author: El Juez Asociado Senos. Wole,

text:
    Félix Benítez Rexach, demandante y apelado, v. Sergio Muñoz y Domingo Quintana, demandados y apelantes.
    No. 5889.

    Sometido: Enero 18, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1933.

      González Fagundo & González Jr. y B. Cuevas Zequeira, abogados de los apelantes; B. Buscaglia, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Senos. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 6 de abril de 1928 Ensebio Benítez, Sergio Muñoz y Domingo Quintana otorgaron un pagaré solidario a favor del Banco de Tabncoa por $3,000. El banco inició proce-dimiento contra los tres deudores nombrados. El 6 de diciembre de 1928 se registró sentencia en rebeldía contra Domingo Quintana y Sergio Muñoz. Luego de un juicio se dictó la misma sentencia contra Ensebio Benítez. Con an-terioridad a la sentencia el demandante obtuvo una orden para asegurar la efectividad de la misma. En cumplimiento de esta orden el mársbal procedió a embargar propiedad per-teneciente al demandado Ensebio Benítez. Se presentó una moción para levantar este embargo substituyéndolo con una fianza. Esta fianza fué suscrita por Santiago Iglesias Silva y Félix Benítez Rexach, el demandante y apelado en este recurso. Co'mo los demandados no pagaron, después de al-gunos procedimientos preliminares que no discutiremos se dictó sentencia contra dichos fiadores por el importe de la reclamación. Esta sentencia se convirtió nominalmente en firme.

La demanda en este caso radicada por Félix Benitez Re-xacli contra Sergio Mnñoz y Domingo Quintana aduce que la sentencia obtenida en el caso No. 13503 contra los deu-dores Sergio Muñoz y Domingo Quintana fué cedida o trans-ferida a Félix Benitez Rexach. Los demandados alegaron que lo que Félix Benitez Rexach había hecho en realidad fué pagar la sentencia dictada contra él como fiador y que por ende, como la sentencia en el aludido caso fué satisfe-cha, Félix Benitez Rexach no tenía reclamación alguna contra los deudores principales en el ameritado pleito. La Corte de Distrito de Humacao, aunque tal vez la cuestión no fué claramente suscitada, resolvió que la sentencia contra los fiadores era nula y carecía de todo valor toda vez que el Banco de Tabucoa había dejado de hacer ciertas supuestas cosas necesarias. Nos inclinamos a creer que la corte es-taba equivocada en esta resolución, mas convenimos con el apelado en que ella no determina el caso. La corte aparen-temente resolvía que la actuación de Félix Benitez Rexach nunca podía equivaler a un pago de la sentencia ya que no existía sentencia válida contra él. Empero la sentencia ape-lada debe ser confirmada en vista de que el apelado Félix Benitez Rexach probó durante el juicio que en el caso No. 13503 el Banco de Yabucoa hizo un traspaso claro de su re-clamación. Convenimos con el apelado en que ésta fué. una cesión de la sentencia tan suficiente como podía hacerse.

Los apelantes sostienen que había tres sentencias en el caso, según entendemos, una contra Sergio Muñoz y Domingo Quintana, otra contra Eusebio Benitez y otra más contra Fé-lix Benitez Rexach. Sin embargo, lo que el Banco de Ya-bucoa hizo fué vender la sentencia que había obtenido en el pleito anterior, incluyendo aquella contra Sergio Muñoz y Domingo Quintana. Convenimos con el apelado en que no -hubo prueba en el caso para demostrar que Félix Benitez Rexach en sus negociaciones con el banco pagó la sentencia, mas dicha prueba tendió a demostrar que hubo una verda-dera cesión. La corte así lo resolvió. No importa, por con-.siguiente, que la corte estuviese equivocada al decir que la .sentencia contra Félix Benitez Rexach y Santiago Iglesias :Silva era nula y carecía de todo valor.

Igualmente creemos que' no fue un error perjudicial, de serlo, que la corte permitiera que Bafael Buscaglia decla-rara durante el juicio.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Wole,

license: Public Domain

text:
    Hermanitas de los Ancianos Desamparados, demandante y apelada, v. Ignacio Piñero Estrella y su esposa Francisca Hernaiz, demandados y apelantes.
    No. 6439.

    Sometido: Julio 24, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1933.

      José S. Alegría, abogado de l'os apelantes; La Costco é La Costa Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

La asociación Hermanitas de los Ancianos Desam-parados” entabló pleito ordinario para la ejecución de una hipoteca contra Ignacio Pinero Estrella y su esposa Francisca Hernaiz. Los demandados' contestaron haciendo una negación general. El caso fue señalado para juicio. lia de-mandante presentó evidencia, pero los demandados no com-parecieron. La corte dictó sentencia a favor de la deman-dante y condenó a los demandados a pagar la suma de $8,000,. etc., declarando que si esa cantidad no era satisfecha, la propiedad gravada sería vendida en pública subasta, y que-si el producto de la venta no fuere suficiente para cubrir la deuda, se proseguiría la ejecución contra cualesquiera otros-bienes de los demandados. Éstos apelaron y ahora estamos-considerando una moción para desestimar el recurso por frí-volo.

Resolvemos que en el juicio hubo evidencia tendente a probar todas las alegaciones de la demanda. Es cierto que no se presentó certificación alguna del registro de la pro-piedad con respecto a la hipoteca, pero la escritura misma demostraba que había sido inscrita en el registro. El ad-ministrador de la propiedad ocupó la silla testifical y de-claró en efecto que la hipoteca estaba yencida y que no se habían pagado los intereses.

Tal vez alguna de la evidencia pudo haber sido ob-jetada con éxito, pero en un juicio en que no comparece el demandado, cualquiera evidencia probatoria, aunque no sea perfectamente competente, puede ser considerada a discre-ción del tribunal.

No podemos convenir con los demandados en que en un pleito en cobro de hipoteca es preciso todo el trámite de un procedimiento sumario. El demandante no está en-tonces obligado a demostrar que no había otras cargas o gra-vámenes contra la propiedad, o a negar el hecho de la exis-tencia de otras hipotecas. Todo 'eso es materia de defensa. Puede ser que antes de tratar de ejecutar la hipoteca, el de-mandante para protegerse a sí mismo, se vea obligado a no-tificar a cualesquiera otros acreedores hipotecarios, pero no liay presunción de que tales acreedores hipotecarios existen.

El reciorso es, pues, frívolo y debe ser desestimado como tal.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ex Parte, Ofelia Collazo Vda. de Satorra, peticionaria. Petra Dávila Vda. de Ledesma, opositora y apelante.
    No. 6438.

    Sometido: Junio 24, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1933.

      E. Campos del Tora, abogado de la apelante; J. Vendrellj A. Quirós Méndez, abogados de la peticionaria.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ofelia Collazo viuda de Satorra, acompañada de tres tes-tigos, compareció ante la Corte de Distrito de Arecibo. y le pidió que ordenara la protocolización de una carta que ella consideraba testamento de Francisco C. Dávila, y la Corte, estimando acreditados el fallecimiento del Sr. Dávila y la citación de las personas que pudieran tener interés en el asunto y “justificada la identidad del pliego que la peticio-naria denomina testamento,” ordenó su protocolización en la notaría del Lie. Gustavo Zeno Sama, “quedando a salvo los derechos de los interesados en la herencia de dicho cau-sante (Francisco C. Dávila) para ejercitarlos en la forma y modo que ellos estimen conveniente.”

No conforme Petra Dávila viuda de Ledesma apeló de la resolución para ante este Tribunal, solicitando la deses-timación del recurso por no estar autorizado por la ley. Se opuso la apelante citando los casos de Ex parte Planis v. Pueblo, 42 D.P.R. 689 y Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241.

En Ex parte Planis, supra, esta Corte confirmó en apela-ción una resolución dictada por la Corte de Distrito de Hu-macao declarando sin lugar la protocolización de un alegado testamento ológrafo y en Vázquez v. Vázquez, supra, revocó otra resolución igual dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla. En ninguno de dichos casos se suscitó la cues-tión de si era o no apelable la resolución recurrida. Susci-tada directamente ahora debemos resolverla por sus propios méritos.

La materia de protocolización de testamentos estaba re-gulada por la Ley de Enjuiciamiento Civil Española y por el Código Civil antiguo. Hoy lo está por la Ley de Proce-dimientos Legales Especiales y por el Código Civil Revisado. Refiriéndose a los testamentos ológrafos dice Manresa en sus Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil:

“Como no estaba autorizada esta forma de testar cuando se pu-blicó la ley de Enjuiciamiento Civil, no pudo ordenarse en ella el procedimiento para elevar a escritura pública y protocolizar el tes-tamento ológrafo, y sin duda por esto lo ha ordenado el mismo Có-digo, en sus arts. 690 al 693, que creemos deber insertar íntegros para suplir la deficiencia de la ley procesal, y sin ninguna observa-ción por la claridad y precisión con que están redactados.” 6 Man-resa. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 390.

Esos artículos 690 al 693 son esencialmente iguales a los artículos 640 a 643 de nuestro Código Civil Revisado. Ed. 1930. El 643 contiene, sin embargo, las siguientes disposi-ciones que no figuran en el 693 del Código Civil Antiguo:

“. . que constituirán título bastante para la inscripción, total o parcial, en el registro de la. propiedad, de los bienes inmuebles en que consista la herencia ...”

Expresamente no otorga el legislador recurso de apela-ción contra el acuerdo del juez decretando o negando la pro-tocolización. Antiguamente no existía, según dice Manresa en la página 407 del tomo 6 de sus ya citados Comentarios:

“Contra dicho auto, conceda o niegue la protocolización, no se da recurso alguno, y lia de llevarse a efecto, no obstante oposición, quedando a salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio declarativo que corresponda, como se ordena también en dicho artículo.”

A no ser por lo dispuesto en el último párrafo del artículo 643 del Código Civil, Ed. 1930, igual a lo prescrito en el úl-timo párrafo del artículo 693 del antiguó Código Civil, el caso podría considerarse comprendido dentro del número pri-mero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que se trata de un procedimiento especial, pero dicho pá-rrafo parece indicar que el acuerdo sobre la protocolización no puede considerarse como sentencia definitiva a los efec-tos de la apelación. Dice:

“Cualquiera que sea la resolución de la corte de distrito, se lle-vará a efecto, no obstante oposición, quedando a salvo los derechos de los interesados para ejercitarlos en el juicio que corresponda.”

Ni las partes lian citado ni nosotros liemos podido en-contrar decisión alguna de esta Corte que resuelva directa-mente la cuestión planteada, pero el razonamiento en el caso de Solá v. Solá, 30 D.P.R. 758 parece aplicable para soste-ner que la apelación no existe.

Se trataba en dicho caso de una declaratoria de incapa-cidad. Se transcribieron en la opinión los artículos 250 al 255 del Código Civil Revisado, el último de los cuales, dice:

“Artículo 255. — Contra los autos que pongan término al expe-diente de incapacidad podrán los interesados deducir demanda or-dinaria por el procedimiento del juicio oral y público.”
“Y continuó la Corte expresándose como sigue:
“¿Excluye lo dispuesto en el último de los artículos transcritos, el recurso de apelación? ¿Se trata de una sentencia definitiva?
“El recurso de apelación es de naturaleza estatutoria y al fijar el código los casos en que procede, los clasifica en tres grupos. Véase el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. El primer grupo se refiere a sentencias definitivas en pleitos o procedimientos comen-zados en las propias cortes de distrito; el segundo, a sentencias dic-tadas por dichas cortes en grado de apelación, y el tercero, a ciertas resoluciones que expresamente se designan.
' ' "No cabe comprender el auto de que se trata en el segundo, ni en el tercer grupo. ¿ Cabe comprenderlo en el primero ? La ley habla en él de sentencias definitivas y aquí el mismo legislador calificó la resolución de auto. Y si bien expresa que el auto 'pone término al expediente de incapacidad,’ inmediatamente dice que ‘los interesa-dos podrán deducir demanda ordinaria por el procedimiento del jui-cio oral y público.’ Esto es, que a menos que el auto se. consienta, el procedimiento continúa en la misma corte de distrito con las ga-rantías de un juicio, más amplio. Siendo ello así, no es posible re-conocer al auto el carácter de sentencia definitiva a que se refiere el primer grupo.
"Interpretando, pues, el artículo 295 en su corriente significado, es necesario concluir que no autoriza el recurso de apelación que se ha interpuesto, ...”

Así sucede en este caso de la protocolización. Es cierto que la medida tiene gran importancia. Ya liemos visto que por disposición expresa de la ley las copias constituirán tí-tulo bastante para la inscripción, total o parcial, en el regis-tro de la propiedad, de los bienes inmuebles en que consista la herencia, pero está limitada también expresamente por la ley al reconocimiento de la autenticidad inmediato del do-cumento, quedando a salvo los derechos de las personas a quienes pudiera perjudicar que deberán hacerlos valer en el juicio correspondiente.

Como la disposición ha permanecido igual en ambos Có-digos, parece conveniente transcribir lo que dice Manresa en sus Comentarios al Código Civil refiriéndose a los artícu-los 689 al 693. En parte, se expresó así:

"Como el testamento ológrafo es, por la forma de su otorga-miento, la expresión meramente privada de la última voluntad del testador, requiere para su validez y eficacia que debidamente se acre-dite la identidad del mismo, y hecho esto, se protocolice en el regis-tro público correspondiente para que adquiera los caracteres de au-tenticidad y publicidad necesarios a todo testamento privado.
“A partir de dicha protocolización adquirirá la cualidad de ins-trumento público como los demás documentos de esta clase, teniendo la-misma fuerza legal que ellos; y por lo tanto, será considerado como la verdadera y legítima disposición testamentaria del otorgante, mientras no fuere declarada en forma su nulidad o ineficacia total o parcial.
“Nuestro Código, como todas las legislaciones extranjeras, ha es-timado precisa para su validez y como garantía de verdad la proto-colización del testamento ológrafo, del mismo modo que la exige para todos los otorgados sin intervención de notario y para los ce-rrados, y en los cinco artículos que preceden se establece, no sólo el principio de dicha necesidad, sino también las reglas que se han con-siderado más convenientes y adecuadas al objeto a que dicho requi-sito obedece, y los preceptos más eficaces para conseguir su cumpli-miento.
“En cuanto a la citación que el art. 692 manda hacer a las per-sonas expresadas en el mismo, nada tenemos que decir, pues no ne-cesita comentario alguno esta garantía, toda vez que esas personas son por su orden los interesados, en primer término, en que se de-pure la identidad y legitimidad del testamento, por ser los llamados por la ley a la sucesión legítima, en el caso de que la protocolización de dicho testamento fuere denegada. Es natural y lógico que’ en el caso de concurrir dichas personas a las diligencias de protocoliza-ción, puedan hacer en el acto, de palabra, las observaciones que es-timen oportunas sobre la autenticidad del testamento, pues precisa-mente para ese efecto son llamadas, y así lo dispone dicho artículo.
“Pero téngase presente que si bien el juez habrá de tomar en con-sideración dichas observaciones para formar su juicio sobre la iden-tidad del testamento, aunque se hagan con el carácter de oposición, y aunque se formule ésta por escrito, tal oposición no- puede produ-cir en ningún caso el efecto de hacer contencioso el expediente de ju-risdicción voluntaria., ni el de impedir que el juez dicte la resolución que estime procedente otorgando o negando la protocolización del tes-tamento cerrado. Cualquiera que sea esta resolución, ha de llevarse a efecto, no obstante la oposición, quedando a salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio que corresponda, como se or-dena en el párrafo 29 del art. 693. Dicho juicio, para impugnar o sostener la identidad y validez del testamento, habrá de ser, por regla general, el ordinario de mayor cuantía.” 5 Manresa. Comentarios al Código Civil, 511, 519.

También el párrafo final de la opinión de esta Corte en el citado caso de Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241, 246, a saber:

“Por otra parte, como la protocolización de nn testamento oló-grafo es más bien nn acto de jurisdicción voluntaria y la resolución que ordenando la protocolización se dicte no produce el efecto de cosa juzgada, el derecho de los herederos forzosos que puedan existir o de las personas que se crean perjudicadas queda a salvo para re-currir al juicio ordinario.”

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse con lugar la moción de la apelada y desestimarse en su consecuencia el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Juan Lugo González, acusado y apelante.
    No. 4949.

    Sometido: Mayo 3, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1933.

      Luis F. Camacho, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Lugo González fué convicto en dos ocasiones, primero en una corte municipal y luego, después de un jui-cio de novo, en la corte de distrito, de una infracción) a la sección 3 del título II de la Ley Yolstead. Alega que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción so-bre supresión de evidencia, “en abierta violación de lo dis-puesto en la sección 25 de la Ley Nacional de Prohibición.” Esa sección provee que: “No se expedirá ningún manda-miento de allanamiento de morada para registrar un domi-cilio particular ocupado como tal, a menos que fuese utili-zado para la venta ilegal de licor embriagante, o a menos que en parte se use para algún negoció tal como una tienda, taller, salón, restaurant, hotel, o casa de huéspedes.” La moción sobre supresión de evidencia no mencionaba ningún registro ni allanamiento ilegal de la casa del acusado. Ella dice “que el acusado había sido denunciado por poseer para fines ilegales de venta en un baile de negocio que se celebraba en su casa de vivienda como veinticuatro cuartillos de ron cañita, los cuales fueron ocupados por el policía insular A. Negrón;” y “que los veinticuatro cuartillos.de ron cañita ocupados en el caso de epígrafe lo fueron en el domicilio particular del acusado, sin que para su ocupación mediara una orden de allanamiento, en contravención a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nacional de Prohibición.” Ni esa sección de la ley ni la disposición constitucional que garan-tiza contra registros y allanamientos ilegales prohíbe la in-cautación de licor en una casa sin la formalidad de una or-den de allanamiento cuando el dueño de tal casa, como ne-gocio, la ha convertido en un salón de baile público, donde la posesión del licor en cuestión se tiene para el fin ilícito de venderlo en un baile ya iniciado y donde tal licor es ocu-pado por la policía sin necesidad de hacer un allanamiento ni búsqueda del mismo.

La moción fué presentada primeramente en la corte de distrito, antes de que se empezara a ofrecer prueba alguna. Al terminarse la presentación de la prueba de El Pueblo, el fiscal ofreció en evidencia el licor que Rabia sido ocupado al acusado. El letrado de éste manifestó que no tenía ob-jeción a que el mismo fuese admitido. El juez de distrito admitió entonces esta prueba, el fiscal cerró su caso y la de-fensa solicitó la absolución del acusado. Quizá esta moción, tal cual se discute, podría ser considerada como una reno-vación de la moción sobre supresión de evidencia. De todos modos, el apelante en su alegato discute el supuesto error cometido por el juez de distrito al declarar sin lugar su mo-ción desde el punto de vista de la prueba aducida durante el juicio y Race caso omiso de la situación existente al tiempo en que se dictó la orden directa de la corte sobre tal moción. Sin embargo, esta moción no tiene mejor base al ser consi-derada a la luz de la prueba aducida.

Negrón, de pie en la obscuridad, fuera de la cocina, vió a Lugo sirviendo a sus Ruéspedes algo en pocilios. Los con-currentes, luego de tomar el contenido de los pocilios, toma-ban agua. El olfato de Negrón pronto le indicó que Lugo estaba sirviendo ron. También notó que Lugo llenaba los pocilios de una botella que tenía debajo de una mesa. En-tonces él entró en la cocina y al meter la mano debajo de la mesa, en busca de la botella, halló en unión a ella el resto del licor. El hallazgo fué un mero incidente a la ocupación de la botella utilizada por Lugo en la presencia insospechada del policía. No fué “una mera empresa exploratoria con el propósito de encontrar algo.” No era necesaria, ni se hizo, "una búsqueda exploratoria general.” Véase Cornelius "on Search and Seizure” 89, sección 26, citado por el apelante. La incautación del licor utilizado por Lugo en la comisión del delito en presencia y, a la vista del funcionario que lo ocupó, no fué ilegal, y el hallazgo y confiscación in-cidentales del otro licor que estaba en el mismo sitio y que evidentemente estaba próximo a ser usado en igual forma, no equivalió a una violación de la disposición estatutaria in-vocada por el apelante, como tampoco de disposición consti-tucional alguna.

El apelante también sostiene qne la sentencia es con-' iraria a derecho y a la prneba. La argumentación se dirige solamente a la suficiencia de la prneba. Ésta es snstancial-mente qne no hubo prneba de ninguna venta ni de tentativa .alguna de vender. Negrón declaró qne cada vez qne un con-•eurrente recibía de Lugo un pocilio con una mano, extendía la otra y daba a Lugo algo qne éste tomaba. Este testimo-nio está incontrovertido. La regularidad con qne este in-tercambio simultáneo se efectuaba permanece sin explicar. En ausencia de cualquier explicación, la inferencia es de qne lo qne Lugo recibía era un quid pro quo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoh Hutchison,

text:
    Valiente & Co., demandante y apelada, v. Sucn. de Abdón Fuentes Marrero, etc., demandada y apelada.
    No. 5567.

    Sometido: Mayo 17, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1933.

      Pedro G. Quiñones y De la Torre & Ramírez, abogados de la ape-lante ; R. Rivera Zayas y R. Díaz Ontrón, abogados de la apelada..

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoh Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En junio de 1921, y nuevamente en junio de 1922, Abdón Fuentes fué recluido en el Manicomio Insular. El caso fue-diagnosticado como uno de demencia parética o parálisis general progresiva. En julio de 1922, con motivo de su de-mencia, Puentes fué declarado estar mentalmente incapaci-tado para administrar sus propios negocios y su hijo Floren-tino fué nombrado tutor suyo. En abril de 1923 la corte de-distrito, que había declarado a Abdón Fuentes mentalmente-incapacitado, halló que éste había sido curado de su demen-cia y dió por terminada la tutela. En septiembre de 1927 Florentino Fuentes y Abdón Fuentes suscribieron, como deu-dores solidarios, dos pagarés en favor de Valiente & Co., o-a su orden.

El nombre de Abdón Fuentes fué suscrito por uno de Ios-testigos. Una marca fué identificada como hecha por Fuentes. Una carta fechada agosto 10, 1928, redactada por un empleado de Florentino Fuentes y que se decía haber sido escrita a instancia de Abdón Fuentes, lleva la firma de Ab-dón Fuentes y su esposa Eosalía Suárez. El empleado que escribió esta carta, incluyendo las firmas, declaró que Abdón Fuentes y su esposa firmaron haciendo sus marcas en pre-sencia de él. Abdón Fuentes en aquel entonces estaba re-cluido en cama y murió poco después. Un médico que fue-llamado en consulta unas cuatro semanas antes de la muerte-de Fuentes, lo halló en un estado avanzado de demencia pa-rética. El médico que lo había atendido con anterioridad a la fecha de esta consulta, fué llamado como testigo de la de-fensa, pero no compareció durante el juicio.

La demandante obtuvo sentencia por algo menos de-$13,000. Esta suma incluía más de $10,000 que se alegaba se debían por concepto de los dos pagarés, arriba mencio-nados y una deuda de algo menos de $2,000, originalmente contraída por Florentino Fuentes, todo lo cual había sido cargado a la cuenta de Abdón Fuentes de conformidad con los términos de la carta de agosto 10, 1928.

Dos de los demandados, Aurelia Fuentes de Rodrí-guez y Rosalía Fuentes y Suárez, después de ciertas admi-siones y negativas, alegaron que Abdón Fuentes era incapaz de celebrar ningún contrato al tiempo en que se alegaba se otorgaron los dos pagarés y al tiempo en que se sostenía se escribió la carta de agosto 10, 1928. El testimonio relativo a los hechos arriba reseñados y sobre la naturaleza progre-siva, aunque a veces intermitente, de la enfermedad, esta-bleció razonablemente la defensa de incapacidad mental. El juez de distrito declaró que la demostración prima facie de la parte demandada había sido destruida por la orden judicial de abril 19, 1923, ofrecida como rebuttal por la de-mandante. El juez de distrito, sin embargo, llegó a esta con-clusión fundado en la teoría de que surgió un impedimento (estoppel) de conformidad con el inciso 3 del artículo 101 de la Ley de Evidencia, el cual dispone que: “Siempre que una de las partes hubiere, por su propia declaración, acto u omisión, inducido intencional o deliberadamente a otra de las partes, a creer en la verdad de una cosa y obrar en esa creen-cia, no se podrá en ningún litigio a que diere lugar dicha de-claración, acto u omisión, permitir a aquélla que la refute.”'

La hija, Aurelia Fuentes de Rodríguez, no fué parte en el procedimiento que culminó en la orden de abril 19, 1923., Nada hay que demuestre que la esposa o la hija “por su pro-pia declaración, acto u omisión,” o en alguna otra forma,, “intencional o deliberadamente,” o de algún otro modo, in-dujeron a la demandante a creer que Abdón Fuentes estaba cuerdo t'u el momento que se alega otorgó los pagarés y es-cribió la carta en cuestión. Nada hay que demuestre. que la demandante fué inducida por alguien a que confiara en la orden de abril 19, 1923, o que ella se basó en esa orden. Nada bay que demuestre que la demandante tuviera conoci-miento alguno de la orden.

Puede admitirse que la orden, aunque haya podido ser un error judicial cometido durante un período de remi-sión o de un llamado intervalo lúcido, es concluyente sobre la cuestión de cordura en aquel momento. Puede igualmente admitirse que la “rehabilitación” de cordura evidenciada por esta declaración debe presumirse que ha continuado por “el tiempo que ordinariamente duran las cosas de igual natu-raleza.” Véase el inciso 31 del artículo 101 de la Ley de Evidencia. Abdón Fuentes, quien se demostró concluyente-mente estar sufriendo de paresis progresiva unos dos años o más con anterioridad a su rehabilitación judicial, difícil-mente puede presumirse haber estado cuerdo durante un pe-ríodo de cinco años a partir de la fecha de tal declaración. En lo que a la última parte de dicho período se refiere, se-mejante presunción hubiese sido destruida por la prueba. El hecho de que se hallara que al finalizar o casi al terminar este período de cinco años Puentes estaba en un estado ade-lantado de paresis progresiva, tomado en conexión con la naturaleza de esa enfermedad y la fecha de su primer desa-rrollo, bastaba para demostrar que él no había estado cuerdo por algún tiempo con anterioridad al momento de su muerte.

Uno de los miembros de la firma demandante parece ha-ber participado como uno de los tasadores en la prepara-ción de un inventario de los bienes de Puentes en la época •en que éste fué declarado loco. El estado mental de Puen-tes en el momento en que la carta fué escrita, si no cuando fueron suscritos los pagarés, hubiese sido aparente a cual-quier médico. Los pagarés, al igual que las obligaciones asu-midas en la carta, eran absolutamente nulos, ora la deman-dante tuviera conocimiento o no del trastorno mental de Puentes. Otras partidas de la cuenta parecen no tener me-jor fundamento.

La sentencia apelada debe ser revocada en lo que a las demandadas Aurelia Fuentes de Rodrigues y Rosalía Fuentes y Suárez se refiere, y en su lugar la sentencia de esta Corte será en el sentido de que en cua/iüo a tales demanda-das concierne, la demandante no puede cobrar, todo ello sin especial pronunciamiento de costas.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


text:
    Carlos E. Chardón, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 927.

    Sometido: Julio 24, 1933.

      Resuelto: Julio 29, 1933.

      Wilson P. Colberg y P. Ochoieco Jr.,- abogados del peticionario; C. Coll y Cuchí, abogado de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan en pleito de divorcio iniciado por la esposa concedió a ella la custodia de los hi-jos. La esposa contrajo nuevo matrimonio y luego se fue a vivir a Ponce. Posteriormente la corte fijó ciertos períodos durante los cuales el padre podía tener consigo a las niñas en Ponce y ciertos períodos de mayor duración durante los cuales podía tenerlas consigo en su hogar en Pío Piedras. Al finalizar o casi al terminar una de estas visitas, el padre solicitó de la Corte de Distrito de San Juan que dictara una orden autorizando la hospitalización temporal de las niñas en San Juan o Río Piedras. En esta moción se aducía lo siguiente: que las niñas, que entonces tenían seis y medio años de edad, parecían estar quebrantadas de salud; que él inmediatamente las sometió a tratamiento médico; que los facultativos a su cargo determinaron que ambas se halla-ban padeciendo de tuberculosis activa crónica de tipo pulmo-nar y bilateral, de tipo infantil, inapetencia y estreñimiento y padeciendo asimismo de bongos en el cuero cabelludo; que un examen bacteriológico practicado también revelaba la exis-tencia de pus en la orina y la carencia de hemoglobina y gló-bulos rojos en la sangre, así como otros padecimientos; que los diversos quebrantamientos físicos de estas niñas habían sido motivados y se debían única y exclusivamente a la ne-gligencia de la madre en el cuido de las menores, así como a la falta de aseo y de la debida nutrición de las mismas; que el dictamen facultativo recomendaba y ordenaba una in-mediata hospitalización de las menores en un sanatorio o clí-nica dedicada a pacientes atacados de tuberculosis a fin de que dichas menores pudieran continuar sometidas a un tra-tamiento y disciplina médicos por especialistas de enferme-dades de los pulmones; que tal hospitalización debía efec-tuarse en San Juan o Río Piedras por no existir en la mu-nicipalidad de Ponce hospitales o sanatorios propios para el tratamiento de enfermedades de esta índole; que al tiempo de radicarse la moción las ameritadas menores se hallaban hospitalizadas y bajo régimen sanatorial en la residencia del demandado, bajo tratamiento de dos especialistas en tuberculosis, designándolos; qne dichos médicos eran de opi-nión qne de prolongarse por más tiempo el estado de des-nutrición de las referidas menores y de volver las mismas ■al régimen en qne se encontraban anteriormente, se acentna-■ría la afección pulmonar al extremo de ocasionarles la muerte -en un corto período de tiempo; y qne el bienestar, salud y felicidad de las niñas requerían qne ellas fuesen hospitali-zadas inmediatamente en una clínica o sanatorio destinado .-a pacientes tuberculosos a fin de que las niñas continuaran bajo el cuidado de los referidos especialistas.

Se solicitaba de la corte dictara una orden, luego de ce-lebrada una vista, con notificación a la parte contraria, de-cretando la hospitalización inmediata de las niñas en una •clínica destinada a tratamiento de tuberculosis, dentro de la .jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan, todo sin perjuicio de que dicha demandante continuara sus relaciones •de familia con las aludidas menores y sin perjuicio de que la demandante continuara gozando y disfrutando de su de-recho de patria potestad en lo que no estuviera en conflicto con la hospitalización solicitada.

Tres días después de radicarse esta moción, la corte de distrito, sin la formalidad de una vista, la declaró sin lu-gar, fundada, en opinión del juez de distrito, en que cual-quiera que sea el estado de salud de las menores, no hay jus-tificación alguna para que la hospitalización sea en el dis-trito judicial de San Juan, ya que la demandante, que había contraído nuevo matrimonio y residía en el distrito de Ponce, tenía la patria potestad y el cuidado de sus menores hijas, y que declarar con lugar la moción del demandado equival-dría prácticamente a privarla de dicha patria potestad y cuidado; porque “dentro de este procedimiento” la corte no tenía jurisdicción para considerar la moción del demandado, la cual prácticamente privaría a la demandante de la patria potestad, toda vez que la índole de la enfermedad que alega el demandado padecen las menores requería una hospitaliza-ción por tiempo indeterminado y no hay alegación alguna al efecto ele que en el distrito de Ponce no existan clínicas ni médicos capaces de atender y tratar la enfermedad de las; menores; porque declarar con lugar la moción del deman-dado sería un claro abuso de discreción por cuanto se pri-varía a la madre de estar junto a sus bijas de corta edad du-rante un período de enfermedad complicado, dilatado y difícil y porque aceptando como cierto el estado de salud dé-las menores, nadie como la madre podía prestarles un exu-dado tan esmerado.

Evidentemente el juez de distrito pasó por alto lo ale-gado en la moción de que en Ponce no existían hospitales ©■ sanatorios adecuados para el tratamiento de tuberculosis, así como la alegación ulterior de que el estado físico de las ni-ñas liabía sido causado y se debía exclusivamente a la negli-gencia de la madre en el cuido de ellas y a la falta de aseoy nutrición debidos. También joarece haber pasado por altó-la alegación hecha igualmente en la moción de que en opi-nión de los facultativos que las asistían el regreso de las ni-ñas a su ambiente anterior agravaría la enfermedad y les. produciría la muerte.

La moción estaba debidamente jurada. Se solicitaba la oportunidad de ser oído previa la correspondiente notifica-ción a la parte contraria y antes de que se dictase cualquier decisión. En lo que a cualquier cuestión de hecho se refiere,, fué una súplica razonable y no debió haber sido denegada.

En Babá v. Rodríguez, 36 D.P.R. 502, esta Corte resolvió que una corte de distrito en un procedimiento de habeas corpus podía determinar la cuestión de la custodia de un niño fundada en la felicidad y bienestar de éste, no obstante el derecho del padre a ejercer la patria potestad. Dijimos; “No hay nada en ningún código en Puero Pico que impida tal determinación. Un tribunal es el parem patriae y puede cuidar de los intereses de un niño y protegerlo.” En diche caso el argumento fué que un padre podía ser privado de la-patria potestad solamente en un procedimiento iniciado para dicho fin. Ése fué prácticamente el único argumento hecho ante esta corte en apoyo de la orden qne ahora tenemos bajo nuestra consideración. No se citaron autoridades ni se ha archivado memorándum dentro del término concedido. Que una corte, después de dictar un decreto de divorcio, retiene jurisdicción posteriormente para dictar las órdenes necesa-rias o apropiadas en relación con la custodia de los hijos o para modificar de cuando en cuando, en armonía con los cam-bios de circunstancias, las órdenes previamente dictadas, es cuestión que ahora no está sujeta a duda en otras jurisdic-ciones americanas y que hasta ahora no parece haber sido puesta en tela de juicio ante este tribunal. La existencia de tal facultad fué asumida, aunque no parece haberse le-vantado ninguna cuestión en relación con la misma, en Blanco v. Hernández, 32 D.P.R. 22, y en Ex parte Maldonado, 42 D.P.R. 867. En el caso de Blanco en que a la madre, de-mandante en una acción de divorcio, se había concedido la custodia del hijo y el padre había apelado de una sentencia que le privaba de la posesión del menor en un auto de liábeas corpus y lo restituía a la custodia de la madre, dijimos: “El apelante no tenía derecho a tomar la ley por sus propias ma-nos, sino que debió haber hecho la debida solicitud a la corte para la custodia del niño si habían surgido circunstancias que cambiaban las condiciones en la fecha de la sentencia de divorcio.” En ausencia de cualquier razón convincente para que lleguemos a una conclusión distinta, resolvemos que aquí, al igual que en otras partes, las cortes de distrito pueden en una moción presentada después de dictada sentencia de divorcio, dictar cualquier orden relativa a la custodia de los hijos que pueda ser librada en una acción independiente in-coada con tal fin.

Es cuestión que. está bien establecida en esta juris-dicción que la patria potestad está subordinada siempre al ejercicio por las cortes del poder de parens patriae y que el factor dominante en el ejercicio de tal poder es el bienes-tar del hijo o hijos. Véase Ex parte Maldonado, supra, y casos allí citados.

Debió haberse dado al peticionario la oportunidad de es-tablecer los hechos alegados en sn moción y al probarlos ha-bría tenido derecho a algún remedio como el que solicita.

La resolución ap&lada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con el re-sultado.


author: El Juez PbesideNte Señoe del Tobo,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelante, v. Francisco de la Torre y Mercedes de la Torre, y su esposo A. O’Neill, demandados y apelados.
    No. 5884.

    Sometido: Febrero 1, 1933.

      Resuelto: Julio 29, 1933.

      E. F. Fiddler y Jorge Morales, abogados del apelante; J. Martínez Dávila, J. Ramírez Santibáñez y R. Martínez Nadal, abogados del apelado Sr. De la Torre; L. Llorens Torres y O’Neill é O’ Neill, abogados de los esposos O’Neill-De la Torre, apelados.
   El Juez PbesideNte Señoe del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Tlie National City Bank of New York demandó en la Corte de Distrito de San Juan a Francisco y a Mercedes de la Torre en cobro de un pagaré suscrito mancomunada y solidaria-mente por ambos, reconociendo deber la suma de $10,398.38, y para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse solicitó que, sin prestación de fianza por haber sido reconocido dicho pagaré en la escritura pública No. 32 otor-gada el 20 de mayo de 1929, se embargaran bienes bastantes a cubrir la dicha suma de $10,398.38, más la de $3,000.00 para intereses y costas.

Accedió la Corte y a requerimiento del demandante el márshal embargó los siguientes bienes de uno de los deman-dados, Francisco de la Torre: (a) casa No. 18 calle Nor-zEig&r&y, San Juan, (6) dos terceras partes indivisas de la casa No. 114 de la calle de la Luna, San Juan, (o) crédito hi-potecario por $2,750 constituido por J. Martínez Dávila a favor de F. de la Torre, y (d) crédito hipotecario por $20,000 reducido a $16,000 constituido por H. L. Cochran a favor de F. de la Torre.

Así las cosas pidió a la corte el demandado F. de la Torre que redujera y limitara el embargo. Contestó oponiéndose el demandante y la corte señaló un día para oír a las par-tes. Comparecieron éstas; practicaron prueba, y la corte decidió la cuestión en la forma que aparece de su orden de octubre 7, 1931, de la que transcribimos lo que sigue:

“En el acto de la vista de la moción, el demandado llamó la aten-ción de la Corte al hecho de que innecesariamente se le había em-bargado un crédito hipotecario por $16,000.00 cuyo embargo le pro-ducía incalculables perjuicios y propuso que se redujese el embargo a la casa marcada eon el No. 18 de la Calle Norzagaray que es la misma marcada con el No. 50 de la Calle de la Cruz y que está va-lorada a los efectos contributivos en $8,000.00 y se halla libre de cargas según la certificación del Registrador de la Propiedad de San Juan que acompañó y a la casa No. 48 de la Calle de la Cruz de esta ciudad valorada para los efectos contributivos en $5,960.00 también libre de cargas. Estas dos fincas, según el informe del perito de la demandante, embargándose conjuntamente pueden valorarse en $14,000.00. Siendo ello a.sí estas dos fincas, serían bastantes para responder dé la suma reclamada, pero a fin de darle algún margen más a la demandante podría embargarse el condominio de 2/3 de la casa No. 114 de la Calle Rafael Cordero de esta ciudad. Esta finca tiene un valor total de $4,200.00 y se halla afecta la totalidad de la misma a una hipoteca por $2,000.00, de modo que deduciendo el-im-porte de la hipoteca el valor neto del condominio del demandado as-ciende a $1,466.66. De modo que reduciéndose el embargo a las tres fincas relacionadas, la demandante tendría bienes embargados por un valor total de $15,426.66 que cubre con exceso la cantidad re-clamada. Mas como la finca marcada con el No. 48 de la Calle de la Cruz no lia sido embargada, la Corte ordena que se embargue la referida finca marcada con el No. 48 de la Calle de la Cruz de esta ciudad, cuya descripción aparece de los autos, hasta la cantidad de $5,960.00 y una vez trabado este embargo, se levantará el trabado sobre los demás bienes del demandado, dejándolo subsistente en cuanto a las fincas ya relacionadas, o sea, la casa No. 18 de la Calle Ñorzagaray y el condominio de 2/3 de la casa No. 114 de la Calle de la Luna, todas de esta ciudad y la No. 48 de la Calle de la Cruz. ’r

No conforme el demandante apeló, señalando en sn ale-gato la comisión de cinco errores. Formula los dos prime-ros así: Erró la corte 1, al admitir, por sobre la objeción del demandante, los documentos presentados por el deman-dado referentes a una propiedad no embargada, y 2, al in-cluir en su orden una propiedad que no liabía sido embar-gada ni mencionada en la moción del demandado sobre re-ducción de embargo, y argumentándolos sostiene que no ha-biendo hecho referencia en su moción el demandado a cierta casa no embargada, era separarse de las alegaciones el per-mitirle que presentara prueba sobre la misma, introduciendo-así una cuestión que no había sido puesta en controversia. Cita a 10 R.C.L. 925 y 49 C.J. 804. En su consecuencia con-cluye que no pudo la corte extender el embargo a la indicada propiedad.

A nuestro 'jnicio aunque hubiera sido más correcto qne la cuestión se hubiera planteado específicamente en la mo-ción del demandado, no erró la corte al actnar en la forma en qne lo hizo.

En Puerto Rico de acuerdo con la ley especial sobre la materia, aprobada en 1902, toda persona qne demandare en jnicio el cumplimiento de una obligación, “podrá obtener una resolución del tribunal qne conociere del asunto adop--tando las medidas procedentes, según los casos, para asegu-rar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada.” Esas medidas se toman de acuerdo con las reglas que fija la misma ley que cuando la obligación, como aquí, es de pagar una suma de dinero, consisten “en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas.”

Es, pues, a la corte a la que debe dirigirse el demandante y es la corte la que tiene la autoridad para dictar la resolu-ción que proceda, disponiendo la propia ley en su sección 14 que: “Todas las pretensiones que se'dedujeren por cual-quiera de las partes en el curso del juicio con relación al ase-guramiento de sentencia, se sustanciarán en pieza separada, dándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusiere y fueren pertinentes, resolviéndose acto seguido por el tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculos para la conti-nuación del pleito principal. Entre la citación y la compa-recencia de estos juicios verbales no mediará un término mayor de cinco días, y no se suspenderá la celebración de los mismos por ningún motivo.”

La propia ley califica de juicio verbal el procedimiento a seguir y siendo la cuestión sometídale esencialmente la de si el embargo debía o no subsistir en la forma en que había sido trabado, la corte tenía autoridad para considerar y resolver sobre todas las cuestiones que se relacionaran con la misma. El énfasis de las innecesarias dificultades que se estaban cansando al demandado a virtud del embargo, se puso en la traba de los créditos hipotecarios, y toda cuestión que tendiera a solucionar el problema, era pertinente y po-día considerarse. Además, la prueba aportada demuestra que la casa de que se trata era conocida del demandante y había sido tasada por su perito el Sr. Graham. No hubo : sorpresa ni perjuicio.

Los tres restantes señalamientos son al efecto de que la corte erró al declarar que según el informe del perito' ••del demandante si las casas No. 18 Norzagaray y 48 Cruz se embargaran conjuntamente podrían valorarse en $14,000; al dictar la orden recurrida, porque las propiedades embarga-das no son suficientes, y al no desestimar la moción por no haberse demostrado que el embargo tal como se practicó al principio era excesivo.

Se trataba de asegurar la suma de $13,398.38 de la cual $3,000 era lo calculado para intereses y costas. Se embar-garon dos casas y dos créditos hipotecarios. Las dos casas fueron valoradas por el demandado, la No. 18 Norzagaray en ■$12,000 y las dos terceras partes que le correspondían en la No. 114 Luna en $2,500, y por el perito del demandante en $7,200 la No. 18 Norzagaray y en $4,200 la No. 114 Luna. A los créditos hipotecarios asignó el demandante un valor de-'$2,750 y $16,000 respectivamente. Según el demandado el "valor de los bienes embargados ascendía, pues, a más de $33,000, y según prueba que puede estimarse aceptada por ■el propio demandante pasaba- de $25,000. T no es sólo el valor lo que estaba envuelto, sino la clase de bienes embar-gados, existiendo además un hecho que no puede ignorarse y que quizá influyó en la corte de distrito para actuar en la. forma en que lo hizo, y es el de que el otro demandado, la :Sra. Mercedes de la Torre, tiene garantizada la deuda que ;se le cobra con hipoteca constituida sobre una parcela de nueve mil quinientos setenta y nn metros de terrenos situa-dos en una urbanización del barrio de Hato Bey, Río Piedras. Convenimos con el apelante en que tratándose de una deuda solidaria podía dirigirse el acreedor contra cualquiera de los deudores y cobrársela íntegra, pudiendo embargarle los bie-nes correspondientes, pero aquí se dirigió contra los dos y la corte estaba adoptando las medidas necesarias tendentes a garantizar su crédito y pudo tomar en consideración todas las circunstancias apropiadas para bacer justicia al deman-dante sin ser injusto con el demandado.

Interpretando la ley de 1902 sobre la materia dijo esta corte en el caso de Paz v. Bonet, 31 D.P.R. 68, 70, que su propósito consistía en “garantizar la efectividad de la sen-tencia que pudiera dictarse o que se hubiera dictado tomando • en consideración los intereses de ambas partes.” Se debe garantizar al demandante, pero no oprimir al demandado o causarle innecesarias dificultades en sus negocios.

Dadas las circunstancias concurrentes, era éste un caso en que la corte de distrito pudo intervenir, sin que se haya demostrado que abusara de su discreción al ordenar el le-vantamiento del embargo de los créditos hipotecarios de que se trata, aunque será necesario modificar su resolución por-que a nuestro juicio no debió decretar ella misma que la nueva casa del demandado por él ofrecida en sustitución quedara definitivamente embargada a no ser que así lo solicitara del márshal la propia parte interesada, o sea el banco deman-dante.

Convencida la corte de que existían otros bienes sobre los cuales podía asegurarse la efectividad de la sentencia, pudo ordenar el levantamiento indicado dando al demandante un plazo razonable para que decidiera lo que estimara con-veniente.

Ahora bien, como ha transcurrido tanto tiempo desde que este caso fué resuelto y quizá la condición de los bienes haya variado, se dictará la resolución pemitiendo también al de-mandante qne dentro del plazo qne se le conceda, pneda de-mostrarlo a la corte de distrito si fuere así, a fin de qne ella adopte la medida qne fuere procedente para garantizar sn derecho.

La resolución apelada debe modificarse, pnes, de modo qne sn parte dispositiva quede redactada como signe: “Se concede al demandante hasta el 19 de agosto de 1933 para que solicite si lo creyere conveniente el embargo de la casa del demandado Francisco de la Torre marcada con el No. 48 de la Calle de la Cruz de esta ciudad de San Juan a los efectos de asegurar la sentencia que pudiera dictarse en sn favor en este caso,- y una vez trabado dicho embargo o trans-currido dicho plazo aunque no se trabe, levántese el trabado sobre los créditos hipotecarios que fueron embargados o sean los constituidos por TI. L. Cochran y J. Martínez Dávila a favor del demandado Francisco de la Torre, pudiendo el demandante dentro de dicho plazo si la condición de la dicha casa No. 48 hubiere variado en sentido desfavorable de-mostrarlo así a la corte pidiéndole que adopte cualquier me-dida que fuere procedente para garantizar su derecho. Los embargos trabados sobre la casa No. 18 de la calle Norza-garay y 50 de la calle de la Cruz y sobre las dos terceras par-tes de la casa No. 114 de la calle de la Luna, ambas de esta ciudad de San Juan, quedarán subsistentes.”

Así modificada, debe confirmarse la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    Crédito y Ahorro Popular, demandante y apelado, v. Antonio Molini y su esposa Doña Blanca Mariani de Molini, demandados y apelantes.
    No. 5866.

    Sometido: Marzo 14, 1933.

      Resuelto: Julio 29, 1933.

      (González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; Tous Soto & Zapater, abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Molini Ruiz y Blanca Mariani de Molini son ma-rido y mujer. En la Corte de Distrito de Ponce el Crédito y Ahorro Popular obtuvo sentencia en rebeldía contra di■chos marido y mujer por la suma d'e $793.53. La referida (Blanca Mariani solicitó que se dejase sin efecto la sentencia y el tribunal declaró con lugar la moción. Ella contestó la .demanda y la contienda o contiendas así trabadas entre ella y el Crédito y Ahorro Popular fueron señaladas en calenda-rio para ser vistas el Io. de diciembre de 1930.

El 21 de noviembre de 1930, el demandante compareció a la corte por conducto de sus abogados y alegó que “desis-ten de la continuación de este pleito y a la corte suplican «que se les tenga por desistidos y se sobresea el caso, sin especial condena de costas o excluyendo de éstas los honora-rios de abogado, dejándose sin efecto el señalamiento del mismo en el calendario.” La corte ordenó en términos ge-nerales el sobreseimiento del caso. Mientras tanto Antonio Molini no tomó acción alguna y no apeló de la sentencia en xeheldía dictada contra él. Entonces el demandante, fundan-dose en la teoría de que había una sentencia válida contra el susodicho Antonio Molini, trató de ejecutarla.

Posteriormente, el aludido demandado compareció' en corte y alegó en efecto que el caso había sido totalmente sobre-seído y que no existía sentencia alguna en contra suya. La corte dictó resolución en favor del marido por el fundamento' de que el sobreseimiento era general. Al presentársele mo-ción de reconsideración, la corte revocó su actuación por el motivo de que cuando el caso fué sobreseído no había acción alguna pendiente contra Antonio Molini, toda vez que se ha-bía dictado sentencia en rebeldía y la misma era firme en cuanto a él; que sólo había una acción pendiente contra Blanca Mariani de Molini. La corte entonces dictó resolu-ción declarando que el sobreseimiento anterior debía enten-tenderse como aplicable solamente a Blanca Mariani de Mo-lini. El presente recurso es contra esa resolución.

Ensolvemos que la corte tenía razón. Se trataba,, entre otras cosas, de una identificación. Examinando la mo-ción de sobreseimiento, se ha demostrado que las palabras; "el caso” se refieren al que estaba señalado para juicio; "de-jándose sin efecto el señalamiento del mismo (el caso) en el calendario”. Los litigantes tenían en mónte la parte del pleito contra la esposa.

Aun fuera del término, la corte puede interpretar sus pro-pias sentencias o resoluciones, aunque el apelante alegue lo> contrario.

El apelante sostiene que la sentencia original era indivisible. Si la obligación principal era puramente ganancial,, el marido por sí solo bastaba, y el sobreseimiento del pleito’ contra la esposa no podía aplicarse a aquél.

Si se estaban tratando de alcanzar los bienes privativo® de la esposa, la sentencia era claramente divisible.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señob Aldbby,

text:
    Dominga, José y Luis Agosto y Rosado, demandantes y apelantes, v. Manuel González, Santiago Cabrer hoy su Sucesión, y Anastasia y Tomasa Agosto Maldonado, demandados y apelados.
    No. 5827.

    Sometido: Diciembre 9, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1933.

      M. Benitez Flores, abogado de los apelantes; V. M. Fernández, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Aldbby,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes alegan que ellos y dos hermanas que fi-guran como demandadas por no haber querido ser deman-dantes, son dueños de una finca de cincuenta cuerdas de te-rreno que describen: que uno de los demandados, Manuel González, está detentando treinta cuerdas de esa finca y que-el otro demandado, Sucn. Cabrera, detenta las otras veinte-cuerdas restantes de ella: que los demandados formalizaron expediente de dominio de dicha finca alegando que les per-tenecía en plena propiedad con justo título y buena fe, cons-tándoles a ciencia cierta que pertenece en su totalidad a los. hermanos Agosto demandantes. En la segunda causa de ac-ción se alegan los frutos que esas dos parcelas han produ-cido. En la súplica de la demanda se interesa que se decla-ren nulos los expedientes de dominio tramitados sobre dicha, finca también sus inscripciones en el registro de la propie-dad: que la finca de cincuenta cuerdas pertenece a los de-mandantes y a- sus hermanas demandadas y que se condene a cada uno de los demandados al pago de los frutos que han producido las respectivas porciones que detentan.

Contra esa demanda se interpusieron las excepciones pre-vias autorizadas por los números 4, 5 y 7 del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil/a saber: que tiene in-debida acumulación de partes demandadas: que varias accio-nes han sido indebidamente acumuladas: y que es ambi-gua, ininteligible y dudosa. La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar las excepciones alegadas y a instan-cia de los demandantes dictó sentencia por la que declaró sin lugar la demanda y fué interpuesta esta 'apelación.

Los motivos alegados para sostener este recurso son: que la corte inferior cometió error al declarar con lugar dichas excepciones y al dictar la sentencia apelada.

Se alega en la demanda que Manuel González está detentando treinta cuerdas de terreno de la finca de cincuenta cuerdas que los demandantes alegan pertenecer a ellos y a sus hermanas demandadas y que la Sucn. Cabrera está de-tentando las otras veinte cuerdas de la misma finca, pero no dice que la detentación de uno y de otro demandado tenga alguna relación entre sí, ni que ambos tramitaron conjunta-mente el expediente de dominio, y más bien aparece que cada uno tramitó un expediente de esa naturaleza para la respec-tiva porción de terreno que están ocupando pues se solicita la declaración de nulidad de los expedientes de dominio que formalizaron, por lo que no apareciendo de la demanda que exista alguna relación o nexo entre los dos demandados, am-bos han debido ser demandados separadamente, pues no se ve razón alguna para que sean demandados conjuntamente, toda vez que puede darse el caso de que el título de uno de •ellos sea bueno y el del otro no. No se alega hecho alguno por el cual pueda concluirse que declarado nulo el título de uno de ellos el del otro tenga que seguir necesariamente la misma suerte. Por esto es que entendemos que existe inde-bida acumulación de partes demandadas, como declaró la corte inferior, por falta de nexo jurídico entre ambos demandados. Quizá exista tal nexo pero los demandantes no quisieron en-mendar sn demanda para alegarlo.

En cuanto a la indebida acumulación de acciones o de causas de acción, si bien es cierto que demandados inde-pendientemente Manuel González o la Sucn. Cabrera ban po-dido acumularse contra cualquiera de ellos las acciones ejer-citadas de nulidad de expediente de dominio, de reivindica-ción y de reclamación de frutos, no son acumulables cuando. se alegan contra demandados que no tienen relación común, • o nexo jurídico, según dijimos antes, en el pleito, pues accio-nes ejercitadas contra uno de ellos no afectan al otro deman-dado.

La demanda adolece, además, de ambigüedad y es dudosa porque de la descripción que bace de la porción de veinte cuerdas por sus colindantes no aparece que esté compren-dida o forme parte de la finca de cincuenta cuerdas a la que se dice pertenecer; y porque no se sabe por la demanda si se pretende la declaración de nulidad de un expediente de dominio o de dos, ni dónde fué o fueron tramitados y su' fe-cha, todo lo que baria difícil, más bien imposible, una ade-cuada contestación de los demandados.

En vista de que los demandantes no quisieron enmendar su demanda después de esa declaración de excepciones y de que ellos solicitaron que se dictase sentencia, no tienen mo-tivo alguno abora para alegar que la corte no debió baber dictado esa sentencia y debe ser confitmada.


author: El Juez Asociado Señoh Aldbey,

text:
    Francisco A. Nieves, demandante y apelado, v. R. R. Lutz, Jefe de la Policía Insular de Puerto Rico y La Comisión de la Policía Insular, compuesta de J. C. Hitchman, Ignacio Peñagarícano y Miguel Such, demandados y apelantes.
    No. 5972.

    Sometido: Junio 8, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1933.

      Son. Procurador General Charles JE. Winter y T. Torres Pérez, Sub-pr ocurador, abogados de los apelantes; Juan Valide juli, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco A. Nieves fué sargento de la Policía Insular por un período de tiempo que vencía el 9 de diciembre de 1930. A principios de 1931 fué licenciado de la Policía Insular y entonces acudió a la Corte de Distrito de San Juan con una petición de mandmms contra el Jefe de la Policía Insular y contra la Comisión de la Policía Insular para que se les ordenase que lo repusieran en dicho cargo, fundándose en que solicitó en tiempo oportuno ser reenganchado en el cargo que tenía.

Una de las cuestiones suscitadas por los demandados es que el recurso de mm%damu,s ejercitado en este caso no es procedente porque la ley que regula la Policía Insular concede al peticionario un recurso de alzada para ante el Go-bernador de Puerto Rico contra la resolución de que se queja. Esta cuestión la resolvió la corte de distrito declarando que el auto de mandamus es procedente porque el recurso de al-zada que concede la ley ante el Gobernador no es claro, ade-cuado y rápido porque no especifica el procedimiento a se-guir, el término en que ha de ser interpuesta la alzada ni cómo lia de tramitarse, y declaró con lugar el mandamus. Contra esa sentencia fue interpuesto el presente recurso de apela-ción.

La ley disponiendo la organización, reglamentación y go--"bierno de la Policía Insular de Puerto Pico aprobada el 12 de marzo de 1908 (Comp. 2071 el seq.) está aún vigente con algunas enmiendas que le fueron beclias por la Ley No. 46 de 1925 (pág. 263). Su sección 9, último párrafo, según ha sido enmendada, dispone que: “Todos los licénciamientos, separaciones y degradaciones de sargentos, cabos y guardias, se harán por la Comisión de la Policía Insular, cuando a su juicio las circunstancias lo justificaren, pero contra la re-solución que a tal efecto adoptare la Comisión de la Policía Insular, podrán los perjudicados acudir en alzada ante el Gobernador, quien podrá revocar o confirmar dicha resolu-ción.” También dice que el cumplimiento del término de alistamiento o incapacidad física constituirán motivos para un licénciamiento honroso. El párrafo citado de la sección 9 de la ley original de 1908 no concedía tal recurso de alzada. Según la sección 7 la suprema autoridad en cuanto a la dirección de la Policía Insular residirá en el Gobernador.

El peticionario admite en su solicitud de mandamus que su nombramiento como sargento fué por el- período de dos años que expiraba en 9 de diciembre de 1930 y que si quería ser reenganchado como sargento debía presentar una ‘solici-tud en tal sentido antes de transcurrir diez días después de esa fecha.

La sección 9 enmendada que hemos copiado faculta a la Comisión de la Policía Insular para resolver sobre todos los licénciamientos de los sargentos, entre los cuales están com-prendidos los licénciamientos por vencimiento del término por el cual fueron nombrados o contratados los sargentos, pues no sólo habla de todos los licénciamientos en términos generales sino que también dice que el cumplimiento del tér-mino de alistamiento de los sargentos, cabos y guardias cons-tituirá motivo para licénciamiento honroso, por lo cual es la Comisión de la Policía Insular la que decreta los licéncia-mientos en todos los casos.

La ley de la Policía Insular a que venimos refiriéndonos--es administrativa porque se refiere a la composición de su fuerza, su número, dirección de la misma, nombramientos,, ascensos, suspensiones, degradación y expulsión de sus ofi-ciales, sargentos y cabos, alistamiento de guardias, reengan-ches de sargentos, cabos y guardias, obligaciones de los je-fes de distrito, etc.; y como esa ley concede un recurso de-alzada, también administrativo, ante el G-obernador contra las resoluciones de la Comisión de la Policía Insular, entre-ellas por licénciamientos de sargentos, cabos y guardias, no-deben los tribunales de justicia intervenir contra esas reso-luciones ya que dicha ley concede un recurso administrativo-contra ellas ante el Gobernador, sin que justifique la inter-vención de los tribunales de justicia en este caso el hecho de que la ley no diga cómo, cuándo y en qué forma ha de es-tablecerse la alzada para ante el Gobernador, pues no puede-sostenerse por ello que tal alzada no sea clara, adecuada y rápida. El recurso de alzada es claro por estar expresa-mente concedido por la ley; y como no expresa su forma y tiempo puede, naturalmente, hacerse en cualquier solicitud presentada a la comisión dentro de un tiempo razonable. Esa resolución y otras muchas que dicta la Comisión de la Policía Insular administrativamente, han de ser revisadas administrativamente también por el Gobernador. En el caso-de Axtmayer v. Kessinger, 32 D.P.R. 915, en el que existía por ley una apelación ante el Gobernador, se dijo que es re-gla bien conocida que debe agotarse la vía gubernativa antes de acudirse a la judicial.

Por lo expuesto el auto de mandamus solicitado no es procedente en este caso y debe ser revocada la sentencia ape-lada y dictarse otra declarando sin lugar la solicitud de ‘ ‘ mandamus ’


author: El Juez Asociado Senos, Cóedova Dávila,

text:
    The United Porto Rican Bank, demandante y apelante, v. Irene Carattini Vda. de Mendoza, Fernando, Hipólito, Irene y Ofelia Mendoza, et als., demandados y apelados.
    No. 6251.

    Resuelto: Julio 29, 1933.

      Walter L. Newsom, Jr., E. T. Fiddler y F. González, Jr., abogados de la apelante; Tons Soto é Zapater, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Senos, Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelante solicita la reconsideración de la orden dictada por nosotros en 31 de mayo de 1933 desestimando el recurso de apelación interpuesto por no haber sido notifi-cado a las partes demandadas (ante, pág. 180). Admite la apelante que la demandada tiene interés en la controversia, pero alega que la misma no está envuelta en esta apelación. En la moción solicitando la reconsideración se copia de nues-tra opinión parte de un párrafo que transcribimos en toda su integridad:

“No bay duda alguna de que los demandados son legítimos due-ños de los bueyes objeto de esta controversia suscitada entre la de-mandante y el Banco de Ponce. La demandante sostiene que el marshal carecía de autoridad para apoderarse de los bueyes, que es-taban en poder de un depositario en virtud del embargo, y niega que el Banco de Ponce tenga hipoteca alguna sobre los bueyes em-bargados. Por el contrario el Banco de Ponce alega que se trata de los mismos bueyes hipotecados y que el marshal actuó dentro de sus atribuciones. A nuestro juicio los demandados como dueños legíti-mos de los bueyes son partes interesadas, sin que pueda decirse que no Ran de resultar afectados por la resolución que se dicte en este caso. Si realmente estos bueyes han sido hipotecados al Banco de Ponee, los demandados tienen derecho a que se les descuente de su obligación el importe de los mismos, una vez aplicado al pago de la deuda, y a que se les releve desde esa fecha del pago de intereses"' por la suma así satisfecha. Tanto The United Porto Rican Bank como el Banco de Ponee pretenden aplicar estos bueyes al pago de ciertas obligaciones que se alega han sido contraídas a su favor por el causante de los demandados. Mientras éstos sean dueños legíti-mos de los referidos bienes, cualquier paso que se inicie por la vía judicial para privarles del dominio de los mismos tiene que afec-tarles indirectamente. Es verdad que en este caso se trata de una contienda entre dos acreedores sobre los bienes de los demandados, pero esto no quiere decir que para dirimir esta contienda se pres-cinda de los legítimos dueños, para los cuales quizá no sea lo mismo una solución que otra, es decir, que los bueyes continúen embarga-dos o que sean aplicados por el Banco de Ponee al pago de su ale-gado crédito hipotecario.”

“Entendemos”, dice la apelante luego de transcribir nues-tras palabras, “que los demandados tienen interés en dicha controversia, pero que la misma no está envuelta en esta apelación ni debió haber sido objeto de consideración en la corte inferior.”

Arguye la apelante que la cuestión planteada ante la corte inferior era si el márshal podía apoderarse de los bueyes en custodia legis sin permiso de la corte. Aun cuando sea ésta la cuestión debatida y aun cuando tenga la importancia que le atribuye la parte apelante, entendemos que los demanda-dos, como dueños legítimos de los bueyes, han debido ser no-tificados del recurso de apelación. No estamos penetrando ni podemos penetrar en los méritos de la cuestión planteada al resolver esta moción. Nos limitamos a declarar que la apelación interpuesta debe ser desestimada por las razones aducidas en nuestra opinión.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: El Juey Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Eneri de Jesús y su esposo Manuel Carvajal, demandantes y apelados, v. Drug Company of Porto Rico, Inc., demandada y apelante.
    No. 6435.

    Sometido: Julio 24, 1933.

      Resuelto: Julio 29, 1933.

      Leopoldo Feliú, abogado de la apelante; Pellón & Ayuso, abogados de los apelados.
   El Juey Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Eneri de Jesús y su esposo Manuel Carvajal arrendaron a la Drug Co. of Porto Eico, Inc., una finca urbana por el término de cuatro años a partir del primero de mayo de 1929, siendo prorrogable el contrato por tres años más si la arren-dataria notificaba por escrito a los propietarios, con noventa días de antelación a la fecha del vencimiento de tales cuatro años, de su intención y deseo de ejercitar dicha prórroga. El canon de arrendamiento de dicho contrato se fijó en la suma de $300 mensuales. La demandada no hizo uso de su dere-cho a- prorrogar el contrato, según alegan los demandantes, quienes basan la presente acción en el vencimiento de dicho contrato.

Excepcionada la demanda y desestimada la excepción por la corte inferior, la demandada en su contestación negó que el término de cuatro años fijado en el contrato venciera en mayo primero de 1933, y alegó como oposición que el con-trato fué prorrogado por convenio de las partes y que en virtud de dicho convenio la demandada ocupa la finca arren-dada por un canon mensual de $300 pagaderos el día último de cada mes.

Celebrada la vista de este caso la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a la deman-dada a dejar a la libre y expedita disposición de los deman-dantes la finca urbana objeto del desahucio. De esta sen-tencia interpuso la demandada recurso de apelación y ahora comparecen los demandantes solicitando su desestimación por motivos de frivolidad y porque la demandada no ha consig-nado en la corte inferior los cánones de arrendamiento que-so van venciendo durante el trámite de esta apelación.

Hemos leído detenidamente la opinión de la corte inferior unida a los autos, donde se transcriben varias cartas cruzadas entre los demandantes y la demandada, y si toda la prueba practicada se redujese a estas cartas y estuviésemos; en condiciones de pronunciar nuestro fallo con pleno cono-cimiento de las alegaciones y ele la evidencia aportada, acaso, résolveríamos favorablemente la cuestión de frivolidad plan-teada por los demandantes. Carecemos, sin embargo, del be-neficio de la prueba para resolver estas cuestiones. La trans-cripción de autos no ha sido elevada a este tribunal y la de-mandada, en una moción jurada por su abogado, afirma que ambas partes litigantes aportaron, en el acto del juicio, evi-dencia oral y escrita consistente en declaraciones de testigos y cartas cruzadas entre los litigantes, y que fundándose en tal evidencia se dictó la sentencia apelada, estando pendiente de aprobación por la corte inferior la transcripción de la evidencia para ser unida a los autos y elevada a este tribunal.

Alega la apelante que se propone demostrar que la de-mandada ocupaba la finca objeto de este litigio, mediante un contrato de mes por mes a un canon determinado y no a vir-tud del contrato primitivo en que se funda la demanda, que la sentencia no está sostenida por la prueba y que la impo-sición de costas a la demandada fue errónea, por no haberse probado ni aparecer de los autos que la misma fuese teme-raria o acreedora de ser castigada con la imposición de tales costas.

No habiéndose unido a los autos la transcripción de la evidencia debidamente autenticada, nos vemos obligados a de-sestimar la moción presentada por los demandantes, lamen-tando que no se nos baya colocado en condiciones de resolver la cuestión de frivolidad, por tratarse de una acción de desahucio que, por su carácter extraordinario y perentorio, reclama inmediata atención.

Se alega que no se han consignado en la secretaría del tribunal inferior los cánones de arrendamiento de mayo y junio de 1933. Según admiten los demandantes, la deman-dada prestó fianza de acuerdo con el artículo 12 de la ley de desahucio. Puede que no estén completamente desacertados los apelantes al alegar que la demandada ha debido ir de-positando estos cánones en la secretaría del tribunal según se han ido venciendo, pero la verdad es que la acción ejerci-tada no se basa en falta de pago del canon convenido y que la demandada ha prestado una fianza para sostener su ape-lación de acuerdo con el artículo mencionado de la ley de desahucio.

Debe declararse sin lugar la moción solicitando la deses-timación del recurso.


author: Ed Juez Asociado Señor Córdova Dávida,

text:
    Central Eureka, Inc., demandante y apelante, v. Luis A. Fajardo Cardona, demandado y apelado.
    No. 5422.

    Sometido: Noviembre 25, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1933.

      Oscar Souffront, abogado de la apelante; Nazario & Carda Méndez, abogados del apelado.
   Ed Juez Asociado Señor Córdova Dávida,

emitió la opinión, del tribunal.

Central Eureka, arrendataria de una finca rustica de se-tenta y nueve cuerdas que se describe en la demanda, alega que el demandado y apelado es dueño de una finca colindante que también se describe en la demanda; que dicho deman-dado y apelado, en su carácter de vicepresidente de la Central Eureka y como jefe y administrador de los campos de dicha central, tuvo bajo su cuidado y atención como encar-gado de su cultivo y explotación para uso y beneficio de la arrendataria Central Eureka, la finca rústica arrendada por la demandante a su dueño don Tomás Quiñones y Gruzmán, por un período de doce años, y que dicho demandado culti-vaba al mismo tiempo ambas parcelas de terreno, la de su propiedad y la arrendada por la Central demandante, y que dicho demandado estuvo encargado de administrar y aten-der todas las fincas pertenecientes a la Central Eureka y las poseídas en arrendamiento, hasta el día 15 de marzo de 1919; que en virtud de contrato privado otorgado y suscrito entre el demandado y la demandante, representada por su presi-dente don Mateo Fajardo Cardona, con fecha 15 de marzo de 1919, la demandante en este pleito entregó al demandado la administración y cultivo, entre otras, de la finca rústica arrendada a don Tomás Quiñones, para que la cultivara y administrara por su cuenta, y que este contrato se hizo ex-tensivo a la zafra existente y a Nlas que existieran en ade-lante durante los años 1920 a 1926; que por convenio oral entre la central demandante, representada por su presidente don Mateo Fajardo Cardona, y el demandado don Luis A. Fajardo, dicho contrato se dejó sin efecto en los primeros días de enero del año 1920, en que quedó rescindido por acuerdo de ambas partes, en cuya fecha la Central Eureka volvió a hacerse cargo de todos sus campos, inclusive la finca arrendada a don Tomás Quiñones y Guzmán de que ya se ha hecho mención; que al hacer entrega el demandado de dicha parcela de terreno en los primeros días del mes de enero de 1920, alteró los lindes en la colindancia este de dicha finca, estableciendo como lindero de la misma, por su lado este, un callejón que dicho demandado había abierto durante el tiempo que fué administrador de los campos de la Central Eureka con anterioridad al día 15 de marzo del año 1919, sin que la demandante pueda determinar la fecha exacta en que dicho callejón fué hecho por dicho demandado; que este callejón fué abierto dentro de la finca rústica arrendada por la demandante, a una distancia de treinta y dos metros más o menos de la verdadera colindancia de dicha finca, apro-piándose el demandado una faja de terreno de seis cuerdas con diez y nueve céntimos, que separó de la finca principal arrendada por la demandante, desposeyendo así el deman-dado a la corporación arrendataria de la parcela de terreno mencionada, a sabiendas de que la misma formaba parte de la finca rústica propiedad de don Tomás Quiñones y Guzmán; que la Central Eureka estuvo en posesión de la totalidad de la finca, incluyendo la faja de terreno anteriormente rela-cionada y de la cual fué desposeída por el demandado, desde el día primero de junio de 1912 hasta el mes de enero de 1920, y que ha venido desde entonces pagando las contribuciones y los cánones de arrendamiento, y que el demandado y ape-lado, al apropiarse de la faja de terreno de seis cnerdas diez y nneve céntimos, lo lia hecho ilegalmente y sin título o de-recho alguno sobre la misma, aprovechándose de la relación. fiduciaria que como presidente de la Central Eureka y ad-ministrador de sus campos gozó el demandado hasta el mes ■de marzo de 1919; que tan pronto como terminó la cosecha -del año 1920 don Mateo Fajardo Cardona, presidente enton-ces de la central demandante, se dió cuenta de la alteración -de lindes efectuada por el demandado, a quien se llamó la .atención sobre el particular y no habiéndose allanado a la entrega y restitución de la faja de terreno mencionada, pro-cedió la demandante a practicar una mensura de la finca principal, cerciorándose de que efectivamente los lindes de dicha propiedad habían sido corridos hacia la parte oeste de (dicha finca y que la Central Eureka había sido desposeída de una faja de terreno perteneciente a la misma que estaba -en posesión del demandado don Luis A. Fajardo; que desde dicha fecha hasta el año 1926 la Central Eureka vino con-tinuamente reclamando al demandado la posesión de dicha parcela de terreno sin éxito alguno hasta el año 1926 en que <el demandado convino con la central demandante que se mi-diesen ambas parcelas, o sea la finca rústica propiedad de la sucesión de don Tomás Quiñones y G-uzmán y la otra finca rústica, propiedad del demandado, conviniendo éste en res-tituir a la finca de la sucesión Quiñones y Guzmán cualquier medida de terreno que pudiera faltarle, siempre que de la mensura resultare que la tenía en exceso, y habiéndose pro-cedido a dicha mensura por el agrimensor don Tomás Bou-cher resultó que la parcela de terreno propiedad de don To-más Quiñones y Guzmán medía solamente en dicha fecha, tomando como base la línea divisoria establecida por el de-mandado, setenta y tres cuerdas cincuenta y cuatro céntimos >de otra, mientras que bajo la misma base la parcela de te-rreno propiedad del demandado resultó tener una cabidla •de-noventa y cinco cuerdas ocho céntimos, incluyendo la faja ¿le terreno en disputa, sin que el demandado tuviese título para una cabida mayor de setenta y nueve cuerdas setentay tres céntimos, al igual que don Tomás Quiñones y Gfuz-mán, ya que ambas fincas procedían de una de mayor cabida que fué dividida en dos partes exactamente iguales mediante-las operaciones particionales de la testamentaría del Exce-lentísimo don Carlos M. Fajardo, anterior dueño de la tota-lidad de dichas fincas; que no conforme el demandado con-la mensura practicada y planos levantados por el agrimensor-Tomás Boucher requirió al agrimensor don Antonio Freyre-para que en unión del propio agrimensor Tomás Boucher rectificasen conjuntamente dicha mensura, lo que hicieron,, comprobando el Sr. Freyre la exactitud de la misma de acuerdo con los planos levantados por el agrimensor Sr. Boucher, y que a pesar de la rectificación por parte del agri-mensor Sr. Freyre de la mensura practicada, el demandado-don Luis A. Fajardo se negó entonces y se sigue negando to-davía, arbitrariamente y en violación de lo convenido, a res-tituir a la Central Eureka la posesión de dicha faja de te-rreno de seis cuerdas con diez y nueve céntimos.

En estos hechos se basa la demandante para solicitar que-se dicte sentencia condenando al demandado Luis Fajardo a restituirle la parcela dé terreno de seis cuerdas diez y nueve-céntimos que se describe en la demanda. También se recla-man, como una segunda causa de acción, los frutos produci-dos por dicha parcela de terreno, los cuales se estiman en la-cantidad de $6,190.

Esta demanda fué excepcionada por el demandado sóbre-la base de que ni en la primera ni en la segunda causa de ac-ción se aducen hechos suficientes determinantes de una causa de acción contra el demandado, y además que la primera-causa de acción está prescrita de acuerdo con el artículo 1868, inciso primero, del Código Civil de Puerto Rico, y que la-segunda está prescrita también de acuerdo con el inciso se-gundo del referido artículo.

La corte inferior declaró con lugar dichas excepciones previas, y entendiendo que la demanda no era susceptible de-enmienda, dictó sentencia desestimándola, con las costas a la demandante.

Alega la corporación apelante qne la corte inferior cometió manifiesto error al declarar qne la primera cansa de acción de la demanda está prescrita por ministerio de la ley de acnerdo con el artícnlo 1868, inciso primero, del Có-digo Civil de Pnerto Rico.

Arguye la demandante que en este caso la acción para recobrar la posesión no se funda en la mera tenencia de la finca, sino en el derecho qne como arrendataria de dicha finca tiene la demandante sobre la misma, por virtud de un con-trato de arrendamiento efectuado entre los dueños de la finca mencionada y la demandante por el término de doce años y por el canon de $1,200 anuales los dos primeros años y $1,600 los restantes.

La demandante trata de establecer cierta distinción éntre-la mera tenencia de una cosa, que no supone título sino sola-mente el acto material de la ocupación, y la posesión adqui-rida en virtud de un contrato de arrendamiento, alegando-que la primera está comprendida en la prescripción seña-lada en el inciso primero del artículo 1868 del Código Civil y la segunda no. Añade la demandante que la acción ejer-citada se basa en el artículo 1463 (1450, edición 1930) del Código Civil, que no tiene señalado término especial de pres-cripción, debiendo acudirse a los preceptos legales que re-gulan la prescripción de las demás acciones reales.

Se da énfasis al hecho de que el contrato de arrenda-miento celebrado entre la demandante y don Tomás" Quiño-nes es inscribible en el registro de la propiedad. No vemos la importancia que pueda tener, para los efectos de recla-mar la posesión perdida, el hecho de que el contrato sea ins-cribible o no. Los derechos que asistan al arrendatario para-dirigirse contra el perturbador, cuando se trata de una per-turbación de mero hecho, nada tienen que ver con el carác-ter inscribible o no inscribible del contrato. La ley no es-tablece distinciones. En uno y otro caso el arrendatario! puede dirigirse contra el perturbador cuando éste no haya obrado en virtud de un derecho que le corresponde.

El artículo 1450 del Código Civil, edición 1930, que según la demandante sirve de base a esta acción, dice que el arrendador no está obligado a responder de la per-turbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada,- pero el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador. No existe perturbación de he-cho cuando el tercero, ya sea la administración, ya un particular, ha obrado en virtud de un derecho que le corres-ponde. Para penetrarnos de lo que quiere significar el le-gislador al usar las palabras “perturbación de mero hecho” debemos interpretar conjuntamente este artículo y el 1449 que le precede. Ambos artículos se corresponden y se com-plementan, como dice Scaevola, haciendo ver que cuando el arrendatario sea interrumpido en el goce de la cosa, o cuando sobre ésta pretenda un tercero derecho de alguna clase, la aplicación de uno de esos preceptos excluye la del otro. El artículo 1449 dice que el arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el más breve plazo po-sible, toda usurpación o novedad dañosa que otro haya reali-zado o abiertamente prepare en la cosa arrendada. De modo que para que surja la obligación en el arrendatario de no-tificar al arrendador, debe haberse realizado o hallarse en vías de realización una usurpación o novedad dañosa. La perturbación de mero hecho no se considera como una nove-dad dañosa,que lesione los derechos del arrendador ni tiene tampoco el carácter de una usurpación.

Interpretando los artículo 1559 y 1560 del Código espa-ñol, equivalentes al 1449 y al 1450 de nuestro Código Civil, dice el comentarista Scaevola en el tomo 24, página 560, de :sus comentarios al “Código Civil”:

“Perturbación de derecho y perturbación de hecho: La base de aplicación de una u otra disposición legal ha de establecerse, en la verdadera inteligencia de las frases ‘usurpación o novedad dañosa’ ,y ‘perturbación de mero hecho’, de que se valen respectivamente los artículos 1559 y 1560. Parecen corresponder aquéllas a las de ‘per-turbación de derecho y perturbación de hecho’, que utilizan algunos tratadistas y legislaciones extranjeras para diferenciar los ataques a la cosa arrendada de que deben responder, en su caso respectivo, arrendador y arrendatario.
“Examinadas esas fuentes de información, en ninguna encontra-mos locuciones tan impropias como las de nuestro artículo 1559, para significar las perturbaciones de que debe responder el arrendador. Decir ‘usurpación o novedad dañosa’, sobre todo, contraponiendo es-tos conceptos a los de ‘ perturbaciones de mero hecho, ’ o es decir nada o querer significar precisamente lo contrario de lo que se pretende. El legislador se escudó, al parecer, con el precedente literal del Pro-yecto de 1851, abonando su misión en presencia de la multitud de problemas que la práctica plantea ante conceptos tan vaga y oscu-ramente concebidos.
“Por fortuna existen razones para asegurar que el primero de Los artículos que comentamos alude' a las usurpaciones efectivas o en grado de tentativa de una tercera persona, fundada para ello en algún título de derecho más o menos eficaz. Tales razones dimanan de la contraposición que dijimos debe establecerse entre los dos pre-ceptos en estudio, y de la útilísima adición aclaratoria final del se-gundo de éstos, precisando acabadamente que no hay perturbación de hecho cuando el perturbador ha obrado en virtud de un derecho que le corresponde.
“Luego, si indirectamente advierte el artículo 1559 que el arren-datario no tiene acción directa contra el autor de la usurpación o novedad dañosa, las que sólo le obligan a ponerlas en conocimiento del arrendador, y el artículo 1560 da personalidad al arrendatario sólo para contestar o repeler las perturbaciones de mero hecho, la frase que se opone a esta última, aunque también con sabor, de ex-cesiva generalidad es la de ‘perturbación de derecho.’
“Decíamos antes que los términos de ‘usurpación o novedad da-ñosa’ inducían a pensar en idea opuesta a la que quiso referir el artículo 1559. En efecto, ‘usurpación’ supone algo así como des-pojo contra derecho; la acción de arrebatar lo que no nos pertenece.
“El Código de Chile (art. 1931), expresa que la acción de ter-ceros que pretendan derecho a la cosa arrendada, se dirigirá contra el arrendador, y el arrendatario será sólo obligado a noticiarle la turbación o molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia de los derechos que aleguen; refiriéndose el artículo anterior (1930) al caso en qne el arrendatario sea turbado en su goce por vías de becho de terceros que no pretenden derecho a la cosa arrendada, concediéndole facultad d.e perseguir en su propio nombre la repa-ración del daño.
“En muy parecido sentido se hallan redactados los correspon-dientes artículos del Código francés, del italiano y de otros que en los mismos se inspiraron.
“Pero es más; en el propio Código Civil español tenía el legis-lador un precedente y una enseñanza perfectamente utilizables para adoptar otra fórmula menos expuesta a dificultades de interpretación que la empleada en el artículo 1559. El artículo 511 del tratado de usufructo prescribe que el usufructuario estará obligado a poner en conocimiento del propietario cualquier acto de un tercero, de que tenga noticia, que sea capaz de lesionar los derechos de propiedad, y responderá, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios como si hu-bieran sido ocasionados por su culpa. Advertida la análoga natu-raleza que ofrecen el usufructo y el arrendamiento y la evidente se-mejanza de supuestos de que parten respectivamente los artículos 511 y 1559, se imponía el empleo de la misma técnica.
“En resumen, y sin que haya motivos para separarnos del cri-terio en que se inspiran los significativos precedentes expuestos, es de evidencia que los artículos 1559 y 1560 se corresponden y com-plementan, haciendo ver que cuando el arrendatario sea interrum-pido en el goce de la cosa, o cuando sobre ésta pretenda un tercero derecho de alguna clase, la aplicación de uno de esos preceptos ex-cluye la del otro.
“Si el tercero, de buena fe, e invocando un título de derecho más o menos eficaz, realiza o prepara algún acto, ya contra el dominio o contra cualquiera otra de las facultades dominicales en la cosa arrendada, corresponderá al dueño de ella salir a la defensa ante el ataque. Si ese tercero, sin más razón que su capricho o su mala fe, y hasta intención criminal a veces, interrumpe la facultad de dis-frute en el arrendatario, y pretende por su sola autoridad arrebatar lo que le consta que no es suyo, puede dicho arrendatario denun-ciarle, desautorizarle por sí mismo lícitamente e impedirle en cual-quier otra forma legal los actos de despojo.”

Por más que la demanda en este caso lia sido in-teligente y cuidadosamente redactada y por más que la de-mandante en su alegato se esfuerza en demostrar que la ac-ción ejercitada se basa en el artículo 1450 del Código Civil, sin embargo las mismas alegaciones están indicando que en la controversia establecida bay algo más qne nna cuestión de mero becho.

La demandante nos dice que el demandado se ba apode-rado de la faja de terreno ilegalmente, sin título o derecho alguno, apropiándosela y adhiriéndola a su finca, a sabiendas de que no le pertenece. Apropiarse significa tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueño de ella. De manera que real-mente se están atacando los derechos dominicales del arren-dador sobre esa faja de terreno. La misma demandante apunta en su alegato que ésta es una acción de naturaleza reivindicatoría, aun cuando se esfuerza por demostrar que .se trata de una perturbación de mero hecho, sobre la cual tiene acción directa la demandante. También se habla en la demanda de que se convino por las partes que se midieran las dos fincas principales, prometiendo el demandado restituir ■cualquier medida de terreno que pudiese faltar en la finca de Quiñones y que tuviese en exceso dicho demandado. Se practicó la mensura convenida y el demandado, que no es-tuvo conforme con la misma y con los planos levantados, nom-bró un agrimensor de su parte que estimó correcta la men-sura practicada con anterioridad por el agrimensor Tomás Boucher. No obstante el demandado se negó a entregar la parcela reclamada por la demandante.

Estas alegaciones demuestran que ha habido mensura y plano y que las partes no se han puesto de acuerdo. El de-mandado, según hemos visto por la demanda, prometió en-tregar el exceso de terreno, si lo tenía. Aunque se alega que la mensura arrojó este exceso, la verdad es que el deman-dado continúa detentando la parcela en litigio. A este res-pecto dice Manresa en el tomo décimo, página 523, de sus íeComentarios al Código Civil”:

“Si la perturbación es extrajudicial, creemos que habrá que aten-der a la especial fisonomía de los hechos para juzgar de ella. El acto de alterar los hitos o mojones de la finca, considerado aisladamente, se debe estimar como una perturbación de mero hecho;, pero si a dicho acto han precedido requerimientos, negociaciones en las que-se alegan razones y fundamentos para llevar a cabo la alteración, se han mostrado planos, títulos antiguos, etc., parécenos que una vez', realizada la perturbación material, adivínase que ella entraña una. cuestión de derecho que tan sólo al arrendador toca discutir. ¿Qué-utilidad tendría, puesta la cuestión en estos términos, que el arren-datario emprendiese, por ejemplo, un interdicto, si al cabo el arren-dador tendría que venir al debate judicial?
"Por el contrario, si el hecho perturbador no va acompañado ni precedido de nada que revele una intención propiamente jurídica en. el que lo realiza, de tal suerte que el arrendatario sólo pueda apre-ciar el hecho material desnudo de toda forma o motivación de de-recho, entendemos que se trata de una perturbación de mero hecho.
"Siempre será posible el caso de que lo que aparezca como mero> hecho de perturbación resulte estar fundado en un sólido motivo ju-rídico que prospere ante los tribunales; pero eso no consta al arren-datario de primera intención. Quien tendrá más datos para saberlo-será el propietario, a quien se habrá dado noticia del hecho en cum-plimiento de lo que dispone el art. 1559; mas si a pesar de cono-cerlo, nada hace en su consecuencia, no creemos deba el arrendata-rio considerar la perturbación más que como perturbación de mero-hecho y procurar repelerla por sí.
"De lo expuesto se deduce que entre nuestro criterio y el del Código existe alguna diferencia; mas ahondando en el espíritu del precepto, creemos que tal diferencia no es más que aparente. El Có-digo, en el párrafo segundo del artículo que comentamos, alude como-norma cualificativa a que el tercero haya obrado en virtud de un derecho que le corresponda; nosotros, en lo que hemos venido diciendo, nos fijamos en que el tercero crea obrar en virtud de un de-recho. No es lo mismo, en rigor, la creencia del perturbador, que el fondo sustancial de su derecho. Pero el párrafo segundo del art. 1560 ni define las perturbaciones de derecho de un modo directo, ni. define tampoco-, por exclusión, las de mero hecho; limítase a decir que ésta no existe cuando el tercero ha obrado en virtud de un de-recho que le corresponde, y esto no está en contradicción con lo que dejamos consignado, pues es claro que cuando el tercero- obre en vir-tud de un derecho que le pertenezca, le acompañará asimismo la creencia a que nosotros nos referimos. En resumen, que el párrafo segundo del artículo 1560 no da un concepto completo, sino que tan sólo formula itno de los casos en los cuales se entenderá que no hay perturbación de hecho.”

Es de notarse que el artículo 1450 del Código Civil ha-bla únicamente de la perturbación de mero hecho que un ter-cero causare en el uso de la finca arrendada. El uso con-siste en poseer útilmente con todos los beneficios inherentes a la posesión. El goce o disfrute autoriza al arrendatario no solamente para usar sino para disponer, ejerciendo actos de dominio sobre las cosas que la finca produce naturalmente o debido a la industria y labor de su poseedor material. De esta posesión material necesita el arrendatario para poder usar y disfrutar de la finca. En el presente caso no se trata de actos ejecutados dentro de la finca arrendada que per-turben a la demandante en el uso de la misma. El deman-dado no se ha limitado a perturbar a la demandante en el uso del inmueble, respetando su posesión, sino que ha ido más lejos, privándole de esa posesión y consecuentemente de los frutos de la misma. El arrendatario no puede ocupar una posición más ventajosa que el propietario. Si la finca en litigio hubiese estado en posesión de su legítimo dueño éste estaría impedido de obtener su restitución mediante el ejercicio de la acción posesoria. Es claro y evidente que el arrendatario no está autorizado para ejercitar derechos que le son negados a la persona que tiene el dominio sobre el in-mueble referido. Se alega como excusa que es ésta una ac-ción de naturaleza reivindicatoría. Es precisamente por esta razón que el arrendatario está impedido de ejercerla. Es el legítimo dueño el llamado a probar los derechos dominicales que pueda tener sobre la parcela detentada, sin que corres-ponda al arrendatario dirigirse contra el perturbador cuando^ estos derechos resulten controvertidos.

El caso de Sucesión José Arrarás Noaín v. Figueroa, 29 D.P.R. 872, citado por la demandante, no es de aplicación a la cuestión fundamental planteada en este litigio. En dicho caso los demandantes alegaron ser los únicos dueños en co-mún proindiviso de la propiedad reclamada. No hay duda de que el dueño legítimo de una propiedad tiene derecho a reivindicarla. En el presente caso la acción se ejercita por el arrendatario. Si como dice la demandante se trata de nn litigio de naturaleza reivindicatoría, es el dueño y no el arrendatai’io el llamado a promoverlo. La acción posesoria no puede ejercitarse en la actualidad ni por el propietario ni por la demandante, por haber transcurrido en exceso el tiempo fijado para su ejercicio, en la fecha en que se radicó la demanda.

No negamos que el arrendatario pueda reclamar la pose-sión de la propiedad arrendada mediante el ejercicio de la acción correspondiente, pero si quiere utilizar sus derechos dehe ejercerlos dentro del término señalado por la ley.

Se reclaman también en la demanda como segunda causa de acción los frutos producidos por la parcela deten-tada. El arrendatario, a nuestro juicio, no puede ejercitar esta acción. Si el perturbador tiene algún derecho para po-seer el terreno en litigio, el arrendatario no puede exigirle el pago de los frutos. Transcurrido el plazo para el ejer-cicio de la acción posesoria, hay que acudir a la acción co-rrespondiente para obtener la restitución de la propiedad. No incumbe al arrendatario discutir cuestiones de derecho que atañen al dominio de la finca. Su deber es dirigirse contra el arrendador, haciendo uso de los derechos que la ley le concede.

Dede confirmarse la sentencia apelada.