text:
    Luis M. Morales Tañón, peticionario, v. Autoridad de Energía Eléctrica, recurrida; Edgardo Vázquez Báez, interventor.

      Número: CC-2014-873

      Resuelto: 23 de julio de 2015

      César Rosado Ramos, abogado de la parte peticionaria.
   SENTENCIA

Comparece ante nos el Ledo. Luis M. Morales Tañón (el peticionario) para que revisemos una Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Esta confirmó la Resolución emitida por la Oficial Examinadora de la Autoridad de Energía Eléctrica que sostuvo la adjudicación de la plaza de Presidente del Comité Permanente de Subastas B al Ing. Edgardo Vázquez Báez (el interventor) y, por ende, desestimó la Querella presentada por el peticionario.

Por entender que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o la recurrida) no observó el principio de mérito y que el peticionario era el candidato idóneo para ocupar la plaza, revocamos la determinación del tribunal apelativo intermedio. Veamos los hechos que dieron lugar a esta controversia.

I

La AEE cuenta con dos (2) Comités de Subastas: el Comité de Subastas A y el Comité Permanente de Subastas B. Estos Comités son “responsables por la pureza en los procesos de subasta desde la evaluación hasta su adjudicación, por el cumplimiento de los requisitos legales y la reglamentación interna aplicable, dentro de los límites de autoridad conferidos”. En particular, el Comité Permanente de Subastas B (el Comité) está compuesto por no menos de cinco (5) miembros permanentes con experiencia en los campos de compras, ingeniería, legal o finanzas. Asimismo, uno de los miembros actúa como presidente del Comité.

Para la fecha en cuestión, el peticionario llevaba diez (10) años como miembro del Comité y se había desempeñado como Presidente Interino de este en varias ocasiones. No obstante, la plaza de Presidente del Comité estuvo vacante desde enero de 2005 hasta el 15 de mayo de 2008, fecha cuando se extendió el nombramiento al interventor para cubrir la plaza en sustitución temporal. Cabe señalar que antes de que se designara al interventor, el peticionario ocupó esa plaza también en sustitución temporal.

Así las cosas, la AEE publicó la Convocatoria Núm. 009-123G8-221 para la plaza de Presidente del Comité Permanente de Subastas B entre el 18 de julio y el 5 de agosto de 2008. Esta plaza es de carrera e incluye entre sus funciones, “planificar, dirigir, combinar y supervisar todas las actividades relacionadas con la evaluación, revisión y adjudicación e impugnación de la subasta [...]”. Los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria fueron: poseer una Maestría en Administración de Empresas, Juris Doctor o Bachillerato en Ingeniería de una Universidad o colegio acreditado, así como ocho (8) años de experiencia en alguna de esas tres (3) áreas.

Luego de publicada la convocatoria, un Comité de Evaluación formuló cuatro (4) criterios para recomendar al candidato más idóneo: (1) experiencia administrativa a nivel ejecutivo; (2) experiencia en la evaluación de subastas; (3) experiencia en el proceso de compras, y (4) años de ex-periencia en la AEE e historial del empleado. Además, estableció como factor de peso para el puesto los conocimientos técnicos de los candidatos. De igual forma, el Comité consideró necesaria la experiencia en evaluación de subastas pero concluyó que no era indispensable que la persona que ocupara la plaza tuviera experiencia en la etapa de adjudicación.

Así las cosas, cinco (5) candidatos para la plaza fueron entrevistados por el Comité de Evaluación. Entre los entrevistados se encontraban el peticionario y el interventor. Ambos candidatos poseían los requisitos mínimos de educación y experiencia antes señalados.

Según se desprende del expediente, el peticionario tiene un Bachillerato en Ciencias y un grado de Juris Doctor. A la fecha de la solicitud, tenía dieciocho (18) años y cinco (5) meses de servicio en la AEE durante los que ocupó diversas posiciones administrativas. Además, tenía catorce (14) años de experiencia relacionada en compras. Particularmente, el peticionario había fungido diez (10) años como miembro del Comité Permanente de Subastas B y llegó a ocupar la plaza de Presidente del Comité tanto en sustitución temporal como en ascenso. Igualmente, fue miembro de la Junta de Subastas de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y participó en la redacción y cambios al Reglamento de Subastas.

Por su parte, el interventor posee un bachillerato y licencia en ingeniería eléctrica. Antes de su nombramiento, ocupaba una plaza de Ingeniero en la Central Costa Sur como Director del Sistema Eléctrico de esa dependencia. A la fecha de la solicitud, tenía veintiún (21) años y nueve (9) meses de servicio en la AEE, y doce (12) años y seis (6) meses de experiencia relacionada con compras. Durante estos años, el interventor nunca realizó adjudicaciones de subastas, sino que su experiencia fue, principalmente, en la evaluación de subastas. Así, en el carácter de usuario (o de Gerente de Proyectos que asistía a los usuarios), presentaba recomendaciones de las que se formulaban memorandos de recomendaciones técnicas para los dos (2) Comités de Subastas.

Finalmente, el Comité de Evaluación recomendó al interventor para la plaza, y el 4 de septiembre de 2008, la AEE extendió un nombramiento al interventor correspondiente a la plaza regular con efectividad el 1 de septiembre de 2008. Esto al concluir que el interventor “posee amplia experiencia en la fase técnica, lo que lo capacita para establecer prioridades de conformidad con las necesidades de la Autoridad. Además, es el que tiene la mayor experiencia en supervisión de empleados profesionales y de la alta gerencia”.

Así las cosas, el peticionario impugnó la adjudicación de la plaza al interventor conforme establece el “Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados” de la AEE. Aunque el peticionario reconoció que tanto el interventor como él poseían los requisitos mínimos para ocupar el puesto, sostuvo que era el candidato más idóneo para ocupar la plaza por tener el mayor dominio y experiencia en la adjudicación de subastas. Esto al considerarse su educación, su experiencia administrativa, los años que llevaba como miembro del Comité, todas las ocasiones en las que había ejercido la plaza de Presidente Interino del Comité, y su experiencia en subastas dentro y fuera de la Autoridad (diez (10) años como miembro del Comité Permanente de Subastas B y casi un (1) año en la Junta de Subastas de la AFI). El peticionario sostuvo que la AEE tomó en consideración criterios subjetivos y no aplicó los elementos de idoneidad que son parte del principio de mérito que debe prevalecer en la selección o el nombramiento de empleados en el Gobierno. Igualmente, indicó que las determinaciones fueron irrazonables.

Por su parte, la AEE argumentó que ambos candidatos cumplían con los requisitos mínimos de la plaza al momento de su publicación. No obstante, la determinación se redujo a cuál de los candidatos era el más idóneo según la discreción administrativa de la AEE que, a su vez, goza de presunción de legalidad y corrección. Señaló, además, que la acción administrativa ni los criterios utilizados fueron arbitrarios ni caprichosos y que nada impedía el diseño de elementos o criterios cuantitativos y cualitativos para evaluar candidatos.

Luego de varios trámites procesales, el caso fue referido a la Oficial Examinadora, Leda. Berta Mainardi Peralta, quien celebró vistas los días 19 de diciembre de 2011 y 27 de enero de 2012. La Oficial Examinadora emitió una Resolución el 30 de marzo de 2014 en la que declaró “sin lugar” la impugnación de la plaza y concluyó que no encontró

[...] hechos, circunstancias ni indicios de irregularidad en el proceso de evaluación de los candidatos o que indiquen la existencia de arbitrariedad o discrimen por razones prohibidas en la selección. El querellante no estableció, mediante prueba, que la recomendación y nombramiento del Sr. Vázquez Báez se fundamentara en consideraciones ilegítimas ni contrarias al principio de mérito.

Inconforme, el peticionario acudió ante el Tribunal de Apelaciones. El foro intermedio apelativo, mediante Sentencia dictada el 29 de agosto y notificada el 11 de septiembre de 2014, sostuvo las determinaciones de la Oficial Examinadora, pues los foros administrativos cuentan con una presunción de corrección que el peticionario no rebatió.

Después que la moción de reconsideración presentada fuera denegada, el peticionario acude ante nos y señaló el error siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones, abusó de su discreción y actuó irrazonablemente al denegar la solicitud de [revisión judicial] y determinar que para la selección de la persona para ocupar la plaza impugnada de Presidente del Comité de Subastas B de la AEE se consideraron los principios de mérito y las cualidades de idoneidad, cuando claramente fueron aplicados elementos reglamentarios subjetivos y discrecionales de la AEE. Tal determinación se aleja del principio de mérito que ha de aplicarse en los casos de selección de puestos de carrera en el gobierno. Petición de certiorari, pág. 3.

Examinado el recurso, concedimos a la parte recurrida un término para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el recurso. Contando con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, procedemos a resolver.

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A. La revisión judicial de decisiones administrativas

Las decisiones de los foros administrativos gozan de una presunción de regularidad y corrección dado a su experiencia y pericia. Por lo tanto, estas merecen gran deferencia por parte de los tribunales. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012). No obstante, al revisar una decisión administrativa, el criterio rector debe ser la razonabilidad. Por lo tanto, nos corresponde verificar si la agencia actuó arbitraria o irrazonablemente, de forma que haya incurrido en un abuso de discreción. Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384 (2012).

Con ello en mente, el tribunal sostendrá las determinaciones de hecho de las decisiones administrativas cuando se basen en evidencia sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Trigo Margarida v. Junta Directores, supra. Véase Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 (1999). Por ello, la parte afectada debe demostrar que existe otra prueba que sostenga que la actuación de la agencia no está fundamentada en evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada. González Segarra et al. v. CFSE, supra; OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215 (2013).

En cuanto a las conclusiones de derecho de la agencia, el tribunal podrá revisarlas en todos sus aspectos. No obstante, dará deferencia a sus interpretaciones y conclusiones en la medida que sean razonables. Así, la deferencia a la decisión administrativa cederá únicamente, (1) cuando no está basada en evidencia sustancial, (2) cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación o interpretación de la ley y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. González Segarra et al. v. CFSE, supra; OCS v. Universal, supra.

B. El principio de mérito

La Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida como Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA see. 1461 et seq., establece como política pública la reafirmación del mérito como el principio rector del servicio público.

El principio de mérito es exclusivo del sistema de personal del servicio público. Este postula que los empleados del Gobierno se seleccionen, adiestren, asciendan y retengan exclusivamente en consideración a sus méritos y capacidad, sin distinciones por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, por ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de veterano ni por impedimento físico o mental. Art. 2, Sec. 2.1 de la Ley Núm. 184-2004, supra. Véanse, además: González Segarra et al. v. CFSE, supra, pág. 280, citando a A. Cuevas Biret, La negociación colectiva y el sistema de mérito en Puerto Rico, San Juan, [s. Ed.], 1974, pág. 16; Díaz de Llovet v. Gobernador, 112 DPR 747 (1982). Además, el principio de mérito conlleva que los más aptos e idóneos, según sus méritos y capacidades, sean los que sirvan al Gobierno de forma que se alcancen los más altos niveles de excelencia, eficiencia y productividad en el servicio público. Art. 2 de la Ley Núm. 184-2004, según enmendada, supra. Véase, además, Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499 (1990).

Aunque la Ley Núm. 184-2004 excluye de su aplicación a aquellas corporaciones o instrumentalidades públicas o público-privadas que funcionan como empresas o negocios privados, como la AEE, estas están obligadas a adoptar reglamentos de personal que incorporen el principio de mérito a la administración de sus recursos humanos. Véase Art. 5, Sec. 5.3 de la Ley Núm. 184-2004 (3 LPRA sec. 146le). Véanse, además: Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368 (2015); González Segarra et al. v. CFSE, supra.

En el descargo de esta obligación, la AEE aprobó el Reglamento de Personal de la Autoridad de Energía Eléctrica para Empleados de Carrera no Unionados y el Reglamento de Personal Gerencial en el Servicio de Carrera. Ambos Reglamentos incorporaron el principio de mérito. Por lo tanto, la AEE debe cumplir con el principio de mérito, según incorporado en su reglamentación y procedimientos internos.

Dentro del marco jurídico antes enunciado, procedamos a resolver la controversia de autos.

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En esencia, el peticionario argumenta que la AEE estaba obligada a aplicar los criterios de idoneidad y el principio de mérito para determinar a quién le correspondía la plaza. Señala que presentó evidencia sobre su preparación académica, experiencia, adiestramientos, habilidades y destrezas que lo posicionaba como el empleado idóneo para ocupar la plaza. De igual forma, indica que la AEE no evaluó en igualdad de condiciones ni consideró la totalidad de los elementos que tenían ante sí, sino que solo evaluó cuatro (4) criterios arbitrarios y caprichosos que no eran parte de los requisitos del puesto.

Por el contrario, la AEE argumenta que ambos candidatos cumplían con los requisitos mínimos de la plaza, por lo que la determinación de cuál era el más idóneo era un asunto de la discreción y pericia administrativa. Para ello, el Comité de Evaluación utilizó cuatro (4) criterios de evaluación como aquellos de mayor importancia. Asimismo, determinó que era necesaria una persona con conocimiento de la fase técnica de la AEE para ocupar la plaza en cuestión y seleccionó al ingeniero Vázquez Báez.

Como expresáramos, las decisiones administrativas merecen gran deferencia de nuestra parte, por lo que debemos revisar bajo un criterio de razonabilidad que estas se sostengan en evidencia sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. De igual forma, es el peticionario quien debe demostrar que existe otra prueba que sostenga que la actuación de la agencia no está fundamentada en evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada.

Al aplicar las disposiciones pertinentes de la ley, determinamos que el peticionario demostró que, de la totalidad de la prueba, era el candidato idóneo para ocupar la posición de Presidente del Comité Permanente de Subastas B. Veamos.

Ciertamente, tanto el peticionario como el interventor cumplían con los requisitos mínimos para ocupar la plaza. Los requisitos se limitaban a poseer cierto título académico y ocho (8) años de experiencia en una (1) de las tres (3) áreas antes indicadas. Tampoco dudamos de la competencia de uno u otro en sus respectivas áreas. No obstante, tras ambos candidatos exceder los requisitos mínimos para la plaza, la AEE seguía obligada por el principio de mérito y el ejercicio de su discreción administrativa se encontraba limitado por este.

Para esta convocatoria, la AEE formuló cuatro (4) criterios que dirigieron su selección del candidato más idóneo: (1) experiencia administrativa a nivel ejecutivo; (2) experiencia en la evaluación de subastas (mas determinó que no era indispensable la experiencia en la etapa de adjudicación, función medular que ejerce todo miembro del Comité y que suponía una parte significativa de la experiencia del peticionario); (3) experiencia en el proceso de compras, y (4) años de experiencia en la AEE e historial del empleado. En este punto cabe señalar que “la antigüedad por sí sola, ni ninguno de los otros criterios considerados aisladamente puede garantizar la idoneidad”, sino que estos deben considerarse en conjunto y en su debida proporción. F.S.E. v. J.R.T., 111 DPR 520, 525 (1981).

No obstante, al considerar estos criterios en conjunto y con la totalidad de la evidencia que consta en el expediente, el peticionario superaba al interventor en años de experiencia relacionada a compras, particularmente en la evaluación y adjudicación de subastas. Esto, pues había sido miembro de la Junta de Subastas de la AFI, miembro del Comité Permanente de Subastas B por una década y actuado como Presidente Interino del Comité por periodos significativos. En total, el peticionario había hecho más de siete mil (7,000) adjudicaciones de subastas. Además, contaba con evaluaciones y valoraciones sobresalientes en el desempeño de estas funciones. Ciertamente, el interventor tenía tres (3) años más de servicio en la AEE, así como un (1) año y dos (2) meses más de experiencia administrativa a nivel ejecutivo que el peticionario, pero como señaláramos, estos criterios no pueden ser considerados aisladamente ni por sí solos garantizan la idoneidad de un candidato.

Por otro lado, la evaluación y adjudicación de subastas conlleva tanto un alto contenido técnico como legal. Es por ello que el Comité (como grupo colegiado que se nutre de la experiencia de sus miembros en los campos de compras, ingeniería, legal y finanzas) finalmente las adjudica según las prioridades establecidas por la AEE mediante Reglamento. Es decir, todos los miembros del Comité de Subastas participan en la adjudicación de las subastas, por lo que tanto el técnico como el abogado deben pasar juicio sobre estas.

Por lo tanto, al examinar la totalidad de la evidencia que obra en el expediente, concluimos que la determinación administrativa no fue razonable. El peticionario demostró ser el candidato idóneo para ocupar la posición de Presidente del Comité Permanente de Subastas B.

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto solicitado y se dicta una Sentencia que revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió y emitió la expresión siguiente:

Disiento por considerar que no le corresponde a este Tribunal actuar como una súper junta revisora para revocar el dictamen de una oficial examinadora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Contrario a lo que sostiene la mayoría en su Sentencia, quienes aspiraban a la plaza objeto del recurso estaban igualmente cualificados para el puesto, por lo tanto, no debemos intervenir con el criterio administrativo.

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez disintió con una opinión escrita, a la cual se unieron la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Oronoz Rodríguez, a la que se unen la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

En el caso de autos, una mayoría de este Tribunal concluye que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o parte recurrida) no observó el principio de mérito y, atribuyéndose facultades que no le corresponden, determina que el candidato idóneo para el puesto no es el Ing. Edgardo Vázquez Báez (ingeniero Vázquez Báez), sino el Ledo. Luis M. Morales Tañón (peticionario). Del expediente surge claramente que la selección de la AEE no fue irrazonable ni arbitraria, y que no fue contraria al principio de mérito. Por entender que el peticionario no señaló prueba en el expediente que demostrara que la actuación administrativa no estuvo fundamentada en evidencia sustancial, y toda vez que no se configuran las razones por las cuales deba ceder la deferencia judicial hacia las determinaciones administrativas, respetuosamente disiento.

I

Los hechos que iniciaron esta controversia se circunscriben, en esencia, a una convocatoria realizada por la AEE para la plaza de Presidente del Comité de Subastas B. Tras ello, se nombró un Comité de Evaluación (Comité) compuesto por tres miembros para seleccionar a la persona que ocuparía dicha plaza. El Comité, dentro de sus prerrogativas, entendió necesario “seleccionar una persona con los años de servicio, capaz de conocer las inquietudes del personal, que acelerara órdenes de compra por prioridad y que tuviera destrezas administrativas a nivel ejecutivo[,] así como experiencia en la evaluación de subastas, en la generación de órdenes de compra y contratos”

Antes del proceso de entrevistas, el Comité estableció cuatro criterios que tendrían relevancia al momento de adjudicar la plaza: (1) experiencia administrativa a nivel ejecutivo; (2) experiencia en evaluación de subastas; (3) experiencia en el proceso de compras, y (4) años de experiencia en la AEE. Cabe enfatizar que el Comité razonó que para el puesto se necesitaba una persona técnica, por lo cual consideró necesaria la experiencia en evaluación de subastas, mas determinó que no era indispensable la experiencia en la etapa de adjudicación.

Tras los trámites de rigor, el Comité evaluó cinco candidatos y creó una tabla comparativa de éstos. En dicha tabla se incluyeron los criterios que se utilizaron para adjudicar la plaza, a saber: si el candidato era veterano, la “preparación académica, licencias, colegiaciones, créditos universitarios relacionados, experiencia en compras y trabajo administrativo a nivel ejecutivo, años de servicio en la AEE, adiestramientos y seminarios, exámenes aprobados, destrezas o habilidades necesarias, reconocimientos, evaluaciones, asistencia y puntualidad, disponibilidad para el trabajo y tiempo extra, historial disciplinario y contestaciones a preguntas relacionadas al puesto”.

Culminado el proceso de evaluación, el Comité consideró que el peticionario y el ingeniero Vázquez Báez eran candidatos idóneos para el puesto. Sin embargo, al compararlos y evaluar todos los criterios, recomendó la adjudicación de la plaza de Presidente del Comité de Subastas B al ingeniero Vázquez Báez. Esta determinación fue confirmada por la Oficial Examinadora de la AEE, quien concluyó que no surgían

[...] hechos, circunstancias ni indicios de irregularidad en el proceso de evaluación de los candidatos o que indiquen la existencia de arbitrariedad o discrimen por razones prohibidas en la selección. El querellante no estableció, mediante prueba, que la recomendación y nombramiento del Sr. Vázquez Báez se fundamentara en consideraciones ilegítimas ni contrarias al principio de mérito.

Subsiguientemente, la determinación de la Oficial Examinadora fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. Inconforme, el peticionario recurrió ante este Tribunal. Argumentó que la decisión de la AEE no estuvo basada en el principio de mérito, sino en elementos subjetivos y discrecionales de la agencia. Ello por entender que él era el candidato más idóneo por su preparación académica, experiencia, adiestramientos, habilidades y destrezas.

II

En la Sentencia emitida se expone de manera correcta la normativa relacionada a la revisión de las determinaciones administrativas. No obstante, debo enfatizar ciertos aspectos. Es sabido que la facultad revisora de este Tribunal en cuanto a las determinaciones administrativas es limitada, debido a que están cobijadas por una presunción de corrección y regularidad. Por ello, debemos ser cuidadosos al intervenir con las decisiones administrativas ya que éstas merecen deferencia por parte de los tribunales. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). En atención a este principio, la revisión judicial se circunscribe a determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal o irrazonable, de modo que constituya un abuso de discreción. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).

La mayoría también indica de manera acertada que las determinaciones de hechos incluidas en las decisiones administrativas deben ser sostenidas por los tribunales, si están basadas en evidencia sustancial que surja de la totalidad del expediente. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Es importante recalcar que el concepto “evidencia sustancial” no exige que la decisión de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que podría llegar un juzgador. Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010).

Además, los tribunales deben abstenerse de sustituir el criterio de la agencia cuando una determinación administrativa esté sustentada por evidencia sustancial que obre en el expediente del caso. Otero v. Toyota, supra. Asimismo, los tribunales no deben sustituir el criterio de la agencia administrativa por el suyo propio, excepto cuando la actuación administrativa sea totalmente arbitraria o se quebranten valores constitucionales fundamentales. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 533 (1993). Por ello, hemos establecido que al impugnar las determinaciones de hechos de una agencia administrativa, la parte tiene el peso de probar que ‘existe otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración1 ”. (Enfasis suplido). Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, supra, pág. 882. Véase Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999).

De otro lado, nuestra jurisprudencia dispone que las conclusiones de derecho de las agencias administrativas se pueden revisar en toda su extensión. Sin embargo, éstas no pueden descartarse libremente por lo cual merecen también deferencia por parte de los tribunales. Ramírez v. Depto. de Salud, supra, pág. 907.

Ello no significa una renuncia a la facultad revisora de los tribunales ni a nuestra capacidad para ofrecer un remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las agencias administrativas. Como bien señala la mayoría, existen circunstancias en las que cede la deferencia judicial hacia las determinaciones de los entes administrativos: cuando no están basadas en evidencia sustancial; cuando la agencia erró en la aplicación o interpretación de la ley, y cuando ha mediado una actuación irrazonable e ilegal. González Segarra et al. v. CFSE, supra. De una lectura del expediente y de la ponencia mayoritaria se desprende prístinamente que ninguna de las tres circunstancias está presente en este caso, por lo cual no hay base legal para revocar la determinación de la agencia. Veamos.

III

Al aplicar el marco legal antes expuesto a la controversia ante nuestra consideración, la mayoría concluye que la determinación recurrida no fue razonable y —en contravención a la normativa— sustituye el criterio de la AEE por el suyo. A tales efectos, determina que el peticionario demostró ser el candidato más idóneo para ocupar el puesto de Presidente del Comité de Subastas B. Dicha determinación, sin embargo, no encuentra apoyo en la totalidad del expediente administrativo.

No hay controversia en que tanto el peticionario como el ingeniero Vázquez Báez cumplían con los requisitos para el puesto de Presidente del Comité de Subastas B. El propio peticionario así lo reconoce. No obstante, según éste —avalado por una mayoría de este Tribunal— su experiencia en la adjudicación de subastas era su ventaja sobre el ingeniero Vázquez Báez y por ese hecho debió ser escogido para el puesto. En primer lugar, es importante mencionar que la plaza requería “cuatro años de experiencia y trabajos administrativos o de oficina adquiridas en áreas responsables con los procesos de compras y adjudicación de subastas de la Autoridad y ¡o en la elaboración de especificaciones para la compra de bienes y servicios”. (Enfasis suplido).

El Comité consideró que el ingeniero Vázquez Báez, aunque no había participado en la adjudicación de subastas, en sus puestos anteriores en la AEE como Gerente de Proyectos de Construcción y Jefe de la Subdivisión de Proyectos Especiales emitía recomendaciones relacionadas con las subastas y participaba del proceso mediante la preparación de especificaciones para la compra de bienes y servicios. Por lo tanto, lo anterior le daba la experiencia necesaria para realizar la labor de adjudicar subastas. Al respecto, uno de los miembros del Comité declaró: “le da la experiencia porque él corrió todo, vino desde abajo hasta arriba”; “[p]orque corrió plazas donde se generan las órdenes de compra, que son mayormente, eh, la plaza de Ingeniero Supervisor de Instrumentos es en la Termoeléctrica y ellos generan órdenes de compra, evalúan subastas en la División, en el Directorado de Ingeniería ellos generan contratos y administran los contratos. Tenía, tenía experiencia”.

Por su parte, la ponencia mayoritaria desaprueba que el Comité no le diera mayor importancia a la experiencia de los candidatos en la adjudicación de subastas y se enfoca en ese único criterio para concluir que la AEE erró al no seleccionar al peticionario para la plaza en cuestión. Ello, a pesar de que el Comité, ente con expertise y conocimiento sobre las necesidades del puesto, precisó que dicho criterio no era indispensable. La AEE explicó que gran parte de las subastas que se evalúan son sumamente técnicas. Sobre el particular, indicó que la mayoría de las subastas que se evalúan están relacionadas a calderas, retubeo, centrales, lo que corrobora el carácter altamente técnico de las subastas y la necesidad de que la persona a quien se le adjudicara la plaza fuera conocedora de los procesos técnicos que se llevan a cabo en la agencia. Ese mayor conocimiento, según el Comité, lo tenía el ingeniero Vázquez Báez, quien había evaluado compras y subastas durante años.

La AEE expresó, además, que la adjudicación de una subasta es una responsabilidad de todos los integrantes del Comité de Subastas y que el conocimiento técnico del ingeniero Vázquez Báez es una herramienta valiosa para el buen desempeño de dicha función. ¿Acaso este Tribunal conoce mejor la manera más eficiente de evaluar las subastas que se realizan en la AEE? ¿Conoce mejor que la AEE los criterios que son necesarios para el puesto de Presidente del Comité de Subastas B? A diferencia de la mayoría de este Tribunal, no encuentro irrazonables y tampoco ilegales las actuaciones de la parte recurrida.

Asimismo, conforme a la alegación del peticionario en cuanto a su idoneidad para el puesto, en la Sentencia emitida se concluye que la AEE violentó el principio de mérito que estaba obligada a respetar. No estoy de acuerdo. De entrada, conviene destacar que ni el peticionario ni la mayoría de este Tribunal señalan en qué consistió la alegada violación al principio de mérito. Este principio establece que los empleados públicos se deben seleccionar con atención exclusiva a sus méritos, sin distinción de raza, color, nacimiento, edad, origen, o condición social, ni por ideas políticas o religiosas. Martínez v. Ofic. del Gobernador, 152 DPR 586, 596 (2000). En este caso, en virtud de dicho principio, se compararon todos los candidatos a base de las mismas características, en igualdad de condiciones y mediante elementos objetivos. Para ello se creó una tabla comparativa y cuatro criterios que consideraban las necesidades del puesto.

Tras el análisis, surgió que el ingeniero Vázquez Báez tenía más experiencia a nivel ejecutivo, más años de servicio en la AEE y vasta experiencia en el proceso de evaluación de subastas, así como en el proceso de compras. En detalle, el ingeniero Vázquez Báez tenía dos años de experiencia a nivel ejecutivo, mientras el peticionario tenía diez meses; el ingeniero Vázquez Báez contaba con 21 años y 9 meses de servicio en la AEE y el peticionario tenía 18 años y 5 meses. En relación con la experiencia en compras, el ingeniero Vázquez Báez tenía 12 años y 6 meses, mientras que el peticionario tenía 14 años de experiencia. Sólo en este último renglón el peticionario tenía un año y seis meses más de experiencia que el ingeniero Vázquez Báez.

Sin embargo, la leve ventaja en este único aspecto, se disipa al tomar en consideración que el peticionario tenía historial disciplinario en la AEE. Adviértase que el historial disciplinario de los candidatos fue uno de los elementos que evaluó el Comité. El ingeniero Vázquez Báez no tenía historial disciplinario, circunstancia de gran importancia para ocupar el puesto de Presidente. Curiosamente, la mayoría de este Tribunal no lo entiende así y reduce a una nota al calce un criterio tan relevante para un puesto de semejante jerarquía. El expediente está huérfano de irregularidades, arbitrariedad o discrimen. Tampoco hay evidencia de que la determinación administrativa trastocó el principio de mérito.

De otra parte, el peticionario argumenta que la parte recurrida no consideró la totalidad de la información que tenía ante sí sobre sus credenciales, sino que sólo evaluó los cuatro criterios que estableció presuntamente de manera arbitraria. Otra vez, este argumento pierde fuerza ante la prueba en contrario que surge del expediente administrativo. El Comité tuvo ante sí el curriculum vi tae del peticionario del cual surgía todo su historial profesional; también contó con la tabla comparativa preparada por el Comité, en la cual se exponían los detalles relacionados a licencias, reconocimientos y evaluaciones, entre otros. Así, tanto la Oficial Examinadora de la AEE como el Tribunal de Apelaciones concluyeron que la parte recurrida evaluó y tomó en cuenta las capacidades e historial del peticionario y del ingeniero Vázquez Báez.

En fin, el Comité determinó que el candidato más idóneo para el puesto era el ingeniero Vázquez Báez y para ello utilizó criterios objetivos y legítimos, los cuales surgen de memorandos y de una tabla comparativa de todos los candidatos. La Oficial Examinadora evaluó la selección del Comité a la luz del principio de mérito y concluyó que no hubo irregularidades, y que ésta se realizó conforme a derecho y a la normativa aplicable a la AEE. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de la Oficial Examinadora y mediante una fundamentada Sentencia concluyó que el peticionario no rebatió la presunción de corrección que cobija a las determinaciones administrativas. Coincido con todos los anteriores. Nuestra función no es seleccionar al candidato que quisiéramos —en el mejor de los casos por razones legítimas— sino revisar si la selección del Comité fue razonable y estuvo basada en evidencia sustancial que surge del expediente administrativo. Todavía más, el efecto de la decisión que hoy toma la mayoría es separar al ingeniero Vázquez Báez como Presidente del Comité de Subastas, siete años luego de que fuera seleccionado como tal. Nótese que el puesto le fue adjudicado al ingeniero Vázquez Báez en el 2008.

En este caso, tras el estudio cuidadoso del expediente, estoy convencida de que la decisión de la agencia está basada en evidencia sustancial, no surge error en la aplicación o la interpretación de la ley y no se desprende una actuación irrazonable, ilegal o discriminatoria. En consecuencia, no se configura ninguna de las circunstancias por las cuales deba ceder la deferencia hacia las determinaciones administrativas.

Así pues, confirmaría la determinación del Tribunal de Apelaciones. No le corresponde a este Tribunal sustituir el criterio de la agencia por el suyo propio. La determinación de la parte recurrida fue razonable y está sustentada por la prueba detallada en el expediente. Sencillamente, el peticionario —más allá de una alegación acomodaticia en la que indica que era el candidato idóneo— no logró señalar prueba en el récord que demostrara que la actuación de la AEE no estuvo fundamentada en evidencia sustancial. De la misma manera, una mayoría de este Tribunal trastoca impropiamente la determinación de la parte recurrida sin fundamentar por qué no es razonable. Se aparta de normas firmemente establecidas sobre la revisión de determinaciones administrativas y revoca equivocadamente la decisión de la AEE. No puedo coincidir.

       Manual Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Capítulo 500, Sec. 530.1.

       See. 2, Art. C(l) del Reglamento de Subastas Núm. 6646 de la Autoridad de Energía Eléctrica, Departamento de Estado, 25 de junio de 2003.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 126.

       La convocatoria estuvo vigente durante el período del 18 de julio hasta el 5 de agosto de 2008.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 133.

       íd., pág. 494.

       íd., págs. 133-134.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 116-117. “[E]n el aspecto disciplinario, el Sr. Vázquez Báez no poseía nada en su historial mientras que el Sr. Morales Tañón tenía algún historial disciplinario. Se trata de un proceso que culminó con un Acuerdo Transaccional entre el querellante y la AEE. Dicho acuerdo no fue el elemento determinante en tomo a la recomendación del Comité de Evaluación”. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 134-135.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 454.

       La Sec. 1, Art. D(51) del Reglamento de Subastas Núm. 6646, supra, define usuario como el “funcionario de la Autoridad que, entre otras cosas, solicita la compra de bienes o servicios”.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 496.

       Petición de certiorari, pág. 3.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 151-152.

       See. 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA see. 2175.

       íd.

       Véase González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013), para un recuento histórico legal de la ley de personal.

       En la trascripción de la vista administrativa de 27 de enero de 2012, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 363-367, están contenidas las siguientes declaraciones del Sr. Confesor Vega Maisonet, uno de los miembros del Comité de Evaluación de los candidatos a la plaza en cuestión:
      “LCDO. CÉSAR ROSADO:
      P. Eh, le voy a presentar el anejo 1 que es la Publicación de la Plaza Vacante. En los deberes esenciales del puesto, verifique si se señala qué, eh, número uno la persona planifica, dirige, combina, supervisa todas las actividades relacionadas con la evaluación, revisión, adjudicación e impugnación de la subasta.
      “R. Sí.
      “P. Y eso usted, ¿pero la adjudicación e impugnación de la subasta eso ustedes no lo, no lo, no lo evaluaron?
      “R. No
      “LCDO. CÉSAR ROSADO:
      “P. ¿Evaluaron cuántas adjudicaciones habían hecho los miembros?
      “R. No.
      “P. No evaluaron las adjudicaciones. Eh, ¿usted evaluó que el señor Morales Tañón había fungido como Presidente del Comité de Subastas?
      “R. Sí
      “P. Evaluó eso.
      “R. Ujum.
      “P. ¿Y evaluó que había, ... ? ¿Dónde está esa infor, [sic] dónde surge eso de que usted evaluó eso?
      “R. Aquí, en el desto, en el Memo de, de Adjudicación de Plaza, de Puesto.
      “P. Ajá.
      “R. Aquí lee, su experiencia en el proceso de compra es de catorce años, principalmente por ocupar de Jefe de División de Protección Ambiental y miembro del Comité de Subastas.
      “P. Y, por eso, usted habla aquí de que evaluaciones ...
      “LCDO. CÉSAR ROSADO:
      “P. Y dice, posee un [Juris Doctor] y cuenta con dieciocho años y su experiencia en el proceso de compra, ¿usted dice? ¿Pero no habla de adjudicación en subastas?
      “R. No, no.
      “P. E inclusive, ¿en ningún momento señala que fue Presidente del Comité de Subastas?
      “R. No, no se señala.
      “P. O sea, ¿Qué [sic] eso no se tomó en consideración?
      “R. No.
      “P. Y se tomó, ¿y tampoco se tomó en consideración que durante ese tiempo que él fue miembro del Comité de Subastas y fue Presidente Interino del Comité de Subastas tuvo, eh, evaluaciones de excelencia?
      “R. No, no se tomó en cuenta.
      “P. ¿Y tampoco tomaron en consideración que el señor Luis Morales Tañón fue supervisor del Departamento de Servicios Generales Especializados por dos años?
      “R. No.

        “P. No se tomó en consideración. ¿Y qué [sic] a su cargo tenía sobre 40 personas supervisadas?
      “R. No, no se tomó en consideración.
      “P. ¿Y tampoco se tomó en consideración que fue él, que el señor Morales Tañón fue miembro de la Junta de Subastas de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura?
      “R. No, AFI.
      “P. Eso no se tomó en consideración. ¿Y tampoco se tomó en consideración que el señor Morales Tañón había adjudicado más de siete mil subastas versus el señor a la fecha de evaluación que no había adjudicado ninguna o por lo menos mucho menos?
      “R. No.
      “P. ¿Esa información ustedes no la tenían, no se la habían provisto?
      “R. No.
      “P. Le pregunto, si en esa información usted la hubiese tenido ahora, ¿usted hubiese re-evaluado esa determinación? ¿La determinación que tomó?
      “R. Sí.
      “P. Posiblemente el señor, el candidato más idóneo sería Luis Morales Tañón según la información nueva que tenemos, ¿sí?
      “R. Sí.”.
      Aunque la Oficial Examinadora reconoció que durante el curso del testimonio del señor Vega Maisonet surgieron elementos de aparente inconsistencia sobre los elementos considerados por el Comité de Evaluación, concluyó que el Comité de Evaluación examinó y sopesó el historial, experiencia y conocimientos del peticionario y de todos los candidatos. No obstante, la Oficial Examinadora determinó que el que el peticionario fungiera como Presidente del Comité, el número de subastas que adjudicara y las evaluaciones sobresalientes que recibiera, entre otros elementos, no fueron suficientes para que el Comité de Evaluación decidiera seleccionar al peticionario en vez de al interventor al comparar ambos candidatos. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 136.

       Apéndice Petición de certiorari, pág. 131.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 132.

       íd„ pág. 133.

       íd., págs. 134 y 490.

       íd., págs. 151-152.

       íd., pág. 372.

       íd., págs. 349-350.

       Alegato en oposición a la expedición de auto de certiorari [de la AEE], pág. 3.

       íd., pág. 4.

       íd.

       íd., pág. 19.

       íd., pág. 20.

       De la declaración de uno de los miembros del Comité Evaluador, el Sr. Confesor Vega Maisonet, surge que dicho Comité consideró todo el historial de cada uno de los candidatos. Transcripción de la vista administrativa de 27 de enero de 2012, Apéndice, págs. 374-378:
      “Ledo. César Rosado:
      “P. Ya usted dijo que era necesario tener experiencia en adjudicación de subasta, pero a preguntas nuestras usted indicó que no habían evaluado eso de, no pudieron haber evaluado [...] ¿No evaluaron eso en relación al señor Morales Tañón y al señor Edgardo Vázquez?
      “R. Eh, te puedo contestar sí y no.
      “P. ¿Por qué? ¿Por qué?
      “R. Porque tengo que explicar.
      “P. Explíqueme.
      “R. En mi experiencia y en la experiencia de los miembros de Comité, nosotros conocemos, conocíamos a cada uno de los candidatos y sabíamos de dónde habían venido el señor Morales, el licenciado, sabíamos que había venido del Comité de Subastas, y no le íbamos a hacer una pregunta de si le habían adjudicado una subasta si toda la Vitae [sic] de él hace adjudicación de subasta, sí muchas más. Y habíamos visto el del Ingeniero Edgardo Vázquez también yo lo conocía y en su experiencia como Superintendente de Proyectos también.
      “P. ¿Pero cuando ustedes lo evaluaron no había adjudicado una subasta?
      “R. Eh, eh, no, en sí, el que adjudica una subasta es el Comité. Nosotros recomendamos adjudicación como miembros.
      “P. ¿Cómo usuarios?
      “R. Como usuarios recomendamos adjudicación.
      “P. ¿En ese sentido quién más tenía experiencia como adjudicando subasta en comparación a ambos es el licenciado Morales Tañón y es con muchísima más experiencia?
      “R. Sí, es correcto, todo el tiempo ha sido [...]
      “P. Todo el tiempo ha estado en este Comité Permanente e inclusive ha sido Presidente, ya eso lo hablamos. Pero lo importante es que, porque ustedes están buscando un técnico, pues en ese sentido quedaba como descartado [...]
      Honorable Árbitro Bertha Mainardi:
      No me haga preguntas alusivas. [...]
      “P. Pero le pregunto si como usted estaba buscando noventa por ciento, noventa y, ustedes señalaron, el Comité determinó que el noventa, eh, por ciento de las subastas son para la adquisición de bienes o servicios técnicos. Y ustedes estaban buscando una persona técnica, ¿eso es correcto?
      “R. Eso es así.
      “P. Y en ese sentido, ¿descartaron al licenciado Morales Tañón?
      “R. Es sí, no.
      “P. Está bien.

        Honorable Árbitro Bertha Mainardi:
      ¿Quiere que se lo explique, licenciado?
      Ledo. César Rosado:
      “P. Sí, explíquelo.
      “R. Este, cuando se evaluaron los cinco candidatos se tomó la experiencia entre los cinco candidatos, eh, el licenciado Luis Morales Tañón y el ingeniero Edgardo Vázquez Báez eran los candidatos idóneos para el puesto, cualquiera de los dos. Pero había que escoger uno. El problema es que teníamos disyuntivas, teníamos que escoger a uno, no podíamos escogerlos a los dos. Y ahí se aprobaron los cuatro aspectos estos que se dicen ahí, en el Memorando de Adjudicación, que fue la experiencia, eh, en el proceso completo, porque en el proceso completo de, de, de órdenes de compra cuando nace la orden y hay un pensamiento de que la orden se va a hacer, está en los usuarios. Y pasa a los usuarios, pasa hace la orden, hace el contrato [...]
      “P. Eso, lo entendemos.
      “R. Entonces por eso, entonces todo eso, entonces eso tuvo que ver tanto en la adjudicación. Pero si tú me dices [...]
      “P. Por eso pero ...
      “R. Los dos eran idóneos.


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license: Public Domain

text:
      In re Francisco Toro González.

      Número: CP-2013-10

      Resuelto: 24 de julio de 2015

      David Luis Torres Vélez, abogado de la parte querellada; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Minnie Rodríguez López, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte querellante; Eladís Orsini Zayas, comisionada especial.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración por no estar Perfeccionado el Trámite Procesal y Violarse el Debido Proceso de Ley al No Concederse la Vista Evidenciaría Solicitada, presentada por el Ledo. Francisco Toro González, se provee “no ha lugar”.

Se le concede un término de cinco días al licenciado Toro González para que presente las declaraciones juradas de los dos testigos de reputación que se proponía utilizar en el procedimiento disciplinario. Se le apercibe de que de no presentarlas, se procederá a resolver sin ellas. Notifíquese inmediatamente por teléfono y vía fax.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García, al que se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

Luego de evaluar la Moción urgente en solicitud de reconsideración por no estar perfeccionado el trámite procesal y violarse el debido proceso de ley al no concederse la vista evidenciaría solicitada, presentada por el Ledo. Francisco Toro González (licenciado Toro González o querellado), así como el expediente del caso en su totalidad, disiento de la Resolución que antecede. En su lugar, reconsideraría la Resolución emitida el 26 de junio de 2015 y ordenaría la celebración de una vista evidenciaría, según solicitada por el licenciado Toro González desde el comienzo del procedimiento disciplinario. Me explico.

Según surge de la Minuta de la Vista, celebrada el 26 de agosto de 2014 ante la Comisionada Especial designada, el licenciado Toro González ejerció su derecho a solicitar una vista evidenciaría, en la que, según informó, se sentaría a testificar. De igual forma, se hizo constar que " [s] i para el 17 de septiembre de 2014, el licenciado Toro González no ha sometido su escrito, se entenderá renunciada su solicitud de vista evidenciaría”. Más adelante se añadió lo siguiente: “De presentar su escrito a través de representación legal, quien lo represente, deberá presentar una moción asumiendo representación legal, [y] entonces la Comisionada se comunicará con ambas partes para pautar la fecha de la vista evidenciaría”. Conforme a ello, el 15 de septiembre de 2014, el Ledo. David Luis Torres Vélez presentó una Moción para asumir representación legal, mediante la cual informó que en adelante representaría al licenciado Toro González. En esta, reiteró la solicitud de vista evidenciaría ya formulada por el querellado.

Ahora bien, a pesar de ese continuo requerimiento por parte del licenciado Toro González, la Comisionada Especial optó por ignorarlo y resolvió el caso meramente por el expediente sin brindar razón particular alguna para denegarle al querellado su derecho a ser escuchado. De hecho, en el Informe presentado por la Comisionada Especial el 12 de enero de 2015, esta expresó incorrectamente que el licenciado Toro González nunca solicitó una vista evidenciaría. A raíz del patente error cometido por la Comisionada Especial, el 16 de enero de 2015 el querellado presentó una Moción para reiterar solicitud para vista evidenciaría. Posteriormente, presentó una Moción para presentar objeciones al informe de la Comisionada Especial a tenor a la Regla 14(L) del Reglamento del Tribunal Supremo, en la que argumentó que la falta de atención por parte de la Comisionada Especial respecto a su solicitud de vista evidenciaría constituyó una violación a “su derecho a ser oído, a tenor con la cláusula constitucional de un debido proceso de ley”. (Énfasis suplido).

No obstante, el 26 de junio de 2015 emitimos una Resolución en la que le concedimos al querellado un término de quince días para que presentara las declaraciones juradas de los testigos de reputación que pretendía utilizar durante el procedimiento disciplinario. En respuesta a esta Resolución, el 6 de julio de 2015 el licenciado Toro González presentó una Moción urgente en solicitud de reconsideración por no estar perfeccionado el trámite procesal y violarse el debido proceso de ley al no concederse la vista evidenciaría solicitada. En esta, el representante legal del querellado expuso que “[a]demás de los testigos de reputación el Ledo. Francisco Toro González tiene prueba adicional que presentar a su favor por lo que suprimir la vista evidenciaría es una violación crasa al debido proceso de Ley al que tiene derecho el Ledo. Francisco Toro González”.

Luego de examinar esta última moción presentada por el querellado y el expediente del caso en su totalidad, entiendo que lo correcto sería reconsiderar nuestra posición contenida en la Resolución de 26 de junio de 2015. En primer lugar, entiendo que no es del todo correcto establecer que en este caso no existe controversia de hecho que amerite la celebración de una vista evidenciaría. Sobre este particular, es importante notar que ninguno de los documentos contenidos en el expediente, mucho menos los presentados por el querellado, contienen una admisión por parte de este que, en efecto, nos lleve a alcanzar tal conclusión. El hecho de que la Oficina de la Procuradora General haya optado por someter su caso por el expediente, no abona en nada a esa posición. Simplemente, demuestra que la referida oficina entendía que tenía prueba suficiente para probar los cargos presentados con una simple evaluación del expediente. Sin embargo, el querellado en ningún momento avaló esta posición. Por el contrario, en todo momento se mantuvo firme en su petición de una vista evidenciaría.

En segundo lugar, la Comisionada Especial en ningún momento informó que denegaba la petición de vista evidenciaria solicitada, de manera que el licenciado Toro González pudiera, al menos, objetar tal determinación. Todo lo contrario. En varias instancias, esta expresó para récord que quedaba pendiente el señalamiento de la referida evidenciaría. En tercer lugar, el licenciado Toro González ha establecido de manera clara y expresa que la prueba que interesa presentar no se limita a testigos de reputación, sino que incluye evidencia adicional a su favor. Esto es cónsono con sus declaraciones anteriores ante la Comisionada Especial, ya que en ninguna parte de las comparecencias del querellado surge que su evidencia estaba limitada a testigos de reputación. Lo único que se desprende es que el licenciado Toro González informó quiénes serían sus testigos para tales fines.

Por todo lo anterior, entiendo que este Tribunal debió devolver el caso a la Comisionada Especial, ordenarle que celebre la vista evidenciaría, escuche la prueba que tenga a bien presentar el licenciado Toro González y suplemente su Informe con la evidencia suministrada. Independientemente de que el resultado o las conclusiones de la Comisionada Especial sean las mismas luego de la presentación de la prueba, ello no debe ser razón para negarle al querellado su derecho a un debido proceso de ley. Más aún, cuando al momento no sabemos cuál será la sanción disciplinaria que impondremos, pero que indudablemente podría incluir —como en todo proceso disciplinario— la suspensión del querellado del ejercicio de la abogacía y la notaría.

       Véase Minuta de 26 de septiembre de 2014, CP-2013-10, pág. 2.

       íd.

       Véase Moción para asumir representación legal, pág. 1.

       Véase Informe de la comisionada especial Eliadís Orsini Zayas, pág. 7, en la que la Comisionada específicamente expresó lo siguiente: “El caso quedó sometido el 12 de diciembre de 2014; para esta Comisionada rendir su Informe; sin la celebración de otra vista; y sin que la parte querellada solicitara vista evidenciaría”. (Enfasis suplido).

       Véase Moción para presentar objeciones al informe de la comisionada especial a tenor a la Regla 14(L) del Reglamento del Tribunal Supremo, pág. 1.

       Véase Moción urgente en solicitud de reconsideración por no estar perfeccionado el trámite procesal y violarse el debido proceso de ley al no concederse la vista evidenciaría solicitada, pág. 2.

       Véase, e.g., Minuta de 26 de septiembre de 2014, CP-2013-10, pág. 2.

       Véase, e.g., Moción para asumir representación legal, pág. 1.


author: per curiam:

text:
      In re José Luis Rivera Nazario, querellado.

      Número: CP-2013-0020

      Resuelto: 5 de agosto de 2015

      Gisela Rivera Matos, procuradora general auxiliar, en informe de conferencia con antelación a la vista, Tanaira Padilla Rodríguez y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradoras generales; Rafael A. Flores Díaz, comisionado especial, en informe; Félix Oscar Rivera Borges y José Miguel Toro Iturrino, abogados de la parte querellada; José Luis Rivera Nazario, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión evaluamos la conducta de un abogado a quien se le imputó haber infringido los Cánones 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional (Código de Ética Profesional), 4 LPRA Ap. IX, durante el trámite de apelación ante un foro administrativo. A tenor con los fundamentos que expondremos a continuación, censuramos enérgicamente la actuación del letrado y le apercibimos que de incurrir en nueva conducta antiética, se expone a sanciones disciplinarias más severas.

I

A. Trámite disciplinario

El Ledo. José Luis Rivera Nazario (licenciado Rivera Nazario o querellado) fue admitido a la práctica de la abogacía el 4 de enero de 1994 e ingresó al ejercicio del notariado el 23 de marzo de ese mismo año. El 31 de enero de 2012 el Sr. Reinaldo Cintrón Mercado (señor Cintrón o querellante), presentó una Queja contra el licenciado Rivera Nazario mediante la cual alegó que, producto de la incompetencia profesional del querellado, se produjo la pérdida de su causa de acción, su empleo y su derecho a la revisión de una determinación administrativa. En atención a lo anterior, el 15 de marzo de 2012, el licenciado Rivera Nazario compareció y ofreció su versión de los hechos.

Remitimos los escritos a la consideración de la Oficina de la Procuradora General (Procuradora), para investigación e informe y, eventualmente, la instruimos a que presentara la Querella correspondiente en contra del letrado. En conformidad con lo anterior, el 15 de agosto de 2013 la Procuradora presentó la Querella en la cual imputó al licenciado Rivera Nazario infringir los Cánones 18, 19, 20 y 38 del Código de Etica Profesional. Este formuló su Contestación a la Querella el 11 de octubre de 2013.

Mediante Resolución de 27 de marzo de 2014 nombramos al Hon. Rafael A. Flores Díaz, Comisionado Especial, a quien delegamos la encomienda de recibir prueba y elaborar un informe con las determinaciones de hechos, así como las recomendaciones pertinentes. La Procuradora compareció el 4 de junio de 2014 ante este Tribunal y nos alertó de que el señor Cintrón había incoado un pleito civil sobre Incumplimiento de Contrato, Daños y Perjuicios en contra del letrado, basado en los mismos hechos que originaron la Querella. No obstante, reiteró que continuaría con el proceso disciplinario contra el licenciado Rivera Nazario.

Tras varios incidentes procesales, el 17 de septiembre de 2014 se celebró la vista en su fondo en contra del Querellado. Las partes señalaron al Comisionado haber estipulado todo el expediente, incluso los documentos relacionados al caso administrativo que originó el asunto ético, los escritos presentados por la Procuradora y por el licenciado Rivera Nazario, así como las cuestiones ventiladas ante el Comisionado.

Durante el proceso, el querellado reconoció que sus actuaciones fueron contrarias a los postulados éticos imputados y se allanó a la sanción que este Foro tuviera a bien imponer en su día. No obstante, solicitó que ponderáramos la extensa prueba testifical sobre sus capacidades, competencia y reputación profesional.

B. Tras fondo fáctico

i. Trámite ante la Unidad de Disciplina de la Administración de Corrección

El 23 de septiembre de 2002, el querellante solicitó la asistencia legal del licenciado Rivera Nazario para que lo representara en un proceso administrativo informal de suspensión sumaria y destitución, ante la Unidad de Disciplina de la Administración de Corrección (AC o Agencia), por alegadas infracciones a disposiciones legales y reglamentarias de ese organismo. Hasta ese entonces, el señor Cintrón ocupaba un puesto de carrera como Oficial Correccional I en el Complejo Correccional Ponce Mínima, en Ponce. Las partes suscribieron un contrato de servicios profesionales en el que pactaron honorarios por $500, de los cuales el señor Cintrón anticipó $100.

El licenciado Rivera Nazario compareció ante la Unidad de Disciplina de la Agencia para anunciar formalmente que había asumido la representación legal del señor Cintrón y solicitar la transferencia de una vista pautada para el 13 de noviembre de 2003, debido a que tenía dos señalamientos judiciales previos que impedían su asistencia. En los escritos presentados ante este Foro, indicó que el querellante estaba al tanto de dicha situación. La Agencia recalendarizó la audiencia inicial para el 18 de marzo de 2004. Sin embargo, el licenciado Rivera Nazario no recibió la notificación de este nuevo señalamiento, ya que la Uni-dad de Disciplina de la AC le notificó directamente al querellante. Este no le informó al querellado sobre la nueva fecha y asistió a la vista por derecho propio.

Efectivo el 18 de noviembre de 2004, el señor Cintrón fue destituido permanentemente de su cargo en la Agencia. Si bien el licenciado Rivera Nazario había comparecido por escrito como su representante, la resolución final del organismo gubernamental tampoco se le notificó, pues solamente se le comunicó al señor Cintrón.

ii. Trámite ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA)

El 22 de noviembre de 2004, el señor Cintrón acudió, nuevamente, a la oficina del querellado para que le asistiera en la revisión de la determinación administrativa que confirmó la separación permanente de su empleo en la AC. En ese momento hizo un pago de $100 para acreditarse a los honorarios de abogado; sin embargo, en esa ocasión, no confeccionaron un contrato de representación legal por escrito que recogiera ese incidente.

Luego de haber examinado la Resolución del caso, el licenciado Rivera Nazario le explicó al querellante que, a base de la evidencia que surgía del expediente administrativo, la Agencia podía destituirlo. Le indicó, además, que las imputaciones en su contra quedaron consignadas y probadas en el récord administrativo por éste no haberlas controvertido. En específico, el hecho de que hizo alegación de culpabilidad en un proceso penal en su contra por maltratar a su hijo menor de edad. No obstante, debido a que el señor Cintrón insistió en negar los hechos que originaron su despido, es decir, la alegación de culpabilidad en el proceso criminal, el querellado le requirió la documentación pertinente para elaborar la apelación del caso. A pesar de que el querellante no regresó a su despacho, ni produjo la información y documentos solicitados, el 20 de diciembre de 2004, el licenciado Rivera Nazario apeló la Resolución Final de la Agencia ante la CIPA (Núm. 04-AC-198), para de esta manera salvaguardar los derechos de su cliente.

Según se infiere del expediente Núm. 04-AC-198, la CIPA emitió una Orden, notificada el 12 de enero de 2005, mediante la cual requirió a las partes cierta documentación en un término de veinte días. Ante la inacción de ambas partes, el 23 de febrero de 2005, la CIPA dictó una segunda Orden en la que instó al cumplimiento de lo requerido anteriormente en el término de veinte días, so pena de sanciones económicas. El 4 de marzo de 2005, la AC compareció ante el organismo apelativo para dar cumplimiento a la Orden, y solicitó la desestimación del caso por falta de jurisdicción. Así las cosas, el 8 de marzo de 2005, la CIPA concedió un término de diez días al señor Cintrón para que expusiera su posición respecto a la solicitud de desestimación de la Agencia. El 4 de abril de 2005, la CIPA otorgó al querellante un plazo final de veinte días para que diese cumplimiento a la Orden emitida el 8 de marzo del mismo año. Ante ello, la AC presentó una segunda solicitud de desestimación el 7 de abril de 2005. Debido a la inercia e incumplimiento del licenciado Rivera Nazario con los requerimientos de la CIPA, el foro concernido dictó una Resolución el 21 de abril de 2005 en la que decretó la desestimación de la apelación “ante la dejadez y falta de interés” del señor Cintrón. (Énfasis suplido).

De tal dictamen, el licenciado Rivera Nazario no solicitó reconsideración ni presentó una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, la determinación de la CIPA advino final y firme.

Conforme alegó el señor Cintrón, el querellado no le informó de la Resolución emitida en su caso. Esta negligencia, según planteó, le imposibilitó conseguir el consejo de otro abogado, así como cuestionar, oportunamente, la decisión administrativa en su contra.

Según el querellado, la desestimación del caso apelado fue resultado de la falta de cooperación y comunicación del señor Cintrón. Adujo que no fue hasta el 2010 que el querellante regresó a su oficina, nuevamente, insistiendo en que se efectuara algún trámite para reabrir su caso. Así las cosas, el querellado interpuso, sin éxito, un nuevo escrito de Apelación ante la CIPA para cuestionar aspectos procesales de la determinación del 2004. No obstante, dicha apelación fue desestimada por falta de jurisdicción. En vista de lo anterior, el 18 de marzo de 2011, el licenciado Rivera Nazario le cursó una carta al querellante en la que, además de informarle de la resolución administrativa, le ex-puso que entendía que el recurso no hubiese procedido por el hecho de haberse declarado culpable en el proceso penal concernido. Posteriormente, el letrado recurrió al tribunal apelativo intermedio, el cual desestimó la petición por los mismos fundamentos del foro administrativo. Por último, acudió ante este Tribunal mediante la Solicitud de Certiorari Núm. CC-2011-0456, la cual declaramos “no ha lugar” el 14 de octubre de 2011.

II

El Código de Ética Profesional establece las nor-mas mínimas de conducta que deben dirigir la práctica de la profesión legal. In re Cotto Luna, 187 DPR 584 (2012). Aquellos que poseen el privilegio de ser admitidos a este Foro, tienen la obligación de actuar siempre de acuerdo con los más altos principios éticos. In re Mulero Fernández, 174 DPR 18 (2008). Los cánones del Código de Ética Profesional pretenden que cada jurista exhiba un desempeño, personal y profesional, que enaltezca y refleje los estándares morales de la abogacía, en beneficio del cliente, la profesión en general, la sociedad y sus instituciones de justicia, íd. Todo abogado que comparezca ante las agencias administrativas asume el deber de observar los mismos principios éticos que requiere su conducta ante los foros judiciales. In re Pietri Castellón, 185 DPR 982 (2012).

A. Canon 18: Competencia del abogado y consejo al cliente

El abogado posee la responsabilidad ineludible de defender los derechos e intereses de sus clientes con diligencia, competencia y gran responsabilidad, según preceptuado en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (Canon 18). Véase, además, In re Coito Luna, supra. De hecho, cuando un abogado acepta la encomienda de representar a una persona y no la ejecuta adecuada y responsablemente, incumple con este canon. “La representación legal adecuada requiere que se ejerza la profesión con celo, cuidado y prudencia”. (Énfasis suplido). Id., pág. 589.

El abogado, cuando asume un caso, se obliga a realizar todas las gestiones posibles, dentro del marco de la ética, en beneficio de su cliente. In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189 (2012). En el ejercicio de la abogacía no hay espacio para que sus miembros actúen con displicencia, dejadez y desidia en la tramitación de los asuntos que se le han delegado. In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000 (2013); In re Cuevas Borrero, supra. Por lo tanto, este deber de diligencia profesional genera una obligación dual frente a su cliente, así como frente a los tribunales en la administración de la justicia. In re Hoffman Mouriño, 170 DPR 968 (2007).

Cónsono con lo anterior, hemos destacado que un abogado contraviene el Canon 18 cuando exhibe una conducta negligente que pueda acarrear, o en efecto acarree, la desestimación de un caso o la pérdida de la causa de acción de su representado. In re Pietri Torres, 191 DPR 482 (2014); In re Díaz Nieves et als., supra; In re Cuevas Borrero, supra. También, vulnera el precepto en cuestión al: (1) no responder planteamientos fundamentales; (2) ignorar órdenes judiciales o administrativas; (3) incurrir en errores crasos, y (4) desatender o abandonar el trámite de un caso, entre otras. In re Díaz Nieves et als., supra. Véase, además, In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011).

Cuando un abogado pierde contacto con su cliente y están por vencer los términos para presentar una causa de acción, su responsabilidad ética en estas circunstancias está sujeta al grado de diligencia que despliegue para contactar a su representado. In re Pinto Andino, 156 DPR 259 (2002). Esto significa que el abogado deberá efectuar esfuerzos razonables y diligentes dirigidos a restablecer la comunicación con su cliente y advertirle de la situación procesal del asunto encomendado. Id. “[L]o que constituye un esfuerzo ‘razonable y diligente’ para localizar al cliente dependerá de [un análisis sobre] la totalidad de las circunstancias del caso”. íd., pág. 265.

Un abogado diligente que realice esfuerzos razonables para localizar o comunicarse con su cliente, de ordinario no está éticamente obligado a presentar la acción encargada para preservarle los derechos. In re Pinto Andino, supra. Pero, si en tal circunstancia el abogado decide presentar la acción o el recurso para evitar que su representado, por ejemplo, pierda su derecho a apelar, ello no constituye una violación ética. No obstante, una vez presentada la acción, si las nuevas gestiones para contactar al cliente resultan infructuosas, el abogado deberá solicitar al foro con jurisdicción la autorización para renunciar. Lo importante es que el abogado descargue su responsabilidad ética informando la problemática al foro con jurisdicción, proveyendo detalles que acrediten las gestiones al respecto. Corresponde, entonces, a la autoridad judicial o administrativa ponderar la suficiencia de dichos esfuerzos. No es correcto que el abogado interponga la acción correspondiente y luego se desligue del trámite del caso, comprometiendo de esta manera los derechos que intentó proteger y entorpezca la administración de la justicia. Id.

B. Canon 19: Información al cliente

Para representar los intereses de su cliente diligente y responsablemente, es indispensable que el abogado lo mantenga informado de los asuntos importantes que surjan durante el trámite del caso encomendado, según dispone el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (Canon 19); In re Arroyo Ramos, 159 DPR 284 (2003). Por consiguiente, esta obligación es autónoma e independiente de su deber de diligencia. In re Pietri Castellón, supra. “El deber de comunicación efectiva es imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente”. In re Pietri Castellón, supra, pág. 992. A fin de lograr una comunicación efectiva entre ambos, el abogado debe informar directamente a su representado de los trámites realizados y su desarrollo, consultarle los aspectos que estén fuera del ámbito discrecional de la representación legal y acatar sus directrices, siempre y cuando estén dentro del marco ético. In re Cuevas Borrero, supra; In re Mulero Fernández, supra.

En lo pertinente, un miembro de la profesión desacata este imperativo ético cuando mantiene ajeno a su cliente sobre el resultado adverso de un asunto encomendado —la acción se archiva o se desestima— o no mantiene al cliente al tanto del tracto procesal del caso. In re Cuevas Borrero, supra; In re Montes Fuentes, 174 DPR 863 (2008). De hecho, no informar al cliente sobre su caso, no solo constituye una infracción al Canon 19, sino que perjudica el proceso de impartir justicia. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014).

Es importante reiterar que el Canon 19 representa una obligación unidireccional: “impone el deber de comunicación al abogado y no al cliente”. (Énfasis en el original). In re Nieves Nieves, supra, pág. 40. No constituye una excusa para el abogado dejar de proveer información sobre los asuntos importantes del caso porque el cliente no haya estado accesible. Es imperativo que demuestre las diligencias razonables realizadas para restablecer la comunicación con éste. Id.

C. Canon 20: Renuncia de representación legal

Como parte de los deberes del abogado para con su cliente, el Canon 20 del Código de Ética Profesional (Canon 20) dicta el procedimiento a seguir para ser relevado de la representación profesional. 4 LPRA Ap. IX. En lo pertinente, dispone que “[cjuando un cliente es negligente y no coopera con su abogado en la tramitación de su caso, el abogado debe renunciar [a] la representación legal existente. No renunciar impide al letrado representar adecuadamente a su cliente y constituye un error de juicio y una violación al Canon 20 [...]”. (Énfasis suplido). In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011). Véase, además, In re Díaz Nieves et ais., supra. En este contexto, la renuncia del abogado está sujeta a que obtenga el permiso del foro pertinente y a que tome las medidas razonables para evitarle perjuicio a su representado. In re Ramos Hernández, supra.

D. Canon 38: Preservación del honor y la dignidad de la profesión

Según dispone el Canon 38 del Código de Ética Profesional, a cada miembro de la abogacía le corresponde conducirse en la esfera privada, así como en la profesional, de manera que exalte el honor y la dignidad de la profesión legal. 4 LPRA Ap. IX. Asimismo, debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia. íd. La conducta de los abogados admitidos a practicar la profesión se mide con unos parámetros muy distintos a los de un individuo particular. In re Sierra Arce, 192 DPR 140 (2014). La clase togada debe tomar conciencia de que la confianza pública de las instituciones de justicia y de la profesión misma descansa, en gran parte, en su proceder.

La responsabilidad ética inherente a nuestra profesión impone al abogado un deber de revisión continua de su comportamiento. In re Nieves Nieves, supra. “[H]emos señalado enfáticamente que ‘por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen’ ”. In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 620 (2014), citando a In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007). Véase, además, In re Cuyar Fernández, 163 DPR 113 (2004). Las actuaciones de los abogados como funcionarios de este Tribunal y ministros del sistema de justicia deben estar encaminadas a preservar un orden jurídico íntegro y eficaz. In re Cuyar Fernández, supra.

E. Comisionado Especial

Reiteradamente, hemos pautado que las determinaciones de hecho del Comisionado Especial basadas en prueba testifical gozan de nuestra deferencia, salvo que se demuestre que actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba. In re Sierra Arce, supra; In re Cuevas Borrero, supra. No obstante, cuando sus determinaciones descansan en prueba documental, este Tribunal está en la misma posición que el Comisionado Especial de evaluarla. Id. Por lo tanto, podemos realizar un examen independiente de este tipo de prueba y aceptar, modificar y hasta rechazar su informe. In re Cuevas Borrero, supra.

F. Sanción disciplinaria

Al momento de fijar la sanción que se impondrá a un abogado que ha infringido el Código de Ética Profesional, ponderamos los factores siguientes: (1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su primera falta y si no ha causado peijuicio a alguna parte; (4) la aceptación y el arrepentimiento sincero por las imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta; (6) si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo de lucro, y (8) cualquier otra consideración atenuante o agravante aplicable a los hechos. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014); In re Cotto Luna, supra; In re Plaud González, 181 DPR 874 (2011).

Es importante tratar las faltas similares de modo análogo, a fin de evitar la arbitrariedad y alcanzar una reglamentación ética coherente y uniforme. In re De León Rodríguez, supra. Por lo tanto, los asuntos disciplinarios semejantes merecen sanciones, también semejantes. No obstante, tenemos que reconocer que las circunstancias particulares de cada caso son únicas y determinantes al momento de imponer la sanción. Id.

III

Como bien admitiera el propio licenciado Rivera Nazario, y tras evaluar todo el expediente, la prueba estipulada, así como el Informe del Comisionado Especial, concluimos que éste quebrantó los Cánones 18, 19, 20 y 38 del Código de Etica Profesional.

El señor Cintrón acudió a la oficina del querellado para que lo asistiera en el proceso de apelación ante la CIPA. Luego de la contratación de sus servicios, el abogado no logró contactarlo para que le proveyera la información que éste le había solicitado. Bajo esas circunstancias, y por temor a que el querellante perdiera su derecho a recurrir de la decisión de la Unidad de Disciplina de la AC, presentó la Apelación ante la CIPA. Sin embargo, optó por ignorar los requerimientos del organismo apelativo, lo que provocó la desestimación del recurso por falta de interés y dejadez. Tampoco intimó la reconsideración, ni la revisión administrativa de la referida determinación.

La responsabilidad del abogado hacia su cliente no cesó al momento de interponer el recurso en cuestión. El deber de corrección ética continua le exigía haber dado fiel cumplimiento al trámite y a las órdenes administrativas. En lugar de abandonar el proceso de apelación, como efectivamente hizo, el licenciado Rivera Nazario debió haber planteado ante la CIPA la problemática que afrontaba con el querellante. Es decir, ante la falta de colaboración de su cliente, el querellado estaba obligado a informarle al foro administrativo que había perdido contacto con éste, razón que le impedía dar cumplimiento a la Orden para requerir documentos. Debió acreditarle, además, los esfuerzos razonables realizados conducentes a restablecer la comunicación con el señor Cintrón. Solo así habría velado, responsable y diligentemente por los intereses de su representado conforme al Canon 18 del Código de Ética Profesional. De lo contrario, si no estaba en condiciones de tramitar el asunto encomendado de forma capaz y diligente, no debió iniciar el proceso. S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 184. Sin duda, la conducta del licenciado Rivera Nazario, independientemente de los méritos de la acción, perjudicó el derecho para apelar del querellante.

Además, conforme al Canon 20, es deber del abogado renunciar cuando se enfrenta a un cliente negligente y que no colabora en la gestión de su causa. Por lo tanto, una vez presentada la acción, el querellado no se podía cruzar de brazos ante la conducta displicente del querellante. En este contexto, no solicitar la oportuna renuncia ante el foro apelativo en cuestión constituyó un error de juicio que limitó la adecuada representación de su cliente. Ello conllevó consecuencias adversas al caso del señor Cintrón, proscritas por el Código de Ética Profesional.

El licenciado Rivera Nazario también infringió lo dispuesto en el Canon 19 antes reseñado. En el expediente consta una carta del 12 de mayo de 2005 enviada por correo ordinario en la que el abogado pretendió explicar a su cliente el resultado de la apelación. Sin embargo, el señor Cintrón negó haberla recibido. Por consiguiente, esta gestión no resultó suficiente, dada la importancia que representaba el asunto dentro del trámite del caso. No se deducen del expediente otras gestiones de comunicación tales como llamadas, cartas con acuse de recibo, correos electrónicos, mensajes a través de intermediarios, entre otras, que demostraran el interés del querellado de informar a su cliente. Tampoco constan esfuerzos dirigidos a corroborar la corrección de la dirección. El no informar a su representado sobre el desenlace de la apelación impidió, incluso, que éste pudiera solicitar la reconsideración, cuestionarla ante un foro de superior jerarquía, o hasta contar con el asesoramiento de otro abogado que le orientara sobre el curso de acción más apropiado. Este deber de informar al cliente, insistimos, es unidireccional y competía al abogado contratado demostrar las gestiones razonables realizadas dirigidas a descargar su responsabilidad.

Con su proceder, el querellado no cumplió con su responsabilidad de exaltar el honor y la dignidad de la profesión a la que pertenece. Su conducta perjudicó la imagen y confianza del cliente hacia la práctica de la abogacía. Pero, además, como representante de la institución de la justicia, afectó su buen nombre.

Por último, nos resta examinar los factores atenuantes y/o agravantes que inciden en la sanción que impondremos. El licenciado Rivera Nazario lleva poco más de veintiún años ejerciendo la abogacía y la notaría en la Isla. No se infiere de su expediente queja o querella previa que cuestione su desempeño profesional en ambas áreas del Derecho. De la conducta desplegada ante este Tribunal surge que el querellado es un profesional responsable y respetuoso. En cada una de sus comparecencias ante este Foro lo hizo con humildad, y, finalmente, reconoció sus faltas éticas y expresó su arrepentimiento.

El licenciado Rivera Nazario, además, goza de buena reputación profesional entre sus pares y en la comunidad en que sirve. Es importante señalar que el querellante, aunque sin éxito, tuvo la oportunidad de ventilar ante un foro judicial pertinente la acción de daños por impericia profesional. Por último, aunque la falta de diligencia del abogado ocasionó la desestimación de la causa de su cliente, reconocemos, a su vez, que la conducta del señor Cintrón —sin duda alguna— contribuyó al resultado ad-verso en su apelación. Su falta de cooperación, negligencia y dejadez en la gestión del caso aportó a que perdiera toda causa de acción.

IV

Considerando los hechos y el Derecho antes expuestos, censuramos enérgicamente al licenciado Rivera Nazario por infringir los Cánones 18, 19, 20 y 38 del Código de Etica Profesional. Le apercibimos que de incurrir en conducta antiética ulterior, se expone a sanciones disciplinarias más severas.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El 5 de septiembre de 2014 emitimos una Resolución autorizando la baja voluntaria del Ledo. José Luis Rivera Nazario (licenciado Rivera Nazario o querellado) del ejercicio de la notaría.

       En su contestación, el licenciado Rivera Nazario manifestó que al presente está residiendo en el estado de la Florida y que no está ejerciendo la profesión. Expresó, además, haber renunciado en todos los casos y entregado los expedientes a sus clientes. Finalmente, indicó que se encuentra a la espera de la resolución de este proceso disciplinario para solicitar la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía.

       El querellante presentó la Demanda el 8 de marzo de 2013 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (Caso Núm. ISCI201300327). Tomamos conocimiento judicial de que el 22 de enero de 2015, el foro de instancia dictó una Sentencia en la que desestimó la causa de acción porque el señor Cintrón no demostró nexo causal entre los daños alegados y el incumplimiento del licenciado Rivera Nazario.

       En la carta de destitución se consignó que el exempleado no refutó el hecho de haber agredido físicamente a su hijo menor de edad. De la investigación realizada por la Administración de Corrección (AC o Agencia) se deduce que el 12 de agosto de 2001, el señor Cintrón agredió en las manos y en diferentes partes del cuerpo a su hijo de doce años. Como consecuencia de los golpes, el niño requirió asistencia médica y tuvo que ser atendido en el Hospital Bella Vista de Yauco. Por estos hechos, el querellante hizo alegación de culpabilidad y el 1 de marzo de 2002 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, le concedió los beneficios de una sentencia suspendida por infracción al Art. 52 de la derogada Ley Núm. 342-1999, conocida como la Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI, 8 LPRA ant. sec. 443q. Finalmente, completó un Programa de Desvío, razón por la que el 5 de septiembre de 2003, el foro de instancia lo exoneró y ordenó el archivo y sobreseimiento del caso. Anejos 8 y 11 de la Contestación a la Queja.

       En el expediente constan dos cartas que el querellado adujo haber dirigido por correo ordinario al querellante para solicitar su cooperación y apercibirle de las consecuencias de su inacción. Anejos 15 y 16 de la Contestación a la Querella.

       Copia del expediente de Apelación ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) fue elevado ante el Comisionado.

       La CIPA requirió al señor Cintrón que sometiera una copia de la Resolución Final y de la Resolución de los Cargos, mientras que exigió a la AC copia de la Notificación Personal de la Resolución Final hecha al querellante.

       Anejo 9 de la Querella.

       Según expresara el querellado, por estas gestiones llevadas a cabo con el consentimiento del señor Cintrón, él no recibió pago por sus honorarios ni por las costas.

       Aunque hemos expresado que, en ocasiones, será suficiente y razonable una carta, un mensaje de correo electrónico, por medio de personas allegadas e incluso una llamada telefónica, no siempre lo será. In re Pinto Andino, 156 DPR 259, 264-265 (2002).

       En términos de las gestiones realizadas, véase el escolio número 5.

       De un estudio de la jurisprudencia, encontramos que: (1) por incumplir el Canon 18 amonestamos a un abogado que interpuso tardíamente un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, por lo que fue desestimado en In re Pietri Torres, 191 DPR 482 (2014); (2) amonestamos a una de las abogadas disciplinadas en el caso por presentar un recurso apelativo pasado el término jurisdiccional en In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000 (2013); censuramos enérgicamente a un letrado por faltar a los Cánones 12, 18 y 19, ya que su falta de diligencia ocasionó el archivo de un caso sin perjuicio en In re Hernández González, 188 DPR 721 (2013); censuramos enérgicamente a un abogado que infringió los Cánones 18 y 38 al presentar una apelación ante la CIPA fuera del término jurisdiccional en In re Cotto Luna, 187 DPR 584 (2012); censuramos enérgicamente al licenciado Pietri Castellón por faltar a los Cánones 6, 12, 18 y 19, al no mantener a su representada informada e incumplir varias órdenes de un organismo administrativo, ocasionando la desestimación de lo encomendado, en In re Pietri Castellón, 185 DPR 982 (2012), y censuramos enérgicamente a la licenciada Mulero por faltar a los Cánones 18 y 19, al desatender una encomienda, lo cual provocó que la cliente perdiera su causa de acción en In re Mulero Fernández, 174 DPR 18 (2008).