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text:
    José L. Padín Medina, peticionario, v. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, recurrida.

      Número: CC-2005-603

      Resuelto: 2 de agosto de 2007

      Susan Marie Cordero Ladner, abogada de la parte peticionaria; Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general.
   per curiam:

Por medio del presente recurso se nos solicita revisar el dictamen del Tribunal de Apelaciones, mediante el cual dicho foro confirmó una resolución de la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Junta de Síndicos). Mediante dicha sentencia, el foro intermedio apelativo confirmó la decisión de denegar los beneficios solicitados por el peticionario para obtener un pago anual por incapacidad ocupacional o, en la alternativa, por incapacidad no ocupacional.

Confirmamos la sentencia recurrida.

H

El peticionario Sr. José Padín Medina (señor Padín Medina), de cincuenta años y cuya preparación académica es cuarto año de escuela superior, trabajó como miembro de la Policía de Puerto Rico. Tiene cotizado para el Sistema de Retiro unos 19.75 años.

El 26 de julio de 1985 el señor Padín Medina sufrió un primer accidente mientras desempeñaba las funciones de su puesto. Al tratar de arrestar a un individuo, éste se resistió y le agredió con los puños, haciendo que el señor Padín Medina cayera al pavimento. Como consecuencia del accidente, sufrió contusiones en el hombro izquierdo y en otras partes del cuerpo.

Así las cosas, el señor Padín Medina acudió a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo). Luego de la correspondiente evaluación, fue diagnosticado con la condición siguiente: “Síndrome doloroso del hombro izquierdo, post traumático.” Como resultado de ello, el Fondo determinó que tenía una disminución de las capacidades de su hombro izquierdo de un 20%. Se le dio de alta en septiembre de 1988.

Posteriormente, el señor Padín Medina fue referido por el Fondo al Dr. Juan Guillén (doctor Guillén), médico psiquiatra, debido a que, como consecuencia del trauma recibido en el primer accidente, desarrolló una condición nerviosa. El doctor Guillén preparó un informe mediante el cual le diagnosticó un desorden de ansiedad severa.

El 14 de septiembre de 1987 el señor Padín Medina fue atendido por su ortopeda de cabecera, el Dr. Carlos Grovas Badrena (doctor Grovas). Se le diagnosticó, además, tendinitis bicipital del hombro izquierdo y se le recomendó infiltración con esteroides.

El 29 de mayo de 1993 el señor Padín Medina sufrió un segundo accidente en el cual fue agredido mientras intentaba arrestar a una persona por el delito de alteración a la paz. Sufrió contusiones en la boca y diferentes partes del cuerpo. Como resultado de ello, el Fondo le diagnosticó “Esguince lumbar” y le fijó una incapacidad de un 15% de sus funciones fisiológicas generales. Fue dado de alta en marzo de 1995.

Surge de la prueba documental contenida en el expediente médico del Fondo que el señor Padín Medina padece las condiciones siguientes: Peripheral polyneuropathy, Degenerative L4-L5 disc-disease, suggested disc bulges at the L3-L4-L5 SI interspaces, Lumbosacral Sprain, HNP L5-Sl, Bulging Disc L4-L5 and L5-S1.

Estos diagnósticos son el resultado de los estudios siguientes: Lower Extremity Nerve Conduction Examination, MRI of the lumbosacral spine, evaluación neurológica del Dr. Héctor Stella, neurocirujano de cabecera del señor Padín Medina, y CT of Lumbar Spine.

En abril de 1996 el señor Padín Medina acudió nuevamente a las oficinas del doctor Guillén. En esta ocasión le manifestó que sufría de ansiedad, desespero, insomnio, olvidos, irritabilidad, deseos de llorar y uso de alcohol. El diagnóstico en esta etapa fue de trastorno por ansiedad severa con depresión. Fue referido al First Hospital Panamericano con diagnóstico de Alcoholismo y Distimia secundaria.

El 1 de diciembre de 1997 se le notificó al señor Padín Medina que quedaba cesanteado de su puesto por incapacidad mental.

La División de Licencias del Negociado de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Rico recibió los informes médicos del Fondo, donde se recomendaba la separación del servicio del señor Padín Medina. La razón expuesta fue que su condición le incapacitaba para cumplir los deberes de su cargo. Se adjuntó a dicha carta una solicitud de retiro por condición emocional.

El 28 de agosto de 1998, ante el progresivo desarrollo de su condición de depresión mayor, el señor Padín Medina presentó ante el sistema de retiro una solicitud por incapacidad no ocupacional o, en su defecto, ocupacional, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (Ley Núm. 447), según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 761 et seq.

En mayo de 1998, durante los trámites de su solicitud, el señor Padín Medina acudió a las oficinas del Dr. Raúl Benitez, quien se especializa en medicina siquiátrica. Este le diagnosticó depresión mayor severa y recurrente. Dicho informe expresó que no tenía habilidad para manejar fondos y le da un GAF de 40.

El señor Padín Medina estuvo hospitalizado del 8 de enero de 1998 al 27 de enero de 1998 en la Clínica del Norte. Las notas siquiátricas y de progreso realizadas en el Centro de Salud Mental Capitas, donde recibió tratamiento, recomendaron la hospitalización del señor Padín Medina ante el riesgo de hacerse daño. Éstas constan en el expediente médico del señor Padín Medina preparado por el Fondo.

El 8 de julio de 1999 la Administración de Sistemas de Retiro le denegó al señor Padín Medina los beneficios de Pensión por Incapacidad Ocupacional y No Ocupacional solicitados. Fundamentó su denegatoria en que sus condiciones no eran incapacitantes, señalando que el señor Padín Medina aún estaba física y mentalmente capacitado para desempeñar labores en el servicio público.

Insatisfecho con esta decisión, el señor Padín Medina solicitó una reconsideración de la determinación notificada, la cual fue declarada “No Ha Lugar”.

El 21 de marzo de 2000 apeló dicha decisión ante la Junta de Síndicos de la Administración de Sistemas de Retiro (Junta de Síndicos), la cual emitió una resolución ordenando la devolución del caso a la Administración de los Sistemas de Retiro con el fin de examinar nueva evidencia presentada por el señor Padín Medina.

Mediante Resolución de 31 de enero de 2002, se le denegaron al señor Padín Medina los beneficios solicitados.

El 27 de febrero de 2002 el señor Padín Medina acudió, mediante un recurso de apelación, ante la referida Junta de Síndicos. Celebrada la vista administrativa, dicha Junta emitió una resolución confirmando la decisión apelada. Fundamentó dicha confirmación en que el conjunto de síntomas y condiciones del señor Padín Medina no eran incapacitantes.

Inconforme, el señor Padín Medina presentó su recurso de revisión ante el foro intermedio apelativo. Mediante sentencia notificada el 27 de mayo de 2005, dicho tribunal confirmó la denegatoria de la Administración de Sistemas de Retiro.

Inconforme, el señor Padín Medina acude ante nos mediante un escrito de certiorari, exponiendo los señalamientos de error siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones en la interpretación que hace de la ley y el Reglamento, ya que produce resultados inconsistentes con, o contrarios al propósito de la ley y lleva a la comisión de una injusticia.
Erró el Tribunal de Apelaciones en aplicar al presente caso un artículo de ley que fue enmendado completamente y que actualmente no tiene las restricciones que tenía antes de hacer la enmienda.
Erró el Tribunal de Apelaciones en confirmar la decisión de la Honorable Junta de Síndicos, y entender que el peticionario no tiene derecho a recibir la pensión por incapacidad debido a que su estado mental y físico fue provocado por el alcoholismo, ya que esta restricción no existe actualmente en los criterios médicos de la Ley Número 447 del 15 de mayo de 1951.
Erró el Tribunal de Apelaciones en resolver que la condición física y mental del apelante fue provocada por el alcoholismo ya que las condiciones del apelante surgieron antes del alcoholismo.
Erró la Honorable Junta de Síndicos en la definición de lo que es una persona incapacitada total y permanentemente, según la Ley Número 447 del 15 de mayo de 1951.
Erró la Honorable Junta de Síndicos en concluir que la parte recurrente no presenta un cuadro de incapacidad total y permanente para trabajar y en no tomar en consideración la combinación de condiciones del apelante.
Erró el Tribunal de Apelaciones al no evaluar la capacidad funcional del peticionario para hacer otro trabajo remunerativo, a la luz de su edad, preparación académica y experiencia de trabajo. Petición de certiorari, pág. 10.

I—f

Por estar los errores relacionados entre sí, procede discutirlos conjuntamente. En primer lugar, procede evaluar el planteamiento relativo a la interpretación, alegadamente errónea, que la Junta de Síndicos hiciera sobre lo que es una incapacidad total y permanente. Ello conforme a los criterios de la Ley Núm. 447 y del Reglamento General para la Concesión de Pensiones, Beneficios y Derechos, Reglamento Núm. 4930 (Reglamento Núm. 4930).

Asimismo, debemos evaluar el planteamiento relativo a que la Junta de Síndicos no aplicó la enmienda realizada al Art. 10 de la Ley Núm. 447 y, como consecuencia de ello, se le negó al señor Padín Medina su derecho a la pensión por incapacidad no ocupacional.

En lo pertinente, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.) dispone sobre la revisión judicial lo siguiente:

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el peticionario tiene derecho a un remedio.
Las determinaciones de hecho de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos.

La revisión judicial de las decisiones administrativas comprende tres aspectos: (1) la concesión del remedio apropiado, (2) las determinaciones de hecho y (3) las conclusiones de derecho del organismo administrativo. Sin embargo, debe quedar claro que la norma de impartir deferencia a la interpretación que hace una agencia del estatuto o reglamento que está bajo su administración es de hermenéutica y de ningún modo afecta el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.

En vista de ello, se han establecido los criterios de base racional y evidencia sustancial definidos en la jurisprudencia. El término “evidencia sustancial” se aplica a aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Esta norma fue adoptada por este Tribunal antes que la L.P.A.U. así lo estableciera. Tal estatuto actualmente dispone lo siguiente:

a) tiene que haber una base racional para legitimar una determinación de hecho,

b) de existir prueba conflictiva el Tribunal debe considerar como concluyente la determinación de hecho de la agencia y

c) debe respetarse la determinación de credibilidad realizada por la agencia administrativa.

No obstante, estos principios no son estáticos ni fijos. La prueba debe ser evaluada en su totalidad tanto aquella que sostenga la decisión de la agencia, como la que reduzca o menoscabe el peso de la prueba que fue considerada por la agencia.

El uso de principios generales de derecho administrativo fuera de contexto es una labor en extremo peligrosa. Hay que examinar las circunstancias en que ope-ran y la razón de su empleo en el caso específico que nos ocupa.

No es posible hacernos en este campo de una escala Richter que clasifique cada fenómeno automáticamente; la dificultad reside esencialmente en la precisa aplicación de dichos principios.

Es por eso que las determinaciones de hecho de las agencias administrativas deben ser lo suficientemente definidas. De este modo se cumple el propósito de poner a los tribunales en posición de revisar de forma inteligente la decisión del organismo administrativo y determinar si los hechos probados por la agencia ofrecen una base razonable para su evaluación. Por lo tanto, la decisión de la agencia debe exponer los hechos determinados como probados, incluyendo las inferencias que en última instancia creyó justificadas.

De ordinario, los tribunales le confieren deferencia tanto a las determinaciones de hecho que emiten las agencias administrativas como a las interpretaciones que éstas hacen de las leyes que tienen la encomienda de administrar. No obstante, los tribunales no están llama-dos a imprimir un sello de corrección, so pretexto de la deferencia, para avalar situaciones en que la interpretación efectuada resulta contraria a derecho.

En cuanto a las conclusiones de derecho, la agencia no puede limitarse a recitar o a repetir frases generales que aparecen en sus reglamentos o en su ley orgánica como único fundamento para su decisión. Las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho, por lo tanto, no pueden ser pro forma.

Aun cuando la revisión judicial de las decisiones administrativas depende del estatuto involucrado en cada caso, lo cierto es que tanto la apreciación arbitraria de la prueba por parte del organismo administrativo como la determinación sobre si las conclusiones de hecho que sirven de base a su decisión están sostenidas por evidencia sustancial, constituyen una cuestión de derecho.

Normalmente un dictamen de una agencia constituye un abuso de discreción cuando es arbitrario y caprichoso. Esto es así si la agencia descansó en factores que la Rama Legislativa no intentó considerar, si no considera un aspecto importante de la controversia u ofrece una explicación para su decisión que contradice la evidencia presentada ante la agencia, o si formula una conclusión de derecho que es tan poco plausible que no pueda ser interpretada, de esa forma, como producto de la especialización de la agencia.

Una vez expuesto el derecho aplicable a la revisión de las determinaciones de las agencias administrativas, consideraremos la legislación y reglamentación aplicables a la pensión por incapacidad, solicitada por el aquí peticionario.

El sistema de retiro para los empleados de gobierno y de la Judicatura de Puerto Rico se rige por la Ley Núm. 447. Dicho estatuto establece las circunstancias bajo las cuales un participante del sistema puede ser acreedor a los beneficios de una incapacidad ocupacional o no ocupacional.

A tales efectos son de aplicación los Arts. 9 y 11 de la referida ley. En el Art. 9 se dispone lo siguiente:

Todo participante que, como resultado de una incapacidad que se origine por causa del empleo y surja en el curso del mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá derecho a recibir una anualidad por incapacidad ocupacional, siempre que:
a. Se recibiere suficiente prueba médica en cuanto a la incapacidad mental o física del participante conforme a los criterios que mediante reglamento fije el Administrador.
b. El participante o el patrono, de acuerdo con los reglamentos de la Junta, notifique al Administrador con respecto a dicha incapacidad.
c. El Fondo del Seguro del Estado determine que el accidente o enfermedad provino de cualquier función del trabajo o que sea inherentemente relacionado al trabajo o empleo.
d. El participante tendrá que radicar la solicitud, sustentada con suficiente prueba médica, dentro de los ciento ochenta (180) días en que se relacione la condición por la cual radica su solicitud. (Enfasis suplido.)

El Art. 11 de la Ley Núm. 447 (3 L.P.R.A. see. 771), por su parte, dispone que para recibir los beneficios de retiro por incapacidad ocupacional o no ocupacional, se considerará incapacitado a un participante cuando la incapacidad esté sustentada con suficiente prueba médica, conforme a los criterios que mediante reglamento fije el Administrador, y dicha prueba revele que el participante está imposibilitado para cumplir los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiese asignado. Preceptúa lo siguiente:

Para los fines de una anualidad por incapacidad ocupacional o no ocupacional, se considerará incapacitado a un participante cuando la incapacidad esté sustentada con suficiente prueba médica conforme a los criterios que mediante reglamento fije el Administrador y dicha prueba revele que el participante está imposibilitado para cumplir los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiere asignado. El Administrador, según lo crea conveniente y necesario, podrá requerir al participante que se someta a exámenes adicionales con médicos seleccionados por el Administrador. Cuando la prueba médica revele que el participante está total y permanentemente incapacitado para cumplir los deberes de cualquier cargo, no será necesario el examen periódico. 3 L.P.R.A. see. 771.

La lista de tales criterios médicos se define en el Reglamento Núm. 4930. Allí se incorpora, por referencia, el Apéndice I {“Adult Listings”), en el que se incluye una lista de criterios médicos aprobados bajo las disposiciones del Título II de la Ley Federal sobre Seguridad Social, según enmendada. Para determinar la incapacidad del solicitante, dicha legislación considera, además, los resultados que surjan del análisis e investigación que realicen los técnicos para ellos designados.

Cabe destacar que aun cuando el Reglamento Núm. 4930 hace referencia a los criterios de incapacidad de los reglamentos federales, este Foro ha expresado que la determinación de incapacidad al amparo de la Ley Núm. 447 debe limitarse exclusivamente a evaluar si la incapacidad del solicitante es tal que le impide realizar las funciones de su empleo o de cualquier otro trabajo remunerativo.

Por otra parte, el estatuto en cuestión señala que se considerará capacitado al empleado si no está total y permanentemente imposibilitado para cumplir los deberes de cualquier cargo que su patrono le hubiese asignado para trabajar en cualquier empleo retribuido, con un sueldo o retribución por lo menos igual a la que está percibiendo a la luz de su edad, educación y experiencia de trabajo. Una incapacidad leve, que limite las funciones de su trabajo o de cualquier otro empleo remunerativo, no da base para recibir una pensión bajo el estatuto.

La Regla 24 del Reglamento Núm. 4930, respecto a las pensiones por incapacidad ocupacional, dispone cumplir con los requisitos siguientes:

a) que el participante esté en el servicio activo a la fecha de radicación de la solicitud;

b) que se reciba suficiente prueba médica en cuanto a la incapacidad mental o física del participante;

c) que el Fondo del Seguro del Estado haya determinado que la condición incapacitante esté relacionada con el empleo del participante y es compensable',

d) que el participante o su patrono notifique dicha incapacidad por escrito al Administrador, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el Fondo ... haya determinado que la condición incapacitante está relacionada con el empleo del participante. (Enfasis suplido.)

La Regla 24.4 del referido reglamento define cuándo se considerará a un participante incapacitado, al disponer lo siguiente:

Si de la evidencia médica que consta en el expediente y conforme al listado de criterios médicos {“Adult Listings”) establecidos para determinar incapacidad y del análisis e investigación que realicen los técnicos en determinación de incapacidad [sic] designados por el Administrador, no se pudiese determinar con certeza la incapacidad, se le podrá requerir al participante que se someta a aquellos exámenes médicos adicionales que se entiendan necesarios para adjudicar en sus méritos la petición de beneficios por incapacidad. Los exámenes médicos adicionales serán realizados por médicos seleccionados por el Administrador. Recibidos los resultados de dichos exámenes, el médico asesor hará la determinación final sobre la incapacidad y someterá su recomendación al Administrador. Se considerará capacitado al participante, si no está total y permanentemente incapacitado e imposibilitado de cumplir los deberes de cualquier cargo que su patrono le hubiere asignado o para trabajar en cualquier empleo retribuido, con un sueldo o retribución por lo menos igual a la que esté percibiendo. (Enfasis suplido.) Reglamento Núm. 4930, pág. 42.

Finalmente, la Regla 25.4, en esencia, define lo que habrá de considerarse como incapacidad, cuando dispone, en lo pertinente, de la forma siguiente:

Se considerará capacitado al participante, si no está total y permanentemente incapacitado e imposibilitado para cumplir los deberes de cualquier cargo que su patrono le hubiere asignado o para trabajar en cualquier empleo retribuido, con un sueldo o retribución por lo menos igual a la que éste percibiendo. (Énfasis suplido.) Reglamento Núm. 4930, págs. 43-44.

Conforme a la normativa jurídica esbozada, nos corresponde examinar si la evaluación que hiciera tanto la Administración de los Sistemas de Retiro como la Junta de Síndicos fue razonable.

En el caso de marras, la Junta de Síndicos confirmó la determinación de la Administración de los Sistemas de Re-tiro y denegó los beneficios de pensión por incapacidad solicitados por el señor Padín Medina. Procedió así por en-tender que su condición, a la luz de la evidencia médica suministrada y de los resultados médicos realizados por el Fondo del Seguro del Estado, arrojó un resultado que no cumplía con los criterios médicos de incapacidad total y permanente. Dicha determinación fue sostenida por el Tribunal de Apelaciones.

Antes de resolver, es preciso aclarar que las determinaciones de hecho del caso ante nos se revisaron según el criterio de razonabilidad. Nos corresponde evaluar si las determinaciones de hecho que constan en el expediente fundamentaron la decisión emitida por la Junta de Síndicos y, además, si ésta se encuentra sostenida por evidencia sustancial.

Es norma reiterada que es la Administración de los Sistemas de Retiro a quien le compete evaluar los criterios fijados por su reglamento, ponderar la prueba presentada y determinar si un solicitante los cumple o no. No obstante, nada impide evaluar si existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Veamos.

No hay duda ni está en controversia que los accidentes sufridos por el señor Padín Medina ocurrieron por causa de su empleo y en el curso de éste. A tales efectos, recibió la compensación fijada por el Fondo del Seguro del Estado conforme a la incapacidad resultante en ellos. En conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 447, solicitó la pensión por incapacidad ocupacional o, en su alternativa, por incapacidad no ocupacional. Para la concesión de una pensión por incapacidad ocupacional, solamente se exige que ésta se origine por causa del empleo, mas si se trata de incapacidad no ocupacional, se requiere que el participante tenga diez años de servicio acreditables. Las Reglas 25 y 25.1 del Reglamento Núm. 4930 en cuestión regulan las normas para la concesión de pensiones por incapacidad no ocupacional.

Si examinamos los requisitos establecidos para aplicar a la pensión de incapacidad ocupacional, encontramos que el único requisito en controversia del Art. 9 de la Ley Núm. 447, supra, es el siguiente: “Se recibiere suficiente prueba médica en cuanto a la incapacidad mental o física del participante conforme a los criterios que mediante reglamento fije el Administrador.” (Énfasis suplido.)

Los criterios a los que se refiere el mencionado artículo son los establecidos en el Reglamento Núm. 4930. Conforme a la solicitud de incapacidad ocupacional, dicho reglamento establece en la Regla 24.2, supra, cuatro requisitos, entre los cuales el único en controversia es el siguiente: “b) que se reciba suficiente prueba médica en cuanto a la incapacidad mental o física del participante.”

Además, la Regla 24.4, supra, pág. 42, del mismo reglamento dispone que para determinar la incapacidad han de considerarse, como primer paso, los criterios siguientes: “la evidencia médica que consta en el expediente y conforme al listado de criterios médicos (“Adult Listing”).”

La referida regla establece que si de lo anterior no se pudiese determinar con certeza la incapacidad, se recurre a someter al participante a aquellos exámenes médicos adicionales que entienda necesario.

No obstante, se exige que la incapacidad sea total y permanente. Una lectura integrada de dichos preceptos establece que la incapacidad total y permanente impide cumplir con los deberes de cualquier cargo o no permite trabajar en cualquier empleo retribuido. Para determinar la incapacidad se adopta por referencia el Apéndice I del “Adult Listing” o criterios médicos aprobados bajo las disposiciones del Titulo II de la Ley Federal de Seguridad Social.

Este esquema de evaluación se debe ejercer con atención y cuidado. La determinación de lo que constituye una incapacidad para realizar cualquier trabajo remunerado no es una tarea fácil. No hay una definición precisa de incapacidad; más bien se establece a base de la inhabilidad para desempeñar aspectos sustanciales y básicos del trabajo en cuestión.

En la interpretación de dichos estatutos compensatorios por incapacidades similares, la normativa para determinar la incapacidad total atiende dos consideraciones: (1) el impedimento físico del trabajador y su extensión, me-dido y expresado desde el punto de vista médico, en términos de pérdida de la función fisiológica general, y (2) el efecto de ese impedimento físico sobre la habilidad del obrero o trabajador para realizar un empleo remunerativo.

Expresamos en Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 (1964), que desde el punto de vista legal se puede considerar a una persona como totalmente incapacitada si no puede realizar aquellos aspectos sustanciales y básicos de trabajo, o sea, si los servicios que puede prestar son tan limitados en calidad, cantidad o en cuanto a su condición de confiabilidad, que no haya un mercado o una demanda para ellos.

Por lo tanto, no es justo ni cónsono con la intención legislativa, para las disposiciones estatutarias remediales, interpretar dicho concepto de manera tan literal y estricta que requiera que la condición de salud sea tan ruinosa que no le permita ninguna actividad.

Por ser los criterios médicos establecidos en el “Adult Listing” el primer paso del proceso de evaluación, cabe preguntarnos si las condiciones del señor Padín Medina se ajustaban a dichos criterios.

La Junta de Síndicos determinó que era correcta la decisión de la Administración de los Sistemas de Retiro en cuanto a que el conjunto de síntomas o emociones que presentó el señor Padín Medina no cumplieron con los criterios de severidad de las listas 12.04 y 12.06 para otorgar los beneficios por incapacidad. Concluyó que luego de analizar toda la evidencia presente, de evaluar la totalidad del expediente y de la credibilidad impartida al testimonio del allí apelante, las condiciones del peticionario relacionadas y no relacionadas no constituyen impedimento alguno, ni en forma aislada ni en forma combinada, que permitan a éste obtener los beneficios de una incapacidad ocupacional o no ocupacional. Veamos.

La condición del señor Padín Medina comenzó en julio de 1985, fecha cuando ocurre su primer accidente. Es a partir de ese momento que comienzan a manifestarse las condiciones físicas y emocionales, las cuales, a medida que se agravan, provocaron su despido. Esto se evidencia mediante la carta que se le dirigió, en la que se le indicó lo siguiente:

Le informo que usted está cesanteado de su puesto por Incapacidad Mental a la fecha de la notificación a tono con las disposiciones de la Carta Circular Número 91005, emitida por la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno .... (Énfasis suplido.)
Recientemente en nuestra División de Licencias de este Negociado recibimos informes médicos del Fondo del Seguro del Estado, donde le recomienda la separación del servicio de José L. Padín Medina debido a que su condición le incapacita para desempeñar las funciones de su cargo. (Enfasis suplido.)

En 1993, fecha en que ocurre su segundo accidente, el señor Padín Medina estuvo en tratamiento para su condición de síndrome doloroso del hombro izquierdo y para la de esguince lumbar. Los desórdenes afectivos y emocionales se mantuvieron presentes durante este tiempo y fue necesario recluirlo en varias ocasiones para tratamiento. Toda esta evidencia consta en el expediente que tuvo ante sí la agencia en cuestión.

Cabe señalar que si bien se determinó que el señor Padín Medina estaba incapacitado para cumplir con sus deberes como miembro de la Policía de Puerto Rico, no hay constancia en ninguna parte del expediente de que, conforme a la Regla 24.4 del Reglamento Núm. 4930, no pudiera realizar otro cargo o empleo remunerado.

El señor Padín Medina produjo ante los foros recurridos prueba médica para cualificar en los diagnósticos siguientes: Desorden Afectivo 12.04(A)(1) Síndrome de depresión mayor, caracterizada por lo menos por cuatro de las siguientes condiciones: (1) marcada disminución de interés en casi todas las actividades; (2) agitación o retardación psicomotora; (3) dificultad de concentración o pensamiento, y (4) pensamientos suicidas. Desorden Afectivo 12.04(B) caracterizado, entre otros, por: (1) marcada dificultad en mantener funcionamiento social, y (2) marcada dificultad en mantener el paso, la concentración o persistencia. Trastornos relacionados a la Ansiedad, 12.06 Ay B, caracterizado, entre otros, por: (1) ansiedad generalizada persistente acompañada por tres o cuatro síntomas, tales como tensión motora, espera temerosa, vigilancia; (2) estricciones marcadas en las actividades del diario vivir, dificultades para mantener el funcionamiento social, dificultades marcadas para mantener la concentración, episodios repetidos de descompensación con duración prolongada.

La Junta de Síndicos concluyó, a base de lo anterior y entre otras cosas, que el señor Padín no cumplía con los criterios establecidos ni con el grado de severidad requerido. El foro intermedio apelativo confirmó dicha determinación. Les asiste la razón.

No se demostró que las condiciones padecidas por el señor Padín Medina fueron de tal naturaleza que le inhabilitaran para hacer cualquier otro trabajo que produzca un ingreso en forma ordinaria y estable. La evidencia médica presentada no estableció el parámetro requerido de incapacidad total y permanente. Una evaluación de la totalidad del expediente demuestra que el señor Padín Medina presenta unas limitaciones. Sin embargo, no demuestran la severidad requerida por la Ley Núm. 447 para ser acreedor de la pensión solicitada.

Por tal razón, determinamos que las determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho de la Junta de Síndicos son correctas y están sostenidas por la evidencia recibida.

Con la evidencia presentada, el señor Padín Medina no demostró que la determinación denegatoria de los beneficios por incapacidad ocupacional o, en su defecto, por la no ocupacional, no está justificada por el derecho aplicable y por una evaluación justa del peso de la evidencia. Por tal razón, concluimos que no se justifica la revocación de la sentencia de la cual se recurre y confirmamos la resolución emitida por la Junta de Síndicos.

En su segundo señalamiento de error, el señor Padín Medina alega que el Tribunal de Apelaciones no consideró la enmienda del Art. 10 de la Ley Núm. 447, y que por tal razón se le negó la pensión por incapacidad no ocupacional solicitada. Veamos.

El Art. 6 de la Ley Núm. 302 de 2 de septiembre de 2000 enmendó el Art. 10 de la Ley Núm. 447. Dicha enmienda dispuso lo siguiente:

Todo participante que, teniendo por lo menos 10 años de servicios acreditados, se inhabilitare para el servicio, debido a un estado mental o físico y que por razón de ese estado estuviere incapacitado para cumplir los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiere asignado, tendrá derecho a una anualidad por incapacidad no ocupacional. 3 L.P.R.A. see. 770.

No obstante, para el 28 de agosto de 1998, fecha cuando el recurrente solicitó su pensión por incapacidad ocupacional o, en su defecto, no ocupacional, el Art. 10 de la ley anteriormente citada, en lo relevante al caso de autos, disponía lo siguiente:

Todo participante, que teniendo por lo menos 10 años de servicios acreditables, se inhabilitare total y permanentemente para el servicio, debido a un estado mental o físico no provocado por hábitos viciosos, intemperancia o mala conducta, y que por razón de ese estado estuviere incapacitado para cumplir los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiere asignado; o para trabajar en cualquier clase de empleo retribuido por lo menos con una retribución igual a la que perciba tendrá, derecho a una anualidad por incapacidad no ocupacional. (Énfasis suplido en lo eliminado por la enmienda.) 3 L.P.R.A. see. 770 (ed. 1992).

Concluimos que aplica este último artículo a la situación de marras. Ello debido a que era el vigente al momento de los hechos que motivaron la solicitud de pensión del señor Padín Medina. Dicho artículo y la Regla 25.3 del Reglamento Núm. 4930 descalifican como acreedor de una pensión al solicitante que se incapacite como consecuencia de hábitos viciosos, intemperancia o mala conducta. La Junta de Síndicos concluyó, entre otras cosas, que la condición metal del señor Padín Medina estaba vinculada a un problema de alcoholismo. Consta en el expediente que el señor Padín Medina recibió tratamiento por uso de alcohol durante el tiempo que le fueron diagnosticados los síntomas de depresión que provocaron su degeneración física y emocional. No obstante, al momento de solicitar la pensión por incapacidad no hay evidencia de que existía hábito o dependencia de alcohol.

Independientemente de que su condición fuera provocada por el alcoholismo o no, el señor Padín Medina no cumple con los criterios estrictos que el Art. 10 de la referida Ley Núm. 447 requiere para determinar la incapacidad total y permanente de un empleado.

hH HH

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. Las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Informe de Accidente de Trabajo, Fondo de Seguro del Estado. Apéndice, pág. 36.

       Certificación de Compensabilidad para la Administración de Sistemas de Retiro de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. íd., pág. 35.

       Informe Médico Especial del Fondo del Seguro del Estado. íd., págs. 44-45.

       íd., pág. 48.

      Informe Patronal del Fondo del Seguro del Estado, Apéndice, pág. 57.

       Certificación de Compensabilidad para la Administración de Sistemas de Retiro de Empleados del E.L.A., id., pág. 56.

       Apéndice, págs. 62-82.

       Certificación realizada por el Dr. Juan A. Guillén, siquiatra. Id., pág. 83.

       Cabe señalar que el señor Padín Medina fue cesanteado de su puesto en la Policía de Puerto Rico por incapacidad mental, conforme a las disposiciones de la Carta Circular Núm. 91005, emitida por la Administración de los Sistemas de Retiro. Dicha decisión se fundamentó en la sentencia emitida en el caso criminal CL96G0104 por infracción al Art. 272 del Código Penal de 1974, donde se encontró no culpable al señor Padín Medina por incapacidad mental y se le ordena ingresar al First Hospital Panamericano de Cidra para tratamiento. Véase Apéndice, págs. 105-107.

       Solicitud de pensión por incapacidad conforme a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (3 L.P.R.A. see. 761 et seq.). Apéndice, pág. 84.

       Se refiere al Global Assesment of Function Scale. Reporte mental preparado por el Dr. Raúl Benitez. Consta en el informe que las visitas para atención médica eran mensuales. Expresa que asistía siempre en compañía de su esposa. El reporte revela un juicio social pobre, pérdida de destrezas de cálculo y abstracción, además de poca atención. La prognosis laboral es pobre.

       Decisión procedente de la División de Determinación de Incapacidad de la Administración de Sistemas de Retiro. Apéndice, págs. 101 y 125.

       Apéndice, págs. 135-137.

       íd., pág. 170.

       Escrito de Apelación ante la Junta de Síndicos y Contestación a la Apelación. Apéndice, págs. 175 y 178.

       íd., pág. 279. Véase, además, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 281.

       Reglamento General para la Concesión de Pensiones, Beneficios y Derechos a los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, Reglamento Núm. 4930 del Sistema de Retiro, 26 de mayo de 1993 (Reglamento Núm. 4930). Cabe señalar que para las fechas en que el señor Padín Medina solicitó su pensión por incapacidad, éste era el reglamento vigente. El Reglamento Núm. 6719 de 7 de noviembre de 2003 derogó parcialmente el Reglamento Núm. 4930.

       Resolución de la Junta de Síndicos, Caso Núm. 2002-0104, Conclusiones de Derecho. Apéndice, pág. 224.

       Art. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2175).

       Véanse: See. 4.5 de la L.P.A.U. (3 L.P.R.A. sec. 2175); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1997).

        Com. Seguros P.R. v. Gen. Accidents Ins. Co, 132 D.P.R. 543, 553 esc. 2 (1993).

        Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953).

       J. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, San Juan, Eds. Situm, 2005, pág. 166.

       E. Gellhorn y G.O. Robinson, Perspectives on Administrative Law, 75 (Núm. 4) Colum. L. Rev. 771, 783 (mayo 1975).

        J.R.T. v. Escuela Coop. E.M. de Hostos, 107 D.P.R. 151 (1978).

        Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998).

        San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 374 (2001).

        López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646, 669 (1958).

        Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 278 (1987).

        Misión Ind. P.R. v. J.P., supra.

        Motor Vehicle Mfrs. Assn. v. State Farm Mut., 463 U.S. 29 (1983).

       Esta pieza legislativa contiene varias modalidades de pensiones o anualidades por retiro que incluyen pensiones por edad, por años de servicio (que a su vez incluyen la pensión diferida luego de que el participante haya rendido 10 años o más de servicio), por incapacidad ocupacional, por incapacidad no ocupacional y por mérito. La referida Ley Núm. 447 fue enmendada por la Ley Núm. 302 de 2 de septiembre de 2000.

       Ley Núm. 447, supra, 3 L.P.R.A. secs. 769 y 771, respectivamente.

        Social Security Regulations: Rules for Determining Disability, 20 C.F.R. 404 Subpt. P., App. 1.

        Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372, 376 (1985).

       íd., págs. 373-374.

       Regla 24.2 del referido reglamento, pág. 42.

        Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901 (1999).

       La Regla 25.1 del Reglamento Núm. 4930, pág. 43, define dicha incapacidad de la manera siguiente: “Todo participante que se inhabilite total y permanentemente para el servicio por causas no relacionadas con el empleo, tendrá derecho a solicitar una anualidad por incapacidad no ocupacional.”

       Art. 11 de la Ley Núm. 447 (3 L.P.R.A. sec. 771). Véanse las Reglas 24.4 y 25 del Reglamento Núm. 4930.

        Social Security Regulations: Rules for Determining Disalability, supra.

        Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 (1964).

       Nos referimos a la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.); Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, supra.

       íd.

       Conclusiones de derecho sobre incapacidad de la Resolución emitida por la Junta de Síndicos. Apéndice, pág. 225.

       Carta de despido entregada al señor Padín Medina. Apéndice, pág. 105.

       Carta suministrada por el Negociado de Recursos Humanos. Apéndice, pág. 106.

       Al momento de la celebración de la vista en su fondo, constaba en autos la prueba documental siguiente: Informe del Dr. Juan A. Guillén, fechado el 2 de junio de 1986 donde se le diagnosticó que no duerme bien, pesadillas frecuentes, temblor, e intranquilidad. En la segunda página del informe se le diagnostica retardación psicomotora, tensión, quejas somáticas y emocionales. El certificado médico del Dr. Juan A. Guillén, fechado el 1 de mayo del 1996, donde se le recomendó continuar,su tratamiento de salud mental por ansiedad, desespero, irritabilidad, deseos de llorar. Mental Impairment Evidence Report, donde se destaca que sus visitas fueron mensuales, depresiones recurrentes desde 1985 al 1993. Entre los síntomas presentados destacan: aislamiento constante y rechazo a compartir con su familia, miedos constantes, fobias, pérdidas de destrezas de cálculo, juicio social pobre, y prognósis laboral pobre. Apéndice, págs. 83 y 96-100. En el expediente médico de Capitas se hace mención de ideación suicida.

        Social Security Regulations: Rules for Determining Disalability, supra. Nos hemos limitado a mencionar únicamente aquellos síntomas de la lista que están sostenidos por la evidencia médica que consta en el expediente. Los criterios mencionados son una traducción nuestra al español.

       En materia de incapacidad no ocupacional, la Regla 25.3 del Reglamento Núm. 4930, pág. 43, dispone que para tener derecho a una pensión por incapacidad no ocupacional, el participante deberá cumplir con los requisitos siguientes: “a) tener por lo menos diez (10) años de servicios acreditables; b) estar en servicio activo a la fecha de radicación de la solicitud; c) que la incapacidad física o mental no haya sido provocada por hábitos viciosos, intemperancia o mala conducta; d) que se reciba suficiente prueba de la incapacidad del participante, que demuestre que está incapacitado total y permanentemente para cumplir con los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiese asignado o para trabajar en cualquier clase de empleo retribuido, por lo menos con una retribución igual a la que tenía derecho a estar percibiendo estando en servicio activo.”


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re José Rodríguez Rivera.

      Número: TS-7685

      Resuelto: 2 de agosto de 2007

      Luis F. Camacho, abogado del querellado.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton y los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez.
   RESOLUCIÓN

Examinada la moción titulada Moción Informativa y Solicitud de Orden, del Lie. José Rodríguez Rivera, se ordena su reinstalación al ejercicio de la notaría a partir de la notificación de la presente resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Samuel Pagán Pagán, querellado.

      Número: CP-2005-21

      Resuelto: 8 de agosto de 2007

      Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial; Raúl Aponte Sánchez, abogado del querellado.
   per curiam:

Debemos resolver si constituye una actuación contraria al Código de Ética Profesional que un abogado demore injustificadamente y por un tiempo prolongado la obligación que asumió como parte de un negocio jurídico de llevar al Registro de la Propiedad la correspondiente escritura para su inscripción.

I

El Lie. Samuel Pagán Pagán (Pagán Pagán) y su esposa lotificaron, previa aprobación de la Administración de Reglamentos y Permisos, una finca de su propiedad. Asimismo, concedieron una opción de compra sobre uno de los lotes a favor del Sr. Ruperto Román (señor Román) y la Sra. Zoraida Dávila (señora Dávila).

Posteriormente, las partes otorgaron ante el notario Efraín López Santiago la correspondiente Escritura de Segregación y Compraventa, y la Escritura de Hipoteca en Garantía de Pagaré Hipotecario. En ambas escrituras el señor Román y la señora Dávila comparecieron como esposos. Pagán Pagán se comprometió a presentar las mencionadas escrituras al Registro de la Propiedad para su inscripción. Sin embargo, éste retuvo las copias certificadas de las escrituras y, en contravención a lo pactado, no acudió al Registro de la Propiedad.

Posteriormente, la señora Dávila visitó las oficinas de Pagán Pagán para alegar que se había cometido un error en la escritura de compraventa al incluir al señor Román como su esposo y no hacer constar que el dinero pagado era privativo de ella. Con el propósito de corregir los errores señalados, se otorgó un Acta Aclaratoria. También en esa ocasión, las partes acordaron que Pagán Pagán presentaría la mencionada acta al Registro de la Propiedad. Sin embargo, Pagán Pagán no lo hizo.

En 1994, mediante Certificación de Mensura, se corrigió un problema de reducción de cabida de la finca originalmente lotificada. Además, Pagán Pagán y su esposa otorgaron una Escritura de Segregación de la finca originaria en diez lotes, de los cuales uno era el que había sido vendido a la señora Dávila.

En 1996 Pagán Pagán presentó al Registro de la Propiedad las copias de la Escritura de Segregación y de la Escritura de Compraventa. Como el precio de la compraventa ya había sido pagado en su totalidad para 1989, Pagán Pagán no presentó para la inscripción la copia de la Escritura de Hipoteca otorgada para garantizar dicho pago. En el 2002 el Registrador de la Propiedad inscribió la parcela segregada a favor del señor Román y la señora Dávila.

Ese mismo año la señora Dávila presentó una queja contra Pagán Pagán y el notario Efraín López Santiago. Específicamente, la señora Dávila expresó que en las escrituras se incluyó a Román como su esposo y comprador cuando éste sólo la acompañó como testigo. Señaló, además, que en la comparecencia de la escritura se incluyó a la esposa de Pagán Pagán aunque ésta no estaba presente. Con relación a ello, alegó que se había preparado un Acta Aclaratoria corrigiendo algunos de los errores mencionados, a saber, que no estaba casada con Román y que el bien era privativo de ella. Asimismo, argüyó que desde el 1986 Pagán Pagán se había comprometido a llevar al Registro de la Propiedad la Escritura de Compraventa y el Acta Aclaratoria, pero que en el 2002 la transacción todavía no había sido registrada. Finalmente, la señora Dávila alegó que Pagán Pagán le había entregado una minuta de asiento de presentación de 1996 y que en. ésta aún aparecía Román como comprador, a pesar de que ese extremo ya se había corregido mediante la mencionada acta.

En su contestación a la queja, Pagán Pagán alegó que los errores sobre el estado civil y la naturaleza privativa del dinero eran imputables a la señora Dávila, ya que ésta actuó todo el tiempo como si Román fuese su esposo. Sostuvo que la señora Dávila no rectificó esos hechos al momentó en que así se hicieron constar en las escrituras, sino que esperó varios años para señalar el error. Pagán Pagán aclaró, además, que su esposa no firmó la escritura frente a los compradores, pero que la había firmado anteriormente ante el notario autorizante, según lo permite la Ley Notarial. En cuanto a su obligación de llevar la escritura al Registro, Pagán Pagán precisó que se trató de una obligación que asumió en calidad de parte del negocio jurídico y que, a pesar de que retuvo las copias hasta que los compradores saldaran la deuda, no las presentó por un problema de reducción de cabida que se corrigió posteriormente. Además, Pagán Pagán adujo que de todas maneras las escrituras no hubieran logrado la inscripción, ya que el Registrador de la Propiedad la hubiera rechazado hasta que no se resolviera el problema sobre la cabida.

Posteriormente, Pagán Pagán presentó al Registro de la Propiedad el Acta Aclaratoria, en la cual se corrigieron los errores de la Escritura de Compraventa en cuanto a que el señor Román y la señora Dávila no eran esposos y que el dinero pagado para la compraventa era privativo de ella. Finalmente, en el 2003 la parcela quedó inscrita como un bien privativo de la señora Dávila.

Luego de evaluar la queja, el Procurador General presentó su informe en el cual recomendó archivar el caso que involucraba al notario Efraín López Santiago. Sin embargo, con respecto a Pagán Pagán, el Procurador General señaló una posible violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Examinadas las recomendaciones del Procurador General, autorizamos la presentación de la querella contra Pagán Pagán y, posteriormente, designamos a la Leda. Eliadís Orsini Zayas como Comisionada Especial. A la luz de los hechos arriba indicados, según estipulados por las partes, la Comisionada Especial recomendó el archivo de la querella contra Pagán Pagán o, en la alternativa, una censura. En sus conclusiones, la Comisionada consideró como atenuantes la larga experiencia profesional y la honestidad del abogado, la ausencia de motivos deshonestos y la falta de daños a la quereliante o a terceros. Con el beneficio de las posiciones de las partes y del Informe de la Comisionada Especial, procedemos a resolver.

J—I HH

Los cánones del Código de Ética Profesional establecen las pautas mínimas que deben guiar a los miembros de la clase togada en el desempeño de su delicada labor. In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998). Por consiguiente, todos los abogados deben actuar a un nivel superior, y no al margen de lo establecido por los cánones del Código de Ética Profesional. In re Nogueras Cartagena, 150 D.P.R. 667 (2000).

Hemos reiterado que cada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión y debe actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).

Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque hacerlo conlleve sacrificios personales. Además, debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra; In re Barreto Ríos, 157 D.P.R. 352 (2002); In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001).

Ciertamente, la apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositan en sus abogados. In re Nogueras Cartagena, supra.

Por otro lado, es norma conocida que le corresponde al Comisionado Especial recibir la prueba y dirimir la evidencia conflictiva. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994). Como desempeña una función similar al juzgador de instancia, el Comisionado Especial está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994). Por lo tanto, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado Especial nombrado para atender una querella contra un abogado, pudiendo adoptar, modificar o rechazar tal informe, de ordinario sostendremos las conclusiones de hecho de un Comisionado Especial, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, supra.

Visto el derecho aplicable, analicemos los hechos ante nuestra consideración.

III

Es un hecho indiscutible que la propiedad de la querellante quedó finalmente inscrita después de varios años del momento en que se llevó a cabo el negocio jurídico. Esto se debió a la conducta del querellado, la cual fue contraria a las pautas establecidas por el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Según surge del expediente, Pagán Pagán se comprometió a llevar al Registro de la Propiedad las escrituras de compraventa y de hipoteca. Dichas escrituras fueron otorgadas en el 1986, pero no fueron presentadas al Registro de la Propiedad hasta diez años después. El querellado ofrece como explicación para esa dilación que, aunque retuvo las copias de las escrituras hasta que los compradores saldaran el total de la deuda, la razón verdadera es que había un problema de cabida que se corrigió mediante una certificación de mensura. Añade Pagán Pagán que ante esas circunstancias resultaba inútil presentar las escrituras, ya que no serían inscritas hasta tanto no se corrigiera el defecto en la cabida de la finca. Ninguna de las razones mencionadas por el querellado justifica su tardanza en cumplir con la obligación que asumió.

En primer lugar, el hecho de que todavía no se había saldado la deuda no es una justificación para no inscribir el negocio jurídico, sobre todo cuando se había otorgado una escritura de hipoteca a favor de Pagán Pagán precisamente para garantizar el pago de dicha deuda. El no haber presentado la escritura de hipoteca al Registro de la Propiedad tuvo como consecuencia que la hipoteca, cuya inscripción es constitutiva, nunca nació a la vida jurídica. En efecto, eso perjudicaba principalmente a Pagán Pagán, quien era el acreedor hipotecario. Sin embargo, el hecho de no haber presentado la escritura de compraventa perjudicaba a los compradores, ya que no había correspondencia entre la realidad registral y la extrarregistral sobre la titularidad del bien, lo cual pudo haber dado margen para que surgiera una tercería registral.

Con relación al problema de la cabida, del expediente surge que al momento de concluirse el negocio quedaban aún por cumplirse ciertas formalidades que requiere la ley para este tipo de transacción. Del expediente no surge en qué momento Pagán Pagán se enteró de ello, si lo sabía desde que se concluyó el negocio o si lo conoció en un momento posterior. Independientemente de ello, tan pronto se enteró del problema, Pagán Pagán debió informárselo a los compradores, cosa que no hizo. Además, es un hecho incuestionable que no fue hasta 1994 cuando Pagán Pagán empezó las gestiones pertinentes para lograr la inscripción, cuando encomendó la preparación de la Certificación de Mensura. Fue finalmente en 1996 cuando presentó al Registro de la Propiedad la Escritura de Compraventa. En todo ese tiempo Pagán Pagán no hizo ninguna gestión, ya sea para corregir el error de cabida o para presentar las escrituras al Registro de la Propiedad. Por otra parte, entendemos que es inaceptable el argumento de Pagán Pagán de que, aun si hubiera presentado las escrituras, éstas no hubieran sido registradas por el problema en la cabida de la finca. Ciertamente ello no es una excusa para no cumplir con la obligación que asumió.

Por otro lado, entendemos que no se le puede imputar a Pagán Pagán el error en las escrituras sobre el estado civil de la señora Dávila, como tampoco se le puede responsabilizar por no haberse aclarado el carácter privativo del dinero utilizado en la transacción. Sin embargo, Pagán Pagán demostró cierto grado de dejadez al no llevar oportunamente al Registro de la Propiedad el acta que corrigió esas circunstancias, atrasando ulteriormente la correcta inscripción de la propiedad como un bien privativo de la señora Dávila.

Aunque somos conscientes que la participación de Pagán Pagán en la transacción fue en calidad de parte en el negocio jurídico y no como abogado o notario, este caso presenta circunstancias particulares. Así, debemos considerar que Pagán Pagán asumió voluntariamente la obligación de llevar al Registro de la Propiedad las mencionadas escrituras. Además, no podemos ignorar la gran dejadez que éste demostró al momento de hacer las gestiones pertinentes para corregir los errores de las escrituras y hacer que éstas cumplieran con las formalidades para su inscripción. Como conocedor del derecho, Pagán Pagán sabía o debió saber la importancia que tenía el presentar oportunamente las escrituras en el Registro de la Propiedad para que éstas obtuvieran rango registral y, por supuesto, las consecuencias que tenía el no presentarlas.

Entendemos que al actuar de esa manera, en las circunstancias particulares de este caso el abogado contra-vino el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra. Al tomar en consideración la larga experiencia profesional de Pagán Pagán y el hecho de que su actuación, en efecto, no peijudicó a ninguna persona, limitamos nuestra sanción a una amonestación, apercibiéndole para que su conducta en el futuro sea acorde a lo que requieren el honor y la dignidad de la profesión.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Luis F. García Hernández, su esposa Blanca I. Rodríguez Medina et als., demandantes y recurridos, v. Hormigonera Mayagüezana, Inc., su Compañía de Seguros, etc., demandadas y peticionarias, y Guirimar Construction Corporation et als., terceros demandados y recurridos.

      Número: AC-2006-71

      Resuelto: 9 de agosto de 2007

      Amando Arias Guardiola, de Arias Cestero & Arias Guar-diola, abogados de Hormigonera Mayagüeza, Inc., parte peticionaria; Ricardo Pascual Villaronga y Ernesto Rovira Gándara, de Mercado & Soto, P.S.C., abogados de Luis García Hernández, parte recurrida; Brunilda Figueroa Nater, del Bufete Cátala Morales, abogada de Guirimar Construction Corporation, parte recurrida; Pablo H. Mon-taner Cordero, de De Corral & De Mier, abogado de la Au-toridad de Carreteras y Transportación, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 3 de agosto de 2003 Luis F. García Hernández y Blanca L. Rodríguez Medina, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos, pre-sentaron una demanda por daños y perjuicios contra, entre otros, Hormigonera Mayagüezana Inc. (Hormigonera) en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Cele-brada la vista en su fondo, el 15 de julio de 2005 el men-cionado tribunal sentenció a Hormigonera a pagar a los demandantes, solidariamente, $985,000 en concepto de indemnización y $25,000 para cubrir las costas y honorarios. Dicha sentencia se notificó el 22 de julio de 2005.

El 29 de julio de 2005 Hormigonera presentó, oportuna-mente, una moción de determinaciones de hechos adicionales. Los demandantes se opusieron a dicha moción. El 21 de noviembre de 2005 el tribunal de instancia emitió una extensa resolución en la cual declaró “sin lugar” la solicitud de determinaciones de hechos adicionales. En ella expresó que en su criterio Hormigonera había presentado dicha moción con el único propósito de interrumpir el tér-mino para acudir al Tribunal de Apelaciones y por ello el término apelativo no quedaba interrumpido. Dicha resolu-ción se notificó el 30 de diciembre de 2005.

El 30 de enero de 2006 Hormigonera acudió en apela-ción ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro emitió una resolución en la cual ordenó a las partes a expresarse en cuanto a su jurisdicción en el caso. Luego de presentadas las posiciones de las partes, el 23 de marzo de 2006 el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en la cual sos-tuvo que la moción de determinaciones de hechos adiciona-les presentada por Hormigonera no había interrumpido el término para apelar. Por lo tanto, el tribunal apelativo in-termedio desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Dicha sentencia se notificó el 27 de marzo de 2006.

Hormigonera solicitó la reconsideración de dicha decisión. Luego de numerosos trámites procesales, el 30 de agosto de 2006, el Tribunal de Apelaciones emitió una re-solución mediante la cual denegó la moción de reconside-ración de Hormigonera. Dicha resolución se notificó el 8 de septiembre del mismo año.

Inconforme, Hormigonera acudió ante este Tribunal me-diante un recurso de apelación. Adujo que el Tribunal de Apelaciones incidió

...al entender que la moción solicitando determinaciones de hechos adicionales presentada por la parte peticionaria no in-terrumpió el término para apelar y que dicho foro carece de jurisdicción para entender en el recurso de apelación. Apén-dice, pág. 10.

O, en la alternativa, que el Tribunal de Apelaciones erró

... al no determinar que, a[u]n si presume a modo de argu-mento que la solicitud de determinaciones adicionales [de hechos] no cumple con los requisitos para ser considerada como tal y que por lo tanto no debe atribuírsele efecto inte-rruptor en cuanto al plazo para apelar, la apelación de todas maneras fue presentada oportunamente. Id., pág. 11.

El 19 de enero de 2007 acogimos la apelación como un certiorari y emitimos una resolución concediendo a los re-curridos veinte días para que mostraran causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la emitida por el foro apelativo intermedio. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, proce-demos a resolver.

I

Los procedimientos judiciales ante el Tribunal de Primera Instancia finalizan cuando el juez dicta sentencia, resolviendo la cuestión ante su consideración. Una vez se notifica y se archiva en autos copia de dicha sentencia, comienza a transcurrir el término con el cual cuenta la parte peijudicada para acudir en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. La Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que el término para recurrir en apelación es de treinta días, contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Por otro lado, dicha regla concede un término de sesenta días para acudir en apelación si alguna de las partes en el pleito es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o una de sus dependencias que no sea una corporación pública. Como es sabido, este término es de carácter jurisdiccional; en otras palabras, transcurrido el término para presentar un escrito de apelación, la sentencia del tribunal de instancia se convierte en final y firme.

Sin embargo, existen mecanismos procesales posteriores a la sentencia que interrumpen el término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Ejemplo de ello es la moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales. De acuerdo con la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, una parte puede solicitar del tribunal que haga enmiendas o determinaciones adicionales de hechos o de derecho siempre y cuando presente una moción al respecto dentro de los primeros diez días de archivada en autos la copia de la sentencia. Dicha moción debe ser notificada a las demás partes dentro del mismo término. El término de notificación es de cumplimiento estricto.

Una vez la parte presenta una moción de enmiendas o determinaciones adicionales, se interrumpe el término para acudir al tribunal apelativo. No obstante, la mera presentación de dicha moción no necesariamente interrumpe el término para apelar. El propósito de la Regla 43.3, ante, no es aumentar el término jurisdiccional; ese es un efecto incidental. A esos efectos, en Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 938 (1997), resolvimos que para que una solicitud de determinaciones adicionales interrumpa el término apelativo

... no basta que su título exprese que se piden tales determi-naciones de hecho o de derecho, sino que debe contener una relación, aunque sea sucinta, de cuáles son los hechos que a juicio del promovente no han sido determinados por el tribunal sentenciador, cuando deben serlo.

Así pues, cuando la parte que solicita determinaciones adicionales de hechos, de derecho o de ambos, cumple con los requisitos anteriormente expuestos, el término para re-currir en apelación “comenzará a correr nuevamente tan pronto se archive en autos copia de la notificación de las determinaciones y conclusiones solicitadas”. Regla 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Por otro lado, hemos resuelto que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Aun en ausencia de un señalamiento a esos efectos por las partes, los tribunales pueden, incluso, considerar dicho asunto motu proprio. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 153 (1991). Consecuentemente, las cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas con preferencia. Si un tribunal se percata que no tiene jurisdicción, tiene que declararlo y desestimar el caso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002).

II

En el caso hoy ante nuestra consideración, Hormigonera presentó una moción de determinaciones de hechos que contiene treinta y tres hechos adicionales. El tribunal de instancia emitió una extensa resolución en la cual descartó dicha moción porque los hechos “fueron adjudicados con-forme a la prueba presentada y la Sentencia del [sic] 15 de julio del [sic] 2005, como también la moción de determina-ciones adicionales no corrige errores manifiestos de hechos y de derecho”. Apéndice de la Apelación, Ira pieza, pág. 233. Como expresáramos anteriormente, expresó dicho foro, además, que la intención de Hormigonera al presen-tar la moción era solamente interrumpir el término y que por esa razón el término para acudir en apelación no que-daba interrumpido. El Tribunal de Apelaciones, en su Sen-tencia de 23 de marzo de 2006, coincidió con dicha apreciación.

Erraron ambos foros al así resolver. Entre los requisitos que hemos implementado —tanto para las senten-cias que emiten los tribunales, como para las mociones que presentan las partes, incluyendo la controversia que hoy nos ocupa— no existe, ni puede existir, un requisito que imponga la perfección. Nuestra jurisprudencia es clara en cuanto a lo que constituye una correcta moción de determi-naciones de hechos adicionales. En cuanto a la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, hemos resuelto reiterada-mente que lo necesario para que una moción de esta índole sea válida es que las determinaciones solicitadas sean es-pecíficas, que incluyan lo que el promovente estime probado y que se funden en cuestiones sustanciales relacionadas con determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de de-recho materiales. Véase Andino v. Topeka, Inc., ante.

En ningún momento hemos establecido, como sugieren los foros recurridos, que una moción de determinaciones de hechos adicionales no resulte procedente por razón de que el tribunal de instancia, al aquilatar la prueba, haya “des-cartado” unos hechos. Obviamente, cuando el tribunal de instancia emite una sentencia, ha ponderado y analizado todos los hechos y el derecho del caso ante su consideración. Ilógico, entonces, sería avalar el argumento de los foros recurridos de que la moción de determinaciones adicionales de hechos es improcedente, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, porque el tribunal ya había considerado y descartado los hechos propuestos en la refe-rida moción.

Ese es, precisamente, el propósito de la moción de determinaciones adicionales de hecho: solicitar que se incluyan en la sentencia hechos adicionales que la parte estimó probados —por haber formado parte de la prueba desfilada y considerada por el juez— y que no surgen de la sentencia. Por ello es imposible que una parte solicite hechos adicionales que el tribunal no haya previamente considerado o ponderado, como intiman los foros recurridos. Ello implicaría el absurdo de que la parte solicite hechos adicionales que no son parte de la controversia o que no tienen nada que ver con el caso ante la consideración del tribunal de instancia. Ciertamente, la posición de los foros recurridos no puede subsistir.

Por otro lado, el tribunal de instancia expresó que la intención de Hormigonera, al presentar la moción de determinaciones de hechos adicionales, era interrumpir el término para recurrir en apelación. Los tribunales de instancia no deben entrar en la consideración de este aspecto y descartar los requisitos que hemos establecido en relación con la aplicación de la referida moción. Hemos resuelto, ciertamente, que la moción de determinaciones de hechos adicionales no tiene el propósito de aumentar el término para acudir en apelación. Andino v. Topeka, Inc., ante. No obstante, si la moción presentada cumple con los requisitos que hemos establecido jurisprudencialmente, el término para apelar se interrumpe independientemente de la supuesta intención de la parte al presentarla.

Por lo tanto, examinada la moción de determinaciones de hechos adicionales presentada por Hormigonera, consi-deramos que dicha moción resulta procedente en derecho. Si bien es correcto que alguna de las determinaciones de hechos solicitadas ya formaban parte de la sentencia emi-tida por el tribunal de instancia, en la moción se propusie-ron hechos específicos que no se habían incluido en dicha sentencia. Una lectura de las determinaciones de hechos adicionales solicitadas nos persuade de que éstas eran per-tinentes al caso, por lo que podrían hacer de la sentencia una más completa y mejor formulada, precisamente uno de los propósitos para solicitar las determinaciones de hechos adicionales.

De todas maneras, si el tribunal de instancia entendía que no resultaba procedente acoger ninguna de las determinaciones de hechos propuestas por Hormigonera, ello no convertía la moción de determinaciones adicionales de hechos en ineficaz. Después de todo, los tribunales no están obligados a hacer determinaciones de hechos y de derecho adicionales sólo porque una parte así lo solicite mediante una moción. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267 (1998).

I — I H-i

Recapitulando: el 29 de julio de 2005 Hormigonera pre-sentó oportunamente una moción de determinaciones de hechos adicionales. El 21 de noviembre de 2005 el tribunal de instancia emitió resolución mediante la cual declaró “no ha lugar” la moción de Hormigonera. Dicha resolución se notificó el 30 de diciembre de 2005. Por consiguiente, la apelación presentada el 30 de enero de 2006 estaba en tiempo.

Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso a dicho foro para que continúen los procedi-mientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señor Fuster Berlingeri y Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Entre los demás demandados figuran: Royal & Sunalliance Insurance Company, Teddy Rivera Rivera, su esposa, la Sociedad Legad de Gananciales compuesta por ellos y su compañía de seguros, además de otros demandados de nombres desconocidos. Además, se encuentran como terceros demandados Guirimar Construction Corporation y su aseguradora, y la Autoridad de Carreteras y Transporta-ción y su aseguradora, entre otros terceros demandados de nombres desconocidos.

       El 29 de enero de 2006, fecha cuando se cumplieron los treinta días, era domingo; por lo tanto, el término se extendió hasta el lunes 30 de enero de 2006.

       Debido al resultado al cual hemos llegado en la presente ponencia, resulta innecesario discutir el segundo error señalado por Hormigonera.


text:
      In re Resolución de Agradecimiento al Dr. Roberto P. Aponte Toro por su Participación como Miembro de la Junta de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo.

      Número: EM-2007-6

      Resuelto: 14 de agosto de 2007
   RESOLUCIÓN

El 9 de julio de 2007 el Dr. Roberto P. Aponte Toro pre-sentó su renuncia como miembro de la Junta de Educación Jurídica Continua debido a que fue nombrado Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Este Tribunal aprovecha la ocasión para agradecer su valiosa aportación durante el desempeño de su labor como miem-bro de la referida Junta.

El profesor Aponte Toro fue designado miembro de la Junta de Educación Jurídica Continua mediante Resolu-ción de este Tribunal de 4 de octubre de 2002 y participó en la elaboración del Proyecto de Reglamento de Educación Jurídica Continua que posteriormente fue aprobado el 8 de abril de 2005.

Como miembro de la Junta de Educación Jurídica Continua, el profesor Aponte Toro se destacó por promover la optimización de los cursos en términos cualitativos como mecanismo para alcanzar los objetivos establecidos para el Programa de Educación Jurídica Continua.

Agradecemos al profesor Aponte Toro su meritoria con-tribución a la educación jurídica continua y su disposición para continuar colaborando con este Tribunal en otras encomiendas. Asimismo, le deseamos mucho éxito en sus nuevas funciones en la Universidad de Puerto Rico.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo