberal que sea la Comisión, un documento que no viene firmado no lo vamos a admitir. ’ ’ Luego el Comisionado llamó la atención al abogado del peticionario que lo mismo que se intentaba acreditar con el- documento constaba ya del récord.

'Renovóse el incidente, en parte, en la siguiente forma:

“Ledo. Olmedo: Como abogado presentamos a la corte este do-cumento que no ha sido admitido y pedimos que se consigne que no ha- sido admitido como prueba, -para que se consigne en el récord, para los efectos de la constancia.
•“Sr. Paz Gránela: Esto no se admite como prueba porque no viene firmado ni siquiera autenticado por firma alguna.”

-■ Aparte de que no estamos convencidos de que de existir el error pudiera dar motivo al recurso ejercitado que es el que otorga la Ley núm. 45 de 1935, artículo 11, Leyes de 1935, págs; -251 y 259, creemos que el documento sin firma que se presentó era claramente inadmisible y que si bien debió per-mitirse que quedara en récord a los fines expresados por el recurrente, el error qne pudiera haberse cometido no fué per-judicial. Además el peticionario no tomó excepción.

El otro error en que se funda el recurso es el de no haberse dado al obrero oportunidad de refutar la prueba ofrecida por el Fondo del Estado.

El récord demuestra que el caso del peticionario se llamó para una vista pública ante la Comisión representada por el Comisionado Sr. Paz Gránela en febrero 26, 1937, compare-ciendo el Fondo del Estado por el Sr. Alfredo Vargas acom-pañado de su médico el Dr. Díaz García y el obrero en persona y por su abogado el Sr. Olmedo acompañado de sus testigos Juan Hernández, Jesús Andréu, Félix Rivera, Francisco del Valle y Dr. Narciso Moreno.

La vista fué amplia. Practicó el obrero su prueba y re-preguntó por su abogado repetidas veces al perito del Fondo del Estado y al finalizar la sesión muestra el récord que ocu-rrió lo que sigue:

“Sr. Vargas: Ofrecemos a la Comisión traer como evidencia, toda la documentación del Hospital Municipal, para que la Comisión tenga ante sí la naturaleza de la operación que sufrió, toda la opera-ción que sufrió.
“Ledo. Olmedo: Por supuesto, dándole oportunidad a la parte contraria de contradecir esa prueba y examinar los testigos que apa-recen firmando esos documentos. ....
“Sr. Vargas: Queremos advertir que de acuerdo con la ley nues-tra que rige esta materia, todas las certificaciones de hospitales y certificaciones médicas son admisibles en evidencia, de modo que no tenemos que traer los testigos aquí para identificarlos, sino que basta que se traigan certificaciones de funcionarios competentes y se ad-miten.
• “Ledo. Olmedo: Eso no lo dice la Ley de Evidencia; la Ley de Evidencia está por encima de la ley de indemnizaciones a obreros, Me opongo a que se admitan como prueba por la Comisión sin haber sido examinados los testigos que las firman, los peritos o expertos que las firman, que vengan aquí y me den oportunidad,, como ha ve-nido el Dr. Díaz García, y los sostengan, porque tienen que estar su-jetos a la repregunta. .....
“Sr. Paz Gránela: Aquí ya el abogado tiene razón. La docu-mentación oficial que se obtenga en el Hospital Municipal como de cualquier otro médico, es admitida en evidencia, pero el derecho que tiene la parte de examinarla y repreguntar a esos que han producido esos documentos, es un derecho que tienen, no hay duda. Cual-quiera que sea la declaración de las personas que aquí comparezcan autenticando esa prueba médica, no empece cuál sea la declaración, lo 'que la ley dice es que esos documentos pueden admitirse en evi-dencia, en absoluto, habiendo admitido evidencia.
“Ledo. Olmedo: Admirablemente resuelto.
* ÍS * & * # »
“Sr. Vargas: Entonces voy a enmendar la súplica del Pondo del Estado, que nos dé un término de 3 ó 5 días para el Pondo del Estado obtener . . . solicitamos la prolongación de esta vista para producir esta prueba, que se deje abierto el caso durante 3 ó 5 días y en ese caso. . . .
“Ledo. Olmedo: Se nos da traslado de la prueba y se señala esta vista para discutir esos documentos, como se ha hecho con los demás.
“Sr. Paz Gránela: Muy bien. Entonces tiene 5 días el repre-sentante del Pondo del Estado para que nos comunique si le es nece-saria e imprescindible presentar la prueba documental, y que en el caso que diga que sí y la produjera, se citará al abogado del obrero para que ante la Comisión la estudie y repregunte a la persona que produjera esa prueba.”

Nada más ocurrió. En marzo 5 el Fondo del Estado pre-sentó una moción a la Comisión manifestando que consideraba innecesaria porque resultaría acumulativa la prueba que in-tentaba ofrecer y pidiendo que el caso se considerara some-tido para su resolución final. Se opuso el obrero. De su oposición transcribimos lo que sigue:

“3. Que considerar ahora terminado y sometido el caso, sin sen-tar nuevamente al obrero lesionado a declarar en rebuttal, porque la representación del Administrador de los Pondos de Seguros del Es-tado juzgue innecesaria la presentación de la prueba adicional anun-ciada, con el propósito de que, habiéndose denegado la admisión de una hoja de “alta” expedida por la clínica de este mismo Dr. Díaz García, quede su declaración en pie y sin refutar, sería injusto y ‘unfair’ para el obrero lesionado, y contrario a una buena práctica procesal.
“Por cuyas razones, el obrero lesionado suplica a la Hon. Comi-sión se le permita sentarse nuevamente en la silla de testigo, para refutar la declaración del testigo perito Dr. Díaz García, antes de darse por sometido el caso de epígrafe.”

Desestimó la oposición la Comisión y, por medio de una resolución fundada en la cual se expone y analiza toda la evidencia aportada, decidió el caso en contra del obrero. La parte dispositiva de su resolución es como sigue:

“Por las razones expuestas a la luz de la evidencia testifical y pericial ofrecida en la vista pública, la Comisión Industrial Resuelve que el obrero no ba probado que el carcinoma del pene de cuya en-fermedad fué operado fué causado por un accidente, ni que tuviera esta enfermedad relación causal con el accidente alegado, ni que hubiera sufrido lesión alguna en su órgano genital que le hubiese agravado el carcinoma, por lo cual el caso alegado no está protegido por la Ley 45 de abril 18 de 1935.”

Quizás la Comisión debió haber accedido a la súplica final del obrero pero, dadas las circunstancias concurrentes, no creemos que su actuación deba dar lugar a la revisión y anu-lación de su fallo. Hemos leído cuidadosamente todo el ré-cord y nos parece inevitable la conclusión a que llegara la Comisión. Es tan claro lo ocurrido, que abrir el caso de nuevo sólo serviría para ocasionar pérdida de tiempo y de trabajo a todos, incluso al abogado del obrero, para tener que llegar al fin al mismo resultado.

El caso del obrero es sin duda uno desgraciado. Por una razón o por otra no ha encontrado la protección social que hubiera sin duda mitigado los intensos sufrimientos que debe producirle su enfermedad. Llamó a las puertas de la Comisión que se cerraron para él tras una investigación que determinó que su caso no estaba comprendido dentro de aqué-llos que la Comisión puede y debe proteger. Y como la Co-misión actúa de acuerdo con la ley dentro de un radio de ac-ción limitado, sin facultades para extenderlo, y no se ha de-mostrado que se haya cometido error alguno de derecho de tal naturaleza que justifique la revisión que se pide, debe declararse no haber lugar al recurso, devolviéndose a la Co-misión el récord elevado por la misma.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    Asamblea Municipal de Toa Baja, representada por su Presidente Don Miguel Herrero, peticionaria, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Luis Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    Núm. 1106.

    Sometido: Junio 22, 1937.

      Resuelto: Junio 25, 1937.

      C. Triarle, F. Fernández Cuyar y I-Iéctor González Blanes, abogados de la peticionaria; Angel M. YUlamil, abogado del interventor Sr. Marchand.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de mayo último Luciano Marchand presentó a la Corte de Distrito de Bayamón una petición jurada acompa-fiada de copia certificada a la Resolución Conjunta dé la Asamblea Legislativa de Puerto Rico núm. 44, aprobada- en mayo 12, 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 625), en solicitud de un auto de mandamus perentorio dirigido a la Asamblea Municipal de Toa-Baja. Acto seguido, sin oír a la Asamblea Municipal, ordenó la corte la expedición del auto en la forma solicitada.

Al siguiente día, mayo 29, 1937, acudió la Asamblea Municipal a esta Corte Suprema en solicitud de un auto de cer-tiorari para revisar el procedimiento seguido en la corte de distrito. El auto fue expedido, señalándose la vista del mismo para junio 14 actual.

En dicho día sólo compareció Luciano Marchand por su abogado. La corte de distrito remitió los autos originales en el caso de mandamus y la Asamblea Municipal radicó un alegato en apoyo de su contención. Para contestar por escrito dicho alegato se concedió tiempo a Marchand ha-biendo archivado su contestación el 22 de junio en curso.

Con todos los datos necesarios ante nos, procederemos al estudio y resolución de la cuestión debatida, a saber: si la corte de distrito actuó o no de acuerdo con los hechos y la ley al expedir el auto perentorio de que se trata en la forma en que lo hizo.

En la petición de Marchand se alegó que allá para el 1930 el Municipio dé Toa Baja le compró medicinas para enfermos pobres por valor de $1,186.40 en exceso de la asignación presupuestal, reconociendo la Asamblea Municipal en sesión celebrada en mayo 22, 1930, la deuda, según acuerdo que se transcribe en la petición así:

"La Asamblea Municipal por unanimidad acuerda reconocer las cuentas presentadas por los señores Andréu Aguilar y Comp, y Ledo. Luciano Marchand por las cantidades de $1,192.50 y $1,186.40 por concepto de un automóvil marca Dodge Bros, y suministro de medi-cinas a pobres, respectivamente, comprada en época de emergencia y se ordena que esta documentación pase al Comité de Hacienda de la Asamblea para su informe. Acto inmediato se reúne el Comité de Hacienda y aprueba sin discusión o enmiendas las aludidas cuen-tas. La Asamblea ratifica dicbo acuerdo.”

Continúa alegándose que no obstante ese reconocimiento, la Asamblea no hizo en sus presupuestos la consignación necesaria para el pago; que según información del peticio-nario dicha Asamblea se encontraba reunida en sesión especial para confeccionar el presupuesto para 1937-38 y celebraría su última sesión el 28 de mayo, 1937, día en que la petición se archivaba, y se disponía a no hacer la consigna-ción, a. pesar de hallarse obligada por el artículo 46, inciso A, de la Ley Municipal.

Como complemento de alegaciones se expuso en la peti-ción que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico había pa-sado una Resolución Conjunta que el Gobernador de la Isla aprobó en 12 de mayo, 1937, por virtud de cuyas disposicio-nes el municipio venía obligado a pagar su deuda en dos plazos anuales.

Las secciones 1, 2 y 3 de dicha Resolución, leen como si-gue :

“Sección 1. — Se autoriza al Auditor de Puerto Rico para que previa la correspondiente documentación, apruebe el pago con cargo a los fondos municipales del Municipio de Toa Baja y se autoriza además al Auditor Municipal de Toa Baja, para que pague la suma de $1,186.40 al Ledo. Luciano Mareband por el concepto de medicinas a pobres, despachadas antes del año 1930.
“Sección 2. — La deuda aquí indicada se pagará en la siguiente forma: $593.20 en el año económico de 1937-38 y $593.20 en el si-guiente año económico.
“Sección 3. — La Asamblea Municipal de Toa Baja, en su sesión especial de cada año para trabajar sobre el presupuesto, fijará la parte correspondiente indicada en la sección 2 de esta Resolución.”

La súplica de la petición, copiada textualmente, dice:

“Poe TANTO, el peticionario, Luciano Marchand, fundándose en los artículos 649 al 661 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. de 1933), especialmente el artículo 653, y el artículo 63, sección O de la Ley Municipal vigente, suplica a la Hon. Corte que en vista de los hechos aquí alegados y de las disposiciones legales aplicables, así como de la resolución legislativa cuya copia se acompaña, se sirva expedir un auto perentorio de mandamus dirigido a la Asamblea Municipal de Toa Baja para que proceda a incluir en el presupuesto de ese municipio, correspondiente al ejercicio económico de 1937-38, la cantidad de $593.20, como mitad de la deuda reconocida al peticio-nario, quedando la otra mitad para consignar en el próximo presu-puesto, y con cuya forma de pago está conforme el peticionario; y condenando asimismo a la Asamblea Municipal demandada, al pago de costas, gastos y honorarios de abogados que se ocasionen por vir-tud de esta petición.”

Con excepción de la imposición de las costas sobre lo cual nada resolvió la corte, se ordenó por ésta la expedición del mandamiento en la forma solicitada.

Convenimos en que puede expedirse un auto perentorio de mcmdaomis tomando por base la sola petición, sin oír a la parte contraria. A ese respecto prescribe el artículo 653 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, “Cuando el derecho para requerir el cumplimiento del acto es claro, y es evidente que no puede darse excusa alguna para dejar de hacer lo ordenado, puede concederse un mandamus peren-torio en primera instancia. En todos los demás casos se dictará primero un auto condicional.” Pero debe tratarse en verdad de un caso extraordinario en que el Juez quede convencido de la inutilidad de dar audiencia a la parte contra quien se libra porque a ésta le sería imposible presentar argumento alguno contrario a la expedición.

¿Es ése aquí el caso? Veámoslo.

En su petición de certiorari para sostener que no cabe el libramiento de un mandamus perentorio sin oír a la Asam-blea, ésta sostiene que los hechos se alegan en la petición de mandamus en forma irregular y equivocada, habiéndose añadido-varias líneas al acuerdo de reconocimiento de deuda de 1930, transcribiéndose éste en la petición sin acompañarse copia certificada del mismo, copia que de haberse acompañado hubiera demostrado lo equivocado de la transcripción; que la resolución conjunta legislativa se limita a autorizar al muni-cipio al pago de la deuda y no estaba aún en vigor al presen-tarse la petición ni lo estará hasta el mes de agosto próximo, y qne la petición contiene hechos que requerían prueba y le-vanta cuestiones de derecho que podían controvertirse, como la de prescripción de la deuda que se intentaba cobrar, es-tando en realidad prescrita dicha deuda de acuerdo con el artículo 1867, inciso, 2, del Código Civil, ed. 1930.

Tiene razón a nuestro juicio la Asamblea.

No obstante estar reconocida la deuda desde 1930 y ha-berse aprobado la Eesolución Conjunta en mayo 12, 1937, se esperó hasta exactamente el 28 de mayo, último día en que la Asamblea estaría reunida, para presentar la petición.

No se acompañó copia certificada del acuerdo de recono-cimiento y sobre la necesidad de ello habla la copia certifi-cada archivada por la Asamblea demostrativa de que el acuerdo según consta en el Libro de Actas no contiene lo que sigue y que figura al final del transcrito en la petición: “Acto inmediato se reúne el Comité de Hacienda y aprueba sin dis-cusión o enmiendas las aludidas cuentas. La Asamblea ra-tifica dicho acuerdo.” T la variación es substancial.

Si bien es cierto que las secciones 2 y 3 de la Eesolución Conjunta parecen mandatorias, interpretadas en armonía con la primera y con el propósito general de la resolución, no puede concluirse que lo sean, sosteniéndose por la Asamblea que sólo interpretada como una autorización para actuar en el sentido indicado, colocaría la resolución dentro de las li-mitaciones constitucionales, citando en apoyo de su conten-ción de Corpus Juris lo que signe: “Una ley de la asamblea legislativa que trate de fijar de manera definitiva la canti-dad debida por una corporación municipal a un individuo particular, equivale a una tentativa por parte del poder legisla-tivo de ejercer facultades judiciales, y es por tal motivo in-constitucional.” 43 C. J. 281.

Además la propia petición de mandamus presentada en 1937 se refería a un reconocimiento de deuda hecho en 1930 por medicinas tomadas a un farmacéutico, expresándose que la Asamblea había dejado de hacer en sus presupuestos las asignaciones necesarias para el pago, y sabido es que el ar-tículo 1867, inciso 2, del Código Civil, ed. 1930, prescribe que:

“Artículo 1867. — Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
“2. La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que sumi-nistraron; a los profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio.

No sostenemos que surja de los hechos de la petición la extinción de la deuda, pero sí que surge la posibilidad de que pueda aducirse la defensa de prescripción.

Lo conforme con el orden moral es que toda deuda legí-tima se pague. De ahí tal vez la autorización legislativa; de ahí quizá la actuación final que realice en su día la propia Asamblea solventando su deuda. Pero no puede descono-cerse el hecho de que una actitud contraria podría asumirse por la Asamblea en uso del derecho que emana de la ley. Quizás ese derecho después de investigadas todas las circuns-tancias concurrentes y de estudiadas las cuestiones legales envueltas, se resuelva que no existe. Pero no puede asegu-rarse que no pueda surgir una cuestión debatible. Bajo tales circunstancias, no debió la corte resolver sin oír, como lo hizo en este caso.-

En tal virtud, porque la resolución conjunta de que se trata autoriza, y no compele, a la asamblea a actuar, porque la deuda cuyo pago se ordena pudiera hallarse prescrita, por-que es una cuestión a estudiar si la legislatura puede o rió ordenar a un municipio el pago de una deuda prescrita y porque aun asumiendo que la resolución legislativa tuviera carácter compulsorio y se hubiera dictado con facultad sufi-ciente para ello, no estaba en vigor a la fecha de la petición, creemos que el decreto de mandamus perentorio de la Corte de Distrito de Bayamón debe anularse con devolución de los autos remitidos a la dicha corte a los fines Que fueren proce-dentes.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: En Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Dumas Cartro, acusado y apelante.
    Núm. 6543.

    Sometido: Junio 15, 1937.

      Resuelto: Junio 25, 1937.

      C. H. Julia, abogado del apelante; R. A. Gomes, Fiscal, abogado da El Pueblo, apelado.
   En Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué aeusado de un delito de asesinato y declarado culpable de homicidio voluntario. Su primer señalamiento lee así:

“La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción de suspensión presentada por el abogado designado de oficio a las doce del día cuando se estaba ya seleccionando el jurado.”

Los hechos que aparecen del récord son los siguientes:

El delito que se imputa al acusado fué cometido el día 20 de octubre de 1934 y el día 22 de noviembre del mismo año tuvo lugar el acto de la lectura de la acusación, compareciendo él acusado en persona, quien informó a la corte que su abo-gado ora el licenciado Alfonso Lastra Charriez, hizo alega-ción de inocencia y solicitó juicio por jurado. La vista del caso fué señalada para el día 16 de febrero de 1935 y sus-pendida por haber alegado el acusado que se encontraba en-fermo.

Señalado el caso para juicio el 15 de octubre de 1935, al ser llamada la causa compareció el abogado Ramírez Viñas, en representación del abogado de récord Alfonso Lastra Cha-rriez, y solicitó la suspensión de la vista, por el motivo de en-contrarse enfermo el acusado. La corte designó al Dr. Ar-senio Comas para que examinara al acusado e informara a la corte si éste estaba o no enfermo. Informó dicho facul-tativo que el acusado estaba en condiciones de poder com-parecer a juicio, y entonces la corte ordenó el arresto del acusado. Y no habiendo comparecido el abogado de récord, la corte nombró abogado de oficio al licenciado Carlos H. Julia, invitándole para que procediera a examinar y selec-cionar el jurado que babía de conocer del caso. Dicho abo-gado solicitó la suspensión de la vista hasta las dos de la tarde de ese mismo día para él poder determinar si podía o estaba en condiciones de hacerse cargo del caso. La corte resolvió que debía continuarse la constitución del jurado, para seguir el juicio a las dos y media de la tarde. Se avino a ello el abogado defensor, quien representó al acusado en la selección del jurado, el que quedó constituido sin que ocu-rriera incidente alguno: El abogado defensor solicitó en-tonces que se le concediese tiempo para prepararse antes de entrar a juicio. La corte le concedió hasta las cuatro de la tarde para que pudiera entrevistarse con los testigos de de-fensa. Tomó excepción la defensa por entender que el tér-mino concedídole no era razonable.

La corte, sin objeción por parte de la defensa, hizo cons-tar en el récord “que de algún tiempo a esta parte, se está estableciendo la costumbre por los acusados de solicitar la suspensión de sus juicios, y cuando no hay motivos especia-les para suspenderlos, o cuando la corte se las deniega, se fingen enfermos y dejan de comparecer a la corte el día se-ñalado para juicio”; que la corte ha ordenado el examen médico de los acusados y que siempre ha resultado que las enfermedades alegadas por éstos son fingidas; que en el caso de autos, cuatro días antes del señalado para el juicio el acu-sado manifestó a uno de los jurados, fiador de él, que no asistiría al juicio porque su abogado pediría la suspensión; que la moción de suspensión no fué presentada hasta el mo-mento mismo del juicio; que la corte, teniendo motivo para creer que la alegada enfermedad era fingida ordenó el exa-men del acusado, resultando efectivamente que el acusado no tenía ninguna enfermedad que le impidiese entrar a juicio; que si la corte permitiera la continuación de esa práctica, la celebración de los jrdcios quedaría a expensas de la voluntad de los acusados; que tratándose de un caso corriente en que el acusado sin culpa por su parte se ve privado de su abo-gado, la corte le daría todo el tiempo que fuere necesario, pero tratándose de un acusado que a juicio de la corte, mali-ciosamente ha tratado de suspender el juicio, dicho acusado no tiene derecho a apelar a la discreción de la corte.

Del récord aparece que la sesión fué reanudada a las 4.25 P. M.; que después de examinar al perito médico y dos tes-tigos de cargo, quienes fueron ampliamente repreguntados por la defensa, la corte se declaró en receso hasta las 9 de la mañana del día siguiente, 16 de octubre de 1935; que el examen y repregunta de los testigos de cargo continuó du-rante todo el día 16 de octubre de 1935, hasta las 5 P. M., en cuya hora el abogado defensor solicitó y obtuvo la suspensión de la vista hasta el día siguiente, “para esbozar nuestra teo-ría y empezar con nuestra prueba”; y que el día 17, o sea dos días después de comenzado el juicio, se practicó la prueba del acusado, tendiente a sostener la teoría de la defensa pro-pia, declarando el acusado y cinco testigos, cuyo testimonio cubre setenta páginas de la transcripción de evidencia. No aparece do los autos que el acusado se viera privado de uti-lizar otras pruebas por razón de no habérsele concedido la posposición solicitada. Y la forma en que el abogado de-fensor condujo el examen de los testigos nos convence de que el acusado estuvo muy hábilmente defendido y de que nada hubiese ganado con la posposición del juicio.

En el caso de El Pueblo v. Arrocho, 33 D.P.R. 657, invo-cado por el apelante, concurrieron hechos y circunstancias completamente distintos a los del presente caso. Era aquél un caso en que los acusados habían sido sentenciados a la pena capital. El delito que se les imputaba había sido co-metido el 20 de febrero de 1924. La lectura de la acusación tuvo lugar el 11 de marzo del mismo año y la vista del caso fué señalada para seis días después. Negóse la corte sen-tenciadora a posponer el juicio. Y esta Corte Suprema re-vocó la sentencia porque a su juicio a los acusados no se les había dado un tiempo razonable para preparar su defensa.

En el caso ante nos el acusado tuvo tiempo más que su-ficiente y amplias oportunidades para preparar su defensa. Desde la fecha en que se le leyó la acusación hasta la fijada para la vista transcurrieron diez meses y quince días, durante cuyo período de tiempo el acusado estuvo representado por un abogado de su elección.

La práctica censurable seguida por el acusado apelante ai tratar de conseguir la suspensión de la vista mediante fal-sas representaciones, y el hecho ya consignado de que la de-negación de la posposición del juicio no causó perjuicio al-guno a los derechos substanciales del acusado, son, a nuestro juicio, suficientes para que resolvamos que la corte inferior no cometió el error que se le imputa.

El segundo señalamiento debe desestimarse por ser enteramente frívolo. Convenimos con el apelante en que el hecho de que el acusado y el interfecto trabajaran juntos en unas elecciones primarias celebradas tres meses antes de lá fecha en que se cometió el delito, es inmaterial y por sí soío insuficiente para establecer el móvil del crimen. Si hubo algún error al admitir prueba de ese hecho, el error no pudo en manera alguna perjudicar al acusado.

El tercer error señalado lee como sigue:

“La corte inferior cometió error al no permitir que el acusado declarase sobre la opinión que tenía formada del interfecto en este caso. ’ ’

Hagamos una reseña del incidente que motivó este ale-gado error. El acusado manifestó, a preguntas de su abo-gado, que conocía al interfecto, aun cuando no había tenido tratos con él. Preguntóle entonces la defensa: “¿Qué opi-nión tenía usted formada del muerto en este caso?” Se opuso el’fiscal, solicitando se retirara el Jurado mientras se discutía el punto legal levantado por su oposición. Discu-tida lá cuestión fuera de la presencia del jurado, la corte la resolvió, de acrtéí-do con lá argumentación dél fiscal, en la si-gúieiite formá:

“Juez: Eso solamente lo sabrá el propio acusado, porque el te-mor que pueda una persona tener de otra persona no lo puede de-clarar más que esa persona, porque es un estado psíquico, algo interno .que no lo sabe nada más que esa persona. Si se lo dice a otra sería referencia. Por eso, el acusado debe manifestarlo. Para la defensa propia tiene que admitir la muerte, pero que la produjo en defensa propia, y entonces, si quiere baeer uso de la doctrina del peligro aparente, entonces debe demostrarse que realmente sentía y que an-teriormente sentía ese temor, y de la única manera es que lo diga el acusado. Nadie puede declarar lo que piensa o siente otra persona.
“Defensa: Tomamos excepción de la resolución de la corte por entender, 'que liabiéndose sentado las bases de que el acusado fué quien dió la muerte, el acusado está en su perfecto derecho, ahora, de indicar qiié concepto le merecía la reputación del interfecto a él cuando produjo la muerte.
“Juez: Si sentáramos esa doctrina llegaríamos a un resultado-absurdo, de que por el hecho de que una persona tiene mala reputa-ción estaría a expensas de que cualquiera le privase de la vida, por 'tener mala reputación. Puede llamar al Jurado. [El Jurado com-parece.) Puede continuar con el testigo.”

Acto seguido el acusado declaró: Que fue él quien hirió al interfecto y que supo después que éste había muerto; que antes de ocurrir los hechos ya él conocía a Isidro Iíerrans, 'el 'occiso; que había sido informado que el occiso era un hombre criminal; que sabía que el occiso era un hombre terrible, un bandido y que había estado cumpliendo condenas por violación, delito contra natura, por haberle cortado la cabeza a otro, etc.; que conocía al interfecto por una persona peligrosa, que así lo decía todo el pueblo y que él le tenía miedo.

No creemos que la corte cometiera el error que se le im-puta, ni tampoco que la resolución de la corte haya podido perjudicar al acusado. A éste se le permitió declarar ex-tensamente sobre la opinión que él tenía formada en cuanto al interfecto y en cuanto a la. mala reputación de éste en la comunidad. La decisión de la corte en cuanto a que se de-bía probar la defensa propia o admitir que el acusado había causado la muerte del interfecto, antes de que la declaración del acusado sobre el carácter o reputación del interfecto pu-diera ser admitido en evidencia, se ajusta a la doctrina legal sentada por la jurisprudencia. Véanse: El Pueblo v. Sutton, 17 D.P.R. 345 y El Pueblo v. Lamnause, 30 D.P.R. 732.

La regla general es que no puede admitirse evidencia re-ferente al carácter o reputación de la víctima de un homici-dio. El Pueblo no puede ofrecer evidencia primaria para probar que el interfecto era un hombre de buena reputación, quieto y pacífico. Esa prueba por parte del fiscal es admi-sible solamente en el caso de que el acusado tratare de pro-bar que el interfecto era un hombre de carácter violento y pe-ligroso. La regla en cuanto a la admisibilidad de esa clase de prueba, cuando es ofrecida por la defensa, la define así Corpus Juris:

“No puede probarse el carácter violento, vengativo, sanguinario del interfecto para excusar o atenuar el homicidio, pues la muerte sin que haya habido provocación de un hombre malo es un asesinato, tanto como lo sería la muerte de la persona más pacífica y respetuosa de la ley en la comunidad.
“Cuando se ha presentado evidencia tendiente a probar la de-fensa propia o las circunstancias en que se realizó el hecho estuvieren en duda, la reputación del interfecto como hombre violento y peli-groso puede probarse con el propósito de demostrar que el acusado tenía una razonable aprensión de peligro inminente, especialmente bajo las circunstancias prevalecientes en el momento del homicidio.’

30 C. J., sees. 395, 396, y 465, págs. 172, 173 y 229.'

El cuarto y último señalamiento dice así:

“La corte inferior cometió error al permitir que el fiscal contra-interrogando al acusado, le preguntase si había cumplido alguna con-dena, y que le preguntase luego específicamente si había sido conde-nado por acometimiento y agresión grave.”

En contestación a las preguntas del fiscal, el acusado ad-mitió que el cuchillo que le mostraba el ministerio público era el mismo que él había tomado del mostrador. Y al ser preguntado si era verdad que él había afilado el cuchillo, e acusado respondió: “Yo no ando con un arma así.” Enton-ces siguió este diálogo:

“P. — ¿No ha sido condenado por portar armas?
“R. — Por portar nn revólver, sí.
“P. — ¿Pero usted cumplió una condena?
“R. — Sí, señor, 30 días, o sea 25. Eso ocurrió hace como 12 años.
“Fiscal:' — ¿Había sido condenado por acometimiento y agresión grave ?
“R. — ¿En dónde?”

Pidió entonces el abogado defensor que se retirara el Ju-rado. En ausencia del jurado se argumentó la oposición de la defensa a que el acusado contestara la pregunta del fiscal, por entender que la prueba era inadmisible toda vez que el acusado no babía presentado evidencia de su buena reputación. Sostuvo la corte que habiendo declarado el acu-sado que él nunca portaba armas, el fiscal tenía derecho a preguntarle si había sido convicto del delito de portarlas, no para probar la mala reputación del acusado, sino para im-pugnar su veracidad. 'El fiscal retiró entonces su pregunta, que había quedado pendiente de contestación, y a solicitud de la defensa se ordenó su eliminación del récord. No llegó a cometerse, pues, el segundo error comprendido en este se-ñalamiento. Tampoco cometió la corte el primero. El fiscal estuvo justificado al impugnar la veracidad del acusado en la forma en que lo hizo. El acusado no puede ser obligado a declarar, pero cuando hace uso de su derecho a ocupar la silla testifical, desde ese momento está sujeto a' todas las re-glas de evidencia al igual que cualquiera' otro testigo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino. •


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Angel Rafael Martí, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1104.

    Sometido: Junio 14, 1937.

      Resuelto: Julio 7, 1937.

      R. Palacios Rodríguez, abogado del peticionario; La Costa & La-Costa, abogados de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

María Paniagua radicó en la Corte Municipal de San Juan una demanda de desahucio contra el aquí peticionario, Angel Safael Martí, acumulando en ella dos cansas de acción, ba-sada la primera en el vencimiento del contrato, y en la falta de pago del canon de arrendamiento correspondiente a enero de 1937, la segunda. El 8 de marzo de 1937 recayó sentencia declarando dicha Corte Municipal con lugar la demanda en su segunda causa de acción, y do ella apeló el demandado para ante la corte de distrito.

El día Io. de mayo de 1937 la demandante en el pleito de desahucio solicitó 'de la corte de distrito que sobreseyera el recurso de apelación interpuesto para ante ella por no haber el demandado consignado el importe del canon de arrenda-miento vencido el día 30 de abril de 1937. Acreditó debida-mente su solicitud con una certificación del secretario de la corte municipal, y a la vez acompañó el contrato de arrenda-miento que dispone, en la cláusula primera, 4‘que el canon mensual estipulado será el de cuarenta dollars pagaderos el día último de cada mes sin excusa ni pretexto alguno en el domicilio de la dueña

Se opuso el demandado a que se sobreseyera su apelación porque “... .mensualidad significa período de un mes, y no se entiende vencida, esto es, transcurrida sino basta pasada la bora 24 del último día, conceptuándose exigible el día si-guiente .... ” Al efecto, ofreció un recibo expedido por el secretario de la Corte Municipal, con fecba 1°. de mayo de 1937, acreditativo de la consignación becba en ese día.

Por resolución del día 17 de mayo de 1937, la corte de distrito declaró con lugar la moción" de la demandante y so-breseyó el caso, amparándose en el artículo 634 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933 (artículo 15 de la Ley de Desahucio), y en lo resuelto por esta Corte Suprema en Aurora, Sociedad Agrícola, v. Barroso, 36 D.P.R. 948.

A solicitud de Angel Rafael Martí se expidió un auto de certiorari para revisar dicba resolución, y oídas las partes el día 14 de junio próximo, pasado, quedó el caso sometido,.

La solicitud de certiorari no presenta ninguna cuestión nueva en esta jurisdicción. El canon de arrendamiento, se-gún el contrato entre las partes, era de $40 mensuales, “pa-gaderos el día último de cada mes ....” El correspondiente al mes de abril de 1937 venció, pues, el día 30-, que es el úl-timo de dicho mes. El arrendatario tenía todo el día 30 de abril para bacer la consignación del canon que vencía ese mismo día; y como no lo hizo así, la demandante tenía per-fecto derecho, a solicitar que se sobreseyera el caso de acuerdo con el artículo 634 del Código de Enjuiciamiento Civil (15 de la ley de desahucio), no cometiendo la corte recurrida error alguno al así ordenarlo. Véanse, además, del caso, de Aurora, Sociedad Agrícola, v. Barroso, supra, citado en la resolución que ahora se reviisa, los de Sellés, Casas & Co., S. en C., v. Betancourt et al., 32 D.P.R. 353; Rivera v. Son. J. A. López Acosta, Juez, 28 D.P.R. 297; Silva v. Aboy, Giorgeiti & Co., Ltd., 20 D.P.R. 76, y Más et al. v. Borinquen Sugar Co., 17 D.P.R. 958.

El peticionario no solamente ha dejado de probar que él hiciera gestión alguna para verificar la consignación del canon en la fecha de su vencimiento, sino que admite en su pe-tición que la consignación fué hecha en el día siguiente al de la espiración del plazo.

La solicitud de certiorari debe ser declarada sin lugar, y anularse el mito ■expedido con fecha 25 de mayo de 1937.

El Juez Asociado Señor Gordo va Dávila no intervino.


author: Eii Juez Asociado Señob Thavieso

text:
    Gaspar Espada, demandante y apelante, v. Sucn. de Antonio Torres Colón, demandada y apelada.
    Núm. 7313.

    Sometido: Junio 18, 1937.

      Resuelto: Julio 7, 1937.

      José F. Fernández Segarra, abogado del apelante; Manuel A. Rivera, abogado de la apelada.
   Eii Juez Asociado Señob Thavieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante alega que él era dueño de tres fincas rús-ticas, de siete, doce y tres cuerdas, respectivamente; que para satisfacer una sentencia obtenida en su contra por el causante de los demandados, éste obtuvo mandamiento de ejecución, el cual se bizo efectivo mediante venta en pública subasta de las tres mencionadas fincas, las que fueron adju-dicadas al mismo acreedor por la suma de $450; que desde antes de iniciarse el pleito en que fué dictada la sentencia contra el demandante, éste tenía establecido su hogar seguro (homestead) sobre la finca de siete cuerdas, en la cual vivía como jefe de familia en unión de su esposa y de una hija; y que ha continuado hasta el presente ocupando dicha finca como tal homestead, sin haber renunciado su derecho en forma alguna. En la demanda se pide que se declare que el demandante tiene un derecho de homestead sobre la finca de siete cuerdas; que si dicha finca no tuviere un valor de $500 se declare que el derecho del actor se extiende a las otras dos fincas; y que si ninguno de los predios tuviere el valor de $500 y todos juntos valieren más de esa suma, se condene a la sucesión demandada a pagar al demandante la cantidad de $500, más las costas.

Los demandados negaron específicamente que el deman-dante haya tenido establecido su hogar seguro en la finca de siete cuerdas, antes o después de la ejecución y venta de las tres fincas; que la ocupación de la finca por el demandante haya continuado hasta el presente; y que el demandante sea un jefe de familia con familia a su cargo.

Como materia nueva de oposición a la demanda alegaron los demandados que el demandante compró las tres fincas por $707.41; que para que el demandante pudiera satisfacer el precio convenido, don Antonio Torres Colón, causante de los demandados, le facilitó en calidad de préstamo la suma de $700; que pocos días después de haber adquirido dichas fin-cas el demandante las hipotecó a • Torres . Colón en garantía de los $700 que éste le había prestado; que el crédito hipote-cario fué ejecutado, dictándose la sentencia a virtud de la cual se procedió a la venta de las fincas y a su adjudicación a los demandados. Y por vía de contrademanda, los deman-dados solicitaron sentencia contra el demandante por $79.10, importe de contribuciones impuestas a las tres fincas por el año fiscal 1929-1930 y no satisfechas por el demandante, y por $400 como valor de frutos que se alega fueron fraudulen-tamente recolectados por el demandante en las tres fincas, después de haber sido éstas adjudicadas a los demandados. Negados por el demandante los hechos esenciales de la con-trademanda, fué el pleito a juicio.

La Corte Municipal de Coamo dictó sentencia desesti-mando la demanda y declarando sin lugar la contrademanda. No conforme el demandante apeló. Señalada la vista de la apelación ante la corte de distrito para el día 21 de enero de 1936, por estipulación escrita de las partes, comparecieron los demandados, más no así el demandante y apelante. Soli-citaron entonces los demandados que se tuviese al deman-dante por desistido de su acción y a los demandados por de-sistidos de su contrademanda. Y así lo decretó la corte inferior, imponiendo las costas al demandante.

En 24 de febrero de 1936, el demandante radicó una mo-ción solicitando la reconsideración de la orden por la cual se le dió por desistido de la demanda, por abandono. Alega en dicha moción que su abogado, Lie. Angel de Jesús Matos y el abogado de los demandados, estipularon por medio de una moción que el juicio se celebraría el 21 de enero de 1936, y que en dicha moción los dos abogados se dieron por notifi-cados de dicho señalamiento, por lo cual el secretario de la corte de distrito no envió notificación alguna ni a los aboga-dos ni a las partes; que el demandante nunca fué avisado de tal señalamiento, ni por su abogado ni por el secretario de la corte, y que si hubiese tenido conocimiento del mismo él hubiese comparecido a sostener su demanda con su abogado Sr. De Jesús Matos o asistido de un nuevo abogado. En apoyo de la moción se presentó nn affidavit de méritos, sus-crito por el demandante, en el que éste tace constar que ha expuesto los hechos del caso a su nuevo ahogado, Lie. José I. Fernández Segarra, quien es de opinión que la ley y los hechos están a favor del demandante y en contra de los de-mandados, y que al demandante le asiste una buena y probable causa de acción. La moción fué declarada sin lugar por el fundamento de que el demandante no había mostrado ra-zones suficientes para que la corte pudiese ejercitar su dis-creción. El demandante apeló.

La Ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11 de 1908 (Código de Enjuiciamiento Civil, pág. 136), dispone:

“Artículo 3.— . . . Si ol demandante dejare de comparecer ante la Corte de Distrito, ésta desestimará la demanda por abandono de la acción, y dictará sentencia a favor del demandado, imponiendo las costas al demandante.”

El secretario de la corte de distrito no está obligado a no-tificar a los litigantes los señalamientos de juicios. Véanse: Altuna v. Ortiz et al., 11 D.P.R. 25; Camacho v. Ortiz, 32 D.P.R. 676; Bonilla v. Echeandía, 34 D.P.R. 333. Y esta Corte Suprema ha decidido también que la notificación de la lectura del calendario y de la fecha de los señalamientos a los abogados no es un requisito estatutario. Véanse: Cubano v. Jiménez, 32 D.P.R. 167; Cintrón v. “El Zenit”, 28 D.P.R. 687 y Guardian Assurance Co. v. López Acosta, 24 D.P.R. 637.

El señalamiento en el caso de autos se hizo por convenio expreso y por escrito de los abogados de las partes litigantes, con la aprobación de la corte. Al darse por notificados, los citados abogados renunciaron a cualquier derecho que pudie-ran tener para que se les notificara el señalamiento. Y esa renuncia obligaba a sus respectivos clientes. Véase: Sec-ción 9, “Ley determinando reglas para el ejercicio de la pro-fesión de abogado en Puerto Rico,” aprobada en abril 13, 1916 (Leyes de 1916, irúm. 38, pág. 92). La. Corte de Distrito no cometió error al desestimar la demanda por abandono.

La moción para que una sentencia sea reconsiderada va siempre dirigida a la sana discreción de la corte sentenciadora. T esa discreción sólo puede ser revisada en apelación cuando de los autos resultare patente que se había cometido un abuso de discreción. - La declaración de hechos probados que aparece en la sentencia dictada por la Corte Municipal y la insuficiencia del affidavit de méritos sometido en apoyo de la moción de reconsideración, justifican a nuestro juicio la resolución de la corte de distrito negándose a reconsiderar su sentencia. No hubo abuso de discreción. Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez PbesideNxe Señor del Tobo

text:
    José Lugo, demandante y apelante v. Self Auto Corporation, representada por su manager Luis M. Pagán, demandada y apelada.
    Núm. 7203.

    Sometido: Abril 9, 1937.

      Resuelto: Julio 7, 1937.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del apelante; Emilio 8. Belaval, abogado de la apelada.
   El Juez PbesideNxe Señor del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre daños y perjuicios sufridos a con-secuencia ele un accidente de automóvil que se falló en contra del demandante por no haberse demostrado a juicio de la corte de distrito que exista entre las partes el nexo jurídico que se alegó que existía y sin el cual no viene la demandada obligada a responder de los daños y perjuicios que sufriera el demandante.

La conclusión de la corte se basó en el resultado de la prueba que expuso en su relación del caso y opinión cómo sigue :

“Del conjunto de la prueba practicada en el acto de la vista esta corte estima satisfactoriamente probados los actos de negligencia del chauffeur que guiaba el vehículo en cuestión en los momentos del accidente y que como consecuencia de esa negligencia sucedió el acci-dente, así como, las lesiones, recibidas por el demandante que se espe-cifican en la demanda.
“Igualmente estima probado esta corte que la entidad deman-dada no es una empresa que se dedica a porteador público de pasa-jeros y estima igualmente probado satisfactoriamente que el chauffeur que guiaba el automóvil en cuestión en los momentos del accidente no era empleado, como tal chauffeur de la demandada, ni estaba bajo las órdenes de la misma.”

No conforme el demandante, apeló. Señala en su alegato la comisión de odio errores. Los cinco primeros giran al-rededor de si es o no aplicable a este caso la doctrina de respondeat superior, el sexto y el séptimo versan sobre ad-misión de evidencia y el octavo se refiere a la imposición de las costas. Tras un estudio cuidadoso de los hechos y la ley sólo creemos que se cometió el octavo.

El primer testigo que declaró fue el demandante José Lugo. Lijo que en diciembre de 1930 regresó de los Estados Unidos y al desembarcar, en uno de los muelles de San Juan, encontró a Daniel Morales con un automóvil de cinco pasajeros, tablilla P-2351, esto es, a su juicio, de servicio público, y contrató con él para que lo condujera a Mayagüez por la suma de trece dólares; que por el camino Morales venía a velocidad exagerada y le llamó la atención para que no continuara así: que una vez voló el sombrero de su señora y al pegar los frenos para parar a recogerlo, no pudo hacerlo hasta cuarenta o cincuenta metros “debido a la velocidad que traía y a que los frenos estaban en malas condiciones ’ ’; que Morales se moderó un poco pero después volvió a correr ligero y como a tres kilómetros de Aguadilla al llegar a una curva se deslizó y chocó con un árbol recibiendo el declarante varias heridas.

El final de su declaración copiada textualmente es así:

“Que arrendó el automóvil a Daniel Morales y que dicho Daniel Morales en el muelle de San Juan le preguntó que para dónde iba y al decirle que para Mayagiiez, le brindó el carro para traerlo y entonces trataron; que pagó al llegar a Mayagiiez trece dollars por el viaje y un dollar más de propina. Que no contrató el carro con la Self Auto Corporation y lo bizo con el chmcffewr. Que estaba Xi'arado eon su carro frente al muelle cuando desembarcó de su viaje de los Estados Unidos, en cuyo momento el ohauffeur Morales le ofre-ció el carro para trasladarlo con la familia y equipaje.”

i

Luego declararon Rosa M. de Lugo, el doctor Francisco J. Blasini y el abogado Gilberto López de Victoria. La pri-mera corrobora a su esposo, el demandante, el segundo curó las heridas de éste que 'describe y el tercero reconoce dos car-tas, una que dirigió a Luis M. Pagán-, mamag&r de la deman-dada, sobre la -reclamación del demandante y otra que con-tiene la contestación de la demandada por su manager.

Además de esas dos cartas introdujo el demandante como prueba documental una certificación del Comisionado del Interior demostrativa de que el auto P-2351 se encontraba ins-crito á la fecha -del- accidente a nombre de la demandada.

No negó ésta que fuera la dueña del auto, al contrarió, aceptó que lo era. Su defensa consistió en alegar que lo arrendó a Morales y que Morales no era su agente. Para probarlo presentó en el juicio una certificación -de una de sus cláusulas de incorporación, el contrato de arrendamiento y las declaraciones de Pagán y Morales.

La certificación está expedida por el Secretario Ejecu-tivo de Puerto Rico y tiende a acreditar el hecho de que entre las cláusulas de incorporación de la demandada, fi-gura la siguiente:

“IV. Que el objeto para el cual dicha corporación se organiza es el siguiente: La compra y venta de automóviles y sus accesorios; arrendamiento de los mismos para transporte privado; establecimien-tos de talleres para reparaciones y pinturas de automóviles; explo-tar el negocio de petróleo y sus derivados y compra de terrenos y edificios para los negocios de la Compañía.”

La Corte admitió el documento con la oposición del de-mandante basada en que la certificación no era completa y en quo estaba en contradicción con el acto realizado por la propia demandada sacando tablillas de servicio público para su auto.

Hemos examinado la certificación y a nuestro juicio con-tiene todas las formalidades externas exigidas por la ley. No cita el apelante ley alguna o jurisprudencia que a nues-tro juicio impidan a un funcionario que tenga bajo su cus-todia un documento el expedir copia certificada literal de cierta parte del mismo. Lo que sucederá será que tal copia demostrará únicamente la existencia de la parte del documento que se transcriba, dejando abierta a la duda o a la demos-tración por la parte contraria la existencia de alguna otra parte del propio documento que contradiga, modifique, o explique la transcrita.

El otro motivo de oposición tampoco estuvo bien fundado. Iba al peso de la prueba y la corte se encontraba en el mo-mento de su admisión. Además aunque la corte hubiera es-tado obligada a fijar en tal momento todo el alcance de la certificación del Comisionado del Interior ya admitida y el de la certificación del Secretario Ejecutivo que se presen-taba para su admisión, no hubiera errado al admitir la úl-tima pues el impedimento que alega el apelante no existía en realidad de verdad como veremos luego.

También objetó el apelante la admisión del contrato de arrendamiento, por tratarse de un documento privado que no podía perjudicarle por ser él un tercero.

El contrato fué introducido en evidencia después de haber sido reconocido por Luis M. Pagán como el celebrado entre la demandada y Morales. También Morales lo reconoció des-pués. Sujeto al crédito que a la corte merecieran esas dos declaraciones, el documento era admisible. No hubo error.

Ahora, partiendo de la base de la prueba admitida y del entero crédito que a ella- dió la corte sentenciadora sin que se haya demostrado que existiera motivo justificado alguno para que actuara de otro modo, nos encontramos con que la demandada que es una corporación dedicada entre otras cosas al arrendamiento de automóviles para transporte privado, arrendó a Daniel Morales con anterioridad al día del accidente el automóvil de que se trata en este caso que tenía con tablillas que lo clasificaban como piíblico, mediante el precio de tres dólares diarios; y que Morales, en posesión del auto arrendado, contrató directamente con el demandante el viaje a Mayagíiez, sin que el demandante inquiriera si era dueño, arrendatario, o empleado del dueño del automóvil.

Ocurrido el accidente a virtud de la negligencia de Mo-rales en el manejo del auto ¿está obligada a responder de los daños y perjuicios causados la dueña del mismo, o sea la Self-Auto Corporation, que es la única demandada en este pleito ?

El que por acción u omisión causa daño a otro, intervi-niendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, ordena el artículo 1802 del Código Civil, ed. 1930, y seguidamente el 1803 prescribe que la obligación que im-pone el artículo anterior, es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder, especificando algunos casos en-tre los cuales se encuentra el de los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios cau-sados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieren empleados, o con ocasión de sus funciones.

¿Cae este caso dentro del alcance de esa ley1? A nuestro juicio no cae porque Morales no era un empleado o depen-diente de la demandada, sino una persona a quien la de-mandada arrendó su automóvil. Obtenida la posesión del auto por Morales a virtud del arriendo y habiendo contra-tado el demandante con él directamente su transporte a Ma-yagüez, sólo surgen de tal contrato obligaciones entre Mora-les y el demandante.

Es cierto que el automóvil formaba parte de una empresa dedicada al arrendamiento de automóviles para transporte privado y que fué en efecto arrendado, pero también lo es que no lo fué al demandante para conducirlo a Mayagüez sino a Morales para usarlo para transporte privado.

Del hecho de que la demandada hubiera sacado para su auto tablillas públicas, deduce el demandante que la de-mandada, contrario a lo que expresa una de sus cláusulas de incorporación, no se dedicaba al transporte privado si que era una porteadora pública, _ pero a nuestro juicio tal hecho que no puede negarse que complica la resolución del problema, no tiene ese alcance.

Es cierto que la sección 1 de la Ley núm. 55 de 1921, Leyes de 1921, p. 423, prescribe que:

“Por ‘Automóvil de servicio público,’ para los efectos de esta Ley, se considerará todo vehículo de motor que mediante retribución o pago se dedique a la conducción de pasajeros, mercancías o materia-les de cualquier clase, y dichos vehículos no podrán traficar sin pagar los derechos adicionales establecidos más adelante en esta, Ley, para automóviles que actúen como porteadores públicos.”

Pero no puede concluirse a nuestro juicio que por el he-cho de que la demandada a fin de poder arrendar su auto-móvil para ser usado por el arrendatario para el transporte privado de pasajeros, pagara los derechos adicionales esta-blecidos por la ley para los automóviles que actúan como por-teadores públicos, quedara constituida en una compañía de servicio público para el transporte de pasajeros mediante paga. Su negocio era el de arrendar el auto para ser usado por el arrendatario en la forma que quisiere y pudiere, no el de transportar pasajeros.

Además de la Ley núm. 55 de 1921 que se ha citado, hay que considerar otra, la núm. 70 de 1917, definiendo las com-pañías de servicio público, etc., Leyes de 1917, Yol. II, pág. 433, que define la frase “porteador público” como incluyendo a toda persona natural o jurídica dedicada por lucro al trans-porte de pasajeros, o carga, o de ambas cosas en Puerto Rico, por cualquier medio de locomoción, y el Reglamento sobre ve-hículos de motor de la Comisión de Servicio Público apro-bado el 24 de mayo de 1927 cuya regla primera exige para que exista la condición de porteador público que los vehícu-los usados tengan una capacidad para más de siete pasa-jeros.

En Puerto Rico para dedicarse al transporte público re-guiar de' pasajeros mediante paga hay que obtener una fran-\ quicia de la Comisión de Servicio Público y cumplir con otras exigencias de la ley y de los reglamentos de la Co-misión, y parece que existen además otros automóviles que mediante el pago de los derechos necesarios para obtener tablillas públicas se dedican a transportar pasajeros de cuando en cuando, sin que tengan que obtener puffy! zaqioji afg'una de la Comisión, conociéndose esta clase de negocio •"Coind ele' transporte privado. Y es entre éstos que corres-ponde clasificar el automóvil de lá demandada en este caso en manos del arrendatario del mismo Daniel Morales. •

La jurisprudencia que cita- el apelante no es aplicacable. Se refiere a empresas dedicadas- al transporte de pasajeros o carga mediante sus propios empleados, no a empresas dedicadas al arriendo del vehículo solamente para ser usado por el arrendatario personalmente o por medio de sus dependientes o empleados. •

Por el contrario hay un caso citado por la parte apelada, que presenta una situación semejante a la que surge de los hechos de éste. Nos referimos al de Atkins v. Points, 88 So. 231, de la Corte Suprema de Louisiana, en el que, co-piando del resumen, se estableció la siguiente doctrina:

“Cuando el -dueño cede en arrendamiento vehículos de motor a chóferes y éstos pagan al primero determinada suma por día y usan los vehículos para sus propios fines, el dueño no es responsable de los daños y perjuicios ocasionados a un tercero por razón de la negli-gencia del chófer, puesto que no existe una relación de patrono y empleado que haga aplicable la doctrina de respondeat superior.”

Insiste el apelante en que la responsabilidad de la de-mandada siempre surgiría porque el accidente se debió no sólo a la negligencia del chófer si que al mal estado de los frenos, como, según él, declaró probado la corte sentencia-dora.

Hemos examinado cuidadosamente toda la relación del caso y opinión y no creemos que pueda concluirse a virtud de lo en ella expresado que el juez sentenciador declaró pro-Toado que los frenos del automóvil estaban en malas condi-° ciones. La atención de la corte estnvo fija en la negligen-cia del chófer únicamente. Y examinando por nosotros mis-mos la evidencia del demandante sobre tal extremo, no nos parece suficiente. Además el auto había sido arrendado con más de un mes de anterioridad a la fecha del accidente.

Quizás este caso revele una situación que deba corregirse. Quizás ese llamado transporte privado deba regularse de tal * modo que no se realice por personas que luego resulten irres-ponsables, mediante la. exigencia de alguna fianza, seguro o penalidad. Tal vez deba exigirse alguna garantía a las pro-pias. personas o empresas que se dediquen al negocio de arrendar automóviles. Pero tal como se encuentra la ley, bajo las circunstancias concurrentes nos vemos obligados a resolver que la corte sentenciadora estuvo en lo cierto al de-clarar que no existía nexo jurídico alguno entre la deman-dada y el demandante a los efectos del pago de los daños y perjuicios reclamados.

Ahora bien, nos parece que no debió la corte imponer las costas al demandante. La cuestión es nueva y dudosa. No hubo temeridad, especialmente tomando en consideración la contestación que la demandada dió a la carta del abogado del demandante en la que sostiene su falta de responsabilidad pero basada en la voluntad del demandante que lo había relevado de ella y en que el incidente había sido casual no insinuando siquiera la defensa que luego adujo y prosperó.

En tal virtud, debe modificarse la sentencia apelada eli-minando la condena de costas, sustituyéndola por la de “sin especial condenación de costas” y así modificada, confir-marse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.