author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Ramos.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 481.
    Resuelto en diciembre 16, 1912.
    Derecho Penal — Asbesto de Noche — Misdemeanor—Facultades de la Poli-cía-Interpretación de Ley. — El artículo 116, párrafo 1, del Código de Enjuiciamiento Criminal, da facultades a un policía para arrestar a cual-quier hora del día o de la noche a una persona que ha cometido un delito público en su presencia, ya sea felony o misdemeanor, sin necesidad de un mandamiento de arresto que tenga a su dorso una orden firmada por un magistrado para que se efeetúe el arresto durante la noche, sin que dichas facultades estén limitadas en modo alguno por los preceptos del artículo 120 del mismo código.
    Id. — Asbesto de Noche — Interpretación de Ley. — La limitación consignada en el artículo 120 del Código de Enjuiciamiento Criminal con respecto al arresto de noche, se refiere únicamente al arresto de una persona en virtud de un mandamiento de prisión expedido por autoridad competente ante la cual haya sido denunciada dicha persona;

      Id. — INTERPRETACIÓN de la Palabra “Denunoiado.” — La palabra ‘' denun-ciado” que se emplea en-el artículo 120 del Código de Enjuiciamiento Criminal no equivale a la palabra “imputado” y significa que existe una de-nuncia hecha por alguna persona ante la cual tal vez se ha cometido el delito y presentada a la autoridad competente para que expida el correspondiente mandamiento de prisión.
    Id. — Distinción entre los Conceptos “Persona Denunciada” y “Persona Acusada.” — Jurídicamente hablando “persona denunciada” es aquella contra la. cual se ha formulado denuncia ante autoridad competente redactada en una forma determinada con sujeción a cierto procedimiento que marca la ley. Ante la ley una persona está acusada de un delito únicamente cuando en virtud de un procedimiento legal dicha persona comparece y formula su contestación a la denuncia. Las investigaciones que hacen los fiscales, los jueces instructores y aun el gran jurado no determinan por sí solas la existencia de una “denuncia criminal.”
    Id. — Estatutos Tomados de Otros Estados — Jurisprudencia del Estado de Donde se han Tomado los Estatutos. — La regla en virtud de la cual es propio aceptar la interpretación dada a un estatuto por los tribunales del Estado de donde procede el mismo, no es de aplicación universal, sino que está sujeta a muchas excepciones y limitaciones.
    Id. — “Expbessio Untos est Exclusio Alterius.” — Se resolvió en el caso de autos que esta máxima no es de aplicación a este caso. Muchas veees la “exclusión” es una inadvertencia u omisión del legislador y en tales casos, lo mismo que cuando la aplicación de esa máxima trae consigo una incom-patibilidad o injusticia, no debe ser aplicada.
    Id. — Interpretación del Título de un Capítulo de un Código. — Los artículos de un código deben interpretarse también teniendo en cuenta el objeto de dichos artículos tal como consta en el título del capítulo y procurar que todos sus preceptos estén en harmonía.
    Id. — Interpretación de Lev — Voluntad del Legislador. — La regla fundan mental de interpretación de una ley a la cual todas las demás reglas están subordinadas, es que la ley debe ser interpretada de conformidad con la intención del legislador.
    Id. — Interpretación de Lev — Intención del Legislador. — La regla primordial para determinar cual ha sido la intención del legislador al votar una ley es atenerse al sentido gramatical y ordinario de las palabras empleadas en la ley, a no ser que dicho sentido conduzca a un absurdo o produzca una incom-patibilidad entre diversas partes de la ley, en cuyo caso puede uno desviarse de dicho sentido gramatical y ordinario de las palabras con el fin de evitar el absurdo o la incompatibilidad en la ley.
    Id. — Arresto de Noche t sin Mandamiento — Interpretación de Lev. — En el caso de autos se resolvió que la interpretación dada por la corte sentenciadora a los artículos 116 y 120 del Código de Enjuiciamiento Criminal en el sen-tido de que un policía no puede arrestar de noche a una persona que ha infrin-gido la ley en su presencia, sin un mandamiento de arresto que tenga al dorso una orden expedida por autoridad competente autorizando expresamente que se haga el arresto de noche, anularía las leyes que tienden a conservar la paz pública y el buen orden y protección de las personas y traería como conse-cuencia un estado casi anárquico.

      Los tie dios están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El día 17 de junio último el Fiscal presentó en la Corte de Distrito de Ponce una acusación en la que imputaba a Víctor Eamos la comisión de un delito contra el poder ejecutivo del gobierno, alegando sustancialmente en la misma, que el acusa-do en una fecba anterior a la presentación de la referida acusa-ción, o sea, hacia el 27 de marzo del corriente año, en la ciu-dad de Ponce, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, voluntaria, criminal, ilegal y maliciosamente, y sa-biendo que Pedro Morales era un funcionario ejecutivo que actuaba como policía insular, impidió por medio de la vio-lencia que el referido policía cumpliera con su deber al tratar de arrestar a Epifanio Eosado que se encontraba cometiendo un delito menos grave (misdemeanor), a saber, una exposi-ción indecente de su persona, librando violenta y forzosa-mente a dicho Eosado de la custodia del policía y proporcio-nándole el medio de escaparse.

El acusado formuló su alegación de no culpable y siendo el caso por un delito más grave (felony) se señaló para la celebración del. juicio ante un jurado el día 5 de agosto de 1912 en cuyo día el juicio tuvo lugar. Tan pronto como había declarado Pedro Morales, único testigo del Fiscal, o sea el policía insular a que se ha hecho referencia en la acusación, el juez previa moción del acusado ordenó al jurado que tra-jera un veredicto- de absolución a favor de dicho acusado, de-clarándole no culpable del delito que se le imputó en la acu-sación ; por lo que el jurado volvió con un veredicto de con-formidad con dicha instrucción, ordenando la corte que el acusado Víctor Eamos quedara en libertad. Inmediatamente el Fiscal tomó excepción a esta resolución de la corte y pre-sentó su escrito de apelación,-haciendo remitir a esté tribunal los autos, en donde aparece una exposición del caso y un pliego de excepciones.que lian sido debidamente aprobados.

La declaración del policía, Pedro Morales, que dió en el juicio y que se encuentra en los autos bace referencia en efecto a que una noche del mes de marzo del corriente año se encon-traba vestido de uniforme y desempeñando su deber en los alrededores de la Plaza de la Abolición de la ciudad de Ponce y vió que Epifanio Posado iba a orinarse en la calle en un sitio que había entre la boca de agua y un poste de luz eléctrica, yendo donde el mismo para impedir que realizara ese acto, pues había casas en las cercanías y podría fácilmente ser visto por muchachas y mujeres desde allí, y el testigo le dijo al expresado Posado que si deseaba orinar podría ir al cafetín. Que entonces Posado se retiró un poco y dijo: “Yaya al in-fierno el policía. Me orinaré aquí, ’ ’ lo que continuó haciendo exponiendo su persona al realizar semejante acto. Que el policía en su carácter de funcionario ejecutivo arrestó enton-ces a Posado y estaba para llevarlo a la cárcel cuando el acu-sado, Víctor Ramos, intervino para impedir el arresto, diciendo a Posado, “No vayas. No vayas a ninguna parte,” y al policía “Este hombre no va a ninguna parte,-” a lo que el policía contestó, “El va y Vcl. también.” Al tratar entonces el policía de arrestar a ambos hombres tuvo lugar una lucha entre los tres; o sea Epifanio Posado, Víctor Ramos y el tes-tigo, el policía que declaró, durante la cual Víctor Ramos agarró al policía por la chaqueta y le pegó mientras Rosado se escapaba. En esos momentos otros policías llegaron y arrestaron a Eamos solamente. Tal es, en resumen, toda la prueba que se presentó en el caso.

La corte en sus instrucciones al jurado expresó que el delito cometido por Epifanio Posado era el de una exposición deshonesta de su persona, el que de acuerdo con nuestro esta-tuto es un delito menos grave (misdemeanor), y que según la ley no puede hacerse un arresto por un delito menos grave (misdemeanor) cometido durante las horas de la noche sin que exista un mandamiento judicial firmado por una auto-ridad competente con nn endoso en el qne expresamente se diga qne tal arresto pnede hacerse durante las horas de la noche, manifestando, además, la corte, qne la actitud del poli-cía al tratar de arrestar a Bosado no solamente no estaba justificada sino qne la ley la prohibía expresamente, y qne la violencia empleada por Yícto-r Eamos no fue para impedir a nn funcionario ejecutivo qne cumpliera con su deber, y por tanto qne no se había infringido el artículo 84 del Código Penal. Como fácilmente pnede verse, esta resolución de la Corte de Distrito de Ponce tiene -por objeto demostrar que con arreglo a nuestros estatutos no está autorizado el arresto de un ciudadano durante las horas de la noche cuando el de-lito qne se comete es uno menos grave solamente (misdemeanor), aunque se realice en presencia del policía que hace el arresto a menos qne dicho funcionario tenga en su poder un mandamiento de arresto y que al respaldo del mismo apa-rezca una orden debidamente firmada por nn magistrado, para que se lleve a efecto dicho arresto durante las horas de la noche.

Examinemos los estatutos con respecto á esta cuestión.

El artículo 116, párrafo Io: del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice lo siguiente:

“Un oficial de orden público puede hacer un arresto en cumpli-miento de una orden que le haya sido entregada con tal fin, o puede, sin una orden de arresto, detener a una persona:
“1. Por un delito público cometido, o que se ha intentado come-ter, en su presencia. * *

Según el artículo 117. “Una persona particular puede arrestar a otra:

“1. Por un delito público cometido o que se ha intentado come-ter en su presencia. * * *.”

, El artículo 118 autoriza a un magistrado para ordenar un arresto verbalmente, cuando el delito se comete en su presencia.

El artículo 119 autoriza “a la persona que esté haciendo un arresto” para requerir el auxilio de las personas que estime necesarias para ayudarle a llevarlo a cabo.

El artículo 120 del mismo código dice lo siguiente;

' “Si el delito. denunciado es un .felony (delito muy grave), puede hacerse .en cualquier día, y a cualquier hora del día o de la noche. Si es un misdemeanor (delito menos grave), el arresto no puede hacerse por la noche, a menos que se proceda por mandato de un magistrado, escrito al dorso de la orden de arresto. ’ ’

Como puede verse, la corte de distrito en sus instrucciones al jurado declaró que el artículo 116 estaba limitado por el 120 del mismo código y que en este caso el policía no podía efectuar el arresto por la noche sin un mandamiento debida-mente endosado. Esta nos parece una interpretación indebida de los estatutos, pues con ella casi queda suspendido el poder de la policía durante las horas de la noche. No creemos que exista alguna contradicción entre los artículos citados si se les interpreta debidamente. Por tanto, ambos deben ser interpre-tados de modo tal- que pueda dárseles efecto a ambos. El pri-mero de los mencionados artículos autoriza el arresto por un oficial de prden público de una persona que ha cometido un delito público ya sea éste un delito grave (felony) o uno menos grave (misdemeanor), cometido en presencia de dicho oficial de orden público, y no establece dicho artículo diferencia al-guna con respecto a las horas o momento del día o de la noche. El arresto puede hacerse en cualquier momento. Los términos de este artículo son generales y no están limitados por ninguna disposición legal, a menos que sea por el artículo 120 del propio código, según lo ha resuelto la corte de distrito. De una debida interpretación de ese artículo se verá que sig-nifica, que cuando una persona ha sido denunciada por la co-misión de un delito menos grave (misdemeanor) de acuerdo con la ley, el mandamiento de prisión que'se expida por virtud de dicha denuncia, no podrá cumplirse durante la noche a menos que así lo ordene de modo expreso o lo autorice un magistrado. Las limitaciones contenidas en este artículo ha-cen referencia a denuncias presentadas ante autoridad compe-tente en relación con las cuales se lian expedido mandamientos de prisión, pero no fué el objeto de tales limitaciones afectar los deberes de un funcionario de orden público según se ex-presa en el artículo 116 del mismo código. El error en que lia incurrido inadvertidamente la corte sentenciadora proba-blemente se debe a una mala interpretación de la palabra española “denunciada” {charged), según se emplea en el ar-tículo 120 que la corte declaró que era equivalente a la palabra “imputada” {imputed), resolviendo la corte que la palabra “denunciada” quería decir una denuncia o cargo informal hecho por el policía en presencia del cual el delito pudo ha-berse cometido, así como también un cargo formal presentado ante una autoridad competente como base para la expedición de un mandamiento de prisión.

La corte .sentenciadora en apoyo de su opinión sostiene que el artículo correspondiente de-nuestro código fué tomado del 840 del Código Penal de California, a saber:

“Si el delito denunciado es un felony, puede hacerse el arresto en cualquier día y en cualquier momento del día o de la noche. Si es un delito menos grave {misdemeanor) no puede verificarse el arresto de noche a menos que lo ordene el magistrado al dorso del mandamiento, excepto en el caso de .que el .delito se cometa en pre-sencia del funcionario que verifica el arresto.”

Comparando estos artículos se verá que el 116 de nuestro código se diferencia del 840 del Código de California en la omisión que hace de las palabras “excepto cuando el delito se comete en presencia del funcionario que verifica él arresto.”

Con respecto a esta omisión se ha alegado que nuestra legislatura al tomar el estatuto de Puerto Pico del de California omitió expresamente al reproducir dicho artículo en nuestro código, la única excepción en el expresado artículo, prohibiendo que no se verificara ól arresto de ninguna persona por la noche por un delito menos grave {misdemeanor), ex-cepto en el caso de que dicho arresto estuviera autorizado de modo expreso por virtud de un mandamiento y del correspon-diente endoso sobre el mismo. Se alega que ésta es una prueba clara y concluyente con respecto a la intención de la Legislatura, que de modo absoluto proliibe o impide que un funcionario de orden público pueda verificar un arresto por un delito menos grave (misdemeanor) cometido en su pre-sencia a menos que sea mediante orden expresa de un ma-gistrado.

El verbo “denunciar” (charge) no es sinónimo de “impu-tar” {impute); sino que tiene una significación legal bien definida en la jurisprudencia. Denunciado por un delito es una expresión que significa algo más que expresar que existen sospechas de que una persona ha cometido un delito o de que su comisión se imputa a dicha persona. Esa expresión signi-fica que se ha presentado una denuncia o acusación contra ella ante alguna corte en la forma en que ordinariamente se establecen los procedimientos judiciales. (United States v. Patterson, 150 U. S., 68; Morgan Ex parte, 20 Fed. Rep., 308; By an Ex parte, 44 Cal., 555; People v. Garnett, 129 Cal., 364; 61 Pac., 1114, 1115; Day v. Inhabitants of Otis, 90 Mass., 478 y 479.

Una “denuncia criminal,” propiamente hablando, existe solamente cuando se ha presentado una denuncia en debida forma por escrito contra el acusado ante un magistrado y ha comenzado la causa debidamente. Es cierto que el sentido en que corrientemente se interpreta la palabra es igual a si se dijera “ accusation, ” y se usa libremente con referencia a todas las acusaciones ya se hagan oralmente en conversación particular, públicamente en los periódicos o de alguna otra manera. Pero en el languaje jurídico la palabra “denuncia”, esta debi-damente limitada a aquellas acusaciones a las cuales se les da una forma determinada en un procedimiento ordinario. Para la ley una persona está “acusada de un delito” sola-mente cuando se establece un procedimiento legal por virtud del cual dicha persona comparece y formula su contestación a la expresada denuncia. Las meras investigaciones que se toman como base por los Fiscales, y hasta las preguntas y consideraciones qne hacen los jueces instructores, o el gran jurado para determinar si hay causa bastante para iniciar un procedimiento, no establecen por si una “denuncia criminal.” “Y se lia declarado que ese es el significado de la palabra según fia sido empleada en los Estatutos Revisados, artículo 827, por el que se conceden dietas a los Comisionados de los Estados Unidos para oir y resolver denuncias crimi-nales estando limitados a las denuncias formales qne se for-mulan por escrito con arreglo a ley, pero no incluye el examen que se fiace de los denunciantes para determinar si procede o nó un mandamiento de prisión.” (Estados Unidos v. Patterson, 150 U. S., 65.)

Es cierto que el artículo 120 de nuestro código puede fiaber sido tomado del 840 del Código Penal de California pero tam-bién fia podido ser tomado del Código de Montana o del de Idafio, cuyo último código es el más parecido, pues son exac-tamente iguales al nuestro y fueron probablemente tomados del anterior Código de California en donde se omite el último párrafo. Se verá que el artículo 120 del Código de Enjuicia-miento Criminal de Puerto Rico es sustancialmente una copia del 1636 del Código Penal de Montana que es idéntico al artí-culo 5242 del Código Penal de Idafio, lo que nos parece sufi-ciente para probar que el artículo de nuestro Código de En-juiciamiento Criminal es muy probable que fiaya sido tomado del correspondiente código de uno de estos últimos Estados y nó del Código de California. Además la regla que exige que las cortes adopten la interpretación que se fia dado a otro esta-tuto por la Corte Suprema del estado del cual fia podido set-tomado por la Legislatura, es una regla general y no es do aplicación universal sino que está sujeta amucfias excepciones y limitaciones. (Mann v. Carter, 74 N. H., 345; 15 L. R. A. [N. S.], 150; Texas & Pacific Ry. Co. v. Humble, 181 U. S., 65; Coulam v. Doull, 133 U. S., 216; State v. Campbell, 73 Kan., 688; 85 Pac., 784; Endlich Interpretation of Statutes, sec. 371; 36 Cyc., 1154, 1157.)

En apoyo de la decisión de la corte inferior se fia citado y se lia tratado de darle aplicación a la bien conocida máxima “Expressio wúus est exclusio álteriusEsta máxima no tiene debida aplicación a este caso. Es el Código de Puerto Eico y nó el de California, el qne tenemos qne interpretar. No hay en nuestro código excepción alguna por la qne sea necesa-rio recurrir a dicha máxima. La excepción ocurre solamente en el Código de California. Pero examinemos concisamente las autoridades con respecto a esa máxima y al efecto qne ha de darse a la misma.

En el tomo segundo del Diccionario Legal de Bouvier, pá-gina 353, se nos da la definición de dicha expresión y se hace referencia a algunas autoridades, a saber: “Expressio unius est exclusio alterms.” La expresión de una cosa es la exclu-sión de otra. (Co. Litt., 210; Broom’s Leg. Max., 650, 668; 3 Bingh. N. C., 85; 8 Scott N. R., 1013; 12 M. & W., 761; 16 id., 244 ; 2 Curt C. C., 365; 6 Mass., 84; 11 Cush., 328; 98 Mass., 29; 117 id., 448; 3 Johns Ch., 110; 36 Fed. Rep., 880; 74 id., 535; 104 U. S., 25; 4 Biss., 35; a los que puede agre-garse Beal’s Cardinal Rules of Interpretation, p. 78; 1 Federal Statutes Annotated, LXIX et seq., Maxwell on Interpretation of Statutes 504, 529.)

Al comentar sobre la máxima “Expressio unius .est exclu-sio álterius,” el Dr. Broom observa que debe tenerse gran cau-tela al aplicarse, pues no es de aplicación general según indicó Lord Campbell en el caso de Saunders v. Evans (8 H. L. Cases, 729), sino que su aplicación depende de la intención del otorgante según que la misma aparezca de la faz del instru-mento. (Máximas Legales de Broom, 653.) El mismo autor continúa expresando que a veces ocurre que en un estatuto cuyo texto puede razonablemente comprender muchos casos diferentes solamente algunos se mencionan por vía de ilustra-ción simplemente y no para excluir a otros de igual naturaleza, y en tales casos esta regla ordinaria no puede aplicarse. (Id., 664.) Y llama, además, la atención hacia el hecho de qne los axiomas legales no son sino las conclusiones del sentido común que han sido formadas y aprobadas por la sabiduría de los sig’los. (Id., 666.)

Al discutir esta misma máxima el Sr. Edward Beal, un eminente autor inglés, expresa que el método de interpretación compendiado en la misma es uno que ciertamente exige cui-dado, y está conforme con las,cortes .al observar que “Es a menudo un gran auxiliar, pero un principio peligroso para observar en la interpretación de estatutos o documentos. La exclusión es a menudo el resultado de la. inadvertencia o, acci-dente y la máxima no debe ser aplicada cuando su aplicación, teniendo en cuenta la materia en cuestión a que ba de ser apli-cada, conduce a incompatibilidad o injusticia.” (Se cita el caso de Lowe v. Darling & Son, 2 K. B., 784.) Reglas Cardi-nales de Interpretación de Ley de Beal, páginas 78 y 79.) Además, al aplicar así la máxima “Expressio unius est exclu-sio alterius’’ al caso en cuestión, la corte tendría que desaten-der otras reglas de interpretación más importantes-y pasar por alto esa regla fundamental o sea la intención de la Legis-latura según lia sido expresada en el propio Código de Enjui-ciamiento Criminal.. Estas reglas de interpretación serán con-sideradas con mayor amplitud más adelante en ésta opinión.

El título del Código de Enjuiciamiento Criminal en donde aparecen los artículos que consideramos, o sea el Título Y, trata del arresto y por quién y cómo debe hacerse; Evidente-mente que la intención fue la de prescribir los métodos de con-servar el orden y no especialmente vigilar los derechos del pueblo y protegerlos contra los arrestos indebidos, cuyos fines están garantizados por otros estatutos. Por. tanto, todo el título debe ser interpretado conjuntamente y dársele tal interpretación de manera que todas sus disposiciones estén en harmonía. (Washington Market Co. v. Hoffman, 101 U. S., 116; Sherman v. Buick, 93 U. S., 215; New Lamp Chimney Co. v. Ansonia Brass & C. Co., 91 U. S.; 662 y 663; Patterson v. Winn., 24 U. S., 389; 1 Fed. Stat. Ann., XXYI.)

Al considerar cuestiones como ésta conviene que lo mismo ahora que luego volvamos a examinar los primeros prin-cipios. Se lia dicho previamente que un estatuto es la volun-tad ele la Legislatura; y la regia fundamental de interpreta-ción a la cual todas las demás están subordinadas es la de que dicha ley dehe interpretarse de conformidad con la intención de los que la hicieron. (Maxwell Int. Stat., 1, 83, 84, 461; 1 Fed. Stat. Ann., XXIV.)

Para llegar a conocer la intención de la Legislatura a me-nudo se hace necesario recurrir a reglas subsidiarias, las que son de la mayor importancia en los puntos específicos com-prendidos en ellas. Al tratar de los Actos del Parlamento, el Juez Presidente Jervis, en el caso de Mattison v. Hart, 14 C. B., 385, establece la siguiente como "Regla Aurea”: "Al interpretar estatutos'y, en verdad, todos los documentos es-critos, deberán tenerse en cuenta el sentido gramatical y ordi-nario de las palabras, a menos que el mismo conduzca a -un absurdo o a alguna repugnancia o incompatibilidad que en el resto del documento pueda resultar, en cuyo caso el sentido gramatical y ordinario de las palabras puede ser modificado de modo tal que evite el error, repugnancia o incompatibilidad solamente.” Esta misma regla ha sido citada con aprobación por Lord Wensleydale, Mr. Justice Burton, Lord Ellenborough, y Lord Cranworth, en diferentes casos. (Maxwell Int. Stat., 4 y 5 y casos citados.)

Y esta regla áurea prevalece no solamente en Inglaterra sino también hacia este lado del Atlántico. El Juez Asociado, Sr. Lamar, al hablar a nombre del Tribunal Supremo de los Estados Unidos,, dijo en un caso muy conocido lo siguiente: "Para poder llegar a conocer el pensamiento o efecto, con-tenido en un estatuto, contrato o constitución, lo primero que deberá hacerse en todos los casos, es buscar la significación natural de las palabras en el orden gramatical en que hayan sido colocadas por el redactor del instrumento. Si las pala-bras tienen una significación determinada de la que no puede resultar un error, o alguna otra contradicción de otras partes del instrumento, entonces esa significación aparente de la faz del instrumento debe ser aceptada y ni las cortes ni la Legisla-tura están autorizadas para hacer ninguna adición o supre-sión a las mismas. (Newell v. People, 7 N. Y., 9, 97; Hills v. Chicago, 60 Illinois, 86; Denn v. Reid, 10 Pet., 524; Leonard v. Wiseman, 31 Maryland, 201, 204; People v. Potter, 47 N. Y., 375; Cooley Const. Lim., 57; Story on Const., Sec. 400; Beardstown v. Virginia, 76 Illinois, 34.) Así también cuando una ley se expresa en términos claros e inequívocos ya sean estos términos generales o limitados deberá consi-derarse que la intención de la Legislatura fué significar lo que dichos términos claramente expresan y, por tanto, que no hay motivo para hacer una interpretación de los mismos. (United States v. Fisher, [2 Cranch], 358, 399; Doggett v. Florida Railroad, 99 U. S., 72; Lake County v. Rollins, 130 U. S., 670, 671; 1 Fed. Stats., Ann. XXIY y LVI. Yéase también, con respecto a esta cuestión los casos citados en la nota 7, p. XXIY de 1 Fed. Stat. Ann.-),

Según ya hace tiempo expresó el Juez Presidente Sr. Marshall, “Deberá respetarse lo mismo el espíritu que la letra de un estatuto, y cuando todo el contexto de la ley demuestra una intención particular por parte de la Legislatura para llevar a cabo determinado propósito, puede recurrirse a cierto grado de deducción como ayuda para descubrir dicha inten-ción.” (Durousseau et al. v. United States [6 Cranch], 10 U. S., 314; United States v. Tynen, [11 Wall], 78 U. S., 88, 92; King v. Cornell, 106 U. S., 395, 396; Tracy v. Tuffly, 134 U. S., 206, 223; Fisk v. Henarie, 142 U. S., 459, 468; District of Columbia v. Hutton, 143 U. S., 18, 27; United States v. Healey, 160 U. S., 136, 147; The Paquete Habana, 175 U. S., 685; Glover v. United States, 164 U. S., 297; 1 Fed. Stat. Ann., XXY [25]. Es uno de'los principios elementales de interpretación de estatutos que ellos deben recibir una inter-pretación razonable y equitativa si su significación es dudosa en absoluto, y esa ciertamente no es una interpretación razona-ble para la cual no pueda alegarse una razón suficiente. (1 Fed. Stat. Ann., 2; Chesapeake & Ohio Ry. Co. v. Miller, 114 U. S., 187.)

Adoptando la norma del Juez Presidente Sr. Marshall en nna opinión qne ha sido frecuentemente citada con aprobación, podemos expresar qne debe evitarse cualquier interpretación del estatuto qne dé lngar a nn gran inconveniente a menos qne resnlte clara la intención de la Legislatura. (United States v. Fisher, 6 U. S., [2 Cranch], 386; Knowlton v. Moore, 178 U. S., 77; Bate Ref. Co. v. Sulzberger, 157 U. S., 37; United States v. George, 25 Fed. Cases No. 15199; Prentiss v. Elsworth, 19 Fed. Cases. No. 11386; In re Wong Fock, 81 Fed. Rep., 561; Broom’s Legal Maxims, 184; 1 Fed. Stats. Ann. XLIX [49].) El juez sentenciador no alega qne ha segnido la clara intención de la Legislatura, sino qne llega a la inter-pretación del estatuto adoptado después de una disensión la-boriosa. Examinemos, por tanto, con alguna extensión, el in-conveniente qne habría de resultar si se permitiera qne subsis-tiera la interpretación que ha sido dada a estos estatutos por la Corte de Distrito de Ponce. Si un policía no puede arrestar a un infractor de la ley después de caída la noche, sin un man-damiento debidamente endosado, aunque hayan sido abierta-mente infringidos por criminales en su presencia los estatutos que han sido aprobados para conservar la paz pública y el buen orden, así como la protección de las personas honradas en sus derechos civiles y en su propiedad, esto daría por resul-tado un estado general de cosas que sería semejante al de una. anarquía.

Al pasar tranquilamente por una calle pública de esta ciu-dad una alborada vigilada por un pelotón de policías, una cuadrilla de pillos puede atacar a la misma dando palos y tirando piedras a derecha e izquierda y causando heridas y golpes a gente pacífica; pero como no se comete ningún delito grave (felony) la policía no tendría poder alguno para hacer un arresto. Al celebrarse sesiones por la noche el márshal de esta corte no podría arrestar a una persona desordenada que se resolvió a tirar un tintero al juez presidente, o a pegarle al secretario con los puños, o a atacar a un abogado que podría estar criticando a un delincuente con su argumentación. Otros ejemplos como éstos podrían citarse indefinidamente, pero es bastante con qne bagamos referencia a las infracciones de los citados artículos del Código .Penal: 'artículos 62, 145, 233, 281, 283, 293 y 299.

Se ve fácilmente que la interpretación adoptada por la corte sentenciadora de los artículos 116 y 120 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no'solamente conducen a inconve-niencia sino también a un absurdo que es asimismo contrario a los reconocidos principios sobre interpretación que deben ob-servarse cuidadosamente. (Véase 1 Fed. Stat. Ann., LII [52]; Sioux City & S. P. R. R. Co. v. United States, 159 U. S., 360; Murduck v. Memphis, [20 Wall] 87 U. S., 628; Glover v. United States, 164 U. S., 300; Lou ow Ben v. United States, 144 U. S., 59; y casos citados en la última opinión del Juez Presidente Sr. Puller. Lo primero que debe evitarse es dar a un estatuto o a cualquier otro instrumento escrito una in-terpretación que nos pueda conducir a un absurdo. Esto ba sido condenado de modo especial por nuestro más alto tribunal. Si las palabras de un estatuto son susceptibles de dárse-les más de una interpretación, es un argumento poderoso contra la adopción de la misma, el error que resulte de ella. La teoría relativa a la interpretación en la que se afirma sustan-cialmente que la mitad es igual al todo no puede ser adoptada. (Glover v. United States, 164 U. S., 300; 1 Fed. Stats. Ann., LII, y casos citados en la nota 7.)

Por tanto, no constituyendo el artículo 120 una limitación a la proposición general y absoluta contenida en el primer párrafo del artículo 116, estamos obligados a declarar que puede verificarse un arresto por un funcionario de la policía por un delito de misdemeanor cuando se comete a su presencia en cualquier bora del día o de la noche; y por consiguiente, estimando y considerando que la prueba sometida durante el juicio es suficiente para sostener las alegaciones contenidas en la acusación, somos de opinión de que la Corte de Distrito de Ponce cometió un error fundamental al instruir al jurado que dictara un veredicto absolutorio a favor del acusado.

Por las razones anteriores, la sentencia dictada por la corte inferior debe ser revocada y la cansa devuelta a dicha corte inferior para los fines procedentes, de acuerdo con la ley, se-gún ha sido expresada en esta opinión.

Revocada

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Librán v. Hernández.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 839.
    Resuelto en diciembre 17, 1912.
    Bienes Ppopios de la Mujer — Deudas del Marido Contraídas Antes del Matri-monio. — De acuerdo con el artículo 1325 del Código Civil revisado, el pago de las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges antes del matrimonio, no estará a cargo de la sociedad de gananciales. Sólo podrá repetirse contra dichos bienes de conformidad con lo dispuesto en el mismo artículo 1325.
    Id. — Bienes Gananciales — Presunción—Prueba en Contrario. — De acuerdo con el artículo 1322 del Código Civil revisado, se reputan gananciales todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero esta presunción puede ser des-truida probando que pertenecían privativamente a uno de los cónyuges.
    Id. — Embargo de Bienes de la Mujer para Responder de Deudas del Marido Contraídas Antes del Matrimonio. — De acuerdo con la doctrina^expresada en el párrafo .anterior, se resolvió en el caso de autos, que habiéndose pro-bado que las casas en litigio habían sido adquiridas por la demandante du-rante su matrimonio, pero con dinero producido por la venta de una propiedad de la cual era dueña con anterioridad al matrimonio, dichas casas, no podían ser embargadas ni ejecutadas para pagar deudas contraídas por el marido de la demandante, con anterioridad al matrimonio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Abogado de la apelada: Sr. José Ramón Freyre.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Aracelia Librán Rodríguez interpuso demanda en la Corte Municipal de Mayagüez contra Agustín Hernández Mena so-bre reivindicación de dos casas situadas en Hormigueros, den-tro de la jurisdicción de la Corte Municipal de Mayagüez. Tramitado el pleito la corte dictó sentencia a favor de la de-mandante y en contra del demandado. Este apeló para ante la corte del distrito y celebrado el juicio de nuevo, la corte dictó también sentencia a favor de la demandante y en contra del demandado. El demandado entonces interpuso el presente recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo.

El juez sentenciador declaró probados los siguientes hechos:

“Que la demandante Araeelia Librán Rodríguez es dueña de las dos fincas urbanas que se describen a continuación cuyo dominio ad-quirió por escritura pública número 29, otorgada ante el Notario Rodolfo Ramírez Vigo, en Mayagüez, Puerto Rico, a 23 de febrero de 1911, cuyas fincas se describen así: (Se describen en efecto).
“Que las referidas dos fincas, fueron compradas por la deman-dante Araeelia Librán Rodríguez, a Don Avelino Rodríguez Venzo y su esposa, Doña Nicomedes Rodríguez, según escritura antes men-cionada, por el precio de cuatrocientos dollars; procediendo dicha suma de dinero, del producto de la venta de una casa que en 24 de marzo de 1905 y siendo entonces soltera la demandante, compró ésta a la Señora Vicenti, por escritura número 158 ante el notario de esta ciudad, Sr. Mariano Riera Palmer.
“Que el día 15 de octubre del año 1905, la demandante contrajo matrimonio católico con el que es hoy su esposo nombrado Sinforiano Soto Guzmán.
“Que el marido de la demandante, o sea Sinforiano Soto Guzmán, antes del matrimonio con aquélla, llevaba cuentas con la casa mer-cantil de Ahedo, después Ibarrondo, que gira en esta plaza. Que la última partida de dicha cuenta tomada por Sinforiano Soto Guz-mán en la casa de Ibarrondo, lo fué con fecha 2 de septiembre del año 1905, o sea antes de contraer matrimonio con la demandante. Que el saldo de dicha cuenta corriente, montante a ochenta y nueve dollars y centavos, en contra de Sinforiano Soto Guzmán, fué ven-dido o cedido por la Mercantil Ibarrondo, al ahora demandado en este pleito Agustín Hernández Mena, quién entabló una acción para el cobro de dicha cuenta contra el marido de la demandante Sinfo-riano Soto Guzmán, ante la Corte Municipal de Mayagüez (Caso Civil No. 156), y en dicho pleito en que recayó sentencia contra Sin-foriano Soto Guzmán, se sacaron a pública subasta en ejecución de dicha sentencia las dos casas antes mencionadas y descritas, como si dichos bienes hubieran sido de la propiedad del demandado en aquel caso, Sinforiano Soto Guzmán, o como si dicho demandado hubiera tenido sobre ellos algún derecho, título o interés; y en virtud de dicha subasta, el ahora demandado Agustín Hernández Mena, adqui-rió dichas propiedades a título de compra en subasta pública judicial, la que se llevó a cabo por el marshal de la Corte Municipal de Mayagüez, el día 12 de mayo de 1911, poseyendo actualmente el de-mandado Agustín Hernández Mena, una escritura número 32, otor-gada el mismo día de la subasta pública, ante el notario de esta ciu-dad, Don Juan Quintero, refiriéndose dicha escritura de compra-venta a las dos casas origen del presente pleito sobre reivindicación.
“Que después de haber otorgado la escritura de venta judicial de las dos propiedades, a favor del ahora demandado Agustín Her-nández Mena, éste solicitó y obtuvo de la Corte Municipal 'de Maya-güez, un mandamiento para que se le pusiera en posesión de los bie-nes adquiridos en pública subasta, o sean las dos casas antes descri-tas, y el márshal de la Corte Municipal de Mayagüez, Tomás Ramí-rez Yicentí, con fecha tres de junio del año 1911, se trasladó al poblado de Hormigueros, donde radican las referidas fincas y dió posesión judicial de las mismas al ahora demandado Agustín Her-nández Mena, en la persona de Evaristo Cámara, representante del ahora demandado Agustín Hernández Mena, requirió a la deman-dante Aracelia Libran Rodríguez, haciéndole saber que el dueño de las casas antes descritas, era el ahora demandado Agustín Hernán-dez Mena, y que la demandante Aracelia Librán, debía saber que desde entonces, si quería continuar habitando una de las casas, debía pagar al demandado Agustín Hernández Mena, una suma mensual que se determinó como canon a arrendamiento; no habiendo pagado hasta la fecha la demandante ninguna suma como canon de arrenda-miento al demandado Agustín Hernández Mena, por no habérselo éste, ni ninguna otra persona a su nombre, cobrado. En cuanto a la otra de las dos casas, también de ella tomó posesión el demandado Agustín Hernández Mena y la dió en arrendamiento por la suma de cuatro dollars mensuales, a un ministro de la Iglesia Presbiteriana.
“También se ha probado, que el valor de las casas de cuya reivin-dicación se trata, es de cuatrocientos dollars en la actualidad.
“Además, han quedado debidamente identificados las dos pro-piedades de cuya reivindicación se trata en el presente pleito.”

Hemos examinado la prueba practicada y a nuestro juicio sostiene los hechos declarados probados por el juez senten-ciador. Claramente se deduce de ella que allá por el año de 1905 Sinforiano Soto contrajo una deuda en una casa de co-mercio de Mayagüez. Que después de contraída la deuda, Soto casó con la demandante que era dneña de nna propiedad in-mueble. Qne pasaron algunos años y la demandante vendió su propiedad en seiscientos pesos y con cuatrocientos de ellos adquirió las dos casas sobre que versa este pleito. Y que entonces, cuando aparentemente la sociedad de gananciales constituida por Soto y la demandante había adquirido esas propiedades, Agustín Hernández Mena, a quien aparece la sociedad acreedora cediendo el crédito, demanda a Soto, ob-tiene una sentencia a su favor y en la ejecución de la misma embarga las' casas, las adquiere en pública subasta, toma posesión de ellas, cobra el alquiler de una y de la otra desa-hucia a la demandante. La sentencia de desahucio no se llegó a ejecutar por haberse paralizado a virtud de un mandamiento dé injunction.

Con tales hechos como base, es necesario concluir, como concluyó la corte sentenciadora, que las casas en cuestión son de la propiedad exclusiva de la demandante y que el título que sobre ellas adquiriera el demandado, no es justo ni suficiente en derecho, debiendo, por tanto, el dicho demandado dejarlas expeditas y a la libre disposición de la demandante.

El artículo 1322 del Código Civil revisado dispone que se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se prueba que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.

No cabe duda que las casas cuya propiedad se discute en este litigio, adquiridas durante el matrimonio de la deman-dante con Soto, tenían la presunción de gananciales, pero tal presunción puede destruirse como se destruyó en este caso, probándose que la demandante era dueña de una propiedad con anterioridad al matrimonio, que la vendió y que con parte del producto de la venta fué que adquirió las repetidas casas.

Además, aun cuando estimáramos que la prueba sobre tal extremo no fué tan clara y concluyente como debe exigirse que sea en un caso de esta naturaleza, y aun cuando se siguie-ran- considerando las casas como bienes de la sociedad de gananciales, la sentencia se sostendría por el fundamento de que la deuda se contrajo por el marido antes de su matri-monio, y según dispone el artículo 1325 del Código Civil re-visado, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio, no estará a cargo de la sociedad de gananciales.

El demandado y apelante suscitó diferentes cuestiones con motivo de mociones para eliminar, excepciones previas, y práctica de las pruebas. Las hemos estudiado todas y a nues-tro juicio la corte al resolverlas no cometió error fundamental alguno que pueda ser motivo bastante para la revocación de la sentencia apelada. Dicha sentencia es la justa y proce-dente en este caso y debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    El Pueblo v. Abella.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 484
    Resuelto en diciembre 17, 1912.
    Derecho 'Penal — Aprobación de la Exposición del Caso. — Al certificar el Juez una exposición del caso debe decir que la aprueba por ser correcta con los hechos ocurridos en el juicio y por contener toda la evidencia aportada al mismo, y también las excepciones tomadas en él, si es que el apelante lo presenta como relación del caso y pliego de excepciones.
    Id. — Prueba Contradictoria. — Cuando la prueba es contradictoria, la apreciación de ella por el Juez sentenciador será respetada por esta Corte a menos que obrara con pasión, prejuicio o con manifiesto error.
    Id. — Infracción de la Ley Asignando Sueldo a los Begistradores. — El Regis-trador de la Propiedad que voluntariamente deja de asistir con puntualidad a su oficina en los dias en que de acuerdo con la ley deba concurrir a ella, infringe la ley asignando sueldo a los Registradores de la Propiedad de 10 de marzo de 1904, enmendada en 8 de marzo de 1906.
    Id.- — Aeegaciones Superfluas.. — Estas alegaciones se consideran como no ale-gadas y no necesitan probarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de El Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El apelante compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Severo Abella Bastón fné acusado ante la Corte de Dis-trito de Humacao por el becbo, de que siendo Registrador de la Propiedad de Cagnas, en varias ocasiones, y especialmente el día 28 de junio de 1911, voluntaria e ilegalmente dejó de asistir puntualmente a su oficina de diebo registro de la pro-piedad, llegando a ella en ese día a las once y treinta minutos de la mañana, en vez de baber estado en ella desde las ocbo de la mañana.

Abella Bastón opuso varias objeciones a la acusación que fueron desestimadas, y celebrado el juicio fné declarado culpable de la infracción que se le imputara y condenado a pagar una multa de cien dollars.

Según la ley aprobada en 10 de marzo de 1904 titulada “Ley asignando sueldos a los Registradores de la Propie-dad” tal como quedó enmendada en 8 de marzo de 1906, los registradores de la propiedad deberán tener sus oficinas y 'arebivos abiertos al público todos los días, con excepción de los domingos y días de fiesta legales, de ocbo a once de la mañana y de una a cuatro de la tarde, excepto los sábados en los que sólo estarán abiertos por la mañana; y los regis-tradores .tendrán el deber de asistir puntualmente a sus ofi-cinas, no pndiendo ausentarse sin licencia, otorgada por el juez del distrito si no excede de ocbo días y por el Attorney G-eneral si excede de ellos, siendo las infracciones que ellos cometan de tal ley castigadas por la primera vez con multa de cien a doscientos dollars, la segunda con cantidad mayor y la tercera con separación del cargo.

En este caso se ban remitido por el secretario de la corte inferior dos transcripciones de los autos, habiéndolo sido la segunda con el objeto de corregir ciertas deficiencias de la anterior, según manifiesta el secretario, y aun cuando en la segunda falta la sentencia, como existe en la primera, la toma-remos en consideración. Ambas transcripciones difieren en los términos en que lia sido aprobada por el juez la exposición del caso, pero tomando como exacta la segunda porque se libró para corregir defectos de la anterior, encontramos que la certificación extendida por el juez para hacer constar su aprobación no contiene todo lo que es necesario según dijo esta Corte Suprema en el caso de López v. American Railroad Company, 11 D. P. R., 154.

En esa certificación, sólo expresa el juez que aprueba la ex-posición del caso para que sirva como tal en la apelación inter-puesta para ante este Tribunal Supremo, cuando lo que debió decir es que la aprobaba por ser correcta con los hechos ocu-rridos en el juicio y por contener toda la evidencia aportada al mismo, y también las excepciones tomadas en él si es que el apelante la presenta como relación del caso y pliego de excepciones.

Pero prescindiendo de esos defectos, como la prueba es contradictoria y nada se nos ha alegado de que al decidir res-pecto de ella obrara el juez influido por pasión, prejuicio o con manifiesto error, consideraremos que la acusación probó los hechos imputados al apelante.

Réstanos ahora solamente examinar las objeciones opues-tas por el registrador y una excepción que tomó durante el juicio.

Sostuvo el registrador ante la corte inferior que tal como están expuestos los hechos en la acusación, no son constitu-tivos de .infracción a la ley sobre la materia, pues el que un día llegara a las once y treinta minutos, en vez de las ocho, no indica que haya dejado de asistir puntualmente a su oficina.

Al exigir la ley que los registradores asistan puntualmente a las oficinas, quiere claramente decir que todos los días deben concurrir a ella con puntualidad, a las horas que ha deter-minado y no hay concepto alguno en ella del que pueda dedu-cirse una interpretación contraria. Por consiguiente, impu-tando la acusación al registrador que en un día determinado voluntariamente se presentó en el registro a las once y treinta de la mañana, cuando de cumplir la ley debió estar en ella a las ocho, es evidente que imputa la comisión de una infracción prevista y penada en la ley mencionada.

También alegó el registrador que la acusación es ambigua y dudosa porque no expresa las fechas de las varias ocasiones anteriores en que no fuá puntual, cuando tal especificación era necesaria por constituir una circunstancia especial, y sostuvo, además, que la acusación imputaba más de un delito.

Como según decimos antes, la infracción acusada existe cuando el registrador voluntariamente deja de asistir a su oficina aun por una sola vez, de aquí que las palabras conteni-das en la acusación respecto a que en varias ocasiones ante-riores al día que en ella se especifica, también dejó de asistir con puntualidad, pueden considerarse como superfluas ya que en nada alteran ni cambian el sentido de la alegación esen-.cial, y eliminadas o no probadas, no perjudican la acusación ni la. condena.

Como las alegaciones superfluas no perjudican en lo esen-cial los derechos del acusado, no hacen insuficiente una acusa-ción, de acuerdo con el artículo 83 del Código de Enjuicia-miento Criminal.

Como no es necesario probar las alegaciones superfluas, no erró la corte inferior al sostener la objeción del Fiscal de la corte a que el testigo Mena contestara respecto de si antes del día 28 de junio, que es el específicamente determinado en la acusación, había el registrador apelante asistido puntual-mente a su oficina, pues importaba poco que así fuera, si era cierto que el citado día 28 no concurrió a ella voluntariamente •con puntualidad.

En vista de las precedentes consideraciones debe ser con-firmada la sentencia apelada. '~

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y del Toro.

Juez disidente: Sr. Wolf.


text:
    Amedée et al. v. Pérez et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    Procedimiento sobre impugnación de elecciones.
    No. 887.
    Resuelto en diciembre 18, 1912.
    Ley del Caso — Certiorari—Apelación!—La opinión emitida por esto tribunal el 26 de junio de 1912 en el recurso de certiorari No. 94 de Pérez ei al. v. López, Juez de Distrito, no puede ser considerada como la ley del caso, ni puede obligar a los apelantes en el presente caso, en el sentido de privarles del dereclio a ser oídos en esta apelación, porque ellos no comparecieron ni fueron oídos en el citado procedimiento de certiorari, así es que este caso debe ser considerado como si no hubiera sido previamente resuelto en virtud del certiorari.
    Apelación — Exposición del Caso — Errores de Derecho. — Cuando una transcrip-ción no contiene exposición del caso ni pliego de excepciones, el Tribunal Supremo sólo, puede examinar y considerar los errores de ley que aparezcan de los autos.
    Ley del Caso — Certiorari—Errores de Derecho. — De acuerdo con la doctrina sentada en el párrafo anterior, no existiendo pliego de excepciones ni exposi-ción del caso en la transcripción presentada, y siendo las cuestiones de de-recho que pueden examinarse las mismas que fueron resueltas por este tribunal en el caso de certiorari fallado en junio 26 de 1912, la opinión emitida en-tonces es la ley del caso y necesariamente tiene que regir la resolución de este. Id. — Segunda Apelación. — Cuando un mismo caso se presenta dos veces a un tribunal de apelación en virtud de una segunda apelación, la opinión emitida al resolver la primera apelación constituye la ley del caso, y al considerar el tribunal la segunda apelación únicamente puede resolver si los procedimientos tramitados en la corte inferior después de fallada la primera apelación, están en harmonía con la opinión emitida al resolver la primera apelación, cuya opinión en cuanto a las cuestiones consideradas y resueltas por ella consti-tuye la ley del caso que ha de regir la segunda apelación.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogados de los apelados: Sres. Muñoe y Brown.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso sobre impugnación de elecciones se inició en la villa de Vieques, perteneciente al Distrito Judicial de ílnmacao. Alegan los apelantes que el día 4 de mayo de 1911, presentaron en la oficina del Secretario de la Corte de Dis-trito de Hnmacao, una demanda con el fin de que fueran anu-ladas las elecciones municipales de Vieques, o sea, para que quedaran eliminados de la lista de electores que votaron la candidatura de la Unión en la municipalidad de Vieques, los votos fraudulentos mencionados en la demanda, y fuera de-clarada legal la elección de los candidatos del Partido Re-publicano por haber obtenido los mismos el mayor número de votos con arreglo a la ley.

La corte, mediante las debidas órdenes, declaró con lugar las excepciones que los demandados formularon a la demanda, concediéndose a la- vez permiso a los demandantes para en-mendar su demanda. Los demandados fundados en la alega-ción de que la enmienda a la demanda era una cuestión juris-diccional elevaron el caso a este Tribunal Supremo a virtud de un certiorari, celebrándose la vista del mismo y dictándose sentencia en 26 de junio último. (Pérez et al. v. López, Juez de Distrito.) Este tribunal declaró entonces y en dicho caso que el certiorari estaba bien fundado, anulando por tanto las órdenes que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 9 de marzo y 28 de mayo del corriente año, y ordenó que la corte sentenciadora siguiera conociendo del caso de acuerdo con los principos establecidos en la opinión de esta corte que fué emitida al dictarse la sentencia. Esta sentencia se comunicó a la corte inferior y en 5 de julio siguiente dicha corte, ha-ciendo mención en los autos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, desestimó la demanda que presentaron los demandantes, con costas a favor del demandado. Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente apelación.

'Al ingresar el caso en esta corte presentaron los apelados una moción para que se desestimara la apelación por el fun-damento de que la acción tomada por la corte de distrito al dictar su sentencia en 5 de julio' era simplemente ministerial y en cumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema, y por tanto no podía interponerse apelación contra dicha orden. Esta moción fué desestimada, resolviendo este tribunal que la Corte de Distrito de Humacao obraba con autoridad judicial y dictó su sentencia en el ejercicio de la misma, debiendo por consiguiente ser oída la apelación. El caso fué en efecto señalado para vista, informando las partes oralmente por me-dio de sus respectivos abogados el día 2 del corriente mes, quienes también presentaron sus alegatos.

Se alega que puesto que la opinión emitida por este tribunal el día 26 de junio último fué en un procedimiento a impugnación y revisión, y no puede ser considerada como que resuelve la ley del caso. Si los apelantes en este tribunal que fueron los demandantes en la corte inferior se hubieran hecho partes en el procedimiento de certiorari, a lo cual tenían de-recho, hubiéramos considerado la cuestión bajo un aspecto distinto al que ellos alegan ahora ante este tribunal, y resol-veríamos que la opinión emitida por esta corte en junio úl-timo, si bien fué dictada en un caso de certiorari, contenía la ley del caso puesto que en ella se resolvió la cuestión por fundamento de jurisdicción y afectaba a la causa de la acción, como era necesario que sucediera en vista de la cuestión pre-sentada; pero como estos apelantes no comparecieron en el procedimiento de certiorari y no fueron oídos ante este tribunal al celebrarse la vista de aquel caso, no los considerare-mos obligados por la sentencia que se dictó entonces en aquel caso, de modo tal que no puedan ser oídos nuevamente. Por consiguiente, consideraremos el caso como si hubiera sido pre-sentado originalmente en apelación, sin haber sido considerado previamente a virtud de un certiorari.

Pero debemos hacer referencia al hecho de que en los autos que han sido remitidos a este tribunal para nuestra consideración, los apelantes no han formulado-ningún pliego de excepciones o exposición del caso, y solamente han pre-sentado una transcripción de los autos debidamente certifi-cada por el secretario de la corte inferior y encontramos, por consiguiente, de un examen que hemos hecho de los autos, que las principales cuestiones de hecho y de derecho que aparecen en estos autos que ahora se traen en apelación, son las mismas que fueron discutidas y resueltas por este Tribunal Supremo en el procedimiento de certiorari, no habiéndose sometido nuevas cuestiones a nuestra consideración. Ni se lia señalado ningún error que se alegue haberse cometido por la Corte de Distrito de Humacao desde que se dictó la sentencia de este caso a virtud del certiorari, sin que tampoco se haya demos-trado que la corte inferior no debió haber dictado la sentencia que dictó el día 5 de julio último, de conformidad con la sen-tencia de esta corte que había sido dictada algunos días antes.

Según la opinión de esta corte emitida en 20 de abril de 1909 en el caso de Gutiérrez v. Bustelo, anotado en el tomo 15, D. P. R., 243 y siguientes, cuando no existe en los autos nin-guna exposición de hechos, ni pliego de excepciones, ni expo-sición del caso, esta corte está limitada en su examen de los errores si alguno se señala, a aquellos que se refieren a la ley solamente y que aparecen de la faz de. los autos. Por esta razón estamos imposibilitados de tomar en con-sideración muchas de las cuestiones importantes presen-tadas por el abogado del apelante en su informe oral.

’ Por consiguiente nos encontramos virtualmente considerando el mismo caso que fue presentado a esta corte en el procedi-miento de certiorari, incluyendo todas las cuestiones de ley que sur jen de las órdenes erróneas que fueron dictadas por la . Corte de Distrito de Humacao, cuyas cuestiones fueron re-sueltas por esta corte en el referido procedimiento de certio-rari el día 26 de junio último. Por tanto, en vista de todas las circunstancias de este caso, y tomando en consideración los autos que tenemos sometidos a nuestra consideración, esta-mos obligados a seguir la sentencia que dictamos en el caso de certiorari y a declarar que la ley relativa al caso ha que-dado establecida en la forma en que ha sido enunciada en 'aquel caso. Si se hubiera traído el caso a este tribunal por primera vez en apelación en vez de a virtud de un certiorari, no habría duda alguna de que todo lo que podía ser tomado en consideración en la segunda apelación, sería el hecho de si los procedimientos habidos en la corte de distrito en el segundo juicio fueron o nó compatibles con la sentencia dictada en la primera apelación, siendo tales decisiones universalmente con-sideradas como la ley del caso, determinado en cnanto a las cuestiones que anteriormente fueron tomadas en considera-ción y resueltas. (U. S. v. Camou, 184 U. S., 574; Barney v. Winona, 117 U. S., 228; Chaffin v. Taylor, 116 U. S., 567; Clark v. Keith, 106 U. S., 464; Falero et al. v. Falero, 16 D. P. R., 79, al cual se hace referencia en el caso de la New York and Porto Rico Steamship Company y. F. H. Dexter, resuelto por esta corte el día 26 de marzo último.

Encontrándose en estas condiciones el caso según ha sido presentado a este tribunal en esta apelación, la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de Humacao en dicho caso el día 5 de julio último fue correcta y debe confirmarse en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sk. Hernández,

text:
    El Pueblo v. Blanco.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 496.
    Resuelto en diciembre 20, 1912.
    Desecho Penal — Infracción del Beslamento de Sanidad — Casas a Prueba de Bapas. — Ds insuficiente una acusación en la cual se imputa al dueño de una casa el no haber cumplido una orden del Director de Sanidad para hacer las siguientes reformas en su casa: "Poner los pisos de concreto; a las paredes una capa de concreto de cuatro pulgadas de grueso, dos pies de pro-fundidad y cuatro de altura; el patio a prueba de ratas, colocando todo al rededor y al nivel del piso de la segunda planta un saliente de zinc de dos pies de ancho, incrustado en la pared por donde deben pasar todos los tubos de desagüe, los alambres de luz, etc.,” cuando en ella se omite el expresar si la casa está destinada a vivienda y tiene el piso de la planta baja de ma-dera, para que así quede sujeta al artículo 2o. del reglamento de sanidad No. 3, aprobado por el Consejo Ejecutivo en julio 11, 1912, o si es un edificio destinado a alguno de los fines que se especifican en el artículo 7 do dicho reglamento, para que así quede sujeto a las reglas prescritas para las casas de viviendas y edificios, y en su caso a la condición indispensable de tener el piso de concreto u hormigón si se tratare de mercado, muelle, almacén y cualquier depósito de provisiones.

      Id. — Casas a Prueba de Batas — Casas de Vivienda. — Si la casa del acusado está destinada a vivienda y tiene de madera el piso de la planta "baja, no puede estar sujeta a ninguna de las reformas ordenadas por el Direetor de Sanidad, como lo revela el artículo 2o. del Béglamento de Sanidad No. 3 ya citado.
    Id. — Almacén o Deposito de Provisiones — Edificios va Construídos. — Si el edificio en cuestión tiene algún destino de los que se detallan en el artículo 7 del Beglamento de Sanidad No. 3 ya citado, lo que no resulta de la acusa-ción, quedaría indudablemente sujeto a la condición de tener su piso necesaria-mente de concreto, si fuera almacén o depósito de provisiones, pues mercado o muelle no lo ha de ser, pero nunca podría exigírsele a su dueño que le pusiera a las paredes “una capa de concreto de cuatro pulgadas de grueso, de dos pies de profundidad y de cuatro de altura y el patio a prueba de ratas, colocando todo alrededor y al nivel del piso de la segunda planta, un saliente. de zinc de dos pies de ancho incrustado en la pared por donde deben pasar todos los tubos de desagüe, los alambres de luz, etc. ’ ’

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Miguel Guerra.

    Ahogado de El Pnehlo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Presidente Sk. Hernández,

emitió la opinión del trihnnal.

Se trata de nn recurso de apelación interpuesto por el acusado Enrique Blanco contra sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a. en 7 de octubre del co--rriente año, condenando a Blanco por infracción del Begla-mento de Sanidad No. 3, a la pena de $75 de multa y en su defecto a nn día de cárcel por cada dollar que dejare de satis-facer, sin costas.

La cansa se originó en virtud de acusación presentada por el Fiscal de dicho distrito contra Enrique Blanco, la que en su parte sustancial dice así:

“El citado Enrique Blanco allá el día 12 de agosto de 1912, en San Juan que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, fue notificado por el inspector de Sanidad J. Fonfrías de una orden expedida por el Director de Sanidad, para que dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de la notificación, hiciera las siguien-tes reformas en una casa de su propiedad situada en la calle de Tetuán 38, y marcada por la Sanidad con el número 37, distrito 19: Poner los pisos de concretos, a las paredes una capa de concreto de 4 pulgadas de grueso, 2 pies de profundidad, y 4 de altura; el patio a prueba de ratas, colocando todo alrededor y al nivel del piso de la segunda planta un saliente de zinc de 2 pies de ancho, incrustado en la pared por donde deben pasar todos los tubos de desagüe, los alambres de luz, etc. Y el citado Enrique Blanco, ilegal y volunta-riamente dejó transcurrir con exceso el plazo dádole sin que haya efectuado ninguna de dichas reformas. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista, y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

Después ele haber hecho el acusado la alegación de no culpable su ahogado opuso a ella el reparo de que no aducía hechos constitutivos de un delito público, cuya excepción fué desestimada por la corte, habiendo sostenido ante esta Corte Suprema su procedencia tanto el Sr. Fiscal como la represen-tación de la parte apelante.

Examinemos esa excepción a la luz de los preceptos legales atinentes del Reglamento de Sanidad No. 3 para construir y conservar a prueba de ratas los edificios y sus dependencias en la Isla de Puerto Rico, redactado por la Junta Insular de Sanidad, aprobado por el Consejo Ejecutivo en 11 de julio de 1912 y promulgado por el Gobernador en 15 de dicho mes y año.

Los artículos 2, 7, 11 y 12 de dicho Reglamento dicen así:

“Artículo 2. En las casas y edificios ya construidos se observa-rán las reglas siguientes:
“Las casas dedicadas a viviendas que tengan el piso de la planta baja de madera, se pondrán a prueba de ratas, (1) levantando aqué-llos a una altura de dos pies por lo menos sobre el terreno con todos los postes al descubierto, o (2) poniendo a prueba de ratas todo el espacio bajo el piso con un muro de cimentación hecho de piedra o concreto que se extienda bajo la superficie del terreno a una pro-fundidad de dos pies y ajustado perfectamente al piso de la casa. Toda madera podrida debe renovarse.
“Art. 7. Todo edificio destinado a mercado, almacén, depósito, panadería, fábrica de pastas, y conservas alimenticias, licorerías, dul-cerías, tiendas, colmados, bodegas, muelles, hoteles, cafés, restau-ranes, bodegones y ventorrillos deberán sujetarse a las reglas pres-critas para las casas de viviendas y edificios: Disponiéndose, no obstante, que los mercados, muelles, almacenes y cualquier depósito de provisiones deberán tener el piso necesariamente de concreto n hormigón y además “ * #.
“Art. 11. Estas disposiciones deberán cumplirse dentro de un plazo que el Director de Sanidad fijará en cada caso de acuerdo con la importancia de la obra y de los medios de que se disponga en cada localidad.
“Art. 12. Toda infracción a cualquiera de las reglas contenidas en este reglamento será castigada con una multa máxima de $100.”

Según la acusación el apelante fué notificado por un inspector de Sanidad de la orden expedida por el director del ramo para que hiciera las reformas específicamente expresa-das en dicha acusación, de la cual no aparece si la casa de que se trata está destinada a vivienda y tiene el piso de la planta baja de madera para que así quede sujeta al artículo segundo que dejamos transcrito, o si es un edificio destinado a alguno de los fines que se especifican en el artículo 7o. para que así 'quede sujeta a las reglas prescritas para las casas de vivien-das y edificios y en su caso a, la condición indispensable de tener el piso de concreto u hormigón si se tratare de mercado, muelle, almacén y cualquier depósito de provisiones.

La omisión observada en la acusación da lugar a que ésta no contenga todos los elementos necesarios para que los hechos constituyan infracción del -Reglamento de Sanidad No. 3, pues si la casa del acusado e'stá destinada a vivienda y tiene de madera el piso de la planta baja, no puede estar sujeta a ninguna de las reformas ordenadas por el Director de Sani-dad, como lo revela el artículo segundo del Reglamento que se ^upone infringido; y si el edificio en cuestión tiene algún ■ destino de los que se detallan en el artículo 7o. del mismo reglamento, lo que no resulta de la acusación, quedaría indu-dablemente sujeto a la condición de tener su piso necesaria-mente de concreto si fuera almacén o depósito de provisiones, pues mercado o muelle no lo ha de ser, pero nunca podría exigírsele a su dueño que le pusiera a las paredes una capa de concreto de 4 pulgadas de grueso, de dos pies de profun-didad y de 4 de altura y el patio a prueba de ratas, colocando todo alrededor y al nivel del piso de la segunda planta un saliente de zinc de 2 pies de ancho incrustado en la pared por donde deben pasar todos los tubos de desagüe, los alambres de luz, etc. Tales reformas no están autorizadas por el Regla-mento de Sanidad No. 3 respecto de las casas y edificios ya construidos, según lo revela el artículo 7o. en relación con el 2o. del reglamento.

Atendidos los términos de la acusación, el artículo Io. no es de aplicación al presente caso. Tenemos, pues, que la acu-sación no muestra que la orden del Director de Sanidad dejada de cumplir por el acusado baya sido dictada dentro de las facultades de dicho director para dar ejecución al Reglamento de Sanidad No. 3, y siendo ello así tampoco puede afirmarse que dicha acusación muestre infracción justiciable de alguna de las reglas contenidas en el Reglamento'de Sanidad No. 3.

Si la orden del Director de Sanidad fué ilegal y, por tanto, nula, no estaba el apelante en el deber de darle cumplimiento y la infracción de dicha orden no puede constituir materia penable.

Por las razones expuestas entendemos procede la revoca-ción de la sentencia apelada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf, firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaet,

text:
    Cerra v. Fajardo Development Co.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 868.
    Resuelto en diciembre 20, 1912.
    Injunction — Desestimación de la Solicitud Antes de Oír Pruebas. — Una corte de distrito tiene facultades para denegar un injunction, sin practicar prueba alguna, cuando de la petición de injunction y de los affidavits presentados en pro y en contra de la misma, no se deduce claramente que existen motivos suficientes para decretar el injunction.

      Expropiación Forzosa — Bienes Gananciales — Partes Necesarias. — En nn pro-cedimiento de expropiación forzosa de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad de gananciales, y dirigido únicamente contra el marido, la esposa no es parte necesaria en el mismo.
    Id. — Sentencia—Transferencia del Terreno. — Cuando en un procedimiento de expropiación forzosa se dicta sentencia a favor del demandante, no es nece-sario ordenar al demandado que otorgue escritura transfiriendo el terreno objeto de la expropiación al demandante, pues la sentencia por sí sola cons-tituye el título del demandante a la finca expropiada.
    Id. — Bienes Gananciales — Otorgamiento de Escritura por el Marido. — De acuerdo con la doctrina expresada en el párrafo anterior, cuando en un pro-cedimiento de expropiación forzosa de bienes gananciales dirigido únicamente contra el marido, éste voluntariamente otorga escritura a favor del deman-dante sin que la ley le obligue a ello, tal otorgamiento no puede perjudicar los derechos de la esposa al terreno objeto de la escritura.
    Id. — Bienes Gananciales — Comparecencia de la Esposa. — De acuerdo con el artículo 1327 del Código Civil el marido es el administrador de los bienes gananciales, y aunque no puede enajenarlos ni gravarlos sin el consentimiento de la esposa, sin embargo la ley puede gravarlos, como sucede en los gravá-menes por contribuciones, mandamientos de ejecución y de embargo, sin que en tales casos sea necesaria la gestión voluntaria del marido, y sin que la ■ esposa sea parte necesaria en tales procedimientos.
    Injunction — Daños Irreparables — Expropiación Forzosa — Compensación Pe-cuniaria. — No siendo la demandante en este caso parte necesaria en el pro-cedimiento de expropiación forzosa del terreno objeto de este injunction, no puede alegar haber sufrido daños por la expropiación de dicho terreno. Se resolvió también que no se ha alegado en la petición de injunction la existencia de daños irreparables, aparte de que en el caso de que existieran podían ser objeto de compensación pecuniaria.
    Apelación — Sentencia Ajustada a Derecho — Fundamentos Erróneos. — Aun cuando los fundamentos de una resolución sean erróneos, si la resolución en sí misma está ajustada a derecho, no procede por aquel motivo su revoca-ción.
    Injunction — Discreción del Tribunal — Cautela.—La concesión o denegatoria de un injunction descansa en la sana discreción del tribunal y sólo debe con-cederse con gran cautela y en aquellos casos en que la necesidad y las razones para expedirlo sean claras.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Huyke.

    Abogado de la parte demandada: Sr. Luis Muñoz Morales.
   El Juez Asociado Se. MacLeaet,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso en el cual la demandante solicitó de la Corte de Distrito de Hnmacao, la expedición de nn injunction. El injunction fné denegado y el demandante interpuso apelación para ante este tribunal, alegando qne se había cometido error por la corte de distrito al negarse a expedir el anto.

Un injunction, según ha sido definido por las autoridades más altas, es nn mandamiento judicial por el que se require a una persona que ejecute determinada cosa o se abstenga de ejecutarla, de acuerdo con las exigencias del caso. (2 Story’s Equity, 861; Spelling on Injunctions, 243.) Los de la primera. clase se ha dicho que son mandatorios, y los de la segunda, prohibitorios. La segunda clase es mucho más corriente. (Spelling, sección 11.) Nuestro estatuto con res-pecto a injunctions fné aprobado el día 8 de marzo de 1906.

En su primera sección se define el injunction en los siguien-tes términos:

“El injunction es un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otros bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra.”

En el artículo 4 del mismo se dice lo siguiente :

“No podrá otorgarse un injunction para suspender un procedi-miento judicial que se estuviere tramitando al instituirse la acción en que se solicite el injunction, a menos que la restricción fuere nece-saria para impedir una multiplicidad de tales procedimientos.”

En el artículo siguiente de dicha ley se dispone que:

“Podrá otorgarse un injunction en cualquier tiempo antes de ha-berse dictado sentencia, mediante petición o declaración juradas, siem-pre que aquélla o ésta, en su respectivo caso demostraren satisfac-toriamente que existen motivos suficientes para concederlo.”

Leyes de la Sesión de 1906, páginas 81-83.

En el presente caso la solicitud no fue presentada en un procedimiento judicial que entonces se estuviera tramitando, sino que era un pleito independiente que tenía por objeto obtener un injunction permanente contra el demandado para impedir el traspaso y ocupación de cierta parcela de terreno que había de usarse como camino para un ferrocarril. La solicitud de injunction fué presentada con posterioridad a la fecha en qne se dictó la sentencia de expropiación del terreno, y en ella no se expresa qne existiera probabilidad alguna de multiplicidad de procedimientos, así como tampoco mostraba razón alguna de que se temiera que tal cosa pudiera ocurrir.

La corte inferior, antes de dictar sentencia en este caso emitió una larga opinión en la que se discutían extensamente todos los puntos tanto de hecho como de derecho, y el día 8 de abril de 1912 desestimó la solicitud de injunction que había sido presentada, adjudicando las costas a favor del deman-dado.

Como la acción tomada por la corte sentenciadora en este caso se fundó virtualmente en la falta de equidad de la de-manda, es conveniente que se lea cuidadosamente la demanda en la que el promovente solicitó la expedición del auto, a fin de que podamos apreciar mejor el caso.

La demanda, en resumen, es sustancialmente como sigue:

- ‘ ‘ Que la demandante en este pleito, Manuela Cerra de Zalduondo, por. medio de su abogado, Juan B. Huyke, comparece ante la corte y establece esta acción contra la Fajardo Development Company y Miguel Zalduondo Yeve que es asimismo demandado en esta acción, y alegando .•
Primero. Qiue la Fajardo Development Company es una corpora-ción de fuera del país, autorizada para hacer negocios en esta isla, y el demandado, Miguel Zalduondo Yeve, es residente del pueblo de Fa-jardo y mayor de edad.
‘ ‘ Segundo. Que la demandante y el referido demanda,do Zalduondo han estado y están casados, no habiendo ninguno de ellos aportado bienes al- matrimonio.
“Tercero. Que la demandante y el demandado Zalduondo son dueños de una finca comprada con fondos de la sociedad de gananciales en 28 de noviembre de 1909, cuya finca está situada en el barrio de Quebrada Seca de Fajardo, y se compone de 6 cuerdas de terreno, (cuyas colindaneias se describen).
“Cuarto. Que la Fajardo Development Company en el año 1910 acudió al Consejo Ejecutivo en solicitud de que se expropiara una parcela de terreno perteneciente a la finca anteriormente descrita, compuesta de 92 metros y 85 centímetros de largo, por 10 metros de ancho, (cuyas colindancias se describen).
“Quinto. Que el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico citó al de-mandado Zalduondo para que compareciera a un meeting que tenía por objeto que hubiera una discusión con respecto a dichos procedi-mientos de expropiación, pero que la demandante en este caso no fué citada ni notiñcada, ni se le' oyó en forma alguna.
“Sexto. Que como resultado de tales procedimientos ante el Con-sejo Ejecutivo de Puerto Rico, la Fajardo Development Company presentó en la Corte de Distrito de Humacao una demanda sobre ex-propiación forzosa de la faja de terreno anteriormente descrita, por ser de utilidad pública, contra Miguel Zalduondo Yeve, sin que la peticionaria fuera parte en dicho pleito.
“Séptimo. Que se celebró la vista de la causa y la Corte de Dis-trito, en 28 de marzo de 1912, dictó sentencia declarando la expropia-ción de la faja de terreno descrita, habiéndose concedido en la sen-tencia el título de dicha parcela de terreno a’la Fajardo Development Company sin que se hubiera hecho parte en la acción a la peticionaria.
“Octavo. Que con motivo de la sentencia dictada por la corte la peticionaria ha quedado privada de su propiedad sin que haya sido oída y vencida en juicio y sin que. hubiera mediado compensación.
“Noveno. Que el propósito de la Fajardo Development Company al conseguir la expropiación de dicha parcela es el de construir una línea de ferrocarril a través de la misma, lo que ha de ocasionar grandes e irreparables perjuicios al resto de la finca que pertenece a la demandante.
“Décimo. Que por virtud de lo decretado en la sentencia el de-mandado Zalduondo se halla obligado a otorgar escritura a favor de la Fajardo Development Company, y que esta última ha de seguir adelante el procedimiento de expropiación con el fin de construir la expresada vía de ferrocarril tan pronto como le sea posible.
“Undécimo. Que una compensación pecuniaria no habría de pro-porcionarle remedio adecuado a la peticionaria, pues de no ser res-tringidos los demandados en la ocupación de dicha parcela, una mul-tiplicidad de procedimientos habría de sobrevenir para evitar los daños que resultarían a la peticionaria con motivo de dicha expropiación, la que no tiene otro remedio adecuado en la ley.
“Duodécimo. Que el valor intrínseco de la participación de la de-mandante en la parcela de terreno excede de la suma de $600, por lo que se solicitó de la corte qu$ ordenara a los demandados en este pleito que se abstuvieran de otorgar escritura o tomar posesión de dicha parcela de terreno hasta que la peticionaria haya sido oída y se haya dictado sentencia contra la misma.”

Concluye la demanda con la súplica siguiente:

“Por lo que suplicamos a la corte se sirva decretar un auto de injunction dirigido contra los demandados en este caso, en el que se les requiera
“ (a) Que Miguel Zalduondo Yeve se abstenga de otorgar escritura a la Fajardo Development Company y ponerla en posesión de la par-cela o faja de terreno descrita en la alegación cuarta de la demanda, hasta tanto no medie nueva orden de la corte.
“ (b) Que la demandada Fajardo Development Company, ya por sí, ya mediante sus empleados, sirvientes, agentes, representantes, abo-gados, y demás personas que actúen a su nombre y bajo su dirección se abstenga de ejecutar la sentencia definitiva dictada por la corte de distrito el día 28 de marzo de 1912, en el pleito número 1803 se-guido por dicha corporación contra Miguel Zalduondo Yeve sobre expropiación forzosa; absteniéndose al mismo tiempo de ocupar la faja o parcela de terreno reseñada o en cualquiera forma incautarse de ella hasta que sea oída y vencida en juicio la peticionaria.
“ (c) Que los demandados en este pleito sean condenados a pagar las costas de este procedimiento, incluyendo honorarios de abogados. ’ ’

De lo que precede se verá que el injunction se lia solici-tado por tres fundamentos, a saber: Primero. Que la deman-dante Señora Cerra de Zalduondo es dueña de una.mitad in-divisa de 6 cuerdas de terreno, de las cuales se trata de ex-propiar la faja o parcela. Segundo. Que si la demandada Fajardo Development Company tomara posesión de dichos terrenos para dedicarlos al uso a que se ha hecho referencia, esto causaría daños irreparables a la peticionaria; y tercero. Que una compensación pecuniaria no sería un remedio ade-cuado por el daño que sufriría la demandante. 0

Antes de entrar a discutir estas diferentes cuestiones, debe tomarse en consideración la objeción preliminar formulada por el apelante. Se expresa en el brief y se ha alegado con cierta seriedad e insistencia en el informe oral, que la corte sentenciadora procedió erróneamente al denegar el injunction antes de oir ninguna prueba con respecto a los hechos contenidos en la solicitud. Se alega que éste fué un pro-cedimiento erróneo. Nosotros no lo entendemos así. Es la práctica corriente cuando una solicitud se presenta a un juez o a una corte para que se expida un injunction y se formula una contestación a la misma, o antes de que se formule la contestación, que la corte debe considerar los lieclios conte-nidos en la petición jurada o en cualesquiera affidavits que acompañen a la misma, así como aquellos que aparezcan en la contestación jurada y en los contra-affidavits en que la misma se apoye, y concederá o negará el injunction por los méritos de la demanda o de la contestación; o después que el injunction se ha concedido y presentado una moción para anularlo, la corte disolverá o se, negará a anular el injunction u orden restrictiva expedida anteriormente. En la sección 5a. de la Ley de injunction a que se ha hecho referencia se dispone especialmente que el injunction podrá otorgarse me-diante petición o declaración juradas que acompañen a la misma, siempre que dicha petición o declaraciones juradas demuestren satisfactoriamente que existen motivos suficientes para concederlo. Desde luego que la facultad para conceder el auto simplemente por lo que aparezca de los documentos sin oir prueba alguna supone, que la corte o juez tiene el derecho de negar el auto cuando no aparecen motivos sufi-cientes para que sea concedido. Esta práctica está tan bien establecida que no es necesario discutir el asunto con mayor extensión.

Por consiguiente, la primer cuestión que ha de conside-rarse con arreglo a los méritos del caso es el interés que tiene la demandante en las 6 cuerdas de terreno en las cuales se trata de establecer la servidumbre de paso. Aparece de la demanda que esta finca fué comprada después del ma-trimonio de Doña Manuela Cerra y Miguel Zalduondo y que ninguno de ellos tenía propiedad alguna en la fecha del matrimonio. Por tanto, la parcela de terreno pertenece a los bienes gananciales de Zalduondo y su esposa, sección 1322 del Código Civil, y la primer cuestión que ha de ser tomada en consideración es si la esposa fné o nó parte necesaria en los procedimientos sobre expropiación de la finca pertene-ciente a los bienes gananciales. Tomando en consideración las anteriores sentencias de. este tribunal, puede deducirse por analogía que ella no es parte necesaria, puesto que fia sido resuelto que la esposa no es parte necesaria en un procedi-miento sobre ejecución de una hipoteca constituida en pro-piedad perteneciente a los bienes gananciales. Véase el caso de Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. Ereño, 16 D. P. R., 100-106, y Torres v. Lothrop, Luce & Co., 16 D. P. R., 180. De acuer-do con nuestra ley, el marido es el administrador de los bienes gananciales, (art. 1327 del Código Civil), y aunque no puede traspasarlos o venderlos sin el consentimiento de la esposa, la ley puede imponer un gravamen sobre los bienes como .ocurre en la tasación de contribuciones, orden de ejecución, o mandamiento de embargo o en alguna otra forma, sin que sea necesaria la gestión voluntaria del marido, y en tales casos la esposa no es parte necesaria en los procedimientos. En el presente caso parece que la corte, al dictar la sentencia sobre la expropiación forzosa del terreno, ordenó al ma-rido que hiciera un traspaso del terreno a la Fajardo Development Company. Esto no era necesario. La orden de la corte daba el título de la finca, o por lo menos, el derecho o servidumbre concedido en la misma a la Fajardo Development Company sin que tuviera nada que ver el marido, y si éste voluntariamente ejecuta, un traspaso que la ley no le obliga a hacerlo, no puede el mismo producir efecto alguno en el sentido de perjudicar el derecho de la esposa en la finca que se trata de traspasar.

Cualesquiera derechos que la esposa tuviere en la finca en la que se pretende establecer la servidumbre, continúa tenién-dolos sin menoscabo alguno, no obstante los procedimientos de expropiación, excepto en lo que los mismos puedan afectar a los bienes gananciales. Los casos citados por el abogado de' los apelantes, a saber, Holmes v. Kansas City, 209 Missouri, 513; 108 S. W., 9; 123 Am. St. Rep., 495, y otros casos se diferencian del presente en qne en dichos casos la esposa tenía nna participación separada e independiente en la pro-piedad; en el caso de Holmes tenía lo qne se conocía por pro-piedad del marido y de la mujer (estate by entirety), según el que tenía ella qne ser parte en los procedimientos de expropiación; y siendo ella parte necesaria en los mismos, y teniendo un interés independiente en la finca que trata de expropiarse tenía derecho de impedir la ocupación de la finca hasta que se le quitara mediante debido procedimiento de ley y se le pagara la debida compensación por la misma. Se verá qne estos casos son completamente distintos en prin-cipio del que estamos considerando. Sin embargo, bajo las circunstancias de este caso, puede decirse que la esposa sola no tenía derecho para instituir una acción de injunction respecto de la propiedad en litigio. Esto resuelve la cuestión relativa al primer fundamento en que se basa el injunction.

Examinemos el segundo fundamento por virtud del cual se ha solicitado la expedición del injunction, o sea, que el demandado causaría perjuicios irreparables a la peticionaria por el hecho de tomar posesión del terreno a que se refiere la demanda. La Señora Cerra Zalduondo o era parte nece-saria en los procedimientos de expropiación forzosa o no lo era; si no era parte necesaria, entonces no puede alegar haber sufrido perjuicios que pudieran resultar de la expro-piación del terreno, puesto que la acción de la corte y de las partes demandadas en este pleito en la expropiación de la finca de 6 cuerdas fué estrictamente de acuerdo con la ley. Si ella era parte necesaria en los procedimientos de expropia-ción, entonces la sentencia dictada en el caso y, la acción de la corte al decretar la servidumbre sobre el terreno y la ocupa-ción del mismo por la demandada Fajardo Development Company, no podía por el hecho de no habérsele notificado a ella, afectar a ningún derecho que tuviera la peticionaria, pudiendo ésta establecer tal acción en las cortes o en alguna otra forma según lo creyera conveniente para proteger sus intereses. No existe nada en la alegación contenida en la demanda que demuéstre que algún perjuicio irreparable baya de sufrirlo alguno por virtud de la sentencia dictada en el pleito de expropiación. No resulta que se baya destruido ningún edificio, o que algún perjuicio público o privado se baya ocasionado, o que la parcela de terreno en la que se tiene en proyecto el establecimiento de la vía baya esencial-mente sufrido en su valor, excepto en cuanto a la porción que ba sido tomada para ser inmediatamente ocupada, y el valor de esa parcela puede ser fácilmente apreciado en dollars y centavos, y la cuantía de los perjuicios que sufriera la demandante con motivo de tomársele dieba parcela puede fijarse en dinero y pagársele si tiene ella derecho a cobrar dieba suma; en otras palabras, todo lo que es necesario para reparar un perjuicio que pudiera sufrir la demandante debido a los hechos expresados en la demanda, es que se dicte una sentencia ordenando que se pague cierta suma de dinero como compensación por los perjuicios,' y no se ba demostrado que hayan existido perjuicios irreparables de acuerdo con las alegaciones contenidas en los alegatos.

Y llegamos ahora a la consideración del tercer, funda-mento en el' cual la demandante funda su derecho para la expedición del injunction,, o sea que una compensación pecu-niaria no le proporcionaría un remedio adecuado. Ya hemos virtualmente resuelto esta cuestión al considerar la segunda proposición. Si los demandados o cualquiera de ellos han privado a la demandante de su finca o de alguna parte de la misma, o la han gravado con una servidumbre que no está autorizada por la ley, ella puede recurrir a la corte entablando una acción de daños y perjuicios, pudiendo recobrar la can-tidad total en pesos y centavos por cualquier perjuicio que baya podido sufrir en su propiedad. Por tanto, no hay razón alguna para expresar que el remedio no sería adecuado.

Los señalamientos de error hechos por el abogado del apelante en su alegato se fundan principalmente en la opinión de la corte inferior según aparece de los autos. No importa si la opinión de esa corte fue correcta o no. Es la sentencia o resolución contra la cnal se interpone la apelación la qne tenemos qne considerar al resolver sobre la propiedad de la acción adoptada por la corte inferior. Puede ocurrir que una corte llegue a dictar una sentencia o resolución que sea correcta tomando por base fundamentos indebidos e ilógi-cos y si la sentencia o resolución así dictada es correcta, no importa que las razones emitidas por la corte para dictar dicha sentencia sean erróneas o de algún otro modo equi-vocadas. No pretendemos expresar si las proposiciones contenidas en la opinión de la corte sentenciadora son o nó correctas en todos sus particulares, puesto que tal cosa no es necesaria para la resolución de este caso.

Además, podemos expresar en cuanto a la negativa de la corte a expedir el mandamiento de injunction solicitado, que ha sido generalmente aceptada como correcta la doctrina de que un injunction es un remedio de equidad que puede conce-derse o denegarse de acuerdo con la sana discreción del juez sentenciador, y debe siempre observarse gran cautela al con-cederse, y sólo en los casos en que la razón y la necesidad que exista para que se conceda sean claros. Véase Spelling on Injunctions, artículos 22-23; Gonzales v. Collazo, 14 D. P. R., 855; Trujillo Mercado & Co. v. Rodríguez, 16 D. P. R., 125; Morfi v. Fajardo Development Co., 17 D. P. R., 797; Abella v. Fernández et al., 17 D. P. R., 1063.

Los abogados de las partes presentaron otras cuestiones en los' importantes alegatos que presentaron en este pleito, pero, según la consideración que hemos hecho de este caso, entendemos que no hay necesidad de considerar las referidas cuestiones. Por las razones expresadas la sentencia o resolu-ción de la Corte de Distrito de Iíumacao, denegando el injunction solicitado en este caso, debe ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.