author: El Jtjez Asociado Se. Heenawdez,

text:
    Aquilúe v. Abreu et al.
    Apelación- procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.

      No. 7.
    Resuelto en diciembre 23, 1903.
    Adjudicación de Bienes — Dominio.—La adjudicación de bienes inmuebles cons-tituye título de dominio a favor del adjudicatario y ese título prevalecerá contra tercero si se hallare debidamente inscrito en el registro de la pro-piedad del distrito donde radiquen los bienes adjudicados.
    Devolución de Bienes — Frutos.—La obligación de devolver una finca indebida-mente embargada lleva consigo la de devolver también los frutos percibidos y los que se hubieren podido percibir como productos de dicha finca.
    Sentencias. — Las sentencias deben resolver todas las cuestiones planteadas en la demanda y discutidas oportunamente en el juicio.
    Adjudicación de Bienes — Sus Efectos. — Las casas, ranchos y demás edificaciones enclavadas en una finca adjudicada han de considerarse también con la misma finca y puesto en posesión el adjudicatario de los expresados bienes, deberá ser amparado en ella mientras no se presente un título superior para acreditar que debe ser privado de ella.

      EXPOSICION DEL CASO.
    En el juicio seguido en el Tribunal de Distrito de Arecibo, entre partes, de la una Don Vicente Aquilúe, demandante, al que ba representado y defendido ante esta Corte Suprema el Letrado Don Eafael López Landrón, y de la otra, como de-mandados, Don José Domingo Abreu y Don Andrés Avelino Delgado, representado y dirigido, el primero, sucesivamente, por los Letrados Don Herminio Díaz Navarro y Don Eamón Nadal Santa Coloma, estando en rebeldía el segundo, o sea Delgado, sobre tercería de dominio, cuyo juicio pende ante nos a virtud de recurso de casación, boy de apelación, inter-puesto por Aquilúe y por Abreu contra la sentencia pronun-ciada y auto aclaratorio de la misma, que copiados a la letra dicen así:

      “Sentencia No. 45. En la villa de Arecibo, a diez y ocbo de (*) diciembre de mil novecientos uno. Vista en juicio oral y público ante este tribunal de distrito la tercería de dominio promovida por Don Vicente Aquilúe, mayor le edad, propietario, vicino de Lares, soltero, y, por su propio derecho, representado por el Letrado Don Simón Largó, contra Don José Domingo Abreu, agricultor, vecino de Hatillo, repre-sentado per el Abogado Don Ramón Nadal y Don Andrés Avelino Delgado, en rebeldía, también agricultor y vecino de Utuado.

      “Resultando: que en los autos ejecutivos seguidos ante este tribunal de distrito por Don José Domingo Abreu contra Don Andrés ■A. Delgado, fueron embargados por el primero, como de la propie-dad del segundo, una finca rústica compuesta de sesenta - cuerdas más o menos, igual a veinte y tres hectáreas, cincuenta y ocho áreas y veinte y cuatro centiáreas de terreno quebrado, ubicada en el barrio de ‘Angeles,’ fincada en su mayor parte de café, plátanos, guineos, frutos menores y pastos: que colinda por el Norte con el deudor Sr. Delgado; por el Sur con la Sucesión de Don Manuel Cortés y antiguo camino que' conducía a Lares, así como Don José Domingo y Doña Carolina Abreu; por el Este y Oeste, el referido Don Andrés Avelino Delgado, en cuyo terreno radica un ranchón sin cerca, techado de paja, que mide veinte y siete varas de largo por seis de ancho; una casa de maderas del país, techada de paja, de cinco varas de largo por seis de anclio; im ranchón de diez y seis varas de largo por siete de ancho, sin cerca, de maderas del país, y techado de paja, que radica en nna finca rústica compuesta de ciento ochenta cuerdas que fué adjudicada a Don Vicente Aquilúe en el ejecutivo seguido por los Sres. Lecaroz y Cía., contra el deudor Don Andrés A. Delgado; otra casa de maderas del país, con techo de zinc, que mide cinco varas de frente por seis de fondo, dos bohíos cercados de maderas del país, y techados de paja, de cuatro varas de fondo por cinco de frente; otra casita de maderas del país, techada de yaguas, de ocho varas de frente por seis de fondo. Esta última casa se encuentra enclavada en una finca de treinta y seis cuerdas adjudi-cadas a Don Vicente Aquilúe, y las otras tres radican en las ciento ochenta cuerdas ya descritas. Dos glacis de manipostería que miden, el uno, veinte y seis varas de largo por ocho de ancho, y el otro, veinte varas de largo por ocho de ancho y que asimismo enclavan en las ciento ochenta cuerdas ya descritas y que fueron adjudicadas a Don Vicente Aquilúe. Y no existiendo otros bienes conocidos fue-ron depositados en el mismo deudor, Don Andrés A. Delgado, (*) los bienes muebles embargados o sean las maderas y frutos pendientes de recolección de las fincas rústicas descritas, haciéndose al Sr. Delgado las prevenciones contenidas en la Orden Judicial No. 57 de 5 de mayo de 1899, cuyo depositario fué después, a solicitud del mismo Delgado, sustituido por Don Liborio Bello.
    “2. Resultando: que poco tiempo después Don Vicente Aquilúe representado por el Abogado Don Simón Largé, formuló demanda de tercería de dominio sobre los bienes embargados, alegando que Don Andrés A. Delgado era dueño y poseedor de una finca rústica sita en el barrio de ‘Angeles,’ término municipal de Utuado, de una cabida de ciento ochenta cuerdas, equivalentes a setenta hectáreas setenta y cuatro áreas y setenta y dos- centiáreas, con plantaciones de café, guineos y otros frutos, pastos, malezas y montes; colindando por el Norte, con tierras de Don Miguel Pozo y de la Sucesión de Se-bastián González; por el Este o saliente, con tierras de Don Plácido González y de la referida sucesión de Don Sebastián González; por el Sur, con el camino viejo que'conduce de Utuado a Lares, tierras de Don Juan Rodríguez y el río Angeles, y por el Oeste o poniente, con tierras de Don Rafael Pío Soto, de Doña Severiana Martínez de los citados Rodríguez y Pozo, río Angeles y con tierras de Don Santos Soto y Don Manuel Reyes; que en cinco de enero de mil ochocientos noventa y nueve, la mercantil de Lares, Lecaroz & Cía., acreedora de Don Andrés A. Delgado, por una respetable suma de miles de pesos, solicitó fundadamente del extinguido Juzgado de Primera Instancia, de Utuado, embargo preventivo de bienes de la pertenencia del deu-dor Delgado, por la cantidad de catorce mil setecientos noventa y un pesos sesenta y nueve centavos, moneda provincial, de capital, y dos mil pesos para intereses y costas, cuyc embargo se decretó el día seis del propio enero, recayendo, entre otras fincas, sobre una rústica, sita en el barrio de ‘ Angeles, ’ término de Utuado, compuesto de ciento ochenta cuerdas equivalentes a setenta hectáreas, setenta y cuatro áreas y setenta y dos centiáreas, con plantaciones de café, guineos, pastos, malezas, montes, etc., con lindes, por el Norte, con Don Miguel Pozo, por el Este, con Don Plácido González, Don Juan Rodríguez y el río de Angeles, y por el Oeste, con Don Rafael Ríos Soto; que la finca rústica descrita primeramente es la misma embargada preven-tivamente entre otras y ejecutada por Lecaroz y Cía. a Delgado y hoy del dominio de Don Vicente Aquilúe, pues si bien en la descrip-ción de aquélla resultan colindantes de ellas, por el Sur, el camino* viejo de Utuado a Lares, (*) tierras de Don Juan Rodríguez y el río Angeles, y en la de la segunda aparecen estas dos últimas colindancias1. al Este, sin designar colindante alguno, por el Sur, apareciendo por el Oeste en la descripción-segunda Rafael Ríos Soto, en vez de Rafael Pío Soto, que figura en la primera, obedece a omisión involuntaria o error material de pluma que no implica diferencia en las fincas; que la certificación del registrador que acompaña acredita además que la finca embargada por Lecaroz y Cía. a Delgado, descrita en segundo* lugar, hoy de Don Vicente Aquilúe, es la misma descrita primera-mente, y que la circunstancia de que no se nombre en la descrip-ción de la finca segunda al colindante, sucesión de Sebastián Gon-zález, que aparece por el Norte y Este en la descripción primera,, así como el que tampoco se haga mención al describir la finca en segundo lugar de los colindantes Severiana Martínez, los expresados Rodríguez y Pozo, río Angeles y tierras de Don Santos Soto y de Manuel Reyes que figuran por el Oeste al describirla en primer lugar, obedece, o bien a omisión involuntaria cometida al solicitar y prac-ticar el embargo de Lecaroz y Cía., o a modificación y cambio de dueño de los terrenos con que linda la finca en cuestión por dicho punto, lo que ha podido venir a reducir las colindancias a las que actual-mente tiene, o sean: por el Norte, terrenos que fueron de Don Miguel Pozo, hoy Don Vicente Aquilúe, y tierras de Don Andrés A. Delgado*;-por el Sur, el río Angeles, tierras de Don Jósé Domingo Abreu, y Doña Carlina Abren, antes Don Juan Rodríguez, y el camino viejo que va de Utuado a Lares; por el Este; con tierras de Don Plácido González, hoy Don Zacarías Díaz Bello; por el Oeste, con Don Rafael Pío Soto, Juan Luis Sotomayor e Isidro Vega; que practicado el embargo siguió Lecaroz y Cía. la ejecución contra Don Andrés A. Delgado, ratificándose dentro de término de preventivo, y decretán-dose el ejecutivo que se llevó a cabo en las fincas ya embargadas pre-ventivamente, haciéndose a más extensivo a los frutos que dichas fincas produjeran, ,y seguido el juicio por sus trámites, dentro del que se opuso el ejecutado, se dictó sentencia mandando seguir la eje-cución adelante hasta hacer trance y remate de los bienes embargados y con su producto entero y cumplido pago al acreedor de principal, intereses y costas; que notificada.la sentencia a las partes, el ejecu-tado Delgado estableció los recursos de ley, y como conviniera al ejecutante Lecaroz y Cía. llevar en seguida a efecto por la vía de apre-mio la sentencia de remate pronunciada, no obstante la apelación (*) establecida por Delgado, lo solicitó así del juzgado, ofreciendo a ese fin la necesaria fianza para responder de todo lo que percibiese ep. el caso de que por ser revocada la sentencia estuviere Lecaroz y Cía., obligado a devolverlo, cuya fianza hipotecaria, por cierto, prestó cumplidamente el actor.dentro del término de ley y admitida y esti-mada bastante por el juez remitiéronse los autos originales al Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes, quedando en el inferior testimonio de lo conducente para la ejecución de la sentencia; que como consecuencia de esto, y a fin de hacer efectiva la sentencia de remate dictada, se abrió la vía de apremio a solicitud del actor, y.seguida ésta por sus trámites y llenados que fueron todos los requi-sitos de la ley, a instancia del ejecutante, se sacaron a pública subasta los bienes embargados y, señalado día para el remate, como no con-numera licitador alguno, Lecaroz y Cía. solicitó la adjudicación de dichos bienes por las dos terceras partes del avalúo y a calidad de ceder el remate a,un tercero, cuya acta, en que así consta, fué apro-bada por este tribunal que dictó auto en seis de febrero de 1900, adju-dicando los bienes embargados a la sociedad ejecutante, cuyo auto quedó firme por haber sido desestimados los recursos que interpusiera la representación del ejecutado; que adjudicados los bienes a Lecaroz y Cía., esta mercantil, haciendo uso del derecho que se reservara en el acto del remate, cedió éste al tercero Don Vicente Aquilúe, que pagó a Lecaroz y Cía,., como precio de la cesión el importe de las dos terceras partes del avalúo ofrecidas, por cuya suma se pidió la adju-dieaeión de diclios bienes y el tribunal por su provisto de primero de marzo último, de conformidad con lo solicitado por el actor, acordó se entendiese la adjudicación ameritada a favor de Don Vicente Aquilúe, a quien pasaron los bienes y con ellos la finca de ciento ochenta cuerdas a que se ha hecho referencia y la posesión judicial de tales bienes, aprobándose asimismo, la liquidación de capital, inte-reses y costas; que librada la oportuna carta orden al juez municipal de Utuado, al efecto de la posesión judicial, el juzgado, el día dos de abril último, la dió, entre otros bienes de la predicha finca rústica, de ciento ochenta cuerdas, al nuevo dueño Don Vicente Aquilúe, quien viene poseyendo desde entonces, a título de dueño, dichos bienes y practicando en los mismos actos revelativos del dominio pleno que so-bre ellos tiene; que cedidos por Lecaroz y Cía. los bienes ejecutados al Sr. Aquilúe, resulta que éste es el único legítimo dueño y poseedor de la precitada finca de ciento ochenta cuerdas de que ya se ha hecho mérito; que con posterioridad (*) a la adquisición por el Sr. Aquilúe de los bienes embargados a.Delgado y ejecutados por Lecaroz y Cía., se ha embargado como de la propiedad de Don Andrés A. Delgado, y a virtud de juicio ejecutivo seguido contra éste por Don José Domingo Abreu, entre otros bienes, una porción de terrenos o finca rústica radicada en el barrio de ‘Angeles,’ término municipal de Utuado, com-puesta de sesenta cuerdas más o menos, igual a veinte y tres hectáreas, cincuenta y ocho áreas y veinte y cuatro eentiáreas, a café, plátanos y guineos, frutos menores y pastos; en lindes por el Norte, el referido Sr. Delgado; por el Sur, la sucesión de Don Manuel Cortés y antiguo camino que conducía de Utuado a Lares así como Don José Domingo Abreu y Doña Carlina Abreu, y por el Este y Oeste, el referido Delgado ; pero resulta que la porción de terreno o finca descrita anterior-mente, forma parte íntegra y está enclavada dentro de las colindancias de la finca de ciento ochenta cuerdas a que se ha hecho mención; que en la diligencia de embargo llevada a cabo contra Delgado por Abreu, en virtud del juicio ejecutivo que éste le sigue, se equivocan las colindancias de la porción de sesenta cuerdas más o menos de terreno embargadas, y no se tiene en cuenta que tal porción de terreno se encuentra y radica dentro de la repetida finca de ciento ochenta cuerdas del Sr. Aquilúe y para demostrarlo señala las verdaderas colindancias de la indicada porción de terreno, que son: por el Norte, tierras de Don Andrés A. Delgado, por el Sur, tierras de Don José Domingo Abreu y de Doña Carlina Abreu y el camino antiguo que conduce de Utuado a Lares, y el cual separa dicha porción de tierras de la sucesión de Don Manuel Cortés; por -el Este, Don Plácido Gon-zález, hoy Don Zacarías Díaz Bello y por el Oeste, Don Vicente Aqui-lúe, antes Don Andrés A. Delgado; que para evidenciar el hecho de que la porción más o menos de sesenta cuerdas de terrenos embar-gadas por Don José Domingo Abreu, como de la propiedad de Don Andrés A. Delgado es parte integrante de las ciento ochenta cuerdas del dominio del Sr. Aquilúe, basta tener en cuenta que de las colin-dancias de dicha porción la que en la diligencia de embargo se cita por el Oeste, está dentro del cuerpo de la finca de ciento ochenta cuer-das pertenecientes al Sr. Aquilúe con quien hoy colinda por ese lado,, y las que se le asignan por el Norte, Sur y Este, corresponden a las mismas que por los propios lados aparecen en las fincas, de ciento ochenta cuerdas, coincidiendo las de estos tres últimos puntos car-dinales de la porción embargada por Abreu con las mismas que apare-cen por los propios puntos cardinales (*) de la finca de ciento ochenta cuerdas referidas; que esto es así, porque los terrenos de Don Andrés A. Delgado,- con los que colinda por el Norte la porción de tierra embargada, son los mismos de Delgado con los que colinda por el mismo punto la finca de ciento ochenta cuerdas de Aquilúe; porque los terrenos de Don José Domingo y Doña Carlina Abreu y camino viejo de Lares a Utuado, con los que colinda la porción por el Sur, son los mismos con los que colinda por ese lado la dicha finca de ciento ochenta cuerdas, que a más linda también con el río de Angeles por ese punto cardinal; porque los terrenos de Don Plácido González, hoy Don Zacarías Díaz Bello, con los que colinda la porción embar-gada por el Este, que en la diligencia de embargo aparecen, sin serlo, como de Delgado, son también los mismos con los que colinda por ese lado la finca de ciento ochenta cuerdas del Sr. Aquilúe; y porque el lindero por el Oeste de la porción ameritada, que la diligencia de embargo dice equivocadamente ser Delgado, cae en un todo dentro de la finca de ciento ochenta cuerdas repetidas; que de todo lo ex-puesto resulta que el pleno dominio de la porción de terreno o finca rústica de sesenta cuerdas más o menos, embargada por Abreu al Delgado, pertenece al Sr. Aquilúe y no al Sr. Delgado, desde antes de haber sido embargadas a solicitud de Abreu, por ser Aquilúe, con anterioridad a dicho embargo, dueño y poseedor de la finca de ciento ochenta cuerdas de la que la precitada porción forma parte; que esa porción de terreno embargada por Abreu y que es parte integrante de la de ciento ochenta cuerdas tantas veces repetida, la.posee el Sr. Aquilúe quieta y pacíficamente, y viene practicando actos relativos del dominio que sobre ella tiene desde primero de abril último, con prioridad de ser embargada a solicitud de Abreu, resultando que al practicarse dicho embargo no era de la pertenencia de Don Andrés A. Delgado; y que con dicha porción de terreno se embargaron los edificios siguientes: ranchón sin cerca y techado de paja, que mide veinte y siete varas de largo por seis de ancho, enclavado dentro de ella; ranchón de diez y seis varas de largo por siete de ancho, sin cerca, de maderas del país, techado de paja, enclavado en la finca de ciento ochenta cuerdas adjudicadas a Aquilúe; dos casitas o bohíos cercadas de maderas del país y techadas de paja, de cuatro varas de fondo por cinco de frente, enclavados en la finca de ciento ochenta cuerdas antes referida; dos glacis de manipostería que mide el uno veinte y seis varas de largo por ocho de ancho, enclavados en la mencionada finca; una casa de maderas del país techada de paja, de cinco varas de largo por (*) seis de ancho; que en la diligencia de embargo figura en la finca de veinte cuerdas y que dice ser de Delgado, siendo así que tal casa radica en la finca rústica de treinta y dos cuerdas perteneciente al Sr. Aquilúe; otra casa de ocho varas de frente por seis de fondo', de maderas del país, techada de yaguas, enclavada en una finca de treinta y seis cuerdas del Sr. Aquilúe; otra casa de ocho varas de frente por seis de fondo, de maderas del país y techada de yaguas, enclavada en la misma finca de treinta y seis cuerdas; y que todas las fabricaciones descritas son de la propiedad del Sr. Aquilúe. pues existían en las fincas en que posan cuando fueron embargadas a Delgado por Leearoz y Cía.
    “3. Resultando: que después de haber expuesto los fundamentos en que apoyaba su demanda, terminó suplicando al tribunal que ordenara la inmediata suspensión del procedimiento de apremio en los autos ejecutivos de Abreu con Delgado, como se hizo, y que en' definitiva se dictara sentencia declarando el dominio de los bienes embargados a favor del tercerista, que acompañó a su demanda una certificación del registrador de la propiedad del distrito, de la ins-cripción de la finca de ciento ochenta cuerdas a favor del compare-ciente, y copia de la carta-orden librada por este tribunal al juez municipal de Utuado para dar posesión al tercerista de los bienes antes del Delgado y adjudicados a la sociedad mercantil Leearoz y Cía. y cedidos por éste a Aquilúe.
    “4. Resultando: que conferido traslado de la demanda al ejecu-tante y ejecutado, lo evacuó el primero, Don José Domingo Abreu con representación del Abogado Don Ramón Nadal, presentando en doce de agosto último su contestación en que expuso: que Don An-drés Avelino Delgado era dueño de la finca rústica descrita en primer término de la demanda y lo es de la de sesenta cuerdas más o menos igual a tres hectáreas (debe decir veinte y tres hectáreas) cincuenta y ocho áreas y veinte y cuatro centiáreas de terreno quebrado, ubicada en el barrio de ‘Angeles,’ jurisdicción de Utuado, fincada en su mayor parte de caíé, plátanos y guineos, frutos menores y pastos, que colinda por el Norte, con el mismo Sr. Delgado; por el Sur, con la sucesión de Don Manuel Cortés y antiguo camino que conducía de Utuado a Lares, así como Don José Domingo Abreu y Dopa Carlina Abreu; por el Este y Oeste, el referido Don Andrés Avelino Delgado, en cuyo terreno radica un ranchón sin cerca, techado de paja, de veinte y siete varas de largo por seis de ancho, hallándose (*) inscrita la primera finca en el registro a nombre del Sr. Delgado, porque la adquirió en la forma que se describe en la certificación número 1 acompañada por la parte contraria, no estando inscrita la que se describe anteriormente, porque la adquirió sin título inscribible; que es cierto que Leearoz y Cía. embargó terrenos en la finca descrita en primer término de la de-manda y bajo las eolindancias que se citan primeramente en la des-crita en segundo lugar; pero aun aceptando que estas eolindancias fueron equivocadas en aquel embargo, y que realmente la finca en que se trabó es realmente, digo exactamente, la misma que se describe primeramente, no por esto se deduce ni puede deducirse que el cuerpo de terreno ó finca embargada por Don José Domingo Abreu de sesenta ' cuerdas más o menos, esté comprendida en la de ciento ochenta cuerdas que fué adjudicada a Don Vicente Aquilué, porque de ser así se desprendería de ello que el Sr. Abreu desea reducir la propie-dad de dicho señor a ciento veinte cuerdas, cosa a que no aspira cono-'cidos como son sus procederes y honradez y nobleza que siempre pre-ceden a sus actos, y porque los linderos de ambas fincas son completa-mente distintos en tres puntos, pues la finca de sesenta cuerdas más o menos, objeto de esta tercería, tiene por Norte, Este y Oeste tierras del propio Sr. Delgado, no implicando absolutamente nada que por el Sur colindan las dos fincas con iguales propiedades, puesto que una puede estar a la derecha y la otra a la izquierda de dichos colindantes y sin que ambas se confundan y porque la finca de ciento ochenta cuerdas la adquirió el Sr. Delgado en pago de seis mil pesos por los que era acreedor de la sucesión de Doña.Petra Rodríguez, según aparece de la misma certificación que acompaña la parte demandante con el número 1, y la de sesenta cuerdas más o menos, la. adquirió de Don José Domingo Abreu que a su vez la bubo de Don Agustín Plá; que respecto al primer ranchón, está enclavado en la finca de la tercería, y no habiendo sido tampoco objeto especial del embargo de Lecaroz y Cía., si no la consideramos con títulos sobre la finca que se discute, menos reconocérselo sobre el mencionado ranchón; es más, éste se encuentra todavía más independiente, completamente sepa-rado de todos los argumentos que viene empleando con su finca de ciento ochenta cuerdas, que la misma finca de sesenta cuerdas más o menos; pues si con las fincas citadas, la parte contraria tiende a resolver cuestión de linderos, no puede aspirar a lo mismo con dicho ranchón, desde el momento que éste no ha figurado para nada ni como cosa ni como valor para la tasación que dió origen a la adjudicación (*) del ejecutivo seguido por Lecaroz y Cía. a favor de Aquilúe, y que el otro ranchón, glasis y demás casas -de la tercería, si bien se encuentran enclavadas algunas de ellas en la propiedad de ciento ochenta cuerdas del Sr. Aquilúe, existían antes del embargo practicado por Lecaroz y Cía., y por lo tanto de la adjudicación, y ni en aquél ni en ésta, no sola-mente no se reseñaron, sino que no fueron valuados ni subastados, y por tanto de la única manera que puede explicar la parte contraria su pretensión en el último extremo de su demanda, es diciendo que por acción, digo, accesión, le pertenece; y pidiendo en conclusión que se desestime con las costas la tercería de dominio interpuesta.
    “5. Resultando: que no habiendo contestado la demanda de ter-cería el ejecutado Don Andrés A.' Delgado, fué declarado en rebeldía a instancias del demandante y celebrada la comparecencia de pro-posición de pruebas, la ofrecieron el tercerista y el ejecutante, propo-niendo el primero la confesión en juicio de Don José Domingo Abreu y de Don Andrés A. Delgado; documental consistente en acta notarial rectificando las omisiones y errores del auto de adjudicación de la finca cedida pox" Lecaroz y Cía. al demandante, planos geométricos de la misma, croquis y replanteo, certificación de mensura y copias de las diligencias de requerimiento de pago de Abreu contra Delgado, y certificación de la diligencia de posesión judicial dada por mandato de este tribunal a Don Vicente Aquilúe; reconocimiento judicial de la finca objeto de la tercería, dictamen de peritos y testifical, prueba que fué toda declarada pertinente, a excepción del reconocimiento judicial.
    “6. Resultando: que el demandado Don José Domingo Abreu propuso también como documental certificaciones del registro de la propiedad sobre la inscripción de la finca de ciento ochenta cuerdas a favor de Don Vicente Aquilúe, y del secretario del tribunal referente al auto de adjudicación dictado en los autos ejecutivos de Lecaroz y Cía. contra Don Andrés A. Delgado, reconocimiento judicial e ins-pección ocular de la finca objeto de esta tercería; pericial de mensura de la citada finca y testifical, que también fué declarada pertinente, (*) excepto en el extremo relativo al reconocimiento judicial, señalán-dose, desde luego, día para la celebración del juicio oral que se cele-bró con asistencia de los letrados del tercerista y del demandado ejecutante.
    “7. Resultando: que Don José Domingo Abreu confesó en el acto del juicio oral que las sesenta cuerdas objeto de la tercería habían pertenecido primeramente a él, y que después le fueron adjudicadas a Don Andrés A. Delgado, con otras más hasta completar ciento ochenta, todas las cuales fueron embargadas a Delgado por la mer-cantil Lecaroz y Cía., terreno que en mil ochocientos ochenta fué mensurado por el Agrimensor Don Vicente Viñas, y que siempre esos terrenos colindaron por el Sur con el río de 'Los Angeles’ y el camino de Lares; y Don Andrés Avelino Delgado también confesó en el juicio oral, que el referido Agrimensor Don Vicente Viñas midió en 1880 la finca de ciento ochenta cuerdas que pasó a manos de Delgado, siendo antes de Abreu.
    “8. Resultando: que de la certificación del Registro de la Pro-piedad de Arecibo aparece inscrita bajo el número 306, folio 60 del Tomo VI de Utuado, la finca de ciento ochenta cuerdas más o menos, sita en el barrio de ‘Los Angeles,’ lindando al Norte con Don Miguel Pozo y sucesión de Don Sebastián González; al Este, con Plácido González; al Sur con el camino viejo de Lares, con Juan Rodríguez y el río ‘Los Angeles’; y al Oeste, con Don Rafael Pío Soto, Doña Severiana Martínez, Don Juan Rodríguez, Don Miguel Pozo, río ‘Los Angeles, Santos Soto y Manuel Reyes, estando todas las fincas colindante dedicadas al cultivo del café, frutos menores y pastos, como de la propiedad de Don José Domingo Abreu, de quien la hubo Don Andrés A. Delgado y a quien la embargó la mercantil de Lares Lecaroz y Cía., omitiéndose en la anotación del embargo las colin-dancias del Sur.
    “9. Resultando: que la misma finca conteniendo una casa de ma-deras de dos pisos, almacén para guardar café con máquina de des-cascarar y otra casa ranchón, aparece en la expresada certificación del registrador adjudicada a Lecaroz y Cía., de Lares, quienes la cedieron a Don Vicente Aquilúe, habiendo aprobado este tribunal la cesión de la adjudicación inscribiéndose definitivamente la finca a favor del expresada Aquilúe. (*)
    “10. Resultando: que de la prueba pericial practicada aparece que la porción de sesenta cuerdas objeto del litigio, se encuentra en-clavada en la finca de ciento ochenta cuerdas más o menos, cuya ad-judicación fué cedida por Lecaroz y Cía. al tercerista Aquilúe, de-terminándose por los peritos Don Yieente Yiñas, Don José Escudé y Don José Eicarte, que las colindancias de las repetidas sesenta cuerdas son: al Norte, Este y Oeste, con terrenos del propio Aquilúe, y al Sur, con el camino de Lares, habiendo declarado también en el sentido de que las sesenta cuerdas disputadas son de la pertenencia del tercerista, ocho de once testigos que declararon en el pleito, sin que los otros tres lo hubieran negado, siendo todos vecinos por largo número de años del barrio de Los Angeles, de Utuado, donde radica la dicha finca.
    “11. Resultando: que en la substanciación de este litigio se han observado las solemnidades legales. Siendo ponente el presidente del tribunal, Don Felipe Cuchí y Arnau.
    “1. Considerando: que es doctrina legal sancionada por la juris-prudencia del Tribunal Supremo de España .en decisiones reiteradas, que la adjudicación de bienes inmueble? constituye título de dominio a favor del adjudicatario, cuyo título prevalecerá contra tercero si se halla debidamente inscrito en el registro de la propiedad del distrito donde radican los bienes adjudicados.
    “2. Considerando■; que la finca rústica de ciento ochenta cuerdas más o menos, cuyas colindancias se describen en el resultando sexto, digo octavo de esta sentencia, fué adjudicada por este tribunal de justicia en 6 de febrero de mil novecientos a la sociedad mercantil, Lecaroz y Cía., quien cedió todas sus acciones y derechos por título oneroso a Don Yieente Aquilúe, el cual se subrogó en ellas, quedando desde aquel momento en el pleno dominio de la finca, pleno dominio que podía justificar en todo tiempo el cesionario con perjuicio de tercero, pues inscribió la cesión en el registro de la propiedad, en conformidad con lo establecido en los artículos 2, número 1 y 23, primer párrafo de la Ley Hipotecaria.
    “3. Considerando: que la porción de sesenta cuerdas de terreno sobre que versa esta tercería de dominio, forma parte integrante de la finca de ciento ochenta cuerdas más o menos, que aparece inscrita a nombre del tercerista Aquilúe, porque si se omitieron en la ins-'Cripción las colindancias del Sur, la prueba pericial ha demostrado que el río de ‘Los Angeles’ y el camino de Lares nunca estuvieron (#) en la colindancia Este de la finca sino al Sur de la misma, lo que demuestra que en la inscripción referida se agruparon por error las eolindancias Este y Sur de la finca, en vez de consignarlas por separado.
    “4. Considerando: que la prueba de testigos obrante en autos también denota sin género alguno de dudas que la porción de sesenta cuerdas de terreno objeto de este pleito, se encuentra situada al Sur de la finca total de ciento ochenta más o menos, propiedad del ter-cerista Aquilúe, y que es la misma que por equivocación embargó Don José Domingo Abreu a su yerno Don Andrés A. Delgado en los ejecutivos de que es incidente esta tercería.
    “5. Considerando: que si bien es cierto que en la finca de ciento ochenta cuerdas más o menos de terreno, que en el registro de la propiedad aparece inscrita a favor del tercerista Aquilúe, y de cuya finca es parte integrante la porción de sesenta cuerdas objeto de esta tercería, existe' edificada una casa de maderas, un almacén para guardar café con máquina para descascarar y un ranchón, no es lícito discutir en este pleito si dichas edificaciones entran o nó a ser pro-piedad del tercerista Aquilúe, porque la tercería versa exclusivamente acerca de sesenta cuerdas que, fueron erróneamente embargadas como de la propiedad de Don Andrés A. Delgado, y lo discutido es la iden-tidad de dichas sesenta cuerdas con el título de dominio del ter-cerista y no la extensión de la adjudicación que en otros autos se hizo a Lecaroz y Ca., hoy Don Vicente Aquilúe.
    “6. Considerando: que apareciendo de la certificación del Regis-trador de la Propiedad de Arecibo y de la prueba pericial practicada que la finca de ciento ochenta cuerdas más o menos, radicada en el barrio de Los Angeles, término municipal de XJtuado, colinda al Norte, con tierras de Don Miguel Pozo y sucesión González; al Este, con Plácido González; al Sur, con el río de ‘Los Angeles’ y el ca-mino de Lares, y al Oeste, con Don Rafael Pío Soto, hoy Luis Soto, y sucesión Martínez, ■ está inscrita a favor de Don Vicente Aquilúe y que la porción de sesenta cuerdas que se discute forma parte inte-grante de dichas ciento ochenta, según los testigos, vecinos y contri-buyentes del barrio de Los Angeles, que han declarado en este (*) pleito, debe declararse con lugar la tercería de dominio interpuesta.
    “7. Considerando: que de las demás pruebas aportadas a este litigio se robustece el convencimiento de que el título que se describe en el anterior Considerando, inscrito en el registro de la pro-piedad a favor del tercerista Aquilúe, es legítimo y suficiente para acreditar el dominio de las sesenta cuerdas discutidas, cuya identi-dad aparece perfectamente comprobada.
    “8. Considerando: que en la oposición formulada por Don José Domingo Abreu a esta tercería de dominio no debe estimarse temeri-dad, por cuyo motivo el litigio debe fallarse sin especial condena-ción de costas.
    “Vistos los artículos 348, 349, 1218, 1232, 1242, 1256 del Código Civil, los 8 y 24 de la Ley Hipotecaria, 371, 577, 1530, 1531, 1533 y 1537 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sentencias del Tribunal Supremo de España de 3 de febrero de 1887, 8 de mayo de 1878 y 12 de diciembre de 1877, así como la Orden General número 118 de 1899. Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la tercería de dominio interpuesta por Don Vicente Aquilúe sobre un predio de sesenta cuerdas, sitas en el barrio de ‘Los Angeles,’ tér-mino municipal de Utuado, y embargadas por Don Domingo Abreu como de la propiedad de Don Andrés Avelino Delgado, en el juicio ejecutivo seguido contra éste ante el Tribunal de Distrito de Are-cibo, sin especial condenación de costas. Así, por esta nuestra sen-tencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir-mamos. Felipe Cuchí, Otto Sehoenrieh, Enrique González.
    “Arecibo, diciembre veinte y tres de mil novecientos uno.

      Resultando: que con fecha diez y ocho del corriente este tribunal dictó sentencia en el pleito sobre tercería de dominio promovido por Don Vicente Aquilúe contra Don José D. Abreu y Don Andrés A. Delgado, este último en rebeldía, sentencia cuya parte dispositiva dice así: ‘Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la tercería de dominio interpuesta por Don Vicente Aquilúe sobre un predio de sesenta cuerdas sitas en el barrio de ' Los Angeles, ’ término municipal de Utuado, y embargadas por Don José Domingo Abreu como de la propiedad de Don Andrés A. Delgado en el juicio ejecu-tivo (#) seguido contra éste ante el Tribunal de Distrito de Arecibo, sin especial condenación de costas.

      “Resultando: que en veinte y tres del actual Don Simón Largé abogado de Don Vicente Aquilúe, presentó escrito ante este tribunal, en uso del derecho que concede a las partes el artículo 362 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y pidió aclaración del fallo y que se consignara de una manera precisa si declaraba con lugar la tercería sobre los edificios que el tercerista habíá alegado existían én el predio de sesenta cuerdas embargado; que se resolviese sobre la condena de frutos pedida por el tercerista y sobre la cancelación de la anotación de embargo hecha en el registro de la propiedad, puntos que no aparecían definidos en el fallo de la tercería.

      “Considerando: que no habiéndose probado en el pleito que las edificaciones enumeradas por el tercerista como enclavadas en el pre-dio rústico de sesenta cuerdas, cuyo dominio se ha declarado en la ■sentencia a su favor, estuviera realmente dentro del predio referido, no ha podido hacerse extensiva a dichas edificaciones la declaración de dominio de las sesenta cuerdas expresadas, sin que arguya nada en contrario el hecho de que en la finca total de ciento ochenta cuerdas, de que forma parte integrante el predio de sesenta, -estu-vieran enclavadas aquellas edificaciones, que podían estarlo en otro lugar cualquiera de ella y ser motivo de impugnación en otros autos en que se discutiera la extensión del auto de adjudicación hecha a Leearoz y Oía., como se expresa en el considerando 4 de la sentencia.

      “Considerando: 'que la obligación en que .está Don José Domingo Abreu de devolver al tercerista Aquilúe el predio de sesenta cuerdas que indebidamente embargó, lleva consigo la obligación de devolver también los frutos' que percibió y pudo percibir como producidos por dicho predio, cuya" anotación de embargo debe también como lógica 'Consecuencia cancelarse en el registro de la propiedad de este distrito.

      “Considerando: que la aclaración de la sentencia dictada en estos .autos ha sido pedida en tiempo.
    “Visto el artículo 362 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se (■aclara la sentencia que declaró con lugar la tercería de dominio sobre xíd predio de sesenta cuerdas a favor de Don Vicente Aquilúe; (>s) expresándose que dicha tercería de dominio es sólo sobre el predio de terreno que se ha identificado en el pleito como de la propiedad del tercerista y no sobre las edificaciones que enumera éste en su demanda, por no haberse probado que dichas edificaciones estuviesen enclavadas en el citado predio de sesenta cuerdas, estando en la obli-gación el demandado Abreu de devolver el expresado predio de terreno con los frutos producidos y que hubiere podido producir desde la fecha de la anotación a la demanda de tercería y cancelán-dose, en consecuencia, la anotación de embargo hecha en el regis-tro de la propiedad a nombre del demandado Abreu y sólo en cuanto a las sesenta cuerdas objeto de esta tercería.
    “Lo acordaron y firman los señores jueces del tribunal, de que certifico. Felipe Cuchí, Otto Schoenrich, Enrique González, Rafael Tirado.”

      Resultando: que contra la sentencia expresada y anto aclaratorio de la misma interpuso Don José Domingo Abren recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley, habiéndolo interpuesto también Don Vicente Aquilúe por infracción de ley; y elevados los autos a esta Corte Suprema desistió Abreu del recurso por quebranta-miento de forma, substanciándose los otros dos por infrac-ción de ley basta la celebración de la vista; pero a virtud de la ley de la Asamblea Legislativa de doce de marzo último, que convirtió esta Corte Suprema en corte de apelación, se tramitaron dichos recursos como de apelación, señalándose día para la vista, en la que los Letrados de Don José Domingo Abreu y Don Vicente Aquilúe alegaron cuanto estimaron con-ducente a la defensa de sus respectivas pretensiones.
    Abogado del demandante y apelante: Sr. Lopes Lamdrón.

    Abogados del demandado y apelante Sr. Abreu: Sres■. Días y Nadal.

    La otra parte demandante no compareció.
   El Jtjez Asociado Se. Heenawdez,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del tribunal :(*)

Aceptando los resultandos de la sentencia y auto aclara-torio preinsertos, menos el 7 y 10 de la misma sentencia.

Resultando: que en la súplica de su demanda interesó Don Vicente Aquilúe se dictara sentencia declarando que la porción de terreno o finca de sesenta cuerdas más o menos, embargada a instancia de Don José Domingo Abren, así como también sus frutos, casas, glacis y demás fabricaciones expre-sadas en dicha demanda e igualmente embargadas por Abreu, pertenecen en propiedad y posesión al Alquilúe, mandando en su consecuencia alzar el embargo de esos bienes para dejarlos a la libre disposición del mismo, con las costas al demandado o demandados que se opusieran a semejante pretensión.

Resultando: que en el juicio ejecutivo seguido por Leca-roz y Cía. contra Don Andrés Avelino Delgado en cobro de catorce mil setecientos noventa y un pesos moneda provincial, intereses y costas, por auto de seis de febrero de 1900, se adjudicaron a la parte ejecutante por las dos terceras partes de su valor los bienes embargados, a saber: una finca rústica compuesta de ciento ochenta cuerdas, estando encla-vadas en ella una casa techada de tejamaní con cerca y piso de madera del país, de dos pisos, de doce varas de frente por catorce de fondo, con un martillo formando cocina, de ocho varas de frente por diez y seis de fondo, cobijada de zinc; una casa almacén conteniendo en un extremo máquina de des-cascarar café, tanques, etc., y techada también de zinc, y una casa cuartel de peones, con diez y seis varas de frente por cinco de fondo, de madera e igualmente cobijada de zinc; otra finca rústica compuesta de treinta y seis cuerdas y una tercera finca rústica de treinta y dos cuerdas de cabida, con casa habitación y cocina techada de zinc, piso y cerca de ma-deras del país, cuyas tres fincas radican (*) en el barrio de Angeles, del término municipal de Utuado; y habiendo cedido Lecaroz y Cía., tal adjudicación a Don Vicente Aquilúe se dió a éste la correspondiente posesión judicial en dos de abril del mencionado año.

Resultando: que según juicio de los peritos Don Vicente Viñas, Don José Escuté y Don José Ricarte, los dos glacis o secaderas de mampostería, el ranchón de diez y seis varas de largo por siete de ancho y las dos casitas o bohíos em-bargados por Don José Domingo Abreu se encuentran en-clavadas en la finca de ciento ochenta cuerdas de que se deja hecho mérito, mientras que la casa de madera del país techada de paja de cinco varas de largo por seis de ancho, y la otra, casa de ocho varas de frente por seis de fondo, de maderas del país y techada de yaguas radican en la finca rústica de treinta y seis cuerdas ya mencionada.

Resultando: que si bien los mismos peritos citados mani-festaron en su informe ratificado bajo juramento, que la por-ción de sesenta cuerdas de terrenos embargados por Don José Domingo Abreu como de la propiedad de Don Andrés Avelino. Delgado forman parte integrante de las ciento ochenta cner-das de terreno adjudicadas a Leearoz y Cía. y cedidas por éste a Don Vicente Aquilúe, colindando dicha porción por el Norte, Este y Oeste con Don Vicente Aquilúe y por el Sur, con el camino nuevo y viejo de Lares, esos mismos peritos en ampliación de su dictamen no estuvieron conformes, pues Viñas afirmó que las sesenta cuerdas embargadas a Delgado están comprendidas dentro de las ciento ochenta cuerdas de Aquilúe, Picarte que creía lo mismo que Viñas, aunque sin poder asegurarlo, y Escuté que no podía precisarlo, por no habérsele suministrado datos suficientes.

Resultando: que Don José Domingo Abreu confiesa que era dueño de la finca de ciento ochenta cuerdas, la que des-pués adquirió Delgado y fué adjudicada a Leearoz y Cía., por cuya sociedad fué cedida a Don Vicente Aquilúe, habiendo (*) colindado por el Sur con el camino de Lares y el río de Angeles, conviniendo Delgado en que ciertamente dicha finca le fué adjudicada en pago de un crédito contra la herencia de Doña Petra Rodríguez, esposa del Abreu; y examinados en el acto del juicio oral diez testigos, a instancia de Aquilúe, ocho de ellos declararon contestes que la finca de sesenta cuerdas embargadas como de Delgado forman parte de las ciento ochenta cuerdas adjudicadas a Leearoz y Oía., y cedi-das por éstos al tercerista, afirmación no contradicha por los otros dos testigos.

Aceptando los considerandos de la sentencia recurrida, menos los marcados con los números 5o. y 8°., como también se acepta el segundo del auto aclaratorio de la misma.

Considerando: que en el presente juicio no sólo es mate-ria de debate el dominio de las sesenta cuerdas de terreno embargadas por Don José Domingo Abreu como de la pro-piedad de Don Andrés Avelino Delgado, sino que también se ha discutido la propiedad de las casas, ranchos, glasis y demás fabricaciones igualmente embargadas por Abreu, como lo revela el escrito de demanda, en cuya súplica pidió Don Vicente Aqnilúe se declarara a su favor por sentencia el do-minio de tales terrenos y fabricaciones, a cuya pretensión se ha opuesto el demandado Abreu, habiéndose propuesto pruebas por el tercerista en justificación de todos los extre-mos de su pretensión, por lo que es obvio que sobre todos esos puntos litigiosos debe dictarse resolución.

Considerando: que acreditado como ha sido en el juicio que las casas, ranchos, glacis y demás fabricaciones que con las sesenta cuerdas de terreno embargadas reclama como de su propiedad el tercerista Don Vicente Aquilúe, están ubi-cadas en terrenos que fueron adjudicados en juicio ejecutivo seguido por Lecaroz y Cía. contra Don Andrés Avelino Delgado en cobro de pesos, habiendo sido Aquilúe puesto en (*) posesión de esos terrenos a virtud de cesión que ele aquella adjudicación le hiciera la sociedad expresada, sin que de tal posesión se excluyera cosa alguna de las que los terrenos comprendieran, es claro que Aquilúe, al practicarse el embargo que originó la tercería, estaba también en posesión de las casas, ranchos, glacis y demás fabricaciones que en los terrenos había, y en esa posesión legal debe ser amparado por no haber presentado los demandados título alguno superior para acreditar que debe ser privado de ella.

Considerando: que procediendo como procede desestimar en su totalidad las pretensiones del opositor Don José Domingo Abreu, debe éste ser condenado en todas las costas causadas en el tribunal inferior.

Vistos los textos legales que en la sentencia se citan y además los artículos 446, 448 y 449 del Código Civil aplicable al caso.

Fallamos: que confirmando en lo conforme y revocando en lo demás la sentencia recurrida y el auto aclaratorio de la misma, debemos declarar y declaramos con lugar en todas sus partes la tercería de dominio interpuesta por Don Vicente Aquilúe, con relación al predio de sesenta cuerdas y fabrica-ciones que se expresan en la demanda, y mandamos' se alce el embargo practicado sobre todo lo que ha sido materia de este juicio, lo que quedará a la libre disposición de Don Yi-cénte Aquilúe con los frutos que haya dejado de percibir con motivo del embargo cuya anotación en el registro de la pro-piedad será cancelada, con las costas del juicio a cargo del opositor Don José Domingo Abreu, y las de los recursos en la forma ordinaria; y devuélvanse los autos al tribunal de Arecibo con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Sulzbacher y MaeLeary.

El Juez Asociado Sr. Pigueras no formó tribunal en la vista de este caso.(*)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. HerNÁNdez,

license: Public Domain

text:
    Jové v. La Compañía de Seguros “The Palatine” de Londres.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 85.
    Resuelto en diciembre 24, 1903.
    Pólizas de Seguros de Incendio — Valoración de Daños Causados por el Mismo. — La valoración de los daños causados por un incendio, hecha con arreglo a las condiciones y requisitos- fijados en las pólizas, es perfectamente legal y obliga a las partes.
    Pólizas de Seguro. — Las condiciones fijadas en una póliza de seguro son otros tantos pactos que determinan los derechos y obligaciones de las respectivas partes contratantes y por tanto, dicha póliza constituye la ley que se ha de guardar y cumplir en las cuestiones que surjan entre el asegurador y ase-gurado.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio declarativo seguido en el Tribunal de Dis-trito de San Juan por Don Luis Jové y Torres, como deman-dante, al que ha representado y defendido en esta Corte Su-prema el Letrado Don Antonio Alvarez Nava, contra los Sres. Gandía y Stubbe, como agentes generales de la Compa-ñía de Seguros contra Incendios, “The Palatine,” de Londres, eorno demandados, bajo la representación y dirección del Le-trado Don Juan de G-nzman Benitez, sobre cobro de una póliza de seguro contra incendio, cuyo juicio pende ante nos a vir-tud de recurso de casación por infracción de ley, boy de ape-lación, interpuesto por la referida sociedad contra la sen-tencia dictada por aquel tribunal, que copiada literalmente dice así:

      “Sentencia: En la ciudad de San Juan de Puerto Rico a siete de noviembre de mil novecientos dos. Visto este juicio declarativo seguido por Don Luis Jové y Torres, mayor de edad, soltero, comer-ciante y vecino de Arecibo, dirigido y representado primeramente por el Letrado Don Elpidio de los Santos y Laguardia y después por el Licenciado Don Antonio Alvarez Nava, como demandante, contra los Sres. G-andía y Stubbe, comerciantes y vecinos de esta ciudad, (*) como agentes generales de la Compañía de Seguros contra Incendios, ‘The Palatine,’ de Londres, dirigidos y representados por el Letrado Don Juan de Guzmán Benitez, como demandados, sobre cobro de una póliza.

      “Resultando: que acompañando certificación de no haberse cele-brado el juicio conciliatorio por incomparendo de la sociedad de-mandada, presentó Don Luis Jové y Torres demanda contra los Sres. Gandía y Stubbe, agentes de la Compañía de Seguros contra Incendios ‘The Palatine,’ de Londres, pidiendo se declare que el siniestro ocurrido en la noche del veinte de octubre de mil novecientos tuvo su origen en un caso fortuito, y los daños causados en las exis-tencias del establecimiento fueron consecuencia necesaria e inmediata de las disposiciones adoptadas por la autoridad y jefe de bomberos para cortar y extinguir no sólo el edificio ocupado en parte por el local incendiado, sino la mayor parte de los que le rodeaban; que es válido y eficaz el contrato de seguro, y los Eres. Gandía y Stubbe, .aseguradores y agentes de la compañía, están obligados a pagar los 'quinientos dollars, .aseguro de las existencias del establecimiento, con los intereses legales y las costas, sentando como hechos: que Jové, dueño de un establecimiento de provisiones de Arecibo, aseguró las existencias en veinte y cuatro de septiembre de mil novecientos, por un año en la referida compañía por dicha suma, celebrándose y perfeccionádose el contrato en el referido día, pagando el premio anual adelantado’de diez dollars, más cinco centavos por el impuesto; que fueron objeto del seguro las provisiones en general y las existen-cias, incluso ron y petróleo que tenía en pequeña cantidad; que la noche del veinte de octubre se inició un incendio en la tienda por caída casual de un quinqué; que la policía dió los toques de alarma y con los bom-beros procuraban localizar el incendio, y que a ese efecto tiraban los objetos fuera de los aparadores, ordenando la autoridad y el jefe de bomberos bombear el interior del local, resultando con esto la pérdida de las existencias en cantidad superior a la asegurada; que Jové no podía ni debía oponerse a esas medidas, e instruidas diligencias suma-.rias se sobreseyeron por ser casual el incendio; siendo el derecho los artículos 368, 380, 393 y 404 del Código de Comercio.

      “Resultando: que después de presentado el anterior escrito se acompañó la certificación del auto dictado por el juez municipal de Arecibo, declarando no haber lugar a iniciar sumario por el incendio de referencia, y la traducción de la póliza, con su original; y (*) ad-mitida la demanda, contestaron los demandados se declare sin lugar con las costas, sentando como hechos: que lo ocurrido en veinte de octubre fué un simple conato de incendio, fácilmente dominado, sin resentirse el establecimiento, del que se extrajo el mostrador y alguno que otro cajón vacío, haciéndose el bombeo sobre el piso, por si se hubiera incendiado alguna basura debajo de la casa, no dañándose efecto de importancia; que no había mercaderías por valor de quinien-tos dollars, comprobando los demandados que se reclamaban cantidades que no había perdido por haberse constituido en Arecibo y manifes-tádole Jové que .gran parte de las existencias habían sido robadas; negando los hechos de la contraria inconformes con los que sienta, y afirma que Jové no llevaba libros; siendo el derecho los artículos 385, 390, 393, 396 y 404 al 406 del Código de Comercio, y la condición 12 de la póliza, solicitando por otrosí que se traduzcan las condiciones de la póliza omitidas en la que se ordenó, constando de la 12, ‘que ocurrido el incendio debe dar aviso a la compañía o al agente,’ y en la 14 una relación detallada de la pérdida, verificándolo por la pre-sentación de sus libros de cuentas, declaraciones juradas, documentos testimoniales que puedan contribuir a probar dicha relación y valor.

      “Resultando: que abierto a prueba, de la del actor consta: Io La confesión por el agente de la compañía demandada, Mr. F. D. Stubbe, declarando que al asegurar el establecimiento del actor tenía como quinientos dollars, pero más de lo asegurado no lo podía decir, y lo sabe por referencia del agente, Don Arturo Díaz; que sin esa circuns-tancia no lo hubiera asegurado, recibiendo aviso de su representante Díaz tan pronto ocurrió el incendio, quedando encargado ese agente en Arecibo con entrega de la llave del establecimiento; que no recibió del actor las facturas que dice acreditaban el exceso de existencias al' ocurrir el siniestro, y sí otro documento luego con otras firmas; que-a no tener el demandante existencias superiores a la cantidad asegu-rada, no se hubiera realizado el seguro con el comerciante al detall,, Don Luis Jové, recibiendo de éste por conducto del agénte las fac-turas adquiridas de algunos de los comerciantes que firmaron la cons-tancia, que era igual al documento letra C que firman siete comer-ciantes que aseguraban que el establecimiento de Jové a simple vista,, calculan tenía quinientos dollars el día del incendio y los anteriores, no pagándose el seguro por haberse hecho reclamación superior a las’ existencias. 2a. Reconocimiento de las firmas de los siete antes men-cionados comerciantes, que resultaron serlo cinco y (*) dos industria-les, expresando que la firma puesta en dicho documento la reconocían, y ser cierto el hecho a que se refiere el documento antes expresado. 3°. El acta notarial de veinte y uno de noviembre del mil novecientos,, en la que siete personas hacen constar que en ciencia propia saben que la noche del conato de incendio en el establecimiento del actor pudieron observar que fué necesario tirar fuera de los aparadores' infinidad de objetos, como maderas, cajas, barriles y otros depósitos que contenían materias inflamables; que la autoridad y cuerpo de bomberos dispusieron bombear el local, y pudieron calcular los des-perfectos y perdidas en quinientos y pico de pesos. Y en la de veinte y siete de febrero de mil novecientos uno, quince declaran constarles que la noche del incendio funcionó la bomba de extinción de incendios pocos momentos después de empezado, hasta las diez, que el chorro-era de tal fuerza que tenía que destruir la mayor parte de los efectos; que parte del mostrador fué consumido y debajo de él había tres latas de gas; que las existencias pasaban de quinientos -dollars; que las llamas salían por las puertas. 4°. Requerimiento a Gandía y Stubbe ■para presentar las facturas y no sólo las exhibió, que la nota que obra en el documento que también solicita del que retira la firma uno de los firmantes, según de dicha nota aparece. 5°. Certificación del secre-tario del juzgado municipal de no haberse denunciado robo alguno de efectos durante el incendio.

      “Resultando: de la prueba del demandado, que produjo la relación de existencias en la tienda, firmada por el actor y el encargado de los agentes en Arecibo, Don Arturo Díaz, comprensiva de las del día veinte de octubre de mil novecientos, ascendentes a quinientos sesenta y siete dollars; un recibo de Lucas Birriel, de veinte y cinco de agosto de mil novecientos por cuatrocientos dollars, valor de las existencias de su establecimiento que tenía y vendió al demandante ante dos testigos y bajo inventario, de conformidad del comprador del establecimiento; varios borderós y recibos de septiembre de mil novecientos y del nueve de octubre hasta el diez y ocho, ascendentes todos a ciento veinte y tres dollars cuarenta y cinco centavos, y aquéllos los de octubre, a trescientos cuarenta y un dollars diez y seis centavos, entre ellos el borderó por ciento catorce dollars diez y nueve centavos, de diez y ocho de octubre, a favor de L. G. de Blasco; la carta del capitán de la Policía Insular dirigida a Don F. D. Stubbe, manifestando que examinó a la pareja de policía que se constituyó en la tienda a prestar auxilio y deduce que Jové sufrió (*) algunas pérdidas por el incendio, siéndole imposible precisar corres-pondan con su nota, pues desconocían la cantidad de existencias, y tocante al robo, que constituida la pareja a las puertas del local, pudo lograr que nada se robase mientras permaneció; certificación del jefe de policía municipal, expresiva de no haber llegado a su cono-cimiento, se hubieran sustraído efectos de la tienda, asegurándoselo los guardias, no habiéndose sacado más que el mostrador encendido y algún otro objeto; el depositario de Arecibo, por orden del alcalde, certifica que de los antecedentes de su oficina resulta que ni los Sres. Jové Hermanos, José Jové ni Lucas Birriel, han satisfecho contribu-ción alguna por comercio por no figurar en el reparto, y según noticias, Birriel era dependiente de Don Manuel Olmo, que pagó por el trimes-tre cuatro dollars veinte centavos, y éste fué el establecimiento vendido a Don Luis Jové, según certificación de traspaso que acompaña en que se inserta el escrito que firmaron a veinte y uno de septiembre de mil novecientos, presentado el veinte y cuatro de dicho mes y año; que requeridos Don Luis Jové, Don Armando Cadiela, A. Padilla, G-. Márquez, González y Guisacola'y L. González de Blasco, para la exhi-bición de sus libros de comercio, manifestaron no .llevarlo Don Luis Jové y L. González de Blasco, exhibiéndolos los otros, y no aparece tuvieran cuenta corriente con ellos ni Jové Hermanos, ni Don Luis, ni Don José Jové, quienes, según manifestación de los requeridos, hacían sus pequeñas compras al contado.

      “Resultando: de la prueba del demandado la confesión del actor de no llevar libros de comercio, por ser las ventas de contado, llevan-do sólo una libreta; que surtió la tienda al abrirla y luego a medida que vendía; que en una esquina del mostrador tenía dos latas de gas para el despacho; reconoció los documentos sobre existencias entre-gadas a la compañía y la nota, y cree qrre la firma de Vidal sea la misma; que todos los que firman el documento sabían que la com-pañía de seguros se negaba al pago de la póliza; que parte de los efectos se inutilizaron por el incendio y parte por el agua; que el dinero lo cogió del suelo con el cajón del mostrador un policía, y lo entregó junto con la llave del establecimiento al agente de seguros, entregándole el poco dinero recogido, que no -llegaría a diez reales y de la prueba testifical del demandado, que el incendio empezó por un quinqué que cayó, tratando de sofocarlo, pero continuó exten-diéndose por unas latas de gas y damesanas de alcohol, tomando mayores proporciones a pesar de los esfuerzos; que había bastantes (*) efectos, quemándose parte de ellos; que únicamente sacó el mostrador, una mesa y un barril, perdiéndose otros por el agua de la bomba de apagar incendios.

      “Resultando: que el letrado del demandado protestó por la prueba documental presentada por la parte contraria, y las partes renun-ciaron las demás pruebas, entre ella la pericial propuesta por aquél, informando después los defensores lo que creyeron conveniente a sus respectivas pretensiones.

      “Resultando: que señalados los días quince, diez y seis y veinte y nueve de octubre para la votación de la sentencia no pudo efec-tuarse, llevándose a efecto en el día de hoy, disintiendo el Sr. Juez Don José R. F. Savage, quien formula a continuación su voto particular. Siendo Ponente el Sr. Juez Presidente Don Juan Morera Martínez.

      “Considerando: que las condiciones que contiene una póliza de seguros de incendio son otros tantos pactos que. determinan los de-rechos y obligaciones de las respectivas partes contratantes, y por tanto, la ley que se ha de guardar y cumplir en las cuestiones que sur-jan entre asegurador y asegurado; por lo que, convenido el valor de quinientos dollars sobre las existencias, incluyendo ron y petróleo en pequeña cantidad, según la póliza afirma, no fijando el demandado la infracción de dichas condiciones, y sí sólo que en los momentos del incendio no había en la tienda incendiada mercaderías por valor de quinientos dollars y que solamente hubo un conato de incendio; al demandado incumbía demostrar esos extremos para que sus excep-ciones pudieran prosperar contrarrestando la prueba del actor.

      “Considerando: que habiendo cumplido el asegurado con la cláu-sula doce de la póliza, y apareciendo de la prueba en conjunto apre-ciada, especialmente de la confesión dél demandado, que recibió dé su representante o agente aviso tan pronto como ocurrió el incendió, quedando dicho agente encargado de la llave del establecimiento por entrega que se le hizo, recibiendo asimismo las facturas de algunos comerciantes que firman la constancia, la que era igual al docu-mento letra C por el actor producida, que es la que firman siete comerciantes, asegurando que el establecimiento a simple vista tenía quinientos dollars el día del incendio y los anteriores, cuyas firmas, han sido reconocidas por los firmantes en esto§ autos, con conoci-miento y citación del demandado, conviniendo con ese valor la rela-ción y documentos por el actor producida y acompañada por el de-mandado (*) con su prueba número 1, letra C, documentos privados; hay que sentar la existencia de ese valor, no justificando el deman-dado era menor, ni que hay el fraude o la falsa declaración que refiere' la referida cláusula 12.

      “Considerando: que no fué un conato de incendio el que hubo,, dado el auto de veinte y dos de octubre de mil novecientos, por de-clarar no haber lugar a iniciar sumario por el incendio ocurrido en el establecimiento de Jové, calle de Carlos III de Arecibo, en la noche de referencia, por ser el hecho casual; viniendo dicho auto a robus-tecer el montante de la reclamación que el actor ha formulado, al decirse en el primer resultando que estimó el perjudicado en qui-nienr-cr. dollars el daño causado por el siniestro.

      "Considerando: que renunciada en el acta del trece de junio por demandante y demandado la prueba pendiente de practicar, y entre-ella la pericial por cd demandado propuesta; dado lo que prefija y exige la cláusula 12 de la póliza, no siendo preciso por ella cumplir con el artículo 2142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en vista de su contenido, manera y forma de acreditar el daño causado, según dicha cláusula, o sea por las declaraciones de personas residentes en el lugar del siniestro, o que-lo hayan visitado con frecuencia, y la inspección de los restos del incendio, no es de aplicar al caso el artículo 406 del Código de Comercio.

      “Considerando: que debiéndose declarar.la demanda con lugar, las costas deben imponerse al demando.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la de-manda, y en su virtud condenamos a la Sociedad de Seguros ‘La Palatine, ’ de Londres, representada por sus agentes, Gandía y Stube,. a pagar al demandante quinientos dollars, con las costas a los deman-dados. Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo. pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Morera Martínez, Juan R. Ramos, José R. F. Savage.”

      Resultando: que notificada esa sentencia a la parte de-mandada, interpuso contra ella recurso de apelación por in-fracción de ley, que fué admitido, ordenándose se remitieran las autos a esta Corte Suprema, previa citación y emplaza-miento de las partes por el término legal; y personadas éstas, se dió a dicho recurso la tramitación correspondiente al de ape-lación, a virtud de lo dispuesto .por la ley de 12 de marzo (*) último, convirtiendo este Tribunal Supremo en corte de ape-lación, habiéndose señalado día para la vista, en la que los abogados de las partes recurrente y recurrida alegaron cuanto estimaron conducente en apoyo de sus respectivas preten-siones.
    Abogado del apelante: Sr. Juan de Gusmán Benitez.

    Abogado del apelado: Sr. Alvares Nava.

   El Juez Asociado Se. HerNÁNdez,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada, con las siguientes modificaciones: Io. Que en el primer resultando, donde se dice “los daños causados en las exis-tencias del establecimiento fueron consecuencia necesaria e inmediata de las disposiciones adoptadas por la autoridad y jefe de bomberos para cortar y extinguir no sólo el edi-ficio ocupado en parte por el local incendiado, sino la mayor parte de los que lo rodeaban,” debe decirse: “los daños cau-sados en las existencias del establecimiento fueron consecuen-cia necesaria e inmediata de las disposiciones adoptadas pol-la autoridad y jefe de bomberos para cortar y extinguir el in-cendio que amenazaba destruir no sólo el edificio ocupado en parte por el local incendiado, sino también la mayor parte de los que lo rodeaban.” 2a. Que en el resultando 3°., donde dice: “reconocimiento de las firmas de los siete antes mencionados comerciantes que resultaron serlo cinco, y dos industriales, expresando qne la firma puesta en dicho documento la recono-cían, y ser cierto el hecho que refiere el documento antes expresado,” debe decirse: “reconocimiento de las firmas de los siete antes mencionados comerciantes, que resultaron ser-lo cinco y dos industriales, expresando todos ellos que reco-nocían las firmas puestas en dicho documento, y seis que era cierto el hecho consignado en el mismo, habiendo' rectificado uno o sea Don Adrián Padilla, que había visto el estableci-miento de Don Luis Jové .15 o 20 días antes del incendio ocu-rrido en el mismo, donde observó y calculó (*) las existencias del modo expresado en el documento de que se trata. 3a. Que en el mismo resultando 3°., donde se consigna que el acta notarial de veinte y uno de noviembre de mil novecientos fué otor-gada por siete personas, debe entenderse que fueron seis las partes otorgantes. 4a. Que en el propio resultando 3°. donde se dice “requerimiento a G-andia y Stubbe para presentar las facturas, y no sólo las exhibió, que la nota que obra en el documento que también solicita, del que retira la firma uno de las firmantes según de dicha nota aparece,” debe decirse: “requerimiento a Gandía y Stubbe para que exhibieran las facturas y constancia o documento suscrito por varios comer-ciantes para acreditar que en el establecimiento había exis-tencias por cantidad mayor al valor de lo asegurado, y como •contestaran que las facturas se encontraban agregadas al •escrito de pruebas presentado por el abogado de la parte .actora, Don Juan de Guzmán Benitez, y que en poder de éste se encontraba el documento aludido, fué requerido dicho le-trado, quien lo presentó y aparece suscrito en 21 de octubre •de 1900 por 13 que se dicen comerciantes y que afirman haber visto en los últimos días el establecimiento de Don Luis Jové y a simple vista calculan que las existencias que en él habían podían valer muy bien quinientos dollars, siendo de notar que uno de los firmantes, o sea Don Juan Yidal, hizo constar por nota de nueve de abril del año siguiente, que retiraba su firma •del expresado documento.

Aceptando igualmente los considerandos de la referida sentencia, menos el Io:

Considerando: que las condiciones fijadas en una póliza de seguro de incendio son otros tantos pactos que determinan los derechos y obligaciones de las respectivas partes contra-tantes, y por tanto, la ley que se lia de guardar y cumplir en las cuestiones que surjan entre el asegurador y asegurado.

Considerando: que las declaraciones de siete testigos que (*) reconocieron bajo juramento ante el Juez Municipal de Arecibo el documento privado de veinte de noviembre de mil novecientos, en el que aseguraban que en la fecha del incen-dio ocurrido en el establecimiento de Don Luis Jové y en los últimos días anteriores las existencias de dicho estableci-miento, calculadas a la simple vista y concienzudamente, as-cendían de quinientos a seiscientos dollars, fueron prestadas como medio de prueba aceptado por el tribunal sentenciador en providencia de 'veinte y nueve de marzo de 1901, con cita-ción de la parte contraria, la que pudo solicitar de dicho tribunal que aquellos testigos comparecieran en el acto del juicio oral para practicar el reconocimiento ordenado y repregun-tarles en su caso, y en el supuesto de serles denegada tal pre-tensión, aparte de protestar oportunamente, pudo formular interrogatorio de repreguntas para que a su tenor declararan los mismos, sin que la sociedad recurrente verificara una ni otra cosa, por lo que no cabe estimar viciado de nulidad el tes-timonio de tales testigos, dado bajo juramento y con citación contraria.

Faltamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada que dictó el Tribunal de Distrito de San Juan en siete de noviembre del año próximo pasado, con las costas a cargo de la parte apelante, y devuélvanse los autos al refe-rido tribunal con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.