author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Teófilo Marxuach Plumey, demandante y apelado, v. Carolina Acosta y Acosta, demandada y apelante.
    No. 4475

    Sometido: Diciembre 13, 1928.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      M-. Acosta Velarde, abogado de la apelante; M. Tous Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, la demanda presentada por Teófilo Marxuach Plumey contra Carolina Amelia Acosta, ante la Corte de Distrito de San Juan, contenía las alegaciones esenciales que vamos a reseñar: que el demandante y la demandada habían contraído matrimonio, en 24 de febrero de 1906, y, por virtud de sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, de fecha 27 de diciembre de 1923, habían quedado divorciados; que el demandante, en 27 de diciembre de 1923 era dneñ'o, con carácter privativo, de las fincas y bienes que describe, y qne, en extracto y resumen, son: (a) nn condominio de $7,000 en el total valor de $9,000 de la casa No. 42 de la calle de la Cruz, en San Juan, P. R.; (b) una casa de mampostería y azotea, con el número trece y medio de la calle del General Contreras, antes del Sol, en San Juan, P. R.; (c) otra casa de mampostería y azotea, de dos plantas, con el número 127 de la calle del General Contreras, antes del Sol, en San Juan, P. R.; (d) otra casa, de piedra y azotea, con solar, y con el número 139 de la calle del General Contreras, antes del Sol, en San Juan, P. R. Alegó como una segunda causa de acción: que la sociedad de gananciales que tuvo con la demandada, era en 27 de diciembre de 1923 dueña de las siguientes fincas: (A) solar y casa terrera de madera en el Condado, Barrio de Santurce, término de San Juan de Puerto Rico; (6) solar y casa de dos plantas, de concreto, en el mismo barrio de Santurce: que ambas fincas devengan renta, que señaló. Como tercera causa de acción alegó: que la sociedad de gananciales que tuvo con la demandada, para adquirir las fincas casa en la calle de Wilson, y solar en la calle de España, y construir la casa en este último, contrató préstamo con el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, por $5,800, con el mismo un pagaré por $1,900, debiendo asimismo al Banco Popular $1,000 y a Merino Rodríguez & Hermanos $850: que asimismo se adeudan al American Colonial Bank of Porto Rico $3,000', y al Sr. José Montilla $6,187, como consecuencia de ciertas obras hechas por el demandante en sociedad con aquel señor. Como cuarta causa de acción alegó que la sociedad de gananciales a que se refiere se halla sin liquidar, y sin que se logre acuerdo para la liquidación: que por orden de la corte viene pasando a la demandada $300 mensuales. Y pidió que se declarara su propiedad privativa sobre las fincas que como de tal clase señala y sus rentas desde 27 de diciembre de 1923; que se declararan el activo y el pasivo de la dicha sociedad de gananciales, conforme a los bienes y deudas que alegó: que se proceda a la liquidación de dicha sociedad nombrándose un contador partidor para ese fin; y que se impongan las costas a la demandada, si se opusiera a la demanda.

La demandada en su contestación, y en lo que afecta a lo esencial de las causas de acción, negó que el demandante sea dueño, con carácter privativo, de las fincas que en la demanda señala o describe, y negó la valoración que a las mismas se asigna en la demanda, como la que se da a las descritas en la segunda causa de acción, y que la sociedad de gananciales no tenga otros bienes que los allí enumerados; negó que los préstamos a que el demandante se refiere, fueran contraídos para comprar las fincas de que hace mérito, y que la sociedad de gananciales tenga las deudas alegadas; y asimismo que el demandante haya cumplido con la orden de la corte en cuanto a entregar a la demandada $300 mensuales. T en contrademanda presentó las alegaciones en cuanto a matri-monio y divorcio entre demandada y demandante; y alegó que durante el matrimonio se adquirieron, además de los bienes que en la demanda se mencionan, una finca urbana, solar y casa terrera, de piedra con azotea, con el número 139 de la calle del General Contreras, antes del Sol, en San .Juan de Puerto Rico; una suma de $4,000 como precio de venta de una casa a Doña Josefina Plumey, siendo la casa la del número 139 de la calle- del General Contreras, antes del Sol, en San Juan de Puerto Rico; un automóvil marca Columbia Six; una máquina para hormigón; un préstamo hipotecario por $800; un solar y casa en, Manillas, Santurce; otros dos créditos hipotecarios por $500 cada uno; otra casa en la calle de McKinley, en el Condado, Santurce; y un depósito en un Banco por $2,000; sin que hubiera deuda alguna; que esos bienes se encuentran en indivisión, sin que las partes se hayan podido poner de acuerdo para la parti-ción de los mismos. Y pidió la liquidación de la sociedad, y la adjudicación y pago de participaciones.

A la contra-demanda contestó el demandante y contra-demandado, negando el valor del automóvil y fijando uno inferior; y alegando que quedó en poder del contra-deman-dado como compensación al valor de los muebles que quedaron en poder de la contra-demandante; alegando que la casa en la Calle del General Contreras número 139 era privativa del contra-demandado, que la compró a Doña Josefina Plumey, y negando que existe en su poder cantidad alguna procedente de la venta; alegando que la máquina para hormigón era de la sociedad civil del contra-demandado con el Sr. Montilla, y a éste se adjudicó a la disolución de la sociedad; que el crédito hipotecario por $800 fue cobrado judicialmente, adju-dicándose al acreedor la casa, que fué vendida por la sociedad de gananciales, como asimismo fué vendido el solar de la calle de McKinley; que el otro crédito hipotecario fué cobrado por la sociedad de gananciales; y asimismo cree que lo fué el tercer crédito hipotecario que se cita; negando que al disolverse la sociedad poseyese ésta suma alguna en Banco, salvo la que fué entregada a la contra-demandante; y alegando la existencia de deudas de la sociedad, esencialmente las que ya aparecían alegadas en 1a, demanda.

Fué el caso a juicio; y la corte dictó sentencia, por la que se declaran con lugar las peticiones de la demanda, y se ordena la liquidación de la sociedad de gananciales, nom-brándose a ese fin un contador-partidor.

Contra esta sentencia se interpuso la presente apelación por la demandada y contra-demandante.

Solamente la apelante ha presentado alegato. En él se señalan siete errores. El primero es así:

. “1. La Corte cometió manifiesto error, y abusó de su discreción al permitir al apelado, con la objeción y excepción de la apelante que presentase como prueba de rebuttal evidencia que no tenía el ca-rácter, ni naturaleza de rebuttal, y que era inadmisible dé conformi-dad con las alegaciones. ’ ’.

Discútese este señalamiento de error en unión de los numerados 2 y 3, cuyo texto es:

“2. La Corte cometió manifiesto error y abusó de su discreción al permitir al apelado con la objeción y excepción de la apelante que presentara prueba testifical para desvirtuar y contradecir el con-tenido de escrituras públicas.
“3. La Corte cometió manifiesto error y abusó de su discreción al permitir al apelado con la objeción y excepción de la apelante que presentara prueba testifical contradiciendo el contenido de es-crituras públicas contra las alegaciones de la demanda. ’ ’

De las alegaciones aparece que la contienda quedó esta-blecida en estos términos:

(a) El demandante alegó ser dueño con carácter privativo de las fincas que en la demanda describe, o sea: condominio por $7,000 en el valor de $9,000 de la casa calle de la Cruz número 42; la casa número 13% de la calle del Sol, boy del General Contreras; la casa número 127 de la misma calle; la casa número 139 de la misma calle.

(b) La demandada negó que el demandante fuera dueño con carácter privativo de esos bienes.

Ambas partes se refieren a la fecha de la disolución del matrimonio, 27 de diciembre de 1923.

El demandante presentó como prueba:

1. Escritura de fecha 27 de febrero de 1908, por la que los padres del demandante dieron a éste y otros, en anticipo de herencia, la casa de dos plantas, número 4 de la calle del Cristo, en San Juan. Pagina 104 y 105, exposición del caso.

2. lina escritura de partición de bienes de Don José M. Marxuach (páginas 106, 107 y 108 de la exposición) de la que aparece una adjudicación, en $4,500 de la mitad pro-indiviso en la casa número 42 de la calle de la Cruz, en San Juan, a favor de Teófilo Marxuach Plumey; y asimismo la adjudicación por $900 en la casa terrera de manipostería, número 13 de la calle del Sol, en San Juan, a favor del mismo.

3. Escritura fecha 25 de octubre de .1922, de partición de herencia de Doña Josefina Plumey, en la que se adjudica a Don Teófilo Marxuach Plumey, entre otros Bienes, la casa número 139 de la calle del General Contreras, antes del Sol, en San Juan. (Pag. 109, exposición.)

Ofreció otra escritura de permuta entre Don Teófilo y Doña Teresa Marxuach, sobre un condominio de la casa calle del Cristo número 4.

Se ha aceptado por la apelante que así el demandante probó que antes de 1914 era dueño a título de herencia de la mitad de la casa número 4 calle del Cristo, de un condo-minio por $4,500 en la número 42 de la calle de la Cruz, de la número 13 de la calle del Sol, y de la número 139 de la misma calle. En esto hay un pequeño error, ya que el título de adquisición de la número 139 de la calle del Sol, o General Contreras, es la escritura de partición de 25 de octubre de 1922.

La demandada presentó como prueba:

(a) TJna escritura de. fecha 19 de julio de 1926, por la que Teófilo Marxuach, casado con Carolina Amelia Acosta com-pra a Teresa Marxuach y su esposo Eafael Villavicencio, la casa, antes terrera, luego de altos y bajos, número 127 de la calle del General Contreras, antes del Sol, en San Juan, apareciendo la finca sujeta a una hipoteca por $5,000 a favor de Alejandro Suárez Villamil, y a un censo por $355.55 y tres censos más. El precio en que se vende es de $8,000. con-fesando los vendedores haber recibido $3,000, y en cuanto a los $5,000 restantes se dejan en poder del comprador para el pago de la hipoteca (Páginas 112 y 113, exposición).

(5) Una escritura de fecha 19 de agosto de 1916, por la que Acisclo Marxuach Plumey vende a Teófilo Marxuach; Plumey, casado con Carolina Amelia Acosta, por precio d© $7,662, lo siguiente: (a) Un condominio de la mitad pro-indivisa y por $2,000 en un valor de $9,000 en la casa número 42 de la calle de la Cruz, en San Juan, hallándose afectado a una hipoteca por $1,500 a favor de Doña Juanita López de Abad; (b) Una tercera parte de la casa número 13 de la calle del General Contreras, en San Jnan; (c) Un solar en Manillas, barrio de Santnrce, San Jnan. El vendedor confiesa recibidos $6,162, y los $1,500 restantes quedan en poder del comprador para el pago de la hipoteca (Páginas 114 y 115, exposición).

El demandante al terminar su prueba la demandada, pro-puso como contra-prueba, o rebuttal, los autos del pleito 306.1, seguido por Teófilo Marxuach contra Carolina Amelia Acosta, Acisclo Marxuach y Teresa Marxuach, sobre inexis-tencia de actos y contratos, y reconocimiento de propiedad privativa de bienes; a cuya proposición se opuso la deman-dada, argumentando que en ese pleito quiso el demandante anular ciertas escrituras otorgadas por él mismo, aduciendo que eran simulados los contratos, y en este pleito se trata de que se declaren privativos ciertos bienes, y no hay que traer más prueba que la documental que acredite ese extremo, sin involucrar la secundaria. La corte admitió la prueba al efecto de que se entabló un pleito atacándose unas escri-turas, y que hubo una decisión de la corte, que está en apelación. (Pág. 90, exposición.)

El demandante vino de nuevo a declarar, a su propia petición; y preguntado si vendió alguna propiedad a Acisclo Marxuach, la demandada se opuso, fundándose en que en rebuttal no cabía hacer esta prueba, ya que pudo traerse esto a la prueba directa, en el caso de que fuese admisible. La corte, entendiendo que en este caso se pre-tende aclarar si unos bienes pertenecen, o no, a la sociedad de gananciales, admitió la prueba, con la condición de que si resultare que lo que se intentaba era variar un documento público, la corte lo tendría en cuenta, dándole el peso que tenga. Y la demandada tomó excepción.

El testigo siguió declarando que el dinero con que compró las fincas de Acisclo Marxuach lo tomó de él mismo; y en cuanto a la finca de Teresa Marxuach, la. operación fué nn cambio de propiedades, sin qne mediara dinero efectivo, pero se hizo constar como venta; qne la participación qne él tenía en la casa Cristo 4, se la dió a Teresa Marxuach en cambio de la qne ella tenía en la del Sol 127; qne Acis-clo Marxuach. no le dió ningún dinero, y qne la finca qne le vendió eran las mismas qne él le vendiera antes. A repre-guntas de la demandada, dijo: qne en la casa Cristo 4 hizo el testigo reparaciones, siendo ya casado, y la reconstrnyó en la forma en qne hoy está; eso fné en 1911; y la mitad de esa casa es la qne permutó; qne en la casa Cruz 43, tenía nna participación por $2,000 nn hijo de su hermano, y el testigo la compró y tuvo qne reparar la casa y tomar $2,000 prestados, gravando la casa; qne hubo qne componer la pared posterior y el balcón, y hacer varias habitaciones (ducha, etc.) teniendo ahora dos habitaciones y nn cuarto de baño más qne las qne. tenía antes; eso se hizo durante el matrimonio. Lo relacionado aparece de las páginas 90 a 94, exposición.

No estamos de acuerdo con el sistema de admitir ciertas pruebas, reservándose la corte el tenerlas por finalmente admitidas, según las circunstancias. Cuando se presenta una objeción a la admisibilidad de nna prueba, la parte qne la formula tiene el derecho a que se resuelva por el juez de una manera inequívoca y terminante. De esa resolución final nace la norma qne ha de seguir el qne objeta, en. cuanto a sn presentación de evidencia. Pero si la resolución queda pendiente, y la parte no sabe si en definitiva aquella prueba ha' de admitirse o no, es casi imposible para ella gobernar sensatamente su evidencia. A toda prueba admisible ha de darse el valor qne ella tenga; y ninguno a la no admisible. Pero las partes necesitan saber si se admite o no, de una manera fija y segura.

El demandante en este caso presentó sus escrituras de adquisición; la demandada, otras para contradecir el carácter ■ privativo de la propiedad. Y entonces el deman-dante presentó prueba testifical, en contra de las escrituras presentadas por la demandada, de las que aparecían contratos de compraventa en que el demandante aparece como com-prador, y otros como vendedor; apareciendo en esas escri-turas que el demandante era casado con Doña Carolina Amelia Acosta.

La apelante discute la aplicación del artículo 149 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, en cuanto da arbitrio a la corte para regular el orden de la prueba. No es éste un punto que necesite gran consideración. La facultad de la corte en esta materia es dada, no para ser arbitrariamente ejercida, sino para ser empleada con una discreción jurídica. Sólo cuando se tiene una gran fe en los tribunales, se les pueden dar facultades como ésta; pero precisamente se dan fiando en que sólo serán utilizadas cuando la más justificable necesidad exija desviarse de la regla rígida cuya aplicación estricta obstaculizaría el cono-cimiento de la verdad y la consecución de la justicia.

La regia es que la parte que inicia el caso agote su prueba primero. Y así, la proposición contenida en la demanda debe ser probada antes de que la parte demandada empiece la presentación de su evidencia.

Pero de más interés es la argumentación acerca de la aplicación de los artículos 25 y 101 de la Ley de Evidencia.

El artículo 25 de la Ley de Evidencia es así:

Cuando las condiciones de un convenio se hayan considerado por las partes en un documento, se considerará que contiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus re-presentantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condi-ciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, excepto en los siguientes casos:
“1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegada en el litigio.
“2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho contro-vertido.
“Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales se relacio-nare, según lo definido en el artículo veinte y ocho, o para explicar una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La pa-labra ‘convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como contratos entre las partes.”

Y en el artíeulo 101 de la misma ley se considera como presunción concluyente, entre las partes interesadas en un documento escrito, la verdad de los hechos que en él se relatan; pero la regla no es aplicable a la relación de una compensación, o en otros términos, a la expresión de la causa.

¿Cuál es la situación de las partes ante estos contratos? ¿Se trata de los que en ellos intervinieron con intereses, o adversos o distintos, claramente diferenciados como trasún-tente y adquirente, vendedor y comprador? Indudablemente, no. El demandante y la demandada estaban en un lado de aquellos contratos, y no adquiriendo o creando derechos y obligaciones distintas del uno para con el otro. Y los dos artículos que se citan parecen redactados para salvaguardar derechos, y afirmar obligaciones de las diversas partes en el contrato.

¿ Qué es lo que se establece por la declaración de Marxuach, admitida por la corte? Que, en realidad, una operación que aparecía como venta, no fué otra cosa que una permuta; en esencia, que la causa no fué la adquisición de un precio y la adquisición de una finca por ese precio, sino el cambio de una propiedad por otra. Y que en la compraventa con Acisclo Marxuach no hubo ni precio, ni medió dinero alguno en ese concepto, sino la devolución del título de una propiedad que el demandante había antes traspasado a Acisclo Marxuach, para evitar ciertas contingencias en determinado pleito.

■ En la más estricta verdad, sin que la obscurezca 1a, sombra de un tecnicismo, lo que se establecía en la declaración de Marxuach era la existencia de una causa que no fué precisa-mente la consignada en el documento; las consecuencias de éste no se alteraban, entre las partes que le suscribieron.

En el caso Cabrera v. American Colonial Bank, 214 U.S. R. 224, dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos lo que sigue: '

“Pero también están los principios del derecho común, que son absolutamente necesarios si al documento escrito ba de dársele una sanción distintiva del convenio de las partes. La faz de un instru-mento no siempre es concluyente respecto de sus fines. En equidad se admite evidencia extrínseca al efecto de que se tuvo la intención de que sirviera .de garantía una enajenación que era absoluta por su propia faz.”

Y más adelante se dice:

“. . . Y este Tribunal ba dicbo en el caso Peugh v. Davis, 96 U. S. 332, 356, reiterándolo en Brick v. Brick, 98 U. S. 516: ‘Toda vez que la equidad en que se funda la corte para actuar en tales casos surge de la verdadera naturaleza de la transacción, cualquiera evidencia, bien sea escrita u oral, que tienda a demostrarla, es ad-misible. La regla que excluye la prueba testifical — dijo la corte más adelante — se refiere al lenguaje usado por las partes, y no pro-bibe que se investigue su propósito al otorgar y recibir el documento. Hughes v. Edwards, 9 Wheat. 489; Russell v. Southard, 12 How 139; Babcock v. Wyman, 19 How. 289. En Morgan’s Assignees v. Strum, se puso en vigor la regla de equidad contra un contrato de compraventa de un barco, a pesar de éste constar inscrito y asegu rado a nombre de 1a. persona a favor de quien se efectuó el traspaso. Véase además Livingston v. Story, 11 Pet. 351.”

En el caso Royer v. Kelly, 161 Pac. 1148, la Corte Su-prema de California sostuvo lo que sigue:

“Pero la regla es que las partes no están sujetas a impedimento (estoppel) por virtud de cláusulas relativas a la causa de un con-trato. La verdadera causa, o la falta de ella, siempre pueden pro barse por medio de prueba extrínseca ...”

Y esta doctrina lia sido seguida en otros casos de California (Tidewater Southern Ry. Co. v. Harney, 162 Pac. 664).

A la luz de esa doctrina, no puede admitirse que la corte inferior erró como señala la apelante.

El cuarto señalamiento de error, es como sigue:

“La Corte cometió manifiesto error y abusó de su discreción a) negar la solicitud de la apelante de. que se la permitiera, en -vista de la prueba presentada por el apelado y admitida por la Corte, en-mendar su contestación en el sentido de alegar como defensa especial y materia nueva lo alegado en el pleito civil No. 3061.”

La concesión de una enmienda a la contestación en las circunstancias que se daban en este caso, fué materia de discreción.

El incidente a que la apelante se refiere ocurrió así:

“El Letrado de la demandada, dice: Presentamos entonces toda la prueba documental que presentó el demandante en el caso No. 3061. Ahora desea la parte demandada que por cuanto la corte ha admitido esa prueba testifical, se le permita a la demandada enmen-dar su contestación en el sentido de alegar como defensas especiales y mateiúa nueva en este caso, para que quede como una materia nueva que se trajo en el caso 3061, así como todas y cada una de las excepciones y todos los hechos especificados en aquel caso, para con-formar la contestación de acuerdo con la prueba.
“Demandante. — Me allano y pido a la Corte que me permita en-mendar la demanda en el sentido' de alegar lo mismo que se alegó en aquella demanda, como equivocación en la redacción de las escri-turas presentadas como evidencia por la parte demandada.
“Demandada. — Ahora yo solicito enmendar la contestación en el sentido de que se tengan por reproducidas las materias nuevas y defensas especiales que se adujeron en el caso 3061, así como las ex-cepciones que se adujeron en dicho caso, para que la Corte al con-siderar la prueba tenga ante sí también 1a. alegación de esa mate-ria nueva, y que se ha presentado en este caso, porque confesamos que de acuerdo con nuestra opinión no es admisible esa prueba se-cundaria.
“Demandante. — Nuestra petición es que se permita enmendar la demanda en el sentido de introducir en ella la misma materia que consta en aquel pleito y sobre la cual la parte ha reproducido todas las materias de defensa.
“Juez. — Yo creo que lo mejor es no admitir enmienda ninguna.
“Ledo, de la demandada. — Tomamos excepción.”

Aunque no bay aquí una regla directa del Juez, que no hizo manifestación alguna en cuanto a la presentación de los autos del pleito No. 3061, hubo el allanamiento del deman-dante a que se presentaran. Ambas partes pidieron se les permitiera enmendar; y a ambas partes se les negó la petición. Pero en realidad, los' autos estaban presentados por ambas partes, y ellos podían ser considerados por el Juez al resolver. Oreemos que la denegación de las enmien-das, dadas las circunstancias, no constituyó error perjudicial a los derechos esenciales de la apelante.

Bastan estos fundamentos para resolver.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, Demandante-apelada, v. Josefa Aguayo, et al., Demandados-apelantes.

    No. 3898.
    Resuelto Febrero 4, 1929.

       Yéase la opinión del Tribunal en la página 91.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY, CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ SR. WOLF.

La historia de la controversia entre las partes de este pleito, en la que respectivamente han sido demandantes o demandadas, puede verse en las opiniones de este Tribunal que se hallan en los tomos siguientes: 11 D.P.R. 274; 29 D.P.R. 1022; 32 D.P.R. 422; 34 D.P.R. 516; y 35 D.P.R. 953.

En 1899 se promovió una declaratoria de herederos por Josefa Aguayo para que su hija fuese declarada única here-dera de Juan García Villarraza, seguida poco tiempo después por un pleito establecido por la misma Josefa Aguayo contra los hermanos Elvira y Rodolfo, apellidados García y Fer-nández, para que se declarase que no son hijos legítimos de Juan García Villarraza ni tienen derecho a su herencia como pretenden, en cuyo pleito los demandados alegaron ser tales hijos legítimos según sus partidas de nacimiento, aunque después Rodolfo se allanó a la demanda, y la sentencia que fué dictada fué revocada por este Tribunal en 1906 para nuevo juicio. Nada se hizo después de esa fecha, y doce años después, en 1918, empezó la verdadera contienda entre las partes en un pleito promovido por Elvira García contra Josefa Aguayo y su hija para que se declarase que tiene de-recho a la herencia de Juan García Villarraza por ser hija legítima suya, o sea cinco años antes de ser dictada nuestra sentencia en 1923 en la demanda de Elvira García (32 D.P.R. 422).

La contienda fundamental a resolver es si la demandante Elvira García lia probado que su madre Manuela Fernández Perdigón contrajo matrimonio con Juan García Villarraza, y por consiguiente si ella es bija legítima con derecho a heredar a dicho Juan García Villarraza. Para probar ese matrimo-nio fué presentada la partida reconstruida del matrimonio alegado, que no reproducimos literalmente por hallarse trans-crita en el tomo 29, página 1025, de nuestras decisiones. Es, en pocas palabras, una certificación librada por el cura in-terino de la Parroquia de San José de Güira de Melena, Pro-vincia y Diócesis de la Habana en la República de Cuba, cre-ditiva de que en un libro supletorio de matrimonios de aque-lla parroquia se encuentra una partida matrimonial de Juan García Villarraza con Manuela Fernández Perdigón como ce-lebrado el 29 de noviembre de 1883 ante el Presbítero Rafael Asunción Toumil y Zapela, cura entonces de ella, y que en cumplimiento del decreto del Exmo. Sr. Obispo Dioce-sano fechado en 23 de junio de 1896, por haberse quemado el archivo de la iglesia el 5 de enero de ese año, firma el acta a 2 de octubre de 1918. La firma y rúbrica de esa cer-tificación fueron certificadas como al parecer iguales a las que usa dicho cura por el Arcediano de la Habana; y la firma de este funcionario eclesiástico fué certificada por el Cónsul General de los Estados Unidos en la Habana, Repú-blica de Cuba, como verdadera y genuina.

Del acta reconstruida a que nos referimos aparece que en 1896 decretó el Sr. Obispo Diocesano que el archivo de Güira de Melena fuese reconstruido, pero en ella no constan las diligencias que fueron practicadas para reconstruir el acta de ese matrimonio, ni tampoco que fueran aprobadas por el Obispado, y que éste ordenase la inscripción como resultado de dichas diligencias, ni por dicha acta se sabe en qué con-sistió la investigación; y de la prueba que ha sido presen-tada por la parte demandada resulta que no se presentó prueba alguna de que en esa parroquia existiera acta alguna del matrimonio de Manuela Fernández Perdigón con Juan García Yillarraza anterior al incendio, y ni siquiera fué presentada certificación alguna del acta que se dice existió, sino que la investigación practicada por el Cura de esa parroquia consistió en la comparecencia de Elvira García, la que sin juramento dijo refiriéndose a hechos anteriores a su nacimiento, por lo que no podía conocerlos de ciencia pro-pia, que en esa parroquia fueron desposados sus padres el 29 de noviembre de 1883, quién fué el párroco que celebró el matrimonio así como los testigos y los padrinos que in-tervinieron, y otros particulares que omitimos por innece-sarios ahora; y para esos hechos, ocurridos quince años antes, presentó dos testigos cuya edad precisa no consta por haberse limitado ellos a decir que son mayores de edad, y bajo juramento y previa lectura de la declaración de Elvira García que les fué hecha manifestaron que por relación de vecindario les constaba ser verdad cuanto la promovente expuso.

XJn asiento de un archivo es la prueba primaria de su contenido, y por eso entiendo que para que tal asiento pueda ser reconstruido substituyéndolo por otro asiento como su-pletorio de aquél por haber sido destruido, es requisito ne-cesario y previo demostrar que el primitivo asiento existió en el archivo destruido, y en este caso ni se alegó ni se probó ante el cura párroco que el acta matrimonial a que venimos refiriéndonos existía en el archivo parroquial destruido por el incendio. Los testigos que .declararon en el expediente de reconstrucción del acta matrimonial se limitaron a decir que eran mayores de edad, cuando en este caso era necesario saber su edad para poder apreciar el valor de sus declara-ciones sobre hechos ocurridos quince años antes; y sobre todo no declararon que les constaba de conocimiento propio que ese matrimonio fué celebrado en la fecha que se dice ni que tal acta existía en el archivo parroquial, sino que lo dicho por Elvira García les constaba por relaciones de ve-ciudario, resultando así esa prueba de referencia {hearsay). El Godex Juris Canoniei que fué admitido como prueba, promulgado en 27 de mayo de 1927 y vigente desde mayo 19, 1918, o sea antes de que se instruyera ese expediente en 2 de octubre de 1918, niega valor probatorio a esa clase de declaraciones en sus cánones 1772, 1789, 1790 y 1791, que están comentados en la obra del P. Juan B. Ferreres, sobre Instituciones Canónicas, tomo 2°, páginas 343, 347 y 733.

Además, ese expediente dé la naturaleza de los 'ad per-petuam rei memoriam, tenía que ser aprobado por alguna autoridad eclesiástica, pues no es bastante el solo hedió de las declaraciones prestadas sino el juicio que de ellos se forme, y en este caso ninguna autoridad eclesiástica impartió su aprobación para que fuese hecha la reconstrucción del asiento de matrimonio, función que correspondió al Vicario General del Obispado en nombre y representación del Obispo por tratarse de un expediente de jurisdicción voluntaria. Ferreres, supra, tomo 1°, página 272. En el caso de García v. Garzot, 18 D.P.R. 877, en el que se trataba de un expe-diente eclesiástico tramitado en 1892 para el asentamiento en un libro parroquial del bautismo de un niño nacido en 1872, las declaraciones fueron tomadas por el cura párroco por comisión que para ello le dió el Obispo, y ese expe-diente fué aprobado por el Obispado autorizando al párroco para hacer el asiento de dicho nacimiento y bautismo. Ese caso indicó la aprobación del Obispado como trámite nece-sario en esas informaciones. En un pleito seguido en Es-paña se trató de probar un matrimonio no por el acta con-temporánea sino por el asiento hecho años después en vir-tud de un expediente tramitado por orden del Obispo, que fué aprobado por el provisor y vicario, y el Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de diciembre de 1902, 92 J.O. 560, no dió valor a ese documento declarando que tal asiento no puede confundirse con la partida sacramental del matri-monio que el párroco que asistió a él escribe en el libro corres-pondiénte. Cierto es que esa sentencia no es obligatoria para, nosotros, pero sn declaración de doctrina puede ser tenida en cuenta.

La certificación dél Obispado de que la firma puesta por el párroco de Gruirá de Melena en la certificación que ba sido presentada es auténtica' no es la aprobación del expe-diente que se instruyó para la reconstrucción del acta matrimonial, como se declara en la opinión de la mayoría de este Tribunal, y eso es tan claro que el asiento reconstruido fué hecho en el libro parroquial antes de librarse esa cer-tificación. Nadie aprobó ese expediente.

No estoy conforme en que se puede hacer referencia al resolver esta apelación a un documento que no fué presen-tado en la corte inferior, ni siquiera para que se diga de él que no se le da carácter de fundamento de la opinión de la mayoría.

Aunque la demanda se fundó • en que la demandante es hija del matrimonio contraído por Manuela Fernández Per-digón con Juan García Villarraza en 1883, cuya acta es su-ficiente por sí misma, si se presenta, y no es necesario corro-borarla, sin embargo, se presentó y fué admitida prueba del estado de casados en que ambas personas se hallaban, pre-sentándose con tal fin la'única declaración del testigo Pina, quien manifestó que conoció a dichas personas viviendo como marido y mujer desde 1883, el 85 o el 87, pero al dar razón de su afirmación dijo que los había visto como tales en una fiesta celebrada en Cuba con motivo de la Paz del Zanjón, en la que tomaron parte varias señoras y entre ellas Manuela Fernández esposa de García Villarraza; pero como tal su-ceso histórico tuvo lugar en 1878, cuando estaba viva Carmen Beltrán esposa entonces de Juan García Villarraza, esa de-claración no puede tener valor para probar el estado de ■casados. Tampoco puede darse valor a las manifestaciones hechas por Juan García Villarraza al contraer matrimonio con Josefa Aguayo de ser viudo de Manuela Fernández Per-digón ni a las que hizo en el acta de nacimiento de la de-mandante de ser ésta hija de sn matrimonio con Manuel Fer-nández Perdigón porque no merecen crédito, ya que falsa-mente dijo también que Eodolfo era hijo de su matrimonio con Doña Manuela, cuando lo cierto es que se bailaba en-tonces casado con Carmen Beltrán.

Por lo expuesto entiendo que la sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.

.Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con esta opinión.


author: juez asociado sr. wole.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Demandante y apelado, v. Pedro Tirado, Acusado y Apelante.

    No. 3612.
    Resuelto en Febrero 13, 1929.

       Véase la opinión del Tribunal en la página 138.

   opinión concurrente emitida por el

juez asociado sr. wole.

El derecho de un juez a fijar la pena en un caso no de-pende de que exprese sus razones para ello. En otras pa-labras, mi criterio es que la corte puede imponer una pena extrema sin justificar su actuación. Esto se hace más claro si se acude a mi opinión disidente en el caso de El Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 449. El Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión.


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Rafael Saurí, Demandante-apelante-apelado, v. José Saurí et al., Demandados-apelados-apelantes.

    No. 3549.
    Resuelto en Julio 15, 1929.

       Véase la opinión del Tribunal en la página 898.

   OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Ordinariamente, de conformidad con los artículos 413 y 1018 et seq. del Código Civil, los herederos o condueños tie-nen el derecho de insistir en la división material de deter-minada finca o fincas. Pnede que nn hombre tenga mi ne-gocio establecido, o aun el deseo sentimental de que no se le impida disfrutar por lo menos de parte del fundo de sus antepasados. La prueba en el presente caso rae convenció en parte de que quizá económicamente sería mejor que las fincas fuesen vendidas, pero no fui del todo persuadido de que el extenso número de cuerdas envuelto en este caso no po-día ser dividido por su especie entre tres o cuatro comune-ros, a pesar de haberse hecho ciertas mejoras materiales en determinadas secciones. Mediante varios sistemas de com-pensación, aun por medio de pagos en efectivo, un heredero que recibiera una parte mayor de las mejoras o de los terre-nos que los otros podría satisfacer la diferencia. Ni siquiera se me convenció de que era necesario hacer algún pago de dinero para efectuar tal división material. Por tanto, es innecesario que yo considere si podría efectuarse una com-pensación dividiendo a prorrata las bombas y los sistemas de riego.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Demandante y apelado, v. George Edmunson, Acusado y apelante.

    No. 3528.
    Resuelto julio 16, 1929.

       Véase la opinión del Tribunal en la página 908.

   OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Mi disentimiento se basa en la insuficiencia de la prueba para una convicción. Ora fué la prueba insuficiente, o, a mi manera de pensar, la corte debió haber tenido una duda razonable respecto a la culpabilidad del acusado o a su res-ponsabilidad del pago de alimentos y hospedaje.


text:
    Pueblo, apldo., v. Sánchez, aplte.
    CORTE DE DISTRITO DE MAYAGÜEZ
    No. 3715.
    Sometido: Enero 31, 1929.
    Resuelto: Enero 31, 1929.
   En este caso el acusado fué condenado a sufrir dos años de presidio por escalamiento en primer grado y basa su recurso en que la pena es excesiva, que nunca había sido sentenciado y en que los perjudicados no tenían intención de hacerle daño. Resolvióse que la pena es justa y se con-firmó la sentencia.

El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del Tribunal.


text:
    Pueblo, apldo., v. López Hermanos, Etc., aplte.
    CORTE DE DISTRITO DE SAN JUAN
    No. 3680.
    Sometido: Feb. 15, 1929.
    Resuelto: Feb. 21, 1929.
   No apareciendo probado en este caso que fuera agente de la sociedad acusada de vender pan falto de peso, la persona encargada de la venta, se revocó la sentencia absolviéndose a la apelante.

El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del Tribunal.


text:
    Pueblo, apldo., v. López Hermanos, Etc., aplte.
    CORTE DE DISTRITO DE SAN JUAN
    No. 3682.
    Sometido: Feb. 15, 1929.
    Resuelto: Feb. 21, 1929.
   Este caso es igual al No. 3680, que hemos resuelto hoy 21 de febrero de 1929, salvo en lo que toca a la fecha de los he-chos y al nombre del supuesto agente. Por las razones que se consignan en aquel caso No. 3680, se revoca la sentencia, y se absuelve a la acusada.


text:
    Pueblo, apldo., v. López Hermanos, Etc., aplte.
    CORTE DE DISTRITO DE SAN JUAN
    No. 3681.
    Sometido: Feb. 15, 1929.
    Resuelto: Feb. 21, 1929.
   Este caso es igual al No. 3680, que liemos resuelto hoy 21 de febrero de 1929, salvo en lo que toca a la fecha de los he-chos y al nombre del supuesto agente. Por las razones que se consignan en aquel caso No. 3680, se revoca la sentencia, y se absuelve a la acusada.


text:
    Pueblo, apldo., v. López Hermanos, Etc., aplte.
    CORTE DE DISTRITO DE SAN JUAN
    No. 3679.
    Sometido: Feb. 15, 1929.
    Resuelto: Feb. 21, 1929.
   Este caso es igual al No. 3680, que hemos resuelto hoy 21 de febrero de 1929, salvo en lo que toca a la fecha de los he-chos y al nombre del supuesto agente. Por las razones que se consignan en aquel caso No. 3680, se revoca la sentencia, y se absuelve a la acusada.


author: El Juez Presideute Señor del Toro,

text:
    Pueblo, apldo., v. Ortiz, aplte.
    CORTE DE DISTRITO DE PONCE
    No. 3778.
    Sometido: Marzo 13, 1929.
    Resuelto: Mayo 7, 1929.
   En este caso se acusó a Luis Ortiz del delito de portar una navaja, arma prohibida, en una reunión lícita. El acu-sado imputa error en la apreciación de la prueba. Encon-trando el Tribunal que hay declaraciones que sostienen el fallo, y que no se trata de algo contrario al orden natural de las cosas, confirmó la sentencia.

El Juez Presideute Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.


text:
    Pueblo, apldo. v. Mattei, aplte.
    CORTE DE DISTRITO DE PONCE
    No. 3779.
    Sometido: Abril 10, 1929.
    Resuelto: Abril 23, 1929.
   Leopoldo Mattei apeló de una sentencia por infracción del artículo 328 del Código Penal y aparece qne el error que in-tentó señalar (sn alegato no cumple con el reglamento), fué en cuanto a la apreciación de prueba, la cual fué contradic-toria. Se confirmó la sentencia por no encontrarse justifi-cación en el record de errónea apreciación.

El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.


text:
    Körber & Co., Inc., aplda., v. Fernández Diez, aplte.
    CORTE DE DISTRITO DE SAN JUAN
    No. 4866.
    Sometido: Mayo 3, 1929.
    Resuelto: Mayo 9, 1929.
   Se apela en este caso de una sentencia dictada a favor de la demandante en pleito sobre cobro de pagarés cuyas copias se insertan en la demanda. Opuso el demandado las defen-sas de existir una cuenta corriente entre las partes y de que la demandante había concedido una prórroga al demandado. Apareciendo de la prueba que los pagarés existen en poder de la demandante y que están vencidos y no apareciendo que se hubiera probado la concesión de la prórroga que alega el demandado, se confirmó la sentencia.

El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del Tribunal.


text:
    No. 4810.
    Quiñones y Quiñones, aplte., v. La Central Eureka, Inc., aplda.
    O. D. Mayagüez.
    Enero 17, 1929.
   Atendidas las razones alegadas por la ape-lante en la anterior moción de reconsideración, se declara la misma con lugar y en su consecuencia se anula la resolución de diciembre 18, 1928, y se reinstala el recurso de apelación desestimado.


text:
    No. 4855.
    Lloveras Soler, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 17, 1929.
   Es-tando paralizada en la corte inferior desde el 29 de mayo de 1928 la apelación interpuesta por el demandado contra la sentencia dictada en este caso, sin que tampoco baya sido radicada en este tribunal la transcripción de los autos, de-bemos desestimar y desestimamos el presente recurso.


text:
    No. 3694.
    Ex Parte Rafael Figueroa, peticionario.
    Enero 17, 1929.
   Considerando los funda-mentos de la moción sobre reconsideración que antecede, en relación con el ratio decidendi de la opinión en que se funda la sentencia dictada por este tribunal y vistos el texto y la jurisprudencia citada en las notas 95 y 97 del tomo 29 de la obra Corpus Juris, páginas 24 y 25, párrafo 17, no ba lugar a la reconsideración solicitada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


text:
    No. 4870.
    Huyke, apldo., v. Benítez Gómez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 17, 1929.
   Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación de la apelación establecida en este caso porque tratándose de una acción de desahucio basada en la falta del pago de canon de arrendamiento pactado, no se ba depositado a su debido tiempo el canon correspondiente al mes de diciembre de 1928;

Por cüaNto, notificada la moción de desestimación al ape-lante el 7 de enero actual y señalada su vista para el 14 del propio mes de enero, el dicho apelante faltó en comparecer sin que tampoco haya impugnado por escrito la moción;

Pos cuanto, de la certificación acompañada a la moción aparece que el 7 de enero, 1929, el apelante no había consig-nado el canon correspondiente a diciembre de 1928, cuando de acuerdo con el contrato el pago debía verificarse durante los primeros cinco días de enero, 1929, y

Por cuanto, la sección 15 de la Ley de Desahucio, Comp. 1911, p. 339, dice: “En las apelaciones interpuestas en jui-cios establecidos por falta de pago del canon estipulado, cual-quiera que sea el estado del recurso, el demandante puede solicitar que se sobresea en el mismo, si el demandado no consignase en la secretaría del tribunal el importe de todos y cada uno de los arrendamientos que vayan venciendo,”

Por tanto, de acuerdo con los hechos y la ley, se sobresee en el recurso y en tal virtud se desestima la apelación inter-puesta.


text:
    No. 4135.
    Morris & Co., aplte., v. José González Clemente & Cía., aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 18, 1929.
   Vista la moción de reconsideración pre-sentada por la demandante y apelante, se enmienda la úl-tima oración de la opinión en español dictada en este caso con fecha 20 de diciembre, 1928, de suerte que lea como sigue: “Hechos no suficientes para “determinar una causa de ac-ción, al ser expuestos en una demanda, difícilmente podría sostenerse que justifican una sentencia a favor del deman-dante si son establecidos sin ampliación ulterior durante la vista.”’ Y se declara sin lugar dicha moción de reconside-ración.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    No. 4853.
    Benítez, apldo., v. Crescioni, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 22, 1929.
   Habiendo sido aprobada la transcripción de la evidencia en este caso el día 16 de noviembre de 1928 y no habiendo el apelante realizado ninguna otra gestión a fin de proseguir su apela-ción, se declara con lugar la moción y por tanto se desestima el recurso de apelación establecido en este, caso por el de-mandado.


text:
    No. 4854.
    Sucrs. de Gilet & Arce, S. en C., aplda. v. Rivera, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 22, 1929.
   No habiendo practicado el apelante en este caso gestión al-guna desde el 14 de noviembre de 1928, en que interpuso su apelación contra la sentencia dictada en su rebeldía para que los autos para su apelación sean remitidos a este tribunal, debemos desestimar y desestimamos la apelación.


text:
    No. 4844.
    The Atlantic & Caribbean Steam Navigation Co., aplte., v. Gallardo, Tesorero, apldo.
    C. D. San Juan.
    Enero 22, 1929.
   Vista la moción de deses-timación, y el documento que lá acompaña; y apareciendo que la apelación se radicó en 24 de mayo de 1926; que la ape-lante solicitó y obtuvo una prórroga de 60 días para prepa-rar la exposición del caso, otra hasta el 30 de agosto de 1926, para lo mismo, otra hasta el 30 de septiembre de 1926, para igual fin, y después de esa última prórroga ya citada, no ha pedido ni obtenido otra alguna; y no ha presentado la ex-posición del caso o la transcripción de la evidencia, ni aparece que haya hecho gestión de cualquier clase; se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en el caso arriba titulado.


text:
    No. 3609.
    El Pueblo, apldo., v. Sánchez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Enero 24, 1929.
   Por ouaNto, en el pretendido alegato suscrito por el pro-pio acusado se discute la prueba y se pide la revocación de la sentencia sin presentar otra cuestión legal;

Por cuanto no tenemos ante nos por no haberse incor-porado a los autos la prueba que discute en su escrito el ape-lante ;

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia se confirma la sentencia apelada que dictó en este caso la Corte de Distrito de Arecibo en octubre 21, 1927.


text:
    No. 4260.
    Luce & Co., S. en C., aplte., v. Cintrón, Vda. Capó, aplda.
    C. D. Guayama.
    Enero 29, 1929.
   Vista la moción de la parte demandada y apelada para que se reconsidere cierto extremo de la resolución de diciembre 6, 1928, y la oposición de la parte demandante y apelante, la corte resuelve que deben eliminarse como se eliminan de la dicha resolución de 6 de diciembre de 1928 las siguientes pa-labras: “Dicha opinión para nada tiene que ser tenida en cuenta por la corte, inferior en la ejecución de la sentencia en el caso de la Viuda de Capó contra A. Hartman y Co.”, quedando subsistente en todo lo demás.


text:
    No. 4847.
    Noriega y Rangel, Etc., y Arbona Hnos. Sucrs., S. en C., aplda., v. Colón y Quiñones, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 29, 1929.
   Por ouaNto, interpuesta apelación en este caso el 19 de julio de 1928, no se han archivado los autos en esta Corte Suprema, sin que exista pendiente de tramitación en la de distrito exposición del caso o transcripción de evidencia al-gunas, y basándose en ello la parte apelada solicita la de-sestimación del recurso:

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia apli-cables, esta corte resuelve que debe declarar como declara con lugar la moción de la demandante y apelada y desestimar como desestima el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia que dictara la Corte de Distrito de Ponce el 20 de junio de 1928.


text:
    No. 741.
    Díaz Pérez, recurrente, v. El Registrador, recurrido.
    Feb. 1, 1929.
   Vista la mo-ción de reconsideración presentada, se deja sin efecto la re-solución del tribunal de enero 18 último, quedando de nuevo sometido el caso a la corte para su estudio y resolución, con-cediéndose al registrador un término de diez díaz para que informe lo que estime procedente.


text:
    No. 4881.
    García Ducós, apldo., v. Ducós Pagán, aplte.
    C. D. San Juan.
    Feb. 7, 1929.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y apareciendo que la corte de distrito en cinco de noviembre de 1928 denegó una moción para que se ordenase al taquí-grafo verificar la transcripción de la evidencia por haberse presentado dicha moción fuera de tiempo, sin que hasta la fecha se haya radicado en la secretaría de este tribunal, trans-cripción de autos, exposición del caso o transcripción de evi-dencia alguna, se declara con lugar la referida moción, y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación que es-tableció la demandada en este caso contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan de fecha 3 de octubre de 1928.


text:
    No. 4892.
    Maldonado, apldo., v. Álamo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Feb. 11, 1929.
   Apa-reciendo que el escrito de apelación se radicó en este caso en mayo 20, 1926, y que a partir de esta fecha el apelante no realizó ninguna gestión para perfeccionar su apelación, se declara con lugar la moción de la parte apelada, vista en el día de hoy, y en su consecuencia se desestima la apelación entablada por el demandado contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan de abril 19 de 1926.


text:
    No. 4891.
    Gay Lopez, aplte., v. Valiente & Co., aplda.
    C. D. San Juan.
    Feb. 13, 1929.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación; apareciendo que algunas de las prórro-gas para la preparación de la transcripción de la evidencia fueron solicitadas y concedidas fuera de término, que el ape-lante ha dejado de cumplir con una orden dictada por la corte de distrito sobre depósito de dinero para cubrir los honorarios del taquígrafo, y que el apelante ha dejado asi-mismo de radicar en la secretaría de este tribunal la trans-cripción de autos dentro del período prescrito, se declara con lugar dicha moción y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 15 de agosto de 1928, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4760.
    Torres Silva, apldo., v. Todd, aplte.
    C. D. San Jnan.
    Feb. 14, 1929.
   Por ouaNto, en el día de boy esta Corte Suprema ba dic-tado sentencia en el recurso No. 4739, Todd v. Asamblea Municipal, revocando la apelada y resolviendo que la asamblea municipal, bailándose reunida en sesión extraordinaria y sin haberse especificado, el asunto en la convocatoria, no tenía derecho a iniciar y proseguir un procedimiento de impeachment contra el alcalde;

Por cuanto, el procedimiento de impeachment sobre que versa esta apelación es el mismo que fué iniciado y prose-guido sin jurisdicción por la asamblea, continuando más tarde a virtud de la sentencia revocada, y

Por cuanto, siendo ello así, cae por su base la resolución final dictada por la asamblea declarando destituido de su cargo al alcalde, que es la apelada en este recurso:

Por tanto, se declara con lugar la apelación y se revoca la resolución apelada.


text:
    No. 4897.
    American Colonial Bank of Porto Rico, apldo. v. Arabía de Goyco et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Feb. 19, 1929.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y apareciendo que el escrito de apelación fué notificado al abogado de la parte contraria y archivado en la corte de distrito el día vein-titrés de agosto de 1928, sin que el apelante haya presentado en dicha corte de distrito ninguna exposición del caso o trans-cripción de la evidencia, ni haya solicitado prórroga alguna con tal fin ni hasta la fecha haya radicado en la secretaría de este tribunal la transcripción de autos o legajo de la sen-tencia, se declara con lugar dicha moción y en su consecuen-cia se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce con fecha 24 de julio de 1928.


text:
    No. 4898.
    Maldonado, apldo., v. Arrufat, aplte.
    C. D. San Juan.
    Feb. 19, 1929.
   Por ouaNto, aparece de la moción jurada y de la certifi-cación que se le acompaña que en este caso la corte de distrito de San Juan, dictó sentencia contra el demandado, y éste apeló en 29 de enero de 1927, obteniendo luego de la corte prórrogas para la exposición del caso, basta un total de ciento cincuenta y cinco días; y que presentada la exposición, se pasó por orden del Juez, al ex-juez Sr. Miguel A. Muñoz, para su aprobación; y que tal orden de 30 de julio de 1927 fue cumplida;

Por cuanto, de los mismos documentos antes relaciona-dos aparece que el apelante desde 30 de julio de 1927 no ba becbo gestión alguna para la aprobación de la exposición;

Por cuanto, no aparece que el apelante baya presentado .•ante este tribunal la exposición del caso, ni la transcripción <de autos, ni pedido prórroga alguna:

Por tanto, a petición de la parte apelada se desestima la apelación en este caso.


text:
    No. 4895.
    Benítez Flores, apldo. v. Cruz Silva et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Feb. 19, 1929.
   Por cuanto, apelada por los demandados la sentencia dic-tada en este caso para ante nosotros el 25 de enero de 1928 les fueron concedidas varias prórrogas por la corte inferior para que el taquígrafo preparase la transcripción de la evi-dencia para la apelación;

Por cuanto, dos días antes de vencer la última prórroga concedida nos presentó moción la parte apelada solicitando que desestimemos esta apelación porque cuando fueron soli-citadas prórrogas el 14 de junio de 1928 y el 10 de enero de 1929 estaban vencidas las respectivas prórrogas anterio-res: porque la' apelación es frívola; y porque no ba sido proseguida con la debida diligencia;

Por cuanto, el 12 de mayo de 1928 los apelantes solicita-ron de la corte inferior nna prórroga de treinta días para la transcripción alegando qne en 15 de mayo vencía otra qne les había sido concedida y qne los treinta nnevos días se con-taran desde dicha fecha, lo qne les fné concedido por la corte, por lo qne ese término no estaba vencido cnando en 14 de junio fné solicitada otra prórroga;

Pon ctjaNto, en 11 de diciembre de 1928 fné concedida a los apelantes otra prórroga de treinta días a contar desde el 12 de dicho mes, por lo qne no estaba vencida cnando en 10 de enero de 1929 fné solicitada y obtenida otra prórroga;

Pob cuanto, no tenemos datos en estos antos para poder apreciar si la apelación es frívola;

Pob cuanto, si bien esta apelación ha sido demorada por nn año desde qne fné interpuesta, ese hecho no es bastante por sí solo para concluir qne es aplicable la regla 59 de las de este tribunal;

Pob cuanto, al ser vista ante nosotros la moción de deses-timación de apelación ya estaba radicada en la corte inferior la transcripción de la evidencia:

Pob tanto, no ha lugar a desestimar la presente apela-ción.


text:
    No. 4592.
    Rodríguez Amigó, aplte., v. Villafaña, aplda.
    C. D. San Juan.
    Feb. 21, 1929.
   Celebrada la vista de esta apelación el 14 de febrero actual, versando los errores señalados sobre la apreciación de la prueba, siendo ésta contradictoria y habiendo la corte resuelto el conflicto en contra del demandante decidiendo no haber lugar a decretar el divorcio solicitado, sin que se haya demostrado qne exista pasión, prejuicio o parcialidad o qne se haya cometido error manifiesto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3727.
    El Pueblo, apldo., v. Vega Ledee, aplte.
    C. D. Guayama.
    Feb. 21, 1929.
   Celebrada la vista de esta apelación en la que la única alega-ción del acusado para qne revoquemos la-sentencia dictada contra él es que no está sostenida por la prueba, sin que nos haya presentado exposición del caso o transcripción taqui-gráfica de la evidencia aprobada por la corte sentenciadora, por lo que no estamos en condiciones de resolver la cuestión propuesta, debemos confirmar la sentencia apelada dictada en este caso el 23 de noviembre de 1928.


text:
    No. 4893.
    Sucesión Vélez Soto, aplte., v. Vidal & Co., aplda.
    C. D. Ponce.
    Feb. 25, 1929.
   Habiendo transcurrido el término que la ley señala para archivar en la secretaría de esta corte los autos de la apelación interpuesta en este caso, sin que se haya ve-rificado el archivo, debe declararse con lugar la moción de la apelada de febrero 4 actual y en tal virtud se desestima el recurso.


text:
    No. 4908.
    De la Cruz, aplte., v. Carballeira, Juez Municipal, recurrido y Nevárez, apldo.
    C. D. San Juan.
    Feb. 26, 1929.
   No habiendo sido notificado en este caso el escrito de apelación ni al secretario de la corte sen-tenciadora ni a la parte adversa o a su abogado, y no siendo adecuada una notificación por correo, se declara con lugar la moción del. apelado y en su consecuencia se desestima la ape-lación.


text:
    No. 4842.
    Correa, aplte-apldo., v. Castro, apldo-aplte.
    C. D. Humacao.
    Feb. 27, 1929.
   A la mo-ción del demandante de 23 de febrero actual se le tiene por desistido de la ai^elación que interpusiera, teniéndose ade-más por hecha su manifestación de haber fallecido el deman-dado-apelante-apelado, pudiendo continuar, eso no obstante, la apelación establecida por dicho demandado de acuerdo cou la ley, debiendo el demandante notificar esta orden a los he-rederos del repetido demandado o al representante legal de los mismos y entonces se proveerá sobre la concesión de un plazo para presentar alegato y de no presentarse desesti-marse el recurso.


text:
    No. 3705.
    El Pueblo, apldo., v. Piris (a) Pérez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 8, 1929.
   Pon guaNto, condenado el acusado como autor del delito de acometimiento y agresión grave de que fué acusado, apeló para ante este tribunal archivándose en tiempo la transcrip-ción de los autos;

Por cuanto, en su alegato el apelante sostiene que la prueba no es suficiente para basar en ella el fallo condena-torio dictado y el fiscal de esta corte tanto por escrito como oralmente se allanó a la contención del apelante; y

Por cuanto, examinada en efecto dicha prueba de ella aparece que el acusado, que se hallaba en estado de embria-guez, en el sitio y a la fecha que se expresan en la denuncia, al ir a pasar unos alambres se trabó en ellos y al tratar Santiago Rosa de ayudarlo “se emburujaron” resultando Rosa con dos pequeñas heridas, sin que pueda deducirse de los actos ocurridos que el acusado acometiera y agrediera a Rosa con la intención de causarle daño corporal alguno;

Por tanto, vista la ley y la jurisprudencia aplicable —El Pueblo v. Lugo, 16 D.P.R. 249 y El Pueblo v. Astasio, 23 D.P.R. 842—se revoca la sentencia recurrida que dictó la Corte de Distrito de San Juan el 10 de octubre, 1928, y se absuelve al acusado.


text:
    No. 4912.
    Domínguez Rubio, apldo., v. Bisbal et al., apltes.
    C. D. G-uayama.
    Marzo 12, 1929.
   Vista la moción que antecede para que desestimemos la pre-sente apelación, la certificación acompañada a la misma y la oposición por parte de los apelantes, y apareciendo que el escrito de apelación fué radicado fuera de tiempo en la se-cretaría de la corte de distrito, no siendo de aplicación el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil citado por los apelantes y sí el artículo 295 de dicho código, según fué enmendado por la sección 2 de una ley aprobada el 9 de marzo de 1911, sección 5339 de la compilación de dicho año, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se deses-tima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Guayama en enero 16, 1929, en el caso de epígrafe.


text:
    No. 3536.
    El Pueblo, apldo., v. Quintana Reyes, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 18, 1929.
   Pob cuaNto, una condena contra el apelante fué confir-mada por esta Corte y dicha parte ha tratado de obtener una revisión mediante auto de error;

Pob cuanto, las cuestiones constitucionales presentadas en el señalamiento de error carecen de especificación sufi-ciente para permitir a esta corte considerar a contrario censu si las cuestiones han sido debidamente suscitadas y son me-ritorias y no frívolas;

Pob cuanto, no aparece que alguna cuestión constitucional fué levantada previamente en la corte inferior o en este tribunal ;

Pob cuanto, si entendemos el tercer señalamiento de error, el artículo 243 del Código Penal evidentemente no interfiere con la libertad de la prensa sino meramente impide el abuso de tal libertad;

Pos cuanto, aunque la libertad de la prensa no es mayor que la de los individuos, sin embargo, en ningún sentido el castigo por enviar una comunicación libelosa a la prensa es una interferencia contra la libertad de ésta:

Vistos entre otros casos la decisión en El Pueblo v. Aboy, 38 D.P.R. 360, la jurisprudencia allí citada y especialmente la decisión del Juez Franco Soto de agosto 13,1923, en el caso de El Pueblo v. Juan de Gracia, se declara sin lugar la soln citud para auto de error o apelación solicitada.


text:
    No. 4019.
    Campos, apldo. v. Great American Insurance Co., aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 21, 1929.
   A la moción de reconsideración de la parte demandada, aun cuando sus fundamentos aparecen a primera vista merito-rios, no ha lugar, porque habiéndose ya admitido el recurso de apelación, bien por falta de jurisdicción, ya por cortesía, esta corte debe abstenerse de intervenir. Véase la resolu-ción dictada en el recurso gubernativo 527, Bello y Feo et al. v. Registrador de la Propiedad de Arecibo, de marzo 5, 1923.


text:
    No. 4034.
    Sucesión Ramírez Cherena, aplda. v. Troche Rodríguez et al., aplte.
    el primero.
    Abril 2, 1929.
   Celebrada la vista de esta apelación interpuesta por el demandado contra la negativa de la corte inferior a conce-derle un nuevo juicio: habiendo resuelto nosotros en el día de boy la apelación No. 4162 del mismo demandado contra la sentencia dictada contra él, revocándola y declarando sin lugar la demanda e improcedente la contrademanda, no es necesario resolver si el nuevo juicio debió serle concedido y por este motivo se desestima la apelación.


text:
    No. 4917.
    Rodríguez Mattei et al., apldos. v. Rodríguez Cuevas, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 25, 1929.
   Por cuaNto, la apelación se interpuso en este caso el 19 de mayo de 1928 y vencida el 14 de enero, 1929, la última pró-rroga concedida al taquígrafo para preparar la transcrip-ción, la parte apelante nada más ba gestionado, y

Por cuanto, basándose en tal motivo la parte apelada ba solicitado la desestimación del recurso, sin que la apelante se baya opuesto:

Por tanto, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 4923.
    Portela, et al., apltes. v. Junta Insular de Elecciones y Rodríguez et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Abril 3, 1929.
   Vista la moción enmendada que antecede sobre desestimación de la presente apelación, con la certificación acompañada a la misma, y apareciendo que la sentencia apelada está basada en un examen y análisis de la prueba presentada en la corte inferior, sin resolver nin-guna cuestión de derecho, y no habiendo los apelantes radi-cado basta la fecha en la secretaría de este tribunal exposi-ción del caso o transcripción de la evidencia alguna ni ges-tionado en la corte inferior la preparación o aprobación de tal transcripción: se declara con lugar la referida moción, y, en su consecuencia, se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan el 11 de marzo de 1929, en el caso arriba expresado.


text:
    No. 4918.
    Santini Fertilizer Co., aplda., v. Gallardo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 3, 1929.
   Presentada moción para que desestimemos la apelación que en el pleito del epígrafe fué interpuesta el 9 de enero de 1929: apareciendo que el 19 del mismo mes el apelante soli-citó y obtuvo de la corte inferior una orden para que el ta-quígrafo hiciera la transcripción de sus notas taquigráficas sin que la baya radicado en dicha corte y sin que se haya solicitado prórroga con tal fin; que no ha sido radicada en este tribunal la certificación del legajo de la sentencia y que la parte apelante no se ha opuesto a la expresada moción: debemos desestimar y desestimamos esta apelación.


text:
    No. 4648.
    Ramos y Negrón, peticionarios-apltes., v. Corte Municipal, aplda. y Ramos, interventor, apldo.
    C. D. Are-cibo.
    Abril 5, 1929.
   Celebrada hoy la vista de la moción de desestimación con asistencia e informe del abo-gado del interventor apelado. El apelante compareció per-sonalmente y sometió el caso por los méritos de la oposición que ha radicado, y apareciendo que el alegato del apelante no cumple con las reglas del tribunal, pues no señala los erro-res en que puede fundarse la apelación, en corte abierta, el tribunal declaró con lugar la moción y en su consecuencia desestimó la apelación.


text:
    No. 3773.
    El Pueblo, apldo. v. Romanacce, aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 5, 1929.
   No siendo suficientes para que el Tribunal ejercite su discreción las razones ale-gadas por el apelante en su moción sobre nuevo término, no ha lugar; y apareciendo que no se ha radicado el alegato correspondiente, se desestima el recurso.


text:
    No. 4894.
    Hernández Mena, apldo. v. Ocasio González, apte.
    C. D. San Juan.
    Abril 8, 1929.
   Por cuanto, el apelado ha pedido la desestimación de la apelación basada en que ésta se estableció en jumo 29, 1928, y ha transcurrido un término de 210 días sin que se haya presentado la transcripción de la evidencia ni esté pendiente de aprobación en la corte inferior; y

P oe cuanto la parte apelante no ha explicado en forma alguna la tardanza;

Pob tanto, se declara con lugar la moción y en su conse-cuencia se desestima la apelación.


text:
    No. 4657.
    Orange Rice Milling Co., aplda. v. Barasorda, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 8, 1929.
   Pob cuanto, la sentencia en este caso fué dictada en agosto 17, 1927, y el 2 de enero de 1929, cuando se presentó la moción de desestimación no había sido aún archivada la transcripción del récord;

Pob cuanto, debido al largo período de tiempo transcu-rrido esta corte hubiera estado muy dispuesta a desesti-mar el caso si se hubiera demostrado alguna falta de dili-gencia específica por parte del apelante para proseguir la apelación ;

Pob cuanto hemos escudriñado cuidadosamente el récord y no hemos podido hallar que el apelante o sus abogados hayan sido culpables de verdadera negligencia;

Pob cuanto no se ha colocado a esta corte en posición de ver exactamente los medios coercitivos que hubiera podido usar el apelante para compeler a los taquígrafos a transcri-bir sus notas;

Pob cuanto esta corte está convencida de que la falta, como cuestión general, cabe en la condición muy ocupada de la corte de distrito, o en el sistema de transcripción ta-quigráfica, según esta dificultad ha sido expresada en 2 California Jurisprudence 615, párrafo 337 ;

Pob cuanto después de haberse radicado la moción de desestimación se ha archivado la transcripción de autos y el apelante también ha presentado su alegato;

PoR tanto, en ausencia de razón satisfactoria en derecho y en uso de sn discreción, la corte declara sin lugar la mo-ción de desestimación antes citada. '


text:
    No. 4691.

    Rodríguez Rivera, aplte. v. Colón, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Abril 9, 1929.
   Estando vencida desde el 4 de octubre de 1928 la segunda prórroga de treinta días concedida a los apelantes para pre-sentar su alegato sin que hayan obtenido nueva prórroga y sin que hasta ahora lo hayan presentado, se desestima esta apelación, como solicita el apelado.


text:
    No. 4937.
    The Texas Co. of Porto Rico, Inc., aplda. v. Becerra, aplte.
    C. D. Humacao.
    Abril 9, 1929.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación y apareciendo que el apelante no ha radicado en la corte de distrito exposición del caso o trans-cripción de evidencia alguna, a pesar de haber vencido la última prórroga concedida con tal fin ni ha radicado en la secretaría de este tribunal la transcripción de autos, no obs-tante haber transcurrido con exceso el tiempo fijado para ello, se declara con lugar la referida moción, y se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao con fecha 27 de marzo de 1928, en el caso arriba expresado.


text:
    No. 4737.
    Suárez Álvarez, apldo. v. Rodríguez Fernández et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Abril 9, 1929.
   Vista la moción que antecede sobre desesti-mación de la presente apelación, y apareciendo de la faz de los autos y del alegato de los apelantes que la apelación es enteramente frívola: se declara con lugar la referida moción, y se desestima la apelación entablada contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en el caso arriba ex-presado, con fecha 23 de abril de 1928.


text:
    No. 4935.
    Núñez del Manzano, aplda. v. Del Manzano, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 9, 1929.
   Ha-biendo vencido con exceso el término que tenía el apelante para radicar en esta corte la transcripción del récord sin que lo haya hecho, se declara con lugar la moción para desesti-mar y en su consecuencia se desestima la apelación inter-puesta en este caso.


text:
    No. 4363.
    Moscoso, apldo. v. Manjón, demandado y Ortiz Lebrón, interventor-aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 23, 1929.
   Poe ctjaNto, en pleito seguido en la Corte de Distrito de Ponce por Ismael Hoscoso contra Antonio Hanjón el deman-dante embargó un crédito hipotecario de su demandado para asegurar la efectividad de la sentencia que se dictase a su favor;

Poe cuanto, en otro pleito seguido en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico por Nicolás Ortiz Lebrón contra el mismo Hanjón recayó sentencia condenato-ria y para su cumplimiento por no haber prestado fianza el demandado para su apelación fué embargado el crédito hi-potecario antes mencionado;

Poe cuanto, fundándose Ortiz Lebrón en ese embargo so-licitó de la Corte de Distrito de Ponce que le permitiera in-tervenir en ese pleito de Hoscoso contra Hanjón y habién-dosele negado esa solicitud interpuso esta apelación, cuya vista tuvo lugar el 3 de febrero último y pende de resolución;

Poe cuanto, después de vista la apelación ños ha presen-tado el demandado Hanjón solicitud para que desestimemos esta apelación, alegando que es académica su decisión porque la sentencia que sirvió de fundamento a Ortiz Lebrón para embargar a Hanjón el crédito hipotecario que antes le había embargado Hoscoso y para solicitar intervenir en el pleito de éste fué revocada por la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston, y que celebrado un nuevo juicio ha recaído veredicto a favor del demandado, lo que acredita con certificación del secretario de dicha corte;

Poe cuanto, habiendo sido revocada la sentencia que sir-vió de fundamento a Ortiz Lebrón para el embargo hecho a Manjón, como consecuencia del cual solicitó intervención en este pleito y lia establecido esta apelación por haberle sido negada esa intervención, resulta académico resolver si él tiene derecho a tal intervención;

Por cuaNto, el hecho de que Ortiz Lebrón pueda apelar de la sentencia que se dicte como consecuencia del veredicto rendido por un jurado en el pleito a favor de Manjón no puede afectar este caso porque una revocación no produciría el efecto de dar vida a la sentencia que produjo el embargo que sirve de base a la petición de intervención cuya negativa motiva este recurso;

Por otjaNto, el hecho de que la moción de desestimación se haya presentado después de vista la apelación en este caso no es obstáculo para que la desestimemos,

Por tanto, debemos desestimar y desestimamos por aca-démica la presente apelación.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 4946.
    Brown, apldo. v. The Porto Rico Ore Co., aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 23, 1929.
   Interpuesta la apelación en este pleito el 9 de enero de 1929 y habiendo vencido el 5 de abril la última prórroga concedida al apelante para presentar en la corte inferior la transcrip-ción de la evidencia para su aprobación sin que la haya ra-dicado y sin que tampoco haya presentado en este tribunal la transcripción del legajo de la sentencia, se desestima esta apelación, como solicita el apelado.


text:
    No. 657.
    American Colonial Bank y Banco Industrial de Puerto Rico, peticionarios, v. Corte de Distrito, y Somohano, demandados.

    Abril 23, 1929.
   Apare-ciendo que se ha presentado en la corte inferior una petición para que sea reconsiderada la resolución contra ía cual se ha interpuesto este certiorari, y no alegándose que haya sido resuelta, no ha lugar a expedir el auto interesado.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 4936.
    Zorrilla, Sáenz y Co., aplda. v. Palerm, aplte. y Jordán, Demandado.
    C. D. San Jnan.
    Abril 23, 1929.
   Por cuanto, en el presente caso se trata de una apela-ción contra sentencia en rebeldía registrada por el secretario de la Corte de Distrito de San Jnan en 27 de octubre de 1928; y el apelante pidió y obtuvo una prórroga para presentar la exposición del caso, lo que hizo en 7 de enero de 1929, sin que haya realizado ninguna otra diligencia;

Por cuanto, no aparece que se haya presentado en la se-cretaría de este tribunal la transcripción de autos, ni solici-tado prórroga alguna;

Por cuanto, la exposición del caso no es necesaria ni pro-cedente cuando se trata de sentencia en rebeldía registrada por el secretario, por falta de alegación del demandado;

Por tanto, se desestima la apelación en este caso.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 4741.
    Petterson, aplte. v. Manzano Aviñó et al. apldos.
    C. D. San Juan.
    Abril 23, 1929.
   Examinados los autos a la luz de la moción que antecede para que se desestime la presente apelación, leído el escrito de oposición a la referida moción y vistos el artículo 299 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y los Nos. 40, 58, 59 y 60 de las reglas de esta corte, se declara con lugar la moción y se de-sestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en agosto 17, 1928.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    No. 4842.
    Correa, aplte.-apldo., v. Castro, apldo.-aplte.
    C. D. Humacao.
    Abril 29, 1929.
   Por cuanto, la Sucesión del demandado-apelado-apelante fallecido fué notificada el día 16 de marzo próximo pasado de nuestra resolución de 8 del expresado mes por la cual fijóse un plazo de 30 días para que dicha parte pudiera ra-dicar su alegato como apelante, y tal alegato no ha sido ra-dicado ;

Por cuanto, la parte apelada pide la desestimación de la apelación establecida por el demandado alegando los hechos que se consignan en el párrafo anterior,

Poe taNto, se declara con lngar la moción de dicha parte demandante y en sn consecuencia se desestima por abandono la apelación establecida en este caso por la parte demandada.


text:
    No. 4947.
    Solís, apldo. v. Villafañe et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Abril 30, 1929.
   Por cuanto, en este pleito se cobra a los demandados el importe de varios pagarés vencidos, suscritos por ellos;

Por cuanto, los demandados opusieron como única de-fensa a esa reclamación que el término de vencimiento de esas obligaciones había sido prorrogado de mutuo acuerdo hasta una fecha posterior a la presentación de la demanda;

Por cuanto, los demandados no comparecieron en el jui-cio, y por tanto no presentaron prueba de su única defensa;

Por cuanto, en estas condiciones el pleito resulta frívola su apelación ;

Por tanto, por el expresado motivo accedemos a la solici-tud del apelado y desestimamos la apelación.


text:
    No. 757.
    Polanco, recurrente, v. El Registrador, recurrido.
    Abril 30, 1929.
   Por cuanto, la inscripción de una escritura de venta otor-gada por el márshal de la Corte de Distrito de Humacao fué denegada por el Registrador de Caguas:

“ .... por observarse: l9 Que en el registro de la pro-piedad sólo consta inscrita la mitad del solar anotada preven-tivamente a favor de Antonio G-arrido y Vicenta Parizo y en cuanto a la cuota usufructuaria a favor de la viuda María Puig; y la casa fué también anotada preventivamente a favor de la viuda y de Antonio Garrido y Vicenta Parizo. 29 Que habiéndo sido demandada la Sucesión de José Garrido Parizo compuesta según el documento por su viuda María Puig y John Doe y Richard Roe, como herederos descono-cidos de José Garrido, no consta cuándo ni en qué forma fué emplazada la Sucesión de José Garrido, demandada, y en qué personas para determinar si la corte actuó con jurisdicción ni cuándo ni a qué personas se les notificó la sentencia para determinar si en la fecha en que se celebró la‘subasta era firme la sentencia, pues figurando como demandados además la viuda María Puig, los herederos desconocidos de José Garrido, a quienes se figuró bajo los nombres de John Doe y Eicbard Eoe, tanto el emplazamiento como la notificación de la sentencia debió hacerse por edictos y aunque es cierto que la comparecencia voluntaria de las partes corrige el de-fecto que pueda existir en el emplazamiento y ahora se ha acompañado una certificación del secretario de la corte de dis-trito de Humaeao, en la que consta que comparecieron volun-tariamente María Puig y Antonio Garrido y Vicenta Farizo como herederos de José Garrido y representados por sus respectivos abogados y además se ha presentado otra certifi-cación sobre declaratoria de herederos de José Garrido en la cual consta que en 31 de agosto de 1928 el Hon. Gabriel Cas-tejón, Juez de la Corte de Distrito de Humaeao declaró como únicos y universales herederos de José Garrido a sus legíti-mos padres Antonio Garrido y Vicenta Farizo y su viuda María Puig en la cuota usufructuaria, es lo cierto que desde el comienzo del pleito que culminó en la venta de la finca des-crita, la corte no podía considerar como únicos y universales herederos de José Garrido a las personas que comparecieron como demandados, porque habiendo fallecido José Garrido abintestato, no existía una declaratoria judicial de herederos y aunque posteriormente o sea en la fecha expresada antes fueron declarados como herederos de José Garrido y dicha declaratoria recayó en las mismas y únicas personas que comparecieron como demandadas, este hecho a ‘posteriori no corrige el defecto en el procedimiento de no haber sido cita-dos por edictos ni notificada la sentencia también por edic-tos a John Doe y Eicbard Eoe como herederos desconocidos de José Garrido Farizo.”

Pos CUANTO, el recurrente está conforme con la primera parte de la nota apelada, comprometiéndose a subsanar el defecto indicado; y

Pob oxtaNto, las cuestiones suscitadas en el segundo apar-tado de dicha nota han sido resueltas por esta corte en los casos recientes números 757 y 752, Antonio L. López v. El Registrador, ante pag. 481 y Juan Solá González v. El Registrador, ante pag. 497 :

Por tanto, se revoca la nota apelada del Registrador de la Propiedad de Caguas de fecha primero de febrero de 192.9, en cuanto al apartado segundo de la misma, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con las opiniones en los casos citados.


text:
    No. 4941.
    Molina, apldo., v. Busó et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Mayo 1, 1929.
   Constando de la moción y de la declaración jurada del de-mandante-apelado que una de las partes demandadas necesa-rias no fué notificada de la apelación por otro de los de-mandados; y constando igualmente de dichas moción y de-claración jurada que la apelación es frívola, que no es nece-saria la transcripción de la evidencia y por consiguiente que la transcripción de autos debió haberse radicado ante esta corte dentro del término de treinta días a partir de la fecha en que se interpuso el recurso de apelación, cosa que no se hizo, se declara con lugar la moción y en su consecuen-cia se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humaeao con fecha 8 de febrero de 1929, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4777.
    Peña et al., apldos., v. Vergne, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 1, 1929.
   Apa-reciendo que la apelación fué establecida el 19 de septiembre de 1928 y la parte apelante fué solicitando prórrogas para presentar la transcripción del récord que le fueron concedi-das hasta que el taquígrafo el 12 de marzo último solicitó de la corte que ordenara al apelante que depositara el im-porte de la transcripción lo que el apelante no hizo dentro del término que se le concediera al efecto dejando así virtual-mente abandonada la transcripción, y apareciendo además qne dentro del término de ley no se lia archivado el legajo de la sentencia, se declara con lugar la moción de desestima-ción y en sn consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 4914.
    Sosa, aplte., v. Sosa, apldo.
    C. D. San Juan.
    Mayo 1, 1929.
   Por cuaNto, la parte demandada ha solicitado de este tribunal que se ordene la cancelación de una anotación de de-manda practicada de conformidad con el artículo 91 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

Por cuanto, aparece del récord que en este caso la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia, que fué apelada, y que en ese estado se halla ante este tribunal.

Por cuanto, la resolución de esta moción envolvería la de la apelación en sus méritos; y no es una moción incidental el medio propio para obtener la decisión de la apelación.

Por tanto, se declara no haber lugar a resolver la mo-ción, por ahora.


text:
    No. 4939.
    González, apldo., v. Abril, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 1, 1929.
   Apareciendo que no existe probabilidad alguna de una revocación de la sen-tencia apelada, sino que la confirmación de dicha sentencia sería el resultado inevitable de una vista del caso sobre sus méritos, se desestima por frívola la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan con fecha 29 de enero de 1929, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4765.
    Ramírez et al., apltes., v. Ramírez et al., apldos.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 6, 1929.
   Por cuanto, establecido pleito sobre acción negatoria de servidumbre, declaración de medianería y otros extremos se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda con las cos-tas a los demandantes y en el memorándum que para cobrar-las presentaron los demandados incluyeron como honorarios de su abogado la cantidad de $500;

Pob otjaNto, los demandantes impugnaron esa partida como excesiva y la corte de distrito la rebajó a $400 cuya resolución apelaron los demandantes;

Pob cuanto, los apelantes no han hecho especificación de •errores en su alegato y de la lectura de él no encontramos motivo para declarar que la corte inferior cometiera error en la resolución expresada;

Pob tanto, debemos confirmar y confirmamos la resolu-ción apelada.


text:
    No. 4951.
    Rodríguez, aplte., v. La Sociedad Civil “Miró y Correa”, aplda.
    C. D. San Juan.
    Mayo 7, 1929.
   Apareciendo que el apelante no ha radicado en la secretaría de este tribunal ninguna transcripción de autos, a pesar de haber transcurrido con exceso el tiempo fijado para ello, se declara con lugar la moción y se deses-tima la apelación interpuesta en contra de la sentencia dic-tada por la corte inferior con fecha 15 de junio de 1927 en el caso arriba expresado.


text:
    No. 4953.
    Trucharte, apldo., v. Fernández, Etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 7, 1929.
   Por cuanto, dictada sentencia en rebeldía contra la parte demandada, ésta apeló el 30 de enero de 1929, sin que luego hiciera gestión alguna para proseguir su apelación;

Pob tanto, se declara con lugar la moción de la parte ape-lada de abril 17, 1929, vista sin asistencia de las partes el 6 de mayo actual y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 4940.
    Vázquez, aplda., v. López, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 7, 1929.
   No encontrán-dose un verdadero motivo legal para desestimar la apela-ción, y no encontrándose tampoco que el apelante ha dejado de tratar de obtener las notas taquigráficas; vista la resolu-ción dictada en el caso No. 4657, Orange Rice Milling Co. v. Angel Barasorda, en abril 8, 1929, se declara sin lugar la mo-ción para desestimar.


text:
    No. 4845.
    Martínez, aplte., v. Juan B. Huyke, Comisionado de Instrucción, apldo.
    C. D. San Juan.
    Mayo 7, 1929.
   Por cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso porque la parte apelante no cumplió con la ley ni con las reglas de la corte al archivar, su alegato sin notificarlo a la dicha parte apelada;

Por cuanto, señalado el 29 de abril de 1929 para la vista de la moción comparecieron ambas partes, reconociendo la apelante su omisión, exponiendo las causas que dieron lugar a la misma y alegando que ya se había servido la copia a la parte apelada a la que se le servirían dos más impresas en cuanto estuvieran listas; y

Por cuanto, la vista de este recurso no ha sido aún se-ñalada, teniendo la parte apelada amplia oportunidad para estudiar y contestar el alegato de la apelante,

Por tanto, no ha lugar a desestimar la apelación.


text:
    No. 4846.
    Ruiz, aplte., v. Juan B. Huyke, Comisionado de Instrucción, apldo.
    C. D. San Juan.
    Mayo 7, 1929.
   Por cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso porque la parte apelante no cumplió con la ley ni con las reglas de la corte al archivar su alegato sin notificarlo a la dicha parte apelada;

Por cuanto, señalado el 29 de abril de 1929 para la vista de la moción comparecieron ambas partes, reconociendo la apelante su omisión, exponiendo las causas que dieron lugar a la misma y alegando que ya se había servido la copia a la parte apelada a la que le servirían dos más impresas en cuanto estuvieran listas; y

Por cuanto, la vista de este recurso no ha sido aún se-ñalada, teniendo la parte apelada amplia oportunidad para estudiar y contestar el alegato de la apelante, :

Por TANTO, no ha lugar a desestimar la apelación.


text:
    No. 4961.
    Valladares, apldo., v. Berríos, Etc., apltes.
    C. D. Hnmacao.
    Mayo 7, 1929.
   Vista la mo-ción de la parte apelada, se desestima la apelación estable-cida en este caso, por falta de la debida prosecución.


text:
    No. 4537.
    Matos, Etc., aplda., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 7, 1929.
   Vista la demanda, la opinión de la corte inferior y el alegato del ape-lante ya radicado, la corte no encuentra base suficiente para declarar que la apelación es frívola, especialmente cuando una de las cuestiones suscitadas no es solamente un conflicto de prueba sino que envuelve una apreciación de la misma, y cuando se llama la atención de que la teoría de la demanda no era la teoría seguida por la corte inferior, estando en-vuelta aparentemente una cuestión legal.


text:
    No. 3854.
    El Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 8, 1929.
   Por cuanto, de la anterior moción y de la certificación acompañada aparece que por error de la secretaría de la corte inferior se elevó en 20 de abril próximo pasado un duplicado de la transcripción que se había elevado en enero 31 del corriente año en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Avelino González Mena, por infracción al artículo 1 de la Ley No. 24 de 1928, habiéndose radicado la primera transcrip-ción bajo el número 3776 y la segunda bajo el número 3854,

Por tanto, se declara con lugar la moción y en su conse-cuencia se ordena el sobreseimiento y archivo del recurso de apelación radicado en esta corte bajo el número 3854, El Pueblo de Puerto Rico, v. Avelino González Mena, por infracción al artículo 1 de la Ley No. 24 de 1928.


text:
    No. 657.
    Am. Col. Bank et al., peticionarios, v. Corte de Distrito San Juan, Hon. C. Llauger, Juez, et al., demandados.
    Mayo 8, 1929.
   Por cuanto, la vista de este auto de certiorari tuvo lugar ante este tribunal.

Por cuaNto, promovido pleito por Paulino Somohano contra Esteban Matanzo para división de la comunidad que ambos tienen en una casa de esta ciudad fué radicada el mismo día una moción del demandante para que la corte nombrase un administrador judicial de esa casa, alegando que el condueño de dos terceras partes Esteban Matanzo está ausente de esta Isla, sin tener aquí persona que lo represente.

Por cuanto, señalado día para la vista de esa moción los peticionarios del certiorari pidieron a.la corte inferior les permitiese intervenir en el pleito y oponerse al nombramiento solicitado de administrador judicial, alegando ser acreedores hipotecarios de la finca y tenerla uno de ellos en arrenda-miento de Esteban Matanzo y de su hermano Domingo Ma-tanzo, de quien después adquirió Somohano, así como que Esteban Matanzo tiene representantes en esta Isla;

Por cuanto, la corte inferior decretó la administración judicial de la casa por el fundamento de que Esteban Ma-tanzo está ausente de esta Isla y no tiene aquí persona que lo represente;

Por cuanto, habiendo solicitado los ahora peticionarios que la corte inferior reconsiderase esa resolución les fué ne-gado lo pedido por no ser partes todavía en ese incidente.

Por cuanto, antes de ser notificado el auto de certiorari a la corte inferior a ésta le fué presentada una moción de Domingo Matanzo, jurada y documentada, en la que solicita se deje sin efecto la administración judicial decretada, ale-, gando para ello que él representa en esta Isla a su hermano Esteban Matanzo de quien es administrador, especialmente en cuanto a la casa en cuestión, moción para cuya vista fue señalado un día;

Por cuanto, si al resolverse esa moción se dejase sin efecto la administración judicial decretada los peticionarios del certiorari habrán conseguido el fin que perseguían con su intervención y sería innecesario resolver este auto,

Por tanto, se anula el auto expedido y se devuelven las diligencias originales a la corte inferior para que continúe los procedimientos.


text:
    No. 4403.
    Ruiz, aplte., v. Vallés et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Mayo 10, 1929.
   Por cuaNto, el juez de distrito en su “Belación del caso y opinión,” después de un detenido estudio y análisis de la prueba practicada, llegó a la conclusión de que “claramente la prueba demuestra el carácter falso, simulado y fraudulento del título del demandante sobre la casa embargada, esto es, su falta de título para reclamar;”

Por ouaNto, los únicos fundamentos de la presente ape-lación son que:

“1. La corte erró al apreciar el conjunto de la prueba y declarar sin lugar la demanda; ?

“2. La corte erró al condenar al demandante al pago de las costas;”

Por cuanto, el segundo de dichos señalamientos no se discute en el alegato del apelante, por ser, como es de supo-ner, un mero corolario del primero, y

Por cuanto, después de un examen cuidadoso de los ale-gatos presentados, de la relación y opinión arriba mencionada y de la prueba practicada en la corte inferior, no encontra-mos motivo suficiente para discrepar del criterio formado por el juez de la corte de distrito,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 23 de febrero de 1927, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4625.
    The Estate of Wilhelm Körber, Inc., aplte., v. Gallardo, Tesorero de Puerto Rio.
    C. D. San Juan.
    Mayo 10, 1929.
   En este caso las partes están conformes en que la corte inferior cometió los errores que le imputa el apelante debido al largo tiempo transcurrido entre la fecha del juicio y el momento de dictar sentencia, por lo que en apelación se revocó la sentencia ape-lada, declarándose con lugar la demanda y se ordenó al de-mandado que devuelva al demandante la suma de $4,633, o sea la diferencia entre lo pagado bajo protesta y la contri-bución que realmente debió imponerse y cobrarse al deman-dante en el ejercicio 1924-25.


text:
    No. 4972.
    Martínez, apldo., v. Ortiz, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 21, 1929.
   Por cuanto, interpuesta apelación en este caso el 8 de mayo ue ±928, la parte 'apelante solicitó y obtuvo varias, prórrogas para presentar la transcripción de la evidencia, venciendo la última el 5 de noviembre de 1928, sin que nada más baya gestionado dicha parte,

Por tanto, se declara con lugar la moción de la parte ape-lada de mayo 5, 1929, vista sin asistencia de las partes en mayo 20 actual, y en su consecuencia se desestima, por aban-dono, el recurso.


text:
    No. 648.
    Alcaide et al., peticionarios, v. Corte de Distrito San Juan, Hon. C. Llauger, Juez, demandado.
    Mayo 22, 1929.
   Atendida la alegación que se hizo en la solicitud sobre que la corte de distrito estaba conociendo de cierto procedimiento de administración judicial sin jurisdicción, expidióse el auto en este caso; pero apa-reciendo del récord elevado que la corte inferior no había resuelto aún las cuestiones que dieron origen al certiorari, y apareciendo además ser el objeto del recurso que el Tribunal Supremo resolviera las cuestiones sometidas a la corte de distrito antes de que ésta las haya resuelto, se anuló el auto, ordenando a la corte de distrito que resuelva las cues-tiones que le han sido planteadas.


text:
    No. 2949.
    El Pueblo, apldo., v. Méndez aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 28, 1929.
   Por cuanto, celebrada la vista de este recurso el 12 de junio de 1928, al estudiar los autos se observó que no existía pliego de excepciones, transcripción de evidencia o exposición del caso, y a virtud de ello, basándose como se basaba la apelación, especialmente en cierto error que se alegaba co-metido al admitir la prueba, se desestimó el recurso; y

Pon ouaNto, el apelante solicitó la reconsideración de la desestimación alegando que si bien en el expediente no apare-cía la transcripción de la evidencia era lo cierto que dicha transcripción formaba parte de los autos del recurso No. 2950, El Pueblo de Puerto Rico v. Confesor Méndez, por acometi-miento grave, debido a que las partes estipularon que la misma prueba sirviera para ambos casos, habiéndose elevado una sola transcripción que se agregó a los autos del dicho recurso No. 2950; y

Por cuanto, aunque en verdad debió haberse renovado la estipulación a los efectos de la tramitación de los recursos establecidos, estamos convencidos de que la misma prueba sirvió para dictar los dos fallos condenatorios, mío por aco-metimiento grave y otro por portar un arma prohibida; y

Por cuanto, analizada la indicada transcripción de la evi-dencia no resulta que se cometieran los errores alegados, de acuerdo con la opinión emitida en el día de hoy para fun-dar la sentencia en el recurso No. 2950:

Por tanto, se declara con lugar la reconsideración y en su consecuencia se anula la resolución desestimando el re-curso dictada el 26 de julio de 1928, y, juzgando la apelación por sus méritos se confirma la sentencia recurrida por vir-tud de la cual el acusado apelante fué condenado como autor de un delito de portar armas a un mes de cárcel, sin las costas.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió en cuanto a la confir-mación de la sentencia apelada.

In re, Comisión Industrial. Mayo 29, 1929. A la soli-citud del Presidente, Juan M. Herrero, “para que se facilite a la Comisión Industrial una colección de las Decisiones de Puerto Rico,” visto lo resuelto en los casos Ex Parte Comi-sión de Indemnizaciones a Obreros, en junio 7 de 1920 e In Pe The Federal Land Bank of Baltimore, Porto Rico Branch, en junio 12 de 1922, no ha lugar.


text:
    No. 4977.
    Marques & Co., S. en C., aplda., v. Villlafañe et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Junio 4, 1929.
   Vista la moción para desestimar de la parte apelada, y el documento acompañado, se declara con lugar dicha mo-ción y se desestima el recurso por falta de prosecución.


text:
    No. 4930.
    The Manufacturers Life Insurance Co., aplda., v. Irizarry et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Junio 4, 1920.
   Poe cuanto, contra una resolución dictada por la Corte de Distrito de Ponce en 26 de octubre de 1926, aprobando un memorándum de costas, desembolsos y honorarios de, abo-gado, apelaron los demandados en este caso, radicando su escrito en 4 de noviembre de 1926; y presentado en 26 de los mismos mes y año la transcripción de la evidencia, cuya aprobación denegó el juez por no estar completa, concediendo a la apelante varias prórrogas, de las que la última expiró en 20 de febrero de 1927, sin que se radicara la transcrip-ción, ni exposición del caso.

Poe cuanto, la parte apelada, en 19 de marzo de 1929 ha pedido que desestimemos esta apelación y la apelante, en 8 de abril siguiente ha presentado su oposición, fundándose en que Lorenzo Irizarry, uno de los demandados, falleció en Peñuelas, en fecha posterior a la de la sentencia en el caso, y su sucesión no ha sido notificada de la moción para desestimar; y alegando que se presentó la transcripción de evidencia, que acompaña, y que no ha sido aprobada por el juez, que entiende que debe completarse con un récord que se halla archivado en este tribunal, y que el juez no ha actuado y no ha señalado fecha para la aprobación;

Poe cuanto, no aparece que de la moción de desestima-ción haya sido notificada la sucesión de Lorenzo Irizarry,

Pos tanto, no ha lugar, por ahora, a desestimar la apela-ción.


text:
    No. 759.
    Baerga, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Junio 4, 1929.
   Recurrida la nota denegatoria que estampó el regis-trador de la propiedad al calce de una copia de la escritura de venta judicial otorgada por el marshal de la Corte de Distrito de Humacao a favor de Antonio López en abril 25, 1928, el Tribunal Supremo, tomando en consideración que en los recursos Nos. 752, 756 y 757 de este tribunal, y en fe-chas 24, 26 y 30 de abril de 1929 ha resuelto las mismas cues-tiones que se discuten en el presente recurso gubernativo, sin que existan méritos para aplicar una doctrina distinta, declaró con lugar el recurso, ordenando la inscripción en cuanto a la mitad pro indivisa de la finca que está inscrita, a favor de María Puig y confirmando la nota en cuanto al de-fecto subsanable de no haber ésta aceptado en forma el con-trato.


text:
    No. 4370.
    Canals Hnos. & Co., Sucs., aplte., v. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, apldo.
    C. D. Ponce.
    Junio 10, 1929.
   Por cuanto, las verdaderas cuestiones aquí suscitadas han sido resueltas por la opinión de este tribunal en el caso de Central Eureka, Inc. v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, No. 4355, decidido el 19 de marzo de 1929, o por la opinión de la corte inferior en el presente caso, y quizás el único aspecto en que se insiste es que la deman-dante, con motivo de la distribución de beneficios hecha en-tre sus socios, ha obtenido derechos adquiridos;

Por cuanto, una contribución sobre ingresos basada en las entradas de 1923 y 1924 para ser satisfecha en 1926, no puede considerarse que afecta derechos adquiridos, toda vez que la Legislatura puede imponer, y en verdad impone, toda contribución sobre ingresos de esta misma manera, y aunque la mercantil puede haber dividido sus ingresos entre sus so-cios, sin embargo, los ingresos recibidos durante dicho pe-ríodo son tributables en años subsiguientes y pueden acredi-tarse en los libros de la mercantil como de la fecha en que se han pagado,

Por taNto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce con fecha 16 de marzo de 1927, en el caso arriba titulado.