author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Guzmán, Demandante y Apelante, v. American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2178.
    Resuelto en abril 29, 1921.
    Alegaciones — Negativa que Constituye Admisión. — Cuando jiña negativa cons-tituye una admisión niega la alegación a que se refiere, el defecto puede ser considerado como de forma solamente y renunciarse a él si no se lia hecho • objeción antes del juicio; y tal defecto no será considerado como fatal cuando no aparece que la parte contraria ha sido inducida a perjuicio.
    Baííos y Perjuicios por Incendio — Negligencia de Compañías Ferrocarrile-ras — Incongruencia entre Alegaciones y Prueba. — Cuando la demanda re-clamando daños y perjuicios por negligencia se funda en que por haber sido manejada descuidadamente por sus empleados, una locomotora de la deman-dada dejó escapar chispas que encendieron las plantaciones del demandante, y la prueba demuestra que las chispas incendiaron primeramente las yerbas secas que había en la vía férrea, la incongruencia no es fatal y tiene derecho el demandante a enmendar su demanda después de practicada la prueba a reserva de conceder la suspensión del juicio si la enmienda produce sorpresa al demandado.
    Id. — Id,—Peso de la Prueba — Evidencia Suficiente para Hacer un Caso Prima Facie. — En general el peso de la prueba incumbe al demandante para esta-blecer aquella clase de negligencia que alega en su declaración, demanda o petición. Cumpla .él o no eon. esta obligación probando que el fuego que destruyó su propiedad se propagó de una locomotora de la demandada, es cuestión sobre la. cual el criterio de las cortes' está dividido con una fuerte preponderancia en favor de la proposición de que sí cumple.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogados de la apelada: Sres. G. II. Moscoso y F. G. Pérez Almiroty.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El quinto y octavo párrafos de la demanda presentada en este caso son los siguientes:

“V. Como a las 2 y 15 minutos p. m. del 4 de febrero de 1919, un tren de carga y pasajeros,, propiedad de la demandada, se dirigía de Mayagüez a San Germán, P. R.., y al atravesar dicho tren la finca descrita, la locomotora del mismo, que es la No. 67, fué manejada tan negligentemente por los empleados de la demandada, que allí y en-tonces se desprendieron de dicha locomotora materias encendidas que comunicaron fuego inmediatamente a las cañas que se mencionan en el hecho 11 y ocasionaron un incendio que se extendió por el cañaveral y dañó, totalmente 10 cuerdas de dichas cañas, y sus semillas, con quemaduras y chamuscamientos, dejándolas completamente inútiles para el- crecimiento y para la producción. ’ ’
“VIII. El incendio ocurrido en las cañas propiedad del deman-dante y los perjuicios por éste sufridos con tal motivo, en «la forma y manera que han sido relacionados, han tenido como consecuencia directa inmediata y próxima la negligencia de la demandada por conducto de sus empleados.”

El párrafo tercero de la segunda contestación enmendada es el que a continuación se copia:

“3. La demandada por información y creencia específicamente niega, que a la hora del día, mes y año que en la demanda se men-cionan, la locomotora No. 67 de su propiedad, conduciendo un tren de carga y pasajeros desde Mayagüez a San Germán, P. R., fuera en momento alguno durante su recorrido, manejada tan negligente-mente por los empleados de la demandada, encargados de conducirla, por cuyo motivo se desprendieran de dicha locomotora materias en-cendidas que comunicaran fuego a las cañas que se mencionan en el hecho 5o. de la demanda y que produjeran el incendio en la forma y extensión a que se contrae el mencionado hecho 5o. de la demanda, negando por consiguiente éste, en todas sus partes.”

Los hechos declarados probados por la corte inferior y la teoría por virtud de la cual fué desestimada la demanda, son los expresados por el juez sentenciador en los siguientes párrafos de su opinión:

“En este punto entiende la corte, que la prueba aportada al juicio por el demandante, no es suficiente para sostener las dichas alega-ciones de la demanda, pues en ésta se hace descansar la imputación de negligencia en el manejo negligente de la locomotora én cuestión; de cuyo hecho en sí, nada nos dice la prueba. Esta tiende más bien a demostrar, que el fuego comenzó de modo muy distinto a la forma y manera como en la demanda se alega-. Esta variante a juicio de la corte, es fatal. (Véase 33 Cyc. 1352, nota 96).
‘ ‘ En resumen, y siendo así que en la demanda se establece como base de esta acción, una causa de negligencia y de la prueba resulta otra causa distinta de la alegada, la corte tiene necesariamente que llegar a la conclusión de que, la demanda en este caso, no puede sostenerse. (Véase 33 Cyc. pág. 1356, párrafo c. y nota 23 de la pág. 1357).”

La prueba testifical, según revelan los autos, en tanto es pertinente a la cuestión así promovida, es en sustancia la siguiente®

“Manuel Santiago, a eso de las dos y media de la tarde del día 4. de_ febrero se encontraba con José Miguel Figueroa e Isaac Torres, mayordomo de la finca perteneciente al demandante en la romana que tiene la hacienda “Coto” como a cuarenta metros más arriba de donde empezó el fuego, cuando empezó a subir la máquina del tren de correo que atravesaba la finca del demandante cogió impulso y pasó así el tren al lado de nosotros; nosotros estábamos en la misma orilla de la vía y al momento de pasar el tren sentimos que dijo uno ¡Fuego! y seguido miramos y corrimos; que Jorge Martínez que es un enca-bezado de la siembra en esa finca también estaba presente; que todo el pasto que hay entre la vía del tren y la caña estaba seco y se prendió y extendió el fuego y entró a la pieza de caña y como no teníamos con que apagar cogió proporción por toda la orilla de la vía, que estaba llena de hierbas 'secas, y entró a la pieza de caña; que José Miguel Figueroa mandó un peón a la hacienda a tocar la campana y pudimos contener el fuego y á pesar de ello se quemaron diez cuerdas; que esa misma tarde del incendio después de haber apagado el fuego fui hasta San Germán y pregunté al Jefe de Esta-ción qué máquina era la que llevó el correo y él llamó a Mayagüez y dijo que era la máquina 67; que la hacienda “Coto,” donde ]a Guánica Céntrale tiene instalada la romana arriba descrita queda entre la carretera que conduce de Mayagüez a San Germán y la vía del-ferrocarril y el testigo estaba allí esperando que llegaran unos carros de caña suyos para' pesarlos y el mayordomo de la finca colin-dante estaba también allí; que el tren venía de abajo y cuando fué a pasar un paso a nivel sonó y el testigo y su compañero miraron en esa dirección; que después que el tren había pasado como a cua-renta metros, gritó un muchacho llamado Martínez, ¡ Fuego! y corrie-ron; que el tren viene primero de Filial Amor y viene hacia Bifurque y al pie de Bifurque fué; que la finca queda entre Filial Amor y la romana y la romana colinda con el pie de la finca, a- quince metros'de la finca; que antes de llegar el tren a la romana todo es línea recta desde Filial Amor y llano; que el testigo vió el tren desde que salía de Filial Amor porque estaba entre la vía y la romana y venía echando humo y la máquina venía explotando; que esa explo-sión produce fuego al exterior, echa chispas muchas veces y ese día las echó por debajo de la máquina, y ellos llegaron al momento y las encontraron en el suelo, eran unos pedacitos de carbón; que el testigo sintió a ese joven que dijo ‘Fuego’ y que cuando llegaron a él dijo ‘Aquí es’ y no había nadie allí y encontraron los carboncitos allí donde había dado fuego; que ese no es camino real sino un sitio para la vía del tren solamente; que los carbones estaban a la iz-quierda a la banda allá del rail, a la parte afuera del rail; que de la romana al punto donde empezó el fuego habrá 35 ó 40 metros y de la vía a la caña del demandante habrá cinco o seis metros; que de los carbones al rail izquierdo no había medio metro porque la hierba daba contra la vía, algunas 20 ó 24 pulgadas; que la yerba que había allí era matojo seco, es un pastizal entre la vía y la caña que se forma allí y crece, pero la compañía tiene la obligación dé limpiar siempre ese pastizal; que el centro de la vía estaba limpio; que allí hay una forma de cascajillo o tosca clara; que de la romana hasta Bifurque habrá 50 ó 60 metros y un poco más arriba de Bifurque la máquina empieza a desarrollar; que hasta Bifur-que es llano; que cuando llegaron al sitio tomaba proporción el fuego; que los carbones encendidos que encontraron eran como del tamaño de un grano de maíz; que vieron varios pedazos de carbón y le dieron con los pies; que por el sitio donde ocurrió el incendio ya viene la máquina desarrollando, por eso es que viene explotando; que la compañía hay veces que está cuatro o cinco meses sin mandar a cortar esa yerba y en el mes de enero ese matojo se seca y la yerba da hasta sobre la banda de la vía; que la rueda de la máquina la va cortando y así estaba el día del fuego y los carbones vinieron sobre la yerba y como la paja de caña venía contra la yerba esa cogió fuego. Había mucha yerba seca porque fué en enero y febrero cuando no llueve y hacía mucha seca y mucho viento; que por ahí no pasa gente, lo único que hay abajo un paso a nivel y después a lo largo la carretera, pero está como a diez o doce metros de la vía; que cuando el testigo llegó al sitio encontró los carbones en la cuneta en la orilla del relleno, a 16 pulgadas del rail y de la vía a la caña hay una distancia como de cinco metros.
“José Miguel Figueroa, mayordomo de una hacienda llamada San José, que es de don Alfredo Ramírez, y a cargo también de la finca ‘Coto,’ estaba entre la vía y la romana cuando oyó gritar ‘fuego,’ y al llegar al sitio donde estaba Jorge Martínez vió unos carbones pe-queños que encendieron la yerba seca que había entre la vía del tren y la caña y que el fuego, favorecido por el viento, a pesar de los esfuerzos que hicieron para extinguirlo se propagó a las cañas del demandante, etc.; que el testigo vió los carbones cuando llegó al sitio del fuego como a una distancia de. diez y seis o veinte pulgadas fuera del rail, viniendo del este para el oeste, a la derecha. Los carbones eran pequeñas partículas; que con el apuro del fuego no pudo apreciar si eran de media pulgada o como un garbanzo; que el tren'venía explotando bastante porque hay una pequeña pendiente; que la locomotora que traía ese tren era bastante grande, pues le pareció una de las más grandes. Eso de explotar es que al subir una pendiente viene haciendo fuerza, viene con más velocidad. Ahí es una línea recta, pero hay una pequeña pendiente empezando antes de la romana y antes del sitio del fuego también a la .parte oeste. Esta es una pendiente pequeña dentro de ese mismo llano, por e.so es que viene explotando ahí.
“Jorge Martínez estaba en la finca del demandante cuando pasó el tren correo por dentro de ella y al ver salir humo se aproximó al sitio y vió que era fuego y había un viento muy fuerte. Entonces estaba José Miguel Figueroa, Isaac Torres y Manuel Santiago en la romana del ‘Coto’ como a treinta y cinco o cuarenta metros de dis-tancia y el testigo le gritó que había fuego y entonces acudieron los cuatro, pero como no podían hacer nada, José Miguel Figueroa mandó un peón que tenía trabajando allí cerca a buscar gente y a tocar'la campana de la hacienda para recoger sus hombres y acudir al fuego; entonces vinieron como cuarenta o cincuenta hombres; que si no es por el auxilio de ellos se hubiera quemado mucha más caña, porque hasta la finca del señor Ramírez se quemó como medio cuadro. Yo vi los carbones allí al lado de la vía del tren y yo mismo con el zapato los ayudé a apagar. Esos carbones eran de piedra del tamaño de un grano de maíz y por allí no pasa otra máquina que no sea la del ferrocarril. Repreguntado declaró el testigo: Del sitio donde yo vi los carbones a donde estaban estos señores habrá 25 o 40 metros. Los carbones estaban fuera de los railes de. la vía y quemaron la yerba seca que hay entre la vía y la caña y luego el fuego se extendió a la caña. La finca es llana pero hay una pequeña pendiente que empieza un poco más abajo de un puente que hay, como a cinco o seis metros de distancia de donde pegó el fuego. Desde Bifurque hasta Filial Amor todo es llano, pero todo no puede ser parejo. Yo vi allí carbones pequeños como a 15 ó 20 pulgadas retirados de la vía y la compañía tiene la obligación de tener talada esa yerba.”

Después de dictada sentencia desestimando la demanda, el demandante, por. el fundamento de error, inadvertencia, sorpresa y negligencia excusable que se alega se debió a no haber hecho la demandada ninguna objeción a la prueba adu-cida, induciendo así al demandante a creer que la misma era pertinente por tener relación con la negligencia alegada en la demanda, solicitó un nuevo juicio con el fin de conformar sus alegaciones a tal prueba.

El demandante interpone apelación contra la sentencia y contra la resolución denegando la moción de nuevo juicio.

En el primer señalamiento. de error, o sea, que la corte erró al desestimar la demanda por la falta de prueba de. la negligencia de la demandada, el apelante además de hacer una repetición de la prueba, insiste en efecto, en que la ale-gada negativa del quinto párrafo de la demanda es una ne-gativa que implica una admisión, aunque sin decir cuál es y que como tal admite la negligencia de la demandada, ci-tando la obra de Kerr, página 594 y copiando de ella los párrafos que se basan en tres antiguos casos de California, Landers v. Bolton, 26 Cal. 393; Doll v. Good, 33 Cal. 237, 290, y Blankman v. Vallejo, 15 Cal. 638.

La proposición como lia sido expuesta por el apelante "(bastardilla nuestra) es que “una negativa en tal forma es mala, e implica una admisión porque la demandada no puede negar por información y creencia actos personales suyos.”

La apelada, trabada la contienda sobre la proposición como fué expresada, comienza su alegato haciendo la decla-ración de que “como somos en este caso la parte apelada, nuestra misión ha de limitarse a refutar la argumentación contraria según aparece ésta del alegato escrito presentado por el apelante.”

Haciéndose entonces caso omiso en el alegato de la ver-dadera cuestión envuelta, pasa a demostrar que una negativa de tal negligencia “basada en información y creencia” es permisible y cita el caso de Pérez v. Guánica Centrale, 17 D. P. R. 963. A esto siguen otras indicaciones de qué es lo que la demanda debe alegar en cuanto a negligencia, qué prueba es admisible de acuerdo con ella; qué es lo que cons-tituye una incongruencia, y a la regla de que una enmienda no debe constituir una causa de acción distinta y separada, y se cita al tomo 33 de Oye. página 1351 (5); 1356 (c); 1357, nota 23; 1354, nota 8.

También hace referencia la apelada al caso de Garrett v. Southern Railroad Company, 101 Fed. 102, y Niskern v. Chicago, Etc., R. R. Co., 22 Fed. 811, como que resuelven que en una acción contra una compañía de ferrocarriles por daños y perjuicios causados por incendio debido al manejo de sus locomotoras, trenes o vías, incumbe al demandante demostrar por una preponderancia de la prueba, la negligen-cia por parte de la demandada como se alega y que tal negli-gencia fué la causa del daño, esto es, que debido a tal negli-gencia, el fuego se comunicó á la propiedad del demandante, por chispas salidas de las locomotoras, etc.

Se cita a Thompson sobre Negligencia, página 794, sección 2231, donde se enumeran cinco causas de. acción específicas, donde se dice que no puede permitirse a un demandante elegir más de una al formular su demanda y se cita el artículo 2263 del tomo, para indicar lo que puede probar el demandante de acuerdo con las alegaciones de tal demanda, y citándose final-mente el tomo 33 de Cyc. página 1340, III;. Steele v. Pacific Coast Railroad Company, 73 Cal. 723; Perry v. Southern Pacific, 50 Cal. 578, y Henry v. Southern Pacific, idem, 176, pára sostener la proposición de que—

“La mera omisión de una compañía de ferrocarriles en limpiar la yerba seca que hay en su vía, las semillas y otros materiales de combustión que se acumulan naturalmente en el terreno, no consti-tuye negligencia per se; y no será culpable de negligencia la com-pañía y responsable por pérdidas que sean consecuencia de fuego ocasionado por chispas que enciendan tales acumulaciones, a menos que éstas sean tales que no hubieran sido permitidas por un hombre de cautela o de ordinaria prudencia en sus propios terrenos, de estar expuestos al mismo accidente.”

Las reglas generales de alegaciones que tratan de la cues-tión de una negativa qu'e constituye una admisión se discuten en el caso de Somonte v. Mimoso, 27 D. P. R. 398. Véase también a Sutherland, 257, sección 417.

“La regla que prohibe las negativas que constituyen una admi-sión, sin embargo, ha sido afectada.por las reglas liberales de inter-pretación y enmienda a las alegaciones que generalmente prevalecen de acuerdo con el Código.” Nota a Drennon v. Williams, Ann. Cases, 1917, A. 664 p. 669.

Y en la página 675 de la misma nota, se dice ló siguiente:

“Cuando una negativa que constituye una admisión niega la ale-gación a que se refiere, el defecto puede ser considerado como de forma solamente y renunciarse a el si no se ha hecho objeción antes ■ del juicio. Elton v. Markham, 20 Barb. (N. Y.) 343; Armstrong v. Danahy, 75 Hun 405, 27 N. Y. S. 60. Especialmente como se indica en el caso anotado el defecto no será considerado, como fatal cuando no aparece que la parte contraria'ha sido inducida por ello a su perjuicio. Pigeon v. Osborn, 4 Per. & Dav. (Eng.) 345, 9 Dowl, 511; Hershey v. O’Neill 36 Fed. 168. First Bank of Texola v. Terrel, anotado enteramente, después de este tomo, en la página 681.”

En el. presente caso el párrafo tercero de la contestación hasta el último, si es qne no se incluye, lo menos qne puede decirse es que no es un modelo de buena alegación. Pueda o no considerarse dicho párrafo final examinado en relación con su contexto inmediato, como que refuta la alegación a que se refiere, dentro del significado de la regla que acaba de exponerse es cosa que claramente parece estar sujeta a discusión. Pero toda vez que no se llamó la atención de la corte de distrito en ningún momento a esta cuestión de ale-gación y el punto se sugiere por primera vez en apelación y al parecer sin una idea muy clara del principio envuelto, difícilmente podemos concluir que el demandante “ha sido por ello inducido a su perjuicio.”

Siguiendo ahora la línea trazada por la apelada, no indi-cando nada el apelante y examinando el tomo 2 de Thompson sobre Negligencia, vemos que la sección 2263 si bien no tiene por objeto considerar en primer lugar el peso de la prueba, es instructiva acerca de lo que constituye “negligencia al correr la máquina que da lugar a que el fuego se disperse.” Esa sección dice en parte lo siguiente (bastardilla nuestra):

“Una locomotora u otra máquina de vapor puede, desde luego, estar debidamente construida y equipada y sin embargo ocasionar fuego por la negligencia en su manejo, en cuyo caso la responsabi-lidad es la misma que se expresa en el capítulo anterior. El cargar demasiado la locomotora puede equivaler a tal negligencia. La má-quina puede tener los medios de evitar que salgan las chispas y sin embargo haber negligencia en no manejar debidamente los limpia vías. Por tanto, no solamente se requiere que las locomotoras de una compañía de ferrocarriles sean primeramente construidas con los mejores y más reconocidos accesorios para evitar el escape del fuego, sino que si una de ellas ha comisado da/ño, la demandada está en la obligación de probar que su locomotora eu la f eeba del accidente estaba tanto en buenas condiciones como al cuidado de personas com-petentes. Y no es bastante con que la máquina estuviera bien cons-truida y al cuidado de personas competentes sino que debe aparecer además que era manejada con cuidado ordinario a fin de evitar la propagación de chispas. En un distrito en donde debido a la sequía de la vegetación pueden fácilmente ocurrir fuegos, este cuidado ordi-nario exige que los empleados tengan en consideración las condiciones que prevalecen, la velocidad y dirección del viento y el peligro de las propiedades cercanas, aunque teniendo en cuenta debidamente los intereses del servicio del ferrocarril y el deber de la compañía con sus favorecedores y el público.”

La cuestión referente al peso de la prueba en este sentido se discute extensamente en las secciones 2284 y siguientes del mismo tomo. Del párrafo inicial de esta exposición, ci-tamos lo siguiente:

“Indiscutiblemente, en general el peso de la prueba incumbe al demandante para establecer aquella clase de negligencia que alega en su declaración, demanda o petición. Cumpla él o no con esta obligación probando que el fuego que destruyó su propiedad se pro-pagó de una locomotora de la demandada, es cuestión sobre la cual el criterio de las cortes está dividido con una fuerte preponderancia en favor de la proposición de que sí cumple.”

Y la sección 2368 dice en parte lo siguiente:

“Al principio ha de observarse que el peso de la prueba recae en el demandante para establecer, mediante una preponderancia dé prueba, legalmente pertinente, que el fuego fué propagado ya por una locomotora de la demandada que pasaba o si no de su propia vía. Se-gún la naturaleza del caso, este hecho raras veces es susceptible de prueba de testigos que vieron la verdadera propagación del fuego; pero generalmente ha de inferirse de la circunstancia de haberse pro-pagado el fuego poco después de pasar la locomotora. Los cortes gene-ralmente están acordes en cuanto a que la prueba de que el fuego se propagó inmediatamente o muy pronto después de pasar el tren de la demandada y que no había fuego en la vecindad antes ni ninguna otra causa aparente de fuego, es admisible, y es bastante para justi-ficar a un jurado en inferir que el fuego salió de la locomotora que pasaba. ’ ’

Una breve exposición de los fundamentos en los cuales se basa la doctrina en cuestión puede verse en el tomo 11 E. C. L. 989, sección 41, a saber:

“El razonamiento generalmente adoptado en apoyo de la regla de que probado el origen del fuego contra la compañía de ferrocarril, incumbe a tal compañía demostrar que ha tomado todas las precau-ciones necesarias para evitar ocasionar tal mal, es que los agentes y empleados de la compañía saben, o por lo menos están obligados a saber que la locomotora está debidamente equipada para evitar que se escape el fuego y que ellos saben si se emplearon aparatos mecá-nicos para ese fin y de ser así, cuál era su clase; mientras que por otra parte, las personas que no están relacionadas con el camino y que solamente ven pasar los trenes a gran velocidad, no tienen tales medios de información, la que no está a su alcance y no pueden ob-tener sin gran molestia y gastos y aunque a menudo la obtienen como un favor de la compañía, la cual dentro de las circunstancias sería muy probable que se negara a dar.”

A la luz de esta regla, la sección 2363 citada por la ape-lada adquiere una significación nueva y peculiar.

Así también, examinando a Thompson, tomo 2, sección 2273, encontramos lo siguiente:

“La verdadera regla es que aunque no constituye negligencia per se por parte de una compañía de ferrocarriles permitir que materiales combustibles se acumulen en la vía, sin embargo, el permitir tal. acu-mulación puede dar lugar a una acción por negligencia cuando es razonablemente probable que con ella se ocasionará daños a una pro-piedad colindante a dicha compañía en caso de que tal material coja fuego debido a las locomotoras que pasan.”

Y en el párrafo siguiente, por vía de ilustración, se dijo lo siguiente:

“Cuando una compañía de ferrocarriles consentía o permitía que quedara yerba en su vía por tres o cuatro meses después de terminada la estación en la cual tal yerba estaba verde o creciendo en suficientes cantidades que pudiera coger fuego por las chispas de las locomotoras que pasaban y comunicar el fuego a los terrenos adyacentes, se re-solvió que esto era prueba de negligencia.”

Pero, como se indica- en la sección 2280:

“Aparte de la cuestión de negligencia de la compañía al permitir que materiales combustibles se acumularan en su vía, ha de obser-varse que la prueba de la existencia de tales materiales es pertinente por tener relación con la cuestión el grado de cuidado necesario en el manejo de sus locomotoras para impedir la propagación del fuego; puesto que, como ya se ha visto, se exige mayor cuidado que en otros casos al manejar locomotoras a fin de evitar la propagación de fuegos, cuando en la vía y camino se encuentran desparramados materiales combustibles. ’ ’

En el caso de Doppe v. Atlantic Coast Line Railroad Company, 67 Southern, 262, encontramos que “al considerarse el origen del fuego, es inmaterial la cuestión de si el fuego empezó en o fuera de la vía.”

Y en el caso d.e Cantlon v. Eastern Railway Company of Minn., se dijo lo siguiente:

“La prueba de que había material combustible en la vía — yerba seca — era pertinente; pues eso podría haberse tomado en considera-ción al apreciar el grado de cuidado necesario que ha de ejercitarse al manejar la locomotora.”

Véanse también los casos de Butcher v. Vaca Valley & C. L. R. Co., 5 Pac. 359, 67 Cal. 518, y Florida East Coast Railroad Company v. Welsh, 44 Southern 250.

De paso podemos decir que Thompson en la sección 2231, supra, en la cual se funda la apelada, simplemente expresa que “la negligencia de la compañía de ferrocarril por la que el fuego se propaga a propiedades adyacentes puede consistir, ‘entre otras cosas’: (3) por no mantener su vía libre de materias combustibles; (4) en manejar sus locomo-toras de tal modo que propaguen innecesariamente fuego.”

No expresa ni es tampoco una inferencia necesaria deb lenguaje empleado, que estos elementos diferentes deben con-siderarse en todos los casos y bajo todas las circunstancias como causas de acción separadas e independientes.

Y al tratar de la cuestión de enmienda e incongruencia, las secciones 2365 y 2379 prescriben lo siguiente:

“2365. Como la demanda puede fundarse en la negligencia, en uno de sus particulares, tal como el uso de aparatos defectuosos para impedir la propagación del fuego, y como la prueba puede revelar negligencia en cuanto a otro particular, así como la negligencia en correr la locomotora, o en permitir que material de combustión se acumulara en la vía, o en negligencia al no adoptar las debidas res-tricciones .para evitar la propagación del fuego después que ha'empe-zado, procede claramente permitir al demandante enmendar su de-manda después de presentada la prueba con sujeción, desde luego, al derecho del demandado a obtener una suspensión si la enmienda le produce sorpresa. Cuando, en el juicio de tal acción, ambas partes presentaron prueba a favor y en contra, en cuanto al sombrerete para chispas y cenicero defectuosos y a la acumulación de yerbas secas y semillas en la vía de la demandada, aunque semejante negligencia fué alegada en la demanda, se resolvió que era pertinente, de acuerdo con el estatuto, permitir al demandante, después de la sentencia, en-mendar su demanda alegando negligencia en estos particulares. El estatuto era el corriente, que autorizaba a la corte en cualquier mo-mento permitir a cualquiera de las partes enmendar un defecto en su alegación, bajo las condiciones que la corte ordenara.”
“2379. La pertinencia en admitir o excluir prueba por no ser pertinente a las cuestiones en controversia puede variar por la con-ducta de las partes en el juicio. Ellas pueden abandonar las cues-tiones planteadas en los escritos y celebrar el caso como si una cues-tión litigiosa que no ha sido planteada en las alegaciones estuviera presentada ante la corte, en cuyo caso la parte que adopta este proce-dimiento puede renunciar su derecho a objetar la prueba por el fun-damento de que no sostiene ninguna alegación hecha por la parte contraria en su pleading. Por ejemplo, en una acción como la que consideramos ahora en que la demanda no alegaba que el fuego se había propagado por ser defectuosa la locomotora, pero que el abogado de la demandada fué a juicio en el caso asumiendo que los defectos en las locomotoras era una cuestión controvertible, — se resolvió que la demandada no podía oponerse a la prueba presentada por el de-mandante tendente a demostrar que el sombrerete para obispas de la locomotora era defectuoso. En el mismo caso la demanda alegaba que el fuego babía sido propagado por el funcionamiento negligente de la locomotora de la demandada, pero no alegaba que la locomotora era defectuosa en cuanto a sus aparatos para impedir la propagación del fuego. Se resolvió, sin embargo, que el demandante podría pro-bar que el fuego se escapó del sombrerete para chispas, aunque tal prueba tendiese a demostrar que dicho aparato era defectuoso.”

Y-

“En otro caso en que la demanda en una acción contra una com-pañía de ferrocarriles por daños y perjuicios ocasionados por fuego alegaba que el fuego fué propagado negligentemente de una de las locomotoras de la demandada a la yerba que crecía en la vía, se re-solvió que no constituía error permitir una enmienda después de más de siete años de radicada la demanda original, agregando a ésta que la compañía fué negligente en permitir que la vegetación seca se acumulara y quedara en la vía donde empezó el fuego, pues la en-mienda no alegaba una causa de acción separada y distinta.” White, Suplemento a la obra arriba citada, p. 431, See. 2365.

• El sumario del caso Texas & Pacific Railway Company v. Gains, 26 S. W. 873, es en parte como sigue:

“La demanda alegaba que el fuego salió de la locomotora de la demandada debido a la. total negligencia del empleado de la deman-dada que la manejaba, y que descuidada y negligentemente encendió la yerba de la finca del demandante, y que el fuego se debió a la negligencia y descuido del empleado de la demandada al manejar lo locomotora. Se resolvió, que la demanda no circunscribía la prueba al mero manejo de la locomotora por el maquinista, sin tenerse en cuenta la naturaleza defectuosa de la máquina para impedir el escape de fuego.”

Se cita este caso como autoridad'en el párrafo inicial de la opinión en el de San Antonio & A. P. Ry. Co. v. Home Ins. Co. of New York, 70 S. W. 999, el cual es así:

“La demanda alegaba negligencia de la compañía de ferrocarril en funcionar negligentemente su locomotora permitiendo el escape de chispas de la misma que incendiaron cierta materia de cedro que estaba en su vía. Esta fué una alegación' suficiente de negligencia, admitida como prueba no solamente del manejo descuidado de la lo-comotora, sino también de la construcción insuficiente y equipo de dicha locomotora.”

T de las notas que encabezan el caso de Brush v. The Long Island Railroad Company, 10 Appellate Division, 535, confirmado sin opinión en la Corte de Apelaciones, 53 N. E. 1123, citamos lo siguiente:

“Cuando la demanda, en una acción fundada en la negligencia de la demandada, alega que la demandada, una compañía de ferro-carriles, ‘atendió tan negligente y descuidamente al fuego que volun-tariamente había encendido y tenía en cierta locomotora, que el mismo pasó a la propiedad del demandante,’ puede exigirse una responsabi-lidad a la demandada probando haber usado un sombrerete para chis-pas defectuoso en su locomotora.
“Cuando hay prueba de que el fuego en cuestión empezó en las zarzas, yerba y hojas secas que estaban cerca de la vía, la corte puede propiamente instruir al jurado que la corporación es responsable si permitió que el fuego, que salió de la locomotora, se comunicara al material que se había permitido aglomerar tan cerca de la vía que constituía fuente de peligro.
‘ ‘ En tal caso, la prueba del comienzo del fuego en las hojas aglo-meradas y yerba cortada en el terreno de la demandada es perti-nente, aunque no haya referencia específica en la demanda en cuanto a la existencia de este elemento preciso en la propagación del fuego. ’'

Estos no son. sino ejemplos que indican que los casos como éste no constituyen excepción a la más amplia proposición enunciada en la siguiente cita:

“Es una regla general que para que sea fatal una incongruencia entre las alegaciones y la prueba, debe ser tal que induzca a error a la parte contraria en su pérjuicio al sostener su acción o defensa sobre sus méritos. Las cortes han sido muy liberales en dar efecto a las leyes que permiten que no se consideren las incongruencias, y enmiendas que han de hacerse para ajustar las alegaciones a la prueba. De conformidad con esto, ellas generalmente consideran las incongruencias técnicas como subsanadas por dichas enmiendas, o renunciadas al procederse al juicio o hacerse referencia a ella sin levantar la objeción.” 21 R. G. L. 611, See. 153.

Los artículos 136, 137 y 142 de nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil se citan íntegramente en el caso de El Pueblo v. Zamorano, 28 D. P. R. 722, y no es necesario reproducirlos aquí.

El verdadero propósito de estos preceptos es promover la pronta administración de justicia sustancial y, de tener aplicación, conducen principalmente a ese fin. Teniendo esto presente, las cortes no pueden tener demasiado cuidado en evitar cualquier tentativa en derogar tales disposiciones me-diante legislación judicial so pretexto de una interpretación, estatutoria.

Con el objeto de indicar la tendencia del moderno cri-terio en estos particulares, comprendiendo la idea de lo que: se exige a un demandado que desea valerse de una incon-gruencia entre las alegaciones y la prueba, podemos citar los siguientes casos:

Standard Oil Co. v. Brown, 218 U. S. 84;
Chicago, M. & St. P. Ry. Co. v. Voelker, 129 Fed. Rep. 529;
Atlantic & Pacific Railroad v. Laird, 164 U. S. Rep. 393;
Hedstrom v. Union Trust Co., 7 Cal. App. Rep. 278;
Pomeroy’s Code Remedies, p. 636;
Maienchi v. Michelini, 82 Pac. Rep. 1052;
Duke v. Huntington, 130 Cal. 272;
Pollitz v. Wickersham, 150 Cal. 238;
Abner Doble Co. v. Keystone Consolidated Mining Co., 145 Cal. 490;
Long v. Pocahontas Consol. Collieries Co., 98 S. E. 289;
Thompson on Trials, Vol. 2, Sec. 2310, p. 1568;
Davey v. Southern Pacific Co., 116 Cal 325;
Thompson’s Commentaries on the Law of Negligence, Vol. 6, Sec. 7473, p. 517;
Wilcox v. Newman, 190 Pac. 138.

En el presente caso los autos no sólo están completamente desprovistos de objeciones o excepciones, sino que en lo que respecta a la prueba de la existencia de yerba seca en la vía tiende a indicar negligencia en este particular como funda-mentó independiente para recobrar, más bien que al mero be-obo de que el fuego fué propagado primero a diebo material combustible extendiéndose de allí a la caña, o al mayor grado de cuidado exigido dentro de las circunstancia's en el manejo y funcionamiento de la locomotora de la demandada, aspecto del caso que presentó, y en el cual insistió y argumentó no tanto el demandante en el interrogatorio directo como el abo-gado de la demandada en las repreguntas.

Manuel Santiago, el primer testigo, declara simplemente que el pasto seco que bay entre la vía y la caña se encendió .extendiéndosé entonces el fuego a la pieza de caña. Es sola-mente en el examen de repreguntas y luego a nuevas pre-guntas de su abogado que entra en detalles respecto ajos carbones encendidos, a la obligación de la compañía de man-tener limpia la vía y a la negligencia en el cumplimiento de su deber en este particular.

El siguiente testigo, Figueroa, se refiere al becbo escueto de que los carbones encendieron la yerba seca que bay entre la vía del tren y la caña, de donde el fuego, a pesar de los esfuerzos que se bicieron para apagarlo, se propagó a la caña.

Jorge Martínez, en el interrogatorio directo, ni siquiera menciona la yerba seca ni dice terminantemente que el fuego se originó en la vía. Es la demandada la que en el examen de repreguntas revela el dato de que los carbones encendidos que estaban precisamente afuera de la vía encendieron la yerba seca, que el fuego entonces se extendió a la caña y que la compañía está en la obligación de tener talada esa yerba en su vía.

En ninguna parte de las declaraciones, excepto como se ba indicado, existe la más remota indicación de que la deman-dada esté en la obligación de mantener su vía libre de material combustible o de su omisión en cumplir ese deber. Tampoco revelan los autos en ninguna parte que la cuestión de incongruencia, por no decir de sorpresa o prejuicio para la demandada debido a ella, ni siquiera fué sugerida a la corte sentenciadora mediante objeción a la prueba, moción de sobreseimiento, argumentación oral al someter el caso o de otro modo, antes de dictarse sentencia. •

La prueba no da lugar a ninguna duda razonable en cuanto a la brisa, vientos reinantes, origen del fuego en la vía den-tro de algunas pulgadas de los railes y a la rapidez con que empezó la llama y se propagó inmediatamente al pasar el tren. Parece bastante claro que el juez de distrito no con-sideró en absoluto, ni fundó su sentencia en grado alguno, en las declaraciones de los testigos de la defensa. A menos que tengamos que dar por sentado que la anterior declara-ción no contiene las verdaderas razones que sirven de fun-damento a la sentencia apelada, esa cuestión nunca fué con-siderada. Por esta razón, y en vista de la forma en que ba de resolverse el caso, no emitimos opinión alguna en cuanto al peso de la prueba de la defensa en tanto pueda consi-derarse como tendente a refutar el caso prima facie como ba sido presentado por el demandante al alegar que el fuego se originó por las obispas o carbones encendidos de una loco-motora que pasaba dentro de las circunstancias referidas para indicar el grado de cuidado que debió haberse ejercitado pol-la demandada.

Considerando, por tanto, el caso desde este punto de vista, no bubo falta de prueba respecto a la negligencia y que la corte inferior sostuvo este criterio en el asunto parece.razo-nablemente claro. El juez sentenciador no sugiere que baya ningún conflicto en la prueba en cuanto al origen del fuego ni tampoco pone en duda la veracidad de los testigos del demandante. Sus declaraciones prácticamente no ban sido contradichas. Si dicen la verdad, el origen del fuego ba que-dado demostrado fuera de toda duda y esto, como hemos dicho, es bastante para constituir un caso prima facie. Si la corte inferior sin impugnar esta prueba quiso resolver otra cosa, entonces cometió error.

Pero creemos que la declaración hecha por el juez sen-tenciador sólo quiere decir que en tanto la prueba tendía a demostrar que el fuego comenzó en la yerba seca que había en la vía de la demandada una nueva causa de acción que no ba sido alegada en la demanda quedó establecida y que ésto era una incongruencia fatal.

En uno u otro caso, es claro que la sentencia no debió prevalecer. Y en vista de la conclusión a que hemos llegado respecto a este aspecto del caso no es necesario que consi-deremos las cuestiones envueltas en la apelación contra la orden desestimando la moción de nuevo juicio.

La sentencia apelada debe ser revocada, devolviéndose el caso para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Cintrón, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas, denegatoria de la inscripción de una escritura de cesión de cánones de arrendamiento.
    No. 490.
    Resuelto en mayo 6, 1921.
    Arrendamiento — Cesión de Cánones — Derechos Personales no Son Inscribi-bles. — Aún cuando se llenaran en la cesión de los cánones de arrendamiento todas las circunstancias exigidas en el párrafo 5o. del artículo 2o. de la Ley Hipotecaria, no sería inscribible la escritura de cesión o traspaso de cánones de arrendamiento por ser esa cesión de un derecho puramente personal.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. J. Hernández TJsera.

    El Registrador recurrido, Sr. José A. Vargas, no com-pareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 7 de junio de 1918, Manuel Pórtela Cabezudo dió en arrendamiento a £ ‘ The Porto Rican American Tobacco Company ’ ’ una finca rústica con las casas y ranchones en ella edificados, por término de seis años a contar desde primero de junio de 1919 y precio de $5,000 anuales, a pagar por semestres adelantados, comprometién-dose la compañía arrendataria a anticipar al arrendador los $10,000 correspondientes a los cuatro primeros plazos con el descuento de un siete por ciento en concepto de intereses, cuyo.contrato fué inscrito en el registro de la propiedad. Y por otra escritura posterior de 3 de julio de 1920, las mismas partes celebraron nuevo contrato de arrendamiento de dicha finca, por término de un año a contar desde el primero de junio.de 1925, fecha en que vencería el anterior, por precio de $5,000.00, a pagar por semestres adelantados, conviniendo en que ese segundo contrato fuera inscrito en el registro de la propiedad, como así se verificó.

Pórtela Cabezudo a nombre propio y en representación de su esposa, Teresa Torres Dávila, por escritura de 16 de •febrero de 1921, en que se insertaron los dos documentos an-teriormente relacionados, hizo cesión a José Vicente Cintrón de los cánones de arrendamiento pendientes de cobro, de los cuales el primero había de vencer el primero de junio de 1921, ascendentes a $25,000, por precio de $18,645.83, bajo la. base de un descuento del diez por ciento; conviniendo en que todos los gastos que ocasionara la escritura así como su copia inscrita en el registro de la propiedad y la carta de pago en su oportunidad para la cancelación del gravamen serían por cuenta del cedente Pórtela Cabezudo.

Presentada en el registro para su inscripción la anterior "scritura de cesión de cánones de arrendamiento, el registra-dor denegó la inscripción solicitada por medio de nota que en lo pertinente dice así:

“Denegada la inscripción a que se refiere este documento * * * por observar que la cesión de cánones de arrendamiento • a que el mismo se refiere no es inscribible en el registro de la propiedad por tratarse de una obligación personal y no de un derecho real, según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los easos de El Banco Territorial y Agrícola v. El Registrador, 19 D. P. R. 1037 y Simonds v. El Registrador, 22 D. P. R. 608

Esa nota, su fecha 26 de marzo de 1921, ha sido recurrida por el cesionario José Vicente Cintrón, cuya representación alega en apoyo del recurso que la jurisprudencia citada por el registrador no es aplicable al caso, por las siguientes ra-zones :

“1o. Porque en el caso del Banco Territorial y Agrícola v. El Registrador, 19 D. P. R. 1037, según áfirma el recurrente en el caso de Simonds v. El Registrador, 22 D. P. R. 608, se trataba.de un contrato de arrendamiento que no había sido inscrito en el registro de la propiedad, mientras que en el presente recurso se trata de la cesión de los cánones de dos arrendamientos de una misma finca, ambas inscritas en el registro de la propiedad por convenio expreso de las partes, siendo el primer arrendamiento de 6 años, y el segundo de un año, que expirarán el 31 de mayo de 1926, y los cánones ce-didos comprenden desde el primero de junio de 1921 hasta la termi-nación de los 2 arrendamientos el 31 de mayo de 1926.
“2o. En el caso de Simonds v. El Registrador se trataba única-mente de la cesión de un solo canon de arrendamiento, el contrato no llegaba a 6 años, ni tampoco se convino su inscripción en el registro, mientras que en el presente recurso se trata de 2 arrendamientos que empezaron el 1 de junio de 1919 y terminarán el 31 de mayo de 1926, o sean 7 años, y en la escritura de cesión de cánones de arren-damiento se estipuló en la cláusula 4, que el señor Pórtela pagaría todos los gastos de la escritura y los de su copia en el registro de la propiedad, lo cual oonstituye un convenio de que se inscriba la es-critura.
“3o. Porque en el presente recurso la escritura de cesión de cánones de arrendamiento, reúne las circunstancias expresadas en el párrafo 5 del artículo 2 de la Ley Hipotecaria mientras que los contratos discutidos en los casos de Simonds v. El Registrador y El Banco Territorial y Agrícola v. El Registrador no reunían dichas condiciones.”

Admitimos que los casos citados y el presente no son idénticos en sns detalles; pero el examen de los autos mues-tra que la cuestión fundamental envuelta en ellos es una misma, o sea la de si es inscribible o no en el registro la cesión de cánones de arrendamiento y tal cuestión fué resuelta en el sentido de que el derecho que tiene un arrendador para recobrar las rentas o cánones del' arrendatario es puramente una obligación personal entre dicho arrendador y el arren-datario, y no un contrato o derecho real, no siendo por tanto inscribible su cesión o traspaso en el registro de la pro-piedad.

Ciertamente que según argumenta el recurrente, en el caso de Simonds v. El Registrador, dijo esta corte:

“Debe observarse de paso, aún cuando dicho artículo 30 fuera de, aplicación, que el mismo requiere que los contratos a que se refiere tengan todas las circunstancias expresadas en el párrafo 5o. La ce-sión verificada en este caso no es por seis años, ni existe tampoco ningún convenio para su inscripción, ni ningún otro elemento por el que pueda inscribirse un contrato de arrendamiento. No hay sino una cesión de un solo canon de arrendamiento.”

Pero antes del párrafo transcrito expresa claramente la corte que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Hipotecaria “simplemente hace referencia a los sucesivos traspasos del arrendamiento y protege esencialmente al arrendatario o arrendatarios subsiguientes” y por tanto hemos de llegar a la conclusión de que aún cuando se llenaran en la cesión de los cánones de arrendamiento como realmente se llenan en el presente caso todas las circunstancias exigidas en el párrafo quinto del artículo segundo de la Ley Hipotecaria, no sería inscribible la escritura de cesión o traspaso de cánones' de arrendamiento de que se trata por ser esa cesión de un de-recho puramente personal. El punto fué ampliamente con-siderado en el caso de Simonds v. El Registrador y no nece-sita más razonamientos.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey. Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción al Reglamento No. 995 del Tesorero de Puerto Rico.
    No. 1660.
    Resuelto en mayo 12, 1921.
    Reglamento del Tesorero sobre Bebidas Embriagantes — Recetas para Bebi-das Embriagantes Deben Ser Pechadas — Bebidas Embriagantes. — La dis-posición contenida en el reglamento promulgado por el Tesorero de Puerto Rico en uso de las facultades que le confirió la Ley No. 69 de 1917, por la cual se exige que toda receta expedida por facultativo autorizado ordenando el despacho de bebidas embriagantes para fines medicinales lleve la fecha de su expedición, no es contraria, a dicha Ley sino que está en armonía con su espíritu.
    Id. — Denuncia Suficiente — Objeciones Tardías — Excepción de Falta de Ba-chos. — Aunque hubiera de concluirse que una denuncia formulada por ex-pedir una receta sin fecha ordenando el despacho de bebidas embriagantes, que al referirse al reglamento infringido solamente expresa: “ * * * Hecho contrario a la circular promulgada para tal fin," que tal denuncia debió ser más específica al- citar el reglamento infringido, tal deficiencia, levantada por primera vez ante el Tribunal Supremo, no puede servir de base para la excepción privilegiada de falta de hechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en lo pertinente dice así:

"Que en diciembre del corriente año y en la calle Estrella No. 53 de Ponce, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., el acusado arriba referido, que es una persona legalmente para prescribir alcohol, bebidas, drogas, o medicinas alcohólicas o. embriagantes, para fines medicinales, expidió una receta para Pedro González del barrio-de Machuelo de Ponee, por setecientos treinta y dos gramos (732) de brandy (que es una bebida embriagante,) sin haber hecho constar en la receta la fecha en que ésta fué expedida. Hecho contrario a la circular promulgada para tal fin y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.” !

Juzgado el acusado finalmente por la corte de distrito, fué condenado a pagar veinte y cinco dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dollar dejado de satisfacer.

No conforme el condenado con la sentencia, apeló de ella para ante este tribunal. No existe pliego de excepciones ni relación de pruebas. Sostiene el apelante, en su alegato, que los hechos imputados en la denuncia no constituyen delito público, porque ni la Ley No. 69 de 1917, ni su enmienda de 1913 confieren facultades al Tesorero para exigir que el fa-cultativo consigne en la receta la fecha en que la expida y sostiene además el apelante que de la denuncia no aparece en qué términos estaba redactada la circular del Tesorero, lo que es contrario “al apartado 4 de la Constitución de los Estados Unidos, traducido en la Declaración de particulares del Acta Jones, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en dos de marzo de 1917, para regir en Puerto ítieo, que expresamente determina que a todo acusado debe dársele una amplia información del cargo que se le hace, de manera que se le dé margen para su defensa.”

El ¿pelante se limita a levantar dichas cuestiones en la forma indicada pero no las argumenta ni presenta jurispru-dencia en apoyo de las mismas.

La Ley No. 69 de 1917 citada es la aprobada el 5 de diciembre de 1917 para proveer ingresos adicionales, autori-zando y reglamentando la importación, manufactura y venta de bebidas embriagantes y drogas para fines medicinales, sa-cramentales, industriales y científicos, etc. En su sección 6 del capítulo II dispone que—

“Será ilegal por parte de cualquier médico debidamente autori-zado para ejercer según'lo dispuesto en está ley, expedir cualquier receta para bebidas embriagantes, a menos que sea para el trata-miento de un paciente, cuya condición exije dicha bebida embriagante como medicina.”

Y el artículo 9 del mismo capítulo de la misma ley “auto-riza, faculta y ordena al Tesorero de Puerto Rico para que dicte todas las reglas y reglamentos necesarios que no se opusieren a esta ley para llevar a cabo las disposiciones de la misma * * * ” y prescribe que—

“La falta de cumplimiento de cualesquiera de las disposiciones de esta ley, o de los reglamentos que se promulgaren de acuerdo con la misma, se considerará como delito menos grave (misdemeanor) y se castigará con una multa que no bajará de veinte y cinco dólares en la primera infracción, y, en casos de reincidencia, no bajará de cincuenta dólares.”

En cumplimiento del deber impuéstole por la ley y en el ejercicio de las facultades que la misma le confiere, el Teso-rero dictó el reglamento infringido en este caso exigiendo que se consigne en cada receta la fecha en que se expide.

Tal requisito no es contrario a la ley, sino que está en harmonía con su espíritu. El uso de bebidas alcohólicas está' prohibido, pero el legislador aceptando como una realidad científica el hecho de que es necesario emplear tales bebidas en el tratamiento de ciertas enfermedades, autorizó que pu-dieran ser prescritas por los facultativos. Y guarda estre-cha relación con esa autorización con tal fin concedida, el exigir la fecha en que la bebida se prescriba porque entonces podrá juzgarse por la cantidad en determinado tiempo la verdad de la prescripción. Además, para una comprobación en su caso de si la enfermedad era o no cierta, la fecha de la receta es importante. Otras consideraciones podrían en-contrarse para sostener qne el reglamento no se opone a la ley. La experiencia ha demostrado qne se ha recnrrido a todos los medios imaginables para violar la ley qne prohibe el nso del alcohol. De ahí qne los reglamentos tengan qne ser necesariamente casnísticos.

Es nn principio bien establecido qne “las funciones de legislación no pneden ser delegadas por el departamento le-gislativo en el ejecutivo ni en ningún funcionario o funcio-narios del mismo,” 12 C. J. 844, pero también se ha decidido “qne la Legislatura puede especialmente autorizar a nn fun-cionario o cuerpo administrativo para adoptar reglas y re-glamentos sobre la administración y cumplimiento de la ley. ’ ’ 12 C. J. 845.

Por supuesto que “la facultad conferida de adoptar re-glamentos para llevar a cabo los fines de un estatuto debe ser ejercitada dentro de los poderes delegados, es decir, debe limitarse a detalles para reglamentar la forma de procedi-miento para poner en vigor la ley como ha sido promulgada, y no puede extenderse a enmendar o adicionar los requisitos del estatuto mismo.” 12 0. J. 845, 846. Pero ya hemos visto que se trata aquí de una cuestión de detalle en harmo-nía con el pensamiento fundamental del legislador y con el propósito de que tal pensamiento sea una realidad en la práctica.

Véase el caso de El Pueblo v. Neagle, 21 D. P. R., 356, 362, en el que se cita el de United States v. Grimaud, así:

“En el caso de United States v. Grimaud, 220 U. S., 506, una ley del Congreso reservó ciertos terrenos forestales y dispuso que el Se-cretario de Agricultura debería dictar aquellas reglas y reglamentos y debería establecer el servicio necesario para asegurar los fines de tal reserva, cuales son el reglamentar su disfrute y posesión y el im-pedir la destrucción de los bosques. La infracción de cualquiera de las reglas establecidas por el Secretario de Agricultura constituía un delito. Al declarar que tal ley era constitucional la corte dijo:
“ ‘ (P. 517.) Desde el principio del gobierno varias leyes han sido aprobadas confiriendo a funcionarios ejecutivos el poder de dictar reglas y reglamentos, no para el régimen de sus departamentos, sino para bacer cumplir las leyes vigentes. Ninguna de estas leyes po-drían conferir poder legislativo. Pero cuando el Congreso legislaba y expresaba su voluntad, podía dar a aquellos que habían de actuar bajo tales preceptos, el poder para establecer los detalles mediante-la promulgación de reglas y reglamentos administrativos, cuya in-fracción podía ser castigada con multa o prisión fijada por el Con-greso o con penas fijadas por el Congreso, o calculadas por el daño causado. ’ ”

Y en cnanto al segundo fundamento, bastará decir que aunque se concluyera que la denuncia debió ser más espe-cífica al citar el reglamento infringido, tal deficiencia, levan-tada por vez primera ante este tribunal, no puede servir de base para la excepción privilegiada de falta de becbos sufi-cientes para constituir una causa de acción.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. HtjtchisoN,

text:
    Pérez et al., Demandantes y Apelados, v. Arrieta et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre impugnación de elección.
    No. 2445.
    Resuelto en mayo 13, 1921.
    Impugnación de Elecciones — Transcripción en Casos de Impugnación Electoral — Desestimación de Apelación. — La sección 11 de la Ley de marzo 7, 1906, sobre impugnación de elecciones no puede interpretarse en el sentido de obligar al apelante a incluir en la transcripción todos los documentos referentes a dichos procedimientos, por innecesarios que sean para la apela-eión; por lo que no procede desestimar la apelaeióm de una sentencia dictada en pleito sobre impugnación de elecciones por el beeho de que el apelante de-jare de incluir en la transcripción documentos que no son esenciales para la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. L. Feliú.

    Abogados de los apelados: Sres. C. Coll CucM y G. Cru-zado Silva.

   El Juez Asociado Se. HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Los impugnados interponen recurso de apelación contra una sentencia dictada sobre las alegaciones en un caso de impugnación de elección y los impugnadores solicitan que se desestime la apelación por el fundamento de que la trans-cripción de'autos no contiene “ todos los procedimientos ha-bidos en la impugnación o contienda.”

Los autos están formados por una notificación de haberse radicado una demanda enmendada con la aceptación de la copia de tal notificación y también de la demanda enmendada a que en ella se hace referencia; una moción en la que se expresa el hecho de enmendar la demanda de acuerdo con el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil, en la cual se indica que la demanda enmendada que a ese efecto se acompaña a la moción no varía en el fondo la acción ejerci-tada originalmente de donde aparece que ha sido notificada la parte contraria, con súplica de que la corte se sirva tenerla por presentada en sustitución de la demanda original; la demanda enmendada con el juramento, aceptación de la noti-ficación y nota de radicación del secretario; una excepción previa a la demanda enmendada por el fundamento de que la misma no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, con aceptación de la notificación de su copia y nota de radicación del secretario; una moción para elimi-nar ciertas partes de la demanda enmendada de donde apa-rece la aceptación de su notificación y la nota de radicación del secretario; una solicitud de inclusión en. calendario especial y para que se señale la vista tanto de la excepción previa como de la moción para eliminar a que temos hecho referencia con aceptación de la notificación y nota de radi-cación del secretario; una notificación de haberse radicado una moción para que se dicte sentencia sobre las alegaciones con la aceptación de su copia y de la copia de tal moción; la moción para que se dicte sentencia sobre las alegaciones con su nota de radicación; la sentencia dictada de acuerdo con la misma en unión de la opinión en que dicha sentencia se fundó; un escrito de apelación contra dicha sentencia con la aceptación de su notificación y nota de radicación; una' moción para fijar la fianza de la apelación según lo dispuesto en la sección 11 de la ley que rige el procedimiento; una or-den fijando la cuantía de dicha fianza; la fianza en apelación aprobada por el juez sentenciador y un affidavit de la noti-ficación a los impugnadores del escrito de apelación hecha por correo.

El secretario de la corte de distrito certifica que la trans-' cripción que antecede “es una transcripción fiel y exacta de los documentos originales que obran en*el expediente de este caso.”

La sección 11 de la ley de marzo 7, 1906, que provee el procedimiento para impugnar la elección de funcionarios, fué citada en su totalidad en la opinión emitida en marzo 29 último en el caso de Candal v. Vargas y no es necesario re-producirla aquí. Dicha sección prescribe que podrá apelarse para ante este tribunal dentro del término improrrogable de diez días de pronunciada la sentencia definitiva, y ordena expresamente que tal apelación “se efectuará de acuerdo con el reglamento prescrito para las apelaciones en asuntos ci-viles.” El disponiéndose de esa sección impone la obligación al apelante de presentar en este tribunal “una transcripción de todos los procedimientos habidos en la contienda o impug-nación, certificada por el secretario del tribunal sentenciador, o por los abogados de todas las partes en dicba contienda,” y autoriza la confirmación de la sentencia si no se presentare tal transcripción y mediante la debida justificación por el apelado. Los apelados en este caso, sin embargo, no solici-tan la confirmación de la sentencia por dejarse de presentar la transcripción, ni invocan tampoco la regla 55 de este tribunal de acuerdo con la cual podrían solicitar que los autos fueran corregidos, sino que piden que se desestime la ape-lación por el sólo fundamento de que ciertos documentos ra-dicados en la corte inferior no fueron incluidos en la trans-cripción.

Se cita a Hayne, sobre Nuevo Juicio y Apelación, tomo 2, sección 265, para sostener la moción. En el segundo párrafo de esa sección se discute la proposición general de que “la transcripción debe contener todos los documentos que cons-tituyen los autos en apelación,” pero como allí se indica — •

“Lo que aquí se dice respecto a la necesidad de unos autos com-pletos en apelación tiene aplicación a todo lo que sea importante o esencial para la consideración de tal apelación. La sección 950 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que ‘si el apelante deja de presentar los documentos necesarios, la apelación puede ser desesti-mada.’ En el caso de Paige v. Reeding, el Tribunal Supremo dijo lo siguiente:
“ ‘Esta facultad para desestimar podría ejercitarse debidamente en casos extremos; pero ocurre frecuentemente que todo lo del legajo de la sentencia no es “necesario” para la completa resolución de una apelación. Y sería injusto desestimar una apelación meramente por-que alguna parte del legajo quizás hubiera sido omitida inadvertida-mente en la transcripción. Si la omisión se considera esencial por el apelado él puede fácilmente remediar el supuesto defecto sugi-riendo una corrección de autos.’ ”

No bay nada que aparezca de la faz de la transcripción radicada en este caso que indique que no es una copia com-pleta de todos los autos de la corte inferior desde y después de la fecba de la radicación de la demanda enmendada. Ni tampoco sugiere el certificado del secretario la omisión de algo que debió haber sido, incluido. Para los fines de esta opinión puede admitirse que la forma de este certificado deja* mucho que desear y que el mismo podría considerarse como insuficiente de no haber sido adicionado con la prueba afir-mativa de los apelados en cuanto a la naturaleza y alcance de las omisiones alegadas.

Los documentos omitidos, todos los cuales menos los dos alegatos (Nos. 14 y 15) aparentemente son de fecha anterior a la demanda enmendada, o por lo menos se refieren a cues-tiones preliminares e incidentales que en nada se relacionan con ninguna cuestión que hubiera podido ser promovida en esta apelación, se enumeran en el certificado radicado por los apelados, a saber:

(1) Una demanda original de impugnación de elección ra-dicada por los demandantes.

(2) Un escrito de notificación dirigido a todos y cada uno de los demandados anunciándoles la determinación de los demandantes a impugnar las elecciones que determinaron el triunfo de los mismos.

(3) Una declaración jurada de don Jesús J. Yergne sobre haber notificado a los demandados de la intención de los de-mandantes a impugnar la elección.

(4) Una solicitud dirigida por los demandados al secre-tario de la corte pidiendo que éste fije la fianza que dispone la sección 5 de la Ley sobre Impugnación de Elección.

(5) Una comunicación del secretario de la corte de dis-trito dirigida al Ledo. Don Leopoldo Peliú sobre haber la corte fijado dicha fianza en $2,500.

(6) Una certificación negativa del Sub-Tesorero de Puerto Rico sobre que Oscar Nevares López no figura como contri-buyente en el municipio de Toa Baja.

(7) Otra certificación del mismo tenor en cuanto a José Arrieta Ríos.

(8) Una moción de los demandantes impugnando la fianza prestada por los demandados de acuerdo con la prediclia sección 5 de la Ley sobre Impugnación de Elección. •

(9) Una moción de los demandados sobre que la corte ca-rece de jurisdicción para resolver la suficiencia de la sol-vencia de los fiadores que suscribieron la predicha fianza a favor de los demandantes.

(10) Una solicitud de inclusión en calendario especial para discusión de la predicha moción de impugnación de fianza.

(lí). Resolución de la corte sobre la fianza impugnada y dando un plazo de diez días a los demandantes para impug-nar la nueva fianza.

(12) Moción sobre impugnación de la nueva fianza.

(13) Una solicitud de inclusión en calendario especial de otra moción de impugnación de la nueva fianza.

(14) Alegato de los impugnadores sobre la moción para, eliminar ciertos particulares de la demanda y sobre la ex-cepción previa. -v f

(15) Alegato de los demandados en apoyo de la excepción previa a la demanda enmendada y sobre la moción de eli-minación.

Estos documentos, alegan los apelantes, y como ya se ha indicado aparecen de la faz de la relación, nada tienen que ver con ninguna cuestión envuelta o que se haya tratado de levantar en esta apelación y los apelados han admitido esto implícitamente. La demanda original fue sustituida por la enmendada, en tanto se refiere a cualquier cuestión envuelta en este caso, aunque puede admitirse que quedó como parte de los autos para ciertos fines, como por ejemplo, para acre-ditar la fecha en que la acción fue establecida y en un caso adecuado podría haber sido presentada por los apelantes en primera instancia, o por indicación de los apelados para com-pletar los autos.

Algunos de los otros documentos tales como la resolución de la corte sobre la suficiencia de la fianza (No. 11, supra) y los documentos en los cuales se basó dicha resolución (Nos. 4 al 10, inclusive), si el apelante hubiera querido revisar esa resolución, podrían haberse relacionado en la solicitud (prae-cipe) para una transcripción, en cuyo caso hubiera debido incluirlos el secretario por virtud de lo preceptuado en el artículo 213 del Código de Enjuiciamiento Civil. Pero a falta de tal solicitud, ninguno de los documentos en cuestión po-día haber sido considerado como parte del legajo de la sen-tencia como se prescribe en el artículo 233, o de los autos en apelación a que se refiere el artículo 299 del Código dé En-juiciamiento Civil. El dejar de incluirlos sólo podría per-judicar a los apelantes en todo caso, y si “las mismas reglas y reglamentos como las que regulan las apelaciones en casos civiles” han de regular la cuestión, entonces quedaron debi-damente excluidos.

La referencia a “una transcripción de todos los proce-dimientos habidos en la contienda o impugnación” en el ar-tículo 11 de la Ley de 1906, supra, debe interpretarse en re-lación con el contexto, incluyendo la deliberada adopción de las reglas generales y reglamentos que regulan las apela-ciones en casos civiles, y no podemos creer que la Legisla-tura tuvo la intención de imponer al apelante la obligación innecesaria y el gasto de sobrecargar los autos con affidavits, alegatos, documentos y materia redundante de cualquier clase, los cuales de acuerdo con tales reglas y reglamentos no era posible que fuesen considerados como que constituyen parte de los autos en apelación en una acción civil ordinaria.

La moción debe ser'desestimada.

Declarada sin lugar la moción de los apela-dos solicitando la desestimación del re-curso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Claudio, Demandante y Apelado, v. Ortíz, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2429.
    Resuelto en mayo 16, 1921.
    INCONSTITUCIONALIDAD DE PARTE DE LA LEY DEFINIENDO PRIVILEGIOS DE LOS LE-GISLADORES — Suspensión de Vistas — -Poder Judicial. — Un abogado -que es al mismo tiempo legislador no puede tener el privilegio, como cuestión de de-recho, de obtener la suspensión de una vista previamente señalada por la Corte Suprema, alegando estar la Legislatura en sesión y amparándose en la inmunidad que le concede la Ley No. 34 de marzo 11, 1915. Aquella parte de dicha ley que establece este privilegio como exclusivo es anticonstitucional y nula por ser contraria al poder judicial.
    Prórroga de Término Vencido — Exposición del Caso. — Es nula una orden de la corte de. distrito prorrogando el término para presentar la exposición del caso cuando ya había expirado dicho término.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Arjona Siaca.

    Abogado del apelado: Sr. G. del Toro Fernández.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado solicitó la desestimación de esta apelación.

El abogado del apelante, en contestación a la moción de desestimación, radicó una solicitud pidiendo la suspensión de la vista de dicha moción, y en esa solicitud alegaba como única razón que era un miembro de la Legislatura de Puerto Rico; que la Legislatura estaba actualmente en cesión, e in-vocaba su privilegio o inmunidad como miembro de la Le-gislatura de acuerdo con la ley de marzo 11 de 1915.

La parte pertinente de la ley en cuestión es como sigue:

“Sección 2. — No se arrestará en ningún caso a los miembros de la Legislatura durante un período legislativo, ni durante los quince días que precedan a dicho período legislativo y subsiguientes al mismo, excepto en casos de traición, de delitos graves (felonies), y de altera-ción de la paz pública; ni a ningún miembro durante el mismo lapso de tiempo se le citará para que comparezca como testigo ante ningún tribunal, excepto con el consentimiento de la Cámara de la Asamblea Legislativa de que sea miembro. Si en algún asunto, acción o proce-dimiento estuviere interesado un miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, bien como parte, ya como testigo necesario o como uno de no más de dos abogados de una de las partes, tales asuntos, acciones o procedimientos no podrán ser señalados para vista, discu-sión o juicio, mientras dure aquel período o sesión legislativa, ni dentro de los veinte días anteriores o posteriores a dicho período legis-lativo, siendo nulo todo señalamiento hecho en contravención de esta disposición, a menos que haya mediado el consentimiento expreso del miembro de la asamblea. En todo caso, será deber del tribunal ante el cual estuviere pendiente el asunto o procedimiento, suspender inme-diatamente la vista o discusión señalada, a petición de la persona con derecho a este privilegio.”

Como la cuestión de la constitucionalidad de la ley no había sido discutida, la corte señaló día para oir a las partes sobre este punto y en el fondo. El apelado radicó un ale-gato. El apelante, o más bien su abogado, no radicó alegato alguno. El apelado en su alegato sostiene que esta ley es contraria a la enmienda catorce de la Constitución de los Es-tados Unidos o a aquella parte de la misma que sea de apli-cación, la cual es como sigue:

“Todos los que nazcan o se naturalicen en los Estados Unidos o que estén sujetos a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado donde residen. Ningún Estado podrá hacer ni poner en vigor ley alguna que desvirtúe los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrán los Es-tados privar a nadie de la vida, libertad o propiedad sin haber me-diado los procedimientos legales; ni podrán negar a nadie dentro de su jurisdicción, la igualdad de protección ante la ley.”

Para desarrollar su teoría el apelado dice entre- otras co-sas que esta ley debiera ser declarada anticonstitucional por ser contraria a la razón, arbitraria e injusta, y no uniforme en su aplicación. El apelado dice además que algunos de los abogados que pertenecen a la Legislatura solicitan señala-mientos de sus asuntos, que comparecen en corte mientras la Legislatura está en plena sesión cuando su interés pecuniario o la conveniencia de sn bufete les impulsa a hacerlo así, pero que algunos de esos mismos abogados no vacilan en hacer uso de su privilegio como miembros de la Legislatura para cansar a la parte contraria y someter al dicho adversario a indebidas demoras y molestias.

Más especialmente, el apelado supone casos donde según él las suspensiones privarían de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, a las personas sometidas a esta invo-cación del privilegio legislativo. Nos pide que supongamos el caso de un niño indefinidamente privado de sn sosteni-miento por más de cuatro meses. También supone el caso de un padre imposibilitado de obtener la custodia de su hijo menor. Asimismo llama la atención a los procedimientos de desahucio. A estos ejemplos pudieran agregarse otros asun-tos como injunctions y sindicaturas y otros procedimientos especiales, como las solicitudes de administración de los bie-nes de difuntos.

En manera alguna estamos convencidos que el apelado pueda no tener razón al decir que esta ley en su aplicación podría privar a una persona de su propiedad sin el debido procedimiento de ley. Derechos de propiedad pudieran ser directamente afectados y nada importa que en el caso ante nosotros tal consecuencia no pueda surgir. Al discutir la constitucionalidad de esta ley debe recordarse que “la cues-tión ha de ser determinada no por lo que se haya hecho en algún caso concreto sino por lo que pueda hacerse al amparo y en virtud de esta-facultad.” Colón v. Lisk, 153 N. Y. 194, y casos allí citados.

Tratando este invocado privilegio o inmunidad como un derecho a una suspensión, generalmente sería la negativa de tal derecho de suspensión la que más adecuada y directamente cabría dentro de la enmienda catorce de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, existiendo una suspen-sión forzosa por razón de un privilegio legislativo, entonces en casos de desahucio, injunctions, sindicaturas u otros casos que pudieran imaginarse, este supuesto derecho de su ad-versario a una suspensión podría tender y en muchos casos probablemente tendería a privar a uno de su propiedad, si no absolutamente al menos por algún tiempo. Ahora bien, dado lo somero de este examen de la cuestión y en ausencia de una amplia discusión por las partes, preferimos basar nuestra opinión en un fundamento algo diferente.

El privilegio alegado no puede sostenerse. De esta con-clusión estamos seguros, aunque quizás no lo estemos tanto de parte del razonamiento por el cual se llega a esa con-clusión.

La distribución de los poderes y funciones gubernamen-tales se discute en 12 Corpus Juris 802, en la siguiente forma:

“(See. 234. )■ — El Gobierno Constitucional en los Estados Unidos se distingue por el cuidado que se ha ejercitado al asignar las fun-ciones legislativas, ejecutivas y judiciales a distintos departamentos, <y al prohibir cualquier intrusión de un departamento en otro en el ejercicio de la autoridad así delegada. Esta teoría de la tripartita división y separación de los poderes del Gobierno fué apuntada por Aristóteles y discutida por Locke. Montesquieu la declaró esencial a la libertad civil, y fué por medio de su célebre obra que la teoría vino a ser familiar para y aceptada por los hombres que redactaron constituciones de los primeros Estados americanos y la constitución federal de 1787. La separación de los poderes estaba considerada por Montesquieu, Blackstone y por los autores Americanos de consti-tuciones en el siglo dieciocho, como una de las principales y más notables características de la Constitución Inglesa. De hecho no existía tal separación de las funciones legislativas y ejecutivas bajo la Cons-titución Inglesa, y fué en las constituciones escritas de los nuevos estados Americanos donde primeramente fué aplicada de una manera práctica. En Virginia, donde bajo el sistema colonial los jueces tenían asiento en la Legislatura, la declaración de derechos adoptada en 1776 que marcó la transición de provincia a Estado (commonwealth), disponía ‘que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deberán ser separados y distintos del judicial.’ La cláusula distri-butiva así originada fué incluida en otras constituciones primitivas, y de tiempo en tiempo fué adoptada por los nuevos estados. De modo que, excepto en algunos casos, todas las constituciones de los Estados Americanos contienen una disposición para la división de los poderes gubernamentales en legislativos, ejecutivo y judicial. Muchas de ellas disponen también que ningún departamento podrá ejercitar poderes pertenecientes a otro, mientras otras disponen que una persona perteneciente a uno de los tres departamentos no podrá ejercitar poder alguno correspondiente a cualquiera de los otros departamentos excepto en los casos expresamente previstos y permitidos por la cons-titución. Bajo tales disposiciones, cada departamento debe ejercer todos sus poderes siempre que la necesidad pública lo exija, y abste-nerse de ejercitar ningún poder que no le corresponda.
“See. 235. — Pero aunque esta es la teoría del Gobierno Constitu-cional Americano, ha dejado de ser un canon aceptado en la ciencia política. Nunca ha sido enteramente cierta en la práctica. Las cor-tes reconocen que la separación de los poderes dista mucho de ser completa, y que la línea divisoria entre ellos es a menudo indefinida. Cada uno de los tres departamentos ejercita normalmente poderes que no están estrictamente dentro de su competencia. Así el ejecu-tivo, por medio del veto, participa del poder legislativo, y al resolver reclamaciones, del poder judicial. La Legislatura puede ser autori-zada para ejercitar el poder de nombramientos, y al resolver reclama-ciones, y, en algunos Estados, al conceder divorcios, actúa judicial-mente. Las cortes, también legislan no sólo mediante decisiones que modifican la ley existente sino haciendo reglas, que a menudo tienen casi tanta fuerza, como un estatuto, y no excepeionalmente son inves-tidas con el poder de hacer nombramientos.”

En la edición de febrero, 1921 de Harvard Law Review, hay un artículo en la página 424 titulado “¿Hasta dónde Pueden las Legislaturas Regular los Procedimientos antes las Cortes?” Una cita de este artículo es a propósito para el fin que perseguimos. Después de indicar que los conflic-tos eran raros debido a la deferencia de las cortes, el escritor dice lo siguiente:

“Resulta evidente de estos casos que, dentro de nuestro sistema de doble regulación del procedimiento, la reglamentación judicial no es co-extensiva con la legislativa. Cualquier otro resultado sería con-trario al molde de nuestras' constituciones y a la separación de po-deres. Decir, como indica el Juez Field, que la reglamentación legis-lativa del procedimiento judicial depende para su efectividad de la acquieseeneia de las cortes sería desmentir los beebos históricos. Igualmente vulnerable es el dicho de que las cortes pueden regular su procedimiento sólo con permiso de las Legislaturas. Las órbitas de la reglamentación legislativa y judicial de los procedimientos son distintas y deben ser determinadas en primer lugar por criterios históricos. Claramente las cortes pueden ignorar cualquier interven-ción legislativa en lo que ellas habitualmente han regulado desde los tiempos primitivos. En esa categoría están incluidos tales asuntos como la admisión al ejercicio de la abogacía, la suspensión en dicho ejercicio, y los detalles de procedimientos, siendo un ejemplo de este último el caso principal. (Houston v. Williams, 13 Cal. 24; 73 Am. Dec. 585.) Lógicamente, pues, la Legislatura debiera tener derecho a regular aquellas cuestiones de procedimiento que ella habitualmente regula. Pero la doctrina de separación de los poderes impone res-tricciones sobre este derecho legislativo. El departamento judicial es un departamento coordinado independiente. Consiguientemente, la Legislatura se extralimitaría de su órbita si hubiese de hacer alguna disposición que disminuyese el poder general de las cortes para admi-nistrar justicia o que sustancialmente obstaculizare las funciones de la corte. La reglamentación del poder de las cortes sobre los desaca-tos sería un ejemplo de primera clase. La limitación por la Legis-latura del tiempo concedido a los abogados para informar podría bien considerarse como un ejemplo de la segunda.”

Las dificultades suben de punto por el hecho de que las Leyes Orgánicas de Puerto Rico siempre han dado a la Legis-latura la facultad de regular las cuestiones de jurisdicción y procedimiento. Las legislaturas pueden fijar los términos de sesiones de las cortes, pero no pueden completamente suspender sus sesiones. Por ejemplo, si la Legislatura hubiere de exigir que todas las cortes suspendieran sus sesiones y no celebraran ninguna durante 130 días o más (el efecto del privilegio aquí invocado), podría dudarse si esto constituye un ejercicio razonable del poder de la Legislatura sobre los procedimientos de las cortes, especialmente si fuera la in-tención cerrar las cortes e impedir las solicitudes de remedios extraordinarios. Aún en vacaciones, las cortes pueden con-ceder ciertos remedios extraordinarios.

Bastantes cortes han determinado la cuestión del poder legislativo sobre los procedimientos judiciales y otros asun-tos análogos mediante la prueba de razonabilidad. La Le-gislatura podrá quizás, basta cierto punto, regular la admi-sión al ejercicio de la abogacía, podrá limitar la facultad de castigar por desacato y bacer otras cosas semejantes, y bemos respetado sus leyes en este sentido, pero las cortes ban de tener el gobierno de'los casos pendientes ante ellas durante los términos de sesiones. Esta es una cuestión de poder judicial que ha sido conferida, por las Leyes Orgánicas pa-sadas y presentes, a la Corte Suprema y demás cortes in-feriores.

En New York bubo un caso con algunos elementos de ana-logía, a saber, Riglander v. Star Company, 98 App. Div. 101. La ley en cuestión exigía que cierto caso fuera señalado para y visto en determinado día, teniendo ya esa clase de caso cierta preferencia de acuerdo con las leyes. La corte dijo:

“Uno de los poderes que siempre ha sido reconocido como in-herente en las cortes, las cuales están protegidas en su existencia, sus poderes y su jurisdicción por disposiciones constitucionales, ha sido el derecho a gobernar el orden de sus asuntos y. a ponerlo en práctica de tal manera que los derechos de todos los litigantes ante ellas estén garantizados. Este poder ha sido reconocido como judicial por su naturaleza y como un aditamento necesario a toda corte organizada para hacer cumplir obligaciones y reparar daños.”

Esa decisión en parte giraba sobre el becbo de que sería injusto obligar a una parte siempre a ir a juicio en deter-minado día, pero es igualmente injusto decir que el caso de un hombre puede ser siempre pospuesto en cierta época al arbitrio de otro.

Como se dice en 13'Corpus Juris 126, “las suspensiones de casos no son favorecidas por las cortes, y de concederse, los fundamentos alegados, deben ser tales, que la corte pueda claramente ver que una suspensión del caso habrá de resultar en bien de la justicia.”

“Bajo nuestro sistema de gobierno las’cortes no pueden legalmente intervenir en la sustancia del poder y discreción legislativas conferidas a la Legislatura por la Constitución. Ni puede la Legislatura legalmente intervenir en la sustancia del poder y discreción judiciales conferidos a las cortes por la Constitución. La Legislatura puede legalmente prescribir reglas de procedimiento que ban de ser observadas por las cortes; pero la Legislatura no tiene poder alguno bajo la Constitución para regular la discreción judicial con que están investidas las cortes.”

Ruff v. Georgia S. & F. Ry. Co., 64 So. 785, donde la con-cesión o denegación de una moción de nuevo juicio, distin-guida de una mera cuestión de procedimiento, se resolvió ser discrecional en las cortes.

Yéase también Chicago B. & Q. Ry. Co. v. Gildersleeve, 118 S. W. 86, al efecto de que las cortes no puedan ser des-pojadas de su poder para castigar por desacato.

Kilbourn v. Thompson, 103 U. S. 168, fué un caso donde la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que el Congreso se había excedido de su poder para castigar por desacato, mostrando que hay ciertos campos que la Legislatura no tiene derecho a invadir.

El caso de Bridgeport Public Library, Etc., v. Burroughs Home et al., 82 Atl. 582, con los casos citados allí, es tam-bién interesante como indicativo de que la Legislatura no puede generalmente determinar derechos controvertidos aún cuando tal poder ha sido alguna vez reclamado por la Legis-latura. La teoría de la división de los poderes del gobierno lo impedía.

La prueba histórica sólo sirve de guía puesto que el pro-cedimiento de las cortes ha sido regulado y sus poderes limi-tados desde la organización de prácticamente todas las sobe-ranías en los Estados Unidos, y asimismo las cortes han re-clamado como poderes exclusivos ciertos poderes de que en un tiempo las legislaturas participaban .concurrentemeiite. Esta concurrencia aún subsiste en muchos campos. Grane v. Meginnis, 19 A. D. 237, fué un caso en que la Legislatura concedió un divorcio.

Hemos dicho que el debido procedimiento de ley no es la base de esta opinión, pero debe siempre representar un papel aquí. McGehes, “Debido'Trocedimiento de Ley,” pá-gina 68. Si una ley determinada constituye o no una invasión del poder judicial puede depender de si su acatamiento produ-ciría el efecto de que las cortes actuaran arbitraria o injus-tamente o dieran a un ciudadano preferencia sobre otro al enjuiciar los casos sin haber nada en la naturaleza de los 'pleitos mismos que justificara tal preferencia.

Los abogados que se sientan en la Legislatura son tam-bién funcionarios de esta corte. Ellos tienen un doble deber. En la mayoría de los casos un abogado que también fuera miembro de la Legislatura podría-discrecionalmente obtener una suspensión legítimamente pedida, y no recordamos nin-gún caso en que se le haya negado.

Una suspensión como la pedida nunca puede ser una cues-tión de derecho, pues el abogado debe tanta fidelidad a la corte como a la Legislatura. De modo que, la cuestión de si un caso debe o no ser suspendido no puede determinarse sobre el privilegio de los. legisladores, pues esto produciría desigualdades e invadiría un campo que es puramente judicial. Aquella parte de la Ley No. 34 de marzo 11 de 1915 que establece este privilegio como exclusivo es anticonstitu-cional y nula por ser contraria al poder judicial.

En vista de la anterior conclusión resolveremos la moción de desestimación de apelación.

Se dictó sentencia en noviembre 23, 1920, e interpuso ape-lación en diciembre 23, 1920, habiéndose presentado la soli-citud de prórroga para radicar una exposición del caso en enero 11, 1920, que fué concedida. La corte de distrito no tenía facultad para prorrogar el término en esa fecha, siendo nula la orden prorrogando, el término. Código de Enjuicia-miento Civil, artículo 299 como fué enmendado. Belaval v. Córdova, 21 D. P. R. 538; Guardian Assurance Company v. López Acosta, 24 D. P. R. 641; Ex parte Delis et al. v. Franco, 21 D. P. R. 526, y Criado v. Rivera, 25 D. P. R. 234.

Con respecto a la moción de desestimación por tanto, es evidente que debe ser declarada con lngar.

Sin lugar la moción pidiendo suspensión de la vista y desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.