author: El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

text:
    Enrique Olivencia, demandante y apelante, v. Tomás Pérez Sales, demandado y apelado.
    No. 6866.

    Sometido: Febrero 6, 1936.

      Resuelto: Mayo 20, 1936.

      Bolívar Pagán, abogado del apelante; José Sabater, abogado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal. .

Enrique Olivencia invoca la acción judicial para que se le declare hijo natural reconocido de Pedro Pérez Sales,, hermano del demandado, con todos los derechos inherentes a su filiación.

Se alega en la demanda que el demandante es hijo natural de Filomena Olivencia y que fue concebido por ésta- en amores y actos carnales con Pedro Pérez Sales, quien falleció en Mayagüez el día 6 de julio de 1932; que cuando Filomena Olivencia y Pedro Pérez Sales concibieron y procrearon a Enrique Olivencia eran ambos mayores de edad, solteros y no existía impedimento alguno que les impidiera legalmente contraer matrimonio entre sí; que Enrique Olivencia desde su nacimiento se halló siempre en la posesión continua de estado de hijo natural de Pedro Pérez Sales, quien consi-deró y trató siempre pública y privadamente al demandante como hijo suyo, prodigándole afectos paternales, teniéndola bajo su custodia y cuidado y pagándole albergue, ropa, alimentos, medicinas y educación; que Pedro Pérez Sales falleció sin dejar ascendientes ni descendientes, y que su hermano, el demandado Tomás Pérez Sales, es el único pa-riente dejado a su fallecimiento. •

El demandado negó los hechos esenciales de la demanda,, alegando que Filomena Olivencia, madre del demandante,, contrajo matrimonio con Pedro Leandro Marrero en 30 de agosto de 1893, y que según aparece del Registro Civil de Mayagiiez, Enrique Oliveneia nació el día 10 de noviembre de 1897, fecha en qne Filomena Oliveneia se encontraba casada con el referido Pedro Leandro Marrero.

Con anterioridad a la radicación de esta demanda Enrique Oliveneia tramitó en la Corte de Distrito de San Juan nna información ad perpetuam re in memoriam, alegando qne la fecha de su nacimiento ocurrió en 10 de noviembre de 1891 y no en 10 de noviembre de 1897, y solicitando que la corte ordenase la correspondiente corrección en el Registro Civil de Mayagüez. La corte de distrito resolvió esta solicitud de acuerdo con lo solicitado por el peticionario.

La Corte de Distrito de Mayagüez, luego de celebrado juicio y.practicada la prueba, declaró sin lugar la demanda por los fundamentos que se expresan a continuación:

“Al presentarse la prueba de la rectificación del nacimiento del demandante el demandado hizo oposición. En nuestro Código de Enjuiciamiento Civil no hay disposición alguna respecto a los ex-pedientes de perpetua memoria, pero en el Código de Enjuiciamiento Civil español que rigió anteriormente en esta isla, en su art. 2001 y siguientes se establece el procedimiento para esta clase de expe-dientes. En ese expediente de perpetua memoria no intervino el Ministerio Fiscal ni se notificó del mismo al demandado. Si no es aplicable el Código de Enjuiciamiento Civil español, en este caso, las circunstancias en que fué tramitado el expediente ex parte de-muestra que fué una prueba preparada para este pleito y por lo tanto no tiene valor alguno y debe ser rechazada.
“En tales condiciones el demandante nació cuando su madre Fi-lomena Oliveneia estaba casada legalmente con Pedro Leandro Marrero, de quien nunca se divorció y es un hijo legítimo no pu-diendo ser declarado hijo natural reconocido del causante del de-mandado. ’ ’

Convenimos en qne la información ad perpetuam re in memoriam no tiene valor probatorio alguno cuando no se tramita con las formalidades exigidas por la ley. Si se cumplen estas solemnidades, sirve para justificar los ■ hechos a que se refiere, salvo prueba en contrario y cuando no se trate de hechos de que pueda resultar perjuicio a una persona cierta y determinada.

i Manresa, comentando la fuerza y valor probatorios de estas informaciones, se expresa así:

"Aunque la ley no lo dice en este lugar, lo declaró ya en el artículo 596. ‘Bajo la denominación de documentos públicos y so-lemnes, dice dicho artículo, se comprenden . . . las actuaciones ju-diciales de toda especie.’ Las informaciones de que tratamos son. actuaciones judiciales; luego tendrán en juicio la fuerza y valor de documentos públicos y solemnes, para justificar los hechos a que se refieran, salva siempre la prueba en contrario. Mas, para que tengan esta fuerza probatoria, es indispensable que estén practicadas con las formalidades prevenidas en los artículos 2003 y siguientes, y que, como ordena el 2002, no se refieren a hechos de que pueda resultar perjuicio a una persona cierta y determinada; careciendo de estos requisitos no podrán surtir efecto alguno probatorio, como lo declaró el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 27 de junio de 1864.” 6 Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, 426 (3a. Ed., pág. 443).

Si ésta hubiese sido la única prueba presentada, indiscu-tiblemente que tendríamos que confirmar el fallo de la corte inferior, declarando sin lugar la demanda; pero el deman-dante ofreció además prueba testifical para demostrar que en la fecha de su nacimiento su madre, Filomena Olivencia, era soltera, que es hijo de Pedro Pérez Sales, y que gozó de la posesión de estado de hijo natural del mismo.

En 19 de diciembre de 1910, años después del nacimiento de Enrique y veinte años antes de haberse iniciado esta acción, Filomena Olivencia inscribió en el Registro Civil de Mayagüez el nacimiento de su hijo Enrique. De la certificación, expedida por el Secretario del Registro Civil, copiamos lo siguiente:

"En la ciudad de Mayagüez, a las diez de la mañana del día diez y nueve de diciembre del año mil novecientos diez, ante Don Rafael Mangual Delgado, Secretario Municipal, compareció Filomena Oli-veneia, natural de Mayagüez, mayor de edad, estado soltera, profe-sión costurera, calle de-y domiciliada en el barrio de Mayagüez Arriba, declarando en este acto el nacimiento de un niño cuyo alumbramiento tuvo lugar en la casa de la declarante el día diez del mes de noviembre de 1897 y a las doce de la nocbe, siendo hijo natural de la declarante. Nieto por la línea materna de Cristina Oliveneia. Y que a dicho niño se le pone el nombre ele EnRique. ’ ’

Como se ve, la madre del demandante aparece decla-rando que era soltera en la fecha en que se llevó a cabo la inscripción. Para esa fecha la referida señora estaba ca-sada con Pedro Leandro Marrero. Es raro que Filomena. Oliveneia hiciese constar que era soltera en la fecha en que inscribió el nacimiento de su hijo y no en la fecha en que ocurrió el nacimiento, para poder inscribirlo como hijo natural. % Qué interés pudo tener esta señora en faltar a la verdad? 4Puede concebirse que tratara de inscribir como natural a un hijo legítimo? ¿Por qué, si era legítimo, su es-poso Pedro Marrero no lo inscribió oportunamente? Puede que Filomena Oliveneia sufriese una equivocación respecto a la fecha del nacimiento de su hijo al hacer la inscripción y puede también que no hubiese sido entendida por el encar-gado del Registro Civil. En su testimonio, declarando a pre-guntas del abogado del demandado, la madre del demandante dice que cuando inscribió a su hijo era casada, pero que lo tuvo cuando era soltera. De la transcripción de evidencia copiamos lo siguiente:

“P. ¿Usted fué a inscribir a ese hijo Enrique?
R. Sí, señor.
P. ¿Dónde fué que lo inscribió?
R. En el Registro Civil de Mayagüez.
P. ¿Cuando Ud. lo inscribió, Ud. dijo que era soltera?
R. No, cuando yo lo inscribí ya era casada, pero el niño lo tuve cuando soltera.
P. ¿Cuándo fué que Ud. se casó?
R. En el año 1893.
P. ¿Se casó Ud. por la Iglesia Católica?
R. Sí, señor.
P. ¿Y nunca se divorció?
R. Nunca, hasta la muerte de Pedro Leandro Marrero.
P. ¿Ud. sabe cuándo él falleció?
R. Harán como dos años, pero no sé la fecha.”

También según el registro Filomena declaró que su hijo nació en 10 de noviembre de 1897. Esta inscripción, como ya hemos dicho, se llevó a cabo veinte años antes de iniciarse este pleito, en una fecha tan lejana que no es posible que la madre del demandante estuviese preparándose para una acción de filiación contra Pedro Pérez Sales. Del hecho de que una madre cumpla, aunque sea tardíamente, con el deber de ins-cribir el nacimiento de un hijo natural no puede deducirse la intención de prepararse para un pleito en el futuro contra un padre que no se menciona y que no, resulta afectado por el acto de la madre inscribiendo y reconociendo como suyo al hijo natural.

Filomena Olivencia declaró que Pedro Pérez Sales fue su primer marido; que se conocieron siendo muchachos y que ambos vivían muy cerca.en el barrio de Bateyes; que Pedro ■ Pérez Sales estuvo enamorándola' como un año y que tuvo un hijo que se llama Enrique Olivencia; que vivió con él en su propia casa, con el consentimiento de su mamá; que vivieron como marido y mujer y que él iba a su casa y le lle-vaba el diario todas las semanas; que él iba de noche y mientras el niño estuvo en su casa todos los días; que re-cuerda que Pedro Pérez Sales le regaló un aro durante ese año de relaciones donde estaban grabados el nombre de Pedro, su apellido y el año; que como al año de tener al niño Pedro Pérez Sales se lo llevó a la abuelita diciéndole que se iba a quedar con él porque la abuelita lo quería muchísimo; que la declarante se casó a los dos años con Pedro Marrero, de quien tuvo dos hijos; que todos los gastos de su hijo Enrique Olivencia los sufragó su padre, Pedro Pérez Sales, quien se encargó de la manutención de Enrique; que Pedro Pérez Sales le suministraba la ropa y el alimento del niño y que se lo daba todo; que le parece que vivió con Pedro Marrero como diez años; que le parece,- porque le fallan las fechas; que durante el tiempo que estuvo casada con Pedro Marrero los gastos de Enrique Olivencia los pagaba Pedro Pérez Sales; que inscribió a Enrique en el Begistro Civil de Mayagüez; que lo inscribió cuando ella estaba casada; pero que lo tuvo cuando estaba soltera; que se casó en 1893.

La testigo Francisca Laguerra declara que actuó como comadrona en el nacimiento del demandante; que Pedro Pé-rez Sales la fué a buscar para que le prestara sus servicios a Filomena Olivencia en el nacimiento de Enrique; que prestó esos servicios; que estuvo presente basta el 'naci-miento de Enrique Olivencia; que Pedro Pérez Sales le pagó por los referidos servicios; que Pedro Pérez Sales siempre estaba en la casa pendiente de que llegara la declarante para que atendiera al niño; que asistió a Filomena Olivencia du-rante los nueve días que le pertenecían; que tenía como vein-ticinco años de edad para esa fecba; que Filomena Olivencia vivía en su casa, con su mamá, y que para ese tiempo era joven y señorita; que se casó como a los dos años de tener el niño; que no se acuerda del nombre de la persona con quien se casó; que como al año de nacer el niño se fué para Las Marías y que por tal motivo no sabe si el marido de Filo-mena Olivencia está vivo o muerto ahora; que después que se fué para Las Marías volvió a ver a Enrique Olivencia como a los ocho años.

Luis Vázquez Brugman, de setenta y siete años de edad, declara que vivió con Pedro Pérez Sales como veinte o vein-tidós años en una casita al lado de su casa de vivienda; que Enrique Olivencia tenía como de diez a doce años después de la invasión americana y del temporal de San Ciriaco y que Pedro Marrero se casó con Filomena Olivencia después de nacido Enrique.

Fueron varios los testigos que declararon, de parte del demandante, para probar las alegaciones de la demanda; pero los únicos que dicen categóricamente que cuando Enrique Olivencia nació, su madre, Filomena, permanecía en es-tado de soltería, son los tres que acabamos de citar. De parte del demandado declararon también varios testigos sobre este particular:

Gregoria Marrero, hermana de Pedro Marrero, declara qne vive en Bateyes, al cuidado del demandado Tomás Pérez Sales, qne sabe qne Enrique Olivencia nació en el barrio de Bateyes, en casa de la abuela y qne cuando ocurrió su naci-miento ya estaba casada Filomena con Pedro Marrero. Con respecto al testimonio de esta testigo, copiamos lo que sigue de la transcripción de evidencia:

“¿P. Ud. conoció a Pedro Marrero?
E. ¡ Cómo no lo voy a conocer!
P. ¿Por qué Ud. lo conoce?
E, Porque era hermano mío.
P. ¿Pedro Marrero es vivo o muerto?
E. Muerto.' .
P. ¿Cuándo murió él?
E. Yo no recuerdo la fecha; creo que hace dos años.
P. ¿Cuando murió Pedro Marrero, él era soltero, casado o viudo?
E. Casado.
P. Con quién estaba casado él?
E. Con Filomena Olivencia.
P. ¿Ud. conoce a Enrique Olivencia?
E. ¡ Cómo no lo voy a conocer!
P. ¿Qué es de Ud. Enrique Olivencia?
E. Para mí puede ser una chispita de sangre por la madre; por el padre no.”

Véase como Gregoria Marrero, cuando se le pregunta qué es de Enrique Olivencia, contesta que puede ser una chispita de sangre por la madre, pero por el padre no. Es decir, por su hermano Pedro Marrero, la testigo no tiene perentesco alguno con el demandante. Puede tenerlo, “aunque sea una chispita de sangre”, con Filomena Olivencia. Esta contes-tación, producida inocentemente por una persona que vive al cuidado del demandado, y que es hermana de Pedro Marrero, parece indicar dónde es que está la verdad.

El testigo Gregorio Olivencia declara que cuando nació Enrique, Filomena estaba casada con Pedro Marrero. Este testigo fué sometido a un fuerte interrogatorio por la parte demandante, con el propósito de demostrar su interés. Su testimonio no trae a nuestro ánimo la impresión de qne esté diciendo la verdad.

Pedro Des jardín también declara qne Filomena Olivenciá estaba casada con Pedro Marrero cnando nació el deman-dante. Este testigo vive en casa de Tomás Pérez.

Esta es toda la prneba producida por la parte demandada para demostrar que Pedro Marrero y Filomena Olivencia habían contraído matrimonio cuando surgió a la vida el de-mandante. Frente a este testimonio tenemos la declaración de la propia madre, que relata detalladamente sus relaciones con Pedro Pérez Sales, la concepción del niño y su naci-miento antes de haber contraído matrimonio con Pedro Ma-rrero. La comadrona, quien dice tener como noventa años más o menos, declara con claridad y lucidez, sin incurrir en contradicciones y aparentemente sin vacilar, ante el contra-interrogatorio de la parte demandada. El testimonio de esta testigo es claro y terminante. Pedro Pérez la fué a buscar para que prestara sus servicios a Filomena Olivencia cuando nació el demandante; Pedro Pérez estuvo presente en aquellos instantes y pagó los servicios prestados por la testigo; Pedro Pérez estaba siempre en la casa pe'ndiente de que llegara la comadrona para que asistiera al niño.

En cuanto a la .posesión de estado de hijo natural, además del testimonio de Filomena Olivencia y Francisca Laguerra, que ya conocemos, se produjo la prueba que pasamos a re-latar.

Juan Arroyo Mestre declara que tiene sesenta y cinco años de edad; que es vecino de Mayagüez y que vive allí desde su nacimiento; que conoció a Pedro Pérez Sales desde 1908; que Pedro Pérez Sales tenía mucha confianza con él y que él le arregló una documentación para tomar un prés-tamo en el Banco Federal; que él era consejero de Pedro Pérez Sales; que iba a la casa de Pedro Pérez Sales y allí conoció a Enrique Olivencia; pero allí le decían Enrique Pérez; que conoció a Enrique Olivencia viviendo en la casa del padre y viniendo en el cochecito de él a Mayagüez; y que el padre le daba dinero para comer y para fiestar y le decía su hijo; que Enrique Oliveneia se dirigía a Pedro Pé-rez Sales diciéndole “papá”; y que Pedro Pérez Sales le llamaba hijo; que veía a Pedro Pérez Sales todas las se-manas; que iba a su finca a menudo; que observaba que entre Pedro Pérez Sales y Enrique Oliveneia existía armonía; que él le daba ropa, alimento y todo; que lo trataba como hijo; que Pedro Pérez Sales llevaba a Enrique Oliveneia a la casa del declarante y se le daba comida; que Pedro Pérez Sales le daba dinero para el hijo; que las relaciones eran cordiales; que todo el mundo decía que Enrique Oliveneia era hijo de Pedro Pérez Sales, todo el barrio; que le habló a Pedro Pérez Sales muchas veces en relación con el reco-nocimiento de Enrique Oliveneia; que él le preguntó en qué forma podía reconocer un hijo y le dijo que por medio de un testamento; que se refería a Enrique Oliveneia; que no ha conocido otro; que no conoce a la madre de nombre, sola-mente de vista; que sabe que la madre es casada, pero no conoce al marido; que no se hizo el testamento al cual el de-clarante hizo referencia.

Lope Valdespino-declara que tiene como 45 ó 46 años; que ha vivido toda su vida en Mayagüez; que conoce a Enrique Oliveneia; que lo conoce desde niño; que conoció a Pedro Pérez Sales desde que tuvo uso de razón; que él vivía en el barrio Bateyes al igual que el declarante; que siempre fueron amigos, iban a fiestas; que el declarante iba a la casa de Pedro Pérez Sales y éste iba a la del declarante; que los padres del declarante eran amigos de Pedro Pérez Sales; que le lleva como cuatro o cinco años a Enrique Oliveneia; que lo conoció viviendo, cuando chiquito, con la mamá, como de 4 ó 6 años; que después de esto vivía con el papá, con Pedro Pérez Sales; que vió a Enrique Oliveneia y Pedro Pérez Sales con mucha frecuencia; que Pedro Pérez Sales trataba a Enrique Oliveneia como hijo; que Enrique Oli-vencia le decía “papá”; que Pedro Pérez Sales siempre andaba con Enrique Oliveneia; que él veía que el muchacho obedecía al padre; que el trato que le daba era de un padre para un hijo; que sabe que Enrique Olivencia es so-brino de Tomás Pérez Sales, quien nunca lo ha negado y ■quien ha aceptado que Enrique Olivencia es su sobrino; que ■conoció a Enrique Olivencia cuando tenía cuatro años, porque vivía al frente, con la abuela, “para la guerra, entonces con el tío, con Tomás, en mi propia casa”; que Enrique Oli-vencia estaba en el Norte para la muerte de Pedro Pérez Sales; que conoció mucho a la madre de Enrique Olivencia; que hoy es viuda de Pedro Marrero; que hará poco que mu-rió Pedro Marrero; que no recuerda cuándo nació Enrique Olivencia; que lo vino a conocer de ocho o nueve años; que le conoce tres hijos a Filomena Olivencia; que los otros dos hijos son menores que Enrique Olivencia.

Luis Bamírez declara que tiene sesenta años; que estuvo conociendo a Pedro Pérez Sales en el barrio Bateyes como cinco o seis años; que para esa época conoció a Enrique Oli-vencia y que tendría una edad de tres o cuatro años; que conoce a Filomena Olivencia, que es madre de Enrique Oli-vencia; que él iba a menudo con Pedro Pérez Sales a casa de la madre de Enrique Olivencia, y que Pedro Pérez Sales lo llamaba como hijo y que lo llevaba para allá y para acá; que le daba un trato como hijo; que estuvo viviendo en ese barrio como cuatro o cinco años; que Enrique Olivencia vi-vía con su madre para esa época; que como cada quince días tropezaba con Pedro Pérez Sales y se lo encontraba con el niño; que habló con él y le dijo: “¿Y ese chiquito?” y Pedro Pérez Sales le dijo: “Es mío”; que Pedro Pérez Sales vivía en la casa con Filomena Olivencia.

Carmen López declara que es vecina de Mayagüez, y que ha vivido casi toda su vida allí; que conoció a Pedro Pérez Sales, allá para el año 1909 ó 1910; que ella llevó relaciones con él y que él se la llevó para su casa; que vivía como su mujer, como su querida; que vivió con él como tres años; que lo veía siempre porque vivía en la misma casa; que vivió con él como un año y después él le compró una casa en el barrio Colombia y él iba allá; qne conoce a Enrique Olivencia; qne cnando Pedro Pérez Sales la llevó a la finca estaba Enriqne Pérez, qne todo el mundo lo conocía como Enrique Pérez; qne Pedro Pérez Sales trataba a Enrique Olivencia como hijo; y qne Enriqne Olivencia lo trataba como padre, lo trataba mny bien; qne estuvo observando esto durante el tiempo qne vivió allí.

Ramón Rodríguez declara qne tiene casi sesenta años de edad; qne se crió en casa de Pedro Pérez Sales, en el barrio-Bateyes, de Mayagüez; qne vivió en casa de Pedro Pérez. Sales desde chiquito; qne vivió como familiar de él; qne conoció a Enrique Olivencia cnando mny pequeño en casa de Pedro Pérez Sales; qne Enrique Olivencia vivía con Pedro Pérez Sales desde mny pequeño; qne el trato entre Pedro Pérez Sales y Enriqne Olivencia era de hijo y padre y padre e hijo; qne Enriqne Olivencia se dirigía a Pedro Pérez Sales diciéndole “papá” y qne este ultimo le respondía como padre; qne estuvo observando este trato hasta qne se salió de la casa y se vino para Mayagüez y qne hace como 10 ó 12 años de eso; qne Pedro Pérez Sales le dijo qne Enriqne Olivencia era hijo de él; qne conoce a la mamá de Enriqne Olivencia desde, mny pequeña; qne ella tuvo otros hijos des-pués de Enriqne Olivencia; qne Enriqne Olivencia vivía con Pedro Pérez Sales cnando la invasión americana.

Luis Vázquez Brugman declara que tiene 77 años; que co-noció a Pedro Pérez Sales y qne vivió con él 20 ó 22 años en una casita al lado de la casa de vivienda de él; qne le tra-bajaba a Pedro Pérez Sales en un aserrador; qne conoce a Enrique Olivencia, conocido por Enriqne Pérez, porque éste-estaba en la casa; qne cnando se iba el muchacho para la escuela le pedía la bendición al padre Pedro Pérez Sales; qne Pedro Pérez Sales trataba a Enriqne Olivencia como hijo; que Pedro Pérez Sales le encargaba a Enrique Olivencia que tuviera mucho cuidado con los otros muchachos en la escuela j que el tratamiento qne le daba don Pedro Pérez Sales a Enriqne Olivencia era como el de un padre a un hijo; que después, cuando el niño aprendió un poco, muchas veces don Pedrito estaba enfermo y no podía ir a apuntar el café y mandaba al muchacho a hacerlo; que Pedro Marrero se casó con Filomena después que había nacido Enrique; que se casó para el 1890 ó 1891; que no tiene conocimiento de que Filomena tuviera otros hijos.

Enrique Oliveneia declara que tiene más o menos 41 a 42 años; que Pedro Pérez Sales era su padre; que tiene re-cuerdo de su padre desde que tuvo uso de razón; que vivió con su padre y su abuelita desde que tuvo uso de razón en el barrio Bateyes, de Mayagüez; que Pedro Pérez Sales lo tenía a él en concepto de hijo; que cuando lo llamaba le de-cía “papá”; que le atendía para los gastos de su ropa, calzado, alimentos y medicinas; que lo mandó a la escuela de “Naranjales”; que Pedro Pérez Sales lo llevaba a Ma-yagüez en su coche; que lo tenía como hijo y que llevaba al declarante por dondequiera; que estuvo viviendo con Pedro Pérez Sales hasta el 1914; que un día estaba sin trabajo y lo llamó y le dijo que estaba en malas condiciones, que le pidió $75 para un pasaje para embarcarse y que su padre se los dió; que mientras estuvo en los Estados Unidos le es-cribió dos cartas; que estuvo en los Estados Unidos como once años; que regresó de los Estados Unidos como un mes después que murió su padre; que supo que había muerto en casa del Sr. Tomás Pérez Sales; que éste lo trataba como sobrino; que el declarante fué a la casa de él y que éste lo despidió y le regaló $10; que hasta la fecha que vivió con Pedro Pérez Sales ninguna otra persona le suplió los gastos de comida, ropa y demás; que no puede decir que su padre le contestara las cartas cuando el declarante se encontraba en los Estados Unidos.

De parte del demandado declaró Gregorio Oliveneia que se pasaban meses sin que él viera a Pedro Pérez Sales y que nunca vió a Enrique Oliveneia andando con Pedro Pérez Sales.

Gregoria Marrero, hermana^ de Pedro Marrero, declaró, como ya hemos dicho, que podía tener una chispita de san-gre con Enrique Olivencia por la madre, pero no por el padre.

Pedro Desjardín declaró que Enrique Olivencia vivió con Filomena Olivencia hasta que se fue para los Estados Unidos; que nunca lo vió con Pedro Pérez Sales.

El demandado presentó también como prueba los siguien-tes documentos: Una certificación de nacimiento de Enrique Olivencia, que ya hemos estudiado y discutido, una resolu-ción de la Corte de Distrito de Mayagüez recaída en un ex-pediente para elevar a escritura pública cierto testamento de palabra otorgado por Pedro Pérez Sales, donde se hace constar que éste falleció sin dejar ascendientes ni descen-dientes legítimos ni naturales, y dos acusaciones presentadas por el Pueblo de Puerto Rico contra el demandante, una por alterar la paz pública y otra por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, con las sentencias condena-torias de ambas.

En la primera acusación, formulada en 11 de noviembre de 1915, se alega que Enrique Marrero perturbó la paz y tranquilidad de Pedro Pérez, tirando piedras sobre el balcón de la casa del Pérez, con intención criminal de amedrentarle e intranquilizarle. El acusado hizo constar que se llamaba Enrique Pérez y se ordenó la sustitución del nombre, dictán-dose sentencia contra Enrique Pérez. La segunda acusación se formuló en 18 de noviembre de 1915 contra Enrique Ma-rrero, conocido por Enrique Pérez, por haber agredido con lina piedra a Ramona Vargas. Alega el demandado que la primera acusación se presentó contra Enrique Marrero, quien dijo entonces que se llamaba Enrique Pérez, por per-turbar la paz de Pedro Pérez, de quien reclama precisamente su paternidad. Aunque este Pedro Pérez que se menciona en la acusación sea el propio padre del demandante, y aun cuando resulte condenable el proceder del hijo, es significa-tivo que para aquella fecha, muchos años antes de promoverse esta acción, el demandante alegase que se llamaba Enrique Pérez. La segunda acusación se formuló también contra Enrique Marrero, conocido por Enrique Pérez. Véase como la misma prueba del demandado demuestra que Enrique Ma-rrero era conocido por Enrique Pérez, corroborando en este respecto la prueba del demandante.

Hemos examinado detenidamente la prueba practicada. A nuestro juicio se ha demostrado satisfactoriamente que el demandante es'hijo de Pedro Pérez Sales y que gozó de la posesión de estado de hijo natural. .La prueba robusta ofre-cida en apoyo de la alegada filiación no ha sido destruida por la que ha producido el demandado, parte de la cual, como ya hemos dicho, puede asegurarse que tiende a corroborar la del demandante. Así lo demuestra el testimonio de Gre-goria Marrero, hermana de Pedro Marrero, y las dos causas criminales donde se hace constar que el demandante era co-nocido con el nombre de Enrique Pérez. El propio deman-dado, Tomás Pérez Sales, hermano de Pedro Pérez Sales, que estuvo presente durante el juicio, se abstuvo de declarar, a pesar de que fué aludido directamente por el testigo Lope Yaldespino, y por el demandante Enrique Olivencia. Como hemos visto, el primero declaró que sabe que Enrique Oli-vencia es sobrino de Tomás Pérez Sales, quien nunca lo ha negado'y quien ha aceptado que Enrique Olivencia es su so-brino. A preguntas del demandado respondió que conoció a Enrique Olivencia cuando tenía cuatro años, porque vivía al frente, con la abuela, “para la guerra, entonces con el tío, con Tomás, en su propia casa”, en la propia casa del de-clarante.

El demandante dice que se enteró de la muerte de su padre en casa de Tomás Pérez Sales, quien lo trataba como sobrino; que el declarante fué a su casa y que el demandado le regaló $10.00.

Consideramos probadas las alegaciones de la demanda y por lo tanto entendemos que debe revocarse la sentencia ape-lada y dictarse otra en su lugar declarando al demandante Enrique Olivencia hijo natural reconocido de Pedro Pérez Sales, con todos los derechos inherentes a sn filiación, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado señor Wolf disintió.

El Jnez Asociado señor Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    Doctora Dolores Pérez Marchand, demandante y apelante, v. Hon. Edgardo Garrido Morales, Comisionado de Sanidad y Hon. Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, querellados y apelados.
    No. 7293.

    Sometido: Abril 7, 1936.

      Resuelto: Mayo 20, 1936.

      Alberto S. Poventud, abogado de la aplante; Hon. Procurador General B. Fernández Garda y T. Torres Pérez, Subprocurador, abo-gados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apelante solicitó de la Corte de Distrito de San Juan la revisión de una resolución dictada por la Comisión de Servicio Civil de Puerto Eico en un procedi-miento incoado ante dicha comisión, de acuerdo con las dis-posiciones de la sección 28 de la Ley de Servicio Civil de Puerto Eico (Ley núm. 88 de 1931), que en lo pertinente lee así:

"Sección. 28. — Separaciones.—Ninguna persona que ocupe una plaza o destino en el servicio clasificado será separada o despedida, salvo por causas justificadas y previa formulación de cargos, y no antes de dársele oportunidad para ser oída en defensa propia. Tales cargos serán presentados por cualquier funcionario superior, o por cualquier ciudadano, dentro de los treinta días después de su radicación, y serán considerados, investigados y resueltos por la' ■Comisión de Servicio Civil.
"Ninguna de las disposiciones aquí comprendidas limitará la fa-cultad de ningún funcionario nominador, en cuanto a suspender o destituir a un subalterno por justa causa, en bien de la eficiencia del servicio, presentándose ante la Comisión, por escrito, las razones para la suspensión y dándose a la persona objeto de la separación debido aviso respecto a ésta y respecto a los cargos que se le formu-lan, así como la oportunidad de contestarlos por escrito y de pre-sentar ante la Comisión la prueba correspondiente que juzgue nece-saria para su defensa. ... La resolución de la Comisión podrá, ■dentro de los treinta (30) días después de habérsele notificado al perjudicado, ser revisada por la Corte de Distrito de San Juan mediante una solicitud de revisión en la cual la Corte de Distrito podrá considerar todas las cuestiones de hecho y de derecho que en la misma se planteen, dictando, dentro de los treinta (30) días sub-siguientes a la vista del caso, sentencia que será definitiva. . . {Bastardillas nuestras.)

El texto inglés de dicha sección dice: "Said judgment shall he final.”

La moción ante nos alega que en 6 de febrero de 1936 la Corte de Distrito dictó una resolución confirmando la dictada por la Comisión de Servicio Civil, en la que se ■declaraba que los procedimientos seguidos por el Comi-sionado de Sanidad para separar de su cargo a la de-mandante apelante se habían ajustado a la ley; que de acuerdo con la sección 28 de la Ley de Servicio Civil, supra, la sentencia dictada por la corte de distrito es 'final; que el derecho de apelación es estatutario y no existe ley alguna que conceda a la apelante en este caso el derecho a establecer recurso de apelación para ante esta corte; y que la presente apelación es inexistente y sin valor legal, debiendo por tanto ser desestimada.

La cuestión qne debemos resolver es: ¿Tiene dereclio na empleado público qne ha sido separado de sn cargo, a recu-rrir en apelación ante el Tribunal Supremo, para qne éste revise la sentencia de la corte de distrito qne confirma la reso-lución de la Comisión de Servicio Civil sosteniendo la lega-lidad y validez de sn destitución?

Nuestra resolución dependerá de la interpretación que demos a las frases “sentencia que será definitiva” y “Said judgment shall be final”, que aparecen, respectivamente, en los textos español e inglés de la sección 28 de la Ley de Servicio Civil, supra, y a las disposiciones del artículo 295 ,del Código de Enjuiciamiento Civil.

La parte apelante sostiene que no hay palabra o frase al-guna en el texto de la sección 28 de la Ley de Servicio Civil que revele intención por parte del legislador de privar al perjudicado por la sentencia de la corte de distrito, del de-recho de apelación para ante esta Corte Suprema que le concede el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. de 1933); y que la apelante en este caso tiene derecho a pro-seguir el recurso interpuesto, toda vez que la sentencia ape-lada es una sentencia definitiva (final) de la Corte de Distrito de San Juan.

El Código de Enjuiciamiento Civil dispone (bastardillas nuestras):

“Art. 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiera dictador dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
‘■‘2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la. cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.
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La primera condición que exige el código, para que nna sentencia de nna corte de distrito, dictada en nn pleito o pro-cedimiento comenzado ante ella, sea apelable ante el Tribunal Supremo es qne la sentencia debe ser “definitiva”, “final judgment”.

La Corte Suprema de California, interpretando el artículo 939 del Código de Enjuiciamiento Civil de dicho Estado, que es el equivalente al 295 del nuestro, ha dicho:

“No puede haber más que una sentencia definitiva en un pleito, y es aquélla que en efecto termina el pleito en la corte en que fué instituido, y que finalmente adjudica los derechos de las partes en relación con el objeto de la controversia. Stockton etc. Works v. Ins. Co., 98 Cal. 577.
“La que parece ser la regla prevaleciente sobre la materia, ha sido claramente expresada por la Corte de Apelaciones Civiles de Texas, en el caso de Gulf City St. Ry. etc. Co. v. Becker, 23 S. W. Rept. 1015, como sigue: ‘Una sentencia definitiva es aquélla que dispone de las materias en litigio entre todas las partes que están ante la corte cuando se dicta la sentencia. . . . JDebe haber una adjudicación expresa sobre la materia en controversia, en cuanto a todas las partes demandantes y en cuanto a todas las partes deman-dadas; de lo contrario, no hay disposición definitiva de las materias en litigio entre las partes.’ ” Nolan v. Smith, 137 Cal. 360. (Bastardillas nuestras.)

La parte apelante basa su alegado derecho al recurso de apelación ante esta corte, en las disposiciones del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. Sostiene el apelado que no procede el recurso de apelación en este caso, por el motivo de que la sentencia apelada no ha sido pro-nunciada en un pleito o procedimiento especial comenzado en la Corte de Distrito de San Juan, y sí en un procedimiento especial iniciado ante la Comisión de Servicio Civil.

De acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, se puede apelar al Tribunal Supremo de una sentencia definitiva de nna corte de distrito en los casos y dentro de los términos siguientes:

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1. De una sentencia definitiva dictada en un pleito o procedi--míento especial, comenzado en la corte que la hubiera dictado, dentro de los treinta días siguientes al del registro de la sentencia.
| 2. De una sentencia dictada en apelación interpuesta contra una resolución de una corte inferior, dentro de quince días después de registrada la sentencia, si la cuantía de ésta excediere de $300. 00.

En el caso de Venegas v. Corte, 41 D.P.R. 108, un funcio-nario municipal destituido de su cargo por un alcalde, apeló para ante la corte de distrito, la cual revocó la decisión del alcalde. Este apeló para ante la Corte Suprema; y como la Ley Municipal no dispone una segunda apelación, el ape-lante invocó en apoyo de su recurso el artículo 295 del Código-de-Enjuiciamiento Civil. Esta corte dijo:-

“No se trataba aquí de un pleito o procedimiento especial co-menzado en la Corte de Distrito. El procedimiento se originó en la oficina del Alcalde. La sentencia de la Corte de Distrito fué dic-tada en la apelación de una orden del Alcalde. Nada liay que de-muestre que ‘el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia’ excediera de trescientos dólares. Nada hay que demuestre que se reclamara propiedad alguna. La sentencia no era por suma alguna. Nada hay que revele que estuviera envuelta cantidad alguna de dinero.
“La sentencia de la Corte de Distrito no era apelable, . . . .”

Más tarde, en Venegas v. Corte de Distrito, 41 D.P.R. 465, esta corte reconsideró su resolución dictada en Venegas v. Corte, supra, diciendo (bastardillas nuestras):

“Es cierto que el alcalde al considerar los cargos formulados por él o por cualquier otro y al destituir funcionarios administrati-vos de un municipio, actúa en un carácter quasi judicial, pero como jefe ejecutivo y administrativo del municipio, es también parte in-teresada. Si la llamada apelación se considera como un procedimiento especial incoado ante la corte de distrito y no como una apelación corriente contra la decisión de una corte inferior, el alcalde, al ser ordenado por la corte de distrito que reponga en su puesto al fun-cionario administrativo que ha suspendido de empleo, es parte per-judicada dentro del significado del artículo 294 del Código de En-juiciamiento Civil. Tal orden es substancialmente y en efecto un auto de mandamus y no existe razón para que el alcalde se vea pri-vado de su recurso de apelación en un caso más que en el otro.”

En el caso de autos, el procedimiento especial en el cual la Corte de Distrito de San Juan dictó la sentencia apelada, fue incoado por la apelante ante la Comisión de Servicio Civil de Puerto Pico, integrada por tres miembros. El Comi-sionado de Sanidad, querellado y apelado, no forma parte de dicba comisión ni interviene en sus decisiones; es parte in-teresada en la resolución de la querella formulada ante la Comisión de Servicio Civil, dentro del significado del ar-tículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero no lia sido, ni lia podido ser, como en el caso del alcalde, en Venegas v. Corte, supra, juez de sus propias actuaciones. La razón que tuvo esta corte para admitir el recurso en el citado caso, la condición de juez y parte del que dictó la resolución original llevada en apelación ante la corte de distrito, no existe en el caso de autos, toda vez que la sentencia apelada fue dictada en un procedimiento que tuvo su origen ante una co-misión que ejercía funciones quasi judiciales, y no en un procedimiento incoado originalmente ante la corte de dis-trito que dictó la sentencia apelada.

Debemos resolver, por lo tanto, que la sentencia recurrida no es apelable dentro de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Veamos ahora si cabe el recurso interpuesto al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo del citado artículo.

Las funciones que ejerce la Comisión de Servicio Civil, por virtud de la sección 28 de la ley reguladora de sus ac-tuaciones, son funciones de naturaleza judicial. El funcio-nario nominador formula ante ella por escrito las razones para la suspensión del subalterno, y éste presenta también por escrito su defensa en contra de los cargos que se le fian formulado. Establecido así el issue entre las partes, la co-misión procede entonces á practicar la prueba aducida por ' una y otra parte y a dictar su resolución sosteniendo o anu-lando la destitución del subalterno. El perjudicado por la resolución puede recurrir a la Corte de Distrito de San Juan, solicitando la revisión de las cuestiones de becho y de de-recho planteadas en el proceso.

De lo expuesto se ve claramente que el procedimiento pro-visto por la Ley de Servicio Civil, para comprobar la lega-lidad o ilegalidad de la destitución de un funcionario público, es de carácter judicial o quasi judicial, pues requiere la pre-sentación de alegaciones escritas, la sumisión de pruebas y el pronunciamiento de un fallo en favor de una u otra de las partes contendientes. Es indiscutible que en la tramitación de todo ese proceso, la comisión actúa como un organismo quasi judicial y no como un organismo administrativo. Po-dría argüirse que la sentencia dictada por la corte de distrito en la revisión de un proceso incoado ante la Comisión de Servicio Civil, es wna sentencia dictada en apelación inter-puesta contra resolución de ima corte inferior, y como tal ape-lable para ante el Tribunal Supremo, a tenor de lo dispuesto en el segundo apartado del citado artículo 295. Y nos incli-naríamos a aceptar esa teoría y a conceder el derecho de ape-lación en un caso como el de autos, si no entendiésemos que de las mismas disposiciones legales que interpretamos se des-prende claramente que ésa no ha sido la intención del legis-lador.

El citado apartado segundo, habla de %ma sentencia dictada en apelación y no de urna sentencia “definitiva” dictada en apelación. Es evidente que la intención legislativa fué la de que toda sentencia dictada por una corte de distrito, en apelación contra una sentencia de una corte municipal, fuera apelable ante el Tribunal Supremo, siempre que la cuantía del caso exceda de $300.

Si el legislador hubiese tenido la intención de conceder al funcionario destituido, una segunda apelación para ante el Tribunal Supremo, no tenía necesidad de haber dicho que la sentencia dictada por la Corte de Distrito en el proceso de revisión del fallo de la Comisión de Servicio Civil, tiene el carácter de definitiva. Esa intención de conceder una segunda apelación se hubiese expresado con mayor claridad y perfec-ción, no usando las palabras sentencia que será definitiva, sin las cuales podría tal vez invocarse con éxito el derecho a sostener una segunda apelación de acuerdo con el apartado 2o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

No podemos presumir que el legislador haya usado pala-bras carentes de sentido o sin una finalidad práctica.

El artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, dice:

“Artículo 292. — Una sentencia o providencia, dictada en un pleito civil, excepto cuando Inibiere adquirido expresamente el carácter de definitiva, podrá ser revisada de acuerdo con lo prescrito en este Código, y de ningún otro modo.” (Bastardillas nuestras.)

Nos vemos obligados a llegar a la conclusión de que el le-gislador tuvo la intención expresa de dar a la sentencia de la corte de distrito el carácter de “definitiva”, en el sentido en que esa palabra es usada en el citado artículo 292, para hacerla inapelable y poner así fin a la controversia. Véase: Enjuto v. Pueblo, 49 D.P.R. 14.

Además, de nada serviría a la apelante en este caso que reconociéramos su derecho a apelar ante esta corte, de acuerdo con lo provisto por el apartado 2o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Del récord de este caso aparece que la sentencia apelada fué dictada y registrada el día 6 de febrero de 1936, y que el escrito de apelación fué radicado en la Secretaría de la corte de distrito el día 6 de marzo de 1936, o sea a los treinta días después de registrarse la sen-tencia. El citado apartado dispone que la apelación deberá ser interpuesta dentro del término de quince días después de registrada la sentencia. Ese término había ya expirado cuando se interpuso el presente recurso.

Bebe declararse con lugar la moción de desestimación.


text:
    The Texas Company (P. R.), Inc., demandante y apelante, v. La Junta de Comisionados de San Juan, compuesta de R. Rivera Zayas, E. G. González, R. Ramos Casellas, G. de la Haba y A. M. Pesquera, demandada y apelada.
    No. 7201.

    Sometido: Abril 3, 1936.

      Resuelto: Mayo 20, 1936.

      James R. Beverley, José López Baralt j R. Castro Fernández, abo-gados de la apelante; J. Valldejuli Rodríguez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

La Jnnta de Comisionados de San Juan, creada por la Ley núm. 99, de 15 de mayo de 1931 (pág. 627), y facultada por dicha ley para legislar en lo referente a la administra-ción y gobierno de la Capital de Puerto Rico, en 6.de junio de 1933 aprobó la ordenanza núm. 144, fijando las tarifas para el cobro de impuestos y arbitrios sobre diversos nego-cios o actividades, y, entre otros, sobre las bombas para el expendio de gasolina y aceites lubricantes, instaladas dentro de los límites de la Municipalidad de San Juan.

Dispone la sección 1 de la citada ordenanza, que el Teso-rero de la Capital cobrará, por el año 1933-34 y años suce-sivos :

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"3. Arbitrio sobre bombas para venta de gasolina, ya estén ins-taladas sobre terrenos públicos o privados, $20.
“4. Arbitrio sobre bombas para venta de aceites lubricantes, ins-taladas sobre terrenos públicos o privados, $10.”

Dispone además que cualquier infracción de las disposi-ciones de la ordenanza será castigada con multa mínima de $10 y máxima de $50 o prisión máxima de' quince días, o ambas penas, a discreción de la corte.

La demandante apelante alega que es dueña de doce bom-bas que -utiliza para la venta de gasolina, instaladas en la Ciudad de San Juan, nueve de ellas operadas pO.r la misma demandante y las otras tres por sus arrendatarios; que ade-más de las contribuciones que le son impuestas por el Gobierno Insular, sobre la propiedad imponible que la corporación de-mandante posee dentro del municipio de San Juan, dicha cor-poración paga al Gobierno Insular una patente o licencia como traficante al por mayor y al detall en gasolina, que as-ciende a $1,080 al año; que paga una patente por igual con-cepto al Gobierno de la Capital, ascendente a $445 per mrmwí; y que el Pueblo de Puerto Rico le cobra el 2 por ciento por concepto de la venta de petróleo y sus derivados, con extíep-ción de la gasolina, por la que paga siete centavos por- cada galón, y del gas oil y diesel oil, por los que paga cuatro centavos por cada galón vendido en la Isla.

Se pide en la demanda se dicte sentencia en la que se declare que la Ordenanza núm. 144, aprobada en 6 de junio de 1933, es ilegal, confiscatoria, nula e inválida, en cnanto impone un arbitrio sobre la explotación de cada bomba para venta de gasolina, por los motivos siguientes:

1. Porque impone una doble contribución, toda vez que el Go-bierno de la Capital impone y cobra a la demandante una patente por dedicarse a la venta de petróleo y sus derivados, que es el mismo negocio gravado por la ordenanza.
2. Porque es contraria a la Ley núm. 85 de la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Rico, aprobada el 20 de agosto de 1925, y a las leyes enmendatorias de la misma, ya que el Gobierno Insular impone y cobra a la demandante una licencia sobre el negocio de venta de petróleo y sus derivados, resultando por lo tanto que la ordenanza impone una doble contribución, en violación de las disposiciones de la Sección 99 de la citada Ley 85 de agosto 20, 1925.
3. Porque es contraria a' la Ley núm. 40 de abril 24, 1931, en-mendada por la núm. 68 de mayo 13, 1934, que impone un arbi-trio de siete centavos por galón de gasolina vendido en la Isla, resultando por lo tanto que la ordenanza impone una doble contri-bución al mismo negocio.
4. Porque deja a opción del Tesorero de la Capital la determi-nación do la persona obligada al pago del arbitrio.

La petición para un auto de certiorari alega que el Teso-rero de la Capital ha exigido a la demandante el pago de los arbitrios impuestos por la ordenanza; que dicho funcionario ha instituido procedimientos criminales contra los empleados de la compañía, y que ha amenazado con embargar y vender en pública subasta la propiedad de la corporación para hacer efectivo el cobro del impuesto cuya legalidadse discute.

Alegando carecer de remedio legal adecuado e invocando la- jurisdicción que la Sección 46 de la Ley núm. 99 de mayo 15, 1931, confiere a la Corte de Distrito de San Juan, para revisar o anular cualquier acto legislativo de la junta deman-dada, la corporación demandante solicitó un auto de certiorari. Se opuso la junta demandada, alegando la improcedencia del recurso de certiorari porque la demandante tiene un recurso legal adecuado, o sea el de pagar bajo protesta el arbitrio o contribución y solicitar su devolución en una acción ordinaria. La corte de distrito declaró sin lugar la demanda y dictó sen-tencia desestimando la petición de certiorari, sin especial con-denación de costas. Para revisar esa sentencia se lia inter-puesto el presente recurso de apelación.

Señala la parte apelante como errores cometidos por el tribunal a quo, los siguientes:

1. Al sostener que el pago bajo protesta de los arbitrios impug-nados, para reclamar su devolución mediante una acción ordinaria, ■es un remedio legal adecuado.
2. A3 anular el auto expedido y sostener que la sección 32a de la Ley núm. 99 de 1931 priva a la peticionaria del remedio de cer-tiorari, toda vez que la denegación de ese derecho a la demandante baria que la ley fuese inconstitucional.
3. Al negarse a declarar que los arbitrios impugnados son nulos, ilegales e inconstitucionales.

La cuestión pendiente ante nos, no envuelve en manera alguna la legalidad o ilegalidad de la ordenanza núm. 144 del Gobierno de la Capital. Solamente debemos considerar si la corte de distrito erró o si abusó de su discreción al decretar la improcedencia del auto de certiorari, al que recurrió la demandante como remedio para protegerse contra el cobro de un arbitrio que considera ilegal.

La demandante ha invocado como fundamento de su peti-ción el artículo 46 de la Ley núm. 99 de 1931, que en lo per-tinente dice así:

“Art. 46. — La Corte de Distrito de San Juan tendrá jurisdicción a instancia de parte perjudicada:
“(a) Para revisar o anular cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la Junta de Comisionados, de la Junta Administrativa o de ■cualquier funcionario de la Capital que lesione derechos constitucio-nales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica y a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari■” ....

Las disposiciones del citado artículo 46 de la Ley núm. '99 de 1931, que aparentemente conceden a un contribuyente el derecho a recurrir al certiorari como remedio en contra de la imposición y cobro de un arbitrio que él considera ilegal, deben- ser consideradas e interpretadas en relación con lo dispuesto por el artículo 32 a de la misma Ley núm. 99 de 1931, que fué adicionado a dicha ley por la Ley núm. 32 de mayo 4 de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 255). Provee dicho artículo, que el contribuyente deberá en casos como el pre-sente, pagar la contribución bajo protesta; y que podrá dentro de los treinta días siguientes al del pago demandar al Tesorero Municipal para obtener la devolución. Y añade lo siguiente:

“. . . No se dará ningún otro recurso en caso de recaudación ile-gal de rentas, contribuciones o arbitrios locales de la Capital, o én caso de tentativa para recaudar tales rentas, contribuciones o arbi-trios locales. En ningún caso se expedirá auto alguno para impedir la recaudación de dichas rentas, contribuciones o arbitrios locales devengados o para obstaculizar o demorar esa recaudación;” . . . ^ (Bastardillas nuestras.)

El recurso de 'certiorari es un remedio originario del derecho común inglés, que se ha hecho extensivo a nuestro-derecho procesal insular por virtud de una ley aprobada por nuestra legislatura, en marzo 10 de 1904, la que está hoy incorporada a nuestro Código de Enjuiciamiento Civil como los artículos 670 a 674 de dicho cuerpo legal. Se expedía el auto de certiorari que hoy llamamos “certiorari clásico,” para distinguirlo del llamado “estatutario,” a nombre dei Rey; e iba dirigido a los jueces o funcionarios de las cortés inferiores, ordenándoles elevar los autos de una causa pen-diente ante ellos, con el fin de que el peticionario pudiese recibir más segura y más rápida justicia, administrada por el mismo Rey o por los jueces que él pudiese designar para conocer del caso. No se concedía el auto a menos que se tratase de revisar funciones judiciales. Y no podía utilizarse el certiorari del derecho común inglés, ni puede recurrir se al certiorari autorizado por nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, para anular o revisar actos legislativos o administra-tivos de las diversas juntas y comisiones que constituyen la maquinaria de nuestros gobiernos, Insular y Municipal.

El recurso de certiorari en el caso de autos no pnede pros-perar, si no existe un estatuto que lo autorice expresamente.

■ En 31 de julio de 1919, la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley nüm. 85, denominada “Ley Municipal,” cuya sección 65 proveyó por vez primera, que las cortes de dis-trito tendrían jurisdicción para anular o revisar cualquier acto legislativo o administrativo de las asambleas y concejos de administración municipales, mediante certiorari.

La Sección 46 de la ley que establece el Gobierno de la Capital (Ley 99 de 1931) es una reproducción exacta de la sección 65 de la Ley Municipal; y concede el recurso de cer-tiorari para revisar o anular actos legislativos o administra-tivos de las juntas y funcionarios del Gobierno de la Capital, sin limitación alguna.

Es posible que durante la vigencia de dicha Sección 46 de la Ley del Gobierno de la Capital y con anterioridad a la aprobación de la sección 32 •a, supra, que fue agregada a dicha ley por la Ley núm. 32 de mayo 4 de 1933, un contri-buyente hubiese podido recurrir al certiorari, como un derecho indiscutible, para revisar y anular una ordenanza imponiendo arbitrios a su entender ilegales o injustos.

La ordenanza que se ataca por el presente recurso de certiorari estatutario, fue aprobada el día 6 de junio de 1933, o sea con posterioridad a la aprobación de la sección 32 a ya citada, que limita el alcance de la sección 46 de la Ley del Gobierno de la Capital y provee que el remedio del contri-buyente es pagar la contribución bajo protesta y demandar al municipio en una acción ordinaria para que se le devuelva la suma pagada bajo protesta.

De lo expuesto parece evidente que la intención del legis-lador al aprobar la nueva sección 32 a, para adicionarla a la Ley del Gobierno de San Juan, fue la de no permitir el re-curso de ■certiorari provisto por la sección 46 de dicha ley, en cuanto a aquellos casos en que se trata de la revisión o anulación de una ordenanza de naturaleza fiscal, que tengapor objeto allegar recursos necesarios para la vida del Mu-nicipio, mediante la imposición y cobro de arbitrios.

Alega la ilustrada representación de la parte apelante, que ésta tiene un derecho indiscutible a la expedición de un auto de certiorari, por la razón de que el pago bajo protesta y la acción ordinaria para recobrar la cantidad así pagada no es un remedio legal adecuado, consistiendo la ineficacia del remedio en que la citada Sección 32 a no provee para el pago de intereses sobre la cantidad pagada bajo protesta, en el caso de que se ordenare su devolución; y además, en que la citada sección 32 a no contiene disposiciones mandatorias para el reintegro de los arbitrios que fueren recaudados ilegal-mente, pues solamente provee que dichos arbitrios “deben ser reintegrados, dando preferencia a ese pago sobre cual-quier otra reclamación que se haya hecho al Gobierno de la Capital.”

Consideremos primeramente la cuestión levantada sobre la ineficacia del remedio provisto por la sección 32 a de la ley que rige al Gobierno de la Capital.

Aporta el apelante, como columna sostenedora de su con-tención de que el remedio legal que concede la sección 32 a es inadecuado y que por eso tiene derecho al recurso de cer-tiorari, el caso de Procter & Gamble Distributing Co. v. Sherman, 2 F. (2d) 165. En ese caso, el demandante acudió ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos en New York, como Corte de Equidad, en solicitud de un auto de injunction, que es un remedio de equidad, para prohibir a las autoridades de aquel estado que le cobrasen a la cor-poración demandante ciertas contribuciones. Se pidió por el demandado la desestimación de la demanda por insufi-ciencia de sus alegaciones. La corte, sostuvo que la demanda era suficiente y que el demandante tenía derecho a recurrir a la jurisdicción de Equidad, porque en su opinión la ley del Estado de New York envuelta en el caso no ofrecía al deman-dante un remedio legal adecuado, por los motivos: (1) la frase “may be refunded to such corporation,” podrá ser reintegrada u dicha •corporación, es ambigua y deja en duda si el contribuyente podría obligar a que se hiciese el reintegro, en caso de que las autoridades se negasen a hacerlo; y (b) porque el estatuto en cuestión rehúsa expresamente conce-der intereses sobre el importe reintegrado.

En el caso de Southern California Telephone Co. v. Hopkins, 13 F. (2d) 814, la demandante acudió también a una Corte de Equidad en solicitud de injunction, para impedir el embargo y la venta de aparatos telefónicos, con el fin de hacer efectiva una contribución local, que la demandante conside-raba ilegal por ser una contribución doble, prohibida por las leyes de California. El demandado pidió la desestimación de la demanda de equidad, alegando que el demandante tenía un remedio legal adecuado, consistente en pagar la contribu-ción y demandar para su devolución. La demandante replicó que el remedio legal que le concede el estatuto de California no es adecuado, porque obligaría a la demandante a incoar una multiplicidad de pleitos, y además, porque la demandante no podría recobrar intereses sobre la suma que le fuera reintegrada. La Corte de Distrito de California desestimó la demanda. Apelada la sentencia, la Corté de Circuito del Noveno Circuito, siguiendo el precedente establecido por el caso de Procter & Gamble, supra, revocó el fallo de la corte inferior y decretó el injunction solicitado, por entender que el remedio legal, que el estatuto de California ofrecía al de-mandante no era adecuado. Apelado el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, éste confirmó la sentencia y sostuvo que el remedio que daba el estatuto era inadecuado porque no disponía el pago de intereses sobre las cantidades pagadas bajo protesta, durante el tiempo necesario para obtener una sentencia; y que el remedio en equidad era per-misible. Véase Hopkins v. Southern Cal. Tel. Co., 275 U.S. 399-400.

Es doctrina legal firmemente establecida la de que cuando el remedio legal no es claro, y la equidad puede dar alivio al demandante, éste no está obligado a correr el riesgo de no obtenerlo dentro de un procedimiento legal ordinario. Véanse: Davis v. Wakelee, 156 U. S. 680; Atlantic Coast Line v. Daughton, 262 U. S. 413.

En el caso de Atlantic Coast Line v. Daughton, supra, se presentó demanda de injunction para impedir el cobro de una contribución sobre ingresos. El Estado presentó moción para desestimar la demanda por el fundamento de que el demandante tenía el remedio legal de pagar bajo protesta. La corte inferior declaró sin lugar la moción, consideró el caso en el fondo y desestimó la demanda. La Corte Su-prema confirmó la sentencia, diciendo:

“Se alega por el Estado que la demanda fué correctamente deses-timada por la Corte de Distrito, porque dentro de las leyes de North Carolina existe un remedio legal, sencillo, adecuado y completo por el cual un contribuyente puede' recobrar el importe de una contri-bución ilegal pagada por él bajo protesta. Pero el estatuto en que se descansa principalmente es de reciente aprobación, que no parece haber sido interpretado y aplicado por la Corte más alta del Estado. A falta de esas decisiones, no podemos decir que el remedio legal sea sencillo y adecuado. (Citas.) Por ese motivo hemos considerado los méritos del caso.”

De acuerdo con las autoridades que preceden, podría tal vez haberse invocado la jurisdicción extraordinaria de la Corte de Distrito de San Juan, como corte de equidad, en soli-citud de un auto de injunction, para impedir el cobro de la contribución en el presente caso, alegando la ineficacia del remedio que a la demandante concede la sección 32 u de la Ley del Gobierno de la Capital. Pero ese remedio de equidad no podría prosperar si, aparte del remedio de pago bajo protesta, existiese otro remedio legal adecuado para conse-guir la revisión y anulación de la ordenanza.

La dificultad del caso de autos estriba en que la deman-dante no ha acudido ante la corte de distrito en solicitud de que ésta, como Corte ■ de Equidad, le proteja, mediante un auto de injunction, contra la aplicación de una ordenanza que considera ilegal, sino que lia invocado la intervención de la ■corte, para que ésta le conceda un remedio legal estatutario, el certiorari, que la corte puede conceder o negar, a su dis-creción, pero sólo en aquellos casos taxativamente provistos por el estatuto.

En todos los casos que hemos citado, el demandante re-currió al injunction.

En el caso de Birch v. Board of Supervisors, 191 Cal. 235, el demandante solicitó un auto de certiorari, para revisar un acuerdo de la Junta de Supervisores, por el que se subió con-siderablemente la tasación de las propiedades del demandante. El demandado alegó que no procedía el certiorari porque el demandante tenía un remedio legal adecuado, cual era el de pagar bajo protesta y demandar para el reintegro la suma pagada. El demandante replicó que el remedio no es ade-cuado porque la ley no concede intereses sobre la cantidad ilegalmente cobrada. La corte dijo:

"El auto de certiorari es un auto discrecional. (Keys v. Marin County, 42 Cal. 252.) La corte inferior usó su discreción en favor de la expedición del auto y no abusó de la misma al concederlo.”

La decisión en Birch v. Board of Supervisors, supra, pa-rece sostener la contención de la apelante en el presente caso; pero la aparente fuerza de tal decisión se debilita, cuando encontramos que la Corte Suprema de California ha sostenido que los procedimientos ante la Junta de Iguala-miento son por su naturaleza judiciales y como tales sujetos a revisión por las cortes. (Los Angeles, etc. Co. v. County of Los Angeles, 162 Cal. 164; Huntley v. Board of Trustees, 165 Cal. 298); y que el Código de aquel Estado concede facultad a las cortes para expedir autos de certiorari, cuando un tribunal inferior, junta, o funcionario, que ejerza fun-ciones judiciales, se hubiere excedido en su jurisdicción, y no hubiere apelación, ni, en opinión de la corte, un remedio sencillo, rápido y adecuado. (Cal. Code of Civ. Pr., Section 1068.)

Nuestra ley (secciones 670 a 674, Código de Enjuicia-miento Civil) no concede tan amplias facultades a nuestras cortes, las cuales sólo pueden revisar mediante autos de cer-tiorari los procedimientos ante las cortes inferiores. Y es por eso que la apelante en el presente caso se ve obligada a invocar, como base de su derecho al auto de certiorari, la sección 46 de la Ley del Gobierno de la Capital, que es la que concede jurisdicción especial a la Corte de Distrito de San Juan para revisar o anular cualquier acto legislativo © administrativo de los organismos y funcionarios de la Capital, mediante oertiorari.

La sección 32 a agregada a la Ley del Gobierno de la Capital por la Ley núm. 32 de 1933, establece una excepción a la regla general provista por la sección 46, para prohibir que se use el recurso de certiorari en cualquier caso en que el encargado de la recaudación de los arbitrios de la Capital mide cualquier procedimiento o lleve a cabo algunas dili-gencias para la recmtdación de tales rentas, contribuciones o arbitrios. La parte contra la que se lleve a efecto el proce-dimiento o la diligencia, si cree que el cobro es injusto © ilegal, deberá hacer el pago bajo protesta y proceder en la forma indicada en el estatuto.

La demanda interpuesta en el caso de autos alega como fundamento de la solicitud de certiorari, que el Tesorero de la Capital ha exigido el pago del arbitrio y ha realizad© actos y diligencias tendientes a efectuar el cobro; y que la demandante no tiene recurso adecuado en el curso ordinario de la ley, para impedir el cobro del arbitrio.

No nos convencen los argumentos de la apelante para sos-tener su contención de que por no tener un remedio legal adecuado se ve obligada a recurrir al certiorari como el única remedio que puede protegerla contra el. cobro del arbitrio^ sobre las bombas para expendio de gasolina.

La Corte Suprema de Tennessee, por sentencias que han sido confirmadas por el Tribunal Supremo de Estados Uni-dos, ha resuelto que el remedio de pago bajo protesta, de acuerdo con el estatuto de aquel estado, del que se originó el nuestro, es un remedio sencillo y eficaz, menos complicado que uno cualquiera de los remedios extraordinarios provistos por la ley. City of Nashville v. Smith, 86 Tennessee 213; Louisville etc. Railroad Co. v. State, 55 Tenn. 663, 804; Tennessee v. Sneed, 96 U. S. 69; Shelton v. Platt, 139 U. S. 591.

Pero, aun aceptando la insuficiencia del remedio que da la tantas veces citada sección 32 a, ¿sería eso bastante para autorizar la expedición de un auto de certiorari, en vista de la disposición expresa de dicha sección, que prohibe el uso de ese recurso cuando se trata de impedir el cobro de contribuciones o arbitrios municipales?

Nos inclinamos a opinar, que aun cuando el remedio legal de pago bajo protesta fuere considerado como insuficiente, eso no basta para que la demandante, pueda recurrir al cer-tiorari, pues la expedición del auto no es un derecho indis-cutible, writ of right, sino un derecho puramente estatutario y sujeto a la sana discreción de la corte ante la cual se presenta la solicitud. Y ya hemos visto que lejos de con-ceder el recurso de certiorari en casos como el de autos, el estatuto expresamente lo prohibe.

No podemos convenir con la demandante en su alegación de que las leyes vigentes en Puerto Rico no le proporcionan otro remedio legal tan eficaz, tan rápido y tan completo como el certiorari, para obtener la sentencia que se trata de conseguir por medio del presente recurso.

La Legislatura de Puerto Rico aprobó en abril 25, 1931, la Ley núm. 47 intitulada “Ley Uniforme de Sentencias De-claratorias”. (Leyes de 1931, pág. 379.) Dicha ley concede a las cortes de distrito autoridad para declarar derechos y otras relaciones .jurídicas mengue se mste o pueda instarse otro remedio; y la declaración tendrá la eficacia y vigor de una sentencia definitiva (Sección 1).

Dispone la sección 2 de dicha ley, que toda persona cuyos .derechos fuesen afectados por una ordenanza municipal po-drá obtener la determinación de cualquier divergencia acerca ■de la interpretación o validez de dicha ordenanza y además ■que se dicte una declaración de los derechos que de dicha .ordenanza puedan derivarse.

La sección 6 provee que la corte podrá negarse a dictar una sentencia declaratoria, si ésta no hubiera de poner fin a la controversia que originó el procedimiento. Y la sección 7 dispone que todas las sentencias declaratorias podrán ser revisadas al igual que cualesquiera otras sentencias. La sec-ción 8 autoriza la concesión de remedios adicionales para ha-cer efectiva la sentencia declaratoria.

Dispone la sección 9 que en un procedimiento seguido al amparo de esta ley las cuestiones de hecho podrán ser consi-deradas y resueltas en igual forma en que se consideran y resuelven las cuestiones de hecho en otros pleitos civiles ante la corte que conozca el procedimiento.

La sección 11 dispone que en cualquier procedimiento en que se discuta la validez de una ordenanza municipal, el mu-nicipio correspondiente deberá ser incluido como parte, con derecho a ser oído, y si se tratare de la anticonstitucionalidad de una ordenanza, el Fiscal General, deberá también ser no-tificado, con derecho a ser oído.

Declara la sección 12 que la ley es por su naturaleza una ley de remedios; y que su propósito es autorizar la determi-nación de derechos y conceder remedios contra la inseguridad de tales derechos.

De lo expuesto se ve claramente que la demandante, que dice no tiene el propósito de impedir u obstaculizar el cobro del arbitrio y sí el de conseguir que se declare nula la orde-nanza, por ser contraria a sus intereses, puede realizar su propósito con toda amplitud mediante un juicio declaratorio en el que puede considerarse y resolverse cualquier cuestión de hecho en igual forma que si se tratara de un pleito civil ordinario.

El remedio que concede la ley sobre sentencias declarato-rias es sencillo, adecuado y completo porque la ley concede a la corte facultad para conceder cualquier remedio adicional que fuere necesario para hacer efectiva la sentencia. Y se-guramente la sentencia declaratoria puede obtenerse con tanta rapidez como en un proceso de certiorari.

La petición en el presente caso se ha basado exclusiva-mente en la alegada insuficiencia de los remedios legales que las leyes vigentes ofrecen al contribuyente para protegerse contra una exacción ilegal de un gobierno municipal. Y he-mos visto, que aun admitiendo la insuficiencia del remedio del pago bajo protesta que da la sección 32 a de la Ley del Grobierno de la Capital, la contención de la apelante no ha sido sostenida, pues ésta tiene otros recursos legales tan efi-caces como el certiorari para proteger sus derechos.

No pende ante nos la cuestión sobre si la demandante en este caso tendría o no derecho a un auto de injunction, para impedir el cobro del arbitrio sobre las bombas para expendio de gasolina; ni estamos tampoco obligados a emitir opinión sobre la legalidad o ilegalidad de la ordenanza.

En conclusión, opinamos que no procede la expedición del auto solicitado, por entender que las leyes vigentes conceden al contribuyente el amplio y adecuado remedio legal a que nos hemos referido en el curso de esta opinión, dentro del cual podría ser resuelta satisfactoriamente la controversia entre dos partes que evidentemente tienen intereses potencial y efectivamente opuestos. Partido Unión Republicana v. Terry, 49 D.P.R. 277; Re Tampa Suburban R. Co., 168 U. S. 583. Además, estando en todo caso la concesión del certio-rari sujeta a la discreción de la Corte de Distrito, no hemos encontrado en los autos nada que nos autorice a creer que el juez sentenciador abusara de su discreción.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Clemente Pereda, peticionario y apelante, v. José Padín, Félix Córdova Dávila, Clemente Ruiz Nazario, Francisco Parra Toro, Felipe Carro, Jaime Annexy, Rafael Martínez Nadal, Francisco Capó y Rafael Menéndez Ramos, en su carácter de miembros de la Junta de Síndicos de la Corporación “La Universidad de Puerto Rico”, demandados y apelados.
    No. 6884.

    Sometido: Mayo 6, 1936.

      Resuelto: Mayo 21, 1936.

      Gilberto Concepción de Gracia, A. Casanova Prats, L. Vergne Cortés, C. Santana Becerra j J. Paniagua S err acante, abogados del ape-lante; C. Ruis Nasario, abogado del apelado Sr. Padín; Hon. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Peres, sub-procurador, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario y apelante en este caso radicó ante la Corte de Distrito de San Juan una petición para que por dicba corte se librara un auto de mamdmrms, ordenando a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico la reposición del peticionario en su empleo como Profesor Auxiliar de Pe-dagogía, del que alegaba baber sido separado ilegalmente.

Alega el peticionario que con fecha 25 de mayo de 1934 la Junta de Síndicos contrató sus servicios como Profesor Auxiliar de Pedagogía en la Universidad de Puerto Rico, por el término de un año escolar universitario, de 1934 a 1935; que el peticionario ha cumplido y está dispuesto a seguir cumpliendo con todas las obligaciones impuéstasle por dicho contrato; que con anterioridad al 2 de septiembre de 1934 el Canciller de la Universidad formuló cargos al peticionario, basándose en la sección 3 del Capítulo XYII del Reglamento de la Universidad y de su Junta de Síndicos, que provee que “un carácter irreprochable y una vida privada sin tacha y libre de crítica justa, deberá predominar en toda persona que sirva en la Universidad, y que cualquier deficiencia en esas cualidades será interpretada tan estrictamente como si fuera una ineficiencia en la preparación académica”; que la Junta de Síndicos suspendió al peticionario de empleo y sueldo con fecha 5 de septiembre de 1934 y en 19 del mismo mes le separó permanentemente por considerar que su con-ducta es incompatible con su cargo; que dichos acuerdos fueron tomados sin dar aviso al peticionario y sin concederle oportunidad para defenderse, sin justa causa, sin que se probaran los cargos y abusando de las facultades discrecio-nales que la ley concede a la Junta demandada; y que el peticionario recurre al mandamus por carecer de otro reme-dio legal adecuado.

La corte inferior expidió un auto condicional de mandamus, por el que ordenaba a José Padín, Félix Córdova Dá-vila, Clemente Ruiz Nazario, Francisco Parra Toro, Felipe Carro, Jaime Anéxy, Rafael Martínez Nadal, Francisco Capó y Rafael Menéndez Ramos, en su carácter de Síndicos de la Universidad, que repusieran en el cargo al peticionario o de lo contrario que comparecieran a mostrar causa por las cuales no debiera dictarse el auto solicitado.

El demandado José Padín, en su carácter de Presidente de la Junta de Síndicos, compareció ante la corte para pedir la anulación del auto condicional, alegando: (a) que la pe-tición no aduce hechos suficientes para autorizar la concesión del auto de mandamus ni para determinar causa de acción contra los demandados; (b) que la corte no ha adquirido jurisdicción para expedir el auto contra todos los demanda-dos; y (o) que el peticionario tiene un remedio legal ade-cuado,' como lo es la acción de daños y perjuicios por incum-plimiento de contrato.

El demandado José Padín presentó al mismo tiempo su contestación, en la que niega que los cargos formulados contra el peticionario se basaran exclusivamente en la citada sec-ción del Reglamento, y alega que la Junta de Síndicos, de acuerdo con la sección 8 de la Ley núm. 50 de 21 de julio de 1925 (pág. 283), tiene facultad para separar al peticionario de su empleo, cuando a juicio de la junta la conveniencia de la Universidad así lo requiera, sin necesidad de formularle cargos o de darle oportunidad de ser oído en su defensa; qne ann cuando la junta estaba facultada para separar al pe-ticionario sin oírlo, sin embargo, en la sesión de septiembre 5, 1934, se acordó comunicarle al peticionario los cargos que habían sido formulados contra él y concederle un plazo de diez días para contestarlos; que el peticionario fue notifi-cado de acuerdo con la resolución de la junta, recibiendo el pliego de cargos el día 8 de septiembre de 1934; que el pe-ticionario nunca contestó los cargos oficialmente, ni se dirigió en forma alguna a la Junta de Síndicos pidiendo ser oído o que se celebrara una vista; que el peticionario publicó por medio de la prensa su contestación en la que admitió la cer-teza de los hechos que se le imputaban e hizo manifestaciones contrarias a la buena marcha de la Universidad; y que en 19 de septiembre de 1934, la Junta de Síndicos, después de cerciorarse de que el pliego de cargos le había sido comu-nicado al peticionario y de que éste no había presentado con-testación, procedió a comprobar los cargos mediante el exa-men de testigos y a separar de su cargo al peticionario.

El demandado compareciente alegó además que el peti-cionario no es ni ha sido nunca un funcionario o empleado público; que las relaciones que existieron entre el peticio-nario y la Junta de Síndicos fueron las derivadas de un con-trato consensual bilateral o mutuo de arrendamiento de servicios profesionales, de índole personal, del que no puede exigirse el cumplimiento específico mediante mandamus, ni en ninguna otra forma; y por último, que la corte no tenía jurisdicción sobre los demás demandados.

La corte de distrito consideró las cuestiones de derecho planteadas por las alegaciones de ambas partes, y sin entrar a considerar el caso en sus méritos, declaró sin lugar la pe-tición y anuló el auto alternativo que había expedido. Contra esa sentencia se ha establecido el presente recurso.

En el día señalado para la vista del presente recurso, el demandado y apelado José Padín presentó una moción en la que solicita se desestime la apelación por no tener esta corte jurisdicción sobre las personas de los otros ocho de-mandados, ninguno de los cuales fue emplazado en el recurso ante la corte inferior, ni notificado en forma alguna del auto condicional expedido por dicha corte. Se alega en la moción que el único demandado que fue emplazado, notificado del auto condicional y que compareció ante la corte, fue el Pre-sidente de la Junta de Síndicos, Dr. José Padín; que nin-guno de los otros demandados compareció en forma alguna, ni se sometió en manera alguna a la jurisdicción de la corte inferior, ni a la de esta Corte Suprema; y que ésta carece de jurisdicción para conocer de esta apelación, porque no ha-biendo sido emplazados ni estando ante ella los citados ocho demandados, esta corte no puede continuar conociendo de una apelación que tiene por objeto obtener la revocación de una sentencia favorable a dichos demandados, los que serían afectados por tal revocación si la misma fuere dictada.

Debemos considerar y resolver como una cuestión previa la de si esta corte tiene jurisdicción para considerar y resolver los errores que se imputan 'a la corte sentenciadora.

Hemos examinado cuidadosamente los autos de este caso y no encontramos en ellos constancia alguna de que los ocho demandados, que en unión del Sr. José Padín constituyen la Junta de Síndicos, hayan sido emplazados para comparecer ante la corte de distrito, ni de que se les haya notificado el auto alternativo, ni de que se hayan sometido individualmente a la jurisdicción de la corte inferior.

El legajo de la sentencia presentado ante esta corte no contiene la citación ni la prueba de haber sido hecha a dichos demandados, ni tampoco nota alguna que haga constar que se registrara la rebeldía de los mismos, según lo requieren los artículos 233 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933. T el artículo 303 del mismo código dice:

‘‘Artículo 303. — Si el apelante dejare de presentar los documen-tos requeridos, la apelación deberá ser desestimada sin oírle.”

Y en esas disposiciones legales basa la representación del demandado José Padín sn moción para que la apelación sea ■desestimada por falta de jurisdicción sobre las personas de sus ocho compañeros de la Jnnta de Síndicos de la Univer-sidad.

A primera vista, parece tener absoluta razón el apelado. .Sin embargo, la lectura cuidadosa del récord del caso revela ciertos hechos que no podemos dejar pasar desapercibidos y que en nuestra opinión debilitan la aparentemente fuerte posición del apelado.

La Ley núm. 50 aprobada el 21 de julio de 1925, intitulada ■“Ley sobre la reorganización de la Universidad de Puerto Rico” provee:

“ Sección 2. — La Jxmta de Síndicos nombrada, según se provee en la Sección 3 de esta Ley, y sus sucesores, constituirá, y por la pre-sente constituye, una corporación bajo la denominación de ‘La Universidad de Puerto Rico,’ y con este nombre tendrá derecho a demandar y ser demandada, a adquirir y poseer bienes muebles e inmuebles, a hipotecar y vender los mismos, a contraer deudas, a celebrar contratos, etc.”

De acuerdo con la disposición legal transcrita, las per-sonas que constituyen la Junta de Síndicos y sus sucesores, al aceptar el cargo de síndico, pierden cada una de ellas su personalidad individual para refundirse todas en una nueva persona jurídica o corporación, que actuará en el campo de los negocios bajo la denominación de “La Universidad de Puerto Rico.”

Cualquier persona que creyere tener alguna causa o de-recho de acción contra la Junta de Síndicos colectivamente, ■.como corporación, puede dirigir su demanda contra “La Universidad de Puerto Rico”, y de acuerdo con lo provisto •en el artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, puede someter a la jurisdicción de la corte a toda la Junta de Síndicos, como corporación, mediante la entrega de una copia de la citación o emplazamiento al Presidente de la corporación, o sea al Presidente de la Junta de Síndicos do “La Universidad de Puerto Rico”, que en este caso lo es el demandado Dr. José Padín.

Es cierto que la demanda en este caso se entabló contra los nueve demandados, mencionando el nombre de cada uno-de ellos y agregando las palabras “en sn carácter de miem-bros de la Junta de Síndicos de la corporación ‘La Univer-sidad de Puerto Rico’,” en vez de baber entablado la acción contra “La Universidad de Puerto Rico” simplemente, o agregando los nombres de las personas que forman la Junta de Síndicos. Pero eso no pasa de ser un mero defecto téc-nico que puede ser subsanado por actos posteriores de alguna persona que tenga facultad para subsanarlo y para someter a la Junta de Síndicos, como corporación que actúa bajo el nombre de “La Universidad de Puerto Rico”, a la jurisdic-ción de la corte ante la cual se inició la acción.

No tenemos duda de que si la acción se hubiera intitulado-“Clemente Pereda v. La Universidad de Puerto Rico”, la entrega de la citación al Dr. José Padín, Presidente de la Junta de Síndicos, hubiese sido bastante para someter a la corporación, o sea a la totalidad de la Junta de Síndicos a la. jurisdicción de la corte inferior.

Aunque del legajo de la sentencia no aparece que se haya, hecho la citación de persona alguna, sí aparece que el Dr.. José Padín compareció ante la corte inferior a pedir la anu-lación del auto condicional y a contestar la orden para’ mos-trar causa, y que en ambos casos lo hizo “en su carácter de Presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico.”

Debemos resolver que el defecto técnico que pudiese ha-ber en la titulación del caso fué subsanado por la compare-cencia del demandado Padín en la forma que hemos indicado;; y que esta corte tiene jurisdicción para considerar l'a única, cuestión legal que a nuestra consideración se somete por el presente recurso y que podemos formular así: ¡¿Es un Pro-fesor de la Universidad de Puerto Rico, contratado por la-. Junta de Síndicos para prestar sns servicios profesionales a dicha institución durante el término de un determinado año escolar., un empleado o funcionario público de El Pueblo de Puerto Rico, comprendido dentro del Servicio Civil y por tanto con derecho a no ser separado del servicio sino mediante cargos probados y después de haber tenido oportunidad de ser oído en su defensa? • ■

La ley sobre la Reorganización de la Univer-sidad, por su sección 2, supra, constituyó a la Junta de Sín-dicos en una entidad corporativa bajo la denominación de “La Universidad de Puerto Rico” y confirió a la persona jurídica así creada todas las facultades que generalmente se confieren por la ley a las corporaciones, especialmente la de celebrar contratos, y la de hacer o mandar hacer todo lo que fuere necesario para el cumplimiento de su misión como cen-tro educativo.

La sección 3 de la citada ley ha confiado el gobierno in-terno de la Universidad a una Junta de Síndicos, la que ha sido investida por la sección 7 con facultades para establecer los puestos de los catedráticos y profesores de la Universi-dad, fijar sus sueldos y emolumentos y hacer y prescribir re-glamentos, reglas y estatutos para el régimen de la institu-ción. La sección 8 confiere facultad al Canciller para nombrar los catedráticos, profesores y empleados de la Universidad para los puestos establecidos por la Junta de Síndicos, la que deberá aprobar los nombramientos antes de que los in-cumbentes tomen posesión; y dispone, que la Junta de Sín-dicos tendrá poder para separar de su puesto a cualquier empleado de la institución, cioando d su juicio la conveniencia de la misma así lo requiera.

Esta corte resolvió en fecha muy reciente, que el propósito claro y evidente de la Ley Sobre la Reorganización de la Uni-versidad de Puerto Rico fue el de organizar ese centro do-cente como una entidad jurídica enteramente distinta y se-parada de la entidad “Gobierno Insular de Puerto Rico”, y concederle amplia autonomía para poder funcionar libre-mente bajo las reglas y restricciones que a sus funcionarios y empleados impusiere la Junta de Síndicos y sin sujetarse en manera alguna a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil que regulan el nombramiento y la remoción de ios fun-cionarios y empleados del Gobierno Insular de Puerto Pico. Véanse: Maura v. Sancho Bonet, et als., 49 D.P.R. 860, y Vincenty v. Junta de Síndicos, 45 D.P.R. 99.

La única ley que conocemos, que regula las separaciones de los funcionarios y empleados públicos es la Ley de Ser-vicio Civil (Ley núm. 88 de mayo 11, 1931, pág. 535), que dispone:

“Sección 28. — Separaciones. — Ninguna persona que ocupe una plaza o destino (office or place) en el servicio clasificado será separada o despedida, salvo por causa justificada y formulación de cargos, y no antes de dársele oportunidad para ser oída en defensa pro-pia. . (Bastardillas nuestras.)

El Servicio Clasificado comprende todos los funcionarios y empleados del Gobierno Insular que no estuvieren especí-ficamente comprendidos en el Servicio no Clasificado; y los nombramientos y las separaciones de dichos funcionarios sólo podrán hacerse en la forma que provee la sección 28, supra. Véase sección 5, Ley de Servicio Civil.

La misma sección 5, supra, dispone que hasta tanto se ha-gan de conformidad con la Ley de Servicio Civil y sus re-glamentos, los nombramientos de los funcionarios y maestros de las escuelas públicas, estos funcionarios y maestros continuarán en el Servicio no Clasificado.

No se ha llamado nuestra atención hacia ley alguna que disponga que los funcionarios y maestros de las escuelas pú-blicas deban ser nombrados de acuerdo con las leyes y regla-mentos del Servicio Civil. Y a falta de esa ley tenemos que resolver, de acuerdo con la citada sección 5, que los maestros de las escuelas públicas, no están comprendidos en el Ser-vicio Civil Clasificado 'y que no tienen por tanto derecho a invocar la protección de la sección 28 de la Ley de Servicio Civil, que es aplicable solamente a los funcionarios y emplea-dos nombrados de acuerdo con dicha ley y comprendidos en el Servicio Clasificado.

La sección 2 del Capítulo IX del Eeglamento de la Uni-versidad de Puerto Eico, dice así (bastardillas nuestras):

“TÉRMINO DE NOMBRAMIENTO
“Sección 2. — A pesar de que la Junta de Síndicos está obligada bajo los estatutos a elegir anualmente los miembros del claustro y todos los demás empleados, procurará que los nombramientos tengan el carácter de permanentes, sujetos a que su eficiencia en el servicio continúe . . .; reservándose la Junta de Síndicos el derecho de ter-minar los servicios en cualquier tiempo que lo estime conveniente para el interés de la Universidad. Todo empleo en la Universidad deberá ser aceptado bajo estas condiciones.”

Bajo esas condiciones del Eeglamento y con conocimiento de las facultades que la Ley de la Eeorganización confiere a la Junta de Síndicos se establecieron las relaciones que por el término del año escolar universitario 1934-1935 habrían de existir entre la Universidad de Puerto Eico y el Profesor Clemente Pereda. Que esas relaciones eran de naturaleza contractual lo reconoce el propio peticionario cuando alega en el párrafo segundo de su petición “Que con fecha 25 de mayo de 1934 la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Eico contrató los servicios del peticionario extendién-dole un nombramiento de Profesor Auxiliar de Pedagogía por el término de un año escolar v/niver sitar io que comprende todo el curso escolar universitario del año 1934 a 1935.”

En el caso de State Ex Rel. Sittler v. Board of Education, 49 L.R.A. (N. S.) 62, los hechos eran casi idénticos a los del caso de autos. La peticionaria fué contratada para enseñar en las escuelas públicas por un contrato que disponía que la junta podría removerla en cualquier momento, mediante treinta días de aviso por escrito, si su trabajo o su conducta no fuesen satisfactorios a dicha junta. Al ser separada de su cargo por acuerdo de la junta, la peticionaria solicitó un auto de mandamus para que se le repusiera en su puesto, y denegado el auto por la corte de distrito apeló. En su opi-nión confirmando la sentencia la Corte Suprema de New Mexico dijo:

“Existe un error fundamental en el argumento del abogado de la apelante, al efecto de que el mandamus puede decretarse bajo las circunstancias de este caso. Existe un principio general universal-mente aplicado, que el mandamus no es un recurso utilizable para hacer valer derechos contractuales, por la razón de que existe otro remedio adecuado en el curso ordinario de la ley, en la forma de una acción por daños y perjuicios. (Numerosas citas.)
“Es solamente cuando el profesor, por disposición expresa de la ley, tiene la posesión fija de un cargo {fixed tenure of office), o cuando puede ser removido solamente en una forma expresamente prescrita, y cuando, como consecuencia, es el claro deber ministerial de una junta escolar mantenerlo en su puesto, que puede expedirse el mandamus. . . .”
“Un caso que se considera como autoridad sobre esta materia es el de Kennedy v. Board of Education, 82 Cal. 483. Resulta que en California,, por razón de los términos de sus estatutos, los tenedo-res de certificados expedidos por la ciudad, una vez nombrados no podrán ser separados de sus cargos más que por violación de los reglamentos de la Junta de Instrucción, o por incompetencia o por conducta antiprofesional o inmoral. Según lo han interpretado las cortes de aquel estado, esté estatuto confiere a los tenedores de tales certificados, después de haber sido nombrados para enseñar en una ciudad de California, en él caso de que él término por él cual haya sido empleado el profesor no estuviese fijado en él contrato, el derecho a ocupar el puesto indefinidamente, a menos que fuere separado de él por las causas mencionadas en el estatuto. . . . Basándose en los términos del estatuto, la corte sostuvo que un profesor tan pronto era nombrado adquiría un derecho de carácter continuo y perma-nente de la naturaleza de un cargo piiblico (office), y que, como con-secuencia, los funcionarios escolares carecían de autoridad para re-moverlo. La corte hace constar claramente, que es solamente por razón de los términos del estatuto que sostienen que el mandamus es un remedio procedente ... La corte dijo además: ‘Según hemos visto, el término durante el cual el apelado tenía derecho a ocupar el puesto no estaba fijado por ningún contrato con el apelante. La duración de su término de servicio está fijado por el estatuto; y su separación del cargo no fné nna mera violación de nn contrato, sino la de una disposición expresa de un estatuto que prohibe tal separa-ción. ’
“El abogado del apelante trata de deducir de nuestros estatutos una conclusión que no podemos adoptar. No se ha señalado disposi-ción alguna de nuestros estatutos que pueda autorizarnos a decidir que un profesor de las escuelas públicas de este estado tiene una posesión de su cargo (tenure of office)• distinta a la que le confiere el contrato celebrado por él con las autoridades escolares. No ha-biendo una disposición mandatoria de la ley, no conocemos razón alguna para que impongamos a las autoridades escolares restricciones en cuanto a la forma de los contratos que ellas celebran con los maestros o en cuanto a sus poderes de remoción. Faltando esas dispo-siciones legales mandatorias, la facultad de emplear incluye el poder para remover. (Citas). Esto es así especialmente cuando el poder se ha reservado específicamente en el contrato. La cuestión en este caso es si la Junta tenía la facultad que ha tratado de ejer-cer, y sostenemos que la tiene.”

En el caso de Lewellen v. Smith, 49 Neb. 755, 69 N. W. 114, la Corte Suprema de Nebraska decidió que un contrato para enseñar en las escuelas públicas es un contrato de ser-yicios personales; que un profesor no es un funcionario pú-blico, ni el puesto un cargo público (office); que el profesor tiene un remedio adecuado en la acción de daños y perjui-cios por incumplimiento de contrato, en caso de que fuere separado de su cargo antes de vencer el término por el que contrató sus servicios; y que en un caso de esa naturaleza jao procede el mandamus.

El apelante cita en apoyo de su contención las decisiones de esta corte en los casos de Gil v. Chardón, 41 D.P.R. 210, y Romero v. Gore, 46 D.P.R. 378. No creemos que dichas de-cisiones sean aplicables al caso de autos. Los peticionarios en los dos casos citados eran empleados o funcionarios pú-blicos del Pueblo de Puerto Eico, comprendidos en el Servicio Civil Clasificado, que no podían ser separados de sus cargos sino en la forma prescrita por la Ley de Servicio Civil.

Para sostener sn alegación de qne el apelante es nn fun-cionario público, se citan las palabras del Juez Marshal en U. S. v. Maurice, 2 Brock. 96, Fed. Cas. núm. 15747:

“Un cargo (office) se define como una función pública o empleo-público, y el que desempeña los deberes del cargo es un funcionario (officer). Aunque un cargo es un empleo, no resulta como conse-cuencia que todo empleo es un cargo. Un hombre puede ciertamente ser empleado bajo un contrato, expreso o implícito, para ejecutar una acto o prestar un servicio, sin convertirse en un funcionario. Per® si es un deber continuo, que está definido por reglas prescritas por el Gobierno, y no por contrato, el que ha de desempeñar el individuo nombrado por el gobierno, y aquél entra a desempeñar los deberes de su cargo, sin un contrato que defina dichos deberes, si esos debe-res continúan, aunque la persona sea cambiada; parece muy difícil distinguir tal función o empleo de un cargo (office), o la persona que desempeña los deberes de un funcionario. ’

Las palabras “y no por contrato” qne hemos subrayado en el párrafo qne acabamos de transcribir, fueron suprimi-das en la cita que aparece en el alegato del apelante. De-bemos presumir que la supresión ha sido hecha inadvertida-mente, pero el hecho es que con la restauración de esas palabras la definición del Juez Marshal concuerda con la doctrina de Sittler v. Board of Education, Kennedy v. Board of Education y Leweller v. Smith, supra, que sostienen que una persona que se contrata para enseñar en las escuelas pú-blicas, por un término fijado en el contrato, no es un funcio-nario público y sí un empleado contractual.

También cita el apelante el caso de Vincenheller v. Reagan, 64 S. W. 278, como autoridad que sostiene que un profesor de una universidad estadual es un funcionario público (public officer). Es cierto que la corte sostuvo que el peticionario era un “public officer.” T no podía llegar a otra conclusión, porque la resolución creadora del cargo que ocupaba el peti-cionario decía así:

“Resuélvase: (1) Que el cargo (office) de vicedirector y pomo-logista de la estación experimental agrícola era y por la presente queda creado, y que W. G. Vineenheller sea y por la presente es elegido para ocupar dicho puesto (position) por el término de cua-tro años, etc.
’ “ (2) Que parte de los deberes de dicho funcionario {officer) serán, etc.”

Después de ser nombrado el peticionario Vineenheller, y antes de que expirase el término de su nombramiento, la Legislatura de Arkansas aprobó una ley por la que el cargo de pomologista quedó abolido, con prohibición a la Junta de Síndicos de continuar pagando sueldos por tal concepto, Vineenheller solicitó auto de mcmdamus para que se le repu-siera en el cargo, alegando que la ley de la Legislatura que abolió el cargo es anticonstitucional porque menoscaba las. obligaciones de un contrato. La Corte Suprema, al confirmar la sentencia que negó el mcmdamus, dijo:

“El apelante insiste también en que la Sección 6 de la Ley de mayo 23, 1901, es anticonstitucional, porque menoscaba las obliga-ciones de un contrato. Si el cargo que ocupaba el apelante bajo la resolución de la Junta de Síndicos era un cargo público (office), la ley no menoscaba las obligaciones de un contrato. Los deberes y obligaciones de un funcionario (officer) nacen de la ley y no de un contrato, y esa ley puede ser enmendada o derogada; y, como incidental a esa facultad, la legislatura puede aumentar o disminuir el sueldo, o abolir el cargo, a menos que estuviere prohibido por la cons-titución. ’ ’

Los hechos de ese caso eran tan claros y evidentes, que la corte no podía menos de llegar a la conclusión de que las relaciones que existían entre Vineenheller y la Universidad de Arkansas no eran de naturaleza contractual.

En el caso de autos, el peticionario ha alegado también la naturaleza contractual de las relaciones que se establecieron entre él y la Universidad, al decir en su demanda que la Junta de Síndicos contrató sus servicios por el término de un año; y no ha alegado en manera alguna en su petición que él fuese un funcionario público.

La Junta de Síndicos ha atacado' la suficiencia de la peti-ción y ha negado específicamente que el peticionario sea un funcionario público, insistiendo en qne el peticionario era un simple empleado contractual.

Los hechos del presente caso y la jurisprudencia que hemos citado nos llevan a la conclusión de que el peticionario no era un funcionario público y sí un empleado contractual de la Universidad de Puerto Bieo; que las relaciones entre el peticionario y la Universidad tienen que regirse por el contrato mismo, que es la ley de los contratantes; y que habiendo el peticionario contratado sus servicios y aceptado el empleo bajo la condición expresa de que la Junta de Sín-dicos se reservaba el derecho de terminar los servicios en cualquier tiempo que lo estimare conveniente para el interés de la Universidad, esta Corte carece de facultad para refor-mar el. contrato entre las partes o para investigar en un procedimiento de esta índole las causas o motivos que haya podido tener la Junta de Síndicos, para hacer uso del derecho que se reservara para poder prescindir de los servicios de un empleado cuando así lo exigiere la conveniencia y la buena marcha de la Universidad.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.