text:
    Echevarría, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de un expediente posesorio.
    No. 368.
    Resuelto en marzo 27, 1919.
    Inscripción — Expediente Posesorio — Citación de Colindantes. — Al verificarse la citación de colindantes que dispone el artículo 390 de la Ley Hipotecaria no se trata de adquirir jurisdicción sobre las personas citadas sino de cumplir un precepto legal, y tal cumplimiento queda demostrado con la declaración jurada de la persona que citó a los colindantes; por tanto, no constituye de-fecto que impida la inscripción de un expediente posesorio el hecho de que en el mismo no exista la cédula original de citación de colindantes expedida: por el secretario de la corte que ordenó la inscripción.
    Id. — Citación del Fiscal. — No constituye defecto que impida la inscripción de un expediente posesorio el hecho de que no resulte del mismo que el fiscal fuera citado con expresión del lugar, hora y día de la diligencia de citación,, siem-pre que, como en el presente caso, el fiscal haya comparecido por escrito ma-uif estando no tener nada que objetar contra la aprobación del expediente por haberse guardado en el mismo las formalidades de ley.
    Id. — Autorizaciones Municipales para Urbanizar Solares del Procomún — No-tificación al Alcalde. — Una de las razones que tuvo el registrador para de-negar la inscripción del expediente posesorio en este caso fuá el no aparecer del expediente la necesaria autorización del municipio de Patillas para la edi-ficación de la casa sobre solar de dicho municipio. Se resolvió: que en el supuesto de que tal autorización fuera necesaria, la omisión quedó subsanada con la citación que para la instrucción del expediente se hizo al alcalde en representación del municipio y con la declaración jurada de aquél recono-ciendo que la casa objeto del expediente pertenecía al peticionario.
    Id. — Resoluciones Eirmes — Apelación—Defecto Subsanadle. — Guando en la tramitación de un expediente posesorio no ha habido oposición por persona alguna y así lo certifica el secretario de la corte, la resolución aprobando la información nace consentida y es firme antes de veneerse el término dentro del cual pudiera interponerse el recurso de apelación, por estar impedidas (estopped) las partes de reclamar contra ella, no constituyendo, por tanto, defecto subsanable el que no se haga constar ser firme la resolución a los efectos de la inscripción del expediente en el registro de la propiedad.
    Id. — Resolución Einal — Certificación del Secretario — Defecto Subsanable.— La resolución final aprobatoria de un expediente posesorio debe se certificada (attest) por el secretario de la corte, y cuando sólo está firmada por el juez constituye esto una falta o defecto subsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 8 de mayo de 1918 la corte municipal del pueblo de Patillas, declaró justificada a favor de Francisco Echevarría Altuna la posesión de una casa que había construido en solar del municipio de dicho pueblo, inscrito en el Eegistro de la Propiedad de Gruayama, ordenando la inscripción de tal posesión en dicho registro sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a cuyo fin se entregaría al intere-sado el expediente posesorio instruido.

El Registrador de Gruayama denegó la inscripción por no-ta de 24 de mayo citado consignando como razones de su negativa: primera, que en el expediente no aparece devuelta al secretario de la Corte Municipal de Patillas la cédula original librada para la citación de los colindantes y del fiscal, para que con examen de su diligenciado pudiera conocer el juez si fueron los mismos debidamente citados; segunda, que no consta que fuera citado el fiscal, ni lugar, día y bora en que se llevó a efecto la citación, ni que la persona que la practicó entregara a los colindantes de la finca la copia de la citación, haciendo constar a su dorso la fecha y sitio de la entrega de la notificación, firmándola; tercera, que no apa-rece del expediente la necesaria autorización del municipio de Patillas para la edificación de la casa. Se hacen constar co-mo subsanables los defectos de no ser firme la resolución y de no estar certificada por el secretario de la corte.

■ Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto;

Al resolver en 31 de marzo de 1916 el caso de Pérez de Tudela v. El Registrador de Humacao, dijimos:

“En cuanto a la falta de la cédula de citación de los co-lindantes, diremos que la ley sólo exige que se cumpla este requisito, pero ni el registrador ha citado, ni hemos encon-trado nosotros precepto alguno que ordene que la cédula de notificación se una al expediente. En este caso existe unida al expediente la declaración jurada- de la persona que citó a los colindantes, quedando de tal modo demostrado el cum-plimiento de lo exigido por la ley.” 23 D. P. R. 670.

La anterior doctrina es aplicable al presente caso, y ella se basa en que al verificar la citación de los colindantes no se trata de adquirir jurisdicción sobre las personas citadas sino de cumplir un precepto legal, cuyo cumplimiento queda suficientemente demostrado con la declaración jurada de la, persona que citó a los colindantes, la cual existe unida al expediente. Quiñones v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 587.

La ley para reglamentar la presentación de evidencia en los procedimientos civiles, aprobada en 9 de marzo de 1905, establece en su artículo 128 que podrá hacerse uso de un affidavit, entre otros casos, para probar la entrega de, una citación en una acción o procedimiento especial y ese precep-to es de aplicación a la citación de colindantes en los expe-dientes posesorios.

Ratificamos nuestra decisión en el caso de Pérez de Tudela v. El Registrador de Humacao, no obstante nuestra decisión posterior en el caso de Delgado v. El Registrador de Humacao, 25 D. P. R. 486.

La información posesoria debe practicarse con audiencia del ministerio fiscal, y su intervención se limitará a procurar que se guarden en el expediente las formas de la ley, según precepto del artículo 390 de la Ley Hipotecaria. La au-diencia e intervención expresadas lian tenido lugar, pues el fiscal de la Corte de Distrito de Guayama manifestó por es-crito que nada oponía a la aprobación del expediente por ha-berse guardado en él las formalidades de ley.

Aunque no aparece del expediente la autorización del mu-nicipio de Patillas para la edificación de la casa, no vemos que tal autorización fuera necesaria; pero si lo era, quedó subsanada la falta con la citación que para la instrucción del expediente se hizo al alcalde municipal de Patillas en repre-sentación del municipio y con la declaración jurada del mismo alcalde, expresiva de que no se oponía a su tramitación y de que la finca pertenecía al peticionario por haberla fabri-cado con peculio propio.

En cuanto a los defectos subsanables apuntados en la nota recurrida, el primero, consistente en no ser firme la resolu-ción aprobatoria del expediente, no existe, pues aquella reso-lución quedó firme "desde su fecha por la razón de no haberse hecho oposición alguna a la aprobación del expediente. Quiñones v. El Registrador de San Germán, supra; y el segundo defecto de no estar certificada la resolución por el secretario de la corte, ciertamente es de estimarse, pues aparece firmada solamente por el juez municipal y habiendo en dicho juzgado un secretario es bien claro que debió certificarla. Pérez de Tudela v. El Registrador de Humacao, supra. El recurrente en su alegato reconoce la existencia de dicho defecto.

Por las razones • expuestas, es de revocarse la nota recu-rrida, ordenándose al registrador que verifique la inscripción denegada con el defecto subsanable últimamente expresado.

Revocada la nota recurrida, y ordenada la inscripción cón el defecto subsanable apun-tado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, AI-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Velázquez, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama suspendiendo la anotación de una demanda.
    No. 407.
    Resuelto en marzo 27, 1919.
    Anotación de Reclamaciones Judiciales en el Registro de la Propiedad— Documentos Necesarios para Anotar el Aviso — Nota Marginal. — Los ar-tículos 91 dél Código de Enjuiciamiento Civil y 42 y 43 de la Ley Hipoteca-ria pueden subsistir independientemente, y cuando la parte interesada sigue el procedimiento autorizado por el Código, bastará que solicite la anotación por medio de documento auténtico que contenga los -requisitos fijados en el citado artículo 91, pudiendo continuarse la práctica de anotar el aviso por medio de nota marginal, sin que séa necesario que se registre por medio de nota en la parte del libro en que correspondería hacer la inscripción si el derecho anotado llegara a convertirse en dereeho inscrito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente:.Sr. G. Dominguez Rubio.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Secretario de la Corte de Distrito de Guayama se dirigió al registrador de la propiedad del distrito,' avisándole, a los efectos del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, que en su oficina se había radicado una demanda se-guida por Amelia Velázquez en representación de su hijo me-nor Miguel contra J. F. de Choudens y otros sobre comple-mentó de herencia, rendición de cuentas y entrega de frutos, rentas, y productos. En el aviso se transcribe la súplica de la demanda y se describen las tres propiedades envueltas o sujetas a los efectos de la sentencia que pudiera recaer en el litigio.

El registrador suspendió la anotación de la demanda in-teresada, por no insertarse la providencia u orden de la corte de distrito decretando la anotación, y por no insertarse co-pia de la demanda para poder apreciar no sólo el derecho re-clamado en su acción y hacer constar en la anotación las cir-cunstancias exigidas por el artículo 9 de la Ley Hipotecaria como dispone el 72 de la misma ley, sino también para cono-cer y cancelar con exactitud en sellos de rentas internas los derechos que deben cobrarse con arreglo a la escala que de-termina el número 5 del arancel comprendido en la sección 22 de la ley de 10 de marzo de 1904, pág. 187 tal como está •enmendada por la Ley No. 32 de 30 de noviembre de 1917, págv 311, Yol. 2, y no con sujeción al número 4 del citado arancel y que son los que ha depositado el interesado, los cuales son insuficientes toda vez que la anotación preventiva que se interesa debe hacerse en el mismo lugar .del libro en que correspondería hacer la inscripción si el derecho anotado se convirtiera -en derecho inscrito, y no por nota marginal.

Contra esa calificación interpuso la indicada Amelia Ve-lázquez el presente recurso gubernativo.

Estudiemos la primera cuestión. El artículo 91 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil prescribe que en una acción que afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda, y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuan-do en dicha contestación se solicite un remedio afirmativo en su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella, u'n aviso de la cuestión litigiosa pendiente, conteniendo los nombres y apellidos de las partes, el objeto de acción o defensa y nna descripción de la propie-dad afectada.

Alega -el registrador que ese precepto legal debe interpre-tarse armonizándolo con los artículos 42 y 43 de la Ley Hipo-tecaria que prescriben que podrá pedir anotación preventiva de sn derecho, entre otros casos, el que demandare en jui-cio la propiedad de bienes inmuebles, o la constitución, decla-ración, modificación o extinción de cualquier derecho real, pe-ro la anotación sólo podrá hacerse en el registro cuando se ordene por providencia judicial, en virtud de documento bas-tante, al prudente arbitrio del juzgador. Y en su consecuen-cia sostiene que sólo a virtud de orden judicial puede en la actualidad anotarse una demanda en el registro, porque de otro modo, según él, se interpretaría el artículo 91 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil como derogando preceptos de la Ley Hipotecaria, lo que sería contrario a la ley y a la juris-prudencia de esta Corte Suprema.

No estamos conformes con el registrador. Ambos proce-dimientos, el de la Ley Hipotecaria y el del Código de En-juiciamiento Civil, pueden subsistir independientemente y en el presenté caso la parte interesada optó por seguir el de la última ajustándose a las indicaciones de esta Corte Suprema contenidas en la opinión emitida al decidir el.caso de Mollfulleda v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 31. Y cuando se solicita la anotación de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, no es necesario que la corte la ordene. Basta que la solicite la parte interesada.

En cuanto al segundo motivo de la nota, estamos confor-mes en que el registrador puede exigir que la parte interesada le demuestre por medio de documento auténtico que se trata del caso previsto en la ley, pero esto no quiere decir que sea absolutamente necesaria una copia literal de la demanda. La misma ley prescribe lo que debe contener el aviso y con la ley se cumplió substancialmente en este caso. A nuestro jui-cio el aviso remitido proporcionó al registrador los datos ne-cesarios para verificar o negar la anotación.

En su alegato desarrolla el registrador su teoría de que en vez de registrarse el aviso, por nota marginal debe serlo por nota puesta en el mismo lugar del libro en que corres-pondería hacer la inscripción si el derecho anotado se convir-tiera en .derecho inscrito, cobrándose entonces de acuerdo con el número 5 del arancel en vez de cobrarse por el número 4.

No es extraño que no podamos encontrar precepto alguno en la misma Ley Hipotecaria que prevea el modo de anotar el aviso, ya que la Ley Hipotecaria se aprobó muchos años antes, que el Código de Enjuiciamiento Civil, pero el mismo registrador reconoce que la práctica ha sido registrar los avi-sos por medio de notas marginales y en verdad nos parece tal método más en armonía con el propósito de la ley, o sea el de notificar el hecho a las personas que desearen comprar los bienes anotados o adquirir gravámenes sobre los mismos, que el que propone el registrador.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la resolución recurrida y ordenarse la anotación soli-citada.

Revocada la nota y ordenada la anotación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Fernández, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, .Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de compraventa.
    No. 401.
    Resuelto en marzo 28, 1919.
    Inscripción de Título — Asientos Contradictorios. — En la escritura de venta de una casa y solar se hacía constar que el vendedor la había construido con dinero de su propio peculio. Del registro aparecía que el vendedor había adquirido la propiedad unos nueve días antes de la fecha de dicha escritura y que se había denegado la inscripción de una escritura de edificación de una casa construida en el mismo solar en varias enajenaciones anteriores de la misma propiedad. La escritura no contenía ninguna cláusula especí-fica relativa a que la primitiva casa hubiera sido destruida y la nueva cons-truida en los nueve días durante los cuales el vendedor poseyó la propiedad o que dicho vendedor hubiera construido la nueva casa en alguna otra fecha. Se resolvió: que el registrador estuvo justificado al negarse a verificar la inscripción de la casa pues ello daría lugar a una contradicción en el re-gistro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José Martines Dávila.

    El Registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Yerrier, com-pareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece del registro de la propiedad que cierta finca ur-bana fué inscrita a nombre de sucesivos compradores, pero que se había denegado la inscripción de una casa construida en la referida finca. En 14 de febrero de 1919 presentó el recurrente en el registro una escritura para su inscripción en la cual expresaba el vendedor que la casa enclavada en el solar pertenecía a dicho vendedor por haberla construido con dinero de su propio peculio pagando por ella la suma de tres-cientos dólares. Dicho vendedor había él mismo adquirido la expresada finca nueve días antes de haber hecho el traspaso de ella el recurrente. El registrador estuvo conforme con la alegación del recurrente de que ordinariamente esta manifes-tación consignada por el vendedor en una escritura sería bas-tante para que el título fuera inscrito a favor del comprador, pero alega que según el estado del. registro queda en pie la duda de si la casa cuya inscripción se solicita ahora no es la-misma cuya inscripción ha sido hasta la fecha invariable-mente denegada. Sostiene el registrador que no parece posi-ble que la casa que anteriormente existía en el solar haya sido destruida o que se haya construido una nueva en el corto espacio de nueve días en que dicho vendedor fue dueño de la finca. También es un hecho que ha sido admitido que ten-dría que verificarse la inscripción si hubiera una manifesta-ción 'específica de que.la casa fué construida dentro de'los. nueve días y mientras el vendedor era dueño de la misma. No podemos estar conformes con la alegación del recurrente de que no existe absolutamente contradicción en el registro. Si la casa fné construida dentro de los nueve días debe ser cosa fácil para el recurrente acreditar ese extremo. No cons-ta que el vendedor construyera la casa en alguna otra feclia. Existiendo contradicción en el registro con respecto a la casa,, es de aplicación el caso de Marcano v. El Registrador, 20 D. P. R. 525, citado por el registrador, debiendo, por tanto, ser-confirmada la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Buonomo, Demandante y Apelante, v. Sucesión Juncos, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación.
    No. 2003.
    Resuelto en marzo 28, 1919.
    Desestimación de Apelación — Parte Contraria — Notificación de Apelación. — ■ La frase "parte contraria” a los efectos de la notificación del recurso de-apelación a que se refiere el artículo 296 del Código de 'Enjuiciamiento Civil, no se refiere a- todas las partes demandadas, sino solamente a las que de ellas puedan ser afectadas por una revocación o modificación de la sentencia ape-lada; por tanto, no procede desestimar una apelación por el fundamento de no haberse notificado el establecimiento del recurso a una paite deman-dada cuyo interés en la contienda es puramente de carácter moral.
    Id. — Apelación Frívola o Proseguida sin Diligencia o Buena Ee. — Para que el Tribunal Supremo desestime una apelación por el fundamento previstoen la sección 59 de su reglamento, es necesario probar satisfactoriamente-que el apelante no ha proseguido su apelación con la debida diligencia o-buena fe, o que tal apelación es frívola.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: 8r. Francisco González.

    Abogados del apelado: Sres. Antonio Sarmiento y Joaquin Vendrell. , -
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada Sucesión de Manuel Juncos Solís, com-puesta de su bija natural Perfecta Juncos, solicita la deses-timación del recurso de apelación interpuesto por el deman-dante Daniel Buonomo López, porque el escrito interponién-dola no se notificó a Laura López y a sus hijos, partes nece-sarias en el pleito,- porque el apelante ha sido negligente en la tramitación del recurso, y porque la apelación es frí-vola.

De los documentos archivados en- esta Corte Suprema por la parte apelada aparece que Daniel Buonomo López entabló una demanda en la Corte de Distrito de Humacao contra la Sucesión de Manuel Juncos, compuesta de su hija natural Perfecta Juncos, en reivindicación de dos fincas rústicas.. Emplazada dicha sucesión contestó la demanda y además con-trademandó al dicho Buonomo y a la Sucesión de Juan Juncos Solís, compuesta de su viuda Laura López y de sus hijos, alegando que las fincas descritas en la demanda fueron ad-quiridas por el causante de la demandada y contrademan-dante Perfecta Juncos por adjudicación héchale en cierto pleito seguido por él contra la dicha Sucesión de Juan Juncos Solís, y que, eso no obstante, Laura López, fraudulentamente y en confabulación con el demandante Buonomo, se hizo ad-judicar en las operaciones testamentarias de Juan Juncos Solís las dichas fincas, vendiéndolas luego al repetido Buo-nomo, logrando éste que las adjudicaciones y los traspasos .se inscribieran en el registro de la propiedad. La Sucesión d.e Juan Juncos Solís fué emplazada'y como no compareciera, 'se anotó su rebeldía. Celebrada la vista, la corte declaró sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda orde-nando en su consecuencia que se cancelaran las inscripciones que figuraban en el registro a favor de Laura López y de Buonomo en relación con las fincas indicadas. Buonomo ape-ló y no notificó su escrito a la Sucesión de Juan Juncos So-lís. T la Sucesión de Manuel Juncos Solís, solicita ahora, por tal motivo entre otros, como liemos dicho, la desestima-ción del recurso.

De acuerdo con la ley — artículo 296 del Código de Enjui-ciamiento Civil — el escrito de apelación debe notificarse a la parte contraria o a su ahogado.- Parte contraria, de acuerdo con la jurisprudencia, (véase el caso de Ninlliat v. Suriñach, 25 D. P. R. 548, 551, y los en él citados), quiere decir aque-lla que pueda ser afectada por una revocación o modifica-ción de la sentencia y en este caso concreto no se ha demos-trado en qué forma pudiera afectar a la Sucesión de Juana Solís la revocación ó la modificación de la sentencia. Por ésta se anularon los traspasos hechos por Laura López a Buonomo, traspasos que, según declaró probado la corte de de distrito, “se llevaron a efecto en abierta confabulación y con el propósito de perjudicar a los legítimos herederos de Manuel Juncos Solís, verdaderos dueños de las fincas descri-tas”. Si se confirma la sentencia, el estado de cosas será el mismo que si el recurso de apelación no hubiera sido in-terpuesto. T si se revoca o modifica en el sentido de decla-rar con lugar la reivindicación, nada ganará Laura López, pues la finca pasará al poder del comprador Buonomo. Sólo puede reconocerse en ella un interés moral en la revocación de la sentencia o sea el de borrar el pronunciamiento rela-tivo al traspaso fraudulento hecho a Buonomo, y se ha re-suelto que tal interés no es bastante para establecer una ape-lación. Véase el caso de Freire v. Quintero, 23 D. P. R. 128.

En cuanto a la negligencia de la parte apelante en la tramitación del recurso, no se ha demostrado que exista. Si bien los autos no se han archivado dentro del término de noventa días, es lo cierto que se está tramitando la aproba-ción de la exposición del caso de acuerdo con prórrogas con-cedidas por la corte a quo.

Tampoco se ha demostrado que la apelación sea frívola. La parte apelada se limita a alegar que lo es, sin exponer razón alguna en pro de su afirmación. Además, aunque se han traído copias certificadas de las alegaciones y de docu-mentos, no existe ante nosotros nna relación completa del caso tal como se vio en la corte de distrito.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse no haber lugar a la desestimación del recurso.

No ha lugar a la desestimación. del recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Mundo, Demandante, Apelante y Apelado, v. Agosto, Demandado, Apelado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1899.
    Resuelto en marzo 31, 1919.
    Evidencia. — La preponderancia de la evidencia no depende del número de tes-tigos.
    Costas — Honorarios de Abogado — Temeridad..—Habiendo la corte inferior lle-gado definitivamente a la conclusión de que el demandante y sus testigos merecían mayor veracidad que los testigos de la defensa, y habiendo demos-trado otras circunstancias del caso que el demandado era culpable de te-meridad en su defensa, debieron haberse impuesto al demandado las costas y honorarios de abogado,
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Luis Méndez Vas.

    Abogado del demandado: Sr. Manuel F. Rossy.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tri bunál.

En este caso habiendo pagado el apelado la suma de $853.86, que el apelante debía a otra persona, insiste dicho apelante en que devolvió dicha cantidad al apelado. Hubo verdadero conflicto en la prueba aducida por ambas partes en el pleito. Además de las partes, dos testigos fueron pre-sentados durante el juicio, que declararon en sentido más o menos favorable para el apelante. Se mostraron en el juicio los libros del apelado pero solamente contenían el asiento del crédito contra el apelante, existiendo además dos saldos efectuados mediante pagarés entre las partes, de donde se excluía necesariamente el pago liecho por el apelante de la referida suma. El primer pagaré fué por la suma de $2,391.40. El apelante pagó $1,300 y otorgó un nuevo pagaré por $1,091.40 que es el pagaré objeto de esta acción. Sostiene el apelante que la expresada cantidad de $853.86 debió habérsele abo-nado en cuenta, o no debía habérsele cargado o incluido en ninguno de dichos saldos. La corte no dió crédito a las de-claraciones de los dos testigos que no eran parte en el pleito, llegó a la conclusión de que no se presentó como prueba do-cumento o prueba documental a favor del apelante y dictó, por tanto, sentencia por la totalidad de la suma reclamada.

No podemos insistir demasiado en el hecho de que la pre-ponderancia de la prueba no depende del número de testigos y el apelado presentó robusta prueba documental y testifical para sostener su reclamación, respecto a la cual no tenemos razón para dudar después de las conclusiones a que llegó la corte. Además, toda la prueba documental incluyendo los dos pagarés por saldo, era favorable para el apelado y se necesitaría una prueba muy fuerte para destruir la que de tal modo fué presentada. Verdaderamente que "existieron otras circunstancias en el caso que confirman la conclusión a que llegó la corte, entre otras, las gestiones hechas por el apelante en la fecha en que hizo el nuevo pagaré.

El demandante también apeló y señala cómo error el he-cho de que la corte debió haber concedido costas no solamente porque las costas y honorarios de abogado estaban incluidos en el pagaré objeto de esta acción, sino también porque'po-día considerarse al demandado como litigante temerario. Ha-biendo finalmente la corte llegado a la conclusión de que ha-bía de dársele crédito al demandante y a sus testigos y no a los del demandado, y apreciando las demás circunstancias ■ reseñadas en el caso, entendemos que la defensa alegada mostraba necesariamente temeridad por-parte del demanda-do y que la corte debió también haber concedido costas y ho-norarios al demandante, independientemente del contrato del demandado. Sin embargo, el pagaré qxie se reclama no dejó lugar a duda.

.La sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan debe confirmarse en cuanto declara con lugar la deman-da condenando al demandado a pagar al demandante la su-ma de $1,091.40, con intereses legales desde la interposición de la demanda hasta la fecha en que el pago se verifique, y revocarse en cuanto no hace especial condena de costas, con-denando en su lugar al demandado al pago de costas y hono-rarios de abogado.

Confirmada la sentencia apelada que condena al demandado al pago de $1,091.40 con inte-reses legales y revocada en cuanto no hace mención especial de costas, condenándolo en su lugar al pago de costas y honorarios de abogado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Wolkers, Demandante y Apelante, v. Masson, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, eH pleito sobre alimentos provisionales.
    No. 1875.
    Resuelto en marzo 31, 1919.
    Sentencia — Opinión—Pronunciamientos no Contenidos en la Sentencia.— Por lo general no debe tenerse la opinión como parte de la sentencia sino que el documento escrito que hace las veces de la sentencia debe contener todos los pronunciamientos sin haeer referencia a otros documentos. Así, pues, carecen de eficacia legal los pronunciamientos que si bien constan en la opinión, no se consignan en la sentencia.
    Divorck»' — Alimentos Provisionales — Honorarios de Abogado Pendente Lite.' — Una esposa que ejercita la acción de divorcio tiene derecho a reclamar de su marido en una acción colateral de alimentos provisionales el pago de honorarios de abogado pendente lite, cuya cuantía queda a la sana discre-ción de la corte. El abogado que la representa tiene derecho a cobrar por sus servicios aun en el caso de que se pierda el pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.'
    Ahogados de la apelante: Sres. José Martínez Dávila y Enrique Campillo.

    Ahogado del apelado: Sr. Francisco Soto Gras.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante insiste en sn primer fundamento de error en el hecho de que no debía obligársele a solicitar sus alimen-tos provisionales en la casa de sn esposo. Fijándonos en la sentencia dictada en este caso encontramos qne no contiene tal pronunciamiento. Por ella se concede a la apelante la snma de $40 mensuales en concepto de alimentos provisio-nales, pero no se hace mención específica del sitio en qne deben ser satisfechas. Dicha sentencia expresa, sin embargo, qne la opinión forma parte de la sentencia. La opinión no formaba parte de la transcripción original sino qne fué traída a esta corte posteriormente. ¿Podemos considerar esa opi-nión como parte de la sentencia en apelación? El artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe qne la co-pia de la sentencia de la corte ha de formar parte del legajo de la sentencia. El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil como fué emnenclado por la Ley No. 70, aprobada en marzo 9, 1911, página 239,, expresa que constituirá el récord de una apelación el legajo de la sentencia y la notificación de la apelación. El legajo .de la sentencia como fué prepa-rado en este caso no incluía la opinión como parte de la sentencia.. Esto resulta todavía más claro de la notificación de la sentencia librada por el secretario de la corte ele dis-trito donde dice que se había dictado sentencia que fué debi-damente registrada en el libro correspondiente. La senten-cia como fué registrada no contenía copia de la opinión. Ade-más, la manifestación hecha en la sentencia de que la opinión •forma parte de la misma puede quizás interpretarse como el cumplimiento eon el artículo 227 como fue enmendado, por el que la corte está en la obligación de archivar una breve relación del caso. Por lo general no debe tenerse la opinión como parte cíe la sentencia sino que el documento escrito que hace las veces de la sentencia debe contener todos los pronunciamientos sin hacer referencia a otros documentos.

Nos inclinamos a creer que no debiera exigirse a la esposa ir a la casa de su marido para recibir sus alimentos provi-sionales, particularmente en un caso como el presente en que la corte le había nombrado un depositario especial, pero esta consideración incidental que hacemos (obiter) es más bien como consejo que obligatoria para la corte.

También se negó la corte inferior a conceder honorarios de abogado pendente lite. Creemos que esto fue un error. La esposa debe estar en condiciones de dar alguna compen-sación a su abogado a fin de obtener la debida representación durante el litigio. El abogado que la representa tiene dere-cho a que se le pague por sus servicios aun en el caso de que se pierda el pleito. La cantidad que por ello debe pa-gársele queda a la sana discreción de la corte, pero como en esta fecha y al resolver el certiorari No. 238 hemos consi-derado válida otra orden por $200, y como tampoco estamos seguros de si esta suma de $200 no abarca toda la materia en controversia simplemente revocaremos la sentencia en cuanto a este particular dejando a la corte inferior que fije la cuantía de los honorarios si dichos $200 no se refieren a los honorarios que se tratan de recobrar en este caso.

Debe revocarse la sentencia.-apelada en cuanto declara sin lugar la demanda reclamando el pago de los honorarios del abogado de la demandante y apelante y confirmarse en sus demás particulares.

Revocada la sentencia apelada en cuanto de-clara sin lugar la. demanda reclamando el pago de los honorarios del abogado de la demandante y apelante y confirmada en sus demás particulares-.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. deí Toro y HutcMson disintieron en cuanto al extremo relativo a que la opinión de la corte inferior no pueda ser tenida en cuenta en este caso.


text:
    Wolkers, Peticionaria, v. Hon. J. Texidor, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Demandado.
    Solicitud para que. se expida auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Pri-mera, en un pleito sobre alimentos provisionales.
    No. 238.
    Resuelto en marzo 31, 1919.
    Resuelto por los fundamentos del caso No. 1875, Walkers v. Masson, de marzo 31, 1919, (pág. 278).
    Abogados de la peticionaria: Sres. José Martínez Dávila y Enrique Campillo.

    El juez demandado no compareció.
   Anuladas las órdenes de octubre 29, 1917 y septiembre 16,1918 de la Corte de Distrito.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y HutcMson.


author: El Juez Presidente Sr. HerNÁNdez, JUEZ ASOCIADO SE. ALDBEY,

text:
    Andino, Demandante y Apelado, v. Canales, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segurada, en pleito sobre desairado en precario.
    No. 1916.
    Resuelto en marzo 31, 1919.
    Desahucio en 'Precario — Naturaleza del Procedimiento de Desahucio — Cues-tiones de Propiedad. — El juicio de desahucio es un procedimiento especial cuyo único fin es recuperar la posesión de algún inmueble, lanzando de él a quien lo detente sin título alguno para ello; y cuando el demandado alega algún título para la posesión, si. esa alegación no está desnuda de toda prueba, no debe decretarse el desahucio, sino'que las partes deben discutir en juicio ordi-' nario cuál tiene el título legal a la finca, antes de que pueda prosperar la ac-ción de desahucio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de'la apelante: Sr. Ignacio Hernández.

    Ahogado del apelado: Sr. Antonio Trujillo.

   El Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelado Agustín M. de Andino radicó en la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, con fecha 28 de abril de 1917. una demanda contra la demandada ape-lante Juana Canales sobre desahucio en precario, alegando' ser dueño de una casa y solar que describe en la demanda, sita en el barrio de Cataño del término municipal de Baya-món, que detenta la demandada precariamente sin pagar-canon o merced alguna, por lo que solicita se ordene el desa-lojo de la finca descrita, con costas, gastos y desembolsos de la acción a cargo de la demandada.

La demandada contestó la demanda negando las alega-ciones esenciales de la misma y como materia nueva consti-tutiva de defensa alega que la finca urbana objeto del desahu-' ció es de su propiedad por corresponderle la mitad de ella como participación en una sociedad civil industrial de ganan-cias que desde hacía más de 42 años había constituido con Pablo Figueroa Díaz, siendo éste sastre y ella costurera, y haber adquirido la otra mitad por cesión que le hiciera la heredera del referido Pablo Figueroa llamada Ramona Figueroa, habiendo estado en posesión quieta, pública, pacífica y no interrumpida de la finca desde la muerte de Pablo Figueroa y ambos en vida de éste.

La corte dictó sentencia en 23 de marzo de 1918 declaran-do con lugar la demanda y decretando el desahucio contra la demandada Juana Canales, contra cuya sentencia interpuso ésta recurso de apelación para ante esta Corte Suprema. ,

La única cuestión a resolver en el presente recurso es si la demandada posee en precario la finca urbana de que tiene título de dominio el demandante.

Las pruebas del demandante tienden a demostrar que él es dueño del solar y casa de que se trata a virtud de escritura de compraventa otorgada a su favor por Teresa y Encarna-ción Díaz en 24 de diciembre de 1915 y que las vendedoras habían adquirido el solar por cesión que les hiciera El Pueblo de Puerto Rico por escritura pública de 30 de septiembre de 1915 y la casa por herencia de su difunto hermano Pablo Figueroa Díaz, del que fueron declaradas herederas abintes-tato por resolución judicial. Y las pruebas de la deman-dada tienden a demostrar que ella y Pablo Figueroa vivieron juntos bajo un mismo techo por más de cuarenta años, siendo Figueroa sastre y la demandada costurera y juntos trabaja-ban, habiendo comunidad de ganancias y de gastos, durante cuya vida común fué edificada con los ahorros de ambos la casa que ocuparon hasta que murió Pablo Figueroa en 2 de mayo de 1908, ocupándola después Juana Canales sin solu-ción de continuidad.

Ya dijimos al resolver el caso de Torres et al. v. Pérez, 18 D. P. R. 573, en el cual el defhandante presentó título ins-crito en el registro para acreditar el dominio que alegaba “que el juicio de desahucio es un procedimiento especial que no sirve para resolver sobre derecho de propiedad y que cuando el demandado alega un título para la posesión, si esa alegación no está desnuda de toda prueba no debe decretarse el desahucio y deben las partes discutir en juicio ordinario cuál es el que tiene el título legal a la finca antes de qué pueda prosperar tal clase de acción.”

Las pruebas aportadas al juicio no permiten afirmar que la demandada posee en precario, esto es, sin título alguno, la finca de que se trata, pues ella alega poseer en concepto de dueña y esa alegación al menos en cuanto a corresponderle alguna participación en el dominio de la casa no está des-nuda de toda prueba.

Según sentencia del Tribunal Supremo de España de 29 de mayo de 1906, 104 C. J. 424, cuya doctrina aceptamos en el caso de Veve et al., v. The Fajardo Sugar Grower’s Association, 18 D. P. R. 282, “la acción de desahucio sólo es proceden-te cuando entre el arrendador y el arrendatario o el dueño de la finca y quien la lleva en precario no existen más relaciones jurídicas que las derivadas de dicho carácter, y cuando acerca de ellas no existen dudas fundadas que requieran un examen y discusión, propios solamente del juicio declarativo corres-pondiente. ’ ’

Sobre las relaciones jurídicas del demandante como dueño y la demandada como precarista o poseedora en precario exis-ten dudas fundadas, derivadas de otras relaciones que exis-tían entre Pablo Figueroa y Juana Canales, por vivir juntos, con mutua ayuda, aportando cada uno para ambos el esfuerzo de su trabajo, durante cuya vida común fué construida con recursos de ambos la casa de que se trata. Ante esas dudas no puede menos de apreciarse que existe una cuestión previa de derecho, de gran trascendencia, que no puede resolverse en un juicio de desahucio sin las garantías de defensa e in-formación que ofrecen los juicios declarativos.

Ciertamente que la demandada no ministró prueba directa con el fin de justificar que hubiera constituido con Pablo Figueroa Díaz una sociedad civil industrial según alegación especial de su contestación a la demanda; pero es de notar que ella negó generalmente las alegaciones esenciales de la deman-da y, por tanto, que poseyera en precario;- y bajo esa nega-ción general tenía cabida cualquier prueba tendente a demos-trar la inexistencia del precario como lo fué, según hemos dicho, la prueba que ministró y que fué admitida sin oposición alguna por parte del demandante.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia, apelada, reservándose al demandante el derecho de que se crea asistido para que lo ejercite en el juicio correspondiente.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hut-chison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. ALDBEY,

CON LA CUAL ESTÁ CONEORME EL JUEZ ASOCIADO gB. WOLF.

Aunque la apelante contestó la demanda de desahucio ale-gando que era dueña de la casa objeto del juicio por corres-ponderle una mitad por haber sido construida por Pablo Figueroa con dinero de ambos obtenido en la sociedad civil industrial de ganancias que con ella tenía constituida y la otra mitad por cesión que le hizo una hija natural de su socio, sin embargo la prueba no demostró la existencia de contrato alguno de sociedad civil industrial de ganancias sino sola-mente que la apelante y Pablo Figueroa vivieron en concu-binato durante el cual fue construida la casa por Pablo Figueroa.

Como la demandada apelante y Pablo Figueroa no eran socios en virtud de ningún contrato de sociedad autorizado por los códigos de esta isla y como el concubinato no crea la sociedad legal de gananciales establecida solamente para los matrimonios, el hecho de que la demandada y Pablo Figueroa vivieran juntos por muchos años, con mutua ayuda, aportando cada uno‘para ambos el esfuerzo de su trabajo y que durante esa vida común fuera construida la casa con recursos de ambos no convertía a la demandada Juana Ca-nales en dueña de una mitad de dicha casa y, por tanto, no es obstáculo para detener la acción de desahucio ejercitada en este caso. . En cnanto a que fuera dueña de la otra mitad por cesión que le hiciera una hija natural de Pablo Figueroa no se presentó prueba alguna sobre ese extremo.

Por lo expuesto, debió ser confirmada la sentencia inferior que declaró con lugar la demanda de desahucio.

Estoy autorizado para decir que el juez asociado Sr, Wolf está conforme con esta opinión disidente.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Ortiz, Demandante y Apelado, v. Alvarado, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre indemnización por perjuicios.
    No. 1893.
    Resuelto en marzo 31, 1919.
    Incumplimiento de Contrato — DaSos y Perjuicios. — La evidencia demuestra en este caso que en agosto 7 de 1917 el demandante 'y el demandado convinieron un contrato de préstamo con hipoteca por $3,500 que debería entregar el deman-dante al demandado al tiempo de firmarse la escritura, habiéndose concertado la operación por término de tres años y prórroga de otros tres,' al 10 por ciento de intereses pagaderos por anualidades anticipadas. Habiendo dejado de comparecer el prestatario a suscribir la escritura el día fijado, el pres-tamista radicó demanda el 18 de agosto de 1917 reclamándole $1,050 por daños y perjuicios, alegando que tres días después de celebrado el contrato verbal rechazó otra solicitud de préstamo por igual cantidad, término de tres años e intereses de 10 por ciento anual, cuya operación no pudo hacer por no tener más dinero disponible que los $3,500 del préstamo origen de este pleito. Se resolvió: que los daños y perjuicios están representados en este caso por los intereses de los $3,500 desde la fecha en que se pactó el préstamo hasta la fecha en que se radicó la demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Q. Torres Salaberry.

    Abogado del apelado: Sr. Rafael Cintrón Lastra.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 18 de agosto de 1917 el demandante José Federico Ortiz García presentó demanda ante la Corte de Dis-trito de Guayama contra Patricio Alvarado Figueroa sobre indemnización de perjuicios, y en ella alega que demandante y demandado celebraron' el día 7 del citado agosto un con-trato de préstamo con hipotecas sobre dos fincas rústicas de la propiedad del demandado, por la cantidad de $3,500 y tér-mino de 6 años a contar desde la fecha indicada, con intereses a razón del 10 por ciento anual pagaderos por anualidades adelantadas; que el demandante puso a disposición del de-mandado la referida cantidad que había de serle entregada tan pronto firmara la correspondiente escritura'; que para la confección de ésta ambos dieron instrucciones al notario José C. Ramos; que al tiempo de firmarse la escritura el de-mandado se negó a ello sin aducir ningún hecho o razón legal que le impidiera firmar el contrato.; que tres días después de convenido éste entre las partes, Modesto Ortiz Cádiz soli-citó del demandante un préstamo por igual cantidad de $3,500, por término de tres años y también con intereses al 10 por ciento anual pagaderos por mensualidades vencidas, a lo- que no pudo acceder por impedírselo el compromiso contraído con el demandado, pues carecía de más dinero efectivo en aquel entonces; y que la negativa del demandado a cumplir lo pactado ha ocasionado al demandante perjuicios por valor de $1,050.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando al demandado a pagar al demandante, co-mo indemnización de perjuicios, la cantidad de $1,050 con intereses legales de esa suma a contar desde la interposición •de la demanda, costas, desembolsos y honorarios de abogado.

El demandado al contestar la demanda niega las alega-ciones fundamentales de ella y como materia nueva alega que ■aceptó en principio llevar a efecto un préstamo con hipoteca con el demandante, pero no en términos absolutos sino bajo la condición de que teniendo constituida anteriormente otra hipoteca a favor de Clemencia Philemon de Godreau era indispensable que dicha señora la cancelara antes de que se -firmara la nueva escritura a favor del demandado, a cuyo fin hizo gestiones para conseguir la cancelación, sin que pu-diera lograrlo por haberse negado a ello Clemencia Philemon representada por su apoderado Guillermo Godreau.

Celebrado el juicio en que ambas partes propusieron prue-bas, la corte inferior estimó como ciertos y probados los si-guientes' hechos:

Que demandante y demandado convinieron un contrato de préstamo con hipoteca por la cantidad de $3,500 por el ■tiempo de tres años con opción de prórroga por tres más, .al 10 por ciento anual como intereses, pagaderos por anua-lidades adelantadas; que para garantizar la obligación el de-mandado se comprometió' a constituir hipoteca voluntaria sobre dos fincas rusticas de su propiedad, sitas en el barrio de Eío Jueyes de Salinas; que convenido dicho contrato esti-pularon las partes que se llevara a efecto el otorgamiento de la correspondiente escritura ante el notario José C. Ramos; que el demandante estuvo siempre dispuesto a efectuar el negocio y a ese fin depositó la cantidad a disposición del de-mandado; que señalado el día para firmar la escritura el demandado no compareció por lo que no pudo efectuarse el contrato, negándose después dicho demandado a efectuarlo, alegando haberlo ejecutado más tarde con Guillermo Godreau o su esposa; que el demandante con tal motivo se vió pri-vado de efectuar una operación de préstamo con Modesto Ortiz por igual cantidad y en iguales términos, y que por haberse negado el demandado. a efectuar dicho contrato le ocasionó al demandante perjuicios consistentes en la 'pérdida de los intereses que devengaría dicha cantidad durante el primer año, ascendentes a $350, en atención a haberse con-venido que los intereses serían pagaderos por anualidades adelantadas.

Bajo las anteriores conclusiones de hecho, la córte dictó sentencia en 31 de enero de 1918 por la que ordena que el demandante recobre del demandado como daños y perjuicios la cantidad de $350 más las costas y desembolsos.

Contra dicha sentencia interpuso el demandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y para sostener el recurso alega principalmente que el contrato de préstamo hipotecario concertado con el demandante no llegó a perfec-cionarse por estar sujeto a una condición eventual, o sea, la de que se consiguiera la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre los bienes que habían de ser hipotecados nue-vamente a favor del demandante, y que para el buen éxito-de una demanda por indemnización de daños y perjuicios como en el caso presente es necesario alegar y probar daños o perjuicios efectivos y no imaginarios o remotos.

No aparece de las pruebas que el contrato de préstamo-con hipoteca convenido por demandante y demandado estu-viera afectado expresamente por la condición qne invoca el apelante. Ciertamente qne las pruebas demuestran que por escritura pública de 13 de mayó de 1916 Patricio Alvárado celebró con Clemencia Philemon, esposa de Guillermo Go>~ dreau, un contrato de préstamo por la cantidad de $2,500" a dos años plazo con intereses al 12 por ciento anual .paga-deros por anualidades vencidas con hipotecas sobre las mis-mas fincas rústicas con que el demandado había de afianzar el pago del préstamo del demandante, y qne aquél además ges-tionó la cancelación de aquella hipoteca sin haberlo conse-guido por falta de acuerdo sobre las condiciones en que había, de efectuarse la cancelación; pero el hecho declarado pro-bado por la corte inferior, contra cuya apreciación no se' nos ha demostrado que se haya cometido error manifiesto, es que demandante y demandado concertaron el préstamo hi-potecario sin que al demandante ni al notario que había .de otorgar la escritura se le hiciera mención alguna de que ha-bía de cancelarse previamente la hipoteca constituida a favor de Clemencia Philemon de Godreau. El demandante aceptó el contrato en la creencia de que- si existía tal hipoteca el demandado con seguridad había de cancelarla pues no cabe presumir otra cosa ciada la circunstancia de tener el dinero dispuesto para su entrega al demandado tan pronto se hu-biera firmado la escritura, que firmó el demandante mismo sin que compareciera a hacerlo el demandado. ...

El otro motivo del recurso o sea falta de justificación de los perjuicios sufridos por el demandante en cuantía de $350 se sostiene por las alegaciones mismas del demandante y por el resultado de las pruebas.

El contrato de préstamo fué convenido, según alega el de’f mandante, el día, 7 de agosto de 1917. La demanda fué prel sentada once días después o sea en 18 del citado agosto. El demandante -dió orden a su hermano Elias Ortiz según éste declara y lo corrobora el testigo notario José C. Eamos dé que entregara a éste $3,500 para Patricio Alvarado cuándo-estuviera firmada la escritura. El demandado no llegó a re-cibir parte alguna de esa cantidad y si bien, como alega el demandante, tres días después de haberse confeccionado el contrato Modesto Ortiz Cádiz solicitó del demandante un préstamo por igual cantidad de $3,500 a que no accedió por tener que respetar el compromiso contraído con el deman-dado y por carecer de más dinero efectivo en aquel entonces, no bay la más ligera indicación de que posteriormente no se presentara oportunidad al demandante para colocar los -$3,500 que dejó de recibir en préstamo el demandado. Tan pronto como el demandado dejó de firmar la escritura ■el demandante quedó en libertad para disponer de su dinero que pudo invertir en cualquier otra negociación.

Aunque el demandado no llegó a recibir los $3,500 importe del préstamo, los tuvo a su disposición por un espacio corto de tiempo que seguramente no excedió de once días, o sea, desde el 7 de agosto de 1917 en que fué convenido el prés-tamo, basta el 18 del mismo mes en que se radicó la de-manda. La cantidad de intereses correspondiente a esos once días es la que representa los daños y perjuicios que sufrió el demandante y que claramente se derivan del incumpli-miento de la obligación por parte del demandado. Artículos 1068, 1073 y 1074 del Código Civil. Si por un año debían pagarse $350 de intereses, a once días corresponden $10.54. Los intereses que pudiera devengar la suma de $3,500 des-pués de radicada la demanda, cuando ya el demandante tenía a su disposición esa cantidad, no pueden ser materia de re-clamación.

Y no importa que el demandado estuviera obligado a pa-gar al demandante por anticipado la primera anualidad del préstamo, ascendente a $350, pues esa obligación estaba su-bordinada a la entrega de los $3,500 que no llegó a recibir.

Véanse los casos de Sucesores de Oliva & Cía. v. J. Matienzo & Cía., 13 D. P. R. 293, y Cobián v. Abril, 14 D. P. R. 286.

<4,..La sentencia de..la corte.inferior debe modificarse; enten-diéndose la indemnización por la cantidad de $10.54, sin especial condena de costas.

Confirmada la sentencia apelada, pero modi- ' ficada en el sentido de condenar al demon-dado al pago de $10.54 sin especial conde-nación de costas.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    López, Demandante y Apelado, v. Central Eureka, Inc., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre desahucio.
    No. 1964.
    Resuelto en abril 4, 1919.
    Desahucio — Arrendamiento no Inscrito — Comprador de Finca Arrendada.— Cuando el comprador de una finca arrendada cuyo arrendamiento no consta inscrito en el registro de la propiedad no promete respetar tal contrato, aún cuando conozca su existencia, no está obligado por sus términos, y si el arren-datario no se aviene a entregarle la finca, puede ejercitar contra él la ae-eión de desahucio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Pascasio Fajardo Martínez.

    Ahogados del apelado: Sres. Feliú & Alemañy.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique López Delgado estableció en la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda ejercitando la acción de desahucio contra la Central Eureka. Sostuvo que era dueño de deter-minada finca que la demandada venía disfrutando precaria-mente, sin pagar canon ni merced alguna por la misma.

La demandada excepcionó la demanda en el sentido de que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y la contentó además por medio de alegaciones nega-tivas y positivas, consistentes las primeras en una negación general y específica de todos y cada uno de los hechos de la demanda y las segundas en que se encontraba en posesión de la finca de que se trataba a virtud de un contrato de arren-' damiento debidamente celebrado.

Fué el pleito a juicio y la corte, el 28 de octubre de 1918, dictó sentencia en favor del demandante. La demandada en-tonces interpuso el presente recurso de apelación.

En su opinión la corte sentenciadora expuso que a su jui-cio la demanda contenía todas las alegaciones esenciales nece-sarias para determinar la acción ejercitada. Luego sostuvo que la evidencia presentada por el demandante fué suficiente para probar su caso. Y, por último, analizando la evidencia de la demandada, concluyó, en resumen, que no fué bastante para demostrar que la finca a que se refería el arrendamiento fuera la misma del demandante, pero que en la hipótesis de que lo fuera, no constando inscrito dicho arrendamiento en el registro, ni teniendo conocimiento de él el demandante, y aun teniéndolo, no estaba obligado a respetarlo, ya que a ello no se obligó, y pudo, por tanto, ejercitar como ejercitó, con éxito, la acción de desahucio en los términos que la misma ley de-termina.

Reducido a sus propios límites, este caso envuelve sola-mente la interpretación y aplicación de los preceptos legales contenidos en los artículos 1452 y 1474 del Código Civil Revisado.

Siendo casada, doña Margarita del Carmen Font y Mar-telo adquirió dos pequeñas fincas en la bajura de Cabo Rojo y, siendo viuda, en 1911, las arrendó a Julio P. Castro por término de diez años, subarrendándolas éste a la demandada. El contrato de arrendamiento se presentó en el registro, ne-gándose su inscripción el 10 de julio de 1918 habiéndose to-mado en su lugar anotación preventiva. ■

El 2 de julio de 1918 los herederos de doña Margarita y de su esposo comparecieron ante notario público y ven-dieron las dos fincas de que se trata al demandante. En la escritura se hizo constar lo que sigue:

“E. Los vendedores trasmiten al comprador la posesión de derecho que da a éste el presente título; pero será por cuenta, .gestión y dili-genciamiento del comprador el'hacerse obtener y ponerse él mismo en posesión material del inmueble objeto del presente contrato, pues hacen constar los vendedores que hace tres o cuatro días fueron no-tificados por don Mateo Fajardo Cardona, en su carácter éste de presidente de la corporación Central Eureka, Incorporada, de que la causante. doña Matilde Margarita del Carmen Font y Martelo había celebrado con don Julio P. Castro un contrato de arrenda-miento por el cual éste había tomado en arrendamiento cierto predio rústico de dicha causante; y que el referido señor Castro había subarrendado dicho inmueble a la citada corporación ‘Central Eureka, Incorporada,’ y que el señor Fajardo Cardona 'consignó para ellos en la corte municipal de este pueblo cierta cantidad de dinero en pago de cánones vencidos y por vencer, por concepto de dicho contrato; pero hacen constar los vendedores que se han negado y se negarán a recibir dicho dinero, pues nunca habían tenido conoci-miento de tal contrato ni han intervenido en forma alguna a su otorgamiento, por lo que hacen constar que no vienen obligados , al re-conocimiento ni al cumplimiento de dicho contrato ni de ningún otro contrato que se haya celebrado con ninguna otra persona.”

En ninguna parte de la escritura, que fue. debidamente inscrita en el registro, se hizo constar que el comprador se obligaba a respetar el contrato de arrendamiento celebrado por doña Margarita.

Dejando a un lado la cuestión.de si doña Margarita Font pudo o no otorgar por sí sola válidamente el contrato de arrendamiento y partiendo de la base de que la finca estaba arrendada por el vendedor cuando fue adquirida por el de-mandante, opinamos que no constando inscrito tal arrenda-miento en el registro al tiempo de verificarse la venta, ni habiéndose obligado a respetarlo el comprador, actuó correc-tamente la corte sentenciadora al declarar con lugar la de-manda.

Dice el artículo 1474 del Código Civil que el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arrien-do vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, y el 1452 del propio có-digo expresa que con relación a terceros, no surtirán efec-tos los arrendamientos de bienes raíces que no se bailen de-bidamente inscritos en el registro de la propiedad.

Sostiene la parte demandada y apelante que el deman-dante no es un tercero porque tuvo conocimiento directo del arrendamiento, según consta de la misma escritura de venta, y, por tanto, que estaba obligado a respetar dicbo contrato aunque no estuviera inscrito en el registro.

No es posible aceptar tal teoría. La Ley Hipotecaria dis-pone que los contratos de arrendamiento de bienes inmue-bles, (artículo 2, No. 5°.), podrán inscribirse en el registro de la propiedad, y es a virtud de la inscripción que surge el derecho del arrendatario a que si el arrendador vende la finca, el comprador respete su contrato en los términos que consten del registro. Si el contrato de arrendamiento' no se inscribe, entonces, de no existir pacto en contrario, queda en toda su fuerza el precepto del artículo 1474 relativo al derecho del comprador a que termine el arrendamiento vi-gente al verificarse la venta. Las palabras de la ley demues-tran que el legislador tenía en mente el caso en que el com-prador estaba enterado de la existencia del contrato.

Comentando Manresa el artículo 1571 del Código Civil español, igual al 1474 del nuestro, dice:

“De acuerdo con"este criterio, el artículo 1571 sienta el principio d!e que el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta. El punto de pai*-tida de este criterio es la consideración de que siendo el arrenda-miento un contrato que pasó entre el arrendador y el arrendatario, y mereciendo el comprador el carácter de tercero respecto del mismo, no puede prevalecer contra él un derecho de la categoría de los per-sonales.
“Eh Código en este artículo ha instituido evidentemente una causa más de desahucio, causa que no arranca de hecho u omisión del arrendatario como las demás que hemos examinado, sino del acto de traslación, de dominio realizado por el arrendador, que, al engen-drar una nueva relación jurídica, ejerce positiva influencia sobre la antes existente por razón de los principios en que cada una se funda y del objeto común sobre que recaen, que es la finca arrendada.
“Antes de que la jurisprudencia de este artículo hubiese tenido tiempo de formarse, oímos discutir si el derecho que al comprador concede, podía o no ser ejercitado en forma de acción de desahucio >y en el juicio de este nombre. Siempre estuvimos por la afirmativa, porque si lo que al comprador se concede es el derecho de hacer ce-sar un arrendamiento para que la finca quede completamente a stt disposición, no otro es el fin que con el desahucio se persigue, y por-que si este juicio procede en aquellos casos en que el motivo resulta de un hecho claro y evidente, notoriamente de esta naturaleza es el hecho de la venta de que arranca el derecho del • comprador. No puede, pues, caber duda de que se trata de una nueva causa de desa-hucio, y que en este juicio ha de tener efectividad el derecho del comprador cuando el arrendatario no quiera reconocerlo voluntaria-mente. Al Tribunal Supremo han llegado ya no pocos casos, y ni una vez siquiera se ha dejado'de dar por supuesto, que tal procedi-miento sea el adecuado.
* * $ « ® * *
“Lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. — -En estas palabras establece el párrafo 1º. del artículo 1571 otra excepción al principio de que el comprador tiene derecho a que termine el arrendamiento. Lo dis-puesto en la Ley Hipotecaria es el contenido del número 5º. del ar-tículo 2°., o sea la determinación de los casos en que el arrendamiento es inscribible, y, por lo tanto, derecho real, casos que ya sabemos cuáles son; lo dispuesto en la Ley Hipotecaria es el principio del artículo 24 de la misma, que dice que los títulos inscritos surtirán su efecto aun contra los acreedores singularmente privilegiados por la legislación común.
“Consecuencia de estas disposiciones es que, cuando se trata de un arrendamiento inscrito en el registro de la propiedad, se trata de un derecho real que, por virtud de su inscripción, surte efectos contra tercero. El comprador, como tal tercero, tiene que estar y pasar por él, y, por lo tanto, no le asistirá el derecho a que el arrendamiento termine.” 10 Manresa, Código Civil español, 637, 640.

Y esta Corte Suprema en el caso de Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd., 17 D. P. R. 1149, interpretando y apli-cando el repetido artículo 1474 del Códig’o Civil Eevisado, estableció la siguiente doctrina que no deja lugar a dudas de ningún género:

“Celebrado un contrato de arrendamiento en virtud de docu-mento, sin pacto de respetar la posesión del arrendatario en caso de venta, dicho contrato tiene el carácter de personal y aun en el su-puesto de que el comprador de la finca arrendada tuviera conocimiento de la existencia del mismo, esto no altera su naturaleza y el arren-datario está obligado a desalojar la finca si así lo exige el comprador."

Por virtud de todo lo expuesto procede declarar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia recurrida,

Declarado sin lugar el recurso y confirmada• la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Colón, Demandante y Apelado, v. Pou et al., Demandados, y Apelante el Primero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1959.
    Resuelto en abril 4, 1919.
    Alegaciones — Incongruencias no Esenciales. — En este caso la demanda alega que los demandados suscribieron el pagaré objeto de la redamación a favor del demandante, y la evidencia demostró, sin embargo, que tal pagaré fué extendido originalmente a favor de otra persona de cuya sucesión lo bubo el demandante. Se resolvió: que la incongruencia entre la alegación y la prueba, si alguna existe, es tan inmaterial que cae dentro de los preceptos de los artículos 136 y 142 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Enmiendas Denegadas — Discreción Judicial — Deudores Solidarios. — Cuando dos personas se han obligado en un pagaré con el carácter de deudores soli-darios, no comete error o abuso de discreción la corte al negar permiso para enmendar la contestación a fin de alegar que uno de los demandados fir-mantes del pagaré era solamente un fiador del otro firmante cuyo hecho constaba al. demandante.
    Los hechos' están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Garlos Brunet.

    Abogado del apelado: Sr. Arturo Oó'tis Toro.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Apareció durante el juicio en este caso que- el apelante Lucas Pou eu unión de Luis P. Valdivieso, mancomunada y solidariamente otorgaron un pagaré por la suma de $300 con sus intereses. El nombre del librado quedó en blanco, pero fue entregado el pagaré al demandante Ramón Colón Alvarez para su negociación. Este lo llevó donde .Leopoldo Cab'asa, quien después de mostrar alguna oposición debido a la falta de responsabilidad pecuniaria de los firmantes de dicho documento, convino finalmente en aceptarlo. Leopoldo Ca-basa falleció poco más tarde y el apelado después de .cele-brar úna o más entrevistas con la Sucesión de Cabasa y sin-tiendo estar en la obligación moral de relevar a dicha suce-sión de • dicho pagaré lo sacó de su poder. Esta segunda entrega tuvo lugar después del vencimiento del expresado pagaré. El apelado llenó con su propio nombre el blanco que había en el pagaré y estableció demanda fundáda en .el mismo como si fuera él el primitivo librado.

Durante el juicio ofreció enmendar su demanda para es-tablecer los hechos precisamente como habían ocurrido, pero al oponerse los demandados dejó subsistir la demanda ba-sada en la teoría, según el criterio que de ella- tenemos, de que la incongruencia, si alguna existía, era inmaterial. Des-pués de desarrollarse los hechos durante el juicio, los deman-dados solicitaron permiso para enmendar su contestación y alegar en efecto que el demandado Pou era solamente un fiador del demandado Valdivieso y que el apelado conocía bien las relaciones que existían entre dichos demandados. En la contestación, según fué radicada, en tanto era específica meramente se negaba que los demandados hubieran otorgado el pagaré tal como se describía en la demanda. La corte negó la enmienda y dictó sentencia a favor del demandante de acuerdo con la súplica de la demanda. Los señalamientos de error se fundan en una supuesta incongruencia y la nega-tiva a que se hiciese la enmienda a la contestación.

No existió incongruencia alguna. Al entregar los deman-dantes el pagaré en blanco, ello implicaba una autorización o mandato para cualquier persona a cuyo poder fuera dicho documento de llenarlo, con sn propio nombre, Y esto era cierto lo mismo antes qne despnés del vencimiento, pnesto qne las únicas defensas adicionales qne tiene el obligado des-pnés del vencimiento son aquellas qne podría baber tenido contra la persona qne aceptó el pagaré, qne en este caso era Oabasa o sn sncesión. .El llenar el blanco con el nombre del tenedor de dicho pagaré no tenía ninguna relación con dichas defensas.

Además, al comprar el apelado el pagaré a la sncesión Oabasa compró todos sus derecho^ y acciones y el hecho de qne estableció acción a sn nombre suponiendo qne esto fuera una incongruencia era tan inmaterial qne cae dentro de los preceptos de los artículos 136 y 142 del Código de Enjuicia-miento Civil, los cuales son como signe:

“Art. 136. — Ninguna incongruencia entre las alegaciones y las pruebas en un juicio se tendrá por esencial, a menos que por su. ín-dole y efecto dé lugar a que la otra parte incurra en su perjuicio, en falsas apreciaciones al mantener su demanda o su contestación. Siempre que una de las partes resultare así equivocada, la corte po-drá disponer que se enmiende la alegación en los términos que es-timare justos.”
“Art. 142. — En cualquier estado de un pleito.la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se Re-vocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

No se cometió error o abuso de discreción al negar la corte a los demandados hacer la enmienda. Su obligación en cnanto a cualquier tenedor o persona qne aceptara dicho pagaré era como la de deudores principales solidarios y man-comunados. Y basados en esa teoría ofrecieron ellos el pa-garé tal como fué redactado y esa era la obligación por la cual eran responsables.

Según los hechos como fueron desarrollados en el juicio, por el hecho de comprar el apelado el pagaré a la sucesión Cabasa adquirió los derechos de dicha sucesión.

La sentencia apelada debe ser confirmada..

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Carlo, Demandante y Apelado, v. Central Bayaney, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobró de dinero.
    Moción del demandado apelante solicitando el traslado del' pleito.
    No. 1835.
    Resuelto en abril 4, 1919.
    Traslado del Pleito — Residencia del Demandado — Conveniencia de los Testi-gos. — Cuando el demandado exeepciona la demanda acompañando moción de traslado fundada en motivos de residencia, el demandante no puede resistir el traslado oponiendo la conveniencia de sus testigos, pues mientras no se pre-sente la contestación no existe ninguna cuestión de hecho ante la corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado dé la apelante: Sr. Antonio Suliveres.

    Abogado del apelado: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda con que se inició este pleito fue presentada en la Corte de Distrito de Mayagüez y por ella se reclama del demandado el pago de cierta cantidad de dinero que se alega ser debido por la corporación demandada como per-juicios por el incumplimiento por su parte de un contrato de arrendamiento de servicios.

La demandada presentó excepciones previas a la demanda y al mismo tiempo solicitó por moción escrita que el asunto fuera trasladado a la Corte de Distrito de Arecibo por ser el lugar de su residencia y personal la acción que se ejercita; moción que luego enmendó con el consentimiento del deman-dante, agregando a ella el fundamento, además de que la con-veniencia de los testigos requería que el pleito se tramitase en la Corte de Distrito de Arecibo. Con la petición enmen-dada presentó declaración jurada sobre los méritos de su de-fensa y sobre las causas que hacían conveniente el traslado por razón de los testigos y acompañó también con ella el con-trato celebrado entre las partes, un pliego de condiciones re-ferentes a él y una carta del demandante relativa a dicho contrato.

El demandante presentó entonces una contra-moción en la que no impugna la residencia del demandado, pero alega que la petición de traslado por el fundamento de la conveniencia de los testigos es prematura porque el demandado no había presentado su contestación a la demanda; y alegando además la conveniencia de sus testigos, pidió, que el pleito quedara en la Corte de Distrito de Mayagüez. La contra-moción fué acompañada de una declaración jurada para demostrar 'tal conveniencia.

En tal estado el pleito, sin.haber sido contestada lá de-manda, la Corte de Distrito de Mayagüez negó la moción de traslado del demandado fundándose en que no habiéndose contestado la demanda no podía considerar' la petición de traslado en el particular de la conveniencia de los testigos; en que el traslado por la razón de la residencia podía ser resistido por el demandante por motivo de la conveniencia de los testigos y porque aunque pudiera considerarse lá de-claración jurada del demandado como suficiente para resolver el hecho de la conveniencia de los testigos, el balance estaba del lado del demandante porque- el perjuicio de éste sería mayor con el traslado.

Esa resolución fué apelada por el demandado y está ahora sometida a nuestra consideración y decisión.

Admite el apelante en su alegato escrito que el fundamento de su petición de la conveniencia de los testigos hay que descartarlo porque.no procede alegarse cuando no ha sido presentada la contestación a la demanda. Así es, en efecto, porque mientras no se lia presentado la contestación no existe planteada ante la corte cuestión alguna de lieclio y, por tanto, el tribunal no se llalla en condiciones de poder conocer cuáles lieclios liay que probar en el juicio y si la conveniencia de los testigos requiere que el asunto se traslade a otra corte. Torres v. Torres, 16 D. P. R. 352; Cook v. Prendergast, 61 Calif. 75.

Descartada esa cuestión queda por determinar si alegando el demandante la conveniencia de los testigos puede de este modo resistir la moción de traslado del demandado ba-sada en su residencia.

El demandante sostiene la afirmativa apoyándose en el caso de Sarié v. Porto Rican Leaf Tobacco Co., 15 D. P. R. 208, pero este caso no es de aplicación al presente porque en él existía una contestación, lo que no ocurre en el que estamos considerando y, por tanto, no tiene paridad.

En la opinión de esta Corte Suprema al í-esolver ese caso se citaron los de Loerh v. Lathan, 15 Calif. 418; Jankins v. The California Stage Co., 22 id. 537; Hanchett v. Finch, 47 id. 192; Edivards v. Southern Pac. R. Co., 48 Id. 460 y Cook v. Prendergast, supra; pero como se dice en el último, si bien en el de Jenkins v. The California Stage Co. expresamente se planteó por el abogado la cuestión de que basta que baya controversia en los liechos es imposible resolver sobre la con-veniencia de los testigos, sin embargo, tal cuestión pasó desa-percibida para la corte en vista de que se apoyó en los casos de Loerh v. Lathan y de Pierson v. McCahill, 22 Calif. 127, en los cuales la petición de traslado se liizo con la contes-tación o después de ella y porque la cuestión que principal-mente se discutió por la corte fue la de si una corporación tenía residencia dentro del significado' de la ley. En cuanto al caso de Hanchett v. Finch no aparece de él si la contes-tación' babía sido presentada o no y en el de Edwards v. Southern Pac. R. Co., supra, se funda en el de Jenkins y en los dos casos en él citados de Loerh v. Lathan y de Pierson v. McCahill. El de Cook v. Prendergast, posterior a todos los relacionados, resuelve claramente que cuando sólo existe una excepción a la demanda no puede resistirse la moción de traslado por residencia oponiendo la conveniencia de los tes-tigos ; caso que lia sido afirmado en los posteriores de Heald v. Hendy, 65 Calif. 321, y de McSherry v. Pennsylvania etc. G. Mining Co., 97 Calif. 637.

Siendo claro, pues, el derecho del demandado a solicitar el traslado por razón de su residencia y no habiendo podido resistirse en este caso esa moción por la conveniencia de los testigos, la corte inferior cometió error en su resolución ne-gando el traslado del asunto a la Corte de Distrito de Are-cibo y debe ser revocada.

Revocada la orden apelada, ordenándose el traslado del caso a. la Corte de Distrito de Arecibo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


text:
    Roig, Demandante, Apelante y Apelado, v. Pérez, Demandado, Apelante y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1811.
    Resuelto en abril 7, 1919.
    Desestimación de Apelación. — En el presente caso ambas partes apelaron de la sentencia de la corte inferior. El demandado omitió archivar su alegato y dejó de comparecer a la vista. De acuerdo con la Regla 42 del Reglamento del Tribunal Supremo en relación con la No. 50, el tribunal, motu propio, desestimó la apelación de dicho demandado.
    Daños y Perjuicios. — Cuantía de los Daños y Perjuicios — Prueba.—Para que una persona pueda ser condenada a pagar determinada cantidad por daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato, es necesario que la parte que los reclama ponga al tribunal sentenciador, por medio de una prueba que no deje lugar a dudas, en condiciones de poder determinar cuál es la cantidad que realmente debe ser pagada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Francisco González.

    Ahogados del demandado: Sres. HuyJce y López del Valle.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia que la Corte de Distrito de Hnmacao dictó en este pleito fué apelada por las dos partes que en él inter-vinieron, pero como la demandada no nos ha presentado el alegato de errores que ordena la Regia 42 de las de esta Corte Suprema, aplicaremos la Regla 60 según la cual po-demos desestimar de oficio la apelación cuando el apelante dejare de cumplir, cualquiera de los deberes o requisitos que las leyes o nuestras reglas le impongan, y de acuerdo con ella le tendremos por desistido de su apelación. Tampoco asistió a la vista del recurso ante nosotros. Por consiguiente consideraremos y resolveremos únicamente el recurso del de-mandante.

En 25 de mayo de 1915 don Antonio Roig Torruellas pre-sentó demanda contra don Victoriano Pérez reclamándole el pago de $1,160.48 que alegaba deberle como consecuencia de la liquidación de una cuenta de refacción para siembra y cul-tivo de cañas según el contrato entre ellos celebrado en • 14 de marzo de 1914 que, aunque debía terminar en junio de 1916, fué rescindido antes por mutuo acuerdo.

Negó el demandado en su contestación que debiera la can-tidad reclamada y por contra-demanda pidió que el deman-dante fuera condenado a pagarle la cantidad de $500 por los perjuicios que había irrogado al privarle de los terrenos y de los retoños de sus cañas- al dar por rescindido el contrato de refacción, sin su consentimiento.

La sentencia apelada condenó al demandado a pagar al demandante la cantidad de $660.48, intereses y costas; can-tidad que es el resultado de haber sido deducidos de los $1,160.48 reclamados por el demandante los $500 pedidos por el demandado como perjuicios por la rescisión del contrato antes de su vencimiento.

Los motivos qne tiene el demandante para sostener el pre-sente recurso de apelación son: que la corte inferior cometió error al condenar al demandado a pagarle solamente $660.48 porque los hechos coetáneos a la rescisión del contrato dan más visos de verdad a la declaración de su testigo don Antonio A. Roig que sostiene que la rescisión fué por mutuo acuer-do, contraria en este particular a la del demandado; y tam-bién al estimar que los perjuicios ascienden a $500 cuando no hay un solo testigo que sostenga esa conclusión.

Como el recurso se sostiene por el segundo de estos fun-damentos, no se hace necesario que decidamos si el conflicto, de la evidencia en cuanto a la rescisión debió ser resuelto a fatur del demandante y nos limitaremos al segundo que se, alega.

En el contrato de arrendamiento de tierras y de refacción por el demandante para cultivo de ellas con siembra de cañas dulces por el demandado se estipuló entre las partes que el contrato vencería el 1º. de junio de 1916, pero el hecho ha sido que después de la zafra del año 1915 terminó el contrato por mutuo acuerdo según el demandante, y según el deman-dado sin su consentimiento habiéndose incautado el deman-dante de sus tierras y abonado al demandado en su cuenta el valor de las siembras que había en.ellas.

Dejando, pues, a un lado la cuestión propuesta en primer término por el demandante y apelante, diremos que hemos examinado con detenimiento la prueba aportada al juicio, obrante en la exposición del caso aprobada po>r el juez sen-tenciador, y encontramos que es tan vaga e indeterminada en cuanto al particular de los perjuicios que alega el demandada haber sufrido con la rescisión del contrato que no suministra dato alguno concreto para poder sostener que en efecto se perjudicó en la cantidad de quinientos dólares que reclamó y le concedió la sentencia ni en ninguna otra cantidad. Para que nna persona pueda ser condenada a pagar determinada cantidad por daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato es necesario que la parte que los reclama ponga al tribunal sentenciador en condiciones de poder determinar cuál es la cantidad que realmente debe ser pagada.

Por las razones expuestas la apelación del demandado' debe ser desestimada y por el recurso del demandante debe-ser revocada la sentencia apelada y dictarse otra nueva con-denando al demandado a pagar al demandante la cantidad de' $1,160.48, sus intereses legales de la interposición ele la de-manda, más las costas originadas en la acción.

Desestimada la apelación del demandado, re-vocada la sentencia apelada y dictada otra condenando al demandado a pagar ál de-mandante la cantidad de $1,160.48, sus in-tereses legales desde la interposición de la demanda, más las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    García, et al, Demandantes y Apelantes v. Rodríguez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction.

    No. 1831.
    Resuelto en abril 8, 1919.
    Apelación' — Cuestiones no Planteadas en la Corte Inferior — Regla General — Excepciones.—Como regla general es cierto que para que las cues-tiones planteadas puedan aprovechar en apelación han de levantarse en la corte inferior, pero esta regla general no carece ni por mucho, de excepción, entre las cuales excepciones se hallan las cuestiones de la suficiencia de la demanda o de la prueba levantada por medio de una excepción previa general o mediante moción de non suit, en cuyos casos el apelante no está cons-treñido a la teoría bajo la que se presentó y se resolvió el caso en la corte inferior.

      Trespass — So Definición. — Cometa un allanamiento de propiedad ajena (trespass) la persona que entra en terreno ajeno sin permiso y con perjuicio de su dueño; y así se ha dicho que "una persona que entra en terreno ajeno ' ■ sin permiso para sacar su extraviado caballo y que rompe un tallo de yerba al entrar comete un allanamiento de propiedad ajena (trespass).”

    Trespass — Injunction para Evitar Trespasses — Cuando no Procede. — La mera intromisión en propiedad ajena sin permiso de su dueño, una o dos veces repetida, y aun cuando esté acompañada de alguna pequeña perturba--eión y daños nominales al dueño del terreno no justifica el recurso extraor-dinario de mjmioiion.

    .Posesión — Injunction para Amparar o Destituir al Poseedor en su Posesión-— Cuándo Procede y Cuándo no Procede.' — El artículo 448 del Código Civil y la historia de los antiguos interdictos basados en los principios que infor-man dicho precepto, son bastantes para sancionar en este país la moderna tendencia a ampliar más bien que restringir la clase de casos en que debe concederse un injunction para impedir la realización de una amenaza de allanamiento de propiedad ajena (trespass); pero no será procedente este recurso extraordinario cuando (como en el presente caso) ni siquiera apa-rece que se amenace con ulteriores repeticiones de meros actos de intromi-sión (nalced trespass) ya cometidos, y las distintas incursiones cometidas lian podido realizarse dentro de un período de dos o tres días consecutivos, o a horas distintas durante el mismo día con el propósito de medir la finca, o meramente para inspeccionar algún mojón o monumento, ni se demuestra que mediante el auto de injunction se evitaría una multiplicidad de pro-cedimientos en lo futuro o un daño irreparable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sres. Parra & Pérez Marchand.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La petición presentada en este caso concluye suplicando se dicte una orden disponiendo se restablezca a los peticio-narios en la posesión de cierta finca y para que se absten-gan los demandados de realizar en lo futuro actos de ocu-pación contra la voluntad de los peticionarios (tresspass).

Después de'haber los peticionarios introducido su prueba los demandados presentaron una moción de sobreseimiento (non suit) por el fundamento de que los hechos establecidos no justificarían una sentencia en favor de los peticionarios con arreglo a la ley de 1913 autorizando la restauración de la posesión de bienes inmuebles mediante injunction. Enton-ces el abogado dé los peticionarios expresó la creencia de que esta corte, interpretando la ley de 1913, había sostenido el derecho a obtener nn injunction por una mera perturba-ción del derecho de posesión sin que concurriese violento despojo.

En vista de esta manifestación la corte declaró sin lugar la moción de non-suit pro forma en la inteligencia de que si los peticionarios dentro del término de cinco días no pre-sentaban la aludida sentencia de esta corte,-se declararía con lugar la moción. La prueba del demandado fué entonces presentada sujeta a la misma reserva. No habiéndose en-contrado la susodicha decisión ni por el abogado ni por la corte, se dictó sentencia nunc pro tune declarando sin lugar la demanda por falta de prueba suficiente para sostener la petición con arreglo a la ley de 1913.

Insiste el apelante en-que la corte erró—

“Primero, al estimar que no procede un injunction para amparar al poseedor en su posesión y evitar que continúe siendo perturbado;
“Segundo, al estimar que un injunction con este fin sólo puede solicitarse bajo la ley número 43 de 1913;
“Tercero, al estimar que el remedio fué pedido bajo la ley nú-mero 43 de 1913;
“Cuarto, al no adoptar, a falta de procedimiento especial deter-minado en la ley para amparar al poseedor perturbado, cualquier procedimiento adecuado, incluso el de “injunction,” de acuerdo con los artículos 448 del Código Civil y 36 del Código de Enjuiciamiento Civil;
“Quinto, al conceder una moción de non suit por falta de pruebas, dándose al propio tiempo por probados los hechos esenciales de la demanda. ’ ’

El argumento del apelado más bien que someter da por sentado que ante esta corte el apelante está constreñido a la teoría bajo la que se presentó y se resolvió el caso en la corte inferior. Los apelantes, por otro lado, descansan más en los hechos alegados en la petición que en los que resul-taron de la prueba en el juicio, como se indica en la falsa premisa planteada bajo el quinto motivo de error, supra.

Es cierto que la regia por la que se exige que para que las cuestiones planteadas puedan aprovechar en apelación han de levantarse en la corte inferior, no carece ni por mucho de excepción. Por ejemplo:

“Si se declarase con lugar una excepción previa a una demanda por el fundamento de que la misma no expone hechos suficientes para constituir una causa de acción, o una moción de desestimiento (dismiss) por el mismo fundamentó al comienzo del juicio, que viene a ser la misma cosa, la sentencia deberá revocarse en apelación si, admitidos todos los hechos alegados, se expone una causa de acción cualquiera que ella sea, ya se le haya o no llamado específicamente la atención a la corte inferior. Y cuando se dieta sentencia por sobreseimiento (non suit) contra el demandante o cuando se desestima la demanda al terminar el demandante con.su prueba, toda cuestión que pueda justamente levantarse por aparecer de autos puede alegarse en ape-lación, no siendo de aplicación la regla de que una parte no puede cambiar su teoría de la acción ejercitada en grado de apelación.”

En este caso, sin embargo, la corte de distrito no resol-vió nada sobre la suficiencia de los hechos expuestos en la petición, ora bajo la ley de 1913 o de cualquiera otra ley. Concediendo, sin que lo resolvamos, que los hechos alegados por los peticionarios pudieran considerarse como determi-nantes de una causa de acción independientemente de la ley de 1913 y que la corte erró al considerar la prueba pura-mente desde el punto de vista de la ley últimamente men-cionada, sin embargo, dada la altura a que se halla el caso la única cuestión planteada es la de si los hechos estable-cidos por los peticionarios en el acto del juicio, y no los que se alegan en la petición, son o no suficientes a justificar la expedición de un auto de injunction desde algún punto de vista, y, por tanto, si ha lugar a que se revoque la senten-cia recurrida.

Los únicos-hechos que han sido sometidos a nuestra con-sideración están contenidos en una convenida exposición que adopta y sigue las conclusiones de hecho (findings) a que llegó la corte inferior. Quizás la plena narrativa de la prue-ba Rubiera podido ponernos en condiciones para suplemen-tar estas conclnsiones (findings), pero no podemos atenernos a la petición para ampliar la convenida exposición, ni pode-mos estar conformes con los apelantes de que la corte senten-ciadora aceptó los becbos esenciales alegados.

La conclnsión alcanzada por la prneba de los peticiona-rios es la de qne “el demandado ba becbo incursiones en las fincas objeto de este pleito, diferentes veces” y que “no puede negarse que los peticionarios ban sido molestados y qui-zás perjudicados con estas incursiones.” Aun concediendo que pudiéramos, dadas las circunstancias de este caso, consi-derar la prueba de la defensa, la única circunstancia adicio-nal que así salió a luz es la de que estas incursiones fue-ron becbas por el demandado creyéndose ser dueño.

Se ba dicbo que “una persona que entra en terreno ajeno sin permiso para sacar su extraviado caballo y que rompe un tallo de yerba al entrar comete un allanamiento de propie-dad ajena (tresspass);” pero tal intromisión no autorizada, una o dos veces repetida, aim cuando esté acompañada de alguna pequeña perturbación y daños nominales al dueño del terreno puede apenas decirse que justifica el que se recu-rra al remedio extraordinario de injunction.

“Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. ’ ’ Art. 448 del Código Civil.

Este precepto del estatuto y la historia de los interdictos mediante los cuales bajo el anterior procedimiento se apli-caron los principios que lo informan bastarían en este país para sancionar de no acelerar, la moderna tendencia a am-pliar más bien que restringir la clase de casos en que inter-vendrán las cortes de equidad para impedir la realización de una amenaza de allanamiento de propiedad ajena (tresspass),

Pero en este caso ni siquiera aparece que se amenace con ulteriores repeticiones de meros actos de intromisión (naked trespass) ya cometidos. Las distintas incursiones objeto de la petición ban podido realizarse dentro de un período de dos o tres días consecutivos, o a boras distintas durante el mismo día, con el propósito de medir la finca, o meramente para inspeccionar algún mojón o monumento. En realidad de verdad, si tuviésemos la libertad de poder inferir alguna cosa, tal conclusión sería casi tan plausible como cualquiera otra que pudiera sacarse de las conclusiones de beebo. No se ba becbo insinuación alguna de una multiplicidad de plei-tos en lo futuro, ni de ningún daño irreparable. La sola circunstancia de que el demandado se cree a sí mismo ser dueño de la finca que poseen los peticionarios no es incompatible con la teoría de que cualesquiera que bayan sido los propósitos que baya él tenido al entrar en la finca en dife-rentes ocasiones se ban cumplido. Los apelantes no nos ban citado ningún caso, ni lo conocemos nosotros, que llegue a sostener que puede expedirse un injunction para asegurar al dueño de una finca contra la posibilidad, por remota que sea, de que se realice en lo futuro algún allanamiento de propie-dad {trespass).

Puede ser que con muy pocas circunstancias adicionales hubiera bastado para producir un diferente resultado en este caso, pero la vaga alusión de la corte sentenciadora a los actos cometidos por el demandado, y las consiguientes mo-lestias y la concebible contingencia de que se baya causado algún daño no revela ningún fundamento sólido sobre el cual pueda basarse una revocación.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Camuñas, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gnayama en cansa por infracción a la ley sobre leche adulterada. .
    No. 1380.
    Resuelto en abril 11, 1919.
    Leche Adulterada — Acusación Insuficiente. — En la actualidad constituyen de-lito público en Puerto Bico el adulterar o diluir leche con la intención de ofrecerla a la venta, el causar o permitir que tal leche se ofrezca en venta, o el venderla, u ofrecerla, o tenerla en venta, pero no es constitutivo de ’d,e-r lito el tenerla con la intención no traducida aún en hecho alguno de ven-derla como pura.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. F. Gervoni Gély y G. Do-mínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Me&tre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación formulada por el fiscal en esta causa, co-piada en lo pertinente, dice así:

“Que el citado Lorenzo Camuñas allá el día 19 de febrero de 1918, en G-uayama, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo'nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, tenía con inten-ción de ofrecerla en venta como pura, lecbe de vaca adulterada con' agua, y la cual no se destinaba a fines industriales.”

En la misma acusación se expresa que se formula basa-da en la ley proveyendo lo necesario paya castigar la adul-teración de leche, ofrecerla o tenerla para la venta, aprobada el 10 de marzo de 1910. Según dicha ley, el delito .puede. cometerse por toda persona—

1. Que adultere o diluya leche con intención de ofrecerla a la venta; o

2. Que cause o permita que se ofrezca en venta; o

3. Que venda; o

4. Qne ofrezca; o

5. Que teng’a en venta leche adulterada o diluida.

Comparada la acusación con la ley se observa que el hecho que se imputa en ella al acusado, o sea el de tener leche adul-terada con intención de ofrecerla en venta como pura, no está previsto ni castigado en la ley.

Y esta circunstancia resulta mucho más clara si se ana-liza la prueba, pues si bien ésta demuestra que el acusado tenía un depósito de leche en Cayey, es lo cierto que la leche se le ocupó al salir de Guayama, cuando si bien la conducía para su depósito, es lo cierto que no la ofrecía, ni tenía actualmente en venta.

Debe revocarse la sentencia recurrida' y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison. .