author: El Juez Asociado Señor SNYder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mario Valentín Galarza, acusado y apelante.
    Núms. 9201 y 9202.

    Sometidos: Marzo 17, 1942.

      Resueltos: Marzo 27, 1942.

      Mario Báez García, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor SNYder

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto en la corte de distrito en dos casos en que se le imputaba hurto de menor cuantía. Los casos se vieron conjuntamente y las apelaciones en ambos en-vuelven cuestiones idénticas. El apelante señala cuatro erro-res en apelación.

El primer error señalado es que la corte de distrito debió haber declarado con lugar las mociones para que so-breseyera y archivara los casos.por el fundamento de que se-habían transigido de conformidad con los artículos 445 y 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Aún cuando el caso caiga dentro de las disposiciones de dichos artículos, su re-solución de acuerdo con ellos descansa en la sana discreción de la corte de distrito. El Pueblo v. Muñoz, 22 D.P.R. 383; Noble v. United States, 190 F. 538. No se ha demostrado que la corte de distrito abusó de su discreción. Más aún, estamos de acuerdo con1 El Pueblo en que el hurto, ya sea de mayor o menor cuantía, por su naturaleza es un delito» que no está incluido dentro de las disposiciones de los ar-tículos 445-6. La Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito ha resuelto que aún cuando el hurto de menor-cuantía es un misdemeanor, éste es un delito que envuelve de-pravación moral. Tillinghast y. Edmead, 31 F. (2) 81. Véanse también Pueblo v. Collazo, 51 D.P.R. 451; Pueblo v. Crespo et al., 3 D.P.R. 302 (2a. ed); State v. Frazier, 52 La. Ann. 1305; Chambers v. Burroughs, 44 App. Cas. (D. C.) 168; Commonwealth v. Heckman, 172 A. 29 (Pa.); Restitution and the Criminal Law, 39 Col. L. R. 1185, 1194; Note, Grimes Involving Moral Turpitude, 43 Harv. L. R. 117.

Estos dos casos envuelven denuncias de que el acu-sado, empleado de Julio A. Vallés, le había sustraído a su patrono, varios discos y tubos de vietrola. Alega el ape-lante que su moción de nonsuit debió haberse concedido por el fundamento de que la evidencia presentada por El Pueblo demostró únicamente que él tenía en su poder los objetos en cuestión. De ser esto cierto, su contención estaría bien fun-dada. Pueblo v. Domínguez, 36 D.P.R. 463. Sin embargo, como indica El Pueblo, la prueba también demostró que el ■dueño de los artículos los echó de menos en su establecimiento de negocios donde trabajaba el acusado como empleado. El acusado admitió que había cogido los artículos, pero alegó que él estaba autorizado para'“cambiar” los discos y los tu-bos. La prueba fué que el dueño nunca había autorizado al acusado a llevarse estos artículos o a hacer algo en conexión con ellos. La evidencia ante la corte fué claramente suficiente para justificar una sentencia por hurto de menor cuantía. El Pueblo v. Laureano, 20 D.P.R. 7.

Alega también el apelante que su moción de nonsuit debió haberse declarado con lugar porque no se adujo prueba en cuanto al valor de los artículos hurtados. Esta contención sería meritoria si se le hubiera acusado por hurto de mayor cuantía. Pero en vista del hecho de que el hurto de menor cuantía requiere solamente un valor menor de $100, no se ne-cesitaba demostrar el valor exacto de los artículos.

“. . . . De acuerdo con esta doctrina, cuando el objeto hurtado tiene valor intrínseco no es necesario aportar evidencia directa y específica, pudiendo la corte o jurado inferir que el objeto tiene algún valor, de una inspección del mismo o de la descripción que hayan hecho los testigos.” Pueblo v. Delgado, 50 D.P.R. 658, 661.

El tercer error señalado fué que la corte exigió prueba al acusado para demostrar su inocencia. El acusado podía, desde luego, rehusar declarar por el fundamento de que su evidencia lo podía incriminar, y de tal negativa no se podía hacer inferencia alguna. Sin embargo, no encentramos nada en el récord que justifique la alegación del apelante de que la corte insistiera en tal testimonio. Al desestimar la moción para que reconsiderara su negativa de la moción de nonsuit, la corte hizo la siguiente declaración:

“Entiende la corte que el acusado puede justificar con su prueba la posesión de esos discos y de esos tubos. Estima la corte que prima facie se ha probado que esa propiedad pertenecía al señor Julio A. Valles, y que le faltó; que dió cuenta a la Policía, al detective An-drés A. Vélez, y que éste practicó una investigación y encontró esos discos y esos tubos en poder del acusado. Hay elementos suficientes para proseguir el caso. Prueba del acusado.”

Esta declaración meramente era una breve opinión verbal sobre la cual la corte basaba su resolución de la moción de nonsuit. Nada bay en la declaración que demuestre que la corte exigía que el apelante presentara evidencia, o que ocu-para la silla testifical. En verdad, Iá corte estaba siendo liberal al dar a entender que a pesar del caso prima facie que había sido presentado en contra del apelante, quizá éste me-diante presentación de evidencia podía explicar su posesión de los artículos hurtados y las circunstancias que indicaban su culpabilidad.

Solamente queda para considerar la alegación del acu-sado de que “si los hechos ocurrieron el mismo día no vemos las razones por las cuales el acusado fuera declarado convicto en ambos casos, pues los hechos son simultáneos y constituyen uno solo. .

El no alegarse o probarse la'fecha exacta de la apropia-ción en un caso de hurto no es un error que dé lugar a la revocación. Pueblo v. Martín, 26 D.P.R. 648. Pero el que una serie de apropiaciones constituya un solo delito como un hurto continuo, o delitos separados, es una cuestión de hecho que depende de las circunstancias de cada caso. People v. Serna, 110 P. (2) 492 (Calif.); People v. Stanford, 105 P. (2) 969 (Calif.); People v. Mills Sing, 183 P. 865, 869 (Calif.); People v. Dillon, 36 P. (2) 416 (Calif.); Cody v. State, 20 S. W. 398 (Tex.).

Brill, Cyclopedia, Criminal Law, Yol. 2, lo expresa como sigue a las páginas 258-9:

“Diversas apropiaciones del mismo dueño, impulsadas por un mo-tivo, propósito e impulso, son consideradas como un solo acto sin tener en cuenta el factor tiempo. Y cuando diversos artículos per-tenecientes a la misma persona o a diversas personas, son sustraídos del mismo sitio y al mismo tiempo, solamente bay un delito. Pero la apropiación de diferentes artículos de la misma o de diversas per-sonas en distintas ocasiones constituye delitos separados.”

En ausencia de prueba en los casos de autos al efecto de que las apropiaciones fueron separadas, la corte debió haber concedido la moción de nonsuit en el segundo caso.

La sentencia en el caso número 9201 será confirmada y la sentencia en el caso número 9202 será revocada.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y Todd, Jr., no in-tervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor, Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Benilde Lampón, demandante y apelante, v. Línea Romero, compuesta de sus socios Antonio Romero y Luis Suárez, demandados y apelados.
    Núm. 8399.

    Sometido: Marzo 18, 1942.

      Resuelto: Abril 8, 1942.

      José C. Jusino, abogado de la apelante; Miguel A. Munoz, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor, Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda sobre daños y perjuicios presentada por Benilde Lampón en contra de la Línea Bomero y en este recurso sostiene la apelante que co-metió error al tomar en consideración prueba sobre una pre-sunta inspección ocular de la cual no se levantó acta, al apre-ciar la prueba y por ser la sentencia contraria a derecho.

En los autos no hay constancia de que la corte inferior levantara un acta de la inspección ocular que realizó a. petición de la demandante, pero tampoco la hay de qne se planteara a dicha corte esta cuestión y se le pidiera la recon-sideración de la sentencia por existir algún error en cnanto a los hechos a que el juez inferior hace referencia como cons-tatados en dicha inspección en su relación del caso y opinión. Es ante esta Corte Suprema que por primera vez se plantea la cuestión, haciendo el abogado de la demandante en su ale-gato afirmaciones en cuanto a lo que, según él, realmente ocu-rrió en el momento de verificarse la inspección ocular.

Es cierto que hemos resuelto que las cortes de distrito al practicar una inspección ocular deben levantar un acta de la misma, Martínez v. Rodríguez, 26 D.P.R. 6, pero tanto en dicho caso como en el de Figueroa v. Vives & Maxan, 46 D.P.R. 240, también resolvimos que cuando no se presenta una mo-ción de nuevo juicio o las circunstancias demuestran que el error no fue perjudicial, no procede la revocación. Bajo los hechos concurrentes en el caso de autos, la apelante debió soli-citar la reconsideración de la sentencia o la concesión de un nuevo juicio ante la corte inferior para que con vista de los autos esta Corte pudiera resolver si se cometió el error im-putado.

Los otros dos señalamientos se refieren a la aprecia-ción de la prueba por la corte inferior y ésta, en su opinión, fundamentó sus conclusiones en esta forma:

“A pesar de qne existe un conflicto de evidencia respecto a la forma en qne era conducido el vehículo de los demandados, la corte resuelve dicho conflicto en favor de los demandados porque, además de haber observado sobre el terreno, que la guagua subía una pen-diente y de haberse demostrado por las declaraciones ele los testigos de los demandados que dicha guagua caminaba cargada con 17 ó 18 pasajeros, por lo que no podía, subiendo una pendiente, caminar a velocidad exagerada, los testigos de los demandados manifestaron que dicha guagua no era conducida a velocidad exagerada, sino más bien despacio, tocando Marón, circunstancias todas éstas que al ser com-paradas con aquellas que ponen de manifiesto los testigos de la de-mandante, llevan a la corte a resolver dicho conflicto en la forma en que se ha expresado.
"Además, la corte es de opinión que existe una preponderancia de prueba en favor dé los demandados respecto a la forma en que ocurrió el accidente. Considerando la preponderancia de la prueba, la corte llega a la conclusión de que el chauffeur que guiaba la guagua pro-piedad de los demandados se confrontó con una situación inesperada al enfrentarse en la entrada de una alcantarilla en donde existe un precipicio en la forma en que se ha descrito, con un carro que cami-naba en dirección contraria, el cual no había dado señales de aviso, porque así mismo aparece de la prueba, viéndose obligado de esta manera el chauffeur de la guagua a tirar su vehículo todo lo más posible a la derecha para no tocar el vehículo que caminaba en dirección contraria, evitando así una verdadera tragedia, ya que de haber chocado dicho automóvil que también ocupaba el centro de la carretera según se puso de manifiesto por la prueba de los deman-dados, hubiera ido a parar al precipicio ocasionándole de esta manera una muerte segura a todos sus ocupantes.
< < -⅜ ⅞ * ⅜ ⅜ * #
"La corte ha llegado también a la conclusión por toda la prueba, de que el chauffeur que guiaba la referida guagua hizo todo cuanto pudo por evitar el choque con el muro de la derecha de la alcanta-rilla, llegándolo a tocar solamente pero no en condiciones violentas, todo lo cual demuestra que ejercitó el debido cuidado para evitar dicho choque, ...”

Hemos leído la transcripción de evidencia y somos de opi-nión de que no incurrió en error la corte inferior al dar cré-dito a las declaraciones de los testigos de los demandados y que los motivos que tuvo para desestimar la demanda están ampliamente sostenidos por dicha prueba. Tres de dichos testigos no tenían relación alguna con los demandados, pues dos eran pasajeros que viajaban en la guagua al igual que la demandante y el otro era caminero empleado del Departa-mento del Interior. Sus testimonios, al ser creídos por la corte inferior, a quien no se imputa por la apelante pasión, prejuicio o parcialidad, son suficientes para sostener la sen-tencia dictada en este caso-.

Procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Sucn. de Bernardo Soto, Etc., demandantes y apelados, v. María Vélez, Ignacio Vargas y su esposa Saturnina Rivera, demandados y apelante la primera.
    Núm. 8387.

    Sometido: Marzo 13, 1942.

      Resuelto: Abril 8, 1942.

      Pedro E. Anglade, abogado de la apelante; José Córdova Rivera y Luis Mercader, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor SNYder

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito instado por los herederos de Bernardo Soto Cruz con el fin de establecer la inexistencia de dos contratos y para reivindicación que envuelve dos pro-piedades. La corte de distrito concedió el remedio solicitado en cuanto a una de las propiedades y lo denegó en cuanto a la otra. María Vélez, una de las demandadas, ha apelado de la sentencia en tanto en cuanto ésta concedió el remedio soli-citado.

La opinión y sentencia de la corte de distrito lee en parte como sigue:

“Resulta probado por un documento que se presentó por los de-mandantes, que en 31 de mayo de 1931, Bernardo Soto compró a Ignacio Vargas una ñnquita rústica compuesta de 17 cuerdas más o menos, en el barrio Quebrada de Camuy. Para esa fecha Soto ya estaba casado con su segunda esposa María Sánchez Román, conocida también por María Sindo Román, con quien contrajo matrimonio en 24 de marzo de 1926.
“Bernardo Soto se separó de su esposa y llevó vida marital con la ■demandada María Vélez hasta su muerte, que ocurrió en septiembre ■de 1936.
“Allá para el 2 de febrero de 1933, Ignacio Vargas, acompañado de su esposa, hizo una escritura a favor de María Vélez Ramos, que-rida de Bernardo Soto, por la cual, aparentemente, le traspasa la misma finca que Soto había adquirido del referido Vargas en el año 1931. Se deduce lógicamente que él quiso poner a favor de la que-rida con quien vivía, la propiedad que hacía varios años era de su pertenencia y que el contrato, por tanto, fué simulado.”

Alega la apelante que (a) el documento de mayo 31, 1931 por el cual Ignacio Vargas vendió a Bernardo Soto la finca en cuestión, no fué debidamente identificado; (b) no hay prueba de que Soto tuvo en alguna ocasión, no ya la posesión, .sino que tuviera la finca como dueño exclusivo; (c) no hay ;prueba de que María Vélez era insolvente; (d) no bay prueba *de que existiera una combinación entre Bernardo Soto, Tgna.-icio Vargas y su esposa y María Vélez para burlar de sus derechos a los herederos de Bernardo Soto.

Las alegaciones (6), (c) y (d) no tienen base. La viuda de Bernardo Soto declaró en cuanto a la posesión, pro-piedad y cultivo de la finca por Bernardo Soto, y la corte de distrito aparentemente creyó su testimonio. Y si la supuesta venta de Vargas a María Vélez en 1933 es establecida me-diante otra evidencia adecuada como una venta simulada, resulta inmaterial la alegada falta de prueba en cuanto a la insolvencia de María Vélez o en cuanto a la participación de otros en la combinación.

De la misma manera la corte de distrito no erró al admitir el documento de mayo 31, 1931 y en darle una impor-tancia decisiva. Marcelino Torres, quien compareció como testigo en el documento, a pesar del hecho de que su testi-monio fué evasivo y contradictorio, admitió finalmente que él había sido testigo de su otorgamiento. Continuó insistiendo que Ignacio Vargas había realmente vendido la finca a María Vélez, pero la corte no dió crédito a esta parte de su testi-monio y estuvo enteramente justificada en así hacerlo. Aun-que evidentemente alguien había preparado a este testigo, no se puede escapar la conclusión de que en 1931 el testigo pre-senció el otorgamiento de un documento por el cual Vargas vendió a Bernardo Soto la propiedad en cuestión. Este fué el mismo documento que José Córdova Rivera, un abogado, declaró le había sido entregado por el fiscal de distrito, quien lo encontró en un baúl de Bernardo Soto mientras investigaba la muerte de éste.’

Arguye la apelante que la escritura de 1933 no puede ser atacada debido a las presunciones halladas en los párrafos 19, 27, 32 y 38 del artículo 464 del Código de En-juiciamiento Civil. Llama la atención especialmente a la pre-sunción encontrada en el párrafo 38 “Que al efectuarse un contrato escrito medió la correspondiente compensación.” Pero estas presunciones, como lo declara el mismo artículo 464, son “presunciones disputables y pueden controvertirse mediante otra evidencia”. Esto es exactamente lo que- ocu-rrió en este caso. La evidencia fué que Soto abandonó a su esposa y la apelante convirtióse en su querida. Más tarde, mediante documento privado, Soto compró la finca en cues-tión. Entonces, dos años más tarde, los mismos vendedores pretendieron vender a la querida la misma propiedad. De acuerdo con la evidencia el mismo Soto estuvo presente cuando se otorgó la escritura posterior, aunque no firmó como testigo. Bajo las circunstancias de este caso la corte de dis-trito estuvo justificada al resolver que la escritura pública de 1933 de Vargas a María-Vélez fue un contrato simulado. Véanse Rivera v. Sucn. Caraballo, 56 D.P.R. 736; González et al. v. Fumero et al., 38 D.P.R. 556.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presideute Señor Del Doro

text:
    Juan Bernard, en representación y como padre cón patria potestad de su hijo menor Francisco Bernard, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelada.
    Núm. 8372.

    Sometido: Marzo 19, 1942.

      Resuelto: Abril 9, 1942.

      Villamil & Santana Becerra y Pedro Juan Alcalá, abogados del ape-lante; Brown, González <& Newsom y Carlos J. Faure, abogados de la apelada.
   El Juez Presideute Señor Del Doro

emitió la opinión del tribunal.

Juan Bernard, en representación y como padre con patria potestad sobre su hijo menor Francisco Bernard, demandó a la Porto Rico Railway, Light & Power Co., una compañía de servicio público que transporta pasajeros por medio de carros eléctricos, en reclamación de diez mil dólares por da-ños y perjuicios.

Alegó en su demanda, en resumen, que el 9 de marzo, 1987, y entre las paradas 6½ y 7 de la calle de San Agustín, Puerta de Tierra, San Juan, uno de los carros de la deman-dada arrolló al menor, ocasionándole contusiones y fractu-rándole el brazo derecho que hubo de serle amputado, de-biéndose el accidente a la culpa del empleado de la deman-dada, el conductor Balasquide, quien mientras el carro corría dió con un palo al menor que iba agarrado a la barandilla del carro por la parte exterior, haciéndolo caer y ocasionán-dole la fractura.

Negó los hechos de la demanda la demandada y alegó, como defensas especiales, que la demanda no aducía causa de acción; que si el accidente- ocurrió, su causa próxima ex-clusiva fue la culpa, negligencia y conducta ilegal del perju-dicado, y de sus padres; y que en el supuesto de que hu-biera habido negligencia por parte de sus empleados, la hubo también por parte del menor y de sus padres.

Fue el pleito a juicio. Declararon testigos por una y otra parte y el caso quedó sometido al juez Sr. Pablo Berga para sentencia. • El juez falleció antes de pronunciarla y las par-tes estipularon que fuera sometido para su resolución al juez Sr. La Costa, quien pesando la prueba a virtud del examen que hizo de la transcripción taquigráfica de la evidencia, se expresó en los siguientes términos:

“La única cuestión a resolver en este caso es una de hecho: ¿cuál fue la causa de la caída de Francisco Bernard? La prueba es contradictoria en cuanto a esto extremo. Mientras los testigos del demandante declaran que Bernard se cayó del tranvía porque su conductor venía, según unos, dándole cocotazos, y, según otros, pe-gándole con un palito o varita del grueso del dedo índice y como de un pie y medio de largo, los testigos de la demandada, todos pasajeros del tranvía, declaran no haber visto al conductor pegarle a dicho Bernard.
“Aunque no tuvimos la oportunidad de ver y oír declarar a los testigos, la experiencia de la vida nos hace darle crédito a los testigos de la demandada, y, especialmente, a los testigos Sra. Edna Lowe y Sr. José R. Vicente. Es de todos conocida la forma en que mu-chachos más o menos de la edad de Bernard acostumbran ‘robarse un paseo’ no solamente en los tranvías sino también en automóviles y ‘guaguas.’ Estos mozalbetes, conocedores de que están haciendo una cosa que no debían hacer, están muy pendientes del menor mo-vimiento del conductor de dichos tranvías y vehículos, para lanzarse de los mismos, no siendo necesario que se les pegue para tal fin. La prueba del demandante demuestra, fuera de toda duda, que no era la primera vez que Bernard ‘se robaba’ un paseo en los tran-vías de la demandada, así como que él sabía que estaba haciendo algo malo, ya que cada vez que dicho tranvía se paraba él se bajaba, agachándose para no ser visto y cuando el mismo reanudaba su mar-cha se colgaba otra vez.
“Analizada toda la evidencia a la luz de la ley y la jurispru-dencia, 'llegamos a la conclusión de que la causa próxima, inme-diata y directa del accidente lo fue la negligencia y conducta ilegal de Francisco Bernard al actuar en la forma en que lo hizo. 60 Corpus Juris, págs. 376 y 377, par. 278; Ramírez v. American R. R. Co., 23 D.P.R. 320.’’

Luego, refiriéndose a la doctrina del peligro atrayente, dice:

“La doctrina de peligro atrayente a que el demandante se refiere en su memorándum de autoridades, no es de aplicación en casos de esta naturaleza.
“ . . Ordinarily a man who is using his property in a public place is not obliged to employ a special guard to protect it from the intrusion of children, merely because an intruding child may be injured by it. We have all seen a boy climb up behind a chaise or other vehicle for the purpose of stealing a ride, sometimes incurring a good deal of risk. It has never been supposed that it is the duty of the owner of such vehicle to keep an outrider on purpose to drive such boys away, and that, if he does not, he is liable to any boy who is injured while thus secretly stealing a ride. In such a case, no duty of care is incurred. In support of the doctrine many cases are cited to which may be added, as being in point, Western Railway of Ala. v. Mutch, 97 Ala. 194, 21 L.R.A. 316; Catlett v. St. Louis I. M. & S. Co., 57 Ark. 461; S. C. 54 Am. & Eng. R. Cas. 113; Chicago, B. & Q. R. R. Co. v. Stumps, 69 Ill. 409; Hestonville Pass. R. Co. v. Connell, 88 Pa. 520, 32 Am. Rep. 472; Rodgers v. Lees, 140 Pa. 475, 12 L.R.A. 216; Daniels v. New York & N.E.R.R. Co., 154 Mass. 349, 13 L.R.A. 248; Snyder v. Hannibal & St. J. R. Co. 60 Mo. 413; Chicago & N. W. R. R. Co. v. Smith, 46 Mich. 504, 41 Am. Rep. 177; Patterson, Railway Accident Law, Sec. 75.’ Jefferson v. Birmingham Railway etc. Co., 38 L.R.A. 458, 459.
“De la opinión en el caso de Lndenvood v. Western & A. R. Co., 31 S. E. 123, copiamos lo siguiente:
“ ‘Nothing is more alluring to a child than a passing vehicle, whether it be a buggy, carriage, dump cart, wagon, or a railway train; and if railroads are to be liable because boys, without the knowledge of the employees in charge, attempt to swing upon their passing trains, then the owners of the other vehicles named would be equally liable if a boy, without the knowledge of the person in charge, was injured while attempting to swing upon the rear axle or other part of such vehicles.’ ”

Y por último, con respecto al caso de Suárez v. Saavedra, 52 D.P.R. 684, invocado por el demandante, concluye que no es de aplicación “ya que no le hemos dado crédito a la teoría del demandante de que el empleado de la demandada le pe-gaba al menor Francisco Bernard en los momentos en que éste se cayó del tranvía de la demandada.”

Hemos estudiado las alegaciones y la transcripción de la evidencia a la luz de los alegatos de ambas partes y del in-forme oral de la apelada, única que compareció al acto de la vista del recurso, y estamos convencidos de que las con-clusiones de hecho y de derecho a que llegara el juez senten-ciador son las procedentes.

La declaración de Edna Bossy, de soltera Edna Lowe, que corrobora la versión del accidente dada por el conductor de la demandada y otros de sus testigos, en el sentido de que la caída no fué ocasionada por los golpes que diera el conductor al menor Francisco Bernard, colocando así el caso fuera de la regla establecida en el de Suárez v. Saavedra, 52 D.P.R. 684, a saber: “El principal es responsable no sólo de los actos negligentes y descuidados sino de los actos cri-minales de su agente cometidos en el curso y dentro de las atribuciones de su empleo”, nos parece clara, persuasiva, convincente.

La declarante fue sometida a un largo y hábil contrain-terrogatorio y se mantuvo en lo dicho sin vacilaciones, sin incurrir en contradicciones, con seguridad y firmeza. T la declarante era un testigo sin interés en el asunto en contro-versia.

Y dirimido el conflicto de la prueba en favor de la deman-dada, se impone la >confirmación de la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino. •


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Jorge L. Córdova, Juez, demandada.
    Núm. 1279.

    Sometido: Marzo 24, 1942.

      Resuelto: Abril 10, 1942.

      Fernando Gallardo Díaz, Fiscal de Distrito de San Juan, abogado del peticionario; Edgar 8. Belaval, abogado del interventor, acusado en la causa criminal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la causa criminal núm. 4722 seguida en la Corte de Distrito de San Juan contra Carmelo Ríos Cruz y Dolores Marrero Rosado por un supuesto delito de violación, la acu-sación, en lo pertinente, dice así: ■

“Los referidos Carmelo Ríos Cruz y Dolores Marrero Rosado, allá por uno de los días del mes de noviembre de 1941, y en San Juan de Puerto Rico, que forma parte y está dentro del distrito judicial de San Juan, Puerto Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal-mente, acometieron a la mujer Elena Sierra, realizando con ella cada lino de dichos acusados el acto de sexual intercourse o concúbito sexual, valiéndodose para ello de la fuerza y la violencia y sin el consentimiento de la referida Elena Sierra, quien no era allí y en-tonces la esposa de los acusados.”

Carmelo Ríos Cruz formuló excepción alegando que la acusación le imputaba más de un delito-y que a la vez era ambigua, ininteligible y dudosa. Resolviendo la cuestión así planteada, la corte el 4 de febrero último la declaró con lu-gar por el fundamento de que a cada acusado se le imputa-ban dos delitos: uno al realizar el acto carnal y otro al ayu-dar a su compañero a realizarlo también, y que por consi-guiente cada delito debe ser objeto de una acusación sepa-rada. El fiscal solicitó reconsideración y el 19 de dicbo mes le fue denegada por los mismos fundamentos. A fin de re-visar la resolución de la corte inferior radicó el Fiscal de Distrito la petición de certiorari que nos ocupa. Expedido el auto intervino el acusado Carmelo Ríos Cruz solicitando que se declarase sin lugar la petición de certiorari por dos razones: (a) porque el certiorari no es el remedio adecuado y, (b) porque la resolución impugnada es correcta.

El auto de certiorari, por ser un remedio extraor-dinario, no debe expedirse generalmente cuando exista un remedio adecuado, rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley. Siendo apelable la resolución en controversia, ar-tículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal y Pueblo v. Fajardo, 21 D.P.R. 451, y siendo el recurso de apelación tan rápido y eficaz a los efectos de este caso como lo es el de certiorari, por ese solo motivo podríamos anular el auto expedido. Pero habida cuenta de que se trata de una cues-tión de práctica que se suscita por primera vez en esta ju-risdicción y que debe resolverse a la mayor brevedad posible a fin de que nuestra decisión sirva de norma para casos fu-turos, nos sentimos justificados en dictar de una vez la re-solución que proceda en lugar de posponerla hasta tanto el caso vuelva a este Tribunal por la vía apelativa.'

Prescribe el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Criminal que “la acusación habrá de comprender sólo un de-lito.” Así pues, la cuestión a resolver es si la de este caso cumple con ese requisito.

Se imputa a los acusados que en determinado sitio y fecha acometieron a la mujer Elena Sierra realizando con ella cada uno de ellos actos carnales, etc. De acuerdo con esas alegaciones resulta que-en los actos realizados por los acusados no hubo solución de continuidad, fué todo una sola transacción y siendo ello así, no obstante los repetidos actos carnales que pudieran ellos haber realizado, el delito así co-metido por todos los acusados actuando con .un propósito común constituye un solo delito, y consecuentemente no se infringe el citado artículo 77 al presentarse una sola acusa-ción. Si por el contrario hubiese existido interrupción sus-tancial, si uno o más actos carnales se hubiesen realizado en determinada fecha y posteriormente hubieran tenido lugar otros, mediante un lapso de tiempo suficientemente largo y bajo circunstancias determinantes de una distinta transac-ción o transacciones, cada nna de esas distintas transaccio-nes constituiría nn delito distinto y de conformidad con el citado precepto del Código de Enjuiciamiento Criminal pre-cisaría una acusación por cada delito.

Claro es que si a pesar de formularse una sola acusación, en el curso del juicio surge de la prueba que hubo más de una transacción, los acusados o la corte misma motu proprio, pueden exigir del fiscal que elija la transacción sobre la cual desea basar la acusación.

En el caso de People v. Enright (1934 Cal.), 35 P. (2d) 1033, citado por el fiscal, los hechos fueron sustancialmente iguales a los del que nos ocupa y se formuló una sola acu-sación. Se alegó por la defensa que si bien la acusación im-putaba un solo delito, la evidencia demostraba la realización de dos o más actos sexuales y que, por consiguiente, debió' exigirse al fiscal que eligiese el acto sobre el cual habría de' descansar la acusación. Kesolviendo la cuestión, dijo la. Corte:

“Los actos a que se refiere la acusación fueron perpetrados en la' misma ocasión y dentro de unos minutos de separación unos de otros, por lo que constituyeron un solo acto carnal. Toda vez que los tres acusados estuvieron presentes coadyuvando e instigando la comisión del delito, todos ellos son culpables como principales coauto-res.” (Bastardillas nuestras.)

Véase, al mismo efecto, People v. Fontana et al. (1934 Cal.), 32 P. (2d) 160, donde se distingue el caso de People v. Castro, 133 Cal. 11, 65 P. 13, citado por el interventor, por el fundamento de que en el caso de Castro los diferentes ac-tos carnales realizados por el acusado tuvieron lugar en Pe-chas distintas y que de dichos actos o transacciones distintas, se presentó evidencia a pesar de la oposición del acusado.

En el caso de Mc Manus et al. v. State (1931 Okl.), 297 P. 830, se dijo:

“Cuando varios acusados llevando a cabo un designio y propó-sito común, hallándose todos presentes y actuando juntos, por la fuerza y la violencia violan a una mujer y por un continuo e in-interrumpido uso de fuerza y violencia prosiguen basta que todos los participantes ban tenido concúbito - con la víctima, tales actos cons-tituyen un solo delito ... y todos los participantes pueden ser acu-sados y convictos de un solo delito. Syllabus by tbe court, página 830.” (Bastardillas nuestras.)

La misma doctrina fue aplicada en State v. Weitzel et al. (1937 Or.), 69 P. (2d) 958, donde se trataba de nn delito de sodomía.

Arguye el interventor que los casos de California antes citados no son pertinentes porque en ellos se aplicó el ar-tículo 954 del' Código Penal de California el que para la fe-cha de dichos casos era ya distinto al 77 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal.

No tiene razón el interventor. Es verdad que el artículo 954 del Código Penal, según ha sido enmendado, prescribe que una acusación puede comprender dos o más delitos dis-tintos entre los cuales exista cierta relación o conexión en la comisión de los mismos; pero tanto los casos de California antes citados, como el de Oklahoma y el de Oregon, parten de la base de que el delito cometido es uno solo, y prescri-biendo nuestro estatuto que la acusación comprenderá un solo delito, es evidente que dicha doctrina es perfectamente aplicable en esta jurisdicción.

Por lo expuesto, procede declarar con lugar la petición de certiorari y, en su consecuencia, anular las órdenes de la Corte de Distrito de San Juan dictadas en el citado caso núm. 4722, de fechas 4 y 19 de febrero último, respectiva-mente, y devolver los autos al tribunal inferior para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

EN MOCION DE BECONSIDEBACION

Abril 23, 1942.

Examinada la moción de reconsideración presentada por el interventor, nada nuevo encontramos que no haya sido suficientemente discutido en la opinión emitida en este caso, excepto en lo que respecta a la afirmación que se hace al efecto de que en Puerto Pico el Fiscal no puede ser obligado a elegir uno entre dos o más delitos cuando la acusación sólo imputa uno pero la evidencia tiende a probar la existencia de dos o más. Se basa esa afirmación del interventor en que no existe en esta jurisdicción un estatuto que autorice esa práctica. No es necesario que el estatuto exista para que la corte tenga ese poder, consecuencia lógica del principio enunciado en el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Criminal, prescriptivo de que la acusación habrá de com-prender sólo un delito, y de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 153 del mismo Código que permite al acusado inter-poner excepción perentoria cuando de la faz de la acusación resulta que se le imputa más de un delito. Claro es que si la acusación expone un solo delito pero la evidencia tiende a probar más de uno, en -ese caso, no habiendo podido el acu-sado interponer excepción perentoria — puesto que de la faz de la acusación sólo se imputa un delito — el tribunal, ha-.ciendo uso de la facultad que. tiene para dirigir y encauzar los procedimientos ante ella a fin de ajustarlos a la ley y a la justicia, puede y debe requerir al fiscal para que en ar-monía con el artículo 77 antes citado, se limite a elegir y probar un solo delito. No viene la corte obligada a cruzarse de brazos y esperar a que el acusado objete a cada pregunta que haga el fiscal en relación con los dos o más delitos, como sugiere el interventor. Descartados los demás delitos por orden de la corte, sigue el caso su curso normal, evitando las interrupciones y dilaciones que cada objeción de la de-fensa necesariamente habría de causar y eliminando a la vez el riesgo de confundir o desviar la mente del jurado oyendo prueba de otros delitos, de los cuales no puede ser convicto el acusado a virtud de la acusación formulada. La ley tiende a ser práctica en su funcionamiento y a desechar todo lo que sea inútil y obstaculice innecesariamente su primordial pro-pósito: la consecución de la justicia.

Por todo lo expuesto, procede desestimar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    María C. Ruiz de Torres, Etc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y El Administrador del Fondo del Seguro del Estado, asegurador del patrono Plata Sugar Company.
    Núm. 237.

    Sometido: Marzo 16, 1942.

      Resuelto: Abril 10, 1942.

      Vv alter Rivera Díaz e Hipólito Mar cano, abogados de la recurrente; Tlon. Procurador General George A. Malcolm y G. Atiles Moréu, Asesor legal éste del Fondo del Seguro del Estado, abogados del Administrador del Fondo mencionado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Torres Jiménez, mayordomo de la Plata Sugar Co. falleció el 14 de octubre de 1937, según certificó el Dr. Néstor Cardona, de “septicemia, pyemia, erisipela, empiema costado izquierdo, ictericia, hemoglobinuria.” Su viuda, Ma-ría C. Ruiz de Torres, alegando que la erisipela que tuvo su esposo fué causada por un accidente del trabajo sufrido al cortarse la oreja derecha'con una hoja de caña mientras ha-cía un recorrido a caballo, el día 7 del mismo mes, por una colonia de su patrono, reclamó la compensación correspon-diente ante el Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado. Esta reclamación fué denegada por el administrador por el fundamento de que “a base de la investigación prac-ticada en el caso se desprende que con anterioridad a la fecha de su alegado accidente, ya Torres ofrecía todos los síntomas de la enfermedad que le causó la muerte.”

Apelado el caso a la Comisión Industrial y celebrada la vista correspondiente en la que las partes presentaron su prueba, la comisión confirmó la decisión del administrador, dictando una extensa y elaborada resolución que cubre vein-ticinco páginas, en la que analizó cuidadosamente las decla-raciones de todos los testigos y especialmente las de los doc-tores M. Rodríguez Cancio, Antonio Muñiz, Néstor de Car-dona, Pedro A. Perea y Ramón Piñeiro Fernández.

Después de dicho análisis la Comisión Industrial hizo constar en su resolución lo siguiente:

“La Comisión Industrial entiende que, de acuerdo con la prueba practicada ante ella, el obrero Antonio Torres Jiménez ya venía pa-deciendo de su oreja derecha desde el día 4 de octubre, o sea, tres días antes del alegado accidente, y que si éste ocurrió, la muerte del obrero no se debió al mismo, sino que fué consecuencia de la infec-ción de que venía padeciendo.”

La peticionaria Mafia C. Ruiz de Torres solicita revise-mos la resolución de la Comisión Industrial y expedimos el auto por aparecer que los errores imputados a dicho orga-nismo se refieren, principalmente, a la apreciación que de la prueba pericial hizo al resolver la apelación, siendo éste el único caso en que este tribunal puede entrar a considerar la prueba presentada, de acuerdo con el artículo 11 de la ley 45 de 18 de abril de 1935 ((1) pág. 251) tal y como quedó enmendado por la ley 121 de 2 de mayo de 1940 (pág. 731).

Antes de proceder a considerar los errores señalados por la peticionaria, parece conveniente citar, con alguna exten-sión, los fundamentos que hizo constar la recurrida en su resolución para llegar a la conclusión de que el obrero en este caso venía padeciendo de la enfermedad que le causó la muerte desde varios días antes de ocurrir el alegado acci-dente. Se expresó así:

"¿Y cuáles son los puntos en controversia que tenemos que resolver en este caso? Son dos: primero, si ocurrió o no un accidente del trabajo; segundo, en el supuesto de que un accidente hubiese ocurrido, si éste tuvo relación de causa y efecto con la muerte del obrero.
“Se alega por la peticionaria que mientras el obrero fallecido hacía un recorrido en la Colonia Méndez de la Plata Sugar Co. el día 7 de octubre de 1937, junto con los Sres. Salvador Quiñones y Humberto Oliven,, ia, se hizo un rasguño en la oreja derecha con una hoja de caña, como a las 10 de la mañana, y que a las 11½ de la ma-ñana de ese mismo día, esto.es, 1 ½ horas después, ya Antonio Torres Jiménez se sentía muy mal, con la oreja inflamada y en estado febril, que hizo necesario que su esposa, la peticionaria en este caso, se tras-ladara del Bo. Plata al pueblo de San Sebastián para ver al Dr. Muñiz y pedirle una receta; pero cabe preguntar: ¿con anterio-ridad al 7 de octubre de 1937, estaba el obrero Antonio Torres Ji-ménez padeciendo de alguna infección en su oreja derecha? Veamos lo que declaró el Dr. Muñiz en el interrogatorio a que, bajo jura-mento le sometiera el Investigador del Fondo del Estado, Sr. Jenaro Cortés Hernández, página 21, Exhibit 3 del asegurador. Sería bueno anotar que el informe de esa investigación fué sometido en eviden-cia por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado y ad-mitido sin la oposición de la parte que representaba a la peticionaria. Se le preguntó al Dr. Muñiz si cuando él fué a ver al obrero por primera vez le preguntó qué tiempo bacía que venía sufriendo de la infección que presentaba en la oreja derecha, a lo que replicó que efectivamente le hizo la pregunta y le dijo que el martes por la noche se había acostado porque se sentía malo; que el miércoles no se había levantado y la oreja ya estaba.inflamada. También el Dr. Car-dona declaró que durante la consulta médica, la esposa del obrero admitió que el paciente venía enfermo desde el día' 4 de octubre. Pág. 21 récord taquigráfico, y página 27 del Exhibit 3' del asegu-rador. En cuanto a este extremo el Dr. Perea declaró que cuando subió al cuarto del enfermo, lo vió, lo examinó y que de primera intención le pareció un caso muy grave y que indicó al paciente que para poder formar juicio exacto de su padecimiento tenía que expli-carle cómo le ocurrió el accidente, y que Antonio Torres Jiménez entonces manifestó que el día 4 de octubre, según el testigo anotó en su libreta, él, el obrero, sintió un dolor en la oreja un picor y que se había rascado la oreja; que el día 6 se había sentido muy malo y llamó al Dr. Muñiz, que siguió malo y entonces el día 9 se trasladó a la Clínica del Dr. Cardona. Pág. 108 récord taquigráfico. Todos los médicos que declararon en la vista pública, tanto del asegurador como de la peticionaria, estuvieron contestes en que el período de incubación de la erisipela fluctúa entre 3 y 7 días. El propio Sr, Muñiz, al preguntársele por la comisión si él creía que el cuadro que presentaba el obrero a las 11½ de la mañana del día 7 de octubre, en que se alega se lesionó, podía ser el resultado del pequeño rasguño, que se decía había sufrido el obrero hora y media antes, contestó que él no creía que el período de incubación de esa enfermedad (re-firiéndose a la erisipela) sea tan corto. Siendo ello así, que el período de incubación de la erisipela es de 3 a 7 días, ¿cómo es posible que al día siguiente del alegado accidente, a las 9½ de la mañana, 'el Dr, Muñiz pudiera advertir una erisipela ya desarrollada? Porque según declaró el referido doctor, cuando vió la oreja encontró, según la descripción que hace en la página 63 del récord taquigráfico, había un área roja con los bordes bastante elevados e irregulares, la línea de demarcación del área enferma y la normal bien definida, es decir, la enfermedad en pleno período de invasión. A nuestro juicio, la conclusión más lógica la cual está sostenida por la prueba, es que la enfermedad empezó a manifestarse el día 4 de octubre.”

Como primer error se alega que la Comisión Industrial dejó de resolver, de nna manera categórica, si efec-tivamente ocurrió o no nn accidente del trabajo en este caso. 'Esto es cierto, pero habiendo resuelto la comisión que la muerte del obrero no se debió al alegado accidente, aun cuando hubiera ocurrido, carece de méritos el señalamiento. Ninguna finalidad práctica hubiera tenido tal declaración si, como sostuvo la recurrida, la única causa de la muerte del obrero fué independiente y anterior al accidente. En rela-ción con este señalamiento podemos resolver el tercero, por el que sostiene la peticionaria que aun cuando se asumiera que la lesión que sufrió el obrero en su oreja derecha'no fué la causa directa de su muerte, afectó su condición física de tal manera que le ocasionó la muerte.

A primera vista parecería tener razón la peticionaria, a no ser por el hecho de que es ante esta Corte Suprema que por primera vez plantea esta cuestión. Ni ante el Adminis-trador del Pondo, ni ante la Comisión Industrial suscitó esta teoría, ni trató de probar la misma. A ninguno de los peri-tos médicos — y fueron cinco los que declararon ante la re-currida — se les' hizo una sola pregunta en cuanto a si la pe-queña herida que el 7 de octubre recibió el obrero en la oreja pudo en alguna forma agravar la enfermedad que según ellos ya tenía. Todos los médicos convinieron en que el período de incubación de la erisipela tuvo que iniciarse por lo menos tres' días antes, o sea el 4 de octubre. La contención de la peticionaria, en todo momento desde que inició su reclama-ción, fué que el accidente, o sea la cortadura en la oreja pro-ducida por la hoja de caña, tuvo como consecuencia inme-diata la erisipela y demás complicaciones que le ocasionaron la muerte al obrero.

La regla general en estos casos es que compete al reclamante probar que el accidente fué la causa próxima de la muerte, especialmente cuando se demuestra que el obrero sufría de una incapacidad, enfermedad o debilidad con an-terioridad al accidente. 71 C. J. 1069. Y Véanse los casos de In re Madden, 111 N. E. 379; Herlihy’s Case, 166 N. E. 556; y Gee’s Case, 186 N. E. 83.

La peticionaria, al declarar ante la comisión, en todo momento negó que su esposo sufriera de padecimiento al-guno antes del día 7 de octubre, en que, a la bora y media de haberse cortado la oreja, se acostó con fiebre. ¿Cómo puede ahora sostenerse, como pretende la peticionaria, que la recurrida erró al no resolver que la herida agravó una enfermedad que la propia peticionaria negó que existiera? Se desestima el tercer error.

Por el segundo, alega la peticionaria: “ . . . contra-rio a las normas y principios sobre apreciación de evidencia, la Hon. Comisión Industrial llegó a una conclusión errónea que no está sostenida ni concluyente ni préponderantemente por la prueba pericial y de otra índole presentada en la vista, ...”

En cuanto a la prueba de otra índole que la pericial, no estamos autorizados por la ley para entrar a considerarla, función ésta que compete exclusivamente a la Comisión Industrial; art. 11, ley 45 de 1935, supra; Amenguar v. Comisión, 49 D.P.R. 10; siendo únicamente cuando se alega que no se presentó prueba alguna en que la comisión pudiera ba-sar su fallo, que esta Corte puede revisar el mismo por dicho motivo. Cardona v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 847.

Ahora bien, tanto en este señalamiento como en el cuarto y el quinto, impugna la peticionaria (1) la aprecia-ción de la prueba pericial, y.(2) la admisión de parte de las declaraciones de los doctores Cardona, Piñeiro y Perea como prueba de referencia.

Hemos leído cuidadosamente el extenso récord de la trans-cripción de evidencia y somos de opinión de que la Comisión Industrial no erró al resolver que la prueba pericial demos-tró que el período de incubación de la erisipela es de tres a siete días, pues así lo declararon todos los médicos, y que a lo sumo el término mínimo podía ser el de dos días, según declaró el Dr. Perea, y qne habiéndose probado qne el obrero presentaba todos los síntomas y características de dicha en-fermedad menos de veinticnatro horas despnés de haber re-cibido la herida en sn oreja, ésta no pndo ser la cansa de dicha enfermedad. Tampoco erró la comisión al admitir y dar crédito a las declaraciones de los doctores Cardona y Perea al efecto de qne tanto la peticionaria como sn esposo les informaron qne él venía enfermo desde el 4 de octnbre, o sea tres días antes del alegado accidente. Estas declara-ciones constituían admisiones hechas, tanto por la peticiona-ria como por el obrero inmediatamente despnés de oenrrir el alegado accidente y dnrante sn corta enfermedad y forma-ban parte de la transacción en controversia, res gestae, y como consecnencia eran admisibles para contradecir la decla-ración posterior de la peticionaria al efecto de qne su esposo se enfermó el día 7 de octnbre. Los hechos de este caso lo distinguen perfectamente de los del de Tomás v. Comisión Industrial, resuelto por este Tribunal el 4 de febrero de 1942 (59 D.P.R. 860) en el que se resolvió que la declaración atri-buida al obrero antes de ocurrir el accidente era de referen-cia e inadmisible. [7] Pero es más, asumiendo qne dichas declaraciones fueran de referencia, del récord aparece que el abogado de la peticionaria no hizo objeción alguna ante la Comisión Industrial a su admisión, y por. tanto sería aplica-ble la regla citada por esta Corte en el caso de Fajardo et al. v. Tió, 17 D.P.R. 244, de que: “las declaraciones de referen-cia tienen fuerza probatoria en los casos en que no se hu-biere hecho objeción contra su admisión y no se hubiere im-pugnado la veracidad de los testigos, ni fueren tales decla-raciones esencialmente increíbles o improbables.” Al mismo efecto, véase la monografía en 104 A.L.R. 1130.

El último error señalado es de carácter genérico y se re-fiere de nuevo al conflicto de la prueba y a que la preponde-rancia de la misma favorecía la teoría de la peticionaria en su reclamación. Con lo anteriormente expuesto basta para concluir que, en cuanto el mismo se refiere a la prueba peri-cial, carece de méritos.

Debe desestimarse la petición y confirmarse la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    The RFC Mortgage Company y Medical Arts Building, Inc., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1100.

    Sometido: Marzo 27, 1942.

      Resuelto: Abril 10, 1942.

      II. Torres Sold, abogado de las recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La RFC Mortgage Company hizo un préstamo de $50,000 a la Medical Arts Building, Inc. Para garantizar este prés-tamo, el prestatario otorgó una hipoteca a favor de la RFC Mortgage Company sobre su edificio en San Juan. El Re-gistrador de la Propiedad se negó a inscribir la hipoteca por el fundamento de que ésta no tenía los sellos notariales y do inscripción exigidos por la ley. El caso se encuentra ante nos a través de un recurso gubernativo contra tal nota del registrador.

Los recurrentes fundan su caso en lo siguiente: (1) la Sección 610, Título 15, United States Code, al eximir de con-tribuciones a la RFC Mortgage Company, dispone que esta exención “será . . . interpretada como aplicable a los prés-tamos hechos” por ella; (2) Pittman v. Home Owners’ Loan Corporation, 308 U. S. 21, resuelve que una contribución de Maryland, calculada de acuerdo con la cantidad del préstamo garantizado, no se puede imponer eonstitucionalmente en adición al derecho (fee) de inscripción como una condición para el registro de una hipoteca otorgada a favor de la Home Owners’ Loan Corporation.

La réplica del registrador es que los sellos en cuestión son un derecho (fee), por los servicios que él presta, y no una contribución. El hecho de que el estatuto se refiera a los sellos como un “derecho” (fee) en vez de una “contri-bución” no es concluyente. “La descripción de una ley por la (Legislatura) ... no obliga a este Tribunal.” (Federal Land Bank v. Crosland, 261 U. S. 374, 378). Por tanto de-bemos determinar si el cargo envuelto en este caso es (a) una contribución, (b) parcialmente una contribución y par-cialmente un derecho (fee), o (e) un derecho (fee).

Tanto el caso de Crosland como el de Pittman re-conocen que puede cobrarse un derecho (fee). “Desde luego, el Estado no está obligado a suministrar su registro gratui-tamente. Tiene derecho a cargar una suma razonable para hacer frente a los gastos que dicha institución le acarrea. Pero en este caso la legislatura ha hecho una distinción hon-rada entre los derechos de arancel y el cargo adicional que reconoce francamente con el nombre de contribución. Si tra-tara de disfrazar la contribución confundiendo ambos im-puestos, las cortes serían las llamadas a considerar hasta qué punto el cargo excedía lo requerido para su sostenimiento, como por ejemplo cuando se fija un impuesto excesivo por inspeccionar artículos de comercio interestadual. Foote v. Maryland, 232 U. S. 494.” Federal Land Bank v. Crosland, 261 U. S. 374, 378. (Bastardillas nuestras.)

Los recurrentes podrían muy bien argumentar que nues-tro estatuto no provee, como en los casos de Pittman y Cros-land, para el pago de un derecho (fee) separado de inscrip-ción en una suma nominal; por el contrario, nuestro esta-tuto, aunque redactado en términos de servicios prestados mediante el pago de un derecho (fee), está graduado de acuerdo con la cantidad garantizada, exactamente como en aquellos casos; el llamar a la recaudación un derecho (fee), no la convierte en derecho (fee), y mucho menos en una con-tribución, en ausencia de una demostración de servicios pres-tados en proporción con el pago que se exige; si la hipoteca en este caso fuera por $1,000 el registrador hubiera exigido una cantidad menor en sellos para ser adheridos como una condición de la inscripción; el hecho de que la hipoteca sea por $50,000 no puede justificar el pago de tan elevada can-tidad que el registrador está exigiendo por los aparentemente idénticos servicios que él rendiría por inscribir una hipoteca de $1,000.

Si tal razonamiento fuera convincente, todavía no esta-ríamos obligados a resolver que los servicios deben rendirse gratuitamente. Determinaríamos solamente “hasta qué punto el cargo excedía lo requerido para su sostenimiento.” Véase Foote v. Maryland, 232 U. S. 494, 504. Compárese, San Juan Trading Co. v. Sancho Bonet, 114 F. (2) 969, 975, certiorari denegado, 312 U. S. 702, en donde la corte al declarar discri-minatorio un estatuto de Puerto Bico sobre contribuciones, relevó al contribuyente solamente del exceso discriminatorio. Algunas cortes ban resuelto problemas similares requiriendo solamente el pago del derecho {fee) fijado para documentos que envuelven el valor mínimo. Véase Malin v. Lamoure County, 27 N. D. 140.

Sin embargo, no creemos necesario enfrascarnos en la tarea de determinar hasta qué punto, de serlo, el cargo es excesivo a los servicios prestados. Esa cuestión no es nueva en esta jurisdicción.- Aunque ninguna de las partes lo cita, el caso de León y Rivas v. Registrador, 47 D.P.R. 890, que fué resuelto subsiguientemente a y a la luz del caso de Gros-land, nos resuelve este problema. La competente opinión del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila en ese caso lee en parte como sigue, a la página 892:

‘ ‘ Como muy bien dice el registrador, la inscripción es una labor complementaria del funcionamiento del registro. Su función más importante y meritoria es el estudio y calificación que el registrador hace de ios títulos, dependiendo la inscripción de esta labor fundamental. El que quiere inscribir un derecho real, recibe simultánea-mente los beneficios de este estudio, como resultado del cual, si el documento es defectuoso, se pone al interesado sobre aviso y se le da una oportunidad para corregir los errores y .perfeccionar su título a fin de que pueda recibir los beneficios y garantías que ofrece la inscripción. El despacho o inscripción de un título en el registro de la propiedad requiere y exige, dada la naturaleza de nuestro sis-tema registral, un estudio profesional detenido del título mismo, de los documentos complementarios y de los antecedentes o historia de los bienes en el registro. Los derechos, continúa el registrador, se pagan por esta labor englobada, si bien se gradúan por distintas escalas que están en relación directa con la importancia del servicio.”

Y a la página 895:

“Ya hemos dicho que de acuerdo con el estatuto federal no puede compelerse al Federal Land Bank al pago de una contribución; pero si se trata de un derecho o fee, entonces la referida institución está obligada a satisfacer una compensación por los servicios que se le presten. Es claro que no pueden equilibrarse con exactitud los egresos y los ingresos, y que lo más que puede esperarse es una razo-nable aproximación. Sería absurdo pretender que los legisladores pudiesen predecir la cuantía de los mismos con exactitud matemá-tica. De suerte que si estos aranceles o derechos no exceden del costo del sostenimiento del registro de una manera irrazonable, deben considerarse como fees y no como contribuciones. Y a nosotros no se nos ha demostrado que la presunción prima facie de la razonabi-lidad del derecho haya sido destruida.”

* En síntesis, Alabama y Maryland cobran un derecho (/ee) nominal y fijo de inscripción por secundarios (minor) servi-cios clericales de naturaleza ministerial. Por otra parte, en Puerto Eico un registrador de la propiedad es un oficial cua-sijudicial que fia prestado fianza y que rinde importantes servicios profesionales que envuelven el ejercicio de su cri-terio al examinar y certificar la validez de documentos sobre título ya inscritos. En verdad, el Procurador General de Estados Unidos fia sentado un ruling que un certificado de inscripción de un registrador de la propiedad en Puerto Eico es evidencia suficiente del estado del título. 25 Ops. Att’y Gen. 226.

Puede argüirse que en un caso particular el cobro es ex-cesivo, pero el Gobierno no está en la necesidad de justificar el cobro exacto en cada caso. Si puede demostrarse que en el caso promedio se prestan servicios sustanciales, y que esos servicios pueden variar directamente con el valor de la can-tidad envuelta en los documentos de título, la inhibición cons-titucional contra la imposición de contribuciones a una ins-trumentalidad federal no se infringe mediante el pago de un derecho (fee) graduado. Los servicios profesionales, parti-cularmente en. el campo del derecho, son frecuentemente afec-tados por el valor, y su compensación usualmente se gradúa de conformidad. Si la legislatura ha llegado a la conclusión de que la experiencia nos enseña que, como una proposición general, los documentos que envuelven terreno valorado en $50,000 requieren servicios profesionales más extensos por parte del registrador que aquéllos que envuelven una par-cela de $1,000, no estamos preparados para decir que esta posición es enteramente irrazonable. El hecho de que en un caso específico no se haga un cálculo minucioso que justifi-que el cobro del cargo, no afecta el principio general. Foote v. Maryland, 232 U. S. 494, 504.

Reconocemos que bajo nuestra decisión (holding) no ha-brá una fórmula por la cual se obtenga la protección de la inscripción mediante el pago de un derecho (fee) nominal pagado únicamente por los servicios clericales allí envueltos. Pero esta Corte no puede rehacer el sistema de registros de Puerto Rico. Cualquier persona que desee valerse de éstos, incluyendo las instrumentalidades federales, debe cumplir con sus requisitos. Como cuestión de hecho, la opinión del' Pro-curador General de los Estados Unidos, supra, vivamente ilustra los beneficios, en adición a la protección de la inscrip-ción, derivados de un certificado del Registrador. El pago de $107 en sellos por tales servicios y tal protección para una hipoteca de $50,000 no es prima facie un recargo excesivo.

En resumen, señalamos que si la RFC Mortgage Company desea exención del pago de los derechos (fees) que agencias comerciales privadas que hacen préstamos deben pagar por los servicios profesionales prestádosles por fun-cionarios insulares, solamente la Legislatura puede hacer tal exención. Así lo ha dispuesto la Legislatura para documen-tos que envuelven préstamos que no exceden de $1,500 he-chos por ciertas agencias agrícolas federales (Ley Núm. 311, Leyes de Puerto Rico, 1938) y para transacciones de la Puerto Rico Reconstruction Administration para rehabilitación rural (Ley núm. 78, Leyes de Puerto Rico, 1941). La Legis-latura, y no nosotros, debe determinar si servicios profesio-nales similares, aunque más extensos, deben ser prestados libres de derecho en préstamos comerciales de $50,000 en que el prestatario paga solamente 4½ por ciento de interés, particularmente cuando mediante nn contrato especial el prestatario y no la EFC Mortgage Company paga dichos derechos (fees).

Eesta sólo señalar que la posición de las recurrentes está bien fundada en lo que se refiere a los sellos notariales. Dichos sellos obviamente envuelven una contribución con el fin de obtener rentas insulares para fines generales, a cam-bio de los cuales no se rinden directamente servicios públi-cos al acreedor hipotecario. No nos convence el argumento del Eegistrador de que aunque los sellos notariales sean una contribución, la hipoteca misma dispone que los “gastos de esta escritura” y “todas las contribuciones que pudieren imponerse sobre” la hipoteca, serán pagados por el deudor hipotecario, quien no puede reclamar exención. ‘ ‘ Quienquiera que lo pague, es una contribución sobre la hipoteca, y eso es-lo que está prohibido por el estatuto de los Estados Unidos.”’ Federal Land Bank v. Crosland, 261 U. S. 374, 378, 379; Pittman v. Home Owners’ Corp., 308 U. S. 21, 30, 31.

La nota recurrida será modificada y se ordenará al Re-gistrador que inscriba la hipoteca libre del pago de los sellos notariales y previo el pago en sellos de ■los derechos (fees) de inscripción dispuestos por la ley.


author: El Juez Asociado Señor De

text:
    Diego Guerrero Noble, peticionario, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico et als., demandados.
    Núm. 369.

    Sometido: Marzo 18, 1942.

      Resuelto: Abril 14, 1942.

      Diego Guerrero Noble, pro se, Luis Dubón, Félix Ochoteco y Benicio Sánchez Castaño, abogados del peticionario; Juan E. Soltero P-&ralta, abogado de los demandados; R. Soltero Peralta, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor De

Jesús emitió la opinión del tribunal.

El demandante, abogado debidamente autorizado por este Tribunal para ejercer su profesión en esta Isla, en represen-tación de su cliente J. Pérez & Cía., Sucrs., radicó una que-rella ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico solicitando se condene al Tesorero de Puerto Ruerto Rico a devolverle el montante de ciertas contribucio-nes pagadas bajo protesta. Rehusó dicho organismo dar curso al procedimiento, alegando para ello que el demandante no había sido admitido a postular ante el citado tribunal, para lo cual precisaba, no obstante la autorización concedí-dale por el Tribunal Supremo, que el demandante debía ajus-tarse a los requisitos prescritos por las reglas numeradas 2 y 3 de aquel tribunal.

La primera de las reglas citadas, bajo el título de “Ad-misión para Practicar”, exige de los abogados admitidos a postular ante la Corte Suprema de Puerto Rico y ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, que radiquen una solicitud de autorización para practicar ante el Tribunal de Apelación, acompañada de un certificado del secretario de la corte ante la cual el solicitante fue ad-mitido a postular y otra del Secretario del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico, acreditativa de que fue admitido y de que su licencia no está cancelada o suspendida. El solici-tante, de acuerdo con dicha regla, deberá acreditar que nunca ha sido suspendido ni separado (disbarred) de la práctica de su profesión; consignará bajo juramento que ha estudiado detenidamente las reglas de práctica del Tribunal de Apela-ción de Contribuciones de Puerto Rico, así como la legisla-ción contributiva y sus reglamentos administrativos, y que se considera debidamente capacitado para asumir la repre-sentación de clientes que fueren partes en casos que se ra-diquen en aquel tribunal. No obstante ser el solicitante un abogado admitido al ejercicio de su profesión por este Tribunal, el Tribunal de Apelación, de conformidad con la regla 2, podrá denegar la solicitud de admisión si a su juicio dicho solicitante no llena los requisitos para practicar ante el mismo. Aceptada que sea la solicitud, el aspirante deberá prestar un juramento en términos similares al que prestó en este Tribunal al admitírsele al ejercicio de su profesión.

Por la regla 3, bajo el título “Suspensión y .Separación (.Disbarment) ”, el citado tribunal se reserva el derecho de suspender o separar (disbar) a cualquier persona después de haber, sido admitida, cuando a su juicio dicha persona no posea los requisitos o cualificaciones para representar a otros o carezca de las cualidades de moralidad e integridad nece-sarias para practicar, o por conducta profesional impropia. Prescribe además la citada regla 3 que ninguna persona será suspendida por un período mayor de 60 días ni será sepa-rada (disbarred) sin antes darle la oportunidad de ser oída; que “el tribunal podrá inmediatamente suspender a cualquier personá admitida, por no más de 60 días, por desacato o con-ducta impropia durante el curso de cualquier procedimiento,” y por último que “cualquier información falsa en la solici-tud para admisión, o en cualquier documento radicado por persona admitida, será suficiente causa para tal persona ser separada (disbarred) de practicar ante el tribunal.”

Alegando el demandante que el tribunal demandado ca-rece de facultades para exigirle tales requisitos y que por el contrario tiene el deber ministerial de admitirle - a postular mientras la licencia que le expidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico no le sea suspendida o cancelada por este último, radicó este recurso de mandamus para que se ordene a los demandados al cumplimiento del alegado deber. Expedido el auto alternativo, comparecieron los demandados oponiéndose a las pretensiones del demandante. Para la mejor inteli-gencia de las cuestiones a resolver en este recurso, conviene en primer término conocer la naturaleza del tribunal en cuestión, así como las facultades que le han sido conferidas. A ese fin, examinemos las secciones 1, 3, 4, 5 y 7 de la “Ley para crear el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, determinar su organización, autoridad y funcio-miento, establecer su jurisdicción . . . ”, aprobada el 13 de mayo de 1941 (Leyes de 1941, pág. 1039).

Por la sección Ia. se crea el Tribunal de Apelación, compuesto de un presidente y cuatro miembros asociados. El presidente será el oficial ejecutivo del tribunal, encargado de poner en vigor todos sus acuerdos, órdenes y resolucio-nes, y será un abogado con práctica activa en el ejercicio de su profesión en Puerto Rico por un término no menor de 10 años, y de los cuatro miembros asociados, uno será un con-tador público autorizado de reputación y experiencia; otro será un ingeniero civil, de reputación y práctica profesional en Puerto Rico por un término no menor de diez años; otro será un ingeniero agrónomo, con cnalificaciones similares a las del ingeniero civil; y el otro, un hombre de negocios o economista versado en cuestiones contributivas, las que jus-tificará por sus trabajos realizados con anterioridad a su nombramiento.

La sección 3 prescribe que el tribunal funcionará con un carácter cuasijudicial, dictando las reglas que fueren necesa-rias a los fines de regular los procedimientos que se lleven a cabo ante él; que dichas reglas harán constar específicamente que toda reclamación ante el tribunal se iniciará por medio de una querella jurada que deberá presentar el reclamante por sí o por medio de un representante debidamente autori-zado, y en dicha querella expondrá clara y concisamente los hechos y principios legales en que base su reclamación. Tam-bién determinarán las reglas la notificación de toda querella al Tesorero de Puerto Rico, debiendo entregarse copia de la misma a dicho funcionario en su oficina y debiendo éste con-testarla por escrito y comparecer en todos los casos repre-sentado por un funcionario del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Prescribe también la sección 3 que después de presentar la querella, los procedimientos subsiguientes, in-cluso la práctica de la prueba que fuese necesaria para die-, tar una resolución, los determinará el tribunal en sus reglas de procedimiento, y en los casos que no estuvieren clara-mente especificados en las reglas, se aplicarán las disposi-ciones del Código de Enjuiciamiento Civil que regulan los procedimientos ante las cortes de distrito. Se le confiere ade-más jurisdicción para revisar la tasación y retasación de la propiedad mueble o inmueble, y conocerá de todas las recla-maciones que pudieran formularse ante dicho tribunal por personas interesadas contra las resoluciones del Tesorero de Puerto Rico que afecten al impuesto y pago de contribucio-nes sobre la propiedad, de la contribución sobre ingresos y de la de transmisión de bienes por herencia. Pero esta ju-risdicción no podrá invocarse hasta que haya recaído una resolución administrativa por parte del Tesorero de Puerto Eico sobre el asunto en controversia.

Prescribe la sección 5 que después que baya quedado trabada la controversia mediante la querella y la contesta-ción, el tribunal procederá a la prueba que fuere necesa-ria y a llevar a cabo todos aquellos actos pertinentes para su'mejor ilustración, con el fin de rendir una resolución justa de acuerdo con la ley. Terminada la práctica de la prueba y cualquier investigación adicional ordenada por el tribunal, se procederá a su consideración dictándose la decisión por la mayoría del tribunal. Estas decisiones tendrán carácter de finales, pero la parte perjudicada podrá, dentro de los treinta días después de haberse rendido la decisión, recurrir para ante el Tribunal Supremo por certiorari para revisar los procedimientos. Pero este último tribunal al conocer del caso tendrá que basar su decisión exclusivamente en las constancias de los autos. En otras palabras, no podrá re-cibir prueba adicional; prescribiéndose además que la inter-posición de dicho recurso no suspende los efectos de la de-cisión recurrida, la cual será ejecutoria desde luego, sujeta por supuesto a la sentencia del Tribunal Supremo.

Por último, la sección 7 autoriza al Tribunal de Apela-ción para dictar un reglamento interno regulando su funcio-namiento.

Las disposiciones de la citada ley claramente demuestran que la práctica ante el Tribunal de Apelación de Contribu-ciones requiere conocimientos y técnica jurídicos. Para po-der postular ante dicho Tribunal precisa en primer término que el postulante conozca los principios fundamentales de Derecho y especialmente los relativos a la Ley de Contribu-ciones, no sólo para poder aconsejar a su cliente sobre si procede o no la reclamación, sino para la preparación de-la querella, donde deberá exponer los principios legales en que base su reclamación. Luego de trabada la controversia, en la celebración de la vista del caso, necesitará conocer las re-glas de procedimiento y especialmente las de la Ley de Evi-dencia en cnanto fueren aplicables, no sólo para lograr la ordenada y correcta presentación de sn prneba, sino para evitar, en defensa de los intereses qne le ban sido confiados, qne se presente por sn oponente evidencia inadmisible o irre-levante tendente a desviar al tribunal de la verdadera cues-tión en controversia. La correcta presentación de la prneba es de excepcional importancia en la práctica ante diebo tribunal, pues el remedio de revisión ante el Tribunal Supremo que concede la ley no es como el que se daba contra las re-soluciones de la Junta de Revisión e Igualamiento, que con-sistía en un pleito ordinario ante la corte de distrito, donde se ofrecía de nuevo la evidencia pertinente de acuerdo con las nuevas alegaciones, y cualquier error de procedimiento en que hubiera podido incurrir una parte en dicha junta, en ninguna forma podía perjudicarle en el nuevo pleito ante la corte de distrito. Dentro del certiorari que se concede para revisar las decisiones del Tribunal de Apelación de Contri-buciones, no puede considerarse evidencia alguna que no conste de los autos, y naturalmente requiere que el postu-lante baya presentado correctamente su caso a fin de que el Tribunal Supremo, al revisar el procedimiento, esté en con-diciones de hacer cumplida justicia.

Mucho se ha escrito sobre lo que constituye el ejercicio de la abogacía y no vamos a extender innecesariamente esta opinión discutiendo las distintas fases que ofrece la práctica de la profesión de abogado. Bastará a ese efecto referirnos al artículo de Frederick C. Hicks y Elliot R. Katz titulado “The Practice of Law by Laymen and Lay Agencies”, pu-blicado en 41 Yale L. J. 69, y a la opinión disidente del Juez Stephens en el caso de Merrick et al. v. American Security & Trust Co., 107 F. 2d 271, 278, donde ampliamente se dis-cute la cuestión. Puesto que la fase que está envuelta en este caso es la práctica que se lleva a efecto en un tribunal o junta de carácter cuasijudicial, a ella exclusivamente din-giremos nuestra atención. En la monografía que aparece en 111 A.L.R. 19, 32, refiriéndose a esta cuestión, se dice:

“Para determinar si la participación de una persona en represen-tación de otra en las audiencias o procedimientos de una junta o comisión constituye el ejercicio de la abogacía, la naturaleza del acto y no del sitio donde se realiza, se ha dicho que constituye el factor decisivo. Así pues, cuando es preciso aplicar conocimiento y téc-nica jurídicos, esa actividad constituye el ejercicio de la abogacía aunque se lleve a efecto ante una junta o comisión.”

Véase también People ex rel. Chicago Bar Ass’n v. Goodman, 111 A.L.R. 1.

Si a la forma en que funciona el Tribunal de Apelación -de Contribuciones, de Puerto Rico de acuerdo con la ley que lo creó, aplicamos el criterio anteriormente expuesto, fácil-mente llegaremos a la conclusión de que dicho tribunal ejerce funciones cuasijudiciales. Si la jurisdicción de dicho tribunal es de naturaleza cuasi judicial, sus puertas deberán estar abiertas a los abogados como si de un tribunal de justicia se tratase. Siendo ello así, ¿puede exigirse al demandante como condición precedente para poder postular ante dicho tribunal, que cumpla con los requisitos prescritos por lás reglas anteriormente reseñadas?

La facultad de autorizar al ejercicio de la abogacía ha sido siempre prerrogativa exclusiva del poder judicial. Esa prerrogativa tiene raíces muy hondas en la Ley Común. Del artículo de Blewett Lee, publicado en 13 Harvard Law Review 233, tomamos el siguiente extracto sobre la historia de la admisión al ejercicio de la abogacía:

“En 1292, Eduardo I dictó una orden por la cual designó al Lord Chief Justice of the Court of Common Pleas y a sus demás colegas de aquella corte para que de acuerdo con su discreción escogiesen de cada condado ciertos abogados que fuesen los mejores y más aptos por sus conocimientos y habilidades y que pudiesen servir a la corte y al público, y que los así escogidos y no otros, siguieran a la corte y despachasen sus asuntos. Dicho Rey y su Consejo estimaban en-tonces que el número de ciento cuarenta era suficiente, pero se dejó a la discreción de los jueces aumentar o disminuir dicho número de acuerdo con su criterio. (I Pollock & Maitland, History of English Law, 194; Dugdales’ Orig. Jurid. 141.) La profesión de abogado fué puesta bajo el control de los jueces y la discreción para examinar aspirantes en cuanto a sus conocimientos y cualiíicaciones y para su admisión al ejercicio de la abogacía era ejercitada día tras día por el departamento judicial del- gobierno inglés, y ninguna ley trató de privarle de ese poder o de transferirlo a cualquier otra rama del gobierno. El Parlamento legisló sobre la materia, pero la legislación tenía por objeto excluir personas no preparadas para ejercer, que constituían una amenaza para el bien público por su ignorancia o indignidad. Los estatutos siempre reconocieron que la admisión de abogados era una cuestión que incumbía esencialmente a las cortes como cuestión de discreción judicial y solamente tendían a proteger al público contra personas impropias. La primera de estas leyes fué la de 4 Henry IY, c. 18, pasada en 1403. El número de aboga-dos había crecido a dos mil y la ley, exponiendo que los daños y males provenían del número de abogados ignorantes de la profesión, ordenó y estableció que todos los abogados fuesen examinados por los jueces y de acuerdo con su discreción sus nombres se inscribían en el re-gistro, y los de aquellos que no servían oran eliminados de acuerdo con la discreción de los jueces, notificándose a los clientes de estos últimos para que empleasen otros abogados en lugar de aquéllos, evitando así que pudiese causarse perjuicio a dichos clientes. (Maugham, Attorneys, Ap. 9.) En 1413, por el estatuto 1 Henry Y, undersheriffs, sheriffs, secretarios, receivers y alguaciles fueron excluidos de la práctica de la profesión, porque ‘las personas que debían servicios feudales al rey (the Icing’s liege people) no se atre-vían a perseguir o a quejarse de las extorsiones y opresiones de que eran víctimas por parte de los oficiales de los sheriffs.’ En 1455, por el estatuto 33 Henry VI, c. 7, el Parlamento limitó el número de abogados para Suffolk, Norfolk y Norwich, diciendo que el nú-mero había excedido de ochenta, ‘la mayoría de los cuales, no teniendo suficientes conocimientos, incitaban al público a pleitear por peque-ñeces. ’ En 1606, por el estatuto 3 James I, c. 7, se intentó regla-mentar con más amplitud la abogacía. (Maugham, Attorneys, Ap. 13.) El Parlamento, por ninguna de estas leyes, trató de determinar los conocimientos que debía tener una persona para darle derecho a admisión. Las cortes, de tiempo en tiempo, dictaban sus reglas rela-tivas a la admisión de abogados y en ocasiones proveían para el nom-bramiento de un comité o junta de examinadores. (Maugham, Attorneys, Ap. 14, 16.) Blackstone dice (3 Oom. 26) : ‘Estos abo-gados están ahora organizados en cuerpos regulares; son admitidos a la práctica de su profesión por las cortes de Westminster Hall . . . Nadie puede postular como abogado en alguna de dichas cortes que no haya sido admitido y haya prestado juramento como abogado de esa corte en particular; un abogado de la corte de King’s Bench no puede postular en la corte de Common Pleas, ni viceversa. . . . Así pues, aun tan remotamente como desde el estatuto 4 Henry IV, c. 18, se había legislado que los abogados fuesen examinados por los jueces y nadie era admitido que no fuese virtuoso, conocedor de la ley y que no hubiese jurado cumplir su deber.’ ” (Págs. 388-340.)

Esa prerrogativa a favor del poder judicial que se inició por un decreto de Eduardo I de Inglaterra en 1292, se ha mantenido inalterada hasta nuestros días. En el caso de People ex rel. Chicago Bar Ass’n v. Goodman, supra, pág. 40, se dijo por la Corte Suprema de Illinois:

“El poder para regular y definir la práctica de la abogacía es una de las prerrogativas del departamento judicial, como una de las tres ramas del gobierno creadas por el artículo 3 de nuestra Consti-tución. El poder legislativo puede legislar declarando ilegal la prác-tica de la abogacía sin haber sido debidamente autorizado para ello. Tales estatutos operan en auxilio de y no suplantan o menoscaban la facultad del poder judicial para controlar el ejercicio de la abo-gacía. In re Day, 181 Ill. 73, 54 N. E. 646, 50 L.R.A. 519; Rhode Island Bar Ass’n v. Automobile Service Ass’n (R. I.), 179 A. 139, 100 A.L.R. 226. Esta corte tiene el poder inherente de prescribir reglas para el estudio del Derecho, y para la admisión de aspirantes al ejercicio de esa profesión. People v. People’s Stock Yards State Bank, 344 Ill. 462, 176 N. E. 901; In re Day, supra. Como un incident e de esa facultad esta corte tiene jurisdicción para disciplinar o separar del ejercicio de la abogacía (disbar) por justa causa a los abogados por ella autorizados a postular.”

En el gobierno de esta Isla también existe la división de poderes, a saber: ejecutivo, legislativo y judicial, y el ar-tículo 40 de nuestra Ley Orgánica, al definir el poder judicial, prescribe que éste residirá en las cortes y tribunales de Puerto Rico. Claro es que siendo nuestro Tribunal Supremo el más alto de dichos tribunales y cortes, a él incumbe ejer-citar, con exclusión de los demás, una prerrogativa similar a la que en 1292 inició Eduardo I de Inglaterra a favor de la' Corte de Common Pleas. En efecto, la ha venido ejerci-tando ininterrumpidamente, y la ha defendido y reclamado cuantas veces se ha pretendido usurpársela. Hace treinta y un años, cuando en el caso de Coll v. Leake, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 857, 866, una corte de distrito, en el curso de un juicio dictó una orden que equivalía a suspender temporal-mente a un abogado en el ejercicio de su profesión, este Tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. MaeLeary, se expresó así:

"Ahora viene la segunda cuestión para su consideración. ¿Qué autoridad tiene un tribunal de distrito en Puerto Rico para suspender a un abogado én el ejercicio de sus funciones como funcionario del tribunal, o para hacerlo en parte, eliminando su nombre de la lista de abogados en un caso determinado1? No existe tal autoridad.
"Según nuestras leyes, los tribunales de distrito no tienen juris-dicción para admitir abogados al ejercicio de su profesión, ni pueden éstos ser. suspendidos temporal o permanentemente en el ejercicio de su profesión por la acción de esos tribunales. Estas funciones le corresponden exclusivamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el modo de ejercerlas está precisamente prescrito por el estatuto. (Stats. Rev., P. R., Arts. 39 al 43 y artículos enmendatorios de los mismos: Leyes de Puerto Rico de 1909, págs. 101-103, arts. 9 y 10 de la Ley de 11 de marzo de 1909.) ’1

Y no han transcurrido tres años desde que en el caso de Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54, 55, este Tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. Travieso, nuevamente defendió esa facultad en los siguientes términos:

"La admisión de una persona al ejercicio de la abogacía es una función de carácter puramente judicial. Entre las facultades inhe-rentes a la rama judicial de nuestro Gobierno está la de determinar los requisitos que deberán cumplir y las cualidades que deberán reunir los solicitantes de una licencia para ejercer como abogados, ante sus tribunales/ ’

En reconocimiento de ese poder en el Tribunal Supremo, nuestra Legislatura', al organizar el Colegio de Abogados de Puerto Rico por la ley núm. 43, aprobada en 14 de mayo de 1932 (Leyes de 1932, pág. 523), dispuso en su artículo 4 que “Serán miembros del Colegio todos los abogados que estén admitidos a postular ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico . . . ”, y por.su artículo 12 excluyó del ejercicio de lá profesión al que no hubiese sido así admitido al prescribir:

“Art, 12. Toda persona que sin ser debidamente admitida y li-cenciada para el ejercicio de la profesión según se dispone por esta Ley o que durante la suspensión de su licencia practique como persona capacitada para ello, se anuncie como tal o trate de hacerse pasar como abogado en ejercicio, será culpable de un delito menos grave; y convicta que fuere, se le impondrá multa -no menor de cien (100) dólares o prisión por período no menor de dos meses, o ambas penas. ’ ’

Aparentemente las reglas del Tribunal de Apelación de Contribuciones en cuanto a la admisión de abogados para postular ante él respecta, no menoscaban la facultad de este Tribunal Supremo para determinar quiénes pueden ejercer la profesión de abogado en las cortes de justicia y centros o juntas de naturaleza cuasijudicial. Pero a poco que se exa-minen las reglas en cuestión, se advertirá que no se da cum-plido y absoluto crédito a las resoluciones de este Tribunal Supremo admitiendo aspirantes al ejercicio de la abogacía, toda vez que a dichos abogados se les exigen requisitos adi-cionales que no hay derecho a exigirles, y se reserva el Tribunal de Apelación la facultad de no admitirlos si a su juicio y no obstante haber declarado lo contrario este Tribunal, dichos abogados no están capacitados para ejercer ante él, re-servándose además el derecho de suspenderlos temporal o permanentemente en el ejercicio de su profesión ante aquel tribunal, prerrogativa ésta que como hemos visto, corres-ponde al poder judicial representado por la Corte Suprema de Puerto Rico.

Los demandados invocan en apoyo de sn facultad para dictar las reglas en cnestión, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Goldsmith v. U. S. Board of Tax Appeals, 270 U. S. 117, 70 L. ed. 494. La jurispru-dencia establecida en ese caso tiene perfecta aplicación den-tro del sistema judicial federal, donde el lar no está centra-lizado y cada corte tiene derecho a su propio bar, indepen-diente por completo del de las demás cortes federales. Así vemos que un abogado admitido a postular en la Corte Su-prema de los Estados Unidos no tiene derecho a postular ante cualquier otra corte federal a menos que cumpla con los requisitos exigidos para admisión en esta última, y un abo-gado admitido a postular, digamos por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, no tiene derecho por esa sola razón a postular en las cortes de distrito de dicho circuito. Es más, si en vez de Puerto Rico constituir un solo distrito judicial federal, estuviese dividido en dos o más dis-tritos, cada una de las cortes de esos distritos tendría su pro--pio bar, distinto e independiente del de las otras. Tóase a este efecto el artículo de J. S. Waterman, Decano de la Es-cuela de Leyes de la Universidad de Arkansas, titulado “The Federal Bar: A Decentralized System of Admission and Disbarment,” publicado en 20 American Bar Association Journal 762, el primer párrafo del cual dice así:

“La sección trigésimaquinta del Judiciary Act de 1789, indicativa de un sistema judicial compuesto de cortes independientes unas de otras, disponía que cada corte federal adoptase reglas para gobernar la admisión de Iqs que debieran practicar ante ella. Este sistema no centralizado de admisión existía en algunas de las colonias, y por consiguiente su adopción por el Congreso al establecer el nuevo sis-tema de cortes federales no fue una innovación.”

Tóase al mismo efecto la obra de Frankfurter y Landis, “The Business of the Supreme Court. — A Stu,dy in the Federal Judicial System,” página 218.

El “Board of Tax Appeals,” siendo como es una agencia federal con facultades cuasijudiciales, tiene derecho a orga-nizar su propio bar, y como la ‘admisión de nn abogado por una corte federal no le da derecho a postular en otras cortes a menos que sea admitido en ellas, es claro que tales aboga-dos no tendrían derecho a postular en el Board of Tax Appeals, como tampoco podrían hacerlo en otras cortes federa-les a menos que fuesen admitidos de acuerdo con las regias de dichas cortes. Tampoco pueden postular en el Board of Tax Appeals los abogados de los distintos estados, porque tratándose de una agencia federal, necesitan ser admitidos ante ella, puesto que la admisión a postular por la Corte Su-prema de sus respectivos estados no les autoriza a postular en las cortes federales sin previa admisión.

En Puerto Rico, como en los estados de la Unión, el bar está centralizado. Existe un solo bar y la admisión por parte de la Corte Suprema de Puerto Rico autoriza al abogado así admitido, a postular en todas las cortes de la Isla de Puerto Rico, así como en las juntas o comisiones insulares que ejer-citan facultades cuasijudiciales.

Por último, arguyen los demandados que el remedio adecuado no es el mandamus y sí el de certiorari, porque de acuerdo con la ley que crea y organiza la Corte de Apelación de Contribuciones, sus decisiones sólo pueden revisarse por medio de certiorari ante la Corte Suprema de Puerto Rico. Esas decisiones revisables por certiorari son aquéllas que el tribunal dicta en el ejercicio de su jurisdicción; pero la cues-tión suscitada por el demandante es completamente ajena a la jurisdicción concedida por la Legislatura a dicho tribunal, y teniendo el demandante un derecho claro a postular ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones, siendo deber ministerial de éste admitirlo a postular por el solo hecho de haber sido admitido a ejercer la profesión por la Corte Su-prema de Puerto Rico y no'haberle sido suspendida ni revo-cada su licencia, procede la expedición del auto perentorio de mandamus para obligarle.a cumplir el indicado deber ministerial.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Joseph T. Rundle, demandante y apelado, v. Luz María Fraticelli, demandada y apelante.
    Núm. 8414.

    Sometido: Abril 10, 1942.

      Resuelto: Abril 14, 1942.

      Carlos D. Vázquez, abogado de la apelante; Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Flanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Después que la demandada había contestado la demanda original, el demandante cambió de abogado y éste, sin soli-citar permiso de la corte inferior, radicó una demanda en-mendada. La demandada, sin hacer objeción alguna, pri-mero excepeionó y luego contestó dicha demanda enmendada quedando el caso listo para juicio. Así las cosas, la deman-dada a su vez cambió de abogado y éste radicó una moción en la que solicitó la eliminación de la.demanda enmendada por el motivo de haber sido radicada sin permiso de la corte y asimismo solicitando se ordenara al demandante suminis-trarle ciertas especificaciones. La moción fué declarada sin lugar y la demandada apelante en esto basa sus dos prime-ros señalamientos de error en este recurso. A nuestro jui-cio carecen de mérito.

La demandada al excepcionar y contestar la de-manda enmendada sin hacer objeción alguna a su radicación sin permiso de la corte renunció (waived) al derecho que tenía de plantear dicha cuestión. El hecho de que la deman-dada estuviera posteriormente representada por un abogado distinto no varía la situación, pues las actuaciones del primer abogado obligan a la demandada. La admisión de una • alegación enmendada descansa en la sana discreción de las cortes y el derecho a que se cumpla con el requisito de un permiso previo puede ser renunciado por la parte contraria sin que por ello se viole ningún derecho sustantivo o juris- ' diccional. 49 C. J. 848, sec. 1253. Es más, en el caso de autos no ludio perjuicio alguno pues a la demandada se le con-cedió permiso para radicar una segunda contestación enmen-dada.

En cuanto a la concesión de un pliego de especifi-caciones, el artículo 124A incluido en nuestro Código de En-juiciamiento Civil en 1939 (Ley núm. 73 de 1939, (1) pág. < 463) tomándolo de la sección 247 del New York Practice Act, dispone lo siguiente:

“Artículo 124 A. — Bill of Particulars. — Upon application in any case, the court, upon notice, may direct a bill of the particulars of the claim of either party to be delivered to the adverse party, and in ease of default the court shall preclude him from giving evidence of the part or parts of his affirmative allegation of which particulars have not been delivered. (N. Y. Practice Act. Sec. 247, pág. 139.) ” (Bastardillas nuestras.)

No liemos tomado la cita del texto inglés de la ley sino que en dicho idioma aparece transcrita en el texto castellano. Como puede verse el estatuto usa la palabra “may”, que en su acepción corriente y salvo casos especiales, denota que el estatuto es directivo y nó mandatorio y por tanto concede discreción a las cortes para conceder o no el pliego de espe-cificaciones solicitado de acuerdo con las circunstancias en. cada caso.

En el caso de In re Bird’s Estate, 283 N.Y.S. 588, se re-solvió, al interpretar la sección 247 del Civil Practice Act. de Nueva York, que el conceder o denegar una moción soli-citando un pliego de particulares es discrecional en la corte-sentenciadora.

En el caso de autos la demanda enmendada contenía dis-tintas alegaciones de injurias graves y maltrato de palabras y de obras, y también de un acto específico de agresión por parte de la demandada al demandante y la corte inferior consideró innecesarias las especificaciones solicitadas. No creemos que se excediera en el uso de su discreción.

Por el tercer señalamiento se alega que.la corte inferior erró al admitir prueba de actos de agresión no ale-gados en la demanda enmendada. Dicha prueba era admi-sible para corroborar el acto específico ya alegado.

La cita que hace el abogado de la apelante en su alegato del último párrafo de la sección 122 de 27 C.J.S. 715, está incompleta. Esta es una práctica censurable que no debe adoptarse por un letrado ante ninguna corte y menos aún ante esta Corte Suprema. La regla que se expone en el men-cionado párrafo de la sección de C.J.S. dice así:

“ Variance as to cruelty. Where cruelty is alleged as a ground for divorce, the particular acts relied on in the complaint to establish it must be substantially proved as alleged, although nonessential circumstances need not be proved precisely as set forth. Also, the proof should be limited to the particular acts of cruelty relied on as constituting the ground for divorce, although the court may take into account other acts of cruelty explanatory of the relations of the parties and tending to corroborate the specific acts alleged.”

Las - bastardillas son nuestras y constituyen la parte su-primida por el abogado de la apelante. Su lectura demues-tra que aun cuando la regla general es como la expresa el apelante, la prueba de corroboración es también admisible. Más adelánte en 27 C.J.S., Divorce, sec. 130, al tratar espe-cíficamente sobre la prueba admisible en casos de trato cruel, se expone la excepción a la regla general, diciéndose: “evi-dencia de otros actos de crueldad puede ser admitida para explicar, corroborar o' agravar los alegados como fundamen-to del divorcio . . . ” y se sostiene que su admisión descansa grandemente en la discreción de la corte.

En el caso de autos el demandante alegó en la demanda enmendada que la demandada, además de las injurias graves que de palabra le dirigía, lo agredió con una silla con tal fuerza que la silla se rompió infiriéndole un fuerte golpe en el costado. Estas alegaciones fueron probadas y ja prueba adicional al efecto de que la demandada le tiró al deman-dante con un salero no tuvo otro alcance que corroborar los hechos alegados como fundamento del trato cruel. Si toma-mos en consideración, además, el hecho de que después de haber el demandante presentado dicha prueba se suspendió la vista del caso para continuarla siete días después, no se puede sostener, como alega la demandada, que fué sorpren-dida con la misma y no tuvo tiempo de refutarla. No se co-metió el error.

Los demás señalamientos se refieren a la aprecia-ción que de la prueba hizo la corte inferior, alegando la ape-lante que cometió manifiesto error. Para sostenerlos se llama la atención por el abogado a varias discrepancias y aparentes contradicciones entre, las declaraciones de los tes-tigos del demandante y lo declarado por él. Hemos estudiado los autos y si algo tienden a demostrar esas discrepancias es que los testigos no estaban instruidos previamente en cuanto a la forma exacta en que debían declarar. Como se dijo en el caso de Pueblo v. Ramos, 35 D.P.R. 765, “es raro que- los testigos de una de las partes estén de acuerdo res-pecto a los detalles. Es mucho más probable estar en com-pleta armonía en casos en que los testigos han sido prepa-rados.”

Nada encontramos en la prueba que nos autorice a va-riar la conclusión a que llegó la corte inferior cuando se ex-presó en su opinión en esta forma:

“. . . La prueba del demandante demuestra, sin lugar a dudas y vacilaciones, que desde algunos meses después de casado la deman-dada, con mucha frecuencia, lo insultaba y que en tres ocasiones agredió al demandante sin cuasa o motivo alguno para ello. La prueba de la demandada fué muy débil y la misma no nos merece crédito. Los testigos del demandante, esposos García, quienes con-vivieron con las partes varios meses, nos han merecido entero crédito. La propia demandada admite que dichos esposos son gente buena y respetable.
“ # * .* * * * #
“Del análisis que hemos hecho de toda la evidencia, llegamos a la conclusión de que las frases y actos de la demandada para con el demandante no eran el resultado de un disgusto violento y sí de-muestran el propósito firme y decidido de la misma de estar conti-nuamente molestando, injuriando y ofendiendo, al demandante Rasta hacerle al mismo insoportable la vida conyugal, destruyendo por completo la tranquilidad y felicidad del demandante y anulando asi los fines legítimos del matrimonio.”

Los hechos en el caso de Gómez v. Trujillo, 59 D.P.R. 468, citado por la apelante, y especialmente la prueba que la de-mandada presentó en dicho caso, lo distinguen y hacen in-aplicable al de autos.

Debe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada.