author: Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlinger,

text:
    Luis Nazario Morales, Ana María Rivera Vargas, etc., peticionarios, v. Autoridad de Energía Eléctrica, recurrida.

      Número: CC-2005-823

      Resuelto: 30 de noviembre de 2007

      José M. Pérez Villanueva, abogado de la parte peticionaria; Edna Marie Ríos González, abogada de la parte recurrida.
   SENTENCIA

En el caso de autos se cuestionó si la parte demandada fue debidamente emplazada. Resolvemos en la afirmativa.

Por lo tanto, se expide el recurso de “certiorari” solicitado y se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones. Devol-vemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, para que continúe con los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. Los Jueces Aso-ciados Señores Rebollo López y Rivera Pérez concurrieron con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlinger,

a la cual se unen el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta.

Los hechos del caso de autos nos permiten precisar los contornos de la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, e integrar nuestras expresiones previas sobre el particular.

I

El 11 de febrero de 2003 Luis Nazario Morales, su es-posa, Ana María Rivera Vargas, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales constituida por ambos (los peticiona-rios) presentaron una demanda en daños y perjuicios contra la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E. o recurrida) ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada. Expedido el emplazamiento, los peticionarios lo diligenciaron el 5 de marzo de 2003, a través de Wilfredo Hernández, Supervisor de la A.E.E. en la Región de Aguadilla. El 24 de abril de 2003 la A.E.E. hizo una com-parecencia especial ante el foro de instancia, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, en la que solicitó la desesti-mación de la demanda. Adujo que no había sido emplazada conforme a los parámetros de la Regla 4.4 de Procedi-miento Civil, supra. En específico, la recurrida alegó que el Director Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que le provee la ley orgánica de la A.E.E., 22 L.P.R.A. see. 191 et seq., había designado al personal de la División de Opinio-nes, Legislación y Contratos, del Directorado de Asuntos Jurídicos, como los funcionarios capacitados para recibir emplazamientos. Por ello, concluyó la recurrida, el Supervisor de la A.E.E. en la Región de Aguadilla no tenía la facultad de recibir emplazamientos a su nombre y, por lo tanto, el tribunal de instancia no había adquirido jurisdic-ción sobre ella.

Visto lo anterior, los peticionarios solicitaron que se emitieran nuevos emplazamientos, a lo que accedió el foro de instancia. Éstos fueron expedidos el 11 de junio de 2003 y diligenciados el 25 de junio del mismo año, a través de Wilson Castillo, Director de la División de Ingeniería de la A.E.E. Pasado el término para contestar la demanda sin que la A.E.E. compareciera ante el tribunal, los peticiona-rios presentaron una moción de anotación de rebeldía. En ese momento la A.E.E. presentó una segunda moción de desestimación y en oposición a la anotación de rebeldía, en la que planteó, nuevamente, que no había sido emplazada conforme a derecho. Alegó que el emplazamiento no se ha-bía diligenciado debidamente a través del personal de la División de Opiniones, Legislación y Contratos. Los peti-cionarios se opusieron a la desestimación. El Tribunal de Primera Instancia, el 30 de enero de 2004, declaró “sin lugar” la moción de desestimación y la anotación de rebel-día, y ordenó a los peticionarios a “emplaz[ar] correcta-mente”.

Opuesta a la orden del foro de instancia, la A.E.E. hizo una tercera comparecencia especial y presentó una moción de desestimación mediante la cual argumentó que, debido a que había transcurrido el término de seis meses dis-puesto por la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, los peticionarios estaban impedidos de intentar emplazarlos nuevamente. El 19 de mayo de 2005 el foro de instancia llevó a cabo una vista sobre el estado de los pro-cedimientos en la que declaró “sin lugar” la tercera moción de desestimación y ordenó a los peticionarios a emplazar a la A.E.E. a través de su División de Opiniones, Legislación y Contratos.

Notificada la minuta que contenía dicha orden, la A.E.E. acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un re-curso de certiorari. El foro intermedio revocó la determina-ción del foro de instancia pues, según su criterio, los peti-cionarios actuaron de manera obstinada al intentar emplazar a través de distintos funcionarios, cuando cono-cían que la A.E.E. había facultado a su División de Opinio-nes, Legislación y Contratos para recibir los emplaza-mientos. Según el Tribunal de Apelaciones, este proceder denotaba dejadez en la tramitación del caso, por lo cual el foro de instancia había abusado de su discreción al prorro-gar el término para emplazar y ordenar a los peticionarios, por tercera vez, que así lo hicieran.

Inconforme con esta decisión, los peticionarios presenta-ron un recurso de certiorari ante nuestra consideración, en el que plantearon los señalamientos de error siguientes:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la Autori-dad de Energía Eléctrica no había sido emplazada conforme a derecho.
2. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que el Tribunal de [Primera] Instancia abusó de su discreción al permitirle a los peticionarios volver a emplazar a la AEE. Petición de cer-tiorari, pág. 3.

El 9 de diciembre de 2005 ordenamos a la A.E.E. a que compareciera ante nosotros y mostrara causa, si alguna existiese, por la cual no debíamos expedir el recurso y re-vocar la decisión del Tribunal de Apelaciones. La A.E.E. compareció en cumplimiento de nuestra orden. Pasamos a resolver.

II

El profesor Hernández Colón ha definido el emplaza-miento como el “acto procesal mediante el cual se comunica al demandado la demanda presentada en su contra y se le requiere a comparecer en autos para formular la alegación que proceda”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Michie of Puerto Rico, 1997, See. 2001, pág. 161. Como se sabe, su propósito es que el tribunal pueda “adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado [,] llamándolo para que comparezca en juicio a defenderse o a hacer uso de su derecho”. Id. De esta forma se garantiza el debido proceso de ley exigido por las constituciones del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico y de Estados Unidos. Véase Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 506 (2003), y los casos allí citados. Precisamente por las exigencias constitucionales en torno al debido proceso de ley, para que un emplaza-miento se entienda válido (y así se pueda ejercer jurisdic-ción sobre la persona del demandado), es fundamental que se dé cumplimiento estricto a los requisitos dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil al respecto. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 D.P.R. 855 (2005); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 913-914 (1998).

Dentro del cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, es la Regla 4 la que gobierna todo lo referente al emplaza-miento y su validez. Así, la citada Regla 4.3(b) de Procedi-miento Civil regula lo concerniente a quién puede diligen-ciar el emplazamiento y el término para hacerlo. Dispone específicamente que

.. .será diligenciado en el término de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término s[ó]lo podrá ser prorrogado por un tér-mino razonable a discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y soli-cita la misma dentro del término original. Transcurrido el tér-mino original o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida, con perjuicio. 32 L.P.R.A. Ap. III.

Es menester resaltar que al interpretar y aplicar esta regla, no hemos sido tan rigurosos como su lenguaje sugiere. En efecto, hemos resuelto que aunque el término de seis meses para diligenciar el emplazamiento es de cumplimiento estricto, éste puede ser prorrogado por los tribunales, incluso después de su vencimiento. Global v. Salaam, 164 D.P.R. 474 (2005); Banco Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721, 725 (1981). Además, hemos protegido la discreción que las Reglas de Procedimiento Civil pro-veen al juzgador de instancia al momento de decidir si con-ceder una prórroga al término para emplazar. Hemos su-brayado la importancia de esta discreción, calificándola como el instrumento más poderoso de hacer justicia. Banco Metropolitano v. Berríos, supra, pág. 725. Sin embargo, es al demandante a quien corresponde justificar el incumpli-miento con los términos para emplazar, pues el juzgador no podrá ejercer su discreción en el vacío ni de manera arbitraria. Hemos establecido que “[d]ebe existir razón bien fundada que mueva la conciencia judicial a conceder el remedio”. Global v. Salaam, supra, pág. 481. Así, la con-cesión de la prórroga dependerá de si existe justa causa para concederla o si medió negligencia excusable por parte del demandante. Véanse: Global v. Salaam, supra; First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra.

Por otra parte, aunque en casos recientes hemos recono-cido que el término para emplazar puede ser prorrogado tácitamente por los tribunales y que, asimismo, la determi-nación de justa causa por parte del juzgador de instancia puede ser sub silentio, cabe resaltar que la “mejor práctica” es que el juzgador de instancia expresamente indique que está prorrogando el término para emplazar y las razones para ello. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Global v. Salaam, supra.

En cuanto a la desestimación como sanción por no cum-plir con el término para emplazar, también hemos obser-vado que es una sanción muy drástica, y que debe reser-varse para casos extremos. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra. Así, “[e]l tribunal siempre debe procurar un balance entre el interés en promover la tramitación rápida de los casos y la firme política judicial de que los casos sean resueltos en los méritos”. Íd., pág. 864.

Por su parte, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil dis-pone cómo efectuar el emplazamiento personal. En su in-ciso (g), la Regla 4.4 dispone que para emplazar a una cor-poración pública hay que ceñirse a lo establecido en el inciso (e) para las personas jurídicas. 32 L.P.R.A. Ap. III. La Regla 4.4(e), a su vez, prescribe que el emplazamiento de una corporación, compañía, sociedad, asociación o cual-quier otra persona jurídica se diligenciará “entregando co-pia del emplazamiento y de la demanda a un oficial, ge-rente administrativo o agente general, o a cualquier otro agente autorizado por nombramiento o designado por ley para recibir emplazamientos”. 32 L.P.R.A. Ap. III.

Al interpretar esta regla hemos advertido que, al mo-mento de decidir sobre la idoneidad de una persona para recibir emplazamientos, debe atenderse “a los deberes, funciones y autoridad de la persona y no así su título”. Hach Co. v. Pure Water Systems, Inc., 114 D.P.R. 58, 63 (1983). Lo verdaderamente importante es que la persona que reciba el emplazamiento ostente cierto grado de capa-cidad de representación de la persona jurídica sobre la cual se desea adquirir jurisdicción. Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 514. De esta forma nos aseguramos de que el método seleccionado para emplazar ofrezca la “probabili-dad razonable de informarle al demandado sobre la acción entablada en su contra”. (Énfasis suprimido.) Id., págs. 512-513. Véase Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 D.P.R. 367, 374 (2000).

Vemos, por lo tanto, que en nuestras decisiones anterio-res sobre el tema del emplazamiento de personas jurídicas, aunque consecuentemente hemos reconocido la importan-cia del cumplimiento estricto con los requisitos impuestos por las Reglas de Procedimiento Civil sobre el particular, ello no nos ha impedido declinar, también reiteradamente, la desestimación como sanción ante el incumplimiento con los términos dispuestos para emplazar. Tampoco nos ha impedido permitir el emplazamiento referido a través de personas que, aunque no ocupen los cargos aludidos en la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra, sí cuenten con la capacidad representativa necesaria para recibir emplazamientos.

Veamos cómo aplica la reiterada normativa aludida al caso de autos.

III

En su primer señalamiento de error, los peticionarios cuestionan la determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que la A.E.E. no fue emplazada correctamente.

El Tribunal de Apelaciones, si bien reconoció que la ju-risprudencia ha sido flexible al determinar quién ostenta el grado requerido de representatividad para recibir em-plazamientos, concluyó que los peticionarios fueron infor-mados de que el personal de la División de Opiniones, Le-gislación y Contratos era el que estaba autorizado para recibir emplazamientos, y que, por lo tanto, los dos diligen-ciamientos a otros funcionarios de la A.E.E. fueron incorrectos. Aunque no lo dice abiertamente, la postura del foro intermedio parece ser que, una vez se autoriza a al-guien en particular para recibir emplazamientos, la persona jurídica objeto de la demanda no podrá ser emplazada a través de ningún otro agente que no sea el designado específicamente para ello. No podemos avalar tal conclusión.

“Las Reglas de Procedimiento Civil se inspiran armo-niosamente en tres valores fundamentales de justicia, ra-pidez y economía, enmarcados en la norma de buena fe que debe permear la tramitación de toda causa de acción.” Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 288 (1988). Mediante el ordenamiento procesal civil, se procura fundamentalmente facilitar los trámites ante nuestros tribunales en términos de costos y tiempo, de modo que se garantice a todos los ciudadanos del país un acceso efectivo a la justicia. De este modo, valga repetirlo, hemos enfatizado que, en lo concerniente al emplaza-miento, aunque hay que adherirse al procedimiento im-puesto por las Reglas de Procedimiento Civil, lo realmente esencial y determinante es que el demandado conozca del pleito en su contra. La postura del Tribunal de Apelacio-nes, aparte de ser una lectura errada del texto de la citada Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, claramente desafía los referidos valores que enmarcan nuestro ordenamiento, además de ser incongruente con nuestras decisiones previas. Veamos.

De su claro tenor literal surge que la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra, provee cuatro formas para em-plazar a una persona jurídica. Éstas son: (1) entregando el emplazamiento y una copia de la demanda a un oficial de la persona jurídica demandada; (2) entregando el emplaza-miento y una copia de la demanda a un gerente adminis-trativo de dicha persona; (3) entregando el emplazamiento y una copia de la demanda a su agente general, o (4) en-tregando el emplazamiento y una copia de la demanda a cualquier otro agente que haya sido autorizado a esos efec-tos por nombramiento o por ley. Se deduce, por lo tanto, que las alternativas para emplazar a una persona jurídica que surgen de este inciso de la regla no son mutuamente excluyentes: ninguna obstaculiza el uso de la otra. Ya en Quiñones Román v. Cía. ABC, supra, habíamos sugerido este resultado al decir, a modo de obiter dictum, que

...el hecho de que la corporación instruya a sus gerentes ope-racionales que dirijan o refieran a los emplazadores a las ofi-cinas corporativas principales y que en éstas tengan todo un sistema de organización interna para atender estos asuntos, no quiere decir que por ley no se pueda emplazar a la corpo-ración en otro lugar y que dicho emplazamiento no sea válido. Quiñones Román v. Cía. ABC, supra, pág. 381.

Hoy resolvemos, por lo tanto y para que no quede mar-gen de dudas, que las alternativas provistas por la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra, para el emplaza-miento de personas jurídicas son opciones a beneficio del demandante. Es a éste a quien le toca decidir cómo empla-zará al demandado, no a la inversa. No cuestionamos el beneficio que representa tanto para demandantes como para demandados que haya personal específico autorizado o designado para recibir emplazamientos. Sin embargo, esto no puede ser fundamento para limitar las claras op-ciones que el ordenamiento procesal civil provee liberal-mente al demandante al momento de emplazar. Resolver lo contrario iría contra los valores que cimientan las Reglas de Procedimiento Civil, y del texto palmariamente claro de la regla en cuestión. Significaría que una parte deman-dada sólo puede ser emplazada según esa parte misma lo decida y que el demandante no puede emplazarla, aunque procure hacerlo a través de un funcionario de la parte de-mandada que tenga plena capacidad para representar a esa parte. Tal pretensión de la parte demandada no tiene fundamento alguno en nuestro ordenamiento procesal civil y este Foro debería rechazarla sin ambages.

En el caso ante nuestra consideración, los peticionarios diligenciaron el emplazamiento en dos ocasiones distintas, entregándolo, la primera vez, al Supervisor de la A.E.E. en la Región de Aguadilla, y la segunda vez al Director de la División de Ingeniería. En ambas ocasiones la A.E.E. ar-gumentó que el emplazamiento había sido defectuoso, pues no había sido diligenciado a través del personal de la Divi-sión de Opiniones, Legislación y Contratos, y que, por lo tanto, el foro de instancia no había adquirido jurisdicción sobre su persona. Sin embargo, según surge de la discusión que antecede, no le tocaba a la A.E.E. escoger a través de quién sería emplazada, sino que esta opción le competía ejercitarla a los peticionarios. Claramente, éstos optaron por emplazar a la A.E.E. diligenciando el emplazamiento a través de funcionarios distintos al personal escogido a esos efectos por la recurrida. Distinto a los foros a quo, no cree-mos que esta actuación sea errónea en derecho.

Para determinar si, en efecto, la A.E.E. había sido em-plazada correctamente, lo que procedía era que el Tribunal de Primera Instancia decidiera si el emplazamiento, que no fue entregado al personal designado para ello por el Director Ejecutivo de la A.E.E., había sido entregado, no obstante, a un oficial, agente general o gerente administra-tivo de la A.E.E., según estos términos han sido interpre-tados por este Tribunal. De modo que, ante la alegación de falta de jurisdicción, el foro de instancia debió haber cele-brado una vista en la que se desfilara evidencia sobre el carácter representativo, los deberes y las funciones de las personas a las que se entregaron los emplazamientos. El foro de instancia no podía meramente expedir nuevos em-plazamientos y ordenar a reiniciar su tramitación. Recor-damos aquí nuestras severas expresiones en Lucero v. San Juan Star, supra, ante una situación similar. “Es menester recalcar que los tribunales no somos meros autómatas y que el proceso de formar conciencia judicial exige la comproba-ción de cualquier aseveración mediante prueba. A tales efectos, hemos reiterado que el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas.” Id., pág. 519.

Incidieron, por todo lo anterior, tanto el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal de Primera Instancia al resolver que no se emplazó correctamente a la A.E.E. por razón de que el emplazamiento nunca se diligenció en el personal designado para ello por su Director Ejecutivo. Procedía determinar si las personas a quienes se entregó el emplazamiento poseían capacidad para recibirlo, según lo hemos definido en nuestra jurisprudencia. El primer seña-lamiento de error fue cometido.

IV

En su segundo señalamiento de error, los peticionarios alegan que erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que había mediado abuso de discreción por parte del juzgador de instancia al permitirles volver a emplazar a la A.E.E.

El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia, pues entendió que las ac-tuaciones de los peticionarios al entregar los emplazamien-tos a personas distintas a las facultadas por la A.E.E. para recibirlos denotaban un patrón de dejadez, mala fe y contumacia. No creemos que el proceder de los peticiona-rios merezca tales epítetos.

Según se desprende de la discusión precedente sobre la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra, los peticiona-rios tenían varias alternativas para emplazar a la A.E.E., independientemente de que ésta hubiese facultado a personal específico para recibir emplazamientos. Los peticio-narios eligieron una de esas alternativas. No podemos aceptar que ejercer una opción provista por el propio orde-namiento procesal civil refleje dejadez, contumacia o mala fe; erró claramente el Tribunal de Apelaciones al resolver de tal modo.

Por otra parte, dado que el juzgador de instancia puede prorrogar el término de seis meses para emplazar cuando entienda que existe justa causa para hacerlo, un foro ape-lativo no puede intervenir con la discreción del tribunal de instancia, excepto que se desprenda de tal actuación que el juzgador ignoró las normas jurídicas aplicables o que pro-vocó un resultado irrazonable o arbitrario. No estamos ante ninguna de estas situaciones.

Concluimos, por lo tanto, que el Tribunal de Apelaciones no tenía razón para intervenir aquí con la discreción del Tribunal de Primera Instancia, especialmente cuando ésta sirve para casos como éste, en los que errores de los propios tribunales fomentan la dilación de los procedimientos. La actuación del foro intermedio fue desacertada y contraria a nuestros pronunciamientos previos. El segundo error tam-bién fue cometido.

V

Por los fundamentes que anteceden, resolvemos que erraron los foros inferiores al resolver que no se emplazó correctamente a la A.E.E. por razón de que los emplaza-mientos no se diligenciaron en el personal escogido por ella a esos efectos. Reiteramos que las alternativas que la Re-gla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra, provee para el em-plazamiento son para beneficio del demandante, por lo cual el hecho de que el demandado faculte a personal espe-cífico para recibir emplazamientos no puede limitar las op-ciones de emplazamiento del demandante.

Erró el foro intermedio, además, al disponer que el juz-gador de instancia abusó de su discreción al prorrogar el término para emplazar.

Por lo anterior, estamos conformes con el resultado de expedir el recurso de certiorari solicitado y revocar la deci-sión del Tribunal de Apelaciones.

       Nada de lo dicho debe entenderse como una limitación a nuestros pronun-ciamientos previos en cuanto a que al momento de emplazar se atenderá a las fun-ciones y grado de representatividad de la persona, no al rigor de su nombramiento.


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text:
      In re en Ocasión del Deceso del Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

      Número: EM-2007-11

      Resuelto: 5 de diciembre de 2007
   RESOLUCIÓN

El 3 de diciembre de 2007 falleció el Hon. Jaime B. Fus-ter Berlingeri, Juez Asociado de este Tribunal.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri nació en Gua-yama el 12 de enero de 1941, hijo del Dr. Jaime Fuster y la Leda. María Luisa Berlingeri. Cultivó una prolífera vida académica con altos honores en universidades de Puerto Rico y Estados Unidos, iniciada con un bachillerato en ar-tes magna cum laude de la Universidad de Notre Dame. Tres años más tarde, en 1965, recibe su grado Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, también con altos honores. En 1966 recibe un grado de maestría en derecho de la Universidad de Columbia y, pos-teriormente, realiza estudios doctorales en derecho en la Universidad de Harvard, además de estudios posgradua-dos en Sociología del Derecho en la Universidad de Denver y en Filosofía del Derecho en el Williams College of Massachussets. Su trayectoria académica culmina con el recibimiento en 1985 de un Doctorado en Derecho Honoris Causa de la Universidad Temple en Filadelfia.

Su vida profesional estuvo dedicada a la academia y al servicio público. Durante el periodo de 1966 a 1984 se des-empeñó como Catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Durante esos años ocupó diversos cargos, como Decano de Estudiantes de la Universi-dad de Puerto Rico (1969-1970), Vicepresidente del Cole-gio de Abogados de Puerto Rico (1972-1973), Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (1974-1978), Subsecretario Auxiliar de Justicia de Estados Unidos (1979-1980) y Presidente de la Universidad Cató-lica de Puerto Rico (1981-1984), entre otros. En 1984 fue electo Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, cargo que ocupó hasta 1992. Durante su incumbencia como Comisionado Residente, presidió el Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos.

En 1992 fue nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Colón, como Juez Asociado del Tribunal Supremo, cargo que ocupó hasta su falleci-miento el pasado 3 de diciembre. Con su súbito deceso, el país ha perdido un férreo y valiente defensor del ordena-miento constitucional bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los derechos civiles y humanos de nuestro Pueblo. Además, ha perdido un servidor público ejemplar.

Durante toda su vida, el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri prestó valiosos y generosos servicios al país con un profundo compromiso con las causas de la justicia y el bienestar de los trabajadores y de los grupos marginados. Sus opiniones hicieron una aportación importante y alta-mente relevante al desarrollo de nuestro Derecho. Este Tribunal se siente honrado de haber tenido entre sus miembros a este jurista, que hizo honor a su toga y sirvió a Puerto Rico incansablemente y con profunda dedicación. Extrañaremos su laboriosidad, su indomable espíritu, sus apasionadas defensas de sus posiciones, así como su en-trega, valor y sacrificio al servicio de nuestro país.

Le expresamos nuestras más sinceras condolencias a su señora esposa, Mary Jo Zalduondo, a sus hijos, a su señora madre, la Lie. María Luisa B. Fuster, a sus hermanos, a sus nietos y a sus demás familiares por tan irreparable pérdida.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Francisco Amundaray Rodríguez.

      Número: TS-9837

      Resuelto: 7 de diciembre de 2007

      Francisco Amundaray Rodríguez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Atendida la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría presentada por el Sr. Francisco J. Amundaray Rodríguez el 3 de diciembre de 2007, el Tribunal ordena su reinstalación al ejercicio de la abogacía a partir del jueves 13 de diciembre de 2007. Se le apercibe que no podrá ejercer la notaría hasta que así lo disponga este Tribunal. Se concede a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías el término de treinta días para que rinda un informe preliminar sobre la obra notarial que le fue incautada al abogado Francisco J. Amundaray Rodríguez.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Libertario Pérez Rodríguez, querellado.

      Número: CP-2004-3

      Resuelto: 7 de diciembre de 2007
   ORDEN

Debido a la no intervención de los Jueces Asociados Se-ñor Rivera Pérez y Señora Rodríguez Rodríguez, se consti-tuye una Sala Especial integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, y los Jueces Asociados Señor Re-bollo López y Señora Fiol Matta, para entender en el caso CP-2004-3, In re Libertario Pérez Rodríguez.

Lo decretó y firma,

(Fdo.) Federico Hernández Denton

Juez Presidente

CERTIFICO:

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Mariana D. Negrón Vargas y Kenneth Pamias Velázquez, subprocuradores generales, y Noemí Rivera de León, pro-curadora general auxiliar; Guillermo Figueroa Prieto, abo-gado de la parte querellada; José Alberto Morales, comisio-nado especial.

per curiam:

El Ledo. Libertario Pérez Rodríguez suscri-bió un contrato de servicios profesionales, como asesor legal del municipio de Caguas, vigente desde el 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999. El 1 de diciembre de 1998 Pérez Rodríguez acordó un contrato de servicios profesio-nales para servir como asesor legal de X-Plosión Entertainment Center Management & Development Corporation (X-Plosión). El contrato entraba en vigor el 1 de enero de 1999.

El 15 de diciembre de 1998 Pérez Rodríguez autorizó una escritura sobre “Lease and Administration Agreement” otorgada por el municipio de Caguas y X-Plosión. Mediante dicho contrato, el municipio le arrendó una par-cela de terreno conocida como “Parque Acuático” a X-Plosión.

El 31 de diciembre de 1998, Pérez Rodríguez canceló el contrato de servicios profesionales que tenía con el muni-cipio, es decir, canceló el contrato antes de su fecha de ven-cimiento, 1 de junio de 1999. Al día siguiente, el 1 de enero de 1999, Pérez Rodríguez comenzó a fungir como asesor legal de X-Plosión.

Por los hechos anteriormente expuestos, le ordenamos al Procurador General que presentara una querella contra Pérez Rodríguez. El Procurador General formuló los si-guientes cargos contra Pérez Rodríguez: (1) violación al Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que exige completa lealtad del abogado para con su cliente; (2) posible violación al deber de imparcialidad re-querido de los notarios al autorizar negocios jurídicos se-gún la Exposición de Motivos de la Ley Notarial de Puerto Rico, 1987 Leyes de Puerto Rico 262, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 2001 et seq., y la Regla 4 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, y (3) violación al Canon 38 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por alegada apa-riencia de conducta impropia.

Presentada la querella en su contra, Pérez Rodríguez solicitó la desestimación de los cargos incoados. En sínte-sis, alegó que el Canon 21, ante, no aplicaba a los hechos porque a un notario, quien no representa a las partes en el otorgamiento de un negocio jurídico, no se le puede encon-trar incurso en violación a dicho canon, puesto que éste se refiere exclusivamente a la naturaleza de la relación abogado-cliente. En cuanto al segundo cargo en su contra, adujo que un notario no viola el deber de imparcialidad por el mero hecho de que uno, o ambos, de los otorgantes en un negocio jurídico sea su cliente. Finalmente, alegó que el tercer cargo no especificaba los hechos que el Procurador estimaba violatorios del referido Canon 38 y que, además, como no había incurrido en ninguna otra violación, no se le podía imputar infracción a este canon socamente.

El 21 de junio de 2005 designamos al Ledo. José Alberto Morales para que, en calidad de Comisionado Especial, re-cibiera la prueba que tuvieran a bien presentar las partes y rindiera un informe con sus determinaciones de hechos y recomendaciones.

Posteriormente, el Procurador General y Pérez Rodrí-guez acordaron someter el caso por el expediente. El 9 de noviembre de 2005, el Comisionado Especial emitió su in-forme en el cual sostuvo que Pérez Rodríguez había violado los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, ante, y recomendó una amonestación. Resolvemos.

I

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, ante, le exige al abogado lealtad completa para con su cliente. A estos efectos, el abogado tiene la obligación de divulgar a sus clientes las circunstancias relativas a las partes y a terceras personas, así como cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Dicho canon establece que “[n]ingún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21.

El propósito de dicha norma es que el abogado man-tenga intacta la confianza y el deber fiduciario que tiene para con su cliente. Por esta razón, “[e]l abogado tiene la obligación de representar a su cliente con total lealtad, ejercer un criterio profesional independiente y desligado de sus propios intereses, no divulgar los secretos y confiden-cias que el cliente haya compartido durante el transcurso de sus representaciones pasadas y presentes”. In re Bauzá Torres, 171 D.P.R. 894, 905-906 (2007). Véase, también, In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000); Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R. 850 (1995).

Particularmente, el abogado debe evitar tres situaciones que pueden presentar un conflicto de intereses de acuerdo con el referido Canon 21: (1) que, en beneficio de un cliente, abogue por aquello a lo que el letrado debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente; (2) aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de un cliente anterior, y (3) aceptar una representación legal, o continuar en ella, cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales. In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001); In re Avilés, Tosado, 157 D.P.R. 867 (2002).

Ahora bien, en cuanto al Canon 21, ante, y el ejercicio de la notaría hemos expresado que en el ejercicio de dicha función no puede haber planteamiento alguno de violación al referido canon, puesto que está ausente ab initio la representación dual de abogado-cliente. En In re Avilés, Tosado, ante, pág. 892, citando a Sarah Torres Peralta, resolvimos que “ ‘siendo imposible la coincidencia en el mismo abogado de clientes en la gestión notarial, no hay cabida entonces para supuestos conflictos de intereses de los prohibidos en el canon 21’ ”.

Por otro lado, la Regla 4 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, ante, prescribe el deber de autonomía e independencia del notario, deber que también recoge la Ex-posición de Motivos de la Ley Notarial de Puerto Rico. A estos efectos, dicha regla dispone que “[e]n el ejercicio de su ministerio, el notario representa la fe pública y la ley para todas las partes. Su obligación de ilustrar, de orientar y de advertir ha de desplegarla con imparcialidad”. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R. 4.

En el cumplimiento de este deber, hemos reiterado que los notarios están obligados a ser funcionarios imparciales que reciben, exponen y legitiman la voluntad de los com-parecientes al negocio jurídico. In re Cando Sifre, 106 D.P.R. 386 (1977). No sólo hemos precisado que el notario tiene que ser imparcial, sino que también debe aparen-tarlo. Véanse: In re Sepúlveda Girón, ante; In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121 (1992); In re Cando Sifre, ante.

Por último, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante, exige la preservación del honor y la dignidad de la profesión. Dicho canon, en lo pertinente, dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.

En cuanto a ello, hemos reiterado que el abogado debe asesorar a su cliente en estricto cumplimiento de la ley. Además, hemos sostenido que infringir el Canon 38, ante, resulta nocivo al respeto que la ciudadanía deposita en las instituciones de justicia y la confianza que los clientes de-positan en sus abogados. In re Sepúlveda Girón, ante.

En cuanto al referido Canon 38, en In re Sepúlveda Girón, ante, y en In re Avilés, Tosado, ante, expresamos que “la apariencia [de conducta] impropia tiene que sostenerse so-bre la impresión que se le da al público de la violación efec-tiva de alguno de los cánones del Código de Ética Profesio-nal o de la Ley Notarial de Puerto Rico”. In re Avilés, Tosado, ante, pág. 892. Ello no obstante, en In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007), resolvimos que el Canon 38, ante, opera ex propio vigore, modificando y revocando cualquier expresión nuestra anterior en contrario. En ese mismo caso aclaramos que “cuando un abogado actúa en violación del Canon 38, supra, amerita nuestra intervención disciplinaria”. In re Gordon Menéndez I, ante, pág. 9.

II

En el caso ante nuestra consideración el Procurador General presentó ante este Tribunal tres cargos contra el li-cenciado Pérez Rodríguez por alegada violación a los Cáno-nes 21 y 38 del Código de Etica Profesional, ante, y a la Regla 4 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, ante, respectivamente. Como reseñáramos anteriormente, dichos cargos le fueron imputados por haber autorizado un contrato de arrendamiento entre el municipio de Caguas y X-Plosión. Según el informe del Comisionado Especial, “se vio mal” que para la fecha en la cual se suscribió el con-trato de arrendamiento entre el municipio y X-Plosión, Pé-rez Rodríguez fungiera como asesor legal del municipio y que quince días después renunciara para trabajar como asesor legal de X-Plosión mediante un contrato de servicio profesionales suscrito, pero no con efectividad, previo a au-torizarse el referido contrato de arrendamiento entre las partes.

La prueba, a nuestro juicio, no es suficiente para sostener los cargos sobre violación al referido Canon 21 y a la Regla 4 presentados contra Pérez Rodríguez. Según sostuvimos en In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001), el criterio necesario para sancionar a los miembros de la profesión togada es el de la prueba clara, robusta y convincente. Ello es así, pues los procedimientos disciplinarios pueden conllevar la pérdida del título profesional.

El Procurador General entiende que Pérez Rodríguez tenía un interés personal en X-Plosión meramente por virtud del contrato de servicios profesionales que suscribió con la corporación. No estamos de acuerdo. El hecho de que Pérez Rodríguez suscribiera un contrato de servicios profesionales con X-Plosión no equivale a un interés personal en el negocio jurídico particular entre el municipio y X-Plosión, que es lo que realmente le está prohibido al notario. Dicho de otra manera, lo que se prohíbe es que el notario tenga un interés personal en el negocio jurídico que autoriza, lo cual es totalmente distinto a suscribir un con-trato de servicios profesionales con una de las partes del negocio jurídico que autorizó.

Tampoco quedó establecido que Pérez Rodríguez hu-biese asesorado al municipio en cuanto a ese contrato en específico para después actuar como notario en el negocio jurídico en violación al deber de imparcialidad del notario de acuerdo con la Regla 4 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, ante, y la Exposición de Motivos de la Ley Notarial de Puerto Rico.

• En fin, no podemos sostener los cargos relativos al Canon 21, ante, y a la Regla 4 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, ante, a base de especulaciones o presunciones. En otras palabras, el mero hecho de que el municipio de Caguas fuese cliente de Pérez Rodríguez al momento de éste autorizar el contrato de arrendamiento entre el municipio y X-Plosión, y que este último luego se convirtiera en su cliente, no significa que haya incurrido automáticamente en una conducta impropia. Llegar a dicha conclusión sin los fundamentos necesarios implicaría una conjetura de este Tribunal en cuanto a las acciones de Pérez Rodríguez, lo cual no sólo es insostenible en derecho, sino que impondría una limitación sustancial en la práctica actual de la notaría.

Ello no obstante, en vista de las circunstancias y los hechos particulares del presente caso, no podemos avalar por completo la actuación de Pérez Rodríguez. Sin bien es cierto que de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, Pé-rez Rodríguez no infringió explícitamente el Canon 21, ante, ni la Regla 4 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, ante, al otorgar la escritura de arrendamiento entre el mu-nicipio y X-Plosión, indudablemente no fue lo más prudente. Como reseñáramos, al autorizar la referida escri-tura de arrendamiento, Pérez Rodríguez conocía que en apenas dos semanas comenzaría a laborar como asesor legal de X-Plosión.

Reiteradamente hemos sostenido que la apariencia de conducta impropia tiene un efecto dañino sobre la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía ante la profesión, igual que lo tiene la verdadera “impropiedad ética”. In re Gordon Menéndez I, ante; In re Sepúlveda Girón, ante. Ante el cuadro fáctico particular, lo más atinado era que, en vista de la relación abogado-cliente que en el futuro cercano comenzaría con X-Plosión, éste se apartase del negocio habido entre este último y el municipio, y así evitar cualquier sospecha de impropiedad sobre su rol como notario en dicho negocio jurídico. Es decir, éste debió ser más cuidadoso al tratar con el municipio y X-Plosión, y no debió autorizar una escritura entre ambas partes si ya había pactado fungir como asesor legal de la corporación. Ello hubiera sido lo más juicioso.

Por las razones anteriormente expuestas, opinamos que Pérez Rodríguez infringió el Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante. Habida cuenta de que es la primera vez que se presenta una queja contra Pérez Rodríguez en más de cuarenta años de ejercer la abogacía y la notaría, que el negocio jurídico autorizado por él no ha sido impugnado y las partes no han sufrido daño alguno, nos limitaremos a amonestarlo por no esforzarse en evitar hasta la aparien-cia de conducta impropia en el ejercicio de sus funciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Surge del referido contrato que X-Plosión Entertainment Center Management & Development Corporation (X-Plosión) operaría el “Parque Acuático” por un término de veinte años a cambio de un canon de arrendamiento de tres mil dólares mensuales a favor del municipio y el 15% del ingreso bruto mensual producto de la operación del parque.

        “Canon 21 — Intereses encontrados

      “El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
      “No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cum-plimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
      “La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste.
      “Un abogado que representa a una corporación o sociedad le debe completa lealtad a la persona jurídica y no a sus socios, directores, empleados o accionistas y solamente puede representar los intereses de dichas personas cuando los mismos no vengan en conflicto con los de la corporación o sociedad.
      “Cuando un abogado representa a un cliente por encomienda de otra persona o grupo, quien le paga al abogado por dicho servicio, debe renunciar [a] la representa-ción de ambos tan pronto surja una situación de conflicto de intereses entre la persona o grupo que le paga sus honorarios y la persona a quien representa.”

       Resulta pertinente aclarar que en su informe el Comisionado Especial no halló a Pérez Rodríguez incurso en violación al segundo cargo sobre el Reglamento Notarial de Puerto Rico y la Ley Notarial de Puerto Rico específicamente. Ello no obstante, las expresiones emitidas en el informe denotan que éste entendió que Pé-rez Rodríguez había sido imparcial al autorizar el contrato de arrendamiento entre el municipio de Caguas y X-Plosión.


author: El Juez Presidente Señor Hernández Dentón Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    Blanca I. Guadalupe Solís, demandante y recurrida, v. Osvaldo González Durieux, demandado y peticionario.

      Número: CC-2007-213

      Resuelto: 10 de diciembre de 2007

      Jaime Rodríguez Rivera, abogado de la parte peticionaria; Víctor M. Rivera Torres, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

Para determinar el régimen económico seleccionado para regir el matrimonio entre el Sr. Osvaldo González Du-rieux y la Sra. Blanca Guadalupe Solís, debemos interpre-tar las capitulaciones matrimoniales que éstos otorgaron antes de contraer nupcias. En particular, nos corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la sentencia parcial emitida por el foro de instancia mediante la cual concluyó que la pareja contrajo matrimonio bajo el régimen clásico de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Por entender que dicho régimen no rige todos los intereses pecuniarios de la sociedad conyugal de la re-ferida pareja y que, por el contrario constituye un régimen económico mixto que combina elementos de la sociedad conyugal y del régimen de la separación de bienes, revoca-mos el dictamen recurrido.

I

El 6 de mayo de 1993, días antes de contraer nupcias, el señor González Durieux y la señora Guadalupe Solís acu-dieron a la oficina de la notario Carmen Astacio Caraballo con el propósito de otorgar una escritura de capitulaciones matrimoniales. Mediante la Escritura Número 8 de 6 de mayo de 1993 se expuso, en lo pertinente:

PRIMERO: Que es la intención de los comparecientes con-traer matrimonio entre s[í] y que con motivo de dichas nupcias desean otorgar las siguientes capitulaciones matrimoniales.
SEGUNDO: Que los comparecientes desean mantener sepa-radamente la propiedad y administración de todos sus respec-tivos bienes y futuros.
TERCERO: Que los comparecientes estipulan que su matri-monio no estaría sujeto al r[é]gimen de la sociedad legal de gananciales provista en el Código Civil de Puerto Rico, ni sus bienes presentes o futuros. Apéndice de la Petición de certio-rari, págs. 103-104.

Además, en el “OTORGAMIENTO” de la susodicha es-critura se estipuló, entre otras cosas, que ambos cónyuges tendrían “la libre administración de sus respectivos bienes propios y podr[ían] disponer de ellos sin intervención, limi-tación ni necesidad de consentimiento alguno ...”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 103. Sin embargo, tras la aceptación, advertencias y lectura de las capitulaciones matrimoniales, los otorgantes decidieron incluir la cláu-sula que se reproduce a continuación:

EN ESTE ACTO, los comparecientes desean añadir que en lo sucesivo, cualesquiera bienes muebles o inmuebles que pue-dan adquirir las partes, luego de celebrado el matrimonio, se regirá por el régimen de la sociedad legal de gananciales. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 105.

Incluida la cláusula antes citada, y manteniendo inalte-radas las disposiciones previamente redactadas, los otor-gantes firmaron la escritura y procedieron a celebrar su matrimonio el 9 de marzo de 1993.

Transcurridos diez años desde la celebración del matri-monio, el señor González Durieux presentó una demanda de divorcio por la causal de trato cruel. Mientras dicho proceso se encontraba pendiente de adjudicación, la señora Guadalupe Solís entabló una demanda contra su cónyuge mediante la cual alegó que, conforme a las capitulaciones matrimoniales otorgadas por las partes, la Sociedad Legal de Gananciales era el régimen económico que gobernaba el matrimonio entre ambos. Partiendo de esta aseveración, indicó que la referida Sociedad había generado cuantiosos ingresos cuya cantidad desconocía porque siempre estuvie-ron bajo la absoluta y exclusiva administración del señor González Durieux. Como consecuencia de esto, solicitó la coadministración de los bienes gananciales, así como otros remedios preventivos, hasta tanto se realizara la división y liquidación correspondiente.

El señor González Durieux se opuso a dicha solicitud al aducir que la demanda estaba predicada en la premisa falsa de que entre las partes existía una Sociedad Legal de Gananciales. Por consiguiente, solicitó la desestimación de la reclamación bajo el fundamento de que las capitulacio-nes en controversia habían consagrado una total separa-ción de bienes presentes y futuros.

En atención a la controversia relacionada con el régi-men económico consagrado en las capitulaciones matrimo-niales, el tribunal de instancia celebró una vista en los méritos para dilucidar la intención de las partes al mo-mento de otorgarlas. En la vista, dicho foro recibió los tes-timonios del señor González Durieux, la señora Guadalupe Solís y la licenciada Astacio Caraballo, notario que auto-rizó la escritura.

Examinada la prueba, el foro de instancia dictó una sen-tencia parcial mediante la cual resolvió que al introducir la última cláusula en las capitulaciones matrimoniales, el se-ñor González Durieux y la señora Guadalupe Solís selec-cionaron el régimen económico de la Sociedad Legal de Ga-nanciales para regir su matrimonio. Dicho foro entendió, además, que de ese régimen no se excluyeron los frutos civiles, naturales o industriales que generaran los bienes privativos de cualquiera de las partes, y que tampoco se estableció condición o limitación alguna sobre los efectos o incrementos en valor que tales bienes tuvieran durante la vigencia del matrimonio.

Como resultado de lo anterior, el tribunal de instancia le reconoció a la señora Guadalupe Solís un derecho a parti-cipar en todos los bienes adquiridos durante el matrimo-nio, aun cuando hubieran provenido de los bienes privati-vos del señor González Durieux. Entre esos bienes, dicho foro consideró de naturaleza ganancial las ganancias no distribuidas de la corporación Vieques Air Link, de la cual el señor González Durieux es presidente y único accionista desde antes de haberse casado.

Insatisfecho con el dictamen, el señor González Durieux recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y adujo que el foro de instancia incidió al apreciar erróneamente la prueba desfilada en la vista y resolver que entre las partes existía una sociedad conyugal para todos los fines prácticos. Por entender que la adopción de la última cláusula de las ca-pitulaciones tuvo el efecto de establecer el régimen de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, el foro apelativo confirmó el dictamen recurrido.

Aún inconforme, el señor González Durieux acude ante nos. Específicamente plantea que se debió interpretar que el lenguaje añadido a posteriori en las capitulaciones ma-trimoniales tuvo el limitado efecto de mantener un “régi-men cuasi ganancial bajo el cual ‘en lo sucesivo cuales-quiera muebles e inmuebles que puedan adquirir las partes luego de celebrado el matrimonio se regirá por el régimen de la sociedad legal de gananciales ...’ ”. Petición de certiorari, pág. 5. Arguye, además, que la intención de las partes fue la separación de los bienes adquiridos previo al matrimonio, excluyendo también del carácter gananciál pactado con respecto a los bienes que se adquirieran du-rante el matrimonio los frutos, las rentas y los incrementos en valor o plusvalía de los bienes privativos.

Expedido el auto el 27 de abril de 2007, la señora Guadalupe Solís compareció ante nos para presentar su oposición. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

Nuestro ordenamiento jurídico permite que las parejas que deseen contraer nupcias tengan la opción de seleccionar, conforme entiendan conveniente, el régimen económico que regirá su futuro matrimonio. Por eso, antes de contraer nupcias, los futuros cónyuges pueden otorgar capitulaciones matrimoniales para reglamentar los intereses pecuniarios que surgen de dicha relación o establecér las condiciones de la sociedad conyugal relativas a los bienes presentes y futuros o, incluso, a aspectos no patrimoniales. Véanse: Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3551; Gil v. Marini, 167 D.P.R. 553 (2006); Maldonado v. Cruz, 161 D.P.R. 1 (2004).

Como las capitulaciones matrimoniales constitu-yen contratos, en su preparación rige el principio de liber-tad de contratación. Este principio reconoce la autonomía de los contratantes y permite que éstos establezcan toda clase de pactos, cláusulas y condiciones. Véanse: Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Gil v. Marini, supra. Dicha voluntad contractual, aunque no es absoluta, tiene como único límite no estipular nada que contravenga las leyes, la moral, el orden público ni los fines del matrimonio. Véanse: Maldonado v. Cruz, supra; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713 (2001); Umpierre v. Torres Díaz, 114 D.P.R. 449 (1983).

En efecto, el contrato de capitulaciones matrimoniales permite “regular los derechos de los esposos sobre sus bienes respectivos', los derechos sobre las ganancias realizadas por ellos durante su unión; los intereses de los hijos y de la familia; los intereses de los terceros que contratan con uno u otro de los esposos, y, en definitiva, el interés económico y social del matrimonio”. (Enfasis nuestro.) Maldonado v. Cruz, supra, pág. 16. Véanse: Gil v. Marini, supra; Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 960 (1995).

Al ejercer dicha facultad, los futuros cónyuges pueden optar por diversos regímenes económicos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, tales como: (a) la total separación de bienes; (b) la separación de bienes, pero con una participación en las ganancias; (c) la Sociedad Legal de Gananciales; (d) renunciar al régimen legal de gananciales, o (e) cualquier otro régimen que combine estas posibilidades, siempre que no infrinja la ley, la moral o las buenas costumbres. Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra; Umpierre v. Torres Díaz, supra.

Cabe recordar que para contraer matrimonio bajo el régimen de la Sociedad Legal de Gananciales “basta con guardar silencio y no estipular nada o estipularlo expresamente”. Maldonado v. Cruz, supra, pág. 17. Ello porque la ley establece que dicho régimen suple la falta de capitulaciones o la falta de validez o eficacia de las que en efecto se otorguen. Véase Art. 1267 del Código Civil, supra.

Precisamente porque la falta de capitulaciones matri-moniales implica que el matrimonio se contrae bajo el ré-gimen de la Sociedad Legal de Gananciales, hemos soste-nido que las estipulaciones recogidas en el contrato de capitulaciones deben ser claras y precisas. A su vez, deben interpretarse estrictamente en todo lo que afecten al régi-men económico matrimonial. Vilariño Martínez u. Registrador, 88 D.P.R. 288 (1963).

Sin embargo, en ocasiones la escritura de capitulaciones matrimoniales —como contrato al fin— requiere un ejercicio de interpretación. Cuando ello sucede, “no son los otorgantes los llamados en casos de conflicto a interpretar las capitulaciones, pues esa facultad se halla reservada al criterio judicial cuando es requerido en forma para dar solución a intereses y derechos encontrados”. Vilariño Martínez v. Registrador, supra, pág. 294. Ante ese tipo de controversia, los tribunales deberán ejercer su facultad interpretativa conforme a las normas de hermenéutica contractual dispuestas en el Código Civil.

Sobre estas normas de interpretación hemos reiterado que cuando los términos de un contrato son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de las partes, se utilizará el sentido literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471; Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). Sin embargo, en ocasiones no es posible determinar la voluntad de los contratantes mediante la mera lectura literal de las cláusulas contractuales. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra. En tales casos, si alguna cláusula admite diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Art. 1236 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3474.

Asimismo, cabe recordar que si bien hay que con-siderar la intención de las partes para interpretar los con-tratos, la interpretación que se realice tiene que ser cón-sona con el principio de la buena fe y no puede llevar a resultados incorrectos, absurdos e injustos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra; Municipio de Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006). Por eso, las cláusulas de un contrato deberán interpretarse de manera integral y no aislada-mente, buscando su verdadero sentido y atendiendo a la interpretación de unas cláusulas con relación a otras. Véanse: Art. 1237 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3475; CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27 (1996); Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 (1984).

Ill

Según los preceptos antes expuestos, debemos examinar el contrato de capitulaciones matrimoniales ante nuestra consideración para determinar el régimen económico que el señor González Durieux y la señora Guadalupe Solís se-leccionaron para regir los intereses pecuniarios de la socie-dad conyugal compuesta por ambos.

El señor González Durieux reconoce que el régimen eco-nómico que originalmente intentó consagrar mediante las capitulaciones matrimoniales fue el de una absoluta sepa-ración de bienes presentes y futuros, pero sostiene que me-diante la inclusión de la cláusula final cedió, en parte, su reclamo y accedió a reconocerle a la señora Guadalupe So-lís participación en los bienes que en el futuro adquirieran. De esta forma, arguye que nunca consintió a la entrega de los frutos procedentes de sus bienes privativos.

Por su parte, la señora Guadalupe Solís aduce que el régimen que gobierna el matrimonio entre ambos es el de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales para todos los efectos legales. Ello porque, a su entender, en el contrato de capitulaciones matrimoniales no se estableció ninguna condición o limitación de los efectos del régimen de ganan-ciales sobre los bienes adquiridos por las partes antes de contraer matrimonio.

Los foros inferiores determinaron que las estipulaciones incluidas en las capitulaciones matrimoniales en contro-versia eran contradictorias y que la última cláusula aña-dida reflejaba que los otorgantes finalmente acordaron que el régimen de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales re-giría el matrimonio. Por su parte, el señor González Du-rieux plantea que dichos foros erraron al hacer prevalecer una sola cláusula frente a las demás, en lugar de armoni-zarlas para hacer valer la verdadera intención de los con-tratantes que pretendían establecer un régimen económico combinado. Tras examinar la escritura de capitulaciones matrimoniales, así como la transcripción de los testimonios vertidos por las partes ante el foro de instancia, entende-mos que al señor González Durieux le asiste la razón.

En el caso de autos no está en controversia que el régi-men de la sociedad legal de bienes gananciales rige los bienes que las partes adquirieron durante la vigencia del matrimonio. La cuestión ante nuestra consideración es si se debe considerar que la cláusula de la escritura que adopta un régimen ganancial abarca también el producto proveniente de los bienes adquiridos por cada una de las partes antes de casarse, es decir, los frutos de los bienes privativos.

Antes de interpretar la escritura en cuestión, debemos aclarar el efecto práctico que tendría una u otra solución. Los bienes que una persona aporte al matrimonio como de su pertenencia serán “bienes propios de cada uno de los cónyuges” o, lo que es igual, bienes privativos. 31 L.P.R.A. sec. 3631. Sin embargo, una vez se celebra el matrimonio, como regla general, “[Z]os frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges” serán bienes gananciales. (Énfasis nuestro.) Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641. Es decir, para que el producto procedente de los bienes que cada cónyuge adquirió antes de contraer matrimonio no sea ganancial, habrá que pactar la separación de dichos bienes mediante un contrato de capitulaciones matri-moniales. De lo contrario, y como consecuencia del régimen de la Sociedad Legal de Gananciales, dicho producto será ganancial por mandato de ley.

En el presente caso, la cláusula segunda de la parte expositiva del contrato de capitulaciones matrimoniales ante nuestra consideración dispone que los otorgantes de-sean “mantener separadamente la propiedad y administra-ción de todos sus respectivos bienes [presentes] y futuros”. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 104. Enfatizaron esta separación de bienes mediante la siguiente cláusula, en la que expresamente rechazaron que el matrimonio estuviese sujeto al régimen de la socie-dad legal de gananciales provista en nuestro Código Civil, aclarando además que tampoco lo estarían sus bienes “pre-sentes o futuros”. (Énfasis nuestro.) íd. De estas disposicio-nes se deduce que, en un principio, los otorgantes estipu-laron una total separación de la propiedad y adminis-tración tanto de los bienes que habían adquirido antes de contraer nupcias como de los que fueran a adquirir du-rante la vigencia del matrimonio.

Sin embargo, del expediente surge que tras una nego-ciación en privado entre los futuros cónyuges, éstos deci-dieron incluir al final de la escritura una cláusula que es-tablecía que “en lo sucesivo, cualesquiera bienes muebles o inmuebles que puedan adquirir las partes, luego de cele-brado el matrimonio, se regirá por el régimen de la socie-dad legal de gananciales”. (Énfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 105. Al examinar dicha cláu-sula según la normativa que nos requiere analizar las dis-posiciones contractuales de forma integrada, concluimos que la inclusión de esta última disposición no tuvo el efecto de anular el resto de las capitulaciones matrimoniales. Por el contrario, entendemos que mediante su inclusión los otorgantes modificaron las cláusulas contenidas en la parte expositiva de las capitulaciones matrimoniales para conferirle carácter ganancial únicamente a los bienes ad-quiridos con posterioridad a la celebración del matrimonio. Veamos.

Si analizamos la escritura en controversia, podemos no-tar que, al incluir la última cláusula, los otorgantes se ase-guraron de sujetar exclusivamente los bienes futuros, o los que adquiriesen luego de que se casaran, al régimen ganancial. Ello es así porque, contrario a las referencias que habían incluido a lo largo de las capitulaciones matri-moniales en cuanto a “sus respectivos bienes propios” o, incluso, a los “bienes presentes”, la referida cláusula final mencionó únicamente los bienes que se pudieran adquirir “luego de celebrado el matrimonio”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 105. Asimismo, al añadirla para dispo-ner el régimen que iba a regir los bienes “en lo sucesivo”, los otorgantes desvincularon de ese régimen aquellos bie-nes que se hubiesen adquirido hasta ese momento, previo al suceso del matrimonio.

El contraste en el lenguaje que los otorgantes utilizaron en las cláusulas contractuales en controversia —referente al momento en que se hubieran adquirido los bienes— pone de manifiesto que la última estipulación no contra-vino en modo alguno el régimen de separación de propie-dad y administración que éstos previamente habían dis-puesto para regir los “bienes presentes” al momento de otorgar la escritura y previo a contraer nupcias. Contrario a lo resuelto por el foro recurrido, entendemos que no era necesario excluir de forma expresa el incremento o au-mentó de valor de los bienes privativos del régimen econó-mico seleccionado para que no se considerasen de natura-leza ganancial, ya que los derechos sobre los bienes privativos ya se habían regulado —y desvinculado de los intereses de la sociedad conyugal— mediante las otras dis-posiciones de la escritura. De lo contrario, no hubiera te-nido sentido incluir —y mantener inalteradas— las cláu-sulas sobre separación de “bienes presentes”, cláusulas que no podemos ignorar por el mero hecho de que se redactaran en la primera parte de las capitulaciones matrimoniales, antes de la inclusión de la cláusula añadida posterior-mente.

En efecto, si las capitulaciones matrimoniales no hubieran dispuesto la separación de los bienes que cada cónyuge tenía antes de casarse junto con sus frutos o incrementos en valor, no hubiera habido ninguna necesidad de otorgarlas. Ello porque, en nuestro ordenamiento jurídico, la separación de los bienes adquiridos por las partes antes de contraer matrimonio está dada, aún en ausencia de capitulaciones matrimoniales. Esto demuestra que el señor González Durieux y la señora Guadalupe Solís, al firmar sus capitulaciones, querían separar algo más que los bienes que ya habían adquirido antes de casarse, y ese algo más son los frutos o incrementos en valor procedentes de los bienes privativos de cada cónyuge.

De otra parte, si consideramos los testimonios de las partes ante el Tribunal de Primera Instancia debemos con-cluir, de igual forma, que los otorgantes consagraron en la escritura de capitulaciones matrimoniales un régimen eco-nómico mixto que combinaba elementos de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales con el régimen de la separación de bienes.

Por un lado, el señor González Durieux testificó que cuando se firmó el documento, “[l]a cuestión era mantener lo que eran bienes privativos [,] mantenerlos fuera de todo”, aun cuando entendía que, después de contraer matrimo-nio, la sociedad de gananciales regiría en caso de que com-praran una casa o un apartamento. Apéndice del Alegato de la peticionaria, pág. 14. De acuerdo con ello, sostuvo que entendía que si “eran bienes privativos!,] sigue[n] siendo bienes privativos”. Apéndice del Alegato de la peticionaria, pág. 18.

Por otro lado, la señora Guadalupe Solís sostuvo que su intención fue que todos lo “bienes futuros” se rigieran por el régimen legal de la sociedad conyugal. Al no controvertir lo expresado por el señor González Durieux en cuanto a mantener separado todo lo relativo a los bienes privativos, entendemos que su testimonio es compatible con lo que plantea el señor González Durieux. De hecho, la señora Guadalupe Solís declaró que, tras la inclusión de la cláu-sula final, firmó las capitulaciones porque la escritura le pareció aceptable en su totalidad. De acuerdo con lo anterior, tampoco podemos endosar el dictamen recurrido, que por no incluir ninguna condición o limitación expresa al régimen ganancial pactado, ni siquiera consideró la posibi-lidad de que se hubiera estipulado un régimen económico combinado.

En fin, una interpretación integrada de las cláusulas contractuales en controversia, así como un análisis de lo declarado por las partes, nos convence de que la escritura de capitulaciones matrimoniales estableció —tal y como sostiene el señor González Durieux— un “régimen cuasi ganancial” para todos los bienes que las partes adquirieran luego de que se celebrara el matrimonio, pero manteniendo la separación de los “bienes presentes” al momento de otor-gar la escritura pública, es decir, de los bienes que cada uno tuviera antes de contraer matrimonio.

Al resolver de esta manera, tenemos presente que las parejas que deseen contraer nupcias en nuestra jurisdicción pueden optar por diversos regímenes económicos, que incluyen desde el régimen clásico de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales o la total separación de bie-nes hasta un régimen económico que combine estas posibilidades. En este caso, precisamente, los otorgantes pactaron un régimen combinado que separaba el producto de los bienes privativos del régimen ganancial seleccionado para los bienes adquiridos con posterioridad a la celebra-ción del matrimonio. Este pacto, sin lugar a dudas, no infringe la ley, la moral, el orden público ni los fines del ma-trimonio, únicos límites que nuestro ordenamiento jurídico le impone a la libertad de contratación.

Aunque hemos establecido que, como regla general, este Tribunal no intervendrá con las determinaciones de hecho que realice el Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre parcialidad, pasión o prejuicio de parte de ese foro, concluimos que en el caso de autos los foros inferiores erraron, como cuestión de derecho, al no reconocer la natu-raleza combinada del régimen económico seleccionado por las partes en las capitulaciones matrimoniales ante nues-tra consideración. Trinidad v. Chade, supra. En su lugar, resolvemos que ambos cónyuges tienen derecho a partici-par en todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, con exclusión de los que provengan de los bienes privativos de cada uno de ellos.

IV

Por los fundamentos que preceden, revocamos el dicta-men emitido por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuen-cia, el del Tribunal de Primera Instancia. Se devuelve el caso al foro de instancia para la continuación de los proce-dimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disiento de la decisión mayoritaria pues, a mi juicio, el tribunal se equivoca al no aplicar la doctrina de interpre-tación restrictiva que impera en materia de capitulaciones matrimoniales. Al hacerlo, la mayoría rechaza la letra clara de un contrato para sustituirla por la "intención” de una de las partes, intención que, de acuerdo con el Tribunal de Primera Instancia —tras una vista evidenciaría, y según confirma el Tribunal de Apelaciones— no probó ser la intención común requerida para resolver un conflicto contractual. Más aún, pienso que la letra del contrato era clara, por lo que no era necesario recurrir a la intención de las partes. En cualquier caso, puesto que nuestra función no es revisar los fundamentos del dictamen del foro inferior, sino la disposición del caso, hago constar que a mi parecer los foros inferiores no resolvieron movidos por error, pasión, prejuicio ni parcialidad y dispusieron correc-tamente del caso, por lo que no debemos revocar sus sentencias.

Mediante las capitulaciones que son objeto de análisis, los cónyuges Blanca Guadalupe Solís y Osvaldo González Durieux rechazaron la Sociedad Legal de Bienes Ganan-ciales que suple el Código Civil a falta de capitulaciones; pactaron una estricta separación de bienes privativos y acordaron que regiría la Sociedad Legal de Bienes Ganan-ciales en cuanto a los bienes adquiridos durante el matrimonio. La controversia que nos presentan las partes surge de la aparente contradicción entre dos cláusulas del contrato de capitulaciones matrimoniales: una que esta-blece la estricta separación de bienes privativos y otra que establece el régimen ganancial sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Debido a esto, nos toca resolver las conse-cuencias de la relación de estas dos cláusulas sobre los fru-tos, rentas e intereses de los bienes privativos.

Para abordar la cuestión planteada es necesario preci-sar nuevamente las normas sobre interpretación de las ca-pitulaciones matrimoniales en nuestro ordenamiento. Luego debemos abundar sobre la razón de ser de la ganan-cia de los frutos rentas e intereses de los bienes privativos dentro del régimen de la sociedad de gananciales para la mejor comprensión de su pertenencia al grupo de “bienes adquiridos durante el matrimonio”.

El lazo conyugal y la consecuente vida matrimonial, aparte de su dimensión sentimental y afectiva, implican una realidad material que incide indefectiblemente en el orden económico, por eso algunos le llaman “ ‘entidad eco-nómica dotada de medios pecuniarios’ ”. Por esta razón, es de esperarse que el derecho haya previsto la necesidad de una estructura unitaria, organizada para gobernar los diversos escenarios que presenta este aspecto patrimonial de la vida conyugal. La Sociedad Legal de Bienes Ganan-ciales conforma esa regulación uniforme que provee nues-tro sistema de derecho civil a quienes contraen matrimonio.

A pesar de que el sistema de gananciales es el estable-cido legalmente para las parejas que contraen matrimonio, mediante lo que Santos Briz califica de “sistema de liber-tad de pacto”, nuestro ordenamiento permite que los fu-turos cónyuges establezcan y confeccionen el régimen patrimonial que ha de regir su matrimonio mediante el otorgamiento del llamado contrato de capitulaciones matrimoniales.

Dentro del régimen de libertad que impera en nuestro sistema de contratación, las capitulaciones matrimoniales admiten toda clase de condiciones que no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público. Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3551. En el pasado hemos resuelto que los novios pueden

... mantener el régimen legal regulando las aportaciones de bienes y estableciendo aquellos pactos autorizados y compatibles con dicho sistema; ... eliminar totalmente el régimen legal, ya simplemente pactando que no regirá la sociedad legal de gananciales o estableciendo “un nuevo sistema ...y ... com-binar diferentes regímenes, siempre que no se violen los pre-ceptos prohibitivos generales o las prohibiciones especiales impuestas por ley para el régimen que como fundamental se haya pactado. Umpierre v. Torres Díaz, 114 D.P.R. 449, 461 (1983).

Ya hemos dicho que “la existencia de capitulaciones ma-trimoniales no impide ni excluye la existencia de un régi-men legal de gananciales”; incluso se ha resuelto que no hay disposición legal alguna que prohíba que en las capi-tulaciones pueda estipularse el régimen de gananciales. Umpierre v. Torres Díaz, supra, pág. 461. Los futuros cón-yuges gozan de una amplísima libertad para pactar el sis-tema económico que crean conveniente; por ello, las cláu-sulas que contengan las capitulaciones deberán expresar claramente las condiciones especiales a las que estarán su-jetos los bienes que se adquieran durante el matrimonio. A falta de pacto, e incluso a falta de expresión sobre las re-glas que regirán la economía matrimonial, se entenderá que el sistema económico del matrimonio es la Sociedad Legal de Gananciales. Id. Por tal razón, este Tribunal ha expresado que las disposiciones del contrato de capitulacio-nes “deben ser claras y precisas y a esos efectos deben in-terpretarse estrictamente en todo lo que afecten el régimen de la referida sociedad”. Vilariño Martínez v. Registrador, 88 D.P.R. 288, 293 (1963).

En nuestro ordenamiento rige aún el principio de inal-terabilidad de las capitulaciones matrimoniales luego de celebrado el matrimonio. Arts. 1271 y 1272 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3555 y 3556. Sin embargo, sobre el alcance de este principio acogimos la postura de Manresa en cuanto a que “[n]o existe alteración ... en la simple in-terpretación racional de cláusulas legalmente estipuladas”, facultad que se ha delegado exclusivamente a la función judicial. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Vilariño Martínez v. Registrador, supra, pág. 294.

En el caso ante nuestra consideración, los cónyuges pac-taron que “cualesquiera bienes muebles o inmuebles que puedan adquirir las partes, luego de celebrado el matrimo-nio, se regirá por el régimen de sociedad legal de ganan-ciales”. En su Artículo 1295, nuestro Código Civil brinda una definición general de lo que implica la sociedad ganan-cial y dispone que, al disolverse el matrimonio, los cónyu-ges harán suyos por mitad “las ganancias o beneficios ob-tenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 3621. De acuerdo con Puig Brutau, en esta comunidad de ganancias o de adquisiciones a título one-roso

.. .se hacen comunes todos los bienes adquiridos durante el ma-trimonio a costa del trabajo de cualquiera de los cónyuges o de los frutos de su respectivo caudal privativo.
Comprende, pues, las rentas de los esposos, los productos de su trabajo, las economías hechas con estas rentas o productos y las adquisiciones a tí tulo oneroso realizadas durante el matrimonio. (Enfasis suplido.)

Partiendo del sentido de la sociedad de gananciales y del significado que el citado precepto legal le da, Vázquez Bote señaló que “no se puede hablar de gananciales cuando no hay frutos o ganancias propiamente dichos ...”. (Enfasis suplido.) E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crí-tico de derecho privado puertorriqueño, New Hampshire, Butterworth Legal Publishers, 1993, pág. 199 esc. 25. A estos efectos, el Artículo 1301 de nuestro Código Civil enu-mera aquello que será considerado bienes o ganancias ad-quiridas durante el matrimonio, y reconoce entre ellos, en su inciso tercero, “[l]os frutos, rentas, o intereses percibi-dos o devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges”. 31 L.P.R.A. sec. 3641.

La doctrina ha estado dividida en cuanto a la capacidad en que dichos frutos, rentas e intereses forman parte del caudal ganancial. Se ha dicho que existe un usufructo o “cuasiusufructo” de los bienes privativos de los cónyuges a favor de la sociedad conyugal. Otro sector de la doctrina opina que el haber de la sociedad conyugal adquiere dichos frutos, rentas e intereses, cuyo rendimiento se repartirá al disolverse el matrimonio, configurándose en ese momento el derecho dominical de los cónyuges sobre éstos.

De acuerdo con Scaevola, la frase “bienes adquiridos du-rante el matrimonio” que contiene el Artículo 1295 signi-fica “bienes que se reciben en dominio”, pues las formas de adquisición han de ser “aquellas mediante las cuales se obtiene la propiedad de las cosas”, a fin de cuentas, adqui-sición es sinónimo de “entrada en el dominio”. Scaevola, op. cit., págs. 353-354. En este sentido, ninguna duda debe ofrecer el fundamento de la regla de que pertenecen al ha-ber de la sociedad de gananciales los frutos, rentas e inte-reses, pues “todo lo que sea rendimiento normal o que no deje mermado el bien o derecho que lo produzca, entra en el concepto amplio de ganancia o beneficio”, al que se refiere el Artículo 1295.

El trato que nuestro Código Civil le da a los frutos, ren-tas e intereses de los bienes privativos y comunes ha sido objeto de escaso estudio en nuestra jurisprudencia. En cuanto a los frutos, rentas e intereses de los bienes comu-nes, es más fácil comprender que éstos pertenezcan a la Sociedad Legal de Gananciales. Es el destino de los frutos, rentas e intereses de los bienes privativos que representan “una fuente de ingreso, beneficio o ganancia para el fondo común”, lo que ha provocado algunos pronunciamientos por parte de los tratadistas españoles.

Para Reyes Monterreal,

... el pasivo ganancial, esto es, el conjunto de responsabili-dades a que está afecto este patrimonio, ha de responder a la misma idea que preside la formación del mismo: su primordial adscripción al cumplimiento de los fines del matrimonio. Por ello ... cabe una perfecta correlación entre los bienes que for-man parte del patrimonio ganancial y las cargas que lo gravan. J.M. Reyes Monterreal, El régimen legal de ganancia-les, Madrid, Gráficas Menor, 1962, pág. 24.

Cónsono con esta idea es el pensamiento de Scaevola, quien al tratar el tema del patrimonio ganancial expresó que su fin “consiste en que las cargas comunes han de ser sostenidas en común por los cónyuges, a cuyo efecto se so-meten los frutos recogidos durante el matrimonio ...”. Pues, según este autor, “si se constituye un fondo común de bienes es, precisamente, por la imperiosa necesidad de sa-tisfacer obligaciones idénticamente comunes”. Scaevola, op. cit., pág. 474. En igual sentido se ha pronunciado Man-resa:

Nada más natural que los productos todos del trabajo y de los bienes de cada uno de los cónyuges o de ambos se destinen desde luego a cubrir las necesidades de los mismos, con com-pleta igualdad .... Lo mismo cabe decir respecto a las demás cargas u obligaciones de la sociedad. Se trata de necesidades o cargas comunes que han de ser totalmente satisfechas o cumplidas. El cumplimiento exige medios, y sin tocar el capital de cada cónyuge, esos medios los proporcionan en primer término los frutos o productos del capital o del trabajo. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed. rev. Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 679.

En el Artículo 1362 del Código Civil español se estable-cen las cargas a las que estará afecto el patrimonio ganancial. En nuestro ordenamiento, el homólogo es el Ar-tículo 1308 (31 L.P.R.A. sec. 3661). Scaevola explica que se impone la atribución de los frutos y las rentas a la so-ciedad de gananciales porque “la aportación de bienes por el marido y la mujer no tiene, ni puede tener, otro fin, ni a nadie se le ocurrió atribuírselo, que el de atender con ellos, aunque sin detrimento de los mismos, y, por consecuencia, sólo con sus frutos, al sostenimiento de las cargas del matrimonio”. Scaevola, op. cit, pág. 387. Así también lo ha expresado Santos Briz:

[E]s lógico que si son gananciales los rendimientos de los bie-nes privativos y de los comunes, así como las ganancias de los negocios de cada uno, sea la sociedad la que soporte los gastos de administración y conservación de todo ello. J. Santos Briz, Tratado de derecho civil: teoría y práctica, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, Vol. V, pág. 189.

En Puerto Rico, la doctrina ha reconocido la correlación entre las cargas del matrimonio y la adquisición de los fru-tos de los bienes privativos:

El principio de pertenencia de los frutos a la comunidad conyugal es absoluto, cualquiera que sea su origen, ya lo fue-ren naturales o civiles [,] siempre que se dediquen al levanta-miento de las cargas matrimoniales. Vázquez Bote, op. cit., pág. 181.

La correspondencia entre las cargas del matrimonio y la adquisición de los frutos, rentas e intereses del capital pri-vativo de los cónyuges ha sido reiteradamente calificada en nuestra jurisdicción como basada en postulados de justicia económica. Así lo reconocimos expresamente en Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583, 594-595 (1968), donde postulamos que dicha correlación tiene como objeto “evitar injusticias económicas en la operación de la sociedad”. Por todo esto, señalamos como ejemplo dos circunstancias que evidencian lo anterior:

... el Art. 1308(2) establece que serán de cargo de la sociedad de gananciales los atrasos devengados durante el matrimonio de las obligaciones a que estuviesen afectos los bienes propios de cada cónyuge y los gananciales. Esta carga está compen-sada por el Art. 1301(3) que dispone que son gananciales los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio procedentes de los bienes privativos o gananciales. Así tam-bién el Art. 1308(5) pone a cargo de la sociedad de gananciales el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos. Com-pensa este cargo la disposición del Art. 1303 que dispone que pertenecen a la sociedad de gananciales los frutos e intereses devengados del usufructo que tienen los cónyuges en los bie-nes de sus hijos. Robles Ostolaza v. U.P.R., supra, pág. 595.

El Artículo 1362 español establece que una de las cargas de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales es la adminis-tración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges. Nuestro Código Civil acogió la misma idea, pero precisó mejor el alcance del lenguaje del precepto es-pañol al establecer en el inciso tercero del Artículo 1308 que “fijas reparaciones menores o de mera conservación hechas durante el matrimonio en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges” serán a cargo de la sociedad de gananciales sin derecho a ser indemnizada. 31 L.P.R.A. sec. 3661(3). Esta carga, según argumentan Diez-Picazo y Gullón, va en “justa correspondencia a que los frutos y ren-dimientos de esos bienes son comunes o gananciales”; para los tratadistas, la administración ordinaria debe compren-der “los gastos de conservación y los ocasionados para que los bienes den sus frutos o rendimientos”. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 5ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV, pág. 188. A fin de cuentas, y como hemos expuesto, la lógica del código en cuanto a la ganan-cialidad de los frutos, rentas e intereses de los bienes pri-vativos de cada cónyuge está cimentada sobre factores evi-dentes de equidad.

De acuerdo con la discusión que antecede, y a la inter-pretación restrictiva que debemos aplicar al contrato de capitulaciones matrimoniales, no puedo suscribir la opi-nión mayoritaria. Si bien es cierto que en sus capitulacio-nes la pareja rechazó el régimen de Sociedad Legal de Bie-nes Gananciales y pactó la separación de bienes, también es cierto que instituyeron la Sociedad Legal de Bienes Ga-nanciales como sistema económico con respecto a los bienes adquiridos durante el matrimonio. A pesar de que, en efecto, se pactó la estricta separación de bienes privativos, así como su administración y disposición, ya éstos son su-puestos dentro del sistema de ganancialidad. Así lo explica Diez-Picazo:

La existencia de la sociedad de gananciales no impone nin-guna limitación a los cónyuges en relación con su patrimonio privativo. El Código Civil no lo dice de manera expresa, pero es una regla que se deduce de todo su articulado. Cada con-sorte administra, pues, sus bienes privativos. En cambio, los frutos y ganancias de los bienes privativos y cualesquiera otras ganancias de los cónyuges son bienes gananciales, y por consiguiente, forman parte de su haber. Diez-Picazo, op. cit., pág. 177.

Las capitulaciones que nos ocupan fueron claras al es-tablecer el régimen de ganancialidad sobre bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el matrimonio. Antes de contraer matrimonio, la pareja gozaba de plena libertad para pactar cualquier otro régimen económico o para esta-blecer un trato distinto a las cargas del matrimonio. No lo hicieron y, por ende, operan en pleno efecto las disposicio-nes sobre la sociedad de gananciales sobre todos los bienes adquiridos durante el matrimonio y en cuanto a las cargas que conlleva dicho sistema. Como explica Scaevola:

[L]os esposos futuros pueden convenir el régimen por el que ha de gobernarse su sociedad conyugal, elegido uno en con-creto —ahora el de gananciales— se ha de aceptar con todas sus consecuencias; con el pleno acatamiento de la normativa legal referente al mismo. Scaevola, op. cit. pág 230.

A pesar de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia entendió necesario celebrar una vista evidenciaría para dilucidar la controversia sobre la intención de las partes. En ésta, el Sr. González Durieux aceptó que todo lo que se acumulara durante el matrimonio sería de naturaleza ganancial. La notario que autorizó la escritura de capitu-laciones manifestó haberle advertido a la pareja que si se incluía la cláusula que establecía el régimen ganancial para los bienes adquiridos durante el matrimonio, “daba lo mismo si la firmaban o no la firmaban, porque práctica-mente quedaban en sociedad legal de gananciales” y que no necesitaban firmar la escritura para establecer el régimen económico que habían configurado. La notario explicó que el Sr. González Durieux hizo las capitulaciones para sepa-rar los bienes que ya tenía de los que se adquirieran du-rante el matrimonio. Al cabo de esta vista, el Tribunal de Primera Instancia entendió que el régimen económico del matrimonio González-Guadalupe era el ganancial o de ad-quisiciones a título oneroso, postura que avaló el Tribunal de Apelaciones. Aunque, según he expuesto, no coincido con sus fundamentos, confirmaría la sentencia que recono-ció la existencia de la Sociedad Legal de Bienes Ganancia-les y, por lo tanto, la naturaleza ganancial del producto de los bienes privativos de cada una de las partes que son incluidos expresamente por el Código Civil entre los bienes “percibidos o devengados durante el matrimonio” que están sujetos al régimen ganancial. Art. 1301 del Código Civil, supra.

       Del expediente surge que esta demanda eventualmente se desestimó por desistimiento.

       Posteriormente, el tribunal enmendó esa sentencia para ordenar que un contador levantara el inventario de los bienes y rindiera el informe correspondiente para salvaguardar el derecho de la señora Guadalupe Solís a la coadministración de los bienes gananciales y evitar que éstos se dispusieran en peijuicio de sus derechos.

       Conviene añadir también que si el aumento en valor de un inmueble o de unas acciones es sólo el resultado del transcurso del tiempo, hemos establecido que tal aumento beneficiará únicamente al propietario del bien y, en consecuencia, tal ganancia se considerará de carácter privativo. Alvarado v. Alemany, 157 D.P.R. 672 (2002); Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442 (1968).

       Véase Maldonado v. Cruz, 161 D.P.R. 1, 27 (2004).

       J. Puig Bratau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. 1, pág. 368, citando a Kahn-Freund.

       Puesto que son varias las razones que tuvo el legislador para seleccionar un régimen de la naturaleza del régimen ganancial, no serán objeto de discusión, pero una breve referencia a su origen nos brinda la idea general que conforma la esencia de dicho sistema económico matrimonial:
      “Se dice que era costumbre en las tierras septentrionales de Europa que las mujeres acompañaran a sus maridos en la paz y en la guerra y que, por ello, era justo que compartieran, al lado de los peligros, las utilidades del botín. Tácito, al relatar las costumbres de los germanos, cuenta que, llegado el momento de tomar estado, se advertía a las mujeres que se convertían en socias de los trabajos y peligros (laborum pericolorumque socios).” L. Diez-Picazo y A. Guitón, Sistema de Derecho Civil, 5ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV, pág. 177.
      Los civilistas resumen la característica principal de la Sociedad Legal de Ga-nanciales en un proverbio atribuido en la doctrina a Palacios Rubios: “quien está a las ganancias, está a las pérdidas ....’’Véase Q.M. Scaevola, Código Civil: comentado y concordado extensamente, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. XXII, pág. 508.

       J. Santos Briz, Derecho Civil: Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. V, pág. 113.

       El Fuero Juzgo, de donde proviene este artículo, en su Título II, Núm. XVII, hablaba de “lo que ganaren o acrecieren” los cónyuges, mientras que el Fuero Real indicaba que “lo ganado y comprado durante el matrimonio” pertenecería a ambos cónyuges. Véase Scaevola, op. cit, pág. 230.

       Puig Brutau, op. cit., pág. 371.

       Rams Albesa resalta la importancia del análisis de este grupo de bienes e indica que
      "... en la medida en que el comportamiento económico del matrimonio genera una reacción de ahorro-inversión en el que tiene su origen la masa ganancial, la problemática de los rendimientos adquiere, por modesta que sea, el primer plano en el interés del complejo entramado de relaciones que configuran la sociedad de ga-nanciales, pues en esta fuente, económicamente secundaria, se encuentran en em-brión, pero perfectamente caracterizados, todos los elementos que deben ser estudia-dos con mayor atención en los epígrafes destinados a la administración y gestión de la sociedad.” J.J. Rams Albesa, La Sociedad de Gananciales, Madrid, Ed. Tecnos, 1992, pág. 122.

       Véase Rams Albesa, op. cit., págs. 122-124.

       Entre los exponentes de esta explicación se encuentran García Goyena, Puig Brutau, Manresa y Cossío. Véase J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil espa-ñol, 6ta ed. rev. Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, págs. 681-686 y 735-737.

       Entre éstos, Rams Albesa, Roca Sastre y Lacruz. Véanse Puig Brutau, op. cit., pág. 589, y Rams Albesa, op.cit., págs. 122-124, quien acoge la explicación de Lacruz y rechaza la equiparación al usufructo:
      “... la ganancialidad de los rendimientos generados por los privativos no proce-den de una verdadera titularidad del consorcio que es imposible técnicamente, sino de la estructura misma de la sociedad de gananciales y de su sentido íntimamente comunitario.” Rams Albesa, op. cit., pág. 124.

       Puig Brutau, op. cit., pág. 640.

       M. Fraticelli, Un nuevo acercamiento a los regímenes económicos en el ma-trimonio: la sociedad legal de gananciales en el derecho puertorriqueño, 39 (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.P.R. 113, 131-132 (2005).

       Scaevola, op. cit., pág. 266.

       El Artículo 1308 de nuestro Código Civil establece que serán de cargo de la sociedad de gananciales:
      “(1) Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cual-quiera de los cónyuges.

        “(2) Los atrasos o créditos devengados durante el matrimonio, de las obligacio-nes a que estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges como los gananciales.
      “(3) Las reparaciones menores o de mera conservación hechas durante el ma-trimonio en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges. Las reparaciones mayores no serán de cargo de la sociedad.
      “(4) Las reparaciones mayores o menores de los bienes gananciales.
      “(5) El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges.
      “(6) Los préstamos personales en que incurra cualquiera de los cónyuges” 31 L.P.R.A. see. 3661.

       Como dijera Scaevola:
      “... la sociedad conyugal que aprovecha los frutos de las fincas, es la obligada a costear sus reparaciones ordinarias, tanto más cuanto que la conservación de aqué-llas contribuye directamente al sostenimiento de los frutos, y faltaría proporcionali-dad en el hecho de que donde se aumenta por medio de ciertos gastos el haber conyugal, se hiciere cargo a uno sólo de los dos consortes del importe de la reparación.” Scaevola, op. cit., pág. 508.

       Al describir la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, Migdalia Fraticelli hace alusión a esta justicia correlativa presente en la relación entre cargas del ma-trimonio y el régimen de los frutos y menciona una de las instancias reparadoras:
      “Algunos [bienes privativos] ingresan al fondo común porque constituyen ele-mentos de una correlativa justicia económica dentro del matrimonio, al nivelar sus activos y cargas, como es el caso de los frutos de los bienes privativos mencionados en el párrafo anterior, que compensan las reparaciones menores, el pago de atrasos o réditos devengados durante el matrimonio y otros gastos que se imponen como carga de la sociedad.” Fraticelli, supra, pág. 132.

       En esa opinión citamos el trabajo de R.E. Bemier, Las acciones de daños y perjuicios extracontractuales en la sociedad de gananciales, 20 Rev. Jur. U.P.R. 172, 214 (1950). Es de particular importancia la cita siguiente:
      “En las disposiciones legislativas que regulan la sociedad legal de gananciales se encuentran elementos de activo y pasivo dentro de ésta. Entre estos elementos de activo y pasivo existe una correlación que evita toda clase de injusticias ... faltaría proporcionalidad en el hecho de que, donde se aumenta por medio de ciertos gastos el haber conyugal, se hiciera cargo de uno solo de los dos consortes del importe de las reparaciones.”

       El Código Civil español, en su Artículo 1381 establece que
      “Q]os frutos y ganancias de los patrimonios privativos y las ganancias de cual-quiera de los cónyuges forman parte del haber de la sociedad y están sujetos a las cargas y responsabilidades de la sociedad de gananciales. Sin embargo, cada cón-yuge, como administrador de su patrimonio privativo, podrá a este solo efecto dispo-ner de los frutos y productos de sus bienes.”
      Rams Albesa ata este artículo al Artículo 1362 del Código español y comenta que
      “[l]a reiteración en que incurre [este artículo] acerca de la ganancialidad de los frutos privativos sirve, en cierto modo, para subrayar tal vez mejor recordar, que la administración ordinaria de éstos, así como la explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, generan correlativas cargas para la sociedad de ganan-ciales, con la categorización de responsabilidad definitiva ....” Rams Albesa, op. cit., pág. 244. Véase, también, Manresa, op. cit., pág. 734.