author: El Juez Asociado Señou Todd, Je.,

text:
    Elisa Davidson, demandante y apelada, v. H. I. Hettinger & Co., y El Gobierno de la Capital, demandados y apelantes.
    Núm, 8611.

    Sometido: Abril 1, 1943.

      Resuelto: Julio 7, 1943.

      James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, aboga-dos de Hettinger & Co. y Juan ValidejvM Rodríguez, abogado del Gobierno de la Capital, apelantes; Daniel Pellón, Jr. y Juan To-más Peñagaríeano, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señou Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 4 de marzo de 1940, como a las tres de la tarde, Elisa Davidson caminaba por la acera de la calle Figueroa, parada 18%, Santurce, dirigiéndose a la Avenida Ponce de León. Al pasar frente al edificio de Miranda Hnos., tropezó •con un hueco que había en- la acera y sufrió una caída como 'consecuencia de la cual se fracturó el fémur derecho y ha quedado permanentemente lisiada. Dicho hueco fue cavado por H. I. Hettinger & Co. a virtud de un contrato con el Go-bierno de la Capital para la instalación de un alcantarillado de aguas negras en la sección que comprende e incluye la calle Figueroa. La causa de acción en este caso se basó en la negligencia de la demandada H. I. Hettinger & Co. en de-jar la excavación sin-protección y a sabiendas de que la acera -era un sitio abierto al tránsito público, y en la negligencia del codemandado, Gobierno de la Capital, por tener conoci-miento de las obras que se realizaban y consentir que Het-tinger & Co. dejara el hueco sin protección alguna. La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar la demanda contra ambos demandados y le concedió a la demandante $4,000 de indemnización y además las costas y $150 como honora-rios de ahogado.

Los demandados apelaron separadamente ya qne en la corte inferior en la misma forma radicaron sns alegaciones y comparecieron a ¡jnieio representados por sns respectivos ahogados. Ante esta corte, sin embargo, los demandados apelantes radicaron sn alegato conjuntamente y a la vista del caso compareció -únicamente el ahogado de H. I. Hettin-ger & Co. ’ Ann cuando algunas de las defensas- son comu-nes a ambas apelaciones, el propio ahogado de Hettinger & Co. admitió en la vista oral qne de prosperar los errores primero y cnarto qne corresponden a la alegación de dicho apelante de qne la obra había sido entregada y aceptada por el Gobierno de la Capital y qne esto conllevaba la exonera-ción de responsabilidad en cnanto a Hettinger, en ese caso, el único a defenderse de la negligencia imputada sería el Gobierno de la Capital. No obstante existir en el caso esta posibilidad y habiendo defensas encontradas entre los code-mandados apelantes, dicho Gobierno qnedó a merced de la representación de Hettinger ante esta Corte Suprema no obstante constar con abogado pagado por los contribuyentes para defender sus intereses.

Los apelantes alegan que la corte inferior cometió error al declarar probada la existencia de la depresión en la acera de la Calle Figueroa allá para el 4 de marzo de 1940, y al hacer a Hettinger responsable de la misma; al no declarar que el accidente fué uno casual, desgraciado y fortuito, en la ocurrencia del cual para nada intervino la conducta de Hettinger y del Gobierno de la Capital; al no declarar que la demandante .fué negligente en forma contribuyente; al sostener que la existencia de una leve depresión (dos pul-gadas en el caso de autos) en una acera de la ciudad, hace responsable al Municipio y a la parte que supuestamente ocasionara la misma; al hacer responsable a Hettinger a pe-sar de aceptar como buena la teoría de que una vez termi-nado y aceptado el trabajo, la responsabilidad del contra-tista cesa; y al conceder a la demandante tina compensación de $4,000 con más los honorarios de sus abogados.

Los tres primeros señalamientos envuelven primordial-mente un ataque a la apreciación de la prueba por la corte inferior.

Los hechos que el juez sentenciador consideró probados fueron los siguientes:

“La corte estima probado que entre Quiñones Hettinger & Co. y el 'Gobierno de la Capital se celebró un contrato a virtud del cual la primera se comprometió a construir para la segunda un alcantarillado para aguas negras dentro de la ciudad de San Juan. Posteriormente, la actual demandada, la corporación H. I. Hettinger & Co. y con el consentimiento del municipio se hizo cargo de la realización de la referida obra y comenzó a efectuar sus trabajos allá por el mes de-enero de 1939. El trozo de la Calle José R. Figueroa comprendido entre las Avenidas Fernández Juncos y Ponce de León estaba incluidoen .el proyecto a realizarse por la corporación Hettinger. El.tra-bajo se efectuaba abriéndose una zanja por el centro de la calle-donde se instalaba la tubería principal y de allí se hacían acometidas que partían hacia las distintas casas de la referida calle. Con ese-propósito también se hacían zanjas para colocar allí los tubos que habían de recoger las aguas de las casas para llevarlas al tubo principal. La prueba de los demandados tendió a demostrar que, para la instalación de los tubos de las casas a la calle, no se abrían zanjasen las aceras sino en casos excepcionales pero que la regla general era que se cavaban túneles por debajo del pavimento de la acera. Hubo un pequeño conflicto en la prueba sobre si se abrió o no se abrió una zanja en la Calle Figueroa y en el sitio donde acaeciera, el accidente objeto de este pleito. Apreciando la prueba en con-junto nos inclinamos a creer que la acera fué rota y abierta’ una-zanja que no fué cubierta con concreto sino rellenada con arena suelta y con pedazos de concreto viejo sacados de la acera. Allí quedó un hueco o depresión, de superficie y contornos irregulares, como de 30 pulgadas de largo, 24 de ancho y 2 de profundidad. Es-tos trabajos eran inspeccionados por los ingenieros del Municipio, demandado. El día 4 de marzo de 1940 y como de 3.a 4 p. m., la demandante, que a la sazón contaba 59 años, caminaba por esa acera en dirección de sur a norte de 1a. Avenida Fernández Juncos a la Ponce de León, conversando con su amiga Eufrasia Igaravídez, cuando al llegar al hueco o depresión referida, introdujo allí el pie izquierdo, tropezó con algo en el hueco sufriendo entonces una caída tan violenta que no pudo levantarse teniendo que ser recogida por otras personas y llevada al Hospital San José que quedaba allí muy cerca del sitio. Como consecuencia de la caída sufrió la deman-dante una fractura completa del cuello del fémur derecho que la mantuvo hospitalizada y recluida en cama, por más de tres meses, completamente enyesada; tenía que permanecer en una posición muy incómoda, boca arriba, sin poder moverse y la pierna en una posición violenta. Declaró el Dr. Seín que esta clase de lesiones no' sanan permanentemente y que la soldadura de los huesos es por lo regular incompleta. Fué la opinión del perito que ella quedaría con una incapacidad parcial permanente y que la pierna fracturada quedaría más corta que la otra.”

Al dirimir el conflicto que existe en la prueba hizo cons-tar que daba entero crédito “a los testigos desinteresados de la demandante, Eufrasia Igaravídez, Luis Ramos, que trabajó con Hettinger & Co., y Juan Pérez, empleado de Miranda Hnos.”, y resolvió que Hettinger & Co. había incu-rrido en negligencia al permitir que sus empleados después de haber abierto la acera no la rellenaran con cemento y dejaran el hoyo cubierto con tierra y pedazos de concreto. Asimismo resolvió que el Gobierno de la Capital fué negli-gente al permitir que el defecto en la acera permaneciera sin arreglar cerca de un año sin que las autoridades municipa-les hicieran nada a pesar de tener ingenieros encargados de inspeccionar las obras realizadas por Hettinger & Co.

Hemos leído detenidamente la extensa transcripción de la evidencia presentada por las partes y somos de opinión que no se cometieron los errores mencionados, ya' que las conclusiones de hecho a que llegó la corte sentenciadora es-tán ampliamente sostenidas por la prueba y nada surge de ella que nos autorice a resolver que cometió error al dirimir a favor de la demandante el conflicto que en dicha prueba existe. Que el hueco fué abierto en la acera lo demuestra, no sólo la declaración de los testigos de la demandante, sino la fotografía presentada por la demandada (Exhibit “A”), habiendo sido Hettinger & Co. la única entidad que realizó obras en dicha calle. Es realmente algo extraordinario que los demandados se empeñen en negar nn hecho tan palpable como la existencia del hoyo en la acera y al mismo tiempo arguyan que por su tamaño y profundidad no son responsa-bles de negligencia. Que la demandante tropezó y cayó como consecuencia de haber metido uno de sus pies en la tierra y concreto' suelto que cubría el hueco, no importa que fuera su pie derecho o el izquierdo, es evidente, como también lo es la fractura y los daños que sufrió.

Pasamos a considerar ahora si, como sostienen los apelantes, son erróneas las conclusiones legales a que llegó la corte sentenciadora.

En primer término se alega que la demandante incurrió en negligencia contribuyente: 1, al no fijarse en el hueco y 2, al no caminar por otra calle que no fuera la de Figueroa si ella sabía que en ésta se estaban realizando obras, como declaró.

Si bien la demandante declaró que sabía que en la calle Figueroa se habían estado realizando obras del alcantari-llado, nada hay en la prueba que demuestre que ella conocía con anterioridad al día del accidente, el hueco que había en la acera. La calle estaba abierta al tránsito público. Lo que se exige de un viandante que tiene derecho a transitar por una calle abierta al público es que observe un cuidado razonable dentro de todas las circunstancias concurrentes. No tiene que ir mirando continuamente hacia el suelo para evitar todo posible accidente debido a la negligencia de una tercera persona o del municipio, y tampoco tiene necesaria-mente que transitar por otra calle que aquélla en que ocu-rrió el accidente, aun cuando conozca las condiciones peli-grosas de la misma. El dejar de tomar estas precauciones no .constituye per se negligencia contribuyente. 7 McQuillin Municipal Corporations (2d ed.) 274, Sec. 3014; Montval Vda. de Cuevas v. Lópes Hnos., 41 D.P.R. 431; Cote v. City of Hartford, 23 A. (2d) 868 (Conn., 1942); Emmey v. Stanley Co. of America, 10 A. (2d) 795 (Pa., 1940). En el Restatement sobre Torts, volumen 2, Negligence, Sec. 473, se expone la regla en esta forma:

“Si la negligencia del demandado ha hecho imposible el ejercicio de un derecho o privilegio por el demandante a menos que él a sa-biendas se exponga al riesgo de un daño personal, el demandante no es culpable de negligencia contribuyente al así hacerlo a menos que el riesgo sea irrazonable.”

El viandante no incurre en negligencia a menos que co-nozca no sólo el defecto que existe en la calle o acera sino también su carácter peligroso para que pueda resolverse, como cuestión de ley, que no tomó las razonables precaucio-nes para evitar el daño. Como se dijo en el caso de Nicholson v. City of South Omaha, 77 Neb. 710, 110 N. W. 558: “ No es el conocimiento que tenga el demandante del defecto en la acera o calle lo que impide que recobre, sino su falta de tener el cuidado que un hombre prudente ejerci-taría tomando en consideración el peligro.”

Véase además la sección 466 del Restatement, supra, sus comentarios y aplicación, tal y como los discutimos en nues-tra opinión en el caso de Font v. Viking Construction Corporation, 58 D.P.R. 689, 698.

No puede sostenerse, de acuerdo con los hechos probados en este caso, que el riesgo que asumió la demandante al ejer-citar su derecho a transitar por la calle Figueroa pueda ca-lificarse de irrazonable. El carácter del hueco cubierto de tierra y cascajos que había en la acera no era tal que la pu-siera a ella sobre aviso de su naturaleza peligrosa y que la obligara a tomar precauciones extraordinarias para evitar el daño que le sobrevino al caminar sobre el mismo. No co-metió error la corte inferior al resolver que la demandante no incurrió en negligencia contribuyente.

Por el cuarto señalamiento los apelantes sostienen que la existencia de una leve depresión en una acera de la ciudad no hace responsable al Gobierno de la Capital o a la parte que supuestamente ocasionó la depresión.

Los apelantes citan en su alegato muchos casos en los que las cortes han resuelto que depresiones de dos pulgadas o de mayor-profundidad no son lo suficientemente peligrosas para que pueda hacerse responsable al municipio. Estos ca-sos presentan situaciones distintas y sólo se resuelve en ellos que tomando en consideración las circunstancias concurren-tes en cada caso en particular no hubo negligencia por parte del demandado.

Es cierto que la obligación de un municipio no es mante-ner sus calles y aceras en estado de completa perfección pues la ley sólo exige al municipio que las mantenga en condicio-nes de razonable seguridad ya que la corporación municipal no es un asegurador de los transeúntes. 7 McQuillin 6, See. 2902. Si lina acera está en condiciones de razonable seguri-dad o no es una cuestión de hecho a ser resuelta por la corte de acuerdo con los hechos probados y al determinarlo en un caso como el de autos, se deben tomar en consideración, en-tre otras, las siguientes circunstancias: el ancho, largo y profundidad del hueco; el ancho de la acera; si la calle es una por la que transitan muchas personas; si el hueco es de tal naturaleza que no es claramente visible a los transeún-tes que caminan con el cuidado razonable que anteriormente hemos' mencionado. Empero, como se dijo en Emmey v. Stanley Co., supra: “ . . . ninguna regla definida o matemá-tica puede establecerse en cuanto a la profundidad o tamaño de una depresión en una acera para hacer responsable al municipio .... de negligencia o de permitir su continuada existencia. ’ ’

Un caso muy similar al de autos fué el de Balkwill v. City of Stockton, 123 Pac. (2d) 596 (Cal., 1942) en el cual a una señora de 59 años de edad se le concedieron $8,500 de in-demnización por la fractura del cuello del fémur que sufrió como consecuencia de haberse caído en un hoyo que había en lina acera, que sólo medía de cuatro a cinco pulgadas de largo, dos pulgadas de ancho y de media a dos pulgadas de profundidad. La corte resolvió que si bien un municipio no es responsable por lesiones que resulten de pequeños defec-tos en las aceras, “el hoyo fue lo suficientemente grande para atrapar el tacón de un transeúnte y ocasionar un accidente serio. Demostró ser de hecho peligroso en este caso.”

No es, por tanto, el elemento de la profundidad del hueco o de la depresión, como pretenden los apelantes, lo único que hay que considerar en estos casos sino todas las circunstan-cias concurrentes ya mencionadas. Así lo hizo la corte sen-tenciadora y no erró a nuestro juicio.

Arguyen los apelantes que el deber de una corporación municipal de mantener sus calles y aceras en condiciones de razonable seguridad es uno impuesto o reconocido por el derecho común como excepción a la regla de que en toda función gubernativa, para beneficio de la comunidad, dicha entidad no es responsable por la negligencia de sus agentes, y sostienen que “no rige en Puerto Rico el derecho común americano en un campo que está perfectamente cubierto por legislación insular, como lo está el campo de corporaciones municipales. ’ ’

Este tribunal ha resuelto que cuando un municipio, en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, ocasiona daños y perjuicios con motivo de la negligencia de sus funcionarios o empleados, no es responsable civilmente. Villegas v. Municipio, 19 D.P.R. 419; Compañía Industrial v. Municipio de Aguadillo, 47 D.P.R. 547: Blanes v. Capital de Puerto Rico, 57 D.P.R. 551; pero que cuando actúa en una función cor-porativa, sí es responsable. Colón v. Gobierno de la Capital, 57 D.P.R. 15. En el caso de Villegas, supra, se resolvió que •la negligencia del conductor de una ambulancia dedicada a beneficencia municipal, siendo un servicio de caridad era uno de carácter gubernamental; en el de Compañía Industrial, supra, se resolvió que al operar el departamento de incendios el municipio también actúa en dicha capacidad; y por ultimo en el de Blcmes, se resolvió que el servicio de limpieza pú-blica es asimismo una función gubernativa. Por otra parte, en el de Colón v. Gobierno de la Capital, supra, resolvimos que en la explotación de un sistema de acueducto el munici-pio no ejerce función alguna gubernativa y sí corporativa.

Esta distinción entre funciones gubernativas y corpora-tivas en relación con la responsabilidad de un municipio por daños causados por la negligencia de sus funcionarios o em-pleados ha dado motivo a severas críticas por autores de reconocida competencia en el estudio de la materia, reco-mendándose por ellos el que se haga responsable a los mu-nicipios en todos los casos en que se pruebe la negligen-cia. El motivo fundamental aducido es que el ciudadano no debe ser perjudicado por una ficción de ley tan tenue que hace una distinción entre la negligencia de un chófer municipal que al guiar un vehículo de un departamento, como el de' incendios, no es responsable el municipio y sin embargo ese mismo chófer al guiar un vehículo del departamento del acueducto, bajo las mismas circunstancias de negligencia, hace responsable al municipio. Para un estudio bastante completo de la cuestión véase Borchard: Governmental Liability in Torts, 34 Yale Law Journal 129; Distinction Between Governmental mid Proprietary Functions of Municipal Corporations, por Delmar W. Doddridge, 23 Mich. Law Rev. 325, y el muy reciente estudio Municipal Tort Liability in Operation, por Edgar Puller y A. James Cassner, 54 Harv. Law Review 437.

Con razón a nuestro juicio, Borchard, en el artículo ci-tado, dice que no existe razón aparente para sostener que las funciones públicas o gubernativas no pueden ser efectua-das debidamente a menos que el municipio sea inmune de responsabilidad por la negligencia de sus funcionarios. Por el contrario, sostiene “que podría argiiirse con más convic-ción que una mayor eficiencia y justicia podrían obtenerse al equipararse el poder concedido con la responsabilidad exi-gida, y si esto no induce a un mayor respeto por la ley, por lo menos respondería más satisfactoriamente al sentido de justicia pública, si los daños causados al individuo por los actos torticeros de los Agentes de la comunidad se reparten entre toda la comunidad, más bien 'que permitir que recaigan exclusivamente sobre la infortunada víctima”.

En relación con la reparación y mantenimiento de sus calles una minoría de las autoridades sostiene que es una función gubernamental y que el municipio no es responsable aun bajo la Ley Común en los Estados de Arkansas, California, Connecticut, Maine, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Oregon, Rhode Island, South Carolina, Vermont, New Hampshire y Wisconsin. En algunos de estos Estados se han aprobado estatutos imponiendo o limitando la respon-sabilidad municipal en estos casos. Empero, en la mayoría de los Estados se sostiene la responsabilidad de los munici-pios en relación con accidentes ocurridos con motivo de la negligencia de sus funcionarios y empleados en el manteni-miento y reparación de las calles.

No tenemos duda de que en el mantenimiento de sus ca-lles y vías de comunicación el municipio actúa en su capaci-dad' gubernamental ya que ningún beneficio pecuniario ob-tiene, empero, no vemos razón poderosa alguna que impida que, consecuentes con nuestra aceptación de las doctrinas del derecho común sobre las actuaciones gubernamentales y cor-porativas de los municipios a que hemos hecho referencia, no debamos también aceptar y adoptar la excepción que a la primera de dichas doctrinas existe en el derecho común ame-ricano.

La razón por la cual una corporación municipal no es res-ponsable cuando de funciones gubernamentales se trata es una de conveniencia pública. Esto no quiere decir que el derecho del ciudadano no exista. Sólo implica que al ciu-dadano se le niega, por razones de conveniencia pública, el remedio qne en otras circunstancias se le reconocería. La excepción qne lia establecido el derecho común lo qne hace es reconocer y conceder dicho remedio. En 7 McQnillin Municipal Corporations 10, Sec. 2902 se exponen más amplia-mente las razones qne han tenido las cortes para reconocer la excepción en esta forma:

“Se ha dicho generalmente qne la responsabilidad surge por im-plicación de la naturaleza de la cuestión y los vastos poderes con-feridos a tales corporaciones, incluyendo el control exclusivo de las calles. La razón adicional, según se expresa en algunas decisiones, es que el hacer y mejorar las calles y mantenerlas reparadas es una función ministerial y se refiere a intereses corporativos solamente.
“Además ... en muchos casos (se dice) . . . que el deber de reparar las calles fué impuesto especialmente al municipio por esta-tuto. . . . También la responsabilidad por daños algunas veces se hace descansar en el hecho de que el control de las calles ha sido concedido al municipio por la legislatura, o que el deber estatutario de conservar las calles en reparación y libres de obstrucciones es un deber mandatorio y no discrecional.”

Aun cuando la cuestión que discutimos no fué expresa-mente planteada en el caso de Blanco v. Municipio de Mayagüez, 57 D.P.R. 482, se resolvió que estando un puente en-teramente bajo el dominio del municipio “las tentativas de su ingeniero de hacer algunas pequeñas reparaciones aquí y allá de cuando en cuando, no eran un cumplimiento suficiente por parte del municipio de su deber de mantener el puente en buen estado de reparación” y se revocó la sentencia que declaró sin lugar la demanda y se concedieron $1,000 de da-ños y perjuicios a la demandante que solamente sufrió se-rias lesiones en la nariz, de las que padeció varios días, como consecuencia de haberse caído por una abertura o agujero que había en una de las tablas del puente. Tácitamente se aplicó la regla que hace responsable a los municipios por la negligencia de sus funcionarios al no mantener debidamente reparado un puente municipal que forma parte de las vías de comunicación bajo su control al igual que las calles.

Arguyen, por último, los apelantes que no debe hacerse responsable a los municipios en casos de esta naturaleza porque debemos tomar conocimiento judicial de que los municipios en Puerto Rico están en estado de continua insolvencia y no podrán “sostenerse de tener que responder de un estado perfecto de todas sus calles y aceras”.

Ya hemos dicho que al municipio no se le exige que tenga sus calles y aceras en un estado perfecto sino en uno de ra-zonable seguridad y que no es por tanto un asegurador de los transeúntes. Ahora bien, el argumento de falta de fon-dos públicos para responder de cualquier sentencia adversa en un caso de esta naturaleza no es una defensa. La causa de acción que un demandante pueda tener en contra de un demandado, sea éste un particular, una corporación o un municipio, no depende de que el" demandado tenga -o no con qué satisfacer la sentencia que en su contra pueda dictarse. “La determinación de la suma [de la compensación], como cuestión legal, nunca depende de la capacidad de la deman-dada para pagar dicha suma . . . ”, se resolvió en el caso de Flores v. Sucrs. de Pérez Hermanos, 29 D.P.R. 1046, 1048, ratificado en Vázquez v. Laugier, 60 D.P.R. 414.

Por el quinto señalamiento se sostiene que la corte erró al hacer responsable a Hettinger a pesar de aceptar como buena la teoría de que una vez terminado y entregado el trabajo la responsabilidad del contratista cesa.

El error está basado en una disertación que, aunque muy interesante, constituye un obiter dictum de la corte inferior. Como cuestión de hecho la corte ya había resuelto que la obra no había sido entregada por Hettinger ni aceptada por el municipio, porque si bien ya no se trabajaba en la calle .Figueroa y se estaban haciendo instalaciones en otros sitios, no fué hasta julio de 1940 (el accidente ocurrió el 4 de marzo de dicho año) que el trabajo fué aceptado formalmente, ha-biéndose probado además que la calle no estaba pavimen-tada, cuando de acuerdo con el contrato era obligación del contratista el hacerlo. Estas conclusiones están ampliamente’ sostenidas por la prueba. Empero,, la corte inferior innece-sariamente asumió qne las obras habían sido aceptadas y despnés de citar, entre otros, el bien conocido caso de Winterbottom v. Wright, 152 Eng. Report 402, en el qne se ori-ginó la doctrina de la cesación de responsabilidad de nn con-tratista para con terceras personas despnés qne su trabajo ha sido aceptado, entró a considerar y aplicar a los hechos del caso de autos la excepción que a dicha doctrina existe en cnanto a la responsabilidad del contratista cuando en su obra ha creado nn estorbo publico (nuisance).

Somos de opinión que aun cuando técnicamente pueda sostenerse que el error fué cometido carece de méritos pues como hemos dicho la prueba demostró que la obra no había sido entregada por Hettinger ni aceptada por el Gobierno de la Capital. Por tanto, no tenemos por qué entrar a con-siderar y resolver si la corte sentenciadora erró al decir que-la depresión o hueco dejado en la acera constituyó un es-torbo público.

El sexto error impugna la cuantía de la indemnización concedida, pero los apelantes se limitan a decir que Jode jan “a la alta consideración de esta superioridad”. Nada, por tanto, alegan para sostener su impugnación. Tomando en consideración la naturaleza de las lesiones recibidas por la demandante y que sufre de una incapacidad parcial permanente, pues la pierna fracturada ha quedado más corta que la otra, somos de opinión que la suma de $4,000 concedida es razonable.

Bebe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Luis E. García, peticionario y apelante, v. Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Estado, Etc., y Alfonso Alfonzo, querellados y apelados.
    Núm. 8618.

    Sometido: Abril 13, 1943.

      Resuelto: Julio 7, 1943.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y TL. González Blanes, aboga-dos del apelante; líon. Procurador General Interino M. Rodrí-guez Ramos j R. García. Ontrón, Procurador General Auxiliar, abogados del Administrador del Pondo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Luis E. García solicitó que la Corte de Distrito de San Juan expidiera un auto de mandamus ordenando a Rafael d.e J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del .Seguro del Estado dar posesión y permitir al peticiona-rio desempeñar las funciones de su cargo como Jefe de la División de Seguros de dicho Fondo, y para que proceda a ordenar la expedición de las nóminas correspondientes a los sueldos que ha dejado de percibir el peticionario desde no-viembre 12 de 1941, fecha en que alega el peticionario fué separado de su cargo por el querellado sin la previa formu-lación de cargos, sin haber sido oído en defensa propia y sin previa investigación de la Comisión de Servicio Civil, todo ello en violación de los derechos que alega le son concedidos por la Ley de Servicio Civil vigente. La corte inferior dictó sentencia desestimando la petición de mandamus.

No conforme con dicha sentencia el peticionario apeló y alega que la corte inferior erró al permitir, contra la obje-ción del peticionario, evidencia para determinar si el título :prima facie que claramente gozaba el empleado en la Comi-sión de Servicio Civil, como empleado permanente en el Ser-vicio Civil Clasificado, era válido; al considerar-que a base de la resolución emitida en 26 de febrero de 1932 por la Co-misión de Servicio Civil de Puerto Rico era que el peticio-nario venía desempeñando el cargo de Jefe de la División de Seguros del Fondo del Estado con carácter permanente y como empleado en el Servicio Civil Clasificado; al interpre-tar el caso de Matos v. Veve, 46 D.P.R. 356, y la aplicación del mismo al presente y, al permitir que el demandado ata-cara colateralmente las actuaciones de la Comisión de Ser-vicio Civil y concluyera que dicha Comisión erró al declarar al peticionario empleado permanente en el Servicio Civil Cla-sificado en su plaza de Jefe de la División de Seguros del Fondo del Seguro del Estado.

Para sostener su primer señalamiento se basa el apelante en la monografía que bajo el título de “Eight to Attack Prima Facie Title of Kelator in Mandamus to Obtain Office”, aparece en L.R.A. 1915 A, pág. 832 et seq. La regia general allí expuesta es la siguiente:

“La regla general establecida por el gran peso de las autoridades es que procede el mandamus a favor de uno que tiene un título prima facie al cargo. El corolario de esta regla, que un título prima facie no pueda ser anulado en dicho procedimiento con prueba tendente a demostrar que el título del peticionario será finalmente anulado, también tiene apoyo convincente. ’ ’

Para que esta regla sea aplicable, es necesario demostrar que el peticionario tiene un título o derecho* prima facie claro. Por lo tanto, en la mayoría de los casos citados en dicha mo-nografía aparece que el peticionario fue electo para un cargo público y su derecho a ocuparlo se basó en el certificado de elección que prima facie le reconocía dicho derecho. Sin embargo, en la mencionada monografía se citan otros casos en que se ha decidido que en un procedimiento de esta índole procede investigar si el peticionario tiene un título prima facie claro o no. Cruse v. State ex rel. Harpham, 52 Neb. 831, 73 N. W. 212; State ex rel. Moore v. Archibald, 5 N. D. 359, 66 N. W. 234; State ex rel. Ayers v. Kipp, 10 S. D. 495, 74 N. W. 440; State ex rel. Clarke v. Board of Health, 49 N. J. L. 349, 8 Atl. 509. De manera que, aun asumiendo que la regla general sea aplicable al caso de autos, es necesario en primer término resolver si el peticionario probó tener un título prima facie claro. ¿Qué prueba presentó el peticiona-rio a este efecto? Veámoslo.

El exhibit 1 del demandante es copia de nn documento enviado por el anterior Administrador del Fondo del Estado, Ramón Montaner, al Auditor de Puerto Rico notificándole que el apelante había sido nombrado el l de julio de 1935, Jefe de la División de Seguros del Fondo del Estado, y que según comunicación del Servicio Civil dicho empleado tenía status de permanente a partir del 12 de febrero de 1935. El exhibit 2 es una resolución de fecha 16 de enero de 1936 por la que la Comisión de Servicio Civil le concedió al apelante el status de empleado permanente desde 12 de febrero de 1935. El exhibit 3 es el formulario llamado “Pliego de Clasificación”, que es el que llenan los empleados del Gobierno Insular a los efectos de la clasificación que ocupan.

.¿Era esta evidencia suficiente para establecer a favor del peticionario un título prima facie al cargo? Al contestar esta pregunta tenemos que considerar los errores segundo, tercero y cuarto.

De los exhibit 1 y 2, supra, aparece que el apelante ad-quirió el status de permanente a partir del día 12 de febrero de 1935, a virtud de una resolución de la Comisión de Ser-vicio Civil de 16 de enero de 1936, y que dicho status le fué concedido a virtud de una solicitud de reposición que hizo el apelante a dicha Comisión, después de haber sido sepa-rado del puesto de Inspector de Cuentas del Negociado del Telégrafo Insular en 12 de febrero de 1935.

No aparece de estos exhibits en qué fué que se basó la Comisión de Servicio Civil para conceder al apelante el status de permanente en el Servicio Civil Clasificado.

¿Podía la corte inferior investigar los fundamentos por los cuales dicho status le fué conferido? Somos de opinión que podía, pues la resolución de la Comisión no era sufi-ciente en sí misma para demostrar el fundamento que tuvo la Comisión para conceder dicho status de permanente. Nos basamos en que la Ley núm. 88, aprobada en mayo 11 de 1931, e intitulada “Ley para crear la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, etc.”, en sus secciones 19 y 22, provee la única forma (Sárraga v. Sancho Bonet, 56 D.P.R. 892, 901) en que una persona puede pasar a formar parte del Servicio Civil Clasificado, o sea mediante la aprobación de un exa-men de libre oposición, que le da derecho a ser nombrada para un puesto en el Servicio Civil Clasificado, y una vez nombrada no podrá ser separada de su cargo de acuerdo con la sección 28, salvo por causas justificadas y previa formu-lación de cargos y sin antes dársele oportunidad para ser oída en su defensa. Siendo ésta la única forma en que el apelante pudo haber pasado a formar parte del Servicio Civil Clasificado, era enteramente apropiado para determinar si tenía derecho prima facie a ocupar el cargo del cual fue separado, que la corte inferior determinara si se había cum-plido con los requisitos establecidos por la ley. Por lo tanto, no erró la corte inferior al permitir que se le pregun-tase al demandante si en alguna ocasión había aprobado el mencionado examen de libre oposición. Declaró el deman-dante que no lo había aprobado (R. pág. 46). Que la reso-lución de la Comisión no era suficiente para darle al ape-lante un título prima facie es aparente si se considera que la Comisión es un organismo de carácter administrativo que no tiene otras facultades que las que expresamente le con-fiere la ley. Domenech, Tesorero v. Corte, 48 D.P.R. 542, 551. Siendo esto así, cualquier resolución que la Comisión dicte que no se ajuste a las disposiciones de la ley que la crea, tiene que ser nula e ineficaz por haber sido dictada sin ju-risdicción.

Sabido es que aun en casos de sentencias dictadas por cortes de récord, las cuales de acuerdo con el artículo 464 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil se presumen fue-ron dictadas con jurisdicción, la regla es que, generalmente si se demuestra la falta de jurisdicción de la corte para dic-tarlas, constituye causa suficiente para ser atacadas colate-ralmente. Lokpez v. Fernández, 61 D.P.R. 522; Restatement, Judgments, sec. 8. De manera que, en el supuesto de que la investigación del título prima facie del apelante pudiera, en este caso considerarse como nn ataque colateral a la re-solución de la Comisión de Servicio Civil, dicho ataque que-daría justificado por analogía a base de la regla que acaba-mos de citar.

El peticionario no alegó ni probó tener algún otro fundamento en qué basar su alegado derecho a estar incluido en el Servicio Civil Clasificado que el mencionado en el exhibit 2. Sin embargo, los apelados alegaron y probaron que el derecho reclamado por el apelante se funda en una resolución de la Comisión de Servicio Civil de 26 de febrero de 1932, mediante la cual se le concedió, a virtud de una opinión rendida por el Procurador General de Puerto Pico, el status de permanente en el Servicio Civil Clasificado a todos aquellos empleados que ocupaban su cargo interinamente al entrar en vigor la Ley de Servicio Civil (Exhibit B de los demandados). Empero, este tribunal resolvió.en el caso de Matos v. Veve, Márshal, 46 D.P.R. 356, que una persona que ocupaba un cargo en el servicio clasificado, con carácter temporero, al entrar en vigor la Ley de Servicio Civil, no pasó a formar parte del Servicio Civil Clasificado a virtud de la sección 6 de dicha ley que dispone que “Cualquier persona que desempeñe un cargo o destino en el servicio clasificado ... en la fecha de entrar esta Ley en vigor . . . continuará en el desempeño de dicho cargo o destino hasta que cese o sea separado de conformidad con las disposiciones de esta Ley”, y que, por tanto, los requisitos exigidos por la sección 28 de la ley respecto a causas justificadas, la formulación de cargos y vista de los mismos, no son aplicables a un empleado temporero después de haber expirado el período de cuatro meses desde que fué nombrado de acuerdo con la sección 4 de la ley.

En el caso de autos se probó que el peticionario era un empleado temporero al entrar en vigor la Ley de Servicio Civil y por lo tanto, no pasó a formar parte del Servicio Civil Clasificado, no obstante la resolución de la Comisión, pues ésta quedó sin efecto legal alguno después de resuelto' el caso de Matos, supra.

Alega el peticionario, sin embargo, que la sección 6 de dicha ley “no puede ser jamás objeto de interpretación en el presente caso”, según lo fué en el de Matos v. Veve, supra, “por cuanto las disposiciones de dicha sección se refieren tan sólo al derecho- del funcionario al cargo en particular que desempeñaba cuando se puso en vigor la ley”. Que “en agosto 10 de 1931 el peticionario no ocupaba la plaza que hoy ocupa ni interina ni permanentemente. Que Contender lo que pretende el demandado equivale a sostener que un empleado que en el 1931 desempeñaba un cargo temporalmente a quien se le dió la condición de permanente a virtud de la resolución de 19 de febrero de 1932, estaba impedido de ocupar en el futuro otro cargo en el Servicio Civil Clasificado con el carácter de permanente”. No tiene razón el apelante.

Dicho empleado no estaba impedido de ocupar en el fu-turo otro cargo en el Servicio Civil Clasificado con carácter de permanente; podía pasar a formar parte de dicho servi-cio siempre y cuando lo hiciera de acuerdo con las disposi-ciones de la ley, o sea, mediante la aprobación de un examen de libre oposición.

De manera que aunque el apelante implícitamente niega que el derecho que reclama se funda en la resolución de la Comisión de 26 de febrero de 1932, sin embargo, no nos dice a base de qué fué que se le incluyó en el Servicio Civil Cla-sificado, limitándose a argüir que “lo propio es concluir que cuando así ha actuado la Comisión de Servicio Civil es por-que se han seguido los trámites de ley para el seguimiento de los cuales se creó expresamente ese organismo guberna-mental.” Es verdad que el artículo 464 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil establece que hay una presunción de que “una persona -en posesión de un cargo público fué elegida o nombrada para dicho cargo- en debida forma”, y de que “la ley ha sido acatada”. Pero éstas son presuncio-nes controvertibles y a nuestro juicio quedaron controverti-das al declarar el propio peticionario que nunca había apro-bado los exámenes de libre oposición que exige la ley para que un empleado pueda considerarse incluido en el servicio clasificado y, no estándolo, pudo ser destituido sin la previa formulación de cargos.

En nada ayuda al apelante el hecho de que el cargo del cual fue separado sea uno de los comprendidos dentro del Servicio Civil Clasificado ya que este Tribunal resolvió en Sárraga v. Sancho Bonet, supra, que el hecho de que una persona ocupe dicho puesto no implica su ingreso en el Servicio Civil Clasificado.

Se confirma la sentencia de lía corte inferior.

El Juez Presidente Sr. Del Toro- no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Delfín Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 10056.

    Sometido: Junio 21, 1943.

      Resuelto: Julio 7, 1943.

      Agustín E. Pont y William Morales, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Delfín Bodríguez de una infracción del ar-tículo 371 del Código Penal () consistente en que penetró en el domicilio de Juan Nazario y Eloína Velez, contra la vo-luntad expresa de ellos y sin su consentimiento, intervi-niendo con el citado domicilio, alterándolo, clausurando las puertas y ventanas de dicho domicilio, y realizando actos de dominio en el mismo, y no permitiendo que los moradores entraran en él con el fin de pernoctar, alegando que era el dueño de la casa.

El acusado fué convicto y sentenciado a pagar una multa de $200, o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, no excediendo la prisión de 90 días de cárcel. En apelación, el acusado alega que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar una moción eli-minatoria y una excepción perentoria radicada contra la acusación. La moción eliminatoria del acusado iba dirigida a la eliminación de aquella parte de la acusación que le im-putaba que “no permitió que dichos moradores entraran en su domicilio para pernoctar en él, alegando que la casa era de su propiedad”. No hubo error en la negativa a eliminar esta alegación, toda vez que relata actuaciones que el esta-tuto expresamente prohibe. De igual forma la corte de dis-trito correctamente declaró sin lugar la excepción perento-ria. El acusado sostiene que la acusación no alega que pe-netrara en domicilio de otra persona contra la voluntad de ésta, y que la imputación es solamente de que evitó que los moradores pernoctaran en su domicilio. Pero la acusación expresamente alega que Rodríguez “penetró en el domicilio de Juan Nazario y Eloína Vélez contra la voluntad expresa de estos”. Esto es suficiente para colocar el caso dentro de los términos del estatuto.

El acusado sostiene luego que' debió haberse declarado con lugar su moción de nonsuit al finalizar la prueba de El Pueblo. Descansa a ese efecto en el hecho de que la prueba dejó de demostrar que los moradores estaban en la casa cuando el acusado penetró en el domicilio de éstos.

Una infracción al artículo 371 del Código Penal puede cometerse como sigue:

(1) empleando fuerza o violencia al invadir u ocupar te-rrenos, o cualquier propiedad, pública o privada, salvo en los casos y en la forma prevenida por la ley;

(2) penetrando en domicilio ajeno contra la voluntad ex-presa del morador, o interviniendo con el citado domicilio, alterándolo, realizando actos de dominio o modificándolo, etc.

El hecho de que existen dos formas de cometer el delito en cuestión es evidente de la disposición del referido artículo en cuanto a diferentes penas para las dos formas diferentes de cometer el delito. Como cuestión de hecho, el artículo correspondiente del estatuto de California sólo dispone para la primera manera de cometer el delito (Artículo 418, Deering’s Penal Code of California, pág. 156 ().

Los casos de Pueblo v. Díaz, 56 D.P.R. 101, y Pueblo v. Medina, 58 D.P.R. 925, surgieron bajo la primera disposi-ción del artículo 371. Resolvimos en dichos casos, en vista del requisito de fuerza o violencia en la referida primera disposición, que el delito no se comete si los actos en cues-tión ocurrieron en ausencia del morador o de alguien que lo represente. Pero la situación en el presente caso es diferente, toda vez que los hechos demuestran una violación de la segunda disposición del artículo 371; es decir, que el acusado penetró en el domicilio de otra persona sin el con-sentimiento expreso de ésta. Una vez se prueba que el he-cho se comete contra el consentimiento expreso del morador, no es necesario que se pruebe, como en la primera disposi-ción, que se empleó fuerza o violencia, y en su consecuencia la ausencia del morador al momento de la penetración no es fatal.

Juan Nazario, el morador de la casa, declaró que mientras trabajaba en una finca propiedad del padre del acusado, éste le dijo que “me tenía que ir de allí como a las siete (refiriéndose a la casa en que él vivía) o antes de las siete de la tarde, porque si no . . . ”. Eloína 'Vélez, esposa de Nazario, declaró que el mismo día el acusado le había dicho que ella y su esposo debían mudarse de la casa, porque de lo contrario le pegaba fuego a la casa y le entraría a tiros, y que ella le contestó “Dios lo librara y la Virgen, que él se atreviera a penetrar dentro del domicilio mío. Yo le prohibí, jo le dije que no podía de ninguna manera hacer eso o intervenir o entrar; que él no podía someterse a entrar en ese domicilio, en cuanto yo era la que estaba en mi hogar, y era la dueña mientras viviera allí, y él dijo que no importaba, qne antes de las siete teníamos que irnos de allí o le pegaba fuego a todo, o nos tiraba todo a la calle.”; que ella se fue a ayudar a su marido cuando éste fue a ver al padre del acusado; que cuando regresó a las seis de la tarde, encontró la casa clausurada; que el acusado le dijo que él no la abriría, aunque ella consiguiera una orden de la corte de distrito o del fiscal; que por fin pudo entrar a la casa a las dos de la mañana mediante una orden del juez municipal.

La prueba en este caso fue suficiente para demostrar que el acusado, contra la expresa voluntad de los moradores, en-tró en su domicilio y realizó allí actos de dominio, alterando con ello la paz en la forma que se tuvo en mente evitar me-diante la segunda disposición del artículo 371.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Presidente $r. Del Toro no intervino.

      (1) “Artículo 371. — Toda persona que empleare fuerza o violencia al invadir u ocupar terrenos en otras propiedades públicas o privadas o que excitare o ayu-dare a otra persona para que lo haga, salvo en los casos y en la forma prevenida por la ley, incurrirá en pena que no excederá de dos años, ni bajará de seis meses de prisión o multa no mayor de mil ni menos de quinientos dólares. Toda persona que penetrare en domicilio ajeno, contra la voluntad expresa del morador, o que en cualquier forma interviniere con el citado domicilio alterándolo, realizando actos de dominio, modificándolo o intentando hacer en el mismo cualquier repara-ción no importa la índole que fuere, salvo también en los casos y la forma permi-tida por la ley, incurrirá en penas que no bajará de tres meses ni excederá de seis meses de prisión, o multa de doscientos a quinientos dólares..”

        (2) Artículo 418. — Uso de Fuerza y Ocupación de Terrenos. — Toda persona que empleare fuerza o violencia al invadir u ocupar terrenos u otras propiedades ajenas, o que excitare o ayudare a otra persona para que lo haga, salvo en los casos y en la forma prevenida por la ley, será culpable de misdemeanor.”


author: El Juez Asociado Señoe Snyder El Juez Asociado Señoe SnydeR

text:
    Lorenza Rosario, representada por su apoderado Alfredo Cortés, demandante y apelada, v. Santiago Ruiz López y su esposa Victoria Laabes Acevedo, demandados; y Valentín Polanco de Jesús, apelante.
    Núm. 8670.

    Sometido: Mayo 5, 1943.

      Resuelto: Julio 7, 1943.

      V. Polanco de Jesús, pro se; Angel Rivera Colón, abogado de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señoe Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de marzo de 1931 Santiago Ruiz y su esposa, due-ños de dos fincas que en adelante denominaremos A y B, otorgaron una hipoteca a favor de Ventura Cortés y su es-posa Lorenza Rosario, para garantizar un préstamo de $7,000 Lechóle a Ruiz por Cortés. Dicho préstamo se paga-ría en plazos anuales de $1,000, venciendo el último plazo el 4 de marzo de 1938, con intereses a pagarse a razón del 12 por ciento anual por el término del préstamo y el de demora hasta su efectivo pago. También se disponía el pago de costas y honorarios de abogado hasta $520. Cuando se disolvió en 1937 la sociedad de gananciales de Cortés y su es-posa, Lorenza Rosario, a esta última le fué adjudicado ín-tegramente dicho crédito hipotecario.

El 5 de mayo de 1942 Lorenza Rosario radicó demanda contra Ruiz y su esposa para recobrar la suma principal de $7,000, más intereses al 12 por ciento anual desde el primero de enero de 1937 hasta el 30 de abril de 1942. También so-licitaba el reembolso de $138.12 y $19.32, cantidades pagadas por ella para redimir las fincas A y B vendidas en pública subasta por contribuciones adeudadas. Solicitaba que las fincas hipotecadas se vendiesen en pública subasta para sa-tisfacerle las sumas expresadas. Los 'demandados contesta-ron, admitiendo los hechos expuestos en la demanda, excepto que alegaban que se debían intereses solamente desde el pri-mero de septiembre de 1937. El 26 de mayo de 1942, apa-rentemente con la conformidad de la demandante, la corte de distrito dictó sentencia según se solicitaba en la demanda, excepto que concedió intereses solamente desde el primero de septiembre de 1937.

En 23 de septiembre de 1942 la demandante radicó una moción alegando que las dos fincas en cuestión fueron adju-dicadas a ella en la subasta pública ordenada por la corte de distrito en la referida sentencia, pero cuando intentó ins-cribir su escritura en el Registro, encontró que la finca A estaba inscrita a nombre de Valentín Polanco de Jesús, re-sultando de dicha inscripción qne Polanco había adquirido la propiedad en una subasta pública por escritura otorgada en 26 de junio de 1942 e inscrita en 3 de agosto de 1942. ¡Alegando que Polanco era un comprador pendente lite, la moción solicitaba que se notificara a éste que, a menos que pagara la porción de la deuda hipotecaria — $4,000—y las costas y honorarios de abogado — $240—que fueron garan-tizados expresamente por la finca A en la escritura de hi-poteca, la inscripción de dicha finca 4 a su nombre sería cancelada. Polanco radicó una moción admitiendo que tenía que pagar la suma principal de $4,000, pero alegando que, de conformidad con la Ley núm. 92, Leyes de Puerto Pico, 1938, no se podían cobrar intereses sobre la hipoteca en ex-ceso del tipo legal. Polanco ha apelado de la resolución de' la corte inferior declarando sin lugar su moción y decla-rando con lugar la de la demandante.

Consideraremos en primer término la moción de la apelada para que se desestime el recurso por los fundamentos (a) que la resolución de la corte inferior no es apelable, y (b) que el escrito de apelación no fué notificado a los deudores hipotecarios. Esta corte ha resuelto estas dos cuestiones en contra de la contención de la apelada en González v. Ortiz, 45 D.P.R. 287. Además de resolver en dicho caso que tal resolución era apelable, dijimos a la pág. 289 que “una vez adjudicada la finca al acreedor hipotecario [el deudor hipotecario] no tiene interés alguno en que se cancele o se deje de cancelar la inscripción que aparezca en el registro a favor de una tercera persona sobre el dominio de dicho inmueble”. Toda vez que los deudores hipotecarios no tenían interés en la apelación en este caso no había necesidad de notificarles la misma.

Pasamos a los méritos de la apelación. Polanco alega que desde que la Ley núm. 5, Leyes de Puerto Rico, 1933, Sesión Extraordinaria (Leyes de 1933 (2) pág. 27), pero más en particular desde que la Ley núm. 92, Leyes de Puerto Rico, 1938 (pág. 210), fue aprobada, no se pueden reclamar intereses en exceso' del tipo legal en ellas fijado. Asumimos, sin resolverlo, que un extraño a la alegada tran-sacción usuraria, en una situación similar a la de Polanco, puede levantar esta defensa. Y una disposición expresa en el contrato en cuanto al pago del tipo convenido de intereses después de vencida la obligación, se considera como parte del contrato original, aún después de su vencimiento, hasta su completo pago (Cabrera v. Morales, 57 D.P.R. 457).

Por tanto, nos remitimos a la única cuestión sustan-cial levantada por esta apelación; o sea, que la disposición de la Ley núm. 92 de que “Cualquier persona . . . que como-prestamista exija o reciba en o por cualquier contrato, con-venio u obligación . . . dinero a un tipo de interés mayor de-nueve (9) dólares anuales sobre cada cien (100) dólares . . . será culpable de delito menos grave ...” tenía el -efecto de privar a la apelada de su derecho a cobrar intereses a un tipo mayor de 9 por ciento en un contrato que, como en el presente caso, fue otorgado con anterioridad a la aprobación del estatuto y el cual expresamente disponía un tipo mayor-de interés. Esta corte ha resuelto que “La Ley núm. 5 apro-bada en 17 de agosto de 1933, enmendó la del primero de-marzo de 1902, reduciendo a 9 por ciento y 8 por ciento el tipo de interés, según la cuantía de la obligación. Dicha ley,, aun cuando empezó a regir inmediatamente después de su aprobación, no puede ser aplicada a una obligación contraída con anterioridad a dicha fecha.” (Rivera v. Durán, 59 D.P. R. 491, 4.) Al mismo efecto, Toscano v. Pomoles, 60 D.P.R. 335; Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923. Aunque en el caso de Duran no se mencionada la Ley núm. 92.de 1938, dicha ley se había aprobado ya cuando se resolvió el refe-rido caso, y a pesar de ello no afectó el resultado del mismo. Al igual que en el caso de la Ley núm. 5 de 1933, nada ha-llamos en la Ley núm. 92 que justifique la conclusión de que fué la intención que se aplicara a los contratos otorgados eon anterioridad a sn aprobación. Por tanto, no es necesa-rio qne consideremos en este caso el problema de la validez de tal actuación legislativa, toda vez qne ésta basta el pre-sente no ha dado paso algnno para aprobar nn estatuto de tal natnraleza.

Sin embargo, la corte de distrito cometió error al ordenar al apelante qne pagara toda la deuda hipotecaria con el fin de evitar la cancelación de la inscripción a sn nombre de la finca A. La hipoteca original cnbría las fincas A y B. Annqne la escritura de hipoteca no está en antos, parece qne las partes están de acnerdo en cnanto a qne disponía qne la finca A garantizaría $4,000 de los $7,000 de la denda hipotecaria y $240 de los $520 provistos en la escritura para costas y honorarios de abogado. Toda vez qne el apelante reclama solamente la finca A, tiene derecho a conservar la inscripción de la misma a sn nombre mediante el pago a la demandante de (1) $4,000, más intereses al 12 por ciento desde el 1 de septiembre de 1937 hasta el 26 de mayo de 1942, fecha de la sentencia de la corte de distrito; (2) $138.12, cantidad pagada por la demandante por contribuciones adeudadas e intereses, más intereses al 12 por ciento desde el 16 de diciembre de 1941, fecha en que se pagó dicha suma, hasta el 26 de mayo de 1942(); (3) intereses legales al 6 por ciento sobre $4,138.12 desde la referida fecha de la sentencia, 26 de mayo de 1942, hasta la fecha de sn pago(); y (4) $240 para costas y honorarios de abogado.

Según modificada en la forma •antes indicada, la resolu-ción de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Julio 21, 1943.

El Juez Asociado Señoe SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

Al dictar sentencia en este caso, incluimos la cantidad de $240 para costas y honorarios de abogado de conformidad con la disposición expresa a ese efecto contenida en la es-critura de hipoteca aquí envuelta. Sin embargo, en su mo-ción de reconsideración el apelante llama nuestra atención al hecho de que la corte inferior se negó a conceder honorarios de abogado en este caso, y que no se apeló de tal pronun-ciamiento de la corte de distrito. Por tanto, modificaremos maestra sentencia anterior eliminando la concesión de hono-rarios de abogado.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

      (1)B1 artículo 348 del Código Político lee en parte como sigue:
      "... Cuando se redimiere la propiedad por un acreedor hipotecario, el dinero pagado por éste para redimir la propiedad se acumulará a su crédito hipotecario, y podrá recobrarse al mismo tipo de interés que devengue el crédito hipotecario . .

      (2)E1 tipo de 12 por ciento de la deuda hipotecaria provisto en el contrato y el mismo tipo sobre el precio de compra de conformidad con el artículo 348 del Código Político se reduce al tipo legal de 6 por ciento cuando ambas deudas desaparecen como resultado de su consolidación (merger) en la sentencia de 26 de mayo de 1942. (Franceschi Ex parte, 53 D.P.R. 75; O’Brien v. Young 95 N. Y. 428; United States Mortgage Co. v. Sperry, 138 U. S. 313, 352; Hiller v. Matheny, 256 Pac. 10 (Colo., 1927)).


author: E_ Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Federico F. Basora, demandante y apelante, v. Manuel Padilla, demandado; Berríos Hermanos, interventora y apelada.
    Núm. 8661.

    Sometido: Junio 15, 1943.

      Resuelto: Julio 8, 1943.

      Tibaldo Aponte, abogado del apelante; F. 11. Aponte, abogado del demandado; Rafael Dávila Ortiz, abogado de la apelada.
   E_ Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Basora, -el aquí apelante, demandó a Manuel Padilla en cobro de dinero ante la Corte Municipal de Yabucoa. In-tervino en el pleito la sociedad Berrios Hermanos, y la corte municipal dictó sentencia a favor de la interventora, en agosto 21 de 1942. El 27 del mismo mes, Basora apeló para ante la Corte de Distrito de Humacao y en' septiembre 10 de 1942 solicitó de la corte municipal sentenciadora una prórroga para radicar la transcripción de autos ante la corte de dis-trito. El término legal, que expiraba el 16 de septiembre de 1942, fue prorrogado por la corte municipal basta el 25 del mismo mes. La transcripción fué radicada en la corte de distrito el 23 de septiembre de 1942, o sea siete días después de la expiración del término original y dos días antes de ex-pirar la prórroga concedida por la corte municipal.

En septiembre 28 de 1942 la parte interventora solicitó de la corte de distrito la desestimación de la apelación in-terpuesta por Basora, por el fundamento de haberse radi-cado la transcripción de autos en la corte de distrito des-pués de los veinte días siguientes a la fecha en que se inter-puso la apelación y ser nula la prórroga de dicho término concedida por la corte municipal. Declarada con lugar la moción de desestimación, el demandante y apelante Basora apeló para ante esta Corte Suprema.

La cuestión que debemos considerar y resolver es si la corte municipal tenía facultad para prorrogar el término fijado por la ley para la radicación de la transcripción de autos en la corte de distrito.

El artículo 1 de la Ley para Reglamentar las Apelacio-nes contra Sentencias de las Cortes Municipales en Pleitos Civiles, aprobada en marzo 11 de 1908 (Cód. de Enj. Civil, Edición 1933, pág. 136), dispone que la transcripción de los autos deberá ser radicada en la secretaría de la corte de dis-trito dentro de los veinte días siguientes a la radicación del aviso de apelación; y continúa diciendo:

“Si la transcripción no fuere radicada en la corte de distrito dentro del término prescrito, o de la prórroga que dicha corte hu-biere concedido al efecto, se desestimará la apelación.” (Bastardi-llas nuestras.)

El texto inglés del párrafo que acabamos de transcribir lee así:

“If the transcript is not filed in the district court within the time prescribed or within such additional time as may have been granted by the court for the purpose, the appeal shall be dismissed.” (Bas-tardillas nuestras.)

Arguye la interventora apelada, que de acuerdo con el texto español, supra, que a su juicio es el que debe preva-lecer, es a la corte de distrito a la que corresponde la facul-tad de prorrogar el término para la radicación de la trans-cripción de autos. Sostiene el apelante, en contrario, que es el texto inglés el que debe prevalecer, por ser nuestro esta-tuto, según alega, una adaptación de las secciones 4838 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil Revisado del Estado de Idaho (Idaho Revised Codes, tomo 2, pág. 257).

Un estudio comparativo de nuestro estatuto y de las ci-tadas secciones del Código de Idaho, así como de las seccio-nes correspondientes de los Códigos de California, Montana y Oregon, revela que no existe similitud entre dichos Códi-gos y el nuestro, no siendo por tanto sostenible la conten-ción del apelante de que nuestro estatuto es de procedencia •continental y que debe por tanto .darse preferencia al texto inglés.

El artículo 13 del Código Civil provee las reglas que de-berán aplicarse en caso de existir discrepancia entre los tex-tos inglés y castellano de un estatuto local. De acuerdo con dichas reglas, el texto qne debe prevalecer es aquél en que se hubiere originado el proyecto en cualquiera de las cáma-ras legislativas, salvo en los casos siguientes:

“(a) si el estatuto fuere una traducción o adaptación de un es-tatuto de los Estados Unidos o de algún Estado' o Territorio de los Estados Unidos, se dará preferencia al texto inglés sobre el texto castellano; (5) si el estatuto fuere de origen español se atenderá al texto castellano con preferencia al texto inglés; (c) si la cuestión de preferencia no pudiera resolverse por las reglas precedentes, se aten-derá al texto castellano. ’ ’

No pudiendo resolver la cuestión de preferencia por las reglas establecidas por el artículo 13 del Código Civil, nos vemos precisados a resolver, de.acuerdo con el párrafo (c) de dicho artículo, supra, que es el texto castellano del ar-tículo 1 de la ley de marzo 11 de 1908 el que debe prevalecer sobre el texto inglés del mismo artículo.

Es tan claro el texto castellano del estatuto en cuestión, que debemos.resolver como resolvemos que es a la corte de distrito a la que el legislador ha conferido la facultad de prorrogar el término legal para la radicación de la trans-cripción de autos en casos de apelaciones contra sentencias de las cortes municipales.

Siendo nula la prórroga concedida en el caso de autos por la Corte Municipal de Yabucoa, por carecer dicha corte de jurisdicción para concederla, no erró la corte de distrito ;al declarar con lugar la moción de desestimación del recurso.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Snyder no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Sucrs. de Esmoris & Cía., peticionario, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, Etc., demandado.
    Núm. 1401.

    Sometido: Junio 23, 1943.

      Resuelto: Julio 8, 1943.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado del peticionario; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, y M. Velázquez Plores, Pro-curador Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nno de dieciocho recursos de certiorari in-terpuestos por igual número de contribuyentes contra deci-siones dictadas por el Tribunal de Apelación de Contribucio-nes en 29 de junio de 1942.

En todos y en cada nno de dichos casos (Números 1401,. 1404, 1409, 1414, 1415, 1416, 1418, 1422, 1423, 1426, 142?", 1429, 1432, 1433, 1434, 1441, 1477 y 1478) el Procura-dor General de Puerto Rico ba solicitado la desestimación del recurso, alegando como fundamento que esta Corte Su-prema carece de jurisdicción para conocer del mismo por haberse radicado la solicitud de certiorari fuera del término que concede la ley.

El estatuto creador del Tribunal de Apelación de Contri-buciones, Ley núm. 172 de 13 de mayo de 1941 ((1) pág.. 1039), en lo que es pertinente, dispone:

“Sección 5. . . Estas decisiones tendrán el carácter de finales; pero la parte perjudicada podrá dentro de los treinta (30) días des-pués de haberse rendido la decisión apelar de la misma para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante una solicitud de cer* tiorari para revisar los procedimientos.” (Bastardillas nuestras.)

La decisión recurrida tiene fecha 29 de junio de 1942 y •fué registrada por el secretario del tribunal y notificada al contribuyente el día 3 de julio de 1942. La solicitud de cer-tiorari fué radicada en la Secretaría de esta Corte Suprema el día 30 de julio de 1942.

Arguye el Procurador General que el término de treinta días que para recurrir ante esta corte fija la sección 5, supra, debe computarse desde la fecha en que se firmó la decisión, o sea desde el 29 de junio de 1942, y que por tanto la solicitud radicada el 30 de julio de 1942 lo fué tardíamente. El recurrente sostiene en contrario que el término debe con-tarse desde la fecha en que el contribuyente fué notificado de la decisión del tribunal o por lo menos desde la fecha en que la decisión fué registrada por el secretario.

El término para apelar de una sentencia adversa no puede ni debe empezar a contarse desde una fecha incierta o de la cual no pueda presumirse que el apelante tuviera co-nocimiento. No sería justo imputarle al contribuyente ape-lante conocimiento de la fecha en que los miembros del tribunal firmaron la decisión, pues ése es un hecho del cual tienen conocimiento los firmantes de la decisión, pero no la parte perdidosa, que nada sabe ni puede saber de la deci-sión hasta que ésta le es notificada o hasta que la misma es anotada en un registro público.

La Regla 43 de las Reglas de Práctica aprobadas por el Tribunal de Apelación de Contribuciones en octubre 27 de 1941 requiere que “al decidirse cada caso por el tribunal, la decisión se registrará por el secretario al notificar las par-tes”. Es evidente, pues, de acuerdo con la regla citada, que la sentencia no puede considerarse como rendida por el tribunal hasta que la misma haya sido registrada por el secre-tario al notificar a las partes. Véanse: González v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 901 y Casanovas y Cía. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 56, 61.

Por las razones expuestas, debemos resolver como resol-vemos qne los dieciocho recursos ya mencionados fueron in-terpuestos dentro del término legal y que no procede por tanto la desestimación solicitada.

Habiendo estipulado las partes que si no procediera la desestimación los dieciocho casos deben ser devueltos al Tribunal inferior, por envolver todos ellos la misma cuestión resuelta en el caso de Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, se devolverán todos los casos al Tribunal de Apelación de Contribuciones para ulteriores procedimientos no inconsistentes con lo resuelto en el caso de ÉaMester.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Snyder no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José María Gatell, acusado y apelante.
    Núm. 10065.

    Sometido: Julio 7, 1943.

      Resuelto: Julio 12, 1943.

      C. Triarte, F. Fernández Cuyar y TI. González Blanes, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Contra el apelante José María Gatell se formularon ante la Corte Municipal de San Juan dos denuncias por alegadas infracciones de las secciones 84, 86 y 92 de la Ley de Rentas Internas, imputándosele en cada una de ellas que en 15 de julio de 1940 y en su establecimiento de garage en Calle Co-mercio número 13, en San Juan, el acusado tenía allí en su poder y a su disposición, para la venta al detall y al por mayor, piezas y partes de vehículos de motor, sin estar pro-visto de la correspondiente licencia de Rentas Internas para el trimestre de julio 1 a septiembre 30, 1940.

Vistas ambas denuncias conjuntamente ante la Corte de Distrito de San Juan, dictó ésta sentencia en cada uno de dichos casos condenando al acusado al pago de una multa de cien dólares o a la prisión subsidiaria. No conforme el apelante con dichas sentencias, interpuso contra ellas el pre-sente recurso de apelación.

El apelante señala como único error de la corte senten-ciadora el haber dictado dos sentencias que, a su juicio, son contrarias a e inconsistentes con la evidencia practicada, alegando que la evidencia demuestra fuera de toda duda que el acusado no tenía negocio o establecimiento alguno, sujeto a licencia, durante el trimestre de julio a septiembre de 1940.

A nuestro juicio, tiene razón el apelante. La única prueba presentada en su contra fué la declaración de Alberto Mu-ñoz, Agente de Rentas Internas, quien en síntesis declaró como sigue: que en 15 de julio de 1940 visitó el estableci-miento comercial de Gatell en la calle Comercio número 13, en San Juan, con el propósito de liquidar ciertos arbitrios sobre piezas de automóviles que Gatell había importado; que en el curso de esa investigación se enteró de que Gatell no tenía la correspondiente licencia de Rentas Internas para la venta de piezas de automóviles; que vió que allí se ven-día gasolina, aceite, parches de fuego, etc. Después de ha-ber declarado en la forma antes expresada, el testigo pre-sentó una factura de Rentas Internas, demostrativa de que Gatell había importado en julio 9, 1940 ciertas piezas y par-tes de automóviles.

, De la declaración del testigo Muñoz no se desprende que el acusado Sr. Gatell estuviese presente en el establecimiento en la calle Comercio número 13 en el momento en que el mismo fué visitado por el Agente de Rentas Internas. Tam-poco aparece evidencia alguna en el récord demostrativa de que aquel establecimiento fuese propiedad del acusado Ga-tell o que éste tuviera en alguna forma el control o admi-nistración del mismo. Tampoco se deduce de la prueba que las ventas que dice el Agente Muñoz se hicieron en su pre-sencia fueran hechas a nombre o con la autorización o por cuenta del acusado Gatell. La factura de Rentas Internas admitida en evidencia demuestra solamente que Gatell im-portó ciertas piezas para automóviles, pero no puede ser en manera alguna considerada como evidencia de ,que Gatell tuviera esas mismas piezas en un establecimiento de su pro-piedad para ofrecerlas en venta, sin tenei; licencia para ello.

La insuficiencia de la prueba es tan evidente que, a nues-tro juicio, debemos revocar la sentencia recurrida y absolver libremente al acusado.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señc® TRavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fausto Durán Saliaj, acusado y apelante.
    Núm. 9893.

    Sometido: Mayo 25, 1943.

      Resuelto: Julio 12, 1943.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señc® TRavieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné denunciado ante la Corte Municipal de San Juan por infracción a la sección 3 de la Ley núm. 11 de 23 de agosto de 1933. La denuncia, en lo que es pertinente, lee como signe:

“. . . Que en 6 de mayo (8:30 P. M.) de 1942, y en la Far-macia Durán, Calle Cerra No.' 54, Pda. 15, Santurce, del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado, Fausto Durán Saliaj, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal de violar la Sec. 3ra. de la Ley núm. 11 de 1933, para beneficiarse del producto de una lotería, tenía en poder y admi-nistraba como dueño en un establecimiento comercial Farmacia, de su propiedad, y para que el público jugara, 1 máquina eléctrica, conocida con el nombre popular de “Bingo”, que se opera eléctrica-mente, consistente de una mesa de madera con 4 patas de madera también, sobre la mesa un cristal transparente teniendo dentro nn mecanismo que al unirse apropiadamente a una corriente eléctrica y depositarse una moneda de 5 centavos, o una arandela de igual radio o espesor y al manipularse una palanca se pone a disposición del jugador que corre la aventura de pagar los 5 centavos para obte-ner un premio en metálico de 5 centavos que le entrega el acusado cuando el jugador acierta hacer determinado número de tantos sobre el score mínimo ya establecido, . . . Siendo la referida máquina una que puede usarse y el acusado la estaba usando con fines de juegos de azar o lotería, la cual fué ocupada y se pone a disposición del tribunal como materia de prueba. ...”

Visto el caso ante la Corte de Distrito de San Juan, el denunciado fué hallado culpable; y habiendo sido senten-ciado a la pena de un mes de cárcel, interpuso el presente recurso de apelación para ante este tribunal, alegando que la corte inferior erró:

”1. Al resolver que el hecho de que la máquina que según la denuncia fué ocupada en poder del acusado no sea de la misma des-cripción que la máquina que se presentó como la ocupada por el policía denunciante, nada importa a los fines de la prueba y de la culpabilidad del acusado.
”2. Al actuar . . . con evidente pasión y manifiesto prejuicio ha-cia el apelante.
”3. Al no dar al apelante el beneficio de la duda que necesaria-mente surge del conjunto de la prueba.”

El primer error señalado por el apelante se basa en que existe una discrepancia entre la denuncia y la prueba. Consiste la alegada discrepancia en que la máquina que se describe en la denuncia como ocupada al apelante en su establecimiento es una de las que se usan para jugar con monedas de cinco centavos, mientras que la que se presentó como evidencia por el fiscal en la corte de distrito el día de la vista es una de las que se usan para jugar con monedas de un centavo. Sostiene el apelante que tal error es suficiente para justificar la revocación de la sentencia.

No estamos de acuerdo con la contención del apelante. La citada Ley mim. 11 de 1933 provee en su sección 3 lo si-guiente :

“A partir de la fecha en que esta Ley empiece a regir, la intro-ducción, manufactura, posesión, uso o funcionamiento de máquinas vendedoras que pudieren usarse para fines de juego de azar o lotería y de las conocidas con el nombre de traganíqueles (slot machines), y de cualquier otra clase, que pudiera usarse con fines de juego de azar o lotería, en cualquier forma en que fueren manipuladas, o cualquier sustituto de las mismas, o partes y accesorios, será consi-derado ilegal y su introducción, manufactura, uso, posesión o fun-cionamiento queda prohibido.”

Como se ve, dicha sección lo qne prohibe es la manufac-tura, uso, posesión o funcionamiento de las máquinas que en dicha sección se describen, descripción que cuadra perfecta-mente con la máquina ocupada al apelante en su estableci-miento. No era necesario alegar en la denuncia con qué clase de monedas era que funcionaba dicha máquina. Ade-más, el policía identificó a satisfacción de la corte inferior la máquina presentada en evidencia como la ocupada por él en el establecimiento del apelante, y la prueba del apelante demostró que efectivamente en su establecimiento había una máquina de las denominadas “Bingo”.

Estos hechos bastan por sí solos para conectar al ape-lante con el delito que se le imputa de poseer y administrar una máquina “Bingo” en su establecimiento de farmacia y no creemos que la corte inferior cometiera error alguno al no considerar que había discrepancia entre la evidencia y la denuncia.

El segundo error señalado imputa a la corte inferior el haber actuado con manifiesto prejuicio y completo menosprecio de los derechos del apelante. Se basa este señalamiento de error en las palabras usadas por la corte al dictar su fallo, especialmente la frase “a pesar de los pesares” que aparece en el primer párrafo de la opinión.

La opinión, que se transcribe .en la página 27 del récord, lee como signe:

“La corte en este caso no tiene eludas, le cía crédito al policía denunciante en este caso, a pesar de los pesares, y a pesar de su apre-ciación errónea, según se dice, que no se ha demostrado que no es una máquina de cinco centavos o de un centavo, cosa que la corte cree que es inmaterial. Lo mismo da. La corte apreciando en con-junto toda la prueba no tiene duda en absoluto, la más mínima duda de que el aparato estaba allí, que estaba conectado, según dice en la denuncia, que podía dedicarse a juegos de azar y que el acusado la tenía en su poder, que eso es todo lo que la ley exige y que es una máquina bingo. La corte declara culpable al acusado y le impone un mes de cárcel.’'

No yernos nada en las palabras de la corte qne pueda justificar la imputación de pasión y prejuicio que bace el apelante. Al acusado se le respetaron todos sus derechos. Si la corte al apreciar la prueba dió crédito a la de cargo y no a la de la defensa, lo hizo en cumplimiento de la sagrada misión que le está encomendada y en la cual esta corte no debe intervenir, excepto en caso de un error manifiesto, error que no encontramos se haya cometido en este caso.

No tenemos duda de que al acusado se le celebró un jui-cio justo e imparcial y que en ningún momento la corte ac-tuó con manifiesto prejuicio.

El tercer error tampoco fué cometido. No vemos qué base pueda tener el acusado para alegar que la corte no dió al apelante “el beneficio de la duda que necesariamente surge del conjunto de la prueba”. Hemos leído cuidadosamente toda la evidencia presentada en el caso y no encontramos que de ella surja necesariamente duda alguna en cuanto a los hechos constitutivos del delito.

La sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Seño®. Travieso

text:
    Adela Méndez, en representación como madre con patria potestad sobre su menor hijo natural reconocido, Alejo Méndez, demandante y apelada, v. Sucn. de Francisco Sella González, Etc., demandada y apelante.
    Núm. 8643.

    Sometido: Mayo 19, 1943.

      Resuelto: Julio 12, 1943.

      Buenaventura Esteves, abogado de los apelantes; Francisco Yizca-rrondo Morell, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño®. Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda enmendada radicada por Adela Méndez en representación de sn hijo natural reconocido, Alejo Mén-dez, se alegó que ella sostuvo relaciones maritales, viviendo en público concubinato con Francisco Sella González, durante los años 1926 a 1928; que de esas relaciones nació Alejo, el 26 de febrero de 1927; que al tiempo de la concepción y na-cimiento del niño, sus padres eran solteros y sin impedi-mento alguno para contraer matrimonio; que desde el naci-miento'del niño y hasta la muerte de Sella éste le reconoció como su hijo natural y siempre le dió el trato público, familiar y ostensible de hijo natural reconocido, atendiendo en parte a las necesidades de su subsistencia; y que la Suce-sión de Sella, los demandados, se han negado a reconocer al menor sus derechos como hijo natural reconocido del cau-sante. Se pide que Alejo Méndez sea declarado hijo natural reconocido de Sella y que se declare nula la resolución por la cual se declaró a los demandados únicos y universales herederos del finado Francisco Sella.

El presente recurso ha sido interpuesto por los deman-dados contra la sentencia por la cual se declaró con lugar la demanda y se condenó a los demandados al pago de las cos-tas y $100 de honorarios. Los apelantes imputan a la corte-sentenciadora la comisión de siete errores.

1. Sostienen los apelantes que la demanda es insuficiente porque ha sido interpuesta por Adela Méndez “en representación como madre con la patria potestad sobre su menor, hijo natural reconocido,,Alejo Méndez”; que no es lo mismo decir “Adela Méndez, en representación de su hijo’'’ que decir “Alejo Méndez, representado por su madre, etc.”, pues en el primer caso comparece la madre y en el segundo comparecería el menor, que es el que tendría derecho a la filiación; y citan en apoyo de este señalamiento el caso de Olivo v. Arriví, 38 D.P.R. 717.

La cuestión levantada carece de méritos. En Olivo v. Arriví, supra, se resolvió que la demanda era insuficiente porque en ella comparecía la madre, sin alegar qne lo hacia en representación del menor, qne era el qne tenía derecho a reclamar su filiación. En el presente caso se alega específi-camente que Adela Méndez comparece en representación de su hijo. Vistas las disposiciones de los artículos 153 del Código Civil y 56 del Código de Enjuiciamiento Civil, es pre-ciso concluir que es absolutamente igual bajo el punto de vista jurídico que la madre comparezca en representación del menor a que el menor comparezca representado por la madre. Adela Méndez no reclama nada para sí. Véase Góñes v. Palmieri, 50 D.P.R. 457; Gigante v. Alvares, 48 D.P.R. 498; y Colón v. Sucesión A. J. Tristani, 44 D.P.R. 171.

2. Por el segundo señalamiento se alega que la corte inferior no adquirió jurisdicción sobre las personas de todos los demandados componentes de la “Sucesión de Francisco Sella González”: (a) porque el emplazamiento expedido es defectuoso, por cuanto en el mismo no se dice quiénes son las personas que componen dicha Sucesión; y (b) porque en el diligenciamiento no consta que se notificara en forma legal a los demandados menores de edad.

Los apelantes no han colocado al tribunal en condiciones de poder considerar el primer alegado defecto, pues no han transcrito en su totalidad el emplazamiento. La parte trans-crita induce a creer que no existió tal defecto, pues lá cita-ción aparece dirigida “A la Sucesión de Francisco Sella González, con residencia .en Lares, P. R. o sea los demanda-dos antes mencionados”.

El diligenciamiento, en lo pertinente lee así:

“Notifiqué el mismo personalmente, el día 8 de. mayo de 1941 a Mercedes Fuentes Medina de Sella, madre con la patria potestad sobre sus hijos Lilia Mercedes, Aída Milagros y Francisco Ismael Sella Fuentes, demandados mencionados en dicho emplazamiento, entregando a dichos demandados y dejando en su poder personal-mente una copia de dicho emplazamiento, una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento y una copia de este emplazamiento”. (Itálicas nuestras.)

El artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que la citación se hará mediante entrega de una copia de la misma; que si el demandado fuere un menor de ca-torce años residente en la Isla la copia de la citación será entregada “a dicho menor personalmente, así como también a su padre, madre o tutor”; y que en todos los demás casos se entregará al demandado personalmente.

La misma cuestión aquí levantada fue considerada por esta Corte en García León v. Sucesión Dávila, 45 D.P.R. 165, 169 y resuelta así:

“No podemos convenir con los apelantes en que las palabras ‘en-tregando una copia a los demandados’, han de ser interpretadas dis-tributivamente y significan una entrega a cada uno de ellos. En español, como en el equivalente inglés, el lenguaje usado tiende a demostrar que sólo se dejó una copia en poder de los demandados. Aún si el significado fuera ambiguo o dudoso, la deuda debe resol-verse contra los apelantes. Lo que el diligeneiamiento decía era de todo punto consistente con un estado de hechos en que el márshal solamente hubiera entregado una copia, y la jurisdicción de una corte inferior no de récord, debe aparecer positivamente. Llegamos a la conclusión de que no hubo un cumplimiento suficiente de los artícu-los 92 y 93 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

El defecto en el diligenciado del emplazamiento fné sub-sanado en el presente caso por la comparecencia de los de-mandados ante la corte inferior. Los demandados todos com-parecieron para formular excepción previa a la demanda, sin levantar la cuestión en cuanto a la insuficiencia de la notifica-ción. Desestimada la excepción previa, contestaron la de-manda, negando todos sus hechos esenciales e interponiendo defensas especiales, pero en ningún momento levantaron ante la corte inferior la cuestión jurisdiccional que ahora levan-tan por primera vez y tardíamente en apelación. Es princi-pio elemental el de que la jurisdicción sobre la persona del demandado se adquiere mediante el emplazamiento o por su comparecencia para cualquier propósito que no sea el de atacar la validez y suficiencia del emplazamiento. La corte inferior adquirió y actuó con jurisdicción sobre los deman-dados.

3. El tercer señalamiento carece de méritos. No se lia demostrado que la declaración del testigo José González perjudicara a la parte apelante, ni tampoco que la corte inferior abusara de su discreción al permitir que dicbo testigo declarase después de babér empezado a practicar su prueba los demandados. Rosaly v. Graham, 16 D.P.R. 162; Pueblo v. Julián, 18 D.P.R. 940; Pueblo v. Sáez, 19 D.P.R. 1141; Gerena v. Sales et al., 32 D.P.R. 360; Palacios v. González, 33 D.P.R. 935.

4-7. Los cuatro señalamientos restantes pueden ser considerados conjuntamente por referirse todos ellos a la apreciación que de la evidencia hizo la corte sentenciadora.

La prueba de la demandante tendió a demostrar que du-rante los años 1925 a 1929 Adela Méndez, estando divorciada, vivía en el Barrio Juncal en San Sebastián; que para esa misma fecha, Francisco Sella, quien era entonces soltero, trabajaba en una hacienda situada en el mismo barrio y co-lindante con la finca en donde vivía Adela como arrimada; que desde 1926 a 1927 Adela y Francisco sostuvieron relacio-nes amorosas, visitándola él a menudo y durmiendo con ella hasta la madrugada en que salía para su trabajo; que de esas relaciones nació el niño Alejo; que Francisco Sella es-tuvo presente cuando nació el niño, asistió a la madre cuando dió a luz y le dió dinero para pagar la comadrona; que des-pués de nacido el niño, Sella siguió visitando la casa de Adela durante un año más, mostrándose muy cariñoso con el niño y agasajándole como verdadero hijo de él; que cuando el niño cumplió un año de nacido, Sella se lo llevó a la hacienda donde vivía para atenderlo allí mejor, y Adela siguió viviendo con sus otros dos hijos; que el niño vivió con Sella alrededor de nueve años y Sella lo llevaba a la escuela y lo atendía y cuidaba como un buen padre; que más tarde el niño se fué a vivir con la madre al barrio Pozas y Sella con-tinuó prodigándole las atenciones y trato de un buen padre basta la fecba de su muerte.

La evidencia de los demandados tendió a controvertir los becbos establecidos por la de la demandante, surgiendo así un evidente conflicto. Éste fué dirimido por la corte inferior en favor de la demandante, dando crédito a sus testigos y no así a los de la parte demandada, y sosteniendo que la prueba de la demandante es tan robusta y convincente como lo exigen la ley y la jurisprudencia.

La prueba aducida por la demandante y creída por la corte inferior es a nuestro juicio suficiente para justificar la sentencia recurrida. La imputación de pasión, prejuicio y parcialidad que se hace al tribunal inferior carece de fun-damento. Es nuestro deber respetar el fallo de la corte inferior, la que por haber visto y oído a los testigos de una y otra parte tuvo mejor oportunidad que nosotros para deter-minar el grado de credibilidad que merecía cada testigo.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Delgado García, acusado y apelante.
    Núm. 10076.

    Sometido: Junio 22, 1943.

      Resuelto: Julio 12, 1943.

      B. Días Collazo, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Jesús Delgado García el día 18 de noviembre de 1941 fné declarado culpable por un jurado del delito de homicidio vo-luntario y sentenciado por la Corte de Distrito de Bayamón a cumplir tres años de presidio el 2 de febrero de 1942, ha-biendo apelado para ante esta Corte Suprema en la misma fecha.

La corte inferior, después de haberle concedido trece pró-rrogas al apelante para radicar la transcripción de evidencia para perfeccionar su apelación, le denegó otra prórroga adi-cional, actuación que nos negamos a revocar en Delgado v. Corte, 61 D.P.R. 589. Asimismo declaramos sin lugar una moción del apelante interesando se le concediera un nuevo término para radicar dicha transcripción, y otra para que las instrucciones de la corte al jurado y las que denegó fue-ran incorporadas a los autos.

Bajo estas circunstancias se celebró la vista del recurso en su fondo. El apelante en su alegato, después de hacer referencia a los anteriores hechos, admite que: “Carece, pues, este Hon. Tribunal de los elementos indispensables— transcripción de la evidencia y récord completo de la causa —para pesar y aquilatar los méritos de las varias cuestio-nes de derecho suscitadas antes y durante el curso de la vista del juicio oral en la corte de origen”, y hace constar que por dicho motivo no puede discutir en su alegato las distin-tas cuestiones que en él señala.

En efecto el apelante en su alegato no ha hecho señala-mientos específicos de error según lo requiere el artículo 43 .de nuestro Reglamento, de manera que, aun prescindiendo de la transcripción de evidencia y de las instrucciones al jurado, pudiéramos considerar cualquier otro alegado error que dependiera para su resolución del legajo de la sentencia radicado en este caso.

Procede, por tanto, la desestimación del recurso y- en su consecuencia la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. The Shell Company (P. R.) Limited, The Texas Company (P. R.) Inc., West India Oil Co., Pyramid Products Inc., Robert B. Bushby, Benjamin Arkin, et als., acusados y apelantes la segunda y los dos últimos nombrados.
    Núm. 9858.

    Sometido: Junio 2, 1943.

      Resuelto: Julio 12, 1943.

      James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, aboga-dos de la apelante Tbe Shell Company (P. R.) Limited; R. Ro-dríguez Lebrón y Carlos V. Dávila, abogados de los apelantes Benjamin Arkin y Robert B. Bushby; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Son apelantes en este recurso los acusados The Texas Co. (P. R.) Inc. y su administrador y administrador auxiliar, respectivamente, Robert B. Bushby y Benjamin Arkin. La Compañía fue condenada por la Corte de Distrito de San Juan a pagar una multa de $5,000 y los coacusados a pagar igual suma cada uno o a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejaren de pagar, sin exceder la prisión subsidia-ria de noventa días, por haber infringido las disposiciones de la ley insular de 14 de marzo de 1907 titulada “Ley para Proteger el Comercio contra Coacciones y Monopolios.”

En este recurso los apelantes no alegan ser inocentes del delito por el cual fueron condenados, sino que se limitan a señalar como único error el hecho de que la corte sentencia-dora les impusiera la pena máxima, en cnanto a multa, que marca la ley.

El fiscal de esta corte en su alegato hace un análisis con-ciso de la extensa evidencia presentada ante la corte inferior. Después de examinar la transcripción de evidencia en detalle, estamos en completo acuerdo con el fiscal cuando sostiene que de la prueba surge claramente que tanto la Texas Co. como sus agentes Busliby y Arldn tomaron parte activa-y principalísima en la conspiración por la cual se les procesó y condenó.

Nada hay en el récord que pueda justificar nuestra inter-vención con la discreción ejercitada por la corte sentencia-dora al imponer a dichos acusados la pena máxima solamente en cuanto a la multa que provee la ley, pues pudo haber im-puesto a los coacusados una condena de cárcel que no exce-diera de un año o ambas penas, si en dicha forma hubiera querido ejercitar su discreción. Sección 1, Ley de 1907, supra.

Debe confirmarse la sentencia apelada’’

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.