author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Alvarez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,' Primer Distrito, en causa por adulteración de leche.
    No. 2132.
    Resuelto en marzo 20, 1924.
    Adulteración de Leche — Duda Razonable. — Siendo dudoso y evasivo el testimo-nio del inspector de sanidad respecto a si tomó la muestra de leche antes o después de ser vaciada del jarro donde fué puesta en la vaquería a otro jarro en el depósito de leche, preciso es concluir que la culpabilidad del acusado no se estableció fuera de duda razonable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Días Viera.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo. 236 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe lo siguiente:

“En todo proceso criminal, se considera inocente al acusado mientras no se pruebe lo contrario, y en caso de existir duda ra-zonable o fundada acerca de su culpabilidad, se le absolverá.”

El apelante, dueño de una vaquería, vendía la leche a un revendedor y la entregaba en un cacharro provisto de un candado con llaves duplicadas, una de las cuales la guar-daba el apelante y la otra el comprador.

El día del suceso de referencia el comprador abrió el cacharro en su depósito, donde tenía otra leche para la venta, y el contenido fué vaciado a otro envase. Esto se hizo a presencia de un inspector de sanidad, quien declaró en el juicio que tomó una muestra para fines de análisis del primitivo envase; que la leche fué vaciada para obte-ner la muestra y que no había ninguna agua en el recep-táculo adonde fué vaciada Con tal fin; que el testigo sabía que no había agua en el jarro en donde se vació la leche; que el testigo no examinó el jarro antes de ser vaciada en él dicha leche; que el testigo examinó el jarro antes de lie-liarse y no había ninguna agua; que en el envase al cual fue trasladada la leche no había agua; que el testigo lo examinó; que el testigo siempre tiene esa precaución; que el testigo no recordaba si la leche había sido vaciada o no antes de tomar la muestra, pero creía que no; que fue va-ciada; que el testigo estaba en duda sobre si la muestra se tomó antes de que el envase primitivo se vaciara; que la muestra se envió al laboratorio; que la leche se vació.

El dueño' del depósito y comprador de la. leche que ha-bía abierto y vaciado el cacharro declaró que él había com-prado la leche al apelante. Es significativo el hecho de que a pesar de las manifestaciones contradictorias del anterior testigo, el fiscal no hizo ninguna pregunta respecto a si la muestra había sido tomada antes o después de vaciarse el primitivo envase.

Si la leche fue cambiada a otro envase, en un depósito, donde había otra leche para la venta, antes de tomarse la muestra y sin la previa inspección dé tal envase, o a falta de prueba tendente a demostrar que el nuevo receptáculo es-taba entonces vacío, ninguna corte podía declarar que se había demostrado que el acusado era culpable fuera de duda razonable. Ni puede permitirse que subsista ninguna sen-tencia o condena basada en declaraciones tan claramente evasivas, dudosas y contradictorias por sí como la del inspector de sanidad arriba referidas, en un caso donde otras declaraciones sobre la misma cuestión pueden claramente ob-tenerse por el fiscal, pero> que no se aportan por el referido fiscal.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto él acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Pacheco, Demandante y Apelante, v. Juez Municipal de San Juan, Sección Segunda Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en procedimiento de mandamus.

    No. 3103.
    Resuelto en marzo 20, 1924.
    Portar Armas Prohibidas — Propiedad del Arma si el Acusado es Absuelto.— Cuando en el juicio en que fué absuelto un acusado por portar armas prohi-bidas quedó probado que el arma pertenecía al acusado, es el deber de la corte entregársela.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del .apelante: Sr. E. Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró sin lugar una petición de auto de mandamus por las razones que a continuación se trans-criben :

“En este caso se presentó una petición solicitando un auto de mandamus por el cual se ordenase al juez municipal de San Juan, Sección Segunda, la entrega de una pistola o revólver que se dice retiene dicho funcionario después de haberse celebrado el juicio seguido contra Luis Pacheco Yidal, peticionario, por el delito de portar armas.
“Se alega en la petición que el peticionario fue atísuelto del de-lito que se le imputaba en la misma córte inferior, y en esta abso-lución funda su derecho a que le sea devuelta el arma de fuego referida..
“La corte cree que no procede dictar el auto de mandamus solicitado porque el juez de la corte inferior tiene discreción para devolver o no un arma de fuego que ha sido presentada como prueba en juicio criminal, y un fallo absolutorio dado a favor de una persona acusada por el delito de portar armas, no resuelve nada con respecto al derecho de propiedad sobre el arma ocupada. Sil el arma pertenece en realidad al peticionario y si ella fué ocupada ilegalmente, él tiene un remedio eficaz en la ley para exigir su devolución. Puede darse el caso de que una persona acusada del delito de Portar Armas, alegue en el momento del juicio que el arma no le fué ocupada en su persona, y que la corte dando eré-dito a este testimonio decrete su absolución, j llevaría este fallo la implícita obligación de devolver al acusado el arma ocupada, si la corte no ba podido resolver si era o no de su propiedad! La negativa se impone.”

La petición no se funda única y exclusivamente en el Le-cho de una absolución del acusado, como manifestó el juez de distrito, sino que también alega que el peticionario ba sido privado de su propiedad sin el debido proceso de ley y cita de la orden dictada por el juez municipal el párrafo siguiente:

“Pero hay un hecho1 debidamente probado y no contradicho, y es que el revólver o pistola ocupada es de la propiedad del acu-sado; y claro es que si lá corte no pudo constatar la verdad de lo alegado en la denuncia, ni lo establecido por la prueba de la de-fensa, mal puede concluir en que el arma fué ocupada ilegalmente, y que en su consecuencia procede su devolución. Se desestima dicha moción.”

El artículo 26 del Código Penal prescribe que:

“Ninguna convicción por delito apareja la pérdida o comiso de bienes, salvo los casos en que dicha pena estuviere expresamente im-puesta por la ley.”

^Resultaría a fortiori que ninguna corte tiene autoridad, discrecional o de otro modo, para confiscar los bienes de Cual-quier persona acusada de un delito, después de una abso-lución, a falta de alguna disposición legal en tal sentido y en un caso en el cual no existe cuestión sobre el derecho de propiedad.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sil Wiole,

text:
    José González Clemente & Cía., Demandante y Apelante, v. López et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2933.
    Resuelto en marzo 21, 1924.
    Daños y Perjuicios eoe Embargo Indebido — Aseguramiento de Sentencia— Defensas Insuficientes. — Cuando una acción en cobro de dinero se deses-tima, el aseguramiento de sentencia concedido se anula también; y una. acción entablada por el demandado para que el demandante y sus fiadores-le indemnicen de los daños causados por el embargo, debe prosperar, no-siendo defensa ni el hecho de que el demandante hubiera actuado con buena fe ni que la demanda hubiera sido desestimada porque el demandante esta-bleció la acción a su nombre en vez de hacerlo como agente del verdadero» acreedor, ni que los daños ocasionados. por la venta de los bienes fungibles embargados pudieron evitarse si el demandante hubiera pagado su deuda al verdadero acreedor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Benet S Sonffroní.

    Abogados de los apelados: Sres. J. Sabater y S. Sumí.

   El Juez Asociado Sil Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil J. Ochoa y Unos, estableció demanda contra otra mercantil, José González (demente y Cia., en co-bro de la suma de $2,300. El pleito fne iniciado en la Corte de Distrito de San Juan y subsiguientemente trasladado al ' distrito judicial de Mayagüez. Allí la mercantil demandante obtuvo un embargo preventivo o preliminar y como requi-sito previo a su expedición prestó fianza por la suma de $3,200. Los fiadores en esta fianza fueron José López Pe-reirá y Maximino Pérez.

La condición de la fianza era que los obligados resarci-rían a la demandada los daños y perjuicios que pudieran ocasionarle debido a la ilegal expedición del embargo.

Actuando de acuerdo con los procedimientos de embargo el márshal se incautó de 50 barriles de tocino. A instancia del entonces demandante estos 50 barriles de tocino fueron rendidos en pública subasta obteniéndose por ellos $1,230, suma que fue consignada en la corte.

. A la demanda en esta acción se formuló excepción pre-via que fue declarada con lugar. Se resolvió que la demanda no era. susceptible de enmiendas y la opinión y sentencia de la corte inferior quedó sostenida en apelación. J. Ochoa & Hno. v. J. González Clemente, 29 D. P. R. 1015.

Entonces la demandada en la acción anterior pasó a ser demandante en la presente y demandó a la firma J. Oclioa y" Hermanos y sus fiadores José López Pereira y Maximino Pérez por la diferencia en el valor del mercado de los 50 barriles de tocino .cuando fueron vendidos y el precio en que se vendieron dichos barriles. Este saldo con intereses, según se reclamó era de $1,070. La presente mercantil de-mandante recibió los $1,230 consignados en la corte.

Creemos que es demasiado claro para argumento el he-cho de que cuando una acción se desestima cualquier ase-guramiento librado en ese caso lo ha sido ilegalmente y por lauto indebidamente expedido. Al desestimarse una acción el embargo desaparece y la propiedad del demandado debe serle reintegrada. El tiene derecho a recobrar por toda la pérdida o detrimento o disminución en valor de la propie-dad mientras ha estado privado de su uso.

La única investigación entonces es la cuantía de los da-ños y perjuicios, toda vez que la desestimación fija el de-recho de las partes. Es cosa juzgada y de no ser apelada cualquier otro juez o corte, de acuerdo Con la ley, está obli-gada a respetarla. En este caso concreto no solamente fue desestimada la acción sino que esta corte confirmó la senten-cia en apelación. La teoría de la decisión fue necesaria-mente que A obligado para con B no puede hacerse respon-sable de una reclamación de C. Que C es el mandatario de B no importa si C alega tener un derecho de acción él mismo y no su principal.

El mandatario en el pleito anterior trató de substituir el nombre del demandante pero en ningún momento el man-dante pretendió hacer suya la acción, de modo que sea res-ponsable para con la demandada por la indebida radicación de la demanda y por tanto del embargo.

Bajo estas circunstancias no es permisible a dicho agente o sns fiadores el poder alegar que la anterior demandada de-bía a alguna otra persona, aun cuando esa otra persona re-sulte ser el principal y supuesto dueño de la obligación o re-clamación que dicho agente pretendió alegar. En cuanto a la anterior demandada, su reclamación de daños y perjuicios es la misma que en el caso de una acción y aseguramiento de sentencia de uno que es completamente ajeno al asunto. La anterior demandada no debía un centavo al mandatario que estableció el pleito. Esto se admite por todos. No es-tamos de ninguna manera de acuerdo con la tentativa de la corte inferior a juzgar de los particulares de la reclama-ción del principal contra dicha anterior demandada, toda vez que esa reclamación no estuvo debidamente ante la corte. Dicho alegado principal no estaba ante la corte.

En vista de estas circunstancias no importa si J. Ochoa y Hermanos, los referidos agentes, procedieron de buena o Piala fe. Cuando una persona ilegalmente toma la propie-dad de otra es responsable por los daños y perjuicios rea-les, haya actuado de buena o mala fe.

No habría quizá daños, punitivos. Como hace tiempo in-dicó el Juez Presidente, Sr. Marshall, no es tanto lo que haya sido hecho en un pleito determinado o bajo una au-toridad particular alegada como lo que de acuerdo con ella puede hacerse. Si los agentes podían justificarse en este caso también podían en cualquier otro. En cada caso en-tonces la cuestión colateral surgiría respecto a si la obli-gación no se tenía con la persona que estableció la demanda sino con alguna otra, un supuesto mandante.

Aquí tampoco importa, como declaró y resolvió la corte inferior, que los efectos embargados fueran fungióles y sus-eeptibles de rápido deterioro. Si una persona se apodera de mis bienes no puede justificar la pérdida que se me cause diciendo que dichos bienes eran deteriorables y que por tanto los ofreció en subasta pública al mejor postor que se presentara. En tal caso tengo derecho a probar mi verda-dera pérdida.

La demandante alegó en su demanda una pérdida de $1,070 y también presentó prueba pará establecerla. La contestación de los demandados expresaba que la deman-dante no había sufrido pérdida alguna y que si alguna pér-dida resultó fue debida al hecho de no pagar dicha deman-dante por los 50 barriles de tocino. En gran parte esta de-fensa envuelve la misma idea errónea que había en todos los procedimientos iniciados en esta serie de litigios, o sea, que los demandantes aquí debían cierta suma de dinero a alguna otra persona. La prueba no contradicha tendió a demos-trar que en la fecha en que los demandantes quedaron pri-vados de la posesión de sus bienes éstos tenían el valor que se reclamaba.

Debe revocarse la sentencia y en su lugar dictarse otra a favor de los demandantes por la suma de $1,070 con in-tereses desde el día 29 de julio, 1921, con costas, pero sin. honorarios de abogado.

Revócadia la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Áldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. ‘Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mulero, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao .en causa por infracción a la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 2034.
    Resuelto en marzo 24, 1924.
    Pan Palto de Peso — Tolerancia por Defecto en el Peso del Pan — Conocí- ' miento Judicial. — No aduce hechos suficientes una denuncia por vender pan falto de peso (ley 25 de 1921) si no se alega la tolerancia por defecto per-mitida por la ley, pues sin tal alegación no puede saber la corte si el pan tenía menos peso del permitido por la tolerancia, la cual no es de conoci-miento judicial según se resolvió en el caso de El Pueblo v. Qrau, 29 D. P. B. 1038.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. ‘Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado en una c'orte municipal por haber infringido la ley de Pesas y Medidas No. 25 de 1921, imputándosele que voluntaria y maliciosamente se dedicaba a vender en su establecimiento pan falto de peso, habién-dose ocupado un bollo en cuya envoltura marcaba una li-bra y al cual faltaban 45 gramos. Fue condenado, y al co-nocer de esa denuncia la corte de distrito en grado de ape-lación fue sentenciado nuevamente interponiendo entonces esta apelación.

La. ley citada, que enmendó la número 13 de 12 de abril de 1917, declara en su sececión primera que una libra (■avoirdupois) o 453 gramos será la unidad o tipo modelo para los bollos de pan. En su sección segunda dispone que todo pan que se venda, ofrezca o exhiba para la venta será envuelto en una bolsa de papel que tendrá un rótulo claro con el peso correcto y el nombre del fabricante, y dispone que el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas establecerá al empezar a regir la ley aquellas variaciones o tolerancias razonables que tanto por exceso como por defecto puedan ser aplicables al peso indicado de los bollos: y por la sec-ción cuarta se Castiga al que infrinja las disposiciones de la ley.

Alega el apelante en el primer motivo de su recurso que la corte inferior cometió error al no declarar con lugar la ex-cepción previa que opuso a la denuncia por no aducir hechos determinantes del delito denunciado, pues las palabras que contiene respecto a qne faltaban 45 gramos al bollo de pan son nna Conclusión a que lia llegado el denunciante y no es alegación de que el pan pesara determinada cantidad de gramos inferior a la libra, por lo que no pue'den ser toma-das en consideración y la denuncia quedaría limitada a que el pan estaba falto de peso, que es otra conclusión del de-nunciante y no exposición de hechos.

En verdad la denuncia debió alegar los gramos que pe-saba el pan para poder conocer los que faltaban en la libra tipo y poder concluir si estaba falto de peso; mas Como se trata de una denuncia y no de una acusación de un fiscal podemos interpretarla liberalmente y entender que como dice que faltaban 45 gramos al bollo de pan, lo que ésta pesaba era 408 gramos, que es la diferencia entre los 45 gra-mos y los 453 de la libra tipo.

Mas fundamento encontramos en la alegación de que permitiendo la ley que haya ciertas tolerancias por defecto en el peso del pan no es bastante alegar que el pan pesaba o le faltaba determinado número de gramos, porque si la falta está comprendida dentro de la tolerancia no existirá el delito.

Creemos con el apelante que la alegación de la toleran-cia permitida es necesaria porque sin ella no puede saber la corte si el pan estaba con menos peso del permitido por la tolerancia fijada por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas, para que exista el delito, ya que dicha tolerancia no es de conocimiento judicial, según hemos declarado en el caso de El Pueblo v. G. Garau & Co., 29 D. P. R. 1038.

Por las razones expuestas, la sentencia apelada debe ser revocada y absuelto el denunciado.

Revocada la sentencia apelada, y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Se. del Tobo,

text:
    Loíza Sugar Company, Demandante y Apelada, v. Hernaiz y Albandoz, Demandados y Apelante El Segundo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre confesoria de servi-dumbre.
    No. 2885.
    Resuelto en marzo 25, 1924.
    Injunction; Juramento Válido. — Expresar en el juramento de una solicitud de injunction que los hechos alegados le constan de propio y personal conoci-miento al que jura, equivale a afirmar la certeza de tales hechos.
    Id. Solicitud Suficiente — Alegaciones de la Solicitud — "Remedio Adecuado en Ley.”- — No es necesario que se alegue con las exactas palabras "que se carece de un remedio adecuado en ley” para que se pueda solicitar un injunction, si de los hechos expuestos en la solicitud puede' llegarse a esa conclusión.
    Id. — Id.—"Daño Irreparable.” — La palabra "irreparable” ha adquirido en la ley sobre injunction una significación que tal vez no está en completa ar-monía con su etimología o su significado literal. Hay daños incapaces de ser reparados que una corte de equidad no considera como irreparables. "T por otra parte existen daños que pueden repararse, que se considerarán, sin embargo, como irreparables si la persona que los causa o amenaza causarlos es insolvente o no puede responder por daños y perjuicios. Según se usa generalmente la palabra significa aquello que no puede repararse, restable-cerse o recompensarse de modo adecuado con dinero, o cuando la compensa-ción no puede estimarse con seguridad.
    Id. — Id.—Cuando se habla de un daño irreparable no quiere deeirse que el misipo> esté fuera de la posibilidad de ser reparado o de ser compensado en una ac-ción de daños y perjuicios, sino que ha de ser de tan constante y frecuente-repetición que no pueda obtenerse ningún remedio adecuado o razonable para el mismo, en una corte que administra justicia de acuerdo con la ley.

      Injunction Temporal — Discreción Judicial. — La concesión de un injunction temporal descansa en la .discreción de la corte, que debe ejercitarse en favor de la parte que pueda resultar más perjudicada.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. P. Amado Rivera.

    Abogado de la apelada; Sr. E. Acuña.

   El Juez Presidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un injunction preliminar. Entablada demanda por la Loíza Sugar Company contra Luis Hernaiz y José Albandoz sobre acción confesoria de servidumbre, la deman-dante solicitó de la corte que expidiera una orden prohL bienclo a los demandados que impidieran a la demandante usar el ferrocarril que para la conducción de cañas dulces tenía la demandante construido sobre tierras de los demandados. La corte puso en entredicho a las partes y fijó un día para oirlas. Entre tanto el demandado Albandoz presentó una moción solicitando que la petición fuera desestimada. La corte declaró la moción sin lugar y después de haber oído a las partes y por el mérito de la prueba practicada, de-cretó el injunction preliminar solicitado, • fijando la fianza que debía prestar la demandante.

No conforme el demandado Albandoz apeló para ante este tribunal señalando en su alegato la comisión de siete errores.

Argumentando el primer error sostiene el apelante que la petición de injunction debió ser desestimada (a), por no estar debidamente jurada y (b), por falta de hechos sufi-cientes para determinar el derecho de la peticionaria al re-medio solicitado.

En lo pertinente el juramento dice:

“Que be leído la precedente solicitud de Injunction y conozco el contenido de la misma,- y que los hechos alegados en los párrafos 1°., 2°., 3°., 5°., y 6o., me constan de propio y personal conocimiento; constándome por información y creencia de personas a quienes creo verídicas, los hechos alegados en el párrafo 4o.”

Alega el apelante que ese juramento .no cumple las exi-gencias del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque el que jura no afirma que es cierto lo alegado. Y alega a su vez la apelada' que aunque el juramento no usa las palabras de la ley, cumple con lo exigido por ella. Y tiene razón a nuestro juicio, porque habiendo afirmado el que jura que le constan los hechos, tal afirmación en-vuelve la de la certeza requerida por la ley. Constar, pro-cede de la palabra latina constare que se compone de cum, con, y stare, estar en pie, y significa según los diccionarios, ser cierta y manifiesta una cosa. No obstante la conclusión a que hemos llegado, deseamos expresar que la, mejor prác-tica es seguir las palabras de la ley, en evitación de demo-ras y dificultades.

La falta de liecbos según el apelante consiste en que en la petición no se alega que la peticionaria carezca de un re-medio adecuado en ley y en que no resulta daño irreparable de los lieclios expuestos.

En la solicitud de injunction se alegó, en resumen, que la demandante es dueña de una Central y de un sistema de ferrocarriles para la conducción de cañas a la Central; que los demandados son dueños de cierta finca que se describe sobre la cual pasa el ferrocarril de la demandante desde 1893 a virtud de un contrato debidamente celebrado con los anteriores arrendatarios y ratificado por los actuales due-ños de la indicada finca, y que en cierta fecha uno de los demandados se opuso al funcionamiento del ferrocarril, opo-sición que impedía a la demandante el transporte aproxi-madamente dQ mil quinientas toneladas de caña pendiente de ser molidas, y que la conducción de dichas cañas “por cualquiera otra vía distinta de aquella, sólo podía efectuarse determinando considerables aumentos en el costo de arras-tres, notables demoras, de tiempo y gravosas pérdidas y desmerecimientos en el número y condición de dichas ca-ñas, todas cuyas circunstancias determinarán necesaria-mente daños de consideración para vuestra peticionaria, cuya cuantía compensatoria se hace' a éste muy difícil pre-cisar, en el caso de que aquella proporcionase un remedio ade-cuado.”

No es necesario que se alegue cpn 'las exactas palabras “que se carece de un remedio adecuado en ley” para que se pueda solicitar un injunction, si de los hechos expuestos en la solicitud puede llegarse a esa conclusión. Y a nues-tro juicio ese es aquí el Caso, tratándose, como se trata, es-pecialmente de un injunction solicitado dentro de un pleito y siendo aparente que la continuación del acto que se trata de impedir habría de causar perjuicios de consideración, irreparables dentro del concepto qne esta palabra tiene en la jurisprudencia, durante la sustanciación del litigio.

“La palabra ‘irreparable’ ha adquirido en la ley sobre injunction una significación que tal vez no está en completa armonía con su etimología o su significado literal. ' Hay daños incapaces de ser reparados que una corte de equidad no considera como irrepara-bles. Y por otra parte existen daños que pueden repararse, que se considerarán, sin embargo, como irreparables si la persona que los causa o amenaza causarlos es insolvente o no puede responder por .daños y perjuicios. Según se usa generalmente la palabra significa aquello que no puede repararse, restablecerse o recompen-sarse de modo adecuado con dinero, o cuando la compensación n© puede estimarse con seguridad.” 14 R. C. L. 346.
“Cuando se habla de un daño irreparable no quiere decirse que el mismo esté fuera de la posibilidad de ser reparado o de ser compensado en una acción de daños y perjuicios, sino que ha de ser de tan constante y frecuente repetición que no pueda obte-nerse ningún remedio adecuado o razonable para el mismo en una corte que administra justicia de acuerdo con la ley.” 6 Encyc. of U. S. Sup. Ct. Rep. 1041-3.

Los otros errores se refieren a la práctica y a la apre-ciación ele las pruebas. Para exponerlos con claridad y dis-cutirlos, necesitaríamos alargar innecesariamente esta opi-nión. Sólo hay entre ellos una cuestión digna de estudio en verdad y es la de la duración de la sociedad Hernáiz y Cía. con la que se Celebró o la que ratificó el contrato sobre el paso del ferrocarril, pero como resolverla sería quizá pre-juzgar la decisión definitiva del pleito sobre servidumbre, nos abstenemos de ello. Un estudio de la totalidad del asunto nos lleva a concluir que la corte de distrito no abusó de su poder discrecional y sabido es que la concesión de un injunction temporal descansa en la discreción de la corte, que debe' ejercitarse en favor de la parte que pueda resul-tar más pei-judicada. Morfi v. Fajardo Development Co., 17 D. P. P. 798. No bay duda alguna de que la parte más perjudicada aquí era la demandante que de súbito, cuando estaba pagando el precio estipulado para ello, se ve impe-elida de funcionar su. ferrocarril como venía haciéndolo por años, en el período de zafra, para conducir cañas pendien-tes de molienda. Si finalmente se resolviera que la deman-dante no tenía razón, su fianza responderá de los perjui-cios que puedan haber recibido los demandados.

Parece conveniente agregar que el demandado Iíernáiz nada gestionó en el pleito ni apeló de la orden de injunction y que el otro demandado apelante insiste, en la discusión de alguno de los errores que señala, en demostrar que no debió expedirse el mandamiento porque no se probó que él se opusiera al funcionamiento del ferrocarril.

A virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la orden recurrida.

Confirmada la orden recurrida.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. FkaNco Soto,

text:
    Goffinet et al., Demandantes y Apelantes, v. Polanco et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hum a,cao en pleito sobre devolución de frutos y liquidación de cuentas.
    No. 2929.
    Resuelto en marzo 26, 1924.
    Daños y Perjuicios — Causa de Acción. — Los acreedores de un crédito hipote-cario que a cansa de no haber hecho una exposición fiel de los hechos en la demanda de'ejecución fueron condenados en pleito ordinario a pagar daños y perjuicios al deudor hipotecario, no pueden. repetir contra los compradores de la finca el importe de la condena de daños y perjuicios bajo la alegación de que ellos tenían conocimiento de las causas de nulidad del ejecutivo y que en combinación con el deudor compraron la finca con el propósito de enriquecerse.
    Id. — Costas—Temeridad.—Cuando no puede concluirse que la mala fe o la. teme-ridad guiaron a la parte demandante a presentar la demanda, aunque sus pretensiones se desestimen totalmente, la condena de costas es improcedente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: iSr. H. G. Molina.

      Abogados de los apelados: Sres. Sarmiento y Puig.

   El Juez Asociado Se. FkaNco Soto,

emitió la opinión de] tribunal.

Esta es una apelación de una sentencia desestimando la demanda con costas por falta do causa de acción.

Los demandantes, dueños de un crédito hipotecario, uti-lizaron el procedimiento sumario para su ejecución, y la finca objeto del gravamen'fue subastada y adjudicada a los demandados.

Más luego el deudor presentó demanda ordinaria soli-citando la nulidad del procedimiento especial hipotecario y para que además se le indemnizara de los daños y perjui-cios sufridos con motivo de la venta de la finca hipotecada. La demanda fue declarada con lugar en la corte inferior y confirmada por esta Corte Suprema en la apelación que sos-tuvieron los apelantes. 29 D. P. R. 120.

La indemnización concedida alcanzó a la suma de $9,930, cuya suma representaba los frutos que había dejado de per-cibir el deudor durante el tiempo que fue desposeído de su finca, alegando sin embargo los apelantes que los demanda-dos conocían los vicios de nulidad del procedimiento suma-rio y a pesar de tal conocimiento, en combinación con el dueño de la finca hipotecada, remataron y compraron dicha finca con el propósito de enriquecerse.

Partiendo de estos antecedentes los apelantes piden que los demandados rindan cuenta de los frutos percibidos desde que ocuparon la finca ilegalmente y el saldo que arroje dicha cuenta abonarlo a la suma de $19,202, que es el precio que los demandados pagaron por la finca, y el cual retenían los apelantes.

La razón que tuvo la corte inferior para dictar su sen-tencia descansa en que los apelantes no habían sido due-ños o disfrutado en modo alguno de la finca ni tampoco ha-bían sustituido en sus derechos al ejecutado en el procedi-miento hipotecario.

El fundamento de la corte inferior fué correcto.

Es cierto que en la opinión de esta corte (29 D. P. Ií. 120) se dice que a los apelantes no les podía ocasionar gran inconveniente cumplir la sentencia qi\e les condenó a in-demnizar daños y perjuicios por tener en su poder el pre-cio de la venta montante a más del doble del importe de aque-lla sin perjuicio de cualquier reclamación que puedan te-ner dichos apelantes para ser subrogados y reintegrados; pero esta es una declaración incidental que no establece de-recho alguno a favor de los demandantes.

No creemos necesario examinar las razones que tuvo la ley para establecer que el acreedor que acude al procedi-miento especial hipotecario queda sujeto a indemnizar ña-ños y perjuicios al deudor o terceros interesados por ma-licia o negligencia en la fiel exposición de los hechos, ar-tículo 109 del reglamento de la Ley Hipotecaria, toda vez que a este precepto obedece el lenguaje que emplea esta corte en el caso supra, página 140, diciendo:

“El acreedor hipotecario que prefiere ejercitar su dereeho a este remedio drástico, debe tener cuidado de cumplir con los re-quisitos prescritos que en cierto modo protegen al deudor hipo-tecario contra el abusó intencional o negligente de tal dereeho; o de otro modo estar preparado para afrontar la obligación im-puéstale por la ley y que por necesidad ha asumido expresamente en la solicitud para la ejecución de la hipoteca, en el caso de no hacerse ‘una verdadera exposición de los hechos y de las circuns-tancias que el juez debe tomar en consideración al autorizar el establecimiento de los procedimientos y seguir adelante con ellos.’ ’’

T en cuanto a los hechos esta corte, continúa en su opi-nión, página 143, diciendo:

“Los apelantes no citan ninguna autoridad sobre esta cuestión que no sea el principio general de que ‘no puede haber indemni-zación por pérdidas que pudieran haberse evitado mediante razo-' nables esfuerzos por parte de la persona perjudicada.’ La cita de este principio no está favorecida por los acreedores hipoteca-ríos, quienes, eon el fin de aprovecharse del procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria y de la incapacidad del deudor hipote-cario según los preceptos terminantes de esa Ley para poder im-pugnar la veracidad de las alegaciones jurisdiccionales han recu-rrido a la medida de tergiversar deliberadamente los hechos en la corte lo que equivalía a un fraude.”

El principio de que todo el que reclama equidad debe presentarse con las manos limpias, sería de aplicación en este caso, y si los demandantes en el procedimiento hipote-cario no hicieron una exposición fiel de los hechos y que la misma fue maliciosa, equivalente a un fin fraudulento, no vemos la manera como ellos pudieran repetir de los com-pradores de la finca la condena que les impuso la ley por daños y perjuicios cuando los apelantes no han sido due-ños de la finca y más bien se trata de una penalidad por actos maliciosos o negligentes. Pudiera ser que otras hu-bieran sido las circunstancias del caso y bajo este punto era acaso posible imaginar que los apelantes pudieran su-brogarse en los derechos del dueño.

Tal vez la declaración incidental a que hemos hecho men-ción y en la que se apoyan los apelantes, puede atenuar las consecuencias de la sentencia en cuanto al pronunciamiento de Costas. No podemos decir, por tanto, que los apelantes estaban desprovistos de alguna razón, aunque aparente, y si bien sus pretensiones fueron totalmente desestimadas, no puede sostenerse que la falta de buena fe o la temeridad les guiaba al presentar y sostener el presente pleito.

Por lo expuesto la sentencia debe confirmarse con ex-cepción de las costa°s.

Confirmada la sentencia apelada, menos en ■costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro. y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Jtjez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    Ruiz, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en pleito sobre disolución de contrato y daños y perjuicios.
    No. 2996.
    Resuelto en marzo 26, 1924.
    Compraventa — Entrega de la Oosa Vendida — Tradición. — Para que el mero otorgamiento de la escritura a que se refiere el artículo 1365 del Oódigo Civil equivalga a la entrega de la cosa vendida, es requisito indispensable que el vendedor tenga la posesión real de la misma.
    Id. — Rescisión de la Venta — Causa de Acción — Estoppel.—El heeho de que el comprador de la cosa hubiera instado un pleito del cual desistió, para rei-vindicarla de quien la poseía al tiempo de la venta, no le impide demandar al vendedor pidiendo la rescisión del contrato, cuando el vendedor no sólo no tenía la posesión al vender, sino que oeultó al comprador la pugna que mantuvo siempre con el actual poseedor por la posesión de la finca objeto de la venta.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Martines Bávila.

    Abogado del apelado: Sr. A. R. de Jesús.

   El Jtjez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión de] tribunal.

Francisco Ruiz de Porras compró a Eugenio Rodríguez Suárez un predio de diez cuerdas, formalizándose el con-trato mediante documento público, otorgado ante notario.

El comprador entregó el precio al vendedor e inscribió su título en el registro de la propiedad, pero alega el com-prador, demandante en este caso, que pocos días después de realizado el contrato de compraventa, fue a. tomar pose-sión de la finca y no pudo bacerlo por haberlo impedido la corporación “The Star Fruit Co. of Porto Rico,” quien se hallaba en posesión de la finca, usufructuándola y ejer-ciendo sobre la misma actos de dominio, teniéndola cercada y fijado carteles en inglés y español que prohibían la en-trada a la propiedad.

Alegó además el demandante que si bien inició un pleito contra la anterior corporación para reivindicar la finca en cuestión, desistió de la continuación del mismo porque el de-mandado nunca estuvo en posesión de dicha finca y no de-seando correr los riesgos de un pleito, máxime cuando la finca no podía ser identificada, a cuyo pleito no estaba obli-gado, dicho demandante optó por acudir a esta demanda para que se resuelva- el contrato celebrado con el deman-dado por no haber entregado éste la finca comprada.

La contestación, en síntesis, del demandado es como si-gue: “que el contrato estaba perfectamente consumado, toda vez que el demandante había inscrito su título en el registro de la propiedad y había ido con el demandado a ver la finca y a tomar posesión de ella;” y que cuando él vendió dicha finca al demandante, se encontraba en la pose-sión quieta y pacífica de la misma, en la que también tenía una parte con siembras de cañas.

El caso fué visto en sus méritos, y la corte inferior dictó sentencia favorable al demandante, .por lo que el de-mandado ha interpuesto esta apelación.

El apelante en términos generales sostiene que la corte inferior cometió error al declarar resuelto el contrato de com-praventa celebrado entre demandante y demandado. No se hace un señalamiento específico de errores. Sin embargo, el a,pelante al discutir su proposición plantea las dos cuestio-nes siguientes: (a) que hubo entrega de la cosa vendida porque la venta se hizo por escritura pública; y (&) por-que el demandante está impedido de alegar la resolución del contrato por el solo hecho de haber tratado de reivin-dicar la finca en cuestión de la persona que estaba en pose-sión de la finca al verificarse la venta.

El apelante funda la primera cuestión en el artículo 1365 del Código Civil, que dice:

“Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
“Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otor-gamiento de ésta equivaldrá a la entrega: de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere clara-mente lo contrario.”

Este artículo si bien responde a una ficción legal tiene por base la verdad real, o sea: la preexistencia de la po-sesión quieta y pacífica en el vendedor de la cosa objeto del contrato. Basta el otorgamiento de la escritura como equi-valente de la tradición, pero es solamente una representa-ción mental que sustituye los signos para dar realidad a la entrega de la cosa; de este modo se liace innecesario el “ponimiento de pies” de nuestras antiguas leyes o la en-trega de llaves etc. Como consecuencia, no se cumple sim-plemente el texto de la ley, si la fórmula simbólica' del otor-gamiento de la escritura no responde al fiecbo positivo de que el vendedor posee real y efectivamente la finca que vende. De abí la máxima de que “donde existe la verdad, no puede existir la ficción legal.”

Conforme a estas ideas, Manresa al comentar el artículo 1462 del Código Civil Español, equivalente al 1365, supra, dice:

“La doctrina de esta sentencia se enlaza con otra más general, que tiene una gran importancia en la materia de la tradición. Para que el vendedor pueda transmitir por medio de la escritura o de cualquier otro signo, es preciso que él posea o tenga en su poder lo que transmite.
“Esta doctrina se contenía ya en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1890 que aplicaba lo dispuesto en la Ley 8, Título 30, Partida 3, substancialmente conforme con los precep-tos del código sobre la materia. Alcubilla explica así el contenido de dieba sentencia.
“La sentencia de 12 de abril de 1890, dice el citado autor, declaró en síntesis que, formalizada una compraventa por escritura pública, y entregado el precio, si el vendedor no puede poner en la quieta y pacífica posesión de la finca a los compradores por ba-ilarse en posesión de ella un tercero y en duda sus derechos domi-nicales, asiste a aquéllos el de reclamar la rescisión del contrato con la devolución de lo entregado y la indemnización de daños y perjuicios, pues la tradición simbólica, como todas las ficciones le-galés de igual índole, también responden a la virtualidad del de-recho que se atribuye al que la realiza, por cuya razón, cuando es notorio que el vendedor no estaba en posesión de la cosa que re-presentaba la escritura de venta que entregó a los compradores, lo és' también que no se infringe dicha Ley de Partida al estimar que ’el'vendedor, en tal caso, no ha cumplido la obligación de entregar 1^, cosa vendida.
¡ “Esta, doctrina racional se repite en las sentencias de 3 de, junio de 1899, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1903 y 29 de mayo de 1906. La tradición fingida supone la tradición real en él transmitente. El otorgamiento de la escritura sólo puede sig-nificar tradición, cuando el vendedor posee real y efectivamente la-finca que vende. Si posee un tercero, el comprador, cuya com-pra- no puede decirse consumada, no puede entablar el desahucio contra él.” 10 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, pá-ginas 133 y 134.

■ La segunda cuestión relativa a la acción reivindicatoría que había interpuesto el demandante contra el tercero ocu-pante de la finca, no es una defensa que puede utilizar el -demandado. Esta tentativa del demandante no era perju-dicial al demandado y más bien le era beneficiosa, ya que >el demandante hacía una cosa a la que no estaba obligado, evitando posiblemente la acción que se le entabla por el presente pleito. El demandante con naturalidad explica su propósito. El creyó que una vez emplazado el tercero ocu-pante de la finca, en reivindicación de la misma, éste se allanaría a la demanda; pero el tercero resistió firmemente a la actuación del demandante, quien entonces juzgó pru-dente no seguir asumiendo los riesgos de un pleito en el que claramente se había dado cuenta de la imposibilidad de identificar la fintía. Además, el hecho mismo de iniciar la acción reivindicatoría implicaba necesariamente que la po-sesión de la supuesta finca estaba en poder del tercero.

Nada en su consecuencia sé encuentra que pudiera jus-tificar la llamada defensa estoppel que alega el apelante'. Ella tenía que descansar en la buena fe del que la opone y en que los actos verificados por el que los realiza, le eran perjudiciales y dañosos. Pero ni una cosa ni otra ocurren en este caso. La prueba demuestra que el demandado ocultó al demandante la pugna que mantuvo siempre con Tbe Star Fruit Co. por la posesión de la finca, sin que apa-rezca que ■ aquél en ningún tiempo babía conseguido la po-sesión real y efectiva de la finca objeto de este pleito. De manera que el impedimento que alega el apelante como de-fensa, no podría, como remedio de equidad, servir de ayuda para encubrir un fraude.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez PeesideNte Sr. del Toro, JUEZ ASOCIADO SE'. WOLE

text:
    Axtmayer, Demandante y Apelado, v. Kessinger, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en procedimiento de mandamus.

    No. 3107.
    Resuelto en marzo 26, 1924.

      Mandamus — Requerimiento Previo. — Apareciendo que si bien el peticionario no requirió personalmente al funcionario público a quien se trata de obligar por medio del mandamus para que ejecutara el' acto que el peticionario alega que debió ejecutar, lo hizo la otra parte que con el peticionario contrató; no puede sostenerse que sea insuficiente la solicitud y contraria a la jurispru-dencia establecida por esta corte entre otros en los casos de Savala et al., v. Consejo Ejecutivo, 9 D. 'P. R. 211, y Morales v. Wilson et al., 16 D. P. A 751.
    Id. — Auditor de Puerto Rico — Gobernador—Recurso contra las Resoluciones del Auditor — Derecho de Acción Después de Resuelto el Caso por el Gobernador — Recurso ante los Tribunales. — Cualquier persona perjudicada en la liquidación (settlement) de su cuenta o reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 21 del Acta Orgánica, podrá apelar al Gobernador, y sólo después de agotada la vía gubernativa es que podrá acudir a la judicial en defensa de sus derechos. Examinados los hechos de este caso, se decidió que habiendo la Junta de Síndicos apelado al Gobernador, podía entenderse agotada la vía, gubernativa y por tanto que el peticionario estaba en condi-ciones de ventilar su asunto en las Cortes de Justicia, sin, que su gestión pudiera considerarse como un ataque colateral, sino como el directo a que se refiere la sección citada de la Ley Orgánica al prescribir que: "La de-cisión del Gobernador será definitiva, con sujeción al derecho de acción que en contrario pueda disponerse por ley.”
    Id. — Universidad de Puerto Kioo — Junta de Síndicos — Nombramiento de Pro-fesores y Fijación de sus- Sueldos- — Auditor de Puerto Rico. — De acuerdo con el estatuto, es a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Bico a la que corresponde el nombramiento de los profesores de la Universidad y la fijación de sus sueldos, y cuando un profesor ha sido debidamente nom-brado por la Junta y se envían al Auditor de Puerto Bieo todos los docu-mentos necesarios ereditivos del nombramiento y del ejercicio del cargo, surge en el Auditor el deber ineludible de actuar en la forma fijada por la ley y los reglamentos para que el sueldo fijado por la Junta sea satisfecho al profesor, y si a ello se niega, puede ser compelido por un auto de mandamus.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del demandado: Eon. Attorney General y Sres. L. 8amalea y C. Llauger Días.

    Ahogado del apelado: 8r. J. Valldejuli.

   El Juez PeesideNte Sr. del Toro,

omitió la opinión del tribunal.

El demandante es el Principal de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. El demandado, el Auditor de la Isla. El procedimiento seguido el de mandamus.

La Universidad de Puerto Rico se estableció por ley de marzo 12 de 1903. Está gobernada por una Junta de Sín-dicos y sostenida por el Gobierno Insular, recibiendo ade-más ayuda del Gobierno Federal de acuerdo con leyes es-peciales sobre la materia. La sección 7 de la ley, en lo per-tinente, dice “. . . . La Junta tendrá facultad para dic-tar ordenanzas, estatutos y reglamentos para el gobierno de la Universidad; fijar, aumentar y reducir el número de ca-tedráticos, profesores y demás empleados de la Universidad; nombrar o separar a éstos, determinar la cuantía de sus sueldos y prescribir sus obligaciones; . . . .”

En uso de esas facultades, la Junta de Síndicos creó el cargo de Principal de la Escuela Superior, nombró para de-sempeñarlo a Joseph H. Axtmayer, el demandante, y le asignó el sueldo anual de dos mil quinientos dólares para el año escolar'de 1922-23. Axtmayer aceptó el nombramiento, tomó posesión del cargo y comenzó a desempeñarlo. El 23 cíe septiembre, 1922 de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Junta de Síndicos, fné enviada al Auditor una lista de pago figurando en ella el demandante con la suma de dos-cientos cincuenta dólares devengados por su sueldo corres-pondiente al dicbo mes de septiembre y el Auditor se negó a autorizar, firmar y expedir clicba lista alegando que el sala-rio de Axtmayer debía permanecer para el dicbo año esco-lar de 1922-23 igual al que disfrutó el año anterior 1921-22, que era el de dos mil doscientos cincuenta dólares.

No conforme Axtmayer, inició este pleito de mandamus que fue decidido favorablemente, apelando entonces el Auditor para ante este Tribunal Supremo. En su alegato se-ñala la comisión de cinco errores, así:

“I. — La corte erró al no declarar en este caso que la petición no' aduce becbos suficientes para constituir una causa de acción.
“II. — La corte erró al no declarar en este caso que el peticiona-rio tiene un remedio rápido, adecuado y eficaz en ley.
“III. — La corte erró al no declarar en este caso que la deci-sión del Gobernador es definitiva en cuanto al demandado se re-fiere, a menos que no se demuestre que fue anulada a propia acción del Gobernador o por una corte de justicia.
“IV. — La corte erró al no declarar en este caso que habiéndose adoptado por el Gobernador una acción final y definitiva, no revo-cada, el recurso de mandamus contra el Auditor no es el remedio adecuado y propio ya que la decisión del Gobernador no podía ser atacada colateralmente por medio de un mandamus contra el Auditor.
“V. — La corte erró al no declarar que la prueba en este caso no es bastante para ordenar la expedición del auto definitivo de mandamus.”

1. Examinemos el primer error. Sostiene el apelante que en la petición no se alega que el Auditor fuera previa-mente requerido para ejecutar el acto a cuyo cumplimiento se trata de obligarle y por tanto que no aduce becbos sufi-cientes de acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema, entre otros, en los casos de Savala et al. v. Consejo Ejecutivo, 9 D. P. R. 211, y Morales v. Wilson et al. 16 D. P. R. 751.

Es cierto que en dichos casos se resolvió que “para qne una solicitud de mandamus pueda ser tomada en conside-ración, es necesario que antes se haya suplicado al deman-dado que ejecute el acto a cuyo cumplimiento se trata de obligarle, y que éste se haya negado a ello.” Pero estamos enteramente conformes con el apelado en que de la petición aparece cumplido lo que la jurisprudencia requiere. El pago fué exigido por la propia Junta de Síndicos y la ne-gativa del Auditor fue terminante. No era necesario que Axtmayer repitiera la actuación de la Junta.

2. Los tres errores que siguen pueden estudiarse con-juntamente.

El artículo 20 de la Carta Orgánica de Puerto Rico, en lo pertinente, dice:

“El Presidente nombrará un Contador, El contador exa-minará, intervendrá y liquidará todas las cuentas concernientes a las rentas e ingresos, de cualquier procedencia que fueren, del Go-bierno de Puerto Rico . . . .; e intervendrá, de acuerdo con la ley y reglamentos administrativos, en todos los gastos de fondos o pro-piedades pertenecientes al Gobierno .... Llevará las cuentas ge-nerales del Gobierno y -guardará los comprobantes pertenecientes a las mismas .... Las decisiones del Contador serán finales, a no ser que se apele de ellas por la parte perjudicada o por el jefe del departamento interesado, dentro de un año, en la forma que se prescribe más adelante. El Contador tendrá, excepto en los casos que se determinan más adelante, la misma autoridad que se con-fiere por la ley a los diferentes contadores de los Estados Unidos y al Contador del Tesoro de los Estados Unidos, y está autorizado para comunicarse directamente con cualquier persona que tenga re-clamaciones pendientes de resolución ante él, o con cualquier de-partamento, funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con su oficina ....

Y el 21, copiado íntegramente, es como signe:

“Artículo 21. — Cualquier persona perjudicada en la liquidación de su cuenta o réclamación por la acción o decisión del Contador, podrá, dentro de un año, entablar una apelación por escrito ante el Gobernador, en la cual expondrá específicamente la resolución particular, contra la que apela, tomada por el Contador, y las razones y autoridades en que se apoya para pedir la revocación de dicha decisión. La decisión del Gobernador en tal caso será definitiva, con sujeción al derecho de acción que en contrario pueda dispo-nerse por ley.”

Sostiene el apelante que habiendo decidido adversamente la reclamación del demandante, la ley otorgaba a éste un claro y adecuado recurso en la vía administrativa que el de-mandante no ejercitó, bailándose por tanto impedido de re-currir a la vía judicial. Y sostiene el apelado que su casó no está comprendido en la sección 21 porque nada tenía él' Auditor que liquidar tratándose como se trataba del pagó de un sueldo fijado por el organismo con facilitad para ello, reduciéndose su misión a examinar si el sueldo había sido realmente fijado y el cálculo estaba bien hecho. Ninguna de las partes ha citado jurisprudencia concreta interpretativa de preceptos de ley iguales o similares a los de la Ley Or-gánica de Puerto Rico.

La cuestión ha sido detenidamente estudiada por el tribunal. Usándose en el original inglés de la ley la palabra “settlement” que tiene un significado amplísimo, nos incli-namos a decidir que contra la decisión del Auditor cabía y debió interponerse apelación ante el Gobernador.

Esto, de acuerdo con la regla bien conocida que establece-que debe agotarse la vía gubernativa antes de acudirse a la judicial, dispondría del recurso, si no apareciera de los autos qué si bien el demandante no apeló personalmente al Gobernador, lo hizo la otra parte que contrató con él, — la Junta de Síndicos — , y la resolución final del Auditor se adaptó al criterio sustentado por el Gobernador. La vía gubernativa fue de hecho agotada, no existiendo por tanto, el segundo de los errores señalados.

El artículo 21 de la Ley Orgánica prescribe que la de-cisión del Gobernador en tal caso será definitiva, con suje-ción al derecho de acción que en i contrario pueda dispo-nerse por ley. No indica el apelante cuál pueda ser el de-recho de acción a que la ley se refiere, pero sostiene que si se estima que el caso fue resuelto por el Gobernador, la resolución de dicho funcionario no puede ser atacada colate-ralmente.

¿Constituye este pleito un ataque colateral de la resolu-ción del Gobernador?

Los autos demuestran que entre la Junta de Síndicos y el Auditor hubo un conflicto de criterio con. motivo de la interpretación de la sección 2 de la ley No. 40, de 1921, que ordenó la reducción de los sueldos de los funcionarios pú-blicos. El Auditor creyó que la medida se aplicaba a los profesores de la Universidad. La Junta que no. Forma parte de los autos una extensa opinión del Fiscal General en pro del criterio de la Junta. Eso no obstante el Auditor insistió y la Junta apeló al Gobernador dicidiendo éste, en agosto 18, 1922, que los sueldos para el año 1922-23 fueran los mismos que habían sido los del año 1921-22 y a esa norma ajustó su acción el Auditor. La Junta no estuvo conforme y en septiembre 23, 1922, envió la lista de pago de que hablamos al principio de esta opinión. Parece con-veniente transcribir el siguiente párrafo de la carta con la que el Presidente de la Junta remitió la lista. Dice así:

“Since you have verbally stated that there is no doubt in your mind that the Board of Trustees legally has the poiver to fix salaries and since the Governor, while refusing to modify the wording of his letter consenting that salaries remain as they were last year, made the verbal statement to you in my presence that you might proceed to pay the salaries contracted by the Board of Trustees, I believe that you will concede this last disputed point in regard to the payment of salaries and approve these pay rolls.”

Prescindiendo de la revocación verbal de su regla por parte del Gobernador, ya que ese extremo no quedó debi-clámente establecido, y aceptando que el Auditor ajustó fi-nalmente su acción a la regla del Gobernador, entendemos que este auto de manda-mus no constituye un ataque colate-ral y puede considerarse como el derecho de acción a que se refiere la sección 21 de la Ley Orgánica.

En el caso de State v. Kenney, 26 Pac. 197, se resolvió lo que sigue:

“La ley de Montana de marzo 14, 1889, que fija la compensa-ción de los comisionados codificadores en la suma de $4,000 para cada uno, y que dispone que al presentarse al secretario del te-rritorio cualesquiera de los códigos terminados el auditor espe-dirá libramiento por los sueldos de los comisionados a pro rata, cons-tituye una asignación del dinero necesario para la remuneración de los comisionados, y se librará un mandamus al auditor del es-tado para obligarlo a expedir un libramiento en favor de los co-misionados que lian cumplido con sus deberes en la forma prescrita por la ley.”

En el de State ex rel, Brainerd v. Grimes, Auditor, la opinión de la corte, reportada en 34 Pac. 833, termina así:

“Pori tanto, babiendo sido beeba la asignación por ley, y te-niendo el relator por todos conceptos derecho a la suma que pide, se declara sin lugar la excepción debiendo librarse un auto per-petuo de mandedmus.”

El caso de Burch v. Earhart, de Oregon, puede también citarse Como autoridad. Los hechos narrados en la opinión por el Chief Justice Kelly son los siguientes:

“Por una ley aprobada en octubre 20, 1876, haciendo asigna-ciones para los gastos del gobierno del estado, se asignó la suma de $40,000 para los gastos generales de la penitenciaría. Esa suma parece haber sido insuficiente para pagar los sueldos y sufragar los otros gastos de esa institución por los dos años que comenzaron el segundo lunes del año 1876, quedando un déficit de $9,574.10.
“En 19 de octubre, 1878, se aprobó una ley titulada ‘Ley para proveer para los gastos ordinarios del gobierno del estado, y hacer asignaciones generales y específicas,’ por la cual se asignaban fon-dos para los gastos ordinarios del gobierno del estado, asignándose asimismo la siguiente partida: ‘Fondo de la penitenciaría: Por déficits en exceso de anteriores asignaciones, $9,574.10.’
“El apelante era superintendente de la penitenciaría y coma tal tenía derecho a la suma de $450 como sueldo por el trimestre que terminó en agosto 31, 1878; pero debido al déficit de que se: ba hecho referencia, no se le pagó a su vencimiento. El día 21 de octubre de 1878 compareció ante el apelado como secretario de es-tado y solicitó de él que, como auditor de las cuentas públicas, exa-minara la reclamación y expidiera un libramiento al tesorero del estado para el pago de los $450 a que se ha hecho referencia. Por las razones antes expuestas el apelado se negó a ello. El apelante entonces solicitó del juez de la corte de circuito del condado ■ de Marion que expidiera un auto de mandamus ordenando al apelado a examinar su reclamación y a expedir un libramiento por la suma debida, o mostrar causas por las cuales se debía negar a ello. '
“El apelado contestó el auto y dió las razones que tenía para negarse a examinar y) conceder la reclamación, que son substan-cialmente las siguientes: Que la asignación de $40,000 para los gastos generales de la penitenciaría, hecha por la ley aprobada en octubre 20, 1876, se agotó antes de la fecha en que le fué presen-tada la reclamación del apelante: que ya se habían expedido libra-mientos contra ese fondo por la suma total de $40,000; que la re-clamación del apelante es un gasto en exceso de la renta del es-tado por el año fiscal que terminó en septiembre 9, 1878, y que la asamblea legislativa no pasó ley alguna imponiendo una con-tribución para pagar tal déficit. El apelante presentó una ex-cepción previa general a la contestación y fue desestimada por la corte de circuito y no haciéndose ulterior alegación el auto fué anulado. Contra' esta resolución se interpuso apelación.’’ Burch v. Earhart, 7 Oregon 64-65.

Procédese entonces a considerar cuidadosamente las cuestiones envueltas, terminando la opinión asir

“Habiéndose hecho una asignación para pagar la reclamación del apelante sostenemos que es el deber del apelado examinar esa reclamación y expedir un libramiento al tesorero por la suma que se encuentre estarse adudando. Se revoca la sentencia y se ordena la expedición de un auto perpetuo de mandamus.” Burch v. Earhart, 7 Oregon 67-68.

Abierto el caso a la investigación y resolución judicial ¿debe confirmarse o revocarse la sentencia de la corte de distrito ?

Es tan clara la facultad de la Junta de Síndicos, que no se concibe la actuación del Auditor. Podría, quizá expli-carse su primera actitud, esto es, aquella que se basaba en la interpretación de la sección 2 de la ley de presupuesto de 1921 relativa a la rebaja de sueldos; pero su resolución última basada en la llamada regla del gobernador, carece en absoluto de fundamento.

La Legislatura apropió en globo la cantidad de ciento veinte mil dólares (Leyes de 1921, p. 243), para el sosteni-miento de la Universidad y la Junta de Síndicos formó su presupuesto, asignando los sueldos que debían percibir los profesores. Con arreglo a ese presupuesto la Junta con-trató con el demandante y de acuerdo con el contrato pre-paró la lista de pago y la envió al Auditor. El deber del Auditor de expedir los necesarios documentos para que el pago se realice, es evidente e ineludible. La expedición del auto de mandamus fue debidamente ordenada.

3. En cuanto al ultimo error, bastará decir que fiemos examinado la evidencia y encontramos comprobadas todas las alegaciones esenciales de la demanda.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes': Sres. Asociados Hutchison y Franco Soto.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE'. WOLE

La opinión de la mayoría admite sustancialmente, si es que no afirma, que el demandante debió fiaber agotado la vía gubernativa apelando al gobernador. Esto no lo fiizo el de-mandante y cuando se concede una apelación, debe ésta in-terponerse'. Por justa que se demuestre que sea la reclama-ción del demandante, él no apeló. El fiecfio alegado de que alguna otra persona apeló, no convertía la segunda apelación en un acto del peticionario. El mmdamus debió baber sido negado.


author: El Juez Asociado Se. HutchisoN,

text:
    Irizarry et al., Demandantes y Apelados, v. Bartolomey et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad y reivindicación.
    No. 2949.
    Resuelto en marzo 27, 1924.
    Nulidad de Ejecución de Hipoteca y Reivindicación — Excepción Previa p>or Defecto de Partes Demandadas — Parte no Necesaria. — Por regla general el cedente de un crédito hipotecario no es parte demandada necesaria en un pleito en el cual se demanda a la sucesora del cesionario para que se deerete la nulidad de la hipoteca, orden de ejecución y subasta; y si la sucesión del cesionario no pidió al ser demandada, como sucede en este caso, que se in-cluyera como demandado al cedente, no puede concluirse que fué error el desestimar una excepción previa por defecto de partes demandadas.
    Id. — Id.—Causa de Acción. — El heredero que es dueño de una porción indivisa en bienes muebles tiene derecho a reivindicarla sin que para ello sea necesaria la previa partición y adjudicación de la herencia. Capó v. Fernández, 27 D. P. R. 715.
    Id. — Expediente Posesorio — Bienes Gananciales. — La inscripción de un título posesorio a nombre de una persona casada es un aviso para todo el mundo en cuanto al carácter ganancial de la propiedad así poseída, y una mera cer-tificación del registrador al efecto de que el peticionario en el expediente posesorio había probado que las casas en cuestión fueron construidas con dinero perteneciente a él y no a la sociedad conyugal, no es bastante para des-truir la presunción legal en cuanto al carácter ganancial de la propiedad.
    Id. — Id.—Cuando los bienes hipotecados son gananciales y la demanda de ejecu-ción se presenta después del fallecimiento de los cónyuges, el procedimiento y la adjudicación de los bienes hipotecados son nulos en cuanto a los here-deros de ambos cónyuges que no fueron demandados en la representación que ostentaban.
    Id. — Id.—Renuncia de Derechos y Acciones. — La renuncia hecha en escritura pública por una heredera, de todos los derechos y acciones que pudiera tener como heredera de sus padres, no comprende los que tenía como heredera de una hermana legítima fallecida sin sucesión y sin testamento.
    Id. — Id.—Prescripción de Acciones. — El precepto del artículo 1268 del Código Civil al efecto de que las acciones para pedir la nulidad de los contratos en que concurran los requisitos del artículo 1228, prescribirán a los cuatro años, no es aplicable a la acción de nulidad de los contratos que son nulos per se por falta de alguno de aquellos requisitos, y mucho menos a una acción para obtener la nulidad de un procedimiento.
    Los lieclios están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. G. Rodrigues.

    Abogado de los apelados: Sr. J. Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. HutchisoN,

emitió la opinión dcJ tribunal.

Los demandados establecen apelación de una sentencia dictada contra ellos en una acción reivindicatoría en la cual los demandantes solicitaron y obtuvieron un pronuncia-miento en cuanto a la nulidad de una hipoteca y orden de ejecución y subasta, y a la vez insisten en que:

“1. La corte inferior cometió error al desestimar la excepción contra la demanda.
“2. La corte inferior cometió manifiesto error al declarar nula la hipoteca constituida 'por José Lugo Marcucci a favor de Alejandro Bartolomey, en cuanto a la mitad que correspondía a su esposa Luisa Ramírez, pues que la hipoteca fué constituida sobre un bien privativo de José Lugo Marcucci.
“3. La corte inferior cometió - error al declarar nula la senten-cia y subasta en el pleito seguido .por Mariano Bartolomey contra la sucesión de José Lugo Marcucci, en cuanto a las participaciones de las dos fincas pertenecientes por herencia paterna y materna a Luisa Gonzaga Lugo, toda vez que una de las fincas estaba su-jeta a la hipoteca que motivó la ejecución; y ambas pertenecían privativamente al padre de ella.
“4. La corte inferior erró al condenar al demandado a reco-nocen a Julia Lugo Ramírez y Sinforoso Irizarry como herede ros de su hermana y cónyuge Luisa Gonzaga Lugo, en condominio de 46.657% en las fincas objeto de este pleito o sea una tercera la primera y dos terceras el segundo.
“5.-La corte inferior erró al apreciar el montante de los fru-tos y rentas producidos por las fincas de que se trata en este pleito, y los gastos hechos por el demandado en las reparaciones de ellas, pues que no están de acuerdo con el resultado de la evidencia, y porque tratándose de un poseedor de buena fe, no responde de esos gastos.
“6. La corte inferior cometió error de derecho al no declarar prescrita la acción de los demandantes para la demanda de nu-lidad.
“7. La corte incurrió en manifiesto abuso de discreción (ha-blamos en términos legales) al condenar en costas al demandado.’

La primera proposición bajo el primer señalamiento de error es qne el primitivo acreedor hipotecario era parte ne-cesaria, pero la única razón en qne se basa la contención es qne a nn cesionario no debe considerársele como únicamente responsable en nn contrato en el cnal no era parte y si el cedente de la hipoteca hubiera sido traído como, demandado él podría haber interpuesto una defensa qne hubiera resul-tado en beneficio de los apelantes. Pero en este caso el primitivo demandado, cansante de los apelantes, cesionario de la hipoteca, era el demandante en el procedimiento eje-cutivo hipotecario qne privó a los demandantes en esta ac-ción de la posesión de su propiedad, y ni él ni el apelante • solicitaron, como pudieron hacerlo, qne fuera hecho parte demandada el primitivo deudor - hipotecario. La sugestión como fue formulada no establece la proposición de qne el pri-mitivo acreedor hipotecario era parte necesaria en la actual controversia, y el examen en lo.qne a esto respecta nb debe ir más allá de los límites del razonamiento de los apelantes.

La segunda sugestión bajo el primer señalamiento es qiie la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción toda vez que en ella no se alega una previa partición y adjudicación de los bienes, sino que se pretende recobrar ciertos condominios únicamente, citándose el caso de Cristián v. Escobar, 23 D. P. R. 277. Pero la doctrina de ese caso sobre el punto de referencia ha sido definitiva-mente abandonada y revocada en una serie uniforme de de-cisiones posteriores.

El segundo señalamiento envuelve principalmente una cuestión de hecho. La transcripción de los autos mismos y el récord taquigráfico de este caso, conteniendo el segúndo solamente más de 150 páginas, están foliadas y con índices separadamente mientras que las citas contenidas en el ale-gato de los apelantes parece que han sido hechas con refe-rencia, a algún otro récord .foliado quizá consecutivamente y que no está ante nuestra consideración. A pesar de esta •dificultad, sin embargo, nos fiemos tomado el trabajo de exa-minar varias de algunas de las referencias más significati-vas que. fian sido fiecfias y después de hacer esto limitamos nuestra discusión a los fiecfios según aparecen allí.

Una cláusula del testamento de José Lugo Marcucci otor-gado en el año 1882 es como sigue (itálicas nuestras) :

“Tercera: El señor testador declara bailarse casado in facie eclesia con Luisa Ramírez, habiendo tenido y procreado en este ma-trimonio dos bijas nombradas Luisa Gonzaga y Sinforosa, ambas impúberes, sin que su consorte aportase ningún capital cuando se casó en tanto que el señor testador introdujo a la sociedad conyu-gal los mismos bienes que boy posee aunque representado su importe en otros objetos.”

Una certificación del registro de la propiedad dice en parte lo siguiente:

“Que a los folios 31 y 35 del tomo Séptimo del Ayuntamiento de Yauco, fincas números trescientos cuarenta y dos y trescientos cuarenta y tres, respectivamente, inscripciones .primeras, se ineri-bieron a favor de José Lugo Marcucci, industrial, casado, de cua-renta y dos años de edad y vecino de Yauco, las dos fincas urba-nas siguientes: (Se describen).
■ “Dichas casas fueron construidas por el señor Lugo Marcucci, a sus expensas, con peculio propio, según lo justificó en expediente posesorio tramitado en el Juzgado Municipal de Yauco, aprobado por auto de nueve de julio de mil ochocientos ochenta y cinco, del cual expediente resulta que el señor Lugo Marcucci estaba en po-sesión de las referidas casas desde hacía entonces el espacio de doce años.”

Es un fiecho establecido y no controvertido que Marcucci se casó en el año 1871. Por consiguiente, la declaración que en el testamento se fiaee, el testimonio en cuanto a una pose-sión de más de doce años en la fecha del expediente pose-sorio en el año 1885 y la inscripción en el registro de la pro-piedad a nombre de Marcucci como persona casada son per-fectamente compatibles uno con otro j todos y cada uno de <c-llos indican claramente la adquisición así como la posesión durante el matrimonio. La cuestión queda, pues, reducida a la forma de la adquisición y al origen y carácter del dinero así invertido.

El certificado del registrador en cuanto a su forma deja mucho que desear y una copia literal de la inscripción hu-biera puesto a la corte inferior, así como a esta corte, en condiciones de resolver más inteligiblemente la cuestión en-vuelta. Pero el documento fué admitido sin objeción, va algo más lejos de la petición que de él se hizo y muestra por su faz la disposición por parte del registrador en sos-tener la teoría de los apelantes más que de los apelados en cuanto al efecto legal de la inscripción. Además, si la co-pia literal hubiera servido de algo a los demandados, ellos tenían abierta la oportunidad de presentar una como prueba de la defensa, lo que parece que no hicieron. Y sea esto como fuere el registrador no certifica que la finca en cues-tión fué inscrita como propiedad privativa de Marcucci.

Los apelantes no discuten, y mucho menos establecen, la suficiencia de una declaración o mera manifestación hecha por el testador, contenida en el testamento de un hombre ca-sado, para establecer el hecho, si lo es, de que toda la pro-piedad aportada a la sociedad conyugal a la. fecha del matri-monio había sido llevada por él y ninguna por la esposa. Ni tampoco, a falta de algún razonamiento o cita de auto-ridades, estamos dispuestos a revocar la sentencia de la corte inferior sobre este punto.

Admitiendo en pro del argumento, aunque sin resolver,. que la sentencia de una corte municipal en un procedimiento' en el cual no se ha demostrado que la esposa ha sido parte y donde ella no ha comparecido como testigo, es bastante para destruir la presunción legal en cuanto a la propiedad ganancial y establecer el carácter privativo de la posesión por parte del marido* — sin embargo, es la corte y no el re-gistrador de la propiedad quien ha de resolver sobre el peso' y suficiencia de la prueba y determinar la naturaleza de tal posesión.

En el presente caso la certificación del registro no prueba que la orden del juez municipal contenía ningún pronuncia-miento en cuanto al carácter privativo de la posesión por parte del marido, u ordenaba la inscripción de un título po-sesorio bajo la base establecida de un derecho de do-minio separado en cuanto al esposo y la esposa, o que la inscripción fué así hecha. No necesitamos indagar, por tanto, en cuanto al posible efecto de cualquier reclamación de la esposa o sus herederos en oposición a los subsi-guientes compradores o acreedores hipotecarios que nego-cien con la propiedad que se ha declarado está en posesión del marido como propiedad privativa suya e inscrita en tal forma en el registro de la propiedad.

La inscripción de un título posesorio a nombre de una persona casada es un aviso para todo el mundo en .cuanto al carácter ganancial de la propiedad así poseída, y una mera declaración del registrador a ese efecto de que el pe-ticionario en el espediente posesorio había probado que las casas en cuestión fueron construidas con dinero pertene-ciente a él y no a la sociedad conyugal, no es bastante para destruir la presunción legal en cuanto al carácter ganan-cial de la propiedad. Se infiere, pues, que tal expresión no puede proporcionar una base adecuada para la alegación de que la condición de ganancial no aparece claramente del récord!

El tercero y cuarto señalamiento son esencialmente co-rolarios del segundo. El razonamiento del alegato en todo aquello que no haya sido ya resuelto no exije amplia dis-cusión. ' ■ • .

Puede ser que si los .condueños de las fincas hipotecadas eran responsables solidariamente, como se ha alegado por los apelantes, de todo el importe de la hipoteca, entonces el procedimiento hipotecario fue válido en cuanto a los deman-dados que estaban ante la corte. Pero si la ‘ ‘ indivisibili-dad ’ ’ de la hipoteca implica necesariamente que no puede ser ejecutada sobre una parte de la propiedad hipotecada sin que se verifique una venta de toda la propiedad, enton-ces la conclusión lógica parece ser, no como aleg’an los ape-lantes, que el aviso a uno o varios de los condueños que son solidariamente responsables confiere a la corte la autoridad para vender la finca de los otros que no han sido notificados de tal modo, sino más bien que todo el procedimiento fue nulo, y que los demandantes quizá eran más generosos de lo que pudieron haber sido al solicitar la adjudicación en cuanto a un condominio solamente. De todos modos la doc-trina de indivisibilidad no puede invocarse con éxito sin ci-tarse ninguna autoridad como suficiente para justificar la in-cautación y venta de una propiedad hipotecada sin la for-malidad del aviso y tener sus dueños oportunidad de com-parecer ante la corte. También algo se insiste en una su-puesta cesión y renuncia de todos los derechos por parte de la demandante Julia Lugo que anteriormente había compa-recido ante un notario como heredera de sus difuntos padres y (después de vender al causante de los demandados los patios colindantes de las casas vendidas en el procedimiento ejecutivo, lo que por inadvertencia no había sido incluido en el embargo ni por tanto en la escritura del marshal), con la misma capacidad, esto es, con su carácter de heredera de sus difuntos padres, cedió y renunció cualquier derecho o causa de acción que pudiera haber tenido contra dicho acreedor hipotecario con respecto a la propiedad en cues-tión. Bajo la regla de la interpretación estricta que regula tales cuestiones, al documento de referencia no puede dár-sele un alcance tal que comprenda cualquier derecho, título o interés adquirido por herencia de la hermana o de otro modo que no sea por herencia de los padres del vendedor y cedente. Por supuesto, no creemos necesario indagar so-bre cuestiones que no ban sido discutidas en absoluto en el alegato.

Examinando la prueba a la luz de los artículos 436, 1322, 457 y 458 del Código Civil, el razonamiento bajo el quinto señalamiento no revela la existencia de un error tan mani-fiesto que requiera la revocación o modificación de la sen-tencia con relación a la cuantía de las rentas y ganancias.

La contestación en cuanto al sexto señalamiento puede bailarse en el caso de Cruz v. Sucesión Kuinlan, 29 D. P. R. 877-880, y casos citados.

Entendemos que no ba habido abuso de discreción en el particular relativo a las costas y debe confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la, sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez PeesideNíce Se. del Tobo,

text:
    Banuchi, Demandante y Apelado, v. Cabán et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre tercería de bienés muebles. Moción para que se desestime la apelación.
    No. 3185.
    Resuelto en marzo 28, 1924.
    Desestimación de Apelación — Tercería—Parte Necesaria — Notificación de Apelación. — No procede la desestimación de una apelación por el heeho de que no se notificara el escrito interponiéndola a una parte declarada en re-beldía que al tiempo de verificarse el embargo de los bienes que son objeto de la tercería los había vendido por escritura pública. Tal parte no tiene el carácter de agraviada en el litigio.
    Id. — Término para Radicar la Transcripción- — Notificaciones—Abogados.— No puede resistirse una moción para que se desestime una apelación radi-cada fuera de tiempo y después de archivada la moción, bajo el fundamento de que no había transcurrido el término de treinta días contados a partir de la fecha en que el abogado del apelante, residente en San Juan, tuvo conocimiento de la aprobación de la transcripción por la Corte de Distrito de Aguadilla. La ley no exige que se notifique la aprobación de la trans-cripción y los abogados que residiendo en un distrito dirigen asuntos en otro, no tienen privilegio alguno.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. G. J. Torres.

    Abogados del apelado: Sres. García Méndez & García Méndez.

   El Juez PeesideNíce Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de tercería. La parte apelante es la que obtuvo un embargo a su favor sobre bienes que el ter-cerista reclamó como suyos. El tercerista es la parte ape-lada y solicita la desestimación del recurso por dos razones: Ia., porque no se notificó el escrito, de apelación a una de las partes interesadas, y 2a., porque no se archivó en tiempo la transcripción.

El primer motivo de desestimación no existe. Exami-nados los hechos, estamos convencidos de que la parte que dejó de notificarse no tiene el carácter de interesada en el litigio. Ella fue declarada en rebeldía y, según escritura pública, se había desprendido enteramente de la propiedad de ios bienes embargados al tiempo de verificarse el embargo.

El segundo motivo está bien fundado. La sentencia ape-lada se dictó el 23 de junio de 1923. La apelación se in-terpuso el 28 del propio junio. El mismo día el apelante so-licitó de la corte que ordenara al taquígrafo que preparara la transcripción. La orden fué dictada y la transcripción preparada. El 20 de septiembre de 1923 se señaló el 3 de octubre de 1923 para la vista y discusión de la transcripción y el propio día fue aprobada por la corte, y no fue hasta el 21 de noviembre de 1923 que el apelante archivó la trans-cripción en la Secretaría de esta Corte Suprema, después de haberse presentado la moción del apelado solicitando la de-sestimación del recurso archivada desde noviembre 12 de 1923.

Sostiene la parte apelante que la transcripción fue ar-chivada en tiempo, o sea dentro de los treinta días que fija la ley, porque su abogado no se enteró hasta el 17 de octu-bre de 1923, por una carta que recibió del taquígrafo, de la aprobación de la transcripción en 3 de’ octubre.

El abogado de los apelantes reside en San Juan. La corte que dictó la sentencia lo fue la de Aguadilla. Se in-voca esta circunstancia. Ya hemos dicho en otra ocasión que los abogados que residiendo en un distrito asumen la responsabilidad de dirigir asuntos en otro, no tienen privi-legio alguno. Deben adoptar las medidas necesarias a fin de conocer al día el estado de sus pleitos. La, ley no exige que la aprobáción se notifique. Además, figura en los autos un escrito firmado por el propio abogado de los apelantes el 1 de octubre de 1923 en el cual manifiesta que no teniendo objeción que hacer a la transcripción de la. evidencia soli-cita que se le imparta la aprobación. La audiencia estaba señalada para el 3 de octubre. Lógicamente debió concluir que una transcripción que a su juicio lo contenía todo, sería aprobada el día tres sin dificultad alguna.

La parte apelada ejercitó en tiempo su derecho y debe serle reconocido.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada, la apelación.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Al drey, Hutchison y Franco Soto. .


author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    Rivera, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra Aota del Registrado» de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una venta judicial.
    No. 586.
    Resuelto en marzo 28, 1924.
    Venta Judicial de Bienes de Menores — Edictos; Término de Publicación en Ventas Judiciales. — En el presente caso el registrador denegó la inscrip-ción de una venta judicial de bienes de menores por no haberse publicado los edictos durante veinte días, de acuerdo con el artículo 251, inciso 2, del Código de Enjuiciamiento Civil. Se resolvió: que habiéndose publicado el edicto una vez por semana, durante tres semanas consecutivas, y habiendo transcurrido más de veinte días entro la fecha de la publicación del primer edicto que lo íué el 3 de octubre y la de la subasta que se fijó* para y tuvo lugar el 27 de octubre, se ha cumplido con el estatuto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. A. Pofrata> Doria.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una venta judicial de bienes de menores. La escritura otorgada por el marshal se presentó al registro y el registrador denegó su inscripción, consignando los mo-tivos que tuvo en la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precédente documento, que es la escritura número ocho de fecha 22 de enero de 1924, otorgada ante el notario de Guayama don Adolfo Porrata Doria, en cuanto al con-dominio de una 1/3 parte de la finca perteneciente al menor Antonio Mattei y Ortiz y del que se ha solicitado operación, por el defecto insubsanable de no haberse publicado los edictos durante veinte días de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que el período abarcado! entre el primero y el último edicto es el com-prendido entre el tres y diecisiete de octubre o sea de catorce días, y tomada en su lugar anotación; preventiva por! el término legal a favor de Carmen Rivera, al folio 204 vuelto del tomo 16 de Salinas, finca número 781, anotación A.”

El artículo 82 de la ley sobre procedimientos legales es-pedales, enmendado por la No. 33, aprobada en marzo 9 de 1911, en la parte pertinente, dice:

“La subasta de bienes propiedad de menores o incapaces de-berá verificarse ante el.marshal del distrito, previa publicación de los edictos correspondientes en los sitios de costumbre y en algún periódico de circulación en el distrito; pero, tratándose de bienes muebles cuyo valor no alcance a doscientos dollars, el juez podrá dispensar la publicación de los edictos en el periódico.”

Esta disposición no hace mención del tiempo en qne de-ben publicarse los edictos, por lo qne hay qne acudir como procedimiento supletorio al Código de Enjuiciamiento Civil, el cual en su artículo 251, dice:

“Antes de verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecu-ción de la sentencia, deberá publicarse del modo siguiente:
“i.— * * *
“2. — Si se tratare de otra propiedad personal, se fijará, por espacio de veinte días, en tres sitios públicos del distrito o ciudad en que se hallaren los bienes, el aviso, describiéndose en él aqué-llos detalladamente con expresión del lugar en que haya de ce-lebrarse la venta; o se publicará copia de dicho aviso, una vez por semana, durante el mismo período, en algún periódico del distrito, si lo hubiere.”

En este caso, los edictos se publicaron, durante cada se-mana, en los días 3, 10 y 17 de octubre de 1923, pero alega el registrador que para que la publicación se entienda cum-plida, se hace preciso que los 20 días de que trata la dis-posición anterior, queden comprendidos entre la primera y última publicación, pires entre el 3 y el 17 de octubre sola-mente transcurrieron 14 días.

De otro lado, el recurrente alega que el artículo 251 au-toriza dos formas de publicación y que la publicación de edictos en un periódico es inmaterial porque al mismo tiempo los edictos se fijaron en tres sitios públicos de la ciudad en que se hallan los bienes; pero en esta parte, el artículo 82 de la ley de procedimientos legales especiales exige la publicación del aviso de subasta para fijarlo en los sitios de costumbre y al mismo tiempo su publicación en un periódico del distrito en donde se radiquen los bienes.

Nuestra conclusión es que habiéndose publicado el edicto una vez por semana, durante tres semanas consecutivas, y habiendo transcurrido más de veinte días entre la fecha de la publicación del primer edicto que lo fúé el 3 de octubre y la de la subasta que se fijó para y tuvo lugar el 27 de octubre, se ha cumplido con el estatuto.

A los fines de fijar el alcance de un defecto de la natura-leza del anotado por el registrador véase 10 R. C. L. p. 1293, párrafo 89; Henna v. Saurí y Subirá, 22 D. P. R. 836, y Solá v. Castro, (pág. 804).

. Por lo expuesto, la nota debe revocarse.

Revocada la nota y ordenada la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Peña et al., Peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, Hon. Charles E. Poote, Juez.
    No. 439.
    Resuelto en marzo 31, 1924.
    Adopción — Aprobación Judicial de la Escritura de Adopción — Investigación de la Intención del Adoptante Después de su Muerte. — La corte de dis-trito tiene jurisdicción para resolver en cuanto a la aprobación judicial de una escritura de adopción sometida por los adoptados después de la muerte del adoptante, la cual no obsta para que la corte investigue, haciendo uso de la discreción que le concede el artículo 209 del Código Civil, sobre la verdadera intención del adoptante al tiempo de la adopción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. L. Campillo, R. Martínez Nadal y J. Martínez Dávila.

      Abogado del demandado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El día 6 de junio de 1921 Manuel Ealú y Benitez otorgó una escritura formal en la cual adoptó como hijos suyos a los peticionarios en este recurso de' certiorari. El docu-mento no fue presentado para su aprobación a ninguna corte durante la vida de Manuel Ealú, quien falleció en el mes de noviembre de 1923.

El 17 de diciembre de 1923 dichos peticionarios presen-taron una moción a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, interesando la aprobación de la corte de la re-ferida escritura de adopción de junio 6 de 1921. En 19 de diciembre de 1923 dicha corte se negó a aprobar la expre-sada escritura.

Alegan los peticionarios que ellos han iniciado procedi-mientos que afectan a la propiedad del difunto y que por ello habían recurrido a este remedio extraordinario. Cree-mos que esta es una razón suficiente para invocar la ju-risdicción original de esta corte a fin de revisar los proce-dimientos de la Corte inferior.

El artículo 209 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Art. 209. La adopción se verificará por escritura pública, ex-presando en ella las condiciones con que se baya beebo, y se ins-cribirá en el Registro Civil correspondiente, después de haberla aprobado el tribunal de distrito.”

La teoría de la corte era que después del fallecimiento del pretendido adoptante no existe ninguna posibilidad para hacer una investigación de su verdadera voluntad e in-tención. La corte fué también de opinión de que el alegado adoptante era la única persona que podía invocar la juris-dicción y aprobación de la corte; que pudo haber habido un abandono de tal intención. La Corte asimismo resolvió que tenía jurisdicción no sólo sobre las personas adoptadas sino también sobre el alegado adoptante.

Convenimos enteramente con la corte inferior en que la aprobación a que se refiere el artículo 209 no es una función meramente ministerial sino que envuelve el ejercicio de la acción o discreción judicial. No podemos convenir, sin embargo, en que la muerte del alegado adoptante hace imposi-ble el ejercicio de la acción o investigación judicial.

En este caso el pretendido adoptante era un viejo de 78 años de edad. Fácilmente puede verse que a esa avan-zada edad la corte podría desear investigar si la alegada escritura era un verdadero reflejo de la voluntad del adop-tante y que no había habido fraude o influencia indebida puestos en práctica. Tal investigación resulta más difícil por razón de la muerte, pero no es una cosa imposible. El Código Civil Español ni siquiera tuvo tanto en cuenta. El artículo 178 del referido Código prescribe lo siguiente:

“Artículo 178. La adopción se verificará con autorización judicial, debiendo constar necesariamente el consentimiento del adoptado, si es mayor de edad, si es menor, el de las personas que- debieran darlo para su casamiento; y si está incapacitado, el dé su tutor. Se oirá sobre el asunto al Ministerio fiscal, y el juez, previas las dili-gencias que estime necesarias, aprobará la adopción, si está ajus-tada a la ley y la cree conveniente al adoptado.”

La Legislatura española consideraba solamente el inte-rés de los hijos adoptados. No sabemos qué fue lo que im-pulsó a la Legislatura portorriqueña a hacer un cambio. El artículo 211 de nuestro Código Civil contiene esta dis-posición :

“Artículo 211. Se prohíbe la adopción a los que tengan hijos legítimos o legitimados, y a los tutores respecto de sus pupilos, mientras no hayan rendido las cuentas de la tutela.”

Ahora bien, puede ser que este sea un caso de “expres-sio unius” y que la corte voluntariamente no deba hacer ninguna otra investigación. No es necesario que conside-remos esa cuestión. Sin embargo, ciertamente que nada de lo contenido en el artícnlo 211 se excluye de la investiga-ción debido a' la muerte del alegado adoptante.

Como sugieren los peticionarios la corte inferior tiene amplios medios de investigación y puede, de ser necesario, obtener la ayuda del fiscal. •

La buena fe siempre se presume. Aquí Manuel Falú d'ió expresión a su voluntad e intención en una escritura so-lemne y esto fue prima facie una Completa expresión. Era una adopción iniciada sujeta a la aprobación, de la corte. La corte actúa como parens patria en favor de .los hijos. Hará todo lo necesario para proteger su derecho a falta de fraude o algo semejante. Sin embargo, en cuanto al adop-tante existe un acto terminado y una legitimación completa de los hijos. Nada encontramos en la ley en oposición a esto y no vemos ninguna razón para sostener lo contrario.

Las personas cuya adopción se propuso son partes en la escritura de adopción. Si son menores de edad no pue-den consentir por sí, pero la corte puede consentir por ellas sujetas, al llegar a su mayor edad, al derecho de repudiación especificado en el artículo 210 del Código Civil. Como los peticionarios tenían derechos incoados por virtud de las es-crituras, . tenían el derecho, según sostenemos, a pedir su consumación.

En cuanto a la jurisdicción. La petición es verdad que demuestra que todos los hijos con excepción de uno son adul-tos y residentes de Río Piedras. El último es un menor la madre del cual reside en San Juan, y es de presumirse que el hijo también. Por tanto la corte tenía jurisdicción sobre el hijo menor de edad y siendo los demás adultos podían someterse. Véase por analogía si es que no tiene aplica-ción directamente el caso de González v. Benítez, 27 D. P. R. 394, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos 261 U. S. 102.

La resolución apelada debe anularse y devolverse el caso para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Anulada la resolución apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Srcs. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Municipio de Fajardo et al., Demandantes y Apelados, v. Axtmayer et al., Demandados y Apelantes.
    Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero.
    Nos. 2725 y 2726.
    Resuelto en julio 2, 1923.
   Modificando sns sentencias de mayo 11, 1923 por la cual se desestimaron las demandas a oansa de indebida acumu-lación de partes demandantes porque el municipio de Fa-jardo no tiene acción contra los demandados, se confirmaron las sentencias en cuanto condenan al deudor principal quien no se queja de ellas y contra el cual la prueba es suficiente.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, emitió la opinión del tribunal. ■


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Piris, Acusado y Apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2093.
    Resuelto en julio 24, 1923.
   El ■ primer señalamiento de error* afecta a la suficiencia de la acusación, la cual imputa el hurto de “bienes muebles valorados en más de cien dollars” sin otra descripción o identificación de los mismos.

El fiscal estuvo conforme con el criterio de que la acu-sación es fatalmente defectuosa, cuyo criterio sostuvo el Tribunal Supremo revocando la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Rojas, Demandante y Apelante v. Alejandro et al., Demandados y Apelados.
    Corte de Distrito de Humacao.
    No. 2375
    Resuelto en julio 28, 1923.
   Bu este caso se confirmó una sentencia que declaró sin lugar la demanda de tercería; y siendo el principal motivo de queja del apelante el liaber sido negada la suspensión del juicio pedida por enfermedad del principal testigo que se intentó acreditar con certificado médico, se concluyó que la suspensión no fué pedida de acuerdo con el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El Juez Asociado Sr. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Cosío & Primo, Demandante y Apelada, v. New York & Porto Rico Steamship Co., Demandada y Apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2707.
    Resuelto en noviembre 22, 1923.
   Esta es una apelación contra una sentencia que condena a la demandada a pagar a la demandante el valor de 200 barriles de arenques y los daños y perjuicios y cost.as por no verificar la entrega de las mercancías al llegar el vapor a su destino.

El alegato de los apelantes sugiere para explicar mejor el fieclio de la salida del barco sin entregar la mercancía en cuestión, que el vapor era un barco correo que viajaba de acuerdo con un itinerario fijo que no podía ser alterado a conveniencia de la compañía.

Se resolvió: que no existiendo prueba que sostenga tal explicación del asunto ni error tan manifiesto que requiera la revocación, se confirmó la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Santiago Panzardi, Inc., Demandante y Apelante, v. Benedicto, Tesorero, Demandado y Apelado.
    Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.
    No. 2572.
    Resuelto en enero 31, 1924.
   Se trata en este caso de recobrar contribuciones pagadas bajo protesta y alega el apelante que la sentencia que de-sestimó la demanda debe revocarse porque la demanda es suficiente en cuanto alega que el Tesorero está cobrando o tratando de cobrar una contribución sin autoridad legal y que su alegada autoridad o parte de la Ley No. 55 de junio 1919 es anticonstitucional por imponer una contribución de importación. Se resolvió: 1°., que una demanda que se funda en un alegado estatuto anticonstitucional debe con-tener cierta alegación de donde aparezca tal inconstitucio-nalidad; 2°., que tal cuestión no puede ser levantada por primera vez en apelación; que la alegación de que “los automóviles fueron recibidos en Puerto Rico” no es sufi-ciente afirmación de que llegaran por vía de importación. La palabra “importar” generalmente implica el acto de traer de un puerto extraño a los Estados Unidos. Por otra parte la alegación: “el demandado sin derecho alguno para ello exi-gió una contribución”., es aína conclusión legal.

La sentencia del Tribunal Supremo en este caso aunque confirmatoria siempre, fué modificada en cuanto a devol-verse el caso para que el demandante pudiera presentar de-manda enmendada.

El Juez Asociado Sb. Wole, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Alonso Riera, Demandante y Apelado, v. Madera et al., Demandados y Apelantes.
    Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.
    No. 2659.
    Resuelto en febrero 1, 1924.
   Herminio Madera apela de una orden que lo declaró culpable de desacato a la corte por virtud de una alegada vio-lacióu de la orden de injunction preliminar disentida ya en el caso de Alonso v. Madera et al., (pág. 719).

Se resolvió: qne de un examen cuidadoso de toda la prueba no resulta que los actos impugnados, de haber sido cometidos por Madera, se llevaron a efecto después de no-tificado el mandamiento, por lo cual se revocó la resolución apelada.

El Juez Asociado Se. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.