author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Alonso Riera & Cía. et al., Demandantes y Apelantes, v. Benedicto, Tesorero, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre devolución de dinero.
    No. 2447.
    Resuelto en junio 20, 1923.
    Contribuciones — Devolución de Contribuciones — Pago Bajo Protesta — Acción Contra el Tesorero. — La ley de marzo 9, 1911, impide cualquier acción contra el Tesorero de Puerto Rico para la devolución de contribuciones ilegal-mente cobradas por él, a menos que dichas contribuciones fueran pagadas bajo protesta y que la acción se hubiera establecido dentro de treinta días de verificado tal pago.
    Id. — Id. •— Derecho Constitucional '— Política Pública. — La Legislatura tiene facultad para fijar la responsabilidad en quien corresponda en todos los casos en que se trata de la devolución de contribuciones cobradas so color de un estatuto anticonstitucional, para prescribir un remedio adecuado al efecto y hacerlo exclusivo en el sentido de proteger a un funcionario público que, actuando sobre la presunción de que tal ley es válida, intenta hacerla efeetiva, y la legislatura, como cuestión de política pública, ha hecho deliberadamente todo esto en la dicha ley de 1911.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. B. Martínez Alvarez y J. J. Ortiz Alibrán.

    Abogados del apelado: Eon. Attorney General y Sr. A. Arroyo Rivera.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción, por su nombre, estilo y forma, se establece contra José E. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, y se califica tanto en el título como en la parte principal de la demanda como una acción sobre devolución de dinero pagado en la compra de estampas de garantía.

Los demandantes, que constituyen un gran número de fabricantes y exportadores de tabaco, alegan en substancia, como cansa de acción contra dicho demandado, que dicho de mandado es mayor de edad, con residencia en San Juan y que como Tesorero de Puerto Rico tiene a su cargo el cobro y recaudación de todos los impuestos contributivos designa-dos por las leyes a favor del Pueblo -de Puerto Rico; que la Legislatura de Puerto Rico en diciembre de 1917 aprobó una ley titulada “Ley para enmendar una Ley titulada ‘Ley para proteger los cigarros de Puerto Rico contra falsifi-caciones mediante inspección pericial adecuada y la emisión de estampas de garantía, determinando la procedencia del tabaco empleado en la elaboración de dichos cigarros para la exportación y para otros fines,’ aprobada en marzo 11 de 1915;” que esta ley autoriza al Tesorero de Puerto Rico para suministrar a los fabricantes de cigarros o exportado-res de tabaco en rama en Puerto Rico estampas que se cono-cerán como estampas de garantía para cigarros designados para la exportación o consumo de Puerto Rico, y para tabaco en rama para la exportación, y que dichas estampas deberán fijarse necesariamente en cada cajita o paquete original, cual-quiera que sea la capacidad de éste, en sitio visible para el consumidor antes de ser sacados del sitio donde se elaboran o preparan para la exportación; que la sección 3 de dicha ley dispone que el valor de cada estampa de garantía para ca-jitas o paquetes originales conteniendo cigarros para la ex-portación o consumo en Puerto Rico será de un centavo cada una y dé veinticinco centavos cada uno de los envases que cotengan tabaco en rama, picadura o tabaco despalillado para la exportación; que dicha ley fué puesta en vigor y empezó a ejecutarla el Tesorero de Puerto Rico allá por el mes de marzo de 1918 y continuó en vigor hasta el mes de septiem-bre de 1919, durante cuyo transcurso el Tesorero de Puerto Rico, o sea, el demandado, estuvo exigiendo de acuerdo con dicha ley, que todos los fabricantes de cigarros y exporta-dores de tabaco en rama, picadura o tabaco despalillado para la exportación o consumo en Puerto Rico fijasen estampas de garantía de un centavo en cada paquete o c'ajita de ci-garros fabricados en Puerto Rico y asimismo fijaran estam-pas de garantía de veinticinco centavos en cada envase con-teniendo tabaco en rama, picadura o tabaco despalillado para la exportación antes de ser sacado del sitio donde se elabo-raba o preparaba para la exportación o consumo en Puerto Rico; que durante el período de tiempo transcurrido desde el mes de marzo de 1918 hasta el de septiembre, inclusive, de 1919, algunos de los demandantes eran fabricantes de ciga-rros y otros exportadores de tabaco en rama en Puerto Rico, a quienes el Tesorero de Puerto Rico, o sea, el demandado en este caso, les exigió que en cada paquete o caja de ta-baco de cigarros que fabricasen en Puerto Rico para la exportación o consumo en Puerto Rico le fijasen una es-tampa de garantía; en julio 12 de 1920 los demandantes didirigieron una carta al Tesorero de Puerto Rico, deman-dado ahora, manifestándole entre otros particulares, que las cantidades de dinero relacionadas en la demanda y pa-gadas en la compra dé estampas de garantía las pagaron indebidamente y fueron injustas e ilegalmente exigidas y co-bradas por el Tesorero de Puerto Rico, que es el deman-dado, por el motivo de que dicho cobro lo hizo en virtud de una ley inconstitucional que fué declarada nula por senten-cia dictada por la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en marzo 19' de 1919 en el caso de American Tobacco Co. v. The Treasurer of Porto Rico, demandado en este caso, y pidiendo al referido Tesorero de Puerto Rico que les devolviese las ameritadas cantidades “como medida justa, equitativa y legal del Pueblo de Puerto Pico que no debe sancionar la exacción de bienes de los contribuyentes sin el debido procedimiento de ley,” a cuya reclamación el Tesorero contestó que el dinero así cobrado había sido ingre-sado en los fondos generales de Tesorería y que el Tesorero de Puerto Pico carecía de facultades para atender a tal re-clamación; que los demandantes en octubre 29 de 1920 pi-dieron por escrito reconsideración de esta resolución, a lo que contestó el Tesorero en noviembre 26 de 1920 soste-niendo la opinión dada anteriormente; que si los demandan-tes hubieran rehusado o dejado de fijar las estampas de ga-rantía, como queda dicho, de acuerdo con la-ley y lo orde-nado por el Tesorero de Puerto Pico, éste les hubiera embar-gado y confiscado. los paquetes en cuestión además de ini-ciar el proceso criminal correspondiente; que desde sep-tiembre de 1919 el Tesorero de Puerto Pico, .o sea, el deman-dado, no ha exigido a los demandantes fijar en cada paquete de cigarros ni en los envases de tabaco en rama las estam-pas de garantía para la exportación o consumo en Puerto Pico; que la ley de diciembre 3 de 1917 a-que se ha hecho referencia, jpor virtud de la cual el Tesorero de Puerto Pico exigió a los demandantes la fijación de estampas y los de-mandantes se vieron obligados a comprar las mismas, como queda dicho, fué declarada nula por la sentencia de marzo 19 de 1919, mencionada anteriormente; que habiendo sido declarada inconstitucional la referida ley no tuvo existencia legal a la fecha de su promulgación ni en ningún tiempo des-pués en virtud de lo cual el impuesto en cuestión fué pagado injustamente por los demandantes, e indebidamente exigido y cobrado por el Tesorero de Puerto Pico como se ha ale-gado y que los demandantes “en virtud de las anteriores aleg’aciones tienen perfectísimo derecho a recobrar del Pueblo de Puerto Pico las cantidades por tales conceptos paga-das.”

En la súplica de la demanda se pide que se dicte sen-tencia ‘ ‘ condenando al demandado José E. Benedicto, Teso-rero de Puerto Pico, a reintegrar a cada uno de los deman-dantes en esta acción la cantidad pagada por el concepto de •estampas de garantía expresada y relacionada detallada-mente en esta demanda con todo lo demás que sea pro-cedente. ’ ’

Fué formulada una excepción previa por el fundamento, ■entre otros, de que la corte carecía de jurisdicción para co-nocer del caso, porque la acción ejercitada es en realidad de verdad una acción contra el Pueblo de Puerto Pico, que no ba prestado su consentimiento para ser demandado en ■este caso. La corte inferior sostuvo este criterio, y sin resolver los otros fundamentos de excepción previa, desestimó la demanda por falta de jurisdicción.

Hacemos la siguiente cita de la opinión emitida por el juez sentenciador:

“Afirma la representación de los demandantes en su bien estu-diado alegato, que esta acción se basa en el artículo 1796, del Có-digo Civil vigente; que es una acción para recobrar lo indebida-mente cobrado por el Departamento de Tesorería o entregado a sus agentes; que es la acción denominada en el antiguo derecho común (common lato) indebitatus assumpsit que pueden iniciarse contra un funcionario colector de la contribución ilegalmente cobrada; y que el presente pleito se dirige contra el Tesorero y no contra El Pueblo de Puerto Rico, por la razón de que dicho funcionario tiene en su poder el importe de los sellos de garantía que dicen haber comprado los demandantes. Pero en la demanda no aparece alegación alguna positiva de que las sumas en cuestión permanezcan en la posesión o poder del funcionario que las recaudara. Por el contrario en el párrafo 6o. de la misma, se aduce el hecho de que el Tesorero, al negarles la devolución solicitada de lo pagado de los sellos, les con-testó, como razón de su negativa, que el dinero así cobrado había sido ingresado en los fondos de la Tesorería, esto es, ya fuera de la posesión temporal y transitoria del oficial recaudador y se hallaba en la de El Pueblo de Puerto Rico, aunque bajo la custodia del Te-sorero que carece de facultades para devolverlo, así como para veri-ficar cualquier otro egreso sin la debida autorización expresa de la ley que lo justifique. Y como los demandantes en su alegato admi-ten el principio general de que cuando se entabla una acción contra un funcionario público y su objeto es privar a El. Pueblo de Puerto Rico de sus fondos propios o de bienes del pueblo de que esté en posesión, tal acción en realidad de. verdad se dirige contra el Pueblo, no habiendo en la demanda alegación que contradiga lo manifestado por el Tesorero en su negativa, que equivale a la afir-mación de que el dinero que se pretende recobrar se halla en pose-sión de El de Puerto Rico y no en poder del funcionario recauda-dor; y alegándose a mayor abundamiento en el párrafo 9o. de la. demanda que por los hechos expuestos en ella los demandantes tie-nen derecho a recobrar de El Pueblo de Puerto Rico las cantidades, pagadas lo que supone la afirmación implícita de que El Pueblo se ha incautado o ha adquirido la posesión de dichos fondos, pre-ciso es concluir que la acción en realidad de verdad es contra El Pueblo de Puerto Rico y no contra el Tesorero de Puerto Rico.
- “.Se trata de recobrar de El Pueblo de Puerto Rico cantidades pagadas en concepto de rentas, impuestos o derechos ilegalmente cobrados. Y siendo así creemos que este caso está comprendido entre los que abarca la ley de 1911, enmendada en 1920. Y como no apa-rece en la demanda que se verificasen los pagos bajo protesta, fuerza es llegar, como llegamos, a la conclusión de que la presente acción no ha sido previamente autorizada por las referidas leyes. ¿Lo ha sido en virtud de la ley de 1916? En el acto de la vista de las ex-cepciones la representación de los demandantes argum'entó en sen-tido afirmativo. En el alegato escrito no insiste en su teoría sino que adopta la de que la acción es de ‘indebitatus assumpsit’ cobro dé-lo indebido. La sección primera de la Ley núm. 76 de 1916, pá-rrafo ‘B’ autoriza acción contra El Pueblo de Puerto Rico para reivindicar propiedad mueble o inmueble. El dinero es propiedad mueble, pero la acción reivindicatoría no es la acción sobre cobro de dinero. Aquélla para ejercitarse requiere entre otros requisitos indispensables el de la identificación de la cosa objeto de la reivin-dicación. Busca la vindicación, la reintegración de un estado de de-recho infringido acerca de una cosa determinada específica, no ge-nérica. El dinero no es, ni puede ser objeto de una acción de esta clase a menos que se marque o señale de algún modo o se especifi-que, con relación al poder o facultad de identificación. (14 Cal. 410; 29 Cal. 619; 63 Cal. 24.) No está, pues, autorizada la ae-ción entablada en el presento caso, por las disposiciones de la ley de 1911, ni por las de 1916, ni por las de 3920, ni por otra alguna. La corte no puede conocer dol caso porque El Pueblo de Puerto Rico no ha dado su consentimiento para ser demandado. Resuelto en este sentido el primer motiyo de las excepciones previas contra la demanda parece innecesario examinar y resolver acerca de lo demás. ’’

Para los fines de esta opinión puede admitirse, sin resolver, que la corte inferior incurrió en error en la conclu-sión a que así llegó. Sin embargo, por guardar relación con este punto, y como indicativo de algunas otras cuestiones interesantes, incluso la del efecto de un error o mal enten-dimiento común a una y otra parte respecto a la validez de la ley de 19Í7, a falta de protesta, podemos referirnos de paso a los casos de Poindexter v. Greenhough, 114 U. S. 270 (citado por los apelantes y en el cual descansan); Central Insurance Co. v. Gromer, y casos citados en él (en el cual los abogados del apelado están satisfechos en fundarse por es-tablecer la proposición de que “una acción para el pago de contribuciones cobradas ilegalmente, aunque en la forma contra el Tesorero, es una acción contra El Pueblo de Puerto Rico”) 26 R. C. L. 473, sec. 426, Atchison, etc., Railway Co. v. O’Connor, 223 U. S. 280; International Paper Co. v. Burril, 260 Fed. 664; nota a los casos de Louisville & N. R. Co. v. Burr, etc., 44 L. R. A. (N. S.) 189, 193; Louisiana v. Jumel, 107 U. S. 711; Elliot v. Swartout, 10 Peters, 137; Dowell v. Mix, 116 Fed. 664, y nota al caso de Messer-Moore Insurance, etc., Co. v. Trotwood Park Land Co., Ann. Cases 1912 D. 721.

Pero aparte de todas estas cuestiones, estamos persuadi-dos de que la ley de 1911 es un impedimento para cualquier clase de acción contra el Tesorero de Puerto Rico para el pago de contribuciones cobradas por él ilegalmente, a no ser que hayan sido satisfechas bajo protesta, y establecida dicha ac-ción dentro de los treinta días siguientes a su cobro.

Los artículos 1 al 5 de esa ley s'e citan íntegramente en el caso de Ensenada Estates v. Hill, 24 D. P. R. 492. El artículo 1 comprende todos los casos en los cuales, so pretexto de autoridad oficial, se alegan o reclaman contribuciones como debidas por alguna persona y se toman medidas para el cobro de las mismas. Por las disposiciones del artículo 2 se exige al Tesorero que ingrese en el Tesoro todas las canti-dades recaudadas, no obstante el becbo de que las mismas ban sido pagadas bajo protesta. Entonces, como prescribe el artículo 3, la parte qué pague esa contribución bajo pro-testa podrá, dentro del plazo improrrogable de treinta días, “demandar al mencionado Tesorero para obtener la devo-lución de la citada suma;” y al expedirse la debida certifi-cación por el tribunal el Tesorero queda autorizado a bacer su reintegro “dando preferencia a ese pago sobre cualquier otra reclamación que se baya becbo al Tesoro.” El artículo 4 prescribe que “no se dará otro recurso en casos de re-caudación ilegal de contribuciones o rentas, o en casos de tentativas para recaudar ilegalmente contribuciones o ren-tas.” Y dispone el artículo 5 que “en todos los casos en que, por cualquier motivo una persona alegue que la contri-bución que se la ba cobrado fué recaudada injusta o ilegal mente el recurso que ba de utilizar dicha persona es el que queda determinado antes y ningún otro.”

Ante estas terminantes prescripciones no estamos dis-puestos a imputar a la Legislatura ninguna intención de que el Tesorero deba quedar sometido a alguna responsabilidad personal por cantidades ingresadas de tal modo por él en el Tesoro, de conformidad con el mandato expreso de la ley; que esté él obligado a pagar con su dinero particular aque-llas sentencias que puedan dictarse contra él en acciones per-sonales establecidas mucho después que se había perdido el remedio que concede la ley, sin más compensación por esta injusticia que el privilegio de esperar la conveniencia de que alguna asamblea legislativa sucesiva establezca el remedio que crea procedente. Y si no hubiere ninguna responsabi-lidad personal por cantidades ilegalmente exigidas y paga-das bajo protesta, entonces, a fortiori, no puede existir nin-guna por cantidades recibidas de buena fe y sin aviso de alguna reclamación u objeción de cualquier clase.

Que la Legislatura tiene la facultad de imponer la res-ponsabilidad donde corresponda, en todos los casos que en-vuelvan el cobro de contribuciones satisfechas -so pretexto de un estatuto que es anticonstitucional, de prescribir un remedio adecuado y hacer que el mismo sea exclusivo hasta el punto de proteger a un funcionario público que actuando bajo la presunción de que tal ley es una disposición válida trata de hacerla cumplir, es cuestión que no está por más tiempo abierta a discusión. T que la Legislatura Insular, como cuestión de política pública, deliberadamente ha dado lugar a esta situación en la ley de 1911, creemos que es asi-mismo claro. Véanse los casos de Snyder v. Marks. 109 U. S. 189; Shelton v. Platt, 139 U. S. 591, 597, y de Burril v. Locomobile Co., 258 U. S. 34.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Aro otado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Nadal, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Eecueso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de una venta judicial.
    No. 518.
    Resuelto en junio 20, 1923.
    Inscripción de TItulo — Hipoteca—Ejecución—Traspaso de Título — -Pautes.— Para que en el registro pueda traspasarse al acreedor hipotecario un título válido, es necesaria primero la ejecución de la hipoteca por los dueños de la misma ante alguna corte que tenga poder y autoridad para expedir la orden de requerimiento de pago al tiempo de dictarse ésta; pero ni un notario, ni el registrador, ni ambos conjuntamente, asistidos del acreedor hipotecario y de abogados, pueden efectuar el mismo resultado mediante el otorgamiento e inscripción de algún documento público en que no sea parte el dueño de la finca hipotecada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. A. A. Vázquez.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Aro otado Sr. Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

Este caso es en ciertos respectos típico en su clase y puede servir para llamar la atención acerca de una condi-ción que solamente puede ser corregida por la acción legis-lativa.

Un gran número de controversias que va aumentando y que envuelven sumas de dinero demasiado insignificantes para despertar el interés de un abogado, toman gran parte del tiempo de esta corte y por necesidad requieren a menudo gran consideración con perjuicio de otros asuntos de mucha más importancia para las partes directamente interesadas.

El documento cuya inscripción fué denegada en este caso, tiene por objeto, entre otras cosas, verificar un traspaso al alegado actual dueño de una finca por la suma de $50.

Este es el segundo recurso. Véase el caso de Nadal v. El Registrador, 30 D. P. R. 77.

El alegato de la recurrente no suministra ninguna luz sobre las verdaderas cuestiones envueltas, y el Registrador no ha radicado alegato.

La recurrente, por supuesto, no tendría ningún motivo de queja si fuera confirmada la nota recurrida sin resolverse sobre sus méritos, pero la corrección de esa resolución no era por sí tan evidente que pudiéramos llegar a un acuerdo sobre tal proceder. De ahí que se hacía necesario consignar alguna opinión. Un número de cuestiones que están más o menos envueltas, en manera alguna están libres de difi-cultád. Nuestras decisiones en asuntos de esta naturaleza son tenidas en cuenta por las partes qne negocian con bienes inmuebles y a su tiempo se convierten en regias sobre la pro-piedad. De ahí que se requiera el ejercitar algún cuidado para llegar a conclusiones, y un caso en el cual las partes que comparecen ante esta corte tienen poco o ningún interés, a menudo requiere y por necesidad exige un grado de cui dado y consideración que está fuera de toda proporción a su valor intrínseco.

Cualquiera excusa que pueda exigir este prólogo puede verse en el párrafo inicial.

Y de paso podemos agregar que al considerar tal sitúa ción cumplimos mejor con nuestro deber procurando concien-zudamente evitar en todo lo que sea posible, el establecer inconscientemente precedentes falsos qué puedan inducir a error, más bien que tratando de resolver en cualquier caso determinado sin 1a. ayuda de abogados todas las cuestiones envueltas.

En el presente caso el registrador se negó a inscribir una escritura otorgada por el marshal de una Corte de Distrito como consecuencia de un procedimiento sumario de hipoteca instituido por la compradora Cristina Carrión y Otero, como acreedora hipotecaria y dueña única del gravamen. Este documento representa al propio tiempo un traspaso simul-táneo hecho por la referida compradora y su hija María Na-dal y Carrión a favor de un tercero Gonzalo Arán y Soler. En dicho traspaso la hija, como condueña del crédito hipo-tecario, si bien no era parte en los procedimientos hipote-carios, se compromete a ratificar y aprobar el acto no' auto-rizado de la referida madre; y por la teoría de una confu-sión de derechos, convienen ambas en la cancelación de la hi-poteca en el registro. La hipoteca fué constituida en garan-tía de un préstamo hecho de los fondos gananciales por la madre como primitiva acreedora hipotecaria, en vida de su esposo, quien falleció c'on anterioridad al establecimiento de los procedimientos hipotecarios. Por virtud de esto una participación, una mitad indivisa en el crédito hipotecario fué adquirida por la hija, con sujeción al derecho de usu-fructo de la viuda, quien por supuesto conservó su dominio sobre la otra mitad como sobreviviente en la sociedad con-yugal. Estos y otros detalles se hacen constar todos am-pliamente en la pretendida doble venta que fué presentada para ser inscrita primero a nombre de la madre y de la hija, como condueñas de la finca en cuestión y luego a nombre de G-onzálo Arán como comprador de las mismas.

La nota recurrida es la siguiente:

“Denegada la inscripción del documento que precede, que es la escritura número 19, otorgada en Mayagüez a 10 de febrero de 1921, ante el notario Angel-A. Vázquez y Sánchez, con vista del otro, y en cuanto a la venta judicial de la finca ejecutada que el mismo com-prende a favor de Cristina Carrión y Otero, y al derecho dominical que sobre la misma se atribuye Carmen María Nadal y Carrión, por la razón siguiente: porque apareciendo del Registro que el crédito hipotecario ejecutado se halla inscrito en común pro indiviso a favor de las mencionadas señoras por título de gananciales, legado, usufructo y herencia testada, y del documento presentado aparece que la venta judicial de esta finca a virtud de la referida ejecución se hizo por el Márshal exclusivamente a favor de la primera de dichas condueñas, la que exclusivamente también tramitó la referida ejecución, resulta, por tanto, que no es válida dicha venta en cuanto a la segunda condueña por no haber ésta intervenido en esa ejecu-ción; -y aunque la ratifica y convalida en todas sus partes por dicho documento, tal ratificación y convalidación'no destruye el hecho de la nulidad del procedimiento ejecutivo, porque así aparece de su faz y de los libros del Registro; y se deniega por igual razón la cance-lación solicitada, que se basa en el supuesto de la consolidación de los derechos de hipoteca y de dominio en las mismas personas, y en lugar de la inscripción solicitada se ha extendido anotación pre-ventiva durante el término legal de 120 días a favor de las men-cionadas señoras, al folio 142 del tomo 25 de Maricao, finca número 404 duplicado, anotación letra Igualmente se deniega la ins-cripción del referido documento en cuanto a la venta que le hacen las predichas señoras a Gonzalo Aran y Soler, por la razón de qne no .está inscrita dicha finca y sí anotada a favor de las vendedoras. ’ ’

La recurrente hace gran insistencia en el hecho de que la participación de la hija, aunque fué adquirida con anteriori-dad al Comienzo de los procedimientos en ejecución de hipo-teca, no fué inscrita hasta después del otorgamiento de la escritura del márshal. Esa circunstancia puede explicar poi-qué la corte procedió sin exigir que la hija fuera hecha parte. El interés existente en la hija, si era conocido de futures compradores en la venta, puede explicar el hecho de que una plantación de café con una casa de vivienda y compuesta de 50 cuerdas más o menos sólo produjo $152 que habían de abonarse a la obligación total de $840. Y puede ser que la omisión en inscribir la prueba del título por parte de la hija, o el mencionar su derecho en la alegación inicial, sir-viera para ocultar la verdad al demandado y privarle de la oportunidad que pudo haber tenido, de acuerdo con las dis-posiciones estrictas de la Ley Hipotecaria, para llamar la atención de la corte al verdadero carácter de la situación. O si asumimos que las disposiciones citadas en último término era un verdadero impedimento en este sentido, entonces la impertinencia de tal acción también puede ser suficiente para eliminar cualquier cuestión de renuncia por dejar de opo-nerse por el fundamento ele un defecto de partes demandan-tes. De todos modos no vemos qué beneficio reporta a la recurrente la mera demora en inscribir el título de la hija en el registro.

El artículo 128 de la Ley Hipotecaria prescribe que las diligencias judiciales previas de la subasta consistirán en “la presentación por el acreedor de un escrito al juez de la corte o tribunal competente del lugar en que radican los bie-nes.”

Y el artículo 169 del Reglamento dice en parte lo si-guiente :

“Con el escrito inicial del procedimiento se han de presentar:
“1. — Los comprobantes de la personalidad, inclusos los que acre-ditan el mandato del procurador, cuando no gestione por sí el mismo acreedor o su legal representante.”

Véase también el tomo 16 de R. C. L. pág. 7, sección 3, y el Caso de Polanco v. Goffinet, 29 D. P. R. 120; 27 Cyc. 1520, 1562; Bausman v. Kelly, 36 N. W. 333; Vázquez v. Valdéz, 28 D. P. R. 467; J. Ochoa Hermano v. J. González, Clemente & Cía., 29 D. P. R. 1015.

En nn procedimiento ordinario de ejecución establecido por la esposa, tal vez el demandado que no excepciona la de-manda podría considerarse que ha renunciado a que no se haga parte al esposo. Pero a un demandado no se permite excepcional’ la alegación inicial en un procedimiento ejecu-tivo sumario. No deja de haber casos en los cuales, como en el de Polanco v. Goffinet, supra, y en el de Díaz v. Llompart, que acaba de fallarse, se haya llamado la atención de la corte a los defectos o alegados defectos, que son aparentes de la faz de los autos. Pero puede muy bien dudarse si puede encontrarse un caso en el cual el juez que autorizó la expe-dición de un requerimiento de pago ha reconsiderado tal actuación, y esto a pesar del hecho de que se concede una apelación al acreedor hipotecario en ciertas circumstancias mientras que el deudor no tiene ninguna. En perfecta ar monía con la letra y el espíritu de la Ley Hipotecaria, las cortes sentenciadoras se inclinan mucho como cuestión co-rriente a dejar al deudor hipotecario que siga su acción de daños y perjuicios y al acreedor que conteste en ella sobre cualquier falsa representación o negligencia en las alega-ciones contenidas en su demanda de ejecución.

Pero no hay ninguna pretensión en el presente caso de que la esposa compareció con capacidad representativa al-guna. Ni trató ella de ejecutar únicamente su porción in-divisa. El deudor fué requerido a pagar la suma total de la deuda dentro del término de treinta días al demandante en los procedimientos de ejecución como único dueño de la hipoteca, bajo apercibimiento de una venta judicial de su propiedad en el caso de algún incumplimiento de su parte. Si él sabía, como probablemente supo, que el esposo había muerto y que el demandante había ocultado a la corte la existencia de un derecho pendiente por parte de la hija, no constituiría defensa alguna una revelación de estos hechos. Sin embargo, si él hubiese pagado a la madre teniendo cono-cimiento del importe de su participación, tal pago no valdría en una acción subsiguiente seguida por la hija que no era parte en el procedimiento ejecutivo y cuyo derecho no podía en manera alguna ser afectado por ello.

A esto no se contesta con decir que la hija desde enton-ces ha ratificado el procedimiento de ejecución. Su interés en la hipoteca no fue ejecutado, porque ella no era parte en en el procedimiento y no se hizo jamás ningún requerimiento legal al deudor para el pago de la cantidad que a ella se le debía. Y por la misma razón tal deudor no tenía la obli-gación de honrar el requerimiento de pago no autorizado de toda la obligación hecho a instancia del dueño de una parti-cipación indivisa en la misma, haciéndose ella pasar o a lo sumo una sociedad conyugal que entonces ya no existía, como la verdadera parte interesada.

No hay nada que indique que la hipoteca en cuestión era una escritura de hipoteca con permiso de vender para bene-ficio del acreedor (deed of trust) o una venta con pacto de retro una vez que se reintegrara el precio de venta. El deu-dor hipotecario retuvo el título legal a la propiedad hipote-cada y de ese título sólo podía ser privado mediante una ac-ción en ejecución del gravamen establecida por el dueño del mismo o el representante de tal dueño debidamente autori-zado. La hija, después de la susodicha venta, no podía eje-cutar su participación nunc pro tuno por el solo hecho de com-parecer ante nn notario y ratificar lo que había sido hecho por la madre, no a nombre de ella misma y de la hija, ni siquiera a nombre de la extinguida sociedad conyugal, sino a su propio nombre como única y exclusiva dueña de la hi-poteca. Sostener otra cosa traería por consecuencia el pri-var a un demandado de su propiedad sin el debido proceso de ley.

La inscripción de cualquiera de las escrituras en cues-tión necesariamente envolvería la cancelación por confusión del título inscrito del demandado. Ese título puede ser tras-pasado a los acreedores hipotecarios por virtud de la inscrip-ción únicamente después de la ejecución de la hipoteca por los dueños de la misma en alguna corte que tenga la facul-tad y autoridad de expedir el requerimiento de pago en la fecha en que la orden se registre. Ni un notario ni el re-gistrador, ni ambos conjuntamente, con el auxilio de los acreedores hipotecarios y abogados pueden alcanzar este re-sultado por el otorgamiento e inscripción de ningún docu-mento público en el cual no es parte el dueño de la propie-dad hipotecada.

Procede agregar que estas teorías no descansan en nin-guna ulterior investigación del asunto en cuestión, y por tanto son en cierto modo probatorias y sujetas a tal modi-ficación o revisión en. detalle como lo exijan las circums-tancia¡s que puedan sobrevenir. Pero mientras alguna razón más satisfactoria de la que ha sido sugerida por la recurrente en este caso se demuestre, estamos obligados a resolver que el registrador no cometió error en la calificación recurrida, la cual debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrby,

text:
    Vélez, Demandante y Apelante, v. The Porto Rican and American Insurance Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cobro de póliza.
    No. 2914.
    Resuelto en junio 25, 1923.
    Evidencia — Veracidad de un Testigo — Prueba.—Si a un testigo cuya veracidad se trató de atacar bajo el fundamento de que bajo juramento hizo anterior-mente manifestaciones contrarias ante un notario, no se le muestra el escrito en que las hizo como exige el artículo 159 de la Ley de Evidencia, no puede concluirse que la vei acidad del testigo ha quedado impugnada.
    Seguro de Vehículos Contra Colisión — Prueba.—Probado que la destrucción del camión asegurado obedeció a que a virtud de maniobras del chauffeur para no arrollar a un jinete derribado a causa de haberse espantado su ca-balgadura, el camión chocó violentamente contra un montón de piedras api-ladas en la carretera y cayó al río por un precipicio, es preciso concluir que el accidente está cubierto por una póliza que obliga a la aseguradora a in-demnizar ‘ ‘ cuando el daño o destrucción sean causados por colisión accidental con otro objeto fijo o en movimiento con exclusión de los daños causados por caída o vuelco, a menos que la caída o vuelco sea el resultado directo e inmediato de tal colisión accidental. ’'
    Id. — Importe de los Daños — Prueba.—Probado que el camión asegurado valía más de $4,000, y que había quedado inservible, procede dictar una senten-cia por $4,000.
    Los becbos están expresados■ en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Valldejuli.

    Abogados de la apelada: Sres. Chas. Hartzell y F. Ra-mírez de Arellano.

   El Juez Asociado Sr. Aldrby,

emitió la opinión del tribunal.

Guillermo Vélez aseguró el 21 de mayo de 1921 un ca-mión automóvil (truck) de su propiedad por $4,000 contra colisión en la corporación de Tbe Porto Pican and American Insurance Co., siendo los términos de esa cláusula los si-guientes: Indemnizar al asegurado contra pérdidas por ra-zón de daños o destrucción si es causado solamente por co-lisión accidental con otro objeto fijo o en movimiento, con exclusión de los daños causados por caída o vuelco, a me-nos que la caída o vuelco sea el resultado directo e inmediato de tal colisión accidental.

Vélez demandó a dicha corporación para que le pague $4,000 alegando que el 21 de noviembre de 1921 dicho ca-mión fue objeto de nn choque o colisión qne lo destruyó to-talmente, por el cnal perdió sn camión valorado y asegurado en $4,000, j que la demandada no le ha satisfecho en todo ni en parte la pérdida de $4,000, a pesar de los requerimientos que le ha hecho. Se opuso la demandada a esa reclama-ción alegando que no hubo colisión porque el camión no chocó con objeto alguno fijo o en movimiento sino que se desvió del centro de la carretera, sin motivo alguno, en dirección a un precipicio por el que se cayó, yendo a dar en el río donde se quedó parcialmente sumergido; que el motivo de no pa-gar la cantidad reclamada es porque el accidente sufrido por el camión no está cubierto por la póliza; y negó por falta de información suficiente que el demandante perdió su camión valorado en $4,000.

Celebrado el juicio, el tribunal inferior dictó sentencia de-clarando sin lugar la demanda porque los hechos y la ley están a favor de la demandada, pero no escribió opinión para fundarla.

Interpuesto recurso de apelación por el demandante alega como único motivo para él que el tribunal inferior cometió error en apreciación de la prueba.

Según la contestación, el motivo que la demandada ha tenido para no pagar los $4,000 que se reclaman es porque el accidente no está cubierto por la póliza por no ser la caída del camión por el precipicio el resultado directo e inmediato de una colisión accidental que tuviera con un cuerpo fijo o en movimiento; y en los términos en que está redactada podemos entender que no discute ni niega el valor del daño sufrido por el demandante sino, solamente, que tenga obli-gación de pagar cantidad alguna de acuerdo con la manera en que relata la causa de la caída del camión. Por esto, sin duda, la prueba en el juicio fué casi exclusivamente sobre la manera como el accidente ocurrió.

Resulta de las declaraciones de los testigos del deman-dante que yendo el camión por la carretera de Lares a Are-cibo bajando una cuesta, a eso de las cinco de la mañana, y estando todavía obscuro, de pronto, en una pequeña curva, fué visto un hombre a caballo cuyo animal se espantó y tiró a tierra al jinete quien cayó frente al camión y que para evitar el chmoffetir arrollar al hombre, metió el guía hacia la derecha y el carro chocó con uno de los montones de pie-dra triturada que había a la derecha de la carretera, de ma-nera tan violenta, que el guía se le fué de las manos y el ca-mión cayó por el precipicio hasta el río. Así lo declararon el chauffeur Venancio Román, Ramón Luciano, José S. Pé-rez, quien con el anterior iba sentado junto al chaiffeur, y Eulogio Feliciano, que era el jinete derribado por el caballo. También declaró el peón caminero Francisco Román que avisado de ese suceso por el chauffeu>r fué al sitio de la ocu-rrencia a las siete de la mañana y vió señales de haber cho-cado el camión con un montón de piedras. Guillermo Vélez.¡ dueño del camión, no presenció el accidente pero vió des-pués el c'arro en el fondo del precipicio con la parte delan-tera dentro del río, y en el aviso que dió por escrito a la corporación demandada sobre el accidente expuso, por lo que le comunicó el chauffeur, que yendo el camión para Are-cibo “se metió el guía, yéndose por el precipicio de la de-recha, teniendo que tirarse los pasajeros y el chauffeur * * •* y descendió por una pendiente hasta el río donde se encuentra el auto. * * * Se nota rota la capota, parte de la caja, la rueda del guía, faroles, no pudiendo determi-nar otras por estar el auto en el agua del río.”

La demandada no presentó prueba para contradecir esas declaraciones pero trató de impugnar la declaración pres-tada por Ramón Luciano, una de las tres personas que iban en el camión cuando ocurrió el accidente, manifestando que en otra ocasión el testigo había declarado todo lo contrario en una declaración que juró ante un notario, y sin enseñar esa declaración al testigo antes de interrogarle acerca de su contenido, como dispone el último párrafo del artículo 159 de la Ley de Evidencia, le preguntó si Labia declarado ante-riormente que siéndole imposible al chauffeur controlar el carro, porque habían árboles se tiró y dejó el carro, ha-biendo contestado el testigo que dijo que había un montón de piedras, e insistió en que no había declarado que tam-bién habían muros y árboles sino que había un montón de piedras. Habiendo negado el testigo que ante un notario declarase como le preguntaba la defensa de la demandada, y no habiendo sido presentada en el juicio la declaración notarial que la demandada dijo haber prestado el testigo an-teriormente ante un notario, no pudo el tribunal inferior, ni podemos nosotros, sostener que la declaración de ese testigo ha sido impugnada.

Tampoco la manifestación hecha por el dueño Yélez en su aviso a la demandada de que el accidente ocurrió porque í(se metió el guía” impugna las declaraciones de los testigos respecto a la forma en que ocurrieron los hechos, pues todos ellos declaran que el chauffeur metió el guía por no matar al hombre que cayó del caballo y que por esto el camión chocó con el montón de piedras y se fué por el precipicio.

Por consiguiente, entendemos que los hechos ocurrieron como aparecen de la prueba del demandante, por lo que la caída del camión por el precipicio fué producida directa e inmediatamente por el choque accidental que tuvo con un montón de piedras, y que al estimar el tribunal que los he-chos estaban en favor de la demandada cometió un mani-fiesto error en la apreciación de las pruebas.

Como antes hemos dicho la verdadera controversia ha sido en este pleito sobre si el accidente está cubierto por la póliza y no sobre la cuantía de la reclamación hecha, pero a pesar de esto se probó con la declaración de Yélez que el ca-mión valía más de $4,000 y con el' chauffeur que había que-dado inservible y que sólo valdrían cuatrocientos dólares las piezas que tenía, por lo qne entendemos qne la demandada debe pagar al demandante los $4,000 qne le reclama.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando con lngar la demanda sin especial condena de costas.

Revocada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco' Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Jtjez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Freiría & Co., S. en C., Demandante y Apelante, v. Cortés Hermanos y Cía., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2839.
    Resuelto en junio 25, 1923.
    Alegaciones — Prueba—Peso de la Prueba. — Cuando las alegaciones esenciales de la demanda son negadas en la contestación, el peso de la prueba no cam-biará, a no sei que se aleguen subsiguientemente alegaciones afirmativas en la contestación, que sean tau incompatibles con sus negativas que equivalgan a una admisión de todas las alegaciones esenciales de la demanda.
    Evidencia — Self-Serving Evidence. — No se puede crear evidencia (self-serving evidence) para sí mismo, mediante comunicaciones escritas a la otra parte respecto a la naturaleza de las negociaciones entre ellas, o a la responsabili-dad de la parte a quien van dirigidas, a falta de alguna contestación en que muestre su conformidad con las mismas; una declaración para benefi-cio propio no es más admisible cuando se ha hecho por escrito que cuando se hace de palabra.
    Id. — Prueba-—Contrato Escrito. — El artículo 51 del Código de Comercio no-sólo no fué derogado por ia Ley de Evidencia de 1905, sino que es compatible con la misma en cuanto prohibe ésta la prueba oral extrínseca para aña-dir, variar o modificar un contrato excepto cuando se alega fraude o sor-presa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. H. F. Besosa.

    Abogados de la apelada: 8res. Texidor & de la Haba.

   El Jtjez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción personal en cobro de dinero.

La demandante vendió y entregó a la demandada un lote de arroz de 100 sacos y reclama su precio montante a la suma de $1,154. Este contrato se efectuó por correspondencia en-tre demandante y demandada, pero aunque estos son hechos que no fueron controvertidos, la demandada alegó como de-fensa especial que al llegar el arroz a su poder encontró que no era de la calidad ordenada y que con tal motivo deman-dante y demandada celebraron un subsiguiente convenio verbal que autorizaba a la demandada a vender y liquidar dicho arroz por cuenta de la demandante, quien sufriría las pér-didas o percibiría los beneficios, si los hubiese; que la de-mandada confirmó tal convenio por escrito y llevándolo a efecto vendió 40 sacos de arroz que rindieron un total neto de $468.75, cantidad que fué remesada a la demandante, que rehusó recibirla; y que no habiéndose podido vender los res-tantes sacos de arroz, la demandada requirió a la deman-dante para que se hiciera cargo de ellos.

Planteado en tal forma el litigio, y juzgado el caso por todos sus trámites, la corte inferior declaró sin lugar la de-manda, y en sus conclusiones fundando su sentencia, dice:

“La corte encuentra probado que la demandada, por su socio Arturo Cortés, convino con la demandante en que aquélla vendería y liquidaría la partida de cien sacos de arroz, por cuenta de la de-mandante, y sufriendo ésta las pérdidas si algunas hubiese, o per-cibiendo los beneficios que resultaren. Es evidente que este convenio desvirtuó en absoluto el contrato anterior de compraventa, y por tanto, la demandante no puede reclamar el resultado o cumplimiento de aquél.”

La apelante sostiene la comisión de dos errores, y uno y otro implicarían una errónea apreciación de la prueba.

La cuestión fundamental que envuelve la solución de este pleito es determinar si realmente existió el subsiguiente con-venio que en su defensa alega la demandada, y si determinada la forma en que pudo existir lia podido a su vez destruir los efectos del contrato primitivo en que se funda la demanda. En ese sentido, no está demas decir'que el peso de la prueba ha pasado a la demandada, porque esta parte, sosteniendo la afirmativa, es la que tiene qué establecer la certeza de su contención por los medios de prueba que la ley exige en cir--cunstancias como las que rodéan el presente caso.

“Pero cuando las alegaciones esenciales de la demanda son ne-' gadas en la contestación, el peso de la prueba no cambiará, a no ser que se aleguen subsiguientemente alegaciones afirmativas en la con- ■ testación, que sean tan incompatibles con sus negativas que equi-valgan a una admisión de todas las alegaciones esenciales de la de-manda.” 10 R. C. L. pág. 900.

Siendo esta la situación del caso, y examinada la prueba, nos encontramos que la defensa especial de la demandada se" hace depender de la declaración de Arturo Cortés, miembro de la firma Cortés Hermanos & Co., y de la corresponden-cia que medió entre nna y otra parte, a través de la cual po-dremos sencillamente descubrir lo que realmente ocurrió en-tre las partes.

La parte substancial de la declaración de Cortés se reduce a manifestar que el lote de arroz de 100 sacos no era de la calidad pedida; que escribió a la demandada la no aceptación del artículo y que luego personalmente trató el asunto c'on Evaristo Freiría, socio de la compañía deman-dante, y que después de discutir el asunto le dijo: ‘Don’ Evaristo vamos a transar esto, si le parece, en la siguiente forma: Yo trataré de vender este arroz; no quiero ganar . un centavo pero no quiero perjudicarlo. Si yo puedo obte-ner para la venta de este arroz un precio de factura yo lo venderé por su cuenta,’ y quedó conforme. Tan fué con-forme que al día siguiente, y tan creí que estaba conforme que al día siguiente llegué a casa e inmediatamente escribí una carta, a los Sres. Freiría confirmando lo convenido * * * Y la Carta a que se refiere el testigo dice como sigue:

“Manatí, P. R., julio 22/920. — Sres. Freiría & Co., San Juan.— Muy Sres. y amigos nuestros: Confirmamos la conversación que con su don Evaristo tuvo ayer nuestro don Arturo, en la cual fué convenido que haríamos todo lo humanamente posible por realizar sin perjuicio los 100 s/ arroz recibidos recientemente de Uds., pero que en el caso de que tuviera que haber algún quebranto será de su cuenta de Uds. Celebraremos poder comunicarles la venta total sin pérdida algun^,. De Uds. attos., amigos y S. S. (fdo.) Cortés Hnos. & Co.”

Y continuando su testimonio Cortés, refiriéndose a los efectos de su carta a la demandante, dicho testigo dice:

“Esa carta no la contestaron los primeros días, y luego, me parece que fué 5 o 6 días después, tuve que escribirles nuevamente haciéndoles una remesa de dinero, y en la misma carta donde les acompañaba la remesa del dinero les hacía constar que no habían contestado mi carta anterior; entonces la contestaron sin negar lo que yo les había dicho y convenido, pero en una forma ambigua rechazaron lo que habíamos convenido.”

La contestación a que alude el testigo Cortés, procedente de la demandante, es como sigue:

“San Juan, P. R., julio 28/920. — Sres. Cortés Hermanos & Co., Manatí.' — Muy Sres. n/ y amigos: Nos favoreció su atta. carta de ayer acompañada de su cheque por $169.50 que abonamos en la apreciable cuenta de Uds. Muchas gracias.
“Refiriéndonos a su atta. carta 22 del cote., no la habíamos con-testado porque tenemos la seguridad de que, lejos de tener Uds. pér-dida en la venta del arroz No. 40, obtendrán un buen beneficio.
“Para convencernos más de lo que les hemos dicho sobre este arroz, el domingo lo hemos cambiado de sitio calando saco por saco, y todo lo encontramos igual al que vió su don Arturo en esta su casa, admirándonos de que, siendo el arroz que hace más tiempo tenemos en almacén, es el que se conserva mejor y con más brillo.
“De Uds. attos. amigos S. S., — (fdo.) Freiría & Co.”

Asimismo resulta que la demandante dirigió a la deman-dada, el 18 de agosto de 1920, otra carta, que dice:

“San Juan, P. R., agosto 18/920. — Sres. Cortés Hermanos & Co., Manatí. — Muy Sres. n/ y amigos: Acusamos recibo de sus attas. cartas 16 y 17 del cte., habiendo retirado de la primera su cheque por .$207.00 que hemos acreditado en su apreciable cuenta. Muchas gracias.
“Refiriéndonos a los 100 sacos de arros No. 40 que dicen Uds. haber dejado por nuestra cuenta, suponemos que hay un mal enten-dido por parte de Uds. pues no recordamos haberles autorizado a vender por nuestra cuenta dicho arroz, habiendo sido, por el con-trario, comprado en’firme por Uds.
“Ya hemos tenido el gusto de demostrarles a su don Arturo perso-nalmente, después de haber calado en su presencia una gran canti-dad de sacos del mismo número y de la misma estiba, que todo el arroz era igual al que habían llevado Uds. anteriormente, y el mismo don Arturo llegó a ia conclusión, en la cual convinimos nosotros, de que, si algún saco les resultó a Uds. ligeramente distinto a los otros debió ser de 'aquellos que han estado en contacto con la pared o con el suelo en la estiba, lo que dió lugar a que nosotros cambiásemos la estiba de sitio el domingo siguiente según hemos tenido el gusto de participarles, sin que tampoco en este cambio hayamos encon-trado ni un solo saco que difiriera- de los demás.
“Es natural que Uds. no hayan podido vender estos 100 sacos con la misma facilidad que los anteriores, porque el mercado ha des-cendido notablemente, y sus clientes indudablemente no estarán dis-puestos a pagar el mismo precio de antes; pero si Uds. se ponen en mercado verán como lo venden con la misma facilidad de antes, pues el estacionamiento de la venta no obedece a la calidad, que aún hoy sigue siendo de las mejores que se pueden conseguir en arroz, sino al precio que resulta caro, y lo sentimos por' Uds. y por no-sotros, pues nos cuesta una buena pérdida.
“Suyos attos. amigos y S. S., (fdo.) Freiría & Co.”

Esta es la contestación a las de fecha 16 y 17 de agosto de 1920, y esta última, que consideramos de excepcional im-portancia, su contenido es como sigue:

“Manatí, P. R., agosto 17/920. — Sres. Freiría & Co., San Juan.— Muy Sres. y amigos nuestros: Como quiera que, como no obstante nuestros mayores esfuerzos, no hemos podido sino realizar alrededor de 40 s/ de arroz, de los 100 s/ No. 40 que dejamos de cuenta de Uds., por resultar muy inferior al mismo No. que habíamos recibido antes, solicitamos las instrucciones de Uds., ya que consideramos se-ría conveniente .reducir su precio. Es indudable que hubiéramos obtenido una rápida venta de haber resultado superior, como el otro, pues estaba siendo objeto de muy buena demanda.
“Esperan sus órdenes sus attos. amigos y S. S. Cortés Hnos. & Co.”

Una simple lectura ele las cartas que liemos copiado ex-plica la condición de este caso. La alegada existencia del subsiguiente convenio o novación del contrato de compra-venta, solamente aparece de las cartas de la demandada, pero nada se desprende en tal sentido de las escritas por la demandante. Por el contrario, la demandante en su con-testación de fecha 18 de agosto, 1920, sostiene en forma ine-quívoca que la venta se hizo en firme y no de un modo eventual sin sujeción a condición alguna, disipando las dudas que la demandada trata de inferir de la primera réplica de la demandante de julio 28, 1920, interpretándola como una contestación evasiva, y una admisión implícita de la modificación del convenio original. Sin embargo, a poco que examinemos aquella contestación de la demandante, se puede ver que fué una negativa expresa del convenio oral que tendía a destruir los efectos del primer convenio, por cuanto a la demandante consignó: 1°., que lejos de tener pérdidas la demandada obtendría un buen beneficio; y 2°., que el arroz corresponde al tipo o muestra por el que fué vendido. Esto último era la causa primordial de la queja de la demandada para invocar la modificación del convenio, y siendo ello así, ¿cómo era posible entender por admisión implícita los términos de tal contestación, cuando la deman-dante insiste y ratifica en ella “que el arroz vendido co-rresponde al tipo o muestra por el que fué vendido?” Es-tos son términos bien explícitos por su letra, y mucho me-nos podrían interpretarse en sn espíritu como nn asen-timiento al nuevo convenio por inferencias que en ninguna forma podríamos deducir. Así es que, apareciendo clara-mente que existe una ausencia completa de parte de la de-mandante de haber admitido el segundo convenio, la regla aplicable en estos casos es “que no se puede crear eviden-cia (self-serving evidence) para sí mismo, mediante comu-nicaciones escritas a la otra parte respecto a la naturaleza de las negociaciones entre ellas, o a la responsabilidad de la parte a quien van dirigidas, a falta de alguna contesta-ción en que muestre su conformidad con las mismas.” 10 E. C. L. 1150.

“Existe una distinción entre el efecto que ba de darse a las de-claraciones orales hechas por una parte a otra, que son en contes-tación o en contradicción de alguna manifestación hecha por la otra parte, y una manifestación por escrito contenida en una carta que tal parte escribe a otra. Bien- puede ser que según la mayoría de las circunstancias lo que se dice a un hombre en su presencia, lo cual lleva la idea de una obligación por su parte hacia la persona que a él se dirige, o a favor de quien se hace la manifestación, está en cierto modo llamado a contradecir o. a explicar; pero el dejar de contestar una carta es enteramente diferente, y no hay regla de ley que exija a una persona entrar en correspondencia con otra res-pecto a un asunto en disputa entre ellos, o que sostenga que debe considerarse el silencio como una admisión contra la parte a quien la carta se dirige. Tal regla haría que una parte pudiera obtener una ventaja sobre la otra, y no tiene sanción en la ley.” 10 R. C. L. 1150.

Pudiera admitirse que el testimonio oral de Arturo Cor-tés, socio de la razón social demandada, tiende a sostener su defensa especial explicando - las circunstancias que ro-dearon y dieron origen a su alegado convenio para dejar sin efecto el primero, pero aparte de que “una declaración para beneficio propio no es más admisible cuando se ba becbo por escrito que cuando se bace de palabra,” - (10 R. C. L. pág. 1150,) la posición en que se coloca la demandada en sits cartas a la demandante es inconsistente con la declaración rendida por su socio Cortés. Este testigo, en síntesis, re-fiere que vino a San Juan, discutió el asunto con otro de los socios de la demandante, y sostiene que convinieron que el arroz en disputa quedaría en poder de la demandada para ser vendido por cuenta y riesgo de la demandante. A pe-sar de lo convenido, y sin decirse que tal convenio estaba sujeto a restricción alguna y alegar después liaber sido con-firmado por carta de fecha julio 22, 1920, supra, y proceder a su ejecución vendiendo parte del artículo (40 sacos de arroz), la demandada, no obstante, pide instrucciones a la demandante para disponer del resto de la mercancía. Véase carta de agosto 17, 1920. Si el subsiguiente convenio fué firme, aceptando la demandante los riesgos o beneficios, se-gún el. caso, ¿qué necesidad tuvo la demandada de pedir ins-trucciones para vender parte del lote, si las tenía para vender el todo? Tál vez esta actitud irreconciliable pudiera explicarse en el sentido de que el mercado estaba bajando, pero este mismo razonamiento era lo que podía hacer sos-pechosa la situación en que se colocaba la demandada al in-tentar rescindir de algún modo su primitiva operación para ponerse a cubierto del revés del mercado en aquellos pre-cisos momentos en que el mismo ■ continuaba declinando, se-gún aparece de la prueba.

Por otra parte, no apareciendo prueba escrita del sub-siguiente convenio, ¿podía la corte inferior tomar en cuenta, aisladamente, la declaración del testigo Arturo Cortés, que afirma la existencia de tal convenio? Este es un caso que se refiere a un contrato mercantil, y el artículo 51 del Có-digo de Comercio prescribe:

“Art. 51. — Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la can-tidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de nn contrato, cuya cuantía exceda de 1,500 pesetas, a no concnrrir con alguna otra prueba.
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La cuantía ele- la transacción que nos ocupa excede de la señalada en la disposición anterior y su interpretación es tan clara y sencilla que la única cuestión a decidir es si tal disposición legal está en vigor después de liaberse in-corporado a nuestros estatutos la Ley de Evidencia, apro-bada en marzo 9 de 1905.

En el reciente caso de José J. Benítez Díaz et al. v. Carlota y Clementina González y Lugo, número 263, término de octubre, 1922, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos, se bace mención de la norma legal que debe se-guirse en casos de un conflicto entre una ley especial y otra de carácter general en oposición. En el lenguaje de aque-lla corte se dice:

“La objeción de más fuerza es la que hemos expuesto, o sea, la de que una ley especial definitivamente aplicable limita las ex-presiones generales que aparezcan en otras leyes, las que de no ser por las especiales, serían suficientes.” 261 U. S. 102.

No tenemos duda de que una regla así enunciada viene a sostener la vigencia del artículo 51 del Código de Comer-cio, como ley especial en oposición a la Ley de Evidencia de 1905, pero nos parece conveniente llamar la atención nue la disposición del artículo 51 citado no puede considerarse como algo extraño, ni sui géneris, que caracterizara una legislación determinada. La ley se funda generalmente en principios que no son el patrimonio de ninguna nación, y en este caso concreto nos parece que el artículo 51 del Código de Comer-cio español se funda en el mismo principio de nuestra ley de Evidencia que prohibe la prueba oral extrínseca para añadir, variar o modificar un convenio anterior escrito a menos que su objeto fuera demostrar que bubo fraude o sorpresa, y en tal sentido nuestra ley de Evidencia general, de procedencia americana, sostiene y está en armonía con la prescripción del artículo 51 del Código de Comercio. Partiendo, pues, de la vigencia de dicho artículo, y no existiendo otro medio de prueba para sostener la demandada las alegaciones de su defensa que el testimonio oral de uno de sus socios, obvia afirmar que tal testimonio no es bastante para que se enten-diera desvirtuado y sin valor el contrato original de compra-venta, y por tanto, la corte inferior no solamente cometió ma-nifiesto error apreciando los hechos y aceptando como pro-bada la defensa de la demandada, si que además no hizo la debida aplicación de la regla de evidencia que en forma más estricta señala el Código de Comercio para aquellas tran-sacciones mercantiles, en las que dicha regla fija un límite pecuniario para su aplicación.

En este sentido ya esta Corte Suprema en el caso de Loíza Sugar Co. v. Baquero & Co., 29 D. P. R. 803, había sostenido la aplicación del artículo 51 del Código de Comer-cio, y en la opinión de la corte, se dice:

“Los apelados alegan que estos sacos de azúcar se vendían para especular y que tal venta es una excepción al segundo de los ar-tículos citados del Código de Comercio. La naturaleza del con-trato debe determinarse no por los fines con los cuales los compra-dores intentaban usar el azúcar sino por el origen de los azúcares mismos. Si la demandante producía el azúcar, de acuerdo con el artículo 326 del Código de Comercio una venta hecha por ella cla-ramente no era mercantil y no caía dentro de las prescripciones del artículo 51 del referido código. Sea esto como fuere, no se demostró el origen de este azúear. En otras palabras, no se probó- que la Loíza Sugar Company estuviera claramente comprendida dentro de las excepciones señaladas en el artículo 326, supra, y por tanto nos inclinamos a sustentar el criterio de que el artículo 51 del Código de Comercio era claramente aplicable y cualquier duda que ten-gamos nos sentimos obligados a resolverla en fávor del espíritu del Código de Comercio de que en los contratos de esta cantidad 'por lo general su existencia debe hacerse constar por escrito a • menos que estén claramente comprendidos en las excepciones indicadas en el artículo 326 de dicho código.”

No creemos demás decir que si bien el motivo del snbsi guíente convenio se fnnda, según alega la demandada, en la diferencia de calidad o tipo de arroz, no aparece, sin embargo, de la prueba qne la demandada intentara cumplir fuertemente con lo que asimismo prescribe el Código de Co-mercio para la solución de esos casos, pues de ese modo hu-biera conseguido la seguridad y protección de sus derechos.

Por lo expuesto, la sentencia debe revocarse y dictarse otra sentencia declarando con lugar la demanda, debiendo cada parte pagar sus costas.

Revocada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Peticionario y Apelante, v. Gelpí, Demandado y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de quo warranto.

    No. 2878.
    Resuelto en junio 26, 1923.

      Quo Warranto■ — ‘Testigos — Prueba.— El querellante, en un procedimiento de quo warranto iniciado para que se le pusiera en posesión del cargo de Co- ' misionado de Servicio Público, Policía y Prisiones y de Obras Públicas, ofreció el testimonio del secretario municipal, a quien preguntó si contra ol testigo habían sido formulados ciertos cargos. Se resolvió: que no habién-dose demostrado qué relación pudieran tener tales cargos con las cuestiones en controversia, la pregunta era impertinente, tanto más cuanto que el de-mandante tendía a impugnar la veracidad de su propio testigo.
    Id. — Evidencia Secundaria. — No habiéndose probado la destrucción o el extravío de la convocatoria original citando a una reunión extraordinaria de la Asamblea Municipal, tal convocatoria no puede acreditarse por medio de evidencia testifical.
    Id. — Prueba Insuficiente — Moción de Nonsuit. — Si el relator en un procedi-miento de quo wmranto no prueba su título al cargo, no es erróneo el decla-rar con lugar una moción de nonsuit, aunque el motivo alegado por el de-mandado no sea precisamente la insuficiencia de la prueba. ' '
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. C. Brunet.

    Abogado del apelado: Sr. J. Rosario Gelpí.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico, por su Procurador General y a instancia de Felipe Rodríguez Avenáu, presentó de-manda de quo luarranto en el tribunal inferior alegando sus taneialmente que la Asamblea Municipal de Peñuelas en su sesión del 27 de agosto de 1921 consolidó los departamen-tos de servicio público, policía y prisiones y de obras pú-blicas de aquel municipio y nombró para diclio cargo conso-lidado al querellante Felipe Rodríguez, quien no ha podido' tomar posesión de él porque Juan G. Gelpí, que lo ocupa in-terinamente, se ha negado a darle posesión alegando tener derecho a ocuparlo, por lo que pidió al tribunal declarase que el demandado Gelpí no tiene derecho a ocupar tal cargo y sí el querellante Rodríguez a quien debe ponerle en pose-sión de él.

Se opuso el demandado a tal reclamación y al terminar el relator Rodríguez la presentación de su prueba en el juicio el tribunal, a petición del demandado, rechazó cierta evidencia del querellante y desestimó su demanda por no ha-ber probado su derecho al cargo que reclama, contra cuya sentencia se interpuso este recurso de apelación por el de-mandante.

Para probar el apelante que fué nombrado el 27 de agosto de 1921 por la Asamblea Municipal de Peñuelas para el cargo cuya posesión reclama, presentó como evidencia en el juicio varios testigos para demostrar la celebración de dicha asamblea y su nombramiento para el cargo. A uno de esos testigos, el secretario del municipio, le preguntó la parte que lo presentó si contra él habían sido presentados cargos, a lo que el demandado se opuso por ser cuestión distinta a la del juicio, y después de manifestar el demandante que no tenía intención de utilizar esos cargos el tribunal ordenó que se eliminara todo lo relacionado con cargos formula-dos al secretario. Esta resolución fue excepcionada por el querellante sin expresar las razones y ahora se alega como primer motivo de la apelación que fué un error del tribunal porque si bien es cierto que en la controversia de este caso no están envueltos los cargos contra el secretario sin embargo como se trata de demostrar la existencia de una se-sión extraordinaria de la asamblea municipal convocada por la mayoría de los asambleístas y que el secretario estaba im-pidiendo que se reuniera la asamblea, tal pregunta era per-tinente porque la existencia de esos cargos tenía que ejercer influencia en el ánimo de los principales testigos y porque el secretario era el que tenía que redactar el acta de la sesión y bajo cuya custodia debía estar la evidencia de la legali-dad de esa reunión.

No existe tal error porque en verdad no era cuestión a debidir en este procedimiento si existían cargos contra el secretario, como reconoce el propio apelante y admitió en el juicio al manifestar que no tenía intención de utilizar esos cargos. Por otra parte, el demandante no sólo trataba de impugnar la veracidad de su propio testigo sino que no de-mostró que dichos cargos estaban en relación con las cues-tiones que se habían de debatir en este procedimiento.

El segundo motivo'de error es por haber sido eliminada la evidencia sobre la convocatoria de la sesión extraordina-ria de la asamblea municipal para el 27 de agosto de 1921.

Antes de esa fecha estaban consolidados el departamento del comisionado de servicio público, policía y prisiones, el de obras públicas y el de instrucción, pública del municipio de Peñuelas, desempeñando tal cargo consolidado el deman-dado Juan Gr. Gelpí. El 27 de agosto se reunió la asamblea municipal de dicho pueblo en sesión extraordinaria a la que concurrieron cuatro de los siete miembros que la compo-nen y, por el voto verbal de tres de éstos, consolidó el de-partamento de instrucción pública con el de sanidad y nom-bró a Felipe Rodríguez Avenáu para el de comisionado de servicio público, policía y prisiones y de obras públicas, para tener efecto el 7 de septiembre. El 2 de septiembre de 1921, antes de ser presentada la demanda en este caso, el concejo de administración del municipio derogó el acuerdo de la asamblea municipal extraordinaria del 27 de agosto anterior.

Según la declaración del secretario del municipio no tuvo conocimiento de la reunión de esa asamblea extraordinaria basta el día 27 en que fué requerido por el presidente de la asamblea para asistir a ella y no consta en su archivo la con-vocatoria que para ella se baya becbo porque no le ba sido entregada por persona alguna. El presidente declaró que él y otros tres miembros de la asamblea municipal firma-ron la convocatoria, la que fué entregada al secretario por los que hicieron la citación, habiéndose dado copia de ella a los otros tres miembros de la asamblea al ser citados, pero no habiendo sido presentada la convocatoria en el juicio ni alguna de sus copias, el tribunal inferior eliminó la prueba testifical relativa a la convocatoria y estimó que no se ha-bía probado tal convocatoria por lo que el demandante no había probado la legalidad de su nombramiento.

Resultando de la propia evidencia del demandante que en la oficina del secretario del municipio no existe la convo-catoria para la sesión extraordinaria, siendo necesaria una convocatoria para que pudiera celebrarse una sesión extra-ordinaria de la asamblea municipal y habiendo negado el demandado en su contestación que haya existido tal convo-catoria, venía obligado él querellante a probarla por no ser aplicable en tales circunstancias la regla de que celebraba la sesión había que presumir que fué debidamente convocada.' '

Sostiene el apelante que probó tal convocatoria por la evidencia oral a falta de la misma convocatoria escrita,’ por ser admisible aquella clase de prueba cuando el original se ha extraviado, por disponerlo así el artículo 24 de la Ley de Evidencia, caso Io. y párrafo último.

Es cierto qne según dicho artículo cuando el escrito original se hubiere extraviado o destruido o estuviere fuera de la jurisdicción del tribunal, en cuyos casos habrá que probar tales hechos, será admisible bien una copia del es-crito o evidencia oral de su contenido, pero siendo contra-dictoria la prueba del demandante respecto al extravío o destrucción del original de la convocatoria, pues mientras el presidente de la asamblea declaró que la convocatoria fué entregada al secretario éste niega ese hecho, y resuelto por el tribunal ese conflicto en contra de la entrega al secretario, debió ser presentada como prueba la convocatoria original y no era admisible la prueba secundaria respecto del conte-nido del escrito por no haberse probado el extravío del do-cumento, por lo que estimamos que el tribunal inferior no cometió el error que se le atribuye en el segundo motivo del recurso.

Se alega en el tercero qne hubo error al declarar el tribunal que el relator no ha probado su título al cargo, que es fun-damento distinto al alegado en la petición de desestimación de la demanda (nonsuit).

Esa moción plantea al tribunal la cuestión de que la prueba presentada por él demandante es insuficiente para dictar una sentencia a su favor, y si en efecto así resulta deberá dictarse sentencia desestimando la demanda aunque el demandado no haya alegado el verdadero motivo justi-ficativo de tal resolución y sí otro pues en verdad una sen-tencia favorable al demandante no resultaría justificada por su prueba.

Según la Ley Municipal las asambleas municipales po drán celebrar sesiones extraordinarias cuando lo solicite una mayoría de los miembros de la asamblea o el consejo de ad ministración, pero como en este caso ha sido eliminada la ^prueba secundaria oral de la convocatoria de la Asamblea Municipal de Peñuelas para el día 27 de agosto en la que fué nombrado el querellante para el cargo cuya posesión re-clama, tenemos que llegar a la conclusión de que, no habién-dose probado que tal sesión extraordinaria fuera solicitada como dispone la ley, el demandante no ña probado que su nombramiento sea legal para darle derecho a obtener lo que reclama.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Sopo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Arroyo et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por adulteración de leche.
    No. 2095.
    Resuelto en junio 26, 1923.
    Delito contra la Salud Pública — Adulteración de Leche — Acusación Sufi-ciente. — Una acusación por violación a la ley sobre adulteración de leche, que substancialmente alega que los acusados “ilegal, intencional y volunta-riamente vendieron leche de vaca adulterada” no deja de ser suficiente por-que omita alegar que vendieran tal leehe “como si fuera pura.”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. C. Brunet.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Franco Sopo,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se formuló acusación contra Dolores Arroyo y G-onzálo Nieves por violación de la ley sobre adulteración de leche, aprobada en marzo 10 de 1910. Los acusados fue-ron declarados culpables y se les impuso la correspondiente pena. Contra la sentencia interpusieron el presente recurso y en sn alegato sostienen: 1°., que la acusación no aduce he-chos suficientes para determinar una causa de acción; y 2°,, que la corte inferior apreció erróneamente los hechos.

La acusación presentada dice:

‘ ‘ Los citados Dolores Arroyo y Gonzalo Nieves, el día 7 de febrero de 1923 y dentro del distrito judicial de la Corte de Distrito de Ponce, P. R., ilegal, intencional y voluntariamente, vendieron le-che de vaca adulterada. Hecho contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico. — (f) Agustín E. Font, Fiscal del Distrito.”

El reparo que oponen los acusados es que, para que dicha acusación fuera completa hacía falta la alegación de que los acusados vendieron la leche “como si fuera pura” por-que la venta de leche adulterada, si se vende abiertamente, sabiendo el comprador que es adulterada, no está prohibido por estatuto.

La sección primera de la ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche, ofrecerla o tenerla para la venta, aprobada en marzo 10 de 1910, dice:

“Sección 1. — Toda persona que adulterare o diluyere leche con la intención de ofrecerla a la venta o que causare o permitiere que se ofrezca en venta, y toda persona que la vendiere, ofreciere o tu-viere en venta, será culpable de .delito menos grave (misdemeanor) y castigada con encarcelamiento que no exceda de un mes y además de dicha pena se confiscará la leche adulterada: * * *. ”

Según los términos de esta sección, no podemos convenir con los apelantes en la interpretación que intentan inferir de dicha ley. Si se admitiera tal interpretación habríamos destruido el verdadero propósito para que fue creada. El fin o alcance de dicha ley fue algo más que evitar el fraude con perjuicio de un interés puramente material y más bien se estableció para proteger la comunidad, domo cuestión de interés vital en relación a la salud pública. De manera, que hr que castiga la ley no es el engaño y sí que se pueda cau-sar daño a la salud del consumidor, corforme sostiene la parte apelada, no adoleciendo, por tanto, la acusación del de-fecto señalado.

El segundo error se refiere a la apreciación de la prueba.

La práctica de la prueba se redujo por parte del gobierno a la declaración del testigo Américo Méndez, inspector de sanidad que produjo la denuncia, y un dictamen del Labora-torio Químico Insular relativo al análisis de la leche ocu-pada, y admitido sin objeción. De este dictamen resulta que el grado de la leche no correspondía al grado legal o standard fijado por los reglamentos de Sanidad y claramente su adulteración quedó corbprobada. Véanse los casos de El Pueblo v. Rivera et al., de marzo 26, 1923, 31 D. P. R. 646, y El Pueblo v. Massari, resuelto en junio 8, 1923, (pág. 19).

En cuanto a la participación de los acusados en el delito, la prueba fué contradictoria por lo que se refiere a Dolores Arroyo, pero el conflicto fué resuelto en su contra y nada encontramos que nos permita intervenir con la apreciación que de la prueba hizo el juez inferior. Es cierto que no existe -más acusación Contra Dolores Arrojo que las simples manifestaciones del testigo de cargo Américo Méndez de que Dolores Arroyo le confesó ser el dueño de la leche ocupada y que también le había visto manipulando con leche en el “Frigorífico” de Ponce y asimismo aparece que tales ma-nifestaciones fueron negadas por dicho acusado declarando que solamente es un empleado del “.Frigorífico” y señalando por su nombre al dueño del mismo, pero parece que el juez sentenciador tomando en consideración todas las circuns-tancias de este caso admitió y basó su sentencia en el testi monio del testigo del gobierno; y no habiéndose demostrado pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error, Conforme con la constante y repetida jurisprudencia de esta Corte Suprema, debemos sostener la conclusión a que llegó la corte inferior.

Eespecto al otro acusado Gonzalo Nieves, la prueba so-lamente demuestra que era meramente un muchacho empleado del£ Frigorífico ” y no existe evidencia alguna que indique su participación en el delito.

Por lo expuesto, la sentencia debe ser confirmada o i cuanto a Dolores Arroyo y revocada respecto a Gonzalo Nieves, a quien se le declara absuelto.

Confirmada en parte y revocada' respecto del acusado G. Nieves, absuelto.

Jueces concurrentes :■ Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. "Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Roldán, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción a la sección 10 de la Ley de préstamos agrícolas.
    No. 2037.
    Resuelto en junio 26, 1923.
    Evidencia — Derecho del Acusado — Documentos Ofrecidos en Evidencia.— Cuando el fiscal muestra a su testigo un documento para interrogarle sobre el contenido del mismo, el acusado tiene el derecho de examinarlo antes de que continúe el interrogatorio de El Pueblo.
    Id. — Prueba Suprimida — Préstamo Agrícola. — Para que exista el contrato de préstamo agrícola se hace necesaria la entrega del dinero objeto del prés-tamo o signo que lo represente. Si éste es un cheque, la mejor evidencia es la prueba física del cheque con la firma al dorso del mismo de la persona librada, ereditiva de la certeza de la entrega.. Si como además se ha intentado demostrar en este caso que una parte del préstamo le fué abonada en cuenta al acusado, y sin resolver que esto puede ser admitido en un contrato de préstamo agrícola, la lógica consecuencia es que la me-jor prueba no es el dicho del testigo en ese particular sino el libro en donde había de constar el abono.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de violación de la ley sobre préstamos agrícolas, aprobada en marzo 10 de 1904.

El acusado fué tíondenádo, y no conforme con la sen-tencia estableció la presente apelación.

En el alegato del apelante se' discuten como errores fun-damentales, los siguientes: (a) No permitir que el acusado inspeccionara cierto documento que el fiscal mostraba a un testigo y acerca del cual giraba un interrogatorio; (6) per-mitir que quedaran en récord las manifestaciones de un em-pleado de la “Fajardo Sugar Co.” en relación con la su-puesta entrega de dinero objeto del préstamo agrícola que motiva el presente caso; (c) no conceder la absolución pe-rentoria del acusado.

Primer error: En este caso el préstamo se realizó con garantía de varias cabezas de ganado vacuno. De estos bie-nes se bizo un inventario y aunque aparecen descritos e in-ventariados en la acusación, lo cierto es que en el documento de préstamo solamente se bizo referencia a dicho inventa-rio sin incluirlo. Por esta razón parece que el Gobierno presentó la declaración del testigo José Lugo quien declaró respecto a cierto inventario que dice él que fué practicado en relación con determinados bienes del acusado. El do-cumento fué mostrado al testigo y en ese momento el acu-sado pidió que se le permitiera inspeccionarlo, invocando el artículo 161 de la Ley de Evidencia y alegando como razón además que el testigo declaraba que la firma del acusado aparecía al calce de dicbo inventario. El fiscal se opuso a la inspección solicitada y la corte resolvió sosteniendo la oposición del fiscal, no permitiendo tal inspección basta des-pués que el gobierno terminara de interrogar al testigo. El acusado tomó excepción a la resolución de la corte y se abs-tuvo de repreguntar. La cuestión a decidir es si el acusado estaba obligado a esperar que el fiscal terminara su interro-gatorio para entonces tener el derecho de inspeccionar el do-cumento. El artículo 161 de la Ley de Evidencia, aprobada en marzo 9, 1905, dice:

“Art. 161. — Siempre que a un testigo se le mostrare un escrito, podrá éste ser inspeccionado por la parte contraria, y no deberá ha-cerse pregunta alguna al testigo respecto a un escrito, mientras no se le hubiere mostrado.”

Las palabras “'siempre que” son la traducción del ad-verbio de tiempo “whenever” del texto inglés, lo que equi-vale a decir conforme a su significación en la disposición legal citada, que el acusado tenía derecho a inspeccionar el documento “tan pronto como” se le mostró al testigo por el fiscal.

El apelante no cita ningún caso de California en apoyo de su contención, después de la enmienda que sufrió la ley de dicho estado en julio primero de 1901; pero en cambio nos cita dos decisiones de fecha remota, no sin advertir que el artículo 2054 del Código de Enjuiciamiento Civil de California (equivalente al 161 de nuestra Ley de Evidencia), cuando entró a. regir en 1872, dice así:

“Artículo 2054. — Siempre que a un testigo se muestre un escrito puede éste ser examinado por la parte contraria y no- deberá hacerse ninguna pregunta al testigo con relación al escrito hasta que se le haya mostrado de tal modo.”

En el primer caso de Pope v. Dalton, 40 Cal. 638, aunque las circunstancias no son las mismas, se resolvió:

“Que después de admitidos como prueba escrituras u otros do-cumentos el abogado de la parte contraria tiene derecho a inspeccio-narlos en cualquier momento durante la substanciación del juicio.”

Y en el segundo de People v. Stevens, 52 Cal., 458, se dijo:

“Si se llama a un testigo para identificar documentos’con el fin de establecer la razón que existe para presentarlos como prueba, el abogado 'de la parte contraria tiene derecho a hacer una inspección de 'los documentos antes de terminarse la prueba con el fin de que pueda él presentar prueba para explicar los documentos, o negar su autenticidad. ’ ’

No tenemos duda que de acuerdo con los términos de la Ley de Evidencia y el espíritu de la jurisprudencia citada, el acusado tenía derecho a inspeccionar el documento tan pronto como se le mostró al testigo y la resolución de la corte inferior en ese punto fué errónea, privándose al acu-sado de un privilegio sustancial que le concedía la ley.

Segundo error: en la acusación se alega que la “Fajardo Sugar Company of Porto Pico” dió y entregó al acusado Otilio Soldán con la garantía de ciertos bienes que se des-criben (efectos agrícolas) la suma de $1,273.87. Para acreditar el gobierno la entrega del dinero presentó dos testi-gos. El primero, Jorge Bird Arias, declaró: que es el Admi nistrador de la Fajardo Sugar Co. y que la entrega del dinero al acusado le constaba por haberlo ordenado, así como tam-bién resultaba de los libros.

La defensa solicitó la eliminación de esos extremos por ser impertinentes, pero la corte desestimó la moción, to-mando excepción el acusado.

El segundo testigo, Manuel Baralt, cajero de la Fajardo Sugar Co., manifestó que sabía que esa cantidad había sido entregada al acusado; que entregó esa cantidad al acusado en cheques de la Fajardo Sugar Co., cheque a cargo de Hijos de J. Bird & León; que el dinero a que se refiere el préstamo fué entregado en varios cheques; que en este caso Concreto se ordenó que se le abonara a cuenta, y se le entregó enton-ces una parte; que eso lo sabe por los libros y sabe que se le entregó por el libro éste y por el cheque que está ahí, hecho a favor de él.

Por dos ocasiones el acusado pidió la eliminación de las manifestaciones del testigo, primeramente cuando habló de que la entrega se hizo por cheques, alegando el acusado que la mejor prueba de la entrega del dinero eran los cheques, y después al declarar el testigo que una parte del dinero se le abonó en cuenta y la otra le fué dada en cheques, lo que le constaba por los libros.

El acusado alegaba igual fundamento de que para de-mostrar la certeza de la entrega de la cantidad prestada, la mejor prueba eran los libros. Es de notarse que el tes-tigo dijo, “Yo tengo aquí los cheques” y se refirió a los li-bros, teniéndolos a la mano.

La sección primera de la Ley sobre préstamos agrícolas se refiere a préstamos en dinero.- Le manera que para que exista tal contrato se hace necesaria la entrega del dinero objeto del préstamo o signo que lo represente. Si éste es un cheque lo natural es la prueba física del cheque con la firma al dorso del mismo de la persona librada, creditivo de la certeza de la entrega. Si como además se ha intentado de-mostrar que una parte del préstamo le fué abonada en cuenta al acusado, y sin resolver que esto puede ser admitido en un contrato de préstamo agrícola, la lógica consecuencia es que la mejor prueba no es el dicho del testigo en ese particular sino el libro en dónde había de constar el abono. Y no se puede explicar, dada la base lógica y racional en que se fundan las reglas de evidencia, que teniendo el fiscal a su disposición la prueba primaria en este caso, voluntaria-mente la hubiera omitido, a no ser que su presentación le tenía que ser adversa. Véase artículo 102, párrafo 5o. de la Ley de Evidencia.

“Para probar cualquier hecho en disputa deberá presentarse la mejor evidencia obtenible. Pocas reglas en materia de prueba son como ésta tan frecuentemente invocadas en la vista de causas, y ciertamente que no hay otra regla que esté más sólidamente mante-nida por las decisiones judiciales. Ella descansa en la presunción de que una persona que retiene pruebas de grado más alto y trata de sustituirlas por otras de clase inferior, lo hace por algún motivo im-propio y porque es consciente del hecho de que su pretensión no sería mantenida por la prueba que ha tratado de ocultar. El cum-plimiento de esta regla realiza dos fines: el de suministrar a la corte una evidencia satisfactoria en vez de otras menos satisfacto-rias y el de evitar innumerables fraudes que habrían de perpetrarse, si las partes quedaran en libertad de probar el contenido de escri-tos con testimonios orales.” Jones on Evidence, p. 243, 2nd Ed.

Creemos que la corte inferior cometió un manifiesto error en rehusar la eliminación de aquellos particulares de los testigos mencionados y que se referían a entregas de dinero que se dice realizadas mediante la libración de cheques y abonos en cuenta corriente. Y asimismo la corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba, porque des-provista de su mayor certeza, era insuficiente para sostener la acusación y con tanto mayor motivo cuanto que no apa-rece probado el inventario de los bienes que se alega en dicha acusación garantizaban el préstamo, y siendo así la con-dición de este caso, debió declarar con lugar la moción pe-rentoria de la defensa, absolviendo al acusado.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia, y dic-tarse otra por la que se absuelva al acusado.

Revocada la sentencia y absuelto él acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr- Franco Soto

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Roldán, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeao, en causa por infracción a la Ley de Préstamos Agrícolas.
    No. 2032.
    Resuelto en junio 26, 1923,
    por los fundamentos del casó No. 2037 de El Pueblo v. Roldán de junio 26, 1923.
    Abogado del apelante: Sr. A. Aponte Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr- Franco Soto

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso es idéntico al núméro 2037. Solamente existe diferencia en cnanto al montante del préstamo, pero los puntos son los mismos; la prueba que se practicó sir-vió de base para ambos juicios y los errores fundamentales levantados fueron los mismos.

Por las razones expuestas en el referido caso número 2037, debe revocarse la sentencia y dictarse otra absolviendo al acusado.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Pbesidewte Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Medina, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por acometimiento y agresión simple.
    No. 2055.
    Resuelto en junio 28, 1923.
    Evidencia Inadmisible — Testigo Inhábil. — En este caso el marido, acusado de acometimiento y agresión en la persona de la madre de su esposa, sé opuso a que ésta, testigo del gobierno, declarara en su contra. Se resolvió: que constituyó error manifiesto la admisión del testimonio de la esposa bajo tales circunstancias.
    Pbtjeba — Testimonio de la Agredida. — Del hecho de que la corte se viera pre-cisada a llamar al orden a la persona agredida por su manera de declarar en alta voz y del de que su declaración esté en conflicto con las de otros testigos de cargo; no se deduce necesariamente que .no pueda servir de base para fundar en ella la sentencia, si merece crédito a la corte.
    Prueba: Apreciación — Nuevo juicio. — Visto el error cometido por la corte al permitir la declaración de la esposa del acusado y pudiendo dicho testimo-nio haber influido en ¿1 fallo condenatorio dictado, se ordenó la celebración de un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado del apelante: Sr. A. Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figneras, Fiscal.

   El Juez Pbesidewte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Saturnino Medina fué denunciado por baber acometido y agredido a Norberta Arroyo. En el acto del juicio ocu: rrió lo que sigue:

“Mercedes Pérez. — Al comparecer esta testigo, que es la esposa del acusado, el abogado defensor se opuso a que declarara a pregun-tas del Fiscal, porque entendía que no debía declarar en este caso,-debido a que no tenía el consentimiento expreso del marido, ni de su abogado defensor, el cual consentimiento no se le concedía.
“El Fiscal y la defensa argumentaron, y la Corte resolvió per-mitir la declaración contra 'la cual resolución anotó una excepción el acusado.”

Declaró la testigo y lo liizo realmente en contra del acu-sado, su esposo. Al terminar, el acusado, por medio de su abogado, dijo:

“Sr. Juez, nosotros queremos dar una última oportunidad a la corte, y pedimos que V. H. se sirva eliminar la declaración de esta testigo y no .tomarla en cuenta como prueba, porque está en franca oposición con la Ley de Evidencia, cuyos preceptos no per-miten que un cónyuge declare contra el otro sin su consentimiento.”

La corte declaró sin lugar la petición y el acusado anotó sú excepción.

Terminado el juicio, el acusado fué condenado como autor'.de un delito de acometimiento y agresión simple a pagar veinte y cinco dólares de multa. No conforme, apeló para ante este tribunal.

Insiste el apelante en que la corte erró al permitir la de-claración de la esposa. Tiene razón a nuestro juicio. La ley y la jurisprudencia son claras, terminantes, persuasivas.

“En el derecho común y también bajo algunos estatutos,” dice Cyc, resumiendo la jurisprudencia, “el marido y la mujer no son competentes para declarar como testigos en favor o en contra el uno del otro, en procedimientos ya civiles o criminales; pero esta regla ha sido modificada en forma considerable por ciertos estatutos que establecen la competencia del marido y la mujer para declarar- en favor o en contra el uno del otro en algunos ya que no en todos los casos, y en un reducido número de Estados las relaciones entre ma-rido y mujer no afectan a la competencia de un testigo, excepto en lo que respecta a comunicaciones confidenciales. La regla del de-recho común, sin embargo, prevalece aún excepto en cuanto ha sido modificada o derogada expresamente por un estatuto, y como la in-capacidad se funda no sólo en el interés que exista en el resultado del pleito sino también en la política pública, los estatutos que des-truyen meramente la incapacidad por razón de interés no destruyen, sin embargo, la incapacidad que surge de las relaciones entre marido y mujer. Ni tampoco un estatuto que permite a una persona acu-sada de delito declarar en su favor, da competencia para declarar como testigo al marido o a la mujer de tal persona. Por el contra-rio, un estatuto que establece la competencia del marido y la mujer no habilita como testigo a quien es incompetente por razones dis-tintas a las relaciones maritales. Esta cuestión está en la actualidad regulada por estatutos, que varían grandemente en las distintas ju-risdicciones, y a tales estatutos hay que acudir para determinar cuál es la regla de derecho que rige actualmente en cualquier estado y si determinado principio es aplicable o no en el mismo.’-’ 40 Cyc. 2210-13.

La ley en Puerto Rico está contenida en el artículo 40 de la Ley de Evidencia que, copiado en lo pertinente, es como sigue:

“No se podrá examinar una persona como testigo en los casos si-guientes :

1. Un marido no podrá ser examinado a favor ni en contra de su mujer, sin el consentimiento de ésta; ni una mujer a favor ni .en contra de su marido, sin el consentimiento de éste; * * * pero esta disposición no será aplicable a una acción o procedimiento civil por uno de los cónyuges contra el otro, ni a una acción o procedi-miento criminal por un delito grave cometido por uno de ellos contra el otro.”

No es, pues, aquí la prohibición absoluta. Si se presta el consentimiento, desaparece la prohibición legal. Pero si no sólo no se presta, sino que se niega expresamente, no com-prendemos cómo la corte admitió el testimonio ofrecido por el fiscal.

“Es esencial para la felicidad de la vida social,” expresa G-reenleaf, “que la confianza qne siempre ha existido entre marido y mujer sea protegida y fomentada como algo sagrado, en el más amplio sentido; y destrozar o corromper los grandes principios que protegen la santidad de esa relación, sería destruir el mayor bienestar de la existencia humana.” 1 Greenleaf on Evidence, 324.

El otro error señalado por el acusado-apelante para pe-dir no sólo la revocación de la sentencia, si que también su absolución, no existe, a nuestro juicio.

Sostiene el apelante que la declaración de la supuesta agredida no merece entero crédito, porque la propia corte se vió obligada a llamar la testigo al orden por la forma en que se manifestaba y porque su declaración está contradi-cha por la de los otros testigos del propio fiscal.

Consta de los autos que la corte llamó la atención a la tes-tigo por su manera de declarar en alta voz. Esto nada des-truye el crédito que pueda merecer su testimonio. El con-flicto que pudiera notarse entre las declaraciones de los tes-tigos Arzón y Meléndez y la declaración de la supuesta per-judicada, correspondería dirimirlo a la corte sentenciadora. Por el solo hecho de que exista tal conflicto no puede soste-nerse aquí que la declaración de la dicha supuesta perjudi-cada Norberta Arroyo, no merezca entero crédito y por tanto que no pueda servir de base por sí sola para un fallo con-denatorio.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia recurrida y ordenarse la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.