author: El Juez Asociado Señoe Wolf

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Vélez Cruz, acusado y apelante.
    Núm. 6372.

    Sometido: Febrero 23, 1937.

      Resuelto: Junio 3, 1937.

      José M. Valentín Esteves, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Pico presentó acusación contra Juan Vélez Cruz y José Vélez Cruz por el delito de mutilación. El jurado ante el cual se vió el caso absolvió a Juan Vélez Cruz probablemente porque no creyó que éste en verdad in-firiera la herida a Juan Alicea, el perjudicado.

La teoría de El Pueblo fué que después que Juan Alicea dejó cierto establecimiento se encontró con los hermanos Vélez Cruz en la carretera y éstos le acusaron de ser un chulo de la policía con respecto a las personas que tenían alambiques y, según el agraviado, le mutilaron.

El perjudicado también declaró que la madre de José Vélez Cruz trató de impedir que sus hijos hirieran-a Alicea y mientras realizaba tal esfuerzo ella misma salió herida.

La teoría de la defensa fué que Alicea vino a la casa de los Vélez Cruz en estado de embriaguez y trató de acometer a la madre de estos jóvenes y que ellos tuvieron que inter-venir para defenderla. Salió claramente a relucir en el jui-cio, entre otras cosas, que Alicea nunca había estado antes en la casa de los Vélez Cruz y en general el jurado ante el cual se vió el caso tenía derecho a creer la prueba de cargo y a declarar culpable a José Vélez Cruz. Esto resuelve el sexto señalamiento de error.

El primer señalamiento fué al efecto de que la corte cometió error al no admitir la declaración del testigo de la defensa, Lie. Buenaventura Esteves. Este señalamiento es insuficiente, toda vez que de por sí no nos da idea de lo sucedido, más lo discutiremos hasta cierto punto.

Mientras Juan Alicea estaba en la silla de los tes-tigos se le hizo un número razonable de preguntas respecto a si no había un proceso pendiente contra él en Aguadilla por haber acometido y agredido a la madre de José Yélez Cruz. Una de las discusiones entre las partes fué respecto a si esta denuncia pendiente fué interpuesta por la policía o por los mismos acusados.

Entonces Buenaventura Esteves, en ausencia del jurado, fué puesto en la silla de los testigos y manifestó en efecto que se le había pedido que interviniera en el caso contra Alicea y que el Procurador General de Puerto Rico le había designado fiscal especial. Luego de oír la declaración del tes-tigo un poco más la Corte de Distrito de Aguadilla decidió que su declaración era totalmente impertinente, que tendía a inducir a error al jurado y que, por otras razones que es innecesario especificar, no admitiría la evidencia. Sucedió que Alicea no había sido arrestado.

Mientras Alicea ocupaba la silla de los testigos y era re-preguntado respecto a hallarse pendiente este proceso contra él, no hubo objeción a parte alguna del testimonio y desde luego la corte tenía amplia discreción durante el contrainte-rrogatorio. No obstante, tenemos la idea de que la corte, de haberse presentado la correspondiente objeción, hubiera po-dido, en este caso específico, haber excluido el testimonio, puesto que el mismo no tendía en forma alguna, por lo menos legalmente, a impugnar el testimonio de Alicea.

Sin embargo, la declaración de Buenaventura Esteves era inadmisible más o menos por las razones dadas por la corte inferior.

A este respecto Wigmore, en su tratado sobre Evidencia (2da. ed.) tomo 2, see. 982, pág. 365, dice:

“Las cortes que adoptan uno u otro de los criterios anteriores, prestan a Teces atención hacia la distinción existente entre mala conducta en sí y una mera acusación de mala conducta. Al hacerse esto, se deduce que no se permitirá que un mero arresto o acusación sea investigado; toda vez que el hecho del arresto o la acusación es muy consistente con la inocencia de la persona, y puesto que el re-eibir tal prueba equivale a admitir prueba de referencia sobre la culpabilidad del testigo. El admitir esto conlleva una violación tanto de la regla contra prueba de referencia cómo de la regla que prohíbe testimonio extrínseco de mala conducta. El único funda-mento posible para que se permita que salgan a relucir tales hechos es que el mero hecho de haber sido arrestado o procesado es una si-tuación desgraciada que indica que hay algún punto vulnerable en la integridad de carácter del testigo. Tal noción es enteramente consistente con las ideas sociales en Inglaterra, por lo menos en una generación pasada; en su consecuencia, hallamos que el hecho de arrestarse o procesarse a una persona se considera allí (y asumido sin lugar a duda) como pertinente, en las resoluciones dictadas a principios del siglo 19. Pero esta noción no tiene una sana justifi-cación, y conlleva la injusticia de someter al testigo a sospechas sin darle la oportunidad de defenderse. Debe ser entendido por todas las cortes que la única circunstancia relevante lo es la conducta efec-tiva, es decir, el hecho, y no la imputación, de haberse portado mal. Si es impropio probar esto xoor medio de prueba extrínseca, es doble-mente impropio tratar de probarlo con prueba de referencia y triplemente impropio cuando ello va acompañado de la prohibición de que el testigo u otros a su nombre refuten la prueba de referencia.”

En tanto en cnanto el testimonio de Esteves tendía a contradecir1 a Alicea, el mismo era inadmisible toda vez qne se refería a una cuestión colateral. Wigmore on Evidence (2da. ed.) tomo 2, sec. 1001 y 1002.

La corte expuso varias razones por las cuales no admitía que la defensa mandara a buscar al secretario de la corte municipal para demostrar una acusación contra Alicea. En ejercicio de su discreción no solamente tenía derecho a negar esta oferta, becba tardíamente durante el juicio, sino que estuvo justificada al negarse a ello por razones similares a las ya discutidas. Esto resuelve el segundo señalamiento de error.

No creemos que la corte inferior cometiera error en ab-soluto al permitir que se hiciera la siguiente pregunta du-rante el contrainterrogatorio de uno de los testigos del acu-sado: “Dígame, ¿quién es el querido de Filomena? No po-demos ver ningún abuso de discreción, y el error, de haberlo, no fué perjudicial.

Tampoco fueron perjudiciales las' tentativas hechas por el fiscal para demostrar la mala reputación del acusado. Esto es objeto del cuarto señalamiento de error.

El quinto señalamiento se funda en el hecho de que la corte declaró sin lugar una moción de nuevo juicio. Como ésta sólo cubría cuestiones que ya han sido discutidas, no se cometió error alguno.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila, no’intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Vélez Cruz, acusado y apelante. El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Vélez Cruz, acusado y apelante.
    Núms. 6382 y 6383.

    Sometidos: Febrero 23, 1937.

      Resueltos: Junio 3, 1937.

      José M. Valentín Esieves, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

José Yélez Cruz y Juan Yélez Cruz fueron también acu-sados y convictos del delito de portar armas. Mediante es-tipulación presentada en la corte inferior, los casos fueron sometidos por la prueba aducida en el juicio contra los mis-mos acusados en el proceso de mutilación. Todos los casos han 'sido acumulados con el fin de apelar utilizando la misma transcripción taquigráfica. Acabamos de confirmar la sen-tencia en el caso de El Pueblo v. José Vélez Cruz, por mutilación, núm. 6372 (ante, pag. 665), y las sentencias en estos casos deben ser igitalmente confirmadas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    Angel Rodríguez Velázquez, demandante y apelado, v. Francisco Fontes Cátala, demandado y apelado; The American Railroad Company of Porto Rico, interventora y apelante.
    Núm. 7198.

    Sometido: Marzo 3, 1937.

      Resuelto: Junio 4, 1937.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; Vicente Géigel Polanco, abogado del'demandante apelado; Angel M. Villamil, abogado del demandado apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Angel Rodríguez Velazquez inició un pleito en la Corte de Distrito de San Juan contra Francisco Fontes Cátala en reclamación de $1,297 por daños y perjuicios y solicitó que se asegurara la efectividad de la sentencia que pudiera dic-tarse mediante embargo de bienes del demandado previa la prestación por su parte de la fianza correspondiente.

Accedió la corte. Expidió el secretario mandamiento al marshal y éste siguiendo instrucciones escritas del abogado' del demandante embargó “todo sueldo o compensación que el demandado tenga devengado o devangare en lo sucesivo como empleado de The American Railroad Company of Porto Rico.” La notificación Lecha al Gerente de la compañía tiene fecha junio 9, 1935, y lee como signe:

“En cumplimiento de una orden de embargo espedida por esta honorable Corte en el caso de epígrafe, para asegurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer en su día a favor del demandante Angel Rodríguez Velazquez y en contra del demandado Francisco Fontes Cátala, a quien reclama la suma de mil doscientos noventa y siete ($1,297) dólares por concepto de daños y perjuicios, he proce-dido a embargar con esta fecha todo sueldo o compensación 'que tenga devengado o devengare en lo sucesivo el demandado Francisco Fon-tes Cátala como empleado de The American Railroad Company of Porto Rico.
“Y por la presente se apercibe a usted que deberá retener en su poder todo sueldo o compensación que tenga devengado o devengare en lo sucesivo el referido Francisco Fontes Cátala como empleado de The American Railroad Co. of Porto Rico, hasta cubrir la referida suma de mil doscientos noventa y siete ($1,297) dólares que se re-clama en esta acción, no debiendo usted entregárselo a persona al-guna que no sea el márshal que suscribe hasta nueva orden del tribunal.”

En 12 de ag’osto siguiente los ahogados de ambas partes presentaron a la corte la siguiente estipulación:

“1. Que entre los bienes embargados en este caso, se encuentran las mensualidades que el demandado Francisco Fontes Cátala recibe como empleado de la American Railroad Company y ascendentes a la cantidad de $100 mensuales.
“2. Que los abogados suscribientes, con el consentimiento de sus respectivas partes han llegado al acuerdo de que solamente se em-barguen y queden embargados, mientras continue la sustanciación de este pleito, la cuarta parte de dicho sueldo, debiendo el márshal de esta corte, retener la misma y devolver al demandado Francisco Fontes Cátala el balance que se encuentre en su poder de lo ya em-bargado.”

Y el mismo día la corte resolvió:

“La corte aprueba la estipulación de las partes y por la presente ordena el levantamiento del embargo del sueldo del demandado en cuanto a tres cuartas (%.) partes del mismo, quedando subsistente únicamente en cuanto a una cuarta (Y^) parte, y se ordena ade-más, que se proceda a la devolución de la diferencia que liaya sido retenida en virtud die la orden de embargo.”

Así las cosas, en agosto 29, 1935, The American Railroad Company of Porto Rico presentó una moción titulada “de intervención” — “en el incidente de embargo en asegura-miento de sentencia.”

En ella alegó que el embargo trabado interrumpía el buen funcionamiento de su oficina y afectaba el servicio que pres-taba como compañía de servicio público que era, que no ha-bía ley que autorizara el embargo de sueldos de empleados en aseguramiento de sentencia, ni que impusiera a los patro-nos la obligación dé retener los sueldos de sus empleados, existiendo por el contrario la Ley núm. 17 de 1931 (Leyes de 1931, pág. 195) que ordena que ningún patrono podrá des-contar por ningún motivo parte del salario que devenguen sus obreros para ser pagado a otra persona. La súplica de su moción es así:

‘ ‘ Suplica se le releve de la obligación de deducir la cuarta parte de los haberes que devengue el demandado Francisco Fontes Cátala, en su carácter de empleado de The American Railroad Company of Porto Rico, declarando nulo el embargo trabado a tales efectos.”

Se opuso el demandante y la corte por resolución fundada de octubre 31, 1935, declaró sin lugar la moción de interven-ción.

No conforme la compañía, apeló para ante este tribunal. Señala en su alegato tres errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al decidir que no podía intervenir en el litigio ni en su incidente de embargo, por falta de interés; al sostener que a virtud de lo estipulado por las partes en el pleito, no podía anularse el embargo, ni relevarse a la in-terventora de.las obligaciones de depositaría judicial que se le habían impuesto, y al declarar sin lugar su moción.

A nuestro juicio es tan claro que la American Railroad Company no. tiene interés en el litigio y por tanto que no puede intervenir en el mismo de acuerdo con la ley y la jurisprudencia sobre el particular, que omitiremos toda dis-cusión sobre ese punto. La misma Compañía así lo reco-noce pero sostiene que si bien no tiene interés en el litigio entre Rodríguez y Fontes, lo tiene en el embargo. Sus pro-pias palabras son:

“El interés ele la interventora apelante surgió sólo y exclusiva-mente de las actuaciones de las partes y de la propia corte al impo-nerle, sin su consentimiento y sin que exista precepto legal alguno para ello, la obligación de retener la cuarta parte del sueldo que devengue su empleado, basta nueva orden, o sea, la de constituir a la interventora apelante en depositaría judicial de bienes embar-gados. ’ ’

Y cita en apoyo de su posición lo resuelto por esta corte en el caso de Torres v. Corte Municipal, 35 D.P.R. 378. En efecto en dicto caso esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó como sigue:

“En pleito seguido en una de las cortes municipales de esta ciudad para cobro de dinero fué decretado el aseguramiento de la. sentencia y el embargo de bienes del demandado, que es un em-pleado del Gobierno Insular, disponiéndose que el Auditor de Puerto-Rico dedujese cada mes la cuarta parte del sueldo del demandado y la remitiese a la Secretaría de la corte basta que se completase la cantidad reclamada, lo que le fué notificado.
“No habiendo comparecido el-demandado a contestar la demanda el secretario registró sentencia por su rebeldía y pocos días después el Auditor Interino de Puerto Rico presentó escrito a la corte so-licitando le permitiera' intervenir especialmente y presentar moción para que'se anulase diebo embargo, exponiendo que la orden de embargo que se le notificó tiende a interrumpir y menoscabar el buen funcionamiento de su oficina, que lo es del Pueblo de Puerto Rico: que no existe ley que de modo expreso autorice el embargo de los sueldos de los funcionarios y empleados del Gobierno Insular o la deducción de los haberes que devenguen mientras se encuentran en poder’ del Tesorero de Puerto Rico y que dicho embargo es contraria al interés público.
“Se opuso el demandante a esa intervención pero la corte municipal la permitió y después de oír a las partes sobre la nulidad soli-citada resolvió declarando nulo el embargo verificado. Contra esas resoluciones interpuso el demandante recurso die certiorari ante la. Corte de Distrito de San Juan la que expidió el auto y después d& oír a ambas partes lo dejó sin efecto fundándose en que el Auditor Interino tenía derecho para intervenir y en que los sueldos de los empleados públicos no pueden ser embargados, resolución que motiva .esta apelación interpuesta por la parte a quien perjudiea.
“Cuatro son los motivos alegados por el apelante para que revo-lquemos esa resolución pero pueden concretarse en los dos siguientes: ■que la corte inferior no debió permitir la intervención del Auditor Interino de Puerto Rico declarando que tenía interés para intervenir y permitirla después de dictada sentencia; que no debió resolver si •el sueldo de los empleados públicos puede ser embargado o no, con-iundiendo el derecho a ser oído con el de una resolución favorable.
■“Alega el apelante en apoyo del primer motivo que el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil sólo permite intervenir en los pleitos antes de la celebración del juicio a las personas que tuvieren interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes o algún derecho en contra de ambas y qúe como el Auditor Interino de Puerto Rico no se halla en ninguna de esas condiciones y como el pleito está terminado entre la,s partes por sentencia no debió permi-tirse esa intervención.
“Es cierto que el Auditor de Puerto Rico no tiene interés material en el pleito en el sentido de que no le afecta la cuestión de si el demandado debe o no la cantidad que se le reclama por lo que no hizo alegación alguna en ese respecto en su solicitud para que se le permitiera intervenir y que el pleito ha terminado por sentencia contra el demandado por lo que claramente la intervención solicitada no puede fundarse en el precepto legal citado, pero como el Auditor fué notificado para que descontase una cuarta parte del sueldo del demandado como empleado público y la remitiera cada mes a la Se-cretaría de la corte municipal, si él no tiene obligación legal de ha-cer tales deducciones tenía derecho a ser relevado de la obligación que se le impuso y por esto podía solicitar de la corte que lo librase de ella. Por esto su solicitud aunque llamada de intervención na es la que autoriza el artículo 72 citado sino sencillamente una peti-ción de que se le relevara de la obligación impuesta y por esto no tenía que reunir los requisitos exigidos para aquélla por lo que la corte inferior no cometió error al declarar que el Auditor Interino de Puerto Rico pudo intervenir en ese pleito en la corte municipal en la forma especial en que lo bizo.
“La segunda cuestión propuesta por el apelante la funda en que en los autos de certiorari sólo pueden revisarse cuestiones de proce-dimiento o de jurisdicción, por lo que la corte inferior no podía resolver en el certiorari que se le presentó si los sueldos de los emplea-dos públicos son embargables o no. ’ Sin embargo, como él Auditor Interino alega que no está obligado a deducir una- parte del sueldo del demandado para entregarlo al secretario de la corte municipal porque no existe ley que autorice expresamente el embargo de los sueldos de los empleados públicos, tal cuestión envuelve la de juris-dicción de la corte para decretar el embargo del sueldo del deman-dado y para ordenar al Auditor que deduzca una parte de ese sueldo por lo que no cometió error la corte inferior al tratar y decidir esa cuestión en el certiorari que motiva esta apelación.”

Con la sola diferencia de que en el caso de Torres, súpra, ■se trataba de un empleado público y aquí se trat-a de un em-pleado de una corporación, el problema jurídico a resolver -en ambos, es igual.

Haciendo énfasis en la diferencia para no aplicar la ju-risprudencia, dice en su resolución la corte de distrito:

“Tampoco cabe invocar la teoría del caso de Torres v. Corte Municipal, 35 D.P.R. 378, en que el Auditor Insular de Puerto Rico so-licitó ser relevado de la obligación que le fué impuesta, en virtud de orden de embargo librada al efecto, de deducir una cuarta parte del sueldo de un empleado público, por las razones, entre otras, de ser dieba orden contraria al interés público y perjudicar al buen funcio-namiento del Gobierno de Puerto Rico, y de no existir ley que auto-rice el embargo de sueldos de funcionarios y empleados del gobierno .mientras se encuentran los haberes en poder del Tesorero de Puerto Rico. Una corporación privada, aunque explote una empresa de ser-vicio público, no se encuentra en la misma posición de privilegio que es inherente a los organismos y dependencias oficiales del gobierno y las prerrogativas propias de estos organismos no las disfrutan en ■modo alguno las entidades privadas. El trabajo puramente ofici-nesco que ocasiona a la peticionaria él cumplimiento de la orden de embargo es simple consecuencia de su condición de patrono del em-pleado demandado, y no constituye motivo bastante para que el tribunal proceda en su virtud a anular un embargo válidamente esta-blecido. Además, las relaciones del empleado público con el gobierno se rigen por estatuto distinto del qué regula las relaciones del em-pleado particular con su patrono.”

Sin embargo, dieba corte no fue congruente con su crite-rio. No se limitó a desestimar la petición, si que entró a considerarla en sus méritos y luego de concluir, por las rá-zones que expuso, que no los tenía, la declaró sin lugar. Y así de hecho siguió el procedimiento reconocido como válido por el caso de Torres, supra.

Se trata de una intervención especial, dentro de un inci-dente del pleito, a los efectos de fijar el deber de una persona extraña a quien se le impuso determinada obligación en rela-ción con el mismo.

Sólo se está obligado a cumplir órdenes legales. Supon-gamos que la compañía considerando ilegal la orden de embargo se hubiera negado a cumplirla y se le hubiere citado para responder del cargo de desacato ¿no hubiera tenido el derecho de discutir dentro del procedimiento la legalidad de la orden? Claro es que sí. Pues entonces ¿por qué no po-der hacerlo sin necesidad de recurrir a adoptar una posición tan arriesgada?

A nuestro juicio en cuanto al procedimiento a seguir no hay diferencia entre el repetido caso de Torres, supra, y éste que resolvemos. En tal virtud la cuestión planteada debe decidirse por sus méritos. Yendo a ellos, la corte sentenciadora se expresó así:

“El sueldo que devenga una persona empleada con un patrono o empresa particular es una propiedad de su exclusiva pertenencia, susceptible de embargo, como todos los demás bienes muebles o in-muebles que posea dicho empleado, con la excepción de aquellos bienes que la ley especialmente declara exentos de embargo o ejecución. El sueldo devengado en empresas privadas es, por consiguiente, em-bargable y susceptible de ejecución sin más limitaciones que aquéllas que fija el inciso 7 del artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, tal como ‘quedó enmendado por la Ley núm. 32 de 1919, al determinar que estarán exentas de ejecución las tres cuartas partes de lo que el deudor declarado tal en la sentencia, gane por servicios personales prestados en cualquier tiempo dentro de los 30 días anteriores al cumplimiento de la orden de ejecución o la prác-tica del embargo, cuando resulta por declaración escrita y jurada del deudor que dichos sueldos son necesarios para el sostenimiento de su familia mantenida en todo o en parte con su trabajo. Es evi-dente que si no concurren todos estos requisitos, no cabe alegarse la exención de las tres cuartas partes del sueldo.

“En resumen, llegamos a la conclusión de que el embargo ha sido válidamente establecido, y que, mediando una estipulación de las partes litigantes sobre la subsistencia de dicho embargo, el tribunal, cumpliendo con su deber, de asegurar la efectividad de la sentencia y haciendo uso de los poderes discrecionales que le confiere la ley, actuó derechamente al aprobar dicha estipulación, decretando en su virtud el embargo de la cuarta parte del sueldo que devenga el de-mandado, como medida equitativa de aseguramiento habida cuenta de la naturaleza especial del salario. En lo que concierne a las fun-ciones de depositaría judicial de los sueldos embargados, convenimos con la peticionaria en que ella no viene obligada por ley a retener bajo su custodia y contra su voluntad los bienes embargados. Pero a nuestro juicio, el remedio no es solicitar que se decrete la nulidad del embargo, sino depositar en poder del márshal de este tribunal las cantidades 'que se descuenten del sueldo del demandado.”

Con posterioridad a la presentación de los alegatos, aun-que con anterioridad a la vista del recurso, esta Corte decidió el caso de Diego Agüeros & Co. v. Heres, 50 D.P.R. 533, en el que la cuestión. aquí envuelta quedó terminantemente decidida en contra del criterio sustentado por la Corte sen-tenciadora en tanto en cuanto dicho criterio se extiende a sueldos no devengados aún a la fecha del embargo. Dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf:

“En los Estados Unidos continentales se sostiene casi universal-mente que salarios no devengados no pueden ser embargados. Alabama decidió lo contrario en el caso de Jasper Land Co. v. Riddle-sperger, 157 So. 231, y parece que el Estado de Nueva York tiene un estatuto que permite la ejecución o el embargo de sueldos futuros. El procedimiento en el Norte sería conocido por ‘trustee process’ o ‘garnishment’ de sueldos futuros.
“La teoría de la corte necesariamente debió ser, y lo es, que no existía cosa alguna que pudo haber sido alcanzada por ejecución; que salarios a devengar no constituyen cosas. De ordinario el de-recho del deudor a su sueldo no surge hasta que haya prestado sus servicios.
“La apelante sostiene que no hay nada en la ley que prohíba el embargo de salarios futuros', y estamos de acuerdo. Sin embargo, como hemos insinuado antes, generalmente una ejecución o embargo sólo procede contra una cosa en existencia. En gran parte el campo de un embargo o ejecución es limitado o extendido por disposiciones directas de'la ley..”

T aun en la opinión disidente del Juez Asociado Sr. Tra-vieso, se expresa:

“Es cierto que no existe en nuestras leyes precepto alguno que autorice al acreedor por sentencia a embargar salarios no devengados aún por su deudor. Y convengo en que una ejecución o embargo sólo procede contra una cosa en existencia.
“El deudor de una sentencia, que espera devengar salarios en el futuro, y su principal, que es quien ha de pagarlos, podrían ne-garse a acatar una orden de embargo como la expedida en el caso de autos.”

Resta sólo considerar la fuerza que tenga la estipulación de ambas partes aprobada por la corte. Por mucha que ella .sea no puede llegar a imponer una obligación que no. emana de la ley a una tercera persona en contra de su voluntad. En su consecuencia, habiendo asumido la compañía una acti-tud contraria a la estipulación, no cabe a virtud de la esti-pulación obligarla a cumplir contra su voluntad una orden que no emana de la ley.

Debe declararse con lugar el recurso, revocándose la re-solución apelada y dictándose otra declarando que la American Railroad Company of Porto Rico no viene obligada a cumplir la orden de embargo notificádale por el márshal de la corte de distrito en.jumo 9, 1935, en tanto en cuanto a sueldos no devengados a la fecha de la misma se refiere.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Tbavieso

text:
    Gobierno de la Capital de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7180.

    Sometido: Mayo 25, 1937.

      Resuelto: Junio 4, 1937.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y F. Campos del Toro, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 52 de 1925 (pág*. 297), según fné enmendada por las núms. 12 de 1930 (pág. 159) y 40 de 1931 (pág. 361), impone una contribución de siete centavos (7‡) sobre cada galón de gasolina “que se introduzca, fabrique, venda o con-suma, o que de otro modo se disponga para el consumo en Puerto Rico,” y provee que tal impuesto será cobrado por el Tesorero de Puerto Rico, mediante fijación y cancelación de sellos de rentas internas, tan pronto como la gasolina sea fabricada, producida o introducida en la Isla.

El Gobierno de la Capital de Puerto Rico formuló de-manda ante la Corte de Distrito de San Juan, en la que soli-cita se dicte una sentencia declaratoria de que el Gobierno-de la Capital de Puerto Rico no está obligado a pagar el mencionado arbitrio sobre la gasolina que compre para el servicio del público.

Como fundamentos para su solicitud el Gobierno peticio-nario alega:

Que el impuesto es satisfecho por el consumidor, pues las compañías vendedoras fijan el precio de la gasolina y agre-gan a éste siete centavos adicionales para cubrir el arbitrio; que el Gobierno de la Capital es una Corporación o Agencia del Gobierno Insular y como tal debe estar exenta de pagar dicho tributo o contribución, pues todos sus actos son ejecu-tados para beneficio del público y por delegación del Go-bierno Insular; que al obligarse al peticionario a pagar el arbitrio en cuestión se le priva de sumas que son necesarias para las atenciones de las escuelas públicas y hospitales mu-nicipales y para el pago de empleados; y que como muni-cipio de la Isla de Puerto Eico, el peticionario está exento de pagar el impuesto, de acuerdo con la Ley núm. 52 de 1925 (Leyes de 1925, pág. 297).

En apoyo de sus contenciones el peticionario apelante'cita las opiniones dictadas por el Procurador General de Puerto Eico en Io. de noviembre, 1927, y junio 29 de 1931, y la dic-tada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, en el caso Ley No. 2114 de West India Oil Co. v. Manuel V. Domenech, Tesorero de, Puerto Rico.

Alegó el Tesorero demandado en su contestación, que la ley vigente no concede exención alguna al municipio, ni tam-poco al Gobierno Insular; que la ley es inaplicable al Pueblo de Puerto Eico, porque siendo éste el que cobra la contri-bución, resultaría una operación innecesaria la de cobrar y pagarse a sí mismo; que la Ley núm. 52 de 1925 que invoca el Municipio como fundamento de la alegada exención, a su favor, carece de efectividad y validez; que la Ley núm. 40 de 1931 derogó expresamente la núm. 12 de 1930 y cualquiera otra ley o parte de ley que a aquélla se opusiere, quedando derogada por consecuencia la Ley núm. 52 de 1925 y todas las leyes o partes de leyes que por referencia se habían in-corporado a dicha Ley núm. 52 de 1925, especialmente aquella parte de la sección 42 de la ley de 28 de julio de 1923 que concedía la alegada exención.

En su sentencia la corte inferior declaró que la gasolina vendida al Gobierno de la Capital no está exenta de pagar el tributo de siete centavos por galón. El Municipio apeló.

Para la mejor comprensión ele la cuestión legal envuelta en el presente recurso, haremos una breve exposición del movimiento de la legislación insular sobre el impuesto a la gasolina. El referido impuesto se incluyó originalmente como una disposición de la “Ley de Arbitrios de Puerto Pico,” de julio 28 de 1923 (Leyes de 1923, pág. 443), la que por su sección 20, inciso 37, imponía una contribución de medio (%) centavo por galón ‘£ sobre toda gasolina, que se fabrique, produzca, venda o consuma en Puerto Rico.” La sección 30 de dicha ley hacía pesar el impuesto sobre la mercancía imponible tan pronto como ésta era manufacturada o fabricada,e imponía la obligación de pagar el impuesto al vendedor, quien podría ser declarado culpable de vms'demem'bor si vendía la mercancía imponible sin haber pagado antes el impuesto. Cuando la mercancía se había importado para venta, uso y consumo en Puerto Pico, el impuesto pesaba sobre la mercancía tan pronto como ésta se encontraba en el mercado en poder de un traficante, a quien se hacía responsable del pago del impuesto al traspasar la mercancía imponible a otro traficante o a un consumidor (Véase seeción 33 de dicha ley). La sección 42 de la citada Ley de Arbitrios, disponía :

“Los artículos tributables para el uso y consumo de las depen-dencias del Gobierno Federal, Insular a 'Municipal, estarán emnios de los impuestos señaladas en esta Ley cuando, fueren adquiridos, me-diante solicitud firmada por los respectivos jefes de dichas depen-dencias.” (Bastardillas nuestras.)

En 21 de julio de 1925 la Legislatura aprobó- la Ley nnm. 52 (Leyes de 1925, pág. 297) por la que se imponía una contri-bución de dos centavos a cada galón de gasolina que se venda o consuma en Puerto Pico. La Sección 6 de dicha ley lee así:

“Sección 6.- — Todas las disposiciones contenidas en los títaloa 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Arbitrios de Puerto Mico, aprobada en 28 de julio de 1923, según quedó enmendada en agosto 27, 1923, y junio 23, 1924, así como los Reglamentos promulgados por el Te-sorero de Puerto Rico, por virtud de la expresada Ley de Arbitrios, que no estuvieren en conflicto con la presente tendrán fuerza y vigor en la aplicación de esta Ley.”

Y la sección 8 de la misma ley dispone:

“Sección 8. — El' inciso 37 de la sección 20 de la ‘Le3r de Arbitrios de Puerto Rico’, aprobada en julio 28 de 1923, queda por ésta de-rogado, así como toda ley o parte de ley que se oponga a la pre-sente. ’ ’

Por virtud de la Ley núm. 8 de mayo 11 d,e 1927, el im-puesto sobre la gasolina fue elevado a cuatro centavos por galón, enmendando así la Ley núm. 52 de 1925, supra.

En 21 de abril de 1930, la legislatura aprobó la Ley núm. 12, por la que se enmendó nuevamente la núm. 52 de 1925, en el sentido de elevar a seis (6) centavos por galón el im-puesto a la gasolina.

Y por fin, en 2á de abril de 1931, nuestra legislatura aprobó la Ley núm. 40 (Leyes de 1931, pág. 361), titulada “Ley para imponer una contribución de siete (7) centavos a cada galón de gasolina que se introduzca, fabrique, venda, use o para el consumo, o que de otro modo se disponga de ella para el consumo, en Puerto Rico e ingresar el producto, etc. ” Por la sección 1 de dicha ley se sube a siete (7) centavos por galón el impuesto sobre la .gasolina, se da al impuesto el ca-rácter de renta interna y se dispone expresamente:

“Y tal impuesto será cobrado por el Tesorero de Puerto Rico, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas, tan pronto como la gasolina sea fabricada, producida o introducida en Puerto Rico, mediante’ la fijación y cancelación de sellos de Rentas Internas en los documentos que al efecto prescribiere el Tesorero.” (Bastardillas nuestras.)

La sección 3 de dicha ley lee así:

“Sección 3. — La Ley No. 12 aprobada en abril 21 de 1930 y cual-quiera otra ley o parte -de ley que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.”

La Ley núm. 40 de 1931 es la última disposición legisla-tiva sobre la materia de impuestos a la gasolina. Y siendo ésa la ley en vigor en la fecha en que se interpuso la pre-sente acción, pasaremos ahora a interpretarla en relación con las leyes anteriores sobre la misma materia.

Las opiniones del Procurador General anexas a la de-manda como Exhibits 1 y 2, fueron emitidas con anteriori-dad a la fecha en que empezó a regir la Ley núm. 40 de 1931; y el caso resuelto por la Corte Federal de Puerto Pico se refería a impuestos cobrados durante el período de agosto 1, 1930, a junio 30, 1931, en virtud de la Ley núm. 52 de julio 21 de 1925. Poca luz pueden arrojar dichas opiniones, sobre la cuestión legal planteada por el presente recurso.

Para poder sostener la contención del apelante tendría-mos que sentar las dos siguientes premisas:

Is1 Que la Ley núm. 40 de 1931 no derogó por ser incompatible con ella la Ley núm. 52 de 1925; y

2* Que Se acuerdo con dicha Ley núm. 52 de 1925 y por la refe-rencia que en su sección 6 se hace con la sección 42' de la “Ley de Arbitrios de Puerto Rico,” de julio 28 de 1923, el municipio está exento del pago del arbitrio.

Ambas premisas son insostenibles. La -incompatibilidad entre la Ley núm. '52 de 1925 y la núm. 40 de 1981 es clara y evidente. La primera de dichas leyes dispone que en el cobro del impuesto sobre la gasolina se aplicarán ciertas dis-posiciones de la Ley de Arbitrios de 28 de julio de 1923, entre las cuales figura la' Sección 42 de la misma, supra, que exime a los municipios del pago del impuesto. La segunda, la núm. 40 de 1931, que es una ley completa y no comenda-toria de las anteriores, dispone expresamente por su sección Ia., supra, que el cobro del impuesto se hará con sujeción a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas. Hemos exami-nado cuidadosamente la Ley de Rentas Internas vigente en la fecha en que se aprobó la citada Ley núm. 40 de 1931 y las enmiendas posteriores y no encontramos disposición al-guna que autorice la exención que reclama el municipio ape-¡ante. Y por esas razones debemos resolver que la Ley núm. 52 de 1925 fue derogada por la núm. 40 de 1931, no siendo por tanto aplicables como fundamentos de la contención del apelante las exenciones que autorizaba la sección 42 de la an-tigua Ley de Arbitrios de 1923, ya derogada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova .Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Pier 3, Inc., demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, sustituído por Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7264.

    Sometido: Diciembre 10, 1936.

      Resuelto: Junio 9, 1937.

      Henry G-. Molina, abogado de la apelante; Ron. Procurador General B. Fernández García y B. Gordovás Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinion del tribunal.

Pier 3, Ine., -demandante en un pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, apela de una sentencia adversa. Las únicas cuestiones levantadas por el señala-miento de errores son:

“Primer error. — La corte erró al no resolver que los postes y pi-lotes son mejoras (improvements) que pertenecen a El Pueblo de Puerto Rico y en tal virtud no son tributables a tenor del artículo 291-(b) del Código Político. ,
“Segundo error. — La corte erró al no resolver que la valoración de los pilotes y postes era errónea y exagerada porque se había fi-jado el valor total del dominio absoluto de los mismos como pro-piedad de la apelante en vez del valor del usufructo (leasehold interest) que es todo lo que corresponde a ,1a apelante en dichos bienes. ’ ’

No tenemos ante nos una transcripción de evidencia. Sin embargo, de las alegaciones, de la “relación del caso y opi-nión” emitida por la Corte de Distrito de San Juan y de los alegatos, se desprenden ciertos hechos aparentemente ineon-trovertidos.

En octnbre de 1928, el Gobernador aprobó una franquicia a virtud de la cual la Comisión de Servicio Público, autorizó la construcción, mantenimiento y explotación de nn “muelle de servicio público, de dos plantas, con todas sus dependencias en el sitio y lugar indicados para el proyectado muelle Núm. 3.” La autorización “incluía todo el trabajo y operaciones de la naturaleza que fueran necesarios para explotar con éxito y lucrativamente el muelle y todas las dependencias que se autorizaba construir, mantener y operar.” Por el artículo 2 de la franquicia se requería al cesionario, predecesor en título de la aquí demandante, que ‘ ‘ construyera a través de dicho muelle una vía ferroviaria que conectara con las líneas de la American Railroad Company of Porto Rico, que estaban frente a dicho muelle Núm. 3.” Por el artículo 3 se requería del cesionario que celebrara un contrato con el Comisionado del. Interior sobre • el arrendamiento de los te-rrenos sumergidos, propiedad del Pueblo de Puerto Rico, en los cuales debía construirse el proyectado muelle. También se le requería que celebrara un contrato con la Junta del Puerto de San Juan “sobre el uso de aquella parte del.male-cón ya construida por la Junta del Puerto, que el cesionario” se proponía ocupar. El artículo 11 leía en parte así:

“. . . . el muelle, la vía ferroviaria y sus dependencias, el equipo y las facilidades del cesionario, así como todas las propieda-des construidas o usadas de acuerdo con esta franquicia, podrán ser tomados, comprados o adquiridos por El Pueblo de Puerto Rico, en cualquier momento durante la vigencia de esta franquicia, a un pre-cio justo y razonable que no deberá incluir el valor de la presente ni ningún valor adicional que la misma pueda haber dado a dichas obras o a las propiedades del cesionario; y dicho precio no excederá del costo de tales obras y propiedades, menos su depreciación; Dis-poniéndose, sin embargo, que al expirar el término de esta franquicia los terrenos pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, incluyendo los reclamados al mar,' así como todas las mejoras hechas en los mismos por el cesionario, excluyendo los edificios, revertirán al Pueblo de Puerto Rico, libre de todo eosto.”

El muelle de dos plantas construido bajo la autoridad de esta franquicia sobre terrenos sumergidos pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, luego de otorgarse un contrato de arrendamiento a largo plazo, no se convirtió necesariamente ipso facto eh propiedad del Pueblo de Puerto Rico como parte de los terrenos en que se fabricó. El Disponiéndose conte-nido en el artículo 11 de la franquicia relativo a la toma, com-pra o adquisición por El Pueblo de Puerto Rico del muelle y de otras propiedades construidas por el cesionario en cual-quier momento durante el término de la franquicia por un precio justo y razonable, niega definitivamente la existencia de intención alguna por parte de los contratantes, de que el muelle, al ser construido, se convirtiera inmediatamente en propiedad del Pueblo de Puerto Rico. ' De conformidad con los términos expresos de los artículos 1463 y 416 del Código Civil (edición de 1930), un arrendatario puede retirar de la propiedad arrendada cualesquiera mejoras beclias en ésta ‘ ‘ si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes.” Eviden-temente este derecho a retirar las mejoras presupone el do-minio de las mismas en el arrendatario, aunque si no ejerce tal derecho su título a las mejoras pasará al arrendador.

El Disponiéndose de la ’ franquicia equivalía sustancial-mente a una repetición de los artículos 1463 y 416 en tanto en cuanto éstos eran aplicables a la relación de arrendador y arrendatario y a las mejoras que no- fueran edificios. Em-pero, el Disponiéndose era más específico en la referencia que hacía a la fecha en que expiraba la franquicia y hastá ese punto exponía con más claridad el objeto de anticipar y de impedir cualquier alegación de dominio o cualquier ejercicio del derecho incidental por parte del cesionario a retirar las mejoras una vez expirado el término de la franquicia.

Los postes y pilotes a que se hacía referencia en el segundo error señalado fueron tasados por la Junta de Revisión e' Igualamiento en $138,260. Si al tiempo de concederse la franquicia y de otorgarse el arrendamiento de los terrenos sumergidos, las partes hubiesen convenido y entendido que los pilotes y postes al ser colocados se convirtieran inmediatamente en parte de los terrenos sumergidos y en propiedad del arrendador, y, que la demandante a partir de ese momento tan sólo tendría un interés como arrendataria en dichos pilotes y postes, no es probable que hubiesen fijado como una venta razonable de la propiedad arrendada el tipo especificado en 'el arrendamiento, o sea, $120 al año durante un término de cincuenta añas.

El alegato de la apelante no suministra razón satisfacto-ria alguna para que se haga una diferencia entre una subes-tructura y una superestructura en un caso de esta naturaleza. Los pilotes qué formaban la subestructura eran parte inte-grante del ‘ ‘muelle de servicio público de dos plantas. ’ ’ Los postes (dolplwis) de no ser parte integrante del muelle, eran dependencias de los mismos y no “mejoras” separadas o independientes. La franquicia no disponía la construcción de un muelle y de un edificio de dos plantas sobre el mismo, sino que autorizaba lá construcción, mantenimiento y explo-tación de un ‘ ‘muelle dé -servicio público de dos plantas. ’ ’

A nuestro juicio, el juez de distrito estuvo en lo cierto al interpretar el Dispmnéndose en el sentido de qne las mejoras a que allí se bacía referencia serían propiedad del Pueblo de Puerto Sico al expirar el término de la franquicia. Si el “muelle de servicio público de dos,plantas” era nn edificio dentro del significado de la frase “excluyendo los edificios” contenida en el Disponiéndose, ni los postes ni los pilotes pa-sarían á poder del Pueblo de Puerto Pico bajo los términos del Disponiéndose al expirar el contrato de arrendamiento. Si el “muelle de servicio público de dos plantas” puede ser clasificado como una de las “mejoras” distintas a “los edi-ficios” a que se hace referencia en el Disponiéndose, entonces el título de. los postes y pilotes pasaría al Pueblo de Puerto Pico al transcurrir el período de cincuenta años especificado en la franquicia y en ef arrendamiento. En ausencia de da-tos respecto al' tipo de depreciación de los pilotes y postes, no es necesario que especulemos en torno al deterioro probable durante tal período. No tenemos mayor razón para creer qne la Junta dé Pevisión e Igualamiento justipreció exageradamente el valor de los postes y pilotes al dejar de tomar en consideración la naturaleza restringida del derecho de propiedad de la demandante en los mismos que la que tenemos para creer que la Junta menospreció el valor de los postes y pilotes al dejar de tomar en consideración el probable aumento en valor por razón del privilegio de mantener y explotar el muelle durante un período' de cincuenta años.

Quizás hubiera bastado decir qne la apelante no nos ha colocado en posición de resolver las cuestiones qne trata de levantar en sn señalamiento de errores. Empero, si estamos en lo cierto en las conclusiones a qne Remos llegado, cnanto Remos diclio resuelve en uña forma n otra las dos cuestiones planteadas en el alegato de la apelante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso JUEZ ASOCIADO SEÑOR, HUTCHISON,

text:
    Teodora, Domingo e Inocencio Costa Beltrán, demandantes y apelantes, v. Julián Piazza Canosi, Francisco R. de Jesús, Lorenza Beltrán y Luciano Caraballo, demandados y apelados.
    Núm. 6579.

    Sometido: Abril 3, 1936.

      Resuelto: Junio 9, 1937.

      R. Muñoz Ramos, abogado de los apelantes; Gustavo Rodríguez Acevedo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión, del tribunal.

José Costa Biancbi por su testamento instituyó como be-rederos de sus bienes a sus bijos naturales reconocidos Julia, José, Antonio, .Teodora, Domingo e Inocencio Costa Beltrán. Al fallecimiento del testador, Teodora, Domingo e Inocencio, entonces menores de edad, quedaron bajo la patria potestad y tutela de la madre natural Lorenza Beltrán.

Entre los bienes dejados por el causante figuraba una finca de 109 cnerdas, dedicada a café. En la escritura dé partición se dió a diclia finca un valor de $5,450 y se adju-dicó a los seis herederos en las proporciones indivisas si-guientes :

A José un condominio de $650; y a cada uno de los otros cinco un condominio de $950 en el valor fijado al inmueble.

En noviembre 4 de 1926, Lorenza Beltrán, como madre y tutora de sus menores hijos Teodora, Domingo e Inocencio solicitó de la Corte de Distrito de Ponce autorización judicial para en unión de los otros dos condueños Julia y Antonio Costa Beltrán tomar a préstamo $2,500 de los que corres-ponderían $1,500 a los menores, con garantía hipotecaria' de la finca, y con el importe del préstamo adquirir para los tres menores el condominio que en la misma finca tenía José Costa Beltrán, por el precio de $2,000, y dedicar los $500 restantes a reparar daños causados en la finca por un ciclón. Se alegó en la solicitud que el condueño José Costa Beltrán no deseaba continuar en la comunidad de la finca; que había alguien dispuesto a pagar $2,000 por su participación; que sería peligroso introducir como condueño a una persona ex-traña a la familia; que la finca, dada su pequeñez, no podía dividirse sin sufrir grave depreciación; y que la finca es-taba tasada para los efectos contributivos en $8,500. En la vista celebrada en noviembre 5, 1926, declaró la madre peti-cionaria que su hijo José quería separarse y vender su he-rencia al corso Salieetti, a quienes sus demás hijos no que-rían como condueño; que el Banco Cafetero había tasado la finca en $16,000; que José pedía $2,000 por su participación. Declaró Julia Costa Beltrán en el mismo sentido que la ma-dre, añadiendo que la participación de José era una octava parte de la finca y que valía muy bien $2,000; y que ellos necesitaban hacer el préstamo “para poderle comprar a mi hermano y los quinientos para reparar los cafés. ’ ’ Declara-ron los menores Teodora y Domingo, dando su conformidad para que se autorizara el préstamo. El fiscal del distrito in-tervino en el procedimiento y dió su aprobación.

En noviembre 10, 1926, la corte de distrito dictó sentencia concediendo la autorización solicitada y disponiendo:

“Y con el importe de este préstamo adquiera para los referidos menores y condueños mencionados el condominio que en la misma finca rústica tiene don José Costa Beltrán por la suma de dos mil dollars, y los quinientos dollars restantes, se dediquen a reparar el daño que en las plantaciones de café de la propia finca produjo el pasado ciclón.”

Por escritura de 11 de noviembre de 1926, Lorenza Beltrán, madre de los menores y actuando en virtud de la autorización judicial concedídale por la corte de distrito, y Julia y Antonio Costa Beltrán, otorgaron bipoteca sobre la finca en cuestión a favor del Dr. Francisco R. de Jesús, para garantizar a éste la devolución del préstamo de $2,500. En dicha escri-tura se hizo constar expresamente que los cinco hermanos comparecientes eran dueños cada uno de la participación que se les había adjudicado en la partición de la herencia, y se añadió:

“Y el otro condominio representado por la suma de $650 en el valor total de la finca lo hubo la referida doña Julia Costa Beltrán por compra al otro condueño don José Costa Beltrán por- escritura número 106 pasada ante el fedatario el día 23 de octubre de 1926. Estas adquisiciones no han sido aún inscritas en el Registro de la Propiedad del Partido pero se llenará este requisito.”

En el párrafo Segundo de dicha escritura de hipoteca se hace constar que una copia certificada de la' sentencia por la que se autoriza el contrato de préstamo e hipoteca a nombre de los menores, se une a continuación de la escritura para insertarla en la copia. Del récord aparece que así se hizo en la copia expedida al acreedor hipotecario señor De Jesús, la que fué inscrita en 29 de diciembre de 1926.

Con posterioridad al otorgamiento de la mencionada hi-poteca, Julia Costa y Beltrán, quien en 23 de octubre de 1926 había comprado el condominio de su hermano José, vendió una quinta parte de él a cada uno de sus tres herma-nos menores, representados por su madre Lorenza Beltrán y a su otro hermano Antonio, por escritura de diciembre 14, 1926. La vendedora hizo constar que ella había adquirido ese condominio para sí y para sus cuatro hermanos. El pre-cio pagado por cada uno de los compradores fué el de $400, o sea la misma cantidad por la que Julia había comprado a José.

.Un día más tarde, o sea el 15 de diciembre de 1926, Antonio Costa Beltrán, sus tres hermanos menores, represen-tados por su madre Lorenza Beltrán y Julia Costa Beltrán otorgaron escritura con el objeto de poner fin a la comuni-dad existente entre ellos, por considerar que la propiedad desmerecería mucho si se adjudicase a cada condueño la par-ticipación que le corresponde. Por los términos de dicha es-critura, Lorenza Beltrán adjudicó a Julia Costa Beltrán las participaciones que en la finca correspondían a los menores Teodora, Domingo e Inocencio, por el precio de $1,080 para cada uno de dichos menores. Dicho precio cubría el valor del condominio que se le adjudicó a cada menor, por $950, más el valor de una quinta parte del condominio de $650 com-prado a José, o sea $130, que hacen el total de $1,080 por con-dominio. Antonio vendió su participación a Julia en las mis-mas condiciones. Se hizo constar en la escritura que la par-tición se hacía sin la autorización de la corte de distrito por considerar que ésta es innecesaria según lo resuelto por este Tribunal Supremo en Martinez v. Registrador de Gaguas, 23 D.P.R. 356.

La adjudicación se hizo sujeta a la hipoteca a favor del demandado De Jesús.

Dueña ya de la totalidad de la finca, Julia Costa Beltrán, por escritura de julio 7, 1927, la hipotecó a Prancismo R. de Jesús en garantía de un préstamo de $1,700 vencedero en igual día del 1929.

En 21 de febrero de 1929 el demandado Francisco R. de Jesús inició procedimiento ejecutivo sumario para la ejecu-ción de las dos hipotecas constituidas a su. favor, dirigiendo su demanda contra los herederos de Julia Costa Beltrán, quie-nes eran su madre natural Lorenza Beltrán y su esposo Luciano S. Caraballo. Seguidos los trámites de ley, la finca hipotecada fué adjudicada a Francisco R. de Jesús e ins-crita a su nombre. Y en 20 de noviembre de 1929 dicho señor Le Jesús la vendió al otro demandado Julián Piazza Canosi.

En la demanda interpuesta por los menores se pide la nulidad de las hipotecas, traspasos, procedimientos y actua-ciones anteriormente relacionados; que se condene al deman-dado Piazza a devolver a los demandantes los condominios que éstos tenían sobre la finca y a entregarles la posesión del inmueble; que se condene a ambos demandados a rendir cuen-tas de y a pagar a los demandantes los frutos de la finca du-rante'el tiempo que la poseyeron; y que se condene a todos los demandados al pago de costas, desembolsos y honorarios de abogado.

La petición de nulidad de la primera hipoteca sobre los condominios de los tres menores se basa en la alegación de que la autorización judicial fué concedida para, que con el dinero tomado a préstamo se comprase el condominio de José Costa Beltrán y no para, la compra que se hizo a Julia Costa Beltrán; que el demandado De Jesús tenía conocimiento, por los términos de la escritura de hipoteca, por la copia de la autorización judicial a ella anexa y por el registro, de que el contrato de préstamo e hipoteca celebrado entre él y la madre de los menores no estaba autorizado por la corte, y que la negociación aprobada por la corte no podía efectuarse porque en la fecha en que se otorgó la hipoteca ya José no era dueño de una participación en el inmueble por haberla vendido a Julia.

Se pide la nulidad del traspaso de los condominios de los menores a su hermana Julia, por el alegado fundamento de que el referido traspaso fué hecho sin autorización judicial. Y como consecuencia se pide la nulidad de la- hipoteca cons-tituida por Julia a favor del demandado De Jesús.

La alegada nulidad del procedimiento ejecutivo se basa en las cansas de nulidad de los créditos que se ejecutaron y en la alegación adicional de que la subasta de la finca fue anunciada solamente en un periódico local durante los días 5, 12, 19 y 23 de abril, 1929, constando esos becbos en la ins-cripción de la venta judicial.

Como cansa de nulidad del traspaso becbo por De Jesús a Piazza se alega que éste tenía conocimiento por el registro de que su vendedor no tenía título eficaz y válido.

Las defensas del demandado De Jesús se resumen así:

1. Que la autorización judicial para el préstamo de $2,500 fue con-cedida por él fundamento de que por la pequeña cabida de la finca, ésta no podía dividirse sm sufrir grave depreciación.

2. Que para la validez de la escritura de disolución de la comunidad en la finca no era necesaria la autorización judicial, según lo resuelto en Martínez v. Registrador, 23 D.P.R. 356; y que en la inscripción de la escritura a favor de Julia Costa Beltrán se consignaron los fundamentos legales en que descansaban los condueños para hacer la división sin autorización judicial en cuanto a las participaciones de los menores.

3. Que el demandado De Jesús no ha percibido ni frutos ni rentas por no haberlos producido la finca, la que estaba totalmente arruinada por el ciclón de San Felipe.

4. Que la suma de $2,500 prestada por él a la madre de los menores fué aplicada por ésta al fin autorizado por la corte, y que de todos modos los menores adquirieron la participación de su her-mano José, pagando cada uno la parte proporcional que le co-rrespondía en los $2,500 del préstamo.

5. Que en la fecha en que se otorgó la segunda hipoteca por $1,700, Julia Costa Beltrán era dueña de la totalidad de la finca, por haberla adquirido en virtud de la escritura de partición; que dicha escritura es válida aun cuando no fuera autorizada por la corte; que el demandado De Jesús no intervino en dicha escritura y es un tercero que adquirió de buena fe su título hipotecario, confiando en las constancias del Régistro.

6. Que la segunda hipoteca quedó de hecho y de derecho cancelada,, según el Artículo 125 de la Ley Hipotecaria y 132, inciso 3ro., del Reglamento, por no haberse cubierto en la subasta el im-porte de la primera hipoteca. ,

En su eontrademanda pide el demandado de' Jesús, que en caso de que se decretaren las nulidades solicitadas por los demandantes sé condene a éstos a devolverle a De Jesús las sumas con las que dichos demandantes se beneficiaron, a saber:

1. Una mitad del principal de la primera hipoteca de $2,500 y de los intereses, gastos, costas y honorarios, ascendente dicha mi-tad a la suma de $2,197.50.

2. Una mitad del principal, intereses y crédito adicional de la se-gunda hipoteca, ascendente dicha mitad a $1,496.

Se pide además que la sentencia por dichas cantidades constituya un gravamen preferente sobre tres quintas partes de la finca o que el pago de esas sumas sea condición previa a la restitución de los condominios a los demandantes.

El demandado Julián Piazza Canosi negó por falta de in-formación los hechos esenciales de la demanda; y como de-fensa especial alegó su condición de tercero, por no resultar del Registro si se había o no concedido autorización judicial a los menores para la división de la comunidad, y por constar en el Registro válidamente inscrita la escritura de adjudica-ción por el márshal a De Jesús. T en su contrademanda pide que en caso de prosperar la acción de nulidad se condene a los demandantes a devolver al demandado Piazza tres quin-tas partes de la suma de $2,254.64 gastadas por él en mejoras en la finca y en el pago de contribuciones, ascendiendo dichas tres quintas parte a $1,292.80; y que dicha suma constituya un gravamen preferente sobre los condominios de los deman-dantes o que su pago se imponga como condición previa a la restitución de la propiedad.

Declaradas sin lugar las excepciones previas a la contra-demanda, los demandantes contestaron las contrademandas, alegando entre otras cosas que “ninguno de los menores se enriqueció con el todo o parte del referido préstamo, que era al contraerse, enteramente innecesario para beneficio de dichos menores y no fué usado en beneficio de los mismos ”; y que por tanto no están obligados dichos menores a devolver el importe del préstamo; que los menores no se beneficiaron en manera alguna por el traspaso de sus condominios a Julia Costa Beltrán hecho por su madre sin autorización judicial, por haber habido pago alguno de precio.

Celebrada la vista del caso, la Corte inferior dictó sen-tencia desestimando en todas sus partes la demanda y las contrademandas, todo sin especial condenación de costas. Apelaron los demandantes, señalando como único error de la corte sentenciadora el de haber dictado sentencia declarando sin lugar la demanda.

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de la evidencia que consta de 363 páginas. De la prueba aducida por ambas partes, en su mayor parte documental, aparecen establecidos los hechos que hemos relacionado cronológica-mente al principio de esta opinión.

Las cuestiones que debemos resolver son:

P ¿Son legal y equitativamente suficientes los motivos alegados para sostener la nulidad de la hipoteca constituida por la madre de los menores a favor del demandado De Jesús?

Opinamos que no se ha probado causa suficiente para jus-tificar un decreto de nulidad. El fin o propósito fundamental que se perseguía mediante la negociación de un préstamo era proteger a los menores contra el peligro de que uno de los condueños, José, vendiese su condominio a una persona ex-traña a la familia. Para conjurar ese peligro, anticipóse la condueña Julia y compró el condominio a José por precio de $2,000, con la intención de conservar para sí una quinta parte y transferir a sus cuatro hermanos las cuatro quintas partes restantes, por el mismo precio pagado por ella a José. Con el dinero dado a la madre por el demandado De Jesús, la madre ele los menores adquirió para éstos por compra a Julia, por precio de $400 por cada menor, tres quintas partes del condominio que el condueño José amenazaba vender a un extraño. Por los términos del contrato de hipoteca, los tres condueños menores contrajeron la obligación de devolver $1,500 de los $2,500 tomados a préstamo, de los cuales debían dedicarse $2,000 a la adquisición del condominio de José y $500 para mejoras de la finca. Los otros condueños, Julia y Antonio, gravaron también sus condominios en igual pro-porción. En otras palabras, cada uno de los cinco condueños se comprometió a devolver $500 del total de $2,500. T cada uno de ellos obtuvo a cambio de sus $500 de obligación una quinta [Darte del condominio que perteneció a José, valorado en $400, más $100 en mejoras en la propiedad de la comuni-dad. Es evidente que el propósito fundamental de la auto-rización judicial — la adquisición para los otros cinco condue-ños del condominio de José — fué cumplido. De los hechos probados no se desprende que haya habido intención alguna por parte del acreedor hipotecario de defraudar a los meno-res. Los intereses y derechos de los menores no han sido lesionados en manera alguna por la negociación del prés-tamo en la forma en que éste fué realizado. Por el contrario, cada uno de ellos aumentó su participación en el valor total de la finca, fijado por todas las partes en $16,000, en una can-tidad igual al montante de la obligación que cada uno con-trajo por virtud de la hipoteca. El hecho de que el traspaso del condominio que la Corte autorizó adquirir fuese hecho por Julia, en vez de ser hecho por José directamente, no puede afectar en manera alguna la buena fe con que eviden-temente procedió el acreedor hipotecario. Habiéndose rea-lizado el fin legal de la negociación, la variante que hubo en los medios utilizados para su realización es, a nuestro juicio, en ausencia de fraude o confabulación imputable al acreedor, insuficiente para basar en ella la declaración de nulidad de la primera hipoteca. Y no erró la corte sentenciadora al denegar la súplica que se hiciera a ese efecto.

2* ¿Existen vicios o defectos en la escritura de venta de las partici-paciones de los menores, hecha por la madre a la condueña Julia, que sean legalmente suficientes para decretar su nuli-dad, con perjuicio de los demandados De Jesús y Piazza?

Sostienen los demandantes apelantes que dicha escritura es nula por no haber sido otorgada mediante autorización judicial, la que era absolutamente necesaria por ser menores tres de los copartícipes en la comunidad.

En nuestro Códig'o Civil (Ed. 1911) encontramos las si-guientes disposiciones:

“Artículo 413. — Serán aplicables a la división entre los partíci-pes en la comunidad, las reglas concernientes a la división de la he-rencia.
“Artículo 1027. — Cuando los menores de edad estén sometidos a la patria potestad y representados en la partición por el padre y en su caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la apro-bación judicial.
“Artículo 1029.- — Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abo-nar a los otros el exceso en dinero.
“Pero bastará que uno sólo de los herederos pida su venta en pú-blica subasta, y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga. ’ ’

En Sánchez v. Registrador, 21 D.P.R. 478, y más tarde en Martínez v. Registrador, 23 D.P.R. 356, esta Corte Suprema sostuvo la validez de escrituras otorgadas en las mismas con-diciones que las del presente caso, o sea por la madre con patria potestad, a nombre de los menores, sin intervención o aprobación judicial, resolviendo que la autorización judicial, que para la enajenación de bienes de menores requiere el artículo 299 del Código Civil, enmendado por la Ley núm, 33 de 9 de marzo de 1911, no es aplicable a una división de bienes en comunidad en que están interesados menores de edad, porque dicha división debe regirse por el artículo 413 en relación con el 1027 de dicho código, según el cual no es necesaria esa autorización judicial cuando los menores están representados por el padre o la madre. Conviene observar que en el caso de Sánchez v. Registrador, supra, se hizo constar lo siguiente: “En la escritura estuvieron represen-tados dos herederos menores de edad por su madre con patria potestad y sin interés alguno en la herencia.”

El caso de Martinez v. Registrador, supra, fué resuelto por esta corte en enero 11 de 1916. La escritura de divi-sión de comunidad en el caso de autos fué otorgada en diciembre 15, 1926, 'e inscrita en el Registro en enero 18, 1927. En la inscripción de la totalidad de la finca a favor de la adjudicataria Julia Costa Beltrán, se dice:

“Se lace constar que la cláusula tercera de la escritura dice: Esta partición hecha en la forma en que queda expresada se funda en lo dispuesto en 'el caso de Martínez et al. v. El Registrador, de Caguas, Decisiones de Puerto Rico, tomo veintitrés, página 356 hasta 358 vuelto.”

Los hechos en Martinez v. Registrador eran práctica-mente idénticos a los del presente caso, con la sola diferencia de que en éste se trata de una finca rústica y en aquél se trataba de una finca urbana. En uno y otro caso la ma-dre que representó a los menores no tenía interés personal en la herencia. Y en ambos casos la totalidad del inmue-ble fué transferida a un solo condueño, recibiendo los de-más en dinero efectivo el importe de sus respectivas parti-cipaciones. La decisión en Martinez v. Registrador, supra, confirmó y siguió la dictada por esta corte en Sánchez v. Registrador, supra, y ambas concordaban con la interpre-tación que los comentaristas y tribunales españoles habían dado a los artículos del Código Civil Español equivalentes a los anteriormente citados de nuestro código. Véanse: Scaevola, vol. 18, págs. 296 a 320; Manresa, vol. 7, págs. 651-661.

Con anterioridad, a la decisión de Martinez v. Registrador, supra, en junio 1, 1915, la Corte Suprema Federal había dictado su decisión en el caso de Longpré v. Diaz y Quiñones, 237 U. S. 512, 59 Law. Ed. 1080, por la que con-firmó la sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. En dicho caso la madre de un menor y su defensor ad litem, sin autorización previa de la corte de distrito, habían celebrado un contrato privado, que fué elevado más tarde a escritura pública, por el cual tras-pasaron bienes del menor a un acreedor, en pago de deudas. El contrato, que se titulaba “partición de herencia”, fné des-pués de su otorgamiento aprobado por la corte de distrito. No obstante esa aprobación a posteriori, la Corte Suprema decretó su nulidad, diciendo:

“Aún cuando es obvio que la propiedad dejada por el difunto y que pasó a su heredero el menor, estaba gravada por las deudas del difunto y sujeta a una venta legal para el pago de las mismas, creemos es indiscutiblemente cierto que había una absoluta carencia de fa-cultades por parte de la viuda y del tutor ad litem para entregar la propiedad del menor en pago de una deuda reclamada contra los bienes de su padre. Decimos esto porque la llamada partición y la venta de la propiedad por medio de contrato privado estaban com-pletamente fuera de las disposiciones de la ley sobre administración y venta de los bienes de un menor y por consiguiente dicho contrato privado no podía crear derecho alguno en conflicto con el título he-reditario del menor.”

Al decidir el caso de Martines v. Registrador, supra, esta Corte Suprema no tuvo en cuenta la decisión del Tribunal Supremo Federal que acabamos de citar, pero sí la tuvo y la adoptó como la doctrina jurídica aplicable a casos de esta índole al decidir en 28 de enero de 1916 el caso de Del Rosario v. Rucabado et al., 23 D.P.R. 473, en el cual la pro-piedad de los menores había sido traspasada por la madre, sin autorización judicial, a los acreedores del causante. La decisión original sostuvo la validez del traspaso, pero ha-biéndose solicitado la reconsideración de su fallo, éste fué reconsiderado, expresándose así la corte por voz de su Juez Asociado Sr. Del Toro:

“Basta leer lo que antecede, para comprender que en cuanto a la cuestión esencial de si son o no totalmente nulas las adjudicacio-nes en pago de deudas hechas directamente a los acreedores en la partición de una herencia en que existen menores de edad, sin ha-berse obtenido previamente la autorización judicial que para la venta de bienes de menores en general exigen las leyes, el criterio susten-tado por la Corte Suprema de los Estados Unidos está en conflicto con el que algunos días antes sostuvo esta Corte Suprema de Puerto Rico. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene jurisdic-ción de apelación sobre esta Corte Suprema de Puerto Rico, decidió que diclras adjudicaciones son nulas, y su jurisprudencia, cualquiera que pueda continuar siendo el criterio de todos o de algunos de los jueces de este tribunal, debe prevalecer.”

Posteriormente, en Milán v. Registrador, 41 D.P.R. 98, en Mercado v. Registrador, 41 D.P.R. 522, y en Burset v. Registrador, 49 D.P.R. 49, esta corte sostuvo que la adju-dicación de una finca poseída en común, a uno de los comu-neros, no es una división de la comunidad y sí una enajena-ción de la propiedad, para la validez de la cual se nece-sita la autorización judicial y la subasta pública que re-quiere el artículo 388 del Código Civil, cuando alguno de los comuneros sea menor de edad.

La venta de los condominios de los menores por la madre de éstos a la comunera Julia, no solamente fué beclia sin autorización judicial y sin cumplir el requisito de la subasta pública, sino que se bizo con perjuicio y menoscabo del patrimonio de dichos menores. Estos eran dueños de tres quintas partes de una finca cuyo valor se había fijado por el banco y las partes en la suma de $16,000; y la misma adjudicatario Julia aceptó ese valor al pagar $2,000 por el condominio que por una octava parte tenía José en la finca. Las participaciones de los tres menores tenían un valor total de $9,600 y respondían de $1,500 de la primera hipoteca a favor del demandado De Jesús. Por los términos de la adjudicación en controversia Julia adquirió el interés de los menores por precio de $1,080 para cada menor, y asumió la obligación de pagar los $1,500 a De Jesús. Por un precio de $4,740 se despojó a los menores de propiedad que valía $9,600, haciéndoles sufrir una pérdida de $4,860. Es para evitar la consumación de negociaciones lesivas para los intereses de los menores, como la llevada a efecto en el presente caso, que la ley y la jurisprudencia de esta jurisdicción exigen que los intereses de los menores sean protegidos por la intervención judicial y la venta al mejor postor. Al hacer el préstamo de $1,700 a Jtdia Costa Beltrán, el de-mandado De Jesús sabía por las constancias del Registro qne el título de la prestataria estaba viciado de nulidad en cuanto a las tres quintas partes que ésta había adquirido de los menores, por no haberse cumplido los requisitos le-gales. Su defensa de tercero no está sostenida por los he-chos. Cuando se llevó a efecto la llamada división de co-munidad ya la Corte Suprema Federal había establecido la doctrina de Longpré v. Días, supra, que sostiene la nulidad de una división de esa naturaleza cuando no ha sido auto-rizada judicialmente.

Debemos- sostener, por lo tanto, que la venta de las par-ticipaciones de los menores es nula y que también lo es la hi-poteca de $1,700 constituida por Julia Costa Beltrán, en cuanto a las tres quintas partes de la finca. La corte inferior erró al declarar dichos actos válidos y obligatorios para los me-neros demandantes.

3a. La nulidad del procedimiento ejectutivo sumario mediante el cual el demandado De Jesús ejecutó los dos créditos hipotecarios es consecuencia inevitable de la declaración de nulidad del crédito por $1,700. Los demandantes, quienes nunca dejaron de ser dueños de tres quintas partes de la finca, por ser nula e inexistente la venta hecha por su madre, no fueron requeridos en manera alguna para el pago de la primera hipoteca que se ejecutaba conjuntamente con la segunda de $1,700, y no quedaron obligados por la sentencia de ejecución. Debemos, por lo tanto, declarar nulos el procedimiento ejecutivo, la subasta y la adjudicación de la finca al demandado De Jesús y la venta hecha por éste al demandado Piazza, quien tampoco puede alegar su condición de tercero, por haber adquirido la finca con conocimiento por las constancias del Registro de las causas de nulidad del título de su vendedor.

4a. La reclamación que en su contrademanda hace el demandado Piazza por la suma de $2,254.64, por reparaciones y mejoras hechas por él en la finca y por contribuciones por él satisfechas, no aparece sostenida por prueba alguna. La Corte hizo constar en su opinión que las partes habían estipulado que la evidencia sobre tales extremos se practi-caría quince días después de ser firme la sentencia, en el caso de que dicha contrademanda fuese declarada con lu-gar. Y habiendo sido desestimadas la demanda y la con-trademanda no se practicó tal prueba. No estamos por tanto en condiciones de poder fijar la cuantía de la reclamación. Lo tínico que podemos resolver y resolvemos es que no siendo el demandado Piazza un poseedor de buena fe, tiene derecho a que se le reintegren por los demandantes tres quintas par-tes de los gastos hechos por él para la conservación de la finca y para pago de los tributos impuestos al inmueble, su-jeto desde luego a la obligación de reintegrar a los deman-dantes las tres quintas partes de los productos y beneficios que la finca le hubiere producido durante el tiempo que es-tuvo en posesión del inmueble y a partir de la fecha de la interposición de la demanda de nulidad.

Por las razones expuestas debe dejarse sin efecto la seru-tencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce en fecha 2 de junio de 1933, y en su lugar dictarse otra que deberá con-tener los siguientes pronunciamientos :

1. Declarando válida y subsistente la hipoteca de $2,500 otorgada por la madre de los demandantes a favor del demandado Francisco R. de Jesús, debiendo responder los condominios de los demandantes, equivalentes a tres quintas partes de la finca, de la suma de $1,500 de principal, con intereses al tipo estipulado de 12 por ciento anual desde noviembre 11 de 1926 basta su definitivo pago, sin costas.

2. Declarando nula e inexistente en cuanto a las participaciones de los demandantes, la división de comunidad consignada en la escritura núm. 131 otorgada en la ciudad de Ponce el. día 15 de noviembre de 1926, ante el Notario Lie. Cipriano Olivieri; y ordenando la cancelación de la inscripción de la misma en el registro, la que aparece al folio 181 del Tomo 90 de Adjuntas, finca núm. 1173, quintuplicado, inscripción 14.

3. Declarando nula e inexistente, en cuanto a las participaciones de los demandantes, la hipoteca por $1,700 constituida por Julia Costa Beltrán a favor ele Francisco R. ele Jesús, por- escritura núm. 87 de fecha julio 7 ele 1927; y ordenando la cancelación de su inscripción practicada al folio 183 vuelto del Tomo 90 de Adjuntas, finca núm. 1173, quintuplicado, inscripción 16% en cuanto a las participaciones de los demandantes.

4. Declarando nulos en cuanto a los condominios de los demandan-tes el procedimiento ejecutivo sumario hipotecario, Civil núm. 3586, seguido ante la Corte de Distrito de Ponce por Francisco de Jesús y Ruiz de Porras v. Sucesión de Julia Costa y Beltrán,. para la ejecución de las dos hipotecas; la subasta y adjudica-ción de la finca al acreedor hipotecario; y la venta hecha por éste al demandado Julián Piazza ■ Canosi, debiendo cancelarse en el registro, en cuanto a las participaciones de los demandan-tes, las inscripciones de dicha adjudicación y venta, que cons-tan, respectivamente, al folio 184, vuelto, Tomo 90 de Adjuntas, finca núm. 1173, quintuplicado, inscripción 17*, y al folio 188 del mismo Tomo y finca, inscripción 18*.

5. Declarando con lugar la eontrademanda del demandado Francisco R. de Jesús en cuanto a la primera causa de acción en ella alegada y condenando a los demandantes Teodora, Domingo e Inocencia Costa Beltrán a pagar, al demandado Francisco R. de Jesús la suma de $1,500, principal de la hipoteca que grava las participaciones de dichos demandantes, más intere-ses sobre dicha suma al 12 por ciento anual desde noviembre 11 de 1926 hasta la fecha del pago, sin especial condenación de costas, constituyendo esta parte de la sentencia un gravamen preferente sobre los condominios de dichos demandantes en la finca. Disponiéndose que esta sentencia no podrá ser ejecu-tada hasta que 'se hayan fijado definitivamente los derechos de las partes en cuanto a las reclamaciones sobre mejoras hechas en la finca y sobre rentas producidas por la finca y perci-bidas por los demandados.

6. Devolviendo el caso a la Corte de Distrito con instrucciones de que proceda a practicar la prueba en cuanto a la contrade-manda formulada por el demandado Piazza, en la que reclama el importe de los gastos hechos por él en la conservación de la finca y para pago de contribuciones; y de que requiera a los. demandados y contrademandantes De Jesús y Piazza para que-rindan cuenta a los demandantes del importe de los frutos y beneficios que uno y otro percibieran o hubieren podido perci-bir durante el tiempo que cada uno de ellos estuvo en posesión del inmueble; y que después de oír la prueba de ambas partes proceda a dictar la sentencia que a su juicio procediere.

7. Todo sin. especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila, aún cuando no rse encontró presente en el momento en que se firmó la sen-tencia, intervino en la vista del recurso y en la discusión 'del mismo en el seno de la corte, habiendo leído la opinión y mostrado su conformidad con ella.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR, HUTCHISON,

CON LA CUAL CONCURRE EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

Seis hijos, tres de los cuales eran menores, adquirieron por herencia una pequeña plantación de café. En. octubre 23, 1926, Julia Costa, una de las mayores, adquirió de José Costa, el mayor, la participación indivisa de éste en la finca. ■ La venta se efectuó por un precio de $2,000. Doce días más tarde la viuda, a nombre y representación de sus hijos me-nores de edad, solicitó de la corte de distrito autorizara a los menores a otorgar una hipoteca, alegando que existía ne-cesidad para ello y para proteger la participación de éstos en la propiedad. .

Las razones expuestas en la petición fueron en síntesis: Que el hijo mayor, José Costa, deseaba salir de su interés en la propiedad y no estaba dispuesto a continuar como co-partícipe. Que él había recibido una oferta de $2,000 de un tercero; que la intromisión de un extraño sería desastrosa y que a fin de evitar el desastre inminente se hacía impe-rativo que se otorgara la hipoteca para recaudar los fondos requeridos para comprar a José Costa su participación in-divisa. Julia Costa, al igual que la madre, declaró durante la vista sobre éstos y otros detalles. Del testimonio de ella se desprendía que cierto señor, natural de Córcega, había ofrecido $2,000 a José por su participación indivisa. Que este señor corso ya había demostrado una disposición poco amistosa hacia los otros herederos y que si se le permitía que entrara como condueño el resultado inevitable sería por demás desfavorable a los intereses de los menores.

José Costa se había casado y tenía establecida su propia residencia con anterioridad a la fecha en que efectuó el tras-paso a su hermana Julia. En el momento de la vista Julia aún vivía bajo el mismo techo que la madre. Esta última era una mujer analfabeto. Si tenía o no conocimiento del hecho de que Julia ya había adquirido la participación in-divisa de José, ello es cuestión que carece de importancia. Bien Julia, o Julia y su madre, no sólo ocultaron la verdad, sino que deliberadamente falsearon los hechos y perpetra-ron así un fraude hacia la corte. En su consecuencia, la su-puesta autorización judicial era una nulidad absoluta, sujeta a ser atacada colateralmente. De todos modos, la corte de distrito no autorizó el otorgamiento de una hipoteca por los menores con el fin de tomar a préstamo el dinero necesario para adquirir de Julia la participación indivisa que ya ésta había obtenido de José.

La presunta autorización judicial estaba fechada el 10 de noviembre de 1926. Al siguiente día se otorgó la hipo-teca. En ésta se hacía constar que Julia había adquirido de José la participación de éste en 1a. propiedad el 23 de octubre de 1926 por escritura otorgada ante el mismo no-tario que redactó la de hipoteca. En la hipoteca se hacía referencia a una copia certificada de la autorización judicial que' se acompañaba a la misma. En ella se hacía cons-tar que esta copia certificada de la autorización judicial se unía a la hipoteca a fin de que la misma pudiese ser “in-sertada en la copia”. Fué incluida en la primera copia de la escritura de hipoteca expedida a favor del acreedor el día de su otorgamiento. Con esta copia certificada de la autorización judicial el' acreedor fué plenamente informado del objeto y fin de tal autorización y de los supuestos he-chos en que la misma se basaba. Por la cláusula ya men-cionada el acreedor fué plenamente notificado de que la situación que la autorización judicial trataba de afrontar había dejado, de existir antes de presentarse la petición. El sabía que el fin para el cual se había autorizado el otor-gamiento de una hipoteca no podía ser cumplido toda vez que el mismo ya se había efectuado antes de solicitarse la autorización judicial. Sabía también que la corte de dis-trito no había autorizado el otorgamiento de una hipoteca para ningún otro objeto. Los casos que resuelven que un acreedor hipotecario no está obligado a ver que el producto de la hipoteca sea debidamente invertido, no son aplicables a los hechos del presente caso. La hipoteca no estaba au-torizada y era nula en lo que a la participación indivisa de los menores se refería.

En diciembre 14, 1926, Julia Costa traspasó a cada uno de los menores una participación indivisa del condominio pro indiviso que ella había adquirido de José. En esta es-critura de enajenación ella hacía constar que había actuado . por sí y en representación de los otros condueños en la com-pra de la participación de José.

Si, conforme sugieren ahora los apelados, el objeto al . comprarle a José fué impedir que éste vendiera a un extraño, mientras estaba pendiente el procedimiento de autorización judicial, la manera más natural y efectiva de asegurar tal resultado hubiera sido inscribir la escritura inmediatamente, ■Véase el artículo 1362 del Código Civil (redición de 1930), Esto no se hizo hasta después de haberse obtenido la auto-rización judicial y otorgado la hipoteca.

En el juicio del presente caso el notario que redactó tanto la escritura en que José le vendía a Julia como la hipoteca, declaró como testigo de los apelados respecto a otros asuntos, mas no mencionó ninguna relación' de confianza (trust).

La cláusula relativa a la capacidad fiduciaria de Julia al adquirir la participación de José es demasiado tardía. No se hizo mención de tal capacidad en la venta hecha por José a Julia. La cláusula está directamente en conflicto con la declaración de Julia en torno a la necesidad de adquirir la participación indivisa de José para impedir que éste ven-diera la misma a un extraño que le había ofrecido $2,000. Es inconsistente con el becbo de que al día siguiente a la au-torización judicial, Julia se babía becbo pasar como la dueña de la participación indivisa que ella babía adquirido de José y como tal dueña hipotecó la misma junto a su participa-ción original indivisa en la finca.

En adición a todo esto el 15 de diciembre y dentro de las 24 horas de haber traspasado a los menores, Julia adqui-rió de ellos no sólo la participación indivisa que ella les babía traspasado el día anterior, sino también toda la par-ticipación de éstos en la finca. Conforme se hace constar en la opinión de la mayoría, ella pagó por toda esta parti-cipación menos de la mitad de su valor justo y razonable. Fuera del hecho de que estas dos enajenaciones se otor-garon ante dos notarios distintos, la transacción en su tota-lidad no hubiese variado de haberse becbo en un solo docu-mento, a menos que debamos asumir que el pacto relativo a la venta, efectuada por los menores de su participación total en la finca, por menos de la mitad de su valor material, se hiciera luego de otorgada la primera escritura y antes de otorgarse la segunda. No hallamos base satisfacto-ria para tal hipótesis.

El único propósito fijo de la petición solicitando autoriza-ción judicial fué el comprar a José la participación indivisa que éste se proponía vender a un extraño poco amistoso. El becbo de que Julia ya babía adquirido la participación de José fué cuidadosamente ocultado a la corte. Si en la peti-ción se hubiera becbo constar la verdad o si los testigos la hubieran dicho durante la vista, no es probable que la corte hubiera autorizado el otorgamiento de una hipoteca con el fin de poner a los menores en condición de adquirir de Julia un interés proporcional en la participación indivisa adquirida por ella de José, en el entendido de que la madre de los me-nores vendería a Julia, sin autorización judicial y por un pre-cio inadecuado, toda la participación de los menores en la finca objeto de la hipoteca. Sea ello como fuere, no hnbo preten-siones de semejante objeto al tiempo en qne tnvo lugar el procedimiento ni al momento de otorgarse la hipoteca. Em-pero, se hacía necesaria la autorización judicial si, con algún fin, había de otorgarse una hipoteca sobre toda la propiedad.

Si eliminamos la teoría de una autorización judicial para permitir a los menores adquirir de Julia, lo que por razones ya expresadas nos parece insostenible, la conclusión alterna-tiva es que la autorización judicial se obtuvo con el fin no revelado de permitir que Julia se convirtiera en dueña de toda la propiedad en las condiciones ya indicadas.

Si Julia en realidad hubiese adquirido la participación in-divisa de José para ella y los otros copartícipes, incluyendo a los menores, si ella no tenía ningún motivo ulterior, si ella nada tenía que ocultar a la corte, si ella no tenía para aquella época la intención de obtener de la madre de los menores toda su participación en la finca sin autorización judicial y por un precio inadecuado, entonces no había necesidad de tergiversar los hechos ni de hacer alegaciones falsas ni de declaraciones perjuras, como tampoco de obtener una au-torización judicial para adquirir de José su participación indivisa con el fin de impedir que éste vendiera la finca a un extraño. En ausencia de una explicación sobre el mo-tivo por el cual se obtuvo tal autorización bajo falsas si-mulaciones, la mera formalidad de una enajenación a los me-nores por parte de Julia de % de la participación indivisa previamente adquirida por Julia de José (como paso preli-minar a la inmediata reenajenación de tales % partes a Julia por la madre de los menores por menos de la mitad del pre-cio a que ellos compraron), salta a la vista como el peso final de un mal uso notable del procedimiento fijado por el artículo 159 del Código Civil (ed. de 1930).

No importa cuál haya sido el verdadero motivo que se tuvo para obtener una autorzación judicial, la enajenación he-cha por Julia a los menores no cumplió el objetivo principal de esa autorización conforme éste se hacía constar en la auto-rización misma. Fué en realidad nn designio transparente in-tentado con el fin de dar algún color de plansibilidad a la teo-ría de qne el objeto primordial de la autorización judicial se había realizado. La verdad fué, y es, conforme ya hemos demostrado, que el objetivo de la autorización judicial se ha-bía efectuado doce días antes de radicarse la petición en que se solicitaba tal autorización.

El hecho de que el acreedor hipotecario no fuera un par-tícipe activo en el fraude no es un factor decisivo en el caso. Baste decir que debe considerarse que él tenía conocimiento de que la primera hipoteca era una absoluta nulidad por fal-tar la autorización judicial.

Todo el producto de esa hipoteca fué directa o indirecta-mente a Julia Costa. ‘El criterio contrario tan sólo puede ser sostenido tomando en consideración la forma e ignorando la substancia de .la transacción en su integridad.

Según la sentencia de esta Corte los menores (a menos que puedan pagar $1,500 con intereses al 12 por ciento anual a partir de noviembre de 1926), perderán sus % partes en la finca hipotecada no obstante la nulidad absoluta de la hi-poteca y no embargante el conocimiento que el acreedor hi-potecario tenía de tal nulidad.

Por tanto, el infrascrito disiente de los pronunciamien-tos primero y quinto de la sentencia dictada por este Tribunal y de aquella parte de la opinión de la mayoría que tiende a sostener dichos pronunciamientos. Está autorizado para manifestar que el Juez Presidente Sr. del Toro con-curre en esta opinión disidente.