author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Richard De Jesús Viñas y otros, demandantes y peticionarios, v. Romualdo González Lugo y otros, demandados y recurridos.

      Número: CC-2005-822

      Resuelto: 9 de marzo de 2007

      Modesto L. Rodríguez Suárez, Vanessa Medina Romero y Alejandro Camporreale Mundo, del Bufete Marichal & Hernández, abogados de la parte peticionaria; Clodilde M. Pi-cart Laguer abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 23 de octubre de 2001 Richard De Jesús Viñas y Aida E. Rivera Velázquez presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, una demanda sobre cobro de dinero, daños e incumplimiento de contrato —por una obra de construcción no terminada— contra The House Factory, Inc., Romualdo González Lugo y Francisco Moll Quiñones, entre otros. En ésta reclamaron el pago de ciertas sumas de dinero por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de obras suscrito con The House Factory, Inc.

Los emplazamientos dirigidos a Romualdo González Lugo y a The House Factory, Inc. fueron diligenciados el 21 de junio de 2002. Transcurrido el término dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil sin que Romualdo González Lugo y The House Factory, Inc. presentaran sus respectivas contestaciones a la demanda, la parte demandante peticionaria solicitó del tribunal de instancia que les anotara la rebeldía. Conforme a lo solicitado, el 5 de septiembre de 2002 el Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía de las partes codemandadas en cuestión.

Luego de estimarse como no presentada, por falta de aranceles, una moción de desestimación presentada por Romualdo González Lugo —por conducto del Lie. Félix A. Rodríguez Mejía— el 30 de septiembre de 2002 la parte demandante peticionaria solicitó que se dictara sentencia en rebeldía contra Romualdo González Lugo y The House Factory, Inc. por la suma reclamada en la demanda. Una vez celebrada la vista en rebeldía y presentada la evidencia documental en apoyo a la cuantía solicitada, el 22 de enero de 2003 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en la que le ordenó a los demandados satisfacer, en forma solidaria, $146,151.46 a la parte demandante peticionaria. Dicha sentencia se le notificó a las partes el 14 de febrero de 2003 y se publicó mediante edicto en un periódico de circulación general el 27 y 28 de febrero, y el 1 de marzo de 2003. La parte demandante peticionaria le envió una copia de la sentencia publicada mediante edictos al representante legal de Romualdo González Lugo, el Lie. Félix A. Rodríguez Mejía.

Tras varios incidentes procesales —entre éstos una moción por parte de Lie. Félix A. Rodríguez Mejía en la que solicitaba disculpas por su pobre manejo del caso a causa de una depresión crónica— el 9 de junio de 2003 Romualdo González Lugo presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En ésta alegó que tenía a su haber varias defensas afirmativas que justificaban dejar sin efecto la sentencia impuesta, a saber, falta de emplazamiento e inexistencia de relación contractual con The House Factory, Inc. al momento de los hechos. Luego de la oportuna oposición de la parte demandante peticionaria a la solicitud de relevo de sentencia, el Tribunal de Primera Instancia denegó la misma mediante Orden de 30 de junio de 2003, notificada el 2 de julio de 2003.

Insatisfecho, el 27 de octubre de 2003 Romualdo González Lugo acudió —mediante un recurso de apelación— y adujo ante el Tribunal de Apelaciones, en lo pertinente, que el tribunal de instancia erró al denegar la moción de relevo presentada. Dicho foro, luego de acoger el recurso como un certiorari, denegó su expedición mediante Resolución de 30 de agosto de 2004, notificada el 13 de septiembre de 2004; ello por haberse presentado el recurso fuera del término de treinta días reglamentario, sin que se demostrase justa causa para la demora. Dicho foro sostuvo que la condición mental, que alegadamente padecía el Lie. Félix A. Rodríguez Mejia, no constituía justa causa, pues aun contando el término a partir del 3 de agosto de 2003 —fecha hasta la cual el expediente médico indicaba que el abogado estuvo inhabilitado— el recurso se presentó fuera del plazo de treinta días de cumplimiento estricto.

El 19 de octubre de 2004 —treinta y seis días luego de notificada la resolución antes mencionada— Romualdo González Lugo presentó una moción de reconsideración ante el tribunal apelativo intermedio. En ésta adujo que la justificación para la tardanza surgía del propio recurso, entiéndase, la condición mental crítica de su abogado. Luego de considerar la moción de reconsideración presentada, el Tribunal de Apelaciones —mediante Sentencia de 29 de abril de 2005— dejó sin efecto la resolución denegatoria que había emitido y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegaba la moción de relevo de sentencia. En consecuencia, ordenó la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

La parte demandante peticionaria presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones en la cual sostuvo, en lo pertinente, que el tribunal apelativo intermedio carecía de jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración presentada por Romualdo González Lugo, pues ésta se presentó fuera del término jurisdiccional de quince días dispuesto en la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. El tribunal apelativo intermedio denegó la reconsideración solicitada. Determinó que dicho foro acogió la moción de reconsideración, tardíamente presentada por Romualdo González Lugo el 19 de octubre de 2004, como una moción de relevo de sentencia, por lo cual su presentación fue oportuna.

Inconforme, la parte demandante peticionaria acudió —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal. Alega, en lo pertinente, que procede revocar la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio debido a que éste

... no tenía jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración presentada por el recurrido por haberse radicado fuera del término jurisdiccional de quince (15) días dispuesto en la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. (Énfasis suprimido.) Petición de certiorari, pág. 8.

Expedimos el recurso. Estando en condiciones de resolverlo, procedemos a así hacerlo.

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A. La Regla 84(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.RR.A. Ap. XXII-B, expresamente dis-pone que “[c]ualquier moción de reconsideración ... deberá ser presentada dentro del plazo improrrogable de quince (15) días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones”. (Enfasis suplido.) Según se deduce del propio texto de la regla antes mencionada, el término dispuesto para la presentación de una moción de reconsideración es jurisdiccional. Véase J.P. v. Frente Unido I, 165 D.P.R. 445 (2005). “Se trata de un plazo que las reglas caracterizan como ‘improrrogable’, lo cual significa que es jurisdiccional.” H.A. Sánchez Martínez, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal apelativo, Hato Rey, Lexis de Puerto Rico, 2001, See. 4302, pág. 660.

Su carácter fatal priva de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones pues, “[e]n el caso de términos improrrogables, los tribunales carecen de jurisdicción para entender en el planteamiento si los referidos escritos se presentan fuera de término”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, pág. 155. Ello debido a que el término jurisdiccional, contrario a un término de cumplimiento estricto, es fatal, improrrogable, insubsanable, no puede acortarse, no es susceptible de extenderse ni puede eximirse por causa justificada. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000).

En el caso ante nuestra consideración, Romualdo González Lugo presentó su moción de reconsideración el 19 de octubre de 2004, treinta y seis días después del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Ello, de ordinario, sería suficiente para decretar que el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para considerar el escrito de reconsideración presentado por Romualdo González Lugo.

B. No obstante, lo anteriormente expresado no dispone del presente recurso. Como antes expresáramos, el Tribunal de Apelaciones resolvió que, aun cuando había transcurrido el término para presentar la moción de reconsideración, tenían jurisdicción por razón de que el escrito presentado fue acogido como una moción de relevo de sentencia. En apoyo de dicha posición, el foro apelativo intermedio citó la jurisprudencia de este Tribunal que le permite a un tribunal de instancia considerar una moción de reconsideración como una de relevo de sentencia, aun después de haber transcurrido el término para considerar la reconsideración o de haber advenido final y firme la sentencia, si dicha moción cumple con los requisitos establecidos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante. Véanse: Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997); Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236 (1998); Reyes v. E.L.A. et al., 155 D.P.R. 799 (2001).

Por tal razón, nos corresponde resolver si la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante, sobre relevo de sentencia, aplica a las sentencias u órdenes emitidas por el Tribunal de Apelaciones. Luego de un examen minucioso del texto de la citada Regla 49.2, su naturaleza y jurisprudencia interpretativa, concluimos que ésta sólo se encuentra disponible para sentencias, procedimientos u órdenes que emita el Tribunal de Primera Instancia. Veamos.

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La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante, establece:

Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:
(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;
(2) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;
(3) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado intrínseco y también el llamado extrínseco), falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa;
(4) nulidad de la sentencia;
(5) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor, o
(6) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que la moción se funde en los incisos (3) o (4). La moción se presentará dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para:
(a) Conocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a una parte de una sentencia, orden o procedimiento;
(b) conceder un remedio a una parte que en realidad no hubiere sido emplazada, y
(c) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al tribunal.
Mientras esté pendiente una apelación o un recurso de certiorari de una resolución final en procedimiento de jurisdicción voluntaria, el tribunal apelado no podrá conceder ningún remedio bajo esta regla, a menos que sea con el permiso del tribunal de apelación. Una vez que el tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá concederse ningún remedio bajo esta regla que sea inconsistente con el mandato, a menos que se obtenga previamente permiso para ello del tribunal de apelación. En ambos casos, la moción de relevo deberá siempre presentarse ante el tribunal apelado dentro del término antes señalado, y si éste determina que estaría dispuesto a conceder el remedio, se acudirá entonces ante el tribunal de apelación en solicitud del referido permiso. (Enfasis suplido.)

Según se infiere del texto antes transcrito, la propia Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante, “presta particular atención a situaciones en que se solicita el relevo de una sentencia cuando ya se encuentra pendiente su apelación o revisión ante el foro apelativo, o cuando ya se ha realizado tal apelación o revisión. Dispone que el tribunal apelado o revisado no puede conceder el relevo solicitado sin el permiso del tribunal apelativo o revisor”. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 D.P.R. 440, 449 (2003). “El requisito sobre la solicitud de permiso al tribunal apelativo o revisor va dirigido a salvaguardar aspectos jurisdiccionales. Se trata de devolverle, de forma limitada, la jurisdicción al foro de instancia para que entienda en el asunto.” (Énfasis suplido.) Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, ante, pág. 328.

Aun cuando la citada Regla no hace referencia literal al tribunal con jurisdicción para intervenir en primera instancia en una solicitud de relevo, consideramos que cuando la regla utiliza los términos “tribunal” y “tribunal revisado o apelado”, se refiere al Tribunal de Primera Instancia, y que cuando utiliza el término “tribunal apelativo o revisor” se refiere al Tribunal de Apelaciones, tribunal sobre el cual recae el deber de revisar inicialmente las determinaciones del- Tribunal de Primera Instancia. La única mención de otro tribunal, distinto al de instancia, ocurre si el relevo se solicita luego de presentarse un recurso de apelación o revisión ante el tribunal apelativo, o si ese tribunal ha dictado una sentencia; situación ante la cual el tribunal apelativo deberá dar su anuencia con el único propósito de devolverle jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia para que sea éste quien intervenga en el relevo solicitado, pues la propia regla establece que si está pendiente una revisión o ya el tribunal apelativo ha emitido la sentencia, la moción debe presentarse siempre ante el tribunal apelado, entiéndase, el tribunal de instancia.

De hecho, unas expresiones emitidas por este Tribunal en Piazza v. Isla del Río, Inc., ante, a nuestro juicio claramente establecen que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante, va dirigida únicamente a las sentencias, órdenes o procedimientos del Tribunal de Primera Instancia. Allí, ante alegaciones de que el término “procedimiento” utilizado en la regla se refiere al procedimiento ante el tribunal apelativo, manifestamos que

... [a]l examinarse integralmente el texto de la regla referida es claro que las dos menciones que se hacen en dicha Regla del “procedimiento” se refieren al mismo evento, que en ningún caso es a nivel apelativo. No se trata de una apelación o revisión. Se refiere únicamente a algún procedimiento ante el foro de instancia de cuyos efectos la parte afectada interesa ser relevada. La letra de la Regla es patentemente clara en este sentido. (Énfasis suplido.) Piazza v. Isla del Río, Inc., ante, pág. 454 esc. 2.

En segundo término, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones —el cual rige los procedimientos ante dicho tribunal— en modo alguno le reconoce facultad al tribunal apelativo intermedio para intervenir en una moción de relevo de sentencia. Dicho reglamento tampoco incorpora la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante, entre sus disposiciones. A pesar de que el tribunal apelativo intermedio forma parte del Tribunal General de Justicia y las Reglas de Procedimiento Civil van dirigidas a los procedimientos celebrados ante dicha entidad, ello no significa que todas las figuras incorporadas y reguladas mediante las Reglas de Procedimiento Civil se encuentran disponibles en los procesos ante el Tribunal de Apelaciones, salvo que la propia regla disponga explícitamente lo contrario.

La naturaleza y el propósito de ambos tribunales son distintos. Mientras que en el Tribunal de Primera Instancia se da la presentación de la prueba y el encuentro entre las partes involucradas, en el tribunal apelativo intermedio la función se limita a la revisión de los procedimientos llevados a cabo ante el tribunal de instancia. En ello precisamente estriba el que ambos tribunales no puedan regirse automáticamente por las mismas reglas. La aplicación automática de las Reglas de Procedimiento Civil al Tribunal de Apelaciones definitivamente desvirtuaría la naturaleza del proceso apelativo, el cual se debe caracterizar por la justicia apelativa rápida y efectiva.

Lo cierto es que este Tribunal estableció las normas que rigen el proceso ante el Tribunal de Apelaciones mediante reglamento especial, e incorporó y adecuó al proceso apelativo distintas figuras de las Reglas de Procedimiento Civil. A modo de ejemplo, podemos mencionar la sustitución de partes, el desistimiento y la moción de reconsideración.

La no inclusión de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante, como un remedio posterior a las sentencias u órdenes emitidas por el Tribunal de Apelaciones, no se debió a un mero error o inadvertencia, sino más bien al convencimiento, de parte de este Tribunal, de que la moción de relevo de sentencia y sus pormenores son contrarios al proceso apelativo y sus delimitaciones. Sabido es que la citada Regla 49.2 provee un mecanismo procesal post sentencia para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia e incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya por causa justificada. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445 (1977); Reyes v. E.L.A., ante; Piazza v. Isla del Río, Inc., ante.

Mediante la referida disposición reglamentaria, una parte puede librarse de los efectos de una sentencia si logra demostrar la existencia de, al menos, una de las seis causales estipuladas en la regla. La invocación de alguna de las causales puede requerir la presentación de prueba para sustanciarla y, por ende, la celebración de una vista evidenciara a esos efectos. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, ante. De igual forma, hemos reconocido el derecho de las partes a utilizar las reglas sobre el descubrimiento de prueba con el objetivo de que éstas se preparen adecuadamente para la vista evidenciaría sobre el relevo de la sentencia. G.A.C. Fin. Corp. v. Rodríguez, 102 D.P.R. 213 (1974).

No albergamos duda de que todos los pormenores antes mencionados van más allá de las funciones delegadas al Tribunal de Apelaciones, a saber: (a) corregir errores del tribunal sentenciador; (b) servir como agente catalítico en las revisiones de la doctrina y de la ley; (c) advertir sobre problemas que plantea una ley; (d) destacar situaciones que requieran que la Asamblea Legislativa reglamente; (e) señalar al Tribunal Supremo áreas en que se hace imperativo el cambio; (f) permitir que el Tribunal Supremo tenga mayor desahogo y sirva al máximo de agente en su función social de pautar e interpretar el derecho, y (g) ayudar al Tribunal Supremo con la congestión de casos. Sánchez Martínez, op. cit., See. 203, pág. 19. Permitirle al Tribunal de Apelaciones acoger una moción de relevo de sentencia podría, incluso, conllevar que las partes introduzcan prueba o elementos a nivel apelativo que nunca fueron examinados a nivel de instancia, actuación que desde tiempo inmemorial hemos vedado. Véanse: Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436 (1950); Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 D.P.R. 192 (1994).

En Vega v. Emp. Tito Castro, Inc., 152 D.P.R. 79 (2000), ampliamos el margen de aplicación de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante, a las agencias administrativas. Sin embargo, la aplicación de esta regla al Tribunal de Apelaciones presenta un escenario muy distinto. En el caso de las agencias administrativas, la disponibilidad de la moción de relevo como remedio post sentencia en nada afecta el proceso adjudicativo administrativo, el cual se caracteriza por ser flexible y menos rígido que el proceso ante los tribunales. Además, hasta cierto punto, la función adjudicativa de una agencia administrativa —a diferencia de la función revisora del Tribunal de Apelaciones— se asemeja a la del Tribunal de Primera Instancia. De ordinario, en ambos foros formular una determinación conlleva el descubrimiento de prueba, la celebración de vistas evidenciarías y la aquilatación en primera instancia de la prueba presentada.

Por último, y como mencionáramos antes, la facultad de acoger una moción de reconsideración como una de relevo fue reconocida por este Tribunal en Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, ante, Vega v. Alicea, ante, y Reyes v. E.L.A. et al., ante. De un examen de los hechos acaecidos en los referidos casos, podemos percatarnos de que el tribunal involucrado y al cual, en efecto, le reconocimos la facultad en cuestión fue al Tribunal de Primera Instancia. Por lo cual, dentro del alcance de interpretación de nuestra jurisprudencia, el cual gira en función de los hechos y circunstancias presentes en cada caso, no podemos avalar la actuación del Tribunal de Apelaciones en el presente caso de acoger una moción de reconsideración como una de relevo de sentencia, y de relevar a una parte de una determinación previamente emitida por dicho foro, por una reconsideración presentada tardíamente. Nuestras decisiones anteriores en modo alguno facultaron al tribunal apelativo a actuar así.

En fin, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para intervenir en una moción de relevo de sentencia y, en consecuencia, para acoger una moción de reconsideración presentada tardíamente como una de relevo. Por consiguiente, resolvemos que la presentación de la moción de reconsideración de Romualdo González Lugo, fuera del término jurisdiccional de quince días, privó de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones. Era deber ineludible del tribunal apelativo intermedio, como celoso guardián de su jurisdicción, declarar “no ha lugar” la reconsideración solicitada por falta de jurisdicción. Ningún tribunal puede abrogarse una jurisdicción inexistente y la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005).

La parte afectada por una sentencia o resolución del Tribunal de Apelaciones tiene a su haber la moción de reconsideración ante dicho foro y el recurso de certiorari ante este Tribunal, pero, claro está, dentro de los respectivos términos jurisdiccionales dispuestos en la reglamentación aplicable. Resolver lo contrario sería alargar aún más el proceso apelativo en detrimento de la sana administración de la justicia.

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En mérito de lo antes expuesto, resolvemos que el Tribunal de Apelaciones actuó sin jurisdicción al considerar la moción de reconsideración presentada por Romualdo González Lugo y al emitir la Sentencia de 29 de abril de 2005.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión concurrente.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

En varias ocasiones hemos resuelto que para beneficiarse de lo dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III (sobre relevo de sentencia), la parte en cuestión tiene que satisfacer el requisito de haber sido “diligente en todo momento en la tramitación del asunto de que se trate”. Hemos hecho hincapié en que una parte que acude al tribunal y pone en movimiento la maquinaria judicial, pero que luego no muestra la diligencia requerida para continuar con los trámites judiciales de rigor, no puede pretender que se le releve de las consecuencias de su comportamiento. Ello es una norma reiterada por este Tribunal. Véanse: Vega v. Emp. Tito Castro, Inc., 152 D.P.R. 79, 88 (2000); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 292 (1988); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986).

Es por lo anterior que coincido con lo dictaminado por la mayoría del Tribunal —aunque por otro fundamento— de que en el caso de autos el Tribunal de Apelaciones estaba impedido de considerar como una moción de relevo de sentencia la moción de reconsideración presentada por la parte recurrida.

En este caso, el recurrido no fue diligente en la tramitación de su caso, según surge de los hechos narrados por la Mayoría en su propia opinión. No cualifica, por ende, para el beneficio de un relevo de sentencia concedido por el foro apelativo.

Concurro, pues, con el resultado al que llega la Mayoría en el caso de autos.

       Del epígrafe de la demanda surge que se incluyeron como partes demandadas a la esposa de Romualdo González Lugo, la esposa de Francisco Moll Quiñones, sus respectivas Sociedades de Bienes Gananciales y ciertas compañías de seguros de nombre desconocido. De igual forma, surge de la demanda que Romualdo González Lugo fue demandado en calidad de presidente y único accionista de la compañía en cuestión —al momento de los hechos— mientras que Francisco Moll Quiñones en su calidad de empleado y representante.

       Previo a la presentación de la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Richard De Jesús Viñas acudió ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) mediante querella sobre incumplimiento de contrato en contra de The House Factory, Inc. y Francisco Moll Quiñones. Dicha agencia emitió una resolución en la cual ordenó a The House Factory, Inc. satisfacer a Richard De Jesús Viñas $83,568. The House Factory, Inc. no cumplió con la orden emitida.

       El Tribunal de Primera Instancia le concedió a la parte demandante peticionaria una prórroga para llevar a cabo el diligenciamiento de los emplazamientos. En el expediente constan las copias de los emplazamientos diligenciados a Romualdo González Lugo y a The House Factory, Inc. debidamente juramentados por el Sr. Raúl Urrutia. El emplazamiento de Francisco Moll Quiñones, luego de solicitada la correspondiente autorización del Tribunal de Primera Instancia, fue realizado mediante edicto.

       Romualdo González Lugo —por conducto del Lie. Félix A. Rodríguez Mejía— presentó una moción de desestimación sin someterse a la jurisdicción del tribunal en la cual adujo, en síntesis, que no había sido emplazado en el caso. La parte demandante peticionaria se opuso y alegó que Romualdo González Lugo fue debidamente emplazado, y que ello así consta de la copia del emplazamiento que fue diligenciado. El Tribunal de Primera Instancia no proveyó nada al respecto debido a que la moción de desestimación se le devolvió a la parte demandada en cuestión y se consideró, para todos sus efectos, como no presentada por falta de aranceles. No surge del expediente que la deficiencia arancelaria detectada se corrigiera.

       La suma total concedida se compone de las partidas siguientes: (1) $83,568 concedidos por DACo mediante resolución; (2) $7,583.46 por concepto de intereses devengados, según dispuestos en la resolución del DACo, y (3) $55,000 por concepto de gastos incurridos para reparar defectos de construcción y terminar la obra abandonada. Esta última partida, ascendente a $55,000, no se incluyó en la resolución de DACo. La sentencia también se dictó contra Francisco Moll Quiñones, quien para la fecha había sido emplazado mediante edictos y no había comparecido ante el tribunal.

       Antes de acudir ante el Tribunal de Apelaciones, a nivel de instancia ya había comenzado el proceso de ejecución de sentencia. Como parte de dicho proceso y en cumplimiento con las órdenes del tribunal, el 19 de septiembre de 2003 Romualdo González Lugo compareció ante el tribunal para una toma de deposición en aseguramiento de sentencia asistido por el Lie. Félix A. Rodríguez Mejía. Del expediente no surge que en dicha ocasión el Lie. Félix A. Rodríguez Mejía se encontrara inhabilitado para ejercer sus funciones.

       Antes de que el tribunal apelativo intermedio denegara la expedición del recurso, la parte demandante peticionaria presentó ante ese tribunal una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. Sostuvo que Romualdo González Lugo acudió en revisión de la sentencia en rebeldía que dictó el tribunal de instancia y no de la denegatoria a la moción de relevo de sentencia, por lo cual el recurso apropiado era el de apelación y el término jurisdiccional aplicable el de treinta días. El Tribunal de Apelaciones, conforme a lo resuelto en Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985), y mediante Sentencia en Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 D.P.R. 860 (1999), acogió el recurso como un certiorari por tratarse, en esencia, de una revisión de la denegatoria a la moción de relevo de sentencia. De una lectura del recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones se deduce que Romualdo González Lugo señaló como error que el tribunal de instancia denegara el relevo solicitado.

       A pesar de que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones fue enmendado en el 2004, los cambios realizados no alteraron la disposición aquí citada respecto al término para la presentación de una moción de reconsideración.

       Precisamente, en Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236 (1998), la parte afectada por una determinación del tribunal de instancia presentó una moción de reconsideración fuera del término jurisdiccional aplicable y expusimos que nada le impedía al tribunal acoger la reconsideración tardía como una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Véase Art. 2.001 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24b), y Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Gisselle Adams Figueroa, peticionaria.

      Número: CC-2007-28

      Resuelto: 9 de marzo de 2007

      Ana E. Andrade Rivera, de la Sociedad para Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogada de la parte peticionaria.
   SENTENCIA

Se confirma la resolución denegatoria emitida por el Tribunal de Apelaciones por estar igualmente dividido el Tribunal.

Esta sentencia deberá ser notificada por fax, por teléfono y por la vía ordinaria.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton coincidió con la opinión disidente emitida en cuanto a que, en las circunstancias particulares de este caso, procede la supresión de la evidencia obtenida mediante el registro efectuado. En vista de ello, expediría el recurso presentado y ordenaría la paralización de los procedimientos en instancia. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta expediría.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El hogar es la más importante y sagrada posesión que tiene un ser humano. En ese hogar, de ordinario, reside su matrimonio, sus hijos y, en ocasiones, hasta sus progenitores; esto es, su familia más cercana. En el hogar la persona guarda y cuida sus “tesoros” más preciados —tales como fotografías, libros y otros recuerdos de su juventud, de sus estudios y de sus viajes, entre otros— los cuales, en la mayoría de los casos, tienen un gran valor sentimental.

Siempre hemos sido celosos guardianes de la inviolabilidad del hogar; quizás porque hemos tenido la oportunidad —por razón de los cargos que hemos ocupado— de observar una residencia luego de que agentes del orden público han realizado un registro y allanamiento por una orden emitida a esos efectos. Hemos visto, con nuestros propios ojos, la condición caótica en que la residencia queda después de un registro; por ello, quizás, somos quienes estamos en la mejor posición de poder apreciar y valorar, en toda su dimensión, la verdadera y gran importancia que tienen, para nuestros conciudadanos, las disposiciones de la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, págs. 326-327, la cual establece, en lo pertinente, que:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. (Énfasis suplido.)

Este precepto constitucional de la más alta jerarquía consagra, repetimos, uno de los derechos más valiosos del ciudadano, cual es la inviolabilidad de su hogar. Pueblo v. Santiago Avilés, 147 D.P.R. 160 (1998). Éste tiene el propósito fundamental de proteger a la persona y sus pertenencias pero, sobre todo, a la intimidad de su hogar frente al posible abuso de poder por parte del Estado. Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315 (1982).

Precisamente por tratarse de un derecho de tan alta jerarquía, y con el propósito de evitar al máximo ese posible abuso del poder por parte del Estado, es que los forjadores de nuestra Constitución entendieron procedente interponer, en esta situación, la figura imparcial del juez entre los agentes del Estado y la ciudadanía —Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549 (2002)— exigiendo que antes de que se pueda llevar a cabo el registro y allanamiento del hogar de un ciudadano, tiene que haber una determinación, por parte de un magistrado, de que existe causa probable para la expedición de una orden de registro contra ella.

Como es sabido, el término de “causa probable”, utilizado en la antes transcrita Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución, ante, es sinónimo del término “motivos fundados”, utilizado en nuestro ordenamiento jurídico en relación con la emisión de una orden de arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, ante. “El concepto de motivos fundados se ha definido como aquella información y conocimiento que llevan a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido un delito”. (Énfasis suplido y en el original.) Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 504 (1988), opinión disidente. Dicho de otra forma, los criterios rectores para determinar si los hechos justifican la expedición de una orden de allanamiento son la probabilidad y la razonabilidad. Véase Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 D.P.R. 539 (1999).

De otra parte, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece, en lo pertinente:

La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente.
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.

En este caso resulta, cuando menos, desconcertante e incomprensible cómo integrantes de este Tribunal se niegan a revisar la denegatoria de la Sala Superior de Ponce del Tribunal de Primera Instancia —avalada por el Tribunal de Apelaciones— de una moción de supresión de evidencia que ante el foro primario presentara la aquí peticionaria Gisselle Adams Figueroa.

Utilizamos la frase “desconcertante e incomprensible” debido a que la insuficiencia de la declaración jurada que dio base a la expedición de la orden de registro y allanamiento en controversia es de tal magnitud que “salta a la vista y hiere la retina”. In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242 (1982).

De hecho, a nuestro humilde juicio, la única explicación posible para dicha actuación es que tanto el tribunal de instancia como el foro apelativo intermedio e integrantes de este Tribunal han echado a un lado el requisito constitucional de “causa probable” para la expedición de una or-den de allanamiento y operan bajo la acomodaticia y desatinada creencia, o teoría, de que si el registro realizado produce evidencia delictiva, es legal, independientemente de la inexistencia de “causa probable” al ordenarse el allanamiento.

Actuaciones como la antes mencionada —las cuales gozan de alguna popularidad entre ciertos sectores de la ciudadanía, por cuanto dan la impresión de ayudar en la persecución del crimen— son las que, en definitiva, afectan y empañan la imagen y reputación de este Tribunal. Estas actuaciones, ciertamente, causan desconcierto, inestabilidad y confusión a nivel de instancia y en la clase togada del país. Llega un momento cuando nadie sabe a qué atenerse respecto a cuáles deben ser las normas de derecho que rigen en nuestra jurisdicción.

I

Conforme surge de la “orden de allanamiento”, emitida por una jueza municipal de la Región Judicial de Ponce el 8 de agosto de 2002, ante dicha magistrada comparecieron dos personas, a saber, el Sr. Pedro Juan Méndez Guzmán y el policía José R. Pérez Almodovar. El primero de ellos declaró, en síntesis y en lo pertinente, que: era hijo de Pedro Juan Méndez Romero; su padre desapareció el domingo 28 de julio de 2002; la última vez que vio a su padre fue ese mismo día, como a las 8:30 p.m., en el balcón de la casa de Robin hablando con la esposa de éste, sita dicha casa en el barrio La Vega de Villalba, Puerto Rico; al no regresar su padre a la casa y siendo las 10:30 de la noche, salió a buscarlo —pasando, incluso, por el lado de la casa de Robin— pero no lo encontró; entendía que esa noche su padre tenía sobre su persona la suma de $1,700; el cadáver de su padre apareció en un pequeño barranco el 5 de agosto de 2002; dicho barranco estaba a una distancia de ciento cincuenta pies de la casa de Robin.

El agente Pérez Almodóvar declaró lo siguiente: fue notificado el 5 de agosto de 2002 de la aparición del cuerpo de una persona, en avanzado estado de descomposición, que fue identificado como Pedro Juan Méndez Romero en el barrio La Vega de Villalba, Puerto Rico; el cuerpo del occiso estaba en un barranco, cerca de una casa perteneciente a Robin Rivera Torres, quien vivía con Gisselle Adams Figueroa; el cuerpo tenía signos de violencia; no se encontró dinero ni propiedad alguna del occiso; solicitaba que se ex-pidiera una orden de registro y allanamiento contra la casa antes mencionada “para poder ocupar [en dicha residencia,] dinero, cartera, documentos personales propiedad del occiso, don Pedro Juan Méndez Romero, para el esclarecimiento de este asesinato ...”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 2.

II

Procede, en este momento, que recordemos que conforme este Tribunal ha resuelto —véase Pueblo v. Camilo Meléndez, ante— los criterios rectores para determinar si los hechos justifican la expedición de una orden de allanamiento son la probabilidad y la razonabilidad.

Con ello en mente, procede que nos preguntemos: ¿qué prueba sostiene la probabilidad razonable de que el occiso Méndez Romero hubiera sido asesinado en la residencia en controversia y luego su cuerpo fuera llevado al barranco donde fue encontrado? Ninguna. ¿Qué prueba sostiene la probabilidad razonable de que los efectos personales del occiso Méndez Romero se encontraran en la casa allanada, ocho días después de que éste desapareciera? Ninguna. ¿Qué prueba sostiene la probabilidad razonable de que el occiso fuera asesinado en el mismo barranco donde su cuerpo fue encontrado? Ninguna. ¿Qué prueba sostiene la probabilidad razonable de que el occiso fuera asesinado en algún otro lugar del pueblo de Villalba y luego su cuerpo fuera traído de vuelta, esa misma noche, al Barrio La Vega y abandonado en el barranco? Ninguna. ¿Qué prueba sostiene la probabilidad razonable de que el occiso fuera asesinado esa noche en algún lugar del pueblo de Villalba y su cuerpo fuera traído, pasado algún tiempo, al barrio La Vega y dejado en el barranco para que fuera descubierto? Ninguna.

Todos esos posibles escenarios son, precisamente, mera e igualmente posibles. Ninguno de ellos prevalece sobre el otro. El mero hecho de que el hijo del occiso observara a su padre hablando, en horas de la noche, con la acusada en el balcón de la casa donde ella residía con su esposo, ¿hace más probable, o razonable, la teoría de que Méndez Romero fue asesinado en dicha casa? La contestación en la negativa es mandatoria. Este hecho no constituye los “motivos fundados”, requeridos por nuestro ordenamiento jurídico para la expedición de una orden de allanamiento.

¿No es igualmente posible que Méndez Romero, luego de conversar con la peticionaria, siguiera su camino y encontrara la muerte, a manos de personas desconocidas, en otro lugar cercano? Al contestar esta última pregunta, no debemos olvidar que, desafortunadamente, en el Puerto Rico en que hoy vivimos hay cientos de ciudadanos que encuentran la muerte entrando o saliendo de sus casas o meramente caminando por nuestras carreteras o caminos vecinales.

Imaginemos que el hijo de Pedro Juan Méndez Romero hubiese visto a su padre, esa noche, no sólo hablando con la acusada en el balcón de la residencia de ésta, sino que conversando también con otros tres vecinos de la comunidad en sus respectivos balcones, ¿habríamos expedido una orden de allanamiento por cada residencia visitada por Méndez Romero? La contestación, obviamente, es en la negativa. ¿Por qué? Llana y sencillamente porque ese hecho no constituye “motivos fundados” o “causa probable” para expedir una orden de allanamiento en nuestra jurisdicción.

Podríamos continuar argumentando ad infinitum. No lo creemos necesario. Resulta inescapable la conclusión de que la prueba que tuvo ante sí la magistrado que emitió la orden de allanamiento es insuficiente en derecho, esto es, la orden de allanamiento nunca debió ser expedida.

En resumen, en nuestra jurisdicción no puede ordenarse el registro y allanamiento de una casa a base del mero hecho de que una persona fue encontrada muerta cerca de esa casa y que fue vista, ocho días antes, hablando con un residente en el balcón de la casa.

Los que le dan la espalda e ignoran los mandatos de nuestra Constitución deberían recordar las siguientes palabras del filósofo alemán Martin Niemoller:

En Alemania, los nazis primero persiguieron a los comunistas, pero yo, como no era comunista, no protesté. Más tarde vinieron tras los judíos pero como yo no era judío, no protesté. Luego, comenzaron a perseguir a los miembros de las uniones obreras, mas como yo no estaba unionado, no protesté. Más adelante la persecución se tornó contra los católicos, pero siendo yo protestante, no tuve por qué protestar. Luego, vinieron por mí. Para entonces ya no había nadie que protestara por ninguno otro. Asegurémosno de que tal cosa no vuelva a suceder. (Enfasis suplido.)

Yo, hoy, protesto y disiento.

       Igual exigencia se establece en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual aplica a Puerto Rico. Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465 (1979).

       Robin A. Rivera, dueño de la casa mencionada, era para esa fecha el esposo o compañero de la acusada peticionaria Gisselle Adams Figueroa.


text:
    Sunny Rosario Sánchez, Juan Carlos Ortega Cruz y Elmer Rivera Carrión, peticionarios, v. Nélida Jiménez Velázquez y otros, recurridos.

      Número: CC-2005-1009

      Resuelto: 9 de marzo de 2007

      Jesús R. Morales Cordero, representante de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales, representantes de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Los peticionarios, la Sra. Sunny Rosario, el Sr. Juan Ortega y el Sr. Elmer Rivera trabajaban para la Oficina de Servicios Legislativos (Oficina u OSL) en posiciones de confianza. En enero de 1993 fueron destituidos. La señora Rosario trabajaba como Bibliotecaria I en esa dependencia desde 1988. Al momento de su despido había laborado en la Oficina por espacio de veinte años. El señor Ortega se desempeñaba también como Bibliotecario I y había comenzado a trabajar en la OSL en 1986. Por su parte, el codemandante, señor Rivera había comenzado a laborar en la Oficina en 1975 como Auxiliar de Contabilidad, llegando a alcanzar el puesto de Contador IV, el cual ocupaba al momento de su despido.

Como resultado de las elecciones generales de noviembre de 1992, el Partido Nuevo Progresista asumió las riendas del gobierno tanto de la Rama Ejecutiva como en la Asamblea Legislativa. La representante Zaida Hernández Torres fue electa Presidenta de la Cámara de Representantes y el senador Roberto Rexach Benitez, Presidente del Senado de Puerto Rico. En enero de 1993, los presidentes de ambos cuerpos nombraron a la Leda. Nélida Jiménez Velázquez directora de la OSL.

El 29 de enero de 1993, la licenciada Jiménez destituyó a los peticionarios de sus puestos en la OSL. Poco después, el 23 de marzo de 1993, éstos instaron una demanda por violación a los derechos civiles, ante el Tribunal de Primera Instancia contra los presidentes de ambos cuerpos legislativos, la licenciada Jiménez, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.

En la demanda se alegó que los demandantes habían sido despedidos de sus puestos por motivo de su afiliación política en violación a sus derechos constitucionales. Se indicó, además, que los reclamantes no eran afiliados al Partido Nuevo Progresista, que la afiliación política no era un requisito indispensable para el desempaño de sus funciones y que tenían una expectativa razonable de continuidad en el empleo. Finalmente, solicitaron que se expidiese un injuction en el que se ordenase a los demandados a reinstalarlos a sus respectivos puestos y solicitaron, además, la correspondiente compensación en daños y perjuicios.

Luego de varios trámites procesales, que son innecesarios relatar aquí, el 3 de abril de 1998 el foro primario dictó una sentencia sumaria parcial en la que desestimó la demanda contra el licenciado Rexach Benitez y la licenciada Hernández Torres en sus capacidades personales, así como la demanda contra los cuerpos legislativos. El caso prosiguió contra los nuevos presidentes, el Ledo. Charlie Rodríguez, como Presidente del Senado, y contra el Sr. Edison Misla Aldarondo, como Presidente de la Cámara de Representante.

En mayo de 2004, luego de una serie de negociaciones, los demandantes suscribieron un acuerdo transaccional con la entonces directora de OSL y el entonces Presidente de la Cámara de Representantes. El litigio continuó únicamente en cuanto al reclamo en daños y perjuicios contra la recurrida.

Celebrado el juicio, el tribunal dictó sentencia para declarar “con lugar” la demanda. Concluyó que los demandantes eran empleados de confianza, por lo que no tenían un interés propietario sobre su puesto. La sentencia concluyó que la autoridad nominadora actuó políticamente al despedirlos de sus puestos en violación a sus derechos a la libre asociación y a la protección de sus ideas políticas. El tribunal a quo señaló que, aun cuando los demandantes no probaron cuál era la afiliación política de los empleados que le sustituyeron, sí había quedado demostrado que la motivación para el despido había sido precisamente la afiliación política de éstos.

Apelado el caso ante el foro apelativo intermedio éste revocó el dictamen apelado. En la sentencia revocatoria se indicó que para establecer un caso prima facie de discrimen era indispensable probar tres requisitos, a saber: (1) que no existía motivo racional para el despido; (2) que el demandante estaba identificado claramente con un partido político distinto al de la autoridad nominadora, y (3) que fue sustituido en el empleo por una persona afiliada a un partido político distinto al suyo. Dicho foro concluyó que los demandantes no habían presentado prueba del tercer requisito antes mencionado, por lo que no quedó establecido el caso prima facie de discrimen. Procedió así a revocar el dictamen recurrido y desestimar la reclamación.

Insatisfechos con la determinación del Tribunal de Apelaciones, los demandantes acudieron ante este Tribunal el 24 de octubre de 2005. Señalaron como único error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia dictada por el TPI basándose en que la prueba de la afiliación política de los reemplazos de un empelado [sic] despedido por su afiliación política que reclama ante el Tribunal por la violación de sus derechos constitucionales a la libre expresión y asociación es requisito indispensable de la acción en daños y perjuicios al amparo de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico y contraparte federal. Petición de certiorari, pág. 11.

Expedimos el auto solicitado. Las partes han comparecido. Evaluados los escritos presentados y el expediente del caso, se dicta sentencia para revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se reinstaura la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la que se le unieron el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Rivera Pérez disintieron sin opinión escrita.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se le unen el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

En esta ocasión debemos determinar si para prevalecer en una demanda instada a tenor con la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, donde la parte demandante reclama que fue cesanteada de su empleo por motivo de su afiliación política, ésta tiene que probar como elemento de su causa de acción, la afiliación política de quien la reemplazó en su puesto.

I

Los peticionarios, la Sra. Sunny Rosario, el Sr. Juan Ortega y el Sr. Elmer Rivera, trabajaban para la Oficina de Servicios Legislativos (Oficina u OSL), en posiciones de confianza. En enero de 1993 fueron destituidos. La señora Rosario trabajaba como Bibliotecaria I en esa dependencia desde 1988. Al momento de su despido, había laborado en la Oficina por espacio de veinte años. El señor Ortega se desempeñaba también como Bibliotecario I y había comenzado a trabajar en la OSL en 1986. Por su parte, el codemandante señor Rivera había comenzado a laborar en la Oficina en 1975 como Auxiliar de Contabilidad, llegando a alcanzar el puesto de Contador IV, el cual ocupaba al momento de su despido.

Como resultado de las elecciones generales de noviembre de 1992, el Partido Nuevo Progresista asumió las riendas del Gobierno, tanto de la Rama Ejecutiva como de la Asamblea Legislativa. En vista de ello, la representante Zaida Hernández Torres fue electa Presidenta de la Cámara de Representantes y el senador Roberto Rexach Benitez, Presidente del Senado de Puerto Rico. En enero de 1993, los presidentes de ambos cuerpos nombraron a la Leda. Nélida Jiménez Velázquez, directora de la Oficina de Servicios Legislativos.

El 29 de enero de 1993, la Directora de la OSL.destituyó a los peticionarios de sus puestos en la OSL. Poco después, el 23 de marzo de 1993, éstos instaron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra los presidentes de ambos cuerpos legislativos, la licenciada Jiménez, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Los presidentes fueron demandados tanto en su capacidad oficial como personal, mientras que la licenciada Jiménez sólo fue demandada en su capacidad personal.

La demanda en cuestión se instó a tenor con las disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico y la Ley de Derechos Civiles de 1871 (42 U.S.C.A. see. 1983). En éste se alegó que los demandantes habían sido despedidos de sus puestos por motivo de su afiliación política, en violación a sus derechos constitucionales. Se indicó, además, que los reclamantes no eran afiliados al Partido Nuevo Progresista, que la afiliación política no era un requisito indispensable para el cabal desempeño de sus funciones y que tenían una expectativa razonable de continuidad en el empleo. Finalmente, solicitaron que se expidiese un injuction en que se le ordenase a los demandados a reinstalarlos a sus respectivos puestos y solicitaron, además, la correspondiente compensación por daños y perjuicios.

Luego de varios trámites procesales, los demandados solicitaron la desestimación de la demanda instada. Entre otras razones, reclamaron la defensa de inmunidad parlamentaria, así como la de inmunidad condicionada. La Directora de OSL, por su parte, planteó que los despidos obedecieron al pobre desempeño de los empleados ya que, alegadamente, al asumir su cargo encontró la biblioteca de la Asamblea Legislativa en total desorden. Adujo que estas circunstancias, unidas al hecho de que las plazas que ocupaban los demandantes eran plazas de confianza, constituyeron razones legítimas para la separación de éstos de sus respectivos puestos.

El 3 de abril de 1998, el foro primario dictó una sentencia sumaria parcial en la que desestimó la demanda contra el licenciado Rexach Benitez y la licenciada Hernández Torres en sus capacidades personales, así como la demanda contra los cuerpos legislativos. El caso prosiguió contra los nuevos presidentes de ambos cuerpos legislativos.

En la sentencia dictada, el foro primario resolvió que los demandantes no tenían un interés propietario en sus puestos. De otra parte, declaró “sin lugar” la petición de injuction dirigida contra la licenciada Jiménez y se negó a desestimar la demanda en su contra. Inconformes con esta determinación, los demandantes acudieron ante el foro apelativo intermedio. Este confirmó el dictamen recurrido y el caso fue devuelto al tribunal de instancia para que continuaran los procedimientos.

En mayo de 2004, luego de una serie de negociaciones, los demandantes suscribieron un acuerdo transaccional con la entonces directora de OSL y el entonces Presidente de la Cámara de Representantes. El litigio continuó únicamente en cuanto al reclamo en daños y perjuicios contra la recurrida.

Luego de un extenso trámite que no es necesario pormenorizar, el foro primario vio la causa en su fondo. En el juicio desfiló abundante prueba documental como testifical por ambas partes. Concluido éste, el tribunal dictó sentencia, declarando “con lugar” la demanda. Concluyó que los demandantes eran empleados de confianza y que, como tal, no tenían un interés propietario sobre su puesto. Dispuso que la autoridad nominadora “actuó políticamente al despedirlos de sus puestos en violación a sus derechos a la libre asociación y a la protección de sus ideas políticas”. Apéndice, pág. 62.

El tribunal a quo señaló que, aun cuando los demandantes no probaron cuál era la afiliación política de los empleados que le sustituyeron, sí había quedado demostrado que la motivación para el despido había sido precisamente la afiliación política de éstos. Sobre este particular se indicó en la sentencia dictada lo siguiente:

El hecho de que no se probara la afiliación política de quienes sustituyeron a los demandados, no puede, bajo las circunstancias presentes, frustrar la presentación de una causa de acción válida como la que nos ocupa, cuando en el fondo los elementos esenciales de prueba discutidos, y no refutados, apuntan a que la motivación para los despidos de los demandantes no fue otra que la ideología política de éstos. No podemos adoptar un enfoque dogmático infranqueable en el examen literalista de los requisitos de este tipo de reclamo, si ello sirve de impedimento para advertir un escenario de discrimen en los casos en que esto es indudable. De actuar de modo contrario, abdicaríamos nuestra ineludible responsabilidad de hacer cumplida justicia, individualizando la norma en función a los hechos específicos de cada caso. Apéndice, pág. 60.

Inconforme, la demandada apeló el dictamen desfavorable al Tribunal de Apelaciones. Alegó en su recurso que los empleados despedidos no habían presentado prueba sobre la afiliación política de los sustitutos, por lo cual no se activó la presunción de discrimen y que, como resultado de lo anterior, procedía desestimar la demanda instada.

El 24 de agosto de 2005, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia revocando el fallo apelado. Concluyó dicho foro que para establecer un caso prima facie de discrimen era indispensable probar tres requisitos, a saber, que: (1) no existía motivo racional para el despido; (2) el demandante estaba identificado claramente con un partido político distinto al de la autoridad nominadora, y (3) fue sustituido en el empleo por una persona afiliada a un partido político distinto al suyo. El foro apelativo intermedio concluyó que los demandantes no habían presentado prueba del tercer factor antes mencionado, por lo que no quedó establecido el caso prima facie de discrimen. Procedió así a revocar el dictamen recurrido y desestimar la reclamación.

Insatisfechos con la determinación del Tribunal de Apelaciones, los demandantes acudieron ante este Tribunal el 24 de octubre de 2005. Señalaron como único error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia dictada por el TPI basándose en que la prueba de la afiliación política de los reemplazos de un empelado [sic] despedido por su afiliación política que reclama ante el Tribunal por la violación de sus derechos constitucionales a la libre expresión y asociación es requisito indispensable de la acción en daños y perjuicios al amparo de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico y su contraparte federal. Petición de certiorari, pág. 11.

Expedimos el auto solicitado. La parte peticionaria presentó su correspondiente alegato y el Procurador General hizo lo propio respecto la parte recurrida.

II

El caso de marras permite expresarnos sobre los requisitos de una causa de acción por discrimen político y cómo éstos se interrelacionan con el establecimiento de un caso prima facie de discrimen.

A. El despido de empleados públicos por motivo de su afiliación política, lamentablemente, es un problema recurrente en la administración pública puertorriqueña. Al concluir un cuatrienio y escenificarse un cambio de administración gubernamental, se multiplican los litigios de esta naturaleza en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Tal práctica afecta perniciosamente la buena marcha de la cosa pública, así como transgrede el Art. II, Sec. 1, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, que proscribe específicamente el discrimen por motivo de ideas políticas.

Consistentemente hemos expresado nuestro rechazo a actuaciones de esta naturaleza, reconociendo que el empleado público en Puerto Rico goza de protección contra el discrimen en su empleo. Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66 (2006); López v. Miranda, 166 D.P.R. 546 (2005); Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 149 D.P.R. 655 (1999); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989). Esta protección se extiende a empleados de confianza a pesar de que éstos no poseen un expectativa de permanencia en sus puestos por estar sujetos a la libre selección y remoción por la autoridad nominadora. Alberty; McCrillis; Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982). En casos de empleados de confianza, el poder nominador está impedido de despedirles por consideraciones político-partidistas, salvo que se demuestre que el criterio de afiliación política es un requisito necesario para el adecuado desempeño del cargo que ocupa el empleado de confianza. Matías v. Mun. de Lares, 150 D.P.R. 546, 551-552 (2000).

En casos de empleados de confianza, la reclamación de discrimen no se configura como una violación al debido proceso de ley, habida cuenta de que el empleado de confianza no tiene un interés propietario en el puesto que ocupa, por lo que el empleado no tiene derecho a su reinstalación en el empleo. Más bien, se reclama por violación al Art. II, Sec. 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado, ante, que prohíbe el discrimen por ideología política o por violación al derecho de libre expresión y asociación del empleado según la Constitución del Estado Libre Asociado, o según la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En ese caso el único remedio disponible para resarcir el daño es la correspondiente compensación monetaria.

B. La reclamación de discrimen político en el empleo público es una acción civil ordinaria. Como tal, el demandante tiene el peso de la prueba de demostrar que ha sido objeto de discrimen como resultado de su afiliación política y que ello le ha causado un daño. Es decir, el demandante tiene que demostrar que perdió su empleo o estuvo sujeto a una acción de personal peijudicial debido a que pertenece a un partido distinto al de la autoridad nominadora, quien toma la acción de personal impugnada en virtud del ánimo discriminatorio que profesa. Véanse: McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante, pág. 140; Reglas 10(A) y (B) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. El demandante deberá demostrar, mediante preponderancia de la prueba, que fue discriminado. Para hacer tal demostración, éste podrá valerse de evidencia directa, circunstancial y de aquellas presunciones que le favorezcan. McCrillis; Reglas 10(H) y 13 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

Respecto a las presunciones, debemos recordar que son un mecanismo que permite relevar a la parte beneficiada por la presunción de la obligación de presentar prueba para sostener un hecho. Vincenti v. Saldaña, 157 D.P.R. 37, 52 (2002). Esencialmente, son “reglas de inferencia dirigidas al juzgador de hechos”; no son evidencia. Véase E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Pubs. JTS., 1998, Vol. 2, pág. 1087. Véase, en igual sentido, 1 Jones on Evidence Civil and Criminal 7th See. 4:2, pág. 301 (1992) (“A presumption is neither evidence nor a substitute for evidence”).

Tal y como nos indica el profesor Chiesa, son reglas que nos sirven “para hacer inferencias a partir de la evidencia presentada y admitida”. Chiesa, op. cit, págs. 1087-1088. Es decir, la existencia de una presunción permite que, si se establecen ciertos hechos básicos mediante la presentación de evidencia, el juzgador pueda concluir que existe el hecho presumido, salvo que la otra parte ofrezca prueba conducente a demostrar la no existencia de los hechos básicos y, en consecuencia, la del hecho presumido. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante, pág. 141. Véase: Chiesa, op. cit, págs. 1090-1091; Fishman, op. cit, See. 4:2, págs. 301-302. La presunción controvertible traslada el peso de controvertirla a la parte perjudicada por la presunción.

En casos de discrimen político, hemos reconocido que se puede establecer una presunción o inferencia de discrimen cuando el empleado demuestra lo siguiente: “que no hay un motivo racional para su despido, que está identificado claramente con un partido político y que ha sido sustituido por una persona que pertenece a un partido distinto al suyo, el cual es el mismo de la autoridad nominadora.” Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486, 502 (1990). Véase López v. Miranda, ante. Establecida la presunción, “se transfiere al Estado el peso de la prueba para que refute la evidencia de discrimen presentada o pruebe afirmativamente que la afiliación política es un ‘requisito apropiado’ para el desempeño efectivo del cargo en cuestión”. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, ante, págs. 502—503. Véanse, además: López v. Miranda, ante; McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante; Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972).

Adviértase que el efecto de establecer los elementos del caso prima facie de discrimen es invertir el peso de la prueba y relevar al demandante —en ese momento— de presentar prueba adicional respecto al hecho presumido. Corresponde, entonces, al demandado demostrar, mediante, preponderancia de la prueba, que no hubo ánimo discriminatorio alguno, ya que: (1) la afiliación política del demandante es un requisito indispensable para el desempeño cabal del cargo, o (2) que existe una razón no discriminatoria para el despido. Si el demandado no aporta evidencia o la aportada no convence al juzgador, éste entonces, por operación de la presunción, debe concluir que el hecho presumido ocurrió, es decir, que hubo discrimen.

Ello no quiere decir, sin embargo, que los requisitos del caso prima facie sean elementos de la causa de acción por discrimen y que, en ausencia de alguno de ellos, no se pueda probar, mediante evidencia directa o circunstancial, que la parte fue objeto de discrimen debido a su afiliación política. Los elementos necesarios para el caso prima facie no son factores probatorios de la causa de acción de discrimen, sino más bien facilitan cumplir con el peso de la prueba al quedar establecido el hecho presumido —el discrimen— mediante su inferencia. Las presunciones son formas de tratar la evidencia.

Reiteramos, derrotada la presunción de discrimen, el demandante tendrá que aportar durante el juicio alguna otra prueba que, creída por el juzgador, le permita concluir a éste que, en efecto, la afiliación política del demandante fue el motivo de la acción de personal objetada. A modo de ejemplo, una de estas formas puede ser que el demandante demuestre que la razón articulada para el despido no fue nada más que un pretexto. Véase Camacho v. AAFET, ante.

En Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, ante, pág. 502 esc. 6, así lo intimamos cuando, luego de describir qué se exigía para establecer un caso prima facie de discrimen, señalamos lo siguiente: “ello no impide que el empleado cesanteado presente prueba directa de discrimen político distinta a la señalada ” (Enfasis nuestro.) En estos casos lo que ocurre es que al no activarse la presunción, el peso de la prueba nunca se le transfiere al demandado. Al demandante, sin embargo, le asiste el derecho de probar que fue objeto de discrimen, lo que puede hacer mediante prueba directa o circunstancial, ahora bien, sin el beneficio de la presunción. Después de todo, le corresponde a éste, quien es la parte actora, el peso de la prueba para prevalecer en su reclamo. Regla 10(A) de Evidencia, supra.

Con el trasfondo doctrinal hasta aquí expuesto, pasamos a atender la controversia traída ante nuestra consideración.

III

A. Conforme indicamos al inicio de nuestra ponencia, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que procedía revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia porque no había desfilado prueba de la afiliación política de las personas que sustituyeron a los demandantes en sus puestos. Indicó que, en virtud de ello, no se probó un caso prima facie de discrimen, por lo que la parte demandada no estaba obligada a presentar prueba. Concluyó, entonces, que no se configuró la causa de acción por discrimen.

El Procurador General, en representación de la parte demandada recurrida, sostiene igual criterio. Nos arguye que nuestra trayectoria ha sido, desde Báez Cancel v. Alcalde de Guaynabo, ante, hasta Camacho v. AAFET, ante, aplicar la presunción de discrimen con dos propósitos esenciales: “en primer lugar, para transferir el onus probandi del empleado demandante al demandado, para facilitar el peso probatorio de los empleados; y, en segundo lugar, aplicar los mismos hechos básicos de la presunción como los elementos de la reclamación por discrimen político, igualmente, en aras de simplificar la carga probatoria del empleado.” Alegato de la parte recurrida, Petición de certiorari, pág. 19. Le asiste la razón al Procurador General en cuanto a su primera aseveración, pero no así respecto a lo segundo que señala.

Ni en Báez Cancel v. Alcalde de Guaynabo, ante, ni en McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante, ni en Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, ante, ni en López v. Miranda, ante, ni en Camacho v. AAFET, ante, hemos sostenido que los requisitos para establecer el caso prima facie de discrimen constituyen los elementos de la causa de acción por discrimen. La interpretación propuesta desvirtúa la naturaleza misma de la presunción. Como indicamos previamente, las presunciones no son ni evidencia ni su sustituto; constituyen sólo maneras de tratarla. Son reglas de inferencia dirigidas al juzgador para que, establecido los hechos básicos, pueda dar por probado el hecho presumido. “[M]ientras no se destruya el hecho presumido, éste prevalece en contra de la parte promovida con todas sus consecuencias”, y el foro sentenciador está obligado a darlo por probado. (Énfasis suprimido.) Vincenti v. Saldaña, ante, pág. 52. Pero aun si se destruye la presunción, a la parte favorecida le asiste el derecho a probar el hecho presumido. Id.

La parte actora, es decir, la demandante, puede probar su reclamo mediante prueba directa o circunstancial, al margen de cualquier presunción. Esto es precisamente lo que ocurrió en este caso. Conforme se desprende de las determinaciones de hechos del tribunal sentenciador, las estipulaciones de las partes y la prueba documental aportada, no hay duda que los demandantes probaron que, en efecto, habían sido objeto de discrimen por parte de la demandada por motivo de la afiliación política de éstos.

Veamos someramente algunas de las determinaciones y conclusiones del foro primario, las cuales están fundamentadas en la abundante prueba documental y testifical que desfiló en el caso.

B. Comenzamos señalando que los demandantes fueron cesanteados el 29 de enero de 1993 por la demandada, entonces Directora de la OSL. A ella le había sido encomendada la administración de dicha Oficina el 15 de enero de 1993, es decir, apenas dos semanas antes de los despidos. El Tribunal de Primera Instancia estimó probado que dos de los demandantes estaban afiliados al Partido Popular Democrático y uno favorecía la independencia, afiliación que era de conocimiento público en la Oficina. Apéndice, pág. 42. La demandada, por su parte, estaba afiliada al Partido Nuevo Progresista.

El foro sentenciador indicó que la parte “demandada plante [ó] como justificación para separar a los empleados de la Biblioteca Legislativa, además de éstos ocupar puestos sujetos a libre remoción, el que la antedicha dependencia la encontrara en un total desorden y caos. De ahí que estimara necesario contratar personal idóneo”. Apéndice, pág. 43. Respecto el demandante Rivera Calderón, la única justificación para su despido fue que la recurrida no “estaba satisfecha con la labor de Rivera Calderón” y que éste era un empleado de confianza. íd., pág. 54. El tribunal concluyó en su sentencia que la “demandada no adujo ni estableció elemento o incidente concreto alguno predicado en la labor de este demandante, para sostener tal proceder insatisfactorio”. íd., pág. 55.

No empece la justificación esgrimida, el tribunal concluyó que la recurrida “no les solicitó que realizaran informes sobre el estado de la Biblioteca ni utilizó los que pudieran estar disponibles para alcanzar tal determinación. Tampoco requirió ni efectuó una evaluación del desempeño de dichos demandantes. No los entrevistó individualmente ni examinó sus expedientes de personal”. Apéndice, pág. 43. Además, previo al despido, no se rindió ningún informe sobre las condiciones de la Biblioteca Legislativa o del desempeño del personal adscrito a ésta.

Por otro lado, durante el juicio testificó el asesor en asuntos económicos de la OSL, afiliado al Partido Nuevo Progresista, quien indicó que le informó a la demandada sobre la competencia y capacidad de los demandantes en la ejecución de sus funciones. Este testimonio está respaldado por los expedientes de personal de los demandantes. Apéndice, págs. 43-45. Éste también testificó que en conversaciones con la demandada ésta le solicitó que “acreditara la afiliación política de los empelados de la Oficina, como parte del proceso de balance político-partidista que para ésta era necesario preservar, al tiempo que mostró su preocupación en torno a la lealtad de éstos a la Oficia y su criterio sobre el personal que no era de la confianza de la nueva administración por no pertenecer al partido que para entonces había ganado las elecciones”. (Énfasis nuestro.) Apéndice, pág. 59. El tribunal sentenciador indicó expresamente que este testimonio le mereció entera credibilidad.

El tribunal concluyó categóricamente que, a base de lo anteriormente señalado, al igual que otros hechos probados que abonan a la conclusión del tribunal de instancia y que estimamos innecesario relatar,

... no cabe argüir que la demandada estaba ajena a la ideología política específica de los demandantes, no sólo porque lo obtuvo a través de la conversación sostenida con el señor Castro, sino porque conforme quedó ampliamente sostenido por la prueba, la afiliación política de los empleados de la Oficina era de conocimiento público en dicha dependencia. Finalmente casi la totalidad de los empleados despedidos respondían a corrientes políticas distintas a las de la autoridad nominadora, particularmente a aquella propia del PPD .... Todos los anteriores elementos conducen a sostener el criterio de que lo que realmente pesó en la medida adoptada por la deman dad\os\, fue la afiliación política de los demandados. (Énfasis nuestro.) Apéndice, pág. 59.

De lo anterior se desprende que el foro primario vio, escuchó y adjudicó la credibilidad de los testigos que desfilaron ante sí, sin que se desprenda de lo reseñado el prejuicio, pasión o parcialidad que justificaría intervenir con la apreciación del juzgador. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 esc. 85 (2006), y casos allí citados.

Procede que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se reinstale la emitida por el Tribunal de Primera Instancia, tal y como se ordena en la sentencia dictada hoy.

       La Biblioteca Legislativa está adscrita a la Oficina de Asuntos Legislativos.