text:
    Aponte & Sobrino, demandante y apelante, v. Sucesión de José Pérez Llera, etc., demandados y apelados.
    No. 6515.

    Sometido: Marzo 1, 1935.

      Resuelto: Mayo 7, 1935.

      M. Guzmán Texidor, abogado de la apelante; T,. BernardAni Rales, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil Aponte & Sobrino inició una acción en cobro de dinero contra la sucesión de José Pérez Llera, compuesta de sus hijos naturales, de la madre del causante Isabel Llera, y de Jenaro Cautiño Insúa, en su carácter de albacea testamentario del finado José Pérez Llera.

Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en dicho pleito la sociedad demandante embargó cierta cantidad de ganado vacuno. Solicitó dicha sociedad la venta de los bienes embargados, por entender que los mismos eran susceptibles de desmejorar y bajar de precio, debido al cam-bio de pasto y método de cuido, lo que habría de redundar en perjuicio de todas las partes interesadas.

A esta moción se opusieron verbalmente en el acto de la vista los demandados, alegando, entre otras razones, que los bienes que constituyen la herencia relicta por don José Pérez Llera, entre los cuales se encuentra el ganado embargado/ están en custodia legis bajo la administración del albacea o administrador don Jenaro Cautiño Insúa, nombrado por la ■Corte de Distrito de G-uayama, según aparece del caso No. '9844, cuyo ganado está sujeto además a una orden de la misma corte disponiendo se venda por el albacea para pagar a los acreedores de la herencia. Alegaron verbalmente los demandados que estando los bienes en custodia legis no po-dían ser embargados y sostuvieron, en virtud de estas razo-mes, la nulidad del embargo.

Oídas las partes, la corte declaró sin lugar la moción •solicitando la venta de ganado y declaró nulo y sin ningún valor el embargo practicado, ordenando que los bienes fuesen .reintegrados al administrador judicial Sr. Jenaro Cautiño Insúa.

De esta resolución apeló la firma demandante, alegando que la corte cometió error al anular el embargo practicado, cuando las partes comparecieron a la corte solamente a dis-cutir la procedencia o no de la venta del ganado, sin dar opor-tunidad alguna a los demandantes de probar que los referi-dos bienes no estaban en custodia legis. Se alega que la corte erró al dictar su resolución fundándose en hechos que no fueron materia de prueba y al declarar que los bienes em-bargados estaban en custodia legis.

Opinamos, con la corte inferior, que los bienes en poder de un administrador judicial se encuentran en custodia legis. 12 R.C.L. 814, párrafo 45; Brewer v. Hutton, 30 S. E. 81; McCoy v. Flynn, 151 N. W. 465; Maxwell v. Greene, 172 S. E. 147, y 6 C. J. 210. Pero, ¿ se ha demostrado en este caso que el ganado embargado se encuentra en estas condicio-nes? No se ofreció prueba alguna en apoyo de la manifes-tación verbal de la demandada sobre la existencia de un al-bacea o administrador judicial. La corte inferior declaró que los bienes embargados “se encuentran actualmente bajo el albaceazgo y administración judicial del Sr. don Jenaro Cautiño, nombrado albacea en su testamento por el causante y administrador judicial de los bienes relictos, por la corte.” Al hacer esta afirmación la corte inferior parece partir de la base de que es innecesario ofrecer prueba sobre estos hechos, de los cuales tiene conocimiento judicial.

Una corte de justicia no puede tomar conocimiento judicial de una causa seguida ante ella para aplicar ese co-nocimiento a otra causa que se esté .ventilando en el mismo tribunal. Ésta es la regla generalmente establecida, aunque no con tan invariable inflexibilidad que no admita excepciones en ciertos casos señalados y reconocidos por la jurisprudencia. Por ejemplo cuando las partes en los dos procedimientos son sustancialmente las mismas y el resultado de una causa determina el resultado de la otra, la corte toma conoci-miento judicial de los procedimientos y sentencias en la ac-ción anterior en vez de obligar a las partes a acudir a otros procedimientos para producir el mismo efecto. Butler v. Eaton, 141 U. S. 240. El principio que prevalece general-mente es que la decisión de una causa debe depender de la evidencia producida. Si la corte tomase conocimiento judicial de ciertos hechos que pudieran ser objeto de prueba, entonces ,1a parte contraria no tendría medios de rebatir esa eviden-cia, que sería definitiva para ella, cuando la verdad es que de ser producida estaría en condiciones de controvertirla y quizás de rebatirla victoriosamente. Murphy v. Citizens’ Bank, 12 Ann. Cas. 537.

En National Bank v. Bryant, 13 Bush. (Ky.) 419, la corte se expresó así:

“Esta corte, así como las demás cortes, toma conocimiento judicial de sus propios records, en tanto en cuanto pertenecen al caso que está juzgando. Pero al decidir un caso no toma tal conocimiento de lo que pueda contenerse en el récord de otro caso distinto, a me-nos que se traiga a la atención de la corte, haciéndolo parte del ré-cord del caso bajo consideración.”

En una nota que aparece al calce del caso Murphy v. Citizens’ Bank, supra, se cita el caso de Daniel v. Bellamy, 91 N. C. 78, diciendo que según se desprende de este caso, el procedimiento fue iniciado en la corte de testamentaría para obligar a nn albacea a presentar las cuentas de su cargo. Mientras dicho procedimiento estaba pendiente, la aproba-ción del testamento fue revocada por el mismo tribunal, y la corte de apelaciones, comentando la actuación de la corte de testamentaría, que tomó conocimiento judicial de la revo-cación de la orden aprobando el testamento, se expresó así:

“La corte de testamentaría cometió error al suponer que debido a haberse revocado por ella la orden aprobando el testamento, ella podía tomar conocimiento judicial del acto de tal revocación en au-sencia de la alegación correspondiente por parte de los demandados en que planteaban tal cuestión como defensa. La revocación de la orden aprobando el testamento se hizo en un procedimiento que en forma alguna estaba relacionado con esta acción, no importa lo mu-cho qué pudiera afectarlo al suscitarse la cuestión debidamente. La corte no solamente debe tener conocimiento de la defensa que una parte pueda plantear, sino que debe tener conocimiento, de la cues-tión al serle suscitada en debida forma. Para aprovecharse de la revocación los demandados tan sólo podían hacerlo valiéndose de la alegación correspondiente, de igual modo que hubieran tenido que hacerlo al plantear cualquiera otra defensa a que tuvieran derecho. Podría suceder que los demandantes negaran que el testamento fue revocado, o la validez del mismo. Tal vez quisieran exeepeionar o replicar a la contestación enmendada. No tenían derecho a hacer esto, al sugerir los demandados meramente una defensa, de la cual por casualidad la corte tenía conocimiento personal, obtenido en otro recurso o procedimiento ante la misma corte.”

Esta jurisprudencia está sostenida por las más recien-tes decisiones. En Brown v. Brown, 83 Cal. App. 74, 256 P. 595, la corte se expresó así:

“ . . . . Según dijimos en Sewell v. Price, 164 Cal. 265, 128 P. 407, si bien las cortes toman conocimiento judicial de sus propios records, la regla está limitada a procedimientos en la misma cues-tión. Es una doctrina firmemente establecida que las cortes no pue-den tomar conocimiento judicial de otros records en un caso distinto. (Citas.) Con el fin de haber traído los procedimientos en un caso anterior a la atención de la corte sentenciadora en este caso habría sido necesario ofrecer como prueba los autos, para que fuesen admi-tidos como una parte del récord. No habiéndose hecho esto, tales do-cumentos no constituyen parte del récord en esta causa, que es una distinta y separada acción.”

Véanse también los casos de Plum v. Indian Valley Bank, 4 P. (2d) 543; Giannopulos v. Chachas, 257 P. 618; Schubeler v. Lilly, 155 N. E. 699; Paridy v. Caterpillar Tractor Co., 48 F. (2d) 166; Morse v. Lewis, 54 P. (2d) 1027; Atlas Land Corporation v. Norman, 156 So. 885.

No es éste un caso comprendido dentro de las excepciones a la regla general. La corte inferior, por lo tanto, no pudo tomar conocimiento judicial de que los bienes embargados estuviesen en custodia le gis.

Arguyen los demandados que la firma demandante admite en la demanda que Jenaro Cautiño Insúa es albacea de don José Pérez Llera, alegando que dicho albacea fué requerido de pago por la demandante, sin que hasta la fecha haya satisfecho la suma reclamada. Es verdad que existe esta alegación en la demanda. Pero ello no quiere decir que por el hecho de haberse designado un albacea los bienes de la herencia se encuentren en administración judicial. El albacea de que habla nuestro derecho civil no está colocado en las mismas condiciones que generalmente prevalecen dentro del sistema legal americano. Aquí como allá el albacea deriva su autoridad de la voluntad del testador, del testamento que lo nombre; pero entre nosotros cuando el testador no determina especialmente sus facultades, éstas están limitadas por el artículo 824 del Código Civil, según el cual únicamente podrá:

“1. Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por él en su testamento; y en su defecto, se-gún la costumbre del pueblo.
“2. Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el cono-cimiento y beneplácito del heredero.
“3. Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.
“4. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y cus-todia de los bienes con intervención de los herederos presentes. ’ ’

Comentando .el artículo 902 del -Código Civil español, equi-valente al artículo 824 de nuestro código, se expresa así el Sr. Manresa:

“El albacea vigila por la fiel ejecución de las disposiciones testa-mentarias, cuyo cumplimiento no le está directamente encomendado. Pero, obsérvese bien, por muy importante que sea esta función y la de la defensa del testamento, el albacea, con arreglo a este número del art. 902, no representa la herencia. Si se ataca al testamento, él tiene personalidad para ser demandado y defender su validez o la de alguna de sus cláusulas; si se quebranta alguna disposición o no se ejecuta, él tiene personalidad para demandar a los mismos he-rederos y compelerles a la ejecución y al respeto de cuanto el tes-tador ordenó; mas ni le compete administrar en absoluto, ni pagar deudas, ni satisfacer más legados que los que consistan en metálico, ni practicar las operaciones partieionales, ni nada más que lo que taxativamente determinan los números 3o. y 4o. del art. 902, a no ser que el testador le hubiere facultado para ello. ’ ’ 6 Manresa, 749.

En el presente caso únicamente sabemos que los demandan-tes han aceptado que Jenaro- Cautiño fue nombrado albacea de don José Pérez Llera y esto no es bastante para colocar los bienes en custodia legis.

Se cita por la demandada el caso de Mead v. Dapena, 32 D.P.R. 402, según el cual cuando el depositario de bienes muebles embargados, y por éste el funcionario ejecutivo de la corte, permite que los bienes salgan de su posesión al hacerse un segundo embargo, queda extinguida la preferen-cia adquirida por quien embargó primeramente, y se alega que el márshal de la corte embargó el ganado y lo colocó bajo la custodia de Luis María Sánchez, depositario de la firma demandante. La decisión citada se basa en el caso de Oronoz & Co. v. Alvarez, 23 D.P.R. 536, donde se sostiene que “las autoridades generalmente mantienen el criterio de que para que un embargo pueda quedar protegido, el funcionario que lo practica debe retener el poder y facultad de entrar en in-mediata posesión de los bienes, y si dejare de hacer esto, se considerará que el embargo ha sido abandonado. ... Si se pierde la posesión legal de los bienes y objetos personales que han sido embargados, el embargo que está sujeto a dicha po-sesión queda disuelto.” Parece que pretende aplicarse por analogía esta jurisprudencia a bienes embargados en poder de un administrador judicial. Como ya dijimos antes, no hay prueba alguna en los autos de que los referidos bienes se en-cuentren en administración judicial, y por lo tanto es innece-sario resolver en esta ocasión la cuestión planteada.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos de acuerdo con los términos de esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Díaz, acusado y apelante.
    No. 5716.

    Sometido: Abril 9, 1935.

      Resuelto: Mayo 7, 1935.

      A. Porrata Doria, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota; Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado y condenado por infracción de la sección tercera de la Ley No. 1 de 1934 (pág. 137) porque en la fecha indicada en' la denuncia se encontraba' en posesión de cierto número de litros de ron cañita, que es un espírtu o bebida que contiene alcohol obtenido por destilación, sin haber pagado al Tesorero de Puerto Pico un impuesto de $0.20 por cada litro o fracción de litro de dicha bebida.

La referida sección tercera dice, en lo necesario para este caso, que se impondrá, cobrará y pagará sobre las siguientes bebidas producidas, importadas o traídas a Puerto Pico, un impuesto de: . ... (c) un impuesto de veinte (20) centavos por cada litro de espíritu, y un impuesto igual por cual-quier cantidad o fracción de la misma; . . .

En vista de esas palabras de la ley sostiene el apelante que las personas que producen, importan o traen a Puerto Rico las bebidas relacionadas en la sección tercera son las llamadas a pagar el arbitrio que sobre las mismas se fija y no cualquier persona que las posea; que la ley no castiga la posesión y que solamente fija un arbitrio para los productores o importadores.

En esa sección de la ley se declara que las bebidas que especifica están sujetas al tributo, bien sean importadas o producidas aquí, por lo que esa bebida está sujeta a tribu-tación porque fue traída a esta isla o producida aquí. Con respecto a las personas obligadas al -pago dispone la sección 38 de esa ley que los impuestos que por ella se prescriben serán pagados por el traficante, el fabricante o por el consu-midor al introducir el producto, o al traspasarlo o al poseer el mismo, bien sea por traspaso o introducción o por compra, donación o de otro modo, dentro de los diez (10) días si-guientes a la introducción o fabricación del producto y los impuestos deberán pagarse dentro del término mencionado o de acuerdo con las disposiciones que el Tesorero por regla-mento prescribiere. De modo que fuera el apelante trafi-cante, fabricante o consumidor que posee esas bebidas tenía que pagar ese tributo. Por lo expuesto la denuncia contiene hechos de la infracción alegada.

El apelante solicitó que la denuncia fuese sobreseída y archivada por no haberse celebrado el juicio dentro de los 120 días siguientes a la radicación de la misma y la negativa de la corte se alega como error. Esa solicitud fue presentada el día del juicio y ya hemos resuelto en varias ocasiones que debe ser hecha antes del juicio.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Peesidente Señob Del Tobo,

text:
    Doctora Dolores Pérez Marchand, peticionaria y apelante, v. Hon. Eduardo Garrido Morales, Comisionado de Sanidad, querellado y apelado.
    No. 6877.

    Sometido: Febrero 14, 1935.

      Resuelto: Mayo 7, 1935.

      Alberto 8. Poventwdi, abogado de la apelante; Son. Procurador General Benjamin J. Horton j T. Torres Pérez, Subprocurador, abo-gados del apelado.
   El Juez Peesidente Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de mandamus iniciado por la Doc-tora Pérez Marchand contra el Comisionado de Sanidad Ga-rrido Morales, conteniendo la solicitud dos causas de acción.

Para, basar la primera, por virtud de la cual pide que se ordene al demandado que la restituya inmediatamente en su cargo de Médico-Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce, alega substancialmente que fué nombrada desde mayo 1, 1930 y se encontraba el 25 de octubre de 1933 desempeñando el indicado cargo creado por ley, dentro del Servicio Civil Cla-sificado, cuando recibió una comunicación del demandado des-tituyéndola sin que mediara formulación de cargos ni se le diera oportunidad de ser oída por la Comisión de Servicio Civil, obedeciendo tal destitución sólo a su negativa a enviar cierta contribución de dinero para fines políticos exigídale por funcionarios del Departamento de Sanidad.

Y para basar la segunda, por virtud de la cual solicita que se condene al demandado a pagarle $2,820 en concepto de daños y perjuicios, alega substancialmente que los había sufrido a la fecha de la solicitud en $660 y los sufriría en $2,160 más durante un año que suponía que duraría el litigio, calculados a base del sueldo que de acuerdo con la ley le correspondía percibir y venía percibiendo por el desempeño del cargo de que le había separado ilegalmente el demandado.

Librada orden para mostrar causa, compareció el deman-dado. Aceptó los Lechos relativos al nombramiento y a la separación de la peticionaria del cargo de Médico-Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce, y negó que dicha separa-ción se hiciera por el motivo y en la forma expuestos, ale-gando a este respecto substancialmente que ordenó a la peti-cionaria la práctica de cierto trabajo y la peticionaria des-acató su mandato, formulándole cargos que contestó, y no siendo la contestación satisfactoria, la destituyó, ajustándose a la Ley de Servicio Civil. Negó que hubiera causado daño alguno que tuviera que indemnizar.

Trabada la contienda, fue el pleito a juicio, practicán-dose una larga prueba documental y testifical. El 10 de sep-tiembre de 1934 la corte dictó sentencia declarando sin lu-gar la petición, sin especial condenación de costas, por no haberse agotado la vía administrativa. En su relación del caso y opinión, se expresó, en parte, como sigue:

“Limitando, pties, nuestra decisión a la primera cuestión que la peticionaria plantea en su petición, y que antes hemos estudiado, re-solvemos que medió en este caso la formulación de cargos escritos, los que fueron contestados por la querellante, y que al no ser satis-factorios dichos cargos (sic) para el Comisionado de Sanidad, éste des-tituyó a la empleada querellante, pero remitió inmediatamente todo el expediente a la Comisión de Servicio Civil, la que no aparece de los autos haya hecho investigación alguna en el asunto, por lo que en-tendemos debe agotarse la vía administrativa antes de acudir a la vía judicial.”

No conforme la peticionaria interpuso este recurso de ape-lación señalando en su alegato la comisión de cinco errores cometidos, a su juicio, por la corte de distrito, 1, al estimar que para su destitución definitiva se formularon cargos y 2,-que debió comparecer a la Comisión de Servicio Civil antes de acudir a la corte; 3, al dejar de resolver que no existió el consentimiento de la Comisión exigido por la ley para su separación definitiva; 4, al no declarar que su destitución se debió a su negativa a contribuir a fondos políticos, y 5, al no resolver la reclamación de daños.

Parece conveniente referirnos a la evidencia documental de ambas partes para fijar lo ocurrido en cuanto sea necesa-rio para la resolución del caso según la opinión que del mismo liemos formado.

Son lieclios admitidos que la peticionaria desempeñaba desde hace años el puesto de Médico-Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce, que fue nombrada debidamente y que su cargo está comprendido dentro del Servicio Civil Cla-sificado.

Así las cosas, el 6 de septiembre de 1933 el demandado en su carácter de Comisionado de Sanidad dirigió a la peti-cionaria en el suyo de Médico-Tocólogo, una carta que dice:

“Asunto: Servicio adicional.
“1. De acuerdo con el plan de reorganización que se está llevando a cabo en este Departamento, por la presente se ordena a Ud. aten-der cinco clínicas semanales en la Unidad de Salud Pública de Ponce; tres para niños y dos para prenatales, en adición al trabajo que Ud. realiza en el Hospital de Distrito de Ponce.
“2. Este trabajo adicional deberá Ud. empezarlo a rendir el lu-nes día 11 de los corrientes y las clínicas serán de 1:30 p. m. a 4:30.
"3. Para organizar su trabajo se pondrá Ud. de acuerdo con el Jefe de la Unidad de Salud Pública de Ponce, bajo cuyas órdenes prestará Ud. el servicio de estas clínicas.”

En septiembre 8, 1933, la peticionaria contestó:

“Asunto: Servicio adicional.
“1. En contestación a la carta que acabo de recibir, en la que se me ordena atender cinco clínicas semanales en la Unidad de Salud Pública de Ponce, y bajo las órdenes del Dr. Montalvo Guenard, me complazco en hacer constar mi espíritu de cooperación con todo lo que beneficie las obras de salud pública y el plan de reorganización que lleva a cabo ese Departamento.
“2. Con fecha febrero 20, 1931 se suscitó la misma cuestión y hoy me .permito remitir a usted copia de mi comunicación en aquella época, como también el endoso que mi proposición hubo de merecer del Dr. Osvaldo Goyeo, Director del Hospital de Distrito de Ponce.
“3. Prácticamente, ese mismo trabajo se está realizando en la ac-tualidad en los servicios de este Hospital. Los casos de las clínicas prenatales y recomendados directamente por la Oficina de la Unidad de Salud Pública, son reexaminados y atendidos por mí en el De-partamento de Maternidad que está a mí encomendado. En el Hospital de Distrito también tenemos un Departamento de Pediatría en el que atiendo directamente a los pacientes. Además, efectúo ese mismo trabajo con los enfermos que acuden al Hospital y que nos son referidos para consulta por los diferentes municipios bajo el amparo de esta Institución. Puede Ud. obtener constancia de'estos servicios en la forma que guste, y me permito añadir que mis razo-namientos de febrero 20/31 para preferir las clínicas dentro del hospital, están actualmente reforzados por circunstancias personales con el Dr. Montalvo Guenard, cuyas demostraciones de antagonismo y de enemistad se vienen haciendo notorias desde hace aigún tiempo.
“4. Quedo atenta a su respuesta, y, para que sea más rápida, me permito certificar esta carta, con la idea que llegue a sus manos antes del día 11 d/e, fecha fijada por Ud. para empezar las Clínicas en la Unidad de Salud Pública, y así no conceptúe usted mi no com-parecencia a las mismas como un acto de indisciplina hacia el De-partamento.
“5. Después de conocer Ud. las razones expuestas, espero saber si es posible que Ud. modifique su criterio respecto a la organización de dichos trabajos.”

Insistió el demandado el 15 de septiembre, 1933, como sigue:

“Asunto: Servicio de clínicas.
“1. Déspués de haber estudiado su proposición para atender las clínicas Prenatales y de Higiene Infantil en el Hospital de Distrito y no en la Unidad de Salud Pública, como se le ordenaba por esta Oficina, y previa consulta con el Director de Unidades de Salud Pú-blica de este Departamento, Dr. George G. Payne, lamento informarle que no puedo acceder a sus deseos de realizar este trabajo en el Hospital de Distrito, pues esto sería contrario a la política que sigue el Departamento en toda la isla respecto al funcionamiento de estas clínicas.
“2. Por este motivo insistimos en que este trabajo se realice bajo la dirección del Jefe de la Unidad de Salud Pública de ese muni-cipio. ’ ’

Vino la peticionaria a San Juan con el propósito de en-trevistarse personalmente con el demandado sin qne lo lo-grara y a sn regreso a Ponce, en septiembre 25, 1933, le dirigió la siguiente carta telegráfica nocturna:

' ‘ Señor: Considerando injustificadas condiciones superpuestas cargo médico tocólogo hospital distrito Ponce una imposición que según entrevista Sub-comisionado Malaret obedece exigencias políticas, oblí-game dignidad personal renunciar cargo que siempre desempeñé co-operando intensamente problemas médico sociales pueblo servido. Confiaba eran efectivas garantías Ley Servicio Civil vigente. Por esa ley solicito treinta días licencia. Renunciaré cargo inmediata-mente al vencimiento dicha licencia. Gracias. Dra. Pérez Marchand.”

El demandado contestó en octubre 1, 1933, como sigue:

“Asunto: Orden administrativa.
“1. Acuso recibo de su telegrama de fecha septiembre 25, 1933 presentando la renuncia de su cargo como médico tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce y solicitando una licencia por un mes, alegando para ello razones de índole política.
“2. En relación con este asunto deseo informarle que en setiem-bre 6, 1933, dirigí a Ud. una comunicación asignándole trabajo adi-cional en la Unidad de Salud Pública de Ponce con el objeto de me-jorar la eficiencia del servicio en relación con los trabajos que Ud. presta a este Departamento.
“3. En setiembre 8 se recibió en esta oficina una carta suya so-licitando se le relevara de este trabajo en la Unidad para realizarlo en el Plospital de Distrito de Ponce, comunicándole a Ud. en carta de setiembre 15 que no era posible acceder a su deseo pues ello era contrario a la política que sigue este Departamento en cuanto al fun-cionamiento de clínicas prenatales.
“4. A pesar de mi carta de setiembre 15 Ud. no acató la orden de este Departamento y en setiembre 25 envía un telegrama cuyo contenido es para mí muy extraño, no habiendo mediado otra cosa que una desobediencia por parte suya a las órdenes dictadas en be-neficio del servicio por el que suscribe.
“5. Para poder considerar su solicitud de licencia y renuncia es necesario que Ud. lo haga remitiendo una carta en forma correcta, pues el Comisionado que suscribe ha tenido y desea tener toda clase de consideraciones para Ud. a pesar de haber Ud. desacatado una orden administrativa. ’ ’

En octubre 3, 1933, la peticionaria escribió al demandado y éste le contestó en octubre 7, 1933, así:

‘ ‘ Asunto: Orden Administrativa. 1. Refiriéndome a su carta del día 3 del presente mes, deseo manifestarle que el único propósito que tuvo esta oficina al asignar a Ud. trabajo adicional en la Unidad de Salud Pública de Ponce, según carta que le fué dirigida con fecba 6 de septiembre del año en curso, fué el de mejorar la eficiencia del servicio. Para esto esta oficina no se ña inspirado en ningún oteo motivo. 2. Siendo imprescindiblemente necesario iniciar el servicio de clínicas prenatales y para niños, que se ordenó a Ud. prestar en la Unidad de Salud Pública de Ponce bajo las órdenes del Dr. A. Montalvo Guenard, por la presente se le concede hasta el día 10 del presente mes de octubre para dar cumplimiento a las órdenes que en tal sentido ha recibido Ud. de esta oficina, de acuerdo con la re-ferida carta del día 6 de setiembre de 1933.”

A cuya contestación replicó por telégrafo la peticionaria en octubre 9, como sigue:

“Respetuosamente expóngole razonamientos presentádosle ante-riormente testimonian mi propósito cooperar salud Pública discipli-nadamente. Su carta octubre siete entregádame octubre nueve orde-nándome servicio adicional clínicas oficina Sanidad octubre diez oblí-game recurrir Comisión Servicio Civil y Asociación Médica para de-terminar preliminarmente alcance Ley Servicio Civil vigente que dice ' Cualquier asignación que envuelva un cambio sustancial en los de-beres no podría efectuarse sin aprobación Comisión.’ Improcedente respuesta correspondencia mía razonando conflicto condúceme cance-lar anterior renuncia ajustada regla 43 vigente Ley, aun no consi-derada. Su actitud reasignándome deberes no comprendidos mi cargo médico tocólogo Hospital Distrito Ponce e imponiendo conflicto en servicio organizado confirma informe Sub Comisionado Malaret pre-sión política único motivo para singularizarme. La ley resolverá donde razonamientos fracasan.”

El 11 de octubre, 1933, el Director de la Unidad de Salud Pública de Ponce, Dr. Montalvo Guenard, se dirigió al Co-misionado de Sanidad demandado en la siguiente forma:

“Asunto: Orden administrativa del Hon. Comisionado. 1. Cum-plimentando vuestra carta de octubre 7, 1933, dirigida a la Dra. Dolores Pérez Marchand en relación con el servicio asignádole en esta Unidad de Salnd Pública para atender a las clínicas de prenatales y para niños bajo la dirección del que suscribe, tengo a bien infor-mar a V. H. que basta la fecha, 11 de octubre de 1933, no se ha reportado a esta oficina la distinguida compañera arriba citada como tampoco nos ha dignado aquélla con ninguna clase de excusa justi-ficando su ausencia.”

El 13 de octubre, 1933, el Presidente de la Comisión de Servicio Civil, Sr. Hilera, contestó una carta del Comisionado demandado como sigue:

“En contestación a su carta del 13 del mes en curso, solicitando autorización para asignar al cargo que desempeña la Dra. Dolores Pérez Marchand ciertos deberes adicionales, se le informa, que some-tido el caso a la Comisión, resolvió ella por unanimidad, que de acuerdo con las constancias oficiales y en particular con la Forma P. C. 101, o sea el cuestionario cumplimentado a los efectos de la clasificación del cargo, el trabajo adicional en Clínicas para niños y prenatales en la Unidad de Salud Pública de Ponce, que Ud. ha asig-nado a dicho facultativo, no constituye un cambio sustancial de los que contempla la regla XXXYII del Servicio Civil en los deberes de Médico Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce, cargo que la doctora Pérez Marchand desempeña, y sí una asignación de trabajo en armonía con los deberes y especialidad del referido cargo, para lo cual tiene facultad administrativa el Comisionado de Sanidad.”

Y en igual fecha el Fiscal General de Puerto Rico comu-nicó al dicho comisionado demandado su opinión en el mismo sentido que la de la Comisión de Servicio Civil.

En octubre 14 el Presidente de la Comisión de Servicio Civil, Sr. Hilera, contestó una carta de la peticionaria, así:

“Refiriéndonos a su carta del 10 del mes en curso y a los docu-mentos a ella anexos, se informa a Ud. que sometido el caso a la Comisión, y vista dicha documentación y las constancias oficiales en este organismo, en particular la Forma P. C. 101, o sea el cuestio-nario cumplimentado a los efectos de la clasificación de su cargo, la Comisión considera que el trabajo de clínicas para niños y prena-tales asignádole por el Comisionado de Sanidad es análogo al que comprenden sus deberes de Médico Tocólogo del Hospital de Dis-trito de Ponce, y, por consiguiente, resolvió que dicho trabajo no constituye un cambio substancial, de los que contempla la Regla XXXVII ele Servicio Civil, en sus deberes de Médico Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponee.
“Siendo sus boras de trabajo en el referido hospital de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, según igualmente consta en la Forma P. C. 101, y requiriendo el expresado trabajo de clínicas el tiempo comprendido entre la 1:30 y 4:30 de la tarde, el tiempo adicional que debe Ud. dedicar a tales clínicas será solamente una hora diaria o sea 5 horas semanales.”

El 25 de octubre, 1933, se entregó a la peticionaria una carta del demandado fechada en octubre 14, 1933, que dice:

“Asunto: Suspensión de empleo y sueldo.
“De acuerdo con el párrafo segundo de la sección 28 de la Ley No. 88, ‘Para crear la Comisión del Servicio Civil de Puerto Rico y delinear sus deberes y funciones, etc.,’ aprobada en 11 de mayo de 1931, por la presente se suspende a Ud. de empleo y sueldo y se le conceden tres días a contar de la fecha en que reciba Ud. esta carta, para que informe por escrito las alegaciones que tenga que hacer en relación con los siguientes cargos:
“INSUBORDINACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES.- — Eh Septiem-bre 6 el Comisionado de Sanidad que suscribe ordenó a Ud. atender cinco clínicas semanales en la Unidad de Salud Pública de Ponce; tres para niños y dos para prenatales, sin que hasta la fecha, a pe-sar de haber transcurrido 33 días, desde la fecha en que dicha orden debía ser efectiva, Ud. haya dado cumplimiento a dicha orden, obs-taculizando por el contrario con una actitud hostil los planes de re-organización que se están llevando a cabo en este Departamento para ajustar los servicios del mismo a las necesidades públicas.
“En 25 de septiembre del año en curso dirigió Ud. al Comisio-nado de Sanidad que suscribe un telegrama de carácter irrespetuoso en el cual califica como imposición injusta el trabajo asignádole en la Unidad de Salud Pública de Ponce, en armonía con los deberes oj especialidad de su cargo de Médico Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce.
“En octubre 9 de 1933 dirigió Ud. al Comisionado que suscribe el siguiente telegrama que por sus términos violentos y por su con-tenido constituye un acto de abierta indisciplina, particularmente en lo que respecta a acudir a la Asociación Médica para plantear cues-tiones puramente administrativas y potestativas del Comisionado de Sanidad:” (Se copia el telegrama de octubre 9 ya transcrito.)

La peticionaria por su abogado se dirigió en octubre 26, 1933, al demandado y al,Presidente de la Comisión de Ser-vicio Civil solicitando prórroga Pasta noviembre 3,1933, para contestar los cargos y obtuvo del Presidente de la Comisión la siguiente respuesta:

“Cargos Dra. Pérez Marchand no han sido radicados esta Comi-sión. Carecemos jurisdicción asunto.”

En octubre 28, 1933, la peticionaria contestó al demandado como sigue:

“Asunto: Pretendida suspensión de empleo y sueldo.
“1. Comparece la Médico-Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce, acompañada de su abogado que suscribe, y con referencia a supuestos cargos formuládosle por el Hon. Comisionado de Sanidad Insular y notificados en octubre 25, 1933, requiriéndose contestación •en el breve plazo de tres días, por la presente se hace constar:
“2. Que de acuerdo con el propio párrafo segundo de la sección '28 de la Ley No. 88, sobre Servicio Civil Clasificado, aprobada por nuestra Asamblea Legislativa en 1931, disposición en que se pretende fundar los alegados cargos imputados, no se ha cumplido por el Hon. Comisionado de Sanidad; (a) con el requisito de señalar, dentro del ■término especificado en dicha disposición legal, la duración de la su-puesta suspensión; (5) ni tampoco con el requisito de haber infor-mado inmediatamente a la Comisión de Servicio Civil de la aludida •suspensión, a los efectos legales procedentes.
“3. Que el Hon. Comisionado de Sanidad igualmente dejó de ob-servar lo dispuesto en el párrafo tercero, sección 28, de la indicada Ley de Servicio Civil de 1931, preceptiva de que para que un fun-cionario nominador pueda suspender a un subalterno, debe presentar ante la Comisión de Servicio Civil de 1931, por escrito, las razones para la suspensión, lo que no se ha hecho en este caso, según comu-nicación recibida de la citada Comisión.
“4. Que el Hon. Comisionado de Sanidad, al decretar la preten-dida suspensión, tampoco ha actuado de acuerdo con la Regla XLI del Reglamento promulgado para la debida aplicación de la Ley de Servicio Civil de Puerto Rico, de 1931, al no estipular en la notifi-cación de suspensión, ni en los supuestos cargos presentados, la du-ración de la suspensión y al no enviar ‘inmediatamente a la Comi-sión de Servicio Civil una copia de dicho aviso.’
“5. Que la Médico-Tocólogo suscribiente ocupa un cargo o empleo dentro del Servicio Civil Clasificado, por lo que, de acuerdo con la Ley y Reglamento a ese fin aprobados, no puede ser separada ni sus-pendida, excepto en la forma dispuesta por dieba Ley y Reglamento, lo que no se ba becho, según ya se ba demostrado.
£í6. Que en adición a lo anteriormente expuesto, la Médico-Tocó-logo que suscribe niega enfáticamente que baya en modo alguno in-currido en supuestas insubordinaciones, irrespetuosidades o incumpli-mientos de deberes; y, por el contrario, reitera sus afirmaciones y ofrecimientos de cooperación y buena voluntad para con el Departa-mento de Sanidad de Puerto Rico, en la forma que resulta de la co-rrespondencia cruzada con ese Departamento.
££7. En virtud de todo ello, la Médico-Tocólogo suscribiente es-tima la supuesta orden de suspensión como ilegal e inexistente, con-siderándose dentro y obligada a seguir, como se propone, cumpliendo con los deberes correspondientes e inherentes a su cargo de Médico-Tocólogo en el Hospital de Distrito de Ponce.”

En esa misma fecha, octubre 28, 1933, el Comisionado de-mandado se dirigió al Presidente de la Comisión de Servicio Civil en la siguiente forma:

"En octubre 14, 1933, el Comisionado de Sanidad que suscribe formuló a la Dra. Dolores Pérez Marcband, Médico Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce, cargos por insubordinación e incumpli-miento de órdenes, copia de los cuales se acompaña. Estos cargos fueron enviados al Dr. Osvaldo Goyco, Director de diebo Hospital, con órdenes para que los tramitara en caso de que la Dra. Pérez Mar-cband insistiera en su actitud de no dar cumplimiento a mis órdenes de atender ciertas clínicas relacionadas con su especialidad en la Unidad de Salud Pública de Ponee.
í£En octubre 19 el Dr. Goyco envió a este Departamento una so-licitud de licencia de la Dra. Pérez Marcband por 60 días, con pro-mesa de renunciar su cargo al terminar dieba licencia.
£'Como babía cargos pendientes de tramitación, esta oficina no accedió a la licencia con promesa de renunciar solicitada por la Dra. Pérez Marcband y ordenó por teléfono al Dr. Goyco que le diera curso a los cargos, los cuales fueron enviados por correo certificado en octubre 21 y recibidos en octubre 24. De acuerdo con carta del Dr. Goyco en poder de esta oficina, los mismos fueron entregados el día 25 de octubre a la Dra. Pérez Marcband.
££Esta oficina ba aguardado tener conocimiento oficial de la en-trega de los cargos formulados a la Dra. Pérez Marchand para en-viar a esa Comisión como materia de récord copia de los mismos, lo cual hacemos por medio de la presente comunicación.”

En noviembre 14, 1933, el demandado finalmente desti-tuyó a la peticionaria de sn cargo, comunicándole la destitu-ción como sigue:

“Asunto: Destitución.
“La contestación que da usted a los cargos que se le formularon en octubre 14, 1933, recibidos por usted en octubre 25, no es satis-factoria. Queda usted, por tanto, separada definitivamente del cargo de Médico-Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce, a partir de octubre 25 del corriente año, feeba en que fué efectiva 'la suspensión de empleo y sueldo decretada contra usted.”

El 17 de noviembre, 1933, el abogado de la peticionaria dirigió al Presidente de la Comisión de Servicio Civil una carta que dice:

“La Doctora D. Pérez Mareliand, cuyo empleo como Médico-To-cólogo del Hospital de Distrito de Ponce estaba pendiente de una pretendida orden de suspensión decretada por el Comisionado de Sa-nidad, cuya ilegalidad intentaba demostrar ante esa Hon. Comisión, no obstante todo ello ha recibido en el día de ayer, 16 de noviembre de 1933, para tener efecto retroactivo desde octubre 25, 1933, una comunicación sobre destitución definitiva por el Comisionado de Sa-nidad.
“Como según la sección 28, par. 1ro., de la Ley de Servicio Civil, tal orden de destitución tuvo que haber sido dada previa formula-ción y presentación de cargos específicos ante esa Comisión y des-pués de haber sido oída la Doctora, sin que hasta la fecha ésta haya recibido cargo escrito a los efectos de dicha orden de destitución, por la presente solicitamos de esa Hon. Comisión una certificación de si los referidos cargos para la supuesta destitución han sido o no ar-chivados con esa Comisión con anterioridad al día 25 de octubre de 1933, fecha desde la cual se le ha dado por el Departamento de Sa-nidad efecto retroactivo a la susodicha destitución.”

Y obtuvo la contestación que sigue:

“En cuanto a los demás extremos de dicha carta y a los de la posterior del 17 del mismo mes, se informa a Ud. que esta Comisión no ha actuado en este caso por tratarse de una destitución sumaria efectuada por el jefe nominador, de conformidad con el párrafo ter-cero de la sección 28 de la vigente Ley de Servicio Civil y de la Regla XLII de Servicio Civil.”

Parece conveniente transcribir además la documentación en que se basó la peticionaria para alegar que sn destitución se debió a causas políticas. Dice:

“San Juan, P. R., 21 de agosto de 1933. — A los Jefes de Unida-des de Salud Publica y Jefes Locales de Sanidad. — Estimado corre-ligionario : El partido me ba conferido el honor de nombrarme re-caudador en este Departamento.
“El propósito de establecer una cuota del 2% del sueldo que usted devenga como empleado de este Departamento, es para pagar la deuda que contrajo el partido durante la campaña pasada, y que culminó con un triunfo brillantísimo, de tal manera que nos puso en posesión de todos los departamentos del gobierno.
“Esperamos que usted contribuya con esa cuota asignada men-sualmente hasta tanto se cubra el total de la deuda y se acumulen fondos para la próxima campaña eleccionaria que, aunque sería fácil para nosotros, siempre usted sabe que se incurre en grandes gastos y es bueno estar prevenido sobre este particular.
“La cooperación que usted preste a nuestro partido será estimada en lo mucho que vale. Esperamos su contestación.- — Atentamente, (Fdo.) José Cantellops.
“ (Hay un sobre unido a la anterior carta, que dice: Government of Porto Rico — Department of Health, P. R. — Dra. Lola Pérez Mar-chand, Hospital de Distrito, Ponce, P. R.)”
“Agosto 30 del 1933. — Sr. Don José Cantellops, Departamento de Sanidad, San Juan, P. R. — Señor:—Correspondo .a su cartá circular del 21 de los corrientes, por la que usted solicita de mí una contri-bución política, con carácter de cuota al Partido Unión Republicana, equivalente al 2% del sueldo mensual que derivo por mis servicios como Médico-Tocólogo en el Hospital de Distrito de Ponce; y me permito objetar del modo siguiente:
“Acatando la Ley de Servicio Civil que rige mis relaciones y obligaciones como profesional especializada, ha sido mi inquebranta-ble norma abstenerme de participar en propagandas políticas de clase alguna y no milito, ni intereso militar por el presente, en ninguno de los partidos del país.
“Por respeto propio y por respeto de gentes me limito a las ges-tiones de mi cargo, y considero que será siempre la más alta garantía de mi especialidad el que yo me conserve libre de toda afiliación par-tidista.
■ ‘ ‘ Crea usted que al negarme a contribuir con parte de mi sueldo, es mi propósito insistir en que no debo mi cargo a compromisos po-lítieos, y que me considero amparada por la Ley de Servicio Civil al así proceder.
“Confiando que usted sabrá interpretar mi actitud ante las au-toridades políticas y esperando que mis razones estén a tono con ór-denes superiores del señor Comisionado, quedo, muy atentamente, (Fdo.) Dra. Pérez Marchand, Med.-Tocóloga, Hosp. Dist. de Ponce. ”
“Agosto 30, 1933.
“Del: Médico Tocólogo del Hospital de Distrito de Ponce.
“Al: Hon. Com. de Sanidad de Puerto Rico, Dr. Eduardo Ga-rrido Morales.
“Asunto: Protesta por cuota política.
‘ ‘ Señor: Con esta misma fecha he remitido carta original al Se-ñor José Cantellops, en su carácter de Recaudador Oficial del Par-tido de la Mayoría en este Departamento, quien me ha escrito pidién-dome una cuota efectiva mensual, o parte de mi sueldo, por vía de contribución a cierto fondo de reserva para fines políticos.
“Me permito acompañar para su conocimiento y gobierno, una copia de mi contestación al referido recaudador político del Depar-tamento de Sanidad, y espero que mi conducta merecerá su aproba-ción. — Respetuosamente, Dra. D. Pérez-Marchand, Méd. Tocóloga, Hosp. de Distrito de Ponce.”

Siendo ésos los hechos, % cometió la corte sentenciadora los errores que le atribuye la apelante o estuvo acertada al negarse a juzgar el caso en su fondo limitándose a desesti-mar la solicitud por no haberse agotado la vía administrativa?

La ley reguladora del caso está comprendida en la sección 28 de la Ley (No. 88) del Servicio Civil de Puerto Rico (Leyes de 1931, p. 557) que dice:

“Sección 28. — Separaciones.—Ninguna persona que ocupe una plaza o destino en el servicio clasificado será separada o despedida, salvo por causas justificadas y previa formulación de cargos, y no antes de dársele oportunidad para ser oída en defensa propia. Tales cargos serán presentados por cualquier funcionario superior, o por cualquier ciudadano, dentro de los treinta días después de su radi-cación, y serán considerados, investigados y resueltos por la Comisión de Servicio Civil.
“Nada de lo que arriba se dispone restringirá la facultad de nin-gún funcionario superior en cuanto a suspender a un subalterno por un período de tiempo razonable que no excederá de treinta días, en tanto se consideran las causas de la suspensión y se dicta la decisión correspondiente. Cada suspensión arriba indicada deberá ser infor-mada inmediatamente a la Comisión, y deberá ser sin sueldo; Dis-poniéndose, sin embargo, que la Comisión tendrá autoridad para in-vestigar todas estas suspensiones y, en caso de que las desaprobare, deberá ordenar la restitución del sueldo al empleado suspendido.
“Ninguna de las disposiciones aquí comprendidas limitará la fa-cultad de ningún funcionario nominador, en cuanto a suspender o destituir a un subalterno por justa causa, en bien de la eficiencia del servicio, presentándose ante la Comisión, por escrito, las razones para la suspensión y dándose a la persona objeto de la separación debido aviso respecto a ésta y respecto a los cargos que se le formulan, así como la oportunidad de contestarlos por escrito y de presentar ante la Comisión la prueba correspondiente que juzgue necesaria para su defensa. Todos los espedientes que se presenten con relación al caso serán documentos públicos. La resolución de la Comisión podrá, den-tro de los treinta (30) días después de habérsele notificado al per-judicado, ser revisada por la Corte de Distrito de San Juan mediante una solicitud de revisión en la cual la Corte de Distrito podrá con-siderar todas las cuestiones de hecho y de derecho que en la misma se planteen, dictando, dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la vista del caso, sentencia que será definitiva. La Comisión po-drá reponer a un funcionario o empleado separado, sólo en caso de que previa audiencia, resultare que la separación se debió a razones de orden político o religioso.”

El párrafo primero de la sección establece la regla general a seguir.

El párrafo segundo se refiere a suspensiones de empleo decretadas por un “funcionario superior”. Expresamente prescribe que nada de lo dispuesto en el párrafo primero res-tringe la facultad de ningún funcionario superior en cuanto a suspender a un subalterno por un período de tiempo razo-nable que no excederá de treinta días, y ordena que de la sus-pensión se informe inmediatamente a la Comisión de Servicio Civil que tendrá autoridad para investigarla y ordenar la restitución del sueldo si la desaprueba.

El párrafo tercero trata de las suspensiones y destitu-ciones de subalternos por justa causa decretadas por un “fun-cionario nominador”.

Aquí se comenzó suspendiendo. La suspensión fue decre-tada por el “funcionario nominador” en octubre 14, 1933, pero no se comunicó al subalterno basta octubre 25. Se puso en conocimiento de la Comisión el 28 de octubre en la forma que conocemos.

La cuestión de la suspensión no es la decisiva en el pleito. Lo es la de la destitución decretada en noviembre 14 por el Comisionado demandado, basándose en que la contestación de la peticionaria a los cargos que al suspenderla le formulara, no era satisfactoria.

¿Tuvo poder el Comisionado demandado para actuar en la forma en que lo bizo?

La contestación a esa pregunta requiere el examen dete-nido del párrafo tercero y último de la sección, el más obs-curo de ellos.

Comienza disponiendo de una manera expresa que la regla general fijada en el primero no limita “la facultad de ningún funcionario nominador en cuanto a suspender o destituir a un subalterno por justa causa, en bien de la eficiencia del servicio.” Si abí terminara, no habría dificultad, pero con-tinúa tras una coma diciendo “presentándose ante la comi-sión, por escrito, las razones para la suspensión y dándose a la persona objeto de la separación debido aviso respecto a ésta y respecto a los cargos que se le formulan, así como la oportunidad de contestarlos por escrito y de presentar ante la comisión la prueba correspondiente que juzgue necesaria para su defensa”, y la dificultad surge entonces.

¿Debe entenderse que el' legislador dispuso que la des-titución no puede decretarse basta que los cargos sean tras-mitidos a la. comisión y se dé oportunidad de comparecer ante ella al empleado' o funcionario contra quien se formulan? Esa interpretación encuentra apoyo en la forma en que apa-rece el párrafo redactado, pero de seguirse destruiría el poder que se comienza reconociendo al funcionario nominador y que se le ba reconocido siempre, sujeto desde luego su ejer-cicio a las limitaciones que la justicia exige. El funcionario nominador quedaría limitado a la formulación de los cargos. Sería la comisión la que tendría-el poder de destituir después de investigarlos.

Lo que sigue disponiendo el párrafo que examinamos sobre trámite y revisión de la resolución de la comisión por las cortes, no ayuda mucho para la exacta fijación del pensa-miento del legislador. Lo dispuesto finalmente, a saber: “La Comisión podrá reponer a un funcionario o empleado sepa-rado, sólo en caso de que previa audiencia, resultare que la separación se debió a razones de orden político o religioso,” da la clave, a nuestro juicio, para la resolución definitiva del problema, porque no puede existir reposición sin separación, y porque el propio legislador habla de empleado o funciona-rio separado, esto es, ya separado cuando comienza a actuar la comisión.

Y así la interpretación lógica, la que da vida a todo lo dispuesto en la ley y está conforme con los precedentes y la jurisprudencia, es la que reconoce al funcionario nominador la facultad de destituir por justa causa, que implica formu-lación de cargos y oportunidad de defensa ante el propio fun-cionario, enviándose el expediente a la Comisión del Servicio Civil que lleva el récord de todos los empleados y funciona-rios de la isla y ante la que el empleado o funcionario sepa-rado tiene una nueva oportunidad de defenderse y obtener su reposición en el caso de que la separación se deba a razones de orden político o religioso.

La teoría de la peticionaria es que el demandado no pudo destituirla por sí solo. Pudo a nuestro juicio, según la in-terpretación que acabamos de dar al estatuto.

Si el Comisionado demandado hubiera actuado al ejercitar su poder de una manera arbitraria, sin formulación de cargos y oportunidad de contestarlos, estaríamos conformes en que'el mandamus procedería sin necesidad de aguardar la acción de la comisión, pero a nuestro juicio la corte senten-dadora no .erró al decidir que aquí se formularon cargos y se dió oportunidad a la peticionaria para contestarlos como los contestó en efecto por escrito. No importa que se comen-zara por la suspensión y que erróneamente se hiciera referen-cia al párrafo segundo de la sección 28 de la Ley de Servi-cio Civil, en vez de hacerla al párrafo tercero. La suspen-sión fué un paso previo que pudo conducir como condujo a la destitución. La ley se cumplió substancialmente.

Ahora bien, como el motivo que se alega como la verdadera causa de la separación es político, resulta que el caso es uno de aquéllos en que la comisión tiene facultad para reponer al funcionario destituido si sus méritos lo exigen, habiendo estado en tal virtud acertada la corte de distrito al decidir que no se había agotado la vía administrativa. Esta está aún abierta para la peticionaria. Dentro de ella puede dilucidar su caso. La acción de las cortes vendrá luego, si fuere necesaria.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLÉ

No me hallo definitivamente en posición de diferir de la opinión de la mayoría al decir ésta que la Comisión de Ser-vicio Civil tan sólo puede ordenar la reposición de un em-pleado cuando el mismo ha sido separado por razones de orden político o religioso. No obstante, toda vez que cada uno de los jueces de distrito de San Juan en casos indepen-dientes han resuelto lo contrario, me siento obligado a tener algunas dudas. Leyendo la sección 28 en su totalidad, así como otras disposiciones de la ley, me parece que una corte fácilmente podría concluir que la idea original de la Legis-latura fué que la Comisión de Servicio Civil tuviera la fa-cultad de reponer en su cargo a una persona separada del mismo; que el párrafo final fué un pensamiento posterior; que dada la idea principal no debería afectar el caso más de lo absolutamente necesario a fin de dar efecto a las palabras usadas por la Legislatura. Es decir, que estoy de acuerdo con los jueces de la corte de distrito en la idea de que la intención general de la ley fue otorgar amplios poderes a la comisión. • : >1

Aceptando la decisión de la mayoría, se desprendería que las cuatro líneas finales de la sección 28 impiden a la comi-sión dictar una orden de reposición que sea absoluta y legal-mente obligatoria, a no ser en los casos en que el empleado ba sido separado por razones de orden político o religioso. Sentado eso, trataré de exponer las razones de mi disenti-miento.

Creo que la peticionaria en este csao tenía derecho a ser repuesta en su empleo. Cuando el jefe del departamento le dice a una persona “Por la presente le destituyo de su em-pleo,” con o sin fundamento, la consencuencia necesaria es que el empleado no puede realizar su trabajo, o por lo menos que tal persona está físicamente fuera del cargo interina-mente. En tanto en cuanto el jefe ejecutivo está facultado para así proceder, el empleado está separado de su empleo.

En varios casos, o sea en los de Belaval v. Todd, 24 D.P.R. 26, Gil v. Chardón, 41 D.P.R. 210, y Jiménez v. Reily, 30 D.P.R. 626, este tribunal, siguiendo innumerables precedentes, resolvió que las palabras “justa causa” significan, conforme ban sido interpretadas tradicionalmente antes de la remo-ción del empleado cuya separación se trata de efectuar, que debe darse a éste el correspondiente aviso y la oportunidad de defenderse. Abora mi punto es, y ésta es la piedra angular de mi posición, que lo que la Ley de Servicio Civil ba becbo ba sido transferir del jefe ejecutivo el derecho a oír los car-gos. Sostengo que boy en día en Puerto Rico el único cuerpo que tiene de ordinario el derecho a oír y resolver los cargos lo es la Comisión de Servicio Civil. En Puerto Rico la frase “justa causa,” en mi opinión, envuelve actualmente la no-tificación al empleado y la oportunidad de defenderse, no ante el jefe ejecutivo, sino ante la Comisión de Servicio Civil. El primero ha sido, a mi juicio, despojado de toda facultad para juzgar los cargos.

Si se me preguntara cuál sería el efecto de una decisión de la Comisión sosteniendo que los cargos eran infundados, mi respuesta sería que no tengo necesariamente que contestar la pregunta en forma específica, pero en tanto está dentro de mi potestad, diría que una decisión de la comisión es quizá similar a una sentencia declaratoria, a un caso sometido a la consideración de un árbitro u otra persona, o a la bien co-nocida labor de un contador-partidor. Ninguno de los actos así realizados se fian convertido necesariamente en ejecuto-rios basta que alguna corte actúa sobre ellos.

Siguiendo las consideraciones que inmediatamente prece-den, sostengo que bajo el actual estado de la ley en Puerto Rico un jefe ejecutivo no puede separar legal y permanente-mente a ninguna persona de un empleo basta que los cargos por él formulados al empleado hayan sido oídos y resueltos por la comisión o por una corte. En Puerto Rico no existe entonces tal cosa como un juicio ante el funcionario nomina-dor. Lo que sucede cuando un jefe actúa en la forma en que lo hizo en este caso es en efecto, según mi criterio, que al em-pleado se le separa físicamente del cargo, pero que el dere-cho al cargo en sí subsiste. Todos estamos muy familiari-zados en derecho civil con la posesión material y el derecho a la posesión. Podría decirse que el empleado ha sido pri-vado de la posesión del cargo, pero que no ha perdido su título y que, por tanto, puede reivindicarlo en una u otra forma, a pesar de que la Comisión de Servicio Civil no tiene autoridad para reponerle en su empleo. No puedo convenir con la opinión de la mayoría en que la ley preserva al jefe ejecutivo la facultad de oír y resolver los cargos.

Además, si la comisión concluye que los cargos son infun-dados, el jefe ejecutivo de ordinario quizá se sentirá obligado a reponer al empleado en su puesto. Empero, bajo la ley misma, si no estaba conforme con la decisión, podría acudir a la corte de distrito para revisar .el caso. No estoy en este momento tratando de explorar los poderes resultantes de dicha corte.

Bajo estas circunstancias, me siento obligado a disentir.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Justo Álvarez, demandante y apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante. Pablo Álvarez, demandante y apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante. Restituto Álvarez, demandante y apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    Nos. 6820, 6821 y 6822.

    Sometidos: Mayo 1, 1935.

      Resueltos: Mayo 9, 1935.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; García Méndez & García Méndez, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Estos tres pleitos se iniciaron ante la Corte de Distrito de Aguadilla contra la corporación demandada en reclama-ción de daños y perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de un accidente ocurrido en marzo 28, 1934, den-tro del distrito judicial de Aguadilla, atribuido al manejo negligente de uno de los trenes de la demandada por uno de sus empleados.

Emplazada la demandada en la persona de su “Acting-Manager” Sr. Vassallo, en San Juan, archivó en los tres pleitos mociones eliminatorias y solicitó el traslado de los mismos a la Corte de Distrito de San Juan basándose en ser ella una corporación extranjera autorizada para hacer negocios en Puerto Rico con su oficina principal y represen-tante en San Juan y tratarse del ejercicio de acciones per-sonales por las que sólo se pretende obtener ciertas sumas de dinero.

La corte de distrito negó los traslados fundados en lo dis-puesto en el artículo 79, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la Ley No. 34 de 1928 (pág. 225).

No conforme la demandada, apeló-. A los efectos de los alegatos y de las vistas se pidió y decretó la acumulación de los recursos. Conjuntamente los consideraremos también por estar envuelta en ellos la misma cuestión.

Dice, en lo pertinente, el citado art. 79, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933:

“Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la Corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes mo-tivos :
“1.— . . . . para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 1803 del Código Civil. ......
“2. — .”

T sostiene la parte apelante que ejercitadas las acciones en estos casos de acuerdo con el artículo 1804-1803 ed. 1930 —y no con el 1803-1802, ed. 1930 — del Código Civil, las reso-luciones apeladas deben revocarse.

Planteada la cuestión en la corte de distrito fué resuelta en contra de la demandada por el razonamiento que sigue:

“El artículo 1804 del Código Civil dispone que la obligación que impone el artículo 1803 es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino que por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
“La obligación de reparar los daños y perjuicios que se causen por actos u omisiones cuando interviene culpa o negligencia es una responsabilidad que de un modo absoluto establece el Código Civil, siendo aplicable tanto a los actos u omisiones propios como a los ac-tos u omisiones de la personas de quienes se debe responder. No es una responsabilidad subsidiaria, sino directa.”

El razonamiento queda en pie, a nuestro juicio, no obs-tante los esfuerzos que hace para detruirlo en su alegato la apelante.

Era suficiente con que el legislador se refiriera al artículo básico del capítulo del código que trata especialmente de las obligaciones que nacen de culpa o negligencia para que que-dara expresado en toda su extensión su pensamiento.

Dispone dicho artículo que: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obli-gado a reparar el daño causado.” Y seguidamente prescribe el 1804-1803 ed. 1930 — que: “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisio-nes propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.”

El hecho de que, comentando artículos iguales del Código Civil Español, Manresa diga en sus “Comentarios” que: “La responsabilidad impuesta por el artículo 1903 a los que deben responder por otras personas no es subsidiaria, sino directa, como lo exige la causa que la motivó; y la establece la ley por razón del incumplimiento de los deberes que im-ponen las relaciones especiales de autoridad o superioridad que median entre el que ha de reparar el daño y el que dio motivo a él con sus actos u omisiones”, (Manresa, Comenta-rios al Código Civil, volumen 12, página 651), y Maura afirme en sus “Dictámenes” que a las personas que deben responder por otras no se las demanda subsidiariamente sino directa y aisladamente ante los tribunales civiles (Maura, Dic-támenes, Yól. 6, pág. 512), no se opone a la conclusión a que llegara la corte de distrito. Al contrario, la vigoriza. -

El artículo 1804-1803 ed. 1930 — fija el alcance del 1803— 1802 ed. 1930; lo complementa, disponiendo que la obligación de indemnizar se tiene no sólo por los actos u omisiones pro-pios en que interviene culpa o negligencia si que por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Y eso dis-puesto, establece las diferentes relaciones entre personas que abarca y las reglas aplicables.

El motivo que guiara al legislador para extender la res-ponsabilidad puede ser interpretado de modo diferente, pero la realidad es que la impuso y que la regia del artículo 1803— 1802 ed. 1930 — es la aplicable tanto en el caso de que la ac-ción de daños y perjuicios se inicie contra la persona que directamente ocasiona el daño interviniendo culpa o negligen-cia, cuanto en el de que se establezca contra la persona res-ponsable por los actos de la que por su culpa o negligencia lo ocasiona, debiendo en ambos casos sustanciarse los pleitos en el distrito en que la causa del litigio tuvo su origen, tal como determina el artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.

Deben declararse sin lugar los tres recursos y por senten-cias separadas confirmarse las resoluciones recurridas.


author: El Juez PREsidente Señou Del Tobo,

text:
    Cruz Encarnacíon, demandante y apelante, v. Andrés Maeso, demandado y apelado.
    No. 6542.

    Sometido: Marzo 26, 1935.

      Resuelto: Mayo 10, 1935.

      Martínez Nadal & Navarro Ortiz, abogados del apelante; E. II. E. Dottin, abogado del apelado.
   El Juez PREsidente Señou Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Sostiene el demandante que le asisten dos causas de ac-ción. Para basar la primera alegó substancialmente en su. demanda que en septiembre de 1928 inició en la Corte Municipal de Carolina otro pleito contra el demandado Maeso-sobre rescisión de un contrato de permuta de un potro por' un caballo, pleito que se vió definitivamente en apelación únte-la Corte de Distrito de San Juan, fallándose en favor del de-mandante a quien finalmente, en abril de 1932, se le entregó-su potro por el marshal; que el demandado se estuvo bene-ficiando del potro por cuarenta y tres meses, por virtud de lo' cual le debe $1,075, calculado el valor del uso del potro a razón de $25 mensuales, cantidad que se ha negado a pagarle a pesar de habérsela cobrado en repetidas ocasiones.

T para basar la segunda, reproduce las alegaciones de la primera y alega además substancialmente que la actuación del demandado al retener sin derecho el potro por cuarenta y tres meses le causó “serios daños y perjuicios materiales y punitivos” que estima razonablemente en $1,250.

Pide sentencia por ambas sumas con más las costas, gas-tos, desembolsos y honorarios de abogado.

Emplazado el demandado, excepcionó la demanda. Oídas las partes, la corte dictó sentencia en los siguientes términos:

“En este caso se ha interpuesto por el demandado la excepción, previa de insuficiencia de hechos en las dos acciones alegadas en la demanda. También se ha interpuesto la excepción previa de ambi-güedad.
“Aparece de la demanda que el demandante obtuvo una senten-cia contra el demandado en una acción para recobrar un caballo. Ahora después de terminada definitivamente aquella acción, presenta la demanda de este nuevo pleito reclamando daños y perjuicios al demandado, por el tiempo que le privó de la posesión y disfrute del caballo. Claramente aparece que las causas de acción que ahora se. ejercitan son subsidiarias de las anteriormente ejercitadas y pudie-ron haberse alegado en la demanda del pleito anterior o por medio de demanda suplementaria. Véase Código de Enjuiciamiento Civil, Art. 104, inciso 3.
“No habiendo ejercitado estas causas de acción en el pleito principal, las mismas se entienden renunciadas y por consiguiente pro-cede declarar con lugar la excepción previa de insuficiencia de beebos en cuanto a las dos causas de acción y toda vez que la demanda no es susceptible de enmienda, se dicta sentencia declarando sin lugar la demanda sin especial condenación de costas.”

No conforme el demandante apeló para ante esta Corte Suprema. Señala como único error el que sigue:

“La Corte de Distrito de San Juan cometió error al declarar con lugar la excepción previa de falta de hechos fundados en que la pre-sente demanda es subsidiaria de la primitiva y que por lo tanto de-bieron acumularse ambas demandas al iniciarse el pleito original en la Corte Municipal de Carolina.”

Argumentándolo sostiene, con razón a nuestro juicio, que disponiendo como dispone la ley citada por el juez sentenciador que: “El demandante podrá acumular varias acciones en una misma demanda, cuando se deriven de ... . 3. Reclamaciones para recobrar determinados bienes muebles, con o sin resarcimiento de perjuicios por retención de los mismos” — Artículo 104,.No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil — la acumulación no es obligatoria sino potestativa para el demandante. Véase a tal efecto la nota al caso de Skoglund v. Minneapolis Street R. Co. en 11 L.R.A. 222.

Pero si bien la cita de la ley que bace y la forma de ex-presar su pensamiento parecen indicar que la corte quiso decir que por el hecho de no haberse acumulado causas de acción que pudieron acumularse, no pueden ejercitarse luego las no acumuladas, es lo cierto que lo que en verdad dijo la corte fué que una sola acción no puede fraccionarse y ejerci-tarse en dos distintos litigios. Y a ese respecto véase como se manifiesta la jurisprudencia, tal como se resume en 1 R.C.L. 341:

“No hay principio de derecho alguno que prohíba a una persona que tiene una reclamación contra otra que acepte parte de la deuda por la totalidad de la misma y en su consecuencia que sostenga un pleito tan sólo por parte de la reclamación. Pero la regla plenamente establecida es que en ausencia de pacto en contrario el acreedor no puede dividir su reclamación y hacerla objeto de varios pleitos. Por tanto, si demanda tan sólo en solicitud de parte de su reclamación, la sentencia obtenida por él en dicho pleito impide un segundo pro-cedimiento por el saldo de la deuda, no importa que sea mucho o poco, irrespectivamente de la cuestión de si la segunda causa de ac-ción era o no idéntica a la primera. La regla de derecho que pro-híbe que se divida una sola causa de acción en distintas causas de acción se basa en la justicia más clara y substancial, es decir, que los litigios deben tener su fin y que ninguna persona debe ser moles-tada con un sinnúmero de procedimientos. Todo litigante tiene de-recho a que su causa sea tan sólo sometida una vez a la determina-ción de las cortes y cuando ésta es resuelta la paz de la sociedad exige que se le deje tranquilo para siempre. Es un principio en que descansa la tranquilidad del pueblo. Este principio comprende no sólo lo que en realidad se resolvió sino también todas aquellas cues-tiones que las partes pudieron haber litigado en el caso.”

Siendo como es esto así, la cuestión a estudiar y a resolver consiste en determinar si la acción sobre rescisión del contrato de permuta anteriormente ejercitada y éstas que se ejercitan abora reclamando el valor del uso de los animales permutados y los daños ocasionados por su retención ilegal, constituyen una sola reclamación que se pretende dividir en dos o en realidad de verdad pueden considerarse como distin-tas causas de acción.

Nada aporta la parte apelante en su alegato para la re-solución del problema. La parte apelada dice en el suyo:

“Entendemos que siendo consecuencia natural y lógica del con-trato de permuta la retención del potro hasta que se resolviera el pleito sobre rescisión del contrato, debió resolverse en ese pleito, si acaso no se resolvió, hasta qué punto estaba autorizado el demandante ape-lante para recobrar daños y perjuicios, y si no se resolvió entonces no existe causa de acción para determinarlo ahora, porque el tratar de resolver la cuestión necesariamente habría de obligar la revisión del pleito sobre rescisión del contrato a fin de determinar si realmente debe ser o no resarcido por los daños que pudiera haber sufrido en dicho pleito el demandante apelante.”

La jurisprudencia que establece el principio de que una sola causa de acción no puede fraccionarse en varias que den origen a diferentes pleitos, es unánime, pero para determinar la pauta a seguir para decidir en casos que estén en la línea cuándo se trata de una sola o de varias causas de acción, no bay una regla uniforme.

En el caso de Harrison v. Remington Paper Co., 140 Fed. 385, se dijo: “La prueba de identidad de causas de acción es la de la identidad de los becbos esenciales para su soste-nimiento”, y en el de Beach v. Crain, 49 Am. Dec. 369, 372, “Para que constituya un impedimento efectivo la causa de acción en el pleito anterior debe ser idéntica a la del litigio. Si la misma prueba sostiene ambos casos entonces será con-siderada como la misma causa de acción, a pesar de que se base en diferentes recursos. Rice v. King, 7 Johns. 20 (N. Y.). Pero la prueba en ambos recursos puede ser en parte la misma; sin embargo, la materia objeto del litigio puede ser esencialmente distinta y en tal caso no existe impedimento alguno. ’ ’

Examinemos las circunstancias de este caso a la luz de las reglas que anteceden.

La acción ejercitada en el primer pleito fué la rescisoria del contrato de permuta del potro por el caballo. Se declaró con lugar y el potro se devolvió al demandante. Y abora, en este nuevo pleito, el propio demandante reclama el valor del uso del potro mientras lo tuvo en su poder el demandado y el de los daños y perjuicios por su retención ilegal.

El potro fué a poder del demandado a virtud del contrato de permuta y volvió a poder del demandante al ejecutarse la sentencia que declaró el contrato rescindido. No conocemos las causas alegadas para pedir la rescisión, pero es a virtud de ellas que podría llegarse a la conclusión de que la posesión del potro no correspondía al demandado y que éste lo estuvo reteniendo en su poder y usándolo sin derecho.

La rescisión es una acción subsidiaria que de acuerdo con la ley no puede ejercitarse sino cuando el perjudicado carece de todo otro recurso legal para obtener la reparación y que obliga a la devolución de las cosas que fueren objeto del con-trato con sus frutos y del precio con sus intereses, pudiendo reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión cuando.la cosa ba pasado legalmente a poder de otra persona. Artículos 1246 y 1247 del Código Civil, Ed. 1930.

Siendo ello así, no tenemos duda de que en el pleito de rescisión pudieron ejercitarse las acciones que en éste se establecen, pero no estamos en verdad convencidos de que todas constituyan una integridad de tal modo que no puedan fraccionarse, especialmente después de baber resuelto en el caso de Capó v. Hartman & Co., 41 D.P.R. 854, lo que sigue:

“Una acción independiente en cobro de frutos producidos por fin-cas cuya propiedad y reivindicación se alega fué declarada por sen-tencia en otro pleito anterior, siendo una personal que no tiene de-terminado siUis por el Código Procesal Civil, no debe ser trasladada a la corte del distrito en que radican las fincas cuyos frutos se re-claman. ’ ’

Hemos examinado un buen número de los casos que se citan en las notas al texto de Corpus Juris sobre la materia y no hemos encontrado ninguno igual al presente. Véase 1 C. J. 1106 a 1121. Bajo tales circunstancias, no tratándose de un caso claro, es preferible dejar que continúe antes que cometer alguna posible injusticia al desestimarlo de plano.

Si el demandante no tiene razón; si su prueba no sostiene sus pretensiones; si de hecho reclamó antes lo que ahora re-clama o se le concedió todo lo que podía concedérsele, son cuestiones que la corte.podrá resolver mejor después de la contestación y el juicio que en el estado actual del procedi-miento.

En su consecuencia debe declararse el recurso con lugar y revocarse la sentencia recurrida, devolviéndose el pleito a la corte de distrito de su origen para que continúe cono~ ciendo del mismo y lo decida finalmente de acuerdo con los hechos y la ley.


text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Arecibo, Hon. Ercilio Alvarado, Juez, recurrida; Luis Riestra Calfo, interventor y apelado. The Federal Land Bank of Baltimore, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Arecibo, Hon. Ercilio Alvarado, Juez, recurrida; María Riestra Calfo, interventora y apelada. The Federal Land Bank of Baltimore, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Arecibo, Hon. Ercilio Alvarado, Juez, recurrida; Serapia Riestra Calfo, interventora y apelada.
    Nos. 6758, 6759 y 6760.

    Sometidos: Abril 10, 1935.

      Resueltos: Mayo 10, 1935.

      FranJc Martines j E. Campos del Toro, abogados del apelante; F. Martines Aviles y José M. Terrasa, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.'

En estos tres recursos se encuentra envuelta la misma cuestión. Los estudiaremos conjuntamente.

Luis, María y Serapia Riestra Calfo presentaron deman-das en la Corte Municipal de Arecibo contra The Federal Land Bank of Baltimore, Puerto Rico Branch, alegando ser jefes de familia con sn bogar seguro constituido sobre deter-minada finca situada en el término municipal de Arecibo, que hipotecada al demandado fné por él ejecutada, habiéndo-sele adjudicado y dado posesión a virtud de orden judicial de lanzamiento, sin que les entregara los quinientos dólares que les correspondían por sn derecho de hogar seguro. Piden sentencias por dichas sumas.

El banco demandado solicitó el traslado de los pleitos a la Corte Municipal de San Juan, lugar de sus oficinas prin-cipales en Puerto Rico, y su solicitud fué denegada, por las siguientes razones:

“ ‘Si la distinción que establece el Art. 75 fuera únicamente entre acciones reales y personales, tendría razón el apelante. El estatuto, sin embargo, es más amplio en sus términos y comprende no sólo las acciones reales sino también las acciones para determinar en cual-quier forma un derecho o interés en bienes inmuebles y por daños causados a la propiedad inmueble. Algunas de estas acciones son necesariamente personales, etc.’ Alomar vs. Bou, 27 D.P.R. 427.
“Se ve claramente que no sólo deben sustanciarse en el distrito en que radican los inmuebles las acciones de carácter real sino que algunas acciones de carácter personal deben sustanciarse en el dis-trito que sea el situs del inmueble si en las mismas hay que deter-minar en alguna forma algún derecho o interés sobre bienes inmuebles.
“Una acción sobre Homestead puede ser real o personal según que se reclame una porción de la finca o la exención de la finca- o se cobre la cantidad de quinientos ($500) dólakes que fija el estatuto. En el caso que nos ocupa la acción claramente es personal en cobro de quinientos ($500) dólaRes por concepto de hogar seguro, pero no hay duda alguna de que esta acción representa un derecho o in-terés sobre bienes inmuebles y que por tanto a tenor de lo que esta-blece el Art. 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, la acción debe sustanciarse en el distrito en que radican los bienes.”

El banco inició entonces en la corte de distrito un proce-dimiento de certiorari. El auto fné expedido y anulado luego. El juez del distrito en una elaborada opinión sostuvo la ju-risdicción de la Corte Municipal de Arecibo para conocer de los pleitos.

No conforme el demandado interpuso estas apelaciones contra las sentencias de la corte de distrito.

Creemos que las sentencias deben confirmarse. Las reso-luciones de la corte municipal están bien fundadas.

Esta Corte Suprema en el caso de Lasalle v. Valencia, 39 D.P.R. 611, 615, dijo que: “El derecho de homestead participa de la naturaleza de un gravamen sobre la propiedad.” Y en el de Noriega v. Registrador, 44 D.P.R. 323, 325, expresó que: “Si los dueños anteriores gozan del derecho de hogar seguro, para que el comprador pueda poseer un título per-fecto debe saldar la reclamación. Ellos tienen de todos mo-dos un gravamen sobre la propiedad.”

En un caso de homestead sobre traslado, Manescau v. Usera, Juez Municipal, 46 D.P.R. 136, esta propia corte re-solvió que:

“El derecho de hogar seguro reconocido por nuestra ley al jefe ■de familia como tal, lo es en relación con una propiedad real. Así, una acción para el reconocimiento del derecho puede considerarse en propios casos comprendida en el inciso 1, artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, y debe sustanciarse en el distrito en que la propiedad radica.”.

Y en el caso de Federal Land Bank v. Corte Municipal, 47 D.P.R. 942, 954, se expresó como sigue:

“En cuanto a la moción de traslado denegada por la Corte Municipal de Cíales, entendemos que dicho tribunal se ajustó a las dis-posiciones de la ley. De acuerdo con el artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, deberán sustanciarse en el distrito en que ra-dica el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos for the recovery of real property, or of any estate or interest therein, etc. Usamos el texto inglés porque habiendo sido estas leyes redac-tadas originalmente en este idioma, queremos poner de relieve la se-mejanza existente entre el estate or interest therein de que habla el artículo citado y el estate of homestead, right and title therein de que habla nuestra ley sobre hogar seguro. El artículo 75 dice clara-mente que una acción para recobrar un estate or interest therein debe celebrarse en el sitio donde radique el objeto de la acción. En el presente caso Nicolás Padilla Bávera, que es un jefe de familia con esposa e hijos, ha sido amenazado, según se alega en la demanda, por el Federal Land Bank of Baltimore, con ser desalojado de la finca donde tiene constituido su hogar seguro. El demandante en el pleito en reclamación de homestead solicita que se le deje en la finca, re-conociéndosele su derecho de homestead en la misma, o que se le en-tregue una cantidad por valor de $500. No surge de las alegaciones de la demanda el 'valor de la finca, pero es claro que la base fundamental de este litigio es the estate of homestead, cuyo reconocimiento se reclama en la finca de que está en posesión Nicolás Padilla y que, por consiguiente, el juicio debe celebrarse donde radica el inmueble, que es en el municipio de Cíales.”

Se insiste todavía en que aquí se trata simplemente de la reclamación de los quinientos dólares, después de lanzado el dueño de la finca sobre la cual tenía su hogar seguro. El caso, eso no obstante, continúa en su esencia siendo el mismo. Las reglas de procedimiento deben ser fijas, claras, precisas. Resolver en la forma que pretende el apelante introduciría la confusión. Todo emana en estos casos de algo real. Los quinientos dólares son la extensión del derecho calculada en pesos y centavos. Constituyen el derecho mismo cuando no es posible que subsista sobre la propiedad. Y a su reclama-ción debe aplicarse la misma regla de procedimiento. Rige el artículo 75 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En tal virtud, deben confirmarse las sentencias recurridas.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme por creer que no existe el traslado de una corte municipal a otra. De otro modo estaría conforme con el razonamiento.


author: El Juez Asociado Señob. Wole,

text:
    Francisco López Salgado, haciendo negocios bajo el nombre de Santurce Lumber Yard, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6996.

    Sometido: Marzo 25, 1935.

      'Resuelto: Mayo 10, 1935.

      Son. Procurador General Benjamin J. Horton j B. Cordones Arana, Subprocurador, abogados del apelante; J. J. Ortiz Alibrán, abo-gado del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco López Salgado haciendo negocios bajo el nom-bre de Santuree Lumber Yard, .en pleito entablado contra el Tesorero de Puerto Rico trató de obtener la devolución de ciertas contribuciones pagadas bajo protesta. La Corte de Distrito de San Juan con fecha 15 de mayo de 1934 ordenó la devolución, digamos de tres partidas, y denegó las recla-maciones en otros respectos. El Tesorero apeló. Se orde-naba que una de las partidas fuese devuelta debido a que la corte resolvió que la ley bajo la cual se trataba de imponer la contribución era inconstitucional.

Al apelar, toda vez que estaban envueltas cuestiones de hecho, el. apelante obtuvo varias prórrogas para preparar la transcripción de la evidencia. Una de las mociones de pró-rroga, o sea la radicada el 16 de octubre de 1934, fué pre-sentada demasiado tarde. Sin embargo, las partes se pusie-ron de acuerdo y radicaron una estipulación, según la cual convenían en que la corte inferior prorrogara el término nunc pro tune, lo que se hizo de conformidad el 17 de octubre del mismo año.

Se entablaron negociaciones entre los letrados tendentes a llegar a una transacción. La proposición, no aceptada de-finitivamente por el apelante, fué que la sentencia debía sub-sistir respecto a otras partidas pero no en lo que se refería a aquella partida que envolvía la constitucionalidad de la ley en controversia. El apelado debía renunciar a esto. De los antos se desprende con entera claridad que el apelado, y ann los letrados del apelante, trataron de obtener durante varios meses del Tesorero una manifestación respecto a la posición que asumiría. De becbo no bailamos mala fe de parte de nadie.

Empero, cuando bubo la posibilidad de que se transigiera todo el caso, los letrados del apelante ordenaron a los taquí-grafos que suspendieran el- trabajo. Algún tiempo después el Tesorero resolvió proseguir la apelación en su totalidad, ordenó a los taquígrafos que continuaran trabajando y obtuvo prórrogas que se extienden basta después de abril del año en curso. El apelado retiró su oferta de no atacar la consti-tucionalidad de la ley, cosa que hubiera envuelto el abandono de una reclamación.

La parte apelada solicita la desestimación prácticamente por falta de instancia y debido a la supuesta frivolidad de las cuestiones de becbo y de derecho envueltas.

Aunque no tenemos duda respecto a las buenas intencio-nes de todas las partes, los letrados del Tesorero, al igual que cualesquiera otros, corrían un riesgo cuando a iniciativa propia ordenaron a los taquígrafos que dejaran de trabajar. Prórroga tras prórroga fué obtenida sin que se prosiguiera la apelación con diligencia, debido, según se ba dicho, a la de-mora del Tesorero en manifestar la posición que asumía. Es bastante natural que la oficina del Fiscal General no se sin-tiera facultada para actuar sobre una supuesta transacción sin la aquiescencia del Tesorero. Sin embargo, la prosecu-ción del recurso estaba enteramente en manos de los letrados del apelante y el cliente era responsable de las actuaciones de éstos. Parte de la teoría de los letrados de El Pueblo fué que a los taquígrafos no debía pedírseles que trabajaran gratuitamente para el gobierno si no se iba a proseguir la apelación. Esto, no obstante, equivale a dejar de respetar los derechos del apelado, quien no dió paso alguno para demorar que se perfeccionaran los autos. Es .evidente qne desde un punto legal la apelación no £ué tramitada con diligencia. El apelado con una sentencia a su favor fue demorado indefinidamente. Bebería proceder la desestimación del caso y así se ordena.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. HutcMson disintieron.'


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Hon. Charles E. Foote, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, demandado.
    No. 297.

    Sometido: Abril 30, 1935.

      Resuelto: Mayo 10, 1935.

      José R. Gelpí y Luis Janer, Fiscal 'del distrito de Mayagüez y Fiscal. Auxiliar de este Tribunal Supremo, respectivamente, abogados del peticionario; A. Ramirez Silva y Pedro Baigés Gómez, abogados del interventor, acusado en la causa criminal que motivó el re-curso.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 16 de octubre de 1934 el Procurador General designó a Luis C. Trigo como Juez Municipal General para resolver los casos de El Pueblo v. Arcadio Ramírez Cuerda y El Pueblo v. Anselmo Vidal, en sustitución del Hon. Juez de la Corte Municipal de Mayagüez. Al celebrarse el juicio de Arcadio Ramírez en grado de apelación, sus abogados solici-taron el sobreseimiento y archivo del caso, alegando que la Corte Municipal de Mayagüez, tal y como quedó constituida el día de la vista de la querella formulada contra Arcadio Ramírez no tenía jurisdicción sobre la persona del acusado. Se argüyó en apoyo de esta moción que únicamente en caso de ausencia, muerte o inhibición del juez propietario puede ser designado como sustituto el juez municipal general. A juicio de la defensa no se cumplió en este caso con los re-quisitos exigidos por la ley. Se alegó además que el cargo de juez municipal general no ha sido creado por ley alguna en Puerto Rico. La corte inferior ordenó el sobreseimiento y archivo del caso, por entender que no surgía de los autos que hubiese vacado el cargo de Juez Municipal de Mayagüez o que el juez propietario se encontrase ausente o estuviese inhabilitado para actuar. No conforme El Pueblo de Puerto Rico con esta resolución, ha solicitado de esta corte la expedi-ción de un auto de mamdanms para que se ordene al Hon. Charles E. Foote, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, que tome jurisdicción en apelación de la causa del Pueblo de Puerto Rico v. Arcadio Ramírez Cuerda, por delito de acometimiento y agresión.

Se arguye por la representación de Arcadio Ramírez que en los autos deben aparecer las causas que tuvo el Procura-dor General para designar al juez municipal general en sus-titución del Juez Municipal de Mayagüez. Al formular su excepción de falta de jurisdicción ante la corte de distrito, el abogado de Arcadio Ramírez, Sr. Ramírez Silva, hizo cons-tar que la excepción fue presentada ante la corte municipal al iniciarse la vista de la causa y antes de que el acusado hi-ciese alegación alguna de inocencia o culpabilidad.

Resolviendo la cuestión planteada, el tribunal inferior se expresa así:

“La Corte, luego de oír los argumentos de las partes, es de opi-nión que aún asumiendo que la Ley General de Presupuestos de Puerto Rico de 1934 creare legalmente dicho cargo de Juez Municipal General en Puerto Rico, no aparece que el Juez Municipal en propiedad de la Corte Municipal de Mayagüez, Lie. Cristino R. Co-lón, estuviera inhabilitado para actuar como tal juez en este caso, como tampoco se ba demostrado que dicho cargo estuviera vacante, tal cual dispone la disposición de la Ley Presupuestal de Puerto Rico al crear dicho cargo y establecer las condiciones que debe reunir dicho funcionario y los casos en que el mismo pueda ser designado por el Hon. Procurador General para actuar como tal Juez Municipal General. ’ ’

Como se ve, la corte inferior basó su resolución decretando el sobreseimiento y archivo del caso en no haberse demos-trado que el juez propietario de la Corte Municipal de Ma-yagiiez estuviese inhabilitado o ausente, o que dicho cargo se encontrase vacante, y por esta razón no creyó necesario considerar la cuestión relacionada con la alegada inexistencia de ley alguna creando el cargo de juez municipal general. Nosotros, sin embargo, creemos que debemos considerar esta cuestión, que ha sido debidamente planteada por el acusado.

En la Ley No. -74 de 1934 (pág. 517), que fija el presu-puesto de los gastos ordinarios para el sostenimiento del go-bierno de Puerto Rico, aparece una partida que dice así:

“Un juez municipal general, quien deberá ser abogado y puede ser designado por el Procurador General para actuar en casos de inhabilitación, vacante y ausencia de un juez municipal $2,308.50.”

Se alega que esta disposición es nula, porque ha sido adop-tada en exceso de las facultades que tiene la Legislatura para crear cargos, de acuerdo con el inciso octavo del artículo 34 de nuestra Ley Orgánica que dice así:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual de-berá ser claramente expresado, en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuese incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido ex-presada en el título.”

Se cita en relación con este precepto prohibitivo de nuestra Carta Orgánica, el párrafo decimoquinto del mismo artículo, que copiamos a continuación:

“El proyecto de presupuesto general no comprenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos eje-cutivo, legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas. Todas las demás asignaciones se considerarán en proyectos separados, abarcando cada uno una sola materia. ’ ’

La legislación que impugna el acusado con respecto a la creación del cargo de juez municipal general, no parece tener cabida en la ley general de presupuesto. Es verdad qne el párrafo octavo del artícnlo 34 de nuestra Carta Orgánica per-mite por excepción qne las leyes de presupuestos contengan más de un asunto, pero es claro que este asunto debe refe-rirse a partidas que se consignan en el presupuesto y no a ninguna legislación de carácter general que no deba ser in-cluida en una ley de asignaciones. El párrafo decimoquinto disipa toda duda acerca del particular, toda vez que dispone que el proyecto de presupuesto únicamente contendrá asig-naciones para los gastos ordinarios de los tres departamen-tos del gobierno para el pago de intereses de la 'deuda pú-blica y para escuelas públicas.

La constitución del estado de Pennsylvania contiene una limitación exactamente igual a la que ba sido incluida en nuestra Carta Orgánica. Comentando los efectos de esta limita-ción en relación con la autoridad del gobernador derivada de la facultad del veto, dice la Corte Suprema de Pennsylvania en el caso de Commonwealth v. Barnett, 48 Atl. 976:

“ ... Al redactar y aprobar un proyecto de ley, la legislatura tiene pleno dominio de todos y cada uno de los asuntos y disposi-ciones en él contenidos; y el gobernador, como una rama coordinada ■del poder legislativo, tiene, al desaprobarlo, por lo menos la misma amplitud. Mas uniendo un número de asuntos distintos en un pro-yecto, al gobernador se le obliga a aceptar algunas disposiciones que no puede aprobar o a vedar toda la ley, incluyendo otras que con-sidera deseables o aún necesarias. Tales proyectos, conocidos popu-larmente con el mote de proyectos ómnibus, se convirtieron en un mal general no sólo por la confusión y distracción de la mente legis-.lativa que los mismos conllevaban al unir materias incongruentes, sino aún más por la facilidad que los mismos ofrecían a las combi-naciones corruptas de las minorías con intereses encontrados para obligar a que se aprobaran proyectos con disposiciones que jamás se hubiesen adoptado, de haber sido redactados aisladamente. Tan común se hizo esta práctica que a la misma se le dió un nombre popular, generalmente conocido, o sea el de ‘pase de rolo’ (logrolling). Entonces surgió la práctica aún más detestable de agregar a los mis-mos lo que se conoce con el nombre de ‘tirillas’ (riders) (es decir, una disposición legislativa nueva y ajena al proyecto) a los proyec-tos de presupuesto, obligando así al ejecutivo a aprobar legislación perjudicial o a hacer que la maquinaria gubernamental se detuviera por falta de fondos. Estos fueron algunos de los males que los cam-bios más recientes a la Constitución trataron de remediar. La en-mienda de 1864, disponiendo que ningún proyecto de ley contendrá más de un asunto, que se hará constar claramente en su título, puso fin a los proyectos ómnibus. Pero' esta enmienda exceptuó los pro-yectos de presupuesto y en cuanto a éstos el mal subsistió. La con-veniencia, si no la necesidad, de permitir que un proyecto general de presupuesto contuviera partidas diversas comprendidas dentro de la descripción de asuntos diferentes, fué patente. La Constitución actual ha remediado la dificultad — primero, incluyendo todos los pro-yectos en la prohibición de que ninguno contendrá más de un asunto, a excepción de los ‘de presupuesto general’ (art. 3, pár. 3); segundo, por la disposición de que ‘el proyecto de presupuesto general no com-prenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos ejecutivo, legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas; todas las de-más asignaciones se considerarán en proyectos separados, abarcando cada uno una sola materia.’ (Id. pár. 15) ; y, tercero, concediendo al gobernador la facultad de ‘objetar a una o más de las partidas de cualquier proyecto de presupuesto que contenga distintas partidas, y aquella parte o partes del proyecto aprobadas serán ley, y la par-tida o partidas objetadas serán nulas, a menos que sean aprobadas de nuevo de acuerdo con las reglas y limitaciones prescritas para la aprobación de otros proyectos sobre el veto ejecutivo.’ ”

La historia de esta legislación en Pennsylvania demuestra que primeramente, para remediar el mal apuntado por la Corte Suprema de dicho estado, se prohibió por la Constitu-ción que un proyecto de ley contuviese más de un asunto, el cual se liaría constar claramente en sn título; pero como los', proyectos de asignaciones generales quedaron excluidos de-esta disposición prohibitiva, se creyó que el mal continuaba, subsistiendo con repecto a dichos proyectos. Con el propó-sito de corregirlo, se enmendó más tarde la constitución rati-ficando la prohibición original que exceptuaba la ley general de asignaciones, pero disponiendo que esta ley únicamente podría comprender las asignaciones anteriormente especifi-cadas. La enmienda dispuso de una manera expresa algo-' que quizá podría deducirse implícitamente de los mismos tér-minos en que aparece redactada la prohibición original y la excepción de la ley de presupuesto.

De acuerdo con estas disposiciones, que son idénticas a las que rigen en Puerto Pico, únicamente tienen cabida en la ley de presupuesto general las asignaciones para gastos or-dinarios de los departamentos del gobierno, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas. Y es natural que así sea, para que no quede frustrado el propó-sito de la prohibición general y se obtengan los resultados que la misma persigue. Sin estas limitaciones, la ley de pre-supuesto podría ser' la puerta por donde pasasen materias de legislación general que no tuvieron la oportunidad de ser amplia y abiertamente discutidas.

En el presente caso, la disposición impugnada no se limita a fijar una asignación para cubrir un gasto ordinario de un departamento del gobierno. Se va mucho más lejos, puesto que se crea un cargo de importancia, como lo es el de juez municipal general, diciéndose además que deberá ser abogado y que podrá ser designado por el Procurador General para actuar en casos de inhabilitación, vacante y ausencia de un juez municipal. Es ésta una legislación de carácter general que no puede ser incluida en un bill de asignaciones. Constitutional Defense League v. Waters, 164 A. 613, 309 Pa. 545;. State ex rel Davies v. Smith, 75 S. W. (2d) 828.

No existiendo ley alguna creando el cargo de Juez Municipal General en la fecha en que se celebró el juicio decla-rando culpable al acusado, la solicitud para que se expida un »auto de manda/mus debe ser desestimada.