text:
    Estados Unidos de América, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1030.

    Sometido: Noviembre 7, 1938.

      Resuelto: Diciembre 13, 1938.

      A. Cecil Snyder, United States Attorney for the District of Puerto Rico, y R. B. Pérez Mercado, Chief, Land and Title Section, Legal Division PRRA, como amicus curiae; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura número 19, de 10 de agosto último, otor-gada ante el Notario Angel Padró, Rafaela Molini Ruiz ven-dió a los Estados Unidos de América, para los fines y den-tro del programa de rehabilitación rural de Puerto Rico, dos fincas rústicas, una de las cuales es segregación de otra. Presentado el documento para la inscripción de las dos fin-cas en el Registro de la Propiedad de San Germán, el regis-trador lo inscribió en cuanto a la primera y lo denegó en cuanto a la segunda, que es la segregada, extendiendo al calce del documento la siguiente nota:

“Inscrito el presente documento en cuanto a la finca letra A, al folio 121 vuelto del tomo 71 de Yauco, fea. número 3198, inscrip-ción Ira., y denegada la inscripción en cuanto a la finca letra B, por no haberse acompañado el plano de la finca, de acuerdo con la resolución conjunta número 55, aprobada por la Legislatura de P. R. el día 15 de mayo de 1937, convalidada por una ley del Congreso de fecha 13 de junio de 1938, habiéndose en su lugar tomado ano-tación preventiva por el término de 120 días, al folio 164 del tomo 94 de Yanco, finca 3665, anotación letra A. Afectas ambas fincas en unión a otras más, a una mención de bajas por la suma de $31,857.67. S.an Germán, a 26 de agosto de 1938.”

No conforme los Estados Unidos de América con la nota transcrita en lo que a la finca segregada respecta, por su re-presentación legal interpuso este recurso gubernativo solici-tando la revocación de aquella parte de la misma que le per-judica, fundándose en los siguientes motivos:

“ («) Porque aún cuando la Resolución Conjunta número 55 antes citada exigiese la presentación de planos en el Registro de la Propiedad, el Gobierno de los Estados Unidos de América no está incluido en los términos y disposiciones de dicha Resolución.
"(b) . Porque de acuerdo con la Resolución Conjunta número 55, de 15 de mayo de 1937, no es necesario ni mucho menos obligatorio acompañar planos de segregación o agrupación o de otra clase a las escrituras que se presenten para inscripción en los Registros de la Propiedad.
“(c) Porque aún cuando aceptando que al amparo de las'dispo-siciones de la Ley el Registrador estuviera justificado al requerir la presentación 'del plano, ni esta ley ni ninguna otra ley en Puerto Rico hacen depender la validez de la transacción del plano de refe-rencia, y consecuentemente la.no presentación del plano no justifica la calificación de defecto subsanable ni insubsanable, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley Hipotecaría.”

Las cuestiones suscitadas por el recurrente nos llevan a determinar el alcance e interpretación que deba darse. a la resolución conjunta aludida. A ese efecto y para la mejor comprensión del problema, transcribiremos las secciones per-tinentes a la controversia, no sin antes considerar cuál fué el propósito legislativo al aprobar la referida resolución.

El objeto primordial de la legislación que nos ocupa, según se desprende de todo su contexto y especialmente de su título y del preámbulo que precede a su articulado, es facilitar la formación del plano catastral de la Isla de Puerto Eico, expresándose a la vez en el preámbulo otras ventajas de segundo orden que se obtendrían con la ameritada legis-lación.

Las secciones pertinentes antes aludidas son las siguien-tes:

“Sección 1. — Por la presente se autoriza al Comisionado "del Interior de Puerto Rico, para que todos los planos de fincas rústicas o urbanas, pertenecientes a personas particulares, entidades munici-pales y al Gobierno Insular de Puerto Rico que sean levantados por ingenieros y agrimensores que posean una licencia para ejercer sus respectivas profesiones, se sometan a la aprobación de dicho funcio-nario; acompañándose con el original tres copias heliográficas de los mismos, para que después de aprobadas, quede copia de ellos en los archivos en su departamento, con el fin de irlas relacionando en un plano general que la División de Terrenos Públicos y Archivos del Departamento del Interior procederá a preparar para llevar a cabo el plano catastral de la Isla.
“Sección 2. — No se admitirá en los registros de la propiedad, cortes de justicia u oficinas gubernamentales de esta Isla, ninguna copia de planos que no haya sido previamente aprobada por el Co-misionado del Interior de Puerto Rico.
“Sección 7. — -De toda segregación o agrupación que se haga de cualquier finca o fincas, deberá presentarse plano, haciendo constar en él la parte segregada o las fincas que se agrupan.” (Leyes de 1937, 639-641.)

La sección primera antes transcrita autoriza al Comisio-riado del Interior de Puerto Rico a que se reciba para su aprobación y archivo planos de fincas 'rústicas o urbanas pertenecientes a (1) personas particulares, (2) entidades mu-nicipales, y (3) al Gobierno Insular, levantados por ingenie-ros y agrimensores que posean urna licencia para ejercer sus respectivas profesiones.

No todo plano, de acuerdo con esta sección, está sujeto a aprobación y archivo en el Departamento del Interior. La sección primera exige como requisitos indispensables (<a) que el objeto del plano sean fincas rústicas o urbanas, (6) que pertenezcan éstas a cualesquiera de las tres entidades antes enumeradas, y (c) que los planos sean levantados por inge-nieros o agrimensores autorizados mediante licencia para ejercer sus respectivas profesiones.

Claro es que el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-rica no está comprendido, en la frase “personas particula-res” y por consiguiente los planos que de sus fincas rústicas o urbanas se levanten no están sujetos a aprobación y ar-chivo por el Comisionado del Interior. Expressio wvms est exclusio alterius.

La sección primera no hace obligatoria la presentación de planos para su aprobación y archivo por el Comisionado del Interior, pero inspirado quizá en la norma seguida por los redactores de la Ley Hipotecaria para obligar a los intere-sados a presentar sus títulos en el Registro de la Propiedad, el legislador, persiguiendo el mismo propósito con respecto a los planos, indirectamente hace compulsoria su presentación, al disponer en la sección 2 que no se admitirá en los regis-tros de la propiedad, cortes de justicia y centros gubernati-vos ninguna copia de planos que no haya sido previamente aprobada por el Comisionado del Interior de Puerto Rico. Muy corriente es en los tribunales de justicia presentar en evidencia y acompañar como exhibits planos de fincas rústi-cas y urbanas. Con menos frecuencia se presentan también planos en los centros gubernativos en relación con asuntos administrativos; pero no sucede lo mismo en los registros de la propiedad, donde ni la Ley Hipotecaria ni ninguna otra legislación requiere la presentación de planos. Viene enton-ces la sección 7 a suplir el defecto exigiendo que de toda se-gregación o agrupación que se haga de cualquier finca o fin-cas deberá presentarse plano, el que desde luego, de acuerdo con la sección 2, deberá ser aprobado por el Comisionado del Interior. Pudo el legislador, a los fines expresados, ir más lejos aún y requerir la presentación de planos, no solamente cuando de inscribir segregaciones o agrupaciones se tratare, si que también en el caso de cualquier otra operación que hubiera de practicarse en el registro de la propiedad. El no haber ido tan lejos como pudo hacerlo no afecta, desde luego, la eficacia de la disposición legislativa. Tampoco empece a la validez de la sección 7 el hecho de que el plano no sea necesario para practicar operaciones en el Registro ni que no exista deber alguno por parte del registrador de archi-varlo, pues como hemos indicado, el fin perseguido por el legislador es conseguir indirectamente la presentación de los planos al Comisionado del Interior, aumentando así los ca-sos en que tal aprobación y archivo son necesarios, y consi-guientemente acumulando mayor número de ellos para faci-litar la formación del plano catastral.

A los fines del Registro, se daría cumplimiento al pre-cepto legislativo acompañando el plano al documento cuya inscripción se solicite, devolviéndolo luego el Registrador al interesado una vez inscrito el documento, expresando en la nota de inscripción al calce del mismo, así como en el asiento que cause el título en el registro, que el plano se presentó y lo tuvo el registrador a la vista conforme exige la ley.

El hecho de que ningún otro fin práctico pudiera obtenerse con la legislación que nos ocupa es inmaterial. No es dable a los tribunales entrar a considerar los méritos intrínsecos de una ley, incumbencia ésta del poder legislativo y no del judicial, cuya misión es aplicar e interpretar las leyes.

Réstanos ahora determinar si la sección 7 es o no aplicable a las segregaciones o agrupaciones que interese inscribir los Estados Unidos de América. Si interpretásemos la sección 7 independientemente de las secciones 1 y 2, y perdiésemos de vista el propósito legislativo ya expuesto, se impondría la afirmativa, ya que dicha sección 7 por sus propios términos no establece excepción alguna, y donde la ley no distingue los tribunales no deben distinguir. Pero es regla cardinal de hermenéutica que las distintas secciones de una ley deben interpretarse refiriéndose las unas a las otras, puesto que lo que es claro en uno de sus preceptos puede dar luz en lo que resulte dudoso en otro, y dispone además el Código Civil en su artículo 19 que el medio más eficaz para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expre-siones son dudosas es considerar la razón y espíritu de ella o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla.

Si la sección primera no exige ni autoriza qu.e los planos de fincas pertenecientes a los Estados Unidos sean sometidos a la aprobación del Comisionado del Interior, ¿a qué fin con-gruente con el propósito y espíritu de la ley conduciría exi-gir la presentación en el registro de planos no aprobados por el Comisionado del Interior y consecuentemente sin la autenticidad necesaria para la formación del plano catastral de la Isla de Puerto Rico? Estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que no es necesario cuando de inscribir segregaciones o agrupaciones de fincas pertenecientes a los Estados Unidos se trate, presentar en los registros de la propiedad los planos de dichas fincas.

Por lo expuesto, procede revocan la nota recurrida y de-volver 'él documento al Registro de la Propiedad de San Germán para que se sirva practicar la inscripción denegada, sin defecto alg%mo.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Reyes Soto, demandante y apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7605.

    Sometido: Noviembre 16, 1938.

      Resuelto: Diciembre 15, 1938.

      Pascasio Fajardo Martines, abogado del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y B. García Cintrón, Subprocura-dor Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Mayagüez se radicó una soli-citud contra el entonces Tesorero de Puerto Bico, Manuel V. Domenecli, sustituido más tarde por el actual incumbente, Bafael Sancho Bonet, en la cual se interesa un auto de mcm-cíamus contra el Tesorero de Puerto Bico que le ordene la expedición de un cheque por el montante de cierta indem-nización concedida por la Comisión Industrial de Puerto Bico al peticionario Beyes Soto. Oportunamente radicó el Tesorero de Puerto Bico una moción solicitando el traslado de este pleito a la Corte de Distrito de San Juan, por ser éste el distrito de su residencia. ‘Se opuso el demandante, y contra la resolución decretando el traslado, luego de denegada la reconsideración de la misma, se interpuso el presente, re-curso de apelación.

Un solo error señala el apelante en sn alegato, a saber:

"Que la Corte de Distrito de Mayagüez erró al declarar con lu-gar la moción de traslado del presente caso para ante la Corte de Distrito de San Juan.”

Al discutir este error el apelante lo hace bajo tres aspec-tos distintos, es decir:

(a) Que los dos affidavits de mérito que se acompañaron a la moción de traslado son nulos, porque uno de ellos fue jurado por el Tesorero ante su propio abogado Lie. Manuel Cruz Horta y el otro lo fue por el prediebo Manuel Cruz Horta ante el subsecretario de la Corte de Distrito de San Juan, sosteniendo el demandante la nulidad de dichos jura-mentos, por entender que el abogado, en su carácter de no-tario, no puede administrar juramento a su cliente, ni un subsecretario de una corte de distrito tampoco puede auto-rizarlos en relación con documentos de pleitos que se trami-tan ante una corte distinta de aquella donde él ejerce el cargo, discutiendo el apelante, además, bajo este primer aspecto, el hecho de que no fueron cancelados sellos de rentas internas de 25 centavos en relación con dichos dos juramentos, omi-sión ésta que según él los invalida;

(b) Que de acuerdo con la sección 15 de la Ley número 85, aprobada el 14 de mayo de 1928 (Leyes de ese año, pág. 631), denominada “Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo”, el caso que nos ocupa debe ventilarse en el distrito donde ocurrió el accidente, que en este caso lo fué el distrito de Mayagüez; y

(c) Que de acuerdo con el artículo 79 del Código de En-juiciamiento Civil, este caso, según el apelante, debe también verse en el distrito de Mayagüez, y no en el de San Juan donde reside el demandado.

Discutiremos los distintos aspectos de la cuestión en el orden anteriormente establecido:

(<a) Se ha resuelto en esta jurisdicción, siguiendo la regla establecida en el Continente, que los abogados que os-tentan la representación de algnna de las partes en nn pleito no deben ejercer funciones de notario en relación con el mis-mo a los efectos de tomar juramentos a sns clientes o para otros fines, y se lia dicho qne semejante práctica no es pro-pia y no debe seguirse; pero nunca se ha dicho que un jura-mento así tomado sea nulo. Negrón v. Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366; Rivera v. Cámara, 17 D.P.R. 528.

La ley sobre declaraciones juradas (affidavits, juramentos y afirmaciones), en su artículo 2, según fué enmendado por la ley de 9 de marzo de 1910, autoriza a cualquier secretario de una corte de distrito o del Tribunal Supremo pará tomar juramentos y no establece diferencia entre su autoridad a este efecto y la conferida a los jueces del Tribunal Supremo, jueces de distrito y jueces municipales y de paz. No existe disposición alguna, como antes indicamos, que limite la fa-cultad de los secretarios de las cortes de distrito para tomar juramentos a pleitos o procedimientos que se tramitan ante la corte donde ellos actúan. Sólo se ha resuelto en el caso de Pérez v. López, 18 D.P.R. 651, que un secretario de una corte municipal no tiene facultades para tomar el juramento de una demanda que ha de presentarse ante una corte de dis-trito ; pero la ley que autoriza a los secretarios de las cortes municipales a tomar juramentos es la de 8 de marzo de 1906, pág. 101, distinta de la sección 2 antes citada, que autoriza a los secretarios de las cortes de distrito, jueces del Supremo, etc., para administrar juramentos.

En el caso de Pueblo v. Rodríguez, 49 D.P.R. 470, se cita con aprobación el de El Pueblo v. Colón, 17 D.P.R. 1011, que sostiene que los subsecretarios de las cortes de distrito están autorizados para tomar juramentos lo mismo que los secre-tarios de quienes derivan su autoridad.

No tiene razón el apelante en lo que se refiere al defecto de cancelar sellos en relación con los dos juramentos antes citados, pues de acuerdo con el inciso 22 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico (núm. 85), aprobada el 20 de agosto de 1925 (Leyes de ese año, pág. 584), expresamente se exime del impuesto de 25 centavos a los affidavits o declaraciones de autenticidad “que se otor-guen por funcionarios oficiales en la tramitación de asuntos oficiales.” Ya fiemos visto que se trata en este caso de una demanda contra el Tesorero de Puerto Rico en su carácter oficial. Por consiguiente, no existe la nulidad alegada por el apelante.

(b) Pasemos afiora al segundo aspecto de la cuestión. La sección 15 de la “Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo” (núm. 85 de 1928, pág. 631) se contrae 'exclusivamente al recurso de revisión que autoriza dicfia ley contra las decisiones de la Comisión Industrial, concediendo jurisdicción a ese efecto a la corte de distrito del distrito donde ocurrió el accidente; pero en el presente caso no se trata de revisar una orden o decisión de la Comisión Industrial, sino de un procedimiento completamente independiente de aquél que motivó la decisión concediendo compensación al apelante. La circunstancia de que el objetivo de la acción de mandamus en este caso sea obligar al Tesorero a pagar la indemnización .ya concedida por la Comisión Industrial, y que de ese modo se relacione con el asunto que motivó la compensación al obrero, no hace aplicable la sección 15 citada por el apelante, que como hemos visto se contrae exclusivamente al recurso de revisión.

(c) Considerando afiora la tercera cuestión suscitada por el apelante, basta citar el caso de Clemente v. Junta Examinadora de Ingenieros, 38 D.P.R. 903, 906, y el de Mayagüez Dock & Shipping Co. v. Soltero, 42 D.P.R. 381, en que se trataba de un pleito de mandamus contra el Superintendente de Seguros, cuya residencia era en San Juan, y esta corte, al revocar la resolución que denegó el traslado, dijo lo siguiente :

“En el caso de Clemente v. Junta Examinadora de Ingenieros, 38 D.P.R. 903, en el que se interesó un auto de mandamus contra dicha junta declaramos que la demandada tenía derecho a la tras-lación del caso a la Corte de Distrito de San Juan porque en la ciudad de San Juan tiene su residencia la demandada.”

No existiendo, pues, el error señalando por el apelante, procede >en este caso confirmar en todas sus partes lia reso-lución apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 7641.
    Coll, aplte. v. Biascoechea, apldo.
    C. D. San Juan.
    Abril 5, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

PoR cuanto, eon fecha 24 de febrero de 1938 dictamos sentencia en este caso revocando la de la Corte de Distrito de San Juan, todo sin especial condenación de costas;

Por cuanto, la parte apelante y vencedora ante este tribunal ha radicado una llamada “moción de reconsideración” de nuestra sen-tencia, solicitando que la misma sea modificada de manera que im-ponga a la parte perdidosa las costas en la corte inferior, por en-tender el promovente que la Ley Núm. 69 de 11 de mayo de 1936 le concede tales costas, como cuestión de derecho, a toda parte que obtenga una sentencia o resolución final a su favor;

PoR cuanto, celebrada una vista sobre dicha moción y examinada la Ley aplicable al caso, hemos llegado a la conclusión de que tal modificación procede;

Por TANTO, se modifica la sentencia dictada por este tribunal el día 24 de febrero de 1938, en el caso arriba indicado, en el sentido de condenar como se condena al demandado apelado a pagar las cos-tas en la corte inferior, quedando en pie dicha sentencia en todos los demás extremos.


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 31.
    González, recurrente, v. Comisión Industrial, recurrida.
    Mayo 10, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

PoR Cuanto, el día 2 de febrero de 1938 la Comisión Industrial de Puerto Rico dictó una resolución negándose a anular un embargo que a su instancia trabó el Administrador del Fondo del Seguro del Estado sobre determinados bienes de Jerónimo González, quien es un patrono no asegurado, en relación con este recurso;

Por Cuanto, amparándose en el artículo 11 de la Ley núm. 45, aprobada en 18 de abril de 1935, el referido Jerónimo González ha solicitado la revisión por esta Corte Suprema de la mencionada orden de la Comisión Industrial de Puerto Rico;

Por Cuanto, no aparece de los autos que el recurrente cumpliera con los términos del artíulo invocado, solicitando previamente de la propia Comisión la reconsideración de la resolución recurrida;

Por tanto, vistos los casos de Amanguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10; Berdecía v. Comisión Industrial, et al., 50 D.P.R. 965; Morales v. Comisión Industrial, 50 D.P.R. 965; Sánchez v. Comisión Industrial, 50 D.P.R. 966; Caraballo v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 161, y Méndez v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 957, no ha lugar por ahora a la revisión solicitada.


text:
    Núm. 27.
    Montaner, recurrente v. Comisión Industrial, recurrida.
    Mayo 10, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Visto el párrafo tercero del artículo 35 de la Ley núm. 45, apro-bada en 18 de abril de 1935, ((1) pág. 251), y los casos de Montaner v. La Comisión Industrial, 50 D.P.R. 965, y Montaner v. La Comisión Industrial, 51 D.P.R. 934, se fija en la cantidad de $25 el importe de los servicios prestados ante esta Corte Suprema por el abogado Juan Lastra en representación de Laura Guerra Custodio, como ma-dre con patria potestad sobre su menor hijo Francisco Gandarillas Guerra.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 1021.
    Vega, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Mayo 16, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por Cuanto, este recurso gubernativo se interpuso contra una nota del Registrador de la Propiedad de San Germán negándose a inscribir la segregación de cierta finca por no acompañarse los planos exigidos a su juicio por la'Resolución Conjunta Núm. 55 de 15 de mayo de 1935 y el reglamento del Comisionado del Interior dictado de conformidad con la misma; y

■ Por CUANTO, dicha Resolución Conjunta es nula por inconstitu-cional, según se decidió por esta propia Corte Suprema en Nazario v. Registrador, 53 D.P.R. 136, siguiendo la jurisprudencia sentada en Valiente & Co. v. Sancho Bonet, Tesorero, 50 D.P.R. 586, confirmado por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en Sancho v. Valiente & Co., 93 F. (2d) 327;

Por tanto, se revoca la nota recurrida y se ordena la inscrip-ción solicitada.


text:
    Núm. 7109.
    Banuchi, aplte. v. Distrito de Riego, etc., apldo.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 23, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, en 30 de noviembre de 1937 dictamos sentencia en este caso, revocando la dictada por la corte inferior, y concediendo la suma de $1,000 por concepto de daños y perjuicios a la parte de-mandante ;

Por Cuanto, en 20 de abril de 1938, después de celebrada una nueva vista en el caso, que fué expresamente limitada a la discusión de “la manera más exacta de computar el valor de la caña que por la negligencia del demandado se dejó de'cosechar . . resolvimos aumentar como aumentamos la cuantía de' dichos daños a la suma de $3,000;

Por cuanto, se ha radicado con fecha 30 de abril de 1938 un nuevo escrito solicitando se aclare el alcance de nuestra sentencia en lo que a la fecha desde la cual han de computarse los intereses sobre el importe de los daños concedidos se refiere;

POR CUANTO, ni en la demanda original ni en la apelación se re-clamaron intereses desde determinada fecha sobre la cuantía de los daños que finalmente se concedieran;

PoR ouanto, de todos modos las circunstancias especiales de este caso nos inducen más bien a seguir la regla general de que no pro-ceden intereses sobre reclamaciones ilíquidas hasta el momento de fijarse su cuantía en una sentencia;

Por tanto, se declara sin lugar la moción del apelante, debiendo computarse los intereses sobre nuestra sentencia solamente desde la fecha en que la misma fué finalmente dictada, o sea 20 de abril de 1938.


text:
    Núm. 29.
    Pérez, recurrente, v. Comisión Industrial, recurrida.
    Mayo 31, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, de los hechos estipulados en este recurso de revi-sión se desprende que la'peticionaria, María Pérez, “profesora de instrucción pública de primer grado, en la escuela ‘José Ricardo Tejera’ sita en zona urbana de la población de Bayamón, el día 8 de diciembre de 1936, como a las 7: 30 de la mañana, martes, día de clases, en ocasión de ir a abordar una guagua, resbaló en la carre-tera, sufriendo la fractura. . .”;

Por Cuanto, el accidente ocurrió frente a la casa de la peticio-naria y en ocasión de coger la guagua para asistir a clases;

Por Cuanto, tanto el Administrador del Fondo del Estado como la Comisión Industrial le negaron compensación a la peticionaria por entender que el accidente no ocurrió en el curso del trabajo ni como consecuencia del mismo;

Por Cuanto, estamos enteramente conformes en que la doctrina más razonable en casos como el presente es aquélla que caracteriza estos accidentes como provenientes de los riesgos propios de la calle a los que está expuesta toda la comunidad;

Por cuanto, el accidente no surgió de ninguna función o acto inherente al trabajo de maestra o profesora de educación;

Por Cuanto, vista la jurisprudencia sentada en: Gullo v. American Lead Pencil Co., 193 A. 804, 118 N. J. Law 445; Morgan v. In dustrial Comm. of Utah, 66 P. (2d) 144; Grady v. Nevins Church Press Co., 189 A. 668, 15 N. J. Misc. 190; Hopkins v. Michigan Sugar Co., 184 Mich. 87, 150 N. W. 325; Wimmer v. Upper Sauson Tp. School District, 176 A. 840, 116 Pa. Super. 553; De Constantini v. Public Service Comm., 75 W. Va. 32, 83 S. E. 88, y muchos otros casos que sostienen la doctrina ya expresada:

Poe TANTO, se confirma la resolución de la Comisión Industrial por la cual se le niega compensación a la peticionaria.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    Núm. 7290.
    Ramírez de Arellano, et al., apltes. v. Ramírez de Arellano y Rosell, apldo.
    C. D. Ponce.
    Junio 1, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por ouanto, la corte de distrito después de declarar con lugar en su totalidad todas y cada una de ciertas excepciones previas in-terpuestas a la demanda enmendada, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando a los demandantes al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogados de la parte demandada.

Por Cuanto, las excepciones octava y novena rezan como sigue:

“8. Que la demanda enmendada en este caso radicada, en cuanto por ella los actores pretenden reivindicar condominios en el fundo deslindado en su alega-ción tercera (primera causa) y también, por ende, en lo que respecta a la recla-mación derivada por frutos {segunda supuesta causa) no aduce hechos bastantes para determinar causa de acción, por resultar de la misma que él demandado tiene adqvM'ido, a virtud de la prescripción, adquisitiva extraordinaria, el domimo de dicho inmueble con arreglo a los Arts. 1932, 1959 y 1960 del Código Civil Es-pañol — 1833, I860 y 1861 del .Civil Revisado (Arts. 1832, 1859 y 1860 del Código Civil ed. 1930) y art. 40 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil, en razón a que la parte aetora alega y reconoce en su demanda que el demandado y sus antecesores en título han venido poseyendo como dueños, pública, pacífica e inin-terrumpidamente, la referida finca por más de $7 años, o sea; don Gustavo Ra-mírez de Arellano y Lugo, desde julio 4, 1896, en que le fuera transmitido el dominio de dicho inmueble por escritura pública que fué inscrita en el Registro (Demanda enmendada, hecho 14;) don José A. Quintín Gustavo Ramírez de Are-llano, desde antes de enero 22, 1902, en que adquirió la predicha finca como único y universal heredero del mencionado anterior dueño (Demanda enmendada, he-chos 16 y 17) y el demandado en el caso de epígrafe desde los años 1902 y 1916, en que hubo el citado fundo, en unión de don Adolfo Ramírez de Arellano, a quien heredó su hija doña Camila Ramírez en lo concerniente a un condominio de $15,000 en el valor fijado entonces al inmueble (demanda enmendada, hechos 14, 16, 17, 19 y 20.)
"9. Que la demanda enmendada de los actores, por lo que hace a la acción reivindicatoría que se pretende ejercitar (primera alegada causa) y, por tanto, en lo relativo a la reclamación accesoria por frutos (segunda causa) no aduce he-chos suficientes para constituir causa de acción, por resultar de su faz prescrita y extinguida por ministerio de la ley dicha acción reivindicatoría de acuerdo con los arts. 1932 y 1963 del .Código Civil español, arts. 1833 y 1864 del Código Civil Revisado (arts. 1832 y 1863, Oodigo Civil, ed. 1930) y artículo 40 del actual Código de Enjuiciamiento Civil, debido a que en la demanda se reconoce que han transewrido más de 37 años hasta la iniciación del presente litigio y desde que en julio 4, 1896 (Demanda enmendada, hecho 14) perdieron la posesión los demandantes y pudieron haber ejercitado la acción ahora impugnada.”

Por CUANTO, de la exposición, del caso resulta qne “el presente pleito se inició mediante demanda radicada el 28 de junio de 1934”.

Por Cuanto, los demás hechos especificados en las excepciones oc-tava y novena (en tanto en cnanto afectan la cuestión de prescrip-ción extraordinaria) constan con toda claridad de la demanda en-mendada y están reconocidos por los apelantes en su alegato, sin que exista controversia o duda alguna en cuanto a los mismos, siendo la teoría de la demanda enmendada y de los apelantes en su ale-gato, la de que un auto judicial expedido en 1896 y un supuesto tras-paso autorizado por dicho auto- e intentado de acuerdo con el mismo, íueron inexistentes por tratarse de bienes de menores sin haberse ob-tenido la previa autorización judicial y por otros motivos, en rela-ción con la teoría de que el artículo 1833 del Código Civil ha sido derogado por el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Por Cuanto, según el artículo 1833: “Los derechos" y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley”,- — mien-tras que el artículo 40 dice (bastardillas nuestras) :

“Si la persona eon derecho a ejercitar una acción, que no sea la reivindica-toría de propiedad inmueble, fuese al tiempo de nacer la causa de la acción:
“1. Menor de edad;.”

Por cuanto, la presente acción es una acción “reivindicatoría de propiedad inmueble.”

Por cuanto-, los señalamientos noveno hasta duodécimo inclusive son:

“IX. Ené error del tribunal a quo sostener la octava excepción previa, deci-diendo que el demandado adquirió el dominio de las mencionadas participaciones por prescripción extraordinaria, de treinta años o más, durante los euales el de-dandado y las personas que le transmitieron sus derechos poseyeron el inmueble.
“X. Se imputa a la corte sentenciadora el error de estimar la novena ex-cepción previa, resolviendo que la acción reivindicatoría había prescrito con arre-glo a los preceptos del .Código Civil que cita esa excepción y al del artículo 40 del actual Código de Enjuiciamiento Civil.
“XI. La eorte de distrito erró al dictar sentencia contra los actores y deses-timar la demanda enmendada.
“XII. El tribunal del que procede este litigio actuó erróneamente al.imponer a los demandantes el pago de costas y honorarios de abogados.”

Poe Cuanto, al declarar sin lugar una moción sobre desestima-ción de la presente apelación como frívola, en nuestra resolución de julio 31, 1937, dijimos:

“Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes, examinados los alegatos en pro y en contra, y por dudosas que sean las cuestiones fundamen-tales sobre prescripción y a pesar de la fuerza del argumento del apelado sobre este extremo, no apareciendo tan claramente frívolas estas cuestiones y especial-mente no apareciendo tan claramente frívola la cuestión suscitada por el apelante gobre error en la imposición de costas que justifique una desestimación de la presente apelación sin un estudio más detenido de los posibles méritos de la misma, no ha lugar a la desestimación solicitada.”

Por cuanto, tal conclusión nos releva de la necesidad de expre-sar una opinión sobre las cuestiones suscitadas por los apelantes por otros supuestos errores señalados en el alegato.

. Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte ae Distrito de Ponce en septiembre 4, 1935.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino..


text:
    Núm. 2.
    Colegio de Abogados de P. R., querellante, v. Coballes, et als., querellados.
    Junio 1, 1938.
   Pista *la anterior querella del Colegio de Abogados de Puerto Rico, el artículo 10 de la Ley núm. 43 de mayo 14, 1932 y la reso-lución de este Tribunal de mayo 20, 1937, notifique el querellante a todos y cada uno de los querellados, con copia de la querella, para que comparezcan en la sala de sesiones del Tribunal Supremo el día 20 del corriente mes, a las 2 p. m., a fin de que muestren causas, si las tuvieren, por virtud de las cuales no se les debe suspender del ejercicio de la profesión de abogados en esta Isla de Puerto Rico por no baber pagado las cuotas fijadas por el artículo 9 de la expre-sada ley núm. 43 según se alega en la querella.


text:
    Núm. 7.
    Rivera, Alcalde, etc., aplte. v. Asamblea Municipal de Corozal, aplda.
    Junio 22, 1938.
   Examinados los autos remitidos por la Asamblea Municipal en este caso y encontrando que la prueba que tuvo ante sí la Asamblea si bien revela la comisión de ciertos actos censurables por parte del querellado, no es lo suficientemente clara y precisa para justificar la destitución decretada, se deja sin efecto dicba destitución.

El Juez Asociado Señor De Jesús no 'intervino.


text:
    Núm. 7750.
    Vázquez Prada, aplte. v. Santos, et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Junio 24, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por CUANTO, el demandado apelado ha solicitado se elimine de la transcripción de autos un documento titulado “Declaración Jurada de Leopoldo J. E. Vázquez Prada y López” en la cual el declarante relata la declaración de un testigo llamado Guillermo Orrache, pres-tada en el caso civil Núm. 10,187, seguido en la Corte de Distrito de San Juan.

Por cuanto, dicha declaración jurada fue radicada en la secre-taría de la corte de distrito en abril 4, 1938, mientras que la expo-sición del caso en el presente recurso fue aprobada por el juez de distrito en marzo 26, 1934, no pudiendo por tanto formar parte de tal exposición la referida declaración jurada; sin que conste tam-poco en ninguna parte de la exposición, referencia alguna a la de-claración prestada por Guillermo Orrache en el pleito Núm. 10,187.

PoR cuanto, el demandado apelado ha solicitado también la eli-minación de los siguientes documentos comprendidos en la trans-cripción de autos:

"Página 69: Petición sobre declaratoria de herederos en caso civil Núm. 5422;
"Página 70: Orden caso civil Núm. 5422, sobre declaratoria de herederos;
"Página 72: Escritura de venta judicial de finca urbana Núm. 19, otor-gada por Pedro del Manzano y Dávila ante el notario José O’. Martínez Santana el primero de marzo 1917;
"Página 78: Demanda enmendada, caso civil Núm. 1052 de la Corte de Distrito de San Juan, Jaime José, Luz, Estela Catalina, etc. Vázquez, demandante v. Cipriano Santos y Lanchas, etc., demandado;
"Página 82: Excepción Previa, caso civil Núm. 1052, supz’a.
"Página 84: Excepciones Previas, caso civil Núm. 1052, supra.
"Página 86: Relación del caso y opinión, civil Núm. 1052, supra.
"Página 87: Sentencia, civil Núm. 1052, supra.
Página 88: Demanda enmendada, caso civil Núm. 7942 de la Corte de Distrito de San Juan, sobre incumplimiento de contrato, Sucn. del Dr. Arturo Vázquez Prada, demandante v. Cipriano Santos y Lanchas, etc., demandados;
"Página 94: Contestación a la demanda enmendada, civil Núm. 7942, supra.
"Página 98: Demanda en el caso civil Núm. 10,187 de la Corte de Distrito de San Juan, L. J. E. Vázquez Prada, demandante v. Cipriano Santos y Lanchas, sobre nulidad de procedimiento ejecutivo, etc.;
"Página 105: Contestación a la demanda en el caso civil Núm. 10,187,, supra;
"Página 111: Relación del caso y opinión en el caso civil Núm. 10,187,. supra;
"Página 115: Moción pidiendo la nulidad del. procedimiento en el caso Núm. 9232, seguido en la Corte de Distrito de San Juan por Cipriano Santos y Lanchas, demandante v. Lucía Laborde, etc., demandados, sobre cobro de crédito hipotecario;
1 ‘ Página 119: Escritura Núm. 35 de Contrato de Arrendamiento, otorgada ante José Ortiz Alibrán, con fecha 22 de julio 1922 por Cipriano Santos y Lan-chas y Carlos García de Quevedo;
“Página 124: Petición en el caso civil Núm. 5422, seguido en la Corte de Distrito de San Juan, Jüx-parte María Nestora del Pilar Martín Moro, sobre de-claratoria de herederos;
“Página 126: Orden en el caso civil Núm. 5422, supra.”

PoR CUANTO, la única mención del pleito Núm. 5422, sobre decla-ratoria de herederos que se encuentra en la exposición del caso, consta como el fundamento sexto de la oposición del demandante a la pre-sentación como prueba por el demandado del récord completo en el caso Núm. 1052, seguido por Jaime José, Luz, Estela, Marina, Leopoldo, Arturo y Luisa Vázquez contra Cipriano Santos y Lanchas y otros sobre nulidad, etc., de la manera siguiente:

“6. Que según aparece de los autos del caso civil Núm. 5422, sobre decla-ratoria de herederos de Gabriel Martín Sánchez, seguido en la .Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. K., por María Nestora del Pilar Martín Moro, aparece que Gabriel Martín Sánchez, falleció intestado en Serravilla del Arroyo, Provincia de Salamanca, España, el día 20 de junio de 1924; y la de-manda contra dicho Sr. «Gabriel Martín Sánchez fué radicada el día 8 de marzo de 1926, o sean 21 meses después del fallecimiento de dicho Sr. Gabriel Martín Sánchez y por consiguiente es completamente nula xa sentencia y nula la confir-mación de dieha sentencia en la Hon. Corte Suprema de P. R., y nula y sin ningún valor.

PoR Cuanto, semejante referencia no identifica los autos en el pleito Núm. 5422, sobre declaratoria de herederos, Ex-parte María Nestora del Pilar Martín Moro seguido en la Corte de Distrito de San Juan, como parte de la prueba ofrecida y admitida en el pre-sente caso, ni de modo alguno puede interpretarse como una auto-rización por parte del juzgador para que se incluyera en el legajo de la sentencia como parte de la exposición del caso.

Por Cuanto, la moción pidiendo la nulidad del procedimiento en el caso Núm. 9232, seguido en la Corte de Distrito de San Juan por Cipriano Santos y Lanchas, demandante v. Lucía Laborde, etc., demandados, sobre cobro de crédito hipotecario, ha sido expresamente incluida y copiada al pie de la letra en la exposición del caso, resul-tando por tanto innecesario e improcedente su inclusión en la trans-cripción de los autos.

Por cuanto, en la exposición del caso han sido suficientemente iden-tificados como prueba ofrecida y admitida durante el curso del jui-cio : la escritura de venta judicial de finca urbana Núm. 19, otorgada por Pedro del Manzano y Dávila, ante el notario José C. Martínez Santana el primero de marzo de 1917; la escritura Núm. 35 de con-trato de arrendamiento, otorgada ante José Ortiz Alibrán con fecha 22 de julio 1922 por Cipriano Santos y Lanchas y Carlos García de Quevedo; los récords completos en los casos números 1052, 7942 y 10,187.

PoR Cuanto, dada la naturaleza de los autos en los pleitos men-cionados en el párrafo anterior, carece de importancia la circunstan-cia de que ninguno de dichos autos se encuentren unidos a los del presente caso en la corte inferior’, o en todo caso, tal irregularidad por sí sola, no constituye motivo suficiente para eliminar del legajo de la sentencia copias certificadas de tales autos, o de partes de éstos expedidas por el secretario de dicha corte.

Por cuaNto, si bien hubiera sido la mejor práctica incluir en la exposición del caso alguna disposición expresa ordenando o autori-zando al secretario que incluyera en el legajo de la sentencia como parte de la exposición del caso, copias de las escrituras públicas y los autos ya identificados como parte de tal exposición, o las partes esenciales especificadas como tales de estos últimos, sin embargo, aten-didas las circunstancias especiales del caso, inclusive la de que el ape-lante no es abogado y ha comparecido por sí mismo desde el prin-cipio de este litigio, la mera omisión de tal formalidad técnica (aun-que es justo decir que el promovente no se queja específicamente de dicha omisión) no constituye tampoco motivo suficiente para la eli-minación de las copias identificadas de tales escrituras y partes de' tales- autos expedidas por el secretario e incluidas por él en el,legajo de la sentencia. • '

Por tanto, se declara con lugar la moción sobre eliminación arriba mencionada, en cuanto atañe (a) a la declaración jurada de Leopoldo J. E. Vázquez Prada y López, (ó) a la petición sobre declaratoria de herederos y orden en el pleito Núm.- '5422, y (c) a la moción pi-diendo la nulidad del procedimiento en.-el caso Núm. 9232; se ordena la eliminación de las copias «certificadas de dichos documentos de la transcripción de autos; y se declara sin lugar dicha moción en todos sus demás - extremos.;

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no intervinieron.


text:
    Núm. 7413.
    Acosta, aplda. y aplte. v. Freyre, aplte. y apldo.
    C. D. Mayagüez.
    Junio 24, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, el único supuesto error señalado por la parte de-mandante, apelada y apelante es que:

"La corte cometió error al declarar que no existía evidencia suficiente para declarar con lugar la demanda en cuanto a la tercera causa de aeeión.”

PoR cuanto-, los únicos supuestos errores señalados por el deman-dado, apelante y apelado son:

“Primer error: La honorable corte inferior cometió manifiesto error de hecho y de derecho al declarar con lugar la primera causa de acción de la demanda ba-sada en el abandono por parte del demandado.
“Segundo error: La honorable corte inferior cometió manifiesto error de he-cho y de derecho al ordenar la eliminación de lo declarado por la testigo Celia basada en trato cruel e injurias graves.
‘ Tercer error: La honorable corte inferior cometió manifiesto error de hecho y de derecho al declarar sin lugar la defensa de condonación interpuesta por el demandado-apelante contra las alegaciones e imputaciones de la parte demandante y apelada.
“Cuarto error: La honorable corte inferior cometió manifiesto error de he-cho y de derecho al ordenar la eliminación de lo declarado por la testigo Celia Ortiz a repreguntas de los abogados del demandado y apelante en el sentido de que se había dictado contra' ella una sentencia de divorcio por adulterio, fun-dándose la corte en que no se podía traer prueba para desacreditar a la testigo, ésto es, para demostrar la veracidad que podía merecer la testigo por su con-ducta. Y cometió manifiesto error de derecho al no permitir a los abogados del apelante seguir repreguntando a la testigo sobre hechos que afectaban la mora-lidad, carácter, reputación y credibilidad de dicha testigo de la demandante. De ambas resoluciones los abogados del demandado apelante tomaron excepción.
“Quinto error: La honorable corte inferior cometió manifiesto error de hecho y de derecho al estimar probado la existencia del absoluto abandono por parte del demandado a la demandante por más de dos años.
“Sexto error: La honorable corte inferior cometió manifiesto error de hecho y de derecho al declarar asimismo probado que la demandante se vió obligada a aban-donar el hogar conyugal por la conducta y mal trato por parte del demandado, y especialmente al estimar probado que desde esa fecha no hubo reconciliación alguna entre ellos.
Séptimo error: La honorable corte inferior cometió manifiesto error de heeho y. de derecho al considerar que la declaración de la demandante fué corroborada por el testimonio de los testigos, y especialmente por José Ibáñez y Juan Buiz.
“Octavo error: La honorable corte inferior eometió manifiesto error de hecho y de derecho al considerar como circunstancia contra el demandado apelante, el supuesto hecho de que la supuesta amenaza con un revólver ocurrido en la casa de Honoré fué motivado por cierta alegada enfermedad sospechosa que notó pa-decía la demandante y en el momento en que indicó al demandado la necesidad de ir donde un médico a examinarse. ’ ’

Poe Cuanto, la cuestión del alcance de las repreguntas envueltas en el cuarto señalamiento estuvo dentro de la sana discreción de la corte juzgadora, sin que se haya demostrado abuso alguno de tal discreción.

POR cuanto, tampoco existe ningún otro verdadero error de de-recho, o de existir alguno, éste sería de tal naturaleza que no exigiría una revocación de la sentencia apelada.

Por CUANTO, visto el caso con la asistencia de ambas partes, exa-minados los alegatos, la relación del caso y opinión del juez de dis-trito, el informe del fiscal de esta Corte y la transcripción del récord taquigráfico de la prueba practicada durante el juicio, y no apare-ciendo que el juez de distrito baya cometido ningún error tan mani-fiesto en la apreciación de dicha prueba que exija una revocación de la sentencia apelada dictada por la Corte de Distrito de Maya-güez en abril 14, 1936,

Por tanto, se confirma en todas sus partes dicha sentencia.

El Juez Asociado Sr. De Jesús uo intervino.


text:
    Núm. 7380.
    Cordero, aplda. v. Fernández, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 23, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, los únicos errores señalados por el demandado ape-lante son:

"1. La corte cometió grave y manifiesto error en la apreciación de la prueba o evidencia practicada en este caso.
“2. La corte cometió grave y manifiesto error considerando como prueba corroborativa del caso el parecido existente, a juicio del juez y por el conoci-miento personal de él, entre la demandante y la familia del demandado, mucho más cuando no hubo prueba de este parecido.
"3. Erró la corte al imponer las costas al demandado.”

Por cuanto, no encontramos en la apreciación de la prueba nin-gún error tan manifiesto que exija una revocación de la sentencia apelada.

Por Cuanto, lo dicho por el juez de distrito en su relación del caso y opinión sobre la cuestión del parecido, fué lo que sigue:

"La demandante en este caso lucha con el inconveniente de que su madre no pudo declarar por haber fallecido. Pero tiene a su favor, una prueba corro-borativa que establece una presunción moral muy fuerte para el juzgador y que pesa sobre nuestra conciencia, el parecido profundo con el demandado y su fa-milia, especialmente y de una manera chocante, con el hermano del demandado. Hija de una mujer trigueña del pueblo, como se declaró en juicio a preguntas de esta corte, es sin embargo una joven rubia, con los ojos, todas las caracterís-ticas faciales y el aire peninsular inconfundible de la familia Fernández Lasclotas, a- la que conocemos hace mucho tiempo. Cuando preguntamos en el juicio al her-mano del demandado Manuel Fernández, si no observaba el parecido latente y profundo de la joven con la familia, aún cuando dijo ruborizado que no, su son-risa fué más expresiva que la palabra, u
“No es que estemos fallando este caso por el parecido; pero es un elemento que nos impele moralmente a considerarlo como parte corroborativa de la prueba testifical. ’

PoR cuaNto, el juzgador tuvo ante sí una joven de diecinueve años, al demandado y su hermano, todos los cuales declararon como testigos, estando advertido el demandado por la pregunta que hizo el juez al hermano de éste sobre la cuestión del parecido, que el juez tuvo en mente y estaba considerando tal cuestión, y tratándose como se trata de un juicio por la corte y no por jurado, o no existe el se-gundo de los supuestos errores señalados por el apelante, o si exis-tiera, no sería de tal naturaleza que por sí sólo justifique una re-vocación de la sentencia apelada.

Por Cuanto, no encontramos abuso de discreción en la imposi-ción de las costas.

Por tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en enero 30, 1936.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. D'e Jesús no intervino.


author: Juez Presidente Sr. Del.Toro.)

text:
    Núm. 7710.
    Collazo, apldo. v. Sancho Bonet, Tes., aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del.Toro.)

Por Cuanto, Jesús Collazo interpuso demanda en la Corte de Dis-trito de San Juan contra el Tesorero de Puerto Rico reclamando la devolución de $432.63 pagados por contribuciones bajo protesta; y

Por cuanto, la parte demandada alegó que la Corte de Distrito no tenía jurisdicción para conocer originalmente del litigio por ser la suma reclamada menor de quinientos dólares; y

Por Cuanto, solicitada sentencia sobre las alegaciones, la Corte, de Distrito la dictó desestimando la demanda con costas, sin incluir honorarios de abogado; y

Por cuanto, solicitada, reconsideración de la sentencia, la Corte de Distrito accedió declarando entonces la demanda con lugar; y

Por cuanto, apelada por el demandado dicha última sentencia se celebró la vista del recurso el 16 de junio último quedando el caso sometido-finalmente'a la decisión del tribunal; y

Por cuanto, esta Corte en el día de hoy (ante, pág. 650), en los casos Núms. 7764 y 7765, Serrallés v. Tesorero, acaba de decidir la misma cuestión de jurisdicción aquí envuelta en sentido favorable al apelante;

' Por tanto, y por la autoridad además de nuestra decisión en el caso de The Shell Co. (P. R.) Ltd. v. Pagán, Tesorero, 51 D.P.R. 208, se declara con lugar el recurso y se revoca la sentencia apelada dictándose en su lugar otra desestimando como se desestima la de-manda con costas, sin comprender honorarios de abogado.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: Juez Presidente Sr. Del Turo.)

text:
    Núm. 7664.
    Alvarez, aplte. v. Morales et al., apldos.
    C. D. Arecibo.
    Julio 30, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Turo.)

Por CUANTO, Telmo Alvarez demandó en desahucio a José Morales e Isabel Ibáñez y trabada la contienda fué el pleito a juicio decidiéndolo la Corte de Distrito en contra del demandante por me-dio de una opinión y sentencia que copiada a la letra dice así:

“ Ds la evidencia practicada en el juicio no resultó probado el hecho principal de la demanda, o sea, que los demandados contra la voluntad del demandante y sin su consentimiento, utilizaran una parcela de la finca que se describe en la demanda con una casa de madera enclavada en dicho terreno. Por el contrario aparece que cuando el demandante adquirió la finca ya hacía muchos años que la demandada poseía y vivía en una casa en un pequeño solar perteneciente a la referida finca, y que al comprar el demandante asintió a que continuara hasta la fecha de la demanda en el mismo estado, respetando su posesión.
“Hay prueba presentada por la demandada de que ella adquirió de Manuel Colón hace cerca de 30 años y aún de la misma prueba del demandante se des-prende que Isabel Ibáñez viene siendo considerada como dueña, por lo menos de la casa, desde hace muchos años, y a falta de evidencia más precisa, hay que eoneluir en un caso de desahucio, que ella tiene algún derecho de usufructo. .
“Puede ser que en una- acción de accesión on que el demandante justificara la propiedad absoluta del terreno en que enclava la casa, se pudiera obligar por sentencia a la demandada Isabel Ibáñez a vender la casa o comprar el terreno donde enclava, pero en la forma como se ha producido la prueba, estamos con-vencidos de que éste no es un caso propio de desahucio. Y que esto es así, lo comprueba aún más el que la parte demandante entabló en la .Corte Municipal de Manatí una demanda contra los mismos demandados, y por el mismo abogado, sobre reivindicación de la parcela que ahora es objeto de la demanda de desahu-cio, y que desistió de dicho pleito un día antes de presentar la demanda de desa-hucio en esta corte.
“Por las expuestas razones, se declara sin lugar el desahucio, sin especial condena de costas.” • •

Por Cuanto, apelada la sentencia para ante este Tribunal ambas partes radicaron sus alegatos celebrándose la vista del recurso el veinte y dos de abril último con la sola asistencia de la parte apelante por su abogado; y

Por Cuanto, examinados las alegaciones, la evidencia y los ale-gatos e informe del apelante éste no nos ha convencido de que la Corte errara al resolver como- resolvió que la cuestión suscitada no es propia para decidirse dentro del pleito sumario de desahucio si que requiere para su exposición, dilucidación y decisión las amplias opor-tunidades del juicio ordinario:

PoR TANTO, se declara no haber lugar al recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo el 21 de julio de 1937.

El Juez Asociado Sj. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7576.
    González, aplte. v. Aldrich, Alcalde, etc., apldos.
    C. D. Humacao.
    Julio 30, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, en junio 14, 1938, este Tribunal dictó sentencia en el caso de epígrafe confirmando la dictada por la Corte de Distrito de Humacao en junio 7 de 1938, por la cual dicha Corte de Distrito había declarado con lugar una excepción previa a una petición de mandamus y desestimó el recurso;

Poe Cuanto, en julio 2 del corriente año esta Corte dictó la si-guiente resolución:

"Visto el caso de Valldejuli v. De Castro, Administrador, 52 D.P.R. 286, y los en él citados, se señala el día 11 de julio actual, a las 2 p. ni., para 'oír a. las partes solare si debe o no dejarse sin efecto la sentencia dictada en este caso el 14 de junio último."

PoR Cuanto, aunque en el acto de audiencia compareció única-mente la parte apelante, y, por discutible que sea la cuestión de si este caso se rige o no por la doctrina de los casos indicados en nues-tra resolución de julio 2, por resultar distintos los hechos envueltos, debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, nos enfrentamos con el dilema, o de resolver la cuestión planteada en nuestra dicha resolución de 2 de julio en el sentido de dejar sin efecto nuestra sen-tencia anterior y en su lugar dictar otra revocando la sentencia de la Corte de Distrito, o dejar en suspenso hasta noviembre la cues-tión así suscitada;

Por Cuanto, la cuestión envuelta es a lo sumo una de práctica o de procedimiento que no afecta grandemente los derechos de las partes ni de tan magna importancia en cuanto al precedente que pueda establecer y nos parece preferible dejar - despachado el pre-sente caso sin más demora antes de entrar en vacaciones:

Por tanto, se deja sin efecto la sentencia dictada por este Tribunal en junio 14 del año en curso y en su lugar se dicta otra re-vocando, como revocamos, la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de Humacao en junio 11 de 1937, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la doctrina del caso de Valldejuli v. de Castro, 52 D.P.R. 286, y los casos en él citados.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7527.
    Veve, aplte. v. Keith, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 9, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por ouaNto, los únicos señalamientos de error son:

“1. La corte inferior cometió error al declarar con lugar la’ moción del de-mandado solicitando permiso para radicar por deposición la declaración del deman-dado.
“2. La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción del de-mandante solicitando fuera eliminada del réeord la contestación enmendada del demandado.
“3. La corte inferior cometió error al admitir como prueba la declaración del demandado por deposición, habiendo sido ésta radicada fuera del término concedido.
“4. La corte inferior cometió error al dar por probado para dictar la sen-tencia apelada, que el dinero objeto del préstamo o parte de él fuera empleado por el demandante en pagar los materiales de la construcción de la casa objeto de esta acción.
“5. La corte inferior cometió error al resolver que la casa objeto de esta acción no estaba terminada ni habitada por los demandantes cuando se constituyó el gravamen hipotecario original.
“6. La corte inferior cometió error al resolver, que los demandantes, desde cualquier ángulo que se considere la cuestión, no tienen derecho alguno a recla-mar del demandado el pago de su derecho de homestead.
“7. La corte inferior cometió error al imponer, las costas al demandante. ’ ’

Por ouaNto, al resolver las cuestiones indicadas en el séptimo y en los primeros tres señalamientos, a lo sumo la corte de distrito ejer-citó una amplia discreción, sin que encontremos verdadero abuso de ésta.

Por CUANTO, tampoco encontramos en la apreciación de la prueba practicada error tan manifiesto que exija una revocación de la sen-tencia pronunciada.

Por tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de San Juan en junio 18, 1936.

Los Jueces Asociados S.res. Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 41.

    In re: O’Neill y Rivera Cestero, querellados.
    Noviembre 9, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

.Visto el informe del Fiscal, del que aparece que no existe evi-dencia alguna para sostener el procedimiento de “disbarment” que contra los abogados Severo O’Neil] Torres y Gaspar Rivera Cestero interesa Pascuala Géigel Rodríguez, y vistos- los autos, se ordena el archivo definitivo ele la querella antes aludida.


text:
    Núm. 23.

    In re: Carballeira, querellado.
    Noviembre 9, 1938.
   Examinado el informe que antecede y atendida la recomendación del fiscal y las circunstancias del caso, se decreta el archivo defini-tivo de la querella a que se contrae.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 154.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial, dmdada., y Tirado, peticionaria.
    Noviembre 16, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto, el recurrente no acompaña su solicitud de revisión con una copia certificada de la orden o decisión de la Comisión Industrial cuya revisión se pide;

Por tanto, visto el artículo 11 de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Leyes de ese año (1), págs. 251-289), no ha lugar por ahora a la revisión solicitada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 158.
    Osborn, recurrente, v. Comisión Industrial, et al., dmdados, y Departamento Instrucción, patrono.
    Noviembre 17, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Examinado el escrito de la recurrente, así como la documenta-ción con que se acompaña y apareciendo que el caso cae de lleno dentro de la doctrina establecida por esta Corte en el recurso de re-visión núm. 29, María Pérez, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., recurrida, y Ramón Montaner, etc., apelado ante la Comisión, resuelto por este Tribunal en mayo 31, 1938 (ante, pág. 960) sin que consten motivos suficientes para una reconsidera-ción de las cuestiones envueltas, no ha lugar a la tramitación del presente recurso.

El Juez Presidente Si'. Del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Sr. de Jesús.)

text:
    Núm. 160.
    Vázquez, recurrente v. Comisión Industrial, dmdada. y Caquías, recurrido.
    Diciembre 12, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. de Jesús.)

POR Cuanto, el recurrente no acompaña su solicitud de revisión con una copia certificada de la orden o decisión de la Comisión Industrial cuya revisión se pide;

POR Cuanto, visto el artículo 11 de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Leyes de ese año, págs. 251-289), no ba lugar por ahora a la revisión solicitada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7581.
    Susoni, aplte. v. Rodríguez, apldo.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 14, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, es ésta una apelación de una sentencia de la Corte de Distrito de San Juan declarando desierto el recurso de apelación originalmente entablado contra una sentencia de la Corte Municipal de San Juan, basándose la actuación de la corte inferior en el no cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 31 de mayo 11, 1934 (leyes de ese año, pág. 293) ;

Por cuanto, la porción pertinente de dicha ley dispone -cómo sigue:

“Sección 3.— (a) El secretario de la corte de distrito anotará, la causa en el registro de acciones civiles, notificándolo a las partes interesadas. El apelante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de'señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo haya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso. Al anunciarse la vista de la apelación, el tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideration cualquiera provi-dencia, resolución, auto .u orden por los cuales se creyere éste perjudicado. Re-sueltas estas cuestiones se procederá a la vista de la causa tal como resulte de las alegaciones, a no ser que en virtud de excepción previa, permitiese el juez que fueren enmendadas la demanda o la contestación. Dispuesto así el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio,, rigiendo para el mismo todas las disposiciones y reglamentos judiciales aplicables a la vista de pleitos original-mente iniciados en la corte de distrito. (6) Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de distrito declarará desierto el recurso, imponiéndole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecución'de la sentencia apelada.”

Por Cuanto, el apelante sostiene que dicha ley no es aplicable a su caso ya que los autos del mismo fueron radicados en la corte de distrito con anterioridad a la vigencia de la misma,- o sea en octubre de 1933, cuando no existía precepto alguno en cuanto al término para solicitar señalamiento;

Por Cuanto, la misma cuestión envuelta en este recurso fué ya resuelta adversamente a las pretensiones del apelante, en el caso de Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798, 800, en que decidimos que un ape-lante en las circunstancias del presente debía solicitar la inclusión de su apelación en la primera lectura del calendario que se celebrara con posterioridad a la vigencia de la Ley Núm. 31 de 1934, supra;

Por Cuanto, no encontramos fundamentos suficientes para variar dicha doctrina;

PoR tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 10 de junio de 1937, en el caso arriba indicado.

Los Señores Jueces Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervi-nieron.

RECURSOS EXTRAORDINARIOS DENEGADOS POR EL TRIBUNAL DURANTE el Período que Cubre el Presente TOMO

Certioraries:


text:
    Núm. 1135.
    Hernández Usera, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Abril 27, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Celebrada la audiencia sobre procedencia del presente recurso, atendidas la naturaleza de las cuestiones planteadas y la posibilidad de revisarlas en la apelación que se interponga contra una senten-cia adversa, en caso de dictarse tal sentencia sin previa corrección de las supuestas irregularidades de que se queja el peticionario, y no apareciendo por tanto necesario que resolvamos o expresemos opi-nión alguna en este momento sobre los méritos de las cuestiones envueltas, no ha lugar al auto solicitado.


text:
    Núm. 1146.
    Fernández, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Junio 17, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Considerada la solicitud y vistos los casos de Franco v. Martínez, 30 D.P.R. 859, 863; Rivera v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 794, y el de Winship v. Asamblea Municipal de Guayama, (ante, pág. 138), no ha lugar a la solicitud.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, se declaró no haber lugar a la solicitud:

Núms. 1138, 1139, 1140, 1143, 1144, 1147, 1148, 1149, 1150, 1154, 1155, 1157.

Habeas Corpus:


text:
    Núm. 109.
    Ex parte Sánchez, et als., peticionarios, v. Lugo, Alcaide de Cárcel, dmdado.
    Julio 23, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

POR CUANTO, Miguel Sánchez León, Juan Tapia, Benjamín Lau-reano y Carlos Ferrer presentaron a esta Corte una solicitud de hábeas corpus, habiéndose el auto expedido y puesto a los peticio-narios en libertad provisional mediante fianzas que prestaron de tres-cientos dólares cada uno; y

Por cuanto, el Fiscal de esta Corte Suprema presentó su informe por escrito manifestando su conformidad con la solicitud, y celebrada la vista del auto diligenciado el trece de. junio último, quedó defini-tivamente sometido el caso para su decisión al Tribunal; y

Por cuanto, en el día de hoy y en el caso sobre mandamus Núm. 314 seguido por los peticionarios contra el Juez de la Corte de Dis-trito de San Juan Sr. Romany, se ha decidido que dicho juez no debió negarse a tramitar la apelación interpuesta por los dichos pe-ticionarios contra su sentencia castigándolos por desacato, lo que ne-cesariamente resuelve la cuestión planteada en este caso porque si procedía tramitar el recurso, procedía también la libertad provisional de los peticionarios mediante fianza mientras el mismo se re-solviera :

Por tanto, se convierte en definitivo el auto expedido, pudiendo continuar en libertad provisional los peticionarios siempre que pres-ten nuevas fianzas por trescientos dólares cada uno, de conformidad con los arts. 388, 389 y 375 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Injunctions:


text:
    Núm. 18.
    Rodríguez et al., promoventes, v. Tesorero de P. R., dmdado.
    Mayo 18, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la petición sobre injunction que antecede con la sola asis-tencia de la parte demandada, examinada la contestación a dicha petición y la certificación acompañada y apareciendo académica la cuestión envuelta, no ha lugar al remedio solicitado.


text:
    Núm. 16.
    Piñero et als., v. Sancho Bonet, Tesorero, dmdado.
    Julio 12, 1938.
   Por Cuanto, los peticionarios solicitan de esta Corte Suprema que libre mandamiento de injunction para hacer efectiva su jurisdicción, ordenándole al demandado apelante, R. Sancho Bonet, que se abs-tenga de cobrar determinada contribución impuesta por el -municipio de Río Piedras, basta- tanto se resuelva y sustancie el recurso de ape-lación Núm. 7644 entre las mismas partes;

PoR CUANTO, a moción de los peticionarios radicada en esta Corte el día primero de marzo de 1938 y por las razones que en ella se adujeron anticipamos la vista del recurso núm. 7644,. ya referido;

PoR CUANTO, dicha apelación ha quedado resuelta definitivamente;

P©r taNto, se declara no haber lugar a librar el auto de injunction solicitado.

Mandamus:


text:
    Núm. 309.
    Flores, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Abril 27, 1938.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso de mandamus núm. 308, Andrés de Gracia Torres, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, juez, demandada, (52 D.P.R. 607), se declara con lugar la presente solicitud y en- su consecuencia se ordena al Secretario de este Tribunal que expida, bajo el'sello de la Corte, un auto perentorio de mandamus contra. F. Navarro Ortiz, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, para. que decrete el sobreseimiento del pro-ceso seguido ante dicha corte por un delito de homicidio involunta-rio (núm. 10,056) contra Jorge Flores Vega, el peticionario.


author: Juez Asociado Sr.. Hutchison.)

text:
    Núm. 310.
    Lugo, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Abril 27, 1938.
   (Por-la Corte, a. propuesta del

Juez Asociado Sr.. Hutchison.)

Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso, de Mandamus núm. 308, Andrés de Gracia Torres, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, juez, demondada, (52 D.P.R. 607), se declara con lugar la presente solicitud y en su consecuencia se ordena al Secretario de este Tribunal que ex-pida, bajo el" sello dé la Corte, un auto perentorio de mandamus contra P: Navarro Ortiz; Juez dé la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, para que decrete el sobreseimiento del proceso seguido'ante -dicha corte pornn delito de portar armas (núm. 10,100) contra- Elias- Lugo, el- peticionario.


author: Juez Asociado Sr. Wolf. J

text:
    Núm. 313.
    González, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Junio 24, 1938.
   (Pbr la; Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf. J

Por cuanto, con fecha 4 dé mayo este Tribunal libró en el' presente caso un auto alternativo de mandamus y señaló la vista del* recurso para el 23 del mismo mes;

■ Por cuanto, el verdadero estado de hechos en este recurso, tal como aparece consignado en la resolución de la Corte de Distrito de-negando el archivo y sobreseimiento del mismo es como- sigue:

* Surgen como hechos, que la acusación fué radicada el día 30 de noviembre de 1937; que durante el mes de diciembre de ese año esta corte estuvo continua-mente ocupada en la tramitación de casos' civiles contenciosos en un término fijado y‘señalado con anterioridad a la radicación de la acusación, y en la celebración de vistas criminales procedentes en apelación de las cortes municipales del dis-trito cuyos señalamientos se hicieron con anterioridad al 30 de noviembre de 1937; que durante los meses de enero y febrero de 1938' esta Corte permaneció constantemente ocupada en la celebración de juicios ante jurado, procesos incoa-dos con anterioridad al 30 de noviembre de 1937; que durante los meses de marzo y abril corriente esta corte continuó asimismo ocupada y lo estará hasta el viernes 29 'de abril en la celebración de juicios criminales procedentes en ape-lación de las cortes inferiores y en la vista del Calendario General de Asuntos Civiles contenciosos; y que el día 18 de abril se hicieron los señalamientos para el próximo término de juicios criminales ante tribunal de derecho y por jurado que comenzará el 5 de mayo de 1938, ocupando el presente caso su turno corres-pondiente al día 19 de mayo de 1938.”

Por cuanto, en apoyo de su resolución el querellado' Juez de Dis-trito de Bayamón y el Fiscal de este Tribunal en oposición a que se expida un auto perentorio de mandamus se fundan en los casos dé Pueblo v. Nigaglioni, 28 D.P.R. 232; Pueblo v. Irizarry, 33 D.P.R. 166; Pueblo v. Quirindongo, 33 D.P.R. 448; Pueblo v. Romero, 39 D.P.R. 558; Pueblo v. Cabán, 45 D.P.R. 217; Pueblo v. Gaetán, 46 D.P.R. 632; y Gerardíno v. People of Porto Rico, 29 F. (2d) 517, y en otras autoridades-

Por Cuanto, de los hechos expuestos por el Juez de Distrito en su resolución, supra, no podemos concluir que hubiera justa causa para no someter al acusado a juicio dentro del término de 120 días, contado a partir de la fecha.en que se presentó la acusación, no pudíendo en su consecuencia distinguirse el presente del caso de De Gracia v. Corte, 52 D.P.R. 607:

■ Por tanto, se declara con lugar la-solicitud y por consiguiente se ordena al Secretario de este Tribunal .que expida, bajo el sello de la Corte, un auto perentorio de mandamus contra Luis Samalea Iglesias, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ba-yamón, para que decrete el sobreseimiento del,proceso seguidlo ante dicha corte por homicidio involuntario contra Mario González Molina, el aquí peticionario. , , ’ ......

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intqrvinq.


text:
    Núm. 311.
    Becerra, peticionario v. Corte, dmdada.
    Abril 21, 1938.
   Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso, se de-claró no haber lugar a la petición en el caso arriba expresado.

ReCONSIUERACIONES DENEGADAS 'TOTAL O PARCIALMENTE POR EL Tribunal Durante el Período que Cubre el Presente Tomo


text:
    Núm. 6930.
    Acevedo, et al., apldos. v. Domenech, Tes., et als., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 9, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, la claúsula octava de la hipoteca lee como sigue:

“Octavo: — El otorgante acepta esta escritura en la forma redactada, y yo el Notario le liiee las advertencias de ley. Así lo dice y otorga ante los testigos sin tacha legal, mayores de edad y vecinos de Lares, don Jaime Vilella y don Sócrates González. A todos instruyo de su derecho de leer por sí esta escri-tura lo que hicieron y encontrándola conforme, se ratifica el otorgante y firman todos. Y yo, el Notario, del conocimiento personal de otorgante y testigos y de todo lo consignado en este instrumento público doy fe. ’;

Por cuanto, la primera copia certificada de dicha escritura ex-pedida por el notario en la misma fecha de su otorgamiento fué de-bidamente inscrita cinco días más tarde en el registro de la pro-piedad sin defecto alguno.

Por cuanto, el contrato de prenda entre el Tesorero y el Banco Industrial de Puerto Rico, como acreedor hipotecario según el re-gistro y dueño del pagaré garantizado, fué celebrado algunos meses más tarde, sin constancia en dicho registro o en la escritura de hi-poteca, de defecto- alguno que pudiera afectar su derecho de llevar a cabo tal contrato.

Por tanto, vistos los artículos .33 y 34 de la Ley Hipotecaria, no ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: Juez Asociado Sr. ’Wolf.)

text:
    Núm. 7430.
    Ramírez, apldo. v. P. R. Dairy Co., et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 9, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. ’Wolf.)

Por Cuanto, estamos conformes con las apelantes en que hubiera sido mejor decir que cierta parte de un error no había sido bien se-ñalada, en vez'de decir que la misma “está malamente señalada”, y la opinión debe corregirse para que así lea;

Por cuanto, de otro modo no procede' la reconsideración;

Por TANTO; se corrige nuestra opinión de abril 21, 1938, en la forma antes indicada y se declara no haber lugar a la reconsidera-ción solicitada.

      (3) Corregida la opinión original. Véase ante, pág. 94..;


text:
    Núm. 7347.
    Muñoz, aplda. v. Nieves, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Julio 5, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Examinada la moción de reconsideración, vista la decisión de esta Corte de fecha 22 de junio de 1938, en el caso de Mason v. White Star Bus Line, Inc. ante, pág. 337, no ha lugar.


text:
    Núm. 1119.
    Valiente & Co., peticionaria, v. Corte, et als., apldos.
    Julio 5, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

POR Cuanto, en la opinión que sirvió de base a nuestra sentencia del día 18 de febrero de 1938 anulando el auto de certiorari expe-dido en este caso (52 D.P.R. 732), nos expresamos, con relación a dos pagarés objetos del litigio, del modo siguiente-.

“. . . Hicimos extensivo a diehas seis demandadas en rebeldía el beneficio de la defensa de incapacidad interpuesta por las otras dos codemandadas, no por-que dichas seis demandadas hubiesen sido diligentes al interponer reeurso de apelación, sino porque opinamos que tratándose de obligaciones - mancomunadas como lo son los pagarés envueltos en este litigio, la defensa de incapacidad del que contrajo las obligaciones, interpuesta y sostenida con éxito por dós de sus herederos, debe beneficiar-porigual a todos los herederos-, aun a aquellos que no contestaron la demanda.”

Por Cuanto, la peticionaria Valiente & Co. alega, en una-moción ele reconsideración que los pagarés suscritos por Abdón Fuentes eran solidarios y no mancomunados, y nos pide, entre otras cosas, que modifiquemos nuestra opinión en ese extremo, y que dictemos senten-cia de acuerdo con lo solicitado en la petición de certiorari.

Por Cuanto, el error señalado por la recurrente y que por inad-vertencia cometimos en nada perjudica sus derechos, toda vez que lo que tuvimos en mente al dictar nuestra sentencia de febrero 18, 1938, no fue el carácter- de mancomunidad o de solidaridad que pudieran tener las obligaciones, y sí el hecho de que la demandante dirigió su acción- contra todos los herederos; de Abdóm Fuentes conjunta-mente; motivo por- el- cual- todos y cadai uno de los herederos así demandados tienen derecho- al. beneficio de la sentencia-, dictada por esta¡ Corte- Suprema-, declarando nulas e inexistentes- las obligaciones por causa de incapacidad mental' del otorgante.

Por lq, taño»; se- accede: a ] o-solicitado-y se-enmienda; el: párrafo de nuestra opinión, supra, para que. lea como sigue:

“. . . Hicimos extensivo a dichas seis demandadas en rebeldía el beneficio de la defensa de incapacidad interpuesta por las otras dos codemandadas, no por-que dichas seis demandadas hubiesdh sido diligentes al interponer recurso de ape-lación, sino porque opinamos que habiéndose ejercitado la acción conjuntamente contra todos los herederos, la defensa de incapacidad del que contrajo las obligaciones, interpuesta y sostenida con éxito por dos de sus herederos, debe beneficiar por igual a todos los herederos, aun a aquellos que no contestaron la demanda. ’ ’

En cuanto a los otros extremos de la moción de reconsideración, no lia lugar.

El Juez Asociado Sr'. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7677.
    González, et al., apldos. v. González, et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Julio 11, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de reconsideración presentada por los deman-dantes apelados y visto asimismo un escrito de oposición ofrecido con varias certificaciones y declaraciones juradas por el demandado apelante, con súplica de que se admita su radicación, se accede a la solicitud de éste y se declara no haber lugar a la reconsideración, por estar nuestra resolución en armonía con los autos del caso, excepto en cuanto a la fecha en que Schlüter radicó en la corte inferior el escrito de apelación y las mociones solicitando que se dejara sin efecto la sentencia y de reconsideración, que en vez de 28 de febrero de 1936, debe ser 28 de marzo de 1936.

      (4) Corregida la opinión original. Véase ante pág, 402.


text:
    Núm. 1017.
    Central Cambalache, recurrente, v. Registrador. recurrido.
    Julio 23, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por Cuanto, el penúltimo párrafo de la opinión emitida para fun-dar la resolución por virtud de la cual se declaró con lugar el re-curso, dice: “En su alegato el registrador dice que la práctica general seguida en todos los registros de la isla sostiene su interpreta-ción de la ley pero no está claro si su dicho se refiere al caso de fincas radicadas no sólo en municipios distintos si que también en registros diferentes. No conocemos en verdad con exactitud cuál sea la práctica. Hemos llegado a la conclusión que estimamos .justa y procedente y de acuerdo con ella decidiremos el recurso, pero si el registrador se considera tan firme en su posición que crea que la justicia exige que nuestra decisión sea o.tra, puede pedir reconside-ración robusteciendo sus argumentos y explicando mejor y más de-talladamente la práctica invocada”; y

POR CUANTO, en la moción del registrador que en efecto presen-tara solicitando la reconsideración, nacía se explica en relación con la práctica seguida en los otros registros de la propiedad de la isla, ni en realidad se expone argumento nuevo alguno que nos baga variar de criterio:

Por tanto, se declara sin lugar la reconsideración solicitada.


text:
    Núm. 7874.
    López, apldo. v. Asociación Fondo de Ahorro, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 5, 1938.
   Por Cuanto, el 11 de octubre último se declaró sin lugar la soli-citud de nuevo término para radicar la transcripción de evidencia en este caso, y

Por cuanto, pedida la reconsideración de esa orden, en la peti-ción se exponen los méritos del caso, y

Por cuanto, si bien técnicamente procedería negar la reconside-ración ya que es en ella y no en la petición original que se esta-blece la verdadera base para el ejercicio de su discreción por parte del juez de turno, es lo cierto que esa base boy existe, y

Por cuanto, la cuestión envuelta es nueva en esta jurisdicción y la justicia babrá de administrarse con mayor seguridad de acierto si se permite que la apelación pueda resolverse en sus méritos:

Por tanto, en el ejercicio de su discreción el juez de turno re-suelve reconsiderar como reconsidera su resolución de 3 de octubre, dictando en su lugar otra por virtud de la cual debe conceder y concede un nuevo término que vencerá el 25 de noviembre actual para radicar la transcripción de la evidencia.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, el Tribunal declaró no baber lugar a las reconsideraciones interesadas:

Núms. 23, 25, 28\ 31, 33, 1142, 1146, 7157, 7166, 7243, 7279, 7322, 7342, 7343, 7345, 7413, 7439, 7464, 7509, 7521, 7556, 7641, 7688, 7689, 7696, 7698, 7747, 7761, 7786 y 7803.

(B) DESESTIMACIONES

(a) EN GENERAL

       Recursos de Revisión.

        Gertioraries.


text:
    Núm. 7590.
    Grey, et als., peticionarios; Ex parte Am. Colonial Bank & Trust Co. of P. R., aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 1, 1938.
   Visto el allanamiento de la parte apelante se declara con lugar la moción sobre desestimación radicada por la apelada y en su con-secuencia se desestima el recurso de apelación establecido en este caso contra resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan en julio 19, 1937.


text:
    Núm. 7690.
    Echevarría & Co., aplada, v. Sancho Bonet, Tes., aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 22, 1938.


text:
    Núm. 7691.
    Marquéz & Cía., aplda. v. Sancho Bonet, Tes., aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 22, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

A la moción de la parte apelada de abril 18 actual notificada en la misma fecha a la parte apelante, acompañada de documentación de-mostrativa de haberse declarado sin lugar por la Corte Suprema de los Estados Unidos el certiorari que invocó el apelante para oponerse a la desestimación del recurso solicitada por la dicha apelada por moción de enero 26 último, vista en febrero 17 siguiente y declarada sin lugar “por ahora”:

Habiendo desaparecido el único motivo de oposición que existía ya que el caso debe regularse por el de Valiente & Cía. v. Tesorero de Puerto Rico, 50 D.P.R. 586, que queda en pie, debe desestimarse y se desestima el recurso, sin que haya lugar a imponer al apelante el pago de las costas y honorarios de abogado ante este Tribunal que solicita en su dicha moción de 26 de enero la apelada.


text:
    Núm. 7713.
    De Jesús, aplte. v. Ríos, apldo.
    C. D. San Juan.
    Abril 29, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por Cuanto, según certifica el secretario de la corte de donde procede este pleito, la última prórroga que obtuvo el demandante apelante para perfeccionar su apelación expiró en 25 de noviembre de 1936 y desde entonces no ha practicado ninguna otra diligencia en relación con el recurso, ni solicitado nueva prórroga;

Por Cuanto, en 5 de diciembre de 1936 el apelante y el apelado transigieron por escritura pública sus mutuas reclamaciones en re-lación ■ con este pleito, obligándose el demandante apelante, entre otras prestaciones, a desistir del presente recurso y a radicar segui-damente el correspondiente escrito;

Por Cuanto, el demandado apelado nos pide ahora que desesti-memos el recurso de apelación pendiente-

Poe TANTO, atendidas las razones aducidas por el apelado y vistos los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento de este Tribunal Supremo, se accede a lo solicitado y se desestima el recurso.


text:
    Núm. 7639.
    Olivieri, aplada, v. Torres et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 4, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte apelada, examinados los memorándums de las partes, apareciendo que se ha concedido ya al apelante una prórroga que vencerá el día 27 de mayo para radicar su alegato y existiendo la posibilidad de demostrar en tal alegato que el presente recurso no carece de todo mérito, se concede al apelante un nuevo término que vencerá en mayo 27 para radicar en la corte de distrito una transcripción de las notas' taquigráficas del juicio o de la vista del caso si fuese necesario y para elevar a este Tribunal una copia debidamente auten-ticada de la estipulación en que el juez de distrito basó su sentencia y se declara sin lugar por ahora la moción sobre desestimación.


text:
    Núm. 7550.
    Las Monjas Racing Corp., aplda. v. Arandes & Grovas et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 6, 1938.
   Llamada hoy para vista la moción de desestimación radicada por la apelada, comparecieron las partes por sus abogados, infor-mando los apelantes que se allanaban a lo solicitado por la apelada. En su consecuencia se declara con lugar la moción y se desestima el recurso establecido por los demandados contra resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan el día 17 de junio de 1917, en el caso arriba indicado.


text:
    Núm. 7537.
    Rodríguez, apldo. v. Mudafort, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 6, 1938.
   Llamada hoy la moción para desestimar, sólo compareció el ape-lado por su abogado, y habiendo informado el Secretario Repórter que el apelante fué notificado con la moción y del señalamiento, se declara aquélla con lugar y en su consecuencia se desestima el re-curso establecido contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, así como contra la resolución denegando la reconside-ración de dicha sentencia.


text:
    Núm. 7593.
    Ex parte Torres, peticionario.
    Junio 7, 1938.
   Llamado hoy este caso para celebración de la audiencia acordada en abril 30, 1938, no comparecieron las partes y habiendo informado el Secretario-Repórter que éstas fueron citadas y que .tampoco han comparecido por escrito, se desestima por abandono el recurso esta-blecido contra resolución dictada en agosto 16, 1937, por el Hon. Adolph G. Wolf, Juez Asociado de este Tribunal, actuando como Juez de Turno en período de vacaciones del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


text:
    Núm. 7617.
    Cora, apldo. v. Belgodere, aplte.
    C. D. Guayama.
    Junio 7, 1938.
   (Por la Corte, a .propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vistas las mociones que anteceden con la asistencia de ambas partes, no apareciendo que el juez de distrito se haya negado a apro-bar la exposición del caso, se declara sin lugar la moción para que esta Corte imparta su aprobación a la misma y, atendidas las circuns-tancias atenuantes del caso, especialmente las relacionadas con las condiciones en que trabaja el abogado de la demandada — con su bu-fete y residencia en San Juan — en representación de un cliente que vive en Arroyo, sin recursos para pagar honorarios o los gastos de viajes entre San Juan y Guayama donde pende el pleito, se concede a la demandada apelante un nuevo término de quince días para radicar en la Corte de Distrito de Guayama su exposición del caso enmendada y en tal virtud se declara sin lugar por ahora la moción sobre desestimación.

El Juez Asociado Sr. Travieso uo intervino.


text:
    Núm. 7540.
    Cintrón et al., apltes. v. West India Oil Co., aplda.
    C. D. Ponce.
    Julio 14, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

'Vista la moción que antecede, examinado el escrito de oposición radicado por los apelantes el día 12 de los corrientes así como la certificación anexa a la misma, y atendidas las circunstancias espe-ciales del caso, distintas hasta cierto punto de las existentes en los casos de Centeno v. Banco Territorial, 47 D.P.R. 153, Agresar v. American Commercial, Id. 204 y López v. Domenech, 48 D.P.R. 489, citados por el apelado en apoyo de su moción, no ha lugar por ahora a la desestimación solicitada.


text:
    Núm. 7866.
    Ruppin & Cía., Inc., aplte., v. Sancho Bonet, Tes., apldo.
    C. D. San Juan.
    Septiembre 20, 1938.
   Vista la anterior moción presentada por el demandado apelado y la conformidad de la demandante apelante, se desestima la ape-lación interpuesta por esta última contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan el día 7 de junio, 1938, en el caso arriba indicado.


text:
    Núm. 7756.
    Aponte, aplda. v. Alonso, dmdado., y Muñoz Vda. de Alonso, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 30, 1938.
   Vista la moción de la demandada en tercería “para que la ape-lación sea desestimada por falta de alegato y porque no ha sido proseguida de buena fe,” y visto el allanamiento oral por parte de la tercerista apelante a que.dicha apelación sea desestimada, y con-siderando que éste es un caso en que no hubo temeridad por parte de la apelante, ya que la cuestión envuelta no había sido decidida por esta corte hasta una fecha posterior a la radicación de la pre-sente apelación, se desestima la apelación y se confirma en su conse-cuencia la resolución de la corte inferior de fecha 28 de abril de 1938, sin especial condenación de costas.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7871.
    Viera, etc., aplte. v. Sucn. Goitía, etc., apldos.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 9, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

• Por cuanto, en 24 de junio de 1938 la Corte de Distrito de Hu-macao declaró con lugar una moción de la demandante apelante soli-citando que se dictara sentencia en el caso por ser la demanda en-mendada substancialmente igual a la original que la corte inferior ordenó enmendar;

Por Cuanto, la demandante apelante apeló para ante este Tribunal Supremo de la sentencia de 24 de junio de 1938 y en su alegato le atribuye a la corte inferior el único error de declarar sin lugar la demanda por los méritos de las alegaciones;

Por Cuanto, los demandados apelados solicitan ahora de nosotros que desestimemos el recurso por no haber sido incorporadas a la transcripción de autos “la demanda original, las excepciones previas y la resolución de la corte declarándolas con lugar”;

Por CuantO', dichos documentos no son necesarios para resolver el único error que plantea la demandante apelante;

Por tanto, se declara sin lugar la moción para desestimar radi-cada por los demandados apelados.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

(b) PALTA DE DILIGENCIA O BUENA PE EN LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO


text:
    Núm. 7383.
    Asoc. Fondo de Ahorro, etc., aplda. v. Martínez, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 16, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación del recurso. interpuesto en este caso porque habiéndose establecido desde abril 9, 1936, nada hicieron luego los apelantes para perfeccionarlo y, ade-más, porque la apelación es frívola; y

Por cuanto, la moción se notificó a los apelantes y señalada su vista para noviembre 9, 1937, fue suspendida ésta a petición de ambas partes y señalada nuevamente para mayo 9 actual se celebró con la sola asistencia del abogado de la parte apelada, sin que los ape-lantes hayan impugnado hecho alguno de los consignados en la moción;

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, habiendo los apelantes dejado de perfeccionar .su recurso dentro del término de ley, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 7744.
    Luciano et als., apldos. v. Rodríguez, apltes.
    C. D. Ponce.
    Mayo 23, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por Cuanto, la parte apelarla presentó una moción solicitando la desestimación del recurso por causa de abandono, cuya vista se ce-lebró sin asistencia de las partes en mayo dieciséis actual; y

Por Cuanto, de la moción y de la certificación acompañada a la misma resulta que la apelación se interpuso el quince de febrero úl-timo, solicitándose el diecinueve de la Corte que ordenara al taquí-grafo que preparara la transcripción de la evidencia como en efecto lo ordenó, dejando vencer el taquígrafo el término concedídole sin que presentara la transcripción ni solicitara prórroga para ello; y

Por Cuanto, a la fecha de la moción, ni a la de su vista, ni aún, se han radicado los autos en este tribunal, habiendo transcurrido con exceso el término de ley;

Por tanto, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 7674.
    Olivera, etc., aplda. v. Sucn. González, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 23, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de desestimación presentada por la demandante apelada, y la certificación expedida por la secretaria de la Corte de Distrito de Mayagüez, haciendo constar que en 31 de marzo de 1938 venció la última prórroga concedida a la parte demandada para ra-dicar la transcripción de la evidencia, sin qne esto se hiciera ni se solicitara nueva prórroga, se accede a la solicitud y se desestima el recurso.


author: Juez Asociado Sr. 'Wolf.)

text:
    Núm. 7720.
    Colón, apldo. v. The Shell Co. (P. R.) Ltd., et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 24, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. 'Wolf.)

Por cuanto, examinados los autos de ellos se desprende que no es cierto que los apelantes dejaran de hacer gestiones oportunamente ante este Tribunal para radicar la transcripción de autos, puesto que por el contrario solicitaron distintas prórrogas que les fueron concedidas;

Por CUANTO, aun suponiendo que no se hubieran solicitado y con-cedido las ameritadas prórrogas para radicar la transcripción, ésta fué presentada el 16 de mayo, 1938, mientras que por el contrario, la moción para desestimar no fué archivada hasta el 8 de junio del año en curso, y de acuerdo con la Regla 58 de este Tribunal, “si la copia de los autos no fuere presentada dentro del término prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una moción en tal sen-tido previa notificación de la misma,” mas “si la copia de los autos ha sido presentada a la fecha en que se haga tal notificación, este hecho constituirá una contestación eficaz a la referida moción, aun en el caso de- que dicha copia no se hubiere presentado dentro del término prescrito”;

Por Cuanto, no estamos convencidos de que la apelación inter-puesta por los demandados sea frívola ni que éstos no han desple-gado la debida diligencia:

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    Núm. 7787.
    The National City Bank of N. Y., apldo. v. Benítez Sugar Co. et al., aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 6, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede sin la asistencia de las partes, apa-reciendo que la Corte de Distrito de San Juan en el pleito de epí-grafe sobre cobro de pagarés dictó sentencia en abril 18, 1938, de-clarando con lugar la demanda en cuanto a la demandada Carlota Benitez; que dicha demandada apeló de 'tal sentencia en mayo 21, 1938; que habiendo optado por el procedimiento sobre transcripción de la evidencia para perfeccionar su apelación, en sustitución del pliego de excepciones y exposición del caso, radicó con fecha 3 de junio del corriente año, o sea tres días después de transcurrido el término que para ello fija la ley estableciendo dicho procedimiento, un escrito solicitando de la corte una orden para que por el taquí-grafo se procediera a preparar la transcripción de‘la evidencia; que con fecha 3 de junio de 1938, se dictó por la corte la orden solici-tada disponiendo que por el taquígrafo se procediera a preparar la transcripción de la evidencia a los efectos de la apelación establecida por la demandada, concediéndosele el término de veinte días que para ello fija la ley; y, apareciendo además que ha transcurrido el término de veinte días, sin que se haya radicado la transcripción de la evidencia a los efectos de la apelación establecida por la de-mandada Carlota Bénítez, ni se ha solicitado, ni concedido por la corte prórroga alguna para la presentación de dicha- transcripción, se declara con lugar dicha moción- y se desestima por abandono la apelación interpuesta por Carlota Bénítez contra la sentencia arriba mencionada.

El Juez- Asociado Sr: De Jesús no intervino.


author: Juez-Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    Núm. 7780.
    Municipio de Isabela, aplte. v. Sucn. Alvarez, aplda.
    C. D. San Juan.
    Julio 12, 1938.
   (Por la. Corte, a propuesta del

Juez-Asociado Sr. Hutchison.)

Vista, la moción que antecede con la sola- asistencia- de la parte-apelada, y apareciendo que el apelante radicó su escrito de- apelación! en¡ febrero» 2.4, 1938; que el demandante el- 5 de marzo-de 1938; ra-dicó-moción-solicitando del tribunal ordenara la. transcripción de la; evidencia, habiendo dicho tribunal,, el 9 de marzo de 1938, dictado la. correspondiente orden al efecto concediendo un término de veinte días;, que el demandante, el. 30 de marzo de 1938, radicó moción so-licitando una-, prórroga hasta el 30 de abril de 1938-, para la radica-ción de dicha transcripción de evidencia, sin que el tribunal en fecha alguna procediera- a proveer en- relación, con dicha, moción, apare-ciendo. además que-esta, moción fué-radicada, luego-de estar-vencido-dicho término de veinte días; que- a partir de la- expresada-, moción-de prórroga del 30 de marzo de 1938-, el demandante no ha- radicado ninguna, otea moción en el. caso de epígrafe, ni la, corte de distrito, ha- aprobado-transcripción- da evidencia en relación con el- presente caso,, y apareciendo además que; el-, demandante y apelante,, tampoco-ha. radicado» en la. secretaría, de; este Tribunal el: legajo de - sentencia:, en el presente: caso;, se desestima por- abandono la; apelación: inter--puesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en enero 28, 1938.