author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Ana María Sugar Company, Demandante y Apelante, v. Castro et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad de venta.
    No. 1912.
    Resuelto en marzo 30, 1920.
    Nulidad de Venta para Cobro de Contribuciones — Fraude de Acreedores— Prueba de la Conspiración para Defraudar. — Cuando un acreedor demanda la nulidad de ciertos actos y contratos llevados a cabo por los demandados, alegando que son simulados y fraudulentos por ser el resultado de una cons-piración paTa defraudarlo, la prueba de tal conspiración debe ser clara, ro-busta y convincente; con mayor razón cuando el título cuya nulidad se pide fué adquirido en subasta pública de la finca para pago de contribuciones y el demandante no ataca la validez de la venta en subasta, de la cual tuvo conocimiento previo.
    Id. — Testimonio de Demandados* en Acción de Nulidad por Fraude — Presun-ción de Veracidad. — Cuando el demandante alega una conspiración para de-fraudar, mientras no se pruebe tal conspiración, los demandados no están suje-tos a más sospecha que la que pudiera recaer en cualquier demandado lla-mado como testigo, y sus declaraciones, aunque interesadas, deben presumirse ciertas basta que no sean debidamente impugnadas.
    Id. — Enajenaciones no Fraudulentas. — Una venta para pago de contribucio-nes no es un traspaso a los efectos del artículo 1264 del Código Civil, refe-rente a traspasos en fraude do acreedores. Ninguna enajenación es fraudu-lenta si se hace por una causa, legal.
    Id. — Fraude—Presunción de Buena Fe. — El fraude jamás se presume ni puede probarse por medio de conjeturas; y un demandado a quien se imputa fraude tiene derecho al beneficio de cualquier teoría razonable que sea compatible con la honradez.
    Id. — Sentencia Basada en las Alegaciones. — Para que se dicte sentencia ba.-sada en las alegaciones, la moción debe presentarse antes de que el caso sea llamado para juicio. No puede sostenerse que en el presente caso las con-testaciones de los demandados fueran suficientemente evasivas o que no con-testaran las alegaciones, para justificar una sentencia basada en las alega-ciones.
    Id. — Enmiendas a las Alegaciones. — Las cortes tienen discreción para permitir enmiendas a las alegaciones, y no deberá revocarse en apelación la autoriza-ción que originó una enmienda, a no ser que la enmienda haya producido sorpresa a la parte contraria.
    Id. — Costas y Honorarios de Abogado — Nulidad de Venta por Fraude. — No puede estimarse que la corte de distrito cometiera error, en ausencia de prueba de abuso de discreción, al conceder costas y honorarios a favor de los de-mandados en un pleito en que el demandante alegó y no probó fraude y cons-piración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Feliú & Alemañy.

    Abogados de los apelados: Sres. F. Soto Gras, J. Sabater y R. Ramírez Vigo.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La “Ana María Sugar Company” estableció nna demanda en la Corte de Distrito de Mayagiiez contra ciertos deman-dados y habiendo sido dictada sentencia a favor de dichos demandados, la referida “Ana María Sugar Company” in-terpuso recurso de apelación.

El objeto de la demanda, según expresa la apelante en su alegato, era el rescindir y anular ciertos contratos apa-rentemente hechos entre los apelados, y anular además de-terminados actos, por ellos realizados en relación con tales contratos. Asimismo, como se indicó en el alegato, la teoría en la cual se basó la demanda, según la apelante, era que los referidos contratos y actos fueron el resultado de una combinación o conspiración concertada y llevada a ejecución por los apelados con el único fin de defraudar a la apelante.

Como resultado de una venta por contribuciones un su-puesto título irredimible surgió en favor ele uno de los ape-lados, pero aun cuando la apelante trató de anular el su-puesto título por falta de pago de contribuciones basándose en haberse cometido fraude y conspiración, no ataca en ma-nera alguna la validez de los procedimientos de la venta por contribuciones como tales. En otras palabras, el objeto de la demanda no era atacar los procedimientos gubernamen-tales por virtud de los cuales se hizo la venta y surgió .en el comprador un título que no esta'ba sujeto a redención, sino únicamente por el fundamento de haber existido actos de confabulación, conspiración y de fraude por parte de los apelados por los cuales tal título por contribuciones se ori-ginó o permitió que surgiera en uno de los apelados con perjuicio de la apelante. La demanda es aun más limitada en su teoría.

En noviembre 9 de 1915, el apelado Miguel Castro Rivera, por sí y en su carácter de apoderado de su esposa, reconoció por escritura pública estar adeudando la suma de $5,222.21 a la “Ana María Sugar Company” con motivo de ventas de caña de azúcar y otras negociaciones agrícolas, y en dicha escritura el referido Castro se obligó a pagar dicha, suma en varios plazos, cuya deuda, en totalidad, vencería, en defecto de pago de cualquier plazo; y en garantía de esta deuda el referido Castro constituyó hipoteca voluntaria so-bre dos fincas, Tina rústica y otra urbana, con el propósito y para convertir esta obligación en una primera hipoteca sobre dichas propiedades, obligación que en realidad quedó convertida en tal primera hipoteca, que fué debidamente ins-crita. La suma de $4,500 de la deuda estaba garantizada por la propiedad urbana y los $722 por la finca rústica.

El día 22 de noviembre de 1915 se constituyó una segunda hipoteca sobre la finca rústica por el mismo deudor en ga-rantía de nn pagaré a favor de la persona qne resultare ser tenedor del mismo, cuyo pagaré vino a poder de Francisco del Moral, uno de los apelados, de modo que surgió una se-gunda hipoteca a favor de dicho del Moral.

Se atacó la buena fé de este alegado pagaré como tam-bién otras obligaciones de Castro con del Moral, pero aun-que ha surgido alguna duda respecto al importe de esta obli-gación con motivo de ciertas contradicciones en las mani-festaciones hechas por del Moral y Castro, hasta tanto la conspiración quede probada independientemente, ninguna de las manifestaciones del deudor Castro obligarían a su acree-dor del Moral. Existe alguna divergencia entre los apela-dos en cuanto al importe'total de esa obligación, pero no podemos en esta apelación dudar del hecho de que aproxi-madamente la obligación reclamada por del Moral existía. De igual manera, hasta que la conspiración se pruebe, del Moral y Castro no están sujetos a más sospecha que la que pudiera haber contra cualquier demandado llamado como tes-tigo. El examen mismo que hemos hecho de la prueba no nos convence de que sus manifestaciones en cuanto al im-porte de las obligaciones eran falsas, y tales manifestacio-nes deben tener el beneficio de la presunción de honradez que existe en favor de todos los testigos hasta que sean debidamente impugnados, o sus declaraciones en sí no me-rezcan crédito, y esta presunción está favorecida por la con-clusión general de la corte. Más adelanto en nuestra opi-nión tendremos oportunidad de ampliar esta discusión. Des-truir la veracidad de estas manifestaciones solamente ten-dería a mostrar una hipoteca y obligación simuladas entre del Moral y Castro y anular sus declaraciones. Oreemos que se demostrará que la anulación total de sus declaracio-nes y la prueba de una obligación completamente simulada no será suficiente para establecer la conspiración en particular, en la cual la apelante ha de confiar para probar su caso. Sin embargo, no es necesario insistir mucho en este aspecto del caso, pues no vemos que ni la hipoteca ni otra obligación fuera simulada.

En junio 28 de 1916 fueron vendidas a del Moral las dos propiedades por falta de pago de contribuciones, la rústica por la suma de $55.04 y la urbana por $21.25. A la fecha de la venta las dos propiedades probablemente valdrían más del importe de la primera hipoteca, sino algunos miles de dólares más.

En agosto primero de 1916 Castro y la demandante cele-braron otro contrato con respecto a la finca rústica, en el cual la apelante convino en redimir dicha propiedad. En el juicio declaró Castro que Alfonso Yaldés, el presidente de la corporación apelante, convino al propio tiempo en redi-mir la finca urbana, y la veracidad de esta manifestación no ha sido negada por Yaldés, si bien la apelante dudó de su veracidad debido a las supuestas contradicciones inheren-tes contenidas en la declaración del mismo Castro. Dicho Alfonso Yaldés declaró que tuvo una conversación con del Moral hacia esta fecha, o poco después, en la cual del Moral manifestó, que él restituiría la finca rústica a Castro cuando lo viera. Del Moral niega absolutamente haber hecho tal manifestación.

Como el término para la redención venció en junio, 1917, el apelado del Moral en junio 26 de ese año hizo que ambas fincas fueran definitivamente inscritas a su nombre, y en noviembre 26, 1917, traspasó la finca rústica a Justo Vélez, otro de los apelados. La apelante, después de referir la mayor parte ele los anteriores hechos en una forma algo dis-tinta,. alega que todos estos actos ele los apelados se lleva-ron a cabo por ellos secretamente, valiéndose de la confianza que la apelante tenía entonces en Castro y en del Moral.

En verdad, es duro que una propiedad valorada en mu-chos miles de dólares pasara de una mano a otra por la in-significante suma de $76.29 y las cortes generalmente están poco dispuestas a sostener tales ventas y las anulan aun cuando solo aparezcan ligeros errores en los procedimien-tos; pero según los autos ante nuestra consideración esta-mos convencidos de que, puesto que los títulos mismos por falta de pago de contribuciones no lian sido atacados, no. estaríamos justificados en ir contra la conclusión general de la corte de que los liechos estaban en contra de la deman-dante.

Los apelados, y especialmente Castro y del Moral, eran íntimos amigos. De esto no hay duda alguna, pero ni la amistad ni el parentesco son por sí suficientes para probar fraude o conspiración. La apelante insiste algo en el hecho de que Castro, que era republicano, ayudaría a del Moral, unionista, en su campaña política contra Yaldés, republi-cano, pero el apelado del Moral muy bien llama la atención hacia el hecho de que la supuesta campaña y elección tuvo lugar más tarde. No vemos la importancia que esto tenga en el sentido de demostrar alguna'cosa que no sea el’hecho, como há sido referido por el apelado del Moral, de que Castro y él eran antiguos amigos íntimos.

La apelante demostró que Castro era enteramente insol-vente y una de las teorías de la apelante — pero no de la demanda — es que los actos u omisiones de los apelados por virtud de los cuales surgió un título por contribuciones en favor de del Moral, eran equivalentes a traspasos hechos en fraude de acreedores, los cuales están prohibidos por el ar-tículo 1264 del Código Civil. Este artículo se refiere espe-cíficamente a traspasos y no tiene absolutamente aplicación alguna a los títulos que se originan por ventas por falta de pago de contribuciones. • Además, las palabras de ese ar-tículo donde se dice que se presume fraudulenta la enajena-ción hecha por una persona contra la cual se hubiese pro-nunciado antes sentencia condenatoria (de las cuales hubo algunas contra Castro), deben ser consideradas en el sentido en que han sido usadas. Ninguna enajenación es fraudulenta si se hace mediante una causa legal. Lo que hay solamente es que la enajenación misma se presume fraudulenta hasta tanto el adquirente muestre que tal enajenación .en realidad se hizo por una causa legal, como sucedería en este caso si ésta fuera una escritura de Castro a del Moral.

Si el resultado de esta supuesta conspiración era mera-mente dar preferencia a del Moral, tal preferencia la pro-híbe únicamente bajo ciertas condiciones la Ley Nacional de Bancarrota, ley que necesariamente no está envuelta en este caso. Coder v. Arts, 213 U. S. 242.

Se discute con bastante amplitud en el alegato la cues-tión relativa a la insolvencia de las sentencias contra Castro y sus deudas. Este estado de hechos más bien perju-dica que favorece la teoría de la demanda porque como Castro era enteramente insolvente, la disposición de su propie-dad sería, probablemente cuestión indiferente para él, espe-cialmente si él iba a perder la posesión. Pero, según hemos indicado, esta no es la teoría de la demanda. Las senten-cias por insolvencia, deudas de Castro, etc., no se mencio-nan como hechos ni se alegan como parte de la teoría de la demandante.

Del Moral admite y hasta afirma que habiendo obtenido estas propiedades en una venta en publica subasta por con-tribuciones, está dispuesto a saldar la obligación de Castro con él, o por lo menos aquella parte de la misma que le de-bía entonces. El mismo ha favorecido la teoría ele que pro-curaba de ese modo obtener indirectamente una preferencia en sus deudas.

Todas estas consideraciones de insolvencia y otras seme-jantes tenderían a obscurecer la cuestión principal envuelta en el caso, o sea la supuesta existencia de una conspiración entre los apelados. Si del Moral adquirió estas propieda-des por razón de úna combinación secreta entre él y Castro con el fin de defraudar a la “Ana María Sugar Company”, entonces la insolvencia de ('‘astro importa muy poco. En otras palabras, para probar su caso la apelante tiene que basarse en alguna combinación o entendimiento entre del Moral y Castro que sea fraudulento de acuerdo con la ley, en contra de la “Ana María Sugar Company”. En ello es-triba necesariamente la contienda principal del - apelante y el caso debe subsistir o no por virtud de la existencia o ine-xistencia de tal conspiración.

Oreemos conveniente ahora revisar la ley con respecto a las personas que pueden comprar en ventas por contribu-ciones y obtener un título válido. La ley en los Estados Unidos está bien establecida en cuanto a que el dueño de una-propiedad no puede comprar en una venta por contri-buciones y obtener un título válido. El no puede comprar en la venta por contribuciones y' anular de este modo el gravamen que tiene su acreedor hipotecario. Gates v. Lindley, 38 Pac. 310; Black on Tax Titles, 273 et seq.; Cooley on Taxation, 3rd. Ed. 965; 37 Cyc, 1345-47; Moss v. Shear, 25 Cal. 45, 85 A. D. 94, y sus citas. Los motivos que sirven de fundamento a esta regla son que el deudor hipotecario está ya en la obligación de pagar las contribuciones y por tanto las cortes interpretarán la compra hecha por él como equivalente a un pago de las contribuciones.

De igual modo aquello que el dueño o el deudor hipote-cario no puede hacer para sí directamente, no lo puede ha-cer indirectamente o por medio de un agente o persona in-termediaria, y cuando se adquiere la propiedad en tales cir-cunstancias que una corte de justicia pueda llegar a la con-clusión que la compra fue realmente para el dueño; tales ventas serán anuladas en beneficio del acreedor hipotecario. Gates v. Lindley, supra; Beltrán v. Villaré, 41 Southern Rep. 506; Austín v. Citizens’ Bank, 30 La. Ann. 689; Drake v. Sherburne, 22 S. W. 430 y otros casos citados en las notas al de Cones v. Gibson, 16 L. R. A.. (N. S.) 121 y Zuege v. Nebraska Mortgage Company, 52 L. R. A. (N. S.) 877.

El principio en que descansan estas citas también es ne-cesariamente que ni el dueño ni la persona intermediaria pueden adquirir una propiedad en una venta por contribu-ciones porque dicha persona está ya en la obligación de lla-gar las contribuciones y la compra produce el efecto de un pago. Incidentalmente debe observarse que la demandante no alegá que del Moral compró y que ahora posee a nombre de Castro, sino que la teoría de la demanda en los párrafos 8, 9 y 10 es que del Moral compró con dinero de Castro. Esta fné también la teoría sustentada en el juicio, haciendo es-fuerzos la demandante por probar que todas las deudas de Castro con del Moral- eran simuladas. Del Mora] sostuvo enfáticamente que compró con su propio dinero.

Podemos asumir que los principios ele los'anteriores ca-sos son aplicables en Puerto Rico, aunque el sistema del Có-digo Político y de la Ley Hipotecaria con su cancelación de hipotecas inscritas cuando tiene lugar una venta por contri-buciones ofrece alguna duda sobre la cuestión. También su-pondremos, si no resolvemos, que si la prueba hubiera de-mostrado que Castro en combinación con del Moral dejó de pagar sus contribuciones, permitiendo (con esto que un título irredimible por contribuciones surgiera en del Moral, supo-niendo siempre un acuerdo secreto entre los dos para lle-yar a cabo el propósito de la combinación, entonces el título por falta de pago de contribuciones de del Moral era nulo y sin ningún valor y sujeto a quedar anulado por virtud de la acción que pudiera'entablar la “Ana María Sugar Company. ’ ’

Ahora bien, aunque desde luego materialmente es posi-ble que hubiera, habido -tal combinación o conspiración entre Castro y del Moral, no encontramos en los autos prueba sa-tisfactoria que lo demuestre. . De sugerirse que Castro difí-cilmente hubiera permitido que una propiedad que valía tan-tos miles de dollars fuera vendida por menos de .cien dollars, volvemos a decir que la misma insolvencia ele- Castro probar blemente haría que fuese indiferente en cuanto á la suerte que corrieran estos gravámenes hipotecarios. El estaba com-pletamente agobiado por las deudas. Existían toda clase de pleitos contra él. Probablemente no tenía $79.26 en su po-der en ningún momento cuyo- dinero no lo necesitase para atender a algo que él creyese más urgente. El sabía de la venta por contribuciones y que del Moral había comprado on dicha venta y pudo haber sido completamente indiferente respecto a si un título por contribuciones surgió en del Moral o verdaderamente, como alega la apelante, él pudo ha-ber estado muy ansioso de que del Moral en vez de la “Ana María Sugar Company” adquiriera la propiedad, particu-larmente por ser del Moral su amigo. Los autos revelan que él mostraba un gran desafecto a Vaides y a la “Ana María Sugar Company”, pero ni ese odio irreconciliable ni esa indiferencia es una señal ele fraude. Es verdad que cuando del Moral quiso que el traspasara la propiedad hizo Castro la protesta de que dicha propiedad valía mucho más que la suma que él debía a del Moral, pero esta protesta es per-fectamente compatible con el déseo de obtener algo más para si de del Moral, fuere lo que fuere, particularmente habiendo en la finca rústica cosechas que estaban por recogerse. Sin embargo, en realidad de verdad él entregó la propiedad a del Moral.

La apelante alega que Castro y del Moral ocultaron la segunda hipoteca sobre la finca rústica y solamente la ins-cribieron después de haber pasado la fecha de la redención. Nos parece que es de muy poca importancia el hecho de que esta deuda estuviera garantizada o no, inscrita o sin inscri-birse. La única cosa que podría desempeñar algún papel importante en el asunto era si Castro era deudor de del Moral por la suma de $1,000. Por supuesto, no había duda alguna de que la demandante tenía una hipoteca preferente.

Estas consideraciones resuelven los primeros cinco pun-tos que figuran en el alegato de la apelante en la discusión del noveno error.

El sexto punto es el más importante y al discutirlo tra-taremos más o menos directamente de los otros quince pun-tos con excepción de aquella parte que se refiere exclusiva-mente al apelado Vélez. El sexto punto específicamente se refiere a la actitud y conducta de del Moral y Castro hacia la demandante.

Habiéndose imputado una conspiración entre del Moral y Castro, es importante el tratar ele precisar el principio que pudo tener esta conspiración. No existe prueba directa de tal conspiración pero como ocurre generalmente en ca-sos de conspiración, las pruebas frecuentemente se presen-tan indirectamente, o por medio de prueba circunstancial. ¿Cuándo empezó esta conspiración entre Castro y del Moral? Parece imposible, conocida la actitud casi invariable de un hombre que es enteramente insolvente, que Castro delibera-damente no pagara sus contribuciones con la sola idea de favorecer a del Moral y perjudicar a la “Ana María Sugar Company.” Como ocurre generalmente con los deudores in-solventes, él probablemente no pagó las contribuciones a su vencimiento por razón de su propia conveniencia. Esta es la deducción a que puede llegarse de acuerdo con el sentido común y de la presunción de honradez.

Según el artículo 315 del Código Político, en todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de contribuciones, el Tesorero ele Puerto Rico noti-ficará la inscripción de dicha venta a todas las personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre dicha .propiedad, consignando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la propiedad y los demás datos que estimare oportunos. Es de presumirse que la “Ana María Sugar Company” tenía tal aviso y dice Valdés que él hizo mención de este hecho en su conversación con del Moral. Todo el mundo tuvo conocimiento de todo lo que pasaba.

La prueba tiende fuertemente a acreditar, comb admite la apelante, que fué Castro quien insistió en que la “Ana María Sugar Company” redimiese el título por contribu-ciones (pie estaba pendiente sobre la finca rústica y tal con-venio se hizo constar en el contrato de Castro con la “Ana María Sugar Company” cuando hicieron ellos un nuevo arre-glo con réspecto a dicha propiedad. Decir que Castro y del Moral conspiraban entonces es suponer en Castro cierto grado de malicia y astucia diabólica que raras veces se encuentra en un ser humano. Uno tendría que suponer que él persua-dio a la “Ana Marfa Sng'ar Company” hacer este contrato para redimir la propiedad en la esperanza de que ellos que-darían tranquilos en cuanto a ambas propiedades por razón del convenio, suposición que es enteramente absurda. Es asimismo completamente absurdo, en vista de la ley relativa a la notificación a los acreedores hipotecarios y el conoci-miento real de la venta por contribuciones que tenía Yaldés, suponer que Castro, que era enemigo de la “Ana María Sugar Company,” les apresuraba para que redimiesen la pro-piedad cuando al propio tiempo existía una conspiración en-tre él y del Moral. Creemos que podemos prescindir de cual-quier idea respecto a que existía una conspiración entre del Moral y Castro para defraudar a la “Ana María Sugar Company” en la fecha en que se firmó el contrato entre Castro y la “Ana María Sugar Company”. Los autos en conjunto nos convencen de que no existía ninguna conspiración ni po-día existir antes de que tuvieran lugar las ventas por con-tribuciones. i, Cuándo fue entonces que surgió la conspira-ción?

Del Moral ya había comprado la propiedad y fuera de una conspiración la adquiriría libre de reclamaciones de todo el mundo con tal que no hubiese irregularidad en la venta por contribuciones y él no tenía tales relaciones con la pro-piedad por las que estuviere obligado a pagar, él mismo, las contribuciones. De modo que la forma que la conspiración tenía que tomar en esta fecha era una por la cual del Moral fraudulentamente entraba en una combinación en la que Castro no iba a redimir la finca rústica. Había un contrato existente por parte de la “Ana María Sugar Company” para ella misma redimir con cargo a Castro. No encontramos ab-solutamente ninguna prueba de que hubiera tal convenio es-pecífico entre Castro y del Moral. La apelante no nos pide que hagamos la escueta inferencia, esto es, un convenio de no redimir, pero nos pide que supongamos un estado .general de fraude y conspiración de actos y conducta subsiguientes, así como las supuestas admisiones de del Moral y Castro. Pero sostenemos que era necesario para la apelante probar, teniendo en cuenta suficientes circunstancias faltando las de-más alegaciones de su demanda, una conspiración por parte de del Moral y Castro para que el último no pudiera redimir la propiedad.

La apelante insiste grandemente en la diferencia que bay entre la finca rústica y la urbana puesto que nó hubo con-venio específico por parte de la “Ana María Sugar Corm pany” en redimir la finca .urbana; pero ya que hubiera ha-bido tal convenio o no de redimir la finca urbana la “Ana María Sugar Company” fué. notificada del título por con-tribuciones pendientes y que tenía que ser redimida para im-pedir que surgiera un título en del Moral y lo mismo en cuanto a cualquiera de las propiedades y debía probarse una conspiración para inducir a Castro a que no redimiese la propiedad — empresa casi imposible. La explicación del mo-tivo por qué Castro no insistió en hacer un convenio especí-fico acerca de la redención de la propiedad urbana fué que entonces él estaba tratando con la “Ana María Sugar Company,” y el contrato que había de firmarse se refería sola-mente a la finca rústica. Considerado el, hecho de que la “Ana María Sugar Company” tenía conocimiento de la venta, por contribuciones; considerado también el hecho de que Castro así lo dice, estamos dispuestos a creer la manifestación hecha por el último de que también él le pedía a Valdés que redimiera la propiedad urbana.

Si este fuese un caso de accidente, nos inclinaríamos a decir que la causa próxima del accidente fué el descuido de la “Ana María Sugar Company” en redimir la propiedad y no la conducta ya de del Moral o de Castro. De todos modos es difícil concebir una conspiración existente entre del Moral y Castro cuando la “Ana María Sugar Company” ya estaba obligada por un contrato a pagar las contribucio-nes de la finca rústica y había convenido, según tiende a de-mostrar la prueba, en redimir la propiedad urbana.

La apelante hace cierta alegación de que del Moral con-vino en volver a traspasarle la finca a Castro. Independien-temente del hecho de haber sido negado esto por del Moral y aunque su conducta pudiera entonces caracterizarse como mala o engañosa o algo por el estilo, su omisión en cumplir sn alegada promesa a Valdés no tiende a mostrar una cons-piración entre él mismo y Castro. El estaría quizás favo-reciéndose indebidamente. Suponer, además que del Moral intencionalmente indujo a la "Ana María Sugar Company” a permanecer en un estado de inacción por su manifestación a Valdés, es como en el caso de Castro, suponer una vez más - una increíble astucia por parte de del Moral.

Los principios de los casos relativos a los dueños o a una persona intermediaria que compra no pueden tener aplica-ción a un período después de la venta y antes de la reden-ción. Las contribuciones lian sido satisfechas. Nadie tiene ' la obligación de pagarlas. La redención es un privilegio o un derecho que tiene una persona interesada en la propiedad.

Podemos concebir, en vista de los autos, los hechos en este caso como que han ocurrido más o menos en esta forma: Castro dejó de pagar sus contribuciones. Del Moral compró las propiedades en una venta por contribuciones. 'Aunque no tenía por costumbre adquirir títulos por falta de pago de contribuciones él declaró que a veces lo hacía para pro-tegerse. Las cosas siguieron así hasta que había pasado la fecha de la redención cuando él se aprovechó de la situación para inscribir la propiedad en su propio nombre libre de hipotecas. Castro, si en algo confió fué en la garantía de su convenio con la “Ana María Sugar Company.” Teniendo del Moral el título a ambas propiedades y siendo su primi-tivo objeto únicamente asegurar sus deudas o quizás su ale-gado gravamen hipotecario, no se creyó seguro con su título por contribuciones, que generalmente son tan inseguros, pero no quería retener la propiedad en oposición a Castro y per-mitir que las deudas de Castro siguieran al mismo tiempo. Por consiguiente, una vez que el título por contribuciones había vencido y las hipotecas habían sido canceladas él tuvo cierto entendimiento con Castro por el cual, mediante la en-trega de la posesión de las propiedades, él, de acuerdo con su pensamiento original, abonaría a Castro el importe de sus obligaciones pendientes. Tal vez es por esta razón que del Moral dijo al ser examinado (-orno testigo, que Castro le debía y no le debía, queriendo decir con estq que él qui-zás tenía otras deudas existentes, o tal vez que tenía una reclamación legal continua contra Castro si su título por con-tribuciones resultare infructuoso.

De todo modos, no necesitamos penetrar en todas las po-sibilidades que pudieran estar en favor de la honradez tanto, de Castro como de del Moral. El fraude jamás se presume y los demandados a quienes se imputa fraude tienen derecho al beneficio de cualquier teoría razonable que sea compatible con la honradez. Los fines y actos de del Moral y Castro pue-den haber sitio enteramente diferentes de los que hemos re-señado, pero la. presunción está en favor de la honradez hasta tanto se pruebe “claramente” lo contrario.

Hemos examinado particularmente la declaración ele del Moral. Es sumamente franca y tiene todas las caracterís-ticas de honrada. El admite haberle abonado a Castro to-das las obligaciones que existían con anterioridad á la venta por contribuciones y haberle cargado el impórte ele las ven-tas por'contribuciones. Admite sin reservas su amistad. Sus mismas contradicciones son “indicios” tan comunes quizás de un testigo honrado como ele una persona cpie está ayu-dando a una combinación. Su interrogatorio directo tuvo lugar al ser llamado como testigo de la demandante. Si se comenta cm el hecho de no haber negado él la conspiración, puede argüirse que no estaba obligado a negar tal conspi-ración en la silla testifical por cuatro razones importantes, a saber: Primera, porque no recae en una parte ninguna obligación de negar manifestaciones que la demandante está obligada a probar o por lo menos hasta cpie se pruebe un caso prima facie. Entre otros particulares, la Ley de Evi-dencia prescribe en su artículo 162 que “en los casos civiles la afirmativa en una cuestión deberá probarse, y cuando la evidencia- fuere contradictoria, la decisión deberá pronun-ciarse de' acuerdo con la preponderancia de pruebas.” Se-gunda, porque no se le hizo tal pregunta por la parte que le llamó y que tenía derecho a hacerle la pregunta sin estar obligado por su contestación. Tercera, porque él había ju-rado la contestación y bajo circunstancias muy especiales. Mientras la demandante, con la tolerancia de los demanda-dos, más bien estaba repreguntándole que interrogándole directamente, surgió el hecho de no aparecer jurada la con-testación bien por descuido del secretario o por alguna causa que no consta. Entonces, después de una discusión, la corte le dió permiso para-jurar la contestación en el juicio. La corte, sin embargo, ordenó a del Moral que leyera la contes-tación antes de jurarla. De modo que el juramento se hizo en corte abierta, y en cuanto concierne a su fuerza obliga-toria, revestía mayor solemnidad. Si los hechos eran fal-sos él quedaba tan sujeto a un proceso por perjurio como si voluntariamente hubiera declarado en cuanto a la inexis-tencia de la conspiración tan enfáticamente negada en la contestación. Aquí el demandado fué a la silla de testigos varias veces y negó todos los hechos esenciales de los cua-les podía inferirse la conspiración. Cuarta, porque sería igual a negar una conclusión de los hechos hacer cualquiera otra negativa.

Tanto del Moral como Oastro niegan • rotundamente los hechos como se alegan en la demanda o sea que del Moral compró con dinero de Oastro o que había un entendimiento entre ellos. Castro dice que del Moral compró la propiedad por contribuciones sin decírselo. Si eso era cierto, como la corte tenía el derecho a creer en vista de toda la. prueba que no hubo convenio o entendimiento entre del Moral y Oas-.tro con anterioridad a la compra inicial del título por con-tribuciones, entonces, como este es el verdadero punto fundamental de la-alegada conspiración, toda la estructura debe caer por su peso. Debite fundamentum fallit opus.

Consideremos otro punto en el cual lia insistido mucho la apelante. Fructuoso Ojios fué llamado como testigo ■ de la demandante. Se preguntó al testigo si había tenido al-guna conversación con del Moral respecto a las propieda-des adquiridas por del Moral en las cuales estaba interesado Yaldés y contestó “Sí”. El manifestó que como jefe polí-tico tenía que ver con el advenimiento de Castro al partido y que él manifestó sus dudas a del Moral de la certeza que tenía de la fidelidad de Castro por razón de su obligación de pagar a Yaldés. Entonces del Moral dijo: “No te apu-res, yo estoy entendido con él”. No consta cual fué el en-tendimiento. Pudiera haber sido la influencia que del Moral tuviera sobre Castro por centenares de razones. El cono-cimiento de un delito, la enemistad con Yaldés, la promesa de prestar más dinero o hasta la reconocida antigua amis-tad, sería bastante para explicar este convenio. La mera cuestión de una antigua amistad es bastante para que uno sepa hasta qué punto se puede confiar en el amigo. Pero esta conversación tuvo lugar después que el título por contribu-ciones había sido perfeccionado. Un convenio en esa fecha no prueba nacía en absoluto. Por eso no es de extrañarse que del Moral no se sintiera obligado a negar la conversa-ción, de ser falsa, o que la corte dejara de considerarla de-bidamente como insistió la demandante.

Las autoridades están en conflicto acerca de qué prueba es necesaria para establecer el fraude, pero creemos que to-dos los casos están ele acuerdo en cuanto a la necesidad de que debe probarse el fraude por lo menos “claramente.” Esta corte, además, ha insistido siempre en que la prueba de fraude debe ser claramente establecida. Calzado v. Carrera, 15 D. P. R. 363; Igaravídes v. Rubert Hermanos, 23 D. P. R. 293. Y citamos una vez en el mismo sentido el caso de Lalone v. United States, 164 U. S. 255, citado asi-mismo en las notas del tomo 12 R. C. L., pág. 436-49.

Ahora bien, ya que el fraude deba establecerse mediante una preponderancia de prueba o por prueba robusta o por prueba fuera de duda, queda en pie el hecho, según ha sido establecido por las cortes, de que el fraude jamás puede ser cuestión de mera conjetura. 10 R. C. L. 323. Creemos que tendríamos que divagar extensamente en este campo ele con-jeturas para convencernos de que existía la conspiración.

Hemos estado considerando este caso a veces bajo la teo-ría en cierto modo ele que quizás no deba ciarse mucho cré-dito a las manifestaciones ele del Moral y de Castro. Del Moral y Castro fueron llamados como testigos por la de-mandante. Ahora bien, si hay que dar alguna fuerza al hecho de que ellos fueron llamados por la demandante o no, ambos testigos tienen derecho al beneficio que les otorga el artículo 21 ele la Ley de Evidencia, o sea que se presume que un testigo declara la- verdad.

Otros principios de la Ley ele Evidencia son aplicables en favor de ]a honradez de los testigos. Véase el artículo 102, párrafos 1 y 19 (Compilación de 1911, pág. 311), como sigue:

1. Que una persona es inocente de delito o falta.

.19. Que las transacciones privadas fueron realizadas con rectitud y en debida forma.

Hemos aplicado estos principios en los siguientes casos: González v. Santini, 26 D. P. R. 553; Díaz v. Torres, 17 D. P. R. 501; Zalduondo v. Sánchez, 15 D. P. R. 231; Luard v. Herederos Desconocidos de Andrés Antelo, 14 D. P. R. 418, un caso en el cual revocamos la sentencia de la corte inferior haciendo aplicación de estos principios.

Aun cuando interesadas las declaraciones de las partes tienen derecho a ser creídas hasta que se presente alguna razón legal para sospecharse ele tales declaraciones. Del Moral y Castro prestaron declaraciones importantes tendentes a combatir la teoría de la demanda. Sus declaraciones tien-den necesariamente a destruir el caso de la apelante y tie-nen derecho a la debida consideración por nosotros sin que sea necesario tener en cuenta la actitud de la corte inferior, suponiendo, lo cual no es lo que sucede, que éste era un caso sometido a nuestra consider,ación en primera instancia.

La corte inferior, sin embargo, oyó toda la prueba y po-día saber mejor que nosotros cual era el crédito que debía darse a todos y cada uno de los testigos, y después de una conclusión general lieclia por la corte inferior la presunción del artículo 21 de que los testigos dicen la verdad queda ro-bustecida y necesitaremos un caso muy fuerte para dudar de la tendencia de la manifestación de cualquier testigo, aun cuando fuese interesado.

Podemos hasta dudar si hubo algún conflicto sustancial en la prueba. La apelante aparentemente desearía que cre-yéramos la teoría de su caso debido a la alegada improba-bilidad de la veracidad de la manifestación hecha por del Moral y Castro y además p'or ciertas contradicciones inhe-rentes. • La actitud de las cortes de apelación hacia la con-clusión general de la corte inferior, o cuando la prueba es contradictoria, ha sido resumida por nosotros con frecuen-cia pero no estará demás que hagamos una nueva cita del tomo 4 de Corpus Juris, pág. 887.

“§2857. — Conclusiones en contra del peso de la prueba. — Lo mismo que en el caso de un veredicto de un jurado, una corte de revisión no intervendrá con las conclusiones de una corte senten-ciadora meramente porque éstas aparezcan estar en contra del peso o preponderancia de la prueba. En otras palabras, una conclusión aunque resulta estar en contra de la preponderancia de la prueba no será modificada si está sustentada por prueba sustancial o por prueba que legalmente sea suficiente para sostenerla, o a menos que las conclusiones están elar-a y palpablemente en contra del gran peso de la prueba, a menos que la prueba claramente exija una resolución en sentido contrario, a no ser que la conclusión sea tan manifiestamente contra el peso de la prueba que un juez senten-ciador anulara un veredicto semejante dictado pór virtud de la misma prueba o a .no ser que la conclusión esté tan claramente en contra del peso de la prueba que indique error, prejuicio o inde-bida influencia. Sin embargo, una conclusión quedará sin efecto cuando clara 7 palpablemente esté en contra del gran peso de la prueba o cuando la prueba sea tal que si el caso hubiera sido juz-gado por un jurado la corte hubiera estado en la obligación de or-denar que se dictara un veredicto a favor de la parte contraria.
Fundamento de la regla. — Está reconocido que hay muchas cosas que no pueden incluirse en los autos impresos pero que pueden ser debidamente considerados por una corte sentenciadora y que son de gran significancia y a menudo regulan la determinación de la ver-dad en los casos en que existe conflicto en las declaraciones de los testigos. Según muestra la experiencia, y de la misma naturaleza de las cosas, es mucho más probable que se haga justicia inclinán-dose muy pronunciadamente hacia la resolución inicial que tratando de considerar una cuestión discutida desde un punto de vista original. De aquí la regla de que no solamente debe existir una pre-ponderancia de prueba en contra de tal resolución sino que la pre-ponderancia debe ser clara. La significación de la palabra “clara” no siempre se aprecia enteramente. Claramente eso exige que la preponderancia sea tan aparente que manifiestamente se sobreponga a cualquier influencia legítima que pueda ejercerse en los jueces de aquellas ventajas en el descubrimiento de la verdad que el. tribunal de apelación no puede tener. Eso ha sido indicado en muchas for-mas como puede verse en nuestras decisiones.” Ott v. Boring, 139 Wis. 403, 406; 121 N. W. 126.

No emplearemos demasiado tiempo en considerar la ale-gada segunda causa de acción de la. demanda relativa al traspaso hecho por del Moral a Velez. Se presumiría que Yélez es un tercero hasta tanto aparezca claramente que el estado del registro o que los actos de del Moral'y Castro, suponiendo que exista un fraude, eran conocidos por él. Oree-mos que no quedó establecido el hecho de que Yélez conoció todos los alegados actos de fraude de del Moral y Castro, suponiendo que existía una conspiración entre ellos, sin embargo, como la base principal de esta afirmación de la sentencia de la corte es la falta de prueba de la conspira-ción principal, Yélez, desde luego, tiene derecho al beneficio de las consideraciones por las cuales ambas cortes llegaron a tal conclusión.

Con lo dicho anteriormente se resuelve el error principal que ha sido alegado por la apelante. Sostiene también la apelante que la corte debió haber dictado sentencia sobre las alegaciones. Bn primer lugar somos ele opinión ele que una moción para que se dicte sentencia basada en las alega-ciones debe hacerse antes de que se llame el caso a juicio, por los mismos principios discutidos en el caso de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111. Debe presumirse que si el deman-dante va a juicio sin promover la cuestión de la suficiencia de la contestación, ya mediante tal moción o por moción para eliminar, él ésta conforme con las cuestiones como ban sido alegadas. Tal moción, en beneficio de la. justicia, no debe hacerse a manera de .sorpresa en el juicio. No encontramos que la contestación ya de del Moral o Castro o Vélez fue-ron lo suficientemente evasivas o que no contestaron las cues-tiones alegadas a fin de justificar una sentencia basada en las alegaciones. Estos defectos que han sido alegados de-ben corregirse mediante moción en la que se solicite más especificación de particulares o algo equivalente a esto. De todos modos no vemos que la apelante fuera perjudicada por la acción tomada por la corte. Una sentencia sobre las ale-gaciones es por lo general más aplicable cuando resulta claro que el demandado ha equivocado su defensa.

El segundo y séptimo error pueden ser resueltos conjun-tamente. Son, en cierto modo, del mismo tenor que las cues-tiones que han sido consideradas en el primer error alegado. Ni la contestación de del Moral ni de Castro debían haber sido eliminadas como no hubiera sido por falta de un jura-mento y este defecto solamente es de aplicación a la contes-tación de del Moral y quedó subsanado por la resolución de la corte, permitiéndole formular una contestación. Como he-mos visto al discutir el primer error, cualesquiera otras cues-tiones relativas a deficiencias en la contestación deben co-rregirse mediante moción hecha ántes del juicio. Por tanto la prueba de los' demandados era ■ admisible de acuerdo con la- cuestión debatida.

El tercer error queda resuelto con decir que la corte siem-pre tiene discreción para permitir que se enmiende una ale-gación, o hasta la misma sentencia. Una- corte de ape]ación, en general solamente revocaría por cierta privación o sor-presa ocnrrida a un demandante. Es de presumirse que un demandado nunca se encuentra voluntariamente ante la corte y las cortes tienden a ser más liberales en el sentido de pro-porcionarle una oportunidad para defenderse. No creemos que la corte cometió error al no permitir a la apelante pro-bar que la excepción previa original radicada por Castro fue firmada por el mismo notario que últimamente compa-reció a nombre de Justo Vélez. Ella no hubiera tendido a mostrar fraude o conspiración si todos los tres demandados hubieran comparecido por el mismo abogado. Discutimos una cuestión semejante en el caso de Ayllón y Ojeda v. González y Fernández, de (pág. 67). Ciertamente no hubo pre-juicio.

El quinto, sexto y octavo señalamientos no eran impor-tantes o perjudiciales.

En el noveno señalamiento, que es el que principalmente hemos discutido, la apelante también alega que la corte co-metió error al dictar sentencia por costas, desembolsos y honorarios, pero no vemos que la corte cometiera abuso de discreción al conceder costas y honorarios. Cuando, de acuerdo con "la ley, una persona tiene derecho a adquirir títulos por contribuciones, como sucede en Puerto Rico, un demandante que alega fraude y conspiración corre el riesgo de ser condenado en costas, de no probar estos hechos, y no podríamos decir que la corte cometió abuso de discreción al conceder los honorarios.

La apelante hizo un análisis acabado de la prueba que el apelado del Moral no refutó con otro análisis en oposi-ción, de modo que la hábil insistencia de la apelante ha hecho recaer este trabajo de análisis en oposición sobre esta corte. Sucede muy frecuentemente que los apelados, al confiar en la corte inferior y en la supuesta corrección de su decisión, imponen una fuerte tarea sobre los jueces de esta corte.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “conforme con la sentencia. ’ ’


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wole,

license: Public Domain

text:
    Municipio de San Juan, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Coal Co., Inc., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente .de la Corte de Distrito de dan Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de patentes.
    No. 2122.
    Resuelto en marzo 30, 1920.
    Contribución por Patentes Municipales — -Depósitos para Venta de Carbón Mineral al por Mayor — "Establecimientos al por Mayor.” — Los muni-cipios de Puerto Rico tienen derecho a imponer contribución por patente municipal bajo el concepto de "establecimientos al por mayor,” grupo "A” de la ley de patentes promulgada en 1914, a un establecimiento en donde se vende carbón mineral al por mayor. El estudio de las frases “wholesale store’’ y "establecimientos al por mayor” usadas en los textos inglés y español de la ley de patentes citada, demuestra que la intención de la Legislatura fué imponer el tributo por patente a todo establecimiento en donde se vendan artículos de cualquier clase al por mayor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Ramón Fálcón.

    Abogado de la apelada: Sr. Charles Hartsell.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan excluyó a la deman-dada de los preceptos de la Ley No. 26 de marzo 28 de 1914 por cnanto dicha corte declaró que la referida demandada no estaba sujeta al pago de patentes conforme a dicha ley. El municipio apeló y sostiene que la “Porto Eico Coal Company, Inc.,” está vendiendo carbón mineral al por mayor es-tando por tanto comprendida en las prescripciones del ar-tículo 2, grupo a, de la referida ley.

La sección primera de la mencionada ley autoriza a los municipios a imponer y cobrar contribuciones sobre cual-quiera ele los negocios o industrias que más adelante en dicha ley se mencionan. '

La sección 2 ele la referida ley prescribe lo siguiente:

“Sección 2. — Los negocios o industrias sobre los cuales puede imponerse la patente que prescribe esta ley son los siguientes:
“Grupo A. — Establecimientos al por mayor, tiendas mistas, tien-das de mercancías secas, colmados, tiendas de provisiones, mueblerías, farmacias, droguerías, ferreterías, tiendas de sombreros, tiendas de calzado, tiendas de efectos para caballeros, librerías o establecimien-tos de encuadernación de libros, bazares, tiendas de bicicletas o efec-tos para las mismas, quincallerías, bajerías, cafés, bóteles, restaurants, joyerías, establecimientos para la venta de automóviles o materiales para éstos o para guardar y reparar automóviles, tiendas de efectos de escritorio,, confiterías, salones para la venta de helados, dulce-rías, establecimientos para la venta de efectos de óptica, dentales o eléctricos, establecimientos para la venta de madera en bruto o elaborada, casas de huéspedes, fondas, etc.”

Se lia admitido que la demandada no está comprendida en el Grupo B o Grupo G especificado más adelante bajo lá sección 2, y que la tínica designación que es aplicable en absoluto a ella son las primeras palabras del Grupo A, o sea “Establecimientos al por mayor.” La corte inferior de-claró que las palabras del texto español -“establecimientos al por mayor” significaban solamente tiendas de provisio-nes que hacen negocios al por mayor, de tenerse en cuenta su significación ordinaria y corriente y que las leyes de pa-tentes deben ser interpretadas estrictamente. Ahora bien, el texto inglés no está sujeto a tal limitación. “Wholesale store’’ significa cualquier establecimiento donde se venden artículos de cualquiera clase al por mayor. El texto en in-glés es inequívoco, pues primero menciona “ivholesale stores” (establecimientos al por mayor), luego “mixed stores” (tien-das mixtas), significando aquellos que participan de la ín-dole de tiendas al por mayor y al detall, y entonces enu-mera algunas tiendas al detall y otros establecimientos. En el año 1914 la Legislatura todavía estaba compuesta en parte de miembros cuyo idioma nativo era el inglés. El Tesorero era ima ele diclias personas y generalmente tenía que inter-venir en elidías leyes. El texto inglés hace que la ley resulte más clara, pero, en nuestra opinión, el texto español es la forma genérica ele describir un establecimiento donde se ven-den artículos al por mayor. Desde el punto de vista de uno u otro texto poco importaría habiendo creído la corte inferior, segúfn parece, que los “establecimientos para la venta de madera en bruto o elaborado” se mencionan espe-cíficamente. La mención específica únicamente daría más énfasis .si en los “establecimientos al por mayor” puede quedar incluido un establecimiento que vende carbón mineral procedente de un depósito de carbón.

Quizás en inglés'las palabras “wholesale stores’’ ordi-naria y vulgarmente no comprenden a un depósito de car-bón mineral, pero consideradas en unión del texto español las palabras “•wholesale stores’’ significan cualquier esta-blecimiento donde se almacena carbón mineral. Según la obra “Words and Phrases Judicially Defined,” así como de la definición de Webster , como ha sido aplicada por nume-rosas cortes, resulta que “store’’ es “cualquier sitio donde se venden artículos”. También aparece de “Words and Phrases, supra,” que la palabra “store” se resolvió que significaba “un lugar donde se venden artículos sea o no en una casa como se emplea en el código que impone una contribución privilegiada sobre cada establecimiento. Véanse también otros casos citados en Words and Phrases, tomo 7, pág. 6672 y siguientes.

No tenemos- duda alguna, al leer ambos textos, de que la Legislatura quiso mencionar todos los lugares donde se vendiesen artículos al por mayor y ambos textos deben ser considerados. Viterbo v. Friedlanderr 120 U. S., 726, y ca-sos citados, 36 Cyc. 116. Ni tampoco tenemos duda alguna, si consideramos el texto español solamente, de que fué la intención de la Legislatura incluir a todos los establecimien-tos donde se venden artículos al por mayor. Debe prescin-dirse del significado corriente ante la significación literal cuando las palabras “wholesale stores” se consideran en apo-sición a las palabras “mixed stores” y a la enumeración de los establecimientos que principalmente no son al por mayor.

La contestación de la demandada dejaría en duda el he-cho de ■ si dicha demandada no era dueña de una ‘ ‘ tienda mixta”, puesto que vendía tanto al por mayor como al de-tall. De ser así entonces no podría establecerse tal limita-ción a su negocio como ha hecho la corte inferior, pero dicha corte consideró a la corporación como un establecimiento al por mayor, en cuya conclusión está conforme la apelada en su alegato. Ya fuera la demandada dueña de una tienda mixta o de un establecimiento al por mayor, esto no cam-biaría en manera alguna el razonamiento general que es de aplicación.

La sentencia debe ser revocada, dictándose otra a favor del demandante.

Revocada la sentencia a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    López, Demandante y Apelado, v. The American Railroad Co. of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección Primera, de resolución en memorándum de cos-tas.
    No. 2125.
    Resuelto en marzo 30, 1920.
    Memorandum de Costas- — Término para Impugnar el Memorandum — Prórroga de Términos. — Las cortes de distrito, en virtud de sus. facultades inheren-tes y del poder que les confiere el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, pueden prorrogar el término de diez días que para impugnar el memorandum de costas concede a la parte condenada al pago de las mismas el artículo 339 de dicho Código según quedó enmendado por la Ley No. 15 de 1917 y pueden también permitir enmiendas a la impugnación.
    Memorandum de Costas — Notas Taquigráficas — Pagos al Taquígrafo. — Es errónea una orden de la corte negándose a aprobar cierta suma consignada en el memorándum de costas para pagar al taquígrafo notas taquigráficas tomadas durante el juicio, aun cuando no se haya interpuesto apelación. Finlay v. Fabián, 25 D. P. E. 48 y 52.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. F. Pérez Almiroty y E. Acuña.

    Abogado del apelado: Sr. José L. Pesquera.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda con imposición de costas al demandante. La demandada en 17 de abril, 1919, y dentro del término legal, radicó un memorandum de costas y desembolsos. En 24 de abril, 1919, y por tanto dentro del término de diez días que le concedió la corte para formular sus objeciones, soli-citó el demandante una prórroga de diez días para presen-tar sus objeciones, prórroga que le fué concedida por la corte.

Sostiene la apelante que la corte cometió error al pro-rrogar el término y dar efecto legal al escrito de impugna-ción que de tal modo fué presentado fuera del término pres-crito por la ley.

El artículo 339 según quedó enmendado en el año 1917 no es tan estricto como alega la apelante. Prescribe, en efecto que la parte condenada al pago puede hacer sus objeciones dentro de los diez días de la radicación del memorandum. No emplea la palabra “debe” (must). A falta de una clara indicación de que fué la intención de la Legislatura no per-mitir la prórroga, las prescripciones del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y las facultades inherentes de una corte son tan amplias, que no vemos que se cometa error o-abuso de discreción porque se conceda la prórroga.

Y por supuesto semejantes consideraciones son aplicables a la acción de la corte permitiendo a la parte condenada al pago hacer sus objeciones más específicas después'de pre-sentadas.

La apelante, sin embargo, tiene razón al sostener que los $60 para honorarios del taquígrafo debieron haberse conce-dido. Eran por notas taquigráficas tomadas durante el juicio y aunque no se interpuso, ninguna apelación el demandado tenía derecho a dichas notas de acuerdo con la ley de marzo 10, 1904, Leyes de la Sesión de 1904, páginas 110-111. Finlay v. Fabián, 25 D. P. R. 48. Finlay y. Fabián, 25 D. P. R. 52. En este último caso se establece claramente que la parte a favor de quien se dicta la sentencia no tiene que demostrar el fin que persigue al obtener las notas taquigráficas en un procedimiento, ni tiene tampoco que demostrar que tales no-tas eran necesarias para algún fin particular.

La sentencia apelada debe ser revocada en cuanto a la negativa a conceder la suma de $60 para honorarios del ta-quígrafo, y confirmada en sus demás particulares.

Revocada la resolución apelada en cuanto niega la suma de 60 dólares para honora-rios del taquígrafo y confirmada en cuanto a sus demás particulares.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Se. Wole, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ

text:
    Agüeros, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de la inscripción de una escritura de venta otorgada por el marshal.
    No. 438.
    Resuelto en marzo 30, 1920.
    Bienes de Menores — Venta de Bienes de Menores para Ejecución de Sen-tencia — Jurisdicción de la Corte Municipal. — Una corte municipal carece de jurisdicción para conocer de un pleito entablado contra menores de edad de quienes se demanda en unión de otras personas el otorgamiento de escri-tura de una finca anteriormente vendida por su causante, en cuanto a la mitad indivisa de que era dueño, mediante documento privado.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del recurrente: Sr. P. A. Rivera.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   En Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Puesto que la nota del registrador en este caso debe ser confirmada por razón dél primer defecto insubsanable que en diclia nota se menciona, nos limitaremos a discutir ese defecto, envolviendo como envuelve la cuestión relativa a la jurisdicción que tiene una corte municipal para ordenar que 'se • otorgue una escritura de venta de propiedad. Puede dudarse si una corte municipal tiene facultad para ordenar en alguna ocasión el otorgamiento de una escritura ele venta de propiedad que en verdad lia sido adquirida por un su-puesto comprador, puesto que tal pleito no envuelve nin-guna reclamación de dinero y las cortes municipales tienen jurisdicción solamente cuando está envuelta una suma inferior a $500. Ferraioli v. Registrador de la Propiedad, 21 D. P. R. 506.

Sin embargo, en este caso algunas de las partes a quie-nes se trata de obligar son menores y la jurisprudencia es-tablecida en el caso de García v. El Registrador, 23 D. P. R. 426, que es un caso paralelo a éste regula la cuestión. En dicho caso dijimos que una venta hecha por el marshal en una acción contra menores en reclamación de cantidad con-fería jurisdicción a esa corte para que se otorgase la venta en cumplimiento ele su sentencia dictada contra los menores, pero que una acción para obligar a que se otorgue una es-critura por los menores era cosa que incumbía exclusivamente a la corte de distrito.

El caso de Sánchez v. El Registrador de Caguas, 27 D. P. R. 768 no tiene aplicación, pues en él simplemente repe-timos la doctrina sentada en el de Flores v. El Registrador de Guayama, 19 D. P. R. 1020, o sea que cuando la venta es consecuencia de una ejecución en un pleito contra meno-res la corte municipal tiene jurisdicción.

Debe confirmarse la nota recurrida por el fundamento de que la corte municipal no tenía jurisdicción.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hut-chison.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Juez Asociado Sr. Aldrey firmaron conformes con la sentencia pero no con sus fundamentos.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ

CON LA QUE ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR ALDREY.

No estamos conformes con la opinión de la mayoría de esta Corte Suprema en cuanto confirma la nota recurrida por el fundamento de que la Corte Municipal de San Juan carece de jurisdicción para ordenar en juicio el otorgamiento do la escritura de venta cuya inscripción ha sido denegada. Esa corte tenía jurisdicción por razón de la materia, pues el valor del solar era de $50, suma inferior -a la de $500. Re-producimos las razones consignadas en nuestra opinión disidente emitida en el caso de García v. El Registrador de Guayama, 23 D. P. R. 430.

La nota recurrida se sostiene por otro fundamento o sea por no haber sido traídas al juicio todas las partes que ven-dieron el solar a Diego Agüeros. Se alegó en la demanda que los vendedores fueron José Narciso Viader en su carác-ter de apoderado general de Sebastián Dávila, Luis Maído-nado Dávila y Carmen y Germán Gorry Dávila. Muertos Sebastián Dávila y Luis Maldonado Dávila, sólo fueron cita-dos para el juicio José Narciso Viader y los sucesores de Sebastián j Luis Maldonado Dávila. La Sucesión de Se-bastián Dávila estaba formada por su viuda y varios hijos menores de edad y la Sucesión de Luis Maldonado Dávila lo estaba por Carmen y Germán Gorry Dávila. Los miembros de ambas sucesiones así como José Narciso' Viader fueron citados pero esa citación no excusaba que fueran citados Carmen y Germán Gorry Dávila, no sólo como sucesores de Lnis Maldonado Dávila sino también en concepto de vende-dores del solar, y tampoco excusaba la citación del esposo de Carmen Gorry Dávila que siendo casada había adquirido la participación que vendió en el solar vendido a Diego Agüe-ros, teniendo por tanto dicha participación el carácter de ganancial. No se siguió el procedimiento debido por la corte municipal dentro de la jurisdicción que le asistía por razón de la materia, y la nota denegatoria de inscripción debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Castro, Demandante y Apelado, v. Méndez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero. Moción solicitando la desestimación del recurso.
    No. 2213.
    Resuelto en abril 6, 1920.
    Desestimación de Apelación — Diligencia y Buena Fe del Apelante.- — -Cuando el apelante justifica que el techo de no haber presentado el pliego de excep-ciones y de exposición del caso enmendado de acuerdo con la orden de la corte se debe a no haber sido resuelta por ésta una moción íntimamente re-lacionada con la preparación de diehos documentos, no puede estimarse que el apelante haya dejado de proseguir su apelación con la debida diligencia o buena fe y no procede, por tanto, la desestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Jiménez Garda.

    Abogados del apelado: Sres. L. Muñoz Morales y M. A. Mumoz.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada nos ha pedido que desestimemos el re-curso de apelación que se interpuso en este caso porque ha-biendo ordenado la corte inferior en 11 de agosto de 1919 qne el apelante presentara enmendado el pliego de excep-ciones y de exposición del caso no lo ha verificado a pesar dd tiempo transcurrido. Oponiéndose el apelante a la de-sestimación ha probado con certificación del secretario de la corte inferior que habiendo ordenado dicha corte que el ex-presado pliego fuera enmendado relacionando la prueba do-cumental de tal modo que este tribunal pudiese apreciar exac-tamente el contenido de los documentos, le pidió en 21 de ■agosto que le permitiese presentar una copia fiel y exacta de dicha prueba documental como complemento del pliego que tenía presentado, y habiendo accedido la corte a su solicitud le pidió después en 21 de noviembre que ordenase al apelado que uniera nuevamente al pleito ciertos documentos presen-tados por él como prueba, y que había desglosado, cuya mo-ción no ha sido resuelta todavía por la corte en Io. de abril corriente.

De los anteriores hechos resulta que si el pliego de ex-cepciones y de exposición del caso no ha sido enmendado pre-sentando una copia fiel y exacta de ciertos documentos se debe a que la corte inferior no ha resuelto la moción del apelante en que pidió ordenara a la parte apelada que uniera a los autos ciertos documentos que presentó como prueba, que alega fueron desglosados y, por tanto, la paralización en la presentación del pliego enmendado no se debe a haber de-jado transcurrir el apelante término alguno dentro del cual tuviera que cumplir lo que se le ordenó ni tampoco a no ha-ber proseguido su apelación con la debida diligencia o de buena fé, por lo que la regia 59 ele las de esta Corte Suprema invocada por la parte apelada no es de aplicación y debe-mos declarar sin lugar su moción de desestimación.

Sin lugar la, desestimación del recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr.

text:
    Martorell, Demandante y Apelado, v. Siaca, Jr., Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en un recurso de mandamus.

    No. 2124.
    Resuelto en abril 8, 1920.
    Mandamus — Copia de Documentos Notariales. — Una solicitud de mandamus para obligar a un notario a que expida copia de documento de su protocolo debe expresar claramente si el derecho del peticionario a obtener la copia se funda en el primero o en el segundo inciso de la sección 25 de la Ley Notarial, porque cuando la solicitud se funda en el primer inciso, el peti- ■ cionario debe acudir directamente al notario y sólo en caso de negativa de éste procede ejercitar el recurso de mandamus; y cuando la solicitud se funda en el segundo inciso, el interesado deberá acudir a la corte por medio de petición justificada y no por medio de mandamus.

    Id. — Orden Mandando Expedir Copia de Documentos Notariales. — La autori-zación dada por una corte de distrito a un notario, a petición de parte, para que expida copias de documentos de su protocolo, no envuelve una orden o mandato para la expedición de tales copias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Ahogado del apelado: Sr. G. Cruzado Silva.

   El Juez Presidente Sr.

Hernández, emitió la opinión del tribunal.

Rafael Martorell presentó en ocho de agosto de 1919 nna solicitud a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Se-gunda, para que se librara un auto de mandamus contra Ra-món Siaca, Jr., ordenándole la expedición de copias de los siguientes documentos: (a) Testamento otorgado por Manuel Fernández Alonso el 25 de junio de 1897; (b) Escri-tura otorgada el 27 de julio de 1900, ante el notario Alvarez Nava, sobre liquidación, división y adjudicación de los bie-nes del finado Fernández Alonso; j'(c), escritura otorgada el 22 de noviembre de 1916 ante el notario Francisco Soto G-ras, sobre rectificación de dichas operaciones divisorias.

El peticionario alega que el demandado, notario público, tiene bajo su custodia los documentos de que se deja hecho mérito; que ante la Corte de Distrito de Arecibo ha radi-cado pleito sobre nulidad de los mismos y necesita copia de ellos para comprobar las alegaciones de la demanda; que con fecha del día anterior había solicitado y obtenido de la corte una orden dirigida al demandado para que le expidiera las copias que con anterioridad había pedido Arerbalmente al de-mandado, habiéndose negado éste no solo al requerimiento yerbal sino también a la orden de la corte autorizándolo para que librara las copias-, y que la negativa del demandado le causaba perjuicios por la necesidad imperiosa en que estaba de producirlos como evidencia en la vista del pleito.

La Corte de' San Juan, por orden de la misma fecha, 8 de agosto, accedió a la súplica del peticionario, fijando al demandado un término para que compareciera ante ella a exponer los motivos que tuviera para no obedecer la orden de la corte; y el demandado compareció y archivó una larga contestación haciendo entre otras alegaciones, la de que el demandante no había justificado su carácter ele parte inte-resada en los documentos y la de que la corte en su primera orden se limitó a autorizarlo para expedir las copias, pero sin ordenarle que las expidiera.

No aparece que se produjeran pruebas y la corte de dis-trito finalmente dictó sentencia en 11 de agosto de 1919, de-clarando con lugar la solicitud de mandamus únicamente con relación a la escritura de 22 de noviembre de 1916 sobre rec-tificación de las operaciones divisorias de los bienes relic-tos por Manuel Fernández Alonso, sin especial condenación de costas, contra cuya sentencia interpuso el demandado el presente recurso de apelación.

En la opinión que sirve de fundamento a la sentencia, afirma el juez que el peticionario, en el acto de la vista, ha-bía limitado su solicitud a la expresada escritura (c), re-nunciando a las copias de los otros dos documentos (a) y (b), y se-expresa en los siguientes términos:

“La copia del documento debe expedirse en favor de quien tenga derecho a solicitarla. Si el peticionario en este caso no está den-tro de las personas señaladas en la primera parte del artículo 25 de la Ley Notarial, (año 1914, página 152), lo está en la segunda parte y no puede dudarse que cumplió con el requisito que se ex-presa en dicbo artículo compareciendo ante la corte y justificando la necesidad de Ja expedición de esa copia mediante una petición que juró y en la que hizo constar que era parte de un pleito seguido ante la Corte de Distrito de Arecibo en el que él era parte interesada.: ’

No estamos conformes con el anterior razonamiento. El artículo 25 invocado por el juez, dice así:

“Sección 25. — Las partes, sus causantes y eausababientes en la materia del contrato y cualquier persona que aparezca interesada en el mismo, podrá solicitar y obtener del notario las oportunas copias de las escrituras matrices. Cualquiera otra persona podrá también obtener copia de un documento notarial, mediante petición justifi-cada ante una corte de distrito, que a su razonable discreción podrá librar una orden a ese efecto.”

El primer inciso de la sección transcrita autoriza a los otorgantes de un documento 3?- a cualquier persona intere-sada en el mismo para solicitar y obtener del notario las oportunas copias de las escrituras matrices. T el segundo inciso autoriza a cualquiera otra persona que no sea otor-gante o parte interesada en un documento a solicitar y ob-tener copia de éste mediante petición justificada ante una corte de distrito, la que, discrecionalmente podrá librar una orden a ese efecto.

Ignoramos bajo qué teoría actuó el peticionario al soli-citar el auto de mandamus, si bajo el inciso primero o al amparo del segundo, y él estaba en el deber de adoptar una posición franca y bien definida como lo exige todo debate judicial. Si actuó bajo el primer inciso, debió acudir direc-tamente al notario en solicitud de la copia que necesitaba, 3r negada la copia, le quedaba expedita la vía legal de recu-rrir a la corte de distrito por medio de mandamus para que el notario fuera competido a expedir la copia al amparo de la sección primera de la Ley de Mandamus aprobada en 12 de marzo de 1903. Con arreglo a dicha ley, debe haberse suplicado al demandado que ejecute el acto, a cuya ejecución se le trata de obligar, y él debe haberse negado a verificarlo, antes de que pueda considerarse solicitud alguna para -un auto de mandamus, pues de otro modo no asiste derecho para pedir al tribunal que dicte el expresado auto. Zavala et al. v. El Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, 9 D. P. R. 211. Si el peticionario actuó bajo el segundo inciso de la sección 25, esa misma sección le fijaba lo que debía hacer, esto es, acu-dir a la corte de distrito por medio de petición justificada y no por medio de mandamus para obtener la copia. La au-torización dada por la corte de distrito al notario para ex-pedir la copia no envuelve una orden o mandato para la ex-pedición de la misma.

El peticionario se ha apartado del procedimiento que para uno u otro caso establece la ley y el recurso de mandamus no es el apropiado para conseguir los fines que persigue. Las partes no son árbitras de alterar las regias del proce-dimiento.

Es de revocarse la sentencia apelada y declararse sin lugar la solicitud de mandamus'.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la solicitud de mandamus, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    Pagán et al., Demandantes y Apelados, v. Sellés et al, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la. Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación.
    Moción para que se permita corregir los autos.
    No. 2119.
    Resuelto en abril 8, 1920.
    Corrección de Autos — Estoppel.—Aunque la parte apelada baya -certificado la transcripción de los' autos conjuntamente con el apelante, la teoría de estop-

      pel no le impide solicitar enmiendas a los autos antes de la vista. La sec-ción 55 de las reglas del Tribunal Supremo es de aplicación lo mismo a las transcripciones certificadas por el secretario que a las certificadas por las partes o sus abogados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: iSres. M. Guerra Mondragón e I. Soldevila.

    Abogados de los'demandantes y apelados: Sres. M. y José Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De acuerdo con la regia 55 del reglamento de este tribunal, los apelados han presentado una moción para adicionar los autos a fin ele demostrar que dos personas que natural-mente eran demandantes pero que se lés designó como par-tes demandadas fueron en verdad notificadas del emplaza-miento y hechas partes de tal manera en el pleito. El único fundamento de oposición a esta moción es que la transcrip-ción fue. firmada y certificada por ambas partes en los autos y por tanto que el apelado no puede adicionar nada para impugnar la transcripción de autos certificada por ellos; en otras palabras que existe cierto impedimento (estoppel) o renuncia.

El apelante para traer su apelación ante esta corte puede hacer cualquiera de estas dos cosas. Solicitar del secretario de la corte de distrito que certifique acerca de la corrección de la transcripción, o puede pedir al abogado de la otra parte que en unión de su abogado certifique la transcripción. Los artículos 301, 302 y 303 del Código de Enjuiciamiento Civil demuestran que el envío de la transcripción es en su esen-cia un acto del apelante. Con obtener el apelante la certi-ficación del abogado de la parte contraria, cumple con estos artículos, pero la transcripción remitida es el cumplimiento de un deber por parte del apelante, ya esté dicha transcrip-ción certificada por el secretario o por los abogados. El -abo-gado de la parte contraria no puede durante la vista del caso impugnar la corrección de la transcripción ya esté ésta certificada por el secretario o los abogados; pero antes de la vista el apelado siempre tiene el derecho de sugerir una corrección en los autos. No existe impedimento porque él no ha inducido a error al apelante. La enmienda de los -autos es cosa que descansa principalmente en la discreción de la corte de apelación después que dichos autos han sido ele-vados, y si lo que el apelado solicita requiere que otras par-tes de los- autos hayan de ser remitidas a este tribunal, el apelante puede protegerse mediante una contra-moción. La conclusión a que liemos llegado es en beneficio de los ape-lantes, pues si los apelados creyeron que las omisiones inad-vertidas o fraudes, no pudieron ser corregidos dichos ape-lados probablemente harían recaer una parte mucho mayor del trabajo sobre el secretario.

De todos modos el apelante no nos ha citado nada por virtud de lo cual la regia 55 no sea de aplicación general a todas las transcripciones remitidas a esta corte. La moción debe ser declarada con lugar y la certificación de la corte de distrito adicionada a.los autos.

Concedida la corrección de autos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.