author: El Juez Pbesidente Sb. Quiñones,

text:
    Ex Parte Wenar.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 91.
    Resuelto en febrero 15, 1904.
    Dominio — Posesión para Adquirirlo por Prescripción. — La posesión por seis o más años, con buena fe y justo título, es suficiente para adquirir por pres-cripción el dominio de los inmuebles.
    Id. — Buena Fe. — La buena fe se presume siempre y el poseedor actual puede sumar a su tiempo de posesión el del anterior poseedor.
    Id. — Justo Título. — Justo título es aquel que es suficiente para trasmitir el dominio, en el supuesto de que el trasmitente lo tenga, y debe ser probado a satisfacción del tribunal.(*)
    Id. — Calificación del Título. — La calificación del título, es decir, la determina-ción de si es o nó justo, es de la exclusiva competencia del tribunal.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los antos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Juan, a instancia de Mr. Joseph Wenar para acreditar el dominio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación del promovente contra la sentencia dictada por el referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así:
    “San Juan, agosto 4 de 1903. Resultando: que el abogado Don Luis Freyre Barbosa, en representación de Mr. Joseph Wenar, instó ante este tribunal expediente para acreditar el dominio de una finca rústica radicada en el barrio de Candelaria, de Bayamón, antes Toa Baja, compuesta de 28 cuerdas, exponiendo carecer de título escrito de dominio, promoviendo información de testigos que se practicó con citación del Fiscal, anterior poseedor, colindantes y personas descono-cidas a quienes pudiera perjudicar la declaratoria de dominio, siéndolo estas últimas mediante edictos publicados tres veces en el periódico de San Juan The Puerto Rico Sun.

      “Resultando: que tres testigos examinados por el juez municipal de Bayamón, mediante delegación de este tribunal, declararon cons-tarles que el promovente fia dos años viene poseyendo la finca en cuestión que adquirió de Doña Teresa Pinto y Matos, que la venía poseyendo quieta y pacíficamente y en concepto de dueña hacía más de 20 años, habiendo poseído ambos la finca con buena fe y justo título.

      “Considerando: que la posesión por seis o más años unida íi la buena fe y justo título es suficiente para la prescripción adquisitiva del dominio, según la Orden Judicial de 4 de abril de 1899, pero en el caso presente, si bien existe la posesión de 22 años con buena fe, puesto que el actual poseedor puede sumar a su tiempo de pose-sión el del anterior poseedor, y la buena fe se presume siempre, la pose-sión con justo título sólo data de dos años, o sea desde que el promo-vente compró a la Sra. Pinto, sin que conste el título con que ésta poseyó anteriormente, no pudiendo discernirse si dicho título era o no justo, esto es, si era o no bastante para transferir el dominio en el supuesto de que el trasmitente lo tuviere.

      “Considerando: que la (*) circunstancia de que los testigos mani-fiesten que así el anterior como el actual poseedor, poseyeron con justo título no es suficiente para que el tribunal lo estime así, pues la clasificación del título, esto es, la determinación de si es o nó justo, pertenece a la exclusiva competencia de esta corte, debiendo los tes-tigos limitarse a manifestar la clase de título por que adquirió la cosa el poseedor, o lo que es lo mismo, si fué por título de donación, herencia, permuta, compraventa, u otro semejante; y por otra parte, dichos testigos no dan la razón de ciencia de su dicho.

      “Considerando: por lo'expuesto, que calificadas las pruebas prac-ticadas con un criterio racional no pueden menos de estimarse insu-ficientes para justificar el dominio que se interesa.

      “Visto: el artículo 395 de la Ley Hipotecaria y orden general citada. No ha lugar a declarar el dominio objeto de este expediente. Lo acuerdan y firman los señores del Tribunal, certifico. Disiento, creo debe declararse con lugar el dominio: Juan Morera Martínez, Frank H. Richmond, José Tous Soto y Luis Méndez Yaz.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación ia representación del prom oyente, y admitido el recurso libre-mente y en ambos efectos, se elevaron los autos a esta' superio-ridad con citación y emplazamiento de las partes; y que per-sonado el apelante y sustanciado en forma el recurso, se señaló día para la vista con citación de las partes, a cuyo acto sólo asistió el Señor Fiscal de este Tribunal Supremo, y nó el abogado defensor de la parte apelante.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Freyre Barbosa.

    Abogado del Pneblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Sb. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando: los fundamentos de hechos y de derecho de la sentencia apelada.

Vistos el artículo 395 de la Ley Hipotecaria y la Orden Judicial de cuatro de abril de 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Mac-Leary.(*)

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Figuebas

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. López.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 45.
    Resuelto en febrero 18, 1904.
    Apelación — Felony.—En los casos por cielitos (felony) las apelaciones deben versar sobre cuestiones de' derecho.
    Extorsión — Funcionario Público. — Un funcionario público que valiéndose de su capacidad oficial, sacare dinero a otra persona por medio de amenaza que al efecto le hiciera de denunciarle por supuestas infracciones de ley, es culpable de extorsión.
    Sentencia — Acusado.—Las advertencias a que se refiere el artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal, deberán hacerse al acusado antes del pronunciamiento de la sentencia y después de dictado el veredicto.
    Los hechos están expresados en la,opinión.
    Abogado del apelante: Sr. López LaAidrón.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Figuebas

emitió la siguiente opinión del tribunal:

Se ha perseguido en esta causa un delito grave de extor-sión, ante la Corte de Distrito de Ponce, quien, después de tramitarla conforme a ley, dictó sentencia en 13 de agosto del año próximo pasado, condenando a José López Gaztam-bide, a la pena de un año de presidio con trabajos forzados, que deberá extinguir en el Departamental de la Isla, y al pago de las costas causadas en este juicio. Esta sentencia conde-natoria se funda en la acusación jurada, que dice así:

“El Fiscal formula acusación contra José López Gaztambide por el delito grave de extorsión, comprendido en el artículo 458 del Código Penal, cometido como sigue: En el mes de julio de 1902, siendo jefe de las fuerzas de la Policía Insular destacadas en el pue-ble de Yauco, de este distrito judicial, el segundo teniente de dicho (*) Instituto, hoy acusado José López Gaztambide, giró una visita con carácter oficial al establecimiento mercantil de Don José N. Peñas y apreciando que la panadería no se hallaba en la forma exigida por la ley de sanidad y que las patentes para la venta de licores carecían de requisitos legales, exigió ilegalmente a dicho Peñas 50 pesos por no denunciarlo con la amenaza de formarle un expediente si no aeci-día a ello, conviniendo por fin el arreglo en $18, los que recibió el acusado. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. Francisco Parra, Fiscal de distrito.”

Se celebró el juicio oral el día cuatro de agosto del año último, y después de leerse el acta de acusación y de formu-lar el Fiscal los cargos que de la misma aparecen, declaró el perjudicado Peñas sustancialmente conforme con la acusa-ción, si bien dice que el hecho tuvo lugar en el mes de agosto próximo pasado, y José Sanabria manifiesta que fué Guardia Insular, en esa época, y que, como tal guardia y en compañía del Teniente Gaztambide, hizo una visita de inspección en el establecimiento de Peñas; que el Teniente le dijo a él que. había que denunciarle porque no estaba el establecimiento en forma; que luego observó que Peñas suplicaba al Teniente y que éste le exigió una cantidad de dinero para arreglar el asunto; que más tarde el que declara volvió a avistarse con Peñas, el que le dio diez y ocho pesos para entregar al Tenien-te, como así lo hizo el que declara. Mr John B. Hart mani-fiesta que conoce a Peñas, comerciante de Yanco, y recuerda que, como Inspector de Rentas que es, ha visitado su estable-cimiento en varias ocasiones y siempre lo ha encontrado en •debida forma.

En el acto del juicio, la defensa se limitó a solicitar un veredicto de inculpabilidad y que en su virtud se absolviese al acusado; pero el trece de agosto del año anterior presentó escrito su abogado, solicitando un nuevo juicio, porque no se instruyó a su defendido como prescribe el artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y porque el veredicto es contrario a derecho y a las pruebas, y en este caso son de (*) aplicación los artículos 301, y número 6, del 303 del Código anteriormente citado. El tribunal, por unanimidad, negó el nuevo juicio, por no ser aplicables a este caso los artículos •citados y el defensor solicitó que se hiciese constar su excep-ción por tal resolución, e inmediatamente se instruyó al acu-sado como determina el artículo 318 del Código de Enjuicia-miento Criminal, y alegó que era inocente, dictándose la sen-tencia de que ya se ha hecho mérito.

Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de apela-ción, que se ha formalizado ante esta Superioridad, con expo-sición de los hechos y alegándose: 1. Que la declaración del perjudicado debe descartarse por estar interesado en la acusa-ción y que el testimonio de José Sanabria es vago, ambiguo, indeciso, al extremo de no determinar si la entrega del dinero fue en metálico u otra clase de moneda, oro o plata. 2. Que aun aceptando los hechos, éstos no caen de lleno dentro del artículo 458 del Código Penal. 3. Que no se cumplió con el artículo 318 del Código- de Enjuiciamiento Criminal, instru-yéndose, como en él se ordena, al acusado. Por estas razones ■concluye suplicando que se absuelva a José López Qaztam-bide con las costas de oficio y en sn defecto, mandar abrir nn nuevo juicio.

El Fiscal impugnó el recurso. No se fia presentado pliego de excepciones tal como lo exige, en su caso, el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ni se propuso, ni se practicó prueba de ningún género que pudiese desvirtuar la de cargo practicada. En tales condiciones no cabe discutir la apreciación de las pruebas contra las cuales nada se fia opuesto en el acto del juicio, pero aun concediendo que esto pudiera fiacerse, resulta que la declaración del perjudicado está integrada por la del testigo Sanabria, que afirma de nn modo categórico los elementos de fiecho necesarios para la de-finición del delito, sin que disminuya la credibilidad de su (#) testimonio la circunstancia de no fiaber determinado la especie de moneda que le entregó Peñas para G-aztambide, porque sobre ese punto no está en contradicción con nadie, y no puede, por tanto, surgir la duda sobre la certeza de los hechos. Su declaración, por tanto, nada tiene de ambigua, vacilante o in-decisa. La apelación, dada la naturaleza del delito, sólo puede versar sobre una cuestión de derecho, según los artículos 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal y su- referente, el artículo 14 del Código Penal. Ahora bien, los hechos objeto de la acusación y de la sentencia, caen de lleno dentro del artículo 458 del Código Penal. Don José López Gaztambide, en- su carácter de Teniente de la Policía Insular, recibió diez y ocho dollars enviados por Don José N. Peñas, y arrancados, seguramente, por la amenaza que le hiciera de denunciarle bajo el supuesto de que el establecimiento no cumplía con las leyes de Sanidad, y de que las patentes para la venta de licores carecían dé requisitos legales. Pues bien, no se puede negar que esa amenaza es elemento delictivo de la extorsión, artículo 457, número 2 del Código Penal, porque con ella se produjo en el ánimo de Peñas el temor de verse envuelto en un proceso criminal, por alguno de los delitos contra la salud y contra el erario de Puerto Eico, comprendidos en los títulos 14 y 16 del Código Penal, y se arraiga más la convicción de lo injusto de la amenaza, cuando se ve qne no consta qne sq llevare a cabo la denuncia y existe la presunción de la inocen-cia de Peñas al considerar la declaración de Mr. John B. Hart, Inspector de Rentas Internas, quien afirma qne en las diversas ocasiones que visitó el establecimiento de aquél, siem-pre lo encontró en debida forma.

La pretensión del nuevo juicio, que. subsidiariamente se solicitó al formalizar la apelación ante esta Superioridad, se funda en qne el veredicto es contrario a derecho, por no haber recaído con las advertencias a qne se refiere el artículo 318 del Códig’o de Enjuiciamiento Criminal; pero como consta de las copias remitidas que el día trece de agosto y antes de (*) dictarse el fallo, se hicieron al acusado las prevenciones de dicho artículo, no puede accederse por este motivo, ni por otro alguno, a la celebración de un nuevo juicio. No hay, por tanto, razón que justifique las pretensiones del acusado, y el Ponente opina que debe confirmarse la sentencia apelada con las costas al apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la' vista de esta causa.


author: El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

text:
    Argüeso et al. v. Müllenhoff y Körber.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 96.
    Resuelto en febrero 19, 1904.
    Competencia — Acción Personal. — Fuera de los casos de sumisión expresa o-tácita, en los juicios en que se promuevan acciones personales, es juez com-petente el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, el demandante puede elegir, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, si en éste se hallare el demandado, aunque accidentalmente, y pudiera ser emplazado.
    Id. — Una acción para obtener el otorgamiento de una escritura y la indemnización de daños y perjuicios, es una acción personal.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio promovido ante la Corte de Distrito de Hu-macao por Don Manuel Argüeso y Flores y Doña Ernestina Frías y Noya contra los Señores Müllenhoff y Korber sobre formalización de escritura de compraventa de la hacienda “Ingenio,” de Tabucoa e indemnización de daños y perjuicios, juicio pendiente ante nos a virtud de recurso de apelación in-terpuesto por los demandantes contra resolución de dicha {*) corte en cuestión de competencia, habiendo representado a la parte recurrente el Letrado Don Rafael López Landrón y a la parte recurrida el Letrado Don Jacinto Texidor.

      Resultando: que con fecha cinco de mayo último, los espo-sos Don Manuel Argüeso y Flores y-Doña Ernestina Frías y Noya, presentaron demanda ante el Tribunal de Distrito de Humacao contra la Sociedad Mercantil Müllenhoff y Korber de esta Capital, para que por los trámites del juicio declara-tivo, se ordenara por sentencia definitiva que los demandados formalizaran la escritura de compraventa de la hacienda Central de cañas, nombrada “Ingenio,” del-antiguo término-mu-nicipal de Yabucoa, “sobre la base de su rentabilidad du-rante los tres últimos años, excluyendo el del temporal,” dentro de un plazo perentorio, si no encontraren por compra-dor de ella a tercera persona dentro del plazo que también se les asigne, y a la indemnización de daños y perjuicios con el pago de todas las costas.

      Resultando: que admitida la anterior demanda fueron ci-tados y emplazados en esta Capital para contestarla los Señores Müllenhofí: y Korber, quienes acudieron al Tribunal de Distrito de San Juan para que requiriera de inhibición al de Humacao, a lo que accedió el Tribunal de San Juan, en auto de veinte y cinco de mayo último, librando oficio inhibitorio al de Hnmacao para que se separara del conocimiento del juicio, como así lo acordó ese tribunal en auto de veinte de julio último, auto que fue apelado por' los consortes Argüeso, habiendo sido remitidas las actuaciones a esta Corte Suprema para la decisión del recurso.

      Resultando: que tramitado el recurso en la forma corres-pondiente, después de instruidas las partes y resuelto un in-cidente de acumulación, se señaló día para la celebración de la vista, la cual tuvo lugar con asistencia e informe de las partes el día trece de los corrientes.
    Abogado de los apelantes: Sr. Lopes Landrón.

    Abogado de los apelados: Sr. Tecoidor.(*)

   El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que en el apartado primero del artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dispone que fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, en los juicios en que se ejerciten acciones personales, es Juez competente el del lugar en que debe cumplirse la obligación, y a falta de éste, a elec-ción del demandante, el del domicilio del demandado, o el del lugar del contrato si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.

Considerando: que la acción ejercitada en la demanda es personal y que no consta cuál sea el lugar en que deba cum-plirse la obligación, sin que tampoco haya sumisión expresa o tácita de las partes a tribunal alguno, por,todo lo cual, con arreglo al precepto legal anteriormente citado, el Tribunal de San Juan es el competente para conocer del juicio de que se trata, por ser el del domicilio del demandado, que no fué em-plazado en Humaeao, siendo en su virtud procedente y con-forme a la Ley el auto dictado en veinte de julio último por el Tribunal de Distrito de ILumacao.

Fallamos: que debemos confirmar el mencionado auto ape-lado con las costas a cargo de los recurrentes, y líbrese al Tribunal de Distrito de Humacao la certificación correspondiente con devolución de los autos que lia remitido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Tornabells & Cía. v. Mestre.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 63.
    Resuelto en febrero 19, 1904.
    Apelación. — No habiendo error alguno que justifique la revocación de la sentencia . apelada, ésta debe ser confirmada.^)
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Resultando: que se interpuso una demanda por el recu-rrido contra el recurrente con motivo de un pagaré por $1,374 fecliada en 23 de mayo de 1902, y vencido en 31 de diciembre de 1902, devengando intereses al tipo del uno por ciento mensual desde su vencimiento hasta el pago del mismo.

      Resultando: que la demanda fue deducida en 2 de marzo de 1903 ante el Tribunal de Distrito de Mayagüez, y los deman-dados después de haber sido citados, no comparecieron ante el tribunal y la causa siguió su curso regular, y en 26 de junio de 1903 se dictó sentencia a favor del demandante por el im-porte del pagaré, intereses y costas.

      Resultando: que en cuatro de julio de 1903, se presentó escrito de recurso de apelación a favor de los demandados, sin alegar motivo alguno en apoyo de dicha apelación y diez días después los autos fueron elevados a este tribunal, en donde ambas partes comparecieron a debido tiempo, originándose la demora usual en la preparación de la causa para el juicio de la misma.

      Resultando: que no hay nada en los autos a favor del re-currente para justificar el presente recurso de apelación, y que en 28 de enero de 1904, la causa fue sometida al tribunal en pública sesión del mismo, sin la asistencia de ningún letra-do a nombre de los recurrentes, en cuyo juicio el recurrido fue representado por su abogado.
    Abogado de los apelantes: Sr. Monserrat.

    Abogado del apelado: Sr. Smith.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

después de exponer los becbos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los becbos según constan en autos de la sen-tencia contra la cual se interpuso la presente apelación.

Considerando: que es claro que esta es una deuda justa y debidamente probada y que la sentencia fue pronto y debida-mente dictada por el tribunal de distrito, hace más de siete (*) meses, y que el recurso de apelación evidentemente fué inter-puesto únicamente con el objeto de causar demora.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia contra la cual se interpuso el presente recurso de ape-lación, con las costas contra los recurrentes, Tornabells & Compañía.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez PbesideNte Sb. Quiñones,

text:
    Ex Parte Pacheco.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 89.
    Resuelto en febrero 20, 1904.
    Dominio. — La citación de la persona de quien proceden los bienes o su causa-habiente es requisito esencial en los expedientes de dominio.
    Id. — Posesión para Adquirirlo. — La mera posesión de veinte años no basta para justificar el dominio que sobre el inmueble se atribuya el promovente, en los casos en que no conste el dominio que tuviera el anterior poseedor, ni la fecha y demás circunstancias en que se verificara la enajenación en favor del pro-movente.

      EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los antos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Juan a instancia de Don Manuel Pacheco para acreditar el dominio de una finca rustica, pendientes ante nos en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación del promovente contra la sentencia dictada por el referido tribunal de distrito, la copiada a la letra dice así:
    “Puerto Rico, 6 de julio de 1903. Vistos estos autos promovidos por el abogado Don Damián Monserrat .y Simó, a nombre de Don Manuel Pacheco para acreditar el dominio de una finca rústica. (*)

      “Resultando: que en 10 de marzo último acudió a este tribunal el referido abogado, manifestando que a virtud de compra hecha a Nicolás Román hacía años, era dueño su cliente de cinco cuerdas de terreno, radicadas en el barrio de Candelaria, de Toa Baja, hoy Bayamón, y. que careciendo de título de dominio inscrito, promovía -el oportuno expediente para obtenerlo, con arreglo al artículo 395 de la Ley Hipotecaria.

      “Resultando: que con audiencia del Ministerio Fiscal se mandó recibir la información de testigos que propuso como prueba, con cita-ción del propio Ministerio, de su vendedor, de los que tuvieran algún derecho real sobre el terreno descrito y de los colindantes, dentro del término de 60 días, convocándose también a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción por medio de edictos que se fijarían en los sitios públicos de costumbre e insertarían por tres veces en Un periódico de esta capital, de los de más circulación.

      “Resultando: que fijados los edictos y publicados en tres números del Heraldo Español, correspondiente a los días 26, 27 y 28 de marzo último, citados en lugar de Don Nicolás Román, que se dijo estar demente, su esposa, Doña Martina Medina, y los colindantes del pre-dio, declararon dos testigos de cuyo conocimiento certificó el secre-tario del Juzgado Municipal de Toa Alta a tenor del interrogatorio presentado por el promovente, sin que por virtud de los llamamientos hechos se hubiese presentado opositor alguno.

      “Resultando: que transcurrido el término señalado para la prue-ba, y no valiendo el terreno más de $50, se citó al interesado y al Ministerio Fiscal a una comparecencia verbal para el día 10 de junio próximo pasado, a la que no asistió ninguno de ellos.

      “Resultando: que los dos testigos examinados, en que consiste toda la prueba ofrecida, se limitan a manifestar, de acuerdo con el interrogatorio, que Pacheco adquirió hace años de Nicolás Román las cinco cuerdas de terreno, y que desde su adquisición ha venido disfrutándolas quieta y pacíficamente, sin oposición de nadie; aña-diendo únicamente que la posesión de Pacheco data de más de 20 años.

      “Resultando: que en la sustanciación del expediente no se han observado deí todo las reglas del procedimiento, pues en lugar de la citación personal de Nicolás Román, de quien dice el promovente haber adquirido las tierras, aparece citada Doña Martina Medina,(*) que se dice su esposa, sin que se haya acreditado esa circunstancia, ni tampoco la incapacidad mental de Don Nicolás Román.

      “Considerando: que la citación de la persona de quien procedan los bienes, o de su causa-habiente, siendo conocido, es uno de los requisitos más esenciales que exige el artículo 395 de la Ley Hipo-tecaria.

      “Considerando: que la mera posesión de 20 años, de que vaga-mente hablan los dos testigos presentados por Don Manuel Pacheco, no basta para justificar el dominio que éste se atribuye sobre el inmueble descrito al principio, no habiéndose ofrecido prueba alguna del que tuviera Nicolás Román sobre el predio de que se trata, ni siquiera la fecha y demás circunstancias en que se verificara la venta, que se supone hecha por el último.

      “Vista la disposición legal citada y demás aplicables al caso de la Ley Hipotecaria y el Código Civil vigente.
    “Se declara que Don Manuel Pacheco no ha justificado el dominio que solicita, denegándose por lo tanto sus pretensiones.
    “Así lo acordaron los señores del tribunal y firman de que certi-fico : Juan Morera Martínez, Frank PI. Richmond, José Tous Soto, Luis Méndez Yaz.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del promovente, y admitido el recurso libre-mente y en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Supe-rioridad con citación y emplazamiento de las partes, y- que personado el apelante y sustanciado en forma el recurso, se señaló día para la vista, con citación de las partes, cuyo acto se celebró con asistencia del Señor Fiscal de este Tribunal Supremo, no liabiendo comparecido el abogado defensor de la parte apelante.
    Abogado del apelante: Sr. Damián Monserrat.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez PbesideNte Sb. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Vistas las disposiciones legales que en la misma se citan.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la ex-presada sentencia con las costas al apelante.(*)

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la Yista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Figtjekas,

text:
    Graham v. El Banco Territorial y Agbícola et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 65.
    Resuelto en febrero 23, 1904.
    Hipoteca — Bienes Muebles Enclavados en la Einca Hipotecada. — Declarado por sentencia ejecutoria que determinados bienes muebles enclavados en una finca hipotecada, están afectos a la hipoteca y que el embargo de los mismos debe seguir adelante hasta hacerse pago el acreedor, esa declaración envuelve una negación absoluta de los derechos del dueño de dichos bienes muebles para reclamar los mismos al acreedor ejecutante.
    Obligación — Dolo, Negligencia o Morosidad. — Pava que puedan tener aplicación los artículos 1101 y 1108 del antiguo Código Civil es necesario una obligación preexistente entre las partes, que haya sido contravenida por alguna de éstas, o que alguna de éstas, en su cumplimiento, hubiese incurrido en dolo, negli-gencia o morosidad.
    Td. — Acción ú Omisión — Indemnización.—El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
    Daño — Costas.—No ejecuta propiamente un daño quien se limita a reclamar ante los tribunales un derecho más o menos claro, siendo la imposición de costas el único correctivo que procede cuando se desestimen totalmente las pretensiones injustificadas.

      Acreedor — Intereses—Acción Beal t Acción Personal. — La falta de intereses que el acreedor no pueda exigir del obligado, por la acción real hipotecaria, podrá reclamarse por la acción personal, siendo considerado respecto a ella, en caso de concurso, como acreedor escriturario.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Vistos estos autos promovidos en la corte de este distrito entre partes de la una D. Roberto G-rabam y Fraser, vecino de Ponce, Ingeniero, dirigido y representado en esta Supe-rioridad por el Letrado D. Jacinto Texidor y de la otra el Banco (*) Territorial y Agrícola, establecido en esta capital, representado y dirigido por el Licenciado D. Juan de Guzmán Benitez y D. José Ricardo Carazo, vecino de Bayamón, agri-cultor, en rebeldía, sobre tercería de mejor derecho, autos pendientes ante nos en virtud de recurso de casación, boy de apelación, interpuesto por D. Roberto Graham y Fraser contra la sentencia pronunciada, que copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de San Juan de Puerto Rico a 9 de diciembre de 1902. Vistos estos autos declarativos seguidos entre partes, de una D. Roberto Graham y Fraser, vecino de Ponce, Inge-niero, dirigido y representado primeramente por el Licenciado D. Herminio Díaz Navarro y luego por D. Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, como demandante y de otra, el Banco Territorial y Agrícola, establecido en esta ciudad, dirigido y representado por el Licenciado D. Juan de Guzmán Benitez y D. José Ricardo Carazo, vecino de Bayamón, agricultor, en los estrados del tribunal, como demandados, sobre tercería de mejor derecho al cobro del importe de los bienes embargados en autos ejecutivos seguidos entre estos últimos.

      “Resultando: que D. Roberto Graham y Fraser formuló demanda de tercería de mejor derecho contra el Banco Territorial y Agrícola y D. José Ricardo Carazo, pidiendo se declare que las maquinarias del Sr. Graham sólo deben responder, dado el valor de la hacienda ‘Carmen’ y de la maquinaria que se consigna en título hipotecario del Banco Territorial y Agrícola, cada uno de lo que a prorrateo co-rrespondan con aquellas sumas del importe total del crédito del banco y de las costas, perteneciendo a Graham en cuanto a la maquinaria el exceso, teniendo el último mejor derecho por ese exceso, con costas al que se opusiere.

      “Resultando: que dieba demanda la funda en que, por escritura, pública de 28 de junio de 1896, Carazo confesó deber al Banco Territorial y Agrícola, y se comprometió a pagar en plazos semestrales,. 16,000 pesos que con los intereses acumulados daban un total de-24,211 pesos y 20 centavos, pactándose que vencidos dos plazos y no satisfechos, se consideraría vencida toda la deuda; que a esa obli-gación hipotecó la hacienda ‘Carmen,’ de Bayamón, con (*) todas sus: pertenencias y cuantas más pudieran incorporársele en lo sucesivo, promoviendo el banco procedimiento de cobro hipotecario por 16,410 pesos, sustituyendo luego ese procedimiento por el ejecutivo de la ley procesal; que despachada la ejecución, se embargó la finca hipo-tecada y las maquinarias en ellas instaladas antes y después de la hipoteca; que en 2 de enero de 1900, Graham formuló demanda de-tercería de dominio de las maquinarias, fundada en la escritura de. 31 de mayo de 1897, que acompaña, recayendo sentencia en casación,, declarando que las maquinarias litigiosas eran de la propiedad de-Graham, pero estaban sujetas a la responsabilidad del crédito hipo-tecario del banco, sin especificar la suma por que debían responder y por esa resolución del banco, al que se le ha adjudicado por 8,181 pesos 80 centavos la hacienda ‘ Carmen, ’ sigue procedimiento de apre-mio contra la maquinaria por el resto que se le debe, haciéndole así a la par que la hacienda ‘Carmen,’ responsable de la totalidad del crédito.

      “Resultando: que los fundamentos legales de esa demanda son:, que por la predicha sentencia en casación, se trata aquí de dos bienes distintos por las personas a que pertenecen la hacienda ‘Carmen,’’ de Carazo, y la maquinaria de Graham, precisando determinar el límite del gravamen que los afecta; que entre el banco y Carazo hay un tercero, Graham, y se oponen a que al gravamen sobre la maqui-naria se le dé el alcance que se le da, artículos 119 al 121 de la Ley Hipotecaria, sentencia del Supremo de 9 de noviembre de 1881, y* resolución de la Directiva de los Registros de 18 de abril de 1876 y 22 de septiembre de 1882; que el Supremo al resolver que la maqui-naria de Graham está adscrita a la hipoteca, no determinó por qué cantidad, y debe hacerse la distribución que determina el párrafo segundo del artículo 164 del Reglamento, y lo legal es, dado el valor de la hacienda y la maquinaria, que se asigna en el título hipote-cario y en el de Graham, prorratear con esas sumas, perteneciendo a Graham el exceso, siendo de aplicar al juicio los artículos 1530 al 1540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      “Resultando: que el Banco Territorial y Agrícola pidió se declare sin lugar la demanda con las costas, sentando los siguientes hechos: que acepta los hechos agregando al sexto y último, que la suma pendiente al banco de pago es la que sigue en apremio contra las maquinarias (*) y los intereses de esa suma y las costas; y como de-recho que declaró el Supremo que las maquinarias de Graham están afectas por la misma hipoteca que grava a favor del Banco Territorial y Agrícola la finca de Carazo, y se siguiera el ejecutivo contra ellas, fué porque la finca y maquinarias, incluso las de Graham, for-maban un solo cuerpo, sin que obste a ello que éste y Carazo fueran personas distintas; que Graham no es tercero sino ejecutado, y no puede ser parte en el ejecutivo y tercerista en el incidente, no pu-diendo el ejecutado interponer tercería sin cambiar de naturaleza convirtiéndose en acreedor, habiendo alegado antes el dominio; que el mejor derecho supone un crédito que no existe, porque Graham es dueño de las maquinarias y no acreedor de Carazo; que aun siendo cierto que la hacienda y las maquinarias de Graham formaran cuer-pos distintos, esto resultaría después de constituida la hipoteca, y no cabe invocar los artículos 119 al 121 de la Ley Hipotecaria que establecen la división del gravamen cuando se hipotequen varias fin-cas a la vez por un solo crédito, porque la hipotecada, si se divide en dos o más, no se divide el crédito entre ellas, sino voluntariamente de acuerdo el deudor y el acreedor, segiin el 123; y que debe ser condenado en costas el demandante.

      “Resultando: que por otrosí del escrito de contestación recon-viene el banco al demandante por daños y perjuicios fundándolo en que se presentó tanto en el ejecutivo como en la tercería de domi-nio de Graham y tasadas las maquinarias de éste y fijado día para el remate, tuvo lugar en diez de febrero de este año, presentándose licitador que ofreció $4,580 que cubrían las dos terceras partes del avalúo, le fueron adjudicados los bienes a dicho postor, mandándole poner en posesión de las maquinarias y consignando el precio; que presentada la tercería de mejor derecho por Graham, fué depositada esa suma en el Banco Territorial y Agrícola, según consta de los resguardos obrantes en .autos, viéndose el banco privado de disponer de su dinero por la tercería sin poderlo evitar; que el banco ha pre-sentado la liquidación de la parte pendiente de su crédito sin contar costas e intereses y acredita lo que de los $4,580 le corresponde percibir como acreedor hipotecario sin las costas y que lo pendiente de percibir forma parte del crédito origen de estos autos en el que ■se estipuló el interés del (*) 9 por ciento anual; siendo el derecho los artículos 1101, 1108 del Código Civil y las costas por la temeri-dad, pidiendo se condene a Graham a que abone al banco por daños y perjuicios el 9 por ciento de interés sobre la suma que corresponda al banco cobrar de los $4,580 de la venta de las maquinarias a partir de la fecha en que resulte en autos acreditada dicha suma.

      “Resultando: que conferido traslado de la reconvención, acusada la rebeldía, se señaló día para la comparecencia para formular las pruebas, transfiriéndose a instancia del demandante por no poder concurrir, para otro día, en 'el que formularon las partes las que esti-maron conveniente a su derecho.

      “Resultando: que de la prueba del demandante consta se unió a los autos en cuerda floja el ejecutivo del banco contra Carazo y la tercería de dominio que Graham formulara contra dicho ejecutivo, siendo la escritura acompañada por el demandante a su demanda la otorgada en 31 de mayo de 1897, por Don José R. Carazo y Don Roberto Graham ante Don Mauricio Guerra, manifestando que com-pró el primero al segundo, e instaló en la hacienda ‘Carmen/ de Bayamón, las maquinarias que detallan, por valor de 2,375 libras esterlinas,- que Carazo satisfizo parte del precio, adeudando 1,325 libras en la fecha de la escritura y deseando prorrogar el pago para el 31 de mayo de 1898, expresando conste el acuerdo de los otorgan-tes, sientan que el comprador satisfará a su vendedor las libras adeu-dadas y los intereses al 12 por ciento, en la fecha indicada con la condición de que Graham conserva el dominio sobre las maquina-rias detalladas hasta el total pago; y la sentencia del Tribunal Supremo de esta Isla, recaída en la tercería de dominio en la demanda mencionada, a virtud del recurso de casación interpuesto por el banco, declarándolo con lugar y casando la sentencia recurrida, man-da alzar el embargo de las maquinarias y quedar a disposición del tercerista; y la dictada a continuación por esa declaratoria, deja subsistente el pronunciamiento sobre dominio de las maquinarias a favor de Graham declarando que dichas maquinarias están afectas por la misma hipoteca que (*) grava a favor del Banco Territorial y Agrícola la hacienda ‘Carmen’ en que están instaladas, y lejos de alzarse el embargo de las mismas, manda a seguir adelante el ejecu-tivo contra ellas hasta terminar la vía de apremio y hacer pago al ejecutante del crédito reclamado, sin perjuicio de los derechos de Graham contra Carazo.

      “Resultando: que la prueba del demandado consiste en los autos de tercería incluyendo la sentencia del' Supremo relacionada en el anterior resultando y certificación del Secretario del Tribunal de constar en los ejecutivos del Banco Territorial y Agrícola contra Don José Ricardo Carazo, boy D. Roberto Graham, después de adjudicada al banco la finca de Carazo con exclusión de la maquinaria de Graham, quedó pendiente de cobro según aparece de la liquidación prac-ticada en 10 de marzo último ascendente a 4,158 pesos 7 centavos por capital e intereses más las costas, por lo cual se pidió la continuación del procedimiento de apremio contra las maquinarias de Graham, siendo éstas vendidas en subasta, depositándose el importe en el mismo banco a disposición del tribunal con motivo de la tercería de mejor derecho interpuesta por Graham.

      “Resultando: que señalada la vista informaron los defensores de las partes lo que estimaron conveniente al derecho que representaban.
    “Siendo Ponente el Sr. Juez Presidente Don Juan Morera Mar-tínez.

      “Considerando: que declarado por ejecutoria el dominio de Graham a las maquinarias enclavadas en 3a hacienda ‘Carmen/ las que están afectas por la misma hipoteca que grava a favor del Banco-Territorial y Agrícola la hacienda ‘Carmen’ en que están instaladas y lejos de alzarse el embargo de las mismas siga adelante el ejecu-tivo contra ellas hasta terminar la vía de apremio y se haga pago al ejecutante del crédito reclamado, esa declaración de la ejecutoria cerró a Graham la puerta a toda reclamación contra el banco en los bienes embargados, demostrando con la incoada su temeridad.

      “Considerando: que si alguna duda pudo tener, la reserva de-derechos a Graham contra Carazo ha debido disipársela.

      “Considerando: que el entorpecimiento sufrido por el banco con. las gestiones de Graham y el no haber recibido a su debido tiempo-la suma consignada y depositada, hace procedente la reconvención.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la re-convención por el banco formulada y sin lugar la tercería de mejor derecho por Graham promovida, y en su virtud condenamos al de-mandante (*)' a pagar al Banco Territorial y Agrícola el 9 por ciento de intereses sobre la suma que le corresponda cobrar de los 4,580 pesos, de la venta -de las maquinarias, a partir de la fecha en que resulte en autos acreditada dicha suma y en las costas de este juicio.
    “Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pro-nunciamos, mandamos y firmamos: Juan Morera Martínez, Juan Hernández López, Angel García.”

      Resultando: que contra la anterior sentencia interpuso Don Roberto Graham y Fraser recurso de casación por in-fracción de ley y elevados los autos a esta Corte Suprema, se sustanció el recurso como de apelación, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de la Asamblea Legislativa de 12 de marzo último.

      Resultando: que evacuado el trámite de instrucción, se señaló día para la vista y en dicho acto el letrado que repre-senta al apelante, manifestó su conformidad con la sentencia recurrida en cuanto por ella se declaró sin lugar la tercería de mejor derecho y la impugnó en cuanto por la misma se declaró con lugar'la reconvención propuesta por la represen-tación del Banco Territorial y Agrícola.

      Resultando: que éste en dicho acto sostuvo en su informe oral los fundamentos de la referida sentencia, habiéndose entendido con los estrados del tribunal toda la actuación en cuanto a Don José Ricardo Carazo.
    Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Juan de Guzmcm Benitez.

   El Juez Asociado Se. Figtjekas,

después' de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y solamente el pri-mero y segundo de derecho de la sentencia recurrida, y

Considerando: que la única cuestión que hoy debe resolver este tribunal está limitada a si debe o nó declararse con lugar la reconvención propuesta por el Banco Territorial y Agrícola y condenar, en caso afirmativo, a Don Roberto (*) Graham y Fraser, por vía de indemnización de daños y per-juicios, a satisfacer el nueve por ciento de intereses sobre la suma que corresponda al banco cobrar de los cuatro mil qui-nientos ochenta dollars, de la venta de las maquinarias, y a partir de la fecha en que resulte de los autos acreditada en forma dicha suma, o sea, el saldo de su crédito hipotecario con los intereses convenidos.

Considerando: que esa indemnización de daños y per-juicios se hace derivar del hecho de que Don Roberto G-raliam y Fraser, interponiendo primero una tercería de dominio que se declaró sin lugar, y después, una de mejor derecho a los ejecutivos que se seguían contra las maquinarias, ha privado al banco de disponer de su dinero que tiene en depósito y que no ha podido evitar, por ser consecuencia legítima de la última de las tercerías de que se ha hecho mérito.

Considerando: que, como fundamento de la reclamación, se alegan los artículos 110Í y 1108 del antiguo Código Civil, pero estas disposiciones suponen una obligación preexistente, y en el presente caso no consta que entre Don Roberto Graham y Fraser y el Banco Territorial y Agrícola existiese alguna que hubiese sido contravenida por aquél o que en el cumplimiento de ella se hubiese incurrido, por el mismo, en dolo, negligencia o morosidad y en tal concepto falta, por consiguiente, la base generadora, en su caso, de los daños y perjuicios que hoy se reclaman.

Considerando: que más atinente sería en el presente caso, la aplicación del artículo 1902 del citado Código, puesto que éste prescribe que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a re-parar el daño causado; mas habría que analizar entonces las acciones ejecutadas por Graham y determinar si en ella con-currían la negligencia o culpa de que nos habla esta ley, y vendríamos a la conclusión sentada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, especialmente en su sentencia de 27 de junio de 1896, “de que no ejecuta (*) propiamente un daño quien se limita a pedir ante los tribunales la realiza-ción de un derecho más o menos claro, siendo la imposición ele costas el único correctivo aplicable en cada caso concreto, cuando se desestiman las pretensiones injustificadas.”

Considerando: que no se ha jústificado tampoco la exis-tencia de los daños y perjuicios, porque es indudable que la cantidad depositada por virtud de la tercería de mejor de-recho interpuesta por Graham, responde del crédito hipote-cario y de los intereses convenidos, y además, el artículo 148 de la Ley Hipotecaria prescribe que la falta de intereses que el acreedor no puede exigir por la acción real hipotecaria, podrá reclamarla del obligado, por la personal, siendo con-siderado respecto a ella, en caso de concurso, como acreedor escriturario; y 'siendo esto así, tiene también el banco expe-dita su acción para, en su día, cobrar los intereses que se le adeuden de Don José Ricardo Carazo, y si los cobra no habrá sufrido entonces aquella institución de créditos merma alguna por virtud del contrato de préstamo hipotecario que con éste celebró.

Considerando: por tanto, que es improcedente la recon-vención en solicitud de los daños y perjuicios de que se ha hecho mérito.

Considerando: que según la Regla 63 de la Orden General numero 118, las costas deben imponerse a la parte cuyas pre-tensiones hayan sido totalmente desestimadas, y si en los demás casos debe el tribunal resolver conforme a equidad, según la misma disposición citada, es lógico deducir, que, cuando las peticiones de ambas partes no prosperen en abso-luto, como en el presente caso sucede, cada una de ellas debe satisfacer las costas causadas a su instancia.’

Vistas las disposiciones legales citadas en esta sentencia, los artículos 358, 360 y 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de la Asamblea Legislativa de 12 de marzo último. (*)

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar a la tercería de mejor derecho interpuesta por Don Roberto Graham y Fraser para cobrar con preferencia su crédito. .Se declara asimismo no haber lugar a la reconven-ción interpuesta contra éste por el Banco Territorial y Agrí-cola en reclamación de daños y perjuicios, sin especial con-denación de costas de ambas instancias; confirmando en lo conforme, y en lo que no revocando la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente' Quiñones y Aso-ciados Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr.* MacLeary,

text:
    El Pueblo v. San Miguel et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 51.
    Resuelto en febrero 25, 1904.
    Sentencia — Errores en la Misma. — El tribunal inferior tiene facultades para corregir aquellos errores en que hubiere incurrido al dictar sentencia y tales errores no producen necesariamente la nulidad de la sentencia.
    Apelación — Errores o Defectos de Carácter Técnico. — El Tribunal Supremo está obligado a dictar sentencia sin consideración alguna a errores' o defectos de carácter técnico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr.* MacLeary,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

Los demandados en la presente causa, que son los ape-lantes en este tribunal, fueron acusados en la Corte de Distrito de Arecibo, según se expresa en la acusación, como sigue:

“En Cíales, barrio Pozos, la noche del 29 de agosto de 1903, los (*) citados Pedro Angel San Miguel Rodríguez y Celedonio Robles, pues-tos de acuerdo, maliciosamente y con intención criminal, intentaron pegar fuego en la casa que habita Manuel Burgos, sita en dielm barrio, impregnando de gas un tabique y las pencas del techo de dicha casa, sin lograr realizar sus propósitos, por haberlo impedido el referido Manuel Burgos, quien se levantó al percibir el olor del gas,, en cuyo momento emprendieron la fuga los acusados.”

Esta acusación fue debidamente presentada por el Fiscal,, y los acusados se declararon no culpables, y eligieron ser juz-gados por un. jurado. Se celebró el juicio por jurado, y éste dió un veredicto de culpable, y la corte pronunció sentencia, condenando al acusado Pedro Angel San Miguel, a la pena de dos años de presidio con trabajos forzados, y al también acusado Celedonio Eobles, a la de un año de la misma pena con trabajos forzados.

Contra esta sentencia, ambos interpusieron recurso de ape-lación sin presentar pliego de excepciones.

El único fundamento sobre el cual podida basarse la revo-cación de la sentencia, es el becbo de que la sentencia de la corte ^condena a los demandados “por el delito de incendio malicioso que les fué imputado a ambos por el Ministerio Fiscal,” mientras que la acusación les imputa solamente la tentativa.

El Fiscal de este tribunal alega que es claro que es un error de pluma, y que en virtud de que no existe pliego de excepciones, debe confirmarse la sentencia.

Un error cometido al registrar una sentencia en el libro ■correspondiente, no invalida necesariamente dicha sentencia, y ciertamente puede subsanarse el error. El Pueblo v. Murback, 64 Cal., 370; y puesto que esta sentencia fué debida-mente enmendada el 11 de noviembre de 1903 por el tribunal que la había dictado, y como consta claramente de los autos en esta causa que el tribunal no tuvo la intención de dictar la sentencia que en realidad fué registrada en el libro de sentencias, por cuanto se expresa en la sentencia que (*) el delito que se le imputaba a los acusados en la información, era el de incendio malicioso y no el de tentativa de incendio, lo que efectivamente era cierto, la enmienda fué hecha legal y propiamente. Semejante error puede corregirse más fácil y propiamente en el tribunal sentenciador que tiene a la vista, en los autos, los datos con que hacer tal corrección, haciendo en esta forma que la sentencia se ajuste a la acusación y sea compatible consigo misma. Y habiéndose corregido el error, no queda motivo por el cual deba anularse la sentencia.

Y además, el Código de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 362, ordena a este tribunal que dicte sentencia sin parar mientes en errores o defectos técnicos, y nos vemos obligados a seguir este camino. Este es el curso que se sigue en California. El Pueblo v. Turley, 50 Cal., 471. Puesto que se ha hecho completa justicia por la sentencia dictada en esta cansa, debe confirmarse la misma.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Plernández y Eigueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de esta causa.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaR?,

text:
    Egozcue v. Belaval.
    Apelación- procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 75.
    Resuelto en febrero 27, 1904.
    Acción Personal — Acción Mixta. — Una acción sobre indemnización de daños y perjuicios causados en fincas urbanas, es personal, y para que fuera mixta, sería necesario que la reclamación se extendiera a la recuperación de las fincas mismas, teniendo en ese caso la acción el doble carácter de real y personal.
    Id. — Competencia.—Puera de los casos de sumisión, en los juieios en que se (*) ejerciten acciones personales es juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, el demandante puede elegir el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, si el demandado se hallare en él, aunque accidentalmente y pudiera ser emplazado.
    EXPOSICION DEL CASO.
    En la competencia pendiente ante nos en virtud de re-curso de casación por infracción de ley, interpuesto por la representación de Don José Sastraño Belaval, en diligencias sobre requerimiento de inhibitoria, que promoviera ante el Tribunal de Distrito de Ponce, en el juicio declarativo que le sigue, ante el de igual clase de San Juan, Don Manuel Egoz cue y Cintrón, sobre indemnización de daños y perjuicios1, habiendo comparecido ante este Tribunal Supremo, la repre-sentación de la parte apelante y de la recurrida.

      Resultando: que con escrito de fecha veinte de- junio de mil novecientos dos, acudió al Tribunal de Distrito de San Juan, Don Manuel Egozcue y Cintrón, vecino de esta capital, demandando en juicio declarativo a Don José Sastraño Bela-val, vecino de Ponce, para que le pagase la cantidad de $2,000, en concepto de indemnización de los daños y perjuicios que le causara en las casas de su propiedad, con motivo de recons-truir el demandado una casa contigua a aquéllas, sin que hasta ahora le haya indemnizado de dichos daños y perjuicios, ascen-dentes a la referida cantidad de $2,000, a cuyo pago, con las costas, suplicó que se le condenase, expidiéndose cédula de emplazamiento para la citación y emplazamiento de aquél.

      Resultando: que citado y emplazado Don José Sastraño Belaval para que en el término de veinte días compareciese y contestase la demanda, acudió a la Corte de Distrito' de Ponce, pidiéndole que dirigiera requerimiento de inhibición al ele San Juan, pues en la demanda se ejercitaba una acción personal, y aquella ciudad era el domicilio del exponente; cpie citó la regla primera del artículo 62 de la Ley de Enjuicia-miento (*) Civil, con arreglo al cual el pago ha de ejecutarse en el lugar designado en la obligación, o en otro caso, en el del domicilio del deudor, no existiendo en el presente la desig-nación a que se refiere dicho artículo.

      Resultando: que estando conforme el Fiscal con la pro-cedencia del requerimiento, lo acordó el tribunal por auto de 21 de julio de 1902, por considerar que, tratándose en la demanda establecida por Don Manuel Egozcue contra Don José Sastraño Belaval, del ejercicio de una acción de carác-ter puramente personal y teniendo el demandado su vecindad en Ponce y no habiéndose sometido en dicho asunto a juris-dicción extraña, era competente el Tribunal del Distrito de Ponce para conocer de él.

      Resultando: que el actor se opnso a la inhibición, expo-niendo que, siendo el objeto del juicio, obtener el pago como indemnización de daños y perjuicios causados en fincas urba-nas de su propiedad, radicadas en la capital, y habiéndose declarado por diversas resoluciones, entre ellas, las senten-cias del Tribunal Supremo de España de 31 de marzo, 5 de mayo y 15 de diciembre de 1869, que. esta clase de deman-das, por su naturaleza, participan del doble carácter de real y personal, viniendo a ser, por tanto, una acción mixta la que ejercitaba, y era claro que era potestativo del deman-dante elegir el tribunal del demandado o el del lugar donde se hallaban las cosas sobre que versaba la controversia, según lo disponía la regla 4a. del artículo 62 de la Ley de Enjuicia-miento Civil; haciendo referencia a varias cartas, que dice haber recibido del .Señor Belaval, en las que éste le ofreció venir a San Juan para reparar aquí — ya indemnizando, ya haciendo las obras de reparación necesarias — los perjuicios que reconocía haber causado, con lo cual (según dice él) queda demostrado que en San Juan y no en Ponce, debe repararse el perjuicio; y haciendo finalmente varias citas de senten-cias del Tribunal Supremo de España en apoyo de esta pretensión. (*)

      Resultando: que el Tribunal de Distrito de San Juan, oído el Fiscal, que emitió dictamen de conformidad con lo solici-tado por el demandante, sostuvo su competencia por auto de 30 de agosto de 1902, fundado en los artículos 62, 90, 93 y 94 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España; y en que la obligación que se exigía había nacido en San Juan, por ser éste el lugar en donde se habían causado los daños y perjuicios, objeto de la reclamación y que allí debía cumplirse dicha obligación.

      Resultando: que comunicada esta resolución al tribunal requirente, éste por auto de 18 de septiembre de 1902, desis-tió de la inhibitoria propuesta, considerando para ello que, desprendiéndose de las actuaciones practicadas en el expe-diente de referencia, que la obligación ejercitada en los autos, objeto de la cuestión que se ventilaba, babía nacido en la ciudad de San Juan, por virtud de daños y perjuicios, era de aceptarse la competencia del tribunal de aquel distrito para el conocimiento de la demanda, respetando así la disposición del artículo 62, regla Ia. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      Resultando: que contra el citado auto se ha interpuesto por la representación de Don José Sastraño Belaval, recurso de casación, hoy de apelación, por infracción de ley, que le fué admitido por el Tribunal de Distrito de Ponce, por auto de 28 de octubre de 1902.

      Resultando: que entablada así la presente cuestión de competencia, la Corte de Distrito de Ponce admitió la apela-ción y elevó las actuaciones para la resolución correspondiente a este Tribunal Supremo, en el que se ha dado a los autos la debida tramitación, oyendo al Fiscal.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo Acuña.

    Abogado del apelado: Sr. A. Alvares Nava.

   El Juez Asociado Se. MacLeaR?,

después, de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que si bien la obligación que se reclama en (*) la demanda de que se trata, nace de daños y perjuicios causados en fincas urbanas, y por lo tanto, en bienes raíces, no por eso la acción que se ejercita en dicha demanda deja de ser de carácter puramente personal, y puesto que para que fuera mixta, como pretende el demandante, sería necesario que dicha demanda hubiese sido entablada, no solamente para la reclamación de los daños y perjuicios causados en dichas fincas urbanas, sino también para la recuperación de esas mismas fincas, pues sólo así, la acción que se ejercita, tendría el doble carácter de real y personal, y por lo tanto, de mixta, según la definición que del término “acción mixta,” dan los bien conocidos Diccionarios de Leyes de Bouvier y de Black.

Considerando: que según las definiciones de los lexicó-grafos y la jurisprudencia de España y de América, se verá que aunque la reclamación de daños y perjuicios puede ori-ginarse de un daño causado a bienes raíces, esto no convierte la demanda entablada con tal motivo en una demanda mixta; una demanda mixta, hablando estrictamente, siendo una com-binación de una reclamación real y otra personal en un mismo proceso, la distinción se refiere más bien a la forma que no al origen del litigio.

Considerando: que en el apartado Io. del artículo 62 de l'a Ley de Enjuiciamiento Civil, se dispone que en los juicios, en que se ejercitan acciones personales, es juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, a' elección del demandante, el del domicilio del deman-dado o el del lugar del contrato, si bailándose en él, aunque accidentalmente pudiera hacerse el emplazamiento.

Considerando: que en el presente caso, no hay cuestión de contrato, y que con tal motivo, queda eliminada esa fase de la aplicación de la ley de referencia; y la acción, siendo puramente personal y quedando entonces el domicilio del de-mandado como el lugar en donde debe entablarse esta de-manda, conforme a lo prevenido en el artículo 1171 del (*) Código Civil, y la regla Ia. del artículo 62 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil.

Considerando: que el demandado tiene su domicilio en la ciudad de Ponce, y que consta en los .autos, que no se ha sometido en dicho asunto, a jurisdicción extraña.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos correspon-der el conocimiento de la mencionada- demanda, formulada por Don Manuel Egozcue y Cintrón, a la Corte de Distrito de Ponce, a la que, con la oportuna certificación, se remitan, a los efectos procedentes, todas las actuaciones elevadas á este Tribunal Supremo, con motivo de la presente compé-tencia; comunicándose esta resolución a la Corte de Distrito de San Juan, y siendo las costas de cuenta respectiva de las partes.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacber no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Hehnández

text:
    El Pueblo v. López.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 46.
    Resuelto en febrero 27, 1904.
    Pliego de Excepciones — Acta del Juicio. — Si no se hubiere presentado pliego de excepciones y el acta del juicio apareciere en los autos firmada por todos los jueces que intervinieron en el juicio, por el Fiscal y por el letrado de-fensor del reo, y contuviere las declaraciones testificales y demás pruebas practicadas en el juicio, dicha acta es un' documento fehaciente que puede servir de base para discutir los fundamentos de una apelación.
    Extorsión — Funcionario Público. — Un funcionario público que valiéndose de su capacidad oficial, sacare dinero a otra persona por medio de amenaza que al efecto le hiciere de denunciarle por la supuesta comisión de un delito, es culpable de extorsión.
    Sentencia — Acusado.—Las advertencias a que se refiere el artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal deberán hacerse al acusado antes del pronuncia-miento de la sentencia. (*)
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hehnández

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El caso sometido a la decisión de esta Corte Suprema es un recurso de apelación interpuesto por José López G-aztam-bide contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce que le condena como autor del delito grave de extorsión, com-prendido en el artículo 458 del Código Penal, a la pena de un año de presidio con trabajos forzados, que deberá extin-guir en el Departamental de la Isla y al pago de las costas causadas en el juicio. El apelante fné acusado en dos de mayo del año próximo pasado por el Fiscal de Distrito de Pónce por el delito de que se deja hecho mérito, cometido del modo siguiente: “Una noche, que no se determina, del mes de septiembre de 1902, se produjo incendio en la casa de co-mercio de Don José N. Peñas, del pueblo de Yauco, de este distrito judicial, donde se personó el acusado José López Gaztambide, Teniente de la Polícia Insular y Jefe de la fuerza •de aquel Departamento, y procedió a instrnir atestado en averiguación del hecho, trasladándose después a la casa de Peñas, a quien ilegalmente amenazó de envolverle en un pro-ceso criminal, si no le daba $50, suma que rebajó a $25, y como Peñas no pudiera darle dinero, exigió del mismo un pa-garé, tomando además, como garantía del pago, un reloj cón su leontina de oro. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista, y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Bico.”

Al celebrarse el juicio oral ante la Corte de Distrito de Ponce, entre otros testigos de la acusación y de la defensa, declararon José Natividad Peñas, Luis Antonio Dastas, José Sanabria, Arturo Irizarry, Don Juan Boig y Andrés García, de los cuales el primero dice: que con motivo de un conato de incendio que hubo en su establecimiento comercial, se per-sonó (*) en su casa el entonces teniente de la Policía Insular, José López Gaztambide, quien le participó que había llegado con el fin de levantar atestado contra el declarante, por dicho incendio, lo que no haría si le daba $50, pero como no los tenía, convino con el acusado en darle $25 en un vale pagaré que se extendió a favor del Guardia Sanabria, que acompa-ñaba al acusado, habiéndose apoderado éste de un reloj de oro que el testigo tenía sobre el escritorio en garantía de dicho documento; el segundo, o sea Dastas, refiere que encon-trándose de visita en la casa de Peñas, y en la habitación en donde éste estaba enfermo, se presentó el Teniente López •Gaztambide, a quien dejó solo con Peñas, quien después de haberse retirado Gaztambide, le explicó que éste le había exigido dinero y se había llevado un reloj de oro como garan-tía del importe del vale-que se había extendido, cuyo reloj de oro había visto el declarante sobre el escritorio de Peñas antes de entrar Gaztambide en la habitación y no lo vió des-pués de haberse marchado Gaztambide; el tercero, o sea Sanabria, depone que habiendo ido como Policía Insular con varios guardias más y el Teniente López Gaztambide a la casa de Peñas con motivo de un conato de incendio allí ocu-rrido, penetró Gaztambide en la referida casa y poco des-pués llamó al testigo, entregándole un reloj de oro y un vale que había de guardar hasta que Peñas le pagara el importe del vale, agregando que recibió orden de no devolver el reloj a Peñas, mientras éste no abonara $50, o sea $25 importe del vale, y otros $25 más; el cuarto, o sea Irizarry, dice: que siendo Policía Insular fué con otros guardias y el Teniente López Gaztambide a la casa de Peñas, con motivo de un co-nato de incendio, y por manifestación que le hiciera más tarde su compañero Sanabria, se enteró del vale de $25 y del reloj de oro que el mismo Sanabria le mostró; el quinto, o sea, Roig, manifiesta que era juez de paz de Tauco y recibió un anó-nimo en que, entre otras (*) cosas, se le revelaba que en una casa de préstamos de Ponce se había empeñado un reloj por un Policía Insular, y habiéndose trasladado a dicha ciudad, practicó en unión del jefe de policía municipal las diligencias consiguientes, las que dieron por resultado el hallazgo del reloj en un establecimiento de préstamos situado en la Calle de la Marina; y el sexto, o sea, García, refiere que hizo un viaje con Gaztambide desde Guayanilla a Ponce, si mal no recuerda, en el mes de abril, y ya ambos en la Calle de la Marina, frente a un establecimiento de préstamos, le entregó Gaztambide un reloj de oro y leontina para su empeño, como ’ así lo verificó. Además de otros documentos de que no es necesario hacer mérito especial, se trajo al juicio él talón de empeño expedido, a nombre de Andrés García, por un reloj de oro con leontina del mismo metal, enyo doenmento lleva fecha 13 de agosto de 1902. Ninguno de los testigos de des-cargo declara que López Gaztambide dejara de ejecutar el hecho de que se le acusa, ni contradice de modo abierto el mérito de las declaraciones anteriores.

Terminadas las pruebas, el Fiscal solicitó se declarara convicto a López Gaztambide del delito de que había sido acusado, y el. Letrado defensor del mismo pidió se dictara veredicto de inculpabilidad, después de lo cual, antes de dic-tarse el fallo, se hicieron al reo las prevenciones del artí-culo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal, habiendo alegado que era inocente. El tribunal, por unanimidad, pro-nunció sentencia condenatoria en los términos ya expuestos, y contra esa sentencia, la defensa del acusado, sin presentar pliego de excepciones, interpuso recurso de apelación que le fué admitido y que ha sido impugnado por el Fiscal en esta Corte Suprema.

En el escrito interponiendo el recurso no se exponen los fundamentos del mismo, pero el Letrado defensor de López Gaztambide en esta Corte Suprema, alega, como motivos, los siguientes: (*)

1. Que no se ha justificado que López Gaztambide ame-nazara a Peñas con envolverle en un procedimiento criminal, ni que recibiera un vale de $25, y un reloj de oro con cadena del mismo metal, ni que el vale, reloj y cadena fuesen de Peñas, ni que tales prendas hubieran sido empeñadas por y para el Teniente López Gaztambide. 2. Que aun estimando justificados los hechos, no caen de lleno dentro del artículo 458, ni aún del 459 del Código Penal. 3. Que el veredicto es contrario a derecho por no haber recaído con las adverten-cias a que se refiere el artículo 318 del Código de Enjuicia-miento Criminal. Aunque no se ha presentado pliego de excepciones, como el acta del juicio aparece firmada por todos los jueces que intervinieron en el juicio, por el Fiscal y por el letrado defensor del reo, dicha acta, en que fueron consig-nadas las declaraciones de los testigos y demás pruebas prac-ticadas, es nn documento fehaciente, que puede servir de base a esta Corte Suprema para considerar y discutir los fun-damentos del recurso. Las declaraciones de cargo consigna-das en esa acta están tan íntimamente relacionadas entre sí, tanto se robustece el mérito de unas con el de otras, que no ■ cabe duda racional sobre la existencia de los hechos de que fué acusado López G-aztambide. Tales hechos brindan todos los elementos que integran el delito grave de extor-sión, tal como se define y castiga por el artículo 458 del Código Penal, pues Gaztambide obtuvo dinero y alhajas de Don José N. Peñas, con amenaza de envolverle en un procedimiento criminal, amenaza que entraña la imputación de un delito y que no pudo menos que producir en Peñas el temor gene-rador de la extorsión, máxime tratándose de un funcionario •como José López Gaztambide, teniente entonces del cuerpo de la Policía Insular. Difícilmente podría obtenerse prueba más concluyente, tratándose, como se trata, de un delito en que, por su propia índole, suelen ponerse en juego todos los ardides que la suspicacia aconseja para impedir su descubri-miento y comprobación.(*) Ha tenido, pues, debida aplica-ción el artículo 458 del Código'Penal en su relación con los 456 y 457 del mismo código;- y lejos de haber sido infringido •el 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal, también ha sido complido por la Corte de Distrito de Ponce, pues del acta del juicio consta que antes de dictarse la sentencia se hicieron al acusado las prevenciones de dicho artículo. De-ben, pues, desestimarse los fundamentos en que descansa •el recurso, y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Figueras y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de-esta causa.


author: El Juez Asociado .Se. MacLbaey

text:
    El Pueblo v. Bird.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 52.
    Resuelto en febrero 27, 1904.
    Casación. — En el escrito interponiendo recurso de casación, deberán citarse con precisión y claridad el artículo de la ley que lo autorice y las leyes que se supongan infringidas.
    Calumnias e Injurias a la Autoridad. — Cuando las expresiones contenidas en un artículo publicado en un periódico tiendan a calumniar, injuriar e insultar a los jueces de un tribunal, se comete el delito de calumnia e injurias a la autoridad, previsto en el artículo 265 del antiguo Código Penal.
    Responsabilidad Criminal. — La circunstancia de que los hechos cometidos por el acusado envuelvan la comisión de otro delito castigado con una pena menor, no es motivo para que se le absuelva del delito imputádole.
    Juicio por Jurado — Felony y Misdemeanor — Libelo.—El juicio por jurado sólo puede concederse en casos de felony y sus beneficios no se han hecho extensi-vos a causas por libelos o por cualquier otro misdemeanor.

    Id.- — Si el juieio por jurado no se solicitare en tiempo oportuno, se entenderá que el acusado renuncia a él.
    Apelación — Sentencia—Errores o Defectos de Carácter Técnico. — Al dictar sentencia el tribunal no debe prestar consideración alguna a errores (*) o defectos de carácter técnico, que no afecten los derechos substanciales del acusado.
    Casación por Quebrantamiento de Forma. — Los errores de procedimiento que pueden dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, són errores de carácter substancial y dicho recurso sólo procede en los casos enumerados en los artículos 911 y 912 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal.
    Circunstancias Agravantes. — Constituye circunstancia agravante, según el anti-guo Código Penal, la realización del delito por medio de la imprenta.
    Apelación — Errores de Procedimiento — Excepciones.—Los errores de procedi-miento que no hubieren sido objeto de excepción en su oportunidad, no pueden ser discutidos en la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    Ahogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado .Se. MacLbaey

emitió la opinión del tribunal.

En el día 13 de febrero de 1902, en el San Juan News, un periódico que se publica en la capital de Puerto Pico,. y del cual Hobart S. Bird está designado en el mismo como editor y director, apareció el siguiente editorial principal:

“el INCIDENTE DE PALMER.
“En esta edición publicamos una carta abierta de Don Santiago Palmer, distinguido y respetado notario y abogado, en la que demues-tra la vil y cobarde manera con que el Tribunal de Distrito de San Juan quiso utilizar sus facultades públicas para manchar el honor y la reputación de un ciudadano de- carácter tan íntrego y elevado como el de Santiago Palmer.
“Para los Puertorriqueños, la reputación del hombre que fué tan injustamente atacado y la del presidente del tribunal del distrito, Ramos, el principal promotor e inspirador de todas las iniquidades tramadas y puestas en práctica por aquel tribunal, son bien conoci-das, pero los americanos y extranjeros no pueden tan fácilmente dis-tinguir lo bueno y lo malo entre la muchedumbre puertorriqueña.
“Por esta razón es que se hace necesario, como dice acertada-mente el Sr. Palmer, que se practique una investigación acerca de la ignominiosa conducta del tribunal de distrito, al dictar contra (*) aquél sentencia condenatoria por el delito de imprudencia temeraria, y cuya sentencia ha sido revocada por el Tribunal Supremo.
“Tenemos jueces en los tribunales, tan repletos de animosidad política, tan ciegos y de instintos tan perversos para aniquilar a los de contrarias opiniones, y estimular a sus correligionarios, que nin-gún sacrificio de la justicia, de la ley o del derecho, es suficientemente grande para detenerles en la ejecución de sus nefandos propósitos.
“Pónganse ustedes a recapacitar, honrados lectores, acerca de los fines con que estos irredimidos tunantes se habían puesto en conni-vencia. Ellos, funcionarios republicanos, que ocupan altos, puestos de confianza, que no solamente son corruptos en su vida pública, sino inmorales e indecentes en su vida privada, se atreven acusar como delincuente y sentenciar a un ciudadano que está muy por encima de ellos, toda vez que su conducta queda libre de todo reproche.
“Véase el motivo por qué su buen nombre fué echado a correr. Resulta que dicho caballero en sus funciones de notario, certificó que cierto documento había sido firmado en su presencia, lo cual fué cierto. Más tarde se vino en conocimiento de que los nombres de las personas que aparecían firmando el documento eran - supuestos, pues aquéllas no dieron al notario su verdadero nombre. Con un pretesto tan trivial como éste, se procesó al notario, el tribunal le juzgó por ‘imprudencia temeraria’ y por ello le sentenció a cumplir condena en la cárcel.
“Valiéndose de esta acusación inmotivada, y como en son de gue-rra, los mismos republicanos que no podrían igualarse al acusado, se aproximan a la Mansión Ejecutiva y deploran ante el Gobernador y otros oficiales que existieran tales escándalos.
“Por supuesto, que establecida la apelación, fué sobresída la causa y el Sr. Palmer declarado inocente. Así, pues, la única manera de que estos sucesos ignominiosos no puedan repetirse, es la de reno-var completamente el sistema judicial, separando de sus puestos a hombres como Ramos y Rossy, en particular.”

Competentes funcionarios procedieron inmediatamente a la demanda del editor y director de dicho periódico, por motivo de la citada publicación, bajo el Código Penal Espa-ñol, entonces vigente, designando la ofensa “injurias y ca-lumnias. ’ ’

Después de la investigación usual ante el juez municipal, (*) el Fiscal de la corte de distrito, en 8 de marzo de 1902, presentó una acusación formal contra el demandado, que en el Código se llama, “acusación provisional.”

La Corte de Distrito de San Juan, contra la cual fué diri-gido dicho artículo editorial, se componía, en el tiempo de la citada publicación, del Hon. Juan R. Damos, Hon. Juan Morera y Martínez y Hon. José R. F. Savage. Después, el Juez Savage renunció, y'los Jueces Ramos y Morera decli-naron conocer de la causa, alegando que tenían cierto interés en el resultado de la misma. El Hon. Henry F. Hord fué nombrado para sustituir al Juez Savage, y tomó posesión del destino en mayo de 1902, encargándose de dicha causa. El Juez Ramos renunció después, y el Hon. Juan J. Perea fué nombrado para sustituirlo. El Hon. Juan Hernández López fué nombrado juez especial para desempeñar el cargo del Juez Morera, quien se consideró inhabilitado.

La vista tuvo lugar en el día 18 de septiembre de 1902, y después de debida consideración, la corte sentenció al acu-sado como autor del delito de injurias a la autoridad reali-zado por medio de la imprenta, a la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor, para ser extinguida en la cárcel pública de la ciudad de San Juan, suspensión de todo cargo y derecho del sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas.

Contra esta sentencia el demandado interpuso recurso de casación para ante la Corte Suprema de Puerto Rico, y en el día 15 de junio de 1903, después de mucha discusión por parte de los abogados, pro y contra, esta corte dictó sen-tencia revocando la del tribunal de distrito, reenviando la causa al mismo para nuevo juicio. La decisión de la Corte Suprema fué fundada en las irregularidades del procedi-miento, sosteniendo, tres de los jueces, que el hecho de no haber notificado al demandado el nombramiento del juez especial, Sr. Hernández López, era una infracción de ley de suficiente gravedad para hacer nula la sentencia, y soste-niendo (*) dos de ellos que el juez especial Sr. Hernández López, no había sido propiamente nombrado, por no haberse hecho el nombramiento por el Gobernador y confirmado por el Consejo Ejecutivo, y que por ese motivo la sentencia era irregular, debiendo revocarse la misma, pero estando todos de acuerdo en -reenviar el caso a la corte de distrito, para nuevo juicio, de acuerdo con la ley.

Cuando se celebró el nuevo juicio en la corte de distrito, dicho cuerpo se componía del Hon. Juan Morera Martínez, el Hon. Prank H. Richmond y el Hon. José Tous Soto. Re-cusándose otra vez el Juez Morera, el Sr. Angel García y Veve, juez especial de distrito debidamente constituido en virtud de su nombramiento por el Gobernador como tal, ocupó dicho sitio para el juicio de la causa.

Por providencia del día primero de octubre de 1903, se ordenó que el demandado fuera citado para que compare-ciera ante la corte a contestar la acusación presentada contra él y para señalar día para la vista. En esta providencia se expuso que desde el primero de julio de 1902 había estado-' vigente una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero' aparece que ninguna tramitación se lia hecho de acuerdo con aquella ley, excepto la acusación, la alegación de inculpabili-dad y el haberse señalado día para la vista, que son sustan-cialmente los mismos procedimientos empleados, de acuerdo con la Ley ele Enjuiciamiento Criminal anterior y Orden General No. 228 de 23 de diciembre de 1899.

La providencia referida, con la omisión de las palabras preliminares y las firmas, a la letra dice así:

“Resultando: que el Tribunal Supremo anuló la sentencia decre-tada en esta causa y’todo lo actuado desde la acusación Fiscal y ordenó que se celebrara nuevo juicio con arreglo a la ley.
“Resultando: que hoy está vigente desde el 1 de julio de 1902, y después de la instrucción de esta causa, una nueva ley procesal.
“Cítese al acusado, Hobart S. Bird, para que comparezca ante el tribunal el día 12 del corriente a las 9 de la mañana y oiga la (*) acusación fiscal (antes conclusiones provisionales) ,y conteste dicha acusación con arreglo al Código de Enjuiciamiento Criminal vigente y para señalar día para el juicio.”

De consiguiente el demandado compareció, le fue leída la acusación, rehusó que se le nombrara abogado y alegó su incul-pabilidad y se señaló el día 20 del citado octubre, o sea ocho-días después para el juicio.

En el día 19 del propio octubre, el Sr. Don Juan de Guzman Benitez compareció como abogado defensor del deman-dado Bird y presentó una alegación en su favor en forma de moción, reclamando juicio por jurado y exponiendo ra-zones por las cuales el,demandado no había pedido el jurado, según los requisitos del estatuto en el mismo día o antes de-leérsele la acusación. En el día 20 de octubre la corte tomó en consideración este alegato del demandado y todos los esta-tutos a que se refiere, y el mismo se desestimó en todas sus partes. Entonces el demandado presentó una moción pi-diendo que se anulase la acusación, que a su vez fué deses-timada por la corte y se procedió a la celebración del juicio, •ofreciendo el Fiscal evidencia para probar la acusación. El demandado no ofreció prueba alguna en favo'r suyo y la corte procedió de acuerdo con el antiguo Código a la votación en la causa, declarando al demandado culpable de acuerdo con la acusación, sentenciándolo a dos meses y un día de arresto mayor, según pidió el Fiscal, y al pago de todas las costas.

Como esta pena es menor que la impuesta por la corte en el primer juicio, es de observarse que en el primer juicio, en la corte de distrito, el demandado fué convicto y senten-ciado a cuatro meses y un día de arresto mayor, compa-reciendo el acusado privado y pidiendo a la corte que se aumentara el castigo pedido por el Fiscal en su acusación provisional. En el segundo juicio no compareció el acusador privado, y el juicio fué celebrado y concluido de acuerdo solamente con la acusación provisional del Fiscal, que sola-mente (*) pidió la pena de dos meses y un día. El aumento ;se hizo en el primer juicio por circunstancias agravantes que .no aparecen haber sido alegadas en el segundo juicio. La pena parece haber sido bien leve y tan moderada como podría ■esperar un hombre culpable. No se alega ninguna exage-ración con respecto a la misma.

Contra esta sentencia de la corte de distrito, el deman-dado Bird interpuso en debida forma recurso de apelación por quebrantamiento de forma, para ante este tribunal, en 24 de octubre de 1903. El abogado defensor funda su apela-ción en el segundo párrafo del artículo 912 del Código de Enjuiciamiento Criminal Español, alegando que el tribunal de distrito en su sentencia, no había decidido todos los extre-mos que se habían alegado en su favor: Además alegó infrac-ción de ley, fundándose en el primer párrafo del artículo .'848, el primer párrafo del artículo 849, el artículo 850, y el último párrafo del artículo 853, en relación con el párrafo :8 del artículo 848, respecto a la providencia dictada por la corte en su primera moción presentada en favor del deman-dado en el juicio oral, preceptos todos del Código de Enjui-ciamiento Criminal.

Dichos artículos admiten recurso contra sentencias firmes cuando el tribunal baya cometido un error en la calificación del delito y mencionan otras materias que no se relacionan con el presente- caso y que después fueron abandonadas por el alegato presentado en esta corte. Parece-haber sido la costumbre en los asuntos de casación, mencionar todas las secciones de la ley que de manera alguna pudieran relacio-narse con el asunto por buena precaución, en vista de la regia contenida en los estatutos que prescribe que si no se especifica el título y la sección del estatuto que hayan sido infringidos, la corte desatendería el error que se alegase. Yéase el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, artí-culo 874. Parece que se ha seguido esta antigua costumbre al interponer el presente recurso de apelación.(*)

En el intervalo se promovió procedimiento de habeas corpus, partiendo del fundamento de que al demandado le fué denegado recurso de apelación, no habiendo sido convicto de felony y que fué enviado inmediatamente a la cárcel. En vista de la causa de habeas corpus el demandado fué liber-tado por orden de esta corte, puesto que tenía el derecho de interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada por la corte de distrito, en dicho caso, a pesar de que era solamente un misdemeanor, en vista de que la nueva ley, que no da lugar a recursos en casos de misdemeanor, que fué establecida por la Asamblea Legislativa de 1 de marzo de 1902, y designado “El Código de Enjuiciamiento Criminal,” no era aplicable a actos cometidos con anterioridad a la misma, con perjuicio a cualesquiera de los derechos sustanciales del de-mandado. Por consiguiente el recurso fué admitido.

En el día 23 de noviembre, de 1903, los autos en el caso fueron elevados de la corte de distrito al Tribunal Supremo, y en 30 del mismo mes, el recurrente compareció mediante su abogado el Sr. Juan de Gruzmán Benitez. El Pueblo de Puerto Rico también fué representado por el Ministerio Fiscal. En 14 de diciembre de 1903, el abogado defensor del recurrente presentó un alegato a favor de su representado consignando detenidamente los fundamentos en que basa el recurso de apelación, los que son sustancialmente como sigue:

“1. Que las frases del artículo publicado en el periódico del cual se queja, no constituyen el delito prescrito y castigado en el artículo 265 del antiguo Código Penal, es decir, de calumnia, injuria e insulto a la autoridad pública, a saber: la Corte de Distrito de San Juan, como se alega en la acusación del Fiscal y en la sentencia de la corte.
“2. Que la corte de distrito incurrió en error al negarle al deman-dado un juicio por jurado en cumplimiento de su demanda hecha por su abogado defensor en 19 de octubre.”

Estos son los únicos fundamentos alegados por el deman-dado y por lo que pide se revoque la sentencia. De lo que (*) contienen los autos no aparece que ningún otro derecho que solicitara el procesado, o que él podría utilizar, le fué dene-gado, ni con arreglo a la antigua ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de acuerdo con la actual.

El artículo 265 del antiguo Código Penal bajo el cual fué procesado, a la letra dice:

“Los que, hallándose un ministro de la Corona o una autoridad en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de éstas, los calumnia-ren, injuriaren, insultaren de hecho o de palabra, fuera de su pre-sencia o en escrito, que no estuviera a ellos dirigido, serán castigados con la pena de arresto mayor.”

Ciertamente se cometió el delito que el estatuto se propo-nía corregir, y es bien claro que el objeto del artículo inju-rioso fué arrojar el descrédito sobre la corte, poniéndola en evidencia ante el pueblo sobre cuyos derechos y libertades ella tiene que juzgar, y tendiendo de este modo a debilitar su autoridad. Es difícil entender de qué modo una persona razonable, que no esté interesada, puede leer el artículo editorial del cual se hace queja, sin encontrar que cae bajo las prescripciones de este estatuto. Véase el caso de Miguel Vives Deyá, decidido en 23 de mayo de 1895, y del cual se hace rela-ción en 54 Jurisprudencia Criminal, p. 615. Ciertamente las expresiones contenidas en dicho artículo tienen por objeto calumniar, injuriar e insultar a los jueces de la Corte de Dis-trito de San Juan, y el-hecho de que el citado artículo se refiere a una carta que aparece en el citado periódico de la misma fecha, no disminuye de manera alguna su carácter ofensivo. Los cargos no son tampoco de carácter tan general que puedan considerarse fuera de los términos del estatuto. Es posible que la ofensa imputada al procesado también in-cluya la falta de respeto y consideración debida a la autoridad, según se consigna en el párrafo 5 del artículo 597 del mismo código, por el cual se prescribe una pena más ligera, pero eso no altera la criminalidad del hecho del cual se acusa al (*) procesado. Bien puede considerarse culpable del delito y de la falta penados por la ley, aunque solamente puede ser con-victo del que se le acusa. De la misma manera el delito de asesinato incluye un asalto simple, pero nadie por esa razón puede reclamar el derecho de ser procesado por la menor y exonerado de la ofensa mayor.

En cuanto a habérsele denegado al demandado un juicio por jurado, basta decir que bajo la ley de jurados solamente aquellos felonies que se castigan con la pena de muerte o de presidio, pueden ser juzgados por jurado. Nadie tiene el de-recho de ser juzgado por jurado cuando solamente se trata de un misdemeanor y el mero hecho que la sección 246 del nuevo Código Penal y la 264 del nuevo Código de Enjuicia-miento Criminal, especifican que en todo caso de libelo el jurado determinará la ley y el derecho, no se opone a la ley anterior, ni aun siquiera la contradice, porque ahí solamente se dice que cuando se provee el jurado en un caso de libelo, el mismo tendrá “el derecho de determinar la ley y el de-recho.” Los beneficios de la ley de jurados no se han ex-tendido a los casos de libelo, o a ningún otro misdemeanor. En el caso de que este delito se calificara como nn felony, entonces tales cansas se podrían juzgar ante jurados. Pero en la actualidad, la circunstancia que bajo el Código Penal los libelos no son felonies impide que tenga juicio por jurado un procesado que se acusa de libelo. Es por esta y otras razones, innecesario discutir la cuestión de si columnia, injuria e insulto son términos en el antiguo código, que corresponden a libelo en el código moderno. Pero existe una gran diferencia entre los delitos que sería fácil de demostrar si la cuestión se dis-cutiera.

Además, muy bien se ha dicho en argumento por el Fiscal, que aun si el demandado hubiera tenido derecho al jurado, lo. abandonó y perdió su oportunidad de pedirlo, por no insistir al debido tiempo. Sin embargo, de la vista que (*) tomamos del caso, ni este hecho, ni el argumento que se funda en el mismo, es material.

El deber de esta corte en el juicio de recursos criminales, bajo la ley moderna, está consignado en la sección 362 del nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, que a la letra dice así:

“Sección 362. Después de celebrada la vista de la apelación, la Corte Suprema debe dictar sentencia sin parar mientes en los errores o defectos técnicos o de forma, o en excepciones que no afecten los derechos sustanciales de las partes.”

Esta sección es idéntica con la 1258 del Código Penal de California, que ha sido interpretada en numerosos casos por el Tribunal Supremo de dicho Estado. En el caso del Pueblo v. Turley, 50 Cal., 471, la Corte Suprema de aquel Estado, al interpretar la mencionada sección, emplea las siguientes expresiones:

“A la verdad, después de considerar atentamente el ingenioso argumento presentado a favor del detenido, nos vemos en la impo-sibilidad de descubrir razón alguna por la cual deberíamos alterar la. sentencia dictada en la corte inferior en este caso. Por las disposi-ciones del Código Penal (sección 1258) estamos obligados a dictar-sentencia sin atención a errores o defectos técnicos o excepciones, que-no afectan los derechos sustanciales de las partes. Estamos seguros que en el juicio celebrado no se ha denegado ningún derecho sustan-cial del detenido.” . . ;¡

Un error de procedimiento cometido por el tribunal sen-tenciador no justifica la revocación de la sentencia, a no. ser. que el mismo perjudique los derechos sustanciales del deman-dado, e incumbe al acusado probar tal perjuicio. Pueblo v. Murback, 64 Cal., 370; Bernert ex parte, 62 Cal., 528; Pueblo v. Smith, 59 Cal., 608; Pueblo v. Nelson, 56 Cal., 82; Pueblo v. Turley, 50 Cal., 471; Pueblo v. Brotherton, 47 Cal., 404.(*)

Y además, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal Es-pañola que estaba vigente, en cuanto a todo beebo cometido-con anterioridad al día 1 de julio de 1902, los errores o defec-tos en el procedimiento podrán dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma y dichos errores están taxati-vamente comprendidos en los artículos 911 y 912 de dicha ley, bastando su simple lectura para comprender que tales errores-habían de ser sustanciales, como la denegatoria de diligencias, de pruebas o la falta de citación para el juicio, en cuyos casos pueden sintetizarse todos los enumerados en el artículo 9117 mereciendo igual calificación de sustanciales los del artículo» siguiente, y que el recurso de casación por quebrantamiento de forma sólo procedía en los casos que mencionan los dos artículos citados, lo declaró el Tribunal Supremo de Madrid, entre otras sentencias, en la de Eamón Alvarez Lorenzo, dic-tada en 22 de marzo de 1895, 54 Jurisprudencia Criminal, 620. Por consiguiente, la jurisprudencia americana y la española están en su esencia conformes.

Por lo tanto, siguiendo el antiguo Código de Enjuicia-miento Criminal, bajo el cual este caso propiamente está con-siderado, habiéndose cometido la ofensa con anterioridad aí 1 de julio de 1902, no se podría considerar nada a favor del recurrente, sino los dos extremos consignados en el alegato presentado por su abogado defensor en esta corte, en 14 de diciembre de 1903 que anteriormente se lian consignado en la presente.

El artículo 874 del Código de Enjuiciamiento Criminal Español, en su primer párrafo, a la letra dice así:

“Este recurso se interpondrá en escrito firmado por abogado y procurador autorizado con poder bastante, sin que en ningún caso pueda admitirse la protesta de presentarlo, y en dicho escrito se con-signarán en párrafos numerados, con la mayor concisión y claridad, sus fundamentos y se citarán el artículo de la ley que lo autorice y las leyes que se supongan infringidas.” (*)

Bajo este artículo es claro que el Tribunal Supremo queda limitado a los fundamentos del recurso que cite el demandado, y éstos se ban considerado cuidadosamente en la anterior discusión.

Pero no importa que este caso se considere bajo la antigua ley de procedimiento, o bajo el código actual; el resultado viene a ser el mismo. El demandado no tiene fundamento sostenible sobre el cual pueda basarse la revocación de la sentencia.

Ninguna persona razonable puede leer los autos en el pre-sente caso y tener la menor duda de la culpabilidad del pro-cesado. Hasta aliora toda discusión ba sido solamente en cuanto a las cuestiones de forma. Es verdad que éstas son materias importantes, y todo acusado tiene el derecho de in-sistir en ellas, como ba becbo el recurrente. Pero será bien -observar, con relación al asunto, que el recurrente en el pre-sente caso ba sido juzgado dos veces por la corte de distrito, y sucede que dieba corte, en ambas ocasiones, fué compuesta de tres magistrados distintos. Fué declarado culpable en ambos juicios, y en el primero fué sentenciado a cuatro meses y un día de arresto mayor, y en el segundo fué sentenciado a dos meses y un día.’ La primera sentencia fné revocada por el Tribunal .Supremo solamente por motivos técnicos, estando de acuerdo los cinco jueces del mismo y el presente caso, en grado de apelación, está otra vez pendiente de la resolución de este tribunal sobre una cuestión semejante. En la presente causa el reo se ba sentenciado, por ser culpable del delito de injurias y calumnias definido en el artículo 265 del Código Penal Español, a la pena de arresto mayor, cuya duración es de un mes y un día a seis meses, según el artículo 27; y como realizó el delito por medio de la imprenta, lo que en el caso de que se trata constituye una circunstancia agra-vante de responsabilidad criminal, comprendida en el número 6 del artículo 10, es claro que la pena ba debido imponerse al acusado en su grado máximo, con (*) arreglo a la disposición 3a. del artículo 80, cuyo grado máximo, dentro del prudente arbitrio judicial, es de cuatro meses y un día a seis meses, según la tabla demostrativa del artículo 95. Empero, como el recurso ba sido interpuesto por Bird, el acusado, y no por el Ministerio Fiscal, no cabe agravar la situación dé aquél, imponiéndole pena superior a la que ba sido impuesta por la corte sentenciadora, aun si este tribunal se considerara auto-rizado a aumentar la pena impuesta por dicba corte.

Está bien establecido por la jurisprudencia antes aplicada y por el código nuevo, así como por el antiguo, que el acu-sado en un caso de misdemeanor, como el presente, no puede reclamar una revocación de la sentencia, teniendo como fun-damento meramente las irregularidades de las cuales no se quejó en el acto, y a las cuales no se tomó excepción ni se presentó en esta corte. No obstante esto, según la nueva ley que gobierna a este tribunal en casos de apelación, bemos examinado cuidadosamente los autos todos, para determinar si habría alguna cuestión de becbo o de derecho que resultaría ventajosa para el acusado sobre la cual se podría fundar la revocación de la sentencia. Tal pesquisa se ba hecho sin re-sultado. Los autos no demuestran ninguna instancia en que algún, dereclio o privilegio del acusado ha sido violado y no hay procedimiento ninguno de que con razón pueda quejarse.

Aunque el recurso no se funda en el número 1 del artículo 912 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, tampoco procedería por tal fundamento, pues de la sentencia se des-prende, con bastante claridad y precisión, cuáles son los hechos que el tribunal sentenciador estimó probados, por más que no lo dijo de modo expreso y terminante.

En vista de que no se ha cometido ningún error material en la corte de distrito, con perjuicio del recurrente en el juicio del presente caso, y como la sentencia dictada contra (*) el mismo es justa y correcta en todo sentido, la misma debe confirmarse con costas, lo que se hará.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de esta causa.