text:
    Asociación de Residentes Los Versalles, Inc., peticionaria, v. Los Versailles, S.E. y otros, recurridos.

      Número: CC-2015-0328

      Resuelto: 2 de diciembre de 2015

      Jorge C. Cruz Jove, de Gandarilla & Cruz Jove, abogado de la parte peticionaria; Carlos A. González Soler y María de L. Rivera Jiménez, de Cando, Nadal, Rivera & Díaz, PSC, abogados de la parte recurrida recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Con el desarrollo de múltiples urbanizaciones con control de acceso y áreas comunes, han surgido una serie de interrogantes dirigidas a cuestionar la obligación de los de-sarrolladores de pagar las cuotas de mantenimiento por las áreas verdes y comunes de aquellas propiedades de las que son titulares y aún no se han vendido. A tono con ello, distintas asociaciones de residentes han instado pleitos re-quiriendo el pago a las desarrolladoras de estas cuotas por las unidades que son titulares, independiente de si éstas se han o no desarrollado. Hoy nos corresponde arrojar luz a estas interrogantes.

En particular, la controversia ante la consideración de este Tribunal exige dictaminar si conforme a una escritura de condiciones restrictivas la desarrolladora de una urba-nización con acceso controlado se obligó a cumplir con el pago de las cuotas de mantenimiento una vez comenzaron las gestiones administrativas y financieras de la asociación de residentes, es decir, desde su fecha de constitución. A tales efectos, concluimos que ello dependerá de si la desa-rrolladora es la titular de la residencia conforme al Regla-mento y la escritura suscrita. Veamos.

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El proyecto residencial de la urbanización Los Versalles (Urbanización) localizado en Mayagüez, Puerto Rico, fue edificado por Los Versailles, S.E. (Desarrolladora o recurrida). Este consta de 109 solares residenciales, calles y áreas comunales. El 21 de julio de 1998, la Desarrolladora incorporó a la Asociación de Residentes Los Versalles, Inc. (Asociación o peticionaria), con el propósito de que fungiera como administradora de la Urbanización y velara por el cumplimiento de los acuerdos, descritos más adelante, que se incluyeron en la constitución de la Urbanización con fa-cilidades de control de acceso.

Particularmente, el 5 de abril de 1999 se otorgó la Escri-tura Núm. 7 (Escritura) en torno a las condiciones restricti-vas que regirían la Urbanización. A su vez, a ésta se le in-corporó el Reglamento de la Asociación de Residentes Los Versalles, Inc. (Reglamento), el cual había sido suscrito el 31 de marzo del mismo año. La primera unidad fue vendida el 27 de abril de 1999 y la administración de la Urbanización se traspasó a los titulares el 20 de noviembre de 2008.

En lo pertinente a la controversia de autos, es menester destacar que el referido Reglamento aplica a “todo el te-rreno, edificaciones, dependencias de la urbanización, a to-dos los titulares de los solares presentes y futuros, así como a los arrendatarios, huéspedes, visitas, invitados, emplea-dos”, entre otros allí enumerados. Art. 3 del Reglamento de la Asociación de Residentes Los Versalles, Inc., Apéndice, pág. 448. De igual forma, éste apresta que la Asociación es el órgano supremo de la Urbanización y está compuesta “por [tjodos los titulares de los solares que integran ‘La urbani-zación’ y por Versalles, S.E., sus sucesores, agentes, cesiona-rios y cualquier otra persona o personas que esta designe”. Art. 5 del Reglamento de la Asociación de Residentes Los Versalles, Inc., Apéndice, págs. 448-449. En este mismo ar-ticulado se establece que la Desarrolladora conservaría su carácter de miembro hasta tanto no renunciara voluntaria-mente o hasta el día primero de enero de 2010, lo que ocu-rriera primero.

Por otra parte, en el Art. 28 del mismo Reglamento se consigna que la Desarrolladora debe ser considerada como titular y dueña. El artículo dispone:

En [t]odo momento Los Versalles, S.E., sus sucesores, agen-tes y/o cesionarios; será considerada como la titular y dueña de la totalidad de los solares y unidades residenciales que compo-nen la urbanización hasta tanto no traspase esos derechos a los compradores y estos sean registrados en el libro de titulares. Art. 28 del Reglamento de la Asociación de Residentes Los Ver-salles, Inc. (Énfasis suplido). Apéndice, págs. 459-460.

Además, el Art. 44 del Reglamento, bajo estudio, esta-blece la obligación que tienen todos los titulares de aportar la cantidad de $150 al mes por los gastos comunes de ad-ministración y mantenimiento de la Urbanización. Parti-cularmente, decreta lo que sucede:

Los Titulares están obligados a contribuir proporcionalmente a los gastos para la administración, conservación, reparación y uso de los elementos comunes de ‘La urbanización’, así como a todos los demás gastos ordinarios u extraordinarios que fueran legítimamente acordados. Art. 44 del Reglamento de la Asocia-ción de Residentes Los Versalles, Inc. Apéndice, págs. 464-465.

Basados en estas disposiciones reglamentarias, en el 2012 la Asociación presentó una reclamación contra la De-sarrolladora ante el Tribunal de Primera Instancia. En ella, alegó que la Desarrolladora incumplió con su obliga-ción de pagar esa cuota de mantenimiento, lo cual le ge-neró una deuda ascendente a $1,862,136.75. Especificó que esta última es por razón de los solares y las unidades de vivienda de los cuales la Desarrolladora era titular desde el 1 de abril de 1999 hasta que respectivamente las tras-pasó a sus compradores. Asimismo, la Asociación le requi-rió los intereses por esta cantidad y los gastos de honora-rios, según contemplado por el Reglamento en aquellos casos en los que se tenga que requerir el cumplimiento de la obligación de la cuota de mantenimiento por la vía judicial. Solicitó, además, la recisión y la resolución de un préstamo que le fue otorgado por A & P Capital Corporation, alegado alter-ego de la Desarrolladora, para sufragar los gastos de administración y mantenimiento en tanto se culminaba la construcción y se concretaban las ventas de todas las unidades residenciales de la Urbanización.

Luego de varios trámites procesales, el 13 de febrero de 2012 la Desarrolladora presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, en la cual alegó que los gastos de administración y mantenimiento solamente le eran exigi-bles desde que cada solar tuvo una unidad residencial y fue inscrito ante el Registro de la Propiedad. Sustentó su ale-gato en las disposiciones reglamentarias reseñadas y en el segundo inciso de la parte expositiva de la Escritura, el cual particularizamos a continuación:

SEGUNDO: PROPÓSITO'. En el antes descrito inmueble VERSALLES, S.E. está desarrollando y construyendo un pro-yecto de solares con unidades residenciales unifamiliares, de aquí en adelante solar, a ser conocido con el nombre de LOS VERSALLES. Con el expreso y deliberado propósito de prote-ger la buena calidad de vida y el bienestar de los residentes así como el hacer prevalecer el carácter residencial, el valor y la armonía en el uso futuro del inmueble y las estructuras a construirse, se establece sobre el antes indicado inmueble las condiciones restrictivas o servidumbres en equidad que más adelante se indican para beneficio de todos los adquirentes y futuros dueños de los solares. (Enfasis en el original). Apén-dice, pág. 427.

La Desarrolladora adujo que de la precitada disposición se desprende que, para efectos de este proyecto residencial, el concepto “solar” solamente se constituye desde que en el terreno se edifica la unidad de vivienda para el cual fue concebido. Por consiguiente, argüyó que solamente podía ser considerada como una titular que adeudaba los gastos de mantenimiento, desde el momento cuando se constituyó una unidad residencial en los solares correspondientes y éstos fueron inscritos ante el Registro de la Propiedad.

El Tribunal de Primera Instancia acogió el razona-miento esbozado por la Desarrolladora y el 24 de julio de 2012 notificó una Sentencia Sumaria Parcial y Orden. Con-cluyó que de la Escritura surge que un solar solamente puede ser considerado como tal desde que en éste se in-cluye una unidad residencial unifamiliar. Es decir, cuando en la Escritura y en el Reglamento se utilizaba el concepto solar, esto implicaba que la unidad debía estar construida y lista para la venta; sujeto a que la agencia pertinente otorgara los permisos de uso. De lo contrario, no podía en-tenderse que la unidad estaba lista para su venta.

Luego de habérsele denegado la reconsideración presen-tada, la peticionaria recurrió al Tribunal de Apelaciones. Adujo que el foro primario incidió al adoptar una interpre-tación contraria a la Escritura y al Reglamento de la Ur-banización, además de que erró al no utilizar como fuente persuasiva las interpretaciones de este Tribunal en torno a la Ley de Propiedad Horizontal en controversias virtual-mente idénticas. En esencia, solicitó que se determinara que según las disposiciones reglamentarias aplicables, la Desarrolladora debía ser considerada como una titular y, por lo tanto, estaba sujeta al pago de las cuotas de mante-nimiento desde que comenzaron las obligaciones adminis-trativas y financieras de la Asociación.

Mediante una Sentencia notificada el 11 de diciembre de 2014, el foro apelativo intermedio confirmó el dictamen apelado y concluyó que acoger el reclamo de la Asociación, haría imposible el desarrollo de proyectos como el de autos en la Isla. Ello, pues las desarrolladoras se verían obliga-das a contribuir con los gastos de mantenimiento desde el comienzo de la construcción del proyecto, lo cual constituía una carga muy onerosa para esta industria.

Inconforme, la peticionaria presentó una reconsideración que también le fue denegada y posteriormente recurrió ante nos. Reprodujo los argumentos esgrimidos ante los fo-ros apelados y nos solicitó que expidiéramos el auto de cer-tiorari y revocáramos el dictamen apelado. El 26 de junio de 2015 emitimos una Resolución en la que otorgamos un tér-mino para que la parte recurrida mostrara causa por la cual no debía expedirse el auto presentado. Esta compareció me-diante documento intitulado Moción en Cumplimiento de Orden para Mostrar Causa y reprodujo los argumentos aco-gidos por los foros recurridos. A tales efectos, contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver conforme a derecho.

A. La Ley de Control de Acceso de 1987 y la Ley de Propiedad Horizontal

La Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada, conocida como la Ley de Control de Acceso de 1987 (23 LPRA see. 64 et seq.), está concebida con el pro-pósito de autorizar a que los municipios de Puerto Rico concedan permisos para el control del tráfico de vehículos de motor y el uso público de las calles en urbanizaciones y comunidades públicas y privadas. Por consiguiente, en este contexto se legisló para que el consejo o la junta pudieran imponer una cuota para cubrir los costos y gastos de ins-talación y mantenimiento del sistema. Véase 23 LPRA see. 64d-3. En este sentido, el estatuto contempla la obligación de pago sobre los propietarios de las fincas inscritas, los que autoricen la solicitud, los adquirientes de una finca ubicada en este tipo de urbanización, toda persona que ad-venga dueña del inmueble cuando la solicitud fue hecha por el desarrollador, urbanizador o constructor, y todo pro-pietario que se haya comprometido a tal pago. Id.

Empero, la Ley de Control de Acceso no contempla la situación de autos en la que se dilucida desde cuándo surge la responsabilidad del desarrollador de una urbanización, si alguna, de cumplir con la obligación del pago de la cuota de mantenimiento.

Ante tal realidad, la Asociación plantea que la Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 23 de junio de 1958, según enmendada, 31 LPRA see. 1291 et seq., resulta per-suasiva para la disposición de la controversia planteada. Es-pecíficamente, lo resuelto por este Tribunal en Asoc. Cond. Balcones S.Ma. v. Los Frailes, 154 DPR 800 (2001). No les asiste la razón.

En Asoc. Cond. Balcones S.Ma. v. Los Frailes, supra, pág. 809, se dilucidó “si el titular de un apartamento pro-yectado y no construido está en la obligación legal de con-tribuir a los gastos comunes del condominio mediante el pago de cuotas de mantenimiento”. Específicamente, este Tribunal resolvió que el “criterio crítico para imponer dicha responsabilidad es la titularidad que sobre el apartamento [sic] se ostenta y no el estado físico de éste”. íd., pág. 817. Para ello, se descartó que la responsabilidad del desarro-llador comenzaba con la emisión del permiso de uso de la agencia administrativa correspondiente.

Ahora bien, las expresiones de este Tribunal se limitaron al contexto de la Ley de Propiedad Horizontal, que no rige, necesariamente, el desarrollo de urbanizaciones con control de acceso. La Ley de Control de Acceso regula el acceso a las calles de una determinada urbanización. Así, el arreglo interno de la copropiedad de los bienes comunes en esa urbanización se regirá de acuerdo con el Código Civil o el acuerdo entre las partes.

B. Interpretación de contratos

Como es ampliamente conocido, en nuestra jurisdicción rige el principio de libre contratación. Los contratos nacen desde que las partes consienten en dar alguna cosa o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRAsec. 3371. Cónsono con este principio, este Tribunal ya ha interpretado que la constitución y el reglamento de una asociación privada constituye un contrato entre la asociación y sus miembros. Logia Adelphia v. Logia Adelphia, 72 DPR 488, 496 (1951). Véase, además, Amador v. Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571, 582 (2000).

De esta forma, cuando las partes contratantes emprenden un negocio jurídico, pueden incluir las cláusulas y condiciones que tengan a bien considerar, siempre que éstas no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público. Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3372. Véanse, además: Cond. Prof. S.J.H. Centre v. P.R.F., Inc., 133 DPR 488, 503 (1993); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008). Así pues, las obligaciones contraídas conforme a nuestro ordenamiento, tendrán fuerza de ley entre los contratantes y deberán ser cumplidas según estos. Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994. Es decir, una vez concurren las condiciones esenciales para su validez, los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a dar o a hacer con este. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).

Acorde con lo anterior, es principio reiterado que un contrato no está sujeto a interpretación cuando sus términos son claros y específicos. Es decir, cuando un acuerdo no es ambiguo ni deja margen a dudas, las partes están vinculadas por este y así deberá ser aplicado. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3471. Véase, además, Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006).

Ahora bien, en caso de que se requiera interpretación, el Código Civil de Puerto Rico establece unas reglas básicas que regirán supletoriamente para guiar el análisis de la dis-posición en cuestión. Véanse los Arts. 1233-1241 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sees. 3471-3479. En términos generales, estos preceptos establecen que cuando no pode-mos depender del sentido literal de las palabras, debemos recurrir a interpretar la intención que tuvieron las partes al contratar. Al respecto, este Tribunal ha expuesto que

[l]a intención de las partes es el criterio fundamental dis-puesto en el Código Civil para fijar el alcance de las obligacio-nes contractuales. Es tan fundamental este criterio de inten-ción que el Código proclama su supremacía al disponer que la intención evidente de las partes prevalecerá sobre las pala-bras, aun cuando éstas parecieran contrarias a aquélla. Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409-410 (1969).

A tales efectos, el juzgador deberá considerar los actos anteriores, coetáneos y posteriores, así como todas las cir-cunstancias que concurrieron al momento de la contratación. No obstante, deberá ser cauteloso y no encon-trar “en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre que los interesados se propusieron contratar”. Art. 1235 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3473. Es pues, función del juzgador armonizar el conjunto de los términos del contrato con la verdadera intención de las partes. Carrillo Norat v. Camejo, 107 DPR 132, 138 (1978).

Según los principios discutidos y a los fines de atender la controversia de marras, procedemos a elaborar en torno al derecho aplicable a la responsabilidad del desarrollador de pagar las cuotas de mantenimiento en el contexto de una urbanización con control de acceso.

C. La obligación del desarrollador de pagar las cuotas de mantenimiento

De manera general, el Código Civil de Puerto Rico establece que “[t]odo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común”, pudiendo estar exento solo aquel que renuncie a la parte que le pertenece. Art. 329 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 1274. A pesar de que esta norma establece, en términos generales, la obligación que tiene todo copropietario de contribuir con los gastos de conservación de una cosa común, en nuestra jurisdicción, como anticipamos, no hay una disposición estatutaria que establezca los desarrolladores son copropietarios y responsables de pagar por las cuotas de mantenimiento en las urbanizaciones.

En ausencia de un estatuto que regule o suplemente ex-presamente el derecho aplicable a la controversia de autos, lo que corresponde es recurrir directamente al contrato sus-crito entre las partes para dilucidar si el Tribunal de Apela-ciones actuó correctamente al confirmar el dictamen del foro primario en cuanto a que la Desarrolladora solamente es-taba obligada a pagar las cuotas de mantenimiento desde que cada solar tenía una unidad de vivienda edificada y es-taba lista para la venta con su correspondiente permiso de uso.

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Según los acuerdos suscritos entre las partes y el dere-cho expuesto, nos es forzoso concluir que los foros apelados incidieron en su determinación. Veamos.

De acuerdo con el Art. 44 del Reglamento, todos los ti-tulares están obligados a contribuir proporcionalmente con los gastos de administración, conservación, reparación y uso de los elementos comunes. Por su parte, el Art. 28 del referido Reglamento diáfanamente establece que en “[t\odo momento Los Versalles, S.E., sus sucesores, agentes y/o ce-sionarios; será considerada como la titular y dueña de la totalidad de los solares y unidades residenciales que com-ponen la urbanización hasta tanto no traspase esos dere-chos a los compradores”.

De tales disposiciones emana el hecho de que los esta-tutos que rigen la administración de la Urbanización, es-tablecen que la Desarrolladora es una titular y como tal, está sujeta a la obligación del pago de la cuota de mante-nimiento impuesta por el mismo cuerpo estatutario. Tal compromiso, a su vez, está contemplado en el Art. 329 del Código Civil, supra, que impone a todo copropietario el de-ber de contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común.

Por otra parte, en ninguno de los estatutos que rige la administración se impone el requisito que pretende agre-gar la parte recurrida, en tanto sostiene que solo se convir-tió en titular con obligación de pagar cuando en cada solar que poseía se edificó la unidad con su correspondiente per-miso de uso y se inscribió ante el Registro de la Propiedad. No nos persuade el argumento que intenta hilvanar la De-sarrolladora en cuanto a que esta interpretación se des-prende del propósito consignado en el segundo inciso de la Escritura de constitución de la Urbanización. En particular, cuando se expuso que en el “inmueble VERSALLES, S.E. [se] está desarrollando y construyendo un proyecto de solares con unidades residenciales unifamiliares, de aquí en adelante solar”. Apéndice del Certiorari, Escritura Nú-mero Siete (7), pág. 427. De esta expresión solamente se puede colegir que el propósito del proyecto residencial era el desarrollo de solares donde ubicarían unidades residencia-les familiares. De ninguna manera, se puede sostener la in-terpretación acogida por los foros recurridos, en cuanto a que de la disposición citada se desprende que para propósi-tos de este proyecto “la descripción de lo que significa ‘solar’ en la escritura número siete es a un proyecto de solares con unidades residenciales unifamiliares”. (Enfasis suprimido). Apéndice del Certiorari, Sentencia Sumaria Parcial y Or-den, pág. 221. Esto, además de ser ajeno al sentido literal de las palabras, es disonante a la intención que dimana de la disposición interpretada por los foros recurridos.

Recordemos que el inciso interpretado se refiere al propó-sito de la constitución de la Escritura y no a un intento de los contratantes por definir conceptos y mucho menos atri-buir el significado que le otorgaron los foros recurridos. No podemos perder de perspectiva que los tribunales no pueden acoger una interpretación contraria al sentido literal de las palabras suscritas por los contratantes, o de la intención manifiesta de éstos, con el solo propósito de relevar a una parte de su cumplimiento. El hecho de que la aplicación de los términos y las condiciones del contrato pueda ser en de-trimento para una de las partes, no es motivo para alterar o ignorar lo allí consignado por los contratantes.

De acuerdo con el análisis expuesto, es menester de este Tribunal concluir que los foros recurridos erraron al deter-minar que de la Escritura en controversia se desprende que el concepto solar incluye la estructura designada para una unidad familiar y, por lo tanto, la obligación de la Desarro-lladora solamente surgía desde que se efectuó tal construc-ción y la unidad estaba lista para la venta. Tal interpreta-ción no se sostiene a la luz del texto en cuestión.

Por consiguiente, prevalecen las disposiciones reglamen-tarias discutidas que le imponen a todo titular la obligación de cumplir con el pago de las cuotas de mantenimiento de la Urbanización, siendo la Desarrolladora considerada como la titular de los solares y las unidades residenciales mientras éstas no fueron traspasadas a sus compradores. Esta obli-gación quedó constituida desde el momento en que comen-zaron las gestiones administrativas y financieras de la Aso-ciación, lo cual corresponde al día en que se entregó la primera casa del proyecto a su comprador. Véase Art. 51 del Reglamento de la Asociación de Residentes Los Versalles, Inc.

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de “cer-tiorari”, se revoca a los foros recurridos y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos, según lo aquí resuelto.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez oncurrieron sin opinio-nes escritas. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

       Véase M. García Cárdenas, Derecho de urbanizaciones: servidumbres en equidad, controles de acceso e instalaciones vecinales, San Juan, Ed. InterJuris, 2010, págs. 94-97, 127-128 y 142. Además, y a modo de ejemplo, Asociación de Residentes Sabanera del Río v. Prisa, S. E., KLAN201100185.

       De la Resolución, notificada el 27 de marzo de 2015, en la que se denegó la reconsideración presentada por la Asociación, surge que el juez González Vargas “reconsideraría a los fines de acoger el criterio de unidad construida y no vendida como el factor para que pueda ser exigible al desarrollador la cuota de manteni-miento en lugar de la fecha cuando se expida el permiso de uso, conforme al caso Asoc. Residentes Sabana del Río v. PRISA, SE, 2012 TA 578”. Apéndice del Certio-rari, Resolución del Tribunal de Apelaciones, págs. 3-4.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Evelyn Viruet Candelaria, Maritza Viruet Candelaria y Delia Candelaria Rivera, recurridas, v. City of Angels, Inc., Ángel Casiano Torres, su esposa Michelle Reyes Peña y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, X Corporation y John Doe, y Universal Insurance Company, peticionaria.

      Número: CC-2014-0163

      Resuelto: 4 de diciembre de 2015

      Roberto Del Toro Morales, abogado de la parte peticionaria; Samuel Padua Flores, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

Universal Insurance Company (Universal o la asegura-dora) recurre ante este Foro para cuestionar la denegatoria de una Moción de Sentencia Sumaria Parcial declarada por el Tribunal de Primera Instancia, determinación que el Tribunal de Apelaciones declinó examinar. En su moción, Universal planteó la falta de cubierta para los hechos aducidos en una demanda instada en contra de su asegurado, en vir-tud de las exclusiones por prestación de servicios profesio-nales y de salud consignadas en una póliza de Responsabi-lidad General Comercial (“Commercial General Liability”) expedida a favor del Sr. Angel J. Casiano Torres (señor Ca-siano) h/n/c City of Angels, Inc. (City of Angels o el Centro).

Este recurso nos brinda la oportunidad de expresarnos sobre el alcance de una cláusula de exclusión de servicios profesionales incluida en una póliza de Responsabilidad General Comercial. Por los fundamentos que elaboramos a continuación, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones ya que procede aplicar a los hechos la cláusula de exclusión antes aludida.

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Trasfondo procesal

La Sra. Evelyn Viruet Candelaria contrató con el señor Casiano en agosto de 2010 para la atención de su madre, la Sra. Delia Candelaria Rivera (señora Candelaria), en una institución dedicada al cuido de personas de edad avan-zada que operaba bajo el nombre de City of Angels. Con-forme lo acordado, se le proveería a la señora Candelaria el cuido, el aseo, la alimentación, el tratamiento médico y todo lo necesario para el bienestar de una persona en su estado de salud. La señora Candelaria, quien para enton-ces contaba con setenta y cinco años, estaba incapacitada y padecía de alzheimer. Debido a su condición, no se podía mover por sí misma y tenía que estar físicamente restrin-gida de forma constante y permanente.

En abril de 2012, como consecuencia de haber ingerido unos pedazos de plástico, la señora Candelaria sufrió una obstrucción intestinal que le provocó una grave intoxica-ción, deshidratación e infección intestinal, por lo que tuvo que ser hospitalizada. A raíz de estos eventos, las recurri-das presentaron una Demanda sobre Daños y Perjuicios en contra de City of Angels, el señor Casiano, su esposa, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y Universal. Las recurridas adujeron que el señor Casiano y su empresa fueron negligentes al no brindar los servicios de cuidado adecuados y no estar pendientes en todo mo-mento del bienestar de la señora Candelaria, según acordado. Esto le permitió acceso al plástico que ingirió, a pesar de no poder moverse por sí sola.

Oportunamente, Universal presentó una Moción Solici-tando se Dicte Sentencia Sumaria Parcial en la que argu-mentó que la conducta que dio base a la demanda estaba comprendida entre las exclusiones de la póliza, ya que sur-gió como resultado de la prestación de servicios profesiona-les o de salud. Las recurridas se opusieron. Alegaron que su reclamación no se fundamenta en negligencia en el tra-tamiento médico, sino negligencia al no velar por la segu-ridad de la señora Candelaria.

Luego de evaluar las posiciones de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la solici-tud de Universal. Indicó que la exclusión de cubierta no aplicaba al caso, pues los daños reclamados no eran conse-cuencia de la prestación o el haber dejado de prestar ser-vicios médicos o profesionales, como argumentaba Universal. Concluyó que la Demanda está sustentada, más bien, en negligencia por la falta de cuidados a la señora Candelaria.

El Tribunal de Apelaciones declinó examinar la determi-nación del Tribunal de Primera Instancia, cónsono con la discreción que posee en virtud de la Regla 52.1 de Procedi-miento Civil, 32 LPRAAp. V. Universal acudió, entonces, ante este Foro y oportunamente acordamos expedir el re-curso de certiorari que nos ocupa. Contando con la posi-ción de las partes, procedemos a resolver la cuestión planteada. Es decir, si conforme a las exclusiones conteni-das en la póliza expedida por Universal, existe cubierta para los eventos consignados en la Demanda.

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Póliza de seguro

La póliza en cuestión es de Responsabilidad General Co-mercial y se expidió bajo la clasificación de facilidades de cuidado de salud —hogar para personas de edad avanza-da— (“Health Care Facilities — Homes for the Aged”). Esta provee cubierta para aquellas reclamaciones en las que el asegurado tiene la obligación legal de responder por daños físicos y a la propiedad, causados a un tercero, debido a un incidente (“occurrence”) que tenga lugar en los predios asegurados. Forma CG0001 (12-07), Sec. I(l)(a) y (b), Ap. 94. “Occurrence” se define en la póliza como un accidente. Id., Sec. V(13), Ap. 107. Se exceptúan de la cubierta todo tipo de servicios profesionales, incluso los servicios presta-dos por proveedores del cuidado de la salud.

Así pues, en la Declaración de Renovación se señalan como exceptuados los servicios profesionales designados y cualquier servicio profesional de todo tipo o naturaleza. Aunque la póliza contiene una exclusión particular para los servicios profesionales designados, no se incluyó una descripción en la parte del formulario provista para ello. Simplemente se indica que el seguro no cubre daños oca-sionados por la prestación o por dejar de prestar cualquier servicio profesional. Forma CG2116 (07-98).

De otra parte, en la Declaración de Renovación, ha-ciendo referencia a la Forma CG2244 (10-93), se indica que se excluyen de la cubierta los servicios suministrados por proveedores de cuidado de salud (hogar para personas de edad avanzada). En la misma se completa el endoso específico de exclusión de los servicios prestados por prove-edores de salud, donde se detallan en concreto aquellas actividades que quedan fuera de la cubierta. El endoso se limita a las tareas siguientes:

1. Prestar o dejar de prestar:
a. Servicios médicos, quirúrgicos, dentales, radiográficos o de enfermería, tratamiento, consejo o instrucción o relaciona-dos a proveer comidas o bebidas.
b. Cualquier servicio terapéutico, tratamiento, consejo o instrucción.
c. Cualquier servicio, tratamiento, consejo o instrucción con el propósito de mejorar la apariencia o la piel, remoción de cabello o remplazo o cuidado personal.
2. Proveer o administrar drogas o productos o instrumentos médicos, dentales o quirúrgicos.
3. Manejar o tratar cadáveres, incluyendo autopsias, donación de órganos u otros procedimientos.

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Derecho aplicable

A. Contrato de seguro

A través del contrato de seguro se transfiere a una aseguradora el impacto económico producto de ciertos ries-gos en el ámbito personal o comercial a cambio del pago de una prima. Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564 (2013); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009). Reiteradamente, hemos reconocido la im-portancia que reviste este mecanismo en nuestro entorno social y mercantil, lo que ha impulsado su reglamentación extensa por parte del Estado. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011); Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1 (2010).

Se ha descrito que el seguro es “aquel por el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable si se produce un suceso incierto previsto en el mismo. 26 LPRA see. 102”. Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra, pág. 576. De este modo se transfieren los riesgos cubiertos por la póliza a cambio de una prima. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 897; Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12 (2007); Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 DPR 714 (2003). Por lo tanto, a través de ese pacto se forja una relación contractual entre las partes que adviene ley entre ellos. Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra; Jiménez López et al. v. SIMED, supra. La póliza es el documento donde se consignan los términos que rigen un contrato de seguro.

El propio Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq., establece la siguiente norma de hermenéutica para las cláusulas de una póliza de seguro: “Todo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado [...]”. Art. 11.250 (26 LPRA see. 1125). Véanse, además: Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008). Las cláusulas de exclusión limitan la cubierta provista por un seguro al exceptuar determinados eventos, riesgos o peligros. Generalmente son desfavorecidas, por lo que se deben interpretar restrictivamente en contra del asegurador. De este modo, se impulsa la finalidad primordial del seguro, esto es, proteger al asegurado. íd. No obstante, si los términos de las cláusulas de exclusión son claros y aplican a una situación determinada, no podrá responsabilizarse a la aseguradora por aquellos riesgos expresamente exceptuados. Id.

El seguro de responsabilidad civil o pública, como es el caso del seguro de Responsabilidad Comercial General, protege al asegurado ante un tercero que ha sufrido daños por su causa. Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146 (2012). “[E]l asegurador se compromete, conforme a las condiciones estipuladas en el contrato, a indemnizar a un tercero por aquellos daños y peijuicios que le ha causado el asegurado”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 900.

Existe otra categoría de pólizas, denominadas de “Responsabilidad Profesional”, que protegen al asegurado “contra la responsabilidad legal de éste por los daños o lesiones causadas a terceras personas como consecuencia del rendimiento negligente de sus servicios profesionales”. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690 (2001). Como regla general, las pólizas de responsabilidad pública comercial no cubren reclamaciones basadas en servicios profesionales. Véanse: B.R. Ostrager y T.R. Newman, Handbook on Insurance Coverage Disputes, 10ma ed., Nueva York, Aspen Law & Business, 2000, Sec. 7.02[b] [6], pág. 319; S.T. Devenney y G. Bundschuh, Is the Line Blurring between General and Professional Liability'?, 29 Constr. Law. 15 (Spring, 2009). Los riesgos concernientes a estos servicios típicamente se atienden a través de seguros de responsabilidad profesional. Tri-Etch, Inc. v. Cincinnati Ins. Co., 909 N.E.2d 997, 1002 (Ind. Sp. Ct. 2009). Véase, además, 4 New Appleman on Insurance Law Library Edition Sec. 25.01[1], págs. 25-6 y 25-7 (Rel. 11/9/2014).

En el campo de seguros, en ocasiones resulta difícil dis-tinguir entre una reclamación civil basada en negligencia y una asentada en responsabilidad profesional, a fin de de-terminar si una póliza cubre los daños. La clave está en determinar si la causa de acción surge como resultado de una conducta u omisión asociada con la prestación de ser-vicios profesionales.

B. Servicios profesionales

En aquellos casos en que la póliza no incluye una definición del término “servicios profesionales” se utiliza su acepción legal. En el contexto de cláusulas de exclusión en materia de seguros, se ha resuelto que un servicio profesional conlleva una vocación, llamado, ocupación o empleo que supone, además, algún tipo de conocimiento, labor o destreza especializada. Asimismo, las habilidades que requiere un servicio profesional son predominantemente in-telectuales o mentales, no físicas o manuales. Am. Econ. Ins. Co. v. Jackson, 476 F.3d 620 (8vo Cir. 2007); Hurst-Rosche Engineers, Inc. v. Commercial Union Ins. Co., 51 F.3d 1336 (7mo Cir. 1995); David Lerner Assoc., Inc. v. Phila. Indem. Ins. Co., 934 F.Supp.2d 533 (E.D. N.Y. 2013); Neighborhood Housing Services v. Turner-Ridley, 742 F.Supp.2d 964 (N.D. Ind. 2010).

El término “profesional” implica forzosamente el uso de discernimiento, según criterios inculcados mediante estu-dios o a base de algún conocimiento especializado. Penn Star Ins. Co. v. Real Estate Consulting Specialists, Inc., 1 F.Supp.3d 1168 (D.Mont.2014). En otras palabras, un ser-vicio profesional depende de si la persona actúa empleando el ingenio y adiestramiento especial propio de un profesional. David Lerner Assoc., Inc. v. Phila. Indem. Ins. Co., supra. A base de lo anterior, quedan excluidas las ac-tividades que envuelven simplemente tareas físicas, ma-nuales o clericales. Neighborhood Housing Services v. Turner-Ridley, supra. De igual forma, resultan insuficientes las alegaciones de mera negligencia. Penn Star Ins. Co. v. Real Estate Consulting Specialists, Inc., supra. Véase, además, Hartford Cas. Ins. Co. v. New Hope Healthcare, Inc., 803 F.Supp.2d 339 (E.D. Pa. 2011).

Por último, es importante señalar que la exclusión de servicios profesionales no se limita a las profesiones tradi-cionales tales como abogados, médicos, arquitectos e ingenieros. David Lerner Assoc., Inc. v. Phila. Indem. Ins. Co., supra.

C. Regulación de establecimientos para el cuidado de per-sonas de edad avanzada

La vulnerabilidad del componente social de la tercera edad ha llevado al Estado a promulgar la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada mediante la cual se reconocen, como cuestión de política pública, ciertos derechos dirigidos a garantizar a esta población unos servicios y beneficios que le ayuden a enfrentar las estrecheces econó-micas y demás problemas asociados con la vejez. A tenor con este interés social, las instituciones dedicadas al cui-dado de personas de edad avanzada en Puerto Rico se en-cuentran reguladas muy de cerca por el Departamento de la Familia para asegurar que el servicio brindado sea ade-cuado y acorde con la legislación y reglamentación aplicables. A esos efectos, la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada, y el Reglamento para el Li-cénciamiento y Supervisión de Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad Avanzada implantan las normas y los requisitos necesarios para obtener y mantener la licencia que permita operar este tipo de establecimiento. Entre las condiciones impuestas se le exige tanto a los due-ños, encargados, administradores, directores y supervisores de la empresa, así como al personal que trabaja en el lugar o a los que prestan servicios, que obtengan un Certificado de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en el Cui-dado de Personas de Edad Avanzada Igualmente, se les exige mantenerse constantemente adiestrados a través de cursos de educación continua, los que deben tomar cada año. El Departamento de la Familia tiene, además, la res-ponsabilidad de velar que estos establecimientos operen de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

D. Sentencia sumaria

La sentencia sumaria ofrece una alternativa ágil y eficaz para resolver de manera parcial o total las reclamaciones pendientes ante el tribunal. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014). La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, establece el mecanismo aplicable al proceso de sentencia sumaria. Se exige, como requisito esencial, la ausencia de una controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente, y que, como cuestión de derecho, proceda dictar sentencia según solicitada. Id. “Consecuentemente, se permite disponer de asuntos pendientes ante el foro judicial sin necesi-dad de celebrar un juicio, ya que únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no controvertidos”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

> HH

Los hechos esenciales que dan base a la demanda en este caso no están en controversia. La señora Candelaria, de setenta y cinco años, era paciente de alzheimer. No te-nía movilidad por cuenta propia y requería estar física-mente restringida de forma constante y permanente. De otra parte, el acuerdo con el Centro exigía cuidados rela-cionados a su aseo, alimentación, tratamiento médico y todo aquello que fuese necesario para asegurar su bienestar. Sin embargo, mientras residía en el Centro de-nominado City of Angels, de alguna manera logró ingerir pedazos de plástico, lo que le ocasionó severos daños gastrointestinales. Por consiguiente, las alegaciones giran en torno a la supuesta deficiencia en el cuidado brindado a la señora Candelaria durante su estadía en City of Angels, lo cual le permitió acceso a estos objetos. Las recurridas aducen que no se le vigiló o cuidó adecuadamente, conside-rando su condición de salud. Universal plantea que son dos las cláusulas de exclusión que le relevan de la cubierta en este caso, a saber: servicios brindados por proveedores de cuidado de salud y servicios profesionales.

En lo concerniente a la exclusión de servicios brindados por proveedores de cuidado de salud, concluimos que esta no aplica a los hechos, según constan en autos. No se debe interpretar esta disposición como que abarca todo tipo de servicio provisto por el Centro meramente porque se le de-signó como proveedor de salud en la póliza. Para poder identificar la conducta específica comprendida en esta ex-clusión, es menester remitirnos a la Forma CG2244 (10-93). Al examinar este documento, notamos que lo que allí se detalla con precisión son actividades vinculadas de al-guna manera con tratamiento médico o ramas asociadas a la salud, aspecto físico y alimentación. A pesar de que las alegaciones en este caso giran en torno a daños ocasiona-dos por supuesta deficiencia en servicios que City of Angels venía obligado a proveer a la señora Candelaria, en ningún momento se ha establecido que estos servicios son de natu-raleza médica o conciernen a su aspecto físico o a su ali-mentación, según requiere la Forma CG2244 (10-93).

Procedemos entonces a examinar la otra exclusión ob-jeto de debate en este recurso según designada en la Forma CG2116 (07-98). A pesar de que las partes difieren en cuanto a si esta cláusula aplica a los eventos antes des-critos, sus términos son categóricos al exceptuar todo tipo de servicios profesionales.

En apoyo a su posición, Universal argumenta que el cuido de personas de edad avanzada conlleva un trato particular especializado que lo ubica dentro del ámbito de ser-vicios profesionales exceptuados de cubierta. Por su lado, las recurridas sostienen que no aplica la exclusión por tra-tarse de una mera negligencia en el cuidado de la señora Candelaria, que en nada implica la prestación de servicios profesionales.

La función primordial de un Centro como City of Angels es velar por el bienestar y la seguridad de las personas de edad avanzada que tiene a su cargo. Dada la naturaleza de este tipo de establecimiento, se le requiere a la entidad brindar cuidados y atenciones especiales a los residentes. Estos servicios, inherentes al quehacer propio de la em-presa, necesariamente conllevan conocimientos y destrezas particulares para que se pueda atender adecuadamente a esta población. Así lo concibe, igualmente, nuestro ordena-miento y es por ello que el Estado reglamenta estos lugares de manera rigurosa. En el caso particular de la señora Candelaria, se acentúa aún más la necesidad de cuidados diestros debido a que ésta estaba incapacitada y tenía un diagnóstico de alzheimer, lo que conlleva serias limitacio-nes físicas y mentales.

A base de lo discutido anteriormente, entendemos que la negligencia señalada en la Demanda está cimentada en la omisión de servicios especializados que el Centro venía obli-gado a proveer a la señora Candelaria. Esta obligación im-plica, necesariamente, limitar todo riesgo potencial de daño a través de una supervisión profesional adecuada. Para efectos de la señora Candelaria, se incumplió con el deber de velar por su bienestar y seguridad, función que, bajo las circunstancias particulares de este caso, cualifica como ser-vicios profesionales.

Por consiguiente, y por los fundamentos antes expresa-dos, concluimos que la demanda invoca una violación a de-beres profesionales. La reclamación surge debido a que el Centro no prestó los servicios especializados requeridos por la condición de la señora Candelaria. Esta omisión queda, por lo tanto, fuera de la cubierta brindada en la póliza ex-pedida por Universal en función de la exclusión de servicios profesionales. Para efectos de este caso, el riesgo del cual se protege a los asegurados a través de la póliza en cuestión comprende únicamente aquellos daños que ocurran como consecuencia de una conducta negligente del personal del Centro, pero que suijan de actos u omisiones independientes a los servicios profesionales de cuido y supervisión que la empresa viene obligada a brindar a los residentes de City of Angels.

En resumen, una cláusula de exclusión de servicios profesionales contenida en una póliza de Responsabilidad General Comercial excluye la cubierta de aquellos incidentes suscitados en el proceso de ofrecer o dejar de proveer los servicios de supervisión y atención necesaria a individuos ubicados o instalados en establecimientos de cuido para personas de edad avanzada porque éstos constituyen servicios profesionales.

V

Por todo lo anterior, se revoca la Resolución del Tribunal de Apelaciones y se dicta sentencia sumaria parcial a favor de Universal. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos res-pecto a las otras partes en el litigio.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió sin opinión escrita. La Jueza Asociada Oronoz Rodrí-guez disintió sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Se-ñora Fiol Matta no intervino. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez no interviene.

       La Sra. Delia Candelaria Rivera y sus dos hijas, Evelyn y Maritza Viruet Candelaria.

       Véase Resolución emitida el 27 de junio de 2014.

      s) La póliza dispone lo siguiente:

        “EXCLUSION — DESIGNATED PROFESSIONAL SERVICES. ANY PROFESSIONAL SERVICES OF ANY KIND OR NATURE”. Forma CG2116 (11-85), Apén-dice, pág. 83.

       Sobre este particular, la póliza provee lo siguiente:
      “EXCLUSION — DESIGNATED PROFESSIONAL SERVICES
      “This insurance does not apply to “bodily injury’, ‘property damage’ or ‘personal and advertising injury’ due to the rendering or failure to render any professional service”. (Énfasis suplido). Forma CG2116 (07-98), íd., pág. 110.

       A esos efectos, la Forma CG2244 (10-93) dispone como sigue:
      “EXCLUSION — SERVICES FURNISHED BY HEALTH CARE PROVIDERS. HOME FOR THE AGED”. íd., pág. 84.

       La exclusión se define de la siguiente manera:

        “EXCLUSION — SERVICES FURNISHED BY HEALTH CARE PROVIDERS

        “With, respect to any operation shown in the Schedule, this Insurance does not apply to bodily injur/, ‘property damage’, ‘personal injur/ or ‘advertising injur/ arising out of:
      “1. The rendering or failure to render:
      “a. Medical, surgical, dental, x-ray or nursing service, treatment, advice or instruction, or the related furnishing of food or beverages;
      “b. Any health or therapeutic service, treatment, advice or instruction; or
      “c. Any service, treatment, advice or instruction for the purpose of appearance or skin enhancement, hair removal or replacement or personal grooming”. Forma CG2244 (10-93), id., pág. 91.

       Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, 8 LPRA see. 341 et seq.

       Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, 8 LPRA see. 351 et seq. (Ley Núm. 94).

       Reglamento Núm. 7349 del Departamento de la Familia de 7 de mayo de 2007 (Reglamento Núm. 7349).

       Las competencias básicas del Certificado incluyen, aunque no se limitan, a lo siguiente:
      “(1) Valorar el envejecimiento como un proceso normal dentro del ciclo de vida y ofrecer servicios a las personas de edad avanzada, libre de prejuicios y estereotipos.
      “(2) Poseer conocimientos relevantes sobre el cuidado y atención que garanticen la prestación de servicios adecuados a las personas de edad avanzada.
      “(3) Reconocer el rol como proveedor de servicios en la atención y cuidados a las personas de edad avanzada. Aplicar los conceptos medulares en [el] cuidado de la persona de edad avanzada adquiridos en la identificación y solución de problemas y situaciones que limiten la funcionalidad óptima de las personas de edad avanzada, en los aspectos físicos, sociales y psicológicos.
      “(4) Desarrollar los conocimientos y las destrezas necesarias para la identifica-ción de necesidades y la solución de problemas y situaciones que limiten la calidad de vida de las personas de edad avanzada.
      “(5) Valorar el desarrollo de un plan de intervención a nivel individual y grupal para la prestación de servicios a la persona de edad avanzada”. Art. 7(c) de la Ley Núm. 94, supra, según enmendada.

       Sobre este particular, la Sección 7.2 del Artículo VII del Reglamento Núm. 7349 dispone lo siguiente:
      “a. Todo el personal de un establecimiento debe tomar anualmente curso, semi-nario, taller, en diferentes áreas de cuido de personas de edad avanzada. Estos pre-sentarán evidencia de los mismos, los cuales incluyan entre otros, capacitación en el área de salud, cuidado, alimentación, recreación, socialización, seguridad, otros. [...]
      “b. Los temas de los cursos o seminarios, talleres, adiestramientos de capacita-ción para el cumplimiento de estos requisitos incluirán, entre otros:
      “1. Sensibilidad en el cuidado de personas de edad avanzada.
      “2. Características y necesidades físicas, emocionales y sociales de la persona de edad avanzada.
      “3. Conocimientos y manejos de las enfermedades comunes de la persona de edad avanzada.
      “4. Nutrición, alimentación, manipulación y preparación de alimentos para la persona de edad avanzada.
      “5. Salud e higiene de la persona de edad avanzada.
      “6. Abuso y negligencia en la persona de edad avanzada.
      “7. Recreación y ocupación para la persona de edad avanzada.
      “8. Técnicas de desalojo en caso de emergencia en los establecimientos de la persona de edad avanzada.
      “9. Otros”.

       Véase Art. 6 de la Ley Núm. 94, supra, según enmendada por la Ley Núm. 152-2003.


author: (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

text:
      In re Américo Martínez Romero.

      Número: TS-8545

      Resuelto: 7 de diciembre de 2015

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Carmen I. Navas, procuradora del abogado(a) del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, abogada del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Evaluada la Solicitud de reinstalación cumplida la sus-pensión impuesta de 4 de noviembre de 2015 y la Moción en cumplimiento de orden, presentadas por el peticionario, así como el Informe sobre el estado de obra notarial incautada presentado por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), se reinstala al Ledo. Américo Martínez Romero al ejercicio de la abogacía.

Se reactivan las Quejas Núms. AB-2012-126, AB-2012-171, AB-2012-282 y AB-2012-296. Además, se otorga tér-mino de treinta (30) días a la ODIN para que se exprese sobre la “Moción informativa en cumplimiento de orden”, sobre la solicitud de archivo de Queja Núm. AB-2012-126, así como si el cumplimento del licenciado Martínez Romero modifica su recomendación de no aprobar el Protocolo del año 2000. Se instruye a la Secretaria que notifique a la Oficina de la Procuradora General que se reactivaron las Quejas Núms. AB-2012-171, AB-2012-282 y AB-2012-296.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: (.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

text:
      In re Junta de Educación Jurídica Continua.

      Número: EN-2015-3

      Resuelto: 10 de diciembre de 2015
   RESOLUCIÓN

En virtud del poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para regular el ejercicio de la abogacía y al amparo de la Regla 8 del Reglamento de Educación Jurí-dica Continua aprobado el 30 de junio de 1998, según en-mendado, 4 LPRA Ap. XVII-D, se nombran a los y las pro-fesionales del Derecho siguientes como miembros de la Junta de Educación Continua, quienes rendirán sus servi-cios ad honorem:

Hon. Jorge L. Toledo Reyna

Hon. Gerardo A. Flores García

Hon. Franklin Avilés Santa

Ledo. José Lnis Miranda de Hostos

Ledo. José Antonio Fernández Jaquete

Ledo. Angel Cintrón García

Leda. Reina M. Tejeda Cordero

Leda. Arytza Martínez Rivera

El Hon. Franklin Avilés Santa y el Ledo. José Antonio Fernández Jaquete desempeñarán sus cargos por un tér-mino de cinco años. El Ledo. José Luis Miranda de Hostos y la Leda. Arytza Martínez Rivera desempeñarán sus car-gos por un término de cuatro años. Los honorables Jorge L. Toledo Reyna y Gerardo A. Flores García desempeñarán sus cargos por tres años. El Ledo. Ángel Cintrón García y la Leda. Reina M. Tejeda Cordero desempeñarán sus car-gos por dos años.

Finalmente, agradecemos el desempeño y los años de servicio que rindieron quienes formaron parte de la Junta de Educación Continua:

Dr. Efraín González Tejera, qepd

Hon. Luis Roberto Piñero González

Ledo. José Alberto Morales Rodríguez

Prof. Roberto Aponte Toro

Hon. Roberto José Sánchez Ramos

Leda. Tamara Sosa Pascual

Ledo. Mario R. Oronoz Rodríguez

Leda. Angélica Toro Lavergne

Leda. Carmen Mora Ruiz

Leda. María D. Trelles Hernández

Esta Resolución tendrá vigencia de inmediato. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Regla 4 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, según Enmendado Mediante Resolución de 15 de Junio de 2015.

      Número: ER-2015-7

      Resuelto: 10 de diciembre de 2015
   RESOLUCIÓN

La Jueza Presidenta del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, Hon. Aida M. Delgado Co-lón, solicitó que se eximiera a los miembros del Comité de Reválida Federal y del Comité de Admisiones a la Práctica del Tribunal Federal de los requisitos del Reglamento de Educación Jurídica Continua y del Reglamento del Pro-grama de Educación Jurídica Continua. Asimismo, la Directora Ejecutiva de la Comisión de Evaluación Judicial, la Leda. Sonnya I. Ramos Zeno, presentó un escrito mediante el cual solicitó que se exima de los requisitos de los Regla-mentos del Programa de Educación Jurídica Continua a los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial. En su solicitud, explicó que los miembros de la Comisión de Eva-luación Judicial, Ledo. Guillermo Arbona Lago, Ledo. Carlos Rivera Martínez, Ledo. Tomás Román Santos, así como las comisionadas Leda. Hadassa Santini Colberg, Leda. Carmen Girod Solivan, Leda. Beatriz Vázquez de Acarón y la Dra. Glenda Labadie Jackson, renunciaron voluntaria-mente a la dieta a la que tenían derecho por ley.

Conforme a lo dispuesto en la Regla 4(c)(8)(f)del Regla-mento del Programa de Educación Jurídica Continua, se-gún enmendado, 4 LPRAAp. XVIX-E, se excluye de las dis-posiciones del Reglamento de Educación Jurídica Continua y del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua a los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial durante el término de su designación. Los miem-bros del Comité de Reválida Federal y del Comité de Admi-siones a la Práctica del Tribunal Federal continuarán exen-tos según nuestra Resolución de 9 de noviembre de 2009, In re Regla 36 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, ER-2009-04.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. José A. Concepción Guerra, recurrido.

      Número: CC-2014-0818

      Resuelto: 10 de diciembre de 2015

      Tanaira Padilla Rodríguez y Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradoras generales, y Eva S. Soto Castelló, procu-radora general auxiliar, abogadas de la parte peticionaria; Ivette Aponte Nogueras y Mberic Prados Bou, de Prados Aponte Law Office, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de esclarecer los contornos del elemento de la premeditación en la configu-ración del delito de asesinato en primer grado. En particular, debemos precisar si un narcotraficante que libraba una guerra callejera cometió asesinato en primer grado al dis-parar contra un menor de edad bajo la creencia de que era un integrante de una organización criminal rival. Como segunda controversia, nos corresponde determinar si el Art. 7.03 de la Ley de Armas de Puerto Rico, infra, auto-riza la duplicación de las penas impuestas sobre un acu-sado con agravantes o atenuantes.

i — 1

El 17 de abril de 2008, a eso de las 10:00 p. m., el menor de trece años de edad Eliezer O. Encarnación Alicea (Elie-zer) salió a jugar con un grupo de niños en la urbanización donde vivía. Mientras Eliezer jugaba al esconder con sus vecinos por las calles y los pasillos entre las casas de la urbanización Bosque de las Palmas de Bayamón se acercó a la propiedad FF-16. En ese momento, Giancarlo, uno de los niños que jugaba con Eliezer y a quien le correspondía el turno de buscar y encontrar a sus amigos, escuchó dos fuertes detonaciones. Al llegar al pasillo colindante entre las residencias FF-16 y FF-17, de donde provino el sonido, Giancarlo observó el cuerpo inerte de Eliezer tendido en el suelo. Ala distancia pudo ver que en el patio posterior de la casa FF-16 se alejaba un hombre alto, blanco y con una tenue barba. De inmediato se dirigió donde el Dr. Cirilo Encarnación Kuilan, padre de Eliezer.

Al oír el ruido de los disparos, la señora Ramos —resi-dente de la propiedad FF-17— salió de su casa y se dirigió al área del pasillo entre su casa y la FF-16. Allí vio al menor Eliezer en el suelo y, al notar que no reaccionaba, corrió donde su hija y le solicitó que llamara al 9-1-1. Cuando se encontraba en el pasillo entre ambas residen-cias, la señora Ramos sintió que el portón de la casa FF-16 se abrió y avistó a tres sujetos salir a toda prisa de su interior. Estos se montaron en dos vehículos y partieron a toda marcha.

El padre de Eliezer también escuchó las detonaciones pero pensó que se trataba de petardos. Este acomodaba la bicicleta de su hijo en la marquesina de su hogar cuando vio a Giancarlo correr en su dirección. El menor le informó que Eliezer yacía en el piso del pasillo entre las propieda-des FF-16 y FF-17. El padre de Eliezer se dirigió de prisa al lugar y allí encontró el cuerpo de su hijo acostado boca arriba. Rápidamente buscó a su esposa y, junto con otro vecino, también médico, intentaron sin éxito revivir el cuerpo inanimado del menor. Entonces, su madre le le-vantó la camisa y notó el fatal disparo en el tórax que atra-vesó su corazón y causó su muerte al instante.

Aproximadamente a las 10:07 p. m., la guardia de segu-ridad de la urbanización en turno observó cuando una gua-gua Toyota FJ color crema, seguida por un automóvil gris marca Scion, salieron apresuradamente de la urbanización. A esta le extrañó que ambos vehículos tuvieran las luces apagadas. Inmediatamente, tras la salida de los autos, el hijo de la señora Ramos llegó para indicarle lo sucedido y solicitarle que llamara al 9-1-1.

Poco tiempo después, los agentes de la Policía de Puerto Rico y el personal del Instituto de Ciencias Forenses, entre otros, llegaron al lugar de los hechos. En la escena encon-traron un casquillo calibre .45 y notaron un impacto de bala en una de las paredes internas de la marquesina de la casa FF-16. A través de una de las ventanas de cristal, una agente de la policía observó un cargador de municiones y lo que parecía ser un silenciador dentro de la casa.

Alrededor de las 12:30 a. m., el sargento Baldwin Alvarado Reyes llegó a la escena junto al fiscal de turno. Desde el exterior de la propiedad, el sargento Alvarado Reyes pudo observar peines de armas de fuego calibre .45, para-femalia relacionada con sustancias controladas y una can-tidad significativa de dinero. Por consiguiente, procedió a hacer un registro preventivo desde el exterior para ver si había alguien herido o muerto, o si permanecía alguna otra persona armada en la propiedad. Concluida la inspección preventiva, el sargento Alvarado Reyes procuró una orden judicial para llevar a cabo un allanamiento en la residencia. Luego de obtener y diligenciar la orden en la propiedad FF-16, se ocupó una gran cantidad de evidencia

Posteriormente y por motivos ajenos a los hechos de este caso, el recurrido, Concepción Guerra, fue arrestado e in-gresado en la cárcel de Guayama. Por su parte, el confi-nado Jonathan Machuca Rosario también fue trasladado a dicha institución para extinguir sus condenas. Allí creó cierto grado de amistad con el recurrido, Concepción Guerra. Este último, con la ayuda de Machuca Rosario, comenzó a introducir drogas y teléfonos celulares a la ins-titución correccional de Guayama. Transcripción de la Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, págs. 115-119.

Según testificó Machuca Rosario durante el juicio, en una ocasión le preguntó al recurrido, Concepción Guerra, sobre los rumores de la muerte de un niño en Bayamón como parte de una conversación que sostuvieron sobre su-puestos “abusos” de la organización Ñeta. En específico, este inquirió “si era verdad lo que decían que lo que él había hecho con el chamaquito ese era un abuso”. Trans-cripción de la Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, pág. 122. Según Machuca Rosario, Concepción Guerra le con-testó que no lo veía como un abuso, pues él tenía una gue-rra en la calle con “Bolo” y ese día escuchó ruidos en la parte de atrás de la casa junto a una voz que dijo “cógelo, cógelo”, por lo que creyó que era “el enemigo” y le disparó al niño. Transcripción de la Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, págs. 124-125. Además, le dijo que en ese momento entró nervioso a la casa y le contó lo sucedido a su padras-tro y a un individuo conocido como “Gordo”. Transcripción de la Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, pág. 125. Con-fesó que, acto seguido, los tres “salieron a las millas”. Ma-chuca Rosario también declaró que le preguntó al recu-rrido, Concepción Guerra, si había dejado alguna evidencia en la propiedad. Este último respondió que dejó dinero, motoras y varias gorras.

Ante estos hechos, se presentaron denuncias contra el recurrido, Concepción Guerra, por violación del Art. 106 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA see. 4734, y por infringir los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sees. 458c y 458n. Tras los trámites de rigor, el 9 de abril de 2012 comenzó el juicio en su fondo por tribunal de derecho. Concluido el desfile de la extensa prueba testifical y documental de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia emitió un fallo de culpabilidad por los delitos imputados en contra del recurrido, Concepción Guerra.

Acto seguido, el Ministerio Público presentó una Moción Solicitando Agravantes. Oportunamente, el recurrido, Con-cepción Guerra, se opuso y procuró la reconsideración del fallo condenatorio. El foro de primera instancia dictó sen-tencia e impuso a Concepción Guerra una pena de noventa y nueve años de cárcel por el delito de asesinato en primer grado, veinte años por violación del Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y diez años por violación del Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra. En cuanto a las violaciones de la Ley de Armas, por disposición del Art. 7.03 de dicha legislación, 25 LPRA sec. 460b, el Tribunal de Primera Instancia duplicó las penas a cuarenta y veinte años de reclusión, respectivamente.

Inconforme, el recurrido, Concepción Guerra, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó la comisión de cinco errores, la mayoría con respecto a la apreciación y evaluación de la prueba que hiciera el juzgador de los hechos. Luego de considerar la transcrip-ción de la prueba y el derecho aplicable, el foro apelativo intermedio entendió que la evidencia presentada no era suficiente para determinar que hubo premeditación y deli-beración, elemento requerido para el delito de asesinato en primer grado. Como resultado, redujo el fallo de culpabili-dad a uno por asesinato en segundo grado. De igual forma, modificó las penas impuestas por las infracciones a la Ley de Armas. El tribunal apelativo intermedio interpretó que el Art. 7.03, supra, permite duplicar únicamente la pena fija establecida para los delitos imputados, y no así la pena aumentada o reducida que sea impuesta tras considerarse probado algún agravante o atenuante.

Insatisfecho con el dictamen, el Ministerio Público pre-sentó ante nos un recurso de certiorari en el que señaló que el Tribunal de Apelaciones erró al reducir la condena de asesinato en primer grado a segundo grado, ya que el Mi-nisterio Público demostró que se trató de un asesinato de-liberado, y al reducir las penas por violaciones de los Artí-culos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, puesto que el recurrido era reincidente y se podían duplicar las penas agravadas conforme a lo dispuesto en el Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra.

El 12 de diciembre de 2014 expedimos el auto de certiorari. Con el beneficio de los argumentos de ambas partes procedemos a resolver.

HH ! — I

La primera controversia que debemos resolver en este caso es si el Ministerio Público probó el elemento de pre-meditación de manera que proceda una condena por asesi-nato en primer grado.

La profesora Dora Nevares-Muñiz ha expuesto lo si-guiente acerca del elemento de la premeditación en el De-recho de Puerto Rico:

La palabra deliberación en Puerto Rico se ha entendido como la resolución de matar después de darle alguna conside-ración por un periodo de tiempo. Sin embargo, esa definición es lo que corresponde a la premeditación tanto en los tipos legales de la tradición civilista, como en las jurisdicciones nor-teamericanas que adoptaron el esquema de la Ley de Homici-dios de Pennsylvania de 1794, que dividió los asesinatos en dos grados. (Énfasis suplido). D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 5ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, pág. 146.

Entre las primeras expresiones de este Tribunal sobre el elemento de la premeditación se destacan las expuestas en el caso El Pueblo v. Lasalle, 18 DPR 421 (1912). En aquella ocasión reconocimos que el foro de instancia expuso acertadamente que “[s]i nace en nuestra mente una idea que nos lleva a la comisión de un acto, después de haberlo pensado, de haberlo meditado, de haberlo deliberado, y después de haber resuelto su ejecución, eso es premeditación [...]”. íd., pág. 432. Al pasar juicio sobre la corrección de las instrucciones que le fueron pro-vistas a los miembros del Jurado, delineamos detalladamente los contornos de la figura de la premeditación. Por lo importante que resulta para la correcta disposición de este caso, incluimos íntegramente lo discutido en ese entonces:

La palabra premeditación quiere decir pensar de antemano, como cuando un hombre piensa respecto [a] la comisión de un acto, y concluye y determina en su mente cometer el acto. El entonces ha premeditado la comisión del acto. La ley no da regla alguna respecto al tiempo que debe transcurrir entre el momento cuando una persona premedita o llega a una deter-minación en su mente de matar a otra persona y el momento cuando él realiza el acto de matar. No es cuestión de tiempo. Es meramente una cuestión de si el acusado ha formado o no en su mente la determinación de matar al interfecto, y entonces algún tiempo posterior, inmediato o remoto lleva a efecto su determinación, previamente formada, matando al interfecto. Si existe una intención de matar y el acto de matar ocurre simul-táneamente, entonces no hay premeditación. Si el prisionero pensó el propósito de matar bastante tiempo para formar un designio fijado de matar, y a un tiempo posterior, no importa tan seguido o tan remoto, lo puso en ejecución, había sufi-ciente premeditación para justificar al jurado en presentar un veredicto de asesinato en primer grado. (Énfasis suplido). íd., págs. 433-434.

En Pueblo v. Rosario, 67 DPR 371 (1947), interpretamos el concepto de la deliberación y, consecuente con nuestros pronunciamientos anteriores, mencionamos que no es necesario el transcurso de determinado periodo de tiempo para su configuración. Detallamos que “[l]a deliberación, es la resolución o decisión de matar, después de darle alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Ese lapso [...] puede ser tan rápido como el pensamiento”. (Enfasis suplido). Id., pág. 375. Ilustrados por el tratamiento brindado a estas figuras en las jurisdicciones estatales de California y Oregon, advertimos que la facultad de deliberar o premeditar la poseen solamente aquellos que tienen una mente libre de pasión o excitación, por lo que no puede decirse que cualquier espacio de tiempo permite una oportunidad para deliberar y premeditar si la mente del acusado estaba inhibida o perturbada. Id., pág. 376. Lo anterior demuestra que percibimos como determinante la capacidad mental que permite deliberar o premeditar y no la cantidad de tiempo que haya podido transcurrir entre el designio de matar y su ejecución.

Pocos años después, en Pueblo v. Méndez, 74 DPR 913 (1953), puntualizamos en la capacidad mental necesaria, sin sujeción al factor del tiempo, e insertamos el ingrediente del estado de serenidad y la sangre fría en el razonamiento. Por ende, sostuvimos que

[e]l término premeditación significa qne el acto fue precon-cebido y realizado después de reflexionado.
Deliberación significa un estado de serenidad o sangre fría. No significa calcular o reflexionar durante mucho tiempo, sino una intención o propósito de matar ejecutado por el acusado en un estado de serenidad, como consecuencia del deliberado propósito de satisfacer una pasión o venganza, o para ejecutar cualquier otro acto ilegal. Es suficiente que el designio de ma-tar existiese cuando se produjo la herida mortal. íd., pág. 923.

Al siguiente año, en Pueblo v. Blanco, 77 DPR 767 (1954), reiteramos que el proceso mental subjetivo que supone que el individuo criminal ha deliberado o premeditado su acto de matar aunque fuera por poco tiempo. A tales efectos dijimos:

En otras palabras, un asesinato es del primer grado no im-porta lo rápidamente que el acto de matar siga a la formación definitiva de la intención si a esa intención se ha llegado con deliberación y premeditación. Esta perspectiva de la ley se ma-nifiesta en el caso Sánchez a través de la declaración [...] de que ‘La intención de matar debe ser el resultado de la preme-ditación deliberada; debe formarse sobre una reflexión pre-existente, y no sobre un arrebato de pasión suficiente para excluir la idea de deliberación.’ Ni la ley ni el tribunal intentan medir en unidades de tiempo la duración del intervalo durante el cual el pensamiento debe ser ponderado antes de que ma-dure en una intención que es verdaderamente deliberada y premeditada. El tiempo variaría de acuerdo con los individuos y bajo diversas circunstancias. La verdadera prueba no es tanto la duración del tiempo como el alcance de la reflexión. Los pensamientos pueden sucederse con mucha rapidez pu-diendo llegarse a un juicio frío y calculador rápidamente, pero el requisito expreso de una concurrencia de deliberación y pre-meditación excluye del asesinato en primer grado aquellos ho-micidios [...] que son el resultado de un simple impulso mo-mentáneo irreflexivo y precipitado. (Énfasis suplido). Id., págs. 779-780.

En años subsiguientes, nuestra jurisprudencia mantuvo esta delicada relación entre la inexistencia de un tiempo determinado para configurar el elemento de la premeditación y la exigencia indispensable del proceso mental del acusado para concluir que el acto de matar fue premeditado. En esa misma línea, en Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 419 (2007), resolvimos que cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. A esos efectos, reafirma-mos que “la premeditación [y la deliberación] puede [n] for-marse en un instante antes del acto, y puede[n] existir [...] no obstante la rapidez con que el acto se haya realizado”. (Corchetes en el original). íd., pág. 420.

En la reciente opinión de Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 248 (2011), dijimos, citando a la profesora Nevares-Muñiz, que “[el] elemento de deliberación se refiere a la decisión formada como resultado de pensar y pesar cuidadosamente las consideraciones en pro y en contra del propuesto curso de acción”. Además, aludimos a nuestros precedentes para enfatizar nuevamente que cualquier periodo de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. No obstante, estas expresiones han creado cierta confusión en la academia y la Judicatura.

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones alertó que el énfasis brindado recientemente por este foro a la veloci-dad con la cual se puede formar la premeditación crea cierta imprecisión. Igualmente, el Prof. Luis E. Chiesa Aponte plantea que “parece contradictorio sugerir que, por un lado, la deliberación requiere sopesar cuidadosamente los argumentos a favor y en contra de matar y, por otro lado, la deliberación puede manifestarse en cualquier perí-odo de tiempo, por más corto que sea”. L.E. Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, 81 Rev. Jur. UPR 343, 367 (2012). El profesor Chiesa Aponte reconoce que la posible contradicción responde a la coexistencia de dos teorías doc-trinales sobre cómo concebir la premeditación en las juris-dicciones estatales. Una corriente de pensamiento sos-tiene que el elemento de la premeditación se encuentra presente si el acusado ha sopesado en su mente la deter-minación de matar sin necesidad de que medie un inter-valo determinado de tiempo entre la intención de matar y el acto de matar. Por otra parte, una doctrina alterna su-pone que para alcanzar el elemento de premeditación se requiere una cantidad de tiempo considerable a través del cual se sopesen las consideraciones del acto delictivo. Con-secuentemente, el profesor Chiesa Aponte nos urge a reco-nocer la tensión irreconciliable que existe entre ambas y a optar por definitivamente seguir una o la otra. Id.

En el siglo pasado escogimos la primera corriente y el desarrollo posterior de la figura de la premeditación en nuestro ordenamiento se ha mantenido por este sendero. Esta vertiente ha sido objeto de crítica en la academia estadounidense por tener el efecto de equiparar la premeditación con la intención de matar, desvirtuando así la distinción entre asesinatos en primer y segundo grado. Aun así, hemos sido enfáticos en que la ausencia de una fórmula predeterminada de tiempo necesario no debe men-guar la vital exigencia del requerido estado mental del acu-sado como ingrediente determinante para hallar la presen-cia del elemento de la premeditación. Es decir, aunque nos reiteramos en que en nuestro ordenamiento no es necesa-rio que medie un intervalo de tiempo determinado entre la intención de matar y el acto de matar, esto no quiere decir que el delito de asesinato en primer grado pueda formarse sin ser precedido por la deliberación y la premeditación del acto. Pueblo v. Blanco, supra, pág. 779. Premeditar implica pensar el acto delictivo antes de ejecutarlo. Es un estado mental especial con contornos definidos y equivale, como hemos visto, a un estado en que el actor considera distintos factores y razones en cuanto a la naturaleza del acto y sus consecuencias. Pueblo v. Méndez, supra, pág. 931. Ahora bien, según correctamente expone el profesor Chiesa Aponte, “no se puede sostener —como hace el Tribunal Supremo— que la deliberación equivale a que el sujeto haya tenido intención específica de matar. Una cosa es desear matar a la víctima (o sea, tener intención específica de ma-tar) y otra cosa es sopesar los pros y los contra de matarla (o sea, matar con deliberación). Se trata de elementos sub-jetivos distintos”. (Enfasis suprimido). Chiesa Aponte, supra, pág. 366.

En consecuencia, reiteramos que un asesinato podrá ser catalogado de primer grado si a la intención de matar se ha llegado después de darle alguna consideración, sin importar lo rápido que el acto de matar suceda a la formación definitiva de tal intención. En ese sentido, no vemos contradicción con lo expuesto en Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra. En fin, el elemento de la premeditación no es una cuestión de tiempo sino del estado mental sub-jetivo del acusado.

En nuestra decisión pesa el historial legislativo de esta figura. El concepto de la premeditación ha estado presente en la tipificación de los delitos de asesinato desde el Código Penal de 1902 hasta el vigente. Pese a lo anterior, es importante destacar que al aprobarse el texto del Art. 106 del Código Penal de 2004 se abandonó la enumeración de varios elementos subjetivos —alevosía, deliberación y pre-meditación— que contenía la redacción del delito de asesi-nato en primer grado en el Art. 83 del Código Penal de 1974, para sustituirlos por el término premeditación que corresponde al concepto utilizado tradicionalmente para expresar la necesidad de una deliberación previa a la deci-sión criminal. Véase Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 146-147. Como resultado, el término premeditación se fusionó al concepto deliberar, y fue definido como “[l]a deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna consideración por un período de tiempo”. Art. 14(dd) del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. see. 4642(bb). Además, constituye un elemento de una modali-dad del delito de asesinato en primer grado según el dero-gado Art. 106 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. see. 4734(a).

Es menester señalar que las críticas pragmáticas formu-ladas a las jurisdicciones que no exigen como requisito una cantidad de tiempo para que exista la premeditación, han estado presentes mucho antes de la aprobación del Código Penal de 2004. Aun así, cuando el legislador procuró enmen-dar exhaustivamente nuestro ordenamiento penal sustan-tivo, y fusionó los términos de deliberación y premeditación, avaló abiertamente la interpretación que este Tribunal ha brindado a dicho precepto y procuró su incorporación en su nueva definición. A tales efectos, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes dispuso expresamente, en su informe del Proyecto del Senado 2302, que toda la juris-prudencia de asesinato en primer grado por deliberación se-gún los Códigos de 1902 y 1974 quedaría incluida dentro de la definición de premeditación adoptada para el Código Penal de 2004. Informe sobre el P. del S. 2302 de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de 28 de abril de 2004, 7ma Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Legis-lativa, pág. 21. Por lo tanto, nuestras expresiones con rela-ción a la rapidez con la que se puede alcanzar el estado mental de la premeditación forman parte integral de la de-finición adoptada en aquel entonces.

Ahora bien, en Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, hicimos hincapié en que la existencia de la premeditación —como elemento mental subjetivo— únicamente podrá ser determinada caso a caso mediante una inferencia de los hechos. Por lo tanto, la presencia del elemento de la premeditación siempre requerirá evidencia de que el acusado formó en su mente la determinación de matar, y entonces algún tiempo después, ya sea inmediato o remoto, llevó a cabo su determinación, previamente formada. Entre los pun-tos que se tomarán en consideración para determinar si se ha premeditado “se encuentran los actos y las circunstan-cias que rodean la muerte, la relación entre las partes, la capacidad mental del autor, la motivación, las manifestacio-nes y la conducta del acusado, así como los hechos anterio-res, concomitantes y posteriores al crimen”. Id., pág. 250.

I — I hH

No encontramos razón para desacatar la apreciación de la prueba que hiciera el Tribunal de Primera Instancia a los efectos de que en este caso los actos que rodean la muerte del menor Eliezer evidencian la premeditación con la que actuó el recurrido, Concepción Guerra. Tras exami-nar cuidadosamente la prueba vertida durante el juicio, se desprende que este le manifestó a Machuca Rosario que la muerte del menor Eliezer no había sido un “abuso” —como se comentaba en la cárcel— pues él “tenía una guerra en la calle” con “Bolo” y tenía que defenderse. En ese sentido, sabía que lo buscaban y estaba preparado para repeler cualquier ataque con fuerza letal. Es importante resaltar que el testigo Machuca Rosario declaró que el recurrido, Concepción Guerra, le expresó que su refrán era que si una persona tenía una guerra con él en la calle y él se la encon-traba acompañada de su familia, si la persona no le había hecho daño él la perdonaba, de lo contrario, “pues, se muere to[dó\ el mundo”. Transcripción de la Prueba, 4ta Trans-cripción, Piezas 1 — 2, pág. 124.

Si analizamos las manifestaciones, los actos, la motiva-ción y la conducta del recurrido, Concepción Guerra, pode-mos concluir sin lugar a dudas que este concibió y sopesó las alternativas disponibles para hacer frente a la presen-cia de sus “enemigos”. Mientras el recurrido, Concepción Guerra, se encontraba “endecando” droga escuchó ciertos ruidos en la parte trasera de la casa y creyó que se trataba de sus “enemigos”. Por consiguiente, tomó la decisión de detener lo que hacía y dirigirse a esa parte de la propiedad con un arma de fuego para fulminar la vida de estos. De esta forma, al salir de la casa y escuchar las palabras “có-gelo, cógelo”, el recurrido, Concepción Guerra, ejecutó el acto ilegal que había anticipado y disparó el arma de fuego. Entre un espectro de posibilidades —como lo hubiera sido, por ejemplo, huir de la propiedad donde se encontraba o esconderse en algún lugar— el recurrido, Concepción Guerra, ya había escogido la opción de asesinar a los posibles integrantes del grupo criminal de “Bolo”. Había decidido de antemano matar a quien se acercara a la residencia. Iba a disparar sin preguntar ni indagar quién era. Así, con la idea preconcebida de actuar de determinada forma, dejó de “trabajar” con la droga que empacaba y se dirigió hasta la parte trasera de la propiedad que ocupaba con un arma y, al salir, abrió fuego contra el menor Eliezer.

En conclusión, el resultado delictivo suscitado en el pre-sente caso, como consecuencia de la guerra librada entre traficantes de sustancias controladas, demuestra que Con-cepción Guerra había preconcebido y seleccionado el asesi-nato como la opción para lidiar con sus “enemigos” en la guerra callejera. Estamos ante un asesinato premeditado, no frente a uno cometido bajo el impulso del momento. Por eso, el Tribunal de Apelaciones erró al modificar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia para reducir la condena del recurrido, Concepción Guerra, a asesinato en segundo grado.

IV

Pasamos ahora a considerar si al amparo del Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra, la pena que se puede duplicar, de encontrarse probada alguna circunstancia agravante allí establecida, es la pena fija establecida para el delito o la pena aumentada o reducida luego de probarse algún agravante o atenuante reglado en el mismo artículo.

La Ley Núm. 404-2000, mejor conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA see. 455 et seq., fue apro-bada con el propósito principal de lograr una solución efec-tiva al problema del control de armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual constituye una “ver-tiente directa de la actividad criminal”. Exposición de Mo-tivos de la Ley Núm. 404-2000, 2000 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 2601. Según dispuso expresamente el legisla-dor, “[e]stas armas son utilizadas durante la comisión de todo tipo de actos criminales, situación que hace necesario adoptar medidas legislativas cuya naturaleza sanciona-dora constituya un eficaz disuasivo al delincuente”. Id., págs. 2601-2602. A tales efectos, ese estatuto orienta a las personas autorizadas en Puerto Rico a manejar armas de fuego para que lo hagan responsablemente y, a su vez, apercibe al delincuente de las serias consecuencias de in-currir en actos criminales al utilizar armas de fuego. Cancio, Ex parte, 161 DPR 479, 484 (2004).

Enmarcado dentro del mencionado propósito legislativo, el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, dispone, en lo aquí pertinente, que toda persona que transporte o porte cualquier arma de fuego sin tener la correspondiente licencia o permiso de portación de armas incurrirá en un delito grave y de resultar convicta será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de diez años. Además, el artículo regla la variación del término de esta pena fija establecida entre un intervalo de un mínimo de cinco años y un máximo de veinte años de mediar circunstancias atenuantes o agravantes.

Por otra parte, el Art. 5.15 del mismo estatuto, supra, regula la conducta proscrita con relación a apuntar o disparar un arma. Este artículo establece que incurrirá en un delito grave, con pena de reclusión de un término fijo de cinco años, toda persona que voluntariamente dispare cualquier arma en un lugar público, o en cualquier otro sitio donde haya alguna persona que pueda sufrir daño, o que intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia alguna persona con un arma, aunque no le cause daño a la persona. Igualmente, este artículo autoriza la posibilidad de aumentar hasta un máximo de diez años o reducir hasta un mínimo de un año la pena fija establecida de mediar circunstancias agravantes o atenuantes. De manera que se estatuyó que las penas fijas establecidas para las infraccio-nes de los Arts. 5.04 y 5.15, supra —de diez y cinco años de reclusión, respectivamente— podrían variarse con la exis-tencia de agravantes o atenuantes.

Posterior a la entrada en vigor de la Ley de Ar-mas, surgió la necesidad de reevaluar su contenido para atemperarlo a las exigencias de nuestra sociedad. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 137-2004, 2004 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 756. Con ese fin, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 137-2004 para “fortalecer las herramientas al alcance del sistema judicial y corregir lagunas existentes para penalizar severamente al delincuente que hace mal uso de la licencia de armas y sus permisos así como el uso de armas y municiones ilegales”. Id., pág. 757. Fue al amparo de esta legislación que se enmendó el Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra, para permitir, entre otras cosas, que la pena dispuesta para el delito imputado pueda ser duplicada si la persona acusada ha sido condenada anteriormente por cualquier violación a dicha ley. En conformidad con las observaciones de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, el Art. 7.03, supra, se enmendó para disponer que la pena se duplicara en casos de reincidentes y cuando existan daños a terceros por el uso ilegal de un arma. Informe sobre el P. de la C. 4641 de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de 24 de mayo de 2004, 7ma Sesión Ordi-naria, 14ta Asamblea Legislativa, pág. 10.

En lo que respecta al asunto específico ante nuestra consideración, el recurrido, Concepción Guerra, fue acusado y sentenciado por violaciones de los Arts. 5.04 y 5.15, supra, con sus correspondientes agravantes. El foro primario impuso sobre el recurrido, Concepción Guerra, las penas fijas establecidas de cinco y diez años por infracciones de los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, respectivamente. Después las aumentó hasta el máximo permitido de diez y veinte años al aceptar los agravantes presentados por el Ministerio Público. Además, al aplicar el agravante adicional del Art. 7.03, supra, duplicó las penas agravadas para un total de veinte y cuarenta años por cada violación. La suficiencia de la prueba para tales condenas fue validada por el Tribunal de Apelaciones y no se recurrió de esa determinación ante este Tribunal.

No obstante, el foro apelativo intermedio concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al aumentar, en presen-cia de agravantes, las penas fijas establecidas para los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, y una vez aumenta-das, aplicar el agravante independiente del Art. 7.03, supra, para duplicar las penas aumentadas previamente. El Tribunal de Apelaciones razonó que este artículo permite única-mente la duplicación de la pena fija establecida para los delitos sin mediar aumento por agravantes. Por consi-guiente, modificó la sentencia del foro primario para que la pena de reclusión por infringir el Art. 5.04, supra, corres-pondiera a la duplicación de la pena fija establecida de diez años para un total de veinte años. Mientras, fijó la pena de reclusión por violar el Art. 5.15, supra, en diez años, corres-pondientes al doble de la pena fija establecida de cinco años.

Sin embargo, no encontramos apoyo legal alguno que sustente la interpretación del foro apelativo intermedio. Por el contrario, el trámite legislativo de la referida ley avala la aplicación dada por el Tribunal de Primera Instan-cia en el presente caso.

La Ley de Armas de Puerto Rico, desde su redacción original, tipificó los delitos de los Arts. 5.04 y 5.15, supra, con sus correspondientes agravantes y atenuantes. A par-tir de ese momento, dicho cuerpo normativo sufrió enmien-das con la intención legislativa expresa de “penalizar seve-ramente al delincuente”. En aras de articular esta política pública, la Ley Núm. 137-2004 incorporó el Art. 7.03, supra, para añadir de manera específica que en casos de rein-cidentes, entre otros, las penas pueden duplicarse. Lo anterior nos lleva a concluir que el legislador quiso imponer la penalidad que se provee en el Art. 7.03, supra, sobre cada delito individual, agravado o atenuado, pues estos es-taban incluidos al momento de incorporarse el mencionado artículo mediante enmienda a la ley.

El razonamiento del foro apelativo intermedio a los efec-tos de que el Art. 7.03, supra, permite únicamente duplicar las penas fijas establecidas para los distintos delitos tipifi-cados, no tendría cabida en instancias donde la pena fija establecida fuese reducida por la presencia de atenuantes. En esa situación, aunque se pruebe algún atenuante de los delitos imputados, el foro sentenciador tendría que elimi-nar su efecto sobre la pena resultante, pues solo podría duplicar las penas fijas establecidas. Se anularían de facto los atenuantes, con la consecuencia de privar al acusado de su derecho estatutario a la reducción de la pena fija esta-blecida por la existencia de atenuantes.

En vista de lo anterior, resolvemos que al amparo del Art. 7.03 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, la pena que dicho precepto autoriza duplicar es la pena dispuesta para el delito imputado una vez considerados los posibles agravantes y atenuantes. Ahora bien, en ausencia de estos agravantes o atenuantes la duplicación se rige por la pena fija establecida. Este dictamen es cónsono con la intención legislativa que precede la aprobación y posterior enmienda de la Ley de Armas. En vista de lo anterior, erró el Tribunal de Apelaciones en su análisis de las disposicio-nes legales en juego en este caso.

V

Por las razones expuestas, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reestablece el fallo de culpabili-dad emitido por el Tribunal de Primera Instancia de asesi-nato en primer grado y por violaciones de la Ley de Armas con sus correspondientes agravantes.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Incautaron drogas, parafernalia vinculada a sustancias controladas, dinero, motoras, un cargador con municiones (al cual le faltaba una bala), municiones de diferentes calibres, incluido el calibre .45. También ocuparon seis gorras, una más-cara, cabellos, latas, una sábana con sangre, una cámara y una computadora, entre otros objetos. No encontraron armas de fuego.

       Las penas fijas para las infracciones a los Arts. 5.04 y 5.15 son de diez y cinco años de reclusión, respectivamente. Estas penas pueden variar ante la existencia de agravantes —hasta un máximo de veinte años de reclusión en el Art. 5.04 y diez años en el Art. 5.15— o de atenuantes —hasta un mínimo de cinco años en el Art. 5.04 y un año en el Art. 5.15 — . Véase 25 LPRA sees. 458c y 458n.

       Véanse, por ejemplo: Pueblo v. Barreto Pérez, 85 DPR 752, 761 (1962) (“No es necesario que transcurra espacio alguno de tiempo entre la muerte y el propósito o designio de matar; solamente es necesario que el acto de matar sea precedido por la ocurrencia de la voluntaria deliberación y premeditación del agente del delito, sin tener en cuenta la rapidez con que pudieran sucederse entre sí los actos del pensa-miento, ni la rapidez con que pueda suceder el acto de matar. El término ‘premedi-tación’ significa que el acto fue preconcebido y realizado después de reflexionado”); Pueblo v. Merced Jiménez, 100 DPR 270, 281 (1971) (“La deliberación es la resolución o decisión de matar, después de darle alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Ese lapso, sostienen las autoridades, puede ser tan rápido como el pensamiento”); Pueblo v. Torres Montañez, 106 DPR 125, 129 (1977) (“Hemos afirmado que la deli-beración es la resolución [...] de matar, después de darle alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación”).

       Según la Prof.ª Kimberly Kessler Ferzan, diez estados permiten que la pre-meditación tenga lugar tan pronto como un instante antes de que la acción delictiva se produzca, seis estados permiten que exista premeditación instantánea o simultá-neamente con el acto de asesinato, mientras que nueve jurisdicciones, ya sea por ley o jurisprudencia, requieren “un lapso considerable de tiempo”. Así, a pesar del uso del término “premeditación”, la mayoría de las jurisdicciones no requieren ninguna cantidad específica de tiempo para conformar ese elemento. K.K. Ferzan, Plotting Pre-meditation’s Demise, 75 Law & Contemp. Probs. 83, 88 (2012).

       De igual forma, la propia exigencia del elemento de la premeditación para el delito de asesinato en primer grado ha sido criticada y fue eliminada del Código Penal Modelo. Véanse: J. Dressier, Rethinking Criminal Homicide Statutes: Giving Juries More Discretion, 47 Tex. Tech L. Rev. 89, 93 (2015); M.A. Pauley, Murder by Premeditation, 36 Am. Crim. L. Rev. 145, 166 (Í999).

       La división en grados del delito de asesinato tiene su origen en la Ley de Homicidios de 1794 del estado de Pensilvania. Esta se incorporó a nuestro Código Penal en 1902 procedente de la edición del Código Penal de California de 1872. El Art. 83 del Código Penal de 1974 mantuvo una redacción similar a la de su antecesor de 1902. Asimismo, el Código Penal de 2004, al igual que el de 2012, optó por man-tener la división de grados de asesinato. Véase D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, pág. 138.

       Durante la aprobación del Código Penal de 2004, la Asamblea Legislativa percibió que la distinción entre premeditación y deliberación según el esquema del Código Penal de 1902 y 1974 creaba serias dificultades al momento de distinguir cuándo el acto premeditado se convertía en uno deliberado, ya que ambos términos presuponen que el acto fue pensado de antemano. Como resultado, se concibió que la mejor solución era abandonar esta distinción y unir ambos conceptos en el término de premeditación. Por otro lado, se eliminó el elemento de la alevosía pues este respondió a un error en la traducción del término “willful” del inglés al español en el Código de 1902. En ese sentido, se interpretó que su inclusión era innecesaria pues los actos intencionales son, necesariamente, voluntarios. Véase Informe sobre el P. del S. 2302 de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22 de junio de 2003, 5ta Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, págs. 43-44.

       Nótese que la definición de premeditación permaneció inalterada en el Có-digo Penal de 2012 y la premeditación continúa como un elemento para la primera modalidad de asesinato en primer grado. Véanse: 33 LPRA see. 5014(ii) y 33 LPRA sec. 5142(a).

       Según la Ley Núm. 404-2000 esos artículos estaban enumerados como 4.04 y 4.15.