text:
    Dr. Luis B. de la Vega, demandante y apelante, v. Hon. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico et al., demandados y apelados.
    Núm. 7821.

    Sometido: Noviembre 10, 1939.

      Resuelto: Mayo 20, 1940.

      Damián Moserrat, Jr., abogado del apelante; Ron. Procurador General George A. Malcolm (Ex-Procurador General Interino E. Campos del Toro en el alegato) y Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 81 de 1912 (leyes de ese año, pág. 126), para reorganizar el servicio de sanidad, creó una Junta Insular con facultad para prescribir reglas y reglamentos, y además en su artículo 16 provee:

"La Junta Insular de San1 dad nombrará su secretario y deter-minará los deberes de éste. Diebo secretario disfrutará un sueldo anual de dos mil cuatrocientos dólares y desempeñará el cargo sin término fijo a voluntad de la Junta.”

Bajo la autoridad conferídale por este artículo, la Junta Insular de Sanidad designó en julio 14, 1926, al Dr. Luis B. de la Vega como Secretario de la Junta, y éste tomó pose-sión del cargo el 23 de julio del mismo año. Posteriormente renunció por razón de una rebaja hecha en su sueldo y radicó una petición de mandamus contra el Tesorero y el Auditor para obligarles a que se le pagara el sueldo estipulado al tiempo de hacerse el nombramiento.

En la petición de mandamus se alegó además que desde la época en que el peticionario fué nombrado hasta fines del año fiscal 1931, él recibía $2,400 anuales de compensación; que en mayo, 1931, y en el presupuesto para 1931-32, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico redujo su sueldo a $1,500; que en mayo 13, 1932, al aprobar el presupuesto para el 1932-33, la Asamblea Legislativa redujo su sueldo a $1,200, rebaja que fué aparentemente sostenida para el siguiente año, y que por la ley de mayo 15, 1934, se redujo su sueldo a $1,140; y que finalmente en 20 de julio de 1935, la Legisla-tura le redujo su sueldo a $600. El peticionario adujo que el total de estas rebajas ascendía a $5,943.88, y que las mismas violaban la ley especial núm. 81 antes citada y con-travenía abiertamente la Carta Orgánica de Puerto Rico. Solicitaba se ordenara al Tesorero y al Auditor de Puerto Rico le pagaran la referida suma de $5,943.88.

El párrafo del artículo 34 de nuestra Carta Orgánica en que se basa el peticionario, dispone:

“Con excepción de aquellos casos en que se disponga lo contrario en esta Ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funcionario público, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento, ni permitirá a ningún funcionario o empleado percibir compensación por más de un cargo o empleo.”

Hemos tratado cuestiones similares en los siguientes casos: Arjona v. Winship, Gobernador, 49 D.P.R. 53; Durand v. Sancho Bonet, Tesorero, 50 D.P.R. 940; Ponsa Parés v. Winship, Gobernador, 51 D.P.R. 160; y Samalea v. Winship, Gobernador, 51 D.P.R. 240.

La corte inferior resolvió que el párrafo 13 del artículo 34, supra, era aplicable solamente a aquellos funcionarios públicos nombrados por determinado período de tiempo y con un sueldo fijo.

El apelante señala los siguientes tres errores:

“1. La corte interior cometió error al declarar que la limitación contenida en el párrafo quince de la sección 34 de la Ley Orgánica de Puerto Rico sólo es aplicable a funcionarios públicos nombrados por término y sueldo fijos.
“2. La corte inferior cometió error al declarar que el peticionario no era un funcionario público.
“3. La corte inferior cometió error al no declarar que un esta-tuto especial no puede modificarse por una ley general de acuerdo con lo que establece nuestra Carta Orgánica.”

De la petición no se desprende que el Dr. de la Vega fuera designado por un término fijo. Meramente se le designó Secretario de la Junta Insular de Sanidad. El secretario de una junta pública, nombrado como lo fué el peticionario, no es un funcionario público dentro del significado del artículo 34, supra. El Procurador General cita un número de casos para demostrar esto. Helvering v. Powers, 55 S. Ct. 171, 293 U. S. 214; Wetzel v. McNutt, 4 F. Supp. 233; Winsor v. Hunt, 243 P. 407, 29 Ariz. 504; Leymel v. Johnson, 288 P. 858, 105 Cal. App. 694; Kelly v. City of Bridgeport, 151 A. 268, 111 Conn. 667; Dade County v. State, 116 So. 72, 95 Fla. 465, y McSween v. State Live Stock Sanitary Board of Florida, 122 So. 239, 97 Fla. 749, 750, 65 A.L.R. 508.

Con las anteriores citas fiemos quedado convencidos de que un funcionario público es aquél que está investido de parte de los poderes del soberano y no un individuo cuyos deberes son puramente ministeriales o secretariales, como ocurre con el Secretario de la Junta Insular de Sanidad.

Examinando nuevamente el referido artículo de la Carta Orgánica se puede ver que en él se fiaee una distinción entre los funcionarios públicos y los empleados, toda vez que en la última parte de dicho párrafo se prohíbe “a ningún fun-cionario o empleado percibir compensación por más de nn cargo o empleo.” Igualmente creemos que el hecho anterior de que no se fijara término de duración al cargo es un indicio de que la Asamblea Legislativa podía aumentar o disminuir el sueldo de ese empleado a su voluntad.

El tercer señalamiento de error, a nuestro juicio, no necesita ser discutido ampliamente. Una ley especial puede ser modificada por una general, y nada hallamos en la Carta Orgánica que impida tal modificación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Olivera Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 8017.

    Sometido: Abril 25, 1940.

      Resuelto: Mayo 20, 1940.

      R. Rivera Zayas, abogado del apelante; R. A. Grómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Olivera Rivera fué acusado por el fiscal de la Corte de Distrito de San Juan del delito de atentado a la vida. El jurado le encontró culpable del de ataque para cometer homicidio y la corte le condenó a sufrir la pena de un año de presidio con trabajos forzados. Contra esa sen-tencia se interpuso por el acusado el presente recurso.

El primer error que se señala trata de la apreciación errónea que de la evidencia hizo el jurado. Veamos en qué consiste la ofrecida por el fiscal. El día 24 de octubre de 1938 el perjudicado, Amafio Lugo Gutiérrez, trabajaba de portero en un café de esta ciudad conocido por “El Gato Negro.” Serían aproximadamente las dos de la madrugada de ese día cuando el acusado entró en el referido café en estado de embriaguez, sin chaqueta y con la camisa por fuera, Lugo le dijo que en esas condiciones no podía permanecer en el café y el acusado se incomodó por ello, a tal extremo, que Antonio Carrasco Carvajal, dueño a la sazón del restaurante, tuvo que ordenar que le sacaran de él, lo que hizo Lugo asistido de otro empleado del establecimiento. Transcurrida media hora, el acusado regresó, y esta vez el cabo de la Policía Insular, David Cintrón, le ordenó que se retirase del lugar. Así lo hizo el acusado acompañado de un repórter de nombre Mariotta, quien interpuso sus buenos oficios. Cerrado el establecimiento a eso de las 2:30 de la madrugada, Lugo se dirigió a otro restaurante de esta ciudad conocido por “La Cafetera,” y había terminado de comer unos sandwiches y de tomar café acompañado de dos amigos, cuando llegó a dicho sitio el acusado, coincidiendo su llegada con la salida de Lugo. El acusado se dirigió a Lugo en forma despectiva y acto seguido sacó un revólver y le hizo dos disparos alcanzándolo en una pierna y en el tórax lateral derecho. A pesar de los disparos Lugo pudo huir, siendo más tarde ingresado en el Hospital Municipal. En el lugar de los hechos, los amigos que acompañaban a Lugo agre-dieron y desarmaron al aensado, qnien también tuvo qne ser asistido en nn enarto de socorro.

La evidencia aportada por la defensa es consistente con la del fiscal excepto en cnanto a qne el aensado no se encon-traba en estado de embriaguez al concurrir al “G-at’o Negro,” y excepto también en cuanto a qne los hechos ocurridos en “La Cafetera” sucedieran sin provocación por parte de Lugo.

Sea ello como fuere, el jurado dirimió el conflicto dando crédito a los testigos del fiscal. Y siendo la evidencia apor-tada por dichos testigos suficiente a nuestro juicio para justificar el veredicto rendido por el jurado, es nuestro deber sostener y respetar dicho veredicto.

En el segundo señalamiento alega el acusado que el veredicto es nulo porque no revela la verdadera conclusión a que llegó el jurado en sus deliberaciones.

El incidente a que este señalamiento se refiere no consta de la transcripción de la evidencia. Sí aparece de una reso-lución de la corte declarando sin lugar una moción de nuevo juicio radicada por el acusado, que al regresar de deliberar, el jurado rindió un veredicto de “culpable para cometer homicidio,” y advirtiendo el juez que a dicho veredicto le faltaba la palabra “ataque,” preguntó al jurado si era su intención declarar al acusado culpable del delito de ataque para cometer homicidio, asintiendo el jurado en corte abierta.

Si bien se advierte que el veredicto es irregular, no es sin embargo tan ambiguo como el acusado pretende, que impida conocer la conclusión verdadera a que llegó el jurado en sus deliberaciones. La corte dió al jurado instrucciones sobre atentado a la vida, ataque para cometer homicidio y acome-timiento y agresión grave, así que el veredicto que trajo no deja lugar a dudas de que ninguno otro que no fuera el de “ataque para cometer homicidio” pudo ser aquel de que encontraba al acusado culpable.

El acusado sugiere que el juez debió actuar en conso-nancia con el artículo 288 del Código de Enjuiciamiento Criminal, instruyendo “de nuevo al jurado a fin de qne éste se retirara a deliberar y trajera el veredicto qne fnera el resultado de sus propias conclusiones. . .” Aun cuando aceptáramos que este caso fuera uno en “ .. .que se fia equi-vocado el jurado en la aplicación de la ley... ” lo que no nos atrevemos asegurar sin un estudio detenido que no es nece-sario bacer, y qíie por tanto, fuere de aplicación el artículo invocado, no consta que el juez se apartara de sus preceptos. Éste les preguntó “.. .si era la intención de ellos declarar al acusado culpable de ataque para cometer homicidio, y con-testaron que sí. Se volvió a preguntar después de ponerse la palabra ‘ataque’ y contestaron también que sí...” Y nada impedía que el jurado deliberase, si es que tenía que deliberar y resolviese después, en la misma sala del'tribunal. Artículo 267 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de El Pueblo v. Souffront, 30 D.P.R. 105, la acusación era por un delito de atentado a la vida. El vere-dicto del jurado decía “culpable de homicidio frustrado.” La corte instruyó nuevamente al jurado, que volvió a deli-berar trayendo un veredicto de ataque con intención de cometer homicidio. Este Tribunal Supremo resolvió que el primer veredicto expresaba claramente el pensamiento del jurado y que el error era simplemente de palabras.

En el caso de El Pueblo v. Paz, 12 D.P.R. 99, el jurado trajo un veredicto declarando al acusado “. . . cómplice en el delito de homicidio voluntario.” Impugnado el veredicto porque no contenía la palabra “culpable,” se resolvió por este tribunal que la omisión de esa palabra no era un defecto fundamental que perjudicase los derechos sustanciales del acusado, cuando el veredicto está redactado en términos tan claros que no dejan lugar a duda alguna.

En El Pueblo v. Asencio, 16 D.P.R. 355, el veredicto decía:

“Nosotros, los del jurado, y en su representación el presidente que suscribe, declaramos a los acusados Carlos María Asencio ‘culpable’ en segundo grado, y a Francisco Yélez ‘no culpable’ de un delito de incendio malicioso. Mayagiiez, enero 19 de 1910. — (Firmado) J. Pico, Presidente del Jurado.”

Ante esta Corte Suprema se alegó que tal veredicto no declaraba al acusado culpable de ningún delito. Se resolvió:

“Pero si se lee totalmente el veredicto, se llegará a la conclusión de que si bien adolece de falta de claridad, esta falta no es de na-turaleza tal que implique la ineficacia del documento. No hay duda alguna con respecto a cuál fué la decisión del jurado. Las palabras ‘de un delito de incendio malicioso,’ se refieren tanto a Francisco Vélez como a Carlos María Asencio y dichas palabras unidas a las anteriormente expresadas, demuestran que el jurado declaró a Carlos María Asencio culpable del delito de incendio malicioso en segundo grado. ’ ’

Debe desestimarse también el segundo error.

El tercero no merece detenida consideración. Se sostiene en él que el delito de ataque para cometer homicidio del que fué convicto el acusado no está comprendido dentro del de atentado a la vida del cual fué acusado.

En el caso de El Pueblo v. Cartagena, 54 D.P.R. 870, se dijo lo siguiente:

“El décimo señalamiento de error, último a considerar, dice así:
“ ‘El tribunal inferior incurrió en error al instruir a los señores del jurado sobre los distintos veredictos que podían considerar.’
“Argumentando este señalamiento de error alega la defensa que la corte, bajo la prueba de este caso, no debió dar instrucciones con respecto a ataque para cometer homicidio. Se trata en este caso de una acusación por atentado a la vida. Se alegó por el acusado la defensa propia y al mismo tiempo provocaciones por parte de la persona contra quien él disparó su arma. En tales circunstancias es indudable que procedía la instrucción sobre homicidio voluntario, pues como de haber muerto Jerónimo Colón hubiera existido en la prueba base suficiente para sostener un veredicto de homicidio voluntario, no habiendo él muerto, el jurado podía rendir un veredicto de ataque con iñtención de cometer homicidio. Pero sea como fuere, la cuestión resulta académica, pues el jurado rindió un veredicto de acometi-miento y agresión grave, no pudiendo causarse perjuicio alguno al acusado al dar instrucciones sobre el delito de ataque con intención ■de cometer homicidio, ya que el jurado no estimó que tal delito se hu-biera cometido.”

Y anteriormente en el caso de El Pueblo v. Alvarado, 49 D.P.R. 423, tratándose de nna acusación de atentado a la vida, este tribunal se expresó así:

“Analizada la evidencia, encuéntrase en verdad que toda ella, tanto la del fiscal como la del acusado, demuestra que éste usó un arma'mortífera para acometer a Raspaldo, bien lo hiciera con inten-ción de asesinarlo o de darle muerte o de causarle daño, ya actuara en legítima defensa de su persona, y que por tanto los veredictos que procedían eran los de culpable de atentado a la vida, culpable de ata-que para cometer homecidio, culpable de acometimiento con circuns-tancias agravantes, no culpable, siendo lo más correcto que la corte se hubiera ceñido a ellos en sus instrucciones al jurado.”

Así, pues, también debe desestimarse este tercer error.

En mérito de lo expuesto anteriormente, debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Melón Hnos. & Co., S. en C., demandante y apelada, v. R. Muñiz de León & Cía., S. en C., demandada; José R. Villamil, interventor y apelante.
    Núm. 7591.

    Sometido: Abril 22, 1940.

      Resuelto: Mayo 20, 1940.

      F. M. Susoni, Jr., abogado del apelante; Angel A. Vázquez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 30 de enero de 1939 dictamos sentencia en el caso de autos revocando la resolución apelada y devolviendo el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos. Melón Hnos. & Co. v. R. Muñiz, etc., y Villamil, interventor, 54 D.P.R. 182.

La parte demandante y apelada nos pidió que reconside-ráramos dicha sentencia y señaláramos una nueva vista del caso, primero, por no haber sido notificada por el secretario de este tribunal, según se acostumbra, del día señalado para la audiencia en su fondo de este caso, y segundo, porque de haber tenido oportunidad de comparecer ante esta corte en el referido día y de radicar su alegato, el resultado del caso le hubiera sido favorable.

En vista de las razones aducidas, accedimos a lo solici-tado, y en 22 de abril de 1940 declaróse visto nuevamente el recurso con asistencia del abogado Angel A. Vázquez por la parte apelada, a cuyo nombre sometió el caso por los mé-ritos de un alegato que había radicado en 30 de marzo de 1940 y sin informe oral.

Al decidir este recurso originalmente, esto es, en 30 de enero de 1939, opinamos que:

“Las sentencias dictadas por esta Corte Suprema, confirmando o revocando las de las cortes de distrito, sólo pueden ser apeladas para ante la Corte de Circuito en los casos especificados en el estatuto federal sobre la materia. Una vez remitido el mandato de esta Corte Suprema a la corte inferior, ésta readquiere jurisdicción sobre el caso para el solo fin de ejecutar la sentencia y de dar cumplimiento al mandato de esta Superioridad. No está facultada la corte inferior para abrir el caso de nuevo, ni para reconsiderar, enmendar o suspender la ejecución de la sentencia firme y definitiva de este tribunal. Si esto fuera posible, los litigios serían interminables y las sentencias del más alto tribunal insular no podrían tener jamás la autoridad de cosa juzgada.
“La sentencia dictada por esta corte en 27 de noviembre de 1935, confirmando la resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan en julio 9, 1934 (Véase 49 D.P.R. 703), es una sentencia firme y definitiva. Era el deber de la corte inferior hacerla cumplir, obli-gando a la demandante Melón Hnos. & Co., a restituir a la secretaría de la corte de distrito la cantidad exacta que le había sido entregada como producto de la venta judicial de bienes de K,. Muñiz de León & Co.”

Para sostener que “...el fraude es uno de los motivos por los cuales una orden de la corte de distrito puede ser por ésta reconsiderada dejándola sin efecto aun después de haber sido confirmada por esta Corte Suprema” la deman-dante apelada cita los casos de Aybar v. Vara, 51 D.P.R. 186; Mojica v. Corte, 49 D.P.R. 535, y también a 42 C. J. págs. 544-547, secciones 243, 244 y 245.

Los casos de Aybar y de Mojica invocados por la apelada son distintos al de autos, y por tanto inaplicables. En cuanto a la cita a Corpus Juris, no sostiene sus puntos de vista.

No habiendo cambiado nuestro criterio en cuanto a que ningún tribunal inferior a éste tenga facultad para actuar en forma contraria o distinta a las opiniones o a las sentencias que dictamos, se da por reproducida nuestra opinión del día 30 de enero de 1939 y por los fundamentos que en ella se consignan, debe dictarse sentencia revocando la resolución recurrida y devolviendo el caso a la corte inferior para ulte-riores procedimientos no incompatibles con dicha opinión, todo ello sin perjuicio del derecho que pueda tener la so-ciedad acreedora Melón Hnos. & Co., S. en C., a entablar las acciones o procedimientos que estime procedentes para establecer su alegado derecho al fondo una vez que éste sea puesto de nuevo in custodia legis.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Juan Pérez López, demandante y apelante, v. Leopoldo Santiago Marcano, demandado y apelado.
    Núm. 8024.

    Sometido: Abril 11, 1940.

      Resuelto: Mayo 20, 1940.

      F. Prieto Azúar, abogado del apelante; Géigel efe Silva, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la tarde del 10 de noviembre de 1937, un camión cargado de piedra que de Río Piedras se dirigía a Santurce, con motivo de cierta avería que tenía, fué estacionado a su derecha en una recta en la Carretera Central, en las proximidades de la residencia del Sr. Arcelay en Martín Peña. Al obscurecer no fué dotado de las luces que exige la ley. El demandante fué encargado de custodiarlo y a ese efecto ocupó el asiento correspondiente al chófer. Como a las 10:30 de la noche, uh automóvil Chevrolet, guiado por el demandado, chocó con la parte posterior del camión, como resultado de lo cual el demandante sufrió los daños perso-nales que motivaron este pleito.

La corte inferior desestimó la demanda con costas al demandante, fundándose en que asumiendo que el deman-dado hubiera sido negligente al conducir su automóvil a una velocidad mayor que la permitida por la ley, el demandante también lo fué y contribuyó al accidente permitiendo que el camión permaneciese de noche en un camino público sin estar dotado de las luces necesarias para evitar peligro a las personas que transitaren por aquel sitio. Fundamentando su sentencia, dijo la corte sentenciadora:

“Si el accidente hubiera ocurrido a plena luz del día, no hay duda de que el demandante tendría un caso claro de negligencia por parte del demandado; pero por la noche, entre diez a diez y media de la noche, en un sitio obscuro, aun aceptando que la velocidad fuese en exceso de la que la ley establece, el hecho de que el autocamión que-cuidaba el demandante estuviese parado a su derecha, pero sin luces, mata por completo el deber que tiene el demandado, de protección para el demandante, y mucho más cuando éste, que está encargado del cuido del autocamión, se mete dentro del mismo, no digamos que para esperar el accidente, pero sí con un sentido de menosprecio a su propia seguridad. La actuación de dejar sin luces el vehículo que cuidaba el demandante, constituye a nuestro juicio, aun aceptando la negligencia del demandado, una negligencia concurrente, si es que no lo fuera también la del propio demandante al permanecer dentro de este autocamión sin luces en un sitio obscuro y en un camino pú-blico, como lo es la carretera o Avenida Ponce de León, invitando el peligro. Poniendo la situación en la forma más favorable para el demandante, tenemos que concluir en que hubo negligencia mutua o concurrente lo que priva al demandante del derecho de recobrar los daños sufridos. Llegado a esta conclusión, se hace innecesario que discutamos en cuanto a las lesiones sufridas.”

A nuestro juicio, el juez inferior no enfocó correctamente el problema jurídico ante sn consideración. En acciones de daños y perjuicios por negligencia, el juzgador no debe limitar su investigación a determinar si bubo o no negli-gencia por parte del demandante. Debe ir más lejos aún y determinar si fue la negligencia del demandante o la del demandado la causa próxima del accidente. El demandante puede haber sido negligente, pero si su negligencia — si bien suministró la condición propicia para la realización del acto torticero — -no fué sin embargo la causa próxima del accidente, la teoría de negligencia contribuyente es inaplicable y tiene derecho el demandante a ser resarcido de los perjuicios que por negligencia le hubiere causado el demandado. Haszczyn v. Detroit Creamery Co., 275 N. W. 211, 212, y casos citados; Colón v. Shell Co. (P. R) Ltd., 55 D.P.R 592, 618.

La «aplicación del principio que acabamos de enunciar requiere un estudio de la participación de una y otra parte en el accidente en cuestión.

La evidencia dejó establecido que la noche de autos el demandado viajaba en un automóvil Chevrolet, según su propia declaración, a una velocidad de 45 kilómetros por hora. La carretera por donde marchaba no estaba en las buenas condiciones en que hoy se encuentra; tenía a sus lados cunetas anchas y relativamente profundas, el ancho del camino por el sitio donde se hallaba el camión era de 22 pies; el pavimento estaba húmedo por haber lloviznado momentos antes del accidente, y el automóvil del demandado viajaba con la luz mediana {dim), no obstante marchar a la velocidad indicada. Declaró el demandado que antes de ver por primera vez el truck del demandante, se cruzó con otro camión que marchaba con dirección a Río Piedras, quedando momentáneamente deslumbrado por sus luces, no obstante lo cual, no redujo la velocidad, alcanzando a ver el camión del demandante, según su propia declaración, a pesar de ser la carretera recta, a una distancia de 50 ó 40 pies. Aunque se dió cuenta del obstáculo, no sólo no detuvo dentro de esa distancia la marcha de su vehículo, si que tampoco lo desvió hacia la izquierda, lo que le hubiera sido muy fácil, ya que él mismo admitió que en aquellos momentos nada había en la carretera, a la izquierda del camión, que le impi-diese desviar su automóvil. El camión, conforme resulta de la prueba, estaba pintado de rojo y se hallaba estacionado entre dos focos, los cuales distaban uno del otro alrededor de 100 pies. Francisco Iturrondo, testigo del demandante, declaró que el demandado venía a una velocidad “terrible”, calculándola luego en 45 millas, declaración que el juez sen-tenciador pone en duda porque otro testigo del demandante, Martín Andrades, había declarado que en el sitio donde es-taba estacionado el camión no había luces, lo que llevó al juez inferior a la siguiente conclusión:

“Pero considerando la declaración de Martín Andrades, propieta-rio (era chófer) del autocamión, de que en el sitio donde estaba éste parado no había luces, ¿cómo fué posible que Iturrondo, que fué el testigo que habló de la velocidad del carro del demandado, pudiese apreciar dicha velocidad y calificarla como ‘terrible’?

En verdad, no vemos la lógica de esta inferencia. El hecho de que el camión estuviese en un sitio obscuro no impide a una persona declarar sobre la velocidad que trae un automóvil que viaja con luces encendidas.

Que el demandado debió venir a una velocidad extraordi-naria de acuerdo con las circunstancias, lo demuestra el resultado del impacto de los vehículos. Declaró el deman-dado que al recobrar la visión después de pasar el otro vehículo hacia Río Piedras, se dió cuenta del camión del demandante cuando se hallaba a una distancia de 50 ó 40 pies. Hemos de presumir que al advertir el obstáculo, el demandado, por instinto de conservación, empezase a reducir la velocidad, y no obstante hallarse sus frenos en buen es-tado — según él mismo declaró — el impacto del automóvil con el camión fué tan fuerte que el automóvil fué a parar al otro lado de la carretera hecho una “sinfonía” o un “acordeón”, palabras con que los testigos describieron gráficamente el mal estado en que había quedado el automóvil. El camión, a pesar de hallarse cargado de piedra y tener una goma vacía, fué arrastrado como veinte pies, abriéndose la porte-zuela y siendo lanzado el demandante desde el asiento del chófer a la cuneta, recibiendo las lesiones a que más adelante haremos referencia.

A nuestro juicio, no exageró el testigo Iturrondo al de-clarar que el automóvil del demandado venía a una velocidad “terrible”.

El automóvil es una máquina peligrosa si el que lo maneja no tiene en todo momento el control del vehículo para detenerlo o desviarlo, evitando hacer daño. Marchar de noche por una carretera de tanto movimiento a la velocidad a que venía el demandado, es un caso claro de negligencia, y no dudamos que esa negligencia constituyó la causa próxima del accidente, aun asumiendo que el demandado no pudiera haber visto el camión mucho antes aunque hubiera usado'las luces que correspondían a la velocidad con que marchaba. De haber desplegado el demandado la diligencia que un hombre razonable hubiera usado dentro de las circunstancias, hubiese evitado el accidente, como sin duda lo evitaron los centenares de vehículos de motor de todas clases que desde el oscurecer de un día de noviembre, hasta las 10:30 de la noche, pasaron en una y otra dirección por el sitio donde se hallaba el camión.

En el caso de Cothran v. Benjamin Cleenewerck & Son el al., 209 N. W. 132 (1926), el demandante guiaba un camión Ford cargado de muebles y efectos de la casa, a lo largo de la carretera de Ravine, cerca de Kalamazoo, y se detuvo a su extrema derecha del camino para examinar un neumático. Al tratar de poner en movimiento el vehículo, necesitó voltear el cigüeñal para arrancar el motor. Mientras realizaba esta operación, el automóvil del demandado chocó con la parte posterior del camión, empujándolo sobre el demandante, fracturándole las piernas y causándole serias lesiones. Se imputó al demandado Blanchard qne bajo las circunstancias guiaba su carro a una velocidad excesiva y que no lo man-tuvo bajo su control. Alegaba el demandado que la causa del accidente fue el no haber encendido el demandante la luz posterior y no fijarse si venían otros automóviles, antes de ponerse a voltear el cigüeñal. Según la declaración del demandado Blanchard, él vió el camión cuando se hallaba a una distancia de seis rods (99 pies); la carretera estaba cubierta de hielo y resbaladiza, razón por la cual no trató de aplicar los frenos o parar su carro, porque tenía la inten-ción de desviar y pasar por la izquierda del camión, pero cuando trató de hacer esto último se enfrentó con otro carro que venía en dirección contraria. Estimando que no tenía espacio para pasar, bajo esas circunstancias, creyó mejor chocar con la esquina del truck que con el otro automóvil, agregando que si no hubiera sido por el otro automóvil no hubiera chocado con el camión. Al confirmar la sentencia dictada a favor del demandante, la Corte Suprema de Michigan se expresó así:

“En su alegato los abogados de los demandados arguyen que el demandante es culpable de negligencia contribuyente. No aparece que el demandante pudiera haber hecho algo para impedir que el demandado lanzase su carro sobre su camión. La falta de la luz tra-sera nada tuvo que ver con el accidente. El demandado Blanchard vió el truck desde que se hallaba a una distancia de seis rods (noventa y nueve pies), en tiempo suficiente para evitar la colisión. ,Su negli-gencia, al dejar de actuar como lo hubiera hecho un hombre ordinaria-mente prudente dentro de las eircustaneias, fué la sola causa de los daños causados al demandante. No es necesario, por consiguiente, dis-cutir con más amplitud la contención de negligencia contribuyente.” (Op., pág. 133.)

En el caso de Nason v. Hodne (1919; B. C.), 4 D. L. R. 490 (Canada), el carro que el demandante guiaba se quedó sin gasolina, por lo que lo estacionó a su derecha en la carre-tera, fuera del pavimento, pero no encendió las luces del automóvil, a pesar de ser de noche. El demandado, que guiaba otro automóvil en la misma dirección, chocó con la parte trasera del primero, cansándole daños. Al resolver el caso, la corte sostuvo que aunque el carro del demandante no tenía las luces encendidas, el demandado no podía alegar con éxito la defensa de negligencia contribuyente, puesto que las luces delanteras del automóvil de éste estaban en buenas condiciones, lo que le hubiera permitido ver el carro del demandante en tiempo suficiente para detener el suyo si hubiera estado mirando hacia adelante.

En el caso de Eldredge v. Sargent, 96 P. (2d) 877 (1939), la Corte Suprema de Kansas, citando con aprobación el de Cothran, supra, dijo:

‘ ‘ Cuando la falta de luces o signos de aviso no impide a] que ma-neja un automóvil ver un vehículo en tiempo de evitar una colisión, la ausencia de tales luces o signos no puede decirse que sea la causa próxima de la colisión. (Citas.)”

De una monografía en 104 A.L.R. 485, 517, tomamos la siguiente cita:

“La regla de que. una persona que viaja por un camino público tiene derecho a asumir que las demás personas que usan el camino obe-decen la ley y que no está abligada a ponerse en guardia contra otros que puedan vioLarla, se aplica solamente en aquellos casos en que el automóvil es conducido de acuerdo con las disposiciones de la ley y no en violación de la misma, y no es de aplicación cuando el auto-móvil es conducido de manera negligente, cuando no está debidamente equipado con luces, o cuando es conducido a una excesiva velocidad (condiciones concurrentes en el presente caso). En estos casos la negligencia primaria del conductor del automóvil impide la aplicación de la regla enunciada.” Cushing Ref. Gasoline Co. v. Deshan, 149 Okla. 225, 300 P. 312 (1931). (Paréntes's nuestro.)

No cabe duda que el demandado fué negligente al conducir su vehículo a la velocidad indicada, teniendo en cuenta las condiciones anteriormente indicadas.

El demandante fué también negligente al no dotar el camión de las luces que requiere la ley para tales casos. Pero si a pesar de esta negligencia del demandante, el demandado, como él mismo declaró, vió el camión a una instancia ele 40 ó 50 pies, suponiendo qne no pudiera parar dentro de esa dis-tancia, es innegable que pudo haber desviado su vehículo ha-cia la izquierda, que estaba expedita, de acuerdo con su propia declaración. Siendo ello así, es inevitable la conclusión de que la causa próxima del accidente fué la negligencia del demandado, no siendo de aplicación la doctrina de negligencia contribuyente.

Establecida la responsabilidad del demandado, pasemos ahora a determinar el montante de los daños.

El demandante era un hombre de 45 años de edad y ga-naba $1.50 ó $2 diarios al tiempo del accidente. Sobre las lesiones por él recibidas, la única prueba que aparece de los autos es la declaración del Dr. M. García Estrada, de la cual tomamos lo siguiente:

“Que temprano en la mañana del día 11 de noviembre de 1937 examinó por primera vez al demandante Juan Pérez López en el Hospital Municipal de Río Piedras;.. .que de acuerdo con el examen practicado por el testigo, halló que el demandante tenía una contu-sión con hematoma en el esternón, en su parte central; erosión con .hematoma y laceración de la piel de la rodilla derecha; contusión con hematoma y laceración en las regiones lumbosacrales derecha e izquierda; que el paciente vomitó copiosa sangre al hacerle el perito la primer curación; que dicha sangre no se debía a hemoptisis, sino a las lesiones internas recientes sufridas por el paciente. El testigo instala en la sala del tribunal un aparato eléctrico e ilustra a la corte sobre los pormenores de dos radiografías que dice fueron tomadas y desarrolladas en su presencia; refiere el doctor que el demandante, como consecuencia del golpe recibido por él, ha quedado sufriendo de una neurosis o ‘spondylitis’ traumática en las vértebras sacral es. . .
‘ ‘ Continúa declarando el doctor . . .: que la vértebra núm. 12 del demandante, luego del accidente, no se halla en su sitio y posi-ción normales; que esto lo ha palpado también el perito con las manos; que ello aparece asimismo de las radiografías; que como consecuencia del accidente, el demandante ha perdido la elasticidad en su espina dorsal; que una vértebra se halla violentamente super-puesta a otra vértebra; que las vértebras de la región afectada se han desviado de su posición normal; que ello lo comprueba claramente la última radiografía; que la última radiografía no demuestra me-joría por parte del paciente, sino antes al contrario un retroceso; que los discos vertebrales de esa porción de la espina están atrofiados, es decir, están ‘fused’, osificados; que como consecuencia del accidente, el demandante no puede ni podrá doblar el torso como antes del mismo; que la afección que sufre el demandante es seria y bace que pierda el equilibrio al andar, y por consiguiente tiene que usar bastón; que con la ayuda del microscopio bailó el perito en el deman-dante una ‘albuminuria traumática’ por compresión sobre las regiones lumbares; que existe un desplazamiento de la cápsula núm. 1 y núm. 2 del demandante; que la incapacidad del demandante es permanente; que el demandante es boy y será mañana, un hombre baldado, inútil para todo trabajo manual; que la afección que sufre el demandante como consecuencia del accidente le produce grandes dolores físicos y mentales; que el doctor ha comprobado que en ello y en el presente caso no hay simulación ni ‘mallingering’ por parte del demandante; que el demandante ha mostrado con frecuencia décimas de fiebre y ha perdido peso; que el demandante, después del accidente, nunca tuvo una temperatura normal... ”

Habida consideración de las lesiones personales sufridas por el demandante, su edad y salario que ganaba, estimamos que la cantidad de $3,000, compensa razonablemente los daños por él sufridos.

En su consecuencia, procede en este caso declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y condenar al{ demandado a pagar al demandante la cantidad de $3,000, in-cluyendo en dicha suma los $200 de honorarios médicos que reclama, más las costas, sin incluir honorarios de abogado.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Junio 18, 1940

El apelado solicita reconsideremos nuestra sentencia del 20 del mes pasado. Sostiene “que el ponente cometió dos errores en la apreciación de la prueba,” a saber: (a) al ase-gurar que el camión del demandante apelante se hallaba esta-cionado entre dos focos de luz eléctrica distantes uno de otro cien pies, y (b) al sostener que no obstante haber visto el apelado el camión del apelante a ana distancia de 50 ó 40 pies, no desvió hacia la izquierda para evitar la colisión.

Admitimos que se cometió un lapsus al referirnos a “pies” en vez de a “metros”; lo que en todo momento tuvimos en mente fué una distancia de 100 metros, y fácilmente se com-prenderá el error si se considera que una distancia de 100 pies equivale aproximadamente a 33 yardas y que ninguna carretera alumbrada tiene sus focos a una distancia tan pe-queña. Pero de cualquier modo, no fué ésa una cuestión que en manera alguna influyó en nuestra decisión. Una mera lec-tura de nuestra opinión demuestra que toda ella descansa en el hecho incuestionable de haber visto el camión el deman-dado apelado, de acuerdo con su propia declaración, cuando se hallaba a una distancia de 50 a 40 pies, distancia que esta corte estimó suficiente para que el demandado pudiese desviar su automóvil hacia la izquierda, que se hallaba desocupada, y evitar así la colisión. Se observará que no entramos a considerar si la distancia de 50 ó 40 pies era suficiente para que el automóvil del demandado pudiese parar su marcha antes de llegar al sitio en que se hallaba el camión. Nos referimos exclusivamente a desviar la marcha de su vehículo, cosa que se hace fácilmente mediante un simple movimiento del guía.

Queriendo demostrar que nuestra aseveración al efecto de que el apelado no desvió su automóvil es errónea, cita el ape-lante los siguientes párrafos de la exposición del caso:

. . . que la parte trasera de su carro chocó con la parte iz-quierda del truck, del lado derecho de su carro; que ese lado chocó con la parte izquierda del truck, trasera; que al carro del testigo se le fué la parte ... la puerta del lado derecho se estropeó, se abolló, el guardalodos derecho también; que el choque no fué con la parrilla, con el bonete; que el bonete no sufrió porque como él quiso desviar, cuando vio el bulto negro quiso desviar a la izquierda. A pregunta del demandante respondió que ese bulto negro es el truck, que estaba parado sin luces.” (Exposición del caso, págs. 17 y 18.)
. . . que el choque del truck es por la parte trasera, a la iz-quierda; por la izquierda y el carro es por la parte derecha, alante; que parte del choque fué por la parte de atrás del truck que no tenía luces, porque cuando él vió el truck encima, él quiso evitar el choque y trató de ir para la izquierda, pero siempre con la parte alante de su carro . . . (Exposición del caso, pág. 21).

La cita que de la página 17 de la exposición del caso hace el apelado y qne hemos transcrito, está equivocada. Dicho párrafo no dice como lo expresa el apelado. Dice el apelado “que la parte trasera de su carro chocó con la parte izquierda del truch.” En la exposición del caso dicho párrafo dice en la siguiente forma:

“. . . . que cuando vió el bulto negro ése, que le pasó el truck, ahí vino el choque; con la parte delcmtera de su carro chocó con la parte izquierda del truck, del iado derecho de su carro; ...” (Bastardi-llas nuestras.)

Suponiendo que la exposición del caso dijese como equi-vocadamente asegura el apelado, lo que demostraría sería a lo sumo que el demandado fué negligente al tratar de des-viar cuando ya estaba prácticamente sobre el camión del'de-mandante. Indudablemente que si esa misma operación la hubiese hecho a 30, 20, o quizás a 15 pies de distancia del camión, él no hubiera chocado con ninguna parte del mismo. Pero, como hemos dicho anteriormente, la transcripción de evidencia no dice lo que expresa el apelado en su moción de reconsideración.

En el caso de Winn v. Long, 203 Cal. 758, el automóvil del demandante se hallaba detenido en la carretera, de tal forma que por su derecha podían pasar dos vehículos. A las 5:53 de la tarde se había puesto el sol aquel día, y el accidente ocurrió poco más de media hora después de la puesta del sol, a pesar de lo cual la luz posterior del vehículo del demandante no había sido encendida. El demandante estaba a la sazón manipulando el carburador. El demandado marchaba en la misma dirección, a una velocidad de 25 ó 30 millas por hora y vió por primera vez el automóvil del demandante cuando se hallaba a ana distancia de 30 a 50 pies. El carro del demandado chocó con la rneda y gaardalodo traseros iz-quierdos del automóvil del demandante, de tal manera que empujó el automóvil hacia adelante, lesionando gravemente al demandante. El jurado llegó a la conclusión de que la distancia a que el' demandado vió el automóvil del deman-dante era suficiente para haber evitado el accidente mediante el ejercicio de cuidado ordinario. La Corte Suprema, al con-firmar la sentencia, no alteró el veredicto del jurado, diciendo que no había razón para sostener que no existiera una base razonable para la conclusión a que había llegado el jurado.

La cuantía de la indemnización en el caso de autos fue fijada por el tribunal luego de considerar la naturaleza de los daños sufridos por el demandante apelante, y no encontramos razón alguna que justifique alterarla.

Aunque en el recurso se levantan otras cuestiones, fue innecesario considerarlas, dada la conclusión a que se llegó en la opinión principal.

Procede denegar la reconsideración solicitada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    María Antonia, María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larracuenta, demandantes y apelantes, v. José Fabián Joglar, Cándido Noriega y Banco de Ponce, demandados y apelados.
    Núm. 7977.

    Sometido: Marzo 8, 1940.

      Resuelto: Mayo 22, 1940.

      A. Marín Marión, abogado de los apelantes; Zayas Bizarro <& Teis-sonniere, abogados de los apelados Fabián y Banco de Ponce; Sergio León Lugo, abogado del apelado Noriega.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal;

El 23 de abril de 1937, María Antonia, María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larracuenta demandaron en la Corte de Distrito de Arecibo a José Fabián Joglar, Cándido Noriega y Banco de Ponce, en solicitud de una sentencia que condenara a Joglar a restituirles en la posesión de dos con-dominios indivisos de una duodécima y de una tercera de otra duodécima parte de cierta finca rústica con abono de deter-minada suma de dinero por frutos líquidos y a Noriega a pa-garles otra determinada suma de dinero por frutos líquidos, y que decretara la cancelación- en el Registro de la Propiedad de las inscripciones en relación con los condominios a favor de Pedro Alonso, Pedro Such, Heraclio Costas, Cándido Noriega, José Fabián y Banco de Ponce, con imposición de las costas a los demandados.

Para ello alegó que Gregorio Larracuenta Ballester ad-quirió en octubre 21, 1898, la propiedad de una duodécima parte de una finca rústica situada en el barrio de Guaonico de TJtuado, de doscientas ochenta y siete cuerdas, que se ins-cribió a su favor en el Registro;

Que Larracuenta Ballester falleció en enero 7, 1903, de-jando por sus únicos y universales herederos a sus hijos na-turales reconocidos, los demandantes;

Que desde 1916 Pedro Alonso, sin consentimiento de los demandantes, se posesionó del condominio y pocos meses des-pués lo traspasó a Pedro Such y éste a su vez a Heraclio Costas;

Que a virtud de ejecución de hipoteca contra la finca en su totalidad por el demandado Noriega contra Heraclio Cos-tas, se adjudicó a Noriega juntamente con el resto de la finca el condominio, poseyéndolo desde septiembre 20, 1921, hasta agosto 27, 1926, vendiendo en esa fecha la finca total al otro demandado Joglar, sujeta a una hipoteca a su favor por parte del precio, poseyendo la finca Joglar desde entonces. Noriega cedió luego la hipoteca al otro demandado Banco de Ponce;

Que Joglar posee en la actualidad la finca bajo la nueva mensura y descripción que se expresan;

Que las personas y entidades mencionadas al tiempo de adquirir los derechos indicados sobre el condominio, sabían que no pertenecían a sus trasmitentes, si que a Larracuenta y a su sucesión.

Siguen las alegaciones sobre frutos.

Y alegaron además como segunda causa de acción que Larracuenta Ballester adquirió en junio 2, 1900, la propie-dad de otro condominio indiviso de una tercera parte de la duodécima parte de la referida finca que inscribió a su favor en el Registro, ocurriendo con dicho condominio lo mismo que con el adquirido primeramente.

Formularon los demandados excepciones previas y contes-taron finalmente. Fue el pleito a juicio y la corte por sen-tencia de junio 37, 1938, declaró la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.

Parece conveniente transcribir la opinión que sirve de base a la sentencia. Es así:

“En la vista del juicio, la parte demandante omitió presentar prueba con respecto a la mayor parte de los hechos alegados, basán-dose en conclusiones sobre la contestación de los demandados, que a su juicio, admiten lo alegado en la demanda. De un examen de las contestaciones y defensas, se desprende que no existen tales admisio-nes, salvo alguno que otro punto, que resulta evasivo.
‘ ‘ Se presentó una moción de nonsuit al terminar la prueba de los demandantes. No pudimos resolverla inmediatamente, porque la parte aetora insistía en que los documentos presentados y la demanda jurada, habían probado su caso, teniendo en cuenta las admisiones de la contestación. Era necesario algún tiempo para examinar dichas conclusiones, y la parte demandada optó por presentar su prueba antes de que el juicio fuera suspendido. Resolveremos, pues, el caso, como si la moción hubiese sido denegada.
“Los demandantes presentaron evidencia documental para justi-ficar el título de los condominios que reclaman en sus dos causas de acción. Los demandados presentaron documentos para demostrar la forma como el título de dichos condominios fue transferido a ellos, sucesivamente. La teoría de la parte aetora es que tales traspasos son absolutamente nulos, basándose en la inexistencia del contrato otorgado a favor del primer adquirente, Alonso.
“El primer traspaso cuya nulidad se alega, consistió en una venta judicial a virtud de sentencia de la Corte Municipal de Utuado, por la cual los derechos o condominios de los demandantes, sobre la finca objeto de este pleito, se adjudicaron a Pedro Alonso, que fué el mejor postor en la subasta del caso civil 939, sobre cobro de honorarios, en dicha corte.
“Alegan los demandantes, que contra ellos no se dictó sentencia alguna, porque el fallo del juez condenó a Antonia Arroyo por sí y como madre de ellos al pago de lo reclamado, en lugar de referirse a ellos directamente.
“Examinado el expediente encontramos que la demanda fué enta-blada contra Antonia Arroyo por sí y como madre con patria po-testad sobre sus hijos, especificando sus nombres. Que todos los de-mandados, incluyendo los menores, fueron emplazados personalmente, y que todos comparecieron y contestaron la demanda, después de con-seguir que el Juez dejara sin efecto una rebeldía y sentencia, pre-viamente registradas. La sentencia definitiva dispone que el actor ob-tenga el importe de ella de los demandados, y después los menciona diciendo: Antonia Arroyo por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos (aquí los nombres).
“Es verdad que toda acción debe ejercitarse en nombre o contra la parte realmente interesada y que la sentencia debe ser contra ella. La mejor práctica es poner primero el nombre de los menores y añadir el nombre del padre o madre, con patria potestad, en su carácter representativo; pero la fórmula empleada en el aludido pleito para demandar a los menores y para dictar sentencia, está implícitamente autorizada por el artículo 56 del Código de Enjuieimiento Civil, ya que la madre con patria potestad tiene la misma facultad en Puerto Rico, que el tutor general, de que habla dicho artículo, cuyo precepto autoriza que la comparecencia de un menor, cuando es parte, deberá hacerse por medio de dicho tutor. Si al demandar al menor se espe-cifica que la madre figura en concepto propio y además como madre con patria potestad, se incluye al menor como parte interesada, y la sentencia puede dictarse en la misma forma representativa.
‘ ‘ El otro punto en que basan los demandantes su alegaba nulidad, consiste en que la sentencia se dictó por cien dólares y la ejecución se siguió por doscientos dólares por error del Secretario al’redactar la orden de ejecución.
“Generalmente un defecto de esta naturaleza, cuando la suma es menor que el fallo, no tiene importancia alguna. Cuando se ejecuta por una suma mayor de la fijada en la sentencia, la cuestión es más o menos importante, según el perjuicio que pueda haber sufrido la parte ejecutada. Si por ejemplo, se venden bienes en exceso de los que se hubiesen vendido de haberse seguido estrictamente la sentencia, la ejecución puede anularse, o si el producto de la subasta, en cuanto al exceso, no se entregó a la parte demandada. ’ ’
“Aun aceptando que la irregularidad incurrida en diclio caso tu-viera un carácter anulable, entendemos que no efecta a los títulos de los demandados, sucesivos adquirentes; no consta del Registro, según la certificación presentada, que tal error se hubiese cometido, ni se probó que los demandados conocieran el defecto. Sólo se ejecutó una sola propiedad en cuanto a los condominios, la misma que hubiese sido ejecutada si la orden de venta se hubiese anunciado por cien dó-lares. Además, el error no era de tal índole que hiciera inexistente la ejecución, en cuanto a terceros adquirentes, cuando más, era una venta anulable, y hubiese sido necesaria una acción previa de nuli-dad, y no un ataque colateral como se pretente por los demandantes en este caso. Nos inclinamos a creer, que toda acción contra los de-mandados estaría prescrita por ese concepto, a no ser que estuviesen afectados por un conocimiento fraudulento.
“De la certificación del Registro sobre el historial de la finca, no aparece nada en que pueda basarse una sentencia para declarar que las adquisiciones de los demandados no constituyen un justo título, y menos para considerarlas absolutamente nulas, en cuyo solo caso podría prosperar una acción directa para recobrar esos condominios, pues hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido, que cubre la prescripción adquisitiva. ’ ’

El apelante Guillermo Larracuenta desistió del recurso. El alegato se formuló a nombre de los otros demandantes. En él se sostiene que erró la corte de distrito al resolver que la sentencia dictada por la Corte Municipal de Utuado por virtud de la cual se ejecutó el condominio de la primera causa de acción, afectó a los demandantes María Olegaria y Gregorio Larracuenta, y en todo caso a la otra demandante María Antonia Larracuenta, al no determinar si se vendió por dicha sentencia el condominio de la segunda causa de acción, al considerar válida la ejecución de dicha sentencia no obstante haberlo sido por doscientos dólares cuando la condena sólo llegaba a cien, al no dar la debida aplicación a los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria, al declarar que existía la prescripción adquisitiva y al desestimar la demanda.

Los autos del pleito en que fué dictada la sentencia en ejecución de la cual se vendieron en 1916 los condominios, reclamados, se introdujeron en evidencia por la parte demandada. El título de la demanda es como sigue: “Francisco R. Flores, demandante, contra Antonia Arroyo por sí y comomadre con patria potestad sobre sus menores hijos María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larraeuente Arroyo, y Abelardo Moyé y su esposa María Antonia Larraeuente Arroyo,, demandados. Acción personal sobre cobro de honorarios.”

En la transcripción, la demanda no está completa. A ella sigue el emplazamiento. Su diligenciado expresa:

“Yo Luis Cortés, bajo juramento expongo: que soy mayor de 18 años; que 116 tengo ningún interés en este caso; que recibí el pre-sente emplazamiento a las 3 de la tarde del día 20 de julio de 1915, y que notifiqué el mismo, personalmente, el día 21 de julio de 1915, a Antonia Arroyo, por sí y en representación de sus menores hijos, María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larraeuente, así como a éstos y a Abelardo Moyé y a su esposa María Antonia Larraeuente Arroyo, demandados mencionados en d'cho emplazamiento, entregando a dicho demandado y dejando en su poder personalmente en el término municipal de Utuado, P. R., una copia de dicho emplazamiento y en poder del demandado Antonia Arroyo una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento y de este diligencia-miento.
“Fechado hoy día 21 de julio de 1915.— (Fdo.) Luis Cortés, Márshal. ’ ’

En agosto 2, 1915, no habiendo comparecido los'deman-dados, el demandante les acusó la rebeldía y ésta fué anotada por el secretario en la misma fecha.

El juicio fué señalado para dos días después, dictándose sentencia como sigue:

“En este día cuatro de agosto de mil novecientos quince, que fué el señalado por la corte para la vista de este caso y en corte abierta compareció el demandante Francisco R. Flores en persona, no habiendo comparecido los demandados, cuya rebeldía ha sido anotada oportu-namente.
“A solicitud del demandante se dió por leída la demanda.
“Fué introducida la prueba . . . del demandante . . .
“Y la corte, luego de oír las alegaciones del demandante y la prueba sustanciada, es de opinión que la ley y los hechos están a favor del demandante y ordena que éste obtenga de los demandados Antonia Arroyo por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larracuenta y Arroyo, y Abelardo Moyé y su esposa Antonia Larracuenta Arroyo, la cantidad de doscientos dólares, con más las costas.
“Regístrese . . .
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“(Firmado) Gabriel Castejón, Juez Municipal de Utuado . . . .
“Utuaclo, P. R., agosto 4, 1915.— (Fdo.) Fed. M. Maestre.”

En agosto 16, 1915, se ordenó por el juez a petición del demandante la ejecución de la sentencia y en septiembre 20 siguiente comparecieron “los demandados arriba citados, menores de edad representados por su madre la demandada Antonia Arroyo” y pidieron por las razones que alegaron que se les eximiera de los efectos de la sentencia acompañando su contestación. La corte oyó a las partes y ordenó “la aper-tura de la rebeldía, de los demandados, concediéndoseles diez días para archivar su contestación y utilizar cualquier otro recurso, siempre que dichos demandados paguen al deman-dante las costas causadas desde la anotación de la rebeldía.” Sigue la contestación firmada así:

“Por mis menores hijos, Antonia —X— Arroyo. Testigo de la marca — Marcos Gand. ’ ’

Celebrando el juicio en la forma que en ella se expresa se dictó la segunda sentencia en los siguientes términos:

“En el día de hoy, que fué el señalado por la corte para la vista de este caso y en corte abierta compareció el demandante en persona no compareciendo ninguno de los demandados.
“El demandante solicitó la vista del caso, presentando como prueba dé haber sido notificados los demandados de este señalamiento con cinco días de anticipación, una declaración jurada obrante en autos. Y la corte ordenó la celebración del juicio.
“El demandante dio lectura a su demanda e introdujo la prueba ...
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“Y la corte, luego de considerar debidamente las alegaciones del demandante y la prueba sustanciada es de opinión que la ley y los beelios están a favor del demandante Francisco R. Flores y dieta ésta su sentencia ordenando que éste obtenga de los demandados Antonia Arroyo por sí y como madre con patria potestad sobre sus meno-res hijos nombrados María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larra-cuenta, la cantidad de cien dólares con más las costas, gastos y desem-bolsos del pleito.
“Regístrese esta sentencia . . .
“Dada y pronunciada en corte abierta en la Ciudad de Utuado, hoy 15 de diciembre de 1915.
“Firmado: Gabriel Castejón Hernáiz, Juez Municipal de Utuado.”

Aparecen Inego dos mandamientos de ejecución librados por el secretario de la corte municipal por orden del juez de la misma. El último se expidió en diciembre 28, 1915. Su primer por cuanto dice:

“Por cuanto, los días cuatro de agosto y 15 de diciembre de 1915 Francisco R. Flores como demandante obtuvo una sentencia a su favor en la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Utuado contra Antonia Arroyo por sí y como madre con patria potestad sobre sus menorés hijos María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larra-cuenta Arroyo y Abelardo Moyé y su esposa Antonia Larracuenta Arroyo por la suma de doscientos dólares con interés a razón del seis por ciento por años desde el 4 de agosto de 1915 en cuanto a cíen dólares y desde el 15 diciembre de 1915 en cuanto a los otros cien dólares que sea satisfecha, juntamente con nueve dólares por costas y pagos en la fecha de dicho fallo, y costas que se devenguen, en la forma en que aparecen en el récord.”

Del certificado del mársbal transcribimos:

“CeRtimoo que he recibido la presente orden de ejecución el día treinta de diciembre de 1915 y que he cumplimentado la misma el día 19 de enero de 1916, vendiendo en pública subasta los bienes em-bargados anteriormente que se describen en el acta de remate o sea todo derecho, título o intereses que tengan los demandados sobre una finca radicada en el barrio de Guaonico, término municipal de Utuado, o sea un condominio en dicha finca representado por once enteros dozavos por ciento en cuya subasta produjo un total de doscientos cincuenta dólares de los cuales fueron abonados en el acto, doscientos veinte y nueve dólares cuarenta centavos al demandante, Francisco R-Flores, cuyo recibo firma para constancia.
“(Fdo.) Pedro de J. Yega. — Marshal.”

Y del acta de remate:

“En este acto comparece Don Vicente Medina y ofrece por los bienes embargados doscientos veinticinco dólares. Pedro Alonso ofrece doscientos cincuenta dólares. Y no habiendo ningún otro postor que aventaje la hecha por el señor Alonso y transcurridos una hora 20 minutos se le adjudica al señor Alonso los bienes subastados por la suma ofrecida de doscientos cincuenta dólares dando por ter-minado este acto que firma el demandante y comprador para cons-tancia.”

Luego aparece la escritura pública de venta judicial otor-gada el 16 de febrero de 1916 ante el notario Eduardo Marín Marién. En ella se recitan los procedimientos habidos en la corte municipal, los mandamientos expedidos, el embargo, la publicación de edictos, lo ocurrido en la subasta y se otorga:

“Y expuestos los hechos anteriormente expresados, las partes pasan a formalizar esta escritura de venta judicial bajo las siguientes esti-pulaciones :
PRIMERA: Don Pedro de Jesús Yega, en su carácter de Marshal de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Utuado, Puerto Rico, y en uso de las facultades que la ley le confiere y en cumplimiento de la sentencia recaída en el pleito a que se ha hecho referencia, vende en nombre de los demandados Doña Antonia Arroyo, y de los hijos de ésta María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larra-cuenta y Arroyo; y Abelardo Moyé y su esposa María Antonia La-rracuenta Arroyo, a Don Pedro Alonso Isla, todo derecho, título e interés que las personas antes nombradas tienen sobre un condominio representado por once enteros dozavos por ciento en la finca des-crita anteriormente, venta que se efectúa por la suma de doscientos cincuenta dólares, que el comprador hizo efectiva en el acto de la subasta, en moneda americana.”

La escritura se inscribió en el Registro de la Propiedad en abril, 1916, según certificación del registrador, así:

' “En su -virtud, inscribo o favor de don Pedro Alonso Isla el re-ferido condominio que en esta finca correspondía a los Larracuenta Arroyo, por título de compra en subasta pública, con los defectos sub-sanables de no acompañarse ni insertarse en el documento presentado constancia alguna creditiva de que la Corte Municipal de Utuado baya adquirido jurisdicción sobre la Sucesión demandada, y de no acom-pañarse ni insertarse además el acta de la subasta.”

Y también por certificación del registrador, aparece:

“PRIMERO: — Que al margen de la inscripción trigésima primera al folio doscientos diez y nueve vuelto del tomo cien de Utuado, se halla una nota que copiada literalmente dice así:
“ ‘El defecto consignado en la adjunta inscripción treinta y uno de no constar inserto en la escritura objeto de este asiento, documento alguno creditivo de que la Corte Municipal de Utuado haya adqui-rido jurisdicción sobre la sucesión demandada, queda subsaNado, por cuanto don Federico M. Maestre, Secretario de la Corte Municipal de Utuado en certificación expedida el cuatro de agosto del pre-sente año se hace constar lo que a la letra copio: — (Se transcribe el diligenciado que ya conocemos.) Así resulta de dicha certifica-ción . . . quedando archivado ... en el Legajo ciento doce de docu-mentos públicos. — Arecibo, diciembre cinco de mil novecientos diez y seis.’
“SeguNDO: — Que al margen de la inscripción trigésima cuarta al folio doscientos veinte y cuatro vuelto del citado tomo cien de Utuado, se halla una nota que copiada literalmente dice así: ‘Los defectos consignados en la adjunta inscripción 34 de no expresarse las circunstancias personales de los herederos y vecindad, quedaN sub-saNAdos, por haberse presentado cuatro certificaciones expedidas el 20 de enero de 1916, por Moisés Jordán, Encargado del Registro Civil de Utuado, que contiene el acta de nacimiento de . .
“Teecebo: Que al margen de la inscripción treinta y cinco al folio doscientos veinte y cinco vuelto del expresado tomo cien, se halla una nota que copiada literalmente dice así: ‘Subsanados los defectos con que se practicó la adjunta inscripción treinta y cinco, por haberse presentado certificación expedida el 13 de noviembre último, por F. E. D. M. Maestre, Secretario de la Corte Municipal de Utuado, que contiene el emplazamiento del Secretario referido a la sucesión demandada de Gregorio Larracuente Ballester, efectuado el 21 de julio de 1915, y el acta de subasta de la finca rematada, verifb eada el 19 de enero de 1916, por el Márshal de dicha corte Pedro de J. Vega; y por solicitarlo así José Fabián Joglar; . . . por escritura número 27, atorgada en Utuado el 5 del actual, ante el Notario Antonio E. Suliveras Colón, la que fué presentada en unión de dicha certificación, en esta oficina a las 3 de la tarde del 10 del corriente, al asiento 199 del tomo 147 del Diario. — Areeibo, febrero 26 de 1930.’ ”

Aun a riesgo de extender demasiado esta opinión y de incurrir en repeticiones, hemos transcrito lo pertinente de aquellas constancias del récord que hemos estimado que, ha-blando por sí mismas, explican lo ocurrido en este caso.

Examinaremos en primer término la cuestión de juris-dicción. Conocemos cómo se formuló la demanda ante la Corte Municipal de Utuado, cómo se emplazó a los demanda-dos incluyendo a los aquí demandantes apelantes entonces menores de edad, cómo se dictó sentencia, cómo compareció Antonia Arroyo a nombre de-sus menores hijos los apelantes pidiendo que se les eximiera de sus efectos, cómo el juez accedió y cómo celebrada otra vista dictó de nuevo senten-cia. Y conocidos esos hechos, no puede llegarse a otra con-clusión que no sea la de que la corte municipal actuó con jurisdicción,

Los razonamientos de la corte sentenciadora sobre el particular son correctos. Bastará que agreguemos lo dicho por esta Corte Suprema por medio de su Juez Asociado Sr. de Jesús, recientemente en Valiente v. Carrasquillo, 56 D.P.R. 471, a saber:

“El escrito inicial, que equivale a la demanda en un pleito ordi-nario, fué dirigido contra José Leoncio Valiente, ‘por sí y en nombre y representación de sus menores hijos Arturo Manuel y María Va-liente Díaz/ lo cual equivalía a dirigir el pleito contra Arturo Manuel y María Valiente, menores de edad, y José Leoncio Valiente, por sí y en representación de sus dos indicados hijos. A nuestro juicio, se trata de una mera cuestión de forma que no afecta ni pudo afectar los derechos sustanciales de estos demandantes, ...”

Que se vendieron en virtud de sentencia de la corte municipal los dos condominios, surge claro de los documentos transcritos. Lo que sncede es que no se dijo qne se vendía nn condominio de nna duodécima parte y otro de nna tercera parte de otra duodécima parte, si qne un condominio de ‘ ‘ once enteros dozavos por ciento”, lo qne pudo hacerse por tra-tarse de condominios indivisos en nna misma finca.

No era necesario qne la corte sentenciadora entrara en la explicación del particular. El hecho de la venta total fué asumido y pudo serlo no sólo partiendo de la base de la prueba si qne de las propias alegaciones del demandante en su demanda.

Veamos ahora si la venta fué inexistente a virtud de la diferencia entre la última sentencia de la corte municipal y el mandamiento librado para su ejecución.

En este punto el juez de distrito no apreció en toda su extensión el resultado de la evidencia. Aceptó que se había cometido un error al librarse el mandamiento por doscientos dólares cuando la sentencia fué sólo por cien. Y partiendo de esa base, razona sobre las consecuencias del error, capaz a su juicio de producir la nulidad pero no la inexistencia de la venta judicial realizada a virtud del mandamiento.

Creemos, sin embargo, que la evidencia aunque confusa-mente tiende a demostrar que el mandamiento por doscientos dólares estuvo justificado.

La primera sentencia de la corte municipal o sea la de agosto 4, 1915, que se dictó contra todos los demandados, lo fué por doscientos dólares. Esa sentencia se dejó sin efecto accediéndose a la petición de Antonia Arroyo hecha a nombre de sus menores hijos. Su hija Antonia, casada con Abe-lardo Moyé, nada gestionó. Y al dictarse la nueva sentencia en diciembre 15, 1915, por cien dólares sólo lo fué contra “Antonia Arroyo por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos nombrados María Olegaria, Guillermo y Gregorio Larracuenta.”

Siendo ése el caso, no puede sostenerse que esté despro-visto de base el mandamiento por doscientos dólares. Dicho mandamiento fué librado por el secretario por orden de la corte y liace referencia expresa a las dos sentencias, consti-tuyendo una interpretación contemporánea auténtica del al-cance de las mismas.

Si concluyésemos que la interpretación tiene justificación en los autos, nada más tendríamos que considerar para deses-timar el recurso. El título del primer adquirente resultaría indiscutible.

Sin embargo, como la cuestión es dudosa, nos limitaremos a dejar establecido el hecho. Con él adquiere más fuerza la conclusión a que llegara la corte sentenciadora sobre las con-secuencias del defecto, esto es, nulidad a lo sumo, no inexis-tencia.

Siendo el título anulable, juzgando el caso a la luz de ,1o preceptuado en el Código Civil, en la Ley Hipotecaria y lo resuelto por la jurisprudencia, contra el actual poseedor no puede prevalecer la acción de los demandantes.

El primer adquirente lo fué Pedro Alonso Isla. Compró en la subasta judicial de 1916 e inscribió su título en el Re-gistro de la Propiedad el propio año, en abril, anotando el registrador cierto defecto relativo a la jurisdicción que se subsanó el mismo año.

Los demás adquirentes compraron de persona que tenía su título inscrito en el Registro de cuyos libros no surgía que la venta judicial de 1916 lo hubiera sido por cantidad mayor que la concedida' en la sentencia o de bienes que en parte per-tenecieran a una persona no condenada por la sentencia, o que existiera alguna duda más o menos fundada sobre el pai’-ticular. Cuando el actual poseedor el demandado Joglar ad-quirió los bienes reclamados por los demandantes en agosto, 1926, ya hacía diez años que venían poseídos por Alonso y sus sucesores en derecho como dueños, con título inscrito en el Registro, continuando él en la posesión como dueño, con su título inscrito, sin que fuera en ella inquietado, sin que se impugnara su derecho hasta abril, 1937, en que este pleito fué iniciado, alegándose la inexistencia de la trasmisión a Alonso por defectos que no constan del Registro o que fueron en el mismo subsanados. Véanse Roméu v. Todd, 206 U. S. 358 y Ayllón y Ojeda v. González y Fernández, 28 D.P.R. 67.

Por la prescripción dentro de los términos fijados por la ley se pierde y se adquiere el dominio de los inmuebles.

El dominio sobre bienes inmuebles se prescribe por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. Artículo 1857 Código Civil, ed. 1930. Y aquí el demandado Joglar llevaba más de veinte años por sí y sus causantes en la posesión no inte-rrumpida, en concepto de dueño, con su título inscrito, cuando la demanda se interpuso.

La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella, y podía trasmitir el dominio. Artículo 1850 Código Civil, ed. 1930. Y aquí la buena fe de Alonso, el primer adquirente en 1916, surge de la misma transacción que celebrara. Vió anunciada una finca para venderse en pública subasta en ejecución de sentencia. Acudió. Fué el mejor postor. Pagó su dinero. No existe la más leve prueba de que supiera que había algo ilegal o informal siquiera en los procedimientos. Todo lo inducía a creer como creyó que el márshal podía trasmitirle el dominio a nombre del dueño. Y en cuanto a la buena fe de Joglar, actual poseedor, no creemos que pueda levantarse duda alguna. Véase Martorell et al. v. J. Ochoa y Hermano, 25 D.P.R. 759.

Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. Artículo 1852, Código Civil, ed. 1930. Y aquí todos los títulos de las trasmisiones hasta llegar a la adquisición por Joglar, empezando por la venta en pública subasta en ejecución de sentencia dictada contra el dueño de la propiedad vendida, en 1916, son en sí legalmente bastantes para trans-ferir el dominio y todos se probaron por sus inscripciones en el Registro. Artículo 1854 Código Civil, ed. 1930. Véanse Martorell v. Ochoa, supra, y Picart v. de León, 22 D.P.R. 592.

El título para la prescripción ha de ser verdadero y vá-lido. Artículo 1853 Código Civil, ed. 1930. No existe en este caso la más leve imputación de fraude o simulación. Todo él se basa en la inexistencia de la venta judicial de 1916 que hemos concluido que fué a lo sumo anulable y en el cono-cimiento constructivo por parte de los adquirentes hasta lle-gar al actual, de las causas productoras de la inexistencia.

Por virtud de todo lo expuesto, no habiéndose cometido ninguno de los errores señalados, debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.