text:
    Malpica, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Bectjrso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando en parte la inscripción de una escritura de venta.
    No. 183.
    Resuelto en junio 27, 1914.
    Pinca Inscrita en un Término Municipal Pero que Radica en Dos — Inscrip-ción Previa. — Cuando una finca se halla inscrita en un término municipal, si resulta después que se halla radicada en dos distintos términos municipales, no es necesario hacer una xirevia inscripción a íavor del vendedor en el se-gundo término municipal.
    Id. — Manifestación del Comprador de la Cabida Correspondiente a Cada Tér-mino Municipal. — La sola manifestación del comprador, desnnda de toda prueba, de las porciones que corresponden a los distintos términos muniei-qiales, no es suficiente para hacer la inscripción.
    Defectos Subsanables — Palta de Descripción. — Los linderos y cabida de una finca son requisitos que deben constar en el registro de la propiedad y su falta constituye defecto subsanable.
    Los hechos estáu expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José G. Torres.

    El Eegistrador Sr. José S. Belaval no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Estado Español tenía inscrita en el Eegistro de la Propiedad de San Juan una finca con cabida de 400 cnerdas, radicada en la jurisdicción de Loíza, barrio de Canóvanas, la que compró en remate público Don Javier Zequeira, quien cedió sus derechos a Don Eugenio Malpica. En consecuen-cia, en 18 de diciembre de 1885 el Estado Español otorgó escritura de venta a favor de Malpica, haciéndose constar en el documento que al procederse, con citación de colindan-tes, al replanteo de la finca por el inspector de montes resultó que ésta tenía 419 cuerdas y 4,522 varas en vez de 400 cuer-das, diferencia que se aumentó en el. precio, y también que estaba situada en las jurisdicciones de Loíza, barrio de Cañó-vanas, y de Eío Grande, barrio de Ciénega Alta, pero que por no estar bien determinadas las líneas divisorias de juris-dicciones no pudo apreciarse la porción de terreno que a cada una corresponde, siendo mucho mayor la comprendida en la jurisdicción de Loíza.

Presentado ahora ese documento en el Registro de la Pro-piedad de San Juan para su inscripción, acompañado de un •escrito suscrito por el abogado de Malpica en que manifiesta •que de las 419 cuerdas que compró su representado corres-ponden 210 a la jurisdicción de Loíza, barrio de Canóvanas y 209 a la de Eío Grande, barrio de Ciénega Alta, el regis-trador hizo la inscripción en la forma que aparece de la siguiente nota, que es la que motiva el presente recurso guber-nativo :

“Inscrito el precedente documento al folio 225 del tomo Io. de Xoiza, finca número 43 inscripción 2a. con excepción de la porción inde-terminada que de la finca se dice que radica en Río Grande, de cuya parte se deniega la inscripción por no aparecer inscrita a favor del Estado; y se ha extendido anotación preventiva por el término legal >en dicha inscripción 2a., la cual se ha practicado con vista de otros documentos y con el defecto subsanable de no describirse la porción radicada en cada término municipal. San Juan, P. R., 19 de marzo •de 1914.”

Para la mejor resolución del recurso pedimos al registra-dor que nos remitiese copia literal del asiento a que esa nota se refiere. En la certificación recibida se consigna, entre •otros particulares, que la inscripción segunda de la finca No. 43 que aparece al folio 225 vuelto del tomo primero de Loíza, dice así:

“2a. RústiCA: Terreno en el barrio de Canóvanas de la jurisdic-ción de Loíza, cuya descripción y libertad de cargas constan de la precedente inscripción, siendo aquélla igual a la contenida en el título presentado, si bien en éste se describe de nuevo.” * * *. “En •su virtud y observando que la porción indeterminada que de esta finca, se dice que radica en Río Grande, no aparece inscrita a favor •del Estado, deniego la inscripción de dicha parte e inscribo a favor de Don Eugenio Malpica la posesión de la finca de este número a título de compra con las condiciones relacionadas, Faciéndose constar el defecto subsanable de no describirse la porción radicada en cada término municipal.” * # *.

De los antecedentes expuestos resulta que la finca estaba inscrita a favor del vendedor aunque radicando toda en un término municipal y que por el replanteo y mensura que prac-ticó el inspector de montes se vino en conocimiento de que parte de ella radicaba en Loíza y otra parte en Río Grande, aunque no se pudieron determinar las respectivas porciones. Teniendo por tanto inscrito el vendedor su derecho, no puede sostenerse que si había de inscribirse la porción correspon-diente a Río Grande fuera necesario hacer una inscripción previa en el libro correspondiente de dicho término municipal a favor del Estado Español, Aunque en verdad la ins-cripción a favor del comprador no podía verificarse en este caso porque no apareciendo de dicha mensura cuál porción determinada correspondía a Río Grande, le faltaban datos al Registrador para verificar la inscripción, ya que la afir-mación del comprador, desnuda de todo comprobante, de que 209 cuerdas correspondían a ese término municipal no es bastante para determinarla, dada la relación que guarda esa determinación con la fijación de límites de pueblos distintos.

Y en cuanto al defecto subsanable consignado en la ins-cripción que se verificó en el libro de Loízía de que no se des-cribia la porción radicada en cada término municipal, enten-demos que el Registrador tuvo razón al estamparla toda vez que los linderos y cabida son requisitos que deben constar en los asientos de inscripción de las fincas.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada- la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Freyre, Demandante y Apelante, v. Cabassa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn caso sobre cobro de pagarés.
    No. 1141.
    Resuelto en junio 27, 1914.
    Prueba Contradictoria — Preponderan cía de la Prueba — Apreciación del Tribunal Sentenciador. — Cuando la prueba es contradictoria la apreciación de la preponderancia de la misma hecha por el tribunal sentenciador no será revocada en apelación, a menos que existan razones especiales para ello.
    Id. — Pagarés—Impugnación de la Autenticidad de la Dirma — Transcripción de Autos — Documentos Originales. — Cuando la prueba es contradictoria acerca de la autenticidad de las firmas de varios pagarés, la apreciación hecha por el tribunal sentenciador teniendo en cuenta el cotejo de las firmas impug-nadas con otros documentos originales con las firmas genuinas de la parte, no puede ser examinada por este tribunal cuando no se traen en la transcrip-ción de autos los documentos originales que sirvieron de base para el cotejo, no siendo bastante el insertar dichos documentos en la exposición del caso escritos en maquinilla.
    Alegato del Apelado — Deber del Abogado. — Es una mala práctica por parte del abogado del apelado el no presentar alegato y comparecer únicamente en el acto de la vista a informar verbalmente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: 8res. Pascasio Fajardo y E. Pa-mir es Nadal.

    Abogado de Eosanra Cabassa: 8r. Francisco Parra Capó.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito contra Eosaura Cabassa, asistida de su esposo Alfredo Bravo González. En la demanda se alegó que Eosaura Cabassa, en unión de su esposo, firmó solidaria y mancomunadamente cuatro pagarés ascendentes a la suma de mil dólares. Estos cuatro pagarés separados han sido debidamente descritos en la demanda y copia de los mismos unida a ella. La demandada Eosaura Cabassa, al contestar la demanda, negó haber firmado ninguno de dichos pagarés. En párrafos distintos negó la firma de cada uno de los mismos.

El 26 de febrero de 1914 la corte de distrito dictó sen tencia contra el demandante por el fundamento de que nin-guna de las firmas de la demandada que aparecían en las obli-gaciones mencionadas en la demanda Rabia sido puesta por ella, la demandada Rosaura Oabassa.

El apelante pide la revocación de esta sentencia por el fundamento de que la preponderancia de la prueba era muy fuerte a favor del demandante. Sostiene él que no sólo el ape-lante juró la certeza de las firmas de la demandada sino que también el- notario ante quien se otorgaron los documentos declaró que los affidavits unidos a dichos documentos fueron firmados por Alfredo Bravo y Rosaura Oabassa ante el nota-rio. En cambio la demandada Ra negado en absoluto su firma. Se presentaron peritos por ambas partes y surgió un. verdadero conflicto en la prueba. Oreemos que debería-mos confirmar la sentencia solamente por el fundamento del conflicto de la prueba, pero además existe una razón especial para que confirmemos la sentencia en este caso.

El abogado de los apelados no presentó alegato, pero en el acto de la vista llamó la atención del tribunal Racia el RecRo de que el juez sentenciador, al dictar sentencia por el fun-damento de que las firmas de los documentos eran falsas, llegó a esa conclusión en parte, por el cotejo de las firmas de los documentos en litigio con otros documentos admitidos como genuinos, y que las copias escritas en maquinilla de fales documentos que aparecen en la exposición del caso, no demuestran por tanto las firmas como se escribieron en los originales. Esto, en substancia, es una alegación de que este tribunal, al examinar los RecRos, no puede colocarse en la misma posición que ocupaba el tribunal sentenciador. Si tratáramos nosotros de apreciar el conflicto entre las decla-raciones de los peritos, tendríamos que tener ante nosotros las firmas originales como fueron escritas para poder formar una apreciación de la verdad de los RecRos. Nos es comple-tamente imposible apreciar la veracidad de los RecRos por no tener los documentos originales.

No terminaremos esta opinión sin llamar antes la aten-ción Racia la práctica lamentable de algunos abogados de este tribunal consistente en no presentar alegatos. Por sen-cillo que sea el caso y por simple que sea la cuestión, la corte necesita y desea las manifestaciones escritas del abogado. Sucede con frecuencia que los jueces individualmente no pue-den examinar un caso basta algunas semanas después de ha-berse celebrado la vista, y entonces el recuerdo de lo que el abogado ba dicbo verbalmente queda desvanecido, y los ale-gatos escritos lo traen a la memoria. Creemos que un abo-gado que persiste en esta práctica no pone de sí todo lo que debe para ayudar a este tribunal.

Por razón del conflicto en la prueba y por haberse dejado de insertar en el récord toda la prueba presentada ante el tribunal sentenciador, debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la reso-lución de este caso.

Presentada moción de reconsideración, fué esta denegada en julio 13, 1914.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Alcovér, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de un usu-fructo.
    No. 190.
    Resuelto en junio 27, 1914.
    Usufructo — Herederos Usufructuarios — Liquidación de la Sociedad de Ga-nanciales. — Cuando, como en el easo de autos, aparece inscrita en el registro de la propiedad una finca como bien privativo del cónyuge premuerto, a su . viuda sólo incumbe justificar el fallecimiento del mismo y su carácter de heredera usufructuaria con respecto a dicha casa, para que se inscriba a su favor el derecho de usufructo sobre la misma, no siendo necesario el que preceda la liquidación de la sociedad de gananciales de ella con su esposo, ni que se practiquen las operaciones divisorias del haber relicto del cónyuge premnerto, sin que sea obstáculo alguno la circunstancia de haberse hecho constar en la inscripción de defunción del causante el haber estado casado anteriormente en primeras nupcias.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel Paz TJrdaz.

    El Registrador Sr. José Marcial López no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso interpuesto contra nota del Regis-trador de la Propiedad de Arecibo denegatoria de inscrip-ción de la escritura No. 453 otorgada en dicha ciudad el 19 de diciembre de 1911 por Don Antonio Alcovér Ferrá en concepto de apoderado de Doña Margarita Ferrá Fontanet, viuda de Don Pedro Antonio Pizá Bisbal, sobre liquidación de la sociedad de gananciales de ésta con el Pizá Bisbal, y manifestación de su herencia, cuya escritura fué presentada en el registro de la propiedad para la inscripción del dere-cho de usufructo de Doña Margarita Ferra y Fontanet sobre una casa de su difunto esposo, señalada con el número 7 en la acera Sur de la Calle del General Pavía, antes de La Cruz, barrio de la Monserrate de la ciudad de Arecibo.

La nota recurrida dice así:

“Denegada la inscripción de este documento, en cuanto a la finca urbana a que se refiere la nbta de presentación que antecede, por las razones legales siguientes: Primero, porque habiendo nombrado el testador Don Pedro Antonio Pizá Bisbal a Don Bartolomé Samp'ol, y en defecto de éste a Don Gaspar Borras y Ferrer, contador liqui-dador de su herencia, sólo a uno de ellos corresponde practicar la liquidación de las sociedades de gananciales llevadas por dicho tes-tador con sus dos esposas Doña Magdalena Perra y Alberti y Doña Margarita Perra y Fontanet, con intervención de esta última y demás interesados en los bienes, como operación previa e indispensable para determinar el verdadero caudal partible del mismo. Segundo, porque la liquidación de la sociedad de gananciales practicada por la viuda heredera Doña Margarita Ferrá y Fontanet referida a una parte de los bienes del causante, y la adjudicación que por sí misma se hace sin liquidar la primera sociedad, es ineficaz para obtener la inscrip-ción del derecho de usufructo ya que no constituye una simple descripción de los bienes sujetos a dicho usufructo, sino una adjudi-cación expresa y determinada que sólo puede, tener lugar en la partición general de la herencia. Tercero, porque aun en el supuesto de que la viuda heredera tuviera derecho a practicar esa liquidación sin intervención del contador liquidador testamentario y demás inte-resados en la herencia y sin la previa liquidación de la primera sociedad conyugal, el poder conferido a Don Antonio Aleovér y Ferrá no contiene cláusula específica para representarla en tal liquidación, cuyas razones tienen su apoyo en el artículo 1024 del Código Civil y resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 9 de septiembre y 12 de noviembre de 1895; 14 de marzo, 1903;»26 de febrero y 25 de mayo de 1906; de 11 de septiembre de 1907 y 21 de junio de 1906. Y siendo tales defectos insubsanables, en virtud de 10 establecido por la sección 7 de la ley de 1 de marzo de 1902 se tomó anotación preventiva que tendrá efecto legal durante ciento veinte días de su fecha al folio 44 del tomo 17 de este ayuntamiento de Arecibo, finca número 10 triplicado, anotación letra C. Arecibo, 25 abril, 1914. José Marcial López. Registrador.”

Además de la escritura de que se deja hecho mérito, el Begistrador de Arecibo tuvo a la vista para.denegar la ins-cripción, los siguientes documentos: (a) certificación de. la inscripción de defunción de Don Pedro Antonio Pizá y Bis-bal, ocurrida en 5 de enero de 1911, en la ciudad de Sóller, provincia de Las Baleares, España; (b) copia del testamento otorgado por Pizá y Bisbal en la misma cindad de Sóller el 28 de junio de 1910; (o) copia del poder otorgado en 3 de febrero de 1911 en la propia ciudad de Sóller por Doña Margarita Ferrá y Fontanet, viuda de Don Pedro Antonio Pizá y Bisbal a favor de Don Antonio Aleovér Ferrá.

En el documento letra (a) además de la fecha y circunstan-'cias expresivas del fallecimiento de Don Pedro Antonio Pizá y Bisbal; se consigna, entre otros particulares, que era viudo en primeras nupcias de Doña Magdalena Ferrá y Alberti, de cuyo matrimonio no hubo sucesión, y que en el acto del fallecimiento estaba casado con Doña Margarita Ferrá y Fontanet sin que tuvieran hijos.

En el documento letra (b) declaró el testador Pizá y Bis-bal qne no tenía herederos forzosos y después de ordenar algunos legados, instituyó heredera universal usufructuaria en el remanente de todos sus bienes y derechos presentes y futuros, a su consorte Doña Margarita Perra y Fontanet,, libre de fianza e inventario, para mientras se conservara, viuda, con facultad para vender, gravar y enajenar cuales-quiera de sus bienes si a su prudente arbitrio lo considerase necesario a fin de atender a sus alimentos; para después de extinguido dicho usufructo hizo otros nombramientos de here-deros propietarios y usufructuarios; y- designó para conta-dores liquidadores de su herencia con amplias facultades a Don Bartolomé Sampol y en su defecto a Don G-aspar Borrás, y Ferrer.

Por el documento letra (c) Doña Margarita Ferrá y Fon-tanet, vecina de Sóller, después de declarar que su esposo Don Pedro Antonio Pizá y Bisbal había fallecido bajo testa-mento en el cual la nombró heredera universal usufructuaria libre de fianza e inventario con facultad de vender, gravar y enajenar cualesquiera bienes de la herencia a su prudente arbitrio, manifiesta “que en tal concepto confiere poder cum-plido a Don Antonio Alcover y Ferrá para que representando las voces, acciones y derechos de la mandante en Puerto Pico, administre los bienes de cualquier clase que tenga ahora o en lo sucesivo y perciba sus productos, rentas e intereses, y cubra sus cargas, los arriende, alquile y dé en aparcería y desahucie a los inquilinos y colonos; tome cuenta a los. que tienen obligación de rendirlas, y se incaute de los saldos que resulten; exija y cobre las cantidades que se deban a la sucesión de D. Pedro Antonio Pizá, dando recibos y car-®> tas de pago y cancelando las hipotecas u otras garantías a que estuviesen tenidos los bienes de los deudores o fiadores; ceda, venda, permute, y en general enajene por cualquier tí-tulo, toda clase de bienes y derechos, por los precios, con los pactos y los términos que tenga a bien; y en especial los dereí-chos y participaciones que correspondan y pnedan correspon-der a dicha sucesión sobre la casa “'Pizá y Compañía, Socie-dad en Comandita,” domiciliada en Arecibo, intervenga y practique la liquidación y disolución de dicha sociedad y de otras cualesquiera, aceptando los bienes que se ajudiquen por cualquier concepto; prorrogue aquella sociedad u otras, si conviniere, o las constituya de nuevo por el capital, plazo y condiciones que bien le parecieren; celebre toda clase de arreglo y convenios; asista a juntas, emita su voto y se con-forme con el acuerdo de las mayorías, o los proteste, impugne y recurra en forma; otorgue y firme escrituras u otros docu-mentos; y represente sin limitación los derechos y voces de la mandante; y acuda para ello si lo considera necesario, ante cualesquiera tribunales, autoridades, corporaciones y funcionarios, en demanda de justicia.”

Ejercitando Don Antonio Alcover Ferrá el poder de que se acaba de hacer mérito otorgó en 19 de diciembre de 1911, sin intervención de contador partidor ni de ninguna otra persona, y únicamente como mandatario de Doña Margarita Ferrá y Fontanet, la escritura No. 453 en la que, después de relacionar los bienes quedados en esta Isla al fallecimiento de Don Pedro Antonio Pizá Bisbal expresando cuales fue-ron adquiridos en estado de soltería y cuáles durante la socie-dad conyugal, cuyo valor total asciende a $8,368.18, fijó la cuantía del haber que a cada cónyuge correspondía sin hacer adjudicación alguna, aceptó para su poderdante la heren-cia dejada a su favor por el difunto cónyuge, y acabó por consignar, entre otras cosas, que debían inscribirse en el Begistro de la Propiedad de Arecibo a título de herencia testada en usufructo, y con la condición resolutoria impuesta por el testador, dos casas adquiridas por éste en estado de soltería, siendo una de esas casas la señalada con el No. 7 en la acera Sur, calle del General Pavía, antes de La Cruz, barrio de la Monserrate de Arecibo, a, que se refiere la nota recurrida.

Opinamos que el Registrador de la Propiedad de Arecibo, teniendo en cuenta los documentos a, b, c, a que hemos hecho referencia y el de 19 de diciembre de 1911 que le fueron pre-sentados con el solo fin de que fuera inscrito a favor de Doña Margarita Ferrá y Fontanet el derecho de usufructo sobre la casa de su difunto esposo repetidas veces mencionada, de-bió, en vez de negar, hacer la inscripción solicitada.

Respecto de la casa en cuestión, se consigna en la escri-tura No. 453 “que fue adquirida por el causante (Don Pedro Antonio Pizá y Bisbal) siendo de estado soltero, por adjudi-cación en pago de crédito hipotecario, a virtud de demanda ejecutiva seguida por dicho causante en el juzgado de Ia. instancia que existió en este partido (Arecibo) contra Don Francisco Antonio Maltes Omedes, como lo comprueba el auto dictado el ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y seis por el Juez Don Enrique Díaz de Guijarro, ante el Escri-bano Don Osvaldo Alfonzo Bauzá, documento que aparece registrado al folio ciento nueve vuelto, del tomo primero de Arecibo, finca número diez duplicado, inscripción octava.”

Dada la anterior afirmación que* el registrador no con-tradice, es decir admitido que la finca urbana en cuestión figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Arecibo como bien privativo de Don Pedro Antonio Pizá y Bisbal sólo incumbe justificar a la viuda Doña Margarita Ferrá y Fontanet, el fallecimiento de Pizá Bisbal y su carácter de heredera usufructuaria de los bienes del mismo, para que se inscribiera a su favor el derecho de usufructo sobre la casa No. 7 de la Calle del General Pavía en Arecibo. Esa justi-ficación ha sido completa mediante la presentación al Regis-tro, de la inscripción de defunción de Pizá Bisbal y del tes-tamento otorgado por éste. Y no era necesaria para la ins-cripción, la liquidación de la sociedad de .gananciales de Doña Margarita Ferrá y Fontanet y Don Pedro Antonio Pizá y Bis-bal, ni la práctica de las operaciones divisorias del haber re-lieto por Pizá Bisbal. Sucesión Dávila v. El Registrador de la Propiedad, 15 D. P. R., 669; Quiñones v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 16; Ríos v. El Registrador de la Propiedad, 19 D. P. R., 742.

El derecho de usufructo cuya inscripción se pretende no se deriva de la escritura No. 453 sobre liquidación de socie-dad de gananciales y manifestación de herencia, pues ese documento no contiene adjudicación de bienes expresa y deter-minada a favor de Doña Margarita Ferrá y Fontanet, según lo revela su texto, sino que nace del testamento otorgado por Don Pedro Antonio Pizá y Bisbal, y por tanto, aún en el su-puesto de que existieran los defectos que el registrador ha encontrado en dicha escritura, éstos nunca afectarían el dere-cho de usufructo de que se trata, ni en su consecuencia impe-dirían la inscripción del mismo en el registro, como tam-poco es un obstáculo para ella la circunstancia de haberse hecho constar en la inscripción de defunción de Don Pedro Antonio Pizá y Bisbal, que había estado casado en 'primeras nupcias con Doña Magdalena Ferrá y Alberti, cuyos derechos, sean cuales fueren respecto de la herencia de Don Pedro Antonio Pizá y Bisbal, podrá ejercitarlos cuando, dónde y cómo viere convenirle.

Y no puede ponerse en duda la facultad de Don Antonio Alcover Ferrá para gestionar en nombre de su mandante la inscripción del derecho de usufructo, dados los términos en que está redactado el poder.

Procede la revocación de la nota recurrida, y que se lleve a cabo la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Hau, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 2a., denegando la inscripción de un contrato de venta.
    No. 191.
    Resuelto en junio 27, 1914.
    Anotación de Embargo y Prohibición de Enajenar — Venta de un Inmueble por Documento Público Antes de la Anotación — Inscripción del Mismo Después de Dicha Anotación. — La anotación en el registro de la propiedad de un mandamiento de embargo y prohibición de enajenar decretada por un tribunal en aseguramiento de sentencia, no impide el que se inscriba la venta de la finca anotada hecha en virtud de documento público con anterioridad a dicha anotación, aunque presentada en el’ registro de la propiedad después de anotado el embargo.
    Los lieclios están expresados en la opinion,.
    Abogado del recurrente: Sr. E. II. F. Dottin.

    El Registrador Sr. José Benedicto compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura publica de 17 de abril de 1914, otorgada en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, ante el Notario D. Eugenio Benitez Castaño, José Lozada Avilés y su esposa Manuela Méndez Torres vendieron a Oscar Han Thomas una finca del término municipal de Yega Alta con cabida de 34 cnerdas, de las que sólo se encuentran inscritas 20 de ellas.

Al día siguiente, 18 de abril, a las 9.40 de la mañana se presentó en el registro de la propiedad un mandamiento li-brado el día antes por el márshal, de la Corte Municipal de Vega Baja para la anotación del embargo y prohibición de enajenar que el Juez Municipal de Vega Baja había librado contra José Lozada, en pleito que le signe Cándido' Méndez sobre otorgamiento de escritura. Pocos días después, el 23 si-guiente, se presentó en el registro de la propiedad para su inscripción el documento de venta a que antes se ha hecho referencia y que se había otorgado el 17 de ese mismo mes.

El registrador negó la inscripción del documento por los motivos que aparecen de la nota contra la que se ha inter-puesto el presente recurso gubernativo, la que copiada lite-ralmente, dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento por existir sobre la finca vendida una anotación de embargo por aseguramiento de sentencia, con prohibición de enajenar, decretado en caso seguido ante la Corte Municipal de Vega Baja, por Cándido Méndez contra José Lozada, denegándose además en cuanto a 14 cuerdas por no estar ins-critas a nombre del vendedor, habiéndose tomado anotación preventiva por término legal, a favor del comprador, al folio 145 vuelto, tomo Io. de Vega Alta, finca No. 26, inscripción letra B. San Juan, Puerto Rico, mayo 7, 1914.”

La única cuestión que se plantea por el recurrente en este caso es, que el registrador no debió denegar la inscrip-ción de la finca en cuanto a las 20 cuerdas que están inscri-tas por el hecho de que cuando el documento se presentó en el registro se había presentado en él, al día siguiente del etorgamiento de la escritura de venta un mandamiento por el cual se embargaba la finca y se prohibía enajenarla. Y aun cuando el registrador en su informe sostiene que la sen-tencia en que se apoya el recurrente dictada por'esta corte en el caso de la Sociedad Español de Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D. P. R., 83, no tiene aplicación, sin embargo, entendemos que los casos son iguales, y que por tanto los principios enton-ces sentados son-de aplicación al presente recurso.

En el caso citado cuando el Sr. Bossy hizo inscribir a nom-bre de las hermanas Mollfulleda cierta finca y anotó en abril de 1907 el embargo y prohibición de enajenar que había obte-nido en pleito contra dichas hermanas, éstas habían vendido un año antes, en 16 de abril de 1906, a Juana Bamos la expre-sada finca, y cuando con posterioridad al embargo presentó Juana Bamos su título en el registro, obtenido como se ha dicho desde 1906, el registrador lo inscribió a pesar de la ano-tación del embargo y prohibición de enajenar, y también inscribió dos ventas qne de porciones de la finca había hecho a otras personas; y cuando terminado el pleito en qne el Sr. Eossy había obtenido sn embargo annnció en remate la venta de la propiedad, entonces los compradores establecieron el pleito para impedir la subasta, qne fné fallado a favor de ellos y confirmado por esta Corte Suprema. En ese caso, entre otras cosas, se dijo lo siguiente:

“Si la finca de qne se trata hubiera pertenecido realmente a las Mollfulleda en el momento o después de verificarse la anotación obtenida por el apelante, dicha anotación hubiera surtido todos sus efectos legales; pero cuando tal anotación se llevó a efecto, ya la finca no pertenecía a las Mollfulleda, y en su virtud era completa-mente ineficaz.
“No puede considerarse al apelante como qn tercero, ni cabe regular su caso por los principios que rigen la doble venta de bienes inmuebles. El solo tenía y tiene una acción personal contra las Moll-fulleda y no una acción real sobre la finca que fué de ellas. El hecho de la anotación no puede convertir por sí solo la acción personal en acción real.
“El haberse inscrito en el registro la finca a favor de las Moll-fulleda y haberse anotado acto seguido la demanda en cobro de pesos por honorarios, interpuesta contra ellas por el apelante, no puede destruir, ni afectar siquiera, los derechos de los demandantes y ape-lados con respecto a dicha finca, derechos que fueron adquiridos en virtud de una compraventa realizada con anterioridad y hecha constar en documento público, aun cuando dicha compraventa no estuviera inscrita en el registro al tiempo de verificarse la anotación.”

Ese caso y el presente son similares y, siguiendo los prin-cipios entonces expuestos, debemos decir ahora que el recu-rrente adquirió el título de la finca en virtud de compraventa realizada con anterioridad a la presentación en el registro del mandamiento de embargo y prohibición de enajenar y lo hizo constar en documento público, que de acuerdo con el i ódigo Civil surte efectos ■ contra tercero desde el momento de, su otorgamiento; y aun cuando dicha venta no estaba inscrita en el registro cuando se verificó la anotación del embargo y prohibición de enajenar, ésta solamente podría producir re-sultados para enajenaciones obtenidas después de verificarse la anotación del embargo en el registro.

Por las razones expuestas la nota del registrador debe ser revocada en cuanto niega la inscripción de la finca res-pecto a las 20 cuerdas que están inscritas en el registro.

Revocada la nota recurrida..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Sucesión Orcasitas, Demandante y Apelante, v. Sucesión Orcasitas, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre liquidación de sociedad mer-cantil y partición hereditaria.
    No. 1115.
    Resuelto en julio 7, 1914.
    Incongruencia Entre la Demanúa y la Prueba — Liquidación be Sociedad! Mercantil — Partición de Herencia. — Cuando en una demanda se pide que se dicte sentencia para que se liquide una sociedad mercantil y se haga la partición de bienes hereditarios, bajo el supuesto de que ninguno de dichos actos se ha practicado y de la prueba resulta que ambos han sido verificados, no es posible conceder lo pedido en la demanda.
    Controversia Judicial — Manera de Plantearla — Demanda Insuficiente.— Cuando una parte considera lesiva a sus derechos determinada escritura y desea impugnarla, debe alegar en la demanda tal lesión con manifestación de los heehos que la determinan e impugnar en debida forma la escritura, sin limitarse a presentar la cuestión litigiosa bajo la base de inexistencia de dicho documento.
    Id. — Apelación—Teoría del Caso Contraria a la Demanda. — No cabe variar los términos del debate judicial planteado en la demanda, cambiando esencial-mente los hechos determinantes de la acción, invocando en apelación motivos de nulidad que no se alegaron en la demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Rafael López 'Landrón.'

      Abogados de la apelada: Sres. Bosch <& Boto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal..

Se trata de nn recurso de apelación interpuesto por la. Sucesión de José Ramón Orcasitas y Ortiz contra la senten-cia que en el caso arriba expresado dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en 25 de noviembre del año próximo pasado, 1913, declarando sin lugar la demanda con las costas a cargo de la parte demandante.

Solicita en dicha demanda la sucesión de José Ramón Orca-sitas y Ortiz, que se dicte sentencia con dos pronunciamien-tos, a saber: el primero de ellos, declarando en estado de liquidación a la sociedad mercantil Orcasitas y Cía. consti-tuida por escritura pública de 22 de febrero de 1877, con nombramiento de un receiver que practique tal liquidación y adjudicación a cada partícipe, según el Código de Comer-cio, y que en caso de no ser esto posible se indemnice a la parte demandante con la cantidad de $25,000; y el segundo, disponiendo se proceda a la práctica de las operaciones divi-sorias del paudal del finado Casiano Orcasitas Ortiz que se halla ilíquido, y en poder de la sucesión del también finado José Orcasitas Ortiz, o confundido con pertenencias de éste.

En apoyo del primer pronunciamiento alega la parte de-mandante que en 22 de febrero de 1877 los hermanos José y Casiano Orcasitas y Ortiz otorgaron un contrato de consti-tución de sociedad mercantil bajo la denominación de Orca-sitas y Cía., cuya sociedad se hizo cargo de la liquidación de todo el activo y pasivo de otra anterior que con la misma denominación mercantil habían constituido los mismos her-manos en 21 de diciembre de 1867; que el consocio Casiano Orcasitas y Ortiz falleció en 15 de enero del año siguiente 1878, y que con ese motivo todo el haber social y libros y docu-mentos relativos a la contabilidad de Orcasitas y Cía. que-daron en poder del socio supérstite José Orcasitas y Ortiz, el cual desde entonces, y a su fallecimiento sus herederos, los demandados, continuaron incautados de todo el activo y pasivo, sin que la sucesión demandante ni su causante hubie-ran tenido acceso ni intervención en los negocios de la mer-cantil expresada; que el socio Casiano Orcasitas Ortiz había otorgado testamento en 28 de diciembre de 1877 por el que ■dispuso, entre otras cosas, que su hermano y consocio José Orcasitas y Ortiz quedaba autorizado para poner en liqui-dación la firma mercantil Orcasitas y Cía. e instituyó entre ■otros por albacea solidario en primer lugar a José Orcasitas Ortiz y por sus únicos y universales herederos por carecer de descendientes y ascendientes legítimos, a sus cuatro her-manos José, Pedro, José Eamón y Teresa Orcasitas y Ortiz, ■el primero en mitad de sus bienes, y los otros tres en la otra mitad por iguales partes; que ni José Eamón Orcasitas y Ortiz, ni luego sus herederos los demandantes, han sido cita-dos ni llamados a intervenir, como no han intervenido, en liquidación alguna legal de Orcasitas y Cía.; que José Orca-•sitas y Ortiz falleció hacia el año de 1898 y en la actualidad ■constituye su Sucesión, Josefa Orcasitas y Delgado, por sí .y como heredera única universal testamentaria de su finado hermano Antonio Orcasitas Delgado; que José Eamón Orca-sitas y Ortiz falleció en julio de 1911, y su sucesión universal está compuesta de sus legítimos- y únicos hijos nombrados •José, Casiano, Pedro, Pantaleón y Josefa Orcasitas y Euiz; •que José Orcasitas Ortiz y después de su fallecimiento su here-dera la demandada, en vez de proceder a la liquidación con arreglo a derecho, de la sociedad mercantil Orcasitas y Cía. y de la anterior del mismo nombre, han dispuesto de todo el haber social incautándose de él en parte, y en parte ena-jenándole; que en el haber social de ambas firmas mercan-tiles Orcasitas y Cía. corresponde a los demandantes en una justa y equitativa' liquidación social, la cantidad prudencial de $25,000 próximamente y no menos; y que desde el año 1880 y antes de esa fecha, la sucesión de Casiano Orcasitas Ortiz, por medio de algunos de sus miembros ha venido recla-mando extrajudicialmente la liquidación social que hoy soli-■cita.

Como hechos determinantes del segundo pronunciamiento interesado, alegan los demandantes su carácter de herederos universales de José Eamón Orcasitas y Ortiz, el concepto de heredera universal de José Orcasitas y Ortiz que tiene la parte demandada, el fallecimiento de Casiano Orcasitas Ortiz ocurrido en 15 de enero de 1878; y la institución de herederos •hecha por el mismo en su testamento otorgado en 28 de diciembre de 1877, estando aún pendiente el caudal relicto de operaciones particionales, no obstante las reclamaciones extra] udicialmente hechas, año por año, para conseguir dicha partición.

La sucesión demandada aceptó algunos de los hechos con-signados en la demanda, y negó otros, alegando como mate-ria principal de oposición, que la .liquidación de la sociedad Orcasitas y Cía., y las operaciones divisorias del caudal de Casiano Orcasitas y Ortiz se habían llevado a efecto por escri-tura de 8 de enero de 1881 con sujeción a la voluntad de Casiano Orcasitas Ortiz, manifestada en su testamento de 28 de diciembre de 1877. habiendo intervenido en aquella escri-tura además de José Orcasitas Ortiz, heredero y albacea de Pon Casiano de los. mismos apellidos, Don Pedro Orcasitas, otro de los herederos del mismo

Han venido al juicio como evidencia, éntre otros elementos probatorios, el testamento otorgado por Don Casiano Orca-sitas Ortiz en 28 de diciembre de 1877, y la escritura de 8 de enero de 1881, a que hace referencia la parte demandada en su contestación.

En la cláusula 4a. de su testamento, declara Don Casiano Orcasitas Ortiz, que “sus bienes se constituyen de lo que resulte de los libros de la sociedad mercantil que gira bajo la razón de Orcasitas y Cía., y en la que son únicos socios gestores administradores él y su hermano Don José Orca-sitas.”

En'la cláusula 5a., “habida consideración al derecho inelu-dible que tiene el testador de disponer de sus bienes a toda su voluntad, por carecer de herederos forzosos, autoriza expre-sámente a su socio y liermano Don José Orcasitas para que efectúe o practique lo que mejor viere convenirle, ya poniendo la sociedad en liquidación, o ya disolviéndola, sin que por ello nada tengan que reclamar los herederos a quienes instituya, los cuales deberán aceptar la herencia con estas condicionesy en la forma que les fuere entregada por su citado hermano, por virtud de la confianza que le merece de que obrará en todo con la lealtad y buena fe que acostumbra y que se le tiene reconocida. ’ ’

En la cláusula 6a. nombra Don Casiano por sus albaceas, “en primer lugar a su repetido hermano Don José Orcasitas, en segundo a Don Eustasio Zalduondo, y en tercero a Don Antonio Valle, a los tres juntos y a cada uno de por sí et in solidum, prorrogándoles el año legal del albaceazgo al más tiempo que necesiten, confiriéndoles amplias e ilimitadas facul-tades para que extrajudicialmente y no de otra suerte, que pro-híbe terminamente, procedan al arreglo y liquidación de su tes-tamentaría, teniéndose en cuenta para ello lo expuesto en la cláusula anterior que ratifica, la cual excusa todo trámite judicial y autoriza al primer albacea para hacer todo lo que a su derecho convenga, y por consiguiente bastará lo que resulte de la liquidación que practique en los libros, y ella servirá para verificar la entrega de lo que a cada heredero corresponda. ’ ’

T en la cláusula 7a. “instituye y elige en virtud a carecer de descendientes y ascendientes legítimos, por sus únicos y universales herederos, a sus cuatro hermanos en esta forma: la mitad del caudal para Don José Orcasitas, y la otra mitad por terceras partes para Don Pedro, Don José Eamón y Doña Teresa, estos dos últimos ausentes en España, cuya herencia les acuerda con las condiciones y exenciones constituidas en las anteriores cláusulas en favor de su citado hermano, a las que quedarán sometidos, sin que, aunque causa y razón legítima hubieren para impugnar las operaciones, les sea permitido hacerlo, ni se les oiga en juicio, ni fuera de él, pudiendo gozar lo que les toca con la bendición de Dios y sn aprobación.”

En la escritura de 8 de enero de 1881 que tiene por epí-grafe “Aceptación de Herencia, ” y en que comparecen los her-manos Don José y Don Pedro Orcasitas y Ortiz, después de hacer referencia éstos a las cláusulas 6a. y 7a. del testamento anterior, hacen constar en las cláusulas 4a., 5a., 6a. y 7a. de dicha escritura, lo siguiente:

‘ ‘ Guaría. — Que con vista de todo lo dispuesto por el referido don Casiano y en virtud de las facultades conferidas por su testamento al don José, procedió éste a formalizar el oportuno inventario, cuenta y partición de todos los bienes relictos consistentes únicamente en lo que podría corresponderle en la sociedad que entre ambos tenían constituida en esta capital, para lo cual verificó el primero de julio-de 1878 un balance general que dió el siguiente resultado:
‘ ‘ CAPITAL
“Del finado Don Casiano Orcasitas según balance prac-ticado en Io. de junio de 1878. Pesos- 32, 428. 00=
“bajas
“Por error de cálculo en el balance. Pesos— 230.06
“Por la parte que le corresponde en las cuentas perdidas o por cobrar, en la de ganancias y pérdidas, intereses, descuentos y cambios. Pesos _8, 601. 31
“Por alquiler de panteón por 3 años y varios gastos más. Pesos- 100.00
“Saldo a su favor. Pesos- 23,546.70'
‘ ‘ Cuyos veinte y tres mil quinientos cuarenta y seis pesos, setenta centavos, distribuidos entre los cuatro herederos en la proporción dispuesta por el Don Casiano en la cláusula séptima de su testamento, corresponde:
“A Don José, su mitad-$11,773.35
“A Don Pedro, tercera parte- 3,924.45
“A Don José Ramón, idem- 3,924.45
“A Doña Teresa, idem-•- 3,924.45
“Total_$23,546.70”
“Quinta. — Que aun cuando el Don José se Ralla ampliamente-autorizado por el finado Don Casiano para formalizar estas opera-ciones las ha practicado, sin embrago de común acuerdo con los demás hermanos y coherederos y a calidad de que ’si fuere necesario sean aprobadas y ratificadas en legal forma por Don José Ramón y Doña Teresa que actualmente residen en España, a quienes a la brevedad posible entregará el haber que por tal conceptojes ha correspondido y otorgarán a su favor la correspondiente carta de pago.
“Sexta. — Que los dos comparecientes Don José y Don Pedro Or-easitas aceptan lisa y llanamente en la proporción que les corresponde la herencia de su difunto hermano Don Casiano, declarando por este documento totalmente terminada su testamentaría, y dándose por recibidos a su entera satisfacción de la parte- que a cada uno ha correspondido con arreglo a la última voluntad de aquél, obligándose a no reclamarse en ningún tiempo cantidad ni cosa alguna por dicho, concepto, y recíprocamente a la evicción y saneamiento con arreglo a derecho.
“Séptima. — También declaran que si én lo sucesivo aparecieren más bienes pertenecientes a esta testamentaría se distribuirán en la misma forma que los inventariados y lo mismo se practicará si resul-tasen deudas.”

También ha sido aportado al juicio como evidencia, un recibo suscrito por José Ramón Orcasitas en 2 de agosto-de 1879 por valor de 38,000 reales de vellón que aquél con-fesó haber recibido de su difunto hermano Don Casiano, a cuenta de lo que pudiera corresponderle como heredero de dicha testamentaría,, después del resultado de la liquidación que entonces se estaba practicando.

Innecesario se hace relacionar las demás pruebas aporta-das al juicio, pues el testamento de Don Casiano Orcasitas; Ortiz, el recibo firmado por Don José Ramón Orcasitas, a que acabamos de hacer referencia, y la escritura de 8 de enero de 1881, nos bastan para dar solución al presente recurso.

La escritura de 8 de enero de 1881, como lo revela- su texto, contiene una liquidación de la sociedad Orcasitas y Cía., y una partición del caudal hereditario de Don Casiano Orcasitas Ortiz, y como en la demanda se solicitó la práctica de tales operaciones bajo el supuesto de que no se habían practicado, no es posible acceder a dicha solicitud. Don Casiano Orcasitas Ortiz confirió á su hermano Don José en la cláusula 6a. de su testamento, amplias e ilimitadas facultades para que procediera al arreglo y liquidación de su testamen-taría, tomando por base lo que resultara de la liquidación que practicara en los libros de Orcasitas y Cía., cuya liqui-dación le serviría de base para verificar la entrega de lo que a cada heredero correspondiera, y al otorgar la escritura de 8 de enero de 1881, cumplió el cargo que le encomendara el testador. La falta de intervención de José Ramón Orcasi-tas en la expresada escritura no es bastante para afirmar la inexistencia de esas operaciones, pues contra tal afirma-ción existe un documento público y solemne en que se han consignado.

Los dos pronunciamientos solicitados en la demanda, se fundan principalmente en la inexistencia de la liquidación de Orcasitas y Cía. y de la partición del caudal de Don Casiano Oi-casitas Ortiz. Existiendo esas operaciones como deja-mos dicho, falta base para acordar dichos pronunciamientos. Si los demandantes conceptuaban, según alegan al sostener el recurso, que la liquidación y partición consignadas en la escritura de 8 de enero de 1881, son nulas y no pueden pro-ducir efectos legales en derecho,, debieron alegar esa nuli-dad en lá demanda, exponiendo todos los hechos determi-nantes de la misma para que así el judicial debate se hubiera presentado de una manera franca y clara y pudiera resol-verse con perfecto conocimiento y discusión por ambas partes, de todas las circunstancias del caso.

La demanda, según el artículo 103 del Código de Enjui-ciamiento Civil, debe contener una exposición en lenguaje usual y conciso, de los hechos que originan la acción, y en la demanda de la sucesión demandante no aparece un solo hecho o alegación que determine la nulidad de la escritura de 8 de enero de 1881. Aun más, ni siquiera se alega la existencia de esa escritura, de la cual indudablemente tenía conocimiento la sucesión demandante, pues la presentó como prueba en el acto del juicio, y ya al firmar el causante de dicha sucesión, Don José Ramón Orcasitas, el recibo de 2 de agosto de 1879 expresó que recibía de Don José Orcasitas la suma de 38,000 reales de vellón a cuenta de lo que pudiera corresponderle como heredero de Don Casiano, después del resultado de la liquidación que entonces se estaba practicando.

Si la parte demandante estimaba lesiva de sus derechos la escritura de 8 de enero de 1881, y quería obtener reparación del agravio sufrido, a ella incumbía alegar tal lesión con mani-festación de los hechos que la determinaran, e impugnar aquélla en debida forma, sin limitarse a presentar la cuestión litigiosa bajo la base de inexistencia de operaciones que ya estaban practicadas. No cabe variar los términos del debate judicial planteado en la demanda, cambiando esencialmente los hechos determinantes de la acción como lo hace la parte apelante, invocando motivos de nulidad que no invocó al pre-sentar la demanda.

Por las razones expuestas, es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    Toro, Demandante y Apelante, v. Fajardo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de daños y perjuicios por conspiración.
    No. 1157.
    Resuelto en julio 9, 1914.
    Empleados Municipales — Destitución en Virtud de Cargos Formulados— Daños y Perjuicios por Conspiración — Demanda Insuficiente. — El deman-dante reclama en su demanda una indenmií ación de daños y perjuicios ale-gando haber sido destituido de su cargo de secretario del Municipio de Hormigueros en virtud de cargos formulados contra él por conspiración de algunos de los demandados con otros miembros del concejo municipal, pero-no alega que los cargos fueran inciertos. Se resolvió que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción y que el mero hecho de haberse presentado cargos contra él y haber sido destituido no constituye-conspiración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció por escrito en nombre propio.
    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se alega en la demanda presentada en este caso que el demandante ejercía el cargo de Secretario del Municipio de Hormigueros y que cumplió fielmente con todas las obliga-ciones del mismo; que teniendo interés dos de los deman-dados en colocar en aquel puesto de secretario a un empleada suyo para substituir al demandante, formularon maliciosa-mente cargos contra dicho demandante en los cuales le acu-saban de mala conducta en el ejercicio de sus funciones; que con motivo de los referidos cargos se siguió un procedimienta ilegal contra él, habiendo sido luego destituido con lo cual se le ocasionó daño. La demanda contenía otras alegaciones menos importantes, pero hemos hecho referencia, sin embargo, a la parte sustancial de la misma. Los demandados formularon excepción previa a la referida demanda que fue declarada con lugar por la corte.

No se ha alegado de modo alguno en la demanda el hecho-de que no fueran ciertos los cargos. Ella más bien sugiere que afirma la conspiración entre dos de los demandados con (los otros que eran miembros del Concejo Municipal de Hormigueros. El demandante sustenta al parecer la teoría de que el mero hecho de haberse presentado los cargos contra él y por virtud de los cuales quedó destituido, constituye conspiración. La ley no se expresa en tal sentido y debe con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Iíutcliiso'n, no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Amy, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Gruayama denegando la- inscripción de una escri-tura de compraventa e hipoteca voluntaria.
    No. 182.
    Resuelto en julio 9, 1914.
    Recursos Gubernativos — Alegato del Registrador. — En estos casos los regis-tradores deben informar con cierta amplitud sobre los motivos de sus notas y citar las autoridades que les servieron de base, para mayor seguridad de-acierto en la resolución que dicte el tribunal.
    Compraventa e Hipoteca Voluntaria. — Presentado para su inscripción en el registro de la propiedad un contrato titulado de compraventa e hipoteca voluntaria, por virtud del cual la dueña de una linea la .vendió a otra persona por un determinado precio, parte del que confesó la vendedora haberlo recibido de la compradora, aplazándose la otra parte para ser pagada por la compradora a determinadas personas dentro de quince días después del fallecimiento de la vendedora, habiéndose constituido además por la compra-dora hipoteca sobre la finca adquirida para garantir el plazo del precio apla-zado, se resolvió: que dicho contrato era inscribible.
    Obligaciones a Plazo — Obligaciones Condicionales. — Entre el plazo y la con-dición de las obligaciones existen analogías y diferencias que es necesario-distinguir para no confundir una obligación a plazo con una condicional. Lai condición es un acontecimiento incierto, mientras que el plazo es un suceso que necesariamente ha de llegar, aunque se ignore cuándo. La condición puede hacer que surta o nó efecto la relación obligatoria, mientras que eí plazo sólo impone una limitación en el tiempo a la producción de los efecto» de la relación contractual y a la eficacia de ésta.
    Id.- — Día Cierto para su Cumplimiento. — Cuando, como en el caso de autos, se-estipula en un contrato de compraventa e hipoteca voluntaria, que el precio aplazado deberá ser pagado a determinadas personas quince días después del fallecimiento de la vendedora, la fijación de esa fecha debe entenderse como' un día cierto en el cual será exigible la obligación, de acuerdo con los pre-ceptos del artículo 1092 del Código Civil Revisado.

      Hipotecas — Constitución de las Mismas por el Comprador para Garantizar el Precio Aplazado. — De acuerdo con la ley, la jurisprudencia y la cos-tumbre, el comprador de una finca puede constituir hipoteca sobre ella, en el acto mismo de la compra, para garantir el precio aplazado de la venta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Manuel A. Rivera.

    El Registrador Sr. Felipe Cuchí compareció por escrito ¡en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de G-uayama la escritura número 100, de compraventa e hipoteca voluntaria, otorgada por Doña Juana Domínguez y Rivera a favor de Doña Aurelia Amy y Domínguez, ante el No-tario Público Manuel A. Rivera, el 24 de mayo de 1913, el regis-trador se negó a inscribirla por medio de la siguiente nota, contra la cual se ha interpuesto el presente recurso guberna-tivo. La nota, en lo pertinente, dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, por compren-der el mismo dos contratos de compraventa e hipoteca que son nulos toda vez que envuelven una condición de pago cuyo cumplimiento se basa en el hecho de la muerte de la vendedora, tomándose anota-ción preventiva: * *

Examinada la escritura de que se trata, resulta que Doña Juana Domínguez y Rivera, dueña de una finca rústica que se describe debidamente, la vendió a Doña Aurelia Amy y Domínguez por la suma de $12,460, de los cuales confesó la vendedora que había recibido $8,000, quedando por consi-guiente adeudando la compradora $4,460, pactándose al efecto “que esta cantidad adeudada, la pagará la Señora Amy, sin interés alguno, dentro de los quince días después que ocurra el fallecimiento de la vendedora Doña Juana Domínguez, a las siguientes personas:” (se nombran). La compradora, .para garantir la cantidad adeudada, constituyó además hipo-teca sobre la misma finca comprada, a favor de las personas a quienes había de satisfacer dicha suma (dentro de los quince días después de ocurrido el fallecimiento de la vendedora.

No obstante haberse enviado al registrador recurrido co-pias del escrito interponiendo el recurso y del alegato del re-currente y habérsele concedido el término de diez días para que informara lo que estimara oportuno, nada manifestó dicho funcionario. Es muy conveniente que los registradores informen siempre con cierta amplitud sobre los motivos de sus notas y citen las autoridades que les sirvieron de base. De esté modo podremos decidir las cuestiones envueltas con la confianza de haber oído el pro y el contra de cada cues-tión, y, en su consecuencia, con mayor seguridad de acierto. Para cumplir ese fin, se solicitó de nuevo informe del regis-trador y entonces lo emitió alegando que procedía la con-firmación de la nota recurrida:

“I. Porque en los contratos inter vivos, que causan estado entre las partes, no se pueden comprender disposiciones mor-tis causa, que son esencialmente revocables, y en el contrato de compraventa e hipoteca de Doña Juana Domínguez y Don Alfredo Amy se exige la muerte previa de Doña Juana Domínguez, porque hasta que la contratante vendedora no muera no está obligado el comprador a-consumar el contrato de compraventa entregando parte del precio aplazado a las personas designadas por la voluntad de la misma vendedora. Es un contrato inter vivos con una condición mortis causa y conforme al artículo 1083 del Código Civil las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las pro-hibidas por la ley anularán la obligación que de ellas de-penda ; ,
“II. Porque el comprador constituye hipoteca a favor de terceras personas para asegurar el pago del precio aplazado; y como mientras viva la vendedora el contrato de compra-venta cuyu pago parcial asegura la hipoteca, no se puede con-sumar, aparece el comprador constituyendo hipoteca a favor de terceras personas sobre bienes que todavía no son suyos ni lo serán mientras viva la vendedora, y según el No. 2 del artículo 1758 es requisito esencial .del contrato de hipoteca que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que hipo-teca ; y
“III. Porque el contrato de hipoteca y compraventa presen-tado para su inscripción, envuelve una condición mortis causa, cual es la de disponer de parte del precio aplazado para des-pués de la muerte de uno de los contratantes, e indirectamente burla la prescripción del artículo 368 del Código Político, porque disponiendo el pago de determinadas cantidades a ter-ceras personas para después que ocurra el fallecimiento del trasmitente, sin que esas terceras personas resulten obliga-das bajo ningún aspecto, hace innecesario, en ese caso, el otorgamiento de legados.”

Examinaremos los tres fundamentos de la nota recurrida, siguiendo el mismo orden en que han sido presentados.

1. A nuestro juicio, la escritura' de 24 de mayo de 1913, aparece bien calificada por el notario que la autoriza, esto es, como de compraventa e hipoteca voluntaria. Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entre-gar una cosa determinada, y el otro a pagar por ella un pre-cio cierto en dinero o signo que lo represente, y por el de hipo-teca se asegura el cumplimiento de una obligación principal. En el presente caso existen todos los. elementos necesarios para la celebración de ambos contratos. En cuanto al de compraventa, hay una cosa determinada: la finca rústica des-crita en la escritura, y un precio cierto en dinero: la suma de $12,460. T en cuanto al de hipoteca, hay una obligación principal cuyo cumplimiento se asegura por ella: el pago de $4,460 adeudados como parte del precio de la finca vendida.

Lo único que introduce alguna confusión en este caso es ■el hecho de haberse aplazado el pago de parte del precio de la finca para “dentro de quince días después que ocurra el fallecimiento de la vendedora.” Si se hubiera celebrado ■exactamente el mismo contrato y se hubiera consignado en 41 que el precio aplazado debía satisfacerse, por ejemplo, un año después de la fecha del otorgamiento de la escritura, ninguna objeción Rubiera opuesto seguramente el registrador y el contrato Rubiera quedado inscrito sin dificultad en el registro.

¿Varía esencialmente la naturaleza del contrato, el indi-cado RecRo de Raberse aplazado parte del precio para den-tro de quince días después que ocurra el fallecimiento de la vendedora? Habiendo en consideración las circunstancias de este caso y teniendo en cuenta que solo se trata de calificar la escritura por lo que de ella misma resulta, a los efectos de decidir si es o no inscribible en el registro de la propiedad, nuestra respuesta es negativa.

No podemos concluir que nos encontremos aquí frente a una condición imposible de cumplir, o contraria a las bue-nas costumbres, o prohibida por la ley. Al parecer el regis-trador Ra confundido el plazo con la condición. No es una obligación condicional, sino una obligación a plazo, la con-traída por Doña Aurelia Amy en la escritura del 24 de mayo de 1913. Hablando de las analogías y diferencias entre el plazo y la condición, se expresa Manresa como sigue:

‘ ‘ Entre el plazo y la condición de las obligaciones existen analogías y diferencias:
“ (a) Por su cumplimiento. — Basta fijarse en el concepto y efectos del plazo para percibir claramente la semejanza que en cualquiera de sus especies guarda con la correspondiente de las condiciones; pero, sin embargo, entre éste y aquel otro accidente, hay evidentes c importantísimas diferencias, expresada claramente la principal en este artículo del código. La condición es, según el 1113, un aconte-cimiento incierto; el plazo es un suceso que necesariamente, más o menos tarde, en fecha de antemano conocida, o en época que no se puede determinar, ha de llegar. Tan esencial es esa diferencia, que comprendiéndola el legislador, y previendo, con motivo, que por defi-ciencias de técnica en los actos jurídicos se califique de plazo a un acontecimiento de incierta realización, dispone que en tales casos, sobreponiéndose la esencia al nombre, se regule como obligación con-dicional la que por tal acontecimiento esté afectada.
“ (b) Por el tiempo. — Otra diferencia, aunque menos importante que la expresada, consiste en que mientras el plazo mira al porvenir, teniendo que realizarse siempre en lo futuro, en cambio la condición, con tal de que concurra la circunstancia de ser su cumplimiento igno-rado por los interesados, ha podido tener lugar en época anterior.
“(o) Por la influencia en la obligación. — Consecuencia de las diferencias, ya explicadas, señaladamente de la primera, es el distinto inñu jo de uno y otro elemento en la relación obligatoria: la condición puede hacer que surta o nó efectos aquélla, que exista o deje de existir; el plazo no pasa de imponer una limitación en el tiempo a la producción de aquéllos y a la eficacia de ésta. Yerdad es que también tiene efecto suspensivo o resolutorio; pero cuando suspende, no alcanza a impedir que al cabo surja la obligación, y cuando la resuelve no anula, ni como ficción, el hecho de su existencia.” 8 Manresa. Código Civil Español, 153, 154, 2a. edición.

Veamos si el plazo fijado en este caso cumple las exigen-cias de la ley. El artículo 1092 del Código Civil Revisado, refiriéndose a las obligaciones a plazo, dice que sólo serán exigibles cuando llegue el día cierto señalado para su cum-plimiento, y expresa que se entiende “por día cierto aquel, que necesariamente ba de venir, aunque se ignore cuándo.” Ignoramos cuándo ba de llegar la bora de nuestra muerte, pero todos estamos completamente seguros de que ba de lle-gar algún día. De abí que fijar el cumplimiento de una obli-gación para un plazo de quince días, por ejemplo, contados a partir de la muerte de una persona, deba entenderse como la fijación de un día cierto en el cual será exigible la obliga-ción contraída.

Comentando Manresa el artículo 1125 del Código Civil Español, igual al 1092 de nuestro Código, dice: “Una u otra especie de plazos pueden ser determinados o indeterminados, según que esté aquél referido a una fecba conocida (v. gr., el día tantos de tal año), o a un acontecimiento que, habiendo de realizarse seguramente, no se sabe cuándo tendrá lugar (v. gr., la muerte de alguien).” 8 Manresa, Col. Civ. Esp., 156.

T Escricbe, en la pág. 304, del tomo 4, de su Diccionario de Legislación, se expresa así: “Obligación a dm o a plazo. La que se contrae para cumplirla dentro de algún espacio de tiempo, ya sea determinado, como dentro de seis meses o para el día primero de tal mes, ya sea indeterminado, corno-para el día de la muerte de cierto sujeto.”

2. El registrador invoca el artículo 1758 del Código Civil, en apoyo de su negativa en cuanto al particular de la nulidad de la hipoteca, por haberse constituido ésta, según él, por una persona que no tenía el dominio sobre el inmueble hipote-cado. Es cierto que el número 2o. de dicho artículo expresa, que es requisito esencial del contrato de hipoteca que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que. la hipoteca, pera también lo es que no puede sostenerse que la Señora Amy en este caso no fuera dueña de la finca hipotecada al tiempo de gravarla. Por la escritura de 24 de mayo de 1913, ella adquirió el dominio de la finca y acto seguido la gravó para responder de parte'del precio aplazado, realizando así actos enteramente lógicos y autorizados por la costumbre y la ley.

La cuestión no es nueva. La Ley Hipotecaria española, antes que el Código Civil, dispuso que la hipoteca no podía ser constituida sobre ningún inmueble por persona que no-acreditare su propiedad. Después de promulgada dicha ley se suscitó la cuestión de si podía constituirse hipoteca al mismo tiempo de adquirir el dominio de la cosa que había de ser gravada, o sea por aquel que no tuviera aún la pro-piedad, pero que hubiera de ganarla en el mismo acto o al mismo tiempo, antes por lo tanto de estar hecha a su favor en el registro la inscripción de dicha propiedad, habiéndose resuelto afirmativamente la duda por la Dirección General de los Registros, si bien con la condición de que se inscriba, antes el dominio e inmediatamente después la hipoteca. Véanse: 12 Manresa, Código Civil, 284, y las resoluciones, de la Dirección General de los Registros de 1 de octubre, 1874;. 22 de diciembre, 1862, 17 de agosto, 1863, y 30 de octubre, 1871.

3. Con respecto a la indirecta violación del artículo 368' del Código Político que observa el registrador, sólo diremos que negar la inscripción del documento por tal motivo, equi-valdría a llegar a la conclusión de que se Rabia cometido un fraude en contra del tesoro público. Y para ello se necesi-tarían más pruebas que las dudas que pueda levantar en la /conciencia del que examine la escritura de 24 de mayo de 1913, la forma rara de estipular el pago de una parte del precio de la finca vendida.

Como dijimos anteriormente, sólo se trata aquí de resolver si es inscribible o no el documento en cuestión. Atendi-das todas las circunstancias concurrentes, opinamos que lo es, y, en tal virtud, que debe declararse con lugar el recurso, revo-carse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Blanco, Demandante y Apelante, v. Hernández et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de tercería de bienes inmuebles e injunction.

    No. 1049.
    Resuelto en julio 9, 1914.
    Desestimación de Apelación — Certificación Ineficaz de la Transcripción de Autos — Interpretación de la 'Palabra “Abogados." — La palabra “abo-gados" usada en el artículo 302 del Código de Enjuiciamiento Civil, com-prende los abogados de todas las partes que intervienen en el pleito o pro- : cedimiento en el cual se ha establecido el recurso de apelación, y por tanto es ineficaz la certificación de la transcripción de autos autorizada por el abogado de la parte apelante y por la parte apelada en persona y debe desestimarse la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José Benet.

    El apelado Agustín Hernández Mena compareció en nom-bre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en nn pleito sobre tercería de dominio. Archivada la demanda, el demandado la excepcionó primero y luego la contestó; y celebrada la vista, la corte, el 21 de agosto de 1913, dictó sentencia declarando sin lngar la de-manda.

En sn alegato la parte demandada y apelada solicita la desestimación del recurso, basándose en que la certificación de la transcripción de los autos elevada a esta Corte Suprema, no fia sido autorizada ni por el secretario de la corte senten-ciadora, ni por los abogados de ambas partes.

Examinada la transcripción, aparece en efecto que solo está autorizada por el abogado de la demandante y apelante y por el demandado y apelado, pero no por su abogado. Al final de la transcripción existe una nota puesta por el abo-gado de la apelante en la cual se hace constar que el deman-dado no tiene abogado. Dicha nota carece de importancia porque, en primer lugar, no es al abogado sino al secretario de la corte al funcionario a quien correspondería hacer cons-tar el hecho consignado en la misma, y, en segundo lugar, porque de la exposición del caso preparada y certificada por el abogado de la apelante resulta que el demandado fué repre-sentado en el acto de la vista por su abogado el Sr. José Saba-ter. Queda, pues, en pie el hecho de que, en realidad de ver-dad, la transcripción de los autos no ha sido certificada ni por el secretario de la corte sentenciadora, ni por los abo-gados de ambas partes.

El artículo 302 del Código de Enjuiciamiento Civil exige que las copias que se eleven a esta Corte Suprema en casos de apelación “deberán llevar la certificación de ser exactas, autorizada por secretario o por los abogados.” Y esta Corte Suprema desde el año de 1910, en el caso de The American R. R. Co. of P. R. v. Corte Municipal, 16 D. P. R., 239, inter-pretando el citado artículo, estableció la doctrina de que la palabra “abogados” usada en el mismo, comprende a los abogados de todas las partes que intervienen en el pleito o procedimiento en el cual sé ha establecido el recurso de ape-lación.

Siendo ello así, opinamos que debe declararse con lugar la pretensión del apelado. T al opinar del tal modo, desea-mos hacer constar, además, que hemos examinado todas las cuestiones envueltas en el recurso y que de entrar a consi-derarlas en su fondo, habríamos siempre de confirmar la sentencia apelada.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.

Presentada moción de reconsideración fué ésta denegada por resolución de julio 18, 1914, sin opinión.


text:
    Blanco et al., Demandantes y Apelantes, v. Hernández et al. Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de tercería de bienes inmuebles e injunction

    No. 1048.
    Resuelto en julio 9, 1914.
    Desestimada la apelación por las razones consignadas en la opinión emitida en el caso No. 1049, Blanco v. Hernández et -al., resuelto en julio 9, 1914; (pág. 130.)
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante Alejandrina Blanco Bamírez :_Sr. José Benet.

      El apelado Agustín Hernández Mena compareció en nom-bre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta apelación contra la sentencia dictada en este caso por la Corte de Distrito de Mayagiiez, la parte deman-dante y apelante elevó la transcripción de los autos a esta Corte Suprema. En su alegato, la parte demandada y ape-lada solicita que desestimemos el recurso porque la trans-cripción de los autos elevada no aparece certificada ni por el secretario de la corte sentenciadora, ni por los abogados de ambas partes. .

Examinados los autos, resulta que este recurso se encuen-tra exactamente en las mismas condiciones que el establecido en el caso No. 1049 de Alejandrina Blanco Ramírez v. Agustín Hernández Mena en el cual acabamos de dictar sentencia desestimando la apelación.

Por las razones consignadas en la opinión emitida para fundamentar dicba sentencia, procede de igual modo la deses-timación de la apelación interpuesta en este caso. También deseamos hacer constar en éste que hemos examinado todas las cuestiones envueltas y que de tener que considerarlas en su fondo, las habríamos resuelto en el mismo sentido en que lo hizo la corte sentenciadora.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.

Presentada moción de reconsideración fué ésta denegada por resolución de Julio 18, 1914, sin opinión.


text:
    González, Demandante y Apelante, v. Acha et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre retracto legal de comuneros.
    No. 1062.
    Resuelto en julio 9, 1914.
    Retracto Legal de Comuneros — Consignación del Precio de la Venta — Su Alegación en la Demanda. — La Ley de Enjuiciamiento Civil que rigió en esta isla desde 1886 no ha sido derogada por el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 en cuanto aquélla exige que para ejercitar la acción de retracto legal de comuneros debe el retrayente consignar el precio de la venta en el tribunal que conozca del juicio, cuyo hecho debe alegarse en la demanda, sin lo cual no aduce causa de acción.
    Id. — Consignación del Precio de la Venta — Requisitos de Dicha Consigna-ción. — Para tal consignación no hay que seguir los trámites que el Código Civil señala para que la consignación de la cosa debida produzca los efectos del pago.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Herminio Días Navarro.

    Abogado de los apelados: Sr. Manuel F. Bossy.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de un pleito sobre retracto legal de comuneros y la cuestión a resolver es si para ejercitar esa acción es necesario consignar el precio de la venta, en qué forma ha de consignarse y si la demanda debe alegar tal con-signación para qne sea suficiente.

La demanda inicial de' este pleito alega, entre otras cosas, qne enterado el demandante Don Isaac González Martínez de la venta al demandado Don Antonio Aeha del condominio que intenta retraer, se avistó con el demandado y manifes-tándole qne quería hacer uso de su derecho al retracto le ofreció con tal fin los $7,000 qne pagó y el importe de los gastos del contrato y cualquier otro gasto legítimo hecho para la venta y de los gastos necesarios y útiles hechos para la cosa vendida, y habiéndose el Señor Acha negado a reci-bir el precio y lo demás ofrecido y a verificar la retrovenda el demandante consignó en depósito en poder de sn notario dicha cantidad a disposición de la sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan, y que fia estado y está dispuesto a sn-, brogarse en el lngar y grado de los esposos demandados en •cuantos derechos y obligaciones adqiárieron en la compra del condominio objeto del pleito.

El derecho de retracto legal se hallaba regulado en nues-tras leyes históricas por la ley 55, título 5°., de la partida 5a,, según la cual quien tenga alguna cosa en común, aunque no se halle dividida, puede venderla a los que tengan en ella participación o a un extraño, pero si alguno de los que tienen parte en ella quisiere dar tanto como él extraño aquél debe tenerla antes que el extraño. Por la ley 75 de Toro se dis-puso que si alguno vendiere parte de una heredad que tenga en común con otro, según lo dispuesto en la Ley de Partidas, estará obligado el que la quisiere retraer a consignar el precio.

Posteriormente la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1856, exigió por el artículo 674 entre otros requisitos nece-sarios para dar curso a una demanda de retracto, que se con-signara el precio si era conocido y si no lo fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea; artículo que fué repro-ducido por el 1618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 3 de febrero de 1881 y por el 1616 de la que empezó a regir en Puerto Rico en 1°. de enero de 1886.

En tal estado la legislación sobre esta materia, se publicó el Código Civil español, que en Puerto Rico empezó a regir en 1890, el que por su artículo 1518, que aunque está com-prendido en la sección de retractos convencionales es apli-cable a los legales por disponerlo así el artículo 1525, declaró que no se podrá hacer uso del derecho de retracto sin reem-bolsar al comprador el precio de la venta, y, además, los gas-tos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.

Así, pues, en relación el Código Civil con la Ley de Enjui-ciamiento Civil vigente entonces, era necesario para que el retracto tuviera lugar no solamente reembolsar o pagar el precio y los demáis gastos a que sé refería el Código Civil, sino también consignar el precio, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se pudiera dar curso a la de-manda.

El Código Civil español fué sustituido en esta Isla por el Código Civil Revisado de 1902, que es una reproducción del anterior, salvo pequeñas modificaciones y que copió íntegra-mente Iqs preceptos sobre retracto, exigiendo el artículo 1421 lo mismo que el 1518 del código anterior. Cuando el Código Civil Revisado de 1902 se publicó y entró en vigor, regía aun en Puerto Rico, en cuanto a retractos, la Ley de Enjuicia-miento Civil española; y como después en el año 1904 se pu-blicó el Código de Enjuiciamiento Civil, surge añora la cues-tión que motiva este recurso de si sigue siendo necesaria para los juicios de retracto la consignación que antes se exigía por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es indudable que el Código Civil tanto el español como el Revisado lo único que exigen es el reembolso del precio y •de otros gastos que en la misma se mencionan y no contiene ■disposición alguna que exija, la consignación, la cual según las sentencias del Tribunal Supremo de España de 31 de diciembre y 16 de octubre de 1906 se requería no porque lo exigiera el Código Civil sino de acuerdo con el artículo 1618 •de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por tanto si éste no está ñoy en vigor en Puerto Rico no es necesaria la consignación.

El Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 no fué tan am-plio que abarcara todos los procedimientos y por su sección 361 solamente se derogaron las leyes, reales decretos, órdenes, ■órdenes militares, disposiciones o parte de ellas que estu-vieran en conflicto o fueren incompatibles con el nuevo código, y como no encontramos en él disposición alguna que esté en •conflicto o contradiga la de la ley anterior sobre consignación en los retractos, tenemos que llegar a la conclusión de que aun continúa en vigor en este particular y es por tanto nece-saria la consignación para poder ejercitar la acción de re-tracto. Para mayor claridad de que no fueron derogados todos los procedimientos que contenía la Ley dé Enjuicia-miento Civil antigua, encontramos el Lecho de que cuando en 1905 se dictó la Ley sobre Procedimientos Legales Espe-ciales, que regula algunos de los que estaban incluidos en la antigua ley procesal, expresamente se resolvió en tal ley que derogaba todas las anteriores que la contradigan, pero deja en vigor los procedimientos especiales establecidos por el Código Civil, la Ley Hipotecaria y su reglamento y en cual-quier otra ley en cuanto no estuviere previsto por ella, y como no puede caber duda de que los juicios sobre retracto tenían un procedimiento especial, en cuanto exigen para darles curso determinados requisitos como el de la consignación que no se exige en los juicios ordinarios, podemos también en vista de este Lecho, sostener que la consignación exigida por la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior está vigente después de publicado el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904.

Tal consignación no la reguló sin duda alguna el Código Civil porque ya era exigida desde la ley de Toro y luego por la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se comprende que tal con-signación debe ser necesaria porque concediendo la ley para retractos solamente nueve días, el que ejercita la acción debe tener el dinero pronto en ese tiempo y para evitar que se Lagan falsos ofrecimientos de pagar y que en realidad no exista el dinero cuando llega el momento de cumplirse una sentencia que declare el retracto.

Habiendo llegado a la conclusión anterior, veamos abora cómo debe Lacerse la consignación, ya que el demandante la Lizo en este caso en poder de su notario, según alega la de-.manda, y porque algunos entienden que debe Lacerse por los trámites establecidos para la consignación de cantidades debi-das a fin de quedar liberada la deuda.

Entendemos que la consignación debe verificarse entre-gando en el tribunal que conozca del juicio el dinero que im-porta el precio, ya que solamente de esta manera puede darse cumplimiento al precepto de esa ley (artículo 1619) preceptiva de que el juez mandará a hacer el depósito de la cantidad consignada en el establecimiento .público destinado al efecto. Esta disposición de la ley es lo suficientemente clara para conocer la manera de hacer la consignación, por lo cual los artículos contenidos en el Código Civil respecto a la consignación en los casos que es necesaria para que pro-duzca los efectos del pago, no son aplicables a la consigna-ción que se exige para las demandas de retracto, en las que tampoco se necesita ofrecer el precio antes de acudir al tribunal, pues no lo exige la ley que ordena la consignación.

Así pues, siendo la consignación necesaria, es indispensable que en la demanda se alegue que se consigna el dinero porque de otro modo la falta de esa alegación será suficiente para estimar que no aduce hechos que determinen causa de acción; y como la demanda en este caso no alega que se haya hecho la consignación de los $7,000 que son el precio de la venta que se intenta retraer, es indudable que por este fun-damento debe sostenerse la sentencia apelada que declaró sin 'lugar la demanda.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    Parker, Demandante y Apelado, v. Oller, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente-de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso de desahucio en precario.
    No. 1133.
    Resuelto en julio 11, 1914.
    Desahucio en Precario — Sentencia Sobre las Aleoaciones — Requisitos que Deben Concurrir. — Para que pueda dictarse sentencia sobre los méritos de las alegaciones a moción del demandante, es necesario que las alegaciones esenciales de la demanda, la cual es en sí suficiente y ha sido jurada en debida forma, no hayan sido específicamente impugnadas en la contestación, ni se haya aducido materia nueva constitutiva de oposición o defensa legal.
    Id. — Sentencia Sobre las Alegaciones — Oasos en que no Procede. — Cuando el demandado en una acción de desahucio en precario niega todas las alegaciones esenciales de la demanda y en la primera comparecencia de las partes admite haber recibido una carta del demandante en la cual se le avisa que desde cierta fecha quedaba rescindido y revocado el permiso que tenía para ocupar cierto solar sobre el cual había construido una casa, la admisión de haber recibido dicha carta no justifica el que a virtud de moción de la demandante hecha en la segunda comparecencia para la práctica de la prueba testifical, cuando aún ésta no se había practicado, se dicte sentencia sobre los méritos de las alegaciones y la prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado: Sr. O. M. Wood.

    Ahogado del apelante: Sr. Artemio P. Rodríguez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Trátase de decidir un recurso de apelación interpuesto en juicio de desahucio por el demandado José Oller Díaz contra sentencia que en 20 de octubre del año próximo pasado 1912, pronunció la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., orde-nando fuera lanzado dicho demandado de la finca descrita en la demanda, con las costas a cargos del mismo.

Los hechos esenciales de la demanda, la cual está jurada, son en síntesis que el demandante Cornelius B. Parker es dueño del solar No. 201 de la finca “El Quinto” radicada en el barrio de Pájaros de Bayamón, cuyo solar se describe en la demanda; y que en 1°. de septiembre del año 1913 el demandado Oller Díaz, sin permiso del demandante o sin contrato alguno, entró en dicho solar y lo disfruta precaria-mente, sin pagar canon o merced, negándose a desalojarlo.

El demandado contestó la demanda bajo juramento, admi-tiendo que el demandante es dueño del solar de que se trata, pero negando que esté poseyéndolo sin título alguno, y por el contrario alega que desde el año 1905 viene ocupándolo en virtud de contrato de arrendamiento celebrado con los ante-riores dueños de la finca, y ratificado por el demandante, arrendamiento que verificó con el exclusivo objeto de construir en el solar, como construyó, una casa terrera, de maderas, tediada de hierro galvanizado, que aún existe en el solar en perfectas condiciones, habiendo convenido con el demandante en el año de 1908, en pagarle la suma de $1 mensual por con-cepto de arrendamiento., cuyo contrato no ha sido rescindido ni anulado, sin que adeude cantidad alguna por cánones ven-cidos.

Celebrada la primera comparecencia de las partes en' 14 de octubre de 1913, ambas presentaron pruebas documentales.

La prueba de la parte demandante consistió en la copia de una carta que había dirigido al demandado en 27 de agosto de 1913, y que éste admitió haber recibido, avisándole que necesitaba desde el Io. de septiembre siguiente, el solar que ocupaba, y quedaba rescindido y revocado el permiso.

Las pruebas del demandado fueron las siguientes:

(a) Una certificación del Secretario de la Corte Municipal de Bayamón creditiva de que anteriormente, en 15 de julio de 1913, el hoy demandante Cornelius B. Parker había enta-blado ante dicha corte demanda de desahucio contra José Oller Díaz, por falta de pago del precio del arrendamiento del solar de que se trata que era de $2.50 desde Io. de julio de 1911, habiendo pagado el demandado únicamente hasta la fecha de la demanda, las tres primeras mensualidades, demanda que fué declarada sin lugar.

(b) Tres tarjetas, expresivas de haber pagado el deman-dado al demandante por concepto de arrendamientos del solan las sumas de $2 hasta agosto de 1909, $3 hasta agosto de 1910 y $12 desde julio de 1910 a mayo de 1911.

Ambas partes ofrecieron prueba testifical y se señaló para la segunda comparecencia el día 20 de octubre de 1913; pero antes de que se entrara en la práctica de dicha prueba el de-mandante presentó una moción solicitando que se dictara sen-tencia a su favor por las alegaciones y pruebas, pues el deman-dado había admitido todas las alegaciones esenciales de la demanda, desde que confesó haber recibido el aviso de 27 de agosto de 1913 de que desde el Io. de septiembre siguiente el demandante necesitaba el solar y quedaba rescindido y re-vocado el permiso. Con oposición del demandado la corte declaró con lugar la moción y pronunció sentencia en los términos al principio indicados a favor del demandante.

Opinamos que la corte cometió error declarando con lugar la expresada moción de la parte demandante y pronunciando sentencia en los términos en que 1q bizo. El demandado Oller Díaz, al contestar la demanda, lejos de admitir la alegación principal de la parte demandante relativa a que ocupara el solar en precario, la negó abiertamente, alegando que poseía por título de arrendamiento, y esa alegación quedó corrobo-rada por la- copia de la carta que el demandante le dirigió en 27 de Agosto de 1913, expresiva de que necesitaba el solar desde Io. de septiembre siguiente, y quedaba rescindido y revocado el permiso.

“® * * Una sentencia sobre los méritos de las alegaciones puede ser pronunciada en virtud de moción del demandante cuando las alegaciones esenciales de la demanda, que es suficiente en sí y jura-mentada en forma legal, no lian sido específicamente impugnadas en la contestación, ni se ha aducido materia nueva constitutiva de oposi-ción o defensa legal * *

Horton et al. v. Robert, 11 D. P. R., 176.

Esos requisitos no- concurren en el presente caso, y por tanto es contraria a la anterior doctrina la sentencia apelada.

Y no cabe argüir que en virtud de la carta que ministró como prueba la parte demandante y que el demandado admi-tió baber recibido, quedó justificada la alegación del deman-dante de que el demandado poseía el solar en precario, pues aparte de que el segundo no aceptó por modo expreso que poseyera el solar en precario, resultaría decidido el caso no-solamente por las alegaciones, sino también por las pruebas, y como la prueba testifical para cuya práctica se babía seña-lado el mismo día en qne se presentó la moción, no.llegó a prac-. ticárse, sin qne la parte demandada hubiera rennnciado a ella, tendríamos qne tampoco pndo decidirse el caso por el mérito de las alegaciones y de las pruebas.

Por las razones expuestas procede se revoque la sentencia apelada, y se celebre un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada ordenándose la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.