author: El Juez PkesideNte Señor Travieso

text:
    Edelmiro Martínez Rivera, querellante y apelado, v. Puerto Rico Coconut Industries, Inc., querellada y apelante.
    Núm. 9549.

    Sometido: Enero 20, 1948.

      Resuelto: Febrero 24, 1948.

      Córdova & González, y Hernán B. Franco, abogados de la apelante; Luis Blanco Lugo, abogado del apelado.
   El Juez PkesideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una apelación interpuesta por la corporación demandada contra una orden de injunction■ preliminar dic-tada por el Tribunal de Distrito de San Juan. Los hechos que han motivado este recurso son como sigue:

El demandante es dueño de una finca rústica de 29 cuer-das, dentro de la cual y en un punto cercano a su línea de eolindancia Oeste nace una quebrada que corre a través de la finca hasta y pasando más allá de su eolindancia Este.' El agua de esa quebrada se utiliza para el consumo humano, para abrevar el ganado que pasta en la finca y para otros menesteres agrícolas. Con posterioridad a la adquisición de la finca por el demandante, la corporación demandada es-tableció a corta distancia de la misma una fábrica para la elaboración y enlatado de frutas.

En la demanda sobre injunction y daños y perjuicios ra-dicada por el demandante se alega que durante los tres me-ses anteriores la demandada ha hecho lanzar y permitido que se lancen y viertan a una zanja que corre hacia la finca del demandante “todas las aguas sucias, residuos de calderas, aceite combustible quemado y demás desperdicios y ma-teria prima y substancias descompuestas, las que a través de dicha cuneta entran a la quebrada de la finca del.deman-dante y corren por todo su cauce”; que como resultado de los actos de la demandada las aguas de la quebrada se man-tienen sucias, malolientes y contaminadas en tal forma que no pueden ser utilizadas para el consumo humano ni por el ganado del demandante; que cuando el ganado por exceso de sed toma el agua así contaminada sufre trastornos físicos que degeneran en enfermedad y muerte del mismo. Se alega que la demandada, no obstante haber sido requerida para que desistiera de continuar contaminando las aguas, se ha negado a' ello y continúa perturbando al demandante en el libre uso de su propiedad.

Contestó la demandada negando los lieelios esenciales de la demanda y alegando como defensa especial “que las aguas de desecho de su fábrica corren por canales de desagüe a una quebrada fuera de la finca del demandante cercana a la colindancia de su fábrica que está a más bajo nivel y alega que la contaminación de dichas aguas de desecho es insufi-ciente para causar le muerte del ganado del demandante.”

Iál rúnico error imputado a la corte inferior es el de ha-ber abusado de su discreción “porque existe una carencia total y absoluta de evidencia para sostener las alegaciones de la demanda de injunction.”

En el acto de la vista de la moción sobre injunction pre-liminar el demandante ofreció como prueba su propia decla-ración, la del químico Sr. Gil Figueroa, una carta del Ad-ministrador de la demandada y un informe sobre el análisis químico de las aguas. La demandada no presentó prueba, limitándose a solicitar la denegación del injunction prelimi-nar por falta de pruebas.

La corte inferior, después de oír la prueba ofrecida por el demandante, declaró probados los hechos siguientes:

“El demandante es dueño y está en posesión de la finca des-crita en el párrafo primero de la Demanda (admitido en la Con-testación). Por esta finca discurre una quebrada que se nutre de cuatro afluentes. Como en esta finca no hay acueducto, las vacas lecheras del demandante tienen que beber el agua de la quebrada. A tal fin se ha preparado un abrevadero que recoge el agua de esta quebrada.
“Varios meses antes de la radicación de la. demanda, la Puerto Pico Coconut Industries, Inc., estableció una fábrica de elaboración del coco y la cidra, cerca de, y en terrenos colindantes con la finca del demandante. En esa fábrica la demandada tiene un tubo por donde se lanzan los desperdicios de las frutas elaboradas. .Ese tubo desemboca en terrenos de la demandante pero a muy poca distancia de la colindancia. Los desperdicios, en forma de líquido y de sóli-dos (agua, leche de coco, fibras), caen en una de las corrientes de agua que va a formar la quebrada. Dos de los cuatro mencionados afluentes resistieron favorablemente el análisis químico. Los dos que no se examinaron son formados por manantiales y no tenemos motivos para creer que sus aguas sean nocivas.
“Por otro lado, el análisis de los desperdicios de la fábrica de-mostró que éstos contaminan el agua en tal forma que huelen a rancio, a abombado. El análisis indica, además, que el agua obtiene grasa, que su acidez aumenta y que el oxígeno disuelto desaparece.
“Esta condición del agua armoniza con la observación del de--mandante que el ganado- que usa el agua del abrevadero, así conta-minada, se enferma, padece de diaprea, enflaquece y pierde agili-dad. El ganado que se enferma al beber esa agua, cuando lo tras-ladan y dejan de bebería, se cura.
“Lo anterior nos lleva a la conclusión que los desperdicios de la fábrica del demandado, al caer en la quebrada que cruza la finca del demandante, contaminan de tal modo el agua de la misma que la descomponen, convirtiéndola en maloliente y nociva, y que le enferman el ganado del demandante y le han ocasionado la muerte do diez cabezas de ganado.”

Hemos examinado detenidamente la transcripción de la evidencia y encontramos que las conclusiones de hecho y de derecho de la corte inferior están sostenidas por la prueba.

Los hechos alegados y probados son a nuestro juicio su-ficientes para justificar la expedición del injunction pendente lite.

De acuerdo con el *ártículo 5 de la Ley de Aguas, Compilación 1911, pág. 487, “tanto en los predios de los particulares como en los de propiedad del Estado, . . . las aguas que en ellos nacen continua o discontinuamente pertenecen al dueño respectivo para su uso o aprovechamiento mientras discurren por los mismos predios.” El mismo artículo dispone que ísf después de haber salido del predio donde nacen, las aguas entran a discurrir naturalmente por otro de propiedad privada, el dueño de dicho predio puede aprovecharlas eventualmente y luego el inmediato inferior si lo hubiere, y así sucesivamente.

La sección 9 de la Ley núm. 444 de mayo 14 de 1947, pág. 931, 939; dispone:

“Sección 9. — Será ilegal el que cualquier persona arroje o per-mita que se arrojen en cualquiera de los lagos, ríos, corrientes, aguas circundantes o cualquiera otras aguas de la Isla, cualquier desper-dicio o contaminación de cualquier clase que tienda a destruir la vida de los peces, o que sea perjudicial -a la salud pública. Cual-quier persona que arroje o permita que se arroje desperdicio o con-taminación alguna en cu'alquiera de las aguas de la Isla, que tienda a destruir la vida de los peces o sea perjudicial a la salud pública, será considerada como que está violando las disposiciones de esta Ley.”

La sección 12 de la misma Ley dispone expresamente que “nada de lo contenido en esta Ley será interpretado en el sentido de revocar o en forma alguna limitar las disposicio-nes contenidas y derechos conferidos por el Código Civil vigente de Puerto Rico; la ley de agua o legislación apro-bada con relación al uso y aprovechamiento de las aguas. ’71. ^,>-,La sección 2 de la citada Ley declara que “constituye un es-torbo o daño público (nuisance) todo aquello que sea perju-dicial a la conservación y uso de esos cuerpos de agua inte-riores o circundantes en Puerto Rico.”

De acuerdo con las disposiciones legales que hemos ci-tado, el demandante, como dueño de un predio de terreno en el cual nacen o a través del cual discurren naturalmente aguas propias para el consumo humano y para abrevar el ganado, tiene derecho a usar esas aguas en su estado natural, libre de desperdicios y de materias que puedan contami-narlas y hacerlas inservibles para los usos indicados y perju-diciales a la salud de personas y animales. El predio inferior del demandante está sujeto a recibir las aguas que na-turalmente y sin obra de hombre fluyen del predio superior de la demandada. ^Cuando las aguasí, como en este caso, pro-ceden de un establecimiento industrial, que no ha adquirido una servidumbre para arrojarlas sobre el predio inferior, el dueño de éste tiene derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios, pudiendo además “oponerse a recibir los sobran-tes de establecimientos industriales que arrastren o lleven en disolución sustancias nocivas introducidas por los due-ños de éstos.” Artículo 69, Ley de Aguas.^

El injunction, según lo define el artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, es un mandamiento judicial por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su dirección, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra! Entre los casos en que de acuerdo con el artículo 677 del mismo Código puede concederse un injunction figuran: (a) cuando resulta de la petición que el demandante tiene derecho al remedio solicitado y éste consiste en impedir ia comisión o continuación del acto denunciado; (b) cuando de la petición resultare que la continuación del acto durante el litigio habrá de causar pérdidas o daños de consideración o irreparables; (c) cuando una compensación pecuniaria no habría de proporcionar adecuado remedio; y (d) para impedir una multiplicidad de procedimientos judiciales.

Los hechos alegados en la demanda son suficientes para dar derecho al demandante al remedio de injunction. Véase artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933. La pimeba presentada a la corte inferior lo estable-ció satisfactoriamente, sin que la demandada ofreciese prueba alguna en contrario () La contaminación de las. aguas que un agricultor necesita usar en su estado natural, para dar de beber a seres humanos y a su ganado, sin duda alguna ha de causarle daños de consideración y muy difícil de reparar. ^La denegación del injunction en un caso como, el de autos obligaría al demandante a radicar una demanda de daños y perjuicios cada vez que uno de sus animales muera como consecuencia de haber tomado aguas contami-nadas por la demandada/ldando con ello lugar a la multipli-cidad de pleitos que la ley de injunction trata de evitar*

La demandada ni siquieTa lia alegado que el balance de la conveniencia esté a su favor, ni tampoco que le sea material o económicamente imposible verter las aguas por ella contaminadas, en otro sitio que no sea el que ba venido utilizando sin derecho alguno para ello y en violación del derecho del demandante. Además, la doctrina generalmente aceptada es la de que la contaminación de una corriente de agua, con perjuicio del dueño del predio inferior no puede justificarse por la mera importancia del negocio del dueño del predio .superior. Straight v. Hover, 79 Ohio St. 263, 22 L.R.A. (N. S.) 276 y nota. Es numerosa la jurisprudencia que sostiene que la necesidad no constituye una' defensa para justificar la contaminación irrazonable de las aguas. Attorney General ex rel. Emmons v. City of Grand Rapids, 141 N. W. 890, 50 L.R.A. (N. S.) 473, y casos allí citados.

No erró la corte inferior al decretar el injunction preli-minar. La resolución recurrida será confirmada.

        (1) Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 57 D.P.R. 96; High. on Injunctions, 3ra. ed., see. 5, pág. 6.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob, De Jesús

license: Public Domain

text:
    Angelina, Amado, José, Amelia, Rosa María, Angel Manuel, Gilberto y José Manuel Díaz Bermúdez, demandantes, apelados y apelantes, v. Sucesión de Ramón Díaz Román y de su esposa Manuela Mas Colón, etc., demandados y apelados; y José María Quiñones, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 9474.

    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Febrero 25, 1948.

      Luis Mercader, abogado del demandado, apelante y apelado, Sr. Quiñones; E. Pérez Casailduc, abogado de los demandantes, ape-lados y apelantes; A. Reyes Delgado, abogado de la Sucn. Díaz Eomán, demandada y apelada.
   El Juez Asociado Señob, De Jesús

emitió la opinión del tri bunal.

Por escritura de 31 de octubre de 1928 ante el notario Antonio Suliveres, José Díaz López, de estado soltero, hi-potecó la finca que se describe en la demanda, a favor de Ramón Díaz Román. La hipoteca se constituyó en garantía de un préstamo por $875.40, con intereses a razón de 8 por ciento anual, el cual debería pagarse en esta forma: $100 el 31 de octubre de 1931 y $775.40 en igual día y mes de 1932. Se estipuló, además, que la hipoteca se extendería, en caso de reclamación judicial, a dos créditos adicionales por $200 cada uno, para intereses y para costas, desembolsos y hono-rarios de abogado, respectivamente.

El 4 de octubre de 1933 Ramón Díaz Román instó proce-dimiento ejecutivo en cobro de la hipoteca. Reclamó $875.40, importe del principal del préstamo, $326.82 de intereses de-vengados hasta junio de 1933, a razón de 8 por ciento anual, más los que vencieren desde esa fecha, y además los $200 convenidos para costas, gastos y honorarios de abogado. Como para esa fecha José Díaz López había fallecido, el pro-cedimiento se dirigió contra su alegada Sucesión, compuesta, según se alegó en el escrito inicial, de sus hijos naturales Angelina, Amado, José, Amelia, Rosa María, Angel Manuel, Gilberto y José Manuel Díaz, habidos 'con Margarita'Bermu-dez, la cual había muerto para aquella fecha. A virtud del procedimiento ejecutivo la finca fué adjudicada al acreedor Ramón Díaz Román, por escritura de venta judicial de 12 de marzo de 1934, por la cantidad de $800. Oportunamente tomó posesión de ella y la inscribió a su favor en el Regis-tro de la Propiedad. El inmueble fué luego sucesivamente trasmitido a distintas personas, las cuales inscribieron sus respectivos títulos, siendo su último dueño el demandado José María Quiñones, quien la inscribió a su favor el 17 de marzo de 1942.

El 26 de junio de 1945 los citados hijos naturales de José Díaz López radicaron demanda contra la Sucesión de Ramón Díaz Román y contra José María Quiñones, solicitando que se decretase la nulidad del procedimiento ejecutivo. En con-secuencia, pidieron que se les restituyese la finca y se con-denase a los demandados a pagarles $2,000 en que calcula-ron el valor de los frutos percibidos o dejados de percibir. Para el caso de que la corte resolviera que José María Qui-ñones era un tercero hipotecario, solicitaron que se conde-nase a los otros demandados solidariamente al pago de $1,500 en que estimaron el valor de la finca, más las otras cantida-des antes indicadas.

Alegaron los demandantes que el procedimiento ejecu-tivo era nulo: (1) porque los demandados no fueron reque-ridos de pago legalmente; (2) porque se ordenó la venta de la finca para satisfacer, entre otras, la cantidad de $326.82 por concepto de intereses de mora “cuando solamente se garantizó con hipoteca el pago de tales intereses hasta la suma de $200”; y (3) porque la cantidad que se hizo figu-rar como capital del préstamo incluía intereses usurarios.

La corte resolvió que la orden ele remate en el procedi-miento ejecutivo era nula por falta de jurisdicción. Basó su decisión en que no se obtuvo, a los efectos del requerimiento de pago, el nombramiento de un defensor judicial para los demandados, quienes eran todos menores de edad. Citó el artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil y Rodríguez v. Nadal viuda de Morell, 45 D.P.R. 471, 494. () Decidió, además, que José María Quiñones no 'era tercero porque el defecto del título constaba del Registro. En consecuencia, declaró nula la venta judicial hecha a favor de Ramón Díaz Román en el procedimiento ejecutivo; anuló las sucesivas •enajenaciones incluyendo la que se hizo a favor de José Ma-ría Quiñones; condenó a éste a restituir la finca a los deman-dantes, sin devolución de frutos y absolvió de la demanda a la Sucesión de Ramón Díaz Román. Por último, ordenó al Registrador de la Propiedad de IJtuado que cancelase todas las inscripciones practicadas a partir de e incluyendo la venta judicial a favor de Quiñones y que procediera a inscribir la finca a favor de los demandantes como únicos y universales herederos de José Díaz López, “previo pago por ellos de la contribución de herencia, si es que algo están obligados a pagar por tal concepto, de acuerdo con la ley vigente a la muerte de dicho causante.”

De esta sentencia apelaron José María Quiñones y los demandantes. Éstos se limitaron a apelar del pronuncia-miento que desestimó su reclamación por concepto de fru-tos.

Arguyen los demandantes que es insostenible la contención del demandado Quiñones al efecto de que la corte adquirió jurisdicción sobre los menores en el procedimiento ejecutivo, por el solo hecho de haber sido éstos notificados personalmente de la orden de requerimiento y haberse no-tificado también a Adela Díaz, la persona bajo cuyo cuidado vivían.

De la orden de requerimiento, Exhibit D de los deman-dantes, aparece que dos de los menores demandados en el procedimiento ejecutivo eran mayores de catorce años. Tam-bién resulta que la corte ordenó que el requerimiento se hi-ciera a todos los menores, así como a su tía Adela Díaz Ló-pez, bajo cuya protección y cuidado vivían. Pero del certi-ficado de diligeneiamiento que el Márshal archivó en los autos resulta que no requirió a ninguno de los menores, limi-tándose a requerir de pago a la tía con quien vivían y bajo cuya protección se hallaban. Sin embargo, del Exhibit B del demandado Quiñones, que es una certificación expedida por el Registrador de la Propiedad, aparece que el Márshal cum-plió estrictamente la orden de la corte requiriendo personal-mente a todos los menores y a sn tía en el indicado con-cepto. () Como se ve, hay un conflicto entre las constancias de los autos y las del Registro. Pero el derecho de Quiño-nes depende de lo que aparezca del Registro. Esto es así porque Quiñones no intervino en el acto o contrato ins-crito() es decir, en la'escritura de venta judicial, y por el contrario, adquirió de quien en el Registro aparecía como dueño. Además inscribió su título sin que se haya demos-trado que tuviera conocimiento personal del defecto del re-querimiento, según aparecía del diligenciamiento del Marshal^) Establecidos estos principios procede ahora, en or-den lógico, determinar si el diligenciamiento del requeri-miento de pago, según se consignó én el Registro, es válido.

Tratando del procedimiento por el cual debe regirse el requerimiento de pago, el artículo 168 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria prescribe que cuando el procedimiento se dirija tan sólo contra los bienes gravados con la hipoteca, se ajustará a las disposiciones de los artículos 128 y siguientes de la Ley, y a los del Reglamento, completadas las disposiciones por las del Código de Enjuiciamiento Civil. Como ni la Ley ni el Reglamento disponen la forma de verificar el requerimiento de pago cuando los demandados son menores de edad, y como dicho requerimiento fué diligenciado el 11 de diciembre de 1933, precisa recurrir al artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual en lo pertinente, dispone:

“Artículo 93. — La citación se hará mediante entrega de una copia de la misma, como sigue:
• ■ =* * * * * # *
“3.' — Si fuese contra un menor de catorce años que residiere en la Isla, a dicho menor personalmente, así como también a su padre, madre o tutor; y si ninguno de éstos se encontrare en la Isla, enton-ces a cualesquiera de las personas que tuvieren a su cargo o cuidado' dicho menor, o con quien viviere o en cuyo servicio estuviere em-pleado.
“6. — En los demás casos al demandado personalmente. ”()

A nuestro juicio el Márshal, de acuerdo con lo que apa-recía del Registro, cumplió con lo dispuesto en el artículo 93 antes citado, pues requirió personalmente a los dos deman-dados mayores de catorce años, y en cuanto a los restantes, los requirió personalmente y además a la persona que los tenía a su cargo o cuidado. Podría argüirse que el inciso 3 autoriza la citación de los menores de catorce años a través de las personas que los tuvieran a su cargo o cuidado sola-mente cuando su padre, madre o tutor no se encontraren en la Isla. A pesar de la cuidadosa búsqueda que hemos hecho, no hemos encontrado una sola decisión ni ninguna otra auto-ridad que sostenga que, en casos como el presente, la persona que tuviera a su cargo o cuidado al menor no pueda le-galmente ser citada en su representación. . Parece lógico que si dicha persona está suficientemente capacitada para repre-sentar al menor cuando no se encuentran en la Isla su padre, madre ni tutor, con igual razón puede representarlo cuando sus padres han muerto y no existe tutor. Donde existe la misma razón debe aplicarse la misma ley.

La corte inferior y los demandantes sostienen que en este caso debió nombrarse un defensor judicial para los menores de conformidad con el artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil. En efecto, el citado artículo prescribe que cuando un menor, demente o persona incapacitada es parte en un litigio, deberá comparecer, bien por medio de su tutor general, o de un defensor nombrado por la corte que entienda en el asunto. Interpretando el artículo 56 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil se Ira resuelto por este Tribunal que el defecto de nombrar un defensor judicial en los ca-sos en que el nombramiento proceda, es una irregularidad que no afecta la jurisdicción de la corte.. Trueba v. Martínez, 33 D.P.R. 461. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de California, interpretando el artículo 372 del Código de Enjuiciamiento Civil de aquel Estado, igual al 56 del nuestro. Keane v. Penha, 173 P.2d 835 (Cal. 1946); Hughes v. Quackenbush, 37 P.2d 99 (Cal. 1934); Gouanillou v. Industrial Accident Commission, 193 P. 937 (Cal. 1920); Childs v. Lanterman, 37 P. 382 (Cal. 1894) y 22 Calif. Law Revieio 576 (1933-34). Se ha resuelto, ade-más, en California, que aunque el defecto no es jurisdiccio-nal, la sentencia, como regla general, puede ser anulada a instancia del menor hasta dentro de un tiempo razonable después que haya llegado a la mayoridad. Keane v. Penha, supra; Hughes v. Quackenbush, supra; Gouanillou v. Industrial Accident Commission, supra; Childs v. Lanterman, supra, y 22 Calif. Laiv Review, supra. Del Registro no consta que se hubiera hecho nombramiento de defensor a los efec-tos del procedimiento ejecutivo. En consecuencia, José Ma-ría Quiñones fué puesto sobre aviso de ese supuesto defecto. Si se hubiera tratado en este caso de un pleito distinto de un procedimiento ejecutivo, tendríamos que resolver que ac-tuó correctamente la corte a quo al anular el procedimiento por no haberse nombrado un defensor judicial a los meno-res. Pero la naturaleza del procedimiento ejecutivo y el he-cho de que el defecto no afecta la jurisdicción, nos impide llegar a esa conclusión. Esto es así porque el objeto del defensor judicial es para que represente al menor en la com-parecencia que debe hacer, ya para instar o bien para defen-derse de un pleito 'después de haber sido válidamente ci-tado. En el procedimiento ejecutivo el demandado no tienen-derecho a comparecer, excepto en los tres casos que enu-mera el artículo 175 del Reglamento para la Ejecución dé-la Ley Hipotecaria, a saber:

“1. Si se justificare documentalmente la existencia de un proce-dimiento criminal por falsedad del título hipotecario'en cuya virtud se proceda, en 'que se haya admitido querella o dictado auto de pro-cesamiento.
“2. Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando inexcusablemente con ella título de propiedad de la finca de que se trate, inscrito a favor del tercerista con fecha anterior a la ins-cripción del crédito del ejecutante y no cancelado en el Registro.
“3. Si se presentare certificado del Registradór, expresivo de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o-copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los Registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causantes o causahabientes, acreditándose también documentalmente el título de transmisión en su caso.”

De los autos fácilmente se infiere que los motivos a que se refiere el artículo 175 que acabamos de transcribir, no exis-tieron en el procedimiento ejecutivo contra los menores ni se insinúa siquiera en la demanda de nulidad del procedi-miento ejecutivo la existencia de tales motivos. Por consi-guiente, ningún perjuicio se causó a los menores por no ha-berles nombrado un defensor judicial en un caso en que ellos,, aun representados por el defensor, no hubieran podido com-parecer. Cf. State v. Hodge, 42 S. E.2d 23 (W. Va. 1947). La ley no requiere cosas inútiles y el espíritu que inspira al moderno procedimiento está expresado en el art. 142 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, al prescribir:

“En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no-afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”' (Bastardillas nuestras.)

El caso de Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, supra, no es aplicable. Allí la incapacitada era parte demandante y se dijo por este Tribunal: .

“De acuerdo con el artículo 56 del Código de Enjuiciamiento 'Civil, cuando un menor, demente o persona incapacitada es parte en un litigio, deberá comparecer bien por medio de su tutor general o de un defensor nombrado por la corte que entienda en el asunto, en cada caso, o por el juez de la misma.” (Pag. 495). (Bastardillas nuestras.)

Ya hemos indicado que también se alegó como causa de nulidad el hecho de haberse cobrado por el ejecutante intereses por la cantidad de $326.82 cuando en la escritura .‘.solamente se había asignado para esa atención la cantidad ‘de $200. () La fijación de un crédito para intereses tiene .por objeto proteger a posteriores adquirentes de la finca o de un crédito hipotecario sobre la misma. Pero cuando se ejecutó la hipoteca no había posteriores adquirentes ni más acreedor hipotecario que Ramón Díaz Román, pues los herederos de José Díaz López, por ser la continuación de la personalidad de su causante, no podían ser terceros con respecto al acreedor Ramón Díaz Román. Por consiguiente, el cobro de los $326.82 por intereses adeudados no invalida el procedimiento, a pesar de que en la escritura de hipoteca se fijaren $200 para esa atención. Torres v. Fernández, 65 D.P.R. 622.

Apareciendo del Registro que los menores demandados en el procedimiento ejecutivo fueron legalmente requeridos de pago puesto que todos fueron requeridos personalmente y los menores de catorce años, además lo fueron por conducto de la persona a cuyo cuidado se hallaban, tenemos que resolver que José María Quiñones es un tercero de conformi-dad con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria y que, por con-siguiente, su título es válido.()

La conclusión a que hemos llegado hace innecesario con-siderar el recurso interpuesto por los demandantes, limi-tado como está al pronunciamiento que les denegó su re-clamación por concepto de frutos.

Procede revocar la sentencia apelada y dictar otra decla-rando sin lugar la demanda, con costas a los demandantes.

      (1) La cita correcta de este caso es Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, 45 D.P.R. 471, 494.

      (2)La discrepancia entre el certificado del Marshal y lo que aparece del Registro se debió, quizás, a que en la escritura de venta judicial, luego de copiar la orden de requerimiento, se expresó que los demandados fueron requeridos ‘ ‘ como en autos consta y el Registrador interpretó la frase ‘ ‘ como en autos consta " en el sentido de que el Marshal había procedido de conformidad con lo dispuesto en la orden de requerimiento.

      (3) El artículo 27 de la Ley Hipotecaria prescribe:
      "Para los efectos de esta Ley se considera como tercero aquél que no haya intervenido en el acto o contrato inscrito."

      (4) El artículo 34 de la Ley Hipotecaria, en su primer párrafo, prescribe:
      "No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud del título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro."

      (5) Be conformidad con el citado artículo los mayores de catorce años se emplazarán en la misma forma que los mayores de edad.

      (6) En el escrito inicial se alega que esa cantidad fué designada para inte-reses de mora; pero es un error porque en la escritura de hipoteca no se mencionan tales intereses.

      (7) Aunque se alegó como motivo de nulidad el haberse cobrado intereses usurarios, no hubo prueba de esa alegación, pero aunque la hubiera habido, esa circunstancia no constaba del Registro, y por lo tanto, no perjudicó a José María Quiñones.


author: El Juez Asociado Señob. Todd, Jil,

text:
    Federico Yordán, representado por su madre con patria potestad, Felisa Yordán, demandante y apelado, v. José Ríos Maldonado, demandado y apelante.
    Núm. 9494.

    Sometido: Noviembre 13, 1947.

      Resuelto: Febrero 26, 1948.

      Baúl Matos, abogado del apelante; Frank Torres, abogado del ape-lado.
   El Juez Asociado Señob. Todd, Jil,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en este caso, sobre daños y perjuicios, condenando al demandado a satis-facer al demandante la suma de $1,000, más las costas y $100 .en concepto de honorarios de abogado. En la relación del caso, conclusiones y opinión dictada en apoyo de la senten-cia la corte hizo constar que consideraba satisfactoriamente probados los siguientes hechos:

“1 — -El viernes día 19 de enero de 1940, como a las 5:00 P.M., el truck, marca G-MC, licencia H-576, propiedad del demandado José Ríos Maldonado, y ^dedicado al negocio de carga y transporta-ción de piedra y cascajo, era conducido por el chauffeur Juan Lugo, agente y empleado del demandado, por la calle de la Cruz de Ponce, en dirección de Norte a Sur. Al acercarse al cruce o intersección de dicha calle de la Cruz con la calle Aurora, dicho chauffeur no tocó claxon ni aparato alguno de alarma, ni redujo la velocidad de dicho vehículo, haciéndolo entrar a dicha intersección de calles a gran velocidad en forma negligente tal que, no teniendo dominio sobre el mismo, lo hizo chocar contra la parte trasera iz-quierda de una guagüita marca Ford, de las corrientemente llama-das pisa y corre, allí y entonces guiada por el chauffeur, Ramón Torres Almodóvar.
“2. — Dicha guagüita Ford era conducida por dicho chauffeur por la calle Aurora en dirección de Oeste a Este, por su derecha y a una velocidad moderadaj habiendo tocado claxon al acercarse y entrar a la referida intersección de calles habiendo ya casi cruzado la calle de la Cruz cuando recibió el impacto del truck. Con motivo y con-secuencia del choque, el chauffer de la guagüita perdió el control de dicho vehículo desviándose éste hacia su izquierda y atrapando al demandante contra un poste situado en la acera norte de la calle Aurora junto al cual se encontraba dicho demandante montado en una bicicleta, pero recostado sobre dicho poste a una distancia de aproximadamente 20 pies de la intersección de las referidas calles de la Cruz y Aurora, quedando la pierna derecha del demandante pillada por la guagüita contra la rueda delantera de la bicicleta y ésta contra el poste, sufriendo excreciones y hemorragias en los tejidos blandos de dicha pierna derecha.
“3 — El demandante fué conducido al Hospital Tricoche donde se le hizo la primera cura, luego fué llevado a su casa y más tarde asilado en la Clínica del Dr. Pila, donde estuvo veinte y tres días al final de los cuales fué dado de alta. Luego asistió diariamente a dicha Clínica por espacio de quince días a recibir tratamiento de calor en la pierna para reducir su inflamación.
“4 — Con motivo de los golpes sufridos y su curación y trata-miento el demandante sufrió intensos dolores físicos y angustias men-tales. La pierna la siente torcida y cuando hace ejercicio siente dolor en la misma. Con dicho motivo y al entrar a servir en el Ejército Americano sólo pudo ser asignado a trabajos clericales. El demandante incurrió, además, en gastos por la suma de setenta y cinco dólares por honorarios médicos.”

No conforme con la sentencia el demandado apeló, y alega que la corte inferior erró: (1) al dictar sentencia a favor de Federico Ramos Yordán, persona mayor de edad, a base de una demanda radicada por Federico Yordán, represen-tado por su madre con patria potestad, Felisa Yordán, sin que haya mediado sustitución de partes; (2) al estimar pro-bados los daños alegados, sin que hubiera prueba pericial médica al efecto; (3) al permitir enmendar la demanda para sustituir el número del truck por el de otro truck, y (4) al estimar que el truck de referencia era propiedad de José Ríos Maldonado para la fecha del accidente; que formaba parte de una empresa de éste y .que era guiado por un chófer del demandado.

En cuanto al primer señalamiento, arguye el apelante que se radicó una demanda estableciendo una acción bajo los artículos 60 y 61, Código de Enjuiciamiento Civil, y se dictó sentencia predicada, en una acción distinta (daños y perjuicios al amparo del artículo 1802 del Código Civil). No tiene razón el apelante. Es cierto que al iniciarse la acción en el año 1940, Federico Yordán era menor de edad y compareció representado por su madre con patria potestad y que a la fecha del juicio ya había cumplido su mayoría de edad y había sido reconocido por su padre natural. Empero, la acción se inició, según- demuestran las alegaciones de la demanda, por la madre, no para su propio beneficio bajo el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil, sino para beneficio de su hijo como parte perjudicada, y amparado por los artículos 1802 y 1803 del Código Civil (Ed. 1930). Son, en efecto, como dice el apelante, dos causas de acción distintas,() pero en el caso de autos la acción nunca se predicó en el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Tenemos, además, que la cuestión sobre sustitución de partes nunca fue levantada en la corte inferior por el de-mandado, y por el contrario el propio demandante llamó la atención a la corte sobre el hecho al comenzar el juicio, sin que el demandado hiciera objeción alguna a que. el mismo continuara. Bajo estas circunstancias, creemos que el hecho de que en el transcurso del procedimiento el demandante llegara a su mayoría de edad no implica que tuviera que so-licitar se enmendara la demanda para continuarla por su propio derecho, aunque pudo hacerlo, ya que dicha en-mienda no hubiera variado la causa de acción, pues como hemos dicho la acción iniciada por la madre no era para su propio beneficio, sino para el de su hijo. Cf. Rosario v. Suárez, 67. D.P.R. 589.

No se cometió el primer error, ni tampoco el segundo, ya que en cuanto a las lesiones que recibió el demandante, el tratamiento a que fue sometido y el tiempo que duró, éi podía declarar como testigo. . Cualquier referencia incidental en términos técnicos usados por el demandante, tales como golpes en la “tibia”, inflamación, dolores en los tendones y el uso de “diatermia”, son tan conocidos y de uso corriente que no implican que tuviera que ser un perito el único que pudiera usarlos. Si nos fijamos en las conclusiones de hecho de la corte inferior, marcadas con los números 3 y 4, supra, veremos que la indemnización no se concedió porque el demandante quedara incapacitado parcialmente, sino más bien por los golpes sufridos en la pierna derecha, su curación y tratamiento, y los dolores sufridos entonces y los que continuó sintiendo posteriormente.

El tercer señalamiento es al efecto de que la corte erró al permitir una enmienda a la demanda, después de practicada la prueba del demandante, a virtud de la cual se cambió el número del truck, 51372, según aparecía en la demanda, por el número H-576, que tenía en la licencia del Departamento del Interior, ya admitida en evidencia.

Al permitir la enmienda, la corte citó la Regla 15(6) de las de Enjuiciamiento Civil() y además hizo constar que oiría con gusto cualquier moción del demandado para la con-tinuación o suspensión del caso para darle una oportunidad para controvertir la prueba presentada. Esto no obstante, el demandado personalmente y después, de un incidente en que su abogado quiso retirarse del caso por la forma en que el demandado se dirigió a la corte oponiéndose a la suspen-sión sugerida, hizo constar que tenía prueba para refutar la del demandante, renunció a dicha suspensión e insistió en que continuara la vista.

Antes de admitirse en evidencia la licencia del Departa-mento del Interior en relación con el truck H-576, ya había declarado el testigo Pedro Juan Herrera, que venía mon-tado en dicho truck y presenció el accidente, y quien declaró que el número del truck era el 576 H. Arguye el apelante que este testimonio no era suficiente para que la corte admitiera en evidencia la licencia primero, y luego permitiera la en-mienda a la demanda. No tiene razón. La admisión de la licencia no está alegada como error en este recurso, y en ■cuanto a la enmienda a la demanda estaba plenamente auto-rizada bajo la Eegla 15(6), supra. Véase 1 Moore’s Federal Practice, 807 a 809. Y no hubo perjuicio para el demandado, pues la corte le dió la oportunidad de solicitar la suspen-sión del juicio y expresamente la rechazó.

Por el último señalamiento, se alega que la corte ■erró al estimar que el truck que causó el daño era propiedad del demandado para la fecha del accidente,- que formaba parte de una empresa y era guiado por un chófer del demandado.

La prueba del demandante, creída por la corte senten-ciadora, demostró que el truck H-576 estaba inscrito en el Departamento del Interior a nombre del demandado para el 19 de enero de 1940; que el propio demandado le admitió al padre del demandante, al día siguiente del accidente, que el truck que lo causó era suyo y que un chófer suyo lo guiaba; y se probó además, que el demandado se dedicaba al negocio de transportar materiales en trucks y que el truck que causó el daño venía de la Central Mercedita hacia Ponce cargado de arena.

El demandado trató de probar que dicho truck había sido vendido a Esperanza Aguilera el 15 de enero de 1940, y al efecto presentó y. se admitió en evidencia una Planilla de Tasación del truck H-576 para el año 1940-1941, la que aparece jurada por dicha señora Aguilera el 8 de abril de 1940. Es después de la firma y juramento de dicha señora, en el apartado titulado “Observaciones”, que se dice lo siguiente: “Adquirido en enero 15, 1940.” No erró, a nuestro juicio, la corte al resolver que la prueba del demandante, unida a las admisiones del demandado, fué su-ficiente para dejar establecido que el truck H-576 era pro-piedad del demandado el día que ocurrió el accidente. Prueba de la inscripción oficial de un vehículo dé motor bajo una ley que requiere tal inscripción, () constituye prueba prima facie de que pertenece a la persona a nombre de quien apa-rece inscrito. La parte contraria, desde luego, puede con-trovertir esta presunción. 1-2 Huddy Cyclopedia of Automobile Lato 393, see. 180; Delano v. La Bounty, 114 Pac. 434; Hammond v. Hazard, 180 Pac. 46; Curry v. Stevenson, 26 F.2d 534; Claudio v. Delgado, 44 D.P.R. 753. La prueba testifical del demandado, en cuanto a este particular se refiere, no le mereció crédito a la corte inferior, y así lo hizo constar, y en cuanto a la documental, no erró al resolver que la declaración de tasación prestada por la señora Aguilera varios meses después de ocurrido el accidente, o-sea el 8 de abril de 1940, y en la cual, sin jurarlo, se hizo constar que babía adquirido el truck el 15 de enero de 1940,. “no probaría, de probar algo, que en enero 19 de 1940 ya Esperanza Aguilera era dueña de dicho truck. Las pala-bras Adquirido en enero 15, 1940’, insertas en la planilla,. después de la firma de la contribuyente no tienen valor pro-batorio alguno con respecto a la fecha del alegado traspaso. En todo caso, dicha declaración sería evidencia self-serving-y por lo tanto no admisible. Véase por analogía, Rosario v. Jiménez, 63 D.P.R. 370.”

No habiéndose cometido ninguno de los errores señalados se confirma la sentencia apelada.

        (1) Izquierdo v. Andrade, 44 D.P.R. 727; Carrasquillo v. Am. Missionary Association, 61 D.P.R. 867.

      (2) La Begla 15 (&) dispone: ‘‘Enmiendas para Conformar las Alegaciones a la Evidencia. — Cuando con el consentimiento expreso o implícito de las par-tes o, por orden de la corte se someten a juicio cuestiones litigiosas no sus-citadas en las alegaciones, tales cuestiones se considerarán a todos los efectos como si se hubiesen suscitado en las alegaciones. La enmienda de las ale-gaciones que fuere necesaria para conformarlas a la evidencia y para suscitar dichas cuestiones, puede hacerse a moción de cualquiera 'de las partes en cualquier tiempo, aun después de dictarse sentencia; pero la omisión de en-mendar no afectará el resultado del Juicio en relación con tales cuestiones. Si se objetare a la evidencia en el juicio por el fundamento de no estar com-prendida en las cuestiones litigiosas suscitadas en las alegaciones, la corte permitirá las enmiendas y lo hará líberalmente siempre que con ello se faci-lite la presentación del caso en sus méritos y la parte que se oponga no demuestre a satisfacción de la corte que la admisión de tal evidencia le per-judicaría en el mantenimiento de su acción o defensa en los méritos. La corte puede conceder una suspensión para permitir a la parte objetante con-trovertir dicha evidencia.,J

      (3) Tanto la Ley núm. 75 para Reglamentar el Uso de Vehículos de Motor en Puerto Rico, aprobada el 13 de abril de 1916 (pág. 144), como las apro-badas posteriormente, requieren que todo vehículo de motor sea inscrito por su dueño en el Departamento del Interior, y el Comisionado entonces le expida la licencia correspondiente.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    José Víctor Figueroa, demandante y apelante, v. Ramón Rodríguez, demandado y apelado.
    Núm. 9559.

    Sometido: Diciembre 3, 1947.

      Resuelto: Febrero 26, 1948.

      R. B. Pérez Mercado, abogado del apelante; V. Géigel Polanco, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

¿Aduce hechos determinantes de una buena causa de ac-ción la demanda presentada en este caso? Ésa es la cues-tión medular envuelta en el recurso que está ante nos.

En la demanda radicada ante el Tribunal de Distrito de San Juan, el demandante José Víctor Figueroa aleg’a que es dueño de un solar radicado en Santurce y que acompaña a la demanda “un certificado de la oficina local de Adminis-tración de Precios, autorizando el ejercicio de esta acción”; que en primero de noviembre de 1935 cedió dicho solar al demandado mediante contrato privado por un canon men-sual de $5.50 y que amparado en el contrato de arrenda-miento citado el demandado construyó sobre el referido solar una casa de madera y dos casillas de concreto dedicadas al comercio, habiendo sido estas dos últimas construidas en violación del párrafo 10 del contrato de arrendamiento, que expresamente lo prohíbe; que el demandado se encuentra adeudando al demandante la cantidad de $71.50; que a tenor de lo provisto por el artículo 297 del Código Civil él ha optado por ejercitar el derecho de accesión sobre la edi-ficación o edificaciones descritas, obligándose a pagar indem-nización en la cuantía que sea finalmente fijada por senten-cia firme y que hasta tanto se dicte ésta el demandante con-signa con la demanda la cantidad de $1,280, que estima es la indemnización que viene obligado a pagar al demandado. Se solicita se dicte sentencia: (1) declarando que el deman-dante tiene derecho por título de accesión a la edificación o edificaciones descritas; (2) fijando el importe a ser pa-gado por el demandante; (3) condenando'al demandado a satisfacer al demandante los cánones de arrendamiento del solar descritos hasta que entregue posesión de éste y dispo-niendo que el importe de esos cánones sea deducido del monto de la indemnización que él tenga que pagar al deman-dado, así como decretando la rescisión del arrendamiento; (4) condenando al demandado a otorgar escritura de venta, a título de accesión, a favor del demandante, de las edifica-ciones descritas y disponiendo que de no hacerlo así el deman-dado dentro de diez días lo hará el márshal de la corte; (5) “condenando al demandado a entregar la posesión y a desa-lojar y dejar libre(s) y expedita(s) dicha(s) edificación (es), con todas sus accesiones y pertenencias a disposición del de-mandante, disponiendo, que si no lo hiciere dentro del tér-mino razonable fijado por esta Hon. Corte, a contar desde la fecha de la escritura de traspaso de los bienes, se expida una orden de lanzamiento contra el demandado o contra cualquier otra persona que en su lugar ocupe la descrita pro-piedad;” (6) “ordenando el pago al demandante de la can-tidad fijada como indemnización, tan pronto la venta de la(s) edificación (es) descrita(s) quede consumada mediante la entrega de su posesión al demandante, y finalmente,” (7)

i j imponiendo al demandado el pago de las costas, gastos y desembolsos de la acción. (Bastardillas nuestras.)

A la anterior demanda el demandado interpuso la moción para desestimar de que la misma “no aduce hechos consti-tutivos de una causa de acción en favor del demandante y en contra del demandado.” Descansó dicha moción funda-mentalmente en que la relación existente entre el deman-dante y el demandado lo era la de arrendador y arrenda-tario; que, en tal virtud, esa relación estaba cubierta por lo provisto por la Ley núm. 464 de 1946 ((1) pág. 1327) co-nocida por “Ley de Alquileres Razonables” y que habiendo decretado esa ley la suspensión temporal de todo procedi-miento de desahucio, a no ser por las causas, condiciones y términos que fija dicho estatuto, también queda en suspenso la acción accesoria, siendo ésta un mero subterfugio del de-mandante para burlar los propósitos de la referida ley; y que el certificado expedido por el Director de Inquilinato de la Oficina de Administración de Precios carece de toda va-lidez y eficacia legal, toda vez que el mismo no se funda en ninguna de las causas señaladas por la sección 6 del regla-mento promulgado bajo los términos de la Ley de Emer-gencia para el Control de Precios de 1942.

Aunque el mismo no aparece en el legajo de sentencia elevado a este Tribunal, las partes, admiten, al igual que la corte inferior, que el demandado radicó un affidavit de mé-ritos haciendo constar que había consignado en la Corte Municipal de San Juan el importe total de los cánones ven-cidos por concepto del arrendamiento del solar sobre el cual se construyeron la casa y casillas objeto .de este pleito.

Además, surge de los autos que las partes mediante es-tipulación por ellas suscrita sometieron por sus propios méritos la moción de desestimación del demandado.

En una elaborada opinión la corte a quo fué del criterio de que la demanda no aducía hechos y de que toda vez que ésta no era enmendable debía dictar, como dictó sentencia declarando la demanda sin lugar en todas sus partes. Apeló el demandante para ante este Tribunal y en apoyo de sn re-curso sostiene que la corte inferior erró al declarar que el demandante carece del remedio de la acción accesoria, ejer-citable mediante certificado del Administrador de la Oficina de Administración de Precios; al resolver que una acción de esa naturaleza no es aplicable a los edificantes de sola-res arrendados para la construcción de estructuras perma-nentes, residenciales o de negocio; al sostener la separabi-lidad de las edificaciones, a los efectos de fraccionar en dos el contrato de arrendamiento, subordinando el mismo en parte a la ley y Reglamento de inquilinato federal y en parte a la Ley de Alquileres Razonables local; y, asumiendo que no existe el error anterior, al declarar que el deman-dante no tiene derecho a proseguir una acción resolutoria contra el demandado por violación del contrato de arrenda-miento y para la protección de su derecho contractual.

Ha quedado establecido en esta jurisdicción que la relación que surge entre el dueño de un solar yermo y aquél a quien lo cede, autorizándole a construir edificaciones per-manentes sobre el mismo, mediante el pago por dicha persona de determinado canon periódico, es la de arrendador y arrendatario. Palermo v. Corte,,,58 D.P.R. 189. También, que no procede entre ellos la acción de desahucio.’ Aybar v. Jiménez, 60 D.P.R. 745; y González Martinez v. Marvel, 56 D.P.R. 466. Además, que el arrendatario en ese caso no es estrictamente hablando el edificante de buena fe corriente, sino que a virtud del contrato celebrado con el dueño del solar se convierte en un “edificante con permiso o a virtud de contrato”. Berrocal v. Registrador, 54 D.P.R. 527, 531. Empero, a nuestro juicio, tanto cuando se construye de buena fe sin permiso del dueño y en la creencia de que se es pro-pietario del terreno sobre el cual se edifica, como cuando se fabrica con el consentimiento expreso del arrendador, el de-recho de accesión surge claramente a favor del dueño del terreno, a virtud de lo provisto por el artículo 297 del Có-digo Civil, Edición de 1930. () Naturalmente, cuando se construye de buena fe sin el consentimiento del verdadero dueño del solar, éste puede instar su acción reivindicatoría en cualquier momento, mientras que cuando se fabrica a vir-tud de convenio expreso entre las partes o a virtud de un contrato, el dueño del solar no puede iniciar su demanda de accesión sino de conformidad con lo convenido o estipu-lado. () En uno u otro caso, sin embargo, deberá consig-narse con la demanda de accesión una suma razonable para indemnizar al dueño de lo construido por el coste de los materiales y la mano de obra, no quedando consumada la adquisición del título basta que el demandante cumple su obligación de pagar al edificante la indemnización que por sentencia firme se fije. Villamil v. Camacho, 64 D.P.R. 821, 823; Pueblo v. Carrasquillo, 58 D.P.R. 176, 179; Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381; y Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, 56 D.P.R. 395.

La demanda radicada en este caso tiene dos objetos: (1) solicitar se ordene al demandado .que otorgue título de propiedad de la casa y casillas construidas a favor del demandante y (2) como secuela de ello, que se decrete el desalojo del demandado de las propiedades construidas por éste en el solar del demandante. Como fiemos visto, en la demanda se alega que el demandado fabricó con la anuencia del demandante una casa de madera y que sin consentimiento de éste construyó también en el solar objeto del contrato dos casillas de concreto que dedica al comercio. Al fabricar el demandado la casa de madera con el consentimiento del dueño, su posición lógicamente es, según ya liemos in-dicado, algo similar a la de un fabricante de buena fe. No obstante, al fabricar las dos casillas de concreto, el deman-dado, conforme se alega en la demanda, violó los términos del contrato por ellos celebrado. En cuanto a todas esas construcciones, sin embargo, al vencimiento del contrato de arrendamiento, la acción de accesión procede, de acuerdo con lo .provisto taxativamente por el referido artículo 297 del Código Civil, Edición de 1930, y siguientes.

Abora bien, ¿el becbo de que el Reglamento promulgado a tenor con la ley federal de inquilinato de 1942 y de que la Ley núm. 464 de 1946, supra,() provea que sus disposi-ciones serán aplicables no sólo a los edificios por ellos cu-biertos, sino también al terreno o solar en que éstos están enclavados, es óbice para que se resuelva que una demanda con dualidad de propósitos como la presente aduce una buena causa de acción'? A nuestro juicio no. Es cierto que existe la posibilidad de que bajo el Reglamento y la ley mencio-nados, no proceda el desalojo del demandado de las propie-dades a que se hace referencia en la demanda. Pero proce-diendo la acción de accesión y siendo debatible que proceda o no el desalojo del demandado, especialmente cuando se alega por el demandante que ha habido un incumplimiento del contrato de arrendamiento al construirse por el arren-datario sobre el solar dos casillas no autorizadas por el dueño, la corte inferior no debió declarar sin lugar la de-manda en su totalidad. Debió denegar la moción desesti-matoria, oír a las partes en relación con sus respectivas contenciones y, si la prueba así lo justificaba, resolver que el demandante tiene derecho a la adquisición del título de las edificaciones construidas sobre su solar. En cuanto al desalojo del demandado, luego de tomar en consideración la prueba aportada y las leyes y reglamento de inquilinato vi-gentes, ella puede resolver si tal desalojo es procedente o no.

Bajo estas circunstancias, debe revocarse la sentencia afie-lada y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

      (1) El artículo 297 del Código Civil, Edición de 1930, provee:
      "El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fie, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indem-nización establecida en los artículos 382 y 383 de este código, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio de terreno, y al que sembró, la renta correspondiente. ’ ’

      (2)En el presente caso se trata de un contrato de arrendamiento de mes a mes, según el cual a la terminación de cualquier mes las partes pueden dar por terminado el contrato.

        (3) Rent Regulation for Housing, revisado hasta julio 1 de 1945, Oficina de Administración de Precios, sección 13, párrafo 6; Ley núm. 464 de 25 de abril de 1946 ((1) pág. 1327), artículo 3 (a) y (c). Véase asimismo el Sousing and. Rent Act of 1947, sección 202(6).


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Jesús Otero, demandante y apelante, v. Zenón Sales, demandado y apelado.
    Núm. 9516.

      Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Febrero 27, 1948.

      Gilberto López de Victoria, abogado del apelante; A. Ramírez Silva, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelante radicó nna demanda sobre nega-toria de servidumbre y como remedio provisional solicitó' una orden de injunction preliminar por la que se prohibiese al demandado, pendente lite, usar el camino en controversia y se le ordenase retirar del mismo los alambres y estacones por él allí instalados. Declarada sin lugar la solicitud, el deman-dante apeló para ante este Tribunal.

Los hechos alegados en la petición son, en síntesis, los siguientes: que el demandante es dueño de una finca de cinco cuerdas, la cual colinda por el Sur con otra de 23 cuerdas pertoneionte al demandado; que la finca del demandado ha te-nido desde tiempo inmemorial acceso a un camino municipal por un camino que parte desde la misma finca en dirección hacia el Sur y atraviesa una finca que pertenece a don Juan Alemañy Sosa; que dicho camino no pasa por terrenos de la finca del demandante; que hace unos seis años, antes de que el demandante comprase la finca de cinco cuerdas, el deman-dado solicitó y obtuvo de los anteriores dueños un permiso provisional para cruzar dicha finca a pie o a caballo, para sa-car por allí ciertos productos de su finca; que después de haber el demandante adquirido la finca, el demandado volvió a solicitar permiso para pasar por ella y el demandante se lo concedió por mera tolerancia; y que más tarde, habiendo el demandante procedido a cercar su finca, no permitiendo que el demandado continuase pasando por ella, el demandado solicitó y obtuvo de la Corte de Distrito de Mayagüez una orden de injunction para recobrar la posesión de su alegado derecho a transitar por la finca del demandante.

Alega, además, el demandante que con posterioridad a la orden de- injunction dictada a favor del demandado, éste pro-cedió a ensanchar el camino hasta cinco y medio metros, cercándolo con alambre de púas; que el camino divide la finca del demandante, dejando una gran parte del terreno aislado del resto de la finca, sin salida para los animales del deman-dante, que allí acostumbran pastar, teniendo el demandante que pasar por encima de los alambres para poder llevar ali-mento y agua a su ganado; que el' demandado ha realizado todos esos actos en forma violenta, provocadora y amena-zante; que la continuación de dichos actos causará al de-mandante daños irreparables; y que el injunction es el único remedio adecuado para la protección de sus derechos.

Solicitó el demandado la desestimación de la solicitud de injunction pendente lite, entre otras razones, porque la concesión de un injunction prejuzgaría el caso principal y equivaldría a un aseguramiento de la sentencia que pudiera recaer, lo que no procede en esta clase de acciones.

Sometido el caso por las alegaciones, en marzo 28 de 1947 el tribunal inferior dictó una resolución que en lo pertinente dice así:

“La Corte, vistas las constancias de los autos de este caso y las alegaciones de la solicitud de injunction, de las que aparece que esta Corte dictó sentencia en el caso civil Núm. R-3219, Zenón Sales v. Jesús Otero, sobre injunction para recobrar la posesión, cuya sen-tencia es firme y ejecutoria, declara sin lugar la dicha' solicitud de injunction auxiliar ya que la misma, de concederse, dejaría sin efecto la sentencia dictada por esta Corte en el referido caso Núm. R-3219, no siendo procedente la expedición de un injunction para dejar sin efecto una sentencia, habiendo tenido como tuvo el demandante Jesús Otero un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley, como era el de apelar la sentencia recaída en el referido caso núm. R-3219 de esta Corte.”

No estando conforme con esta resolución, el apelante es-tableció el presente recurso alegando como único señala-miento que “erróla corte de distrito apelada al declarar sin lugar la .solicitud de injunction auxiliar por entender que su concesión equivaldría a dejar sin efecto la sentencia dic-tada por ella misma en el caso anterior de injunction pose-sorio.”

Arguye el apelante que con igual razón podría la corte resolver en su oportunidad que él no tiene causa de acción en el pleito ordinario de negatoria de servidumbre porque de decidirse el mismo a su favor equivaldría a dejar sin efecto también la dicha sentencia de injunction poseso-rio. No tiene razón el apelante. JEn la acción de injunction posesorio no se adjudican los derechos de propiedad de las partes, ni se resuelven conflictos de títulos, sólo está en-vuelta la posesión como cuestión puramente de hecho. El demandado puede hacer valer sus derechos en el juicio co-rrespondiente. Rosas v. Mariani, 8 D.P.R. 372; Vázquez v. Rivera, 37 D.P.R. 804; Crespo v. San Miguel, 63 D.P.R. 973.

En el caso de autos el demandado obtuvo la posesión de su alegado derecho a transitar por la finca del demandante a virtud de una sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez. El demandante pudo y tuvo oportunidad de revisar dicha sentencia mediante apelación a este Tribunal, pero no lo hizo, dejando que la misma se convirtiera en firme. Optó por radicar una acción negatoria de servidumbre y solicitar', dentro de ese procedimiento, un injunction preliminar para que el demandado se abstuviese de pasar hasta tanto se resolviese el caso en sus méritos.

Bajo estas circunstancias, opinamos, que la concesión del injunction preliminar solicitado por el demandante prejuz-garía el caso principal y equivaldría a la ejecución de la sentencia que pudiera recaer. Ya hemos resuelto, en el caso de Pereira v. Villafaña, 10 D.P.R. 11, que cuando se solicita un injunction como remedio subsidiario mientras un pleito esté pendiente, no cabe prejuzgar, en dicho injunction, el resultado de dicho pleito pendiente.

La resolución recurrida debe ser confirmada.


text:
    José Méndez Reyes, demandante y apelante, v. Nazario Lugo, demandado y apelado.
    Núm. 9635.

    Sometido: Febrero 3, 1948.

      Resuelto: Febrero 27, 1948.

      M. León Parra, abogado del apelante; B. Hernández Matos, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

José Méndez Eeyes radicó una demanda de daños y per-juicios contra Nazario Lugo alegando que el día 10 de marzo de 1946 el truck marca “Studebaker” con tablillas HP-1695, propiedad del demandado, mientras era conducido por el chófer Juan Meléndez Jiménez se lanzó de manera súbita sobre la parte trasera del coche del demandante, resultando dicho coche destrozado y de igual manera los arneses del caballo que tiraba de él, recibiendo además el demandante lesiones en diferentes partes de su cuerpo y que como con-secuencia del accidente el demandante había sufrido daños personales y en su propiedad montantes a la suma de $507. Pidió sentencia por esa suma, más los intereses legales desde la interposición de la demanda más costas y honorarios de abogado.

Contestó el demandado alegando que la demanda no adu-cía hechos constitutivos de causa de acción porque el truck antes mencionado no le pertenecía, siendo su propietario otra persona a quien él lo había vendido varios meses antes de haber ocurrido el accidente.

En el acto del juicio el demandado aceptó y admitió to-dos los hechos alegados en la demanda con excepción del hecho de que él fuese dueño del truck HP-1695, por lo tanto la única cuestión a resolver quedó circunscrita a la propie-dad del truck que intervino en el accidente. Celebrada la vista, la corte inferior declaró sin lugar la demanda en to-das sus partes porque concluyó que el día en que ocurrió el accidente el demandado no poseía a título de dueño el truck antes mencionado.

No conforme con esta' sentencia el demandante, estable-ció este recurso señalando tres errores. Los dos primeros leen como sigue: (1) la corte a quo cometió error de dere-cho, al declarar que de acuerdo con el artículo 2(c) de la Ley núm. 55 de abril de 1942 ((1) pág. 527) para “Reglamentar el Uso de Vehículos de Motor”, la inscripción en el Depar-tamento del Interior de Puerto Rico de un automóvil a nom-bre de la persona que aparece en tal registro como su dueño, no constituye evidencia de tal propiedad, en un caso de re-clamación de daños y perjuicios causados por ese automó-vil, y (2) que cometió error de derecho la corte a quo al de-clarar que la certificación del Tesorero de Puerto Rico (evi-deneia del demandante) acreditativa de que para el año fiscal de 1945-46 el demandado figuraba como contribuyente por el truck HP-1695 no prueba que el demandado fuera efectivamente tal dueño de ese truck a la fecha del accidente.

De la prueba aportada en este caso se 'desprende que el demandado compró en el año 1943 a Carlos Nicole y Nicolás García cuatro camiones, entre ellos, uno marea Studebaker, licencia HP-1695; que en agosto 6 de 1945 vendió el Studebaker a Alfonso González; que dicha venta se formalizó por escrito y ante notario público; que el precio de venta fue la suma de $700, de la cual pagó González, en efectivo, la cantidad de $300, y el resto de $400 se compro-metió a pagarlo en diez plazos mensuales de $40 cada uno; que González suscribió y entregó al demandado diez paga-rés, los cuales fueron endosados por el demandado y entre-gados al Banco de Ponee para abonar su importe a una deuda de éste con el banco; que el mismo día de la venta el demandado endosó en blanco y entregó a González la li-cencia del camión sin estamparse la fecha del endoso. El demandante ofreció en evidencia una certificación expedida por el Departamento del Interior al efecto de que para el año económico de 1945-46 el camión con licencia HP-1695 aparéce registrado a nombre del demandado. Además ofre-ció el demandante otra certificación expedida por el Teso-rero de Puerto Rico acreditativa de que para' el año fiscal de 1945-46 el demandado figuraba como contribuyente por el truck HP-1695.

El demandado ofreció en evidencia una escritura de com-praventa otorgada ante el Hotario Público Carlos J. Tqisso-nniere en 6 de agosto de 1945 por él y Alfonso González, en la cual consta la transacción que llevaron a efecto con el ca-mión. Ofreció, además, varios pagarés cancelados por el Banco de Ponce, librados por González a favor del deman-dado (González hacía Iqs pagos directamente al Banco). Am-bas partes ofrecieron también prueba oral en apoyo de sus contenciones. La corte a quo resolvió que “como resultado de la prueba practicada por ambas partes, apreciándola en conjunto, tomando en cuenta el peso y valor probatorio de la evidencia documental y la credibilidad que cada uno de los testigos le lia merecido, estima satisfactoriamente pro-bado que a la fecha del accidente, 10 de marzo de 1946, el truck Studebaker, licencia HP-1695, no era propiedad del 'demandado ...”

Es cierto que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley núm. 55 de 1942’ el adquirente de un vehículo de motor, inmedia-tamente que lo adquiere, deberá hacerlo así constar en la División de Automóviles del Departamento del Interior de Puerto Rico, remitiendo para ello, debidamente traspasado a su nombre por el transmitente, la licencia de dicho vehículo, y la persona que transfiere el vehículo deberá notificarlo por escrito al Comisionado del Interior, expresando el número del vehículo y el nombre y dirección del nuevo dueño, y que de la inscripción de un vehículo de motor en el Departamento del Interior surge la presunción de propiedad en la persona qne aparece como dneña en los registros de dicho Departa-mento. Empero, el incumplimiento de este deber no con-lleva la nulidad o inexistencia del contrato de venta consu-mado por las partes. Aun cuando por los récords del Depar-tamento del Interior una persona aparezca en determinada fecha como dueña de un vehículo de motor, puede aportarse evidencia para controvertir la presunción que surge de ese hecho y demostrar que entonces no pertenecía a esa persona y sí a otra.. Claudio v. Delgado, 44 D.P.R. 753; Ramos v. Sucesión de Salvador Nadal, 29 D.P.R. 587; y Yordán v. Ríos, pág. 259 ante. En el caso de autos, hubo prueba aportada por el demandante al efecto de que el demandado era presuntivamente dueño del truck que causó los daños, pero también se ofreció prueba por el demandado para controver-tir ese hecho. La corte inferior, dirimiendo el conflicto exis-tente, a este respecto se expresó así:

“Ya juicio de la corte, el demandado controvertió con éxito dieha presunción. El documento privado de compraventa del truck debi-damente reconocido ante notario, no deja lugar a dudas de que el demandado Nazario Lugo vendió dicho vehículo a Alfonso González el día 6 de agosto de 1945, mucho antes de ocurrido el accidente. El demandado y su comprador Alfonso González declararon como testigos y dejaron satisfecha a la corte de que dicha transacción fue una real y efectiva y que el título al truck pasó al comprador en la fecha expresada. Así lo atestiguan también los pagarés por el saldo del precio de la venta suscritos por el comprador y satisfechos a través del Banco de Ponce.”

La prueba fué contradictoria y la corte inferior dió cré-dito a aquélla ofrecida por el demandado al efecto de que éste no era dueño del truck en cuestión. Siendo ella sufi-ciente para sostener dicha conclusión, ésta no será alterada en apelación.

Se alega por el apelante que la corte erró al concluir que la certificación expedida por el Tesorero de Puerto Rico no prueba que el demandado fuera dueño del truck.

El figurar como contribuyente al erario insular no es evi-dencia concluyente de que en todo momento posterior al re-parto o señalamiento del impuesto una persona tonga que ser dueña de la propiedad tributada. En relación con esta cuestión, la corte inferior concluyó, acertadamente, que “la certificación del Tesorero de Puerto Rico ereditiva (sic) que para el año fiscal 1945-46 el demandado figuraba como con-tribuyente por el truck HP-1695 no prueba que efectivamente el demandado fuera tal dueño del truck en la fecha del ac-cidente. La venta del truck por el demandado a González lo fué ya comenzado el año fiscal 1945-46 y por lo tanto, el traspaso no pudo efectuarse en los libros de Tesorería hasta el reparto contributivo correspondiente al año 1946 — 47.”

La certificación mencionada quizás creó una presunción, pero ésta quedó controvertida con éxito con la prueba adu-cida en contrario por el demandado, a la cual la corte dió entero crédito.

Alega el apelante en su último señalamiento que la prueba aportada en este casó no justifica las conclusiones a que llegó la corte inferior.

Hemos hecho un cuidadoso estudio de la evidencia apor-tada y encontramos que es suficiente para .sostener la sen-tencia.

La sentencia apelada será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Raúl Gayá Benejam, demandante y apelante, v. Gobierno de la Capital, demandado y apelado.
    Núm. 9511.

    Sometido: Diciembre 9, 1947.

      Resuelto: Febrero 27, 1948.

      Harry B. Lienza, abogado del apelante; Fernando B. Fornaris, Carlos del Toro Fernández, Manuel A. Bustelo, James E. Curry y Miguel Barga, abogados del apelado.

      (1)Eegla 16 de las de Enjuiciamiento Civil.

   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El Tribunal de Distrito de San Juan dictó sentencia en este caso declarando sin lugar la demanda, a virtud de la cual Baúl Gaya Benejam reclamaba del Gobierno de la Capital el pago de $1,717 en concepto de materiales suminis-trados por el demandante en el año 1938 en relación con el arreglo ele cierta tubería del acueducto. Alegó el deman-dante que tres órdenes para suministrar dichos materiales fueron debidamente firmadas por el Administrador y Director de Obras Públicas del Gobierno demandado y que a pe-sar de las gestiones de cobro realizadas por él dicha deuda no había sido satisfecha.

El Gobierno de la Capital negó los hechos de la demanda y como defensa alegó que en el supuesto que dichas órde-nes hubieran sido firmadas por los indicados funcionarios las mismas eran ultra vires e ilegales por no haber sido otor-gadas previa la celebración de subasta; y porque al tiempo de emitirse y en el momento en que fueron cumplimentadas no había dinero ni fondos asignados ni disponibles en la partida correspondiente para efectuar los pagos de las mis-mas; y porque estas órdenes no fueron registradas en el libro correspondiente del Auditor del demandado, ni sus-critas ni aprobadas por dicho funcionario.

Al iniciarse la vista del caso en la corte- inferior se cele-bró una conferencia anterior al juicio () y como consecuen-cia de ella las partes estipularon lo siguiente: “. . . . he-mos llegado al acuerdo de que el Gobierno de la Capital admite los hechos de la demanda, solamente levantando su defensa de que estas órdenes ... no pueden satisfacerse porque se hicieron sin partida en el presupuesto y por no estar autorizadas por el Auditor del Gobierno de la Capital en esa fecha.”

Practicada prueba documental por el demandante y tes-tifical y documental por el demandado la corte, como he-mos dicho, desestimó la demanda. El demandante apeló y en este recurso alega que la corte sentenciadora erró: (1) al permitir que el testigo Rafael Calderón Grau declarara so-bre la práctica a seguir para la legalidad de una orden para efectos y materiales; (2) al admitir en evidencia los exhibits A y B del demandado, porque (a) no fueron debidamente identificados,.y (b) porque no eran la mejor prueba para demostrar la defensa del demandado, y (3) al resolver que en el presupuesto del Gobierno de la Capital para el año económico 1938-39, no había partida alguna para pagar las órdenes a que se refiere este pleito.

El primer señalamiento carece de méritos. Al testigo Rafael Calderón Grau, contable de la Auditoría del demandado, se le preguntó que cuál era la práctica que se seguía para tramitar una orden por efectos y materiales, y explicó que el jefe del departamento que necesita el material expide una orden firmada por él la cual pasa a la firma del alcalde para su aprobación y entonces pasa a la Auditoría Municipal para ser registrada contra la partida y la asignación de esa partida; que si ésta tiene crédito se registra y entonces es que la orden es legal.

Aceptando que la última frase usada por el testigo es una conclusión a que tenía que llegar la corte, el resto de su declaración fué consecuencia de haberse presentado por el demandante copias de las tres órdenes para suministrar materiales, de fecha 4 de agosto de 1938, firmadas por el Director de Obras Públicas y por el Administrador de la Capital, pero no por el Auditor. Es cierto que, como ar-guye el apelante, la presunción legal es que los contratos se presumen válidamente celebrados y que la defensa de ultra vires debe sostenerse mediante la correspondiente ale-gación y prueba, incumbiendo probar tal defensa a la parte que la suscita; Tomasini v. Municipio de Ponce, 50 D.P.R. 804, 809; empero, precisamente para controvertir dicha pre-sunción fué que el demandado presentó prueba en cuanto a la práctica que se sigue en relación con estas órdenes de ma-teriales ya que, en ninguna de las presentadas por el de-mandante aparece la firma del Auditor certificando que las mismas habían sido registradas y que había crédito dispo-nible en la partida correspondiente para su pago. La pre-gunta sólo requería una explicación de los trámites usual-mente seguidos para la aprobación definitiva de esta clase de órdenes.

Arguye el apelante que las órdenes habían sido acepta-das por el demandado y que éste sólo descansaba en sn de-fensa de falta de asignación en presupuesto para pagar su importe. No tiene razón. La estipulación de las partes de-muestra que la defensa del demandado fué en efecto ésa, pero también el hecho de que las órdenes no estaban autori-zadas por el Auditor del Gobierno de la Capital.

Alega el apelante en su segundo señalamiento que la corte erró al admitir en evidencia los exhibits A y B del demandado.

Estos exhibits consisten de dos volúmenes conteniendo las Ordenanzas y Resoluciones aprobadas por la Junta de Comisionados del Gobierno de la Capital correspondientes a los años 1936-1937 y 1938-1939. Estos volúmenes fueron publicados de acuerdo con el artículo 43 de la Ley núm. 99, “Para establecer un Gobierno Especial para la Capital de Puerto Rico, y para otros fines”, aprobada el 15 de mayo de 1931 (pág. 627), que en lo pertinente dispone: “Al final de cada año económico se formará un volumen con las or-denanzas aprobadas, imprimiéndose y vendiéndose al precio razonable que fijare la Junta de Comisionados.”

Arguye el apelante que la corte erró al admitir el pre-supuesto del año 1937-38 contenido en el exhibit B, así como la Ordenanza 519 A que enmendaba dicho presupuesto, con-tenida en el exhibit A, toda vez que dichos documentos no fueron identificados debidamente por el Secretario del Go-bierno de la Capital mediante el libro de actas a su cargo.

No tiene razón el apelante. Es más, la cita que hace en su alegato, tomada.de 22 C. J. 794, es contraria a su conten-ción porque en ella se dice: “Libros o panfletos que se su-ponen contienen las ordenanzas de una ciudad y publicados por autoridad municipal frecuentemente se consideran prueba prima facie de tales ordenanzas por disposición de ley, y se ha sostenido que son admisibles aun en ausencia de una disposición expresa y aun cuando una forma distinta de prueba se permita por estatuto' u ordenanza.”

La publicación oficial de las ordenanzas y resoluciones aprobadas por un municipio, autorizado por ley, tiene la presunción de ser correcta. El artículo 69 de la Ley de Evi-dencia (Art. 431, Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933) dispone que “Otros documentos oficiales podrán probarse como sigue: 5. Los actos de una corporación municipal de Puerto Rico, o de una junta o departamento de la misma, mediante copia; certificada por el correspondiente archivero, o mediante un libro impreso, publicado por autoridad de dicha corporación.” (Bastardillas nuestras.) En- el caso de autos los dos volúmenes admitidos como prueba son publi-caciones oficiales del Gobierno de la Capital, autorizados por el artículo 43, supra. Ninguna prueba presentó el de-mandante que tendiera a demostrar que las ordenanzas so-bre el presupuesto del año 1937-38 no eran correctas. No erró la corte al admitirlas.

Sostiene el apelante, sin embargo, que en la hipótesis de que fueran admitidas legalmente no constituían la mejor prueba para probar la defensa del demandado, de que las órdenes eran ultra vires. La contención del apelante es que la mejor prueba eran los libros donde se hacían los asien-tos de las partidas consignadas en presupuesto, pues en dichos libros se van haciendo constar las erogaciones auto-rizadas y que la única forma de poder determinar en cual-quier momento si restan fondos disponibles en cada partida para afrontar un gasto es consultando dichos libros. Cita, además, el apelante los incisos 3 y 4 del artículo 20 de la Ley núm. 99 de 1931,() para sostener que la Junta Admi-nistrativa tenía autoridad para aprobar gastos imprevistos contra partida de fondos ordinarios y que al aprobar el pago() de las cantidades reclamadas dicha Junta actuó le-galmente, ya que podía transferir fondos de la partida Núm. 3506 de $3,500 de reparación y conservación de tu-bería a la Núm. 3516 de $500 de Imprevistos.

Aceptando, sin resolverlo, como hizo la corte inferior, que la Junta pudiera hacer dicha transferencia de fondos, el hecho primordial en este caso, como también lo hizo cons-tar la corte a quo, es que el demandante no presentó prueba que demostrara que la Junta Administrativa hiciera trans-ferencia alguna de la partida Núm. 3506 a la Núm. 3516. Con razón dijo la corte sentenciadora “El hecho de haberse suscrito las órdenes mencionadas en la forma en que lo fue-ron, con cargo a la partida Núm. 3516, claramente tiende a demostrar lo contrario.” Correspondía al demandante pro-bar que la Junta Administrativa había autorizado la trans-ferencia y no lo hizo, ya que su propia prueba demostró que la Junta autorizó el desembolso de $1,717 con cargo a una determinada partida, la Núm. 3516, que sólo tenía una asignación de $500.

Por último, la corte infeiior resolvió que la partida Núm. 3516 — Imprevistos—$500, incluida en el presupuesto no podía utilizarse para hacer frente, total o parcialmente, al pago de los materiales ordenados. Basó su conclusión en la sección 3 de la Ordenanza 405 del presupuesto que dis-pone, en lo pertinente, que:

“Las partidas de ‘Imprevistos’ consignadas en este presupuesto se destinarán únicamente a cumplir gastos imprevistos en las par-tidas de las distintas oficinas del Gobierno de la Capital que se destinan a la adquisición de materiales, equipo y en la rendición de servicios públicos. ...”

Aceptando, sin resolverlo, que sea correcta la interpre-tación que a esta sección le dió la corte a quo, consideramos que apareciendo en cada una de las órdenes objeto de esta acción en blanco y sin firmar, el certificado del Auditor de la Capital () al efecto de acreditar que habían sido regis-tradas en su departamento y de que en la partida Núm. 3516, después.de deducirse el importe total de órdenes anteriores, había crédito disponible para el pago de los materiales or-denados, dichas órdenes, de su faz, demuestran que no po-dían ser satisfechas, pues el artículo 36 de la Ley núm. 99 de 1931, supra, en lo pertinente, dispone que el Auditor de la Capital: “Firmará los libramientos y órdenes de pago que hayan de efectuarse de los fondos públicos de San Juan.” (Bastardillas nuestras.) La prueba testifical no contradi-cha, demostró, además, que cuando la partida contra la cual se gira tiene crédito la orden se registra por el Auditor en sus libros. No apareciendo ni aprobadas ni registradas por el Auditor de la Capital las órdenes del demandante, la única conclusión a que puede llegarse es que la partida Núm. 3516, contra la cual se cargaron dichas órdenes por la Junta Administrativa, carecía de crédito disponible para su pago. Y siendo esto así no erró la corte sentenciadora al desesti-mar la demanda. Torruellas v. Municipio, 62 D.P.R. 217; González v. Municipio, 61 D.P.R. 369.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      (2)E1 artículo 20 dispone que "Los funcionarios especificados en el artículo 10 de esta Ley, con excepción del auditor y del secretario de la capital, cons-tituirán un organismo oficial que se denominará 'Junta Administrativa de la Capitalla cual será presidida por el Administrador de ■ la Capital, y tendrá las siguientes facultades:
      “(1).i
      “(2).■;
      "(3) La aprobación de gastos imprevistos eontra partidas de fondos ordi-narios o de instrucción;

        ‘ ‘ (4) Transferencias de créditos entre cualesquiera partidas de fondos ordi-narios o de instrucción.”

      (3) A1 calce de cada una de las órdenes objeto de esta, acción se hizo constar “Certifico: Que la Junta Administrativa, en su sesión ordinaria cele-brada el día 4 de agosto de 1938, aprobó este desembolso con cargo a la Par-'tida núm. 3516, Imprevistos Acueducto. (ITdo.) Luis A. Castro., Secretario.”

      (4)La del Exhibit Núm. 1 del demandante dice:


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Tirado, acusado y apelante.
    Núm. 12563.

    Sometido: Febrero 17, 1948.

      Resuelto: Febrero 27, 1948.

      A. Fernández Sánchez, abogado del apelante; Son. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Vergne Boig formuló ante la Corte Municipal de San Lorenzo una denuncia contra Antonio Tirado por infracción del artículo 138 del Código Penal. En ella se alega que Tirado “voluntaria y maliciosamente, siendo un funcionario público (policía insular) encargado del mante-nimiento del orden público, so color de autoridad, y sin causa legítima para ello, me acometió y agredió con la macana, dándome un macanazo en la frente que me dejó sin cono-cimiento, ocasionándome una fuerte contusión en la frente.” Declarado convicto por la Corte Municipal, el acusado apeló para ante la de Distrito de Humacao donde, celebrado un juicio de novo, se dictó sentencia en su contra, imponiéndole $50 de multa y un mes de cárcel.

En el alegato presentado en apoyo de su recurso insiste el apelante en primer lugar en que la corte inferior cometió error al desestimar su excepción perentoria al efecto de que los hechos tal y como se. alegan en la denuncia no consti-tuyen delito por el cual pueda procesársele. Al discutir este error sostiene que los elementos esenciales del delito definido por el artículo 138 del Código Penal() son (1) que el acu-sado sea un funcionario público; (2) que haya actuado so color de autoridad, y (3) sin necesidad legal. Admite que en este caso se ha cumplido con los dos primeros requisitos exigidos por ese artículo, pero sostiene que en cuanto al tercero la denuncia resulta ser insuficiente, toda vez que en lugar de alegar que el acusado actuó “sin necesidad legal”, se imputa en ella que lo hizo “sin causa legítima”, te-niendo a su juicio dichas frases alcances enteramente dis-tintos. Insiste además en que, prevaleciendo el texto in-glés del Código Penal, la frase “sin necesidad legal” resulta ser una traducción más fiel de las palabras without lawful necessity de la versión inglesa del referido artículo. ()

Estamos de acuerdo en que de conformidad con la Ley núm. 8 de 12 de noviembre de 1917, (Yol. II, pág. 211, artículo 13 del Código Civil, Ed. de 1930) debe prevalecer la versión inglesa sobre la castellana del Código Penal. Sin embargo, aunque las palabras “sin necesidad legal” es posible que se ajusten más al contexto inglés, la frase “sin causa legítima” que aparece en la versión castellana es tan similar a ellas que tiene sin duda el mismo alcance que aquéllas. En la denuncia se sostiene, repetimos, que el acusado “siendo un funcionario público ... so color de autoridad, y sin causa legítima para ello” acometió y agredió al denunciante. En nuestra opinión ella cumple sustancialmente con el estatuto. Véanse Pueblo v. Pedrosa, 63 D.P.R. 228; Pueblo v. Torres, 62 D.P.R. 47, y Pueblo v. Girón, 25 D.P.R. 36. Cf. Pueblo v. Aviles, 66 D.P.R. 290. Además no creemos que el mero becbo de alegarse en la denuncia que la agresión se realizó “sin causa legítima”, en vez de alegarse que fué “sin necesidad legal” afecte ningún derecho sustancial del acusado, y tratándose de una denuncia formulada por un lego no debemos examinar ésta con la' minuciosidad que lo hacemos cuando se trata de acusaciones formuladas por el ministerio público. Artículo 83, Código de Enjuiciamiento Criminal; Pueblo v. Gibson, 51 D.P.R. 120, 124; Pueblo v. Cruz, 53 D.P.R. 531 y Pueblo v. Petrovitch, 32 D.P.R. 767.

También sostiene el acusado que la Corte de Distrito de Humacao erró al declarar sin lug'ar su moción solicitando se redujera el delito a acometimiento y agresión. Es incuestionable que dentro del delito definido por el ar-tículo 138 de nuestro Código Penal está incluido el de aco-metimiento y agresión. Pueblo v. Malavé, 64 D.P.R. 659; y Pueblo v. Marcano, 61 D.P.R. 143, 146. Empero, cuando como en este caso la prueba tiende a demostrar todas las características del delito a que se hace referencia en el ar-tículo 138, supra, la corte no comete error al negarse a re-bajar la calificación del mismo a acometimiento y agresión. Al discutir este error el acusado alega principalmente que no quedó probado que él fuera un policía insular en el mo-mento en que agredió al denunciante Vergne Roig. .Discre-pamos. Una somera lectura de la transcripción de eviden-cia nos convence de que los testigos de cargo Manuel Vergne Roig, Antonio Carrasquillo y Alejandro Aramburu, así como los de la defensa Evangelista Ortiz Alicea, Juan Castro, Felipe Díaz Torres y Luis M. Jackson, declararon repetida-mente que Antonio Tirado era un policía insular, debida-mente uniformado, en el momento en que agredió con su ma-cana al denunciante.

Finalmente aleg-a el acusado que el tribunal inferior erró al declararle culpable sin haberse probado, fuera de toda duda razonable, los elementos sustanciales del delito imputado.

La prueba de El Pueblo tendió a demostrar que el día 11 de marzo de 1946, entre 5 y 6 de la tarde, hubo una pe-lea dentro de un cafetín llamado “El Lirio” que queda frente a la plaza del pueblo de Juncos, entre Juan Antonio Palóu y Manuel Vergne Roig de un lado y Manuel Aponte y su hijo de otro; que cuando esa riña había terminado y Verg-' ne Roig se hallaba en la calle, cerca del cafetín, llegaron los policías Felipe Díaz Torres y Antonio Tirado; que este último le dijo al denunciante “Usted está arrestado” y sin que el denunciante protestara en forma alguna o agrediera al acusado, éste levantó la macana y le dio con ella en la cabeza. La de la defensa fué al efecto de que luego de ocu-rrida la riña dentro del cafetín y mientras Vergne Roig es-taba en la calle y se limpiaba con nn pañuelo la sangre que tenía, junto a la boca, debido a un golpe recibido, llegaron los policías Díaz Torres y Tirado; que cuando Tirado se le acercó a Yergne Roig para arrestarlo, éste lo insultó y le agredió con el puño en el pecho; y que para'repeler la agresión Tirado se vió precisado a hacer uso de su macana.

La prueba aducida fue incuestionablemente contradicto-ria, pero la discrepancia existente entre las declaraciones de los testigos de El Pueblo y los dé la defensa fue diri-mida por la corte inferior. Ella era la llamada a hacerlo y una lectura de la transcripción de evidencia nos convence de que tal prueba fue suficiente para dejar establecidos to-dos los elementos del delito y para declarar, por ende, al acusado culpable de una infracción del artículo 138 del Có-digo Penal. No se nos ha convencido, además, de que en su apreciación de la prueba la corte de distrito cometiera manifiesto error o actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Santos Altieri, 67 D.P.R. 650.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

      (1)E1 artículo 138 del Código Penal provee:
      "Todo funcionario público que so color de autoridad y sin causa legítima, acometiere, agraviare, oprimiere o golpeare a alguna persona, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5,000) dólares y cárcel por un término máximo de cinco años."

      (2) E1 artículo 138 del Código Penal, en el idioma inglés, dispone:
      "Every public officer who, under color of authority, without lawful necessity, assaults, wrongs, oppresses or beats any person, is punishable by fine not exceeding five thousand (5,000) dollars, and imprisonment in the jail not exceeding five years.”


author: El Juez Asociado Señoe Snydee.

text:
    Rafael Pagán Torres, demandante y apelante, v. Ramona Caballero Vda. de Anca, demandada y apelada.
    Núm. 9554.

    Sometido: Enero 16, 1948.

      Resuelto: Marzo 1, 1948.

      R. Rodríguez Lebrón y A. R. de Jesús, Jr., abogados del apelante; Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Snydee.

emitió la opinión del tribunal.

El-31 de marzo de 1947 el-demandante radicó este pleito de daños y perjuicios. Alegaba el demandante que estaba ocupando como inquilino una casa propiedad de la deman-dada, en virtud de contrato por un canon de $80 mensuales; que la propietaria-demandada le requirió para que desocu-para la propiedad ya que de buena fe la necesitaba para usarla como su residencia; que la demandada obtuvo de la OPA por este motivo un certificado de desahucio, autori-zándole a radicar una acción para desahuciar al deman-dante después de enero 12, 1947; que el demandante fué no-tificado de la expedición de este certificado; que desocupó la propiedad en enero 4 de 1947; que la demandada nunca fijó su residencia en dicha casa, sino que la vendió en marzo 3, 1947; que la alegación heclia por la demandada al efecto de que élla necesitaba la casa para vivirla fné beeba con el propósito de burlar el derecho del demandante a conti-nuar ocupando la casa; y que como consecuencia de esto el demandante ha sufrido daños en la cantidad de $8,500.

Solicitó la demandada la desestimación de la demanda por el fundamento de que no aducía hechos constitutivos de causa de acción. La corte de distrito declaró con lugar dicha moción y al resolver que la demanda no era susceptible de enmienda, dictó sentencia a favor de la demandada. El demandante apeló

Este caso se resuelve por el de Latoni v. Corte Municipal, 67 D.P.R. 140. Resolvimos en dicho caso que durante el primer semestre del año 1947 la ley federal prohibía leyes locales sobre control de alquileres. Por consiguiente, para esa época la única ley válida sobre control de viviendas era la federal. El derecho de un inquilino a librarse de un desahucio surgió en su consecuencia exclusivamente de la ley federal. Y la inhibición federal contra leyes locales sobre control de alquileres impedía la creación mediante ley local de una causa de acción por daños provenientes de una infracción a este derecho federal. Una demanda que alegue, como la del presente caso, que un propietario logró que su inquilino le desocupara la casa, alegando motivos suficientes para el desahucio bajo la ley federal, que luego resultaron falsos, podía por tanto radicarse a principios del 1947, solamente si la ley federal la autorizaba.

Cuando nos referimos a la ley federal, encontramos que, aunque un inquilino podía demandar por triples daños por cobros en exceso de los cánones fijados, desde 1942 hasta el presente la ley federal nunca concedió al inquilino per-judicado un remedio civil de daños por desahucio mediante motivos falsos. En verdad, el apelante admite que bajo la ley federal nunca ha existido tal derecho. Los únicos re-medios contra tal propietario, aun bajo las más estrictas leyes anteriores, eran un procedimiento de injunction ra-dicado por el Administrador para impedir desahucios ile-gales, Fleming v. Rhodes, 331 U. S. 100; y sanciones pena-les por infracción a los reglamentos, Downing v. United States, 157 F.2d 738 (C.C.A. 8, 1946). No erró, por lo tanto, la corte de distrito al declarar con lugar la moción de des-estimación.

Lo que hemos dicho es suficiente para resolver el caso que nos ocupa. Pero las leyes locales sobre control de alquileres no están prohibidas por la Ley Federal sobre Control de Alquileres de 1947. Por consiguiente, después de julio 1, 1947, no había impedimento alguno para que localmente se controlaran los alquileres con el fin de complementar la Ley Federal, siempre y cuando que no estuviese en conflicto sustancial con esta última. T la disposición para una acción de daños instada por un inquilino por habérsele desahuciado debido a motivos falsos es obviamente suplementaria a, más bien que en conflicto con, la Ley Federal. Avila v. Tribunal de Distrito, ante, pág. 11.

Por lo tanto, consideramos propio llamar la atención hacia la sección 12(/), según fué enmendada por la Ley núm. 36, Leyes de Puerto Rico, 1947, Sesión Extraordinaria, pág. ■-. Dicha sección provee la institución de un pleito de daños por un inquilino contra un propietario, bajo ciertas circunstancias. En este caso no vamos a determi-nar el alcance exacto de la sección 12 (/) estableciendo este remedio, ni su validez. Suponiendo, sin decidirlo, que sea válida, puede argumentarse plausiblemente que bajo la sec-ción 12 (/), según quedó enmendada, un inquilino tiene una causa de acción solamente si el propietario ilegalmente lo desahucia por medio de procedimientos judiciales. En ver-dad, el -apelante admite que la sección 12(/) debe interpre-tarse; en esta forma. Sin embargo, el apelante arguye que esto no obstante dejó intacto el remedio general provisto por el artículo 1802 del Código Civil para un inquilino que, como ocurrió en este caso, desocupó una casa bajo amenaza de pleito. Cf. Yordán v. Rios, ante, pág. 259.

Este caso, como hemos visto, no nos exige que resolva-mos la contención del apelante al efecto de que tenía una causa de acción bajo el artículo 1802. Las leyes locales que creaban una causa de acción de daños por violación del de-recho federal de un inquilino que surge de la ley federal, fueron prohibidas en' 1947 por la disposición en la ley federal contra leyes locales sobre control de viviendas. El presente caso, por tanto, no podía prosperar en aquella época, ya fuere radicado bajo la sección 12(/) o bajo el ar-tículo 1802. Sin embargo, las leyes locales sobre viviendas • — y un estatuto tal como la sección 12(/) que crea una causa de acción por daños si un inquilino es desahuciado por mo-tivos falsos — son ahora permitidas. Pero el apelante ad-mite que la sección 12(/) está limitada a pleitos de daños por inquilinos que fueron desahuciados mediante acción judicial. Bajo dicha teoría un inquilino que desocupó una casa con anterioridad a, pero bajo amenaza de, un pleito de desahucio basado en motivos falsos, vendría obligado a ra-dicar su pleito solamente bajo el artículo 1802, que puede o no proveer para tal causa de acción. En vista de la incer-tidumbre en cuanto a la aplicabilidad del , artículo 1802, la Legislatura, que está ahora en sesión, podría desear dejar resuelta esta cuestión, ampliando los términos de la sec-ción 12(/) para incluir no solamente los inquilinos desahu-ciados mediante acción judicial si que también aquéllos que desocuparon bajo amenaza de tal acción.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús se inhibió.