text:
    Gerardo Miranda Meléndez, recurrente, v. Hon. Joaquín del Río Rodríguez, Registrador de la Propiedad, Sección de Barranquitas, recurrido.

      Número: RG-2014-0004

      Resuelto: 2 de octubre de 2015

      Rosana Marrero Betancourt, del Bufete Marrero-Betancourt, abogada de la parte recurrente; Joaquín del Río Rodríguez, Registrador de la Propiedad.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si una escritura que instrumenta la partición de un caudal hereditario y la adjudicación de la titularidad de un inmueble, parte del caudal, a favor de uno de los coherederos —sin recibir los demás nada a cambio y, por lo tanto, renunciando éstos a cualquier interés sobre tal inmueble— supone una donación, para cuya oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad se precisa el correspondiente relevo del Departamento de Hacienda.

I

El 19 de mayo de 2014, las sucesiones de Elena Meléndez Ocasio y Neptuin Miranda Archilla —anteriores condueños del inmueble que suscita la controversia que nos ocupa— comparecieron ante la notaria Rosana Marrero Betancourt y otorgaron la Escritura número 11, intitulada División de Comunidad Hereditaria. En ésta hicieron constar sus respectivas participaciones dominicales sobre un inmueble y, a la vez, lo adjudicaron, mediante la operación particional correspondiente, a favor del coheredero Sr. Gerardo Miranda Meléndez (recurrente). Las Sucesiones renunciaron, asimismo, a cualquier interés ulterior sobre el inmueble. Valga destacar, además, que, según surge de la referida escritura, dicho inmueble estaba valorado en $68,000 y constituía el único bien de los caudales relictos concernidos que quedaba por dividir. Ese mismo día la escritura se presentó al Registro de la Propiedad, Sección de Barranquitas.

El 6 de noviembre de 2014, por su parte, el Hon. Joaquín del Río Rodríguez, Registrador de la Propiedad (Registrador), notificó las siguientes faltas respecto a la escritura de división de comunidad hereditaria que nos concierne:

1. Gerardo Miranda Meléndez, adquiere la totalidad de la propiedad sin efectuar pago alguno al resto de la sucesión, por lo cual esta transacción constituye una donación. Favor de someter el correspondiente certificado de cancelación de gravamen. (Relevo de Donación).

2. Pendiente de este documento: El asiento 1277 del Diario 578 escritura #18 de 2014, ante la misma notaría. Apéndice del Recurso gubernativo, pág. l.

Como se ve, el Registrador entendió que en la Escritura número 11 se verificaba una donación, razón por la cual era necesario presentar un certificado de cancelación de gravamen tributario debidamente expedido por el Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase Sec. 2054.02(a) del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, 13 LPRA see. 31162. Fundamentó lo anterior en el hecho de que, con excepción del recurrente, los demás herederos no habían derivado beneficio económico alguno de la transacción que nos ocupa.

Así las cosas, el 20 de noviembre de 2014, la parte recurrente presentó oportunamente un escrito de recalificación. Atendido el escrito, el Registrador denegó nuevamente la inscripción solicitada aduciendo como fundamento las faltas recién señaladas. Inconforme, el recurrente acudió a este Tribunal interponiendo, en sazón, el recurso gubernativo correspondiente. En este recurso, sin más, “objeta la calificación del Registrador por ser contraria al Derecho positivo vigente”. Recurso gubernativo, pág. 4.

En vista de lo anterior, para disponer de la controversia planteada conviene repasar someramente las normas sobre la partición convencional de la comunidad hereditaria. Esto es, debemos examinar la naturaleza de una partición realizada extrajudicialmente en virtud del convenio unánime de todos los coherederos.

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Como se sabe, “[l]a comunidad hereditaria surge al mundo del Derecho cuando fallece una persona con más de un heredero [...]”. E. González Tejera, Derecho de sucesiones, San Juan, Ed. UPR, 2001, T. I, pág. 399. Véanse: Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80, 87 (2010); Soc. de Gananciales v. Registrador, 151 DPR 315, 317 (2000); Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 DPR 39, 48 (1987). En ésta, “cada heredero tiene, en principio, una titularidad global sobre el patrimonio hereditario relicto, si bien limitada por la concurrencia de otro u otros herederos que tienen un derecho cualitativamente idéntico, aunque puede ser cuantitativamente distinto”. L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho de sucesiones, 2000, T. IV, pág. 7. En cuanto a sus rasgos esenciales, la comunidad hereditaria se caracteriza por ser: (1) universal, “por cuanto recae sobre la unidad patrimonial de la herencia”; (2) forzosa, “en cuanto surge con independencia absoluta de la voluntad de los titulares”, y (3) transitoria, “pues se constituye por la ley para disolverse por la partición”. Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 651 (1990), citando a J. Castán Tobeñas, Derecho Ovil español, común y floral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. VI, Vol. 1, págs. 298-299. Véase, también, J.A. Cuevas Segarra y A. Román García, Derecho sucesorio comparado (Puerto Rico y España), San Juan, Pubs. JTS, 2003, pág. 134.

En lo que respecta a su regulación positiva en nuestro Código Civil, este último no contiene disposiciones específicas que atiendan las complejidades que tal comunidad suscita, si bien reconoce su existencia cuando trata de su partición. Vega Montoya v. Registrador, supra, pág. 87; Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 318; Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, pág. 49. Por consiguiente, este Tribunal ha dispuesto que, en ausencia de nor-mas detalladas, este tipo de comunidad se regirá, en orden de prelación, por: “(i) las disposiciones imperativas del Código Civil; (ii) la voluntad del causante; (iii) las disposiciones que le sean aplicables sobre división de la herencia, y (iv) las disposiciones generales sobre comunidad de bienes que sean compatibles con el carácter universal de este tipo de comunidad”. Vega Montoya, supra, págs. 87-88, citando a Kogan, supra, pág. 651. Véase Cintrón Vélez, supra, pág. 49.

B

Como se dijo, nuestro Código Civil reconoce la existencia de la comunidad hereditaria implícitamente, si se quiere, en tanto la considera en su fase de terminación, es decir, en la partición. Sobre la partición, en general, cabe decir que

[...] es el acto jurídico, unilateral o plurilateral, necesario e irrevocable, de naturaleza declarativa, compuesto de un conjunto ordenado de operaciones verificadas sobre ciertas bases o supuestos de hechos y de Derecho, y en el cual, después de determinarse el activo y el pasivo de la masa hereditaria y de proceder a su avalúo y liquidación, se fija el haber de cada partícipe, se divide el caudal partible y se adjudica cada lote de bienes formados a cada heredero respectivo, provocando la transformación de las participaciones abstractas de los coherederos sobre el patrimonio relicto (derecho hereditario) en titularidades concretadas sobre bienes determinados (dominio o propiedad exclusiva u ordinaria). (Citas omitidas y énfasis suplido). Roca-Sastre Muncunill, op. cit., pág. 55.

Se colige de lo anterior, pues, que la partición constituye el momento cuando se resuelve la indivisión en torno a la cual gravitan los coherederos. En nuestro ordenamiento, además, es norma firmemente establecida que la naturaleza de ésta conlleva efectos declarativos o adjudicativos, y no traslativos. Véanse, entre otros: Díaz v. Registrador, 107 DPR 233, 236 (1978); Shivell v. Barber y Boscio, 92 DPR 400, 409-410 (1965). Es decir, según esta concepción de la partición,

[se] reputa a cada heredero haber sucedido sólo e inmediatamente al causante en todos los bienes contenidos en su hijuela. Se entiende que nunca tuvo la propiedad de los bienes del caudal adjudicados a los demás partícipes. Según esta doctrina, el heredero sólo tiene un causahabiente, el causante o de cuius, de manera que por ficción jurídica se entiende que ha tenido la propiedad de los bienes adjudicados desde la apertura de la sucesión. Como dicen unos tratadistas, la partición es declarativa, esto es: “explica qué bienes ha heredado efectivamente cada coheredero desde la apertura de la sucesión directamente del causante sin intervención de los coherederos ni mediante supuestas operaciones conmutativas. (Énfasis en el original y escolio omitido). González Tejera, op. cit., pág. 403, citando a J.L. Lacruz Berdejo y F. Sancho Rebullida, Derecho de sucesiones, Barcelona, [s. Ed.], 1971, Vol. 1, pág. 204.

En vista de lo anterior, la partición en nuestro ordenamiento meramente declara o adjudica lo que corresponde a cada heredero. Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 543 (2009) (“Cuando los comuneros se adjudican los bienes, realizan un acto de adjudicación consecutiva a un acto divisorio y no una transmisión de dominio”); E.A. Zannoni, Derecho de las sucesiones, 4ta ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 1997, T. 1, págs. 629-630. Más importante aún, esta operación supone que el heredero adjudicatario poseyó y tuvo para sí exclusivamente, en su patrimonio, lo adjudicado desde el momento mismo cuando se abrió la herencia. En efecto, se trata de una ficción jurídica mediante la cual el título del causahabiente —el heredero— desciende directamente del causante, sin que se considere la comunidad hereditaria en sí misma como un estado intermedio de titularidad. Es decir, lo que se le adjudique a determinado heredero proviene directamente del causante y no de la comunidad hereditaria, la cual —huelga decirlo— no tiene personalidad jurídica propia. Kogan, supra, pág. 656.

En cuanto a la tipología que presenta la operación particional, nuestro Código Civil dispone, a lo sumo, tres maneras de efectuar la partición. En primer lugar, el testador, por sí mismo, podrá partir la herencia, según estime conveniente. Art. 1009 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2875. De otra parte, y subsumido en este tipo, el testador también podrá encomendar a un comisario que se encargue de efectuarla. Art. 1010 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 2876. En segundo lugar, los coherederos, mediante acuerdo unánime, podrán partir la herencia como estimen conveniente. Art. 1011 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 2877. Por último, cuando los coherederos no logren convenir en la forma de partir la herencia, ésta podrá llevarse a cabo judicialmente. Art. 1012 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRAsec. 2878. Ciñéndonos a los hechos particulares que presenta el caso ante nuestra consideración, conviene explorar los pormenores normativos del tercer tipo, esto es, la partición convencional.

C

El Artículo 1011 de nuestro Código Civil permite que “[cjuando el testador no hubiese hecho la partición, ni encomendado a otro esta facultad, [y] si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, [éstos] podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente”. 31 LPRA see. 2877. Véase, por ejemplo, M. Albaladejo, Comentarios al Código civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1989, T. XIV, Vol. 2, pág. 346. Así, dicho artículo consagra el consentimiento unánime entre coherederos como una de las posibilidades para verificar la partición de la comunidad hereditaria. Sin embargo, dada la amplitud de la potestad conferida por el Código, conviene puntualizar su alcance para delimitar el margen de liberalidad que tienen los coherederos al convenir en la forma y el modo de partir el caudal relicto que los vincula.

En primer lugar, debe precisarse que la naturaleza jurídica de este tipo de partición es la de un contrato, “porque se funda en varias declaraciones de voluntad”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. V, Vol. III, pág. 400. Por tal razón, la partición convencional ha sido caracterizada como un “contrato plurilateral, al que cada [coheredero] concurre con interés opuesto al de los otros”. J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, 4ta ed., 2009, T. V, pág. 117. Asimismo, y dada la contrariedad potencial de los intereses concernidos, esta partición requiere la unanimidad de los coherederos. Id. Por otra parte, “[e]n cuanto a la forma, se entiende que la partición [convencional] de herencia se rige por el principio espiritualista, que no la requiere especial, independientemente del valor que pueda conferirle su otorgamiento en escritura pública dotándole de autenticidad y acceso a los registros públicos”. J. Vallet de Goytisolo, Panorama del derecho de sucesiones, Madrid, Ed. Civitas, 1984, T. II, pág. 931.

En virtud de lo anterior, en la partición convencional “rigen como regla general las reglas de los contratos [...]”. I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. V, pág. 600 (Comentarios de Jesús Corbal Fernández). Por lo tanto, los coherederos que partan su herencia convencionalmente deberán hacerlo ateniéndose en todo momento a los límites que coartan, precisamente, la libertad contractual. González Tejera, op. cit, pág. 434. Esto es, la partición hereditaria que pacten no podrá contravenir la ley, la moral ni el orden público. Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3372. Véase, también, C. Lasarte, Principios de Derecho Civil, 3ra ed., 2003, T. VII, pág. 400.

Por último, se deduce de lo anterior que el Artículo 1011 del Código Civil, supra, es un “precepto [que] consagra un principio de autarquía distributiva [...]”. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil español, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. VI, pág. 67. La libertad conferida por tal principio

[...] resulta suficientemente subrayad [a] en el inciso final del artículo 1.058 [—equivalente verbatim de nuestro Artículo 1011—], conforme al cual los coherederos “podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente”, expresión de gran fuerza gramatical que pretende resaltar que, si resulta procedente la partición convencional [...], los herederos podrán partir los bienes incluso sin necesidad de observar lo prescrito por el testador [...] Lasarte, op. cit., pág. 400. Cf., E. González Tejera, Derecho de familia y derecho sucesorio, 60 (Núm. 3) Rev. Jur. UPR 1053, 1073 (1991).

Incluso, siendo los coherederos mayores de edad y plenamente capaces —tal y como lo son en el caso que nos atañe—, éstos podrán partir la herencia sin ceñirse al “principio de igualdad cualitativa en la partición, es decir, formación de lotes de bienes de igual naturaleza o calidad”. Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, supra, pág. 407.

En fin, evaluado el ámbito de libertad del que gozan los coherederos cuando deciden, unánimemente, partir la herencia mediante convenio, “[n]o hay razón alguna para negarle a los herederos plena soberanía en la distribución de los bienes relictos siempre que los acuerdos no contravengan la ley, la moral o el orden público”. Sucn. Sepúlveda Barreto, supra, pág. 408. Por otra parte, el cabal reconocimiento de esta libertad no ha de incidir en la naturaleza del acto mismo —la partición—, que es indudablemente declarativa.

Examinado el Derecho aplicable, procede evaluar los pormenores fácticos de la controversia a la luz de éste.

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Como se dijo en la relación de hechos, en el caso que nos ocupa, al señor Miranda Meléndez —el recurrente— se le adjudicó un inmueble perteneciente a las sucesiones de Elena Meléndez Ocasio y Neptuín Miranda Archilla en virtud del consentimiento unánime de todos los coherederos de ambos, entre los que se encontraba el propio peticionario. Asimismo, los coherederos que convinieron en dicha adjudicación cedieron y renunciaron a cualquier posible reclamo o derecho que pudiera surgir a raíz de ésta. Por último, declararon conspicuamente que la adjudicación en cuestión era hecha amistosamente, conforme lo resuelto por este Tribunal en Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, supra, pág. 407. Los comparecientes también invocaron lo resuelto por este Tribunal en Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522 (2009), con tal de despejar cualquier duda en tomo a la naturaleza adjudicativa de la escritura que sancionaron. En esencia, adujeron que dado que la partición, en virtud de su naturaleza declarativa, meramente modifica el dominio, no cabe hablar de donación en este caso.

El Registrador, por su parte, argüyó que la adjudicación del inmueble a favor del señor Miranda Meléndez, sin que los demás coherederos recibieran una contraprestación, configuraba una donación, para cuya inscripción se precisaba el correspondiente relevo del Departamento de Hacienda.

Evaluadas las contenciones de las partes a la luz del Derecho aplicable, y al no existir duda alguna sobre la naturaleza declarativa de la partición hereditaria en nuestro ordenamiento jurídico, resolvemos que la partición convencional practicada por los comparecientes en este caso no constituye una donación. Ello, puesto que, jurídica y conceptualmente, lo contrario desnaturalizaría la figura particional convencional que recoge el Artículo 1011 del Código Civil de Puerto Rico. Además, como bien señala el peticionario, en gran medida, nuestro precedente en Sucn. Sepúlveda Barreto resuelve, sin más, el asunto que nos atañe.

En Sucn. Sepúlveda Barreto este Tribunal resolvio que, en el contexto de una partición convencional en las que los coherederos no se hayan atenido al principio de igualdad cualitativa, las disparidades resultantes entre sus hijuelas no debían ser consideradas una donación. Ello, puesto que

[e]l título de la sucesión siempre es el testamento o la declaratoria de herederos, pero ya hemos visto cómo a través de la partición todos los integrantes de la sucesión pueden prescindir o variar la voluntad real o presunta del causante. Aunque cuando esto ocurre en efecto se realiza una adquisición hereditaria seguida de otro negocio de transmisión, la adjudicación de los bienes del caudal queda jurídicamente entroncada con la disposición sucesoria. Registralmente ocurre una aplicación más del principio de tracto abreviado, ya que el negocio intermedio no se refleja en el Registro de la Propiedad y se acude “a la ficción de que la cosa adjudicada ha pasado directamente del transmitente al adjudicatario [...]”. (Cita omitida). Sucn. Sepúlveda Barreto, supra, págs. 409-410.

Así, es incuestionable el carácter declarativo de la partición. Más aún, no cabe hablar de donación en el contexto de una partición hereditaria, salvo que exista prueba preponderante de que los herederos acordaron realizarla. Véase González Tejera, Derecho de sucesiones, op. cit, pág. 435. Tal prueba, en cualquier caso, deberá permitir inferir el ánimo de liberalidad de los coherederos.

En el caso que nos ocupa, los coherederos señalaron expresamente que acordaban con carácter amistoso la adjudicación del inmueble restante de la comunidad hereditaria. El carácter amistoso, sin embargo, no se refiere tanto a la causa como al hecho indispensable de que los coherederos convengan unánimemente y extrajudicialmente en cómo efectuar la partición. Véase Roca-Sastre Muncunill, op. cit., pág. 171 (“[P]ara que pueda practicarse extrajudicialmente o de un modo amistoso la partición entre los herederos, se requiere unanimidad [...]”)• Después de todo, “ ‘[l]a causa del contrato es la función económica y social que el mismo debe llenar o cumplir’ ”. (Corchetes en el original). BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 702 (2008), citando a L. Diez-Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I, pág. 881.

Así, siendo la partición convencional un contrato, la causa de ésta es la resolución de la indivisión que supone la comunidad hereditaria. Nótese, además, que significar como una donación la operación particional convenida unánimemente entre los coherederos contravendría la naturaleza declarativa de ésta. Ello toda vez que la donación es un acto jurídico de naturaleza propiamente traslativa, cuya causa se cifra en la liberalidad del donante. Véase, por ejemplo, Puig Brutau, op. cit, Vol. II, págs. 327-330.

Por lo tanto, es forzoso concluir que la adjudicación del inmueble en cuestión a favor del peticionario —señor Miranda Meléndez— no configura una donación cuya inscripción en el Registro de la Propiedad requiera presentar el certificado de cancelación de gravamen tributario expedido por el Departamento de Hacienda.

IV

En mérito de lo antes expuesto, no proceden las faltas notificadas por el Registrador de la Propiedad recurrido. En consecuencia, se revoca su nota y se ordena la calificación de la escritura concernida, en conformidad con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez concurrió con las expresiones siguientes:

Concurro con la Opinión emitida por este Tribunal por en-tender que lo aquí dispuesto fue resuelto en Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, 125 DPR 401 (1990). En aquella ocasión, este Tribunal dispuso que en una partición convencional por acuerdo unánime de los herederos no hay que cumplir con el principio de igualdad cualitativa. Además, rechazamos ex-presamente que tal distribución desigual constituya una donación, por lo que nada impedía la inscripción de la partición convencional acordada en el Registro. íd., págs. 409-410.

       Conviene señalar que la partición que nos atañe fue hecha al amparo del Artículo 1011 del Código Civil de Puerto Rico, que dispone que “[c]uando el testador no hubiese hecho la partición, ni encomendado a otro esta facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente”. 31 LPRA see. 2877.

       Por otro lado, los comparecientes declararon que ejercían su voluntad conforme a los Artículos 1009 al 1012 del Código Civil, 31 LPRA sees. 2875-2878, y lo resuelto por este Tribunal en Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, 125 DPR 401 (1990). Manifestaron también que, dado que el recurrente era un titular inscrito, en tanto coheredero, la adjudicación efectuada a través de la escritura surtía efectos modificativos respecto al dominio, por lo que no debía ser considerada como una donación. Para esto aludieron a Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522 (2009).

       Posteriormente, el 12 de agosto de 2014, el señor Miranda Meléndez suscribió la Escritura número 18, a través de la cual pretendía inscribir su derecho a hogar seguro conforme con los términos dispuestos en la Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, Ley Núm. 195 de 13 de septiembre de 2011, según enmendada, 31 LPRA sees. 1858 et seq. Esa escritura se presentó el 28 de agosto de 2014 en la Sección de Barranquitas del Registro de la Propiedad. La inscripción de la escritura, sin embargo, no está en controversia. Por lo tanto, nada se dirá sobre este particular.

       Tal reconocimiento se cifra en el presupuesto de que al momento de partirse la herencia los coherederos se encuentran en un estado de indivisión con respecto al caudal relicto. Véase, en particular, Arts. 1005-1034 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRAsecs. 2871-2919.

       Es menester notar, empero, que existe en la doctrina científica controversia en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la partición de la comunidad hereditaria. Véanse, por ejemplo: J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, 4ta ed., 2009, T. V, págs. Í08-110; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. V, Vol. III, págs. 400-411. Tal disputa, y al margen de posiciones intermedias, se reduce a determinar la raigambre germánica o románica de ésta. Ello, pues según se caracterice la comunidad hereditaria en un sentido u otro, la partición habrá de surtir efectos declarativos o traslativos, respectivamente. Véanse: A. Cristina Gómez Pérez y Y.M. Figueroa Collazo, El registro y la inscripción de la comunidad de bienes, 81 Rev. Jur. UPR 299, 304 (2012); F. Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1965, T. V, págs. 820-821. En nuestro ordenamiento, sin embargo, no cabe duda que la comunidad hereditaria tiene atributos propiamente germánicos y que la partición “es un acto declarativo sin efectos atributivos, traslativos o dispositivos, sino efectos distributivos”. Díaz v. Registrador, 107 DPR 233, 236 (1978).

       Dado que en Pagán Rodríguez se trataba de una comunidad postganancial, conviene precisar que este Tribunal ha comparado ese tipo de comunidad con la comunidad hereditaria. íd., pág. 533. Ello en atención a las características peculiares de ambas. Id.

       Cf., Art. 369 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 1443 (“La posesión de los bienes hereditarios se entiende trasmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante [...]”); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 154, 178 (2005).

       Este tipo de partición “[e]s [...] un supuesto muy particular, pues no habiéndose formado todavía la ‘comunidad hereditaria’, resulta anómala y extraña esta figura particional de una situación comunitaria que todavía no se ha producido”. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil español, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. VI, pág. 31. Para una discusión más pormenorizada sobre el particular, véase L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho de sucesiones, págs. 93-121.

       Para una síntesis de la normativa sobre el artículo que nos ocupa y que versa sobre asuntos que rebasan los límites de la controversia ante nuestra consideración, véase E. Martínez Moya, El derecho sucesorio puertorriqueño, 67 Rev. Jur. UPR 1, 45 (1998).

       No debe perderse de vista que en el presente caso todos los coherederos son mayores de edad y con plena capacidad para manejar y enajenar sus bienes. Por consiguiente, valga señalar que lo resuelto en esta Opinión se limita a tales circunstancias.

       De las constancias de la escritura que otorgaron los coherederos surge que el inmueble en cuestión era el único bien que restaba por adjudicar en ambas sucesiones. Nótese, además, que éstas eran dueñas del inmueble en igual proporción.

       Debido a que la naturaleza declarativa de la partición no está en duda en nuestro ordenamiento, la discusión del caso Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522 (2009), es innecesaria.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Francisco Toro González, querellado.

      Número: CP-2013-10

      Resuelto: 2 de octubre de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Minnie Rodríguez López, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte querellante; David Luis Torres Vélez, abogado de la parte querellada; Eladís Orsini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

En esta ocasión nos corresponde sancionar a un abogado por incumplir con los Cánones 18 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y con ciertas disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), Ley Núm. 2-1987 (4 LPRA see. 2001 et seq.) y del Reglamento Notarial (Reglamento), 4 LPRAAp. XXIV.

HH

El Ledo. Francisco Toro González (licenciado Toro González o querellado) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de abril de 1979 y a la notaría el 31 de mayo de 1979. El 7 de junio de 2007, la Sra. María del C. Rosa Matos y el Sr. Felipe D. Rosa Matos (en conjunto, querellantes) presentaron una queja contra el licenciado Toro González. Según el expediente ante nuestra consideración, así como el Informe de la Comisionada Especial, los hechos que dieron lugar a este procedimiento disciplinario son los que se ex-ponen a continuación.

Las Sras. Yolanda Rosa Cruz y Carmen E. Rosa Cruz contrataron al licenciado Toro González para que gestionara un expediente de dominio en representación de los herederos del Sr. Erasmo Rosa y la Sra. Aurea Cruz (Sucesión Rosa-Cruz). La Sucesión Rosa-Cruz estaba compuesta por Yolanda, Carmen, Radamés, Amelia, Trinidad, Erasmo, Gilberto, Cresencia, Aurea, Miriam Elsie y la sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz, debido a que este último había fallecido. La sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz estaba compuesta por su viuda, la Sra. Heroína Matos Rivera, y sus hijos: los querellantes (María del Carmen y Felipe), Belisa, Glenda Zoé y Jelitza (Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz). Además de lo relativo al expediente de dominio, la señora Yolanda le expresó al licenciado Toro González su deseo de hacer unos movimientos de terreno en el predio donde residía, que era una propiedad que sus padres le habían donado en vida. El querellado le informó que para obtener los permisos necesitaba un documento mediante el cual los demás herederos reconocieran la donación, ya que la propiedad estaba ubicada en la finca objeto del caudal hereditario. Ésta le indicó que los otros miembros de la sucesión la reconocían.

A base de la información ofrecida, el 2 de marzo de 2007, la señora Yolanda suscribió una declaración jurada ante el querellado mediante el afidávit Núm. 14,563. Declaró que junto a sus hermanos y sobrinos era condueña de una finca en el barrio Tallaboa Alta, sector La Moca de Peñuelas, carretera estatal 391, kilómetro 1, hectómetro 2, donde ubicaba una edificación que le donaron sus padres, el Sr. Erasmo Rosa y la Sra. Aurea Cruz, ya fallecidos. Acreditó lo anterior mediante una escritura sobre titularidad otorgada por todos los herederos (hermanos y sobrinos) que unió a la declaración. Asimismo, como condueña, autorizó a su hija, Raquel López Rosa, a realizar movimientos de tierra para construir un terraplén en los terrenos adyacentes a su edificación.

El 19 de marzo de 2007, el licenciado Toro González preparó una certificación dirigida al Departamento de Recursos Naturales. Informó que estaba a cargo del otorgamiento de una escritura en la cual los miembros de la Sucesión Rosa-Cruz reconocían que la señora Yolanda era dueña de la porción de terreno donde se interesaba realizar un movimiento de tierra. Sin embargo, la certificación dis-pone que para completar esa escritura faltaba obtener la firma de varios herederos.

Posteriormente, el 12 de abril de 2007 se otorgó la Escritura Núm. 22 de Reconocimiento de Titularidad (Escritura Núm. 22) ante el licenciado Toro González. En ella comparecieron la mayoría de los miembros de la Sucesión Rosa-Cruz. En cuanto a la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz, inicialmente se hizo constar que comparecía representada por la Sra. Jelitza Rosa Matos como su mandataria verbal, lo cual se acreditaría donde y cuando fuese necesario. Se indicó que ambas sucesiones eran herederas del Sr. Erasmo Rosa y la Sra. Aurea Cruz y que reconocían la donación de la edificación que éstos le hicieron en vida a su hija, la señora Yolanda. Como consecuencia, renunciaron a cualquier reclamo de herencia sobre la edificación. El licenciado Toro González señaló que le hizo a los otorgantes las advertencias de ley necesarias y correspondientes. Además, al final de la escritura, luego de la firma de los otorgantes y de que el notario diera fe bajo su firma, signo, sello y rúbrica, se añadió lo siguiente:

“[s]e aclara esta para hacer constar que los aquí comparecientes de apellidos Rosa Matos, [Sucesión Felipe Neri Rosa Cruz] y los cuales están representados en esta por su hermana Jelitza Rosa Matos no comparecen ni suscriben esta, entiéndase aclarada esta escritura a ese solo efecto, repito la fe”.

Cabe mencionar que la Escritura Núm. 22 no está iniciada ni firmada por la señora Jelitza ni por algún otro miembro de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz.

Finalmente, el 18 de mayo de 2007 el licenciado Toro González, en representación de la Sucesión Rosa-Cruz, presentó una petición sobre Expediente de Dominio. Asimismo, el 29 de mayo de 2007 el Departamento de Recursos Naturales concedió un permiso simple a la señora Yolanda para la remoción de material de la corteza terrestre con el propósito de realizar mejoras al camino existente y crear un terraplén.

El 7 de junio de 2007, los querellantes, miembros de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz, presentaron la queja objeto de esta querella. En esencia, alegaron que contrataron al licenciado Toro González para realizar unas gestiones relacionadas con una herencia, incluyendo un expediente de dominio. Expusieron que éste otorgó una escritura de reconocimiento de titularidad que la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz no suscribió ni autorizó, a pesar de que la edificación descrita en la escritura, así como el terreno adyacente —que no se incluyó en ésta pero sobre el cual se está haciendo el movimiento de tierra— eran parte de la herencia que no había sido dividida. Indicaron que no nombraron a Jelitza Rosa Matos como su mandataria verbal. Además, con relación al trámite del expediente de dominio, señalaron que el licenciado Toro González no se había comunicado con la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz para informarles sobre el procedimiento para el cual se le contrató y se le adelantó cierta cantidad de dinero.

En su contestación a la queja, el licenciado Toro González comenzó explicando que ésta tenía como génesis la existencia de una comunidad hereditaria indivisa desde los años 1930, a la cual los querellantes pertenecen por derecho de representación, que lo contrató para realizar un expediente de dominio. Indicó que cuando se reunió con las señoras Carmen y Yolanda éstas le expresaron que sus padres le habían donado a la señora Yolanda la casa donde ella vivía, así como un predio de terreno, y que los comuneros reconocían esa donación. En vista de ello procedió a redactar la escritura de reconocimiento de título para que la señora Yolanda pudiera solicitar el permiso correspondiente para hacer el referido movimiento de terreno y se la entregó para que todos los herederos la examinaran. Aceptó que el reconocimiento de titularidad se realizó con los miembros de la Sucesión Rosa-Cruz que comparecieron y que a los miembros de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz se les eliminó de la escritura porque no comparecieron a firmar.

El querellado incluyó como anejos una copia de la presentación del trámite para el expediente de dominio, una COpia de la declaratoria de herederos de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz, una carta relacionada a la solicitud de movimiento de terreno y una declaración jurada de la señora Yolanda otorgada el 3 de julio de 2007 ante el notario Norberto Colón Rodríguez mediante el afidávit Núm. 6,812. En ésta, la señora Yolanda expresó que su padre, el Sr. Erasmo Rosa, le separó una porción de terreno a los miembros de la sucesión que así lo deseaban y que la suya se marcó por varillas, según una mensura realizada por el ingeniero Juan E. Torres Lao. Sin embargo, reconoció que la finca no había sido segregada y señaló, entre otras cosas, que los querellantes —sus sobrinos— no comparecieron a firmar la Escritura Núm. 22 a pesar de que conocían que se llevaría a cabo ese acto.

Los querellantes reaccionaron a la contestación del licenciado Toro González y expusieron, entre otras cosas, que este último nunca le envió a la querellante, la Sra. María del C. Rosa Matos, la escritura de reconocimiento de titularidad vía facsímil para que la examinara. Solicitaron que se declarara nula la escritura.

El 28 de septiembre de 2009, la otrora Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, presentó ante nosotros un Informe. Luego de exponer los hechos que no están en controversia, concluyó que el licenciado Toro González autorizó la Escritura Núm. 22 y que de ésta no surge referencia alguna a la falta de inscripción de la finca a favor de los causantes y la necesidad de tramitar el expediente de dominio.

Además, aunque el licenciado Toro González reconoce que la señora Jelitza no compareció a firmar la escritura, no eliminó del texto su nombre ni las demás referencias a su participación como alegada representante de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz. Señaló que de la nota al final de la escritura no surge claramente que ella no compareció a firmarla a pesar de que ello le constaba. Tampoco se incluyó la anuencia de los otorgantes a la presentación posterior de la prueba de capacidad representativa ni la advertencia referente a la eficacia en suspenso. Indicó que el licenciado Toro González conocía que, dado el fallecimiento del Sr. Felipe Neri, sus herederos tenían que pres-tar su consentimiento y aprobación en cuanto al reconocimiento de titularidad por tener derecho sobre la propiedad.

Por lo anterior, la ODIN entendió que el querellado no actuó conforme a las disposiciones de la Ley Notarial y del Reglamento. Por último, señaló que el querellado también violó el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al autorizar un testimonio a sabiendas de que lo declarado era falso. Recibida la contestación del licenciado Toro González, el 15 de enero de 2010 referimos el Informe a la Procuradora General para que presentara la querella correspondiente. En ella, se formularon los cargos siguientes:

Cargo I
El Ledo. Francisco Toro González incurrió en conducta constitutiva de violación a los preceptos contenidos en el Canon 35 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 35, al autorizar el testimonio número 14,563 a sabiendas [de] que contenía hechos que no eran ciertos. El notario conocía que no había sido otorgada la escritura de titularidad sobre una propiedad que se menciona en el documento y que esta no podía ser unida a la declaración porque no existía a dicha fecha. La declaración jurada es de 2 de marzo de 2007 y fue autorizada con anterioridad a la Escritura Núm. 22 de 12 abril de 2007.
Cargos II, III, IV y V
El Ledo. Francisco Toro González incurrió en conducta constitutiva de violación al Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 18, al Artículo 2 (fe pública notarial), Artículo 14 y al Artículo 16 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sees. 2002, 2032, 2034. Esto debido a que no se rindió una labor idónea y competente en cuanto a la autorización de la Escritura Núm. 22 por esta adolecer de defectos que impiden su eficacia y validez. Considerando muy especialmente el hecho de que el propósito del notario es la autorización de documentos jurídicamente eficaces y legales según señala el Artículo 14 de la Ley Notarial. A su vez y como parte de las deficiencias señaladas en el documento por la ODIN la otorgante Jelitza Rosa Matos no firmó ni inició la escritura, requisito esencial del instrumento público que es causa de nulidad, constituye una violación de la fe pública y viola el Artículo 16 de la Ley Notarial. Indicamos además que el documento no contiene advertencia ni señalamiento alguno de que el predio de terreno al que se refiere no consta inscrito, de la necesidad de presentar un expediente de dominio y las consecuencias relacionadas con estos hechos.
Cargo VI
El Ledo. Francisco Toro González incurrió en violación a la Regla 28 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV, R. 28, al no acreditar la capacidad representativa de Jelitza Rosa Matos al momento de la autorización de la Escritura Núm. 22 como tampoco consignó expresamente en el documento tal hecho y que los comparecientes han dado su anuencia para que la escritura sea autorizada y para la presentación en fecha posterior de la prueba documental de tal capacidad. Tampoco se consignó en el documento que se realizaron las advertencias correspondientes sobre la eficacia en suspenso de la escritura.

Luego de que este Tribunal le concediera una prórroga, el querellado presentó su contestación a la querella. Señaló que la declaración jurada otorgada por la señora Yolanda ante él, así como la Escritura Núm. 22, se prepararon conforme a las representaciones que le hicieron los querellantes y las señoras Yolanda y Carmen. En cuanto a la violación al Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, explicó que si en la declaración se hizo referencia a la escritura de reconocimiento de titularidad “tiene que haber sido que ya la escritura estaba firmada por todos los que otorgaron la misma excepto, los querellantes”, y que estaba abierta en espera de que comparecieran éstos y la firmaran.

Respecto a la violación a la Ley Notarial y al Reglamento, expresó que la eficacia y validez de la escritura eran únicamente a los efectos de conseguir la autorización del Departamento de Recursos Naturales para el movimiento de terreno y que ésta se consiguió. Por otro lado, destacó que en la escritura se aclaró que la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz no compareció y que ésta incluía a la señora Jelitza, por lo que no hacía falta acreditar su capacidad representativa ni advertir sobre la eficacia en suspenso de la escritura. Además, no hacían falta las advertencias relativas a la falta de inscripción del terreno y la necesidad de tramitar un ex-pediente de dominio porque el documento se preparó para solicitar el permiso en Recursos Naturales. Por último, razonó que si hay algún señalamiento con respecto a los Cánones del Código de Ética Profesional ello es resultado de la conducta y la representación que le hicieron los querellantes de estar de acuerdo con la Escritura Núm. 22 y la información brindada por las señoras Yolanda y Carmen, quienes están dispuestas a dejar sin efecto la escritura.

El 31 de marzo de 2014 nombramos a la Hon. Eliadís Orsini Zayas como Comisionada Especial para que recibiera la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hechos y las recomendaciones que estimara pertinente. Contando con el memorial de derecho presentado por las partes, la Comisionada Especial emitió su Informe. Concluyó que todos los cargos presentados contra el querellado fueron probados con prueba clara, robusta y convincente.

Examinemos la normativa aplicable a este asunto.

II

En nuestro ordenamiento, el notario ejerce una función pública que requiere cuidado, dedicación y celo profesional. Ello porque se le confiere la autoridad para dar fe y autenticidad a los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen. Art. 2 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2002. Al autorizar esos documentos, el notario se asegura que cumplen con todas las formalidades de ley requeridas, que son legales y verdaderos, y que se trata de transacciones válidas y legítimas. In re González Maldonado, 152 DPR 871, 895 (2000).

Como parte de su función debe “recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] autoridad a los mismos”. Art. 2 de la Ley Notarial, supra. A su vez, y acorde con el rol del notario en esta jurisdicción, tiene que asegurarse de obtener el consentimiento informado de los otorgantes haciéndoles todas las explicaciones, aclaraciones y advertencias que sean necesarias. In re Jiménez Brackel, 148 DPR 287, 295 (1999). En síntesis, al autorizar una escritura el notario tiene cuatro deberes principales:

[...] (i) indagar la voluntad de los otorgantes; (ii) formular la voluntad indagada; (iii) investigar ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio; y (iv) darles a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo. In re Davison Lampón, 159 DPR 448, 461 (2003). Véase Chévere v. Cátala, 115 DPR 432 (1984).

Para determinar qué se le debe explicar y advertir a los otorgantes —en aras de que estén informados— se deberá aplicar el derecho positivo y la jurisprudencia considerando, a su vez, el contenido del negocio y las estipulaciones que han de suscribirse. In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 461 (2009). En cuanto a las advertencias, el Art. 15(f) de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2033, dispone que en la escritura, el notario deberá consignar, entre otras cosas, “[e]l haberles hecho de palabra a los otorgantes en el acto del otorgamiento las reservas y advertencias legales pertinentes. No obstante, se consignarán en el documento aquellas advertencias que por su importancia deban, a juicio prudente del notario, detallarse expresamente”.

Este Tribunal ha reiterado que el notario está obligado a cumplir con la Ley Notarial, su Reglamento y los cánones del Código de Ética Profesional. In re Nieves Nieves, 171 DPR 843, 848 (2007); In re Davison Lampón, supra, pág. 455; In re Montañez Miranda, 157 DPR 275, 282 (2002); In re González Maldonado, supra. Estos últimos disponen las normas mínimas de conducta que rigen la profesión de la abogacía. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019, 1027 (2012); In re Peña, Santiago, 185 DPR 764, 778 (2012). El incumplimiento con las fuentes de obligaciones mencionadas exponen al abogado a las sanciones disciplinarias que este Tribunal estime procedentes. In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 418 (2011); In re Davison Lampón, supra; In re González Maldonado, supra.

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que “[e]l abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávits u otros documentos, y al presentar causas”. Véase In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 686 (2012). Un notario que falta a la veracidad de los hechos incumple con el deber de sinceridad y honradez que exige el Canon 35, supra, y quebranta la fe pública notarial, independientemente de que sea intencional o no. In re Peña, Santiago, supra, pág. 779; In re Muñoz Fernós, supra, págs. 686-687; In re Montañez Miranda, supra, págs. 281-282. Asimismo, a pesar de que el Art. 56 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2091, y la Regla 67 del Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIV, establecen que un notario no asume responsabilidad por el contenido del documento cuyas firmas legitime, este Tribunal ha determinado que cuando un notario tiene conocimiento de que el contenido es falso, no debe autorizarlo, pues de hacerlo viola el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra. In re Muñoz Fernós, supra, pág. 687; In re Montañez Miranda, supra, págs. 284-285.

Por otro lado, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, le impone al abogado “el deber de ser competente, cuidadoso y diligente al tramitar los asuntos que su cliente le encomienda y al defender los intereses de este último”. In re Soto Charraire, supra, pág. 1027. Cuando un notario no cumple con las disposiciones de la Ley Notarial y el Reglamento, viola el referido canon al no ejercer la profesión con el cuidado y la prudencia requeridos. In re Muñoz Fernós, supra, pág. 685; In re Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 106 (2004).

En lo pertinente a la querella ante nuestra consideración, el Art. 14 de la Ley Notarial, supra, establece que “[l]os notarios redactarán las escrituras públicas de acuerdo con la voluntad de los otorgantes y adaptándola a las formalidades jurídicas necesarias para su eficacia”. A su vez, el Art. 16 de la Ley Notarial, supra, exige que los otorgantes y testigos de una escritura la firmen y estampen sus iniciales al margen de cada una de sus páginas. Véase Regla 34 del Reglamento, 4 LPRAAp. XXIV. Está firmemente establecido que la firma es un requisito fundamental porque demuestra que el otorgante está de acuerdo con el contenido de la escritura. Véase In re Fontánez Fontánez, supra, pág. 419; In re Nieves Nieves, supra, pág. 852; In re González Maldonado, supra, pág. 914. Según el Art. 34 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2052, y la Regla 45 del Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIV, la falta de la firma de uno de los otorgantes o testigos acarrea la nulidad de la escritura, mientras que la ausencia de las iniciales causa su anulabilidad. Por último, la Regla 28 del Reglamento, supra, establece:

El carácter representativo de un compareciente deberá ser acreditado al notario mediante documento fehaciente, en cualquier momento antes del otorgamiento, salvo que exista la conformidad expresa de los demás comparecientes para que sea acreditado en momento posterior.
Cuando no fuere acreditada la capacidad representativa al momento de la autorización, el notario deberá consignar ex-presamente en la escritura tal hecho y que los comparecientes han dado su anuencia para que la escritura sea autorizada y para la presentación en fecha posterior de la prueba documental de tal capacidad. En tal caso el notario consignará en la escritura que hizo a todas las partes la advertencia sobre la eficacia en suspenso de la escritura. Véase Arts. 18-19 de la Ley Notarial, 4 LPRA secs. 2036-2037; In re González Maldonado, supra, págs. 903-905.

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

III

En el primer cargo se le imputa al querellado que violó el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, al autorizar el testimonio Núm. 14,563 a pesar de conocer que incluía hechos falsos. Ello, porque en ese testimonio de 2 de marzo de 2007 se acreditó cierta información mediante una escritura que se otorgó en una fecha posterior, específicamente el 12 de abril de 2007. Se alega que ambos documentos fueron autorizados por el querellado por lo que éste claramente sabía que al momento en que se suscribió el testimonio Núm. 14,563, la escritura de reconocimiento no se había otorgado.

El licenciado Toro González alega que si se hizo referencia a la escritura en la declaración jurada fue porque ya estaba preparada y firmada por quienes la otorgaron. Argüyó que la escritura estaba abierta en espera de la firma de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz, cuyos miembros le habían indicado que la firmarían. Surge de su propia explicación que, cuando autorizó el testimonio, estaba esperando que los sobrinos de la señora Yolanda comparecieran para firmar el documento. A pesar de lo anterior, en el testimonio se expresó que la escritura había sido otorgada por todos los herederos (hermanos y sobrinos). En consecuencia, no podía autorizar un testimonio que contenía un hecho falso conocido por él. Al hacerlo, quebrantó el deber de sinceridad y honradez exigido e incurrió en una violación al Canon 35, supra.

Los restantes cargos se concentran en las deficiencias encontradas en la Escritura Núm. 22 que afectaron su eficacia y validez. Una de éstas se relaciona con la ausencia de ciertas advertencias en la escritura, particularmente que el predio de terreno objeto de reconocimiento no constaba inscrito a favor de los causantes, de la necesidad de presentar un expediente de dominio y las consecuencias relacionadas con estos hechos. El querellado indica que cuando se otorgó la escritura no había interés en relacionarlo con un expediente de dominio porque el propósito era adquirir el permiso del Departamento de Recursos Naturales.

Según expresado, la necesidad de hacer constar una advertencia porque se estima importante dependerá del acto, contrato o negocio jurídico que se vaya a realizar mediante el instrumento público, así como del significado total de las estipulaciones que se han de suscribir. S. Torres Peralta, El derecho notarial puertorriqueño, San Juan, Ed. STP, 1995, Sec. 8.31; In re Torres Alicea, supra, pág. 461. Asimismo, hemos reiterado que el notario tiene el deber de conocer el estado registral de la propiedad objeto de la escritura para poder suplirles a los otorgantes las explicaciones, aclaraciones y advertencias necesarias de forma que comparezcan en un estado de conciencia informada. In re Torres Alicea, supra, págs. 460-461; Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 659 (2005); In re Jiménez Brackel, supra, págs. 294-295.

En esencia, por medio de la Escritura Núm. 22 de Reconocimiento de Titularidad la Sucesión Rosa-Cruz aceptó la donación realizada por los causantes a la señora Yolanda y renunció a cualquier reclamo sobre esa edificación. Examinada la situación en la que se encontraba la propiedad objeto del reconocimiento —una finca indivisa no inscrita que formaba parte de un caudal hereditario— el querellado debió detallar expresamente las advertencias relacionadas a la falta de inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad a favor de los causantes y la necesidad de tramitar un expediente de dominio con las consecuencias que podría acarrear el resultado de ese procedimiento. Al no hacerlo, violó la fe pública notarial, así como el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. En cuanto a lo alegado por el querellado con relación al propósito de la escritura, de ésta no surge mención de que el reconocimiento fuera solo para la obtención de un permiso. En cambio, de las estipulaciones suscritas lo que surge es que se reconoce la titularidad de la señora Yolanda sobre la propiedad en controversia, acto que conllevaba ciertas advertencias sobre su estado y cómo éste podía afectar el título reconocido.

Otra deficiencia de la Escritura Núm. 22 se refiere a la falta de comparecencia por parte de la señora Jelitza como representante de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz. En la escritura se hace constar en varias ocasiones que la señora Jelitza comparecía en representación de esa sucesión. Sin embargo, no firmó ni inició la escritura. Tampoco se consignó expresamente que, debido a que no acreditó su capacidad representativa al momento en que se otorgó, los comparecientes habían dado su anuencia para que la escritura fuera autorizada y que la prueba documental de tal capacidad se presentara en una fecha posterior, poniendo en suspenso su eficacia.

Habiendo examinado la Escritura Núm. 22 y constatado la falta de firma e iniciales de la señora Jelitza, el querellado incumplió con el Art. 16 de la Ley Notarial, supra, al no incluir la firma y las iniciales de los miembros de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz en una escritura de reconocimiento de titularidad, falta que conlleva su nulidad.

Ahora bien, el licenciado Toro González alega que en la escritura aclaró, mediante una nota, que la señora Jelitza no compareció, lo cual es válido según lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2050. En vista de lo anterior, señala que no era necesario consignar lo relacionado a la falta de la acreditación de capacidad.

El Art. 32 de la Ley Notarial, supra, incluye uno de los métodos que le permiten al notario suplir algún dato que haya omitido o corregir algún defecto luego de autorizado el documento. Consiste en subsanar el error mediante adiciones, apostillas, entrerrenglonaduras, raspaduras y tachaduras, las cuales deberán ser salvadas con la firma de quienes deben suscribir el documento y del notario o se tienen por no puestas. 4 LPRA see. 2050. Véase In re Godinez Morales, 161 DPR 219, 251-252 (2004).

Considerando el rol del notario en nuestro ordenamiento, concluimos que el querellado no ejerció su labor con el celo profesional y la diligencia que son requeridos al hacer constar en la Escritura Núm. 22 en numerosas ocasiones que la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz estaba representada por la señora Jelitza y, al ésta no comparecer, tratar de aclararlo mediante la nota siguiente: “[s]e aclara esta para hacer constar que los aquí comparecientes de apellidos Rosa Matos, y los cuales están representados en esta por su hermana Jelitza Rosa Matos no comparecen ni suscriben esta, entiéndase aclarada esta escritura a ese solo efecto, repito la fe”. Coincidimos con la ODIN respecto a que la nota no aclara que, en efecto, la señora Jelitza no compareció a suscribirla ni en su capacidad personal ni en calidad de representante.

Aun si para efectos de argumentación se entendiera que el contenido de la nota fue suficiente para aclarar el asunto, ésta adolece de múltiples defectos. El licenciado Toro González aceptó que en marzo de 2007 ya la escritura estaba firmada por los otorgantes y que solo faltaban los miembros de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz. Sin embargo, explicó que no pudieron esperar más por las fir-mas y en abril cerró la escritura, aclarando la falta de comparecencia. El problema es que, estando la escritura firmada por el resto de la Sucesión Rosa-Cruz, añadió la nota aclaratoria entre la última línea del instrumento y la primera firma, sin que ésta fuera aprobada y salvada por los otorgantes, según requiere el Art. 32 de la Ley Notarial, supra. Según la Prof. Sarah Torres Peralta, al analizar el Art. 32 de la Ley Notarial, supra:

[...] no se puede adicionar texto en un espacio en blanco entre la última línea del instrumento y la primera firma estampada y entonces descansar en que el documento estaba firmado. En tal caso, sería nula la adición ya que necesariamente se requiere para su validez la expresión de aprobación específica por parte de todos los otorgantes y la repetición de la fe notarial. S. Torres Peralta, op. cit, Sec. 13.7.

En cualquier caso, el licenciado Toro González tenía que añadir la nota después de la firma de los otorgantes, y éstos declarar expresamente que aceptaban la adición, fir-mar nuevamente y el notario repetir la fe notarial y firmar, íd. En vista de que añadió la nota en un espacio en blanco entre la última línea del instrumento y la primera firma, la aclaración realizada mediante nota se tiene por no puesta.

Aún más significativo, el querellado no podía utilizar esa nota para salvar la incomparecencia de varios herederos al acto de otorgamiento de una escritura de reconocimiento de titularidad sobre una propiedad que al momento formaba parte del caudal hereditario. Éstos evidentemente eran partes indispensables al tener un interés propietario sobre la edificación alegadamente donada, lo cual afecta la validez y eficacia de la escritura. Véase Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80 (2010). Máxime cuando la Comisionada Especial señaló en su Informe que no surge algún otro documento, privado o suscrito ante un notario, que establezca esa donación. En cambio, lo que procedía era que el licenciado Toro González otorgara una nueva escritura donde comparecieran todos los herederos. In re González Maldonado, supra, pág. 915.

A pesar de que el licenciado Toro González alegó durante el procedimiento que la eficacia y validez del instrumento era únicamente para conseguir el permiso del Departamento de Recursos Naturales, eso no lo exime de asegurarse que al impartir su fe pública lo hiciera sobre un documento eficaz y acorde con las formalidades requeridas por la ley. Cabe mencionar que la explicación del licenciado Toro González con respecto a cómo manejó las firmas de los otorgantes también denota que, de haber conseguido las firmas según se lo proponía, hubiese infringido el Art. 28 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2046, debido a que tenía que recibir personalmente la firma de la señora Jelitza o la de todos los demás herederos en el mismo día natural del otorgamiento y no semanas después, según él mismo expresó. Además, el querellado dio fe en la escritura de que se otorgó en un solo acto, aun cuando conocía que no obtuvo todas las firmas necesarias ese día.

Por todo lo expuesto, concluimos que se probó mediante prueba clara, robusta y convincente que el querellado violó los Cánones 18 y 35 del Código de Etica Profesional, supra, así como los Art. 2, 14 y 16 de la Ley Notarial, supra, cumpliendo así con el criterio probatorio requerido en estos procedimientos disciplinarios. In re Fontánez Fontánez, supra, pág. 417; In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 585 (2001).

IV

Al imponer una sanción disciplinaria este Tribunal considera diversos factores, ya sea como atenuantes o agravantes. Algunos de estos son: el historial previo del licenciado; su reputación en la comunidad; si la conducta se realizó con ánimo de lucro; si aceptó los cargos imputados; su arrepentimiento, y cualquier otra consideración que se estime pertinente. In re Peña, Santiago, supra, pág. 787; In re Muñoz Fernós, supra, pág. 688.

Surge del Informe de la Comisionada Especial que el querellado reiteró que con sus acciones solo intentaba ayudar a sus clientes; que la comunidad hereditaria mantiene rencillas entre ellos, y que con su actuación no causó daño a nadie. También señala que el proceso disciplinario ante sí se ventiló con bastante celeridad porque el querellado cooperó con los procedimientos. Asimismo, el licenciado Toro González presentó varias declaraciones juradas como prueba de reputación, de las cuales surge que el querellado goza de buena reputación en la comunidad y que su conducta ha sido ejemplar y honrada.

Cabe señalar que el querellado no aceptó que cometió las violaciones señaladas y que sus acciones y omisiones provocaron la nulidad de la Escritura Núm. 22. No obstante, en vista de su reputación en la comunidad, que no se demostró que el ánimo de lucro fuera el motivo de su conducta, que es la primera vez que es sancionado por este Tribunal desde que juramentó como licenciado hace 36 años y su cooperación con el procedimiento disciplinario, estimamos procedente ordenar la suspensión inmediata del licenciado Toro González del ejercicio de la notaría por un término de seis meses. La Oficina del Alguacil de este Tribunal, procederá, de inmediato, a incautar su obra notarial y entregarla a la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación y el informe correspondientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García no intervinieron.

       Surge del expediente que en algunos documentos se refieren al hermano fallecido como Felipe Nery Rosa Cruz. Sin embargo, en la Resolución del Tribunal de Primera Instancia referente a su Declaratoria de Herederos se refieren a él como Felipe Neri Rosa Cruz. Informe de la Oficina de Inspección de Notarías, Anejo III.

       Según surge de la Resolución de 1 de febrero de 2007, en el caso Civil Núm. KJV-2007-0080.

       Escritura Núm. 22 sobre Reconocimiento de Titularidad, pág. 4.

       En la petición se incluyó al Sr. Felipe Neri Rosa Cruz como uno de los peticionarios. El 16 de marzo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, declaró “con lugar” la petición y ordenó al Registrador de la Propiedad a inscribir el inmueble a favor de la Sucesión Rosa-Cruz, la cual incluye la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz.

       Señaló que a la querellante se le envió por fax, según solicitado por ella.

       Respecto al expediente de dominio, el licenciado Toro González señaló que le solicitó $100 a todos los comuneros para el trámite y que los querellantes no aportaron. Sin embargo, posteriormente aclaró que los querellantes sí aportaron los $100 dólares solicitados y que en una vista en el procedimiento de expediente de dominio indicó que estaba dispuesto a devolverles el dinero. Incluyó la minuta de la vista como anejo en su contestación al Informe de la Directora de Inspección de Notarías (ODIN).

       En el Informe, la Directora de la ODIN también indicó que las alegaciones respecto al procedimiento de expediente de dominio se tomaron académicas debido a que el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la petición. Por otra parte, entendió que cualquier reclamación que pudieran tener los querellantes con relación a sus derechos hereditarios sobre la edificación y los terrenos en controversia se debía dilucidar en un procedimiento civil ordinario.

       Contestación a querella, pág. 3.

       La Comisionada Especial hace ciertas observaciones en cuanto al trámite del expediente de dominio; sin embargo, en el Informe de la ODIN se indicó que las alegaciones respecto a ese procedimiento se habían tomado académicas, ya que el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la petición. Por lo anterior, en la querella, la Procuradora General no hizo ningún señalamiento ético al respecto y entendemos que no procede que evaluemos la conducta del querellado con relación a ese asunto.

       Contestación a la querella, págs. 3-4.

       íd.

       Esto porque, al faltar la firma e iniciales de la señora Jelitza en la Escritura núm. 22, ningún miembro de la Sucesión de Felipe Neri Rosa Cruz compareció al acto.

       Memorial de derecho, pág. 3.

       Otros métodos que provee la Ley Notarial para subsanar defectos son emitir un acta de subsanación, una escritura de rectificación o por medio de una diligencia subsanatoria. Véase el Art. 29 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2047, y la Regla 39 del Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIV. Véase, además, In re Godinez Morales, 161 DPR 219 (2004).

       Escritura Núm. 22 sobre Reconocimiento de Titularidad, pág. 4.

       Contestación a querella, pág. 3-5.

       Informe de la Comisionada Especial, pág. 18.

       Cabe mencionar que no estamos penalizando al querellado por la falta de unidad de acto. Por otro lado, debido a que la señora Jelitza no compareció en representación, no es necesario dilucidar lo relativo a la acreditación posterior de la capacidad representativa y a las advertencias que ello requería.

       El querellado alega que entre los comuneros se comenzó un proceso de segregación y lotificación, en el cual preliminarmente se les reconoció un derecho hereditario sobre uno de los lotes. Incluyó como anejo el plano preliminar que especifica la división de los lotes. Memorial de derecho, pág. 4.

       ei 12 de enero de 2015, la Comisionada Especial rindió su Informe. El 22 de enero de 2015, el querellado presentó una moción con el propósito de objetar el Informe según lo autoriza la Regla 14(7) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 14(7). En respuesta a esa moción, el 26 de junio de 2015 emitimos una Resolución para concederle al licenciado Taro González un término de quince días para que presentara las declaraciones juradas de los testigos de reputación que se proponía utilizar durante el procedimiento disciplinario. El 6 de julio de 2015, el querellado solicitó que reconsideráramos esa Resolución. El 24 de julio de 2015 denegamos la reconsideración y le concedimos al querellado un término de cinco días para que presentara las declaraciones juradas. Posteriormente, el 27 de julio de 2015, el licenciado Toro González presentó una moción para la regrabación de una vista y así defender su solicitud de reconsideración y, el 30 de julio de 2015, una moción de prórroga para cumplir con lo ordenado. Debido a que el 3 de agosto de 2015 el querellado presentó las declaraciones juradas, estimamos que dichas mociones son académicas y damos por cumplida la Resolución emitida el 24 de julio de 2015.