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(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, recurridos, v. Hon. Alejando García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico, y Hon. Liza Fernández Rodríguez, esta última peticionaria en Certificación; Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, recurridos, v. Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Alejando García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia, Gobierno de Puerto Rico y Senado de Puerto Rico, representado por su presidente, Hon. Eduardo Bathia Gautier, demandados.

      Número: CT-2013-0017

      Resuelto: 7 de octubre de 2013

      Eliezer Aldarondo Ortiz, Claudio Aliff Ortiz, Rosa Campos Silva, Simone Cataldi Malpica y Eliezer Aldarondo López, de Aldarondo & López Bras, PSC, abogados de la Hon. Liza Fernández Rodríguez, peticionaria; Carlos Santiago

      Tavárez, abogado del Juez Asociado Señor Edgardo Rivera García; Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Alabaladejo, recurridos.
   SENTENCIA

La confianza del Pueblo en su Judi-catura es indispensable para nues-tra vida en sociedad. En nuestra de-mocracia, el pueblo necesita sentirse confiado en que cuenta con una Rama Judicial eficiente a la cual llevar sus controversias y recla-mar sus derechos. El pueblo nece-sita sentirse confiado en que no hay necesidad de tomar la justicia en sus manos. Siendo así, un ataque a la confianza en la Rama Judicial es un ataque a la convivencia pacífica y ordenada en nuestro país. —Hon. Federico Hernández Denton, Juez Presidente, 173ra Asamblea del Co-legio de Abogados de Puerto Rico, 7 de septiembre de 2013.

Nos encontramos ante una controversia de alto interés público que requiere la intervención inmediata de este Tribunal. En el caso de autos, los demandantes aducen que las nominaciones de funcionarios públicos, las cuales inclu-yen a jueces, fiscales y procuradores, son nulas y contra-rias a los postulados de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. En específico, reclaman que los nombra-mientos fueron confirmados por el Senado de Puerto Rico sin facultad para ello, por entender que las nominaciones impugnadas debían contener un grado mayor de especifici-dad en la convocatoria del Gobernador de Puerto Rico. A su vez, impugnan el nombramiento del Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado de este Tribunal, al sostener que fue confirmado en una sesión extraordinaria no convocada por el Gobernador o, en la alternativa, que su nominación fue en receso y quedó sin efecto, al levantarse la sesión ordina-ria siguiente.

Este Tribunal tiene la facultad de atender mediante el recurso de certificación, a ser expedido discrecionalmente, asuntos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones cuando, entre otras, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución de Puerto Rico. Véanse U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 272-273 (2010), y casos allí citados. No podemos ignorar que los nombramientos de funcionarios de la Rama Ejecutiva y de la Rama Judicial están revestidos del más alto interés público. Estos deben ser conforme a los procesos establecidos. La falta de atención inmediata a los reclamos de los demandantes socavaría irremediablemente la confianza depositada del pueblo en nuestro sistema de justicia y mancillaría la reputación de los funcionarios que dedican su vida al servicio público.

Por lo tanto, habiendo examinado detenidamente las posturas de la parte demandante y de los peticionarios, y en ausencia de escollo alguno para disponer de este asunto de alto interés público, este Tribunal expide el auto de cer-tificación y procedemos a atenderlo, conforme a la Regla 50 de este Tribunal.

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Los Ledos. Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albala-dejo (demandantes) instaron dos demandas en las que impugnan los nombramientos de varios funcionarios públicos. El 10 de julio de 2013 presentaron el caso Arturo Nieves Huertas, Luis Raúl Albaladejo v. Hon. Alejandro García Padilla y otros, KPE2013-3780, y el 17 de septiembre de 2013 el caso civil Arturo Nieves Huertas, Luis Raúl Albaladejo v. Hon. Edgardo Rivera García y otros, KPE2013-4660.

En el caso KPE2013-3780, los letrados arguyen que el exgobernador Luis Fortuño Burset y el Senado de Puerto Rico violaron la Constitución de Puerto Rico al nombrar a sobre cien personas para cargos a la Judicatura, fiscales, jueces administrativos y otros funcionarios públicos. Sos-tienen que los referidos nombramientos son nulos y que ello conllevará que sus determinaciones y decisiones así lo sean. Señalan que eso repercute en daños y pérdidas de sus representados así como al ordenamiento y al interés público. Los letrados discuten que los nombramientos son nulos, ya que estos fueron confirmados en una sesión ex-traordinaria sin que se cumpliera con lo dispuesto en el Art. Ill, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. Específicamente, alegan que las órdenes ejecuti-vas emitidas, convocando las sesiones extraordinarias, no especificaron ninguno de los nombramientos realizados.

Por otra parte, en el caso KPE2013-4660 los demandan-tes y el Senador Cirilo Tirado Rivera sostienen que el nom-bramiento del Juez Asociado Señor Rivera García es nulo, al realizarse en una sesión extraordinaria convocada por el Presidente del Senado o, en la alternativa, en una sesión en receso, por lo que quedó sin efecto al levantarse la próxima sesión ordinaria. Por lo tanto, afirman que se violó lo dispuesto en el Art. III, Sec. 10 y el Art. IV, Sec. 4 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1.

Así, en ambas peticiones, los demandantes solicitan que se dicte sentencia para declarar los nombramientos nulos, ordenar el cese y desista del ejercicio del cargo y funciones, ordenar iniciar un procedimiento de quo warranto y cual-quier otro remedio que proceda en derecho.

Ante tales reclamaciones, se presentaron varias mocio-nes de desestimación por las partes y el Gobierno de Puerto Rico. En todas ellas se aduce que los demandan-tes carecen de legitimación activa para presentar su causa de acción; que conceder el remedio solicitado requiere la intervención indebida en las funciones de la Rama Ejecu-tiva y la Rama Legislativa, ya que se viola la separación de poderes, y que la parte demandante carece de una recla-mación que justifique la concesión de un remedio, entre otras.

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Como principio rector de nuestro ordenamiento, los tribunales debemos intervenir en casos justiciables. La justi-ciabilidad requiere que la controversia sea definida y con-creta entre las partes jurídicas, el interés sea real y sustancial que permita un remedio específico y la polémica sea propia para una determinación judicial. ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958).

Como parte de que la controversia sea justiciable, se requiere que los demandantes posean legitimación activa para instar las demandas de epígrafe. Los tribunales tene-mos el deber de examinar, como cuestión de umbral, si los demandantes ostentan legitimación activa para incoar una acción o reclamar determinado remedio. Este es un elemento necesario para la debida adjudicación de los méritos de una controversia, según el principio de justiciabilidad. Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992).

Cuando se cuestiona la legitimación de una parte al con-testar la demanda, debemos asumir que las alegaciones son ciertas y evaluar su causa de acción de la manera más favorable para el demandante. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 567 (1989). Hemos interpretado la legitimación activa liberalmente. Sin embargo, ello no implica que “la puerta está abierta de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de una política pública”. Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716, 723-724 (1974). Véase, además, Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 573 (2010).

Reiteradamente hemos sostenido que una parte deman-dante posee legitimación activa si cumple con los requisitos siguientes, a saber: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es real, inmediato y preciso, y no abs-tracto o hipotético; (3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley. Véanse: Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002); Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 835.

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En el caso de marras, los demandantes sostienen que poseen legitimación activa para cuestionar los nombra-mientos efectuados por sus obligaciones al amparo del Có-digo de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Aducen que es de primordial importancia instituir y mantener un orden ju-rídico íntegro y eficaz, que goce de completa confianza y apoyo de la ciudadanía. Aluden que es su deber hacer una aportación propia y cabal a la mejor administración de la justicia. Señalan que se trata de la protección de la ejecu-ción de un derecho público de naturaleza democrática.

Los demandantes Nieves y Albaladejo arguyen que sus daños son inminentes y están vinculados a su argumento de que los nombramientos son inconstitucionales. Por lo tanto, recalcan que los funcionarios en cuestión ejercen ilegítima-mente sus funciones. Indican que los trámites judiciales realizados ante estos funcionarios corren el riesgo de ser anulados o declarados nulos por haber sido tomados por fun-cionarios cuyos nombramientos, alegan, son ilegales.

No albergamos la menor duda de que los demandantes carecen de legitimación activa. Su reclamo, básicamente, implicaría que cualquier persona pueda impugnar o hacer cualquier reclamación ante la violación de cualquier ley sin que tenga la necesidad de exponer el daño específico que tal actuación le provoca. Los demandantes, escueta e hipo-téticamente, reclaman una posibilidad de nulidad de los dictámenes emitidos por estos funcionarios. Al así hacerlo, el planteamiento no tan solo está ausente de un daño particular, real, palpable y concreto, sino que el mismo no pro-cede ante el hecho de que este Tribunal ha aplicado la doc-trina de funcionario de facto a la figura de los jueces. Mediante esta doctrina se imparte validez a los actos ofi-ciales de personas, que so color de autoridad, ejercen car-gos que existen legalmente y en los cuales el público o ter-ceras personas están interesados, cuando el cumplimiento de tales actos oficiales es para beneficio del público y no para el beneficio personal. Véase Fernández v. Corte, 71 DPR 161 (1950).

En cuanto al reclamo instado en el caso civil KPE2013-3780, el entonces Gobernador convocó mediante la Orden Ejecutiva OE-2012-68 la quinta sesión extraordinaria de la decimosexta Asamblea Legislativa. Mediante ésta, entre otras, estableció lo siguiente:

POR CUANTO: Al presente existen asuntos de suma impor-tancia, incluyendo nombramientos ejecutivos y judiciales, que requieren actuación inmediata de la Asamblea Legislativa. (Énfasis suplido).

Ante este panorama, debe quedar claro que los nombra-mientos así efectuados son válidos. La convocatoria para celebrar la quinta sesión extraordinaria claramente dispo-nía que existían asuntos importantes que atender. Especí-ficamente, el Gobernador indicó que incluían “nombra-mientos ejecutivos y judiciales”. Ciertamente, cuando el Gobernador de turno convocó la sesión extraordinaria, lo hizo dentro de sus facultades constitucionales. Además, consciente de que la propia Constitución de Puerto Rico limita en estos casos los asuntos por atender a los especi-ficados en su convocatoria o mensaje especial, expresó en su orden ejecutiva no tan solo las medidas legislativas, sino la importancia de considerar los nombramientos eje-cutivos y judiciales. Por lo tanto, no existe razón alguna para sostener que estos nombramientos son nulos e ilegales.

IV

Atendamos si el senador Cirilo Tirado posee legitima-ción activa para cuestionar, en esta etapa, los procedimien-tos legislativos que nos ocupan, de los cuales formó parte.

Este Tribunal ha sido enfático al establecer que no pro-cede permitir a un demandante, que no alega un daño explícito, plantear a esta Curia resolver importantes cuestiones constitucionales. Ello redundaría en un potencial abuso del proceso judicial, atentando contra la función de esta Rama, en relación con las otras dos ramas de gobierno. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, 109 DPR 387, 392 (1980).

Es en este sentido que juega un papel crucial la doctrina de separación de poderes. La misma está expresamente consagrada en la Sec. 2 del Art. I de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. La separación de poderes entre las tres ramas responde a dos criterios, a saber: (1) proteger la libertad de los ciudadanos, pues el poder no se concentra en una sola rama de Gobierno, y (2) salvaguardar la independencia de cada una de estas, ya que se evita que una de ellas interfiera o domine con el poder de las otras. P.I.P. v. ELA et al., 186 DPR 1 (2012); Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 882—883 (2005); Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 750 (2000).

Ahora bien, cada una de las tres ramas del Gobierno no debe desempeñarse con entera abstracción de las demás. Ello ocurre porque el propósito de la separación de poderes es generar un equilibrio dinámico entre poderes de igual rango. Véase Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 89 (1998).

En lo particular, la Constitución de Puerto Rico dispone el procedimiento para los nombramientos de los jueces al establecer que

[l]os jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramien-tos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán mien-tras observen buena conducta. Los términos de los cargos de los demás jueces se fijarán por ley y no podrán ser de menor dura-ción que la prescrita para los cargos de jueces de igual o equi-valente categoría existentes a la fecha en que comience a regir esta Constitución. Todo lo relativo al nombramiento de los de-más funcionarios y de los empleados de los tribunales, se determinará por ley. (Énfasis suplido). Art. V, Sec. 8, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 417.

Es por ello que la facultad de nombramiento es compartida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Véanse: Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 650 (1991); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 620 (1983).

No debe existir duda de que la Asamblea Legislativa es un cuerpo de carácter continuo durante el término de su mandato. Art. III, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico, supra. En igual medida, tampoco se puede cuestionar su capacidad o facultad para adoptar sus propias reglas. Art. Ill, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1.

En lo particular a los procesos de nombramiento y la con-figuración de las sesiones celebradas por la Asamblea Legis-lativa, es-menester destacar que, en el ejercicio de sus facultades, el Senado aprobó el Reglamento del Senado, 12 de enero de 2009, R. del S. 27, 16ta Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria, vigente al momento de los hechos. Este dispone en su Sección 21.3 que las sesiones extraordinarias se celebran en cualquier fecha de un año, en la cual no se celebre una sesión ordinaria. Estas pueden ser convocadas por el Gobernador o por el Presidente del Senado. Cuando la sesión extraordinaria es convocada por el Gobernador, la Sección 21.3 dispone que solo puedan considerarse los asuntos, proyectos de ley y resoluciones conjuntas incluidas en la Convocatoria del Gobernador. Sin embargo, el Senado, en el ejercicio de sus funciones constitucionales e inherentes, po-drá considerar cualquier expresión o asunto bajo la jurisdic-ción del Cuerpo, incluyendo aquellos nombramientos envia-dos por el Gobernador y pendientes de consentimiento por el Senado. La sabiduría de estas normas no constituye mate-ria para juzgar por los tribunales, a menos que exista una infracción constitucional. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 925-926 (2012); Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 DPR 497, 533 (1994).

Tal disposición reglamentaria no contraviene la Consti-tución de Puerto Rico. Por el contrario, es cónsona con su Art. Ill, Sec. 10, supra, págs. 390-391, en el que se establece que “cuando el Gobernador convoque a la Asamblea Legis-lativa a sesión extraordinaria sólo podrá considerarse en ella los asuntos especificados en la convocatoria o mensaje especial que el Gobernador le envíe en el curso de la sesión, la cual no podrá extenderse por más de veinte días naturales”. (Enfasis suplido). Véase, además, Art. TV, See. 4 de la Constitución de Puerto Rico, supra. Es decir, el hecho de que el Gobernador ostente la discreción para convocar a una sesión extraordinaria no menoscaba la facultad de un Cuerpo de la otra Rama de Gobierno para autoconvocarse, en una fecha que no conflija con la convocatoria del Ejecu-tivo, para descargar los deberes ministeriales dispuestos por la propia Constitución, como fue en este caso el consentir a las nominaciones de determinados funcionarios públicos.

Las disposiciones antes mencionadas revelan claramente que el poder de nombramiento de estos funcionarios públi-cos es compartido. Por un lado, el Gobernador nomina al funcionario, pero su nombramiento requiere el aval del Senado. Igualmente, resalta que, tanto el Gobernador como el Presidente del Senado tienen la facultad de convocar para la celebración de una sesión extraordinaria. Claro está, este proceder responde a la facultad inherente de ese cuerpo le-gislativo y el carácter continuo durante el término de su mandato. La única limitación que se impone es que cuando el Gobernador ejerce su facultad para convocar una sesión extraordinaria solamente se podrán atender aquellos asun-tos especificados en la convocatoria o en el mensaje especial que el Gobernador envíe en el curso de la sesión. Por su parte, durante una sesión extraordinaria convocada por el Presidente del Senado se podrán atender aquellos nombra-mientos enviados por el Gobernador.

Es importante señalar que la Sección 47.3(c) del Regla-mento del Senado dispone, a su vez, que:

(c) Nombramiento incluido en la convocatoria de una Sesión Extraordinaria: El Senado, a su discreción, podrá considerar, informar y tomar acción sobre dicho nombramiento. Si no se tomare acción definitiva al respecto, o si los trámites no se concluyeran por cualquier razón, el nombramiento seguirá en vigor hasta la conclusión de la siguiente Sesión Ordinaria, a menos que el Senado decidiera actuar sobre el nombramiento en otra Sesión Extraordinaria convocada por el Gobernador o el Presidente.

Esta disposición tiene el objetivo de mantener la inhe-rencia del Senado en el consentimiento de los nominados. Ciertamente, ante la nominación de un candidato reali-zada por el Gobernador, corresponde al Senado evaluar si imparte su consentimiento.

El proceso de confirmación de estos funcionarios públi-cos requiere que el Gobernador someta la correspondiente nominación al Senado, quien la confirma o no. Una vez obtenido el consejo y consentimiento del Senado, el Gober-nador extiende el nombramiento correspondiente y luego el funcionario presta el juramento oficial para la toma de po-sesión de su cargo.

V

Examinado el trámite procesal legislativo, examinemos si se afectaron las prerrogativas legislativas del Senador Ci-rilo Tirado, según planteado en el caso civil KPE2013-4660.

El nombramiento del Juez Asociado Señor Rivera García ocurrió en una sesión extraordinaria convocada por el Pre-sidente del Senado. Como hemos expresado, la Constitución de Puerto Rico establece que la Asamblea Legislativa es un cuerpo de carácter continuo durante el término de su man-dato con capacidad plena para regular sus procedimientos.

Conforme al Reglamento del Senado, su Presidente con-vocó a una sesión extraordinaria para atender asuntos bajo la jurisdicción de ese Cuerpo. Durante ésta, el 4 de agosto de 2010, el Gobernador sometió la designación del Juez Asociado Señor Rivera García para su consejo y consentimiento. Diario de Sesiones de 9 de agosto de 2010, 2da Sesión Extraordinaria del Presidente del Senado, 16ta Asamblea Legislativa, Vol. LVIII, Núm. 1, pág. 21443. El proceso de su nominación consta en el Diario de Sesiones del 9 de agosto de 2010, supra, págs. 21443-21482, donde se constata que se cumplió a cabalidad con todo el proceso para el nombramiento del referido designado. Incluso, des-taca que las recomendaciones fueron favorables y que el candidato gozaba de la reputación moral, la trayectoria y la capacidad intelectual necesaria para ejercer el cargo que ocupa hoy.

En dicho proceso, miembros de la delegación del partido político al cual pertenece el Senador Cirilo Tirado cuestio-naron la celeridad de los procedimientos. Sin embargo, en ningún momento se planteó que la sesión extraordinaria no fuera convocada por el Presidente del Senado, conforme al reglamento adoptado. Tampoco hubo alegación de índole alguna en cuanto a que el proceso fuera en contravención a la Constitución de Puerto Rico.

Ante ese cuadro, y como agravante, a estas alturas re-sulta inmeritorio el reclamo del Senador Cirilo Tirado. En cuanto a este demandante, no podemos obviar que los le-gisladores carecen de legitimación activa para impugnar la validez de un acto únicamente en representación de la ciu-dadanía general. Estos tienen que presentar criterios más convincentes. No existe un ápice de prueba que las actua-ciones cuestionadas afectaran el ejercicio y deberes del legislador. Véase Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 497. El récord legislativo analizado evidencia la participación activa de la minoría en ese nombramiento. Incluso el propio senador votó contra el candidato. Tampoco podemos pasar por alto que los planteamientos esgrimidos impug-nan actuaciones reglamentarias que el legislador ha avalado. Como los otros demandantes, según señalamos anteriormente, éste también carece de legitimación activa.

VI

Por último, debemos evaluar si la conducta desplegada por los demandantes es temeraria o frívola. A estos efectos la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que cuando cualquier parte haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal tendrá que imponer en su sentencia al responsable el pago de una suma por hono-rarios de abogado que el juzgador entienda corresponde a la conducta desplegada. Véanse: Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).

El concepto de temeridad es amplio. La conducta teme-raria es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia. A su vez, sujeta a una parte inocente a la ordalía del proceso judicial, exponiéndola a gastos innecesarios y a la contratación de servicios profesionales que afectan su peculio. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 (1987). Mediante la imposición de honorarios por temeridad se penaliza a un litigante que, obcecado por un afán desprovisto de fundamentos, obliga a otro a defen-derse, lo que le causa molestias, gastos, trabajo e inconvenientes. Soto v. Lugo, 76 DPR 444 (1954).

La parte peticionaria solicitó la imposición de honora-rios por temeridad contra los demandantes. Para ello, ex-presó que en múltiples ocasiones los letrados han instado recursos, abusando de los procedimientos judiciales, con el ánimo de mancillar su reputación. Así, señala que los le-trados impugnaron su nominación al sostener que esta no gozaba de los años de experiencia. De igual forma, presen-taron un recurso de injunction, en el que impugnaron y cuestionaron sus cualificaciones para intentar impedir su confirmación. En dicho proceso, solicitaron recusar al juez que presidía los procedimientos y revisaron tal dene-gatoria sin éxito. El foro primario declaró “no ha lugar” la solicitud de injunction e injunction preliminar. Nueva-mente, los demandantes acudieron ante el Tribunal de Apelaciones. De igual manera, los demandantes acudie-ron ante el Secretario de Justicia para solicitar que se re-cuperara el cargo que ocupa la Juez Superior, a pesar de existir una determinación en contra de sus reclamos. Ante la ausencia de una contestación, los demandantes presen-taron el pleito de autos. En éste, nuevamente, solicitaron la recusación del juez de instancia que atendía los asuntos y al no proceder la misma, solicitaron la revisión al Tribunal de Apelaciones en el recurso KLCE2013-1030 y poste-riormente ante esta Curia.

Los hechos aludidos reflejan una actitud contumaz de los demandantes contra los funcionarios que ejercen váli-damente sus puestos. Ante tales actuaciones, la peticiona-ria ha tenido que defenderse de ataques a su honra y a su persona. Los demandantes, proyectan una conducta des-medida que afecta la administración de la justicia. No cabe duda que actuaron de forma temeraria. Ante ello, es nues-tra obligación imponer a los demandantes de forma solida-ria el pago de honorarios de abogado por temeridad, por la cantidad de $10,000 a favor de la parte peticionaria. Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra.

VII

Por todo lo expuesto, se emite el auto de certificación y resolvemos que los demandantes carecen de legitimación activa para instar las demandas de epígrafe. Por lo tanto, al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, y sin ulterior procedimiento, se decla-ran “con lugar” las mociones de desestimación presentadas en los casos de autos. Se impone a los demandantes $10,000 en honorarios de abogado por temeridad a favor de la peticionaria.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria. Publíquese.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Her-nández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitieron un voto particular de no intervención. La Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco no intervino. El Juez Asociado Señor Rivera García no interviene.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de no intervención del

Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Hoy, cuatro Jueces de este Tribunal incurren en otro ejercicio desmedido de poder al acceder a intervenir en una controversia a destiempo, disponer de esta de forma atro-pellada y violar los principios de autolimitación judicial. Con el pretexto de proteger la confianza del pueblo en el sistema judicial, acaban burlando las nociones más básicas de la justicia. Nos rehusamos a formar parte de esta des-afortunada actuación y, en esta etapa procesal, emitir jui-cio alguno sobre los méritos de la demanda presentada.

En este caso se cuestiona la validez de varios nombra-mientos de funcionarios públicos, incluyendo el del Juez Asociado de este Tribunal, Señor Rivera García. Ello, sin embargo, no debe impulsarnos a dejar a un lado la pruden-cia y la cautela para disponer precipitadamente de un caso recientemente incoado en el Tribunal Superior de San Juan, sin que este haya tenido oportunidad de dilucidarlo. Independientemente de los méritos de la causa de acción, el proceso está en sus inicios; tan solo se han presentado las demandas y unas mociones de desestimación. Ni si-quiera se ha emplazado a todos los demandados. A pesar de esto, este Tribunal acoge la petición de certificación y la resuelve inmediatamente sin brindar oportunidad para que los demandantes se expresen, prescindiendo de los tér-minos que normalmente aplican a la consideración de los casos que se nos someten. 4 LPRAAp. XXI-B. Este proce-der es otra manifestación del uso abusivo del recurso de certificación por este Tribunal.

En este camino tan desatinado se penaliza a los deman-dantes severamente por plantear un reclamo constitucio-nal de alto interés público, sin permitirles siquiera expre-sarse y en violación a su derecho a un debido proceso de ley. Los cuatro jueces que ordenan y resuelven la certifica-ción, imponen a los demandantes el pago de $10,000 en honorarios por temeridad sin mayor análisis ni discusión de los factores que jurisprudencialmente hemos estable-cido para determinar la temeridad y la penalidad corres-pondiente en cada caso. La supuesta conducta temeraria de los demandantes, su gravedad y la proporcionalidad de la sanción se evaluaron únicamente en función de los suje-tos demandados. Sin duda, esta acción puede tener un efecto inhibitorio al disuadir a los ciudadanos de acudir en el futuro a los tribunales a presentar sus reclamos.

Aunque concluye que los demandantes no tienen legiti-mación activa para instar el pleito de epígrafe, el Tribunal insiste en resolver el asunto en los méritos y determinar que los nombramientos en cuestión son válidos. Sabemos que una vez se concluye que la parte demandante carece de legitimación activa, lo único que procede es la desestima-ción de la causa. En cambio, los Jueces que en esta ocasión componen el Tribunal resuelven los méritos de las deman-das, en contravención a las doctrinas de justiciabilidad y de autolimitación judicial.

Siendo ello así, no habremos de avalar con nuestra par-ticipación un curso de acción tan absurdo como desafortu-nado.

      l) Comunicado de prensa: “Participa Hernández Denton de la 173ra Asamblea del Colegio de Abogados de Puerto Rico”, 9 de septiembre de 2013, en: http:// www.ramajudicial.pr/Prensa/2013/09-09-13.htm.

       Recuérdese que en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013), una mayoría de este Tribunal declaró inconstitucional las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 18-2013 que pretendían alterar el mecanismo de certificación intra-jurisdiccional reconocido en el Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 LPRA sec. 24s).

       El 30 de septiembre de 2013, la Hon. Liza Fernández Rodríguez solicitó la certificación de los casos consolidados de epígrafe. El 2 de octubre de 2013 el Hon. Edgardo Rivera García se unió a esa petición mediante la Moción Solicitando Per-miso para Unirse al Recurso de Certificación presentado por la Hon. Liza Fernández Rodríguez. Por su parte, los recurridos presentaron el 2 de octubre de 2013 una Moción en Oposición a “Moción Urgente para que se paralicen los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia” y Sobre Memorando en Oposición a que se Expida el Auto de Certificación.

       A este momento, los demandantes no han emplazado a los demandados. A pesar de ello, la parte peticionaria se sometió voluntariamente a la jurisdicción de este Tribunal.

       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, “establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra, a saber: falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable”. Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, marzo 2008, pág. 134. Al evaluar una moción de desestimación debemos dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas hechas en la demanda. Además, hay que interpretarlas a favor de la parte demandante. Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13 (1999). Así pues, para desestimar un caso por falta de jurisdicción sobre la materia “es necesario determinar si, tomando como cierto lo alegando por el demandante, el foro tiene jurisdicción para atender el reclamo”. íd., pág. 30.
      Una vez surge por indicación de las partes, o de algún otro modo que el tribunal carece de jurisdicción, la Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que ordena la desestimación del pleito.

       Mediante Moción en Cumplimiento de Orden presentada el 22 de julio de 2013, Apéndice, págs. 237-242.

       Caso Civil Núm. KPE2012-4117.

       Caso ante el Tribunal de Apelaciones, KLCE2013-00047.

       El caso ante el Tribunal de Apelaciones, KLAN2013-00299.

       El recurso presentado ante este Tribunal está identificado de forma alfanu-mérica CC-2013-470.

       Aunque el Juez Asociado Señor Rivera García ya fue debidamente empla-zado, la mayoría de los cerca de cien demandados aún no lo han sido. Incluso, la peticionaria, Hon. Liza Fernández Rodríguez, por no haber sido emplazada, se some-tió voluntariamente a la jurisdicción de este Tribunal para poder presentar la peti-ción de certificación.


source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco Juez Presidente Señor Hernández Denton,

license: Public Domain

text:
    Doña Antonia Rivera García, peticionaria, v. Lcda. Namyr I. Hernández Sánchez, Registradora de la Propiedad, Sección III de Bayamón, recurrida.

      Número: RG-2013-0001

      Resuelto: 7 de octubre de 2013

      Luis J. Marín Rodríguez, del Instituto de Orientación y Ac-ceso Legal, Inc., abogado de la parte recurrente; Hon. Namyr I. Hernández Sánchez, registradora de la propie-dad, Registro de la propiedad de Bayamón, Sección III, parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Ante nos comparece la Sra. Antonia Rivera García (en adelante, la peticionaria) y nos solicita que revoquemos una recalificación realizada por la Registradora de la Pro-piedad de la Sección III de Bayamón, Hon. Namyr Hernán-dez Sánchez. En esta, la Registradora denegó la anotación del derecho a hogar seguro que solicitó la peticionaria al amparo de la Ley Núm. 195-2011 (31 LPRA sees. 1858-1858k).

Este caso nos provee la oportunidad de expresarnos por primera vez en cuanto a la naturaleza y alcance del dere-cho a hogar seguro que se reconoció en la Ley Núm. 195-2011. En específico, debemos determinar si para inscribir el derecho que reconoce ese estatuto en una propiedad que es parte de una comunidad hereditaria es necesario que comparezcan a la autorización del Acta Notarial todos los cotitulares de esta.

Previo a resolver esta controversia, pasemos a exponer los hechos que le dieron génesis.

I

Los hechos de este caso son sencillos. La peticionaria es una residente del municipio de Bayamón y en el presente vive en lo que fue su hogar conyugal. Al fallecer su esposo Alberto Rodríguez Salas, la peticionaria pasó a ser dueña en común proindiviso de la mencionada propiedad junto a sus hijos, por ser estos los herederos de su fenecido esposo.

Así las cosas, el 2 de octubre de 2012 la peticionaria le requirió al notario público Luis J. Marín Rodríguez que au-torizara un Acta Notarial para que se anotara en el Registro de la Propiedad su derecho a hogar seguro de acuerdo con la Ley Núm. 195-2011. El Acta Notarial procedió a autorizarse ese mismo día mediante la Escritura Número Dieciséis (16), titulada “Acta de edificación y acta para anotar derecho a hogar seguro”. Surge de los autos que el notario público re-quirió a la peticionaria que compareciera a la autorización del Acta, lo cual hizo en carácter de requirente.

Autorizada el Acta, el 3 de octubre de 2012 se presentó la misma en la Sección III del Registro de la Propiedad de Bayamón. Posteriormente, el 9 de noviembre de 2012 la Registradora de la Propiedad denegó la inscripción y noti-ficó vía fax la falta siguiente:

LA PROPIEDAD PERTENECE A UNA COMUNIDAD HERE-DITARIA, POR LO QUE LOS CO-HEREDEROS [sic] CO-TITULARES [sic] DEBEN CONSENTIR A ESTA TRANS-ACCIÓN.

Insatisfecha, el 29 de noviembre de 2012 la peticionaria presentó a través de su representación legal un Escrito de Recalificación en el que argumentó que exigir la compare-cencia de todos los cotitulares iría contra el texto de la Ley Núm. 195, supra, y que sería muy oneroso anotar su dere-cho a hogar seguro para los titulares de propiedades bajo un régimen de comunidad de bienes. Además, adujo que por tratarse de un derecho sui géneris, no había objeción alguna que pudieran anteponer los cotitulares.

Posteriormente, el 17 de enero de 2013 la Registradora de la Propiedad denegó el Escrito de Recalificación presen-tado por la peticionaria. La Registradora sostuvo que como la propiedad en cuestión era parte de una comunidad he-reditaria, un cotitular no podía actuar sin el consenti-miento expreso de los demás cotitulares. Además, la Regis-tradora razonó que para anotar el derecho a hogar seguro al amparo de la Ley Núm. 195, supra, debe existir

[...] el consentimiento expreso de los co-titulares [sic] a que éste [sic] derecho se anote a su favor y NO a favor de los [sic] todos los co-titulares [sic], puesto que éstos perderían el dere-cho de solicitarlo en sus propiedades a tenor con el Art. 10 de la Ley.

Aún inconforme, el 6 de febrero de 2013 la peticionaria presentó el Recurso Gubernativo de autos y alegó que la Registradora de la Propiedad cometió el error siguiente:

Erró la Registradora al negarse a inscribir el derecho a hogar seguro de la recurrente, so pretexto de no haber comparecido al acta los coherederos, cotitulares de la propiedad, en contra-vención a lo dispuesto en la Ley de Hogar Seguro, y la Ley Notarial y su reglamento. Recurso Gubernativo, pág. 4.

Contando con la comparecencia de ambas partes, esta-mos en posición de resolver sin ulterior trámite.

II

A. Es indudable que el derecho a la propiedad es de alto interés público en nuestro ordenamiento. De hecho, podría decirse que la génesis del concepto del Estado como el ente jurídico que conocemos hoy surge de teorías políticas que aspiraban a dar una máxima protección al derecho de los individuos a defender y disfrutar su propiedad. Véase R.A. Goldwin, John Locke, en: L. Strauss y J. Cropsey, History of Political Philosophy, 3ra ed., Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1987, págs. 486-488. Sin embargo, el concepto en sí mismo de lo que comprende el derecho a la propiedad ha variado con el paso del tiempo. Véase J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil: los bienes, los derechos reales, San Juan, [s. Ed.], 1983, T. II, págs. 67-74.

La importancia del derecho a la propiedad en nuestro ordenamiento es de tal magnitud que una sección específica de nuestra Constitución establece varias protecciones de este. Primero, el disfrute de la propiedad es uno de los pocos que nuestra Constitución explícitamente dis-pone como de carácter fundamental. Véase Art. II, Sec. 7, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 296. Además, “[n]inguna persona será privada de su [...] propiedad sin debido proceso de ley [...]”. Id. Por último, se establece constitucionalmente que “[1] as leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo”. íd.

Este Tribunal también ha sido enfático en reconocer la primacía del derecho a la propiedad en Puerto Rico. Véase Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94 (1986). Sin embargo, también hemos determinado que el disfrute de la propiedad no representa un derecho absoluto, por lo que este está limitado por intereses sociales apremiantes y normas de convivencia social. Véase López y otros v. A.E.E., 151 DPR 701 (2000).

Amparados en estas disposiciones constitucionales, y ante la innegable primacía del derecho a la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico, la Asamblea Legislativa ha actuado afirmativamente en varias ocasiones para proteger el llamado derecho a hogar seguro. La primera legislación que reconoció este derecho se tituló “Ley para Definir el Hogar Seguro y para Extentarlo [sic] de una Venta Forzosa” y fue aprobada en 1903. Este estatuto protegía la cantidad de quinientos ($500) dólares que estarían exentos de embargo una vez se ejecutara una sentencia contra la propiedad de un demandado. Véase González v. Corte Municipal, 54 DPR 18 (1938). El estatuto fue derogado por la Ley Núm. 87 de 3 de mayo de 1936, estableciéndose que el derecho a hogar seguro de los ciudadanos se limitaba a la cantidad de mil quinientos dólares ($1,500). 31 LPRA sec. 1851. En el 2003, la Asamblea Legislativa enmendó ese estatuto para aumentar la protección de hogar seguro a quince mil dólares ($15,000).

Luego de la crisis económica que han experimentado gran parte de los países del mundo desde finales de la pa-sada década, la Asamblea Legislativa entendió necesario proveer una protección mayor a los propietarios que la can-tidad provista por las últimas enmiendas a los estatutos que establecían el derecho a hogar seguro. Por esa razón, en el 2011 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 195, supra.

A diferencia de otras jurisdicciones en Estados Unidos, hay una marcada tendencia de los puertorriqueños a ser propietarios de sus viviendas. De hecho, según la Exposi-ción de Motivos de la Ley Núm. 195, supra, en Puerto Rico la tasa de adquisición de viviendas sobrepasa el setenta por ciento (70%). Ello a diferencia de otros estados, en donde el porcentaje de adquisición no alcanza el cuarenta por ciento (40%).

Por ello, la Asamblea Legislativa entendió necesario extender una protección mayor al derecho a la propiedad en casos de cobro de deudas. Según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 195, supra, la Legislatura estimó que “para muchos puertorriqueños su hogar representa casi la tota-lidad de su patrimonio y lo único que pueden ofrecer a sus herederos”. Así, la Rama Legislativa manifestó que enten-día “conveniente aprobar una nueva legislación de van-guardia sobre hogar seguro que brinde una mayor protec-ción al hogar o residencia principal de todos los domiciliados en Puerto Rico y sus respectivas familias”.

Mediante la Ley Núm. 195, supra, la Asamblea Legislativa cambió marcadamente el enfoque del derecho a hogar seguro en nuestro ordenamiento. Como vimos, los estatutos anteriores que reconocieron la existencia de este derecho se enfocaban en darle un valor estrictamente monetario a la propiedad. Es por eso que por más de un siglo el derecho a hogar seguro en Puerto Rico se limitaba a establecer una cuantía de dinero que estaría exenta de ser embargada por los acreedores.

A contrario sensu, la Ley Núm. 195, supra, no se enfoca necesariamente en proteger una cantidad de dinero de embargo, sino que se diseñó con la intención de proteger la propiedad física de los titulares. Es decir, al ser conscientes del valor patrimonial y sentimental que tiene el techo y el hogar para los propietarios en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa decidió convertir el derecho a hogar seguro en un vehículo de protección específica en cuanto al disfrute físico del hogar.

Podemos comprobar este interés legislativo al dar una lectura a los Arts. 3 y 5 de la Ley Núm. 195, supra, 31 LPRA sees. 1858 y 1858b. El primero de estos establece que

[t]odo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico, tendrá derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca consistente en un predio de terreno y la es-tructura enclavada en el mismo, o una residencia bajo el régi-men de la Ley de Condominios que le pertenezca o posea le-galmente, y estuviere ocupado por éste o por su familia exclusivamente como residencia principal. 31 LPRAsec. 1858.

Vemos entonces claramente la intención legislativa de crear un derecho individual en cuanto al hogar seguro, pero limitándolo solamente a aquella propiedad que sea utilizada por el titular como su residencia principal.

Por otro lado, el Art. 5 del estatuto delimita la extensión de la protección que establece el derecho a hogar seguro. Específicamente provee ese artículo lo siguiente:

Protección contra embargo, sentencia o ejecución
Este derecho protege a la propiedad de embargo, sentencia o ejecución ejercitada para el pago de todas las deudas, excepto las deudas reconocidas como excepciones en la sec. 1858a de este título. 31 LPRA sec. 1858b.

Como se puede apreciar, el derecho protege a la propie-dad física de ser embargada o ejecutada como pago de toda deuda. Al enfocarse en el concepto de deuda, la Asamblea Legislativa enmarcó el derecho en el escenario de los acto-res principales de nuestro Código Civil en los capítulos de contratos y obligaciones: el acreedor y el deudor.

Cabe mencionar también que, como se intima en el Art. 5 de la Ley Núm. 195, supra, el derecho a hogar seguro no es absoluto y está sujeto a una serie de excepciones enumeradas en su Art. 4. Estas son:

(a) En todos los casos donde se obtenga una hipoteca, que grave la propiedad protegida.
(b) En los casos de cobro de contribuciones estatales y federales.
(c) En los casos donde se le deban pagos a contratistas para reparaciones de la propiedad protegida.
(d) En los casos donde aplique el Código de Quiebras Federal, en cuyo caso aplicarán las disposiciones de dicho Código.
(e) En todos los casos de préstamos, hipotecas, contratos re-faccionarios y pagarés constituidos a favor de o asegurados u otorgados por la Puerto Rico Production Credit Association, Small Business Administration, la Autoridad para el Finan-ciamiento de la Vivienda de Puerto Rico, la Administración Federal de Hogares de Agricultores, la Federal Home Administration (FHA), la Administración de Veteranos de Estados Unidos y el Departamento de Desarrollo Económico y Comer-cio de Puerto Rico; y las entidades sucesoras de los antes men-cionados, así como a favor de cualquier otra agencia o entidad estatal o federal que garantice préstamos hipotecarios que se aseguran y se venden en el mercado secundario. Art. 4 de la Ley Núm. 195, supra, 31 LPRA sec. 1858a.

Finalmente, la importancia y fortaleza que la Asamblea Legislativa quiso proveer al derecho a hogar seguro queda consagrada al establecerse que este es un derecho irrenunciable y que cualquier pacto en contrario se declarará nulo. Art. 4 de la Ley Núm. 195, supra.

B. Visto el tipo de derecho que quiso consagrar la Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 195, supra, pasemos a examinar la extensión y naturaleza del mismo.

Como veremos más adelante, existen dos (2) métodos principales mediante los cuales se puede reclamar el derecho a hogar seguro. Pero una vez un individuo designa una propiedad como su hogar seguro, el Art. 9 de la Ley Núm. 195, supra, 31 LPRA sec. 1858f, establece que “el Registrador de la Propiedad tendrá la obligación de anotar que tal propiedad fue así designada por su propietario”.

Mediante esta disposición estatutaria, unido a las disposiciones que proveen para la protección del hogar de los individuos, podemos apreciar claramente la intención legislativa de crear un derecho individual que tiene acceso al Registro de la Propiedad en Puerto Rico. Es un principio conocido en nuestro ordenamiento que el “elemento sustancial que abre la puerta de la inscripción es que el derecho produzca el efecto jurídico real”. L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 398. Es decir, tienen acceso al Registro aquellos derechos personales que trascienden al individuo e incidan en bienes reales. Véase First Federal Savs. v. Registrador, 113 DPR 857, 861 (1983). Comúnmente se denomina este tipo de derechos como aquellos derechos personales con trascendencia real. Rivera Rivera, op. cit, pág. 399. Por ello, una vez se denomina que un derecho personal tiene efecto erga omnes, este tendrá acceso válido al Registro de la Propiedad. íd.

Precisamente el derecho a hogar seguro reconocido en la Ley Núm. 195, supra, es personal con trascendencia real. Ciertamente, es el individuo titular de una propiedad el que puede reclamarlo. Una vez decida hacerlo y este tiene acceso al Registro de la Propiedad, el derecho a hogar seguro adquiere una dimensión real y otra erga omnes.

Por un lado, el derecho surte un efecto real ya que va a la finca misma, la cual recibe una anotación marginal en el Registro de la Propiedad. Por el otro, crea un efecto erga omnes ya que el derecho a hogar seguro remueve del trá-fico comercial la propiedad protegida, quedando así fuera del alcance de los acreedores, con excepción de aquellos dispuestos en el Art. 4 de la Ley Núm. 195, supra. En cierto sentido, este derecho tiene el efecto de insular un bien específico del patrimonio de un deudor y removerlo del tráfico comercial en cuanto al cobro de ciertas deudas. A su vez, representa una limitación a lo dispuesto en el Art. 1811 del Código Civil en cuanto a que “[d]el cumpli-miento de las obligaciones responde el deudor, con todos sus bienes presentes y futuros”. 31 LPRA see. 5171.

III

Examinado el ámbito de extensión y la importancia del derecho a hogar seguro establecido en la Ley Núm. 195, supra, pasemos a analizar el proceso mediante el cual la protección contenida en el derecho a hogar seguro se cons-tituye y cuáles son sus efectos regístrales. Ello en aras de resolver la controversia específica que presenta el caso de autos.

El Art. 9 de la Ley Núm. 195, supra, establece dos (2) formas en que los propietarios pueden reclamar su derecho a hogar seguro para con una de sus propiedades. Mediante la primera opción, los individuos pueden reclamar su derecho a hogar seguro en el mismo momento en que adquieran una propiedad. Para así hacerlo, basta con que el individuo lo haga constar en el título de adquisición.

La segunda manera de reclamar el derecho a hogar se-guro se refiere a aquellas instancias en que la finca ya esté inscrita a nombre del titular en el Registro de la Propiedad. Específicamente, el estatuto dispone, en lo per-tinente, lo siguiente:

En los casos donde la finca estuviere ya inscrita a nombre de dicho individuo o jefe de familia, bastará que el propietario o propietarios de la finca otorgue(n) un acta ante notario pú-blico, donde se haga constar que la finca tiene carácter de hogar seguro, para que el Registrador de la Propiedad con-signe tal carácter en nota marginal de la inscripción correspondiente. (Énfasis suplido). Art. 9 de la Ley Núm. 195, supra.

Precisamente es esta disposición la que debemos interpretar en el caso de autos. Ello debido a que una vez un Acta Notarial en la que se reclama el derecho a hogar seguro es presentada en el Registro de la Propiedad, todos los principios regístrales de nuestro ordenamiento se activan. Por ende, como todo negocio jurídico inscribible, en el procedimiento de calificación el Registrador “[a]demás de cerciorarse de que el documento cumple con los requisitos formales, deberá determinar si los derechos son inscribibles”. Rivera Rivera, op. cit., pág. 284.

IV

En el caso de autos, no está en controversia que la pro-piedad que la peticionaria quiso proteger con su derecho a hogar seguro no es de su total dominio. La propiedad en la que ella reside consta inscrita en el Registro de la Propie-dad a nombre de ella y sus tres (3) hijos, toda vez que la misma forma parte de una comunidad hereditaria. Como vimos, la peticionaria compareció individualmente a la au-torización del Acta Notarial en la que requirió que se ano-tara su derecho a hogar seguro. La Registradora de la Pro-piedad entendió que esa Acta Notarial no cumplió con los requisitos formales que establece la Ley Núm. 195, supra, ni con el derecho aplicable a la comunidad hereditaria.

Según discutido, el texto del Art. 9 de la Ley Núm. 195, supra, establece que en casos como el de autos en que ya “la finca estuviere ya inscrita a nombre de dicho individuo o jefe de familia, bastará que el propietario o propietarios de la finca otorgue(n) un acta ante notario público [...]”. (Enfasis suplido). Vemos entonces que el propio texto de la Ley Núm. 195, supra, exige que cuando una propiedad tiene más de un titular registral, todos tienen que comparecer a la autoriza-ción del Acta Notarial en la que se reclama el derecho a hogar seguro.

No es para menos. Como hemos visto, el derecho que reconoció la Asamblea Legislativa en la Ley Núm. 195, supra es amplio y abarcador y tiene efectos de carácter real en cuanto a la propiedad. Se trata de un derecho que en cierto sentido remueve a la propiedad del tráfico jurídico cuando se trate del cobro exclusivamente de deudas. Un acto de esa naturaleza, que no es meramente un acto de administración, requiere la comparecencia de todos los ti-tulares de la propiedad.

Además del texto de la Ley Núm. 195-2011, debemos recordar que aunque la comunidad hereditaria no está regulada específicamente en el Código Civil, hemos resuelto que a esta le aplican “las disposiciones generales sobre co-munidad de bienes que sean compatibles con el carácter universal de este tipo de comunidad”. Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80, 88 (2010). Por eso el derecho de los titulares que están sujetos a una comunidad de bienes no es de tal extensión como el de un titular individual. A esos efectos, comenta el profesor Vélez Torres que

[e]n lo relativo a los derechos de los condómines sobre la cosa común, está presente la limitación que implica la presencia del derecho de cada comunero coexistiendo con el de los demás. De ahí que la extensión y efectividad del derecho de cada cual de-penda, necesariamente, de la extensión y efectividad de los de-rechos de los demás. Hay una situación de dependencia y sub-ordinación, pues allí donde empieza el derecho de un comunero termina el del otro. Vélez Torres, op. cit., pág. 150.

La representación legal de la peticionaria nos argumenta que si interpretamos que la Ley Núm. 195, supra, requiere que comparezcan todos los titulares al Acta Notarial que reclama el derecho a hogar seguro en una propiedad sujeta al régimen de comunidad de bienes, ello haría más difícil lograr anotar ese derecho a favor de un titular individualmente. Aunque es más difícil no es imposible. En casos como este, en que no hay evidencia del consenso entre los comuneros para reconocer el derecho a hogar seguro de uno de ellos, siempre se puede acudir al tribunal con el propósito de que se reconozca el derecho a hogar seguro al amparo del Art. 3 de la Ley Núm. 195-2011, supra, y se ordene su anotación en el Registro de la Propiedad. Después de todo, somos un tribunal de jurisdicción general y podemos entender en cualquier acción que presente una controversia legítima. Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 686 (2011); Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 DPR 109, 114 (2004); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 (1994).

Por todo lo anterior, nos parece que el texto de la Ley Núm. 195, supra, y el derecho de comunidad de bienes exigen que en casos de propiedades con más de un dueño, todos los propietarios comparezcan a la autorización del Acta Notarial que reclama la anotación del derecho a ho-gar seguro.

V

De acuerdo con los fundamentos expuestos anterior-mente, procedemos a confirmar la determinación de la Re-gistradora de la Propiedad de la Sección III de Bayamón, la cual denegó la inscripción del derecho a hogar seguro de la peticionara reclamada en la Escritura Núm. 16 intitu-lada Acta de Edificación y Acta para Anotar Derecho a Ho-gar Seguro, la cual fue autorizada el 2 de octubre de 2012 en Bayamón ante el notario Luis J. Marín Rodríguez.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con la expresión siguiente:

Concurro con el resultado por entender que tanto la Ley Núm. 195 de 13 de septiembre de 2013, conocida como la Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, como el derecho de comunidad de bienes exigen que para que se inscriba la anotación en el Registro de la Propiedad del derecho de hogar seguro en casos de propiedades con más de un dueño, se requiere que todos los propietarios comparezcan a la autorización del Acta Notarial. Ahora bien, existen unas lagunas en la ley que requieren que la Asamblea Legislativa atienda. Con el requisito que hoy adopta el Tribunal, traslucen una serie de interrogantes. Por ejemplo: En el caso de una propiedad que le pertenece a una comunidad hereditaria y que no tiene anotada la protección de hogar seguro, ¿a quién pro-tegería la anotación de la protección de hogar seguro? ¿Solo a la copropietaria con respecto a su participación independiente a la de la comunidad hereditaria, o a cada uno de los miembro de la comunidad hereditaria? De anotarse la protección de ho-gar seguro solo a la copropietaria independiente de la comuni-dad hereditaria, ¿se podría embargar la participación de un coheredero? De permitirse este embargo, ¿no se estaría incum-pliendo con el propósito de la ley? Éstas son sólo algunas de las interrogantes que han quedado en el aire con la Opinión que emite el Tribunal. Exhorto a la Asamblea Legislativa a actuar prontamente para minimizar cualquier impacto nega-tivo en la protección de hogar seguro.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió con una opinión escrita, a la que se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disentimos de lo resuelto por una mayoría de este Tribunal por entender que en este caso la viuda tiene derecho a que se inscriba su derecho a hogar seguro sin que tengan que comparecer los hijos en el acta notarial. Somos del cri-terio que la Ley Núm. 195-2011 (31 LPRA sees. 1858-1858k) dispone que la protección de hogar seguro conti-nuará sobre el cónyuge supérstite independientemente de que el derecho estuviera inscrito previamente. Esto per-mite que la inscripción pueda ser realizada por la viuda que permanece utilizando la propiedad conyugal como su residencia principal.

En cambio, el efecto de la decisión mayoritaria es que la madre perderá su derecho de hogar seguro si los hijos no desean utilizar la propiedad de la comunidad hereditaria como su residencia principal o que los hijos perderán el derecho a hogar seguro sobre sus respectivas residencias principales para poder hacer valer el derecho a hogar se-guro de su madre. De cualquier forma, alguien perderá ese derecho. Por tal razón, disentimos y, en su lugar, revoca-riamos la recalificación hecha por la Registradora de la Propiedad y permitiríamos la inscripción del acta notarial según presentada.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. En síntesis, la Sra. Antonia Rivera García es la viuda del Sr. Alberto Rodríguez Salas. Tras el fallecimiento de este, la señora Rivera García se ha mantenido viviendo en lo que fue su hogar conyugal en Toa Alta. Además, esta pasó a ser codueña en común proindiviso de dicha propiedad junto a sus tres hijos.

El 2 de octubre de 2012, el notario Luis J. Marín auto-rizó un acta notarial en la cual la señora Rivera García requiere que se anote en el Registro de la Propiedad su derecho a hogar seguro al amparo de la Ley Núm. 195-2011. Al día siguiente, se presentó el acta en el Registro de la Propiedad. No obstante, la Registradora de la Propie-dad, Leda. Namyr I. Hernández Sánchez (Registradora) denegó la inscripción y notificó como falta que la propiedad pertenece a una comunidad hereditaria, por lo que los co-herederos debían consentir a esa transacción.

Inconforme con esta determinación, la señora Rivera García presentó un Escrito de Recalificación en el que ar-gumentó que la falta señalada es contraria a lo dispuesto en la Ley Núm. 195-2011, que en su Art. 9 (31 LPRA see. 1858f) permite que la comparecencia de uno de los cotitu-lares sea suficiente para solicitar el derecho a hogar se-guro; que requerir la comparecencia de todos los cotitula-res obstaculizaría el propósito de la ley de proteger el derecho de hogar seguro de la señora Rivera García y que por el tipo de derecho sui géneris de que se trata no hay objeción que pueda anteponer el resto de los coherederos.

El 17 de enero de 2013, la Registradora notificó la dene-gación del Escrito de Recalificación. Adujo que para que la señora Rivera García reciba la protección de hogar seguro debe venir acompañada por el consentimiento expreso de los cotitulares a que este se anote a su favor aunque no se solicite la inscripción a nombre de todos los cotitulares, puesto que estos perderían el derecho de solicitarlo en sus propiedades, de acuerdo con el Art. 10 del estatuto, 31 LPRA sec. 1858g.

Aun inconforme, la señora Rivera García acudió ante nos mediante un recurso gubernativo. Señaló que erró la Registradora al denegar la inscripción del acta notarial se-gún presentada. Oportunamente, la Registradora presentó su escrito.

II

La controversia que debemos resolver es si la señora Rivera García, como viuda del señor Rodríguez Salas, puede presentar un acta notarial en el Registro de la Pro-piedad en la cual solo comparece ella. Para llegar a una conclusión, es primordial analizar el contenido de la Ley Núm. 195-2011.

El derecho al disfrute de la propiedad está firmemente arraigado en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitu-ción exige que las leyes determinen un mínimo de propie-dad y pertenencias no sujetas a embargo. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. En virtud de ese mandato ex-preso en nuestra Constitución, la Asamblea Legislativa ha desarrollado diversas leyes sobre el derecho a hogar seguro.

En sus orígenes, el derecho a hogar seguro protegía cier-tas cantidades monetarias de embargo tras una sentencia o ejecución. Alo largo de los años, estas cantidades han ido aumentando de $500, cuando se aprobó la primera ley de 1903, hasta $15,000, tras una enmienda realizada en el 2003. Véanse: Ley Núm. 116-2003 (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 492), Ley Núm. 87 de 3 de mayo de 1936 (1936 Leyes de Puerto Rico 461) y Ley de 12 de marzo de 1903 (1903 Leyes de Puerto Rico 107). Ahora bien, con la apro-bación de la Ley Núm. 195-2011 la Asamblea Legislativa entendió “conveniente aprobar una nueva legislación de vanguardia sobre hogar seguro que brinde una mayor pro-tección al hogar o residencia principal de todos los domici-liados en Puerto Rico y sus respectivas familias”. (Énfasis suplido). Exposición de Motivos de la Ley Núm. 195-2011. De hecho, señala con admiración el desarrollo del derecho a hogar seguro en estados como Florida y Texas donde se provee “una protección amplia para los hogares de sus re-sidentes de procedimientos de embargos y ejecuciones judiciales. Tal protección ha ayudado a que dichos estados se hayan convertido en lugares deseables para vivir y para el establecimiento de cientos de miles de puertorriqueños, en particular jóvenes profesionales”. íd.

Explicó la Asamblea Legislativa que el derecho a hogar seguro se trata de

[...] un asunto medular para la estabilidad de la institución más básica de nuestra sociedad y para cada puertorriqueño que con grandes sacrificios ha adquirido una residencia. De-bemos tener presente que para muchos puertorriqueños su ho-gar representa casi la totalidad de su patrimonio y lo único que pueden ofrecer a sus herederos. Así, la protección del ho-gar es de gran importancia para todos en Puerto Rico, desde el joven que con tanto anhelo compra su primera propiedad hasta el individuo retirado, que tanto luchó para mantener su propiedad. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 195-2011.

Más aún, su propósito es “que cada ciudadano propieta-rio cuente con una protección básica ante el riesgo de ejecu- ción de una sentencia en contra de su residencia”. (Énfasis suplido). íd. Así quedó plasmado en el Art. 2 de la ley: “[e]s política pública del Gobierno de Puerto Rico asegurar que todo individuo o jefe de familia domiciliado en Puerto Rico, goce de una protección que cobije la posesión y el disfrute de su residencia principal contra el riesgo de ejecución de esa propiedad”. (Énfasis suplido). Art. 2 de la Ley Núm. 195-2011 (31 LPRA sec. 1858n).

Por ello, la nueva ley de hogar seguro cambió el enfoque monetario a una protección sobre la totalidad de la propiedad. Con esta intención de proteger la residencia principal de cada ciudadano, el legislador cumplió su pro-pósito de una mayor protección del derecho de hogar seguro. En específico, el Art. 3 claramente dispone qué es el derecho a hogar seguro y quién es su acreedor. El mismo establece que

[t]odo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico, tendrá derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca consistente en un predio de terreno y la es-tructura enclavada en el mismo, o una residencia bajo el régi-men de la Ley de Condominios que le pertenezca o posea le-galmente, y estuviere ocupado por éste o por su familia exclusivamente como residencia principal. 31 LPRA see. 1858.

De ahí podemos colegir que toda persona es acreedora al derecho de hogar seguro si (1) le pertenece o posee legal-mente una propiedad y (2) es su residencia principal. No obstante, toda persona tiene derecho a tener solamente un hogar seguro. Véase 31 LPRA sec. 1858g. De lo contrario incurriría en delito. Id.

Al ser acreedor del derecho a hogar seguro, una persona queda protegida de embargo, sentencia o ejecución ejerci-tada para el pago de todas sus deudas. 31 LPRA see. 1858b. Asimismo, el estatuto establece que esta protección “subsistirá después de la muerte de uno de los cónyuges a beneficio del cónyuge supérstite mientras éste continúe ocu-pando dicho hogar seguro, y después de la muerte de am-bos cónyuges a beneficio de sus hijos hasta que el menor de éstos haya alcanzado la mayoría de edad”. (Énfasis suplido). Art. 6 de la Ley Núm. 195-2011 (31 LPRA see. 1858c). Es decir, la ley establece expresamente que el de-recho de hogar seguro, en el caso de un matrimonio, opera automáticamente a favor del cónyuge que sobrevive, siem-pre que este se mantenga ocupando la propiedad como su residencia principal. O sea, este artículo de la ley está de-signado para proteger en primer lugar al cónyuge supérs-tite por encima incluso de los hijos.

Sobre el Art. 3 de la ley de hogar seguro de 1936 —Ley Núm. 87 de 3 de mayo de 1936 (31 LPRA ant. see. 1853) — , que disponía de la misma forma sobre el derecho del cón-yuge supérstite, este Tribunal expresó que este es uno de los casos en que por mandato del legislador la equidad se incorpora como parte del Derecho positivo. Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 DPR 655, 660 (1978). Además, aclara-mos que esto no se ve afectado por tratarse de una propie-dad de unos dueños en común proindiviso. En López Rudón v. López, 48 DPR 324, 330 (1935), sostuvimos que

[e]n cuanto a la posesión de la propiedad, se ha sostenido que no es necesario que sea exclusiva para que el condómine pueda constituir su homestead. Realmente no conocemos nin-guna razón de peso que haga necesaria la posesión exclusiva. [•••]
El derecho de homestead puede ser reconocido en favor de la viuda, sin lesionar los derechos de [otra codueña], quien con-serva su condominio. (Citas omitidas).

Por otro lado, la Ley Núm. 195-2011 provee para que este derecho se inscriba en el Registro de la Propiedad. En aquellas situaciones donde la finca estuviese inscrita pero el derecho a hogar seguro no, la ley dispone que

[...] bastará que el propietario o propietarios de la finca otor-gue(n) un acta ante notario público, donde se haga constar que la finca tiene carácter de hogar seguro, para que el Registra-dor de la Propiedad consigne tal carácter en nota marginal de la inscripción correspondiente.
Ambos documentos, la escritura de adquisición y el acta, según sea el caso, deben expresar el uso residencial de la pro-piedad, y que el propietario no ha designado como tal, ninguna otra propiedad en o fuera de Puerto Rico (Enfasis suplido). Art. 9 de la Ley Núm. 195-2011, supra.

Es decir, los documentos estarán redactados de acuerdo con el propietario o propietarios que tengan allí su residen-cia principal. Nuevamente, la ley solo exige que la persona que desee inscribir su derecho de hogar seguro sea propie-taria o posea legalmente la propiedad y que esa sea su residencia principal.

Cabe resaltar que la ley no requiere que este derecho esté inscrito. Particularmente, el Art. 11 de la Ley Núm. 195-2011 declara que

[e]l hecho de que una finca no esté inscrita en el Registro de la Propiedad o que el derecho a hogar seguro no esté inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad, en nada afecta el de-recho de hogar seguro que en ella tenga su propietario, siempre y cuando el derecho sea levantado oportunamente conforme a lo dispuesto en [el Artículo 12 de esta ley.\ (Enfasis suplido). 31 LPRA sec. 1858h.

Al respecto, el Art. 12 del estatuto provee el mecanismo para solicitar el derecho a hogar seguro mediante una mo-ción presentada ante el tribunal dentro de un procedi-miento de venta por sentencia o ejecución. Incluso, hemos reconocido que ni siquiera la propiedad tiene que estar ins-crita a favor de la persona que reclama su derecho de ho-gar seguro. 31 LPRA sec. 1858i. En efecto, en Irizarry v. García, 58 DPR 280, 284 (1941), cuando la ley no permitía la inscripción del derecho de hogar seguro mediante acta notarial, expresamos que el hecho de que la propiedad no se inscribiera a nombre de la sociedad de gananciales hasta una fecha posterior no destruye el derecho de hogar seguro que ya existía a favor del demandante.

III

Expuesto lo anterior, podemos identificar que la Ley Núm. 195-2011 provee expresamente que la protección de hogar seguro del cónyuge supérstite opera de forma auto-mática tras la muerte del otro cónyuge. Por ello, entende-mos que la señora Rivera García tiene derecho a la protec-ción de hogar seguro según lo dispuesto en el Art. 6, supra. Esto, independientemente de que el derecho a hogar se-guro no estuviese inscrito previamente en el Registro de la Propiedad. Véase Art. 11, supra.

Además, sostenemos que esta podrá oponer su derecho contra sus acreedores de dos formas, mediante la inscrip-ción en el Registro de la Propiedad o mediante la presen-tación oportuna de una moción ante el tribunal. Por esto, entendemos que la viuda puede requerir a un notario que le autorice un acta notarial aunque la propiedad perte-nezca a una comunidad hereditaria, pues esta es propieta-ria y utiliza la propiedad como su residencia principal. Además, reiteraríamos que el derecho de hogar seguro que dispone la Ley 195-2011 a favor del cónyuge supérstite no puede ser afectado por el hecho de que la propiedad ahora pertenezca a varios dueños en común proindiviso. Véase López Rudón v. López, supra.

Por lo tanto, ningún comunero puede oponerse a que se inscriba el derecho de hogar seguro a favor del cónyuge supérstite que utiliza la propiedad como su residencia principal. Entonces, tampoco podríamos requerirle que consientan a una transacción que no pueden objetar, según sugirió la Registradora. Menos aún podemos ordenar que se inscriba el derecho de hogar seguro a nombre de todos los comuneros, aun cuando estos no residan en la propie-dad, como resuelve la mayoría de este Tribunal. Recorde-mos que residir en la propiedad es un requisito para ser acreedor del derecho de hogar seguro. En consecuencia, esto obliga al resto de los comuneros a decidir entre prote-ger la residencia de su pariente que sobrevivió o negarse a la inscripción para poder tener la protección de hogar se-guro en su residencia principal. Es legítimo pensar que cada comunero preferirá tener su residencia principal protegida. Quizás, el efecto más claro del proceder mayori-tario es que las propiedades que pertenezcan a comunida-des hereditarias compuestas por un viudo o viuda e hijos mayores de edad no tendrán la protección de hogar seguro, pues nunca alcanzarán un consenso al respecto. Irónica-mente, quien más pierde con este resultado sería la viuda, quien es la primera persona protegida en la ley y quien podría quedar desamparada si al menos uno de sus tres hijos se opone a inscribir la residencia en cuestión como hogar seguro.

En este sentido, la Opinión mayoritaria frustra el texto claro de la ley en varios aspectos al no reconocer el derecho a hogar seguro de la viuda aun cuando no estuviese inscrito. Más aún, deja a un lado la intención del legislador de dar una mayor protección a cada propietario “desde el joven que con tanto anhelo compra su primera propiedad hasta el individuo retirado, que tanto luchó para mantener su propiedad”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 195-2011. Es evidente que el propósito de la ley es proteger el derecho de la viuda y que, a su vez, cada hijo tenga la oportunidad de tener su residencia principal protegida.

En virtud de lo anterior, es forzoso concluir que para hacer valer esta intención y el texto claro de la Ley Núm. 195-2011 bastará con que la viuda, como copropietaria que utiliza la propiedad como su residencia principal, pueda comparecer ante el notario para requerir que se inscriba su derecho de hogar seguro. Por todo lo cual, no podemos ava-lar el proceder mayoritario, y permitiríamos la inscripción del acta notarial presentada por la señora Rivera García según presentada.

       Apéndice del Alegato de la parte recurrida, pág. 14.

       Es importante mencionar que la Asamblea Legislativa decidió limitar el de-recho a hogar seguro a solo una propiedad por individuo. La razón para ello es evidente, ya que el derecho a hogar seguro existe para proteger aquella propiedad que sea utilizada como residencia principal por los propietarios. Además, la Ley Núm. 195-2011 (31 LPRA sec. 1858-1858k), estableció en su Art. 10 una penalidad criminal para evitar que los propietarios inscriban el derecho a hogar seguro en más de una de sus propiedades. Esa disposición lee:

        “Penalidad por inscripción ilegal

      “Incurrirá en delito grave de cuarto grado, toda persona que intente o logre inscribir en el Registro de la Propiedad la protección de hogar seguro en más de una finca de su propiedad o intente o logre inscribir a favor de otra persona la protección de hogar seguro, a la que ésta no tuviere derecho. Además, en los casos donde la persona se encuentre culpable de tal delito, ésta no tendrá derecho a hogar seguro sobre ninguna de las propiedades objeto de su actuación ilegal”. 31 LPRA sec. 1858g.

       Dicho artículo establece que
      “[i]neurrirá en delito grave de cuarto grado, toda persona que intente o logre inscribir en el Registro de la Propiedad la protección de hogar seguro en más de una finca de su propiedad o intente o logre inscribir a favor de otra persona la protección de hogar seguro, a la que ésta no tuviere derecho. Además, en los casos donde la persona se encuentre culpable de tal delito, ésta no tendrá derecho a hogar seguro sobre ninguna de las propiedades objeto de su actuación ilegal”. Art. 10 de la Ley Núm. 195-2011 (31 LPRA sec. 1858g).

       El artículo disponía:
      “(l]a exención establecida en la sección anterior continuará subsistente después de la muerte del jefe de familia a beneficio del cónyuge supérstite mientras éste continúe ocupando dicho hogar seguro, y después de la muerte de ambos cónyuges a beneficio de sus hijos hasta que el menor de éstos haya llegado a la mayoridad. En casos de que el marido o la mujer abandonase su familia la exención continuará a favor del cónyuge que ocupe la finca como residencia; y en caso de divorcio el tribunal que lo conceda deberá disponer del'hogar seguro según la equidad del caso”. 31 LPRA ant. see. 1853.

       Igualmente, si auscultamos en las jurisdicciones de Florida y Texas como lo hizo el legislador, podemos identificar que en esos estados tampoco es necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad, previo a la muerte del causante, para que el cónyuge supérstite reclame su derecho a hogar seguro. Véanse, con relación al estado de Florida: FI Sta Sec. 196.031(1)(a) (2011); Fl Sta Sec. 732.401(5) (2011); City

        Nat. Bank of Florida v. Tescher, 578 So.2d 701, 703 (1991) (“only the decedent’s husband falls within the class which the constitution intended to protect, and only the husband was entitled to the protection of article X, section 4(c)”). Véase, además, sobre Texas: Tex. Prob. Code Ann. Sec. 283-284 (1956); Riley v. Riley, 972 S.W.2d 149 (Tex. App.-Texarkana 1998, no pet.) (“The homestead right protects the survivors homestead from forced sale by creditors and from partition among the heirs and beneficiaries of the homestead claimant”).

       En California también existe un derecho a hogar seguro dual, el cual se puede establecer automáticamente por ley o por declaración. Véanse: Cal. Civ. Proc. Code Sec. 704.720(a) (West 2008); Cal. Civ. Proc. Code Sec. 704.920 (West 2008). Véase, además, In re Mulch, 182 B.R. 569, 573 (Bankr. N.D. Cal. 1995).