author: El Jijez Asociado Se. MaoLeaey,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Ayala, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 613.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Veredicto del Jurado — Prueba Contradictoria. — Cuando la prueba es contra-dictoria, ni el veredicto del jurado, ni la sentencia de la corte deben ser revocadas, al menos que se demuestre que actuaron con parcialidad, prejuicio, pasión, o que se ha cometido un error manifiesto.
    ¡SOBRESEIXJENTO DE LA ACCIÓN-TARDANZA EN PRESENTAR LA ACUSACIÓN-EXPI-RACIÓN del Término Leg-al — Discreción del Tribunal. — Aunque la resolu-ción de la moción de un acusado para que se sobresea la acción por haber expirado el término de CO días sin que el Fiscal haya presentado acusación depende de la discreción del tribunal sentenciador, está limitada esta discre-ción a resolver si- las causas alegadas p>or el Fiscal, o conocidas por la corte de otra manera son o nó suficientes para justificar la tardanza, pues los preceptos del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal son de carácter imperativo.
    Id. — Interpretación de Ley — Razones Poderosas que Justifiquen la Tardanza en Presentar la Acusación. — Los preceptos del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal exigen que tanto en los casos de felony como en los de misdemeanor-se presente la acusación dentro de los 60 días después de cometido el delito, y es el deber de la corte ordenar el sobreseimiento .cuando no liay razones suficientes que justifiquen la tardanza en presentar la acusación.
    Id. — Espera del Resultado de las Heridas — Tardanza Injustificada. — La víc-tima en este caso falleció el 21 de octubre de 1912 del resultado de golpes recibidos el 10 de septiembre del mismo año, y el acusado fué arrestado el 24 de octubre de 1912 y desde esta fecha hasta el 10 de febrero de 1913 en que se presentó la acusación transcurrieron más de los 60 días que marca la ley. Se resolvió que las razones aducidas por el Fiscal para justificar la tardanza en presentar ja acusación fundadas en la necesidad de esperar el resultado de las heridas recibidas por la víctima, eran insuficientes y que la corte de distrito cometió error al denegar la moción del acusado para que se sobreseyera la causa.
    Id. — Tiempo Oportuno para Pedir el Sobreseimiento. — Aunque por regla general el momento oportuno para pedir el sobreseimiento de una causa por haber sido presentada la acusación después de haber expirado el término de 60 días que marca la ley, es en el acto en que se lee la acusación al acusado, o tan pronto expiren los 60 días, sin embargo, aunque el acusado no lo haga así, no por eso pierde su derecho a solicitar dicho sobreseimiento en cualquier momento antes del juicio, pero si lo pide después • del juicio, o después de haber sido constituido el jurado, se entiende que ha renunciado dicho derecho.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Jijez Asociado Se. MaoLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el apelante fué declarado culpable de un delito de homicidio involuntario y condenado a sufrir cuatro años de prisión en la penitenciaría de San Juan. ' Contra esta sentencia el acusado interpuso apelación para ante este tribunal el día primero de abril último, celebrándose la vista de dicho caso ante esta corte el día 24 del corriente mes, por los alegatos que fueron presentados por ambas partes, ha-biendo, además, informado el Fiscal oralmente.

Dos son los fundamentos por los cuales solicita el ape-lante por conducto de su abogado, que se revoque la senten-cia dictada en este caso por la corte inferior. Estos son, pri-mero, que la corte cometió error al desestimar la moción de sobreseimietíto de la acusación y, segundo, que el veredicto del jurado es contrario a la prueba. Consideraremos estos fundamentos' por su orden inverso. La prueba es contra-dictoria en lo que hace referencia a los hechos principales del caso, habiendo declarado tres testigos de la defensa que la interfecta Juana Mercado no se encontraba presente en la época y en el lugar en que se alega que recibió la herida mortal, declarando solamente un testigo que ella se encontraba allí presente y recibió la agresión del acusado Primitivo Ayala. El juez de la corte sentenciadora dió al jurado instrucciones amplias y explícitas, en las que hizo un examen de la prueba en su totalidad, informándoles del modo en que habían de considerarla para llegar al conocimiento de la verdad de las cuestiones que habían sido alegadas. No se ha formulado objeción alguna en cuanto a estas instrucciones. El jurado emitió su veredicto en contra del acusado, declarándolo culpable no del delito de homicidio voluntario, sino de homici-dio involuntario, dando por tanto mayor crédito al testigo que declaró con respecto a la culpabilidad del acusado, que a aquellos tres que hicieron manifestaciones para sostener su inocencia. Como la prueba era contradictoria y no existe en los autos nada en absoluto que demuestre que el jurado estuviera influido por motivos indebidos al emitir su vere-dicto o la corte al dictar su sentencia o que revele algún error manifiesto, no pueden éstos ser modificados por la razón que ha sido alegada, o sea que el veredicto es contrario a la prueba.

Pasemos, por tanto, a la consideración del otro funda-mento que ha sido alegado y por el'que se solicita la revoca-ción de la sentencia apelada, o sea, al error cometido por la corte sentenciadora al negarse a sobreseer la acusación. Yernos de la exposición del caso que antes de procederse a elegir el jurado, el acusado por medio de su abogado pre-sentó una moción oral que fundó en el párrafo primero del artí-culo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, solicitando el sobreseimiento de la acusación que contra él había sido formulada en este caso, por haberla presentado el Fiscal a la corte después de haber expirado el término de sesenta días desde la fecha en que el acusado había sido arrestado en esta causa, en 24 de octubre de 1912, habiéndose presen-tado la acusación el día 10 de febrero de 1913. El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice lo siguiente:

“Artículo 448. — A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. Cuando una persona haya sido detenidá para responder por lá comisión de un delito público, siempre que no se baya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su detención.
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido .transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término 'de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.”

El Fiscal se opuso a esta moción, alegando como fun-damento, que si bien fué cierto que la herida se produjo el día 10 de septiembre, tuvo él que esperar el resultado final de la herida, lo que no ocurrió hasta el día 21 de octubre y que hasta entonces el Fiscal se encontraba ausente y el caso estaba en vías de estudio y preparación de prueba hasta la presentación de la acusación y, además, que cuando el acusado fué presentado ante la corte, él renunció a cualesquiera obje-ciones que hubiera podido hacer a la demora, por haber hecho la alegación de no culpable. El juez sentenciador desestimó la moción de sobreseimiento de la acusación, expresando para ello las siguientes razones:

“Dejando a un lado las razones que ha expuesto el Sr. Fiscal para justificar el por qué se presentó la acusación después de haber trans-currido los sesenta días del arresto del acusado, en esta causa, la corte entiende que una vez presentada la acusación, como lo fué en 10 de febrero de 1912 y citado el acusado para el acto de arraignment que se celebró el 17 del mismo mes y año, no habiendo el acusado, en ese acto, hecho alguna objeción a la presentación de la acusación, ni ha-biendo presentado entonces la moción que ahora presenta de sobresei-miento fundado en las razones que ahora invoca, la corte entiende que el acusado renunció a su derecho a la referida moción de sobresei-miento, por las razones que indica. Por otra parte, la corte entiende que si se tratara, de un misdemeanor, en cuyo caso un sobreseimiento equivale a la absolución del acusado y no puede instruirse un nuevo proceso, por la misma causa, porque así lo prohíbe la ley; en ese caso, si se tratara de un misdemeanor, la corte cree que' es imperativo el mandato de la ley y que debe sobreseerse cuando pase el tiempo de sesenta días entre el arresto y la presentación de la acusación. Pero en el caso presente, que se trata de un felony, el sobreseimiento no equivaldría a la absolución del acusado, porque el Fiscal podría, con permiso de la corte, entablar un nuevo proceso contra el acusado, por el mismo delito, sin que eso lo impidiera el sobreseimiento. Siendo así, la corte entiende que sería casi burlar los fines de la justicia, con-ceder una moción para satisfacción propia del acusado, pero que en definitiva lo que hace es retardar el procedimiento, porque el Fiscal podría volverlo a arrestar y empezar la causa de nuevo y este juicio no se terminaría hasta que el tribunal diera un veredicto después de haber pasado por las pruebas. Por estas razones la corte desestima la moción.”

Es cierto como ha alegado el Fiscal, que la resolución de una moción tal como la que ha sido presentada en este caso es una cuestión que descansa grandemente en la discre-ción de la corte sentenciadora, siendo de su incumbencia el resolver con respecto a la cuestión de si se ha probado o nó una buena causa que justifique la demora en la presentación de la acusación. Véase el caso de El Pueblo v. Folcastro, 17 D. P. R., 96; Ex parte Lizardi, 7 D. P. R., 360; El Pueblo v. Quilichini, 7 D. P. R., 265; Ex parte Arroyo, 15 D. P. R., 127; El Pueblo v. Panchito, 9 D. P. R., 505. Existen muchos otros casos en los que se comenta este artículo pero éstos son los principales en los cuales se hace referencia a los otros. Se observará que en este caso la corte sentenciadora dejó de ejercitar la discreción que la ley le confiere y fundó su reso-lución, no en la causa que se probó por la demora en la pre-sentación de la acusación, sino por el fundamento de .que el acusado al ser traído ante la corte para leérsele la acu-sación, renunció a cualquiera objeción que hubiera podido hacer en contra de la acusación por haber presentado la ale-gación de no culpable. De un estudio detenido de la opi-nión emitida por el juez sentenciador en apoyo de su reso-lución nos vemos obligados a considerar como errónea la interpretación que entonces y en aquel caso se dió al artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Si se aceptara esta interpretación de dicho estatuto equivaldría a nna dero-gación práctica o abierta desatención de la intención de la legislatura en casos de felony, y el efecto qne produciría sería el de limitar el artículo 448 a casos de misdemeanor solamente. Cuando el término prescrito por la ley ha expi-rado para la presentación de la acusación y el acusado trata do hacer qué se sobresean los cargos formulados contra él por tal motivo, es necesario que el Fiscal presente algunas razones buenas y suficientes, o que aparezcan demostradas a la corte por algún otro medio que justifique la demora. Si tal razón resulta clara, es el deber de la corte ordenar el sobreseimiento. La corte no tiene discreción en el asunto independientemente de la buena causa que se demuestre y a que se refiere el estatuto. La ley en cuanto a este punto es de carácter imperativo. La discreción de la corte está limitada a determinar si es suficiente o nó la causa que mo-tiva la demora, pero si no se presenta razón alguna por el Fiscal o se le demuestra a la corte de alguna otra manera,, no existe entonces nada en donde pueda ejercitarse la discre-ción judicial. La Corte de Distrito de Mayagüez no debió haber desatendido las razones presentadas por el Fiscal sin haberlas tomado en consideración en absoluto y no debió haber resuelto esta moción por otros fundamentos que no están prescritos en el estatuto y que la ley no justifica. El Fiscal presentó tres razones para justificar esta demora. La primera, que es digna de consideración, es que estaba en la necesidad de aguardar el resultado de la herida o sea, mien-tras la mujer se encontraba en el hospital curándose durante los cuarenta días que transcurrieron antes de su muerte. Desde luego que el funcionario no podía determinar con ante-rioridad a su muerte o convalecencia si podría presentarse una acusación por homicidio o por acometimiento con cir-cunstancias agravantes o en alguna otra forma. • Pero somos de opinión de que en todos los casos deben establecerse pron-tamente los procedimientos y que en muchas ocasiones no es necesario esperar hasta el resultado final de la herida, y que la acusación puede presentarse, por ejemplo, de ataque con intención de cometer asesinato y si la víctima luego muere dentro del año y un día prescrito‘por la ley a consecuencia de las heridas que había recibido, puede entonces seguirse el procedimiento contra el acusado por asesinato u homicidio según las exigencias del caso.

El segundo fundamento alegado por el Fiscal en justificación de la demora, fué que se encontraba ausente, sin que en manera alguna hubiera tratado de explicar las razones de dicha ausencia. Esta razón es enteramente insuficiente y no merece que se considere ni siquiera un momento.

Igual cosa puede decirse en cuanto al tercer fundamento alegado por él, de que se encontraba ocupado en el estudio y preparación de la prueba, sin tratar de probar de modo alguno por qué el caso exigía tanto estudio y preparación. Los autos en realidad muestran que el asunto fué investi-gado por el juez municipal, quien reunió y preparó la prueba cpie había de ser usada por el Fiscal.

Aun cuando se aceptara como buena la primera razón, los hechos no justifican la actitud asumida por el Fiscal. El golpe fatal fué asestado el 10 de septiembre de 1912, falle-ciendo la perjudicada en 21 de octubre siguiente, o sea más de cuarenta días después del suceso. Pasando por alto el tiempo transcurrido entre las fechas y tomando como punto de partida una fecha aun posterior a la muerte de la mujer que había sido herida, como por ejemplo el día 24 de octu-bre de 1912, en cuyo día según aparece de los autos fué arrestado el acusado, resulta que desde dicha fecha hasta el 10 de. febrero en que la acusación fué presentada, habían transcurrido mucho más de sesenta días o sea el término fijado por. el estatuto, y por consiguiente, la corte de distrito en vista de que las razones presentadas por el Fiscal eran abier-tamente insuficientes debió haber sobreseído la acusación, y al no haberlo hecho así cometió un error fundamental que hace necesaria la revocación de la sentencia apelada.

Con respecto al razonamiento del Fiscal, alegando que la moción de sobreseimiento fué presentada fuera de tiempo, diremos que habiendo sido presentada la expresada moción antes de que el jurado quedara constituido para juzgar el caso, estaba dentro de tiempo. Es cierto que generalmente las mociones deben presentarse en el acto de la lectura de la acusación o mejor todavía, inmediatamente después que vence el término fijado por la ley para la presentación de la acusación o la celebración del juicio, pero el demorar la presentación de su moción no quiere decir que el acusado pierda el derecho a presentarla en cualquier momento antes de la vista del caso. Si tal moción fuera presentada después del juicio o aun después que el jurado ha quedado constituido, entonces, de conformidad con la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de California, podrá considerarse que el acusado ha renunciado implícitamente su derecho. El Pueblo v. Hawkins, 127 Cal., 372.

En cuanto a este particular el estatuto de California es enteramente semejante al nuestro, expresándose con las mis-mas palabras, excepto en aquellas en que hace referencia al tiempo que se concede para presentar la acusación. Para que pueda tenerse una idea más. clara acerca del alcance que tiene el artículo 4.48 de nuestro Código Criminal, debe-mos hacer un extracto de uña sentencia dictada por la Corte Suprema de California.

“El acusado fué declarado culpable ante la corte inferior de un delito de hurto y condenado a sufrir cuatro años de encarcelamiento en la prisión del Estado. Alega dicho acusado en apoyo de la apelación que ha establecido para ante este tribunal, que la corte inferior cometió error al desestimar una moción presentada por él para que se sobre-seyera el caso. La moción de sobreseimiento se presentó por el funda-mento de que no se le había concedido un juicio rápido. Se probó o quedó convenido en apoyo de su moción, que fué presentada la acusa-ción contra él, el día 7 de agosto de 1888; que se le leyó la acusación y presentó su alegación de no culpable en 12 de dicho mes y que jamás había hecho solicitud alguna para que se suspendiera la causa ni hubo tal suspensión a su favor o mediante solicitud presentada por él. La moción de sobreseimiento fué hecha el día 19 de marzo de 1889. El Estado no presentó prueba alguna ni trató de presentar ninguna razón suficiente que justificara la demora. La Constitución garantiza un juicio rápido y público a cada persona acusada de un delito. (Cons-titución, art. 1, párrafo 13.) La legislatura ha dispuesto lo que constituye un tiempo razonable dentro del cual ha de ser juzgado un acusado. El artículo 1382 del Código Penal dispone: ‘La corte, de-berá ordenar el sobreseimiento de una causa a menos que se le pre-senten razones suficientes en sentido contrario, en los siguientes casos : 1. Cuando se detiene a una 'persona para que se defienda de un delito público por el cual se le acusa, si no se ha presentado una denuncia o acusación contra él dentro de los treinta días siguientes; 2. Si un acusado cuyo juicio no ha sido suspendido a virtud de solicitud pre-sentada por él, no se le juzga dentro de los sesenta días después que la acusación ha sido presentada contra él.’ La corte inferior, al negar la moción del acusado, se expresó como sigue: ‘La cuestión que usted plantea ha sido considerada por mí anteriormente y según la interpretación que doy a la ley, es discrecional y no de carácter impe-rativo, y presumiré que la corte1 estaba ocupada en la celebración de juicios de otras causas.’ Creemos que .ésta no es una interpretación debida de la ley. La parte a quien se imputa un delito, tiene un de-recho constitucional a que se celebre un juicio rápido y la corte no tiene facultad discrecional alguna para negarle un derecho tan im-portante o prolongar su prisión sin celebrar dicho juicio fuera del término dispuesto en la ley. El estatuto es imperativo. ‘La corte, a menos que le presente una buena razón en sentido contrario, debe orde-nar el sobreseimiento de la causa.’ En el presente caso no se ha demostrado causa alguna que justifique1 la demora. Era suficiente para el acusado probar que el término fijado por el estatuto después de haber sido presentada la acusación había vencido y que el caso no había sido suspendido por solicitud de dicho acusado. Si había alguna razón suficiente para tenerle tanto tiempo sin que se celebrara el juicio, al Fiscal le incumbía probarla. La corte no podía presumirla. Según los hechos han sido alegados, debió haberse sobreseído el caso y se cometió error al negar la moción. Con respecto a lo que significa un juicio rápido, no tomando en consideración nuestro estatuto, véase el caso de Nixon v. State, 41 Am. Dec., 601 y la nota 604. Con arreglo a un estatuto semejante al nuestro, de Kansas, se declaro que un acu-sado tenía derecho a que se le pusiera en libertad mediante auto de habeas corpus por no haber sido celebrado el juicio que contra él se seguía de acuerdo con el estatuto. (In re McMicken, 39 Kan., 406.)” People v. Morino, 85 Cal., 516, 517.

También se lia dicho por el mismo Tribunal Supremo, que la enfermedad del juez sentenciador o de cualquiera de los jurados después que la prueba ha sido presentada, o el hecho de que la corte se encuentre ocupada en la celebra-ción ele otros juicios, podrá ser considerado como una razón suficiente para que se - demore la celebración del juicio de un caso. People v. Cline, 74 Cal., 575; People v. Giesea, 63 Cal., 345; People v. Buckley, 116 Cal., 146; Fennessy, Ex parte, 54 Cal., 101; Clarke, Ex parte, 54 Cal., 412.

Habiendo por consiguiente examinado los autos en su tota-lidad, los razonamientos y autoridades acerca de esta cues-tión, somos de opinión de que la corte inferior ha cometido un grave error al desestimar la moción que se presentó solici-tando el sobreseimiento de la acusación. Por estas razones debe revocarse y anidarse la sentencia, devolviéndose las ac-tuaciones a la corte inferior con instrucciones de que proceda dicha corte conociendo de esta causa, de conformidad con los principios legales que han sido enunciados en esta opinión.

Revocada, con instrucción a la corte inferior de que proceda de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf, firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    National Surety Company, Peticionaria, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 103.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Certiorari — Traslado de Una Causa a la Corte Federal — Infracción de Ley.— La compañía peticionaria fué demandada en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2“., en unión de otro codemandado por El Pueblo de Puerto Rico, y solicitó el traslado de la causa a la Corte Federal fundándose en Ja Ley del Congreso de mano 2, 1901, ampliando la jurisdicción de dicha corte, cuya solicitud de traslado fué denegada, y acudió a esta corte por medio del pre-sente recurso de certiorari. Se resolvió .que la orden denegatoria de traslado impugnada no constituye una infracción de ninguna ley de procedimiento y por tanto no puede invocarse el presente reeurso de oerticrari de acuerdo con la ley de marzo 10, 1904.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la peticionaria: Sres. Martines y Besosa.

    Ahogado del demandado: Sr. Charles E. Foote. Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección 2“., denegó el traslado, de un caso a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, después de habérsele presentado una solicitud con tal objeto a dicha Corte de Distrito de San Juan. El Pueblo de Puerto Rico era el demandante en la corte inferior y la “National Surety Company” uno do los dos demandados, fundando su derecho a pedir dicho traslado en la Ley del Congreso aprobada en 2 de marzo de 1901, según la cual la jurisdicción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Bico en las causas civiles ‘“además de ser la que tiene conferida jDor la ley de doce de ¡abril de mil novecientos, se ampliará hasta y abarcará las ^controversias en que las partes litigantes o alguna de ellas ¡son ciudadanos de los Estados Unidos, o ciudadanos o sub-ditos de uno o más Estados extranjeros, y en las cuales lo «que es objeto de contienda, con exclusión de intereses y eos-tas, es, o cantidad mayor de mil dollars, o algo que valga más que diclia suma,” por cuyo motivo lia presentado esta soli-citud de certiorari. El Fiscal de este tribunal hizo citas de autoridades para probar que esta jurisdicción de una corte de los Estados Unidos fundada en diversidad de ciudadanías no se extendía a un caso en que el Estado seguía una acción, alegando además que con respecto a este punto El Pueblo de Puerto Pico se encontraba en igual caso que un Estado. Nos inclinamos a opinar con el Fiscal pero la solicitud que ba sido presentada en este caso es, sin embargo, para que se expida un mandamiento de certiorari, estando limitada nuestra juris-dicción a ordenar que se anulen las órdenes o sentencias en aquellos casos en que el procedimiento no está de acuerdo con la ley. Los peticionarios no alegan o tratan de probar que la corte esté infringiendo alguna ley de procedimiento sino que meramente ba dejado de cumplir con un deber. El peticionario se opone a la negativa de la corte a conceder su solicitud de traslado. Por tanto, no habiéndose cometido ninguna infracción legal que pueda ser corregida de acuerdo con la ley de certiorari aprobada en marzo 10, 1904, el auto de certiorari debe ser anulado.

Denegada la solicitud y amolado él auto de cer-tiorari.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Eeoueso gubernativo contra resolución del Eegistrador de la Propiedad de Guayama.
    No. 149.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Recurso Gubernativo — Documentos no Presentados al Registro. — En la reso-lución de un neeurso gubernativo este tribunal no puede tomar en considera-ción documentos, que no consten que lian sido presentados en el registro y que fueron considerados por el registrador al poner la nota recurrida..
    Id. — Segundo Recurso. — Resuelto por esta corte un recurso gubernativo no puede luego volverse a plantear la misma cuestión por medio de un segundo recurso fundado en los mismo documentos que sirvieron de base al primer recurso.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Adogaclo del recurrente: Sr. G. Domínguez Rubio.

    El Registrador, Don Felipe Cuchí, compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En dos de abril de este año el Registrador de la Propiedad de Guayama denegó la inscripción de. una escritura de venta otorgada-a favor de Maximino Pomales por Ramón Vázquez como márshal y en nombre de la Sucesión de Pedro (Jar-cia, fundándose para ello en dos defectos de los’cuales uno fue, que la finca vendida no aparecía inscrita en el registro a nombre de la Sucesión de Pedro García. Establecido re-curso gubernativo por Pomales contra esta negativa de ins-cripción, esta Corte Suprema en resolución del día 2 del presente mes de junio, los resolvió confirmando la negativa del registrador por el defecto expresado. Pomales v. El Registrador, (pág. 637).

Algunos días después dicho título de compraventa fué pre-sentado nuevamente al mismo registro para su inscripción y el registrador volvió a negarla por el mismo defecto de falta de inscripción a que hemos hecho referencia. Establecido nuevamente recurso contra esa nota, en él se nos han presen-tado por el recurrente además del título denegado, dos certi-ficaciones libra-das, una por el secretario de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Salinas, y la otra por el secretario de la Corte de Distrito de Guayama y también una declaración jurada (affidavit). En estas certificaciones y declaración se apoya únicamente el recurrente para solici-tar que revoquemos la expresada nota denegatoria, contra la cual ha recurrido ahora.

De la nota de presentación pnesta por el registrador en el título no aparece qne con él se le presentaran las certifica-ciones y declaración jurada qne aliora nos presenta el recu-rrente, ni de ellas aparece constancia alguna por la cual poda-mos venir a la conclusión de que en verdad fueron presenta-das al registrador con el título, de modo que no sabemos si el registrador las tuvo bajo su consideración cuando estampó la segunda nota denegatoria. Para que nosotros podamos deci-dir que el registrador cometió error en la nota recurrida es necesario que tengamos en cuenta los mismos datos que tuvo él para resolverla y no podemos, por tanto, tomar en conside-ración documentos que no nos consta se le presentaran a él y, por consiguiente, fiemos de prescindir de las certificaciones y declaración jurada que nos fia presentado el recurrente, en vista de la razón indicada. Calenti v. El Registrador, 12 D. P. R., 8, y Cadilla v. El Registrador, (pág. 80).

Prescindiendo, pues, de tales documentos y ateniéndonos solamente al título de venta, qne parece fué el único que tuvo presente el registrador, tenemos que, de acuerdo con lo re-suelto por nosotros en el caso de Roig v. El Registrador, 18 D. P. R., 11, no podemos volver "a tratar la misma cuestión qne ya fué resuelta por esta corte, porque la primera es ya ejecutoria y fia causado estado contra el recurrente Pomales.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez PresideNTe Sr. Hernández,

text:
    Alers et al., Apelantes, v. Camps et al., Apelados.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 939.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Herencia — Colación—Extinción de la Obligación de Colacionar. — De acuerdo con el artículo 1001 del Código Civil revisado para que haya lugar a la cola-ción es requisito indispensable aue el heredero forzoso que deba verificarla concurra con otros que también lo sean a una sucesión, y por tanto cuando, como en el caso de autos, concurren dos herederos ^forzosos y uno de ellos cede al otro todos sus derechos hereditarios refundiéndose en uno solo el derecho a la colación y el deber de prestarla, queda extinguida dicha obli-gación por confusión de derechos.
    Comunidad de Bienes — Acción Communi Dividundo. — En una demanda en que se ejercita la acción communi dividundo de acuerdo con el artículo 407 del Código Civil revisado no es necesario alegar que los otros condueños no han convenido en que se adjudique la cosa a uno de ellos indemnizando a los demás según el artículo 411 del mismo código, pues esa alegación puede ser materia de defensa, aparte de que siendo menores los demandados no pueden enajenar sus derechos de condominio sin autorización judicial.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Benet.

    Los apelados no comparecieron.
   El Juez PresideNTe Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 22 de septiembre de 1911 Ramón, Tomás y Providencia Vicente y Camps presentaron demanda jurada a la Corte de Distrito de Mayagiiez contra los demandados arriba rela-cionados, con súplica de qne se decretara y ordenara por sen-tencia :

Io. Qne los bienes entregados por Julia Alers y Larroni a sn hija Julia Camps y Alers deben traerse a la masa here-ditaria de la finada Jnlia Alers y Larroni y computarse en la legítima de Armanda Cas tejón hija de la Jnlia Camps y Alers y heredera en unión de Antonia Camps y Alers, de Jnlia Alers y Larroni, debiendo en sn consecuencia la deman-dada Antonia Camps y Alers, cesionaria de Armanda Cas-tejón, entregar a los tres demandantes y a los demandados Bafael, Ernesto Eliocloro, Gloria e Isabel Lncía Vicente y Camps, legatarios los ocho de nna tercera parte de la heren-cia de Jnlia Alers Larroni, la snma de $500 qne demás ha percibido sobre lo qne legítimamente le. correspondía ep la liquidación de dicha herencia.

2o. Qne la demandada Antonia Camps y Alers debe pagar a los tres demandantes y a sns hermanos, cinco de los deman-dados, la snma de $120 en concepto de rentas y productos obtenidos por la demandada sobre una finca urbana adjudi-cada a dichos legatarios, la qne no se les había entregado.

3o. Qne la finca adjudicada en común proindiviso a los legatarios sea vendida en pública subasta.

Como hechos determinantes de las tres cansas de acción alegan los demandantes:

Io. Que Julia Alers y Larroni viuda de Don Ramón Camps falleció en Mayagüez el 4 de marzo de 1906 bajo testamento otorgado en 6 de febrero del mismo año, en el que instituyó por únicos y universales herederos a su hija Antonia Camps y Alers una de los demandados en esta acción y a su nieta Armanda Castejón y Camps, legando el tercio de libre dis-posición a sus ocho nietos Ramón, Tomás y Providencia, de-mandantes y Rafael, Ernesto Eliocíoro, G-loria e Isabel Lucía,, menores de edad y demandados, por no haberse podido obte-ner su' consentimiento para entablar la demanda.

2o. Qne la cláusula tercera de dicho testamento copiada, a la letra dice así: “Manifiesta la Señora Alers que al con-traer matrimonio su hija Doña Julia con el Sr. Castejón, la. exponente les entregó la suma de 7,000 pesos moneda co-rriente en aquella época, de los cuales 2,000 pesos fueron en efectivo y los otros 5,000 en una primera hipoteca sobre la Hacienda Coloso.” T alegan los demandantes que-esa suma, fue entregada por Julia Alers y Larroni con motivo de la. boda de su hija y debe computarse en la legítima de la misma, o más bien de su representante Armanda Castejón.

3o. Que por escritura pública otorgada en la ciudad de Huesca en España a 13 de octubre de 1909, Armanda Caste-jón y Camps hizo cesión a favor de la demandada Antonia Camps y Alers de todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle en la herencia de su abuela Julia Alers.

4o. Que en la partición de bienes de Julia Alers y Larroni, aprobada por la Corte de Distrito de Mayagüez en 2 de sep-tiembre de 1910, se adjudicaron a Antonia Camps y Alers por sí y como cesionaria de los derechos de la otra heredera Ar-manda Castejón, $2,000 en un solar con casa de manipostería No. 49 de la Calle de San José de Mayagüez, su valor de $1,400 y en nn condominio por mitad proindivisa en.otra casa de mampostería situada en la calle de Santo Tomás de la misma ciudad de Mayagüez, su valor $600, habiéndose adju-dicado a los ocho legatarios la suma de $1,000 en una casa también de mampostería número 3, de la calle de Méndez Vigo de Mayagüez, valorada en $1,000, sin que se hubieran traído a la masa hereditaria los bienes entregados por la testadora a su hija Julia, madre de la heredera Armanda Castejón, por cuya omisión debe entregarles la demandada Antonia Camps y Alers la suma de $500 en qu.e han sido perjudicados.

5o. Que la demandada Antonia Camps tomó posesión de la casa terrera de mampostería de la calle de Méndez Vigo adjudicada a los legatarios y desde la fecha de la partición de bienes ha venido cobrando las rentas de la misma, apro-vechándose de sus productos con perjuicio de los demandan-tes y de sus hermanos menores demandados, siendo en deber-les por tal concepto la suma de $120.

6o. Que teniendo, como tienen, los demandantes capacidad legal para obligarse, y la libre administración de sus bienes, desean separarla de la comunidad de bienes en que están con sus demás hermanos los demandados.

Emplazados los demandados, no comparecieron a contes-tar la demanda y les fué anotada la rebeldía en 5 de octubre de 1911, no obstante lo cual, al celebrarse el juicio compare-cieron por medio del Abogado Angel A. Vázquez, el cual opuso a la demanda la excepción de que no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción, la que fué dis-cutida, reservándose la corte su resolución y ordenando la continuación del juicio, el cual terminó por sentencia dictada en 19 de diciembre de 1911 por la que la corte declara con lugar la demanda, en cuanto a la segunda causa de acción, condenando a la demandada Antonia Camps y Alers a pagar a los demandantes Ramón, Tomás y Providencia y a los de-mandados Rafael, Ernesto, Eliodoro, Gloria e Isabel Lucía, todos de apellido Vicente Camps, por partes iguales, la suma de $120 reclamada y declara sin lugar dicha demanda en cuanto a las otras dos causas de acción ejercitadas, porque no aduce hechos suficientes para determinar esas causas de acción, todo ello sin especial condenación de costas.

Contra esa sentencia interpuso recurso de apelación la representación de los demandantes en la parte que le es ad-versa o sea en cuanto declara sin lugar el primero y tercer pronunciamientos solicitados en la demanda, manifestando expresamente su conformidad con la misma en cuanto declara con lugar el segundo pronunciamiento.

Dos son las cuestiones legales a discutir en el presente recurso: '

Ia. Si los hechos expuestos en la demanda son bastantes para que se dé aplicación al artículo 1001 del Código Civil.

2a. Si esos mismos hechos determinan la aplicación del artículo 411 del mismo código.

El artículo 1001 del Código Civil dice así:

“Artículo 1001. — El heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean a una sucesión, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para compu-tarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición. ’ ’

Comentando el Sr. Manresa el artículo 1035 del Código Civil Español que es exactamente igual al 1001 del Código Revisado que dejamos transcrito dice:

“La colación pues se jmpone a toda persona considerada por la ley como heredero forzoso cuando concurre con otro u otros que tam-bién lo sean a una sucesión testada o intestada. No se impone ni podría tener objeto cuando el heredero forzoso es único * * ”

Scaevola, comentando el mismo artículo 1035 del Código Civil español, reproducción del 1001 de nuestro Código, dice:

“Para que esa obligación’ llegue a hacerse efectiva es preciso que haya pluralidad de herederos forzosos, puesto que uno solo no tiene a quien dar por recibidas las aportaciones o valores que deba traer a la masa partible * * í:\ Las personas a quienes la colación se debe, son los otros herederos forzosos.”

Tenemos, pues, que con arreglo al artículo 1001 del Código Civil vigente interpretado por los ilustrados comentaristas Manresa y .Scaevola, para que haya lugar a la colación tal como dicho artículo la define, es requisito indispensable que el heredero forzoso que deba verificarla concurra con otros que también lo sean a una sucesión.

Es verdad que en el presente caso fueron instituidas úni-cas herederas por Julia Alers y Larroni, su hija Antonia Camps y Alers y su nieta Armanda Castejón y Camps, ha-biendo por tanto más de una heredera; pero como la segunda cedió a la primera sus derechos hereditarios, la demandada Antonia Camps y Alers vino a ser la única heredera de la testadora, refundiéndose en ella el derecho a la colación de bienes que pudiera tener y el deber de prestar esa colación que existía en la otra heredera como representante de su difunta madre Julia Camps y Alers. La obligación de cola-cionar quedó extinguida por haberse refundido en cierto modo en una sola persona o sea en Antonia Cámps y Alers, los con-ceptos de acreedor y deudor.

Entendemos que los hechos expuestos en la demanda no determinan causa de acción en cuanto a la colación de bienes pretendida.

Por lo que toca a la segunda cuestión legal que dejamos indicada, el artículo 411 del Código Civil dice así:

"Artículo 411. — Cuando la cosa común fuere esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.”

La demanda muestra que a los tres demandantes y a sus hermanos, cinco de los demandados, les fué adjudicada en común y proindiviso una casa de mampostería marcada con el número 3 de la Calle de Méndez Yigo de Mayagüez, y que los tres demandantes solicitan que se yenda dicha casa en pública snbasta y se les entregue la parte del precio que les. corresponda.

Ciertamente que los demandantes no expresan que los con-dueños no han convenido en que se adjudique dicha casa a uno de ellos indemnizando a los demás; pero no creemos que tal alegación sea necesaria para que pueda reconocérseles el derecho que les otorga el artículo 407 del mismo código que dice:

“Artículo 407. — Ningún propietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. Esto no obstante, será válido el pacto de .conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención.”

Si los condueños demandados quieren que se adjudique a. uno de ellos la cosa común indemnizando a los demás, esa alegación podrá ser materia de defensa; no es necesaria para, el ejercicio de la acción communi dividundo.

Ocurre, además, en el presente caso, que los demandados condueños de la casa son menores de edad y que no pueden enajenar,' sin autorización judicial, los derechos de condomi-nio que les asisten.

Opinamos que la demanda contiene hechos suficientes para determinar la acción communi dividimdo.

lía venido en el récord un escrito de exposición del caso que no aparece aprobado y firmado por el juez, y por tanto,, no podemos darle consideración alguna.

Por las razones expuestas entendemos que procede la con-firmación de la sentencia apelada en cuanto declara sin lugar-la colación de bienes solicitada por los demandantes, y su revocación en cuanto declara no haber lugar a la venta en pública subasta de la casa número 3 de la calle de Méndez. Vigo, por el fundamento de que los hechos expuestos en la demanda no determinan esa causa de acción, debiendo la corte inferior proceder con arregio a los principios estable* cidos en esta opinión, y preceptos legales aplicables al caso.

Confirmada en parte y revocada en cuanto de-clara no haber lugar a la venta en pública subasta de la casa en litigio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Su. Alduey,

text:
    Murdock et al., Apelantes, v. Sucesión Boudens et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ilumacao.
    No. 847.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Hipoteca Tácita — Bienes Parafernales — Entrega al Marido de los Bienes de la Mujer.' — Según la ley 17, título 11, partida 4, la mera existeueia de bienes parafernales no implica ipso fado que los bienes del marido estén sujetos a una hipoteca tácita por el importe de los bienes parafernales, sino que os necesario que los bienes parafernales se entreguen señaladamente al esposo para que exista dicha hipoteca tácita.
    Id. — Entrega de Bienes Parafernales al Marido — Insuficiencia de la De-manda. — La alegación en una demanda de que el marido recibió señalada-mente los bienes parafernales de su esposa, constituye una conclusión de derecho, siendo necesario alegar la fecha de la entrega, la forma y manera en que el marido recibió los bienes, no siendo equivalente a esta entrega especial y señalada el reconocimiento o confesión del recibo de dichos bienes otorgado por el marido en un documento público.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. López Landrón, Rincón y Francis.

    ' Abogados de The Tabncoa Sugar Company: Sres. Alvarez Nava y Domínguez.

    Los otros apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Su. Alduey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso fué establecida por las hijas de Doña Luisa Cora Hernández contra la sucesión descono-cida de Don Pedro Emilio Boudens y Regnier y contra la corporación “The Yabucoa Sugar Co.,” Minondo y Co., y María de las Mercedes Massanet y Sánchez. Las corpora-ciones demandadas y la Señora Massanet y Sánchez produ-jeron excepción previa contra la demanda, fundándose en que ésta no aducía hechos suficientes que determinaran una cansa de acción, y algunas de ellas también por indebida acumu-lación de acciones y de partes demandadas; y habiendo re-suelto la corte en favor de los' demandados la excepción de que la demanda no aducía hechos suficientes que determi-naran una causa de acción, y habiendo los demandantes renun-ciado el permiso que se les concedió para enmendar su deman-da, se dictó sentencia en 14 de febrero de 1912, por la cual la Corte de Distrito de Humacao declaró sin lugar la demanda, con las costas a favor de los demandados, de cuyo fallo ape-laron las demandantes.

Las apelantes, después de exponer en su demanda que son las únicas hijas y herederas universales de Doña Luisa Cora Hernández, la que siendo viuda de Jaime H. Murdock con-trajo segundo matrimonio en .el año 1869 con Pedro Emilio Boudens Regnier, expusieron en su cuarta alegación lo siguiente:

“Que Emilio Boudens y Regnier no aportó bienes a éste su matri-monio con Luisa Cora y Hernández, sino que recibió señaladamente y en administración todo el patrimonio dotal y hereditario de ésta, su dicha esposa, con ocasión del' mencionado matrimonio que celebrara con ella, al contraerlo y luego de contraerlo, en diversas fechas y por partes sucesivas, en cantidad total montante a 138,289 escudos 64 milésimas, equivalentes a 69,144 pesos 82 centavos moneda de plata española; y que por razón de estas entregas efectuadas, el marido, dicho Emilio Boudens y Regnier por escritura de 24 de marzo de 1874 ante el Notario José Mariano Capó reconoció haberse hecho cargo como marido y en tal concepto como administrador legal nato por ministerio de la ley en aquella época, de todo dicho patrimonio dotal y parafernal importante la indicada suma de 69,144 pesos 82 centavos moneda española, reconociendo tácita'y expresamente al contraer su matrimonio como luego de contraído la existencia de una hipoteca legal, tácita y oculta, general y privilegiada, sobre todos sus bienes y frutos o rentas habidos y por haber, presentes y futuros, por su montante principal e intereses legales, para seguridad y garantía de la obligación principal de restituir a la esposa o sus herederos desde la fecha de la disolución del matrimonio, el total montante de aquel patrimonio que recibiera en administración marital; y que como garantía y seguridad adicional o colateral, sin menoscabo alguno de la legal, constituyó, además, el marido Boudens, otra hipoteca voluntaria y especial por el mismo montante patrimonial recibido y sus intereses legales sobre las siguientes fincas que adquirió y poseyó durante el matrimonio. ’ ’

La demanda describía como tales las fincas nombradas iiNuevo Cuño” y “El Corazón” que alegaron estar poseí-das por los demandados que no componen la Sucesión de Emilio Boudens; que la hipoteca a que se hace referencia en la alegación copiada, fué inscrita en el año 1874 en la Antigua Anotaduría de Hipotecas y mencionada sucesivamente y reco-nocida implícitamente con los asientos de la propiedad; que las demandantes estuvieron bajo la potestad de Emilio Bou-dens Regnier hasta su muerte ocurrida en 1893; que luego han residido por cierto número de años fuera de esta isla; que Emilio Boudens murió sin bienes de ninguna clase y sin devolver la paraferna que se reclama; que Doña Luisa Cora ni sus herederas han sustituido con hipoteca especial la tácita y general que les concedían las leyes, y que la demandante, Luisa Aquilina Boudens y Cora, que es hija de Don Emilio Boudens Regnier, no ha aceptado la herencia de su padre. Después de estas alegaciones concluyeron con la súplica de que se declarase por la corte que la Sucesión de Emilio' Bou-dens Regnier está obligada a devolverles la dote y paraferna aportada por su .madre al matrimonio con él y que por haber muerto en estado de insolvencia deben pagarla los deman-dados poseedores de los bienes que fueron del deudor, y en defecto de que la paguen deben venderse en pública subasta los bienes descritos en la demanda.

Los términos en que está redactada la alegación que hemos transcrito así como los demás de la demanda, los de la súplica y los del alegato qne lian presentado las apelantes, nos per-miten decir qne las apelantes tratan de cobrar por este pleito la hipoteca legal, tácita y oculta, general y privilegiada, qne alegan tenía su madre Doña Luisa Cora Hernández ■ por los bienes que de ella recibió su segundo esposo Pedro Emilio Boudens Begnier, y, por, tanto, lo primero que hemos de exa-minar es si de la demanda aparece que efectivamente tal hipoteca existió en favor de la causante de los apelantes.

Según la ley 17, título 11, partida cuarta, y las sentencias del Tribunal Supremo de España de 23 de mayo y 21 de octubre de 1864, 27 de noviembre de 1865 y 8 de abril de 1884, rati-ficadas por esta Corte Suprema en el caso de Amy v. Amy, 15 D. P. R., 415, la'mera existencia de bienes parafernales, no implica if so facto la responsabilidad de los bienes del ma-rido, sino que es necesario que medien ciertos requisitos para que pueda en su día hacerse efectiva tal-responsabilidad, ya que la ley citada, vigente en la fecha en que contrajo su matri-monio Doña Luisa. Cora Hernández y bajo la cual murió, dispone que si los bienes parafernales no se entregan seña-ladamente al esposo, la mujer continuará siendo señora de ■ellos y también cuando hubiera duda de si los dió al marido. La responsabilidad del marido por esos bienes nacía desde •el momento de la entrega y por esta razón la demanda debe alegar necesariamente la naturaleza de los bienes parafer-nales y los hechos demostrativos de que la entrega tuvo lugar, para que el tribunal pueda llegar a la conclusión de que se había hecho señaladamente la entrega por la esposa al marido, ya que según sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de marzo de 1874, al tribunal sentenciador corresponde .apreciar si la mujer hizo al marido señaladamente la entrega de los bienes parafernales.

En la alegación de la demanda que hemos transcrito se dice que el marido recibió al contraer su matrimonio y des-pués de celebrado, en diversas fechas y por partes sucesivas la' cantidad que ahora se reclama como hipoteca tácita, general y oculta, alegación que no es suficiente para llegar a la conclusión ele que efectivamente la entrega se hizo señala-damente, y -que no exponen ni la fecha de la entrega ni la. forma y manera en que el marido recibió los bienes; y si bien en la demanda se alega que el esposo recibió señalada-mente los bienes dichos, tales palabras son conclusiones^ de ley que no pueden permitirse en la demanda, toda vez que el artículo 103 del Código de Enjuiciamiento Civil exige queen ella solamente se expongan hechos y además, porque es la conclusión a que ha de llegar el tribunal que conozca del caso en vista de los hechos que se aleguen demostrativos de que tal entrega fué especial y señalada.

Pero si quisiera decirse que la entrega especial y seña-lada aparece de la escritura de 24 de marzo de 1874 otor-gada por el marido, en la que reconoce haberse hecho cargo-de todo el patrimonio dotal de Doña Luisa Cora Hernán-dez, diremos, que lo único que demuestra esa escritura es,, según la demanda, un reconocimiento o confesión de recibo, que no es suficiente para que se considere hecha la entrega especial y señalada de que dimana la hipoteca tácita y oculta que reconocían las leyes a la mujer casada por su dote y paraferna, según han declarado las sentencias de 28 de junio-de 1890 y 11 de julio de 1895 del Tribunal Supremo de España, aceptadas por esta corte en el caso de Amy antes citado y en el de Prado v. Sucesión Río, 15 D. P. R., 589.

Así pues, la demanda no expone hechos suficientes para que podamos llegar a la conclusión de que la esposa entregó al marido señaladamente sus bienes parafernales y que en su consecuencia naciera en su- favor la hipoteca tácita, general y oculta que establecían las leyes de partidas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente .Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Collazo, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama.
    No. 611.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Juicio Público — Exclusión del Público — Derecho del Acusado. — En este caso, sin que lo solicitara ninguna do las partes y contra la protesta del acusado, la corte ordenó que se excluyera al público del salón de sesiones mientras declaraba en el acto de la vista una testigo. Se resolvió: Que la regla de la corte violó el derecho fundamental del acusado a un juicio público que le reconocen el artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico y la Enmienda YI a la Constitución de los Estados Unidos.
    'Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. B. Martínez Nadal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Guayama, dictada en una causa criminal seguida por el delito de alterar la paz pública.

Dos son los errores asignados por el apelante en su ale-gato, a saber: 1. “La corte erró al ordenar la exclusión del público de la sala de justicia, sin mediar moción de parte alguna, y antes de leerse la denuncia, porque tal conducta constituye una fuerte presunción de que la corte sabía de lo que allí iba a tratarse, y conocía la materia del asunto, cuando sin haberse leído el acta de acusación, así se, adelantaba a los acontecimientos, prejuzgándolos y considerándolos de índole obscena que pudiera ofender la moral pública;” y 2. “La corte erró al no obligar a la testigo de cargo, a la denunciante-Luisa M. Palés de Bernardini, a que respondiera las pregun-tas del abogado, y repitiese las palabras obscenas e insultan-tes que en ningún momento del' juicio quiso repetir, como-antes había errado también al ordenar la exclusión del pú-blico de la sala, aunque dicha exclusión se limitase al tiempo' que pudiera durar la declaración de la Sra. Palés.”

Los hechos de que la corte ordenó la exclusión del pú-blico durante la declaración de la testigo Sra. Palés de Ber-nardini y que ésta se negó a repetir las palabras que había oído de labios del acusado y que calificaba de obscenas e in-sultantes, aparecen de la transcripción del récord.

El Fiscal de la Corte Suprema por escrito y oralmente solicitó la revocación de la sentencia apelada por el primero de los motivos alegados por la parte apelante, citando en apoyo de su solicitud las siguientes autoridades: People v. Hartman, 103 Cal., 242; People v. Murray, 89 Mich., 276, y Cooley’s Constitutional Limitations, 6th Ed., p. 379.

El principio de que el acusado tiene derecho a un juicio público, está reconocido y garantizado por la ley nacional y la local en Puerto Rico. La Enmienda VI a la Constitución de los Estados Unidos dice:

“En toda causa criminal el acusado tendrá derecho a un juicio rápido y público # * V’

Y el artículo 11 del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal establece:

“Art. 11. — En un' proceso criminal el acusado tiene derecho a: 1. Un juicio rápido y público. * *

En el caso de El Pueblo v. Murray, 89 Mich., 276, 284, se demostró que la corte sentenciadora ordenó a uno de sus fun-cionarios que permaneciera en la puerta de la sala de sesio-nes de la corte “y viera que la sala no se llenara completa-mente, pero que todos los ciudadanos respetables fueran admitidos y tuvieran una oportunidad de entrar cuando lo solicitaren.” Se demostró, además, que varios ciudadanos fueron excluidos y que la sala de sesiones no estaba llena en modo alguno. La Corte Suprema del Estado revocó la sentencia de la corte inferior y concedió un nuevo juicio al .acusado. Uno de los párrafos de su opinión dice así:

“El derecho a un juicio público es una de las más importantes salvaguardias en la prosecución de personas acusadas de cometer crí-menes. En este caso, cuando se estaba juzgando al acusado por un delito por virtud del cual, de ser convicto, podría- castigársele a pri-sión perpetua — una muerte civil — se dictó por la corte sentenciadora una orden que violó los derechos constitucionales del acusado y la ley puesta en vigor para proteger los derechos de las partes, así en los pleitos civiles como en las causas criminales, (la corte se refiere a una ley del Estado de Michigan que dispone que ‘los asientos en todas las cortes del Estado serán públicos, y pueden ocuparse libremente por cualquier ciudadano’). El derecho del acusado a un juicio público se incluye en la misma sección dé la Constitución, que le garantiza el derecho a un juicio por un jurado impareial de doce hombres; a ser informado de la naturaleza de la acusación; a confrontarse con los testigos de cargo; a obtener que se obligue a comparecer a sus testigos, y a tener el auxilio de un abogado para su defensa. No es necesario revisar la historia de la administración de la ley penal en Inglaterra, o llamar la atención acerca de los abusos de su administración, para mostrar la razón por virtud de la cual estas importantes disposiciones se insertaron en nuestra Constitución * * *. Todas y cada una de ellas se adoptaron para la protección de los derechos de las personas acusadas de delitos, y cada una de ellas perpetúa la memoria de los grandes abusos que se cometieron en Inglaterra en uno u otro tiempo con anterioridad a la Revolución Americana, en la instrucción de cau-sas criminales. ’ ’

En el caso de El Pueblo v. Hartman, 103 Cal., 242, 243, la Corte Suprema del Estado se expresó como signe:

‘ ‘ Cuando se leyó la acusación al jurado y se 'le informó de la ale-gación del acusado, a moción del Fiscal y contra la objeción del acu-sado, la corte dictó una orden excluyendo del salón de sesiones, durante el juicio, a todas las personas, con excepción de los funcionarios de la corte y del acusado. Este es un procedimiento nuevo y que no tiene justificación en la ley de los modernos tiempos. Nosotros no conocemos decisión alguna en este país, que sostenga lo que se hizo en este caso. Ello es una violación directa de lo dispuesto por la Constitución, al decir que la parte acusada de un crimen tiene derecho a un juicio público * * *. Aun cuando al garantizar la Constitución un juicio público, es claro que no exige a las cortes cosas no razonables o imposi-bles, por ejemplo, que todas las personas tengan un absoluto derecho a estar presentes y a ser testigos de los procedimientos de la corte sin atender a las necesidades de la corte y a la debida y ordenada dirección del juicio, es lo cierto que dicha prescripción constitucional debe interpretarse justa y razonablemente en favor de la persona acusada. ’ ’

Examinando los hechos de este caso concreto sometido a nuestra consideración y resolución a la luz de la ley y de la jurisprudencia citadas, es necesario concluir que la corte sen-tenciadora erró al dictar su orden mandando excluir al'pú-blico mientras prestaba su declaración la testigo Sra. Palés de Bernardini.

Los hechos de- este caso pueden distinguirse de los que sirvieron de base a las decisiones de las Cortes Supremas de Michigan y California, ya que en los casos contra Murray y contra Hartaran la orden de la corte abarcó la totalidad del juicio y en éste sólo.se refirió a una testigo. Pero, aun admi-tiendo tal distinción, es necesario reconocer que la violación-del principio de la publicidad del juicio, es la misma en los tres casos.

¿Existe alguna razón que justifique la actitud asumida por la Corte de Distrito de Guayama ?

En una nota que aparece en 12 Cyc., 520, se citan los casos de People v. Hall, 51 N. Y., App. Div., 57; 64 N. Y. Supp., 433, y 15 N. Y. Cr., 29, como sosteniendo la doctrina de que cuando la evidencia es peculiarmente indecente y de carácter vulgar, la corte puede, en interés de la moral pública y de la decencia, excluir de la sala de sesiones a todas las perso-nas con excepción de los jurados, testigos y otras relaciona-das con la causa. Pero también se cita el caso de People v. Yeager, 113 Mich., 228, en el que se sostiene que una ley que da a la corte el poder de excluir de la sala de sesiones a todas las personas con excepción de las relacionadas con el juicio, cuando la evidencia es licenciosa, inmoral o degradante, está en conflicto con el derecho constitucional a un juicio público.

Si examinamos los'hechos de este caso, veremos que la orden de la corte.se dictó por su propio acuerdo, sin que nin-guna de las partes la solicitara y contra la voluntad expresa del acusado. Dicha orden no pndo tener el objeto de impe-dir que el público se enterara de una prueba inmoral, ya qué se permitió declarar ante el público a los demás testigos, quie-nes lo hicieron sobre los mismos extremos a que 'se refirió la testigo Sra. Palés de Bernardini. Sólo es explicable como tendente a proteger directamente a la testigo de tener que declarar sobre los hechos de la causa a la presencia del público. Tal protección no está garantizada por la ley y cuando se otorga como se otorgó en este caso, en contra del derecho concedido por la ley a otra persona e invocado por esa otra persona, se comete un error fundamental que lleva consigo la nulidad de los procedimientos.

Debe revocarse la sentencia y concederse un nuevo juicio.

Revocada la sentencia y concedido un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: .'Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Roca, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Gruayama.
    No. 143.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Permuta de Bienes Inmuebles — Inscripción de la Misma en el Registro.— Nota Marginal. — En este caso se presentó para su inscripción por una de las partes contratantes un contrato por virtud del cual se permutaron dos fincas que se hallaban inscritas en el registro y el registrador inscribió la permuta a favor del contratante que lo solicitó y puso una nota marginal en la inscrip-ción de la otra finca permutada haciendo referencia a la inscripción de la permuta. Así las cosas, se presentó en el registro una escritura de venta de la finca permutada en cuya inscripción se había puesto la nota, otorgada por quien,. según la nota y la escritura- de permuta, ya no era su legítimo dueño, y el registrador se negó a inscribirla. Se resolvió: que estaba justi-ficada la negativa del registrador a inscribir una escritura de venta que, según los antecedentes del registro mismo, aparecía otorgada por persona que no tenía derecho alguno para ello.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El Registrador, Don Felipe Cuchí, compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En 15 de abril de 1913 Emilia Llabrés y Ramos y Rafael Roca y Roca comparecieron ante notario público y otorgaron una escritura por la cual la primera vendió al segundo una finca rústica de cincuenta y dos y media cuerdas que segregó de otra ele mayor extensión, inscrita a nombre de la vende-dora en el Registro de la Propiedad de G-uayama.

Presentada la escritura para su inscripción-en el registro, el registrador se negó a ello por medio de la siguiente nota contra la cual interpuso uno de los otorgantes, Rafael Roca y Roca, el presente recurso gubernativo:

“Denegada la inscripción de este documento por aparecer de una nota marginal de la inscripción primera de la finca No. 850, que las 118 cuerdas de las que se segregan las cincuenta y dos y inedia ven-didas, fueron adquiridas por Doña Adelina Ramos en virtud de per-muta con la de Doña Emilia Llabrés Ramos, tomándose anotación preventiva de la denegación al folio 133 del tomo treinta y cinco de Guayama, finca No. 1764, anotación letra A. Guayama, abril diez y seis de mil novecientos trece. El Registrador, Felipe Cuchí Arnau.’'

El recurrente sostiene que no obstante la nota marginal a que se refiere el registrador en su negativa, como la finca aparecía inscrita a nombre ele la vendedora, debió verificarse la inscripción a favor del* comprador.

El registrador por el contrario sostiene que siguiendo la práctica aconsejada por Galindo y seguida en los registros desde la implantación de la Ley Iíipotecaria, cuando se pre-sentó para su inscripción una escritura pública de permuta de fincas rústicas otorgada por Emilia Llabrés y Ramos y Adelina Ramos, la inscribió a nombre de la permutante que solicitó la inscripción y la anotó al margen de la inscripción de la otra finca permutada, y que siendo esto así y apare-ciendo del registro que Emilia Llabrés se había, desprendido de la propiedad de la finca que vendió a Eoca por la indicada escritura de 15 de abril de 1913, estaba impedido de verificar la inscripción de esta última escritura.

Cada permuta — dice Galindo — origina dos transferencias de dominio y por lo tanto dos inscripciones; una en favor de cada uno de los permutantes. Si sólo uno de ellos solicita la inscripción, ocurrirá que, según el registro, serán suyas la finca adquirida y la permutada por ella. Ejemplo: Pedro, dueño de la finca A, la permuta por la finca B, que pertenece a Juan. Pedro inscribe a su favor la finca B que ha adqui-rido, y Juan no inscribe al suyo la finca A; de lo que resulta que Pedro aparece en el- registro dueño de ambas fincas. ¿Qué debe hacer el registrador con respecto a la finca cuya inscripción no se solicita? Hay que distinguir. Si las dos fincas radican en el mismo registro, como en la inscripción de la transferencia de dominio a favor de Pedro de la finca B, consta que su dominio sobre la finca A se ha trasladado a Juan, parécenos, — continúa diciendo el Sr. G-alindo, — que puede considerarse este caso como comprendido en el artículo 29 de la ley, que es una excepción en cierto modo del 23 de la misma. En él se consigna el principio de que el dominio que se mencione expresamente en las inscripciones, aunque no conste en el registro-por'medio, de una inscripción separada y especial, surte efecto contra tercero.

Aplicando esta doctrina, por el hecho de constar en el registro, aunque no en inscripción especial y separada el do-minio de Juan sobre la finca A, Pedro no podrá disponer de ella, y si dispusiese no trasladaría el dominio al comprador en perjuicio de Juan, verdadero dueño. Como Pedro podría exigir certificación de que la finca A aparecía inscrita a su nombre, sin que esa inscripción se hallase cancelada, y en vista de esa certificación comprarla un tercero, y como no sería justo que se protegiese los intereses de Juan, que había descuidado su derecho de inscribir, en perjuicio de tercero que había comprado de quien, según certificación, aparecía dueño de la finca, necesario es ocurrir a éste daño, mayor que aquél; porque pesaría sobre quien, habiendo hecho las dili-gencias necesarias, era víctima de un engaño oficial. Es pues nuestra opinión, — dice el comentarista citado, — que el regis-trador al inscribir la finca B a nombre' de Pedro, debe poner en el asiento de la finca A, una nota de referencia a la inscrip-ción de la finca B y reducida a decir: “Permutada esta finca con la del número tantos, según la inscripción de la misma números tantos.” De esta manera, al pedirle certificación o noticias de la pertenencia de ‘la finca A, podrá darlas com-pletas y evitar el estelionato, cumpliéndose de este modo el fin principal de la Ley Hipotecaria. Como consecuencia de lo dicho, si a pesar de todas estas precauciones la enajenación a tercero se llevase a cabo, el registrador debería negar la inscripción, fundándose en que del registro aparecía ser otro el dueño de la finca vendida. Véase Galindo, Legislación Hipotecaria, tomo 1, páginas 323, 324 y 325.

La opinión del más autorizado de los comentaristas de la Ley Hipotecaria, nos parece justa y en armonía con los prin-cipios que informan dicha ley. Además, ha sido seguida en los registros de la propiedad y es boy práctica en los mismos.

Y, como, por otra parte, no se nos ha citado por el recu-rrente, ni hemos podido encontrar ley o jurisprudencia alguna que se opongan a la opinión y práctica indicadas, no podemos concluir, como pretende el recurrente, que sea errónea la nega-tiva del registrador a inscribir la escritura de venta de que se trata en este caso.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

" En el presente caso me veo obligado a disentir de la opi-nión de la mayoría del tribunal.

Es cierto, como expresa G-alindo, que cada permuta ori-gina dos transferencias de dominio,, pero sostener que la per-muta da lugar a dos inscripciones es prácticamente girar en un círculo vicioso. La permuta no es suficiente por sí para producir inscripciones en el registro. La Ley Hipotecaria exige que se cumpla con ciertos requisitos antes de que pueda hacerse cualesquiera inscripciones, siendo uno de los más esenciales.de estos requisitos, que la escritura se baya pre-sentado al registro para su inscripción. Si Juan adquiere la finca A mediante permuta con Pedro y solicita la inscripción a su nombre de dicha finca, no es cierto que dicha solicitud por parte de Juan produce una inscripción en el registro a favor de Pedro, de la finca B que ha sido traspasada por permuta. Para que Pedro pueda obtener una inscripción a su favor, debe presentar la correspondiente escritura al regis-trador.

El registrador es el agente de la persona que solicita la inscripción, y es a las personas que inscriben sus derechos de propiedad a las que la Ley Plipotecaria favorece, convir-tiendo al registrador en un agente de las mismas. Creo que esto resulta evidente de un examen que se haga de los varios artículos de la Ley Hipotecaria, de los cuales citaré algunos.

El artículo 3 de la Ley Hipotecaria preceptúa que para que pueda llevarse a cabo la inscripción de una finca es nece-sario que el título conste en un documento público, y este con-cepto de documento público de ningún modo puede incluir o comprender las manifestaciones hechas en un asiento de inscripción de una finca distinta, inscrita bajo número propio independiente.

•El artículo 9 de la misma ley establece los requisitos que debe comprender los asientos de inscripción y entre ellos cita el nombre de la persona a favor de quien se hace la ins-cripción y la fecha de la presentación del documento en el registro, o sea el nombre de la persona que solicite del regis-trador que se extienda el asiento de inscripción.

El artículo 13 de la misma Ley Hipotecaria de una manera expresa se refiere a' la inscripción de determinadas servi-dumbres y esto demuestra claramente que el legislador ha sabido emplear palabras concretas y específicas cuando quiere imponer un deber adicional al registrador.

El artículo 23 de la misma ley, y éste es uno de los más importantes, prevee que los títulos mencionados en los artí-culos 2 y 5 de dicha ley que no hayan sido debidamente ins-critos o anotados no pueden perjudicar a tercero. Para que un tercero pueda ser' perjudicado por un título inscrito es necesario que la inscripción de ese título se haya hecho a petición de parte legítima o de oficio por el registrador, en cumplimiento de un mandato claro y terminante de la Ley Hipotecaria. Los consejos que puedan dar los comentaris-tas pueden ser muy atendibles cuando se trata de un asiento sin importancia, de mera tramitación, pero nunca cuando pueden producir el efecto gravísimo de,perjudicar a un ter-cero anulándole los derechos adquiridos en virtud de un con-trato de venta otorgado por la persona que según el regis-tro tenía la finca a su favor. La Ley Hipotecaria no es más que una serie de conceptos encaminados a proteger a terce-ros y no existe ni en la letra ni en su espíritu declaración al-guna que obligue a un registrador a trasladar un asiento o una anotación que perjudique y anule los derechos de un tercero.

El artículo 25 de dicha ley dispone que los títulos inscri-tos perjudican a tercero desde la fecha de su inscripción.

Estudiando ahora las anotaciones, y téngase presente que no nos referimos a esas anotaciones claramente definidas y ordenadas en la Ley Hipotecária cuando se trata de descrip-ción de finca o de otra semejantes, vemos que la Ley Hipo-tecaria tal como fué redactada originalmente no contiene pre-cepto alguno que imponga al registrador de trasladar ano-tación alguna hasta que se le solicite en debida forma, y dicha ley le exige al registrador qne extienda una anotación sin petición de parte interesada, únicamente cuando deniegue la inscripción de un documento.

En el caso de autos es evidente.que el registrador no tenía la obligación de trasladar la nota que ha servido de base para denegar la inscripción del documento objeto de éste recurso. El recurrente teniendo como tiene el carácter de tercero úni-camente puede ser perjudicado por las inscripciones o ano-taciones debidamente hechas, máxime si se tiene en cuenta que la ley no impone a un comprador el deber de examinar todos los libros del registro.

Las únicas notas marginales a las cuales hace referencia el reglamento de la Ley Hipotecaria, están expresadas en los artículos 81, 82, 158, 179 y 229, de los cuales los dos primeros artículos han sido derogados por la ley de 1902. En casi todos los artículos citados anteriormente, la ley expresamente le dice al registrador lo que tiene que hacer, siendo de aplica-ción la máxima expressio umius est exclusio alterius. Ade-más, en los artículos 11 y 16 de la Ley Hipotecaria se hace especial mención acerca de las permutas, según los cuales se ve que la legislatura tuvo en cuenta las permutas, y esto, no obstante, ni en dichos artículos ni en ninguna otra parte de la ley se exige al registrador que lleve a afecto la nota marginal que ha dado origen a esta apelación.

Sosteng*o que la anotación hecha por el registrador sin que fuera solicitada por ninguna persona ni autorizada por la ley es enteramente nula. Y el caso no varía por el hecho de que se hagan en el registro ciertas anotaciones que no están autorizadas, pues un tercero no está obligado a ir al registro para cerciorarse si se han hecho anotaciones, pero si no lo hace, será castigado de acuerdo con la Ley Hipotecaria por cualquier inscripción o anotación que se haya hecho debi-damente en su contra. Pero según hemos dicho anterior-mente, la inscripción debe ser hecha debidamente por el registrador.

En realidad deben esistir algunas razones por las cuales Doña Adelina Ramos nunca inscribió su finca permutada con Emilia Llabrés y Ramos, y puede ser que esta última fuera ■en la época en que Rizo la venta a Rafael Roca, la dueña de la finca que trató de traspasar. Si ella Rizo primeramente una permuta de la finca con Adelina Ramos ,y luego vendió fraudulentamente dicha finca a Rafael Roca, el acto .relativo a la venta hecha a Roca, sería un delito castigado por el Código Penal de Puerto Rico, en su artículo 471. La pre-sunción de inocencia está en contra de tal teoría.

Se ha sugerido que si bien Rafael Roca y Roca que es el recurrente en este caso puede ser tercero y con derecho a inscribir su finca en el registro, sin embargo, la anotación preventiva hecha por el registrador tendría que ser cancelada ■primeramente; pero puede contestarse este argumento con ■el mismo razonamiento anterior. El artículo 82 de la Ley Hipotecaria dispone que “las inscripciones o anotaciones pre-ventivas hechas en virtud de escritura pública, no se cance-larán, etc.,” pero la inscripción de que .habla dicho artículo es aquella que se hace por virtud de escritura pública y no por virtud de los actos voluntarios del registrador. Habiendo sido presentado este caso a la consideración de este tribunal me-diante un recurso gubernativo, la corte debió haber ordenado al registrador que procediera a hacer la inscripción de la ■escritura presentada, y de ser necesario, cancelar la nota marginal que fué hecha indebidamente.


text:
    Rosado, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 148.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Venta con Pacto de Retro — Arrendamiento—Transferencia del Derecho de Retraer — Nota de Consumación. — El recurrente compró con pacto de retro y arrendó al vendedor ciertas fincas conviniéndose entre otras cosas, que si vencidas tres mensualidades consecutivas no fueren puntualmente satisfechas, se consideraría vencida la obligación total del contrato y con derecho la com-pradora a pedir que se anotara .en el registro la consumación de la venta. Posteriormente, según constancia del registro, el derecho a retraer fué trans-ferido a otra persona. Del expediente no aparece la forma en que la peti-cionaria solicitó la anotación do la consumación de la venta. Se resolvió: Que dadas las circunstancias del caso y no constando que la recurrente acre-ditara la falta de cumplimiento de la condición por parte de la persona qi.j Sustituyó en sus derechos al primitivo vendedor y arrendatario, debía con-firmarse la nota recurrida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada el 21 de agosto de 1911r Marcos Reyes vendió por la suma de mil pesos a Clotilde E. Rosado, tres fincas rústicas, pactándose que si el vendedor devolvía dentro de cinco años contados desde la fecha de la. escritura, el precio de la venta y los gastos del contrato, la compradora o sus representantes le otorgarían escritura de retroventa, pero transcurrido dicho plazo sin haberse ejerci-tado el derecho de redención, adquiriría la realizada el carác-ter de venta absoluta e irrevocablemente consumada. Tam-bién se pactó en dicha escritura el arriendo de las fincas al mismo vendedor por precio de diez pesos mensuales, convi-niéndose que si vencidas tres mensualidades consecutivas no fueren puntualmente satisfechas, se consideraría vencida la obligación total del contrato y con derecho la compradora de pedir que se extendiera en el registro la correspondiente nota marginal de consumación de venta.

La expresada escritura se inscribió en el registro de la propiedad. La compradora acudió al registro solicitando la consumación de la venta y el registrador, el 27 de mayo de 1913, se negó a ello en los siguientes términos:

“No admitida la nota de consumación de la venta, solicitada, por no haberse acreditado que Don Vicente Lanza, actual dueño del dere-cho de retraer haya dejado de satisfacer las mensualidades del arren-damiento señaladas en la escritura y se ha extendido nota preventiva al margen de * *

Contra la negativa del registrador se interpuso el presente recurso gubernativo.

De la nota recurrida se desprende que del registro cons-taba que el derecho de retraer se transfirió a otra persona. En tal virtud, para que el registrador estuviera justificado en anotar la consumación de la venta, debió haberse acredi-tado la falta de cumplimiento de la condición no sólo por parte del primitivo vendedor y arrendatario, sino del que le sus-tituyó en sus derechos. Del expediente no aparecen los tér-minos en que se hizo la solicitud de consumación, y para que esta corte hubiera podido formar un juicio exacto de la cues-tión debatida, era esencial el conocimiento de dichos términos. Atendidas, pues, las circunstancias del caso, opinamos que debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    Martínez, Apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 978.
    Resuelto en junio 28, 1913.
    Servidumbre — Título para Adquirirla — Signo Aparente — Segregaciones de Una Sola Einca. — Los preceptos del artículo 548 del Código Civil Revisado que reconocen y sancionan la bien establecida teoría del signo aparente como título para adquirir las servidumbres, son aplicables al caso de una sola finca dividida eit dos o más porciones.
    Cuestiones de I-Ieoho Dudosas. — De acuerdo con el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 8, 1906, cuando, como en el caso de autos, es dudosa la prueba para determinar el importe de los daños y peí-juicios redamados, puede la Corte Suprema devolver el caso a la corta inferior para su revisión en cuanto a los puntos dudosos.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogado de la apelada: Sr. Federico G. Peres Álmiroiy.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Hemos examinado cuidadosamente las alegaciones, las pruebas y los hechos declarados probados por el juez senten-ciador y, a nuestro juicio, aparece claramente demostrado lo que sigue:

Francisco Molina, allá por el año de 1876, compró una finca de once cuerdas más o menos de extensión, situada en el barrio de Algarrobo, del término municipal de Mayagüez. Dueño Molina de la finca, segregó de ella y vendió, en 1889, a la demandada, que es una corporación dedicada a la explo-tación de ferrocarriles en Puerto Rico, una porción de terreno de tres cuerdas y cincuenta y cuatro céntimos de otra. Molina también segregó otra porción de cuatro cuerdas de te-rreno de la expresada finca y la vendió, en 1893, a Zenón Bellido. Dicha porción pasó de la propiedad de Bellido a la de sus herederos; de la de éstos a la de Juan Cumpiano, y de la de Cumpiano, en el año de 1911, a la del demandante Rogelio Martínez Castro. La finca principal y las porciones segre-gadas y vendidas se describen en la demanda. Las porciones segregadas colindan entre sí. Todas las transferencias de dominio se hicieron constar en escritura pública.

Mientras Molina poseía la totalidad de la finca de 11 cuer-das, existían en ella dos caminos abiertos por Molina que atravesaban la finca e iban a parar a un camino público. Cuando Molina vendió a la demandada la porción de 3 cuerdas, 54 céntimos, segregada de la finca de 11 cuerdas, nada se hizo constar en la escritura con respecto a la existencia de dichos caminos, sin que tampoco se hicieran desaparecer los expre-sados caminos antes del otorgamiento de la escritura.

La demandada, hace unos siete u ocho años tapó con una cerca de alambre uno de los referidos caminos, y luego, en 1911, tapó también el otro camino, cesando desde entonces toda comunicación entre la finca del demandante y el camino público. Dada la situación del terreno del demandante, sólo puede tener salida al camino público por los terrenos de la demandada.

La corte de distrito entendió que al segregar Molina la por-ción de terreno que vendió a la demandada, voluntariamente privó al resto de su finca, que es boy del demandante, del beneficio de entrar y salir al camino público, ya que en la escritura de venta no se hizo constar que el vendedor se reser-vaba tal derecho; que no era de aplicación a este caso el ar-tículo 548 del Código Civil Revisado en que se basaba la acción ejercitada, sino el 571 del propio código, y que, en tal virtud, debía declarar como declaró sin lugar la demanda, sin necesidad de entrar a considerar si se probaron o nó los daños y perjuicios alegados. La sentencia se registró el 4 de febrero de 1913 y contra ella se interpuso el presente recurso de apelación.

El apelante alega que la corte de distrito erró al no apli-car el artículo 548 del Código Civil, y que en todo caso tam-bién erró al no dictar sentencia favorable al demandante, de acuerdo con el artículo 571 del propio código que la misma corte consideró aplicable.

Examinemos el primer error alegado.

El artículo 548 del Código Civil Revisado, igual al 541 del Código Civil español, dice así:

“Art. 548. — La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se conside-rará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre con-tinúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario - en el título de .enajenación de cualquiera do ellas, o se baga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.”

Antes que el legislador, el Tribunal Supremo de España babía aplicado la teoría del signo aparente. En su sentencia de 14 de septiembre de 1867, 16 Jurisprudencia Civil, 107, el Supremo dijo: í£lo dispuesto en la ley 14, título 31, Partida 3a., que trata de. cómo se constituyen las servidumbres, no se opone al principio de que cuando uno vende parte de un te-rreno que le pertenece y no se establece en el contrato’ de venta un modo distinto de disfrute por el comprador del que usaba el vendedor, se entiende vendido el terreno con las ser-vidumbres necesarias 'para verificarlo.” En la de 7 de no-viembre de 1883, 53 Jurisprudencia Civil, 208, expresó que: “según la doctrina establecida por este Tribunal Supremo, lo dispuesto en la ley 14, título 31, partida 3a., que trata de cómo se constituyen las servidumbres, no se opone al principio de que dividido un predio entre dos diferentes personas, sin que se establezca en el contrato un modo de disfrute diferente del que usaba el primitivo dueño de la totalidad, se entienden subsistentes las servidumbres necesarias para verificarlo, y que el signo aparente de ellas es'un título para que continúen si al tiempo de la división de la propiedad no se expresa lo contrario, que es lo que acontece en el presente caso, puesto que la finca adjudicada en pago a Juan Pérez Charueco, objeto de este pleito, al fallecimiento de aquél, se dividió entre sus hijos Juan y-María Francisca, sin establecerse novedad al-guna con respecto a la manera de su disfrute, y por consi-guiente la sentencia recurrida, al condenar a Doña Rafaela Liaño a que reconozca la servidumbre de paso para ganados y carretas objeto de la demanda, no lia infringido la ley 14, título 31, de la Partida 3a., que se cita en el primer motivo del recurso.” T en la de 21 de octubre de 1892, 72 Jurisprudencia Civil, 242, consignó que: “según ha declarado reiterada-mente el Tribunal Supremo, lo dispuesto en la ley 14, título-31, Partida 3a., que trata de cómo se constituyen las servidum-bres, no se opone al principio de que dividida una finca entre-diferentes personas, sin que se establezca en el contrato un modo de aprovechamiento distinto del que usaba el primitivo-dueño de la totalidad, se entienden subsistentes las servidum-bres necesarias para verificarlo.”

A primera vista la interpretación dada por la Corte de Distrito de Mayagüez al artículo 548 del Código Civil Revi-sado, es correcta. Pero si se tienen en cuenta los preceden-tes legales y la realidad de los hechos, y se estudia deteni-damente dicho artículo, se verá que nada de lo dispuesto en él se opone a que la teoría del signo aparente continúe apli-cándose al caso de una sola finca que se divida en dos o más porciones.

Según los hechos alegados y probados en el juicio, los •caminos establecidos por el dueño de la totalidad de la finca •existían al tiempo de segregarse la porción vendida a la demandada y uno de ellos continuó existiendo por muchos años más hasta que fué obstruido por la demandada en 1911. No se trataba de un servicio oculto. El. vendedor continuó explotando su finca y conduciendo sus productos al camino público en la misma forma que cuando la totalidad de la finca era suya, esto es, por los caminos que pasaban por dentro de la porción vendida a la demandada, establecidos por él ante-riormente. Mientras la finca pertenecía en su totalidad al vendedor no puede decirse que existieran servidumbres. La idea de servidumbre presupone siempre la de un predio domi-nante y otro sirviente. Pero la servidumbre' se manifestó en todo su vigor desde el momento en que la finca se dividió. El vendedor dejó de tener el dominio sobre la porción ven-dida, pero el camino, signo aparente, subsistió y continuó usándose como tal camino.

Bajo tales circunstancias, se impone la conclusión dé que la demandada al adquirir la porción de la finca descrita en la demanda, la adquirió con una servidumbre de paso clara y aparente a favor del predio de que es dueño en la actualidad el demandante.

Uno de los caminos fué cerrado por la demandada hace unos siete años sin que conste que los dueños del predio domi-nante hicieran reclamación alguna, pudiendo más bien dedu-cirse que abandonaron su derecho. El cierre del otro camino, ocurrido en 1911, fué el que verdaderamente dió origen a este pleito. El camino cerrado en 1911 es suficiente para. satisfa-cer la necesidad que tiene el predio del demandante de comu-nicarse con el camino público.

Por las razones expuestas opinamos que la corte de dis-trito erró al no dictar sentencia condenando a la demandada a reconocer la servidumbre de paso existente sobre el pre-dio de que es dueña, a favor del predio de que es dueño el demandante.

En cuanto a la reclamación de daños y perjuicios dire-mos, que liemos examinado la prueba y nos parece dudosa. En su consecuencia, de acuerdo con el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en 1906, leyes 1906, página 65, nos parece que se cumplen mejor los fines de la justicia devolviendo el caso para su revisión, en cuanto a este extremo, a la corte inferior.

Debe dictarse sentencia de'acuerdo con los principios ex-puestos en esta opinión.

Revocada y dictada sentencia a favor del ape-lante y devuelto él caso a la corte inferior para su revisión en cucmto a la indemniza-ción de daños y perjuicios.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.