text:
    Felipe Hernández Ortiz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Núm. 1197.

    Sometido: Diciembre 9, 1946.

      Resuelto: Enero 28, 1947.

      Luis Yizcarrondo, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de octubre de 1928 el márshal de la Corte de Dis-trito de San Juan en subasta celebrada en procedimiento ejecutivo hipotecario adjudicó una finca en pago parcial de la deuda reclamada por el acreedor ejecutante Felipe Her-nández Ortiz. Dieciocho años después el Sr. Hernández .so-licitó del Registrador de ‘la Propiedad de Bayamón inscri-biera dicha finca a su favor y acompañó a su solicitud copias certificadas de las actuaciones habidas en la corte en rela-ción con el ejecutivo hipotecario y el registrador denegó la inscripción solicitada a virtud de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento con vista de otros, en cuanto a la-finca de cinco cuerdas, única de que se solicita ineripción, por los siguientes fundamentos:
“1. Porque para inscribir la adjudicación de una finca adquirida en subasta a virtud de ejecución de hipoteca se requiere escritura pública según lo determina la sección quinta de la Ley del 9 de marzo de 1905, pág. 212.
“2. Porque el crédito hipotecario ejecutado ascendía a $446.70 y según la inscripción primera de esta finca, cuya inscripción com-prende una venta y la hipoteca objeto de ejecución, esta finca pro-cede de otra inscrita en los libros de Río Piedras que está afecta a créditos hipotecarios preferentes, cosa ésta que se reconoce en el edicto de subasta, y fué adjudicada al ejecutante, que resultaba ser acreedor posterior, por sólo $250 en perjuicio de los acreedores prefe-rentes y en violación de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 128 de la Ley Hipotecaria.
“3. Porque a pesar de que según la inscripción tercera de esta finca practicada el 15 de febrero de 1929 el crédito de $446.70 que motivó la adjudicación de este inmueble a favor de Felipe Hernández Ortiz había sido cedido por éste a Ramón Luis Soldevila desde el 14 de julio de 1928 a virtud de la escritura núm. 14 otorgada ante el Notario Rafael Muñoz Santaella, y a pesar de disponer el artículo 152 de la Ley Hipotecaria que el cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente, dicho cedente asistió a la subasta y se hizo adjudicar la finca a su favor.
“Se ha tomado anotación preventiva por 120 días a favor del señor Felipe Hernández Ortiz al folio 87 vuelto del tomo 7 de Guay-nabo, finca núm. 292, anotación letra 'O’, Bayamón, a 12 de sep-tiembre de 1946.”

Sostiene el recurrente que de acuerdo con el párrafo pri-mero del artículo 3 de la Ley Hipotecaria complementado por el primer párrafo del artículo 51 del Reglamento, el certificado del acta de subasta expedido por el márshal en el ejecutivo hipotecario es un documento auténtico expedido por autoridad judicial y que no es requisito indispensable que dicho funcionario otorgue una escritura pública para poderlo inscribir.

Arguye el registrador recurrido que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley “Para reformar los artículos 94, 152, 234, 295 y 302 del Código de Enjuiciamiento Civil y para derogar los artículos 259 a 266 y todos los demás del mismo en cuanto se refiere a la redención de propiedad y para otros, fines,” aprobada el 9 de marzo de 1905, el márshal debió otorgar escritura pública de la venta en ejecución y presen-tar ésta con los demás documentos para su inscripción.

No obstante el laborioso esfuerzo hecho por el recurrente para demostrar que procedía la inscripción creemos que el registrador tiene razón.

El artículo 5 de la ley de 9 de marzo de 1905 (Código de Enjuiciamiento Civil, pág. 120), dispone lo siguiente:

“En los casos en que se venda en pública subasta por el márshal u otro funcionario debidamente autorizado una propiedad inmueble en virtud de ejecución u orden de venta librada por una corte de justicia, deberá dicho márshal o funcionario otorgarle al comprador escritura pública en debida forma de tal propiedad abonando dicho comprador el importe de tal escritura.”

En el caso de Sucesión Chavier v. El Municipio de Adjuntas, 13 D.P.R. 342, en el cual se alegó que una escritura de adjudicación presentada como prueba era nula porque la venta judicial a que se refería aparecía' otorgada el 28 de •septiembre de 1904 por el Juez de la Corte de Distrito de Ponce sin que tuviera la representación legal ni consensual de los vendedores, toda vez' que para dicha fecha regía- ya el actual Código de Enjuiciamiento Civil y la ley creando el cargo de márshal del distrito y definiendo sus deberes aprobada el diez de marzo de 1904, después de citar el .artículo 5 de la ley de 9 de marzo de 1905, supra, se resol-vió que esta última ley no estaba vigente en la fecha en que se otorgó la escritura de adjudicación y por tanto, no podía tener aplicación. Empero, también se resolvió lo siguiente:

“La ley de nueve de marzo de 1905 para reformar los artículos 94, 152, 284, 295 y 302 del Código de Enjuiciamiento Civil y para derogar los artículos 259 a 266 y todos los demás del mismo, en cuanto se refieran a la redención de la propiedad y para otros fines, fué la que en su artículo 5o. establece que en los casos en que se venda, en subasta pública por el márshal u otro funcionario debida-mente autorizado, una propiedad inmueble, en virtud de ejecución u orden de venta librada por una corte de justicia, deberá dicho márshal o funcionario otorgar al comprador escritura pública en debida forma de tal propiedad, abonando dicho comprador el importe de tal escritura; pero esa ley de nueve de marzo de mil novecientos cinco no estaba vigente en la fecha en que se otorgó la escritura de adjudicación de que se trata, y por tanto, no podía tener aplicación, como tampoco podía tenerla el artículo 259 del Código de Enjuicia-miento Civil, por la razón de que no habiendo hecho la venta el márshal, no podía expedir el certificado de la misma a que dicho artículo se refiere.
“Aun más, con arreglo al procedimiento civil actual, las atribu-ciones del márshal emanan de la orden de ejecución que se libra por la corte. En cumplimiento de esa orden, el márshal subasta los bienes, los trasmite al mejor postor y otorga el correspondiente título de propiedad; pero no habiendo orden de ejecución al márshal, como no la hubo en el procedimiento sumario que terminó por la escri-tura de adjudicación de que se trata, carecía de atribuciones el már-shal para otorgar dicha escritura, y sólo a la Corte de Distrito de Ponce, en representación de los ejecutados por ministerio de la ley incumbía su otorgamiento.” (Bastardillas nuestras.)

El artículo 259 del Código de Enjuiciamiento Civil antes de ser derogado por la ley de 1905 disponía que en los ca-sos de venta de propiedad inmueble a virtud de orden de ejecución “el oficial (márshal) deberá otorgar al comprador un certificado de venta.” Al derogarse dicho artículo y aprobarse el artículo 5 por la ley de 1905 se dispuso expre-samente que el márshal en dichos casos “deberá” otorgarle al comprador escritura pública en debida forma. Desde dicha fecha ésta ha sido la práctica seguida y ha sido a virtud, de la escritura otorgada por el márshal que el comprador ha inscrito su título en el registro de la propiedad correspon-diente.

Arguye el recurrente que la ley de 1905 no puede tener el efecto de enmendar la Ley Hipotecaria y su Reglamento y que de acuerdo • con los artículos 3 de dicha ley y 51 del Reglamento, supra, procedía la inscripción a virtud del cer-’ tificado del acta de subasta expedido por el márshal. No tiene razón. El artículo 5 de la ley de 1905, supra, no es una enmienda a la Ley Hipotecaria o del Reglamento sino que sencillamente eliminó la facultad que antes tenía el már-shal para expedir el certificado de venta judicial y le im-puso el deber de otorgar ma escritura pública con cargo al comprador.

No erró, pues, el registrador en el primer motivo expuesto en su nota denegatoria y tampoco en los motivos segundo y tercero ya que, si de la inscripción tercera de la finca en el registro aparece que el recurrente, acreedor ejecutante, ha-bía cedido a un tercero su crédito tres meses antes de efec-tuarse la subasta, el cesionario se había subrogado en todos los derechos del cedente de acuerdo con el artículo 152 de la Ley Hipotecaria y el recurrente no tenía derecho a eje-cutar el crédito que había cedido.

Asimismo, si de la inscripción de la finca aparecía que pesaba sobre ella una hipoteca anterior por $800 de principal más intereses al 1 por ciento mensual y $100 para cos-tas a la que se ejecutaba, hecho que aparecía también de los edictos publicados, el márslial debió liaber declarado de-sierta la subasta por los $250 ofrecidos, los cuales no cu-brían dicho crédito anterior, todo ello de acuerdo con el ar-tículo 128 de la Ley Hipotecaria que dispone que “Cuando se subaste la finca a .instancia de un segundo o posterior acreedor hipotecario o de acreedores comunes, se declarará sin efecto tal subasta si no se ofrece cantidad suficiente para pagar, con los intereses que consten en el Registro, todos los créditos anteriormente inscritos. ...”

Debe confírmame la nota recurrida. -

      El artículo 3 de la Ley Hipotecaria lee como sigue-:
      “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, expedido por Autoridad judicial, o por el Gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos.”

      E1 primer párrafo del artículo 51 del Reglamento dispone:
      “Se considerarán documentos auténticos para los efectos de la ley los que, sirviendo de títulos al dominio o derecho real, estén expedidos por el Gobierno o por autoridad o funcionario competente para darlos, y deban hacer fe por sí solos.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    R. Santaella & Bros., Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, etc., demandado.
    Núm. 98.

    Sometido: Diciembre 5, 1946.

      Resuelto: Enero 29, 1947.

      Mariano Acosta Velarde y Daniel Pellón Lafuente, abogados del pe-ticionario ; Hon. Procurador General Interino Dais Negrón Fer-nández (F. Campos del Toro, ex Procurador General, en el ale-gato), y Elmer Toro Lucchetti, Procurador General Auxiliar, abo-gados del interventor, Tesorero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió.la opinión del • tribunal.

La corporación peticionaria, durante el período de junio 21 de 1939 a octubre 13 de 1942, importó cigarrillos de los Estados Unidos sobre los cuales el Tesorero de Puerto Eico impuso y cobró el impuesto adicional provisto por las leyes núm. 22 de junio 18 de 1939 ((2) pág. 95), enmendada por la núm. 149 de mayo 6 de 1940 (pág. 895), y la núm. 25 de diciembre 4 de 1942 ((2) pág. 127), ascendiendo el importe total pagado por tal concepto a la suma de $857,782.73.

En octubre 11 de 1944 la peticionaria, amparándose en las disposiciones de la ley de 12 de febrero de 1904 (pág. 167), y de la núm. 169 de 1943 (pág. 601) referentes al reintegro de cantidades cobradas indebidamente, solicitó del Tesorero de Puerto Rico el reembolso de la suma total pagada por concepto de impuesto adicional sobre los cigarrillos. En agosto 6 de 1945 el Tesorero dictó reso-lución administrativa denegando el reembolso solicitado y el día 29 del mismo mes y año la peticionaria radicó su escrito de apelación ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico. Compareció el Tesorero y solicitó la desesti-mación de la apelación, alegando como fundamentos de su solicitud: (a) que la querella no aduce Lechos constitutivos de una buena causa de acción; (b) que en cuanto a los $422,661.23 pagados bajo protesta la acción debió ejercitarse dentro del término fijado por la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927 (pág. 123), y luego dentro del término fijado por la ley enmendatoria, que es la núm. 17 de 21 de noviembre de 1941 ((2) pág. 55), y no habiéndose ejercitado la acción den-tro de los indicados términos, ni cumplido con los requisitos previos fijados por dichas leyes, el Tribunal carece de juris-dicción para conocer de la reclamación; (c) que en cuanto a la suma de $435,121.50 pagada sin protestar no procede el reintegro, por no haber cumplido la querellante con los re-quisitos de la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927, ni tam-poco procede bajo la Ley núm. 169 de 1943 el reintegro de arbitrios pagados, sin protestar, con anterioridad a la fecha en que dicha ley comenzó a regir; (d) que el Tribunal ca-rece de jurisdicción para conocer de la querella, en todo o en parte, de acuerdo con lo dispuesto por la sección 4 del artículo 1 de la Ley núm. 169 de mayo 15 de 1943, según fué enmendada por la núm. 137 de 9 de mayo de 1945 (pág. 463).

En junio 17 de 1946 el Tribunal de Contribuciones dictó su resolución declarando sin lugar la querella en todas sus partes. Solicitada y denegada la reconsideración, la peticio-naria instó el presente recurso.

Sostiene la peticionaria que el Tribunal inferior cometió manifiesto error al interpretar las ya citadas leyes de fe-brero 12, 1904 y núm. 169 de 1943; y alega como fundamen-tos del recurso los siguientes:

A. Que la Ley de febrero 12, 1904, pág. 167, dispone que siempre que resultare que se han cobrado cantidades de dinero por el Tesorero, indebidamente o en exceso, el Auditor queda autorizado para reembolsar al contribuyente la suma que hubiere pagado indebidamente.

B. Que a virtud de las decisiones en Puerto Rico Tobacco Corporation v. Buscaglia, 62 D.P.R. 811 y Axton Fisher Tobacco Company v. Buscaglia, 65 D.P.R. 125, las contribucio-nes pagadas por la peticionaria fueron indebidamente cobra-das por el Tesorero.

C. Que al resolver que la causa de acción estaba prescrita de acuerdo con la Ley núm. 8 de 1927 y su enmienda del año 1941, el Tribunal recurrido hizo caso omiso de la Ley de febrero 12 de 1904 y de la núm. 169 de 1943, que rigen la acción que aquí se ejercita. El Tribunal erró al no aplicar al caso los preceptos del artículo 1864 del Código Civil (ed. de 1930).

D. Que las únicas condiciones establecidas para el reem-bolso, por la Ley núm. 169 de 1943, son: (a) que las con-tribuciones hayan sido cobradas ilegalmente; (b) que haya recaído resolución administrativa del Tesorero, denegando el reembolso; y (c) que se invoque la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Contribuciones dentro de los treinta días des-pués de la resolución administrativa.

E. Que la Ley núm. 169 de 1943 es una ley reparadora y debe interpretarse tanto prospectiva como retrospectiva-mente, toda vez que ella se refiere a contribuciones pagadas indebidamente o cobradas ilegalmente con anterioridad a. la apro nación del estatuto.

Que los arbitrios que se reclaman fueron ilegalmente cobrados por el Tesorero de Puerto Rico es una cuestión ya considerada y resuelta en contra del Tesorero en los citados casos de Puerto Rico Tobacco Corporation v. Buscaglia, 62 D.P.R. 811 y Axton Fisher Tobacco Co. v. Buscaglia, 65 D. P.R. 125. Nada tenemos que añadir a lo que dijimos en dichas decisiones.

La primera cuestión que tenemos que considerar y resolver es si la querella presentada ante el Tribunal de Contribuciones fué radicada dentro del término concedido pollas leyes aplicables al caso y si la peticionaria cumplió con los requisitos exigidos por esas mismas leyes.

Conviene recordar que de acuerdo con las alegaciones de la petición los cigarrillos fueron importados y los arbitrios pagados durante el período de junio 21 de 1939 a octubre 13 de 1942. La solicitud de reembolso fué presentada al Teso-rero en octubre 11 de 1944 y la resolución administrativa de-negando el reembolso fué dictada en agosto 6 de 1945. La querella fué radicada ante el Tribunal de Contribuciones el 29 de agosto de 1945.

La Ley de 12 de febrero de 1904, disponiendo el reinte-gro de cantidades cobradas indebidamente por concepto de contribuciones, dispone que “siempre que resultare. que se han cobrado cantidades de dinero por el Tesorero de Puerto Rico indebidamente o en exceso de la cantidad de-bida, el Auditor queda autorizado, mediante la aprobación del Gobernador, para librar una orden de pago a favor del contribuyente por la cantidad de dicho exceso o por la can-tidad que se hubiere pagado indebidamente”. Dicha ley no crea derecho alguno a favor del contribuyente ni contiene dis-posición alguna fijando término para la presentación de la solicitud de reintegro:

Es la Ley núm. 8, aprobada el 19 de abril de 1927, la que establece el procedimiento para el pago de contribuciones bajo protesta y para obtener la devolución de las mismas. La sección 3 de dicha ley, en lo pertinente dispone:

“El contribuyente que. haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, podrá, dentro del plazo de un año, a par-tir de la fecha del pago, demandar al Tesorero de Puerto Rico en una corte insular de jurisdicción competente, . . . para obtener la devolu-ción de la cantidad protestada.” (Bastardillas nuestras.)

La citada ley estuvo vigente hasta el 20 de noviembre de 1941. El 21 de noviembre de 1941 la Legislatura aprobó la Ley núm. 17 de ese año (Compilación de 1941, pág. 1355) por la cual se enmendó la sección 3, supra, en la forma siguiente:

“Sección 3. El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, de acuerdo con esta Ley y las excepciones que en ella se establecen, podrá, dentro del plazo de treinta (30) dias, a partir de la fecha del pago, presentar demanda jurada contra el Tesorero de Puerto Rico en la corte de distrito co-rrespondiente para obtener la devolución de la cantidad protestada; Disponiéndose, que la demanda no podrá ser por otra cantidad ni por otro fundamento que los alegados en su protesta al realizar el pago ...” (Bastardillas .nuestras.)

Mientras estuvo vigente la sección 3 en su forma original, supra, o sea hasta el 20 de noviembre de 1941, la contribu-yente pagó bajo protesta la suma de $222,861.23. Después de comenzar a regir la enmienda de 21 de noviembre de 1941, supra, y hasta- julio 7, 1942, la contribuyente pagó, también bajo protesta, la suma de $199,800. La suma restante— $435,121.50 — fue pagada, sin protestar, habiéndose hecho el último pago en octubre 13, 1942.

La Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943, pág. 601, (Sup. Comp. 1941, pág. 92), creadora del Tribunal-de Contribucio-nes, comenzó a regir en agosto 14 del mismo año. La sec-ción 3 de dicha ley, en que la peticionaria basa su alegado derecho al reintegro de la suma total reclamada, dispone lo siguiente:

“Sección 3.
“Todas las acciones, recursos o procedimientos que deben sustan-ciarse ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico se iniciarán mediante instancia jurada de la persona o entidad recurrente, , , , dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero de Puerto Rico, en cualquiera de. los si-guientes casos:.(4) denegatorias de reembolso de cualquier con-tribución pagada indebidamente o en exceso o cobrada ilegalmente por cualquier otra causa; . ” (Bastardillas nuestras.)

Es obvio que, de acuerdo con lo dispuesto por la sección 3 de la Ley núm. 8 de 19*de abril de 1927, antes de la en-mienda de 1941, el derecho de la peticionaria a reclamar la devolución de los $222,861.23 pagados bajo protesta hasta el 20 de noviembre de 1941, prescribió al .expirar el .plazo de un año, a partir de la fecha de cada uno de los pagos par-ciales que integran dicha suma total. Es igualmente obvio e indiscutible que, de conformidad con la enmienda de no-viembre 21 de 1941, supra, la suma de $199,800 pagada bajo protesta entre noviembre 21, 1941 y julio 7,. 1942, debió ser reclamada “dentro del plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha del pago ”; y que no habiéndose entablado recla-mación alguna dentro del indicado plazo estatutario, el de-recho a reintegro quedó extinguido por prescripción. La ac-ción que la contribuyente pudiera tener, si alguna tenía, para reclamar el reintegro de las sumas voluntariamente pagadas entre julio 7 y octubre 13 de 1942, quedó igualmente extin-guida por no haberse ejercitado dentro del indicado término legal. La querella ante el Tribunal de Contribuciones fue radicada en agosto 29 de 1945, cuando ya habían transcu-rrido cerca de tres años desde la fecha del último pago vo-luntariamente hecho por la peticionaria y habían expirado todos los términos de prescripción fijados por las leyes vi-gentes en las fechas en que se hicieron los pagos.

Con tesonera insistencia arguye la representación de la peticionaria “que por los preceptos de la ley de 1904 y de la ley (Núm. 169) de 1943, cualquier contribución que hubiere sido pagada indebidamente o cobrada ilegalmente debe ser reembolsada una vez que se acuda al Tribunal de Contribuciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la resolución administrativa del .Tesorero denegando el reembolso”. La teoría de la peticionaria es que al aprobar la sección 3 de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943, el legislador tuvo el propósito de conceder a todos los que hubieren en cualquier tiempo pagado contribuciones indebidamente, aún a aquéllos que dejaron prescribir su derecho de acción, una oportunidad para acudir ante el Tribunal de Contribuciones y solicitar el reintegro de la suma indebidamente pagada, siempre que la petición sea radicada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el Tesorero notifique a la contribuyente su resolución denegatoria del reembolso.

La teoría de la peticionaria es insostenible.

En mayo 13 de 1941, la Legislatura aprobó la Ley núm. 172 para crear el Tribunal de Apelación de Contribuciones, determinar su organización, autoridad y funcionamiento y establecer su jurisdicción. Por la sección 4 de dicha Ley se confirió al nuevo Tribunal jurisdicción “para revisar la ta-sación y retasación de la propiedad mueble e inmueble y co-nocerá de todas las reclamaciones que pudieran formularse ante él por personas interesadas, contra las.resoluciones del. Tesorero de Puerto Rico que afecten al impuesto y pago de contribución sobre la propiedad, de la- contribución sobre in-gresos, y de la contribución sobre trasmisión de bienes por herencia”. Se disponía, además, por la misma sección 4, que la jurisdicción del Tribunal no podría ser invocada por persona alguna “hasta que sobre el asunto en discusión haya recaído una resolución administrativa por parte del Tesorero de Puerto Rico, de acuerdo con la ley”. Empero, ni en la sección 4 ni en ninguna otra parte de la citada Ley se fijó el término dentro del cual la contribuyente agraviada por la resolución administrativa del Tesorero debía acudir ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones para invocar su jurisdicción sobre el asunto en discusión. . Rué, sin duda al-guna para corregir esa omisión que hemos señalado, que el legislador al enmendar la citada Ley núm. 172 de 1941, por la Ley núm. 169 de 1943, creadora del actual Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, dispuso por la sección 3 de dicha ley, supra, que el- nuevo Tribunal tendrá jurisdic-ción para conocer do los casos de denegatorias de reembolso de contribuciones pagadas o cobradas indebidamente, sobre los cuales no tenía jurisdicción bajo la ley anterior, dispo-niendo también que todos los casos que deban substanciarse ante dicho Tribunal se iniciarán mediante instancia jurada, la cual deberá ser formulada “dentro de los treinta días si-guientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero de Puerto Rico” en el caso sometido a su con-sideración y decisión. Tiene,.pues, la sección 3 que estamos considerando dos propósitos fundamentales — el de ampliar la jurisdicción del Tribunal, haciéndola extensiva a los ca-sos sobre reembolso de contribuciones cobradas indebida-mente, y el de fijar un término apelativo, jurisdiccional y fatal, dentro del cual deberá invocarse la jurisdicción del Tribunal.

Convenimos con la peticionaria en que el Tribunal de Contribuciones tiene jurisdicción para dictaminar sobre la resolución administrativa del Tesorero denegando el reem-bolso solicitado, toda vez que la querella fué formulada den-tro del término fijado por el estatuto.

Hemos estudiado cuidadosamente la Ley núm. 169 de 1943 y no hemos podido encontrar en sus claras y terminantes dis-posiciones nada que nos autorice a sostener, como- pretende la peticionaria, que al fijar un término de treinta días para invocar la jurisdicción del Tribunal de Contribuciones, el le-gislador tuvo la intención de revivir todas las reclamaciones que pudieran haber existido en el pasado, sin limitación al-guna en cuanto al tiempo, y que quedaron extinguidas o ca-ducaron por haber los reclamantes dejado transcurrir el tér-mino fijado por los estatutos para hacer valer su derecho.

Los demandantes en los ya citados casos de Puerto Rico Tobacco Corporation y Axton Fisher Tobacco Co. contra el Tesorero, diligentes en el ejercicio de sus respectivos dere-chos de acción, acudieron a la corte de distrito dentro del año siguiente al día en que efectuaron los pagos y obtuvie-ron sentencia a su favor declarando nulas las leyes por vir-tud de las cuales se les obligó a pagar el impuesto y orde-nando el reintegro de las sumas reclamadas. En Axton Fisher Tobacco Co. v. Buscaglia, 65 D.P.R. 410, la causa de acción surgió y fué ejercitada dentro del término de un año fijado por la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927, supra. Antes de la fecha de radicación de la demanda, la citada ley de 1927 fué enmendada por la núm. 17 de 21 de noviembre de 1941, mediante la cual se estableció el término de treinta días para iniciar la acción pertinente. Al resolver, confir-mando la sentencia a favor de la demandante, que la acción había sido ejercitada a tiempo, dijimos:

“La jurisprudencia ha establecido una distinción entre estatutos de prescripción propiamente dichos y leyes que al conferir jurisdic-ción a una corte, para conocer sobre determinada causa de acción establecen un término para ejercitar el derecho conferido.’’

La doctrina que consideramos aplicable al caso de autos aparece expuesta en Wood on Limitations, sección 9, a la pág. 31, así:

“Al crear el derecho, la legislatura tiene el poder de imponer cualesquiera restricciones .que tenga a bien y las condiciones así im-puestas restringen el derecho y forman parte integrante del mismo; son condiciones precedentes, por así decirlo, que tienen que ser cum-plidas o el derecho no existe. . . . Parece, también, que cuando tal derecho es concedido por un estatuto que impone una limitación en cuanto al término dentro del cual la acción debe traerse, y con pos-terioridad al momento en que un derecho surgió bajo el mismo el derecho es ampliado o restringido y la cláusula de limitación es de-rogada, el derecho sólo puede ejercitarse bajo el estatuto como existía cuando el derecho surgió (accrued), y sujeto a todas sus condiciones y limitaciones. ’ ’

Apliquemos dicha doctrina al caso que estamos conside-rando. La Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927 creó el de-recho del contribuyente a reclamar la devolución de las con-tribuciones que le fueren cobradas indebidamente, pero im-puso como condiciones restrictivas de ese derecho (o) que se hiciera el pago bajo protesta, consignada al dorso del re-cibo expedido por el funcionario recaudador; y (b) que se entablace la demanda dentro del plazo de un año, a partir de la fecha del pago. Por la enmienda de noviembre 21 de 1941 se redujo el plazo para la radicación de la demanda ante la corte de distrito a treinta días a partir de la fecha del pago bajo protesta. La aquí peticionaria no fué dili-gente en el ejercicio de su derecho, pues aunque cumplió con el requisito o condición precedente de pago bajo protesta, en cuanto a $422,603.33, no radicó su demanda dentro del tér-mino fijado por la ley vigente en la fecha en que se hicieron los pagos. Mayor aún fué su falta de diligencia en cuanto a los pagos ascendentes a $435,121.50, pues dejó incumplidos ambos requisitos, permitiendo con ello que su derecho ca-ducara.

Opinamos y así lo resolvemos, que el plazo de “un año, a partir de la fecha del pago ’ ’, fijado' por la sección 3 de la Ley núm. 8 de 1927, para poder demandar al Tesorero de Puerto Rico “en una corte insular de jurisdicción compe-tente”, para obtener la devolución de la cantidad pagada bajo protesta; y el plazo de “treinta (30) días, a partir de la fecha del pago”, concedido al contribuyente que ha pa-gado bajo protesta, por la enmienda efectuada por la Ley núm. 17 de 21 de noviembre de 1941, para demandar al Te-sorero “en la corte de distrito correspondiente”, son térmi-nos de prescripción propiamente dichos, porque confieren jurisdicción original a las cortes de distrito para conocer de las acciones sobre devolución de contribuciones cobradas in-debidamente y establecen un término para ejercitar el de-recho conferido. Dichos términos, por ser condiciones res-trictivas o limitativas del derecho de acción conferido por el estatuto, forman parte integrante de ese derecho y consti-tuyen condiciones precedentes que tienen que ser cumplidas para que la acción pueda prosperar.

La sección 3 de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943, supra, no es un estatuto de prescripción propiamente dicho. Confiere jurisdicción exclusiva al Tribunal de Contribuciones para conocer de los casos sobre devolución de contribuciones, pero no impone al contribuyente la obligación de acudir a dicho Tribunal, en primera instancia, dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha del pago. El contribuyente debe acudir en primera instancia ante el Tesorero de Puerto Rico para solicitar que la cantidad que le fuera cobrada indebidamente le sea devuelta. Es cuando el Tesorero le ha notificado una resolución denegatoria del reembolso, que el contribuyente está obligado a radicar su querella ante el Tribunal, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución administrativa. Ese término de treinta días es jurisdiccional y apelativo propiamente dicho, dentro del cual debe radicarse la querella para que el Tribunal de Contribuciones pueda adquirir jurisdicción; y nada tiene que ver con la existencia ni con la extinción del derecho del contribuyente. Este puede tener vivo e intacto su derecho a la devolución que reclama, pero si el Tesorero le deniega el reembolso' y no acude ante el Tribunal de Contribuciones dentro del plazo de treinta días, se quedará sin remedio, no porque su derecho haya prescrito y sí porque el Tribunal no pudo asumir jurisdic-ción por haber sido ésta invocada tardíamente. Por el con-trario, cuando el contribuyente, no obstante tener derecho al reembolso deja, como en el presente caso, de interponer su demanda ante el Tribunal competente para decretarlo, den-tro del plazo concedido por el estatuto vigente en la fecha del pago o cobro indebido, el derecho a solicitar el reem-bolso queda extinguido por no haberse ejercitado dentro del término fijado por el estatuto creador del derecho. Y ese derecho, una vez prescrito, solamente puede ser revivido por disposición legislativa.

La jurisprudencia citada por la peticionaria, en la que se sostiene que la legislatura tiene facultad para remover el impedimento del estatuto de limitación o prescripción y autorizar al contribuyente para que pueda demandar al estado, no obstante haber prescrito por leyes anteriores su derecho a reclamación, sería de aplicación al caso de autos si la Legislatura de Puerto Rico hubiese, como en los casos citados, aprobado una ley que pudiese s*er razonablemente interpretada en el sentido de que el legislador tuvo el propósito de revivir acciones ya prescritas. La Ley núm. 169 de 1943 no es susceptible de tal interpretación. Tampoco lo son las leyes núm. 10 de marzo 29 de 1945 y núm. 261 de abril 3 de 1946, ninguna de las cuales contiene disposición alguna que justifique el que sean aplicadas, retroactivamente, para revivir causas de acción prescritas por virtud de leyes anteriores.

Si, como alega la peticionaria, sería inmoral permitir que el gobierno retuviera contribuciones cobradas indebidamente (i si, por el contrario, como sostiene el Tesorero, lo inmoral sería permitir que la peticionaria recibiese por segunda vez cantidades de dinero que ya le fueron reembolsadas por los consumidores de los cigarrillos, sobre quienes en definitiva recayó el pago de los arbitrios, son cuestiones que a esta corte no incumbe resolver,

No pudiendo sostenerse un pleito contra el Tesorero de Puerto Rico, para la devolución de contribuciones, a me-nos que el mismo esté autorizado por una ley de nuestra Legislatura (Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U. S. 505); no habiendo la peticionaria utilizado a tiempo el remedio provisto por las leyes vigentes en la fecha del pago de las cantidades que ahora reclama, permitiendo así que el derecho de acción concedídole por esiatuto prescribiese; y no habiendo la Legislatura aprobado ley alguna para revivir el derecho perdido, es inescapable la conclusión de que el Tribunal de Contribuciones no erró al desestimar la querella.

La resolución recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       Véanse: Hathaway et als. v. Merchants’ Loan & Trust Co., 75 N.E. 1060; Branch v. Branch, 2 S.E.2d 327.

        Jackson Hill Coal & Coke Co. v. Board of Com’rs of Sullivan County, 181 Ind. 335, 104 N.E. 497; Bonwit Teller & Co. v. United States, 283 U.S. 258, 75 Law. Ed. 1019; Moore Ice Cream Co. v. Rose, 289 U.S. 373, 77 Law. Ed. 1265.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    Rafael Eugenio Fernández Pérez, menor, representado por su madre con patria potestad María Pérez, demandante y apelante, v. Sucesión del Dr. Eugenio Fernández García, compuesta por su viuda, Carmelina Cerra y sus hijos, Eugenio, Carmen-Teresa, Pilar y José-Eduardo Fernández Cerra, demandados y apelados.
    Núm. 9402.

    Sometido: Diciembre 10, 1946.

      Resuelto: Enero 29, 1947.

      Bauza <& Bauza, abogados del apelante; R. Cuevas Zequeira y Lionel Fernández Méndez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fuá fallado por la corte a, quo a base de una moción para desestimar la demanda por no aducir he-chos constitutivos de causa de acción. El título que se dió a la acción fué el de “Filiación, nombramiento de síndico y otros extremos”. Se alegó sustancialmente que el Dr. Eugenio Fernández García, causante de los demandados, es-tando casado con la co-demandada Carmelina Cerra, tuvo re-laciones carnales con María Pérez y que como resultado de esas relaciones nació el demandante en la ciudad de Nueva York, el 1ro. de febrero de 1933; que en el mes de abril del mismo año, María Pérez regresó con el demandante a este país, continuando el Dr. Fernández García sufragando todos los gastos necesarios para la subsistencia de ella y del hijo, incluyendo los de educación de éste, hasta que falleció el ale-gado padre el 27 de mayo de 1946; que no habiéndose ins-crito el nacimiento del demandante en Nueva York, María Pérez insistió con el padre para que lo inscribiera en el Reg-istro Demográfico de Puerto Rico; que el Dr. Fernández García accedió a la suplica de María Pérez y personalmente fué al Registro Demográfico de Santurce e inscribió al de-mandante, reconociendo su paternidad, apareciendo dicho reconocimiento bajo el núm. 869 del Distrito Núm. 164. Se alegó, además, lo siguiente:

" Que se trae la presente, acción, a los fines 'de que este Honorable Tribunal dicte sentencia obligando a los demandados a darle partici-pación como heredero al menor, Rafael Eugenio Fernández Pérez, del Dr. Eugenio Fernández García, ya que se ha utilizado la vía amis-tosa, extrajudicial y los resultados han sido infructuosos; pero enten-diendo, desde luego, la parte demandante, que como hubo un recono-cimiento voluntario de parte del Dr. Eugenio Fernández García, sobre su paternidad sobre su menor hijo, el aquí demandante, su ‘status’ de heredero es definitivo”. (Bastardillas nuestras.)

No obstante alegarse en el transcrito párrafo que la ac-ción se insta en solicitud de una sentencia que condene a los demandados a darle participación al menor en la herencia del Dr. Fernández García, la súplica de la demanda dice así:

“Por todo lo que Suplioa la parte demandante, que se declare con lugar la presente acción, estableciendo de manera definitiva por una sentencia, el ‘status’ del menor, Rafael Eugenio Fernández Pérez, como hijo natural reconocido del Dr. Eugenio Fernández García, impo-niendo a los demandados el pago de las costas, gastos y una suma ra-zonable para el pago de los honorarios de los abogados de la parte demandante. ’ ’

La corte a quo fué de opinión que la demanda no adu-cía hechos constitutivos de causa de acción y estimando que no era susceptible de enmienda, dictó sentencia declarándola sin lugar. Fundamentando su resolución, la corte a quo usó el siguiente razonamiento: En la demanda se alega que el causante de los demandados voluntariamente reconoció al demandante en el acta de nacimiento. Ello no obstante, se suplica una sentencia'que declare al demandante hijo natural reconocido del'Dr. Fernández García. ¿A qué fin prác-tico, se preguntó la corte, conduce la demanda si el deman-dante ya ba logrado lo mismo que está ahora pidiendo me-diante una resolución judicial? Y agregó la corte a quo que en el año 1933, fecha en que se hizo el alegado reconocimiento, un hijo adulterino no podía ser reconocido por prohibirlo el art. 125 del Código Civil, y que por consiguiente, el acto rea-lizado por el alegado padre fue un acto nulo e írrito y a todas luces sin eficacia legal alguna. Terminó la corte expo-niendo que si con las alegaciones de la demanda se preten-día sostener que el alegado reconocimiento equivale al acto voluntario de reconocimiento que contempla la sección 2 de la Ley núm. 229 de 12 de mayo de 1942 ((1) pág. 1297), en-mendada por la Ley núm. 243 de 12 de mayo de 1945 (pág. 815), ese acto es ineficaz en derecho por haberse realizado antes de" estar en vigor la Ley núm. 243, y que dicha legis-lación no tiene efecto retroactivo, según declaró este Tribunal en el caso de Correa v. Sucn. Pizá, 64 D.P.R. 987.

Resulta del alegato que en este Tribunal radicó el ape-lante, que pretendió basar su acción en la sección 2 de la Ley núm. 229 de 12 de mayo de 1942, según fue enmendada por la Ley núm. 243 de 12 de mayo de 1945. Arguye el de-mandante que aunque el reconocimiento se hizo en 1933 quedó convalidado por las dos leyes que invoca, las cuales, según él, tienen efecto retroactivo. *

Convenirnos con la corte inferior en que el alegado reconocimiento verificado en el año 1933 no es el reconocimiento voluntario que contemplan las Leyes núms. 229 y 243 antes citadas. En los casos de Correa v. Sucn. Pizá, supra, y Cruz v. Andrini, 66 D.P.R. 124, este Tribunal resolvió que dichas leyes sólo operan prospectivamente y nada tenemos que agregar a lo que entonces dijimos. No podemos convenir, sin embargo, en que el reconocimiento en cuestión sea un acto nulo de toda nulidad, sino meramente anulable. Esto es así porque el art. 126 del Código Civil, en su último párrafo, prescribe:

“El reconocimiento lieclio a favor de mi hijo que no reúna las condiciones del párrafo primero del artículo 125 podrá ser im-pugnado por aquellos a quienes perjudique”.

El precepto legal transcrito es copia del artículo 138 del Código Civil Español. Comentando este último artículo dice E. Clemente De Diego en su obra Instituciones de Derecho Civil Español, t. 2, pág. 518:

“La acción [para impugnar el reconocimiento] corresponde a aque-llos a quienes perjudique, y, por consiguiente, a los hijos, a los mis-mos padres si justifican la causa que anule el consentimiento, a los herederos testamentarios y ab intestato en cuanto les perjudique. Las causas en que puede fundarse la impugnación son, o no tener el re-conocido las condiciones de hijo natural, o haberse faltado a las condiciones del acto del reconocimiento.”

Al mismo efecto, véanse Castán, Derecho Civil Español Co-mún y Foral, t. 4, pág, 18 y la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 9 de junio de 1893 (73 J. C. 861).

Parece conveniente aclarar que bajo el imperio del Có-digo Civil Español un reconocimiento hecho en las circuns-tancias que concurren en el presente caso, no tendría efecto legal alguno porque su art. 130 dispone:

“En el caso de hacerse el reconocimiento por uno solo de los padres, se presumirá que el hijo es natural, si el que lo reconoce tenía capacidad legal para contraer matrimonio al tiempo de la concep-ción. ’ ’

Pero el art. 130 del Código Civil Español no fue adop-tado en esta jurisdicción. Consecuentemente, mientras el re-conocimiento que tizo el Dr. Fernández García no sea im-pugnado con éxito por aquéllos a quienes perjudique, se presume válido a todos los efectos legales.

Convenimos con la corte inferior en que, si como se alega en el párrafo -sexto de la demanda, el demandante en-tiende que hubo el reconocimiento voluntario que contemplan las leyes de 1942 y 1945 antes citadas, la acción para que la corte establezca de manera definitiva por una sentencia el status del demandante como hijo natural reconocido, resulta puramente académica, a menos que considerásemos ésta como una acción sobre sentencia declaratoria. También resulta académica la acción de filiación, dada la conclusión a que hemos llegado sobre la presuntiva validez del reconocimiento hecho por el Dr. Fernández García. Pero, interpretando la demanda liberalmente con el propósito de hacer justicia sus-tancial, Eegla de Enjuiciamiento Civil 8 f, en relación con la 81 6, racionalmente puede concluirse que el objeto perse-guido por el demandante es obtener la participación que como hijo natural reconocido le corresponde en la herencia de su alegado padre natural, la cual le niegan los demanda-dos, a pesar de los requerimientos extrajudiciales que alega el demandante haberles hecho con ese fin. Es verdad que la acción sobre petición de,herencia ha sido imperfectamente alegada, conteniendo, como contiene, alegaciones impertinen-tes a dicha acción que hacen la demanda ambigua y confusa, pero no abrigamos duda que dicha demanda es susceptible de enmienda. •

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia apelada y devolver el caso para ulteriores .procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.

       La sección 2, según fné enmendada por la Ley núm. 243 de 12 de mayo de 1945, dice así:
      "los hijos nacidos fuera de matrimonio con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley y que no tenían la condición de hijos naturales según la legislación anterior, podrán sor reconocidos por acción voluntaria de sus padres, y en defecto de éstos, por la de las personas con derecho a su herencia, a todos flos efectos legales. Estos hijos quedarán legitimados por el subsiguiente matri-monio de sus padres entre sí.
      "En caso de que los hijos a que se refiere esta sección no fueren recono-cidos por la acción voluntaria de sus padres, y en defecto de éstos, por la do las personas con derecho a su herencia, dichos hijos se considerarán hijos naturales al solo efecto de llevar el apellido de sus padres. La acción para esto reconocimiento se tramitará de acuerdo con.el procedimiento que fija el Código Civil de Puerto Rico para el reconocimiento de hijos naturales; Enten-diéndose, sin embargo, que tal reconocimiento sólo tendrá el alcance que aquí se expresa.”

       El artículo 125 del Código Civil, en su primer párrafo, prescribe:
      "Son hijos naturales los nacidos, fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos hubieran podido casarse, sin dispensa o con ella."


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante apelado, v. Gabriel T. Guijarro y Luisa Brunet de Guijarro, demandados; Angel Luis López, interventor y apelante.
    Núm. 9456.

    Sometido: Enero 14, 1947.

      Resuelto: Enero 29, 1947.

      Gustavo Cruzado Silva, abogado del interventor apelante; Hon. Pro-curador General Interino, Luis Negrón Fernández y J. Pérez Abniroty, abogados del apelado; Gabriel Guerra Mondragón, José Vila Buiz j Antonio M. Bird, abogados de la Autoridad de Fuentes Fluviales.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico solicita la desestimación de este recurso por ser frívolo. El interventor apelante no ba ra-dicado oposición a la moción. Los hechos son los siguientes:

El 15 de julio de 1946 el Tribunal de Distrito de San Juan dictó sentencia contra los demandados Gabriel T. Guijarro y Luisa Brunet de Guijarro en procedimiento sobre expro-piación forzosa, en virtud de estipulación de las partes, ha-biendo 'renunciado los demandados al derecho de establecer apelación quedando, por tanto, firme la sentencia desde dicha, fecha.

El 4 de noviembre de 1946 el demandante radicó en la corte inferior una moción sobre entrega de la posesión material de la propiedad expropiada por parte de ciertas per-sonas que la ocupaban detentando la propiedad y la corte los citó y fueron oídos el 22 del mismo mes y año. En dicho día compareció Angel Luis López y alegó que venía ocupando un local en parte de la finca expropiada con un estableci-miento comercial a virtud de contrato de arrendamiento con el anterior dueño el cual fue renovado por la Autoridad de Fuentes Fluviales, a beneficio de quien el demandante ex-propió la propiedad, habiendo satisfecho el canon de $35 mensuales a dicha Autoridad y que existiendo la relación de arrendador y arrendatario entre ellos sólo por el procedi-miento de desahucio podía ser lanzado de la propiedad; que como cuestión de justicia y de la discreción que por ley tiene la corte se le concediera un tiempo razonable, a ser posible seis meses, antes de ordenar su lanzamiento.

La corte, oídas las partes, dictó el 22 de noviembre una orden concediendo, tanto a López como a las demás perso-nas citadas, un plazo de dos meses para desalojar los locales que ocupaban, previniéndolas que de no hacerlo se orde-naría su lanzamiento. Contra esa orden fue que López in-terpuso el recurso de apelación cuya desestimación solicita el demandante.

El último párrafo de la sección 5(a) de la Ley sobre Ex-propiación Forzosa, según quedó enmendada por la Ley núm. 19 aprobada el 30 de noviembre de 1942 ((2) pág. 83), dis-pone lo siguiente:

“Disponiéndose, que ningún recurso de apelación en una causa de esta naturaleza, ni ninguna fianza o garantía que pudiere pres-tarse en la misma, podrá tener el efecto de evitar o demorar la adqui-sición o investidura del título de las propiedades por y en El Pueblo de Puerto Eieo, en la correspondiente. Autoridad de Hogares, muni-cipio o Gobierno de la Capital, según fuere el caso, y su entrega material al mismo o a la misma.”

El párrafo cuarto de la misma sección 5(a), supra, dis-pone que:

“Una vez radicada la petición de adquisición, la corte, tendrá fa-cultad para fijar el término dentro del cual y las condiciones bajo las cuales las personas naturales o jurídicas que están en posesión de las propiedades objeto del procedimiento deberán entregar la posesión material al expropiante. La corte tendrá facultad para dictar las órdenes que fueren justas y equitativas en relación con los graváme-nes y otras cargas, que pesen sobre las propiedades, si algunos hu-biere.”

En el caso de autos la corte inferior, después de oír a las partes dictó la orden recurrida, en la cual fijó el término dentro del cual y las condiciones bajo las cuales las personas que estaban en posesión de la propiedad expropiada debían entregar la posesión material al apelado. Es cierto que en dicha orden no se resuelve expresamente la alegación del apelante de que la Autoridad de Fuentes Fluviales renovó el contrato de arrendamiento con él, pero debemos deducir que, implícitamente, la desestimó al limitarse a fijar el tér-mino razonable solicitado por el apelante. Si lo hizo des-pués de apreciar la prueba que presentaron las partes no lo sabemos, ya que el apelado no nos ha puesto en condicio-nes de poder determinarla radicando copia de la transcrip-ción de evidencia si la hubo. Tampoco aparece de los do-cumentos presentados por el apelado que no se practicó prueba por las partes.

Si bien de acuerdo con el disponiéndose citado anterior-mente, ningún recurso de apelación en estos casos puede tener el efecto de evitar o demorar la entrega material de la pro-piedad adquirida por el apelado, no estamos en condiciones de poder resolver que el recurso establecido en este caso por López sea claramente frívolo y, en su consecuencia, no• ha lugar a la desestimación solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Skyder

text:
    Roque Acosta, peticionario, v. Tribunal de Distrito de San Juan, Hon. Emilio S. Belaval, Juez, demandado.
    Núm. 1685.

    Sometido: Enero 22, 1947.

      Resuelto: Enero 30, 1947.

      Joaqum Vetilla, abogado del peticionario; C. Jiménez Sicardó, abo-gado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Skyder

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito de desahucio en la corté de distrito-el de-mandante obtuvo sentencia sobre las alegaciones lanzando al demandado por haber dejado de pagar el canon de arren-damiento de cierta finca que el demandante había arrendado del Gobierno de la Capital y subarrendado al demandado bajo un contrato verbal por un canon convenido. Luego, a moción del demandado, la corte de distrito suspendió los pro-cedimientos en el caso por el fundamento de que mientras éste estaba pendiente ante la corte de distrito, el Adminis-trador de la Oficina de Administración de Precios de Puerto Rico, a tenor con la Ley núm. 464, Leyes de Puerto Rico, 1946, había reducido el canon que debía pagar el demandado. Esta resolución de la corte de distrito disponía que se dic-taba sin perjuicio del derecho del demandante a iniciar la acción para el cobro de los cánones fijados por el Adminis-trador de no haber el demandado pagado o consignado dichos cánones. Expedimos el auto de certiorari para revisar la resolución de la corte de distrito paralizando los procedi-mientos.

No tenemos que examinar las muchas cuestiones aquí dis-cutidas toda vez que hay un defecto fatal en la resolución de la corte inferior. La sección 4 de la Ley núm. 464 provee en parte como sigue: “No se aplicarán las disposiciones de esta Ley a propiedades pertenecientes a la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Eico, las autoridades municipales de ho-gares, la Autoridad de Tierras, la Junta de Hogares Mode-los, la Administración Federal de Hogares y las agencias o' instrnmentalidades del Gobierno de Estados Unidos de Amé-rica, el Gobierno de Pnerto Eico, el Gobierno de la Capital o los Gobiernos Municipales de Pnerto Eico.” (Bastardillas nuestras).

La corte de distrito rechazó la contención del demandante de que la Ley núm. 464 no era de aplicación a este procedi-miento, diciendo: “Si esta acción fuera del Gobierno de la Capital contra el demandante, no habría duda de que no se-rían aplicables al Gobierno de la Capital las disposiciones de la Ley de Alquileres Eazonables. Pero aquí no se trata de una acción promovida contra el Gobierno de la Capital, arrendador original de la misma, sino de una acción de un arrendatario del gobierno contra un subarrendatario. No hay duda de que no existe nexo contractual ni de interés en-tre el arrendador, en este caso el Gobierno de la Capital, y el subarrendatario, en este caso el demandado Cruz Dueño. 4 Sánchez Eomán 765 (21, III); Veve et als. v. The Fajardo Growers’ Assn., 29 D.P.R. 654, 664, 665 y especialmente 667, tercer párrafo. No habiendo nexo jurídico ni de interés entre el arrendador original y el subarrendatario, el de-mandante en este caso no puede contra su subarrendatario invocar ningún privilegio que pudiera invocar el Gobierno de la Capital contra el demandante.”

No podemos convenir con la corte de distrito de que la exención de las propiedades pertenecientes al Gobierno de la Capital de las disposiciones de la Ley núm. 464, sólo se aplica a aquellas situaciones en que el Gobierno de la Capital está envuelto en la controversia como arrendador. Convenimos que el estatuto sería más equitativo si leyera como la corte inferior lo ha interpretado. Desgraciadamente, la Legislatura dispuso en términos amplios que la Ley núm. 464 no se aplicaría a propiedades pertenecientes al Gobierno de la Capital. Quizá debió haber limitado esta disposición restringiendo la exención a los arrendamientos hechos por el Gobierno de la Capital, lo que hubiera hecho la ley apli-cable a los subarrendamientos como el aquí envuelto. Pero si adoptáramos el criterio de la corte inferior estaríamos cambiando el lenguaje claro del estatuto. Sólo la Legisla-tura puede hacer esto.

La resolución de la corte de distrito será revocada,7/ se devolverá el caso para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.


author: •El Juez Presideote Señor Travieso

text:
    Alonso Sobrino Hermanos & Co., peticionarios, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; R. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 81.

    Sometido: Mayo 20, 1946.

      Resuelto: Enero 31, 1947.

      Dubón é Ochoteco y Otero Sur o & Otero Sur o, abogados de la peti-cionaria ; Eon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernán-dez (E. Gmnpos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y J. B. Fernández Badillo, abogado éste del Departamento de Jus-ticia, abogados todos del interventor, querellado en el pleito principal.
   •El Juez Presideote Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari interpuesto por la mercantil Alonso Sobrino Hermanos & Co. contra el Tribunal de Contribuciones para revisar la resolución que éste dictara con fecha 12 de diciembre de 1945 en caso de contri-buciones sobre ingresos.

Antes de considerar y resolver las cuestiones planteadas en este litigio, es conveniente que hagamos una síntesis de los hechos del caso.

La peticionaria, es una sociedad mercantil con oficinas principales en la ciudad de San Juan, Puerto Eico, donde se dedica a la compraventa de mercancía seca al por mayor. Allá para el año 1936 tenía varias sucursales en distintos pueblos de la isla que surtía única y exclusivamente con mer-cancía de sus almacenes principales en San Juan. Para po-der controlar las operaciones de esas sucursales, la peticio-naria le abría a cada una de ellas' una cuenta corriente en los libros que llevaba en su oficina principal y en esa cuenta se les cargaba toda la mercancía que tomaban de los alma-cenes centrales. Dicha mercancía se les facturaba y cargaba a razón de 150 por ciento de su costo, original puesta en los almacenes centrales de la peticionaria. El 50 por ciento de sobreprecio representaba, por una parte, un 20 por ciento del costo original para cubrir gastos de la sucursal y, por otra parte, un 30 por ciento del costo original como estimado beneficio. Las sucursales vendían la mercancía al público al 150 por ciento del costo original, o sea, al mismo precio que la peticionaria se las facturaba y cargaba, y remesaban a la oficina principal diaria o semanalmente el producto de las' ventas realizadas para- ser abonado a sus respectivas cuentas corrientes. Al final del año contributivo terminado el 31 de diciembre de 1936 los inventarios de las sucur-sales arrojaron un balance de $100,756.33.

La peticionaria rindió dentro del término legal su decla-ración de ingresos correspondiente al año 1936. En enero 5 de 1944 el Tesorero de Puerto Eico le notificó una deficien-cia montante a $3,368.14. Previa celebración de una vista administrativa, el Tesorero finalmente determinó la deficien-cia en la suma de $3,380, y no conforme la peticionaria, ra-dicó una querella ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Eico alegando, en resumen: (1) que el Tesorero se había negado erróneamente a deducir los sueldos pagados a sus socios gestores; y (2) que al reajustar los inventarios de las sucursales de la peticionaria para determinar el costo de la mercancía en poder de éstas al finalizar el año contri-butivo de 1936, el Tesorero utilizó erróneamente el coeficiente 30/130 de $100,756.33 (valor de la mercancía existente en dichas sucursales el 31 de diciembre de 1936, al precio que se la facturaba la principal) en vez de utilizar el coeficiente 50/150 sobre la referida suma que es el que determina el-verdadero costo de dichas existencias.

Visto el caso, el Tribunal de Contribuciones dictó una re-solución con fecha 31 de octubre de 1945 declarando sin lu-gar en todas sus partes la querella. Solicitada la reconsi-deración por la peticionaria, el Tribunal de Contribuciones reconsideró su anterior resolución dictando otra con fecha 12 de diciembre de 1945 concediendo a la peticionaria una deducción de los sueldos pagados por ésta a sus socios ges-tores José Español Lomba ($3,600) y Eamón Alonso So-brino ($3,600) y la suma de $1,000 de los $4,800 reclamados en la planilla de contribuciones como sueldo del socio Manuel-Alonso Sobrino. En cuanto al reajuste de los inven-tarios de las existencias de las sucursales de la peticionaria, resolvió que para determinar el costo de éstas, debía utili-zarse el coeficiente 30/150 de $100,756.33, en vez del coefi-ciente 30/130 sobre la misma cantidad utilizado por el Teso-rero de Puerto Rico o del de 50/150 reclamado por la pe-ticionaria.

No conforme con la resolución dictaba, la peticionaria radicó el presente recurso para su revisión alegando que el Tribunal de Contribuciones erró:

1. Al denegar $3,800 de la partida de $4,800 que la peti-cionaria reclamó en su planilla por haberlos pagado a su socio don Manuel Alonso Sobrino, en concepto de sueldo para el año 1936, por servicios realmente prestados.

2. Al reajustar el costo de las existencias en las sucur-sales de la peticionaria, según inventario al 31 de diciembre de 1936, utilizando para determinar el mismo el coeficiente 30/150 de $100,756.33 en vez del coeficiente 50/150 de la misma cantidad que es el que determina el verdadero costo de dichas existencias.

Discutiremos los errores señalados en el mismo orden que se dejan anteriormente expresados.

Alega la peticionaria que el Tribunal de Contribuciones erró al denegarle la suma de $3,800 de la partida de $4,800 que reclamara como una deducción en su planilla y que pagara a su socio Manuel Alonso Sobrino en concepto de sueldo para el año 1936 por servicios realmente prestados. Descansa su contención la peticionaria en la sección 32 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924, Leyes de 1925, pág. 401, según fué enmendada por la Ley núm. 30 de 1932, y en el caso de F. Bacó Soria y Hno. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 87, en el que resolvimos que una sociedad tiene derecho a deducir de su ingreso bruto las cantidades razonables pagadas a sus socios por servicios personales realmente prestados a la sociedad. De acuerdo con la ley y la jurisprudencia sentada son requisitos sine qua non para justificar y tener "derecho a la deducción en contienda (1) que la cantidad pagada al socio por sus servicios personales sea razonable y (2) que tales servicios personales hayan sido realmente prestados a la sociedad. La parte que solicita esta prerrogativa que le concede la ley debe probar convincentemente los requisitos enunciados. ¿Los probó la peticionaria? No bay discusión en cuanto al primero de los requisitos antes indicados; ésta surge en cuanto a si los servicios fueron o no realmente prestados a la sociedad. Hemos tenido a la vista la declaración del tes-tigo Manuel Alonso Sobrino y le bemos dado debida consi-deración y a nuestro entender no aparece de ésta ni,de nin-guna otra declaración satisfactoriamente probado que la suma de $3,800 pagada por la peticionaria á su socio Manuel Alonso Sobrino lo fuera por servicios realmente pres-tados. Por lo tanto, no había derecho a la deducción de esta suma en la planilla de la peticionaria a los fines de determi-nar el pago de contribuciones sobre ingresos correspondiente al año 1936.

Alega la peticionaria en apoyo del segundo señalamiento que el Tribunal de Contribuciones erró al reajustar los inventarios de las sucursales, al determinar el costo de las existencias de éstas a fines de 1936 usando el coeficiente 30/150-sobre $100,756.33 en lugar del coeficiente 50/150 de la misma cantidad reclamado por la peticionaria. La controversia entre las partes litigantes sobre este particular surge con motivo del procedimiento o sistema de contabilidad utilizado por la peticionaria en relación con sus sucursales. Ya antes explicamos el funcionamiento de la contabilidad de las sucursales en relación con la casa principal. Ésta le abría en sus libros a aquéllas una cuenta corriente donde les cargaba toda la mercancía que tomaban y que se les facturaba a base de 150 por ciento de su costo original. Luego, según las sucursales iban vendiendo las mercancías, remitían a la oficina central o principal el producto -do las ventas realizadas, el que era abonado a sus respectivas cuentas. A final de año, la diferencia entre el importe cargado por las mercancías tomadas y el importe de lo abonado a éstas en la oficina principal resultaba ser la mercancía en existencia en dichas sucursales, incluyendo el recargo de un 50 por ciento de sobreprecio del costo original de dicha mer-cancía. Siendo ésta la situación, necesario era proceder a hacer un reajuste para determinar el verdadero valor o costo de la mercancía en existencia en las sucursales. No existe controversia, por haber sido aceptado expresamente por am-bas partes, que $100,756.33 era el costo o valor sobrecargado-de las mercancías en existencia en las sucursales el día - 31' de diciembre de 1936. La controversia surge únicamenteen cuanto al método a seguir para reajustar ese inventaría de $100,756.33, a los fines de determinar el, verdadero costo de las mercancías en existencia en las sucursales'a fines del año contributivo de 1936.

Como hemos dicho anteriormente y según aparece de las alegaciones y la prueba que tuvo ante sí el Tribunal de Con-tribuciones, la peticionaria agregaba y cargaba a las sucur-sales en sus libros un 50 por ciento al costo original de la mercancía y, por lo tanto, el valor de la mercancía en los almacenes de las sucursales representaba 150 por ciento del costo de las mismas. También aparece que del sobrecargo de 50 por ciento impuesto a las mercancías, el 20 por ciento era para cubrir toda clase de gastos de las sucursales, inclusive sueldos, rentas, transportación, cuido, manipulación, etc., siendo todos estos gastos pagados por la casa principal, y que los restantes 30 por ciento representaban los benefi-cios que debía obtener la firma.

El Tribunal de Contribuciones resolvió que el costo de la mercancía en poder de las sucursales era el 100 por ciento, precio de factura de la mercancía en manos de la oficina principal, más el 20 por ciento cargado a dichas sucursales, que cubrían, según la prueba, -toda clase de gastos de las sucursales, inclusive sueldos, rentas, transportación, cuido, manipulación, etc. No estamos conformes con la conclusión a que llegó el Tribunal de Contribuciones. Si bien el sistema de contabilidad de la peticionaria no es un modeló de perfec--ción, no podemos aceptar que los gastos incurridos por las sucursales en pago de sueldos, rentas, cuido, manipulación, -etc., puedan sumársele al costo de factura de la mercancía eon el fin de determinar su costo actual. Estos son gastos ordinarios del negocio que no tienen relación alguna con el costo actual de la mercancía. Como dice Mertens en su obra The Law of Federal Income Taxation, vol. II, sección 16.17:

Manejo de gastos de transportación y otros gastos. — Los gastos de transportación y otros gastos necesarios incurridos para adquirir la posesión de la mercancía, son un factor del costo y pueden ser su-mados al mismo, póro aquellos gastos incurridos para fines ajenos a adquirir posesión de la mercancía son gastos corrientes y necesarios del contribuyente y como tales son deducibles. . .”

Para averiguar el verdadero costo de la mercancía en poder de las sucursales, basta sólo una simple operación aritmética. Determínense los gastos de transportación de la mercancía desde San Juan a la sucursal y súmesele al re-sultado el costo de la mercancía, depositada ésta en San Juan.

Bebe modificarse la resolución recurrida en <cuanto a este último extremo, y devolverse el caso para que el Tribimal de Contribuciones, mediante prueba al efecto, pueda determinar el verdadero costo de la mercancía en manos de las sucur-sales, de conformidad con los términos de esta opinión.


author: El Juez -Presidente Señor Travieso

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; María Collazo de Calaf, et als., interventores.
    Núms. 43 y 60.

    Sometidos: Noviembre 5, 1945.

      Resueltos: Enero 31, 1947.

      Eon. Procurador General Interino Jesús A. González y A. D. Mar-chand Paz, Procurador General Auxiliar, abogados del peticiona-rio; D. Guerrero Nolle, abogado de los interventores. '
   El Juez -Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En cuatro querellas radicadas ante el Tribunal de Con-tribuciones de Puerto Pico, los querellantes alegaron que al determinarse el ingreso neto para la imposición de la con-tribución sobre sus ingresos, el Tesorero se negó a conceder-les una deducción para el año 1932, montante a la suma de $54,462.64, por concepto de la depreciación sufrida durante dicho año en las propiedades de la Central Monserrate, de la cual son condueños. Las cuatro querellas fueron some-, tidas conjuntamente mediante una estipulación de los hechos esenciales del caso.

El Tribunal de Contribuciones dictó resolución en favor de los querellantes y en contra del Tesorero, declarando que aquéllos tenían derecho a deducir de sus ingresos para el año 1932 la cantidad de $54,462.64 en concepto de deprecia-ción, de acuerdo con la doctrina sentada por este Tribunal en Loiza Sugar Co. v. Domenech, Tes., 44 D.P.R. 556, 559.

La resolución le fue notificada al Tesorero el 14 de fe-brero de 1945. El recurso de certiorari Núm. 60 fue inter-puesto por dicho funcionario el día 28 de mayo de 1945, o sea 103 días después de haberle sido notificada la resolución recurrida. Los querellantes alegan que este Tribunal carece de jurisdicción para conocer del recurso por haber sido in-terpuesto después de expirado el término legal.

Consideremos en primer término esta cuestión jurisdic-cional, ya que si la misma prosperase no habría que entrar en otras consideraciones.

Para poder resolverla es preciso que hagamos una rela-ción de los antecedentes del caso.

La resolución recurrida fue dictada el día 13 de febrero de 1945 y notificada al Tesorero el día 14 del mismo mes y año. En marzo 12 de 1945 el Tesorero radicó ante esta Corte Suprema una petición de certiorari; la cual fué regis-trada bajo el número 43, solicitando la revisión y revocación de la resolución recurrida. Expedido el auto y notificados los interventores, solicitaron éstos la desestimación del re-curso alegando que hasta esa fecha, marzo 21 de 1945, “el Tesorero ño ha radicado en el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico ni ha notificado a los querellantes los cuatro cómputos que por ley viene obligado a efectuar como conse-cuencia déla resolución favorable”; que el Tesorero debió esperar, antes de interponer el recurso, hasta que el cómputo fuese definitivamente aprobado por el tribunal inferior; y que por esos motivos el recurso era prematuro y debía ser desestimado. En abril 20 de 1945, tres días antes de la fecha señalada para la vista del recurso y de la moción de deses-timación, el Tesorero radicó un escrito allanándose a la des-estimación solicitada. Esta fué declarada con lugar por resolución de 23 de abril de 1945.

En abril 19 de 1945 el Tesorero radicó en la Secretaría del Tribunal de Contribuciones un alegado cómputo en cada uno de los cuatro casos en controversia. Dichos cómputos fueron notificados a los contribuyentes el día 37 de abril de 1945. “En mayo 21 de 1945, no habiéndose formulado obje-eión alguna a los referidos cómputos, el Secretario del Tribunal notificó a las partes litigantes la finalidad de la deci-sión de 13 de febrero de 1945. En mayo 28 de 1945 el Te-sorero de Puerto Rico interpuso el presente recurso.

Los fundamentos de la moción de desestimación son: „

(a) Que las decisiones del Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico tienen carácter de finales para el Tesorero desde la fecha de la notificación, cuando en la decisión no- se ordena que se haga un cómputo.

(b) Que en la decisión recurrida no se ordenó al Teso-rero que hiciera cómputo alguno.

(c) Que siendo el derecho de apelación estatutario, el Te-sorero perdió ese derecho por no haberlo ejercitado dentro del término de treinta días desde la fecha en que le fue no-tificada la decisión, según lo dispuesto por la sección 5 de la Ley núm. 172 de 1941 ((1) pág. 1039), según fue enmen-dada por la número 169 de 1943 (pág. 601).

En Island, Needlework v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 723, 727, resuelto en febrero 20, 1946, mucho después de haber quedado sometido el presente recurso, interpretando la Regla Núm. 29 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, las cuales empezaron a regir el 15 de agosto de 1943, dijimos:

“El modo más efectivo para hacer cumplir la ley y las reglas adoptadas por el Tribunal de Contribuciones y para Ja protección de los contribuyentes y mayor orden en los procedimientos, es que. en todos aquellos casos en que el Tribunal de Contribuciones dicte una resolución adversa, en todo o en parte, al contribuyente, se disponga por la misma resolución que el Tesorero haga-un nuevo cómputo de la contribución que deberá pagar el contribuyente, de acuerdo con los términos de la decisión, incluyendo en dicho cómputo los intereses, recargos y penalidades autorizados por la ley. Si la decisión fuere totalmente adversa al Tesorero y favorable al contribuyente, la prác-tica de un nuevo cómputo será innecesaria, toda vez que el contribu-yente nada tendría que pagar.”

De acuerdo con lo resuelto en el citado caso, los cómpu-tos notificados por el Tesorero en abril 17 de 1945 eran in-necesarios toda vez que la decisión recurrida es totalmente adversa al Tesorero y favorable a los contribuyentes. Em-pero, nuestra decisión sería injusta si, pasando inadvertidas las circunstancias especiales de este caso, rehusamos asumir jurisdicción sobre el recurso interpuesto por el Tesorero.

El primer recurso, Certiorari Núm. 43, fué interpuesto por el Tesorero dentro del término de 30 días contados desde la fecha en que le fué notificada la resolución recurrida, sin haber radicado cómputo alguno. Fueron los contribuyentes interventores los que solicitaron la desestimación e indujeron al Tesorero a allanarse, alegando que el recurso era prematuro porque el Tesorero no había radicado ni notificado'a los querellantes “los cuatro cómputos que por Ley viene obligado a efectuar como consecuencia de la resolución favorable.” Ahora, después de haber insistido en que los cómputos eran necesarios, los mismos interventores alegan lo contrario en un esfuerzo para conseguir la desestimación del presente recurso.

Considerando que el Tesorero de Puerto Rico fué dili-gente en la radicación del primer recurso, Certiorari Núm. 43, y que éste hubiese sido proseguido hasta su resolución definitiva, a no ser por la cuestión levantada por los inter-ventores, opinamos que el Tribunal puede y debe usar su dis-creción en el sentido de considerar el presente recurso como una continuación de o una petición para reinstalar el Re-curso de Certiorari Núm. 43, el cual fué radicado dentro del término legal.

La moción de desestimación será declarada sin lugar. El recurso de Certiorari Núm. 43 será reinstalado, el Núm. 60 será desestimado y el Tribunal procederá a considerar y resolver el caso en sus méritos.


author: El Juez Pkesidente Señor Travieso Juez Asociado Señor Todd, Jr.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Matías González Ramírez, acusado y apelante.
    Núm. 11,564.

    Sometido: Diciembre 13, 1946.

      Resuelto: Febrero 4, 1947.

      Font & Vivas, abogados del apelante; IIon. Procurador General In-terino Luis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procu-rador General, en el alegato) y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Au-xiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pkesidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal

Matías González" Ramírez fue convicto de un delito de asesinato en segundo grado. Solicitó un nuevo juicio, le fué denegado y la corte le condenó a la pena de diez años de presidio. El presente recurso lia sido interpuesto contra la resolución denegatoria del nuevo juicio y contra la sentencia.

El primer señalamiento se basa en la alegación de que mientras el jurado estaba deliberando, personas extrañas se comunicaron con el jurado haciendo llegar al mismo .modelos de veredicto que no fueron ordenados por la corte previa intervención de las partes. Sostiene el apelante que ese hecho viola las reglas de la corte y destruye el derecho-que tiene el acusado a un juicio impareial. De acuerdo con la evidencia ofrecida en el acto de la vista de la moción de nuevo juicio, los hechos son como sigue:

Encontrándose el jurado en el cuarto de deliberaciones, el submárshal de la corte de distrito, quien tenía al jurado bajo su custodia, fué llamado por el jurado. Al oír el timbre, creyó el submárshal que el jurado tenía veredicto y su-bió hasta el cuarto de deliberaciones. Al llegar allí uno de los jurados le pidió que, si era posible, les consiguiera un modelo de veredicto en blanco porque se les había dañado el que la corte les había dado. El submárshal fué donde el secretario y éste le entregó un blanco de veredicto, el cual fué entregado al presidente del jurado por el mismo sub-márshal. En ese mismo blanco se escribió el veredicto en contra del acusado.

El jurado Jesús Cales identificó el veredicto como el mismo que había sido rendido. Declaró que ellos, los miem-bros del jurado, obtuvieron el modelo en blanco a través del submárshal Godoy; que el jurado le pidió el blanco al sub-márshal porque el que les dió la corte se había dañado; que él vió el blanco que se dañó.

En la resolución denegando el nuevo juicio, el juez de 3a corte inferior hizo constar expresamente “que examinó el veredicto del jurado tal como aparece del expediente y vió también el que originalmente se entregó al presidente del jurado, que no aparece del récord, y ambos son idénticos”; que de la prueba practicada resulta que el márshal no se comunicó con el jurado en forma alguna sobre los méritos del caso; que quedó establecido por la prueba, que cuando los señores del jurado llamaron al márshal, ya habían lle-gado a un acuerdo en el caso, y que al reducirlo a escrito, o sea, al llenar el hueco correspondiente en el modelo que les había entregado la corte, se les dañó; y que el márshal, por lo tanto, no pudo haber infinido, ni influyó, según re-sulta de la prueba, en la decisión del caso.

El artículo 267 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente:

“Después de oído el resumen de ]o que se les encarga decidir, el jurado podrá resolver sobre ello en la misma sala del tribunal, o re-tirarse para deliberar. Si no llegasen a un acuerdo en el acto, deberá juramentarse a un oficial del tribunal para que los tenga juntos en algún sitio privado y conveniente, no permitiendo que nadie, incluso él mismo, les hable o se. comunique con ellos, sino por orden expresa del tribunal o para preguntarles si han llegado a un acuerdo sobre su veredicto, y en este caso, o cuando lo ordenase el tribunal, conducirlos de nuevo a la sala. ’ ’

En Pueblo v. Saldaña, 66 D.P.R. 189, aplicando a los he-chos del caso las disposiciones del citado artículo 267 y la doctrina sentada por numerosas decisiones de las jurisdic-ciones estatales y federal, resolvimos que la corte inferior había cometido un error perjudicial a los derechos del acu-sado cuando después de haber avisado el jurado al juez, por conducto del alguacil, que deseaba regresar a sala porque no podía ponerse de acuerdo, el juez se limitó a instruir al alguacil informara al jurado que continuara deliberando, no obstante haberle pedido el abogado defensor que accediera a los deseos del jurado. Media hora después de recibir la comunicación del juez, rindió el jurado veredicto declarando al acusado culpable de homicidio. Al revocar la sentencia y ordenar la celebración de un nuevo juicio, dijimos:

“La corte erró, a nuestro juicio, al no acceder al deseo del jurado de regresar a sala, y al ordenar al jurado de la manera informal en que lo hizo, que. continuase deliberando. No debe haber comunica-ción alguna entre el juez y el jurado después que la causa ha sido sometida a éste, a menos que no sea en corte abierta y en presencia del acusado y su abogado, o luego de darle a éstos plena oportunidad de estar presentes. (Citas.) En todo caso en qué la corte o alguno de sus funcionarios comete el error de comunicarse con el jurado res-pecto al caso y fuera de sala, se presume, perjudicial el error a menos qup se pruebe afirmativamente que no ha habido perjuicio.”

La conducta del submárshal fué, sin duda alguna, impro-pia y, como tal, digna de censura. El marshal que tiene al jurado bajo su custodia debe abstenerse en absoluto de de-cir o hacer cosa alguna que pueda tener relación de clase alguna con el caso que el jurado tiene bajo su consideración. El marshal y los funcionarios bajo,sus órdenes deben limi-tar su intervención con el jurado a aquellos actos o palabras que fueren absolutamente necesarios para atender a cual-quier necesidad del jurado o para el comfort, alojamiento y alimentación de sus miembros. La estricta observancia de esta regla evitará quejas y objeciones como las formuladas en este caso y contribuirá sin duda alguna a mantener en alto el prestigio de la institución del jurado.

En Shields v. United States, 273 U.S. 583, 71 L. Ed. 787, el jurado, después de haber deliberado durante dos horas envió al juez, en su despacho, una comunicación escrita informándole que- encontraban culpables a tres de los acusados y no culpables a otros dos; y que en cuanto a otros dos acusados no habían podido llegar a un acuerdo. El juez les contestó por escrito diciéndoles que ellos debían decidir también si los dos acusados restantes eran culpables o inocentes. Dichos acusados ni sus abogados tuvieron conocimiento de estas comunicaciones entre el juez y el jurado. Poco después de recibir la comunicación del juez el jurado rindió su veredicto, declarando a los dos acusados culpables del primero de los cargos. Dos meses más tarde, cuando el acusado se enteró de lo ocurrido, pidió a la Corte le permitiese anotar una ex-cepción. La Corte se negó a ello, basándose en que el abogado del acusado había pedido a la Corte que mantuviese al jurado deliberando hasta que llegasen a un veredicto. La Corte Suprema revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio, sosteniendo que “Cuando un jurado se ha retirado para considerar su veredicto y se hace necesario darle instrucciones suplementarias, bien sea porque el jurado las pidiera o por otras razones, las mismas deben ser comunicadas al ju-rado en presencia del abogado o después qne se le haya avi-sado y dado oportunidad para estar presente; y no debe enviarse instrucciones por escrito al jurado sin aviso al abo-gado y oportunidad para que éste formule sus objeciones.” Fillippon v. Albion Vein Slate Co., 250 U. S. 76. En Little v. United States, 72 F.2d 861, el error que causó la revocación de la sentencia consistió en que habiendo el jurado enviado una nota al juez en sil despacho, solicitando una copia de las instrucciones de la Corte, el juez en. corte abierta y es-tando presente el abogado defensor, quien formuló su obje-ción, ordenó al taquígrafo que fuese al cuarto del jurado y les leyera las instrucciones, en su totalidad, sin repetir o po-ner énfasis en parte alguna de las mismas. Al revocar la sentencia la Corte de Circuito se expresó así:

“Empero, enviar un taquígrafo al cuarto del jurado, para leer allí, en ausencia del acusado y su abogado, las instrucciones de la Corte presenta una cuestión muy diferente. Es cierto que puede ser que, con ello no se cause daño alguno; pero, por otro lado, una equi-vocación en la lectura de un signo taquigráfico, del cual se daría cuenta inmediatamente el abogado defensor, un énfasis inconsciente o deliberado o la falta del mismo, un esfuerzo inocente para explicar el significado de una palabra o de una frase, y muchas otras cosas que podrían muy bien ocurrir, resultarían en un daño irremediable para el acusado.
* * ® « « « «
En el caso ante nos, el record guarda silencio en cuanto a lo que ocurrió en el cuarto del jurado. No hay nada, pues, en este récord para sostener la conclusión, hecha afirmativamente en los casos cita-dos, desque el error fue necesariamente no perjudicial.” (Bastar-dillas nuestras.)

La Corte Suprema Federal en Mattox v. United States, 146 U. S. 140, 36 L. Ed. 917, estableció la regla siguiente :

“Comunicaciones privadas, posiblemente perjudiciales, entre ju-rados y terceras personas, o testigos, o el funcionario a cargo del ju-rado, está.n absolutamente prohibidas, e invalidan el veredicto, por lo menos hasta que se demuestre que no causaron perjiácio” (Bas-tardillas nuestras.)

En Outlaw v. United States, 81 F.2d 805, el jurado, des-pués de estar deliberando por algún tiempo envió al juez una comunicación informándole que deseaban una copia de las instrucciones. El juez ordenó al taquígrafo que las trans-cribiese, las examinó y las envió al cuarto del jurado. Ni el acusado ni su abogado se enteraron de lo ocurrido sino hasta después del veredicto y de haber sido disuelto el jurado. La cuestión levantada en la apelación fue que “el juez no debió tener comunicación alguna con el jurado, a no ser en corte abierta y con el conocimiento del acusado y de su abo-gado.” La Corte de Circuito confirmó la sentencia, diciendo:

“Aun cuando una comunicación privada entre el juez y el jurado es generalmente irregular y errónea, puede ser que no en todos los casos impida un juicio constitucional o legal. Muchos actos de mala conducta por parte de los jurados no producen ese resultado, ipues pueden ser subsanados mediante demostración de que no pudieron causar perjuicio_ alguno. Si el juez en este caso hubiese dado al ju-rado una instrucción incorrecta o por lo menos una instrucción nueva, estaríamos preparados para sostener que. la denegación de una opor-tunidad de oirla y de tomar excepción contra ella, sería causa bas-tante para un nuevo juicio. Porque aparece claramente que. el jurado recibid sólo y exactamente lo mismo que ya se le había comunicado, sin objeción y en la forma usual en Texas y que no es ahora motivo de queja, creemos que no se infringió ningún derecho substancial y que el error de procedimiento puede, ser considerado como un error téc-nico. Si el jurado hubiese sido llamado y las instrucciones leídas en presencia del apelante, no puede suponerse un resultado diferente.”

Los casos que acabamos de analizar y muchos otros ci-tados en Pueblo v. Saldaña, supra, sostienen la doctrina que establecimos en dicho caso o sea que “en todo caso en que la Corte o alguno de sus funcionarios comete el error de co-municarse con el jurado con respecto al caso y fuera de sala, se presume perjudicial el error a menos que se pruebe afir-mativamente que no ha habido perjuicio.”

Aplicando dicha doctrina a los hechos del presente caso y resultando afirmativamente probado que no hubo perjuicio alguno para el acusado, sino que por el contrario lo que el márshal hizo en este caso fué para la conveniencia del ju-rado, dentro del significado de la Nota 2, en Pueblo v. Saldaña, supra, pág. 191, creemos' y así lo resolvemos que la resolución y la sentencia apeladas deben ser confirmadas.

Creemos innecesario discutir el segundo señalamiento por ser el mismo claramente frívolo.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Todd, Jr.

Considero que el incidente ocurrido en este caso es más censurable y su aceptación como error no perjudicial más grave que el que ocurrió en el de Pueblo v. Saldaña, 66 D.P.R. 189, y el cual dió lugar a que revocáramos la sentencia y ordenáramos la celebración de un nuevo juicio. Recuér-dese que en el caso de Pu-eblo v. Saldaña ocurrió lo siguiente: “Algún tiempo después de estar deliberando el jurado que entendía en el caso, avisó el jurado al juez, por conducto del alguacil, que deseaba regresar a sala porque no podía ponerse de acuerdo. Estaba presente el abogado defensor, quien pidió al juez accediera a los deseos del jurado, pero el juez se limitó a instruir al alguacil informara al jurado que continuara, deliberando. Media hora más tarde rindió el jurado veredicto declarando al acusado culpable de homi-cidio voluntario, y recomendó ‘la mayor clemencia para el acusado en vista de las circunstancias de este caso.’ El abo-gado defensor pidió entonces se dejara sin efecto el vere-dicto, por razón de lo ocurrido al anunciar el jurado que no podía ponerse de acuerdo, sosteniendo que eso trajo por re-sultado un veredicto por transacción. La corte declaró sin lugar la moción. ...” (Bastardillas nuestras.) T resolvi-mos que “No debe haber comunicación alguna entre el juez y el jurado después que la causa ha sido sometida a éste, a menos que no" sea en corte abierta y en presencia del acu-sado y su abogado, o luego de darle a éstos plena oportuni-dad de estar presentes.” Sostengo que el incidente en el caso de antos es más censurable porque el alguacil vio'ló las disposiciones del artículo 267 del Código de Enjuiciamiento Criminal que prohíbe que nadie, “incluso él mismo, les hable o se comunique con ellos, simo por orden expresa del tribunal o para preguntarles si han llegado a un acuerdo sobre su veredicto, . . .”. (Bas-tardillas nuestras.) El alguacil en este caso al ser llamado por el jurado e informado por éste que el modelo de vere-dicto que les había sido entregado por la corte al retirarse a deliberar se había dañado, no tenía poder, sin autoriza-ción de la corte concedida en sala y en presencia del acu-sado y sus abogados, para solicitar un nuevo modelo de ve-redicto, del secretario y llevarlo al jurado. Tampoco tenía poder el secretario para preparar un nuevo modelo, por su cuenta, y enviarlo al jurado. Ambas actuaciones fueron rea-lizadas sin la “orden expresa del tribunal” que exige el ar-tículo 267, supra, y aceptar .que pueden los funcionarios de la corte comunicarse con el jurado para sustituir un docu-mento oficial sin existir dicha orden y sin la intervención del acusado es, a mi juicio, establecer un precedente contra-rio al mandato expreso de la ley. De acuerdo con la juris-prudencia citada en el caso de Saldaña, supra, el error es fatal “aunque el contenido de la comunicación no sea im-propio, ya que se priva al acusado de su derecho a estar presente durante todas las etapas del juicio.” Y mientras no se rinde el veredicto por el jurado cualquier incidente que surja en el cuarto de deliberaciones que requiera la in-tervención de la corte constituye una “etapa” del juicio. Ese derecho del acusado a estar presente se extiende “ . . . desde que se insacula el jurado hasta que se disuelve después de haber rendido su veredicto.” Shields v. United States, 273 U. S. 583.

Como se dijo en el caso de State v. Wroth, 47 Pac. 106: “La parte tiene un derecho legítimo a que su causa se ventile en corte abierta, con oportunidad de estar presente. y ser oída respecto a todo lo que transcurra. Tiene derecho a estar presente, asistida de abogado, en todo momento en qne sea necesario o conveniente que la corte se eomnniqne con el jurado, y no puede pedírsele que dependa de la me-moria o del sentido de justicia del juez respecto a lo ocur-rrido entre el juez y el jurado en cualquier momento o lur gar en que ella no tenga derecho a estar presente. . . (Bastardillas nuestras.)

En igual forma en el caso de autos al acusado no puede pedírsele que dependa de la memoria o del sentido de jus-ticia del alguacil o del secretario respecto a lo que ocurrió entre ellos y el jurado en momentos -en que el acusado no estaba presente. No debemos olvidar que en el caso de Sal-daña, supra, el juez no se comunicó directamente con el ju-rado sino que lo hizo por conducto del alguacil y se resol-vió que ese hecho en lugar de aminorar el mal lo agravaba. En el caso de autos el secretario y el alguacil hicieron lle-gar al jurado un nuevo modelo de veredicto que según la me-moria del juez era idéntico al original. Tampoco estaba obligado el acusado a depender de la memoria del juez o del jurado en cuanío a dichos hechos. El acusado tenía de-recho por ley a que cualquier cambio que se hiciera en los documentos oficiales en posesión del jurado fuera hecho en corte abierta y en su presencia. En mi opinión la presun-ción de que el error cometido fue perjudicial no fue destruida por la prueba.

A mi juicio se incurre en una contradicción al sostenerse que la conducta del alguacil fue, sin duda alguna, impropia y digna de censura y que tanto él como los funcionarios a sus órdenes deben limitar su intervención con el jurado a aquellos actos o palabras que especifica el artículo 267, supra, y al mismo tiempo resolver que “lo que el márshal hizo en este caso fué para la conveniencia del jurado, dentro del significado de la nota 2, en Pueblo v. Saldaña, supra, pág. 191 .. . ”.

En dicha nota 2 se dijo que la doctrina sobre presunción de error perjudicial en estos casos “no es aplicable a aque-llas comunicaciones ajenas al caso que sean necesarias para atender las necesidades del jurado, como aquéllas que ten-gan que ver con el alojamiento* y la alimentación del ju-rado ...” o “el preguntarle el alguacil al jurado si ha llegado a un acuerdo . . . Si lo que hizo el alguacil en este caso fue para la conveniencia del jurado dentro del al-cance de la nota 2, no hay razón para calificar su conducta como impropia y digna de censura. Creo que la sentencia debe ser revocada y concederse un nuevo juicio.