author: El Juez Asociado Se. Hutchison, EL JUEZ ASOCIADO SR. ALDEREY

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Soto, Conocido for Pantaleón, Acusado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por asesinato en segundo grado.
    No. 1182.
    Resuelto en junio 26, 1918.
    Nuevo Juicio — Discreción Judicial. — “La discreción judicial, más bien que la ley estricta, comunmente determina si se debe o no conceder un nuevo juicio. ’ ’ Y “los nuevos juicios deben concederse con mayor liberalidad en causas cri-minales que en las, civiles, y en las criminales la mayor liberalidad en propor-ción a la gravedad de la pena.”
    Tanto el juez sentenciador como el jurado deben quedar satisfechos de que la prueba en su totalidad sea suficiente para sostener el veredicto. De otro modo “no sólo llega a ser el debido ejercicio de una discreción judicial sino su deber de conceder un nuevo juieio.’’ Y en apelación “una orden por la que se conceda o deniegue el nuevo juicio no será alterada a menos que se haga manifiesto un abuso de discreción.”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogados del apelado: Sres. Feliú d Alemañy.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Después de haberse celebrado un juicio por jurado, que dio por resultado un veredicto de culpabilidad de asesinato en segundo grado, el juez de distrito, estimando que la prueba circunstancial sobre la que descansaba la acusación no era suficiente para sostener el veredicto, lo dejó sin efecto y concedió un nuevo juicio.

El Gobierno apeló de esta orden de la corte inferior.

“La discreción judicial, más bien que la ley estricta, comúnmente determina si se debe o no conceder un nuevo juicio.” T “los nuevos juicios deben concederse con mayor liberalidad en causas criminales que en las civiles, y en la§ criminales la mayor liberalidad en proporción a la gravedad de la pena.” 2 Bishop’s New Crim. Proc., pp. 1113 y 1106, sees. 1277 y 1273.

Tanto el juez sentenciador, como el jurado deben quedar satisfechos de que la prueba en su totalidad sea suficiente para sostener el veredicto. De otro modo “no sólo llega a ser el debido ejercicio de una discreción judicial sino su deber de conceder un nuevo juicio.” People v. Lum Yit, 83 Cal., 130, y casos citados. Véase también: 2 Bishop’s New Crim. Proc., p. 1114, see. 1278. T en apelación “una orden por la que se conceda o deniegue el nuevo juicio no será alte-rada a menos que se baga manifiesto un abuso de discreción. ’ ’ People v. Mallicoat, 149 Pac. 1000, y casos citados. Véase también 2 Bishop’s New Crim. Proc., p. 1098, see. 1269; id. p. 1107, see. 1274.

Puesto que habrá de celebrarse un nuevo juicio, prefe-rimos no discutir la prueba. Bastará decir que si se hace una detenida lectura de toda la prueba, nada se revela en ella que indique que se haya cometido un abuso de discreción.

Es de confirmarse la orden recurrida.

Confirmada la orden recurrida.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR

EL JUEZ ASOCIADO SR. ALDEREY

CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ.

Estamos conformes con los principios consignados en la opinión emitida en este caso por la mayoría del tribunal respecto a que los tribunales de apelaciones no revocan la concesión o negativa de un nuevo juicio hecha por un tribunal inferior a menos que hubiera cometido abuso de su discreción al concederlo. Esta doctrina aparece confirmada en el caso que se cita de El Pueblo v. Mallicoat, 149 Pac. 1001 en el que se había negado un nuevo juicio. En él se dice también que para que- el juez conceda un nuevo juicio deberá creer que el veredicto no está sostenido por la prueba y que si subsistiera se impondría un castigo injusto. Por esto en el caso del Pueblo v. Lum Yit, 83 Cal. 130 citado por la mayoría hubiéramos sostenido la concesión de un nuevo juicio porque en verdad el veredicto de culpabilidad era con-trario a la prueba pues no aparecía demostrada la existencia del delito. En el de El Pueblo v. Baker, 39 Cal. 687, que se cita en el caso anterior, no se exponen los becbos y se limita a decir que aunque la prueba tiene una fuerte prepon-derancia en favor del veredicto no puede describirse que bubo abuso de discreción. Aceptamos también que cuando la prueba no es suficiente para sostener el veredicto, y esto ocurre cuando es contrario a las pruebas tiene el juez que preside el juicio no solamente el derecho de conceder un nuevo juicio sino más bien el deber de hacerlo así.

La cuestión pues que realmente nos separa de los jueces de la mayoría en este caso es que ellos no ven por la transcrip-ción, que hubo abuso de discreción en la concesión de un nuevo juicio a Pablo Soto Denizac y nosotros entendemos por el contrario que las pruebas demuestran que el juez en este caso abusó de la facultad que le concede el artículo 303, No. 6o. del Código de Enjuiciamiento Criminal de conceder un nuevo juicio cuando el veredicto fuere contrario a las pruebas, pues no tenía ese carácter el veredicto rendido en este caso. En este terreno las cosas y como cada caso tiene -su matiz, especial, examinaremos las pruebas para ver si el veredicto era o no contrario a ellas.

Pabló Soto Denizac fue acusado por el fiscal de distrito de Mayagüez de haber asesinado a Anselmo Mercado en las primeras horas de la noche del sábado 20 de mayo de 1916. El jurado que conoció del juicio lo declaró culpable de asesi-nato en segundo grado, pero posteriormente y a petición del abogado del acusado el juez de dicha corte le concedió un nuevo juicio y anuló el veredicto fundándose en que la prueba que se había presentado era insuficiente para sostener la de-claración. de culpabilidad porque siendo indiciarla y circuns-tancial, solamente el cuchillo que se encontró en el sitio donde Mercado fué encontrado muerto tiende a relacionar al acu-sado con el crimen, y que en cuanto a la prueba de otros. indicios como la conducta del acusado, contradicciones de éste, móvil del crimen, sn valor es poco; que si bien el fiscal pre-sentó prueba de que el interfecto debía estar en posesión de tres o cuatro dollars en el momento de su muerte y que el estado de sus vestidos demostraba que le fueron sustraídos,, no probó que el acusado tenía conocimiento de la- existencia de tal dinero en poder del muerto y que no bubo prueba de que en posesión del acusado se encontrara ni un solo centavo después de la fecha de la comisión del delito. Re-conoce el juez que por la acusación se tendió a probar que el acusado al llegar a su casa cinco días después del crimen trataba de impedir 'el ser visto por la policía y admite el juez que este indicio tendría mucha importancia si hubiera una evidencia vigorosa que conectara al acusado con el cri-men, pero que faltando ésta tiene poco valor. Añade la corte que la misma evidencia del Gobierno prueba que el acusado estuvo en la central Eureka de Mayagüez hasta las seis de la tarde del día en que se cometió el crimen, lo que hace muy difícil que pudiera estar en este lugar entre 7 y 8 de la noche, hora en que ha debido cometerse, pues el acusado no tenía dinero alguno con que alquilar un vehículo en que traspor-tarse de un sitio a otro y no hay prueba alguna de que se trasportara en ninguna forma. Por último agrega que el único indicio que trata de conectar al acusado con el crimen es el cuchillo encontrado al lado del interfecto la noche, de su muerte; que el Gobierno presentó prueba directa del ha-llazgo y de haberse visto dicho cuchillo en poder del acusado durante varias veces, siendo la más reciente de éstas corno siete ú ocho días antes del crimen; e indiciaría e hipotética de que con dicho cuchillo se cometió el crimen, porque el que haya estado en poder del acusado siete u ocho días antes del crimen no quiere decir que aquél sea culpable del delito por-que esta circunstancia tomada aisladamente no tiene valor alguno, porque el acusado ha podido perder su cuchillo du-rante esos siete u ocho días, serle sustraído, etc.

Cuando el fiscal terminó su prueba en este juicio Ja corte negó la moción del abogado del acusado para que ordenara al jurado que lo absolviera perentoriamente por no baber pro-bado la acusación el crimen; después presentó la defensa al-gunos testigos y dictado veredicto de culpabilidad por el ju-rado, a instancia de la defensa del acusado concedió un nuevo juicio contra cuya resolución interpuso este recurso el fiscal de aquel distrito, que ba sido sostenido ante nosotros por el Fiscal de este Tribunal Supremo.

Aunque el abogado del acusado nos pide en su alegato contestando al del fiscal que desestimemos el recurso porque no se le notificó la transcripción de la apelación y porque el alegato del fiscal no especifica los errores que atribuye al juez inferior en su resolución apelada, no accederemos a tal petición porque no cita ni conocemos precepto alguno que en casos criminales imponga el deber de bacer tal notificación y porque no encontramos justificado el segundo fundamentó, ni por tal motivo desestimaríamos este recurso, con mayor razón tratándose de un delito de asesinato. Así, pues, consi-deraremos el recurso.

Anselmo Mercado, el interfecto en este caso, fué encon-trado muerto en el Callejón de los Perros, camino del Mira-dero o del Quemado, cerca del puente Tournet, próximo, al sitio conocido por las Tagaretas, un sábado después de baber' cobrado a eso de las cinco de la tarde su jornal de $3.79 de la hacienda “Boehelaise,” adonde babía ido desde su casa sin llevar consigo arma alguna. Tenía una herida en el pecho que seccionó los cartílagos del esternón con la tercera, cuarta y quinta costillas del lado izquierdo y que le atravesó el co-razón produciéndole, la muerte inmediatamente, herida que debió ser inferida con un instrumento cortante y punzante como el cuchillo que manchado de sangre se encontró cerca del difunto. No tenía el interfecto señales de lucha en su cuerpo ni se encontró dinero alguno en sus ropas, pero el bolsillo izquierdo del pantalón estaba salido hacia afuera, el derecho a medio salir y la faltriquera donde se acostumbra a poner el reloj-estaba vacía y desgarrada.

Aunque la defensa del acusado alega que en este caso no se lia probado el corpus delicti porque no existe prueba fuera de duda razonable de que la muerte de Mercado fuera producida por una mano extraña’ a él, sin embargo opinamos que el jurado estuvo justificado en su veredicto respecto a la existencia de un crimen por cuanto junto al cadáver fué encontrado un cuchillo manchado de sangre, que no perte-necía a Mercado, con el cual pudo ser inferida la herida que le privó de la vida; por la naturaleza de la herida, tan tre-menda que le seccionó los cartñagos de tres costillas y le atravesó el corazón y porque aunque no es necesario probar la existencia del móvil de un delito (El Pueblo v. Rivera, 25 D. P. R. 812) el hecho de que no tuviera Mercado señales de lucha, que no se le encontrara el dinero que poco tiempo antes de morir había cobrado y el tener los bolsillos de su pantalón en la forma que hemos dicho, son indicios bastantes para estimar probado que una mano extraña y criminal lo mató para robarle, pues, aunque jornalero, era probable que tuviera dinero consigo porque los sábados son generalmente los días de cobro para los obreros.

No hubo prueba directa del crimen. No la hay de ninguna clase de que el acusado y Mercado se conocieran en ninguna forma y por tanto que hubieran tenido resentimiento o agre-vio de ninguna clase. En verdad la prueba principal en este caso es la del hallazgo del cuchillo manchado de sangre junto al cadáver de Mercado, la posibilidad de que con un arma de esa clase se cometió el crimen y la prueba de la pertenencia de ella por el acusado.

Respecto al particular de la propiedad de ese cuchillo la prueba es tan abundante que no podemos creer que alguien dude de que ese cuchillo pertenecía al acusado Pablo Soto Denizac desde algunos meses antes de la muerte de Mercado y que en muchas ocasiones durante ese tiempo fué visto en su poder, la última de esas veces el 16 de mayo cuando salió de la casa de los esposos Aquino, cuatro días antes de la muerte de Mercado, y no siete o ocho como dice el juez de la corte inferior en sn opinión escrita para fundar la concesión del nuevo juicio. El cuchillo es de tal clase que el que lo fabricó lo reconoció, así como su entrega en cambio de otro al acusado; tenía señas particulares que sirvieron a los tes-tigos para identificarlo y la esposa del acusado lo reconoció entre diez o doce que juntos con él se le presentaron. Es cierto que el fiscal ocupó durante la investigación otro cuchillo que el acusado había entregado algún tiempo antes del hecho que se persigue en esta causa a un pariente suyo y que la defensa lo presentó en el juicio como para demostrar que era el único cuchillo que había tenido el acusado, pero la prueba respecto al otro fué enteramente convincente y la creyó el jurado.

Tenemos pues un punto de partida importante en este asunto y es que el expresado cuchillo pertenecía a Pablo Soto Denizac y lo tenía en su poder cuatro días antes de la muerte de Mercado. Es cierto que, como dice el juez inferior, éste es el único indicio que trata de conectar al acusado con el crimen, pero dadas las circunstancias que ocurren en este caso creemos que es tan fuerte que unido a los otros debe producir la convicción de culpabilidad, a menos que se hu-biera probado que era materialmente imposible para él haber cometido ese crimen.

Aunque es una hipótesis que el crimen se cometió con esa arma por la forma y dimensiones de la herida que tenía Mercado, la hipótesis adquiere un grado tan fuerte de posi-bilidad por el hecho de haber sido encontrado el cuchillo man-chado de sangre junto al cadáver inmediatamente después de cometerse el crimen, ya que según el fiscal cuando el inter-fecto fué levantado estaba aún “completamente flexible” que podemos tener la certeza, fuera de duda razonable, de que con ese cuchillo se causó la muerte; En vista de esta conclu-sión y habiéndose demostrado que el acusado tenía, ese cuchillo en su poder cuatro días antes de morir Mercado y habiendo declarado el acusado que tal arma nunca estuvo en su pose-sión, tenemos que llegar a la conclusión de que esos dos hechos son fuertes indicios de su culpabilidad. La negativa del acu-sado respecto a la posesión del cuchillo impide que probado lo contrario pueda tenerse en cuenta la posibilidad de que lo hubiera perdido o le hubiera sido sustraído.

Además de los indicios mencionados existen otros que ro-bustecen la idea de su culpabilidad en este crimen.

El acusado dejó su casa hacia el 7 de mayo para ir en busca de trabajo; hasta el 17 de mayo en que llegó a la Central Eureka de Mayagüez estuvo por San Germán sin tra-bajar y sin dinero; del día 17 al sábado 20 trabajó solamente en la Central Eureka medio día y un rato de otro, por lo que le pagaron 35 centavos; no trabajó después y el día 24 re-gresó a la casa de su concubina; manifestó a «un vecino que si pasaba la policía le avisara para esconderse porque en el camino cerca de las Tagaretas había sido asaltado por otros hombres, le habían tirado el cuchillo de un palo que le dieron y entonces él atacó con su machete, y le había dado a uno que cayó al suelo; en la declaración espontánea que prestó reco-noció haber mentido cuando al principio de eda dijo que era quincallero; se demostró la falsedad de su declaración en muchos extremos pues mientras él aseguró que la máquina de la Central Eureka donde trabajaba estaba sin andar en la noche del sábado 20 al 21 y que durmió en el conducto de cañas llamado “ladrón” sin embargo se demostró que esa noche dicha máquina estaba en movimiento y que por este motivo no podía dormir persona alguna en ese sitio; no pagó los días que comió en la Eureka a pesar de que el sábado ofreció satisfacer la deuda. Además; es bastante significativo el hecho de que cuando fue detenido al día siguiente de regresar a su casa, antes de saber la causa de su detención tratara de avisar a un cuñado suyo de la Central Eureka para que pre-parara sus testigos, que no podían serlo para el encuentro que luego dijo que tuvo en las Tagaretas con otros hombres ya que este hecho lo admitió, sino para esta causa.

Lo expuesto y algunos otros detalles más que no men-cionaremos porque son muchos y de menor importancia ro-bustece la idea de que fué el acusado, quien cometió el crimen que se le imputa, sin que el hecho de que no probara el fiscal que el acusado tenía consigo ni un sólo centavo y que tenía conocimiento de que el interfecto llevaba dinero consigo in-fluya en algo para debilitar los indicios que existen contra el acusado ya que éste fué detenido cinco días después del cri-men y porque habiendo sido muerto Mercado un sábado por la noche podía presumir que llevaba dinero consigo por ser dicho día en el que generalmente cobran los obreros.

El único hecho que después de tales indicios podría rebatir la culpabilidad del acusado es que físicamente fuera imposible que cometiera ese crimen. Esto alega la defensa y encuentra apoyo en el juez de la corte inferior cuando manifiesta que se hacía muy difícil que el acusado pudiera estar en la Central Eureka a las seis de la tarde y de siete a ocho en el lugar del crimen.

Es cierto que un testigo declaró que vió al acusado en la Central Eureka entre cinco y media y seis de la tarde del sábado veinte de mayo pues el pito de la central acostumbra sonar a esa hora llamando a los que han de trabajar; que, según otro testigo, de la Eureka a Mayagüez se tarda a pie como dos horas y que, según otro, de Mayagüez al lugar del crimen se emplea a pie una media hora, en total dos horas y media. Pero lo que no aparece tan claro es la hora en que murió Mercado pues, mientras su padre dice que lo encontró muerto entre ocho y ocho y media de la noche, pero sin pre-cisarla porque no tenía reloj, que entonces fué donde uno llamado Señó Ramón, con él volvió al sitio y luego se dirigió a Mayagüez a dar cuenta a las autoridades, y que el jefe de la policía dijo que lo vió en la fiscalía de Mayagüez a las ocho y media, de donde deduce el juez que la muerte debió ocu-rrir entre siete y ocho, por otra parte el Fiscal de Mayagüez manifestó que estaba esa noche en su casa cuando a eso de las diez se le presentó el padre de Mercado, que inmediata-mente después fué al cuartel de la policía y con el jefe, otro guardia y el padre denunciante se dirigieron en coche al lugar del suceso tardando unos veinte minutos y siendo las diez y cuarto por su reloj cuando levantaban el cadáver, bora- ésta manifestada también por el jefe de la policía.

No hay pues precisión en la hora de la muerte de Mercado, que pudo ocurrir entre siete y ocho, aunque un testigo dijo que entré esas dos horas pasó por aquel sitio y no vió a Mercado, o a eso de las nueve, si como dijo el fiscal a eso de las. diez fue que se le presentó el padre del interfecto, pues hu-r biera tenido tiempo de ir donde Señó Eamón, regresar al sitio y estar a las diez en Mayagüez.

Si la muerte ocurrió a eso de las nueve, aún estando el acusado en la Central Eureka a las seis de la tarde tuvo tiempo de llegar al lugar del crimen'a eso de las ocho y media. Parece que el jurado resolvió el conflicto de la evidencia en cuanto a la hora que estuvo el padre en Mayagüez en el sen-tido de que fue cerca de las diez y por tanto que la muerte ocurrió cerca de las nueve. De todos modos, aún aceptando como más beneficioso para el acusado que el crimen ocurrió entre siete y ocho de la noche y aunque de este modo ño resultan las dos horas y media que se emplean ordinariamente desde la Central Eureka hasta el lugar del crimen, nunca resultaría una imposibilidad física la de haberse trasladado de un sitio a otro en menos de dos horas y media; que es el tiempo normal, porque es posible que por algún medio haya empMado menos tiempo. Si la distancia hubiera sido tal que por ningún medio conocido de los hombres en esta época hubiera podido salvarse en menos de dos horas y media, entonces a pesar de toda la otra prueba de indicios habría que concluir que el acusado no pudo cometer ese crimen.

Es de notarse que aún cuando en el examen de los testigos no se hizo una detenida investigación respecto a las horas para llegar al conocimiento exacto de la hora en que fué agredido y muerto Mercado, la defensa suscitó ante el jurado la cuestión que estamos considerando pues el juez en sus ins-trucciones le dijo que la teoría de la defensa era que el acu-sado era inocente en absoluto porque no^ estaba en el sitio del crimen sino en otro tan distante qne no lia podido haber tomado participación en él, y se le llamó la atención a qne se había introducido evidencia tendente a demostrar esa coar-tada, así como que al jurado tocaba resolver esa cuestión. Y en efecto la resolvió en contra del acusado al declarar que era el responsable de esa muerte.

. Con la prueba del fiscal se negó el juez a ordenar al jurado la absolución perentoria que pidió el acusado, lo que demues-tra que el juez entendió que dicha prueba era suficiente, si era creída, para que el acusado pudiera ser declarado culpable. La prueba que después de esa negativa presentó la defensa solamente tendió a contradecir alguna del fiscal y a sostener un cuñado del acusado que éste estuvo en un circo en la Eureka de ocho a ocho y media en la noche del crimen. En estas condiciones la prueba es que la corte eoncedió el nuevo juicio. ¿Debe sostenerse esa resolución?

Entendemos que el jurado resolvió con su veredicto con-denatorio muchas cuestiones, entre ellas que el cuchillo que produjo la muerte era del acusado a pesar de su negativa, que este hecho con otros más demostraban por inferencia que el acusado fué el que causó la muerte de Mercado y que no era físicamente imposible que la produjera aunque fué visto en la Eureka de cinco y media a seis de la tarde y se-tardase dos horas y media de allí al lugar de la muerte. Esta última cuestión fué especialmente sometida al jurado para su reso-lución y la decidió. ¿Cómo, pues, puede un juez contra el parecer unánime de los doce jueces de hecho decir que aquellos se equivocaron al decidir que e1 acusado pudo cometer el crimen y lo cometió, cuando como hemos dicho antes no era en absoluto físicamente imposible que el acusado recorriera la distancia entre la Eureka y el lugar del crimen en algo menos de dos horas y media?

Si se hubiera negado el nuevo juicio y el acusado hubiera traído ante nosotros su ape1 ación fundada en la insuficiencia de la prueba, sin duda alguna hubiéramos declarado que había prueba circunstancial suficiente para sostener su culpabili-•dad. ¿Cómo, pues, porque un juez, contra la opinión de doce, ■declara que la prueba es insuficiente vamos a declarar noso-tros que estuvo justificado en esa conclusión, base del nuevo juicio concedido, cuando en esa apelación hubiéramos decla-rado lo contrario

Creemos, por tanto, que la prueba en el juicio no fué con-traria al veredicto de culpabilidad rendido por el jurado y que el juez inferior cometió un error manifiesto al declarar lo contrario y al conceder por ese motivo un nuevo juicio.

Aún cuando la moción de nuevo juicio se fundó también •en errores de derecho cometidos por el juez durante el juicio, ni el juez fundó en ellos su resolución, ni el acusado en su alegato ante nosotros los argumenta, ni después de un cui-dadoso estudio de ellos podemos declarar que existieron.

La resolución concediendo el nuevo juicio debe ser revo-cada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Matienzo, Demandante y Apelante, v. González et al., Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección Ia., en pleito sobre reivindicación de inmueble y devolución de bienes.
    No. 1682.
    Resuelto en junio 27, 1918.
    Escritura. — Interpretación Dada por las Partes a un Poder. — La interpretación dada por las partes a un poder por su propia conducta durante muchos años, releva a la corte de un estudio minucioso de los términos en que está con-cebido.
    'Transacción — Reclamación Dudosa — Convenio no Abierto a Impugnación Colateral. — Cualquier reclamación dudosa basta para sostener un contrato de transacción. Si la transacción do las partes ha de depender de la cues-tión de si las partes han transigido las disputas tal cual la ley lo hubiera hecho, entonces puede verdaderamente decirse que una transacción es un acto inútil y que a nadie aprovecha, cuando pone en tela de juicio aún la ■capacidad de las partes para verificar tai transacción. Aunque por razón de la conclusión a que ha llegado esta corte en el presente caso no es nece-sario resolver ahora la cuestión, parecería que se sigue la conclusión de que

      aquí, al igual que en Louisiana, y aparte de los principios generales rela-tivos a todos los contratos, un convenio semejante no está abierto a impug-nación colateral.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Damián Monserrat, Jr.

    Abogado de las apeladas: Sr. Pedro González García.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El día 2 de junio de 1900, don Julián Matienzo y Ahedo y doña Josefa Grónzález y Jiménez, el primero como esposo snpérstite y la segunda como madre y heredera de Juana Cebrián, fallecida, otorgaron una escritura pública contentiva de las siguientes cláusulas:

“Quinto. — Que por tales motivos acepta la compareciente, here-dera de doña Juana, como una verdad que atendido al estado de don Julián Matienzo, su situación actual, dehe asegurarse que no sólo han existido o habido gananciales durante el matrimonio, sino que ha habido pérdidas, debidas esas pérdidas no sólo a los cuantiosos gastos que en los últimos años se vieron precisados a verificar para atender a la salud de ambos esposos que dejó y ha traído como con-secuencia el fallecimiento de doña Juana Cebrián, sino también a los sucesos políticos y último huracán, cuyos acontecimientos han producido grandísima paralización comercial en todos sentidos.
“Sexto. — Que si bien aparecen algunas fincas adquiridas cons-tante matrimonio sucede que en esas compras se invirtieron cantidades que se hicieron efectivas disponiendo de bienes aportados por don Julián Matienzo y representa por ello, parte de su capital aportado, aunque bajo otra forma.
“Séptimo. — Que para mayor claridad de las cosas y mayor cono-cimiento de causa, de todo han formalizado un inventario jurado, incluyendo todo el haber de don Julián Matienzo en la actualidad compuesto de toda clase de bienes, así como también su caudal cuando contrajo matrimonio y aportado a éste resultando que el primero alcanzó a la cifra de $115,292 pesos provinciales, y el segundo a la cantidad de $122,835.17 de la misma moneda, y por tanto que existen pérdidas de alguna consideración y que no han quedado gananciales que dividir, como pertenecientes a la sociedad de gananciales deri-vadas del matrimonio.
“Octavo. — Que doña Juana Cebrián no aportó cosa alguna ni cuando se verificó el matrimonio, ni después de contraído, correspon-diendo, por tanto, a don Julián Matienzo todo lo quedado y exis-tente, debiendo recibirlo y tenerlo como su aportación unos -bienes y otros en parte de pago de la misma aportación al matrimonio.
Noveno. — Que en el registro de la propiedad aparece inscrita la propiedad a favor de don Julián Matienzo sobre los bienes si-guientes, adquiridos antes del matrimonio; (se describen).
“Duodécimo. — Que bajo los antecedentes expuestos que ambas partes aceptan por conocerlos todos y ser rigurosamente exactos, los señores comparecientes de su libre y espontánea voluntad.
“OTORGAN:
“Primero. — Que habiéndose formalizado como queda dicho y pri-vadamente, por ser los comparecientes mayores de edad, un inven-tario de todos los bienes existentes al fallecimiento de doña Juana Cebrián y González, a quien se refieren los precedentes de esta escri-tura, resulta evidente que, deducido el caudal que don Julián Ma-tienzo aportó al matrimonio, no existen gananciales de ningún género y sí pérdidas de alguna consideración.
“Segundo. — Que no habiendo aportado al matrimonio cosa al-guna doña Juana Cebrián y no existiendo gananciales, resulta evi-dente que no hay nada que heredar por la madre de ella compare-ciente, declarada heredera abintestato.
“Tercero. — Que en su consecuencia doña Josefa González y Ji-ménez en su carácter de heredera universal de su hija doña Juana Cebrián ratifica la aprobación prestada al referido inventario privado que tiene como la expresión fiel de la realidad de las cosas, por las razones que tiene expuestas y por tanto, que son completamente inútiles por carecer de razón para ello toda liquidación, ya que no existe otra aportación que la de don Julián Matienzo y toda su adju-dicación, ni otra cosa que no sea el reconocimiento explícito de que cuanto ha quedado, corresponde exclusivamente al compareciente viudo don Julián Matienzo.
“Cuarto. — Que por la misma razón y derivación lógica de lo ex-puesto en las cláusulas anteriores, reconoce y declara doña Josefa González y Jiménez que todos los bienes quedados al fallecimiento de su hija, sean de la clase que fueren corresponden en pleno do-minio a don Julián Matienzo, el cual los recibe los unos por perte-necerle desde antes de contraer matrimonio y los otros por ser ad-quiridos constante matrimonió, pero con caudal exclusivamente suyo y esto sin tramitación alguna y sin que se reserve doña Josefa Gon-zález y Jiménez derecho ni acción alguna que reconoce desde ahora no tener.
“Quinto. — En virtud del reconocimiento consignado, queda auto-rizado don Julián Matienzo para que adicione los asientos del regis-tro de la propiedad con los que sean necesarios o convenientes para expresar su dominio exclusivo sobre todos los bienes sean de la clase que fueren, ya adquiridos antes de contraer matrimonio ya adqui-rido después de contraído sin limitación ni reserva alguna.
“Sexto. — Por el mismo fundamento podrá también inscribir a su nombre y su exclusivo dominio cuando lo estime conveniente todos los bienes de la clase indicada y cuya inscripción no hubiere hecho con anterioridad.”

Se lia transcrito en los autos un documento privado. que se firmó con posterioridad a la muerte de Julián Matienzo, que reza como sigue:

“En San Juan de Puerto Rico a 27 de diciembre de 1904. — De una parte doña Josefa González y Jiménez, mayor de edad, vecina de Santurce, viuda de Cébrián.. — De otra: don Joaquín Matienzo y Amavizcar, comerciante, mayor de edad, vecino de San Juan, por sí y en nombre de su hermana doña Rosario, herederos ambos de don Julián Matienzo y Ahedo prestando por ella caución de Grato et rato, y en su defecto bajo exclusiva responsabilidad personal. Ex-ponen: 1. Doña Josefa González, viuda de Cebrián: que suscribió una escritura con su hijo político don Julián Matienzo Ahedo .en 2 de junio de 1900 ante el notario don Tomás Validejuli de Bayamón, poco después del fallecimiento de su hija doña Juana Cebrián y González, casada con el expresado Matienzo, reconociendo, por los motivos que en ella se expresan, y en su carácter de heredera de su expresada hija, que no existían gananciales, siendo por tanto de la propiedad del don Julián Matienzo todos los existentes que habían sido inventariados y tasados de conformidad con la exponente en 20 de mayo de 1900; pero que después del fallecimiento de este último ha tenido ocasión de convencerse, por el examen y estudio que ha hecho de los antecedentes auxiliada por su abogado don Rafael López Landrón y su hijo político don Juan O’Neil, de que no hubo exactitud en las operaciones practicadas de inventario y avalúo; y hecha una rectificación general de esas operaciones con-sidera que la verdadera liquidación del capital de don Julián Ma-tienzo al fallecimiento de su hija doña Juana debió de dar un resul-tado de gananciales a favor de la exponente su heredera, de $30,000 aproximación de sus derechos. 2. Don Joaquín Matienzo: que a su juicio la expresada escritura de 2 de julio de 1900 y el inventario avalúo que precedieron a la misma suscrito por doña Josefa fueron expresión de la verdadera situación del verdadero capital de don Julián Matienzo, comprobándose que no había gananciales; en lo que convino por su propia convicción doña Josefa, la que después ha venido aceptando una pensión de $40 mensuales, domicilio gra-tuito y otros beneficios otorgados por don Julián por su situación desvalida. — Sin perjuicio de estas manifestaciones deseosas ambas partes de evitarse los perjuicios' y gastos de un litigio y especialmente don Joaquín Matienzo las apreciaciones contrarias a su crédito mer-cantil a que pudiera dar lugar ese litigio, han convenido la definitiva transacción de la cuestión de liquidación y pago de gananciales al fallecimiento de doña Juana Cebrián bajo las siguientes cláusulas.-
“Por la cláusula primera se enumeran y describen los bienes que ha de recibir doña Josefa en pago de dicha transacción, que importa la suma de $22,272.
“La cláusula segunda dice: La escritura en"que se consigna esta transacción que había de llenar todos los requisitos legales y espe-cialmente los de la Ley Hipotecaria para inscripción de los inmuebles en el registro, se efectuará tan pronto como don Joaquín Matienzo reciba poder de la otra heredera y pueda practicarse e inscribirse la partición de los bienes, lo cual, salvo incidente o imprevistos, podrá tener lugar dentro de dos meses.
“La cláusula tercera dice así: Sin embargo, los efectos de este contrato comenzarán desde el primero de enero próximo, desde cuya fecha doña Josefa recibirá la cantidad de $1,000. — Las cédulas del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico y las alhajas bajo re-cibo ante notario y se le transmitirán las acciones desde luego si se admitiese por los bancos la facultad de don Joaquín como albaeea para efectuar las transferencias, o en su defecto cuando esté hecha la divisoria.
“La cláusula quinta dice así: La venta de la casa No. 37 de la calle de San Francisco, se hará bajo la condición resolutoria inscri-bible en el registro de que se rescindirá y quedará sin valor ni efecto si doña-Josefa por sí, por cesionario, o representada de cualquier otro modo estableciere acciones de nulidad o rescisión contra la escritura de 2 de junio de 1900 o contra este contrato de transacción, o pidiese a la sucesión de don Julián Matienzo, como heredera de doña Juana alguna cosa que no fuere el cumplimiento de esta misma transac-ción. La condición resolutoria indicada subsistirá después del falle-cimiento de doña Josefa hasta que sus herederos legítimos o testa-mentarios acepten y confirmen por documento notarial la presente transacción, en cuyo momento se cancelará en el registro de la pro-piedad dicha condición resolutoria.
“La cláusula sexta dice así: Declara doña Josefa que la presente transacción la hace aconsejada por el Ledo. Rafael López Landrón y por su hijo político don Juan O’Neill quienes después de exami-nados los antecedentes que han creído conveniente la han estimado justa y equitativa.
“Declara don Joaquín Matienzo a su vez que se ha consultado con el Ledo, don Francisco de Paula Acuña quien le ha aconsejado que la acepte, y los tres suscribieron este documento y la escritura posterior de conformidad. Doña Josefa declara, por último, que 'queda a su cargo costear el panteón en récuerdo de su hija doña Juana.
“La cláusula séptima dice así: De este documento privado se extenderán y firmarán dos copias, una para cada parte, y quedará sustituido por la escritura pública en la que se desarrollarán los conceptos en que está formulada, cuanto fuere necesario para su claridad y fuerza obligatoria. Josefa González viuda de Oebrián.— Joaquín Matienzo. — Franco, de P. Acuña. — Rafael López Landrón.— Juan O’Neill.”

Esto fué seguido de una escritura de transacción y venta de fecha 21 de febrero de 1905, y que se relaciona en la expo-sición del caso como sigue:

“Comparecencia: De una parte doña Josefa González Yda. de Cebrián y. de 1a. otra don Joaquín Matienzo y Amavizcar.
“Concurre el segundo Sr. Matienzo por su propio derecho y ade-más en concepto de apoderado de su hermana doña Rosario Matienzo' y Amavizcar le otorgaran con fecha seis de diciembre último, que copiado a la letra dice así:
“El poder que aparece copiado en dicha escritura dice así:
“ ‘Y doña Rosario Matienzo y Amavizcar otorga: que da y con-fiere poder, tan amplio, general y bastante como su derecho se re-quiera para valer a don Joaquín Matienzo y Amavizcar; Primera. Para que privada o judicialmente reclame la entrega y tome posesión de los bienes, derechos y acciones que corresponden o pueden corres-ponder a la otorgante a título de heredera, legatario, causa y derecho habiente de su finado tío don Julián Matienzo y Ahedo, y dichos bienes, derechos y acciones, los administre, rija y gobierne, recaude y cobre sus rentas y productos, arriende los inmuebles por término mayor o menor de seis años, desahucie o despoje a los que los deten-taren y celebre toda clase de contratos, actos y gestiones de una libre y general administración. Segunda. Para que represente a la otorgante en todas las operaciones testamentarias que se practiquen por defunción de su citado tío don Julián Matienzo y Ahedo, sobre inventarios, tasaciones o avalúos, partición o adjudicación de bienes, nombre peritos, tasadores, apruebe o impugne las referidas opera-ciones, otorgue y firme los documentos y escrituras públicas que conduzcan a la liquidación del caudal hereditario y tomando pose-sión. de los inmuebles se inscriban en el registro de la propiedad. Cuarta. Para que venda o enajene los bienes muebles e inmuebles, constituya hipoteca, etc., etc., ceda y trance y transija en todos cuantos derechos tenga o correspondan a la otorgante.’ (Poder otor-gado en Bilbao, España, con fecha 6 de diciembre de i 904 ante el notario Francisco Hurtado y Saraeho).
‘ ‘ MANIFIESTAN: Primer o. Que en 27 de diciembre de 1904, otor-garon privadamente un documento de transacción y venta de bienes y entrega de valores, cuyo testo dice así: (Se copia el documento antes relacionado, marcado letra A del demandante).
"Cláusula primera del otorgamiento:
“ ‘Que dando cumplido efecto al contrato de transacción antes transcrito vende y transfiere a favor de la otra compareciente Sra. doña Josefa González Vda. de Cebrián la propiedad y pleno dominio de las fincas que a continuación se expresan. Tercero. Esta transac-ción tiene lugar por el precio ajustado y convenido de $22,272 que la Sra Josefa González Yda. de Cebrián confiesa tener recibida de manos del otro compareciente don Joaquín Matienzo Amavizear con anterioridad a este acto en la forma siguiente: $509 a que ascienden el valor de las acciones, las cédulas de los Bancos de Puerto Rico y Territorial y Agrícola; $961 a que ascienden el valor de las alhajas relacionadas; $1,000 que en efectivo le fueron entregados y el resto de $19,802 que es el precio de los bienes transmitidos en esta escri-tura.’ ” .

Cosa de diez años más tarde Rosario Matienzo que vive en España y que jamás ña residido en Puerto Rico inició -un pleito para recobrar la propiedad así vendida a Josefa Gon-zález alegando falta de causa o consideración y de capacidad por parte de Joaquín Matienzo y como segunda causa de acción “que la enajenación de los bienes relacionados la rea-lizó Joaquín Matienzo, indebidamente y sin cansa o razón justificada. No sirvió para extinguir obligación preexistente y válida; no se obtuvo con ella la cancelación de ningún de-recho ni se pagaron deudas legítimas en favor de la deman-dada ni de ninguna otra persona. Llevó a cabo el acto por error y, antes que a la seriedad y méritos de los pretendidos, derechos de la demandada, atendió a las apreciaciones con-trarias que pudieran hacerse a su crédito mercantil de lle-varse a los tribunales la’cuestión propuesta.”

Josefa González, después de negar estos hechos, negativas, que acompaña de alegaciones positivas, alegó como defensa adicional que:

“Primera. — La demandante carece de causa de acción para rei-vindicar los bienes objeto de la demanda, porque la demandada los posee de buena fe y en virtud de un título justo, legal perfecto e inscrito en el registro de la propiedad, del cual no se ha pedido pre-viamente la nulidad, requisito indispensable para intentar con éxito la reivindicación.
“Segunda. — Las peticiones todas de la demanda implican virtual-mente la resolución o la nulidad del contrato de 21 de febrero de 1905; y toda acción encaminada a tal fin se halla prescrita de acuerdo con la legislación vigente en Puerto Rico.”

El testimonio de Josefa González tal cual aparece del record es como sigue:

“Que después del fallecimiento de su hija nunca trató con don Julián Matienzo, su yerno-, la cuestión de intereses, porque ella lo creía un hombre bueno y honrado y siempre le decía a su esposa, la hija de la demandada, que no tuviera cuidado, que la declarante no quedaría abandonada, que todo lo de él sería para ella; que él no sería malo con la declarante. Que a los pocos días de la muerte de su hija la que habla, veía de arriba para abajo los libros y se los llevaban para el mirador y escribían. Que después don Julián le dijo: ‘tiene que firmar aquí,’ y que como en aquellos momentos ella no se ocupaba de intereses ni de nada de ella lo firmó todo, por creer en conciencia que su yerno era bueno y honrado, entregándole las prendas y todo; que cuando don Julián marchó para España le dijo que las prendas eran de la declarante, por ser regalo que él le había hecho a la hija de la declarante y que no se las daba porque en Santurce se las podían robar. Que vivió seis meses, en compañía de sn yerno, basta que se marchó a Santurce, entregándole las pren-das y algunas monedas de oro para que se las guardara, recordando que había un collar que valía mil pesos y después los que le entre-garon a ella valían $300.
“Que en los seis meses que vivió con su yerno nunca le habló de intereses, que Matienzo le hizo firmar algunos documentos; que se dió cuenta del documento firmado ante Yalldejuli después de firmarlo y cuando había vuelto en sí. Que su yerno le digo: ‘Usted queda con una pensión y esa casa en usufructo, ’ respondiéndole ella que no podía ser eso porque cuando él se casó con la hija de la declarante sabía lo que tenía, que era muy poca cosa, que Trujillo lo compró después y que el mismo don Julián le dijo a su esposa delante de la declarante ‘Trujillo es para tí,’ y ella tampoco le habló de intereses; que cuando su hija estaba agonizando le dijo a Matienzo: ‘Trujillo es para mí, tú me los has dado de palabra, déjalo para mi madre, no la abandones’; que su hija murió en 1900.
“Añade, que cuando se firmó el inventario no estuvo presente, y que si lo firmó fué porque Matienzo mismo le presentó el documento-a presencia del sobrino de la declarante, don Alberto González. Que firmó todo lo que le trajeron. Que no vió al notario Sr. Yalldejuli.. Que no vió nada ni sabe nada. Que le dijeron ‘firme aquí y aquí’' y que firmó sin saber lo que firmaba creyendo en la honradez de su yerno. Y agrega: ‘Muriéndose mi hija llamó a Matienzo y le dijo: ‘Sólo te encargo que no abandones a mi madre.’ A lo que él res-pondió: ‘Tu sabes que yo siempre la he atendido y la he querido como a una madre.’ Lo demás de la declaración de esta testigo se refiere a que intervino en el inventario a nombre de ella su sobrino Alberto G. González; a que tiene una carta de este señor en la que le dice que no sabe nada de lo ocurrido y que ella se dirigió a dicho señor González haciéndole cargos porque no le advirtiera el que no debía firmar los documentos antes aludidos y que nunca le dió facul-tades a su sobrino para que llevara su representación.”

Joaquín Matienzo declaró en parte como signe:

“Que él es un hombre honrado y obró en conciencia y obraron tres que eran los albaceas, uno de ellos una persona de mucho valer, el banquero de Madrid, señor Llagudo. En cuatro de noviembre de mil novecientos cuatro murió don Julián Matienzo, recibió un cable del señor Llagudo, banquero de Madrid y al correo siguiente una copia del testamento y vió a quien legaba los bienes. Entre ellos dejó unas cuantas mandas en España, nn usufructo allá en Madrid ji-los bienes que dejó a la viuda doña Josefa González fueron en usu-fructo en dos casas en Santurce, parada 23. Entonces enseñó el testamento a la demandada y ella naturalmente se sorprendió y parece que no estuvo conforme, y entonces el testigo le dijo: Señora no se apure usted que yo le seguiré dando todos los meses lo que don Julián acostumbraba darle a usted, en vista de que usted queda en una situación angustiosa, anciana ya, y yo siempre procuraré ayudarla y ella le dijo al testigo que ella tenía otros derechos y el testigo trató de aconsejarle para que dejara eso así, que viera el testamento, que el testigo nó había hecho nada en contra de ella, que ella no estuvo conforme pero que siempre trataría de darle la men-sualidad que le daba don Julián de la cuenta particular del testigo; que en la carta que recibió del señor Llagudo éste le decía que deseaba le diera el asunto a don Francisco de Paula Acuña, abogado antiguo de don Julián Matienzo, amigo de aquél y nombre honorable, para ■que lo arreglara todo, porque tenía plena confianza en él, se dirigió al abogado Sr. Acuña y le entregó el asunto; y el Sr. Acuña le indicó que le llevara todas las escrituras, todo lo que él tenía y una relación exacta de los bienes de Julián Matienzo, y así lo hizo, presentándose entonces la demandada con el abogado don Rafael López Landrón y otros más, con quienes tuvo varias entrevistas y no pudiendo discutir con ellos, entregó el asunto al Sr. Acuña para que lo presentase a la corte. Que transcurrieron uno o dos meses en discusiones de los abogados y en eso el Sr. Acuña le aconsejó que transase el asunto, porque en los tribunales había ciertas cosas que era de opinión que antes de ir a los tribunales se debía transigir; que él indicó al señor Acuña que solamente era un albacea; pero que había otros dos que también lo eran, don Manuel Cañala y don Quirico Llagudo, personas respetables, con quienes debía antes consultar para ver su opinión, pues él, albacea y heredero, necesitaba el consejo de éstos; que puso un cable consultando el caso al señor Llagudo el que le contestó expre-sando su conformidad, que ya había tenido la primera transacción y que al hacerla provisionalmente no tenía poder para hacer la escri-tura ante notario; el señor expresó a la demandante que mandara inmediatamente el poder si no quería ver sus bienes en peligro; que el poder debía ser especial para hacer la división y la transacción ‘que era ésta,’ y mostraba un papel que decía había redactado el Sr. Acuña y que al mes y medio recibió dicho poder con una carta de su hermana para salvar la situación, carta que el declarante manifiesta tener en su poder, para hacer la divisoria y para haeer esa transac-eión. En este asunto tan obró en conciencia, que lo pnede probar con libros y documentos; que en los libros constan treinta mil dólares y eran cuarenta y ocho mil y que él no podía decir lo contrario por ser un hombre honrado; que él nó podía decir al abogado Sr. López Landrón que el balance era de $30,000 cuando en realidad había $48,000; que le dió pena el que la demandada quedara en desamparo y que sus sentimientos le obligaron a la transacción y pasó meses de angustia discutiendo con todos los abogados y exclama: ‘en manos de López Landrón, quiero decirle a la corte, ¿qué haría yo?’
“Continúa este testigo su declaración y añade: El derecho de la Sra. González nace de haberse hecho bajo tasación de-los bienes que de-jara don Julián; que doña Josefa González era suegra de don Julián Matienzo; que la hija de la demandada estuvo casada con don Julián que en el matrimonio Matienzo-Cebrián no hubo sucesión; que cuando falleció don Julián dejó un capital respetable; que ese capital se dis-tribuyó en muchas mandas y entre otros sobrinos del finado quedán-dole al declarante solamente los cacharros y las embrollas. Asegura que puede juzgarse el estado de la fortuna de don Julián antes y después de su matrimonio; que durante la comunidad conyugal ad-quirieron bienes, entre otros, la finca de Trujillo que tiene y posee el declarante, que lleva treinta y cinco años en Puerto Rico, donde llegó de nueve. Que vino directamente donde su tío, con quien estuvo hasta que éste se marchó enfermo y quedó entonces como su apo-derado ; que estuvo junto a él mientras permaneció soltero, y después de casado aquél y por ello tenía conocimiento del estado de su fortuna, en una y otra época, y de que hubo gananciales en su matrimonio.
“Y prosigue este testigo diciendo: Que la demandada hizo una reclamación a la sucesión de don Julián Matienzo, sin que recuerde si se llegaron a entablar procedimientos judiciales. Que don.Francisco de Paula respondió por él para que no le embargasen los bienes, respondiendo de la honradez del declarante y dijo al señor López Landrón que él se hacía responsable de que el testigo recibiera el poder y la autorización para llevar a efecto lo que había tratado; que como careciera de poder el declarante dijo ‘por lo que a mí responde yo lo hago.’ Dice también que él no le pidió a su hermana el poder, que quien lo pidió fué don Quirico Llagudo, él quería transiguir por sí solo, pero don Rafael López Landrón quería que fueran los dos. Que él consultó con éste, quien le dijo a su hermana que inme-diatamente mandara el poder al testigo en las condiciones necesarias para efectuar la transacción, que el testigo se salvaría, pero ella no perdería lo suyo. Que don Francisco Acuña le dijo: ‘mire Joaquín, tiene que hacer esto porque va a pasar esto, esto, y usted tiene que hacerlo.’ Añade también que le dió conocimiento a su hermana de la divisoria y de la transacción y que ella lo aprobó todo y que el poder vino para eso expresamente, porque no se podía hacer la divi-soria mientras no estuviera cancelada la reclamación de la demandada. Dice, además, que su hermana, la demandante, ratificó la transacción por carta, y que en su poder obran como cincuenta de esas cartas.
“A preguntas del demandante dice: Que no trajo esas cartas al juicio, que las podía buscar, que estaban en poder del Ledo. Texidor. Dice que una minuta que presenta se refiere al contrato privado, y está con la letra de don Francisco de Paula Acuña. Que en 27 de diciembre de 1904, cuando se hizo la transacción, ya había venido el poder, pero faltaba en él la firma del marido de su hermana, y hubo de pedirse otro con esa formalidad, y entonces vino.
“A preguntas de la corte dice: Que al hacer la transacción lo hacía partiendo de la base de que había gananciales en el matrimonio de doña Juana Cebrián y don Julián Matienzo y que puede enseñar al señor juez el balance que se hizo a la muerte de doña Juana; que le consta la existencia de gananciales por los balances que tiene en su poder, en los cuales figuraba un capital de 30,000 pesos y eran realmente $48,000 y se hizo para formalizar una escritura demos-trando que no había gananciales, que se dió a las propiedades un valor menor del precio en que fueron adquiridas y él no podía pelear con un abogado, mintiendo, porque le harían traer los libros y éstos hubieran dicho lo contrario; que sabía que el balance general de los bienes de don Julián era mayor que antes de casarse, porque tenía los balances en su poder.
“Al preguntarle el abogado de la demandante, que cómo expli-caba el hecho consignado y aceptado en el documento privado, en el cual dice el propio testigo, que a su juicio la expresada escritura de mil novecientos y el inventario y avalúo que precedieron a la misma, suscrito por doña Josefa González, la demandada, fué expre-sión de la verdadera situación del capital de don Julián Matienzo, comprobándose que no habían gananciales en lo que convino la de-mandada, la que después vino aceptando una pensión y otros bene-ficios, contesta: ‘que alguna forma debía de darle su abogado para defenderlo.’ ‘Creo que es la forma que empleó mi abogado para hacer ver a la otra parte que era una concesión especial. Y añade, que vio en el asunto un peligro de que se quedaran sin un centavo. Especifica bien, (pág. 15 del récord taquigráfico) que la casa de comercio debía $18,000 que él tenía que pagar; y que allí en la escritura de transacción estaría también la garantía de la deman-dada para no volver a reclamar nada a él ni a los herederos. Que hizo esa transacción.por su cuenta y la de su hermana porque tenía poder de ésta autorizándole, y los demás albaceas estaban deseosos de que el asunto terminara. Que él no creía que ningún hombre fuera a regalar lo suyo.
“El abogado de la demandada preguntó al testigo si en el con-eontrato de transacción se estableció por la cláusula 5a. que la venta de la casa No. 27 de la calle de San Francisco debía hacerse bajo la condición resolutoria inscribible en el registro de que sería rescin-dida y dejada sin efecto si la demandada o sus herederos establecían acción de nulidad o rescisión de la escritura de 2 de junio de 1900, o contra dicho contrato de transacción, o pidiese, como heredera de su hija, a la sucesión de Julián Matienzo alguna cosa que no fuese el cumplimiento de la transacción, y que ésta condición se hizo constar porque en otra ocasión anterior la demandada había aceptado la inexistencia de gananciales en el matrimonio de su hija y para garan-tizar esto se comprometía ella a no hacer reclamación alguna; siendo esta cláusula la compensación de la venta de dicha casa, contestó que sí; que le dijo al señor Acuña que le garantizase porque en aquel tiempo había cierto movimiento justo o injusto y él no era hombre de eso, se ponía nervioso y no le gustaba ir a la corte, y le rogaba lo hiciese para tranquilidad suya y de su hermana, lo cual no consi-guió del señor Landrón en un día ni en quince, sino después de grandes discusiones.
“A preguntas del demandado el propio testigo se expresa así: Don Julián Matienzo era uñ hombre especial de carácter bondadoso, que la familia de su esposa tenía mucho que agradecerle porque las protegía, como protegía a otras muchas familias pobres que vivían en San Juan, y la demandada estaba también muy agradecida lo que le constaba por haber vivido en compañía de ellos y conocer las interioridades de la familia; que debido a este agradecimiento la demandada no podía decir al señor Matienzo ‘yo no firmo nada de lo que Ud. me ponga’ y esto cree que es verdad en conciencia y es el sentimiento de verdad ante la cara de Dios; don Julián era un hombre bondadoso, y él garantiza que no podía haber ninguno como él, pero era un hombre muy precavido.
“Que sabía que en la escritura otorgada entre don Julián Ma-tienzo y su suegra se declaraba que no había gananciales. Que él no asistió al acto de la escritura. Insiste de nuevo en que hubo ganan-ciales fundado en la valoración de las fincas y que le constaba que había fincas adquiridas durante el matrimonio. Añade que el dinero con que se compró la finca de Trujillo fué con dinero, antes pero parte adquirido después del matrimonio. Que cuando murió don Julián su capital había aumentado y que en la ferretería existían $48.000 y se había puesto en $30,000 para parecer que no había gananciales; que otras fincas habían sido valoradas en bajos precios. Te fué presentada por el abogado de la demandada un documento, y reco-noció que era la minuta para la transacción, hecha en días antes de octubre de 1904, y escrita por éste en presencia del testigo. Que al celebrar la-transacción con doña Josefa González, tenía, conocimiento de la escritura e inventario que habían firmado ella y don Julián Matienzo al mes, o dentro de los dos meses siguientes al fallecimiento de su esposa. Que conocía el texto de dichas escrituras y sabía que a pesar de ellas existían gananciales, lo cual le constaba al celebrar la transacción, puesto que las propiedades valían más de la cantidad en que figuraban, y habían sido adquiridas durante el matrimonio. Que cuando se casó Matienzo sólo tenían unos solares, unas casas y la ferretería.
“A preguntas del Honorable Juez añadió: Que cuando murió la señora de Matienzo había aumentado el capital; que los bienes estaban valorados en menos de lo que habían costado; que en la ferretería habían $48.000 y en el inventario figuraban $30,000. Que la finca de Trujillo Alto figuraba en $10,000 y había costado $28,000 y así los demás bienes; y ese inventario sirvió de base para hacer la escritura ante el notario Validejuli.”

No se presentaron más testigos, no se hizo' objeción al-guna contra ninguna parte de ]a declaración de estas dos personas, ni se realizó esfuerzo alguno para contradecirlas o desacreditarlas.

El juez sentenciador basado en dicha prueba desestimó la demanda por las razones mencionadas en sus conclusiones, que rezan como sigue:

“Porque el contrato privado de 27 de diciembre de 1904 a que se hace referencia en el hecho tercero de la demanda, fué ratificado en escritura pública de 21 de febrero de 1905 otorgada ante el no-tario don Eduardo Acuña Aybar, por don Joaquín Matienzo Ama-vizcar, como apoderado de su hermana la demandante, debidamente autorizado, habiendo sido inscrita en el registro de la propiedad las diferentes transmisiones de inmuebles hechas por dicho instrumento en favor de la demandada;
“Porque la enajenación no se llevó a cabo gratuitamente, como afirma la parte actora, sino en virtud de una transacción llevada a cabo con suficiente causa y la cual después de la ratificación reúne todos los requisitos exigidos por la ley;
“Porque cuando el demandante-y el demandado derivan sus títulos del mismo origen, y el derecho a reivindicar se funda en la nulidad de la transmisión del título al demandado, es necesario pedir antes la nulidad del título de éste, pues sólo anulándose puede recobrar sus fuerzas el título del demandante, toda vez que ambos títulos no pueden subsistir y armonizarse;
‘! Porque en todo caso la acción de nulidad del contrato de 21 de febrero de 1905 estaría prescrita de acuerdo con el artículo 1268 del Código Civil.”

Cada una de las conclusiones arriba re7acionadas sobre las que la corte inferior basó su sentencia lia sido apuntada como error.

El apelante, en cuanto a la primera proposición, insiste en que el poder no podía ser considerado con efectos retro-activos; que el convenio original que se contiene en el docu-mento privado es el único contrato; que el último instru-mento notarial fue simplemente una tentativa de “autenti-carlo” para los fines de su inscripción; que no debemos mirar a la forma sino a la sustancia; siendo patente el hecho de que Matiénzo actuó sin autoridad y sujeto a la aprobación de' su hermana; -que el poder para transiguir es un poder general y no el mandato expreso que exige el artículo 1615 del Código Civil; qué en el poder no se sugiere la ratificación y debe interpretarse estrictamente; que el artículo 1259 del Código Civil es el que debe regir este caso; que aún cuando tuviese Matiénzo poder para transigir carecía de facultades para la transmisión del título a la propiedad del demandante en pago de deudas, y que de cualquier modo no constituyen causa o consideración del contrato indefinidos e indeterminados derechos.

Si como alega y aún insiste el apelante, pero que dejó. totalmente de probar, ella no tuvo conocimiento alguno de lo que se había hecho hasta dentro de algunos meses antes de radicarse el pleito, si no hubiese esperado diez años para tomar alguna acción en el asunto, si su apoderado no hubiera asumido actuar como lo hizo por virtud del poder, si sólo existiesen ante nosotros el documento privado y ''a escritura de poder, entonces la contención del apelante merecería indis-cutiblemente seria consideración. Pero la declaración no con-tradicha de Joaquín Matienzo demuestra que toda la cuestión fué colocada de una vez en manos del abogado, que había re-presentado a Julián Matienzo hasta la fecha de su falleci-miento, que esto se hizo a instancias del otro albacea y con-sultor del demandante en España, que la demandante tuvo completas noticias de la situación, que el poder fué otorgado con el único propósito de habilitar al testigo para transigir con Josefa González, que el poder lo había recibido en rea-lidad de verdad antes de otorgado el documento privado pero sin la firma del esposo de la demandante y que tenía muchas cartas de su hermana con relación a estos asuntos, la cual correspondencia estaba en poder de un prominente letrado de San Juan, cuyo nombre fué dado.

Una curiosa circunstancia en la que aparentemente no se fijó ninguna de las partes, es la de que el poder está en reafidad de verdad fechado en diciembre 6 de 1904, o sea cosa de tres semanas antes de otorgarse el documento pri-vado, y la manifiesta confianza con que Joaquín Matienzo en el documento últimamente mencionado garantiza la actitud de su hermana respecto del asunto, del mismo modo presta mayor fuerza a su declaración. Pero es aún de mayor sig-nificación el hecho revelante de que por espacio de una década nada hizo la demandante.

En 21 de febrero de 1905 tenía Joaquín Matienzo plenos y expresos poderes de su hermana tanto para transigir las reclamaciones contra la sucesión de Julián Matienzo como para enajenar sus bienes. Con ese poder asumió ora rati-ficar, ora dar cumplimiento al contrato privado ya convenido por él por su hermana al igual que por sí mismo, ora para sustituir, un contrato auténtico en el que se trataba e incluía de todos modos la trasmisión del interés de su principal en determinados bienes reales y personales. Al hacerlo así tam-bién traspasó su propio interés en esos bienes y actuó en virtud del consejo que le diera un abogado capacitado electo por un banquero en España, que era también uno de los al-baceas con quien la hermana estaba en íntimo contacto; y si el testimonio arriba relacionado es cierto es algo difícil evitar la conclusión de que la transacción a que así se llegó fue un resultado casi tan satisfactorio como razonablemente esperarse pudiera. Pero sea de ello lo que fuere, la hermana con pleno conocimiento de lo actuado por su hermano con su conducta demostró su aquiescencia con él mismo y adoptó lo actuado por su hermano por su propia acción. Para ella es ya muy tarde para que pueda levantar cuestiones técnicas respecto a si fué o no la escritura de 21 de febrero de 1905 en un sentido estrictamente legal una ratificación o respecto a si podía o no interpretarse el poder de modo que apareciese una autorización para semejante ratificación, o respecto a si eran o no los términos en que el mismo estaba concebido sufi-cientemente específicos para sostener la transacción de la re-clamación particular de que se trata o para autorizar la ena-jenación de la misma propiedad de hecho ya transferida en transacción.

Con el fin de sostener el alegado carácter gratuito de la enajenación, el apelante trata de evitar el efecto del convenio o contrato de transacción y venta, basándose en la teoría de la no ratificación; prácticamente descarta toda la prueba des-pués de una tentativa para demostrar que no merece seria consideración, y descansa sobre el instrumento de 2 de junio de 3900, sobre el inventario que le precedió y que constituye la base del mismo, sobre el testamento y sobre la falta de la demandada Josefa González, de establecer la existencia real de los bienes gananciales. No es preciso qne repitamos la prueba qne se deja citada respecto de las circunstancias qne rodean el otorgamiento de la escritura notarial de 1900, corro-borada como está por los hechos de 1904 y 1905; y la inter-pretación que le han dado al poder las partes por su propia conducta nos releva de un estudio minucioso de los términos en que está concebido.

Cua1quier reclamación dudosa basta para sostener un con-trato. 5 R. C. L. 880, 881; secciones 5 y 6; 12 O. J. 322, 324; 13. C. J. 349; 12 Manresa 97. ‘ ‘ Si la transacción de las partes se hace depender de la cuestión de si las partes han transi-gido las disputas tal cual la ley lo hubiera hecho, entonces puede verdaderamente decirse que una transacción es un acto inútil y que a nadie aprovecha, cuando pone en tela de juicio, aun la capacidad de las partes para aplicarse.” 6 R. O. L. 663, sección 75.

La argumentación del tercero y cuarto motivos de error asume la falta, tanto de'consentimiento, como de causa, pero esto, como lo hemos demostrado, constituye una falsa pre-misa. El contrato era solamente anulable, no absolutamente nulo, y, por los términos del artículo 1717 del Código Civil era res judicata c-ntre las partes. Parecería, aunque por ra-zón de la conclusión a que hemos llegado no es necesario resolverlo ahora, que se sigue la conclusión de que aquí,- al igual que en Louisiana, y aparte de los principios generales relativos a todos los contratos, un convenio semejante no está abierto a impugnación colateral. Véase 12 Manresa 122, 123, Oglesby v. Attril, 105 U. S. 605.

No encontramos error alguno que produzca la revocación de la sentencia recurrida, la que es de confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


text:
    López, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo, en pleito sobre información posesoria.
    No. 1794.
    Resuelto en junio 27, 1918.
    Expediente Posesorio — Inscripción Previa a Nombre del Causante — Certifi-cación del Pago de Contribuciones. — Cuando fallece un poseedor sin tener inscritos sus bienes, puede el heredero incoar’ un expediente posesorio con el fin de inscribir los bienes pertenecientes a la herencia a nombre de su cau-sante primero, y luego a nombre del heredero, ambos procedimientos, desde luego, después de acreditar debidamente lo que exige la ley. Sin embargo, una certificación del pago de contribuciones por la viuda del difunto, veinte años después del fallecimiento, sobre una finca distinta de mayor extensión sin prueba alguna de que ésta comprende la de que se trata, no está con-forme con la teoría de tal procedimiento, ni es bastante para obtener la resolución que se persigue.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Manuel Paz, Adrián Agosto y José Martínez Pavita.

    Abogados del apelado: Sres. Salvador Mestre, Fiscal, y José Aponte, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La orden contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación dice como sigue:

“En este caso Juan Francisco de Jesús López solicita se apruebe la información de la finca rústica que se describe en la solicitud, a favor de su padre Bernabé de Jesús .Villegas,- basta el día 7 de noviembre de 1896, en que falleció.
'“El derecho que concede el artículo 398 de la Ley Hipotecaria, es para inscribir el de posesión del promovente, y la información ha de referirse al hecho de posesión de los bienes en nombre propio, por el que premueve el expediente, artículo 390 y- 391 de la Ley Hipotecaria, y en este caso el promovente no alega su posesión de hecho, ni anterior ni actualmente, refiriéndose a una posesión de su padre de hace veinte y un años.
“La certificación que se acompaña corresponde al año económico’ de 1916 a 1917, y aparece a nombre de una Francisca López y se refiere a una finca de 18 cuerdas de terreno, siendo de 7 cuerdas solamente la que es objeto del expediente, no identificándose por tanto ésta.
“No se justifica con certificación alguna que Bernabé de Jesús Villegas, pagara contribución alguna a título de dueño de ninguna finca; faltando por tanto el requisito 4 del artículo 391 de la referida Ley Hipotecaria.
“Por otra parte, la información de los dos testigos es contra-dictoria en cuanto a la adquisición y posesión, por un tal Bernabé de Jesús, de la finca, y el juramento de la solicitud es defectuoso.
“El fiscal dictaminó oponiéndose a la aprobación del expediente, y la corte, de acuerdo con lo dictaminado por el ministerio público, y por los fundamentos expuestos,
“Declara no haber lugar a la aprobación de la información prac-ticada en este expediente.”

El apelante insiste en qne la corte de distrito erró en primer término, al interpretar los artículos 390 y 391 de la Ley Hipotecaria; segundo, al declarar que la finca de 7 cuerdas no fué identificada como parte de la parcela de te-rreno de mayor extensión sobre las que se pagaron las con-tribuciones; tercero, al exigir prueba del pago de las con-tribuciones por Bernabé de Jesús; cuarto, al estimar la exis-tencia de un conflicto de prueba; y quinto, al enmendar la orden recurrida después de habérsele notificado al apelante.

El primer señalamiento de error está muy bien fundado. Odriozola, 541, 542; 4 Galindo (3a. edición) 726; Resolucio-nes de la Dirección General de los Registros de España de 11, 24 y 29 de enero de 1864. Cuando fallece un poseedor sin tener inscritos sus bienes, puede el heredero incoar un expediente posesorio con el fin de inscribir los bienes perte-necientes a la herencia a nombre de su causante primero, y luego a nombre del heredero, ambos procedimientos, desde luego, después de acreditar debidamente lo que exige la ley.

El apelante en apoyo del segundo señalamiento de error descansa sobre la solicitud jurada más bien que sobre la prueba, pero el affidavit del peticionario es tan yago que ca-rece de significación. Por supuesto el defecto del juramento pudo haberse subsanado mediante enmienda al efecto aun-que no queremos dar a entender que esto haya de obligar al- juez sentenciador a aceptar cualquier alegación de la soli-citud como un hecho probado sin prueba ulterior alguna.

El tercer error apuntado no existe. El apelante promo-vió el expediente para justificar la posesión por parte de su causante Bernabé de Jesús y para comprobar el pago de contribuciones presentó una certificación en la que aparece Francisca López pagando los dos semestres de 1916 a 1917 por valor de $15.10 repartidos sobre una finca de 18 cuerdas radicada en el barrio ‘‘Islote” del Municipio de Areeibo Esa certificación no está conforme con la teoría de que parte la solicitud y no es bastante para obtener la resolución que se persigue para los fines de la inscripción de la finca a favor de Bernabé de Jesús, que falleció en 1896.

En cuanto al cuarto error, un mero conflicto de pruebas es importante sólo en tanto cuanto deje la misma de satis-facer a la corte sentenciadora. Uno de los testigos se pro-nunció con ciertas incertidumbres respecto a fechas y al pe-ríodo durante el cual Bernabé de Jesús estuvo en posesión con anterioridad a su fallecimiento, pero en cuanto al hecho de la posesión por dos años o mas según se alega en la soli-citud no parece que haya habido serio conflicto alguno.

El entrelineas impugnado, aunque no lo especifica el ape-lante, parece haber consistido en la adición de las palabras “y el juramento de la solicitud es defectuoso,” que aparecen al final del antepenúltimo párrafo de la resolución supra citada. La enmienda, si es que en realidad se hizo después de haberse notificado de la sentencia al abogado del peti-cionario, sólo añade otra razón a la acción tomada por la corte y no modifica la parte dispositiva de la orden. Trans-currieron veinte días antes de radicarse el escrito de apela-ción, y no aparece la fecha de la supuesta enmienda. No se ha demostrado que haya habido perjuicio alguno y la irregularidad, si es que existió, fué inofensiva.

Dadas las circunstancias del caso la sentencia debe ser confirmada sin perjuicio de que pueda promoverse nueva-mente la información para justificar debidamente la.pose-sión qne se trata de inscribir.

Confirmada la sentencia apelada sin perjuicio de que pueda promoverse nuevamente la in-formación para justificar debidamente la posesión que se trata de inscribir.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Collazo, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de un ex-pediente de dominio.
    No. 369.
    Resuelto en junio 28, 1918.
    Dominio — Inscripción del Dominio Estando Inscrita la Posesión. — Cuando no liay intereses opuestos, cuando una, corte competente, con pleno conoci-miento de todas las circunstancias, al aprobar un expediente de dominio, expresamente convierte en título de dominio la posesión inscrita en el re-gistro a favor del promovente y del dueño •' anterior de la finca de que se trata, sin ordenar la cancelación de ningún asiento y sin la posibilidad de perjudicar a terceros, el mero hecho de que aparezcan en el registro dichas inscripciones anteriores de la posesión no es motivo para denegar la ins-cripción del deereto.
    Sentencia Firme — Renuncia del Derecho de Apelación. — Renunciado por el Fiseal su derecho a interponer apelación en un expediente de dominio, tal renuncia hace que la resolución sea firme.
    Los hechos están expresados en la -opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. López Tord & Zapas Pizarro.

    El Registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Laserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante promovió un expediente de dominio para acreditar el título de dominio que tenía sobre determinada finca, cuya posesión aparecía inscrita a sn nombre y a nom-bre de sn anterior dneño.

La parte pertinente de la resolución de la corte de dis-trito reza como sigue

‘ ‘ PoR cuanto, de la prueba practicada resulta debidamente jus-tificado que el promovente, estando casado con doña Dolores Rivera, adquirió el inmueble antes descrito, sobre el cual no pesa carga ni gravamen alguno y que tiene un valor de ciento ochenta dollars, por compra a don Juan Colón y González, según escritura pública ante el notario que fué de Coamo don. Felipe Rodríguez, fecha 31 de julio de 1909, y don Juan Colón la había adquirido hace más de veinte años por compra ocho cuerdas y media a Gil Rodríguez, y el restante de ocho cuerdas por compra a Robustino Cartegena; y Gil Rodríguez y Robustino Cartagena habían poseído dichas porciones por más de diez años, haciéndose constar que el don Juan Colón González acreditó a su favor la posesión de dicho inmueble, según expediente aprobado por la Corte Municipal de Salinas de fecha 20 de julio de 1909 y fué inscrita dicha finca en el Registro de la Propiedad de Guayama, al folio 1, tomo 13 de Salinas, finca número 613,' encon-trándose inscrita dicha posesión actualmente a favor del peticionario, pero no existiendo título de dominio alguno inscribible en el registro de le, propiedad, de la misma.
“‘POR cuanto, aparece asimismo de la prueba presentada, que tanto el promovente como los anteriores dueños de la descrita finca, han poseído la misma desde las fechas antes indicadas, quieta y pacíficamente, sin interrupción de clase alguna, be buena fe y me-diante justo título, en concepto de dueños y de una manera pública.
“POR tanto, la corte resuelve que debe declarar y declara, jus-tificado el dominio pleno de. la descrita finca, a favor del promovente Fidel Collazo y Rivera, ordenando al registrador de la propiedad del partido la inscripción del descrito inmueble a favor de dicho pro-movente, mediante copia certificada que de esta sentencia se expe-dirá oportunamente, debiendo la inscripción posesoria de dicha finca,-consolidarse en la de dominio que por la presente se decreta a favor del promovente, única ésta que debe subsistir.”

El registrador denegó la inscripción de la resolución de la'corte antes referida “porque apareciendo del registro que el promovente tiene inscrita a su favor la posesión de la finca a título de compra, no puede sin violar el espíritu así como la letra del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, instruir el expediente de dominio a su favor. Galindo, Leg. Hip., Tomo 4°., 660. Santiago v. El Registrador de Ponce, -- D. P. R. Hoja Suelta 519. Se hace constar además el de-fecto subsanable de no ser firme la resolución.”

Galindo, según puede verse si se lee el texto citado, no sostiene la teoría del -registrador, sino que, siguiendo más bien el espíritu que la letra de la ley, llega a la conclusión opuesta:

“Aunque a tenor de la letra del artículo 404 sólo es aplicable al caso de que el propietario carezca, de título escrito, inspirándonos en su espíritu, estimamos que es utilizable el procedimiento que esta-blece, cuando a pesar de existir título escrito, éste no es inscribible por impedirlo el artículo 20 de la ley.
“Tal acontece cuando, por ejemplo, se vende en juicio ejecutivo un inmueble, y el juez en rebeldía del deudor otorga la escritura por no estar inscrito dicho inmueble ni a nombre del deudor ni al de otra persona. En este caso, aunque existe título escrito, es como si no existiera, bajo el punto de vista hipotecario, y no hay razón para privar al propietario del derecho de inscribir el dominio me-diante el procedimiento establecido en el artículo 404, que éste concede al que carece de título escrito.
“Puede también ocurrir, y con más frecuencia, que el poseedor de una finca la transmita a otro por título de compra. Este último adquirente tiene título de dominio escrito, por más que sólo le da derecho a inscribir la posesión, que es lo que tiene inscrito su cau-sante, y no puede, por ende, con arreglo a la letra del artículo 404, instruir el expediente de dominio a su nombre.
“¿De qué medios podrá valerse para conseguir que la inscripción posesoria se convierta en inscripción de dominio ? Dos se nos ocurren :■ Io. que instruya el expediente para justificar que su causante tuvo' el dominio aunque carecía de título inscrito, y una vez declarado por el juez, convertiráse la inscripción de posesión a favor de dieho> causante en inscripción de dominio, e ipso facto sufrirá igual con-versión la del último adquirente; 2°., que éste, si llevare el tiempo necesario para adquirir el dominio por prescripción, acumulando el que hubiese poseído su causante, acuda a los tribunales para qu& en uso de las facultades que el artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil les confiere, proclamen la prescripción en el correspondiente juicio declarativo.”

En el caso de Santiago v. El Registrador de Ponce, resuelto en 7 de febrero último, supra (pág. 138), el promovente ad-quirió por compra en el año 1905 una finca de los herederos de Lorenzo Rodríguez que había fallecido en el 1898. No había inscripción alguna a nombre del peticionario ni a nombre de la sucesión y aparentemente la corte no tenía conocimiento al-guno de la inscripción mencionada por el registrador en 1898 a nombre de Juan Lorenzo Rodríguez Ceda ni de ninguna otra persona que aparentemente ostentara algún interés. La re-solución de la corte sencillamente declaró ..justificado a favor del promovente el dominio de la finca descrita en el escrito inicial y ordenó su inscripción en el registro a nombre del promovente. La única cuestión levantada en la apelación giró sobre la identidad de la finca. Con una ojeada que se de sobre los hechos en los casos citados en el de Santiago v. El Registrador, bastará para distingirlos del. que nos ocupa.

En este caso no hay intereses opuestos. El promovente tenía inscrita la posesión a su nombre en el registro y ésta fué expresamente consolidada en el dominio que se declaró justificado por la corte en su resolución. No se ordenó hacer cancelación de ningún asiento ni se causa perjuicio alguno-a terceras personas que no hayan comparecido ante la corte.

El registrador no ha presentado alegato escrito y sólo-nos explicamos el que haya mencionado el defecto subsa-nable con la hipótesis de que no se fijó en la certificación del secretario de la corte de distrito en que se hace constar que el fiscal 'había renunciado el derecho de interponer recurso-de apelación.

Es de revocarse la nota del registrador.

Revocada la nota del registrador.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sucesión Collazo et al., Demandantes y Apelantes, v. Borrás et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre división de comunidad, liquidación y ren-dición de cuentas y pago de rentas y productos.
    No. 1738.
    Resuelto en junio 28, 1918.
    Acción Communi Dividundo — Circunstancia Determinante de la Acción. — Es requisito esencial para el ejercicio de la acción eommuni dividundo que la cosa cuya división se pretende sea poseída proindiviso y en común por el actor y demandado, pues esta circunstancia es la que determina la facul-tad que tiene el copropietario para pedir que la cosa común se divida, y la posesión sólo puede reputarse en común o de consuno cuando los bienes se poseen colectivamente en interés y a nombre de todos los copropietarios o partícipes, y no cuando con título más o menos perfecto como en el pre-sento caso se tienen o disfrutan individualmente, obrando el poseedor en nombre propio como único dueño sin intervención de otros.
    ■Contra Quiénes debe Dirigirse la Acción — Partes Necesarias en el Jui-cio. — La^ aeeión communi dividundo debe dirigirse contra todos los parti-cipes o comuneros con el fin de que no resulte ineficaz la sentencia que se dicte para hacer efectiva la división de la cosa común. Y no habiéndose traído a juicio todas dichas partes, pues faltan algunas segiín apreciación de la corte sentenciadora, no puede prosperar la acción ejercitada en la de-manda.
    Desestimación de Apelación — Objeto de la Moción. — El resultado de una mo-ción solicitando la desestimación del recurso de apelación, si se declarara con lugar, sería el de quedar subsistente la sentencia apelada;' y como a esa conclusión ha llegado la corte mediante el estudio del caso por sus mé-ritos, carece de finalidad, práctica la consideración de tal moción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres., Muñoz & Brown.

    Abogados de los apelados: Sres. Simón Largó, Antonio Sarmiento y M. Rodríguez Serra.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 3 de enero de 1916 los demandantes estable-cieron ante la Corte de Distrito de Arecibo una demanda •contra los demandados sobre división de comunidad, liqui-dación y rendición de cuentas y pago de rentas y productos, con súplica de que se dictara sentencia por la que se conde-nara a todos los demandados a proceder a la división material de la finca descrita en la demanda y entregar a los de-mandantes la parte que de la misma les corresponde; se condenara especialmente a los demandados José Demetrio de Jesús y Borrás y Jesús Enrique de Jesús y Borrás a rendir enenta y liquidación justificadas de las rentas, frutos y productos obtenidos en la mencionada finca y entregar a los demandantes la parte proporcional que de esos productos les corresponde; y se condenara asimismo a los demandados José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás y a los demandados que a la demanda se opusieren, a pagar a los demandantes los daños y perjuicios que la corte determinare, con más las costas y honorarios de abogado.

Alegan los demandantes en su demanda que por escri-tura otorgada en Arecibo en 14 de noviembre de 1866 ante el escribano don Francisco de Torres, Demetrio de Jesús vendió con pacto de retro al causante de los demandantes y a los causantes de los demandados que en dicha escritura se relacionan, una finca rústica denominada hacienda “San Pedro” radicada en el barrio de Hato Yiejo de Arecibo, con cabida de 329 cuerdas y 2,181 varas castellanas de terreno de vega y sobrevega, dividida en dos porciones, una de 24 cuerdas y la otra de 305 cuerdas y 2,181 varas castellanas, bajo las colindancias que se expresan, formando además parte de dicha hacienda el terreno alto y montuoso que se halla frente a su llanura con una cabida de 200 cuerdas bajo los límites que se determinan; que la venta se verificó por la cantidad de $158,931.73 que el vendedor Demetrio de Jesús confesó haber recibido en distintas cantidades de los compradores como acreedores suyos, y con pacto de retroventa, en virtud del cual el vendedor se reservó el derecho de devolver a los compradores la cantidad expresada en plazos anuales de $12,000 que empezarían a correr en el año 1870 bajo la condi-ción de que vencido ún plazo sin ser satisfecho se estimarían vencidos todos los demás/bien entendido que llegado ese caso no podría el vendedor continuar en la posesión de la finca; que Demetrio de Jesús no pagó a los acreedores compradores el todo ni parte del precio de la venta ni plazo alguno de los convenidos; que entre los compradores figuran Ceferino Co-llazo, causante de los demandantes, en una proporción de 2,400 pesos, y, con una participación de $3,200 Celsa Borrás, de la que es heredera única su hija Angela Julia Borrás, ha-biendo ésta cedido sus derechos y acciones por título de com-praventa a los demandados José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás; que en su carácter de cesionarios de Celsa Borrás los demandados José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús Borrás entraron en posesión de la totalidad de la finca San Pedro y con ese título están ocupándola desde el año 1909, cultivándola y explotándola y recibiendo sus rentas y productos sin rendir cuenta de ellos ni entregar la parti-cipación correspondiente a los demandantes y demandados condueños; que los demandantes y todos los demandados relacionados en la demanda son los únicos dueños proindi-viso de la finca San Pedro y son los que representan la total. comunidad del dominio de ella, habiéndose establecido la demanda contra los demandados José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás porque son los que se encuentran indebidamente en posesión de la totalidad de la finca, e in-cluídose en la demanda como demandados a todos los demás porque no se ha podido obtener su consentimiento para unirse con los demandantes; que los beneficios percibidos por José -Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás en las siembras de cañas y otros cultivos a que han dedicado la finca desde el año 1909 ascienden a más de $40,000; y que la negativa de José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás a proceder a la división material de la finca y entre-gar a los demandantes su participación en los productos de la misnja, ha ocasionado a los mismos daños y perjuicios que se estiman en no menos dé $5,000.

Los demandados José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás al contestar la demanda admiten algunas de las alegaciones de ella y contradicen otras. Aceptan, sin argü-iría de nulidad, la escritura de venta con pacto de retro de la hacienda San Pedro otorgada en 14 de noviembre de 1866. Niegan haber estado en posesión de la hacienda San Pedro con el carácter de cesionarios de la partícipe Celsa Borrás o en cualquier otra personalidad o representación, por más que son dueños a partes iguales del condominio que les tras-mitiera Angela Julia Borrás, heredera de Celsa Borrás, por escritura de compraventa y , cesión de derechos y acciones otorgada en Arecibo a 19 de noviembre de 1909. Alegan que la hacienda San Pedro está actualmente, como de mucho tiempo atrás viene estándolo, dividida en porciones diferentes constitutivas de distintas fincas repartidas entre diversas per-sonas que las poseen y disfrutan, y que si ellos José Deme-trio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás poseyeran tierras procedentes de la hacienda San Pedro nunca esas tierras constituirían la totalidad de la finca sino una pequeña parte de ella. Y niegan que los demandantes y todos los deman-dados sean los dueños proindiviso de la hacienda San Pedro según la escritura de 14 de noviembre de 1866.

Como segunda defensa alegan José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás que las únicas tierras que poseen y vienen poseyendo desde tiempo casi inmemorial con sus hermanos Rafael, Miguel y Alejandrina de Jesús y Borrás son dos fincas rústicas, una de ellas compuesta de 135 cuer-das de terreno llano, 125 de cañas dulces y el resto a pastos y malezas, y la otra, con cabida de 150 cuerdas más o menos, a pastos, frutos menores y malezas y con algunas planta-ciones de café, ambas fincas ubicadas en el barrio de Hato Yiejo, término municipal de Arecibo, bajo los lindes que se expresan estando enclavada en la segunda finca una casa para habitación, de maderas, techada de zinc, con algunos bohíos, cuyas fincas adquirieron los cinco hermanos de Jesús y Borrás en común proindiviso por compra a su padre Deme-trio de Jesús por los años de 1880 a 1882 poseyéndola desde entonces como dueños, sin que los demandados José Deme-trio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás posean otras tierras solos ni conjuntamente.

Como tercera defensa alegan los demandados José Deme-trio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás haber adquirido por prescripción ordinaria y extraordinaria en unión de sus her-manos ya nombrados el condominio indiviso de las dos fincas que poseen habiendo adquirido también por prescripción el dominio de los frutos por dichas tierras producidos mediante su posesión y disfrute no interrumpido por más de tres años con buena fe, sin necesidad de ninguna otra condición.

Blanca y Sara Ruiz Sagredo e Irizarry, Angelina Ruiz Sagredo y Zeda, Josefina, Eufemia y Rita Ruiz Sagrado y Zeda y Celestina Irizarry, titulándose herederos, sucesores y causahabientes de los demandados José Domingo, Gregorio* Dominga y Teresa Ruiz y Sagredo comparecieron como de-mandados y se allanaron a la demanda.

Celebrado el juicio la corte dictó -sentencia, en 16 de abril de 1917 por la que declara sin lugar la'demanda en todas sus partes con las costas a cargo de los demandantes y decreta el cierre de la administración constituida en el pleito y la pre-sentación de su cuenta final por el síndico nombrado don Alberto García, contra cuya sentencia interpuso la represen-tación de los demandantes recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La corte inferior como resultado de las pruebas aportadas al juicio llegó entre otras conclusiones de hecho a las siguien-tes : Ia. Que la finca hacienda ‘ ‘ San Pedro ’ ’ tal como se pre-senta en la demanda no existe actualmente hallándose dividida en porciones de terreno poseídas por diversas personas como, 'dueños; 2a. Que ni los demandantes ni su causante ni ninguno de los acreedores que figuran en la escritura de cesión en pago, de 14 de noviembre de 1866 poseen ni han poseído el todo ni parte alguna de la hacienda “San Pedro”; 3a. Que la hacienda “San Pedro” antes y después de la cesión del año 1866 estuvo siempre en poder de Demetrio de Jesús quien la dis-frutó en vida como suya entregando ciertos terrenos de la misma a sus hijos los demandados de Jesús para su disfrute y aprovechamiento pasando esos terrenos de hecho a los mismos, quienes continuaron en la posesión real de esas tierras por un período de más de treinta años, a nombre propio como úni-cos dueños, y no en interés o a nombre de los demandantes y acreedores; 4a. Que comparando los acreedores relacionados en la escritura de 14 de noviembre de 1866 con los nombres consignados en el título de la demanda, se ve que en ésta se oiñiten algunos de los que constan en la escritura citada como ^ adjudicatarios de la hacienda “San Pedro.”

Las anteriores conclusiones de hecho deben tenerse por indiscutibles para la resolución de las cuestiones legales en-vueltas en el recurso, pues no aparece que el pliego enmen-dado de exposición del caso y excepciones formulado por los demandantes a los efectos de la apelación haya sido aprobado por el juez de la Corte de Distrito de Arecibo, y por tanto carece de eficacia legal para la apreciación de los elementos probatorios hecha por la corte sentenciadora. López v. American Railroad Co. of Porto Rico, 11 D. P. R. 154 y Morfi et al. v. The Fajardo Development Co., 19 D. P. R. 1203.

Las alegaciones de la demandante tienden a .obtener me-diante el ejercicio de la acción communi dividundo como pro-nunciamiento principal de la sentencia que se condene a los demandados a proceder a la división material de la finca ‘ ‘ San Pedro” descrita en la demanda, entregando a aquella la parte proporcional que de la misma le corresponda, y como pronun-ciamientos accesorios que se condene especialmente a los de-mandados José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás a rendir cuenta y liquidación justificadas de las rentas, frutos y productos obtenidos en la mencionada finca y a entregar a los demandantes la parte proporcional que de esos productos les corresponda, pagando además los demandados los daños y perjuicios que la corte determine. .

■ Es requisito esencial para el ejercicio de la acción communi dividundo que la cosa cuya división se pretende sea poseída proindiviso y en común por el actor y demandado, pues esta circunstancia es la que determina la facultad que tiene el copropietario para pedir que la cosa común se divida conforme a la ley 2a., título 18, libro 11°., de la Novísima Recopilación, y boy con arreglo al artículo 407 del Código Civil Revisado, que es el 400 del Código Civil Español; y la posesión sólo puede reputarse en común o de consuno cuando los bienes se poseen colectivamente en interés y a nombre de todos los co-propietarios o partícipes, y no cuando con título más o menos perfecto se tienen o disfrutan individualmente, • obrando el poseedor en nombre propio como único dueño sin interven-ción de otros. Sentencias del Tribunal Supremo de España de 15 de junio de 1888 y 20 de junio de 1904.

Los demandados José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás, según estima probado el juez de A recibo, poseen los terrenos de que disfrutan a título de dueños y no a nom-bfe y en interés de los demás, que según alegaciones de los demandantes son también condueños o partícipes en el do-minio, faltando por consiguiente un elemento necesario para el ejercicio de la acción communi dividundo ejercitada en la demanda.

Además la acción communi dividundo debe dirigirse contra todos los partícipes o comuneros con el fin de que no resulte ineficaz la sentencia que se dicte para hacer efectiva la divi-sión de la cosa común. Fernández v. Gutiérrez, 10 D. P. R. 69. Y nomo no han sido traídos al juicio todos los acreedores de Demetrio de Jesús que como adjudicatarios figuran en la es-critura de 14 de noviembre de 1866, pues faltan algunos de éstos según apreciación de la corte sentenciadora, no puede prosperar la acción ejercitada en la demanda.

Las razones expuestas, que son fundamentales, sostienen la sentencia apelada, y se hace innecesario entrar en el examen de otros razonamientos'que en apoyo de la misma aduce la corte a quo en su opinión.

La representación de los demandados José Demetrio y Jesús Enrique de Jesús y Borrás presentó moción que también fue discutida en la vista del recurso, para que éste fuera des-estimado por no haberse formalizado debidamente, pnes. el escrito de apelación no fné notificado en tiempo oportuno a los demás demandados. La parte apelante sostiene qne los demandados a qne se refiere la moción no eran partes nece-sarias pues fueron traídos al juicio por la razón de no ha-berse querido unir como partes a los demandantes.

El resultado de la anterior moción si se declarara con lugar sería la desestimación del recurso, quedando así sub-sistente la sentencia apelada; y como a esa conclusión hemos llegado mediante el estudio del caso por sus méritos, carece de finalidad práctica la consideración de tal moción. Rubert Hermanos et al. v. Sucesión Igaravídes et al., 23 D. P. R. 293.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la senten-cia.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.