author: El Juez Asociado Su., Aldrey,

text:
    Díaz et al., Peticionarios y Apelantes, v. Cividanes, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre administración judicial.
    No. 2257.
    Resuelto en enero 31, 1921.
    Partición de Herencia — Administración Judicial — Cuenta Piñal de Adminis-tración.- — Para que pueda ser nombrado un contador partidor no es requi-sito previo que el administrador judicial haya rendido su cuenta final y le haya sido aprobada.
    Id.-^-Impugnaoión Tardía al Ineorme del Contador.- — El momento oportuno para impugnar el nombramiento de contador partidor hecho por la corte es cuando tal nombramiento se hace. Es tardía la impugnación al nombramiento del contador partidor después que el informe había sido rendido; con mayor razón cuando los herederos impugnadores habían comparecido ante él to-mando participación en las operaciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. T. Bernardini.

    Abogados del apelado: Sres. Muñoz & Brown.

   El Juez Asociado Su., Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Guayama nombró un contador partidor para que practicara las operaciones de división y adjudicación de los bienes pertenecientes a la herencia de Rufina Molinari. Dicho contador partidor presentó su in-forme sobre esas operaciones en la corte el que fue impug-nado por los hermanos María Hortensia, María Esperanza y Ramón Pastor Díaz Molinari alegando contra él objeciones de carácter general a todo el informe, proponiendo, subsi-diariamente, determinadas eliminaciones del mismo y tra-tando también las cuestiones de fondo, por todo lo que pi-dieron que no fuera aprobado.' El administrador judicial de los bienes, Manuel Cividanes, viudo de la causante de la sucesión, se opuso a tal impugnación.

Convinieron dichas -partes en que se discutieran y resol-vieran primeramente por la corte las cuestiones de derecho y después las de hecho suscitadas por la impugnación y, ha-biendo aceptado la corte ese convenio, en 28 de abril de 1920 dictó resolución desestimando las objeciones de carácter general aducidas contra todo el informe, concediendo varias de las eliminaciones que se habían solicitado y disponiendo que se oyera a las partes sobre las cuestiones de hecho pen-dientes. Contra la. primera parte de esa resolución inter-pusieron los impugnadores el presente recurso de apelación.

La impugnación de carácter general que es objeto de este recurso la fundaron los apelantes en lo siguiente: Primero, que debía desestimarse totalmente el informe porque el con-tador partidor realizó las operaciones que se le encomenda-ron sin que previamente el administrador judicial de los bienes haya rendido la cuenta final de su administración y sin que haya mediado auto definitivo de la corte aprobán-dola; segundo, porque el contador partidor formalizó el in-ventario de los bienes y resolvió las cuestiones de derecho planteadas por los opositores, sin su audiencia en cuanto a las cuestiones propuestas para la , fijación definitiva del in-ventario; tercero, que no fueron oídos por el contador par-tidor en la práctica del avalúo, pues si bien designaron pe-ritos fue bajo la prevención de que no habían de entrar en él hasta que el inventario estuviera definitivamente estable-cido; y cuarto, que el contador partidor practicó las opera-ciones' de división y adjudicación en virtud de una orden prematura de la corte bajo el fundamento erróneo de haber precedido el cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Pro-cedimientos Legales Especiales, cuando' es lo cierto que el administrador judicial no había presentado sus cuentas finales ni estaban aprobadas, ni tampoco se había cumplido con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley antes citada.

Como se ve las. cuestiones de carácter general alegadas contra todo el dictamen con objeto de que no fuera aprobado y para que fuera devuelto al contador partidor, aunque con-signadas en cuatro apartados son dos solamente, a saber: si para que el contador partidor pueda practicar las opera-ciones propias de su nombramiento es preciso que previa-mente el administrador judicial de los bienes haya rendido su cuenta final y le haya sido aprobada definitivamente y si los apelantes fueron oídos por el contador partidor al prac-ticar sus operaciones. Estas son también las dos únicas cues-tiones que se alegan como errores en este recurso.

Los artículos 55 y 59 citados por los apelantes se hallan en el capítulo dedicado a la presentación de cuentas por los administradores judiciales, ordeñando el primer artículo de dicho capítulo, que es el 54, que los administradores presen-ten- a- la corte cuentas trimestralmente las que estarán en la Secretaría a disposición de las partes; el 55, que cuando los administradores hayan terminado la liquidación de los bienes, renuncien o sean separados, o por cualquiera otra causa cesen en el desempeño de sus cargos, deberán presen-tar en la secretaría del tribunal una cuenta final, que tam-bién se pondrá de manifiesto para su inspección, la que puede ser impugnada según el artículo 56; el 57 dispone que el juez aprobará dicha cuenta o hará en ella modificaciones o alteraciones; el 58 autoriza a ciertas personas para pedir que se obligue al administrador a que rinda su cuenta final y el 59, que es el último artículo del capítulo, dispone que el auto definitivo en una rendición de cuentas dispondrá con arreglo a derecho y justicia, la adjudicación del sobrante que resultare, en dinero o fincas, entre las personas con derecho a ello, después de satisfechas las deudas del finado y cubier-tos los gastos de la administración.

La misma ley en otro capítulo dedicado a la división y partición de la herencia dispone en el artículo 67 que “cuando un albacea o administrador estuviere en posesión de todo el caudal, y hubiese satisfecho o tuviese en su. poder bienes bastantes para satisfacer las deudas y gastos de la adminis-tración, deberá pedir a la corte de distrito el nombramiento de un contador para practicar la- división de la herencia, siempre que el testador no lo haya nombrado en su testa-mento.” El artículo 70 dispone que el comisionado fijará día, hora y lugar para la división, notificando al efecto a las partes interesadas y que a la hora y en el lugar designa-dos y asistido por las partes, tendrá facultad para examinar testigos y peritos. Contiene ese artículo otras disposiciones que no necesitamos consignar ahora.

En el informe del contador partidor que tenemos ante nosotros en este recurso se halla inserta la resolución de la corte de distrito- que lo nombró en virtud de petición que <3on tal fin le hizo el administrador judicial Cividanes; y son hechos no controvertidos que éste estaba en posesión de todo el caudal de la herencia, que no existían deudas, que tenía en su poder cantidad1 suficiente para satisfacer los gastos de la administración y que los herederos no estaban acordes respecto a la división y partición de la herencia por lo que, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley de Procedi-mientos Legales Especiales, era procedente el nombramiento de contador partidor hecho por la corte y ésta no cometió error al hacer ese nombramiento, a pesar de que el adminis-trador judicial no había rendido la cuenta final de su admi-nistración, ni le había sido aprobada, ni tampoco, por con-siguiente, se había dispuesto por la corte la adjudicación del sobrante de la cuenta de administración entre las personas qne tupieren derecho a él.

El artículo 67 citado no exige como requisito para hacer el nombramiento de contador partidor’qne la cuenta final del administrador haya sido rendida y aprobada definitivamente, como sostienen los apelantes; ni puede ser así porque mien-tras el contador partidor rinda su informe, que en este caso fué presentado el 26 de diciembre de 1919, casi a los diez meses de sú nombramiento, mientras se hace su impugna- • ción y hasta que es aprobado definitivamente los bienes de la herencia no pueden quedar sin alguna persona que los ad-ministre. Esa cuenta final procederá cuando por haber sido aprobadas definitivamente las operaciones de división y par-tición de los bienes de la herencia se hayan incautado los herederos de sus respectivas adjudicaciones, cesando así la administración de tales bienes y repartiéndose entonces el sobrante que pueda haber. Hasta que las operaciones de división y partición no estén definitivamente aprobadas no puede saberse la participación que con arreglo a derecho y justicia corresponda a cada interesado en el sobrante que pueda haber de la administración.

Además, si los apelantes entendían que el nombramiento del contador partidor era prematuro e improcedente sin la rendición previa de la cuenta final del administrador judicial, sin su aprobación definitiva y sin la distribución del sobrante que hubiera, debieron haber ejercitado sus recursos legales cuando el nombramiento fué hecho y no ahora des-pués que el informe ha sido rendido y después de haber com-parecido ellos ante dicho contador partidor tomando parti-cipación en las operaciones que practicó. 10 R. C. L., pá-gina 511.

En cuanto al segundo motivo del recurso tampoco tienen razón los apelantes pues del informe rendido por el conta-dor partidor resulta que cumpliendo lo dispuesto en el ar-tículo 70 de la expresada ley fijó día, hora y lugar para la división, fueron notificados los apelantes, éstos tomaron par-ticipación en las cuestiones que en la misma surgían y nom-braron peritos para el avalúo de los bienes. Si esa inter-vención de los apelantes para la formación del inventario y para el avalúo fué bajo la prevención de que no rindiera su informe basta que el administrador presentara su cuenta final y le fuera aprobada definitivamente, tal cosa no apa-rece de los autos que tenemos ante nosotros al resolver este recurso, ni era razón tampoco para que el contador partidor no hiciera el trabajo que le encomendó la corte, pues no era un requisito previo a su nombramiento según hemos dicho antes.

Por las razones expuestas, la resolución de la Corte de Distrito de Guayama de 28 de abril de 1920 en cuanto deses-tima la objeción general alegada por los apelantes contra el dictamen del contador partidor, que es el extremo motivo de este recurso, debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Hernández, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de un testamento.
    No. 477.
    Resuelto en enero 31, 1921.
    Personas que Pueden Solicitar Inscripciones — Interesados en las Inscrip-ciones. — Entre lag personas que pueden solicitar la inscripción, según el ar-tículo 6 de la Ley Hipotecaria, están “las que tengan interés en asegurar el derecho que se deba inscribir," pero no basta alegar que se tiene, sinq que es necesario demostrarlo alegando por lo menos los hechos de los cuales-surja la conclusión del interés.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. L. Méndez Voz.

      El Registrador sustituto compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del. tribunal.

Doña Tomasa González viuda de García falleció bajo tes-tamento otorgado en San Juan, P. R., el 16 de agosto de 1877. No tenía herederos forzosos. No instituyó herede-ros en su testamento. Era dueña de la casa No. 86 de la. calle de San Sebastián, cuya casa estaba dividida en cinco-piezas y legó la primera, tercera, cuarta y quinta de dichas, piezas a diferentes personas que se nombran en el testa-mento. Con respecto a 'la segunda pieza, dispuso lo qtíe.-sigue:

“Segunda pieza: Al costado izquierdo de la primera, consta de' su sala y recámara, la cual destino para que de sus alquileres se. apliquen a perpetuidad y mensualmente dos misas de a peso por el eterno -descanso de mi alma, y el resto, se distribuya, por mi primera albaeea, en limosnas entre los' pobres vergonzantes que' consideren más necesitados.”

La testadora falleció el 6 de julio de 1881 y el 2 de agosto de 1920 compareció en el Registro de la Propiedad de San Juan, P. R., Agustín Hernández Mena solicitando que el. dominio de la dicha segunda pieza se inscribiera a nombre, del primer albaeea testamentario universal nombrado por la testadora don Juan Ballesteros Núñez. El registrador negó la inscripción, 1, porque estudiado todo el testamento resul-taba dudosa la voluntad de la testadora, 2, porque en el caso de que la testadora no hubiera legado a ninguna persona la nuda propiedad de la pieza, carecía el albaeea de capacidad para inscribirla a su favor, por haber quedado vacante la herencia y además, porque el albaeea no era universal, sino particular, y 3, porque no se acreditó que el cargo de alba-cea estuviera vigente en la fecha en que se solicitaba la ins-cripción.

Existe en este caso una cuestión previa que es necesario'-" estudiar y resolver antes de proceder al examen y decisión de las cuestiones de fondo envueltas en el mismo.

La persona que solicitó la inscripción en el registro y que lia establecido el presente recurso gubernativo es Agus-tín Hernández Mena. En su solicitud al registrador dijo:

“Alega el peticionario que tiene interés en que se baga la ins-cripción solicitada, como parte legítima en el derecho de la misma para llevar a efecto otra inscripción posterior. ’ ’

Y nada más. El peticionario no es heredero ni legatario de la testadora. No fue el albacea nombrado ni consta qué relación pueda tener con él. Es cierto que según el artículo 6 de la Ley Hipotecaria entre las personas que pueden soli-citar la inscripción están las “que tengan interés en asegu-rar el derecho que se deba inscribir” y que a ese precepto legal parece acogerse el peticionario, pero no basta alegar que se tiene tal interés; es necesario demostrarlo alegando por lo menos los hechos de los cuales surja la conclusión del interés.

Siendo ello. así, no constando ante esta Corte Suprema a virtud de los documentos elevados a la misma que el peti-cionario tenga derecho a gestionar en este asunto, debemos desestimar el recurso por él mismo establecido.-

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Cruz, Demandante y Apelante, v. Martínez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre rescisión de contrato.
    No. 2152.
    Resuelto en enero 31, 1921.
    Resolución de Obligaciones — Restitución de la Cosa — Presunción de Exis-tencia de las Oosas. — Cuando se ejercita la acción resolutoria que nace del artículo 1091 del Código Civil, el demandante no tiene que alegar qne la cosa cuya devolución redama se encuentra en poder del demandado, pues si no es así, tal techo constituye materia de defensa cuya alegación y prueba incumbe al demandado que lo conocía y no al demandante, quien, de acuerdo con el No. 31 del artículo 102 de la Ley de Evidencia tiene derecho a presumir que la cosa que reeibió el demandado continúa en su poder mien-tras no se demuestre lo contrario.
    Id. — Demanda suficiente — Alegación Innecesaria — Derecho de Opción Entre el Cumplimiento o la Resolución del Contrato. — Cuando se ejercita la acción resolutoria que nace del artículo 1091 del Código Civil, el deman-dante no está obligado a alegar ni a probar que carecía de todo otro re-curso legal para obtener la reparación del perjuicio pues por ministerio de la ley le asiste el derecho de optar entre el cumplimiento o la resolución del contrato.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. G. Brunet.

    Abogados del apelado: Sres. L. de Tord y Zayas Bizarro.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en el presente caso de la rescisión de nn con-trato de permuta de dos cajas de caudales que celebraron Luis de la Cruz de quien el demandante es cesionario, y Lorenzo Martínez Noriega, por haber dejado éste de pagar la suma de doscientos cincuenta dollars que debía abonar a Luis de la Cruz en concepto de diferencia del precio de am-bas cajas.

De las alegaciones de la demanda, rectificadas en ligeras variantes por la evidencia que el demandante aportó al jui-cio, resulta que el contrato de permuta se celebró por Luis de la Cruz y Lorenzo Martínez Noriega en enero de 1915, entregando Luis de la Cruz a Martínez Noriega una caja valorada en trescientos dollars y Martínez Noriega a Luis de la Cruz otra apreciada en cincuenta dollars, quedando por tanto a deber Martínez Noriega a Luis de la Cruz la diferencia de doscientos cincuenta dollars que no ha pag’ado, así como tres dollars más por'el transporte de la caja que le fué entregada; que la sociedad mercantil Sucesores de Luis de la Cruz, S. en C., de la que Luis de la Cruz era socio gestor, fue disuelta por escritura pública de 12 de abril de 1915, adjudicándose a Luis de la Cruz todo el capital de la sociedad, incluso cuentas a favor y dinero existente, y que-dando como único dueño del activo y pasivo de dicha socie-dad e investido de la facultad de liquidador; que según los libros de la expresada mercantil Lorenzo Martínez Noriega era deudor de trescientos dollars por una caja para caudales y de tres dollars más en concepto de pago de peones por el transporte de la caja, acreditándosele en su haber por una caja de hierro la suma de cincuenta dollars; y que Luis de la Cruz cedió a Manuel de la Cruz el crédito de doscientos cincuenta dollars de que era dueño contra Lorenzo Martínez Noriega por permuta de las cajas de hierro, pues ese crédito y otros más fueron adjudicados a Manuel de la Cruz en pago de su haber al retirarse de la sociedad Sucesores de Luis de la Cruz, S. en C., de que también había sido parte.

El demandado opuso a la demanda la excepción previa de que no exponía hechos suficientes para determinar una causa de acción y habiendo sido desestimada dicha excepción, formuló contestación en que se limitó a negar las alegacio-nes de la demanda, recayendo en su consecuencia sentencia por la que declarando con lugar una moción de non suit, se desestimó la demanda con costas al demandante, quien in-terpuso contra ella recurso de apelación.

La moción de non suit se fundaba en que la prueba era insuficiente por no haberse alegado y probado que la caja cuya devolución reclama el demandante estuviera en poder del demandado y porque siendo la acción de rescisión subsi-diaria no se había alegado y probado que el demandante ca-reciera de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio a tenor de lo dispuesto por el artículo 1261 del Código Civil.

Alega el apelante como primer motivo del recurso que la corte erró al declarar con lugar la moción de non suit del demandado por insuficiencia de la prueba en atención a que era necesario probar que la caja cnya devolución se pide estaba en poder del demandado y que el demandante carecía de cualquier otro recurso legal para obtener reparación del agravio tratándose como se trataba de una acción subsidiaria.

■ Y alega en apoyo del recurso la infracción de los artícu-los 1091 y 1261 del Código Civil, el primero por falta de aplicación y el segundo por aplicación indebida.

Esos artículos dicen así:

“Artículo 1091. — La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. I# * '* ”
“Artículo 1261. — La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.”

En el contrato de permuta de que se trata el demandado Lorenzo Martínez Noriega no cumplió con la obligación de pagar a Luis de la Cruz la suma de doscientos cincuenta dollars que debía satisfacerle por razón de la diferencia del valor de las dos cajas de caudales permutadas; y por tanto, Manuel de la Cruz, cesionario de Luis de la Cruz, podía optar entre pedir la resolución del contrato o el cumplimiento de la obligación por parte del demandado. El texto legal no ofrece duda alguna sobre el particular.

Y no cabe sostener que para el éxito de su acción tenía que probar el demandante que la caja de caudales que re-clama al demandado se encontraba en poder de éste, pues si no era así, y el demandado por tanto estaba incapacitado para devolvérsela ba podido y debido alegarlo al oponerse a la demanda en su contestación. Era esa materia de de-fensa por tratarse de un becbo que estaba dentro del cono-cimiento del demandado y no del demandante. Es de apli-cación el No. 31 del artículo 102 de la Ley de Evidencia, es-tatutorio de la presunción de que “una vez probada la exis-tencia de una cosa continúa ésta todo el tiempo que ordina-riamente duran las cosas de igual naturaleza/’ surgiendo como consecuencia legal que habiendo recibido el demandado .la caja es de presumirse que continúa en su poder mientras no demuestre lo contrario. Véase nuestra decisión en el caso de Fulladosa, v. Castro, 27 D. P. R. 702.

Tampoco tenía que probar el demandante que con suje-ción al artículo 1261 ya transcrito careciera de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, pues ese artículo concede al demandante el derecho de optar en-tre la resolución o el cumplimiento de la obligación del de-mandado, y de admitirse la teoría del apelado quedaría pri-vado el agraviado de pedir la resolución de la obligación cuando le asiste el recurso de reclamar su cumplimiento re-sultando así ineficaz el precepto del artículo 1091 que le otorga el derecho de optar entre la resolución de la obligación o el cumplimiento de la misma. A este propósito dice Man-resa comentando el artículo 1291 del Código Civil Español (artículo 1258 del Código Revisado) el cual después de la enumeración de varios contratos rescindióles establece la rescisión de cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley, que a esos otros casos apenas es aplicable el capítulo que trata de la rescisión de los contratos cuando cabe optar entre la acción rescisoria y alguna' otra distinta. En el presente caso, como hemos dicho, el demandante ha podido optar entre la rescisión del contrato o su cumpli-miento y en el ejercicio de tal derecho optó por la rescisión.

El demandante probó prima facie su ca¡So y no era pro-cedente por tanto, una moción de non suit que es semejante a una excepción perentoria a la prueba. Méndez v. El Banco Comercial, 26 D. P. R. 647.

Además, la moción de non suit se fundaba en parte en la insuficiencia de la demanda y ésta no podía ser impugnada directamente por medio de dicha moción la cual debía dirh girse solamente contra la prueba. Príncipe v. The American Railroad Company of Porto Rico, 22 D. P. R. 302.

Por las razones expuestas es necesario concluir que la Corte de Distrito de Ponce erró al declarar con lugar la moción de non suit presentada por el demandado y en.su virtud debe revocarse dicba resolución como también la sen-tencia apelada por la que se desestimó la demanda, con co,Sr tas al demandante, devolviéndose el caso a la expresada corto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con los prin-cipios enunciados en esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Miranda, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1586.
    Resuelto en enero 31, 1921.
    Arbitrios — Facultad de Denunciar — Denuncia por Infringir la Ley de Ar-bitrios — Alambiques—Excepciones Presentadas Tardíamente. — La facul-tad de denunciar las violaciones de la Ley de Arbitrios de 1902 no es exclu-siva del Tesorero de Puerto Bico. La sección 88 de. dicha ley no impide que formule la denuncia cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión del delito; y la objeción de que la denuncia debió ser formulada por el Tesorero debe estimarse renunciada por no haber sido presentada antes del juicio.
    Id. — Título de la Ley de Arbitrios — Artículo 34 del Bill Jones — Alam-biques. — No puede estimarse que sea nula la sección 61 de la Ley de Arbi-trios por el fundamento de que la ley no comprende en su título la materia de alambiques, pues expresando que sus fines, entre otros, son los de proveer de rentas y regular la fabricación de bebidas alcohólicas y siendo el alam-bique el instrumento de la destilación es preciso concluir que implícitamente la regulación de la posesión de alambiques es uno de los fines de la ley com-prendidos en su título.
    Los becbos están expresados en la opinión.

      ' Abogados del • apelante: Sres. G. B. Buitrago y F. Mar-tines.

    Abogado del apelado: 8r. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una causa seguida contra el acusado por tener montado un alambique sin haberlo inscrito en la oficina del Tesorero de Puerto Pico, infringiendo así la sección 61 dé-la Ley de Arbitrios, de junio 15 de 1919.

El primer error que ha sido alegado es que la denuncia debió haber sido formulada por el Tesorero mismo. Se cita como autoridad el artículo 88 de la misma ley, la cual prescribe lo siguiente:

“Sección 88. — El Tesorero de Puerto Rico queda por la presente autorizado para imponer y cobrar, mediante procedimientos admi-nistrativos, a toda persona que dejare de observar cualesquiera de dichos reglamentos, o en los casos de infracciones menos graves de esta Ley, una multa que no exceda de diez (10) dólares por cada infracción, o podrá, a su juicio, denunciar a dicha persona ante el correspondiente tribunal por faltar a los' reglamentos o por co-meter una infracción de la ley. Toda persona que así fuere denun-ciada ante el tribunal por cualquier infracción a esta Ley o de los reglamentos, una vez convicta, será castigada con multa o prisión, o ambas penas, de acuerdo con lo específicamente dispuesto en la misma.
“Cuando el Tesorero de Puerto Rico impusiere una multa ad-ministrativa según queda dispuesto anteriormente, y no se efectuare el pago, dicho funcionario podrá incoar procedimientos en el tribunal correspondiente por infracción a las disposiciones de la ley o de los reglamentos que motivaron dicha multa; y convicto que fuere el reo de dicha infracción será castigado de acuerdo con lo "dispuesto en -esta Ley, como si los procedimientos hubiesen sido .incoados ante el correspondiente tribunal desde un principio.”

Nos inclinamos a creer con la corte inferior que cualquier ciudadano podría formular una denuncia, hiciérala o no el Tesorero, pero convenimos especialmente con el fiscal en que se renunció a esta objeción por no haber sido presentada antes del juicio. El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111; El Pueblo v. Rosaly, 28 D. P. R. 474.

La otra objeción presentada fné que la ley en cuestión contenía más de un asnnto que no se menciona en el título como lo prescribe el artículo 34 de la Ley Orgánica en el siguiente párrafo:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado 'en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expresada en el título.”

Esta sería una objeción privilegiada de ser cierta.

El objeto de la Ley de Arbitrios es “Proveer de rentas para el Pueblo de Puerto Bico-, mediante la imposición de ciertos arbitrios y de licencias para ejercer determinadas profesiones, industrias o negocios; para regular la fabrica-ción,.uso y venta de preparaciones .alcohólicas; para impo-ner ciertas penalidades; para derogar las leyes vigentes "so-bre arbitrios y licencias, y para otros fines.”

Sólo hay una simple materia, arbitrios, su cobro y su regulación; pero de todos modos el fijar penas por la in-fracción del estatuto estaba claramente expresado en el tí-tulo.

El apelante en la vista presentó argumentos que no in-cluyó en su alegato a saber que la sección 2 de la Ley Or-gánica y el plebiscito sobre ella derogaron las prescripciones de la ley de rentas respecto al uso del alcohol. Estas cues-tiones fueron discutidas y resueltas por nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Rosaly, supra.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1587.
    Resuelto en enero 31, 1921,
    por los fundamentos del caso No. 1586» El Pueblo v. Miranda, de enero 31, 1921.
   Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey ■ y Hutcliison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ruiz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan» Sección Segunda, en causa por alteración de la paz.
    No. 1561.
    Resuelto en enero 31, 1921.
    Altekación de la Paz — Acusación Insuficiente.- — Cuando la teoría sustentada por El Pueblo en una acusación por alteración de la paz es el uso por el acusado de lenguaje ofensivo consistente en un epíteto grosero, y no se alega y se prueba que el insulto se dirigió en forma estrepitosa o inconveniente (boisterous), al alcance del oído de mujeres o niños, es preciso concluir que el delito denunciado no está comprendido en el artículo 368 del Código PenaL
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. O.M. Wood y M. F. Bossy„
    Abogado del apelado: Sr. José E. Figneras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Emilio Ruiz acusado y apelante en este caso, era el ma-yordomo de la “ Central Juanita” y tenía a sus órdenes a un encargado que fué arrestado por el delito de acometimiento y agresión. Después del arresto el referido apelante habló con Marcelino Romaní que entonces era el Juez Municipal de Bayamón, respecto a la honradez del acusado. Esto tuvo lugar antes del juicio. El juicio del encargado fué celebrado, y fué declarado culpable y sentenciado a pagar una multa de $40. Lo probable es que la multa era justa y nada teñe-mos que ver con este aspecto del caso. Posteriormente, cierta noche, el Juez Municipal de Bayamón se encontraba sentado en un café de ese pueblo. Mientras estaba allí sentado, en-tró Buiz al café a comprar un tabaco y al verlo entrar, el juez llamó a Buiz. Según el acusado y-apelante y por lo menos uno de los testigos de cargo, el acusado no quería ir, pero fué finalmente debido a la insistencia del juez. Al pa-recer eran amigos hasta entonces. No aparece claramente si Buiz se sentó o no en la mesa con el juez, pero de todos modos ellos entraron en conversación y todos los testigos convienen en que lo hicieron tranquilamente, aunque en su desenvolvimiento era quizás un poco alterada. Ellos dispu-taron y se acaloraron con respecto a la resolución del caso del encargado y la prueba tendía a demostrar que Buiz en-fáticamente y es probable que injustamente criticara la sen-tencia del juez municipal, pero la corte tenía derecho a creer que él también dirigió al juez una palabra grosera en cuya naturaleza exacta no es necesario insistir, toda vez que los testigos no están de acuerdo respecto a cuál fué la palabra precisamente empleada. La acusación imputa una palabra y el denunciante, juez municipal dijo que era otra.' Esta li-gera incongruencia no ha sido materia de queja en apelación como tal incongruencia. El juez municipal ordenó el arresto del acusado. Este fué juzgado mediante acusación formu-lada en la Corte de Distrito de San Juan, declarado culpable de alteración de la paz y condenado a sufrir un mes de cár-cel. La acusación es como sigue:

“El fiscal formula acusación contra Emilio Ruiz, por un delito de alteración de la paz, misdemeanor, cometido de la manera si-guiente: El citado Emilio Ruiz, allá por el día 13 de marzo de 1919, y en Bayamón que forma parte del distrito judicial de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente perturbó la paz y tran-quilidad de Marcelino Romani, .Ricardo Val Lloverás e Ignacio L. Torres, que estaban presentes, con una conducta denigrante y ofen-siva, dirigiendo al primero de ellos frases denigrantes e indecoro-sas, tales como ‘tú no eres más que un huele bicho.” Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico.’ ”

El artículo 368 del Código Penal es el único aplicable al caso y prescribe lo siguiente:

“Toda persona que maliciosa y voluntariamente perturbare la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo, con fuertes o inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vi-tuperios, riñas, desafíos o provocaciones, o que en las calles de alguna ciudad o pueblo, o en las vías públicas disparare algún arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estre-pitosa o inconveniente, incurrirá en misdemeanor y será castigada con multa máxima de doscientos dollars, o cárcel por un término máximo de noventa días o ambas penas, a discreción del tribunal.”

Si se examina la acusación se verá que la sola teoría que en ella se sustenta es la de emplearse lenguaje ofensivo consistente en un epíteto grosero. El artículo 368 sólo com-prende el uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estrepitosa o inconveniente (boisterous). No solamente no se emplearon estas palabras en forma estrepitosa o ruidosa (boisterous), sino que no fueron pronunciadas en presencia de mujeres o niños. Por tanto, el delito denunciado no está comprendido en el artículo 368 del Código Penal. Véase también el caso de El Pueblo v. Pabón, 15 D. P. R. 212, donde fué empleada la palabra “malcriado”.

Bajo la Ley Común de Inglaterra, no constituía altera-ción de la paz el emplear meramente lenguaje insultante, 9 C. J. 388. En varios Estados los estatutos lo ban com-prendido, pero la única referencia a él en nuestro propio estatuto es aquélla a que nos bemos referido y el principio de Eccpressio unius est exclusio alterious es de aplicación. En Puerto Eico no existen delitos a no ser que estén decla-rados expresamente por el estatuto. Código Penal artículo 5.

Los becbos tienden a demostrar que estos dos hombres habían sido amigos; que el lenguaje indecoroso fué empleado en tono bajo. Era ofensivo y no realmente excusable. El acusado, sin embargo, no buscó ninguna cuestión y fué lla-mado por el mismo juez para que fuera donde él. Como el acusado probablemente estaba enconado por la condena de su encargado, no era el momento propicio, por decirlo así, para que el juez lo hiciera hablar. Por “paz”, según se usa en la ley en relación con esto, se entiende, la tranquili-dad de que gozan los ciudadanos cuando reina buen orden. 8 R. C. L. 284. Fué probablemente más bien la dignidad, que no la tranquilidad del juez la que fué ofendida de acuerdo con los hechos particulares del caso. Cuando un juez entra a un café sus derechos son iguales y no mayores que los de cualquiera otra persona, en lo que respecta a una alteración de la paz pública. El está protegido por la ley de desacato en ciertos casos, pero cuando esa ley no es de aplicación, sus derechos son los mismos que los de cualquier otro cuidadano. El Pueblo v. García, 21 D. P. R. 163.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mercado, Acusado y Apelante.
    Apelaciópt procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por violación a la sección segunda de la Ley del Trabajo.
    No. 1582.
    Resuelto en enero 31, 1921.
    Trabajo — Uso de Amenazas rara Impedir el Trabajo — Denuncia Suficiente— Bill of Particulars. — Una denuncia por infracción a la sección segunda de la Ley de marzo 1, 1902, relativa al trabajo, en la cual se expresa que las amenazas que hizo el acusado dieron lugar a que cuarenta jornaleros abando-naran sus labores, a falta de una objeción formulada en tiempo, alega su-fieientemente el objeto de las amenazas pues ella determina que éstas se hicieron eon el objeto de impedir que los trabajadores ejercieran libremente sus empleos, por lo que se ajusta al estatuto; y la omisión de los nombres de los Cuarenta obreros no hace insuficiente la denuncia; es simplemente un defecto que debió objetarse antes del juicio por medio de moción o de otro modo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. C. Travecier (en apelación) y J. Soto Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la denuncia es como sigue:

"Yo, Antonio Dávila, Jefe Distrito P. I., vecino de Gurabo, P. R., calle de Telégrafo, de mayor edad, formulo denuncia contra Ramón Mercado, por delito de violar la sección segunda de la ley relativa al trabajo, aprobada en 1 de marzo de 1902, cometido de la manera siguiente: Que en abril 22 de 1920, hora 7.30 a. m., y en el barrio Hato Nuevo de Gurabo, P. R., del Distrito Judicial del Juzgado de Paz de Gurabo, que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. R., el referido' acusado, voluntaria, maliciosa e ile-galmente, violó la sección segunda de la ley relativa al trabajo, apro-bada en primero de marzo de 1902, por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, yendo a la Colonia Buena Yista, sita en el barrio Hato Nuevo de Gurabo, y en el momento que trabajaban en el corte de cañas sesenta peones, los amenazó, diciéndoles que fueran a la huelga y el que no lo hiciera y continuara trabajando sería senten-ciado a muerte, esto en actitud violenta y en alta voz, dando lugar a que como cuarenta de los trabajadores que estaban allí abandona-ran sus trabajos y se fueran corriendo por la pieza de caña. Siendo este hecho contrario a la ley y para tal caso hecha y prevista.”

Ninguna parte de la prueba fué certificada, de manera que la única cuestión envuelta es la suficiencia de la denun-cia. La cuestión principal que presenta el apelante, es la de si el objeto de la amenaza quedó suficientemente alegado en dicha denuncia. Sostiene que el empleo de fuerza o ame-nazas pudo haber sido puesto en práctica si el objeto no era el establecido por el estatuto.

La denuncia expresa que las amenazas dieron lugar al abandono del trabajo, lo cual a falta de una objeción más ■específica, determina suficientemente qne las amenazas se hi-cieron “con el objeto de impedir qne libremente ejerzan sns empleos,” como se define en la ley de marzo primero de 190-2, Estatutos Devisados, sección 5'54.

La otra cuestión presentada en apelación, era que la de-nuncia no especifica los nombres de las personas que aban-donaron su trabajo. Se hizo mención.de cuarenta personas en la denuncia y la objeción de que sus nombres no se dieron no convierte sustancialmente en insuficiente la denuncia, sino en meramente defectuosa. El medio de llegar a esto era por moción o de otro modo, antes del juicio, como se indicó en el caso de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. Heenández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por adulteración de leche.
    No. 1607.
    Resuelto en febrero 4, 1921.
    Adulteración de Leche — Evidencia Admisible — Licencia para Expender Le-che. — Habiendo declarado el inspector de sanidad que vió expuesta al pú-blico en el depósito de leebe la licencia expedida a favor de la acusada y que intervino en su expedición, la declaración del testigo en cuanto a tales extremos era admisible y no era indispensable presentar la licencia en evi-dencia para demostrar su existencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Eigueras, Fiscal.

   El Juez Peesidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante, Ramona Rivera, fné acusada ante la Corte de Distrito de Ponce de haber vendido ilegal, voluntaria y maliciosamente leche de vaca .adulterada. La corte la de-claró culpable y le impuso la pena de diez días de cárcel con pago de costas por sentencia de 18 de febrero de 1920, .de' la que interpuso recurso de apelación.

Alega la parte apelante como motivos del recurso:

1. Que la corte cometió • error al admitir como admitió,, que el testigo Genaro Santiago Vázquez declarara sobre la propiedad, del depósito de leche donde estaba Ramona Rivera, sin que la licencia a que se refería el testigo hubiera sido traída a la corte.

2. Que la corte también erró en la apreciación de la prueba.

Aparece de la exposición del caso, que el testigo' Genaro Santiago Vázquez, inspector de sanidad, que inspeccionó el depósito de leche de la acusada, manifiesta en su declara-ción que la licencia expedida a Ramona Rivera para la venta de leche estaba fija en el depósito, que él la vió y que dicha licencia fué escrita por él y firmada por el oficial de sanidad de Ponce. Además, la misma acusada confiesa que la licen-cia estaba a su nombre. Ante esa evidencia, holgaba pre-sentar la licencia como prueba, pues el testigo Genaro Santiago Vázquez conocía su existencia por propio conocimiento, habiendo intervenido como intervino en su expedición. Dicha licencia estaba fijada en el depósito para conocimiento del público, y finalmente la acusada confiesa que se expidió a su nombre. No existe pues el primer error apuntado.

Por lo qne atañe al segundo error, el testigo Genaro Santiago Vázquez dice que en el momento de entrar en el depó-sito vió que salía de él una niña con una botella de leche, y la acusada declara “yo estaba vendiendo leche, yo le vendí leche a todo el mundo.” La acusada, por su propia decla-ración, se encargó de probar el hecho que se le imputaba.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y HutcMson.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Buxó, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción a la Ley de. Arbitrios.
    No. 1594.
    Resuelto en febrero 4, 1921.
    Arbitrios — Alambiques—Reparos a la Denuncia — Denuncia Suficiente. — Una denuncia por tenencia o posesión de un alambique sin cumplir con los re-quisitos exigidos por la sección 61 de la Ley de Arbitrios no imputa más de-un delito por el heeho de que exprese además que el alambique fué ocupado* completo y destilando alcohol.
    Id. — Id.—Cómplices—Corroboración Innecesaria. — La regla general admitida;-para comprobar si un testigo es cómplice o no, es la de si podría ser acu-sado del delito que se investiga, pues si no puede serlo estonces no es eóm- ( plice; por lo que, en una denuncia por infracción a la sección 61 de la -Ley de Arbitrios, o sea por tener un alambique de destilar alcohol sin haberlo inscrito en la Tesorería de Puerto Rico, no son cómplices de tal delito las personas que ayudaban al acusado en la destilación clandestina y por tanto sus declaraciones no necesitan ser corroboradas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. C. B. Buitrago, L. Fereyó y F. Martines.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

De los tres motivos de error alegados por el apelante en este recurso fundados en la excepción perentoria que opuso en la corte inferior a la denuncia, los dos primeros han sido considerados y resueltos por nosotros al decidir el día 31 de enero último la apelación en el caso de El Pueblo v. Miranda, 29 D. P. R. 71, en la que se suscitaron esas dos cuestiones y declaramos que no existían los errores que en ellas se alegaban, doctrina que es aplicable en este caso.

En cuanto al tercero se funda en que los'hechos expues-tos en la denuncia comprenden más de un delito.

. En la denuncia se imputó al apelante que infringió la Ley de Arbitrios de 15 de junio de 1919 en su sección 61, “estando en posesión y a su disposición como dueño de un alambique para destilar alcohol, sin haberlo inscrito en la Tesorería de Puerto Rico, y firmado y archivado una decla-ración por escrito en la forma debida, con el Tesorero. Dicho alambique fué ocupado completo, montado, destilando alcohol, y se pone a la disposición de la honorable corte, para los fines de la ley.”

. Aunque el apelante alega que en esa denuncia se le im-puta el delito de tener en su poder un alambique para des-tilar alcohol sin haberlo inscrito en la Tesorería de Puerto Rico y también el de estar destilando alcohol, sin embargo estamos convencidos de que las palabras de la denuncia no llevan a esa conclusión ni ponen al acusado en situación de .no saber de cuál de esos dos cargos ha de defenderse, pues no sólo por la cita que se hace de la ley y sección que se dice infringida sino también por la redacción de la denuncia cualquiera persona puede comprender fácilmente que la im-putación se hace por tener en su posesión un alambique para destilar alcohol sin haberlo inscrito en la Tesorería de Puerto Rico y que las palabras referentes a que el alambique fué ocupado completo y destilando alcohol no pueden tener ni tienen otro objeto que el de demostrar que se trataba de un alambique para destilar alcohol, que no solamente estaba completo sino que lo destilaba, o en otras palabras que era un verdadero alambique.

, La evidencia que se presentó por el fiscal en el juicio con respecto a la posesión del alambique por el apelante consistió únicamente en las declaraciones de Juan Gómez y de Antero Roldán que trabajaban en el alambique desti-lando alcohol como empleados del apelante, p'ues aunque también declaró el policía denunciante, nada sabe de propio conocimiento respecto a dicho extremo, y se alega en este recurso como cuarto y último motivo de error el de haber desestimado la corte inferior la petición qne le hizo el ape-lante al terminar su prueba el fiscal para qne lo absolviera, fundada en ser insuficiente la prueba de la acusación para dictar sentencia condenatoria porque siendo cómplices dichos testigos sus declaraciones no han sido corroboradas cómo lo exige el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

De acuerdo con la Ley Común las declaraciones de los cómplices son bastantes para sostener una sentencia conde-natoria aunque no hayan sido corroboradas, si bien su cre-dibilidad debe ser considerada por el jurado teniendo en cuenta que no son del más satisfactorio carácter. Por esto algunas legislaciones, como la nuestra, han preferido decla-rar que una persona no puede ser convicta por la declara-ción de un cómplice a menos que esté corroborada. La regla general admitida para comprobar si un testigo es cómplice o no es la de si podría ser acusado por el mismo delito que se investiga pues si no puede serlo entonces no puede ser considerado como tal (IR. C. L. página 157); y lá parti-cipación deí cómplice debe ser en el mismo delito que se persigue sin que sea bastante que la tenga en otros delitos similares. Un cómplice en un crimen es el que coopera o ayuda a su cornisón, y en el caso de People v. L. Sternberg, 111 Cal. 3, 43 Pac. 198; United States v. Van Leuven, 65 Fed. 78, citados en 98 American State Report, 159, se de-claró que la complicidad debe ser en el delito perseguido sin que sea bastante que sea en otros delitos similares; y como en el presente caso el delito que se persigue es el de no ha-ber registrado el apelante en la Tesorería de Puerto Rico la posesión de su alambique, según dispone la sección 61 de la Ley de Arbitrios, en cuyo hecho no han tenido participa-ción alguna los testigos G-ómez y Roldán, no pueden ser con-siderados como cómplices de ese delito y por tanto no tenían que ser corroboradas sus declaraciones, aunque puedan ser cómplices en el delito de destilar alcoliol, que es distinto al qne es objeto de este procedimiento.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


text:
    El Pueblo, Apelado, v. Nieves, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Huma cao en causa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1577.
    Resuelto en febrero 4, 1921,
    por los fundamentos del caso No. 1586, El Pueblo v. Miranda, de enero 31, 1921, (pág. 71.)
    Abogado del apelante: Sr. C. Buitrago.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras.

   Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrej^ y Hutcbison.


author: El Juez Asocíalo Sb. del Toro,

text:
    Alvarez, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegatoria de la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 472.
    Resuelto en febrero 4, 1921.
    Mandato Expreso — Gananciales—Venta de Gananciales — -Denecto Insub-sanable.' — -No estando el apoderado del esposo autorizado para vender sus bienes gananciales, la intervención del apoderado de la esposa en la es-critura de venta con suficiente poder en cuanto a ella, no puede suplir la falta de poder expreso necesario en el apoderado del marido.
    Id.' — Id.—El poder expreso para la venta de bienes gananciales es, necesario lo mismo si se trata del marido que de la mujer.
    Los liocbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. B. Forés.

      El registrador recurrido, Sr. P. Gómez Lasserre, no com-pareció.
   El Juez Asocíalo Sb. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En agosto de 1910 Jnan Ortiz PericM, como apoderado de Félix PericM, y Domingo PericM, cómo apoderado de Catalina PericM, esposa de Félix, comparecieron ante nota-rio y vendieron a Pedro Alvarez dos pequeñas fincas en la suma de mil pesos. Presentada la escritura en el registro, el registrador se negó a inscribirla porque examinado el poder otorgado a Juan Ortiz PericM, sólo lo autorizaba a vender sus bienes y no los de la sociedad de gananciales que tenía constituida con su esposa y a la cual pertenecían las fincas enajenadas.

Estudiados los documentos que se sometieron al registra-dor dejan en verdad la impresión de la legalidad y eficacia de la transacción realizada, pero técnicamente tiene razón dicho funcionario. Para vender bienes de la sociedad de gananciales se necesita poder expreso. Véanse los casos de Vidal v. Registrador, 12 D. P. R. 168 y Rodríguez v. Registrador, 14 D. P. R. 779.

Impugna el apelante en su alegato la calificación de ga-nanciales que el registrador dió a las fincas porque según él “dichas fincas las retiró don Félix Perichi y Perichi de una sociedad mercantil y agrícola denominada ‘Perichi y Ortiz,’ como parte del capital aportado a esa sociedad sin pagar precio alguno * * Esos hechos constan de una es-critura pública de 2 de mayo de 1901, según el apelante, pero como tal escritura sólo se menciona en los documentos some-tidos a nuestra consideración sin que ni siquiera se inserte en ellos alguna parte de la misma que nos permita estudiarla, no tenemos base para resolver la cuestión suscitada.

Sostiene además el apelante en su alegato que es distinto el caso de la mujer al del marido, que en el caso de la mujer es necesario el poder expreso, pero no en el del marido.

En verdad no podemos aceptar tal teoría. Como dijimos en el caso de Giménez v. Registrador, 21 D. P. R. 329, 332, “ # * * la tendencia y espíritu general de la ley al tra-tar del marido y de la mujer y de bienes gananciales se muestra firmemente en oposición a la idea de alguna dis-tinción. ’ ’

Y alega también el apelante que como en la escritura com-pareció el apoderado de la esposa y prestó sn consentimiento, cualquier defecto que pudiera existir quedó subsanado.' No estamos conformes. La intervención del apoderado de la mujer no puede suplir la falta de poder expreso necesario en el apoderado del marido.

Por virtud de todo lo expuesto, nos vemos obligados a confirmar la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Báez et al., Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Germán, denegatoria de la ins-cripción de una agrupación de fincas. .
    No. 481.
    Resuelto en febrero 4, 1921.
    Agrupación de Fincas Colindantes — Inscripción Previa de Agrupación a Nombre del Causante. — No es contrario a los finos del No. 4 del artículo 61 del Reglamento Hipotecario, el inscribir previamente la agrupación de va-rias fincas colindantes a nombre del causante de una herencia a favor del cual aparecen inscritas, cuando así lo piden todos los herederos en documento inscribible del cual resulta que los peticionarios son dueños en común proindiviso de tales fincas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, com-pareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del'tribunal:

Concepción Báez Ortiz y sns Rijos Concepción, Dolores] Rosa María, Carmen y Agueda G-uzmán Báez, la primera como viuda y las restantes como Rijas y únicas Rerederaá de Francisco G-uzmán Ledesma, otorgaron escritura ele in-ventario, avalúo, liquidación, división y adjudicación de bie-nes hereditarios, haciendo constar que a los fines de la divi-sión material agrupaban varias fincas colindantes. Junto con este título presentaron al registrador un acta notarial aclaratoria, otorgada por las mismas partes, interesando que la agrupación contenida en la escritura particional se enten-diera hecha a favor del causante de las otorgantes, a nombre del cual aparecían inscritas separadamente dichas fincas. '

El registrador denegó la inscripción por entender que’ de acuerdo con el No. 4 del artículo 61 del Reglamento Hipo-tecario, es necesario que los herederos inscriban previamente a su favor el derecho de condominio en común pro-indiviso que tienen en las distintas fincas que pretenden agrupar pala formar una sola, porque siendo dichas herederas las intere-sadas en la inscripción de la agrupación y no su causante, es a ellas a quienes incumbe la solicitud de que se practique previamente a su favor la inscripción de las fincas que for-man la agrupación, ora pidiendo la inscripción de la agru-pación a su favor, ora al dé su causante. Opina además el registrador que de hacerse la inscripción como la pretenden las herederas, el Pueblo de Puerto Rico devengaría mentís derechos que verificándola como entiende' dicho funcionario que procede. Sin embargo, como tal cuestión no há sido JA5 vantada por el registrador como un motivo formal para sos-tener la denegación, nos abstenemos de considerarla.

El inciso 4 del artículo 61 del Reglamento Hipotecario ’ autoriza como requisito para que la agrupación pueda ha-cerse, que las fincas colindantes pertenezcan a un mismo dueño, o “a varios pro-indiviso.” El hecho de que los recu-rrentes fueran todos los herederos del que tenía título ins-crito resultó claro de la escritura presentada en este caso para su inscripción. Ellos eran por consiguiente los dueños pro-indiviso. Cualquier escritura, declaración o sentencia presentada al registro en la cual resulte claro el hecho de la herencia de varias personas, sustituye a los herederos por su causante. Una declaratoria de herederos es la forma corriente. Dicho esto, es claro que las herederas recurrentes eran dueñas pro-indiviso con derecho a la agrupación que determina dicho inciso 4 del artículo 61.

.■ Los recurrentes es verdad solicitaron que la inscripción se hiciera a nombre de su causante y contra esa solicitud no opone el registrador otra razón que la de estimar necesario ^se haga previamente la inscripción a favor de los herederos de las fincas que se proponen agrupar. No estamos confor-mes con esa razón pues el causante tenía derecho a verificar y a inscribir a su favor la agrupación, y como los herederos son continuadores de su personalidad según el ¿rtículo 669 del Código Civil debe reconocérseles igual derecho de agru-par e inscribir la agrupación a favor del causante. El de-recho .del causante no era un derecho personalísimo sino transmisible a sus herederos y éstos están interesados en que el derecho de su causante se lleve a efecto, para tomar la agrupación como base o supuesto de sus respectivas hijuelas e inscribirlas en el registro.

Pidieron los recurrentes optar por inscribir a su favor ■en común pro-indiviso las fincas que habían de agruparse para luego verificar la agrupación e inscribirla a su nombre; pero ellos han optado por hacer la agrupación e inscribirla <?n el registro a favor del causante a cuyo favor estaban ins-eritas las fincas mismas y al hacerlo así no han lastimado .derecho de persona alguna ni ido contra el funcionamiento interno del registro.

El registrador invoca en apoyo de su negativa la juris-prudencia sentada en los casos Merly et al. v. El Registrador, 22 D. P. R. 417; Muñoz v. El Registrador, 25 D. P. R. 842, y Berríos v. El Registrador, 27 D. P. R. 900, nin-guno de los cuales es aplicable a este caso; el primero, por-qué los herederos trataron de. inscribir directamente a su nombre las fincas agrupadas que habían sido inscritas sepa-radamente a nombre de distintas personas;, el segundo, por-que allí se trataba de inscribir una agrupación de fincas que pertenecían a distintas entidades jurídicas; y el tercero, porque un viudo pretendía únicamente inscribir las fincas agrupadas que había adquirido en su matrimonio, sin de-mostrar que él era el único heredero de su esposa o que las fincas agrupadas habían sido adjudicadas a él en procedi-mientos de partición de herencia.

La nota recurrida debe ser revocada debiendo verificarse la inscripción como fué solicitada.

Revocada la nota y que se verifique la inscrip-ción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sk. del Toko,

text:
    The Juncos Central Co., Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Becueso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegatoria de la inscripción de una escritura' de compraventa.
    No. 482.
    Resuelto en febrero 11, 1921.
    Poder — Mandato—Bienes Gananciales — Venta de Gananciales. — Un poder en el que la esposa faculta al esposo "para que venda * * * cualesquiera fincas rústicas o urbanas que posea en la actualidad o adquiera en lo su-cesivo, por el precio que considere más ventajoso * * *, ” no autoriza al apoderado para vender bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales existente entre el esposo y la esposa.
    Los hechos están'expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. F. González.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sk. del Toko,

emitió la opinion del tribunal.

El 9 de junio de 1920 compareció ante notario público Tomás Subirana y otorgó una escritura áe venta de un con-dominio a favor de Tbe Juncos Central Company actuando Subirana como apoderado de los dueños del condominio Julio Gay y su esposa Jeanne Pujos.

, Presentado el documento en el registro, se negó su ins-cripción por no acompañarse ni insertarse en la escritura el poder conferido por la esposa. Se cumplió entonces con lo exigido por el registrador y este funcionario volvió a ne-gar la inscripción porque el poder otorgado no era suficiente para la venta de bienes gananciales, condición que tenía 'el condominio enajenado.

El poder que ostentaba Subirana le fué otorgado por Julio Gay por sí y como apoderado de su esposa, y el poder que otorgó Jeanne Pujos a su esposo contiene la siguiente cláusula:

“Para que venda absolutamente o con pacto de retracto, cuales-quiera fincas rústicas o urbanas que posea en la actualidad o adquiera en lo sucesivo, por el precio que considere más ventajoso. * * * ”

Está admitido que Gay tenía facultad para sustituir el poder que le confirió’ su esposa. ■ La cuestión a considerar y a resolver consiste sólo en si la cláusula que dejamos trans-crita es suficiente para vender bienes inmuebles de la so-ciedad de gananciales.

Dicha cuestión nó es nueva. Recientemente en el caso de Beauchamp v. El Registrador de Aguadilla, 27 D. P. R. 385, esta corte reafirmó la doctrina que sigue:

“De acuerdo -con la jurisprudencia constante de este Tribunal Supremo un poder en que se faculta al apoderado para ‘comprar, vender, etc., cualquiera clase de bienes de la poderdante,’ no con-fiere facultad al mismo para vender aquellos bienes que pertenezcan a la sociedad de gananciales de la poderdante eon su esposo.”

Véanse además los casos de Alvarez v. Registrador de San Germán, 29 D. R. R. 84; López Landrón v. Registrador, 15 D. P. R. 722; Rodrígues v. Registrador, 14 D. P. R. 779, y Vidal v. Registrador, 12 D. P. R. 168.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Sb. Hebnández,

text:
    Rosado et al., Demandantes y Apelantes, v. Delgado et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre desahucio.
    No. 2240.
    Resuelto en febrero 11, 1921.
    Desahucio pob Peecaeio — -Posesión en Concepto de Dueño — Conflicto de Desechos. — Cuando en una acción de desahucio por precario el demandado contesta alegando que no posee en tal concepto sino en el de dueño, y pre-senta alguna evidencia que aparentemente demuestra que su posesión no es precaria, no debe declararse con lugar la demanda de desahucio, por existir un conflicto de derechos que ha de resolverse con las garantías de defensa e información que ofrecen los juicios declarativos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. R. Arce.

    Abogado de los apelados: Sr. E. Lopes Tizol.

   El Juez Peesidente Sb. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes apelantes en concepto de herederos de Angel Hidalgo Contreras radicaron en la Corte de Distrito de Humacao, con fecha 5 de agosto de 1919, una demanda contra los demandados sobre desahucio por precario, ale-gando que al ocurrir el fallecimiento de Angel Hidalgo Contreras, en 14 de diciembre de 1915, dejó éste entre otros bie-nes una finca rústica que se describe en la demanda en la cual existe una casa terrera de maderas y techo de zinc destinada a habitación, y como Hidalgo Contreras tenía acogida en di--cha casa a una mujer llamada Felicita Delgado, madre natural de los demandados Juan Jerónimo y Carmen Delgado, mujer de edad muy avanzada y enferma, los demandantes to-maron el acuerdo de mantenerla y darle habitación hasta que muriera, y al efecto consintieron en que la Felicita continuara viviendo en la casa sin pagar canon ni merced alguna, hasta el'momento de su muerte, conviviendo con ella sus hijos na-turales Carmen y Juan Jerónimo Delgado y su hijo político o yerno el otro demandado Cirilo Santana, para que cuida-ran de su persona; pero habiendo fallecido Felicita Delgado en 20 de marz© de 1918, cesó el motivo de la ocupación y - uso de la casa por parte de los demandados, quienes a pesar de ello siguen disfrutándola sin pagar canon o merced alguna y se niegan a entregarla a los demandantes.

Los demandados al contestar la demanda negaron los he-chos en ella expuestos, alegando como materia de defensa que en la misma Corte de Humacao y con los números 4330 y 5527 se encuentran pendientes y en trámite dos acciones civiles entre los demandantes y los demandados, en cuyos pleitos reclamán los hoy demandados la propiedad exclusiva de la finca descrita en la demanda así como de los bienes todos que en vida pertenecieron a Angel Hidalgo Contreras y a Felicita Delgado, y que los demandados en el presente pleito son los únicos y exclusivos dueños de la finca de que se trata y los únicos también con derecho a la posesión de la misma.

Celebrado el juicio la Corte de Humacao dictó sentencia en 12 de diciembre de 1919 declarando sin lugar la demanda por tratarse de un caso en el que los demandados no tienen el carácter de poseedores en precario, pues su posesión obe-dece a un derecho más o menos discutible pero nunca a la tolerancia de los demandantes.

Esa sentencia ha sido apelada por los demandantes.

No nos toca resolver en el presente juicio sobre los dere-chos que controvierten demandantes y demandados en los dos casos pendientes iniciados antes que el presente en la Corte de Distrito de Hnmacao, uno de ellos, No. 4330, sobre liquidación de sociedad civil de gananciales iniciado por Fe-licita Delgado en 17 de abril de 1916, y continuado después por Carmen y Juan Jerónimo Delgado como componentes de la sucesión de la misma, y el otro, No. 5527, por Juan Jeró-nimo Delgado contra los boy demandantes sobre declarato-ria de existencia de contrato y otros extremos, pues esos de-rechos han de ser resueltos en los expresados juicios, me-diante las alegaciones y pruebas aducidas en ellos, y no nos es dable establecer en éste prejuicio alguno sobre su re-sultado.

La única cuestión hoy a discutir y resolver es si los de-mandados poseen o no en precario la casa de que se trata y para ello se hace necesario traer a examen las pruebas del juicio.

Son hechos resultantes del juicio que los demandantes son actualmente causahabientes de Angel Hidalgo Contreras por título hereditario; que Hidalgo Contreras, por escritura de 10 de mayo de 1905, inscrita en el registro, había adquirido la finca y casa que se mencionan en la demanda; que Feli-cita Delgado falleció bajo testamento que había otorgado en 3 de abril de 1917 en el que instituyó por herederos a su hija Carmen, habida en relaciones amorosas con Manuel Delgado, casada con Cirilo Santana y a Jerónimo Delgado, ha-bido en concubinato con Angel Hidalgo, y que están actual-mente en tramitación los pleitos de que ya dejamos hecho mérito.

La prueba testifical de los demandantes tiende a demos-trar que ocurrido el fallecimiento de Angel Hidalgo convi-nieron ellos en que Felicita Delgado continuara viviendo hasta su fallecimiento la casa donde vivía con Angel Hidalgo, quedando encargados de prestarle cuidados y atenciones sus hijos Juan Jerónimo y Carmen Delgado, casada con Cirilo Santana.

La prueba testifical de los demandados tiende a demos-trar que Angel Hidalgo Contreras y Felicita Delgado vivie-ron largos años en concubinato y que durante esa vida co-mún, trabajando ambos, compró Hidalgo para los dos con dinero del uno y del otro la casa de que se trata.

La prueba testifical de los demandados consiste en las declaraciones de los testigos José Rodríguez Cruz y Ramón Morales. El primero declara entre otras cosas que—

‘ ‘ Sabe que esa finca a que se refiere la demanda la compró' Angel Hidalgo con dinero de ellos, según lo explicaron ellos, con dinero de él y de Felicita, la mujer que él tenía, que Felá vivía con él en la misma casa, que los conoció viviendo por lo menos veintiocho años como marido y mujer; ella trabajaba tanto como él, se dedicaba mu-cho a la crianza de aves y de cerdos; que sabe que ella atendía a las necesidades de la casa, que ella trabajaba más que él, mucho más que él trabajaba ella, en todo trabajo, atendía a la casa y se dedi-caba a la crianza de aves y cerdos y bregaba con peones y hacía manutenciones para los peones y todo eso; que ella hacía eso en la finca que tenía arrendada '* # Que Angel Hidalgo le dijo que él iba a comprar esa finca y para comprarla tenía que realizar los bienes que tenía de ella y de él para comprarla con el producto de ellos * *

El otro testigo Ramón Morales declara—

“Que don Angel * * le decía siempre que aquella finca la había adquirido por medio de su trabajo y de su señora o de su mujer que tenía al lado en unión, porque resulta que él tenía una finca arrendada a don Ignacio Berrios y trabajaban ellos criando cerdos y criando ganado, haciendo un capitalito de dinero que por cierto lo tenían en la, casa de don Celestino Solá y después le com-praron la finca esa a Machuca, y Angel Hidalgo dijo, yo quiero esto para mi hijo para 'el día que muera tanto la madre como él queden amparados '* * Yo puedo decir que conocí a Felicita Delgado en unión de él y sucede que ellos habían adquirido un ca-pitalito y vivían juntos.”

Como se ve la negativa formulada por los demandados con relación a su posesión en precario no está desnuda de toda prueba. Es aplicable al recurso la doctrina establecida en los casos de Miranda v. Comerón et al., 19 D. P. R. 488, y Gandía v. Cabán, 22 D. P. R. 833, de que cuando en una acción de desahucio- por precario el demandado contesta ale-gando qne no posee en tal concepto sino en el de dueño, y presenta alguna evidencia qne aparentemente demuestra que su posesión no .es precaria, no debe declararse con lugar la demanda de desahucio.

Atendidos los méritos probatorios expuestos, no podemos llegar a la conclusión de que los demandados posean en pre-cario, esto es, sin título ni derecho alguno y por mera tole-rancia de los demandantes la finca que éstos reclaman. En ol presente caso hay envuelta una cuestión de derecho, de gran trascendencia, que no puede resolverse en un juicio de desahucio sin las garantías de defensa e información que ofrecen los juicios declarativos. Andino v. Canales, 27 D. P. R. 281.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hut-chison; disintiendo los Jueces Asociados Sres. Wolf y Al-drey. .


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Díaz et al., Peticionarios y Apelados, v. Pastor, Demandado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en • pleito' sobre administración judicial de una comunidad de bienes.
    No. 2407.
    Resuelto en febrero 11, 1921.
    Reconsideración — Resolución Inapelable. — No es apelable la resolución que niega una moción cuyo alcance es el de pedir la reconsideración de una resolución anterior apelable.
    Fecha de Radicación de Documentos — Documentos por Correo. — Según de-cisiones de este tribunal la fecha de radicación de documentos no se cuenta desde que se depositan en el correo sino desde el día en que llegan a manos del secretario del tribunal.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. F. Parra Capó.

    Abogado de los apelados: Sr. T. Bernardini.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El contador partidor qne fné nombrado por la Corte de Distrito de G-uayama en los procedimientos sobre adminis-tración judicial de los bienes de una comunidad presentó un informe enmendado sobre la partición de dichos bienes y se concedió a las partes interesadas el término de ocbo días para que lo impugnaran si lo estimaban conveniente, término que a petición de Ramón Pastor Díaz le fué prorrogado basta el 25 de octubre de 1920 a las 9 de la mañana. Dos días después de esta fecha las otras partes pidieron a la corte que aprobara dicho informe toda vez que Ramón Pastor Díaz no había presentado impugnación alguna dentro del término que le fué concedido y la corte, por no haberse hecho opo-sición alguna al informe y por estimar que son correctas las operaciones practicadas por el contador partidor, impartió su aprobación al expresado]5 informe con fecha 27 de octubre de 1920. Al día siguiente,:, (el 28) fué registrado en la se-cretaría de la córte un escrito de Ramón Pastor Díaz ha-ciendo impugnaciones al informe del contador partidor por la manera como había llevado a cabo las operaciones parti-cionales, escrito que estaba fechado en Ponce el día 25 de octubre, y el día 30 fué registrado otro escrito del propio Ramón Pastor Díaz, fechado en Ponce el día 28, en el que solicitó la reconsideración de la resolución del 27 de octubre aprobatoria del informe del contador partidor alegando para ello que el día 25, dentro del plazo que se le había concedido para hacer objeciones al mencionado informe, certificó en la oficina del correo de Ponce el escrito conteniendo sus impug-naciones, para comprobar cuyo extremo presentó declaración jurada en ese sentido del encargado de los certificados en la oficina del correo de Ponce; que dicho pliego debió ser recibido en Guayama el día 2B por la mañana por lo que la corte debía hacer una investigación sobre este extremo y que mientras tanto suspendiera los efectos de su auto aprobato-rio del informe del contador partidor, llamando la atención de la corte hacia los artículos 322 y 140 del Código de En-juiciamiento Civil. El día 30 de noviembre pidieron las otras partes a la corte que ordenase se diera cumplimiento a su resolución del 27 de octubre y notificado Eamón Pastor Díaa de esta moción se opuso a ella y la corte por su resolución del día 13 de diciembre negó la reconsideración pedida por Eamón Pastor Díaz y desestimó también las impugnaciones que esta parte había hecho, fundándose en que un documento-no se considera archivado sino desde el momento en que se presenta en la oficina del oficial encargado de su registro o> archivo y por consiguiente que el escrito de impugnaciones fué archivado después- de vencido el término y que si bien es verdad que la corte puede en uso de su poder discrecional librar a una parte de los efectos de una sentencia o resolu-ción cuando existan motivos justificados, examinados los mo-tivos de impugnaciones alegados por Eamón Pastor Díaz al informe del contador partidor no los encuentra justificados y resolvió desestimar la reconsideración pedida, las impug-naciones presentadas, que su resolución del 27 de octubre quede en toda su fuerza y vigor y que se proceda a su cum-plimiento. Contra esta resolución interpuso Eamón Pastor Díaz el presente recurso de apelación cuya desestimación nOs han pedido las otras partes fundadas en que no es apelable por negar la reconsideración de una resolución anterior contra la cual se pudo interponer el recurso de apelación.

La resolución apelada no tiene otro alcance que negar la reconsideración de la resolución de 27 de octubre pedida por Eamón Pastor Díaz fundándose en que las 'impugnaciones contra el informe del contador partidor se presentaron fuera de' tiempo por haber sido registrada en la secretaría de la corte de distrito el día 28 de octubre toda vez que desde este momento es que debe contarse la presentación y no desde que puso el escrito en el correo de Ponce, doctrina que en-cuentra' apoyo en nuestras decisiones en los casos de Patxot v. Nadal, 19 D. P. R. 370; Oronoz v. Montalvo, y Delgado v. Hutchison, 20 D. P. R. 333 y 486 y en el de Alvarez v. Sucesores de C. y J. Fantauzzi, 27 D. P. R. 530; y fundada también en que no encuentra motivos justificados en las im-pugnaciones para bacer uso de la facultad discrecional que lé- concede el artículo 140 para librar a Ramón Pastor Díaz de los efectos de la resolución cuya reconsideración pide. Siendo éste el alcance de la resolución apelada el recurso de apelación establecido contra la resolución de 13 de diciembre que niega la reconsideración, es improcedente. A. Hartmann & Co. v. Cividanes, 28 D. P. R. 32 y Ex Parte Boerman, 28 D. P. R. 83.

■ ‘ Por las razones expuestas debe ser declarada con lugar la moción de desestimación de apelación.

Desestimada la apelación:

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, dql Toro y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. HutchisoN, .

text:
    Viruet, Demandante y Apelante, v. Oliver & Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre otorgamiento de carta de pago y otros extremos.
    No. 2132.
    Resuelto en febrero 14, 1921.
    Modificación de Escritura Pública for Medio de Convenio Yerbal — Convenio Yerbal — Documento Público. — Las estipulaciones consignadas en una escri-tura de hipoteca en cuanto a la forma de pago, no constituyen obstáculo para que los contratantes puedan pactar luego verbalmente o en otra forma lo que tengan por conveniente en cuanto a la aplicación de los pagos y en este caso se entiende que lo últimamente pactado es aclaración, confirmación, o modificación de aquella escritura.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. F. Bossy.

      Abogado del apelado: Sr. A. Lens Cuena.

   El Juez Asociado Se. HutchisoN, .

emitió la opinión del tribunal.

Benito Viruet estableció demanda para obligar a la so-ciedad Oliver y Compañía a otorgar escritura de carta de pago y cancelación total de ciertas hipotecas que se alega han sido satisfechas.

Después de la contestación, contra demanda, y juicio por los méritos del caso, la corte inferior declaró sin lugar la demanda y dictó sentencia a favor de Oliver y Compañía por la suma de $3,895.12, e intereses, costas y gastos por los si-guientes fundamentos:

“Del examen de las alegaciones de las partes, así como de la prueba documental producida por éstas, resulta conformidad de las mismas, en cuanto a la existencia, legitimidad y cuantía de los créditos hipo-tecarios, cuya cancelación solicita el demandante y cuyu pago re-clama la contra-demandante, quedando por tanto, como la cuestión esencial y tal vez única suscitada, la de si las entregas o abonos de frutos de café hechos por Benito Viruet a la sociedad ‘Oliver y Com-pañía,’ desde agosto de 1914 a diciembre del mismo año, lo fueron en concepto de pago del precio 'de los créditos hipotecarios con apli-cación a éstos, como pretende la parte demandante, o si correspondía a una cuenta establecida entre Benito Viruet y ‘ Oliver y Compañía, ’ previo convenio de los mismos, según alega la sociedad demandada y contra-demandante.
“De la prueba documental aportada por ambas partes, resulta demostrado: que sobre la finca descrita en la demanda, pesan las siguientes hipotecas:
“(a) Una primera para garantizar el pago del crédito consti-tuido a favor de la sociedad ‘Oliver y Compañía,’ por 1,396 dollars ocho centavos pagadera a plazos y vencido el 31 de diciembre de 1915.
“(6) Una segunda hipoteca a favor de ‘Oliver y Compañía,’ en garantía de quinientos dollars de préstamo en concepto de refacción y para cultivo de la expresada finca, pagadero y vencido en todo el mes de octubre de 1913, obligándose el deudor a entregar a la so-ciedad acreedora todos los frutos de café que produjere la mencio-nada finca en el año 1913; habiéndose posteriormente convenido en 22 de diciembre de 1913, entre los contratantes por no haber podido el deudor Sr. Yiruet satisfacer los expresados 500.00 dollars a Oliver y Compañía, en prorrogar su pago hasta el 31 de octubre de 1914.
“ (c) Una tercera hipoteca a favor de ‘Oliver y Compañía,’ en garantía de mil dollars de préstamo al referido Sr. Yiruet en con-cepto de- refacción y para cultivo de la expresada finca pagadero y vencido en 31 de octubre de 1914, obligándose el deudor Yiruet a entregar a Oliver y Compañía, todos los frutos de café que produjere dicha finca en el año 1914, para aplicarse al pago de los 500.00 dollars mencionados en el hecho anterior y los mil dollars también de refac-ción a que se refiere el presente.
“Del examen y apreciación del resto de la prueba, documental de cartas, recibos, órdenes y testifical presentada y practicada en el acto del juicio, considero que aparecen demostrados los siguientes hechos:
“Primero. Que el crédito hipotecario por 1,396 dollars 8 centavos vencido el 31 de diciembre de 1915, sin haber sido pagado.
“Segundo. Que el crédito refaccionario de 500.00 dollars y el de 1,000 dollars, vencieron en 31 de octubre de 1914, sin haber sido pagados, e igualmente tampoco ha sido satisfecho a ‘Oliver y Com-pañía,’ por Benito Yiruet, los 550.00 importe del préstamo agrícola vencido, según declaró el mismo Yiruet.
“Tercero. Que con posterioridad al 31 de octubre de 1914, en o por el primero de noviembre del mismo año, Benito Yiruet necesi-tando la refacción para la recolección del café y otras aplicaciones, convino verbalmente con su acreedora ‘Oliver y Compañía,’ en que ésta le siguiese refaccionando para poder recojer el café y que el fruto e importe del café que fuese entregando se aplicase o abonase a la cuenta comente de refacción y mercaderías, en primer término y el sobrante para el pago de los créditos refaccionarios o hipotecas.
“Cuarto. Que dicha cuenta corriente quedó sin cubrir por Benito Yiruet, y por tanto sin sobrante alguno que asignar para el pago de dichos créditos.
“Quinto. Que la expresada cuenta liquidada con un saldo a favor de ‘Oliver y Compañía,’ de $444.58, fué entregada en febrero de 1915 a Benito Yiruet, sin que éste hiciese impugnación a la misma, apareciendo por el contrario, de las declaraciones de Francisco Jaume, que aquél manifestó estar conforme con la cuenta, hablando del saldo de ella, y de Clodomiro Candelaria, que Yiruet le dijo que quería vender su finca para pagarle a ‘ Oliver y Compañía, ’ la cuenta y la hipoteca.
“Para que proceda la cancelación solicitada por Benito' Yiruet en su demanda, se hace necesario justificar por el actor, haber satisfecho el crédito hipotecario y los refaccionarios, cuya garantía se constituyó' sobre la finca mencionada en la demanda, y pagado por tanto la can-tidad con que aparece gravada la misma y lejos de eso Yiruet, no solamente no ha justificado el pago de ninguno de los préstamos que le fueron hechos por ‘ Oliver y Compañía, ’ sino que aparece adeudando a éstos el saldo de la cuenta eorriente establecida para facilitarle aquéllos la refacción y la entrega de lo necesario a la recolección del fruto de la finca, el cumplimiento por el' deudor Yiruet de las obli-gaciones vencidas y no satisfechas.
“No habiéndose extinguido por el deudor Yiruet ninguno de los créditos hipotecarios, carece de derecho a la cancelación de los mismos.
“El demandante Yiruet, ha tendido a suscitar dudas sobre el alcance y verdadero objeto del convenio de cuenta corriente, por los hechos probados anteriores, coetáneos y posteriores al mismo, cuales son: los préstamos de refacción anteriores prorrogados en un venci-miento y no satisfechos no obstante; la naturaleza heterogenia de la cuenta que comprende entregas de dinero, efectos, provisiones, merca-derías, etc.; y el recibo y no impugnación de la cuenta liquidada y saldada, las manifestaciones del deudor Yiruet y Francisco Jaume sobre - conformidad con un saldo, y a Clodomiro Candelaria, de ‘ ‘ querér vender su finca para pagarle a ‘ Oliver y Compañía, ’ la cuenta y la hipoteca, y la hecha a Angel Marengo, revelan el incumplimiento por parte de' Yiruet de las obligaciones constituidas a favor de la mercantil contrademandante y la falta de pago del saldo de la cuenta a la cual, él mismo disponía se cargasen sus pedidos, de dinero, pro-visiones, mercaderías hechos en los vales u órdenes que han sido presentadas como prueba y por él reconocidas en el acto del juicio.
“La contrademanda en cobro de dinero se basa en los tres créditos procedentes de los tres préstamos en concepto de refacción y del préstamo agrícola a que nos hemos referido en los hechos expuestos al principio de esta opinión y además en una cuenta liquidada, la corroboración de . cuyas partidas de mercaderías vendidas y entre-gadas al contrademandado ha sido objeto de una detallada y minu-ciosa prueba por la parte contrademandante.
“Las estipulaciones consignadas en escritura pública, no consti-tuyen obstáculo para que los contratantes puedan pactar en otra forma lo que tengan por conveniente, y en este caso se entiende que lo .últimamente pactado es aclaración, confirmación, o' modificación de aquélla escritura. Sentencia del Tribunal Supremo de España, •dé 6 de abril de 1888.
“Las obligaciones contraídas por personas hábiles, son eficaces, siempre que se justifique la existencia de aquéllas por cualquier medio de prueba de los que reconoce el derecho, debiendo los tribunales evitar, en cuanto se pueda, que quede a merced de la voluntad de una de las partes el derecho de la otra.
“El demandante no ha justificado su derecho a la cancelación de los créditos hipotecarios- que interesa, pues no ha probado haber sa-tisfecho dichos créditos y no estando liberada o extinguida la obli-gación principal, o sea los créditos, no tiene el deudor derecho a la cancelación.
“Por otra parte la contrademandante, ha justificado la existencia y legitimidad de los créditos que reclama, por la prueba documental pública producida por ambas partes; y apreciando la fuerza pro-batoria de las declaraciones de los testigos en relación con los demás medios de prueba respecto a la cuenta corriente presentada por la contrademandante, considero que ha sido justificada la obligación que existe por parte del contrademandando de satisfacer el saldo de dicha cuenta, sin que haya sido impugnada ni en las alegaciones del contrademandado, ni por medio de prueba, la corrección de dicho saldo.”

No existe ningún señalamiento de error específico, o en otra forma, pero el apelante en el curso de un alegato de treinta y ocho páginas discute las siguientes cuestiones le-gales :

“Primera. ¿Pudo la sociedad Oliver y Compañía dedicar el pro-ducto del café que le entregara don Benito Viruet durante la cosecha de 1914, al pago de la cuenta corriente de dicho Viruet en vez de destinarlo a liquidar las tres hipotecas, una de mil trescientos noventa y seis pesos, ocho centavos, constituida por la escritura de 20 de mayo 1912, otra de quinientos según escritura de 14 de diciembre del mismo año, y la tercera de mil mediante escritura de 22 de diciembre del 1913, que suman dos mil ochocientos noventa y seis pesos, ocho- centavos; cuando en la cláusula tercera de da última de estas escrituras se estipuló que ese café era para abonar los dos últimos‘préstamos, y el pago de la primera hipoteca es preferente a cualquier otro, mucho más cuando es primera en tiempo, porque data de 20 mayo 1912, a vencer en 1913, 14, y 15?
“Segunda. ¿Cuál fué el precio convenido entre acreedor y deudor, para valorar. el café ? ... , , .
“Tercera. La sociedad acreedora pretende cobrar a Viruet en este pleito, el saldo de una cuenta corriente que relaciona en sú contrademanda. ”

En la primera de estas cuestiones co.mo ha. sido presen-tada, se pasa claramente por alto la conclusión de la corte inferior en cuanto al convenio verbal celebrado entre las par-tes respecto a la apertura de la nueva cuenta y a la aplica-ción de los pagos que luego habían de hacerse/'

La segunda es puramente una cuestión de hecho,. fcomq también lo es la tercera, excepto en cuanto depende de Iíj resolución de tales cuestiones de derecho como han sido va-gamente sugeridas en la primera. . ,

Verdaderamente que cualquier mérito que pueda encon-trarse en todo el ale.gato, si no es la única cuestión que ha sido sugerida formalmente, está en el análisis acabado de la prueba ■ aportada al juicio. T sobre este aspecto del caso bastará con decir que los hechos como fueron declarados pro-bados por el juez sentenciador están bien establecidos, por la prueba.

Al presentar la primera de las. tres cuestiones que han sido sometidas, el - apelante, hace referencia a los artículos 1221, 1223 y 1234 del Código Civil en el sentido de indicar* entre otras cosas, que*es indispensable .un documento.público para que pueda hacerse una modificación a la cláusula con-tenida en una hipoteca en cuanto a la forma del pago. . La sentencia del Tribunal Supremo de España de abril ,6, 1888, en la cual se funda el juez sentenciador no ha sido comen-tada, distinguida, discutida, o siquiera mencionada,..y no..'Se ha hecho cita alguna de ninguna, otra autoridad sobre esta, cuestión. Asimismo en cuanto a la cuestión de “preferen-cia” en lo que respecta a las varias hipotecas, a los contratos pór escrito sobre créditos refaccionarios, y a ,1a deuda por virtud de la cuenta abierta subsiguientemente de conforms dad con los términos del convenio verbal posterior relativo r dicha ulterior prórroga del crédito, se hace referencia a los artículos 1824, 1825, 1828 y 1830 del Código Civil como fue-ron enmendados por la ley sobre contratos de refacción agrí-cola, aprobada en marzo 10, 1910.

Los apelados para refutar esta clase de argumentos, citan los artículos 1221, 1222, 1225, 1245, 1246 y 1140 del Código Civil y las sentencias del Tribunal Supremo de España de julio 4, 1899; octubre 19, 1901; junio 18, 1902; mayo 11, 1903; enero 13, 1904; enero 18, 1905; julio 8, 1904; noviem-bre 14, 1904; febrero 4, 1905; febrero 9, 1907; junio 14, 1907; julio 8, 1908 y abril 17, 1909, en relación con el caso de Abella v. Antuñano, 14 D. P. R. 498; Asencio v. Alvarez, 10 D. P. R. 106; Río v. Vázquez, 17 D. P. R. 672; Vázquez v. Medina, 17 D. P. R. 105, y los comentarios de Manresa a los artículos correspondientes del Código Español.

Y sin más discusión sobre la cuestión que de tal modo se trata de plantear, de paso podemos hacer referencia a los casos de Torres v. Lothrop, Luce & Company et al., 16 D. P. R. 180; 231 U. S. 171; Wigmore sobre Evidencia, tomo 4, página 3441, sección 2441; idem., página 3467, sección 2455; Bloodworth v. Jacoba, 2 La. Ann. 24; Merchants and Farmers’ Bank v. Harvey Plow Company, 14 Souther Rep. 139, y Flower & Kenney v. O’Bannon, 33 La. Ann. 1042.

Es al apelante que trata de obtener la revocación de la deliberada sentencia dictada por la corte- inferior a quien incumbe establecer los fundamentos en que se basa, y no es necesario que investiguemos minuciosamente sobre los mé-ritos de cuestiones sometidas sin citas de autoridades, como referencia más o menos razonables que puedan deducirse de determinados artículos del código, los cuales mediante un examen final y después de una investigación acabada e inde-pendiente por este tribunal, podrían o no suministrar por vía de analogía o de otro modo, alguna base sólida para la teoría que de tal modo ha sido sugerida.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres.• Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.