author: Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc., Clara Emilia Frontera de Guerra, Nilsa Iris López de Laureano, Efrén de Jesús García, Asociación de Residentes Urbanización Campiña, Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito, Inc., etc., recurridos, v. Junta de Planificación de Puerto Rico, José A. López Pérez y Rubén Mercado Brignoni, peticionarios.

      Número: CC-2005-346

      Resuelto: 19 de julio de 2007

      Everdilys Rodríguez Pacheco, de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta de Planificación, parte peticionaria; Bartolo Rodríguez, abogado de José A. López Pérez y Rubén Mercado, parte peticionaria; Dennis D. Martínez Colón, abogado de la Asociación de Vecinos Tulip/Monterverde, Inc., parte recurrida; José Luis González Castañer, de González, Castañer & Morales, C.S.P., abogado de Nilsa Iris López Laureano, parte recurrida.
   SENTENCIA

Se nos solicita la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, mediante la cual se revocó una resolución emitida por la Junta de Planificación de Puerto Rico, que había aprobado una consulta de ubicación para el proyecto propuesto por los peticionarios. Veamos los hechos acaecidos que originan el recurso.

i-H

En 2001, el Sr. José A. López Pérez (señor López Pérez), por conducto del Sr. Jesús Conde (señor Conde), sometió a la consideración de la Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta) la Consulta Núm. 2001-17-0371-JPU para la ubicación de un proyecto residencial multifamiliar en una finca con cabida de 2.3998 cuerdas, que radica en la calle Tulip, Alturas de Borinquen Gardens, en el municipio de San Juan. El 9 de enero de 2002, la Junta emitió una resolución en la que denegó dicha consulta. La Junta determinó que “el proyecto propuesto no cumplía con los Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico ni con la calificación y clasificación del Plan de Ordenación de San Juan”.

El 24 de abril de 2002, el señor López Pérez, por conducto del Sr. Rubén Mercado Brignoni, junto a la parte proponente, sometió ante la consideración de la Junta la consulta Núm. 2002-17-0363-JPU para la ubicación del mismo proyecto que había sido sometido en la Consulta Núm. 2001-17-0371-JPU. Se utilizarían las mismas 2.3998 cuerdas para ubicar un proyecto de desarrollo residencial de setenta apartamentos, distribuidos en cuatro edificios.

El 26 de junio de 2002, la Junta emitió una resolución mediante la cual acordó dejar en suspenso la consulta presentada por la parte proponente hasta tanto dicha parte demostrara la diferencia entre el nuevo proyecto y el previo, ya evaluado y denegado. El 29 de agosto de 2002 la Junta concedió a la parte proponente treinta días adicionales para que sometiera una serie de documentos necesarios para la celebración de una vista pública. Ese mismo día, la Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. presentó su oposición al proyecto propuesto y solicitó que se le notificara de cualquier trámite de vista o de revisión relacionado con el proyecto. El 30 de octubre de 2002 la Junta declaró “con lugar” la solicitud de intervención de la Asociación de Vecinos de Tulip/Monteverde, Inc.

El 24 de febrero de 2003 se celebró una vista pública en la Junta, presidida por la oficial examinadora, Leda. Vanesa García Quiñones, en la cual las partes interesadas presentaron sus planteamientos en torno al proyecto propuesto.

La Junta permitió que la Sra. Haydee Colón, en representación de la Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito, Inc. y los vecinos de la urbanización La Campiña pudieran intervenir como partes interesadas en la consulta.

El 15 de diciembre de 2003 la Oficina de Asuntos Legales de la Junta emitió un informe sobre la audiencia pública celebrada el 24 de febrero de 2003. La oficial examinadora concluyó en dicho informe, entre otras cosas, que la “Quebrada Cheo” ubicaba en el terreno del proyecto propuesto inundaba la marginal al fondo de la calle Tulip durante aguaceros fuertes. Sostenido por comentarios emitidos por algunas de las agencias administrativas que evaluaron el proyecto, se expresó lo siguiente.

1. La Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) indicó que no tenía objeción en que se aprobara el proyecto. Ex-presó, además, que la parte proponente debía obtener el endoso de la División de Servicios de Riego, Represas y Embalses de la A.E.E.

2. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) indicó que no endosaba el proyecto, ya que la parte proponente nunca respondió a una comunicación que se le envió. En esa comunicación se le inquirió a que formara parte de un grupo de empresas que están desarrollando proyectos en la misma área para realizar mejoras al sistema de acueductos del barrio Caimito.

3. La carta del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (D.R.N.A.) evaluó la primera consulta del proyecto. Manifestó que el proyecto debía cumplir con el Reglamento de Planificación Núm. 25 (Reglamento de Siembra, Corte y Forestación de Puerto Rico), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 24 de noviembre de 1998. Señaló, además, que debido a que el proyecto colindaba con una quebrada, se debía dedicar al uso público una franja de terreno, más una adicional. Se requirió obtener de la Junta de Calidad Ambiental (J.C.A.) el permiso para el control de erosión y sedimentación, y cualquier otro permiso requerido por dicha agencia. Se indicó, además, que una vez tomadas en consideración las recomendaciones antes expuestas, el D.R.N.A. no tenía objeción al desarrollo preliminar del proyecto propuesto.

4. El Instituto de Cultura Puertorriqueña (I.C.P.) ex-hortó a la parte proponente a presentar en la División de Arqueología del I.C.P. una solicitud de evaluación arqueológica y pagar la cuota correspondiente, según el Reglamento para la Radicación y Evaluación Arqueológica de Proyectos de Construcción y Desarrollo.

5. La Autoridad de Carreteras y Transportación (A.C.T.) indicó que el proyecto no se afectaba por las vías propuestas en el Plan Vial de la Región Metropolitana de San Juan. Se le requirió a la parte proponente que consultara al municipio de San Juan con relación a los accesos y las mejoras a las vías municipales. Se le solicitó, además, una aportación conforme a lo dispuesto, según el Reglamento de las Nuevas Competencias para Viabilizar el Desarrollo Urbano (Reglamento de Planificación Núm. 21).

6. El municipio de San Juan indicó que ya había comentado sobre dicho proyecto en la Consulta Núm. 2001-17-0371-JPU.

En su informe, la oficial examinadora determinó que el proyecto cumplió con el requisito del Reglamento de Ordenación Territorial de San Juan, que dispone que los terrenos del proyecto propuesto tengan que estar localizados o colindar con el área desarrollada en el ámbito de la ex-pansión urbana. También se determinó que el proyecto cumplió con todo el trámite administrativo que se desprendía del expediente administrativo. Sin embargo, la oficial examinadora determinó que la topografía del predio era accidentada, por lo que durante la fase de construcción se podía anticipar el movimiento de tierra. Dicha actividad, a su vez, podría ocasionar el arrastre de sedimentación, erosión, generación de polvo, deforestación y problemas de inundaciones en el sector. Indicó, además, que la parte proponente no sometió plan alguno de acción para atender esta posible situación.

Conforme a estos señalamientos, la oficial examinadora concluyó que la parte proponente no pudo demostrar ningún beneficio significativo que brindaría su proyecto al desarrollo del sector o de su infraestructura. Tomando en consideración las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, no recomendó la aprobación del proyecto.

El 21 de enero de 2004, la Junta refirió el documento de evaluación ambiental, presentado por la parte proponente, a la J.C.A. para su evaluación.

El 20 de febrero de 2004, la J.C.A. notificó mediante carta el cumplimento del proyecto con el Art. 4(c) de la Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 L.P.R.A. sec. 1124(c), sujeto a que se acataran ciertas medidas de mitigación y requerimientos de varias agencias.

El 2 de marzo de 2004 la parte proponente sometió a la Junta información adicional con respecto a la infraestructura del proyecto. Acompañó, además, unos planos donde se reducía la cantidad de apartamentos a sesenta y tres y el número de estacionamientos se modificó a setenta.

El 3 de marzo de 2004, la Junta le concedió treinta días a la parte proponente para que sometiera evidencia de que era parte del grupo de empresas que se disponían a realizar proyectos para beneficio de la infraestructura de la A.A.A.

El 15 de marzo de 2004 la parte proponente sometió una comunicación escrita a la A. A. A. relacionada al requisito de pertenecer al combinado de desarrolladores de proyectos para la A.A.A. En ella, la parte proponente informa que el ingeniero de la A.A.A., Ramón Flores, le había indicado que el grupo de empresas ya tenía los proyectos en etapas finales y era difícil entrar en ese momento en éste. También se informó que el ingeniero Flores, en ese momento, solicitó los planos que ilustraran la toma de agua más cercana al proyecto. Se informó, además, que la consulta del proyecto estaba a la espera del visto bueno de la A.A.A.

El 26 de abril de 2004 la Asociación de Vecinos Tulip/ Monteverde, Inc. sometió a la Junta una segunda oposición al proyecto. Argumentaron, entre otras cosas, que setenta estacionamientos son insuficientes para sesenta y tres apartamentos. Esto, alegadamente, provocaría que se usara la vía pública como estacionamiento y agravaría el ya existente problema de congestión vehicular.

El 17 de mayo de 2004, la Junta ordenó a la parte proponente rediseñar el proyecto de manera tal que cumpliera con los estacionamientos requeridos. En cumplimiento con dicha orden, el 2 de junio de 2004 la parte proponente sometió un nuevo diseño del proyecto con noventa estacionamientos.

El 4 de junio de 2004 la Junta emitió una resolución mediante la cual determinó que era viable el desarrollo de los terrenos para el uso propuesto, por lo que aprobó la consulta para la ubicación del proyecto. Luego de todos los incidentes procesales, la Junta formuló las determinaciones de hechos correspondientes. Determinó que: (1) todas las agencias concernidas le impartieron su aprobación al proyecto; (2) cumplía con los requisitos de zonificación, según el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan; (3) el predio, objeto de la consulta, muestra un comportamiento con marcada tendencia al desarrollo residencial; (4) los desperdicios sólidos serían recogidos por una compañía privada durante la etapa de construcción y el proyecto estaba fuera del área alegadamente inundable. A raíz de esto, la Junta determinó que el proyecto era viable. Sin embargo, emitió una serie de comentarios y recomendaciones que la parte proponente tendría que cumplir para obtener la aprobación del proyecto de construcción de la Autoridad de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.). Entre ellas señaló que el proyecto tenía que cumplir con los requerimientos de los estacionamientos aplicables, las recomendaciones de la J.C.A. y tomar las medidas necesarias para evitar que los residuos de sustancias orgánicas e inorgánicas tengan acceso a cualquier cuerpo de agua o al sistema pluvial. Además, debe coordinar con la A.A.A. para la conexión del proyecto y cumplir con las recomendaciones y los requisitos de varias agencias. La Junta no adoptó las determinaciones ni las conclusiones que formuló la oficial examinadora en su informe.

Inconformes, el 8 de julio de 2004 la Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. presentó un escrito de reconsideración ante la Junta. En éste, los vecinos le advirtieron a la Junta sobre la imposibilidad de que el proyecto pudiera ser construido en el terreno propuesto. Alegaron, entre otras cosas, que se presentaron planos incorrectos y que existía una discrepancia en la ubicación de la quebrada y la franja de diez metros requerida. Señalaron que se había encontrado la omisión de una servidumbre de cables eléctricos, además de problemas de estacionamiento y otras discrepancias contenidas en la autorización de la Junta.

El 14 de julio de 2004 la Junta determinó acoger la solicitud de reconsideración presentada por los vecinos. El 23 de agosto de 2004 la parte proponente presentó una oposición a la solicitud de reconsideración. En ella argumentó, entre otras cosas, que muchas de las preocupaciones de los vecinos habían sido atendidas, razón por la cual la Junta aprobó el proyecto; a su vez, se dejaría un área entre la quebrada y la construcción, y se levantaría un muro de contención para evitar el desprendimiento de tierra. En esta oposición añadió que se realizarían estudios técnicos para probar la estabilidad del suelo, por lo que se había rediseñado el proyecto para atemperarlo a las condiciones del sector. Finalmente, todos los vecinos del proyecto habían sido notificados como se exigía.

El 4 de octubre de 2004 la Leda. Aida Silver Cintrón, de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta, emitió una opinión legal en torno a la moción de reconsideración. Recomendó que la unidad técnica de la agencia reexaminara los planteamientos de densidad y que se asegurara del cumplimiento con lo aprobado. Recomendó, además, celebrar una inspección ocular del predio para aclarar los planteamientos de los vecinos y de la parte proponente.

El 8 de octubre de 2004 la Junta determinó prorrogar el término para resolver las solicitudes de reconsideración acogidas y mantener en suspenso la consulta hasta tanto la parte proponente se expresara sobre las preocupaciones de los vecinos. Además, se ordenó la celebración de una vista ocular a la cual debían comparecer la Unidad de Hidrología y la Oficina de Asesores Legales de la Junta.

El 25 de octubre de 2004 la parte proponente, en cumplimiento con la orden de 8 de octubre de 2004, se expresó en torno a las preocupaciones de los vecinos.

La vista ocular se realizó en los predios en cuestión el 21 de octubre de 2004. El 27 de octubre de 2004 se redactó el Acta de Inspección Ocular(Acta) y se presentó ante la Junta el 9 de noviembre de 2004.

El 10 de noviembre de 2004 la Junta dictó una resolución mediante la cual denegó las solicitudes de reconsideración presentadas por los opositores al proyecto y se reafirmó en la aprobación de la consultad.

Ante la determinación desfavorable, los vecinos acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión. El 27 de enero de 2005, notificada el 7 de febrero de 2005, el foro intermedio apelativo emitió una sentencia, revocando la resolución de la Junta que autorizó el proyecto. Determinó que, a base de la prueba presentada, no procedía autorizar la consulta. En esencia, adoptó los datos recogidos en el informe de 15 de diciembre de 2003 de la oficial examinadora de la Junta. Sostuvo que la A.A.A. no había endosado el proyecto, ya que no se contaba con la infraestructura necesaria, ni se modificó el proyecto para cumplir con el requisito de crear una franja de amortiguamiento de diez metros entre la quebrada y éste. No se explicó la razón para descartar el informe de la oficial examinadora, en violación al debido proceso de ley. Además, el tribunal intermedio expuso que la parte proponente del proyecto no formó parte del combinado de empresas y desarrolladores de la A.A.A.; además, que el proyecto propuesto se aprobó en documentos relacionados a la primera consulta que fue denegada. Manifestó que la Junta abusó de su discreción al aprobar la consulta, ya que sus conclusiones no estaban respaldadas por las determinaciones de hechos, ni sustentadas por los documentos y el informe de la oficial examinadora.

Insatisfecho, el peticionario acude ante nos mediante un recurso de certiorari, alegando la comisión de los errores siguientes:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL, DE APELACIONES AL REVOCAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN EL 4 DE JUNIO DE 2004.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONCLUIR QUE EL DICTAMEN DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN NO SE APOYÓ EN LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMI-NAR QUE LAS CONCLUSIONES DE LA JUNTA DE PLANI-FICACIÓN NO ESTÁN RESPALDADAS POR LAS DETERMINACIONES DE HECHOS, COMO TAMPOCO ESTÁN SUSTENTADAS POR LOS DOCUMENTOS. Escrito de certiorari, págs. 7-8.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver los asuntos traídos ante nuestra consideración. Veamos.

HH 1—I

A. La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de las agencias y asegurar que éstas desempeñen sus funciones conforme a la ley. Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe determinar si ésta actuó arbitraria o ilegalmente, o de forma tan irrazonable que sus actuaciones constituyeron un abuso de discreción. El criterio rector será la razonabilidad de la agencia recurrida. Así, pues, al realizar su función revisora el tribunal está obligado a tomar en cuenta la especialización y experiencia de la agencia sobre las cuestiones que tuviera ante sí. Al evaluar los casos, es necesario distinguir entre las cuestiones de interpretación estatutaria, en las que los tribunales son especialistas, y las cuestiones propias para la discreción o pericia administrativa. No prevalecerá la interpretación que haga una agencia de la ley a la cual está llamada a poner en vigor, si dicha interpretación es contraria al propósito del estatuto.

La revisión de las determinaciones de hechos está limitada por lo establecido en la See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), que dispone lo siguiente:

2175. Revisión-Alcance
El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el peticionario tiene derecho a un remedio.
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. (Énfasis suplido.)

Siempre y cuando estén sustentadas por evidencia sustancíale que obre en el expediente administrativo, las determinaciones de hechos formuladas por la agencia serán sostenidas. Esto es así, porque las decisiones de las agencias administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección. Ésta debe ser respetada por los tribunales mientras la parte que la impugna no produzca suficiente evidencia como para derrotarla. No obstante, las conclusiones de derecho son revisables en todos sus aspectos.

Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su función revisora, el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Al contrario, hemos reiterado consistentemente —antes y después de la vigencia de la L.P.A.U.— que, de ordinario, los tribunales deben deferencia a las interpretaciones y conclusiones de los organismos administrativos.

Si de la totalidad del expediente administrativo se sostienen las determinaciones adoptadas por el foro administrativo, los tribunales no deben sustituirlas por su propio criterio.

El proceso de revision judicial comprende tres áreas: (1) la concesión del remedio apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial, y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la revisión judicial ulterior.

Finalmente, sobre este tema, el foro judicial podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo en aquellas ocasiones en que no encuentre una base racional que fundamente la actuación administrativa. “No obstante, es axioma judicial que, ante la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por lo tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio.”

B. La Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico autoriza a la Junta a hacer determinaciones sobre los usos de terrenos dentro de los límites territoriales de Puerto Rico. En áreas zonificadas, la consulta de ubicación es el procedimiento mediante el cual la Junta pasa juicio sobre los propuestos usos de terrenos que no son permitidos ministerialmente por la reglamentación aplicable, pero que las disposiciones reglamentarias proveen para que se consideren. La consulta de ubicación es pública o privada, dependiendo de quién la origina. Ésta incluye los proyectos de desarrollo extensos que han de considerarse según las disposiciones reglamentarias vigentes.

Al estudiar, tramitar y resolver una consulta de ubicación, la Junta tomará en consideración los documentos siguientes: la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico; la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991; los planes regionales adoptados por la Junta; los objetivos y las políticas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico; los mapas de zonificación y de zonas susceptibles a inundaciones; los planes de usos de terrenos; los planes de ordenación territorial; los usos existentes en el sector; la situación de la infraestructura física y social en el lugar; la distancia entre los terrenos y las áreas construidas, y la importancia agrícola o ambiental de los terrenos; los rasgos topográficos; la densidad poblacional, y otras condiciones sociales, económicas y físicas análogas, entre otros.

La Sec. 7.01 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 6031 del Departamento de Estado, 12 de noviembre de 1999, pág. 27, dispone lo siguiente:

La aprobación de una consulta pública no implica, en forma alguna, la aprobación del proyecto de transacción o de construcción en sí, el cual deberá regirse por lo establecido en este Reglamento y por cualquier Resolución de la Junta, eximiendo de la presentación a tal proyecto de transacción o de construcción. No obstante, lo anterior, la Junta podrá autorizar conjuntamente con la consulta de ubicación para el uso de terrenos, la transacción correspondiente a solicitud de agencia proponente o podrá delegar en la ARPE la transacción conjuntamente con las etapas posteriores en la ARPE.

C. La Junta puede ordenar la celebración de vistas administrativas a iniciativa propia o a petición de partes, o

vistas públicas en cualquier caso que entienda que merece seguir ese procedimiento, cuando así lo establezca la reglamentación o legislación vigente.

Sin embargo, las agencias, como la Junta, no están obligadas a adoptar las conclusiones y recomendaciones de sus oficiales examinadores. La función de un oficial examinador consiste en celebrar una vista pública a la cual comparecen las partes y, una vez terminada la prueba, rendir un informe detallado a la agencia, expresándole su recomendación. La agencia tiene la facultad estatutaria para dictaminar sobre las cuestiones en controversia a base de su propia consideración del expediente. El informe del oficial examinador no pasa de ser una mera recomendación, que la agencia, según la ley que la creó y con su propio reglamento, tiene discreción para alterar. Esto no quiere decir que las conclusiones del oficial examinador no merecen consideración en la revisión judicial. Esto es así, ya que dichas conclusiones forman parte del expediente administrativo. Además, cuando el informe del oficial examinador es contrario e incompatible con el de la agencia, particularmente en cuestiones que dependen del contacto inmediato con la prueba, la función revisora de los tribunales debe tornarse más rigurosa.

HH HH hH

Con el trasfondo normativo antes expuesto, pasamos a resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la resolución de la Junta aprobando el proyecto propuesto.

En su sentencia, el foro intermedio apelativo señaló que la resolución de la Junta de 4 de junio de 2004, mediante la cual se aprobó el proyecto propuesto, descartó las recomendaciones de la oficial examinadora de 15 de diciembre de 2003 sin detallar las razones para tal curso de acción. Diferimos. Veamos.

En la resolución de la Junta de 4 de junio de 2004, ésta expuso un resumen de los hechos del caso, sus propias determinaciones de hechos y sus conclusiones de derecho. Entre sus determinaciones de hechos, la Junta determinó que el proyecto ubicaría en un terreno con cabida de 2.3998 cuerdas, que el área aledaña al predio objeto de consulta muestra una marcada tendencia al desarrollo residencial y que los terrenos bajo consulta están en el área de expansión urbana del municipio de San Juan. Tuvo en cuenta en estas determinaciones que el terreno está clasificado como suelo urbano y calificado en un distrito de ordenación residencial uno (R-l) y que el acceso vehicular sería a través de la calle Tulip. Asimismo, determinó que los desperdicios sólidos serían recogidos por una compañía privada durante la etapa de construcción, que el cuerpo de agua conocido como “Quebrada Cheo” ubica en el fondo del terreno del proyecto propuesto, que varias agencias sometieron sus comentarios al proyecto, que la topografía del terreno es accidentada y que el proyecto propuesto ubicaría en el lote del terreno que contiene una franja estrecha con el mismo nivel de la calle. La Junta incluyó también que el desarrollo propuesto tendría un costo aproximado de $2,450,000, lo que generaría aproximadamente cien empleos en la etapa de construcción y unos diez en la etapa operacional, que el predio ubica fuera del área inundable y que la J.C.A. certificó el cumplimiento con la Ley sobre Política Pública Ambiental.

En sus conclusiones, la Junta determinó, entre otras cosas, que el proyecto estaba en armonía con varias metas y objetivos del Plan de Usos del Terreno de la Región Metropolitana de San Juan, y que se encontraba en una posición céntrica dentro de un área de pleno desarrollo. Además, planteó que el proyecto contaba con la infraestructura necesaria para obtener el acceso a la carretera y obtener los servicios de energía eléctrica. Así también, que éste cumplía con la densidad poblacional establecida por el Plan de Ordenación Territorial y que le fue enviada la notificación a los dueños de terrenos colindantes.

La Junta acordó, entre otras cosas, que A.R.Pe. determinaría cuál sería la próxima etapa en el trámite del proyecto. Estableció que, previo a comenzar con la construcción, se debía obtener de la J.C.A. los permisos para el polvo fugitivo, el permiso para realizar una actividad generante de desperdicios sólidos y permiso para el control de erosión y prevención de sedimentación. Acordó, además, que se deberían tomar las medidas necesarias para evitar que sustancias orgánicas e inorgánicas ganaran acceso a cualquier cuerpo de agua o sistema pluvial; además, cumplir con el Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico, coordinar con la A.A.A. para la conexión del proyecto y seguir las recomendaciones del D.R.N.A. contenidas en su carta de 26 de junio de 2001. El almacenaje, el manejo y la disposición de los desperdicios sólidos se deberán realizar según la reglamentación vigente y se debe cumplir con disposiciones reglamentarias de la Junta, el Reglamento de Ordenamiento Territorial de San Juan y la Ley de Reciclaje.

Las conclusiones y determinaciones de hechos a las que llegó la Junta en su resolución final son completas, detalladas y minuciosas. Sostener que la Junta descartó las recomendaciones de la oficial examinadora sin fundamento para hacerlo es incorrecto. La Junta emitió una resolución final de trece páginas, en la que detalló el porqué aprobó el proyecto propuesto. Aunque fueron descartadas, entendemos que las recomendaciones de la oficial examinadora fueron consideradas por la Junta durante la preparación de la resolución final. El hecho de que la resolución final de la Junta hizo referenda a señalamientos específicos del informe de la oficial examinadora es evidencia, de por sí, de que se tomó en consideración del informe de ésta al momento de emitir la resolución final. Además, no podemos olvidar que el informe de la oficial examinadora no pasa de ser una mera recomendación. La Junta tiene discreción de alterar o hasta ignorar este informe. La Junta no está obligada a adoptar las conclusiones y recomendaciones de sus oficiales examinadores,

Repasemos algunas divergencias específicas entre el informe de la oficial examinadora y la resolución de la Junta.

El informe de la oficial examinadora indicó que el proyecto propuesto no contaba con la infraestructura necesaria, ya que en la carta de 14 de febrero de 2003 la A.A.A. indicó que no endosaba el proyecto. La Junta reconoció en su resolución la ausencia del endoso de la A.A.A. La parte proponente explicó que cuando se le solicitó que se uniera al Combinado de Desarrolladores de la A.A.A. ya era muy tarde. Sostuvo que era difícil unirse al grupo por la etapa en que se encontraba el desarrollo de los proyectos. Es evidente que la Junta aceptó esta explicación y aprobó la consulta. Incluso, en la resolución final, la Junta ordenó a la parte proponente que, previo al inicio de su construcción, realizara la coordinación correspondiente con la A.A.A. para la conexión del proyecto propuesto.

El informe de la oficial examinadora indicó, además, que la calle Tulip es utilizada como acceso por al menos cuatro desarrollos, por lo que el proyecto agravaría el alegado problema de congestión vehicular ya existente. En su resolución final, la Junta tomó en consideración esta recomendación, pero sostuvo que la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico no tenía objeción al proyecto propuesto y que la calle Tulip tenía el acceso controlado. La Junta tomó estos hechos en consideración al aprobar la consulta.

El informe de la oficial examinadora señaló, además, que el área confronta un problema de inundación al final de la calle Tulip. Sin embargo, después de tomar en consideración el señalamiento de la oficial examinadora, la Junta sostuvo que el predio del proyecto propuesto estaba ubicado fuera del área inundable.

Este informe también señaló que la construcción del proyecto podría ocasionar el arrastre de sedimentación, erosión y generación de polvo fugitivo, causando mayores problemas de inundación. Después de tomar en consideración este señalamiento de la oficial examinadora, la Junta emitió una serie de instrucciones a la proponente que tendría que seguir y permisos que tenía que obtener para atemperar esta situación.

Luego de exponer todas sus conclusiones de hecho y conclusiones de derecho, la Junta llegó a la determinación de aprobar la consulta. Es menester señalar que, después de la aprobación del proyecto, la Junta acogió unas mociones de reconsideración de los opositores del proyecto, las cuales atendió y denegó. Por las razones descritas entendemos que la Junta no actuó de forma arbitraria o irrazonable.

Por otro lado, el foro intermedio apelativo señala que, con posterioridad al informe emitido por la oficial examinadora, el 15 de diciembre 2003, la parte promovente sometió un documento de evaluación ambiental a la J.C.A. acompañado de los documentos correspondientes al primer proyecto, Consulta Núm. 2001—17-0371-JPU, que fue denegado el 9 de enero de 2002 y notificado el 20 de febrero de 2002. Primero, tenemos que señalar que el lugar de ubicación del proyecto inicial y el actual es exactamente el mismo lugar. La única diferencia estriba en un rediseño conceptual donde se reduce el número de apartamentos. Segundo, en el expediente del caso de marras aparecen cartas de varias agencias, con fecha posterior a febrero 2002, en las que se deniega la primera consulta, que se refieren al proyecto actual, donde manifiestan no tener objeción alguna al proyecto. Ejemplo de esto son: el municipio de San Juan, D.R.N.A., I.C.P, A.E.E. y la Autoridad de Desperdicios Sólidos. La Junta, al tomar su determinación, contó con el beneficio de los comentarios y las recomendaciones de las agencias gubernamentales pertinentes. Todos esos endosos, comentarios y recomendaciones eran favorables a la aprobación de la consulta.

En conclusión, entendemos que el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la resolución de la Junta. La Junta fundamentó su determinación en la totalidad de la evidencia que obra en el expediente. La Junta tomó en consideración las distintas recomendaciones de las agencias consultadas. Las inquietudes señaladas en el informe de la oficial examinadora fueron consideradas por la Junta. Las conclusiones de la Junta están sustentadas por los documentos y el informe de la oficial examinadora. Al sustituir su criterio por el de la Junta, el foro intermedio apelativo obvió el conocimiento técnico y especializado que dicha agencia tiene sobre el uso de terrenos en Puerto Rico. Por ello, resulta forzoso concluir que la Junta no abusó de su discreción al aprobar la consulta, ya que su dictamen se apoyó en la totalidad del expediente.

Concluimos que los errores señalados fueron cometidos por el Tribunal de Apelaciones.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a la Junta de Planificación para que continúen los procedimientos en conformidad con lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

La sentencia emitida por este Tribunal concluye que la Junta de Planificación de Puerto Rico no actuó arbitrariamente al aprobar la consulta de ubicación de un proyecto residencial multifamiliar radicado en la calle Tulip del barrio Caimito en el municipio de San Juan. Sin embargo, la decisión de la Junta de Planificación no está sustentada por el expediente administrativo del proyecto propuesto. Por el contrario, el expediente demuestra que la Junta de Planificación actuó arbitraria e irrazonablemente al aprobar dicha consulta. Por eso, disiento.

I

Reiteradamente hemos establecido que al revisar las decisiones administrativas, este Tribunal debe determinar si la agencia actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente. El Tribunal debe evaluar si las determinaciones de hechos de la agencia se sustentan en evidencia sustancial que surja del expediente administrativo y si las conclusiones de derecho son razonables y conforme al Derecho aplicable, según la totalidad de dicho expediente. See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2175. Véanse, además: Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908, 929 (1998); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 707-708 (2000); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 121-124 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 435-438 (1997).

Respecto a las recomendaciones de un oficial examinador, hemos reconocido que aunque la agencia no esté obligada a acogerlas, tiene la obligación de considerarlas, analizarlas y discutirlas razonablemente, pues en estricto Derecho, dichas recomendaciones forman parte del expediente administrativo. Misión Ind. P.R. v. J.C.A., supra, págs. 933-934. Además, cuando la decisión de la agencia es contraria a la recomendación de un oficial examinador, particularmente en cuestiones que dependen del contacto inmediato con la prueba, nuestra función revisara debe ser más rigurosa. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 208 (1987); Com. de Seguros v. A.E.E.L.A., 171 D.P.R. 514 (2007); J.R.T. v. Escuela Coop. E.M. de Hostos, 107 D.P.R. 151, 157 (1978).

II

La Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. see. 62 et seq., le otorga la facultad a la Junta de Planificación para adoptar Planes de Usos de Terrenos que designen la distribución, localización, extensión e intensidad de los usos de terrenos del país. Esta ley exige que exista una relación estrecha entre la designación de los usos del terreno y la disponibilidad de toda la infraestructura física y social. Además, establece que, una vez la Junta de Planificación adopte un plan de usos de terrenos, todo proyecto propuesto deberá estar de acuerdo con las recomendaciones de dicho plan. 23 L.P.R.A. sec. 62m.

De la misma forma, la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq.), en armonía con la Ley Orgánica de la Junta de Planificación, 23 L.P.R.A. sec. 62j(14), le concede la facultad a la Junta de Planificación de aprobar los planes de ordenación municipal propuestos por los municipios con el propósito de establecer el uso del suelo dentro de sus límites territoriales. Estos planes deberán cumplir con las políticas públicas, las leyes, los reglamentos u otros documentos del gobierno central relacionados con la ordenación territorial de los municipios, entre estos, los planes de usos de terrenos. 21 L.P.R.A. see. 4602. Véase, además, Sec. 5.01 del Reglamento sobre los Planes de Ordenación Municipal y la Transferencia y Administración de Facultades, Reglamento de Planificación Núm. 24, Reglamento Núm. 5087 de 20 de mayo de 1994 (Reglamento de Planificación Núm. 24).

Hay tres tipos de planes de ordenación municipal: plan territorial, plan de ensanche y plan de área. En lo pertinente a este caso, un plan territorial es un instrumento de ordenación integral y estratégico del territorio municipal que define los elementos fundamentales de tal ordenación. A su vez, un plan territorial consiste de tres componentes: memorial, programa y reglamentación. Un reglamento de ordenación territorial contiene disposiciones sobre la clasificación del suelo municipal y normas sobre el uso, los niveles de intensidad y las características de las estructuras, y el espacio público. Una vez la Junta de Planificación aprueba un plan territorial con su reglamento, toda decisión sobre el uso del terreno municipal se hará conforme a éste. 21 L.P.R.A. see. 4603. Véanse, además, las Secs. 7.01 y 2.00(37) del Reglamento de Planificación Núm. 24.

Una consulta de ubicación es un procedimiento que le permite a la Junta de Planificación autorizar por vía de la excepción, ciertos usos de terrenos que no son permitidos ministerialmente por la reglamentación aplicable en áreas zonificadas. Además, mediante este procedimiento se evalúan los usos de terrenos propuestos como proyectos de desarrollos extensos o regionales, y usos de terrenos propuestos que pueden afectar significativamente el desarrollo de áreas no zonificadas. El propósito de este procedimiento es evaluar los usos que se proponen y determinar si éstos son cónsonos con la distribución planificada de usos de terrenos en el país. Por eso, la Junta de Planificación requiere expresamente cierta información que le permita llevar a cabo la evaluación. Es en ese momento procesal que la Junta de Planificación debe evaluar la información requerida, si es que ha de cerciorarse —como lo requiere su ley orgánica— que el uso propuesto no viola la reglamentación que establece los usos de terrenos planificados en el país. Sólo así podrá cumplir con la función que le corresponde en la etapa de consulta de ubicación. Esto sin limitar los otros elementos de juicio que la Junta de Planificación puede considerar al evaluar estas consultas, tales como los Mapas de Zonas Susceptibles a Inundaciones y otra reglamentación ambiental aplicable. Sees. 2.00(7) y 7.01 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento de Planificación Núm. 6031 de 12 de noviembre de 1999.

III

En este caso, los reglamentos aplicables que establecen los usos de terrenos planificados en la ubicación del proyecto propuesto son el Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico y el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan. La Junta de Planificación determinó que el proyecto propuesto cumplía con las metas, los objetivos y las estrategias del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico. Sin embargo, de forma arbitraria y contraria a las exigencias legales, no consideró el cumplimiento con el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan como factor pertinente a su decisión, sino que se limitó a imponer el cumplimiento con dicho plan, específicamente, con el Reglamento de Ordenación Territorial del municipio, como una condición futura, cuando del expediente administrativo surge que el proyecto propuesto está en clara violación del reglamento.

El proyecto propuesto fue sometido y evaluado como un desarrollo residencial extenso. El Reglamento sobre Planes de Ordenación Territorial del Municipio y la Transferencia y Administración de Facultades establece los requisitos que la Junta de Planificación debe considerar al momento de evaluar este tipo de desarrollo y especifica que sólo se podrá dispensar de éstos a aquellos proyectos que sean para vivienda pública o cuyas circunstancias así lo justifiquen. La Sec. 4.04(c)(2) del Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio dispone los requisitos siguientes para los desarrollos residenciales extensos:

(a) Los terrenos en los cuales se propone la urbanización estarán localizados o colindando con el área desarrollada dentro del ámbito de expansión urbana.

(b) La densidad propuesta alcanzará los mínimos y no excederá los máximos establecidos en el Plan de Usos de Terrenos vigente ni el Plan de Ordenación Territorial.

(c) Se celebrará vista pública con notificación a los dueños de los terrenos circundantes cuando el desarrollo residencial ex-tenso tenga acceso a una calle municipal con rodaje menor de 8.00 metros por la cual acceden más de diez (10) estructuras residenciales en una distancia de 250 metros, medidos desde las entradas al proyecto.

(d) Si la infraestructura necesaria para atender las necesidades del proyecto propuesto y para mitigar sus efectos directos e indirectos está disponible o puede proveerse.

(e) El proyecto podrá incluir el desarrollo de una o más estructuras principales en un mismo solar si se propone segregar el mismo.

(f) Se podrá dispensar de los requerimientos de este Reglamento cuando se trate de desarrollos para vivienda pública y las circunstancias así lo justifiquen. (Enfasis suplido.)

Respecto al requisito de tener la infraestructura necesaria para atender las necesidades del proyecto propuesto, la Junta de Planificación lo discutió en sus conclusiones de derecho, haciendo referencia a la infraestructura de energía eléctrica y carreteras e ignorando por completo la necesidad de una infraestructura de agua. La Junta de Planificación expresó lo siguiente:

De la Determinación de Hechos Número 10 surge que el proyecto cuenta con la infraestructura física necesaria para obtener acceso a la carretera y obtener el servicio de energía eléctrica o puede proveerse con relativa facilidad, mediante mejoras requerida por la agencia.

Según el expediente administrativo y el informe de la oficial examinadora, el proyecto propuesto no cuenta con la infraestructura de agua potable y descarga necesaria de aguas usadas, ya que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha endosado el proyecto. La Junta de Planificación no exigió que se cumpliera con este requisito antes de aprobarse la consulta de ubicación, sino que arbitrariamente impuso, como condición futura al proyecto, que los proponentes coordinasen con la AAA la conexión a su infraestructura. Esta determinación de la Junta de Planificación no sólo es contraria a la reglamentación aplicable, sino también preocupante, ya que según lo exige la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, debe haber una estrecha relación entre la designación de los usos del terreno del país y la disponibilidad de toda la infraestructura física necesaria. 23 L.P.R.A. sec. 62m.

Según las determinaciones de hechos de la Junta de Planificación, la “Quebrada Cheo” discurre al sur del terreno del proyecto propuesto y dispone de las escorrentías pluviales de varias urbanizaciones adyacentes, incluyendo parte de las originadas en la calle Tulip. Por esto, la See. 5.03(g) del Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio exige que se dedique al uso público una franja de terreno con un ancho mínimo de diez metros lineales a ambos lados del cauce o lecho de dicha quebrada. Aunque la Junta de Planificación reconoce esta exigencia reglamentaria, el expediente administrativo revela que el proyecto propuesto no cumple con dicha exigencia. En primer lugar, en la evaluación ambiental del proyecto propuesto los proponentes afirman que sólo dejarán una franja de cinco metros desde el borde de la quebrada. En segundo lugar, en el Acta de Inspección Ocular que llevó a cabo la propia agencia se dispuso lo siguiente:

Se observó el predio del proyecto en cuestión desde la parte de la quebrada. Auscultando con el plano del proyecto aprobado, en algunas áreas se desglosa una faja de 10 metros con la colindancia con la quebrada, en otras se describe una faja menor de (5 metros). De dejarse los diez metros en toda la colindancia con la quebrada, interferiría con la estructura que albergaría 40 apartamentos. El proponente describió que en algunas áreas no se estipula hacer muro de contención. (Énfasis suplido.)

Contando con esta evidencia en el expediente administrativo, la Junta de Planificación decidió aprobar la consulta de ubicación del proyecto propuesto, en clara violación al Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan.

Finalmente, la oficial examinadora señaló que en eventos de lluvia abundante el nivel de la “Quebrada Cheo” causa inundaciones al final de la calle Tulip, donde ubica el proyecto propuesto. La resolución de la Junta de Planificación no contradice esta significativa determinación fáctica, sino que la despacha indicando que el predio del proyecto propuesto se encuentra fuera del área inundable. Esto, sin embargo, no es pertinente al asunto de las inundaciones al final de la calle Tulip. El “razonamiento” de la Junta es más bien un non sequitur, puesto que el hecho de que el proyecto propuesto no esté ubicado en zona inundable no implica razonablemente que su impacto en la “Quebrada Cheo” no habrá de incrementar las inundaciones al final de la calle Tulip. Más aún cuando del expediente administrativo surge que no se ha dejado la franja de terreno de diez metros exigida por la reglamentación aplicable.

IV

Por todo lo anterior es evidente que la determinación de la Junta de Planificación no está sustentada por el expediente administrativo ni es conforme al Derecho aplicable, según la totalidad del expediente. 3 L.P.R.A. sec. 2175. Véanse, además: Misión Ind. P.R. v. J.C.A., supra; Mun. de San Juan v. J.C.A., supra; Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. La Junta de Planificación actuó arbitrariamente al aprobar la consulta de ubicación del proyecto propuesto y no cumplió con su función legal en la etapa de consulta de ubicación, ya que al evaluar la información requerida en dicho momento procesal no se aseguró de que el uso propuesto no estuviera en violación de lo requerido por el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan.

La Junta de Planificación y la sentencia mayoritaria de este Tribunal tratan de justificar la determinación arbitraria de dicha agencia, afirmando que en la próxima etapa del proyecto propuesto la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) deberá asegurarse de que se cumplan las condiciones impuestas por la Junta de Planificación. Este argumento no tiene mérito, pues aunque A.R.Pe. debe exigir el cumplimiento con las condiciones impuestas por la Junta de Planificación, las leyes y la reglamentación aplicables, la Junta no puede abdicar su propia obligación de asegurarse de que el proyecto propuesto cumple con la reglamentación que establece los usos de terrenos del país, según la información requerida en la etapa de evaluación de la consulta de ubicación. En el caso ante nuestra consideración sucede todo lo contrario. No es que el proyecto propuesto no incluya información detallada y no requerida en la etapa de consulta de ubicación que demuestre su cumplimiento con el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, sino que la información requerida en esta etapa revela que el proyecto propuesto está en violación de dicho plan. Si permitimos que la Junta de Planificación actúe de esta manera, entonces la etapa de consulta de ubicación resultaría innecesaria y superflua, ya que A.R.Pe. podría adjudicar la consulta de ubicación en la próxima etapa de evaluación del proyecto.

Por todas estas razones disiento de la sentencia mayoritaria, que revoca la sabia decisión del Tribunal de Apelaciones.

       Apéndice del Escrito de certiorari, págs. 147-148.

       íd.

       íd., pág. 147.

       íd., págs. 149-158.

       íd.

       íd., pág. 158.

       íd., págs. 164-165.

       íd., págs. 167-168.

       íd., pág. 169.

       íd., págs. 171-175.

       íd., págs. 176-188.

       íd., pág. 394.

      5) íd., págs. 189-190.

       íd., págs. 225-226.

       íd., pág. 191.

       íd., pág. 182.

       íd.

       Reglamento de Ordenación Territorial de San Juan, vigente el 28 de marzo de 2003.

       Apéndice del Escrito de certiorari, págs. 184-185.

       íd., pág. 185.

       íd., pág. 186.

       íd.

       íd.

       íd., pág. 187.

       íd., págs. 192-239.

       Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1980, según enmendada, 12 L.P.R.A. sec. 1121 et seq. (ed. 1997).

       Apéndice del Escrito de certiorari, págs. 31-32.

       íd., págs. 243-268.

       íd., págs. 241-242.

       íd., págs. 269-270.

       íd., págs. 272-274.

       íd., págs. 292-294.

       íd., págs. 295-297.

       íd., págs. 298-311.

       íd., págs. 321-333.

       íd, pág. 334.

       íd, págs. 340-343.

       íd., págs. 351-353.

       íd., págs. 47-48 y 356-358.

       íd., págs. 359-363.

       íd., págs. 373-379.

       íd., págs. 398-401.

       íd., págs. 112-397.

        Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775, 786 (1996).

      6) Torres v. Junta Ingenieros, supra; Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703, 710 (1988).

        Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004).

        Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 191, 195 (1990); Rebollo v. Yiyi Motors, supra.

        Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279-280 (1999).

       Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et sea.

       “Evidencia sustancial” es aquella relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, págs. 76-77. Véase Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998).

        Torres v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98 (2003); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 121 (2001).

        Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987).

        Torres v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Román, 159 D.P.R. 401 (2003).

        Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77.

       íd.

        Torres v. Junta Ingenieros, supra; Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.

        Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.

        Rebollo v. Yiyi Motors, supra.

       íd., pág. 78.

       Ley Orgánica de la Junta de Planificación, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 22 et seq.).

        Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., 150 D.P.R. 658 (2000); Rodríguez Roldán v. Mun. de Caguas et al., 133 D.P.R. 694 (1993); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592 (2006).

       Sec. 2.00 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, Reglamento de Planificación Núm. 4, Reglamento Núm. 6211 del Departamento de Estado, 5 de noviembre de 2000.

       Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 62 et seq.

       Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq.

       Sec. 7.01 de Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 6031 del Departamento de Estado, efectivo el 12 de noviembre de 1999.

       íd.

       íd.

        Henríquez v. Consejo Educación Superior, supra.

        Rivera v. Junta Rel. Trabajo, 70 D.P.R. 342, 345-346 (1949).

        Henríquez v. Consejo Educación Superior, supra.

        Rivera v. Junta Rel. Trabajo, supra; Hernández García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22, 28 (1967).

       íd.; J.R.T. v. Escuela Coop. E.M. de Hostos, 107 D.P.R. 151, 157 (1978).

       Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico, Reglamento Núm. 5922 del Departamento de Estado, 24 de noviembre de 1998.

       Reglamento de Ordenación Territorial de San Juan.

       Ley para la Reducción y Reciclaje de Puerto Rico, Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada, 12 L.P.R.A. sec. 1320 et seq.

        Henríquez v. Consejo Educación Superior, supra.

       Apéndice del Escrito de certiorari, págs. 25-31.

       íd., págs. 22-23.

       íd., pág. 20.

       íd., pág. 21.

       íd., págs. 33-35.

       La Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico dispone, en lo pertinente:

        “La Junta de Planificación preparará y adoptará Planes de Usos de Terrenos y podrá adoptar aquellos que preparen los organismos gubernamentales y lo entidades que ésta designe. La Junta de Planificación asesorará, coordinará y asistirá a estos organismos y entidades en la preparación de la metodología a utilizarse en la formulación de estos Planes de Usos de Terrenos de manera que en términos físicos y ambientales estén de conformidad con las políticas y estrategias de desarrollo de Puerto Rico adoptadas por la Junta en el Plan de Desarrollo Integral. Los Planes de Usos de Terrenos, dependiendo de si son planes de desarrollo regional, urbano, rural, municipal, o dependiendo de su alcance geográfico, designarán la distribución, localización, extensión, e intensidad de los usos de los terrenos para propósitos urbanos, rurales, agrícolas, de explotación minera, bosques, conservación y protección de los recursos naturales, recreación, transportación y comunicaciones, generación de energía, y para actividades residenciales, comerciales, industriales, educativas, públicas e institucionales. Deberá existir una estrecha relación entre la designación de estos usos de terrenos y la disponibilidad y programación de toda la infraestructura física y social, incluyendo los sistemas de transportación y comunicación. Los Planes de Usos de Terrenos, así como la disponibilidad y programación de la infraestructura física social, serán la base para la preparación y revisión de los mapas de zonificación.

        “Toda obra o proyecto a ser realizado por cualquier persona o entidad deberá estar de acuerdo con las recomendaciones de los Planes de Usos de Terrenos, una vez adoptadas por la Junta de Planificación y aprobados por el Gobernador.” (Enfasis suplido.) 23 L.P.R.A. sec. 62m.

       La Junta tendrá las facultades y funciones siguientes:
      “Hacer determinaciones sobre usos de terrenos dentro de los límites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con sujeción a las normas y requisitos consignados en este Capítulo, o en cualquier otra ley aplicable, para tales casos.” 23 L.P.R.A. sec. 62j(14).

       El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, págs. 18-19, dispone en lo pertinente:

        “La Junta de Planificación, estudiará, tramitará y resolverá las consultas de ubicación, tomando en consideración, entre otros, los siguientes documentos y elementos de juicio'. Ley Orgánica de la Junta de Planificación (Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada), Ley de Municipios Autónomos (Ley 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada); Plan de Desarrollo Integral, Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico; Planes de Usos de Terrenos (incluye Mapas de Expansión Urbana); Mapas de Zonificación; Mapas de Zonas Susceptibles a Inundaciones; Planes de Ordenación Territorial, adoptados por la Junta de Planificación y aprobados por el Gobernador; Planes Regionales, adoptados por la Junta y aprobados por el Gobernador; Reglamentos de Planificación y otra reglamentación aplicable; Programa de Inversiones de Cuatro Años, localización específica del proyecto, usos existentes en el sector, situación de la infraestructura física y social en el lugar (calles, acueductos y alcantarillado, energía eléctrica, transportación, recogido de basura, servicio policíaco y otros); rasgos topográficos, condición de inundabilidad, condición del subsuelo, densidad poblacional, grado de contaminación del ambiente, distancia entre los terrenos y las áreas construidas, importancia agrícola, ambiental o turística de los terrenos, y otras condiciones sociales, económicas y físicas análogas.
      “Además de lo anterior, en las consultas públicas, se tomará en consideración, entre otros: el costo del proyecto, la disponibilidad y procedencia de fondos, programación de la obra, posibles conflictos con obras de otros organismos gubernamentales. Si se tratare de una transacción, también se considerará la necesidad de la misma, si la propiedad fue ofrecida a otros organismos gubernamentales, conveniencia de que la propiedad pase de pública a privada, y otras leyes aplicables al tipo de transacción.
      “La aprobación de una consulta pública no implica, en forma alguna, la aprobación del proyecto de transacción o de construcción en sí, el cual deberá regirse por lo establecido en este Reglamento y por cualquier Resolución de la Junta, eximiendo de la presentación a tal proyecto de transacción o de construcción.” (Énfasis suplido.) Sec. 7.01 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento de Planificación Núm. 6031, 12 de noviembre de 1999, pág. 26.

       El Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan fue aprobado por la Junta de Planificación mediante la Resolución el 9 de octubre de 2002, Núm. JP-PT-18-1, aprobada por la Asamblea Municipal de San Juan mediante la Ordenanza Municipal Núm. 73, serie 2001-2002, 26 de febrero de 2002, y aprobado mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2003-16 de 13 de marzo de 2003.

       En su resolución aprobando la consulta de ubicación la Junta de Planificación impuso como condición al proyecto propuesto lo siguiente:
      “6. Deberá cumplir con el Reglamento de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de San Juan.” Apéndice del Escrito de certiorari, pág. 309.

       En lo pertinente, la oficial examinadora señaló:
      “Por otro lado, tenemos que considerar que el proyecto no cuenta con la infraestructura necesaria, toda vez que en carta de 14 de febrero de 2003, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados indicó que no endosaba el proyecto propuesto.”

       En la resolución para aprobar la consulta de ubicación, la Junta de Planificación impuso como condición al proyecto propuesto lo siguiente:
      “Previo al inicio de la construcción deberá realizar la coordinación correspondiente con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para la conexión del proyecto propuesto (incluyendo la disposición de las aguas de la piscina propuesta), de manera que la planta de tratamiento de aguas usadas a la cual planean conectarse, las líneas y troncales estén en condiciones de aceptar la descarga de las aguas usadas generadas durante la fase operacional del proyecto. Esto incluye obtener todos los permisos necesarios de dicha agencia, previo a su conexión.” Apéndice del Escrito de certiorari, pág. 308.

       Incluso, el propio plano de ubicación sometido ante la Junta de Planificación e incluido como apéndice en el recurso de certiorari presentado ante este Tribunal demuestra que el proyecto propuesto no deja una franja de diez metros en toda su colindancia con la “Quebrada Cheo”. Lo que es peor, en su recurso de certiorari los peticionarios erróneamente afirman que cumplen con este requisito reglamentario y hacen referencia al plano de ubicación aprobado por la Junta de Planificación que contradice dicha afirmación.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal.

      Número: EC-2007-02

      Resuelto: 24 de julio de 2007
   RESOLUCIÓN

El 8 de septiembre de 2005 este Tribunal emitió la Resolución Núm. EC-2005-2 mediante la cual creó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, para evaluar las Reglas de Procedimiento Criminal de acuerdo con la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 24 et seq.

Con el propósito de ampliar la composición de dicho Comité, se designa al Ledo. Félix Fumero Pugliessi como miembro adicional. Esta designación tendrá efectividad inmediata.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Jorge Gordon Menéndez.

      Número: TS-10861

      Resuelto: 31 de julio de 2007

      Raúl Santiago Meléndez, abogado del peticionario.
    Sala de Verano integrada por el Juez Asociado Señor Rebollo López, como su Presidente, y las Juezas Asociadas Señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción de Reinstalación al ejercicio de la profesión presentada por el peticionario, se ordena su reinstalación, efectiva el lunes 6 de agosto de 2007.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(FdbOAida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Antonio Bauzá Torres.

      Número: CP-2005-22

      Resuelto: 31 de julio de 2007

      Zaira Z. Girón Anadón, procuradora general, Mariana D. Negrón Vargas y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradoras generales, y Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar; René Arrillaga Beléndez, de Arrillaga & Arrillaga, abogado del Ledo. Antonio Bauzá Torres; Crisanta González Seda, comisionada especial; Antonio Bauzá Torres, pro se.

   per curiam:

El Ledo. Antonio Bauzá Torres (licenciado Bauzá Torres) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 5 de marzo de 1963 y al ejercicio del notariado el 21 de mayo de 1963.

El 14 de julio de 2004, el Honorable Eddie A. Ríos Benitez, Juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, remitió ante nuestra consideración el expediente de un caso del cual se deduce una aparente infracción a los cánones del Código de Ética Profesional de parte del licenciado Bauzá Torres.

El 4 de octubre de 2001 la señora Gloria Pagán Delgado (señora Págan Delgado o demandante), representada por el licenciado Bauzá Torres, presentó una demanda contra los señores Tomás Crespo, Samuel Crespo, Orlando Crespo, Jaime Crespo y la señora María Tirado (los codemandados). Se alegó, entre otras cosas, que la señora Pagán Delgado convivió con el fenecido padre de los codemandados, señor Tomás Crespo; que durante esa convivencia ella contribuyó en las mejoras hechas en la propiedad del causante de los demandados y solicitó que se reconociera una participación en el caudal relicto del señor Tomás Crespo, y que se dividiera la comunidad entre ésta y los herederos del causante.

El caso continuó con los trámites ordinarios. El Ledo. Francisco Radinson Pérez (licenciado Radinson Pérez) asumió la representación de los codemandados. Las partes sometieron contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención, interrogatorios, contestaciones a éstos y se anunció una toma de deposición a la parte demandante.

El 28 de octubre de 2002 se solicitó la desestimación de la demanda presentada contra el señor Samuel Crespo Pérez (señor Crespo Pérez) y el señor Tomás Crespo Tirado (señor Crespo Tirado), ya que no fueron emplazados conforme a lo dispuesto en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil. Adujeron que había transcurrido el término de un año con veinticuatro días sin que se hiciera gestión para emplazarlos.

El 13 de noviembre de 2002, el señor Crespo Pérez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito suscrito por el licenciado Bauzá Torres. En dicho escrito, el licenciado Bauzá Torres afirmó que el señor Crespo Pérez solicitó que lo representara. Presentó, además, una contestación a la demanda y demanda contra coparte, alegaciones responsivas que suscribió y firmó el licenciado Bauzá Torres, abogado de la demandante, señora Pagán Delgado.

En la contestación a la demanda se expresó, entre otras cosas, que el señor Crespo Pérez daba por ciertas las alegaciones de la demanda original y reconocía que la señora Pagán Delgado aportó con su trabajo al negocio del señor Samuel Crespo padre.

La señora Pagán Delgado, representada por el licenciado Bauzá Torres, se opuso a la desestimación solicitada el 28 de octubre de 2002. Alegó que el señor Crespo Pérez le había solicitado al licenciado Bauzá Torres que lo representara. Incluyó, además, Contestación a la Demanda y Demanda contra coparte, suscritas y firmadas por el licenciado Bauzá Torres.

El Tribunal de Primera Instancia resolvió, inter alia, que el licenciado Bauzá Torres debía replicar a lo siguiente: “(S)i usted es abogado del demandante, ¿Cómo va a representar a Don Samuel, co-demandado?”

El 27 de noviembre de 2002, el licenciado Radinson Pérez presentó una solicitud ante el foro primario para que se descalificara al licenciado Bauzá Torres por violar los Cánones 8, 21, 28 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al comparecer ante ese foro en representación del codemandado señor Samuel Crespo Pérez.

El 12 de diciembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia parcial respecto al señor Crespo Tirado y el señor Crespo Pérez, desestimando con perjuicio la demanda respecto a éstos por no haber sido emplazados dentro del término de seis meses que dispone la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, y porque la señora Pagán Delgado no realizó gestión alguna para emplazarlos.

El 4 de febrero de 2003, el licenciado Bauzá Torres, en representación de la demandante, señora Pagán Delgado, presentó un escrito titulado “Moción de Reconsideración y/o Moción Solicitando Se Deje Sin Efecto y/o Se Enmiende la Misma y Moción Solicitando se Permita Desistir Sin Perjuicio”. En ella alegó, entre otras cosas: “Lo único que podría impedir a este abogado representar a ambos es que existiese o pudiera existir un conflicto de intereses entre ambas partes, lo que no ocurre.” Solicitó, además, que se le permitiera a la señora Págan Delgado desistir sin perjuicio del pleito y que se le diera la oportunidad al señor Crespo Pérez de hacer valer sus derechos, y de entenderse que pudiera haber un conflicto de interés, permitir que obtuviera nueva representación legal. En cuanto al señor Crespo Tirado, solicitó que la desestimación de la demanda se decretara sin perjuicio para que la señora Pagán Delgado, en su día, pudiera hacer valer sus derechos.

El 13 de febrero de 2003, los codemandados se opusieron a la moción del licenciado Bauzá Torres y solicitaron que se permitiera desistir sin peijuicio. Solicitaron, además, que el expediente del caso se remitiera al Procurador General. Luego, los codemandados presentaron una moción para que, en caso de que se decretara la desestimación sin perjuicio, se impusiera el pago del costo de la deposición y el pago de honorarios de abogado.

El 13 de febrero de 2003, el señor Crespo Pérez envió una carta al licenciado Bauzá Torres donde le señaló que nunca lo autorizó a representarlo en los tribunales de Puerto Rico.

El 28 de febrero de 2003, el licenciado Bauzá Torres presentó un escrito titulado “Moción en Oposición y Renuncia de Representación Legal”. Alegó, entre otras cosas, que no existía conflicto de interés entre el señor Crespo Pérez y la señora Pagán Delgado. Sin embargo, para poner término a la controversia, le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que aceptara su renuncia a seguir representando al señor Crespo Pérez.

Posteriormente, el licenciado Bauzá Torres sometió una serie de documentos al Tribunal de Primera Instancia que aparentemente sugerían contacto directo de su oficina con el señor Crespo Pérez.

El 23 de febrero de 2004, el foro de primera instancia dictó una “Sentencia de Archivo por Desistimiento sin Perjuicio”, en la que le impuso a la señora Pagán $2,200 como pago de honorarios de abogados que fueron consignados en el Tribunal de Primera Instancia el 20 de abril de 2004.

El 17 de marzo de 2004, los codemandados le informaron al tribunal que no le interesaba que se elevaran los autos del caso de epígrafe ante el Procurador General.

El 14 de julio de 2004, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución que remitió el caso ante nuestra consideración. Indicó lo siguiente:

"... ante el hecho indubitable que este Tribunal se percató personalmente del acto aparentemente dudoso (aún antes de que fuera traído a la atención del Tribunal por la demandada), el Tribunal está irremediablemente obligado, por imperativo ético y deber ministerial, a referirlo ante la consideración del Tribunal Supremo (pues es a dicho Tribunal al que le corresponde adjudicar si existe o no violación ética), no empece a la falta ya de interés de la parte demandada/promovente y al juicio particular que este Tribunal pueda tener de los hechos que motivan este referido, a base de las circunstancias de su ocurrencia.”

Señaló, además, ese tribunal que se remitió el caso ante este Tribunal porque el licenciado Bauzá Torres nunca contestó la interrogante sobre el aparente conflicto de intereses creado al representar a la parte demandante y a uno de los codemandados.

El 9 de agosto de 2004, el licenciado Bauzá Torres presentó una moción de reconsideración ante el foro de primera instancia en la que señaló, entre otras cosas, que sí hubo una contratación de índole verbal entre él y el señor Crespo Pérez. Alegó, además, que sus actuaciones fueron de buena fe porque entendía que no existía conflicto de intereses entre la posición de la señora Pagán Delgado y el señor Crespo Pérez. Indicó, también, que tampoco hubo divulgación de información relativa a las posiciones de la señora Pagán Delgado y del señor Crespo Pérez que pudiese perjudicar los intereses individuales de éstos.

El 30 de agosto de 2004, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución y orden en la cual indicó lo siguiente:

“De haberse presentado este escrito cuando se requirió, quizá el Tribunal hubiese quedado satisfecho con la explicación de lo ocurrido dentro del contexto de los hechos. Empero, el asunto ya no está en el ámbito de la autoridad del Tribunal de Primera Instancia.”

El 24 de noviembre de 2004, este Tribunal notificó una resolución que le ordenó a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que remitiera una copia del expediente Gloria Pagán Delgado v. Tomás Crespo y otros, Civil Número KAC016759(506), al Procurador General para evaluación e informe.

El 28 de marzo de 2005, el Procurador General rindió un informe donde concluyó que el licenciado Bauzá Torres incurrió en posibles violaciones a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El Informe sostuvo que no había duda alguna que el licenciado Bauzá Torres, siendo el representante legal de la demandante, señora Pagán Delgado, aceptó ser y compareció ante los tribunales como el representante legal de uno de los codemandados. El Informe indicó, además, lo siguiente:

Con su postura, el querellado incurrió en un evidente conflicto de interés en tanto su deber era abogar (en beneficio de la demandante) por aquello a que debía oponerse (en beneficio de los co-demandados). En otras palabras, el querellado asumió la representación legal del co-demandado, siendo éste el representante legal de la demandante. No obstante lo anterior, el querellado alegó que “al renunciar este abogado a la representación legal de Don Samuel y el Tribunal aceptar dicha renuncia, cualquier impresión de conflicto de intereses dejó de existir”. Entendemos que el hecho de haber renunciado a la representación legal de Don Samuel Crespo no elimina la posible violación ética en la que incurrió el querellado, ya que el hecho de que ya no exista el conflicto de interés no significa que no lo hubo anteriormente. El querellado además justificó su acción expresando que según las comunicaciones que tuvo con Don Samuel, él entendía que no había conflicto entre la posición de Don Samuel y Doña Gloria. El que el querellado entendiera que no había conflicto entre la posición de la demandada y el co-demandado no justifica su actuación; eso era un asunto que debía resolver precisamente el Tribunal de Instancia, a base de la prueba presentada por un abogado que estuviera libre de conflictos.
En la queja de autos el querellado aceptó la representación legal de uno de los codemandados mientras era abogado de la demandante. En el momento en que aceptó dicha representación legal, la controversia en torno a los planteamientos hechos en la demanda estaba ante el tribunal y no había sido resuelta. Obviamente la convicción personal del querellado en torno a la no existencia de conflicto entre las posiciones de Don Samuel y Doña Gloria, no lo exonera de la posible violación al C[a]non 21 de ética profesional. Por el contrario, sólo evidencia la necesidad de que todo cliente ostente una representación legal libre de conflicto que pueda velar por sus intereses. En vista de lo anterior, concluimos que el querellado incurrió en posible violación al Canon 21 de Etica Profesional.
En la queja de autos, el hecho del querellado haber comparecido en representación de la parte demandante y luego de comparecer en representación de uno de los co-demandados claramente aparenta una conducta impropia de parte del querellado. Informe del Procurador General, págs. 5-6.

El 21 de abril de 2005, el licenciado Bauzá Torres presentó ante este Tribunal una réplica al informe presentado por el Procurador General el 28 de marzo de 2005. Alegó, entre otras cosas, que cuando acudió al foro de primera instancia, el señor Crespo Pérez le informó que le interesaba liquidar la sucesión y le reconocía el derecho de la señora Pagán Delgado a reclamar de ésta. Señaló, además, que de buena fe entendía que no existían intereses encontrados entre la señora Pagán Delgado y el señor Crespo Pérez, y que tan pronto surgió la duda con relación al posible conflicto de intereses, él renunció a la representación legal del señor Crespo Pérez. Indicó, además, que solicitó el desistimiento sin perjuicio de la reclamación de la señora Pagán Delgado para preservar su causa de acción. Alegó que sus actuaciones nunca perjudicaron a ninguna de las partes y que desde el 5 de marzo de 1963, día de su juramento como abogado, ha tratado y se ha esforzado por mantener una conducta intachable.

Mediante Resolución de 5 de agosto de 2005 —notificada el 9 de agosto de 2005— este Tribunal ordenó al Procurador General la formulación de querella.

El 17 de noviembre de 2005, el Procurador General formuló una querella contra el licenciado Bauzá Torres. Le imputó los cargos siguientes:

CARGO I
El Ledo. Bauzá Torres incurrió, en conducta profesional en violación al Canon 21 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.21, el cual dispone, entre otras cosas, que no es propio de un profesional el representar intereses encontrados.
CARGO II
El Ledo. Antonio Bauzá Torres incurrió en conducta profesional en violación al Canon 38 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.38, el cual dispone, entre otras cosas, que el abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales, y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Además, por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. Querella, págs. 2-3.

El 9 de febrero de 2006, el licenciado Bauzá Torres presentó un escrito titulado “Contestación a la querella”. Argüyó, entre otras cosas, que el señor Crespo Pérez se comunicó con él para indicarle que la señora Pagán Delgado tenía derecho a reclamar sobre el caudal de su padre. Ex-presó que en ese momento entendió de buena fe que los intereses de la señora Pagán Delgado y del señor Crespo Pérez eran idénticos, y que tan pronto surgieron diferencias entre él y el señor Crespo Pérez renunció a seguir representándolo. Indicó, además, que solicitó se le permitiese a la señora Pagán Delgado desistir de la demanda sin perjuicio y que nunca hubo divulgación de información relativa a las posiciones de la señora Pagán Delgado y del señor Crespo Pérez. Alegó, además, que durante el tiempo que se ha desempeñado en la práctica de abogado siempre ha observado una conducta intachable que le ha permitido gozar de buena reputación en la comunidad jurídica. Admitió, sin embargo, que pudo haber cometido un error de juicio de buena fe sin intención de perjudicar a ninguna de las partes.

El 26 de julio de 2006 designamos como Comisionada Especial a la Honorable Crisanta González Seda, ex Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia (Comisionada Especial), para recibir y evaluar la prueba a ser presentada por las partes. La Comisionada Especial señaló una conferencia con antelación a la vista para el 13 de septiembre de 2006.

El 11 de septiembre de 2006, el Procurador General y la representación legal del licenciado Bauzá Torres presentaron un informe sobre la conferencia entre abogados en el que se informó la prueba testifical y documental que se iba a presentar.

El 13 de septiembre de 2006 se celebró la conferencia con antelación a la vista en su fondo. Se estipuló la celebración de la vista en su fondo para el 6 de noviembre de 2006.

El 6 de noviembre de 2006 se celebró la vista en su fondo. Sin embargo, a la misma no compareció el licenciado Bauzá Torres ni su abogado. Tampoco se recibió moción ni comunicación alguna para justificar tal incomparecencia. La Comisionada Especial admitió la prueba presentada por el Procurador General y dio por sometido su caso. Además, se expidió una Orden al licenciado Bauzá Torres para mostrar causa por la cual no debía encontrársele incurso en desacato por no haber comparecido ni haber justificado dicha incomparecencia cuando fue debidamente notificado a través de su abogado, y apercibiéndole que de no comparecer a una segunda vista el 5 de diciembre de 2006 y de no existir causa que lo justificara, se entendería que el licenciado Bauzá Torres renunciaba a la presentación de evidencia y daría por sometido su caso. Dicha Orden fue notificada el 10 de noviembre de 2006.

El 16 de noviembre de 2006, la representación legal del licenciado Bauzá Torres presentó una moción en donde se indicó, entre otras cosas, que por error no se apuntó en el calendario la fecha de la vista celebrada el 6 de noviembre de 2006.

Después de celebrada la vista en su fondo el 5 de diciembre de 2006, la Comisionada Especial rindió su informe el 29 de enero de 2007. Al formular sus determinaciones de hecho, la Comisionada Especial evaluó la prueba presentada, las estipulaciones de las partes, los documentos presentados en evidencia, la querella y su contestación, y los pronunciamientos judiciales relacionados con los hechos que dieron lugar a que el Procurador General formulara la querella.

II

Pasemos a evaluar, como cuestión de umbral, lo que contempla y dispone el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra (Canon 21):

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. ...
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban. (Énfasis suplido.)

El conflicto de intereses dispuesto por el Canon 21, supra, presenta tres situaciones que todo abogado debe evitar: (1) que en beneficio de un cliente se abogue por aquello a lo que el letrado debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente; (2) que un abogado acepte la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de un cliente anterior, y (3) que un abogado acepte una representación legal, o que continúe en ella, cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.

Dicha norma ética pretende evitar una conducta profesional que mine el principio cardinal de confianza que fundamenta toda relación fiduciaria entre el abogado y su cliente. La relación abogado-cliente se funda en el deber de lealtad y de confidencialidad de todo abogado para con su cliente. Su relación es de naturaleza fiduciaria y está fundada en la honradez absoluta. El abogado tiene la obligación de representar a su cliente con total lealtad, ejercer un criterio profesional independiente y desligado de sus propios intereses, no divulgar los secretos y confidencias que el cliente haya compartido durante el transcurso de sus representaciones pasadas y presentes.

Los abogados no sólo deben evitar el conflicto de intereses actual, sino también el potencial. Basta con que el conflicto sea potencial para imponer al abogado la obligación de renunciar a la representación del cliente afectado. La situación no varía por el hecho de que alguien crea que dicha posibilidad es, o no es, altamente especulativa. “Por lo tanto, es éticamente insostenible que un abogado ostente la representación simultánea o sucesiva de partes con potencial conflicto de intereses o con intereses encontrados.” (Enfasis suplido.)

Todo abogado debe cerciorarse de que no represente intereses encontrados o incompatibles entre sí. El abogado tiene que cuidarse de que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que promueve o defiende intereses encontrados con los de su cliente. En caso de que surja esa sospecha, es deber del abogado desligarse de la representación profesional que ocupa. “De este modo, se garantiza la más completa independencia de juicio por parte de los abogados al desempeñar sus funciones profesionales y se evita que se erosione la confianza pública en las instituciones de justicia.”

III

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia.

En numerosas ocasiones hemos recalcado que el abogado tiene la obligación de evitar la apariencia de impropiedad en el desempeño de sus labores profesionales. Es obligación de todo abogado evitar la más mínima apariencia de impropiedad; esto es, en caso de duda sobre la posibilidad de un conflicto de intereses, el abogado deberá renunciar a la representación legal del cliente o afectado o potencialmente afectado. El abogado tiene que ser escrupuloso en el cumplimiento de las normas de ética profesional y debe cuidarse que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de impropiedad. Por ende, “ la apariencia de impropiedad será utilizada [para resolver cualesquiera dudas que surjan sobre posible conflicto de intereses], a favor de la descalificación’ ”.

IV

Pasemos a considerar las recomendaciones de la Comisionada Especial a los efectos de determinar si el licenciado Bauzá Torres representó intereses encontrados y, en consecuencia, infringió los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, que obligan a todos los miembros de la profesión jurídica en Puerto Rico.

Celebrada la vista en su fondo, luego de evaluar la prueba testifical y documental presentada por las partes, la Comisionada Especial rindió su informe. Concluyó que el licenciado Bauzá Torres incurrió en un potencial conflicto de intereses. Determinó que se observó la apariencia de conducta profesional impropia, ya que la evidencia demostró que el licenciado Bauzá Torres incurrió en la conducta que le imputó el Procurador General.

Expuso, además, lo siguiente:

No obstante lo anterior, la Procuradora General Auxiliar estipuló la buena reputación del querellado, lo que se ha considerado por el Honorable Tribunal Supremo, como atenuante. De igual forma, el hecho de que es ésta su primera querella, en los cuarenta y cuatro años que ha ejercido esta profesión y la notaría, que no hubo cobro de honorarios y el querellado pagó los honorarios de la parte demandada. También, el hecho de que ninguna de las partes expresó que hubieran resultado perjudicadas económicamente por los hechos de esta querella.
De mucha importancia, a nuestro juicio, resultan las expresiones del abogado en su testimonio ante esta Comisionada, a efectos de que se encuentra arrepentido, que reconoce que hubo un error de juicio en sus actos, aunque sus actuaciones fueron de buena fe y sin ánimo de perjudicar a nadie, que tanto él como su familia se han visto afectados por esta situación y que de presentarse una situación similar, no repetiría su actuación en este caso. Informe de la Comisionada Especial, págs. 19-20.

En In re Ayala Oquendo, 166 D.P.R. 587, 597 (2005), en referencia a la función de la Comisionada Especial, este Tribunal expresó lo siguiente:

Es responsabilidad del Comisionado Especial, designado por este Tribunal en un caso disciplinario, atender las querellas presentadas por el Procurador General contra un abogado, así como recibir la prueba, evaluar y dirimir los conflictos de prueba. Este funcionario ocupa el rol de juzgador de primera instancia, por lo que está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical presentada. Sus determinaciones de hechos, basadas en prueba testimonial, merecen nuestra mayor deferencia. Cuando [las mismas] están sostenidas por la evidencia que obra en nuestro expediente, no habremos de intervenir, en ausencia de una demostración de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba. (Enfasis y escolios omitidos.)

No hemos encontrado nada en el expediente que justifique que intervengamos con las determinaciones de hecho formuladas por la Comisionada Especial. Estas determinaciones se apoyan en la evidencia presentada y admitida. Concluimos que la presunción sobre su corrección no ha sido rebatida.

Coincidimos con la determinación fáctica de la Comisionada Especial de que el licenciado Bauzá Torres violó el citado Canon 21 al comparecer en representación del codemandado, señor Crespo Pérez, cuando ya había comparecido en representación de la demandante, señora Pagán Delgado. Es claro que el licenciado Bauzá Torres incurrió en un evidente conflicto de interés en tanto su deber era abogar (en beneficio de la demandante) por aquello a lo que debía oponerse (en beneficio de los codemandados). El que el licenciado Bauzá Torres entendiera de buena fe que no había conflicto entre la posición de la señora Pagán Delgado y del señor Crespo Pérez no justificaba su actuación, ya que eso era precisamente un asunto para que el foro de primera instancia resolviera. En vista de lo anterior, concluimos que el licenciado Bauzá Torres violó al Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra.

De igual forma coincidimos con la determinación fáctica de la Comisionada Especial de que el licenciado Bauzá Torres violentó el citado Canon 38 al comparecer en representación del codemandado, señor Crespo Pérez, cuando ya había comparecido en representación de la demandante, señora Pagán Delgado. El haber comparecido en representación de la parte demandante y luego comparecer en representación de uno de los codemandados claramente rebasa un aparente conflicto de intereses de parte del licenciado Bauzá Torres.

Aunque la conducta del licenciado Bauzá Torres es altamente censurable, no podemos pasar por alto que éste nunca había sido investigado o sancionado previamente por actuaciones relacionadas con su desempeño como abogado o notario desde que fue admitido a la práctica y que éste goza de buena reputación en la comunidad. Cabe recordar que ni la señora Pagán Delgado ni el señor Crespo Pérez se han querellado de haber sufrido perjuicio alguno como consecuencia de los hechos relacionados a este caso. El licenciado Bauzá Torres realizó actos dirigidos a tomar medidas protectoras para evitar que las partes sufrieran daños; incluso, pagó el monto de los honorarios de abogado impuestos a su dienta, la señora Pagán Delgado. Tampoco cobró honorarios por sus servicios y, además, obtuvo el permiso para desistir de la demanda sin perjuicio para que su cliente pudiera hacer una nueva reclamación en el futuro. Es de notar que el licenciado Bauzá Torres mostró arrepentimiento por los hechos, y su convicción y compromiso de que no los repetiría, de surgir una situación similar.

V

En mérito de lo antes expuesto, procede censurar severamente al licenciado Bauzá Torres. Apercibimos al licenciado Bauzá Torres para que, en el futuro, ejerza mayor cautela al evaluar las situaciones que pudieran generar un conflicto de intereses o, en la alternativa, que pudieran reflejar una apariencia de impropiedad. Apercibimos, además, al licenciado Bauzá Torres de que en el futuro procure el cabal cumplimiento a los cánones del Código de Ética Profesional que rigen la profesión togada.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

        Gloria Pagán Delgado v. Tomás Crespo y otros, Civil Número KAC-01-6759 (506).

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       íd.

        In re Avilés Tosado, 157 D.P.R. 867, 882 (2002); In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345, 355 (2001). Véase, además, In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523 (1996).

        In re Avilés Tosado, supra.

        In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 309 (2000); In re Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743, 754-755 (1990); In re Pereira Esteves, 131 D.P.R. 515 (1992); In re Rivera Carmona, 114 D.P.R. 390 (1983).

        In re Vélez Barlucea, supra; Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R. 850, 857-858 (1995); Robles Sanabria, Ex parte, 133 D.P.R. 739 (1993).

        In re Bonilla Rodríguez, 154 D.P.R. 684, 694 (2001).

       íd.

       íd.; Fed. Pesc. Playa Picúas v. U.S. Inds., Inc., 135 D.P.R. 303, 319 (1994).

        In re Bonilla Rodríguez, supra.

       íd.

        In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242-243 (1982).

       íd.

        In re Palou Bosch, 148 D.P.R. 717, 725 (1999).

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

        In re Toro Cubergé, supra; In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993); In re Valentín González, 115 D.P.R. 68 (1984); In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983).

        In re Bonilla Rodríguez, supra.

       íd.

       íd.; Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649 (2000). Véase, además, Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, supra.