text:
    Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1131.

    Sometido: Noviembre 29, 1943.

      Resuelto: Enero 12, 1944.

      C. Domínguez Rubio', abogado de la recurrente; el registrador re-currido .compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Joaquín Sanabria y su esposa son dueños de una finca rústica sobre la cual pesan dos hipotecas con sus respectivos créditos accesorios. La primera a favor de The Federal Land Bank of Baltimore por $1,300. La segunda a favor de Estados Unidos' de América por $530. Sobre esta finca los referidos esposos constituyeron una servidumbre a favor de la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, por la cual se le concede (1) atravesar la finca con los alambres de una línea de transmisión, creando así una servidumbre a perpetuidad de 600 pies de longitud, y (2) pasar por debajo de la línea de transmisión en una parcela de 600 pies de largo por 50 pies de ancho, fijándose sus colindancias.

En la escritura en que se constituyó la servidumbre, com-parece el Federal Land Bank of Baltimore por Mastella Clark Reed, y. el otro acreedor, Estados Unidos de América. por J. B. Klein, liberando de sns respectivas hipotecas la ameritada parcela.

El documento se inscribió en cnanto a la servidumbre y en cnanto a la liberación de la hipoteca de los Estados Uni-dos, y se denegó la inscripción en lo qne respecta a la hipo-teca del Federal Land Bank of Baltimore porque no se hace constar:

(a) Qne el Federal Land Bank of Baltimore sea el actual dueño del pagaré transmisible por endoso qne garan-tiza dicha hipoteca, extendido a la orden del citado Banco, y
(b) Haber el notario autorizante de la escritura puesto en el referido pagaré la correspondiente nota creditiva de la liberación.

Se consignó además el defecto subsanable de haberse usado en la escritura guarismos en la expresión de fechas y cantidades sin que a continuación de los mismos se expresa-sen en letras, y se consignó además el defecto de haber usado abreviaturas e iniciales para designar otorgantes.

El Federal Land Bank of Baltimore no puede realizar la liberación parcial de la finca hipotecada sin acreditar debidamente su capacidad legal para ello. A ese fin no basta que el pagaré transmisible por endoso se haya extendido a su orden al tiempo de constituirse la hipoteca que lo garantiza. Era preciso que en la fecha de la liberación el Banco fuese el tenedor. Esto es así porque de conformidad con el artículo 153 de la Ley Plipotecaria, en las hipotecas constituidas para garantizar obligaciones transmisibles por endoso o títulos al portador, al endosar o enajenar el pagaré o título al portador, según fuere el caso, el crédito hipotecario que lo garantiza se entiende transferido al nuevo tenedor del documento sin necesidad de ponerlo en conocimiento del deudor ni hacer constar la transferencia en el Registro de la Propiedad. Así pues, el que en alguna forma disponga del pagaré, ya cancelándolo total o parcialmente, ya liberando de la hipoteca en todo o en parte la finca que lo ga-rantiza, acreditará su capacidad, presentándolo al notario que lia de autorizar la escritura, quien de conformidad con el artículo 82 de la ley lo inutilizara, si de pago total se trata, o extenderá una nota al dorso del documento si el pago es parcial, expresando en este último caso la cantidad pagada a cuenta de la obligación. En la escritura el nota-rio deberá dar fe de la inutilización del documento o trans-cribirá la nota, según fuere el caso.

Si en el presente caso, en que no se trata del pago total o parcial de la obligación, el Banco hubiese presentado al notario el pagaré y éste hubiera dado fe de que en la fecha del otorgamiento el Banco aparecía como tenedor del pagare transmisible por endoso, la capacidad del Banco hubiera sido satisfactoriamente acreditada. En defecto de presen-tarlo al notario, como no se trataba de pago total ni par-cial, no siendo por consiguiente de aplicación el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, pudo haberse acompañado el pagaré a la escritura al presentarla al Registro y de ese modo tam-bién hubiera quedado acreditada ante el Registrador la ca-pacidad del Banco para liberar la parcela objeto de la ser-vidumbre. Si no se exigiese que el otorgante acreditase su capacidad, fácil sería a una persona poco escrupulosa que no tuviese interés alguno en el pagaré transmisible por en-doso o título al portador, comparecer ante un notario y libe-rar total o parcialmente de la hipoteca la finca gravada en garantía de dicha obligación.

Pretende la recurrente haber acreditado la capaci-dad legal del Federal Land Bank of Baltimore, invocando algunas de las presunciones disputables o controvertibles con-tenidas en el artículo 102 de la Ley de Evidencia. Esa pro-posición es insostenible. La seguridad y certeza que el Re-gistro de la Propiedad debe garantizar a los que consultan sus libros en busca de información sobre la titulación y es-tado o libertad de cargas de las fincas inscritas, no permite que sus asientos descansen en meras presunciones contro-vertibles, presunciones que como su nombre indica, y prescribe el propio artículo 102 citado, sólo constituyen prueba satisfactoria mientras no sean contradichas mediante otra evidencia. Y como dijimos en el caso de Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506, 509:

‘‘Esa función [la de calificar] está regulada por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria que expresamente prescribe que ‘los registra-dores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escritu-ras en cuya virtud se solicita la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.’ (Bastardi-llas nuestras.) El Registrador, al calificar un documento, no re-suelve cuestiones de hecho ni aprecia evidencia. Su misión consiste en examinar los documentos auténticos que se le presentan, ya como principal, ya como complementarios, para con lo que de ellos resulte y de los datos o antecedentes que arrojen los asientos del Registro relacionados con el título presentado, determinar si puede legalmente practicarse la inscripción o anotación que se solicita.”

Insinúa la recurrente sin tratar de demostrarlo que el no haber acreditado el Banco su capacidad, defecto que el Registrador califica de insubsanable, es a lo sumo una falta subsanable.

La falta de acreditar la capacidad es de las que los tra-tadistas de Derecho Hipotecario sostienen que pueden ser subsanables o insubsanables, según los casos. Si por el tí-tulo presentado o por las constancias del Registro, el Regis-trador tiene motivo racional para creer que la capacidad existe y que es posible acreditarla, en ese caso el no hacerlo se calificará de defecto subsanable. Por el contrario, si el Registrador no tiene motivo racional para esa creencia, el no acreditar la capacidad se calificará de defecto insubsana-ble y procederá denegar la inscripción. El siguiente ejem-plo ilustrará mejor nuestra tesis: En una escritura de hi-poteca el deudor comparece por medio de mandatario. Éste no exhibe al notario el poder que dice tener ni lo acompaña a la escritura de hipoteca al solicitar- la inscripción, ni existe -en el Registro constancia alguna en relación con la finca de •que se trata de la que aparezca que en efecto el mandatario tenga el poder que invoca. En tal caso el Registrador no tiene motivo racional para creer que ;1 poder existe y debe denegar la inscripción por el defecto insubsanable de no ha-ber acreditado el mandatario sus facultades. En cambio, en la misma transacción el mandatario exhibe el poder al nota-rio. Éste expresa en la escritura el hecho de habérsele ex-hibido, pero no expresa opinión sobre la suficiencia de las facultades del mandatario o se limita a consignar que a jui-cio del notario el mandatario tiene facultades bastantes para otorgar la escritura de hipoteca; pero no copia literalmente las cláusulas que contienen las facultades del apoderado, de suerte que el Registrador, que es el llamado a calificar el documento, pueda determinar por sí mismo la suficiencia del poder, ni se acompaña a la escritura una copia certificada del poder. En tales circunstancias, puesto que se sabe, que el- poder existe, el Registrador tiene motivo racional para creer que la capacidad existe y es posible acreditarla. En ese caso el defecto debe calificarse de subsanable. Véanse Gralindo y Escosura, Legislación Hipotecaria, tomo 2, pág. 573, y Morell, Legislación Hipotecaria, tomo 3, pág. 254.

Aplicando la doctrina enunciada al defecto que indica el Registrador, tendremos que al extenderse el pagaré transmi-sible por endoso, necesariamente debió consignarse en el pa-garé y lo mismo en la escritura de hipoteca, que la obliga-ción se expedía a la orden del Federal Land Bank of Baltimore. Siendo ello así, al inscribirse la hipoteca, necesaria-mente tuvo que aparecer en el asiento de inscripción el nom-bre de la persona a cuya orden se expidió la obligación trans-ferible por endoso. Por lo tanto, por las constancias del Re-gistro tenía motivo racional el Registrador para creer que el Federal Land Bank of Baltimore fuese el tenedor del pa-garé al otorgarse la liberación, y como en el ejemplo anterior, el defecto debe calificarse de subsanable.

Consideraremos ahora el supuesto defecto insubsanable de no haber extendido el notario al dorso del pagaré la nota acreditativa de la liberación parcial. El artículo 82 de la Ley Hipotecaria, reguladora de la materia, sólo exige esa nota enando del pago total o parcial se trate. Dicho precepto legal en lo pertinente dice así:

‘‘Las inscripciones hechas para responder de cantidades represen-tadas por títulos al portador o trasmisibles por endoso, se cancelarán presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado• los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables al portador. ...” (Bastardi-llas nuestras.)

La Ley Hipotecaria de España, de 16 de diciembre de 1909, que introdujo ciertas innovaciones que estimó necesa-rias en relación con la cancelación de los títulos transferí-bles por endoso y títulos al portador, no creyó necesario adicionar ese requisito que no exigía la Ley anterior. Si atendemos al verdadero propósito legislativo al regular esta clase de obligaciones nos daremos cuenta de que ese requi-sito es innecesario. Fué el propósito legislativo facilitar y acelerar las operaciones de crédito, permitiendo que-estos pagarés circulasen con la misma facilidad y rapidez que el dinero, y a ese fin dispuso en el artículo 153 de la Ley Hi-potecaria que al endosar o enajenar una de estas obligacio-nes, el crédito hipotecario se entendería transferido con el pagaré sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacer constar la transferencia en el Registro. Poro no fue el propósito del legislador que el pagaré reemplazase al Registro de la Propiedad y el que acepta una de esas obli-gaciones debe recurrir al Registro para cerciorarse de cual-quier información relativa al crédito hipotecario que lo ga-rantiza.

No exigiendo la ley el requisito a que se refiere la nota del Registrador, es obvio que el incumplimiento del supuesto requisito por parte del notario no puede ser constitutivo de defecto.

Por último, discutiremos ahora el supuesto defecto subsanable de haberse usado en la escritura guarismos en la expresión de fechas y cantidades, sin que al pie de los mismos se consignasen en letras, así como haber usado abreviaturas e iniciales para designar otorgantes.

Es verdad que la sección 17 de la Ley Notarial prohíbe el uso de guarismos en la expresión de fechas y cantidades, a no ser que al pie de las mismas se consignen en letras. Pero como el incumplimiento de ese precepto legal.no afecta la validez del título ni produce necesariamente la nulidad de la obligación, el supuesto defecto no es ni subsanable ni in-subsanable. Es de los que Galindo y Escosura y Morell califican como una omisión que podrá motivar una corrección gubernativa, pero que no constituye defecto. Galindo y Escosura, ob. cit., t. 2, pág. 541; Morrell, ob. cit., t. 3, pág. 228.

Lo mismo puede decirse con respecto a la abreviatura “Mr.” tan conocida en esta Isla como la de “Sr.” El uso de abreviaturas debe evitarse, claro está, cuando pueda producir confusiones, pero tratándose de la usada en este caso, no hay posibilidad de confusiones y por consiguiente puede usarse libremente.

El defecto que señala el Registrador en relación con el uso de iniciales se refiere a haber escrito el notario el nombre del otorgante que representó a los Estados Unidos de América en la siguiente forma: “J. B. Klein”. El artículo 9 de la Ley Hipotecaria, en sus incisos 5 y 6, prescribe que toda inscripción expresará “el nombre y apellido de la persona ... a cuyo favor se hace la inscripción”, y “el nombre y apellido de la persona ... de quien proceden inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse.” Pero como el artículo 21 de la Ley Hipotecaria dispone que las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscribirse, expresarán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción, y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas, y a los derechos inscritos, y en el presente caso no se han omi-tido todos los requisitos que comprenden los incisos 5 y 6 del artículo 9, pnes no puede decirse que el nombre del otor-gante ha sido totalmente omitido, ya que aparecen sus ini-ciales y el apellido, el defecto, si bien existe, debe calificarse de subsanable. Véase Qalindo y Escosura, ob. cit., t. 2, pág. 579.

Por todo lo expuesto procede revocar la nota recurrida excepto en lo que al defecto de capacidad se refiere, con res-pecto al cual deberá modificarse la calificación, considerán-dolo como defecto subsanable, y ordenarse la inscripción del documento sujeta únicamente al indicado defecto.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


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text:
    Manuel Nieves Bonet, demandante y apelante, v. La Mercantil Sucrs. de J. Morales Díaz, S. en C., demandada y apelada.
    Núm. 8665.

      Sometido: Noviembre 24, 1943.

      Resuelto: Enero 13, 1944.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; A. Ramírez Silva, abo-gado de la apelada.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opinión del, tribunal.

La sociedad mercantil J. Morales Díaz, S. en C., aquí de-mandada, y la Harvey’s Brokerage Company, de Crowley, Louisiana, celebraron un contrato por virtud del cual ésta última vendió a la primera mil sacos de arroz al precio de $3.30, para ser entregados C.I.F. en Mayagüez, debiendo Pa-cerse “cinco embarques semanales empezando en la primera quincena de Octubre”, 1939. El contrato fue firmado el 4 de septiembre de 1939. El día 11 del mismo mes la socie-dad demandada lo cedió al demandante, recibiendo de éste un cheque por la. suma de $1,000 y un giro aceptado por $300 a 60 días vista.

En la demanda radicada por Manuel Nieves Bonet se alega en substancia que después de haber' cedido al deman-dante el referido contrato, la sociedad demandada no noti-ficó a la casa vendedora la cesión así hecha; que el deman-dante nunca recibió aviso de la casa vendedora comunicán-dole su aceptación del traspaso del contrato; que por ese motivo nadie le avisó al demandante de la llegada al puerto de Mayagüez, en octubre 23 de 1939, del primer cargamento de 200 sacos de arroz, y que no fue hasta el 1ro. de noviem-bre siguiente que el demandante tuvo conocimiento de ese hecho, así como de que en 28 de octubre había llegado el se-gundo embarque de 200 sacos; que el demandante se enteró-de la llegada del arroz cuando en noviembre 1, 1939 un em-pleado del Banco le presentó tres conocimientos de embar-que, cada uno por 200 sacos, y le informó que el arroz es-taba depositado con la Mayagüez Dock & Shipping Co., Inc. a nombre de la sociedad demandada, la cual había manifes-tado que el arroz no le pertenecía; que el demandante se negó a recibir el arroz por haber éste llegado fuera del con-trato y por entender que la tardanza en enviarlo y el no ha-bérsele notificado la llegada, le relevaban de cualquier obli-gación en que hubiera incurrido por virtud del contrato; que el demandante solicitó inmediatamente de la demandada la devolución de los mil dólares pagados y la cancelación del giro aceptado; que la demandada procedió entonces a ha-cerse cargo del arroz, y sin notificar a la vendedora, Harvey’s Brokarege Co. la determinación del demandante, dió por res-cindido el contrato de septiembre 11, 1939, vendió 600 sacos a “F. Carrera & Hno.” en Mayagüez, conservando para sí los 400 sacos restantes; que la sociedad demandada no obs-tante haber rescindido el contrato se ha negado a devolver al demandante la suma de mil dólares y a cancelar el giro-aceptado; que la razón legal que tiene el demandante para alegar que el contrato quedó rescindido se basa en el hecho de que la demandada no se ajustó a las disposiciones del ar-tículo 332 del Código de Comercio. Pide el demandante que se dicte sentencia dando por rescindido el contrato y conde-nando a la demandada a devolver las sumas y el giro reci-bido y al pago de las costas y honorarios de abogado.

Contestó la demandada y alegó, en síntesis, que después de haber obtenido el contrato con Harvey’s Brokerage Co. lo traspasó al demandante, mediante una prima o beneficio de $1,000 que el demandante pagó a la demandada, más la suma de $300 que el demandante pagó en un giro aceptado a Da-mián del Moral, agente que intervino en la operación de ce-sión del contrato; que después de haberse desembarcado Ios-dos primeros lotes de 200 sacos cada uno, el demandante se-negó a aceptar los conocimientos, a pagar el arroz y a le-vantarlo del muelle, motivo por el cual la demandada dio por rescindido el contrato, pagó el arroz a los agentes de la vendedora en Puerto Rico y se subrogó de nuevo en el con-trato por incumplimiento del mismo por parte del deman-dante.

Como defensa especial, alegó la demandada que entre ella y el demandante se convino darle al contrato el carácter de-un traspaso en que intervinieran el demandante y la deman-dada, con exclusión de la Harvey’s Brokerage Co.; y que la. razón por la cual se hizo el convenio en esa forma fué que «1 demandante no podía hacer ninguna compra a su nombre, ni a la Harvey’s Brokerage Company ni a ninguno de los molinos de la Rice Millers Association, por haber todos ellos decidido no celebrar transacciones de compraventa de arroz con el demandante; que en la fecha en que se celebró el tras-paso del contrato, el precio del arroz era alrededor de $5, pero que al llegar el primer embarque el precio había ba-jado a $3.55, y que esa fué la razón por la que el deman-dante, al darse cuenta de la pérdida que iba a sufrir, se negó a aceptar el arroz poniendo como pretexto que éste había llegado tarde; y que lo cierto es que en el traspaso nada se convino en cuanto a la fecha de llegada y sí en cuanto a la del embarque del arroz.

Celebrada la vista del caso, la Corte de Distrito de Ma-yagüez dictó sentencia desestimando la demanda y conde-nando al demandante al pago de las costas, sin incluir ho-norarios. No estando conforme él demandante, apeló. En apoyo de su recurso alega que la corte inferior erró al apli-car a los hechos del caso las disposiciones del Código Civil en vez de las del Código de Comercio, que son, a su juicio, las aplicables por tratarse de un contrato mercantil y ser ambas partes comerciantes; y que la sentencia recurrida es -errónea por ser contraria a la preponderancia de la evi-dencia.

Que el demandante y la sociedad demandada son comerciantes es un hecho admitido por las alegaciones. La •demandada alega sin embargo, que el contrato entre ella y el •demandante no fué uno de compraventa mercantil y sí el traspaso de los beneficios que la demandada hubiera podido obtener del arroz ordenado a la Harvey’s Brokerage Co ; que el demandante no pagó nada a cuenta del precio del arroz; que la demandada no quedó relevada de sus obligaciones para con la Harvey’s Brokerage Co. en cnanto al pago del arroz ordenado; y que lo que adquirió el demandante por vitud de la cesión que le hiciera la demandada fué el derecho a obtener el arroz mediante el pago del precio esti-pulado entre la demandada y la compañía vendedora.

Para poder resolver si la sentencia recurrida es, según alega el apelante, contraria a la preponderancia de la evi-dencia se hace necesario que hagamos un detenido estudio-de la presentada por una y otra parte.

Admitidos sin oposición el contrato entre Harvey’s Brokerage Co. y la demandada y la carta por la cual la demandada traspasó el contrato al demandante, declaró éste y dij o: que no recibió el arroz en la época señalada en el contrato; que de acuerdo con el contrato, el arroz debía estar en Maya-güez allá para el 21 ó 22 de octubre, y que a pesar de haber llegado la mercancía él no fué notificado hasta el 1ro. de no-viembre, que había dos embarques en el muelle; que fué el Banco el que le notificó y no la demandada; que’ en noviem-bre 1ro. él escribió a la demandada informándole que no le era posible aceptar el arroz “debido a que no se ajustaron a la forma de entrega de acuerdo con lo convenido” y que por ese motivo había resuelto rescindir el contrato y solici-tar la devolución de la suma pagada; que el 2 de noviembre la demandada le contestó por escrito informándole que “de acuerdo con dicho contrato de traspaso usted viene obligada a hacerse cargo del pago de ese arroz a la Harvey’s Brokerage Co. al precio consignado en el contrato de $3.30 por saco, además de la obligación contraída del pago de benefi-cio a nosotros ascendente a la suma de $1,300”; que no sabe donde está el arroz, que él no lo vendió ni lo levantó del muelle ni autorizó a persona aguna para que lo recogiera; que en noviembre 10, 1939, recibió una carta de la demandada infor-mándole que habían vendido el primer lote de arroz, por cuenta del demandante, a la casa de F. Carrera & Hno. “con el fin de poder satisfacer a la casa vendedora del mismo, en los Estados Unidos, el importe de la correspondiente fac-tura”; que en dicha carta se le informaba además que el lote de 200 sacos había sido vendido a $3.55 el saco, o sea por nn total de $710, y que después de 'pagar el importe del giro, comisión de venta y almacenaje quedaba un sobrante de $36 el cual conservarían en su poder hasta que se hiciera la liquidación final de todos los lotes, cuando, si hubiere al-gún sobrante, éste sería entregado al demandante; que en 22 de noviembre de 1939 el demandante recibió otra carta de la demandada en la que le informaba haber vendido dos lotes más, 400 sacos, a $3.60 el saco, por un total de $1,440, de cuya suma quedaba un sobrante de $92; y, por último, que en febrero 17 de 1940 la demandada le informó de la venta de los 400 sacos restantes por $1,320, o sea a $3.50 el .saco, con un sobrante de $70.27 a favor del demandante.

Repreguntado por la defensa, el demandante declaró: que compró el contrato por $1,300; que él venía obligado a pa-.gar los mil-sacos a $3.30 más los $1,300, saliéndole el quin-tal a $4.60; que se negó a recibir el arroz porque no se le notificó cuando la mercancía llegó al muelle; que es cierto que él alegó en la demanda que había rechazado el arroz “por entender que dicho arroz había llegado fuera del con-trato”; que el arroz llegó dentro del término del contrato; que él no lo aceptó porque de acuerdo con el contrato debió haber venido a su nombre y no vino a su nombre, y en se-.gundo lugar porque la demandada tenía que notificarle la llegada del arroz y no se la notificó.

El primer testigo de la demandada fué su socio gestor Rafols Morales Asencio. Declaró que el Sr. Damián del Moral le visitó “para ver si yo quería'vender un lote de arroz que le había comprado a la Harvey’s Brokerage Co., y yo gustosamente lo cedí”, dieiéndole a del Moral que después de mil pesos en adelante cogiera los beneficios que pudiera sacar; que le dijo a del Moral “que le podía ceder los be-neficios, que después de mil pesos los cogiera para él”; que los mil pesos los cogía la demandada por los beneficios “por-que yo no tenía el arroz”; que él no es agente de Harvey’s Brokerage Co.

Repreguntado el Sr. Morales Asencio, declaró: que él le dijo a del Moral que no vendía el contrato, que vendía los beneficios; que cuando hizo el convenio estaban presentes solamente del Moral y Alejandro Bravo; que el que hizo la transacción con el demandante fué del Moral; que en la carta de septiembre 11, 1939 hizo constar que traspasaba el con-trato cubriendo mil sacos de arroz “pero era por los benefi-cios”; que él vendió los beneficios y el contrato tenía que comprarlo y pagarlo el demandante Nieves Bonet; que él le vendió el contrato y obtuvo los beneficios; que el arroz “costó a $3.30 y a $4.60 se lo di a él”; que le vendió el arroz al demandante y que éste tenía que levantarlo del muelle; que la demandada levantó el arroz porque el demandante quiso rescindir el contrato y se negó a aceptar el arroz y, además, porque la demandada tenía que cumplir su contrato con la Harvey’s Brokerage Co.; que el demandante no lo autorizó para que levantara el arroz ni para que lo vendiera, ni para pagar comisión de venta y gastos de almacenaje.

Damián del Moral, testigo de la demandada, declaró: que es comisionista; que allá para el 9 de septiembre, 1939 el demandante le preguntó si había algún “chivo” que com-prar, si sabía de alguno que vendiera arroz; que él le con-testó “yo sé de un cliente que tiene comprado arroz que te puede ceder los beneficios”; que al día siguiente fué a ver a Morales Asencio y le dijo que si quería vender un lote de arroz y Morales le dijo: “Sí, cómo no, siempre que me saques mil pesos para mí; y lo más que saques es para tí”; que el día 11 el demandante fué a verle y le preguntó si le había conseguido el arroz y él le informó que sí, que tenía un negocio, y le pidió $1,300 de beneficio; y después de una discusión el demandante aceptó el precio; que en la mencio-nada fecha el arroz valía a $5.50 el saco; que el negocio que se hizo fué una cesión de beneficios y que el arroz quedaría y vendría a nombre de la demandada y que si el demandante no levantaba el arroz, la demandada tenía que levantarlo; que el primer lote de arroz llegó el 23 de octubre 1939 y que en esa misma fecha él se lo notificó personalmente al deman-dante y que el Banco también se lo notificó; que también le notificó las sucesivas llegadas de arroz; que cuando le noti-ficó la llegada del día 23, el demandante no dijo nada, pero después le dijo que no quería el arroz, que no tenía interés,, que Rafols se hiciera cargo del arroz; que el 11 de septiem-bre cuando se hizo el traspaso el arroz valía $5.25 ó $5.50,, y en octubre 23, cuando llegó el primei lote, valía $3.60 y $3.70. Repreguntado por la parte demandante, declaró: que-después que se hizo el contrato, el arroz quedó del deman-dante, pero que si éste no pagaba el precio, la demandada era quien le respondía a la casa vendedora; que fué él quien vendió el arroz al mejor postor, que fué la casa de Carrera,, pero no se celebró subasta; que vendió el arroz porque la demandada le informó que estaba apurada y tenía que pa-gar los giros; y que el demandante no le autorizó para vender el arroz.

La declaración del testigo Alejandro Bravo corroboró la del testigo del Moral.

De la prueba que acabamos de sintetizar resulta que la sociedad mercantil demandada, habiendo comprado a Harvey’s Brokerage Company 1,000 sacos de arroz al precio de $3.30 por saco, los vendió al demandante, comerciante, por el precio convenido de $4.60 por saco, realizando así la firma demandada un beneficio de $1.30 por saco o sea un total de $1,300, suma que el demandante pagó a la demandada al ce-rrarse el negocio. La prueba creída por la corte sentencia-dora demuestra sin lugar a dudas que el arroz fué embar-cado y llegó al puerto de Mayagüez dentro del término esti-pulado; que el demandante fué avisado oportunamente de la llegada del arroz; y que el demandante no estuvo legal-mente justificado al negarse a aceptar el arroz y a pagar los giros que le fueron presentados.

Nos encontramos, pues, frente a un caso en que el com-prador en un contrato de compraventa mercantil rehusó sin justa causa recibir los efectos comprados. De acuerdo con el artículo 2 del Código de Comercio, ese contrato debe re-girse por las disposiciones de dicho Código, y en su defecto por los usos del Comercio observados generalmente en cada plaza, y a falta de ambas reglas, por las del derecho común.

El artículo 250 del Código de Comercio, dispone:

“Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efec-tos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el primer caso las merca-derías.”

De acuerdo con el citado artículo, al negarse Nieves Bo-íl et, el comprador, a aceptar y pagar el resto del precio del arroz, la firma vendedora pudo a su elección hacer una de dos cosas: (a) depositar judicialmente el arroz y exigir al comprador que cumpliese el contrato; o (b) dar por rescin-dido el contrato. En el primer caso, el vendedor no estaba autorizado legalmente para incautarse del arroz y venderlo en venta privada, sin intervención de los tribunales, espe-cialmente si se tiene en cuenta que el comprador había pa-gado la suma de $1,300 como parte del precio convenido. La firma vendedora optó por dar por rescindido el contrato y procedió a incautarse del arroz y a venderlo en venta pri-vada, sin obtener el consentimiento del comprador y sin la intervención judicial; y se ha negado a devolver la suma recibida a cuenta del precio.

Habiendo optado por la rescisión del contrato, no estaba obligada la firma vendedora a depositar judicialmente el arroz. Tenía derecho a incautarse de la mercancía y a dis-poner de ella a su apiojo, pero sujeta al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1247 del Código Civil, que lee así:

“La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron ob-jeto del contrato con sus frutos y del preció con sus intereses; en consecuencia sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pre-tendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obli-gado.”

¿Estaba legalmente autorizada la vendedora al dar por rescindido el contrato, para vender la mercancía por cuenta del comprador y sin su consentimiento y para retener para sí la suma de $1,300? El artículo 1247 arriba citado no so-lamente no le confiere ese derecho, si que por el contrario, le impone la obligación de devolver el precio con sus intere-ses. Sostener que la vendedora tenía derecho a vender el arroz por cuenta del comprador y a retener para sí el be-neficio del contrato, equivaldría a sostener, no obstante lo dispuesto por el artículo 250 del Código de Comercio, que el vendedor tiene derecho a obligar al comprador a cumplir el contrato, sin estar obligado a hacer el depósito judicial de la mercancía como lo requiere dicho estatuto.

Por las razones expuestas, opinamos que la corte inferior erró al desestimar la demanda y que la sentencia recu-rrida dehe ser revocada, dictándose en su hogar otra decla-ramdo rescindido el contrato entre las partes litigantes y 'condenando a la sociedad demandada a devolver al deman-dante $a suma de $1,300 con intereses legales desde el 11 de septiembre de 1939 hasta su total pago, más las costas.

El Juez Asociado Sr. -Snyder no intervino.


text:
    Francisco Bechara, demandante y apelado, v. Ramón N. Báez, demandado y apelante.
    Núm. 8810.

    Sometido: Diciembre 9, 1943.

      Resuelto: Enero 13, 1944.

      Frank Torres, abogado del apelante; Sergio León Lugo, abogado del apelado.
   El Juez PResideute Inteeie© Seños. Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Los hechos esenciales alegados en la demanda y admiti-dos por la excepción previa de insuficiencia de los mismos para constituir causa de. acción, son como sigue:

El demandante vendió mercancías al demandado en cuenta corriente. La cuenta fue cerrada, liquidada y aceptada por el demandado con un saldo a favor del demandante por la suma de $1,564.85. Para garantizar al demandante el pago de la suma de $1,200 como parte del saldo a su favor, el de-mandado vendió al demandante una casa situada en Ponce, con el pacto de que si dentro del plazo de seis meses el vende-dor entregaba los $1,200 al comprador, éste le otorgaría es-critura de retroventa. En la demanda se alega que el ob-jeto y fin de la escritura de venta con pacto de retracto fue únicamente el garantizar al demandante el pago de la suma adeudádale. El demandado se ha negado a satisfacer la suma en controversia, y el demandante pide que se le con-dene a pagar la suma de $1,200 como parte de la deuda aceptada.

Declarada sin lugar la excepción previa, el demandado pidió que se dictase sentencia sobre las alegaciones. Así lo hizo la corte inferior y el demandado apeló. Las partes so-metieron el caso por los alegatos.

El recurso debe ser desestimado por ser absolutamente frívolo. Admitida por la excepción previa que la cuenta había sido liquidada y el saldo aceptado y que la venta con pacto de retro había sido hecha con el único objeto de ga-rantizar el pago de dicho saldo, la corte inferior procedió correctamente al sostener que la demanda aduce hechos su-ficientes para constituir causa de acción a favor del acree-dor demandante.

Tampoco erró la corte sentenciadora al sostejaer que la demanda no es ambigua y que por el contrario es perfecta-mente inteligible.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    La Asamblea Municipal del Municipio de Lajas, peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Rodolfo Ramírez Pabón, Juez, y Aurelio Ramírez Ramírez, demandados.
    Núm. 85.

    Sometido: Diciembre 22, 1943.

      Resuelto: Enero 13, 1944.

      Btolwar Pagan, abogado de la peticionaria; Enrique Báez García, abogado de los demandados.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

El 16 de octubre de 1942 el Gobernador de Puerto Rico formuló y. notificó a Aurelio Ramírez Ramírez, Alcalde del Municipio de Lajas, ocho cargos administrativos, concedién-dole un plazo de diez días para que radicara su contestación a los mismos. El 25 de enero de 1943 la Asamblea Municipal de Lajas, a virtud de los referidos cargos, inició un pro-cedimiento de impeachment contra el Alcalde. Del récord del caso y de las certificaciones ofrecidas en el acto de la vista del presente recurso, no aparece que la Asamblea Municipal tomara acción alguna en dicto procedimiento, basta el día 18 de noviembre de 1943 en que celebró una sesión convocada especialmente para ese fin y aprobó una resolu-ción suspendiendo de empleo y sueldo al Alcalde Sr. Ramí-rez y designó al Presidente de la Asamblea Municipal para ocupar la Alcaldía de Lajas mientras se ventilan los cargos y se resuelve en definitiva el procedimiento de impeachment ya iniciado. Aparece también que en una sesión extraordi-naria celebrada por la Asamblea Municipal el 23 de noviem-bre de 1943, con asistencia de los asambleístas José N. Tó-mei, Godofredo Rodríguez, Mariano Martínez y Jesús Cotte Jusino, se nombró al Sr. José Miguel Toro para ocupar el cargo de Presidente de la Asamblea Municipal, el cual había quedado vacante por renuncia del Sr. Angel Pagán Irizarry; y que en la misma sesión el Sr. Toro aceptó y tomó posesión del cargo para el cual acababa de ser elegido, empezando desde ese momento a actuar como Alcalde Interino de Lajas.

El 16 de noviembre de 1943 El Pueblo de Puerto Rico, a instancias de Aurelio Ramírez, radicó ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez una querella de quo warranto dirigida contra José Miguel Toro, atacando la validez de su nombra-miento como Alcalde de Lajas, pidiendo que se le lance y despoje de dicho cargo y que se restituya en el desempeño del mismo al relator. Nada más diremos en relación con este procedimiento, pues el mismo está aún pendiente ante la citada corte de distrito.

El 8 de diciembre de 1943- el mismo Aurelio Ramírez radicó ante la Corte de Distrito de Mayagüez una solicitud para la expedición de un auto de oertiorari dirigido a la Asamblea Municipal de Lajas, ordenando a ésta que envíe a la corte de distrito “todos los documentos, libros de actas, pliego de cargos y contestación, y demás documentos relacio-nados con el proceso de impugnación contra el demandante Aurelio Ramírez Ramírez y que están ante la consideración de la Asamblea Municipal de Lajas,” para que la corte pueda, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Municipal de Puerto Rico, investigar dichos documentos y acuerdos de la Asam-blea y revisarlos y anularlos. El peticionario suplicó ade-más, como remedio provisional, que se ordenara a la Asam-blea y a sus miembros que se abstuviesen de continuar in-terviniendo en el procedimiento de impeachment del Alcalde hasta que la corte de distrito dicte su resolución sobre la va-lidez de los actos de la Asamblea impugnados por el peti-cionario. La corte de distrito expidió el auto de acuerdo con la súplica de la petición. Los demandados fueron notifica-dos el 10 de diciembre de 1943.

El 14 de diciembre de 1943 la Asamblea Municipal de Lajas radicó ante esta Corte Suprema una solicitud para la expedición de un auto inhibitorio dirigido al Juez de la Corte de Distrito de Mayagiiez y a Aurelio Ramírez, peticionario en el procedimiento de certiorari núm. 5527 pendiente ante dicha corte, ordenándole a dicho juez que paralice los pro-cedimientos en dicho caso de certiorari; que se abstenga de entorpecer o paralizar en forma alguna los procedimientos de la Asamblea Municipal en el caso de impeachment contra el Alcalde; y que proceda a dejar sin efecto la orden dic-tada el 9 de diciembre de 1943 para la suspensión de dichos procedimientos en contra del Alcalde. Como fundamentos de la petición de auto inhibitorio se alega que la Corte de Dis-trito de Mayagiiez carece de jurisdicción para considerar y resolver los procedimientos en el caso de impeachment; que es la Asamblea Municipal querellante la que tiene jurisdic-ción exclusiva para promover y resolver el procedimiento de impugnación del Alcalde; y que es la Corte Suprema el único tribunal que, de acuerdo con la ley, tiene jurisdicción ex-clusiva para resolver en apelación sobre la validez o lega-lidad de la resolución que dictare la Asamblea Municipal en el caso de impeachment.

En cumplimiento del auto que expedimos con fecha 14 de diciembre' de 1948, los autos del caso de certiorari num. 5527 fueron elevados a esta Corte, y el 22 del mismo mes se celebró la vista del recurso con asistencia de ambas partes. En el acto de la vista los querellados radicaron una contes-tación en la que niegan los hechos esenciales de la petición y como defensa especial alegan que la Asamblea querellante no ha planteado ante la corte de distrito la cuestión jurisdic-cional; y que no procede el auto inhibitorio hasta tanto no se haya concedido a la corte inferior una oportunidad de resolver sobre su jurisdicción.

¿Tiene jurisdicción la corte de distrito para conocer de las cuestiones planteadas ante ella por la solicitud de certiorari núm. 5527? Veamos cuáles son esas cuestiones.

Se alega en la solicitud que el peticionario fué electo Al-calde de Lajas el 5 noviembre de 1940, tomó posesión del cargo y lo desempeñó hasta que fué privado del mismo por la Asamblea Municipal; que el 17 de noviembre de 1943 José R. Tomei, Vicepresidente de la Asamblea, alegando haber sido autorizado por el Presidente de la misma, convocó a la Asamblea para una sesión con el propósito de continuar el procedimiento de impeachment iniciado el 25 de enero de 1943 y pospuesto por acuerdo entre las partes interesadas; que a dicha sesión concurrieron solamente cuatro personas: José N. Tomei, Jesús Cotte Jusino, Mariano Martínez y Carlos del Toro; que por haber dejado este último de ser miembro de la Asamblea desde el 10 de noviembre de 1943, la sesión se constituyó y se celebró el 18 de noviembre con sólo tres asambleístas o sea sin un quorum; que en dicha sesión se aceptó la renuncia del Presidente de la Asamblea y se cubrió la vacante nombrando a José Miguel Tora; se nombró a Carlos del Toro para actuar como Secretario de la Asamblea Municipal; y se consideró y aprobó la resolu-ción suspendiendo de empleó y sueldo al Alcalde. Continúa alegando el peticionario que todos los actos así aprobados por la Asamblea son nulos por haberlo sido sin quorum y con el voto de sólo tres asambleístas; que como consecuen-cia de todos dichos actos, José Miguel Toro pasó a ocupar el cargo de Alcalde, según lo dispone el artículo 29 de la Ley Municipal; que el 15 de noviembre de 1943 el Sr. Toro, como Alcalde Interino, convocó la Asamblea a una sesión ex-traordinaria para considerar la situación económica de La-jas; que dicha convocatoriá es nula porque el Sr. Toro no ocupaba legalmente el cargo de Alcalde; que el 16 de no-viembre de 1943, estando reunidos los miembros de la Asam-blea para la celebración de la sesión extraordinaria, el Sr. Toro, alegando ser Presidente de la Asamblea Municipal, pidió permiso para enmendar la convocatoria, sustituyéndola por otra en la que se convocaba para considerar los hechos relacionados con la impugnación del Alcalde Ramírez; que la convocatoria es nula porque no habiendo sido el Sr. Toro elegido legalmente para el cargó de Presidente de la Asam-blea no tenía poder para convocarla para dicha sesión ex-traordinaria; que el 18 de noviembre de 1943 José N. To-mei, Vicepresidente de la Asamblea, alegando estar autori-zado por el Presidente Angel Pagán, convocó para una se-sión extraordinaria con el fin de continuar el procedimiento contra el Alcalde, y en dicha sesión, celebrada el 23 de no-viembre, la Asamblea, después de ser informada de los car-gos contra el Alcalde Ramírez, aprobó una resolución suspen-diéndolo de empleo y sueldo, votando a favor los asambleístas José N. Tomei, G-odofredo Rodríguez, Mariano Martínez, Je-sús Cotte Jusino y Manuel Morales Surita y absteniéndose de votar la Sra. Carmen L. Gregory; que los acuerdos tomados en dicha sesión son nulos (a) porque el poder para convocar a la Asamblea es un atributo personal del Presidente y no puede ser delegado; (b) porque-=en la fecha en que se hizo la convocatoria existía un estado anormal en Lajas, por haber sido ilegalmente suspendido el Alcalde el día 10 de noviembre anterior; (c) porque la suspensión del Alcalde fué aprobada solamente por cinco votos y no por dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Municipal, o sea por seis votos, como lo exige la ley; y (d) que la suspensión fné un acto ile-gal, porque ya Ramírez babía sido suspendido violentamente y no ocupaba el cargo desde el día 10 de noviembre de 1943.

El propósito fundamental del auto de certiorari es el traer a la consideración de un tribunal superior, para su re-visión, “las diligencias pendientes en el tribunal inferior o los autos de alguna causa ya terminada, en aquellos casos en que el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley.” (Artículo 670, Código de Enjui-ciamiento Civil, ed. 1933.) El artículo 671 del mismo Có-digo autoriza y faculta a las cortes de distrito para expedir dicho auto.

Es indudable que si se tratara de la destitución del al-calde mediante una resolución dictada por la Asamblea Municipal después de oír la evidencia aducida en el procedi-miento de -impeachment, esta Corte Suprema tendría juris-dicción exclusiva para conocer de la apelación interpuesta por el Alcalde, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 29 de la Ley Municipal (Ley 53, 1928, pág. 335), según quedó enmendada por la Ley núm. 98 de 1931, pág. 595.

No se trata en el caso de autos de la revisión mediante apelación de una resolución de la Asamblea Municipal des-tituyendo al Alcalde, y sí de la revisión de actos administra-tivos de la Asamblea Municipal, por virtud de los cuales, se-gún se alega, se privó al peticionario de su cargo de Alcalde sin un debido proceso de ley. Las cortes de distrito están expresamente facultadas por el artículo 83(a) de la Ley Municipal (Leyes de 1928, pág. 399) para anular o revisar, me-diante certiorari, cualquier acto legislativo o administrativo de la Asamblea Municipal que lesione derechos constitucio-nales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes do Puerto Rico. El mismo artículo, en su apar-tado (b), confiere jurisdicción a las cortes de distrito para suspender, mediante injunction, la ejecución de cualquiera ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garantizados por la Constitución o las leyes insulares. Barreto v. Corte, 59 D.P.R. 817.

Debe amalarse >el auto expedido y devolverse el caso a <la corte inferior para los ulteriores procedimientos que fueren pertinentes.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvavador Rodríguez Prieto, acusado y apelante.
    Núm. 10198.

    Sometido: Diciembre 8, 1943.

      Resuelto: Enero 13, 1944.

      Samuel B. Quiñones, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

El apelante fué acusado de un delito de asesinato, con-victo de homicidio voluntario y "sentenciado a la pena de tres años de presidio. En el mismo acto fué Convicto y sen-tenciado a tres meses de cárcel por la portación ilegal de un revólver. El presente recurso ha side interpuesto contra ambas sentencias. Discutiremos los señalamientos de error en el mismo orden en que aparecen formulados en el alegato del apegante.

1° Que la corte sentenciadora nunca adquirió jurisdicción sobre la persona del acusado ni la tuvo para conocer de los delitos que se le imputaron.

Se basa la alegada falta de jurisdicción: (a) en que los testigos en cuyas declaraciones se fundó la acusación fueron examinados por el Fiscal del Distrito y la acusación no fué formulada por éste y sí por el fiscal auxiliar; (fe) en que el juramento del fiscal auxiliar sobre su creencia de que exis-tía justa causa es nulo, pues no expresaba que la creencia era la de dicho fiscal auxiliar; y (c) que de la prueba re-sulta que los hechos ocurrieron en jurisdicción del pueblo de G-urabo, que forma parte del distrito judicial de Humacao y no en jurisdicción de Trujido, según se alegó en la acu-sación.

Los alegados fundamentos (a) y (b) carecen de méritos. En el caso de Pueblo v. Pagán, 49 D.P.R. 436, 442 la acusa-ción fué formulada por el Fiscal del Distrito de Ponce, ba-sándola en el testimonio de testigos examinados bajo jura-mento ante el fiscal de Guayama. Se resolvió que la acusa-ción estaba bien presentada y que la corte adquirió jurisdic-ción para conocer del caso.

El artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal dis-pone que la acusación presentada por el fiscal debe ser con-firmada con su declaración jurada, y que ésta “será sufi-ciente si en ella se expresa que la acusación se funda en las declaraciones de testigos juramentados por él o las declara-ciones de testigos examinados ante un juez instructor, y que él cree solemnemente que existe justa causa para formular la acusación.” Las dos acusaciones en el presente caso se ajustan a las disposiciones del citado artículo. El fiscal au-xiliar de San Juan declara bajo juramento que la acusación está basada en el testimonio de testigos “examinados bajo juramento ante el Fiscal del Distrito.” La frase “creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al Tribunal”, no puede referirse a otra persona sino a la del fiscal auxiliar, que 'es quien está declarando. El fiscal que tomó las declaraciones de los testigos actuó como juez instructor, de acuerdo con las facultades que la ley les concede a los fiscales; y al fiscal auxiliar, quien está facultado para formular acusaciones, la formuló basándola en el testimonio tomado por el fiscal, actuando como juez instructor.

Hemos examinado la transcripción de evidencia. Ella establece fuera de toda duda que el beeho imputado al acusado fué realizado dentro de la jurisdicción del pueblo de Trujillo Alto, que forma parte del distrito judicial de San Juan.

2° Que la corte inferior erró al permitir que el Dr. J. E. Martínez declarase sobre la autopsia que practicó a un cadáver que dicho testigo dijo ser el de Julio Betancourt.

No encontramos en este señalamiento razón alguna para que le demos seria consideración. No es necesario que el médico que practica una autopsia haya conocido en vida a la persona cuyo cadáver va a examinar. Ese conocimiento tiene que adquirirlo necesariamente por los informes de las personas que conocieron en vida al interfecto. Tanto los testigos de la acusación como los de la defensa declararon sobre el encuentro entre el acusado y Julio Betancourt, en el cual éste resultó muerto de un tiro de revólver. El acu-sado al interponer como su única defensa la de que había dado muerte a Betancourt en defensa d^ su propia vida, ad-mitió el hecho de que Betancourt había muerto, haciendo in-material, la descripción pericial de la herida y la trayecto-ria que había seguido la bala en el cuerpo del occiso.

3° Que la corte inferior erró al no permitir al testigo Marcelo Román declarar sobre el hecho de que había sido procesado treinta y cinco veces por agresiones y delitos de sangre.

El alegado error no fué cometido. El artículo 158 de la Ley de Evidencia (art. 520 Código de Enj. Civil) especifica cuándo y cómo puede ser tachado un testigo por la parte contra la cual se presenta. El testigo puede ser tachado (a) mediante evidencia contradictoria; -(b) con prueba de que su reputación en cuanto a veracidad, honradez o integridad es generalmente mala; y (<c) con evidencia de que fué con-victo de delito grave (felony). Del interrogatorio que consta en la transcripción de la evidencia, aparece que los hechos específicos que la defensa trató de imputar al testigo, con el propósito de impugnar su veracidad, de ser ciertos, no eran calificables como delitos graves y sí como misdemeanors. Y esa prueba era claramente inadmisible.

La regla establecida por el caso de El Pueblo v. Pérez, 36 D.P.R. 713, no es aplicable a la situación de becbos que motiva este señalamiento.

4° Que las sentencias recurridas son erróneas por estar basadas en un veredicto rendido por errónea apreciación de la prueba.

La prueba de cargo, que fue creída por el jurado, es más que suficiente para justificar el veredicto de homicidio vo-luntario. El conflicto entre esa prueba de cargo y la adu-cida por el acusado para establecer la defensa propia fue dirimido por el jurado en contra del acusado. No habién-dose imputado pasión, prejuicio o parcialidad, ni tampoco la comisión de un error manifiesto en la apreciación de la prueba, es nuestro deber respetar el veredicto.

Las dos sentencias recurridas serán 'confirmadas.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Joaquina Couverthie Viuda de Santiago, demandante y apelada, v. Javier Santiago, demandado y apelante.
    Núm. 8813.

    Sometido: Diciembre 22, 1943.

      Resuelto: Enero 13, 1944.

      F. R. Aponte, abogado del apelante; Alvaro Ortiz, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Interin© Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

La demandante alega que es dueña de un solar de 150 metros cuadrados, que forma parte de una finca de una cuerda; que el demandado ocupa dicho solar sin pagar canon o merced alguna a la dueña demandante; que en dicho solar se encuentra ubicada una casa de maderas, pertene-ciente al demandado y de un valor que no excede de la suma de $100; que el demandado se ha negado a desocupar el solar y a retirar de allí la casa, lo eual puede hacer sin me-noscabo del solar; que la demandante está dispuesta a con-signar la suma de $100 o el importe de la tasación que haga la corte; que el solar tiene un valor de $450 y el demandado se ha negado a pagarlo'.

Contestó el demandado aceptando que ocupa el solar sin pagar canon o merced alguna y alegando como defensa que él posee y ocupa en concepto de dueño un solar de 600 metros, con casa de maderas; que durante esos treinta años ha ocupado la casa y solar pública y pacíficamente y sin in-terrupción alguna; que los inmuebles tienen un valor de $1,000; que la acción que se ejercita está prescrita; y que la Corte Municipal carece de jurisdicción por motivo de la cuantía.

En la vista ante la Corte de Distrito de Humacao, las partes sometieron el caso mediante una estipulación de los hechos. De acuerdo con dicha estipulación, la prueba de la demandante establece, en substancia, los hechos siguientes:

En el mes de diciembre, 1910 don Jenaro Martínez com-pró la finca “Villa del Recreo” y le concedió permiso al demandado Javier Santiago para construir un kiosco en un solar en la esquina de la finca, el mismo que hoy ocupa. Martínez le regaló la parcela a Santiago para que le cui-, dar a la finca e impidiera la entrada de animales, pero nunca le otorgó escritura. En 1915 Martínez vendió la finca a doña Francisca Iraris viuda de Ortiz. El solar que ocupa el de-mandado tiene una cabida de 225 metros cuadrados, con un valor de $450 y sobre el mismo existe una casa de maderas con anexos, construida por el demandado. La casa tiene un valor aproximado de $225.

En julio 2 de 1929, el demandado declaró ante el tasador de la propiedad de Humacao que él era dueño de una casa en solar de la Central Fasto Viejo, uno de los antecesores en título de la demandante. El demandado nunca pagó con-tribuciones sobre el solar y sí sobre la casa. En cierta oca-sión el demandado le preguntó al apoderado general de la demandante si ésta estaría dispuesta a venderle el solar a plazos. Cuando la demandante adquirió la finca “Villa del Recreo” no tenía conocimiento de la alegada donación del solar al demandado.

La prueba del demandado tendió a establecer los hechos siguientes:

Que en 1915 don José N. Díaz y sus hermanos eran due-ños de la finca; que el demandado Santiago estaba en po-sesión del solar en controversia, el cual estaba cercado con alambre; y que Díaz y sus hermanos nunca intervinieron con el demandado por entender que el solar le pertenecía.

La prueba documental ofrecida por la demandante, sin oposición del demandado, fué la siguiente-: (a) escritura por la cual Eastern Sugar Associates (a Trust) vendió la finca “Villa del Recreo” a la demandante; (b) escritura por la cual la demandante segregó una parcela de una cuerda, en la que está incluido el solar en litigio; y (c) certificación del Registro de la Propiedad demostrativa de que de la finca “Villa del Recreo” no se lia RecRo segregación alguna a favor del demandado Santiago y que dieRa finca esta inscrita a nombre de la demandante.

La corte inferior admitió, con la oposición del deman-dado, copia certificada de la planilla para el año contribu-tivo 1929-30, en la cnal el demandado admitió bajo jura-mento que Central Pasto Viejo era dueña del solar. La ex-plicación que dió al demandado, al efecto de que lo único que le preguntó el Tasador fué si él tenía inscrito el solar y si tenía escritura de la casa o del solar, a lo que él contestó ne-gativamente, no fué creída por la corte sentenciadora.

El demandado Ra interpuesto el presente recurso contra la sentencia por la cual se declara con lugar la demanda y se decreta que la demandante tiene dereeRo a Racer suya la casa del demandado previo pago de su valor de $300; y que en el caso de que el demandado prefiera quedarse con el solar pague a la demandante la suma de $450. Se impone al demandado el pago de las costas, más $50 para Ronorarios de abogado.

El caso ha sido sometido a nuestra consideración por los alegatos. Sostiene en el suyo el apelante que la corte sen-tenciadora erró al apreciar la estipulación de los hechos; al declarar con lugar la demanda, no obstante existir un con-flicto de títulos; y al condenar al demandado al pago de honorarios.

1. Argumentando el primer señalamiento de error, sostiene el apelante que aún cuando es cierto que de acuerdo con el artículo 575 del Código Civil la donación debe hacerse constar en escritura pública y debe ser aceptada, sin embargo, habiéndose hecho la donación en el caso de autos en diciembre de 1910, y habiendo tomado posesión el demandado, transcurridos diez años de posesión el defecto quedó subsanado por la prescripción; y, además, que aún cuando el título del demandado fuera considerado como defectuoso, el defecto quedó subsanado por la prescripción extraordina-ria de 30 años. Cita en apoyo de su contención el caso de Arroyo v. Bruno, en el que, copiamos del sumario, se sos-tuvo :

“Aun cuando una donación de cosa inmueble no se'consigne en escritura pública como lo exige el artículo 641 del Código Civil, (Artículo 575, Ed. 1930) si el donatario la acepta, entra en posesión de la finca donada en concepto de dueño y así continúa durante diez años, pública, pacíficamente y sin interrupción, la falta de escri-tura queda subsanada por la prescripción.” (Bastardillas nuestras.) Arroyo et al. v. Bruno et al., 23 D.P.R. 814.

El dominio y los derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre pre-sentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título, o por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre pre-sentes y ausentes. Artículos 1857 y 1859, Código Civil, 1930. Empero, la posesión que da derecho a la adquisición del do-minio por prescripción “ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida,” por requerirlo así ex-presamente el artículo 1841 del mismo Código Civil y la ju-risprudencia citada por el propio apelante. Arroyo v. Bruno, supra; García v. Altuna, 17 D.P.R. 459; y González v. Sucesión Roque, 47 D.P.R. 522.

De conformidad con el artículo 575 del Código Civil, para que la donación de cosa inmueble sea válida ha de hacerse en escritura pública, y para que surta efecto también deberá ser aceptada en escritura pública en vida del donante. Por consiguiente, una donación de palabra es inexistente y no puede constituir el justo título que se requiere para la pres-cripción ordinaria de diez años.

La decisión en el caso de Arroyo et al. v. Brumo et al., supra, en cuanto concede a la donación verbal seguida de la toma de posesión del inmueble donado, el mismo valor que el de un justo título, a los efectos de la adquisición del do-minio por prescripción de diez años, entre presentes y con buena fe, es errónea y debe considerarse como revocada.

En lo que respecta a la prescripción extraordinaria que invoca el apelante, la evidencia de la demandante, a la cual dió crédito la corte sentenciadora, es suficiente para establecer la inexistencia del animus domini requerido por la ley para que la posesión pueda dar derecho a la aquisición del dominio por prescripción. La entrada del demandado al solar en diciembre de 1910 fue a virtud de permiso concedídole por el entonces dueño de la finca para construir un kiosco. Y aun cuando Martínez declaró haberle regalado posteriormente el solar, no se fija fecha alguna que pueda tomarse como punto de partida para computar el término prescriptivo. El 2 de julio de 1929 el demandado declaró bajo juramento que el solar que en esa fecha poseía y ahora reclama era propiedad de la Central Pasto Viejo. Y con posterioridad al 2 de diciembre de 1940, fecha en que la demandante compró la finca, el demandado reconoció el título de la demandante y admitió que él no poseía el solar en concepto de dueño, cuando hizo gestiones para comprar el -solar a plazos. Contra esa evidencia que impedía que la prescripción corriera a su favor y que tendía a probar que su posesión tenía como base la mera licencia o tolerancia del dueño, el demandado no presentó evidencia alguna tendiente a pro-bar que él había poseído en concepto de dueño. No hubo error en la apreciación de la prueba.

2. Admitido por la demandante que el demandado es dueño de la casa y que la construyó de buena fe, con el consentimiento del anterior dueño del solar, y no habiendo el demandado establecido título alguno sobre el terreno en que está enclavada la obra, no erró la corte inferior al sostener que la demandante, como dueña del solar, tiene derecho, de acuerdo con los artículos 297, 382 y 383 del Código Civil (ed. 1930), a hacer suya la casa, previa la indemnización correspondiente, o a obligar al demandado a pagar el precio del terreno. La jurisprudencia citada por el apelante, en la que se sostiene qne el conflicto de títulos que pueda existir entre dos partes litigantes debe dilucidarse en el jui-cio declarativo correspondiente y no dentro del procedi-miento especial y sumario de desahucio, no es aplicable al presente caso.

3. Esta Corte Suprema resolvió en Amy v. Aponte, 31 D.P.R. 64, y en González v. Fernández, 31 D.P.R. 554, que en apelaciones procedentes de las cortes municipales, las cortes de distrito no estaban autorizadas para conceder honorarios de ahogado por servicios prestados en la corte municipal ni tampoco por los prestados en la de distrito con motivo de la apelación. Se. basaron dichas decisiones en que la ley que regía en el año 1922 en que fueron dictadas, artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por Ley (núm. 38) de 12 de abril de 1917 ((1) pág. 207), limitaba el derecho a recibir.de la parte vencida honorarios de ahogado a las acciones o procedimientos originados en las cortes de distrito.

Sostiene la demandante apelada que el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la Ley núm. 94 del 11 de mayo de 1937 (Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, ed. 1941, pág. 787), autoriza a las cortes municipales y a las de distrito para conceder honorarios de abogado en casos procedentes de las cortes municipales. Dicho artículo provee:

“La parte a cuyo favor se dicte cualquier sentencia o resolución final 1c serán concedidas las costas, las cuales -comprenderán los si-guientes desembolsos:
“* *' $ «
“En caso de que cualquier parte haya procedido con temeridad la corte debe imponerle en su sentencia el pago de los honorarios del abogado de la otra parte, estableciendo en su sentencia el mon-tante de dichos hononarios, teniendo en cuenta el grado de culpa en el litigio y el trabajo necesariamente prestado por el abogado de la otra parte;....”

Convenimos con la parte apelada en que el artículo 327 en su forma enmendada, otorga la facultad de conceder ho-norarios de abogado tanto a las cortes municipales como a las de distrito. Cuando existen hechos o razones demostra-tivos de que la parte perdidosa procedió, en su acción o en su defensa, con temeridad, es deber de la corte sentencia-dora imponerle el pago de los honorarios de la otra parte. Si no existen esos hechos o razones, la corte no está facul-tada para imponer el pago de honorarios.

Del récord ante nos no surge hecho o razón alguna que justifique la imposición de honorarios' al demandado. . Ni en la relación del caso y opinión ni en la sentencia de la corte inferior encontramos pronunciamiento alguno en cuanto a temeridad por parte del demandado y apelante. No estando, pues, en condiciones de poder pesar las razones que haya podido tener la corte inferior para imponer el pago de ho-norarios, y siendo como somos de opinión que el demandado no procedió temerariamente, creemos que la sentencia recu-rrida debe ser modificada eliminando de ella la partida de honorarios de abogado.

Y así modificada será >confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Marcial Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1129.

    Sometido: Noviembre 2, 1943.

      Resuelto: Enero 13, 1944.

      Miranda y Miranda Esieve, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Jxjbz Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

José Vega Santiago, estando casado con doña Amparo Rivera, compró por escritura pública a doña Antonia B-Santana, un inmueble que se describe como sigue:

“Urbana, solar en el barrio Bairoa de Caguas, de 16 metros de frente por el Sud por 20 metros de fondo, colindante por el Norte con la finca principal de donde se segregó; Sur, la calle letra 'A’, al Este con la calle letra ‘E’ y al Oeste con la finca principal. Sobre este solar existe una casa de concreto de dos plantas con tedio de zinc.”

Después de inscrita la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad de Caguas, los esposos comprado-res quedaron divorciados en virtud de sentencia de la Corte de Distrito de Humacao, de 17 de abril de 1942.

Por escritura número 85 de fecha 30 de julio de 1943, otorgada en San Juan ante el notario Licenciado J. Pedro Miranda, don José Vega Santiago y doña Amparo Rivera vendieron a don Marcial Pérez y su esposa doña Isabel Dá-vila el expresado inmueble, reservándose los compradores la suma de $1,283.50 para cancelar una hipoteca que gravaba dicha finca.

Presentada la escritura para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Caguas, fué denegada la inscripción por el Registrador por nota de 24 de agosto de 1943, que lee como sigue:

“Denegada la inscripción del precedente documento por aparecer del Registro que la finca vendida forma parte de los bienes pertene-cientes a la sociedad legal de gananciales constituida por José Vega Santiago y Amparo Rivera Jiménez; que dicha sociedad conyungal quedó disuelta por sentencia de divorcio dictada por la Corte de Dis-trito de Humacao en 17 de abril de 1942; que tal disolución conlleva la liquidación, división y adjudicación de los bienes gananciales exis-tentes a favor individualmente de cada uno de los cónyuges; y que no habiéndose cumplido ninguno de esos requisitos, dichos José Vega Santiago y Amparo Rivera Jiménez después de disuelta la sociedad conyugal, no pueden disponer de los bienes de la misma sin una previa inscripción de los bienes que se le adjudiquen en pago de su respectiva mitad que adquieren de acuerdo con la ley y sí sólo individualmente de los que les correspondan como resultado de dicha adjudicación, todo de conformidad con los preceptos del Artículo 20 de la Ley Hipotecaria, tomando en su lugar anotación preventiva X>or 120 días a favor de los compradores, al folio 217 del tomo 166 de Caguas, finca 5174, Anotación 'A’.”

Contra esta nota es que se establece el presente recurso.

La única cuestión a resolver es si es necesario hacer la liquidación de la sociedad de gananciales, adjudicar a cada uno de los cónyuges divorciados la porción que le corrresponda e inscribir dichas porciones a nombre de dichos cónyuges, como condición previa para poder inscribir la escritura de compraventa objeto del presente recurso.

La Ley Hipotecaria en su artículo 20 dispone que deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen, para poder inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes in-muebles o derechos reales.

La finca en cuestión fue adquirida a título oneroso du-rante su matrimonio por José Vega Santiago y Amparo Bivera y por tal motivo, de acuerdo con lo prescrito por los artículos 1301 y 1307 del Código Civil (Edición 1930) se presume que es un bien perteneciente a la sociedad legal de gananciales.

La sociedad de gananciales “es una persona jurídica dis-tinta de la de cada uno de sus socios. Disuelta por muerte de uno de ellos, debe liquidarse y la adjudicación que se haga al cónyuge o socio sobreviviente cansa también en el registro nna nueva-inscripción. ” Bird v. Registrador (1935) 48 D.P.R. 696, 705. Lo mismo podríamos decir en los casos de divorcio. En éstos también queda disuelta la sociedad, disolución que causa una nueva inscripción en el registro, pues lo importante es el hecho de la disolución, no importa por qué motivos.

Este Tribunal ha dicho en varias de sus decisiones que al disolverse el vínculo matrimonial cada uno de los cónyu-ges adquiere inmediatamente el derecho a una mitad indi-visa de todos los bienes gananciales existentes. Aplicando esa doctrina en Fabián v. El Registrador de San Juan, 25 D.P.R. 899, se ordenó al Registrador que inscribiese un con-trato mediante el cual cada uno de los ex cónyuges renun-ciaba a favor del otro todos sus derechos y acciones en la sociedad de gananciales y convenían en que toda propiedad inscrita en el registro a nombre de cualquiera de ellos se considerara como de la exclusiva propiedad de la parte en cuyo nombre estuviere inscrita. En Becerra v. El Registrador de Guayama, 27 D.P.R. 843, habiéndose negado el Registrador a inscribir una hipoteca constituida por Becerra, cónyuge superviviente, “como dueño de una mitad proindi-visa de ciertas fincas rústicas adquiridas durante su matri-monio,” se ordenó al Registrador que practicara la inscrip-ción por el fundamento de que “la finca en cuestión ya ha-bía sido inscrita a nombre de Becerra como bienes de la so-ciedad de gananciales.” En Allende v. Registrador de San Juan, See. Primera, 28 D.P.R. 569, siguiendo la decisión en el caso de Becerra v. El Registrador de Quayama, supra, se resolvió que inscrita una finca como bien ganancial y más tarde a favor del viudo y de los hijos del matrimonio a vir-tud de la muerte de la esposa, es inscribible la hipoteca otor-gada por el viudo sobre su mitad de gananciales, pero veri-ficándose la inscripción sujeta a las resultas de la liquida ción de la sociedad de gananciales. En la opinión emitida en dicho caso se dijo:

“Ahora bien, con posterioridad a los casos de Ríos, Paulo y Rossy invocados, esta Corte Suprema decidió los casos de Capó v. Fernández, 27 D.P.R. 715, y Santini et al. v. Díaz San Miguel et al., 27 D.P.R. 816, en los que, si bien reconoció a la partición de la herencia y a la liquidación de la sociedad de gananciales su función verdadera, reconoció también efectividad inmediata al derecho here-ditario y a la disolución de la sociedad, adoptando así un tempera-mento liberal que a la vez que garantiza todos los derechos envueltos permite reclamaciones y transacciones difíciles o imposibles de otro modo. Ese temperamento nos lleva necesariamente a modificar tam-bién nuestra jurisprudencia sobre la materia en relación con los registros de la propiedad.” Allende v. Reg. de San Juan, See. Primera, supra, pág. 571.

En Muñoz v. Registrador de Caguas, 30 D.P.R. 70, si-guiendo el mismo razonamiento que en los casos de Becerra y de Allende, supra, se ordenó la inscripción de una hipoteca otorgada por una viuda sobre su mitad indivisa en un bien ganancial porque “la finca en cuestión ya había sido inscrita a nombre de doña Rosario Carrión presuntivamente como un bien ganancial por haberla adquirido a título oneroso du-rante el matrimonio.” No obstante haber ordenado la ins-cripción de la hipoteca, el Tribunal se expresó así:

“Insistimos en decir que la mejor práctica en estos casos es li-quidar debida y claramente la sociedad de gananciales y hacer la inscripción consiguiente en el registro. De este modo se fijan en forma más concreta y definitiva los derechos de los interesados, y se evitan dudas y complicaciones en el futuro.” Muñoz v. Registrador de Caguas, supra, pág. 72.

En Maldonado v. Registrador, 45 D.P.R. 841, tampoco se siguió “la mejor práctica” recomendada por el Tribunal en el caso de Muñoz, supra, y se ordenó la inscripción del tras-paso hecho por una esposa divorciada de su condominio y derechos indivisos en cierta parcela de terreno que había pertenecido a la sociedad de gananciales.

En sus Comentarios al artículo 1428 del Código Civil Español, sostiene Manresa que el criterio legal es que al ter-minarse por cualquier causa la sociedad de gananciales, las facultades que dentro de ella tenía el marido, cesan; y desde ese momento, los bienes que fueron adquiridos en concepto de gananciales no pertenecen ni al marido ni a la mujer, sino a la sociedad disuelta representada por todos los interesa-dos en dichos bienes. Y añade que no cabe afirmar que en esos bienes corresponde una mitad a la mujer y otra al ma-rido, pues lo que a cada cónyuge corresponde es una mitad en las ganancias, y éstas no pueden ser conocidas hasta tanto que no se liquide la sociedad. Esa, que sin duda alguna es “la mejor práctica,” ha sido aplicada por el Tribunal Supremo de España en la jurisprudencia citada por Manresa en sus Comentarios, volumen 9, páginas 734 a 737. Empero, en la misma página 737 del citado volumen el ilustre comen-tarista dice:

“La ley, pues, no prohibe en absoluto la enajenación de bienes gananciales durante la liquidación de la sociedad; pero para ga-rantía de los derechos de todos los interesados quiere que se cumplan las formalidades prevenidas en el art. 1030, a cuyo comentario nos remitimos.
“Se imponen las formalidades de la subasta, en defecto del con-sentimiento unánime de todos los interesados. Son interesados los cónyuges o el que de ellos sobreviva, y los herederos del otro, y los acreedores de la sociedad, si los hay, en cnanto no tengan cumpli-damente asegurado su derecho con hipoteca. Como no siempre existen tales acreedores, cuando no los hay basta la conformidad de los intere-sados conocidos, que lo son siempre el cónyuge viudo y los herederos del premuerto, justificando su carácter. Es más: en la práctica se admiten a inscripción los actos de enajenación o gravamen de bienes gananciales en estas condiciones, sin investigar si existen o no acree-dores, ya por no poder exigirse la prueba de esa condición negativa de -no existencia, ya por estimar que en todo caso quedan a salvo los derechos de los acreedores contra la sociedad.”

Como se ve, en España también han reconocido la nece-sidad de dar efectividad inmediata a la disolución de la so-ciedad de gananciales, permitiendo, como se ha permitido en nuestra Isla, la inscripción de las enajenaciones o graváme-nes de bienes gananciales, sin exigir la previa liquidación de la sociedad, siempre que en la inscripción que se practique se baga constar con toda claridad que la sociedad de ganan-ciales que existía entre los cónyuges a cuyo nombre aparece inscrito el inmueble no ha sido aún liquidada y que por con-siguiente la adquisición del inmueble o del gravamen o de-recho real sobre el mismo queda sujeta a las resultas de la liquidación que pueda más tarde practicarse. No creemos que pueda presentarse una seria objeción en contra del tem-peramento liberal adoptado por esta Corte Suprema, a par-tir de su decisión en Allende v. Reg. de San Juan, Seo: Pri-mera, supra. En realidad, la situación legal del acreedor mejora con la aplicación de esta regla. El acreedor cuyo crédito no está garantizado por gravamen sobre los bienes gananciales, no tiene protección alguna contra un traspaso bona fide que de sus bienes puedan hacer los cónyuges du-rante la existencia de la sociedad de gananciales. Al per-mitir a los cónyuges ya divorciados o al cónyuge sobrevi-viente que traspasen o graven los bienes gananciales, sin exigir la previa liquidación de la sociedad, pero con la con-dición de que el traspaso o gravamen se inscribirá con las reservas que ya hemos indicado, se está dando al acreedor una garantía que antes no tenía, pues ese acreedor podrá dirigirse contra esos bienes así inscritos y no tendrá que probar que el traspaso fué hecho sin que mediara justo pre-cio o causa suficiente.

Por las razones expuestas se revooa la nota recurrida y se ordena al Registrador recurrido que practique la inscrip-ción solicitada, haciendo constar en ella qu,e no habiéndose presentado constancia alguna de que la sociedad de ganan-ciales que existió entre los esposos vendedores haya sido li-quidada, la inscripción a favor de los esposos adquirentes se hace sil,jeta a las resultas de la liquidación de dicha disuelta sociedad de gananciales.

El Juez Asociado Señor Snyder no intervino.


text:
    Faustino Serrano López, peticionario, v. Hon. Luis Pereyó, Juez de la Corte de Distrito de Humacao, y Juan Antonio Torres García y Ruperto Serrano López, demandados.
    Núm. 1543.

    Sometido: Diciembre 20, 1943.

      Resuelto: Enero 13, 1944.

      Faustino R. Aponte, abogado del peticionario; F. González FaguncLo, abogado de los demandados en el pleito principal de tercería.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Faustino Serrano López, el aquí peticionario, radicó ante la Corte Municipal de Humaeao una demanda sobre tercería de dominio, contra Juan Antonio Torres y Ruperto Serrano López. La Corte Municipal dictó sentencia desestimando la demanda y condenando al demandante al pago de las costas. Dicha sentencia fué confirmada por la Corte de Distrito de Humacao. Y habiendo apelado el demandante para ante esta Corte Suprema, en diciembre 21, 1942, dictamos sentencia revocando la dictada por la Corte de Distrito de Humacao, declarando con lugar la demanda de tercería e imponiendo al demandado el pago de las costas. (Serrano v. Torres, 61 D.P.R. 162.)

Con posterioridad a la sentencia dictada por esta corte, en enero 7 de 1943, el demandante radicó ante la Corte de Distrito de, Hnmacao nn memorándum de costas, el cual fné impugnado por el demandado, quien alegó que la Corte de Distrito carecía de ¡jurisdicción para considerar dicho memo-rándum y aprobarlo o desaprobarlo. La corte de distrito dictó una resolución sosteniendo su jurisdicción para apro-bar el memorándum de costas y no conforme el- demandado apeló. En junio 18 de 1943 dictamos sentencia revocando la resolución recurrida-y devolvimos el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la opi-nión emitida por el Tribunal. (Serrano v. Torres, 62 D.P.R. 256.)

En julio 6, 1943, el demandante radicó ante la Corte Municipal de Humaeao un memorándum de costas ascendente a la suma de $59.50. La Corte Municipal dictó una resolución aprobándolo, pero reduciéndolo a la suma de $57.50. El de-mandado apeló para ante la Corte de Distrito de Humaeao y el demandante solicitó la desestimación de la apelación, siendo dicha moción dec arada sin lugar. En octubre 21, 1943, el demandante radicó ante esta Corte Suprema una so-licitud para la expedición de un auto de certiorari, en la que alega que la corte inferior cometió grave error de procedi-miento, por cuanto la ley que regula las apelaciones de las cortes municipales a las de distrito no concede apelación contra la resolución de una corte municipal aprobando un memorándum de costas.

Las apelaciones contra las sentencias o resoluciones dictadas por las cortes municipales no se rigen por las disposiciones del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, las cuales son aplicables exclusivamente a las apelaciones establecidas para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones dictadas por las cortes de -distrito. Es en la Ley de marzo 11 de 1908, titulada “Ley para Reglamentar las Apelaciones contra Sentencias de las Cortes Municipales en Pleitos Civiles” según ha quedado enmendada posterior-mente, y en el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil que debemos encontrar, si es que existe, el derecho de la parte perdidosa a recurrir para ante la corte de distrito contra la resolución de una corte municipal aprobando o des-aprobando un memorándum de costas.

El artículo 1 de la Ley de marzo 11 de 1908 (Comp. 1911, Sees. 5332-37), según ha sido enmendada, dispone que “cuando una corte municipal hubiere dictado sentencia en un asunto civil, resolviéndolo definitivamente, cualquiera de las partes que se creyere perjudicada, podrá interponer re-curso de apelación para ante la corte de distrito”, y conti-núa diciendo:

“Disponiéndose*, que en todos los casos en que se pueda establecer el recurso de apelación según lo previsto en esta sección, será deber del Secretario de la Corte enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse sentencia o resolución apelable-, una notificación escrita informándole a dicha parte perjudicada que tal sentencia o resolución ha sido dictada; etc.” (Bastardillas nuestras.)

El artículo 3 de la citada ley provee que en la vista de la apelación ante la Corte de distrito el tribunal, “a instan-cia del apelante, revisará y tomará en consideración cuales-quiera providencias, resoluciones o autos por los cuales se creyere aquél perjudicado.” Y el artículo 4 dispone que el secretario de la corte de distrito enviará copia certificada de la sentencia a la corte municipal, y que “de allí en adelante, toda la tramitación para hacer efectiva la sentencia se lle-vará en la corte municipal, como si dicha sentencia hubiere originado en ella.”

El artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la Ley de 19 de noviembre de 1917 ((2) pág. 229), disponía que el memorándum de costas debe ser presentado al Secretario de la Corte en que se hubiere dic-tado sentencia en primera instancia, y proveía, además, qne “Contra las resoluciones de la Corte resolviendo impugna-ciones hechas a un memorándum de costas se podrá apelar por la parte o por su abogado.”

El artículo 340 del mismo Código dispone que siempre que una corte de apelación conceda costas a una parte, ésta deberá presentar un memorándum a la corte inferior de acuerdo con el artículo 339.

La Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936 ((1) pág. 353) enmendó el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil para que leyera así:

“El memorándum de costas debe ser presentado dentro de los diez (10) días después de notificada la sentencia, y cualquier opo-sición del mismo dentro de los cinco (5) días subsiguientes. Dentro de los diez (10) días después de la resolución, de la corte sobre el memorándum de costas cualquiera de las partes puede apelar para ante el Tribunal Supremo y la apelación será tramitada conjunta-mente con cualquiera apelación que haya sido establecida contra la sentencia principal; disponiéndose, que en caso en que no se haya establecido apelación de la sentencia principal, podrá siempre ape-larse del memorándum de costas.” (Itálicas nuestras.)

Ya hemos visto que la Ley de marzo 11 de 1908 (art. 3) concede a la parte perjudicada por una providencia o reso-lución dictada por una corte municipal durante la tramita-ción de un pleito una oportunidad de que la misma sea re-visada por la corte de distrito en la vista de la apelación contra la sentencia principal.

En el caso de autos el recurso de apelación ha sido in-terpuesto contra una resolución aprobando un memorándum de costas concedidas al apelante por sentencia de esta Corte Suprema. El artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, en su forma original, fué interpretado en el sentido de que la resolución dictada por una corte municipal en rela-ción con un memorándum de costas era apelable.

¿Es susceptible dicho artículo 339, en la forma en que ha quedado enmendado por la Ley 69 de 1936, de esa misma in-terpretación? Opinamos que no.

El artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable solamente al memorándum de costas que se somete a la aprobación de la corte de distrito. El artículo, en su forma enmendada, al disponer que “ dentro de los diez (10) días después de la resolución de la corte sobre el memorán-dum de costas cualquiera de las partes puede apelar para ante el Tribunal Supremo” limita ese derecho de apelación a los casos en que el memorándum ha sido aprobado por una corte de distrito y no incluye por lo tanto Tos casos en que la aprobación ha sido impartida por una corte municipal.

Procede, por lo expuesto, declarar con lugar él recurso y revocar la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

text:
    Andrea Padilla Díaz, demandante y apelada, v. Carlos García de Quevedo, demandado y apelante.
    Núm. 8679.

    Sometido: Noviembre 5, 1943.

      Resuelto: Enero 13, 1944.

      E. Martínez Rivera, abogado del apelante; Víctor M. Marchan, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante es un farmacéutico que preparó, envasó y vendió un purgante de citrato de magnesia y lo envió con un mensajero a la residencia de los esposos Fernández, en Santurce, que lo habían solicitado. Allí lo recibió la deman-dante. Andrea Padilla y al momento de tenerlo en sus manos, estalló la botella conteniendo el citrato y como consecuencia sufrió una herida en el ojo izquierdo del cual ha perdido el 70 por ciento de visión. Basado en estos hechos alegó en su demanda sobre daños y perjuicios “que la citada explosión de la botella se debió única y exclusivamente a la negligen-cia del demandado al no preparar el purgante y envasarlo con el debido cuidado, de acuerdo con las reglas que provee la farmacopea.” La corte inferior, después de oír la prueba de ambas partes, declaró con lugar la demanda y condenó al demandado a pagar $600 y las costas. El demandado esta-bleció el presente recurso y en su apoyo hace cuatro señala-mientos de error. Los consideraremos por su orden.

1. Sostiene el apelante que la corte sentenciadora erró al considerar debidamente identificado y al admitir como prueba el exhibit núm. 1 de la demandante que consiste en pedazos de una botella.

La prueba, creída por la corte, demostró que al estallar la botella de citrato en la mano de la demandante los vidrios cayeron parte en el piso de la galería y parte en el patio de la entrada posterior de la casa de los esposos Fernández; que se recogieron los del piso y el mensajero del demandado se los llevó y que al darse cuenta de este hecho la señora Fernández con su sirvienta recogieron los que estaban en el patio. Dichos vidrios fueron identificados y en relación con ellos la demandante declaró que la botella de citrato que ella tuvo en sus manos, aunque estaba envuelta en un papel, no era redonda sino que era una botella “cuadrada” o “con esquinas”.

Al admitir los vidrios de la botella la corte dijo:

“Juez: La Corte cree que si bien la prueba de identificación no es una prueba incontrastable y es más bien circunstancial, que hasta ahora merece crédito, es prueba que tiende a identificar esa botella como la que entregó el mensajero. En manos de la demandada está convencer a la Corte de que ésa no es la loot ella y hasta tanto no se demuestre a la Corte lo contrario, la Corte declara sin lugar la objeción y admite la evidencia.” (Bastardillas nuestras.)

Arguye el apelante que: “Entendió la corte que no era a la demandante a la que incumbía establecer que los cristales ofrecidos como prueba pertenecían a la botella usada por el demandado. Esto es contrario a todas las reglas y principios de evidencia. ’ ’

Si de las palabras del juez solamente se lee la parte sub-rayada por nosotros, podríamos admitir que esta aseveración del apelante podría ser correcta. Empero, leyendoas en conjunto, el significado de sus palabras es muy distinto. Afirma que ya tiene la certeza moral de que los vidrios han sido debidamente identificados, y por eso los admite en evi-dencia; pero que si el demandado le prueba o demuestra que ésos no son los pedazos de botella, entonces rectificaría. Estamos convencidos de que la corte nunca tuvo en mente transferir, ni mucho menos transfirió de facto, el peso de la prueba a las manos del demandado. No se cometió el primer error señalado.

2 y 3. Tampoco el segundo y el tercero por los cuales sostiene el apelante que la corte inferior resolvió que la teoría de res ipsa loquitur era aplicable a la prueba ofrecida por la demandante y por ese motivo desestimó la moción de non suit formulada por el demandado y al hacerlo dijo le incumbía “demostrar que él no fué el que tuvo la culpa en un caso en que aparentemente algo que él hizo o dejó de hacer fué lo que causó el daño.”

Si bien es cierto que esto ocurrió, no lo es menos el hecho de que, después de haber el demandado presentado su prueba, la corte, al resolver el caso hizo constar en su opinión lo siguiente:

“Nos parece clara la negligencia del demandado. Utilizó una botella de menos resistencia que aquella que las normas de prudencia de su profesión aconsejan como envase para citrato de magnesia. Sostiene el demandado que, aun así, la resistencia de la botella uti-lizada era suficiente. En apoyo de su contención realizó un expe-rimento que dejó establecido que no siempre explota el citrato enva-sado en botellas del tipo que él utilizó. Así ocurre con muchos actos de descuido; no sobreviene necesariamente daño si no median otras circunstancias. Y en el caso de la explosión de una botella de citrato, entre las circunstancias que pueden hacer que una botella inadecuada explote y otra igual o parecida no explote, están, por ejemplo, las de diferencias de temperatura, diferencias en la cantidad o calidad del contenido de cada botella, y diferencias en la resistencia exacta de cada botella. La prudencia exige se utilice para envasar bebidas gaseosas una botella cuya resistencia ofrezca cierto margen de seguridad, y el demandado no utilizó el tipo de botella que su profesión indica como contentiva de ese margen de seguridad. Uti-lizó una botella de inferior resistencia, y el así hacerlo fué negligente.
“Establecida la negligencia del demandado por las alegaciones y la prueba, es inaplicable al caso la doctrina de res ipsa loquitur, la cual sirve para establecar la inferencia de negligencia en casos en que no hay prueba que demuestre el acto específico de negligencia. Véase Rodríguez v. White Star Line, 54 D.P.R. 310 y los casos allí citados. ’ ’

De manera que el caso fue resuelto no a base de la regia de res ipsa loquitur sino por haberse probado, a juicio de la corte, el acto específico de negligencia alegado en la demanda, a saber, el no haber envasado el purgante con el debido cui-dado, de acuerdo con las regias que provee la famacopea. No creemos necesario exponer de nuevo el alcance y aplicación de la doctrina sobre res ipsa loquitur, pues recientemente lo hemos hecho en los casos de Rodríguez v. White Star Bus Line, 54 D.P.R. 310 y Hermida v. Feliciano, 62 D.P.R. 55, y a lo allí dicho nos remitimos.

4. En el último señalamiento alega el apelante que la corte sentenciadora erró al estimar y resolver, por el peso de la prueba, que el demandado fue culpable de negligencia.

Se probó por los peritos de una y otra parte que la farma-copea americana exige que se use “a strong bottle of suitable capacity” para envasar un citrato de magnesia; que se fa-brica una clase especial de botellas para dicho fin, del tipo redondo admitido como exhibit núm. 2 de la demandante; que asimismo se fabrican botellas, llamadas de prescripción, del tipo cuadrado como el exhibit núm. 3 de la demandante, que es igual o parecido al tipo cuadrado a que corresponden los vidrios (exhibit núm. 1, demandante), de la botella que se usó para envasar el citrato en este cas.o; que las botellas re-dondas de citrato generalmente usadas por los farmacéuticos son más fuertes y ofrecen un margen de seguridad mayor que la botella usada en este caso por el demandado. De acuerdo con esta prueba no erró la corte al resolver que el demandado fué negligente al usar una botella “de menos resistencia que aquella que las normas de prudencia en.su profesión aconse-jan” y que “Es evidente que la botella se rompió porque la presión del gas que contenía excedió la resistencia de sus pa-redes. ’ ’

No tiene razón el apelante al sostener que, existiendo otras causas que pudieron ocasionar la explosión de la botella, tales como un golpe externo, agitación exagerada, variación de las condiciones normales de la. temperatura, defecto aparente u oculto en el envase, uso excesivo de ingredientes en la prepa-ración del citrato, la corte inferior no podía declarar probada la negligencia del demandado mientras no se eliminaran to-das y cada una de dichas causas. Empero, es que -la corte sentenciadora eliminó, de acuerdo con la prueba a que dió crédito, dichos factores, diciendo: “Sabemos que no hubo golpe externo, ni agitación exagerada, y el demandado nos asegura que no utilizó cantidad excesiva de ingrediente al-guno. No hay prueba de que la presión externa o la tempe-ratura, fuese anormal, ni de que adoleciera la botella de al-gún defecto.” Esta conclusión está sostenida por la prueba y no estamos justificados en variarla. Eliminados dichos factores sólo quedó el de la resistencia inadecuada de la bo-tella usada. La omisión negligente del demandado al no utili-zar una botella fuerte, de tipo redondo, especialmente fabri-cada para citratos, fue la causa del accidente y es suficiente para hacerle responsable de los daños causados. ()

El farmacéutico ocupa una posición de alta responsabilidad en sus relaciones con el público. Está obligado a actuar en todo momento con el más alto grado de cuidado. Cualquier descuido, por pequeño e insignificante que de momento parezca, puede acarrear daños graves e irreparables a una persona inocente que no tiene los medios de prevenirse o defenderse. Como se dijo en el caso de Hoar v. Rasmusen, 282 N. W. 652, 654 (1938): “Las circunstancias que rodean la profesión de un farmacéutico exigen el ejercicio de un alto grado de cuidado y eficacia, tal cuidado y eficacia como una persona de ordinaria prudencia ejercería bajo las circunstancias, el más alto grado de cuidado y eficacia consistente con la manera razonable de condkicir el negocio. El efecto de una equivocación puede ser rápido y desastroso.” (Bastardillas nuestras.).

El demandado sabía qne la farmacopea exigía el nso de nna botella fuerte para envasar citratos. Tenía en su far-macia botellas del tipo especial redondo usadas para dicho fin. Empero, por un descuido negligente usó una botella más frá-gil que estalló ocasionándole la seria y permanente lesión a la demandante quien ha perdido el 70 por ciento de la visión en uno de sus ojos. Es por tanto responsable del daño cau-sado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

      (1) El caso cumbre sobre la materia, pero aplicando las reglas del derecho común, es el de MaoPherson v. JBmolc Co., 217 N. Y. 382, 111 N. E. 1050 (1916), en el cual el Juez Cardozo escribió una de sus más famosas y comen-tadas opiniones. Véase Bohlen “Eifty Tears of Torts”, 50 Harv.- L. Rev. 1235, y Seavey "Mr. Justice Cardozo and The Law of Torts”, 52 Ilarv. L. Bev. 372.