text:
    Rovira, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador, de la Pro-piedad de Gnayama, denegando la inscripción de una par-tición de herencia.
    No. 192.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Partición de Herencia — Bienes Privativos de uno de los Cónyuges — Venta de los Mismos — Deducción de su Importe al Liquidar la Sociedad de Gananciales. — Cuando como en el caso de autos, resulta que la esposa du-rante su matrimonio heredó ciertos bienes y los vendió recibiendo ella misma su importe, sin que conste que lo entregara luego a su esposo, -no es posible, al hacer la liquidación de la sociedad de gananciales por fallecimiento del marido, deducir el valor de dichos bienes.
    Id. — Bienes Parafernales de la Mujer — Administración de los Mismos por el Marido. — De acuerdo con el derecho antiguo, para que corresponda al marido la administración de los bienes parafernales de su mujer, es necesario que se le haga entrega de ellos señaladamente y con intención conocida de realizarla, y en caso de duda, debe deducirse que no hubo tal entrega, y que la administración de los bienes parafernales, no entregados del modo dicho al marido, corresponde a la mujer.
    Id. — Aprobación Judicial Cuando Hay Menores Interesados — Protocoliza-ción de la Partición Heceha en Documento Privado. — De acuerdo con la sección 71 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, de marzo 9, 1905, enmendada por Ley de marzo 8, 1906, página 182, cuando se hace una par-tición de herencia en documento privado y se somete a la aprobación judicial por haber menores interesados, la certificación expedida por el secretario de la corte de la divisoria y del-auto aprobándola, siempre que contenga todos los requisitos necesarios, es inscribible, sin que sea indispensable, el proto-colizar dicho documento en un protocolo notarial.
    Id. — Contribución de Herencia — Presentación del Recibo o del Certificado de Exención. — Guando los herederos, como en este caso, son únicamente los hijos y la viuda, la misma ley los declara exentos del pago de la contribución sobre herencia, y el hecho de que no se presente al registro el recibo del pago de dicha contribución, o el certificado de exención, no constituye defecto alguno que impida la inscripción de la partición de herencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El Registrador Sr. Felipe Cuchí compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentadas para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama las “Operaciones divisorias del caudal relicto al óbito de Don Tomás Villodas y Curet,” el regis-trador, el 24 de junio de 1914, se negó a inscribirlas por medio de la siguiente nota contra la cual se ha interpuesto el pre-sente recurso gubernativo. La nota dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento por los moti-vos siguientes: Io. Por falta de claridad en la redacción del mismo, pues si bien se expresa en la cláusula quinta página 3a. de dichas particiones que la viuda Doña Teresa Rovira y Tomás, adquirió estando casada con el cónyuge premuerto una finca tasada en 3,000 dollars, la cual finca fué adquirida por la viuda a título lucrativoy vendida por ella misma en 4,000 dollars a tercer persona, no se expresa que dicha'finca fuera entregada en concepto de parafernales al marido ya difunto, ni tampoco el importe de su venta, para que los herederos de éste tuvieran la obligación de devolverla; pues solo cuando los bienes parafernales se entregan al marido o cuando el importe de su venta exista en el dominio del marido, tiene éste o en su caso los herederos, obligación de devolverlos a la viuda.
“2°. Porque las operaciones particionales no están protocolizadas, ni vienen en forma que se puedan protocolizar, porque la sección 3a. de la Ley Hipotecaria prohíbe la inscripción de documentos priva-dos y el hecho de qae el Juez de la. Corte de Distrito de Guayama imparta su aprobación a unas particiones hechas en documento pri-vado no desvirtúa ni transforma la naturaleza de tales particiones que no han debido ser juradas ante ningún notario, porque la parti-ción de herencia es un contrato y en los contratos son nulos los jura-mentos.
“3°. Porque a pesar de tratarse de una herencia ocurrida con posterioridad a la vigencia del Código Político, no se presenta re-cibo de herencia o certificado de exención. No tomándose anotación preventiva de esta denegación por no haberlo querido el presentante Don Celestino Domínguez.”

Las operaciones divisorias de que se trata se llevaron a efecto privadamente por Doña Juana Villodas, mayor de edad, hija del finado; por Don Manuel Fernández, defensor de dos hijos del finado, menores de edad, y por la viuda Doña Teresa Rovira, y en ellas se hizo constar que los tres hijos y la viuda eran los únicos herederos del Sr. Villodas declara-dos así por la corte de distrito competente, por haber muerto Villodas sin otorgar testamento; que el Señor Villodas con-trajo tres matrimonios no quedando descendientes del pri-mero, dejando una bija, mayor de edad, del segundo, y dos bijos, menores de edad, del tercero; que no aportó bienes a su matrimonio con la Señora Rovira y que ésta, en constante matrimonio con el Señor Villodas, adquirió por herencia una finca valorada en tres mil pesos que se vendió luego en cuatro mil “que oportunamente recibió Doña Teresa.”

Hecho constar lo que antecede, se pasa en las operacio'nes a inventariar los bienes relictos al fallecimiento de Villodas y a tasarlos y adjudicarlos. Dichos bienes consisten en tres pequeñas fincas rústicas justipreciadas todas en- $1,950 y se adjudican a la viuda “en pago de los bienes propios vendi-dos durante el matrimonio.” Todo el caudal se destinó, pues, al pago de los expresados bienes, no existiendo por tanto en realidad de verdad herencia alguna que partir. En nin-guna parte de las operaciones se hace constar que el dinero obtenido por virtud de la venta de la finca heredada por la Señora Rovira y recibido por ésta, se entregara al adminis-trador de la sociedad de gananciales constituida por el Señor Villodas y la Señora Rovira.

Presentadas las operaciones a la Corte de Distrito de G-uayama, ésta les impartió su aprobación ordenando que “de' la petición y de dichas operaciones se libre copia certificada a1 los peticionarios para el uso de su derecho y que tal testimonio-sirva de título para la inscripción de las propiedades que en dichas operaciones se distribuyen y adjudican.” Se libró en efecto la copia, se presentó en el registro y ya hemos visto que el registrador se negó a inscribirla por los motivos que también conocemos.

1. A nuestro juicio, el primer motivo de la negativa del registrador, está bien fundado. No es posible-con los datos que se consignan en las operaciones, llegar a la conclusión de que está justificado el pago que en las mismas se hace a la viuda del Señor Villodas. Este falleció en Gruayama el 23 de noviembre de 1908. La finca adquirida a título lucrativo por la Señora Eovira lo fué el 6 de marzo de 1905. La fecfia ue la venta de dicha finca no se fija con exactitud en las opera-ciones, pero debió ser entre los años de 1905 y 1908. Du-rante todo ese período estuvo vigente el artículo 160 del Có-digo Civil revisado, tal como quedó enmendado en 1904, Leyes de 1904, p. 168, que dispone que “el marido y la mujer ten-drán el derecho de administrar y disponer libremente de sus respectivas propiedades particulares. Y si la Señora Eovira heredó durante su matrimonio con el Sr, Villodas una deter-minada propiedad inmueble y en uso de su derecho, recono-cido por la ley, dispuso libremente de ella y, según se con-signa expresamente en las mismas operaciones, recibió el importe de la venta, ¿cómo es posible-pretender cobrar dicho importe a la herencia del Sr. Villodas, si no consta que el Señor Villodas lo recibiera en forma alguna? ¿Cómo es posible al liquidar la sociedad de gananciales, tener en cuenta una suma que no aparece que fuera aportada a dicha sociedad?

Examinadas cuidadosamente todas las disposiciones de nuestro Código Civil vigente relativas a la sociedad de ganan-ciales y las reglas réferentes al contrato de sociedad en general, no encontramos ningún precepto que autorice la conten-ción de la recurrente en este caso. Y si investigamos el dere-cho antiguo, nos encontraremos como principio claramente' establecido que para que corresponda al marido la adminis-tración de los bienes parafernales de su mujer, debe hacér-sele entrega de ellos señaladamente y con intención conocida de realizarla, y en caso de duda, debe decidirse que no hubo tal entrega, y que la administración de los bienes parafer-nales, no entregados del modo dicho al marido, corresponde a la mujer. Véase el caso de Prado v. Sucesión Río, 15 D. P. R., 584, en el que se cita la jurisprudencia antigua y se resolvió que “no habiéndose probado la entrega de los bienes parafernales, no puede llegarse a la conclusión de que los bienes del esposo quedaron hipotecados legalmente y debe presumirse que lá esposa continuó administrando sus pro-pios bienes y que la reclamación qne bace ahora carece de fundamento. ’ ’

2. El segundo fundamento de la negativa, no está bien fundado, a nuestro juicio.

El Código de Enjuiciamiento Civil antiguo disponía que luego de aprobadas definitivamente las particiones y de pro-tocolizadas, podría darse a los partícipes que lo pidieren, tes-timonio de su haber y adjudicación respectivos. 4, Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, _ 515.

La Ley vigente en la actualidad (sec. 71 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, enmendada en 1906, Leyes de 1906, p. 182), prescribe que aprobadas definitivamente las particiones, cada» una de las partes interesadas tendrá derecho a una copia certificada del auto definitivo de la divisoria, que deberá contener todos los requisitos necesarios para la ins-' cripción en el registro de la propiedad, declarando tales docu-mentos títulos inscribibles. Cuando entre los herederos, como sucede en este caso, hubiere menores de edad, y los represen-tantes legales de los menores y los herederos mayores de edad estuvieren acordes respecto a la partición, no habrá nece-sidad de nombrar un contador partidor y los mismos intere-sados podrán presentar a la corte la divisoria del caudal que se haya hecho. La corte aprobará dicha divisoria, haciendo en ellas las modificaciones que estime oportunas y contra su resolución podrá apelarse para ante esta Corte Suprema. ■

Nada dispone la ley con referencia a que en el caso de veri-ficarse privadamente la partición haya necesidad de hacerlo por documento otorgado ante notario, y nada dispone tam-poco con respecto a la protocolización de las particiones. No exigiendo la ley dichos requisitos, nos parece que en el actual estado de derecho es bastante que los interesados’ puestos de acuerdo lleven a efecto la partición y la consignen en un docu-mento bien sea público o ya privado que someterán a la apro-bación de la corte de distrito. Y aprobada que sea por la corte, en la forma que dispone la ley, podrá inscribirse en el registro- por medio de copia certificada de la divisoria, y del auto aprobándola, siempre que contenga todos los requisitos necesarios para ello. El expediente original quedará archi-vado en la corte de distrito.

3. Tampoco está justificado el tercero de los fundamen-tos de la nota recurrida. Cuando los herederos, como en este caso, son únicamente los hijos y la viuda, la misma ley los declara exentos del pago de la contribución sobre herencias. Artículo 368 del Código Político. Este caso es distinto del que sirvió de base a la decisión de esta Corte Suprema en Díaz et al. v. El Registrador, 20 D. P. R., 413.

4. Por virtud de todo lo expuesto, procede la confirmación de la nota recurrida, pero sólo por el primero de sus funda-mentos.

Confirmada la nota recurrida por el primero de sus fundamentos y revocada en lo demás.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Matos, como Presidente del Partido "Unionistas de Ponce," Peticionario y Apelado, v. Siaca, Secretario Interino de Puerto Rico, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un ca'so de mandamus.

    No. 1197.
    Resuelto en sesión extraordinaria en octubre 9, 1914.
    Elecciones — Papeletas Electorales — Divisa.—De acuerdo con la ley, los par-tidos políticos organizados y que puedan organizarse en esta isla, deben usar una divisa en la papeleta electoral que identifique y distinga de las otras su propia candidatura.
    lc. — Papeletas Electorales — Divisas Prohibidas. — El escoger la divisa es fun-ción propia de cada partido, prohibiendo sólo expresamente la ley que se empleen como tal la bandera de los Estados Unidos, el escudo de Puerto Rico, el de los Estados Unidos, o alguna que a juicio del Secretario de Puerto Rico se asemeje demasiado a la que haya adoptado cualquier otro partido.
    ld. — Unionistas de Ponce — Divisa Adoptada. — La divisa presentada al Secre-tario de Puerto Rico por el Partido “Unionistas de Ponce” y que es objeto de este litigio, no está comprendida dentro de las expresas prohibiciones de la Ley Electoral.
    Id.-INTERPRETACIÓN" DE LEYES ELECTORALES-DESEO DEL LEGISLADOR — EXPRESIÓN de la Voluntad de la Mayoría. — En la interpretación de leyes regulando elecciones, debe tenerse presente el deseo del legislador que es la suprema ley bajo la constitución y el dar efecto a la voluntad expresa de la mayoría haciendo que cada elector pueda emitir su voto de acuerdo con los dictados de su propia conciencia.
    Id. — Política Pública — Cómo Debe Determinarse. — La política pública de un Estado o Nación debe determinarse por su constitución, sus leyes y sus reso-luciones judiciales, y no por las diferentes opiniones de legos, abogados o jueces con respeeto a las exigencias o intereses del público.
    Id. — Política Pública de Puerto Rico oon Respecto al Número de Emblemas Comunes a Todo El Pueblo en las Divisas Electorales — “Bandera de Puerto Rico.” — Examinada la historia de la vigente ley sobre la materia y deducida de ella con toda claridad la línea de condueta trazada por el legis-lador, no estando comprendida la llamada “Bandera de Puerto Rico” dentro de los emblemas comunes a todo el pueblo especificados en la misma, se resolvió, sin entrar a considerar si en realidad de verdad la dicha bandera podía o no calificarse de tal modo, que el Secretario de Puerto Rieo no estaba ■autorizado por la ley para negarse a inscribirla en las papeletas electorales como parte de la divisa escogida por el Partido “Unionistas de Ponce.”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado: Sr. Cay. Coll Cuchí.

    Abogado del apelante: Sr, Howard L. Kern, Attorney General Interino.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra nna sentencia de la Corte dé Distrito de San Jnan, Sec-ción Ia., dictada en nn caso de mandamus.

En sn solicitud alegó el peticionario lo qne signe:

“Io. Que el partido ‘Unionistas de Ponce” es una agrupación política, debidamente inscrita en el Departamento del Secretario do Puerto Rico con arreglo a la Ley Electoral, la cual ha presentado en dicho departamento una candidatura municipal para los cargos de alcalde, concejales y miembros de la Junta Escolar de Ponee en las elecciones que han de celebrarse en el mes de noviembre próximo.
"2°. Que cumpliendo con los preceptos de la Ley Electoral, el partido ‘Unionistas de Ponce,’ al archivar su petición en el Depar-tamento de Estado de Puerto Rico para quedar constituido como un partido político con capacidad jnrídiea ante el Gobierno Insular, presentó junto con su lista de candidatos la correspondiente divisa que ha de estamparse a la cabeza de su candidatura en la papeleta oficial donde constan codas las candidaturas .que luchen en las próxi-mas elecciones.
“3o. Que dicha divisa consiste en dos manos cerradas sosteniendo un asta con una bandera de cinco franjas y un triángulo con una estrella, llevando en la parte superior del asta una cruz; todo según está más gráficamente representado en el dibujo que se acompaña y hace parte de esta petición.
“4o. Que tanto la inscripción del partido como su candidatura han sido aceptadas por el Departamento del Secretario de Puerto Rico; pero la divisa anteriormente descrita ha sido rechazada sin causa ni motivo alguno porque según el Secretario de Puerto Rico, ‘ contiene la bandera que se llama' bandera de Puerto Rico, el pro-pósito de la cual es representar no a una parte del pueblo, sino a todo el pueblo.’
“5o. Que según la Ley Electoral ningún partido político podrá usar como emblema la bandera nacional ni el escudo de armas de Puerto Rico; y el Secretario de Puerto Rico está autorizado'para rechazar cualquier divisa que en su opinión es muy parecida a la ya adoptada por otro partido político.
‘ ‘ 6o. Que ni dentro del espíritu ni dentro de la letra de la sección 35 de la Ley Electoral puede ser rechazada la divisa ofrecida en cuanto a la bandera indicada, la cual ni es la bandera nacional, ni representa el escudo nacional ni de Puerto Rico, ni es la bandera' de parte del pueblo ni la bandera de todo el pueblo, sino simplemente una enseña sin significación política de ninguna clase, excepto la que pueda proporcionarle temporalmente su adopción como divisa por el partido ‘Unionistas de Ponce.’
“7o. Que según la Ley Electoral el Secretario de Puerto Rico solamente puede rechazar una divisa cuando se parezca a otra ya adoptada por otro partido político, o cuando contenga la bandera nacional o el escudo de Puerto Rico, siendo esa negativa a inscribirse la divisa a que nos venimos refiriendo ilegal e injustificada, estando por el contrario como está obligado a su aceptación por los términos imperativos de la ley.”

Archivada la solicitud, la Corte de Distrito dictó una orden señalando día para que la parte demandada compareciera a exponer las razones que tuviera para la no expedición del auto de mandamus. La parte demandada compareció en efecto y expuso en su contestación las que siguen:

“Io. En cuanto a lo consignado en el párrafo primero de la peti-ción, esta parte dice: que allá en uno de los días del.mes de agosto del corriente año, el peticionario presentó en la Secretaría de Puerto Rico una solicitud en la que se hacía constar la formación de un par-tido político en la ciudad de Ponce bajo la denominación de ‘Unio-nistas de Ponce/ así como los candidatos de dicha agrupación en ■las.próximas elecciones para los cargos de alcalde, concejales y miem-bros de la junta escolar de Ponee. Que sometió asimismo la divisa' que había de utilizar el citado partido, la que está formada por dos (2) manos cerradas que sostienen un asta con una bandera y una cruz.
“2o. Esta parte admite lo consignado en el hecho 2o. de la soli-citud de mandamus.
“3o. En cuanto al hecho 3o. de la petición, esta parte alega que la divisa sometida por el partido ‘Unionistas de Ponce/ está descrita en la petición del modo siguiente: ‘Hacemos constar que el nombre del factor político o partido que representamos es el de “Unionis-tas de Ponce” y constituye su divisa electoral dos manos sosteniendo la bandera que llamamos de Puerto Rico, en cuya asta aparece una cruz en su parte superior,' según el diseño al margen. ’
“Se acompañan certificaciones de dicha petición y divisa y se hacen parte de esta contestación. _ •
“4o. En contestación al hecho 4o. de la petición, el compareciente alega que archivó en la Secretaría dé Puerto Rico la candidatura sometida por el partido ‘Unionistas de Ponce/ pero no así la divisa, puesto que la misma está formada por una bandera que en la soli-citud de dicho partido sometida a la Secretaría de Puerto Rico, se dice que es la que llamamos bandera de Puerto Rico.’
“Esta parte sostiene que la citada divisa está en contra de la moral pública y en pugna con el interés y bienestar de los ciu-dadanos de Puerto Rico, puesto que el propósito de la misma es repre-sentar no a una parte del electorado, sino a todo el electorado, y no a una parte del pueblo, sino a todo el pueblo.
“Por tal motivo el compareciente, teniendo como tiene poder dis-crecional de hacerlo, se negó a aceptar el emblema a que se ha hecho referencia, según se desprende de la carta enviada al peticionario, y que se hace parte de esta contestación.
“5o. Se admite el hecho 5o. de la solicitud.
‘ ‘ 6o. Contestando al párrafo 6o. de la petición, el demandado alega: que admite que la bandera a que se viene haciendo referencia ni es la bandera nacional ni representa el escudo nacional o de Puerto Rico, pero niega que la misma está desprovista de toda significación.
“Alega el demandado que, de acuerdo con el espíritu de la Ley Electoral, el Secretario de Puerto Rico tiene poder discrecional para rechazar cualquier divisa de partido que esté en contra del interés y bienestar público, y esta parte sostiene que el emblema sometido por el partido 'Unionistas de Ponce’ está en contra del interés público por la razón de que dicho emblema tiene la bandera que los mismos peticionarios llaman 'de Puerto Rico,’ seguramente porque saben que así la llama una gran parte del pueblo, aunque no está aceptada por' ningún decreto legislativo ni es bandera oficial de Puerto Rico.
“Alega esta parte que de los términos en que aparece redactada la solicitud presentada por el partido ‘Unionistas de Ponce’ al Secre-tario de Puerto Rico para conseguir el archivo de dicha solicitud y la aceptación de la divisa a que se ha hecho referencia en el párrafo Io. de esta contestación, se desprende que el citado partido optó por tal divisa con el propósito de que la misma represente no a una parte del pueblo, sino a todo el pueblo.
“Sostiene el demandado que la divisa sometida por el partido ‘Unionistas de Ponee’ puede ser considerada como un emblema co-mún, cosa que traería como consecuencia que en la emisión del voto, fuera defraudado o engañado el elector iliterato, para cuya guía se insertan las divisas en las papeletas electorales.
“7o. En cuanto a lo consignado en el párrafo 7o. de la solicitud de mandamus, el compareciente alega y dice: que los motivos en que puede basarse el Secretario de Puerto Rico para rechazar cualquier divisa sometida por una agrupación o partido político no son sola-mente aquellos que se mencionan específicamente en la sección 35 de la Ley Electoral. El Secretario de Puerto Rico tiene poder dis-crecional para rechazar cualquier emblema o divisa sometida por una partida político, siempre que tal emblema o divisa esté en contra del espíritu de la Ley Electoral y en pugna con el bienestar e inte-rés público.
“Alega el demandado que, de acuerdo con el espíritu de la Ley Electoral, no estaba ni está en la obligación de aceptar la divisa a que se ha hecho referencia en el primer párrafo de esta petición, y, por tanto, niega que al rechazar la citada divisa a que se ha hecho referencia, cometiera el demandado una acción ilegal o injustifi-cada. ’ ’

Celebrada la vista, la corte de distrito consideró el caso y’ basándose en una opinión escrita, dictó sentencia decre-tando la expedición de un auto perentorio de mandamu,s ■.Contra el Secretario de Puerto Rico, ordenándole la inscrip-ción de la divisa adoptada por el Partido “Unionistas de Ponce,” en las papeletas electorales. Luego dicha senten-cia fué enmendada para conformarla con las minutas de la corte, de manera que. su parte dispositiva expresara que el auto debía dirigirse contra el Secretario “para que admita y registre en los récords de sus oficinas a los fines de la Ley Electoral, la divisa presentada por el partido ‘Unionistas de Ponce.’ ”

La cuestión a decidir, es, pues, a virtud de la apelación interpuesta por el demandado, la de si debe revocarse o confirmarse la sentencia apelada que resolvió que el Secre-tario de Puerto Rico tenía la obligación de admitir y registrar la divisa que escogiera y le presentara el partido polí-tico “Unionistas de Ponce.” Después de un detenido estu-dio, opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada.

Las papeletas electorales, dice la Cyclopedia, of American Government, volumen 1, página 652, se imprimen por la autoridad pública a expensas del tesoro público y el sis-tema australiano, o sea el de la votación secreta, está en fuerza en todos los Estados Unidos, con excepción de Georgia y la Carolina del Sur. Existen varias formas de papeletas dentro del sistema australiano. Primero, la llamada pape-leta de Massachusetts, en la cual los nombres de todos los .candidatos están agrupados siguiendo el orden alfabético, bajo el título de los diferentes cargos, de manera que el votante debe indicar cada candidato por quien vota. Se-gundo, la conocida por papeleta de columna (party column ballot); que permite al votante votar una candidatura sepa-rada haciendo una sola cruz en un círculo. Las otras for-mas de papeletas usadas en los Estados Unidos, son meras modificaciones del primero o de ambos de los modelos des-critos.

La misma obra, Volumen II, página 622, al tratar del ‘/círculo del partido,” se expresa así:

“La forma más popular de la papeleta electoral australiana es el tipo de columna. En esta papeleta se distribuyen los nombres de todos los candidatos de cada partido, poniéndose a los candidatos para iguales cargos en la misma línea horizontal en cada columna. En la parte superior de la columna se encuentra el círculo del par-tido que puede ser identificado por algún emblema del partido como también imprimiéndose el nombre sobre el mismo. El Partido Re-publicano generalmente emplea un águila; el Democrático, un gallo, y el Progresista Nacional, la cabeza de un ciervo, si bien el emblema varía en diferentes Estados. Entre los partidos secundarios por lo general aparece una variedad mayor. La impresión del círculo del partido proporciona un aliciente .directo para votar ‘toda la pape-leta,’ puesto que la marca que se haga en este espacio indica que se vota toda la columna. Aunque el esfuerzo necesario para ‘votar parte de la candidatura’ varía grandemente, dicho esfuerzo es siem-pre mayor que el que se requiere para ‘votar toda la papeleta.’ El Sr. Alien ha demostrado en su artículo sobre ‘Leyes referentes a papeletas electorales’ que cuando es fácil votar ‘parte de la candi-datura,’ se demuestra dos veces mayor habilidad a veces diez, que 'para votar ‘toda la candidatura.’ Para el analfabeta es indispensable el círculo del partido. En Denver una corpulenta irlandesa una vez tocó a una mujer que. se encontraba en la caseta próxima diciéndole al oído: ‘Yo soy demócrata.' ¿Debo poner mi marea sobre el gallo?’ ”

En Puerto Rico está también en vigor el sistema austra-liano y las elecciones se regulan por una ley aprobada en 1906, que lia sufrido luego diferentes modificaciones. La parte pertinente de dicha ley, a los efectos de este caso, está comprendida en su sección 35, que, tal como fué enmendada en 1908, dice así:

“Ningún partido empleará como divisa en la papeleta electoral la bandera nacional, el escudo de Puerto Rico o el de los Estados Unidos. No se empleará ninguna divisa que, a juicio del Secretario se asemeje demasiado a la que haya adoptado cualquier otro partido.
“Si un partido dejare de designar su divisa antes de la fecha en que el Secretario de Puerto Rico certificare los candidatos al Con-sejo Ejecutivo, dicho Secretario asignará una divisa a dicho partido para distinguirlo en las papeletas electorales oficiales.”

De acuerdo con la ley, los partidos políticos organiza-dos y que puedan organizarse en esta isla, deben usar una divisa en la papeleta electoral que identifique y distinga de las otras su propia candidatura. El escoger la divisa es función propia de cada partido, prohibiendo sólo expresa-mente la ley que se empleen como tal la bandera de los Esta-dos Unidos, el escudo de Puerto Rico, el de los Estados Uni-dos, o alguna que a juicio del Secretario de Puerto Rico se asemeje demasiado a la que haya adoptado cualquier otro partido.

Dentro de las expresas prohibiciones de la ley, no está, pues, comprendida la divisa presentada al Secretario de Puerto Rico por el Partido “Unionistas de Ponce.” Esta conclusión es tan clara que el mismo demandado la acepta. Sin embargo, como hemos visto, el demandado en su con-testación “sostiene que la citada- divisa está en contra de la moral pública y en pugna con el interés y bienestar de los ciudadanos de Puerto Rico, puesto que el propósito de la misma es representar no a una parte del electorado, sino a todo el electorado, y no a una parte del pueblo, sino a todo el pueblo.” Y sostiene, además, que habiendo ejercitado la facultad discrecional que alega que tiene para juzgar y decidir que la divisa presentada es contraria al interés y bienestar del público, su decisión no puede ser alterada por la corte dentro de un procedimiento de mandamus.

En el caso de Solá v. Carrel et al, 16 D. P. R., 706, 708, este tribunal hizo la siguiente cita tomada de 15 Cyc., 310:

“En la interpretación de estatutos regulando elecciones, es impor-tante tener siempre presente estos dos principios bien establecidos: Io. El deseo del legislador es la suprema ley bajo la Constitución, y la Legislatura puede prescribir los métodos que deben seguirse en la dirección de las elecciones y proveer que tales métodos y no otros deban observarse exclusivamente; y 2o. Puesto que la con-sideración primordial del Estado es dar e£.ecto a la voluntad expresa de la mayoría, está directamente interesado en que cada elector dé su voto de acuerdo con los dictados de su propia conciencia.” • ■

Veamos cuál fue la intención del legislador en este caso. En los Estatutos Revisados de Puerto Rico de 1902, sección 251 de los estatutos y 22 de la Ley Electoral, aparece entre otras prescripciones, las que siguen: “La divisa puede ser el diseño de una estrella, un águila o algún símbolo adecuado; pero no se usará como tal divisa ni el escudo de armas ni el sello de Puerto Rico, o de los Estados Unidos, ni la ban-dera nacional, ni ningún otro emblema común al pueblo en general.” Más tarde, en 1906, el legislador decretó una nueva ley electoral y por la sección 35 de la misma se limitó a disponer que: “Ningún partido empleará como divisa en la papeleta electoral la bandera nacional, el escudo de Puerto Rico o el de los Estados Unidos.” La proliibición del uso de “ningún otro emblema común al pueblo en general,” quedó omitida. . Por último, el propio legislador, en 1908, volvió otra vez a ocuparse de la materia de divisa y enmendó la sección 35 adicionando la prohibición de emplear divisas que, a juicio del Secretario de Puerto Rico, se asemejaran demasiado a cualquier otra que Rubiera sido adoptada por algún partido, y nada expresamente dijo con respecto al uso de emblemas comunes al pueblo en general.

En el caso de Enders v. Enders, 164 Pennsylvania State, 266, reportado en 44 A. S. R., 598, se dice: “La política pú-blica en la administración de la ley por los tribunales, es distinta de la que puede ser la de la legislatura. En lo que respecta a la Legislatura, puede ser y a menudo no es otra cosa sino una simple cuestión de conveniencia. La política pública que inspira la promulgación de las leyes, está deter-minada por la sabiduría de la Legislatura.”

Y en los casos de Hartford Fire Insurance Co. v. Chicago, M. & St. P. R. Co. (U. S.), 70 Fed., 201, 202; 30 L. R. A., 193; y United States v. Trans-Missouri Freight Association (U. S.), 58 Fed., 58, 59; 24 L. R. A., 73, citados en 6 Words and Phrases Judicially Defined, 5814, se establece la doc-trina de que “la política pública de xm Estado o Nación debe determinarse por sn constitución, sns leyes y sns resolu-ciones judiciales, y no por las diferentes opiniones de legos, abogados o jueces con respecto a las exigencias o intereses del público.”

La política publica de Puerto Eico en lo que se refiere al uso en las divisas electorales de emblemas comunes al pueblo en general, quedó, a nuestro, juicio, teniendo en cuenta la anterior doctrina y la historia de la ley, terminante-mente fijada por el poder que tenía la facultad de hacerlo: el legislativo. El legislador portorriqueño comenzó por especificar ciertos emblemas comunes a todo el pueblo, pero estimando que pudieran existir otros de la misma índole que hubieran escapado a su previsión, decretó la prohibición general del uso de emblemas comunes a todo el pueblo. Luego suprimió la cláusula general y circunscribió su pro-hibición al uso de los emblemas expresamente consignados, y al actuar así lo hizo con plenas facultades y, en tal virtud, la línea de conducta por él trazada es la que debe prevale-cer. Aceptar la teoría sustentada por el demandado, equi-valdría a sancionar el restablecimiento de la ley de 1902, o sea a reconocer en un funcionario del poder ejecutivo la facultad que solo tiene el poder legislativo en nuestro sis-tema de gobierno, y a sustituir nuestro juicio por el de la' Legislatura.

La cuestión en controversia en este caso está limitada a la objeción hecha por el Secretario de Puerto Eico 'al uso de la bandera que aparece en la divisa que le presentara el partido “Unionistas de Ponce,” bajo la base de que dicha bandera se intentaba usar no como el emblema de una parte del pueblo, sino de todo el pueblo. Siendo esto así y ha-biendo llegado a la conclusión'de que el uso de dicha bandera ni está prohibido expresamente en la ley, ni es' contrario a ia política pública de Puerto Eico fijada por el mismo legis-lador portorriqueño, no es necesario entrar a considerar y a resolver si el Secretario de Puerto Pico tiene o nó facul-tad discrecional de acuerdo con la ley para negarse a registrar divisas manifiestamente inmorales o contrarias abier-tamente al bienestar público. Sólo diremos que si tal clase de divisas se presentaran al Secretario y éste se negara a registrarlas y sus presentantes acudieran a las cortes en demanda de auxilio por. medio de procedimientos de mandamus, las cortes, en el ejercicio de su poder discrecional, se negarían seguramente a prestarles dicho auxilio. 23 Cyc., 146 y casos citados.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Hutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Wolf no formaron parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    Rossy et al., Peticionarios, v. Siaca, Secretario Interino de Puerto Rico et al., Demandados.
    Solicitud para que se expida un auto de mandamus al Secre-tario de Puerto Pico para que inscriba la candidatura municipal de San Juan del Partido Republicano Puerto-riqneño.
    No. 146.
    Resuelto en sesión extraordinaria en octubre 9, 1914.
   La resolución dictada en este caso se funda en los razo-namientos que habrían de exponerse en la opinión que emi-tiría posteriormente el tribunal, y con el fin de no demorar la impresión de este volumen, dicha opinión se insertará en el sitio que le corresponda, según la fecha en que sea emi-tida.


text:
    Zenón, Peticionario, v. López Acosta, Juez de Distrito, et al., Demandados.
    Solicitud para que se expida un mandamiento inhibitorio al Juez de la Corte de Distrito de Gnayama para pro-hibirle que haga ejecutar la sentencia dictada en un caso de injunction contra e] Consejo Ejecutivo en un asunto electoral.
    No. 13.
    Resuelto en sesión extraordinaria en octubre 13, 1914.
   La resolución dictada en este caso se funda en los razo-namientos que habrían de exponerse en la opinión que emi-tiría posteriormente el tribunal, y con el fin de no demorar la impresión de este volumen, dicha opinión se insertará eh el sitio que le corresponda, según la fecha en que sea emi-tida.


text:
    Santini, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao en un caso pro-cedente de la Corte Municipal de Caguas, sobre tercería de bienes muebles.
    No. 132.
    Resuelto en noviembre 6, 1914.
    Desestimación de Apelación- — Casos Originados en las Cortes Municipales— Transcripción de Autos Radicada Nuera de Término. — No procede deses-timar una apelación en una corte de distrito por el único fundamento de haber sido remitida la transcripción de autos por el secretario de la corte municipal después de transcurrido con exceso el término de veinte días que marca la ley de marzo il, 1908, sobre apelaciones contra sentencias dictadas por las cortes municipales en pleitos civiles, cuando la moción de desestima-ción se radiea después que se ha reeibido la transcripción de autos.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Ahogados del peticionario: Sres. Garlos Buitrago y Carlos Travecier.

    El demandado no compareció.
   resolución.

Por cuanto, con fecha 27 de agosto de 1914, fue presen-tada una solicitud por Juan Manuel Santini interesando la expedición de un auto de certiora.fi contra el Hon. ft. Cuevas Zequeira, Juez de la Corte de Distrito de Humacao.

Pon cuanto, según aparece de la misma solicitud, el único fundamento qu'e se refiere a cuestiones que fueron presen-tadas en la corte a quo y resueltas por ésta, es que dicha coite declaró sin lugar una moción para que se desestimara una apelación procedente de la Corte Municipal de Caguas en el caso civil No. 1268 de Pedro R. Batista v. Juan Manuel Santini et al., por haber sido remitida la transcripción de autos por el secretario de dicha corte municipal luego dé haber transcurrido con exceso el término de veinte días que señala la ley de marzo 11, 1908, para regular las apelaciones contra sentencias dictadas por las cortes municipales en plei-tos civiles.

PoR cuanto, según se desprende de la misma solicitud la moción solicitando la desestimación de la apelación fué registrada en la Corte de Distrito de Humacao después de haber sido recibida en la oficina del secretario de dicha corte la mencionada transcripción de autos.

Por tanto, visto el caso de Patxot v. Nadal et al., 19 D. P. R., 354, por analogía aplicable al presente caso, de que no procede desestimar una apelación luego de haber sido radicada la transcripción de autos, se declara sin lugar dicha solicitud de certiorari.

Denegada la solicitud de certiorari.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. "Wolf no formó parte del Tribunal al resolverse este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Soriano et al., Demandantes y Apelantes, v. Rexach et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre reivindicación y daños y perjuicios.
    Moción para eliminar la exposición del caso y pliego de excepciones de la transcripción de autos.
    No. 1221.
    Resuelto en noviembre 6, 1914.
    Pbóbkogas — Petición Hecha Antes de Vencido el Término — Concesión de la Prórroga Después de Vencida. — Una prórroga para presentar en la corte inferior la exposición del caso y pliego de excepciones pedida antes de ven-cerse el término, no es nula por baber sido concedida después de vencido dicbo término.
    Exposición del Caso — Pliego de Excepciones — Eliminación de Dichos Docu-mentos de la Transcripción de Autos. — No procede la eliminación de la exposición del caso y pliego de excepciones de una transcripción de autos por el único motivo de haber sido radicados dichos documentos dentro de una prórroga solicitada a tiempo y concedida después de vencido el término.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Luis Samálea Iglesias.

    Abogados de los apelados: Sres. Bosch & Soto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según aparece de la transcripción de los autos para esta apelación, la víspera de vencerse el término que la ley concede para presentar al juez de la corte sentenciadora el pro-yecto de exposición del caso y del pliego de excepciones, el apelante radicó en la secretaría de la corte una moción inte-resando que se le concedieran veinte días de prórroga con-tados desde la fecha de la petición, gracia que fné otorgada por el juez de la corte siete días después.

Posteriormente los apelados pidieron al juez que no apro-bara la exposición del caso que dentro del término de la pró-rroga había sido presentada porque, concedida .ésta des-pues que el término legal había expirado, era nula.' Esta moción fúé negada por la corté inferior y ahora se nos há presentado la parte ápeladá pidiéndonos que eliminemos la exposición del caso y pliego de excepciones que aprobó el juez, obrante en la transcripción de los autos que nos ha sido presentada para resolver la apelación, por el fundamento antes expresado de la nulidad de la prórroga.

Ya hemos dicho en el caso. de Gonzalez v. Acha, 19 D. P. R., 1211, que las prórrogas deben solicitarse antes de vencer el término cuya prórroga se interesa. En el presente caso el 'apelante cumplió con este requisito y el hecho de que el juez la concediera después de vencer el término en nada afecta al apelante. La presentación de tal moción en tiempo oportuno ■ al juez o al secretario de la corte fué suficiente para que' el juez pudiera ejercer su facultad discrecional.

La moción debe ser desestimada.

Denegada la moción.

Jueces' concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no formó parte del Tribunal en la' vista' de' esta moción.


text:
    Carrillo, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de un expe- . diente posesorio.
    No. 202.
    Resuelto en noviembre 6, 1914.
    Calificación de Documentos — Facultades de los Registradores-Apreciación de la Prueba Presentada en un Expediente Posesorio. — -Un registrador de. la propiedad en. Puerto Rico.no atiene facultad para revisar la apreciación de las pruebas hecha por un juez competente, a los efectos de la aprobación de un expediente posesorio.

      Id. — Expedientes Posesorios — Investigación por el Registrador de la Tra- . aiitación y Preceptos' Esenciales, para su Validez — Alcance de la Opi-nión en el Caso de Fernández v. El Registrador, 17 D. P. R., 1061.— La facultad que tiene el registrador para investigar antes de inscribir un expediente posesorio, por el examen del mismo, si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales que la ley requiere para que sea válido, según doctrina sentada en el caso de Fernández v. El Registrador, 17 D. P. R., 1061, no puede servir de base para denegar la inscripción de un expediente posesorio porque uno de los testigos que declaró en el mismo manifestó que ■no le constaba si el promovente estaba en posesión de la finca, pues esto equivale a revisar la apreciación de las pruebas hecha por el juez que aprobó el expediente posesorio.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González.

    El registrador, Sr. Miguel Planellas, compareció por es-crito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Cirilo Carrillo Ortiz instó en la Corte de Distrito de Hnma-cao un expediente para acreditar la posesión en concepto de dueño de cierta finca rústica situada en el barrio de Can-delero Abajo, del término municipal de Humacao. Segui-dos los trámites marcados por la Ley Hipotecaria y apro-bado el expediente por la corte, se presentó para su inscrip-ción en el registro de la propiedad del distrito, habiéndose el registrador negado a verificar la inscripción solicitada, por medio de la siguiente nota, contra la cual se interpuso por la parte interesada el presente recurso gubernativo. La nota dice así:

“Denegada la inscripción del presente documento porque el tes-tigo Don Julio D. Guzmán manifiesta en su declaración que no le consta si el promovente está en posesión de la finca objeto del expe-diente, no ajustándose, por tanto, la información, a lo que preceptúa la regia 3a., párrafo 5°. del artículo 391 de la Ley Hipotecaria; to-mándose en su lugar la correspondiente anotación por 120 días a favor del promovente Cirilo Carrillo Ortiz, en el tomo 22 de Huma-cao, al folio 118, vuelto, finca No. 445, duplicado, anotación letra A; y además, se hace constar a los afectos del artículo 393 de la Ley Hipotecaria, que, habiéndose examinado el registro, - resulta por los antecedentes del mismo que la finca objeto del expediente forma parte de la número 445, duplicado, al folio 114 del tomo 22 de Humacao, compuesta de 28 cuerdas 37 centavos e inscrita en cuanto a una mitad indivisa.de la misma a favor de Julio Guzman'y Toro, y en cuanto a la otra • mitad a favor de Dolores López Martínez, casada con Pedro Más Fonolledas. Humacao, 17 agosto de 1914. El registrador, Miguel Planellas.”

El segundo extremo a que se refiere la nota del registra-dor que liemos transcrito, no es objeto del recurso. El pro-pio recurrente consigna en su alegato que seguirá el proce-dimiento marcado en el artículo 393 de la Ley Hipotecaria. La cuestión a estudiar y a resolver queda, pues, limitada al primer motivo de la nota.

El registrador, como fiemos visto, funda su negativa a inscribir el expediente posesorio, en que uno de los testigos que declaró en el mismo manifestó que no le constaba si el promovente estaba en posesión de la finca. Habiendo en consideración lo expuesto y antes de entrar a considerar y a resolver si la conclusión del registrador está o no bien dedu-cida, surge la cuestión previa que sigue: ¿Tiene un regis-trador de la propiedad en Puerto Rico facultad para revi-sar la apreciación de las pruebas fiecfia por un juez compen-, tente, a los efectos de la aprobación de un expediente pose-sorio ?

A nuestro juicio se impone una respuesta negativa, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia.

En el caso de Ramírez v. El Registrador, 16 D. P. R., 348, 349, esta corte, por medio de su Presidente Sr. Hernán-dez, dijo:

“El artículo 18 de la Ley Hipotecaria otorga a los registradores la facultad de calificar bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por la autoridad judicial; pero dicha facul-tad no les autoriza examinar los fundamentos de las resoluciones judiciales, ni apoyarse en la apreciación que hagan de la legalidad de esos fundamentos para el efecto de denegar la inscripción o ano-tación, por más que les sea permitido considerar si se han dictado con la necesaria competencia y en el correspondiente juicio, según doctrina establecida por la Dirección General de los Registros de España, en resoluciones de 10 de abril y 7 de junio de 1876, 19 de enero de 1877, 22 de diciembre de 1882, 18 de diciembre de 1883, 27 de abril y 5 de mayo de 1894, y 27 de septiembre de 1897 y 6 de octubre de 1900.
“Y no puede menos de ser así, pues los fundamentos de las reso-luciones judiciales y entre ellos el muy importante de la apreciación de las pruebas están sometidas a la sabiduría y rectitud de los tribunales de justicia, que giran en una esfera completamente indepen-diente de la de los registradores de la propiedad.
“Si la Corte de Distrito de Guayama cometió error al aprobar la información de dominio de' que se trata, no puede decidirlo el registrador de dicbo distrito, sino la autoridad judicial en el juicio correspondiente promovido por quien se creyera agraviado.”

El registrador recurrido cita en su apoyo la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Fernández v. El Registrador, 17 D. P. R., 1061, 1062. En dicho caso, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó así:

“El párrafo segundo del artículo 18 de la Ley Hipotecaria con-fiere a los registradores de la propiedad la facultad de calificar todos los documentos expedidos por la autoridad judicial, y como conse-cuencia de ella, pueden calificar si el juez era competente por razón de la materia, la naturaleza y efectos de la resolución judicial; si ésta se dictó en el juicio correspondiente; si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales para su validez y si la resolución judicial contiene todas las circunstancias que según la Ley Hipo-tecaria son necesarias para que pueda practicarse la inscripción.”

Como se ve, la doctrina sentada en el caso que antecede, es la misma que la establecida en el de Bamírez que citamos anteriormente. El registrador en su alegato no da las razo-nes por virtud de las cuales entiende que el caso de Fernán-dez sostiene su negativa, limitándose a subrayar las siguien-tes palabras contenidas en el párrafo que dejamos trans-crito: “si en él se observaron los trámites y preceptos esen-ciales para su validez.” Dichas palabras no pueden, a nues-tro .juicio, servir de base a la nota recurrida, porque la facul-tad que tiene el registrador para investigar antes de inscri-bir un expediente posesorio, por el examen del mismo, si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales que la ley requiere para que sea válido, no comprende en modo alguno la revisión de la apreciación de las pruebas practi-cadas hecha por el juez, y el acto realizado por el registra-dor en este caso sólo es en realidad de verdad una revisión de la apreciación de las pruebas contenida en la resolución final dictada por el juez de la Corte de Distrito de Humacao, en el expediente posesorio de que se trata.

Debe revocarse la nota recurrido en cuanto se funda en la infracción de la regla 3a., párrafo 5 del artículo 391 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio de que se dé cumpli-miento al artículo 393 de la misma ley.

Revocada la nota recurrida en la parte apelada.

Jueces concurren les: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no formó parte del tribunal al resolverse este recurso.


text:
    Parker, Demandante y Apelado, v. Oller, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso de desahucio en precario. Moción para que se desestime la apelación.
    No. 1241.
    Resuelto en noviembre 13, 1914.
    Desestimación de Apelación — Exposición del Caso. — La falta de exposición del caso no es fundamento por sí solo suficiente para desestimar una ax>e-laeión.
    Abogado del apelado: Sr. O. M. Wood.

    El apelante no compareció.
   RESOLUCIÓN.

Habiendo el tribunal considerado detenidamente la mo-ción presentada por la parte apelada para que se desestime esta apelación por el único fundamento de baber expirado la prórroga que le concedió el tribunal sentenciador para presentar la exposición del caso, sin que baya sido presen-tado dicbo documento, y no siendo este fundamento por sí solo bastante para desestimar una apelación, de acuerdo con la doctrina séntada por este tribunal en el caso de Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila & Co., 17 D. P. R., 1008, y Monge v. Central Vannina, 19 D. P. R., 1254, resuelve el tribunal denegar dicba moción sin perjuicio de los derechos de las partes.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tribunal en la vista de esta moción.


text:
    Urriza, Demandante y Apelada, v. Negrón, Demandada y Apelante y Herederos Desconocidos de Mariano Villanúa.
    Apelación procedente "de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre nulidad de contrato, de ma-trimonio, sobre divorcio y liquidación de sociedad de ga-nanciales.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. -.
    Resuelto en noviembre 13, 1914.
    Desestimación be Apelación — Escrito de Apelación — Ealta de Notificación a una Parte Contraria. — Por regla general las mociones de esta naturaleza exigen un examen amplio de los méritos del caso para poder determinar si la parte a quien no se le ha notificado el escrito de apelación es realmente una parte contraria que pueda ser' afectada, o nó por la resolución que se dicte, y este estudio se hace mejor después que ha sido radicada la transcrip-ción de autos y se oye a ambas partos en la vista del recurso en el fondo, y por tanto procede denegar la moción sin perjuicio de considerar esta cuestión cuando se resuelva el recurso.
    Abogados de la apelada: Sres. Alvares Nava <$> Dominguez y Franciso de la Torre.

    Abogados de Francisca Negrón: Sres. José de Diego y Luis Méndez Vaz.

   RESOLUCIÓN.

Por cuanto, la demandante y apelada ba presentado una moción solicitando la desestimación de esta apelación por no baber sido notificado el escrito de apelación a los herederos desconocidos de Mariano Yillanúa;

Por cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por este tribunal en los casos de Sucesión Igaravídez et al. v. Sucesión Gallart et al., 17 D. P. R., 1213; Sucesión Igaravídez et al. v. Rubert Hermanos et al., 20 D. P. R., 155, y Caldelas v. Ramírez et al., 20 D. P. R., 33, por regla general las mociones de esta naturaleza exigen un examen amplio de los méritos del caso para poder determinar si la parte a quien no se lo ba notificado el escrito de apelación es real-mente o na parte contraria que pueda ser afectada o nó por la resolución que se dicte, y este estudio se bace mejor des-pués que ba sido radicada la transcripción de autos y se oye a ambas partes en la vista del recurso en el fondo;

Por tanto, el tribunal resuelve, de acuerdo con la juris-prudencia citada, denegar dicba moción sin perjuicio de con-siderar esta cuestión en el acto de la vista del recurso.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tribunal en la vista de esta moción.


text:
    Belaval, Demandante y Apelado, v. Todd, Alcalde de San Juan, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,' Sección Ia., en un- caso de mandamus.

    Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    No.-.
    Resuelto en noviembre 16, 1914.
    Desestimación de Apelación — Regla 59 de Este Tribunal; — La regla 59 invo-cada en este caso como fundamento de la moción de desestimación de la ape-lación, abarca tres motivos fundamentales para desestimar una apelación, a saber: que no haya sido proseguida por el apelante con la diligencia debida, o de buena fe, o que sea frívola. Y se resolvió que ninguno de estos motivos se ha probado plenamente que exista en este caso.
    Id. — Diligencia del Apelante — Petición de Vasias Prórbogas para Presentar la Exposición del Caso. — Aun cuando las circunstancias de no pedir la parte apelante las notas al taquígrafo hasta el 8 de junio, habiendo establecido esta apelación el 24 de mayo de 1914 y de no insistirse y esperar hasta él mes de septiembre en que fueron entregadas y de no presentarse la exposición del caso dentro del'amplio término concedido y solicitarse para ello nuevas prórrogas, revelan muy poca o ninguna actividad por parte del apelado en la preparación del reeurso, no constituyen por sí solas prueba plena de la falta de diligencia que exige la regla 59 de este tribunal para desestimar una apelación por ese único fundamento.
    Id. — Moción Eundada en la Regla 59 de Esta Corte — Prórrogas Indefini-das. — Fundada una moeión para desestimar una apelación en la regla 59 de esta corte, no cabe resolver dentro de esa moción la cuestión planteada por el apelado de que es nula una prórroga de 30 días contados a partir de la entrega de las notas del taquígrafo, porque el término fijado no es definido.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelado: Sres. Horacio 8. Belaval j Eduard,o Acima.

    Abogado del apelante: Sr. Ramón Falcón.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelado, por medio de sus abogados, presentó una moción a esta corte solicitando la desestima-ción del recurso de acuerdo con lo dispuesto en la regla 59 de las de este tribunal.

Dicba regla dice así:

“Espirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas con-cedidas por la corte inferior, el tribunal a discreción podrá deses-timar una apelación que no haya sido anteriormente registrada en este tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con 'la diligencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

Eu el caso de Vega et al. v. Rodríguez et al., 19 D. P. R., 1003, 1004, este tribunal interpretó la regla transcrita del siguiente modo:

“Para que esta corte pueda desestimar una apelación de acuerdo con la regla 59, no basta el mero transcurso de noventa días desde la interposición del recurso sin que se haya radicado la transcripción de autos en esta corte, sino que debe probarse además que la apela-ción no se ha proseguido con la debida diligencia, o de buena fe, o que es frívola.”

En el caso que está sometido a nuestra consideración re-sulta de los documentos presentados que se estableció la ape-lación el 24 de mayo de 1914, que el 29 de mayo de 1914 se solicitó y se obtuvo una prórroga de treinta días contados a partir de la entrega de las notas taquigráficas para archi-var el pliego de excepciones; que la corte sentenciadora co-menzó su período de vacaciones el Io. de junio de 1914 y lo terminó el 31 de julio de 1914; que las notas del taquígrafo fueron entregadas a la parte apelante el 8 de septiembre de 1914; que el 2 de octubre de 1914 el apelante solicitó una nueva prórroga de treinta días y le fue concedida una de quince contados a partir del 8 de dicho mes; que el 20 de octubre de 1914 la parte apelante solicitó otra nueva prórroga de diez días y le fué concedida una de cinco; que la parte apelada, que basta entonces no babía becbo objeción alguna, el 26 de octubre de 1914 presentó una moción a la corte sen-tenciadora pidiéndole que reconsiderara sus órdenes ante-riores y dejara sin efecto la primera y subsiguientes pró-rrogas concedidas al apelante. Argumentada dicha moción ante la corte sentenciadora, fué declarada sin lugar el 28 de octubre de 1914. También resulta de los documentos presentados, que basta el 8 de junio de 1914 la parte deman-dada y apelante no solicitó del taquígrafo las notas por él tomadas en el acto de la vista.

La parte promovente de la moción que estamos conside-rando no ba intentado demostrar siquiera que la apelación interpuesta en este caso sea frívola. Su contención se, basa en la falta de diligencia y tal vez en la mala fe de la parte apelante. Con respecto a. la mala fe, no bay prueba alguna, y con respecto a la falta de diligencia, aun cuando en ver-dad las circunstancias de no pedirse las notas al taquígrafo basta el 8 de junio, de no - insistirse y esperar basta el mes de septiembre en que fueron entregadas y de no presentarse la exposición dentro del amplio término concedido y solici-tarse para ello nuevas prórrogas, revelan muy poca o nin-guna actividad por parte del apelante en la preparación del recurso, no constituyen una prueba plena de la falta de dili-gencia que nuestra regia exige para que tomando tal becbo y solamente tal becbo como base pueda desestimarse un re-curso de apelación sin entrar a considerarlo en su fondo, tanto más cuanto que sometido el caso a la corte sentencia-dora, qne estaba indudablemente en mejores condiciones que nosotros para juzgarlo, fué decidido en contra -del deman-dante.

En su moción y en su alegato en apoyo de la misma, la parte demandante y apelada levanta y argumenta una impor-tante cuestión de derecho, a saber: la de que, a su juicio, 4a piórroga de treinta días contados a partir de la entrega de Jas notas del taquígrafo que se concediera por la corte de distrito al apelante, es nula porque el término fijado no es definido.

Tal y como lia sido planteada la petición de desestima-ción del recurso, no cabe discutir ni por consiguiente resolver la cuestión a que nos liemos referido en el párrafo que antecede.

La regla 59 invocada abarca tres motivos fundamentales para desestimar una apelación, a saber: que no baya sido proseguida por el apelante con la diligencia debida, o de buena fe, o que sea frívola. Ya fiemos visto que ninguno de esos motivos se fia probado plenamente que exista en este caso.

Si se resolviera de conformidad con el peticionario que la prórroga de treinta días contados a partir de la entrega de las notas taquigráficas era nula; entonces tendríamos que •concluir no que se fiabía dejado de proseguir el recurso con la debida diligencia o buena fe, sino que no existía exposi-ción del caso alguna que pudiera considerarse válidamente por este tribunal en esta apelación, y el estado de derecho del asunto sería, en tal virtud, completamente distinto.

Limitándonos, pues, a decidir la cuestión, tal y como fia sido planteada, opinamos que debe declararse sin lugar la moción del demandante y apelado pidiendo la desestimación del recurso, sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a dicha parte.

Denegada la moción sin perjuicio de los dere-chos de la parte.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tribunal en la vista de esta moción.


text:
    León et al., Demandantes y Apelados, v. Brusi, Juez Municipal, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en nn procedimiento de certiorari en nn caso de desa-hucio.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la ape-lación por haberse interpuesto ésta fuera del término legal.
    No. 1223.
    Resuelto en noviembre 20, 1914.
    Desestimación de Apelación — Certiorari—Término para Apelar. — El recurso de certiorari es un procedimiento especial a los efectos del párrafo 1°. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por ley de marzo 11, 1908, y el término para apelar para ante el Tribunal Supremo contra una resolución definitiva de la' corte de distrito es de 30 días, no procediendo la desestimación de la apelación por no haberse interpuesto ésta dentro de 10 días después de notificada la sentencia.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogados de los apelados: Sres. Rafael López Landrón y Juan Gregory.

    El apelante compareció por escrito en nombre propio.
   RESOLUCIÓN.

Por cuanto la parte apelada ha presentado ante este tribunal una moción para que se desestime la apelación en el caso arriba' expresado, por haber sido presentado él escrito de apelación contra la sentencia definitiva veintiséis días des-pués de dictada la misma.

Por cuanto el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por ley de marzo 11, 1908, en su párrafo Io. determina que podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra resoluciones de las cortes de distrito pronunciadas en pleitos o procedimientos especiales dentro de un mes de haberse registrado la sen-tencia.

Pob cuanto el recurso de certiorari es un procedimiento especial comprendido en el referido párrafo según lia sido resuelto por este tribunal en el case de The American Railroad Co. of P. R. v. La Corte Municipal, 16 D. P .R., 242.

Pon tanto, habiendo sido presentado el escrito de apela-ción dentro del término a que dicho párrafo se refiere.

Se declara sin lugar la moción de la parte apelada para que se desestime esta apelación.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Falcó, en Representación de su Hijo Menor, Peticionaria, v. Hernández, Secretario del Tribunal Supremo, Demandado.
    Solicitud para que se expida auto de mandamus al secre-tario del Tribunal Supremo para que certifique grátis una transcripción de autos de un caso apelado a la Corte Su-prema de los Estados Unidos.
    No. 147.
    Resuelto en noviembre 23, 1914.
    Pobreza — Resoluciones de las Cortes de Distrito Concediendo el Derecho de Litigar Como Pobre — Sus Efectos para con el Secretario de la Corte ' Suprema. — Las resoluciones -de las cortes de distrito concediendo el derecho de litigar como .pobre, solo relevan a dicha parte del deber de pagar los derechos devengados ante ellas, de acuerdo con la ley de 10 de marzo de 1904, página 116, pero no tienen el alcance de obligar al secretario de esta Corte Suprema a que deje de cobrar los derechos que determina la ley de 12 de marzo de 1908, página 71.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria: Sr. Fernando Vázquez.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión 'del tribunal.

Eosa Falcó, en representación- de -un Rijo suyo menor de edad, inició un pleito ante el Tribunal de Distrito de Maya-guez, quien le concedió el derecho de litigar como pobre reci-biendo gratuitamente los servicios del tribunal. Traído el pleito ante nosotros en grado de apelación y siéndole con-traria nuestra sentencia, ha interpuesto recurso de apela-ción para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Alegando estos hechos y que el secretario de este tribunal íe exige la cantidad de 32 pesos en sellos de rentas para adherirlos a la certificación de la transcripción de la apela-ción que ha de librar para ser presentada en el tribunal de apelación, solicita que expidamos un auto perentorio de mandamus por el que obliguemos al secretario a autorizar la transcripción sin cobrar cantidad alguna por sus servicios.

La ley de 10 de marzo de 1904, referente a los derechos y compensación de ciertos funcionarios, al determinar las cantidades que el secretario del tribunal de distrito y el már-shal podrán legalmente cobrar por los servicios que pres-taren en el cumplimiento de los deberes que la ley les im-' pone, concedió al juez la facultad de relevar del pago de ellos a las partes en las acciones civiles 'cuando se le justificare la imposibilidad de pagarles y que tienen una buena causa de acción o de defensa. Así, pues, de acuerdo con tal ley, la resolución del Tribunal de Distrito de Mayagüez no tiene más alcance que el de relevar a Eosa, Falcó del pago de los derechos en ella mencionados que se devenguen en dicho tribunal, por lo que no puede obligar esa resolución al secre-tario de este tribunal ni podemos apoyarnos en ella para compelerle a que autorice ia transcripción sin cobrar la can-tidad que reclama.

Además, los derechos que cobra nuestro secretario no han sido establecidos por la ley antes mencionada, sino por la posterior de 12 de marzo de 1908 fijando determinados dere-chos, sin que exista disposición legal alguna que autorice a este tribunal para eximir de su pago.

La solicitud de mandamus debe ser negada.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


text:
    Parker, Demandante y Apelado, v. Oller, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso de desahucio en precario.
    Moción de. la parte apelada para que se desestime la apela-ción y moción de la parte apelante para que se le permita radicar la transcripción de autos.

      No. 1241.
    Resuelto en noviembre 27, 1914.
    Desestimación de Apelación — Transcripción de Autos Radicada Después de Notificada la Moción. — Procede la desestimación de una apelación cuando la transcripción de autos ha sido radicada después de la fecha en que fué notificada la moción sobre desestimación de la apelación.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogado del apelado: Sr. O. M. Wood.

    Abogado del apelante: Sr. Artemio P. Rodrigues.

   RESOLUCIÓN.

Por cuanto, la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, con fecha 24 de septiembre de 1914, dictó senten-cia en este caso la cual fué apelada por el demandado el 29 del mismo mes, sin que se haya presentado para su aproba-ción proyecto de exposición del caso.

Por cuanto, la parte apelada ha solicitado la desestima-ción de esta apelación por no haberse radicado en este tribunal la transcripción de autos a pesar de haber expirado el término .para ello, sin que se haya pedido prórroga al-guna, cuya moción de desestimación^ fue radicada en este tribunal el 16 de noviembre corriente y notificada a la parte contraria el mismo día, habiéndose señalado su vista para el 23 de noviembre corriente.

PoR cuanto, la parte apelante el mismo día 23 del co-rriente radicó la transcripción de autos compuesta de nueve páginas escritas en maquinilla, y momentos antes del acto de la vista radicó una moción acompañada de una declara-ción jurada en la cual alega como motivos para no haber pre-sentado oportunamente dicha transcripción ocupaciones pre-ferentes del taquígrafo de la corte inferior que impidieron, a éste preparar oportunamente el récord y además la circuns-tancia de haberse copiado» la transcripción con error consis-tente en haberse incluido una sentencia que no era la del caso, por todo lo cual pide a este tribunal que se le admita la transcripción de autos y se desestime la moción de deses-timación del recurso.

Pos cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada en el caso de Diez v. Vélez et al., 16 D. P. R., 851, y el artículo 58 del reglamento de este tribunal, procede la desestimación de una apelación cuando la transcripción ha sido radicada después de la fecha en que fué notificada la moción sobre desestimación de la apelación.

Pon tanto, vistos los artículos 299, enmendado por Ley No. 70 de marzo 9, 1911, y 303 del Código de Enjuiciamiento. Civil, y 40, 58 y 60 del reglamento de este tribunal, se deses-tima la apelación-interpuesta por el demandado José Oller Díaz contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, el 24 de septiembre de 1914,-y comuniqúese al tribunal sentenciador a los efectos pro-cedentes.

Desestimada la apelación y denegada la mo-ción del apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramírez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    Moción del abogado del acusado haciendo constar que éste falleció el 12 de octubre de 1914.

      No. 702.
    Resuelto en noviembre 30, 1914.
    MUERTE DEL ACUSADO — EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL — DESESTIMACIÓN DE LA Apelación. — La acción penal se extingue por fallecimiento del acusado y en su virtud carece de finalidad .práctica la continuación y decisión del recurso interpuesto por el mismo, debiendo éste desestimarse.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogado del Pueblo: iSr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado del acusado: Sr. Francisco González.

   RESOLUCIÓN.

Por cuanto el acusado Octavio Ramírez, condenado por la Corte de Distrito de Humacao por sentencia de 1 de mayo de 1914 a la pena de un año de presidio con trabajos forza-dos como culpable del delito de abuso carnal de menores, falleció en la ciudad de Humacao el clía 12 de octubre de 1914, según declaración jurada presentada por su abogado Francisco G-onzález, estando aún pendiente de señalamiento para vista el recurso de apelación que el mismo había interpuesto -contra dicha sentencia.

Por cuanto, la acción penal se extingue,por fallecimiento <del acusado y en su virtud carece de finalidad práctica la continuación y decisión de este recurso.

Por tanto,' de acuerdo con la jurisprudencia sentada por este tribunal en los casos de El Pueblo v. Rivera, 18 D. P. R., 1101; Ex parte Sánchez et al. v. El Pueblo, 20 D. P. R., 117; Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D. P. R., 86; El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Cía., 17 D. P. R., 881; San Juan Hippodrome Co. v. Comisión Hípica Insular, 21 D. P. R., 1, y Post et al. v. Veve et al., 21 D. P. R., 32, se desestima el presente recurso con las costas de oficio; y comnníqnese a la Corte de Distrito de Hnmacao a los fines procedentes.

Desestimada de oficio la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.