text:
    Juan Rafael Berríos, representado por su padre Juan Berríos, demandante y apelante, v. Guillermo Garáu, demandado y apelado.
    No. 5964.

    Sometido: Diciembre 21, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      Martínez Nadal & Martínez Rivera, abogados del apelante; C. Do-mínguez Rubio y Luis-F. Camaeho, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El menor Juan Rafael Berríos, representado por su padre Juan Berríos Ortiz, compareció ante la Corte de Distrito de G-uayama y demandó a Guillermo Garáu en reclamación de veinte mil dólares por daños y perjuicios sufridos al perder tres dedos de la mano izquierda en un accidente que:

“Se debió exclusivamente a la culpa, descuido y negligencia del demandado Guillermo Garáu, sus agentes, empleados o subalternos, consistente dicha negligencia entre otras cosas en los siguientes par-ticulares :
“(a) En que sabiendo como sabía el demandado que la maqui-naria que usaba, en su dicha panadería era peligrosa para los niños que él mismo sabía acostumbraban a entrar en dicho local y que él mismo consentía tener cerca de dicho local, no tomó las precauciones necesarias para tener aislada dicha maquinaria, o de otra, manera, resguardada en alguna forma que evitara que niños menores de 10 años como lo es el demandante aquí, se acercaran a ella y pudieran ser, como resultó lesionado el menor demandante por el atractivo o curiosidad que a los niños tal maquinaria tiene que causar como causó al menor demandante en este caso.
“ (b) Porque dicho demandado Guillermo Garán arrendó al padre del menor demandante nna casa contigua a su dicha panadería, cuyo patio se comunicaba con el de la dicha panadería y no tenía ninguna verja, empalizada, valla, ni ningún otro instrumento que separara el patio de la dicha casa arrendada al padre del menor de-mandante y la de su dicha panadería y dicho demandado sabía que el menor demandante residía con su padre en dicha casa y frecuen-taba dicho patio constantemente donde se entretenía jugando con otros muchachitos de su edad, y menos de 10 años, y la puerta de la dicha panadería que da al patio donde se entretenía jugando el menor demandante, siempre estaba abierta, sin que ninguna persona cuidara de que niños como el demandante penetraran a dicho local de la panadería y sin que nadie evitara tampoco que un menor como el demandante aquí, frecuentara dicho sitio atraído por la curiosidad de la maquinaria que caminaba movida por electricidad y con rue-das de engranaje como las que dicha levadora tenía allí y entonces.
“ (c) En que el demandado no advirtió en ningún momento a ninguna persona el peligro que corrían los niños que él mismo veía y sabía que jugaban en aquel sitio, o patio sin cercar que él mismo mantenía allí y entonces tan cerca de dicha maquinaria en su dicha, panadería y cobraba, al padre del menor demandante por la casa: que le tenía arrendada en dicho sitio, la suma de $8 mensuales sin*, que dicha maquinaria hubiera sido familiar a dicho niño, y siendo-la misma peligrosa per se, no ya solamente para niños como el de-mandante, si que para adultos, y sin que tuviera ninguna persona-, al cuidado de dicha maquinaria o aparatos que la separaran de un¡ sitio tan accesible para cualquier persona, como en el que la mismai se encontraba, para que niños como el demandante pudieran frecuen-tar tan cerca, de ella que les causara daños como los que le causó al menor demandante allí y entonces.”

Contestó el demandado. Fue el pleito a juicio. Prac-ticóse una larga prueba y la corte dictó sentencia en contra del demandante. Cuatro errores señala éste en su alegato-para pedir la revocación de la sentencia.

El primero se formula así: “La Corte de Distritode G-uayama cometió error al denegar la moción del demandante solicitando una sentencia a su favor por las alegaciones. ’ ’

La demanda está jurada y la alegación de ella que hemos transcrito fue negada en la. contestación como sigue:

“Niega el demandado todo el contenido de la alegación 4 (dupli-cado) de la demanda, no sólo en su preámbulo si que también en los apartados A, B, C incluyendo aquellas conclusiones contenidas en cada uno de dichos párrafos A, B y C.”
Y basándose en ello el demandante pidió a la corte que dictara una sentencia en su favor invocando los artículos 110 y 113 del Código de Enjuiciamiento Civil y los casos de Horton et al. v. Robert, 11 D.P.R. 176, Delanoy v. Blondet, 22 D.P.R. 236, Fernández v. Ruis Soler, 27 D.P.R. 80 y Santiago v. Cabán, 23 D.P.R. 509, en los cuales se sostiene la ■doctrina de que cuando la demanda es jurada, las negaciones •contenidas en la contestación deben ser específicas y si no lo ;son y si no se alegan nuevos hechos constitutivos de defensa, :se considerarán aceptados los hechos alegados en la demanda y podrá dictarse una sentencia sobre las alegaciones si así se solicita.

Se opuso el demandado:

“1ro. Porque la negativa contenida en la contestación es sufi-ciente ;
“2do. Porque de no serlo así, las defensas especiales alegadas por el demandado controvierten las alegaciones de la demanda; y
“3ro. Porque aún aceptando que no fuera así, el demandante ha perdido sus derechos (a) por no haber presentado moción para sen-tencia por las alegaciones y (b) porque presentó prueba para tratar .de sostener esas alegaciones que ahora dice fueron admitidas.’'

La corte de distrito resolvió la cuestión levantada en contra del demandante, con razón a nuestro juicio.

En primer lugar la cuestión se suscitó demasiado tarde. En el caso de Ana María Sugar Co. v. Castro et al., 28 D. P.R. 241, 260, dijo esta corte:

“Sostiene también la apelante que la corte debió haber dictado sentencia sobre las alegaciones. En primer lugar somos de opinión de que una moción para que se dicte sentencia basada en las alega-ciones debe hacerse antes de que se llame el caso a juicio, por los mismos principios discutidos en el caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111. Debe presumirse que si el demandante va a juicio sin promover la cuestión de la suficiencia de la contestación, ya mediante tal moción o por moción para eliminar él está conforme con las cues-tiones como ban sido alegadas. Tal moción, en beneficio de la jus-ticia, no debe hacerse a manera de sorpresa en el juicio.”

Y en segundo lugar en su contestación el demandado no se limitó a la negativa de referencia. Levantó doce defensas especiales que hemos examinado y que estamos de acuerdo con la corte sentenciadora en que constituyen una suficiente negación de y oposición a los hechos todos de la demanda, quedando así subsanado el defecto. En el caso de Fajardo v. American Railroad Company, 27 D.P.R. 608, 610, resolvió esta corte:

“Aunque el demandado negó de una manera general el hecho segundo de la primera causa de acción, sin embargo, como alegó en contrario materia que es una oposición completa a todos los extre-mos consignados en dicha alegación, resultó , de este modo negada es-pecíficamente dicha alegación ya que las afirmaciones en una contes-tación contrarias a lo que afirma la demanda equivalen a una nega-ción de ésta y, por tanto, la corte inferior no cometió el error que se le atribuye, Hill v. Smith, 27 Cal. 476; Pfister v. Wade, 69 Cal. 133; Perkins v. Brock, 80 Cal. 320; Burris v. People’s Ditch Company, 104 Cal. 248; Stetson v. Briggs, 114 Cal. 511.”

No hubo error. Los señalamientos dos, tres y cuatro pueden estudiarse conjuntamente. Por el segundo se sostiene que la corte erró al resolver que no es aplicable a los hechos de este caso la doctrina del peligro atrayente, por el tercero que erró también al decidir que el accidente no se debió a la culpa, descuido y negligencia del demandado y por el cuarto que erró la corte al dictar sentencia declarando la demanda sin lugar.

En su relación del caso y opinión declaró probados la corte sentenciadora los siguientes hechos:

“Que el demandado Sr. Guillermo Garáu tiene arrendado un es-tablecimiento de panadería sito en la calle de la Fidelidad, de Gua-yama, el cual se dedica a la elaboración de pan para la venta.
“Que en dicha panadería existen un torno, una amasadora y un motor eléctrico para mover dichas máquinas las cuales están sin pro-tección.
“Que el patio de dicha panadería sirve de patio también a dos casas contiguas a dicho establecimiento, entre las cuales se encon-traba la casa que habitaba el demandante Juan Berrios con su hijo el lesionado.
“Que el día 3 de noviembre de 1926, como entre siete y ocho de la mañana, el menor Juan Rafael Berrios y Sierra, hijo legítimo del demandante, estaba en su casa tomando café y que al ir la sir-vienta que lo atendía a atender a la madre del dicho niño que se encontraba recién parida, el menor en cuestión se lanzó al patio de la casa, penetrando en la panadería hasta la máquina amasadora de pan que estaba en movimiento en aquellos momentos, sufriendo una lesión que le ocasionó la pérdida de los tres dedos medios de su mano izquierda o sean el índice, el pulgar y el anular que le fueron am-putados por su parte media.
“Que la puerta de la panadería que da al patio contiene una puerta de madera y otra de tela metálica que cierra automáticamente por estar montada sobre goznes de presión.
“Que desde las puertas de la panadería en cuestión tanto las del frente como las del fondo, no puede verse la maquinaria que fun-ciona en el interior y sí oírse el ruido o trepidación que la misma produce cuando se encuentra en movimiento.
“Que el niño lesionado era la primera vez que iba o penetraba en la panadería ya citada.
“Que el niño Juan Rafael Berrios tenía a la fecha del accidente la edad de dos años y ocho meses, encontrándose hoy privado de los dedos a que nos referimos anteriormente con motivo del referido accidente.
“Que el niño en cuestión jugaba en el citado patio que pertenecía también a su casa.
“No aparece de la prueba practicaba que persona alguna viera entrar al menor en la panadería para determinar la forma en que se encontraba la puerta de entrada en aquellos momentos, declarando todos los testigos que se dieron cuenta de la presencia del menor en la panadería cuando él gritó y fueron a auxiliarle habiendo ocurrido ya e] accidente desgraciado.”

Hemos estudiado la evidencia aportada por ambas partes y con excepción de la conclusión que contiene el último pá-rrafo de los transcritos con respecto a no poder determinarse el estado en que se encontraba la puerta de entrada de la panadería que da al patio cuando por ella penetró el menor, estamos enteramente conformes con la corte sentenciadora. En cnanto a dicho extremo creemos qne se demostró qne la pnerta tuvo necesariamente qne estar abierta cnando pasó el menor demandante.

Declarados probados los hechos qne dejamos transcritos, dijo la corte sentenciadora:

“El demandante hace descansar su caso en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en el caso de Rivera v. The Porto Rico Drug Co., 32 D.P.R. 510 en que se hace un estudio de la teoría del peligro atrayente que es la que sirve de base a la demanda en la presente acción; y los abogados del demandado nos han presentado un bri-llante alegato que comprende un estudio acabado en cuanto a la re-ferida teoría legal y a la interpretación dada a la misma por las cortes americanas incluyendo en éstas a la Corte Suprema de la nación. ’ ’

Continuó refiriéndose a la teoría del peligro atrayente con cita de autoridades y volviendo al caso de Rivera, supra, sostuvo que no es igual al presente, porque:

“En dicho caso el niño que sufriera el accidente estaba en el local constantemente, se le utilizaba para lavar las botellas y se le daban los residuos del helado que allí se fabricaba; los demás mu-chachos acudían a aquel sitio en busca también del helado' impropio para la venta que se les regalaba, y en puridad de verdad aquel sitio se había convertido en un lugar atrayente para los niños, no porque la maquinaria los atrajera, sino porque allí encontraban confituras que les eran regaladas.
‘ ‘ En el caso que nos ocupa los hechos son distintos: el niño nunca había entrado en la panadería, a pesar de haber jugado en el patio del establecimiento que era el de su casa también, en varias ocasio-nes ; la maquinaria del establecimiento en cuestión no podía ser vista por él desde el patio y solamente el ruido de ella podría atraer su curiosidad. ’ ’

Entonces se pregunta:

“¿Podríamos admitir en este caso, dada la forma en que ocu-rrieran los hechos y teniendo en cuenta la actitud del niño con an-terioridad al accidente que la máquina en cuestión constituía o cons-tituyó un atractivo para el menor demandante?”

T se contesta:

“A nuestro juicio sería muy arriesgado el llegar a tal conclusión. La prueba presentada no demuestra que en ningún momento con an-terioridad al accidente el niño mostrara su curiosidad por ver la má-quina o enterarse de lo que ocurría en el interior de la panadería; entró allí, no sabemos a qué y por qué razón; nadie lo vió entrar; no sabemos cómo se encontraba la puerta de entrada, ni lo que él hiciera cuando se encontró adentro; y a nuestro juicio estaría fuera de ley, si hiciéramos responsable al demandado de negligencia en tales circunstancias.
“Todos lamentamos intensamente la desgracia ocurrida al menor demandante, hecho en un todo desgraciado y nos parece que el mismo ocurrió por un accidente de la suerte, y que no debemos hacer de él a nadie responsable, sino al azar que interviene con tanta frecuen-cia en nuestros asuntos y a veces nos causa desgracias irreparables de las cuales nadie puede responder.”

El demandante dejó de demostrar su alegación de que no obstante conocer el demandado lo peligroso de sus má-quinas para los niños “que sabía acostumbraban a entrar en dicho local y que él mismo consentía tener cerca de dicho local, no tomó las precauciones necesarias para tener aislada dicha maquinaria.”

Por más esfuerzos que hizo no logró el demandante de-mostrar que al sitio de la panadería en que se encontraban las máquinas, entraran niños. Tampoco que las máquinas estuvieran colocadas de tal modo que pudieran verse desde el patio atrayendo con su funcionamiento la curiosidad de los niños. Sólo se escuchaba en el patio el ruido que pro-ducían al funcionar.

El demandado demostró que las máquinas estaban en el interior del edificio y que en' la entrada que da al patio existían dos puertas, una de ellas de las llamadas de golpe, esto es, que al abrirse se cerraba por sí misma. La maqui-naria no estaba resguardada, pero no se demostró que fuera peligrosa de tal suerte que exigiera el resguardo exterior, siendo la forma de su instalación la corriente y la admitida por las autoridades gubernamentales. No se demostró que se pusiera a funcionar estando allí el niño demandante o mientras pudiera ser alcanzada por niño alguno. Bajo esas circunstancias, puede sostenerse que el demandado Mzo lo que la ordinaria prudencia aconseja para aislar sus máquinas evitando que pudieran invitar al peligro y causar daño a personas ajenas a su funcionamiento.

Sólo nos ñan hecho vacilar las circunstancias de ser el patio común a la panadería y a la casa del demandante habiendo sido el demandado el que alquiló la casa del de-mandante al padre del mismo para vivienda, y la de quo si la puerta de la panadería que da al patio no hubiera que-dado abierta, el niño no hubiera podido entrar y no hubiera ocurrido el accidente, pudiendo haber sido atraído el niño a entrar por el ruido de la maquinaria en movimiento.

¿Colocan esas circunstancias el caso dentro de la doctrina del peligro atrayente? Creemos que no.

En el citado caso de Rivera v. The Porto Rico Drug Co., 32 D.P.R. 510, 522, se cita del Suplemento de White, pág. 170, lo que sigue:

“La mejor regla — y la que ha sido más vigorosamente sostenida por las autoridades — no considera a un niño de pocos años, que ha sido atraído a las propiedades por existir en ellas algo que incite sus instintos y curiosidad de niño, como un transgresor. La ley considera la existencia de tal objeto o condición como un llamamiento tácito para que el niño entre en el sitio. ‘Lo que sería una invita-ción expresa para un adulto, la tentación de algo que lo atrae al juego lo es también para un niño de corta edad.’ De acuerdo con esta regla una persona que tiene en su propiedad un aparato peli-groso, aunque en si no es atractivo, pero que está colocado tan cerca de un punto atractivo en la propiedad que con él constituye una condición peligrosa, puede ser responsable por los daños ocasionados a un niño por el mismo, a pesar de que la condición atractiva no sea peligrosa en sí. Si la propiedad en un caso determinado es sufi-cientemente atractiva para inducir al niño al peligro y sugerir al dueño la posibilidad de un accidente, son cuestiones de hecho para la consideración del jurado.”

Y se cita, además, entre otra, la siguiente jurisprudencia:

“El dueño de ruedas engranadas giratorias que no están prote-gidas y que han sido colocadas en un espacio abierto a 20 pies de una calle, es responsable por el daño que le cause dicha maquinaria a un niño de tres años de edad, y el hecho de que dicho niño fuera un transgresor nada tiene que ver. Whirley v. Whiteman, 1 Head, 610. La corte dijo que, al jugar alrededor de dichas ruedas denta-das, el muchacho no hacía otra, cosa sino ejercitar los instintos natu-rales de un niño.” Louisville and N. R. Co. v. Steele, L.R.A. 1918 D, 317.
‘ ‘ Una buena causa de acción por daños causados a un niño se re-solvió que era la contenida en una demanda en la cual se alegaba que el demandado funcionaba un molino aplanador sin protección, situado en un solar sin cerca donde se permitía ir a los niños, con el conocimiento y consentimiento del demandado, a reunirse y jugar, estando dicho sitio contiguo a ciertas calles y caminos en medio de un distrito de una ciudad densamente habitada, y donde había ma-quinaria peligrosa, entre ella ruedas dentadas de naturaleza tal que atraían a los niños y llamaban la curiosidad de éstos, con conoci-miento del demandado, y que alegaba que un niño de nueve años de edad que había sido atraído hacia la maquinaria peligrosa por su curiosidad infantil, recibió por ello un daño mientras ejercitaba de-bido cuidado y precaución por su propio instinto de conservación.” Jensen v. Wetherell, 79 Ill. App. 33.
“En el caso de Dublin Cotton Oil Co. v. Jarrard (Tex. Civ. App.) 40 S. W. 531, una muchacha se pilló un pie en una máquina de un molino de algodón sufriendo una lesión. Se alegó que si ella estaba allí meramente con el conocimiento y consentimiento de la deman-dada, la única obligación que había para con ella era el abstenerse de realizar actos con conocimiento, cuyas consecuencias serían per-judiciales para ella; y que si ella se encontraba allí no por haber sido atraída implícita o expresamente, ni por el permiso o consen-timiento del dueño, entonces ella era una transgresora y nada podría recobrar por daños y perjuicios que no le fueran ocasionados a sa-biendas y voluntariamente. Pero la corte dijo que aunque esta pro-posición podría alegarse en contra de un adulto de experiencia y buen juicio, no era la. ley que regulaba nuestras obligaciones para con los niños pequeños quienes, como las abejas y las mariposas, iban por todas partes y a cada sitio abierto, según les guiaban sus im-pulsos e instintos infantiles. Ellos no eran transgresores o usurpa-dores dentro del significado de la ley mientras no tuvieran edad bas-tante e inteligencia suficiente para saber y apreciar el derecho que tiene el propietario a quitarlos de su propiedad mediante una simple orden. Ellos entendían que únicamente tenían que quedarse afuera cuando no podían entrar. Ellos no se detenían a leer los letreros o avisos, o a investigar si eran bien recibidos.” Barrett v. Southern P. Co., 91 Cal. 296, 25 Am. St. Rep. 186, 27 Pac. 666.”

Comparando los hechos de los casos citados con los del presente, no encontramos aquella igualdad o semejanza que son necesarias para que pudiéramos llegar en éste a la misma conclusión que en ellos se llegara.

Aquí la maquinaria estaba oculta. No era visitada por niños. Ni expresa ni implícitamente se invitaba a los niños a acercarse. M ruido que traspasaba los límites del edificio y penetraba en el patio en vez de atraer más bien parece que tendía a repeler o alejar a los niños, especialmente a los de tan corta edad como lo era el demandante, infundién-doles temor. Y si bien hemos dicho que la prueba per-mite concluir que la puerta quedó abierta, no se ha demostrado que lo fuera intencionalmente o a virtud de negligencia crasa, debiéndose presumir que ello se debió a algo imprevisto que no pudo evitarse ya que la norma constante era que perma-neciera cerrada, especialmente por mandato, de las leyes sa-nitarias a fin de preservar la limpieza del pan.

Con respecto al caso de Rivera, supra, la diferencia es pa-tente en puntos esenciales. Conocemos lo dicho a ese res-pecto por la corte sentenciadora y parece conveniente trans-cribir lo consignado por la parte apelada al final de su alegato, así:

“Allí estaba el niño presente. Aquí no.
“Allí estaba acostumbrado a ir. Aquí no.
“Allí existían razones para pensar que iría. Aquí no.
“Allí los encargados de la máquina la pusieron en movimiento con el niño cerca. Aquí no.
^ ^ ¡s?
“Allí la relación de causa, y efecto, fué inmediata y directa. • Aquí no.

Más bien qne dentro de la regla del caso de Rivera, snpra, cae este caso dentro de la sentada en el de Pantoja v. American Railroad Company of Puerto Rico, 45 D.P.R. 547, en el qne después de citar del caso de Pannill v. Potomac, reportado en 4 L.R.A. (N.S.) 80, 83, se dijo:

“El solo hecho de ser menor la víctima del accidente no impide qne pueda ser considerada como un transgresor. Cuando se trata de un niño debe tenerse mayor cuidado que cuando se trata de un adulto, debe serse más exigente con el demandado, debe tomarse en consideración el menor desarrollo de la inteligencia del niño tanto para realizar el acto constitutivo de la transgresión cuanto para poder defenderse del peligro, pero aun así no creemos que en este caso con-creto pueda exigirse responsabilidad a la compañía. El menor con-taba catorce años de edad. Vivía con su madre que vivía a su vez con el testigo Castro que declaró que había enviado al menor a com-prarle cigarrillos ocurriendo el accidente al regresar con la compra. Bien encontrara la muerte al atrechar por dentro del campo de ma-niobras para llegar más pronto a su casa, ya la recibiera por haberse acercado demasiado, mientras daba de comer a la cabrita, a un vagón que lo arrolló súbitamente, es lo cierto que ocupaba un sitio que no tenía derecho a ocupar y que su muerte la produjo un accidente de-bido quizá a la negligencia de la demandada por no mantener en estado perfecto la aguja de uno de los desvíos de su campo de ma-niobras, pero sin que fuera visto por los que funcionaban la locomo-tora y la aguja a tiempo de poder evitar el accidente.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Rosa Axtmayer, demandante y apelada, v. Simón Axtmayer, demandado y apelante.
    No. 6094.

    Sometido: Enero 30, 1934.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      Celestino Iriarie, abogado del apelante; Pellón & Ayuso, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rosa Axtmayer demandó a su hermano Simón en cobro de $2,729.35 e intereses al 10 por ciento anual desde agosto 2, 1928, hasta el día de su pago, con más las costas, gastos y honorarios de abogado.

En la demanda se alegó, en resumen, que ocurrido el fa-llecimiento de doña Ana Axtmayer el 24 de mayo, 1926, sus hijos Henry, Joseph, Simón, Charles y Rosa se adjudicaron sus bienes consistentes en diferentes fincas situadas en Mi-ramar, San Juan, en común y pro indiviso, en una propor-ción de una quinta parte cada uno; que luego Joseph, Simón, Charles y Rosa compraron su- participación a su hermano Henry por $24,000 y en una proporción de una cuarta parte cada uno, confiándose la administración de los bienes a la demandante Rosa; que habiendo los cuatro hermanos lle-gado al acuerdo de disolver la comunidad, acuerdo que se llevó a efecto por escritura pública de julio 18, 1928, la de-mandante Rosa rindió su cuenta final de administración, prac-ticándose una liquidación entre todos los condueños a virtud de la cual el demandado quedó a deber a la demandante la reclamada suma de $2,729.35 que el demandado se compro-metió a pagarle en el término de dos años a contar de agosto 2, 1928, con intereses al diez por ciento anual, compromiso que no ha cumplido.

Contestó el demandado negando en resumen que se hu biera practicado la liquidación alegada y que se hubiera com prometido a pagar la suma que le reclama la demandante.

Fué el pleito a juicio. Ambas partes practicaron su prueba y la corte decidió el caso en favor de la demandante en cuanto a que el demandado había aceptado el saldo deudor que arrojaba la liquidación de la administración de las pro-piedades de que se trata y que por tanto debía satisfacerlo, pero no en cuanto a que el demandado se hubiera compro-metido a pagar dicho saldo dentro de dos años con intereses al diez por ciento anual a partir del 2 de agosto de 1928, Por su sentencia condenó al demandado a pagar a la deman-dante $2,729.35, con intereses legales desde el 17 de diciem-bre de 1930, fecha de la radicación de la demanda, y las costas.

No conforme el demandado apeló para ante este tribunal señalando en su alegato la comisión de dos errores que se for-mulan así:

“1. La corte de distrito erró al declarar con lugar la demanda, cuyas alegaciones esenciales no están sostenidas por la prueba.
“2. La corte de distrito erró al llegar a la conclusión de que ‘el demandado aceptó y estuvo conforme con la liquidación’ hecha por la demandante, con el efecto de producir una cuenta líquida a favor de ésta y en contra de aquél.”

Ambos señalamientos pueden estudiarse conjuntamente.

Hemos examinado la evidencia aportada por ambas par-tes y creemos que fué apreciada rectamente por el tribunal sentenciador.

No hay cuestión con respecto a la herencia, a los bienes que la constituyen, el encargo de administrarlos encomendado a la demandante y a que disuelta la comunidad la deman-dante tuvo una reunión con sus hermanos y les presentó' la cuenta final de su administración de la que es parte lo que sigue:

“FORMA EN QUE SE USÓ EL NETO DE LAS RENTAS:
A cobrar
‘‘Rosa Axtmayer su participación $3, 733. 78
Tomado_ 1, 004. 43
—- $2, 729. 35
‘‘Joseph Axtmayer su participa-ción _$3, 733. 78
Tomado_ 2,128. 52
$1, 605. 26
“Chas. Axtmayer su participación $3, 733. 78
Tomado_ 3, 284. 50
- $449.28
- $4, 783. 89
“Jim Axtmayer tomado_$8, 517. 67
Su participación- 3,733.78 A pagar $4, 783. 89.”

No consta que la demandante presentara y los condueños, entre ellos el demandado, examinaran los comprobantes de la cuenta. Pero sí aparece que la cuenta fué aceptada por todos los condueños entre ellos por el demandado que ordenó al notario Sr. Alegría ante quien se babía otorgado la escri-tura de disolución de comunidad, que preparara escrituras de hipoteca a favor de sus hermanos para garantizarles lo que según la liquidación les adeudaba. Dichas escrituras se otorgaron y fueron aceptadas por Joseph y Charles. Tam-bién se preparó la escritura en cuanto a Rosa, pero por al-guna circunstancia que no se aclara debidamente no fué acep-tada por ella, quedando los hermanos disgustados y la deuda sin satisfacer, sin que se hubiera estipulado forma alguna concreta para solventarla. Y así las cosas surgió el pleito.

Bajo esas circunstancias creemos que la corte estuvo en-teramente justificada al concluir que se trataba de una deuda vencida, líquida y exigible, no viniendo obligada la deman-dante para probar su existencia a practicar ante la corte la liquidación con todos los comprobantes de la administración que duró alrededor de dos años, como pretendía el deman-dado. Éste quedó obligado por sus propios actos. De acuerdo con la misma jurisprudencia que cita en su alegato se trataba de una cuenta liquidada, a saber: “Una cuenta rendida se convierte en una cuenta liquidada cuando el deu-dor asiente a ella, ya sea expresa o implícitamente. Hasta ese momento no es obligatoria para.ninguna de las partes.” 1 C. J. 597.

El hecho de que el demandado, como dijo al declarar en el juicio, hubiera actuado impremeditadamente y en un mo-mentó ele coraje cuando aceptó la cuenta, ni se armoniza bien con la conducta deliberada que implica el otorgamiento de tres escrituras de hipoteca reconociendo deber las exactas cantidades que figuran en la liquidación, ni puede tomarse tan .largo tiempo después en consideración.

El disgusto surgió, como fiemos diefio, al no aceptar la demandante la escritura de hipoteca que el demandado le ofrecía y pretender que la deuda fuera satisfecha en dinero inmediatamente. Cuando ocurrió, pues, la desavenencia, ya el demandado de modo expreso había aceptado la liquidación y reconocido en su consecuencia el saldo deudor de la misma, y eso era todo lo que estaba obligada a probar como probó la demandante para que su acción prosperara en ese extremo fundamental. Lo que no logró probar a satisfacción de la corte — el contrato verbal subsiguiente sobre forma de pago— le fue negado.

Por virtud de todo lo expuesto procede declarar sin lugar él recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Julián W. Blanco y su esposa Raquel Badillo Pol, demandantes y apelados, v. Angela Pérez Pierret y su esposo Salvador Suau Carbonell, demandados y apelantes.
    No. 6084.

    Sometido: Mayo 9, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      Salvador Suau por su propio derecho y F. Prieto Azúar, abogados de los apelantes; B. F. Barbosa, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Julián W. Blanco vivía en una finca y hubiese tenido un derecho de hogar seguro hasta la suma dé $500, a menos qué las circunstancias especiales de este caso destruyeran tal derecho. La finca sobre la cual se reclamaba el derecho a hogar seguro valía mucho más, y sobre ella se otorgó hipo-teca por $2,500. La finca fué vendida en procedimiento eje-cutivo hipotecario y no se hizo concesión alguna en favor de Blanco por su derecho de hogar seguro. Él inició este pleito para recobrar la suma de $500 de los demandados en este caso, que fueron los acreedores que ejecutaron. Los de-mandados alegaron que los demandantes habían dejado de pagar contribuciones al Pueblo de Puerto Rico por la suma de $1,153.81 y que esta suma había sido cargada a la hipo-teca de conformidad con el artículo 333 del Código Político; que de acuerdo con la Ley de Hogar Seguro ese derecho no estaba exento de las contribuciones adeudadas al gobierno y que como los demandados habían pagado dichas contribucio-nes debía subrogárseles en todos los derechos que el gobierno pudiera tener; que en armonía con la ameritada Ley de Ho-gar Seguro, la reclamación del gobierno podía cobrarse a dicho hogar seguro.

La Corte de Distrito de San Juan, sin entrar en muchos razonamientos, resolvió que la excepción a la exención men-cionada por la ley sólo podía aplicarse cuando El Pueblo de Puerto Rico procedía directamente contra la propiedad, y dictó sentencia en favor de los demandantes. En apelación se sostiene que el derecho de hogar seguro se esfumó por la actuación de los demandados al pagar las contribuciones y vender posteriormente la finca.

La sección primera de la Ley de Hogar Seguro lee como sigue:

“Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho ó' título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece; Disponiéndose, que en caso de arrendamiento u otro contrato análogo nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohíba el dueño o propietario de dicha estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las con-diciones del mismo.”

Se verá específicamente que la ley presupone una contri-bución contra el bogar seguro como tal. En otras palabras, nada hay en la ley que haga el hogar seguro como tal res-ponsable de las contribuciones impuestas contra toda la pro-piedad. Parecería que el objeto de la Legislatura fue que la contribución que se trataba de cobrar fuese impuesta especí-ficamente sobre el derecho, de hogar seguro.

Además, existen casos al efecto de que el gobierno tiene varios remedios para cobrar las contribuciones. Uno de ellos es de la naturaleza de un procedimiento in rem incoado contra la finca misma, y otro es mediante un procedimiento contra el dueño personalmente. Cuando el Estado opta por re-petir contra el dueño personalmente, no existe excepción a la exención otorgada por la Ley de Hogar Seguro. Fink v. O’Neil, 106 U. S. 272; Douthett v. Winter, 108 Ill. 330; 29 C. J. 871.

No nos interesa excluir la posibilidad de que la persona con derecho al hogar seguro tuviera que pagar parte de las contribuciones impuestas contra la propiedad, pero no fue ésa la teoría de los demandados en el caso que tenemos a la vista. En uno de los casos que hemos hallado — Abbott v. Heald, 128 La. 718 — la opinión de la corte indica que el tribunal inferior había hecho un estimado proporcional de la contribución que el dueño de la finca debía pagar por su de-recho de hogar seguro. En este caso no se trató de hacer nada similar; pero los demandados trataron de aducir que el bogar seguro debía responder enteramente; en otras pala-bras, que cuando toda la finca quizá valdría tres o cuatro mil dólares y la proporción de la parte correspondiente a la persona con derecho al bogar seguro tal vez era un sexto o un octavo del importe total de las contribuciones, los deman-dados trataban de cobrar basta la totalidad del derecho de bogar seguro. No estamos del todo convencidos bajo todas las circunstancias de que un procedimiento directo m rem sea lo único que tuvo por miras la Ley de Hogar Seguro.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

JUNIO 30, 1934

Hemos examinado la moción de reconsideración y no ba-ilamos razón alguna para alterar la conclusión a que llega-mos anteriormente. Sin embargo, deseamos comentar la dis-crepancia que aparentemente existe entre la decisión emitida, en este caso y nuestra opinión en el de Ramírez Escudero v. Monroig, 45 D.P.R. 839. Este último fué un caso en que no* hubo verdadera discusión sobre los méritos por las partes e intencionalmente dejamos la cuestión abierta para ulterior consideración. Al escribir nuestra opinión original en el pre-sente caso nos dimos perfecta cuenta de la decisión en Ramírez Escudero v. Monroig, supra, pero la cuestión había permanecido abierta y fué resuelta en el presente caso. De acuerdo con los hechos que tenemos ante nuestra considera-ción. el hogar seguro impuesto solamente sobre parte de la propiedad, o, como un gravamen sobre ésta, no podía ser to-talmente eliminado por los acreedores al pagar éstos las con-tribuciones sobre toda la finca. El derecho de exención que-daría igualmente extinguido. El deudor a lo sumo respon-dería de las contribuciones en la proporción que el hogar se-guro tiene para con toda la finca. Aquí no se trató de hacer una distribución especial, mas se trata de cargar todo el im-porte de las contribuciones contra el hogar segurq.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    Elisa Ruiz y Merlo y María Luisa, Herminia, Rosaura, María Aurora y Elisa María Rodríguez y Ruiz, demandantes y apeladas, v. La Sociedad Agrícola “Mario Mercado e Hijos”, demandada y apelante.
    No. 5625.

    Sometido: Marzo 16, 1932.

      Resuelto: Enero 17, 1933.

      Tóus Soto & Zapater, abogados de la apelante; López de Tord & Zayas Pizarro, abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda enmendada radicada en este caso el 10 de ■octubre de 1927, contiene dos causas de acción. En la pri-mera se solicitaba de la demandada que entregara a las de-mandantes una parcela de terreno, con sus edificios, una de y2 cuerda y otra de 50 cuerdas que se describen suficiente-mente en el contrato celebrado por ambas partes en este caso. En la segunda causa se reclamaban los frutos y rentas de la finca detentada. Cuando el caso fue llamado para juicio por primera vez, la demandada convino en que se dictara sentencia contra ella por la primera causa de acción, mas sostenía que la segunda causa babía prescrito de conforma-dad con el artículo 1869 del Código Civil. La corte inferior convino con la demandada y en efecto desestimó la segunda causa de acción. Las demandantes apelaron y este tribunal revocó la sentencia y devolvió el caso para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con su opinión. Ruiz v. Mercado, 38 D.P.R. 586.

Todo el caso gira sobre la interpretación que debe darse a un contrato de venta celebrado por las demandantes en favor de la demandada. Por dicho contrato las aludidas de-mandantes vendieron a la demandada 150 cuerdas de terreno, pero en la cláusula cuarta del contrato las partes convinie-ron en que después del otorgamiento de la escritura, la com-pradora segregaría de la finca vendida los tres edificios y la. y<¿ cuerda de terreno que los circundaba, debiendo estar todo ello a la libre disposición de las vendedoras, demandantes en este caso, sin'remuneración alguna por parte de éstas. La cláusula quinta del contrato asimismo proveía que Mario Mercado e Hijos estarían obligados a ceder gratuitamente 50 cuerdas de terreno situadas tal cual se describen en dicho párrafo quinto.

La cuestión ante la corte era la cuantía de los frutos y rentas. Al iniciarse el juicio para determinarlos las deman-dantes trataron de ofrecer prueba oral a fin de demostrar el entendido o la naturaleza del contrato original celebrado por. las partes y la demandada se opuso, fundada .en, qu,e tal tentativa sería contraria a la regla sobre pyu.eb.a oral-que-limita a las partes a las estipulaciones que reqlrpente apare-cen en los contratos por ellas celebrados. .La corte sostuvo la posición de la demandada.

Posteriormente las demandantes - ofrecieron enmendar su demanda y la corte, con la objeción de la demandada,, per-mitió la enmienda.

En la demanda original la cuestión relativa a los.frutos., o rentas dependía de la primera causa de acción, que- se„ re-produjo en la segunda causa. Por tanto, la demanda emnen- .' dada presentada, era. una prolongación .dejos, hechos alegados en la primera causa y en ella se alegaba en efecto que si bien era verdad que las demandantes trasmitieron a la deman-dada la totalidad de las 150 cnerdas, esto se bacía únicamente para facilitar la venta de las 100 cuerdas, ya que el notario carecía de todos 'los datos necesarios para poder hacer clara-mente la segregación de las 100 cuerdas objeto de la venta, fórmula que fue aceptada por los demandantes a indicación de la propia demandada con el fin de no dilatar la venta de las 100 cuerdas.

El primer señalamiento es que la corte cometió error al permitir a las demandantes enmendar su demanda durante el juicio, introduciendo una nueva alegación que alteró fundamentalmente la causa de acción. El segundo señalamiento es que la corte de Ponce erró al permitir que el notario declarara y alterara así los términos y pactos de la escritura de 16 de abril de 1920, entre las partes. La apelante discute estos dos señalamientos de error conjuntamente. Al emitir su opinión, la corte inferior, a nuestro juicio, correctamente resolvió que la prueba oral era admisible, aunque durante el curso del juicio su posición había sido favorable a la demandada. No nos detendremos a discutir todas las excepciones a la regla sobre prueba oral, mas los hechos de este caso caen claramente dentro de una u otra de ellas. Algunas de estas reglas han sido discutidas en la opinión de esta corte en el caso de Marxuach v. Acosta, 39 D.P.R. 965. Conforme allí se demuestra, generalmente se permite a las partes demostrar cuál filé la verdadera causa del contrato, y aun en casos .especiales explicar la situación de las partes al celebrarlo.

Además, quizá existía en el contrato una ambigüedad latente, toda vez que en el mismo no aparecía la razón por la cual las 50 cuerdas y la Ve cuerda debían ser .cedidas gra-tuitamente por la demandada.

Además, no creemos que fuera necesario enmendar la demanda ni que las demandantes tuvieran que presentar-prueba oral para variar los términos del contrato. De una. lectura literal de dicho contrato se desprende claramente qne 3a demandada estaba obligada a traspasar a las demandantes 50 cnerdas y Y¿ cnerda, y no lo hizo así. Permitió qne trans-currieran diez años antes de efectuar el snpnesto traspaso. Resolvemos qne este mero beebo constituye un caso prima facie para el pag’o de frutos o rentas, según sea el caso.

Los tres señalamientos de error restantes se refieren a la actuación de la corte al fijar la cuantía de los daños. Ambas partes presentaron prueba pericial para pro-bar el importe de las rentas producido por las fincas, con el propósito de distribuir las rentas. En reabdad de verdad, la demandada estuvo recibiendo las rentas de toda la finca a razón de $1,200 al año. Sucedió que en el contrato original celebrado por las partes las demandantes traspasaron a la demandada todas estas rentas o todo el contrato de arrendamiento entonces existente. La demandada pone gran énfasis en el lrecbo de que todas estas rentas le fueron traspasadas. No bay duda de que el contrato' de arrendamiento y los cánones fueron transferidos a la demandada y que técnicamente hablando existía una novación completa. La demandada se convirtió entonces en arrendadora y tenía derecho a recibir las rentas del arrendatario anterior. No obstante, la cuestión ante nos en este caso es los frutos producidos por las fincas, y la cuantía de estos frutos eran claramente por lo menos las rentas que la demandada estaba recibiendo. Las relaciones existentes entre el nuevo arrendador y el nuevo arrendatario no fueron afectadas en forma alguna y el arrendatario estaba oblig*ado a pagar las rentas a la demandada.

No se podría dar demasiado énfasis al hecho de que la cuestión aquí envuelta son los frutos que las demandantes tienen derecho a percibir por haber sido privadas del pro-ducto de sus bienes por espacio de diez años.

El artículo 1068 del Código Civil provee:

“Quedan sujetos a la indemnización de los daños' y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en 'dol'o, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo con-travinieren al tenor de aquéllas.”

Esto no revive la idea de la demandada de que la acción había prescrito, toda vez que el artículo 1869 del Código Civil, en que se basaba la demandada, se refiere a obligacio-nes que surgen del artículo 1803 de dicho Código, o en otras palabras, de las obligaciones que se contraen sin convenio.

Dando por sentado que la cuantía de los daños y per-juicios era igual a las rentas recibidas por la demandada, la apelante no nos convence de que la distribución hecha por la corle no fuera correcta. La distribución a efectuarse no dependía necesariamente del valor relativo que los terrenos .finalmente traspasados a las demandantes tuvieran con el valor total de la finca, sino que podía ser calculada tomando como base el valor de dichos bienes tomados absolutamente.

No podemos concebir que los edificios con % cuerda de terreno y las otras 50 cuerdas pudieran dejar de producir a la demandada $120 al año, y como podían producir tan fá-cilmente esa suma, creemos que la corte no cometió error al hacer su distribución.

Además, la autoridad más acertada sobre el particular 'sostiene que una persona privada del uso de sus bienes no queda, limitada a las rentas y utilidades efectivamente reci-bidas. Citamos de 19 C. J. 1242 :

.La regla general es que el dueño no está limitado a las rentas efectivamente recibidas por la persona obligada a efectuar la res-titución, sino que tiene derecho a recobrar el valor de las rentas que la finca podría producir, más hay ciertas autoridades que aparente-mente resuelven lo contrario.”

Tenemos dudas en verdad de si las demandantes tal vez no tenían derecho a más.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Sometido: Noviembre 7, 1933.' — jResuelto: Mayo 31, 1934.

B. Fernández García (Tons Soto & Zapaíer, en el alegato) abogado de la apelante; López de Tord é Zapas Pizarro, abogados de las apeladas.

Al final de nuestra opinión primitiva en este caso dijimos:

“Dando por sentado que la cuantía de los daños y perjuicios era igual a las rentas recibidas por la demandada, la apelante no nos convence de que la distribución hecha por la corte no fuera co-rrecta. La distribución a efectuarse no dependía necesariamente del valor relativo que los terrenos finalmente traspasados a las deman-dantes tuvieran con el valor total de la finca, sino que podía ser cal-culada tomando como base el valor de dichos bienes tomados abso-lutamente.
“No podemos concebir que los edificios con % cuerda de terreno y las otras 50 cuerdas pudieran dejar de producir a la demandada $120 al año, y como podían producir tan fácilmente esa suma, cree-mos que la corte no cometió error al hacer su distribución.
“Además, la autoridad más acertada sobre el particular sostiene ■que una persona privada del uso de sus bienes no queda limitada -a las rentas y utilidades efectivamente recibidas. Citamos de 19 C. J. 1242;
“ ‘La regla general es que el dueño no está limitado a las .rentas efectivamente recibidas por la persona obligada a efectuar la resti-tución, sino que tiene derecho a recobrar el valor de las rentas que la finca podría producir, mas hay ciertas autoridades que aparen-tementé resuelven lo contrario.’
“Tenemos dudas en verdad de si’las demandantes tal vez no-to-nían derecho a más. ”

Si la hubiésemos terminado con el primer párrafo no ha-bría surgido razón alguna para una reconsideración. ' Lo cierto fue, sin embargo, que aunque en la opinión principal se reconoció que los cánones de arrendamiento fueron cedi-dos a la demandada Mario Mercado e Hijos, sin embargo, erróneamente tuvimos la impresión de que la media cuerda y las cincuenta cuerdas que debían traspasarse a las deman-dantes y apeladas estaban exentas' del contrato de arrenda-miento. En otras palabras, creíamos qne las cincuenta cner-das y la media cuerda pasarían absolutamente a las apeladas y que estando privadas de la posesión, ellas tenían derecho a las rentas y frutos que pudieran obtener. Sucedió que el contrato de arrendamiento fue celebrado por las apeladas antes de ellas transferir parte alguna de los bienes a la ape-lante. Por consiguiente, no teníamos derecho a considerar lo que las apeladas hubieran podido obtener como frutos y rentas si ellas hubieran tenido la posesión material de la finca libre de la carga del arrendamiento.

Al celebrarse la vista anterior no teníamos el alegato de las apeladas. Convenimos con éstas en que ya pudieran o no ellas obtener frutos y rentas de la finca, no obstante, el título de la misma les hubiese sido de algún valor. Esto, la corte quizá pudo tomarlo en consideración. Además, quizá cuando el contrato de arrendamiento terminó en 1926 la corte pudo tomar en consideración el arrendamiento de la finca ■durante los cuatro años transcurridos desde que finalizó el arrendamiento y la fecha en que-la corte inferior emitió su opinión. Las apeladas también indican que hasta el momento de celebrarse la vista, si bien la parte apelante había con-venido en hacerlo así, no había otorgado una escritura formal de traspaso de las cincuenta cuerdas y de la media cuerda. La apelante no nos convence de que la distribución hecha por la corte inferior no era correcta. Convenimos muy bien con las apeladas en que nada había en el contrato original que autorizara á la apelante a retener todos los cánones de arren-damiento. Estamos acordes con la conclusión de la corte inferior en que las cincuenta cuerdas y la media cuerda de-bían traspasarse a las apeladas y poseerse por éstas en la misma forma que las otras cien cuerdas eran poseídas por la apelante, todo sujeto al contrato de arrendamiento. Según asumen las apeladas, no hallamos razón alguna para alterar las otras consideraciones de nuestra opinión original, y la sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Crescencio Mercado @ Pólvora, acusado y apelante.
    No. 5147.

    Sometido: Enero 9, 1934.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Crescendo Mercado (o) Pólvora fné acusado ante la Corte Municipal de San Sebastián el 19 de marzo de 1932 del delito de hurto por haber sustraído nn cuchillo, y también del de-lito en grado de reincidencia, toda vez que había sido con-victo de otro hurto menor en 7 de diciembre de 1929. Apeló para ante la Corte de Distrito de Aguadilla de la sentencia impuéstale por la Corte Municipal de San Sebastián. Allí alegó que el delito de que se le acusaba no era menos grave sino grave (felony). Solicitó el archivo y sobreseimiento de la denuncia. El fiscal de Aguadilla se avino a esta moción con la reserva de que qnizá presentaría acusación por- delito grave.

En Io. de octubre de 1932 el apelante fué acusado del de-lito de hurto menor subsiguiente. Admitió los hechos de la acusación pero solicitó el archivo de ésta por dos motivos.

El primer motivó tiene doble aspecto. Bajo uno de ellos se llamó la atención de la corte inferior hacia los artículos 148 y 149 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que leen como sigue:

“Artículo 148. — Si el tribunal dispusiere que se formule nueva acusación, y se hallare bajo custodia el acusado, deberá éste conti-nuar preso, a no ser que se le admitiere fianza; si ya hubiere pres-tado fianza personal o pecuniaria para- responder de su comparecen-cia a contestar la. nueva acusación, y dentro de los quince días no se presentare ésta, deberá el tribunal disponer que se le absuelva, a no ser que por razón especial extendiera el plazo dentro del cuál haya de presentarse la acusación.
“Artículo 149. — La orden desestimando una acusación, según lo dispuesto en .este" capítulo, no impide él que después se persiga el mismo delito.” " '

La corte inferior emitió mia' opinión según la cnal resol-vió que en el presente caso al fiscal no se le ordenó que ra-dicara una' acusación y por ende que los artículos citados no éran aplicables, y estamos de acuerdo con este criterio.

Lo que el apelante ahora sostiene principalmente és qué ha habido' una infracción del artículo 448' del Código dé Enjuiciamiento Criminal. .Uno de los puntos sostenidos por él es que como el fiscal no ordenó el arresto del acusado, fijándole fiánza, toda vez que estaba privado de su libertad con motivo de la sentencia de cuarenta y cinco días impuéstale por la Corte Municipal de San Sebastián, no obstante, éste fué arrestado el mismo día en que la denuncia radicada en su contra fué sobreseída, o sea, el 16 de junio de 1932.

El acusado y apelante sostuvo ante esta corte que cuando su última moción de archivo y sobreseimiento fné radicada en la Corte de Distrito de Agnadilla, el fiscal no demostró cómo se había arrestado al acusado; que incumbía al Pueblo demostrar cómo y por qué fué arrestado el acusado. El Pueblo, por otra parte, sostiene que al presentarse una moción de • archivo y sobreseimiento, como en el presente caso, de conformidad con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, es deber del peticionario probar que ha permane-cido arrestado durante sesenta días sin haberse archivado una acusación en su contra.

El artículo 448 dispone:

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. — Cuando una persona baya sido detenida, para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se baya pre-sentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su detención. ’ ’

Creemos que el fiscal no tenía deber alguno de probar la fecha del arresto y que el término para empezar a contar los sesenta días es claro que no comenzaba desde la fecha en que se exoneró al acusado de la denuncia que en apelación procedía de la Corte Municipal de San Sebastián. Los autos tienden a demostrar, sin embargo, que no transcurrieron se-senta días desde el día en que se efectuó el nuevo arresto en septiembre hasta que se presentó la acusación.

El segundo punto suscitado por el apelante es que la Corte Municipal de San Sebastián tenía jurisdicción sobre su persona y que la acusación presentada en la Corte de Distrito de Aguadilla constituía una segunda exposición. Estamos bastante convencidos de que el delito originalmente imputado ante la Corte Municipal de San Sebastián era en realidad un felony. Por consiguiente, cuando el acusado apeló de esta sentencia y se archivó el casó, no existía sentencia válida alguna en su contra. Es jurisprudencia establecida que cuando una acusación es suprimida por la actuación de un acusado, no existe condena1 alguna en su contra y por con-siguiente la acusación presentada en la Corte de Distrito de Aguadi'lla no le sometió a un segundo proceso. El Pueblo v. Marrero, 18 D.P.R. 923.

Además, si la denuncia presentada en la Corte Municipal podía considerarse como un mero misdemeanor, y superflua la referencia que en la denuncia se liacía a un delito anterior, no obstante, sería de aplicación el mismo razonamiento.

Tenemos además alguna idea, sin detenernos a examinar la jurisprudencia, de que cuando el acusado obtuvo su liber-tad en la Corte de Distrito de Aguadilla en apelación fundado en que el delito era grave y en que la corte municipal care-cía de jurisdicción, estaba impedido de plantear la cuestión de estar expuesto por segunda vez.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    J. Arbona & Hno., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 914.

    Sometido: Febrero 17, 1934.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      O. Souffroní, abogado de la recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

J. Arbona & Hno. celebró un contrato de refacción con Francisco Billocb y Ferrer en 6 de julio de 1928. El 11 de enero de 1934, las partes celebraron un nuevo contrato en el que, según sostienen, trataron de ampliar el contrato refac-cionario anteriormente celebrado. La escritura dice, en efecto, que Billocb no estaba en condiciones de pagar los $3,000 originalmente garantizados y que babía tomado de J. Arbona & Hno. la suma adicional de $1,405.31. En la misma escritura las partes hacen contar que la finca sujeta al contrato de refacción quedaría sujeta al nuevo contrato celebrado. El Registrador de San Germán negó la inscrip-ción, según nota en que se especifican ciertas cuestiones que es innecesario transcribir, y entonces sigue diciendo:

“. . . Se funda esta denegatoria en las .razones siguientes: PRI-MERA: Porque en el contrato primitivo objeto de la ampliación, la mercantil J. Arbona y Hermano entregó en calidad de préstamo refaccionario a Francisco Billocli y Ferrer, por escritura de 6 de julio de 1928 ante el notario Oscar Souffront, la suma de $3,000, cantidad que se le entregó al referido Billocb para refacción sobre la hacienda cafetal nombrada ‘Alerta’, barrio Montoso de Maricao, com-prometiéndose el referido refaccionario a pagar clicba suma en el mes de enero de 1929 con el interés del uno por ciento mensual; cuyo pago de capital e intereses se verificaría en el café que produjera la finca en la cosecha de 1929 (hecho quinto del contrato primitivo) y se gravaron por el refaccionario en garantía del pago de dicha suma del préstamo refaccionario antes indicado y de los intereses, todas las cosechas que produjese la finca mientras existiese la deuda, según la liquidación que resultare y que hiciere la acreedora sobre cualquier remanente de dicho crédito. Segunda: Porque sin haberse hecho por la mercantil J. Arbona & Hermano la liquidación de la deuda de $3,000 del contrato anterior, para venir en conocimiento de lo q.ue resultare adeudando de dicha cantidad el refaccionario Billoch, no obstante por el nuevo contrato de ampliación se hace constar de una manera definitiva una nueva suma de $4,405.31 para refacción agrícola para pagar en el mes de diciembre del pretérito año de 1933 con el interés del 8 por ciento anual-en lugar del 1 por ciento men-sual, alterándose así los términos, condiciones y circunstancias del primitivo contrato con el nuevo ampliado, sin tener en cuenta lo acordado o resuelto por el Honorable Tribunal Supremo en el tomo 8, página 249 y lo dispuesto en el art. 1172 del Código Civil. Ter-cera: Porque si bien es cierta la existencia de la libre contrata-ción, tal derecho no autoriza a los contratantes a ir más lejos de las reglas establecidas por el Código Civil que regula la eficacia y va-lidez de los mismos, sobre todo en aquellos contratos que sean con-trarios a las leyes, a la moral y orden públicos y a que se refiere el art. 1207 del repetido Código Civil. En este caso se han cambiado o modificado las cantidades dadas y recibidas a préstamo, una de $3,000 y otra de $4,405.31. estando sin liquidar la primera con modi-ficación del interés, y consignándose en la cláusula séptima del con-trato ampliado una forma violenta en que quedaría inexistente la prórroga concedida en el nuevo contrato, que no aparece en el anterior. CuaRta: Y porque según la jurisprudencia del Hon. Tribunal Supremo de España, en sentencia de 1867, según Ley 15, tí-tulo 14, partida 5ta., y cuando se tiene contraída una obligación y se sustituye por otra, se hace una novación del primer contrato, y porque según sentencia también del Tribunal Supremo de España, de fecha 11 de junio de 1884, página 1050, existe novación de un contrato cuando se alteran las condiciones esenciales del mismo y cuando se celebra uno nuevo en lugar del primitivo. . . ”

La recurrente sostiene que la nota debe ser revocada por las razones siguientes:

“(A) Porque de la propia nota denegatoria y en las últimas líneas de la misma, consta que los frutos de la finca a que se refiere el contrato de refacción agrícola prorrogado y ampliado, sólo soportan, según el Registro de Contratos Agrícolas, el gravamen a que se re-fiere el contrato prorrogado y ampliado por la escritura, denegada, no existiendo por lo tanto condición alguna de tercero con derecho inscrito en el registro de la propiedad que pudiera resultar perjudi-cado por la inscripción de la ampliación y la prórroga del contrato.
“ (B) Porque no pudiendo ser considerado en forma alguna el contrato de prórroga y modificación contrario a la ley, a la moral o al orden público, y siendo todos los pactos contenidos en el mismo lícitos, autorizados por la ley y con el consentimiento de las partes contratantes, el registrador carece de facultades para calificar la in-tención de las partes, el efecto del contrato y denegar la inscripción.
“ (C) Porque la nota denegatoria del registrador de la propie-dad recurrido infringe abiertamente las disposiciones le la. Ley nú-ipero 39, aprobada en 30 de abril, 1927, para enmendar las secciones 6 y 7 de la ley titulada ‘Ley sobre-Contratos de- Refacción Agrícola, Molienda de Cañas y para otros fines,’ aprobada en 10 de marzo de 1910, infringiendo asimismo el párrafo tercero, de la sección primera de la Ley número 37 de 10 de. marzo del año 1910 sobre contratos de refacción agrícola. . .”

La recurrente entonces cita varias leyes aplicables a con-tratos de refacción y sostiene en distinta terminología que nada había que impidiera a las partes celebrar el contrató y que las diversas leyes.le concedían ese derecho: . En el cursó' de su alegato la recurrente dice que es prácticamente innece-sario citar autoridades para demostrar que el registrador ■está equivocado, y convenimos en ello. Es enteramente lógico que el registrador no lia indicado nada que niegue a las par-tes en este caso el derecho a alterar los términos del contrato por ellas celebrado. El registrador puede estar en lo cierto respecto a que lo que se hizo aquí fué una novación del con-trato, pero calificar de novación un contrato no equivale en forma alguna a decir que las partes no pueden celebrar una novación, si así lo desean, siempre que con ello no se per-judique a terceros. Nada hay en las escrituras o en la nota que se transcribe que demuestre que alguien pudiese haber sido lesionado o perjudicado por la inscripción, a no ser las mismas partes contratantes, y ellas no se quejan, ni proba-blemente creyeron que tenían razón alguna para quejarse.

Debe revocarse la nota recurrida y hacerse la inscripción.


author: El Juez Asociado Señoh Cordova Davila,

text:
    Manuel Pérez Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 919.

    Sometido: Febrero 28, 1934.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      Monserrat & Monserrat, abogados del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoh Cordova Davila,

emitió la opinión del tribunal. .

Pedro U. Rodríguez embargó una finca de la propiedad de Armanda Miranda y anotó dicho embargo en el Registro de la Propiedad. Esta anotación la obtuvo Rodríguez en una acción en cobro de pesos dirigida contra Laura Rodríguez y su fiadora Armanda Miranda, dueña de la finca en cuestión. Adjudicada la finca a Rodríguez en ejecución de sentencia, éste la vendió más tarde al recurrente Manuel Pérez y Pérez a quien había sido hipotecada por su antigua dueña Armanda Miranda.

Solicitó Pérez la cancelación del embargo anotado, que fué denegada por el registrador, basándose en que Pedro U. Ro-dríguez no ha prestado su consentimiento ni se ha seguido el debido procedimiento de ley.

Arguye el recurrente que la finca fué adjudicada a Pedro U. Rodríguez, acreedor embargante, y que habiendo quedado confundidos los derechos de acreedor y dueño, el registrador incurrió en error al no cancelar por confusión la anotación de embargo que pesa sobre la finca. Entiende el registrador que una anotación hecha en virtud de un mandamiento judicial no puede cancelarse, estando vigente, por solicitarlo así un tercer dueño de la finca.

Es regla general que las anotaciones preventivas practicadas en virtud de providencia judicial, sólo pueden ser canceladas en virtud de otra providencia de la misma índole. Esta regla, sin embargo, no puede ser tan severa e inflexible que impida la cancelación en ciertos y determinados casos.

Dice Morell en el tomo tercero, páginas 524 y 525 de su obra sobre “Legislación Hipotecaria”:

“¿Son inflexibles todas estas reglas generales? ¿No podrá can-celarse una anotación judicial en caso alguno sin orden del Juez? Se embargó, por ejemplo, un derecho de usufructo, un derecho de retraer, una plantación de vides, y muere el usufructuario-, no se ejercita el derecho de retraer ni por el vendedor ni por el acreedor, termina el plazo del arrendamiento o del establecimiento a primeras cepas, o se acredita la muerte de las vides. ¿Podrá cancelarse la anotación de embargo sin orden judicial? A, nuestro juicio, podrá y deberá practicarse la cancelación sin necesidad de ese requisito, pues así resulta autorizado por los artículos 78 al 80 de la ley, apli-cables por igual a las anotaciones preventivas que a las inscripciones. Falta la base, falta el derecho que se embargó y anotó, y la anotación se derrumba, cae por sí sola a tierra por falta de cimiento, con com-pleta independencia de la voluntad de los interesados y de la voluntad del Juez.
“La anotación de embargo de un crédito hipotecario, dice la Reso-lución de 25 de enero de 1882, no puede ser obstáculo para la can-celación de la hipoteca por el acreedor cuando el deudor realiza el pago, y ni la anotación se hizo con consentimiento del primitivo deudor, ni se prohibió a éste que pagase el crédito sin intervención del juzgado.
“No es dudosa la aplicación a las anotaciones de la Real orden de 10 de diciembre de 1883, cuando vendida o adjudicada la finca a instancia de un acreedor no existe sobrante para pagar a los acree-dores posteriores, o ese sobrante se consigna a su disposición, aunque-sea necesario que la cancelación se ordene con arreglo a lo precep-tuado en la última parte del núm. 2® del art. 151 del reglamento.. Véase el comentario de los artículos 82, 83 y 131.
“¿Procederá la cancelación sin providencia judicial en el caso de1 confusión de derechos? Veamos el caso más frecuente. A hipoteca una finca en favor de B, quien por falta de pago entabla juicio eje-cutivo, embargándose la finca y anotándose el embargo en el Registro. El acreedor adquiere el inmueble bien por adjudicación en pago, bien por compra en la subasta. Se refunden, pues, o se confunden en su persona los caracteres de deudor y acreedor, los de anotante y los de propietario del derecho anotado. La hipoteca se cancela por confusión, queda extinguida de hecho y de derecho, independiente-mente de toda voluntad, ¿deberá subsistir la anotación hasta que el Juez mande cancelarla? Suele así practicarse en los Registros y sub-sistir de ese modo, indefinidamente a veces, anotaciones o cargas que no existen en la realidad. Cuando la confusión o consolidación de derechos sea absoluta, completa e indudable, no encontramos razón bastante para no cancelar la anotación del embargo, como se cancela la inscripción de la hipoteca, aunque los interesados no expresen su consentimiento ni el juez lo ordene. Es un hecho necesario y fatal. ¿Será un obstáculo el crédito asegurado por razón de costas? No,-porque la anotación se extiende, no a favor del juzgado, sino a favor del acreedor, y es éste y no aquél quien trata de asegurar su reinte-gro. No vemos, por consiguiente, razón alguna seria que impida can-celar la anotación en virtud de confusión.”

iCn el presente caso Pedro IT. Rodríguez obtuvo por ad-judicación la misma finca sobre la cual había anotado un embargo, e inscribió su título en el registro de la propiedad. .Así afirmó su derecho el acreedor embargante, pasando del ■derecho anotado al derecho inscrito, de la nota a la inscrip-■ción. La adquisición de la finca y su inscripción en el re-gistro tienen el alcance de una confusión de derecho, por ha-berse vinculado en una misma persona los derechos de acree-dor y dueño, de anotante y propietario del inmueble embar-gado. La providencia judicial no debe ser necesaria en este caso específico para que se practique la cancelación. No hay posibilidad alguna de que pueda perjudicarse a un tercero. La misma persona que anotó el embargo adquirió la finca y la vendió luego al recurrente. La anotación, aun cuando per-manezca en el registro, resulta inofensiva y a nadie puede perjudicar; pero el recurrente tiene derecho a hacerla desa-parecer y, si éste es su deseo, no hay razón alguna para dejar incumplida la mera ritualidad de la cancelación.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señok Wole,

text:
    Albert E. Lee, como síndico de The United P. R. Sugar Company (of Puerto Rico), recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    No. 909.

    Sometido: Enero 5, 1934.

      Resuetto: Mayo 31, 1934.

      W. L. Newsom, Jr., abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Albert E. Lee fue nombrado síndico de la United Porto Pican Sugar Company, corporación constituida debidamente de acuerdo con las leyes de Puerto Pico. The Brockway Motor Truck Corporation inició dos pleitos contra Luciano P. Fuertes y obtuvo embargos para asegurar la efectividad de las sentencias. Es de presumirse que estos embargos fueron obtenidos de la corte en el curso ordinario. También se desprende de la nota del registrador que dicha Brockway Motor Truck Corporation obtuvo anotaciones preventivas de los respectivos embargos.

Posteriormente, en junio 5,1933, la Brockway Motor Truck Corporation traspasó a Henry Gr. Molina todos los derechos que tenía en la sentencia, incluyendo los adquiridos con mo-tivo de los anteriores embargos. En 24 de julio, estando todas las partes presentes ante un notario, Henry Gr. Molina convino y trató de subordinar o postergar a favor de Albert E. Lee, el síndico antes mencionado, cualesquiera derechos que Molina pudiera tener con motivo de los aludidos em-bargos.

Cuando esta escritura de subordinación fue presentada al Registrador de la Propiedad de Humacao, éste se negó a ins-cribir la misma según aparece de la siguiente nota:

"Denegada la nota marginal solicitada de esta subordinación con vista de otros documentos y entre ellos un acta aclaratoria ante el mismo notario Newsom, Jr., y un documento de cesión otorgado pri-vadamente y suscrito por affidavit ante notario público en favor de Henry G. Molina, porque del registro aparece que la Brockway Motor Truck Corporation of P. R. solamente tiene en las fincas anotaciones preventivas de embargos para asegurar la efectividad de futuras sentencias a su favor como demandante y en contra del demandado o dueño de los inmuebles embargados, las cuales anotaciones no cons-tituyen derecho real alguno inscrito que pueda ser objeto de las anota-ciones o notas marginales que autoriza la Ley Hipotecaria o su Re-glamento ni de la nota marginal de subordinación que se ha solicitado, y porque además, en cuanto respecta a la finca número 5 únicamente no se halla inscrito el derecho de arrendamiento de la United P. R. Sugar Co. of P. R. beneficiado por esta subordinación, finca que se halla inscrita a favor del Pueblo de P. R., tomándose en su lugar anotaciones por 120 días de acuerdo con la ley por las notas margi-nales que aparecen en los tomos, folios, fincas e inscripciones que a continuación se expresan, a saber: . . . .”

El punto que el registrador suscita es que las partes pueden reunirse con respecto a ciertos derechos, comparecer ante un notario y obtener la inscripción de sus referidos derechos; en otras palabras, que las partes pueden de ordinario hacer todo lo mencionado en el Código Civil que afecte bienes sin la intervención de ningún otro funcionario público que el notario. El registrador quizá no lo dijo así específicamente en su nota, pero lo que él necesariamente tuvo en mente fué que las anotaciones preventivas no incluían esta facultad o privilegio. Si bien no tenemos verdadera crítica que hacer, el registrador quizá pudo ser un poco más claro si hubiese dicho que las anotaciones de embargo son hechas por orden de la corte y que deben ser alteradas o modificadas en igual forma, conclusión a que hemos llegado.

En la mayoría de los casos en que personas están capa-citadas para contratar o actuar, los derechos pueden tran-sigirse sin necesidad de recurrir a las cortes. El registro de la propiedad es un depositario especial donde las partes no pueden reunirse siempre por su mera voluntad sino que deben seguir las reglas establecidas por la Legislatura. Como una anotación de embargo debe obtenerse mediante una orden de la corte, de igual modo cualquier modificación del mismo en el registro debe obtenerse a virtud de nna orden de la corte. No estamos considerando casos como el de Pérez v. Registrador, ante, pág. 831, donde aparece del registro mismo qne un derecho queda totalmente extinguido por confusión o en alguna otra forma.

El recurrente hizo una alegación al efecto de que si esta modificación no se anotaba en el registro de la propiedad, las partes quizá podían ser privadas de su propiedad sin debido proceso de ley. El recurrente está equivocado al decir esto. Es indudable que el recurrente tenía aparentemente un derecho, dando los pasos necesarios preliminares para que su arrendamiento fuese inscrito en el registro de la propiedad con anterioridad a los embargos anotados, pero el registrador no tenía poder alguno para dar efecto a este derecho sin una orden de la corte.

Los derechos constitucionales del recurrente no fueron afectados en forma alguna por la actuación del registrador. Lo que el recurrente dejó de hacer fue valerse de los medios necesarios para hacer que su privilegio fuese anotado en el registro.

Los derechos del registrador son algo limitados. Por ejemplo, en Laborde v. Registrador de Hitmacao, 27 D.P.R. 628, resolvimos que el registro no era el sitio en que se de-bían resolver derechos en conflicto. En Noriega v. Registrador, 44 D.P.R. 323, decidimos que si bien de los documentos que el registrador tenía a la vista podía aparecer que cierto derecho, el de hogar seguro, no existía, sin embargo, él no podía cancelar la inscripción hasta que una corte le ordenara debidamente hacerlo así. Quizá nuestras decisiones demues-tren muchas otras situaciones en que el registrador no está autorizado para actuar. Es un caso de lex scripta. Las ano-taciones de embargo son hechas en el registro por orden de la corte y deben ser cambiadas, modificadas o alteradas sola-mente por orden de la corte.

No deseamos dar indebido énfasis al hecho de que podría haber otros derechos pendientes ante la Corte de Distrito de Humacao y que la corte podría decidir que otras personas debían ser oídas antes de efectuar cualquier cambio en las anotaciones existentes en el registro de la propiedad. Aun podría suceder que algún otro acreedor hubiese obtenido un embargo con posterioridad a los efectuados por la Brockway Motor Truck Corporation. Decimos que no deseamos dar énfasis porque, según se lia indicado, las razones para una regla positiva de procedimiento en el registro no tienen que ser expuestas, si la regia en sí es clara.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison, JUJEE ASOCIADO SEÑOR ALDREY

text:
    Sara E. Moore, demandante y apelante, v. Ulises Román Borges y su esposa Remedios Cruz Landráu, Juana Miranda, Vicente y Paula Rodríguez, demandados y apelados.
    No. 6149.

    Sometido: Diciembre 13, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      Luis E. Bubón y B. Sánchez Castaño, abogados de la apelante; A. Román Font, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión deí tribunal.

Román Borges y su esposa, Remedio Cruz Landráu, excep-donaron la demanda en cobro de crédito Mpotecario por la vía ordinaria, presentada contra ellos como deudores hipo-tecarios, y contra las personas qne de ellos adquirieron y sus causáhabientes, actuales dueños de la finca hipotecada. Los motivos de la excepción fueron: primero, indebida acumu-lación de partes demandadas; segando, indebida acumula-ción de acciones; y tercero, falta de hechos suficientes para determinar una cansa de acción contra los deudores hipote-carios. El juez de distrito declaró sin lugar la excepción en lo que al segundo fundamento se refería, pero la sostuvo por los motivos primero y tercero. Luego denegó una moción de nuevo juicio y declaró sin lugar la demanda.

Al sostener la excepción previa de indebida acumulación de partes demandadas y de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción contra los deudores hipotecarios, y al negar la moción de reconsideración, el juez de distrito se basó en el caso de Malgor & Cía. v. Clivillés & Cía., Sucrs., 42 D.P.R. 457. La doctrina del caso de Malgor, en tanto en cuanto tiende a sostener estas resoluciones, fué abandonada en Luyando v. Díaz, ante, pág. 691, y en Fernández v. Luyando, ante, pág. 687.

En el presente caso, Ja demandante alegó: la concesión de un préstamo de $2,000 a Román Borges y su esposa; la existencia de un convenio de pagar el mismo con intereses al 10 por ciento; la falta de pago; el otorgamiento de una hi-poteca para garantizar dicho pago y una suma adicional de $150 para costas, desembolsos y honorarios de abogado en caso de litigio; y ventas sucesivas de distintas partes de la finca hipotecada a otros demandados. Se solicitaba se dic-tase una sentencia mancomunada y solidaria por cierta suma de dinero; la venta de la finca hipotecada; y mandamiento de ejecución en caso de que hubiese un déficit, el cual sería diligenciado sobre otros bienes de los demandados, por el im-porte de tal déficit.

Puede admitirse que no habiéndose hecho alegación al-guna respecto a la existencia de una obligación personal asu-mida por los actuales dueños de la finca hipotecada, la deman-dante no tendría derecho a una sentencia por deficiencia (deficiency judgment) contra estos demandados. Empero, los hechos relatados sostendrían una sentencia por deficiencia contra los deudores hipotecarios Borges y su esposa. El caso de Fernández v. Luyando, supra, sirve de autoridad para la consecución de tal sentencia en un pleito ejecutivo ordinario.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUJEE ASOCIADO SEÑOR ALDREY

líe disentido en el presente caso por los mismos motivos expresados en la opinión disidente que autoricé en el recurso de apelación No. 5947, Guillermo y Antonio Fernández Pérez, demandantes, apelantes, apelados, v. Félix Luyando y su esposa Josefa Ramos, et al., apelados apelantes, resuelto en 11 de mayo de 1934'(ante, pág. 687).


author: Kr, Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    A. Escudero, demandante y apelante, v. Elmer G. Porter, demandado y apelado.
    No. 6263.

    Sometido: Mayo 9, 1934.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      A. Agosto, abogado del apelante; F. Fernández Cuyar, abogado del apelado.
   Kr, Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

K¡1 demandante, en acción de daños y perjuicios prove-nientes de un supuesto incumplimiento de contrato, apela de una sentencia adversa y alega lo siguiente:

“Primer error: La corte apelada cometió error al resolver que por el hecho de haber el demandante Escudero comprado las habi-chuelas en cuestión, después de haber el demandado Porter quebran-tado el contrato, pagando el precio en la forma exigida por dicho demandado Porter, renunció (waived) al derecho que tenía de poder reclamar daños y perjuicios del vendedor por incumplimiento del contrato primitivo.
“Segundo error: La corte cometió error al resolver que este demandante no tiene derecho a reclamar del demandado Porter la partida de los gastos de cablegramas alegados en la demanda, gas-tos ocasionados en este caso por culpa del demandado.
“Tercer error: La corte apelada cometió error al resolver que este demandante no tiene derecho a reclamar del demandado, que le reembolse de la cantidad-que pagó por almacenaje de dicha mercancía, durante el tiempo que ésta estuvo depositada en el muelle de esta ciudad.
‘1 Cuarto error: También la corte apelada cometió error al resolver que esta parte no tenía derecho a reclamar del demandado, can-tidad alguna por concepto de defectos en el peso de los sacos de ha-bichuelas en cuestión.
“Quinto error: Que la parte (sic) apelada cometió error al resolver este caso imponiéndole las costas al demandado (sic).
‘ ‘ Sexto error: Que la corte apelada cometió error al dictar sen-tencia en este caso desestimando totalmente la demanda.”

No es necesario que copiemos la correspondencia que culminó en una aceptación final por parte del demandante del embarque en condiciones que él aceptó a fin de obtener posesión de las habichuelas. Convenimos con la corte de distrito en su conclusión de que el demandante, al aceptar la entrega en los términos y condiciones especificados por Porter, re-nuncio a cnalqnier reclamación por daños y perjuicios que él hubiese tenido con motivo de la diferencia existente entre tales términos y condiciones y los disentidos originalmente.

Los dos últimos cablegramas cruzados entre el demandante y Porter leen como sigue:

“Transigiré controversia, pendiente pagando $3,800 en efectivo. Cablegrafíe su aceptación y cablegrafíe al banco en ésta entregue documentos al recibir pago. Escudero.”
“Ordenaremos al banco entregue documentos siempre que se pa-gue giro original, según pactado; de lo contrario no haremos más negocios. Porter.”

El demandante entonces pagó la suma de $3,920 y tomó posesión de las habichuelas. Esta transacción de “la contro-versia pendiente” era lo bastante amplia para incluir el costo de los cablegramas a que se hace referencia en el segundo señalamiento, aunque se admitiera que este elemento de daños y perjuicios no hubiese sido incluido en ningún caso en la renuncia por aceptación de la entrega y aunque se admitiera que el juez de distrito cometió error, según alega ahora el apelante, al resolver que la partida relativa al costo de los cablegramas fue una cuestión de injuria non fit volenti.

Lo mismo puede decirse -respecto a los gastos de alma-cenaje mencionados en el tercer señalamiento.

El juez de distrito resolvió que la acción del demandante había prescrito, toda vez que había dejado de presentar su reclamación dentro del término especificado en el Código de Comercio. El apelante basa su cuarto señalamiento en la aseveración de que “dada la conducta del demandado”, la falta de peso en el presente caso cae dentro de las disposiciones del artículo 333 del Código de Comercio, más bien que dentro de las del 336. El artículo 333 lee como sigue:

“Los dallos y menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías, perfecto el contrato y teniendo el vendedor los efectos a disposición del comprador en el lugar y tiempo convenidos, serán de cuenta del comprador, excepto en los casos de dolo o negligencia del vendedor.”

En ausencia de algo mayor que una vaga referencia a la conducta del demandado, la contención no requiere seria con-sideración.

No hallamos abuso de discreción, en la concesión de costas.

El apelante no discute separadamente el sexto señala-miento, sino que lo somete simplemente haciendo referencia a la argumentación aducida para el primer señalamiento. Así pues, cuanto hemos dicho al resolver el primer señala-miento, también resuelve el sexto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.