author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ursula Hernández como madre natural del menor Ramón Hernández, demandante y apelada, v. Serodacio Alvarado, demandado y apelante.
    No. 4596.

    Sometido: Junio 28, 1929.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      Celestino Iriarte, abogado del apelante; L. H. Tirado, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apela de una sentencia en una acción de daños y perjuicios provenientes de un accidente de automóvil, y alega que la corte de distrito erró:

“Primero, al aplicar la doctrina de res ipsa loqvMwr, y,
' “Segundo, al no declarar que la prueba fué suficiente para des-truir la presunción de negligencia y para establecer la negligencia contribuyente. ’ ’

El día del accidente, el demandado, dueño de una guagua, la conducía lentamente en dirección este por la Calle Rafael Cordero basta su intersección con la Norzagaray. El vehí-culo estaba cubierto de eartelones anunciando una película cinematográfica. También conducía una banda de música y un individuo que distribuía programas. Iba acompañado del acostumbrado contingente de rapaces y curiosos, y atraía una multitud doquier se detenía. Hizo alto en la esquina de las Calles Rafael Cordero y Norzagaray y luego trató de doblar en dirección norte por la última.

Tanto la Calle Norzagaray como la Rafael Cordero son estrechas. No fueron construidas para el tráfico de a.utomó-viles. La Calle Rafael Cordero es sólo poco más del doble del ancho de un automóvil. En el momento del accidente la esquina de la acera norte estaba ocupada por el andamio de un edificio en vías de construcción. Al lado sur la acera tiene poco menos de un metro de ancho. Al lado oeste de la Calle Norzagaray la acera es alg’o más ancha.

Las dos esquinas no son rectangulares. La esquina sur forma un ángulo obtuso. Al norte, el ángulo es agudo. Es-mucho más fácil doblar por la calle Rafael Cordero a la Norzagaray hacia el sur que hacia el norte. A fin de-doblar hacia el norte, el conductor del vehículo se vió precisado a caminar primero hacia adelante y después hacia atrás, y a repetir esta maniobra un número de veces. Cada vez que daba marcha hacia atrás, la parte trasera del vehículo se montaba en la acera sur de la Calle Rafael Cordero. La tercera o cuarta vez, Ramón Hernández, un niño de ocho años que estaba en la acera, fué aplastado contra la pared por una esquina del ómnibus y muerto.

Existe algún conflicto en la prueba respecto a si el niño estaba parado en la acera, o si caminaba por ella, o si tra-taba de cruzar por detrás del vehículo entre éste y la pared. Nada hay que demuestre que él saliera repentinamente de un sitio de seguridad hacia uno de peligro, o que de algún otro modo actuara en una forma que razonablemente no hubiera podido-preverse. Lo que hizo, lo fué en la inmediata presen-cia de un empleado que dirigía el movimiento del ómnibus y de quien dependía el conductor para ello. Xa inferencia es que la prudencia ordinaria de parte del empleado hubiese evitado el accidente.

Este empleado dió un aviso general y la multitud se dis-persó al comenzar la maniobra. Su propia declaración es al efecto de que la acera estaba despejada cuando ordenó que se diera contramarcha poco antes de ocurrir el accidente. .Dice que no vió a la víctima en la acera hasta después que el conductor, al informarse del accidente por los gritos del gentío, dió marcha hacia adelante, y al quedar el muchacho libre de la presión del vehículo, sn cuerpo cayó sobre el pavimento.

El empleado estaba parado en un estribo que había en la parte posterior del vehículo. El niño fue muerto dentro de una distancia de una vara, del estribo.

La declaración del empleado de que la acera estaba des-pejada cuando ordenó que se diera contramarcha, implica, bien que podía ver en ambas direcciones sin obstrucción, o que la acera estaba despejada sólo en parte. No hay con-tención alguna de que la vista del empleado estuviese obs-truida. Su aseveración de que la acera estaba despejada es la única prueba que tiende a demostrar que él estaba a la expectativa tanto antes como después de ordenar que se mar-chara hacia atrás. Si su vista estaba franca en ambas direc-ciones y no miró hacia ambos lados antes y después de dar la orden, fué culpable de negligencia. Si había algo que le impidiera ver en ambas direcciones, estaba en el deber de abandonar el estribo y colocarse en un sitio donde pudiera ver en tal forma. En la hipótesis de que su vista no estu-viera obstruida y de que estuviese mirando en ambas direc-ciones después de ordenar que se diera contramarcha, él habría visto al niño en la acera. Si, como dice, no vió al niño hasta después del accidente sin estar obstruida su vista, ello se debió a que dejó de ejercer el debido cuidado perma-neciendo a la expectativa.

El juez de distrito no cometió error al aplicar la regla relativa a la. negligencia contribuyente cuando se trata de menores, enunciada en el caso de Rivera v. Sucesores de L. Villamil, 29 D.P.R. 275. No es necesario que especulemos respecto a lo que constituiría negligencia contribuyente en caso de que se tratara de un adulto en parecidas circuns-táncias.

El apelante asume, sin tratar de demostrarlo, que los vehículos de motor y los peatones tiene iguales derechos a las aceras. No podemos estar conforme con ese criterio. Por lo menos teóricamente, con sujeción a posibles limitaciones y excepciones, la acera debe considerarse como una zona de seguridad destinada al nso exclusivo de viandantes. Cuando el conductor de un vehículo de motor invade tal zona, debe ejercer un grado de cautela en armonía con las circunstancias y con el tamaño, peso y características generales del vehículo.

Refiriéndose a los deberes de un peatón mientras cruza una parte traficada de una calle, en que los derechos de los viandantes y de los vehículos de motor son iguales, la Corte Suprema del estado de Massachusetts, en el caso de Hennessey v. Taylor, 76 N. E. 224, 225, dijo:

“La regla corriente sobre prudencia ordinaria no impone sobre ellos el deber de estar constantemente alerta's para ver si su sendero está exento de peligro, o de permanecer en un estado de ánimo que les haga temer que otros caminantes pueden infligirles algún daño. El viandante no sólo tiene derecho a presumir que el camino está razonablemente expedito para su uso, sino también que aquella's per-sonas que legalmente lo usan en unión a él ejercerán el debido cuidado. ’ ’

Sin hacer distinción alguna entre los derechos y deberes recíprocos en los cruces de calles y en los extremos de las aceras, la misma corte, en el caso de Murray v. Liebmann, 120 N. E. 79, 80, dijo:

“La acera en que estaba parado el demandante conversando con un amigo al ser derribado y lesionado por la goma de repuesto que llevaba el automóvil del demandado en posición vertical en el es-tribo, formaba parte de la calle, en el uso concurrente de la cual cada parte tenía para con la otra el deber de ejercer el cuidado de rigor. Y el demandante tenía derecho a asumir que lote conducto-res de vehículos que usaran la parte de la vía destinada a ellos, ejer-cerían el debido cuidado para evitar tener contacto con las personas que estuviesen paradas al borde de la acera.”

En. 42 C. J. 935, el texto, después de comentar el deber, que el conductor de un vehículo de motor tiene de mirar hacia atrás, continúa expresándose así:

“Empero, no basta que el conductor mire en una sola dirección'. La ordinaria prudencia y él respeto a la 'seguridad de las persona'* que utilizan la vía pública le exigen que mire en todas direcciones en que pueda esperarse que salga un caminante, no sólo antes de em-pezar a dar contramarcha, sino también mientras camina hacia atrás. . .”
“Dar contramarcha en una esquina sin previo aviso de alarma constituye negligencia, a consecuencia de la cual se es responsable de los daños y perjuicios irrogados a un viandante.”

En una nota que aparece al calce se cita el caso de Askin v. Moulton (Md.), 131 Atl. 82, 84, en apoyo de lo siguiente:

“Poner en contramarcha a un automóvil, sin dar aviso, sobre el espacio que ha sido reservado para el uso de las personas que cruzan la calle, constituye, por sí solo, negligencia.”

No vacilamos en decir que estas reglas son aplicables cu fortiori a retrocesos de un ómnibus por una acera.

En una nota que consta al pie del caso de Klein v. Beeten, 5 A.L.R. 1237, 1240, se dice que:

' “La línea divisoria de la doctrina de res ipsa loquitur corre a lo .largo de un punto que está situado entre aquellos casos en que se demuestra la mera ocurrencia de un accidente y aquellos en que hay además prueba específica — circunstancial o de cualquiera otra clase —de negligencia. A cau'sa de la vaguedad de esta línea, es difícil •en muchas ocasiones decir si el caso es uno en que se tuvo la in-tención de dársele efecto a la doctrina.” ■;

Según observa el autor de una nota que aparece al pie del caso de Memphis Street R. Co. v. Stockton, 22 A.L.R. 1467, 1471:

“. . . Es obvio que la prueba, directa o circunstancial, en adi-ción a aquella que revela la causa física del accidente, puede repeler ■tan concluyentemente cualquier inferencia de negligencia que de otro modo pudiera surgir, que impida la aplicación de la regla, o que, por lo menos, prive al demandante de cualquier beneficio prác-tico derivado de la misma.”

En lo concerniente al efecto directo de la prueba de negli-gencia, véase 45 0. J. 1206, sección 774, y casos allí citados.

En cuanto a la necesidad, efecto y suficiencia de la expli-cación del demandado, véase 45 O. J. 1222, sección 784.

No trataremos en este momento de hacer nna disertación sobre las posibles distinciones existentes entre el significado de la frase res ipsa loquitur en sn llamado sentido estricto y distinctivo y el significado de la misma en sn aspecto más amplio como “nna forma más breve de decir qne las circuns-tancias qne rodean nn accidente son por sí mismas de tal naturaleza que justifican a nn jurado a inferir qne medió negligencia en el accidente.” Sand Springs Park v. Shrader, 22 A.L.R. 593, 597. Véase también 45 C. J. 1194, sección 768; Id., página 1198, sección 770.

En el caso de Maslenka v. Brady, 188 App. Div. 661, 662, se señala el curso general de la manera de pensar sobre el extremo por lo menps en nna jurisdicción.

Ivins v. Jacobs, 245 Fed. 892, confirmado en 250 Fed. 431, es otro caso interesante.

En Brown v. Des Moines Steam Bottling Works, 156 N. W. 829, 1 A.L.R. 835, la Corte Suprema de Iowa reseña la prueba en pro y en contra, y señala las varias conclusiones a que el jurado pudo lraber llegado con vista de la evidencia. Luego, después de exponer algunos de los lieolios no contro-vertidos, la corte dice que de esos hechos, no apareciendo nada más, el jurado pudo haber llegado a la conclusión de que el conductor del vehículo del demandado fué negligente en el manejo del mismo y que el demandado había violado un deber para con el público en general. Por tanto, concluye la corte, prueba de ciertos hechos específicos “equivaldría a prueba de tal negligencia prima facie que por sí sola y aisla-damente daría derecho a una persona que sufriera lesiones a obtener sentencia a su favor por haber mediado negligencia.” Entonces, después de definir los deberes del conductor de un vehículo, la corte dice que cuando tal conductor hace ciertas cosas “viola los deberes que tiene para con aquellos que se hallan en el uso legal de la acera, incurriendo así, prima facie, en negligencia.” “Esto,” continúa diciendo la corte, “envuelve la doctrina de res ipsa loqmtur,” y dice: “Usted violó el deber que tenía para con aquellos que legalmente •estaban en la acera, permitiendo que el vehículo manejado por usted se desviara repentinamente de su curso y se subiera a la acera sin dar aviso a quellos que tenían derecho a estar allí congregados.” A esto sigue la discusión de la explicación ■dada por el demandado respecto a las causas anteriores al accidente, las que el jurado había hallado, y la corte había resuelto, eran poco satisfactorias e insuficientes para destruir «1 caso prima facie establecido por el demandante.

. Es obvio que la corte de Iowa utiliza la máxima latina meramente como una forma concisa y sonora de parafrasear .o imprimir énfasis al pensamiento expresado ya varias veces, •de que los hechos no controvertidos de que se hace mención, •en ausencia de cualquier explicación, equivalen a prueba prima facie de negligencia penable.

Un extracto de la opinión en el caso de Brown v. Des Moines Steam Bottling Works fué usado en forma muy similar por esta corte en el de Rivera v. Currá, 33 D.P.R. 964. La médula de lo que allí se decidió está claramente expuesta en el sumario, así:

“El chauffeur de un truck que al ponerlo en movimiento lo hace de tal suerte que la parte posterior de la plataforma invade la acera y causa la muerte de una persona que caminaba por ésta, es culpable prima facie de negligencia. Era deber del chauffeur y de su auxiliar cerciorarse de que la acera estaba libre.”

En el presente caso, después de expresar los hechos esta-blecidos durante el juicio, el juez de distrito dijo:

“De acuerdo con lo que la corte considera 'probado, éste es un caso de negligencia crasa, y la prueba establece fuertemente la pre-sunción de negligencia prima facie por parte del conductor del ve-hículo. Todos lo's testigos colocan al niño en la acera; todos de-claran que la calle y la acera son estrechas en el sitio de la calle Rafael Cordero, donde ocurrió el accidente, y así también lo reve-lan las fotografías; todos de modo uniforme vieron que la parte posterior del vehículo invadió la acera al ocurrir el accidente, y antes, en las maniobras que lo precedieron. El conductor sabía esto. Era deber, tanto del conductor como del cobrador, extremar la's precau-ciones para evitar un daño. Los niños también tienen derecho a uti-lizar las aceras para transitar por ellas. Es el paso, el camino único, por donde puede andarse, en la creencia de que se está seguro, rela-tivamente, de no sufrir un accidente. Y cuando un vehículo pe-sado, como una guagua va a dar marcha para atrás, tanto el conductor como el cobrador no pueden ni deben hacerlo sin cerciorarse de que¡ la acera está libre, de que no ha de ocasionarse un accidente.
“Nos parece de absoluta aplicación a este caso la cita que hace el Tribunal Supremo en su opinión del caso de Rivera, v. Currá, 33 D.P.R. 964.”

Entonces el juez de distrito copia el extracto del caso de Brown v. Des Moines Steam Bottling Works, tal como apa-rece en Rivera v. Currá. Luego cita de Huddy, 5a. edición, página 346, sección 283, y dice que el texto parece aplicable a los lieclios del caso de autos, en vista de la regia enunciada por este tribunal en Rivera v. Currá, según está expresada en. el sumario de ese caso, supra.

Entonces discute el deber del demandado, y en apoyo del criterio expresado cita del sumario de Flores v. Sucrs. de Pérez Hermanos, 29 D.P.R. 1046, lo que sigue:

‘ ‘ Cuando un agente peligroso como un vehículo de motor retro-cede o va a retroceder, el conductor debe primero dar avi'so y ase-gurarse de que puede hacerlo sin causar daño a las personas o a la propiedad. ’ ’

También cita de la opinión en ese caso lo siguiente:

“Dudamos, además, cuando se trata de niños, si sería suficiente un mero aviso, pero la regla es que ante’s de que una máquina se ponga en movimiento el conductor debe tener bastante motivo para creer que no hay ninguna persona o propiedad en su camino.”

A esto sigue una exposición de los motivos que ha tenido la corte para llegar a la conclusión de que el demandado y su agente o empleado fueron culpables de negligencia, y que tal negligencia fué la causa del accidente.

De suerte que aparece que el juezr de distrito no fué inducido a error en forma alguna por el caso de Rivera v. Currá, sino que resolvió que la doctrina de res ipsa loquitur era palicable sólo en el sentido en que se usó esa frase en el caso de Curra.

En Scott v. London & St. Katherine Docks Co., 3 H. & C. 596, 601, 159 Reprint 665, la corte, por voz del Juez Presidente Sr. Erie, dijo:

“Debe haber prueba razonable de negligencia.
“Pero cuando se demuestra que' la cosa está bajo el dominio del demandado o sus mandatarios y el accidente es tal que en el curso ordinario de las cosas no ocurriría si aquellos que tienen su dominio ejercen el debido cuidado, éso ofrece prueba razonable, en ausencia de una explicación de parte del demandado, de que el accidente surgió por falta de cuidado.”

Esta exposición de la regla lia sido extensamente citada con aprobación y adoptada en decisiones posteriores. Se ha descrito como la exposición más adecuada y concisa del principio. Ha llegado a ser un clásico legal. Los tribunales han dicho que la regla nunca ha sido expuesta más’ acertada-mente y que no puede ser mejorada en sus términos gene-rales. 45 C. J. 1193, sección 768, nota 52, y casos allí citados.

En el presente caso se demostró que el ómnibus estaba bajo el dominio y dirección. exclusivos del demandado y su empleado. El accidente fué uno que en el curso ordinario de las cosas no hubiese ocurrido si el demandado y su manda-tario hubieran ejercido el debido cuidado. La prueba de la demandante no se limitó “a la mera ocurrencia de un acci-dente” ni al “mero hecho del daño.” No hubo cuestión, alguna relativa a la pérdida del dominio del vehículo. Hubo poca o ninguna prueba tendente a demostrar negligencia con-tribuyente o un accidente inevitable. La demandante no pre-sentó prueba sobre ningún acto específico u omisión de índole tal que excluiría la aplicación de la doctrina de res ipsa loquitur. El demandado no ofreció explicación satisfactoria alguna.

El hecho no controvertido traído a colación por la prueba del demandado de que el cobrador que estaba estacionado en el estribo trasero no vió a la víctima hasta después de haber sido golpeada por el ómnibus difícilmente puede considerarse c-omo que surte efecto.para privar a la demandante del bene-ficio de la regla. 45 C. J. 1222, sección 784, y casos allí citados. Tiende sí hacia una omisión específica como la causa posible o probable del accidente, y, hasta ese límite, fortalece decididamente el caso prima facie ya establecido por la de-mandante.

Así, el demandado (si se nos permite hacer uso de una expresión que consta en el caso de Ivins v. Jacobs, supra) tapó un hoyo cavando otro.

No necesitamos detenernos a entrar en sutilezas respecto a cuestiones de terminología jurídica. El resultado es el mismo, ya nos basemos en el principio de res ipsa loqmtur, o en reglas generales de evidencia circunstancial. En la hipótesis de res ipsa loquitur, nada hubo que destruyera la presunción de negligencia. Aparte de cualquier cuestión de res ipsa loquitur en su sentido técnico, el juez de distrito no tuvo duda alguna sobre la negligencia torticera del deman-dado. Y nosotros tampoco tenemos ninguna. El error, de haberse cometido, al citar del caso de Rivera v. Currá, o al referirse a la doctrina de res ipsa loquitur como aplicable al presente caso, no es uno que dé lugar a la revocación.

Otras contenciones son que la suma de $5,000 concedida a la demandante es excesiva, que la corte estuvo influida por pasión, prejuicio y parcialidad, y que cometió error al con-ceder a la demandante las costas y desembolsos.

La cuantía de la sentencia difícilmente puede considerarse tan claramente excesiva que justifique su reducción. No hallamos prueba de pasión, prejuicio o parcialidad, ni abuso de discreción al conceder las costas y desembolsos a la deman-dante.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Jpez Asociado Senos, Wole,

license: Public Domain

text:
    Rafael D. Milán, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 802.

    Sometido: Febrero 21, 1930.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      J. A. Su-rís, abogado del recurrente; el registrador recurrido compa-reció por escrito.
   El Jpez Asociado Senos, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Había nna comunidad de bienes en que el recurrente Rafael D. Milán era dueño de 13/14 partes de la finca, y dos menores de una decimocuarta parte. La madre de los menores, pretendiendo actuar en el ejercicio de la patria potestad, traspasó la participación de ellos a Rafael D. Milán por $150. Las partes fijaron el precio de toda la finca en $1,950. La escritura en que se hizo el traspaso fue titulada “División de Comunidad.” El registrador de la propiedad se negó a inscribir, substancialmente, por los fundamentos de que si bien se designó la transacción como una “división,” era en efecto una terminación de la comunidad existente entre los'menores y un tal Milán; y porque era una venta de la participación de los menores; que a virtud del artículo 229 del Código Civil, para efectuar tal venta era necesaria la previa autorización judicial. Las partes han discutido otras cuestiones que no hallamos necesario considerar.

Estamos muy de acuerdo con el registrador en que lo que se trató de hacer fue una enajenación o venta de la participa-ción de los menores. No hubo una división -de las tierras, y dichos menores, por mediación de la madre, trataron de vender su decimocuarta parte. El artículo 229 del Código Civil, tal como fue enmendado, dispone:

“El ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de quinientos dollars, pertenecientes al hijo, y que están bajo la administración de aquéllo's, sin previa auto-rización de la corte de distrito en que los bienes radiquen, previa comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o el gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 82 de la ley referente a procedimientos legales especiales.
“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será nece-saria la autorización judicial para la venta de frutos de una finca rústica, en su última co'secha.
“Para otorgar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, inclusos los de refacción agrícola y’ molienda de cañas autorizados por la Ley de 10 de marzo de 1910, por un término mayor de seis años, será también indispensable la autorización requerida en el pá-rrafo anterior; pero en ningún caso el arrendamiento o contrato podrán efectuarse, ni la autorización concederse para el arrenda-miento por un período de tiempo que exceda del que falte al menor, no incapacitado’ por otra causa, para cumplir su mayoridad. ’ ’

Este precepto era obligatorio para las partes, y para el registrador.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wole.,

text:
    César Rossy, demandante y apelado, v. Angel Antonio Sierra y José Julián Pagán e Hijos, demandados y apelantes.
    No. 5273.

    Sometido: Mayo 19, 1930.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      M. Quemón T emdar, abogado de los apelantes; Ángel B. de Jesús, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole.,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que un acreedor halló que bienes embargados por él estaban sujetos a otro embargo anterior. Dicho acreedor instó procedimiento para anular el embargo anterior, y tuvo éxito. Se apela de la sentencia declarando tal nulidad. De una moción en que se solicita la desestima-ción del recurso por frívolo aparece que el embargo anterior* fué obtenido sin prestación de fianza, bajo la teoría errónea de que el pagaré a virtud del cual se demandaba en el litigio anterior era auténtico y no requería fianza. Se dictó sentencia sobre las alegaciones en sentido contrario. Nada bailamos en los autos que considerar en favor de los apelantes, y nada nos ban sugerido ellos.

Debe declararse con litgar la moción y desestimarse el recurso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Alfredo Rondón, demandante, v. Juan Basabe, demandado. The Aetna Casualty & Surety Company, peticionaria y apelante, v. Alfredo Rondón, opositor y apelado.
    No. 4593.

    Sometido: Mayo 3, 1929.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      Hartzell, Kelley & Hartzell y R. O. Fernández, abogados de la ape-lante; M. Olmedo, abogado del apelado. *

       Nota: Véase ¿1 prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito seguido por Alfredo Rondón contra Juan Basabe en reclamación de daños y perjuicios. El demandado compareció por medio de los abogados Hartzell, Kelley & Hartzell y suscitó varias cuestiones previas. Finalmente contestó. En el día señalado para el juicio ocurrió el inci-dente que sigue: copiamos de la relación del caso y opinión de la corte sentenciadora:

“El día 6 de diciembre, a la hora señalada, fué llamado el caso para vista estando presentes en el salón de sesiones de la Corte, el Abogado Sr. Olmedo, en representación del demandante, y los Abo-gados Sres. Kelley y Fernández, de la firma ‘Hartzell, Kelley & Hartzell/ abogados de record del demandado. Dichos abogados de record del demandado, al empezar la vista, manifestaron que se retira-ban, y efectivamente se retiraron de la Corte, alegando qne el de-mandado Juan Basabe no babía cooperado con ellos en la prepara-ción de la defensa en este caso, y por' tanto, no estaban en condi-ciones de defenderlo. El demandado Juan Basabe no compareció personalmente. ’ ’

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia favorable al demandante, y éste, una vez quedó firme, solicitó que para hacerla efectiva se embargara cierta cantidad que The Aetna Casualty & Surety Company, que según él era la aseguradora del demandado, tenía en poder del Tesorero de Puerto Rico. Se decretó el embargo y la compañía por medio de sus abo-gados Hartzell, Kelley & Hartzell pidió su nulidad. La corte no la decretó y la compañía interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato la comisión de doce errores.

El caso fia sido discutido amplia y detalladamente en el seno del tribunal, habiéndose llegado finalmente a la unánime conclusión de que la orden de embargo debe ser revocada.

No hay prueba suficiente que demuestre que The Aetna tonga responsabilidad alguna para con el demandante. La sentencia se dictó contra Basabe y ni siquiera se probó por prueba fehaciente que The Aetna fuera la aseguradora de Basabe. Y aunque se hubiera probado tal extremo, no habiéndose introducido como evidencia la póliza, sus cláusulas no serían conocidas. Tampoco se alegó el cumplimiento de esas cláusulas por parte de Basabe.

Parece que el demandante descansó en el Reglamento ae la Comisión de Servicio Público de junio 30, 1925, que impone a los dueños de automóviles de servicio público como lo era el del demandado que le causó el daño, la prestación de una póliza de responsabilidad “que responderá de la indemniza-ción que se adjudique por el tribunal correspondiente a cual-quier persona que sufra lesión, daño o perjuicio en su persona o intereses, o a sus herederos en caso de muerte, por virtud de cualquier accidente ocurrido y debido al uso descuidado, negligente o defectuoso del vehículo de motor utilizado como porteador público, ya sea éste operado directamente por el concesionario o por cualquiera de sus agentes, empleados o subalternos,” pero esa regla no es aplicable a este caso por baber comenzado a regir, según sus propios términos, después de ocurrido el accidente. Y aunque lo fuera no sería sufi-ciente para sostener por sí sola la orden de embarg*o sin haberse demostrado que la póliza en efecto se prestó por la Aetna, que por sus cláusulas el demandado estaba autorizado para dirigirse directamente contra ella con la sola base de la sentencia dictada contra su asegurado y que se había dado su día en corte a la aseguradora citándosele en forma, circuns-tancias que no sólo no se probaron sino que no se alegaron debidamente.

Debe revocarse la orden apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf firmó así: “Conforme, pero creyendo que existen razones más poderosas para revocar, en ausencia de las cuales probablemente estaría conforme con la opinión; todo lo cual espero expresar en opinión con-currente.”


author: El Juez PresideNte Señor del Tobo,

text:
    Juan Abarca, en su carácter de liquidador de Abarca Auto Company, Inc., demandante y apelado, v. Juan Rodríguez y su esposa María Teresa Delgado de Rodríguez, demandados y apelantes.
    No. 5316.

    Sometido: Mayo 26, 1930.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      111. Rincón y A. Arroyo, abogados de los apelantes; Harry B. Lienza, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita lá desestimación del recurso in-terpuesto en este caso basándose en que establecido el 12 de febrero último y habiéndose acogido el apelante a la ley No. 27 de 1917, se ordenó al taquígrafo el 25 del propio febrero que preparara la transcripción de la evidencia sin que lo hiciera dentro del plazo que la misma ley concede, y en que el récord de la apelación no ha sido archivado en esta corte dentro del término de ley.

Por una moción adicional la parte apelada solicita también la desestimación del recurso porque el escrito del apelante optando porque el taquígrafo preparara la transcripción no fue archivado dentro de los diez días qué marea el estatuto.

La parte apelante se opuso por escrito a la desestimación. Sostiene que la orden de 25 de febrero no se notificó al taquí-grafo hasta después de abril 30 y que se encuentra pendiente de resolver en la corte de distrito una moción que presentara pidiendo a la corte que en uso del poder que le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil dé por pre-sentado en tiempo el escrito optando por la preparación de la transcripción por el taquígrafo.

En el caso de Ferrocarriles del Este v. Ríos, 39 D.P.R. 85, se decidió:

“El Secretario no está en el deber de notificar a un apelante el haber accedido la Corte a que la transcripción de la evidencia sea hecha.”

Y en el de Salichs v. Junta Examinadora de Ingenieros, 39 D.P.R. 245, se resolvió:

“La apelación debe ser desestimada en vista de que el período •original de veinte día's para preparar la transcripción taquigráfica expiró sin haberse dado el aviso correspondiente al taquígrafo y sin haberse obtenido la debida prórroga para hacer tal notificación.”

Aquí, como hemos consignado, la corte accedió a la petition del apelante y ordenó al taquígrafo la preparación de la transcripción el 25' de febrero. El apelante dejó transcurrir lo que faltaba de febrero,. todo marzo y casi todo abril soli-citando, según la certificación que acompaña a su impugna-ción, el 30 de este último mes que la orden de 25 de febrero se notificara al taquígrafo.

En tal virtud y como tampoco existe exposición del caso, iui se radicó el legajo de la sentencia dentro del término de treinta días, ni se solicitó prórroga en tiempo para ello, no cabe continuar tramitando válidamente la apelación.

También procedería la desestimación del recurso por el motivo adicional alegado. La circunstancia de que esté pen-diente una moción en la corte de distrito, no empece, pues repetidamente se ba decidido que sólo al Tribunal Supremo compete la concesión de nuevos términos cuando ban fenecido los fijados por la ley que no son de naturaleza jurisdiccional y la petición se formula dentro de un término razonable alegándose y demostrándose justa causa.

Debe desestimarse el recttrso.


author: El Juez Asociado Seños. Wole,

text:
    María Pérez Chanza, demandante y apelada, v. Gonzalo Gerena, demandado y apelante.
    No. 4397.

    Sometido: Noviembre 6, 1929.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      José D. Rodríguez, abogado del apelante; E. Martínez Aviles, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Seños. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

María Pérez Chanza instó demanda de reivindicación contra Gonzalo Gerena. En la demanda se -¿legaba que la demandante era dueña de doce cuerdas de terreno y que el demandado detentaba y se negaba a entregarle un predio de terreno que estaba situado dentro de los límites de las 12 cuerdas. La finca principal de 12 cuerdas se describía como lindante por el norte con el camino de Utuado, por el este con María Torres y Cardona, por el sur con Andrés Pol, y por el oeste con Fidel Torres y Cardona. El predio de terreno que se alegaba detentaba el demandado se decía tener las siguientes oolindancias: Por el este, Luisa Torres; por el oeste, María Lugo; por el sur, la carretera; y por el norte, Irene Rodríguez.

Necesariamente, si la finca que se suponía detentaba el demandado estaba dentro de las oolindancias de la finca principal de 12 cuerdas, tendría que lindar por lo menos en dos extremos con la finca de la demandante; y, por otra parte, si el predio que así se bailaba dentro de la finca de la demandante estaba' situado en una de las esquinas, entonces los otros dos lados habrían de tener la misma des-cripción que dos de las colindancias de la finca principal. La demanda deja de fijar el predio poseído por el demandado dentro de los terrenos pertenecientes a la demandante, y, por tanto, deja en realidad de aducir una causa de acción. No hallamos que esa falta fuera, subsanada por la prueba, pero como el demandado no hizo alusión a la insuficiencia de la demanda ni en la corte inferior ni en este tribunal, no anali-zaremos más el extremo.

Al practicarse la prueba, la demandante presentó tres testigos. La misma demandante declaró, pero, aparte de aseverar que el predio del demandado estaba dentro de la finca de ella, nada hizo para localizar el predio que se alegaba estar siendo detentado. El siguiente testigo fué el esposo de la demandante, quien era ciego y evidentemente no sabía con exactitud dónde radicaban los terrenos reclamados. El tercer testigo fué el padre de la demandante. Dijo que el predio ocupado por Gonzalo Gerena lindaba por el este con Luisa Torres, por el oeste con María Lugo, por el norte con Irene Rodríguez,' y por el sur con la carretera que conduce a Arecibo. En ningún momento se explica por qué se describe el predio en la demanda como lindante por el sur con la “carretera.” Hay lo bastante en los autos para demostrar que la “carretera” a que aquí se hace referí- ncia no era la de Utuado, sino la que conduce a Lares. Desde luego que en la descripción principal de la finca la carretera de Utuado ha sido colocada al norte. Toda la prueba fué tan vaga e imprecisa que equivalía a no haber presentado ninguna. El testigo trata de explicar por qué en las colindancias norte y oeste aparecen otras personas como colindantes, pero la explicación deja totalmente de ser satisfactoria, y creemos que sería imposible identificar la finca.

El demandado también presentó alguna prueba tendente a demostrar que su predio estaba enteramente fuera de la finca de la demandante. La corte dijo, refiriéndose a la de-claración del demandado, que era débil; que éste meramente trataba de producir alguna confusión en los lindes y a refe-rirse a una doble venta, etc. Pero evidentemente incumbía a la demandante identificar su finca, cosa que dejó de liacer.

Nada bay en los autos que nos convenza en lo más mínimo de que la demandante estableció o pudo establecer un título sobre la finca poseída por el demandado; por tanto, debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lugar la de-manda. '

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Leopoldo Venegas, Alcalde de Coamo, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada.
    No. 697.

    Sometido: Marzo 3, 1930.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      Guerra Mondragón <ft Soldevila, abogados del peticionario; Leopoldo Tornes y Manuel A. Rivera, abogados del funcionario destituido, interventor.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión d'el tribunal.

La sección 29 de la Ley Municipal, según fué enmendada en 1928, leyes de ese año, página 357, dispone lo siguiente:

“Lo's funcionarios administrativos sólo podrán ser removidos de sus puestos por el Alcalde, y de esta decisión podrá apelar en un solo efecto, el funcionario perjudicado para ante la Corte de Distrito correspondiente, la cual deberá considerar y resolver las cuestiones de becbo y derecho envuelta's en la apelación dentro de un plazo no mayor de 30 días desde la radicación de la demanda en apelación.”

La cuestión principal que el peticionario trata de suscitar en el presente caso es si la apelación que se interponga contra la sentencia de una corte de distrito en un caso de esta natu-raleza surte o no los efectos de un supersedeas. TJna cues-tión preliminar es si la sentencia de la corte de distrito dictada en apelación de la orden de un alcalde decretando una desti-tución, es a su vez apelable. De no serlo, no puede haber cuestión de supersedeas. ■

La Ley Municipal no dispone una-segunda apelación.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil (Com--pilaeión de 1911, sección 5338) lee en parte como sigue:

“Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguien-tes :
“1. (Enmendado 'según la ley 'de 11 de marzo de 1908, pág. 50). De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictadlo, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
! ‘ 2. (Enmendado según la ley de 9 de marzo de 1905, pág. 213). De una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación inter-puesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince día's después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intere-ses, excediera de trescientos dollars.”

No se trataba, aquí de un pleito o procedimiento especial comenzado en la corte de distrito. El procedimiento se originó en la oficina del alcalde. La sentencia de la corte de distrito fué dictada en la apelación de una orden del alcalde. Nada bay que demuestre que “el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia” excediera de trescientos dólares. Nada hay que demuestre que se reclamara pro-piedad alguna. La sentencia no era por suma alguna. Nada hay que revele que estuviera envuelta cantidad alguna de dinero.

El caso de Coll v. Todd, Alcalde, 35 D.P.R. 625, no va al grano. Aquél fué un procedimiento instado en la corte de distrito. En el de Gutiérrez Vélez v. Monclova, 39 D.P.R. 911, la cuestión aquí envuelta no fue discutida ni considerada. Esta cuestión no aparecía claramente de la faz de la petición de certiorari en el presente caso. De lo contrario, el auto no hubiese sido expedido.

La sentencia de la corte de distrito no era apelable, y la radicación de un escrito de apelación no surtió el efecto de un supersedeas.

Debe amtlarse él auto expedido.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Hermenegildo Santiago, acusado y apelante.
    No. 3934.

    Sometido: Diciembre 11, 1929.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      ti. López Antongiorgi, abogado del apelante; E. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Hermenegildo Santiago fue acusado porque en G-uayama, el 12 de diciembre de 1928, voluntariamente y por conducto de otras personas ofrecía en venta como pura para el consumo humano leche de vaca adulterada con agua añadida artificial-mente. Fue condenado por ese delito a satisfacer una multa de $25 y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer y también las costas.

Contra ese fallo lia interpuesto esta apelación alegando' que la corte inferior cometió dos errores, siendo el primero que la sentencia no está sostenida por la prueba.

Aparece, de los autos que la licencia de ese puesto de leche en la fecha expresada estaba a nombre del apelante, quien solicitó el permiso para ella y quien prestó la fianza requerida por la ley; pero dice el apelante que esto no es suficiente para condenarle porque se demostró también que en la fecha mencionada el apelante ya nada tenía que ver con ese puesto de leche y que eran otros los que la vendían, así como que otra persona era la dueña del puesto.

Es cierto que se prestaron declaraciones en ese sentido, pero para la ley el dueño del puesto de leche es prima facie la persona que ha obtenido la licencia para tenerlo y que ha prestado la fianza que para tener esos puestos requiere la Ley No. 77 de 1925. Esa cuestión ya ha sido resuelta por nosotros en el caso de El Pueblo v. Borges, 37 D.P.R. 149, en el que dijimos: '‘El acusado era el dueño único según la licencia y la fianza. Si había otros dueños, no importa. Para poder precisamente exigir responsabilidad a una persona determinada es que la ley requiere que se expida la licencia a favor de alguna persona y se preste por ella la fianza. Voluntariamente aceptó el acusado la posición de mayor responsabilidad y no puede eludir ahora las conse-cuencias de sus actos.” Si como dice el apelante había dejado de tener conexión con el puesto de leche cnando fné ocupada la- adulterada, él debió haberse dado de baja en la oficina de Sanidad para evitar responsabilidad. Por'tanto, la sentencia está sostenida por la prueba.

El otro motivo de la apelación es por haber sido condenado a sufrir prisión en defecto del pago de la multa impuesta; y se funda en que la ley citada dispone que la fianza que la misma requiere será aplicada hasta donde alcance, o la parte de ella que fuere necesario, al pago de la multa que la corte impusiere a una persona convicta de acuerdo con esa ley. Con este motivo del recurso está conforme el Fiscal de este tribunal y nos pide que modifiquemos la sentencia que ha sido apelada.

En el caso de El Pueblo v. Carrión, 36 D.P.R. 760, modi-ficamos la sentencia para imponerla de acuerdo con la Ley No. 77 de 1925 e impusimos una multa de $100. Parece qne esa ley quiso que en esta clase de delitos la multa fuese pagada en dinero y por eso dispuso que la fianza prestada de acuerdo con ella sea aplicada al pago de la multa, en lo necesario.

La sentencia apelada debe ser modificada en él sentido de condenar al acusado a pagar $25 de multa y las costas, y en lo demás debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cecilio Cedrés, acusado y apelante.
    No. 4082.

    Sometido: Mayo 22, 1930.

      Resuelto: Junio 3, 1930.

      B. Gwi'cía Mújica, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Cecilio Cedrés transportaba el 27 de agosto de 1929 en un vehículo de motor varios jarros de leche de distintas vaquerías. Al detenerse junto a un puesto de leche los ins-pectores de sanidad le tomaron muestras de la leche que en varios jarros conducía de las vaquerías. Entre ellas tomaron de un jarro cerrado y precintado, cuyo precinto tuvieron que romper, que tenía una tarjeta que decía: “Leche pura de vaca — 13 litros — Agosto 27,1929. Ignacio Rivera, Carolina.” Esa leche resultó que estaba adulterada con agria.

Ignacio Rivera y Cecilio Cedrés fueron acusados de ofre-cer y tener en venta y transportar como buena, con el fin de dedicarla al consumo humano, leche de vaca adulterada con agua. Celebrado el juicio fueron condenados ambos a pagar una multa. Contra esa sentencia apeló Cecilio Cedrés.

La Ley No. 77 de 1925 castiga a toda persona que adulterare o diluyere leche y a la que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que la transportare o almacenare con el fin de dedicarla al consumo humano: En este caso no se ha probado que Cedrés ofrecía o tenía en venta la leche que resultó adulterada sino solamente que la transportaba, pero de la prueba resulta que él era un mero porteador de la leche que le entregaban otras personas para su conducción a determinado sitio. No transportaba, la leche de las dis-tintas vaquerías para dedicarla al consumo humano sino para entregarla a la persona a quien iba dirigida, la que podía hacer con ella el uso que mejor le pareciere, por lo que no podemos declarar que es culpable de transportar leche adul-terada para dedicarla al consumo humano y es, por tanto, procedente su absolución por el delito por el cual ha sido condenado. En el caso de El Pueblo v. Velázquez, 35 D.P.R. 599, también fué acusado y condenado Cecilio Cedrés y en apelación lo absolvimos por ser un mero conductor sin nada en aquella acusación que lo hiciera partícipe en el delito denunciado de tener y ofrecer en venta leche adulte-rada.

La sentencia apelada por Cecilio Cedrés en este caso debe ser revocada y absuelto el apelante.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Sucesión de Saturnina Juarbe, demandante y apelante, v. Vicente Amador Pérez, demandado y apelado, y Mercedes y Asunción Abril, citadas en evicción, apeladas.
    No. 4922.

    Sometido: Mayo 26, 1930.

      Resuelto: Junio 3, 1930.

      Leopoldo Tormos y E. Hamos Anionini, abogados de la apelante; A. Garda Lucos, abogado del demandado-apelado; E. González Mena, abogado de las citadas en evicción.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

' Por tercera vez se solicita aquí la desestimación de la apelación.

Encontramos que en 28 de abril, 1930, se dictó en este caso una resolución por la que se concedió a la parte apelante una prórroga hasta 10 de mayo, 1930, para presentar el tramscript. Este aparece presentado en ese día 10 de mayo.

Ahora, por moción presentada en la secretaría de este tribunal en 12 de mayo de 1930, se nos pide que se elimine la transcripción de la exposición del caso y legajo de sen-tencia; porque la certificación de la misma es nula. En 29 de febrero próximo pasado — alega la peticionaria — los ape-lantes presentaron a la Corte de Distrito de Aguadilla, una moción, que no se notificó a la otra parte, y en la que soli-citaron el beneficio de insolvencia para radicar ante este tribunal, libre de derechos la transcripción, que debía certi-ficar el secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla, a lo que accedió la corte de distrito, y así se extendió la certi-ficación por el secretario. Y la peticionaria ahora sostiene que la corte de distrito no tenía facultad legal para dictar esa resolución, la que es nula, y hace nula e ineficaz la trans-cripción del récord y exposición, certificada por el secretario, libre de derechos. Cita la peticionaria la sección 7 de la Ley No. 17 de 11 de marzo de 1915, y nuestra jurisprudencia en Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89, Pérez v. Bonet, 30 D.P.R. 927, y Delgado v. Cárdenas, 34 D.P.R. 210, y en pl caso Eleuteria Nieves v. Corte de Distrito de Aguadilla, de reso-lución reciente (40 D.P.R. 786). Por esas alegaciones se pide la eliminación del transcript y la desestimación del recurso.

Los apelantes se oponen a lo solicitado álegando que la corte tenía facultad para conceder el beneficio de insolvencia y el secretario para certificar, y citando el caso Rosado v. American Railroad Co. of Porto Rico, 37 D.P.R. 623.

Parece hacerse fuerza en la creencia de que de acuerdo con la ley que se cita, el beneficio de insolvencia sólo puede pedirse al iniciar el pleito. Quizá se presenten más casos en que sea necesario solicitar ese beneficio al terminar los pleitos. Pero nos parece que no está fuera de la autoridad de los jueces concederlo cuando la necesidad se presente; esto es lo lógico, y era la solución a que tiende la ley, a amparar al desvalido, y hacer igual para todos la adminis-tración de la justicia.

Se declaran sin lugar las mociones de desestimación y de . eliminación.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    José Santiago, demandante y apelado, v. José Cuevas Padilla, demandado y apelante.
    No. 4740.

    Sometido: Junio 2, 1930.

      Resuelto: Junio 4, 1930.

      Besosa & Besosa, abogados del apelante; Adrián Agosto, abogado del apelado.
   EN RECONSIDERACION

El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se originó en la Corte Municipal de San Juan. La demanda, copiada en lo pertinente, dice:

“II. — Que durante el tiempo comprendido entre marzo del año 1919 y julio 18 de 1925, y por distintas partida's, el demandado com-pró al demandante en su establecimiento, sito en el barrio de San-turce de esta ciudad, provisiones y mercancías, sosteniendo con tal motivo cuenta corriente con este demandante, la que después de va-rios abonos que dicbo demandado- liizo a la misma, arrojó en dicha úl-tima fecha, o sea julio 18, 1925, un saldo a favor del demandante y en contra del demandado, por la suma de $341.62, cantidad que actual-mente es en deberle dicho demandado.
“III. — 'Que dicho saldo está vencido, y el que fué liquidado de conformidad con el demandado, no habiendo éste satisfecho aún su importe al demandante ni en todo ni en parte, a pesar de los mu-chos requerimientos de pago que le han sido hechos.”

El demandado excepcionó 1a. demanda y pidió al deman-dante que le proporcionara, una copia detallada y específica de la cuenta en que se basa sn reclamación. Se negó el demandante. Fné el pleito a juicio. La corte municipal no permitió al demandante que presentara prueba sobre la-cuenta y falló declarando con lugar la demanda sólo en cuanto a la suma de $25.35.

No conforme el demandante apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan. Se señaló el juicio para el 16 de enero de 1928. Tres días antes el demandante solicitó que se expidiera una citación para que el demandado compare-ciera trayendo consigo un documento creditivo de la liquida-ción de la cuenta corriente del demandado con el demandante que dice:

“Pedido No_Julio 12, 1925. Sr. José Santiago. Embarque a Don José Cuevas Padilla, Vía_Cuando_Condiciones_ Valor. — 50 arroz, $5.00 — 16 papas, .64 — 4 manteca, 3.40 — 15 perlina, .45 — 1 s/o azúcar, 2.25 — 1 v. vinagre, .10 — café, 2.50 — 4 jabón, .28 —3 Salvavidas, .30 — 10 Hab. coloradas, 1.50 — sal fina gruesa, .12— 1 jamón, 2.50 — 3 tocino, .60 — gas, 2.50 — cigarrillos, 1.00 — 2 lbs. gar-vanzos, .28 — 2 pimientos, .30 — 3 aceitunas, .45 — 4 bacalao, .60 — • 6 fósforos, .10 — salsa, .48 — 1.63—13.72—25.35—316.27—$341.62.”

Al llamar el pleito para la vista, ocurrió lo que sigue:

“Dmdo: — Queremos llamar la atención de la Corte, que hemos recibido una orden de la Corte en forma de un Duces Tecum, soli-citando de esta parte que se presente el original de un documento que no existe, que nunca lo hemos recibido, y que esta moción, soli-citando que se produzca este documento, se ha heclio con la inten-ción de desvirtuar el alcance del Art. 124 del Cód. Civil. Anuncia-mos que no cumplimos la orden por no tener tal documento. — Dte:—• No desvirtuamos el Art. 124. Se formuló esta moción en la Corte Municipal, sección primera j aquí se ha reproducido. Pido que se quite de la mente eso porque es fuera de lugar. Cuando se trate de eso que lo presente. — Juez:—Que venga la prueba de que tal cosa no se hizo.”

Acto seguido el demandante declaró como su propio tes-tigo. Su declaración fué amplia y detallada. En resumen dijo que el demandante periódicamente compraba para su casa efectos en su establecimiento mercantil de Santurce; que el último pedido fué el 18 de julio de 1925 ; que el demandado ose día llevó la nota personalmente y pidió el estado de su cuenta y el testigo se la rindió mostrando el demandado su conformidad con el saldo de $341.62 que arrojó dicha cuenta; que varias veces el demandado le prometió pagarle ese saldo pero que nunca cumplió su promesa.

Al ofrecerse como prueba el documento en que constaba el saldo el demandado se opuso invocando no sólo el artículo 124 del Código de Enjuiciamiento Civil si que también el 1247 del Código Civil y el 51 del Código de Comercio. La corte resolvió la cuestión en contra del demandado y admitió el documento.

El segundo testigo que declaró fué Benigno Santiago, sobrino y dependiente del demandado en su establecimiento mercantil. Su declaración fué también amplia y detallada v confirma en un todo la prestada por el demandante.

Luego declaró Gabriel Torres que dijo haber estado en la cas'a del demandado varias veces a cobrarle la cuenta que según borderó ascendía a $341 y centavos, sin que el deman-dado la pagara, diciéndole que lueg’o pasaría por el estable-cimiento.

Terminada la prueba del demandante presentó el deman-dado una moción de nonsuit que fué declarada por la corte sin lugar.

Entonces el demandado declaró como sn propio testigo. Beconoció qne por espacio de mucho tiempo estuvo com-prando provisiones en el establecimiento del demandanté pero no qne le- debiera ni menos qne bnbiera reconocido el saldo qne aparece en la cnenta presentada por el demandante. Dijo además qne dejó de comprar en el establecimiento del demandante porque dicho establecimiento se qnemó y las provisiones qne lnego le enviaba el demandante no eran de la mejor calidad. Sn declaración fné sn única prueba.

El demandante volvió a declarar en rebuttal insistiendo en lo qne había dicho anteriormente y en qne el demandado continuó comprando en sn establecimiento por varios meses después del fuego, a cuyo efecto presentó varios pedidos del demandado qne fueron admitidos con la protesta de éste.

Con esa prueba como base dictó el juez de distrito sen-tencia condenando al demandado a pagar al demandante $341.62, intereses desde la interposición de la demanda y las costas sin incluir honorarios de abogado. En sn relación del caso y opinión, se expresó así:

“La prueba ha demostrado que entre demandante y demandado existía una cuenta corriente por provisiones que el primero suminis-traba al segundo; que el día 18 de julio 1925, el propio demandado, José Cuevas Padilla, llevó al establecimiento del demandante, José Santiago, una nota para el despacho de provisiones por la suma de $25.35 y pidió que se le arreglara la cuenta; que .se le despachó la nota por la suma expresada y se liquidó la cnenta sirviendo de base para ello una libreta que el demandante conservaba, porque los de-más libros de operaciones se habían destruido en un incendio que ocurrió el 9 de diciembre 1924 en el establecimiento que tenía el de-mandante; que la cuenta arrojó un saldo de $341.62, 'que el de-mandado reconoció y quedó conforme en pagar días después; que cuando se hizo esa liquidación, se consignó en una libreta, que se presentó como prueba, que lleva el demandante en su establecimiento y en la cual se hace una impresión original y dos copias carbón, una de las cuales se entregó, en papel amarillo, al demandado; que éste no ha pagado el saldo deudor, a pesar de que se le ha cobrado; y que cuando se presentó la demanda en este caso, que lleva fecha 10 de febrero 1926, y se embargaron propiedades del demandado, éste fué donde el demandante y le ofreció pagar, por toda la cuenta, la suma de $200, que rehusó aceptar el demandante.
“Que el demandado debe al demandante la cantidad reclamada, por concepto de provisiones y mercancías vendídales, se ha demos-trado, a satisfacción de la corte, por preponderancia de prueba; pero alega el demandado, como cuestión de derecho, siendo ésta su única contención, que no habiendo el demandante suministrádole ei estado de la cuenta solicitada, la demanda no puede prosperar, de acuerdo con el artículo 108 de la Ley de Evidencia, porque no probó su caso.
“Se trata en este pleito del cobro del saldo de una cuenta co-rriente que fué liquidada de conformidad con el demandado; esto es, que hubo la conformidad y aprobación de la cuenta por las partes interesadas, lo que constituye entre ellas un vínculo jurí-dico, que sanciona el artículo 1245 del Código Civil. Blanco López & Co., v. Torres, 25 D.P.R. 704. Y siendo esto así, el deman-dante no estaba obligado a probar las diversas partidas de la cuenta, y teniendo sólo que demostrar que el demandado había reconocido la certeza o exactitud del saldo de la cuenta liquidada y su conformi-dad en el pago, como quedó demostrado en este caso, surgió la obli-gación de satisfacer su-importe, sin que el haber dejado el deman-dante de suministrar al demandado el detalle de la cuenta corriente, que parece se debió a que sus libros de operaciones se destruyeron en el incendio, sea un obstáculo para dictar sentencia condenatoria. Sanábria v. Rosa et al. 32 D.P.R. 583; Anserais v. Naglee, 74 Cal. 60.”

No conforme el demandado apeló para ante este tribunal. Tres errores señala en su alegato. Insiste en el primero en que no habiéndole proporcionado el demandante el pliego de' particulares que a tiempo le pidiera, no pudo presentar prueba sobre la cuenta en que basó su reclamación.

El artículo 124 del Código de Enjuiciamiento Civil expresa:

“Artículo 124. En las alegaciones no es necesario que la parte que alegue la existencia de alguna cuenta, detalle las partidas de ésta, pero deberá entregar- a la parte contraria, dentro de los diez días de haberla pedido por escrito, una copia de dicha cuenta, re-quisito sin el cual quedará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presenta-ción de otra cuenta además de la presentada, si ésta fuere dema-siado general o resultare defectuosa en alguno de sus particulares.”

Si la reclamación del demandante se hubiera basado en una cuenta corriente, tendría entera razón el apelante, pero su reclamación se basó en un saldo vencido, liquidado de conformidad con el demandado.

Siendo , ello así, es necesario reconocer que se trataba de lo que en derecho americano se conoce como “an account stated”, esto es:

“Una cuenta que ba sido rendida por una persona a otra, con-teniendo el saldo que se alega está en descubierto, saldo que ha sido aceptado y admitido que es una cuenta correcta de la deuda que representa.” 1 R.C.L. 207.

Y si ése era el caso no había que probar las partidas de la cuenta porque surgía una nueva causa de acción basada en el convenio. Dice E.C.L., resumiendo la jurisprudencia:

“Del convenio surge una nueva e independiente causa de acción y, por tanto, se establece una obligación legal irrespectivamente de las partidas o constituyente del fundamento de responsabilidad anterior. El saldo especificado es una deuda líquida, tan obligatoria como si estuviese evidenciada por un pagaré, factura o fianza.” 1 R.C.L. 212.

Desde hace años esta corte, en el caso de Paniagua v. Sobrinos de Ezquiaga, 14 D.P.R. 803, 822, expresándose por medio de su entonces Juez Asociado Sr. Hernández, dijo:

“Opinando como opina esta corte que el convenio entre Paniagua y Sobrinos de Ezquiaga no entraña un verdadero-contrato de socie-dad, sino una obligación por parte de los segundos de facilitar o prestar al primero los recursos pecuniarios que fueran necesarios para la construcción de las obras contratadas, cuya obligación fué cumplida con exceso por Sobrinos de Ezquiaga, es consecuencia ló-gica y legal, que Paniagua debe pagar a Sobrinos de Ezquiaga la suma adeudada a que viene condenado en la sentencia, suma inferior, como se deja dicho, a la que realmente les adeuda.
“El Tribunal Supremo de España interpretando el artículo 1278 del Código Civil allí vigente, con el que concuerda el artículo 1245 del nuestro, dijo en sentencia de 8 de julio de 1904:
“ ‘La conformidad y aprobación de una cuenta por las personas interesadas, constituye entre ellas un vínculo jurídico que sanciona el artículo 1278 del Código Civil, sin que obste a ello ni estorbe a la eficacia de la acción resultante,, la cláusula de que la cuenta se-aprueba, salvo error u omisión; porque en este caso, semejante sal-vedad no tiene la trascendencia pretendida por el recurrente, puesto que esto equivaldría a anular lo convenido, sino única1 y exclusiva-mente la de corregir las equivocaciones posibles que en cualquier' cuenta puedan cometerse, en tanto en cuanto no afecten a conceptos, o pérdidas expresamente aportados.’
“Paniagua ha reconocido los saldos de cuentas que se le recla-man; nada ha alegado contra ellos y menos ha demostrado haberse-sufrido en las cuentas error u omisión estando, por tanto, obligado-ai pago de dichos saldos.”

Como segundo error señala el apelante el cometido a su juicio por la corte “al tomar como base para su sentencia el hecho de que el demandado hiciera una oferta de transacción al demandante.”

No se cometió el error alegado porque no hay fundamentos-bastantes para asegurar que la corte basara su sentencia en la oferta de transacción. Es cierto que en su opinión la corte se refiere a dicho hecho. También lo es que quizá influyó en la formación de su juicio, pero la sentencia se dictó en la forma en que lo fué porque la corte dió crédito a las declaraciones del demandante y de su dependiente, y estimó que entre demandante y demandado se llegó a un acuerdo, reconociendo el segundo que debía el saldo fijado por el primero. Si no fuera así, si el juez hubiera tenido en cuenta la oferta de transacción para basar en ella su fallo,, habría que revocar por tal motivo la sentencia.

Fué el tercero y último de los errores señalados el que llevó a esta Corte Suprema a revocar la sentencia que dictara la corte de distrito por entender que no habiéndose presentado prueba escrita de la transacción no podía considerarse que el demandante hubiera probado su caso, habiendo en consideración lo prescrito en el artículo 51 del Código de Comercio, a saber: “Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en qne se celebren, la clase a qne correspondan y la cantidad qne tengan por objeto, con tal qne conste sn existencia por alguno de los medios qne el derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declara-ción de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato, cuya cuantía exceda de 1,500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba”, precepto qne fue invocado expresamente por el demandado y qne ha sido interpretado y aplicado por esta corte entre otros casos en los de Loíza Sugar Co. v. Baquero & Co., 29 D.P.R. 863; J. Gelabert & Co. v. Hernández, 31 D.P.R. 834, y Freiría & Co. S. en C. v. Cortés Hermanos, S. en C., 32 D.P.R. 127, 134.

El demandante solicitó la reconsideración de la sentencia dictada por esta Corte Suprema basándose en que el artículo 51 no era aplicable a este caso porque la transacción entre el demandante y el demandado no era de naturaleza mer-cantil.

La reconsideración fué acordada y se celebró una nueva vista en la. que ambas partes tuvieron la oportunidad de in-formar e informaron oralmente, habiendo además presentado nuevos alegatos.

Después de un estudio cuidadoso de la cuestión resolvemos que tiene razón el demandante. La deuda que éste reclama del demandado se originó a virtud de compras que el deman-dado hizo -en el establecimiento del demandante de efectos destinados a su consumo, y el artículo 326 del Código de Comercio dice:

• “Artículo 326. Nó se reputarán mercantiles:
“Io. Las compras de efectos destinados al consumo- del compra* dor o de la persona por cuyo encargo se adquirieren.
“2o. Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos, de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen las rentas.
“3o. Las ventas que, de los objetos construidos o fabricados por los artesanos, hicieren éstos en sus talleres.
“4°. La reventa que haga cualquiera persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo.”

Siendo esto así, y no habiéndose destruido en modo alguno la presunción legal, cae por su base todo el razonamiento en que esta corte se basó para revocar la sentencia. La prueba testifical presentada era admisible, y siendo admi-sible no hay duda de su suficiencia habiendo decidido como decidió la corte de distrito el conflicto en pro del demandante y sin que se haya como no se ha demostrado pasión, prejuicio o parcialidad al proceder de tal modo.

En la nueva vista insistió ’ el apelante en que de no ser aplicable el artículo 51 siempre lo era el 1247 del Código Civil que también exigía la constancia escrita por exceder de $300. Ese artículo ha sido interpretado por esta corte' en el sentido de que no excluye la prueba testifical cuando se trata de las mismas partes que contrataron, como sucede en este caso. Véanse los casos de De la Torre y Ramírez v. Rosario Navaja, 34 D.P.R. 442; y Mas v. Llona, 31 D.P.R. 33 .

Por virtud- de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia recurrida.

EN RECONSIDERACION

2 de agosto de 1930

El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Solicita la parte demandada la reconsideración de la sentencia dictada en este caso el.4 de junio último, por dos motivos, 1, porque al final de la página 3 de la opinión se. dice: “El segundo testigo que declaró fué Benigno Santiago, sobrino y dependiente del demandado en su establecimiento mercantil,” cuando la transcripción demuestra que el testigo era sobrino del demandante y no del demandado, y 2, porque no se dió la debida aplicación al artículo 1247 del Código Civil.

Realmente el testigo Benigno Santiago no era sobrino del demandado sino del demandante, pero tal error clerical, que debe entenderse por esta manifestación que hacemos corre-gido, no puede servir de base a la reconsideración de la sen-tencia.

En cuanto al otro extremo basta leer la opinión de la corte de 4 de junio último, para concluir que se tuvo en cuenta el artículo invocado. Tal artículo debe interpretarse siempre en relación con los artículos 1245 y 1246 que lo preceden.

Los artículos 1245, 1246 y 1247 del vigente Código Civil son iguales a los artículos 1278, 1279 y 1280 del antiguo y como dijo el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 8 de julio de 1904, 98 J. C. 803, siguiendo su constante jurisprudencia, “los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las circunstancias del artículo 1261 del Código Civil, según categóricamente ordena el 1278, de donde se sigue que de su validez y no de las formas extrínsecas requeridas por la ley para otros distintos efectos, depende exclusiva-mente su eficacia entre las partes contratantes.”

Desde hace años el alcance del artículo 1247 de nuestro Código Civil ha sido motivo de cuidadosa consideración por parte de esta Corte Suprema, pues una interpretación rígida del mismo podría dar lugar a verdaderas injusticias. De ahí nuestro criterio en el sentido de qué dicho precepto legal no excluye la prueba de testigos cuando se trata de las mismas partes contratantes, debiendo, por supuesto, tratarse de una prueba testifical sólida y clara, que merezca entero crédito, para que pueda ser tenida en consideración.

En realidad de verdad si la parte demandante hubiera servido a la demandada el pliego de particulares que ésta le pidió hasta donde hubiera podido servirlo en atención al fuego ocurrido, hubiera demostrado su buena fe y se hubiera obviado ella misma tantas dificultades y dilaciones como han surgido en este pequeño litigio. Escogió una posición difícil. Ella misma ató sus manos para la presentación en el juicio de prueba detallada. Pero por más que es la última cuenta rendida con la que mostró su conformidad el demandante según se alegó en la demanda y se sostuvo por la prueba, la que debe tomarse como base, no es posible prescindir de los hechos anteriores, coetáneos y posteriores, a la alegada acep-tación por parte del demandado del saldo deudor que se le reclama.

Se trata de mi contrato peculiar. La existencia de las relaciones contractuales se acepta por el propio demandado. Y sería algo contrario a la justicia negarse a admitir como prueba las declaraciones del comerciante, de su dependiente y de su cobrador, todas referentes a la cuenta escrita que según ellos se sirvió a-1 demandado y fue aceptada por él.

No es recomendable en verdad la práctica seguida por el demandante en este caso. Se expuso a no ser creído por la corte y a perder su reclamación, pero habiendo sido su decla-ración y las de sus testigos enteramente creídas por el tribunal sentenciador, y siendo amplias, claras y detalladas, no cabe alterar el fallo.

La prueba aportada por el demandante hubiera sido bastante de acuerdo con la jurisprudencia americana, como se desprende del siguiente resumen de la misma que tenemos de Ruling Case Law. Dice:

“Prueba tendente a demostrar que las partes se entrevistaron y llegaron a un acuerdo y que se fijó y convino un saldo, es admisi-ble para probar una cuenta liquidada (account stated) y suficiente para autorizar que se someta la cuestión como 'una de hecho al ju-rado.” 1 R. C. L., Sección 21, página 220.

Deb’e declararse no haber lugar a la reconsideración soli-citada.


author: El Juez Presideute Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SR. TEXIDOR

text:
    Insular Motor Corporation, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada.
    No. 716.

    Sometido: Mayo 19, 1930.

      Resuelto: Junio 5, 1930.

      William G-uzmán, abogado de la peticionaria; Osear Souffront, abo-gado del tercerista.
   El Juez Presideute Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la Insular Motor Corporation demandó en la Corte de Distrito de San Juan a Hipólito López y a Mon-serrate Camacho en cobro de pagarés y por vía de asegura-miento ' de la sentencia obtuvo una orden de embargo dé bienes de los demandados, situados en Mayagüez, previa pres-tación de una fianza por mil dólares. Prestada la fianza se libró el mandamiento dirigido al márshal del distrito de Mayagüez y éste lo cumplimentó embargando todo derecho, título e interés que los demandados tuvieran a un automóvil marca Graham Paige y a otro marca Buick.

Así las cosas, Pedro M. Nieva presentóse ante el márshal del distrito de Mayagüez y bajo juramento alegó que' el auto-móvil marca Buick embargado era de su exclusiva propiedad y habiendo prestado una fianza por el doble del valor del automóvil, el márshal le hizo entrega del mismo.

El márshal envió entonces la petición jurada de Nieva y la fianza a la Corte de Distrito de San Juan y seguidamente Nieva archivó en dicha corte una moción solicitando el tras-lado de la tercería a la de Mayagüez invocando la sección 8a. de la ley sobre la materia. Se opuso la demandante en el. pleito exf que se decretó la orden de embargo invocando a su vez la propia ley, y la corte de distrito de San Juan decidió la controversia en pro del tercerista. La demandante se dirigió entonces a este Tribunal Supremo por medio del pre-sente recurso de certiorari. El auto fué expedido y las partes interesadas archivaron sus alegatos.

La sección 17 de la ley sobre tercería dice: “La Corte que dictare la orden tendrá competencia para conocer del procedimiento en los casos de tercería” y la 18 de modo terminante agrega: “Será competente para conocer de los juicios de tercería, la corte que tenga jurisdicción en el asunto en que se haya decretado la orden a que se refiere la tercería.”

Si ésas fueran las únicas disposiciones de la ley, tendría razón la peticionaria. Pero existen además las secciones 8 y 9 que prescriben:

“Sección 8. Cuando una persona reclamare bienes muebles, pres-tando el juramento y constituyendo la fianza, de acuerdo con lo dispuesto en la presente, si la orden de embargo hubiere sido li-brada por la corte de un distrito distinto de aquel en que se ejecu-tare el embargo, entonces el agente que hubiere tomado el jura-mento, y recibido la fianza, consignará al dorso de ésta el valor de la propiedad, según su propia tasación y remitirá inmediatamente la fianza y juramento, acompañados de una copia de la orden, a lá corte de distrito donde se ejecutare el embargo, que tuviere com-petencia según se dispone más adelante.
“Sección 9. — El márshal u otro agente que hubiere recibido la fianza, también consignará al dorso de la orden original el hecho de haberse presentado dicha reclamación, bajo juramento y fianza, con expresión del reclamante y nombres de los fiadores, así como de la corte a que fuere remitida la-fianza, y acto seguido devolverá dicha orden original a la corte que la hubiere librado.”

Presentan estas secciones el caso especial en que la corte que conoce del pleito en que se libra la orden de embargo, no traba bienes radicados en su distrito, sino fuera de su distrito.

Es cierto que no disponen de modo expreso que la corte del distrito en que se traba el embargo sea la competente para conocer de la tercería y que las palabras finales de la sección 8 “que tuviere competencia según se dispone más adelante,” introducen confusión, pues en verdad lo qne más adelante se dispone es lo qne ya hemos consignado, a saber s que la competencia corresponde a la corte qne tenga juris-dicción en el asunto en qne se baya decretado la orden de embargo; pero ¿a qué disponer la ley qne “el agente qne hubiere tomado el juramento, y recibido la fianza, consignará al dorso de ésta el valor de la propiedad, según su propia tasación, y remitirá inmediatamente 'la fianza y juramento acompañados de una copia de la orden, a la corte de distrito donde se ejecutare el embargo,” si no es para que dicha corte sea la qne conozca del pleito de tercería?

Estudiadas cuidadosamente las dos secciones se ve que fijan por completo todo lo que debe hacerse en el caso especial a que se refieren, así: Entablado un pleito en el dis-trito A, el demandante para asegurar la efectividad de la sentencia que pueda dictarse pide que se embarguen bienes del demandado situados en el distrito B. La corte accede, previa prestación de fianza, en su caso. El demandante presta la fianza. Entonces se libra mandamiento para eje-cutar el embargo, dirigido al márshal del distrito B. El márshal ejecuta el embargo de bienes que le señala el deman-dante como del demandado. Una tercera persona comparece ante él y, por escrito, bajo juramento, alega que los bienes embargados son de su propiedad. El márshal tasa los bienes y si el tercero presta una fianza por el doble de la tasación, se los entrega.

¿Qué hace entonces el márshal? Remite inmediatamente la fianza y juramento y una copia de la orden de embargo a la corte de distrito donde se ejecute el embargo, o sea la del distrito B, y consigna al dorso de la orden original el hecho de haberse presentado la reclamación por un tercero, bajo juramento y fianza, con expresión de los nombres del reclamante y fiadores y del de la corte a que fuere remitida la fianza, y acto seguido devuelve la orden original a la corte que la hubiere librado o sea a la del distrito A, que queda así enterada de lo sucedido.

Parece y es lo lógico que el pleito de tercería se tramite en la misma corte en que se tramita el pleito principal. De abí las secciones 17 y 18 de la ley. Pero ello tiene lugar cuando el bien embargado y reclamado por un tercero radica en el mismo distrito. Si radica en otro distrito, surge el caso especial regulado por las secciones 8 y 9 de la ley.

Analizada la totalidad de la ley, se verá que la tercería constituye un caso separado que tiene vida por sí mismo y se resuelve con entera independencia de aquel en que se dictó la orden de embargo. De allí que no baya dificultad que un tribunal distinto del que libre la orden de embargo pueda conocer del procedimiento.

Por virtud de todo lo expuesto, debe amularse él auto expedido y devolverse los autos a la Corte de Distrito de San Juan.

'OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. TEXIDOR

Disiento de la opinión de la mayoría por entender que la sección 18 de la ley sobre el procedimiento de tercería, fija la competencia para conocer de los juicios de tercería en la corte con jurisdicción en el asunto en que se decretó la orden a que se refiere la tercería. Si la orden de cuyo cumplimiento surge la tercería fué dictada por la Corte de Distrito de San Juan, con jurisdicción sobre el caso, esa corte es la compe-tente para decidir la tercería.

Por esta razón entiendo debe declararse con lugar la petición de certiorari.


author: El Jhez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Miguel Eugenio Betances, Pedro Fortis Torres, José M. Arroyo, Juan Ramos Bacety, Juan Suro Bou, Juan M. Rodríguez, Ramón Meléndez Quiles y Sixto Rivera Otero, demandantes y apelantes, v. La Junta Insular de Elecciones, demandada y apelada.
    No. 4965.

    Sometido: Diciembre 3, 1929.

      Resuelto: Junio 6, 1930.

      Bolívar Pagan, abogado de los apelantes; Attorney General James B. Beverley y Tomás Torres Pérez, Subprocurador, abogados de la apelada.
   El Jhez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes establecieron este procedimiento de certio-rari contra la Junta Insular de Elecciones alegando subs-tancialmente que uno de ellos fue candidato para el cargo de alcalde del municipio de Orocovis, Puerto Rico, y los otros para miembros de la asamblea municipal del mismo municipio en las elecciones generales que tuvieron lugar el 6 de noviem-bre de 1928; que en el municipio de Orocovis no fueron abiertos a votación y elección seis colegios electorales, cuyos números consignan, no habiendo acudido a los mismos los funcionarios e inspectores de ellos; que el número total de los electores inscritos en esos colegios asciende a 822, que estaban dispuestos a votar; que la Junta Insular de Elec-ciones determinó que los candidatos de otro partido político resultaron electos por una mayoría de 60 votos según los escrutinios parcial y general de los demás colegios electo-rales del municipio; y que ese resultado de la elección es erróneo por cuanto dejaron de votar 822 electores en dichos seis colegios electorales sin culpa de ellos, número que es suficiente para afectar el resultado de la elección por ser únicamente 60 votos la mayoría obtenida por los candidatos contrarios en los demás colegios. Por esas alegaciones soli-citaron la expedición del auto interesado para que la corte revise las actuaciones de la junta demandada en lo pertinente al escrutinio en el municipio de Orocovis; y que no pudiendo la corte decidir los candidatos que resultaron electos ordene una nueva elección en los mencionados seis colegios electo-rales o en todos los colegios de dicho municipio.

La Junta Insular de Elecciones alegó que esa solicitud no expone hechos determinantes de causa de acción y sostenida por la corte esa excepción fué interpuesta la presente apela-ción.

La Ley de 1906 sobre impugnación de elecciones permitía que la validez de una elección por sufragio popular para un cargo que no fuese el de miembro de la Legislatura o Comi-sionado a los Estados Unidos pudiera ser impugnada por el candidato derrotado; y en su artículo 9 facultó al tribunal que conociera de la impugnación para declarar nula la elec-ción y para ordenar otra nueva cuando apareciere que los funcionarios o directores de la elección negaron el privilegio de votar a un número de electores capacitados, cuyos votos, de haberse admitido habrían alterado materialmente el resul-tado de la elección. Esa ley fué declarada expresamente en vigor por otra de 1919, la que en su sección 93 dispone: “Si se suscitase una impugnación entre dos o más candidatos para algún cargo o cargos, y los tribunales, no pudiendo decidir cuál candidato o candidatos resultaren electos, ordenaren una nueva elección, entonces la Junta Insular de Elecciones dis-pondrá que se proceda a dicha elección, de acuerdo con el reglamento que prescribiere.” Dicha ley sobre impugnación de elecciones de 1906 fué derogada expresamente por otra de 1923; y otra de 1924 ordenó en su sección 89 que la Junta Insular de Elecciones practicará el escrutinio de la documen-tación de las elecciones usando las listas de votantes y hojas de cotejo empleadas en dichas elecciones, que fueren enviadas al Superintendente G-eneral de Elecciones por las juntas locales; y en uno de sus últimos apartados dispone que: “el resultado del escrutinio de mas elecciones, según se decla-rare por la Junta Insular de Elecciones y publicare por el Superintendente General de Elecciones, será definitivo, a menos que fuere impugnado por certiorari u otro procedi-miento legal autorizado, que se interponga dentro de quince días después de la fecha de la publicación del resultado de ese escrutinio ante una corte de competente jurisdicción, y por la presente se autoriza en esos casos el procedimiento de certiorari en la corte de distrito de San Juan.”

En la petición de certiorari hecha en este caso por los apelantes contra la Junta Insular de Elecciones no se alega acto alguno erróneo realizado por la junta demandada. Lo que por ella se pretende no es que sea corregido acto alguno de la Junta Insular sino que por no haber emitido sus votos los electores que estaban inscritos en varios colegios elec-torales ordene la corte una nueva elección en ellos o en todos los colegios electorales del municipio de Orocovis, fundán-dose los peticionarios en el artículo 93 de la citada ley de 1919 referente a que si se suscitare impugnación entre dos o más candidatos para algún cargo y los tribunales ordenaren una nueva elección, entonces la Junta Insular de Elecciones dispondrá que se proceda a ella de acuerdo con el reglamento que prescribiere; precepto que era consecuencia de la ley de 1906 sobre impugnación de elecciones que facultaba a los tribunales para ordenar nuevas elecciones; que era de carácter procesal en cuanto a la manera de proceder la junta cuando se ordenaba una nueva elección; que según sus palabras se refería claramente a casos de impugnación entre varios candidatos y que ha quedado sin efecto desde el momento en que fue derogada la ley que permitía tales im-pugnaciones y autorizaba a los tribunales para ordenar nuevas elecciones, siendo substituida por el auto de certio-rari contra actos de la Junta Insular de Elecciones, por lo que tenemos que concluir que la petición1 de certiorari de los apelantes no aduce causa de acción contra la Junta Insular de Elecciones.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    Genaro Cautiño Insúa, demandante y apelante, v. Pizá Hermanos, S. en C., demandada; y Catalina Canals Rodón, et als., interventores y apelados.
    No. 5208.

    Sometido: Junio 2, 1930.

      Resuelto: Junio 12, 1930.

      T. Bernardiwi dé la Huerta, abogado del apelante; Be la Torre & Ramírez y J. Martínez Dávila, abogados de los interventores ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Jnan demandó Genaro Cautiño Insúa a Pizá Hermanos, S. en C., en cobro de dinero. Pidió y obtuvo el demandante una medida aseguratoria de sentencia; por la que se procedió al embargo de dos fincas y otros bienes. Se anotó la rebeldía de la demandada, y se registró sentencia contra ella por $145,000.50, e intereses sobre $100,000 y costas. En 13 de mayo de 1920, la sucesión de Francisco Pizá y Mas, compuesta de su viuda Catalina Canals y sus hijos Sebastiana y Jaime, menores, solicitó de la corte la apertura de rebeldía y nulidad de la sentencia registrada. Alegó la peticionaria ser acreedora de la deman-dada por doscientas sesenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho pesetas y 85 céntimos, con intereses, garantizado todo ello con hipoteca sobre dos fincas, que dice son las mismas que aparecen en la demanda original en el caso; y alegó que Genaro Cautiño e Insúa siguió , o sigue pleito con Pizá Her-manos, S. en C., ejercitando acción personal en cobro de dinero, $100,000 de capital y $45,002.50 de intereses, y $1,500 para costas; que el emplazamiento estuvo mal librado; que la peticionaria había pedido intervención en el pleito; que le fue negada; que Cautiño pretende cobrar, en perjuicio de la peticionaria, $45,002.50 de intereses, y parte del capital, que de acuerdo con el contrato, debe estar pagado con los semovientes que fueron dados en prenda y que la sentencia registrada es nula, por varios motivos que alega.

La corte oyó a las partes interesadas en la moción; y resolvió declarando con lugar la misma, anulando la sentencia registrada y admitir una demanda de intervención que se hallaba presentada. Contra esa resolución, de fecha 8 de junio de 1929, apeló en 18 de los mismos mes y año, Genaro Cautiño e Insúa, designando la resolución apelada como reso-lución o providencia especial dictada después de dicha sen-tencia definitiva.

La parte apelante tiene ya presentados el récord y su alegato en apelación. La transcripción de evidencia fué noti-ficada a la representación de la sucesión de Francisco Pizá y Mas; y lo mismo el alegato de la apelante.

Ahora, Catalina Canals y la sucesión de Francisco Pizá y Mas, presentan moción para que se desestime la apelación, y alegan que el demandante-apelante, con posterioridad a su apelación, compró a Catalina Canals Podón y a la sucesión de Francisco Pizá y Mas el crédito hipotecario con el que se relaciona su demanda de intervención según escritura ante el Notario Sr. Ramírez Santibáñez, de la que acompaña testimonio, y que aparece se otorgó en 22 de julio de 1929; que Catalina Canals y la sucesión de Francisco Pizá y Mas, carecen de interés en la apelación, ya que lian cedido el crédito a Genaro Cautiño; y que la apelación no tiene fina-lidad práctica, y es académica; y que la resolución de que se trata, no es apelable, según la doctrina de este tribunal en Dávila v. Barreiro, 20 D.P.R. 45, Martín v. North British etc., 37 D.P.R. 922, y Espada v. Sepúlveda, Juez, 20 D.P.R. 138. A esa moción se opone la parte apelante; y, entre otras razones, alega que tenía a su favor una sentencia registrada, y esa sentencia ba sido anulada; y que en la misma situación legal queda la medida aseguratoria de efectividad de senten-cia, y el emplazamiento becbo a la demandada; que la moción para que se abriera la rebeldía no se fundó en ninguno de los motivos expresados en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil; que la resolución dictada lesiona los intereses del apelante, que, eliminada la interventora, queda con una sentencia nula, por motivos tales que todo el pro-cedimiento quedaría sin validez, por lo que no puede afir-marse que el recurso quede reducido a una cuestión acadé-r mica; examina la jurisprudencia que en la moción se cita, y por su parte presenta el caso Freiría y Co. v. Félix Hermanos & Co., 20 D.P.R. 159.

En realidad la situación de cada parte en este caso, es extraña. La que presenta la moción, no puede llamarse verdaderamente una parte en la apelación;. los derechos en virtud de los que- intervino en el pleito, fueron por ella ena-jenados a favor de Genaro Cautiño e Insúa, que era su parte contraria y por consecuencia de su enajenación ba dejado de tener interés en el litigio, en cualquier estado en que éste se encuentre. Es, sin embargo, un becbo positivo que el ape-lante Cautiño, ba notificado su alegato en apelación a los abogados de Catalina Canals y Sucesión de Francisco Pizá y Mas, lo que nos indica que, pese a la enajenación, tiene el apelante la duda de si esa sucesión y Catalina Canals son parte interesada. Nosotros no la tenemos ; no lo son.

El apelante se baila en situación también extraña. Dueño de los derechos que pertenecieron a la sucesión de Pizá Mas y Catalina Canals, es en este caso apelante y apelado sobre e'1 mismo extremo. Este no obstante, el estado de derecho para él creado por la resolución de que apela, justifica, basta cierto punto, su actuación. Posiblemente él había de encontrar algún otro medio legal para cambiar tal estado de derecho; pero esto no es de nuestra incumbencia. Sí lo es el declarar que, dada la situación expuesta, no quedamos convencidos de que la apelación sea académica, y en ese caso es preferible oírla, y resolver acerca de los asignados errores.

La decisión nuestra en el caso I. Martín, S. en C., v. North British & Mercantile, 37 D.P.R. 922, no es aplicable aquí. En ese caso se trataba de una resolución recaída a moción de archivo por abandono; y si bien es cierto que se alegó que la resolución era una dictada después de sentencia definitiva, y la sentencia había sido anulada, la apelación en el caso presente es contra la resolución en que se anula la sentencia.

Por lo expuesto debemos declarar y declaramos sin lugar la moción de desestimación.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con la sen-tencia.


author: El Juez Asociado Señor Aldbey,

text:
    Miguel Vargas, demandante y apelante, v. Esperanza Cruz y Vélez demandada y apelada.
    No. 5231.

    Sometido: junio 3, 1930.

      Resuelto: junio 12, 1930.

      Tons Solo & Zwpater, abogados del apelante; Leopoldo Tornes, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Vargas demandó judicialmente en junio de 1922 a Esperanza Cruz Vélez como única y universal heredera de Avelino Cruz y Toro, fallecido en 1921, alegando varias causas de acción, siendo la fundamental que él es hijo natural reconocido de Avelino Cruz Toro, y subsidiarias de esa causa de acción las otras alegadas. La demandada solicitó que fuesen eliminados ciertos particulares de esa demanda y así lo decretó la corte el 30 de septiembre de 1922, concediendo, veinte días al demandante' para que enmendase su demanda. El demandante no enmendó su demanda y solicitó reconsi-deración de esa resolución, pero la petición fué declarada sin. lugar, y a instancia de la demandada fué registrada sen-tencia ordenando el archivo definitivo del asunto en noviembre 20 de 1922 por no haber sido enmendada la demanda dentro del tiempo que se le concedió. En 27 de noviembre del mismo año el demandante inició otro pleito sobre la misma cuestión, que fué declarado sin lugar en 15 de marzo de 1923 a virtud de excepción previa por prescripción de la acción, cuya ape-lación fué desestimada por este Tribunal Supremo en 15 de mayo de 1923. En abril 27 de 1923 solicitó el demandante que la sentencia en el primer pleito fuese anulada por no ostar autorizada por la ley, pero la corte negó esa moción porque si la sentencia ordenando el archivo del caso era errónea el recurso del demandante era apelar de ella y no lo hizo. ' Esa resolución fné apelada y desestimado el recurso por este Tribunal Supremo en 13 de noviembre de 1923 porque estaba dentro de la jurisdicción de la corte el dictar la sen-tencia de archivo y porque el recurso contra ella era el de apelación, sin que pudiera revivirla por sugerirse una cuestión jurisdiccional. Siete años después, en junio 20 de 1929, el demandante solicitó de la corte que lo relevara de los efectos de la sentencia de noviembre 20, 1922, dejándola sin efecto, desestimando la excepción previa y concediendo término a la demandada para que contestase, fundándose entre otras cosas en que la corte carece de jurisdicción para archivar el caso, en que debió tener por hecha la eliminación en la demanda sin que hubiera necesidad de presentar una demanda enmendada: en que el abogado entonces del de-mandante obró por inadvertencia y error excusables porque la pendencia de una moción de reconsideración lo excusaba de presentar la demanda enmendada y porque el demandado solicitó que se dictase la sentencia de archivo antes de vencer los veinte días que el demandante tenía para enmendar su¡ demanda.

Ahora nos pide la demandada que desestimemos esta ape-lación siendo el primero de sus fundamentos que no es apelable la resolución contra la cual se ha interpuesto el recurso.

Las cuestiones alegadas en la corte inferior por el •demandante para pedir que se le exonere de los efectos de la sentencia dictada en 20 de noviembre de 1922 pudieron ser tratadas y resueltas en la apelación que estableció contra ellai y de la cual desistió, y por esto la negativa de la corte a exonerar al demandante de los efectos de la sentencia no está comprendida en el artículo 295, No. 3°., del Código de Enjuiciamiento Civil que autoriza apelación contra providencias especiales dictadas después de sentencia, pues tales providencias especiales son las que resuelven cuestiones no comprendidas en la sentencia, y en este caso las cuestiones ale-gadas para la exoneración estaban comprendidas en la sentencia anterior. Además, bajo la apariencia de nna moción de exoneración de sentencia se pretende que ésta sea reconsiderada, y ya liemos declarado que no son apelables las negativas de reconsideraciones de sentencias.

Existe también otro motivo alegado en la moción de desestimación. y que es importante para desestimar esta apelación, y es el siguiente: Las cuestiones expuestas por el demandante para solicitar ser exonerado de la sentencia, anulando ésta y dejándola sin efecto, ban sido disentidas y resueltas entre las mismas partes en otra apelación anterior, pues en la opinión de este tribunal que se encuentra en el tomo 32, página 456, de nuestras Decisiones, que antes ba sido extractada, ban sido resueltas en contra del abora apelante las cuestiones en que funda la apelación contra cuya negativa recurre. También en el caso de Vargas v. Cruz, 36 D.P.ít. 636, ban sido resueltas algunas de esas cuestiones.

La apelación debe ser desestimada.


text:
    Dr. Antonio Navas Torres, demandante y apelado, v. Aetna Casualty & Surety Company, demandada y apelante.
    No. 4622.

    Sometido: Noviembre 14, 1929.

      Resuelto: Junio 16, 1930.

      A. Porrata Doria, abogado de la apelante; R. G. Sugrañes, abogado ■ del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente oaso se dictó sentencia por la corte de distrito condenando a la demandada a pagar al demandante $475 qne le reclamara por servicios qne como médico y cirujano que es le prestara a Juan Santiago, y las costas del pleito. No conforme la demandada apeló señalando en su alegato la comisión de siete errores. Son los dos primeros, que pueden estudiarse conjuntamente, los que se refieren a la cuestión verdaderamente importante en el litigio.

¿Contrató la demandada con el demandante? '¿Asumió la demandada la responsabilidad de pagar los gastos de la asistencia médica de Juan Santiago?

La corte sentenciadora,-después de declarar probados, en su relación del caso y opinión, los hechos alegados en la demanda, continuó expresándose así:

“El Sr. Rafael Porrata Doria negó bajo su juramento durante el curso del juicio, haber actuado en lo que respecta a esta transac-ción, a nombre de la ‘Aetna Casualty & Surety Co.,’ pero la corre no cree esta declaración por estar en contradicción con sus actos en el curso de los negocios en que actuó a nombre de la demandada y pagó al lesionado a nombre de aquélla la suma de $500.00 como base de la transacción acordada, y cree la corte que el hecho de haber satisfecho esta cantidad proveniente de dicha demandada, es de-mostrativo de que aquélla conocía los actos de su agente y los aca-taba y cumplía de acuerdo con los términos de los mismos.”

El hecho que motivó la prestación de los servicios a Santiago fué un accidente automovilístico. En agosto de 1925 un auto de Sucrs. de Tomás Cano y Co., lesionó en el pueblo de Arroyo a dicho Santiago, y el demandante, que es un médico-cirujano, lo asistió por espacio de un mes practicán-dole dos operaciones, una para suturarle los tendones de la pierna derecha que fueron desprendidos y otra para ampu-tarle finalmente la indicada pierna.

Que la demandada era la aseguradora de Sucrs. de Tomás Cano y que celebró por medio de Rafael. Porrata Doria una transacción sobre pago de los daños y perjuicios ocasionados a Santiago, podría estimarse como probado, pero la prueba de que las facultades de Porrata Doria, aun considerado como agente, se extendieran a más qne a la transacción con el lesionado, no es suficiente. El demandante debió ser más precavido si pretendió cobrar de una compañía desconocida para él. El directamente responsable era el lesionado. Después el causante del daño y en último extremo el asegu-rador del causante. Para llegar al asegurador era necesario hacerlo a través de una serie de relaciones que hay que alegar y comprobar debidamente. Parece la verdad que la compañía pagó los quinientos dólares que recibió el lesionado, pero aun si fuera preciso fijar el hecho como uno probado para basar en él una sentencia, se encontraría que no está acreditado debidamente en los autos si el pago lo hizo la casa de Cano, causante del daño, o la compañía.

Cuando el demandante vino a San Juan y fué a la oficina dé la compañía, no debió limitarse a hablar con Porrata, a quien encontró allí aparentemente trabajando. Debió indagar cuáles eran los jefes de la oficina y cerciorarse de quién o quiénes actuaban como agentes de la compañía. Su creencia de que Porrata era el agente, no es bastante para probar que lo era.

Además, sus mismas relaciones con Porrata, según su propia declaración, no fueron de tal naturaleza que aceptando su certeza contengan todos los. requisitos que la jurispru-dencia exige para que una tercera persona quede obligada a pagar por los servicios profesionales prestados a otra.

En el caso de Lange v. Cristy, 26 D.P.R. 376, esta corte dijo:

“Los profesionales deben tener gran cuidado en aclarar quién será la persona que responda al pago de sus honorarios.”

Y eso se dijo porque la jurisprudencia establece que “Si los servicios se prestan a una tercera persona, el deman-dante debe probar un contrato expreso por regla general.” McClenahan v. Xeyes, 188 Cal. 574. O en otros términos: “La regla general es que uno que llama a un médico para que preste servicios a otro no es responsable del pago de los servicios prestados, en ausencia de un pacto expreso obligán-dose a ello.”

Para que la obligación implícita de pagar surja, las circunstancias deben ser tan fuertes que impongan la conclu-sión como algo realmente evidente. Y aquí si se penetra bien en el fondo de la prueba se verá que quizá la actitud de Porrata tendió a dar esperanzas al doctor de que cobraría y quizá el doctor llegó a concebirlas, pero temió destruirlas desde el principio hablando claro y pactando con seguridad, y sometido su caso a la prueba de una contienda judicial, ha sufrido inevitablemente las consecuencias de sus propios actos.

No es necesario analizar los otros errores señalado's. Los cometidos son suficientes paira revocar la sentencia obelada y dictar la que debió haber dictado la corte de dis-trito declarando la demcmda sin lugar.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.