author: El Juez Peesidexte Señoe del Tobo,

text:
    Epifanio Fernández Vanga, peticionario y apelado, v. Manuel Pavía Fernández, en su carácter de Alcalde Sustituto de San Juan, demandado y apelante.
    No. 5211.

    Sometido: Febrero 3, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      Guerra-Mondragón ■& Soldevila, abogados del apelante; J. Martínez Dávila, J. de Guzmán Benitez, Francis H. Dexter j A. Gorizález Lamas, abogados del apelado.
   El Juez Peesidexte Señoe del Tobo,

emitió la opinion del tribunal.

El presente es un caso de certiorari iniciado por Epifa-nio Fernández Vanga contra Manuel Pavía Fernández, Al-calde Sustituto de San Juan.

Alégase en la petición, en resumen, que el peticionario fué nombrado Director Escolar del Municipio de San Juan por el Alcalde Roberto EL Todd, el 14 de enero de 1929, apro-bando la Asamblea Municipal el mismo día el nombramiento, cuyo término es el de cuatro años.

Que en 3 de septiembre de 1929 y con motivo de las diferencias políticas surgidas en el seno del partido Alianza Puertorriqueña”, el peticionario planteó ante el Alcalde Todd la cuestión exclusiva personalísima de confianza y puso a su disposición la renuncia de su cargo.

Que el mismo día el Alcalde Todd contestó al peticiona-rio que no consideraba suficientes sus argumentaciones para aceptarle la renuncia, negándose de becbo y de derecho a aceptarla y quedando de ese modo terminada de becbo y de derecho la cuestión de confianza planteada; que en tal vir-tud el peticionario dió por retirada la renuncia y continuó en el desempeño de stj. cargo.

Que el 10 de septiembre de 1929 se ausentó para Estados Unidos el Alcalde Todd, quedando como sustituto suyo el Director de Beneficencia demandado Manuel Pavía Fernán-dez.

Que el demandado sin tener ante sí renuncia alguna del peticionario, excediéndose en sus atribuciones, dirigió al pe-ticionario una comunicación con fecha 5 de octubre de 1929, manifestándole que aceptaba la renuncia que había presen-tado de su cargo de Director Escolar, amenazando nombrar otra persona para el dicho cargo.

Que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Municipal vigente,- el peticionario tiene derecho a no ser destituido a menos que se le formulen cargos y se le dé oportunidad de defenderse y lo hecho por el Alcalde Sustituto equivale a una destitución sin justa causa.

El auto fué expedido. Presentó el demandado una mo-ción para que se anulara que fué declarada sin lugar y con-testó alegando, en resumen, que el Alcalde Todd se había limitado a acusar recibo de la renuncia del peticionario, sin resolver la misma mientras no surgiesen fuerzas más pode-rosas que lo obligaran a ello; que al aceptar la renuncia del peticionario la renuncia no había sido retirada y que al ac-tuar así lo hizo en su carácter de Alcalde Interino, sucesor de todos los derechos y deberes del Alcalde propietario.

A la contestación se acompañaron la carta del peticiona-rio al Alcalde Todd, la del Alcalde Todd al peticionario y la del demandado al peticionario.

Dichas cartas, que constituyen toda la prueba a conside-rar en este caso, copiadas a la letra, dicen:

“Septiembre 3, 1929. — Hon. R. H. Todd, Alcalde, San Juan. Honorable Señor: — Siendo el cargo que desempeño en este Gobierno Municipal un cargo político, y debiéndolo, en primer término, a la designación de usted, no deseo desempeñarlo ni por un solo momento después que las diferencias políticas puedan traerle a usted alguna dificultad si yo sigo en el desempeño del mismo. En previsión de que este momento pueda llegar por la inquietud política que en estos días agita a nuestro país, pongo en sus manos la renuncia de mi cargo para tener efecto inmediatamente que a su juicio crea conveniente aceptarla.
“En el deslinde que ahora se efectúa en los campos políticos, yo estoy y quiero- estar en el de la Alianza Puertorriqueña que en los días 31 de agosto y siguientes del corriente año celebró en Mayagüez upa Asamblea soberana extraordinaria.
“Deseo expresar a usted mi gratitud personal por las distincio-nes y consideraciones de que he sido objeto a su lado, y por el honor inicial que se me confirió por usted al designarme para este cargo en enero de 1929. —. Muy respetuosamente, (firmado) E. Fernández Vanga, Director Escolar.”
“Septiembre 3, 1929. — Hon. Epifanio Fernández Yanga, Director Escolar de San Juan, San Juan, P. R. — Mi honorable amigo: — Acuso recibo a su carta de boy, presentándome la renuncia de su cargo de Director Escolar de San Juan, para tener efecto inmediatamente que a mi juicio, dada la situación política actual, crea conveniente acep-tarla.
“Después de las declaraciones que yo be hecho en relación con esa misma situación política actual, no considero suficientes las argu-mentaciones que en su carta usted me expone, para la aceptación de tal renuncia, mientras no hayan fuerzas más poderosas que me obli-guen a ello. Por estas razones no hago más que acusar recibo a su comunicación, sin resolución alguna en cuanto a su motivo.
“Aprovecho esta oportunidad, en correspondencia a las adhesio-nes de amistad que en la misma usted me hace, para testimoniarle que, en cualesquiera circunstancias que este maremagnum político actual nos coloque, más cerca o más lejos, tendré siempre de usted el más alto concepto como caballero y como amigo y me complaceré siempre en cultivar su sincera amistad. — Quedo de usted, su cordial y afmo. amigo, (firmado) R. H. Todd, Alcalde de San Juan.”
“Octubre 5,. 1929. — Sr. D. Epifanio Fernández Yanga, Director Escolar de San Juan, San Juan, P. R. — Señor:—En vísperas de su viaje a Estados Unidos, el Hon. Roberto H. Todd, Alcalde propie-tario de esta Municipalidad, delegó a mi discreción administrativa, como sucesor de él en esta Alcaldía, la facultad de discernir definiti-vamente, entre otros asuntos, la cuestión planteada por usted en carta de septiembre 3 del año en curso, sobre la dirección del De-partamento Escolar que usted preside.
“Decía el Sr. Todd, en contestación a su carta ameritada, lo si-guiente :
“ ‘Después de las declaraciones que yo he hecho, en relación con esa misma situación política actual, no considero suficientes las ar-gumentaciones que eñ su carta usted me expresa, para la aceptación de tal renuncia, mientras no hayan fuerzas más poderosas que me obliguen a ello. Por estas razones, no hago más que acusar recibo a su comunicación, sin resolución alguna, en cuanto a su motivo.’
“La Hon. Asamblea Municipal en su sesión de anoche, 3 de oet. corriente, tomó el siguiente acuerdo:
“ ‘Qu.e enterada como está esta Asamblea de la renuncia presen-tada con fecha 3 de septiembre del año actual por el Director Esco-lar de este Municipio, Hon. Epifanio Fernández Yanga, al Alcalde propietario de San Juan, declara que el Alcalde del Municipio debe aceptar la renuncia-mencionada por existir una abierta y manifiesta incompatibilidad entre el mencionado Director Escolar y los mejores intereses de esta Administración local.’
“El éxito de todo Gobierno, de toda administración, lia de estri-bar necesariamente, imperiosamente, en la cooperación y armonía que reinen entre las distintas ramas de ese Gobierno. La rama. Le-gislativa Municipal de San Juan declara en su acuerdo que no existe tal armonía entre el Director Escolar y el resto de la administración local, imposibilitando esto toda labor constructiva en bien de los in-tereses públicos que nos han sido confiados. Usted, con su clara in-teligencia, en su carta al Sr. Todd, no hizo más que poner de mani-fiesto una situación que ya había surgido, en algunos aspectos, pero que ahora se ha agudizado de tal suerte, que la considero fuerza po-derosa para verme precisado a aceptarle la renuncia que dejó pen-diente mi antecesor el señor Todd.
“Huelga manifestar a Ud. el sentimiento que me causa verme desligado de sus servicios personales como Director Escolar de San Juan, y, con el testimonio' de mi consideración más distinguida, me es muy grato suscribirme de usted, muy atentamente, (firmado) Dr. M. Pavía Fernández, Alcalde,-P. S.”

De la exposición del caso consta lo que sigue:

“Juez. — La Corte ha oído hablar de prueba aliunde, pero nadie la ha presentado. Quiere la Corte saber si se va a someter el caso por completo con el return.
“Lie. Guzmán Benitez. — Lo sometemos todo.
“Juez. — Entonces la vista de este caso está terminada.”

Consideradas las alegaciones y el return, la corte dictó sentencia declarando nula y sin ningún valor la actuación del demandado como Alcalde Sustituto en relación con la renuncia del peticionario del cargo de Director Escolar.

No conforme el demandado, apeló para ante esta Corte Suprema. Se lian archivado amplios alegatos y los infor-mes orales de los abogados de las partes fueron completos.

La decisión de este caso tal como fue planteado por el peticionario dentro del recurso de certiorari, depende del alcance de las tres cartas que dejamos transcritas.

Examinando la primera, resalta la exquisita corrección con que procedió el peticionario. Sostiene que el cargo de Director Escolar que desempeñaba era político, que lo debía, eu primer término, a la designación de Todd y que no de-seaba desempeñarlo ni por un solo momento después que las diferencias políticas surgidas pudieran traerle alguna difi-cultad. En previsión de que ese momento pudiera llegar, ponía en sus manos la renuncia de su cargo “para tener efecto inmediatamente que a su juicio crea conveniente aceptarla.” Hace resaltar con claridad el becbo de que continúa en el campo de la “Alianza Puertorriqueña.”

No bay duda alguna que la carta revela relaciones per-sonales firmes, no obstante las diferencias políticas surgidas, y plena confianza en la persona a quien se dirige, pero tam-poco la bay que va dirigida oficialmente al Alcalde, al fun-cionario, y no al amigo particular. '

¿Cuál fué la contestación? También revela estrechas relaciones y alto aprecio y distinción al funcionario y al hombre a quien se envía, pero va dirigida de igual modo al funcionario y firmada como funcionario'. Es un documento oficial a todas luces. Expresa que después de las declara-ciones hechas por Todd, Alcalde, en relación con la situación política de que habla Fernández Yanga, Director Escolar, no considera suficientes las argumentaciones de éste para la aceptación de su renuncia. Si aquí terminara, no habida cuestión, pero la carta continúa.diciendo: “mientras no ha-yan fuerzas más poderosas que me obliguen a ello.”

Lo que sigue es vago, a saber: “Por estas razones no hago más que acusar recibo a su comunicación, sin resolu-ción alguna en cuanto a su motivo.” El concepto sin reso-lución alguna en cuanto a su motivo es obscuro, quizá con-tradictorio con lo dicho anteriormente porque si algo pa-rece resolver el Alcalde Todd es que las argumentaciones del Director Escolar Fernández Vanga para motivar su ac-titud, no eran suficientes. Pero el concepto no hago más que acusar recibo a su renuncia, entrelazado con lo dicho en el párrafo anterior a saber: “mientras no haya fuerzas más poderosas.”, admite la interpretación de que la renuncia quedó pendiente.

En el tercer documento afirma de modo terminante el Alcalde sustituto Pavía que el Alcalde propietario ,Todd de-legó a su discreción administrativa, como sucesor de él en la Alcaldía, la facultad de discernir definitivamente la cues-tión planteada por la renuncia del Director Escolar.

Ésa afirmación no está contradicRa. Tenemos que par-tir de la base de que es enteramente cierta. Transcribimos la manifestación final lieeha por el propio juez de distrito, porque ella coincide con nuestra propia natural impresión al terminar la lectura de la prueba a saber: ¿Y no bay más? Porque Rubiera sido verdaderamente fácil traer a los autos la personal manifestación del Alcalde propietario Todd.

Colocados en este terreno es necesario resolver que si bien los RecRos ocurrieron en forma tal que explican la ac-titud y Rasta la convicción por parte del Director Escolar Fernández Yanga dé que el asunto Rabia quedado terminado, no lo estaba en verdad y el Alcalde Todd creyó oportuno usar de su juicio dejando encomendada la aceptación o no aceptación de la renuncia a la discreción de su sucesor, dis-creción que su sucesor ejercitó aceptándola.

No se Ra citado por la parte apelada precepto de ley o jurisprudencia alguna que demuestren que el Alcalde Todd no pudo actuar en la forma en que lo Rizo, según la carta del Alcalde Sustituto. El Director’ Escolar Fernández Yanga puso en sus manos su renuncia para tener efecto in-mediatamente que a su juicio creyera conveniente aceptarla. Se entregó a él por completo, sin limitación alguna, y tiene ahora que aceptar las consecuencias de sus propios actos.

Hemos entrado en los méritos del asunto tales como surgen del récord, pero ni aun eso era necesario Racer ya que como dijimos en el caso de Coll v. Todd, 35 D.P.R. 625, y repetimos en el de Rivera Aromí v. Asamblea Municipal, 39 D.P.R. 80, el destituir a un funcionario, aun sin justa cansa, no cae dentro de las disposiciones de la Ley Municipal autorizando el ejercicio del auto de certiorari.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse con lugar el recurso establecido y en su consecuencia revocarse la sen-tencia apelada y dictarse otra desestimando la petición, sin especial condenación de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Isidora Garriga, demandante y apelada, v. Manuel Medina, demandado y apelante.
    No. 5432.

    Sometido: Mayo 26, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      José Soto Rivera, abogado del apelante; O. M. Wood, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Isidora Garriga, como heredera de Francisca Garriga, demandó a Manuel Medina en reivindicación de una casa si-tuada en Santurce. Contestó el demandado, por medio de su abogado Soto Rivera, negando el derecho alegado por la de-mandante a la casa y sosteniendo que la misma le pertenecía por haberla adquirido por compra a Modesta Colón quien a su vez la hubo en subasta pública. Alegó además que la de-mandante no era la única heredera de Francisca G-arriga.

La demandante pidió a la corte que enmeudara la decla-ratoria de herederos de Francisca Garriga incluyendo como heredero a su viudo Felipe Osorio. La corte resolvió de conformidad. Y entonces radicó una demanda enmendada únicamente en el sentido de figurar como demandante por su propio derecho y, además, como cesionaria de los de Felipe Osorio, con la correspondiente alegación relativa a la cesión de Osorio.

Sigue una declaración jurada que dice:

“Yo, O. M. Wood, abogado, primeramente jurado, declaro:
“Que el día dos de julio de 1929, deposité en la oficina de correos de esta Ciudad porte pagado un sobre certificado- conteniendo la co-pia de la demanda enmendada en este caso, dirigida a Manuel Medina, el demandado a su residencia en esta ciudad en esta acción. Lo cual está demostrado por el recibo anexo.
“•Que dentro de esta ciudad, existe un servicio postal de comuni-cación y de entrega de cartas y el certificado anexo demuestra que el dicho demandado ha recibido la carta el día tres de julio de 1929.
“Y no habiendo contestado la demanda enmendada en cualquier forma dentro del tiempo prescrito por la ley, la demandante suplica al Secretario de esta Corte que se anote la rebeldía del demandado.”

Luego la parte demandante, el 1 de octubre de 1929, pre-sentó la siguiente moción que, con lo consignado por el Se-cretario, se transcribe íntegra:

“Al Secretario: — Ante la Honorable Corte comparece Isidora Ga-rriga, representada por los abogados que suscriben y como mejor en derecho fuera pide la anotación de la rebeldía del demandado Manuel Medina en esta causa basándose en los siguientes hechos:
“Que el día 13 de julio de 1929 una demanda enmendada fué no-tificada en este caso bago sobre certificado y desde cual tiempo el de-mandado no ha contestado de ninguna manera.
“Y respetuosamente solicita del Secretario’ de esta Corte que se señale este caso para la vista en el Calendario Especial el viernes día cuatro de octubre de mil novecientos veintinueve. San Juan, P. R., 1 de octubre, 1929. O. M. Wood, Harry B. Lienza, abogados de la demandante.
“Anotada la rebeldía de Manuel Medina. — Oct. 1, 1929. (fdo.) Luis Vergne Ortiz, Secretario. Radicado — filed—Oct. 1, 1929.”

El once del propio mes de octubre compareció el abogado Soto Rivera y en una moción jurada manifestó a la corte que acababa de enterarse de que se había señalado la vista del caso en un calendario especial sobre la base de la rebeldía del demandado y que esa rebeldía estaba mal anotada pues la notificación aparecía dirigida p'or correo al demandado, en vez de haberse hecho a su abogado. Pidió que se dejara sin efecto la rebeldía y se le concedieran diez días para contestar la demanda enmendada.

A la moción recayó la resolución que sigue:

“Yista la moción del demandado para que se deje sin efecto la rebeldía anotada en este caso, la cual moción fué discutida en corte abierta con asistencia de los abogados de ambas partes, la Corte, por la presente y atendidas todas las circunstancias de este caso, y vista la oposición bajo juramento presentada por la demandante y jurada por el abogado de la misma, señor O. M. Wood, declara sin lugar, en todas sus partes, la moción del demandado; quedando anotada la re-beldía o todos sus efectos legales que procedan.”

. Solicitó reconsideración el demandado, acompañando su contestación a la demanda enmendada, en la cual vuelve a alegar que la casa en cuestión le pertenece a título de com-pra, y la reconsideración fué declarada sin lugar.

Celebrado el juicio en rebeldía, la demandante practicó su prueba y la corte dictó la sentencia a su favor que es objeto de esta apelación por parte del demandado. El apelante se-ñala en su alegato la comisión de cinco errores.

La parte apelada solicitó que el recurso fuera desestimado' por frívolo. Esta corte negó la desestimación. Pidió enton-oes que se le permitiera completar el récord de la apelación. Se allanó el apelante y al récord se agregaron el escrito de oposición a la moción pidiendo que se dejara sin efecto la apertura de la rebeldía y otras constancias relativas a la apelación que para ante esta Corte Suprema interpuso el demandado de la resolución de la corte de distrito negándose a abrir la rebeldía, apelación que fué desestimada por reso-lución de marzo 18, 1930, que dice:

“En un caso de reivindicación en el cual no se ha dictado senten-cia, una orden de la corte negándose a abrir una rebeldía anotada por el secretario de la misma, no es apelable; por tanto, se declara con lugar la moción de la apelada y se desestima la apelación.”

Corregido el récord, presentó la apelada su alegato.

A nuestro juicio bastará la consideración del primer error para revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte de su origen para que se permita al demandado archivar su contestación, continuando la tramitación del pleito de acuerdo con la ley.

Ese primer error consiste en que la sentencia en rebeldía está basada en que la demanda enmendada se notificó debida-mente, cuando es lo cierto que la notificación no se hizo de acuerdo con la ley.

Dice el artículo 324 del Código de Enjuiciamiento Civil:

“Artículo 324. Cuando un demandante o demandado que hubiere comparecido, residiere fuera de la Isla de Puerto Rico y no estuviere representado por abogado residente en la misma isla, en el pleito o procedimiento, la notificación o entrega de documento podrá hacerse al secretario de la corte por él. Pero en todos los casos en que la parte estuviere representada en el pleito o procedimiento por un abo-gado residente, la entrega de documentos, cuando corresponda, de-berá hacerse a dicho abogado, en lugar de la parte, excepto cuando se trate de citaciones, decretos y otras órdenes de carácter personal li-bradas en el pleito y de la entrega de documentos presentados con motivo de desacato. Si no hubiere en el litigio abogado residente la notificación o entrega de documentos se hará a la parte.”

Ese precepto de ley ha sido interpretado varias veces por esta Corte Suprema. Véanse los casos de The American R. R. Co. of P. R. v. Corte Municipal de Ponce, 16 D.P.R. 239, y Domínguez, Defensor, v. Díaz, 18 D.P.R. 986. En el curso de la opinión en el último caso se dijo:

“La idea de la ley y de la jurisprudencia es que el abogado, director legal del litigio, debe tener conocimiento directo de todo lo que ocurre en el mismo en el momento oportuno, a fin de que pueda defender de manera eficaz a su cliente.”

Aquí se dejó de cumplir la ley por completo. ¿Qué ex-plicación se da? Dice la apelada en su alegato:

“Al resolver la moción de apertura de rebeldía en la cual se le-vantó por primera vez la cuestión de notificación por correo, el Tribunal Inferior tuvo ante sí la moción del demandado y la oposición bajo juramento de la demandante.
“De esos documentos aparece de una manera clara y rotunda, pues ello fué admitido por la parte contraria, que la demanda en-mendada se notificó al demandado personalmente y no a su abogado el Lie. José Soto Rivera, por haber éste informado al Lie. O. M. Wood, abogado de la demandante que él (el Lie. Soto Rivera) había renun-ciado la representación del demandado y apelante Manuel Medina.
“El Artículo 324 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone claramente ‘que si no hubiere en el litigio abogado residente, la noti-ficación o entrega de documentos se hará a la parte’.”

Es cierto que en la oposición a la moción del abogado del demandado solicitando la apertura de la rebeldía anotada, se consigna bajo juramento por el abogado Wood lo que dice en su alegato, pero las circunstancias concurrentes son tales que la apertura de la rebeldía debió ser necesariamente de-cretada.

Hemos transcrito íntegros el juramento del abogado Wood sobre la notificación de la demanda enmendada y su moción pidiendo la anotación de la rebeldía y el señalamiento de la vista del pleito en calendario especial. En ninguno de dichos documentos se bace constar que el demandado hubiera ce-sado de estar representado en el pleito por un abogado re-sidente. Hablando por sí mismo el récord demostraba que el demandado tenía nn abogado residente y la notificación hecha a la parte carecía de base que la explicara.

No aparece que se cumpliera con la letra ni con el espí-ritu de las Reglas 25, 26 y 27 del Reglamento que rige en las cortes de distrito de la Isla. Dichas reglas prescriben:

“Regla 25. — El abogado que primeramente haya sido ocupado en el pleito, se considerará como el que lleva la representación en el mismo, y cuando esté presente tendrá la dirección del pleito, a menos que se haga un cambio por la parte interesada y conste en el récord.
“Regla 26. — Un abogado de récord es aquel que ha comparecido en el pleito, y se entenderá que ha comparecido, cuando su nombre aparezca suscribiendo las alegaciones o algún convenio de las partes archivado en el pleito; y dicho abogado será considerado con dere-cho para continuar como tal hasta el fin del pleito, a menos que otra cosa en contrario aparezca del récord.
“Regla 27. — Ningún convenio entre los abogados o las partes to-cante a algún asunto pendiente, tendrá fuerza, a menos que sea he-cho por escrito, firmado y entregado con los demás documentos para que forme parte del récord; o a menos que sea hecho en Corte abierta con el mismo fin.”

Pero aun partiendo de la base de que el abogado de récord del demandado hubiera cesado en su representación, siempre habría que concluir que la notificación no se hizo de acuerdo con la ley.

Dispone el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil:

“Artículo 320. La diligencia de una notificación o entrega de do-cumentos deberá hacerse personalmente, a la parte o a su abogado se-gún proceda, o podrá diligenciarse como sigue:
1 < f * * i* i# * *
“2. Si a una de las partes, podrá practicarse la diligencia dejando la notificación o documentos en su residencia, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, en poder de alguna persona de suficiente edad y discreción; y si se ignorase su dicha residencia,. se cursarán por correo, bajo sobre certificado dirigido a dicha parte.”

Y aquí ni el juramento ni la moción pidiendo la anotación de rebeldía permiten concluir que el demandante estuviera. justificado en prescindir de lo dispuesto en primer término por el legislador, recurriendo al correo.

Además, no se trataba en este caso de un verdadero emplazamiento. Ya la parte demandada había sido emplazada y había formulado su contestación, quedando así trabada la contienda. Para perfeccionar su alegación la parte demandante enmendó su demanda y notificó en la forma que conocemos al demandado su demanda enmendada. La enmienda consistió únicamente en agregar lo sucedido en cuanto al viudo de la persona de quien la demandante alegaba que había heredado la casa en cuestión, permaneciendo la demandante como la única con derecho a reivindicar. Ya el demandado había contestado y su nueva contestación en nada habría de variar. La cuestión fundamental a resolver era la misma que se planteó por las primitivas demanda y contestación, o sea: ¿quién es el dueño? ¿la demandante o el demandado? Bajo esas circunstancias ¿cómo es posible pro-veer en contra una moción de apertura de rebeldía presentada sólo once días después de la anotación? La regla es que los pleitos se fallen oyendo a las partes interesadas en los mismos. La rebeldía es una presunción de que la parte no quiere deliberadamente comparecer a defenderse. Y aquí todo está indicando que la parte demandada quiere comparecer como compareció a defenderse.

A virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia apelada y el pleito devolverse a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Pbesidente Señoe del Toro,

text:
    Félix Benítez Rexach, demandante y apelante v. Arturo Ramos Thulier y Celestino Benítez, demandados y apelados.
    No. 5391.

    Sometido: Mayo 19, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      Adrián Agosto, abogado del apelante; Celestino Benítez, como abo-gado, por su propio derecho.
   El Juez Pbesidente Señoe del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia sobre las alegaciones. La demanda es en cobro de dinero y se dirige contra Arturo Ramos y Celestino Benítez. Alega, en resumen, que el de-mandante Félix Benítez Rexach. es el dueño de la.casa de concreto de dos plantas No. 272 de la Calle de Loíza, San-turce, San Juan, desde el 15 de febrero de 1928; “que un señor Juan Quiñones era el 30 de enero de 1928 el que es-taba encargado por el dueño de la casa antes mencionada, de la administración de dicha casa, y en tal concepto dicho Sr. Quiñones alquiló la misma al demandado Arturo Ramos Thulier, por el canon de $45 mensuales, pagaderos mensual-mente el día 4 de cada mes, habiendo dicho demandado Sr. Ramos, para garantizar el fiel cumplimiento del pago men-sual de los alquileres de la misma, constituido una fianza, la cual fue prestada por el otro demandado Sr. Benítez, el que se constituyó en fiador y principal pagador de la obliga-ción contraída por el Sr. Ramos Thulier, suscribiendo ambos y entregando a dicho administrador dicha obligación, que copiada a la letra dice así:

‘Dootomento de Fianza. — Me constituyo fiador, principal pa-gador y único responsable de la suma de cuarenticinco pesos alquiler mensual de arrendamiento que ocupa D. Arturo Ramos, calle de Loíza número 272, cuya suma me. obligo a satisfacer itíensualmente a don Juan Quiñones, los días cuatro de cada mes, si antes no lo hubiese satisfecho mi fiado, sin dar lugar a reclamación de ninguna especie, pues en este caso me obligo igualmente a satisfacer todas las costas, costos y perjuicios que se originen, y entendiéndose especialmente, que esta garantía sólo dejará de tener efecto después de desocupada la expresada casa por mi fiado. Y para constancia con renuncia de todas las leyes que al efecto puedan favorecerme, incluso el domicilio, firmo el presente en San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 1928. (Firmado) Arturo Ram'os. — Celestino Benitez. — El arrendador viene obligado a dar noticia por escrito al fiador, tan pronto el fiado se constituya en mora por el pago mensual del arrendamiento.— (fdo.) Celestino Benitez;’ ”

que el demandado Ramos entró en posesión de la casa el 30 de enero de 1928 y en ella estuvo hasta el 5 de julio, 1928, en que fue desahuciado por haber' dejado de pagar los cánones del arrendamiento desde el 15 de febrero hasta el 5 de julio de 1928 ascendentes a $210 que no han sido sa-tisfechos por ninguno de los demandados a pesar de los requerimientos que se le han hecho; que el demandante se vió obligado a desahuciar judicialmente a Ramos y gastó en ello cien dólares, y que en cuanto Ramos se constituyó en mora, Benitez fue notificado.

No consta si el demandado Ramos compareció o no. El otro demandado Celestino Benitez compareció y alegó la ex-cepción previa de que la demanda no aducía hechos suficien-tes para determinar una causa de acción. La excepción fué declarada con lugar y a instancias del demandante se registró sentencia desestimando la demanda que se apeló entonces para ante este tribunal.

En su relación del caso y opinión dijo, en parte, la corte sentenciadora:

“El documento de fianza que se copia en la demanda es suma-mente obscuro y confuso. Sin embargo, no podemos abrigar duda alguna de que la fianza que constituyó el demandado Benítez lo fué a favor de Juan Quiñones, que no es la parte demandante en el pre-sente caso. Dice la ley de modo expreso, ‘que toda acción deberá ejercitarse a nombre de la parte realmente interesada.’ De la simple lectura del documento ventos que el interesado en exigir la obli-gación suscrita por 'Benítez es Juan Quiñones que es persona distinta del demandante. No bay tampoco relación contractual alguna entre este Quiñones y el demandante, toda vez que no se alega en la de-manda que las obligaciones contraídas a favor de Quiñones fuesen traspasadas.en todos sus derechos al demandante. Por el documento de fianza que tenemos a la vista, Benítez se obligó a pagar por Ra-mos, pero no al demandante, sino a Juan Quiñones, y esta corte no está en condiciones por las propias alegaciones de la demanda de saber qué relaciones hubieran existido entre Quiñones y los anteriores dueños del inmueble o entre Quiñones y el actual propietario, deman-dante en esta acción. Cierto es que la ley civil dice: ‘el comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos y acciones’, pero el ven-dedor en este caso, según aparece de la alegación segunda de la de-manda, no es Juan Quiñones, sino otras personas distintas a saber, José Cruz Santana y Georgina Alejandro. No existiendo, a nuestro juicio, ninguna relación entre estas partes por la cual el actual pro-pietario se hubiera sustituido en los derechos y acciones de Juan Quiñones, si algunos tuvo, y siendo también la fianza constituida a favor de Juan Quiñones puramente personal sin que pudiera éste en-dosarla a la orden de otra persona, la corte entiende que está bien alegada la excepción previa de falta de hechos, que es todo lo que la corte debe resolver en esta resolución, toda vez que fué lo tínico que discutieron las partes.”

Dos errores señala el apelante en su alegato, a saber, 1, que erró la corte al declarar la demanda sin lugar no obs-tante haberse constituido Celestino Benítez en principal pa-gador y único responsable de los cánones debidos por Ra-mos, y 2, que erró también al decidir que el demandante no tiene causa de acción contra el demandado Celestino Benítez, por estar la obligación de fianza suscrita a favor de Juan Quiñones, persona distinta del demandante, y no ser endo-sable el documento.

Los dos errores pueden examinarse conjuntamente. La verdadera cuestión a estudiar y a resolver es la de si la demanda alega hechos suficientes que hagan al demandado Celestino Benitez responsble para con el demandante Félix Benitez Bexach.

A nuestro juicio no obstante reconocer que el caso es du-doso y que los argumentos contenidos en la opinión de la corte de distrito tienen gran peso, nos parece que puede y debe concluirse que la demanda es suficiente ya que en ella se alega que Quiñones era el encargado de la casa por su dueño y en tal concepto la alquiló al demandado Bamos, y habiéndose constituido el demandado Benitez en “fiador, principal pagador y único responsable” del alquiler de la casa en cuestión, no importa que la fianza se extendiera a favor de Quiñones para que se concluya que lo fué a favor del dueño a quien Quiñones representaba.

La cuestión de que el contrato se celebrara cuando el de-mandante Benitez Bexach no era el dueño, no es importante. La entidad dueño continúa siendo la misma.

Además, no está desprovista de importancia la cita del artículo 1619 del Código Civil, en el caso excepcionado, que hace el apelante.

Debe, en tal virtud, revocarse la sentencia apelada y dic-tarse otra declarando la excepción sin lugar, pero, atendidas todas las circunstancias concurrentes, permitiendo contestar al demandado dentro de un término de dies días contados a partir del en que esta sentencia nuestra sea registrada en el libro correspondiente de la corte de distrito.


author: El Juez Presidente Señoh del Toko,

text:
    Ex Parte Teresa Antoni, peticionaria.
    No. 5770.

    Sometido: Julio 20, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      L. Toro Cabañas, abogado de Doña Mercedes y Doña Ramona Ruea-bado; Monserrat ■& Monserrat, abogados de la opositora.
   El Juez Presidente Señoh del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

Allá por el año 1908 doña .Teresa Antoni fué nombrada por la Corte de Distrito de San Juan tutora del incapacitado r Fausto Encabado, su esposo. Pasado algún tiempo la tu-tora y el incapacitado se trasladaron a España. Allí falleció la tutora el 25 de febrero de 1930, siendo nombrado para el cargo allí mismo doña Juana Eucabado, hermana del incapaz. Doña Mercedes y doña Eamona Eucabado, también herma-nas del incapaz, comparecieron en la Corte de Distrito de San Juan solicitando el nombramiento de la segunda como tutora, bajo la base de la nulidad del nombramiento de doña Juana hecho en España sin cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley. Opúsose doña Juana. T la corte se negó a hacer el nombramiento solicitado. Doña Eamona y su hermana doña Mercedes apelaron para ante este tribunal.

Así las cosas, la opositora doña Juana Eucabado ha pe-dido que se desestime el recurso por no ser apelable la re-solución denegatoria del nombramiento de tutor, basando principalmente su oposición en lo resuelto por esta Corte Su-prema en el caso de Solá v. Solá, 30 D.P.R. 758. En él dijimos :

“Contra una resolución poniendo término a un expediente de in-capacidad, no cabe recurso de apelación. Contra ella la ley otorga a los interesados el derecho de deducir demanda ordinaria, existiendo en tal caso el recurso de apelación contra la sentencia que ponga tér-mino al litigio.”

Los casos no son iguales. En el de Solá se trataba de la declaración de incapacidad y se tuvo muy en cuenta lo dispuesto en el artículo 255 del Código Civil. En éste se trata del nombramiento de tutor únicamente. Para el nom-bramiento de tutores fija la ley un procedimiento especial y las resoluciones de las cortes dictadas dentro de dichos pro-cedimientos especiales son finales y apelables de acuerdo con lo dispuesto en el No. 1 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. El que esta corte haya conocido de casos sobre nombramiento de tutor dentro de recursos de certiorari — Del Moral v. Corte, 41 D.P.R. 523 y Del Moral v. Corte, 41 D.P.R. 758, no importa. En ciertos, casos aunque existe apelación la corte puede intervenir por certiorari. Véase la última decisión de esta corte en el caso de Micaela del Moral v. María del Carmen del Moral, 42 D.P.R. 462.

A virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar la moción de desestimación.


text:
    Ex Parte Eugenio Prado González, peticionario.
    No. 98.

    Sometido: Julio 16, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      Benjamin Guerra, abogado del peticionario; R. A. Gomes, abogado de El Pueblo.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un caso de habeas corpus tramitado originalmente en esta Corte Suprema. La cuestión envuelta en el mismo se plantea por el peticionario, así:

“La Corte de Distrito de Humacao no tenía ni tiene jurisdicción para dictar sentencia en este caso por Infracción a la Ley Nacional de Prohibición toda vez que la acusación presentada ante dicha corte inferior, y que fué la base de la sentencia por la cual el peticionario está ilegalmente encarcelado, está presentada, jurada y firmada por el Fiscal del Distrito de Illumacao, quien no está investido jurisdic-cionalmente con poderes para entablar denuncias por infracciones a una ley federal.”

En efecto la acusación que sirvió de base al proceso en que se dictó la sentencia a virtud de la cual se encuentra el peticionario privado de su libertad, fué formulada por el fiscal del distrito, comenzando así:

“EN EL NOMBRE V l’OR LA AUTORIDAD DE El PUEBLO DE ESTADOS UNidos de América) El Presidente de los Estados Unidos) El Pueblo de los Estados Unidos de Amérioa contra Eugenio Prado González. En la Corte de Distrito de Humacao a 12 de mayo de mil novecientos 31.”

A nuestro juicio debe' declararse la solicitud sin lugar. Lo que esta Corte Suprema decidió en el caso de El Pueblo v. Zayas, 41 D.P.R. 646, fué que “Por la ley del Congreso de septiembre 21, 1922 (U. S. Statutes at Large, vol. XLII, Part 1, Chapter 366, page 993), el poder soberano y nacional, Es-tados Unidos de América, no se desprendió de la facultad de iniciar y perseguir a su nombre las infracciones a la Ley Nacional de Prohibición en la Isla.” Y aquí se ha cumplido con la regla. Nada hay en las opiniones de diciembre 18, 1930, y enero 30, 1931, emitidas en el caso- — la segunda en reconsideración — , que pueda interpretarse en el sentido de que el Congreso resolviera que el Pueblo de los Estados Unidos no podría usar los fiscales del Territorio al igual que sus cortes para perseguir y castigar las infracciones de la indicada ley.

En 1902 la Legislatura de la Isla aprobó un Código de Enjuiciamiento Criminal. Los artículos 12 y 13 de dicbo có-digo prescriben:

. “Artículo 12. — Entiéndese por magistrado un funcionario con au-toridad para dictar orden de arresto contra una persona acusada de delito público.
“Artículo 13. — Son magistrados las siguientes personas:
“1. Los jueces de la Corte Suprema.
“2. Los jueces de las cortes de distrito.
“3. Los jueces de paz.
“4. Los promotores fiscales.”

Regía entonces como Ley Orgánica de Puerto Rico, el Acta Poraker cuya sección 31, al final, dice:

“ . . Disponiéndose■, sin embargo, que toda léy decretada por la Asamblea Legislativa será comunicada al Congreso de los Estados Unidos el que por la presente se reserva la facultad de anularla si lo tuviera por conveniente.”

Esa disposición quedó preservada en la segunda y vigente Ley Orgánica de Puerto Rico, Acta Jones, en su sección 34, en los siguientes términos:

“Art. 34. — • .... Todas las leyes decretadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico serán comunicadas al Congreso de los Es-tados Unidos, según se dispone en el Artículo 23 de esta Ley, el cual se reserva por la presente la facultad y autoridad de anularlas ...”

Interpretando el alcance de esas disposiciones, dijo la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, en el caso de Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, 16 Fed. (2d) 96. “El resultado es que toda legislación puertorriqueña que se encuentra añora en los estatutos es en realidad, aunque in-directamente, la obra del Congreso Federal”; y en el de South Porto Rico Sugar Co. v. Muñoz, 28 Fed. (2d) 820, “La ley promulgada por la Legislatura de Puerto Rico y comunicada al Congreso según se requiere, tanto por la pri-mera como por la segunda Carta Orgánica de Puerto Rico, (Ley Foraker, abril 12, 1900, y Ley Jones, marzo 2, 1917), y que no fué posteriormente anulada por el Congreso, tiene la tendencia a demostrar la aprobación de dicho Congreso a la misma.”

Así las cosas, pasó el Congreso la Ley de 1922 confiriendo a las cortes territoriales de Puerto Rico jurisdicción con-currente con las cortes de los Estados Unidos en el distrito en casos de infracciones a la Ley Nacional de Prohibición y de cualquier ley enmendatoria o supletoria, cuya versión correcta al español, tal como ha sido preparada por el fiscal de esta Corte Suprema, dice:

“Decrétase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, en Congreso reunidos: Que se confiera, como por la presente se confiere a los magistrados territoriales y cor-tes de Puerto Rico jurisdicción concurrente con los comisionados y cortes de los Estados Unidos en aquel Distrito sobre toda infracción de la ley de octubre 28 de 1919 conocida por el nombre de Ley de Prohibición Nacional, y de cualquier ley enmendatoria y supletoria de la misma, siendo la jurisdicción de dichos magistrados territoriales y cortes sobre tales delitos la misma que tienen en la actualidad so-bre otros delitos dentro de su jurisdicción.”

De lo expuesto se infiere que si el Congreso confirió ju-risdicción boncurrente a los magistrados y a las cortes in-sulares y los fiscales son magistrados lo mismo que los jue-ces de acuerdo con la ley, los fiscales pueden intervenir de conformidad con los términos de la propia ley del Congreso. La traducción oficial española de la citada ley de 1922 al emplear la palabra jueces por el vocablo magistrates del original inglés, restringe su alcance.

A igual resultado se llegaría aunque no se concluyera que el Congreso nacional al usar el término magistrate en 1922 lo hizo en igual sentido que el legislador insular en 1902, ya que hay que reconocer que dicho término no tiene un significado bien definido, pues como, resumiendo la ju-risprudencia, dice Corpus Juris: “Es difícil dar al término ‘magistrate,’ derivado del latín ‘magistratus,’ cualquier sig-nificado definido. Puede usarse como un término genérico con un sentido general, y en uno estrecho con un estricto significado. En el último caso se consideran como magis-trados los funcionarios judiciales de inferior categoría tales como un juez de paz; un funcionario judicial que tiene ju-risdicción sumaria en asuntos de naturaleza criminal o cuasi criminal; un funcionario que tiene poder para expedir una orden de arresto de una persona a quien se imputa la comi-sión de un delito. En su sentido general el término com-prende un funcionario público que ejerce autoridad pública, un funcionario público civil, poseyendo tales poderes legis-lativos, ejecutivos o judiciales como el gobierno que lo nom-bra le confiera, una persona revestida de poder como un funcionario público civil. En su virtud, en su amplio sentido, el término puede usarse para comprender un concejal, un juez de la ciudad y ex oficio de paz, un cónsul, un juez de una corte municipal, un juez de paz, un notario público, un juez de policía, un magistrado de policía, un juez de juicios. Y por otro lado, en su sentido 'estricto, puede ser usado como no incluyendo un secretario de una corte de condado, un fiscal de distrito, o un notario público. ” 33 C. J. 927-928. En una de las notas se encuentra la siguiente cita: “Dr. Johnson da una definición del término ‘magistrate,’ que no difiere ma-terialmente de la de Blackstone, diciendo que un magistrado ‘es un hombre públicamente investido con autoridad, un go-bernador, un ejecutor de las leyes’.” Gordon v. Hobart, 10 F. Cas. No. 5, 609, 2 Sumn. 401, 405.

Sostenemos esa conclusión, porque si el Congreso confirió jurisdicción concurrente a las cortes de Puerto Rico en general, claro es que la confirió a todos sus funcionarios, y sean cuales fueren el significado del término magistrate y la in-tención del Congreso al usarlo, no puede negarse que los fiscales son funcionarios de las cortes de Puerto Eico con deberes legales específicos que cumplir no sólo dentro del procedimiento criminal, sino dentro del civil en varios casos.

Además, al discutirse este asunto en el seno del tribunal se levantó la cuestión de si era el habeas corpus el procedimiento apropiado para resolver la cuestión planteada, pronunciándose el criterio de los jueces en el sentido de que existían por lo menos grandes dudas de que lo fuera, y así, por ese motivo adicional, quizá habría siempre que desestimar el recurso.

Por virtud de todo lo expuesto debe anularse el auto ex-pedido quedando el peticionario bajo la custodia del Alcaide de la Cárcel de Humacao hasta que cumpla la sentencia o sea de otro modo excarcelado legalmente.


author: El Juez Asociado Señoe Aldkey,

text:
    Wilson & Co., Inc., demandante y apelante, v. Martín y José Aparicio, haciendo negocios bajo la razón social de Aparicio Hermanos, demandados y apelados.
    No. 5180.

    Sometido: Junio 26, 1930.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      Henry G. Molina, F. B. Fornaris y M. León Farra, abogados de la apelante; Ramón Dapena y Y. Zayas Bizarro, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido establecida por la demandante Wilson & Co., Inc., contra sentencia que declaró sin lugar su demanda con las costas, dictada a moción de los demandados hecha después que el demandante terminó la presentación de su prueba (nonsuit).

La cuestión fundamental en este litigio es la interpretación de una palabra del contrato que celebraron las partes. Las otras son subsidiarias de ella.

J. A. Mirabal, empleado de Coble & Jiménez, que es el agente en Ponee de la demandante, celebró con los demanda-dos el contrato que copiamos.

“Goble & Jiménez — Provision Brokers. — Tetuán St. No. 49 — San Juan, P. R. — Orden No. 57, fecha enero 25, 1928. Comprador Apa-ricio Hnos., Ponee. 2 embarques quincenales en febrero. .Por cuenta de Wilson & Co.- Condiciones: usual o %'% cash. 300 jaulas 2/37 manteca pura Ideal a 13.95 Cif Ponee incluso envase. Conforme: J. A. Mirabal, Aparicio linos.”

La primera partida de 150 jaulas de esa manteca fué des-pachada por ferrocarril en Kansas City, Estado de Kansas, donde el demandante tiene su planta, el 4 de febrero de 1928 para ser transportada al puerto de New Orleans y embarcada en el vapor “Isabela” que iba a salir de él el 8 del mismo mes, pero no fué embarcada hasta el 17 de febrero en otro vapor nombrado Montoso, que llegó a esta Isla algunos días después. Por no haber sido embarcado ese lote en el vapor en la primera quincena de febrero se negaron los demandados a aceptarlo y pagarlo. El segundo lote fué aceptado y pa-gado por los demandados.

La contención entre las partes es, según los apelados, que la cláusula del contrato que dice que se liarían “2 em-barques quincenales en febrero”, significa que la mercancía debió ponerse en el barco en la primera quincena de febrero y no el 17 de ese mes; y la del apelante es que la palabra “embarque” o “embarcar” significa no sólo .poner en barco sino también poner en ferrocarril, por lo que habiendo des-pachado la mercancía por ferrocarril el 4 de febrero quedó cumplido así su contrato y los demandados están obligados a pagar el precio de ese lote.

En el caso de McFaddin Rice Milling Co. v. Maldonado, 31 D.P.R. 472, que fué resuelto por este tribunal el 6 de febrero de 1923, fué tratada esa cuestión diciéndose lo si-guiente :

“La simple lectura del contrato otorgado el 19 de abril de 1920 nos dice que sus términos son claros y precisos. Está redactado en un lenguaje comercial en donde la expresión es siempre lacónica, con-cisa y sin rodeos. El contrato se formalizó el 19 de abril de 1920 y en él se pactó la fecha de embarque de la mercancía y el medio de transporte, todo lo que fué estipulado expresamente con las si-guientes palabras:
“When.embarque durante abril.
“Row ship .... por vapor.
“El juez sentenciador interpretó esas palabras en sentido de que ‘el contrato requería el,embarque del arroz por vapor durante abril,’ y que ‘solamente puede cumplirse el contrato poniendo los géneros a bordo de la embarcación dentro del tiempo convenido.’ El apelante alega que dicho juez tomó las palabras ‘durante abril’ en conexión con la palabra vapor, en vez de concordarla con la palabra ‘cuando’ (when) y que de este modo se había cambiado el sentido del contrato. Parece' que la interpretación del contrato por la apelante es que el vendedor debe embarcar el arroz ‘durante abril’, significando que el embarque se refería al ferrocarril como medio de transporte y ade-más, que el referido arroz había de ser transportado ‘por vapor’ y no ‘por goleta’. Sin embargo, tal interpretación resulta contraria al sentido literal del contrato y en contradicción con las alegaciones de la misma demanda.
“Las palabras ‘embarque durante abril’ responden a la palabra ‘cuando’ (when) para significar la fecha de embarque, o sea, el ‘tiempo’ dentro del cual el vendedor debe embarcar la mercancía, y también se refiere al medio de transporte, toda vez que el verbo ‘em-barcar’, ya por su etimología de ‘em’ y ‘barco’, ya por su sentido gramatical de ‘meter o entrar en un buque’, no puede referirse ni aun en el lenguaje usual y corriente al transporte ‘por ferrocarril’.
“ ‘Embarcar ... De em y barco. Dar ingreso en una embar-cación . . . Aunque este verbo se emplea a veces en el significado de montar o subir a un coche, ferrocarril, etc., como en la frase las mercancías fueron embarcadas en el ferrocarril, tal uso no es tolerable.’ Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana de Hi-jos de J. Espasa, tomo 19, pág. 913.
“ ‘Embarcar: Meter alguna cosa en la embarcación. . . De ‘em’ y ‘barco’. Diccionario de la Lengua Española, por M. Rodríguez Na-vas, pág. 555. “ ‘Embarcar: Meter o entrar en un buque.’ Diccio-nario de la Lengua Castellana, por la Academia Española, Ia. edición, por D. R. V., pág. 383.
“ ‘Embarcar’ significa: ‘To embark, to ship, to- put on shipboard’, New Velazquez Spanish-English Dictionary, First Print, page 261.
“Después de lo que debe entenderse por-‘embarcar’ dicha palabra determinó en el contrato la clase de medio o modo de transporte y las palabras ‘por vapor’ fijaron mejor el sentido del medio elegido.”

A lo dicho en ese caso podemos agregar qué en el diccio-nario de la Lengua Castellana publicado por la Eeal Academia Española en 1914 se define la palabra “embarcar” de la siguiente manera: “embarcar (de ‘en’ y de ‘barco’) a. Dar ingreso a personas, mercancías, etc., en una embarcación.” Y la palabra “embarque” así: “Acción de embarcar géne-ros, provisiones, etc.”

Por consiguiente, de acuerdo con las palabras usadas en el contrato celebrado • entre las partes no puede haber duda de que el apelante se comprometió a poner en barco el primer lote de la mercancía en la primera quincena de febrero y de que no lo hizo.

Dice el apelante con respecto a la sentencia citada que lo dicho en ella, que hemos copiado, es un dictum que no obligaba a la corte inferior porque, en el contrato a que se refiere se estipuló el embarque “en vapor.” No es así, porque la palabra “vapor” sólo determinaba la clase de barco y porque la contienda en ese asunto era, como en éste, si la palabra “embarque” significa poner la mercancía en un barco o si también significa ponerla en ferrocarril.

El apelante entiende que como casi todo el comercio de esta Isla es con los Estados Unidos de América debe darse a la palabra “embarque” la interpretación que a la palabra inglesa ‘ ‘ shipment ’ ’ se ha dado en algunas sentencias de aquellos tribunales. Nos parece lo más razonable, sin embargo, que habiendo sido hecho el contrato en esta Isla y en español debe darse a las palabras usadas el significado general y corriente que tales palabras tienen en español.

Los términos del contrato, a nuestro modo de ver, son claros en este caso y no dejan lugar a dudas ni ambigüedad sobre la intención de los contratantes, por lo que hay que estar al sentido literal de sus cláusulas, según dispone el artículo 1248 del Código Civil. Por eso no cometió error la corte inferior al eliminar una alegación de la demanda original y la prueba que se presentó en el juicio, tendentes ambas a demostrar que la palabra “embarque” significa también en el comercio de esta I.sla, según algunas personas, embarque desde la planta productora y que la palabra “em-barque” se usa en las declaraciones de expedición en el ferrocarril de esta Isla de las mercancías que se le entregan para su transporte.

Con respecto a la imposición de las costas al apelante no creemos que exista error, pues siendo la palabra “embarque” usada en el contrato de un claro significado, habiendo sido interpretada por este tribunal antes de iniciarse este pleito, y teniendo igual significado su equivalente en el inglés en muchos diccionarios de ese idioma, hubo temeridad en el de-mandante en llevar a un pleito a los demandados en esas con-diciones.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor. Aldrey,

text:
    Sucesores de Abarca, S. en C., demandante, v. Central Vannina, demandada; y United States Life Insurance Co. y London Assurance, peticionarias y apelantes.
    No. 5405.

    Sometido: Abril 9, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      F. Soto Gras y B. Días Collazo, abogados de las peticionarias ape- - lantes; J. Sifre Jr. y U. Franeeschi, abogados del síndico; Da-mián Monserrat, Jr., abogado de la demandada.
   El Juez Asociado Señor. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Las compañías de seguros United Life Insurance Oo. y London Assurance expidieron en diciembre de 1927 y entre-garon a la Central Vannina dos pólizas de seguro cada una de ellas, una contra incendio y otra contra terremoto, cuyas primas ascendieron en total a $2,101.84, y en 5 de febrero de 1930 ambas compañías presentaron moción a la Corte de Dis-trito de San Juan en los procedimientos de administración judicial de la Central Vannina promovidos por Sucesores de Abarca, S. en O., para que la corte autorizara al síndico de la central a pagar el importe de tales primas. Se opuso el síndico de la central don Rafael Martínez Domínguez ale-gando que dichas primas han sido pagadas, y en vista de las pruebas que fueron presentadas la corte negó las peti-ciones de las compañías, las que apelaron esa resolución.

El único motivo alegado para esa apelación es que la corte inferior cometió error al dictar la resolución apelada.

De la prueba aparece que un empleado de la casa Sobrinos de Izquierdo y Cía., agente en esta Isla de las dos compañías apelantes, fué el 8 de junio de 1928 donde el síndico de la Yannina a cobrarle los $2,101.84 importe de esas primas; que el síndico dijo al Sr. Hastrup que las pagase; y que Hastrup, después de deducir $255.08 por su comisión de corretaje de 12% por ciento sobre las primas netas, o sea, sin contar los sellos de rentas, entregó el resto de $1,846.76 a dicho cobrador como pago de esas primas en un cheque, que fué entregado por dicho cobrador al Sr. Trigo, presidente de la casa Sobrinos de Izquierdo y Cía., diciéndole que había sido cobrado el 12% por ciento de comisión y que había aceptado el cheque sujeto a confirmación de la casa. El expresado cheque fué cobrado por Sobrinos de Izquierdo.

En el juicio .se probó también que el Sr. Hastrup es corre-dor de pólizas de seguro, que intervino como tal en las pó-lizas en cuestión y que los corredores cobran en esta Isla como comisión un 12% por ciento del valor neto de las pri-mas.

El apelante dice en su alegato que los premios tenían que ser pagados directamente al agente por el síndico “abo-nando entonces el agente al broker Sr. Hastrup el 10 por ciento del valor neto de las pólizas como comisión de corre-taje.” De modo que las compañías apelantes reconocen que su agente tenía que abonar al corredor Hastrup el 10 por ciento de las primas netas como comisión por su corretaje, sin que exista prueba en los autos de que el 10 por ciento y no el 12% es lo que en tales casos se paga en esta Isla. El síndico de la Yannina negó en su declaración que hubiera aceptado entenderse directamente con Sobrinos de Izquierdo j dijo que las pólizas no se hubieran hecho sin la interven-ción del Sr. Hastrup.

Habiendo reconocido las compañías apelantes que su agente tenía que abonar al Sr. Hastrup su comisión de corre-taje, el hecho de que la misma fuera deducida de la canti-dad debida y que sólo se entregara la diferencia, no signi-fica que la Central Vanilina no haya pagado completamente su deuda por las primas de las pólizas y por tanto no ha sido infringido el artículo 1125 del Código Civil.

Probado, como lo ha sido, que lo verdaderamente debido a las compañías fue pagado, no es de importancia que no haya sido entregado a la apelada o al Sr. Hastrup el recibo que esas compañías envían al agente para el cobro de las primas de las pólizas.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señoh, Aldrey,

text:
    Lorenzo Berrizbeitía, Juana D. Vda. Berrizbeitía, Trinidad Berrizbeitía, Manuel V. del Valle y Mauricio, Carmen, Lorenza y Cecilia Berrizbeitía, demandantes y apelados, v. The Times Publishing Co., demandada y apelante.
    No. 5346.

    Sometido: Marzo 10, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      M. Gaetán Barbosa y Rafael F. Barbosa, abogados de la apelante; Monserrat <& Monserrat, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoh, Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados son los dueños de la casa No. 83 en la calle Salvador Brau de esta ciudad y demandaron a The Times Publishing Co. en cobro de las rentas no satisfechas por la demandada por el arrendamiento de dicha casa a razón de $250 mensuales más el pago de la mitad de las contribuciones impuestas a esa finca. La corporación demandada admitió en su contestación enmendada haber tenido esa casa arren-dada con un contrato celebrado por ella con don Manuel Y. del Valle, uno de los condueños de la casa, como apoderado de los otros condueños, en 3 de junio de 1911, por término de diez años y canon de $125 mensuales durante los prime-ros ■ cinco años y de $135 mensuales durante los cinco res-tantes, y formuló contrademanda alegando que vencido el contrato continuó disfrutando la referida casa desde el 31 de octubre de 1920 con la aquiescencia de los dueños sin que se alterara el precio del arrendamiento y que habién-dosele cobrado y pagado ■ por ella $250 mensuales y la mitad de las contribuciones desde octubre de 1920 en vez de $135,. solicitó que le fuera devuelta la diferencia que dijo ascender a $11,385.

En el juicio y al terminar los demandantes la presenta-ción de su prueba solicitó la demandada de la $orte que dic-tase sentencia contra los demandantes, y negada esa moción presentó prueba la demandada.

Con vista de toda la prueba la corte de distrito declaró probados todos y cada uno de los hechos alegados por los demandantes y especialmente que estando para terminar el contrato escrito del arrendamiento de 3 de junio de 1911 por diez años, en el 1920 la corporación demandada convino con el Dr. Manuel Y. del Valle por sí y como apoderado de los demás condueños en un nuevo contrato verbal de arrendamiento de dicha casa por canon de $250 mensuales más la mitad de las contribuciones insulares impuestas a dicha finca y que desde entonces ha estado pagando la de-mandada el alquiler de la casa a razón de $250 mensuales y también la mitad de las contribuciones hasta el año 1928 y que no ha pagado el arrendamiento desde el 1 de enero al 23 de noviembre de 1929, fecha en que entregó las llaves de la casa, ni la parte que le correspondía en las contribucio-nes. En consecuencia, dictó sentencia condenatoria y de-claró sin lugar la contrademanda. De ella apeló la deman-dada.

El primer motivo alegado para este recurso es que la corte inferior cometió error al admitir que el testigo Manuel Y. del Valle declarase en su carácter de apoderado de los demandantes sin haber justificado el poder que ostentaba para administrar los bienes de ellos.

En contestación a ese alegado error nos bastará decir que habiendo contratado la apelante con don Manuel V. del Valle como apoderado éste de los demás condueños, según alegó en su contestación, no tenía el demandante que probar dicho poder. Además, él declaró repetidamente en el juicio que es apoderado de cada uno de los otros demandantes sin objeción de la demandada, y cuando la objeción vino a ser hecha mucho tiempo después de esas contestaciones era de-masiado tarde para sostenerla.

El segundo motivo del apelante se funda en haber sido declarada sin lugar su moción para que después de la prueba de los demandantes fuese dictada sentencia declarando sin lugar la demanda (nonsuit).

Ese error alegado en segundo término es infundado pues la declaración en el juicio del testigo y condueño don Manuel V. del Valle probaba que entre las partes se celebró en el año 1920 un contrato verbal de arrendamiento por precio de $250 mensuales y la mitad de las contribuciones, que desde entonces la demandada pagó esos $250 y su parte en las contribuciones hasta que dejó de satisfacerlos desde enero de 1929, apareciendo también de la prueba documental de los demandantes.

Se alega el tercer error porque el emplazamiento de la demandada, que es una corporación, se hizo a uno de sus directores y no a su presidente u otro jefe de la corporación, secretario, cajero o gerente de la misma, como dispone el artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil. Eso es cierto, pero también lo es que la corporación demandada compareció en el pleito formulando excepción previa a la de-manda, contestándola y que contrademandó, curando así el defecto que tuvo la citación, pues según ha dicho este Tribunal Supremo en el caso de Gómez v. Soto Nussa, 13 D.P.R. 305, la comparecencia de una parte ante la corte, cualesquiera que sean los defectos que pueda tener la citación, es suficiente para que la corte adquiera jurisdicción. Coll v. Rigo, 16 D.P.R. 319; Hecht v. Hecht, 12 D.P.R. 227; Franceschi v. Sepúlveda, 27 D.P.R. 118; y García v. Brignoni, 22 D.P.R. 356.

El cuarto error se asigna porque la corte ordenó la eliminación de una alegación de la contestación'’y de cierta prueba tendente a demostrar que la junta de directores de la demandada no aprobó ni autorizó el contrato verbal de arrendamiento alegado por los apelados.

Si la corporación no tomó acuerdo sobre ese contrato tal conducta no puede perjudicar a los demandantes cuando los actos de la corporación ocupando la casa con su negocio y su oficina y pagando durante algunos años el canon de arren-damiento con cheques de la corporación, demuestran una aceptación del contrato. Según se dice en Jones on Evidence, página 52, sección 56, los actos realizados por una corpora-ción que presuponen la existencia de otros actos hechos legal-mente, son prueba presuntiva de los últimos.

En el quinto motivo se dice que fué error declarar con lugar la demanda y condenar al pago.

La prueba sobre la celebración del contrato verbal de arrendamiento fué contradictoria pero la corte lo resolvió acertadamente en contra de la demandada, pues aunque dos testigos suyos dijeron que tal contrato no fué celebrado, sin embargo, los hechos por ella realizados demuestran que es-taba actuando de acuerdo con tal contrato.

El último error alegado es infundado, pues si el contrato por $250 mensuales de alquiler y por la mitad de las contribuciones existió, y así se resuelve, entonces carece de base la contrademanda para cobrar la diferencia entre los $135 que antes se pagaban y los $250 que satisfizo posteriormente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Jacinto Santos, demandante y apelante, v. Crédito y Ahorro Ponceño y Benigno Díaz, demandados y apelados.
    No. 5057.

    Sometido: Mayo 4, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      Antonio L. López, abogado del apelante; Miguel Marcos Morales, abogado del apelado Crédito y Aborro Ponceño.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Después de la exposición de hechos, que comprende las primeras seis páginas del alegato de la parte apelada, y antes del señalamiento de errores, había la indicación de que de-bía desestimarse el recurso por la razón de que la transcrip-ción no contenía copia de la sentencia apelada. El apelante, en un alegato adicional radicado posteriormente, replicó que el apelado estaba equivocado en cuanto a la alegada omisión de la sentencia aludida, y citó la página de la transcripción en que podía encontrarse. En esa página había una copia verbatim de la sentencia dictada por la corte de distrito, fir-mada por el juez y certificada por el secretario. Éste cer-tificó que la transcripción del legajo de la sentencia era una copia fiel de lós “originales existentes en los autos del re-ferido caso.”

Unas dos semanas de haber sido fallado el caso, y va-rios días después del envío del mandato, el apelado radicó moción de reconsideración por el fundamento de que la cues-tión jurisdiccional envuelta en la alegada omisión del ape-lante al dejar de incluir en el legajo copia de la sentencia, no había sido considerada. En apoyo de esta contención, el apelado cita Aponte v. Freiría et al., 20 D.P.R. 93; Olivari v. Sucn. Ramos, 20 D.P.R. 103; Hernández v. Hernández, 19 D.P.R. 1041; Jiménez v. Olmedo, 13 D.P.R. 306, 308; Sucn. Nieves v. Sucn. Sánchez, 17 D.P.R. 873; 33 Cal. 549; 36 Cal. 129; 4 C. J. 47, sec. 1625, nota 79; y 4 C. J. 165, sec. 1772, nota 6.

Véanse, además, 3 C. J. 612, see. 462; 2 R.C.L. 32, see. 11; 8 Bancroft’s Code Practice and Remedies, 8766, sec. 6615; Black on Judgments (2* ed.), tomo 1, 150, sec. 106; 15 R.C.L. 571, 578, 579, secciones 5, 11 y 14; y 34 C. J. 44, 52, 83, sec-ciones 175, 182 y 224.

Los artículos 188, 227, 231, 233, 234, 295 y 299, del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué adoptado en 1904, eran así:

“Art. 188. — Una sentencia es la decisión definitiva sobre los de-rechos de las partes en un pleito o procedimiento.”
“Art. 227. — En todos los casos, deberá el Secretario registrar la sentencia de acuerdo con la decisión, dentro de lás veinticuatro horas de haberse dictado, a no disponer la Corte que el caso se reserve para nuevas alegaciones o más amplia consideración o que se suspendan los procedimientos. ’ ’
“Art. 231. — El Secretario deberá llevar, con el protocolo de la Corte, un libro que se titulará ‘Libro de sentencias’, en el cual se re-gistrarán éstas.”
“Art. 233 — Inmediatamente después de registrada la sentencia, el Secretario deberá unir y archivar las siguientes actuaciones que constituirán el legajo de la sentencia:
“1. En caso de que la demanda no hubiere sido contestada por la parte demandada, la citación .... y una copia de la sentencia.
“2. En todos los demás casos, las alegaciones ... y copia de la sentencia . ”
“Art. 234. — Inmediatamente después de formado el legajo- de la sentencia, el Secretario deberá hacer el correspondiente registro de aquélla bajo apropiado encabezamiento, en el libi’o registro de asun-tos a su cargo, y a partir de la fecha de su registro, constituirá la sentencia un gravamen .... ”
“Art. 295.- — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra las resoluciones de las Cortes de Dis-trito en los casos siguientes:
“1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la Corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia . . . .
“2. De una sentencia de una Corte de Distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia.
“3. De una providencia .... y de una sentencia interlocuto-ria .... dentro de los diez días de dictada la providencia o senten-cia interlocutoria y de anotada la. misma en el libro de actas de la Corte o de archivada en la Secretaría.”
“Art. 299. — En la apelación contra una sentencia definitiva, el apelante debe presentar a la Corte de apelación una copia del escrito interponiendo el recurso, del legajo de la sentencia y de cualquier pliego de excepciones . . . . ”

En Hernández v. Hernández et al., supra, en la transcrip-ción se elevó “una resolución.declarando con lugar la excepción previa.y que debe desestimar y deses-tima la demanda.” También demostraba que “el deman-dante solicitó que tal resolución fuera registrada como sen-tencia, y la corte así lo ordenó.” Había una nota fir-mada -por el secretario indicando que se había dictado sen-tencia, pero en la transcripción no se incluyó sentencia alguna.

Este tribunal, por voz del Juez Asociado Sr. Aldrey, dijo:

“ .... Es cierto que además de la manifestación del apelante en su escrito de apelación de que ésta se interpone contra la senten-cia, el secretario certificó que la sentencia se registró, pero el fallo mismo es el que debe aparecer en el récord y su omisión no puede ser suplida por la mera referencia, que de él se Raga en el escrito de ape-lación, en el de exposición del caso o en el de excepciones ni en cual-quier otra parte del récord, ni tampoco la nota o memtorándum del secretario es bastante a suplir esa falta, ya que no contiene la reso-lución de la corte sino la simple manifestación de que una sentencia se dictó. 2 Oye. 1031 y casos en él citados en la nota número 6. Esas referencias no pueden suplir el precepto de la ley de que en la transcripción aparezca la copia de la sentencia y además no nos da a conocer los términos en que fué registrada.” '

En Olivari v. Sucesión Ramos, en que el Juez Presidente Sr. Hernández emitió la opinión del tribunal, encontramos lo que sigue:

“La copia de la sentencia registrada en el presente caso no Ra ve-nido en el récord. Ha venido, sí, copia de la decisión de la corte ex-presando los términos en que debía resolver el caso, y ordenando que el secretario registrara una sentencia de acuerdo con su decisión. Tal resolución o decisión, atendido su texto literal, no es verdadera sen-tencia, pues el juzgador no dispuso se registrara como sentencia sino que se registrara una sentencia de acuerdo con su decisión.
“El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como Ra quedado enmendado por la Ley de 11 de marzo de 1908 preceptúa en su número primera, que podrá establecerse apelación ante el Tribunal Supremo de una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial comenzado en la corte que la Rubiera dic-tado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia. Como se ve, para que sea viable el recurso de apelación contra una sentencia es necesario que ésta esté registrada, registro tanto más ne-cesario en el presente caso cuanto que él sería la comprobación de la existencia de la sentencia.”

La conclusión a que allí se llegó era incuestionablemente correcta (desde el punto de vista de la práctica prevaleciente en otros sitios de los Estados Unidos y en esta Isla bajo el Código de Enjuiciamiento Civil tal como fué originalmente promulgado), si el tribunal actuó correctamente al resolver que la decisión de la corte de distrito no era de por sí una sentencia. Si esa decisión era o no nna sentencia, es otra cuestión. Esa cuestión no estuvo envuelta en el caso de Hernández v. Hernández, et al.

Este tribunal jamás ha considerado ciertos cambios efec-tuados en el Código de Enjuiciamiento Civil en relación con la cuestión de si el registro de una sentencia es un requisito previo jurisdiccional para que pueda ser revisada en apela-ción.

El artículo 227 fué variado enteramente por una ley de marzo 9, 1911 (Leyes de ese año, pág. 238), que requiere que el juez de distrito baga y archive “una relación bi;eve del caso exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones en que funde su decisión.” Fué nueva-mente enmendado en 1925 (Leyes de ese año, pág. 179), y lee ahora en parte así (bastardillas nuestras):

“En el juicio definitivo de cualquier caso en una corte de distrito, el juez de la misma, deberá hacer y archivar al mismo tiempo que dicte su sentencia, una opinión escrita, qu& se wiirá a aquella ...”

La sección 2 de una ley aprobada en marzo 9, 1911 (Leyes de ese año, pág. 239), reza así:

“En todos los casos en que se pueda establecer el recurso de ape-lación, según lo provisto en la sección 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, según fué enmendada en marzo 11 de 1908, será deber del secretario de la corte, enviar a la parte perjudicada, o a su abo-gado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse el recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa no-tificación será archivada con los autos, y- el término para establecer el recurso de apelación empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.”

Aquí la Legislatura fija como el tiempo eu que se notifi-cará la sentencia, la fecha en que se dicte, no la de su regis-tro. La parte perdidosa ha de ser notificada de que se ha dictado sentencia, no de que se ha registrado. La fecha del registro ha dejado de ser uii factor en la determinación del tiempo para apelar, o en la fijación de la feolia desde la cual ese tiempo empezará a correr.

Puede que haya otras disposiciones legislativas que ten-gan alguna relación sobre este asunto. No trataremos de hacer en este momento una investigación ulterior sin la ayuda de los letrados, ni de impedir cualquier discusión que pueda arrojar luz adicional sobre la cuestión en casos futuros.

En el caso presente, la sentencia que se expone en el le-gajo pretende ser una sentencia, no una providencia para sentencia ni una orden para que se registre sentencia. Es en sí una sentencia declarando sin lugar la demanda, y con-tiene todos los' elementos esenciales de tal. La copia que tenemos ante nos puede o no haber sido tomada del libro de sentencias. El hecho de que contenga la disposición de que sea registrada y notificada a las partes, no niega el hecho probable de que fuera así tomada. Iíubiera sido bastante natural que' el copista que registró la sentencia siguiera su fra-seología, incluyendo la disposición de que fuera registrada y notificada, tal como la halló en una oración concisa.

La verdadera omisión, si es que hay algún defecto u omi-sión, es la falta de una certificación en términos expresos que diga que la copia de la sentencia que aparece en el le-gajo es una copia fiel y correcta del asiento contenido en el registro de sentencias. Probablemente sería difícil encon-trar, entre los casos resueltos por este tribunal, un récord que llene este requisito. La copia de la sentencia es general-mente seguida por una nota o endoso al efecto de que la misma fué registrada en determinado día, pero esto dista mucho de ser una certeza de que la copia precedente firmada por el juez es copia fiel y correcta del asiento en el registro de sentencias.

No estamos preparados para decir que la falta de tal cer-tificación constituye un defecto jurisdiccional.

Debe denegarse la moción.

Los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Texidor están con-formes con el resultado.


text:
    Engracia Sánchez, demandante y apelante, v. Sucrs. de Armstrong Hermanos, S. en C., demandados y apelados.
    No. 5070.

    Sometido: Abril 4, 1930.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      A. Suliveres Rivera, abogado de la apelante; Ramón Ratpena, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante estableció esta acción en reclamación del importe.de un derecho de hogar seguro en cierta propiedad que fue vendida en un procedimiento ejecutivo sumario, y ha apelado de una sentencia adversa.

La corte de distrito resolvió que la demanda no aducía hechos suficientes constitutivos de una causa de acción, por no alegar que se solicitó del márshal la retención de parte alguna del producto de la venta en el procedimiento ejecutivo, ni que incumbía al acreedor hipotecario, ahora deman-dado, instruir al márshal que retuviera parte de dicho pro-ducto.

En la demanda sí se alegó que el márshal no había re-tenido los $500 fijados por la Ley de Hogar Seguro como monta de la exención, y que el demandado no había depo-sitado dicha suma en corte. Esto era bastante para demos-trar que la demandante no había recibido la cantidad esta-tuida para la exención del hogar seguro y que no había dinero en poder de la corte del cual pudiese hacerse efectiva la reclamación de la demandante. No era ésa una reclama-ción por daños y perjuicios causados por no haber el de-mandado en este caso (el demandante en el procedimiento ejecutivo hipotecario) dado instrucciones al márshal para retener en su poder una suma suficiente que cubriera la exen-ción del hogar seguro. Cualquier requerimiento al márshal, o cualquiera otra tentativa para hacer efectiva la exención del hogar seguro, en el procedimiento ejecutivo sumario, hu-bieran sido inútiles. Cueto v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 244; Hedilla v. Monagas, 38 D.P.R. 27. Ni el hecho de ha-cer tal requerimiento ni la existencia de un deber de parte del demandante en el procedimiento ejecutivo hipotecario de depositar el importe de la exención de hogar seguro cons-tituían un requisito previo para entablar una acción en re-clamación de tal exención. Por consiguiente, ni una alega-ción en cuanto a dicho requerimiento previo ni una alega-ción respecto a la existencia de tal deber son esenciales para determinar una causa de acción. El caso de Dávila v. Martinez, 37 D.P.R. 846, citado por el juez de distrito, no es aplicable.

El juez de distrito también resolvió que la demandante no tenía derecho a un fallo sobre los méritos, por la razón de que la prueba puso de manifiesto, la existencia de otros bienes pertenecientes a ella que no estaban envueltos en el procedimiento ejecutivo por el cual se le privó de su hogar seguro. El caso de Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794, citado a este respecto, no es autoridad para el criterio así sustentado. Según nuestro estatuto el derecho a la exen-ción del hogar seguro no depende de la existencia o inexis-tencia de otros bienes que el demandante poseyere.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar la sentencia de esta corte será dictada a favor de la demandante y en contra de los demandados por la suma de $500, y las costas.

Los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Texidor están con-formes con el resultado.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Dr. Sergio S. Peña, peticionario, v. Corte Municipal de Humacao, Hon. Miguel A. Burset, Juez, demandado.
    No. 779.

    Sometido: Julio 9, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      Fernando Gallardo Días y F. Cervoni Gely, abogados del peticiona-rio ; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, recurrido.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la- opinión del tribunal.

Después de las diez de la noche de 18 de junio, un juez de distrito informó a nn jefe de la policía del distrito de ciertas amenazas atribuidas al Dr. Sergio S. Peña. Alrededor o cerca de media noche el jefe del distrito arrestó al doctor sin mandamiento. En el ínterin, el juez de distrito presentó una querella ante un juez municipal quien lo examinó bajo juramento, hizo constar por escrito sus manifestaciones y expidió una orden de arresto. Esta orden fijaba la cuantía de la fianza, y, juntamente con un documento de fianza, fué devuelta por el jefe de distrito, como ya cumplimentada.

Al comienzo de una vista al día siguiente el juez municipal informó al doctor Peña que se había presentado por el juez de distrito una denuncia por escrito acusándolo de una tentativa contra su persona; que el juez de distrito había sido examinado bajo juramento; y que se le había tomado declaración por escrito que él firmó y juró. El juez municipal le dió al doctor una copia de la denuncia y de la declaración jurada, diciéndole que, de acuerdo con la sección 66 del Código Penal, se había librado una orden de arresto la noche anterior para que el doctor fuera traído ante el juez municipal para informarle del cargo que se le hacía. “Ahora tiene usted la oportunidad,” dijo el juez municipal, “de aceptar o negar dicha acusación y presentar los testigos que crea convenientes, las cuales declaraciones se deberán tomar por escrito y la suscribirán los testigos.”

El abogado manifestó que hasta aquel momento el doctor había estado ignorando por qué se le había traído ante el juez o de qué tenía él que defenderse; que no se le había informado de la naturaleza de la acusación contra él, ni ha-bía recibido copia de la misma y ni había sido careado con los testigos de cargo. Solicitaron veinticuatro horas para buscar y presentar testigos, y una oportunidad para carearse con el denunciante. Esta petición fué denegada fundándose en que se trataba de un procedimiento sumario y que no se había estatuido demora alguna por la ley. También mani-festó el juez municipal que el doctor había sido informado la noche anterior de que debía comparecer a las dos de la tarde del día siguiente para contestar a la denuncia contra él y para presentar testigos. El juez municipal no reveló la fuente de su información, si alguna tenía, y todas las cir-cunstancias en este caso señalan hacia la conclusión de que él no estaba enterado personalmente.

El abogado del doctor volvió a hacer constar que cuando el doctor fué arrestado a las doce de la noche anterior se le exigió una fianza de $500, y que ignoraba la naturaleza y contenido del cargo contra él, y que, hasta el preciso mo-mento de la entrega por el juez municipal de una copia de la acusación y de la declaración jurada, el doctor ignoraba los hechos de que se le acusaba para poder defenderse bus-cando los testigos con ese fin. El juez no contestó a esto y el defensor tomó excepción a la resolución del juez dene-gando la solicitud de suspensión de la vista.

Habiéndosele denegado una moción, de sobreseimiento y una excepción previa de falta de jurisdicción, el doctor negó los hechos que se le imputaban y volvió a solicitar que se le careara con los testigos de cargo. Esta petición fué tam-bién denegada y la resolución denegatoria exeepcionada.

El abogado del doctor manifestó entonces que aun cuando consideraba ilegal la vista privada celebrada a puerta cerrada, y aun cuando no se había aducido prueba alguna en apoyo de la acusación, presentaría prueba, y solicitó cinco minutos para buscar testigos. Se le concedió esa so-licitud.

Entonces el abogado pidió que la vista fuese pública. La corte declaró no haber lugar a ello, y se anotó excepción.

El artículo 21 del Código de Enjuiciamiento Criminal exige que:

“Todos los procedimientos que se tramiten ante los jueces de paz serán públicos.”

Puede admitirse que el procedimiento de caución es civil y no criminal. Empero, en vista de su naturaleza peculiar y de las posibles consecuencias envueltas, la persona querellada tiene derecho, a nuestro juicio, a que se le dé la oportunidad de repreguntar a los testigos en su contra si oportunamente la solicita, y a un juicio público, a virtud de una petición similar.

En 9 C. J. 394, sección 27, el caso Ex parte Solares, 4 D.P.R. 84, aparece citado como autoridad para la asevera-ción de que “en algunas jurisdicciones, el acusado tiene de-recho a ser oído y a presentar prueba en su propio beneficio. ’ ’

En el presente caso el doctor había sido puesto en liber-tad al prestar una fianza por $500, la cantidad especificada en el mandamiento de arresto. Después de la vista, él prestó otra fianza por $800, que le había sido exigida como caución.

Según se apunta en 9 C. J. 395, sección 35,

“En el derecho común, las partes que suscribían el documento se obligaban para con el rey en una suma determinada, a comparecer en cierto día, y, en el ínterin, a mantener la paz, bien generalmente hacia el soberano y sus vasallos, o particularmlente con respecto a la persona que solicitaba la caución.”

No vemos motivo por el cual la persona querellada no deba tener una oportunidad razonable de buscar testigos y preparar su defensa, bajo condiciones adecuadas, que inclu-yan una garantía para no turbar la paz en el entretanto, si no ha de permanecer bajo custodia. '

Debe revocarse la orden sobre caución, basada en los pro-cedimientos habidos en junio 19, y se dev%ielve el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Texibor,

text:
    José S. Aybar, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 785.

    Sometido: Julio 13, 1931.

      Resuelto: Julio 28, 1931.

      Angel A. Vázquez, abogado del peticionario; Luis Vizeevrrondo-, abo-gado de la persona subrogada en los derechos del acreedor ejecu-tante en el procedimiento sumario.
   El Juez Asociado Señor Texibor,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario en este caso alega que por razón de un crédito hipotecario por quinientos dólares de capital, sus in-tereses, y un crédito adicional de .cien dólares para costas y gastos y honorarios, constituido por el peticionario y su es-posa a favor de Juan Alejandro Gutiérrez en escritura pú-blica, inició Gutiérrez un procedimiento sumario hipotecario para el cobro, en cuyo procedimiento se dictó un auto de re-querimiento que se diligenció en el peticionario y su esposa; que con posterioridad a la iniciación de ese procedimiento, Gutiérrez, por escritura pública, cedió su crédito hipotecario a Francisco J. Torres, quien presentó a la corte moción para que se dictara sentencia de remate por no haber pagado el peticionario y su esposa las sumas antes mencionadas, dentro del plazo de treinta días que en el requerimiento se le conce-dió, y la corte decretó el remate de los bienes; que antes del día señalado para lá subasta, compareció en el procedimiento sumario hipotecario la Srta. Ella Woods, alegando que era acreedora del deudor, ahora peticionario, y que habiendo sido notificada del procedimiento sumario, consignaba ante la corte los seiscientos dólares importe del capital, intereses y costas del crédito hipotecario, y pedía se le subrogara en los derechos del demandante Torres; que de esa consigna-ción no se notificó al peticionario ni a su esposa, y que la corte declaró la consignación bien hecha sin notificar al pe-ticionario; que éste solicitó de la corte que reconsiderara la orden en que se declaró la consignación bien hecha y a Ella Woods subrogada en los derechos y acciones de Torres, y que fnndó tal petición de reconsideración en que la orden de requerimiento de pago no contenía la prevención estatn-toria de lo qne habría de ocurrir al peticionario si en el término de treinta días no pagaba las cantidades reclamadas, y en que la subrogación en favor de Ella Woods era con-vencional y no constaba en escritura pública, ni en el regis-tro, ni se le había notificado al peticionario; que tal mo-ción fué denegada en cuanto al extremo segundo, y decla-rada con lugar en cuanto al primer extremo, o sea, el de la orden de requerimiento, y el peticionario apeló para ante este Tribunal Supremo; que en 17 de abril de 1931, Ella Woods, en su carácter de subrogada, presentó moción a la. corte solicitando se expidiera nuevo auto de requerimiento de pago, pero sin acompañar escritura pública de subroga-ción, ni certificación de cargas de la finca hipotecada, expe-dida por el registro de la propiedad; y que la corte, en 21 de abril, dictó nueva orden de requerimiento al peticionario y su esposa para que dentro del término de treinta días pa-garan a Ella Woods los $500 importe de la obligación principal, los intereses legales y los $100 asignados para costas, y este auto de requerimiento se diligenció como el anterior, pero el peticionario y su esposa presentaron a la corte mo-ción de reconsideración que fué impugnada por escrito, y denegada por el juez. Y alega ahora que el auto de reque-rimiento de pago infringe el artículo 145 de la Ley Hipote-caria, porque en la inscripción sólo quedó asegurado el in-terés del préstamo por un año, que era el plazo del contrato, y se requirió al peticionario y a su esposa a pagar intere-ses legales desde el 20 de marzo de 1929, por lo que el auto es nulo, puesto que ordena el pago de cantidades no garan-tizadas por la hipoteca; que ese auto fué dictado a virtud de moción no notificada al peticionario, radicada por Ella Woods, que no tiene personalidad legal en ese proceso, por-que su subrogación está mal hecha; que habiéndose apelado por el peticionario, la orden en que se denegó la moción so-bre nulidad de subrogación de Ella Woods, ésta no puede hacer gestión alguna en dicho procedimiento sumario, y que lo hecho y resuelto por la corte con motivo del auto de re-querimiento de abril de 1931 es ilegal y nulo y fuera de sus facultades.

Alegó también el peticionario que no tenía otro recurso rápido y eficaz que no fuera el de certiorari.

Expedido el auto y enviado el return, la representación de Ella Woods se opuso e impugnó la petición.

Ahora, resolviendo en cuanto a este caso, entendemos que, dado el precepto del sexto párrafo del inciso tercero del ar-tículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, el remedio de certiorari no es el propio. Tal precepto de la ley dice así:

“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deu-dor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo ...”

Si las actuaciones resultaren nulas por los actos de la ejecutante, ésta tendrá en su propia negligencia o su propia tenacidad el castigo de la nulidad en el futuro, mediante un procedimiento adecuado.

Por tales razones, debe anularse el auto expedido y de-volverse el récord a la corte inferior para que continúe cono-ciendo del caso.


author: El Juez Asociado Señok Wole,

text:
    José V. Usera, peticionario y apelante, v. Jorge Bird Arias, Eladio J. Candal y Fajardo Sugar Co. of P. R., demandados y apelados.
    No. 4919.

    Sometido: Enero 15, 1930.

      Resuelto: Julio 31, 1931.

      H. G. Molma y M. León Parra, abog'ados del apelante; Artwro Aponte, abogados de los apelados.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Y. Usera acudió a la corte de distrito en solicitud de un auto de mandamus para hacer valer su alegado dere-cho como accionista, a tenor de los artículos 12 y 20 de la Ley de Corporaciones (Estatutos Revisados, secciones 418 y 426), de examinar el libro de acciones y el registro de transferencias de la Fajardo Sugar Company. Después de celebrar una vista en que se practicó prueba por ambas par-tes, la corte de distrito anuló un auto alternativo previamente expedido y desestimó la acción.

El artículo 12 exige que los libros de acciones y los registros de transferencias de las corporaciones organizadas bajo la ley local sean mantenidos .en una oficina principal en la Isla de Puerto Eico “para la inspección de todos los que tuvieren derecho a verlos y para la transferencia de ac-ciones. ”

El artículo 20 lee en parte como sigue:

“Toda corporación organizada bajo esta ley, llevará en su oficina principal en la Isla de Puerto Rico, registros de traspasos en que se asentarán las transferencias de acciones, y registros de acciones que contendrán los nombres y direcciones de los accionistas y número de acciones que poseen, los cuales registros podrán en todo tiempo, du-rante las horas ordinarias de oficina, ser examinados por cualquier accionista. ’ ’

Por tanto, todo accionista bona fide tiene un derecho prima facie a examinar el libro de acciones y el registro de transferencias. Según el peso de las autoridades en los Es-tados Unidos, una petición de mandamus para hacer valer el pretendido derecho puede denegarse en un caso adecuado, previa la aportación de prueba satisfactoria por el deman-dado, y en el ejercicio de una sana discreción por el juzga-dor. 38 C. J. 796, sección 453; nota al calce de Otis Hidden Co. v. Scheirich, 22 A.L.R. 19, 24.

Debe, sin embargo, haber tal prueba satisfactoria.

Hubo evidencia tendente a demostrar que algunos meses antes dé incoarse el .presente recurso, una entidad rival había invadido territorio de que previamente estaba apoderada la Fajardo Sugar Company en virtud de contratos de arrendamiento y de molienda de caña con los colonos. En razón de esos contratos, la arrendataria satisfacía un canon de diez a doce dólares por cuerda. Con el pago de veinte dólares o más por cuerda por los mismos terrenos, la aludida competidora, para la época del juicio se había anexado unas tres mil cuerdas de terreno, tributarias anteriormente de la central de la Fajardo Sugar Company.

Farr & Company — corredores en azúcar y en acciones, miembros de ciertos sindicatos para la promoción y desarro-llo de' determinados proyectos, y para la expedición, venta ' y tráfico de valores en relación con los mismos — eran los agentes en Nueva York de la corporación competidora. Tisera era uno de los miembros de la firma de Farr & Company, en lo atinente a ciertos intereses en Puerto Eico.

Para la época en que la Fajardo Sugar Company empezó a perder sus arrendamientos, Farr & Company obtuvo diez acciones de la primera y solicitó una lista de accionistas contentiva de los nombres, direcciones y número de acciones poseídas por cada accionista, y luego exigió por escrito la oportunidad de examinar el libro de acciones en las oficinas de la corporación en Nueva York. Al tiempo de hacerse la primera solicitud, se le preguntó al Sr. Jack Farr, socio de la firma, si necesitaba tal lista “para fines de negocio o con algún otro propósito, a fin de satisfacer ciertas necesidades particulares de la firma Farr & Company, con el propósito de aconsejar a sus parroquianos o al público en general si debían comprar o vender acciones de la Fajardo Sugar Company o negociar las que la firma poseía y estaba parti-cularmente interesada en vender.” fifi replicó que ése era el único objeto de su petición; o, en otras palabras, que necesitaba la lista “para fines de negocio.” Entonces se le ofreció una lista conteniendo los nombres de los accionistas y sus direcciones. Durante los años anteriores, Farr & Company se había conformado con esa lista. En esta oca-sión, el Sr. Farr dijo que él creía que como accionista de la Fajardo Sugar Company of Porto Eico tenía derecho a ob-tener una lista demostrativa del número de acciones poseí-das por cada accionista. Entonces se le recordó que en el pasado se había sentido satisfecho con una lista conteniendo solamente los nombres y direcciones de los accionistas, y que desde entonces no había habido cambio alguno en la forma de los negocios de él, salvo que en el ínterin se había “re-lacionado con el Sr. Walker en Puerto Eico, quien sostenía muy estrechos vínculos de negocios con la United Porto Eico Sugar Company, de la cual es presidente el Sr. Walker.” En respuesta a esto, el Sr. Farr amenazó con entablar una acción judicial.

Poco después, las diez acciones fueron traspasadas al Sr. Usera, quien instó procedimientos en Puerto Rico. La his-toria de los primeros dos de esos procedimientos puede ba-ilarse en Usera v. Bird Arias, 40 D.P.R. 28, 33, y Arias v. Usera, 38 Fed. (2d) 235.

En una deposición, el Sr. Jorge Bird Arias, vicepresi-dente y administrador general de la Fajardo Sugar Company, dijo que el propósito de Usera era obtener una lista completa de los accionistas con el número de acciones po-seídas por cada uno, a fin de entregarla a Farr & Co., y que esta aseveración se basaba no sólo en una carta recibida por Bird del presidente de la compañía, sino también en la de-claración de Usera a ese efecto mientras ocupaba la silla testifical.

Si uno escrudiña la lista de casos revisados en la "nota monográfica que aparece en Ottis-Hidden Co. v. Scheirich, supra, no creo que encontrará un caso en que se negase un mandamus a virtud de la clase de prueba que bay en estos autos. En Guthrie v. Harkness, 199 U. S. 156, la corte dijo:

“No debe expedirse- el auto para fines especulativos o para satis-facer una vana curiosidad, o para ayudar a un chantajista, pero no se le debe negar a un accionista que interesa la informiación para fines legítimos. Re Steinway, 159 N. Y. 250, 45 L.R.A. 461, 53 N.E. 1103, Thomp. Corp. 4412.”

Usera negó que él deseara ver los libros para fines especula-tivos. La frase “fines especulativos,” según la entendemos, significa algo distinto de los becbos revelados. No incluye las tentativas de una entidad comercial para obtener, ya las tierras arrendadas, o las acciones, de una empresa rival. Tales tentativas, u otras similares, pueden parecer hostiles a las personas bajo cuyo control se baila una corporación, jpero a nosotros nos parecen como competencia legítima.

De todos modos, para que se pueda objetar una solicitud de mandamus, debe hacerse ante la corte una demostración que equivalga a una imputación de fraude o conspiración. El peso de probar un designio indebido, fraudulento o ilegal cae sobre el demandado, y eso no ha logrado hacerlo la cor-poración ante nos.

El juez que suscribe está autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Texidor está conforme con el resultado en este caso, y que el Juez Presidente Sr. del Toro disiente.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra or-denando a los demandados que pongan a disposición del de-mandante los libros originales de acciones y transferencias, a fin de que puedan ser examinados por él durante horas de oficina en dias laborables, y para otros fines no inconsisten-tes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.