author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
    Víctor Alvear Maldonado, recurrido, v. Ernst & Young LLP, peticionaria.

      Número: CC-2013-0128

      Resuelto: 27 de octubre de 2014

      José J. Santiago Meléndez, del bufete Fiddler González & Rodríguez, abogado de la parte peticionaria; Javier Rivera Longchamps, del bufete Mainardi & Rivera, PSC, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si una parte, durante el descubrimiento de prueba, puede tomarle una deposición a un abogado que trabaja en el mismo bufete que el abogado de la parte contraria sin demostrar justa causa. Para contestar esa interrogante, debemos sopesar si extendemos lo resuelto en Ades v. Zalman, 115 DPR 514 (1984), a los hechos que nos ocupan. Luego de analizar el asunto con detenimiento concluimos que procede extender a este caso lo resuelto en Ades.

I—i

El Sr. Victor Alvear Maldonado presentó una demanda contra Ernst & Young, LLP (EY), en la que reclamó, al amparo de la Ley de Procedimiento Especial Sumario, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA see. 3118 et seq.), $99,800 por unas horas que trabajó, pero que supuestamente no se le fueron compensaron.

EY contestó que el tribunal carecía de jurisdicción porque el señor Alvear Maldonado no había agotado ciertos remedios de mediación y arbitraje. Alegó que la compañía tenía una política que obligaba a los empleados a resolver las disputas en un procedimiento de arbitraje. Sostuvo que el señor Alvear Maldonado era empleado exento y que, como tal, le aplicaba esa política.

Ante ello, el señor Alvear Maldonado alegó que era socio de EY y que, por lo tanto, no le aplicaba la política de arbitraje dirigida a los empleados. EY replicó que, de acuerdo con los modelos de sus contratos de sociedad, la política de arbitraje también aplicaba a sus socios.

El señor Alvear Maldonado presentó una moción, fundamentada en los Cánones 21 y 22 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, para descalificar al bufete Fiddler, González y Rodríguez (FGR), quien fungía como representante legal de EY. El señor Alvear Maldonado alegó que cuando fue socio de EY sostuvo varias reuniones con abogados de FGR en las que compartió información confidencial que en el presente pleito pretendían utilizar en su contra. Adujo, además, que se proponía citar como testigo al Ledo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, quien fue socio de EY durante el mismo tiempo que el señor Alvear Maldonado fungió como socio de la compañía y quien, además, trabajaba como abogado en FGR.

EY alegó que no procedía la descalificación del bufete FGR. Sostuvo que no existía un conflicto de interés porque FGR nunca tuvo una relación de abogado-cliente con el señor Alvear Maldonado en su carácter personal, sino con EY.

El foro primario resolvió que no existía un conflicto de interés bajo el Canon 21, supra, y denegó la moción de descalificación bajo ese fundamento. Sin embargo, permitió cierto descubrimiento de prueba para justificar la presentación del licenciado Cañellas Fidalgo como testigo del señor Alvear Maldonado.

Posteriormente, el señor Alvear Maldonado presentó una solicitud de producción de documentos y requerimiento de admisiones que EY objetó parcialmente por en-tender que excedía lo pautado por el tribunal.

Ante la objeción de EY, el señor Alvear Maldonado alegó que, de acuerdo con los documentos que EY entregó, el señor Alvear Maldonado era socio de la compañía y no empleado. Sostuvo que el licenciado Cañellas Fidalgo, como excompañero socio de EY, podía testificar sobre este hecho y sobre otros asuntos relacionados con la controversia. El señor Alvear Maldonado reiteró la solicitud de descalificación.

EY alegó que la descalificación no procedía porque no se demostró, como exige el Canon 22 del Código de Etica Profesional, supra, que el testimonio que emitiría el licenciado Cañellas Fidalgo sería perjudicial para el cliente de FGR. Por otra parte, sostuvo que la controversia sobre la cual testificaría el licenciado Cañellas Fidalgo se había tornado académica porque EY aceptó que el señor Alvear Maídonado era socio y no empleado.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que dado que EY aceptó que el señor Alvear Maldonado era socio, la utilización del licenciado Cañellas Fidalgo para probar ese hecho se había tornado académica. El señor Alvear Maídonado solicitó una reconsideración de ese dictamen y argumentó, en lo pertinente, que el testimonio del licenciado Cañellas Fidalgo no se limitaría a la controversia sobre su clasificación como socio, sino que atendería también otros asuntos del caso. Ante ello, el foro primario permitió que el señor Alvear Maldonado sometiera al licenciado Cañellas Fidalgo a una deposición y ordenó la producción de una serie de documentos.

EY se opuso a la toma de deposición y a la producción de documentos por dos razones. Primero, entendía que la mayoría de los temas que se cubrirían en la deposición tenía el propósito de probar algo que ya no estaba en controversia, a saber, el carácter de socio del señor Alvear Maldonado. Segundo, sostuvo que el testimonio del licenciado Cañellas Fidalgo no era indispensable y que la información que se quería obtener a través de su testimonio podía obtenerse por conducto de otros testigos u otros medios menos onerosos. En esencia, EY argumentó que la norma pautada por el Tribunal Supremo en Ades para los abogados de las partes aplicaba igualmente a los socios de ese abogado.

El 1 de octubre de 2012, el foro primario reiteró que el señor Alvear Maldonado podía deponer al licenciado Cañellas Fidalgo. Destacó el marco amplio y liberal del descubrimiento de prueba en nuestro ordenamiento jurídico.

Inconforme, EY acudió ante el Tribunal de Apelaciones vía una petición de certiorari. Ese foro denegó la expedición del auto. Nuevamente inconforme, EY acudió ante este Tribunal. Expedimos el auto de certiorari solicitado por EY. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos la controversia planteada.

HH hH

La Regla 27.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, “no contiene limitaciones respecto a quiénes se les puede tomar deposiciones”. Ades v. Zalman, supra, pág. 518. Por el contrario, la regla establece que “cualquier parte podrá to-mar el testimonio de cualquier persona [...]”. Regla 27.1 de Procedimiento Civil, supra. Esa liberalidad tiene su base en las características del descubrimiento de prueba.

El descubrimiento de prueba se extiende a cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito. Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véanse: Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962 (2009); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000); Ortiz Rivera v. E.L.A., National Ins. Co., 125 DPR 65 (1989). Las reglas que lo rigen “se basan en el concepto básico de que antes del juicio, toda parte en la litigación tiene el derecho a obtener el descubrimiento de toda la información que esté en posesión de cualquier persona”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, pág. 835. Véase, además, SLG Valencia v. García García, 187 DPR 283 (2012).

Ahora bien, en ocasiones hemos encontrado limitaciones al descubrimiento de prueba cuando lo aconsejan razones de política pública. En Ades v. Zalman, supra, aun cuando aclaramos que la condición de ser abogado no crea una inmunidad contra la toma de deposiciones, resolvimos que cuando una parte intenta deponer al abogado de la parte contraria debe probar que existe justa causa para ello. Es decir, la parte que interesa la deposición debe pro-bar que “la información que se busca descubrir a través del abogado [no] es susceptible de ser obtenida de otras personas o medios menos onerosos y complejos”. Id., pág. 524.

En ese caso destacamos varias razones por las cuales debíamos limitar de esa forma las deposiciones al abogado de la parte contraria: (1) no hacerlo “ ‘conllevaría el agudo riesgo de añadirle un elemento más a las tensiones que se crean en un proceso adversativo entre los representantes legales’ ”, Ades v. Zalman, supra, pág. 521; (2) colocaría al abogado en la compleja situación de ser defensor y testigo a la vez; (3) “puede convertirse en un medio mortificante, abusivo y opresivo no sólo hacia ese abogado, sino hacia su representado”, id., pág. 523, y (4) la discusión de cuál pregunta soslaya el privilegio abogado-cliente dilataría innecesariamente el curso normal del pleito. íd., pág. 525.

Lo resuelto en Ades v. Zalman, supra, realmente era parte de una corriente jurisprudencial que intentaba armonizar la amplitud del descubrimiento de prueba con los conflictos que conllevaba la deposición al abogado de la parte contraria. Véanse: In re Arthur Treacher’s Franchisee Litigation, 92 FRD 429 (E.D. Pa. 1981), Draney v. Wilson, Morton, Assaf & McElligott, 30 Fed. R. Serv.2d 960 (D. Ariz. 1980), Walker v. United Parcel Services, 87 FRD 360 (E.D. Pa. 1980); In re Penn Central Commercial Paper Litigation, 61 FRD 453 (S.D. N.Y. 1973). Véase, además, T. Flynn, Jr., On “Borrowed Wits”: A proposed Rule for Attorney Depositions, 93 Colum. L. Rev. 1956, 1969-1973 (1993).

El tema alcanzó su cúspide en Shelton v. American Motors Corp., 805 F.2d 1323 (8vo Cir. 1986), dos años después de que resolvimos Ades v. Zalman, supra. El Tribunal de Apelaciones Federal para el Octavo Circuito resolvió que procede la deposición del abogado de la parte contraria solamente si la parte solicitante demuestra tres requisitos: (1) que no existe otro medio para obtener la información que se busca, (2) que esa información es relevante y no privilegiada y (3) que la información es crucial para la preparación del caso. Shelton v. American Motors Corp., supra, pág. 1327. Nótese que esa regla es muy parecida a la que adoptamos en Ades v. Zalman, supra. De hecho, es un poco más estricta.

Shelton no tardó en convertirse en el caso normativo en la jurisdicción federal. Véase 7 Moore’s Federal Practice Sec. 31.03 [2] (3ra ed.). Numerosos tribunales adoptaron la misma norma o una parecida. 8A Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure 3d Sec. 2102 (2010). Véanse, por ejemplo: Nationwide Mut. Ins. Co. v. Home Ins. Co., 278 F.3d 621 (6to Cir. 2002); Thiessen v: GE Capital Corp., 255 F.3d 1221 (10mo Cir. 2001); U.S. v. All Funds on Deposit, 801 F. Supp. 984 (E.D. N.Y. 1992); Harriston v. Chicago Tribune Co., 134 FRD 232 (N.D. Ill. 1990); American Cas. Co. of Roading, Pa. v. Krieger, 160 FRD 582 (S.D. Cal. 1995). Véase, por el contrario, Qad. Inc. v. ALN Associates, Inc., 132 FRD 492, 495 (N.D. Ill. 1990), para una crítica a Shelton.

El Tribunal de Apelaciones Federal para el Octavo Circuito, sin embargo, ha dado una interpretación restrictiva al caso Shelton v. American Motors Corp., supra, y se ha negado a aplicarlo a otras situaciones de hecho. Moore's Federal Practice, supra, Sec. 31.03 [2] y Sec. 31.03. En Pamida Inc. v. E.S. Originals, Inc., 281 F.3d 726, 730 (8vo Cir. 2002), el tribunal permitió una deposición a los abogados de la parte contraria porque la información que se quería descubrir era sobre un pleito anterior ya terminado, la información era crucial para el caso pendiente y la información solo era conocida por los abogados (“Shelton was not intended to provide heightened protection to attorneys who represented a client in a completed case and then also happened to represent that same client in a pending case where the information known only by the attorneys regarding the prior concluded case was crucial”).

En Pamida, la corporación A fue demandada por violar unas patentes. Después que acabó ese pleito, la corporación A inició una acción de daños contra la compañía B por hechos relacionados. La corporación A utilizó los mismos abogados para ambos pleitos. Durante el descubrimiento de prueba, la compañía B solicitó una deposición a los abogados de la corporación A para descubrir información del pleito anterior y del pleito pendiente. El Tribunal de Primera Instancia permitió la deposición para descubrir todo lo relacionado al caso anterior y prohibió lo relacionado al pleito pendiente. El Tribunal del Circuito de Apelaciones confirmó y especificó que el propósito principal de Shelton era evitar que el abogado de una parte revelara la estrategia de litigio de un caso pendiente y no la información importante de un caso pasado. Pamida, pág. 730 (“the protection Shelton provides to opposing counsel only applies because opposing counsel is counsel in the instant case”).

Al igual que el Octavo Circuito, otros tribunales han interpretado a Shelton limitadamente y se han negado a extender esa protección. Moore’s Federal Practice, supra. Algunos tribunales, fundamentados en Pamida, Inc. v. E.S. Originals, Inc., supra, aplican la protección de Shelton solamente cuando a quien se le tomará la deposición es el abogado litigante (“trial or litigation counsel”), es decir, el abogado que está directamente relacionado con la representación legal de una de las partes en el caso. Véanse: U.S. v. Phillip Morris, Inc., 209 FRD 13, 18 (D. D.C. 2002) (“[Shelton] only applies to depositions of trial counsel or counsel directly involved in representing a party in the case”); Sterne Kessler Goldstein & Fox, PLLC v. Eastman Kodak Co., 276 FRD 376 (D. D.C. 2011); Zimmerman v. State, 114 So.3d 446 (Fla. 2013). Otros tribunales también han aplicado la norma de Shelton cuando la línea de preguntas que se hará en la deposición revelará la estrategia legal del caso pendiente. Véanse: U.S. v. Phillip Morris, Inc., supra; Sterne Kessler Goldstein & Fox, PLLC v. Eastman Kodak Co., supra. Véase, además, S. Tolchinsky, Deposition of Opposing Counsel in Patent Litigation, 19 Geo. J. Legal Ethics 993, 996 (2006) (“[i]n Pamida, the court appeared to limit the use of the Shelton factors to instances in which the attorney to be deposed is either counsel in the present litigation or the subject matter of the deposition would lead to the disclosure of the attorney’s litigation strategy”).

Algunos piensan que la frase “trial or litigation counsel” incluye, no solo al abogado que es representante directo o que compareció formalmente al pleito pendiente, sino que incluye también a aquellos abogados que han asesorado en la estrategia del litigio. Véase, por ejemplo, D.R. Richmond, Depositions of Other Lawyers, 81 Tenn. L. Rev. 47, 65-66 (2013) (“the major determinant should be the lawyer deponent’s involvement in the litigation, however characterized”).

En hechos muy similares al caso bajo nuestra consideración, se ha resuelto que la norma de Shelton no aplica a un abogado que es miembro del mismo bufete que el abogado de la parte contraria que está a cargo del caso. Ellipsis, Inc. v. Color Works, Inc., 227 FRD 496 (W.D. Tenn. 2005). Véase, además, Wright, Miller & Cooper, supra, pág. 448. En Ellip sis se concluyó que el miembro del bufete a quien se le tomaría la deposición no era el abogado a cargo del juicio o del litigio (“trial or litigation counsel”). íd., pág. 497.

HH HH HH

El Tribunal de Primera Instancia resolvió que procedía la deposición del licenciado Cabellas Fidalgo. EY alegó que eso es incorrecto y nos solicita, en esencia, que extendamos la norma de Ades v. Zalman, supra, a un abogado que es miembro del mismo bufete que el abogado que compareció al pleito. Por los fundamentos que elaboramos a continuación, procede extender esa norma a los hechos que nos atañen.

El problema que identificamos en Ades está presente parcialmente cuando se interesa que un miembro del bufete del abogado de récord de la otra parte deponga. Nadie puede dudar que el que se permita la deposición de un miembro del bufete del abogado de récord de la otra parte “ ‘conllevaría el agudo riesgo de añadirle un elemento más a las tensiones que se crean en un proceso adversativo entre los representantes legales”. Ades v. Zalman, supra, pág. 521. También podría convertirse en un medio mortificante, abusivo y opresivo, no solo hacia el abogado al que se pretende deponer, sino hacia el cliente o el bufete mismo. Id., pág. 523. Por último, la discusión de cuál pregunta soslaya el privilegio abogado-cliente dilataría innecesariamente el curso normal del pleito. íd., pág. 524.

Es evidente que la línea jurisprudencial federal antes citada va dirigida a permitir la deposición en controversias como la de autos. Pamida, Inc. v. E.S. Originals, Inc., supra; Shelton v. American Motors Corp., supra; Moore’s Federal Practice, supra, Sec. 31.03 [2]; Wright, Miller and Cooper, supra, Sec. 2102. Sin embargo, existe una diferencia abismal entre la jurisdicción federal y la nuestra que abona a nuestra conclusión de extender a este caso la norma de Ades v. Zalman, supra.

Adviértase que la línea reseñada de casos federales está enmarcada en la Regla Modelo 3.7 de conducta profesional de la American Bar Association, que indica:

Rule 3.7 Lawyer As Witness
(a) A lawyer shall not act as advocate at a trial in which the lawyer is likely to be a necessary witness unless:
(1) the testimony relates to an uncontested issue;
(2) the testimony relates to the nature and value of legal services rendered in the case; or
(3) disqualification of the lawyer would work substantial hardship on the client.
(b) A lawyer may act as advocate in a trial in which another lawyer in the lawyer’s firm is likely to be called as a witness unless precluded from doing so by Rule 1.7 or Rule 1.9. Center for Professional Responsibility (American Bar Association), Model Rules of Professional Conduct, 2010, pág. 102.

Como se puede observar, el inciso (b) de esta regla no obliga a que un abogado litigante renuncie a la representación de un cliente cuando se entera de que un abogado de su firma puede ser llamado a declarar. La excepción a esa norma se configura cuando el abogado litigante incurre en un conflicto de intereses que le impida continuar con la representación legal. Model Rules of Professional Conduct, supra, pág. 104.

Distinto a la Regla Modelo 3.7, supra, nuestro Canon 22 del Código de Etica Profesional, supra, establece que “un abogado debe renunciar [a] la representación de su cliente cuando se entera de que el propio abogado, un socio suyo o un abogado de su firma puede ser llamado a declarar en contra de su cliente”. Como se aprecia, este precepto abarcador impone al abogado litigante el deber de renunciar a la representación cuando se entera que un abogado de su firma puede ser llamado a declarar. Sin duda, este canon aplica a los socios o compañeros del abogado que van a testificar en el juicio y no en una deposición. Después de todo, la deposición no es un testimonio; es simplemente un mecanismo de descubrimiento de prueba. Véase R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 2010, pág. 308 (“ [e] 1 hecho de que se tome una deposición no convierte al deponente en testigo de la parte que la toma, pero cuando se somete como evidencia de esa parte, sí se le constituye en testigo propio”). Véase, además, In re Alverio Sánchez, 172 DPR 181, 190-191 (2007). Ahora bien, es innegable que, a la luz de la norma ética abarcadora que contiene el Canon 22 del Código de Ética Profesional, supra, siempre existe el riesgo de que se deponga al miembro de un bufete con el propósito de hostigar y, en la eventualidad, solicitar la descalificación de ese bufete.

Así pues, como la mayoría de los problemas que reconocimos en Ades v. Zalman, supra, están presentes en este caso y existe el riesgo de que se deponga a un miembro del bufete con el propósito de solicitar su descalificación conforme al Canon 22 del Código de Ética Profesional, supra, es necesario revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Procede extender lo resuelto en Ades a esta controversia, en que se interesa deponer a un abogado que trabaja en el mismo bufete que el abogado litigante de la parte contraria. En situaciones como esta, es necesario que la parte que solicita la deposición demuestre la existencia de justa causa, que consiste en probar que “la información que se busca descubrir a través del abogado [no] es susceptible de ser obtenida de otras personas o medios menos onerosos y complejos”. Id., pág. 524.

Aquí ya se resolvió el asunto por el cual inicialmente se iba a deponer al licenciado Cañellas Fidalgo, a saber, si el señor Alvear Maldonado era socio o empleado de EY. Sin embargo, el señor Alvear Maldonado especificó posteriormente que utilizaría la deposición para descubrir otra información relacionada con la controversia. Hay alegaciones en el expediente que apuntan a que el licenciado Cañellas Fidalgo puede tener información pertinente a la controversia, pues aparentemente fue socio de EY cuando surgió la controversia del caso. Si se demuestra la justa causa, conforme con lo resuelto en Ades v. Zalman, supra, procede deponer al licenciado Cañellas Fidalgo. Después de todo, “un amplio y liberal descubrimiento de prueba es la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia’ que tanto mina la fe del pueblo en el sistema judicial”. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986).

Si durante la deposición surge algún conflicto relacionado con privilegios, las partes deberían actuar conforme a la Regla 27.7(b)(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, que permite que un deponente se niegue, con el propósito de preservar un privilegio, a contestar una pregunta. Además, las partes siempre tendrían disponibles los remedios dispuestos en la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que permite que el tribunal emita cualquier orden para proteger a una parte de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier molestia o gasto indebido.

IV

Por otro lado, EY se embarca en su alegato en una discusión sobre por qué no procede la descalificación de FGR. En esencia, alega que tan pronto el foro primario autorizó la deposición del licenciado Cañellas Fidalgo, de acuerdo con el Canon 22 del Código de Ética Profesional, supra, FGR estaría obligado a renunciar al caso o a ser descalificado. Sin embargo, la discusión sobre este punto es prematura.

Como ya indicamos, el Canon 22 del Código de Ética Profesional, supra, aplica cuando un abogado litigante se entera de que un abogado de su firma podría ser llamado a declarar en el juicio, no en la deposición, que es un simple mecanismo de descubrimiento de prueba. In re Alverio Sán chez, supra, págs. 190-191; Hernández Colón, op. cit, pág. 308.

Más importante aún, para que proceda la descalificación, lo que se va a testificar en el juicio tiene que ser en contra del cliente del socio. Canon 22 del Código de Ética Profesional, supra. Véanse: Culebras Enterprises Corp. v. Rivera-Rios, 846 F.2d 94 (1er Cir. 1988); C.W. Wolfram, Modern Legal Ethics, Minnesota, West Publishing Co., 1986, págs. 375-390; American Bar Association, Annotated Model Rules of Professional Conduct, 5ta ed., Chicago, ABA, 2003, págs. 381-391.

En esta etapa de los procedimientos el licenciado Cañellas Fidalgo estará sujeto a una deposición o si testificará en el juicio. Luego de que se despejen esas dudas, el Tribunal de Primera Instancia estará en posición de atender la controversia sobre la descalificación de FGR.

V

Por los fundamentos antes expuestos, dejamos sin efecto el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Procede que el Sr. Víctor Alvear Maldonado demuestre justa causa, conforme con lo resuelto en Ades v. Zalman, supra, para deponer al Ledo. Jorge M. Cañellas Fidalgo.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta disintió por entender que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al permitir el descubrimiento de prueba solicitado por el demandante. En dos ocasiones el tribunal autorizó la toma de deposición al licenciado Cañellas con el fin único de que el demandante pudiera justificar la presentación del licenciado como testigo. De esta manera, el tribunal estaría en posición de resolver la solicitud de descalificación que quedaba pendiente de acuerdo con el Canon 22 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. En este caso, y ante el desarrollo particular del descubrimiento de prueba entre las partes, confirmaría la determinación de los tribunales inferiores. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Ante la presentación simultánea de una solicitud de descalificación, por alegadas violaciones al Código de Ética Profesional y una solicitud de deponer a un abogado que es miembro del mismo bufete que representa a la parte contraria, procedía pautar un análisis integral que considerara las implicaciones de la deposición en el contexto del mandato ético contenido en el Canon 22 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

Por entender que el escrutinio adoptado por este Tribunal está reñido con la economía procesal, es contrario a la tendencia jurisprudencial que la propia mayoría reconoce, debilita el alcance del Código de Ética Profesional y, más importante aún, facilita el hostigamiento entre los litigantes y la utilización de tácticas dilatorias, disiento.

I

Los hechos que originan la presente controversia surgen como consecuencia de una demanda instada por el Sr. Víctor Alvear Maldonado (señor Alvear Maldonado) contra Ernst & Young, LLP (Ernst & Young). En esta, el señor Alvear Maldonado reclamó el pago de un dinero por horas trabajadas y no compensadas.

Desde el inicio del pleito, Ernst & Young solicitó dirimir el reclamo del señor Alvear Maldonado en un proceso de arbitraje, señalando que este estaba obligado por ser empleado de la empresa. Por su parte, el señor Alvear Maldonado se opuso indicando que era socio y que no procedía ventilar su reclamo en un procedimiento de arbitraje. Sin embargo, Ernst & Young destacó que aún si fuera socio el contrato de sociedad también compelía a los socios a acudir a procedimientos de mediación y arbitraje en caso de que se presentara una disputa. A raíz de ello, sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado.

Trabada la controversia en tomo al cargo ejercido por el señor Alvear Maldonado en la empresa, este presentó una Moción en solicitud de orden de evidencia documental; prórroga para presentar oposición al escrito radicado por la parte demandada; y solicitud de descalificación de representación legal con el propósito dual de allegar información que evidenciara su alegación y servir de vehículo para la descalificación de la representación legal de Ernst & Young. En primer lugar, argumentó que participó como socio en reuniones con abogados del bufete Fiddler, González & Rodríguez, PSC (Bufete), despacho que representa legalmente a Emst & Young. Argüyó que en estas acontecieron intercambios de información confidencial que podrían utilizarse en su contra, por lo que se había constituido un conflicto de intereses en contravención al Canon 21 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. EX. A su vez, afirmó que en el Bufete labora el Ledo. Jorge M. Cañellas Fidalgo (licenciado Cañellas Fidalgo), quien para las fechas relevantes de su reclamo se desempeñó como socio de Ernst & Young, e indicó que se proponía citarlo como testigo. El señor Alvear Maldonado especificó que el testimonio del licenciado Cañellas Fidalgo versaría sobre el cargo que ocupaba en la empresa y contribuiría a la dilucidación de la controversia. Por ende, señaló que se consuma una violación al Canon 22 del referido Código de Ética Profesional, supra.

Luego de celebrar una vista, el foro primario concluyó que no procedía la descalificación del Bufete al amparo del Canon 21, supra, porque no existía prueba suficiente para sostener la existencia de intereses encontrados. Empero, no atendió el reclamo a base del referido Canon 22 hasta que finalizara el descubrimiento de prueba.

A tenor con la Resolución emitida por el tribunal de instancia, el señor Alvear Maldonado cursó a Ernst & Young una Solicitud de producción de documentos y requerimiento de admisiones. Ernst & Young la objetó. Con el fin de disipar sus diferencias, las partes pactaron una producción limitada de documentos. Además, Ernst & Young estipuló que el señor Alvear Maldonado era socio de la empresa.

A pesar de lo pactado, Ernst & Young incumplió al no producir la evidencia acordada. Como consecuencia, el señor Alvear Maldonado reiteró su solicitud de descalificación. Señaló que el descubrimiento de prueba parcial obtenido demostraba que el licenciado Cañellas Fidalgo y él ejercieron como socios durante el periodo por el cual reclama y afirmó que su intención de incluir al licenciado como testigo en el pleito quedaba sustentada.

Ernst & Young replicó la solicitud presentada y argüyó que el descubrimiento de prueba cursado era sumamente oneroso, que la solicitud presentada no justificaba la comparecencia del licenciado como testigo, que no se había establecido que el testimonio a ofrecerse fuese contrario a los intereses de Emst & Young y que, a raíz de que se estipuló que el señor Alvear Maldonado era socio, el asunto se había tomado académico. Asimismo, admitió haber concertado un acuerdo en el que se comprometió a entregar al señor Alvear Maldonado ciertos documentos.

Atendido el asunto, el foro primario determinó que cualquier testimonio para establecer que el señor Alvear Maídonado era socio se había tomado académico. Ante este dicta-men, el señor Alvear Maldonado resaltó que el testimonio del licenciado Cañellas Fidalgo es indispensable para establecer sus reclamos y que posee un efecto pernicioso para Ernst & Young. Alegó que con el testimonio se demostraría que, como socio, no procedía dilucidar su controversia en un proceso de arbitraje y para demostrar la falsedad de los reclamos de Emst & Young. Así, solicitó al foro primario que decretara la continuación, y eventual culminación, del descubrimiento de prueba ordenado y concediera la deposición del licenciado Cañellas Fidalgo.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia concedió un término para efectuar una or-den de citación con miras a deponer al licenciado Cañellas Fidalgo. Ante ello, el señor Alvear Maldonado presentó un Escrito notificando temas que serán cubiertos durante la deposición del Ledo. Jorge Cañellas Fidalgo y documentos que deberán ser entregados previo a la misma. Emst & Young se opuso enérgicamente por entender que la información que se pretende obtener al deponer al licenciado Cañellas Fidalgo no era indispensable y podía ser obtenida empleando medios altemos.

Considerado el hecho de que no se cumplió con el descubrimiento de prueba acordado y la prueba obtenida por el señor Alvear Maldonado, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la deposición concluyendo que los temas señalados resultaban pertinentes a la controversia y ordenó la producción de los documentos acordados.

Inconforme, Ernst & Young acudió ante el Tribunal de Apelaciones. El foro intermedio denegó el auto solicitado. Así las cosas, Ernst & Young presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal y cuestionó, en síntesis, que se permitiera la deposición del licenciado Cañellas Fidalgo. Particularmente, señaló que la orden de deposición debió examinarse en el contexto de una adjudicación de solicitud de descalificación puesto que se habrá de llamar como testigo en el caso a un abogado miembro del Bufete que lo representa. Véase Alegato de la parte peticionaria, pág. 8.

Trabada la controversia y expedido el caso, establecemos nuestra posición para adjudicar la polémica ante esta Curia.

II

Nuestro ordenamiento procesal civil consagra una multiplicidad de normas dirigidas a establecer un procedimiento a través del cual las personas, naturales o jurídicas, puedan dirimir sus controversias ante un foro judicial. Particularmente, se han esgrimido normas destinadas a regular los contornos del procedimiento de descubrimiento de prueba con el fin de colocar a las partes en posición de sustentar sus alegaciones, facilitar la obtención de la evidencia y la búsqueda de la verdad, y evitar sorpresas e inconvenientes durante la tramitación de un juicio. Alvarado v. Alemañy, 157 DPR 672 (2002); Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37 (2002); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158 (2001). Cónsono con este propósito, se ha promulgado la creación y el desarrollo de un descubrimiento de prueba caracterizado por su flexibilidad y liberalidad, y dirigido a asegurar un procedimiento justo y equitativo que responda a las particularidades y complejidades de cada caso. SLG Valencia v. García García, 187 DPR 283 (2012); Vincenti v. Saldaña, supra; Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., supra.

La liberalidad propia del descubrimiento de prueba ha incentivado la implantación de mecanismos que fomentan el intercambio rápido y efectivo de la evidencia en un juicio. En consecución de lo expuesto, el ordenamiento avala la creación de pactos entre las partes para concertar las particularidades del proceso de descubrimiento de prueba. Estos pactos posibilitan un sistema caracterizado por la cooperación, constituyen acuerdos válidos, vinculantes y exigibles e instauran el deber inexorable de cumplir. Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838 (1986); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. III, pág. 926. De este modo, el consentimiento mutuo de las partes puede alterar el procedimiento ordinario de descubrimiento en la medida en que esta modificación no se encuentre proscrita por el ordenamiento vigente. Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra.

A pesar de la liberalidad que caracteriza al descubrimiento de prueba, se han erigido estatutaria y jurisprudencialmente criterios que delimitan su alcance con el fin de evitar que el procedimiento se torne opresivo, intolerante o que cause molestias indebidas a las partes. Vincenti v. Saldaña, supra; Cuevas Segarra, op. cit.

De ordinario, el ordenamiento ha condicionado el alcance del descubrimiento de prueba a dos aspectos medulares, a saber: (1) información que no constituye materia privilegiada en lo que respecta a los privilegios reconocidos y (2) materia pertinente al asunto en controversia. Empero, existen limitaciones adicionales que versan sobre rasgos del descubrimiento de prueba que han surgido como corolario de la facultad judicial de restringir el amplio ámbito reconocido al procedimiento.

Sobre este particular, y en lo que atañe al asunto ante nuestra consideración, este Tribunal dirimió cuándo pro-cede la toma de deposición de un abogado de una parte. En Ades v. Zalman, 115 DPR 514 (1984), tuvimos la oportunidad de expresarnos en torno a la peculiar situación que acaecía al solicitar un descubrimiento destinado a la representación legal de una parte en el litigio. Aunque nuestro ordenamiento reconoce la posibilidad de dirigir el descubrimiento de prueba a cualquier persona, era meritorio considerar la relación existente entre un abogado y su cliente, como su asesor clave y confidente, y los deberes éticos que se imponen a esta relación en aras de evitar que un abogado sea parte o se incorpore como elemento probatorio. Ello pues, “[e]l mero hecho de que una persona sea abogado, no opera ipso facto como un escudo que impide que se le tome una deposición”. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 851. Ante tal situación, y conscientes de los riesgos que presentaba conceder un poder irrestricto de deponer a la representación legal de la parte contraria, emprendimos un análisis enmarcado en la consideración justa de los intereses encontrados, a fin de determinar bajo qué circunstancias debía proceder el reconocimiento de tal deposición.

En ese balance de intereses, este Tribunal consideró el derecho de una parte a llevar a cabo un descubrimiento de prueba amplio en lo que respecta a quién puede ser depuesto vis a vis la relación abogado-cliente. En aquella ocasión enfatizamos que la relación abogado-cliente es una correspondencia permeada de confianza e involucra un alto grado de celo y secreto profesional. Tan importante es esta relación para el ordenamiento, que se promueve la renuncia de un abogado como parte de la representación legal cuando este se encuentra en posición de ser llamado a declarar, a menos que su testimonio verse sobre asuntos meramente formales, tales como la comprobación o custodia de un documento y otros extremos semejantes. 4 LPRAAp. IX, C. 22. De otra parte, el derecho a descubrir prueba intenta proveer a los litigantes las herramientas necesarias para sustentar su postura y asegurar la tramitación eficiente de un pleito.

Efectuando el aludido balance, reconocimos el derecho limitado de realizar un descubrimiento de prueba al representante legal de una parte en el pleito y descartamos la noción errada de que una orden a esos fines era improcedente. No obstante, establecimos que para deponer al abogado de una parte es necesario que se establezca justa causa. Como elemento determinante de la justa causa, los tribunales debemos dirimir si la información que se pretende descubrir al deponer al abogado de la parte contraria puede obtenerse por medios menos onerosos y complejos. Ades v. Zalman, supra, pág. 524. Así, si existen otras fuentes satisfactorias para obtener la información, se debe prescindir de deponer al abogado. Estos requisitos exigen un estricto y ponderado escrutinio.

A pesar de que se ha validado la toma de deposiciones al representante legal de una parte en el pleito, la controversia en el caso de autos no puede resolverse aplicando aisladamente la norma plasmada en Ades v. Zalman, supra, porque la situación actual versa sobre la toma de deposición de un abogado que, sin ser parte de la representación legal en el pleito, es miembro del bufete que sí lo es y en la que ha mediado una solicitud de descalificación de representación legal. Asimismo, la información que se pretende descubrir no está protegida por el producto del trabajo del abogado 0work product), como ocurrió en Ades v. Zalman, supra. Por el contrario, en el caso ante nos, el descubrimiento solicitado está dirigido a esclarecer los hechos que dan lugar a la reclamación del señor Alvear Maldonado, el tipo de funciones realizadas, sus responsabilidades y la contratación aplicable, entre otros hechos, durante su desempeño como socio.

Como corolario, el escrutinio desarrollado en Ades v. Zalman, supra, resulta incompleto debido a que no se consideró las implicaciones y efectos nocivos que conllevaría la toma de deposición cuando media una solicitud de descalificación de la representación legal por una posible violación al Canon 22 del Código de Etica Profesional, supra, ya que se pretende usar al abogado miembro de la firma como testigo.

III

Ante esto, es menester examinar las normas de nuestro ordenamiento jurídico que regulan el ámbito disciplinario y la descalificación. A esos efectos, debemos considerar la normativa en torno a la descalificación y las disposiciones del Canon 22 del Código de Etica Profesional, supra, que versan sobre la descalificación de la representación legal en un pleito. Veamos.

Como es sabido, el poder de reglamentar la admisión al ejercicio de la abogacía y el de suspender o separar de la profesión le corresponde exclusivamente a este Tribunal. Warner Lambert v. F.S.E., 111 DPR 842 (1982). Es este Foro el que posee la facultad para entender en toda acción disciplinaria contra un abogado por conducta impropia violatoria del Código de Etica Profesional. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 633, 637 (1988).

Lo anterior significa que los tribunales, en el ejercicio inherente de supervisar la conducta de los miembros de la profesión legal que postulan ante sí, pueden descalificar a un abogado que incurra en una conducta que obstaculice la sana administración de la justicia o infrinja sus deberes hacia el tribunal, sus representados o compañeros abogados. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia está facultado para ordenar la descalificación de un representante legal cuando ello propenda a la adecuada tramitación del litigio y resulte necesario para la solución justa, rápida y económica de los pelitos. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 661 (2000). Ello, pues la descalificación puede proceder para prevenir una violación a cualquiera de los cánones del Código de Ética Profesional o para evitar actos disruptivos entre los abogados durante el litigio. Id. Véase R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., Lexis Nexis de Puerto Rico, 2010, pág. 73. Así pues, un adjudicador puede valerse de este mecanismo para asegurar el cumplimiento de un abogado con sus deberes para con la sociedad, los tribunales, sus clientes, sus compañeros y su profesión.

Como consecuencia, la descalificación no conlleva necesariamente una sanción ética. Empero, afecta negativamente varios aspectos, tales como los derechos de las partes y el trámite de los procedimientos, por lo que no debe atenderse ligeramente. Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 596-597 (2012). Las consecuencias para las partes son reales, múltiples y complejas. De entrada, advenir sin representación legal una vez iniciado el pleito, en la mayoría de las ocasiones conllevaría la adquisición de una nueva representación legal, un periodo para que esta se familiarice con el caso y, conjuntamente, un tiempo para que se entable una nueva relación abogadocliente, lo que representaría un cambio sumamente oneroso. De otro modo, el negar la concesión de una solicitud cuando de esta surge que existe, o podría existir, una violación al Código de Ética Profesional o que se afectaría negativamente a una parte, podría ser igualmente lesivo. Así, hemos señalado que los procesos de descalificación “conllevan repercusiones que tienen el efecto potencial de afectar los derechos de las partes y el trámite de los procedimientos”. íd., pág. 599. A estos efectos, la norma jurídica desarrollada requiere que al momento de evaluar una solicitud de descalificación, el tribunal sopese los intereses en conflicto, a saber, el derecho que le asiste a todo ciudadano a escoger libremente el abogado que lo represente, el derecho a un descubrimiento de prueba amplio y liberal, y “el efecto adverso que la representación legal pueda tener sobre los derechos de las partes a un juicio justo e imparcial [...]”. Id., pág. 597.

En este análisis se deben considerar las particularidades de cada caso y los efectos de la concesión o denegación de solicitudes dirigidas a alterar el curso ordinario de los pleitos. Conjuntamente, se debe velar por el derecho que posee el abogado sujeto a ser descalificado a presentar prueba en su defensa y a ser escuchado. In re González Blanes, 65 DPR 381 (1945). Como regla general, al momento de dirimir si procede la solicitud de descalificación de un representante legal, los tribunales consideran los factores siguientes: (1) la legitimación de quien solicita la descalificación; (2) la gravedad de la posible violación ética; (3) la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la controversia y el expertise de los abogados implicados; (4) la etapa de los procedimientos cuando se solicita la descalificación y el efecto para la solución justa, rápida y económica del caso, y (5) el propósito detrás de la solicitud de descalificación, es decir, si esta se utiliza como una práctica dilatoria. Otaño v. Vélez, supra.

Como expusimos, la descalificación puede proceder para prevenir una violación a cualquiera de los cánones del Código de Ética Profesional. Este Código sirve como un cuerpo normativo dirigido a establecer las pautas mínimas que deben guiar a los abogados en el desempeño de su profesión. In re Nogueras Cartagena, 150 DPR 667 (2000). En este se prescribe un ordenamiento que regula las interacciones de los abogados con los demás miembros de la sociedad con miras a salvaguardar la integridad y altitud de la profesión y de sus integrantes. Asimismo, codifica la conducta de los representantes legales en el contexto de la relación abogado-cliente mediante el establecimiento de normas destinadas a evitar los conflictos de intereses y la protección de la confianza y confidencialidad características de este vínculo.

En el contexto de la situación ante nos, el Canon 22 del Código de Ética Profesional, supra, regula la situación conflictiva que surge al requerirse la presencia de un abogado como testigo en el caso que litiga. Este canon dispone que los abogados no deben convertirse en testigos en apoyo de sus clientes, excepto en situaciones en las cuales se pretende obtener un testimonio sobre asuntos meramente formales. No obstante, cuando el testimonio resulta necesario, el abogado se encuentra en la obligación de renunciar a la representación legal para no macular la relación abogado-cliente. Id. Ahora, cuando el llamado a testificar lo es un socio o un abogado que labora en el mismo bufete que el representante legal de una parte, procede la renuncia del representante legal en el litigio tan pronto se entere de que alguno de sus socios o compañeros de bufete “puede ser llamado a declarar en contra de su cliente”. (Énfasis suplido). íd.

IV

Ante el cuadro normativo expuesto, para dilucidar la controversia de autos se requiere establecer un escrutinio judicial integral que considere el efecto que puede conllevar tanto la deposición como la descalificación solicitada. Ello, pues la descalificación se fundamenta en que el abogado a deponer se llama a declarar en contra del cliente del bufete del que es miembro. Veamos.

A. Como parte de ese análisis estamos de acuerdo con lo expresado por la mayoría de este Tribunal en cuanto a que se debe extender lo resuelto en Ades v. Zalman, supra, para que aplique a los abogados que, sin representar a parte alguna en el pleito, pertenecen al bufete que asume la representación legal. Por lo tanto, en primer lugar, la parte que solicita la deposición debe demostrar justa causa para que proceda la deposición solicitada. Es decir, los tribunales deben examinar si se justifica la toma de la deposición y si existen medios menos onerosos para conseguir la prueba solicitada. De entenderse que el descubrimiento de prueba no es indispensable o que podría obtenerse por otro medio, no procedería la deposición solicitada.

Ahora bien, una vez cumplido con el requisito de justa causa expuesto en Ades v. Zalman, supra, el examen no puede culminar sin evaluar la situación peculiar que surge ante la descalificación solicitada, porque el abogado a deponer puede ser llamado a declarar en contra del cliente del bufete del cual es socio o miembro. Esto, ya que hemos anticipado que se pueden presentar situaciones en las que se niegue la toma de una deposición cuando ello resulte apropiado, aunque haya justa causa para deponer. Zaragoza v. Tribl. Superior, 78 DPR 447, 451 (1955).

B. En el caso particular de una solicitud de descalificación por una posible infracción al Canon 22 del Código de Ética Profesional, supra, es necesario analizar el hecho de que la renuncia del representante legal procede si el testimonio del socio o abogado de la firma es en contra del cliente del bufete en el que labora. Para ello, basta que el abogado se entere que él, su socio o un abogado de su firma puede ser llamado a declarar en contra de su cliente. Id. Por lo tanto, este hecho debe considerarse y no ignorarse antes de ordenar la deposición cuando la parte que la solicita ha indicado reiteradamente que se propone hacer deponer al abogado como testigo.

Al tribunal le corresponde considerar los posibles efectos que conlleva ordenar la toma de la deposición sobre una potencial descalificación de la representación legal. A nuestro juicio, postergar tal consideración redunda en un análisis defectuoso que no considera los balances de intereses en juego. Por un lado, la necesidad de un descubrimiento de prueba liberal y amplio, y por otro, la importancia que tiene la representación legal para un cliente. Máxime cuando hemos reconocido que, en ocasiones, el descubrimiento de prueba se utiliza como un medio mortificante, abusivo y opresivo que tiene como efecto trastocar el curso ordinario del litigo. Ades v. Zalman, supra, págs. 523-524.

No podemos olvidar que siempre existe el riesgo de que se intente la deposición de un miembro de un bufete con el fin de hostigar a la parte contraria. Por lo tanto, se debe escrutar el momento cuando tiene lugar la solicitud de deposición y descalificación presentada para considerar las motivaciones que la promueven, como por ejemplo, si en efecto se utiliza para la dilación de los procedimientos, la complejidad del caso y la experiencia de los abogados ante situaciones que podrían surgir, como la capacidad para lidiar con el careo que conlleva el contrainterrogatorio de un compañero de bufete.

La incorporación de estos criterios al esquema provisto alcanza establecer unos parámetros que abaten la aplicación aislada de la norma establecida en Ades v. Zalman, supra, y fomentan un balance adecuado entre el derecho a un descubrimiento de prueba amplio y liberal, el derecho a un juicio justo e imparcial y el derecho a la libre selección de su representación legal. Además, soslaya el uso inadecuado de la solicitud de toma de deposición como estrategia de litigio o subterfugio para la intimidación en la tramitación de un juicio.

El conjunto de criterios antes mencionado completa el escrutinio judicial que los foros adjudicativos deben realizar para dilucidar si procede una solicitud de toma de deposición dirigida a un abogado que no es parte de la representación legal, cuando paralelamente se pretende la descalificación del abogado de la parte contraria. Una vez el tribunal considere el esquema establecido, tendrá las herramientas para disponer sobre la toma de deposición. Limitar el escrutinio judicial al cumplimiento con los requisitos de justa causa establecidos en Ades v. Zalman, supra, sin evaluar los efectos que la toma de deposición tendría ante una posible descalificación, resulta fragmentario y derrota el propósito que se persigue con su imposición, a saber, promover la solución justa de los pleitos que se ventilan ante los tribunales. Por ello, a modo de lograr un análisis justo y balanceado previo a alcanzar una determinación en torno a una solicitud de descalificación, resulta meritorio considerar el contexto en que se encuentra la referida solicitud y el criterio de justa causa no estaría completo.

V

Conforme a lo expuesto y tras un minucioso análisis del asunto ante nuestra consideración, procedemos a aplicarlo a los hechos ante nuestra consideración.

De las determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia surge con claridad que el análisis efectuado en cuanto a la solicitud de toma de deposición estimó que se había cumplido con el criterio general de pertinencia y con los criterios de justa causa y ausencia de medios menos onerosos. Ello, pues luego de que el foro de instancia ordenó el descubrimiento de prueba por otros medios, Ernst & Young no lo produjo. A raíz de ello, entendió que procedía la autorización requerida para deponer al licenciado Cañellas Fidalgo, toda vez que la solicitud se ceñía a los requerimientos de nuestro ordenamiento normativo y jurisprudencial. No obstante, ante la ausencia de un escrutinio judicial apropiado para la situación particular presentada, no surge que el tribunal efectuara un análisis integral que considerara criterios adicionales dirigidos a evaluar los efectos de la presencia de una solicitud de descalificación fundamentada en que el abogado a deponer será citado como testigo.

VI

Como consecuencia de lo anterior, opino que la norma de Ades v. Zalman, supra, resulta exigua al atender una solicitud de toma de deposición que da lugar a una simultánea petición de descalificación por posible infracción ética. Por lo tanto, considero imperativo la adopción del examen aquí expuesto para lograr el balance necesario en este tipo de circunstancias. Así las cosas, devolvería el asunto para que el foro primario culmine el escrutinio expuesto conforme a los criterios señalados y determine si procede la toma de deposición del licenciado Cañellas Fidalgo. Como consecuencia, disiento del curso de acción tomado por una mayoría de este Tribunal.

       Valga aclarar que no proponemos adoptar la norma de Shelton v. American Motors Corp., 805 F.2d 1323 (8vo Cir. 1986). Esa no es la controversia en este caso.

       Algunos tribunales han adoptado análisis distintos. Véase, por ejemplo, In re Subpoena Issued to Dennis Friedman, 350 F.3d 65, 72 (2do Cir. 2003) (“Rule 26 require [s] a flexible approach to lawyer depositions whereby the judicial officer supervising discovery takes into consideration all of the relevant facts and circumstances to determine whether the proposed deposition would entail an inappropriate burden or hardship”. Véase, además, Johnston Development Group, Inc. v. Carpenters Local Union No. 1578, 130 FRD 348 (D. N.J. 1990).

       Nótese que el término “bufete” incluye las grandes firmas que pueden emplear cientos de abogados y las oficinas máspequeñas que emplean pocos letrados.

       Este Tribunal ha reconocido el derecho de todo ciudadano a seleccionar libremente su representación legal. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000); Otaño v. Vélez, 141 DPR 820 (1996); In re Vélez, 103 DPR 590 (1975). Empero, este derecho no ha sido considerado como un derecho fundamental. Es decir, no existe un derecho absoluto a estar representado en el trámite de un pleito civil ni a estarlo por un abogado en particular. Meléndez v. Caribbean Int’l News, supra.

       La mayoría, paradójicamente, en lugar de confirmar el dictamen, devuelve el caso para que se realice lo que ya se realizó.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Danitza Santiago Ortiz.

      Número: TS-16,520

      Resuelto: 28 de octubre de 2014

      Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Danitza Santiago Ortiz, pro se.

   per curiam:

El Ledo. Manuel E. Ávila De Jesús, en calidad de Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), sometió una moción para la incautación inmediata de la obra notarial de la Leda. Danitza Santiago Ortiz (licenciada Santiago), así como su suspensión temporera del ejercicio de la notaría. Luego de examinar la respuesta de la licenciada Santiago a las imputaciones incluidas en la moción de la ODIN, resolvemos que, dado el patrón de incumplimiento con los términos para someter ciertos docu mentos ante dicha oficina según fijados en la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial) y su reglamento, procede acoger la recomendación del Director de la ODIN. No obstante, consideramos que la magnitud de la desatención desplegada por la letrada a sus deberes para con la ODIN amerita que la suspensión del ejercicio de la notaría sea por tiempo indefinido. Veamos.

I

La licenciada Santiago fue admitida al ejercicio de la abogacía el 20 de agosto de 2007 y a la notaría el 18 de septiembre del mismo año.

El 16 de julio de 2014 la ODIN presentó una “Moción solicitando auxilio del Tribunal para incautación de obra notarial y otros remedios”. En su moción, la ODIN señaló las siguientes faltas de la licenciada Santiago a las exigencias del derecho notarial:

A. Testamentos

1. Retrasos

Según surge del escrito de la ODIN y los documentos que lo acompañan, entre el 2010 al 2014 la licenciada Santiago notificó el otorgamiento de testamentos a dicha oficina en seis ocasiones luego de expirado el término de un día dispuesto para ello por la Ley Notarial. Las tardanzas fluctuaron entre cinco a catorce días.

Para la mayoría de los retrasos, la ODIN le envió una comunicación a la licenciada Santiago alertándola sobre estos y de su deber de presentar las razones que justificaran las tardanzas. Fueron varias las justificaciones presentadas por la licenciada Santiago para los incumplimientos. En primera instancia, indicó que la correspondencia presuntamente había salido tarde de su oficina por motivo de los días festivos en diciembre. En otra ocasión adujo que la muerte de un pariente cercano la había mantenido fuera de su oficina. En el resto de los casos explicó que, por error, entendía que se habían enviado a tiempo.

En lo concerniente a estos retrasos, mediante Resolución de 14 de marzo de 2011 la ODIN advirtió a la licenciada Santiago sobre su obligación de cumplir estrictamente con sus responsabilidades como notario. Igualmente, el 9 de octubre de 2013 le informó de la gravedad de las notificaciones tardías, a la vez que le apercibió que, de incurrir nuevamente en este tipo de conducta, referiría el asunto a este Foro para la acción disciplinaria correspondiente.

2. Guarismos

El 4 de abril de 2014 la Jefa del Registro General de Competencias Notariales, adscrito a la ODIN, envió dos avisos a la licenciada Santiago notificándole que en los testamentos otorgados por ella mediante las Escrituras Número 2-A y 3, ambas de 14 de marzo de 2014, la hora del otorgamiento se expresó únicamente en guarismos. Al momento de someter su escrito, la ODIN desconocía si la licenciada Santiago había atendido estos defectos, pues no había recibido respuesta a sus notificaciones.

3. Acta de Subsanación

Por otra parte, la ODIN nos apercibió sobre la Escritura Número 4 de 6 de marzo de 2013, titulada Acta de Subsa nación, presentada por la licenciada Santiago ante el Re gistro de Testamentos. Mediante una comunicación de 24 de abril de 2013, la ODIN informó a la licenciada Santiago que la mencionada escritura no podía inscribirse, ya que los testamentos no son susceptibles de subsanación.

B. Poderes

Igualmente, en múltiples ocasiones la licenciada Santiago incumplió con su deber de informarle a la ODIN el otorgamiento de escrituras relacionadas con poderes dentro de los tres días subsiguientes a dicho otorgamiento, según provisto en la ley.

1. Escritura Número 9 de 2010

La Escritura Número 9 sobre Protocolización de Poder, otorgada el 25 de mayo de 2010, se notificó al Registro de Poderes el 3 de enero de 2011, es decir, 220 días en exceso del término aplicable. La licenciada Santiago cursó una carta a la ODIN el 29 de diciembre de 2010 en la que informó que había obrado bajo la creencia de que no estaba obligada a notificar ese tipo de transacción a esa oficina. Expresó que no fue hasta que consultó con el Registrador de la Propiedad que se percató de su error. El 18 de febrero de 2011 la ODIN emitió una Resolución en la que apercibió a la licenciada Santiago respecto al estricto cumplimiento de sus obligaciones notariales.

2. Escrituras Número 13 a la 21 de 2011

La licenciada Santiago otorgó las Escrituras Número 13 a la 21 sobre Protocolización de Poderes el 21 de septiembre de 2011 y las notificó al Registro de Poderes el 23 de marzo de 2012, o sea, 179 días luego de expirado el límite de tiempo aplicable. Mediante una carta de 21 de marzo de 2012 la licenciada Santiago intentó excusar el retraso indicando que entendía “que las mismas habían sido enviadas para la correspondiente registración, sin embargo al verificar el expediente [se] percat[ó] que no se había hecho el trámite”. El 8 de agosto de 2012 la ODIN emitió una Resolución en la que, una vez más, le comunicó sobre su deber de cumplir a cabalidad con sus obligaciones notariales.

3. Escritura Número 1 de 2012

La Escritura Número 1 sobre Protocolización de Poder, otorgada el 31 de enero de 2012 por la licenciada Santiago, se notificó al Registro de Poderes el 23 de febrero de 2012. Esta vez, el retraso fue de 20 días en exceso de lo provisto por ley. La licenciada Santiago no respondió a los requerimientos de la ODIN para que, a tenor con las exigencias de la Regla 13(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, explicara los motivos para la tardanza.

4. Escritura Número 2 de 2014

El 1 de marzo de 2014 la licenciada Santiago otorgó la Escritura Número 2 sobre Poder General y la notificó al Registro de Poderes el 25 de marzo de 2014. La notificación se excedió por 19 días del término para remitirla. En su correspondencia de 20 de marzo de 2014 dirigida a la ODIN, la licenciada Santiago ofreció sus excusas por la tardanza explicando que entendía “que se había enviado la misma vía correo luego del otorgamiento” del poder.

C. Indices de Actividad Notarial Mensual

Según surge de la Certificación expedida el 15 de julio de 2014 por la jefa del Registro de Competencias Notariales, la licenciada Santiago adeuda los siguientes índices de Actividad Notarial Mensual:

D. índices de Actividad Notarial Anual

La Certificación antes mencionada, igualmente, señala que faltan por someter los Informes de Actividad Notarial Anual de la obra notarial de la licenciada Santiago correspondientes a 2010, 2011 y 2013.

Mediante una Resolución expedida el 30 de julio de 2014 le concedimos a la licenciada Santiago un término de diez días para responder. La licenciada Santiago sometió su contestación el 12 de agosto de 2014.

II

La licenciada Santiago ofreció las siguientes explicaciones como defensa a las imputaciones de la ODIN.

Primeramente, admitió su tardanza en remitir los testamentos y los poderes según puntualizado por la ODIN. Adujo, no obstante, que siempre le presentó a la ODIN sus razones para estas demoras y que se aseguró de que nadie se hubiese perjudicado por ello.

En cuanto a las Escrituras Número 2-A y 3 de 2014, en las cuales la hora del otorgamiento se expresó únicamente en guarismos, informó que había citado a las partes para otorgar los testamentos nuevamente. Con relación a la Escritura Número 4 de 6 de marzo de 2013, expresó que revisó y confirmó que no adolece de error, lo que tornó en innecesaria el acta de subsanación rechazada por la ODIN. Por último, indicó que “entendía” que había enviado los índices mensuales y los informes anuales que listó la ODIN en su moción y acompañó copia de estos documentos con su escrito.

III

A. Testamentos y poderes

Según indicamos, cada notario debe notificar a la ODIN, dentro de las próximas 24 horas de otorgadas, todas sus escrituras relativas al otorgamiento, modificación, revocación, o ampliación y protocolización de testamentos. Igualmente, se le requiere que notifique a la ODIN las escrituras relacionadas con la protocolización, constitución, modificación, ampliación, sustitución, revocación, renuncia o renovación de poderes. Esto deberá efectuarse dentro de los próximos tres días laborables a partir de su otorgamiento.

En caso de no remitir la correspondiente notificación de los asuntos antes mencionados a la ODIN en el plazo dispuesto por ley, el notario deberá hacerlo a la brevedad posible y certificar, bajo su fe, firma y sello de notario, los hechos y las circunstancias que motivaron la tardanza.

La importancia de que exista una constancia cierta de la fecha y hora de las escrituras concernientes a los testamentos y poderes es indiscutible. El testamento constituye un acto mediante el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. En esencia, comprende la voluntad del causahabiente quien dis-pone por ese medio la distribución de su patrimonio al morir. No obstante, esa voluntad no es fija. Se le permite a una persona cambiar los términos de su testamento según sus deseos y necesidades varíen con el tiempo. Ahí reside la necesidad de que el Registro de Testamentos esté al día y refleje la realidad de esa voluntad al momento de morir el testador para asegurar, de este modo, su cumplimiento.

Por otra parte, la validez o invalidez de un negocio jurídico, en el cual una persona comparece en representación de otra, dependerá de si el mandato que le concedió ese derecho se encontraba vigente al momento de la transacción. Claro está, es prerrogativa del mandante continuar o revocar esa autorización para que otro actúe a su nombre. Consiguientemente, se justifica la urgencia en remitir los asuntos relativos a poderes a la ODIN por los peijuicios que la modificación o revocación de un mandato que no conste en el Registro de Poderes puede ocasionar a las obligaciones contractuales.

En resumen, la naturaleza inherentemente dinámica de los testamentos y poderes valida el esquema riguroso de notificación consignado en nuestro ordenamiento. La utilidad del Registro de Testamentos y del Registro de Poderes depende precisamente de que la información allí consignada se mantenga actualizada.

B. índices mensuales e informes anuales

Los notarios están obligados a remitir a la ODIN los índices mensuales de su actividad notarial no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al mes informado. Igualmente, cada año deben rendir un informe estadístico de su actividad notarial. Estos informes deben enviarse a la ODIN no más tarde del último día de febrero del año siguiente al que se informa.

El incumplimiento con el requisito de notificar prontamente toda actividad notarial, ya sea mensual o anual, constituye una falta grave a los deberes que la fe pública notarial le impone, de manera particular, a estos profesionales. Es por ello que tal desviación merece sanciones disciplinarias severas. In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888 (2013); In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774 (2009); In re Feliciano Lassalle, 175 DPR 110 (2008); In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798 (2008).

El deber de notificación del informe estadístico anual “es importante para la organización y documentación de las actividades notariales de Puerto Rico.” In re Carrasquillo Martínez, supra, pág. 802. El notificar a destiempo o simplemente ignorar hacerlo puede traer consigo consecuencias serias que impacten negativamente la fe pública que reviste a los notarios. Véanse: In re Miranda Casasnovas, supra; In re Feliciano Lassalle, supra; In re Montañez Alvarado, 160 DPR 496 (2003).

El proceso de someter tanto los índices como los informes no es un proceso complicado; meramente conlleva implementar un sistema administrativo sencillo que asegure su cumplimiento. In re Feliciano Lassalle, supra; In re Montañez Alvarado, supra; In re Cruz Ramos, 127 DPR 1005 (1991).

IV

Todo notario está obligado a acatar rigurosamente las disposiciones de la Ley Notarial y su reglamento. In re López Cordero, 164 DPR 710 (2005). Apartarse de alguna de sus disposiciones expone al notario a sanciones.

Por la importante función que ejercen, la labor de los notarios exige que sean meticulosos en todos los aspectos de su trabajo. La notarIa es un oficio que demanda gran atención y esmero. In re López Cordero, supra. A tono con lo anterior, hemos reconocido que "el ejercicio del notariado exige un grado razonable de organización administrativa, supervisión, responsabilidad y consciencia pública”. In re Miranda Casasnovas, supra, pág. 779. Véanse, también: In re Feliciano Lassalle, supra; In re Carrasquillo Martínez, supra; In re Montañez Alvarado, supra.

Conscientes de las exigencias variadas que le imponen la Ley Notarial y su reglamento, hemos advertido que, de no poder cumplir con estas obligaciones, los notarios “debe[n\, en el ejercicio de honestidad profesional, abstenerse de practicar el notariado”. (Énfasis en el original). In re Miranda Casasnovas, supra, pág. 779, citando a In re Cruz Ramos, supra, pág. 1007. Véanse: In re Feliciano Lassalle, supra; In re Carrasquillo Martínez, supra; In re Montañez Alvarado, supra.

En este caso no existe controversia sobre los múltiples retrasos de la licenciada Santiago en notificar a la ODIN los testamentos que ella otorgó, así como las escrituras relacionadas con poderes. Cabe destacar que algunas de estas demoras fueron significativas. Igualmente, consta en autos que en numerosas ocasiones la ODIN le alertó sobre su incumplimiento con las fechas límites correspondientes y la posibilidad de que ello culminara en la imposición de sanciones en su contra. Por otra parte, las razones que la licenciada Santiago ofreció para faltar a los términos fijados en ley para estos menesteres no justifican el patrón craso de incumplimiento que ha quedado claramente establecido. Lo anterior se agrava por la desatención sistémica que la licenciada Santiago ha demostrado a su deber de presentar los índices mensuales e informes anuales de su obra notarial durante años, conducta que trata de defender con simplemente indicar que “entendía” que los había enviado.

Queda claro que no estamos frente a situaciones aisladas de incumplimiento durante un corto periodo de tiempo. Ello pone de manifiesto que la licenciada Santiago es incapaz de acatar los rigores de la Ley Notarial y su reglamento, según le corresponde. El expediente en este caso demuestra, sin lugar a duda, que la oficina de la licenciada Santiago carece de un sistema confiable que pueda garantizar el cumplimiento con los requisitos de notificación a la ODIN dentro de los plazos específicos consignados en ley.

Según explicamos anteriormente, los motivos para compeler a la celeridad en el caso de los testamentos y poderes son de gran relevancia en el ámbito legal y social. No podemos perder de perspectiva que su inobservancia impacta la confiabilidad en el sistema de registros de la ODIN. Igualmente, esta omisión crea el riesgo de repercusiones muy serias en los derechos de los individuos quienes, a su vez, quedan a merced de la incertidumbre. Del mismo modo, los índices mensuales e informes anuales de actividad notarial garantizan la certeza de los documentos en que intervienen los notarios y evitan el riesgo de manipulación y fraude.

V

Por los fundamentos expuestos, procede decretar la suspensión inmediata e indefinida de la Leda. Danitza Santiago Ortiz del ejercicio de la notaría. Se ordena al Alguacil del Tribunal Supremo incautar la obra notarial de la licenciada Santiago, incluyendo su sello notarial, y entregarlos al Director de la ODIN para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta no interviene.

         Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 LPRA see. 2001 y ss.).

       En lo pertinente, el Art. 73 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial) dispone lo siguiente:
      “Los notarios remitirán al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, el próximo día a partir de su otorgamiento, no contándose sábados y domingos ni los días feriados decretados por ley, una notificación autorizada por ellos de cada escritura matriz de otorgamiento, modificación, revocación o ampliación de testamento, o protocolización de testamento ológrafo o cerrado [...]”. 4 LPRA see. 2123.

       Véanse: Regla 13(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B; Regla 63 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV.

       Esto en contra de lo dispuesto por el Art. 27 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2045.

       Véase Regla 39 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV.

       Véase el Art. 3 de la Ley Núm. 62 de 8 de mayo de 1937, según enmendada, 4 LPRA see. 922.

       Regla 63 del Reglamento Notarial, supra.

       Art. 616 del Código Civil, 31 LPRA see. 2121.

       Art. 1624 del Código Civil, 31 LPRA see. 4482.

       La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) es responsable del funcionamiento del Registro de Testamentos y el Registro de Poderes. Regla 59 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV.

       Véanse: Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2023; Regla 12 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV.

       Véanse: Art. 13-A de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2031a; Regla 13 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV.


text:
      In re Designación de la Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

      Número: EN-2014-04

      Resuelto: 3 de noviembre de 2014
   RESOLUCIÓN

El Tribunal Supremo designa a la Leda. Heidi Claudio Rosario como Compiladora y Publicista del Tribunal Supremo, efectivo inmediatamente. La licenciada Claudio Rosario desempeñará sus funciones a tenor con las disposiciones que regulan el funcionamiento de la Oficina de la Compiladora y Publicista.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

text:
    Sindicato de Policías Puertorriqueños, Inc., Ismael Rivera Román, su esposa Ingrid Yormarie de la Rosa Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, José M. Colón Pérez, su esposa Sandra Negrón Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y Alberto F. Méndez Morales, peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico, Administración de Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura, Metropolitan Life Insurance Company h/n/c Metlife Insurance, y John Doe, recurridos.

      Número: CT-2014-0013

      Resuelto: 3 de noviembre de 2014

      Edgar Pérez Durán, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de Certificación Intrajurisdic-cional y la Moción en Auxilio de Jurisdicción y de Parali-zación de los Procedimientos, se declaran ambas “no ha lugar”.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo esta expresión, a la que se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón:

“En el pasado, el recurso de certificación intrajurisdiccional ha sido utilizado por este Tribunal ‘para atender asuntos que requieren urgente solución, ya sea porque se afecta la admi-nistración de la justicia o porque el asunto es de tal importan-cia que exige una pronta atención’. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 272-273 (2010).
Tampoco debemos perder de vista que el recurso de certifi-cación es ‘de carácter excepcional porque la norma preferida en nuestro ordenamiento es que los casos maduren durante el trámite ordinario para evitar así que el foro de última instan-cia se inmiscuya a destiempo’. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 272. Véase, además, Rivera v. J.C.A., 164 DPR 1, 7 (2005). Asimismo, la certificación permite que este Foro dilucide algunos casos que de otra forma evadirían nuestros pronunciamientos. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 273; Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149, 160-161 (2006)”.
En este caso no se da ninguna de esas circunstancias. De hecho, es incomprensible que los peticionarios se quejen de una supuesta lentitud del Tribunal de Apelaciones, pero du-rante los cuatro meses que el caso lleva en ese foro judicial nunca le solicitaron el remedio urgente en auxilio de jurisdic-ción que por primera vez piden a nosotros. Este Tribunal no debe avalar esa conducta.
En resumen, no se amerita preterir el cauce procesal ordi-nario en este caso. Corresponde atenderlo al Tribunal de Ape-laciones y por eso voto conforme con proveer “no ha lugar” a la solicitud de certificación y a la moción en auxilio de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Rivera García hizo la expresión siguiente:

Estoy conforme con la Resolución emitida por este Tribunal porque entiendo que el recurso de certificación intrajurisdiccio-nal es una medida extraordinaria para atender únicamente aquellos casos que requieran una solución urgente, “ya sea por-que se afecta la administración de la justicia o porque el asunto es de tal importancia que exige una pronta atención”. Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 621 (2013), citando a U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 272-273 (2010). En el presente recurso, los peticionarios sostienen que las Secs. 19 y 26 de la Ley Núm. 3-2013 (3 LPRA secs. 787e y 787 l) son inconstitucionales en su aplicación, ya que conllevan una deducción no autorizada de los sueldos de los policías. Según arguyen, ello constituye una “confiscación de su sueldo sin el debido proceso de ley ... que es garantizado por el Artículo II, Sección 7, de nuestra Constitución”. Véase Solicitud de cer-tificación intrajurisdiccional, pág. 11.
Tal reclamación, aunque importante y meritorio que la eva-luemos en su momento, de por sí no es suficiente para que este Tribunal acoja el recurso de certificación solicitado y releve a los peticionarios del trámite apelativo correspondiente. Máxime cuando esta atañe a discrepancias concernientes a la Reforma del Sistema de Retiro, cuya constitucionalidad avaló una mayoría de esta Curia en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828 (2013).
Como Tribunal de última instancia, y en el sabio ejercicio de nuestra discreción, no debemos avalar la preterición de los trámites judiciales ordinarios en cualquier caso en que se haga un reclamo de naturaleza constitucional.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al que se unieron la Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

Nuevamente, este Tribunal tiene ante su consideración una controversia de alto interés público, entre servidores públicos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En esta ocasión, los miembros de la Policía de Puerto Rico recla-man que la implantación de la aportación compulsoria para la compra de un seguro por incapacidad y el que se les imponga a acogerse a un programa de beneficio por inca-pacidad, seleccionado unilateralmente por el Administra-dor del Sistema de Retiro, constituye una actuación incons-titucional en su aplicación.() Sin embargo, lejos de ejercer nuestra facultad para otorgar un remedio adecuado, com-pleto y oportuno, una mayoría de este Tribunal decide no atender el reclamo laboral de los servidores públicos.

I

El Sindicato acudió ante el Tribunal de Primera Instan-cia mediante una Petición de injunction preliminar y permanente y sentencia declaratoria. En síntesis, argüyeron que la aplicación de los Arts. 5-105(c) y 5-112 de la Ley Núm. 3-2013 (3 LPRAsecs. 787e(c) y 7871), constituye una incautación de su salario y les priva de su propiedad sin el debido proceso de ley al descontárseles una cantidad para el pago de una póliza sin que hayan autorizado ese des-cuento y desconociendo los beneficios que ofrece el alegado seguro. Asimismo, señalaron que les aplica las disposicio-nes contenidas en la Ley de Pagos de Salarios, 29 LPRA see. 171 et seq., por lo que, sin su autorización, no se les puede deducir de su salario cantidad alguna para el pago de un seguro por incapacidad. A su vez, argumentan que no existe justificación para requerirles a los policías un seguro por incapacidad cuando no se les exige tan siquiera un se-guro de vida.

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emi-tió una Sentencia el 24 de marzo de 2014 en la que deses-timó la petición del Sindicato. Al así hacerlo, concluyó que este no tenía derecho a remedio alguno y que la Ley de Pagos de Salarios solo aplica a los empleados del Estado cuando el descuento tenga que ver con pagos de hipotecas o préstamos personales suscritos con el Sistema de Retiro que le cobije. Asimismo, determinó que la Ley Núm. 3-2013 constituye el estatuto específico aplicable y que esta requiere la aportación compulsoria para la adquisición de un seguro por incapacidad sin autorizar al empleado a se-leccionarlo libremente.

Inconforme, desde junio de 2014, el Sindicato acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En su recurso de apela-ción señaló que erró el foro primario al: (1) declarar que la Ley de Pagos de Salarios no aplica a los empleados guber-namentales; (2) interpretar que el descuento no es ilegal; (3) determinar que carece de un remedio, y (4) no determi-nar la inconstitucionalidad de los artículos señalados. Al día de hoy el foro intermedio no ha adjudicado la contro-versia ante su consideración.

Como consecuencia, el Sindicato acude ante este Tribunal y nos solicita que atendamos en certificación la contro-versia que está pendiente de adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones y que paralicemos la vigencia de estos ar-tículos hasta que se resuelvan sus reclamos.

II

En reiteradas ocasiones he expresado que es obligación de esta Curia atender de forma oportuna un reclamo de los sectores de nuestra fuerza trabajadora. Véase el voto de conformidad en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros I, 190 DPR 77, 80 (2014). Igualmente, he expuesto que es mi norte “hacer viable la oportuna, justa, rápida y económica administración de las controversias”. Voto particular disi-dente en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo PR I, 191 DPR 470, 478 (2014). Máxime cuando estamos ante situaciones de alto interés público con repercusiones económicas en el sa-lario de cientos de servidores públicos que protegen y velan por la vida, propiedad y seguridad pública. Véase, además, el voto particular emitido en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 646 (2013). Ello requiere la atención diligente de los foros judiciales para que la parte que le asista la razón pueda recibir un remedio completo, opor-tuno y adecuado, lo cual no ha ocurrido en el tracto proce-sal que nos ocupa. Véase la opinión de conformidad emi-tida en Doral et al. v. ELA et al. III, 191 DPR 422 (2014). No podemos pasar por alto que los tribunales ostentamos el poder inherente para conceder cualquier remedio que en equidad proceda y tomar aquellas medidas extraordinarias para resolver los casos de alto interés público. Véase el voto particular de conformidad emitido por la Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88, 92 (2014).

III

No albergo la menor duda de que los cambios adoptados al sistema de retiro de los empleados públicos, que impacta a los miembros de la Policía de Puerto Rico, al incautar parte de su salario para la compra de un seguro de incapa-cidad, es un asunto que requiere la intervención y pronta adjudicación de este Tribunal. No podemos pasar por alto no solo que estos reclaman que se les ha confiscado su sa-lario sin su consentimiento sino que, además, se les ha impedido evaluar los efectos del programa y del proveedor que se les impuso unilateralmante.

Hoy, una mayoría de este Tribunal considera que no es necesario certificar una controversia de interés público, re-lacionada con servidores públicos que protegen y velan por la vida, propiedad y seguridad pública.

Nótese que no nos encontramos ante reclamos de inte-reses privados. Ante tales reclamos de naturaleza pública, opino que este Tribunal debió actuar inmediatamente, pa-ralizar los efectos de los artículos en controversia y certifi-car el caso ante el Tribunal de Apelaciones.

      (1) Véase Arts. 5-105(c) y 5-112 de la Ley Núm. 3-2013 (3 LPEA secs. 787e(c) y 7871), respectivamente. Mediante estos artículos se requiere una aportación compul-soria de los empleados públicos para la compra de un seguro por incapacidad que el Administrador determine que son necesarias siempre que la aportación requerida sea igual o menor a un cuarto por ciento (0.25%) de la retribución del participante.