author: per curiam:

text:
      In re Luis Huertas Soto, querellado.

      Número: CP-2012-2

      Resuelto: 29 de marzo de 2016

      Tatiana M. Grajales Torruella, subprocuradora general, y Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; Rafael Torres Alicea y Valéry López Torres, abogados del querellado; Luis E. Huertas Soto, pro se; Crisanta Gonzá-lez Seda, comisionada especial.
   per curiam:

En esta ocasión debemos sancionar a un abo-gado por incurrir en conducta impropia y faltar al deber de esforzarse al máximo de su capacidad por exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Ello en contravención de lo dispuesto en el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. Veamos los hechos y el tracto procesal de este caso.

HH

El origen de esta querella se remonta a mayo de 2003, cuando varias compañías aseguradoras presentaron una queja en la Oficina de la Procuradora General en contra del Ledo. Rafael Rivera Vázquez y del Ledo. Luis E. Huer-tas Soto (el querellado). Las aseguradoras alegaron que el licenciado Rivera Vázquez y el querellado, como parte de un esquema de fraude, representaron a clientes en varias reclamaciones falsas basadas en supuestos accidentes de tránsito. Como resultado de dichas reclamaciones, las ase-guradoras emitieron cheques en concepto de indemniza-ción por un total de $947,911.90. Además, las aseguradoras indicaron que supieron de estos hechos durante unas in-vestigaciones anteriores y concurrentes a la presentación de una demanda contra el licenciado Rivera Vázquez y el querellado, entre otros, ante el Tribunal Federal de Dis-trito para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal), al amparo de la legislación Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act (RICO). Como parte de esa acción, las aseguradoras solicitaron la devolución de los fondos desembolsados.

Previendo la posibilidad de que estos hechos implicaran la comisión de delitos, la Oficina de la Procuradora General refirió la queja a la Oficina del Fiscal General. Sin embargo, posteriormente la Oficina del Fiscal General cerró la investigación y no inició procedimiento criminal alguno. No surge que durante esta etapa la Oficina de la Procura-dora General realizara algún trámite con relación a la queja contra el querellado.

Por su parte, el 12 de junio de 2008 el Tribunal Federal dictó sentencia en el caso Puerto Rico American Insurance Company, et al. v. Carlos Burgos, et al., Civil Núm. 01-1186, y determinó que el licenciado Rivera Vázquez y el querellado participaron en un esquema de fraude en viola-ción a RICO, en el cual presentaron, en conjunto e indivi-dualmente, veintidós reclamaciones falsas a varias compa-ñías aseguradoras. En consecuencia, el Tribunal Federal condenó al querellado a pagar a las aseguradoras la canti-dad de $1,440,802.86. Esta sentencia es final y firme.

Por otro lado, el Director Ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidente de Automóviles (ACAA), basándose en las determinaciones de hechos de la mencio-nada sentencia, refirió un informe para investigación a la Oficina del Fiscal General. Esta Oficina, sin embargo, con-cluyó que cualquier delito que pudiera surgir de los hechos se encontraba prescrito. Por ello, refirió el asunto nueva-mente a la Oficina de la Procuradora General para que considerara si, como resultado de estos sucesos, el quere-llado violó alguna disposición de los Cánones del Código de Etica Profesional, supra.

Durante el proceso de investigación, la Oficina de la Procuradora General obtuvo una declaración jurada de 15 de febrero de 2006 en la cual el querellado, de su puño y letra, admitía haber conocido que las reclamaciones a las aseguradoras eran fraudulentas y que, aun así, siguió aceptando esos casos:

“Para finales del año 1997, confronto a Rivera Vázquez sobre mi sospecha y éste me admite que Iván Cabrera creaba estos casos lo que significaba que algún fraude se estaba cometiendo. En respuesta de mi señalamiento el Ledo. Rivera me admite que ese acto de fraude era problema de Iván Cabrera y no de él y mío. A pesar de ello continúe [sic] aceptando los casos referidos por el Ledo. Riverá’.

Así, luego de otros trámites, la Procuradora General presentó un Informe a este Tribunal en el que recomendó la presentación de una querella por violación al Canon 38 de Etica Profesional, supra. El querellado replicó y basó su defensa, fundamentalmente, en que aunque presentó las reclamaciones y cobró los cheques, ignoraba que se tratara de reclamaciones fraudulentas.

Examinados el Informe y su réplica, le ordenamos a la Oficina de la Procuradora General que procediera a pre-sentar la querella. Así, en cumplimiento con nuestra orden, la Procuradora General le imputó al querellado el cargo siguiente:

El licenciado Luis Huertas Soto violó los preceptos del Canon 38 de Ética Profesional, el cual establece que los abogados deben esforzarse al máximo en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión y debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia y obliga a denunciar valientemente ante el foro correspondiente cualquier conducta impropia de cual-quier colega.

Después de que el querellado contestara la querella, nombramos a la Hon. Crisanta González Seda, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial para recibir la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones que es-timara pertinentes. El 12 de diciembre de 2013 se celebró la vista final ante la Comisionada Especial, en la cual úni-camente testificó el querellado. La Procuradora General, por su parte, dio el caso por sometido a base de la prueba documental que obra en el expediente. Después de otros trámites, la Comisionada Especial entregó su Informe, en el que concluyó lo siguiente:

Las actuaciones del querellado en su desempeño como abo-gado, encubriendo y participando en lo que tenía que saber, que eran actos delictivos, y en este procedimiento, tratando de evadir su responsabilidad y expresando que no quería denun-ciar al licenciado Rivera Vázquez crean la apariencia de una conducta impropia, no importa cuáles pudieran ser sus justi-ficaciones para ello.

Con respecto al trasfondo de los hechos que dieron lugar a la queja, la Comisionada Especial determinó que para el 1995 el querellado arrendó un espacio de oficina dentro del despacho del licenciado Rivera Vázquez, de quien se con-virtió en compañero de oficina. Eventualmente, el licen-ciado Rivera Vázquez comenzó a referirle casos sobre acci-dentes de tránsito ficticios, en los cuales el querellado presentó la reclamación a las aseguradoras y tramitó el pago de la indemnización. Así, desde el 1997 hasta el 2001, el licenciado Rivera Vázquez y el querellado instaron un total de veintidós reclamaciones falsas.

Por su parte, el querellado replicó al Informe de la Co-misionada Especial y reiteró que desconocía la falsedad de las reclamaciones. Con respecto a su declaración jurada, adujo que esta la prestó de forma involuntaria ante la ame-naza de que le presentaran cargos criminales y sin la opor-tunidad de contar con un abogado. Por ello, sostuvo que la declaración debía ser excluida por haber sido prestada en violación a su derecho contra la autoincriminación.

Con el beneficio del Informe de la Comisionada Especial, la réplica, así como los demás documentos y la prueba que se encuentra en el expediente, procedemos a resolver.

HH H—I

Hemos expresado que [e]l día en que un abogado presta juramento ante el Tribunal Supremo le es concedido un gran privilegio: el de poder ejercer una profesión, hon-rosa por demás, que tiene una rica y extraordinaria tradi-ción y que desempeña un importante papel en nuestra sociedad”. In re Quintero Alfaro, 2004 TSPR 20, pág. 3,161 DPR Ap. (2004). Así, al juramentar, el abogado se convierte en un funcionario del Tribunal y se compromete a desem-peñar su función con la mayor competencia, compromiso e integridad. In re Quintero Alfaro, supra; Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 613-614 (1993).

El privilegio de desempeñar esta profesión no está exento de responsabilidades, entre ellas la de cumplir fiel-mente con los deberes que impone el Código de Etica Profesional. El objetivo de este Código es propiciar que los abogados se desempeñen, profesional y personalmente, acorde con los más elevados principios de conducta. Ello para beneficio de la ciudadanía, las instituciones de justi-cia y la profesión jurídica. In re Pujol Thompson, 171 DPR 683 (2007); In re Izquierdo Stella, 154 DPR 732 (2001).

Asimismo, hemos aclarado que el fin del procedimiento disciplinario no es castigar al abogado, sino proteger al pú-blico y a la profesión mediante una investigación del com-portamiento ético del abogado y de sus condiciones morales. In re Olivera Mariani, 173 DPR 498 (2008); In re Liceaga, 82 DPR 252 (1961).

En particular, nos corresponde considerar —por ser el cargo imputado en la querella de autos— el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. En lo pertinente, éste dispone que:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de la profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Tal participación conlleva nece-sariamente asumir posiciones que puedan resultarle personal-mente desagradables pero que redundan en beneficio de la profesión, tales como: denunciar valientemente, ante el foro correspondiente, todo tipo de conducta corrupta y deshonrosa de cualquier colega o funcionario judicial [...]

En conformidad con los propósitos y fundamentos del Código de Ética Profesional, hemos dicho sobre el Canon 38 que infringirlo “resulta nocivo al respeto que la ciudadanía deposita en las instituciones de la justicia y la confianza de los clientes hacia sus abogados”. In re Santiago Tirado, 173 DPR 786, 794 (2008). Véase In re Acevedo Hernández, 194 DPR 344 (2015).

Por otra parte, en vista de que los procedimientos disciplinarios pueden tener el efecto de incidir sobre la li-cencia de un abogado o notario para ejercer su profesión y generar los medios económicos para sustentarse, estableci-mos que el estándar de prueba para hallar a un abogado incurso en una violación ética es el de “prueba ‘clara, ro-busta y convincente’, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas”. In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 640 (2005). Al respecto, hemos dicho que prueba clara, robusta y convincente es “ ‘aquella evidencia que produce en el juzgador de hechos una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables’ ”. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 820 (2011), citando a In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 641 (2005).

III

El Tribunal Federal, el cual no tuvo ante sí la declara-ción jurada en la que el querellado admitió haber tenido conocimiento de la falsedad de las reclamaciones, dictó una sentencia sumaria y determinó que el querellado, entre otras personas, participó en un esquema fraudulento me-diante el cual presentó varias reclamaciones falsas a com-pañías aseguradoras. Al dictar esta sentencia —la cual es final y firme, y por lo tanto, tiene una presunción de correc-ción— el Tribunal Federal contó con una declaración de hechos incontrovertidos, apoyada en prueba documental, que el querellado no pudo refutar.

Por su parte, el querellado admite que las reclamacio-nes eran falsas, pero sostiene que en aquel momento él no tuvo conocimiento de dicha falsedad. Sin embargo, aun considerando esa alegación para fines de nuestro análisis, basta con examinar la declaración de hechos incontroverti-dos presentada por los demandantes en el caso federal, así como la prueba documental incluida en el expediente, para percatarse de que en varias de las reclamaciones en que el querellado participó como abogado se repetían las mismas personas involucradas en los supuestos accidentes de tránsito.

Según nos parece, tan inusitada coincidencia es sufi-ciente para alarmar la conciencia y generar suspicacia en un abogado promedio. En consecuencia, concluimos que la sentencia del Tribunal Federal y la prueba documental a la que hemos hecho referencia evidencian que el querellado no se esforzó al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión.

Más aún, en autos consta la declaración jurada de 15 de febrero de 2006, en la que el querellado declara lo si-guiente:

Para finales del año 1997, confronto a Rivera Vázquez sobre mi sospecha y éste me admite que Iván Cabrera creaba estos casos lo que significaba que algún fraude se estaba cometiendo. En respuesta de mi señalamiento el Ledo. Rivera me admite que ese acto de fraude era problema de Iván Cabrera y no de él y mío. A pesar de ello continúe [sic] aceptando los casos referidos por el Ledo. Rivera.

El querellado alega que prestó esta declaración involun-tariamente ante dos agentes federales que se la pidieron para reforzar la acusación contra el licenciado Rivera Váz-quez; que declaró bajo la amenaza de que si no cooperaba someterían su participación en los hechos ante la conside-ración de un Gran Jurado; que no se le permitió tener pre-sente a un abogado; que no se le permitió ir al baño ni tomar agua por más de dos horas; que la declaración fue hecha en violación a su derecho contra la autoincrimina-ción, y que por lo tanto debe ser excluida.

Con respecto a lo anterior, entre otras consideraciones: primero, según lo determinó la Comisionada Especial, el querellado fue citado y acudió voluntariamente a la re-unión con el inspector de correos y el otro agente; segundo, el querellado decidió no guardar silencio ni marcharse del lugar sabiendo, como abogado que es, que tenía derecho a ello; tercero, el querellado no fue arrestado ni citado ante un Gran Jurado antes ni después de prestar la declaración; cuarto, nada en el expediente apunta a indicios que arrojen dudas sobre la validez de la declaración jurada. Por último, aun asumiendo para propósitos de nuestro análisis que el querellado era un sospechoso que se encontraba detenido y ante un interrogatorio en el que no se observaron las ga-rantías contra la autoincriminación, no aplicaría la regla de exclusión para efectos de este procedimiento disciplina-rio, pues el querellado no está expuesto a condena o proce-samiento criminal alguno. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, See. 3.3, págs. 120-122.

Tomando en cuenta todo lo anterior, resolvemos que el querellado incurrió en conducta impropia al presentar re-clamaciones para indemnización aún luego de conocer que se trataba de casos falsos como parte de un esquema de fraude. Asimismo, el querellado incurrió en una con-ducta impropia al no denunciar la conducta corrupta y des-honrosa del licenciado Rivera Vázquez, al procurarse recla-maciones fraudulentas y al participar en el esquema de fraude. Por lo tanto, al aplicar el estándar correspon-diente de prueba clara, robusta y convincente, es ineludi-ble concluir que el querellado actuó contrario a las dispo-siciones del Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, y que, por lo tanto, incurrió en una conducta antiética.

> h-H

Por los fundamentos expuestos, se suspende inmediata e indefinidamente al querellado del ejercicio de la abogacía y notaría. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar de su suspensión a los foros judicia-les y administrativos del país. Deberá certificarnos, dentro del término de treinta días contados a partir de la notifica-ción de esta Opinión “per curiam” y Sentencia, el cumpli-miento de estos deberes y notificar también de ello a la Pro-curadora General.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a in-cautar el sello y la obra notarial del querellado, y los entre- gará a la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe a este Tribunal. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” al Ledo. Luis E. Huertas Soto a tra-vés de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió sin opinión escrita.

       Estas son: Puerto Rican American Insurance Company, National Insurance Company, Universal Insurance Company, Caribbean Alliance Insurance Company, Integrand Assurance Company, Cooperativa de Seguros Múltiples y la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

       El querellado fue admitido a la abogacía el 13 de agosto de 1986 y a la notaría el 28 de agosto del mismo año.

        Puerto Rico American Insurance Company, et al. v. Carlos Burgos, et al., Civil Núm. 01-1186.

       No obstante, en relación con los hechos relatados en la queja de las asegura-doras, se presentó una acusación criminal en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal) contra el licenciado Rivera Vázquez. En mayo de 2006, el licenciado Rivera Vázquez hizo alegación de culpabilidad por el delito de conspiración para defraudar al servicio postal y fue condenado a doce meses de prisión y tres años de libertad bajo supervisión electrónica. En consecuencia, el 16 de junio 2006 se le suspendió de la abogacía y notaría. In re Rivera Vázquez, 168 DPR 168 (2006).

       La Oficina del Fiscal General también remitió al Procurador General copia de la Sentencia del Tribunal Federal.

       Acta de conferencia con antelación a la vista, 18 de octubre de 2013, pág. 2.

       Contestación a querella, pág. 13. En efecto, con relación a estos hechos, no le presentaron cargos criminales al querellado.

       Querella, pág. 3.

       Informe de la Comisionada Especial, pág. 26.

       Además del querellado y el licenciado Rivera Vázquez, el despacho lo com-partían otros dos abogados.

       A su vez, según determinó la Comisionada Especial, el Sr. Iván Cabrera Garay se encargaba de traer a la oficina los casos en que se basaban las reclamacio-nes falsas.

       Asimismo, los documentos que apoyaban estas reclamaciones, tales como los partes médicos y la querella policial, no eran auténticos. Por otra parte, en el caso del querellado, éste cobraba como honorarios de abogado el 15% de lo pagado por las aseguradoras. Informe de la Comisionada Especial, pág. 13.

       Comentarios, objeciones y recomendaciones sobre Informe de la Comisio-nada Especial, págs. 1-5.

       Apéndice, págs. 44-67. Ello sin tomar en cuenta las personas que se repe-tían en las reclamaciones en las que participó el licenciado Rivera Vázquez, quien en ocasiones laboró en conjunto con el querellado.

       Acta de conferencia con antelación a la vista, 18 de octubre de 2013, pág. 2.

       Contestación a querella, págs. 10-13.

       Según consta en el expediente, luego del 1997 el querellado instó otras reclamaciones que fueron declaradas fraudulentas. Apéndice, págs. 44-67 y 68-97.

       A diferencia de la Comisionada Especial, quien concluyó que el querellado incurrió en la apariencia de conducta impropia, resolvemos que el querellado, al proceder de la forma como lo hizo, contravino exigencias específicas del Canon 38, supra, por lo que incurrió en conducta impropia como tal. “[E]ste Tribunal no está obligado a aceptar la recomendación del informe de la Comisionada Especial, ya que podemos adoptarlo, modificarlo o rechazarlo”. In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 995 (2012). Véase In re Hernández Vázquez, 180 DPR 527 (2010).

       Al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá a un abogado por su conducta antiética, pueden tomarse en consideración los factores siguientes: la buena reputación del abogado en la comunidad; su historial disciplinario; si ninguna parte resultó perjudicada por su conducta; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; el ánimo de lucro que medió en su actuación; el resarcimiento al cliente, y cualesquiera otras consideraciones, ya atenuantes o agravantes, que resul-ten pertinentes. In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 DPR 806 (2005). Como atenuantes, el querellado señaló el hecho de no haber tenido otras querellas disciplinarias y, además, expresó arrepentimiento por haberse relacionado con las personas que participaron en el esquema de fraude. También presentó una declaración jurada del Ledo. Demetrio Fernández con respecto al buen comportamiento ético con el que se desempeñó el querellado en un caso de sucesiones que ambos litigaron. Informe de la Comisionada Especial, pág. 27.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Carlos M. Palmer Ramos, querellado.

      Número: CP-2012-7

      Resuelto: 29 de marzo de 2016

      Irene S. Soroeta Kodesh y Margarita Mercado Echegaray, procuradoras generales, Zaira Z. Girón Anadón, Tatiana M. Grajales Torruella, Karla Z. Pacheco Alvarado, subpro-curadoras generales, José Enrico Valenzuela Alvarado y Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradores generales auxi-liares; José Luis Velázquez Ruiz y Raúl Rodríguez Quiles, abogados del querellado; Carlos M. Palmer Ramos, pro se; Mercedes Marrero de Bauermeister, comisionada especial.
   per curiam:

En esta ocasión nos corresponde sancionar a un abogado por incumplir con el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y con ciertas disposicio-nes de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), Ley Núm. 75-1987 (4 LPRA see. 2001 et sea.).

I

El Ledo. Carlos M. Palmer Ramos (licenciado Palmer Ramos o querellado) fue admitido al ejercicio de la aboga-cía el 12 de diciembre de 1975 y a la notaría el 3 de febrero de 1976. El 11 de mayo de 2007, el Sr. Alexis J. Troche Rivera (señor Troche Rivera o querellante) presentó una queja contra el licenciado Palmer Ramos. Los hechos que dieron lugar a este procedimiento disciplinario se exponen a continuación.

El 21 de noviembre de 2001, el licenciado Palmer Ramos autorizó la Escritura Núm. 182 sobre Segregación y Partición (Escritura Núm. 182) para la Sucesión del Sr. Herme-negildo Rivera Vázquez y la Sra. Dolores Vázquez Martí-nez, compuesta por el Sr. Carlos Rafael Rivera Rodríguez y las Sras. Eugenia, María, María Virginia y Ana Luz Rivera Martínez (Sucesión Rivera-Vázquez). En la escritura, el querellado consignó que la Sucesión Rivera-Vázquez segre-gaba la Finca Núm. 1293 en varios solares según fuera aprobado por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) en el caso Núm. 01U2-00000-03910. Además, expresó que la cabida de la Finca Núm. 1293 era 13.9746 cuerdas, medida que constaba en el Registro de la Propiedad.

Sin embargo, en la autorización de ARPe y en el plano preparado por el agrimensor Sr. José R. Rivera en el caso Núm. 01U2-00000-03910, se estableció que la cabida de la Finca Núm. 1293 era de 9 cuerdas. Asimismo, la Escritura Núm. 182 también reflejó discrepancias con la autorización de ARPe en el desglose de las cabidas de otros solares, particularmente los núms. 3, 5 y 11 (Remanente). A pe-sar de lo anterior, el querellado no hizo constar advertencia particular alguna en la Escritura Núm. 182; solo señaló que hizo las advertencias legales pertinentes.

Ese mismo día, el licenciado Palmer Ramos autorizó las Escrituras Núm. 183 a la 186 sobre División Parcial de Comunidad y la Escritura Núm. 187 sobre Compraventa (Escritura Núm. 187). En esta última, el querellado auto-rizó la compraventa del solar número 2 —adjudicado a la heredera Ana Luz Rivera Martínez mediante la Escritura Núm. 184— a favor del señor Troche Rivera. Nuevamente, no surge de esta escritura alguna advertencia particular, sino solo que el querellado realizó las advertencias legales pertinentes.

El 20 de febrero de 2002, la Sra. Ana Luz Rivera Martínez presentó ante el Registro de la Propiedad la mayoría de las escrituras mencionadas anteriormente. El 27 de febrero de 2006 retiró las Escrituras Núms. 182, 183, 185 y 187. Para el 21 de septiembre de 2007 la cabida de la Finca Núm. 1293 en el Registro de la Propiedad continuaba siendo 13.9746 cuerdas.

El 11 de mayo de 2007, el señor Troche Rivera presentó la queja objeto de este procedimiento disciplinario. En esencia, alegó que contrató al querellado para que autori-zara una escritura de compraventa y que ésta no pudo ins-cribirse en el Registro de la Propiedad por unas deficiencias. Señaló que la escritura fue retirada del Regis-tro de la Propiedad y que el querellado no ha realizado gestión alguna para lograr que se inscriba. Indicó que su-frió pérdidas económicas porque la negligencia del licen-ciado Palmer Ramos tuvo el efecto de malograr un trámite de préstamo de construcción que solicitó.

En su contestación a la queja, el licenciado Palmer Ramos explicó su trabajo con la Sucesión Rivera-Vázquez y aceptó que el solar número 2 se le transfirió al quejoso. Señaló que, una vez se presentaron los documentos en el Registro de la Propiedad, el Registrador “precalificó” los instrumentos e informó la discrepancia entre la cabida que se reflejaba en el plano de ARPe y la que constaba en el Registro de la Propiedad. Argüyó que la heredera Sra. Ma-ría Eugenia Rivera Martínez le informó que el agrimensor Jose R. Rivera estaba atendiendo el asunto, pero que cuando trató de comunicarse con él descubrió que se encon-traba incapacitado. Por lo tanto, acordó con la Sucesión Rivera-Vázquez instar la acción judicial de rectificación de cabida, pero explicó que no se había comenzado porque se requería una certificación de mensura preparada por otro agrimensor. Por último, explicó que se ha comunicado con la Sucesión Rivera-Vázquez y no con el quejoso por razones éticas, pero que las medidas que ha tomado han ido dirigi-das a resolver la situación del quejoso a pesar de que no fue contratado para el trámite de rectificación de cabida.

Posteriormente, la otrora Directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías (ODIN), Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, presentó ante nosotros un Informe. Luego de ex-poner el trasfondo fáctico, concluyó que la discrepancia en-tre las cabidas existía al momento en que el querellado autorizó la Escritura Núm. 182 y surgía de los documentos utilizados para la segregación. Por lo tanto, el licenciado Palmer Ramos debió solicitar los antecedentes regístrales de la Finca Núm. 1293 y aclarar la situación antes de au-torizar la escritura. Como mínimo, la ODIN entiende que debió consignar en la Escritura Núm. 182 la discrepancia y una advertencia en cuanto a la necesidad de rectificar la cabida, así como las consecuencias de no hacerlo antes de segregar la finca. En cambio, el licenciado Palmer Ramos indicó en la Escritura Núm. 182 que la cabida registral era de 13.9746 cuerdas, lo cual causó que el Registrador de la Propiedad notificara la diferencia y se afectara el tracto de las escrituras posteriores, incluyendo la Escritura Núm. 187 del quejoso. Asimismo, la ODIN señaló que el quere-llado también incluyó cabidas incongruentes para los sola-res núms. 3, 5 y 11. Por lo anterior, la ODIN entendió que el querellado incumplió con los Arts. 2, 14 y 15(f) de la Ley Notarial, 4 LPRA sees. 2002, 2032 y 2033.

El licenciado Palmer Ramos reaccionó al Informe de la ODIN y, entre otras cosas, señaló que entendió de buena fe que tenía que describir la finca según las constancias del Registro y no los documentos complementarios. Razonó que por ser la discrepancia en la cabida atribuible al Re-manente, se podía atender posteriormente sin afectar el proceso de inscripción de las escrituras. Por lo tanto, indicó que los titulares pueden presentar nuevamente las escri-turas y el Registrador debía inscribirlas. Asimismo, ar-güyó que las discrepancias en las cabidas de los solares núms. 3, 5 y 11 se debieron a unos errores mecanografíeos y que le informó a los titulares que tenían que otorgar un acta notarial pero que no incurrirían en gasto alguno.

Luego de algunos trámites, el 30 de agosto de 2011 la Procuradora General también rindió un Informe. En sínte-sis, coincidió con la ODIN en cuanto a que el licenciado Palmer Ramos tenía la obligación de aclarar la cabida antes de autorizar las escrituras o, al menos, hacer las advertencias necesarias. Determinó que esa omisión puede significar una posible violación al Canon 18 del Código de Ética Profesio-nal, supra. Asimismo, hizo referencia al Art. 63 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 LPRA see. 2266, el cual dispone que un notario que por su falta cometa alguna omisión que impida la inscripción de un contrato tiene el deber de subsanar prontamente el error cuando se le requiera. Expuso que el querellado tuvo conocimiento de la queja desde el 2007, pero que todavía no ha logrado la inscripción de las escrituras. En cambio, en 2010 el quere-llado le comunicó a la oficina del a Procuradora General, por medio de su representante legal, que la diferencia en cabida se debía a un terreno que fue ocupado por una carretera, pero que no había podido corregir la situación porque el que-joso no quería cooperar. Según el licenciado Palmer Ramos, el quejoso no cooperó porque no aceptó su sugerencia de de-sistir de la queja sin perjuicio para evitar un alegado con-flicto de interés con el abogado que tramitaría la rectifica-ción de cabida, abogado que contrataría el querellado. La Procuradora General no encontró justificación alguna que le impidiera al licenciado Palmer Ramos, con una queja activa, corregir la situación para lograr la inscripción de las escrituras. Por lo tanto, concluyó que no ha sido diligente en ese asunto y que esa conducta podría conllevar otra viola-ción al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

Este Tribunal ordenó a la Procuradora General que pre-sentara la querella correspondiente y ésta así lo hizo. En la querella se formularon los cargos siguientes:

PRIMER CARGO—El licenciado Carlos M. Palmer incumplió con el principio consagrado en el Artículo 2 de la Ley Notarial al consignar información en la [E]scritura Núm. 182 que era [incompatible] con la realidad de los hechos y la información que tuvo ante su consideración.
SEGUNDO CARGO—El licenciado Palmer incumplió con el Artículo 14 y el Artículo 15(f) de la Ley Notarial al otorgar la Escritura Núm. 182 sin antes aclarar la cabida del inmueble y al no consignar del propio documento, las advertencias especí-ficas que por su importancia para el negocio jurídico y para el consentimiento informado de las partes deben detallarse expresamente.
TERCER CARGO—El licenciado Palmer violó los preceptos del Canon 18 de Ética Profesional al no realizar una labor idónea y competente en su labor como abogado-notario previo y durante el al [sic] otorgamiento de la Escritura Número 182 y 187, así como al no realizar las diligencias necesarias para subsanar los defectos que impidieron la inscripción de las re-feridas escrituras. Querella, págs. 6, 7 y 8.

El licenciado Palmer Ramos contestó la querella y alegó que no incumplió con lo establecido en el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, porque él tenía la obligación de describir la Finca Núm. 1293 según las constancias del Registro de la Propiedad. Razonó que la discrepancia en este caso era “una cuestión técnica que nunca debía salirse del ámbito de la propia Administración [d]e Reglamentos [y] Permisos [...]”. Por otro lado, señaló nuevamente que las discrepancias en las cabidas de los solares núms. 3, 5 y 11 se debieron a errores mecanografíeos y que se propone otorgar un acta notarial para corregirlas.

Con relación a la violación de los Arts. 14 y 15 de la Ley Notarial, supra, explicó que la Sucesión Rivera-Vázquez, a pesar de conocer que había una diferencia en cabida, le requirió que otorgara la escritura de segregación porque los herederos querían adjudicar los solares según lo habían hecho físicamente hacía años. Reconoció que posiblemente cometió un error al no consignar expresamente las adver-tencias sobre la cabida, pero que el otorgamiento lo realizó según la voluntad de los otorgantes. Finalmente indicó que logró concertar una reunión con un agrimensor, el Sr. Arturo Llavona Cartagena, pero que surgió un inconveniente con unas contribuciones sobre la propiedad y el caso fue desistido. Alegó que después de reunirse con ciertos here-deros para solucionar el asunto de las contribuciones, con-trataron a otro agrimensor, el Sr. Bienvenido Alverio Be-rrios, quien realizó el plano de rectificación de cabida. Sin embargo, una de las herederas falleció y el querellado está trabajando libre de costo con la sucesión de la causante para que puedan comparecer al otorgamiento de la rectifi-cación de cabida. Indicó que estaba esperando la certifica-ción de cancelación de gravamen del Departamento de Hacienda para continuar con los trámites.

Examinadas las comparecencias del querellado, de la ODIN y de la Procuradora General, nombramos a la Hon. Mercedes Marrero de Bauermeister, ex jueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial para que recibiera la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hechos y las recomendaciones que es-timara pertinente. Según el Informe de la Comisionada Especial, el licenciado Palmer Ramos niega el primer cargo, admite el segundo y, con relación al tercero, admite que omitió las advertencias requeridas, pero expresa que realizó las diligencias necesarias para subsanar los defectos.

Luego de celebrar una vista evidenciaría, la Comisio-nada Especial concluyó que el licenciado Palmer Ramos in-cumplió con el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, al autorizar un documento que carecía de eficacia. Razonó que el quere-llado debió prever que la discrepancia en cabida impediría la inscripción de la Escritura Núm. 182 y que afectaría las escrituras posteriores. Asimismo, determinó que violó los Arts. 14 y 15(f) de la Ley Notarial, supra, al otorgar la Es-critura Núm. 182 y al no consignar las advertencias necesarias. Por último, entendió que violó el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, al faltar a su deber de diligencia, no tan solo en la otorgación de la Escritura Núm. 182, sino también en los trámites para lograr la rectificación de la cabida. Señaló que “aunque la tardanza en el prolon-gado trámite no le sea imputable directamente al licenciado Palmer Ramos, el lograr la aprobación de la rectificación de cabida del remanente tomó en exceso de diez (10) años desde la fecha que el licenciado Palmer Ramos autorizó las escrituras con faltas, a sabiendas de ello”. La Comisio-nada Especial recomendó la suspensión del querellado del ejercicio de la notaría.

Examinemos la normativa aplicable a este asunto.

HH (—H

Está firmemente establecido que el notario es el custodio de la fe pública y que, como tal, está obligado a cumplir con la Ley Notarial, su Reglamento y los cánones del Código de Ética Profesional. In re Nieves Nieves, 171 DPR 843, 848 (2007); In re Davison Lampón, 159 DPR 448, 455 (2003); In re Montañez Miranda, 157 DPR 275, 282 (2002). El incumplimiento con esas fuentes de obligaciones exponen al abogado a las sanciones disciplinarias que este Tribunal estime procedentes. In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 418 (2011); In re Davison Lampón, supra.

El Art. 2 de la Ley Notarial, supra, dispone:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una fun-ción pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos ex-trajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dis-puesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpre-tar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] au-toridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Corchetes en el original).

Acorde con lo anterior, el Art. 14 de la Ley Notarial, supra, establece que “[l]os notarios redactarán las escrituras públicas de acuerdo con la voluntad de los otor-gantes y adaptándola a las formalidades jurídicas necesa-rias para su eficacia”. Igualmente, como parte de su fun-ción, el notario tiene que asegurarse de obtener el consentimiento informado de los otorgantes, haciéndoles todas las explicaciones, aclaraciones y advertencias que sean necesarias. In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 461 (2009); In re Jiménez Brackel, 148 DPR 287, 295 (1999). En esencia, cuando un notario autoriza una escritura debe:

(i) indagar la voluntad de los otorgantes; (ii) formular la vo-luntad indagada; (iii) investigar ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio; y (iv) darles a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias ne-cesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo. In re Davison Lampón, supra, pág. 461. Véase Chévere v. Cátala, 115 DPR 432 (1984).

En cuanto a las advertencias, el Art. 15(f) de la Ley Notarial, supra, dispone que el notario deberá consig-nar en la escritura, entre otras cosas, “[e]l haberles hecho de palabra a los otorgantes en el acto del otorgamiento las reservas y advertencias legales pertinentes. No obstante, se consignarán en el documento aquellas advertencias que por su importancia deban, a juicio prudente del notario, detallarse expresamente”. Este Tribunal ha expresado que el notario debe aplicar el derecho positivo y la jurispruden-cia considerando, a su vez, el contenido del negocio y las estipulaciones que se suscribirán al momento de decidir qué advertencias debe hacer constar. In re Torres Alicea, supra. En consecuencia, tiene la obligación ética de conocer el derecho aplicable al asunto ante su consideración.

Por último, el Canon 18 del Código de Ética Pro-fesional, supra, impone al abogado el deber de ser compe-tente, cuidadoso y diligente al tramitar los asuntos que su cliente le encomienda y al defender los intereses de este último. Cuando un notario contraviene las disposiciones de la Ley Notarial, viola el referido canon al no ejercer la pro-fesión con el cuidado y la prudencia requeridas. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012).

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

l—i HH f-H

Los cargos presentados contra el licenciado Palmer Ramos se circunscriben en su mayoría al otorgamiento de la Escritura Núm. 182. En particular, se indica que violó el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, al consignar en la Escri-tura Núm. 182 que la cabida de la Finca Núm. 1293 era de 13 cuerdas, a pesar de que tal cabida no surgía de los pla-nos de ARPe ante su consideración. Asimismo, surge de la querella que violó los Arts. 14 y 15(f) de la Ley Notarial, supra, al no aclarar la cabida de la Finca Núm. 1293 antes de otorgar la Escritura Núm. 182 y no incluir las adverten-cias específicas que se debían detallar, dada la discrepancia y sus posibles consecuencias. Por último, se le imputó una violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, por no realizar una labor idónea al autorizar las Escri-turas Núms. 182 y 187 ni subsanar los defectos con la dili-gencia requerida.

Por su parte, el querellado entendió que estaba obligado a incluir en la escritura la cabida que constaba en el Re-gistro de la Propiedad y que la discrepancia en cuestión no afectaría la inscripción de esa escritura ni las posteriores. Por otro lado, aceptó que debió incluir expresamente en la Escritura Núm. 182 las advertencias con relación a la dis-crepancia en la cabida y la necesidad de rectificarla. Res-pecto a la subsanación de las escrituras, indicó que ha re-alizado las diligencias necesarias.

Hemos establecido que un notario tiene el deber de conocer el estado registral de la propiedad sobre la cual se otorga la escritura para así asegurarse que autoriza un documento eficaz y que obtuvo el consentimiento infor-mado de los otorgantes. In re Toro González II, 193 DPR 877 (2015); In re Torres Alicea, supra, págs. 460-461; Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 659 (2005).

Además, en Alameda Tower Associates v. Muñoz Román, 129 DPR 698 (1992), resolvimos que el Registrador de la Propiedad actuó correctamente al negarse a inscribir una escritura porque “en el Registro y en la faz de los documen-tos complementarios constaba la anomalía de que la cabida de la finca original era menor que la suma de las cabidas de las fincas segregadas y el remanente [...]”. (Énfasis en el original). íd., pág. 708. Esto porque se quiere que la finca en sentido material corresponda a la finca en sentido registral, a saber, que la realidad física sea acorde con la jurídica para poder identificar la finca de forma más certera. Id., págs. 706-707.

Examinados los documentos ante nuestra considera-ción, así como las comparecencias de las partes, concluimos que el licenciado Palmer Ramos violó el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, al autorizar un instrumento que carecía de eficacia. El querellado debió saber, según lo establecido por este Tribunal en Alameda Tower Associates v. Muñoz Ro-mán, supra, que la Escritura Núm. 182 y las posteriores no tendrían acceso al Registro de la Propiedad. La primera, por la discrepancia en la cabida de la Finca Núm. 1293 y la de los solares núms. 3, 5 y 11; el resto de las escrituras por falta de tracto. Por lo tanto, antes de autorizarla debió cercio-rarse de que la situación se había aclarado mediante el pro-ceso correspondiente de rectificación de cabida. Al no ha-cer lo anterior, también violó el Art. 14 de la Ley Notarial, supra, ya que no adaptó la voluntad de los otorgantes a las formalidades jurídicas necesarias para su eficacia. En este caso, la voluntad de los otorgantes, según el querellado, era segregar la Finca Núm. 1293 y llevar a cabo la partición, operación que no pudo ser inscrita por las faltas del licen-ciado Palmer Ramos.

Por otro lado, cuando el licenciado Palmer Ramos deci-dió otorgar la Escritura Núm. 182 con la discrepancia antes aludida, violó los Arts. 14 y 15(f) de la Ley Notarial, supra, porque no hizo constar una advertencia específica de-tallando la situación e indicando que se requería un proce-dimiento de rectificación de cabida para lograr el trámite de segregación y su posterior inscripción. Véase In re González Vélez, 156 DPR 580, 582-583 (2002). Cabe mencionar que la heredera María Eugenia Rivera Martínez testificó en la vista ante la Comisionada Especial que los miembros de la Sucesión River a-Vázquez sabían que la cabida de la Finca Núm. 1293 era de 9 cuerdas. Sin embargo, eso no excusa los incumplimientos del licenciado Palmer Ramos, máxime cuando la señora Rivera Martínez también indicó que el querellado le advirtió la necesidad de presentar una acción judicial para rectificar la cabida cuando ya las escrituras estaban presentadas en el Registro de la Propiedad.

Finalmente, con relación a la responsabilidad que le im-pone el Art. 63 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, de subsanar prontamente las faltas que impidan la inscripción de un contrato, entendemos que el licenciado Palmer Ramos no cumplió con la diligencia requerida. Tal y como señala la Procuradora General, el querellado supo de la queja presentada por el señor Troche Rivera desde el 2007. Además, la ODIN rindió un Informe en el 2009 en el cual señaló que el querellado debía asumir la responsabilidad por las faltas en este caso. Sin embargo, para el 16 de enero de 2014 la Escritura Núm. 182 y las posteriores todavía no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad.

Cabe recordar que en el 2010 la representación legal del querellado envió una carta señalando que el quejoso no estaba cooperando con el proceso de subsanación porque no quiso retirar la queja sin perjuicio. El licenciado Palmer Ramos entendía que si el señor Troche Rivera no la reti-raba, el abogado que él contratara para tramitar la rectifi-cación de cabida tendría un conflicto de interés. Coincidi-mos con la Procuradora General en cuanto a que no existe justificación alguna para que el querellado no haya reali-zado las gestiones necesarias para subsanar la situación que impide la inscripción de las escrituras otorgadas en el 2001 cuando tuvo conocimiento del interés del quejoso desde el 2007.

Todas las conductas anteriores, además de constituir una violación a varios artículos de la Ley Notarial, tam-bién contravienen el Canon 18 del Código de Ética Profe-sional, supra. El querellado no fue diligente ni responsable al defender los intereses de su cliente y, en consecuencia, para el 2014 —13 años después del otorgamiento— la Es-critura Núm. 187 del quejoso aún no estaba inscrita. Por todo lo expuesto, concluimos que en el caso ante nuestra consideración se probaron los cargos contra el licenciado Palmer Ramos mediante prueba clara, robusta y convin-cente, según requerido por nuestro ordenamiento. In re Fontánez Fontánez, supra, pág. 417; In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 585 (2001).

IV

Tras establecer que el querellado incumplió con los Arts. 2, 14 y 15(f) de la Ley Notarial, supra, así como con el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, le corres-ponde a este Tribunal imponer una sanción disciplinaria.

Al momento de analizar cuál debe ser esta sanción, se consideran diversos factores como el historial previo del licenciado, su reputación en la comunidad, si la conducta se realizó con ánimo de lucro, si aceptó los cargos imputa-dos, su arrepentimiento y cualquier otra consideración que se estime pertinente. In re Toro González II, supra, pág. 897; In re Peña, Santiago, 185 DPR 764, 787 (2012).

Surge del expediente del licenciado Palmer Ramos que en mayo de 1993 ODIN le notificó unas deficiencias en los Protocolos de 1990 y 1991; la subsanación de estas defi-ciencias requirió la intervención de esta Curia. En esa ins-tancia, se le impuso una sanción de $500 y se le apercibió en cuanto a futuras inobservancias. Sin embargo, en el 1996 este Tribunal le impuso una sanción de $100 y volvió a apercibirle sobre futuras inobservancias por “remisiones por correo ordinario, de dos testamentos y un poder, en violación a la Regla 12(C) del Reglamento Notarial de 1975, y la remisión tardía (por un mes) de [una Escritura de Testamento Abierto]” y desatender el requerimiento de la ODIN de que explicara dicha tardanza. Posteriormente, la ODIN le notificó unas deficiencias en los Proto-colos correspondientes a 1992 y 1993. Además, tiene una queja pendiente, la queja AB-2015-91, la cual se presentó el 5 de marzo de 2015 y que al presente el querellado no la ha contestado.

Según el Informe de la Comisionada Especial, el quere-llado aceptó que omitió las advertencias requeridas, pero negó los otros cargos. Por otro lado, no se demostró que el ánimo de lucro fuera el motivo de su conducta. No obs-tante, en vista de las faltas cometidas y del historial disci-plinario previamente expuesto, estimamos procedente or-denar la suspensión inmediata del licenciado Palmer Ramos del ejercicio de la notaría por un término de seis meses. La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá, de inmediato, a incautar su obra notarial y entregarla a la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación y el informe correspondientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Chameco no intervino.

       Indicó que la cabida de los solares núms. 3, 5 y 11 eran 586.8087, 586.8087 y 22,272.22 metros, respectivamente, aunque la autorización de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) señalaba que eran 586, 666 y 20,241.56 metros.

       En dichas escrituras se realizaron las divisiones siguientes: el heredero Sr. Carlos Rafael Rivera Rodríguez recibió los solares núms. 1 y 7 (Escritura Núm. 183); la heredera Sra. Ana Luz Rivera Martínez recibió los solares núms. 2 y 9 (Escritura Núm. 184); la heredera Sra. María Virginia Rivera Martínez recibió los solares núms. 3 y ¿A (Escritura Núm. 185); la heredera Sra. María Rivera Martínez recibió los solares núms. 5, 10 y 10A, mientras que la heredera Sra. María Eugenia Rivera Martínez recibió los solares núms. 4, 5A, 5B, 6 y 8 (Escritura Núm. 186).

       No presentó ante el Registro de la Propiedad para su inscripción ni la Escri-tura Núm. 184 ni la Escritura Núm. 186.

       Acompañó con la queja copia de un cheque por $250 con fecha de 20 de noviembre de 2001 a favor del querellado y algunos documentos relacionados con la queja que presentó en el Colegio de Ahogados por los mismos hechos, pero de la que desistió para acudir a este Foro.

       El querellado incluyó como anejo una declaración jurada del agrimensor José R. Rivera Cruz suscrita en diciembre de 2003. En ésta, el señor Rivera Cruz expresó que la mensura de la Finca Núm. 1293 —realizada a petición de la Sucesión Rivera-Vázquez— tenía una cabida menor, a saber, 9 cuerdas. Además, anejó una comuni-cación que ARPe le envió en febrero de 2005 al agrimensor, de la cual surge que se presentó ante la agencia una solicitud de rectificación de cabida. En la carta, ARPe le requirió varios documentos adicionales y le informó que era necesario un trámite judicial para aclarar la cabida en el Registro de la Propiedad, puesto que se trataba de una disminución de 35.62%.

       La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) señaló que del plano de segre-gación surgía que la Finca Núm. 1293 tenía varios solares que, al parecer, ya se habían segregado, lo cual explicaría la disminución de cabida. Informe [de la ODIN], págs. 11-12.

       La ODIN también recomendó, para la evaluación final de la queja, que el licenciado Palmer Ramos, entre otras cosas, aclarara la situación actual del inmue-ble e informara las gestiones que realizó para resolver la deficiencia que presentaba la Escritura Núm. 182.

       Utiliza como fundamento varios casos de este Tribunal, particularmente, Ruiz v. Torres, 61 DPR 1 (1942); Piñero v. Registrador, 75 DPR 455 (1953), y Alameda Tower Associates v. Muñoz Román, 129 DPR 698 (1992).

       Este Tribunal concedió a la ODIN un término para que se expresara en cuanto a la contestación del querellado. En su Moción en Cumplimiento de Orden, la ODIN indicó que de la contestación no surge que el querellado asumió su responsa-bilidad por las deficiencias de las Escrituras y que tampoco informó gestiones con-cretas dirigidas a resolver este asunto. Además, entendió que la solución del licen-ciado Palmer Ramos, de presentar nuevamente las escrituras en el Registro de la Propiedad sin rectificar la cabida o añadir una advertencia en cuanto a la discrepan-cia en cuestión, no garantizaba la inscripción de estas Escrituras.

       Contestación de querella, pág. 1.

       La vista evidenciaría se celebró el 16 de enero de 2014. La Sra. María Eugenia Rivera Martínez testificó que la Sucesión Rivera-Vázquez conocía que la Finca Núm. 1293 tenía una cabida de 9 cuerdas; que cuando el querellado supo que el Registrador de la Propiedad iba a notificar la discrepancia en la cabida, le advirtió que tenía que contratar un nuevo agrimensor y presentar una acción judicial para rectificarla, y que, aunque al momento de la vista la Escritura Núm. 182 no estaba inscrita, cada heredero había tomado posesión de los solares según adjudicados. Por otro lado, el agrimensor Bienvenido Alverio Berrios testificó que en septiembre de 2010 la Sra. Olga Rodríguez lo contactó para encomendarle la mensura de la Finca Núm. 1293; que en diciembre de ese mismo año le proveyó a la Sucesión Rivera-Vázquez la cotización por sus servicios, y que a finales del 2011 la Sucesión lo contrató. La mensura arrojó una cabida de 9 cuerdas y él presentó una solicitud de rectificación de cabida a ARPe, la cual fue aprobada el 18 de mayo de 2012.

       Informe de la Comisionada Especial, pág. 15.

       Desconocemos si las escrituras en controversia tienen otras deficiencias.

       En lo pertinente, el Art. 247 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 LPRA see. 2772, dispone que:
      “La rectificación de cabida de todas las fincas ya inscritas podrá hacerse constar en el Registro por cualquiera de los medios que siguen:
      “Primero.—Mediante sentencia firme dictada en un procedimiento ordinario de deslinde judicial o fijación de cabida.
      “Segundo.—Por escritura pública cuando se trate de disminución de cabida o de un exceso no mayor del veinte por ciento (20%) de la cabida registrada y se lleve a efecto mediante la oportuna mensura técnica acreditada con arreglo a lo dispuesto en la see. 2765 de este título. En todo caso de disminución de cabida será preciso acre-ditar la autorización de la Junta de Planificación o de la agencia gubernamental correspondiente.

        “Tercero. —Mediante expediente de dominio, por todo el exceso, cuando éste fuere mayor del veinte por ciento (20%). En este caso se citará el dueño anterior inmediato aunque haya trasmitido por escritura pública. En los casos en que el Departamento de la Vivienda sea el titular de dicha finca o haya otorgado dicho título, la rectificación de cabida podrá realizarse mediante escritura pública y la oportuna mensura técnica acreditada con arreglo a lo dispuesto en este subtítulo”.

       Informe de la Comisionada Especial, págs. 10—11.

       Al presente, no sabemos si están inscritas en el Registro de la Propiedad.

       La mayoría de las deficiencias eran arancelarias y las demás incluían la falta de firma, iniciales, rúbrica, antecedentes y fe del conocimiento de los otorgan-tes, como también la omisión del valor de varias transacciones.

       Informe de la Comisionada Especial, pág. 1. Véase Informe [de la ODIN], pág. 3.

       Las deficiencias consistían en omitir la fe del conocimiento de comparecien-tes, de las iniciales y en haber dejado en blanco un espacio con referencia a una hipoteca. El querellado corrigió las deficiencias ese mismo año. Por otro lado, para el 2009, parte de su obra notarial se encontraba en etapa de reinspección por deficien-cias arancelarias, la omisión de la capacidad representativa de los comparecientes, las circunstancias personales de los otorgantes, el carácter ganancial o privativo de inmuebles, así como la falta de sello notarial y rúbrica. Informe [de la ODIN], págs. 3-4. No surge del expediente cuál es el estado actual de la obra notarial del licen-ciado Palmer Ramos.


text:
      In re Designación del Director Ejecutivo del Programa de Educación Jurídica Continua.

      Número: EN-2016-03

      Resuelto: 29 de marzo de 2016
   RESOLUCIÓN

En virtud de la Regla 8 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, según enmendada, 4 LPRA Ap. XVII-E, el Tribunal Supremo designa al Ledo. José Ignacio Campos Pérez como Director Ejecutivo del Programa de Educación Jurídica Continua, efectivo el 1 de abril de 2016.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


text:
    Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. José A. Pérez Santos, recurrido.

      Número: CC-2015-0704

      Resuelto: 30 de marzo de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Lisa Ménica Durán Ortiz, procuradora general auxiliar, aboga-das de la parte peticionaria; Eileen N. Díaz Ortiz, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogada de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión, nos corresponde expresarnos sobre la admisibilidad de unas expresiones realizadas por una me-nor de tres años de edad que, previo a su fallecimiento, es-tuvo sujeta a un presunto patrón de maltrato por el acusado. Esto, en el contexto del derecho constitucional a la confrontación que cobija a todo imputado en nuestro orde-namiento criminal y las Reglas de Evidencia que contem-plan excepciones a la regla general de exclusión de prueba de referencia.

I

El 29 de diciembre de 2014, se le imputó al Sr. José A. Pérez Santos un cargo por asesinato en primer grado, en su modalidad de asesinato estatutario. Ello, por presunta-mente haberle ocasionado la muerte a una menor de edad, AIRS, como consecuencia de un patrón de maltrato mien-tras ésta se encontraba bajo su custodia y cuidado. Además, se le imputaron siete cargos por infracciones al Art. 58 de la Ley Núm. 246 de 2011 (maltrato de menores en su modali-dad grave); dos cargos por infracciones a los Arts. 3.2 y 3.3 de la Ley Núm. 54 de 1989, según enmendada (maltrato y maltrato mediante amenaza), 8 LPRA sees. 632 y 633, y tres cargos por infracciones al Art. 5.05 de la Ley Núm. 404 de 2000 (portación y uso de arma blanca), 25 LPRA sec. 458b. Se alegó, en esencia, que el señor Pérez Santos había incu-rrido en un patrón de maltrato contra su compa-ñera consensual y los cuatro hijos de ésta. Como se intimó, ese patrón de maltrato, a su vez, presuntamente resultó en la muerte de la menor de tres años de edad.

Luego de la celebración de la vista preliminar, el Tribunal de Primera Instancia encontró causa para acusar al se-ñor Pérez Santos por los delitos imputados. Iniciado el juicio por jurado, el 27 de julio de 2015, el acusado, por conducto de su representación legal, presentó una moción in limine. Mediante ésta, solicitó al foro de instancia la celebración de una vista al amparo de la Regla 109 de Evidencia para dirimir la admisibilidad de cierta evidencia que sería utili-zada en su contra por el Ministerio Público. En lo que atañe a la controversia ante nuestra consideración, se solicitó la supresión de varios testimonios. En esencia, se argumentó que éstos constituían prueba de referencia inadmisible, puesto que contenían declaraciones realizadas por la menor de edad AIRS, previo a su fallecimiento.

En la vista de determinación de admisibilidad de eviden-cia, el Ministerio Público presentó los testimonios del agente investigador, Sr. Rafael E. Mercado Ruiz, la agente Sra. Marlyn Alvarez Rodríguez y la madre de la menor AIRS, Sra. Tania Marie Rivera. Del testimonio del agente Mercado Ruiz surgió que la tía de la menor, Sra. Elizabeth Rivera Santos, quien a su vez sería testigo en el juicio, le relató que presenció cómo su hijo abrazó a la menor y ésta co-menzó a llorar. Ante ese hecho, la señora Rivera Santos exa-minó a la menor y, al encontrarle un golpe en la espalda baja, la menor le dijo a su tía que le dolía. Específicamente, el agente Mercado Ruiz indicó lo siguiente:

Elizabeth me dice que [AIRS] le dice que[,] que pues[,] que le dolía porque Babo le había dado. Entonces, pues se lleva a la niña, lo que Elizabeth me dice que se lleva a la niña hacia el cuarto y que pues, le quita toda la ropa a la niña y en la parte baja de la espalda nota que la nena tiene unos hematomas [...] y que tiene como una inflamación en esa área. Grabación de vista de 28 de julio de 2015, 2:21 a 2:23, citado en Escrito en cumplimiento de Orden y en Oposición a la expedición del auto de certiorari, pág. 5.

En otra ocasión, y conforme al testimonio del agente Mercado Ruiz, la tía de la menor le preguntó a ésta sobre un golpe que tenía en el área de la ceja, a lo que la menor respondió identificando a Babo como su agresor: “Babo dar a m[í]”. Grabación de 28 de julio de 2015, 3:44 a 3:45.

En la vista, la defensa argumentó que las expresiones realizadas por la menor constituían una prueba de referen-cia inadmisible. Planteó que la menor no estaba disponible para declarar y que no se activaban las excepciones que disponen las Reglas de Evidencia. Por otra parte, el Minis-terio Público sostuvo que, dado que la menor declarante no estaba disponible, precisamente porque el acusado la había asesinado, las declaraciones que ésta realizó en vida sí eran admisibles en evidencia. Argüyó que las manifestacio-nes en cuestión cumplían con las excepciones relacionadas con la espontaneidad por excitación y contemporaneidad de la declaración, dispuestas en los incisos (a) y (b) de la Regla 805 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. También sostuvo que las expresiones contenían garantías suficientes de con-fiabilidad, por lo que eran admisibles al amparo de la Regla 809 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Concluida la vista, el Tribunal de Primera Instancia informó a las partes que cualquier manifestación realizada por la menor AIRS en vida sería inadmisible por constituir prueba de referential

Inconforme, el Ministerio Público presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar”. Posteriormente, acudió mediante un recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones. En éste, señaló que el foro pri-mario había errado al suprimir las declaraciones de la me-nor identificando al señor Pérez Santos como su agresor. Aseveró que, conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Ohio v. Clark, 135 S. Ct. 2173 (2015), las declaraciones de la menor no constituían de-claraciones testimoniales que violaban el derecho a la con-frontación de testigos. Argüyó que las declaraciones fueron realizadas de manera espontánea e informal y sin el pro-pósito de crear evidencia para un proceso criminal contra el señor Pérez Santos.

El Tribunal de Apelaciones denegó el auto solicitado, de-terminando que el Ministerio Público no logró rebatir la presunción de corrección de la determinación del foro primario. Al atender los méritos sustantivos de la contro-versia, el Tribunal de Apelaciones expuso que no se presen-taban las excepciones dispuestas en la Regla 806 y que “el caso de Ohio v. Clark, supra, no [era] aplicable al caso de autos, pues la diferencia estriba en que en el referido caso la víctima no había fallecido”. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 2.

De esta determinación del foro apelativo intermedio, el Ministerio Público recurrió ante este Tribunal mediante un certiorari acompañado de una solicitud para la paraliza-ción de los procedimientos y la resolución expedita. El 19 de agosto de 2015, este Tribunal emitió una resolución me-diante la cual ordenó la paralización inmediata de los pro-cedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y con-cedió al señor Pérez Santos un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no se debía expedir el cer-tiorari presentado y revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia. El 9 de septiembre de 2015, la De-fensa presentó su escrito en cumplimiento de orden y en oposición a la expedición del certiorari.

II

A

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 11, garantiza a todo acusado de un delito el derecho a carearse con los testigos de cargo. Véase Const. PR, Art. II, Sec. 11. Asimismo, la Constitu-ción de Estados Unidos consagra este derecho al establecer, en la Sexta Enmienda, lo siguiente: “[i]n all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to be confronted with the witnesses against him”. Const. EE. UU., Enmda. 6.

El derecho a la confrontación tiene, a su vez, tres vertientes procesales, a saber: el derecho del acusado de confrontar cara a cara los testigos adversos, el derecho a contrainterrogarlos y, por último, el derecho a que se ex-cluya la prueba de referencia que el Ministerio Público in-tente presentar en su contra. Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. 1, pág. 569.

En cuanto a esta última vertiente, “el fundamento principal para la exclusión de prueba de referencia es la falta de oportunidad para contrainterrogar”. Id. No obs-tante, la relación entre el derecho a la confrontación y la norma general de exclusión de prueba de referencia “no puede ser una de correspondencia o congruencia total”. Id., pág. 595. Es decir, en algunas instancias, el derecho del acusado a carearse y contrainterrogar a los testigos de cargo habrá de ceder ante la admisibilidad de cierta prueba de referencia, sin que ello implique una violación constitucional. Precisamente en atención a ello, las Reglas de Evidencia de Puerto Rico contienen múltiples excepcio-nes a la prohibición general de prueba de referencia.

Es preciso destacar, sin embargo, que cuando se trata de prueba de referencia presentada contra un acusado, lo primordial es determinar si la declaración es de carácter testimonial. De ser así, la declaración será inadmisible, a no ser que el declarante testifique en el juicio o, en caso de no estar disponible para testificar, que la que se intenta pre-sentar como evidencia haya estado sujeta a un contrainte-rrogatorio por parte del acusado. De otra parte, si la decla-ración no es de carácter testimonial, su admisibilidad dependerá de que ésta satisfaga los requisitos establecidos en las Reglas de Evidencia. Véanse: Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709 (2012); Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004).

En el polémico caso Crawford, el Tribunal Supremo de Estados Unidos procuró establecer los criterios para distinguir las declaraciones que activaban el derecho a la confrontación de aquellas que no. Al así proceder, for-muló una definición de la palabra testigo —“those who bear testimony”— y explicó en qué instancias se entendía que la declaración constituía un testimonio. A esos efectos indicó:

“Testimony,” in turn, is typically “[a] solemn declaration or affirmation made for the purpose of establishing or proving some fact.” An accuser who makes a formal statement to government officers bears testimony in a sense that a person who makes a casual remark to an acquaintance does not. (Ci-tas omitidas). Crawford v. Washington, supra, pág. 51.

Consiguientemente, la corte en Crawford pretendió limi-tar el alcance del derecho a la confrontación de la Sexta Enmienda a declaraciones testimoniales, estableciendo que, según la referida cláusula constitucional, éstas solo serían admisibles si el declarante no estaba disponible y el acusado había tenido oportunidad previa para contrainterrogarlo. Id. Véase, además, Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950, 968 (2010).

Posteriormente, en Michigan v. Bryant, 562 US 344 (2011), el Tribunal Supremo de Estados Unidos realizó un esfuerzo para concretar una definición de lo que consti-tuye una declaración testimonial. A esos efectos, dispuso que para determinar si una declaración era testimonial y, por lo tanto, inadmisible, procedía determinar si su propó-sito primario era crear un sustituto extrajudicial para el testimonio que se ofrecería en corte. Id., pág. 358. Por otro lado, el Tribunal Supremo determinó que “[w]here no such primary purpose exists, the admissibility of a statement is the concern of state and federal rules of evidence, not the Confrontation Clause”. íd., pág. 359.

Recientemente, en Ohio v. Clark, 135 S.Ct. 2173 (2015), el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo la oportuni-dad de revaluar las controversias que ha generado la adop-ción del estándar de propósito primario o principal pautado en Michigan v. Bryant. En ese caso, la declaración en con-troversia había sido emitida por un niño de tres años de edad, víctima de maltrato. Éste, al ser cuestionado por sus maestras con relación a unas marcas que exhibía en la cara, identificó al compañero consensual de su madre como su agresor, Darius Clark.

Durante el juicio, la defensa solicitó la exclusión de las expresiones realizadas por el menor, fundamentada en que éstas violaban el derecho a la confrontación del acusado. La corte inferior determinó, empero, que las respuestas del menor a las preguntas de sus maestras no constituían de-claraciones testimoniales. La corte apelativa estatal, sin embargo, revocó el dictamen, determinando que la admi-sión de las expresiones del menor sí violaban el derecho a la confrontación del acusado. La Corte Suprema del estado de Ohio confirmó este dictamen, razonando que las decla-raciones eran de carácter testimonial, por lo que eran inadmisibles.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó los dic-támenes recurridos. Al así proceder, determinó que las de-claraciones del menor no eran de carácter testimonial, puesto que no habían sido hechas con el propósito primario o principal de crear evidencia que se utilizaría en un juicio criminal contra el acusado. Véase Ohio v. Clark, 135 S.Ct. 2173, 2181 (2015) (“[Considering all relevant evidence here, L.P.’s statements clearly were not made with the primary purpose of creating evidence for Clark’s prosecution”). De esta manera, el Tribunal Supremo razonó que la conver-sación entre el menor de edad y sus maestras fue informal y espontánea, y que el propósito principal de las preguntas fue identificar al perpetrador de las heridas del menor.

En Ohio v. Clark, además, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se abstuvo de adoptar un esquema ca-tegórico para determinar qué declaraciones hechas a indi-viduos pueden suscitar controversias relacionadas con la Sexta Enmienda. No obstante, en lo que respecta a decla-raciones realizadas por menores de edad, decisivamente estableció que “[statements by very young children will rarely, if ever, implicate the Confrontation Clause.” (Énfasis suplido). íd., pág. 2182. Para sustentar esta determina-ción, el Tribunal Supremo explicó cómo, en circunstancias en las que un menor está sujeto a un patrón de maltrato, sus declaraciones estarán dirigidas a poner fin a ese pa-trón, proteger otras víctimas y, en algunas instancias, ni siquiera tendrán un propósito discernible.

Amparándose también en la tradición del derecho co-mún, el Tribunal Supremo sostuvo, sin ambages, que al contextualizar la declaración del menor, la Sexta En-mienda no era óbice para su admisión. Al así proceder, en-fatizó en las garantías de confiabilidad que subyacen las declaraciones hechas por menores de edad cuando éstos relatan un evento traumático e identifican al ofensor. Vé-ase íd., pág. 2182.

B

Ciertamente, las similitudes fácticas entre Ohio v. Clark y el caso que nos ocupa son innegables. En ambos casos, las declaraciones objeto de controversia fueron rea-lizadas por niños de tres años de edad y, en uno y otro, tuvieron el propósito de identificar a su respectivo agresor mediante el uso de un apodo. También en ambos casos, las declaraciones fueron hechas a individuos que no eran agentes del Estado con la facultad de encausar criminal-mente al sospechoso. La única diferencia entre ambos ca-sos estriba en que, en Ohio v. Clark, la razón detrás de la no disponibilidad del menor como testigo consistió en una regla evidenciaría estatal, mientras que, en el caso ante nuestra consideración, la no disponibilidad de la menor es por razón de su muerte.

Tal y como relatáramos, las expresiones realizadas por la menor AIRS a su madre y a su tía previo a su falleci-miento identificaron al señor Pérez Santos como el perpe-trador del abuso que, en última instancia, alegadamente ocasionó su muerte. En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que la admisión de estas expresiones, en virtud de lo resuelto en Ohio v. Clark, no viola el derecho del acusado de confrontar los testigos en su contra al amparo de la Sexta Enmienda. Al tratarse de expresiones realizadas por una menor de edad a una persona que no era un agente del orden público y cuyo propósito principal no era producir evidencia para ser utilizada en un proceso criminal contra el acusado, no se configura una declaración de carácter testimonial inadmisible al palio de nuestra disposición cons-titucional y su contraparte federal. Como adelantamos, la Procuradora General sostiene que las declaraciones de la menor son admisibles al amparo de los incisos (a) y (b) de la Regla 805 de Evidencia así como al amparo de la cláu-sula residual de la Regla 809. Veamos.

HH HH HH

En vista de que no estamos ante una declaración testimonial, en los parámetros establecidos en Crawford v. Washington y su progenie, resulta preciso determinar si las expresiones de la menor satisfacen alguna excepción que permita su admisibilidad conforme a lo dispuesto en nuestras Reglas de Evidencia. Ello, puesto que, cuando una declaración no viola el derecho a la confrontación, el análisis respecto a su admisibilidad se regirá por lo esta-blecido en las reglas de evidencia federales o estatales. Véase Michigan v. Bryant, supra, pág. 359.

A

En nuestro ordenamiento existen varias excepciones a la regla general de exclusión de prueba de referencia. Como cuestión de umbral, es importante señalar que, “[e]l funda-mento de la regla de exclusión está ligado al fin principal del derecho probatorio: la búsqueda de la verdad”. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis, San Juan, Pubs. JTS, 2009, 250. Es decir, la exclusión in-tenta disipar los peligros que constituye admitir en eviden-cia una declaración que carece de garantías circunstanciales de confiabilidad. Esto justifica que, las excepciones a la re-gla general de exclusión de prueba de referencia responden, precisamente, a las garantías de confiabilidad inherentes a ciertas declaraciones extrajudiciales.

La Regla 805 de Evidencia, sin condicionar la ad-misibilidad de una declaración a la disponibilidad del tes-tigo, delimita las circunstancias según las cuales tal decla-ración no estará sujeta a la regla general de exclusión. A esos efectos, su inciso (a) exceptúa cualquier declaración contemporánea a la percepción. Esto es, que narre, des-criba o explique “un acto, condición o evento percibido por la persona declarante y que haya sido hecha mientras la persona declarante percibía dicho acto, condición o evento, o hecha inmediatamente después”. 32 LPRA Ap. VI. Al in-terpretar este inciso de la regla, se ha apuntado a que la confiabilidad de este tipo de declaración se fundamenta en el factor tiempo. Esto es, “la declaración debe haberse he-cho mientras el declarante percibía el evento o inmediata-mente después”. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 254.

Por otra parte, el inciso (b) de la Regla 805 con-templa como excepción una “declaración espontánea por excitación”, la que se define como aquella “declaración he-cha mientras la persona declarante estaba bajo el estrés de la excitación causada por la percepción de un acto, evento o condición si la declaración se refiere a dicho acto, evento o condición”. 32 LPRA Ap. VI. La garantía de confiabilidad que sustenta esta excepción estriba en que “mientras dure la excitación o conmoción que causa el evento, las declara-ciones del declarante son espontáneas o irreflexivas, no fabricadas”. Chiesa Aponte, op. cit, pág. 254. Así, esta ex-cepción se fundamenta en “la supuesta confiabilidad de una declaración hecha por una persona bajo la influencia o efecto conmocionante de un evento, lo que hace poco probable la fabricación producto de la reflexión”. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe de las Reglas de Evidencia, pág. 513 (2007). http://www.ramajudicial.pr/sistema/ supremo/Informe_Reglas-de-Derecho-Probatorio-2007.pdf

En cuanto a esta excepción, hemos establecido tres crite-rios que deben satisfacerse para que la declaración sea ad-misible, a saber: (1) la ocurrencia de un evento suficiente-mente alarmante que produzca una manifestación espontánea e irreflexiva; (2) la falta de tiempo para que el declarante invente la manifestación, y (3) la manifestación ha de referirse al evento que la produce. Véase Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 DPR 220, 229 (1962). En cuanto al elemento de espontaneidad, hemos establecido que “[e]l mero hecho de que la manifestación se hubiera hecho en respuesta a una pregunta no es suficiente para inferir que no se ha cumplido con el requisito de que la declaración sea espontánea”. Pueblo v. García Reyes, 113 DPR 843, 850 (1983).

En el contexto de declaraciones realizadas por menores de edad, igualmente hemos dictaminado que “el hecho de que el menor hiciera las manifestaciones al policía después de éste preguntarle lo que le había sucedido no le resta es-pontaneidad a dichas manifestaciones en vista de que el me-nor se encontraba todavía bajo la influencia del evento alarmante”. Pueblo v. Dueño Maysonet, 94 DPR 706, 713 (1967). Véase, además, Pueblo v. González, 66 DPR 202, 205 (1946) (“El hecho de que la madre tuviera que preguntarle al niño qué le pasaba para que le relatara el acto criminal que se había cometido con él, no le resta espontaneidad a sus manifestaciones si tomamos en consideración su edad y el temor que el acusado había infundido en él”).

Aunque se puede deducir una superposición entre las excepciones contempladas en el inciso (a) y el inciso (b) de la Regla 805, la diferencia más importante entre éstas es-triba, justamente, en el lapso de tiempo permisible entre el evento y la declaración. Esto es, mientras el inciso (a) se enfoca en la relación de contemporaneidad entre la decla-ración y el evento que ésta narra, describe o explica, el inciso (b) atiende lo relativo a la espontaneidad de la de-claración ante la conmoción que provocó el evento. Por esta razón, el inciso (b) exige que la declaración sea hecha mien-tras el declarante esté bajo el “estrés de la excitación”. En Pueblo v. Torres Villafañe, 143 DPR 474, 502 (1997), al analizar la relación entre ambos incisos, expresamos que “[e]n cuanto al requisito de contemporaneidad entre el evento y la declaración, en el inciso (B) de la Regla 65, supra, a diferencia de los otros incisos que constituyen ésta, la declaración no tiene que ser producto inmediato de ese acto, suceso o evento impactante o alarmante. Lo im-portante es que la persona, al momento de declarar, esté bajo la influencia de la excitación que le produjo dicho acto, suceso o evento”.

En lo que atañe al factor tiempo, conviene destacar que, en el pasado, este Tribunal ha determinado, al interpretar esta excepción, que “no puede haber ningún límite de tiempo definido y fijo. Cada caso debe depender de sus pro-pias circunstancias”. Pueblo v. González, 66 DPR 202, 205 (1946) (citando a VI Wigmore on Evidence Sec. 1750, pág. 142). Por ello, en un caso posterior, en el cual las declara-ciones en cuestión identificaban al agresor sexual de una joven, se señaló que el hecho de que la víctima relatara a su madre lo ocurrido nueve meses después del evento trau-mático no era óbice para la admisión de sus declaraciones. Véase Pueblo v, Muñoz, 68 DPR 171 (1948). Al fundamen-tar este dictamen, se explicó que “[e]l factor tiempo no des-empeña papel decisivo. Lo que sí es importante es que las manifestaciones sean espontáneas”. Pueblo v. Muñoz, supra, pág. 175.

Por último, consciente de la imposibilidad de codi-ficar todo tipo de declaración que pudiera ser exceptuada de la regla general de exclusión, la Regla 809 de Evidencia contempla aquellas declaraciones que no estén expresa-mente comprendidas en las reglas, pero que contengan ga-rantías circunstanciales de confiabilidad comparables. 32 LPRA Ap. VI. Ello, si el Tribunal determina que tales de-claraciones: (1) tienen mayor valor probatorio, para el pro-pósito para el cual se ofrecen, que cualquier otra prueba que se hubiese podido conseguir desplegando diligencia ra-zonable, y (2) la persona proponente notificó con razonable anterioridad a la parte contra quien se ofrece su intención de presentar tal declaración. Id.

Como anticipamos, el denominador común de las tres excepciones a la regla general de exclusión de prueba de referencia discutidas consiste en el fundamento que las justifica: las garantías circunstanciales de confiabilidad. En el caso de las declaraciones contemporáneas por excita-ción, la confiabilidad deriva de la simultaneidad entre la ocurrencia del evento y la declaración. De otra parte, en las declaraciones espontáneas por excitación, el evento conmo-donante produce una declaración cuya espontaneidad disipa los riesgos de fabricación por parte del declarante.

IV

En aras de dirimir la controversia relacionada con la admisibilidad de las declaraciones de la menor AIRS, re-sulta preciso matizarlas a las circunstancias particulares del evento que las produjo. Según se desprende de los he-chos, tanto la menor como su madre y hermanos estuvie-ron sujetos a un patrón de maltrato, presuntamente por parte del señor Pérez Santos. Al ser cuestionada por su madre y su tía en torno a los golpes que exhibía en su rostro y espalda baja, la menor identificó claramente a su agresor, indicando que el señor Pérez Santos le había dado (“Babo dar a m[í]”).

A pesar de que no se desprende del expediente con exac-titud el tiempo transcurrido entre la declaración de la me-nor, identificando a su agresor, y el incidente en el cual fue maltratada, se puede colegir que los golpes que ésta exhi-bía en su espalda baja y en su rostro eran claramente per-ceptibles y le causaban dolor. Más aún, no cabe duda de que la menor se encontraba, al momento de declarar y du-rante el lapso de tiempo que comprendió el patrón de mal-trato al que estuvo sometida, “bajo el estrés de la excita-ción” causada por éste. A esos efectos, conviene recordar que el estado mental de una víctima no puede estar sujeto a estándares rígidos y estereotipados. Esto es, las reaccio-nes tienden a ser disímiles y están inherentemente cir-cunscritas a las circunstancias particulares de cada menor.

A esos efectos, resulta preciso atender las complejidades que subyacen la evaluación de cualquier manifestación ver-tida por un menor de edad relatando un evento traumático, así como las garantías circunstanciales de confiabilidad que comporta tal declaración. Sin lugar a dudas, tanto la mino-ría de edad del declarante como la naturaleza del evento son altamente pertinentes al momento de dirimir la admisibili-dad de tal declaración como excepción a la regla general de exclusión de prueba de referencia. En este caso, tal y como en Ohio v. Clark, las declaraciones de la menor AIRS, reali-zadas de manera informal y espontánea, contienen suficien-tes garantías circunstanciales de confiabilidad. Pretender silenciar estas expresiones mediante su exclusión, no sólo constituiría un fracaso irremediable de la justicia, sino que, además, soslayaría la angustia y el suplicio al que estuvo expuesta en vida la menor.

V

Las circunstancias que rodean las manifestaciones de la menor apuntan a que éstas constituyen una declaración es-pontánea por excitación, admisibles a través el inciso (b) de la Regla 805 de Evidencia. Como indicamos, el hecho de que éstas hayan sido vertidas en respuesta a preguntas de sus familiares en nada altera esa conclusión. De la misma ma-nera, al haber sido realizadas mientras la menor se encon-traba bajo la influencia de un evento conmocionante —en este caso el patrón de maltrato— y al referirse al autor de tal evento, cumplen cabalmente con los requisitos dispues-tos en ese inciso.

Asimismo, las declaraciones de la menor serían admisi-bles al amparo de la cláusula residual que establece la Re-gla 809 de Evidencia. Como se explicó, éstas fueron ofreci-das en evidencia con el propósito de identificar al señor Pérez Santos como el presunto agresor de la menor. Del tracto procesal relatado se desprende con claridad que la defensa fue notificada con razonable anterioridad de la intención del Ministerio Público de presentarlas. Evalua-das las circunstancias del presente caso en su totalidad, las garantías circunstanciales de confiabilidad inherentes a las expresiones realizadas por la menor las exceptúan de la regla general de exclusión de prueba de referencia.

Por los fundamentos que anteceden, es forzoso concluir que las expresiones realizadas por la menor AIRS son ad-misibles en evidencia. Por lo tanto, se expide el auto de “certiorari”, se revoca la determinación del Tribunal de Pri-mera Instancia y se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

       Es importante aclarar que en una vista para determinaciones preliminares de admisibilidad, el uso de prueba de referencia múltiple está permitido. A esos efectos, la Regla 109 de Evidencia establece que, al hacer determinaciones prelimi-nares de admisibilidad, “el Tribunal no queda obligado por las Reglas de Derecho Probatorio, excepto por aquellas relativas a privilegios”. 32 LPRA Ap. VI.

       “Babo” es el apodo del señor Pérez Santos.

       Nótese, además, que del testimonio del agente se desprende que una de las hermanas de la occisa indicó a su tía que no podía decir que había sido “Babo”, porque éste le pegaría a su madre: “Elizabeth también me informa en la misma entrevista que la hija mayor [...] le manifiesta a ella que pues que había sido Babo quien le había dado a la niña, pero que no, que ella no dijera nada porque si decía algo este Babo le iba a dar a la mamá”. Grabación de 28 de julio de 2015, 2:24:29 a 2:25. Escrito en cumplimiento de Orden y en Oposición a la expedición del auto de certiorari, pág. 6.

       Conviene aclarar que la Defensa, en su escrito titulado Escrito en cumpli-miento de orden y en oposición a la expedición del auto de certiorari, alega que las expresiones a las que alude el Ministerio Público no están comprendidas en la regra-bación de los procedimientos. No obstante, de un estudio de todos los documentos que obran en el expediente se desprende que las declaraciones de la madre de la menor y de su tía fueron ampliadas mediante declaraciones juradas que acompañaron la moción de reconsideración presentada ante el foro primario. Asimismo, es evidente que las expresiones del agente investigador contenidas en la regrabación identifican al señor Pérez Santos como el agresor de la menor.

       Específicamente, el foro primario determinó lo siguiente:
      “Con relación a cualquier manifestación, que es otra de las controversias, que haya realizado la menor antes de fallecer respecto a golpes u otra circunstancia, lo planteado por la defensa es que es un testigo no disponible y que conforme a la Regla 806 de las de Evidencia no procede que se escuche esa declaración.
      “La Regla 806 de las de Evidencia claramente define la situación de dicha me-nor como la de un testigo no disponible. Habría que pasar al inciso B[...] Tanto el Inciso 1, que es testimonio anterior, como la declaración en peligro de muerte, como las declaraciones en contra-interés, ninguna es de aplicación en este caso, por lo que cualquier manifestación realizada por esa menor no es admisible y el Tribunal no la permitirá”. Apéndice, Anejo III, pág. 56.

       Este caso fue resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos con ante-rioridad a que el Tribunal de Primera Instancia excluyera las declaraciones de la menor.

       Estatutariamente, el derecho a la confrontación está preceptuado en la Regla 604 de Evidencia, la cual establece que “[u]na persona testigo podrá testificar única-mente en presencia de todas las partes en la acción y estará sujeta a ser interrogada por todas ellas, si éstas optan por asistir a la vista e interrogarla”. 32 LPRA Ap. VI.

       Esto, puesto que en Crawford v. Washington, 541 US 36, 68 (2004), solo se formularon ejemplos de instancias en las que una declaración podía ser considerada de carácter testimonial, pero “se dejó para otro día cualquier esfuerzo por delimitar una definición comprensiva” de la palabra. (Traducción nuestra).

       Específicamente, la respuesta del menor cuando su maestra le preguntó quién le había causado los golpes que éste exhibía en la cara fue “Dee, Dee”, que era el apodo del compañero de su progenitora.

       Para llegar a esta conclusión, la Corte Suprema de Ohio se refirió a las leyes estatales de divulgación obligatoria, las cuales requieren que los maestros prescolares reporten sospechas de abuso infantil a las autoridades gubernamentales. De esta ma-nera, determinó que las declaraciones eran testimoniales, puesto que fueron hechas con el propósito principal de “recopilar evidencia potencialmente relevante para un procesamiento criminal subsiguiente”. State v. Clark, 999 N.E.2d 592, 597 (2013).

       Más recientemente, en Pueblo v. Sierra Figueroa, 167 DPR 666 (2002), este Tribunal, al encontrarse igualmente dividido, confirmó un dictamen del Tribunal de Apelaciones en el que se admitió en evidencia unas declaraciones realizadas por una menor de edad víctima de abuso sexual. En ese caso, las declaraciones se ofrecieron en evidencia en el contexto de la vista preliminar.

       En el ámbito del abuso sexual contra menores, hemos reconocido que es imperativo evaluar “el carácter del acto en sí y cómo lo percibe el menor. [...] Los sentimientos de que debió defenderse o que hubo una razón para ser seleccionado como víctima, aunque irracionales, pueden ser lo suficientemente fuertes como para prevenir que notifique la violación. En su lugar, puede continuar sufriendo en silen-cio la vergüenza”. Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 862-863 (1988).