text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Plata Sugar Company y Asociados del Pepino, demandados.
    Núm. 6.

    Sometido: Junio 16, 1941.

      Resuelto: Junio 19, 1941.

      Antonio Lens Cuena, abogado de Plata Sugar Company; Fiddler, McConnell c& González y Jorge M. Morales, abogados de Asociados del Pepino-, Hon. Procurador General George A. Malcolm y Miguel Guerra-Mondragón, Rafael Rivera Zayas y Luis Venegas Cortés, abogados asociados éstos, abogados del querellante.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 24 de 1940, El Pueblo de Puerto Rico, previo permiso que le fue otorgado por este Tribunal, radicó una querella de la naturaleza de Quo Warranto contra la corpo-ración del país denominada “Plata Sugar Company” y “Aso-ciados del Pepino,” estos últimos en su carácter de fiducia-rios. En la querella se alega, en síntesis:

Que Plata Sugar Company es una corporación organi-zada en noviembre 17 de 1910 de acuerdo con las leyes de-Puerto Rico y que fue autorizada por sus cláusulas de in--corporación, entre otras cosas, a dedicarse a la siembra y cultivo de caña de azúcar; que en sus artículos de incorpo-ración se dispone que su derecho a poseer y controlar tie-rras en Puerto Rico estará limitado a 500 aeres, en conso-nancia con las restricciones establecidas en la Sección 3 de. la Resolución Conjunta del Congreso, de mayo 1, 1900 (TJ.S. C.A., Título 48, see. 752); que no obstante la prohibición ex-presa de sus cláusulas de incorporación y en violación de la citada Resolución Conjunta de mayo 1, 1900, “dicha corpo-ración domina en la actualidad con pleno título de dominio, como viene dominando por cierto tiempo, varias fincas, en exceso de 500 acres, en las cuales se dedica a la siembra, cultivo y recolección de caña de azúcar”; y que dichas fin-cas tienen un área total de unos 1,709 acres.

Continúa alegando el querellante, que por escritura de constitución de fideicomiso, otorgada en octubre 8, 1938, Antonio Lens Cuena, director y accionista de Plata Sugar Company, constituyó en carácter de fideicomitente un fideicomiso, entregando la suma de $15,000 en efectivo a Angel Abarca Portilla, Enrique Abarca Sanfeliz, Felipe F. Vidal, Juan Abarca Portilla y Francisco Ballester, también accionistas y directores de la corporación querellada, para que en su ca-rácter de fiduciarios pudiesen disponer de la suma entregá-dales, para los fines y de acuerdo con las facultades expre-sadas en la escritura de fideicomiso; que entre las faculta-des conferidas a dichos fiduciarios figuran las siguientes:

Ia. Adquirir terrenos dedicados a la siembra y cultivo de caña de azúcar en Puerto Rico.
2a. Disponer de la suma ele $15,000, así como de cualesquiera otros bienes que puedan adquirir y de los proventos y productos de los mismos, para beneficio de los fideicomisarios.

Que las mencionadas facultades estarán sujetas a las dis-posiciones siguientes:

“(a) Los negocios del fideicomiso se conducirán bajo el nombre de ‘Asociados del Pepino’.
“(i) Los fiduciarios tendrán el manejo y distribución de los bienes del fideicomiso y conducirán sus negocios. Estos poderes in-cluyen los de sembrar y cultivar caña de azúcar, adquirir bienes inmuebles, dedicarse a negocios agrícolas, demandar y ser deman-dados, y operar y llevar a efecto el negocio azucarero en Puerto Rico •en todas sus ramificaciones.
“ (c) El interés de los fideicomisarios en los bienes y negocios del fideicomiso se dividirá en fracciones que se denominarán parti-cipaciones, las cuales se evidenciarán por certificados y serán trans-misibles medíante el endoso del certificado y el registro del traspaso en los libros que llevarán los fiduciarios. Los fiduciarios están facul-tados para emitir, de tiempo en tiempo, a su discreción, un total de 120,000 participaciones, todas las cuales serán de la misma clase y con iguales privilegios y derechos.
“ (d) Los fiduciarios podrán distribuir dividendos entre los fidei-comisarios en proporción a sus respectivos derechos.
“ (e) Los fiduciarios podrán emitir participaciones bien sea por dinero, por servicios o por bienes de cualquier naturaleza.
“ (/) Cada fideicomisario tendrá derecho a recibir un certificado que especificará el número y clase de participaciones de que es tenedor.
“(g) Los fiduciarios podrán, con el consentimiento de los dueños de dos terceras partes de las participaciones en circulación, enmendar la escritura constituyente del fideicomiso o terminar el propio fidei-comiso.
“ (h) No se efectuará venta alguna o arrendamiento de los bienes sujetos al fideicomiso si no es con el consentimiento de los dueños de las dos terceras partes de todas las participaciones.
“Todo lo cual consta con mayor particularidad de la escritura que se acompaña, marcada ‘Exhibit A,’ como parte integrante de esta querella.”

Se alega además que la entidad “Asociados del Pepino,” por virtud de la mencionada escritura de constitución de fideicomiso, se lia investido a sí misma, para todo propósito práctico, con los atributos de una’corporación, a saber: (a) al asumir, como nombre para llevar a cabo sus negocios, el de “Asociados del Pepino,” que no es el nombre del fideico-mitente, ni el de ninguno de los fiduciarios, ni el de ninguno de los fideicomisarios; (6) al disponer que podrá demandar y ser demandada en su nombre colectivo; (c) al proveer para la designación de fiduciarios, administradores y oficiales, con facultad para representar y actuar por el fideicomiso; (d) al disponer que el fideicomiso, y no los fiduciarios ni los fidei-comisarios del mismo, será responsable de los actos y con-tratos realizados o celebrados por los administradores o ges-tores del fideicomiso; (e) al proveer que todos los derechos en el fideicomiso estarán representados por acciones o par-ticipaciones transferibles libremente; (/) al disponer que el retiro o muerte de un fiduciario no disolverá el fideicomiso; (g) al proveer que el fideicomiso podrá ser disuelto por los fiduciarios con el consentimiento de dos terceras partes de las acciones o participaciones; y (h,) al prohibir la enajena-ción o arrendamiento de los bienes inmuebles del fideicomiso, a menos que se obtenga el consentimiento de los dueños de dos terceras partes de las acciones o participaciones.

Se alega específicamente en la querella, que el mencio-nado fideicomiso fué constituido por accionistas y directores de Plata Sugar Company con el fin de aparentar que dicha corporación no es dueña de ni controla tierras de labrantío en exceso de 500 acres, y con el propósito de violar la ley federal y el estatuto insular limitativos de la tenencia de tie-rras en Puerto Rico; y que, para tales fin y propósito, la querellada Plata Sugar Company, por escritura de 8 de oc-tubre de 1938 cedió y traspasó al fideicomiso “Asociados del Pepino,” la inmensa mayoría de las tierras que la Plata Sugar Company dominaba y poseía en violación de las leyes desde su constitución hasta la fecha del traspaso.

Los párrafos 9 y 10 de la querella, copiados literalmente, leen así:

“9. Los organizadores de la querellada ‘Asociados del Pepino/ y todos los administradores, oficiales y fiduciarios que dicha quere-llada siempre ha tenido, han sido y son, a un mismo tiempo, oficiales, directores y accionistas de la demandada Plata Sugar Company. Este querellante está informado, y así lo cree, de que en sus capa-cidades como tales organizadores, administradores, oficiales y fiducia-rios- de la demandada ‘Asociados del Pepino,’ dichas personas han actuado y actúan a instigación, bajo el control y para beneficio de la demandada Plata Sugar Company. Este querellante está infor-mado, además, y lo eree por cierto, de que todos o de que práctica-mente todos los oficiales y empleados administrativos de la deman-dada ‘Asociados del Pepino’ son también oficiales y empleados admi-nistrativos de la demandada Plata Sugar Company, y de que, en sus capacidades como oficiales y empleados administrativos de la de-mandada ‘Asociados del Pepino,’ dichas personas han actuado y actúan a instigación y bajo el control y para beneficio de la de-mandada Plata Sugar Company. Por medio de la administración, dominio y control ejercido de tal suerte por los organizadores, admi-nistradores, oficiales, fiduciarios y empleados administrativos de la demandada ‘Asociados del Pepino,’ la demandada Plata Sugar Company administra, domina y controla el negocio y los asuntos de la demandada ‘Asociados del Pepino’ y controla las propiedades de ‘Asociados del Pepino’ de manera tan plena y completa cual si dichas propiedades fuesen de la propiedad de la demandada Plata Sugar Company.
“10. La demandada Plata Sugar Company está autorizada, según se ha alegado a dedicarse a la agricultura; está constreñida por su carta corporativa a la tenencia y control de no más de quinientos acres de tierra, y, por virtud de sus cláusulas de incorporación, está advertida de que tal restricción está establecida por ley; sin embargo, a pesar de tales prohibiciones restrictivas y en violación abierta de la ley federal y del estatuto local que limitan a quinientos aeres la tenencia de tierras por corporaciones dedicadas a la agri-cultura en Puerto Rico, la referida corporación demandada Plata Sugar Company es dueña y controla en la actualidad, tanto por sí misma como por su subsidiaria y agente ‘Asociados del Pepino’ que directamente domina, ciertas tierras de labrantío, en exceso de qui-nientos acres, en las que se dedica a la siembra, cultivo y recolección de la caña de azúcar; y cada una de dichas dos entidades deman-dadas contribuye y participa en las violaciones cometidas por la otra. ’ ’

Se alega,.por último, que la suma total de tierras de la-brantío poseída o controlada por Plata Sugar Company, por sí misma y a través de su subsidiaria o agente “Asociados del Pepino,” y en las que se dedica actualmente a la agri-cultura, monta a unos 1,709 acres; y que la tenencia y control por la querellada de esas grandes concentraciones de tierras, son contrarios a la política pública establecida y de-clarada por El Pueblo de Puerto Eico y están en conflicto con el bienestar económico de la comunidad insular.

Denegadas por resolución de abril 15, 1941, las elimina-ciones solicitadas por las querelladas, radicaron éstas en es-critos separados excepción previa a la querella, por idénti-cos fundamentos, a saber:

1. Que existe un defecto o indebida acumulación de partes de-mandadas.
2. Que la querella no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción; y
3. Que la querella es ambigua, ininteligible y dudosa.

Para sostener las excepciones previas por ellas formula-das separadamente, las partes querelladas han radicado un solo alegato, suscrito por los abogados de cada una de ellas, en el que discuten conjuntamente los tres fundamentos de la excepción. Nosotros los discutiremos separadamente para una mejor comprensión de las cuestiones legales envueltas en este procedimiento. La representación del querellante no ha radicado alegato alguno.

¿Constituye el hecho de haber incluido en esta acción al fideicomiso “Asociados del Pepino,” una indebida acumulación de partes demandadas ?

El Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, dis-pone :

“Artículo 63. — Cualquiera persona podrá ser constituida en de-mandado, siempx-e que tenga o alegue tener interés en la contienda en oposición al demandante, o sea parte indispensable para la com-pleta determinación o arreglo de la cuestión litigiosa. . .”

Veamos, pues, si de las alegaciones de la querella se des-prende que “Asociados del Pepino” tiene interés en la con-tienda en oposición al demandante o si es parte indispensable para una completa determinación del litigio.

El interés que tiene el demandante en esta acción es el de hacer cumplir y dar efectividad a la política pública enun-ciada por el Congreso y reafirmada por la Asamblea Legis-lativa Insular, que tiene por objeto evitar la tenencia o control de tierras en grandes fundos, en exceso de 500 acres, por corporaciones autorizadas para dedicarse a la agricul-tura. De acuerdo con las alegaciones de la querella, la que-reliada Plata Sugar Company, no obstante la limitación im-puéstale por sus cláusulas de incorporación y las restriccio-nes establecidas por las leyes vigentes, “domina en la actua-lidad con pleno título de dominio” tierras por un total de 1,709 acres, dedicadas a la siembra y cultivo de caña de azú-car. Si se probase, como se alega en la querella, que el fidei-comiso Asociados del Pepino ha sido creado por directores y accionistas de la corporación Plata Sugar Company, con el fin de aparentar que dicha corporación no es dueña de ni controla tierras en exceso de 500 aeres, y con el propósito de que ella pueda continuar, a través de dicho fideicomiso, ejer-ciendo su control y dominio sobre los 1,709 acres de tierra que hasta la fecha del traspaso al fideicomiso había venido poseyendo, según se alega, en violación de la ley, en ese caso sé habrá establecido el hecho de que el fideicomiso Asociados del Pepino no es otra cosa que un mero agente o instrumento creado por la corporación querellada para llevar a efecto su propósito de continuar dominando o controlando esa gran concentración de tierras, en violación de la ley. Y si resul-tase cierto, como se alega en la querella, que el traspaso que en octubre 8 de 1938 hizo Plata Sugar Company de todas sus tierras propias y arrendadas, al fideicomiso Asociados del Pepino, fue hecho en prosecución del mencionado propósito de aparentar que la mencionada corporación ya no es dueña de ni controla tierras en exceso de 500 acres y con el fin de con-tinuar violando las leyes que limitan la tenencia de tierras, en ese caso habrán quedado establecidos como hechos esen-ciales que dicho traspaso es una mera simulación para encu-brir una tenencia ilegal de tierras; que el verdadero y único beneficiario del fideicomiso es Plata Sugar Company; y que el título de dominio que ahora ostenta Asociados del Pepino es en realidad el título de Plata Sugar Company para todos los efectos legales.

Admitidos por la excepción previa los hechos alegados en la querella y resultando de ellos que Plata Sugar Company y su alegado agente Asociados del Pepino tienen intereses comunes y opuestos a los del querellante, tenemos que llegar a la conclusión de que Asociados del Pepino es parte nece-saria e indispensable para una completa y definitiva adjudi-cación de la cuestión litigiosa entre El Pueblo de Puerto Rico y Plata Sugar Company. Véase El Pueblo de P. R. v. Fajardo Sugar Co. et al., 51 D.P.R. 876.

No existe, por tanto, la alegada indebida acumulación de partes demandadas.

i, Son los hechos alegados en la querella suficientes para determinar una causa de acción!

Creemos innecesario hacer un minucioso y detallado exa-men de los hechos esenciales alegados en la querella. Ésta, con excepción de las referentes a la creación del fideicomiso, contiene alegaciones prácticamente idénticas a las que esta Corte Suprema declaró suficientes en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Rubert Hermanos, Inc., 53 D.P.R. 779, con-firmado por la Corte Suprema Federal en People v. Rubert Hermanos, Inc., 309 U. S. 543, 84 L. Ed. 916. La suficiencia de idénticas alegaciones fué sostenida también por este Tribunal en El Pueblo de Puerto Rico v. Fajardo Sugar Co. et al., supra, en el que se dijo:

“Considerada en conjunto, la querella expone en términos claros y precisos la concepción, desarrollo y existencia de un plan precon-cebido y realizado con el propósito de evadir y violar las restricciones legales que prohíben a las corporaciones agrícolas tener el dominio o control de más de 500 acres de tierras dedicadas a la agricultura. En ese plan se hace figurar como actora principal (master mind), a The Fajardo Sugar Company of Puerto Rico, y como partes secun-darias, sujetas al control y dirección de la primera, a ‘Loiza Sugar Company’ y ‘The Fajardo Sugar Growers’ Association.’ Los me-dios y procedimientos de que se ha valido ‘La Fajardo’ para adqui-rir y tener bajo su dominio o control 23,800 cuerdas de tierras la-borables aparecen específicamente alegados en la querella, y demues-tran prima facie que la ley ha sido violada por las demandadas.”

El tercer fundamento de la excepción no requiere un detenido estudio. La querella es a nuestro juicio perfecta-mente clara e inteligible y basta la mera lectura de sns ale-gaciones para que se entienda, sin lngar a dudas, que lo que se alega en síntesis es que una corporación agrícola, Plata Sugar Company, estuvo basta octubre 8 de 1938 violando las leyes limitativas de la tenencia de tierras, al tener registra-das en su nombre 1,709 cuerdas de tierra; que en esa fecha, 8 de octubre de 1938, con el propósito de aparentar o hacer creer que ya no era dueña de esas tierras, concibió e instigó la creación de un fideicomiso, representado y administrado por sus directores y accionistas, para beneficio de la corpora-ción ; y que a través de esa instrumentalidad por ella creada, la corporación querellada sigue poseyendo y controlando el mismo número de cuerdas de tierra que por la escritura de octubre 8, 1938, fueron traspasadas al fideicomiso.

Por las razones expuestas, las excepciones previas de am-bas querelladas deben ser desestimadas, concediéndose a dichas querelladas un término de 20 días para contestar la querella.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sbñoe De Jesús emitió

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Buscaglia y Cruz Fajardo, acusados y apelantes.
    Núm. 8747.
    Resuelto: Junio 19, 1941.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Sbñoe De Jesús emitió

la opinión del tribunal.

En este caso el tribunal, con fecha 2 del mes en curso, dictó una resolución que literalmente dice así:

“Llamado este caso para vista, compareció El Pueblo de Puerto Rico por su Fiscal, y apareciendo que el apelante no ha presentado alegato y no obstaiate habérsele notificado el señalamiento no ha comparecido al acto de la vista, debe desestimarse como se desestima por abandono el recurso. Comuniqúese.”

Un día después de dictada, dicha resolución fue notificada al abogado de los apelantes remitiéndosele copia de la misma, y el 16 del actual dicho abogado radicó una moción de reconsi-deración en que alega que los apelantes tienen derecho, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 358, 359 y 360 del Código de Enjuiciamiento Criminal y 3 del Reglamento de este tribunal, a que su caso sea resuelto por sus méritos, y termina solicitando que reconsideremos nuestra citada reso-lución y veamos el caso en su fondo.

Los artículo 359 y 360 del Código de Enjuiciamiento Criminal invocados por los acusados apelantes no son aplicables a la cuestión en controversia, ya que el primero se refiere a la facultad de este tribunal para desestimar el recurso si no se cumple con el artículo 356 del propio código, que trata de la elevación de la prueba mediante exposición del caso o transcripción de evidencia, y el 360 se contrae a determinar el plazo dentro del cual deberán sustanciarse y resolverse las apelaciones en causas criminales, habiéndose re-suelto por este tribunal que dicho término no es mandatorio sino meramente directivo. Pueblo v. Rodríguez, 44 D.P.R. 578.

Por consiguiente, prescindiremos de dichos dos artículos, dirigiendo toda nuestra atención al 358 del citado código y al 3 del Reglamento de este tribunal.

La versión española del artículo 358, supra, es defectuosa, y siendo como es dicho precepto legal de origen americano, nos referiremos a la edición inglesa, que dice así:

“If the appeal is irregular in any substantial particular, but not otherwise, the Supreme Court may, on any day, on motion of the respondent, upon five days’ notice, accompanied with copies of the papers upon which the motion is founded, order it to be dismissed.”

El artículo 3 del Reglamento en lo pertinente dice:

“. . . Si el apelante dejare de presentar su alegato, el caso siem-pre se señalará para vista, pero la falta de dicho alegato no será obstáculo papra que el Fiscal presente el suyo y el tribunal pueda conocer de los errores fundamentales que aparezcan de los autos, aun cuando no se hubiere interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo a derecho.”

El artículo 358 antes citado es una copia literal del 1248 del Código Penal de California, de donde fuá tomado, e in-terpretándolo, la Corte Suprema de dicho Estado dijo en el caso de People v. McNulty, 30 P. 963, 964:

“Este precepto legal probibe a la Corte Suprema, desestimar (dismiss) un recurso de apelación en un caso criminal a menos que la apelación misma sea irregular en algún detalle sustancial, y esto se determina teniendo en cuenta la orden o sentencia apelada, así como los pasos dados para perfeccionar el recurso.” (Bastardillas nuestras.)

¿Han dado los apelantes en este caso los pasos necesa-rios para perfeccionar el recurso? No, a nuestro juicio, pues radicar el alegato en apelación es requisito indispensable que debe cumplir el apelante para perfeccionar su recurso. La regla que se sigue en esta jurisdicción, como en muchas del Continente, y que ha sido recomendada en la obra de Harris “Appellate Courts and Appellate Procedure in Ohio” (1933), 161, exige que el señalamiento de errores se exponga en el alegato del apelante. Así pues, no habiéndose presentado alegato, como no se presentó en este caso, no existe señala-miento de errores, y no existiendo señalamiento de errores, el tribunal de apelación ninguna cuestión está obligado a re-visar. Véase la obra del Profesor Orfield, “Criminal Appeals in America”, 157.

La misma Corte Suprema de California lia resuelto, en el caso de People v. Goldbury, 10 Cal. 313, que cuando no existe señalamiento de errores, procede la confirmación de la sen-tencia.

En People v. Ferry, 24 P. 33, el mismo tribunal ha dicho que el señalamiento de errores constituye parte del pliego de excepciones, y en los casos que a continuación se citan, ha re-suelto que una corte de apelaciones no viene obligada a es-cudriñar el récord en busca de errores cuando ninguno ha sido señalado: People v. Dunn, 36 P. (2) 1096; People v. Savage, 59 P. (2) 190; People v. Schultz, 64 P. (2) 440; People v. Schenk, 65 P. (2) 895; People v. Gidney, 73 P. (2) 1186.

Así pues, no abrigamos duda de que la falta del alegato del apelante constituye una irregularidad substancial que nos permite desestimar el recurso de acuerdo con el citado ar-tículo 358.

El artículo 3 del Reglamento, en tanto en cuanto autoriza al tribunal a conocer de los errores fundamentales que apa-rezcan de los autos, aunque no se haya presentado alegato, es puramente directivo y no mandatorio, pues el mismo prescribe que en tal caso el tribunal puede conocer de los errores fundamentales que aparezcan de los autos, y de cualquier modo, dicho artículo del Reglamento debe interpretarse en harmonía con y supeditado al artículo 358 del Código de En-juiciamiento Criminal que acabamos de interpretar.

Por lo expuesto, procede declarar sin lugar la moción de reconsideración radicada por los apelantes en 16 del actual.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ismael Medina Abréu, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 8632 y 8633.

    Sometidos: Junio 18, 1941.

      Resueltos: Junio 19, 1941.

      E. Ramos Antonini y V. Gutiérrez Franquí, abogados del apelante; Eon. Procurador General Interino, Emilio de Alclrey, R. A. Gó-mez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue sentenciado a $25 de multa y a tres me-ses de cárcel, respectivamente, al ser convicto de infracción a los artículos 368 y 371 del Código Penal. La evidencia es la misma para los dos casos, razón por la cual fueron some-tidos en este tribunal por un solo alegato por cada parte.

Señala el apelante como único error que de acuerdo con las denuncias y la prueba presentada, él no resulta culpable de los delitos imputádosle. El fiscal de este tribunal se unió al apelante para solicitar la revocación de las sentencias por insuficiencia de la prueba en cada caso.

Consideraremos en primer término el de infracción al artículo 368 del Código Penal.

La denuncia en dicho caso en lo pertinente expone:

“Que en 6 de febrero, hora 10:15 P. M., de 1939, y en el barrio. . . de Santa Isabel. . . el acusado. . . allí y entonces, con una conducta tumultuosa y ofensiva, con amenazas, vituperios y provocaciones, maliciosamente perturbó la paz y tranquilidad de los señores Carmelo Obén (y) Pedro Martínez, porque a esa hora, allí y entonces y dentro del edificio donde está la maquinaria de la Central Cortada, perteneciente a. . . Central Aguirre Sugar Company. . . dicho acu-sado violentamente, con amenazas, vituperios y provocaciones ordenó el paro de las máquinas que mueven los molinos de caña, estando estas máquinas manipuladas por los maquinistas Luis Torres y Lon-gino Ramírez, con motivo de cuya orden quedó suspendida la molienda de cañas de azúcar en la referida central desde las 10:15 P. M. del lunes 6 de febrero hasta las 4:45 A. M. del martes 7 de febrero de 1939.

La prueba no revela que en la hora y sitio indicados el acusado perturbase la paz de los Sres. Carmelo Obén y Pedro Martínez como se le imputó en la denuncia. Lo que surge de la prueba de cargo es que en dicho día y hora el apelante, que trabajaba como maquinista en la Central Cor-tada y que a su vez era vicepresidente de la Unión de Tra-bajadores de Factorías de dicha Central, penetró en la fac-toría y ordenó a Luis Torres que parase las máquinas, usando al dirigirse a dicho individuo dos vocablos obscenos. Mas no resulta que el apelante en forma o manera alguna cambiase siquiera palabras eon el Sr. Obén, quien según su propia de-claración llegó después que habían sido paradas las máqui-nas y por tanto no podía alterarse su paz y tranquilidad con palabras que ni oyó ni le fueron dirigidas. Tampoco apa-rece de la prueba que en manera alguna se perturbase la paz del individuo Pedro Martínez.

No existe evidencia de que en el sitio y bora indicados hubiera allí mujeres o niños qxie pudieran oír las palabras obscenas anteriormente aludidas, y el mero hecho de parar las máquinas de una factoría en la forma en que se hizo en este caso, no constituye por sí solo el delito de alteración de la paz definido en el artículo 368 del Código Penal.

Pasemos ahora al caso por infracción al artículo 371, del Código Penal.

La denuncia en dicho caso en lo pertinente dice:

“Que en 6 ele febrero, hora 10:15 P. M., de 1939, y en el barrio. '. . de Santa Isabel. . . el acusado allí y entonces, ilegal, volun-taria y maliciosamente invadió o penetró violentamente dentro de la Central Cortada, que es una propiedad privada y perteneciente a la Central Aguirre Sugar Co., ... y ordenó el paro de las máquinas que mueven los molinos de caña, estando estas máquinas manipula-das por los maquinistas Luis Torres y Longino Ramírez. Con motivo de esta orden quedó suspendida la molienda. . .”

Tampoco revela la prueba en lo que a este caso respecta que el acusado penetrase violentamente en la factoría de la Central Cortada como se alega en la denuncia.

La penetración por medio de violencia es un elemento esencial del delito definido en el artículo 371 del Código Penal. En el caso de Pueblo v. Díaz, 56 D.P.R. 101, dijimos, citando de Wharton on Criminal Law:

“La entrada por una ventana abierta o abriendo la puerta con llave o valiéndose de cualquier ardid o artificio, por ejemplo, lleván-dose del sitio al dueño por medio de engaño y cerrándole la puerta después, o algo semejante, sin más violencia, o aun amenazándolo con destruir sus bienes o ganado solamente, pero sin amenazas de vio-lencia contra su persona, no se considera una entrada por la fuerza o la violencia.”

Y en el mismo caso, citando de Ruling Case Law, dijimos:

“Por consiguiente, una entrada sin violencia y por una persona con derecho a la posesión, o una entrada ilegal sin hacer uso de la fuerza, violencia o amenazas, o en la que no se usa más fuerza que la que la ley presume en toda transgresión (trespass) no es un allana-miento ele morada dentro del significado del estatuto. Muchas en-tradas en la casa o propiedad ajena podrán ser evidentemente ile-gales, y sin embargo no dan lugar a esta acción, a pesar de que se admita que toda entrada por la fuerza en la forma antedicha es ilegal. ’ ’

Ninguno de los testigos que declararon en este caso se refiere a la forma en que entró el acusado en la factoría de la Central Cortada. Por el contrario, de la prueba de cargo aparece que el acusado podía entrar libremente a la Central y que nunca se le había prohibido la entrada en aquel sitio.

Nada hemos dicho de la prueba de descargo, porque en ninguna forma o manera tiende a incriminar al acusado en relación con ninguno de los dos delitos.

Por lo expuesto, procede, a nuestro juicio, revocar las sentencias apeladas y absolver libremente al acusado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. William Correa Torres, acusado y apelante.
    Núm. 8733.

    Sometido: Junio 16, 1941.

      Resuelto: Junio 20, 1941.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia que condenó al apelante a pagar una multa de cin-cuenta dólares o en su defecto un día de cárcel por cada dó-lar que dejare de satisfacer, como autor de un delito de aco-metimiento y agresión consistente en haber, en Ponce, el doce de julio de 1937, a las siete y media de la tarde, acometido y agredido con la mano a Aida Mercedes Suárez.

La primer testigo que se llamó a declarar fué la agre-dida. .Dijo:

“Que nosotros íbamos. . . en espera de una hermana que venía de San Juan. El automóvil iba muy despacio y yo iba a la orilla de la puerta en dirección a mi hermano, que iba guiando. Y este hombre venía con dos muchachas más, y me dió una bofetada en la cara. Entonces mi hermano paró y le preguntó a él que qué motivo tenía para haber hecho eso, y dijo que a cuenta de sus pantalones, y se tiró a darle y nosotros gritamos e hicimos que siguiera el carro.”

Agregó que el acusado no estaba borracho y que lo vió por vez primera cuando la agredió; que el auto caminaba despacio “porque íbamos fijándonos en qué carro (¿,del fe-rrocarril?) venía mi hermana de San Juan.”

Su declaración fué corroborada por Julio Suárez, su her-mano que guiaba el automóvil, y por Irma Suárez, su her-mana, que la acompañaba.

La defensa presentó varios testigos. Hortensia Correa, hermana del acusado, declaró:

“Pues que cuando yo venía por el Colmado Artigas, pasando, vi-mos que el carro de la familia Suárez se paró al lado de nosotros. Julio Suárez le dijo a mi hermano que si él había sido el abusador que le había dado una bofetada a su hermana. Entonces, como mi hermano no había sido, le dijo, ‘No, yo no soy un chillo.’ Entonces Julio Suárez hizo ademán ele sacar algo del carro y nosotros empe-zamos a gritar, y entonces, como mi hermano me vió muy nerviosa a mí, le dijo que se fuera.”

Su declaración fué corroborada por las de Bernardina Montes, Marcelina Correa y la del propio acusado.

Además introdujo la defensa los testimonios de Oscar Correa, policía, que manifestó que conocía al acusado y nunca lo' había visto borracho y de Rafael Y. Pérez Marchand co-nocedor de principios generales de física y del manejo de automóviles quien después de expresar que “cualquier golpe que demos con un cuerpo que'Va a velocidad duplica la ve-locidad del cuerpo que pega” y de referirse a su experiencia con una mariposa que volando chocó con su frente mientras manejaba un automóvil, haciéndole sufrir una lesión que tuvo que atender por la intensidad del choque, concluyó que:

“En el caso de un automóvil que viniese por la carretera y en sentido contrario le diese una bofetada un hombre a otra persona que va en aquel automóvil, yo no digo que no sea posible, pero lo más probable sería que el hombre que da la bofetada se rompa el brazo. ’ ’

En su alegato el apelante sostiene que “hay un conflicto de evidencia, pero la ciencia, o sea la física, le da la razón al acusado.”

No estamos conformes. La realidad debe prevalecer como prevaleció en la conciencia del juzgador sobre la teoría. No se trata de una operación matemática, si que de una conchu sión que puede admitirse que es razonable pero que se aplica a un hecho desconocido por el que la sienta.

De acuerdo con la prueba, no existe la imposibilidad física de que el hecho imputado pudiera ocurrir. Lo que lo hace raro es que generalmente, aunque ello no es necesario para condenar, en casos de esta naturaleza surge de la evidencia por completo o por lo menos se insinúa el móvil del delito y aquí la conducta del acusado no tiene explicación. Sin embargo, como bien dijo el juzgador al pronunciar su sentencia después de expresar que le había merecido crédito la prueba del Pueblo, “no ve la corte cómo estas muchachas vayan a inventarse caprichosamente el que este acusado le diera a una de ellas en las circunstancias que se han explicado.” El móvil permaneció oculto, pero el acto quedó en pie, y como es constitutivo del delito previsto y castigado por ley por el cual se le denunció y juzgó, debe confirmarse la sentencia condenatoria que contra él se dictara declarándose el recurso sim lugar.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Las Monjas Racing Corporation, Inc., demandante y apelante, v. Puerto Rico Ilustrado, Inc., José Coll Vidal y Angel Ramos, demandados y apelados.
    Núm. 8207.

    Sometido: Mayo 6, 1941.

      Resuelto: Junio 20, 1941.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos de la apelante; B. Cuevas Zequeira, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La corporación demandante, dneña y explotadora de nn hipódromo en la Capital de esta Isla, acndió ante la Corte de Distrito de San Jnan, reclamando de la corporación edi-tora del periódico “El Mundo” y de dos de sns directores, el pago de la snma de $100,000 como indemnización por los daños qne alega haber sufrido con motivo de la pnhlicaeión de ciertos informes qne la demandante alega ser falsos.

En la demanda se alega qne el 25 de mayo de 1939 los demandados, maliciosamente y sin cansa o motivo para ello y tendiendo a exponer a la demandada al desprecio del pú-Mico y a perjudicarla en su negocio, publicaron, a sabiendas de que era falso, en relación con un asunto judicial que se tramitaba ante la Corte de Distrito de San Juan por Rexach Racing & Sporting Corporation, Inc., v. Comisión Hípica Insular, lo siguiente:

“Falta de honradez en las carreras de Las Monjas y Las Casas. Las alega la Comisión, agregando que se verá obligada a tomar acción drástica. También acusa falta grave en pool de Las Casas y que ca-ballos que corren en Las Casas y Las Monjas han sido adquiridos con fondos de personas interesadas en dichos hipódromos.”

Se alega además que con tales palabras y a sabiendas de su falsedad, los demandados quisieron decir y dijeron e im-putaron a la demandante, y así lo entendió el público, que la demandante celebraba las carreras en su hipódromo sin hon-radez y que tanto ella como sus directores tienen interés en los caballos que corren en los hipódromos de la demandante, lo que constituye la imputación de un delito castigado por el artículo 41 de la Ley Hípica (Ley núm. 11 de 1932, Leyes de 1931-32, pág. 195), en relación con el 38 de la misma ley, se-gún fué enmendado por la ley núm. 17 de 1935 ((2) pág. 93).

Contestaron los demandados negando las imputaciones de malicia y de la tendencia por su parte a exponer a la deman-dante al desprecio del público. Y en oposición a la demanda alegaron que la información por ellos publicada, en sus titu-lares y en su texto, fué copiada al pie de la letra de una mo-ción jurada, radicada en autos por la Comisión Hípica Insular, en un caso pendiente ante la Corte de Distrito de San Juan, titulado “Rexach Racing & Sporting Corporation, Inc., v. Comisión Hípica Insular, sobre injunction”; que dicha in-formación fué publicada de buena fe, con el propósito de dar a conocer a la comunidad las alegaciones que como quere-llada y en su defensa hacía la Comisión Hípica Insular; que dichas alegaciones constituían parte de un procedimiento judicial en el que estaba interesado el público que contribuye con su dinero al sostenimiento del deporte hípico; y que en la información que lia dado -origen a la demanda no aparece comentario alguno del periódico, ni afirmación alguna en cuanto a la veracidad de los hechos expuestos bajo juramento por la Comisión Hípica Insular.

En la vista del caso, al terminar la práctica de la eviden-cia ofrecida por la demandante, los demandados formularon una moción de nonsuit haciendo constar que no presentarían prueba en caso de ser declarada sin lugar, quedando así el caso sometido para su fallo. Fue éste adverso a la deman-dante, la cual, no estando conforme, estableció este recurso.

El único error que se imputa a la corte sentenciadora es el de haber declarado que la publicación en el presente caso tuvo el carácter de privilegiada y que los titulares tenían también ese carácter.

De la transcripción de evidencia resultan como hechos probados y pertinentes a la única cuestión envuelta en el presente recurso, los siguientes:

1. El día 24 de mayo de 1939 la Comisión Hípica Insular, de- ■ mandada en el caso civil núm. 31,845 incoado por Rexaeh Racing & Sporting Corporation, radicó ante la Corte de Distrito de San Juan un escrito titulado: “Moción para que se anule la orden para mos-trar causa y de entredicho dictada por el Hon. Roberto H. Todcl, Ji\, Juez de esta Corte de Distrito, el 23 de mayo de 1939.” De dicha moción, que consta de 15 páginas, insertaremos solamente los subin-cisos 2 y 3 del inciso (7c) del párrafo segundo, únicos que considera-mos pertinentes para la decisión del presente recurso. Leen así:
“2. E11 las carreras celebradas el día 7 de mayo de 1939 en el Hipódromo Las Casas se jugó un número de cuadros que, por su cuantía y por la naturaleza de la jugada, revelan los propósitos de una o dos personas de obtener el premio total de la cantidad jugada en el pool en ese día; y, habiendo celebrado esta Comisión Hípica una investigación llegó a la conclusión de que el personal empleado por el Hipódromo Las Casas en el pool es inadecuado e incompe-tente, que el cómputo del pool 110 se realizó en ese día hasta después de celebrada la cuarta carrera de la tarde, y que si bien aparecía que todos los cuadros fueron depositados en las urnas antes de que comenzaran las carreras, los empleados del Hipódromo Las Casas re-husaron prestar su cooperación a la Comisión Hípica Insular para determinar quiénes fueron las personas que hicieron las jugadas. La Comisión Hípica Insular alega que aproximadamente veinte o vein-ticinco mil combinaciones de pool se hacen en cada día de carreras; y, la falta de cooperación en uno de los hipódromos para determinar la forma y manera en que se hacen las jugadas y se cobran los premios es una falta grave, que la comisión no puede tolerar.
“3. Alega la comisión, por. información y creencia, que un gran número de caballos que están corriendo en la actualidad en los hipó-dromos Las Casas y Las Monjas han sido adquiridos con fondos de personas que tienen grandes intereses en las entidades que explo-tan dichos hipódromos; y que se ha tratado de adquirir otros ca-ballos por dichas personas a base de pagar sus precios correspon-dientes con un tanto por ciento derivado de los premios que dichos caballos obtengan, situación que implica una falta de honradez y moralidad de tal naturaleza en la celebración de estas carreras de caballos que obligarán a esta Comisión Hípica Insular a tomar una acción drástica en el asunto.”
2. El mismo día 24 de mayo de 1939 dicha moción fue señalada para oír a las partes el 29 del mismo mes.
3. El día 25 de mayo de 1939, o sea el siguiente al de la radica-ción y señalamiento de la referida moción, la corporación demandada publicó en “El Mundo” el texto íntegro de la moción, con los titu-lares que aparecen al principio de esta opinión y que constituyen la base de la alegada causa de acción.
4. En 29 de mayo de 1939, la corporación apelante, como inter-ventora en el caso pendiente entre Rexach Racing & Sporting Corporation y la Comisión Hípica Insular, solicitó la eliminación de la moción radicada por la Comisión Hípica Insular y especialmente la del subinciso 3 del inciso (Je) del párrafo Segundo “por constituir los hechos que allí se alegan, hechos inmateriales, impertinentes, irre-levantes y no germanos a la causa de acción que se ejercita ni con el problema jurídico que surge en este caso.”
5. En junio 6, 1939, la Corte de Distrito declaró con lugar la demanda de intervención de Las Monjas Racing Corporation y como consecuencia expidió auto de injunction contra la Comisión Hípica Insular y ordenó las eliminaciones solicitadas.

La demandante basa su alegada cansa de acción en la sección 2 de la Ley para autorizar pleitos civiles por daños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia, aprobada en febrero 19, 1902 (sección 1685 Est. Rev.) que lee así:

“Sección 2. — Se entiende por libelo la difamación maliciosa que públicamente se bace en contra de una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie n otro medio mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo o a su des-precio, o a privarle del beneficio de la confianza pública y trato social, o a perjudicarle en sus negocios; o de otro modo desacreditarle, me-nospreciarle o deshonrarle, o cualquiera difamación maliciosa publi-cada, como antes se ha dicho, con la intención de denigrar o deprimir la memoria de un muerto y desacreditar o provocar los parientes y amigos sobrevivientes.”

Los demandados descansan sn defensa en las disposicio-nes de la sección 4 de la misma ley de febrero 19 de 1902 (sección 1687 Est. Rey.), que dice:

“Section 4. — No se tendrá por maliciosa, ni como tal se consi-derará la publicación que se hace hu un procedimiento legislativo, judicial, u otro procedimiento cualquiera autorizado por la ley. No se presumirá que es maliciosa la publicación que se hace: Primero: En el propio desempeño de un cargo oficial; Segundo: En un informe justo y verdadero, de un procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso de dichos procedimientos; Tercero: A un funcionario oficial, apoyada en causa probable, con la intención de servir al procomún, o de conseguir remedio a un perjuicio hecho a un particular.”

La única cuestión a resolver es si la publicación de la mo-ción constituye “un informe justo y verdadero” del procedi-miento judicial que ante la Corte de Distrito de San Juan seguía Rexacb Racing & Sporting Corporation contra la Co-misión Hípica Insular, o si no lo es.

Al resolver esta cuestión en la afirmativa, la corte inferior se expresó así:

“Somos de opinión que la moción radicada por la Comisión Hí-pica Insular en el caso núm. 31,845, supra, formaba y forma parte de los procedimientos judiciales en dicho caso; que desde su radi-cación se convirtió en un documento público; • que esta corte tomó acción sobre la misma al señalarla para vista; que dicho caso no era uno de interés particular entre dos partes que litigan sus de-rechos ante una corte, sino que era un litigio en el que intervenían, de una parte las corporaciones dedicadas a la explotación de hipó-dromos para la celebración de carreras de caballos y ciertos juegos que, de lio haber sido autorizados expresamente por ley, no podrían explotar, y de la otra parte, la Comisión Hípica Insular, es decir, un organismo del Gobierno de Puerto Rico especialmente creado para regular y reglamentar todo lo concerniente al deporte hípico de Puerto Rico. (Véase el artículo 5 de la ley núm. 17 de 15 de julio de .1935.) Siendo, por lo tanto, dicho litigio uno de interés público general, y como tal con derecho el público lector de la prensa del país a conocer sus pormenores; que a ese efecto la pu-blicación por ‘El Mundo’ de dicha moción es una de carácter privi-legiado y, somos de opinión, además, que la omisión de publicar en los titulares la palabra ‘implica’ no constituye una variación de tal naturaleza que haga desaparecer el carácter privilegiado de toda la publicación, ya que también se omitió en los titulares otras palabras usadas por la Comisión Hípica Insular en la moción, entre ellas, falta de ‘moralidad’ también aplicada a la demandante y al Hipó-dromo Las Casas. Consideramos que el hecho de que esta corte, trece días después d.e radicada la moción y al resolver el caso en su fondo, declarara con lugar la eliminación de los párrafos que contenían esas aseveraciones bajo juramento de la Comisión Hípica Insular por ser materia inmaterial al issue del caso, no obligaba al periódico ‘El Mundo,’ ni a ningún otro, a esperar esa decisión antes de publicar dicha moción, siempre que al hacerlo no variara ni tergiversara el contenido de la misma ni hiciera imputaciones maliciosas y libelosas a ias partes afectadas. En el caso de autos, el periódico ‘El Mundo’ nada comentó al publicar la moción, limitándose en el párrafo intro-ductorio a decir que había sido radicada por la Comisión Hípica Insular. ’ ’

Las conclusiones precedentes están sostenidas por la ju-risprudencia sobre la materia. La regla general que de ella se deriva es que cuando el alegado libelo consiste de titula-res a la cabeza de un artículo o informe, el artículo o informe y sus titulares deben ser considerados como un solo docu-mento, para determinar si la publicación es difamatoria. 40 A.L.R. 583; 52 A.L.R. 1438; 54 A.L.R. 1139, y 59 A.L.R. 1061.

La corte de apelaciones del Estado de New York, en Campbell v. New York Evening Post, 245 N. Y. 320; 157 N. E. 153; 52 A.L.R. 1432, apartándose de la regla estable--cida y sostenida por el peso de las autoridades, lia estable-cido la regla de que la publicación de alegaciones (pleadings) u otros escritos preliminares, hacia los cuales no se ha lla-mado la atención de ningún funcionario judicial y sobre los cuales no ha recaído acción judicial alguna, aun cuando ha-yan sido radicados, no caen dentro del privilegio concedido a las publicaciones de procedimientos judiciales, en ausencia de un estatuto que modifique la regla del derecho común.

Examinados los titulares y comparados con el texto de la moción publicada por los demandados, opinamos que dichos titulares son un índice justo y veraz del contenido de la moción.

Aun dentro de la regla estricta del estado de Nueva York, los demandados estarían protegidos por el privilegio reco-nocido por el estatuto. La moción por ellos publicada, no solamente fue radicada dentro de un procedimiento ya in-coado y en plena tramitación, si que también fue objeto de acción judicial, pues el mismo día en que fu'é radicada, la corte ordenó y fijó día para la celebración de una vista. La publicación no fue hecha hasta el día siguiente al del seña-lamiento. Véanse: Kimball v. Post Publishing Co., 19 L.R.A. (N. S.) 862; Lundin v. Post Publishing Co., 52 L.R.A. (N. S.) 207, en los que se sostiene que el privilegio existe cuando la corte ha tomado alguna acción por haberse hecho algo más en el caso que la mera radicación de una alegación en la se-cretaría del tribunal. En el último de los casos citados se definen en forma clara y precisa los límites del privilegio:

“Empero, este principio está limitado a asuntos que realmente han sido objeto de acción judicial. No concede el derecho de publicar alegaciones hechas en demandas u otros escritos radicados en la corte, basándose meramente en que esos escritos han sido archivados en los archivos de la corte, o hasta que dichos escritos han sido traídos a la atención de la corte y se ha tomado alguna acción judicial con respecto a ellos.”

Tratándose de una publicación privilegiada y no habiéndose presentado prueba alguna tendiente a demostrar que los demandados actuaron con malicia al publicar el texto-de la moción, opinamos que la corte inferior no cometió error al declarar con lugar la moción de nonsuit y al desestimar-la demanda.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

text:
    Núm. 8195.
    Planellas, aplte. v. Sucn. Planellas, aplda.
    C. D. San Juan.
    Marzo 6, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, se alega en la moción radicada por la demandante apelante que el 15 de mayo de 1937 la demanda en 'este caso fue anotada en las dos secciones del Registro de la Propiedad de San Juan al margen de las fincas que más adelante se describirán;

Por cuanto, alega la demandante apelante que dichas anotacio-nes son eficaces y válidas por el término de cuatro años los que ven-cerán el 15 de mayo de 1941, y solicita se dicte una orden por esta Corte dirigida a los Registradores de la Propiedad de San Juan, Sec-ción Primera y Sección Segunda, para que se baga constar en los libros correspondientes que el efecto de las anotaciones antes men-cionadas se prorroga basta que se rinda sentencia por este Tribunal en el caso de autos;

Por tanto, visto el artículo 388-A de la Ley Hipotecaria (Ley núm. 12 de 29 de agosto de 1923, Sesión Extraordinaria de ese año, pág. 37) y tomando en consideración el hecho de que la vista de este recurso está señalada para 12 de junio de 1941, se declara con lugar dicha moción y como consecuencia se prorrogan las anotaciones de la demanda efectuadas en los Registros de la Propiedad de San Juan, Sección Primera y Sección Segunda, hasta que se resuelva definiti-vamente este asunto, no excediendo en todo caso la prórroga conce-dida de cuatro años a partir del 15 de mayo de 1941, y se ordena al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, que tome nota al efecto al margen de las inscripciones de las fincas si-guientes :

“Urbana: Casa de dos plantas reconstruida de piedra y azotea, marcada con el número 133 de la Calle General Contreras de esta ciudad. Colinda por la derecha, entrando, con la Sucesión de Vicente Dordal, por la izquierda con casa propiedad de Adelina Ein, y José M. Porrata y por sus fondos y espalda con otra de la Sucn. de Manuel Ginorio. Inscrita al folio 25 del tomo 106 de San Juan, finca 38 quintuplicado.
“Urbana: Solar en Santuree Norte, San Juan, compuesto de 182 metros cuadrados colindante al Norte en 13 metros con la calle Eibot, por el Sur en igual medida con Ernesto D. Eeyes, por el Este en 14 metros con la misma finca de Ernesto D. Eeyes, y al Oeste con la calle Condado. Enclava en dicho solar una casa de cemento techada de zinc, terrera. Inscrita al folio 161 d'el tomo 57 de San Juan, finca 3239.
“Urbana: Condominio de $4,583.32 a favor de Manuel Planellas en la siguiente finca: Casa marcada con el número 46 de la Calle Eafael Cordero de esta ciudad, de cuatro plantas, de manipostería, cubierta de concreto y hierro, con un mirador de cinco apartamientos sobre el tocho. Colinda por la derecha, entrando, con la casa Núm. 48 de la misma calle propiedad de José Ventura, por la izquierda, con la Núm. 25 de la calle de la Cruz propiedad de Eafael J. Cedillo y por sus fondos con casa de Juan Eivera Pou que es la Núm. 27 de la callo de la Cruz. Inscrita al folio .170 del tomo 77 de San Juan, finca 467 cuadruplicado, ’ ’

y al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, que, tome nota al efecto al margen de las inscripciones de las siguien-tes fincas:

“Rústica: Piuca en el Barrio Carraizo del término municipal de Trujillo. Compuesta de 181 cuerdas equivalentes a 71 hectáreas, 34 áreas y 59 miliáreas; en lindes, por el Norte, con Manuel Planellas, Lorenzo Valeáreel, Ramón Resto y Sucn. Agustín Díaz; por el Sur, Quebrada Aljibito que separa terrenos de Jacinto Rivera y Basilio Castro, Pranciseo Díaz, Sucn. Juan Antonio Pereira, Sucn. Juan Toledo y de José Colón; Este, vía del Ferrocarril de la San Juan Light & Power Co. y la Sucesión de Tomás Díaz Figueróa; Oeste, Manuel Planellas, Sergio Orozco, Isidro Orozco, Basilio Castro, Gaspar Mercado y Monserrate Díaz. Se forma por agrupación de las fincas 537, 115, 13 y 159 compuestas respectivamente de 15 cuerdas 75 céntimos, de 17 cuerdas 16 cén-timos, 79 cuerdas, 50 céntimos y 70 cuerdas. Inscrita al folio 90 del tomo 22 de Trujillo Alto.
“Rústica: Compuesta de 58 áreas y 43 eentiáreas; en lindes al Norte, con Luisa y Eloísa Adorno; por el Sur, con el Ferrocarril de Caguas; por el Esté, con Ursula Adorno; y por el Oeste, con Modesta Adorno, hoy Manuel Planellas. Inscrita al folio 146 del tomo 13 de Trujillo Alto, finca 603.”


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm 26.
    In re Tristani, Jr., querellado.
    Original.
    Febrero 6, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por-cuanto, este tribunal señaló el día 22 de enero de 1941 para la investigación en corte abierta de la querella formulada por Manuel Alvarez contra el abogado Enrique Tristani, Jr.;

Por Cuanto, en el acto de la investigación practicada en corte abierta en la indicada fecha, comparecieron y declararon bajo jura-mento el querellante Manuel Alvarez y el querellado;

Por cuanto, la declaración del querellante se basa en su mayor parte en referencias y es en su totalidad vaga, incierta e insuficiente, y, además, no merece crédito alguno por estar inspirada por senti-mientos de venganza contra el querellado;

Por lo tanto, se ordena el archivo de la querella y se exonera al querellado de toda responsabilidad en relación con la misma.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 216.
    Montaner, recurrente v. Comisión Industrial, dmdada. y Carrillo, peticionario ante la Comisión.
    Original.
    Marzo 17, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, al celebrarse la vista de este caso en la Comisión Industrial quedaron pendientes de presentarse en evidencia las certifi-caciones de nacimiento de los peticionarios, hijos de la fenecida be-neficiaría Marcela Rivera;

Por cuanto, la referida evidencia era indispensable para deter-minar el derecho de los peticionarios a sustituir a su madre en el remanente de la compensación que le había sido concedida por la muerte del obrero G-regorio Carrillo Rivera, toda vez que el derecho de éstos dependía entre otras cosas de no haber cumplido la edad de 15 años en la fecha de la muerte del obrero;

Por cuanto, sin haberse presentado las referidas certificaciones o en su defecto la prueba secundaria correspondiente, la Comisión Industrial dictó resolución revocando la del Administrador del Se-guro del Estado y concediendo lo solicitado por los peticionarios;

PoR cuanto, en tales circunstancias no puede subsistir la resolu-ción recurrida ya que carece de un elemento de prueba indispensable para sostenerla;

Por tanto, procede declarar con lugar el recurso, dejar sin efecto la resolución recurrida y devolver el caso a la Comisión Industrial de Puerto Rico para que una vez presentada dicha evidencia o en caso de no presentarse dentro del plazo razonable que para ello se conceda, pueda dictar la resolución pertinente de acuerdo con la ley y la evidencia.


text:
    Núm. 6.
    Pueblo, querellante, v. Plata Sugar Company y Asociados del Pepino, dmdadas.
    Original.
    Abril 15, 1941.
   Vistas las mociones radicadas separadamente por la Plata Sugar Company y Asociados del Pepino, por las que solicitan la elimina-ción de ciertas alegaciones de la querella presentada por El Pueblo; de Puerto Rico en este caso, y examinados los alegatos sometidos en apoyo de dichas mociones, se resuelve declarar sin lugar ambas mo-ciones y conceder como por la presente se concede a ambas partes querelladas un término de quince días para presentar las excepcio-nes que creyeren convenientes o para contestar la querella, debiendo contarse dicho término desde la fecha en que dichas partes deman-dadas o sus abogados fueren notificados de esta resolución.


text:
    Núm. 8076.
    Rodríguez, aplte. v. Sucn. Font, aplda.
    C. D. Ponce.
    Abril 17, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la petición radicada por la demandante apelante para que se le concedan honorarios de abogado y se fije el montante de los mismos; visto también el escrito de oposición de la parte apelada y oídos los argumentos que oralmente adujeron una y otra parte en la audiencia celebrada el día 14 del mes en curso.

Por cuanto, del estudio que hemos hecho de los autos del pleito resultan claramente establecidas la temeridad con que procedió y las tácticas dilatorias a que recurrió la demandada apelada para obsta-culizar a la demandante en la justa reclamación de su filiación.

Por CUANTO, al revocar la sentencia recurrida esta Corte Suprema •está autorizada para dictar la sentencia que debió baber dictado la •corte de distrito.

Por DO tanto, se declara con lugar la petición y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 327 del Código de Enjuicia-miento Civil, según fué enmendado por la Ley núm. 69 de mayo 11, 1936, se conceden a la demandante honorarios de abogado, que por "la presente se fijan en la suma de $1,000, la que podrá ser cobrada por la demandante a la demandada como parte de la sentencia que .a favor de la primera dictamos en 18 de marzo de 1941.


text:
    Núm. 8332.
    Berríos, apldo. v. Quintana, aplte.
    C. D. Humacao.
    Abril 28, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de la demandada apelante en la que alega, que a los efectos de perfeccionar su apelación ella solicitó del taquígrafo la expedición del récord taquigráfico; que después de haberle sido •expedido dicho récord se encontró con que el juez que vió el caso había cesado en su cargo; que tiene dudas de quién sea el funcio-nario judicial capacitado para aprobar dicho récord; y pide que por ■esta Corte Suprema se provea lo que proceda de acuerdo con la ley para’ poner a salvo los derechos de la apelante.

Por Cuanto, las leyes vigentes proveen el procedimiento que de-berá seguirse para la aprobación de una transcripción de evidencia cuando el juez que conoció del caso ha cesado en su cargo.

Por lo tanto, se declara sin lugar la moción de la demandada .apelante.


text:
    Núm. 8307.
    Tuya Vda. García, aplda. v. White Star Bus Line, Inc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 30, 1941.
   (Por la Corte a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, el 17 de abril de 1941 este tribunal dictó sentencia en este caso desestimando el recurso de apelación por el fundamento •de no haberse radicado por la apelante la transcripción de evidencia y no haberse puesto a este Tribunal en condiciones de poder deter-minar si los errores alegados por la apelante se habían cometido o no;

Por cuanto, el 19 de abril la apelante radicó una moción soli-citando se corrija la omisión habida al elevar el récord, en la que alegó que se incurrió en error en la tramitación del recurso, consis-tente en no haberse elevado la transcripción de evidencia que había sido debidamente aprobada por el juez sentenciador, y asimismo ra-dicó una moción solicitando se deje sin electo la sentencia dictada en este caso;

Por cuanto, la demandante se opuso a ambas mociones y las par-tes fueron oídas en audiencia celebrada el día 28 del corriente mes;

Por cuanto, aparece debidamente comprobado por la declaración jurada prestada por Pedro del Manzano, Subsecretario de la Corte de Distrito de San Juan, que la transcripción de evidencia en este caso fué aprobada el 11 de diciembre de 1940 por el Juez Hon. Ricardo La Costa, Jr., de dicha corte, y que desde esa fecha fué 'guar-dada en la caja de seguridad de aquel tribunal hasta el día 18 de abril de 1941, ignorando el referido funcionario el motivo de no ha-berse enviado a este tribunal;

Por Cuanto, la transcripción de evidencia se radicó en este tribunal el día 19 de abril y aparece debidamente aprobada por el juez de la corte inferior desde el día 11 de diciembre de 1940 y notificada a las partes por el secretario de dicha corte, Sr. José Luis Hernán-dez al día siguiente;

Por Cuanto, aun cuando no hay duda de que el abogado de la apelante incurrió en negligencia al no cerciorarse si la transcripción se había radicado a su debido tiempo en este tribunal, somos de opi-nión que dados los hechos concurrentes en este caso no deben perju-dicarse los derechos de la parte apelante;

Por tanto, en el ejercicio de nuestra discreción, declaramos con lugar las mociones de la apelante para que se deje sin efecto la sen-tencia dictada en este caso el 17 de abril de 1941 y para que se complete el récord en apelación uniéndose a la transcripción de autos la transcripción de evidencia radicada.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 52.
    In re Porrata y Camacho, querellados.
    Original.
    Mayo 29, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Examinada la querella y la evidencia aportada por el querellante y por los querellados y practicada ante el fiscal de esta corte, no siendo dicha evidencia suficiente para sostener las imputaciones que la querella contiene, vistos los informes del fiscal de enero 29, 1941 y mayo 6, 1941, recomendando la desestimación de la querella y la exoneración de los querellados, tomada en consideración, la moción de exposición y aclaración del querellante de mayo 16 en curso, se declara sin lugar la querella presentada por Virginio Morell. contra los abogados notarios Adolfo Porrata Doria y Luis F. Camacho y se exonera a éstos de los cargos que se le imputan en la misma.


text:
    Núm. 145.
    Rodríguez, peticionario, v. Lugo, Alcaide de Cárcel, etc., dmdado.
    Original.
    Mayo 28, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, el peticionario ra'dicó en este Tribunal una moción jurada en la que expone que fué sentenciado por la Corte de Dis-trito de Bayamón el día 8 de abril, 1940 a extinguir un año de cár-cel por un delito de falsa representación; que el día siguiente la misma corte lo sentenció a un año de cárcel por otro delito de falsa representación; y que también fué sentenciado en esta última fecha por la misma corte a tres meses de cárcel por un delito de igual na-turaleza y que habiendo extinguido ya la primera condena y de-biendo entenderse que dichas sentencias tienen carácter de concu-rrentes de acuerdo con lo prescrito en el artículo 31 del Código Penal, según fué interpretado por este tribunal en el caso de Marcelino Ruiz, peticionario, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado, hábeas corpus núm. 143, resuelto el 20 de mayo, 1941 (ante, pág. 634), dichas sentencias han quedado extinguidas siendo ilegal por consiguiente su prisión;

Por cuanto, examinada la petición de hábeas corpus se libró el auto y se señaló su vista para el 24 del actual, a las 9:30 de la ma-ñana, en cuya fecha comparecieron el Alcaide Interino de la Cárcel de Distrito de San Juan, Sr. B. González Montalvo, trayendo con-sigo al peticionario, y el Fiscal Auxiliar de este tribunal en repre-sentación del Alcaide;

Por cuanto, de la prueba resulta que las tres sentencias dicta-das por la Corte de Distrito de Bayamón siendo como son concurren-tes han sido ya extinguidas;

Por tanto, vistas la petición y la prueba presentada, se ordena la excarcelación del peticionario a menos que estuviera detenido por cualquier otra causa no comprendida en la petición de hábeas corpus.


text:
    Núm. 4.
    Pueblo, querellante, v. South Porto Rico Sugar Co. of New Jersey, et als., dmdadas.
    Original.
    Junio 5, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Vista la moción radicada por da demandada Russell & Co., Suers., el 31 de mayo de 1940 interesando la eliminación de ciertos particu-lares de la querella enmendada, y vistos los autos de este caso, se declara sin lugar dicha moción para eliminar y en armonía con nues-tra resolución de esta misma fecha desestimando las excepciones pre-vias interpuestas por esta demandada, se le concede un término de veinte días para radicar su contestación.


text:
    Núm. 147.
    Rodríguez, peticionario, v. Lugo, Alcaide de Cárcel, etc., dmdado.
    Original.
    Junio 10, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

PoR CUANTO, Francisco Rodríguez Pérez, alegando haber cumplido tres sentencias que contra él dictara la Corte de Distrito de Baya-món y que eso no obstante el Alcaide lo retenía bajo su custodia, presentó una solicitud de habeas corpus, y esta corte de acuerdo con lo resuelto en mayo 20, 1941, en Marcelino Ruiz v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular (ante, pág. 634), concluyó que se trataba de sentencias concurrentes y por tanto que tenía razón el peticiona-rio, pero como del expediente introducido en evidencia en el acto de la vista resulta que existían contra el peticionario otras sentencias,, dictó su resolución en los siguientes términos: “Se ordena la excar-celación del peticionario a menos que estuviere detenido por cualquier otra causa no comprendida en la petición de habeas corpus”; y

Por cuanto, poco después presentó otra petición que es la que estamos considerando y resolviendo, en la que alegó haber cumplido las otras dos sentencias por virtud de las cuales se le redujo a pri-sión por ser también dichas otras dos sentencias concurrentes; y

Por cuanto, expedido el auto, surgió, al introducirse en eviden-cia el expediente del confinado, una gran confusión, por haber sido trasladado el peticionario a Ponce a cumplir otras condenas y se concedió al peticionario y al fiscal un término razonable para aclarar por escrito la cuestión; y

Por cuanto, el fiscal acaba de cumplir su cometido, revelando el escrito que ha presentado una paciente investigación que dió por re-sultado lo que sigue:

"Del resumen hecho anteriormente surge claramente que este peticionario fué detenido en noviembre 16 de 1939 para responder de varios delitos de falsa representación pasando a sumaria en la Cárcel de Distrito de San Juan; ' que estando en sumaria en dicha cárcel fué sentenciado por varios otros delitos habiendo él apelado de todas las sentencias de la Corte de Distrito de Bayamón y de la Corte de Distrito de San Juan, procedentes las primeras de causas de la Corte Municipal de Vega Baja y Bayamón y las segundas de la Corte Municipal de Río Piedras. Estando en sumaria en la Cárcel de Distrito de San Juan, fué trasladado en varias ocasiones a la Cárcel de Distrito de Ponce donde estuvo recluido por algún tiempo, o sea desde diciembre 20 de 1939 hasta enero 23, 1940 en la primera ocasión, o sea un total de 35 días; en la segunda ocasión de febrero 20 a abril 3 de 1940, o sea un total de 43 días; en la tercera ocasión desde septiembre 22 hasta octubre 2, o sea un total de 11 días, haciendo todo un gran total de su estadía en Ponee de 89 días.
"En la Cárcel de Distrito de San Juan estuvo consecutivamente desde diciembre 1 de 1939 a diciembre 19 de dicho año, o'sean 19 días, que unidos a los 15 días comprendidos entre noviembre 16 y noviembre 31 (sic) que estuvo preso en la Cárcel Municipal de Vega Baja, hacen 34 dias. Luego, de regreso de Ponce desde enero 24 a febrero 19 inclusive de 1940 hacen 27 días; y más tarde de abril 4 hasta septiembre -2, 1940, después de regresar de Ponce, 171 días. Por último de octubre 4 de 1940 al día 29 de mayo de 1941 en que se celebró la vista de este recurso, 238 días haciendo un gran total de 470 días de reclusión en la Cárcel de Distrito de San Juan, aparte de los 89 días de reclusión en la Cárcel de Distrito de Ponce.
“Descontado de esos 470 días el año de cárcel (300) días de sus sentencias concurrentes que le impuso la Corte de Distrito de Bayamón, después de hacer la bonificación correspondiente por buena conducta (60 días), quedan a favor del peticionario 170 días de cárcel en la Cárcel de Distrito de San Juan hasta el 29 de mayo de este año, con los cuales satisfacer los cinco meses de cárcel de las dos sentencias concurrentes dictadas por la Corte de Distrito de San Juan a que hace referencia en su alegato, reduciéndose dichos cinco meses a 125 días de cárcel después de descontarle la bonificación correspondiente.
“De suerte, pues, que aparece claramente que el peticionario a la fecha de la vista de este recurso había extinguido satisfactoriamente las dos sentencias de cinco meses de la Corte de Distrito de San Juan.
“Es cierto que estas dos sentencias fueron confirmadas por este tribunal en marzo 3 de este año; mas también lo es que las tres sentencias de un año de la Corte de Distrito de Bayamón quedaron realmente extinguidas el 10 de diciembre de 1940, porque hasta esa fecha su prisión preventiva en la Cárcel de Distrito de San Juan era suficiente para satisfacer el año correspondiente a esas tres sentencias. Desde esa fecha en adelante, el peticionario no se hallaba cum-pliendo condena alguna, sino en sumaria pendiente del resultado de las apela-ciones de las dos causas de la Corte de Distrito de San Juan. Al ser éstas con-firmadas, es abonable al peticionario la prisión preventiva sufrida por él mientras se sustanciaban esas apelaciones.
“Siendo ello así, el día 14 de abril de 1941 quedaron extinguidas dichas dos -sentencias de cinco meses cada una, siendo en la actualidad, por lo tanto, ilegal su detención por el demandado.
“Es cierto que en el expediente sometido en evidencia se hace constar que el Alcaide de la Cárcel de Distrito de Ponce abonó a favor de este peticionario para la extinción de una condena de la Corte Municipal de Ponce, 27 días de la prisión preventiva sufrida en la Cárcel de Distrito de San Juan. Sin entrar a considerar ahora si fué correcto o no que el Alcaide de Ponce así actuara, ello no variaría el resultado de este recurso, pues aun así habría- cumplido el peticio-nario el 11 de mayo, las sentencias de la Corte de Distrito de San Juan.”

Por tanto, se decreta la inmediata libertad del peticionario.


text:
    Núm. 4.
    Pueblo, querellante, v. South Porto Rico Sugar Co. of New Jersey et al., dmdadas.
    Original.
    Junio 10, 1941.
   Por los fundamentos de la opinión emitida en este caso con fecha 5 del actual (ante, pág. 797), por la que se desestimaron las excep-ciones previas interpuestas por Russell & Co., Sucxs., y South P. R. Sugar Co. of Puerto Rico, se desestiman las radicadas por South P. R. Sugar Co. of New Jersey, y se concede a dicha demandada un término de veinte días para archivar su contestación a la querella enmendada.


text:
    Núm. 8376.
    Ex parte Anés Pillot, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 13, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

PoR CUANTO, en abril 28, 1941, Carmelo Anés Pillot radicó una petición de hábeas corpus en la Corte de Distrito de San Juan, P. R., Sala de lo Criminal, alegando que se encontraba preso ilegalmente porque en la orden de encarcelación no se le imputa delito alguno, porque el fiscal que decretó su detención carece de prueba determi-nante de causa probable que la justifique y porque la fianza de veinte mil dólares que se le fijara para obtener su libertad provisional es excesiva; y

Por cuanto, expedido el auto e investigado el caso, dicha corte por medio de resolución fundada dictada el cinco de mayo siguiente, declaró la petición sin lugar en cuanto a los dos primeros motivos y en cuanto al último rebajó la fianza a cinco mil dólares; y

Por cuanto, el peticionario apeló para ante esta Corte Suprema, elevándose los autos en mayo 21, 1941, y celebrándose la vista en junio 12 en curso con asistencia e informes del peticionario por su abogado y del fiscal; y

Por cuanto, examinados los autos, estudiados los alegatos y oídos los informes, la Corte ha quedado convencida de que la orden de arresto es suficiente y de que existe el principio de prueba que la jurisprudencia exige para justificar la detención — Pueblo v. Pillot, 19 D.P.R. 268; Baigés v. El Pueblo, 26 D.P.R. 148, y Exporte Pagán, 46 D.P.R. 919 — sin que sea excesiva la fianza fijada por el juez, dadas la gravedad, del delito que se imputa al peticionario — asesinato, por medio de aborto — y las demás circunstancias que concurren:

Por tanto, se declara el recurso sin lugar y se confirma la sen-tencia recurrida.

RECURSOS EXTRAORDINARIOS DENEGADOS POR EL TRIBUNAL DURANTE EL PERÍODO QUE COMPRENDE ESTE TOMO

Autos Inhibitorios: Núm. 78.

Certioraries: Núms. 1235, 1239, 1240, 1241, 1242, 1242, 1244, 1245,

1246, 1247 1249, 1251, 1252 y 1253.

Hábeas Corpus: Núm. 161.

Mandamus: Núm. 350.

En los siguientes casos, por los motivos consignados en la opinión emitida en el caso núm. 352, Gilberto Castro Pérez, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, etc., mandamus, (ante, pág. 791), se declaró no baber lugar a expedir el auto en ellos solicitado:

Núms. 353, 354, 358 y 359.

RECONSIDERACIONES DENEGADAS POR EL TRIBUNAL DURANTE EL PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE TOMO

       Solicitud complementaria.


text:
    Núm. 8257.
    Irizarry, aplte. v. García, aplda.
    C. D. Humacao.
    Marzo 28, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

En una llamada “Moción sobre Reconsideración” la demandada apelada solicita que se reconsidere la sentencia dictada en este caso el día 18 de marzo de 1941 porque esta corte no resolvió una moción que, tres días antes de la vista del caso, o sea, el 10 de marzo, radicó la peticionaria para que de estimarse frívola la apelación, se conde-nara al demandante apelante a pagar $75 en concepto de honorarios de abogado de la apelada.

Tomando en consideración los becbos del caso y además, que el abogado de la apelada no compareció a la vista de este recurso, se declara sin lugar dicba moción de reconsideración.


text:
    Núm. 1200.
    Baetjer, etc., peticionarios, v. Corte, dmdada.
    Original.
    Abril 4, 1941.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el día de boy en el caso de certiorari núm. 1199, entre las mismas partes (ante, pág. 422), no ba lugar a la reconsideración solicitada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Núms. 8235 y 8236.
    Elberta Crate & Box Co., aplda. y aplte., v. Nitrate Agencies Co., etc., apltes. y apldos.
    C. D. San Juan.
    Junio 9, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, el error de hecbo señalado por la apelante, que no fue corregido en los autos del caso núm. 8236 que tuvimos a la vista al discutir el recurso interpuesto por la apelante (véase opinión ante, pág. 731), no afecta en forma alguna nuestra decisión, ya que la de-manda de este pleito sólo hubiera podido prosperar en caso de de-mostrarse que Standard Fruit Co. y Standard Fruit Co. of Porto Rico eran entidades distintas;

Por cuanto, esa prueba incumbía a la demandante apelante, por ser ella quien alegaba la nulidad del embargo, artículo 108 Ley de Evidencia, y dicha prueba no fué presentada;

PoR tanto, no ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    Núm. 8263.
    González, aplte. v. Corte, aplda.
    Apelación de sentencia de Juez de Turno.
    Junio 20, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, la peticionaria apelante solicita reconsideremos nues-tra resolución de mayo L de 1941 a virtud de la cual desestimamos por abandono la apelación interpuesta en el recurso de epígrafe, ale-gando bajo juramento como fundamento para ello que el señala-miento de la moción para desestimar presentada por la parte inter-ventora había sido notificado a “Lie. E. Báez García, Mayagücz”, que la tarjeta correspondiente fué entregada no a él sino a su her-mano el Lio. Eudaldo Báez García que a la sazón se hallaba en fun-ciones legislativas en San Juan y que por tal motivo él no pudo opo-nerse a tiempo a la desestimación solicitada por el interventor, ni comparecer a la vista;

Por cuanto, el 19 de mayo del año en curso señalamos una vista para oír a las partes sobre la referida “moción de reconsideración y nuevo señalamiento” presentada por la peticionaria apelante, pero “entendiéndose que si este tribunal decide declarar con lugar la re-ferida moción y dejar sin efecto su resolución de mayo Io. de 1941, resolverá en la forma que proceda la moción de desestimación sin más audiencia de las partes”;

Por cuanto, el día señalado para oír dicha moción de reconside-ración y nuevo señalamiento la peticionaria no compareció a la vista, mas sí el interventor quien no controvirtió en manera alguna las .ale-gaciones de la apelante sobre el no recibo de la notificación de la vista de la moción para desestimar, por lo que, a los fines de esta resolución, admitiremos que tal notificación no fué recibida por la apelante;

Por cuanto, el hecho de que el abogado de la apelante no reci-biera dicha notificación no es excusa que le justifique en no haber radicado su alegato a tiempo, pues el secretario de este Tribunal Supremo no tiene la obligación de notificar a las partes de sus señala-mientos sino que son éstas las que deben estar alertas y pendientes de la debida tramitación de sus casos ante el mismo, porque como se dijo en el caso de Be Gracia v. Guardiola, 37 D.P.R. 833, “la actua-ción del Secretario del Supremo a.1 notificar los señalamientos es una cortesía y no un deber; los abogados, como funcionarios del tribunal, están obligados a saber las fechas para las cuales se han señalado sus apelaciones”;

PoR cuanto, habiendo radicado la apelante su alegato el mismo día señalado para la vista de su moción de reconsideración, hemos examinado el mismo en relación con la resolución dictada por el Juez de Turno, Sr. De Jesús, y estamos convencidos de que la apelación interpuesta en este caso carece de méritos y que siempre procedería la confirmación de la sentencia apelada por la que se denegó la expe-dición del auto de certiorari solicitado, ya que la concesión por la corte inferior de $450 en lugar de $2,500 en concepto de honorarios de abogado demuestra que el no haberse suministrado el pliego de particulares solicitado por la apelante no le fué perjudicial y que el Juez de Turno aplicó bien el artículo 142 del Código de Enjuicia-miento Civil, que dispone:

“En cualquier estado de un pleito la corte'no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto”;

Poe tanto, se declara sin lugar la moción de reconsideración pre-sentada por la apelante.


text:
    Núm. 8253.
    Cintrón, apldo. v. Insular Industrial & Agricultural Exposition Assn., Inc., et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 20, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

A la moción del demandante apelado solicitando se condene a los demandados apelantes al pago de honorarios de abogado en apela-ción, no ha lugar.

Núms. 54, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 1086, 1199, 1226, 1246, 7930, 7961, 8073, 8130, 8164, 8177, 8187, 8205, 8206, 8210, 8246, 8322 y 8346.

(B) DESESTIMACIONES

(a) En General


text:
    Núm. 8278.
    Administración Judicial de los Bienes Relictos al Fallecimiento de Angel Ferrero Acosta, ex parte, aplte.; Montalvo, aplda.
    C. D. Ponce.
    Marzo 4, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Habiéndose radicado en la secretaría de esta corte desde el 21 de febrero, 1941, el legajo de sentencia de este caso, no ha lugar a 3a desestimación solicitada.


text:
    Núm. 8324.
    Greer, aplte. v. Pérez, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 10, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por el demandado apelado, solicitando se desestime el recurso por el alegado fundamento de que la trans-cripción de autos fué radicada en la Secretaría de esta Corte Su-prema después de la expiración del término legal de treinta días contado desde la fecba en que se radicó el escrito de apelación, sin que se hubiese obtenido una prórroga de dicho término;

Por cuanto, de los autos aparece que el escrito de apelación fué radicado el día 18 de enero de 1941; que el 17 de febrero de 1941, fecha en que vencía el plazo de 30 días para la radicación de la transcripción de autos, el demandante solicitó una prórroga de 15 días para hacer dicha radicación; que por resolución de febrero 18 de 1941 se concedió al demandante apelante hasta el día 20 de marzo de 1941 para radicar ante esta corte la transcripción de autos; y, por último, que dicha transcripción fué radicada dentro del plazo concedido al apelante, de lo cual se dió oportuno aviso al abogado del demandado apelado.

Por do tanto, se declara no haber lugar a la desestimación soli-citada.

(5) EADTA DE DIRIGENCIA O BUENA EE EN DA TRAMITACIÓN DEL RECURSO.


text:
    Núm. 8308.
    León Parra, apldo. v. Colón Rosich, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 4, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

A las mociones de desestimación de la parte apelada, original y complementaria, vista la oposición de la parte apelante, oídos los in-formes de los abogados de ambas partes en la tarde de ayer, exami-nados los autos y atendidas todas las circunstancias concurrentes in-clusa la manifestación del abogado de la parte apelada con respecto a que de no poder prosperar su petición estaría conforme en que se concediera a la parte apelante un término perentorio para ultimar el perfeccionamiento de su recurso y la aceptación del abogado de dicha parte, se declaran sin lugar dichas mociones con permiso de reproducir la petición a no ser que el taquígrafo presente, como se ha comprometido a presentar, la transcripción de la evidencia el 10 de marzo en curso en la Secretaría de la Corte de Distrito de Ponce y que deje de imprimirse de ahí en adelante la actividad necesaria a fin de que el récord quede debidamente radicado en la Secretaría, de esta Corte Suprema dentro de los términos, de ley.


text:
    Núm 8131.
    Luce & Company, S. en C., aplda. v. Santiago, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 19, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en este caso a favor ■de la demandante el día 6 de abril de 1938 y el demandado apeló de la misma para ante esta Corte Suprema el día 5 de mayo del mismo año. El 17 de mayo la corte inferior dictó una orden dirigida al taquígrafo que intervino en la vista del caso, Sr. José Cruz Montero, para que procediera a preparar y radicar, dentro del término de ley, la transcripción de la evidencia a los efectos del presente recurso. Desde aquella fecba se han concedido a dicho taquígrafo trece pró-rrogas para cumplir con dicha orden, o sea, un total de dos años, nueve meses, para radicar la transcripción sin que, hasta el día en que se presentó esta moción de desestimación, lo haya hecho.

Á base de los anteriores hechos comprobados por certificación ex-pedida por el Secretario de la corte inferior, la demandante apelada solicita que, de acuerdo con la Regla 59 del Reglamento de esta corte, desestimemos la apelación interpuesta en este caso.

El. demandado apelante se ha opuesto y alega que ha procedido a perfeccionar su recurso con la debida diligencia, porque le ha pa-gado al taquígrafo el importe de sus honorarios, según consta de la declaración jurada prestada por dicho taquígrafo, que acompañó su escrito de oposición, y en la que dicho funcionario hace constar los motivos que ha tenido para no haber radicado la transcripción de la evidencia. En síntesis, dichos motivos, según los expone el abo-gado del apelante, son los siguientes:

“ .. .que dicho taquígrafo, actuando por orden de la corte inferior, estuvo durante un año preparando el récord taquigráfico, a solicitud del Gobernador de Puerto Rico, del caso criminal núm. 6493, El Pueblo v. Luis Castro Quesada y otros, por asesinato, y que, posteriormente, se enfermó diclro taquígrafo y estuvo con licencia debidamente concedida, basta fines de junio de. 1940; que al volver a tomar posesión de su cargo, dicho taquígrafo ha tenido que asistir a las sesiones d» la Corte de Distrito de Ponce y, además, ha estado preparando las transcrip-.•iones de la evidencia en otros casos...”

Alega, además, el apelante, que tiene una buena y justa cansa de acción, pues se trata en este caso de la demolición de varias casas propiedad del demandado, no habiendo pertenecido nunca el solar donde radican las mismas a la demandante apelada.

La situación de hechos que presenta este caso es realmente extra-ordinaria. Se ha concedido al taquígrafo cerca de tres años para radicar la transcripción de la evidencia y aún no lo ha hecho. Ex-pone, sin embrgo, bajo juramento, dos razones que tienden a justi-ficar su tardanza, primero, el liaber tenido que dedicar un año a transcribir un caso criminal, por orden de la corte a solicitud del Gobernador de Puerto Rico y, segundo, el haber estado enfermo, con vacaciones sin sueldo, durante nueve meses, alegando además, que-desde que volvió a la corte ha estado trabajando en sala y transcri-biendo la evidencia en otros casos resueltos con anterioridad al de-autos.

Somos de opinión que debemos aceptar como cierta esta excusa, pues no ha sido contradicha en forma alguna por la parte apelada, y que ejercitando nuestra facultad discrecional en estos casos, no des-estimaremos la apelación, pero condicionado a que si en el término "improrrogable de sesenta días el taquígrafo Sr. Cruz Montero no ha radicado ante la corte inferior la transcripción de la evidencia soli-citada en este caso, la apelación será desestimada, si así lo solicita la demandante apelada.

Se declara sin lugar la moción.


text:
    Núms. 8325 y 8326.
    Luce & Company, S. en C., aplda. v. Renta, aplte. La Misma, aplda. v. Cruz, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 25, 1941.
    C. D. Ponce.
    Desahucio.
    Marzo 25, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, en el caso arriba expresado la corte inferior dictó sentencia a favor de la demandante el 7 de mayo de 1940, estable-ciéndose por el demandado recurso de apelación para ante este tribunal el 13 del mismo mes;

Por cuanto, el apelante solicitó y obtuvo de dicha corte una or-den dirigida a su taquígrafo para la preparación de la transcripción de evidencia y desde entonces ha venido solicitando prórrogas para presentarla, la última de las cuales venció el 3 de febrero del co-rriente año, sin que el demandado apelante pidiera nueva prórroga y sin que se haya radicado en la corte inferior dicha transcripción;

Por cuanto, el taquígrafo de la corte inferior, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 30 de las cortes de distrito, apartado B, soli-citó y obtuvo de la corte una orden para que por el apelante se eon-_signase en secretaría el montante de sus honorarios, sin que hasta la fecha lo haya hecho; .

Por cuanto, la apelada radicó en esta corte una moción intere-sando la desestimación del recurso por los fundamentos antes expues-tos, la que fué debidamente notificada al abogado de la parte ape-lante ;

Por Cuanto, la referida moción fué señalada para el día 24 del actual, habiendo sido oportunamente notificado el abogado del ape-lante, sin que asistiera a sostener su recurso, que fué visto con el solo informe del abogado de la apelada;

Por tanto, vistos los autos de este caso y las reglas de este tribunal, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso por abandono.


text:
    Núm. 8329.
    Reyes, apldo. v. Cot, aplte.
    C. D. Ponee.
    Abril 22, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, en el recurso de epígrafe la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia con fecha 26 de diciembre de 1940 y en 24 de enero de 1941 el demandado apeló de la misma para ante este Tribunal Supremo;

Por cuanto, dentro de los diez días siguientes el apelante no so-licitó la transcripción de la evidencia ni ha realizado ninguna otra gestión encaminada a ese fin;

Por cuanto, todo lo anterior se desprende de una certificación suscrita por el secretario de la referida corte de distrito, que vino acompañando la moción de desestimación presentada por la parte de-mandante ;

Por cuanto, el legajo de sentencia de este caso tampoco ha sido elevado a este Tribunal Supremo hasta el presente;

Por cuanto, la referida moción de desestimación y su señala-miento fueron debidamente notificados al apelante y éste no ha com-parecido en forma alguna;

Por tanto, se desestima por abandono la apelación interpuesta por el demandado en el caso arriba titulado.


text:
    Núm. 8242.
    Soler, apldo. v. Fermoso Vda. Torres, aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 22, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, dictada sentencia en este caso el ocho de marzo de 1940, la parte perdidosa o sea la demandada apeló para ante este tribunal quedando radicados los autos en la secretaría del mismo desde julio 27, 1940, sin que la parte apelante presentara su alegato dentro del término reglamentario ni solicitara prórroga para ello; y

Por cuanto, basándose en la falta de alegato y en la frivolidad del recurso la parte apelada solicitó su desestimación por moción de marzo 3, 1941, notificada a la parte contraria y vista sin asistencia de las partes en el día de ayer:

Por tanto, no habiendo cumplido la apelante con la regla 42 del reglamento de este tribunal — Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, pág. 326 — de acuerdo con la regla 60 del mismo, pág. 330, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8348.
    De la Cruz, apldo. v. Gordon, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Abril 23, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por Cuanto, la parte apelada solicita la desestimación de este re-curso porque la parte apelante lo tiene abandonado desde diciembre '23, 1940, en que venció la última prórroga que se le concediera para ■el archivo de la transcripción de evidencia; y

Poe Cuanto, la parte apelante al .oponerse a la moción de deses-timación explica su tardanza por la falta de recursos para satisfacer ■a tiempo los honorarios del taquígrafo y alega que los satisfizo al fin, quedando la transcripción radicada en la secretaría de la corte sen-tenciadora en abril 21, 1941, estando listo también el legajo de la •sentencia; y

PoR cuanto, sostiene además dicha parte que el recurso que ha interpuesto es meritorio por los motivos que expresa y examinados •dichos motivos se concluye que no son frívolos si que dignos de con-sideración :

Por tanto, la corte, en uso de su discreción, declara no haber lugar a la desestimación, con permiso a la parte apelada de repro-ducir su petición si la parte apelante no archiva en este tribunal la transcripción de los autos acompañada de su alegato dentro de un término que vencerá el 31 de mayo de 1941.


text:
    Núm. 8327.
    Sucn. Astacio, et als., apltes. v. Sucn. Nicot, et als., apldos.
    C. D. Ponce.
    Abril 24, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vísta la moción de la parte apelada para que se desestime el re-curso por no haber sido éste proseguido con la debida diligencia; y visto también el escrito de oposición radicado por los apelantes, en el que exponen las causas o motivos que han tenido para no radicar •a su debido tiempo la transcripción de la evidencia.

La corte, en uso de su discreción, declara sin lugar la moción de ■desestimación, reservando a los apelados el derecho a reproducir dicha moción si los apelantes no radicaren en la secretaría de este tribunal, «n o antes del día 31 de mayo de 1941, la transcripción de la evi-dencia y demás documentos que fueren necesarios para perfeccionar la apelación, acompañados del alegato para sostenerla, con la adver-tencia de que el término que por la presente se concede a los ape-lantes es improrrogable.


text:
    Núm. 8332.
    Berríos, apldo. v. Quintana, aplte.
    C. D. Humacao.
    Abril 30, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del demandante apelado para que se desestime el recurso por no haber sido éste proseguido con la debida diligencia;, y vistos también el escrito de apelación y los documentos radicados-por la apelante;

Por Cuanto, de los autos aparece que la sentencia en este caso-fué dictada en enero 13 de 1941 y que el escrito de apelación fué radicado en febrero 1 de 1941, sin que aparezca que la apelante haya solicitado en momento alguno que se ordene al taquígrafo que prepare la transcripción de la evidencia;

Por Cuanto, la transcripción de evidencia presentada por la ape-lante no está autenticada por el juez que presidió la vista del caso y dictó la sentencia recurrida y aparece expedida por el taquígrafo a solicitud de la parte apelante y sin orden previa de la corte;

Por cuanto, la apelante ha expresado su conformidad con la sen-tencia en cuanto por ella se declara roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre ella y su esposo, el apelado, y solamente apela de dicha sentencia en cuanto la priva a ella de la patria potestad sobre sus hijos, lo cual es consecuencia legal inevitable de la disolu-ción del vínculo matrimonial (artículo 107 del Código Civil, ed. 1930,. según fué enmendado en 1935), y no es por tanto apelable;

Por lo tanto, se desestima el presente recurso.


text:
    Núm. 8337.
    Morales & Tió, aplda. v. Torres, etc., apltes.
    C~ D. Mayagüez.
    Mayo 6, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vísta la moción de la demandante y apelada para que se deses-time por abandono el recurso; y vista también la certificación expe-dida por el Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez, de la cual consta que la sentencia recurrida fué dictada en 26 de junio de 1940; que el escrito de apelación fué radicado el 25 de julio del mismo año; que en agosto 5, 1940, los apelantes solicitaron la transcripción de evidencia, pidiendo al mismo tiempo que se prorrogase hasta sep-tiembre 25, 1940, el término para radicar la transcripción, lo que le fué concedido; y que desde la fecha en que expiró. dicho término-hasta el presente, los demandados apelantes no han hecho gestión alguna para perfeccionar el recurso por ellos interpuesto;

Por lo tanto, se declara con lugar la moción y se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 8308.
    León Parra, apldo. v. Colón, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 6, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, el demandado apelado solicita se desestime el re-curso fundado en que el demandado apelante no radicó en la Corte de Distrito de Ponce la transcripción de evidencia dentro del término concedido a dicha parte por resolución de este tribunal de fecha 4 de marzo de 1941, o sea, en o antes del 10 de ese mes;

Por cuanto, el demandado se ha opuesto a la anterior moción y ha hecho constar en su oposición que la transcripción de evidencia fué radicada en la referida corte de distrito en la tarde del día 11 de marzo del año en curso y que la vista sobre la aprobación de la referida transcripción de evidencia fué celebrada el 28 de abril pró-ximo pasado, extremos que acredita con certificaciones expedidas por el Secretario interino de la aludida corte de distrito; y promete que procurará radicar dicha transcripción de evidencia en la secretaría de este tribunal en el más breve plazo posible;

Por cuanto, el demandante apelado ha archivado’una moción ex-poniendo que ha sido notificado de la anterior oposición y manifiesta que no tiene que objetar a lo solicitado por el demandado apelante, confiado en que éste cumplirá lo prometido en su oposición;

Por tanto, se declara no haber lugar a la desestimación solici-tada, debiendo el apelante radicar los autos en apelación en la secre-taría de esta corte tan pronto el juez de la corte inferior apruebe la transcripción de evidencia.


text:
    Núm. 8335.
    Ortiz, apldo. v. Palmer y Meléndez, etc., apltes.
    C. D. Ponce.
    Mayo 9, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada en marzo 14, 1941, archivó una moción notificada a la apelante el día anterior solicitando la desesti-mación del recurso por no haberse tramitado con la debida diligencia y por ser frívolo, moción a la que se opusieron los apelantes y cuya vista se celebró sin asistencia de las partes el cinco de mayo actual; y

Por Cuanto, si bien la tramitación del recurso ha sido lenta en demasía es lo cierto que la transcripción quedó archivada el doce de marzo último o sea un día antes de la notificación de la moción de desestimación becho que de acuerdo con la sección 58 del reglamento de esta corte constituye una contestación suficiente a la alegada dila-ción ; y

Por CUANTO, examinados los autos no se concluye que el recurso sea claramente frívolo;

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    Núm. 8336.
    Finlay, etc., apldo. v. Palmer, et als., apltes.
    C. D. Ponce.
    Mayo 9, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada en marzo 14, 1941, archivó una moción notificada a la apelante el día anterior solicitando la deses-timación del recurso por no haberse tramitado con la debida diligen-cia y por ser frívolo, moción a la que se opusieron los apelantes y cuya vista se celebró sin asistencia de las partes el cinco de mayo actual; y

Por cuanto, si bien la tramitación del recurso ha sido lenta en demasía es lo cierto que la transcripción quedó archivada el doce de marzo último o sea un día antes de la notificación de la moción de desestimación hecho que de acuerdo con la sección 58 del reglamento de esta corte constituye una contestación suficiente a la alegada dila-ción ; y

Por Cuanto examinados los autos no se concluye que el recurso sea claramente frívolo;

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    Núm. 8354.
    Ex parte Caraballo, peticionaria y aplte. v. Vázquez, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 10, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, la apelante radicó su escrito de apelación en la corte inferior el día 12 de marzo de 1941, apelando de una resolución que denegó la entrega de ciertos bonos de los Estados Unidos porque sólo le pertenecía una tercera parte en usufructo;

Por cuanto, desde dicha fecha la apelante no ha dado paso al-guno para perfeccionar su apelación, según aparece de la certifica-ción expedida por el secretario interino de la corte inferior;

Por cuanto, el apelado radicó una moción solicitando la desesti-mación del recurso, que fué notificada a la apelante y también lo fue del señalamiento de la vista de la misma, sin que haya comparecido en forma alguna a oponerse a lo solicitado;

Por tanto, vistas las reglas 40 y 58 del reglamento de esta corte, se desestima el recurso.