author: El Juez Asociado Señor Hutchison, JUEZ ASOCIADO SR. TEXIDOR

text:
    Luis Serrano, demandante y apelante, v. Porto Rican & American Insurance Co., demandada y apelada.
    No. 4318.

    Sometido: Diciembre 9, 1929.

      Resuelto: Marzo 19, 1930.

      lí. Arjona Siaca, abogado del apelante; Salvador Sumí y F. Prieto, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró con lugar una excepción previa interpuesta contra la demanda presentada en una acción sobre cobro de póliza de seguro por accidente, y deses-timó la acción. La teoría de la excepción y del juez de dis-trito fué que la demanda no aducía becbos suficientes para determinar una causa de acción, toda vez que no demostraba ninguna relación contractual entre el demandante y la demandada.

El demandante alegó que mientras conducía cierto auto-móvil perteneciente a doña María Isabel Landrón, arrolló y lesionó a la niña Emma Sanabria, de seis años de edad; que la dueña del automóvil notificó prontamente a la demandada del accidente, e informó detalladamente respecto” al mismo por medio de una relación por escrito firmada por el deman-dante; que el automóvil guiado por el demandante en el momento del accidente estaba asegurado por la demandada por la suma de $5,000 contra todos los daños y perjuicios que pudiera causar el uso de dicbo vehículo, por lesiones corpo-rales o muerte a consecuencia de las mismas que se ocasionen a una sola persona dentro de la vigencia de la póliza; que ex a condición de dicha póliza que el seguro acreditado por ella beneficiaría a cualquier persona que anduviera en dicho automóvil, así como a cualquier persona, firma o corporación responsable de su conducción. La demanda también demos-traba que la niña, Emma Sanabria obtuvo una sentencia por daños y perjuicios contra el demandante en el presente caso por la suma de $5,000, más las costas. Según fué sometida y resuelta la excepción previa por la corte inferior, ésta no se dirigió hacia este aspecto de la causa de acción.

En julio del pasado año la sentencia declarando sin lugar 3a demanda fué confirmada por el tribunal dividido. En noviembre esta corte ordenó, motu proprio, una nueva vista, y el caso fué nuevamente argumentado en diciembre.

La única cuestión que no fué levantada en la corte inferior y que se sugirió en el alegato original de la apelada es que en la demanda, no se alega que la póliza estuviese en vigor en el momento de ocurrir el accidente. Se alega que el accidente tuvo lugar el 28 de noviembre de 1926. El demandante también sostiene que la póliza fué expedida para tener efecto desde enero 8, 1926, a las 12 p. na., hasta la misma hora del día 8 de enero de 1927, y, que no había sido cancelada ni terminada durante dicho término, ni antes, ni en el momento, ni después del accidente. Es una inferencia lógica de esta alegación que la póliza estaba en vigor, en el momento en que ocurrió el accidente.

No tenemos a la vista la póliza en cuestión, y los hechos alegados en la' demanda son admitidos por la excepción. Puede que el contrato de seguro descrito en la demanda sea poco corriente, pero no es nulo. Véanse los artículos 1222 y 1224 del Código Civil y el 51 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En el estado actual de estos procedimientos, los casos de Vélez v. Martánez, 35 D.P.R. 552, y Castillo v. Caribbean Casualty Co., 37 D.P.R. 405, no son aplicables.

La única duda que continúa en la mente de cualquiera de los miembros de la mayoría, según está ahora constituida, es respecto a una cuestión que no fué suscitada por la apelada en este tribunal ni en la corte inferior. Desde luego que este tribunal tiene el derecho a determinar de propia iniciativa la suficiencia de una demanda en cualquier momento. Ordinariamente, sin embargo, es preferible que tal cuestión permanezca pendiente hasta que sea considerada por una corte de ■ distrito, o, por lo menos, hasta que la desarrollen los argumentos de los abogados. En el ■caso de autos asumimos que la compañía de seguros, al basar su excepción previa en el fundamento específico que ya hemos indicado, tuvo la intención de renunciar por el momento cualesquiera otras objeciones posibles contra la suficiencia de la demanda.

Bebe revocarse la sentencia apelada, declararse sin lugar la excepción previa, y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

OPINION DISIDENTE DED

JUEZ ASOCIADO SR. TEXIDOR

CON LA QUE ESTÁ C'ONBORME EL JUEZ ASOCIADO. SR. AUDREY.

Ante la Corte de Distrito de San Juan, P. R., presentó Luis Serrano una demanda en la que se alegó textualmente lo que sigue:

“1.- — ’El día 28 de noviembre de 1926, mientras el demandante, siendo aproximadamente las 5 de la tarde, se dirigía guiando un au-tomóvil marea Essex, No. 7643, de la matrícula privada de Puerto Rico, por la calle Guadalupe de Ponce, P. R., hacia el Club Depor-tivo de Ponce, arrolló y produjo lesiones a la niña Emma Sanabria, de 6 años, aproximadamente, de edad.
“2. — En el momento del accidente el demandante era la única persona que iba en dicho automóvil y era responsable de su funcio-namiento.
“3. — La persona dueña de dicho automóvil quien era doña María Isabel Landrón, de Ponce, P. R., dió cuenta del accidente, por es-crito, el día 4 de diciembre de 1926 a la Porto Rican and American Insurance Oo., que es una corporación establecida de acuerdo con las leyes insulares sobre corporaciones y que se dedica al negocio de se-guros de automóviles, cuyo informe del accidente hizo la expresada señora María Isabel Landrón, mediante documento firmado por el propio demandante, en el cual se detallaban todas las circunstancias del accidente y del aseguro del automóvil.
“4. — Efectivamente, el automóvil que guiaba el Demandante en el momento de autos estaba asegurado por dicha corporación asegu-radora Porto Rican and American Insurance Co., demandada en este caso, mediante cuyo aseguro la expre'sada corporación deman-dada se obligó a satisfacer, hasta una suma de $5,000, moneda ame-ricana, todo daño y perjuicio que pudiera ocasionar el uso de dicho vehículo, por lesiones corporales, o muerte a consecuencia de dichas lesiones, siempre que las mismas ocurriesen a una sola persona, den-tro de la vigencia de la póliza, siendo condición de dicha póliza que el aseguro por la misma acreditado beneficiaría a cualquier persona que anduviera en dicho automóvil, así como a cualquier, persona, firma o corporación responsable del funcionamiento de dicho auto-móvil.
“5. — -La póliza creditiva del aseguro' de dicho automóvil fué ex-pedida para tener efecto desde el día 8 de enero de 1926 a las 12:00 P. M. hasta igual hora del día 8 de enero de 1927, y nunca fué, durante dicho período, ni antes, ni en el momento del accidente, ni después del mismo, cancelada o terminada, habiendo la corpora-ción demandada asumido la responsabilidad ya expresada de dicho aseguro mediante el pago de una prima o consideración ■ que cobró para sí y retuvo siempre dicha corporación demandada.
“6. — El día 12 de enero de 1927, la lesionada Emma Sanabria compareció a la Corte de Distrito de Ponce, P. R., por conducto de bu padre legítimo, Eustaquio Sanabria, y formuló una Demanda contra el ahora Demandante, que inició el caso civil núm. 1375 de dicha Corte, en la cual reclamaba, como daños y perjuicios sufridos por virtud del accidente referido en dicha Demanda, que es la misma relatada al hecho l9 de ésta, la suma de $9,000.00, moneda ameri-cana.
“7. — La Corte de Distrito de Ponce, P. R., con fecha 4 de marzo de 1927, dictó sentencia en dicho caso y condenó al entonce’s deman-dado y ahora demandante Luis Serrano, a satisfacer a la entonces demandante, Emma Sanabria, la suma de $5,000.00, moneda ame-ricana, en virtud del antes relatado accidente, más las costas en la acción.
“8. — El demandante e'stá cubierto por la póliza de seguros ex-tendida y suscrita por la demandada Porto Rican and American Insurance Co., tal como queda antes detalladamente ameritado.”

Y pidió se condenara a la demandada a asnmir la respon-sabilidad del pago de los $5,000, más las costas en ambos jileitos.

A esta demanda se opnso la excepción previa de falta de hechos para constituir causa de acción, la que fué declarada con lugar, y dictada, sentencia de acuerdo con tal declaración. Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso.

Dos señalamientos de error se hacen por el demandante apelante. Pueden, prácticamente, reducirse a uno. Son así:

“Primer Error. — Erró la Corte, inferior al dictar, digo, al decla-rar con lugar la Excepción Previa a la demanda, sobre falta de causa de acción.
“Segundo Error. — Erró la Corte inferior al dictar sentencia en contra del demandante y apelante en este caso.”

Se sostiene por la parte apelante que el error de la corte consistió en considerar que no habiendo sido el demandante parte en el contrato de seguro entre la compañía demandada y la dueña del automóvil, no podía ejercitar acción alguna sobre tal contrato. -

Acerca de este particular se argumenta por la apelante,, tomando por base la diferencia entre la doctrina de la ley común y la de los diferentes Estados de la Unión, que han repudiado aquélla. Por la ley común — se dice — se establecía que los que no eran parte en un contrato, no podían demandar y ejercitar acción fundándose en tal contrato; por la. juris-prudencia y la legislación codificada se ha sostenido lo con-trario. Y se cita el caso Austin v. Seligman, 18 Fed. 519, en donde, con relación a. aquella regla se dice:

“En ninguna de. estas deeisione's ni en parte alguna de este país, se ha reconocido la regla inglesa.”

Cítanse luego numerosas decisiones, sobre todo del Estado de California.

Planteemos la situación en este caso.

No hay duda alguna de que gran parte de los Estados ha rechazado la regla inglesa, bien por medio de la jurispru-ciencia, bien por medio de legislación codificada. Y esos Estados, en la decisión de sus casos, se fian atenido, ya a su jurisprudencia, ya a sus códigos.

No encontramos razón alguna para que en esta jurisdic-ción no sigamos el mismo procedimiento. Y si tenemos un estatuto claro y definido, es inútil que busquemos en la juris-prudencia o en la ley de otro Estado, la solución que en nuestra ley o nuestra jurisprudencia tenemos hecba.

En nuestro Código Civil existe un artículo, el 1224, cuyo segundo párrafo es así:

“Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento siempre que hubiere hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya 'sido aquélla re-vocada. ’ ’

Y en lo que a este precepto legal se refiere es conveniente, o si se quiere, necesario, ver cómo lo ba interpretado nuestra jurisprudencia.

En el caso Gelabert et al. v. Sánchez, demandado, y Gelabert et al., interventores, 26 D.P.R. 654, se citó el artículo 1224 del Código Civil, y la nota de Manresa con relación al 1257 del Código Civil Español. Esta última dice:

“Hasta el momento de la aceptación puede variarse lo estipulado y aún desistir de ello por el mutuo disenso de los verdaderos contra-tantes; desde que aquélla se verifica, ya una tercera, persona se mezcla en la relación y adquiere un derecho que sin su consenti-miento no puede modificarse ni extinguirse, adquiriendo también el de defender, aun contra los otros interesados, la validez del contrato. 8. Manresa, Código Civil Español, 616.”

En el caso Sucesión Orcasitas v. A. M. Somoza y Compañía, 31 D.P.R. 625, se ba dicho:

“No pueden los hechos ocurridos considerarse como comprendidos en el artículo 1224 del Código Civil referente a que cuando un con-trato contuviere estipulación a favor de un tercero, éste podrá exi-gir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada, porque entre Josefa Orca’sitas y Sucesores de Orcasitas y Compañía no existió un contrato ni existió estipulación a favor de José Ramón Orcasitas y porque en todo caso no se ha probado que éste hubiese hecho saber aceptación alguna a dicha mercantil, por lo que Josefa Orca'sitas pudo dejar sin efecto, como lo hizo, la orden que había dado a dicha mercantil, según se ha resuelto en el caso de Gelabert v. Sánchez, 26 D.P.R. 656.”

El caso José G. Castillo v. Caribbean Casualty Co., 37 D.P.R. 405, tiene analogía con el que resolvemos. En la opinión en ese casó se lee lo que sigue:

“El caso es enteramente simple. Lo complican las partes. No cabe dictar sentencia en contra de la demandada porque no existe relación contractual alguna entre ella y el demandante. Es cierto que la materia del seguro fueron los accidentes que pudieron cau-sarse con el automóvil de que se trata, pero el seguro lo hizo el dueño con la compañía para que ésta respondiera por él. Aquí no se demandó primitivamente al dueño ni se dictó sentencia contra él de que deba responder la compañía aseguradora. No im-porta que Martínez fuera el chauffeur de Sosa, pues se le demandó personalmente y únicamente contra él se dictó sentencia. So'sa no tuvo oportunidad de defenderse ni la compañía de defenderlo' para defenderse a ’sí misma. Castillo' escogió como único responsable a Martínez y Martínez no estaba protegido por la póliza de la Caribbean. La póliza protegía a Soba de las responsabilidades en que éste pudiera incurrir por accidentes causados por su automóvil. Y aquí, repetimos, no se ha demostrado responsabilidad alguna por parte de Sosa. Es incomprensible .en verdad que la demanda 'se entablara sólo contra Martínez si es que Martínez era el chauffeur de Sosa y actuaba dentro del radio de su empleo. Sólo se explica que de tal modo se siguiera el primer pleito, teniendo en mente el segundo, no yendo el dueño en el auto cuando ocurrió el accidente, intentándose así eludir que se aplicara la ley y la repetida jurisprudencia de esta Corte Suprema sobre el particular, ■ liberándose de responsabilidad al dueño y por consiguiente a la compañía aseguradora. Se quiso llegar a é'sta saltando por encima del dueño, basándose en una sen-tencia obtenida contra su chauffeur, pero tal procedimiento no en-cuentra apoyo en la ley, ni en la jurisprudencia. Los contratos, dice el artículo 1224 del Código Civil sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos.
“Sólo cuando el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, e's que éste puede exigir su cumplimiento, y aún entonces, según el mismo precepto legal citado, siempre que el ter-cero hubiere hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada. En este caso no había estipulación alguna expresa a favor del demandante, ni implícita a meno's que se hu-biera demandado a Sosa. Martínez sin Sosa, o:sea el chauffeur inde-pendientemente del dueño, no está relacionado legalmente con la compañía. Tampoco el auto sin el dueño.”

La aceptación por el tercero a cuyo favor se crea un derecho es indispensable. La razón de ello es elemental. Indispensables para que surja el consentimiento son la oferta y la aceptación; faltando cualquiera de esos elementos el consentimiento contractual no aparece en la vida del derecho. Y, como secuela, no nace contrato alguno; y no tiene tampoco existencia la acción para reclamar el cumplimiento de con-trato.

En códigos que tienen similaridad con el nuestro; encon-tramos el principio que comentamos. En el Código Civil de Louisiana, vemos los siguientes artículos:

”1890. — Una persona puede también, en su propio nombre, cons-tituir algún beneficio para una tercera persona como condición o consideración de un contrato conmutativo o de una donación one-ro'sa; y si tal tercero consiente en aprovecharse por sí del beneficio estipulado a su favor, el contrato no puede ser revocado.
”1902. — Pero un contrato en que se estipula algo para beneficio de un tercero que ha expresado su intención de aceptarlo no puede ser revocado en lo que se refiere al provecho estipulado a favor de tal tercero, sin su consentimiento.”

En la jurisprudencia española, hallamos con anterioridad al Código Civil, y en sentencias del Tribunal Supremo la declaración de que el que acepta una obligación contraída por otro a favor de un tercero, queda obligado a su cumpli-miento, siempre que aparezca justificada por hechos poste-riores la aceptación por parte de aquél a cuyo favor se hubiese constituido.

Comentando el artículo 1257 del Código Civil Español, igual en su texto al artículo 1224 de nuestro Código Civil, dice Scaévola:

” (e) Aceptación por el tercero de la estipulación consignada a su favor.- — Es elemento capital, a partir del cual nace la relación ju-rídica. De nada sirve que las partes, los otorgantes de un contrato, ■hayan formulado algún derecho, o alguna obligación, en pro o en contra, respectivamente, de una tercera per’sona; ésta será un ex-traño, ajeno por completo a la convención, a quien no alcanzan, en lo favorable ni en lo adverso, las consecuencias de ella. Por algo el Código emplea la conjunción condicional ‘siempre que’ equiva-lente a ‘con tal que’; es decir, si el tercero acepta; en otro caso, no. ”

Debe notarse que la frase del código es más precisa que lo que cree el comentarista. No basta con que el tercero acepte, sino que es preciso que baga saber a-1 obligado su aceptación.

En la demanda de que se trata no se alega ni que Luis Serrano aceptara el beneficio de la póliza, ni que hiciera saber a la demandada tal aceptación. Se alega, que el deman-dante está cubierto por la póliza del seguro; pero esto no es otra cosa que una conclusión legal, que, en su caso, y en vista de los becbos y la prueba, tendría que hacerla la corte. Y no estamos obligados a aceptar tal conclusión como un hecho.

La cuestión de existencia o inexistencia de nexo jurídico entre demandante y demandado fué planteada por la apelada en este caso. Aun si no lo hubiera sido, el carácter de general que tiene la excepción, nos justificaría al considerar tal aspecto, en apelación.

En cuanto al fondo, la excepción previa está bien resuelta.

Por las razones expresadas debe confirmarse la sentencia apelada.

Estoy autorizado para decir que el Juez' Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoh Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Francisco Javier Morales, demandante y apelante, v. Manuel Abelardo Martínez y su esposa Mercedes del Valle Goenaga, demandados y apelados.
    No. 5220.

    Sometido: Febrero 10, 1930.

      Resuelto: Marzo 21, 1930.

      E. S. F. Dottin, abogado del apelante; E. Martínez liwera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 4, 1929, Francisco Javier Morales instó acción dé desahucio por falta de pago. El Io. de noviembre los de-mandados consignaron la suma de doscientos dólares en pago del canon correspondiente al mes de octubre. El Io. de diciembre los demandados consignaron en igual forma dos-cientos dólares para el mes de noviembre. En diciembre 19, la, corte de distrito dictó sentencia a favor del demandante. El 23 del mismo mes los demandados radicaron una moción de reconsideración y un escrito de apelación. El día 7 de enero de 1930 los demandados consignaron doscientos dólares más en pago del canon de diciembre. El mismo día la corte dejó sin efecto la sentencia dictada a favor del demandante, y declaró sin lugar la demanda.

• Los demandados solicitan ahora la desestimación de la apelación interpuesta por el demandante contra la sentencia declarando sin lugar la demanda. El primer fundamento de la moción suscita las cuestiones de renuncia, de elección de remedio, y de impedimento (estoppel).

El 16 de enero, el demandante solicitó y obtuvo la entrega de los seiscientos dólares consignados por los deman-dados. La moción dice: Que con fecha 19 de diciembre de 1929 la corte dictó sentencia a favor del demandante; que los demandados apelaron y consignaron en secretaría a favor del demandante la suma de seiscientos dólares, importe de los cánones de octubre, noviembre y diciembre; que en enero 7 la corte dejó sin efecto su sentencia y declaró sin lugar la demanda; y que el 9 de enero el demandante apeló. La súplica de la moción solicitando la entrega del dinero empieza con la indicación de que uo debe entenderse que el deman-dante renuncia a ninguno de sus derechos en relación con la referida apelación.

La sección 11 de la Ley de Desahucio dispone que las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia. La sección 12 lee en parte así:

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en 'secretaría el importe del precio adeudado basta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
* * # * * * *
‘ ‘ Tanto la .consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.”

Si la tercera consignación se hubiese efectuado dentro del término permitido para perfeccionar la apelación, sería tal vez una inferencia lógica suponer que los demandados tenían la intención de que ese depósito, juntamente con los otros dos que ya se habían efectuado, surtiera el efecto de la consigna-ción requerida por la sección 12, supra. Sin embargo, ése no es el caso. La tercera consignación no fué hecha dentro del término estatutorio de cinco días, sino unas dos semanas después de haberse radicado el escrito de apelación. Se hizo el mismo día que el juez de distrito dejó sin efecto la sen-tencia dictada a, favor del demandante. Si se hizo antes o después de haberse dejado sin efecto esa sentencia, no aparece de los autos. La moción o el escrito acompañando la consig-Dación no está ante nosotros. Fuera de la insinuación que está implícita en la súplica de la parte demandante de que se le entreguen los seiscientos dólares, nada hay que demuestre que la tercera consignación no fué hecha en igual forma que las dos que le precedieron, como canon vencido por concepto de un contrato de arrendamiento existente. La orden ai virtud de la cual el demandante obtuvo posesión del dinero decretó la‘entrega de “los seiscientos dólares ($600) que los demandados han depositado en esta corte a favor de aquél en concepto del pago de los cánones de la finca en litigio que debieron ser satisfechos en los días 31 de octubre, 30 de Noviembre y 31 de diciembre de 1929.”

Nuestra Ley de Desahucio no exige que el demandado efectúe una consignación en dinero para ningún fin durante el curso del procedimiento o con anterioridad al momento en que se registre sentencia, ni con posterioridad a ella, salvo cuando el demandado interpone apelación contra una sen-tencia adversa, y en conexión con la tramitación posterior de ese recurso.

Sin embargo, los artículos 1140 y 1144 del Código Civil leen en parte así:

“Artículo 1140. JE1 que tuviere varias deuda's de uua misma es-pecie en favor de un solo acreedor, podrá declarar al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas debe aplicarse. . .
“Artículo 1144. Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.”

El demandante alegó falta de pago de los cánones de arrendamiento que vencieron en agosto 31 y septiembre 30. Los demandados negaron esta alegación. Al dictar sentencia a favor del demandante la corte halló que los cánones corres-pondientes a los meses de agosto y septiembre habían sido satisfechos en octubre 5, después de haberse incurrido en mora en lo que al canon, de agosto se refería. Esta sentencia fué dejada sin efecto por el fundamento de que el demandante había aceptado el canon de septiembre, después de haberse dejado de pagar el canon correspondiente a agosto. El escrito que se acompañó a la consignación del canon de octubre especifica que el demandante se había negado a recibir dicha cantidad al serle ofrecida en octubre 31. El escrito que acompañó la consignación de noviembre contiene una alega-ción similar respecto a la oferta y la negativa de noviembre 30.

En 6 ít.C-L. página 1132, sección 653, se dice que:

“El caso más corriente de renuncia a la falta de pago del canon de arrendamiento 'surge de la aceptación del canon por el arrendador después de haberse incurrido en mora, y es regla universal que si el arrendador acepta el canon de su inquilino después de tener pleno aviso o conocimiento de la violación de la cláusula o condición del contrato a virtud de la cual podía exigirse la re'scisión, esto consti-tuye una renuncia del derecho al desahucio, que no puede recabarse posteriormente con motivo de tal violación o por alguna otra viola-ción anterior a la aceptación del canon. En otras palabras, la aceptación por parte de un arrendador de los cánones de arrenda-miento, sabiendo plenamente que ha habido una violación de las con-diciones del contrato, y con conocimiento de todas las circunstancias, es una afirmación por él de que el contrato está aún en vigor, y está por ello impedido de alegar la violación de cualquiera de las cláusulas del contrato y de exigir la rescisión del mismo.”

Cuando el demandante, en octubre 31 .y en noviembre 30 se negó a aceptar los cánones correspondientes a octubre y noviembre, debió haber entendido que la aceptación de los mismos perjudicaría su derecho a desahuciar a los deman-dados. Cuando, después de esta negativa, los demandados consignaron las cantidades correspondientes a estos dos cánones de acuerdo con los artículos 1144 et seq del Código Civil, claramente indicaron su intención de que, si el deman-dante aceptaba el dinero así depositado, lo recibía en pago de los cánones adeudados, y no como compensación por el uso y ocupación de la finca. Cuando el demandante aceptó el dinero así consignado, lo recibió como arrendamiento. El no podía evadir el efecto de tal aceptación alegando que no debía entenderse que renunciaba al derecho de apelar. -Las conse-cuencias legales que emanan de su aceptación de los cánones como tales son determinadas por lo que él hizo, y no por lo que dijo. Shirley’s Leading Cases, 104; Kenny v. Sen Si Lun, 112 N. W. 220, y casos allí citados; Hartell v. Blackler, 10 British Ruling Cases 478, y casos citados.

No hemos pasado por alto el hecho de que en el presente caso los cánones fueron recibidos después de instarse el pro-cedimiento de desahucio. El apelante no ha levantado cues-tión alguna sobre este aspecto del caso, y no trataremos, sin la ayuda de los letrados, de desarrollar por ahora esta cuestión. Puede trazarse una línea de decisiones en 18i American. andi English Encyclopedia of Law, segunda edición, 387, párrafo (c), en 35 C. J. página 1083, párrafo 258, y en la nota que aparece al pie del caso de Hartell v. Blacker, supra, subtítulo “Waiver of Cause of Forfeiture,” subdivisión •(c), 495. Por otra parte, véanse Dendy v. Nicholl, 140 English Rep. (Reprint) 1130; Gomber v. Hackett, 70 Am. Dec. 467; Guptill v. Macon Stone Supply Co., 79 S. E. 854; Jones v. Della María, 48 Cal. App. 172; Rich v. Rose, 99 S. W. 953; y 16 R.C.L. página 1132, sección 653, en que se nos dice que “generalmente se ha resuelto que aunque el arren-dador haya entablado procedimientos para rescindir el con-trato y recobrar la posesión de la finca, si acepta los cánones posteriores, al quebrantamiento, ello equivale a una renuncia del derecho a la rescisión.”

La doctrina de elección de remedios es una forma de aplicar la ley de estoppel. 20 C. J. página 4, párrafo 2, nota 10, y casos allí citados. En el caso de Kallberg v. Newberry, 170 N. W. Rep. 113, 117, la Corte Suprema de North Dakota dijo:

“En lo que a la doctrina de elección misma 'se refiere, estamos convencidos de que no se pueden establecer reglas estrictas y termi-nantes sin incurrir en peligro de estar obligados a aplicarlas en forma tal que resulten injusta's en determinados casos. La verdadera base para una elección obligatoria es el impedimento (estoppel) y si se resuelve que la elección es obligatoria o que no lo es, dependiendo de si están o no presentes los elementos del impedimento, no puede re-sultar injusticia alguna.”

Cuando en otra acción el arrendador insiste en la con-tinuada vigencia del arrendamiento y la parte contraria inter-pone como estoppel. la institución anterior por parte del arrendador de una acción de desahucio, parece apropiado decir que la elección así hecha por el arrendador es final. Sin embargo, cuando el arrendatario, demandado en una acción de desahucio, alega como un impedimento la aceptación de los cánones, entonces es cuestión debatible si debe permi-tírsele alegar al arrendador, en respuesta y en oposición al impedimento así alegado, que su, propia elección anterior es irrevocable.

Puede haber alguna razón satisfactoria por la cual la institución de un procedimiento de desahucio es más obliga-toria para el arrendador como un acto inequívoco que indica' su intención de terminar el arrendamiento, que un aviso formal de que se desaloje la finca, al ser dado en un caso adecuado. De lo contrario, el claro razonamiento' de la Corte' Divisional Inglesa en Hartell v. Blacker, supra, puede ser considerado como aplicable a los hechos del presente caso.

Véanse además los casos de Doe v. Batten, 98 English Reports (Reprint) 1066; Goodright v. Cordwent, 101 English Reports (Reprint) 520; Dorrell v. Johnson, 34 Mass. Rep. 263; y Collings v. Canty, 60 Mass. Rep. 415.

Que sepamos la cuestión que ahora tenemos bajo nuestra consideración no ha sido discutida por los comentaristas del Código Civil Español, y no hallamos decisión alguna de la Corte Suprema de España que vaya directamente al grano.

En Enríquez, v. Watson & Co., 1 Jurisprudencia Filipina; 45, se resolvió, según se dice en el sumario, que:

“Cuando los administradores sucesivos permiten que una senten-cia de de'sabueio en contra de sus inquilinos quede sin ejecución du-rante un plazo largo, reconociendo como tales a dichos inquilinos, la sentencia pierde su fuerza ejecutoria y no puede ser ejecutada.”

Debe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    José Rafols Roger, demandante y apelado, v. Sucesión de Juan Palen Aguila, demandada y apelante.
    No. 4680.

    Sometido: Marzo 8, 1930.

      Resuelto: Marzo 21, 1930.

      Luis Mercader, abogado de la apelante; ■ A. Lens Güeña, abogado del apelado.
   EN RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Resuelto este caso, se nos pide, por la apelante, recon-sideremos nuestra decisión.

En cuanto al primer extremo de la moción, los argumentos que se ofrecen son, más o menos, los mismos que se presen-taron en la apelación. Hemos resuelto acerca de las materias allí sometidas, y nos afirmamos en el criterio sustentado, ya cue la argumentación de la apelante no nos convence.

En cuanto al segundo extremo, se ba formulado así:

“El Tribunal, al rendir su fallo, parece no haber tomado en cuenta el 'segundo error alegado.”

Este segundo error se señaló en la siguiente forma:

“29 — Al condenar a la demandada a pagar a la demandante los pagarés referidos a pesar de haberlos traspasado a terceras perso-nas. ’ ’

liemos vuelto a estudiar la contestación y la prueba. Ni en la contestación y contrademanda originales, ni en la en-mendada, temos encontrado una sola alegación que suscite la cuestión de que los pagarés fueran de un tercero, por razón alguna, o por acto alguno del demandante, que trasmitiera la propiedad. Y en la opinión de la corte inferior tampoco se trata este extremo.

En lo que toca a la prueba, de las páginas 3-y siguientes hasta la 21 inclusive, aparecen la presentación de los veinte y dos pagarés y la copia de los mismos. Estos documentos se presentaron sin oposición de la demandada.

La fórmula que en general aparece al pie de cada pagaré es ésta: |

“Páguese a la orden de cualquier Banco, Banquero o Trust Go., para abonar en cuenta a Jo'sé Rafols Roger. Isabela, P. R. (Fir-mado) José Rafols.”

En dos de los pagarés, aparece la orden para abonar en cuenta al Banco Agrícola de Aguadilla.

Esa fórmula no es la de un endoso con trasmisión de la propiedad; es una simple comisión de cobro, y no otra cosa.

No puede este tribunal dar paso a la teoría de que puede suscitarse en apelación toda clase de cuestiones nuevas, que ni siquiera se propusieron en las alegaciones, y acerca de las que no se hizo la debida preparación en el juicio. Esto está resuelto en repetidas ocasiones, y la doctrina en ese sentido no puede ser olvidada o desatendida. Por ello quedó sin tratar un señalamiento de error que no cabía en esta apelación. Pero ya que se indica que se desea una resolución, declaramos que no puede suscitarse ahora la cuestión propuesta en tal señalamiento.

Se demega la reconsideración solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Tinajero, acusado y apelante.
    No. 3772.

    Sometido: Noviembre 8, 1929.

      Resuelto: Marzo 21, 1930.

      O. 8. Pierluissi y I¿. A. Atiles, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este recurso se impugna la acusación por el fundamento de que la corte dictó sentencia contra el apelante citando el artículo 419 del Código Penal. Ese artículo se refiere a “falsificación” (counterfeiting') y se sostiene que en. la acusación nada hay que demuestre ninguna alteración de dinero o billetes o de documentos similares, o la falsa representación de personas ficticias o cualesquiera otras de las materias comprendidas en dicho artículo. Sin embargo, el fiscal sostiene, y convenimos con él, que los hechos expresados en la acusación imputan el delito de falsedad según está especificado en el artículo 413 del Código Penal. ‘Por tanto, la caracterización errónea .del delito por parte de la corte no favorecería al apelante. El Pueblo v. Falcastro, 17 D.P.R. 96, y El Pueblo v. Benítez, 23 D.P.R. 339.

De acuerdo con el fiscal la corte citó el artículo 419 por vía de ilustración, pero aun si se hubiese cometido error, no requiere ulterior atención.

El artículo 413 dispone:

“Será reo de falsedad toda persona que con intención de defrau-dar a otra, falsificare, alterare, contrahiciere o imitare cualquiera carta partida, carta, patente, escritura, contrato de arrendamiento, convenio, obligación, testamento, codicilo, comprobante de pensión, bono, pacto, billete de banco, vale, obligación, cheque, libranza, letra de cambio, contrato, pagaré, cuenta de vencimientos para el cobro de dinero o bienes, recibo de dinero o bienes, boleta de pasaje, poder, o cualquier certificado de acción, derecho o interés en el capital de al-guna corporación o sociedad, o libramiento de algún contador contra la tesorería, u orden o libramiento de tesorero, o petición para el pago de dinero o entrega de mercancías o bienes muebles de cual-quier clase, o para la entrega de cualquiera e'scritura, finiquito, des-cargo, o recibo por dinero o géneros, o cualquier finiquito, relevación o descargo de alguna deuda, cuenta, pleito, acción, demanda u otra cosa inmueble o mueble, o cualquier traspaso o transferencia de dinero, certificado de acciones, géneros, bienes muebles o semovientes o cualquiera otra propiedad, o cualquier poder, o autorización para re-cibir dinero, o para recibir o trásportar certificados de acciones o de anualidades, o para alquilar, arrendar, enajenar, o traspasar merca-derías, bienes muebles o semovientes, terrenos, tenencias, u otra pro-piedad inmueble o mueble, o cualquiera aceptación o endoso de letra de cambio, pagaré, libranza, orden o traslación, cesión , de bono's, u obligación por dinero u otra propiedad; o que falsificare o imitare el sello o letra de otra persona; o que emitiere, circulare, pasare, o intentare pasar como genuino, cualquiera de las susodichas falsifica-ciones, imitaciones o alteraciones, sabiendo que lo son, con intención de perjudicar, dañar, o defraudar a alguna persona; o que, con intención de defraudar, alterare, viciare, o falsificare la inscripción de algún testamento, codicilo, traslación de dominio, u otro docu-mento cuya inscripción constituya prueba en juicio, o el registro de la sentencia de algún tribunal, o diligencia practicada por algún fun-cionario en cumplimiento de mandamiento judicial.”

La acusación alegaba, en efecto, que el acusado trató de pagar ciertas mercancías con un cheque que se suponía estar firmado por el doctor Yordán Pasarell, y que nunca fué así suscrito, a sabiendas de que estaba falsificado, y con la inten-ción de defraudar a la razón social Colón &> Segarra, todo ello en Ponce. Por tanto, el acusado, con intención de de-fraudar a Colón & Segarra, pasó como genuino un cheque falsificado, a sabiendas de que así lo estaba. Esta fué la imputación esencial de la acusación y caía dentro de las disposiciones del artículo 413 del Código Penal.

No encontramos que haya duplicidad en la acusación, suponiendo que está cuestión fuera debidamente suscitada en la corte inferior.

El acusado alega que ha habido una variación. La discrepancia alegada fué que no hubo prueba de circulación del cheque. La prueba tendió a demostrar que el acusado había tomado los efectos en sus propias manos; que su intención fué comprarlos a Colón & Segarra; que entregó el cheque falso a un dependiente; que éste no podía aceptarlo sin la aprobación de uno de los socios de la casa; que uno de los socios de la casa se disponía a cobrar el cheque cuando llegaron la policía y el Dr. Yordán Pasarell e impidieron, procedimientos ulteriores.

Si el cheque hubiese sido válido el título habría pasado. Por tanto, no siéndolo, Colón & Segarra hubieran sido de-fraudados. La circulación del cheque y la tentativa de defraudar eran manifiestas y suficientes para una convicción, siempre que concurrieran los otros elementos del delito.

El apelante cita un caso de California para demostrar que era necesario que el Dr. Yordán negara que él había autorizado al acusado a firmar el cheque. La prueba, tanto directa como circunstancial, tendió fuertemente a establecer que el Dr. Yordán no había dado tal autorización al acusado. Cuando el Dr. Yordán se encontró con el acusado en el establecimiento de Colón & Segarra le preguntó por qué trataba de cambiar un cheque falso, o algo similar, y el acusado le suplicó que lo perdonara, y le dijo que jamás volvería a hacerlo; y mientras se dirigían al cuartel de la policía el acusado le pidió al doctor que no lo denunciara.

El tercer señalamiento de error ha sido resuelto al con-siderar la cuestión de variación.

Debemos agregar que los letrados en este caso fueron nombrados por la corte para que defendieran al acusado, y que ellos hicieron cuanto estuvo a su alcance en defensa de su representado.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    La Sucesión de Juan Bautista Dragoni, compuesta de su Viuda Margarita Pellicia y sus hijos Magdalena, Ana, Lucía, Teresa, María-Antonia, Silvestre y Pablo Dragoni y Pellicia, demandante y apelante, v. María Dragoni y Dragoni, demandada y apelada.
    No. 5238.

    Sometido: Marzo 3, 1930.

      Resuelto: Marzo 21, 1930.

      ■fosé A. y Alberto 8. Poventucl y Francisco Parra, abogados de la ape-lante; Totis Soto <& Zapater, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que desestimemos la apelación interpuesta en este caso alegando que la resolución contra la cual se lia establecido el recurso no es apelable.

La parte demandante solicitó y obtuvo de la corte inferior orden para el embargo de bienes de la demandada para asegurar la efectividad de la sentencia que se dictase. Después ele trabado el embargo solicitó la demandada que fuese levantado previa prestación de la fianza que fijase la corte; y ésta accedió a esta petición y fijó la cuantía de la fianza que para tal fin debía ser prestada. De esta resolución es que apela la demandante y alega en oposición a la moción de desestimación de su apelación, que ésta se baila autorizada por el No. 3o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil porque la orden recurrida anula la que decretó el embargo.

La resolución apelada no anula la orden decretando el embargo pues lo que bace la corte es permitir la substitución de los bienes embargados por una fianza para responder del valor de ellos; y porque no anula la orden de embargo es por lo que decreta dieba substitución, ya que si la resolución anulara la orden de embargo entonces los bienes quedarían libres de traba alguna sin prestación de fianza como conse-cuencia directa y necesaria de baber sido declarada; nula la orden de embargo. La corte no ba anulado su orden de embargo y queda subsistente, a tal punto que los demandantes podrían obtener con ella que fuesen embargados otros bienes de los demandados, si los anteriormente embargados cuya substitución por fianza se ba permitido, no fueran suficientes para asegurar la efectividad de la sentencia que recaiga.

La sección 15 de la ley para asegurar la efecti-vidad de las sentencias dispone que el pago, consignación o afianzamiento de las samas reclamadas suspenderá el embargo decretado para la seguridad de diclias sumas, o dejará sin efecto el embargo ya practicado. En este caso por el afianzamiento se deja sin efecto el embargo practicado, lo que no significa que quede anulada la orden de embargo. Ijüa petición como la que sé hizo en este caso fundada en que tales bienes sean substituidos por una fianza no impugna la validez del decreto de embargo y una orden permitiendo tal substitución no anula la primitiva orden de embargo y la deja subsistente. Por todo esto es que la resolución apelada no cae dentro de la provisión del No. 3o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que permite apelación de una orden por la que la corte anula o se niega a anular una orden de embargo, y por esto no es apelable la resolución en este caso.

Los casos citados por la apelante no son de aplicación al que resolvemos por lo siguiente: el de Paz v. Bonet, 31 D.P.R. 68, porque no se resolvió en él la cuestión de si una, orden levantando un embargo es apelable o no y, sin duda, por los beelios de ese caso prefirió esta corte considerar el recurso y confirmar la orden levantando el embargo sin decidir la desestimación que se babía solicitado; el de Polanco v. Goffinet, 26 D.P.R. 323, porque en él la corte anuló el embargo trabado por no haberse prestado fianza para el mismo; el de Avalo v. Porrata, 19 D.P.R. 20, por igual motivo que el anterior; y el de Roig v. Landráu, 29 D.P.R. 314, porque también en él se trataba de apelación contra resolución de la corte que dejó sin efecto su orden de embargo, por tanto, anulándola. Los casos de Iron Works v. Puterbough, 101 Cal. 583, y de Iron Works v. Trust, 122 Cal. 94, tampoco son aplicables, porque en ellos no se trataba de substituir los bienes embargados por una fianza sino de anulación de los embargos trabados.

La apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Vela y Celestino Martínez, acusados y apelantes.
    No. 4072.

    Sometido: Marzo 5, 1930.

      Resuelto: Marzo 27, 1930.

      Cuevas Zequeira y H. B. Lienza, abogados de los apelantes; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Vela y Celestino Martínez apelan.de una sen-tencia que condena a cada uno de ellos a pagar una multa de treinta dólares.

El testigo Quintín Santana declaró en el juicio, sin obje-ción, que el día a que se refiere la denuncia vió a Celestino Martínez en el puesto de lecbe de Enrique Vela y que Mar-tínez le manifestó que era de Enrique Vela; y el otro testigo, Luis Lebrón, dijo que estuvo en el puesto de lecbe de Enrique Vela, que así lo decía la licencia. Llamado nuevamente a declarar Quintín Santana por el fiscal le preguntó por qué decía que el depósito de lecbe es de Enrique Vela y contestó que porque estaba colgada en la pared la licencia del puesto de lecbe a nombre de Enrique Vela, firmada por el inspector-médico del distrito, Dr. Silva. La defensa solicitó que esa declaración fuese eliminada porque el testigo no puede decir por qnién estaba firmada la licencia si no se llenaban ciertos requisitos para identificar la firma de una persona pero la corte permitió que el testigo siguiera contestando, y al decir que era una licencia oficial solicitó la defensa de los acusados que esa contestación fuese eliminada porque se trata del con-texto de una certificación que debe presentarse en su totalidad y la córte no accedió a esa petición. En la prueba de des-cargo declaró el acusado Enrique Vela diciendo que no estaba presente cuando fué tomada la leche; que trabaja en el municipio; que no atiende personalmente a ese puesto; que Celestino Martínez le notificó que la muestra de leche tomada por la Sanidad resultó adulterada y que él inmediatamente llevó la otra muestra a un químico.

En esta apelación alegan los recurrentes que hubo error en la admisión de la declaración del testigo Quintín Santana en cuanto a que el puesto de leche pertenecía a Enrique Vela por haber visto la licencia en la pared, porque la mejor prueba era la licencia original expedida y en su defecto copia dé ella; pero admitiendo que ese motivo de error esté bien fundado, siempre resulta que en este caso no hubo error perjudicial para los apelantes, pues aparte de que permitieron al principio del juicio que dos testigos declarasen que el puesto de leche era de Enrique Vela y que habían visto allí su licencia, estos testimonios, unidos a las manifestaciones que Enrique Vela hizo en el juicio, prueban que el puesto de leche era de él.

El segundo motivo del recurso se funda en que a los apelantes no se' les dió oportunidad para que un perito suyo hiciera el examen de la leche que se dice adulterada.

El 14 de mayo de 1929 fué tomada la muestra de la leche quedanclo parte de ella en poder de los acusados en un frasco cerrado, lacrado y sellado. El análisis de la leche por el perito del gobierno fué terminado el 28 del mismo mes y dos o tres días después (el 30 ó 31 de mayo) fué notificado al acusado Martínez quien el mismo día lo puso en conocimiento de Enrique Vela. Este fné el 5 de junio donde el químico Sr. Pesquera para que examinase la muestra que fué dejada en el puesto de leche pero no pudo hacer ese trabajo porque ya estaba cortada la leche de esa muestra, y según el Sr. Pesquera y el perito del gobierno tal examen no puede ser hecho después de 21 días de ser tomadá la muestra. En tales circunstancias no pueden quejarse los apelantes de no haber tenido oportunidad de que un perito suyo hiciera el análisis de la leche porque en 31 de mayo quedaban a los apelantes cuatro días para que pudiera ser hecho el análisis de la muestra que tenían en su poder y culpa suya fué’ nO' acudir al Sr. Pesquera hasta el 5■ de junio en cuya fecha expiraban los 21 días dentro de los cuales tal análisis pudo ser hecho.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: ' El Juez Asociado Señoe Texidoe,

text:
    Celestino Villarán, demandante y apelante, v. Loíza Sugar Company, demandada y apelada.
    No. 4696.

    Sometido: Febrero 21, 1930.

      Resuelto: Marzo 27, 1930.

      E. López Tizol, abogado del apelante; Jaime Sifre Jr., Diego O. Ma-rrero y Horacio Frmceschi, abogados de la apelada.
   ' El Juez Asociado Señoe Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

Por lo que se alegó en la demanda y en la contestación aparece que la demandada Loíza Sugar Co., una corporación doméstica, que se dedica a la explotación de la caña de azúcar y elaboración y venta de azúcar de caña, en Loíza, P. R., es dueña de un ferrocarril a vapor que trabaja entre Loíza, Carolina y Río Grande, y que el día 26 de diciembre de 1922 a las 4 p. m. se hallaba en servicio, y era manejado por em-pleados de la demandada en trabajos de la misma.

Se alegó por la parte demandante que Carmelo Yillarán, hijo legítimo del demandante, en la fecha y hora antes citadas, iba con otras personas en un vagón de uno de los trenes de la demandada, manejado por empleados de ésta, en su servicio en aquel momento, y que por la culpa y negligencia de dichos empleados que llevaban el tren a mucha velocidad al acercarse al desvío de Pabón, y por hallarse las vías en mal estado, y lo mismo la aguja de cambio, descarrilaron y vol-caron varios vagones, entre ellos aquel en que iba Carmelo Villarán, quien cayó bajo uno de ellos y sufrió golpes y con-tusiones que le produjeron la muerte; que Carmelo1 Yillarán era un niño de ocho años, inteligente, trabajador y de buenas costumbres.

Por la demandada se alegó que sus empleados conducían el tren con cuidado y a corta velocidad, y que las vías y agujas se hallaban en buen estado; que Carmelo y su madre se habían metido en el vagón contra la expresa prohibición de los que manejaban el tren; que éste era de servicio privado de la corporación.

En el juicio el demandante presentó la certificación de nacimiento de Carmelo, y la declaración del mismo deman-dante. Y la demandada presentó moción de nonsuit, la que í'ué declarada con lugar, dictándose sentencia en consonancia con la resolución; en la relación de hechos y opinión de la corte, ésta declara que no se demostró que los empleados de la demandada fueran negligentes por el mero hecho1 de que los vagones descarrilaran, ni que el tren fuera llevado a velocidad, ni que la vía estuviera en mal estado.

Ahora el demandante-apelante señala como error el que la corte declaró sin lugar la demanda, y ser la sentencia con-traria a derecho y a la prueba.

Verdaderamente, la declaración de Celestino Vi-llarán es la prueba más pobre que pudo presentarse. El no presenció el descarrilamiento, y no podía afirmar nada en cuanto a la velocidad a que era llevado el tren; él sólo dice que cuando fué allí, al desvío, encontró que la vía y la aguja no se hallaban en buen estado, y que la vía estaba mala, y no estaba a nivel. El dijo también que no tenía experiencia en trabajos de vías, y sí ha trabajado en vagones y poniendo postes, que vió que las vías no estaban derechas, y que estando derechas las vías tienen que estar niveladas, y que la línea del desvío era la que estaba desnivelada. En siguiente in-terrogatorio para que explicara lo que él llama desnivel, dice que quiso significar que hay curva, y que allí hay varios desvíos.

La teoría del demandante es, si no nos equivocamos, que probado que el tren era manejado por empleados de la de-mandada, dentro de la esfera de sus funciones, y que desca-rriló en la misma vía propia de la demandada, el hecho1 habla por sí, y es bastante para que se presuma o se infiera la negligencia. La doctrina de res ipsa loquitur es la que él invoca.

Esa doctrina, no es de regla, sino de excepción a la que determina que la negligencia debe probarse. Cuando el hecho o el accidente es de tal naturaleza qae no ha debido ocurrir en el curso ordinario de los hechos si se hubiera guardado por los que manejan o dirigen las cosas que lo produjeron, el cuidado o la diligencia ordinaria, cabe que el hecbo o la cosa, por sí mismos, sustituyan a la prueba de negligencia. La teoría se refiere, como se ba dicbo por la jurisprudencia,, al método de prueba de la negligencia gené-rica. En el caso de San Juan Light Co. v. Requena, 224 U. S. 89, la Corte Suprema de los Estados Unidos, presenta una exacta definición:

“La doctrina de res ipsa loquMv/r es que cuando se demuestra que una cosa que ocasiona daño, sin que medie culpa de la persona le-sionada, está bajo el dominio exclusivo del demandado, y no habría ocasionado el daño en el curso ordinario de los acontecimientos si la parte bajo cuyo dominio estaba la cosa hubiera ejercido el debido cui-dado, ello suministra evidencia razonable, a falta de alguna explica-ción, de que la lesión surgió con motivo de la falta de cuidado del demandado. ’ ’

De que la doctrina no es una fórmula rígida y arbitraria, sino que se ajusta a las circunstancias, da fe la jurispru-dencia de los tribunales de diversos estados de la Unión. Su aplicación, se ba dicbo, debe depender de los becbos y circuns-tancias peculiares de cada caso concreto. Véase la nota en 45 C. J. 1200, párrafo 771.

En el caso ante nosotros, la prueba presentada, aun con las admisiones, no estableció nada atendible. No puede, por ella, concluirse que la vía estaba en malas condiciones cuando ocurrió el descarrilamiento, ni que el tren fuera a una velo-cidad no usual, ni que el niño fuera un pasajero aceptado como tal. La madre del niño, que iba con él en esa ocasión, no es llamada a producir su testimonio. El demandante, o no puede, o no quiere, probar. T en esas condiciones no debe esperar otra solución que la que tuvo la moción de nonsuit.

En el caso Calcerrada v. American Railroad Co., 39 D.P.R. 276, al tratar de las mociones de nonsuit, bemos dicbo:

“Existe algún conflicto entre las autoridades, pero la corriente de ellas es que una moción de nonsuit cuando la prueba que favorece al demandante es débil, o cuando se anularía definitivamente un ve-redicto rendido a su favor, la corte entonces puede declarar con lu-gar la moción. Estate of Morey, 147 Cal. 495; Grant vs. Chicago Milwaukee & St. Paul Railroad Co., 252 Pac. 382; 38 Cyc. 1556.
“En el caso de Montana se dijo que la cuestión relativa a la exis-tencia de prueba substancial es una cuestión de derecho que debe ser resuelta por la corte. Las decisiones a vece's dicen que si la prueba que favorece al demandante es inherentemente improbable, la moción puede prevalecer. En los Estados Unidos continentales la regla es que el jurado apreciará la's cuestiones de hecho, pero en Puerto Rico el llamado a apreciar la prueba es el juez únicamente. Quizá si la demandada nos hubiese llamado la atención a alguna de esta jurisprudencia, y hubiera hecho énfasis en algunas de las cues-tiones a que nos referiremos, tal vez no hubiésemos revocado la sen-tencia.”

No puede aplicarse aquí el caso Orta v. The Porto Rico Railway Light & Power Co., 36 D.P.R. 743. Los hechos son distintos. En el caso que citamos no hubo duda alguna de la obligación de la demandada en cuanto a las condiciones de seguridad en que ella tenía que poner sus cables conductores de electricidad. Se dijo allí:

“(2) La Corte también sostuvo que constituía negligencia por parte de la compañía el tener alambres de alta tensión en sitios muy poblados sin la debida protección y vigilancia, y que esta omisión fué la causa próxima de los daño's sufridos por el hijo del deman-dante. La apelante sostiene que no se demostró la verdadera negli-gencia de la compañía demandada y que la corte al parecer estaba implícitamente aplicando la doctrina de res ipsa loquitur. Sin embargo, con excepción de los casos de Pensylvania que cita la apelante, la regla prevaleciente en lo's Estados Unidos es que cuando un alam-bre de alta tensión cae en una calle pública, causando daño, la doc-trina de res ipsa loquitur es aplicable.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Seño» Texidok,

text:
    Sucesores de Gamarra, S. en C., demandante y apelada, v. Manuel Navarro, demandado y apelante.
    No. 4976.

    Sometido: Febrero 4, 1930.

      Resuelto: Marzo 27, 1930.

      Antonio L. López, abogado del apelante; Pedro G. Quimones, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño» Texidok,

emitió la opinión del tribunal.

De las alegaciones en este caso, aparece que Manuel Navarro, suscribió y entregó a la demandante un documento--euyo contexto es:

“San Lorenzo, Pto. Rico. — Muy Sres. míos: Por la presente ga-rantizo, haciéndome fiador y principal pagador de la deuda, la suma: de quinientos dollars ($500) que el Sr. Pedro Hernández tome o haya lomado en mercaderías en su establecimiento.
“Al buen cumplimiento de esta promesa, afecto voluntariamente-todas mis pertenencias actuales y las que en el futuro pudiera ad-quirir. Sin otro particular, quedo, Atto. amigo SS. SS. (fdo) Manuel Navarro. Garantizador. ’ ’

De la certeza de este documento, su suscripción y entrega,, no bay duda alguna, ya que las partes en el pleito convienenen esos extremos.

La parte demandante alegó que según balance de 29 de-diciembre de 1925 Pedro Hernández ’está adeudándole $1,311.51, de los qne el demandado se babía constituido en principal pagador basta la suma de $500, y qne de ella no le lia pagado el todo, ni parte alguna. La demandada con-testó alegando qne desde 20 de julio de 1925, en qne se cons-tituyó la fianza, basta 29 de diciembre del mismo año Her-nández abonó a la demandante un total de mil cincuenta, dollars; y quedó extinguida la obligación principal garan-tizada.

Pué parte de la prueba, y se incluyó en la opinión de la corte, un estado de la cuenta de Pedro Hernández con Sucesores de G-amarra, que empieza con un saldo deudor de 31 de mayo de 1925, por $2,652.31; y del que aparece nuevo cargo en 29 de julio, y diversos abonos en fechas 13 y 30 de junio, 28 de julio, 15 ele septiembre, 10 de octubre, 12 de noviembre, y 29 de diciembre, todos de 1925, y todos de $200, menos el de 28 de julio, que fué de $250.

La Corte de Distrito de Humacao, en grado de apelación, dictó sentencia a favor de la demandante, por $500, sin costas. Contra tal sentencia se ba interpuesto la presente apelación, para sostener la cual se señalan dos errores.

El primero se formula de este modo:

“Primero: Estimar que la demanda aduce bechos suficientes de-terminante's de causa de acción.”

Esta alegación aparece en la contestación a la demanda como la segunda defensa.

Al empezar su prueba la parte demandante, ofreció la escritura número 138 de 4 de junio de 1925, ante el notario Don Damián Monserrat y Suro, sobre constitución de sociedad mercantil Sucesores de Gamarra S. en C., inscrita en el regis-tro mercantil. Pué admitida sin oposición. De ella aparece que en otra escritura de 16 de abril de 1921, Primitivo Franco, Narciso García y Gaspar Berga, como gestores, y Francisco Gamarra, como comanditario, constituyeron socie-dad mercantil bajo el nombre Sucesores de Gamarra S. en O., por término de cuatro años, a vencer el 6 de marzo de 1925, y que vencido el término los interesados acordaron cerrar las operaciones el 31 de marzo de 1925, declarándose disuelta la misma, y en estado de liquidación; que para continuar los negocios de la social disuelta, y encargarse de su liquidación, desde el Io. de junio 1925, han constituido la actual sociedad los mismos Franco, Berga y García, y la sucesión de Francisco Gamarra, ésta como comanditaria, y aquéllos como gestores, por término de cuatro años, y consti-tuyendo el capital, que monta a ochenta mil dollars el efectivo, cuentas y créditos y mercancías que proceden de la mercantil Sucesores de Gamarra, S. en C., que quedó disuelta como antes se dice. T por una cláusula vigésima se nombra a la actual sociedad liquidadora de la precedente.

Ahora la parte apelante sostiene 'que se trata de dos mer-cantiles distintas, y que la cuenta de Pedro Hernández en 31 ele mayo de 1925, con un saldo contra Hernández por $2,652.31, era de la anterior sociedad; que el hacerse la nueva mercantil cargo del activo y pasivo de la anterior fué sólo para los fines de la liquidación, y para sacar del activo el capital de la nueva sociedad; y de aquí, que la nueva sociedad no pudo demandar para cobrar como propio el crédito que era de la antigua.

* En cuanto a que existe una nueva sociedad, es un hecho fuera de toda duda. Y lo es que el crédito contra Pedro Hernández fué engendrado en los negocios de la firma Suce-sores de Gamarra, S. en O., extinguida legalmente el 6 o el 7 de marzo de 1925. Pero es también una consecuencia de ese asiento y de la existencia de la escritura de 4 de junio de 1925, que los créditos a favor de la anterior social vinieron, con otros bienes, a constituir el capital de la nueva; y el crédito contra Hernández era uno de ellos. No va ese crédito a liquidación alguna en el concepto que por el apelante se indica; es parte del capital social de la demandante, como consecuencia de una trasmisión legal y perfecta; y no hay parte interesada en el crédito que no sea la propia deman-dante. El artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil, que se cita, habla del ejercicio de la acción por la “parte realmente interesada”; y eso es la demandante en este caso.

Es perfectamente claro que no tienen aquí aplicación los casos de Calenti v. Registrador, 14 D.P.R. 692, y García Díaz v Registrador, 33 D.P.R. 1040, que resuelven extremos no comprendidos en este litigio. Tampoco puede aplicarse lo que se dijo en el caso J. Ochoa y Hno. v. José González Clemente y Co., 29 D.P.R. 1015, porque allí se trataba de una acción ele un representado, y en este caso, dados los hechos, de una acción propia de la demandante.'

Nuestra decisión en Hilario Santos, Sucesores, S. en C., en Liquidación, v. Quintana Hermanos y Co., y Francisco Colón, marea decidida y claramente la doctrina legal en casos análogos; y no es la que se invoca por la parte apelante.

Hemos querido estudiar este señalamiento, en bien de una clara determinación ■ de derechos. Pero él adolece, como se indica por la apelada, de un grave defecto. Se alega que la demanda no aduce hechos suficientes a determinar una causa de acción. Y se discute este particular a base de la prueba traída al juicio, no de las alegaciones de la demanda; y esto es error fundamental.

No existe el primer error señalado. .

El segundo señalamiento se formula así:

“Segundo: Estimar no extinguida por el pago la danza, infrin-giendo por falta de aplicación la doctrina jurídica del caso Brunet Sáenz & Cía. v. Aponte, 33 D.P.R. 524.”

El apelante acusa de ambigüedad el documento de fianza; y sostiene que el que lo redactó fue el empleado de la deman-dante Sr. Fernández Avella. Es indudable que el apelante firmó ese documento, y hay que creer que lo hizo de una manera consciente, en el curso natural de sus negocios. Al suscribirlo, lo hizo suyo; y su queja es tardía.

El documento no es, indudablemente, perfecto. Es el riesgo que se corre al redactarse por profanos en derecho, un et orito cualquiera que requiere conocimiento en esa rama del saber. Pero esto no quiere decir que adolezca de ambigüedad; quizá el mal esté en que se comprende en él demasiado, pero se ve claramente que es lo que se propusieron las partes. En cnanto a la solidaridad en la obligación, el uso del término “haciéndome fiador y principal pagador de la deuda,” no deja lugar a duda alguna. T en ese punto está el alma de esta obligación.

Si la fianza, como se sostiene por el apelante, se refiere tanto a una obligación existente como a una futura, ello no es origen de ambigüedad. Según el artículo 1726 del Código Civil de Puerto Rico se autoriza la fianza por deudas futuras. Casi todas las fianzas tienen como base una obligación ya existente, y una deuda, que como tal deuda,, puede surgir en el futuro.

El fiador en este caso, quiso fiar a Hernández, en la cantidad limitada de quinientos dollars, por lo que debía, o por lo que pudiera deber después: y así lo expresa en el documento.

¿Es la decisión del caso Brunet Sáenz y Co. v. Aponte la que rige el caso ante nosotros? Hemos estudiado esta decisión, y la resolución acerca de la reconsideración, de la que el apelante copia algún párrafo. Encontramos:

Primero: Que en caso Brunet v. Aponte había una fianza limitada en cantidad y en tiempo (33 D.P.R. pág. 536).

Segundo: Que en el precitado caso, y refiriéndose a una sentencia del Tribunal Supremo de España, la de 31 de diciembre de 1886, se dijo:

“. . . dicho caso ni remotamente puede tener aplicación al pre-sente, pues se trata en aquél de un contrato de fianza en que los fia-dores se constituyen en principales pagadore's, perdiendo, por tanto, su carácter de fiadores, convirtiéndose en co-deudores, y bajo este aspecto es que 'se estimó su responsabilidad ilimitada.”

En esa sentencia del Tribunal Supremo’ de España, se lee lo que sigue:

‘ ‘ Considerando que, dados los términos en' que F. Cifuentes y Com-pañía propusieron a D. Bartolomé Lesaga el suministro de víveres a V. Alea y Compañía, (y el contexto de la factura de 17 de mayo ■de 1882, en que lo's primeros, manifestando que tenían negocios de tabaco con los últimos, expresaban su deseo de que les tratara lo mejor que pudiera, ‘y que de ellos les eran fiadores y principales pagadores,’ cuya's palabras no pueden estimarse como limitadas a la factura en que se pusieron o no extensivas en general a todas las negociaciones que se verificaran, la sentencia recurrida no contradice la doctrina legal que se alega en el primer motivo, pue'sto que ni la fianza excede en este caso de la obligación principal contraída, ni tampoco se hace extensiva a otras ignoradas.”

Sentada en Puerto Eico la doctrina contenida en el pá-rrafo que copiamos, casi no debía discutirse más la propo-sición del apelante. Pero es conveniente añadir algo.

Son de la mayor importancia, para este caso, las decla-raciones de ley en el caso Brunet Sáenz y Co. v. Aponte, supra, que se expresan en estas palabras . . un contrato de fianza en que los fiadores se constituyen en principales pagadores, perdiendo, por tanto, su carácter de fiadores, convirtiéndose en eo-deudores.” Pero estas declaraciones requieren estudio o interpretación cuidadosas.

En una sentencia del Tribunal Supremo de España de 29 de diciembre de 1898, en recurso de casación en pleito entre Doña Concepción y Doña Paulina Costa, de una parte, y Doña Teresa Foeh. de la otra, se declaró que1 por consistir la fianza en la obligación de cumplir los compromisos contraídos por un tercero para el caso de no hacerlo éste, cabe que el fiador se obligue solidariamente con el deudor principal, sin perder por ello el contrato su naturaleza propia.

Parece existir cierta contradicción entre la doctrina legal en una y otra sentencia. La contradicción es sólo aparente. Lo que ocurre es que en el contrato en que él fiador es soli-dario, éste sigue teniendo el carácter de fiador, y el cumpli-miento de su obligación depende de que al llegar el momento el fiado no cumpla lo pactado; entonces, la solidaridad creada en el principio, produce sus efectos, y el principal de ellos es la responsabilidad directa del fiador, y su deber de cumplir el contrato íntegra y totalmente. Por regia' general, la fórmula empleada es la de “principal pagador,” que por si misma parece indicar el momento en que la solidaridad actúa con eficacia real y tangible.

En este caso la fianza se constituyó con la fórmula de “principal pagador.” El fiador es aquí, en el momento en que la obligación fia de cumplirse, nn co-deudor, sin beneficio de división de la deuda, liasta $500, ya que se bizo responsable de toda esa cantidad. En el momento en que él suscribe la fianza, su fiado adeuda un saldo, y está en condiciones de tomar más mercaderías; y en la fianza, cubriendo las contin-gencias del futuro, se dice “tome,” y los resultados del pasado, se cubren con las palabras “baya tomado.”

La interpretación • más favorable al fiador, que cabía en el caso Brunet Sánchez y Compañía v. Aponte, supra, no cabe en este caso de responsabilidad solidaria, de co-deudor.

Declaramos que no existe el segundo error señalado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Luis de la Cruz, demandante y apelado, v. Luz Porrata Doria de Márquez, demandada y apelante.
    No. 5015.

    Sometido: Marzo 21, 1930.

      Resuelto: Marzo 27, 1930.

      A. García Veve, abogado de la apelante; E. Martínez Rivera y J. P. Miranda, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La contención de la apelante es qne la corte de distrito erró al declarar sin lngar nna excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar nna causa de acción.

Se copia verbatim en la demanda el primero de una serie de nueve pagarés. La objeción de la apelante es que el demandante no alega que los ocho pagarés restantes de esta serie fueron otorgados en la misma forma. La simple con-signación de tal objeción en un alegato no exige que sea considerada seriamente.

También se copia en la demanda el primero de otros dos pagarés. Se alega que son idénticos en su forma.

La demanda fué radicada el 1 de marzo de 1929. Cada uno de los dos pagarés en ella copiados contiene una cláusula anticipante (accelerating). Los dos pagarés de la segunda serie y cuatro de la primera habían vencido, independiente-mente de la cláusula anticipante, antes de la radicación de la demanda.

La segunda objeción de la apelante es que la demanda no especifica qué pagarés estaban vencidos. La alegación im-pugnada es que “al vencerse alguno de los pagarés arriba dichos el demandante requirió a la demandada para que le hiciere efectivo el montante de la deuda ascendente a la suma de $1,515.30 (mil quinientos quince dólares treinta centavos) y la demandada se ha negado a ello. ’ ’ En un párrafo anterior de la demanda se describen los nueve pagarés de la primera serie como vencederos el día 11 de los meses de noviembre y diciembre de 1928, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 1929. Los dos pagarés de la segunda serie se .describen en otro sitio como vencederos en diciembre 6, 1928, y enero 1, 1929.

Le conformidad con los términos de la cláusula antici-pante, todos los pagarés vencerían y serían exigibles al dejarse de pagar cualquiera de ellos a su vencimiento. Todo ellos habían vencido y eran exigibles al tiempo del requeri-miento de pag’o. El haberse dejado de especificar cuáles y cuántos de ellos hubiesen vencido y serían exigibles en aquel momento en ausencia de una cláusula anticipante, no equi-valía a dejarse: de aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Seño® Hutchisow,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Pérez Barros, acusado y apelante.
    No. 3896.

    Sometido: Noviembre 20, 1929.

      Resuelto: Marzo 27, 1930.

      J. L. Rodríguez Cando y Ángel A. Vázquez, abogados del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño® Hutchisow,

emitió la opinión del tribunal.

Al terminarse nn juicio en la corte de distrito, el juez manifestó que la ley y los becbo's estaban en contra del acusado, y lo declaró culpable del delito de portar armas.

Hubo dos cuestiones de derecho y dos de becbo. La prueba del fiscal tendió a demostrar que el acusado portaba el arma en un camino público que parte de un hospital municipal a través de la finca del acusado en dirección a Las Marías. La prneba de la defensa tendió a demostrar que el arma, un revólver, había sido dejada con un armero en Mayagüez, siendo reparada y devuelta por él acompañada de una carta; que el paquete había sido dejado por un mensajero en la casa de un inquilino; que el acusado, al regresar de la ciudad a su hogar, se detuvo en la casa del inquilino, abrió el paquete, guardó la carta en mi bolsillo y el revólver en otro, y fué arrestado en su propia finca mientras se dirigía a su casa, que estaba a corta distancia del sitio en que recibió el paquete.

Hubo algún conflicto en la prueba respecto a si el acusado se hallaba en la carretera gn el momento del arresto. Un policía declaró haber detenido al acusado mientras éste se hallaba en la carretera, y que la misma era una vía pública. El apelante cita el caso de El Pueblo v. Díaz, 37 D.P.R. 456, en apoyo de la contención de que la declaración del policía respecto -a la naturaleza pública del camino era una mera conclusión de derecho o una opinión del testigo. Las decla-raciones del inquilino, del armero, del mensajero y del acu-sado en cuanto a la manera en que el revólver fué remitido de Mayagüez y entregado al acusado, no fueron controver-tidas. La carta que se dice haber sido escrita por el armero e incluida por él en el paquete con el revólver fué rechazada al oponerse el fiscal por ser prueba fabricada por la parte que la presentó {self-serving evidence).

Desde luego que la carta pudo haber sido escrita después del arresto y en cualquier momento antes del juicio. Pueden ser falsas todas las declaraciones en tomo a la misma y con respecto a la reparación del revólver y a la forma en que fué enviado de Mayagüez a Las Marías y recibido por el acusado. Estas eran cuestiones a ser determinadas por el juez senten-ciador al apreciar toda la prueba. El documento fué ofrecido en evidencia después de haber sido identificado como una carta escrita por el armero, en la cual él acusa recibo de $1.50 por la reparación del revolver y manifestaba que lo estaba enviando al acusado con Felipe Lavergne. El armero tam-bién había declarado que el arma ya identificada como la portada por el acusado era el revólver reparado por el testigo y a que se hace referencia en la carta. Otros testigos ya habían declarado respecto a la entrega hecha en el transcurso de la tarde por parte de Lavei’gne al inquilino, del paquete conteniendo la carta y el revólver, y por el inquilino al acusado en la noche del mismo día, pocos minutos antes del arresto dol acusado. La corte inferior erró al negar la admisión de la carta por considerarla evidencia fabricada por la misma parte que la presentó.

Si fuese cierto que el acusado iba para su casa con un revólver después que el mismo había sido reparado y devuéltole por un armero, él no estaba portándolo como arma, y no era culpable de delito alguno, estuviera o no en un camino público. 8 R.C.L. 288, párrafo 309; El Pueblo v. Borges, 23 D.P.R. 524, y casos allí citados. Si fuera de todo punto claro que el juez de distrito resolvió esta cuestión de hecho en forma adversa al acusado, no estaríamos dispuestos a alterar el resultado. El juez de distrito pudo haber querido decir, sin embargo, que tanto la ley como los hechos estaban en contra del acusado en cuanto al carácter público del camino y a si él estaba o no en la carretera en aquel momento, y, como se ha resuelto en otros casos, que la cuestión de intención era impertinente, o, en otras palabras, que el acusado era culpable irrespectivamente del fin con que por-taba el arma según, lo reveló la prueba no contradicha de la defensa. Véase 8 R.C.L., supra. Parece justo1 darle al acu-sado el beneficio de cualquier duda que pudiera haber sobre este extremo.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse él caso para ulteriores procedinúentds no incompatibles con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Méndez, acusado y apelante.
    No. 3803.

    Sometido: Julio 30, 1929.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Méndez apela de una sentencia que lo condena a sufrir dos años de prisión por el delito.'de homicidio voluntario y uno de los motivos que alega para sostener su recurso es que la corte inferior cometió error al no anular cl veredicto del jurado.

El apelante acepta que disparó un tiro de revólver contra Baudilio Figueroa y que lo mató, pero sostiene que no es responsable de esa muerte porque la realizó en defensa de su hogar.

El fiscal sólo presentó en el jucio un testigo presencial de la manera en que la muerte fué causada, siendo tal testigo Mariana Colón que vivía maritalmente con Baudilio Figueroa. Esa testigo declaró que ellos vivían con sus hijos en la Playa de Humaeao; que el 5 de enero de 1927 fue ella a la casa de su tío Francisco Méndez que vivía en el barrio Duque de Naguabo; que esa noche ella y una hija de Francisco Méndez, llamada Paula, fueron a una fiesta que se celebraba en otra casa, a donde llegó a media noche Baudilio Figueroa con dos amigos suyos; que a la mañana siguiente todos regresaron a la casa de Francisco Méndez quien obsequió con una botella de ron a Baudilio y a sus dos amigos, habiendo bebido tanto Baudilio que se embriagó; que su tío no bebió; que poco' después ella llevó una taza de café a Baudilio pero este le pegó con un pie en la mano y le tiró la taza y la agarró por el cabello, teniendo que quitársela los amigos de Baudilio, quienes lo echaron fuera de la casa, marchándose después; que su tío cogió una hoja de sable pero ella con-siguió quitársela y que entonces las mujeres cerraron todas las puertas y ventanas de la casa y Baudilio quedó afuera; que Baudilio empujaba las puertas tratando de entrar, con-siguiendo después abrir la puerta que da al frente y entró en la casa; que cuando penetró en la sala Francisco Méndez dijo que no podía aguantar más y le disparó un tiro de revól-ver cayendo Baudilio muerto en la sala. En repreguntas dijo esa testigo que cuando Baudilio entró en la casa estaban todos encerrados en la habitación contigua a la sala; que ella sujetaba a su tío dentro del aposento y que Méndez cogió un revólver y disparó un tiro que mató a Baudilio.

Los amigos que acompañaban a Baudilio declararon que él se embriagó con el ron que le dió Francisco Méndez; que Baudilio tiró la taza de café que le llevó su mujer y que agarró a ésta por el cabello dándole una vuelta, pero que se la quitaron para evitar que le pegara y lo echaron fuera de la casa, marchándose entonces ellos dos.

Un testigo del fiscal, Félix Astacio, declaró que es vecino de Francisco Méndez y que al oír esa mañana voces pidiendo caridad fué a la casa del acusado, encontró la puerta cerrada y a Baudilio fuera de ella empujando las puertas y tratando de entrar por lo que quiso llevárselo de allí, a lo que él no accedió, marchándose el testigo para sn casa. Los otros dos testigos fueron nn médico y el jefe de la Policía Insular del distrito Sr. Soldevila quien no presenció los hechos pero después de ellos estuvo en la casa y dijo que Baudilio tenía una mancha negra en la cara que se parecía a una mancha como de humo que había en la última tabla del tabique que dividía la sala de la habitación contigua, por la parte interior de la habitación.

Las declaraciones de los testigos del acusado, consistentes en su testimonio, en el de su esposa y en el de una de sus hijas, tendió a demostrar que cuando estaban cerradas las puertas de la casa y Baudilio fuera, éste pronunciaba palabras insul-tantes en general y que cuando entró forzando una puerta estaban todos encerrados en la habitación, cuya puerta trató de forzar y no consiguiéndolo se trepó por el tabique que tiene siete u ocho pies de altura y no llega al techo y que al asomar la cabeza por encima del tabique fué que Francisco Méndez disparó.

Aunque el jurado no haya creído los testigos de la defensa respecto a la manera en que fué causada la muerte, prueba que presenta un claro caso de exención de responsabilidad por haber matado el apelante en defensa de su hogar, creemos que, independientemente de ella, la prueba del fiscal es de tal naturaleza que lleva a la misma conclusión.

Según el número 2 del artículo 209 del Código Penal puede justificarse el homicidio cuando se comete al defender una morada, propiedad o persona contra alguno que manifiesta-mente intente o procure, por medio de violencia o sorpresa, cometer cualquier delito grave (felony) o que violenta, des-ordenada y tumultuosamente intente o procure penetrar en la morada de otro con el propósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella. Por consiguiente, la persona que mata a otra que violenta, desordenada y tumultuosamente intente o procure penetrar en su morada con el propósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella comete un homicidio justificable y está exenta de pena; y como en este caso Baudilio Figueroa violentó una de las puertas de la casa que habían sido cerradas por su agresión a Mariana Colón, que estaba en ella, y penetró en la casa, el apelante estaba justi-ficado en estimar razonablemente de esa conducta que Baudi-lio tenía el propósito de agredir nuevamente a Mariana Colón y por eso la muerte que le produjo está justificada ante la ley. Es regla general, expresamente sostenida por el esta-tuto en algunas jurisdicciones, que una persona está justi-ficada en quitar la vida a otra en defensa de su hogar cuando es real o' aparentemente necesario hacerlo así para repeler a otra que intente agredir a una persona que esté en la casa. 30 C. J. 83, párrafo 262.

Por lo expuesto, él veredicto de culpabilidad debe ser anulado y la sentencia revocada, dictándose otra absolviendo ol acusado.


text:
    Pedro Ruiz, demandante y apelado, v. Daniela Moreno, demandada y apelante.
    No. 4992.

    Sometido: Marzo 18, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      F. Cervoni Gely y II. B. Lienza, abogado's de la apelante; González Fagundo (& González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este procedimiento de injunction para recobrar la posesión alegó la demandada la excepción previa de no aducir la demanda hechos determinantes de causa de acción. Esa excepción fué desestimada por la corte, la que después del juicio dictó sentencia contra la demandada; y en esta apela-ción señala como primer motivo de error el haber desestimado la corte dicha excepción previa.

Dice la apelante en su alegato que su excepción previa está justificada porque en la demanda no se describe el pedazo de solar en litigio de manera tan clara que pueda ser identificado por el márshal en un momento dado.

El apelado expone en su demanda que desde hace algunos años está -en posesión de un solar de 405 metros cuadrados en 3a población de Humacao y hace su descripción por puntos, medidas’ y colindancias, apareciendo de ella qne en ese solar existe nna. casa y qne la colindancia oeste del solar es la calle del Desengaño y Angela Moreno, siendo la colindancia norte el ensanche de José Manuel Pérez;- y la porción de ese solar de qne el demandante alega ha sido privado por la demandada es nna faja de terreno en la colindancia oeste con Angela Moreno qne tiene 21.50 metros de largo por 2.50 metros de ancho en la colindancia con el ensanche de José Manuel Pérez y 4.25 metros en la otra base. Nos parece que con esos datos el pedazo de solar está bien identificado.

En la demanda se dice qne la demandada hizo el despojo contra la voluntad del demandante, sin su consentimiento y de nna manera subrepticia, valiéndose de amenazas consistentes en agredir a cualquier persona, que tratará de impedir los actos que estaba realizando; palabras que la apelante estima son antagónicas y que por esto no existe causa de acción.

Esas palabras alegan el acto del despojo por la deman-dada, esencial en el procedimiento que se instituyó, y no hay antagonismo entre ellas pues todas se refieren a la falta de consentimiento del demandante.

También se alega que la demanda no está bien jurada, pero eso no es así pues la persona que la jura dice que todos los hechos expuestos en ella son ciertos y le constan de propioconocimiento y que hace ese juramento porque el demandante no tiene conocimiento personal de los hechos.

El segundo motivo de error es por haber sido desestimada la moción solicitando sentencia {nonsuit) fun-dada en que la prueba no sostiene las alegaciones de la. de-manda; y. el tercero, porque hubo error al dictar sentencia a favor del demandante. Ambos motivos de error pueden ser considerados conjuntamente pues se refieren a la insu-ficiencia de la prueba para sostener la sentencia.

Hemos examinado la evidencia que fué presentada pofi las partes y encontramos que es suficiente para sostener la sentencia apelada, pues por los testigos del demandante lia quedado demostrado que estaba en posesión del terreno qne reclama criando lo ocupó la demandada con una cerca que puso. -La apelante no negó en su declaración que hizo poner tal cerca, aunque ella y sus testigos dicen que está colocada dentro de los terrenos que le pertenecen. Como cuestión de hecho la demandada Moreno ocupó un terreno que estaba poseyendo el demandante; y si esa cerca divisoria de las propiedades contiguas ha sido colocada por la demandada en terrenos que son propiedad suya es cuestión' que no puede ser resuelta en el procedimiento origen de este recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Rafael Bonit Rondón, demandante y apelante, v. Josefa Betancourt, demandada y apelada.
    No. 4958.

    Sometido: Marzo 11, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      Ji. Cuevas Zequevra, abogado del apelante; Adrián Agosto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Bonit Rondón apela de una¡ sentencia adversa dictada en nn pleito de divorcio, y dice que la corte inferior1 cometió error al resolver que la preponderancia de la prueba favorecía a la demandada. Una lectura cuidadosa del récord taquigráfico no revela manifiesto error por parte del juez? sentenciador en la apreciación de la prueba,

Otra contención es que la corte de distrito tuvo un concepto' erróneo de lo que constituye abandono. La teoría del apelante es que su esposa lo abandonó cuando él se vió obligado a marcharse del hogar a causa de un supuesto trato cruel. Sin embargo, un esfuerzo anterior para obtener el divorcio fundándose en trato cruel, resultó infructuoso. Lal conclusión a que llegó la corte inferior fué que la propia conducta de Bonit fué la causante de la situación doméstica incandescente invocada por él como justificativa de su partida. Según se indica en el caso de Boeck v. Boeck, (Idaho) 161 Pac. 576, citado con aprobación en Kennerley v. Kennerley, 29 D.P.R. 777, 783,

“El divorcio es un remedio para beneficio de uno de los esposos agraviados que no lia 'sido la causa voluntaria y determinante de los actos en que se funda para invocarlo, y no está al alcance de una persona que en desatención de la solemnidad de los lazos conyugales impulsa al otro cónyuge a observar una conducta que sería inexcusable de cometerse contra un marido o mujer que verdaderamente tra-taba de sostener las relaciones matrimoniales.”

Se hace algún hincapié en el artículo 158 del Código Civil que dispone que:

“La mujer está obligada a obedecer y seguir a su marido donde-quiera que fije su residencia.”

Este derecho de elección no es absoluto, y el deber de la esposa de seguir y obedecer a su marido puede depender de las circunstancias ele un caso determinado. En el presente, la esposa vivía con su hijo, un joven de diecisiete años, y con su bija de diez años, en un apartamiento de la Calle San Sebastián, donde ella recibía a sus amigos y clientes y tra-bajaba como costurera. Lo que el marido ofrecía como “residencia” para esta familia de cuatro personas era una habitación, ya ocupada por él, en la parte trasera de una barbería en la Calle Alien, donde trabajaba como barbero a un estipendio semanal de quince dólares. Su oferta de com-partir con su familia esta morada fué hecha en una ocasión por conducto de Fernando Ramos, dueño de la barbería, quien fué acompañado por otro emisario, y, nuevamente, de acuerdo con la declaración del demandante, por mediación de su primo Felipe Dávila. Tanto Ramos como Dávila habían sido testigos del demandante en su primera tentativa infruc-tuosa de obtener el divorcio.

La demanda en el presente caso fué radicada en octubre de 1926. En octubre de 1928 fué enmendada en el sentido de incluir una referencia indirecta a los esfuerzos realizados por el demandante con el fin de lograr la reconciliación. La primera de esas ofertas se efectuó allá por el 1927. La esposa niega la alegada visita de Dávila. Ella dice que aceptó el ofrecimiento héchole por conducto de Ramos y su acom-pañante, y que les manifestó que ella estaba dispuesta a irse con Bonit cuando él viniera a buscarla. También ella agregó que hasta la fecha del juicio, en febrero de 1929, él no había ido por ella. De todos modos, la negativa de aceptar la oferta de Bonit no habría establecido la determinación final de efectuar el abandono permanente que la ley exige en casos de esta índole. La corte ele distrito tuvo fundados motivos para dudar — como lo hizo muy seriamente — del propósito, móvil y buena fe de Bonit al hacer la oferta.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señob. Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix Almodóvar, acusado y apelante.
    No. 3948

    Sometido: Diciembre 18, 1929.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      R. López Antongiorgi y José Q. Torres, abogados del apelante; U. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Félix Almodóvar fué convicto de acometimiento y agresión grave a virtud de una acusación que le imputaba el delito de ataque con intención de cometer violación.

La prueba dejó de demostrar que la perjudicada no era la esposa del acusado, o que el acusado fuera un varón adulto.

El apelante alega que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción de nonsuit y ál instruir al jurado en la forma que más adelante se expondrá.

La corte inferior no cometió error al declarar sin lugar la moción de nonsmt, por la razón de que el jurado pudo haber declarado culpable al acusado del delito de acometi-miento y agresión simple.

En respuesta a una pregunta hecha por el juez respecto a si se deseaban algunas instrucciones adicionales, los letrados del acusado solicitaron una instrucción sobre acome-timiento y agresión grave y simple. Mientras el juez instruía al jurado de conformidad con la súplica, los letrados solici-taron una instrucción más específica, suplicando la definición estatutoria del delito de acometimiento grave al ser cometido por un varón adulto en la persona de una mujer. A este respecto, después de repetir la definición estatutoria, el juez dijo al jurado que el acometimiento, para que fuera grave, debe haber sido cometido por un varón adulto y que este hecho debe quedar establecido por la prueba. Una vez más los letrados interrumpieron a la corte haciendo una nueva indicación de que la prueba debe demostrar que el acusado era mayor de 21 años de edad, y recordaron a la corte que si bien el acusado podía parecer, tanto a la corte como al jurado, ser un hombre de 60 años, sin embargo, la prueba aducida durante el juicio debe demostrar que el acusado es mayor de 21 años. El juez, aparentemente como parte del coloquio con los letrados, dijo que el hecho podía ser demostrado mediante prueba pericial, y estaba a punto de agregar algo sobre prueba circunstancial cuando fué interrumpido nueva-mente por una protesta de los letrados al efecto de que el hecho debe ser establecido mediante testigos llevados a la silla testifical por el fiscal de distrito y no por la observación del jurado. El juez dijo que desde luego instruía al jurado que un varón adulto es un hombre de más de 21 años, a lo cual los letrados agregaron “y que debe probarse eso.” A esto el fiscal se opuso fundándose en que la defensa estaba invadiendo las atribuciones de la corte, a lo cual asintió el juez agregando que el jurado tenía la prueba ante sí y podía resolver a virtud de esa prueba si el elemento en cuestión había sido establecido o no.

No hallamos que en esto se cometiera error.

En vista de la insuficiencia técnica de la prueba la sen-tencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para) nuevo juicio.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Texidor están conformes con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    José Cintrón, demandante y apelante, v. The Mayagüez Light, Power & Ice Company, demandada y apelada.
    No. 4807.

    Sometido: Junio 21, 1929.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      José Sabater, abogado del apelante; J. Alemañy Sosa, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

José Cintrón trató, mediante injunction, de impedir a la Mayagüez Light, Power & Ice Oo. qne le cortara la corriente eléctrica qne había estado suministrando lnz y fuerza a dicho querellante. Los hechos prácticamente no fueron controvertidos, y demostraban que la querellada presentó al peticionario una serie de cuentas mensuales ascendentes a $94.50, que fueron pagadas. Entonces lá demandada bailó que al hacer sus cálculos por el tiempo cubierto debió haber multiplicado por diez lo marcado por el contador. Se había instalado un nuevo contador que exigía esta multiplicación. Placiendo concesiones por las diferencias ocasionadas por la alteración de la tarifa, el peticionario hubiera adeudado a la demandada la suma de $564.60. Deduciendo la suma pagada, el peticionario debía a la demandada la cantidad de $469.83. La querellada entonces solicitó del demandante que le pagara dicha suma o que, de acuerdo con el contrato existente, corriera el riesgo de que se le suspen-diera el servicio. A no ser por la indicación de que si las cuentas hubiesen sido presentadas a su debido tiempo el demandante habría probado que estaban equivocadas, no hay-duda alguna de que el demandante adeudaba a la demandada la cantidad de $469.83. El objeto del pleito era impedir que la corriente fuese cortada.

La Corte de Distrito de Mayagüez resolvió que por regia general los retrasos debidos a errores en los cargos eran cobrables de igual modo y bajo penalidad similar que los cargos originales en que no se cometía error alguno, citando el caso de Re Eagle River Light & Water Commission. La íeferencia hecha por la corte es insuficiente para averiguar la fuente de la cita, pero tal es la regla sentada por este tribunal en el caso de Bothwell v. San Juan Light & Power Co., 13 D.P.R. 168, y también en 20 C. J. 333, nota 90.

Las excepciones a la regla, resolvió la corte, aparecían en el caso de City of Atlanta v. J. E. McJenkin (Ga.), 135 S. E. 498; véase también 20 C. J. 333, nota 91. La corriente no puede ser cortada cuando existe una controversia genuina bona fide respecto a la cantidad consumida. Las autoridades citadas por el apelante de Cook on Corporations se pronuncian en ese sentido. Esto, desde luego, significa que una corte de equidad, como en el caso citado, tiene discreción de librar o de no librar el auto de injunction.

La corte inferior hizo referencia a un caso similar al pre-sente, el de Kansas Electric Power Co. v. W. L. Thomas, 255 Pac. 33, aunque no era un caso de injunction. Allí se resolvió que una corporación de servicio público no podía estar impedida por su negligencia o equivocación, de recobrar la cantidad adeudádale.

Como no hubo ninguna verdadera disputa sobre' la canti-dad debida, el apelante no nos convence de que la compañía demandada na podía recurrir a la condición expresada en el contrato de suspender el servicio en caso de que el consu-midor dejara de cumplir con él. A tenor del contrato, existía el deber claro de pagar, lo que no,se hizo.

Déb'e confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Cipriano Manrique Gil, demandante y apelado, v. Francisco Buxó y Rosa Villafañe, demandados y apelantes.
    No. 5271.

    Sometido: Marzo 24, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      Gonzalez Fagundo & González Jr.; abogados de los apelantes; A. L. López, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La contestación en un pleito sobre cobro de pagaré admitía el otorgamiento del mismo pero negaba que éste no hubiese sido pagado o que no se hubiera relevado de pago a los de-mandados. Durante el juicio sólo compareció el demandante, ofreció prueba para probar las cuestiones en controversia y la corte dictó sentencia a su favor. Tenemos ante nos una moción para desestimar por frívola la apelación interpuesta contra tal'sentencia.

Durante la vista ante este tribunal los apelantes sostu-vieron oralmente que la demanda era insuficiente. La teoría era que el pagaré estaba nominalmente suscrito por dos per-sonas pero que uno de los otorgantes aparecía estar firmando por poder sin que conste alegación alguna de que el apoderado estuviera autorizado para firmar a nombre de dicho otorgante.

En la demanda se alegaba que los demandados mencio-nados en el título del caso suscribieron y entregaron al deman-dante el pagaré descrito. En ausencia de cualquier autoridad en contrario somos de opinión que la alegación contenida en la demanda era la exposición del becbo último de que cada uno de los demandados era un otorgante del pagaré, ora lo suscribiera directamente o por mediación de un agente. Qui facit per alium facit per se.

Aun suponiendo que la demanda fuera defectuosa o que expusiera una conclusión de becbo o de derecho, el defecto era de tal clase que podía ser subsanado por la prueba. Casi toda presunción surge a favor de la sentencia basta que se demuestre que el becbo es distinto. Omnia pra&swmmtur rite et solemniter esse acta donee probetur in contrarium. 46 C. J. 1092, nota 76. .Véase también 4 C. J. 755.

La apelación debe ser desestimada por frívola.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Pedro A. de Castro, Peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce y Comisión Industrial de Puerto Rico, demandadas.
    No. 674.

    Sometido: Enero 13, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      Besosa & .Besosa, abogados del peticionario; James B. Beverley, Attorney General, y Tomás Torres Pérez, Subprocurador, abogados de la Comisión demandada.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Teniendo dudas respecto a si el peticionario, un patrono no asegurado, babía tenido su debido “día en corte” cuando la Comisión Industrial concedió daños y perjuicios, contra él a instancias de un obrero lesionado, libramos un auto de certiorari. .

En la vista en pleno el gobierno alega con mucbo empeño que dicho peticionario tuvo en realidad su día en corte. Tam-bién sostiene el gobierno que el peticionario no tenía el derecho de revisión ante la Corte de Distrito de Ponce, donde el peticionario apeló y contra la decisión de la cual se pre-sentó este recurso de certiorari. No creemos prudente resolver estas cuestiones, toda vez que hay una cuestión más fundamental que milita contra el peticionario.

La cuestión de un debido día en corte fué presentada a la Corte de Distrito de Ponce, tribunal que la resolvió adversa-mente al peticionario. No existe la más ligera indicación en los autos que tenemos a la vista de que la corte de distrito al considerar la cuestión que tenía ante sí violara alguna regla de procedimiento, o que el peticionario no fuera ampliamente oído en dicha corte. Simplemente se nos pide que revisemos lo que ya ha sido revisado por la- Corte de Distrito de Ponce. Si el peticionario estaba o no en lo cierto, la cuestión resuelta fué puramente una cuestión de derecho. Cuando una corte inferior resuelve que un peticionario o un apelante no tiene remedio alguno, no comete infracción alguna de procedi-miento. Por tanto, el recurso de certiorari no procede. Díaz v. Corte de Distrito, 9 D.P.R. 586; Arroyo v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 1034; Morales v. Corte de Distrito, 30 D.P.R. 205.

El gobierno también indica que razonamiento similar sería aplicable a la revisión de la cuantía de los daños conce-didos por la comisión.

Debe cumiarse el auto expedido.