author: •El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Jorge Luis González, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., y Rafael de J. Cordero, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, demandados.
    Núm. 241.

    Sometido: Mayo 27, 1942.

      Resuelto: Junio 24, 1942.

      Víctor M. Marchan, abogado del recurrente; Q. Atiles Moréu, Ángel 'de Jesús Matos y Joaquín Correa, abogados del Administrador del Pondo del Seguro del Estado.
   •El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un recurso de revisión contra una resolución de la Comisión Industrial privando a un obrero de su derecho a continuar percibiendo compensación de acuerdo con la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, basada en la negativa u oposición del obrero, sin justa causa, a some-terse al tratamiento médico proporcionádole por el Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado.

No existe controversia sobre que el recurrente estaba recluido en una clínica privada donde se le suministraba tra-tamiento por cuenta del Fondo del 'Seguro' del Estado por lesiones recibidas durante el curso de su empleo-; que una noche, después que se había emborrachado, se comportó des-ordenadamente; que debido a este incidente al día siguiente fue dado de alta de la clínica por uno de sus doctores; que la clínica así lo notificó al Fondo del Seguro del Estado me-diante una carta; que el Administrador del Fondo del Se-guro del Estado no dictó resolución alguna privando de com-pensación al recurrente, pero que un representante del Fondo llevó al recurrante ante la Comisión Industrial donde, al ser sometido a un interrogatorio, admitió que en aquella ocasión él se había dado unos “palos”.

En el récord no hay hechos sobre los cuales basar la con-clusión de la Comisión al efecto de que el obrero rehusó o se opuso, sin justa causa, a someterse al tratamiento médico pro-visto por el Administrador. No hubo testimonio médico en cuanto a la naturaleza del padecimiento del recurrente o en cuanto al efecto que pueda tener la embriaguez sobre su con-valescencia (Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722). Si hubiera habido testimonio de que el recu-rrente había violado órdenes del doctor prohibiéndole que ingiriera licores embriagantes porque tal acto podría retar-dar su restablecimiento, la acción de la comisión hubiera es-tado justificada. Pero en este caso no hubo tal testimonio. A lo sumo, se demostró que en una ocasión él había estado borracho y se comportó en forma desordenada. Esto no equivale per se a una negativa a someterse al tratamiento médico. Cf. González v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 8. Véase también Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 286, 294, 295.

Hay una razón adicional por la cual la resolución de la Comisión Industrial fué impropia. El plan general de esta ley es que el Administrador del Fondo resuelva las cuestiones en primera instancia. Si un obrero no está con-forme con tal decisión, puede, siguiendo el procedimiento fijado en el estatuto, obtener que ésta sea revisada por la Comisión Industrial. Montaner, Admor. v. Comisión Indus trial, 52 D.P.R. 924. Si Men es cierto que el estatuto provee que en algunos casos el Administrador someterá los hechos a la Comisión para su resolución sin que previamente él tome una decisión, sin embargo, el caso de autos claramente cae dentro del plan general del estatuto. Párrafo 4 de la sección 5, Ley Núm. 45, Leyes de Puerto Rico, 1935.

En ausencia de una decisión anterior del Administrador privando al recurrente de su derecho a percibir compensa-ción, la Comisión Industrial no tenía por tanto autoridad para dictar la resolución en este caso. La cuestión que ahora está bajo nuestra consideración no fue levantada en Santos v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 311. Nada de lo que allí dijimos afecta nuestra conclusión aquí de que bajo los he-chos del presente caso es necesaria una decisión anterior del Administrador antes de que la Comisión Industrial pueda actuar.

La resolución de la Comisión Indiostrial será revocada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

license: Public Domain

text:
    Brígido Ferrer, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Antonio R. Barceló, Juez, demandada.
    Núm. 381.

    Sometido: Junio 23, 1942.

      Resuelto: Junio 25, 1942.

      Arturo Aponte j Rafael O. Fernández, abogados del peticionario.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicita que expidamos nn auto de mandamus ordenando al demandado que proceda a sobreseer la cansa criminal número 12590, seguida contra él por un su-puesto delito de asesinato en primer grado. Basa su con-tención el peticionario en que para responder de dicho de-lito fue arrestado el 30 de enero de 1942 y que la acusación no fue radicada basta el 9 de abril siguiente, habiendo trans-currido con exceso y sin justa causa el término de sesenta días dentro del cual, a partir de la fecha del arresto, debió radicarse la acusación de conformidad con el inciso 1, ar-tículo 448, del Código de Enjuiciamiento Criminal. Se ha sostenido repetidamente por este tribunal que los térmi-' nos a que se contrae el citado precepto legal son imperati-vos, y que, demostrada la expiración del término, la dis-creción del tribunal sentenciador queda limitada a determi-nar si las causas alegadas por el fiscal o conocidas por la corte de otra manera, son o no suficientes para justificar la tardanza. El Pueblo v. Ayala, 19 D.P.R. 936; Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772, y Pueblo v. Díaz, ante, pág. 540.

Sin embargo, este derecho constitucional a un juicio rápido, garantizado por el artículo 2 de nuestra Ley Orgá-nica, como cualquier otro privilegio que no sea de carácter jurisdiccional, puede ser renunciado (waived) por el acu-sado. People v. Hawkins, 127 Cal. 372, 59 P. 697; Hernández v. State (1932, Ariz.) 11 P. (2d) 356; Pueblo v. Quilichini et als., 7 D.P.R. 215.

Y de la propia petición de mandamus aparece qne no obstante haberse radicado la acusación después de ven-cido el plazo de sesenta días antes aludido, el acusado, en la fecha señalada para su lectura (arraignment), presentó una moción sobre especificaciones, y siéndole denegada, formuló excepción perentoria con idéntico resultado, no siendo hasta ■después de denegadas ambas alegaciones que el acusado pre-sentó la moción solicitando el sobreseimiento de la causa.

Las dos alegaciones presentadas por el acusado, es decir, la moción sobre especificaciones y la excepción perentoria, son perfectamente compatibles con una acusación radicada dentro del término legal. A nuestro juicio, el acusado, al radicar la moción sobre archivo y sobreseimiento con poste-rioridad a la presentación de las dos alegaciones antes men-cionadas, implícitamente renunció al privilegio concedídole por el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Por consiguiente, actuó correctamente la corte a quo al negarse a sobreseer la acusación, y no existiendo por parte de la recurrida el deber ministerial cuyo cumplimiento exige el peticionario a través de su petición de mandamus, procede desestimar la solicitud y denegar la expedición del au,to.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente SeñoR Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Melquiades Candelaria Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 9259.

    Sometido: Junio 8, 1942.

      Resuelto: Junio 26, 1942.

      E. Pérez Casaldkic, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente SeñoR Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Melquíades Candelaria Rodríguez fué acusado por el fiscal del distrito de Areeibo de poseer y transportar sobre su persona el 22 de enero de 1940, en el barrio Pajuil, Hatillo, un arma de fuego sin haberla declarado por escrito al jefe de la policía del lugar de su residencia, en violación de la sección 7 de la Ley número 14 de 1936 ((2) pág. 129), como enmendada en 1937 (Ley núm. 95 de 1937, Leyes de 1936-37, pág. 240).

Celebrado el juicio, el acusado fué condenado por la corte de distrito a ocho meses de cárcel. Apeló y señala en su alegato tres errores, cometido el primero al resolver la corte que la acusación imputaba un delito, el segundo al no per-mitir al testigo Rafael Milán que declarara si aparecía o no inscrita algún arma a nombre del padre del acusado y el tercero al apreciar la prueba.

Argumentando el primer señalamiento sostiene el apelante que alegando como alega tan sólo la acusación que el acusado poseía y transportaba sobre su persona un arma de fuego que no había declarado en el cuartel de la policía,-sin expresar que dicha arma fuese pistola, revólver, escopeta o rifle, que son las mencionadas en el artículo primero de la ley que se dice infringida, no le imputa un delito. Invoca en apoyo de su contención las decisiones de esta propia corté en los casos del Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272 y Pueblo v. Rodríguez, 59 D.P.R. 602.

En el último de ellos se cita el primero y se resuelve, a la página 604, í£ . . . Finalmente, no es necesario que en la acusación se exprese el número y marca del arma. Basta alegar que es un revólver, pues dicho vocablo tiene un con-cepto bien definido en el idioma castellano y por sí solo basta para informar al acusado de la naturaleza del arma de que se trata. Lo que requieren la ley y la jurisprudencia es que se informe razonablemente al acusado del delito que se le imputa, y la acusación en este caso presentada cumple satis-factoriamente dicho requisito. ...”

Si se examina la ley sobre la materia, se verá que la acu-sación es suficiente. La sección siete de la misma, tal como quedó enmendada por la Ley núm. 95 de mayo 12, 1937, co-mienza: “Toda persona que tenga en su poder, por cual-, quier concepto, cualquier arma de fuego, en la fecha en que entre en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo así por escrito al jefe de la policía insular del distrito donde re-sida, ...” T luego añade, ££Igualmente, toda persona que. obtenga el dominio o posesión de cualquier arma de fuego, en cualquier forma, después de entrar en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo. ...”

Esa seccción se redactó en esa forma, esto es, hablando en general de “cualquier arma de fuego,” porque en la pri-mera se había ya dicho ££La palabra ‘arma de fuego,’ tal y como se usa en esta Ley, significa toda pistola o revólver, cuyo cañón mida hasta doce pulgadas de longitud; cualquier escopeta de municiones cuyo cañón mida hasta veinticuatro pulgadas de longitud, y cualquier rifle cuyo cañón mida hasta quince pulgadas de longitud.”

De suerte que cuando en la acusación, siguiendo las pa-labras del estatuto, se imputó al acusado que “ . . . ilegal, • voluntaria, maliciosa y criminalmente, poseía y transportaba sobre su persona un arma de fuego sin haber declarado -la - misma . . . arma • de fuego ’ ’ tenía el significado que la ..propia ley le daba, esto es, pistola* revólver, escopeta o rifle de los especificados en la sección primera. Si el acusado ne-cesitaba una más concreta especificación, pudo solicitar de la . corte que ordenara se le diera, como se resolvió en el propio ,caso del Pueblo v. Avilés, supra, y se ratificó en el del Pueblo v. Rodríguez, supra. Pero no puede sostener ahora con éxito .que la acusación no le imputó un delito. El primer error no fue, pues, cometido.

Examinemos el segundo. El Pueblo llamó a declarar a Eafael Milán, cabo de la policía y comandante del distrito de Hatillo. Repetidamente había dicho que el acusado no tenía arma de fuego alguna registrada en el cuartel, cuando, en el trámite de repreguntas, ocurrió lo que sigue:

“P. ¿Qué son esos libros! R. Registros ele armas del Cuartel de la Policía de Hatillo.
P. ¿Podría mostrarlos? R. Sí, señor.
⅜ # ⅜ # ⅜ . ⅜ ‘ ⅜
P. ¿Aquí aparece inscrita algún arma a nombre del padre del acusado Melquíades Candelaria? . . ’ .
Hon. Fiscal: Es materia nueva.
Hon. Juez: No se admite. Ya- dijo -que no hay nada del, acu->'.n> y -f sado. Tiene que presentar o probar que se ha inscrito o ño.”

El acusado no tomó excepción. Ahora, en apelación, sos-tiene que el error cometido es de tal naturaleza que esta corte debe considerarlo usando de la facultad que le concede el disponiéndose de la sección primera de la ley de mayo 30, .1904, leyes de 1905, página 16 (Comp. 6408).

No creemos que la cuestión tenga la importancia que le atribuye el apelante. El hecho de que el padre del acusado pudiera tener inscrito a su nombre un revólver no fue ale-gado como defensa, ni los autos demuestran que de haberse-alegado hubiera podido tener éxito. La teoría del acusado fue la de que él no portaba arma alguna.

El tercero y último de los errores señalados, exige el examen de la evidencia.

El primer testigo que declaró fué Ernesto Alonso Gon-zález. Dijo que en el sitio y día especificados en la acusa-ción vió al acusado disparar con un revólver o pistola, un arma de fuego, contra Rafael Alonso, hiriéndolo. Vió los chispazos y oyó la detonación. No vió el arma. Aclara que vió el arma de fuego en manos del acusado pero no puede asegurar si era pistola o revólver.

Llamado el agredido Rafael Alonso González, declaró que en los alrededores de Pajuil, Hatillo, en enero 22, 1940, el acusado lo desafió y le disparó “No sé si revólver o pistola, pero era un arma de fuego.” Vió el arma. No era una es-copeta. El acusado y él eran amigos.

Armando Quiñones vió al acusado con un arma en la mano pero no sabe de qué clase era. Con ella le hizo dos disparos a Rafael Alonso. Era de noche. Hacía luna. Es-taba bastante claro.

Ya nos hemos referido a la declaración del último tes-tigo de cargo, Milán, demostrativa de que el acusado no te-nía inscrita arma de fuego alguna en el cuartel de la policía del pueblo de su residencia.

La defensa introdujo entonces al testigo Celedonio Tala-vera. Declaró en resumen que' en el sitio y fecha indicados vió al acusado y a Alonso. Eran las nueve de la noche. Muy clara la luna. Se verificaban las inscripciones. Como a diez pies observó cuando el acusado y Alonso se agarraron a pe-lear. No vió que el abusado portara arma alguna. Sintió dos detonaciones de revólver, pero insiste en que no vió en momento alguno que el acusado tuviera arma. A propuesta de la defensa el fiscal admitió que los otros testigos del acu-sado declararían de igual modo que Talavera, y terminó la prueba.

A nuestro juicio es suficiente. Demuestra, dando crédito a la de cargo como lo dió la corte sentenciadora, que el acu-sado estaba en posesión de una pistola o un revólver, que es una de las armas de fuego cuyo registro ordena la ley, sin haberla registrado. Y ello es bastante.

A menos que se tenga alguna experiencia, es difícil dis-tinguir entre una pistola y un revólver, y sin embargo cuando el instrumento se ve en manos de una persona y ésta lo dis-para, bien se puede asegurar, como aseguraron los testigos en este caso, que se trataba de un arma de fuego, que nece-sariamente era una u otra cosa, una pistola o un revólver. La definición que de “pistola” da el Diccionario de la Academia Española es “Arma de fuego, corta y con la culata arqueada, que se amartilla, apunta y dispara con una sola mano” y la de “revólver,” “Pistola de varios cañones o de un solo cañón y un cilindro giratorio con varias recámaras.”

El error no fué >cometido. Procede la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Tono

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Libarona Enriquena, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 9465 y 9466.

    Sometidos: Junio 17, 1942.

      Resueltos: Junio 26, 1942.

      Ernesto Juan Fonfrías, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tono

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal de distrito de Bayamón presentó dos denuncias en la Corte Municipal de Vega Baja contra Julio Libarona Enriquena por violaciones de la Ley para regular la práctica de la cirugía dental en Puerto Rico, aprobada en agosto 8, 1925 (Ley núm. 75, de 1925, pág. 551) y enmendada por la nú-mero 31 de abril 20, 1929 (pág. 199), consistentes en que sin estar autorizado por ley para ejercer la cirugía dental en esta Isla, ejerció dicha profesión en Vega Baja en enero de 1941, construyendo y colocando en la boca de Andrés Lomba dos cajas dentales, y en marzo del mismo año ofreciendo sus servicios como cirujano dentista con oficina abierta en la casa de Juan Parés, calle Betances, Vega Baja, donde con-trató trabajos dentales con Rafael Narvaez, María Adorno y.Andrés Román, habiéndose ocupado en dicha oficina, me-diante orden de allanamiento, dos cajas de cera, cinco fór-ceps, una jeringuilla hipodérmica, unas pinzas de metal, un espejito de boca, una lima, una lamparita, dos moldes de cera, seis pedazos de pasta, una espátula, un diente montado en oro y otros efectos que se pusieron a disposición de la corte con la orden de allanamiento.

El 5 de diciembre de 1941 se celebraron juicios de nuevo en la Corte de Distrito de Bayamón y en ambos casos fué declarado culpable el acusado, condenándosele en cada uno a pagar cincuenta dólares de multa y en defecto de pago a su-frir un día de cárcel por cada dólar que dejara de satisfacer. Apeló de las sentencias, señalando en el primer caso dos errores y cuatro en el segundo.

Los dos errores del primero guardan relación con la prueba. En uno se sostiene que la corte actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad en la apreciación e interpre-tación de la evidencia, y en el otro que dicha evidencia, como cuestión de derecho, es insuficiente.

Al comenzar el juicio ocurrió lo que sigue:

‘ ‘ Sr. Fonfrías: Aceptaríamos que la misma prueba que desfiló en el primer caso sería la misma que desfilara en el segundo caso; que. el señor Lomba declararía lo mismo que Gano.
‘ ‘ Sr. Fiscal: El compañero aceptaría que el testigo Andrés Lomba declararía que mediante pago de $30 construyó y colocó en la boca de Lomba dos cajas dentales.
“Sr. Fonfrías: Aceptamos eso, de que por una suma construyó dos cajas y las colocó en la boca del señor Lomba.
‘ ‘ Sr. Juez: ⅞ Entonces la estipulación de las partes es que someten las partes el caso por la prueba producida en los dos casos anterio-res, con la adición en cuanto al testigo Andrés Lomba, que éste de-clararía, si hubiese comparecido, de que este acusado le construyó y le colocó en la boca dos cajas de dientes por el precio de $30?
“Sr. Fonfrías: Exactamente.
“Sr. Juez: La corte aprueba la estipulación de las partes.”

Luego se llamó a Oscar P. Monagas, secretario de la Junta Dental Examinadora, quien declaró que en los récords de la Junta Dental no figura el nombre de Julio Libarona, el acusado, como autorizado para ejercer la cirugía dental. Toda su declaración giró alrededor del libro registro y cuando ya al parecer había terminado, ocurrió lo que sigue:

“Sr. Fiscal: Vamos a presentar en evidencia el libro.
“Sr. Fonfrías: Nos vamos a oponer a que esa evidencia presen-tada sea admitida ya que no es completa esa evidencia, de acuerdo con el propio testimonio del testigo.
“Sr. Juez: La denuncia es una infracción a la Ley que regula la cirugía dental en Puerto Rico; esa ley empezó a regir en el 1905, de esa fecha para acá es el registro que se presenta como prueba; desde que se aprobó y comenzó a regir la ley.”

Intervino seguidamente la defensa y el testigo insistió en que el acusado no aparecía registrado como dentista.

De acuerdo con la estipulación se trajo al récord la de-claración de José Cano Delgado, que había dicho que el acu-sado le había compuesto una caja de dientes que tenía, po-niéndole unos dientes que le faltaban, por cuyo trabajo le había cobrado dieciocho dólares.

La verdad es que no comprendemos cómo puede soste-nerse que el juez actuó movido por pasión, prejuicio o par-cialidad. Se dice que en uno de los dos casos anteriores a que la estipulación se refería, el acusado fué absuelto y que de igual modo debió serlo en éste porque el nuevo testigo Lomba habría de declarar lo mismo que había declarado Cano, y la declaración de Cano se estimó insuficiente.

No es así. La estipulación, tal como se modificó por el fiscal y se aceptó por la defensa, fué que Lomba declararía que mediante el pago de treinta dólares el acusado le cons-truyó y colocó en su boca dos cajas dentales. Y ese hecho constituye claramente una violación de la ley cuando se rea-liza por persona no autorizada.

Se insiste por el apelante en que no hubo prueba sufi-ciente para condenar porque el libro registro que llevó con-sigo el testigo Monagas, si bien se ofreció en evidencia por el fiscal, no llegó a admitirse por la corte.

Al analizar la prueba transcribimos lo que dicen los autos sobre el particular. Es cierto que de modo expreso no constan en ellos las palabras del juez declarando el libro ad-mitido, pero implícitamente sí consta la admisión al desesti-mar como desestimó el juez razonadamente la oposición de la defensa.

Ninguno de los errores señalados fué, pues, cometido.

Los señalamientos de error del segundo recurso, el mar-cado con el número 9466, son, como dijimos, cuatro. Por el primero vuelve a imputarse pasión, prejuicio y parcialidad a la corte sentenciadora; por el segundo se alega que erró al no decretar la eliminación de ciertos hechos consignados en la acusación qne no se probaron en el juicio; por el ter-cero qne también erró al no admitir en evidencia el título de Prótesis Dental del acusado y al no resolver qne dicho títnlo le daba derecho a ejercer la cirugía dental; y por el cuarto qne erró al considerar que el acusado había actuado con ma-licia.

Ninguno fue cometido.

Hemos examinado la transcripción y tampoco encontra-mos rastro alguno en ella de pasión, prejuicio o parcialidad por parte del tribunal sentenciador. La sección 13 de la Ley número 31 de 1929, que es la aplicable, prescribe que toda persona que no estando legalmente autorizada para dedicarse al ejercicio de la cirugía dental, ía ejerciere, o que viole las disposiciones de dicha ley, incurrirá en un delito menos grave. Y la 12, que según los términos de la ley se entenderá que ejerce la cirugía dental cualquier persona que mantuviere, exhibiere u operare una oficina equipada con instrumentos dentales usados en la práctica de la cirugía dental, siendo esta infracción la que se imputó en la denuncia al acusado y se probó en el juicio.

La evidencia del Pueblo consistió en las declaraciones de Vicente Rivera, Rafaela Narvaez, Anselmo Torres y María Adorno, a virtud de las cuales se concluye que al ser alla-nada en Vega Baja, calle Betances, la casa de Juan Parés, en la habitación que utilizaba el acusado como oficina se en-contraron varias personas, una sentada en una silla cuya boca examinaba el acusado, “bregándole en ella”, y varias espe-rando. La habitación la utilizaba el acusado para trabajos dentales y en la misma se ocuparon los instrumentos mencio-nados en la denuncia, propios todos para el ejercicio de la cirugía dental. El día del allanamiento llegaron a la oficina varios clientes a contratar servicios dentales con el acusado.

La prueba de éste consistió en su propia declaración. Dijo que era cirujano menor del hospital municipal de Vega Baja y se dedicaba a la prótesis dental. Como cirujano me-nor podía bacer operaciones cuando no pasarán de dos cen-tímetros dentro del vientre o de la cábéza y Hacer fumigación en la boca y extracciones de muelas. En prótesis déntal “Realizó la impresión de la boca sin tener que desgastar ni perfeccionar dientes ni nada absolutamente; impresionar, Ha-cer dentaduras y colocarlas en la boca.” Declaró sobre el uso que tenía cada uno de los instrumentos' ocupados en su oficina, y dijo que la prótesis dental era una rama de la ci-rugía dental, y que él no se ocultaba para ejercerla, Habiendo recibido un diploma del Board of Dental Schools.de Nueva York, que registró en la Junta Superior de Sanidad de esta Isla en el año 1921.

Admitiendo que el "acusado era ún cirujano menor y ob-tuvo el diploma a que se refiere en su declaración, aún así el delito fué siempre cometido, porque ni como cirujano mé-nor ni como autorizado a ejercer la píótesis dental, lo estaba para el ejercicio de la cirugía dental, y a ese ejercicio en general es que demuestra la prueba que estaba dedicada su oficina.

“Prótesis” en general, según el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, tomo 17, página 444, es la parte de la terapéutica quirúrgica que tiene por objeto reemplazar ar-tificialmente un órgano que ha sido amputado en todo o en parte, u ocultar una deformidad; y según el “New International Dictionary de Webster,” segunda edición, “prosthesis,” en relación a la cirugía en general y la cirugía dental en particular, es la adición de alguna parte artificial al cuerpo humano, reemplazando la que falta, como una pierna, un ojo, un diente.

La prótesis dentaria es, pues, la parte del arte dentario que tiene por objeto substituir uno o muchos dientes cuya extracción ha sido preciso hacer, o que han caído a conse-cuencia-de una lesión cualquiera de los mismos. Por consi-guiente, un diploma demostrativo de la competencia de una persona en esa rama, no puede tener el efecto de autorizarla a practicar la cirugía dental en general.

La cirugía dental incluye la prótesis dental, pero ésta no incluye a aquélla. Como se dijo en Rex v. Cruihshanks, 1 Alta. L. 92, 95, citado en 18 C. J. 487, “La ciencia de la odontología, al igual que muchas otras, ha progresado en los últimos tiempos, especialmente en lo que concierne a la conservación y reparación de los dientes, y a la sustitución de éstos por dientes artificiales, y podemos tomar conoci-miento de lo que es materia de conocimiento general en este sentido. Se alega que la manufactura y suministro de dien-tes artificiales es un oficio mecánico no incluido dentro del concepto ‘práctica de la profesión dental.’ Este argumento puede tener gran peso en lo relacionado con la manufactura de dientes artificiales, pero el tomar las medidas (impressions) en las encías, y el adherir dientes a puentes que de-berán ajustarse a las encías y el hacer empastaduras, no son actos que puedan considerarse como no incluidos en la frase ‘práctica de la profesión dental.’ ”

Por virtud de todo lo expuesto, deben declararse sin lu-gar los recursos y confirmarse las sentencias recurridas.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez PResidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Román y Gertrudis López, acusados y apelantes.
    Núm. 9504.

    Sometido: Junio 25, 1942.

      Resuelto: Junio 26, 1942.

      Alfonso Lastra Chárriez, abogado de los apelantes; Hon. Procurador ' General George A. Malcolmi, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.-
   El Juez PResidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Juan Román y Gertrudis López fuéron acusados y decla-rados culpables de un delito de adulteración de leebe.

Juan Ramos Rivera, inspector de Sanidad, declaró que conocía a los acusados, teniendo el primero en Río Piedras para el 13 de noviembre de 1941, un puesto de leche, siendo el segundo el dependiente del puesto; que cómo a las seis y media de la mañana de ese día se estaba preparando la ne-vera del puesto para meter una leche, de la que sacó una muestra, resultando adulterada. El puesto era público y es-taba abierto, presumiéndose que la leche era para la venta pública. Cuando llegó al puesto, partía la guagua que ha-bía dejado la leche.

Gabriel A. Menéndez confirmó la declaración de Ramos Rivera, concretando que las muestras se tomaron de un pu-rrón que había en la nevera y agregando que los dos acusa-dos se dedicaban a vender leche en el puesto.

. En su defensa declararon los acusados. Román, el dueño del puesto, no disputó que se hubiera tomado la muestra de leche y que resultara adulterada. La explicación que da es que no vendió leche alguna de aquella de la cual se tomó la muestra porque “había dado orden que tan pronto tomaran muestras que no me vendiera leche porque yo tenía dudas de esa leche.”

El otro acusado, el dependiente, confirma lo dicho por el dueño.

Se le pidió a la corte que reconsiderara su sentencia y se negó a ello, así:

“La declaración de Gertrudis López demostró que ambos acu-sados tenían en venta leche que resultó adulterada. Las instrucciones que recibió López de' Román eran de vender la leche a menos que algún inspector de Sanidad tomara una muestra. Es cierto que no se vendió la leche, y que no hay prueba de que se llegara a ofrecer a algún comprador. Pero sí se demostró que la leche se tenía en venta, y esto lo castiga el estatuto. En el caso de Pueblo v. Andino, 21 D.P.E. 225, no aparece que hubiese prueba de que la leche se tenía en venta, y por esa razón no es aplicable el caso.”

Se apeló y se invoca el caso de Pueblo v. Andino, 21 D.P.R. 225, para pedir la revocación de la sentencia.

No tienen razón los apelantes. Este caso se diferencia del de Andino. Aquí la leche ftíé recibida y aceptada, colo-cándose en la nevera para venderla para el consumo hu-mano. Estaba adulterada y de no ser por la llegada del inspector, se hubiera vendido. La ley castiga la venta, ofreci-miento de venta o tenencia para la venta de leche adulte-rada.

Es regla establecida que una leche que se encuentra en un puesto se presume que está para la venta. Pueblo v. Pérez, 23 D.P.R. 877. Siendo el deber de los vendedores de leche cerciorarse de que no venden leche adulterada. Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 457.

Aquí el dueño del puesto no cumplía con ese deber. La orden que diera en vez de ayudarlo en su defensa, revela un sistema contrario a lo resuelto en Pueblo v. Cartagena, supra.

Debe declararse sin hogar el recurso y confirmarse la sen-tencia.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

text:
    Manuel Avila Villalobos, demandante y apelado, v. Regalado, Antonio, Julio y José Náter y Felipe García y Longinos Molina, demandados y apelantes.
    Núm. 8459.

    Sometido: Junio 10, 1942.

      Resuelto: Junio 26, 1942.

      Pedro E. Anglade, abogado de los apelantes; A. Beyes Delgado j P. Scmtos Borges, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn injunction para retener la posesión de una finca rústica. El demandante alega en su demanda que está en posesión desde el 11 de mayo de 1939 por compra que de ella hizo a doña Juana A. Rodríguez Despiau, quien la po-seyó por muchos años, habiéndole hecho entrega de la misma en la fecha de la venta; que los demandados, hijos de dicha señora, han penetrado en la finca y le han perturbado en su posesión, alegando que dicha finca les pertenece. La de-manda fue radicada el 16 de febrero de 1940.

Los demandados solicitaron la eliminación de la demanda y, en su defecto, de algunos de sus particulares, excepciona-ron la misma y contestaron negando sus. hechos. Las mocio-nes eliminatorias y la excepción previa fueron declaradas sin lugar y celebrado el juicio la corte' falló el pleito declarando con lugar la demanda.

Los demandados establecieron el presente recurso se-ñalando la comisión de nueve errores. Sostienen por los tres primeros que la corte inferior erró al declarar sin lugar las mociones eliminatorias y la excepción previa. Las elimina-ciones solicitadas son aquellas alegaciones 'de la demanda que se refieren a la compra de la finca. En un caso similar al de autos, Buxeda, Jr. v. Escalera, 47 D.P.R. 647, se resolvió esta misma cuestión diciéndose:

“No estamos convencidos de que la eliminación procediera por-que al alegar el demandante en su demanda la compra del solar en cuestión al demandado Escalera y la segregación de una porción del mismo vendida a J. C. Gómez, lo que Rizo fué dar color a la posesión material alegada como fundamento de su acción y sentar las bases para una descripción perfecta de la finca reclamada.”

No se cometió error al declarar sin lugar las eliminacio-nes solicitadas y tampoco al desestimar la excepción previa por los motivos que pasamos a expresar.

Alegan los apelantes que habiéndose radicado la de-manda el 16 de febrero de 1940 y alegándose en ella que el demandante entró en posesión de la finca el. 11 de mayo de 1939, no aduce ella hechos suficientes para constituir una causa de acción porque no se alega que el demandante haya estado en posesión un año antes de radicarse la demanda se-gún requiere la ley. Pero es que en la demanda se alega además que dicha finca la había poseído por muchos años y hasta que la misma fué traspasada al demandante, doña Juana A. Rodríguez Despiau y estas alegaciones son sufi-cientes de acuerdo con lo resuelto en el caso de Buxeda, supra, en el que se alegó una situación de hechos similar.

La misma cuestión es alegada por los apelantes én el sép-timo señalamiento, pero haciendo referencia a la prueba de la posesión. Sostienen, que el demandante tenía que probar que él personalmente había estado en posesión un año com-pleto antes de radicar su demanda. En un caso como el de autos en el que se probó que el demandante adquirió la finca de la madre de los demandados y que ella la había poseí-do durante varios años y hasta la fecha en que le hizo en-trega al demandante, la posesión de la anterior poseedora completa la- del demandante, como sostuvo la corte senten-ciadora. El demandante podía ejercitar el interdicto pose-sorio para proteger sus derechos de acuerdo con el artículo 375 del Código Civil (ed. 1930) que dispone que: “Todo po-seedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimientos es-tablecen”. Be probó que la perturbación de que fue' objeto el demandante ocurrió dentro del año precedente a la radi-cación de la demanda y eso, unido a los demás hechos pro-bados, bastaba.

Se quejan los apelantes, en otros señalamientos, de que se admitieran como prueba las escrituras de compraventa de la finca. Aun cuando en estas acciones no pueden deter-minarse cuestiones de título o en cuanto al derecho de pose-sión, no cometió error la corte inferior, pues, como hizo cons-tar, las escrituras no fueron admitidas con el fin de probar título o derecho alguno, sino para demostrar el hecho de la entrega de la finca que la madre de los demandados hizo al demandante y para contradecir el testimonio de ella y de su hija en cuanto negaron que el notario autorizante les hu-biera leído dichos documentos.

Alegan por último los recurrentes que la sentencia dictada es contraria a la prueba. Hemos examinado cuida-dosamente la transcripción de evidencia, y estamos conven-cidos de que la prueba del demandante, a la que el juez sen-tenciador dió crédito, es suficiente para sostener la senten-cia. Se probó que el demandante, no sólo tomó posesión de la finca, sino que la cercó, mandó a poner rótulos en las en-tradas y empezó a realizar siembras en la misma, siendo perturbado en su posesión por las actuaciones de los deman-dados quienes penetraron en la finca varias veces, quitaron los rótulos y destruyeron una siembra de habichuelas; que amenazaron a los empleados del demandante que iban a tra-bajar en la finca e impidieron que lo hicieran, probándose además que los demandados sacaron ganado de la finca no una, sino en varias ocasiones. No fue un acto aislado de perturbación el probado, sino nna serie de actos relacionados entre sí, y a virtud de los cuales los demandados, según ex-presamente decían, querían demostrarle a los empleados del demandante que la finca les pertenecía.

Si en efecto los demandados tienen algún derecho sobre la finca, deben acudir a las cortes para que éstas lo determi-nen, pero mientras tanto, el demandante debe ser respetado en su posesión.

Se desestima el r&curso y confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado SbñoR Todd, JR.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Sixto López Figueroa o Tito López Figueroa, acusado y apelante.
    Núm. 9378.

    Sometido: Junio 23, 1942.

      Resuelto: Junio 26, 1942.

      Juan Lastra, abogado del apelante; Son. Procter ador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SbñoR Todd, JR.

emitió la opinión del tribunal.

El único error que alega el apelante en este recurso contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan que lo declaró culpable de una infracción a la llamada Or-den Final de la Comisión de Servicio Público, consiste en que no se probó “qne el acusado tomó por asiento los pasa-jeros, sino qne únicamente se alegó qne desmontó a dichos pasajeros y por tanto el solo hecho de * desmontar’ no im-plica infracción alguna a la Orden Final.”

Carece de méritos la cuestión suscitada.

En la denuncia se alega que el 16 de octubre de 1940:

“ ... el acusado Tito López Figueroa.allí y entonces, ilegal, vo-luntaria, maliciosa y criminalmente sin haber sido previamente auto-rizado por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, y mien-tras manejaba como chmiffeur el automóvil núm. P-2102, actuaba como porteador publico, transportando pasajeros por asiento en dicho vehículo por la calle Salvador Brau, entre Tanca y San Justo, que forma parte del distrito judicial de San Juan, desmontó dos pasajeros de dicho vehículo pagando éstos en mi presencia el importe de cinco ets. cada uno, siendo ésta una ruta servida por la White Star Bus Line, de Río Piedras, con franquicia de Río Piedras a San Juan y vice versa infringiendo de este modo la orden final de la Comisión de Servicio Público de 4 de enero de 1938, ...”

Y la orden final mencionada, copiada en la denuncia, pro-híbe que todo vehículo de motor, que no hubiere sido previa-mente autorizado por la Comisión, opere como porteador público en el transporte de pasajeros por asiento, entre los municipios de San Juan y Río Piedras o dentro de dichos municipios o entre puntos intermedios.

De la prueba de cargo, creída por la corte inferior, apa-rece qne en presencia del policía denunciante el acnsado ma-nejaba una guagüita pública de seis pasajeros entre las ca-lles Tanca y San Jnsto de San Jnan y al parar frente a la Farmacia Blanco se desmontaron dos pasajeros y le paga-ron al acusado cinco centavos cada uno; qne el acusado le dijo al policía que venía de Santuree.

Somos de opinión qne esta prueba es suficiente. La teo-ría del apelante de que es necesario probar en estos casos qne el denunciante’vió cuando los pasajeros montaron en el vehículo no está sostenida ni por los términos en -que está redactada la orden final ni por nuestra jurisprudencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no. intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Enrique Catoni y su esposa Rosa M. Martín y otros, demandantes y apelados, v. Andrés y Luciana Aybar Muñoz, demandados y apelantes.
    Núm. 8451.

    Sometido: Junio 17, 1942.

      Resuelto: Julio 7, 1942.

      Andrés y Luciana Aybar Muñoz, por su propio derecho; Manuel 'Rivera de la Vega, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Desde hace veinticuatro años, Andrés y Luciana Aybar, en una serie de pleitos han alegado, sin poder probarlo, que son los únicos herederos de Carmen, Manuela y María Carolina Smith Aybar y como tales, dueños de la casa número 10 de la calle San José de San Juan. Para una relación completa y detallada de los hechos envueltos en dichas accio-nes véase Aybar v. Vara, 56 D.P.R. 430 en el que, al desesti-marse por frívolo el último recurso interpuesto por los Aybar, se dijo:

“. . . Los apelantes han sostenido en todo momento que un pro-minente letrado de San Juan se inventó a las demandadas para' que les defraudaran, o hizo que estas cuatro personas reclamaran una herencia que legalmente pertenece a los demandantes. También sostienen que todos los testamentos, poderes y certificaciones de sen-tencias de los tribunales españoles en varios procedimientos de testa-mentaría, que en distintas ocasiones se han presentado por el agente de las demandadas, son falsificados.
"Los apelantes han tenido amplias oportunidades para probar las imputaciones de fraude y nunca han tenido éxito. Continuamente han planteado las mismas cuestiones que siempre han sido resueltas en su contra. No vemos razón válida alguna por la cual no deba desestimarse la apelación.”

No había aún llegado el mandato de esta corte en dicho caso a la Corte de Distrito de San Juan que tiene fecha de mayo 6, 1940, cuando Andrés y Luciana Aybar Muñoz radi-caron una nueva acción bajo el número 34261 contra los mismos demandados y además contra Enrique Catoni y su esposa como sucesores en interés de los mismos y contra Rosendo Arean Moreno, como heredero de Pilar Moreno Smith, otra de las originalmente demandadas. En esta nueva acción repetían los Aybar las mismas alegaciones que en las anteriores acciones habían sido desestimadas tanto por la corte inferior como por esta Corte Suprema en apela-ción. Es de hacerse constar que los demandantes al iniciar cada acción anotaban nn lis pendens en el Registro de la Propiedad de San Jnan en relación con la casa antes men-cionada.

Así las cosas, los demandados en la última acción pre-sentaron una petición de injunction ante la corte inferior en la qne solicitan se probaba a Andrés y Lnciana Aybar y a sns cesionarios o sucesores en derecho la continuación del pleito antes mencionado o que en lo sucesivo inicien o tra-miten en contra de los demandantes o sus sucesores en interés pleito o procedimiento alguno que directa o colateralmente pretenda atacar la validez de sus derechos de propiedad sobre el inmueble referido.

Los demandados radicaron excepción previa, moción eli-minatoria y una contestación y celebrada la vista correspon-diente y practicada prueba la corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la petición y expidió el auto solicitado. Contra esa sentencia los demandados radicaron el presente recurso alegando que la corte inferior cometió tres errores, a saber: 1. al aprobar la transcripción de la evidencia, pues admitió que el taquígrafo Sr. Pérez la certificara cuando el que intervino en la vista fue el Sr. Morales; 2. al admitir la escritura de compraventa a favor de Enrique Catoni pues ya él no era dueño ni tenía interés en la propiedad, y 3. al admitir a otro nuevo y desconocido heredero nombrado Rosendo Arean Moreno.

El primer señalamiento carece de méritos. La trans-cripción de evidencia que obra en autos aparece debidamente certificada por el taquígrafo José Morales Díaz, que actuó durante el juicio. Lo que ha inducido a error a los apelan-tes es que también aparece del récord que fué el taquígrafo Carmelo Pérez el que actuó en la vista sobre aprobación de la transcripción de evidencia y tomó nota de las enmiendas sugeridas y aprobadas por la corte las que fueron luego hechas en la transcripción.

El segundo señalamiento levanta la misma cuestión que los apelantes han planteado, por moción radicada ante esta Corte Suprema y sobre la cual oímos por escrito a los apelados. Pretenden los recurrentes que admitamos prueba que no tuvo ante sí la corte inferior, con el fin de demostrar que Enrique Catoni no era dueño de la casa de la calle San José cuando inició esta acción. Que ese era un hecho a ser probado en la corte inferior, lo demuestra el que los ape-lados a su vez alegan que cuando se inició esta acción su abogado tenía en su poder una escritura a virtud de la cual el Sr. Catoni era dueño de la casa. Si entráramos a consi-derar la prueba que dentro de este recurso, por primera vez, presentan los apelantes, estaríamos actuando como corte de jurisdicción original en un caso en que dicha jurisdicción no nos ha sido conferida por la ley. Ramos v. Augy, 60 D.P.R. 153. No se cometió el segundo error y tampoco el ter-cero, pues los recurrentes admiten en su alegato que ellos incluyeron entre los demandados a Rosendo Arean Moreno, como heredero, en la nueva acción iniciada por ellos, y, siendo esto así, no fue la corte inferior quien admitió a dicha parte en el presente litigio sino que, como declaró el abogado de los apelados, él lo incluyó como parte demandante en la petición de injunction porque tenía su representación y por-que había sido demandado por los aquí apelantes.

Incidentalmente los apelantes alegan que el Lie. Manuel Rivera de la Vega no probó que estaba autorizado para representar al demandante Arean Moreno. La compa-recencia de un abogado, debidamente admitido, es prueba presuntiva de su facultad para representar a la persona por quien comparece, e incumbe a la parte que impugna su fa-cultad demostrar que es nula. Claudio v. Palacio y Muñiz, 29 D.P.R. 825. Cuando se impugna esa representación la parte que sostiene la negativa tiene el peso de la prueba para rebatir la presunción. Esto no obstante, en un caso apro-piado y cuando se demuestra justa causa,'dicha parte puede obligar al abogado a exhibir su mandato. Weeks on Attorney at Law, citado en el caso de Asociación de Padres Capuchinos v. Corte, 44 D.P.R. 680, 684, en el cnal se hizo un estudio detallado y comprensivo de la materia y se estableció la siguiente regla:

“. . . Cuando se exponen bajo juramento hechos que demuestran o tienden a demostrar que el abogado no está autorizado por su pre-sunto cliente para comparecer, la corte está justificada en provocar una exhibición de poderes. Esta autoridad de la corte lo mismo puede ejercitarse en procedimientos ordinarios que en aquellos de carácter sumario. ...”

En el caso de autos los apelantes en ningún momento ex-presaron bajo juramento nada que pudiera servir de base para que la corte inferior pudiera obligar al abogado de los apelados a demostrar que estaba autorizado a comparecer a nombre de todos o de cualquiera de ellos.

Aquí podríamos dar por terminada esta opinión y desestimar el recurso pues hemos resuelto adversamente a los apelantes los únicos tres errores que han señalado en su alegato. Empero, tomando en consideración que ellos han comparecido por su propio derecho y sin representación profesional, y el hecho de que este es el primer caso de su naturaleza que llega en apelación hasta esta Corte, pasare-mos a considerar y resolver la única cuestión fundamental envuelta en este caso, es decir, si procedía o no la expedi-ción del auto de injunction solicitado para prohibir a los demandantes que continúen litigando sobre las mismas cues-tiones resueltas en su contra en los distintos pleitos estable-cidos por ellos anteriormente y que, según resolvió esta corte en el último de ellos, constituyen cosa juzgada entre las partes.

La única defensa establecida por los demandados en la corte inferior a la petición de injunction fué al efecto de que los' demandantes tenían ■ un recurso adecuado en ley pues podían alegar en la nueva acción la defensa de cosa juzgada. Al resolver esta cuestión, la corte inferior se expresó así:

. . De permitirse un nuevo litigio para discutir nuevamente quiénes son los herederos de Carmen, Manuela y Carolina Smith Aybar y por consiguiente los dueños de la casa de la calle San José, hada impediría que a su terminación y declarada nuevamente sin lugar la demanda se iniciara un nuevo pleito y así sucesivamente ad infinitum. Es cierto que en cada uno de ellos los aquí deman-dantes podrían establecer con éxito la defensa de cosa juzgada; pero ello nunca sería un remedio adecuado. Aparte de las inconve-niencias y molestias y torturas morales de verse sometido injustifi-cadamente a una serie interminable de pleitos y contra los cuales una indemnización monetaria no sería jamás una compensación adecuada, en el caso específico que resolvemos ello sería imposible dada la insolvencia de los demandados Aybar Muñoz. La desventaja de los demandantes es manifiesta. Mientras los demandados litigan sin tener que pagar abogado porque se representan a sí mismos los demandantes tienen que incurrir en esos gastos sin esperanza algu-guna de poder resarcirse. Este es un caso típico para que equidad intervenga e impida una multiplicidad de procedimientos que no ten-drían otro objeto que ocasionar un atropello contra los demandantes, máxime si tenemos en cuenta que inmediatamente que los demandados Aybar inician un litigio acto seguido anotan la demanda en el Re-gistro de la Propiedad lo cual tiende indiscutiblemente a arrojar sombras sobre el título de los demandantes. Equidad, por medio del injunction, y sobre la base de impedir multiplicidad de pleitos ha in-tervenido siempre para proteger los derechos adquiridos en la cosa juzgada. ’ ’

La jurisprudencia citada por el juez sentenciador sostiene sus razonamientos en cuanto a la procedencia del remedio solicitado.

Pomeroy en su obra sobre “Equity Jurisprudence”, 5ta. edición (1941) volumen 1, página 501, sección 253, expone la doctrina general de que la equidad no intervendrá a favor del demandante para impedir que el demandado continúe una acción en su contra basta tanto que el título del deman-dante baya sido suficientemente establecido por la decisión de por lo menos una acción en ley a su favor. Sostiene, sin embargo, que “la corte sí intervendrá y prohibirá qne el demandado prosiga con sucesivas acciones en ley, y así establecerá el derecho del demandante, cnando todas las cuestiones de hecho y de derecho envueltas en dichas acciones han sido plenamente determinadas a favor del demandante en algún procedimiento judicial anterior entre las mismas partes. ’ ’

Uno de los casos más citados sobre la cuestión que discu-timos, es el de Kessler v. Eldred, (1906), 206 U. S. 285, en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que procedía el injunction y se expresó así:

“Si los derechos entre litigantes son establecidos por una sen-tencia final de una corte de jurisdicción competente deben ser reco-nocidos en toda forma y dondequiera que la sentencia sea merecedora de respeto, por aquellos que están sujetos a la misma.”

Y en el de Steinberg v. McKay, (Mass. 1936), 3 N. E. (2d.) 23 se levantó la misma cuestión que en el de autos en cuanto a que el remedio adecuado era la defensa de cosa juzgada y la corte dijo:

“Se sostiene que el único y adecuado remedio del demandante es defenderse de la nueva acción, levantando la cuestión de cosa juz-gada si procede. Es cierto que deben demostrarse bases substanciales de necesidad para inducir a una corte de equidad a negarle a un litigante el derecho a seguir una acción en ley y en ella obtener un juicio por jurado, por el hecho de que la acción no tenga méritos o sea molestosa (vexatious). (Citas)-
“En este caso, sin embargo, no hay nada que pueda ser juzgado por un jurado. El litigio establecido por el demandado no sólo no tiene méritos sino que es parte de una sistemática persecución (harassment) del demandante a través de pleitos sin base. El caso requiere el remedio de equidad. (Citas).”

Y en el caso de Lane v. Rushmore, (N. J. 1938), 198 A. 872, citado por la corte inferior, se fundamentó la doctrina en esta forma:

“Sería intolerable permitir a un litigante que sin ñn litigara 7 relitigara su alegada queja. En algún punto en la controversia él tiene que aceptar la sentencia de la corte como final y concluyente y a ese punto se llega cuando una corte de jurisdicción competente ha oído y considerado todo lo que se dijo o pudo decir a través de ía evidencia y los argumentos sobre las cuestiones en controversia y rinde su decisión (citas).”

El Juez Story en el caso de Ocean Insurance Co. v. Fields, 18 Fed. Cas. 532, sucintamente expresó la razón para que esta doctrina subsista, cuando dijo: “Es para bien del interés y política pública que los litigios terminen, o, como dijo un gran jurista, para que los pleitos no sean inmortales mien-tras los hombres son mortales.”

Andrés y Luciana Aybar han litigado y relitigado sus alegados derechos hereditarios sobre la casa número 10 de la calle San José varias ve'ces. Han alegado fraudes come-tidos por los distintos letrados que han intervenido en esos litigios. Han alegado la inexistencia y nulidad de documen-tos públicos otorgados en España y en Puerto Rico. En ningún momento y en ninguno de esos pleitos, a pesar de haber intervenido en su resolución desde el año 1918 distintos jueces de la Corte de Distrito de San Juan, han podido probar sus alegaciones y convencer a dichos ’magistrados de que les asiste la razón. Esta Corte Suprema desestimó el último de dichos recursos por frívolo y porque las cuestio-nes planteadas constituían cosa juzgada. No conformes aún, los hermanos Aybar pretendieron continuar litigando las mismas cuestiones ya resueltas y radicaron una nueva ac-ción y la anotaron en el registro. Han ocasionado y preten-den continuar ocasionando gastos y pérdidas a los deman-dados en dichas acciones, pues los allí demandantes y aquí demandados son insolventes y litigan en forma pauperis. Somos de opinión que, de acuerdo con los hechos concurren-tes, los peticionarios en este caso tienen derecho a solicitar que se dé término de una vez y para siempre a esta situación y que, como consecuencia, la corte inferior no erró al expe-; dir el auto de injunction solicitado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no, intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snxder

text:
    Evarista Viera, menor representada por su madre con patria potestad Elena Viera, demandante y apelante, v. Sucn. de Pedro Goitía Martínez, etc., demandados y apelados.
    Núm. 8469.

    Sometido: Junio 3, 1942.

      Resuelto: Julio 7, 1942.

      Hipólito Marcano y Francisco L. San Miguel, abogados de la ape^ lante; F. González Fagundo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Snxder

emitió la opinión del tribunal.

En nna apelación anterior en este caso, resolvimos qne la apelante babía alegado suficientemente tres causas de ac-ción. 55 D.P.R. 299. Devuelto el caso, se celebró el juicio en la corte de distrito, pero el juez que presidió la vista cesó en el desempeño de su cargo sin haber decidido el caso. Mediante estipulación, las partes sometieron la transcripción de evidencia a su sucesor para que'éste lo resolviera.

La apelante es hija ilegítima de Pedro Goitía Martínez. Este pleito se entabló a favor de la menor, por su madre con patria potestad, contra la Sucesión de Goitía después de la muerte de éste. La primera causa de acción es en cobro de $4,200. La reclamación consiste en que Goitía no cumplió con un alegado contrato de pagar los gastos de manutención de la apelante a razón de $25 mensuales.

La madre de la apelante declaró que después que esta última nació en 1921, Goitía celebró con ella un contrato oral como se describe anteriormente, para beneficio de su hija; que de conformidad con este convenio, efectuó los pagos mensuales hasta el 1923; que desde 1923 hasta 1936, en que Goitía falleció, no había hecho estos pagos.

El juez que presidió la vista admitió la declaración de la madre de la apelante al efecto de que Goitía había celebrado con ella el mencionado contrato oral en beneficio de su hija, a pesar de la objeción de los apelados de que tal- testimonio era inadmisible de acuerdo con la sección 3 de la ley de marzo 10, 1904 (Leyes de Puerto Rico, 1904, pág. 121), que dice como sigue:

“En las demandas por o en contra de los albaceas testamentarios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna dé las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o rela-ciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescripciones de esta Sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un finado, que se susci-taren de transacciones habidas con éste.”

No obstante, el juez de distrito a quien se sometió la transcripción de evidencia escribió una opinión en la que hizo constar que tal declaración era inadmisible bajo el re-ferido estatuto. Por consiguiente, se negó a tomarla en consideración. Como ésta fue la única prueba ofrecida para probar el contrato, la corte inferior desestimó la primera causa de acción.

El juez de distrito cometió error en dos sentidos. En primer lugar el juez no estaba justificado en intervenir en un caso ya cerrado y adoptar una resolución retroactiva sobre una cuestión de evidencia. Ni aún el juez que presidió el juicio hubiera podido actuar en tal forma. Una vez ad-mitida la evidencia, la apelante tenía derecho a asumir que sería tomada en consideración al determinarse si existía el alegado contrato. Durante el juicio el juez de distrito es-taba en libertad de reconsiderar su resolución. De igual modo, las partes estarían sobre aviso acerca de una posible decisión adversa posterior si la corte se hubiera reservado su decisión sobre esta cuestión de evidencia. Pero después que la evidencia había sido admitida definitivamente y se había concluido el juicio, ni el juez que presidió ni su sucesor podía eliminarla del récord o negarse a considerarla, por lo menos sin reabrir el caso y darle a la parte afectada una oportunidad de suplir la deficiencia que resultase en su prueba.

Además, no podemos convenir en que el testimonio en controversia era inadmisible. La regla de exclusión de evidencia aquí envuelta, es un vestigio de la regla de inha-bilidad de partes para servir como testigos. Ha sido tan severamente criticada como la original inhabilidad de partes para servir como testigos. Wigmore on Evidence, Vol. II, tercera edición, sección 578, y sección 488 a la página 571. Hemos tomado conocimiento de esta crítica (Colón v. Tristani, 45 D.P.R. 227) y nos hemos negado a extender la regla mediante interpretación judicial o a excluir testimonio que no cae claramente dentro de los términos del estatuto. Saunnion v. Díaz, 29 D.P.R. 615.

En su opinión, lá corte de distrito hizo un análisis cuidadoso de nuestras decisiones sobre esta materia. (Wilcox v. Axtmayer et al., 23 D.P.R. 343; De la Rosa v. Sucn. Quevedo, 47 D.P.R. 175; Falero et al. v. Falero, 15 D.P.R. 118; Morales v. Ceide, 51 D.P.R. 27; Cestero v. Sucn. Cestero, 35 D.P.R. 991; Lezcano v. Sucn. Sifonte, 42 D.P.R. 400; Aldea v. Tomás y Piñán, 51 D.P.R. 764; García v. Santos, 29 D.P.R. 880; Saunnion v. Díaz, 29 D.P.R. 615; Góñez v. Palmieri, 50 D.P.R. 457; y Colón v. Sucesión Tristani, 45 D.P.R. 227). Pero nada hay en lo resuelto o en el lenguaje-usado en estos casos que justifique la conclusión- a que llegó la corte de distrito en cuanto a que una madre con patria potestad está impedida'de testificar en cuánto a trasacciones con o relaciones hechas por el finado en un pleito enta-blado por la madre en tal capacidad representativa contra los herederos de aquél. Al contrario, hemos permitido • a una madre que entabló una acción de filiación en favor de su hijo menor contra los herederos del padre putativo.falle-cido, que declare en cuanto a transacciones o relaciones he-chas por este último. Colón v. Sucesión Tristani, 45 D.P.R. 227; Góñez v. Palmieri, 50 D.P.R. 457. El juez de distrito distingue estos casos a base de que en- ellos no está envuelto “un pleito en cobro de dinero encaminado a hacer (-sie)í efectivo una supuesta obligación del finado.” Pero a los fines dé la cuestión que está ahora ante nos, no vemos dife-rencia práctica o legal alguna entre dichos casos y el pre-sente. Los pleitos de filiación fueron entablados correcta-mente contra la Sucesión del finado (Méndez v. Martínez, 21.D.P.R. 252; Puente et al. v. Puente et al., 16 D.P.R. 582) y vislumbraban una reclamación de herencia contra ésta. Artículo 127, Código Civil, edición 1930. El ratio decidendi de los casos de filiación fue que esta regía restrictiva no se extendería mediante interpretación judicial para excluir el testimonio de úna madre que era una parte pro forma en una capacidad representativa en favor de su hijo.’ El mismo-razonamiento es de aplicación para permitir el testimonio de la madre en este caso. Como en aquellos casos, la ma-dre compareció aquí únicamente en una capacidad repre-sentativa (artículo 153, Código Civil, edición 1930). No hizo reclamación alguna para ella. La parte realmente in-teresada es sn hija (Acha v. Nevarez, 59 D.P.R. 235). Es cierto que en este pleito está envuelta la propiedad de la Sucesión como tal, mientras qne el pleito de filiación era una medida preliminar a tal reclamación. Sin embargo, es obvio que el resultado práctico es el mismo. De cualquier modo, aún asumiendo que ahora tengamos que ir un poco más lejos al sostener la admisibilidad del testimonio que aquí con-sideramos, estamos preparados para así hacerlo. ■ ■

Desde luego, lo que hemos dicho se refiere únicamente a la admisibilidad de tal testimonio. Su credibilidad y peso son cuestiones todavía a ser determinadas por la corte dé distrito.

La corte de distrito no halló prueba sustancial de tras-pasos simulados de propiedad inmueble por Gloitía y su esposa como se alega en la segunda y tercera causas de ac-ción. Toda vez que la apelante no señala error .sobre esta cuestión, no hay necesidad de examinar la actuación de la corte de distrito a este respecto.

La desestimación de la segunda y tercera causas de acción será confirmada. La desestimación de la primera causa de acción será revocada y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos en cuanto a la primera causa de acción no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señob, Del Tobo

text:
    Sharp Paper & Specialty Co., Inc., demandante y apelada, v. Gaspar Fernández, demandado y apelante.
    Núm. 8426.

    Sometido: Mayo 21, 1942.

      Resuelto: Julio 8, 1942.

      Villamil (& Santana Becerra, abogados del apelante; Dubón & Odio-teco y Otero Buró & Otero Buró, abogados de la apelada.
   El Juez Pbesidente Señob, Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se trata del cobro en esta Isla de nna cantidad ordenada pagar por cierta sentencia en rebeldía dictada por el secre-tario de nna corte de justicia del estado de Nueva York, Estados Unidos de América.

La demanda fué entablada por Sharp Paper & Specialty Co., Inc., una corporación organizada de acuerdo con las leyes del estado de Nueva York, domiciliada en la ciudad del mismo nombre, contra Gaspar Fernández, vecino de San Juan, Puerto Rico, alegando que el 17 de septiembre de 1932, en el caso 37714 por ella seguido contra el aquí demandado en la Corte Suprema del Estado de Nueva York para el Condado de Nueva York, Estados Unidos de América, que es una corte de récord, se dictó sentencia, que es firme, conde-nando al demandado a pagar a la demandante $2,734.48 de principal, intereses sobre los mismos y $21.60 por costas y desembolsos, copia de cuya sentencia se une a la demanda, y que dicha sentencia no ha sido pagada en todo ni en parte, no obstante las gestiones de cobro realizadas por la deman-dante. La demanda está jurada.

Emplazado, el demandado contestó. Negó la existencia de la sentencia invocada y alegó que de existir, sería nula, porque nunca fué notificado en el procedimiento ni tuvo conocimiento del mismo hasta que se le emplazó en este pleito. Alegó varias defensas especiales.

Fué el pleito a juicio. Se presentó evidencia testifical y documental y el 26 de diciembre de 1940 la corte dictó sen-tencia condenando al demandado a pagar a la demandante la suma de $2,734.48, intereses al seis por ciento anual sobre la misma desde septiembre 17, 1932, basta sn pago, $21.60 por costas y desembolsos en el pleito en que recayó la sen-tencia base de la acción, $100 de honorarios de abogado y las costas.

No conforme, el demandado interpuso el presente recurso de apelación, señalando ocho errores como cometidos por la corte sentenciadora al admitir en evidencia cierta deposición;' al resolver que la demandante había probado su caso y que no podía tomar conocimiento judicial de las leyes del estado de Nueva York; al sostener que el secretario de la Corte Suprema de Nueva York tenía facultad para dictar la sen-tencia que dictó; al decidir que el demandado fué de hecho personalmente emplazado; al sostener que el emplazamiento que aparece en el judgment roll era válido y en general la validez de los procedimientos, y al incluir en la sentencia intereses al seis por ciento anual desde la fecha del registro de la sentencia de Nueva York, 1932.

Al comenzar el juicio la demandante ofreció en evi-dencia el judgment roll del caso número 3731L-1932 de la Corte Suprema del Estado de Nueva York para el Condado de Nueva York, y fué admitido sin objeción.

Llamó entonces a declarar a José Luis Hernández, secre-tario de la corte, quien reconoció cierto documento que se le presentara como'una comisión expedida en este caso nom-brando a Leonard R. Hanower, de Nueva York, para tomar testimonio a Bernard Sharp, de la misma ciudad, incluyendo el interrogatorio, el contrainterrogatorio y las contestaciones. El demandante ofreció entonces en evidencia el documento y el demandado se opuso porque en vez de un sobre cerrado se presentaba un documento abierto. Explicó el secretario que recibió en efecto el documento en un sobre cerrado y lacrado que abrió, uniendo a los autos su contenido. El sobre desapareció.

La corte admitió la deposición con la excepción del deman-dado, qne consignó en récord qne se oponía además porqne £ £... del documento en sí no aparece que el mismo venga debidamente legalizado ya qne en ninguna parte aparece qne la persona qne toma la deposición, Hanower, sea nn funcio-nario autorizado para tomar juramentos en New York, ni tampoco hay un sello de esa persona ni su firma viene a la vez legalizada por el Secretario de Estado o el County Clerk de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, que son las personas que legalizan las firmas...”

Siguió una discusión entre las partes, y la corte decidió el incidente como sigue:

“Entiende el tribunal que tal y como fué resuelto por el Tribunal Supremo en el caso de Hermida & Palos v. Gestera, 23 D.P.R. 101 y el liecbo de que la comisión expedida por esta Corte y dirigida al comisionado nombrado señor Leonard R. Hanower fué devuelta a la Secretaría de esta Corte y firmada por cliebo comisionado, es su-ficiente identificación a los fines de admitir la misma y esto tam-bién ha sido resuelto y lo sostiene la jurisprudencia de California en 9 Cal. Jurisprudence 420 y siendo ello así se declaran sin lugar las objeciones y se admite el documento ya marcado Exhibit Núm. 2 de la demandante.”

La comisión se confirió en efecto dentro de este pleito por la corte de distrito a Leonard R. Hanower, 58 West, 40th Street, New York City, a quien se nombró para tomar decla-ración a Bernard Sharp, 220 Fifth Avenue, New York City, -y se envió acompañada del interrogatorio y del contrainterro-gatorio. El testimonio aparece tomado por Hanower en Nueva York en agosto 19, 1940. El testigo lo leyó, firmó y juró ante el comisionado, según éste, bajo su firma, certifica. No hay sello.

A nuestro juicio, aunque llama la atención la falta de sello y hubiera sido mejor que el secretario de la corte hubiera preservado el sobre dentro del cual recibió la documentación unido a ésta, no creemos que la corte errara al admitir la deposición en evidencia.

Expresamente dispone el artículo 500 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, que es el 138 de la Ley de Evidencia de 1905, que si la comisión para tomar la deposi-ción de un testigo fuese expedida para cualquier punto de los Estados Unidos, podrá dirigirse a una persona aceptada por las partes, y en caso contrario, a cualquier magistrado, juez de paz o comisionado elegido por el tribunal o juez que la hubiere expedido. Disponiendo además el artículo 502 del propio Código que el comisionado certificará la deposición para el tribunal, dirigiéndola en un sobre sellado, por correo o cualquiera otro conducto ordinario, al secretario del mismo.

No exige la ley mayor autenticidad. Y es que existiendo una relación previa entre la corte y el comisionado, la situa-ción que se crea es distinta a la en que se encuentra un docu-mento notarial cualquiera otorgado en algún estado o terri-torio de la Unión que aisladamente se presenta en una corte de Puerto Rico.

Los señalamientos segundo y tercero se argumentan conjuntamente. Por ellos, como hemos indicado, se sostiene que la corte sentenciadora erró al resolver que la demandante había probado todos los extremos de su demanda y por ende que la sentencia de Nueva York era final y firme al comen-zarse este pleito, y que dicha corte erró también al resolver que no podía tomar conocimiento judicial de las leyes del estado de Nueva York en relación con este asunto.

La ley sobre conocimiento judicial está contenida en el artículo 398 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933— artículo 36 de la Ley de Evidencia de 1905. No dice esa ley que las cortes de esta Isla tomarán en consideración judicialmente las leyes de los estados de la Unión.

La jurisprudencia sobre la materia ha sido bien expuesta en Jones on Evidence, cuarta edición, página 970, párrafo 504, como sigue:

“En algunos ele los estados, las legislaturas lian aprobado estatu-tos autorizando a las cortes para tomar conocimiento judicial de las leyes de otros estados de la Unión; y en algunas jurisdicciones se toma tal conocimiento judicial sin autorización legislativa. En los estados donde esta práctica no está sancionada por estatuto o inter-pretación judicial, los estatutos y leyes de otros estados' deben ser probados como cuestiones de hecho.”

En la misma obra, página 205, párrafo 118, se dice:

“Si una parte litigante desea invocar los estatutos o leyes de otro estado, debe alegarlos {plead) y venir preparada a probarlos... ”

Esa es la regla general, pero existen excepciones y este caso está comprendido en una de ellas. Como se dice en 20 Am. Jur. 70, 72-73,

“En ausencia de un estatuto local que les requiera hacerlo, las cortes estatales rehúsan, por regla general, tomar conocimiento judicial de la ley común o estatutaria de otro estado;... En aquellos casos donde un estado reconoce actos llevados a efecto ele acuerdo con las leyes de otro estado, sus cortes tomarán conocimiento judicial de esos estatutos, en tanto ello sea necesario para determinar la validez de los actos que se alega1 se llevaron a efecto de conformidad con las mismas.
“ ... Se ha hecho una modificación a la regla que requiere prueba de las leyes de otro estado, para darle efecto a las disposiciones de la Constitución Federal y estatutos del Congreso que exigen que se dé en cada estado absoluta fe y reconocimiento a las leyes públicas, records y procedimientos judiciales de otros estados, y prescribiendo los métodos para autenticar records judiciales. De conformidad, cuando se presenta la sentencia de otro estado y se certifica el récord en ese estado, las cortes tomarán conocimiento judicial de las leyes locales del estado de donde procede el récord...”

Parece, pues, claro que la corte erró al resolver que no podía tomar conocimiento judicial de las leyes del estado de Nueva York a los fines de resolver las cuestiones de ley que el demandado alegó en relación con la sentencia dictada en dicho estado.

Sin embargo, aunque la corte resolvió la cuestión en el sentido indicado, de hecho actuó como si hubiera tomado conocimiento judicial de las leyes de que se trata, no siendo, por tanto, su error perjudicial.

En cnanto al pnnto concreto qne se discute' — qne la sentencia era firme como se alegó en la demanda — dichas leyes sostienen lo resnelto por la corte, ya que la sección 557 del Código de Enjuiciamiento Civil del estado de Nueva York (Civil Practice Act) dispone que no se puede apelar de una sentencia dictada en rebeldía del demandado, como lo fue la que se dictó en este caso, en los siguientes términos:

“El derecho a apelar subsistirá en la siguiente forma:
“1. Una parte agraviada puede apelar en un caso provisto por la ley. No puede apelar de una sentencia o resolución dictada en rebeldía a menos que el derecho a apelar de la misma esté expresa-mente autorizado por ley;

Nada en contrario nos ha sido citado por el apelante.

El cuarto señalamiento comprende varias cuestiones. Por él se sostiene que el secretario de la Corte Suprema de Nueva York, Condado de Nueva York, no tenía facultad para dictar sentencia sin intervención de la corte porque se tra-taba de una acción civil ex delicto, porque se cobraba una cuenta ilíquida y porque la sentencia se registró por una cantidad mayor a la alegada en la demanda.

Según el judgment roll introducido en evidencia, en la demanda presentada en Nueva York se alegó en resumen que demandante y demandado celebraron un contrato por escrito por virtud del cual el demandado se empleaba como agente de la demandante para vender mercancías en Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela por el término de un año, empezando el 15 de octubre de 1928, hasta que el contrato fuera cancelado por cualquiera de las partes, previo aviso de sesenta días; que el demandado entró a servir alrededor del 15 de octubre de 1928 y continuó hasta abril 1, 1932; que en marzo 13, 1930, la demandante autorizó al demandado, como su empleado, a cobrar para ella cuentas y dinero que se le debieran en los dichos lugares, bajo el expreso entendi-miento de que el montante de todas dichas cuentas y dinero cobrados pertenecía solamente a la demandante y se le remi-tiría inmediatamente, siendo el agente responsable a la de-mandante fiduciariamente; qne la agencia fné terminada en abril 1, 1932 por la demandante; qne entre el 13 de marzo de 1930 y el 1 de abril de 1932 el demandado cobró y recibió para la demandante $2,661.31, qne nnnca le lia pagado ni entregado y qne nsó para él en violación de la confianza en él depositada, “wrongfully and in violation of liis aforesaid trust converted said moneys to Ms own nse, ’ ’ como se expresa textualmente.

Alega el apelante qne así se le imputó la comisión de nn delito y qne por tanto el secretario no tenía autoridad de ley para dictar sentencia, citando las secciones 485 y 826 del Civil Practice Act de Nueva York y la decisión en el caso de Fayerweather v. Tucker, 11 N. Y. Supp. 39, en la que se resolvió:

Cuando una acción está predicada en ciertos hechos qne se alega íneron ejecutados por el demandado con propósito fraudulento, el secretario no puede registrar sentencia en rebeldía sin la interven-ción de la corte, como dispone el Código de Enjuiciamiento Civil de Nueva York, párrafo 420, 1212 en algunos casos, ya que la sección 549, sub. 4, dispone que cuando existe una alegación de fraude, el demandante no puede recobrar a menos que se pruebe el fraude en el juicio.”

Sin embargo, esa decisión, qne evidentemente favorece al apelante, fué revocada por la del caso de Steamship Richmond Hill Co. v. Seager et al., 52 N. Y. Supp. 985, 988. En él la Corte Suprema, División Apelativa, Primer Depar-tamento, de Nueva York, se expresó así:

“Nada hay en el artículo 549 del Código que de alguna manera afecte esta cuestión. Lo dispuesto por la subdivisión 2 de ese artículo en cuanto a que, cuando se hace una alegación de esa clase, el deman-dante no puede obtener fallo a su favor a menos que pruebe la misma en el juicio, ’ simplemente se aplica sólo a un caso en que se establece una defensa y se hace necesario un juicio. Cuando existe rebeldía en las alegaciones, bien sea que la sentencia vaya a ser registrada por el secretario, o la cantidad vaya a determinarse por medio de •un auto de investigación (writ of inquiry) o un arbitraje, o por la corte al solicitarse sentencia, el demandado, al no contestar, admite los hechos alegados en la demanda y que el, demandante tiene derecho a la sentencia solicitada. No puede haber juicio en el pleito porque no hay ninguna controversia que resolver. Al emplazar a los deman-dados con la demanda jurada, ellos fueron informados de la recla-mación háchales por el demandante y del importe de la sentencia que se registraría en contra de ellos en caso de que no contestaran la demanda. Estando la demanda jurada, el Código no exige que se pruebe la causa de acción para que el demandante obtenga fallo a su favor, cuando los demandados están en rebeldía y no han negado las alegaciones de la demanda o han establecido una defensa; y, por la negligencia de los demandados al no contestar o excepcionar, no es posible celebrar un juicio. Si el caso fuera uno que cayera dentro del artículo 420 del Código, como consecuencia de esa rebeldía el demandante tendría derecho a que se registrara sentencia a su favor por el secretario. En el caso de que la acción no cayera dentro de ese artículo, entonces sólo podría obtener sentencia solicitándolo a la corte, pero en ninguno de los dos casos habría juicio, y la disposi-ción de que, antes de que el demandante tenga derecho a la sentencia debe probar los hechos que el artículo 549 del Código exige se aleguen en la demanda, se refiere únicamente a un caso en que se hace nece-sario el juicio por la acción del demandado al interponer su defensa. Lo contrario parece haber sido resuelto en el caso de Fayerweather v. Tucker, (Sup.) 11 N. Y. Supp. 39; pero esa fuá una decisión rendida en un término especial, y creemos que no fuá correctamente resuelto. En algunos casos el Código exige que el demandante pruebe su causa de acción antes do que pueda obtener una sentencia en rebeldía, como en el caso de una acción de divorcio, o cuando el emplazamiento no es diligenciado formalmente; pero el hecho de que esa indicación especial es necesaria, prueba que, cuando no existe ese requisito, tal prueba no es esencial.”

Admite el apelante que esa decisión le es adversa, pero insiste en su. proposición alegando que no se resolvió por ella el punto de si la reclamación era o no líquida y cita en su apoyo el caso de In re Scharmann, 63 N. Y. Supp. 267, en el que se decidió:

“El Código de Enjuiciamiento Civil, sección 420-1212, que dis-pone que, en acciones por violación de un contrato expreso, si el demandado no ha comparecido y el demandante ha probado el dili-genciado del emplazamiento, etc., el Secretario debe registrar sen-tencia final a favor del demandante — no autoriza al Secretario a registrar sentencia a favor del demandante en una acción de daños ilíquidos, sin que previamente se solicite de la corte.”

La cita no tiene el alcance que le atribuye el apelante porque se refiere a daños y perjuicios mientras que aquí se trata del reintegro de sumas cobradas por el demandado para la demandante de las cuales se apoderó en violación del con-trato existente entre ambos.

Resta considerar la cuestión del registro de la sen-tencia por cantidad mayor que la alegada en la demanda, según sostiene el apelante. Tampoco tiene razón, a nuestro juicio.

La propia sección de la ley de Nueva York — 481 del Civil Practice Act — por él invocada es autoridad suficiente para que el secretario de la corte de Nueva York registrara la sentencia en la forma en que lo hizo, esto es, con intereses. Conocemos la sentencia. La ley es como sigue:

“Una sentencia por una cantidad de dinero dictada por una corte de récord o no de récord, o una sentencia dictada por una corte de récord ordenando el pago de dinero, devenga intereses desde la fecha en que es registrada. Pero cuando una sentencia ordena que dinero pagado será reembolsado o reintegrado, la orden incluye intereses desde la fecha en que el dinero fué pagado, a menos que se indique lo contrario.”

El cuarto error no fué, pues, cometido. Por el quinto se sostiene que la corte erró al resolver que la prueba de-mostró el emplazamiento personal del demandado en Nueva York.

La evidencia sobre ese extremo fué contradictoria y como al resolver el conflicto no se ha demostrado que la corte de distrito actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera manifiesto error, debe quedar en pie su apre-ciación.

Por el sexto error se levanta la cuestión relativa a la nulidad del emplazamiento por haberse practicado por la parte realmente interesada en el pleito. El emplazamiento personal del demandado lo hizo Bernard Sharp, presidente y cerebro director de los negocios de la corporación deman-dante, miembro de sn junta de directores y accionista de la misma. Sobre ello no hay duda alguna, lo declaró el mismo Sharp en Nueva York; pero eso no obstante, según la juris-prudencia de dicho estado, es válido, porque Sharp no era una parte en el pleito, en el sentido que la palabra “parte” se usa en la ley. ■ ■

“La sección 220 del Civil Practice Act, que dispone ‘El emplazamiento puede ser diligenciado por cualquier persona de 18 años de edad o más, que no sea parte en la acción,’ no excluye, en nuestra opinión, su diligenciamiento por un oficial o director de una corporación demandante, ’ ’ resolvió la Corte Suprema de Nueva York, en Outdoor Supply Co. v. Westhome Sec. Corporation, 249 N. Y. Supp. 571, y continuó: “Como se dijo en Woods v. DeFiganiere, 24 N. Y. Super. Ct. 607, a la página 611, ‘Todas las disposiciones del Código, por regla general, cuando se refieren a partes en la acción, significan solamente las partes en el récord, ya sean partes nominales o las verdaderas partes interesadas.’ Esta decisión fue citada con aprobación en People v. Mutual Gas Light Co. of Brooklyn, 74 N. Y. 434, a la página 435. En este último, la Corte de Apelaciones, al determinar el significado de la palabra ‘parte’, en relación con interrogatorios (examinations) antes del juicio, dijo: ‘la palabra “parte”, como se usa en éste y estatutos similares anteriores, tiene un significado incon-fundible. Significa un demandante o demandado, y no puede extenderse a los oficiales, sirvientes, agentes o empleados de las partes, sean esas partes corporaciones o personas natu-rales.’ ” . ,

Por el séptimo señalamiento se alega que la corte erró al sostener en general la validez de los procedimientos habidos en Nueva York.

El propio apelante dice en su alegato que constituye una recopilación de lo alegado en'los otros señalamientos. Siendo ello así y en vista de lo que hemos ya resuelto, no precisa discutirlo.

El último señalamiento, o sea el octavo, se refiere al error atribuido a la corte sentenciadora al fijar el pnnto de partida para la computación de intereses y el tipo de éstos.

Como sabemos la corte fijó el interés legal — seis por ciento anual — a partir de septiembre 17, 1932, fecha de la sentencia de Nueva York, y el apelante sostiene que sólo pudo fijar-dicho interés a partir de la fecha de la radicación de la demanda en esta Isla, agosto 22, 1939.

La sentencia de Nueva York se limita a ordenar el pago de intereses sin determinar el tipo. El apelante al argu-mentar el error en su alegato se concreta a exponer el hecho y su criterio, sin cita de autoridades. La parte apelada en el suyo sólo dice: “El octavo error no lo discutiremos por entender que carece de importancia alguna, a los fines de esta apelación. ’ ’

Ante los hechos, parece lógica la actitud asumida por la corte sentenciadora. La obligación de pagar intereses existía y su cumplimiento fué reclamado en esta Isla. En la súplica de la demanda se pidió que se fijara el seis por ciento anual desde septiembre 17, 1932, y la corte así lo hizo en su sen-tencia. Dicho tipo no sólo es el legal en Puerto Rico si que en Nueva York. Sección 370, artículo 25, “General Business Law of 1909,” “Thompson’s Laws of New York,” 1939, parte 1, página 1076. No hubo error.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse no haber lugar al recurso y confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    María Rodríguez, demandante y apelante, v. Pedro A. Pizá y Félix Rodríguez Morell, demandados y apelados.
    Núm. 8478.

    Sometido: Junio 4, 1942.

      Resuelto: Julio 8, 1942.

      Luis Vizcarrondo Coronado y Angel Arroyo, abogados de la apelante; F. M. Susoni, Jr., abogado del Sr. Pizá, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Alegando haber prestado la declaración jurada ante el márshal y la fianza que exige la ley, María Rodríguez inició en la corte municipal de San Juan, sección primera, este pleito de tercería contra Pedro A. Pizá y Félix Rodríguez en reclamación del automóvil Pontiac número 6481, que el demandado Pizá había embargado como de la propiedad del otro demandado Rodríguez. Sostuvo que dicho automóvil le pertenecía por haberlo comprado a Aguirre y Thillet y no haberlo traspasado a ninguna otra persona. '

El demandado Pizá excepeionó la demanda por falta de hechos constitutivos de causa de acción y la contestó negando que la demandante fuera dueña del automóvil em-bargado, y, como materia nueva, alegó que en mayo 23, 1938, Aguirre y Thillet convino con el codemandado Rodríguez la venta condicional del automóvil de que se trata; que a soli-citad de Rodríguez, Aguirre y Thillet. se avino a hacer figurar en el contrato a la demandante como dueña, a condición de que Rodríguez suscribiera mancomunada y solidariamente con la demandante la obligación; que Rodríguez ha estado en posesión del automóvil desde el día de su adquisición como dueño, habiendo ido pagando los plazos convenidos sin que la demandante haya tomado participación en dichos pagos.

Celebrada la vista, la corte municipal dictó sentencia declarando la demanda con lugar. No conforme el deman-dado Pizá, apeló para ante la corte de distrito y ésta falló el pleito en contra de la demandante en los siguientes tér-minos :

“Por los fundamentos de su opinión unida a los autos de este caso y habiendo la reclamante María Rodríguez dejado de probar su derecho al automóvil descrito en la demanda de tercería, por la pre-sente se dicta sentencia en contra de la referida María Rodríguez y sus fiadores Avelino Márquez Muñoz y Aurelio González por la cantidad de $125, o sea la cantidad reclamada que dió margen a la orden en cuya virtud se procedió al embargo del automóvil Pontiac, y se dicta sentencia por esta cantidad por la razón de que el valor del automóvil embargado es mayor a la cantidad reclamada en el pleito que dió origen a esta tercería; todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Tercerías sobre Bienes Muebles (Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, página 112); esta cantidad deven-gará intereses legales sobre la misma deuda [desde] la fecha de la fianza, o sea desde el 14 de septiembre de 1938. Se imponen además las costas de esta acción a la demandante María Rodríguez.”

La demandante apeló para ante este tribunal, señalando como errores que la sentencia es incongruente con las alega-ciones y la prueba; que la materia nueva alegada en la con-testación no es tal, sino más bien una contrademanda en rescisión de un contrato celebrado en fraude de acreedores que no aduce hechos suficientes, y que el juez sentenciador hizo un indebido uso de su discreción y erró de modo mani-fiesto en la apreciación de la prueba. El demandado Pizá no presentó alegato, ni compareció a la vista del recurso.

El primer error no fue cometido. La sentencia dic-tada no es incongruente con las alegaciones, si que se ajusta a lo dispuesto en la ley sobre la materia.

El artículo 14 de la Ley para proveer el procedimiento en los casos de tercerías sobre bienes muebles e inmuebles, aprobada en marzo 14, 1907, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, página 112, expresamente dispone que en todos los casos en que el reclamante de una propiedad, bajo las dispo-siciones de la Ley de Tercería — aquí María Bodríguez — , dejare de probar su derecho a ella, se dictará fallo en contra de él y de sus fiadores, por el valor de la propiedad, con interés legal sobre el mismo desde la fecha de la fianza.

Y dispone además que cuando dicho valor fuere mayor que la cantidad reclamada en la orden en cuya virtud se procedió al embargo de la propiedad — como sucedía en este caso — , la indemnización se computará sobre la cantidad reclamada en la orden, que fué lo que hizo el juez senten-ciador al dictar sentencia en contra de la demandante en tercería y de sus fiadores, por la suma de ciento veinticinco dólares, que era la reclamada en la demanda que dió origen a la orden de embargo.

Para aclarar esas disposiciones de la ley, parece conve-niente referirnos a otra, la contenida en el artículo 15, acerca de que si dentro de los diez días de haberse dictado el fallo contra el reclamante, éste devolviere la propiedad en la misma buena condición en que la hubiere recibido, y pagare por el uso de la misma así como por los daños y costas causados, con tal entrega y pago se tendrá por satisfecha la sentencia.

Esas disposiciones tienden a simplificar el procedimiento a la vez que a reducir las demandas de tercería a aquéllas en que el tercerista esté bien seguro de lo que alega, ya que de otro modo, al dejar de probar su derecho, se convertirá con sus fiadores en responsable de la reclamación.

Examinemos el segundo señalamiento de error, que con tanta fuerza argumenta la demandante en su alegato y que a nuestro juicio no existe.

En el caso de Rivera v. Sucn. Caraballo, 56 D.P.R. 736, quedó ratificada la jurisprudencia sobre que “Un contrato simulado es más que nulo o rescindible, no existe. Ppr tanto, la parte perjudicada no necesita pedir previamente su resci-sión por haberse celebrado en fraude de acreedores o su nulidad de acuerdo con el artículo 1252 y siguientes del Código Civil (ed 1930) si que, prescindiendo de él como inexistente, puede entablar directamente la acción reivindicatoría.”

Aquí no se pide la nulidad de un contrato celebrado en fraude de acreedores. Se parte de la base de que el título que ostenta la demandante es inexistente. Pizá embargó el auto de que se trata como de Félix Eodríguez, y si es verdad lo que alega con respecto a la simulación, pudo hacerlo, porque María Eodríguez, no obstante figurar como dueña, jamás llegó a adquirir derecho alguno sobre la propiedad.

Para resolver el tercer señalamiento precisa estudiar la prueba. No hay cuestión sobre el hecho de que la venta condicional se hizo a favor de la demandante ni sobre la inscripción del auto en el Departamento del Interior a nombre de la misma. La cuestión es la de si ello es o no la conse-cuencia de una simulación.

La evidencia aportada por ambas partes es larga y con-fusa y en ella se involucran cuestiones que no pueden tomarse ■en consideración para la decisión del litigio. En lo relativo a la simulación es contradictoria y el 'conflicto fué resuelto por el juez sentenciador en contra de la' demandante.

No se ha demostrado que dicho juez al actuar así lo hiciera movido por pasión, prejuicio o • parcialidad. Tampoco que cometiera error manifiesto alguno. Su criterio debe por tanto prevalecer. ,

No habiéndose cometido ninguno1 de los errores señalados, procede la desestimación del recurso y la.confirmación de la sentencia.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.