text:
    Empresas Ferrer Inc., por conducto del Arq. Enrique Gutiérrez, y Administración de Reglamentos y Permisos, recurridas, v. Asociación de Condóminos del Condominio Grand Royal et al., interventores y peticionarios.

      Número: CC-2005-156

      Resuelto: 2 de octubre de 2007

      Juan J. Casillas Ayala, de Fiddler, González & Rodríguez, PSC, abogado de la Asociación de Condominos del Condo-minio Crowne Plaza; Daniel Martínez Oquendo, abogado del Lie. Salvador Antonetti Zequeira, partes interventoras y peticionarias; José A. Andréu García y José A. Andréu Fuentes, del Bufete Andréu & Sagardía, y Belén Bazán González, abogados de Empresas Ferrer, Inc., parte recu-rrida; Edwin Santos Baerga, abogado de la Administración de Reglamentos y Permisos, parte recurrida; Amir Cristina Nieves Villegas, procuradora general auxiliar y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Corresponde determinar en esta ocasión si la Adminis-tración de Reglamentos y Permisos concedió correctamente unas variaciones a los parámetros de construcción del Re-glamento de Zonificación Especial del Condado.

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Empresas Ferrer, Inc. (Empresas Ferrer), presentó ante la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) un anteproyecto de construcción conforme al reglamento Con-dado: Reglamento de Zonificación Especial, Reglamento Núm. 3319 del Departamento de Estado de 12 de junio de 1986 (Reglamento del Condado), 23 R.P.R. see. 650.1791 et seq. Esta compañía propuso la construcción de un complejo de vivienda en dos solares colindantes que sometió a opción mediante un contrato de opción de compraventa. Ambos solares tienen una configuración física regular, pero una vez agrupados, su configuración como un nuevo solar sería irregular. Empresas Ferrer solicitó, además, unas variacio-nes a las disposiciones del Reglamento del Condado, ya que el desarrollo propuesto incumplía con ciertos parámetros de construcción establecidos por el mismo.

Empresas Ferrer propuso la construcción de un edificio residencial multifamiliar de catorce plantas con veintiocho apartamentos de dos habitaciones cada uno, distribuidos en dos apartamentos por piso. Este ocupará los dos solares que sometió a opción, colindantes por sus respectivos patios posteriores y localizados entre las calles Luchetti y Wilson del Condado. Los solares ubican dentro de los lí-mites de una Zonificación Residencial (R) de acuerdo con el mapa y el reglamento de zonificación del Condado, y tienen una cabida combinada de 2,050 metros cuadrados, equivalentes a 0.5216 cuerdas. De acuerdo con el expe-diente del presente recurso, “[a]l momento de ventilarse este caso ante la ARPE aún los predios no habían sido ad-quiridos” por Empresas Ferrer ni habían sido agrupados.

Así las cosas, A.R.Pe. celebró una vista pública para considerar el anteproyecto y las variaciones al Reglamento del Condado solicitadas por Empresas Ferrer, donde las partes interesadas tuvieron la oportunidad de presentar argumentos a favor y en contra del desarrollo. Posterior-mente, la Oficial Examinadora que presidió la referida vista rindió un informe recomendando favorablemente la aprobación del anteproyecto y las variaciones solicitadas. Concluyó, entre otras cosas, que “[l]as variaciones solicita-das por el proponente responden mayormente a la forma irregular del solar, el cual no tiene una proporción ade-cuada de ancho vs. Fondo”. (Énfasis suplido.) El informe fue acogido en su totalidad por el Gerente del Centro de Servicios de A.R.Pe. y, posteriormente, la agencia emitió una Resolución en la que autorizó el anteproyecto y las variaciones solicitadas.

Inconformes, la Asociación de Condominos del Condomi-nio Crowne Plaza (Asociación de Condominos), el Ledo. Salvador Antonetti Zequeira (licenciado Antonetti Zequei-ra), la Asociación de Condominos del Condominio Grand Royal y el Ledo. Arnaldo Villamil, solicitaron la revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó la resolución de A.R.Pe. que autorizó el anteproyecto y las variaciones en controversia. Razonó que la determinación de esta agencia era razonable, ya que demostró que exa-minó y consideró la reglamentación aplicable y las objecio-nes de los opositores. Además, entendió que la determina-ción administrativa corresponde a las circunstancias que contempla el Reglamento del Condado para la concesión de variaciones, entiéndase, “la forma irregular del solar, el no verse afectadas propiedades vecinas y la armonía con los objetivos y propósitos del referido reglamento”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 17.

En cuanto al planteamiento de que A.R.Pe. basó su de-terminación en un solar inexistente —que aún no había sido agrupado— el foro apelativo intermedio concluyó que el Reglamento del Condado no limita la facultad de la agencia de aprobar un anteproyecto de un solar no agrupado. Coligió que un anteproyecto es una consulta que "permite la presentación de situaciones hipotéticas y de esquemas de construcción en solares no existentes que le brinda al ciudadano la certeza de que, luego de cumplir con las condiciones impuestas por la referida agencia, obtendrá el permiso de construcción”. Apéndice de la Petición de cer-tiorari, pág. 18. Añadió que en el presente caso se le per-mitió a Empresas Ferrer conocer que, una vez agrupara los solares, obtendría el permiso de A.R.Pe. para la construc-ción de su edificio. Todavía en desacuerdo, la Asociación de Condominos y el licenciado Antonetti Zequeira comparecen ante este Tribunal para solicitar la revisión de la determi-nación del tribunal apelativo.

Expedimos el auto. Contando con la comparecencia de las partes y estando en posición de resolver el recurso ante nuestra consideración, procedemos a así hacerlo.

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En su recurso, la Asociación de Condominos y el licen-ciado Antonetti Zequeira argumentan que A.R.Pe. aprobó y concedió incorrectamente las variaciones solicitadas por Empresas Ferrer. Alegan que Empresas Ferrer provocó la condición utilizada para justificar su solicitud de variacio-nes, autoinfligiéndose así el daño que ahora le impide de-sarrollar su proyecto como pretende. Además, sostienen que A.R.Pe. concedió las variaciones en contravención del Reglamento del Condado, sin justificarlas conforme los cri-terios establecidos para su concesión, emitiendo una reso-lución carente de análisis de los conflictos de prueba que tuvo ante su consideración y sin describir los hechos que rechazó y las razones para ello.

Por su parte, Empresas Ferrer sostiene que la determi-nación de A.R.Pe. merece gran deferencia y respeto, ya que está sustentada por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Sostiene, además, que la Aso-ciación de Condominos y el licenciado Antonetti Zequeira no han podido derrotar mediante la presentación de evi-dencia la presunción de legalidad y corrección que cobija la determinación de A.R.Pe. Veamos.

A. Antes de entrar a considerar los méritos del presente recurso, es pertinente precisar el alcance y los límites de la revisión judicial de las determinaciones o actuaciones que realizan las agencias administrativas. En esta tarea, debemos tener presente que “los tribunales tenemos el deber de fiscalizar rigurosamente las decisiones de dichas agencias, para asegurar que desempeñen cabal-mente sus importantísimas funciones, y para que el País no pierda la fe en sus instituciones de gobierno”. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 700 (2000).

La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la discreción de los organis-mos administrativos para asegurar que éstos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999). Por lo general, éstas gozan de gran deferencia y respeto de parte de nuestros tribunales. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310 (2006); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592 (2006). Lo anterior se fundamenta en la vasta experiencia y el conocimiento especializado que poseen los organismos administrativos sobre los asuntos que estatutariamente se les ha encomendado. íd.

Ahora bien, la deferencia reconocida cede ante instancias apropiadas y meritorias, como lo son: (1) la determinación administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base racional, o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales. Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 D.P.R. 1 (2007); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra; Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra. En esencia, los tribunales no pueden imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas irrazonables o ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, supra.

En el ejercicio de nuestra función revisora, es importante considerar las determinaciones de hecho y conclu-siones de derecho consignadas en una determinación administrativa. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 160 D.P.R. 69 (2004). Lo anterior permite cotejar si el organismo administrativo cumplió cabalmente su responsabilidad legal y si además fundamentó la determinación objeto de revisión. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra. Estas determinaciones deben reflejar que se consideraron y resolvieron los conflictos de prueba y, además, deben describir tanto los hechos proba-dos como los rechazados. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 280. Más aún, “[l]a expresión de los fundamentos de una decisión no puede ser pro forma, y debe reflejar que la agencia ha cumplido con su obligación de evaluar y resolver los conflictos de prueba del caso ante su consideración”. Id.

Consignar adecuadamente las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho: (1) permite que los tribunales tengan la oportunidad de revisar adecuadamente la determinación administrativa ante su consideración; (2) fomenta que los organismos administrativos adopten decisiones cuidadosas y razonadas conforme el ámbito de su autoridad y discreción; (3) ayudan a la parte afectada a entender la razón de la determinación administrativa, permitiendo así que ésta decida si solicita o no su revisión ante el foro apelativo correspondiente o si, de lo contrario, la acata; (4) promueve la uniformidad intragencial, en particular cuando el proceso decisorio institucional es adoptado por distintos miembros de un comité especial a quienes les está encomendado celebrar vistas y recibir la prueba, y (5) evita que los tribunales usurpen funciones propias de las agencias administrativas dado su conocimiento o expertise. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1997); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 281—282 (1999).

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Admi-nistrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2175, estipula que las deter-minaciones de hecho de las agencias administrativas se sostendrán si están fundamentadas por evidencia sustan-cial que obre en el expediente administrativo considerado en su totalidad. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra. Evidencia sustancial es “ ‘aquella evidencia rele-vante que una mente razonable podría aceptar como ade-cuada para sostener una conclusión’ ”. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 615. Véase Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005). La aplicación de este principio evita que se sustituya el criterio del organismo administra-tivo en materia especializada por el del tribunal revisor. íd.

En cuanto a las conclusiones de derecho, la L.P.A.U. dispone que éstas pueden revisarse “en todos sus aspectos por el tribunal”. 3 L.P.R.A. see. 2175. No obstante, los tribunales deben conceder gran peso y deferencia a las interpretaciones que los organismos administrativos realizan de las leyes y los reglamentos que administran, por lo que no pueden descartar libremente las conclusiones e interpretación de la agencia, sustituyendo el criterio de éstas por el propio. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra; P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599 (2005). Así, si la inter pretación de la ley o reglamento que realiza determinada agencia administrativa es razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales debemos concederle deferencia. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra. Más aún, los tribunales podrán sustituir el criterio de la agencia por el suyo únicamente cuando no encuentren una base racional para explicar la determinación administrativa. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra; Otero v. Toyota, supra.

B. En reiteradas ocasiones hemos expresado que las variaciones son una válvula de escape dentro del rígido ordenamiento de zonificación vigente en nuestra jurisdicción. Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P, 139 D.P.R. 349 (1995). Éstas atenúan el rigor reglamentario, permi-tiendo aliviar las restricciones que regulan el disfrute de determinada propiedad cuando se demuestra que, dado cir-cunstancias especiales, la aplicación de la reglamentación vigente es irrazonable y ocasiona perjuicios a su propietario. Íd.; A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989). Así se evita que una reglamentación existente se convierta en un instrumento inflexible e incapaz de amoldarse a si-tuaciones extraordinarias. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70 (1999).

Ahora bien, las variaciones, dado su carácter excepcional, no se favorecen y sólo deben concederse en situaciones realmente extraordinarias, cuando están claramente justificadas y procedan conforme a las leyes y los reglamentos aplicables. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra; Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., supra, pág. 357; A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra, pág. 862. Ello así ya que el uso inapropiado e indiscriminado de este mecanismo “podría destruir todo nuestro esquema de zonificación y cambiar eventualmente las características de un distrito, planificado originalmente con una infraestructura para ciertos usos”. A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra, pág. 862. Por lo anterior, “una decisión administrativa que conceda o deniegue excepciones o variaciones acorde con los Reglamentos de Zonificación debe estar debidamente fundamentada”, demostrando así la agencia que analizó los criterios estatutarios y reglamentarios aplicables a la consideración de este tipo de solicitud. (Énfasis suplido.) Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684, 702 (2006). Véase López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 664 (1958).

Conforme la facultad delegada estatutariamente para implantar la política pública que le ha sido encomendada, A.R.Pe. puede conceder permisos a discreción mediante la concesión de excepciones o variaciones a los requisitos de los reglamentos de zonificación que administra. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 D.P.R. 521 (2002). Uno de estos reglamentos es el de zonificación especial del Condado, aprobado por la Junta de Planificación para “establecer las normas y criterios que regirán el uso y desarrollo de[l Condado], para asegurar y fomentar la sa-lud, seguridad, orden, prosperidad y bienestar general de todos los residentes, turistas, comerciantes y usuarios del Sector”. 23 R.P.R. see. 650.1792. De acuerdo con su texto, sus disposiciones prevalecen sobre las de reglamentos ge-nerales, pero quedarán complementadas por aquellas de otros reglamentos adoptados por la Junta de Planificación, que apliquen al área donde ubique la propiedad y hasta donde sean compatibles con el asunto específicamente re-gulado por el Reglamento del Condado. 23 R.P.R. see. 650.1795.

El Reglamento del Condado regula específicamente la concesión de variaciones a sus requisitos. Éste permite que tanto la Junta de Planificación como A.R.Pe. concedan va-riaciones en instancias “donde, debido a circunstancias ex-cepcionales o extraordinarias, una aplicación literal de [éste] resultase en la prohibición o restricción irrazonable del disfrute de una pertenencia o propiedad ...”. 23 R.P.R. see. 650.1851. Véase Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 695-696 (2000). Estipula además que a las agencias se les tiene que demostrar, a su satisfacción, que “ ‘la variación (concesión) aliviará un perjuicio claramente demostrable ... [o que la misma habrá de redundar] en los mejores intereses de la comunidad [y el sector]’ ”. Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, págs. 695-696 esc. 2. De acuerdo con el reglamento, las variaciones deben ser soli-citadas por el dueño de la propiedad para la que se solicita o por su representante autorizado, y A.R.Pe. o la Junta de Planificación no “considerará o hará variación (concesión) alguna en exceso de la solicitada”. 23 R.P.R. see. 650.1852.

La Sección 6.04 del Reglamento del Condado, 23 R.P.R. see. 650.1854, establece diez criterios que tienen que satis-facerse antes que la Junta de Planificación o A.R.Pe. pue-dan conceder o denegar una solicitud de variación. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 695 esc. 2 (2000). Dicha disposición específicamente estipula lo siguiente:

No podrá autorizarse una variación (concesión), en todo o en parte, a menos que existan datos suficientes para establecer:
(A) Que circunstancias excepcionales o extraordinarias, tales como la forma irregular del solar u otras circunstancias impiden el disfrute o la utilización de la propiedad.
(B) Que debido a circunstancias excepcionales o extraordi-narias la aplicación literal de ciertos requisitos específicos de este Capítulo resultaría en una dificultad práctica o en un perjuicio innecesario no creado o atribuible al dueño de la propiedad.
(C) Que la variación (concesión) es necesaria para la preser-vación y el disfrute de un derecho de propiedad y se demuestre que la variación (concesión) aliviará un perjuicio claramente demostrable, cuyo derecho es poseído y disfrutado por otras pertenencias en el mismo distrito, el cual no afecta el bienes-tar público.
(D) Que si en la variación (concesión) se solicitara la autori-zación de un uso no permitido en el distrito de zonifícación, el uso solicitado sea compatible con el carácter esencial del distrito.
(E) Que la variación (concesión) ha de redundar en los me-jores intereses de la comunidad, municipio, o del pueblo de Puerto Rico.
(F) Que la autorización de tal variación (concesión) no afec-tará adversamente el disfrute y valor de las pertenencias cer-canas en su uso presente y para cualquier otro futuro permitido.
(G) Que la autorización de tal variación (concesión) no enca-recerá ni afectará adversamente la idoneidad, la seguridad y el funcionamiento conveniente de las facilidades públicas exis-tentes o planeadas, incluyendo vías, escuelas, disposición de desperdicios y otros servicios esenciales.
(H) Que la variación (concesión) solicitada está en armonía con los propósitos generales de este Capítulo y con cualquier plan de uso de terrenos adoptado para el área.
(I) Que la autorización de tal variación (concesión) es consis-tente con el documento de Objetivos y Políticas Públicas del Plan de [Uso de] Terrenos, el Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico, el Programa de Inversiones de Cuatro Años y con la conservación y preservación de recursos naturales e históricos.
(J) Que el peticionario, a su vez, está en disposición de acep-tar las condiciones y requerimientos adicionales a los requisi-tos reglamentarios que la Junta o la Administración le im-ponga para beneficio o protección del interés público. Id.

Al momento de considerar una solicitud de variación conforme el Reglamento del Condado, tanto la Junta de Planificación como A.R.Pe. podrán celebrar discrecional-mente vistas públicas donde se dé la oportunidad a las partes interesadas de presentar su posición en cuanto a la concesión de la variación. 23 R.P.R. see. 650.1853. Lo anterior permitirá que la Junta de Planificación o A.R.Pe. ten-gan la oportunidad de “hacer las determinaciones de he-chos y conclusiones de derecho descansando en la prueba aportada en la vista que justifique su determinación”. Id.

C. Este Tribunal no ha vacilado en invalidar la concesión de variaciones a los requisitos de reglamentos de zonificación justificadas por condiciones creadas por el propio proponente de la variación y que impiden el uso pretendido de la propiedad para la que se solicita. Esto se fundamenta en la doctrina de la autoinflicción del daño, adoptada en nuestra jurisdicción en Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, 334 (1985). Como regla general, esta norma “impide la solicitud y concesión de una variación en casos en que el promovente —conociendo las limitaciones impuestas por los requisitos de zonificación— se coloca voluntariamente en una posición que le ocasiona perjuicio irrazonable”. Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.R de RR., 118 D.P.R. 759, 772 (1987). Véanse, además: Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra, págs. 555-556; Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 D.P.R. 947, 959 (1993); A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra, pág. 865. Cabe señalar que esta norma fue incorporada al texto del Reglamento del Con-dado aplicable al presente recurso.

La doctrina de la autoinflicción del daño aplica a cualquier promovente de una variación independientemente de si su conocimiento de la restricción sobre la propiedad es real o constrictivo. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra; Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe., 130 D.RR. 971 (1992); A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra. Así, hemos expresado que al adquirir la propiedad, se asume que su nuevo dueño la obtuvo con conocimiento de las limitaciones a las que estaba sujeta, por lo que no puede entonces premiársele permitiéndole que la utilice para un fin contrario a tales limitaciones. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra. De hecho, hemos expresado que el conocimiento previo de estas restricciones debilita sus posibilidades de éxito en los tribunales. A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra.

Ahora bien, en nuestra jurisdicción no hemos considerado la aplicación de la doctrina de la autoinflicción del daño a situaciones donde un adquiriente de varios solares los agrupa para que éstos formen un nuevo solar con dimensiones irregulares, permitiéndole así justificar una solicitud de variación. Ante este tipo de situaciones, la jurisprudencia norteamericana y los comentaristas han determinado que se autoinflinge un daño que no puede dar base a la concesión de una variación aquel quien, con el propósito de justificarla deliberadamente, configura su propiedad para que tenga forma irregular. 7 Williams Am Land Plan Sec. 151:3, pág. 179 (ed. rev. 2003) (Williams and Taylor). Véanse, además: Appeal of Lally, 404 Pa. 174 (1961); Corsino v. Grover, 148 Conn. 299 (1961); In the matter of Germaine M. Thomas, et al. v. Board of Standards and Appeals of the City of New York, et al., 290 N.Y. 109, 48 N.E.2d 284 (1943). En este tipo de situaciones se entiende que un desarrollador intencionalmente crea un solar de dimensiones que le permiten argumentar que su-fre un daño si se le aplica literalmente la reglamentación de zonificación vigente, para tratar de lograr la obtención de ganancias por el desarrollo de su propiedad si se le concede la variación. Williams and Taylor, supra, pág. 227. Ese daño que sufre el desarrollador no puede ser un factor a considerar al momento de determinar si se concede o no la variación solicitada. Cabe señalar que toda alegación de esta modalidad de daño autoinfligido debe estar funda-mentada por evidencia que demuestre que la forma de una propiedad, utilizada para justificar una variación fue deli-beradamente creada por el promovente de ésta. Ferris v. City of Austin, 150 S.W.3d 514 (2004).

En vista de lo discutido anteriormente y de la particular situación que consideramos en esta ocasión, entendemos prudente adoptar en nuestra jurisdicción la modalidad de daño autoinfligido que hemos discutido. Así, resolvemos que el que deliberadamente configura su propiedad para que tenga una dimensión que le permita justificar una solicitud de variación, se autoinflige un daño que no puede ser considerado al momento de evaluar dicha solicitud.

III

Habiendo expuesto y discutido la normativa aplicable al caso de autos, pasamos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

Como adelantáramos, la Asociación de Condominos y el licenciado Antonetti Zequeira argumentan que A.R.Pe. aprobó y concedió las variaciones solicitadas por Empresas Ferrer incorrectamente. En primer lugar, sostienen que Empresas Ferrer provocó la condición utilizada para justi-ficar su solicitud de variaciones, autoinfligiendo así el daño que ahora le impide desarrollar su proyecto como pretende. Además, aducen que A.R.Pe. concedió las variaciones en contravención del Reglamento del Condado, sin justificar-las a la luz de los criterios establecidos para su concesión y emitiendo una resolución carente de análisis de los conflic-tos de prueba que tuvo ante su consideración y sin descri-bir los hechos que fueron rechazados y las razones para ello.

Por su parte, Empresas Ferrer alega que la determina-ción de A.R.Pe. merece deferencia y respeto por parte de este Tribunal, ya que está sostenida por evidencia sustan-cial que obra en el expediente administrativo. Sostiene que la Asociación de Condominos y el licenciado Antonetti Ze-queira no han presentado evidencia que derrote la presun-ción de legalidad y corrección que cobija a la determinación de A.R.Pe. en controversia.

Empresas Ferrer sometió a opción la compra de dos so-lares colindantes por sus patios posteriores, localizados en-tre la Calles Wilson y Luchetti del Condado. En estos te-rrenos, una vez agrupados, propone la construcción de un complejo de vivienda multifamiliar. Dado que el proyecto propuesto excede varios parámetros de construcción esta-blecidos por el Reglamento del Condado, Empresas Ferrer solicitó unas variaciones a estos parámetros. Específica-mente, Empresas Ferrer solicitó variaciones en la densi-dad, la altura exterior del edificio, sus patios laterales ex-teriores e interiores y en el área bruta del piso. Esta solicitud se presentó conforme la Sección 6.04 del Regla-mento del Condado, supra, que establece los criterios que tienen que satisfacerse antes que A.R.Pe. o la Junta de Pla-nificación concedan variaciones a los requisitos reglamentarios. 23 R.P.R. see. 650.1854; Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 695 esc. 2 (2000).

Luego de celebrar vistas públicas y de escuchar a los proponentes y opositores del proyecto, A.R.Pe. aprobó el anteproyecto presentado por Empresas Ferrer y las varia-ciones a los parámetros de construcción del Reglamento del Condado solicitadas por la compañía. En su resolución, la agencia se limitó a consignar como determinaciones de he-cho la descripción del proyecto a desarrollarse, las varia-ciones solicitadas, la dirección física y el número de pisos de los edificios colindantes, los endosos con los que contaba el proyecto, la fecha de celebración de la vista pública ante el oficial examinador, la recomendación favorable de éste a la aprobación del anteproyecto y la concesión de las varia-ciones solicitadas.

Del expediente del presente recurso se desprende que los opositores a la concesión de las variaciones solicitadas presentaron un informe preparado por su perito donde se argumentó que las características del proyecto de Empre-sas Ferrer no se ajustaban a la reglamentación vigente y que A.R.Pe. violaba la política pública vigente en materia de planificación urbana. De hecho, Empresas Ferrer contestó estos señalamientos en un segundo informe pre-sentado ante A.R.Pe. No obstante lo anterior, no se re-fleja de forma alguna en la resolución de A.R.Pe. se que se consideró y resolvió los conflictos de prueba que evidente-mente tuvo ante su consideración la agencia ni mucho me-nos se describen los hechos que durante el procedimiento administrativo fueron probados o rechazados. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999). Esta situación obvia sin lugar a dudas la norma de que “la expresión de los fundamentos de una decisión no puede ser pro forma” y que ésta “debe reflejar que la agencia ha cumplido con su obligación de evaluar y resolver los conflictos de prueba del caso ante su consideración”. Id.

La resolución emitida por A.R.Pe. tampoco hace referen-cia a disposiciones específicas de la Sección 6.04 del Regla-mento del Condado, que establece los criterios que se tienen que satisfacer antes que A.R.Pe. conceda una variación. 23 R.P.R. see. 650.1854. De hecho, una lectura de las escuetas conclusiones de derecho de la resolución recurrida demues-tra que A.R.Pe. justificó la concesión de las variaciones so-licitadas por Empresas Ferrer simplemente en la forma irregular del solar, la entrada y salida de vehículos desde el edificio proyectado, incluyendo la salida de taxis, y las características y el valor de los edificios aledaños. En esen-cia, estas escuetas conclusiones de derecho evidencian que la agencia no consideró la solicitud de variaciones presen-tada por Empresas Ferrer como correspondía según el Re-glamento del Condado.

Ante lo que aparentaba ser el fundamento principal utilizado por Empresas Ferrer para justificar la solicitud de variaciones que presentó ante A.R.Pe. —entiéndase, la forma irregular del solar creada por la futura agrupación de los dos predios de terreno que opcionó la compañía — esta agencia debió considerar en primer lu-gar los méritos de esta justificación. La agencia no podía obviar que en nuestra jurisdicción no procede “la solicitud y concesión de una variación en casos en que el promovente —conociendo las limitaciones impuestas por los requisitos de zonificación— se coloca voluntariamente en una posi-ción que le ocasiona peijuicio irrazonable”. Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., supra, pág. 772. Véanse, además: Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra; Fuertes y otros v. A.R.P.E., supra; A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra. Como indicáramos, una modalidad de lo anterior resulta ser cuando el promovente de una variación deliberadamente configura las dimensiones o la forma de un predio de te-rreno de forma tal que esta situación sirva para justificar la concesión de las variaciones que solicita para la propie-dad, tál y como ocurrió en este caso. Williams and Taylor, supra. Véanse, además: Appeal of Lally, supra; Corsino v. Grover, supra; In the matter of Germaine M. Thomas, et al. v. Board of Standards and Appeals of the City of New York, et al., supra. De hecho, el Reglamento del Condado adopta estos principios al disponer que podrán concederse varia-ciones a sus requisitos si existen datos suficientes para es-tablecer “[q]ue debido a circunstancias excepcionales o ex-traordinarias la aplicación literal [del Reglamento] resultaría en una dificultad práctica o en un perjuicio in-necesario no creado o atribuible al dueño de la propiedad”. (Énfasis suplido.) 23 R.RR. sec. 650.1854(B).

A.R.Pe. tenía conocimiento de que la forma irregular del solar donde se desarrollaría el proyecto fue deliberada-mente creada por Empresas Ferrer. Dicha irregularidad del solar sirvió como justificación para la solicitud de va-riaciones, pues la aplicación literal de las disposiciones re-glamentarias dificultaría el desarrollo de la propiedad. Memorial Explicativo, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 67. Ante esta situación, A.R.Pe. no podía considerar el perjuicio que causaba la irregularidad del solar al desarro-llador como fundamento para conceder la variación, ya que esta condición del solar fue deliberadamente creada por Empresas Ferrer para justificar su solicitud de variaciones y, a su vez, acomodar en el predio del terreno en controver-sia el proyecto de construcción que pretende desarrollar. La agencia debía considerar únicamente los demás crite-rios que dispone el Reglamento del Condado para la conce-sión de variaciones.

No obstante lo anterior, la agencia no procedió de tal forma. Como ya advertimos, la resolución emitida por A.R.Pe. no hace referencia a las disposiciones específicas de la Sección 6.04 del Reglamento del Condado, supra, que establece los criterios que se tienen que satisfacer antes que la agencia conceda una variación. Por el contrario, jus-tificó la concesión de las variaciones solicitadas por Empre-sas Ferrer simplemente en la forma irregular del solar —factor que no podía considerar— la entrada y salida de vehículos desde el edificio proyectado, incluyendo la salida de taxis, y las características y el valor de los edificios aledaños. En fin, A.R.Pe. no evaluó la solicitud de variacio-nes presentada por Empresas Ferrer según lo exige el Re-glamento del Condado.

Definitivamente, estamos ante una determinación ad-ministrativa deficiente que no nos permite otorgar la defe-rencia que generalmente le concedemos a este tipo de de-terminaciones administrativas. Las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho consignadas en la Resolu-ción de A.R.Pe., al igual que el expediente administrativo, no permiten la conclusión en el sentido de que las variacio-nes concedidas cumplen con los criterios para la concesión de éstas que establece la Sección 6.04 del Reglamento del Condado. Lo anterior sin lugar a dudas es contrario a la norma establecida por este Tribunal, de que “una decisión administrativa que conceda o deniegue excepciones o va-riaciones acorde con los Reglamentos de Zonificación debe estar debidamente fundamentada”, así la agencia demues-tra que analizó los criterios estatutarios y reglamentarios aplicables a la consideración de este tipo de solicitud. Vélez v. A.R.Pe., supra, pág. 702; López v. Junta de Planificación, supra.

Permitir actuaciones como las del presente caso sería dejar la puerta abierta para que desarrolladores utilicen como subterfugio la forma irregular de un solar delibera-damente creada para fundamentar una solicitud de varia-ciones y la eventual construcción de estructuras con dimensiones no toleradas por la reglamentación vigente.

IV

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se re-voca la determinación del Tribunal de Apelaciones que con-firmó la Resolución emitida por A.R.Pe., mediante la cual autorizó el anteproyecto y las variaciones en controversia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opi-nión escrita. El Juez Presidente Señor Hernández Denton se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Conforme este contrato, los dueños de las propiedades se comprometieron a permitirle la presentación del anteproyecto a Empresas Ferrer, Inc. (Empresas Ferrer). Éstos autorizaron la referida presentación mediante una carta de 29 de noviembre de 2001. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 91 y 93.

       En el Memorial Explicativo que presentó Empresas Ferrer como parte de su solicitud de anteproyecto, solicitó la concesión variaciones argumentando que éstas “están directamente relacionadas con la configuración inadecuada de la propiedad (Énfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 66. Además, en el Memo-rando de Derecho que presentó ante la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) durante la consideración de su anteproyecto, expresó que las variaciones solicitadas responden a la forma irregular del solar. Véase Memorando de Derecho de Empresas Ferrer, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 202. Más aún, en res-puesta a la comparecencia de la perito de los peticionarios, Empresas Ferrer presentó un documento donde expresó que el solar “existe como tal desde hace muchos años con su forma irregular”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 214.

       De acuerdo con la Resolución de A.R.Pe., el complejo de vivienda tendríá acceso hacia las calles Luchetti y Wilson del Condado. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 54.

       El reglamento de zonificación especial del Condado dispone que una Zona Residencial (R) “se establece para clasificar áreas dedicadas exclusivamente al uso residencial”. 23 R.P.R. sec. 650.1802(C).

       Alegato de Empresas Ferrer presentado ante el Tribunal de Apelaciones, pág. 13, en Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 595.

       íd., pág. 585.

       Informe de Vista Administrativa, Relación del Caso, presentada por la Oficial Examinadora, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 604.

       En su resolución, A.R.Pe. consignó como una conclusión de derecho que
      “[l]as variaciones solicitadas por el proponente responden mayormente a la forma irregular del solar, el cual no tiene una proporción adecuada de ancho vs. Fondo. La aplicación literal del reglamento crearía una restricción irrazonable al desarrollo de este proyecto que tratando de cumplir por la densidad máxima permi-tida necesariamente conlleva las variaciones solicitadas.” (Énfasis suplido.) Conclu-sión de derecho núm. 10 de la resolución de A.R.Pe., Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 56.

       A estas partes se les permitió participar en el procedimiento ante A.R.Pe. como interventores.

       Los peticionarios aducen que dicho foro incurrió en los errores siguientes:

        “Primer Error. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL VALIDAR LA DETERMINACIÓN DE LA ARPE AUTORIZANDO MÚLTIPLES VARIACIONES AL ANTEPROYECTO A BASE DE QUE EL SOLAR ERA ‘IRREGULAR’, DIVOR-CIÁNDOSE DE LA REALIDAD DE QUE EMPRESAS PERRER PRETENDIÓ AGRUPAR DOS SOLARES PERFECTAMENTE REGULARES, POR LO QUE ÉSTA SE AUTOINFLIGIÓ UN DAÑO.

        “Segundo Error ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL VALIDAR LA DETERMINACIÓN DE LA ARPE AL AUTORIZAR UN PROYECTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR QUE CONLLEVA VARIACIONES, QUE NO FUERON JUSTIFICADAS, NI CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DISPUESTOS EN LA SECCIÓN 6.04 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN ESPECIAL DEL CONDADO.

        “Tercer Error: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONFIRMAR LA DETERMINACIÓN DE LA ARPE, LA CUAL AUTORIZÓ UN PROYECTO QUE CONLLEVA VARIACIONES BASÁNDOSE EN LAS CARACTE-RÍSTICAS DE EDIFICIOS CERCANOS, CONSTRUIDOS BAJO UNAREGLAMEN-TACIÓN ANTERIOR, VIOLANDO LA POLÍTICA PÚBLICA PLASMADA EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL CONDADO, VIGENTE.

        “Cuarto Error ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL VALIDAR LA DETERMINACIÓN DE LA ARPE NO EMPECE A QUE DICHA RESOLUCIÓN CA-RECE DE ANÁLISIS E IGNORA LOS CONFLICTOS DE PRUEBA EN EL CASO; NO DESCRIBE LOS HECHOS QUE FUERON RECHAZADOS Y LAS RAZONES QUE TUVO LA AGENCIA RARA ELLO.” Petición de certiorari, pág. 9.

       “El Reglamento del Condado ... tiene primacía sobre el Reglamento [de Planificación] Núm. 4 no solamente por ser un reglamento especial sino también porque sus disposiciones fueron establecidas con el propósito de atender los proble-mas específicos que son particulares al área del Condado. Por ende, para conceder variaciones en un proyecto en el área del Condado hay que atenerse en primer lugar a las disposiciones que [el reglamento Condado: Reglamento de Zonificación Especial, Reglamento Núm. 3319 del Departamento de Estado de 12 de junio de 1986 (Reglamento del Condado), 23 R.P.R. see. 650.1791 eí seg.,] establece sobre las dis-puestas en el Reglamento Núm. 4, que es un reglamento general.” Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 696-697 (2000).

       El Reglamento del Condado establece, en su Sección 6.04, que no se podrá conceder variaciones a menos que existan datos suficientes para establecer
      “(B) Que debido a circunstancias excepcionales o extraordinarias la aplicación literal de ciertos requisitos específicos de este Capítulo resultaría en una dificultad práctica o en un perjuicio innecesario no creado o atribuible al dueño de la propiedad.” (Énfasis suplido.) 23 R.RR. sec. 650.1854(B).

       "Qf course, if an odd-shaped lot is deliberately created in order to have a situation where a variance would be appropriate, this ranks as self-created hardship and does not provide basis for a variance.”

       “[Situation arises when, without any violation of law, a developer consciously creates a difficult situation which may serve as a basis for a finding of hardship and so for a variance, creating an opportunity for a great return from the land.”

       Análisis del Anteproyecto Núm. 01AA2-CET00-05524, Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 231.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 206.

       Ya habíamos señalado que en el Memorial Explicativo que presentó Empre-sas Ferrer como parte de su solicitud de anteproyecto, la compañía solicitó las varia-ciones argumentando que éstas “están directamente relacionadas con la configura-ción inadecuada de la propiedad ...” (Énfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 66. Además, habíamos indicado que en el Memorando de Derecho que Empresas Ferrer presentó ante A.R.Pe. durante la consideración de su anteproyecto, expresó que las variaciones solicitadas responden a “que el solar del presente proyecto es uno de forma irregular”. (Énfasis suplido.) Memorando de Derecho de las Empre-sas Ferrer, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 202.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

license: Public Domain

text:
    La Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, recurrida, v. Adquisición de 8,554.741 Metros Cuadrados en el Barrio Canas del Término Municipal de Ponce et al., peticionaria; Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, recurrida, v. Adquisición de 120,925.207 Metros Cuadrados en el Barrio Canas del Término Municipal de Ponce et al., peticionaria.

      Número: CC-2005-952

      Resuelto: 9 de octubre de 2007

      Eric A. Tulla y Ángel R. Jiménez Rodríguez, de Tulla & Fe-rrer, abogados de la parte peticionaria; Rubén E. Alayón del Valle, abogado de la Autoridad de Carreteras y Trans-portación de Puerto Rico, parte recurrida; Salvador J. An-tonetti Stutts, procurador general, y Leticia Casalduc Ra-bell, procuradora general auxiliar, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión, del Tribunal.

Se nos solicita la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, mediante la cual confirmó y modificó una Sentencia emi-tida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que había declarado "con lugar” una solicitud de expropiación a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Veamos los hechos acaecidos que originan el presente recurso.

r-H

El 26 de abril de 1994, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia dos peticiones de expropiación forzosa para la adquisición de 8,554.741 y 120,925.207 metros cuadrados, respectivamente, en el Barrio Canas del término municipal de Ponce. Como justa compensación, la ACT depositó $342,200 y $1,230,700, respectivamente. Se denominaron como partes con interés a Adriana Mercado de Wilson; Richard S., María Luisa y Margarita Ma-ría, de apellidos Wilson Mercado; David Mario y Eileen María, de apellidos Coffey Mercado, y Eileen Mercado O’hanlon, John Doe, Richard Doe, Eufemia Eileen Mercado, Adriana Luisa Mercado Parra, John Doe y Richard Doe (en conjunto, peticionarios).

Luego de un largo y accidentado desarrollo procesal, las partes se reunieron el 21 de octubre de 2003 y llegaron a unos acuerdos transaccionales en cuanto al valor de las propiedades en controversia. Estas propiedades se valo-raron en $395,000 (KEF-1994-0133) y $4,252,679 (KEF1994-0131), respectivamente. Sin embargo, las partes no pudieron acordar la tasa de interés que debería pagar la ACT sobre la suma adicional pactada. Por tal razón, los peticionarios expresaron que someterían un escrito para impugnar la constitucionalidad de la tasa de interés dis-puesta por la Ley de Expropiación Forzosa de 12 de marzo de 1903 (Ley de Expropiación), según enmendada, o de su aplicación respecto a la tasa de interés promulgada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financie-ras (OCIF).

El 21 de octubre de 2003, los peticionarios presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito titulado “Memorando sobre la tasa aplicable al pago de justa com-pensación en casos de expropiación forzosa”, En dicho escrito, los peticionarios plantearon que la tasa de interés prescrita en la Ley de Expropiación era inconstitucional de su faz y en su aplicación, ya que no proveía una compen-sación justa que requiere el Art. II, Sec. 9, de la Constitu-ción de Puerto Rico. Argumentaron, además, que la legis-lación estatal no tomaba en cuenta las fluctuaciones en el mercado local de los intereses entre el tiempo en que la propiedad fue expropiada y la fecha en que se dictaba la sentencia. Alegaron, además, que el método más idóneo para calcular la justa compensación era mediante la com-paración de las tasas de intereses aplicables a varios ins-trumentos de inversión, tomando en cuenta las fluctuacio-nes de las tasas a través del tiempo entre la fecha de la expropiación y la fecha del pago principal.

El 27 de octubre de 2003 el Tribunal de Primera Instan-cia dictó unas sentencias parciales, archivadas en autos el 30 de octubre de 2003, mediante las cuales estableció el valor de las propiedades. En cuanto a una de las propie-dades (caso KEF 1994-0133), el foro de primera instancia decretó que el valor era $395,000. Por ello, le ordenó a la ACT depositar $52,800 debido a que ya había consignado $342,200 al iniciar el procedimiento de expropiación. En cuanto a la otra propiedad (caso KEF 1994-0131), el mismo foro declaró que el valor de la propiedad era $4,252,679. Por tal razón, le ordenó a la ACT depositar $3,021,979 en vista de que al inicio del procedimiento de expropiación había consignado $1,230,700. Además de las sumas adicionales en los respectivos casos, la ACT debería satisfacer los intereses sobre las respectivas sumas a razón de la tasa vigente de uno por ciento anual —según estable-cida por la OCIF — computados desde la presentación de la petición de expropiación hasta el pago total. Se ordenó al Secretario de Justicia y al Comisionado de Instituciones Financieras (Comisionado) que se expresaran sobre el planteamiento constitucional de los peticionarios.

En cuanto al caso KEF 1994-0131, el 9 de enero de 2004 la ACT —en cumplimiento con la sentencia parcial del 27 de octubre de 2003 del Tribunal de Primera Instancia— consignó $3,312,668.55. Esta suma incluía los intereses a razón del uno por ciento computados desde el 26 de abril de 1994, fecha de la presentación de la demanda de expro-piación, hasta la consignación final.

El 2 de febrero de 2004 la ACT, en cumplimiento con la sentencia parcial del 27 de octubre de 2003 del Tribunal de Primera Instancia, consignó $57,385.64. Esta suma in-cluía los intereses a razón del uno por ciento computados desde el 26 de abril de 1994, fecha de la presentación de la demanda de expropiación, hasta la consignación final.

El 3 de febrero de 2004, en cumplimiento con la senten-cia del 27 de octubre de 2003 del Tribunal de Primera Ins-tancia, la OCIF presentó un escrito titulado “Memorando de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en cumplimiento de Orden”. Alegó, entre otras cosas, que la tasa de interés aplicable es la prescrita en el Regla-mentó 78-1 de la Junta Financiera de la OCIF (Regla-mento 78-1), al momento de dictarse la sentencia. Argüye-ron, además, que la Sec. 5A de la Ley de Expropiación, 32 L.RR.A. see. 2907, no es inconstitucional de su faz, ya que la tasa de interés pagadera a las partes con interés no surge de dicha ley ni de la Regla 44.3 de Procedimiento Civil. Sostuvieron, además, que la Sec. 5A de la Ley de Expropiación, supra, provee de manera adecuada una com-pensación justa según dispuesta en el Art. II, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico, supra. Tampoco procedía una tasa de interés equivalente a una inversión a diez años, como sostenían los peticionarios, ya que la partida en con-cepto de interés pagadero sobre la sentencia adviene paga-dera al momento de dictarse la sentencia, y por ello se tiene que considerar la tasa de interés vigente a esa fecha. Concluyó que la aplicación del Reglamento 78-1 a las par-tes con interés no era inconstitucional, ya que la tasa de interés dispuesta por este reglamento incorpora y refleja la realidad económica de Puerto Rico.

El 19 de febrero de 2004 los peticionarios presentaron en el Tribunal de Primera Instancia un escrito titulado “Réplica a memorando de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en cumplimiento de Orden”. Alegaron, entre otras cosas, que la Ley de Expropiación era inconstitucional de su faz, ya que el método provisto por ésta para determinar la tasa de interés aplicable en casos de expropiación forzosa, “es el germen de su propia inconstitucionalidad”. Argüyeron que el hecho de que la OCIF estableciera un solo tipo de interés, sin tomar en cuenta las diferentes tasas de interés utilizados en los dis-tintos instrumentos de inversión disponibles en el mer-cado, usurpaba a los tribunales su función judicial de de-terminar la justa compensación. Además, colocaba al sujeto de la expropiación en una posición de desventaja donde corría el riesgo de que el interés variable establecido en ley no proveyera la compensación justa requerida por la Constitución de Puerto Rico. Indicaron que, para remediar tal situación, se debía tomar en cuenta las fluctuaciones de varios instrumentos con diferentes tasas de interés desde la fecha de expropiación hasta su pago total, escogiendo aquella que mejor provea una justa compensación. Sostu-vieron, además, lo siguiente:

Por otro lado, la Ley de Expropiación establece que la tasa aplicable es aquella “que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia”. Al fijar un solo tipo de interés (el fijado a la fecha de la sentencia), el estatuto viola la Constitución si las variaciones en el tipo de interés durante el periodo en cuestión resultan en que el expropiado reciba menos de la justa com-pensación que exige nuestra Constitución. Según quedó clara-mente establecido en el Memorando sobre Tasa de Interés so-metido por la compareciente, esa legislación no toma en cuenta las fluctuaciones en el mercado local de los intereses entre el tiempo en que la propiedad fue expropiada y la fecha que se dicta la sentencia. Este defecto en la Ley puede causar, por un lado, que el gobierno pague una tasa de interés mayor a la que le corresponde si los intereses al momento de dictarse la sentencia son mayores a los intereses vigentes entre el mo-mento de la expropiación y el momento de la sentencia. El defecto en ley también puede causar que el gobierno pague una tasa de interés menor a la que le corresponde recibir al afectado, como parte de su justa compensación. (Enfasis suprimido.) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 307-308.

Señalaron que el vicio constitucional de la Ley de Ex-propiación provenía de su propio texto, por lo cual la ley resultaba inconstitucional de su faz.

El 19 de febrero de 2004 el Tribunal de Primera Instan-cia emitió una sentencia, notificada el 24 de febrero de 2004, en la que determinó que el interés de uno por ciento dispuesto en la Ley de Expropiación era justo y equitativo para ambas partes.

Inconformes, el 25 de marzo de 2004 los peticionarios presentaron unos recursos de apelación en el Tribunal de Apelaciones señalando que el foro de primera instancia in-cidió al declarar constitucional la tasa de interés prescrita en la Ley de Expropiación. Alegaron, entre otras cosas, que el por ciento fijo por semestre establecido por el Regla-mento 78-1 de OCIF no tomaba en cuenta las fluctuaciones en las tasas de interés en los años entre la fecha de la expropiación y la fecha del pago. Esta situación provocaba que el Gobierno pagara una tasa de interés menor a la que le correspondía recibir a los peticionarios como una com-pensación justa, en violación a la cláusula de justa com-pensación de la Constitución de Puerto Rico. Señalaron, además, que la Ley de Expropiación establecía una tasa de interés basada en un solo instrumento de inversión, sin tomar en cuenta las tasas de interés dada por los distintos instrumentos de inversión disponibles en el mercado. El establecer un solo tipo de tasa de interés, sin tomar en cuenta las tasas de interés dadas por los distintos instru-mentos del mercado, usurpaba a los tribunales la función judicial de determinar la justa compensación. Indicaron, además, que los foros judiciales federales evaluaban cada caso por separado y adoptaban aquella tasa de interés que resultara más justa para el caso que tuvieran ante sí. Ar-güyeron, además, que la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, en cuanto a la tasa de interés apli-cable al pago de una justa compensación, no reflejaba la realidad económica de Puerto Rico.

El 23 de julio de 2004, el Procurador General presentó su alegato ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia, argumentó que la tasa de interés dispuesta en la Ley de Expropiación y en el Reglamento 78-1 de OCIF era justa y equitativa para las partes. Sin embargo, recomendó que se debía devolver el caso al foro de primera instancia para que se hicieran los cómputos correspondientes de acuerdo con las tasas de interés prevalecientes en el mercado, se-gún surgía del Reglamento 78-1 de OCIF y conforme éstas variaron desde la fecha de expropiación hasta la fecha del pago total de la compensación.

Ese mismo día, los peticionarios presentaron una ré-plica al alegato presentado por el Procurador General. Aceptaron el planteamiento del Procurador General de que se computara el interés según variaba en el mercado desde la fecha de incautación hasta el pago total de la compensa-ción por la ACT. Sin embargo, rechazaron la posición del Procurador General de que la tasa de interés variable era aquella dispuesta por el Reglamento 78-1 de OCIF, ya que ésta se basaba en “ ‘la tasa equivalente al rédito de los “U.S. Treasury Bills” con vencimiento a seis (6) meses re-dondeado al % punto más cercano’ ”. Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 690. Argüyeron que para que las tasas fluctuantes prescritas por el Reglamento 78-1 de OCIF proveyeran una compensación justa, debían estar basadas en un índice que reflejara las condiciones econó-micas de Puerto Rico en una forma más adecuada.

El 13 de septiembre de 2004, la ACT presentó ante el Tribunal de Apelaciones un escrito titulado Oposición a Ré-plica a Moción Urgente Exponiendo la Posición de la Auto-ridad de Carreteras y Transportación. Solicitó, entre otras cosas, que se declarara la validez constitucional de la Ley de Expropiación, que en casos de expropiaciones se utilizara el tipo de interés anual que estuviera vigente al momento de dictarse la sentencia por el Tribunal de Pri-mera Instancia y que dicho interés aplicara a todo el pe-riodo comprendido entre la fecha del “taking” hasta el pago de la suma adicional, sin que se computara los intereses por la suma originalmente consignada.

El 29 de septiembre de 2004, los peticionarios presenta-ron en el Tribunal de Apelaciones una dúplica, donde sos-tuvieron que la tasa prescrita por ley debe ser sólo una de las alternativas a considerarse y no la única.

El 29 de julio de 2005 el Tribunal de Apelaciones emitió la Sentencia, notificada el 5 de agosto de 2005, acogiendo los argumentos del Procurador General. El foro interme-dio apelativo sostuvo la constitucionalidad de la Ley de Expropiaciones y confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, devolvió el caso al foro de primera instancia para que éste hiciera los cóm-putos correspondientes acorde con las tasas de interés pre-valecientes en el mercado —según surge del Reglamento 78-1 de OCIF— y conforme éstas habían variado semestral-mente desde la fecha de expropiación hasta la fecha del pago total de la justa compensación.

Insatisfechos, los peticionarios acuden ante nos me-diante un recurso de certiorari y alegan la comisión de los errores siguientes:

A. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia dictada por el TPI en la que sostuvo la validez constitucional de la tasa de interés prescrita por la sección 5(b) de la Ley de Expropiaciones. 32 L.P.R.A. [see.] 2908.
B. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que las tasas variables aplicables son las dispuestas por el Regla-mento 78-1 de la OCIF para el pago de sentencias por el ELA. Petición de certiorari, pág. 9.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, esta-mos en posición de resolver los asuntos traídos ante nues-tra consideración. Veamos.

II

A. El Art. II, Sec. 7, de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 280, consagra el derecho fundamental del ser humano al disfrute de la propiedad.

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el de-recho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propie-dad y pertenencias no sujetas a embargo. (Énfasis suplido.)

El Art. II, Sec. 9, de la Constitución de Puerto Rico, supra, pág. 308, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley. (Énfasis suplido.)

La facultad de tomar o expropiar propiedad privada para fines públicos es uno de los poderes inherentes que posee el Estado. En caso de ejercitar ese poder inherente, el Estado tiene la obligación constitucional de pagar una compensación justa, o valor, por la propiedad privada expropiada y actuar conforme al procedimiento provisto por ley. En ese sentido, la Asamblea Legislativa puede establecer limitaciones al derecho de propiedad en benefi cio del bienestar general. Ello es así porque el disfrute de la propiedad privada, aunque de carácter fundamental, no es un derecho absoluto.

La obligación del Estado de pagar una justa compensación se puede manifestar de tres maneras: (1) mediante el ejercicio directo del poder de dominio eminente instando un recurso de expropiación; (2) por medio de su reglamentación, y (3) cuando ocurre una incautación de hecho al afectar de forma sustancial el uso de la propiedad físicamente.

Similar protección al derecho de propiedad se encuentra en la Constitución de Estados Unidos. Establece la Quinta Enmienda de ese magno documento que nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley ni se tomará la propiedad privada para uso público sin una compensación justa.

La Ley de Expropiación regula los procedimientos de expropiación forzosa que realiza el Estado. El propósito esencial de un procedimiento de expropiación forzosa es la fijación de la compensación “justa y razonable” de la propiedad expropiada. Como parte integral de la justa com pensación que se debe conceder, la Ley de Expropiación ordena el pago de intereses cuando existe una diferencia entre la suma fijada por la parte que solicita la expropiación y la cantidad que determine el tribunal como una compensación justa. Sobre este particular, la Sec. 5B de la Ley de Expropiación, 32 L.P.R.A. see. 2908, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

En cualquier sentencia dictada en un procedimiento de ex-propiación forzosa para la adquisición de propiedad privada o de cualquier derecho sobre la misma para uso público o apro-vechamiento en beneficio de la comunidad, entablado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal directamente, o a su nombre por cualquier agencia, autoridad, instrumentalidad o funcionario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en que la cantidad determinada por el tribunal como justa compensación por la propiedad o los derechos en la misma objeto de tal procedimiento, tanto en caso de trasmi-sión del título como de la mera posesión sin trasmisión del título, sea mayor que la cantidad fijada por el demandante y depositada en el tribunal como justa compensación por tal pro-piedad o derechos en la misma, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pagara el importe de la diferencia entre la suma así fijada por el demandante y depositada por el en el tribunal y la cantidad que a tal efecto haya determinado el tribunal como justa compensación por dicha propiedad o derechos en las mismas objeto de tal procedimiento, con intereses a razón del tipo de interés anual que fije por Reglamento la Junta Fi-nanciera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Fi-nancieras y que este en vigor al momento de dictarse la senten-cia, de conformidad con la Regla 44.3, Ap. III de este título, sobre tal diferencia a contar desde la fecha de la adquisición de tal propiedad o derechos y desde esta fecha hasta la del pago de dicha diferencia; Disponiéndose, que en los casos en que el demandado o demandados apelen de la sentencia fijando la compensación y el Tribunal Supremo confirmase dicha senten-cia o rebajase la compensación concedida, el apelante no reco-brara intereses por el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de radicación del escrito de apelación y hasta que la sentencia del Tribunal Supremo fuera final, firme y ejecutoria. (Énfasis suplido.)

El pago de intereses es una parte integral del mandato constitucional sobre la justa compensación. La tasa tiene que ser “razonable”. En Seaboard Air Line Ry. v. U.S., 261 U.S. 299, 306 (1922), el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispuso lo siguiente:

The requirement that “just compensation” shall be paid is comprehensive and includes all elements and no specific command to include interest is necessary when interest or its equivalent is a part of such compensation. Where the United States condemns and takes possession of land before ascertaining or paying compensation, the owner is not limited to the value of the property at the time of the taking; he is entitled to such addition as will produce the full equivalent of that value paid contemporaneously with the taking. Interest at a proper rate is a good measure by which to ascertain the amount so to be added.

Expresamos en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 D.P.R. 683, 689 (1994), citando a Seaboard Air Line Ry. v. U.S., supra, que la justa compensación es “aquella ‘que ponga al dueño en una posición pecuniaria tan buena a la que estaría si la propiedad no se hubiera expropiado’ (Enfasis suplido.)

Hemos sostenido, de la misma forma que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que la determinación de una justa compensación es esencialmente un ejercicio judicial y no legislativo. En E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, págs. 688-689, citando a Monongahela Navigation Co. v. United States, 148 U.S. 312, 327 (1893), y a U.S. v. 50.50 Acres of Land, 931 F.2d 1349 (9no Cir. 1991), sostuvimos lo siguiente:

“[La Justa Compensación] es una controversia judicial y no legislativa. La legislatura puede determinar qué propiedad privada se necesita para propósitos públicos ésta es una con-troversia de carácter político y legislativo; pero cuando se ha ordenado la expropiación, entonces la controversia sobre la compensación es judicial. ... La constitución ha declarado que se tiene que pagar justa compensación y que su determinación es una cuestión que le compete a los tribunales.” (Corchetes en el original.)

B. La Ley de Expropiación establece que la tasa de interés que fije la Junta Financiera de OCIF es la que se utilizará para calcular los intereses en casos de expropiación forzosa. En E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, invalidamos la imposición del seis por ciento como tasa de interés anual, según disponía la Ley de Expropiación vigente al momento de dictarse la sentencia. Como resultado de esto, ordenamos que el Estado debía pagar los intereses que surgiesen del Reglamento 78-1 de OCIF, que fue apro-bado el 25 de octubre de 1988. El Reglamento 78-1 de OCIF, pág. 1, dispone lo siguiente:

SECCIÓN 3 — FIJACIÓN DE TASAS
a) Sentencias impuestas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades, corpora-ciones públicas o funcionarios en su car[á]cter oficial'. La tasa equivalente al r[é]dito de los “U.S. Treasury Bills” con venci-miento a seis (6) meses redondeado al 1/2 punto más cercano.

El Reglamento 78-1 de OFIC establece que el “U.S. Treasury Bills” es el instrumento de inversión a utilizarse para calcular la tasa de interés. La legislación federal difiere en este aspecto con la Ley de Expropiación. El interés fijado por la legislación federal se calcula a base de “at an annual rate equal to the weekly average one-year constant maturity Treasury yield, as published by the Board of Governors of the Federal Reserve System, for the calendar week preceding the beginning of each additional year”.

Diversos tribunales federales, a nivel de circuitos apelativos, han evaluado controversias relacionadas con la tasa de interés aplicable en casos de expropiación forzosa. En United States v. Blankinship, 543 F.2d 1272, 1276 (9no Cir. 1976), el tribunal evaluó si la tasa de interés de seis por ciento prescrita en el Declaration of Taking Act, aplicaba a las expropiaciones realizadas en ese caso, independientemente de las tasas de interés prevalecientes en el mercado. El tribunal determinó que la tasa de interés de seis por ciento dispuesta en la ley federal sólo garantizaba la tasa de interés mínima que un tribunal podía imponer en casos de expropiación forzosa. En Washing ton Metro. Area T.A. v. One Parcel of Land, 706 F.2d 1312, 1322 (4to Cir. 1983), el tribunal sostuvo lo siguiente:

The choice of an appropriate rate of interest is a question of fact, to be determined by the district court ... and the district court’s judgment will be upset only if it reaches a clearly erroneous result. In fixing an award of interest, the district court should attempt to determine what “a reasonable prudent person investing funds so as to produce a reasonable return while maintaining safety of principal” would have achieved. (Énfasis suplido.)

En relación con la determinación de la tasa de interés apropiada, en Antoine v. United States, 710 F.2d 477, 480 (8vo Cir. 1983), el tribunal sostuvo lo siguiente:

In determining the proper rate of interest it is necessary to examine the economic circumstances between the date of the taking and the date of payment instead of relying on the circumstances prevailing at the time of taking. (Énfasis suplido.)

En U.S. v. 50.50 Acres of Land, 931 F.2d 1349, 1355 (9no Cir. 1991), haciendo referencia a United States v. Blankinship, supra, el tribunal sostuvo lo siguiente:

The Blankinship court directed district courts to use a fact-specific approach to determine if the statutory rate was “proper and reasonable,” or if the Fifth Amendment required a higher rate of interest.
Under Blankinship, the court must first determine if the statutory formula is constitutionally inadequate given the factual circumstances of the case. ... The court should receive evidence from each side and consider a variety of investment measures. If the court finds the statutory formula to be inadequate, it must determine the appropriate rate to be used.

En United States v. 429.59 Acres of Land, 612 F.2d 459, 464—465 (9no Cir. 1982), el tribunal sostuvo lo siguiente:

The payment of interest on deficiency awards in condemnation cases is designed to satisfy the constitutional standard of just compensation by putting the owner “in as good position pecuniarily as he would have occupied if his property had not been taken.” ... It is assumed that a person who received the pecuniary value of his property as of the date of taking would invest these funds in a reasonably prudent manner. Thus, it is proper, when payment of just compensation is delayed, to fix interest on any deficiency award at the rate “a reasonably prudent person investing funds so as to produce a reasonable return while maintaining safety of principal” would receive. The Commission properly carried out the District Court’s instruction.
Because a reasonably prudent investor would diversify his risk, it is proper to consider the rate of interest paid on different types of securities with different maturities. The Commission did precisely this. The Commission considered interest rates paid on a wide range of government and private obligations with both short-term and long-term maturities. In determining the appropriate interest rate, the Commission selected a composite of four of these securities —six-month Treasury bills, four to six-month prime commercial paper, ninety-day prime bankers acceptances, and six month bank certificates of deposit. The Commission then averaged the interest rates paid on these composite securities throughout the period from the date of taking to the time of the Commission’s report.
United States v. Blankinship, supra, does not require the application of any fixed formula for interest rate determinations in condemnation cases. In Blankinship, an interest rate determination was remanded for reconsideration because the trial court did not consider interest rates paid on government obligations with maturities greater than 180 days. The Commission considered such evidence in our case. The fact that it chose not to include such interest rates in its ultimate calculation of a reasonable rate of interest is not reversible error. Nor did the Commission err by compounding the 6.635 average rate of interest to arrive at a figure of 7.4 percent simple interest per annum. Compounding of interest is appropriate to compensate the landowners for the loss of use of the interest that the deficiency award would have been producing for them during the interim. (Enfasis suplido.)

Como resultado, en parte, de la jurisprudencia antes ci-tada, el Congreso derogó la tasa mandatoria de interés del seis por ciento dispuesta en el Declaration of Taking Act, Ley Pública Núm. 99656. De igual forma, como resultado de los casos E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, y Hampton Development Corp. v. E.L.A., 139 D.P.R. 877 (1996), nuestra Legislatura enmendó la Ley de Expropia-ción para eliminar la tasa de seis por ciento de interés en casos de expropiación. Posteriormente, la Legislatura de Puerto Rico enmendó la Ley de Expropiación para que el Estado pagara los intereses que surgiesen del Reglamento 78-1 de OCIF.

C. Está firmemente establecido en nuestro ordenamiento jurídico que un estatuto es y se presume constitucional hasta que se resuelva lo contrario. Una ley puede ser declarada inconstitucional de su faz o en su aplicación. Sin embargo, antes de declarar inconstitucional una ley, el tribunal examinará primero si existe alguna interpretación razonable del estatuto. En Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405, 412 (1990), señalamos lo siguiente:

Por último, reafirmamos el postulado fundamental de her-menéutica constitucional que establece que al examinar un estatuto, “el Poder Judicial —en abono de una deferencia ha-cia el Poder Legislativo— debe esforzarse por lograr interpre-taciones congruentes y compatibles con el mantenimiento de la constitucionalidad de una ley”.

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Por estar íntimamente relacionados ambos señalamien-tos de error, los discutiremos en conjunto.

Con el trasfondo normativo antes expuesto, pasamos a resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al modificar y de esa forma confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. En su sentencia, el foro intermedio apelativo dispuso que el utilizar sólo la tasa de interés vi-gente al momento de dictar la sentencia, no proveía una compensación justa según la Constitución, ya que esta tasa no reflejaba los cambios acaecidos en el mercado entre la fecha de expropiación y la fecha del pago total por los te-rrenos expropiados. Sostuvo, además, lo siguiente:

Así las cosas, en ánimo de cumplir con la justicia, entende-mos que el Tribunal de Primera Instancia debe resolver lo concerniente a los cómputos correspondientes al pago de inte-reses en los casos ante nos, tomando en consideración que la imposición de tales intereses debe computarse dividiendo el pe-ríodo de tiempo en diferentes semestres y aplicando a cada semestre la tasa de interés aplicable al Estado en ese semestre, según expuso la parte apelada en su alegato.
... No obstante, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que éste haga los cómputos correspondientes acorde con las tasas de interés prevalecientes en el mercado —según surgen del Reglamento 78-1 de la OCIF— y conforme éstas han variado semestralmente desde la fecha de la expro-piación hasta la fecha del pago total de la justa compensación en ambos casos. (Enfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 772-773.

Ambas partes están de acuerdo con esta parte de la sen-tencia del foro intermedio apelativo. No obstante, la parte peticionaria sostiene que no es correcto que las tasas de interés variables que aplican sean aquellas dispuestas por el Reglamento 78-1 de OCIF para el pago de sentencias que constituyen obligaciones del Estado.

En primer lugar, coincidimos con el Tribunal de Apela-ciones en que se debe rechazar una lectura literal de la Sec. 5B de la Ley de Expropiación, supra, según la cual aplicaría la tasa de interés prevaleciente al momento de dictarse la sentencia, y que en el presente caso correspon-dería al uno por ciento. En este caso, la incautación de la propiedad ocurrió en el 1994, sin embargo, no fue hasta el 2003 que se dictó la sentencia final. Durante ese período de tiempo, la fijación de intereses por parte de OCIF varió semestralmente.

Concluimos que en los casos donde el período en-tre la incautación y el pago total del Estado exceda un semestre, el Tribunal de Primera Instancia debe conside-rar las variaciones en las tasas de interés durante los dis-tintos semestres. De esta forma se asegura que las tasas de interés que se apliquen en un momento dado reflejen las condiciones existentes en ese momento en el mercado para los instrumentos financieros. Al ser el seleccionado por OCIF un instrumento financiero con un término de seis me-ses, corresponde que las tasas aplicables se revisen semes-tralmente, tal como se estipula en el Reglamento 78-1 de OFIC.

En E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, dispusimos que las fluctuaciones en el mercado tienen que ser consideradas al computar el interés aplicable en casos de expropiación forzosa. Sin embargo, se le estaba dando una lectura literal a la Ley de Expropiación cuando disponía que se utilizara el interés fijado por OCIF que estuviera en vigor al momento de dictarse la sentencia. La intención de este Tribunal en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, fue que las tasas de intereses aplicables a casos de expropiación forzosa reflejaran las fluctuaciones imperantes en el mercado de valores. Para lograr dicho objetivo, se tienen que considerar las variaciones en las tasas de interés durante los distintos semestres. De esta forma se cumple con el mandato constitucional de satisfacer una justa compensación en los casos de expropiación forzosa, consagrado en el Art. II, Sec. 9 de nuestra Constitución, supra. Así pues, entendemos que la determinación del Tribunal de Apelaciones a estos efectos debe ser confirmada, ya que cumple con el propósito establecido por este Tribunal en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra.

De otro lado, los peticionarios entienden que las tasas de interés prescritas en el Reglamento 78-1 de OCIF son inconstitucionales, ya que no están basadas en un índice que refleje las condiciones económicas de Puerto Rico en una forma adecuada. El Tribunal de Apelaciones sostuvo la constitucionalidad de las tasas de interés establecidas se-mestralmente por OCIF. Compartimos tal óptica. Veamos.

El instrumento financiero utilizado en el presente por la OCIF para fijar la tasa de interés en los casos de “senten-cias impuestas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades, corporacio-nes publicas o funcionarios en su car[á]cter oficial” (Regla-mento 78-1, pág. 1), es los “U.S. Treasury Bills”, que es el mismo utilizado en la jurisdicción federal para los mismos propósitos. Este instrumento financiero, sea cual fuese su término de madurez, es el que el mercado considera como de menor riesgo crediticio entre todos los instrumen-tos financieros disponibles. Es, por ende, el instrumento financiero con el cual una persona razonable, actuando prudentemente, invertiría sus fondos para producir un ré-dito razonable sin arriesgar el valor del principal.

Debemos aclarar que el riesgo al valor del principal tiene dos componentes: el riego crediticio y el riesgo de la inflación que reduce el valor real del principal. El riesgo crediticio es aquel cuando el deudor no puede pagar el principal (con intereses acumulados) al acreedor. Este riesgo es casi inexistente en el caso de los “U.S. Treasury Bills”, como señaláramos anteriormente. El riesgo al valor real del principal de cualquier instrumento financiero, que representa la inflación, está considerado en la tasa de interés establecida por el mercado. En otras palabras, las tasas de interés de todo instrumento financiero incorporan las expectativas inflacionarias en un momento dado. En el caso de un instrumento financiero con un término de madurez de, por ejemplo, seis meses, la tasa de mercado prevaleciente incorpora las expectativas inflacionarias para los próximos seis meses. Similarmente, la tasa de mercado prevaleciente para un instrumento con un término de ma-durez de, digamos, cinco años, incorpora las expectativas inflacionarias para los próximos cinco años.

En el caso donde la tasa de interés aplicable, como el caso de autos, es la de un instrumento financiero con un término de madurez de seis meses —para proteger el valor del principal del riesgo inflacionario durante un periodo en exceso de seis meses— es necesario que la referida tasa se revise semestralmente. De esta manera se cumple con el requisito constitucional de la justa compensación del in-mueble expropiado. Por ello coincidimos con el foro inter-medio apelativo sobre este asunto.

La constitucionalidad del uso de las tasas de interés establecidas en el Reglamento 78-1 ya fue resuelto en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra. El exigir una compensación justa no equivale a exigir la compensación equivalente al método de inversión alternativo que más alto rendimiento produciría para la compensación derivada de una expropiación; meramente equivale a la compensación que recibiría una persona prudente que invierta una cantidad que produzca un rédito razonable que, a la vez, mantenga la seguridad del principal invertido.

Siendo ello así, entendemos que el Tribunal de Apelacio-nes resolvió correctamente al determinar que las tasas de interés a utilizarse serían las establecidas semestralmente por OCIF en el presente, o sea, las tasas de los “U.S. Treasury Bills” con un término de madurez de seis meses.

A la luz de los pronunciamientos previamente esbozados, resolvemos que en los casos de expropiaciones, donde el pe-ríodo entre la incautación y el pago total del Estado exceda un semestre, el Tribunal de Primera Instancia tiene que con-siderar las variaciones en las tasas de interés durante los distintos semestres, según surgen del Reglamento 78-1 de OCIF. La imposición de los intereses debe computarse divi-diendo el período de tiempo en diferentes semestres y aplicando a cada semestre la tasa de interés efectiva en ese semestre.

Es norma reiterada que, antes de decretar la inconstitucionalidad de una ley, el tribunal examinará primero si existe alguna interpretación razonable del estatuto que le permita soslayar la cuestión constitucional. Entendemos que el foro intermedio apelativo brindó una interpretación razonable al estatuto aquí en controversia, por lo que no procede el planteamiento de inconstitucionalidad presentado por la parte peticionaria.

En mérito de lo anterior, concluimos que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en cuanto ésta sostuvo la validez constitucional de la Sec. 5B de la Ley de Expropiación, supra. También concluimos que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que éste hi-ciera los cómputos correspondientes en conformidad con las tasas de interés prevalecientes en el mercado, según surgen del Reglamento 78-1 de OCIF y conforme éstas han variado semestralmente desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago total de la justa compensación en ambos casos.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia recurrida.

Las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 42-48 y 357-364.

       Íd., págs. 190-191, 487-488 y 489-490.

       Esto debido a que las partes con interés entendieron que éste era un asunto de índole constitucional no susceptible de ser transigido. Véase Apéndice de la Peti-ción de certiorari, págs. 188-189.

       32 L.P.R.A. seo. 2901 et seq.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 192-275 y 491-574.

       Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 276-279 y 577-580.

       Véase la lista sobre tasas de interés sobre las sumas dispuestas mediante sentencia por un tribunal, preparada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Apéndice Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 209.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 591.

       Íd., pág. 292.

       Íd., págs. 293-304 y 594-605.

       Reglamento 78-1 de la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Reglamento Núm. 3702, Departamento de Estado, 25 de octubre de 1988 (Reglamento 78-1).

      2) 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 305-314 y 607-616.

       Íd.

       Íd., págs. 315-318 y 617-620.

       Íd., págs. 4-318 y 319-620.

       Íd., págs. 653-702.

       Íd., págs. 715-720.

       Íd., págs. 721-730.

       Íd., págs. 731-733.

       Íd., págs. 740-774.

        E.L.A. v. Soc. Civil Agrícola e Industrial, 104 D.P.R. 392, 398 (1975).

        Velázquez Velázquez v. E.L.A., 135 D.P.R. 84, 88 (1994).

       Íd.; Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966).

        Velázquez Velázquez v. E.L.A., supra; Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra; Sucn. García v. Aut. de Carreteras, 114 D.P.R. 676 (1983); Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301 (1978).

        Hampton Development Corp. v. E.L.A., 139 D.P.R. 877, 888 (1996); Heftler Internacional, Inc. v. J. de P., 99 D.P.R. 467, 473-474 (1970).

        E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 692 (1962).

        E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 D.P.R. 683, 689 (1994).

       Íd., pág. 687.

       Íd.; Monongahela Navigation Co. v. United States, 148 U.S. 312 (1893); U.S. v. 50.50 Acres of Land, 931 F.2d 1349 (9no Cir. 1991).

       32 L.P.R.A. see. 2908.

       40 U.S.C.A. sec. 3116(a)(2).

       40 U.S.C.A. see. 3114.

        Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405, 412 (1990); Cerame-Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45, 51 (1970); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 783 (1968).

        Asoc. Ctrl. Ace. C. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R. 1, 22 (1997).

        Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361, 407 (1995); Ashwander v. Valley Authority, 297 U.S. 288, 346 (1936).

       En la jurisdicción federal se utiliza la tasa de los “U.S. Treasury Bills” con una madurez de un (1) año, mientras que en nuestra jurisdicción la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras utiliza la tasa de los ‘U.S. Treasury Bills” con una madurez de seis meses.

        E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958); Ashwander v. Valley Authority, supra.


author: per curiam:

text:
      In re José A. Ortiz Lozada, querellado.

      Número: CP-2006-22

      Resuelto: 15 de octubre de 2007

      Sylvia Roger-Stefdni, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general.
   per curiam:

El 7 de diciembre de 2006, el Procurador General de Puerto Rico presentó una querella contra el Ledo. José A. Ortiz Lozada para imputarle varias faltas graves a la ética profesional.

El 15 de diciembre de 2006 emitimos una resolución para concederle al licenciado Ortiz Lozada un término de diez días para contestar la querella.

En vista de que Ortiz Lozada no contestó de modo al-guno la Resolución mencionada, ni contestó la querella que tenía pendiente, el 13 de abril de 2007 emitimos otra Re-solución para concederle a Ortiz Lozada un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debíamos imponerle sanciones por su incumplimiento con nuestra re-solución anterior. Además, apercibimos a Ortiz Lozada de que su incumplimiento con esta segunda resolución conlle-varía su suspensión automática del ejercicio de la abogacía. Esta resolución fue notificada personalmente por un alguacil del Tribunal el 4 de junio de 2007.

Ortiz Lozada también ha hecho caso omiso de nuestra Resolución de 13 de abril de 2007. No ha comparecido ante nos de modo alguno.

I

Reiteradamente hemos resuelto que los abogados tienen la responsabilidad de cumplir diligentemente con las órde-nes y los requerimientos de este Tribunal. Hemos insistido una y otra vez que el incumplimiento con este deber con-llevará la suspensión del ejercicio profesional. In re Grau Díaz, 167 D.RR. 397 (2006); In re Ríos Pérez, 167 D.P.R. 386 (2006); In re García Enchautegui, 164 D.P.R. 740 (2005); In re Lind Casado I, 164 D.P.R. 513 (2005); In re Quiñones Cardona, 164 D.P.R. 217 (2005); In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2005); In re Surillo Ascar, 163 D.P.R. 445 (2004).

En el caso de autos, Ortiz Lozada ha fallado crasamente con el deber aludido. Sus continuos incumplimientos con los requerimientos de este Tribunal reflejan que no le inte-resa continuar ejerciendo la abogacía. Por ende, se le sus-pende indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone a José Aníbal Ortiz Lozada el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para se-guir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportuna-mente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de treinta días a partir de la notificación de esta opi-nión “per curiam” y sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Directora de la Ofi-cina de Inspección de Notarías para la correspondiente in-vestigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.


text:
      In re Hernán Irizarry Maldonado.

      Número: AB-2006-226

      Resuelto: 15 de octubre de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, Minnie H. Ro-dríguez López, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general.
   En dos ocasiones, el 21 de febrero de 2006 y el 20 de abril de 2006, el Procurador General de Puerto Rico le no-tificó al Ledo. Hernán Irizarry Maldonado, mediante un correo certificado con acuse, que tenía una queja ética pre-sentada en su contra en la Oficina del Procurador General. En ambas comunicaciones se le solicitaba al licenciado Iri-zarry que reaccionara a la queja en cuestión.

El licenciado Irizarry no contestó las comunicaciones aludidas del Procurador General, por lo que éste nos in-formó sobre el particular mediante la moción informativa correspondiente el 14 de agosto de 2006.

El 29 de agosto de 2006 emitimos una resolución para concederle un término de diez días al licenciado Irizarry para que respondiese a los requerimientos del Procurador General. Lo apercibimos, además, de que el incumpli-miento con dicha resolución conllevaría “sanciones discipli-narias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión”. Esta resolución le fue notificada personalmente al licenciado Irizarry por un alguacil del Tribunal el 6 de septiembre de 2006.

A la fecha de hoy el licenciado Irizarry no ha compare-cido ante nos para contestar la resolución mencionada. Tampoco ha comparecido de modo alguno ante el Procura-dor General. Ha hecho caso omiso de la resolución aludida.

i — I

Reiteradamente hemos insistido en el deber inelu-dible que tiene todo abogado admitido a la profesión de contestar los requerimientos del Procurador General. In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998).

Igualmente hemos insistido reiteradamente en que los abogados tienen la responsabilidad de cumplir diligente-mente con las órdenes y los requerimientos de este Tribunal. Hemos insistido una y otra vez que el incumpli-miento con este deber, conllevará la suspensión del ejerci-cio profesional. In re Grau Díaz, 167 D.P.R. 397 (2006); In re Ríos Pérez, 167 D.P.R. 386 (2006); In re García Enchau- tegui, 164 D.P.R. 740 (2005); In re Lind Casado I, 164 D.P.R. 513 (2005); In re Quinones Cardona, 164 D.P.R. 217 (2005); In re Negrón Negron, 163 D.P.R. 586 (2005); In re Surillo Asear, 163 D.P.R. 445 (2004).

En este caso, Irizarry Maldonado ha fallado crasamente con los deberes aludidos. Sus continuos incumplimientos con los numerosos requerimientos del Procurador General y con las órdenes de este Tribunal reflejan que no le interesa continuar ejerciendo la abogacía. Por ende, se le suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se le impone a Hernán Irizarry Maldonado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios re-cibidos por trabajos no realizados e informar oportuna-mente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tar la obra y sello notarial del abogado suspendido y entre-garlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Nota-rías para la investigación e informe correspondientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.


text:
      In re Frank Rodríguez Calderón, querellado.

      Número: AB-2006-262

      Resuelto: 16 de octubre de 2007

      María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Co-misión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

El Ledo. Frank Rodríguez Calderón fue ad-mitido al ejercicio de la abogacía el 2 de febrero de 1990 y al ejercicio de la notaría el 29 de mayo de 1990.

El 15 de marzo de 2005 se presentó ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico una queja juramentada contra el licenciado Rodríguez Calderón. Conforme el procedimiento establecido, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados envió una copia de la queja al licenciado Rodríguez Calde-rón requiriendo su posición al respecto. El 21 de junio de 2005 el licenciado Rodríguez Calderón presentó su contes-tación a la queja presentada.

Luego de varios trámites procesales, la Comisión de Ética señaló una vista en su fondo para el 31 de enero de 2006. A la vista compareció el querellante, mas el licen-ciado Rodríguez Calderón no compareció. Mediante una co-municación de 6 de febrero de 2006, éste notificó a la Co-misión las razones para su incomparecencia. Ante tal situación, la vista en su fondo fue señalada nuevamente para el 23 de mayo de 2006. En dicha ocasión el licenciado Rodríguez Calderón tampoco compareció. En vista de ello, la Comisión de Ética emitió una resolución en la que le requirió que mostrara causa por su incomparecencia. El licenciado Rodríguez Calderón no cumplió. Por tal razón, el Colegio de Abogados compareció ante nos el 29 de agosto de 2006 para solicitar nuestra intervención.

Mediante Resolución de 12 de diciembre de 2006, noti-ficada personalmente por un alguacil del Tribunal, le orde-namos al licenciado Rodríguez Calderón que respondiera los requerimientos del Colegio de Abogados y compareciera ante este Tribunal a exponer las razones por las cuales no debía ser disciplinado por no responder. Además le aperci-bimos que incumplir con lo ordenado podría conllevar san-ciones disciplinarias severas, incluso su suspensión del ejercicio de la profesión.

El 10 de enero de 2007 el licenciado Rodríguez Calderón presentó una “Moción en Cumplimiento de Orden”, en la que expresó las circunstancias que le impidieron compare-cer a la vista en su fondo y atender los requerimientos del Colegio de Abogados. En vista de ello, el 14 de febrero de 2007 le concedimos, mediante una Resolución, un término de quince días para que nos informara si había compare-cido al Colegio de Abogados.

El 7 de junio de 2007 el Colegio de Abogados compareció ante nos para informarnos que el licenciado Rodríguez Cal-derón no había contestado sus requerimientos a pesar de la orden de este Tribunal para que lo hiciera. Hoy, el término concedido ha transcurrido y el licenciado Rodríguez Calde-rón no ha comparecido ni ha solicitado una prórroga para comparecer ante el Colegio de Abogados o ante nos, en in-cumplimiento con nuestra Resolución de 14 de febrero de 2007.

Hemos expresado reiteradamente que los abogados tienen la obligación de responder con diligencia a las órdenes de este Tribunal, así como a los requerimientos del Colegio de Abogados con respecto a las quejas que se presentan en su contra. In re Guede Mijares, 159 D.RR. 396 (2003); In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001). El incumplimiento por parte de un abogado con nuestras órdenes o con los requerimientos del Colegio de Abogados conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas. In re García Enchautegui, 164 D.P.R. 740 (2005); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004).

Desatender las comunicaciones relacionadas con los procedimientos disciplinarios “tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal”. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997). El Canon 12 del Código de Ética Profesional exige “desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones” en la tramitación de las causas. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Este deber profesional “se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas sino a la jurisdicción disciplinaria de este foro”. In re Ríos Acosta I, supra, pág. 135.

Asimismo, constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el incumplir las órdenes y los requerimientos de este Tribunal. Este canon establece el deber de todo abogado de observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye el estricto cumplimiento con las órdenes y resoluciones de este Tribunal relacionadas con el ámbito de la conducta profesional. In re Moreno Franco, 166 D.P.R. 787 (2006); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992).

De la misma forma, hemos expresado que todo abogado tiene la ineludible obligación de responder prontamente a nuestros requerimientos, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Colón Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007); In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2004).

En el caso de autos el licenciado Rodríguez Calderón ha hecho caso omiso a nuestra Resolución del 14 de febrero de 2007 y a los requerimientos del Colegio de Abogados rela-cionados con la queja presentada en su contra. Su conducta ha ocasionado que la investigación que lleva a cabo la Co-misión de Ética del Colegio de Abogados no haya podido concluir debido a su incomparecencia a las vistas señaladas. Con tal proceder, el licenciado Rodríguez Calde-rón ha ignorado las obligaciones que tiene como miembro de la profesión jurídica. Es evidente que no tiene gran in-terés en continuar siendo miembro de la profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la se-paración inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Ledo. Frank Rodríguez Calderón a partir de la notifi-cación de la presente opinión per curiam.

Se le impone al abogado querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar re-presentándolos, devolverles cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajo no realizado e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de Rodríguez Calderón y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la co-rrespondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.