source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

license: Public Domain

text:
    Dámaso I. Soto Pino, recurrido, v. Uno Radio Group y su Radio Estación WCMN 1280, antes operada por Caribbean Broadcasting Corporation, peticionarios.

      Número: CC-2012-0775

      Resuelto: 27 de junio de 2013

      Luis M. Ferrer Medina y Héctor M. Pereira-Córdova, de Baerga & Quintana, abogados de la parte peticionaria; Nora Cruz Molina, abogada de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece ante nos Uno Radio Group (en adelante Uno Radio o el peticionario) y nos solicita que revisemos una resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Me-diante esta, el foro apelativo intermedio se negó a desesti-mar un recurso de apelación presentado ante ese tribunal a pesar de que la parte peticionaria incumplió con varias disposiciones reglamentarias que impidieron el perfeccio-namiento de su recurso.

Este caso nos provee la oportunidad de reafirmar varios postulados de derecho procesal apelativo. Toda vez que re-cientemente hemos notado un aumento en la frecuencia con que surgen controversias en cuanto a la observación de términos de cumplimiento estricto, hoy ratificamos la norma de que los tribunales en nuestra jurisdicción care-cen de discreción para prorrogar estos términos de manera automática. Además, le recordamos a la clase togada en Puerto Rico que la acreditación de la justa causa necesaria para incumplir con un término de cumplimiento estricto no se sostiene con meras alegaciones generales o excusas superfinas.

Antes de abundar en cuanto a estos asuntos, pasamos a reseñar los hechos que ocasionaron esta controversia.

I

Los hechos sustantivos que dieron lugar a este pleito son de índole laboral. Sin embargo, toda vez que solo esta-mos en posición de atender los asuntos de derecho procesal apelativo que presenta el caso de autos, nos limitaremos a exponer los hechos relevantes a esa controversia.

El Sr. Dámaso Soto Pino (en adelante señor Soto o el recurrido) presentó una querella el 13 de noviembre de 2007 contra su patrono anterior, Uno Radio. En esta alegó que la renuncia a su empleo constituyó un despido cons-tructivo, en violación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de Despido In-justificado, 29 LPRA sec. 185a et seq., y que fue producto de represalias en contravención a la Ley Núm. 115-1991 (29 LPRA see. 194 et seq.).

Luego de varias incidencias procesales, y culminada la etapa de descubrimiento de prueba, el 12 de abril de 2011 se celebró el juicio en su fondo en el Tribunal de Primera Instancia. Recibida la prueba documental y testifical, la sala sentenciadora dictó una sentencia el 8 de mayo de 2012 en la que desestimó en su totalidad la querella ins-tada por el recurrido.

Inconforme con tal determinación, a las 11:49 p. m. de 7 de junio de 2012, último día hábil del término de treinta (30) días para apelar, el recurrido presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Debido a que la secretaría del foro apelativo intermedio se encontraba ce-rrada a esa hora de la noche, el recurrido utilizó el buzón externo de horario extendido disponible en ese Tribunal. El próximo día, la parte recurrida procedió a enviar por co-rreo certificado la notificación de la presentación del re-curso de apelación al peticionario.

Al percatarse de que la notificación de la presentación del recurso de apelación se realizó fuera del término de treinta (30) días que provee para ello el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el 13 de junio de 2012, la parte peticionaria presentó ante ese Foro una moción de desesti-mación por falta de jurisdicción. En esta alegó que el foro apelativo intermedio carecía de jurisdicción para atender el recurso de apelación ya que este no se había perfeccio-nado al no notificarse en el término hábil a la parte peticionaria. Ante esa moción, el Tribunal de Apelaciones le concedió un término de diez (10) días al señor Soto para que se expresara en cuanto al asunto de la notificación.

Ab interim, Uno Radio se percató de que el recurrido tampoco notificó su recurso de apelación al Tribunal de Primera Instancia en el término de setenta y dos (72) horas que requiere el Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes, por lo que el 19 de junio de 2012 presentó una segunda moción de desestimación en la que argumentó ese asunto a la atención del foro apelativo intermedio.

Así las cosas, el 26 de junio de 2012, el recurrido pre-sentó su moción en cumplimiento de orden. En esta expuso que notificó su recurso de apelación a Uno Radio al día siguiente de vencido el término, debido a que había presen-tado su recurso a las 11:49 p. m. del último día hábil. Ar-gumentó que haberlo notificado al día siguiente no le causó perjuicio a Uno Radio. En cuanto a la falta de notificación al Tribunal de Primera Instancia, el recurrido se limitó a argumentar que lo había hecho por correo regular y que desconocía las razones por las que no había llegado la notificación. Explicó que volvió a enviarla y que entendía que no se había causado perjuicio a Uno Radio.

Una vez recibido este escrito, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución el 11 de julio de 2012 en la que de-claró No Ha Lugar ambas mociones de desestimación pre-sentadas por el peticionario. Insatisfecho, Uno Radio pro-cedió a presentar una moción de reconsideración el 30 de julio de 2012, la cual fue declarada Sin Lugar por el foro apelativo intermedio el 31 de julio de 2012.

Aún inconforme, el 4 de septiembre de 2012 Uno Radio presentó una petición de

ante este Tribunal en la cual alegó que el Tribunal de Apelaciones cometió los errores siguientes:

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que radicar un recurso a último minuto constituye justa causa para no cumplir con el requisito jurisdiccional de notificación establecido en el reglamento del propio Tribunal.
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al con-cluir que meramente alegar, sin presentar evidencia al res-pecto, que se notificó por correo regular al Tribunal de Instan-cia un recurso, enterarse de que no había llegado la notificación al Tribunal mediante las gestiones de la parte con-traria para que se desestimara el mismo y desconocer porqué [sic] no llegó esa notificación, es o no justa causa para no cum-plir con el requisito jurisdiccional de notificación establecido en el reglamento del propio [tribunal].
TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al no de-clararse sin jurisdicción a pesar de que el Sr. Dámaso Soto incumplió con los requisitos de notificación que establece el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y no presentó justa causa para ello. Petición de certiorari, págs. 7-8.

Examinada la petición de certiorari, una Sala de Despa-cho de este Tribunal acordó declararla “no ha lugar”. El peticionario procedió entonces a presentar una moción de reconsideración el 5 de diciembre de 2012. Examinada esta, el 22 de febrero de 2013 acordamos reconsiderar y emitimos al recurrido una orden de mostrar causa por la cual no debíamos revocar la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones.

El recurrido compareció el 1 de abril de 2013, por lo que nos encontramos en posición de adjudicar sin trámite ulterior.

II

A. La marcha ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico. Como axioma de ese principio, es una norma conocida por toda la profesión legal en Puerto Rico que el incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la revisión judicial. Véase Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). En ese sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).

Para salvaguardar estas normas de Derecho Procesal Apelativo, este Tribunal ha sido enfático en que “[l]os abo-gados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el perfec-cionamiento de los recursos ante nos”. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). Esta norma es necesaria para que se coloque a los tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los casos, contando con un expediente completo y claro de la contro-versia que tienen ante sí. Además, los requisitos de notifi-cación son imperativos ya que colocan a la parte contraria en conocimiento del recurso que solicita la revisión de una decisión de un tribunal de menor jerarquía. Ante ello, hemos requerido un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones reglamentarias, tanto de este Tribunal como del Tribunal de Apelaciones. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). En el derecho procesal apelativo no puede quedar “al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo”. Matos v. Metropolitan Marble Corp., supra, pág. 125.

Desde hace casi un siglo este Tribunal ha venido advirtiendo a los abogados las consecuencias de incumplir con los requisitos reglamentarios de este Foro. Pueblo v. Bayrón, 40 DPR 818 (1920). Hemos dicho que si bien “este Tribunal ha ejercitado su discreción con benévola tendencia, eso no significa que se haya derogado el Reglamento”. íd., pág. 820.

B. Con estos principios en mente, pasemos a analizar las disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, aplicables a la controversia de autos.

En cuanto a la notificación de los recursos de apelación a las demás partes, la Regla 13(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece lo siguiente:

Cuándo se hará. — La parte apelante notificará el recurso apelativo y los apéndices dentro del término dispuesto para la presentación del recurso, siendo éste un término de estricto cumplimiento. (Énfasis suplido). 4 LPRAAp. XXII-B.

Según este precepto, la parte debe notificar el recurso apelativo a la otra parte en el mismo término de treinta (30) días que tiene para recurrir al foro apelativo de una sentencia final. Sin embargo, a diferencia del término para apelar, la propia Regla 13(B)(1) establece que el término para notificar a la otra parte es de cumplimiento estricto.

Por otro lado, la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, rige los aspectos pertinentes a la notificación de la presentación del recurso apelativo al Tribunal de Instancia que haya dictado la sentencia que se interesa revisar. En específico, esta regla establece:

(B) De presentarse el original del recurso de apelación en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto con el arancel correspondiente, la parte apelante deberá notificar la cubierta o primera página del escrito de apelación debidamente sellada con la fecha y hora de la presentación, a la Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia que haya dictado la sentencia apelada, dentro de las setenta y dos (72) horas si-guientes a la presentación del escrito de apelación. Este tér-mino será de cumplimiento estricto. (Enfasis suplido). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14(B).

Como se puede observar, ambos términos en controversia son de cumplimiento estricto. Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento que un término de cumplimiento estricto puede ser prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los llamados términos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento impide la revisión judicial por privar de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, para prorrogar un término de cumplimiento estricto “generalmente se requiere que la parte que solicita la prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con el término establecido”. Id., pág. 403.

Consecuentemente, en relación a los términos de cum-plimiento estricto hemos resuelto que “el foro apelativo no goza de discreción para prorrogar tales términos automáticamente”. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. La parte que actúa tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales “carece[n] de discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso ante su consideración”. Id. Véanse, además: Arriaga v. F.S.E, supra, pág. 131; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997).

Ahora bien, la acreditación de la justa causa le impone una carga considerable a los abogados y a las par-tes que estén obligados a demostrarla. Hemos señalado que

[...] [l]a acreditación de justa causa se hace con explicaciones concretas y particulares —debidamente evidenciadas en el es-crito— que le permitan al tribunal concluir que hubo una ex-cusa razonable para la tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o los planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa. (Enfasis suplido). Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003)

No puede ser de otra manera. Si se permite que la acre-ditación de la justa causa se convierta en un juego de mero automatismo en el que los abogados conjuran excusas ge-néricas, carentes de detalles en cuanto a las circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. De esa manera se convertirían los términos reglamenta-rios en metas amorfas que cualquier parte podría postergar.

Para evitar ese escenario, son los tribunales los llamados a ser árbitros y celosos guardianes de los términos reglamentarios. En el caso de los términos de cumplimiento estricto, nuestra jurisprudencia es clara en que los tribunales podrán eximir a una parte de observar su cumplimiento si están presentes dos (2) condiciones: “(1) que en efecto exista justa causa para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida”. (Enfasis suplido). Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132. En ausencia de alguna de estas dos (2) condiciones, los tribunales carecen de discreción para prorrogar términos de cumplimiento estricto.

III

A la luz de la normativa expuesta, pasemos a analizar los hechos particulares del caso de autos.

El recurrido señor Soto, parte que en este pleito cuenta con la representación legal de un abogado, contaba con un término de treinta (30) días para apelar la sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia el 8 de mayo de 2012. Ese término vencía el 7 de junio de 2012. Por razones que no surgen de los autos del caso, la representación legal del recurrido decidió hacer uso del buzón externo de horario extendido que existe en la sede del Tribunal de Apelaciones y presentó el recurso de apelación a las 11:49 p. m. de 7 de junio de 2012. Por ende, es incuestionable el hecho de que el recurso de apelación se presentó en el término dispuesto. Ahora bien, la representación legal del señor Soto procedió a enviar la notificación de la presentación del recurso por correo certificado el día después de presentarlo. Es decir, envió la notificación el 8 de junio de 2012, por lo que notificó a la otra parte fuera del término estricto de treinta (30) días.

Como vimos, Uno Radio presentó una moción para traer a la atención del foro apelativo intermedio la notificación tardía. Luego de que el Tribunal de Apelaciones le solicitara que se expresara en cuanto a ello, la abogada del señor Soto argumentó que “[a]l día siguiente, se notificó copia [del recurso] a la parte Apelada mediante correo certificado [...] El mismo fue enviado por correo certificado a la parte recurrida, antes de veinticuatro (24) horas de haberse presentado”. (Énfasis suplido). Más adelante señala la parte lo siguiente:

[e]ntendemos que la notificación hecha a la parte recurrida no causó ningún perjuicio indebido, pues se envió copia del escrito completo con todos sus anejos inmediatamente después de su presentación. La parte Apelada tuvo una notificación adecuada en un término razonable.

Estas razones presentadas por la representación legal del señor Soto son un ejemplo perfecto de lo que son meras generalidades y excusas superfluas. Primero, el que la no-tificación tardía no le haya causado perjuicio indebido a la otra parte no es determinante al momento de examinar la existencia de una justa causa. Si los tribunales fueran a aceptar esa excusa sin más, los términos de cumplimiento estricto se convertirían en un mero formalismo, derrotado fácilmente.

Segundo, y más importante aún, no puede permitirse que el esperar hasta casi la media noche para presentar un recurso en el buzón externo del Tribunal de Apelaciones sea la justa causa suficiente para incumplir con el término para notificar a las otras partes. Enfatizamos en que esa práctica, especialmente cuando se trata de una parte repre-sentada por abogado, es inaceptable como excusa condu-cente a la acreditación de justa causa. Si aceptáramos esa excusa, estaríamos premiando a aquellos que esperan hasta prácticamente el último minuto para incoar sus es-critos sin notificarlo a tiempo a las otras partes, en menos-precio de los que lo hicieron según se dispone reglamen-tariamente.

Los tribunales deben tener en mente que existen múlti-ples alternativas para cumplir con el requisito de notifica-ción a las demás partes en el término dispuesto. Por ejem-plo, en el caso de autos el recurrido pudo haber optado por presentar su recurso con tiempo suficiente para en horas laborables haber enviado por correo certificado la notificación. Incluso pudo haber notificado el recurso por correo electrónico o telefax como dispone la Regla 13(B)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Por otro lado, pudo demostrar más diligencia si notificaba el recurso por correo certificado o electrónico antes de presen-tarlo, y luego enviar su carátula ponchada. En fin, si la parte optó por esperar hasta el último momento, tenía al-ternativas para cumplir con el término de cumplimiento estricto o, como mínimo, acreditar la justa causa con excu-sas de peso.

Ahora bien, en el caso de autos la parte recurrida in-cumplió también con el término de notificar al Tribunal de Primera Instancia la presentación del recurso de apelación. Para ello contaba con un término de setenta y dos horas (72) a partir de 7 de junio de 2012. No es hasta que Uno Radio presenta una Segunda Moción de Desesti-mación que la representación legal del señor Soto se entera de que no se notificó al foro de instancia. Para acreditar la justa causa de ese incumplimiento, el recurrido alegó que

[...] la notificación al Tribunal de Primera Instancia se hizo enviando copia del escrito, por error o inadvertencia, mediante correo regular. La parte Apelante desconoce las razones por las que la copia enviada a la Secretaría del Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Arecibo, no llegó a su destino. Entendemos que ante esta situación, que la parte Apelante no había advertido, pudo subsanarse posteriormente sin causar peijuicio a ninguna de las partes.

Esta explicación ni siquiera se acerca a una razón vá-lida para acreditar una justa causa. Primero, no consta en los autos que el recurrido haya presentado evidencia al-guna en cuanto a si en efecto envió por correo regular la notificación al Tribunal de Primera Instancia. Segundo, sin justa causa el incumplimiento con un término de cumpli-miento estricto no se puede “subsanar”. Nuevamente, el que no se cause perjuicio a otra parte no es determinante para la acreditación de la justa causa.

Según lo anterior, nos parece claro que, en el caso de autos, la parte recurrida no demostró la existencia de una justa causa por la que incumplió con dos (2) términos de cumplimiento estricto. Ante ello, el Tribunal de Apelacio-nes carecía de discreción para prorrogar los términos o atender el caso. Sencillamente, debido a los incumplimien-tos de la parte su recurso de apelación no se perfeccionó, por lo que procedía su desestimación.

En fin, se le recuerda a los tribunales en Puerto Rico que tienen un rol de ser guardianes de todos los términos en nuestro ordenamiento jurídico. Los términos de cumplimiento estricto no son meros formalismos, y si no se cumple con los requisitos para acreditar la existencia de una justa causa, los tribunales carecen de discreción para prorrogar los términos.

Por último, se le recuerda a la clase togada que es un deber acreditar la existencia de justa causa, incluso antes de que un tribunal se lo requiera, si no se observa un término de cumplimiento estricto. En el caso específico del derecho procesal apelativo, este incumplimiento impide la revisión judicial ya que ocasiona que no se perfeccionen sus recursos apelativos.

IV

Por todo lo discutido, se expide el auto de “certiorari”y se declara “ha lugar”. Por ende, se revoca la Resolución emi-tida por el Tribunal de Apelaciones el 31 de julio de 2012. Toda vez que el recurso de apelación presentado por la parte recurrida aún está pendiente ante el Tribunal de Ape-laciones, se devuelve el caso a ese foro para que proceda a desestimarlo por este no haberse perfeccionado debida-mente.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta hizo constar la expresión siguiente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton:

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurre con el resul-tado por entender que en este caso en particular la parte no demostró justa causa.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 134.

       Íd.

       íd., págs. 134-135.

       Debemos enfatizar que, aunque las determinaciones del Tribunal de Apela-ciones regularmente son acreedoras de un grado de deferencia por parte de este Foro, en el caso de autos el foro apelativo intermedio no incluyó fundamentos en su reso-lución para explicar las razones por las que entendió que existía una justa causa para prorrogar el término de cumplimiento estricto.


author: PER curiam:

text:
      In re Eddie A. Pérez Pérez.

      Número: TS-16,917

      Resuelto: 27 de junio de 2013

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías, y Manuel E. Avila De Jesús, director interino de la Oficina de Inspección de Notarías.
   PER curiam:

I

El Ledo. Eddie A. Pérez Pérez (licenciado Pérez Pérez) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de junio de 2008 y prestó juramento como notario el 19 de febrero de 2009.

Mediante Moción Informativa y en Auxilio de Jurisdic-ción de 21 de mayo de 2012 compareció ante nos la Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Nos indicó las múltiples e infructuosas gestiones realizadas para contactar al licen-ciado Pérez Pérez a fin de dar cumplimiento a una citación que le refiriera la Secretaría de este Tribunal el 2 de marzo de 2012. Esta citación fue diligenciada por el agente Jere-mías Meléndez Del Valle de la Unidad de Investigaciones de Carolina, División de Vehículos Hurtados, y requiere informar si se registró la Declaración Núm. 255 de 21 de noviembre de 2011 con relación a un vehículo en el Regis-tro de Testimonios del Ledo. Eddie A. Pérez Pérez.

Algunas de las gestiones de la ODIN para contactar al letrado y responder a la citación fueron: comunicarse con el licenciado Pérez Pérez y acordar su comparecencia el 7 de marzo de 2012. No obstante, el notario no compareció ni se excusó por su incomparecencia. Además, la ODIN le cursó una comunicación escrita requiriéndole su comparecencia el 19 de marzo de 2012 a las 10:00 a. m. Nuevamente el notario no compareció ni se excusó por su incomparecencia.

Así las cosas, mediante Resolución de 29 de mayo de 2012 ordenamos al Alguacil General de este Tribunal a in-cautar el Registro de Testimonios del Ledo. Eddie A. Pérez Pérez. Igualmente concedimos al letrado un término de quince (15) días para que nos indicara las razones para incumplir con los requerimientos de la ODIN. Luego de múltiples gestiones para localizar al licenciado Pérez Pé-rez, se le notificó esta Resolución personalmente el 10 de julio de 2012. Durante la notificación de la Resolución, el letrado indicó a los alguaciles que no sabía dónde estaba el Registro de Testimonios solicitado, pero que lo buscaría y entregaría el 13 de julio de 2012. Aún el licenciado Pérez Pérez no ha entregado el Registro ni ha contestado las llamadas. Asimismo, adeuda los índices notariales men-suales desde mayo de 2012 hasta el presente, así como el índice anual de 2012.

Por este motivo, el 14 de marzo de 2013 la ODIN com-pareció nuevamente ante nos y detalló las nuevas gestio-nes que había realizado para lograr la comparecencia del licenciado Pérez Pérez y la producción de su Registro de Testimonios para fines de inspección.

A estos efectos, el 25 de marzo de 2013 concedimos al letrado un término final e improrrogable de veinte (20) días para cumplir con lo ordenado. En vista de ello, la ma-dre del licenciado Pérez Pérez informó a este Tribunal que su hijo se encontraba en Estados Unidos recibiendo trata-miento médico y que regresaría en mayo de 2013. Sin embargo, aún el licenciado Pérez Pérez no ha comparecido.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. En virtud de este precepto, reiteradamente hemos expresado que los abogados tienen la ineludible obligación de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal y que no toleraremos la incomprensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de cumplir con las órdenes de este Tribunal. In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Montes Díaz, 184 DPR 90 (2011); In re Sigurani Medina, 160 DPR 769 (2003).

Asimismo, hemos señalado que esta obligación no se limita a los requerimientos formulados por este Tribunal, sino que se extiende a aquellos formulados por el Procurador General y la Oficina de Inspección de Notarías. In re Piñeiro Vega, supra; In re Montes Díaz, supra; In re Santiago García, 175 DPR 990 (2009).

A pesar de esto, el licenciado Pérez Pérez ha hecho caso omiso de nuestras órdenes y de los múltiples requerimien-tos de la ODIN. Por ello, ha pasado más de un año sin que la ODIN haya podido dar cumplimiento a la citación referida. Este comportamiento no lo toleraremos.

III

Por los fundamentos antes expresados, suspendemos al Ledo. Eddie A. Pérez Pérez del ejercicio de la abogacía y de la notaría de forma inmediata e indefinida. El licenciado Pérez Pérez tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándoles y devol-verá a estos los expedientes de los casos pendientes así como los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá también informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. De igual forma, debe certificar a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días el cumplimiento con lo aquí dispuesto. La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá, de inmediato, a incautarse de la obra y el sello no tarial de Eddie A. Pérez Pérez, los cuales entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


author:
(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

text:
    Lydia E. Cruz y otros, peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrido.

      Número: CT-2013-011

      Resuelto: 28 de junio de 2013

      Ernesto Aponte Rosario, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la petición de certificación que presentaron los peticionarios, “no ha lugar”. Véase Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828 (2013). Esa opinión dispone de los señalamientos y fundamentos expuestos por los peticionarios. Del propio estatuto se desprende con claridad que los beneficios de aguinaldo de navidad y aumentos trienales no son parte de la pensión de los retirados. Sobre el particular, el Art. 1-101 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendado, 3 LPRA see. 761, dis-pone, en lo pertinente:

Por las sees. 761 a 788 de este título se crea un sistema de retiro y beneficios que se denominará Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el cual se considerará un fideicomiso. Los fondos del Sis-tema que por la presente se crea, se utilizarán y aplicarán, según lo dispuesto en las sees. 761 a 788 de este título, en provecho de los miembros participantes de su matrícula, sus dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades por retiro y por incapacidad, anualidades y beneficios por defun-ción y otros beneficios, una vez satisfechos los requisitos que más adelante se establecen, para en esta forma conseguir eco-nomía y eficiencia en el funcionamiento del Gobierno del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico.

Advertimos de su faz que el Art. 1-101, supra, no define qué constituye la pensión. Eso se hace en el Art. 2-101 de la Ley Núm. 447, según enmendado, 3 LPRA see. 766. Allí se define la pensión como “una anualidad por retiro” y se es-tablece la fórmula que determina la elegibilidad y el im-porte de esa anualidad. Lo único que se hace en el Art. 1-101, supra, es establecer que el fideicomiso de retiro se estableció para pagar la anualidad, los beneficios específi-cos que allí se mencionan “y otros beneficios” que el legis-lador adopte; no los hace parte de la anualidad.

Definida la pensión como una “anualidad por retiro”, tenemos que concluir que los otros beneficios concedidos no son parte de la pensión. Son beneficios adicionales que la Asamblea Legislativa ha concedido. En otras palabras, son lo que la ley dice que son; “otros beneficios”. Es por eso que en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra, pág. 11 esc. 2, dijimos que “los beneficios otorgados mediante las leyes especiales que la Reforma del Sistema de Retiro eli-mina no forman parte de su pensión”.

Abona a nuestra conclusión el trato desigual que el le-gislador ha dado a esos beneficios. Por ejemplo, el aumento de tres por ciento en las pensiones que se otorgó mediante legislación se sufragaría, por mandato legislativo, por el presupuesto general del Estado Libre Asociado. Art. 3 de la Ley Núm. 157-2003 (3 LPRA see. 761 n.). En cambio, el aguinaldo de Navidad a los pensionados se sufragaría por el fideicomiso del sistema de retiro. Art. 3 de la Ley Núm. 98 de 4 de junio de 1980, según enmendada, 3 LPRA see. 761 n. Así, pues, es evidente que todos los beneficios espe-ciales no se sufragan del fideicomiso del sistema de retiro.

Conforme con lo expuesto, reiteramos que la eliminación de beneficios adicionales a los retirados que introdujo la Ley Núm. 3-2013 no constituye un menoscabo que viole la Constitución. Véanse: Art. 1, Sec. 10 de la Constitución de Estados Unidos, LPRA, Tomo 1; Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jue-ces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Rivera García.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Rivera García.

Desde los inicios de la vigencia de la Constitución, que todos los Jueces y Juezas de este Tribunal juramos defender, los pensionados han confiado en el entendimiento cer-tero de que “[c]on el advenimiento de las democracias po-pulares y la desaparición de los regímenes monárquicos, el fundamento jurídico de la pensión no lo constituye un acto de recompensa del soberano, sino una obligación moral del estado”. (Énfasis suplido). Rivera v. Rodríguez, 93 DPR 21, 24 (1966).

Uno de los principios claves en una verdadera democra-cia es la existencia de mecanismos para que sus ciudada-nos tengan acceso al reclamo de sus derechos, indepen-dientemente de que constituyan una mayoría o minoría cuantitativa. Lamentablemente, cinco compañeros y com-pañeras de este Tribunal nuevamente han optado por no ejercer su rol en la protección de los derechos constitucio-nales de ciudadanos afectados por la Ley Núm. 3-2013. Tristemente, ahora en nuestra democracia las pensiones por retiro del servicio público han sido degradadas a una mera gracia del Estado. Peor aún, ha quedado en el olvido el reconocimiento reiterado de que la pensión de un jubi-lado no está sujeta a cambios o menoscabos.

Por considerar que las pensiones trastocadas poseen una protección absoluta, a la luz de la cláusula en contra del menoscabo de las obligaciones contractuales, y que la Ley Núm. 3-2013 menoscaba los derechos adquiridos de los pensionados, respetuosamente disiento.

I

El 24 de junio de 2013, un grupo de ex empleados públi-cos acogidos al retiro presentaron ante esta Curia un re-curso de certificación, en el cual solicitaron que se declare inconstitucional la Ley Núm. 3-2013 por esta incidir adver-samente sobre sus derechos adquiridos al disfrute de un aguinaldo de Navidad, un bono de verano y un aumento periódico de sus pensiones, según estos beneficios le fueron reconocidos en la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (3 LPRA see. 761 et seq.), al igual que en otras leyes especiales.

En sus recursos, los peticionarios invocan la See. 7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo 1, la cual impide que el Estado promulgue leyes que menosca-ben relaciones contractuales, incluyendo las que su natu-raleza es pública. A su vez, descansan en el Art. 3 del Có-digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3, para argüir que los beneficios que le fueron reconocidos, por virtud de dife-rentes leyes especiales, son derechos adquiridos que no pueden ser afectados retroactivamente.

Teniendo presente que los peticionarios que acuden ante nos son empleados retirados, quienes ya eran acreedores de los beneficios de retiro que la Ley Núm. 3-2013 pretende privarles, pasemos a repasar el marco jurídico aplicable.

II

Este Tribunal ha establecido con meridiana claridad que los empleados públicos que ya se han acogido al retiro poseen un derecho adquirido de carácter absoluto sobre los beneficios de jubilación que le han sido reconocidos. A esos efectos, hemos pautado que la pensión de estos individuos no “está sujeta a cambios o menoscabos”, ya que tales be-neficios son un “derecho adquirido de naturaleza contractual”. Bayrón Toro v. Serra, 119 DPR 605, 618 (1987). Véanse, también: Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 467, 474 y 477 (2003); Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, 129 DPR 1020, 1032 (1992).

Es por ello que todo perjuicio legislativamente infundido a los beneficios de retiro de un pensionado es improcedente, de cara a la protección constitucional instaurada por la See. 7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, supra, la cual impide el menoscabo de relaciones contractuales, incluyendo los contratos de retiro pactados entre el Estado y el empleado pensionado. Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, supra. Véase, también, Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 607.

En aras de aplicar la prohibición constitucional esbo-zada urge plantearnos, como punto de partida, cuáles son los componentes de la pensión de retiro sobre la que un pensionado ostenta un derecho adquirido de carácter contractual. A esos efectos, es imperativo examinar el Art. 1-101 de la Ley Núm. 447 (3 LPRA see. 761), el cual des-glosa tales elementos. Veamos.

Desde la primera línea del Art. 1-101 de la Ley Núm. 447, supra, el legislador expresamente reconoció que los beneficios concedidos por ley son parte integral del importe que recibirán los retirados. Específicamente, estableció lo siguiente: “se crea un sistema de retiro y beneficios que se denominará ‘Sistema de Retiro de los Empleados del Go-bierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’ el cual se considerará un fideicomiso”. (Énfasis suplido).

El Art. 1-101 de la Ley Núm. 447, supra, dispone que el sistema de retiro de Puerto Rico existe para el “provecho de los miembros participantes de su matrícula, sus depen-dientes y beneficiarios, para el pago de anualidades por retiro y por incapacidad, anualidades y beneficios por de-función y otros beneficios [...]”. (Énfasis suplido). De tal manera, podemos concluir que la pensión garantizada a los empleados retirados, incluye los componentes siguientes: (1) el pago de una anualidad por retiro; (2) el pago de una anualidad por incapacidad, de ser aplicable; (3) el pago de una anualidad, al igual que otros beneficios, por motivo de la muerte; y (4) cualquier otro beneficio cuyo pago deba sufragarse del fideicomiso para el sistema de retiro, aunque sea conferido por virtud de una ley especial.

A la luz de lo anterior, el Estado está obligado a respetar el pago de las partidas mencionadas, en función de la cláu-sula constitucional en contra del menoscabo de las obliga-ciones contractuales, sin importar que alguna de ellas- sea conferida por virtud de una ley especial. Lo anterior res-ponde a nuestros pronunciamientos jurisprudenciales, en los cuales hemos establecido que la referida garan-tía protege los “términos o condiciones esenciales del contrato que principalmente dieron motivo a la celebración de éste de modo que [no] se frustren las expectativas de las partes”. (Énfasis suplido). Domínguez Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 83 (2010). En iguales términos, así lo requiere el Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que cuando una ley tenga efecto retroactivo, esta no podrá “perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior”. 31 LPRA sec. 3; Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 146-148 (2009).

Una vez queda establecido que se ha menoscabado al-gún componente de la pensión de un retirado, según lo he-mos detallado, huelga hablar de la intensidad del menoscabo. Ello, en función de lo que hemos reiterado a lo largo de esta opinión: que el Estado no está legitimado a afectar, de forma alguna, el derecho adquirido de un em-pleado jubilado sobre sus beneficios de retiro, por virtud de la cláusula constitucional bajo examen, nuestros pronun-ciamientos jurisprudenciales y el Art. 3 del Código Civil, supra.

Habiendo repasado estos principios constitucionales, pasemos a reseñar cómo la Ley Núm. 3-2013 priva a los empleados públicos ya retirados de ciertos derechos adquiridos.

III

Consciente de la realidad jurídica explicada, de que la pensión de un retirado es intocable, la See. 29 de la Ley Núm. 3-2013 contiene la denominada “Preservación de Beneficios”. Según este acápite, la Ley Núm. 3-2013 ex-pone que los “beneficios bajo esta Ley de los participantes del Sistema que se pensionaron en o antes del 30 de junio de 2013, no serán modificados, incluyendo los beneficios que reciben o recibirían sus beneficiarios en caso de muerte”. (Énfasis suplido). Sin embargo, una lectura de la referida Ley Núm. 3-2013 demuestra lo contrario. Abundemos.

Antes de la aprobación de la Ley Núm. 3-2013, los pen-sionados recibían beneficios adicionales que, entre otros, incluían un aumento trienal, un aguinaldo de navidad as-cendente a $600 y un bono de verano de $100. La aproba-ción de la Ley Núm. 3-2013 despojó de un plumazo a los pensionados del aumento trienal, del bono de verano y re-dujo el bono de navidad de $600 a solo $200.

Los empleados públicos que se acogieron al retiro por virtud de la Ley Núm. 447, supra, y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990 (3 LPRA sec. 766b et seq.) gozaban, desde el 1 de enero de 1992, del derecho a que sus anualidades por años de servicio, edad o incapacidad, fuesen aumentadas en un 3% cada tres años. Art. 2-104 de la Ley Núm. 447 (3 LPRA sec. 766e). El Estado catalogó este derecho como una “obligación moral de ayudar a mejorar la condi-ción de vida de lo (a)s pensionado (a)s, personas que dieron lo mejor de su vida en el servicio del Pueblo de Puerto Rico”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 35-2007. Ade-más, el referido aumento existía con el fin de palear la disminución relativa del valor de las anualidades de los pensionados, por causa del aumento en el costo de vida impuesto por el transcurso del tiempo. Íd.

Desde 1992, la Asamblea Legislativa proveyó diferentes legislaciones conducentes a ese fin, siendo el último aumento trienal aquel conferido el 24 de abril de 2007, por virtud de la Ley Núm. 35-2007 (3 LPRA secs. 766 y 766d). Véanse: Ley Núm. 157-2003 (3 LPRA sec. 761 n.); Ley Núm. 10-1992 (3 LPRA sec. 761 et seq.). Véase, también, Puerto Rico Government Employee’s Retirement System, Actuarial Valuation Report, 30 de junio de 2011, pág. 57.

El Art. 2-113 de la Ley Núm. 447 reconoce que el beneficio del aumento trienal es parte inherente al fideicomiso de retiro. 3 LPRA sec. 775. Según lo disponía el Art. 2-104 de la Ley Núm. 447, el pago del aumento trienal quedó sujeto a que el actuario del sistema de retiro emi-tiera una recomendación favorable a esos efectos y que se identificaran los fondos para su pago por vía de legislación. 3 LPRA sec. 766e. De tal manera, solo ante la falta de recomendación del actuario es que se reconoce la posibili-dad de privar temporeramente a los pensionados de este beneficio. Ello, sin necesidad de que se derogue en su tota-lidad tal derecho adquirido, el cual forma parte del fideico-miso y, a su vez, constituye un componente de la pensión. Ahora bien, una vez el actuario reconoce como un pasivo el pago del aumento trienal, y en ausencia de legislación para proveer el pago de esa obligación, el Sistema de Retiro de-berá sufragar este beneficio con cargo al fideicomiso. Ello, porque el derecho al referido aumento está engranado en la Ley Núm. 447 como un beneficio a sufragarse y una obligación del fondo de retiro. íd.

A esos efectos, el último informe del actuario del sis-tema del fondo de retiro emitido el 30 de junio de 2011, asumió que los beneficios conferidos por virtud del au-mento trienal serían otorgados a los pensionados. Véase Actuarial Valuation Report, supra, págs. 37 y 84. A pesar de que el informe del actuario provee para el pago de estos beneficios, la Sec. 6 de la Ley Núm. 3-2013 eliminó por completo el Art. 2-104, desechando, a su vez, el derecho de todo pensionado al pago del aumento trienal. Véase la Sec. 6 de la Ley Núm. 3-2013.

Como si fuera poco, el pensionado tampoco gozará del beneficio de un aguinaldo de Navidad con el cual ha con-tado desde la vigencia de la Ley Núm. 98 de 4 de junio de 1980. El dinero para sufragar el aguinaldo de Navidad pro-venía de los fondos del fideicomiso del Sistema de Retiro en el caso de los pensionados o beneficiarios acogidos a la Ley Núm. 447, según enmendada. 3 LPRA see. 761 n. Este be-neficio, que formaba parte de la pensión del retirado, res-pondió a un aumento programático para asegurarle un “agradable porvenir una vez abandona [ban] el servicio pú-blico y se acog[ían] a un merecido retiro”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 144-2005. El último incremento fijó el aguinaldo de navidad en $600. 3 LPRA see. 761 n. A pesar de que la Ley Núm. 3-2013 enunció que no se modi-ficarían los beneficios de los pensionados, ello no fue así, ya que ésta redujo el aguinaldo de Navidad en $400. Por lo tanto, con la aprobación de la referida legislación, el jubi-lado tan solo contará con $200 como pago de su aguinaldo de navidad.

Para empeorar el cuadro de modificaciones drásticas del pacto suscrito con los pensionados del Sistema de Retiro, estos tampoco disfrutarán del bono de verano, con el cual contaban desde hace más de una década. Con el fin de incrementar los “beneficios existentes” a los pensionados, la Ley Núm. 37-2001 (3 LPRA sec. 757g) les reconoció un derecho a recibir un bono de verano de $100 —exento de contribuciones— que será pagado antes de 15 de julio de cada año. La See. 33 de la Ley Núm. 3-2013 enmendó el Art. 1 de la Ley Núm. 37-2001, a los fines de excluir de este beneficio a los pensionados cobijados por la Ley Núm. 447, según enmendada, a los acreedores de pensiones de los sis-temas sobreseídos por esta ley, o a los administrados por la Administración de los Sistemas de Retiro que hoy acuden ante esta Curia.

En consecuencia, el retirado no contará con un aumento trienal, un Bono de Verano y se le reduce su aguinaldo de navidad a la ínfima cantidad de $200. A la luz de estas consideraciones, pasemos a disponer de la controversia pendiente ante nuestra consideración.

IV

En el caso de autos, los retirados que, al 30 de junio de 2013, ya gozaban de los beneficios provistos por el sistema de retiro público, acuden ante esta Curia para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 3-2013, por ésta violentar la cláusula constitucional en contra del menoscabo de las relaciones contractuales. Al igual que los peticionarios desamparados por este Tribunal en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828 (2013), los pensionados del caso de epígrafe cuentan con el aval indis-cutible de la Justicia y del Derecho. Ahora bien, los pensio-nados poseen una protección mayor reforzada por los pro-nunciamientos de este Tribunal, según lo expusimos a la saciedad en nuestra exposición del Derecho.

Un pensionado posee un derecho absoluto, intocable e incontestable a que su pensión no sea trastocada de forma alguna por los actos legislativos del soberano. Nuestra ju-risprudencia ha establecido palmariamente que los benefi-cios de pensión, conferidos por el fideicomiso del fondo del retiro, son derechos adquiridos en su naturaleza, los cuales no pueden ser menoscabados por el Estado, una vez un empleado se acoge a la jubilación.

Cónsono con lo anterior, y debido a que la pensión de un retirado está compuesta por su anualidad de retiro y por los otros beneficios que le sean reconocidos por ley, cuyo pago provenga del fideicomiso del sistema de retiro, un em-pleado posee un derecho adquirido a todos los beneficios que le sean reconocidos por leyes especiales, especialmente cuando estos sean sufragados por el fideicomiso del sis-tema de retiro.

En el caso de autos, la Ley Núm. 3-2013 ha eliminado por completo el aumento trienal de los ex empleados públi-cos que ya se acogieron al retiro. Ello, a pesar de que tales beneficios deberían ser sufragados por los fondos del sis-tema de retiro, en ausencia de una fuente de financiamiento y que, como resultado, constituyen una parte esencial de su pensión.

Tal proceder es inaceptable de cara a la protección cons-titucional en contra del menoscabo de las relaciones con-tractuales, la cual prohíbe que se menoscabe la pensión de un retirado, de forma alguna. A su vez, esta legislación contraviene el Art. 3 de nuestro Código Civil, supra, el cual impide que una legislación con efectos retroactivos prive a nuestros ciudadanos de sus derechos adquiridos.

Sin importar que la Constitución y nuestro ordena-miento legal vedan notoriamente el atropello configurado en la Ley Núm. 3-2013, una mayoría de esta Curia ha ig-norado los pronunciamientos contundentes que en el pa-sado hemos promulgado, optando en su lugar por rechazar las pautas de nuestra Constitución. Al así obrar, cinco Jue-ces de este Foro vuelven a maniatar los reclamos de miles de pensionados quienes, asistidos diáfanamente por la ver-dad inconmovible del Derecho y la Justicia, han acudido ante nos a reclamar lo que por Ley les corresponde.

Al igual que en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra, nuevamente este Tribunal niega a los peticionarios sus derechos constitucionales a los beneficios de retiro que les correspondían, claudicando así a su función adjudica-tiva y validando injustamente una Ley que contraviene, a todas luces, las protecciones fundamentales de nuestra Ley Suprema.

Una mayoría de este Tribunal interpreta erróneamente que la pensión se reduce meramente a una anualidad por retiro. Con ello, ignoran que la Ley Núm. 447 creó y reco-noció desde sus inicios un sistema de retiro y beneficios. No meramente un sistema de retiro. Una vez reconocidos esos derechos desde la creación del sistema, no podemos avalar la acción de la mayoría que persigue reducir la Ley Núm. 447 a un mero “pago de una anualidad de retiro”, cuando el legislador creó un “sistema de retiro y beneficios”. Sencilla-mente procedía revocar al Tribunal de Primera Instancia, en lugar de declarar “no ha lugar” la petición de los pensionados.

Como resultado, hoy este Tribunal participa activa-mente en la privación de los beneficios que le fueron garan-tizados por el Estado a nuestros pensionados. Los jueces que hoy avalan la validez de la ilícita Ley Núm. 3-2013, olvidan que los tribunales representan el último garante de las protecciones inherentes a una democracia constitu-cional. Si renunciamos tan fácilmente a nuestra responsa-bilidad como guardianes finales de las exigencias de la Constitución, ¿cómo habrá de prosperar la justicia? La res-puesta a esta interrogante, compañeros, ha quedado entur-biada y ensombrecida por la resolución que hoy aprueba una mayoría de este Tribunal. Por ello, disiento.

V

Por entender que la decisión de una mayoría de este Tribunal viola los derechos de nuestros pensionados al amparo de la See. 7 del Art. II de nuestra Constitución, supra, hubiese expedido el recurso de epígrafe, revocado al Tribunal de Primera Instancia y declarado inconstitucional aquellas provisiones de la Ley Núm. 3-2013 que lesionan los derechos adquiridos de nuestros retirados.

       En la parte II de la opinión disidente que emití en el caso Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828, 898 (2013), discuto extensamente los elementos requeridos para todo análisis al amparo de la cláusula constitucional contra el menoscabo de las relaciones contractuales. Véase la opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, págs. 899-912. En aquella ocasión, citando a Bayrón Toro v. Serra, 119 DPR 605 (1987), expuse que en nuestra jurisdicción, distinto a otras, el sistema de retiro público es considerado un contrato público sujeto a la Sec. 7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico. Íd., págs. 907-908. De tal manera, queda satisfecho el primer criterio requerido por el Tribunal Supremo federal en General Motors Corp. v. Romein, 503 US 181, 186 (1992), al momento de analizar una alegada violación de la cláusula constitucional en contra del menoscabo de relaciones contractuales, el cual exige determinar, como cuestión de umbral, si existe una relación contractual.
      Los restantes criterios del Tribunal Supremo federal, según fueron esbozados en General Motors Corp. v. Romein, supra, a saber: que una legislación menoscabe la relación contractual, y que el menoscabo indicado sea sustantivo en su naturaleza también están presentes en el caso de autos. En primer lugar, y según lo establece-remos más adelante, la Ley Núm. 3-2013 menoscaba la relación contractual pactada entre los empleados públicos y el Estado al afectar el sistema de retiro público. En segundo plano, de establecerse que el plan de pensión de los empleados retirados ha sido menoscabado, tal menoscabo, sin importar su grado de intensidad, ya es consi-derado como sustancial en su naturaleza y prohibido por la cláusula constitucional bajo examen.

       Amerita resaltar que la Sec. 1 de la Ley Núm. 3-2013 no enmendó el referido articulado.

       Hoy la Ley Núm. 3-2013 únicamente reconoce el bono de Verano a los pen-sionados bajo la Ley de Retiro de la Judicatura, Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, 4 LPRA see. 233 et seq., según enmendada.

       Como bien establecimos anteriormente, la pensión de un retirado está compuesta por los beneficios reconocidos en el Art. 1-101 de la Ley Núm. 447. Contrario a lo propuesto en la resolución mayoritaria, el Art. 2-101 de la Ley Núm. 447, supra, se circunscribe a establecer cómo habrá de computarse la anualidad de retiro. De tal manera, una mayoría de este Tribunal limita erradamente el alcance del sistema de retiro y beneficios creados por esta ley a una mera anualidad de retiro. Tal ejercicio interpretativo viola el principio básico de hermenéutica que exige que las diferentes secciones de una ley no se interpreten aisladamente, sino íntegramente, las unas con las otras. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 386 (1973).


author: Per Curiam:

text:
      In re Ronald L. Rosenbaum.

      Número: TS-3201

      Resuelto: 28 de junio de 2013

      Lourdes I. Quintana Lloréns y Manuel E. Avila De Jesús, directores de la Oficina de Inspección de Notarías; Ronald L. Rosenbaum, de Law Offices of Ronald L. Rosenbaum, pro se.

   Per Curiam:

Hoy nos encontramos ante el incumpli-miento de un notario con su deber de custodiar celosa-mente los Protocolos que le pertenecen al Estado, los cua-les, por motivo de su negligencia, no se podrán reconstruir. Como consecuencia de tal omisión, este Tribunal se ve en la obligación de suspenderlo inmediatamente del ejercicio de la notaría.

I

El Ledo. Ronald L. Rosenbaum fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13 de diciembre de 1968 y al de la práctica de la notaría el 21 de febrero de 1969.

Tan reciente como el 13 de febrero de 2012, el letrado nos informó que extravió los Tomos 7 del Protocolo del 2005 (Escrituras 355 a 418) y los Tomos 14, 15 y 16 del Protocolo del 2006 (Escrituras 198 a 305), por lo que solicitó autori-zación para comenzar la reconstrucción de éstos. La misma fue autorizada por este Tribunal.

Durante el trámite de rigor, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) informó, a su vez, que las Escrituras 17 y 18 del año 2005 adolecían de las últimas páginas. Así las cosas, mediante Resolución de 12 de abril de 2012, le con-cedimos al licenciado Rosenbaum un término de noventa días para reconstruir los documentos extraviados.

Posteriormente, el 31 de julio de 2012, el licenciado Ro-senbaum nos informó que está mayormente retirado y pasa gran parte del tiempo en su residencia en el estado de la Florida. Además, indicó los trámites realizados para la reconstrucción de la obra notarial y que cerró sus oficinas debido a la pérdida de varios de sus clientes. En cumpli-miento con nuestras órdenes, el letrado compareció nueva-mente el 19 de marzo de 2013 y detalló el resto de las gestiones realizadas para la reconstrucción de la obra notarial.

En síntesis, el licenciado Rosenbaum expuso que no tiene la mayoría de los expedientes, las llamadas realiza-das a los clientes y a las entidades que representaba, e indica que no posee copia de los documentos. De igual forma, señaló que las gestiones realizadas han sido infructuosas.

En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, ODIN presentó el 28 de junio de 2013 la Moción en Cum-plimiento de Resolución y Solicitando Auxilio del Tribunal para Incautación de Obra Notarial. Mediante la Moción en Cumplimiento de Orden de 12 de agosto de 2013, el letrado nos informa que no ha podido reconstruir ninguna de las escrituras o páginas extraviadas para 2005, 2006 y 2008. Igualmente, detalla que existen deficiencias arancelarias y otras pendientes de subsanar en las escrituras.

La ODIN resalta que con relación a las deficiencias arancelarias, sólo puede determinar que el letrado adeuda $4,048. Ello, pues, no puede determinar la cuantía en se-llos a pagar por la pérdida de los distintos Protocolos, ya que carece de los documentos públicos para establecerla.

Así las cosas, y en relación con la reconstrucción del protocolo, ODIN recomendó que se ordene: (1) encuadernar los índices mensuales donde se detallan las escrituras ex-traviadas que forman parte de esos Protocolos y, una vez encuadernados, se autorice su aprobación para sustituir los Protocolos originales; (2) colocar una hoja intermedia en los instrumentos públicos cuyos folios se han extraviado donde conste que éstos desaparecieron, y (3) pagar $4,048 por el letrado con relación a la cancelación de los aranceles que se pudieron determinar que eran adeudados.

De otra parte, ODIN llama nuestra atención hacia otro asunto. Destaca que de lo informado por el licenciado Ro-senbaum, surge que éste es residente bona fide del estado de la Florida. Sin embargo, ODIN nos indica que no surge que el letrado haya designado a un notario sustituto para custodiar su protocolo. Siendo ello así, recomienda la in-cautación de la obra notarial del licenciado Rosenbaum.

II

El Protocolo de un notario es la colección ordenada de las escrituras matrices y actas que autoriza durante un año natural. Art. 47 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2071. Por disposición expresa de ley, los Protocolos pertenecen al Estado. Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2072. El notario es simple-mente su custodio, encargado de guardarlos celosa y responsablemente para que no se pierdan o deterioren. In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000); In re Sánchez Quijano, 148 DPR 509 (1999).

Ante ello, la responsabilidad de guardarlos cuidadosamente resulta una función inherente al otorgamiento correcto de los instrumentos públicos, sin que esa función de custodia sea inferior a la propia autorización del documento público. Así, este Tribunal ha expresado que “ ‘[e]n su función de dador de fe pública el notario ha de ser pundonoroso, nada más lógico admitir que también ha de serlo en su carácter de guardador’ ”. In re Antonio Ríos Acosta, 128 DPR 412, 415 (1991), citando a A. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Aires, Eds. Depalma, 1971, T.4, págs. 90-95. Como consecuencia, al no-tario se le exige que nombre a otro notario para que lo sustituya cuando se ausente de su oficina por cualquier causa que no sea permanente. Esta designación debe ser notificada a la ODIN. El notario sustituto será, en estos casos, responsable de la custodia y conservación de los Protocolos. 4 LPRA sec. 2013.

En casos de pérdida o destrucción de Protocolos, el Art. 55 de la Ley Notarial de Puerto Rico dispone el mecanismo para reconstruirlos. 4 LPRA see. 2079. Al utilizarlo, el notario debe obrar con diligencia y probado esfuerzo, ya que de su gestión dependerán terceras personas que confiaron en él para preservar diversos negocios jurídicos. Sencillamente, el notario debe desplegar el mismo celo, esmero y dedicación que se le exige para la ejecución de las demás funciones notariales al momento de reconstruir Protocolos extraviados o inutilizados. In re López Cordero, 164 DPR 710, 716-718 (2005).

El proceso de reconstrucción está consignado en la Regla 58A del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV. En lo pertinente, cuando las gestiones para reconstruir un Protocolo resulten infructuosas, se desglosan todas las acciones realizadas acompañadas de documentos fehacientes que las acrediten, y que a pesar de esto no ha sido posible la reconstrucción. De ello ser así, este Tribunal podrá ordenar la colocación de una hoja en sustitución de los documentos que falten. En esta hoja se hará constar que los números intermedios desaparecieron o se inutilizaron. En cuanto a los derechos arancelarios de protocolos que no han sido aprobados, es la obligación del notario cancelar a sus expensas el documento que susti-tuyó al original. Además, este Tribunal podrá eximir al no-tario de cancelar estas estampillas. Id.

El compromiso del notario es de tal grado con relación al cuidado de los Protocolos que el Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, impone sobre éste la responsabilidad por su deterioro o pérdida. El notario estará obligado a reponerlos o restaurarlos a sus expensas. Id. Sin embargo, aun cuando el notario cumpla con su deber no impide que este Tribunal le imponga unas sanciones o medidas disciplinarias adecuadas. Id.

III

En el caso de autos, el licenciado Rosenbaum otorgó un sinnúmero de documentos públicos que se han extraviado; los cuales, a pesar de su esfuerzo, no podrán ser reconstruidos. Ciertamente, el licenciado realizó gestiones para reconstruir los referidos Protocolos. Sin embargo, y debido a que estos en su mayoría están relacionados con entidades bancarias que fueron liquidadas, las gestiones han sido infructuosas e impiden la restauración de los re-feridos Protocolos.

Entendemos que el licenciado Rosenbaum faltó a su función notarial al incumplir con su deber como deposita-rio de los Protocolos del Estado. La severidad de lo ocurrido consiste en la pérdida de sesenta y tres escrituras públicas otorgadas durante el 2005 y ciento siete instrumentos pú-blicos otorgados durante el 2006. La mayoría de estos do-cumentos corresponden a la cancelación de hipotecas. Tam-bién, existen escrituras que no contienen las últimas páginas y otras deficiencias. Incluso, el letrado faltó a su deber de nombrar un notario sustituto en su ausencia. Tal proceder demuestra una falta de cuidado impropia de su función como notario, la cual merece ser sancionada por este Tribunal.

IV

Como resultado de lo anterior, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Ronald L. Rosenbaum del ejercicio de la notaría. Le imponemos, además, el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir actuando como notario público, devolver cua-lesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión como notario pú-blico a los distintos foros administrativos y judiciales. De-berá, a su vez, certificarnos dentro del término de treinta días, que ha cumplido con lo aquí dispuesto.

Por su parte, ordenamos a la ODIN que encuaderne los índices mensuales del Tomo 7 del Protocolo del 2005 (Escri-turas 355 a 418) y los Tomos 14, 15 y 16 del Protocolo del 2006 (Escrituras 198 a 305) para su aprobación en sustitu-ción de los Protocolos originales. En cuanto a los folios ex-traviados, la ODIN colocará una hoja intermedia en los instrumentos públicos cuyos folios se extraviaron para sustituirlos. En la hoja intermedia se debe hacer constar que los números intermedios de esos instrumentos públicos desaparecieron. Con relación al pago de los sellos arance-larios y la encuadernación de los índices mensuales, el li-cenciado Rosenbaum deberá satisfacer la cantidad que ODIN determine a estos efectos. La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse del sello y de la obra notarial del Ledo. Ronald L. Rosenbaum, y los entregará a la ODIN para su examen e informe a este Tribunal.

Se le apercibe al licenciado Rosenbaum que la presente acción disciplinaria no lo exime de tener que subsanar, a sus expensas, las deficiencias señaladas por ODIN en su obra notarial. Dicha obligación subsiste y su desatención lo expondría al correspondiente procedimiento de desacato.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez conce-dería al licenciado Rosenbaum un término corto para que se exprese sobre el escrito presentado por la Oficina de Inspección de Notarías en ánimos de brindar las garantías del debido proceso de ley y conforme con el Art. 65 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 LPRA see. 2105). La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

       Además de los documentos antes mencionados, falta la página 26 de la Escritura Núm. 178 del Protocolo del 2008.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión de los Días 5 y 26 de Julio de 2013.

      Número: EM-2013-005

      Resuelto: 2 de julio de 2013
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido libres con cargo a vacaciones a la empleoma-nía, funcionarios y funcionarías de la Rama Judicial los viernes 5 y 26 de julio de 2013.

A tal efecto, y de acuerdo con nuestra facultad para re-glamentar los procedimientos judiciales al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73), y se considerarán los viernes 5 y 26 de julio de 2013 como si fueran días feriados. Cual-quier término a vencer el 5 de julio de 2013 se extenderá hasta el próximo día laborable, lunes 8 de julio de 2013. Cualquier término a vencer el 26 de julio de 2013 se exten-derá hasta el lunes 29 de julio de 2013, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina