author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Julio Gay del Santo, demandante y apelante, v. Encarnación, Carmen y José Vega, demandados y apelados.
    No. 4646.

    Sometido: Abril 2, 1929.

      Resuelto: Mayo 28, 1929.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; Arturo Aponte, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la corte de distrito de Hnmacao presentó Julio Gay del Santo una demanda contra Encarnación Vega, Carmen 'Vega y José Vega, alegando ser dueño de una .finca, rústica de seis cnerdas de terreno en el barrio Quebrada Arenas, de Las Piedras, y que los demandados se bailan ocupando unas cinco cnerdas de esa finca, sin derecho para ello, y sin que el demandante les baya transmitido la propiedad de tal te-rreno. Los demandados contestaron negando lo alegado en la demanda, y alegando que la finca que en ella se describe era propia de Paulina Vega, que la poseyó como dueña, pú-blica y pacíficamente por más de treinta años y sin inte rrupción, y fallecida Paulina Vega, los demandados, como sus legítimos herederos, quedaron en posesión de la finca, en el mismo concepto que su causante, y aún la siguen po-seyendo con buena fe y justo título.

Pué el pleito a juicio; y la corte en definitiva dictó sen-tencia en fecha 21 de julio de 1927, declarando la demanda sin lugar.

De la opinión que se une. a tal sentencia, es conveniente copiar algunos párrafos. Ha dicho la corte:

“Analizando la prueba del demandante puede verse que su título de dominio arraneá del espediente tramitado ante esta corte y en el cual se describe la finca con las mismas colindancias que contiene la demanda, apareciendo la adquisición del inmueble en cuestión por compra a doña Marcelina Peña.
Hemos hecho un examen cuidadoso del citado expediente de do-minio y en verdad que el mismo adolece de errores fundamentales, ya que ninguno de los testigos que declararon en el mismo,'hicieron constar que la finca de seis cuerdas la adquiriera Julio Gay de Mar-celina Peña, como dice la resolución, y así fué inscrito, siendo tal prueba además contradictoria en cuanto a la adquisición, pues el testigo Manuel Peña (página 13 de dicho expediente) manifestó que Julio Gay adquirió dicha finca de Eulalia Barbé; Juan R. Márquez (página 19) hizo constar tal adquisición como de Paulina Vega por remate; Jesús Ma. Hernández (página 24) manifestó que la finca se remató en Las Piedras por don Félix Gay para don Elias Barbé y a la muerte de éste la dejó a Eulalia Barbé, quien la vendió a Julio Gay y Francisco Porrata Lliteras declaró que Julio Gay adquirió la finca directamente en un remate.
“Esta incongruencia entre lo probado y la resolución de la corte la atribuimos sin duda a un error o confusión entre el título de ad-quisición de dicha finca y otra de once cuerdas que aparece también en el expediente.
“Pero no obstante, tal prueba no demuestra en modo alguno la verdadera forma en que Julio Gay adquiriera el dominio de las seis cuerdas de terrenos que hoy reclama y el cual es la baso de la pre-sente acción.
“En la planilla para el pago de contribuciones se describe una finca de seis cuerdas, pero las colindancias de ésta no coinciden con las de la finca reclamada, sino únicamente en su parte sur, o sea, con la carretera de ETumacao a Juncos y en el expediente de apremio se Rabia de cinco cuerdas sin determinar sus linderos.
“Dada esta disparidad en los límites de la finca, difícil se Race llegar a una conclusión cierta sobre si en puridad de verdad la finca que hoy se reclama es la misma que ha servido de base para la refe-rida planilla y expediente de apremio.
‘ ‘ Siendo también muy dudosa la certificación del citado expediente de apremio, pues en él se dice seguido contra Paulina Vega y después se habla de Julio Barbé como propietario del terreno en cuestión.
“Existiendo además el hecho de que Félix Gay compareció en dicho expediente como apoderado de Julio Barbé y a éste como pro-pietario le fué adjudicado el terreno, hechos que contradicen las manifestaciones de los testigos del expediente de dominio al tratar del remate.
“De la prueba testifical del demandante aparece que Paulina Yega vivió en dicha finca en un pedazo de seis cuerdas y que se marchó a Yabucoa estando allí como unos seis años, quedándose en la finca su hermano José Vega, regresando Paulina Yega a la finca después de dicho período de tiempo, prueba que confirma la de los demandados en cuanto a la posesión por parte de Paulina Vega, y si atendemos al expediente de apremio que data del 21 de octubre de 1887, seguido contra Paulina Vega, si bien terminado en la forma que ya expresáramos, hay que convenir que la posesión de Paulina Vega a contar de dicha fecha, confirmada por la prueba de los de-mandados, comprende un período de tiempo alrededor de 40 años, tiempo más que suficiente para obtener el dominio por prescripción extraordinaria de 30 años, porque si bien se habla de actos de dominio realizados por el demandante Julio Gay en relación con el estable-cimiento de una escuela e instalación de una cochera, también el tes-tigo del propio demandante Jesús Ma. Hernández nos dice que Julio Barbé vendió a Julio Gay la finca principal, lo que demuestra que alrededor de las seis cuerdas tenía Gay terreno, o sea, la finca principal, y no sabemos a ciencia cierta si la escuela y la cochera estaban en tales terrenos y no dentro de las seis cuerdas, las que fueron po-seídas únicamente por Paulina Vega y hoy sus sucesores.
“En estas condiciones no nos es dable el poder decir que el dominio de las seis cuerdas'objeto de esta acción pertenezca al demandante, dada las deficiencias que existen en su título de dominio ya referido y la posesión por más de 30 años que ha concurrido en Paulina Vega y sus causahabientes, los hoy demandados.
“Procede declarar sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.”

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente ape-lación.

Se señalan dos errores. El primer señalamiento es:

“La Corte erró al no dar valor probatorio a la inscripción de la finca descrita en la demanda y hacer apreciaciones sobre la prueba del expediente de dominio que originó dicha inscripción.”

Indudable que en la resolución del expediente de domi-nio que se presentó como prueba, hubo un error, o una con-fusión en cuanto al modo de adquirirse la finca de seis cuer-das. Verdaderamente, si la finca es la misma en su des-cripción, extensión o medida, colindancias, etc., no hay que dar a ese error la importancia extrema que se le ha que-rido dar, a los fines del argumento. Pero también es de con-cederse que si se ha presentado como prueba ese expediente, si se ha llevado ante el juzgador como un elemento para for-mar criterio, no se puede en buena lógica, impedir que eL que juzga estudie y desentrañe el documento que se le ofrece. No se requiere del que administra justicia, que proceda por estricta aplicación de fórmulas más o menos acertadas, y sujetas a variación y substitución; la fórmula será necesa-ria, pero la lógica lo es más; y el que juzga no puede huir de la verdad para satisfacer un exagerado tecnicismo. El juez tiene ante sí el expediente, y tiene el derecho de exa-minar su contenido, si se le ha presentado en concepto de prueba.

Al tiempo de ser ofrecido como evidencia el expediente de dominio, caso civil número 809, seguido a nombre de Don Julio Gay del Santo, el abogado de la parte demandada se opuso a su admisión fundándose en que aparece que la corte no tiene jurisdicción para aprobar esa información en cuanto a Paulina Vega, porque aparece de la moción inicial que la finca de seis cuerdas fue adquirida por remate a Pau-lina Vega, y ella no fue citada en el expediente de dominio. Como base legal de su oposición, citó la parte el artículo 67 de la Ley de Evidencia, que faculta para tachar el auto ju-ciicial registrado por falta de jurisdicción en el tribunal que lo dictó. La objeción es básica, y la necesidad de que Pau-lina Vega, de quien procedía la finca, fuera citada, es indis-cutible. Este tribunal tiene becba, en el caso Perrier v. del Rosario, 20 D.P.R. 128, inequívoca declaración en cuanto a este particular:

“La citación del fiscal y de los anteriores dueños en un expediente de dominio son requisitos esenciales de acuerdo con el artículo 395 de la Ley Hipotecaria. ’ ’

En la copia del expediente, no aparece que Paulina Vega fuera citada y tuviera la oportunidad de ser oída; y no puede abora alegarse en su contra, ni bacer materia de prueba, en su contra, el expediente en que no tuvo ella re-presentación, y al que no tuvo acceso legal.

Este solo extremo sería bastante para que el juez apar-tara de su mente la información de dominio de que se trata, y, en consecuencia, la inscripción por ella producida. En verdad que el juez no trató de ese particular, lo que no bace menos efectiva la existencia del defecto. El juez ba notado las contradicciones en que los testigos incurrieron en aquel expediente; mientras uno afirmó que Gay adquirió la finca de Eulalia Barbé, otro dijo que la adquirió en un remate, de Paulina Vega, otro que la adquirió en remate Félix Gay para Elias Barbé y éste la dejó en herencia a Eulalia Barbé, a quien la compró Julio Gay, y otro que Julio Gay la ad-quirió directamente en remate. Opinamos que la corte no tiene facultad para juzgar acerca de los motivos de otra re-solución, a menos que se atacara directamente, pero si se le lia presentado como materia de prueba el expediente, sí tiene facultad para darle más o menos valor, o no darle ninguno cuando como en este caso, no aparece la jurisdicción de la corte, o aparece una prueba incapaz de convencer a nadie.

En el caso presente lo que encuentra la corte de distrito es una falta de prueba de cómo adquirió la finca Julio Gay, y aun de que la adquiriera. Hay las contradicciones que se señalan en la “opinión,” que dejamos copiada, y bay, frente a todo ello ana prueba testifical que convence al juez de la posesión por parte de Paulina Vega, y luego los demanda-dos, por un período de más de treinta años, como dueños de esa finca. Y el juez se baila en el caso de decidir acerca de la evidencia, y da crédito a la de los demandados, o cuando menos, confiesa que la parte demandante no ba probado que le pertenezcan en propiedad las seis cuerdas de terreno que reclama.

Una decisión de este tribunal, que tiene gran peso en la de la presente apelación, es la del caso Elzaburu v. Chaves et al., 19 D.P.R. 172-190. Uno de los primeros párrafos de la opinión establece claramente el campo de acción y de con-tienda en estos casos.

“Ejercitándose como se ejercita en este pleito la acción reivindi-catoría, incumbe al demandante probar en primor término quo es el dueño legítimo de las tierras reclamadas, poseídas en la actualidad por los demandados.”

Lo elemental en estos casos es, para,el demandante, pro-bar que es el dueño legítimo de lo que se reclama. Sin ello no bay acción reivindicatoría, ya que ésta es directa emana-ción del dominio, según la ley (Artículo 354, Código Civil).

En ese mismo caso se estudia el valor y la eficacia de ciertos expedientes, y las pruebas en ellos ofrecidas y prac-ticadas. Y bay más; algún párrafo de la opinión se ajusta de admirable modo a lo que pudo baber ocurrido en el pre-sente caso.

“Estudiada en su totalidad toda esa prueba, y en relación con la del mismo demandante, se concluye que el derecho de los deman-dados arranca por lo menos desde el año 1875 en que su causante compró a Santos Caneti, hijo de aquel Juan Caneti a quien el Síndico decía que podía haberla arrendado o comprado a la Sra. Otero. Los Caneti estuvieron siempre en posesión, no está claro si como legítimos dueños o no, pero es lo cierto que estuvieron en pose-sión desde antes de 1836 y los demandados están en posesión como dueños desde 1875, en 1895 la acreditaron judicialmente y en 1896 la inscribieron en el registro. Se dirá que su posesión fué interrum-pida precisamente desde 1875 a virtud del embargo trabado, por el Estado y después por los repetidos actos del propio Estado y del demandante, pero es lo cierto que jamás ni el primero con todo su poder, ni el segundo recurriendo a todos los medios legales, pudieron hacerlos desocupar la finca y que en este pleito, puesto a prueba el título del demandante, hemos llegado a la conclusión de que no es suficiente. ’ ’

Declaramos no existir el primer error señalado.

El segundo señalamiento de error es así:

“La corte erró al apreciar la prueba, y la sentencia es contraria a la misma.”

La doctrina constante de este tribunal es de no variar la apreciación de prueba hecha por el inferior, a menos de que aparezca tal apreciación como producto de manifiesto error o de influencia de pasión, prejuicio o parcialidad.

Examinada la evidencia en este caso, creemos que la corte de distrito llegó a una correcta conclusión respecto a ella. Quizá pudo ir más lejos, y hacer declaraciones más concre-tas; pero es evidente que no se sintió justificada para de-clarar que el demandante es el dueño de la finca que reclama, y sí que esta finca vino en posesión de Paulina Yega y' sus herederos por más de treinta años, quieta, pacífica y pú-blicamente, y en concepto de dueño. Y no vemos en tal apre-ciación el error que se señala.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SE. WOLE

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Confesor Méndez, acusado y apelante.
    No. 2950.

    Sometido: Junio 12, 1928.

      Resuelto: Mayo 28, 1929.

      Luis Muñoz Morales, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado del El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Confesor Méndez fue denunciado ante la Corte Municipal de San Juan como autor de un delito de acometimiento grave realizado como sigue:

“Que el 4 de noviembre, bora 1: 35 A. M., de 1925, y en la Ave-nida Ponce de León, parada 16 y %, Santurce, distrito judicial municipal de San Juan, ... en el zaguán del Casino Hijos del Oeste, maliciosa y voluntariamente, con intención criminal de causar grave daño corporal en la persona de José Lago, le acometió con un revólver Colt, calibre 32, No. 67940, haciéndole dos disparos sin lograr he-rirlo.”

La corte municipal dictó sentencia condenatoria contra Méndez. Éste apeló para ante la corte de distrito. Cele-brado el juicio de nuevo, también la corte de distrito dictó sentencia condenatoria contra Méndez, imponiéndole tres me-ses de cárcel y las costas. No conforme aún, apeló para ante este tribunal señalando en su alegato la comisión de tres errores, así:

“1. — La denuncia en este caso no imputa un delito de acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes.
“2. — La Corte erró al admitir la declaración del testigo Aureliano Martínez, para impugnar la credibilidad de un testigo (José Lago), contra la oposición y excepción del apelante.
“3. — La sentencia apelada es contraria a la ley y a la prueba.”

Discutiendo el primer error sostiene el apelante qne la denuncia no imputa un delito de “acometimiento y agresión con circunstancias agravantes” porque de ella misma resulta que no bubo agresión ya que admite que el acusado n o logró herir a la persona contra quien disparó.

Así es en efecto, pero también de los expresos términos de la denuncia resulta que no se formuló por “acometimiento y agresión con circunstancias agravantes” sino por “acome-timiento grave”; y que este delito existe, fué resuelto cla-ramente desde 1917 en que la cuestión fué suscitada en este tribunal en el caso de Lange v. El Pueblo, 24 D.P.R. 854.

La jurisprudencia quedó establecida así:

“Las secciones 1 a la 8 inclusive de la Ley de 10 de marzo de 1904 para determinar y castigar acometimiento, acometimiento y agresión, acometimiento con circunstancias agravantes, y acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y para derogar la seccción 287 del Código Penal, ban sido copiadas literalmente de las secciones 587, 593, 594, 595, 601, 602 y 103 del Código Penal de Tesas, con excepción de algunos cambios insignificantes.
“En la Ley de acometimiento y acometimiento y agresión de 10 de marzo de 1904 no se ba tratado de establecer un delito distinto por separado con la mera enumeración en su sección 6a. de las cir-cunstancias agravantes y de la imposición de castigo mayor tanto al acometimiento como al acometimiento y agresión, pues demuestra la historia, contexto y propósito claramente expresado de la ley, que la legislatura, al prescribir que el ‘acometimiento y agresión’ será con-siderado con circunstancias agravantes en los casos que menciona, quiso decir ‘acometimiento o agresión’; interpretación que está en completa armonía con el espíritu y texto de los artículos 3 y 359 apartado 14 del Código Penal y no violenta el verdadero principio de interpretación' rigurosa como ba sido considerado y aplicado por las mejores autoridades modernas que ‘sólo reconocen una regla como absolutamente invariable, o sea que debe descubrirse y hacerse cum-plir la verdadera intención y deseo del poder legislativo.’ ”

El segundo error o sea el que sostiene “que no debió admitirse la declaración de Aureliano Martínez para contradecir la declaración del testigo del Pueblo José Lago,” es el que ba dado lugar a una amplia discusión en el seno de la corte. Para poder formar concepto de la verdadera cues-tión suscitada y resuelta por la corte de distrito, es necesa-rio narrar todos los hechos ocurridos en la forma en que se fueron desarrollando.

Ya hemos dicho que se trata de una causa que comenzó por denuncia presentada en una corte municipal. Apelado el caso para ante la corte de distrito, intervino én el nuevo juicio en representación del pueblo el fiscal.

El primer testigo que se llamó a declarar fue el policía Aureliano Martínez. Dijo que se encontraba de servicio en la demarcación a que se refiere la denuncia y como a las dos de la mañana oyó dos disparos, corrió y frente al Club en-contró mucha gente aglomerada; por los informes que le dieron subió al casino, ocupó un revólver que estaba sobro una silla y arrestó al acusado.

Seguidamente el fiscal llamó a declarar a la persona que en la denuncia aparecía como aquella contra quien se había realizado el acometimiento, José Lugo, o Lago, como en, la denuncia se dice.

Declaró que había sentido las dos detonaciones; que no sabía quién las hizo; que se fué del sitio y vió al acusado como media hora después cuando “volví y vi un gentío cerca del casino y entonces vi al guardia Martínez con el señor ese” refiriéndose al acusado. Siguió preguntándole el fiscal y él contestando, así:

“P. — ¿De dónde salieron esos dos disparos? — R.—No sé. — P.—¿Ni vió quién los hizo tampoco? — R.—No, señor. — P.—¿Ud. declaró en la Corte Municipal? — R.-—Sí, señor. — P.—¿Es eso mismo que ha decla-rado aquí? — R.—Sí, señor. — P.—¿Está seguro? — R.—Sí, señor.”

Entonces el fiscal solicitó de la corte que se practicara una investigación sobre lo declarado por el testigo en la corte municipal citándose al juez municipal “para cualquier día que se señale.” Manifestó el juez: “Si él ha dicho una cosa dis-tinta allí que nosotros n© sabemos.” Y el fiscal contestó: “Por eso pido la investigación. Si lo supiéramos ya hubié-ramos ordenado el arresto del testigo.” Intervino la de-fensa así: “Me opongo, eso lo pnede hacer después del ini-cio, pero eso no parece sino para impresionar.” Eeplicó el fiscal: “Al juez yo no trato de impresionarlo,” y dijo la de-fensa: “Yo lo sé qne al juez no le impresiona nadie. Del juez estoy completamente tranquilo.” Terminó el fiscal diciendo: “Nada más” y la defensa: “Nada.”

Acto seguido el fiscal llamó al testigo Ramón Quiñones. Entré otras cosas declaró, contestando al fiscal:

“. . . vi al señor Confesor Méndez que se apeaba del Club diciendo 'dónde está José Lago, ese hijo de la gran puta, que lo voy a asesinar’ y siguió y anduvo de la puerta del Club como doce metros y viró para atrás y entonces, a los cinco minutos de estar parado en la puerta venía José Lago de la parada 16 para el Club y entonces el. señor Bernardino González llegó y cuando venía José Lago avecinán-dose adonde Confesor, se paró a Rabiar con él, pero yo estoy frente'* a la verja de la familia Pons y no. sé io que le decía, cuando Regó-Confesor y se avecinó a ellos dos y le disparó dos tiros. — P.—% Quién' disparó los dos tiros?1 — R.—Ese señor. (Señalando al acusado.)— P.- — -¿Con qué? — R.—Con un revólver Colt. — P.—¿A quién?. — R.— A José Lago.”

Repreguntado por la defensa se sostuvo en su dicho,, Preguntó el juez y el testigo contestó:

“P. — ¿Qué ocurrió entonces después de los disparos? — R.—En-tonces el individuo salió Luyendo diciendo ‘policía, policía.’' — P.— ¿Quién decía policía? — R.—José Lago ‘me mata este individuo, que* me mata’ y a los dos-minutos se avecinó el policía y le dije ‘el que disparó los tiros está arriba.’ Subió y bajó con él.”

Al terminar de declarar Quiñones, el fiscal llamó al poli-cía Martínez y le preguntó si había oído declarar a José Lago en la corte municipal y contestó que sí y al comenzar a de-cir: “El declaró ...” ocurrió lo que sigue:

“Abo. — Me opongo a la declaración del testigo sobre estos extre-mos. — ¿Qué se propone el fiscal, impugnar su propio testigo? — Fis.— Sí, señor. — Abo.—Eso será para una persecución contra él. Además,, este señor no Rizo más que oír allí declarar testigos en un juicio y aRora va a venir ante la Corte para tener que confiar en su memoria.. en cuanto a la declaración de José Lago en la Corte Municipal.— Fis. — Eso va a la credibilidad que le de la Corte. — Abo.—Sabe su señoría la costumbre que bay en todas las cortes, que cuando declara un testigo sale del salón, y me extraña mucho que este testigo oyera la declaración de los siguientes testigos cuando es una regla que se pide por todos los abogados defensores. — Fis.—En primer lugar puedo decir que este testigo es el primero que figura en la denuncia, y una vez que declaran los testigos permanecen en la corte; pero en segundo término eso sería una cuestión para la credibilidad del tes-tigo, eso no lo hace incompetente para declarar, ni un motivo, porque la ley de evidencia diga que un testigo es incompetente eso va a si él dice o no verdad. Será un argumento para la otra parte para si él dice o no verdad. — Juez.—Se permite la declaración. — Abo.— Excepción. — Fis.—P.—¿Qué declaró José Lago en la Corte Municipal? — R.—Ese día declaró en la Corte Municipal que esa noche, es-tando hablando con el trigueño ese, bajó Confesor de arriba, estando él hablando con él, y que le disparó dos tiros a boca de jarro.— P. — ¿Quién declaró eso? — R.—José Lago. — P.—¿Ese mismo testigo que ha declarado aquí ? — R.—Sí, señor. — Fis.—Ahora solicito de V. H. que se cite al señor Aybar, Juez Municipal. — Juez.—Pueden traerlo.— Fis. — Anuncio que voy a presentar una moción para que V. H. más tarde, al oír la declaración del juez municipal, procese por desacato, por perjurio, al testigo José Lago.”

La declaración del juez, si es que fué citado y la prestó, no aparece en el récord.

La defensa continuó repreguntando ampliamente al tes-tigo.

Declaró por último como testigo de cargo Pedro Gorbea que, en parte, dijo:

“R. — Lo primero que vi fué un grupo de gente allí afuera; me arrimé y en eso dice uno ‘allí viene el gallego’, miré y efectivamente vi a ese que le dicen el gallego, José Lago, venía de prisa y salió al encuentro de uno que llegó, Bernardino González, y se pusieron a hablar y entonces sonó un disparo y yo vi a Confesor Méndez en actitud de haber disparado y estar disparando. No puedo decir que él hizo el disparo pero vi el relámpago que salió del grupo de él. Es-taba un poco obscuro, pero no puedo decir si tenía revólver, pero puedo decir que el relámpago fué más cerca del grupo de él que de los otros dos individuos.”

El acusado presentó como prueba las declaraciones de Eustaquio Ortiz, Bernardino G-onzález, Eugenio Márquez y Eugenio Larroca.

El primero declaró que estaba en el sitio, sintió los dispa-ros, vió la aglomeración de gente, vió al acusado pero no ■que Hiciera los disparos, y vió a José Lago pasar por su lado corriendo. En igual sentido declaró el segundo.

Eugenio Márquez, o sea el tercero, dijo:

“R. — Nosotros estábamos parados en la 16, en el Club de Amigos •del Oeste, arriba en el salón, cuando sentimos dos detonaciones, nos asomamos abajo y vi a José Lago que subía para arriba. No sé nada más. — P.—¿ Vió a Confesor Méndez allí ? — R.—Sí, señor, hablando con nosotros estaba. — P.—¿Después de eso qué pasó? — ¿Después de los dos disparos? — R.—Después que Lago subió para arriba, llegó un guardia, Martínez, y entró al Casino y le dijo a Confesor ‘deme ese revólver que dicen ahí que disparastes dos tiros’ y le dice él ‘no tengo ninguno’ y le dice él ‘deja registrarte’ y lo registró y no encontró nada, entonces en otra parte miró y había un revólver encima de una silla y lo ocupó. — P.—Nada más. — Fis.—P.—¿Es hermano del acusado?— R. — Sí, señor. — P.—¿No sabe quién disparó? — R.—No, señor.”

Eugenio Larroca, contestó:

“R. — Ese día yo subía por la calle Monserrate, la otra esquina •que queda donde pasó el suceso y estando allí esperando guagua para ir a Sunoco, entonces vivía allá, sentí como dos detonaciones y me dirigí al sitio y entonces corría José Lago como para el sitio que estaba yo y llegó allí; al poco rato bajó el guardia, subió al Casino y bajó con este señor.”

Expuestos los Hechos, se observa que el incidente abarca dos momentos. No creemos que pueda sostenerse que exista error en el primero. El fiscal se limitó a pedir que se prac-ticara una investigación a los efectos de determinar si el tes-tigo Lago Había cometido o no desacato por perjurio.

Declaró el testigo Quiñones y se desarrolló entonces la segunda parte del incidente en la forma que conocemos.

La regia es que a la parte que presenta un testigo no le es permitido impugnar su veracidad probando que es persona de mala reputación, pero sí, por disposición expresa de la ley — artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Crimi-pal — “podrá contradecirlo, aduciendo pruebas en contrario, y demostrar que en ocasiones anteriores, lia hecho manifesta-ciones que no concuerdan con su actual declaración.”

Y así en verdad debe ser. Antes de llamar a declarar a una persona la parte debe cerciorarse de su reputación. Tiene una amplia oportunidad para ello y no puede que-jarse si no investiga. Pero no obstante la más escrupulosa investigación, en el momento del juicio puede resultar que el testigo declare algo que sea realmente perjudicial a la parte que lo llamó y que sea contrario a lo que de él espe-raba. Y la parte no debe quedar huérfana de defensa. Por eso la ley le permite contradecirlo en la forma indicada, esto es, aduciendo pruebas en contrario o demostrando que en ocasiones anteriores hizo manifestaciones que no concuerdan con su actual declaración.

La jurisprudencia ha sido muy celosa de que ese dere-cho que la ley reconoce a la parte no salga de sus verdade-ros límites y estamos enteramente conformes con la que es-tablece “que el mero hecho de dejar un testigo de prestar declaración favorable a la persona que lo ha presentado, ■no da derecho a tal parte a probar que ese testigo ha hechoen otras ocasiones manifestaciones contradictorias, las que si se declararan bajo juramento durante el juicio, tenderían a probar el caso” (27 Cal. Jur. 173) pero ésa no es aquí la situación.

Aquí la declaración de Lago prestada ante la corte era perjudicial al Pueblo que lo llamó como su testigo. No se trataba de una simple negativa. Lago era el perjudicado. Contra él rezaba la denuncia que había disparado el acusado. Quiñones manifestó que oyó decir a Lago cuando corría “me mata este individuo, que me mata.” Para robustecer el tes-timonio de Quiñones, que sostenía por entero la acusación,, el fiscal creyó conveniente contradecir el de Lago. La ne-gativa de Lago envolvía una afirmación dañosa para la causa del Pueblo y si el fiscal lograba demostrar que Lago-había hecho no ya simples manifestaciones, sino que había prestado ana declaración bajo juramento contraria a sn actual declaración, tenía derecho a que se le diera nna oportu-nidad para presentarla, no para probar con ella su caso, sino para contradecir con ella el actual testimonio del testigo.

Ahora bien, el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal, lee como sigue :

“Art. 245. — También puede ser impugnada la veracidad de un testigo por medio de prueba que demuestre que en ocasiones ante-riores ha hecho manifestaciones que no concuerdan con su actual de-claración; pero antes de hacerlo, se le referirán dichas manifesta-ciones, con expresión de la época, lugares y personas que hubieren estado presentes al hacerlas, y se le preguntará si dichas manifesta-ciones fueron hechas por él, permitiéndosele que las explique, si con-testare afirmativamente. Si las manifestaciones fueren escritas, se enseñarán al testigo antes de interrogarle, acerca de ellas.”

Es cierto que' el fiscal no ajustó como debió ajustar su actuación estrictamente al procedimiento fijado por el pre-cepto legal que antecede. El fiscal comenzó bien. Sabemos que preguntó al testigo si había declarado en la corte municipal y al obtener una respuesta afirmativa, si había de-clarado lo mismo que declaraba. Contestó también afirma-tivamente el testigo y el fiscal insistió: “Está seguro?” y respondió el testigo: “Sí, señor.” •

En ese momento nada sabía el fiscal, según sus propias manifestaciones. Quizá nada sabía tampoco, cuando llamó a declarar por segunda vez al guardia Martínez, después de la declaración del testigo ■ Quiñones, pero es lo cierto que tuvo la oportunidad de enterarse y entonces llamar de nuevo a Lago y cumplir con la regia, dándole la oportunidad de explicar la contradicción.

Pero el no haberse cumplido estrictamente con la regla si bien constituye un error, no creemos que deba conside-rarse como perjudicial atendidas todas las otras circuns-tancias que concurren en el caso y la enfática y repetida afirmación de Lago de haber declarado lo mismo en la corte municipal cuando según la declaración de Martínez fué fun-damentalmente distinto. Además, no hubo objeción especí-fica a la manera de introducir la prueba y esto por sí solo sería bastante para dejar de considerar esta segunda parte del error.

Por último, no debe perderse de vista que el juicio no se celebró ante un jurado sino ante el tribunal de derecho-conocedor de la ley y de la jurisprudencia y por tanto que no debe presumirse que la corte diera a la declaración del policía en relación con lo declarado por Lago en la corte-municipal, un alcance contrario a la jurisprudencia y a la ley.

En cuanto al tercero y último error señalado, o sea que la sentencia es contraria a la ley y a la prueba, bastará para sostener que no existe recordar lo que resolvimos al estudiar el primer señalamiento y referirnos a la declara-ción de Quiñones que por sí sola, creída como fué, puede servir de base al fallo condenatorio dictado.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. WOLE

La opinión de la mayoría, citando de 27 Cal. Jur. 173, sienta la regla de que el mero hecho de que un testigo deje de prestar declaración favorable, tal como se esperaba, no hace que esté sujeto a ser contradicho por declaraciones anteriores. Entonces, sin embargo, la conclusión de la ma-yoría es que tal no es la situación que tenemos ante nos, y que la declaración fué perjudicial a El Pueblo; que aquí no se trata de una simple negativa.

En primer lugar, no me parece que la exposición de la regla existente no da una idea perfecta del estado de la ley. Durante largo tiempo la regia fué que si bien una de las partes podía demostrar que sus testigos estaban equivocados, no obstante, no podía impugnar su veracidad. La historia de la regia fué discutida hábilmente en el caso de Crago v. State, 202 Pac. 1099. El artículo 243 del Código de Enjui-eiamiento Criminal concede nn remedio y permite que se contradiga a nn testigo, y, por tanto, qne sea impugnado en determinados casos específicos. Fuera de estas excepciones, la mejor autoridad es que una parte que presenta un testigo está impedida de impugnarlo. La ley es en la actualidad que antes de poderse contradecir a un testigo éste debe ha-ber dicho algo que sea perjudicial que tienda por sí sólo a perjudicar el caso de la parte que lo presenta. Es razona-ble que de acuerdo con la regla, antes de que una de las partes pueda contradecir a un testigo, éste deba haber decla-rado algo que sea perjudicial.

Las autoridades demuestran que cuando un testigo niega positivamente la existencia de cierto hecho, puede demos-trarse que anteriormente este testigo aseveró la existencia de tal hecho. Entonces, su declaración no equivale a que se dejara meramente de declarar, sino a la aserción de la no existencia de determinado hecho.

Si Lago hubiese dicho que no se hicieron disparos hubiera podido contradecírsele para demostrar que él había manifes-tado que se había disparado.

Si Lago hubiese dicho que Confesor Méndez no había hecho los disparos, pudo habérsele contradicho para demos-trar que él había manifestado lo contrario. Todo lo que Lago dijo en la silla testifical a este respecto fue que no había visto a Confesor Méndez hacer los disparos. Para contradecir esta declaración, El Pueblo debió haber demos-trado que Lago había hecho manifestaciones tendentes a de-mostrar que él en realidad había visto a Méndez disparar; en otras palabras, destruir su negativa sobre un hecho especial y positivo. La aproximación más cercana a esto fué su grito de “¡ me mata ese individuo! ’ ’

No se introdujo inconsistencia alguna. Muy bien cabe dentro del campo de lás posibilidades que Lago dijera en la porte municipal que Confesor Méndez le había disparado, pero tuvo que admitir en la repregunta que no Rabia visto los disparos, y que no podía declarar positivamente quién los había hecho.

El Pueblo pudo haber extraído de Lago toda la verdad mediante un interrogatorio. Se dejó de hacerlo. Convengo con la opinión de la mayoría en que el acusado renunció al error cometido por El Pueblo al no sentar las bases adecua-das para contradecir a este testigo, pero insisto en que la prueba ofrecida no tendió a contradecir a Lago, y que El Pueblo dejó de aprovecharse de la oportunidad de descubrir toda la verdad. 1

Nada hallo en los autos que haga caer los hechos dentro ■ de cualquiera de las excepciones a la regla de estoppel suge-rida. El efecto de la presentación de la prueba era traer ante la corte prueba de referencia debidamente objetada, y la declaración era claramente perjudicial. De lo contrario, ¿para qué la insistencia tenaz del fiscal en presentarla?


author: El Juez Presidente Señob del Tubo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Domínguez Pérez, acusado y apelante.
    No. 3603.

    Sometido: Abril 2, 1929.

      Resuelto: Mayo 29, 1929.

      J. V.aUdejuU Rodríguez, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Fuello, apelado.
   El Juez Presidente Señob del Tubo,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Domínguez Pérez fué acusado como autor del delito previsto y castigado en el artículo 288 del Código Penal. Condenado a pagar una multa de cincuenta dólares o a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de sa-tisfacer, apeló para ante esta Corte Suprema alegando que se habían cometido cinco errores que estudiaremos en el or-den en que fueron señalados.

Es el primero que la acusación no imputa la comisión de un delito público, porque el hecho de arrendar como en ella se dice “la casa No. 61 de la calle Tetuán de esta dudad, a sabiendas,” de que el arrendatario “iba a dedicar dicha casa, como la ha dedicado, para citas deshonestas,” no constituye el delito previsto en el artículo 288 del Código Penal.

Dicho artículo establece cuatro formas de comisión del delito, a saber; 1, teniendo establecida una casa escanda-losa o dedicada a citas deshonestas; 2, teniendo una casa de recreo en la cual habitualmente se perturbare la tranquili-dad, bienestar o decoro del inmediato vecindario; 3, te-niendo nn mesón en que se promovieran desórdenes cons-tantemente, y 4, arrendando cualquier “habitación o casa de vecindad,” “apartment or tenement,” sabiendo que va a dedicarse a citas deshonestas o a la prostitución.

La cuarta forma del delito es la que debe estudiarse aquí. En el texto castellano se usan las palabras “habitación” y “casa de vecindad,” en el inglés se emplean las palabras “apartment” y “tenement.’'’ En la acusación se ■ dice “casa.”

A nuestro juicio consultado el texto inglés que es el original, se concluye en seguida que no existe el error que se alega.

La significación de la palabra “tenement”, según Bou-vier, es como sigue:

“Tenement (del lat. teneo, tener). Todo aquello de naturaleza permanente que puede ser tenido.
“Casa u hogar seguro. Diccionario Jacob. Habitaciones alqui-ladas en una casa.
“Propiedad poseída por un arrendatario. Marmet Co. v. Archibald, 37 W. Va. 778, 17 S.E. 299.
“En su significación más amplia, comprende todo aquello que puede ser tenido, siempre que sea de naturaleza permanente; y este término no sólo significa terrenos y heredades que son tenidos, sino también las rentas y ganancias a prendre de que un hombre disfruta una tenencia franca y de los cuales puede estar en posesión ut libero tenemento; Co. Litt. 6 a; 2 Bla. Com. 17; 1 Washb. R.P. 10. En su significación técnica incluye también un patronato; 3 Atk. 460; 4 Bing. 290; diezmos; 1 Stra. 100; 6 Ad. & El. 388; una dignidad; 30 Ch. Div. 136; 2 Salk. 509. Incluye también un muelle; 14 Abb. Pr. 372. La palabra ‘tenement’ por sí sola, sin otras circunstancias que la rodeen, nunca ha sido interpretada como que transmite un feudo; 10 Wheat. 204. Véanse 1 B. & Ad. 161; Com. Dig. Grant (E 2), Trespass (A 2).” Bouvier’s Law Dictionary, tomo 3, pág. 3257, ed. 1914.

Y en Words and Phrases, se dice:

“Un ‘tenement house’ ha sido definido como una casa de vivienda o un departamento en un edificio usado por una familia, y con fre-cuencia, según el uso moderno de esta palabra, una casa de vivienda de inferior categoría, alquilada a gente pobre, o nna casa construida, para ser alquilada. State v. Rowland Lumber Co., 69 S.E. 58, 59, 153 N.C. 610.” Words and Phrases, tomo 4, pág. 877, ed. 1914.

La misma obra, en la misma página, establece la dife-rencia de lo que se entiende por “apartment” y “tenement,” diciendo como signe:

“Las palabras ‘apartment or community house’ no son sinónimas, de ‘tenement,’ en una cláusula que excluye la fabricación de cual-quier clase de tenement, apartment, or community house.’ McClure v. Leaycraft, 90 N. Y. Supp. 233, 234, 97 App. Div. 518.”

El segundó error alegado se señala así: “Haber permitido la corte que el fiscal hiciera la siguiente pregunta: ‘¿Para qué negocio, si usted lo sabe, fue arrendada esa casa por Pérez Domínguez a Capre?’ ”

De la transcripción aparece que el abogado del acusado “se opuso a la pregunta por traer la misma al testigo a una conclusión.”

Aun suponiendo que la forma de la pregunta no fuera la que debió ser, toda vez que la contestación dada por el testigo no tendió a ayudar al fiscal, el error, de haberse co - metido alguno, no filé perjudicial.

No existe el tercero de los errores señalados. Era legal permitir al testigo Juan E. Miranda que se refiriera a cierta conversación que tuvo con el acusado en la que éste admitió ciertos hechos que le perjudicaban indudablemente jjero que no constituyen una verdadera confesión. En tal virtud no era aplicable la regla que rige con respecto a la admisión de confesiones.

Para fundar el cuarto error y sostener que el delito estaba ya prescrito, se refiere el apelante a ciertas manifestaciones de algunos testigos, pero como existen otras declaraciones que fijan la fecha de la comisión del delito dentro del tiempo en que la ley permite que se persiga, estas últimas deben prevalecer atendida la actuación de la corte de distrito, especialmente cuando las primeras no se refieren a la feclia del arriendo a Rafael Capre sino a la mala fama de la oasa.

El quinto y último error se formula así: “Haber dictado sentencia la corte contraria a la evidencia presentada.”

Hemos examinado la prueba y es abundante no sólo en cuanto a la mala fama de la casa sino en cuanto a repeti-dos actos concretos de prostitución en ella realizados en forma tal que constituían el único empleo de las desgracia-das mujeres que en ella habitaban o a ella se acogían.

Con respecto a la primera clase de prueba parece conve-niente citar la jurisprudencia que sigue:

“Si puede o no probarse la reputación de una casa en sí, como de mala fama es una cuestión sobre la cual los casos están en conflictcj én algo; pero creemos que el peso de las autoridades y el mejor criterio sostienen la afirmativa de la proposición. Así se ba resuelto en un gran número de estados y los siguientes son algunos de los casos que sostienen esa teoría: Sylvester v. State, 42 Tex. 496; Morris v. State, 38 Tex. 603; Allan v. State, 15 Tex. App. 321; State v. McDowell, Dud. (S.C.) 346; King v. State, 17 Fla. 183; O’Brien v. People, 28 Mich. 213; Betts v. State, 93 Ind. 375: Greater v. State, 105 Ind. 271; State v. Brunell, 29 Wis. 435; State v. Smith, 29 Minn. 193; Territory v. Bowen, 2 Idaho, 607; Drake v. State, 14 Neb. 535; Cadwell v. State, 17 Conn. 467; Commonwealth v. Kimball, 7 Gray. 328. (Véase también Moorq’s Crimina] Law, párrafo 1072, y casos allí citados en apoyo de la aseveración contenida en el texto de que ‘puede probarse la existencia de una casa de mala fama me-diante evidencia directa o por su reputación u otras circunstancias— como, por ejemplo, que las personas que allí residían estaban repu-tadas como prostitutas.’) Hemos 'quedado mucho más impresionados con el razonamiento y ]a consistencia de los casos que sostienen que prueba de la reputación de un burdel es admisible, que con el razo-namiento y ]a consistencia de aquellos que resuelven lo contrario; pues los últimos casos si bien excluyen prueba respecto a la reputación de la casa, admiten prueba con relación a la reputación de las. per-' sonas que en ella residen a fin de demostrar que es un burdel — y ésta parece ser una distinción sin que haya mucha, diferencia.” Demartini v. Anderson, 127 Cal. 33, 35.

En cuanto al conocimiento del arrendador en relación con los fines para los onales se iba a destinar y se destinó en efecto la casa, la prneba es contradictoria. La Corte resol-vió el conflicto y no se ba demostrado qne actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, ni que cometiera error manifiesto alguno.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del (Cobo,

text:
    Clotilde Santiago Rivera, demandante y apelante, v. La menor Teresa Enriqueta Santiago y Oppenheimer, representada por su tutor Don Jorge Oppenheimer y Dalmau, demandados y apelados.
    No. 4224.

    Sometido: Mayo 8, 1928.

      Resuelto: Mayo 29, 1929.

      Tour, Soto <£ Zapater, abogados del apelante; Francisco Parra Capó, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del (Cobo,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Isabel Oppenheimer viuda de Santiago tomó en arrendamiento una finca situada en la jurisdicción municipal de Santa Isabel por término de diez años y canon de cuatro mil dólares anuales, otorgándose al efecto una es-critura pública que contiene entre otras las siguientes cláu-sulas :

“Tercera: Será obligación, de la arrendataria y así se pacta, la de pagar en las fechas correspondientes, las contribuciones que actual-mente tienen asignadas las fincas, tanto real, como personal, y las que se le puedan asignar por cualquier concepto en lo futuro, tanto en ■virtud de la Ley proveyendo las contribuciones de un sistema de riego, como las que en cualquier época y por. cualquier concepto, pudiesen imponer y cobrar el Gobierno Insular, el Federal, el Municipal del pueblo en que está radicada la finca; la Junta Escolar o cualquier otro Centro al que se puedan dar atribuciones para imponer y cobrar contribuciones bajo cualquier denominación, bien se impon-gan sobre el fundo, bien sobre sus productos o en cualquier forma.
“Sexta: Al terminar el presente contrato, quedarán a beneficio del arrendador, todas las mejoras que se hayan introducido en la finca, como estaciones de riego, y accesorios, cercas, o mejoras de cual-quier otra clase, con excepción de las estipuladas en la anterior cláusula, sin tener que pagar indemnización alguna, así como tam-bién los cultivos existentes, hayan o no sido recolectados sus productos, exceptuándose las cañas, para cuya recolección tendrá derecho la arrendataria a que se le conceda el término necesario para levantar la cosecha, cuyo término lo será en este caso, el comprendido entre los meses de diciembre del año mil novecientos veinte y cinco, fecha del vencimiento del contrato, y julio del siguiente año, inclusive; pagando al efecto la parte proporcional del canon por el tiempo que ocupare el terreno; pero debiendo ir haciendo entrega de la finca, según fuere desocupando, y sin que esto se entienda como prórroga del contrato, aunque bien entendido, que el pago del agua tomada al riego, a medida que se vaya entregando el terreno al vencimiento del contrato, será por cuenta del arrendador, en la parte proporcional al terreno entregado, teniendo obligación el referido arrendador, de satisfacer el importe de la misma al Gobierno, corporación o persona con derecho a efectuar el cobro."

Vigente el contrato murió doña Isabel, sucediéndola su bija la menor demandada Teresa Enriqueta Santiago y Oppenheimer que continuó por medio de su tutor ejerci-tando los derechos y cumpliendo los deberes derivados del arrendamiento. Este venció el Io. de diciembre de 1925, con-tinuando la recolección de las cañas de acuerdo con lo esti-pulado en la cláusula sexta hasta el 31 de marzo de 1926 en que se hizo la entrega definitiva de la finca.

La menor arrendataria por medio de su tutor presentó al arrendador una liquidación que arrojaba un saldo a favor del último de $1,108.59.

Surgieron algunas dificultades entre los contratantes pri-mero a virtud de negarse el arrendador a entregar a la arrendataria una constancia escrita de haber recibido la finca a satisfacción simultáneamente a la entrega por parte de la arrendataria al arrendador del saldo adeudado y luego a consecuencia de pedir la arrendataria que se modificara la liquidación por ella misma producida cargándose al arren-dador cierta cantidad por ella satisfecha como contribución sobre riego cuando era lo cierto que no había recibido las aguas a que daba derecho el pago de la contribución.

No pudiendo arreglarse privadamente dichas dificultades, el arrendador inició este pleito en cobro de $1,108.59, inte-reses y costas. Contestó la demandada sosteniendo, en re-sumen, que lo único que venía obligada y estaba dispuesta a pagar era la suma de $594.54, sin intereses, debiendo im-ponerse las costas al demandante. i

Fue el pleito a juicio, practicóse una larga prueba docu-mental y testifical y la corte finalmente falló a favor de la demandada, sin especial condenación de costas.

No conforme el demandante apeló para ante esta Corte Suprema señalando en su alegato la comisión de cinco erro-res que argumenta extensa y cuidadosamente.

A nuestro juicio, como sostiene la apelada en su alegato, sólo dos cuestiones están envueltas en el recurso, a saber:

1. ¿Tenía derecho la demandada a reembolsarse al hacer entrega de la finca de la cantidad pagada por adelantado al Servicio de Eiego por una agua que no había recibido?

2. ¿Es aceptable la forma en que la demandada plantea su alegado derecho en la contestación, o debió establecerlo mediante reconvención?

• Estudiemos la primera. La finca arrendada está com-prendida dentro del 'distrito de riego de la costa sud de la Isla. De acuerdo con la ley tiene asignada una cantidad de agua por la que debe pagar el terrateniente determinada contribución cuyo objeto es cubrir el capital e intereses de los bonos que se emitieron para la construcción del sistema de riego y los gastos de su explotación y mantenimiento. El riego de la costa sud es una empresa gubernamental regida por leyes de la Asamblea Legislativa de Puerto Eico.

El pago de la indicada contribución debe hacerse por se-mestres adelantados y cuando el tiempo seco o’ algmna otra circunstancia impide acumular en los pantanos o represas agua suficiente para dar lo que se ha asignado a cada finca, el Servicio de Eiego no devuelve la cantidad cobrada por adelantado sino que, como la misma parte apelada expresa en su alegato, “abre a favor de la finca un crédito por el agua qu'e dejó de entregar, cuyo crédito está vigente un año. Si durante ese año hay agua suficiente, al mismo tiempo que se reparte la del año corriente, se va repartiendo proporcio-nalmente la que se quedó a deber el año anterior.”

De acuerdo con los reglamentos y la ley y con la cláu-sula tercera del contrato, la arrendataria pagó la contribu-ción del agua por adelantado en la fecha correspondiente.

Cuando llegó el momento de la entrega en el segundo se-mestre de 1925 y primero del 1926, el Servicio de Eiego in-formó que la seca le impedía cumplir plenamente y que había abierto un crédito por el montante de la deficiencia.

Eso lo conocía perfectamente la arrendataria y ello no obstante no incluyó la deducción en la liquidación primera que produjo al arrendador. En su alegato dice que proce-dió de tal modo porque creyó como creen muchos terrate-nientes que podía disponer del agua del riego por concesión a su voluntad y así venderla al futuro arrendatario de la finca que lo iba a ser la Central Aguirre; y que en efecto intentó venderla pero al enterarse por el Sr. Lucchetti que el crédito por el agua correspondía, a la finca y no a él, creyó que debía resarcirse del dueño de la finca y surgió la segunda liquidación.

Si para resolver el conflicto se aplica, como creemos que debe aplicarse, la cláusula tercera del contrato, asiste a nues-tro juicio por entero la razón al demandante, porque a vir-tud de ella la demandada se obligó a pagar las contribucio-nes de la finca arrendada en las fechas correspondientes y ya fiemos visto que la fecfia correspondiente en el caso de contribuciones sobre agua era por semestres adelantados. Declarando el Sr. Luccfietti, dijo:

“P. ¿Cuándo se paga la contribución del agua?
“R. Se paga por semestres; durante el transcurso de los prime-ros sesenta días de cada semestre.
“P. ¿La contribución es debida el primero de julio y el primero., de enero, pero hay un plazo de gracia de sesenta días?
“R. De sesenta días.”

La parte demandada sostiene que el contrato venció el l9 de diciembre de 1925 y que por tanto no cabe aplicar la cláusula tercera del mismo debiendo regirse las relaciones de. las partes por la cláusula sexta redactada para el caso ex-clusivo de la recolección de las cañas después de vencido el contrato.

El agua dejada de recibir por la demandada no lo fue-solamente durante el período en que ocupó la finca o ciertas tierras de ella después de vencido el contrato, si que tam-bién abarca los meses de agosto, septiembre, octubre y no-viembre de 1925 en que el contrato estaba en todo su vigor. Otra vez nos referiremos a la declaración del Sr. Luccfietti. Dice así:

“P. ¿ Y esos déficits de 169.98 acre pies correspondientes a la par-cela de la Sucesión Florencio Santiago, a qué meses y a qué años-corresponden ?
“R. Corresponden a los meses de agosto, septiembre, octubre, no-viembre y diciembre del año 1925 y febrero y marzo de 1926.”

A este respecto y yendo al verdadero nervio de la cues-tión, dice la parte apelante en su alegato:

“Queremos insistir en que no se discute aquí el pago por la Suce-sión de Florencio Santiago a la menor del agua tomada al riego correspondiente a los terrenos arrendados que dicha arrendataria fué entregando al arrendador a medida que quedaron libres de las cañas •plantadas en los mismos. No, esta agua, que percibió la Sucesión de Florencio Santiago, y que el contrato (cláusula 6*) prevee que debe ser pagada por ésta, fué pagada, por dicha Sucesión, por haberse ■cargado por el señor Oppenheimer en la liquidación pasada al señor Santiago, (primera liquidación), montando el importe de dicha con-tribución de agua a $677.03.
“La discrepancia está en la contribución de agua satisfecha por Oppenheimer a razón de $499.20 por la parcela de la Sucesión de Florencio Santiago, durante el arrendamiento, no habiendo recibido el agua asignada a dicha parcela por deficiencias del Servicio de Riego.
“Preguntamos, ¿y si la hubiese recibido durante los meses en que correspondía recibirla y que hubo la deficiencia, agosto a diciembre 1925 y enero 1926, qué hubiera pasado? Que se hubiera utilizado por la arrendataria en los terrenos arrendados, puesto que no co-menzó a entregarlos hasta el 18 de febrero de 1926. Y si tenía de-recho a percibir el agua, ¿no es ésta la mejor prueba de que le in-cumbía el pago de la contribución?”

Aunque en verdad la cláusula sexta se otorgó para regir una situación transitoria, no puede desconectarse en abso-luto de las demás que integran el contrato, como pretende la apelada. Y aun interpretándola aisladamente, lo dicho por la parte apelante en su alegato demuestra que se dió a dicba cláusula una razonable aplicación.

Creemos que en cuanto al agua pagada y dejada de en-tregar antes del Io. de diciembre de 1925, ningún derecho tiene la demandada, y creemos también que si la deman-dada se decidió a satisfacer la contribución correspondiente al primer semestre de 1926 aunque ya en verdad había ven-cido el término del contrato y sólo conservaba en su poder los terrenos a los efectos de la recolección de las cañas, debe también aplicarse igual criterio.

De todos modos demostrando como demuestra la prueba que si bien se babía comenzado a entregar al nuevo, arren-datario agua correspondiente al débito, no se babía entre-gado a la fecba de la contestación ni aun a la de la celebra-ción del juicio todo lo debido, y durando el compromiso sólo un año que quizá baya transcurrido sin que se verificara la entrega, la demandada no ba probado que alguien baya re-cibido por entero lo que ella pagó y dejó de recibir y re-clama por entero.

Quizá, como sostiene el apelante en su alegato, la de-mandada tenga algún derecho equitativo a percibir el im-porte del agua del nuevo arrendatario que, según demuestra la prueba, de ella se viene beneficiando, pero no del dueño de la finca.

El contrato era que la arrendataria pagara las contri-buciones en las fechas correspondientes. Pagó en los pri-meros sesenta días las del último semestre de 1925 y lo único que hizo fué cumplir con el contrato. Por su propia conveniencia es un hecho que continuó en posesión de todas o parte de las tierras arrendadas hasta el día último de marzo de 1926 y que voluntariamente pagó en los primeros sesenta días el primer semestre de ese año. Ella misma interpretó el contrato de tal modo y ratificó su interpretación en la primera liquidación que hizo y entregó al arrendador. T en verdad que su interpretación parece la más lógica, especial-mente atendido lo pactado en cuanto a las mejoras. No sólo quedaban así a beneficio del arrendador las estaciones de riego que pudiera haber construido la arrendataria, si que también el crédito por agua no entregada, valedero por un año.

Resuelta en la negativa la primera de las cuestiones en-vueltas, se hace innecesario estudiar la segunda.

Dehe revocarse la sentencia apelada, dictándose otra de-clarando la demanda con lugar, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Luis Álvarez y The Royal Bank of Canada, demandantes y apelados, v. The National Fire Insurance Co., demandada y apelante.
    No. 4177.

    Sometido: Abril 19, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1929.

      José 'Sabater, abogado de la apelante; Benet é Souffront, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Alvarez era por los años de 1923 y 1924 nn comer-ciante establecido en Mayagüez dedicado al ramo de mer-cancías secas. El 15 de diciembre de 1923 y el 28 de abril de .1924 aseguró, por el término de nn año, las existencias y el mobiliario de su establecimiento con The National Fire-Insurance Co., por las sumas de diez mil y quince mil dóla-res, respectivamente. The Boyal Bank of Canada tenía un interés sobre las pólizas ascendente a $1,224 en el momento de iniciarse el pleito.

K¡u la madrugada del 12 de junio de 1924 ocurrió un in-cendio que destruyó casi totalmente los bienes asegurados. The National Fire Insurance Co. se negó a pagar todo lo ■que le reclamaba Álvarez y a someter el asunto a arbitraje, y Alvarez y The Boyal Bank iniciaron entonces este pleito alegando que las mercancías destruidas valían más de-$23,323.93 y el mobiliario más de $5,511.90 y reclamando por tanto el importe total de las pólizas o sea $25,000, más el interés legal desde el 12 de junio de 1924 y las costas, desem-bolsos y honorarios de ahogado.

La demandada aceptó en sn contestación el otorgamiento de las pólizas y el lieclio del incendio, pero alegó que éste fué causado voluntaria y maliciosamente por Álvarez o con su complicidad, para defraudar a la demandada; aceptó la destrucción de las mercancías y del mobiliario, pero sostuvo que las primeras sólo valían $11,478.77 y el segundo $3,002.88. Como defensas especiales alegó, antes del juicio, la violación de la cláusula “Iron Safe,” la reclamación fraudulenta de pérdida por incendio, el incendio malicioso y la falta de de*-ciar ación ante el juez municipal comprensiva de las existen-cias y efectos salvados en el incendio y, después de la prác-tica de la prueba en el juicio, que el asegurado no puso en conocimiento del asegurador la existencia en su estableci-miento de un aparato para extraer agua movido por electri-cidad, ni la aglomeración de cajas vacías, papeles, paja pro-cedente de envolturas de muñecas y otros desperdicios de papel y cartón cerca de dicho aparato.

Celebrada la vista la corte tomó bajo su consideración el caso y lo resolvió por sentencia declarando la demanda to-talmente con lugar. En sus “findings” declara probado los hechos alegados por los demandantes en su demanda y en cuanto a las defensas especiales de la demandada se expresó así:

“La demandada alegó como defensas especiales, las siguientes:
“(a) Que el asegurado no cumplió con la cláusula de la póliza que exigía que los libros de contabilidad fuesen guardados en caja de seguridad, alegando dicha demandada que el demandante Luis Alvarez permitió que se destruyeran por el incendio el registro de vouchers.
“Bu cuanto a este particular, la corte encuentra probado que el demandante cumplió en todas sus partes específica y substancialmente con el ‘iron safe clause’, habiendo conservado guardado en caja de seguridad un juego completo de libros, sistema voucher, del cual pudo la corte y pudieron los peritos apreciar sin dificultad alguna, el montante y valor de las existencias y mobiliario del establecimiento del demandante en la fecha del siniestro, esto es, comprobación del último inventario, los artículos comprados por el demandante para su establecimiento desde la fecha del último inventario, el montante de las ventas hechas por el demandante desde dieha fecha y el promedio de beneficios sobre tales ventas; habiendo quedado comprobado a juicio de la corte, que la falta del registro de vouchers a que se refe-ría la demandada en nada afectaba el sistema de contabilidad lle-vado por el demandante Luis Alvarez ni era necesario e indispensable llevar -dicho Registro de Vouchers, el cual podía considerarse como un simple índice.
“ (b) Alegó asimismo la demandada que el asegurado entregó a la demandada una reclamación y estado de daños y pérdidas por la cantidad total de la póliza, a sabiendas de que las existencias de su establecimiento mercantil en la fecha del incendio tenían solamente un Valor de $11,478.77, y el mobiliario un valor de $3,002.88, y no solamente dejó de probar la demandada tal alegación, sino que el demandante, probó a juicio de la corte satisfactoriamente que el valor de las mercancías y mobiliario en la fecha del siniestro era el mismo alegado en la demanda, o sea la suma de $23,323.93 las mer-cancías y de $5,511.90 el mobiliario.
“ (c) Aleg’ó la demandada que según su información y creencia, el incendio que destruyó el establecimiento del demandante fué cau-sado voluntaria y maliciosamente por éste o con su complicidad, utilizando para ello como combustible gasolina, lo cual produjo al incendiarse una explosión que incendió rápidamente el establecimiento del asegurado, destruyendo todo su contenido. Entiende la corte que de la evidencia practicada, no existe prueba alguna que merezca crédito de la corte por virtud de la cual pueda imputársele al deman-dante el haber incendiado maliciosamente su establecimiento o que t-1 mismo hubiese sido incendiado con su complicidad, ni surge de la prueba motivo alguno que pudiera inducir al demandante a incendiar maliciosamente su establecimiento con el fin de cobrar las pólizas de seguro existentes sobre las existencias y mobiliario, pues quedó pro-bado satisfactoriamente que el valor de los bienes destruidos por el incendio era mayor que el montante de las pólizas, y que el deman-dante no se encontraba en ninguna situación precaria o ruinosa en relación con la marcha general de su negocio. La corte también llegó a la conclusión de que el incendio que destruyó el estableei-' miento del demandante no fué producido por explosión alguna, lo que quedó demostrado por el estado en que se encontraba el estableci-miento cuando empezaba el incendio y penetraron en él algunos de los testigos que declararon en el caso, y además porque la explosión a que se referían uno o dos testigos de la demandada fué indudable-mente los disparos de la pistola simultáneos hechos dentro del Hotel en el piso alto del edificio ocupado por el establecimiento del deman-dante al empezar el incendio o el ruido producido por la vidriera del establecimiento que daba a la calle de McKinley y al ser rota dicha vidriera por una pedrada momentos después de empezar el incendio, pues ninguno de los testigos que se encontraban dentro del Hotel oyó tal esplosión independientemente de la de los disparos mencionados y la rotura de la vidriera.
“ (d) Alegó la demandada que el asegurado nunca prestó ante el Juez Municipal de Mayagüez, donde ocurrió el incendio, una decla-ración comprensiva de los objetos existentes al tiempo del siniestro y de los objetos salvados, así como del importe de las pérdidas sufri-das, pero de la evidencia practicada resultó probado que el deman-dante Luis Alvarez cumplió con dicho requisito en forma satisfae-toria.
“ (e) Alegó asimismo la demandada que el demandante Luis Alvarez a sabiendas de que en el patio del establecimiento mercantil asegurado contra incendio existía un aparato para extraer agua mo-vido por motor eléctrico, que según la demandada era un hecho esencial para calcular y aceptar el riesgo, omitió la declaración de tal ¡hecho a la compañía demandada. En cuanto a este particular la corte ha llegado a las siguientes conclusiones: 1. Que no se probó por parte de la demandada que el demandante hubiese ocultado tal hecho a la compañía para obtener las pólizas de referencia; 2. Que estando sin contestar, esto es en blanco, la pregunta sobre el particular de la solicitud para obtener una póliza anterior sobre las mis-mas existencias y mobiliario, única solicitud presentada como prueba por la parte demandada, y habiéndose expedido dicha póliza anterior y las objeto de este pleito sin ninguna otra investigación por parte de la demandada, dichas pólizas fueron expedidas por la compañía a su riesgo. 3. Que habiendo estado presente el agente de la de-mandada en el establecimiento del demandante al hacerse la solici-tud para dicha póliza anterior y habiendo tenido oportunidad de exa-minar el local oportunamente, no pudo haber ocultación por parte del demandante de un hecho que según la demandada era patente. 4. Que de haber habido alguna ocultación por parte dél demandante la misma no hubiese afectado el derecho al cobro de las pólizas, por cuanto quedó probado que la existencia de dicho motor eléctrico no afectaba ni aumentaba en absoluto el riesgo del incendio'ni era to-mado en consideración por la compañía aseguradora para aumentar la prima, toda vez que se demostró que dicho motor solamente tenía un cuarto de cabaRo de fuerza, y que el mismo no podía ser causa alguna de incendio, habiéndose probado que solamente motores elée-tríeos de más de un caballo de fuerza para fines industriales habían de ser considerados para el aumento de la prima.
(f) Como última defensa alegó la demandada que el demandante Luis Alvarez no obtuvo el consentimiento de la demandada ni su aquiescencia ni le di ó nunca aviso o puso en conocimiento de ella ni de sus agentes autorizados, el becho de haberse instalado el motor eléctrico aludido en el patio de su establecimiento, con el fin de ex-traer agua, y que el demandante utilizó ese sitio para aglomerar ca-jas vacías, papeles y otros ¡artículos procedentes de envolturas, con lo cual, según la demandada, quedó aumentado el peligro de. pérdi-das o daños por incendio.
“Sobre este particular, la corte habiendo llegado a la conclusión por la evidencia no contradicha, de que la existencia de dicho motor en nada afectaba el peligro de incendio y que el mismo era absoluta-mente seguro y debido a su mecanismo no podía producir ni comu-nicar incendio alguno que pudiera ocasionar la destrucción de los bie-nes asegurados, y habiendo llegado además a la conclusión de que el demandante no venía obligado a notificar a la demandada de la exis-tencia de dicho motor y que por su parte no hubo ocultación alguna del mismo ni el conocimiento por parte de la demandada de la existencia de dicho motor hubiera afectado en nada el contrato de póliza aludido, ni en cuanto al riesgo ni en cuanto al montante de la prima, dicha defensa carece de valor alguno que pueda afectar la causa de acción del demandante en el presente pleito.
“En cuanto al hecho de que el demandante declarase que el motor se calentó .un día y echó humo, no tratándose de un conato de incen-dio ni de ningún hecho que en sí pudo afectar el contrato de seguro habido entre Jel demandante y la demandada, dicho demandante no venía obligado a dar aviso alguno a la compañía demandada, y por lo tanto no violó con su silencio o inadvertencia condición alguna de dichas pólizas de seguro.”

La opinión termina de este modo:

“En resumen, habiendo probado los demandantes lodos y cada uno de los hechos alegados en su demanda a satisfacción de esta corte y no habiendo probado la demandada violación alguna por parte de los demandantes de condición alguna de las pólizas de se-guro referidas, ni establecido ninguna defensa pertinente en derecho que pudiese afectar la causa de acción de los demandantes Luis Alvarez y The Royal Bank of Canada al cobro de las mencionadas pó-lizas por virtud del incendio ocurrido, la corte es de opinión que la ley y los hechos están a favor de los demandantes y en contra de la demandada y que debe declararse con lugar la demanda en todas sus partes, esto es, condenando a la demandada a satisfacer a los de-mandantes la suma de veinte y cinco mil dólares más el interés legal sobre dicha suma o sea el seis por ciento anual desde el día 12 de junio de 1924 hasta su total pago en la siguiente proporción: al demandante Luis Alvarez, la suma de $23,776.00 más sus intereses correspondientes y al demandante The Boyal Bank of Canada la suma de $1,224.00 más sus intereses correspondientes, y además a satisfacer a los demandantes las costas, desembolsos y honorarios de abogado de este pleito y ordena que por el Secretario de esta Corte se registre una sentencia de conformidad con esta opinión.”

La transcripción de la evidencia preparada por el taquí-grafo contiene 1,130 páginas en maquinilla, pero su examen resulta fácil por el buen método seguido por los abogados de ambas partes en sus alegatos. Parece justo decir que po-cas vedes hemos estudiado mejores y más completos alega-tos que los presentados en este caso. No hay cuestión im-portante ni detalle alguno que la mente más perspicaz pueda observar que haya sido omitido ni dejado de poner de relieve en pro de los intereses de la apelante por su abogado, y cada cuestión importante o detalle ha sido contestado con igual claridad y precisión por el abogado defensor de los apelados. Una y otra parte no se han limitado a hablar por su cuenta: han hecho hablar al récord, y cada impug-nación o defensa de las también completas y detalladas con-clusiones de la corte ha sido acompañada de abundante y bien seleccionada jurisprudencia y citas de autores sobre la materia envuelta que tan debatida ha sido en los tribunales.

Después de una cuidadosa consideración de los hechos y la ley estimamos que la corte de distrito estuvo justificada en su opinión y en su sentencia. En última instancia, en-tendida bien la ley, todo depende aquí para confirmar o re-vocar, de la apreciación de las pruebas por parte del tribunal sentenciador. Hemos vacilado en ciertos extremos so-bre todo al estudiar la presentación de ellos por parte del abogado de la apelante, pero al considerar la totalidad de la prueba expuesta por el abogado de los apelados y sus razo-namientos y lo resuelto en casos semejantes por los tribu-nales, bemos podido penetrarnos de lo justificada que estaba la conclusión de la corte de distrito. Por lo menos habiendo llegado a esa conclusión el tribunal sentenciador a virtud del examen directo de la evidencia, no está esta Corte Su-prema en condiciones de alterarla, no habiéndose demos-trado, como no se ha demostrado, la existencia de manifiesto error, o de pasión, prejuicio o parcialidad.

Siendo ello así, tratándose de una confirmación de la sen-tencia apelada, habiendo sido apreciados bien los hechos y la ley, no estimamos necesario escribir la larga opinión que tendríamos que emitir para tratar debidamente todas las cuestiones debatidas y envueltas.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


author: .El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Frank A. Crescioni, demandado y apelante.
    No. 4380.

    Sometido: Noviembre 20, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1929.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Juan de Guzmán Benitez, abo-gado del apelado.
   .El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado y apelante, Frank A. Crescioni, escribió una carta al banco demandante en la que le daba instrucciones para que al llenarse ciertos requisitos pagara a M. González García determinada suma de dinero. El banco efectuó el pago y cuando el citado Crescioni se negó a reembolsar el dinero al banco, este último entabló demanda y obtuvo sentencia a su favor, contra la cual ba sido instituido el presente recurso de apelación.

Es innecesario considerar muy detalladamente los varios señalamientos de error. La corte inferior tal vez se equivocó en varias cuestiones de poca importancia, a saber, si cierta mercancía en realidad babía sido embarcada o al caracterizar la defensa del demandado. Tampoco consideramos la forma de pago efectuada por el banco, en vista de que la cuestión esencial presentada para su decisión es si la carta dirigida por Crescioni al banco era suficiente orden de pago.

La carta en cuestión instruía al banco que pagara el dinero a la presentación de un giro, conocimiento de embarque, factura consular y además una póliza de seguro si la mercan-cía era embarcada por goleta. La mercancía, consistente en traviesas, debía ser embarcada desde Santo Domingo. Nunca llegó a su destino. Un fraude absoluto fue perpetrado por M. González García.

El apelante dice en su contestación que los documentos mencionados no acompañaron el giro. Al discutir el tercer señalamiento de error el apelante dice que él sostenía que era el deber del banco demandante cerciorarse de que los docu-mentos presentádosle, y especialmente el conocimiento de em-barque, eran buenos y válidos.

La corte bailó y la prueba tendió a demostrar que se pre-sentaron al banco un conocimiento de embarque, una factura consular y una póliza de seguro, todos aparentemente en de-bida forma. Durante el juicio todas las firmas contenidas en los documentos fueron probadas debidamente. Entonces sur-gió la cuestión de si era el deber del banco a la presentación de los documentos averiguar si el conocimiento de embarque representaba mi despacho realmente efectuado. No podemos resolver que surgió tal deber.

Todo el mundo sabe en qué consisten los negocios corrien-tes de un banquero. Entre otras cosas, paga dinero de los depósitos hechos o cuando el cliente tiene crédito con el banco. Cuando una persona como Crescioni ordena a un banco que pague dinero a la presentación de ciertos documentos por de-terminada persona que se menciona, en el presente caso Gon-zález García, y esa persona acude al banco con documentos que en cuanto a su forma son perfectos y que están debida-mente certificados, y el banco efectúa el pago, la persona a cuya súplica se hace el pago es responsable. Ella es la que puso en movimiento las distintas fuerzas que tuvieron como resultado el pago a determinada persona.

Si bien ocurrió (pie M. González García cometió un fraude, nunca despachó traviesas y se burló de las autoridades y de otras personas en Santo Domingo, sin embargo, la orden dada, al banco era suficiente autorización para éste. Fue Crescioni quien colocó a M. González García en posición de que perpe-trara el engaño. En otros campos del derecho, como entre dos personas inocentes, aquella que hace posible la comisión del fraude o del engaño, sufre las consecuencias. Por ejem-plo, una venta fraudulenta en que el vendedor se desprende de la posesión y la venta es anulable.- Entonces el principio es, y así lo expone el tratadista Benjamin en su obra sobre Ventas, Séptima Edición Americana, páginas 409 et seg., parr. 433; “Pero si en el ínterin el comprador transfiere los bienes total o parcialmente, ora sea el traspaso de la propiedad general o especial, a un tercero inocente, por algo de valor, los derechos del vendedor original estarán subordinados a los de tal persona inocente. ’ ’ La razón de la regla es la misma.

Los casos de cheques falsos no son aplicables. La orden en este caso surgió claramente del demandado.

No podemos resolver que el banco se constituyera a sí mismo en un agente de Crescioni. El confiaba en González García para determinar la validez del conocimiento de em-barque.

El argumento ab inconvenienti se dice que es el más flojo, según la lógica, y sin embargo a veces puede utilizarse. Si un banco tuviera que bacer las investigaciones sugeridas, las transacciones mediante conocimientos de embarque y los cré-ditos que surgen de conformidad con los mismos, serían ex-' cesivamente difíciles.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: Kl Juez Asociado Señor Wole,

text:
    José Aguedo Boscana, peticionario y apelante, v. Guillermo Vivas Valdivieso, Alcalde de Ponce, querellado y apelado.
    No. 4746.

    Sometido: Enero 29, 1929.

      Resuelto: Mayo 31, 1929.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; F. B. Fornaris, abogado del apelado.
   Kl Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Águedo Boscana solicitó de la Corte de Distrito de Ponce un auto de certiorari contra el alcalde de dicba ciu-dad, Guillermo Vivas Valdivieso. Por lo menos este último es mencionado como demandado en la petición. El objeto del auto era impedir que se efectuara una subasta pública, la que iba a llevarse a cabo en la oficina del alcalde por' virtud de una resolución (sic) de dicho alcalde ordenando una subasta 'pública para la construcción de un malecón de con-ereto armado. Cuando la petición fue presentada a la Corte de Distrito de Ponce, ésta se negó a expedir el auto. Por consiguiente, el Alcalde de Ponce nunca compareció ni se de-fendió en el litigio. El allí peticionario apeló de la orden de la corte rehusando expedir el auto. La apelación fue no-tificada al alcalde. El abogado que se suponía representar al alcalde, certificó la corrección de la transcripción de autos. Ninguna de las partes compareció durante la vista del caso y el alcalde, como supuesto apelado, no ha radicado alegato alguno.

Al principio estuvimos algo inclinados a creer que el le-trado del alcalde tenía el deber de comparecer y defenderse en este litigio, pero hemos resuelto finalmente que tal deber, de existir, no era imperioso.

En primer lugar dudamos que esta corte tenga jurisdic-ción, ya que no hubo controversia alguna en la corte inferior. El alcalde nunca fué parte en el litigio y una apelación pre-supone una controversia entre dos partes. El medio ade-cuado posible hubiese sido solicitar de esta corte la expedi-ción de un auto qua mandamus, obligando a la corte de dis-trito a conocer del caso. Es cierto que a una persona no debe obligársele a defenderse en una corte de apelaciones cuando ella nunca ha estado en la corte inferior. Tenemos idea de que la negativa a expedir autos de certiorari, al igual que la negativa a expedir autos de habeas corpus, no es revisable.

De todos modos, el apelante no nos ha dejado satisfechos de que la corte debió haber librado el auto de certiorari, ya fuere clásico o de cualquiera otra clase. En este caso no se trataba directamente de impugnar, por virtud del artículo 65 de la Ley Municipal, las actuaciones de la asamblea municipal.

Bajo estas circunstancias, aunque podríamos confirmar ia sentencia, hemos resuelto desestimar la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Nitrate Agencies Co., demandante y apelante, v. Eduardo Urrutia, en su carácter de Márshal de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, demandado y apelado.
    No. 4489.

    Sometido: Febrero 15, 1929.

      Resuelto: Mayo 31, 1929.

      Enriqiie Rincón, abogado de la apelante; Blondei & Campillo, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado, Eduardo Urrutia,. como Márshal de la Corte de Distrito de San Juan, estaba a punto de vender en ejecución de sentencia una participación social, cuando, como se alega en la petición de mandamus, una tercera persona alegó prioridad. El importe de la reclamación original era $1,868.57, más intereses, y el márshal, así se alega, informó al agente del demandante original que, haciendo uso de su discreción, aceptaría una fianza de $5,000 para exo-nerar la participación social que se trataba de ejecutar. Según se alega además, la participación que se iba a eje-cutar, de conformidad con el contrato de sociedad celebrado anteriormente, ascendía a $23,000.

La corte de distrito, después de radicarse una contes-tación, pero aparentemente sin otra prueba que las alegacio-nes, dictó sentencia a favor del demandado. No estamos seguros de que no se presentara prueba, en vista de que la corte Rabia de la declaración del mársbal, pero no se ba in-corporado prueba a los autos.

La teoría del mársbal era que él tenía discreción para lijar la fianza en una cantidad más que suficiente para cu-brir la reclamación del demandante. De la contestación se desprendía que el contrato de sociedad babía sido celebrado algún tiempo antes y que babía otros embargos u órdenes de ejecución contra la misma participación. Igualmente, que era discrecional por parte del mársbal fijar el importe de la fianza. Este último tasó la participación en $2,500 y lijó la fianza en $5,000. La teoría de la apelante era que una vez que se demostrara que la participación ascendía a $23,000, la presunción era que continuaba .valiendo eso; que de conformidad con la ley el mársbal estaba obligado a fijar-una fianza por el doble del importe de la participación, o sea, por $46,000.

La corte resolvió que antes de poderse llevar al mársbal a los tribunales mediante el procedimiento de mandamus, era necesario que se le requiriera; que efeetiva¡mente ál mársbal competía fijar el valor, y en ausencia de prueba en contrario la actuación del mársbal se presumía correcta; y que el mársbal tenía una discreción que no podía ser contro-lada por mandamus. Asumiendo que todas estas cuestiones fueron debidamente presentadas, somos de opinión que la corte en general estaba en lo cierto. La reserva que hace-mos es que el mandamus no procedía en absoluto y que por tanto no estaba envuelta ninguna verdadera cuestión de dis-creción vel non. Dudamos que la presunción de continuidad sea aplicable a. una participación social, sujeta a cambio como está.

Esta es una petición de mandamus en que se solicitaba se ordenara al mársbal que se abstuviera de suspender una venta en pública subasta a menos que se exigiera una fianza por el doble del importe de la participación que se iba a ejecutar. En cuanto a su forma, por lo menos, no se soli-cita ninguna orden específica dirigida al mársbal para que haga algo. Según indicó la corte, no hubo prueba de que alguien ya hubiese ofrecido una fianza. Quizá el márshal podía proseguir con la venta en pública subasta. El objeto de la petición claramente era impedir que el márshal acep-tara una fianza de $5,000. Los deberes a que se dirige un auto de mandamus son positivos y no negativos; que haga, y no que se abstenga de hacer.

Quizá más especialmente el auto de mandamus procede para regular un deber “que la ley particularmente ordene,” etc. Por lo general significa un deber claramente impuesto por la ley. No tiende a abarcar toda clase de deber que sea incidental a un cargo. La fijación del importe de una fianza no puede ser un deber especialmente ordenado por la ley.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: Él Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Melchior, Armstrong & Dessau, Inc., demandante y apelante, v. Arbona Hermanos, Sucesores, demandada y apelada.
    No. 4484.

    Sometido: Diciembre 12, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1929.

      José y Alberto S. Poventud, abogados de la apelante; López de Tord & Zanjas Pizwrro, abogados de la apelada.
   Él Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La ejercitada" en este caso es nna acción en cobro de $1,382.70 procedente de la venta de treinta fardos de papel y cien sacos de harina de maíz.

La demandada acepta que compró a la demandante el papel y la harina pero sostiene que no está obligada a pa-gar el precio del papel porque éste no le fué entregado en el tiempo especificado en el contrato y en tal virtud se negó a recibirlo y que tampoco debe nada por razón de la harina porque si bien la recibió de conformidad, su precio se com-pensó con cierta suma que le debía la demandante.

Fué .el pleito a juicio. Ambas partes practicaron su prueba y la corte dictó finalmente su sentencia declarando la demanda sin lugar en cuanto al papel, y con lugar, con excepción de una pequeña suma, en cuanto a la harina.

La demandante apeló. La sentencia en lo qne se refiere a la liarina no se disente. Para pedir sn revocación en cnanto al papel, se alegan seis errores a los qne nos iremos refiriendo por el orden en qne han sido señalados.

Por el primero sostiene la apelante qne “la Corte de Distrito de Ponce cometió error al admitir en evidencia nn copiador de cartas en el qne se encuentra nna de fecha 24 de agosto de 1924; y, en sn consecuencia, al considerar justificada la demandada-apelada al negarse a recibir la mercancía objeto de este litigio, por razón de haber llegado la misma fuera de tiempo.”

Tal como se señala y discute, el error abarca dos extre-mos: el de la admisión y el del peso de la evidencia.

En cnanto a la admisión de la copia de la carta constante en el libro copiador de cartas de la mercantil demandada, creemos que estuvo autorizada por el artículo 84 de la Ley de Evidencia ya qne se aportó la necesaria prueba de que el original fue cursado por correo y la demandante a quien iba dirigido dijo que no lo tenía en su poder.

Al discutir el peso de la evidencia se discute de hecho el de toda la aportada.

Para mayor claridad parece conveniente insertar aquí los hechos declarados probados por el tribunal sentenciador. Son así:

“Que la demandante, por su agente José Pou, en virtud del con-trato de 30 de abril de 1923, se comprometió a entregar a la deman-dada 30 fardos de papel Sulphite, los que debían ser embarcados o-despachados por la demandante el mes próximo, a la orden, o sea en el mes de mayo de 1923; que dicho papel no llegó a Ponce hasta el mes de agosto de 1923, y la demandada se negó a aceptarlo por haber venido fuera de tiempo, y así se lo comunicó al señor Pou, agente de la demandante y éste convino con la demandada en que se levantara el papel del muelle y se depositara en los almacenes de la demandada por cuenta de la demandante; que así se hizo y el papel ha seguido allí hasta el presente; que el señor Pou, como agente de la demandante, ofreció ese mismo papel a varios comer-ciantes de Ponce, quienes declararon al efecto y que lo hacía a nom-bre de la demandante; que aun cuando en julio de 1924 la de-mandada escribió a la demandante rehusando pagar giro por la cuan-tía del papel diciendo que lo había dejado por cuenta de la deman-dante por no ser lo comprado por ellos, ese hecho.fué rectificado en su carta de agosto de 1924 rectificando el error y diciendo que no lo aceptaron por haber llegado fuera de tiempo; que la mencionada carta de julio de 1924 corrobora el hecho de que la mercancía fué dejada por cuenta de la demandante desde su llegada a Ponce, y se llama la atención hacia el hecho de que el señor Pou no lo hubiera comunicado así a la demandante.”

Si la. prueba de que desde el primer momento se alegó por la demandada para negarse a aceptar el papel la falta de entrega en el tiempo especificado en el contrato, consis-tiera únicamente en la carta de que se trata, estaríamos conformes con la apelante en que no sería suficiente, pero la prueba sobre el particular fué abundante y a ella dio entero crédito la corte sentenciadora.

El segundo error se formula así: La corte sentenciadora incurrió en error al admitir en evidencia prueba de supuestas manifestaciones hechas p,or Don José Pou Carreras, como agente vendedor de la parte actora ‘Melchior, Armstrong & Dessau, Inc.,’ después de fallecido éste, y siendo contrarias las mismas a las instrucciones escritas de su citada mandante, y que conocía Arbona Hermanos, Sucrs., o sea, la demandada apelada.”

Pou era el agente reconocido de la demandante y fué el (pie celebró con la demandada el contrato de compraventa de que se trata y el que intervino en los actos que posterior-mente ocurrieron. Murió y se permitió al socio de la de-mandada que con él trató que declarara que cuando llegó el papel la demandada se negó a recibirlo porque habién-dose comprado con la condición de ser embarcado en mayo de 1923 no se recibió hasta, agosto siguiente y que, como venían contratando desde hacía veinte años, én evitación de mayores gastos, la demandada a ruegos de Pou estuvo con-, foime en levantar el papel del muelle y en depositarlo en su almacén a disposición de la demandante, ocupándose luego Pon de la venta del mismo a otras personas.

Es cierto qne las manifestaciones del socio de la deman--dada, habiendo fallecido el agente de la demandante, deben mirarse; con cántela, pero ello no quiere decir qne fneran inadmisibles. .

En cnanto a qne la actitnd qne al agente de la deman-dante atribnye el socio de la demandada fnera contraria a las instrncciones de sn principal, si bien parece deducirse así de la contestación de la demandante a la carta de la de-mandada de julio de 1924, es extraño qne la demandante qne seguramente tenía en sn poder cartas de sn agente co-municándole la negativa de la demandada a recibir el pa-pel, no las aportara al juicio.

Es un becbo no disentido qne la mercancía llegó más de dos meses después de lo qne debió habe'r llegado según los términos expresos del contrato, y la demandante, no obs-tante haberse alegado la falta de entrega a tiempo en la con-testación, ninguna prueba presentó de cuándo fué entregado el papel por la fábrica y embarcado, explicando de algún modo la tardanza. Fió al parecer su caso enteramente en qne la demandada sólo había rechazado la mercancía por ser de calidad distinta a la muestra, y la- única evidencia qne aportó para demostrarlo fué la carta de la demandada de julio de 1924 o sea de cerca de un año después de haber llegado a Ponce el papel.

Dicha carta, como sabemos, fué rectificada, alegándose que fué escrita por el tenedor de libros. Además, se ex-plicó qne en efecto el papel no era de la calidad vendida y qne a virtud de ello pudo también rechazarse, pero qne como la prueba era difícil e insegura — prueba pericial — y existía el motivo claro de la falta de entrega dentro del tiempo expresamente fijado en el contrato, esa falta de en-trega se adoptó como base, siendo todo bien entendido desde el principio por el agente de la demandante.

Por el tercer error se sostiene qne la corte aplicó indebidamente a este caso la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el de McFaddin Rice Milling Co. v. Maldonado, 31 D.P.R. 472.

Desde el momento en que la corte apreció la evidencia en el sentido en que lo hizo, esto es, en el de que se probó que la mercancía no se entregó dentro del tiempo especifi-cado en el contrato, sin que la demandante justificara la tardanza y sin que la demandada hubiera abandonado (waive) su derecho, haciéndolo valer por el contrario de modo positivo, el caso de McFaddin, supra, era aplicable.

El cuarto error se señala con motivo de la declaración de Manuel Pou, por ser dicha declaración de referencia.

Habiéndose demostrado como se demostró que el testigo, hijo del Sr. Pou agente de la demandante, trabajaba con él en el negocio de comisiones y con él estaba estrechamente relacionado y tuvo conocimiento desde el principio de lo ocurrido con el papel a que se refiere este pleito y de las gestiones practicadas para venderlo por cuenta de la de-mandante después de haberse negado la demandada a acep-tarlo, no creemos que sus manifestaciones en relación con la causa alegada por la demandada desde el primer mo-mento y aceptada por el agente, aunque algunos hechos esenciales le constaran en verdad por lo que su padre le dijera, puedan ser totalmente rechazados como prueba de re-ferencia, sobre todo después de haberse permitido que se hicieran sin objeción alguna.

El quinto error se refiere a una apreciación del juez constante en su opinión relativa a que el papel no se ven-dió con arreglo a determinada calidad. Aceptando que la evidencia demostrara lo contrario — en verdad no lo demues-tra de modo claro — el error no tendría importancia.

En el sexto y último error se resumen los demás.

Todo depende en este caso del crédito que se dé a la prueba aportada por la demandada. La muerte del agente de la demandante Sr. Pon hizo difícil la situación de una y otra parte. La transacción se realizó en abril de 1923. El papel llegó a Ponce en agosto de 1923. Una carta de la propia demandante revela que Pou vivía y era su agente reconocido en julio 30 de 1924. El pleito se inició en no-viembre de 1926.

Toda la evidencia de la demandada relativa al motivo que tuvo para negarse a recibir el papel es dudosa porque es prueba interesada y susceptible de ser preparada en be-neficio propio, pero tampoco fue explícita la del demandante. No se concibe que no tuviera correspondencia de su agente desde el primer momento y que basara todo su caso en una manifestación contenida en una carta de la demandada, es-crita cerca de un año después de ocurridos los hechos, que no excluye por completo la defensa de la demandada y que fué por ésta rectificada un mes más tarde cuando tuvo opor-tunidad' de conocer el error cometido, según evidencia abun-dante ofrecida y apreciada como digna de crédito por la corte* sentenciadora.

Bajo esas circunstancias, no habiéndose demostrado error manifiesto alguno, ni pasión, prejuicio o parcialidad por parte del tribunal sentenciador al actuar -en la forma en que lo hizo, debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Iglesia Católica Apostólica Romana de Puerto Rico, Diócesis de San Juan, demandante y apelante, v. Municipio de Arecibo, demandado y apelado.
    No. 4433.

    Sometido: Junio 5, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1929.

      Samuel B. Quiñones y Feliú & La, Costa, abogados de la apelante; Francisco M. CaMlla, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Iglesia Católica, Apostólica, Romana de Puerto Rico, diócesis de San Juan, apela de una sentencia que declaró sin lugar su demanda de injunction para recobrar la pose-sión de una capilla conocida como' Hermita de la Monse-rrate, situada en el hospital de la Monserrate en la ciudad de Arecibo y de dos salones anexos, en la que alegó que fué privada de ellos por actos del alcalde del municipio de Arecibo actuando como representante del mismo.

Para sostener su apelación expone que la corte inferior cometió error al apreciar la prueba, por estimar que por ella no se demuestra la posesión material de la capilla de la Monserrate por parte de la demandante: y al declarar que la posesión y disfrute probados por la parte actora no eran de la naturaleza de aquellos protegidos mediante los interdictos posesorios. Ambos motivos de error pueden ser considerados conjuntamente porque están íntimamente rela-cionados.

Como éste es-un procedimiento especial para recobrar la posesión, establecido dentro del año de la pérdida de la ale-gada posesión por actos del demandado, y como de los autos aparece que entre las mismas partes existe otro pleito ordinario que tiene alguna relación con el presente pues por él interesa la actual demandante que sea declarada nula la inscripción de posesión becba en el registro de la propie-dad a favor del municipio de Arecibo del solar en que está fabricado el hospital conocido como de la Monserrate, limi-taremos las cuestiones que tratemos a la posesión reclamada,-sin que nada de lo que ahora digamos pueda afectar al pleito ordinario mencionado.

Hemos examinado la prueba que fué presentada por las partes en este pleito y de ella resulta que cuando hace años1 fué construido el-referido hospital fueron llevadas a él al-gunas hermanas de la congregación religiosa Siervas de María para el cuidado de los enfermos y que el salón frontal de la esquina derecha del edificio fué habilitado como ca-pilla para que dichas hermanas pudieran hacer sus oracio-nes religiosas y oír misa, usándose el salón inmediato como sacristía y otro también contiguo como comedor de las her-manas. Esos salones tenían acceso por la entrada principal del hospital y el sitio en que estaba la capilla tenía ade-más comunicación directa a la plaza que está frente al edi-ficio por una puerta que abría interiormente. Posterior-mente, y también de esto hace muchos años, dichas hermanas fueron substituidas por otras de la congregación de San Vicente de Paúl, también para el cuidado de los enfermos, recibiendo sueldo, comida y órdenes del municipio de Are-cibo, el que atendía también a todos los gastos del hospital, de su conservación y reparación, incluyendo los expre-sados salones y capilla, a la que suministraba corriente eléc-trica para sus luces, y pagaba los otros empleados del hospital, que estaba administrado por un director. Esas her-manas pagaban al párroco de la iglesia de Arecibo porque les dijera misa diaria y cuando dicha iglesia fué grande-mente dañada por los temblores de tierra del año 1918, de tal modo que tuvo que ser cerrada hasta que hace algún tiempo fué reparada y habilitada de nuevo, durante ese tiempo fueron trasladados temporalmente los servicios reli-giosos de la iglesia a la capilla existente en el hospital. Los gastos religiosos de la capilla los hacían esas Hermanas de la Caridad. Años después el municipio desocupó el edificio en que estaba ese hospital por haber construido otro nuevo al cual fueron trasladados los enfermos y destinó el antiguo hospital para habilitarlo, como escuela pública para cuyas obras contrató un.empréstito. Las Hermanas de la Caridad no fueron al nuevo hospital y al desocupar ellas el antiguo hospital de la Monserrate un párroco de la iglesia hizo po-ner una cerradura que impidió la comunicación interior del salón donde había estado la capilla, cerradura que hizo qui-tar el alcalde de Arecibo y entonces la iglesia estableció este procedimiento de injunction fundado en que ella tenía la posesión del salón de la capilla y de los otros dos anexos, utilizado uno como sacristía y el otro como comedor de las hermanas religiosas.

Esos hechos justifican la sentencia apelada pues aunque según ellos dichas hermanas religiosas tenían la posesión de los mencionados salones, también es cierto que habían sido ellas llevadas al hospital para el cuidado de los enfermos y recibiendo sueldo, comida y órdenes del director del hospital, eran empleadas del municipio de Arecibo y por tanto la posesión que ellas tenían era como tales empleados del municipio sin que la mera tolerancia al permitir el empleo de uno de sus salones como capilla constituya verdadera posesión que ataque el derecho del municipio en el edificio, pues como acertadamente dice la corte inferior, a pesar de esa tolerancia la posesión sigue residiendo en el municipio que la tenía. El tenedor por actos meramente tolerados no puede utilizar el interdicto o injunction* para recobrar la po-sesión. 4 Manresa 212; Solís v. Castro, 36 D.P.R. 105.

La sentencia apelada debe ser confirmada.