author: El Juez Presidehte Señor Travieso

text:
      Ex Parte Estebanía Vázquez Barreto, peticionaria y apelante.
    Núm. 9236.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Enero 28, 1946.

      Néstor A. Rodríguez Escudero, abogado de la apelante.
   El Juez Presidehte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

' Doña Estebanía Vázquez Barreto presentó ante la Corte de Distrito de Aguadilla una solicitud sobre declaratoria de herederos alegando, entre otros hechos, en síntesis, los si-guientes: (1) que Juan Manuel Vázquez Barreto falleció ab intestato en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el día 26 de noviembre de 1939, dejando como sus únicos y univer-sales herederos a su viuda doña Aurea Irizarry y a su padre don Juan Manuel Vázquez Vega; (2) que don Juan Manuel Vázquez Vega, padre de su finado hijo Juan Manuel Vázquez Barreto, falleció ah intestato en Isabela, Puerto Rico, el día Io. de marzo de 1942, sobreviviéndole sus hijos Ana Dámasa, Agustín, Carmen, María Cristina, Generosa, Guillermina, Encarnación y Estebanía, la peticionaria, todos de apellidos Vázquez Barreto, y sus nietos, hijos de su finado hijo Félix Vázquez Barreto, llamados María, Félix y Juan Manuel Vázquez Avilés, y sus otros nietos, hijos de su finada hija Rosa Vázquez Barreto, llamados Eva, Estela y Carmen Margot Quiñones Vázquez, quienes son sus únicos y univer-sales herederos; (3) que tanto don Juan Manuel Vázquez Barreto como don Juan Manuel Vázquez Vega, al fallecer no dejaron otros herederos, que los antes nombrados, pero sí dejaron bienes sujetos a partición. Terminó la solicitud su-plicando (1) que se 'declare herederos de don Juan Manuel Vázquez Barreto a su padre don Juan Manuel Vázquez Vega y a su cónyuge viuda doña Aurea Irizarry en la forma y proporción que determina la ley; y (2) que se declare he-rederos de don Juan Manuel Vázquez Vega a sus hijos y nietos legítimos antes nombrados en fa forma y proporción que determina la Ley.

La Corte de Distrito de Aguadilla, con fecha 29 de julio de 1945, resolvió: (1) declarar Gomo declaró únicos y uni-versales herederos de don Juan Manuel Vázquez Vega a sus nombrados hijos y nietos legítimos; y (2) no haber lugar a dictar el auto de declaratoria de herederos de don Juan Manuel Vázquez Barreto, por no haberse presentado la solici-tud por la persona que tenía interés en la herencia del re-ferido finado, ya que ni de la solicitud ni de la prueba prac-ticada aparece este hecho. (Art. 552 del Código de Enjui-ciamiento Civil, edición de 1933.)

Contra la segunda parte de la precedente resolución, la peticionaria interpuso el presente recurso, alegando que la corte “a quo” erró al declarar no haber lugar a dictar el auto de declaratoria de herederos de Juan Vázquez Barreto basándose para tal negativa en que ella, la nombrada peti-cionaria, ■ no tenía interés en la herencia de su finado her-mano, Juan Manuel Vázquez Barreto. , '

De la solicitud aparece que tanto don Juan Manuel Váz-quez Barreto como su padre don Juan Manuel Vázquez Vega dejaron bienes sujetos a partición. De la prueba practicada resulta que cada uno de ellos dejó una herencia consistente en una participación o condominio en un solar con su casa, ubicado en el pueblo de Isabela, Puerto Rico. También apa-rece de las alegaciones y de la prueba que don Jnan Manuel Vázquez Barreto falleció ab intestato dejando como sns herederos a sn padre don Jnan Manuel Vázquez Vega y a sn viuda doña Aurea Irizarry, y que luego don Juan Manuel Vázquez Vega falleció dejando como sus .únicos y universa-les herederos a sus nombrados hijos y nietos legítimos en-tre los cuales se encuentra la peticionaria. En otras pala-bras, aparece una herencia dejada por Juan Manuel Váz-quez Barreto y otra dejada por Juan Manuel Vázquez Vega. Nos preguntamos, ¿quién, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 898 y 7G1 del Código Civil tenía derecho o interés en la herencia de Vázquez Barreto? De acuerdo con estos artículos correspondía la herencia a su padre y cón-yuge viuda en la forma y proporción que determina la Ley, siendo, por tanto, estas personas las que tenían derecho e interés en la herencia de dicho finado. Si don Juan Manuel Vázquez Vega oportunamente hubiese solicitado de la corte inferior se le declarase heredero de su hijo Vázquez Barreto, así como a su viuda en cuanto a la cuota usufructuaria, se-guramente la corte no hubiera desestimado esta solicitud, ya que el padre y la viuda eran los' llamados a heredarle de acuerdo con la Ley. Empero, según se infiere de los hechos de este caso, don Juan Manuel Vázquez Vega, al morir in-testado su hijo Juan Manuel Vázquez Barreto, no solicitó a su favor declaración de herederos. En este estado de la he-rencia, al fallecer don Juan Manuel Vázquez Vega, la peti-cionaria, como uno de los herederos .de éste, solicitó de la corte inferior la declaración de herederos de su finado her-mano Juan Manuel Vázquez Barreto a favor de su finado padre y de la cónyuge viuda.

De los hechos antes relatados surge §1 interés de la pe-ticionaria y de sus coherederos en la herencia del finado Juan Manuel Vázquez Barreto. La corte inferior, en la re-solución dictada en este caso, declaró únicos y universales herederos de don Juan Manuel Vázquez Vega a sus hijos y nietos legítimos antes nombrados, entre los cnales se en-cuentra la peticionaria, lo que equivale a declararlos conti-nuadores de la personalidad del causante don Juan Manuel Vázquez Vega, por lo que no puede decirse que éste sea persona distinta de aquéllos. Véase Sucn. Dávila v. Registrador., 15 D.P.R. 669. Agreguemos a esto que la herencia com-prende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extinguen por su muerte (Art. 608 del Có-digo Civil); y que los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligacio-nes (Art. 610, Código Civil). Si los herederos de Juan Manuel Vázquez son los continuadores de la personalidad de éste, a quien suceden por el solo hecho de su muerte en to-dos sus bienes, derechos y obligaciones, ¿cómo.puede soste-nerse que dichos herederos no tienen derecho o interés en la herencia que correspondiera a Juan Manuel Vázquez Vega de su hijo Juan Manuel Vázquez Barreto, y que ahora por muerte del citado Vázquez Vega corresponde a su sucesión de la cual forma parte la peticionaria? La peticionaria, como uno.de los herederos que son continuadores de la personali-dad de su padre, a quien sucedieron en todos sus bienes, de-rechos y acciones, tiene un perfecto derecho como parte in-teresada a solicitar y a que se declare con lugar la declara-ción de herederos de s-u finado hermano. El derecho o in-terés que tuviera don Juan Manuel Vega sobre la herencia de su finado hijo pasó a ser un derecho e interés de sus he-rederos.

Por los fundamentos expresados, entendemos que procede modificar la resolución dictada por la corte inferior en el sentido de declarar únicos y universales herederos de don Juan Manuel Vázquez Barreto a su padre don Juan Manuel. Vázquez Vega y a su cónyuge viuda doña Aurea Irizarry, en la forma y proporción que determina la Ley; y así mo-dificada, confirmarla.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova

license: Public Domain

text:
    Luis M. Vélez, demandante y apelado, v. Corte Municipal de Ponce, Sección Segunda, Hon. Luciano Colón, Juez, demandada y apelante; Arturo Cintrón e Hijo, interventora y apelante.
    Núm. 9127.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Enero 28, 1946.

      Sergio León Lugo, abogado de los apelantes; Luis A. Limeres, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Arturo Cintrón e Hijo, sociedad mercantil, demandó en cobro de dinero a J. Carmelo Rodríguez, Antonio Martín Cruz y Luis M. Vélez, ante la Corte Municipal de Ponce, alegando que Rodríguez le debía $282.42, y que había tras-pasado simuladamente su establecimiento comercial a los otros dos demandados. La demandante solicitó y obtuvo or-

den de embargo de los bienes de los demandados, señaló para embargo los bienes existentes en el establecimiento que en la demanda se alegaba pertenecía a Rodríguez, y los bienes fueron embargados. Posteriormente Antonio Martín Cruz y Luis M. Vélez fueron eliminados como partes demandadas, a instancia de ellos. Se dictó sentencia en rebeldía contra J. Carmelo Rodríguez. Ya firme ■ la sentencia, solicitó Vélez permiso para intervenir, alegando ser único dueño de los bienes embargados, y solicitando que la corte así lo decre-tara, disolviendo el embargo, y suspendiendo los procedi-mientos en el caso basta tanto se resolviera su demanda de intervención. La corte declaró sin lugar la solicitud de in-tervención. Recurrió Vélez a la corte de distrito mediante certiorari, y la corte de distrito dictó resolución anulando el embargo trabado, y la'sentencia dictada contra J. Carmelo Rodríguez, y concediendo a Vélez permiso para intervenir “si creyere ser parte interesada”. De esa resolución apela la sociedad Arturo Cintrón e Hijo, interventora en el recurso de certiorari ante la corte de distrito.

Los diecinueve errores imputados a la corte inferior pue-den reducirse a tres, a saber, el conceder a Vélez permiso para intervenir, el anular la .sentencia contra J. Carmelo Ro-dríguez, y el anular el embargo. Pasemos a considerar la procedencia de la intervención.

Sostiene la apelante que la solicitud de intervención de Vélez fué tardía, y que mal podía Vélez intervenir después de baber pedido y obtenido se le eliminara como parte demandada. Confunde la apelante la acción principal en cobro de dinero con el incidente de embargo para asegurar la sentencia. Vélez obtuvo su eliminación como demandado en cobro de dinero, pero siempre sostuvo su interés en los bienes embargados, y procuró se dejara sin efecto el embargoj radicando al efecto una moción que fué declarada sin lugar “por ahora”, sin que aparezcan de los autos los fundamentos de la resolución. La intervención que luego soli-citó Vélez nada tenía qne ver con la demanda en cobro de dinero. Se limitaba a plantear su derecho a los bienes em-bargados. El hecho de haber recaído sentencia en cobro de dinero no impedía la intervención, qne en nada se relaciona con la sentencia. Benítez v. Tabacaleros de Aibonito et al., 50 D.P.R. 791. Vélez tenía el derecho a intervenir a los. fines de alegar sn títnlo a los bienes embargados. Reyes & Pagán v. Corte, 52 D.P.R. 654, Casanova v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 850, Y al negarle la corte municipal ese derecho, era el deber de la corte de distrito, al recnrrirse ante ella mediante certiorari, corregir el error cometido. Reyes & Pagán v. Corte y Casanova v. Carballeira, supra.

Ahora bien, la corte de distrito, Inego de corregir el error cometido por la municipal al negar a Vélez permiso para intervenir, qne era lo único qne se pedía en la solicitud de certiorari, erró al anular la sentencia y el embargo. Nada hay en los autos qne indique qne la sentencia adolezca de vicio alguno, y aunque así no fuera, el peticionario en el recurso de certiorari no tenía el más remoto interés en la sentencia recaída contra J. Carmelo Rodríguez. Tampoco justifican los autos se declare nulo el embargo. Lo consideró nulo la corte de distrito por entender que se habían embargado bienes.de las tres personas demandadas originalmente, a saber, J. Carmelo Rodríguez, Antonio Martín Cruz y Luis M. Vélez, sin “especificarse a cuales de dichas personas pertenecen, no siendo dos de ellos . . . partes en el pleito.” La conclusión de la corte de distrito no está justificada. De los autos no aparece nada que demuestre que Antonio Martín Cruz o Luis Vélez sean dueños de los bienes embargados. Por el contrario, la demanda demuestra claramente que la demandante consideraba los bienes embargados como propiedad del demandado Rodríguez, y a base de esa teoría los embargó. El hecho de que ,el abogado de la demandante instruyera al márshal embargara “bienes de los demandados” carece de importancia, pues de los autos aparece que los bienes que efectivamente se embargaron son los que en la demanda se alega pertenecen al demandado Rodríguez. Si son de Rodríguez o de Yélez es precisamente la cuestión que se plantea en la intervención de este último, cuestión que no estaba la corte de distrito en condiciones de resolver dentro del recurso de certiorari.

Debe modificarse la sentencia recurrida en el sentido de eliminarse los pronunciamientos de nulidad de sentencia y nulidad de embargo, y asi modificada confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José A. Pérez Saldaña, acusado y apelante.
    Núm. 10961.

    Sometido: Enero 16, 1946.

      Resuelto: Enero 30, 1946.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Son. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar y J. Rivera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos casos fueron consolidados en el juicio ante la corte inferior. De igual modo se consolidaron los recursos de apelación ante este Tribunal, por lo que los resolveremos con una sola opinión.

El apelante fué sentenciado por un delito de portar ar-mas y por infracción al art. 7 de la Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936, Tercera Legislatura Extraordinaria, pág. 129, según ha sido enmendada.

Las dos únicas cuestiones que sirvieron de fundamento, a los reeurson son:

(a) Que el único testigo presentado por el Fiscal para-, •probar las acusaciones fué el policía Manuel Soto; que su. declaración fué contradicha por el acusado y sus testigos; que siendo el policía, según el apelante, un testigo interesado y apareciendo de la evidencia (pie en la fecha y sitio donde se alega se cometieron los supuestos delitos estuvieron presentes otras personas que pudieron ser traídas como testigos de-cargo y no lo fueron, debe considerarse que el Fiscal no trajo la mejor prueba y consecuentemente debió dirimirse el con-flicto de la evidencia a favor del acusado absolviéndolo en ambos casos; y

(b) En que el no haber presentado el Fiscal como tes-tigo a algunas de las personas aludidas en el párrafo anterior, debe considerarse que el Fiscal suprimió evidencia que de haberla presentado le hubiera sido adversa.

El art. 524 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ley de Evidencia, art. 162) es decisivo de la primera cuestión suscitada por el apelante. Prescribe el citado artículo que “si se ofreciere evidencia más débil y menos satisfactoria, cuando pareciere que la parte estaba en aptitud de ofrecerla más firme y satisfactoria, la evidencia ofrecida deberá mirarse con sospecha”. Que la declaración del policía deba mirarse con sospecha en el presente caso, no significa que necesariamente deba ser descartada. Si el tribunal senten-ciador, al considerar toda la prueba sin olvidar la adverten-cia qne le baee el art. 524, llega a la conclusión de qne ese testigo dice la verdad, y su declaración es evidencia directa que tiende a probar todos los elementos del delito, es impe-rativo dictar un fallo en consecuencia, no obstante el mayor •número de testigos de la otra parte, pues con arreglo al mismo art. 524, el tribunal.no está obligado a fallar de con-formidad con el mayor número de testigos que no lleven a su ánimo la convicción. Y tratándose de los delitos envuel-tos en este recurso, que no requieren que la prueba sea co-rroborada, es de aplicación 0el art. 380 del mismo Código,-dispositivo de que la prueba directa de un solo testigo que merezca entero crédito es suficiente para sostener una sen-tencia, excepto en los casos en que la ley exige corroboración,

El hecho de que el Fiscal no trajera como testigos a esas otras personas a que se refiere el acusado, no significa que baya suprimido evidencia que de ser presentada le hu-biera sido adversa, pues no puede decirse que ba habido su-presión de evidencia cuando estos testigos se encuentran al alcance de ambas partes. People v. Brown, 235 Pac. 72 (Cal. 1925).

Siendo la apreciación de la prueba misión encomen-dada por la ley al tribunal inferior, no debemos intervenir con su discreción, a menos que se pruebe error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad al apreciarla.

Procede la confirmación de las sentencias apeladas.


text:
    Compañía Cervecera de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Municipio de Mayagüez, demandado y apelado.
    Núm. 9113.

    Sometido: Diciembre 5, 1945.

      Resuelto: Enero 30, 1946.

      J. Alcinañy Sosa, abogado de la apelante; Enrique Báez García, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La apelante, una corporación doméstica dedicada a la fa-bricación y venta de cerveza, malta y bebidas gaseosas, instó este pleito en la corte inferior solicitando la devolución de $550 que alega haber pagado bajo protesta al Municipio de Mayagüez x301’ concepto de patentes municipales correspon-dientes al año 1944-45. La demanda fue declarada sin lu-gar a virtud de una cuestión de derecho presentada por el Municipio demandado, consistente en que el pago de la pa-tente debió verificarse el 1ro. de julio de 1944 y no habién-dolo verificado basta el 25 de septiembre de ese mismo año, no tenía derecho el contribuyente a pagar bajo protesta y consiguientemente no podía reclamar la devolución de lo pa-gado.

El Municipio alega ahora en apelación que de todos mo-dos la demanda debía ser desestimada porque la corte sen-tenciadora carecía de jurisdicción para conocer del pleito, toda vez que la suma realmente onyueltá, conforme resulta de la demanda, es menor de $500.

Se alega en la demanda que el 15 de marzo de 1944 la demandante rindió al Tesorero del Municipio demandado el informe correspondiente a sus ventas efectuadas en dicho Municipio desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 1943, ascendentes a la cantidad de $415,547.52, incluyendo cerveza y bebidas gaseosas; que la Asamblea Municipal arbitraria-mente fijó la contribución por concepto de patentes muñid-pales para el año 1944r-45 en $550, computándose dicha con-tribución a base de $1,000,000 de ventas realizadas por la demandante durante el año 1943; que el 12 de mayo de 1944 la demandante solicitó reconsideración y el 21 de junio el Secretario de la Asamblea Municipal le notificó que la re-consideración había sido denegada. Se alega, además, en la demanda, que de las ventas efectuadas por la demandante durante el año 1943, solamente están sujetas al pago de la pa-tente municipal en el Municipio demandado, las correspon-dientes a las de bebidas gaseosas, las cuales ascendieron a $130,676.

No obstante admitirse en la demanda que las ventas de bebidas gaseosas efectuadas en dicho Municipio están suje-tas al pago de la contribución, la demandante suplica senten-cia por la totalidad de los $550 que alega pagó bajo protesta por todas las ventas efectuadas en dicho año.

De la demanda resulta que por ventas ascendentes a $1,000,000, efectuadas durante todo el año 1943, la contribución impuesta fue do $550. Siendo ello así, la contribución correspondiente a un trimestre es $137.50. Mas como cíe conformidad con la sección 16 de la Ley núm. 26 de 28 de marzo de 1914 (Leyes de 1913-14, pág. 181), la patente vence en plazos trimestrales el 1ro. de julio, el 1ro. de octubre, el 1ro. de enero y el 1ro. de abril de cada año, es evidente que cuando el 25 de septiembre de 1944 la demandante verificó el pago, sólo debía el primer trimestre que empezó en julio de dicto año y no estando aún vencidos los tres restantes, los pagó vo--luntardamente. Como la sección 12 de la citada ley prescribe que toda persona, sociedad, asociación, corporación u otra forma cualquiera de organización comercial o industrial que dejare de satisfacer el importe de la contribución im-puesta. de acuerdo con dicta ley dentro de los primeros quince días de cada trimestre se considerará culpable de de-lito menos grave e incurrirá en una multa máxima de $50, según se provea por las asambleas municipales en sus orde-nanzas, a lo sumo podríamos admitir, a los efectos del ar-gumento, que en lo que al pago del primer trimestre res-pecta, lo tizo oportunamente bajo protesta, toda vez que la demandante estaba constreñida a pagar dicho trimestre, por-que de lo contrario incurriría en el misdemeanor a que se refiere la sección 12. Sin embargo, en lo que se refiere • a los tres trimestres restantes que aún no estaban vencidos cuando verificó el pago, éste fue voluntario aunque hiciera constar que lo hacía bajo protesta, toda vez que no estando legalmente obligada a pagarlos, no corría riesgo alguno en caso de no hacerlo. Como se dijo en Blanco v. Tribl. de Apelación, 61 D.P.R. 23 y en The Coca-Cola Co. v. Tribl. Contribuciones, 65 D.P.R. 152, el mero hecho de que el contri-buyente al verificar el pago haga constar que lo hace bajo protesta, no constituye un pago bajo protesta, a menos que haya sido en alguna forma compelido a verificarlo en la fecha en que lo hizo.

Establecida esta premisa, tendremos entonces que las tres cuartas partes de la suma reclamada fué pagada voluntaria-mente y exigiendo la sección 14 de la ley citada que el pago se haga bajo protesta como condición precedente a recobrar la contribución que el contribuyente crea le ha sido ilegal-mente cobrada, tendremos que concluir que a lo sumo sola-mente pagó bajo protesta la cuarta parte de la suma recla-mada, o sea $137.50, cantidad insuficiente para conferir ju-risdicción a la corte sentenciadora.

La apelante trata de orillar esta dificultad alegando que la cuantía jurisdiccional la determina la suma reclamada en la demanda y no aquélla por la cual en definitiva la demandante obtenga sentencia. Esta es la regla general; pero una excepción de esa regla es la de que cuando de la faz de la demanda resulta que el demandante sólo tiene derecho a recobrar una parte de la suma reclamada, esa parte es la que determina la jurisdicción de la corte. González Mena v. Dannermiller Coffee Co., 48 D.P.R.. 608, 618; Díaz v. Palmer, 62 D.P.R. 111; Hall v. Price, 148 S.W.2d 881, (Tex. 1941).

Careciendo la corte de jurisdicción por no ascender la suma envuelta a la cantidad de $500, procede confirmar la sentencia que declaró sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Alfonso Vázquez, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Felipe Colón Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1609.

    Sometido: Diciembre 17, 1945.

      Resuelto: Enero 31, 1946.

      Luis A. Limeres, abogado del peticionario; Carlos E. Colón, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Alfonso Vázquez presentó ante esta Corte una solicitud de certiorari para revisar cierta orden o resolución dictada por la. Corte de Distrito de Ponee en el caso de Luis J. Nicole v. Ramón Montalvo et al., sobre d.años y perjuicios, en el cual el recurrente fue admitido como interventor.

De los autos que tenemos a la vista aparecen los hechos que narramos a continuación: ante la Corte de Distrito de Ponee se radicó la demanda en reclamación de daños y per-juicios de Luis J. Nicole contra Ramón Montalvo y Aníbal Comolly. Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en dicho caso se expidió una orden de embargo contra los'bienes de los demandados, en virtud de la cual el márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez em-bargó en el Barrio “Retiro” de San Germán, un truck marea “Dodge” licencia HP1287, propiedad del deiüandado Ramón Montalvo, el cual fuá trasladado a la ciudad de Ponce y de-jado en manos de Manuel Fre^des, en su carácter de depo-. sitario del mismo. Fue entonces que el peticionario, Alfonso Vázquez, radicó, previo permiso coneedídole por la corte inferior, una solicitud alegando que el truck embargado a Ra-món Montalvo estaba gravado con una hipoteca a su favor por la suma de $2,000 inscrita en el Registro de la Propie-dad de San Germán y que, por lo tanto, el embargo trabado era nulo y sin valor alguno por no haberse consignado pre-viamente por el demandante Luis J. Nicole en la secretarial de la Corte de Distrito de Ponee el importe de la hipoteca, sus intereses y el crédito para costas, gastos y honorarios de abogado; y además, porque estando inscrita la hipoteca, el truck no podía ser removido del sitio en que se encontraba sin el consentimiento por escrito del acreedor hipotecario. El demandante Luis J. Nicole radicó su contestación a la referida moción alegando, entre otras defensas, que el men-cionado contrato de hipoteca sobre bienes muebles era nulo por ser ol mismo simulado y no haber mediado consideración. Vista la moción, la corte inferior, con fecha 10 de agosto de 1945, resolvió que de acuerdo con la sección 10 de la Ley mhn. 19 de 3 de junio de 1927 (pág. 491) y la sección 9 de la misma ley, según fuera enmendada por la (Ley núm. 71) de 5 de mayo de 1930 (pág. 449), y la decisión de este Tribunal Supremo en Araújo v. Arena, 60 D.P.R. 284, el embargo trabado sobre el truck era nulo; disponiendo, en su consecuencia, que el mismo fuera entregado por el de-positario Manuel Freytes al interventor Alfonso Vázquez para que fuera restituido al sitio donde se encontraba en San Germán al ser embargado; y disponiendo, además, que si el demandante Luis J. Nicole consignaba en la secretaría dé la corte la suma de $2,000 o sea el importe de la hipoteca, y los intereses que se adeudaren, dentro de las 48 horas des-pués de ser notificado de esta resolución, entonces quedaría el embargo trabado con toda fuerza y valor legal y sujeto a las consecuencias del litigio principal. Con vista de la anterior resolución, el márshal de la corte inferior, con fecha 17 de agosto de 1945, previo mandamiento expedido al efecto por el secretario, y sin que mediara la orden de rigor de la corte, ocupó y entregó el truck en cuestión al interventor Al-, fonso Vázquez. No conforme con la resolución, el deman-dante Nicole apeló para ante este Tribunal con fecha 17 de agosto de 1945; y tres días más tarde radicó ante la corte inferior una moción solicitando se ordenara al márshal que se incautara de y entregara en custodia leyis el referido truck al depositario Manuel Freytes, alegando que la resolución anulando el embargo no tenía el carácter de firme por ser la misma apelable para ante el Tribunal Supremo dentro del término de treinta días, a partir desde la fecha de su noti-ficación, estando impedido por ley el interventor de ejecu-tarla, siendo, por tanto, nula la actuación del secretario al expedir la orden de ejecución sin la previa autorización de la corte y nula asimismo la del márslial al ejecutarla. Cele-brada la vista de esta última moción, la corte inferior, con fecha 28 de agosto de 1945, resolviendo la cuestión planteada, invocando los artículos 297 y 298 del Código de Enjuicia-miento Civil y la doctrina sentada por este Tribunal en los casos de Garzot v. Garzot, 49 D.P.R. 350; National City Bank v. Arjona, Juez, 49 D.P.R 355; Ríos v. Chábriel, 54 D.P.R. 628; Municipio v. Corte de Humacao, 60 D.P.R. 171; y Rivera v. Martínez, 27 D.P.R. 475 declaró que el escrito de apelación interpuesto por la parte demandante suspendía todos los procedimientos posteriores en el caso y que el man-damiento expedido por el secretario al marshal de la corte, para la entrega del truck al interventor no tenían valor ni efecto legal alguno. En su consecuencia, ordenó que el truck ocupado por dicho interventor volviese al poder del deposi-tario legal Sr. Manuel Freytes, en custodia legis, hasta tanto se resuelva la apelación interpuesta por el demandante y apelante.

Alega el peticionario, como motivo de su recurso: (1) Que la última resolución o sea la dictada el 28 de agosto de 1945 es contraria a las acciones 9 y 10 de la Ley núm. 19 de 3 de junio de 1927, según fué enmendada por la del 5 de mayo de 3930, y la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo en los casos de United Porto Rican Bank v. Ruiz, 43 D.P.R. 528; United Porto Rican Bank v. González, 46 D.P.R. 781, y Araújo v. Arenas, 60 D.P.R. 284, 299; y (2) que la resolución de 10 de agosto de 1945 no es de carácter de-finitivo ni apelable, a tenor de la doctrina sentada por este Tribunal Supremo en los casos de Espada v. Sepúlveda, 20 D.P.R. 138 y Rivera v. Rivera, 56 D.P.R. 205.

Que la resolución de 10 do agosto de 1945 declarando nulo el embargo del automóvil hipotecado, es apelable, es una cuestión sobre la cual no cabe dudar. El artículo 295, inciso 3 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone expresamente que podrá apelarse para ante esta Corte Suprema de una providencia dictada por una corte de distrito “anulando o negándose a anular un embargo”.

La cuestión a resolver es si la apelación interpuesta por el demandante Nicole, suspendió los efectos de la orden apelada. En opinión emitida por este Tribunal en National City Bank v. Corte, 47 D.P.R. 128, se resolvió que la apelaeión de una providencia anulando o negándose a anular un embargo suspende sus efectos. Considerando que la cuestión es de suma trascendencia, creemos conveniente examinar los fundamentos que se adujeron para sostener el criterio que entonces prevaleció.

La Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias del año 1902 (Comp. 1911, sees. 5233-5250), en su artículo 14, prescribe:

“Todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de sen-tencia, se sustanciarán en pieza separada, dándose traslado a la. parte contraria, con citación para una comparecencia ante cual-quiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusiere y fueren pertinentes, resolviéndose acto seguido por el Tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculos para la con-tinuación del pleito principal. Entre la citación y la comparecen-cia de estos juicios verbales no mediará un término mayor de cinco días, y no se suspenderá la celebración de los mismos por ningún motivo. Toda resolución del tribunal ser A ejecutoria desde luego, y pudiendo consignarse por la parte perjudicada la oportuna protesta, a los efectos del recurso que la Ley de Procedimientos le conceda contra la sentencia definitiva.” (Bastardillas nuestras.)

Al examinar detenidamente toda la sección, vemos el pro-pósito del legislador de que las cuestiones relacionadas con los embargos se resuelvan rápidamente. Establece que en-tre la citación y comparecencia en estos juicios no debe me-diar un término mayor de cinco días, probibe expresamente la suspensión de los mismos por motivo alguno y termina con la disposición al efecto de que la resolución dictada sur-tirá efecto inmediatamente, reservando a la parte perjudi-cada el derecho de consignar su protesta a los efectos del remedio que la Ley le concedía de revisarla dentro de la apelación contra la sentencia definitiva.

Ya hemos hecho referencia al remedio que concedió el Código de Enjuiciamiento en. su art. 295 al prescribir espe-cíficamente que son apelables las órdenes dictadas en estos procedimientos. Pero el Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone en su art. 297 que formalizada una apelación producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior respecto a la sentencia u orden apelada. ¿Es aplicable esa disposición a una orden dictada anulando o negándose a anular un embargo a pesar de la disposición expresa de la ley especial para asegurar la efectividad de sentencias al efecto de que las providencias dictadas en esos juicios serán efectivas desde luego? Al resolver la cuestión planteada no podemos perder de vista que el Código de Enjuiciamiento Civil es una ley de carácter general y que la Ley para Ase-gurar la Efectividad de Sentencias es de carácter especial. Por consiguiente, aplicando el principio de hermenéutica legal al efecto de que cuando existe conflicto entre una ley general y una especial, el precepto de esta última debe preva-lecer, tendremos que concluir que si bien una resolución anu-lando o negándose a anular un embargo es apelable por dis-posición expresa del art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, la apelación no suspende los efectos de la resolución apelada, a virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias.

Por los fundamentos expuestos, se revoca el caso de The National City Bank v. Corte, supra, y procede anular la re-solución del juez inferior de fecha 28 de agosto de 1945 en tanto en cuanto ordenó la suspensión de la resolución de 10 de agosto de 1945 anulando el embargo, debiendo devolverse los 'autos a la corle inferior para ulteriores procedimientos consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Iglesia Católica, Apostólica Romana, Diócesis de Ponce, y Pedro Sánchez González, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1175.

    Sometido: Diciembre 6, 1945.

      Resualto: Enero 31, 1946.

      Miguel Marcos Morales, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El ilustre puertorriqueño, don Federico Degetau y Gon-zález, falleció en esta ciudad el 20 de enero de 1914, bajo testamento abierto otorgado el 4 de septiembre de 1913 ante el notario don Jorge V. Domínguez. Hizo constar en él que era casado con doña Ana Moreno Yalarino, (pie no tenía hi-jos legítimos ni naturales y, después de hacer varios legados, dispuso en la cláusula séptima de dicho testamento, lo si-guiente :

“Que no teniendo herederos forzosos, por ascendencia ni descen-dencia, de su libre y espontánea voluntad, instituye como tales de todos sus restantes bienes, derechos y acciones, a su referida esposa, Doña Ana Moreno y Yalarino y a Don Bonifacio Sánchez y Gimé-nez, en la siguiente forma: sus bienes se dividirán de por mitad entre ambos -herederos; el usufructo de todos los inmuebles corres-ponderá de por mitad a ambos; a la muerte de cualquiera de los dos herederos, se destinará por el superviviente la parte del usu-fructo del que baya fallecido, a ía creación, sostenimiento o fomento de una institución de cultura o beneficencia en esta Isla de Puerto Rico, como una Biblioteca, Museo, Asilo de Niños escrofulosos y raquíticos; creación de una cátedra en el Ateneo de San Juan o a cualquier otro centro de la misma índole en la Isla, o a cualquier otro objeto y objetos de naturaleza semejante, que el sobreviviente decidiera. La otra mitad del usufructo de dichos bienes inmuebles, a la muerte del otro heredero, tendrá igual o semejante destino.
“Para el cumplimiento del propósito de crear la institución a que se refiere esta cláusula séptima, asigna el testador, especial-mente, su colección de pinturas y libros, formada con ese objeto y los terrenos destinados al mismo en Aibonito y encarga y solicita de sus amigos Don Francisco Parra Capó y Don José Tous Soto, de Ponce, Don Manuel Fernández Juncos, Don Antonio Alvarez Nava, Don Emilio del Toro y Don Luis Sánchez Morales, de San Juan, y de los señores James L. Slaidem, Henry Allen Cooper, George Cabot Ward, George F. Moore y William A. Wilbur, que presten su cooperación a la realización de este propósito, al ser solicitados para ello, por sus citados herederos a quienes deja instrucciones para qué este encargo no" cause erogaciones de modo alguno a dichos señores y para facilitarles, en todo lo posible, la prestación de su cooperación •valiosísima.”

Doña Ana Moreno Yalarino Yda. de Degetau falleció en Madrid, España, el 19 d'e septiembre de 1918 bajo testa-mento ológrafo, el cual después del debido procedimiento judicial, fué elevado a escritura pública, habiéndose decla-rado por dicho acto judicial a don Fernando María Pignet y Moreno, único y universal heredero de la finada.

El 18 de septiembre de 1923 se protocolizaron ante el notario Lie. José Ramírez Santibáñez las operaciones par-ticionales de los bienes relictos al fallecimiento de don Federico Degetau y González, compareciendo don Manuel Fer-nández Juncos, como apoderado general de don Fernando María Pignet y Moreno, y don Bonifacio Sánchez y Giménez en su propio derecho. En dicha escritura, al referirse a las disposiciones de la cláusula séptima del testamento de don Federico Degetau y González, se hizo constar lo siguiente:

“NOVENA. RENUNCIA DE LA NüDA PROPIEDAD DEL SEÑOR PiGNET — • Don Manuel Fernández Juncos,, con el carácter que ostenta de apo-derado de Don Fernando María Pignet y Moreno, y cumpliendo así mismo instrucciones de aquél, renuncia expresamente a favor de Don Bonifacio Sánchez y Giménez el derecho de nuda propiedad, que según la interpretación dada al testamento de Don Federico Degetau, habría de corresponder a su señora madre, Doña Ana Moreno, y que por fallecimiento de ésta vendría a recaer en el re-nunciante, como su único heredero.
‘‘Tal renuncia se hace con cl solo fin y propósito de que el ex-presado Don Bonifacio Sánchez y Giménez adquiera en pleno do-minio los bienes que sólo en usufructo parece haberle dejado el causante, Don Federico Degetau; pero constituye la causa e inten-ción de tal renuncia que los bienes que en virtud de la misma adqui-riera el señor Sánchez, como procedentes del señor Pignet, queden en él y se le adjudiquen ‘in trust’ para cumplir la voluntad y obli-gaciones impuestas por el causante, Don Federico Degetau, voluntad y obligaciones que delega en él él renunciante, señor Pignet y que constan con toda claridad en la cláusula séptima transcrita del tes-tamento de referencia, debiendo fijarse oportunamente las bases sobre, las cuáles ha de darse cumplimiento a la creacióñ de las instituciones que dispuso él señor Degetau, con la cooperación de la junta com-puesta por los amigos designados por aquél, a fin de realizar él pen-samiento humanitario del causante, hasta donde lo permitan la cuan-tía y situación de tales bienes. (Bastardillas nuestras.)
“DÉCIMA: BeNüNoia de da Nuda Propiedad del Señor Sánoi-iez. —B1 compareciente, Don Bonifacio Sánchez y Giménez, hace igual renuncia, y a los fines antes indicados de la parte de nuda propiedad que pueda eorresponderle por virtud del fallecimiento de la citada Doña Ana Moreno, esposa del señor Degetau.
‘ ‘ Décima-CuaRta : Haber del CausaNte Don Federico Degetau —De todo lo anteriormente expuesto resulta que el haber que por todos conceptos correspondía al causante, Don Federico Degetau, pasa a ser de don Bonifacio Sánchez y Giménez en concepto de heredero voluntario de aquél y en la siguiente forma: una mitad en usufructo, y la otra mitad del usufructo y toda la nuda propiedad del expresado haber de dicho causante, constituye un fideicomiso o ‘trust’ y así se adjudicará al expresado señor Sánchez Giménez, para cumplir él pen-samiento humanitario del testador señor Degetau, según reza sií tes-tamento.” (Bastardillas nuestras.)

La mitad de la finca Rosa Cruz en Aibonito fue adjudi-cada al Sr. Bonifacio Sánchez y Giménez en esta forma:

“El adjudicatario, señor Sánchez y Giménez, tendrá el usufructo de esta .finca, en cuanto a la mitad de la misma, es decir: que podrá disponer libremente, para sí, de la mitad de sus productos y rentas y de su aprovechamiento; pero en cuanto al resto de dichos pro-ductos y rentas y toda la nuda propiedad, será considerado como ‘Trustee’, y deberá dar a los mismos el destino a que se refiere el testamento.”

y así fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Guay’ama.

El 17 de abril de 1944 falleció don Bonifacio Sánchez y Giménez bajo testamento abierto otorgado cinco días antes ante el notario don Miguel Marcos Morales en el cual y en relación con la finca Rosa Cruz de Aibonito hizo los siguien-tes legados:

“Es la voluntad del testador que el resto de la finca de ‘Degetau’ luego de segregadas de ella las Veinte CueRdas para la ‘AmeRican Baptist Home Mission Sooiety’, de que se dispone en'el apartado Cuarto de este, testamento, pase a ser de la propiedad del sobrino del testador, don PedRO Sánchez González, mayor de veintiún años de edad, casado con doña Ramona Espada Eoig, agricultor y vecino de Aibonito, como recompensa por su cariño y paciencia en ayudarme y cuidarme con el esmero con que lo ha venido haciendo durante tantos años, y como caridad para que él pueda ayudar a su madre paralítica, residente en España, y en virtud de haberlo traído el testador, a su sobrino, de España, para que lo cuidara; y además para que el señor SÁNCHEZ González atienda a su esposa y a su hijo; . . . . (Bastardillas nuestras.)
< t -x- # * * * *
‘ ‘ Séptimo : Es la voluntad del testador que de la finca de la cual-se dejan veinte cuerdas a la ‘American . Baptist Home Mission Society’, y del remanente de dicha finca antes de pagar o entregar la parte de la referida finca que se deja en el apartado Quinto de este testamento a don Pedeo Sánohez González, se segregue una parcela de Tres Cuerdas de terreno, que colinde con los terrenos de la propiedad de Alejandro Irizarry, antes de Dolores y Angela Four-nier, y se entregue dicha parcela de terreno, que deberá tener salida a la carretera, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, Diócesis de Pouce, representada actualmente por el Excelentísimo e Ilustrí-simo Señor Obispo de Ponce, Monseñor Willinger, para que 'por el señor Obispo se disponga de. esta parcela de terreno en la forma que crea conveniente.” (Bastardillas nuestras.)

Presentadas en el Registro de la Propiedad de Guayama las escrituras sobre el pago de legados a la Iglesia Católica,. Apostólica Romana, Diócesis de Ponce, y a Pedro Sánchez González, el Registrador denegó su inscripción por el funda-mento de (fue “si bien la finca principal de donde se segrega la parcela adjudicada consta inscrita a favor del testador Boni-facio Sánchez Jiménez, ésta lo está únicamente como heredero usufructuario y fideicomisario (sic) de su causante don Federico Degetau González ‘in trust’ para darle el destino dis-puesto ... en la cláusula séptima de su testamento ... y no puede el heredero así instituido . . . disponer de los bie-nes así dejádosle, para beneficio y lucro de personas o insti-tuciones ajenas a las nombradas por el testador don Federico Degetau González en su citado testamento” como lo son en este caso los adjudicatarios Pedro Sánchez González y la Iglesia Católica. Hizo constar además el Registrador que tratándose de una lotificación no se había registrado un plano final o preliminar aprobado por la Junta de Planifi-cación, Urbanización y Zoniíicaeión de Puerto Rico.

Sostienen los recurrentes que el Registrador erró al interpretar la cláusula séptima del testamento de don Federico Degetau y González ya que el fin ultimo que perseguía el testador era que el usufructo de sus bienes inmuebles se dedicaran “a un fin cultural o benéfico, en la Isla de Puerto Rico o una institución benéfica o cultural en la Isla de Puerto Rico” y que no hay quien pueda dudar de que la Iglesia Católica, Apostólica Romana no sea una institución de cultura y beneficencia y en cuanto al legado hecho a don Pedro Sánchez González para que éste cuide de sn madre para-lítica, se arguye que cumple también con la intención del testador expresada en la cláusula séptima.

No tienen razón los recurrentes. De acuerdo con el ar-tículo 20 de la Ley Hipotecaria el Eegistrador no erró al •denegar las inscripciones solicitadas en estos casos. Si bien •es cierto que don Bonifacio Sánchez y Giménez tenía inscrita a su favor la finca Eosa Cruz, dicha inscripción no era una •de dominio sino en concepto de usufructuario de una mitad •de la finca y en cuanto a la otra mitad y toda la nuda pro-piedad en concepto de fiduciario para cumplir la voluntad •exprosada por su causante don Federico Degetau y Gonzá-lez en la cláusula séptima de su testamento.

Comentando Morell el artículo 20 de la Ley Hipotecaria dice:

“Y lo que decimos de la necesidad de la previa inscripción del derecho, ha de aplicarse en absoluto, teniendo en cuenta la extensión y las condiciones con que aparece inscrito. Nemo dat quod non habet. Todos los casos de aplicación del art. 20 son una fiel repro-ducción de este principio. Por esto, él que sólo tiene inscrita la nuda propiedad, no puede transmitir el dominio; el que sólo tiene una participación proindiviso, no puede, gravar una porción determinada; el que posee dos hectáreas de terreno no puede transferir tres, etc.” (Bastardillas nuestras.) 2 Legislación Hipotecaria, 372.

Además, el artículo 866 del Código Civil (Ed. 1930) dis-pone que “El fiduciario no dispondrá de los bienes fideico-initidos en forma contraria o distinta a la establecida en el fideicomiso.” ¿Cuál fué la forma establecida por don Federico Degetau y González en su testamento y aceptada por don Bonifacio Sánchez y Giménez en la partición de bienes, en cnanto a la finca Eosa Cruz? Expresamente estableció que: “a la muerte de cualquiera de los dos herederos, se destinará por el superviviente la parte del usufructo del que haya fallecido, a la creación, sostenimiento o fomento de una institioción de cultura o beneficencia en esta Isla de Puerto Pico, como una Biblioteca, Museo, Asilo de Niños Escrofu-losos y Raquíticos; creación de una cátedra en el Ateneo de San Juan o a cualquier otro centro de la misma índole -en la Isla, o a cualquier otro objeto y objetos de naturaleza se-mejante que el sobreviviente decidiera. La otra mitad del usufructo de dichos bienes inmuebles, a la muerte del otro heredero, tendrá igual o semejante destino.” (Bastardillas nuestras.)

En el legado a la Iglesia Católica Apostólica Bomana, Diócesis de Ponce, se hace constar que se hace “para que por el Señor Obispo se disponga de esta parcela de terreno en la forma que crea conveniente.’’ (Bastardillas nuestras.) Y en la escritura sobre pago de legado se traspasa la parcela de terreno “Libre de cargas y gravámenes, sin reservas ni limitaciones de clase alguna.” No empece la obra cultural o de beneficencia que, sin duda alguna, la Iglesia Católica pueda haber realizado en el pasado y esté realizando en el presente, nada hay en el legado hecho por don Bonifacio Sán-chez y Giménez a dicha institución que tienda siquiera a im-ponerle la obligación de cumplir con el mandato estipulado por don Federico Degetau y González en la cláusula séptima de su testamento. No podemos tomar en consideración la información contenida en el alegato de los recurrentes al efecto de. que la parcela de tres cuerdas legada a la Iglesia colinda con otra finca de dicha institución en la cual habrá de fundarse “la primera Universidad Católica de Puerto Eieo .... y es para ampliar estas obras, todas de cultura y de beneficencia, que Monseñor Willinger recibe ese le-gado . . .”. Este hecho no aparece ni del testamento de don Bonifacio Sánchez y Giménez ni de ninguno de los de-más documentos que tuvo el Registrador ante su considera-ción y ya hemos resuelto que los registradores calificarán los documentos presentados a inscripción únicamente por lo que resulte de dichos documentos sin que les sea permitido ha-cer su calificación en hechos que no aparezcan de los docu-mentos presentados a su consideración ni del registro. Infanzón y Rodríguez v. Registrador, 24 D.P.R. 141. Tampoco puede el recurrente en un recurso gubernativo suscitar como argumento para la revocación de la nota recurrida cuestio-nes que no tuvo ante sí el registrador al hacer su califica-_ ción. Sucn. Jiménez v. Registrador, 48 D.P.R. 858; National City Bank v. Registrador, 46 D.P.R. 82.

En cuanto al legado hecho al Sr. Pedro Sánchez González “como recompensa por su cariño y paciencia en ayudarme y cuidarme con el esmero con que lo ha venido haciendo du-rante tantos años, y como caridad para que él pueda ayu-dar a su madre paralítica residente en España,” aun cuando el propósito que tuvo en mente don Bonifacio Sánchez y Gi-ménez fué un acto de caridad personal a favor dol Sr. Pedro Sánchez González no podemos aceptar que esta actuación de dicho testador como fiduciario que era de los bienes de don Federico Degetau y González cumpla con el fin establecido en la cláusula séptima del testamento.

Arguyen los recurrentes que de acuerdo con las frases finales de dicha cláusula séptima al efecto de que el usufructo de dichos bienes se podía dedicar “a cualquier otro objeto y objetos de naturaleza semejante qu,e el sobreviviente decidiera,” (bastardillas nuestras) y que “La otra mitad del usufructo de dichos bienes inmuebles a la muerte del otro heredero tendrá igual o semejante destino,” (bastardillas nuestras) don Bonifacio Sánchez y Giménez tenía discreción para hacer los legados a la Iglesia Católica y al Sr. Sánchez en la forma en que los hizo. No estamos conformes con esta interpretación.

La discreción concedida al fiduciario en las frases gene-rales antes mencionadas estaba limitada por la enumeración hedía anteriormente de los fines específicos' que tuvo en mente don Federico Degetan y González al constituir el fideicomiso, es decir, la creación, sostenimiento o fomento de una institución de cultura o beneficencia en esta Isla co.mo una Biblioteca, Museo, Asilo de Niños Escrofulosos y Ra-quíticos o la creación de una cátedra en el Ateneo de San Juan, o a cualquier otro centro de la misma índole en la Isla. ' '

Es más, nada hay en el testamento de don Bonifacio Sán-chez Giménez, ni en ninguno de los demás documentos pre-sentados al Registro, que tienda a demostrar que el fiducia-rio- al hacer los legados en cuestión, solicitara la cooperación de alguno de los señores mencionados en el párrafo segundo de la cláusula séptima del testamento de don Federico De-getau y González a quienes éste encargó y solicitó coopera-ción “para el cumplimiento del propósito de crear la insti-tución a que se refiere esta cláusula séptima.” (Bastardillas nuestras.) Este segundo párrafo aclara y ratifica, si alguna duda pudiera haber, que la intención primordial de don Federico Degetau y González al establecer el fideicomiso fué que so creara con el usufructo de la finca Rosa Cruz una institución igual a las ya enumeradas o de naturaleza seme-jante a ellas.

Somos de opinión que en los legados objeto de este re-curso no se cumplió con los fines establecidos en el fideico-miso establecido por don Federico Degetau y González y en su consecuencia que las notas recurridas deben ser confir-madas.

       El abogado de los recurrentes dedica muchas páginas de su muy bien escrito alegato a reseñar, sintéticamente, la historia de la Iglesia Católica en relación con sus obras e instituciones de cultura y beneficencia a través de los siglos.

        Dicho artículo, en lo pertinente, lee así:
      "Para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos .reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.
      "Los Registradores denegarán la inscripción de dichos títulos mientras no se cumpla este requisito,' siendo responsables directamente de los perjuicios que causen a un tercero por la infracción de este precepto.”


text:
    Antonio Rodríguez Montalvo, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. José A. Negrón López, Juez Sustituto, demandada.
    Núm. 34.

    Sometido: Diciembre 3, 1945.

      Resuelto: Febrero 5, 1946.

      Pedro Santana, Jr., y Martín Aviles Bracero, abogados del Departa-mento del Trabajo y del peticionario; J. Alemañy Sosa, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda radicada ante la Corte Municipal de Sán Germán, el aquí peticionario alegó qne estuvo empleado en la vaquería de Migual Cario Pabón, como ordeñador, desde el 24 de mayo de 1943 basta el 21 de octubre de 1944, por el sueldo convenido de $6 por semana; que el contrato en-tre él y su patrono no tenía tiempo fijo o determinado de duración; y que en octubre 21 de 1944, no obstante baber cumplido el demandante con todas las obligaciones de su empleo, el demandado, sin justa causa o motivo justificado, le despidió de su trabajo, sin antes hacerle efectiva la me-sada a que el demandante alega tener derecho, de conformi-dad con lo dispuesto en la Ley núm. 84 de mayo 12 de 1943 (pág. 197).

Negó el demandado que el demandante trabajara a sueldo de $6 semanales y alegó en contrario que el demandante tra-bajaba a jornal o salario diario, cobrando por los días que trabajaba, razón por la cual no le son aplicables las dispo-siciones de la citada Ley núm. 84 de 1943.

Fallado el caso en contra del demandado, apeló éste para ante la Corte de Distrito de Mayagüez. Las partes sometie-ron el caso mediante una estipulación de los siguientes he-chos: (1) Que el demandante trabajaba por día, por salario o jornal de un dólar ($1) diario y cobraba por semana de acuerdo con los días que hubiere trabajado”; y (2) que fué despedido del empleo, según se alega en la demanda, sin justa causa.

La corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. El demandante acudió a esta Corte en solici-tud de un auto de certiorari, el cual expedimos por entender que se trata de un caso comprendido dentro de las disposi-ciones de la Ley núm. 32 de mayo 3 de 1943 (pág. 85).

La Ley núm. 43, aprobada el 28 de abril de 1930 (pág. 357) disponía en su sección 1 lo siguiente:

“Todo empleado de. industria o de eualquier otro negocio lucra-tivo, contratado sin tiempo determinado, cuyo sueldo fuese convenido por mes, quincena o semana, que fuere destituido de su cargo sin justa causa y sin previo aviso de por lo menos quince días de anti-cipación, tendrá derecho a recibir de su principal o patrono el sueldo que hubiere devengado y el de un mes, una quincena o una semana adicional, según fuere el caso; Disponiéndose, que las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los mancebos ni factores de comer-cio, para los cuales regirá lo dispuesto en el Código de Comercio.” (Bastardillas nuestras.)

En inayo 12 de 1943, la legislatura aprobó la Ley num. 84 (Suplemento, Comp. 1941, página 100) por la cual se en-mendó la sección 1 arriba transcrita, para que se lea como sigue:

“Sección 1. — Todo empleado de industria o de cualquier otro negocio lucrativo, contratado sin tiempo determinado, que fuere ■despedido de su cargo sin justa causa, tendrá derecho o recibir de su patrono, en adición al sueldo que hubiere, devengado, el sueldo corres-, pendiente a un mes por concepto de indemnización; Disponiéndose, que las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los mancebos ni factores de comercio, para los cuales regirá lo dispuesto en el Có-digo de Comercio.” (Bastardillas nuestras.)

Comparando los textos de una y otra sección, encontra-mos lo siguiente: Bajo la Ley núm. 43 de 1930, el empleado que babía sido contratado para trabajar, sin que en el con-trato do servicios se fijara un término para la duración del mismo, en caso de ser despedido de su cargo sin justa causa, tenía el derecho de reclamar de su principal o patrono el pago de (a) el sueldo que hubiere devengado en la fecha en que fuere despedido y (b) el sueldo correspondiente a un mes, a una quincena o una semana, según se hubiera conve-nido que el sueldo sería pagado por meses, por quincenas o por .semanas.

De acuerdo con la Ley enmendatoria, Ley núm. 84 de 1943, el empleado por tiempo indeterminado, a quien se des-pide de su cargo sin justa causa, tiene derecho a recibir de su patrono, además de lo que éste le estuviere adeudando por los servicios ya prestados, “el sueldo correspondiente a nn mes por concepto de indemnización”, no importa la forma de pago que se hubiere convenido.

Los requisitos esenciales para tener derecho a la indem-nización provista por la sección 1, en su forma original, supra, son: (a) haber estado empleado sin contrato por un tiempo determinado, en una industria que continúa sus ope-raciones o negocios; y (b) haber sido despedido sin justa causa. La sección 1 en su forma original exigía un requi-sito adicional. Solamente tenía derecho a reclamar el em-pleado do industria, cuando de acuerdo con su contrato el sueldo le era pagado por semanas o por quincenas o por meses. Es, pues, evidente, que de acuerdo con dicha sec-ción original el empleado que trabajaba a base de un jornal o salario determinado por cada día de trabajo, no tenía de-recho a indemnización cuando era despedido de. su cargo o empleo sin justa causa.

En la sección 1 de la Ley núm. 43 de 1930, tal y como quedó enmendada por la Ley núm. 84 de 12 de -mayo de 1943, supra, el legislador eliminó el requisito en cuanto a los pa-gos semanales, quincenales o por mensualidades. De acuerdo con dicha sección, el reclamante tendrá derecho a la indem-nización si prueba a satisfacción del Tribunal que fué em-pleado, sin tiempo determinado, para trabajar en una indus-tria o negocio lucrativo; que fué despedido de su empleo sin justa causa, y que la industria o negocio continúa sus ope-raciones.

No existe controversia alguna en cuanto al hecho de que en la fecha en que fué despedido del trabajo, sin justa causa, el peticionario estaba trabajando, como ordeñador, en una vaquería, que como industria o negocio lucrativo explotaba el demandado y aquí interventor Miguel Cario Pabón. Tam-poco la hay en cuanto a que el peticionario trabajó para dicho patrono por un largo período de tiempo, desde mayo 24 de 1943 hasta octubre 21 de 1944 — fecha en que fue despedido —o sea durante un período de casi diecisiete meses consecu-tivos; que en el contrato no se lijó término alguno para su duración; y que el peticionario recibía $1 por cada día de trabajo, haciéndosele los pagos semanalmente, de acuerdo con el número de días trabajados durante la semana.

Si el legislador hubiese tenido el cuidado de expresar en lenguaje claro y conciso el propósito fundamental de la en-mienda que estamos discutiendo, el caso ante nos no ofre-cería dificultad alguna para su resolución.

Arguye el patrono interventor — y así lo resolvió la corte inferior — que apareciendo que el peticionario trabajaba en concepto de obrero, en su ocupación como ordeñador, y por un miaño o jornal de $1 diario, su reclamación no está am-parada por la Ley núm. 84 de 1943, pues ésta es aplicable solamente a empleados que desempeñen un cargo o posición' á ■ sueldo.

Las cuestiones que debemos considerar y resolver son: (a) si un ordeñador de una vaquería es un “empleado” de una industria o negocio lucrativo, a quien el legislador tuvo en mente al redactar la Ley núm. 84 de 1943; y (b) si al aprobar la Ley de 1930 y la enmienda de 1943, concediendo indemnización a “todo empleado de industria o de cualquier negocio lucrativo” que fuere destituido sin justa causa, el legislador usó la palabra “empleado” en un sentido limi-tado o restrictivo, para incluir solamente al empleado industrial “que desempeña un cargo técnico o burocrático”; o si la intención legislativa fué hacer extensiva la protección del estatuto a todas aquellas personas que presten servicies a una industria o negocio lucrativo, no importa la clase de trabajo a que se dediquen o la forma en que se les pague la remuneración, siempre que se trate de un empleo regular y continuo y no de un servicio casual, incidental u ocasional o que deba ser prestado dentro de un período de tiempo de-terminado.

Aceptamos como correcta la regla que sostiene que el método más seguro para la interpretación de la palabra “employee” (empleado), usada en esta clase de estatutos, es el de “tomar en consideración la causa para la aproba-ción de la ley, en cuanto pueda ser conocida, y el mal que se trata de remediar por medio del estatuto”. Empey v. Yost, 44 P.2d 774, 775, 182 Wash. 17; Meek v. Julian, Ind. App. 32 N. E.2d 737, 739; Dept. of Industrial Relations v. Drummond, Ala. App., 1 So.2d 395, 401.

Durante los últimos treinta o más años, la tendencia de la legislación de carácter social aprobada por la Asamblea Legislativa de esta Isla, ba sido la de levantar y dignificar el trabajo y dar mayor protección al hombre que para po-der sostenerse a sí mismo y a su familia se ve obligado a trabajar para otro a cambio de un sueldo, salario o jornal o como quiera llamársele al precio o remuneración que re-cibe por su trabajo. Con ese fin fueron aprobadas las le-yes proveyendo para el pago de compensaciones a obreros por accidentes del trabajo; fijando los salarios mínimos; limitando el número de horas del día de trabajo; y nume-rosas otras leyes que tienden a proteger la vida del obrero y a darle mayor seguridad contra accidentes del trabajo. Nada o muy poco se había hecho, hasta la aprobación del estatuto que estamos interpretando, para garantizar al obrero la se-guridad y permanencia de su empleo o para protegerle en caso de que fuere despedido sin justa causa, asegurándole el recibo de su salario, el pan de su familia, durante un pe-ríodo de tiempo razonable, hasta poder obtener un nuevo empleo.

Nos resistimos a presumir y mucho más a creer y resolver que la intención legislativa fuera conceder la protección y garantía del estatuto a los empleados- técnicos y burocrá-ticos de las industrias, o sea a los que reciben'los mayores sueldos, y negárselas al obrero que recibe un jornal, que trabaja en los campos y en las factorías y máquinas de la industria y que a diario arriesga la salud y la vida para que la industria viva y rinda beneficios. No podemos creer que el legislador baya tenido la intención de dejar sin pro-tección al empleado que después de servir al patrono du-rante un período de tiempo substancial, en un empleo de ca-rácter continuo y permanente, es despedido sin justa causa, mientras la industria continúa sus operaciones. Opinamos que al usar la frase “todo empleado de industria o de cual-quier otro negocio lucrativo”, el legislador tuvo en mente no solamente a los empleados técnicos o burocráticos de la in-dustria, si que también a todos los obreros empleados en las industrias, contratados sin tiempo determinado, y no dedica-dos a trabajos casuales, incidentales u ocasionales.

Tampoco nos. convence la argumentación del interventor al efecto de que el estatuto es aplicable solamente a los empleados que son despedidos de un cargo, o sea “de una ocupación fija de alguna importancia que entraña dignidad, empleo u oficio, de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia Española”; y que no siendo el trabajo de ordeñar vacas un cargo, el peticionario en este caso no tiene dereefio a la indemnización que reclama.

Por las mismas razones antes expuestas, opinamos que el legislador no tuvo la intención, al usar la palabra “cargo”, de limitar los efectos de la ley a aquellos empleados de la industria que ocupan puestos o empleos de carácter técnico o burocrático. Es cierto que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española la palabra “cargo” se emplea para expresar una ocupación importante y de cierta digni-dad; pero no es menos cierto que de acuerdo con el lenguaje familiar y corriente de nuestro pueblo, la palabra “cargo” se usa frecuentemente como sinónimo de. “empleo”, “ocu-pación” y “oficio”. ¿Por qué fiemos de presumir que el le-gislador usó dicfia palabra en su sentido estricto y grama-tical, para limitar el alcance de la ley, y no en 'el sentido más amplio y liberal, para poner bajo la protección del es-tatuto a los más necesitados de esa protección?

La última contención del interventor es aún menos meritoria. Insiste en que el estatuto es aplicable solamente a aquellos empleados que reciben un sueldo; y que no lo es por tanto al peticionario, quien recibía un jornal por cada día de trabajo.

He aquí un nuevo conflicto entre el lenguaje del diccio-nario y el lenguaje que el pueblo usa corrientemente. Las palabras “sueldo”, “salario” y “jornal” se emplean para expresar una misma cosa — el estipendio que se paga al que trabaja como remuneración por sus servicios. “Sueldo” y “salario” se usan indistintamente para expresar los pagos semanales, quincenales o mensuales que se hacen a los tra-bajadores y empleados. “Sueldo”, “salario” y “jornal”, se usan también, indistintamente, para expresar el estipen-dio quo recibe el trabajador por un día entero de trabajo; y así vemos que el legislador aprueba una Ley Creando la Junta de Salario Mínimo y no la Junta de Jornales Míni-mos. No habiendo el legislador insertado en la ley una de-finición del término “sueldo”, ¿por qué hemos de suponer que dicho término fue usado en su sentido estricto, para sig-nificar única y exclusivamente el estipendio que se paga al trabajador por semanas, por quincenas o por meses? ¿Por qué no hemos de creer — especialmente si tenemos en cuenta que en el estatuto enmendado se eliminó todo lo referente a pagos semanales, quincenales o mensuales — que cuando el legislador dijo que el trabajador “tendrá derecho a recibir de su patrono, en adición al sueldo que hubiere devengado, el sueldo correspondiente a un mes”, el término “sueldo” fue usado para expresar lo que el obrero recibe por un mes de labor, sin tener en cuenta si el pago se le hacía por días, por semanas o por meses? Una interpretación restrictiva nos conduciría a situaciones absurdas. Por ejemplo: el obrero que recibe $1 diario, que trabaja treinta días al mes y por tanto tiene nn ingreso de $30 mensuales, no tendría derecho a la indemnización. En cambio, el obrero que de acuerdo con su contrato recibe $15 por cada quincena e in-gresa por lo tanto $30 cada mes, tendría la protección del estatuto al ser despedido sin justa causa. No podemos acep-tar que ésa haya sido la intención del legislador.

Opinamos que de acuerdo con los hechos y circunstan-cias del presente caso, el peticionario tiene derecho a la in-demnización que reclama. La corte inferior erró al deses-timar la 'demanda y procede, por tanto, anular la sentencia recurrida y devolver el caso a la corte inferior para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.


text:
    Marcia Torres Maldonado, demandante y apelada, v. Antonio Fernández Méndez y Luis G. Hernández, demandados y apelante el último.
    Núm. 9146.

    Sometido: Diciembre 13, 1945.

      Resuelto: Febrero 6, 1946.

      Manuel García Catrera y Antonio Quinos Méndez, abogados del ape-lante; Miranda & Miranda Estere, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Marcia Torres Maldonado compró una finca rústica a Higinio Pastoriza y su esposa por escritura núm. 68 de 15 de mayo de 1929 ante el notario Damián Monserrat Simó. En la escritura se consignó que eP precio era de $6,500, de los cuales la compradora pagó $500 y se reservó los $6,000 restantes para atender al pago de la hipoteca a que se ha-llaba afecta la finca a favor de Antonio Fernández Méndez. Dicha hipoteca la constituyó Pastoriza en garantía de un préstamo que recibió de Fernández Méndez por la cantidad de $6,000, con intereses a razón de 1 por ciento mensual hasta que fuese totalmente satisfecho y se formalizó por escritura núm. 24 de 26 de julio de 1928 ante el notario Eduardo Ló-pez Tizol. .Se estipularon, entre otras, las siguientes condi-ciones :

“Segundo: Que el capital prestado devengará intereses hasta que sea totalmente satisfecho a razón del uno por ciento mensual pagaderos por meses vencidos en el domicilio del acreedor con la condición de que vencidos tres meses corridos sin ser satisfechos, se entenderá vencida toda esta obligación y estará el acreedor en ap-titud para proceder judicialmente al cobro del capital e intereses.
“Plazo
“Tercero: Que el capital prestado será devuelto al acreedor en el término de dos años contados desde esta fecha. [26 de julio-de 1930],
“Crédito adicional.
“Cuarto: De común acuerdo se asigna un crédito adicional de quinientos dollars para intereses, costas, gastos, desembolsos y ho-norarios de abogado en caso de reclamación judicial así: trescien-tos dollars para intereses y doscientos dollars, para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.
“Garantía.
“Quinto: En garantía de los seis mil dollars y de los quinientos dollars de crédito adicional, los cónyuges deudores, Pastoriza-Cruz, constituyen hipoteca voluntaria a favor de don Antonio Fernández-Méndez sobre la siguiente finca:”

El citado Fernández Méndez instó en la Corte de Distrito-de San Juan el 12 de julio do 1933 un procedimiento suma-rio ejecutivo contra Marcia Torres Maldonado en cobro de su hipoteca. Alegó en el escrito inicial que la hipoteca ha-bía vencido el 26 de julio de 1930 y que desde esa fecha Marcia Torres Maldonado había dejado de pagar intereses, los que calculados por el acreedor ejecutante a razón de 6 por ciento anual montaban a la cantidad de $1,050. Como re-sultádo de ese procedimiento, el 14 de noviembre de 1933 fue adjudicada la finca a Fernández Méndez en satisfacción de la suma reclamada, o sea $6,000 de capital más $1,050 de-interés y $200 para costas y honorarios de abogado. Fer-nández Méndez poseyó la finca hasta el 26 de febrero de 1943, en cuya fecha la vendió a la corporación Personal Savings and Trust Company y ésta la vendió a Luis Gr. Hernán-dez ol 30 de marzo de 1943.

El 4 de mayo de 1944 Marcia Torres Maldonado instituyó este pleito contra Antonio Fernández Méndez y Luis G-. Her-nández solicitando la nulidad del procedimiento ejecutivo por los siguientes fundamentos:

a) Porque en el escrito inicial no fueron señaladas espe-cíficamente las cantidades reclamadas por concepto de inte-reses y las que se cobraban a cuenta del capital del crédito,. ni se expresó la cantidad líquida de la reclamación conforme lo exige el art. 169 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria;

b) Porque es imposible determinar las cantidades que en el escrito inicial se reclaman por concepto de intereses, “ya que la deudora se obliga por la escritura de constitución del préstamo a pagar intereses al tipo del uno por ciento men-sual basta el total pago de la deuda y en el escrito inicial se cobran intereses legales desde la fecha del vencimiento de la hipoteca hasta el día de la radicación del escrito ini-cial y se dice que esos intereses montan a la suma de $1,050.”;

■c) Porque el auto de requerimiento expedido en el pro-cedimiento ejecutivo es nulo, toda vez que en el escrito ini-cial se reclaman intereses legales, desde que venció la obli-gación hasta que se radicó el escrito inicial, y la corte or-denó que la demandada fuese requerida del pago de intere-ses desde la constitución de la hipoteca hasta la radicación del escrito inicial;

d) Porque la corte no adquirió jurisdicción sobre la persona demandada en dichos procedimientos, por ser nulo el diligenciamiento del auto de requerimiento. Al alegar tal nulidad se basó la demandante en este pleito en que la corte ordenó al márshal que, si la deudora hipotecaria no resi-diere en Puerto Rico, se intentase el requerimiento con los apoderados o arrendatarios y el márshal se extralimitó ha-ciendo un diligenciamiento distinto del ordenado por la corte, puesto que notificó a los apoderados de la deudora por no haber sido localizada en el distrito judicial de San Juan y por ignorar su residencia, siendo las condiciones necesarias para prescindir del requerimiento personal que la deudora no resida en el distrito judicial municipal y este hecho no aparece del requerimiento; y

e) Porque el escrito inicial, el auto del requerimiento y su diligenciamiento y la venta de la finca en pública-subasta efectuada por el márshal son nulos, ya que la corte no ad-guiri ó jurisdicción sobre la deudora hipotecaria, y además porque se requirió y cobró a la deudora una suma montante a $750 de intereses que no estaban garantizados con la hi-poteca.

Como consecuencia de la nulidad alegada, reclamó la res-titución de la finca, más los frutos producidos o debidos pro-ducir, consintiendo a su vez en que se restableciese el cré-dito hipotecario con todas sus consecuencias.

La corte consideró y desestimó los motivos de nulidad expuestos bajo las letras a, b, c y d, pero declaró con lugar la demanda basándose en el motivo marcado e, es decir, en que el acreedpr había cobrado $750 en exceso de los $300 del crédito adicional para intereses, única cantidad que, den-tro del procedimiento ejecutivo, según la corte y la apelada, el acreedor hipotecario tenía derecho a cobrar en adición al capital.

Como consecuencia de la declaración de nulidad del pro-cedimiento ejecutivo hipotecario, la corte inferior condenó a los demandados a restituir a la demandante la finca hipote-cada, con los frutos producidos o debidos producir. A la vez condenó a la demandante a pagar a los demandados ciertas cantidades por concepto de gastos de administración, mejoras, contribuciones, etc.

Contra esa sentencia estableció recurso de apelación el . demandado Luis G. Hernández.

Convenimos con el jue£ de la corte inferior en que dentro del procedimiento ejecutivo cualquier cantidad que se cobre sin haber sido hipotecariamente asegurada, vicia de nulidad el procedimiento. Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946; Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655; Vázquez vda. de McCormick v. Gutiérrez, 52 D.P.R. 170 y Figueroa v. Boneta, 58 D.P.R. 811. Sentado este principio, la cuestión primordial en este recurso consiste en determinar si la cantidad de $750 que alega Marcia Torres se le cobró en exceso por concepto de intereses, estaba o no hipotecariamente garantizada.

Consecuencia lógica del principio jurídico de que lo accesorio signe al principal, es la de qne los intereses, como frutos que son del capital, si éstos son estipulados en la es-critura con expresión del tipo convenido y así se hace cons-tar en la inscripción, quedan asegurados con la hipoteca que garantiza el capital, aunque no se hayan garantizado expre-samente. La Comisión de Códigos, refiriéndose a esta mate-ria, bajo el epígrafe “Extensión de la Hipoteca”, dijo en su Exposición Sobre los Motivos y Fundamentos de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861:

“¿Y debe ser extensiva Ja hipoteca a garantir los intereses del capital asegurado por ella? Nada dice de esto nuestro derecho an-tiguo ni era de presumir que lo dijera, cuando tan severamente reprobaba la usura, entendiendo que lo era todo aquello que el deudor tenía que dar al acreedor en cuanto excediera de la misma suma prestada, y considerando sólo lícito el interés cuando lo ad-mitían en el fuero de la conciencia los moralistas más rígidos. Pero desde que el derecho escrito empezó a mitigar el rigor antiguo; desde que prevaleciendo otros principios económico-políticos, quedó para siempre destruido el error de que el dinero no era productivo; desde que el legislador se convenció de que las graves penas para extinguir el interés del dinero se convertían contra las personas para cuya protección se habían dictado, pues que tenían que pagar un interés más alto por los capitales que recibían (medio de com-pensar en cierto modo los .peligros que corría el prestamista), no podían dejar de considerarse afectas las fincas hipotecadas al pago de los intereses, como lo estaban al del capital.” (Bastardillas nues-tias.)

Y más adelante, bajo el epígrafe “De las Hipotecas Volun-tarias”, repite:

“Al tratar de. la extensión de la hipoteca, queda dicho que com-prende también los intereses del capital prestado con las restricciones que se han creído conveniente para evitar perjuicios a tercero.” (B astardillas nuestras.)

Consistentes con el principio enunciado en los párrafos transcritos de la Exposición de Motivos, sus autores consig-naron en el art. 12 de la Ley Hipotecaria:

“Las inscripciones hipotecarias de créditos expresarán en todo caso el importe de la obligación garantizada y el de los intereses, si se hubieren estipulado, sin cuya circunstancia no se considerarán ase-gurados por la hipoteca dichos intereses en los términos prescritos en la presente ley.” (Bastardillas nuestras.)

Al mismo efecto, véanse Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria,' T.3, págs. 218-219; Morell, Co-mentarios a la Legislación Hipotecaria, T.3, pág. 715; Ba-rracliina, Comentarios a la Ley Hipotecaria, T.3, págs. 86-88; Gómez de la Serna, La Ley Hipotecaria, T.l, pág. 484, párrafo 31; Sánchez Román, Derecho Civil Español, Común y Eoral, T.3, págs. 803-804; Martínez Moreda, Legislación Hipotecaria, T.l, págs. 527, 532; Moscoso, Tratado de Le-gislación Hipotecaria, pág. 214; F. Clemente de Diego, Ins-tituciones de Derecho Civil Español, T.l, pág. 467; Demó-filo de Buen, Derecho Civil Español Común, T.l, pág. 317; Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, T.2, págs, 648, 650 y Manuel Dorta Duque, Curso de Ley Hipotecaria, T.l, págs. 128, 129.

Pero como el fin de la Ley Hipotecaria es promover el crédito territorial a fiase de la seguridad de la hipoteca y del pago de lo ofrecido, sus autores no pudieron pasar por alto los derechos del tercero que adquiriese el dominio de la finca gravada o un derecho real sobre la misma. A ese fin dispusieron en el art. 114 de la Ley Hipotecaria:

“La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue interés, no asegurará, con perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.”

Consecuentes con el principio expuesto en el art. 1774 del Código Civil y el 146 de la Ley Hipotecaria al efecto de que para la válida y eficaz constitución de la hipoteca es nece-sario que el documento en que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad, prescribieron en el art. 145 d.-: la Ley Hipotecaria lo siguiente:

“No se considerará asegurado con la hipoteca el interés del prés-tamo en la forma que prescribe el art. 114, sino cuando la estipu-lación- y cuantía de dicho interés resulten de la inscripción misma.”

En el presente caso, en la escritura de hipoteca, se esti-puló que el capital del préstamo devengaba intereses “hasta que sea totalmente satisfecho a razón del 1 por ciento men-sual”; y de la certificación del .Registrador de la Propiedad que se acompañó al escrito inicial en el procedimiento eje-cutivo, aparece que al inscribirse la hipoteca la estipulación sobre intereses y el tipo de los mismos se hicieron constar en la inscripción, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 12 de la Ley Hipotecaria. Siendo ello así, los intereses que-daron garantizados con la hipoteca que aseguró el capital.

Pero como de conformidad con el art. 114 de la Ley Hipotecaria, constituido un crédito que devengue intereses, no asegura, con perjuicio de tercero, en adición al capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos, y la parte vencida de la anualidad corriente, debemos determinar ahora si, de acuerdo con la evidencia de este caso, Marcia Torres era o no responsable de los $1,050 de intereses que se devengaron después de haber adquirido ella el inmueble.

Morell opina que el tercer poseedor no asume la obliga-ción personal del primitivo deudor, a menos que se haya subrogado en tal obligación, y por consiguiente no es respon-sable de los intereses que se devenguen a partir de la fecha en que adquirió el inmueble, los. cuales siguen siendo de cuenta del deudor hipotecante. Ob. Cit,, T.3, pág. 717. Este Tribunal ha seguido la misma doctrina en los casos de Hilario Santos v. Morán, 32 D.P.R. 59; Trueba v. Rosales & Cía,. 33 D.P.R. 1027 y López Cepero v. Sierra, 49 D.P.R. 345. Otros comentaristas, tales como Galindo y Escosura en sus Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, T.3, (4ta. ed.) pág. 245 y Martínez Moreda, Legislación Hipote-caria, T.l, pág. 536, opinan, por el contrario, que el tercer poseedor responde en adición a las dos últimas anualidades y la parte vencida de la corriente, de todos los intereses que se devenguen a partir de la adquisición porque desde esa fecha el tercer poseedor sustituye al deudor hipotecante.

Ya sigamos la teoría de Morell y los casos citados, ya la de G-alindo y Escosura y Martínez Moreda, el resultado será siempre el mismo, pues Marciá Torres, habiendo retenido del precio la parte necesaria para pagar la hipoteca al acreedor, se subrogó en la obligación del deudor hipotecante, y consecuentemente era responsable de los intereses que se devengaron desde que dejó de satisfacerlos el 26 de julio de 1930 hasta que se instó el procedimiento ejecutivo.

Empero, el juez de la corte inferior y la apelada sostienen que a virtud de la cláusula quinta de la escritura por la cual se constituyó la hipoteca “en garantía de los $6,000 y de los $500 de crédito adicional”, de ellos $300 para intereses y $200 para costas, la hipoteca en todo caso sólo garantiza por concepto de intereses la cantidad de $300, tanto en cuanto al deudor primitivo como en lo que respecta al posterior adquirente.

Esa interpretación pierde de vista que la hipoteca que expresamente se constituyó para garantizar el capital, im-plícitamente aseguró por ministerio de la ley, los intereses que debe pagar el primitivo deudor hasta que la deuda sea totalmente satisfecha. Consecuentemente era innecesario constituir otra hipoteca para garantizar lo que la ley ya había garantizado. Si consideramos que como regla general el interés es el único incentivo que mueve al acreedor a prestar su dinero; y si tenemos en cuenta la protección que la ley da al acreedor hipotecario garantizándole con la hipo-teca todos los intereses estipulados- — siempre que se hagan constar en la inscripción — mientras la finca gravada perte-nezca al primitivo deudor, no debemos presumir que el aeree-dor ha renunciado en parte a ese derecho, reduciendo la ga-rantía a cinco mensualidades de intereses ($300) solamente, a. menos que de manera clara e inequívoca surja del contrato la intención de los contratantes - de modificar la norma pres-crita por la ley. Por el contrario, del contexto de la escri-tura surge que no fue esa la intención de los^ contratantes, pues no solamente estipularon intereses por el término del contrato, sino que los convinieron hasta que la obligación fuese totalmente satisfecha y estipularon, además, que ven-cidas tres mensualidades de intereses y no satisfechas, el acreedor tendría derecho a proceder judicialmente al cobro del capital e intereses.

Es regla fundamental de interpretación que cuando un contrato ha sido regulado por la ley se presume que' los con-tratantes han aceptado íntegramente las normas de la ley que lo regula, a menos que expresamente esa norma haya sido excluida o modificada por la voluntad de los contratan-tes. Ya hemos visto que el contrato deshipoteca está regu-lado por la Ley Hipotecaria y que de acuerdo con la misma en un crédito que devengue interés, éste se halla garantizado con la hipoteca mientras la finca gravada se encuentre en poder del primitivo deudor o de un posterior adquirente que se haya subrogado en su obligación, siempre que la es-tipulación de intereses y el tipo se hagan constar en la ins-cripción. A este efecto dijo Manresa:

“Las leyes en general y los elementos del contrato como criterio de interpretación. — Antes de entrar en el examen particular de las distintas reglas que da el Código, debemos indicar una fundamental, una norma que no puede olvidarse, porque decide el' problema de la interpretación, y en realidad impide que se presente, por de-ficiencia u omisión, en los más de los casos.
“Aludimos al conjunto de leyes que regulan cada contrato, o todos en general; 'a esa especie de modelo impreso que la ley, con sus preceptos no, necesarios, da hecho a los contratantes para que lo acepten íntegramente, lo modifiquen en lo que no es esencial y obligatorio, o lo completen con cuanto sea lícito y conforme a su naturaleza. Esas normas supletorias, esos modelos legales, deben suponerse aceptados si nada en contrario se dice, y, por consiguiente, basta donde baya llegado la previsión del legislador, estará com-pletado el contrato, y la deficiencia del mismo suplida en principio, probablemente sin necesidad de interpretación. Así, con la simple conformidad sobre la cosa y el precio, en el contrato de compra-venta, quedarán fijadas por sumisión tácita a la ley las variadas incidencias que en el cumplimiento del mismo se pueden presentar de ordinario.
“Con lo dicbo se relaciona la aceptación de los elementos natu-rales del contrato, mientras no se estipule lo contrario, y la exclu-sión de los accidentales si no se pactan; distinción que ya indicamos (art. 1261) y que sanciona la jurisprudencia, diciendo que ‘las cir-cunstancias naturales de los contratos se entienden comprendidas en el consentimiento, a no estipularse explícitamente lo contrario’ (sentencia de 21 de Noviembre de 1862),.y que ‘toda condición o circunstancia que pertenece a la naturaleza ordinaria de un con-trato, se entiende siempre comprendida en él, a no ser que se la haya excluido expresamente por la voluntad de los contrayentes; siendo lo contrario lo que sucede con la circunstancia que es de suyo accidental, porque no puede exigirse su cumplimiento sino cuando se pacta de un modo explícito y concreto’. (Sentencia de 5 de Mayo de 1873).” Comentarios al Código Civil, T. 8, (2da. ed. 1907) pág. 703.

El razonamiento de la corte inferior para concluir que la garantía de los intereses, áún en lo que respecta al pri-mitivo deudor, fue limitada a $300, confunde la hipoteca principal que garantizó el capital e intereses hasta el total pago de la deuda, con la hipoteca especial que redujo la responsabilidad por intereses con perjuicio de tercero, de dos anualidades y la corriente, a la cantidad de $300.

En el caso de Gutiérrez vda. Crosas v. Longpré, 44 D.P.R. 667, se trataba de un pleito sobre nulidad de un procedi-miento ejecutivo. Se alegaba, como en éste, que el acreedor había cobrado más intereses de los que hipotecariamente ha-bían sido asegurados; y en la escritura de préstamo con hi-poteca, la deudora se obligó a garantizar los $40,000 objeto del préstamo al 8 por ciento anual. “El aludido contrato contenía una cláusula adicional por virtud de- la cual la deu-dora nominalmente aceptó o acordó especialmente pagar , hasta $1,000 como intereses.” Se convino, además, qne ven-cidos y no pagados los intereess por el término de seis me-ses, se consideraría vencida la hipoteca. Eesolviendo esa cuestión dijo este Tribunal:

“No podemos convenir con la apelada ni con la corte inferior en que los acreedores hipotecarios estaban limitados a la suma de $1,000 por intereses, toda vez que si bien se mencionó específica-mente esa suma, la escritura de hipoteca en su totalidad tendía a demostrar que las partes convinieron en pagar una suma mucho mayor por concepto de intereses. La escritura de hipoteca proveía el pago de un principal con intereses al 8 por ciento, así como que la hipoteca vencería si los deudores dejaban de pagar los intereses durante seis meses, y este pleito fué incoado por tal incumplimiento. La intención de la escritura de incluir todos los intereses fué clara y la cláusula adicional relativa a los mil dólares no podía consi-derarse como una limitación.” (Pág. 677.)

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de . que debe consi-• aerarse que la hipoteca especial sólo, se constituyó, en lo que respecta a los intereses, para limitar la garantía de éstos en perjuicio de tercero.

Siendo ello así, erró la corte a quo al anular el procedimiento ejecutivo por el motivo marcado e, que acabamos de discutir. Pero como el recurso de apelación se interpone contra la sentencia y no. contra sus fundamentos, si de las alegaciones y de la prueba surgen otros fundamentos por los cuales pueda sostenerse la sentencia, en tal caso la misma debe prevalecer. Examinemos, pues, los motivos a, b, c y d que la corte a quo consideró y desestimó.

a) El fundamento marcado a no merece seria consideración. En el escrito inicial se reclamaron $6,000 de capital y $1,050 de intereses que se dice son los adeudados desde el 26 de julio de 1930 hasta el 12 de julio de 1933, feolia en que se radicó el procedimiento ejecutivo, más $200 para honorarios de abogado. Creemos con el juez de la corte inferior, que más específicamente no podían señalarse las cantidades reclamadas.

b) El marcado con la letra b es insostenible. Una mera operación aritmética revela que al fijar en la cantidad de $1,050 los intereses sobre $6,000 desde el 26 de julio de 1930 hasta el 12 de julio de 1933, la computación se hizo a razón de 6 por ciento anual. Es verdad que los intereses fueron convenidos a razón de 12 por ciento anual, pero como al cobrarlos al 6 por ciento no se reclamó más de lo que hipotecariamente se había garantizado para esa atención, el beneficio que en esa forma obtuvo la deudora no puede viciar de nulidad el procedimiento.

c) El hecho de que en el escrito inicial se reclamasen intereses desde que venció la obligación y en la orden de requerimiento se dijera erróneamente que la cantidad de $1,050 correspondía a los intereses vencidos desde que se constituyó la hipoteca hasta que se inició el procedimiento ejecutivo, es un error sin importancia, pues como cuestión de hecho dicha suma corresponde a los intereses devengados a razón de 6 por ciento anual desde el vencimiento de la obligación hasta el día en que se radicó el procedimiento ejecutivo.

d) Y por último, también carece de fundamento el motivo marcado con la letra d. Del diligenciamiento del márshal consta que él hizo el requerimiento en las personas de los apoderados de la demandada, quienes se hallaban en tal concepto al frente de la finca, no encontrándose la demandada en el distrito judicial de San Juan e ignorando el márshal el sitio de su residencia. Además, de la prueba de la propia demandante en este pleito de nulidad, resulta que ésta, desde el año 1928 trasladó su residencia a los Estados Unidos y a la fecha del juicio de nulidad contiuaba viviendo en aquel país.

Siendo -erróneo el fundamento que sirvió de base a la sentencia y no resultando de las alegaciones y la prueba nin-gún otro que la sostenga, procede revocarla y dictar otra declarando sin lugar la demanda con imposición de costas a la demandante.

Los Jueces Presidente Sr. Travieso y Asociado Sr. Cor-dova no intervinieron. .

       Calculados a razón de 6 por ciento los intereses ascienden a $1,060..

       Es de notarse el hecho do que al iniciarse el 12 de julio de 1933 el procedimiento ejecutivo motivo de este recurso de apelación, hacía cuatro meses que se había resuelto el caso de Gutiérrez vda. de Crosas v. Longpré, 44 D.P.R. 667.


author: El Juez Asociado Seño®. Todd, Jr.,

text:
    Juan Mari Ramos, demandante y apelante, v. La Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, Etc., y R. Cintrón Lastra, Registrador de la Propiedad de Mayagüez, demandados y apelados.
    Núm. 9235.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Febrero 6, 1946.

      ■ José Sabater, abogado del apelante; Ron. Procurador General J¡. Campos del Toro, Luis Venegas Cortés, Procurador General Au-xiliar y Ciro Malatrasi, Jr., abogado éste de la Junta de Planifica-ción, abogados todos de los apelados.
   El Juez Asociado Seño®. Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Mari Ramos vendió a Israel Forestier un solar se-gregado de una finca de su propiedad radicada en Maya-güez. Solicitado permiso para dicha segregación de la Junta de Planificación ésta lo negó por ser dicho solar de una ca-bida menor a la autorizada por el Reglamento de Planifica-ción. En la misma resolución la Junta hace constar que des-aprobará toda segregación que haga en el futuro el deman-dante, que sea menor de 300 metros cuadrados y a menos que las calles de la urbanización estén afirmadas y tengan encintados y cunetas. El señor Mari radicó una demanda de injunction ante la Corte de Distrito de Mayagüez soli-citando se prohíba a la Junta de Planificación “que. in-tervenga en ninguna forma ni se oponga ni obstaculice la inscripción del solar segregado y vendido por el deman-dante . . ,, ni de los demás solares de menos de 300 metros cuadrados que segregue y venda . . . ”. Se incluyó también como demandado al Registrador de la Propiedad de Maya-güez alegando el demandante que dicho registrador, debido a la letra de la Ley núm. 213 de 1942 ((1) pág. 1107), se niega a inscribir solares de una extensión menor de cinco (5) cuerdas a monos que se presente un certificado de la Junta de Planificación aprobando la segregación y se pide que se ordene al referido registrador proceda a cumplir y obedecer la sentencia que se dicte en el caso, inscribiendo específicamente la segregación y todas las demás que se ha-gan posteriormente.

Los demandados comparecieron y solicitaron el traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan alegando que la acción se originó en San Juan con motivo de la Resolu-ción de la Junta en su residencia; que todos los demanda-dos interesados en el pleito residen en San Juan; qne el Registrador de la Propiedad de Mayagüez no es parte ne-saria en el pleito sino ficticia y para evitar el traslado, y qne la Junta de Planificación, Urbanización y Zonifieación de Puerto Rico y cada uno de sus miembros tiene una sólida defensa qne ofrecer al injunction. Acompañaron la moción de traslado con otra de archivo y sobreseimiento.

La Corte de Distrito de Mayagüez, después de celebrar una vista, ordenó el traslado del caso a San Juan, y contra esta resolución apeló al demandante para ante esta Corte alegando la comisión de tres errores, a saber:

“(I) La Corte inferior cometió error al decretar el traslado por razón de residencia de los demandados, denegando de ese modo la retención de su jurisdicción por tratarse de una acción que parti-cipa de lo real o sea que se trata de una acción relativa a una finca urbana radicada en el municipio de Mayagüez siendo la corte de distrito de Mayagüez la que tiene jurisdicción exclusiva sobre el caso cuando el demandante reclama dicha jurisdicción.
“(II) La corte inferior cometió error al ignorar que uno de los demandados, el Registrador de la Propiedad de Mayagüez, aunque sus abogados o sea, los abogados de los demandados, solicitaron a su nombre también el traslado, tiene su residencia oficial en Maya-güez, dentro del Distrito Judicial de Mayagüez.
“(III) La corte inferior erró al dictar el decreto de traslado fundándose en una solicitud deficiente y sin méritos para ello, según la ley y la jurisprudencia.”

Consideraremos solamente los dos primeros errores ale-gados, por considerar qne el tercero carece de méritos.

El artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, Ed. 1933 y, en particular, el inciso segundo de dicho artículo, dicen:

“Artículo 79. — Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la fa-cultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
“1...
“2. Contra un empleado público, o persona especialmente nom-brada para cumplir los deberes de aquél, por cualquier acto que hu-biere cometido con ocasión de su empleo; o contra una persona que, por orden suya o como su auxiliar, hiciere algo relacionado con los deberes de dicho empleado.”

No tenemos duda de que en el caso de autos la causa de acción surgió en San Juan, o sea, en el domicilio de los de-mandados miembros de la Junta de Planificación.

De acuerdo con las alegaciones de la demanda, se im-pugna una resolución de la Junta de Planificación dictada en su domicilio oficial en San Juan. Aun cuando dicha re-solución afecte derechos del apelante en otro distrito, el si-tio donde surgió la causa de acción fué en San Juan. La doctrina expresada en los casos de Legarreta v. Tesorero, 55 D.P.R. 22, y Cafeteros de P. R. v. Tesorero, 64 D.P.R. 435, interpretando el inciso segundo del art. 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, es aplicable al de autos.

Arguye el apelante que la acción establecida es de carácter real y por tanto debe verse en Mayagüez. No estamos de acuerdo. La demanda es una de injimction, que es una acción in personam y no in rem, Veve et al. v. The Fajardo Development Co., 15 D.P.R. 577; 28 Am. Jur. 199, y el hecho de que la resolución de la Junta de Planificación se refiera a un solar situado en Mayagüez, no priva a los demandados del derecho que le concede la ley al traslado.

No se cometió el primer error imputado y tampoco el segundo pues si bien en la demanda se incluyó al Registrador de la Propiedad de Mayagüez, no se hace alegación alguna en la demanda que tienda siquiera a demostrar qu.e el registrador haya actuado en relación con el caso del demandante. Alega el apelante que es necesario incluirlo para obligar al registrador a actuar de acuerdo con la sentencia que en su día dicte la corte.

No estamos de acuerdo. Si el demandante obtiene sen-tencia a su favor podrá entonces presentar el documento al registro y acompañarlo de la sentencia y, en caso de que el registrador se negare a inscribirlo, entonces y no antes, pro-ceder contra él a través de un recurso gubernativo.

En Siever v. Union Pac. R. Co., 93 N. W. 943-5, se ex-pone la regla aplicable al de autos en esta forma:

“La verdadera prueba para determinar si la competencia es propia, para que la citación pueda extenderse a otro distrito, es si el demandado emplazado en el distrito donde el juicio se trae es un demandado bona fide a la acción — ya sea su interés en el resultado de la acción en alguna manera adverso al del demandante con respecto a la causa de acción contra los otros demandados — y en acciones en equidad se puede investigar además, si el demandante puede o no obtener un remedio completo, adecuado y satisfactorio sin incluir tal parte demandada y obligarlo por los términos de la sentencia y or-den.” (Bastardillas nuestras.)

No so desprende de las alegaciones de la demanda que el registrador sea una parte necesaria en el pleito ni que contra él exista causa de acción. En el caso de Muñoz v. Be-nitez Bexach, 48 D.P.R. 631-2, se sostuvo que “La acumu-lación fraudulenta de un demandado residente contra quien la parte demandante no tiene causa de acción, meramente con el objeto de impedir que el verdadero demandado no re-sidente obtenga el traslado, no se permitirá que logre ese resultado. (Citas) En tal caso no existe desde luego nin-gún verdadero demandado residente.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.