source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Juez Asociado Señor Martínez Torres,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Jeffrey Hernández García, peticionario.

      Número: AC-2011-135

      Resuelto: 17 de septiembre de 2012

      Ramón A. Pérez González y Félix Rivera Carrero, abogados de la parte apelante; Liza M. Durán Ortiz, procuradora general auxiliar, y Jeanette M. Collazo Ortiz, subprocuradora general, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opi-nión del Tribunal.

Mediante el presente caso interpretamos la reciente Ley Núm. 243-2011, que introdujo importantes enmiendas a la Ley Núm. 266-2004, conocida como Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores.

Así, determinamos el efecto de algunas de esas enmien-das sobre una persona cuyo nombre fue inscrito en el refe-rido registro, como consecuencia de haberse declarado culpable por el delito de maltrato de menores que establece el Art. 75 de la Ley Núm. 177, infra, pero cuya causa fue sobreseída después de haber cumplido con el programa de desvío que provee el Art. 80 de la propia Ley Núm. 177, infra. Además, pautamos si tales enmiendas deben tener efecto retroactivo.

I

En Sr. Jeffrey Hernández García (peticionario) fue acu-sado por infracción del Art. 75 de la Ley Núm. 177-2003, conocida como Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. En la acusación, únicamente se alegó que el peticionario maltrató a su hija de un año al insul-tarla verbalmente. Así las cosas, el peticionario suscribió un preacuerdo con el Ministerio Público mediante el cual hizo alegación de culpabilidad y recibió el beneficio del pro-grama de desvío dispuesto en el Art. 80 de la Ley Núm. 177, supra. Conforme a ello, el Tribunal de Primera Ins-tancia paralizó los procedimientos y concedió al señor Her-nández García el privilegio de la libertad a prueba por el término de un año.

Una vez el peticionario cumplió con el desvío, el Tribunal de Primera Instancia archivó el caso y ordenó su sobreseimiento. Sin embargo, y como consecuencia del pro-ceso, el nombre del peticionario fue incluido en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores (Registro), creado por la Ley Núm. 266-2004. Posteriormente, y a solicitud del peticionario, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Superintendente de la Po-licía que devolviera al peticionario las huellas dactilares y fotografías que se le tomaron como parte de la investiga-ción criminal realizada. A pesar de dicha orden, cada año la Policía continuó tomándole las huellas dactilares y fotogra-fías al peticionario. Ante esta situación, el señor Hernán-dez García acudió al Tribunal de Primera Instancia y soli-citó que se le ordenara a la Policía que se abstuviera de tomarle fotos y huellas dactilares cada año y, además, que se eliminara su nombre del Registro.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Pri-mera Instancia celebró una vista argumentativa sobre la solicitud del peticionario en la que determinó su elimina-ción del Registro. No obstante, el Ministerio Público pre-sentó una moción de reconsideración en la cual argumentó que, según decisiones recientes del Tribunal de Apelacio-nes, el señor Hernández García se debía considerar como "convicto” de acuerdo con la Ley Núm. 177, supra, por lo que el peticionario debía permanecer en el Registro. Luego de evaluar los argumentos de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la que deter-minó que ciertamente el peticionario debía permanecer en el Registro.

Inconforme con la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el señor Hernández García presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari en el cual solicitó la revocación de la resolución. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó al Tribunal de Primera Ins-tancia fundamentado en que la alegación de culpabilidad del peticionario por el delito de maltrato de menores —Art. 75 de la Ley Núm. 177, supra— había que considerarla como una convicción, aunque la persona se haya benefi-ciado del programa de desvío. Por lo tanto, el peticionario debía permanecer en el Registro. Específicamente, el Tribunal de Apelaciones señaló lo siguiente:

A la luz del análisis realizado, concluimos que el peticiona-rio es un convicto, bajo las disposiciones de la Ley [Núm.] 177 y que no procede que este Tribunal, por fiat judicial, esta-blezca excepciones no contempladas en el estatuto. La Ley Núm. 266 no contempla excepciones ni concede discreción al Tribunal para eximir a determinados convictos del requisito de registrarse.

En desacuerdo con la decisión del Tribunal de Apelacio-nes, el señor Hernández García presentó un recurso de apelación ante esta Curia en el que señaló, en síntesis, que había errado el foro apelativo intermedio al determinar que este era un convicto según las disposiciones de la Ley Núm. 177, supra, y que, por lo tanto, debía permanecer en el Registro.

Ahora bien, estando el recurso en turno para considera-ción de esta Curia, el 27 de enero de 2012, la Oficina del Procurador General compareció mediante una Moción de desestimación por academicidad. A través de esta moción, el Procurador General señaló que mediante la aprobación de la Ley Núm. 243, supra, el estado de derecho en la Ley Núm. 177, supra, cambió, concediéndole al peticionario lo que este solicita y, por lo tanto, haciendo académico su recurso. No obstante, decidimos atender la Moción de des-estimación por academicidad que presentó el Procurador General como una en la cual se allana a lo solicitado en el recurso de certiorari Siendo así, y de acuerdo con la Re-gla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 183 D.P.R. 386, 484 (2011), resolvemos.

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A. Ley Núm. 177-2003 conocida como Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez

La Ley Núm. 177, supra, renfocó la política pública en Puerto Rico hacia la concertación de esfuerzos privados, comunitarios, familiares y gubernamentales con énfasis en la reunificación y el fortalecimiento de las familias. El Art. 3 de esta ley creó, como nueva política pública del Estado, asegurar el mejor interés, la protección y el bienestar integral de la infancia y la adolescencia, y que, en el deber de asegurar ese bienestar, se deben pro-veer oportunidades y esfuerzos razonables que permitan conservar los vínculos familiares y comunitarios cuando ello no les perjudique.

Como parte de esa política protectora, la Ley Núm. 177, supra, tipificó delitos, impuso penalidades, y creó medidas y mecanismos protectores necesarios para proteger a los menores. Esta legislación establece un procedimiento dirigido a velar por el bienestar de los menores al tiempo que propende a la rehabilitación de los padres para que éstos puedan ejercer su deber correctamente. Relacionado con la consecución de esa rehabilitación, el Art. 80 de la Ley Núm. 177, supra, estableció un procedimiento de desvío que tienen disponible —a discreción del tribunal— aquellos primeros transgresores de esta ley. En lo pertinente, este artículo dispone que

[e]n cualquier caso en que una persona que no haya sido pre-viamente convicta por violar las disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley de Puerto Rico o de los Estados Unidos re-lacionada con conducta maltratante hacia menores, incurra en conducta tipificada como delito en esta Ley, el tribunal podrá, motu propio o a solicitud de la defensa o del Ministerio Fiscal, después de la celebración del juicio y sin que medie una con-vicción, o luego de hacer una alegación de culpabilidad, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a un programa de desvío para la reeducación y readiestramiento de personas que incurren en conducta maltratante contra meno-res. ...
Si la persona beneficiada del programa de desvío que esta-blece este Artículo cumple a cabalidad con las condiciones im-puestas como parte del mismo, el Tribunal podrá, en el ejerci-cio de su discreción y previa celebración de vista, ordenar el sobreseimiento del caso en su contra. El sobreseimiento bajo este Artículo se realizará sin pronunciamiento de sentencia del tribunal, pero éste conservará el expediente de la causa con carácter confidencial, no accesible al público y separado de otros récords, a los fines exclusivos de ser utilizado por los tribunales al determinar si en procesos subsiguientes la persona cualifica para el beneficio provisto en este Artículo.
El sobreseimiento del caso no se considerará como una con-vicción a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito y la persona cuyo caso haya sido sobreseído tendrá de-recho a que el Superintendente de la Policía le devuelva cua-lesquiera récords de huellas digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de Puerto Rico tomadas en relación con la violación de ley por la cual fue procesado.

Ahora bien, el Art. 80 de la Ley Núm. 177, supra, creó interpretaciones inconsistentes sobre lo que se consideraba un “convicto” para efectos de la ley. Por ejemplo, un panel del Tribunal de Apelaciones interpretó que “convicto” era solamente aquella persona contra la cual se había dictado un fallo de culpabilidad e imponía una sentencia y, por lo tanto, aquel que disfrutaba de un desvío no se podía consi-derar convicto para ser inscrito en el Registro. Por otro lado, otros paneles del foro apelativo intermedio interpre-taron que las personas que hacían alegación de culpabili-dad y recibían el beneficio del programa de desvío de la Ley Núm. 177, supra, se consideraban convictos y, por lo tanto, estaban obligados a estar inscritos en el Registro.

B. Ley Núm. 266-2004 conocida como Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menoresi

El 29 de julio de 1994, en una pequeña comunidad central del estado de Nueva Jersey, Jesse Timmendequas violó y asesinó a Megan Kanka, una niña de siete años quien —junto a sus padres— era su vecina. Al momento del ase-sinato de esta niña, ya Timmendequas contaba con dos convicciones previas por delitos sexuales contra menores. En aquel entonces, este terrible crimen acaparó la atención nacional, principalmente porque los padres de la pequeña Megan iniciaron una campaña para presionar a la legisla-tura de Nueva Jersey a que aprobaran una ley mediante la cual a los ciudadanos se les notificara de la presencia de ofensores sexuales en su comunidad. Así, en octubre 31 de 1994, la legislatura de Nueva Jersey aprobó una ley que requiere la creación de un registro de ofensores sexuales en ese estado, haciendo además obligatorio notificar a los re-sidentes de las comunidades sobre la presencia de este tipo de convicto.

Después de la acción que tomó el estado de Nueva Jersey, muchos estados copiaron la iniciativa estableciendo re-gistros de ofensores sexuales según sus propios términos y parámetros. En 1994, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offenders Registration Ací (conocida como Megan’s Law), mediante la cual se estimuló a que los estados aprobaran leyes que establecieran este tipo de registros. Desde entonces, y ante la presión tanto de la opinión pública como del Congreso de Estados Unidos, cada estado ha adoptado alguna versión de la Megan's Law.

Así, el 9 de septiembre de 2004 se aprobó en Puerto Rico la Ley Núm. 266, supra, que creó el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores. El propósito de este registro es proteger a la comunidad contra actos de abuso sexual y abusos contra menores, además de servir como un medio para garantizar la seguridad, la protección y el bienestar general. Así se señala claramente en su exposición de motivos al indicar que “el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y a las víctimas de delito”. Y es que existe un patente peligro de reincidencia en la comisión de delitos que implican crímenes sexuales o que constituyen abuso contra menores, lo que representa un riesgo y se puede traducir en graves daños a las posibles víctimas.

A consecuencia de lo anterior, la Asamblea Legislativa entendió que existía la necesidad de que, tanto las agencias de orden público como la comunidad, conozcan el paradero de aquellas personas que han sido convictas de delitos de esta naturaleza. En armonía con todo lo anterior, el Art. 1 de esta ley dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Ante el peligro que representa que la persona convicta por delitos de esta naturaleza incurra nuevamente en esa conducta [,] y ante el riesgo que puede representar y el daño que puede causar una persona con tendencia irreprimida de cometer delitos sexuales!,] es necesario establecer un Registro en el que se anote su dirección y que contenga información sobre su persona y otros datos relevantes. Por medio de este Registro se mantendrán informadas todas las personas o enti-dades que lo soliciten, sobre el paradero de aquellas personas que han sido convictas de delitos sexuales o abuso contra me-nores, según se definen estos términos en la Ley, cuando éstas se reintegren a la libre comunidad. El Registro que se crea mediante esta Ley no tiene un propósito punitivo; es un medio para garantizar la seguridad, protección y bienestar general de los sectores más vulnerables y merecedores de protección de nuestra sociedad. (Enfasis suplido).

C. Ley 243-2011

Recientemente, se aprobó la Ley Núm. 243-2011, con el propósito de enmendar la Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, Ley Núm. 266, supra. En la Exposición de Motivos de la ley, la Asamblea Legislativa explicó que esta se creó para atemperar la Ley Núm. 266, supra, a las disposiciones de la Ley Federal Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006, también conocida como Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA). En su Exposición de Motivos, la Ley Núm. 243 dispone lo siguiente:

La Ley [SORNA] de 2006 establece unas obligaciones míni-mas a los estados y territorios de los Estados Unidos, con res-pecto al registro de personas convictas por delitos sexuales. En particular, dicho estatuto establece una revisión completa de los estándares nacionales para el registro y notificación de los ofensores sexuales, designada para fortalecer y aumentar la efectividad del registro para la seguridad del público. Además, sus disposiciones deberán ser implementadas en todas las ju-risdicciones de Estados Unidos de América, los cincuenta (50) estados, los territorios, incluyendo a Puerto Rico y las nacio-nes indígenas federalmente reconocidas. Entre las disposicio-nes sobresalientes de esta legislación federal se encuentra el establecimiento de unas guías mínimas publicadas por el De-partamento de Justicia Federal para ser cumplidas por todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Las guías revisadas fue-ron aprobadas el 2 de julio de 2008. Federal Register Vol. 73, No. 128. Estas guías establecen unos estándares mínimos de cumplimiento. Sin embargo, no prohíbe que los estados, sus territorios y las naciones indígenas adopten medidas adiciona-les más estrictas que suplementen las guías.

En lo pertinente al caso de autos, la Ley Núm. 243, supra, enmendó la Ley Núm. 266, supra, añadiendo nuevas definiciones y, en específico, estableciendo tres clasificacio-nes de lo que se considerará un “ofensor sexual” para efec-tos del Registro de la Ley Núm. 266, supra. Además, se dispone sobre los deberes de la persona incluida en el Re-gistro y los deberes de las agencias que mantienen la infor-mación del Registro actualizada.

D. Art. 1 de la Ley Núm. 243, supra

Para aclarar concluyentemente quién se considera “convicto” para efectos del Registro, la Ley Núm. 243, supra, definió por primera vez este término. Así, el Art. 1 de la Ley Núm. 243 enmendó el Art. 2 de la Ley Núm. 266 para establecer que “convicto” es toda persona convicta por algún delito, sus tentativas o conspiraciones, según establecidos en la propia ley, e incluye, además, a “toda persona que disfrute de libertad bajo palabra, condicionada, libertad a prueba o algún método de cumplimiento alterno de la pena de reclusión, por los delitos, sus tentativas o conspiraciones, establecidas en esta Ley”. (Enfasis suplido). Quiere decir, entonces, que se considerará convicto a toda persona que cumpla según cualquier método alterno la pena de reclusión, como es el programa de desvío establecido en la Ley Núm. 177, supra. Además, y como adelantamos, el Art. 1 de la Ley Núm. 243 también enmendó el Art. 2 de la Ley Núm. 266 para establecer quién se considerará un “ofensor sexual”, estableciendo tres cla-sificaciones basadas en el delito sexual cometido: ofensor sexual tipo I, ofensor sexual tipo II y ofensor sexual tipo III.

Por otra parte, y muy pertinente al caso de autos, el Art. 2(8)(iii) de la Ley Núm. 266, supra, según enmendada, ahora dispone que se considerará un ofensor sexual tipo I aquella persona que incurra en el “[d]elito de maltrato a menores, según establecido en los Artículos 75 y 76 de la Ley Núm. 177-2003, según enmendada, cuando se incurre en conducta constitutiva de abuso sexual”. (Enfasis suplido). De manera que, una persona que infringe el Art. 75 de la Ley Núm. 177, supra, se considerará ofensor sexual tipo I y se registrará en el Registro únicamente si su conducta constituyó abuso sexual.

E. Art. 2 de la Ley Núm. 243, supra

El Art. 2 de la Ley Núm. 243, supra, enmendó el Art. 3 de la Ley Núm. 266, supra, para establecer cuáles personas tendrán ahora la obligación de aparecer en el Registro. En lo pertinente, este artículo dispone que se re-gistrarán los ofensores sexuales tipo I, ofensores sexuales tipo II y ofensores sexuales tipo III. Además, el inciso (c) de este mismo artículo expresa que también se registrarán las personas convictas que disfrutan de algún método alterno de cumplimiento de la pena de reclusión por haber come-tido alguno de los delitos enumerados en el Art. 3 de la Ley Núm. 266, supra, según enmendada Sin embargo, en su inciso (d), este artículo también dispone que serán regis-tradas

[Z]as personas que al momento de la aprobación de esta Ley se encuentren recluidas o participando de algún programa de desvío, tratamiento o rehabilitación de la Administración de Corrección, o que posterior a la aprobación de esta Ley sean sometidos a dichos programas, por la comisión de alguno de los delitos enumerados o sus tentativas o conspiraciones en el Artículo 2 de esta Ley. Disponiéndose que en estos casos, una vez el acusado cumpla con las condiciones impuestas por el Tribunal, y éste ordene el sobreseimiento de la acción criminal, según lo disponen las leyes pertinentes a dichos programas, el Sistema eliminará la inscripción del acusado en el Registro aquí establecido. (Énfasis suplido).

De lo anterior podemos colegir que a partir de la apro-bación de la Ley Núm. 243-2011, una vez la persona cum-ple con el programa de desvío y el tribunal ordena el sobre-seimiento de la acción criminal, se deberá eliminar su nombre del Registro.

F. Art. 15 de la Ley Núm. 243, supra

El Art. 15 de la Ley Núm. 243, supra —“Vigencia”— tiene como propósito establecer cuándo comenzarán a regir todas las enmiendas que el estatuto introduce a la Ley Núm. 266, supra, señalando que éstas tendrían vigencia inmediata a la aprobación de la ley. No obstante, este artículo también establece que las disposiciones de esa ley —con la excepción de dos instancias— podrán tener efecto retroactivo. Al utilizar la palabra “podrán” es evidente que el legislador parece haberle imprimido un carácter discrecional a la aplicación retroactiva de todas aquellas disposiciones que expresamente éste no exceptuó. Así también lo reconoce el Procurador General en su Moción de desestimación por academicidad, al hablar del “efecto retroactivo discrecional de la Ley Núm. 243”. (Enfasis en el original).

Ahora bien, el Art. 9 del Código Penal de 2004 establece el principio de favorabilidad. Este artículo dis-pone sobre la aplicación retroactiva de una ley penal que favorece a una persona imputada de delito. En lo pertinente, el Art. 9 dispone lo siguiente:

(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es dis-tinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna.
(b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o ala medida de seguridad o al modo de ejecutarlas, se aplicará retroactivamente.
(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el he-cho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de es-tar recluida o en restricción de libertad. (Énfasis suplido).

El principio de favorabilidad establece que si una ley penal se aprueba posterior a la comisión de unos hechos delictivos, y sus efectos resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, ésta se debe aplicar retroactivamente, de modo que el acusado disfrute de sus beneficios. No obstante, hemos señalado que el principio de favorabilidad no tiene rango constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de las leyes penales que favorezcan al acusado queda dentro de la prerrogativa total del legislador. Siendo así, es permisible restringir su alcance mediante legislación. Por eso, para poder aplicar retroactivamente un nuevo estatuto penal en beneficio de un ciudadano —principio de favorabilidad— debemos, en primer lugar, determinar si el legislador no ha limitado tal alcance.

III

En el presente caso, luego de que el peticionario Her-nández García presentara su petición de apelación ante esta Curia, entraron en vigor las enmiendas a la Ley Núm. 266, supra, introducidas por la Ley Núm. 243, supra. Entre los cambios incorporados por esta ley se encuentra el que, al definir la palabra “convicto” en el marco de la Ley Núm. 266, el legislador aclaró que una persona que dis-frute de libertad bajo palabra, condicionada, libertad a prueba o algún método de cumplimiento alterno de la pena de reclusión se considerará convicto. Por lo tanto, en el caso de autos el foro a quo tenía razón al interpretar que las personas que hacían alegación de culpabilidad y reci-bían el beneficio del programa de desvío de la Ley Núm. 177, supra, se consideran convictos.

Por otro lado, y como vimos, la enmienda a la Ley Núm. 266, supra, también creó un sistema de clasificación que establece que si una persona ha infringido el Art. 75 de la Ley Núm. 177, supra, se clasificará como un ofensor sexual tipo I siempre y cuando incurra en conducta que constituya abuso sexual. Al introducir esta enmienda, el legislador no sólo define por primera vez la figura del ofensor sexual para efectos del Registro y establece gradaciones relaciona-das a ésta, sino que aclara su alcance en el contexto de los artículos 75 y 76 de la Ley Núm. 177, supra, señalando que la convicción que requerirá inscripción es aquella constitu-tiva de abuso sexual. Tal limitación no existía en la Ley Núm. 266, supra, antes de esta enmienda, pues el estatuto no especificaba que la conducta que infringía el Art. 75 de la Ley Núm. 177, supra, tenía que constituir abuso sexual.

Sin embargo, en cuanto al Art. 3 de la Ley Núm. 266-2004, según enmendado por la Ley Núm. 243-2011, en-mienda que permite ahora la eliminación del Registro de aquellos ciudadanos cuyas causas hayan sido sobreseídas como consecuencia de haber cumplido con un programa de desvío, es claro que las circunstancias particulares del pe-ticionario Hernández García no están contenidas en el estatuto. Esto, pues “al momento” de la aprobación de la enmienda, el peticionario no se encontraba participando del programa de desvío de la Ley Núm. 177, sino que lo había completado y se había sobreseído la causa criminal en su contra. Como resultado de lo anterior, y a pesar de la discreción que el legislador otorgó a los tribunales para aplicar la nueva enmienda en favor del ciudadano, éste no incluyó las circunstancias particulares del aquí peticionario.

Una circunstancia parecida ocurre con la aplicación de la enmienda que hizo la Ley Núm. 243-2011 al Art. 2(8)(iii) de la Ley Núm. 266. Aunque el legislador dejó fuera de la definición de “convicto” para efectos de la Ley Núm. 266 el delito por el cual el aquí peticionario hizo alegación de cul-pabilidad, nada dispuso con relación a aquellas personas que, como Hernández García, estuvieran inscritos como consecuencia de delitos que pudieran haberse entendido como incluidos en la ley, pero que ya sin duda no lo están.

Por otro lado, es un hecho que la inscripción de una persona en el Registro creado por la Ley Núm. 266-2004, supra, surge como consecuencia obligada de una convicción por alguno de los delitos que expresamente establece la ley, y como parte del acto de lectura de sentencia que se dicta en su contra. Sin embargo, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, ex-presa claramente que el Registro no tiene un propósito punitivo. Esto es, la intención del Estado al ordenar que como parte de su sentencia una persona convicta sea inscrita en el Registro no constituye un castigo. No empece lo anterior, es evidente que una persona cuyo nombre aparece inscrito en el referido Registro se perjudica al sufrir el des-crédito que implica ser identificado pública y constante-mente como un ofensor sexual o maltratante de menores, y al padecer del estigma social que inevitablemente ello aca-rrea; ciertamente las consecuencias son muy negativas. Como señaló el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Smith v. Doe, 538 U.S. 84, 99 (2003): “The publicity [of the sex offender registration] may cause adverse consequences for the convicted defendant, running from mild personal embarrassment to social ostracism”. (Este es el caso en el que el Tribunal Supremo federal sostuvo la constituciona-lidad a nivel federal de los registros de ofensores sexuales {Megan’s Law) ante el planteamiento de que violaban la cláusula ex post facto de la Constitución Federal).

Ahora bien, si el propósito del Registro no es punitivo, ¿a qué obedece entonces su implantación? Nuevamente, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, supra, así como el primer artículo de la propia ley nos proveen la contestación a tal interrogante al seña-larnos que el Registro “es un medio para garantizar la se-guridad, protección y bienestar general de los sectores más vulnerables y merecedores de protección [en] nuestra sociedad”. Esto es, “[a]nte el peligro que representa que la persona convicta por delitos de esta naturaleza incurra nuevamente en esa conducta y ante el riesgo que puede representar y el daño que puede causar una persona con tendencia irreprimida de cometer delitos sexuales”, lo que se pretende “exclusivamente [es] proteger la seguridad y el bienestar de los sectores más vulnerables ... de nues-tra sociedad”.

De igual manera y de forma reiterada lo expuso la Asamblea Legislativas en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-2011, supra, al señalar lo siguiente:

Resulta meritorio, además, aprovechar esta ocasión para reiterar que nuestro Registro, al igual que los Registros esta-blecidos en todos los estados de los Estados Unidos, no tiene un propósito punitivo; es un medio por el cual el Estado puede velar por la seguridad, protección y bienestar general. Igual-mente, enfatizamos que brindar mayor protección y seguridad a los menores de edad en cuanto a la explotación sexual y crímenes violentos se refiere; promover la seguridad de los jóvenes; atacar y prevenir el abuso infantil y la pornografía infantil, entre otros asuntos, reviste uno de alto interés pú-blico, que amerita la aprobación por parte de la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico de esta Ley.

Como corolario de todo lo anterior, es forzoso concluir que la inscripción en el Registro creado por la Ley Núm. 266-2004, supra, constituye una medida de seguridad que, aunque no surge de una ley penal, es impuesta como consecuencia del incumplimiento de una ley penal por parte de un ciudadano, medida de seguridad que recae como parte de su sentencia. Esto es, la persona que se encuentra inscrita en el Registro está cumpliendo con parte de lo que es —por mandato de ley— su sentencia penal.

El hecho de que la Ley Núm. .266-2004, supra, sea iden-tificada expresamente por el legislador como una ley no penal, no significa que sus disposiciones no puedan ser comprendidas por el principio de favorabilidad del Art. 9 del Código Penal, supra. Después de todo, las llamadas Megan’s Law son leyes auxiliares de leyes penales cuya aplicación —como en el caso de autos— se da muchas veces como parte de un proceso penal. En ese sentido, aunque la Ley Núm. 266-2004, supra, sea una ley civil “no punitiva”, según designada por el legislador, ese hecho no es óbice para la aplicación del principio de favorabilidad en aque-llas instancias en que la denominada ley “no punitiva” tiene efectos notablemente perjudiciales en el individuo a quien se le aplica.

Por otro lado, es cierto que la medida de seguridad que constituye la inscripción en el Registro de un ofensor sexual es distinta a la del Art. 91 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4719, pues esta última conlleva la reclusión de la persona en alguna institución para tratamiento. No obstante, eso no implica que toda medida de seguridad requiera la reclusión de la persona. Tanto el Art. 96 del propio Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4724, como la Regla 241(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, facultan al tribunal para permitir que una medida de seguridad se complete en la libre comunidad, siempre y cuando exista supervisión Además, en Smith v. Doe, supra, el Tribunal Supremo federal equiparó la acción de inscribir a un ofensor sexual en un registro público (Megan’s Law), a una medida de seguridad (restrictive measure).

En el presente caso, año tras año la Policía de Puerto Rico le ha tomado fotos y huellas dactilares al señor Her-nández García por el hecho de que éste se encuentra ins-crito en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores. Es claro, entonces, que las circunstancias son las descritas por el inciso (b) del Art. 9 del Código Penal, supra, id est, “durante el término en que” el peticionario Hernández García se encontraba su-friendo los efectos —-justos o injustos— de lo que fuera el proceso de su alegación de culpabilidad, desvío y sobresei-miento de su causa, “entr[ó] en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o a la medida de seguridad o al modo de ejecutarl[a]’\

¿Debe aplicarse esa enmienda que favorece al peticionario retroactivamente? Ciertamente, ya que éste satisface los requerimientos del Art. 3(d) de la Ley Núm. 266. Toda enmienda producida por la Ley Núm. 243 a la Ley Núm. 266, conocida como Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, que resulte en un beneficio para aquellas personas que están sufriendo los efectos de la Ley Núm. 266, supra, se deberá aplicar retroactivamente de acuerdo con el Art. 9(b) del Código Penal, supra. Claro está, siempre y cuando la persona cumpla con las condiciones establecidas en la Ley Núm. 266, según enmendada, supra.

De esta manera, interpretamos que la discreción otor-gada por el legislador en la aplicación de estas enmiendas —Art. 15 de la Ley Núm. 243, supra— no aplica a aquellas que puedan beneficiar a un ciudadano cuyo nombre se en-cuentra inscrito en este Registro. Esto, ya que el legislador no limitó expresamente la retroactividad del beneficio. Al contrario, la intención legislativa de la Ley Núm. 243, supra, con relación este tipo de enmienda en beneficio del ciudadano fue aclarar la Ley Núm. 266, supra, y hacer re-troactivos sus efectos. Así surge, no sólo del texto de la Exposición de Motivos —refiriéndose al nuevo Art. 3 de la Ley Núm. 266 — sino del texto mismo del Art. 3 según fuera enmendado, el cual en su inciso (d) retrotrae el al-cance de este artículo a “[l\as personas que al momento de la aprobación de esta Ley se encuentren ... participando de algún programa de desvío, tratamiento o rehabilitación .... Disponiéndose que en estos casos, una vez el acusado cum-pla con las condiciones [y se] ordene el sobreseimiento de la acción criminal!,] el Sistema eliminará la inscripción del acusado en el Registro aquí establecido”. El hecho de que tal retroactividad no alcanzara las circunstancias del aquí peticionario, precisa entonces la aplicación, como hemos hecho, del principio de favorabilidad.

En el caso de autos, a pesar de que el señor Hernández García cumplió con el programa de desvío dispuesto en el Art. 80 de la Ley Núm. 177, supra, y el Tribunal de Primera Instancia ordenó el sobreseimiento de la causa penal, su nombre fue inscrito en el Registro por tratarse de un delito contra la protección a los menores. Aunque esta úl-tima realidad jurídica fue cambiada mediante las enmien-das introducidas a la Ley Núm. 266, supra, por la Ley Núm. 243, supra, persiste una resolución del Tribunal de Primera Instancia en perjuicio del peticionario. Así las co-sas, al comparar los artículos pertinentes de la Ley Núm. 266, supra, vigentes al momento de la resolución del Tribunal de Primera Instancia y las enmiendas producidas por la Ley Núm. 243, supra, es evidente que la nueva ley es más favorable para el señor Hernández García. Por lo tanto, debemos aplicar el principio de favorabilidad.

Al peticionario se le imputó infringir el Art. 75 de la Ley Núm. 177, supra, y pudo optar al desvío del Art. 80 de dicha ley precisamente porque la conducta imputada no implicó abuso sexual. Por lo tanto, el delito por el cual hizo alegación de culpabilidad ya no requiere la inscripción en el Registro. Además, el peticionario cumplió con su pro-grama de desvío y su causa fue sobreseída, por lo que, como resultado de la reciente enmienda al Art. 3 de la Ley Núm. 243, supra, su nombre hubiera tenido que ser elimi-nado del Registro de todos modos. Ante esta situación, no existe base legal para que el señor Hernández García per-manezca en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores de la Ley Núm. 266, supra, según enmendada.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, acogemos el es-crito presentado como una petición de “certiorari”, expedi-mos el auto y revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Ordenamos que se elimine al señor Hernández García del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton hace cons-tar la expresión siguiente:

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurre con el resultado de la Opinión mayoritaria por entender que el prin-cipio de favorabilidad del Art. 9 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4637, no plica a los hechos de este recurso. El Art. 1 de la Ley que creó el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, Ley Núm. 266-2004 (4 L.P.R.A. see. 536 et seq.), dispone claramente que este estatuto “no tiene un propósito punitivo”, lo cual excluye la aplicación del principio de favorabilidad. Además, en lo pertinente al caso ante nos, la Ley Núm. 243-2011 enmendó el Art. 3(d) de la Ley Núm. 266-2004, supra, para establecer que el nombre del ciudadano se eliminará del Registro una vez este cumpla con un programa de desvío y el tribunal ordene el sobresei-miento de la acción criminal. Según el Art. 15 de la Ley Núm. 243-2011, las disposiciones de esa ley podrán tener efecto retroactivo. Consiguientemente, hubiera dejado sin efecto los dictámenes de los foros inferiores mediante la interpretación de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, supra, sin hacer referencia al Código Penal.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hace constar la expresión siguiente:

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurre con la Opinión del Tribunal por entender que la Ley Núm. 243 de 14 de diciembre de 2011, ley para enmendar la Ley del Regis-tro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores y otros fines, excluyó de este registro a aquellas per-sonas que incurrieron en el delito de maltrato de menores ti-pificado en los Arts. 75 y 76 de la Ley Núm. 177 de 2003 (8 L.P.R.A. sees. 450c y 450d), cuando el maltrato no constituyó abuso sexual. Cónsono con las enmiendas, procede excluir al peticionario de dicho Registro, ya que los hechos por los cuales hizo alegación de culpabilidad no constituyeron abuso sexual.
Asimismo, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez considera que el principio de favorabilidad incluido en el Art. 9 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4637, no aplica en este caso. El Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores tiene como fin garantizar la seguridad, la protección y el bienestar general de los menores, no impo-ner una pena. En este sentido, el legislador puede otorgarle discreción a los tribunales para excluir o mantener a una persona convicta de abuso sexual en el mencionado Registro.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton se unió a las expresiones de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió una opinión concurrente, a la cual se unió la Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres,

a la que se une la Jueza Asociada Se-ñora Pabón Chameco.

Concurro con la decisión del Tribunal en que, en este caso, procede aplicar retroactivamente el Art. 2 de la Ley Núm. 243-2011, que enmendó el Art. 3 de la Ley Núm. 266-2004, 4 L.P.R.A. sec. 536a. Sin embargo, opino que es innecesario fundamentar nuestra decisión en el Art. 9 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. see. 4637. Al concluir de esa forma, la Opinión del Tribunal colisiona con el texto cristalino del Art. 1 de la Ley Núm. 266, supra, según en-mendado, 4 L.P.R.A. see. 536.

Los hechos del caso que nos ocupa se encuentran ex-puestos correctamente en la Opinión del Tribunal, por lo que no es necesario repetirlos aquí.

H-i

Como muy bien señala la Opinión mayoritaria, el Tribunal de Apelaciones, al interpretar la Ley Núm. 266, supra, antes de que fuera enmendada por la Ley Núm. 243, supra, "tenía razón al interpretar que las personas que hacían alegación de culpabilidad y recibían el beneficio del pro-grama de desvío de la Ley Núm. 177 [-2003], se consideran convictos”. Opinión del Tribunal, pág. 674. Eso implica que tenían que estar inscritos en el Registro de Ofensores Sexuales. Ahora bien, con la nueva ley, claramente las per-sonas que “se encuentren recluidas o participando de algún programa de desvío, tratamiento o rehabilitación de la Ad-ministración de Corrección”, o que posteriormente “sean sometidos a dichos programas”, serán removidas del Regis-tro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores tan pronto “el acusado cumpla con las con-diciones impuestas por el Tribunal, y éste ordene el sobre-seimiento de la acción criminal ...”. Art. 2 de la Ley Núm. 243, supra. Adviértase que la Asamblea Legislativa no ex-tendió expresamente lo dispuesto en el Art. 2, id., a las personas que ya habían terminado el programa de desvío cuando entró en vigor la ley nueva, como ocurre en este caso.

Para concluir que lo dispuesto en el Art. 2, id., aplica a las personas que terminaron el programa de desvío cuando entró en vigor la ley nueva, lo único que hay que hacer es recurrir al Art. 15 de la Ley Núm. 243, supra. Ese artículo establece que “[e]sta Ley comenzará a regir inmediata-mente después de su aprobación. Los incisos (f) y (g) del Artículo 4 tendrán efecto prospectivo. Las demás disposi-ciones podrán tener efecto retroactivo”. (Enfasis nuestro). Un análisis del artículo transcrito revela que la Asamblea Legislativa otorgó a la Rama Judicial la discreción de de-cidir si las disposiciones de la ley tienen carácter retroactivo. Hemos indicado que la discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamen-tado en un sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 770 (1977), rei-terado en HIETel v. PRTC, 182 D.P.R. 451, 459 (2011). Asi-mismo, “ ‘no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho’ ”. (Enfasis suprimido). Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658, (1997). Así, pues, amparándonos en la dis-creción que nos confirió el legislador, es correcta la conclu-sión de la Opinión del Tribunal. No hay razón para tratar distinto al peticionario por el mero hecho de que completó el programa de desvío. Disponer lo contrario sería un abuso de discreción.

No obstante, la Opinión del Tribunal recurre al Art. 9 del Código Penal de 2004, supra, que recoge el principio de favorabilidad. En lo concerniente, el Art. 9(b) del Código Penal, id., indica: “Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o ala medida de seguridad o al modo de ejecutarlas, se aplicará retroactivamente”. (En-fasis nuestro). No obstante, la inclusión de una persona en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso de Menores no es una pena ni una medida de seguridad. Ni siquiera se cumple una sentencia en este caso, pues el peticionario terminó el programa de desvío.

El Art. 1 de la Ley Núm. 266, supra, indica que “[e]l Registro que se crea mediante esta Ley no tiene un propó-sito punitivo’, es un medio para garantizar la seguridad, protección y bienestar general de los sectores más vulnera-bles y merecedores de protección de nuestra sociedad”. (Enfasis nuestro). Incluso, en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243, supra, pág. 2, el legislador reitera que “nuestro Registro, al igual que los Registros establecidos en todos los estados de los Estados Unidos, no tiene un propósito punitivo’, es un medio por el cual el Estado puede velar por la seguridad, protección y bienestar general”. (Enfasis nuestro). Si bien la ley hace referencia constante-mente al término “convicto”, eso no es óbice para concluir que esa ley es penal. Para un análisis de derecho compa-rado con otras jurisdicciones en que existen leyes que esta-blecen registros similares, véase J. Ramírez Vélez, El Re-gistro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores: ¿seguridad o castigo?, 42 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 337 (2008).

Por su parte, tampoco es correcto afirmar que la Ley Núm. 266, supra, constituye una medida de seguridad. Como bien indica la Opinión del Tribunal, pág. 677, el Art. 91 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4719, no establece que la inscripción en el Registro de Personas Convictas por De-litos Sexuales y Abuso de Menores sea una medida de seguridad. Tampoco es esa la intención legislativa.

El citado Art. 91 del Código Penal permite que el tribunal conserve jurisdicción sobre una persona que resulte no culpable por incapacidad mental o trastorno mental tran-sitorio, y la interne en una institución adecuada para su tratamiento. Por su parte, el Art. 94 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. see. 4722, establece que no “podrá impo-nerse medida de seguridad sin previo examen e informe siquiátrico o sicológico de la persona, realizado por un si-quiatra o sicólogo clínico designado por el tribunal y un informe social realizado por un oficial probatorio”.

De igual forma, el Art. 96 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4724, impone al tribunal el deber de pronun-ciarse sobre el mantenimiento, la modificación o la cesa-ción de la medida de seguridad impuesta.

Una lectura integrada de los artículos citados revela que la medida de seguridad a la que hace referencia cons-tantemente el Código Penal es la medida de internación por incapacidad mental, trastorno mental transitorio o inimputabilidad. Véanse, por ejemplo: Arts. 2, 3, 4 y 5 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. secs. 4630 — 4633. A una conclusión idéntica arriban los expertos en la materia. J.P. Mañalich R., El concepto de delito bajo el Código Penal de Puerto Rico, 79 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 1115, 1126-1127 (2010); D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 5ta ed., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2012, págs. 129-130. Por ello, no cabe hablar de la inscrip-ción en el registro como una medida de seguridad. Aquí no se requiere evaluación síquica o sicológica del obligado a registrarse.

Recurrir en este caso al Art. 9 del Código Penal, supra, tendrá como consecuencia la proliferación de litigios injustificados. Por ejemplo, si determinamos que la inscrip-ción de una persona en el registro es una medida de segu-ridad, ¿será necesaria la preparación de un informe presen-tencia conforme al Art. 94 del Código Penal, supra, que discuta la conveniencia de la inscripción en el registro? Por otro lado, ¿tendrá el Tribunal que revisar anualmente el mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida de seguridad impuesta, a saber, la inscripción en el regis-tro, según requiere el Art. 96 del Código Penal del 2004, supra? ¿No tropieza la decisión que hoy se emite con la obligación que impone al tribunal el Art. 4 de la ley Núm. 266, supra, de ordenar al Ministerio Público la inscripción en el registro de ofensores?

El Art. 92 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4720, establecía que debe existir proporcionalidad entre la medida de seguridad y la pena del hecho cometido. Con la opinión de la mayoría en este caso: ¿Debe existir proporción entre el tiempo en que una persona está inscrita en el Re-gistro y la pena del delito cometido? ¿No sería eso contrario a la Ley Núm. 266, supra, según enmendada? Todas esas interrogantes quedan en suspenso con la Opinión que emite este Foro.

El Tribunal intenta despachar estas preguntas en una nota al calce en la que expresa su impresión de que los Art. 92 al 96 del Código Penal, supra, no aplican. Si el Tribunal reconoce eso, ¿de dónde surge, entonces, que la inscripción en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores es una medida de seguridad? Pa-rece que surge del mismo sitio que la aplicación del Art. 9 del Código Penal, supra: de la preferencia personal de una mayoría de los Jueces de este Tribunal y no de la voluntad legislativa.

I — I I — 1

Por los fundamentos antes expuestos, acogería el escrito presentado como una petición de certiorari, expediría el auto y revocaría la decisión del Tribunal de Apelaciones. La Asamblea Legislativa nos concedió discreción para apli-car retroactivamente el Art. 2 de la Ley Núm. 243, supra. En el ejercicio de esa discreción, procede eliminar al señor Hernández García del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores. Para arribar a ese resultado no es necesario recurrir al principio de favo-rabilidad incluido en el Art. 9 del Código Penal, supra.

       El Art. 75 de la Ley Núm. 177-2003 dispone, en lo pertinente, que
      “[t]odo padre, madre o persona responsable por el bienestar de un menor o cualquier otra persona que por acción u omisión intencional que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental o emocio-nal, incluyendo pero sin limitarse a incurrir en conducta constitutiva de delito sexual, incurrir en conducta constitutiva de violencia doméstica en presencia de menores, incurrir en conducta obscena o la utilización de un menor para ejecutar conducta obscena será sancionado ...”.

       8 L.P.R.A. sec. 450c.

       8 L.P.R.A. sec. 450h.

        4 L.P.R.A. sec. 536 et seq.

       Apéndice de la Apelación, págs. 149-150.

       íd., pág. 151.

       Decidimos atender la Moción de desestimación por academicidad que pre-sentó el Procurador General como una en la cual se allana a lo solicitado en el recurso de certiorari por lo siguiente: En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución el 29 de julio de 2011 en la que determinó que el peticionario permanezca en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores (Registro). Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 78. Tal determinación fue confirmada por una sentencia final del Tribunal de Apela-ciones el 16 de noviembre de 2011. Véase íd., pág. 132. Con relación a esa sentencia final es que el peticionario recurre en tiempo ante esta Curia. Es entonces que so-breviene un cambio en la ley que crea un estado de derecho distinto —en esta ins-tancia y por lo que explicamos en la Opinión— en beneficio del peticionario.
      Ahora bien, con su Moción de desestimación por academicidad, el Procurador General sometió también una copia de una Moción informativa que el Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Primera Instancia el 25 de enero de 2012, esto es, dos días antes de que se presentara ante este Tribunal la Moción de desestima-ción por academicidad. Véase Anejo Núm. 2 de la Moción de desestimación por academicidad. En esta moción informativa, el Ministerio Público le solicita al Tribual de Primera Instancia que “tome conocimiento de que el Ministerio Público no habrá de oponerse a la eliminación del señor Hernández García del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”. Id., pág. 17. Sin embargo, es menester señalar que en la etapa procesal en la que se encuentra este caso, el foro primario no puede reconsiderar su posición, puesto que ha perdido su jurisdicción con relación a aquellas materias o asuntos que se cuestionan en el recurso.
      Siendo así, es claro que lo único que ha ocurrido en el caso de autos es un cambio en la norma cuestionada, mas no así en las circunstancias que provocaron la apela-ción del peticionario, pues este permanece, conforme a la sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirma la resolución del foro de instancia, inscrito en el mencio-nado Registro. De hecho, no podría ser de otra forma, ya que cualquier acción en pro de eliminar al peticionario del mencionado registro sería, hasta que no advenga final y firme la decisión de esta Curia, en violación a una resolución final de un tribunal con jurisdicción.

       8 L.P.R.A. sec. 444 et seq.

        Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 D.P.R. 644 (2007).

       Íd.

        Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, supra.

       Véase 8 L.P.R.A. sec. 450h.

      5) Véase Pueblo v. Rivera Mojica, KLC2009-01591.

       Véanse: Pueblo v. Battle Torres, KLCE2009-00181; Pueblo v. Pérez Flores, KLCE2010-00861.

       4 L.P.R.A. sec. 536 et seq.

       En realidad, esta no fue la primera ley que requirió tal tipo de registro en un estado de Estados Unidos. En 1990, el estado de Washington ya había aprobado el Community Protection Act. Wash. Rev. Code Ann. Sec. 4.24.550.

       42 U.S.C. sec. 14071 (1994 y Supl. IV 1998).

       El Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offenders Registration Act realmente no obligaba a los estados a aprobar este tipo de ley, sino que advertía que aquellos que no las aprobaran perderían el 10% de la subvención federal para programas de justicia criminal otorgada según el Byrne Program.

       M.E. Rivera Negrón, Legislación sobre los derechos de las víctimas, 44 (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.P.R. 161, 182 (2010).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266-2004. Véase, además, Art. 1 de la Ley Núm. 266, supra.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266, supra.

       Íd.

       Esta ley también enmendó el Art. 8 de la Ley Núm. 175-1998, conocida como Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico.

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-2011.

       Art. 2(1) de la Ley Núm. 266, según enmendada.

       Art. 3(c) de la Ley Núm. 266, supra, según enmendada.

       Este Art. 15 exceptúa de esta retroactividad los incisos (f) y (g) del Art. 4, pues señala que los mismos tendrán efecto prospectivo. Estos incisos expresan la prohibición que tienen las personas inscritas en el Registro de establecer su residen-cia a quinientos pies de una escuela o cuido de niños, y la obligación de la agencia concernida de notificar al ofensor sexual con relación a esa prohibición.

       Estos incisos son el (f) y (g) del Art. 4 de la Ley Núm. 243, supra. No discutimos dichos artículos por no ser pertinentes a la controversia que nos ocupa.

       Véase Moción de desestimación por academicidad del Procurador General, pág. 7.

       33 L.P.R.A. sec. 4637.

        Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675 (2005).

       Íd.

       D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, comentado, 5ta ed., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2004-2005, pág. 10.

       4 L.P.R.A. sec. 536b.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266, supra.

       Íd.

       Íd. Véase 4 L.P.R.A. sec. 531.

       Íd.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-2011, supra.

       Nótese, además, que la propia Ley Núm. 266-2004, supra, contiene penas para las personas que infrinjan sus disposiciones. Así, la referida ley tipifica tal conducta como delito menos grave y le impone una pena de hasta seis meses de reclusión, o multa de hasta $5,000, o ambas penas, a discreción del Tribunal. Art. 11 de la Ley Núm. 266-2004 (4 L.P.R.A. sec. 536h).

       Los Arts. 94, 95 y 96 del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 4722, 4723 y 4724, encuentran su razón de ser en el hecho de que —como señalamos en el cuerpo de la Opinión— el Art. 91 se refiere a una medida de seguridad que conlleva reclusión, distinto a la diseñada por la Asamblea Legislativa mediante la creación del Registro de la Ley Núm. 266-2004. Esto es, la persona, a pesar de haber sido —por razón de incapacidad mental o trastorno mental transitorio— encontrada no culpable, se en-frenta a la posibilidad real de ser recluida en una institución para recibir tratamiento. En ese contexto, lo cierto es que ese ciudadano podría verse privado de su libertad hasta que ya no constituya una amenaza para la comunidad o para sí mismo. Claro está, y como señala también el Art. 92 (33 L.P.R.A. sec. 4720), el tiempo de esa reclusión nunca podrá ser superior a la pena aplicable al delito por el cual se le acusó.
      A eso responden los requisitos que imponen los referidos artículos: a la necesi-dad de que, previo a la implantación y mientras el ciudadano esté sometido a la restricción de su libertad, el proceso en todo momento le provea las garantías míni-mas que aseguren la oportunidad de cuestionar si tal reclusión es realmente necesaria. Por eso la necesidad, previo a la implantación de la medida, de un informe siquiátrico o sicológico y un informe social (Art. 94); el derecho a que se celebre una vista para poder confrontar a los autores de dichos informes con sus conclusiones (Art. 95), y la necesidad de revisiones periódicas para evaluar si la reclusión im-puesta como medida de seguridad se puede dejar sin efecto o modificar (Art. 96). Por lo anterior, es claro que tales artículos no aplican en el caso de la medida de seguri-dad que constituye la inscripción en el Registro que establece la Ley Núm. 266-2004.

        Smith v. Doe, 538 U.S. 84, 93 (2003).

       La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243, supra, señala lo siguiente:
      “Igualmente, se aclara que estarán obligados a registrarse las personas que participen en programas de desvío, tratamiento o rehabilitación de la Administra-ción de Corrección. Disponiéndose que una vez cumplidas las condiciones y archivado el caso por el Tribunal, la inscripción será eliminada del Registro”. (Enfasis suplido).

       Con la aprobación del nuevo Código Penal de 2012, Ley Núm. 146-2012, la regulación de las medidas de seguridad sufrió cambios sustantivos. El nuevo Art. 81 del Código Penal de 2012, equivalente al Art. 91 del Código de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4719, no hace alusión al trastorno penal transitorio como razón para declarar a una persona no culpable. Por su parte, el Art. 92 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4720, fue suprimido del nuevo Código Penal, por lo que ahora la medida de seguridad no tiene que ser proporcional a la pena del hecho cometido. Finalmente, el nuevo Art. 85 del Código Penal de 2012 otorga discreción al tribunal a la hora de determinar si la medida de seguridad debe cesar.


author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta El Juez Asociado Señor Rivera García El Juez Presidente Señor Hernández Denton La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

text:
    El Coquí Landfill, Inc. h/n/c Waste Management de Puerto Rico, recurrido, v. Municipio de Gurabo, Consolidated Waste Services y Corpág. h/n/c Conwaste, y Municipio de Gurabo, peticionario el último.

      Número: AC-2010-110

      Resuelto: 20 de septiembre de 2012

      Roberto O. Bonano Rodríguez, abogado del Municipio de Gu-rabo, peticionario; Liana Gutiérrez Irizarry, abogada de El Coquí Landfill, Inc. h/n/c Waste Management of Puerto Rico, recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos corresponde resolver si los gastos operacionales de un demandante deben deducirse de la partida de lucro cesante otorgada a éste para compensarle por la ganancia dejada de percibir producto de un incumplimiento de contrato. En particular, examinaremos si existe alguna diferencia entre los gastos operacionales que varían según el volumen de negocio de la empresa y los gastos fijos que no guardan relación con las fluctuaciones en el volumen del negocio. De contestarse en la afirmativa estas interrogan-tes, debemos determinar cómo llevar a cabo ese cómputo.

I — l

El 23 de octubre de 1998, El Coquí Landfill (El Coquí o Waste Management) presentó una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato contra el Municipio de Gurabo (Municipio), reclamando el pago de $584,634.58 por servicios relacionados con el depósito de desperdicios. Durante el transcurso de ese pleito, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial, en el que el Municipio se compro-metió a pagar la mitad de la deuda reclamada y, a cambio de la condonación del monto restante, suscribió un con-trato de exclusividad por cinco años con El Coquí para el depósito de desperdicios sólidos recolectados por el Municipio. La transacción fue aprobada nuevamente por la Legislatura Municipal y recogida en el “Contrato para la disposición de desperdicios sólidos municipales”, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2002 y terminó el 31 de octubre de 2007. En conformidad con los términos del con-trato, el Municipio se comprometió a transportar todos los desperdicios recolectados y a depositarlos en el vertedero de Waste Management en Humacao. Las partes acordaron que, si se privatizaba el recogido de los desperdicios, el Municipio requeriría al contratista que los transportara para depositarlos en el vertedero de Waste Management. El Municipio se asesoró legalmente en todas las etapas de los procedimientos, incluyendo las negociaciones y el per-feccionamiento del contrato.

Mientras estaba vigente su contrato exclusivo con Waste Management, el Municipio suscribió un “Contrato para proveer servicios de recogido y disposición de desper-dicios sólidos no peligrosos en el Municipio de Gurabo” con la compañía ConWaste. Mediante dicho contrato —que co-menzaba el 1 de noviembre de 2003 y vencía el 31 de octu-bre de 2010 — , el Municipio otorgó a ConWaste el “derecho exclusivo sobre el ‘recogido, recolección, transporte y dispo-sición de desperdicios’ ” sólidos en Gurabo. A partir de la firma de ese segundo contrato, el Municipio y ConWaste continuaron depositando los desperdicios recogidos en Gu-rabo en el vertedero de Waste Management.

En febrero de 2006, mientras aún faltaba cerca de año y medio para que venciera el contrato con Waste Management, el Municipio dejó de depositar los desperdicios en el vertedero localizado en Humacao. Poco después, el 2 de mayo de 2006, el contrato entre el Municipio y ConWaste fue enmendado para conceder a esta compañía la facultad de determinar el lugar donde se dispondrían los desperdicios. De igual forma, ConWaste se hizo responsa-ble por los costos de depósito y disposición de los desperdicios. Producto de esta enmienda al contrato, ConWaste comenzó a depositar los desperdicios en un ver-tedero en Fajardo que no le pertenecía a Waste Management. Tras percatarse de lo ocurrido, Waste Management escribió una carta a ConWaste informándole del contrato de exclusividad que tenía con el Municipio y soli-citando que éste se respetara. A pesar de ello, ConWaste continuó operando según lo establecido en el contrato en-mendado con el Municipio.

Tras un juicio en los méritos, el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la demanda presentada por Waste Management contra el Municipio por incumpli-miento de contrato y contra ConWaste por interferencia torticera. En cuanto a los daños, el foro primario determinó que los demandados debían pagar a Waste Management $1,229,401.44 como compensación por las ganancias deja-das de percibir a causa del incumplimiento, más el 4.25% en concepto de interés legal.

Para demostrar los daños, Waste Management presentó una tabla que resumía la cantidad de desperdicios que el Municipio había depositado en su vertedero durante los trece meses antes del incumplimiento. Al multiplicar dicha cantidad por el precio acordado en el contrato, el deman-dante identificó los ingresos mensuales que percibió en dicho periodo. Tomando esto como base, estimó un promedio mensual y proyectó los ingresos dejados de percibir corres-pondientes a los meses restantes en el contrato.

La tabla presentada por Waste Management fue elabo-rada por el Sr. Félix Renta, contador público autorizado y gerente de contabilidad de Waste Management, quien tes-tificó a favor de dicha compañía. En el contrainterrogato-rio, se le preguntó al señor Renta si el análisis del ingreso dejado de percibir constituía un cálculo del ingreso bruto. El testigo contestó en la afirmativa. Acto seguido, se le preguntó si ello quería decir que el análisis no contenía los costos reales en los que Waste Management hubiera incu-rrido si el Municipio no hubiese incumplido el contrato. El señor Renta lo negó, ya que, según expuso, no había gastos asociados al volumen de desperdicios depositados en el vertedero. Es decir, que los gastos eran fijos y que no se afectaban por las fluctuaciones en el volumen de depósitos. Además, el abogado del Municipio le preguntó si la proyec-ción realizada representaba alguna cantidad neta: “O le pregunto, ¿en algún momento dado ustedes hicieron un es-timado de costos para ver de [sic] cuánto de esta cantidad se le iban en gastos operacionales a usted?”, a lo que el señor Renta contestó “[n]o, no se hizo ningún análisis de esa manera ...”. Por último, el representante legal del Municipio preguntó: “O sea, que, sencillamente, usted pre-paró esta tabla, pero no preparó otra con los estimados de costo sobre la operación de haber depositado desde febrero del dos mil seis (2006) hasta octubre del dos mil siete

(2007), ¿verdad?”. El señor Renta contestó en la afirmativa.

Inconforme con la determinación del foro de instancia, los codemandados recurrieron al Tribunal de Apelaciones señalando la comisión de varios errores, entre ellos que el contrato suscrito entre el Municipio y Waste Management era inválido porque no contenía una cláusula de rescisión y que hubo vicio de consentimiento por dolo. Además, alega-ron que la partida de $1,229,401.44 incluía costos operacio-nales {overhead) que no debían compensarse, sino que, por el contrario, debían deducirse del cómputo de daños. Es decir, que la partida de daños debía incluir únicamente las ganancias netas que Waste Management dejó de devengar por el incumplimiento. En particular, el Municipio cues-tionó la falta de un informe de costos o gastos que justifi-cara la partida otorgada, más allá de la tabla que demos-traba la cantidad de depósitos realizados antes del incumplimiento y que sirvió de base para proyectar los in-gresos correspondientes a los meses que restaban en el contrato. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dicta-men del foro primario..

El Municipio recurrió a este Tribunal mediante un re-curso de apelación, alegando los mismos errores presenta-dos ante el foro apelativo. En cuanto al cómputo de daños, el Municipio alega que el Tribunal de Primera Instancia “nunca realizó estimado de costo para ver cuánto conlle-vaba el gasto operacional y poder determinar su alegada pérdida neta”. En particular, cuestiona la insuficiencia del testimonio del señor Renta, pues éste aceptó que no analizó el impacto de la merma en depósitos sobre los gas-tos operacionales del vertedero.

El 6 de mayo de 2011, otorgamos a Waste Management un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto y modificar la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a la partida de da-ños concedidos. En cumplimiento con nuestra orden, Waste Management presentó dos argumentos principales. En primer lugar, insistió en que se trata de un asunto de credi-bilidad; que el tribunal de instancia creyó el testimonio del perito sobre las pérdidas económicas sufridas por Waste Maganement y que debe darse deferencia a esa determinación. Para la demandante, la tabla presentada y aceptada por el Tribunal de Primera Instancia, en unión al testimonio del señor Renta, es suficiente para determinar las “ganancias” que generó Waste Management justo antes del incumplimiento y para proyectar lo que debió haber recibido durante la vida restante del contrato. Waste Management enfatizó en que este testimonio no fue refu-tado y que el Municipio no presentó prueba que estable-ciera otro cálculo en cuanto a los daños, particularmente sobre los alegados gastos operacionales que debieron deducirse. Aún más, argumentó que, en su testimonio, el señor Renta expresó que “Waste Management no incurría en gastos o costos adicionales que estuvieran asociados a la disposición de los desperdicios sólidos en el vertedero de Humacao”.

En cuanto a los costos incurridos por Waste Management, insistió en que éstos no incrementaron con el volu-men de toneladas de basura, pues en la operación de un vertedero, los costos incurridos mensualmente son constantes. Ello así, ya que el vertedero ya está construido y el mantenimiento que conlleva el mismo es el mismo in-dependientemente de la cantidad de basura depositada. De igual forma, la empleomanía [sic] y equipos utilizados es el mismo, y tampoco dependen del volumen de basura”.

En segundo lugar, Waste Management propone que ha-gamos una distinción entre los gastos operacionales fijos y los gastos que varían según el volumen de negocios de una empresa. Para ello, cita varios casos de otras jurisdiccio-nes, incluyendo la federal, en los que se ha resuelto que los gastos operacionales fijos, conocidos como overhead, no de-ben ser deducidos de una partida de daños. La recurrida sostiene que, como los gastos operacionales fijos no son de-ducibles de dicha partida como cuestión de derecho, y el tribunal de instancia determinó, como cuestión de hecho, que Waste Management no incurría en gastos operaciona-les que se afectaran con los cambios en el volumen de de-pósitos de desperdicios en su vertedero, se debe confirmar la decisión del Tribunal de Apelaciones, incluyendo la par-tida de daños otorgada por el foro de instancia. Tomando en consideración los escritos de las partes y el derecho apli-cable, procedemos a acoger el recurso como un certiorari, expedir el auto y resolver.

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El Artículo 1059 de nuestro Código Civil establece que “[l]a indemnización de daños y perjuicios corresponde no sólo al valor de la pérdida que haya sufrido, sino tam-bién el de la ganancia que haya dejado de obtener el acree-dor, salvo las disposiciones contenidas en las secciones siguientes”. Como explica el tratadista Manresa, este artículo atiende dos tipos de daños. En primer lugar, or-dena compensar a la persona que ha sido privada de lo que ya tenía. A esto se le conoce como daño emergente o daño positivo. En segundo lugar, también provee una compensa-ción cuando se impide a una persona aprovecharse de lo que le hubiera correspondido. A esta segunda modalidad de daños se le conoce como lucro cesante o daño negativo. Según Manresa, “ ‘[e]n ambos casos, la realidad del perjui-cio y la justicia de la reparación tiene [n] igual evidencia’ ”. De la misma forma, Castán Tobeñas vincula directa-mente el concepto de “lucro cesante” al mandato del Código Civil de reparar la “ganancia dejada de obtener”. Ello aplica tanto al contexto contractual como al extra-contractual.

Como puede apreciarse del texto del Artículo 1059 de nuestro Código Civil, lo que se compensará al acreedor serán las ganancias dejadas de percibir, no necesariamente todo ingreso futuro frustrado. En particular, nuestra ju-risprudencia demuestra que los daños compensables en ca-sos de lucro cesante se refieren a la ganancia neta insatis-fecha por la conducta del demandado, no al ingreso bruto. Desde 1940 resolvimos que la compensación corresponderá a “los daños sufridos por razón de la pérdida de beneficios netos ...”. Más de sesenta años después, empleamos un análisis similar al resolver que, para calcular el lucro ce-sante de un trabajador que recibe un salario fijo, se tomará como punto de partida su salario bruto, mientras que el de un trabajador que no recibe un salario fijo se calculará a partir de su ingreso neto. De esa manera se cumple el objetivo de nuestra normativa sobre responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, de reparar el daño causado, devolviendo al agraviado a su situación original.

Como señala Castán, “ ‘[e]l derecho a la indemnización no puede implicar un enriquecimiento, sino sólo obtener el resarcimiento del daño efectivo’ ”. Por lo tanto, al com-putarse la indemnización, debe descontarse “cualquier ventaja al acreedor”, de manera que la partida otorgada refleje “el verdadero importe del daño”. En ese sentido, “ ‘[s]i el daño ... ha de ser real y efectivo, claro es que sólo podrá apreciarse deduciendo el valor patrimonial de las ventajas que el propio acto dañoso acarree a la persona interesada. Sólo la diferencia podrá considerarse en Dere-cho pérdida sufrida o ganancia dejada de obtener”. Por su parte, el Tribunal Supremo de España ha resuelto que la partida de daños por lucro cesante “debe ajustarse al beneficio neto, a la verdadera ‘ganancia’ que se deja de ob-tener”, pues, de lo contrario, la compensación perdería su característica de restitución. Por lo tanto, hace falta “re-ducir la indemnización por lucro cesante concedida a la ganancia neta que resulte de tomar en consideración los gastos efectuados ... para deducirlos”.,

De lo anterior surge que, en cuanto a los gastos operacionales, particularmente en el contexto contractual, la “ventaja” a deducirse de la partida por lucro cesante consiste de aquellos gastos en los que el demandante hubiera tenido que incurrir si el demandado hubiese cumplido con su obligación. Para el tratadista Femenía López, esto es cónsono con la necesidad de identificar “las ‘deducciones del daño resarcible’ para calificar la ‘concurrencia de factores que disminuyen la obligación resarcitoria del deudor, como consecuencia de la ventaja que aquéllos reportan al mismo acreedor’, cuestión a la que conceptualmente se ha denominado compensatio lucri cum danno”. Según el autor:

El fundamento legal de la figura se encuentra en el propio artículo 1.106 del Código civil [equivalente al 1059 nuestro], que al disponer que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la ganancia dejada de obtener, está diciendo que la con-formación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado, para lo cual tendrán que computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del daño, que signifiquen un paliativo o aminoración del que-branto patrimonial sufrido por el perjudicado.

En ese marco normativo, Femenía López hace referen-cia a una Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que discutió la partida de daños en un caso de corte de sumi-nistro eléctrico. En esa ocasión, la sala provincial resolvió que, al calcularse el lucro cesante, había que deducir “ las partidas correspondientes a ciertos gastos fijos como los de amortización de maquinar [i] a (no utilizada ni desgastada durante el lapso temporal en que la planta permaneció pa-ralizada), además de los correspondientes a materias pri-mas o energía’ ”. En esa misma dirección, Femenía Ló-pez ofrece como ejemplo el caso de la paralización de vehículos destinados a actividades empresariales. En esa situación, “deberán detraerse determinados gastos que de-jan de generarse y que suponen una compensación para el peijudicado, siendo el más claro ejemplo de esta partida el importe de combustible que no se consume al estar el ve-hículo paralizado, los peajes que no se abonan, la repercu-sión de la amortización por la compra del vehículo o las reparaciones o revisiones ordinarias”.

En ese sentido, nuestro Código Civil requiere que se deduzcan de la partida de lucro cesante aquellos gastos en los que el demandante hubiera incurrido si el demandado hubiese cumplido su obligación, pero que no se materializaron debido al incumplimiento. Como veremos, más allá de una clasificación rígida, lo que corresponde es concretar los gastos operacionales no incurridos. Por eso, las clasificaciones que analizaremos a continuación no pretenden ser una camisa de fuerza; más bien sirven para facilitar la labor del tribunal. Por lo tanto, el cálculo deberá enfocarse en determinar los costos que el demandante realmente se ahorró como consecuencia del incumplimiento del demandado.

Como señaláramos, el recurrido sugiere que adoptemos la normativa prevaleciente en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, que distingue entre los gastos operaciona-les fijos y aquellos que, en efecto, varían según el volumen de actividad de la empresa. Dicha normativa es cónsona con la doctrina civilista previamente discutida, por lo cual la mencionaremos rápidamente.

La primera distinción que se hace en la doctrina estado-unidense es entre los gastos operacionales como lucro emergente o como lucro cesante, pues en dicha tradición, al igual que en el Derecho Civil, se compensa tanto por las pérdidas causadas como por las ganancias dejadas de obtener. En el primer supuesto, se trata de aquellos gas-tos en que haya incurrido una persona como parte del cum-plimiento de una obligación contractual. En caso de que la otra parte incumpla con su prestación, el perjudicado puede incluir en su partida de daños todos los gastos ope-racionales en que incurrió, independientemente de si eran fijos o, por el contrario, estaban relacionados directamente con la empresa abortada, siempre y cuando hayan sido previsibles. Hay unanimidad entre las jurisdicciones de Estados Unidos en cuanto a que los gastos operacionales son compensables como daño emergente.

Así, en los casos de incumplimiento contractual, si se adquiere algún tipo de equipo o material, o se incurre en algún otro gasto con miras al cumplimiento del contrato, el demandante podrá presentar prueba al respecto, y ese tipo de daño será compensado. El problema se da en el segundo supuesto, al calcular las ganancias dejadas de percibir. Se plantea, específicamente, si se deben deducir los gastos operacionales de la partida de lucro cesante que debe pa-gar el demandado cuando no se ha incurrido en dichos gas-tos precisamente porque se ha incumplido con el contrato. En esos casos, para obtener la cuantía que comprende el ingreso neto, hace falta deducir los gastos operacionales que se hubieran materializado de haberse cumplido el con-trato, pero en los que realmente no se incurrió debido al incumplimiento contractual. Si bien hay unanimidad sobre el primer supuesto, la normativa estadounidense se ha dividido, en cuanto a ciertos aspectos, sobre el segundo.

Para efectos de ese segundo supuesto, la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos distinguen entre los gas-tos operacionales fijos que no fluctúan con el volumen de negocio y que, por lo tanto, no se ven afectados si se incum-ple el contrato, y los gastos operacionales variables que oscilan de acuerdo con el volumen de negocio realizado. Esta distinción responde a la norma general de que un demandante no puede recuperar las ganancias brutas no percibidas, sino únicamente las ganancias netas frustradas. Por lo tanto, si el gasto se evitó como conse-cuencia del incumplimiento, se deducirá de la partida de lucro cesante. Como hemos visto, igual ocurre en el derecho civil.

Las jurisdicciones que distinguen entre gastos operacionales fijos y gastos operacionales variables definen los primeros como aquellos en que se incurre independien-temente de la productividad de la empresa. De igual forma, definen los segundos como aquellos que fluctúan con el vaivén del volumen de actividad realizada o están directamente vinculados con dicho volumen. En cuanto a los gastos operacionales variables, los tribunales y co-mentaristas han tenido que recurrir al uso de ejemplos para poder distinguirlos efectivamente. Los gastos por con-cepto de impuestos, seguros, arrendamiento del local co-mercial principal y salarios gerenciales normalmente se consideran fijos. En cuanto a los gastos considerados como variables, se han mencionado el combustible, el man-tenimiento, la depreciación del equipo, los intereses, algu-nos seguros, los salarios ordinarios, los beneficios laborales y los arrendamientos particulares relacionados con la pres-tación incumplida.

Sin embargo, los tribunales han enfatizado que no se pueden hacer listas universales, pues todo depende del ne-gocio particular. En algunos casos, un gasto será conside-rado fijo, mientras que en otro puede caracterizarse como variable. El elemento crucial será si, en efecto, se hubiera incurrido en el gasto sólo de haberse cumplido la obligación.

Lo anterior no supone una dicotomía inflexible entre gastos operacionales fijos y gastos operacionales variables. Hay algunos costos que no se pueden clasificar de manera tajante como fijos o variables debido a su naturaleza. En esa dirección, hay gastos que se consideran semifijos o semivariables. Estos gastos incluyen una cantidad base fija, que no se verá afectada por las fluctuaciones en el volumen o actividad del negocio, y otra porción que varía de acuerdo con el nivel de actividad que se realiza, si ésta se amplía con el tiempo. Estos costos semivariables o semi-fijos contienen una porción que no debe deducirse al calcu-lar la ganancia neta, pues, si bien se trata de gastos ope-racionales que varían con el volumen de negocios, no responden en proporción inmediata a las fluctuaciones en el nivel de actividad. En ese sentido, caen más dentro de la definición de gastos operacionales fijos, pues la caracterís-tica fundamental de un gasto operacional variable no es el mero hecho de su fluctuación, sino que esta fluctuación tenga un vínculo directo y proporcional con el volumen de negocio. Por lo tanto, esos costos son susceptibles de divi-dirse en elementos fijos y elementos variables, según sea el caso. Por último, a pesar de que se menciona que en los negocios de servicio casi todos los gastos operacionales son fijos, ello no varía la norma de que sólo se pueden deducir de la partida de ganancia perdida los gastos operacionales variables.

Finalmente, los tratadistas y la mayoría de los tribunales estadounidenses también coinciden en que el peso de la prueba para demostrar que un gasto operacional es fijo y no variable recae sobre el demandante que reclama el lucro cesante. Lo mismo concluye la doctrina española. Es decir, se presumirá que un gasto operacio-nal varía con una merma en la actividad económica del demandante, a menos que éste demuestre lo contrario. En caso de que logre demostrarlo, el gasto operacional se con-siderará fijo e independiente del volumen de actividad eco-nómica del demandante y no se deducirá de la partida de lucro cesante. Si, por el contrario, el demandante no logra cumplir con el peso de la prueba, el gasto operacional se entenderá variable y procederá una disminución proporcio-nal en la partida de lucro cesante.

Corresponde al Tribunal de Primera Instancia hacer esta determinación con prueba suficiente, de manera que pueda confeccionar un remedio adecuado. No bastará que el demandante presente una tabla que recoja los ingresos dejados de percibir; tiene que pasar prueba sobre sus gas-tos operacionales y demostrar su naturaleza fija no variable. De concluirse que todos los gastos operaciona-les son fijos, no se deducirá cantidad alguna de la partida por lucro cesante. Si no se demuestra la naturaleza fija de los gastos, se entenderá que son variables y se podrán deducir. En ese caso, para hacer la deducción correspon-diente, el foro primario deberá calcular el aumento en los gastos operacionales variables que se hubiera manifestado si el demandado hubiese cumplido con su obligación.

Lo fundamental al hacer esta determinación es identifi-car los gastos operacionales en los cuales se hubiera incu-rrido si se hubiese cumplido el contrato, en vez de un simple análisis rígido entre gastos fijos y variables. La distinción entre gastos operacionales fijos y variables tiene como objetivo guiar el trabajo del tribunal, no atarle las manos. Por esa razón, el cálculo debe enfocarse en deter-minar los costos que el demandante realmente se ahorró por el incumplimiento. Al momento de calcular la cuantía de lucro cesante, el objetivo debe ser determinar aquellos gastos que no se materializaron debido al incumplimiento contractual. Estos son los costos que se deberán reducir de la cuantía de lucro cesante, es decir, que no se le compen-sarán al demandante.

HH HH l-H

En virtud de lo anterior, resolvemos que, cónsono con la naturaleza reparadora de nuestro ordenamiento civil contractual y extracontractual, y el mandato del Artículo 1059 del Código Civil, cuando se otorguen daños por concepto de lucro cesante deberán deducirse todos los gastos operacionales en los cuales el demandante hubiera incurrido si el demandado hubiese cumplido con su obligación. De esta manera, la partida por lucro cesante reflejará únicamente las ganancias netas que el demandante ha dejado de percibir. Corresponde al demandante presentar prueba al tribunal sobre sus gastos operacionales y demostrar que éstos son de naturaleza fija, es decir, que hubiera incurrido en ellos independientemente del cumplimiento del contrato. De lo contrario, se entenderá que los gastos operacionales son variables y se deducirán de la partida de daños otorgados.

En el caso de autos, el Municipio y ConWaste son soli-dariamente responsables por los daños causados a Waste Management. El contrato exclusivo firmado por el Munici-pio y Waste Management aún tenía varios meses de vigen-cia cuando el primero incumplió con su obligación y ConWaste intervino torticeramente en la relación contractual. Sin duda, el demandante tiene derecho a re-cuperar, por concepto de lucro cesante al amparo del refe-rido Artículo 1059 del Código Civil, las ganancias netas que haya dejado de percibir. No obstante, en el juicio, Waste Management se limitó a producir una tabla con las proyecciones de depósitos de desperdicios utilizando los de-pósitos anteriores como base. De esa manera, demostró los ingresos brutos que hubiera recibido si el Municipio hu-biera cumplido con su obligación contractual. En cuanto a las ganancias netas, aunque el señor Renta testificó que, por la naturaleza del negocio, los gastos operacionales de la empresa no fluctuaban de acuerdo con el volumen de los desperdicios depositados en el vertedero de Humacao, lo cierto es que también expresó que no se hizo ningún estu-dio o análisis para verificar si ello era cierto. Es decir, no se demostró que los gastos operacionales fueran fijos. Lo que es más, ni siquiera se presentó prueba alguna sobre los gas-tos operacionales en general.

Evidentemente, Waste Management desconocía que te-nía que demostrar a cuánto ascendían sus gastos operacio-nales y que éstos eran fijos. Por lo tanto, el expediente es insuficiente para determinar adecuadamente si, en efecto, hay que hacer alguna deducción a la partida de lucro cesante. Siendo ello así, es necesario que el foro de instan-cia celebre una vista evidenciaría para determinar, en primer lugar, cuáles son los gastos operacionales del verte-dero de Waste Management en Humacao, pues la presunción de que éstos son variables se activa una vez se determina el monto total de gastos operacionales, cosa que no ha ocurrido en este caso. En segundo lugar, una vez se establezca a cuánto ascienden dichos gastos operacionales, se debe determinar su naturaleza fija o variable, según los criterios explicados en esta Opinión.

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se acoge el recurso como un “certiorari” y se expide el auto para mo- dificar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continua-ción de los procedimientos según dispuesto en esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García

concurrió sin opi-nión escrita.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton

disintió por entender que procede confirmar la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, cree que en este caso el Tribunal no está en posición de crear judicialmente presunciones evi-denciarías que no necesariamente aplican generalmente a todos los negocios de todas las industrias que podrían ser objeto de una reclamación sobre lucro cesante. Los jueces de primera instancia tienen la discreción de evaluar la pre-sentación de prueba pericial, conforme a las particularida-des de cada caso, sin aplicar mecánicamente una fórmula para restar gastos “variables”. Lo importante es que se to-men en cuenta aquellos gastos en que se incurre necesaria-mente para generar la ganancia dejada de percibir, inde-pendientemente de cómo esos gastos son catalogados en la teoría contable y económica que se le presente al juzgador.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

disintió por entender que la controversia versa sobre un asunto de credibilidad en cuanto al testimonio presentado por Waste Management. Considera que no le corresponde a este Tribunal intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el tribunal sentenciador. Asimismo, disintió de la creación de una nueva presunción evidenciaría a favor del deman-dado una vez el foro de instancia ha determinado que pro-cede el pago de lucro cesante. Con la norma establecida la mayoría del Tribunal impone la carga al demandante —que ya ha obtenido un fallo a su favor— de demostrar qué gastos son variables y qué gastos son fijos para deter-minar la partida correspondiente a lucro cesante. Esta ope-ración bien puede hacerla el juzgador a la hora de estable-cer esta partida sin que este Tribunal se adentre en fórmulas rígidas que no necesariamente son de aplicación general. El Juez Asociado Señor Martínez Torres no interviene.

       El contrato firmado por las partes incluye una tabla para el cómputo del costo del servicio, el que varía según el volumen de los desperdicios depositados. En particular, las partes acordaron que El Coquí Landfill (El Coquí o Waste Management) cobraría al Municipio de Gurabo (Municipio) una tarifa de 30 dólares por tonelada por los primeros 18 meses; 33 dólares por los próximos 12 meses; 36 dólares por los siguientes 12 meses y 40 dólares por tonelada los últimos 18 meses. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 3; Apéndice de la Apelación, pág. 61.

       Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 4; Apéndice de la Apela-ción, pág. 52.

       Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 5; Apéndice de la Apela-ción, pág. 53.

       Previamente, el contrato disponía que las partes acordarían designar me-diante común acuerdo el vertedero donde serían depositados los desperdicios recolectados. De igual forma, el Municipio asumió la obligación de pagar los costos del depósito de los desperdicios en el vertedero seleccionado. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 5; Apéndice de la Apelación, pág. 53. Desde que entró en vigor este contrato y hasta febrero de 2006, las partes habían acordado depositar los desperdicios en el vertedero de Waste Management, de forma que el Municipio pu-diese cumplir con sus obligaciones contractuales con dicha entidad.

       Transcripción del juicio en sus méritos, pág. 86; Apéndice de la Apelación, pág. 678.

       “[N]o hay costos fijos asociados a ese volumen”. íd.

       Transcripción del juicio en sus méritos, pág. 89; Apéndice de la Apelación, pág. 681. Acto seguido, el abogado del codemandado replicó “No se hizo”, a lo que el señor Renta ripostó: “No”. íd.

       Íd.

       También cuestionó que Waste Management hubiera utilizado un periodo de trece meses para hacer sus cálculos, ya que ello permitió incluir en dos ocasiones el mes de enero. Los demandados alegan que eso infló indebidamente las proyecciones, pues enero es uno de los meses con mayores depósitos de desperdicios por las fiestas navideñas.

       Apelación, pág. 19.

       Moción en cumplimiento de orden, págs. 4-5.

       “Este se limita a argumentar, a manera de ejemplo, que se [debieron] des-contar los gastos operacionales incurridos por Waste Management. Nótese que esta argumentación se basa en alegados/gastos’ que no fueron presentados ni probados por el Municipio ni por ConWaste”. Id., pág. 7. Además, señala que dichos “alegados ‘gastos’ ni siquiera fueron investigados por las partes demandadas en el proceso de descubrimiento de prueba”. íd., pág. 7 esc. 2.

       (Énfasis suprimido). íd., pág. 8.

       Íd.

       31 L.P.R.A. sec. 3023.

       J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. I, pág. 276. Véase, además, C. Valverde y Valverde, Tratado de Derecho Civil español, 4ta ed., Valladolid, Talleres Tipográficos “Cuesta”, 1937, T. III, págs. 113-116.

       Manresa, op. cit., pág. 276. Ahora bien, el tratadista reconoce que. existe cierta diferencia entre ambas formas de daños y perjuicios. Según éste, en el caso del lucro cesante, “hay en éste una fatal concurrencia de los caracteres de futuro, con-tingente, variable y, sobre todo discutible, que contrastan de modo notable con aque-llas relativas a seguridad de prueba y facilidad de apreciación”, como en el daño emergente. Id., pág. 277. Igual cautela sugiere Castán Tobeñas al expresar que el daño negativo debe ser calculado con mayor prudencia que el llamado “daño positivo”. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, Madrid, Ed. Reus, 1983, T. III, pág. 243.

       Castán Tobeñas, op. cit., pág. 242.

       RJ. Femenía López, Criterios de delimitación del lucro cesante extracontrac-tual, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2010, pág. 201.

       Manresa ofrece como ejemplo un caso de una venta con fines de reventa frustrada por la conducta del demandado. En ese ejemplo existe un “implícito per-juicio por el precio de ésta en cuanto había de ser superior al de venta". Manresa, op. cit, pág. 278, citando la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 31 de octubre de 1936. En varias ocasiones en su tratado, Manresa enfatiza el elemento de la ganancia: ‘Valor de la ganancia dejada de obtener”, id., pág. 283; “pago de la diferencia de precio”, id., pág. 287. Véase, además, M. Albadalejo, Derecho Civil, 5ta ed., Barcelona, Librería Bosch, 1980, T. II, Vol. I, pág. 199.

       (Énfasis suplido). R. Muñiz de León & Co. v. Melón Hnos. & Cía., 56 D.P.R. 330, 340 (1940). Este caso trató de una causa de acción por embargo ilegal.

        S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614 (2002).

       Castán Tobeñas, op. cit., pág. 253.

       Íd.

       (Énfasis suprimido). íd., pág. 253, citando al tratadista Roces.

       (Énfasis suplido). Sentencia de 19 de diciembre de 2005, Repertorio de Ju-risprudencia 295, Aranzadi.

       (Énfasis suplido). íd.

       (Escolio omitido). Femenía López, op. cit, pág. 201.

       (Énfasis suplido). íd. De esa forma se aplica adecuadamente el “principio institucional de la reparación íntegra, que obliga a reparar todo el daño, pero sólo el daño; ni más ni menos”. íd., pág. 202.

       Sentencia SAP de Soria, Sección Primera de 13 de septiembre de 2004, citada en Femenía López, op. cit., pág. 203.

       (Énfasis suplido). Id. Véase, por ejemplo, Sentencia de la SAP de Valencia, Sección Undécima de 16 de mayo de 2007.

       Anotación, Comment Note: Overhead Expense Recoverable Element of Damages, 3 A.L.R.3d 689, 693 (1965) (“[LJosses caused and the gains prevented .... In § 329 of Restatement of Contracts, it was said that one measure of damages for a breach of contract is the net amount of the losses caused and gains prevented by the breach, in excess of savings made possible”). (Énfasis suplido). Véase, además, J. Ross Pepper, Recovering Lost Profits: Prove. Calculate. Award, 44 Tenn. B. J. 14, 15 (2008) (“A plaintiff may not recover lost gross profits, gross revenues or gross sales. Only lost net profits may be recovered”).

       Anotación, supra, pág. 695.

       Id. “If, however, the plaintiff’s claim for damages is based on the theory that the defendant has prevented the plaintiff from carrying out certain transactions and has thereby been responsible for causing the plaintiff a loss of profits, there has been a divergence of opinion as to whether or not the plaintiff must deduct the overhead expenses allocable to the unperformed transactions in computing the amount of lost profits recoverable from the defendant íd., pág. 692. Algunas jurisdicciones no permiten deducción alguna por concepto de gastos operacionales, como California, Iowa, Luisiana, Oklahoma y Pensilvania, mientras otras sí permiten deducciones por gastos operacionales variables, como Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte y Virginia. Id., pág. 697. Véase, además, Ross Pepper, supra, pág. 15; H.K. Munson, Fixed Overhead Expenses: The Gremlins of Lost Profits Damages, 56 J. Mo. Bar 104 (2000).

       Ross Pepper, supra, pág. 15. Véase, además, Ameristar Jet Charter, Inc. v. Dodson Intern. Parts, Inc., 155 S.W.3d 50, 54 (Mo. 2005) (“The goal of awarding damages is to compensate a party for a legally recognized loss. ... A party should be fully compensated for its loss, but not recover a windfall”).

       Munson, supra, pág. 104 (“[R]egardless of the volume of output. They do not vary with the volume of business”).

       Id. (“At times, expenses that are generally considered to be overhead may fluctuate as the volume of business increases or decreases. These variable overhead expenses, also referred to as direct or variable expenses, consist of those overhead type of expenses directly linked to, or which fluctuate with, the volume of output”). Véase, además, Ameristar Jet Charter, Inc. v. Dodson Intern. Parts, Inc., supra, pág. 55.

        Ameristar Jet Charter, Inc. v. Dodson, supra.

       Íd., pág. 56.

       Ross Pepper, supra, pág. 16. Véase, además, Buono Sales, Inc. v. Chrysler Motors Corporation, 449 F.2d 715 (3er Cir. 1971). En esa ocasión, el tribunal de circuito federal resolvió que debía deducirse de la partida de lucro cesante el ingreso que pudo obtener el demandante por el espacio comercial no ocupado por el deman-dado producto de su incumplimiento de contrato. Es decir, lo que en otras circuns-tancias podría calificarse como un gasto operacional fijo, se convirtió en una partida deducible porque el demandante obtuvo una ventaja como consecuencia del incum-plimiento del demandado, pues el espacio desocupado pudo ser explotado económicamente.

       Ross Pepper, supra, pág. 15.

       Íd. (“The burden of proof is on the plaintiff”). Véase, además, Buono Sales, Inc. v. Chrysler Motors Corporation, supra, pág. 720.

       Véase Valverde y Valverde, op. cit., pág. 115. Esto responde a la norma general de que la prueba del daño incumbe al acreedor.

       El caso Ameristar Jet Charter, Inc. v. Dodson Intern. Parts, Inc., supra, es altamente ilustrador. El Tribunal Supremo de Missouri resolvió que no era suficiente que un funcionario de la empresa demandante presentara una tabla con un estimado de las ganancias frustradas. Dado que el alto foro estatal concluyó que algunos gas-tos operacionales pueden ser fijos en ciertos contextos pero variables en otros, y que el expediente era insuficiente para determinar qué gastos operacionales correspondían a una u otra clasificación, el Tribunal devolvió el caso al foro de instancia para una vista evidenciaría sobre la cuantía de los daños.

       Por su parte, Ross Pepper propone que, si el demandante falla en presentar esta prueba, el tribunal podrá presumir que la evidencia no presentada hubiese sido adversa a la reclamación del demandante. Ross Pepper, supra, pág. 15.