author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    José Ortiz, demandante y apelante v. La Sucn. de Alfredo Amy, compuesta de César, Arturo, Amedee y Vigermina Amy y la viuda Isabel Torres, demandada apelada.
    No. 5289.

    Sometido: Enero 12, 1931.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      B. Arjona Siaca, B. Atiles Moren y E. Campos del Toro, abogados del apelante; B. Bivera Zayas y Manuel A. Bivera, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación contra sentencia fuá interpuesta por el demandante el 27 de noviembre de 1929. En 2 de abril si-guíente nos pidió la apelada que desestimáramos la apela-ción por haber transcurrido más de 120 días de haber sido interpuesta sin haber sido presentada ante nosotros, y ha-biendo acreditado la apelante que no había vencido la prórroga concedida al taquígrafo para que preparara la transcripción de la evidencia presentada en el juicio, nega-mos la desestimación.

Ahora, en 16 de diciembre de 1930, el apelado presentó moción jurada solicitando la desestimación de la apelación fundándose en la regla 59 de las de esta corte y alegando que el transcurso de un año desde que la apelación fué in-terpuesta y de ocho meses desde su anterior moción en ese sentido sin que la transcripción de la evidencia haya sido hecha por el taquígrafo, limitándose la apelante a solicitar prórrogas para el taquígrafo sin gestión alguna para que éste hiciera ese trabajo y el haber despachado dicho funciona-rio las ocho apelaciones posteriores que especifica, demues-tran que el apelante no ha proseguido su apelación con la debida diligencia. A esto contesta el apelante sin juramento que se.ha ocupado constantemente de su recurso y que como ha obtenido declaración de pobreza y el taquígrafo no co-brará sus derechos, ha postergado la transcripción para el apelante y ha dado preferencia a las que le han pagado. Nos pide que ordenemos al taquígrafo que sin excusa prepare la transcripción.

La regla 59 de las de este tribunal dispone que ex-pirado el término de 90 días desde la fecha en que se pre-sentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas concedidas por la corte inferior, el tribunal podrá desesti-mar una apelación que no haya sido anteriormente regis-trada en este tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare satisfactoriamente que el apelante no ha pro-seguido su apelación con la debida diligencia o de buena fe, o que tal apelación es frívola. Y la Ley No. 27 de 1917, página 275, según quedó enmendada por la No. 81 del año 1919, página 675, dispone que dentro de los 10 días después de radicada una apelación podrá solicitarse por el apelante que el taquígrafo liaga una transcripción de la evidencia, que-la corte así lo ordenará, que el taquígrafo deberá hacer ese trabajo dentro de los 20 días después de esa orden, que Ios-términos fijados por esa ley pueden ser prorrogados y que si el taquígrafo dejare sin excusa legítima de preparar dicha transcripción en el término de 60 días, deberá ser com-pelido a ello por la corte usando los medios coercitivos pro-cedentes.

El espíritu de esa ley y de nuestra regla citada es que-las apelaciones se tramiten con rapidez, pues de otro modo-la parte beneficiada por la sentencia o resolución apelada sufriría perjuicios y, por tanto, el apelante, debe ser dili-gente en la tramitación de su recurso.

En vista de los hechos expuestos anteriormente y de-la ley y regla aplicables a ellos llegamos a la conclusión de que el apelante no ha tenido la debida diligencia en este-caso para la tramitación de su apelación, pues a pesar de-que la anterior moción del apelado debió servirle de aviso-de que no estaba dispuesto a consentir que la preparación de la apelación se prolongase por largo tiempo, sin embargo, se ha limitado durante un año a estar solicitando y obteniendo prórrogas para el taquígrafo, y sabiendo que-éste no tenía excusa legítima para no preparar la trans-cripción dentro de sesenta días, pues, según el apelante el. no hacer la suya y dedicarse a otras se debe al hecho de-que no habría de cobrarla, debió el apelante en esas circuns-tancias para ser diligente pedir a la corte de distrito que-obligase al taquígrafo a cumplir la orden que le había dado.. No hacerlo así dejaba al taquígrafo la libertad de hacer la transcripción cuando él lo creyese conveniente y dando pre-ferencia a las de pago, y el tiempo para hacer la transcrip-ción de la evidencia no puede quedar al arbitrio del taquí-grafo. Si en vista de los hechos narrados no desestimára-mos esta apelación, el estado actual de ella se prolongaría por más años, o tal vez indefinidamente.

En cnanto a la petición de que ordenemos perentoriamente al taquígrafo que haga la transcripción, es la corte inferior la que puede librar esa orden, según dice la ley.

La presente apelación debe ser desestimada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Pedro W. Rodríguez, peticionario y apelado, v. Hipólito González, en su carácter de alcalde municipal de Arroyo, Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 5310.

    Sometido: Diciembre 23, 1930.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      Arcilio Alvarado, abogado del apelante; R. López Antongiorgi, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El alcalde del municipio de Arroyo, Hipólito González, separó a Pedro W. Rodríguez del cargo que desempeñaba en dicho municipio como Inspector de Pesas y Medidas, En-cargado de la propiedad y Lector de contadores, pero por un procedimiento de mandamus la Corte de Distrito de Gua-yama ordenó al alcalde en 8 de enero de 1930 que repusiera a dicho empleado en su cargo.

Cuando el alcalde fué requerido para que cumpliese dicha orden compareció ante la corte manifestando por escrito y bajo juramento que la Asamblea Municipal de.Arroyo ha-bía aprobado en 30 del mismo enero una ordenanza para reajustar su presupuesto en cumplimiento de orden del Con-tador de Puerto Pico, y que de acuerdo con ella no existe ya en dicho municipio el cargo de Inspector de Pesas y Me-didas, Encargado de la propied'ad y Lector de Contadores por haber sido abolido o desintegrado (sic), por lo que soli-citó se le eximiera de cumplir la orden de restitución a Bo-dríguez en ese cargo.

Al ser vista esa moción aceptó la parte contraria como ciertos todos los hechos que ella contiene y la corte la resol-vió disponiendo que el alcalde cumpliese la orden de resti-tución a Bodríguez en el cargo de que había sido separado. Contra esta resolución dictada después de la sentencia re-caída en el procedimiento de Mandamus es que se ha inter-puesto esta apelación por el alcalde. El apelado no ha comparecido ante nosotros a impugnar este recurso.

No se presentó en la corte inferior, y por1 tanto no forma parte de la exposición del caso aprobada por dicho tribunal para esta apelación, la ordenanza de 30 de enero a que se refirió el apelante en su moción como que abolió o desinte-gró (sic) el cargo que ocupaba el apelado cuando fué sepa-rado de él. Por consiguiente, todo lo que tuvo el tribunal inferior ante sí para dictar la resolución que ha sido ape-lada, y tenemos nosotros para resolver este recurso, es la moción jurada del apelante en la que expone el motivo por el cual no puede cumplir la orden disponiendo que resti-tuya a Bodríguez en el cargo de que fué separado y la acep-tación por el apelado de la certeza de los hechos de esa moción, por lo que se debe tener como cierto que el cargo que ocupaba el apelado fué abolido o desintegrado.

Habiendo abolido la Asamblea Municipal de Arroyo el cargo que antes ocupaba el apelado se hace imposible pará el apelante reponer a Bodríguez en un cargo que no existía en aquel municipio cuando su alcalde fué requerido para que. cumpliese la orden de mandamus; y la misma situación existe si al decir la moción que el cargo fue desintegrado expresa que fueron suprimidos algunos de los deberes que antes tenía porque resultaría un cargo distinto al anterior.

Por lo expuesto la resolución apelada debe ser revocada y dictarse otra eximiendo al apelante del deber en que es-taba de restituir al apelado en el cargo que desempeñó en el municipio de Arroyo.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Hipólito González, peticionario y apelado, v. Asamblea Municipal de Arroyo, demandada y apelante.
    No. 5372.

    Sometido: Diciembre 23, 1930.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      Bolivar Pagan, abogado de la apelante; F. Beiró Rovira y C. Dominguez Rubio, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver es si una asamblea municipal, des-pués de la destitución de un alcalde mediante procedimientos de impugnación pública, puede suspenderlo de empleo y sueldo basta que se resuelva la apelación para ante esta corte.

El artículo 29 de la Ley Municipal, según fué enmendada en 1925 (Leyes de ese año, págs. 684, 703, 705), permitía una apelación del fallo de la asamblea municipal para ante el Go-bernador, y de la resolución del Gobernador para ante este tribunal. En caso de que el Gobernador no actuara dentro de un período de tiempo especificado, la asamblea municipal estaba autorizada para tomar ulterior determinación. me-diante el voto de las dos terceras partes de sus miembros, y se permitía al alcalde apelar directamente para ante esta corte de la resolución adversa así dictada. Entonces dispon-nía:

“Interpuesta una apelación por un alcalde, contra una resolución del Gobernador o de la Asamblea Municipal, según fuera el caso destituyéndole de su cargo, quedará suspendida la ejecución de dicha resolución; pero el alcalde quedará suspenso de empleo y sueldo hasta la resolución definitiva de dicha apelación.” (Bastardillas nuestras.)

La sección 29 de la “Ley estableciendo un sistema de go-bierno local para los municipios de Puerto Rico” (Leyes de 1928, págs. 335, 357, 359), elimina la apelación intermedia de una resolución interlocutoria de la asamblea municipal, au-toriza actuaciones más definidas por ese org’anismo en pri-mera instancia, y concede una sola apelación directamente para ante esta corte. También omite la disposición arriba ■copiada en bastardillas, relativa a la suspensión de empleo y sueldo, y en su lugar dispone que:

“. . . la resolución de la Asamblea Municipal no será ejecutoria hasta que recaiga sentencia final en el caso. ...”

El párrafo que sigue a esta disposición en cuanto al efecto ■de una apelación, fué promulgado nuevamente sin alteración .alguna en 1928. Lee así:

“En caso de vacante, ausencia, suspensión, licencia, incapacidad, -etc., del Alcalde, será éste sustituido por uno de los funcionarios ad-ministrativos municipales, exceptuando el Auditor o el Secretario; •debiendo al efecto establecer previamente la Asamblea Municipal, en una de sus sesiones, el orden de tal sustitución.”

No importa el significado que pudiera tener la palabra “suspensión”, el párrafo que acabamos de citar no puede ■ser invocado ahora como autoridad para suspender a un al-calde de empleo mientras se tramita una apelación inter-puesta por él contra una resolución adversa dictada por la . .asamblea municipal en un procedimiento de impugnación pú-blica.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: IEl Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Román Félix, demandante y apelante, v. Guillermo Esteves, Comisionado del Interior del Gobierno Insular de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5088.

    Sometido: Abril 22, 1930.

    Resuelto: Enero 19, 1931.

      Luis Muñoz Morales, abogado del apelante; Procurador General James B. Beverley, Arturo Ortiz Toro y M. Rodríguez Serra, Primero y Segundo Subprocurador General Atixiliar, respectiva-mente, abogados del apelado.
   IEl Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la corte de distrito de San Juan, formuló Román Félix una demanda de injunction, contra Guillermo Esteves, Comisionado del Interior de Puerto Rico, alegando sustan-cialmente que es dueño de varios camiones automóviles, de-dicados a la industria de trasportes en esta Isla, y entre ellos los que trabajan con las licencias y tablillas números H. P. 170 y 107, expedidas por el Departamento del Interior de Puerto Rico, y que, el referido Comisionado ordenó a la po-licía la incautación de las tablillas H. P. 170 y 107, que fue-ron entregadas por el demandante, quien cesó en la explo-tación de los camiones automóviles a que corresponden tales tablillas, sufriendo así un grave perjuicio; y que según su información, aquella medida se fundó-en que esos camiones han llevado carga en exceso de la permitida por la ley de au-tomóviles ; que el Comisionado ha actuado con error y fuera de ley; y pidió una orden perentoria de injunction para que el Comisionado devuelva las tablillas, y se abstenga de librar órdenes -para incautarse de tablillas, sin que medie la previa denuncia y condena por tribunal competente.

La corte dictó una orden para que el demandado Guillermo Esteves compareciera a mostrar causa por la que na se debiera dictar el auto de injunction solicitado. Así lo hizo el demandado, que formuló una excepción previa a la de-manda, por no aducir ésta hechos suficientes para determi-nar causa, y además una exposición de razones por las que na procedía dictar el auto, y su contestación, en la que presenta alegaciones de hecho, y doce defensas especiales.

La corte oyó la prueba que las partes ofrecieron; y dictó una resolución denegando la expedición del auto preliminar; y contra esa orden se apela, asignándose por el apelante Ro-mán Félix dos errores en esta forma:

‘ ‘ 1er. error: La corte de distrito cometió error al denegar el injunction solicitado bajo el fundamento de que el Comisionado del Interior puede incautarse de las tablillas de trucks y cancelar la licen-cia al peticionario prescindiendo del debido procedimiento legal.
“2do. error: La corte de distrito cometió error al denegar el injunction solicitado por el fundamento de que éste no es el proee-dimiento adecuado para que el peticionario recobre del Comisionado del Interior las tablillas cuya incautación ordena.”

En este caso hay un extremo que no debe quedar sin examen y resolución. Se lia alegado por el peticionario, que la privación de sus tablillas, que en realidad envuelve la cancelación de su permiso, es una ilegal privación de su propiedad, sin debido proceso de ley. Como con razón sostiene el apelado, la licencia para operar un automóvil no es una franquicia, sino un privilegio, que puede ser revocado mediante causa. Huddy on Automobiles, 4ta. edición 95.

La concesión de una licencia no establece una propiedad. Se concede con la implícita condición de sujetarse a los pre-ceptos o mandatos de la ley. Y en cuanto a cuáles son esos preceptos, la Ley número 75 del año 1916, con sus enmiendas de 1921, 1925 y 1926, es clara. La sección o párrafo (h), ar-tículo 3 de la ley (enmienda por Ley número 9, de 15 de julio de 1926) es, en su texto, como sigue:

“Artículo 3(h).- — El Comisionado del Interior podrá suspender o cancelar la licencia, y ordenar que se ocupen las tablillas de cual-quier vehículo de motor, destinado a servicio público, cuando sola-mente obtuvo licencia y tablilla para ser destinado a servicio pri-vado; y podrá cancelar la licencia de cualquier vehículo de motor destinado a servicio público, cuando, a su juicio, el automóvil está traficando en condiciones tales que constituya una amenaza para la seguridad pública. ’ ’

Es verdad que en la ley existe un artículo que es el 18, enmendado por Ley número 9 de 15 de julio de 1926, que establece una penalidad para los que transporten en sus vehículos de motor más carga que la autorizada. Pero no hay conflicto entre la materia penal que en este artículo se fija, y la acción administrativa que en la letra H, artículo 3, se autoriza. Aquélla determina el castigo de la infracción; ésta autoriza la forma de evitar el perjuicio a los intereses del pueblo y a la seguridad pública, y de impedir que se realice el daño. La jurisdicción penal, y la administrativa, coexisten sin choque ni mutuo estorbo.

La prueba que se ofreció y practicó justifica completamente la resolución del juez. En concreto se probó que los camiones do la aquí apelante, con deplorable frecuencia, llevaban más carga que la autorizada por la ley y por la licencia, al extremo de que el truck 170, autorizado para llevar diez toneladas de peso bruto, llevaba en ocasiones tur exceso de 57 quintales y también de 100 quintales; que sobrecargados así los camiones automóviles constituyen un verdadero peligro para el tránsito por las carreteras, porque tienen que utilizar mayor parte del firmé de las mismas, obstaculizando el paso en ambos sentidos, y si se desvían puede originarse fácilmente un vuelco y ocasionarse un grave daño a los que estén próximos al camión, y que asimismo es difícil detener un camión sobrecargado cuando es necesario hacerlo, y que esta sobrecarga produce graves daños en los puentes y alcantarillas, habiéndose destruido algunos de los primeros por razón del constante paso de camiones sobrecargados. Las probabilidades de acierto se hallan en favor de la medida adoptada por el Comisionado del Interior en este caso. Y con tal balance de probabilidades y razones por una parte; por la constante recomendación de la jurisprudencia respecto a la cautela que debe presidir a la expedición de autos de injunction preliminar y finalmente por ser materia de discreción y no eco debito justitiae la concesión de esos autos, no debía esperarse otra solución que la de que aquí se apela.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    José Salvá, demandante y apelado, v. Leandro Frontado, demandado y apelante.
    No. 4619.

    Sometido: Diciembre 6, 1929.

    Resuelto: Enero 20, 1931.

      Adrián Agosto, abogado del apelante; José Martinez Dávila, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

José Salva se comprometió a construir en Santurce de esta ciudad cuatro casas de concreto y un garage para Lean-dro Frontado por precio de $12,500. En ese contrato, que fue consignado por escrito, se comprometió Frontado a en-tregar $200 semanales al constructor y $1,000 más el día úl-timo de cada mes. En el curso de esas obras surgieron al-gunas paralizaciones y también desavenencias entre las par-tes contratantes que culminaron en la demanda de este pleito establecida por el contratista contra Frontado alegando que se habían hecho ampliaciones de las casas que aumentaban el valor de las obras; que el demandado no cumplió su con-trato en cuanto a las entregas de dinero que debía hacer al contratista mensualmente para la compra de materiales y que el día 7 de marzo de 1925 Frontado separó al deman-dante de las obras sin causa ni motivo alguno y se incautó de ellas y las continuó, cuando tenían un valor de $8,954.46 y solamente había recibido a cuenta de ellas $7,158. Por esas alegaciones solicitó se condenase al demandado a pagarle $1,796.46 que tenía invertidos en las obras y $2,000 como in-demnización por daños y perjuicios.

Celebrado el juicio el tribunal inferior dictó sentencia en la que se limitó a condenar al demandado a pagar al deman-dante la cantidad -de $1,350 y las costas, sin incluir honora-rios de abogado, fundándose en que el demandado separó al demandante de las obras y se incautó de ellas sin motivo jus-tificado y en que dicha cantidad es el valor razonable del be-neficio industrial del demandante en las mencionadas obras. Contra ella se ha interpuesto esta apelación por el deman-dado.

El primer motivo que se aduce para que revoquemos la sentencia es que se cometió error al decidir que el apelante fué culpable de la rescisión del contrato, decidiendo así la preponderancia de la evidencia a favor del demandante.

En el contrato escrito que celebraron las partes no se consignó cláusula alguna por la cual el constructor estuviese obligado a prestar fianza para garantizar las cantidades que debían serle entregadas para las obras y, sin embargo, el 6 de marzo de 1925 Frontado requirió notarialmente al constructor Salvá haciéndole saber que estaba dispuesto a depo-sitar en un banco la cantidad que restaba de la convenida en el contrato entre ellos siempre que Salvá constituyese fianza para garantizarle el cumplimiento del contrato y para que en caso contraído lo diese por rescindido, quedando Frontado en libertad de continuar las obras. Contestó Salvá a ese re-querimiento diciendo que consultaría con su abogado, y al siguiente día Frontado se incautó de las obras y las continuó.

Los hechos expuestos demuestran que el tribunal inferior no cometió el primer error que se alega por el apelante, pues no habiéndose convenido en el contrato entre las partes que el contratista tuviese el deber de constituir fianza para ga-rantizar el dinero que debía recibir para las obras, su nega-tiva o su falta de aquiescencia a prestar la fianza que le fué exigida no dió derecho a Frontado para dar por rescindido el contrato mencionado ni para incautarse de las obras, pri-vando así a su contratista del beneficio que tuviera en esas obras. El apelante no tenía derecho a variar por sí solo los términos y condiciones de sn contrato con el apelado impo-niéndole obligaciones qne no habían sido convenidas. Que la falta de prestar el contratista la fianza que le fné exigida fné el motivo de la rescisión, y no otro, lo demuestran las pala-bras consignadas por el apelado en el acta de requerimiento al apelante y el hecho de qne según el perito del demandado el valor de las obras ejecutadas en ese momento era de un 40 o un 50 por ciento de los $12,500, valor del contrato, y al-rededor de una mitad de esa cantidad había sido recibida, pues si bien el demandado sólo justificó la entrega de $6,210, el demandante admitió en su demanda que había recibido $7,158.

En cuanto al otro motivo del recurso fundado en que hubo error en la determinación de la cantidad que debe ser pagada por la ganancia dejada de percibir por el contratista, porque según la prueba no hubiera tenido ganancia alguna si hubiera continuado las obras, nos bastará decir que se demostró que la ganancia calculada para esa clase de obras es de un 10 a un 15 por ciento de su valor, y como antes hemos declarado que lo que había recibido el contratista era poco más o menos el dinero que había empleado en las obras, no puede sostenerse que no hubiera tenido ganancia alguna a la terminación de ellas; ni tampoco que no habiéndose estipulado en el contrato tanto por ciento alguno de ganancia no tenga derecho a la cantidad que se le concede, pues hay que suponer que los contratistas incluyen en el precio convenido por sus obras un tanto por ciento de ganancia, salvo el caso, que no ocurre en éste, de que por circunstancias especiales el contratista haya de construir gratuitamente. En el caso de Nones v. Junta Escolar de Ponce, 25 D.P.R. 19, en el que las obras se habían ejecutado por un precio determinado, se concedió al contratista un tanto por ciento como ganancia dejada de obtener.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Pedro Fernández Reyes, demandante y apelante, v. Ramón González Betancourt, demandado y apelado.
    No. 5163.

    Sometido: Abril 30, 1930.
    Resuelto: Enero 20, 1931.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Antonio Lens Güeña, abogado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Fernández Beyes tiene una finca en el barrio Islote de Arecibo de 54 cuerdas de terreno que colinda por el norte con otra de 18 cuerdas que perteneció a una her-mana suya y que es ahora de Don Ramón González Betan-court, desde hace pocos meses. Al norte de la finca de 18 cuerdas hay un camino vecinal y. con él se comunicaba Pe-clro Fernández Beyes desde liace tres años pasando por un camino privado de la finca de 18 cuerdas hasta que hace poco' tiempo el nuevo dueño de la finca de 18 cuerdas aró el camino y puso matas de maya en él en la colindancia de su finca con la de Pedro Fernández.

Esos hechos fueron prohados por Pedro Fernández Be-yes en un procedimiento de injunction para recobrar la po-sesión del uso de ese camino que estableció contra Bamón González Betancourt, como declaró la Corte de Distrito de Arecibo al negarse a rechazar la demanda por insuficiencia de la prueba del demandante (nonsuit) y como admitió des-pués el demandado, pero por la prueba de éste la sentencia declaró sin lugar la demanda por el fundamento de que el demandante tenía un mero permiso verbal de su hermana, la anterior dueña de la finca de 18 cuerdas, para usar el camino y que por ser esos actos meramente tolerados no puede utilizar el interdicto de recobrar la posesión.

El primer motivo que alega Pedro Fernández Be-yes para sostener su apelación contra esa sentencia es que el tribunal inferior cometió error al no sostener la objeción del demandante al interrogatorio del demandado tendente a investigar el derecho del apelante a utilizar el camino a que alude la demanda.

En el procedimiento de injunction para recobrar la po-sesión material perdida por actos de otro, que es el inter-dicto para recobrar la posesión de nuestra anterior ley pro-cesal, sólo hay que alegar, probar y resolver cuestiones de hecho, a saber, si el demandante dentro del año precedente a la presentación de la demanda estaba en posesión de la~ propiedad que en la demanda se describe y si ha sido per-turbado o despojado de ella por el demandado. En ese procedimiento no se puede discutir, probar ni resolver si el demandante tiene o no derecho a tal posesión porque es cuestión propia para juicios ordinarios. Solís v. Castro, 36 D.P.R. 112; Oliver Cuveljé v. González, 37 D.P.R. 942; Vicente v. Ortiz, 38 D.P.R. 106; y Echevarría v. Sauri, 38 D.P.R. 737. Por consiguiente, fué error de la corte inferior permitir que el demandado preguntara a sus testigos "sobre el derecho con que el demandante pasaba por dicho camino, error que fué perjudicial para el apelante porque a pesar de haber probado los hechos de su demanda deter-minantes de la acción que ejercita, sin embargo, la senten-cia le fué contraria porque por la prueba del demaudado, erróneamente admitida, la corte llegó a la conclusión de que no procede su petición de injunction por el uso del camino por ser por permiso y mera tolerancia de la anterior dueña de la finca en que el mismo está. La corte inferior citó va-rias opiniones nuestras en apoyo de su resolución, pero no tienen aplicación al presente: el de Almodóvar v. Russell & Co., 34 D.P.R. 94, porque no se trataba en él del injunction "especial para recobrar la posesión sino de un injunction general: el de Solis v. Castro, 36 D.P.R. 112, porque si bien en él se trata la cuestión de mera tolerancia, se llega, sin embargo, a la conclusión de que sólo puede tratarse en esta clase de injunctions el hecho de la posesión y su interrup-ción; el de Colón v. Plazuela, 31 D.P.R. 314, porque se re-fiere a un pleito ordinario sobre servidumbre: y el de Vélez Gaztambide v. Guánica Céntrale, 26 D.P.R. 795, por igual razón que el precedente. El otro caso citado por la corte, el de Central Victoria, Inc., v. Hernández, 35 D.P.R. 613, tampoco tiene aplicación porque se confirmó la senten-cia denegatoria del injunction solicitado por el uso de un camino porque no se presentó prueba alguna en apoyo de la alegación de la demandante sobre su posesión material del camino cerrado por los demandados, porque no se de-mostró satisfactoriamente que la demandante usara siquiera el citado camino y porque la prueba más bien sugirió el uso y disfrute del camino, hasta el día en que fué cerrado, por otros colonos. El artículo 446 del Código Civil que también cita la corte, en el que se dice que los actos meramente to-leraclos y los ejecutados clandestinamente y sin conoci-miento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión, no es para ser considerado y tenido en cuenta al resolver esta clase de injunctions en el qne, como hemos dicho, sólo se ventilan cuestiones de hecho y no el derecho con que el demandante usaba el camino y, por consiguiente, si por tratarse de actos meramente tolerados no queda afec-tada por ellos la posesión del dueño de la finca. Como dice Ja sentencia del Tribunal Supremo de España de 3 de abril de 1884, tomo 54 de la Jurisprudencia Civil, “el interdicto de recobrar, no sólo compete a los que tienen la posesión jurídica, sino también a los que se hallan en la tenencia de la cosa o lo que es lo mismo en la simple ocupación actual y corporal de ella con derecho o sin él . . Y en la de 20 de noviembre de 1913, Jurisprudencia Civil, tomo 125, pág. 356, del mismo tribunal, también se dice: “Basta leer el art. 446 y sus concordantes del Código Civil para conven-cerse de la vigencia de la ley Procesal y sostener con ella que en los interdictos, si no han de perder su propia natu-raleza al punto de hacer inútil el juicio plenario, sólo puede discutirse el hecho de la posesión para protegerla de toda perturbación momentánea, nunca sobre el derecho efectivo de la misma que ha de consistir en el por qué y cómo se posee.”

La posesión actual o mera tenencia puede ser en la cosa o en el disfrute de un derecho, según el artículo 443 del Código Civil, y por esto la posesión o tenencia del uso de una servidumbre puede ser objeto del procedimiento de injunction para recobrar la posesión. Que la posesión de una servidumbre de paso por un camino privado que atraviesa la finca de un demandado puede ser recobrada por medio de injunction o interdicto establecido por la ley para recobrar la posesión, es cuestión resuelta desde el año 1879 por el Tribunal Supremo de España, tomo 42 Jurisprudencia Civil, pág. 523, pues habiéndose alegado que tal inter-dicto se da contra el despojo de cosa pero no de derechos, dicho tribunal declaró insostenible ese motivo porque bajo-el nombre de posesión se entiende comprendida la cuasi po-sesión j>ara los efectos de esa clase de interdictos que afecta a la cosa corporal que se posee como también a un derecho-de servidumbre que se ejercita o cuasi se posee. Y en la de-1881, tomo 47 Jurisprudencia Civil, pág. 100, el mismo tribunal en un caso en que se atacó un interdicto concedido' para recobrar una servidumbre, dijo: “Que conforme a la. jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, fundada,, entre otras leyes, en la I, tít. 30, Partida 3*, el interdicto de-recobrar es procedente siempre que se prive a cualquiera de-cosas muebles o raíces, o del ejercicio de un derecho; pues que resolviéndose en esta clase de juicios sumarísimos cues-tiones de orden público, lo mismo se afecta privando a uno-con violencia o clandestinamente de una cosa corporal que poseía, como de un derecho de que cuasi poseía.” Esas-sentencias fueron citadas y seguidas por nosotros en el caso-de Echevarría, viuda de Subirá v. Saurí, 38 D.P.R. 745, antes citado, en el que se declaró con lugar un injunction o-interdicto para recobrar la posesión de una servidumbre de-paso.

En vista de lo expuesto la sentencia apelada debe ser re-vocada y dictarse otra declarando con lugar la demanda, sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Ex Parte Manuel Zacarías Arroyo, a nombre y representación de Francisco Arroyo, peticionario y apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 3983.

    Sometido: Enero 16, 1931.

    Resuelto: Enero 20, 1931.

      O’Neill & Cacho, abogados del apelante; R. A. Gómez, abogado de-El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Arecibo se negó a poner en libertad al acusado a virtud de una petición de habeas corpus presentádale. El peticionario radicó un escrito de apelación. El fiscal solicita la desestimación del recurso alegandoque la notificación deja de seguir el estatuto y que esta corte carece de jurisdicción. La ley de habeas corp%is de 1903, sección 6550 de los Estatutos Revisados, dispone lo siguiente :■

“Se interpone una apelación, dando aviso de ella por escrito al tribunal o juez que hubiese dictado la providencia apelada, y a la parte contraria.”

El escrito de apelación leía: “Al Sr. Secretario de esta. Corte y al Hon. Fiscal del Distrito ’ ’. La parte contraria fué notificada debidamente pero el fiscal sostiene que el juez o la corte no lo fué; en otras palabras que la notificación becha al secretario no pedía favorecer al apelante. Aparentemente-tratando al juez de lo civil cual si fuera un juez de paz. la-Corte - Suprema de Wisconsin dijo que el escrito de apelación-debe notificarse al juez mismo y que una notificación becha -al secretario de la corte, era insuficiente. Fred Miller Brewing Co. v. Milwaukee, 150 Wis. 336, 136 N. W. 157. El caso que tenemos ante nos fue presentado a la Corte de Distrito de Arecibo, que es una corte de récord. En ausencia de autori-dad más convincente en contrario, creemos que el secretario de la corte de distrito representaba suficientemente a la corte. El habeas corpus es un procedimiento civil y de conformidad ■con el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil la ape-lación debe ser notificada al secretario.

Llegamos entonces a los méritos del easo. La Corte Municipal de Manatí juzgó al peticionario por el delito de portar armas y le sentenció a un mes de cárcel. El mismo día la corte volvió a llamar al acusado y le sentenció a tres meses de cárcel. El apelante aparentemente sostiene que la corte carecía de jurisdicción para dictar la sentencia en la forma en que últimamente lo hizo, pero que no obstante, su actuación final anuló la sentencia anterior dictada el mismo día.

La corte inferior resolvió que la cuestión del derecho a imponerle una sentencia de tres meses fué suscitada a des-tiempo. La teoría era que el peticionario debía cumplir pri-mero la sentencia válida de un mes y entonces solicitar su ex-carcelación. Si el primer pronunciamiento de la corte municipal era válido y existente, entonces tal vez la corte de dis-trito estaba en lo cierto. Sin embargo, un examen de Jos autos revela que la Corte Municipal de Manatí pronunció una sola sentencia escrita, fechada el 24 de septiembre de 1929. La sentencia escrita dice que la corte, después de oír la prueba y los argumentos, declara al acusado culpable de una infracción a la ley de portar armas y le impone un mes de •cárcel. Inmediatamente dicha sentencia escrita dice: “En este estado la corte llama al acusado para la reconsideración de la sentencia dictada anteriormente” y le sentenció a tres meses de cárcel. A la luz de este escrito, nos sentimos obli-gados a llegar a la conclusión de que la sentencia anterior •quedó enteramente anulada por el último pronunciamiento del 24 de septiembre de 1929.;

La ameritada sentencia y posiblemente otras partes de los autos demuestran que todos los hechos de este caso tuvieron lugar el mismo día. El juicio fue celebrado el 24 y ambas supuestas sentencias fueron dictadas en la misma fecha. La regla indubitada es que la corte puede corregir sus senten-cias durante el término en que las ha pronunciado. King v. Price, 6 East 326, 102 Comp. 1312, donde el Lord Ellenbo-rough dijo que una sentencia distinta podía ser dictada den-tro del término. Regina v. Fitzgerald, 1st Salkeld 401, 91 Comp. 347, demuestra que el período de prisión puede ser au-mentado durante el término. Estos y otros casos son cita-dos por la corte en State v. Daugherty, 30 N. W. 685, resol-viendo el mismo principio.

Por otra parte, una consideración de In re Sullivan, 3 Cal. Ap. 193; Ex parte Lange, 18 Wall. 163; Commonwealth v. Foster, 122 Mass. 317; Estados Unidos v. Veyson, 27 Juris-prudencia Filipina 481, tienden a demostrar que una vez que ha comenzado la ejecución de la sentencia la corte carece de facultad para corregirla. El Juez Asociado Sr. Miller en Ex parte Lange, supra, demuestra que el principio en que se basan estas decisiones es muy similar a una segunda expo-sición por el mismo delito {jeopardy). La corte en dicbo caso dice que la razón por la cual un hombre no debe sufrir una segunda sentencia o una sentencia más severa cuando la primera está en proceso de ejecución, es la misma razón o una similar a la de un segundo juicio, después de haberse convicto o absuelto al acusado. Una de las diferencias en Inglaterra era que aparentemente no existía sentencia vá-lida hasta que se hacía cierta clase de asiento (enrolling) y por tanto no podía tener efecto nada similar a una segunda exposición por el mismo delito.

Hemos tenido alguna duda respecto a si algo similar a una segunda exposición tuvo lugar cuando la corte senten-ciaba a un hombre en un día y reconsideraba la sentencia antes de haber transcurrido el (ha, pero no basaremos núes-tra decisión en este motivo. El beclio cierto es que los autos no revelan que el acusado jamás empezara a cumplir su pri-mera sentencia. El return en el procedimiento de habeas corpus en este caso demuestra que el alcaide le detenía bajo la sentencia finalmente dictada, o sea, la que imponía al acusado tres meses de cárcel. Ni aun la petición en este caso revela que el acusado efectivamente ingresara en la cárcel. Non constat que el peticionario permaneciera bajo la custodia de uno de los funcionarios de la corte y que fuera llevado a la cárcel después de la corte haber termi-nado la labor del día. La petición dice que la corte municipal oyó otros casos el mismo día y entonces llamó nue-vamente al acusado para dictar la sentencia de tres meses. Los autos guardan silencio respecto al sitio en que se ba-ilaba el acusado durante el tiempo que medió entre la su-puesta primera sentencia y la supuesta segunda sentencia. El apelante no nos convence de que la corte municipal per-diera su facultad de- corregir la sentencia.

De conformidad con los principios generales arriba enunciados, la resolución apelada debe ser confirmada. '


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Rosa, Monserrate Rafaela, Rafaela Monserrate, Eduardo y Soledad Pérez Casalduc, y Luisa Torres, demandantes y apelados v. Manuel Díaz Mediavilla y su esposa Aciscla Vázquez; The Federal Land Bank of Baltimore, demandados y apelantes.
    No. 4621.

    Sometido: Diciembre 15, 1930.

    Resuelto: Enero 20, 1931.

      Francisco Parra Capó y López de Tord é Zayas Pizarro, abogados de los esposos Díaz Mediavilla; José B. Aponte, abogado del Banco Federal; E. Pérez Gasalduc, como abogado, por sí, y M. García Méndez, abogado de los otros apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el Tribunal emitió su sentencia y -opinión el 18 de julio, 1930, constituyendo tres jueces una mayoría y disintiendo dos. Los apelantes presentaron una moción ante esta corte interesando la retención del man-dato, y posteriormente radicaron una moción de reconside-ración que fue luego enmendada varias veces. En sep-tiembre 5, 1930, dichos apelantes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia dictada por este Tribunal. Los apelados, demandantes originales en la corte inferior, archivaron mociones para desestimar tanto la apelación como la moción para reconsiderar.

La moción para desestimar la apelación se fundaba en -el hecho de que algunos de los demandados y apelantes ha-bían traspasado sus derechos y acciones a la Jayuya Development Co. Estamos bastante contestes con los demanda-dos y apelantes en que, a virtud del artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil, el traspaso a la Jayuya Development Co. no hizo que el pleito o el recurso de apelación que-daran extinguidos. Sugirieron, no obstante, que estaban dispuestos a enmendar el título del caso para conformarlo a la substitución de las partes. Los apelantes mismos de-ben elegir el camino a seguir. ,Tal vez sería mejor que, bien en este Tribunal o en la Corte de Circuito de Apelacio-nes, las partes realmente' interesadas sean las que aparez-can tramitando la apelación. Quizá las anteriores conside-raciones eran totalmente innecesarias, toda vez que la ape-lación había sido ya concedida por este Tribunal'y la juris-dicción había pasado a la Corte de. Circuito de Apelaciones.

El reparo hecho a la moción de reconsideración fué que se radicó demasiado tarde; en otras palabras, después de haber espirado el término en que este Tribunal dictó su fallo. No tenemos regla alguna fijando el tiempo en que debe radicarse una moción de reconsideración. Ordinariamente, hemos accedido a esas mociones hasta el momento en que se retiene el mandato en esta corte, y quizá aun después cuando el Tribunal entra en vacaciones. En este caso en particular, los apelantes solicitaron, el 24 de julio de 1930, que se retuviera el mandato a fin de permitírseles radicar una moción de reconsideración. Esa solicitud fué declarada con lugar y se retuvo el mandato hasta el 12 de agosto, 1930. El 9 de agosto, 1930, la moción original de reconsideración fué radicada. De todos modos, somos de opinión que cuando este Tribunal dicta sus sentencias hacia fines del término, las partes perdidosas tienen, sin embargó, un período razonable para presentar una moción de reconsideración. No hemos prestado gran atención a las autoridades citadas por los apelantes en este caso, porque estamos plenamente convencidos de la práctica de esta corte y de que, de todos modos, los apelantes actuaron dentro de un tiempo razonable al radicar su moción de reconsideración.

Llegamos ahora a la cuestión suscitada por nosotros mismos, respecto a si • una moción de reconsideración no queda anulada por una apelación posterior para ante una corte superior. Parecería evidente que cuando se radica la moción de reconsideración la corte inferior conserva la jurisdicción con el fin de resolverla. Fué un asunto que llegó a este Tribunal antes de radicarse el escrito de apelación. Estamos además bastante convencidos de que, bajo estas circunstancias, una corte inferior no pierde su-jurisdicción so-bre una moción para reconsiderar por haberse concedido la apelación. Saldaña v. Comas, 39 D.P.R. 339.

No creemos que ninguna de las partes haya agotado las autoridades a este respecto, y no le prestaremos ulterior atención porque, en todo caso, la moción de reconsideración será denegada.

La moción final de reconsideración discute ocho puntos de error. En cuanto al primero, a saber, que los actos realizados por el tutor con el consentimiento del consejo de familia no constituían una transacción, no vemos motivo alguno para variar o ampliar la discusión contenida en nuestra opinión original.

El segundo punto es que este Tribunal erró al decir que era probable que los bienes de los menores valieran más que las deudas. Esto se manifestó por vía de argumento, pero no importa que nuestra suposición fuera o no errónea. El derecho a traspasar los bienes de los menores no depen-día de la verdad real de esta suposición.

El tercer punto es uno que nos ha ofrecido una verda-dera dificultad. Dijimos:

“Asumiendo que residiese en el tutor la facultad de transigir, re-solvemos que ella no se extendía hasta la venta de bienes inmuebles sin subasta pública.”

Necesariamente, si el consejo de familia tenía facultad para efectuar transacciones sin límite alguno, nada más era menester. Sin embargo, lo que tuvimos en mente fué que, en cualquier caso en que estuvieran envueltos bienes de menores, era precisa una venta judicial; que no podía efectuarse una transacción por un tutor con el consenti-miento del consejo de familia si estaban envueltos bienes raíces a menos que tuviera efecto una venta judicial. No necesitamos insistir sobre este extremo porque la base principal de nuestra opinión fué que no hubo una transacción, según debe entenderse legalmente.

El cuarto punto queda abarcado por las consideraciones que anteceden.

En lo concerniente al quinto extremo, podemos decir que el registrador en un caso como el presente no tiene que en-tregarse a ningún análisis particular a no ser el de deter-minar si el traspaso acordado por el consejo de familia y designado como una transacción, fué en verdad tal transac-ción.

El sexto punto, relativo a si los apelantes son o no ter-ceros, quedó suficientemente abarcado por nuestra opinión original, y no lo discutiremos extensamente. Estamos bas-tante convencidos de que si la enajenación proyectada no fué en realidad de verdad una transacción, no importaría que el consejo de familia así la hubiera caracterizado.

Los apelantes están muy en lo cierto al indicar que no discutimos la cuestión de prescripción, es decir, si ellos te-nían un justo título y si había transcurrido el período esta-tutorio de diez o veinte años. Al tiempo de escribir la opi-nión estuvimos bastante convencidos de que la enajenad.ón: era absolutamente nula e ineficaz, de acuerdo con el caso de Longpré v. Díaz, 237 U.S. 512, 59 L. ed. 1080, y otros casos citados en la opinión. La naturaleza de la nulidad era tal que ningún título justo o colorable podía fundarse en el su-puesto traspaso. De ser algo, el caso de una persona que descanse en el registro sería más fuerte que los derechos de los apelantes m país. Fuera del registro, donde creemos debe resolverse un caso de justo título, los apelantes esta-ban obligados a saber que ningún justo título podía fun-darse en esta enajenación de bienes de menores. En ver-dad, es muy difícil fundamentar un caso de justo título en que haya menores envueltos.

Hemos tenido algunas dudas respecto a si los apelantes, al igual que el Federal Land Bank of Baltimore, no debie-ron ser relevados del pago de las costas. Empero, la duda no es tan grande que nos haga decir que los menores contra quienes se defiende un caso con tanta tenacidad, no tienen el privilegio de que se les concedan las costas. En otras palabras, no quisimos, ni queremos, intervenir en la dis-creción de la corte inferior sobre la materia.

Debe declararse sin lugar la moción para desestimar la apelación, así como la moción para declarar sin lugar la re-consideración. La moción de reconsideración misma debe ser denegada.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Texidor disin-tieron en cuanto a la denegación de la moción para reconsi-derar y están conformes con los demás extremos de la opi-nión y resolución.


text:
    José G. Salgado, demandante y apelante, v. Junta Examinadora de Contadores Públicos, compuesta por Don Enrique Soltero, Antonio R. Hernández, Secretario y William A. Waymouth, demandada y apelada.
    No. 5297.

    Sometido: Diciembre 19, 1930.

      Resuelto: Enero 21, 1931.

      B. Bivera Zagas, abogado del apelante; Procurador General James B. Beverley j Felipe Janer, Btóbprocttrador, abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La querellada, Junta Examinadora de Contadores, se negó a expedir una licencia como “auditor” y contador al apelante. Este presentó una solicitud de mandamus ante la Corte de Distrito de San Juan. Esa corte, en una opinión cuidadosamente razonada, resolyió que de acuerdo con la Ley No. 42 de mayo 13, 1927, Leyes de ese año, página 235, dicha junta estaba investida de cierta discreción, y que las cortes sólo intervendrían en caso de abuso. En este Tribunal el apelante, podría decirse, descansa principalmente en el caso de Tirado v. Junta de Retiro, 38 D.P.R. 1002. En ese caso resolvimos, entre otras cosas, que aunque una junta tenía cierta discreción qua la apreciación de la prueba, si el deber que había de hacerse cumplir era claro, procedía el auto de mandamus, pese a la supuesta discreción. Se hizo distinción, entre la discreción judicial y la administrativa. Nada hubo en dicho caso, sin embargo, que diera a una corte el derecho general de revisar por mandamus la negativa de una junta a expedir una licencia cuando como un elemento para la expedición de tal licencia la ley misma fijaba una discreción en la junta, al igual que en este caso. De acuerdo con la sección 8 de la Ley de mayo. 13, 1927, se da derecho a la junta para determinar si las “firmas o corporaciones” para las cuales ha trabajado el peticionario como un supuesto contador o “auditor,” son de acreditada importancia. “De reconocida importancia a juicio de la Junta,” dice la ley. La junta, entre otras cosas, no aceptó las referencias dadas por el peticionario como, de firmas o corporaciones de reconocida importancia. Portanto, la corte inferior estuvo enteramente acertada al resolver que en general carecía de facultad para revocar la conclusión a que había llegado la junta. La discreción aquí' envuelta, de no ser judicial, equivale a ella por ministerio, de la ley. La intención de la Legislatura fue que la resolución de la junta a este respecto fuese definitiva en general.

Asimismo, según hemos indicado parcialmente arriba,. el derecho del peticionario en el caso de .Tirado, sufra, era ya adquirido, y el deber de la junta dé hacerlo figurar en la lista de jubilados era claro. Este Tribunal consideró que el deber en ese caso estaba impuesto especialmente por la ley. En el presente, el peticionario no tenía tal derecho ad-quirido y estaba obligado a convencer a la junta de su ca-pacidad. El caso de Llovet v. Junta de Ingenieros, 40 D.P.R. 583, es distinto al presente.

Además, por lo general cuando una persona que solicita una licencia tiene que convencer a una junta de su capacidad, sólo debe expedirse un mandamus cuando ha habido un claro abuso de discreción.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Sánchez, acusado y apelante.
    No. 4198.

    Sometido: Noviembre 19, 1930.

    Resuelto: Enero 21, 1931.

      B. López Antongiorgi, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que el apelante solicitó el sobresei-miénto de la causa fundándose en que no se le babía enjui-ciado dentro de 120 días después de radicarse la acusación. El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal dis-pone :

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes;
CC %i # * #
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no baya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.”

A tenor del artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el sobreseimiento de la acción según lo dispone el 448, imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, siempre que se trate de uno menos grave. Es evidente, por tanto, que los procesos por delitos menos grave deben ser juzgados prontamente. No surge duda al-guna en la mente de nadie de que en los casos de adulte-ración de leche los infractores deben ser perseguidos vigo-rosamente. La acusación fué presentada el 30 de octubre de. 1929, y el caso no fué señalado ni visto hasta el 2 de abril de 1930.

■ Al presentarse una moción de archivo y sobreseimiento ante la Corte de Distrito de Gruavama, su juez revisó hasta cierto punto los hechos y concluyó diciendo:

“... la corte tiene el convencimiento de que ha hecho todo lo po-sible por que ningún caso prescriba, tiene el convencimiento de que ha sido humana y materialmente imposible evitar que transcurriera más del término señalado para la prescripción en algunos casos, y como tiene este convencimiento la corte tiene que declarar sin lugar la moción etc.”

Estamos llamados a determinar si los hechos justifica-ban esta conclusión de la corte inferior.

Antes de proceder a ello, sería conveniente ha-cer un ligero examen de la jurisprudencia de este Tribunal. En el caso de Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772, resolvimos que era el deber de la corte considerar si el juicio había sido demo-rado por más de 120 días sin el consentimiento del acusado, es decir, determinar si el fiscal aducía justa causa para la suspensión. En el caso de autos no había envuelta cuestión alguna de suspensión. El caso fué señalado y visto después de transcurridos los 120 días. En el de El Pueblo v. Cesari, 26 D.P.R. 21, resolvimos que la mera congestión del calenda-rio civil no era justa causa para la demora. En El Pueblo v. Nigaglioni, 28 D.P.R. 232, se decidió que la celebración de juicios por jurado, de casos civiles, y las vacaciones de la corte, y tal vez otras circunstancias, justificaban la dilación en dicho caso.

El de El Pueblo v. Villafañe, 37 D.P.R. 648, resolvió que a menos que se demostrara que debía darse preferencia a otros casos, el hecho de que la corte estuviera ocupada no era excusa, y que, de ser necesario, podían suspenderse otros ca-sos. El de El Pueblo v. Padilla, 36 D.P.R. 439, contiene un pronunciamiento similar. Había, sin embargo, un caso ci-tado por el apelante — El Pueblo v. Quirindongo, 33 D.P.R. 448 — en que se radicó la acusación en octubre 19 y no le fué leída al acusado hasta fines de diciembre del mismo año. Re-solvimos que si la acusación hubiera sido leída oportuna-mente, no se había mostrado razón alguna por la cual no se juzgó al acusado durante el término criminal de octubre y noviembre. El Tribunal declaró, además, que no había mo-tivo alguno por el cual no debió señalarse el caso para una fecha más temprana.

: Antes de declararse sin lugar la moción de archivo y so-breseimiento presentada en este caso, fué llamado a declarar el Secretario de la corte. La Corte de Distrito de Gruayama había celebrado un término para la vista de delitos menos grave, que duró desde el 3 al 10 de febrero. Nos inclinamos a convenir con el apelante en que no se demostró suficiente-mente que este caso no pudiera baber sido señalado y visto más o menos para la misma época. Se habla bastante en el récord de la necesidad de ver los casos en apelación, pero aun algunos de esos casos pudieron haber sido suspendidos para permitir que éste en particular fuese juzgado. El se-cretario de la corte también llamó la atención hacia los casos civiles que la corte había visto, pero uno de ellos pudo ser aplazado para que éste fuese señalado y visto. Según apun-tamos en el caso de El Pueblo v. Quirindongo, supra, el de-recho que tiene todo ciudadano a un juicio rápido debe te-nerse siempre presente por los funcionarios judiciales. Nos parece que siempre es posible suspender algún otro caso. Los hechos reseñados en la declaración del secretario no nos convencen en absoluto de que el caso no pudiera haber sido visto.

En el caso que nos ocupa la corte inferior adujo un se-gundo motivo, el de no ser fácil obtener los químicos del De-partamento de Sanidad, pero, evidentemente, pueden hacerse arreglos para citar a esta clase de testigos. Es innecesario considerar el otro error imputado.

' Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.


text:
    José Esprívalo y Tomasa Guzmán Ruperto, demandantes y apelados, v. Ramón Cerezo Martínez, demandado y apelante.
    No. 5147.

    Sometido: Noviembre 21, 1930.

    Resuelto: Enero 21, 1931.

      Rafael Padró Pares, abogado del apelante; A. García Bucos, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En apelación de una corte municipal, este caso fué lla-mado para juicio sin que estuvieran presentes el demandado o su abogado. Ellos llegaron tarde, después de haberse exa-minado un testigo. Este era uno de los demandantes en el caso. Al llegar al juicio, el abogado del demandado presentó algunas excusas y entonces solicitó que se leyeran la con-testación y el testimonio del aludido testigo. Dicho abogado también pidió que se tomara juramento a sus testigos. La corte declaró con lugar las solicitudes para que se leyeran la contestación y el testimonio del testigo, pero se negó a per-mitir que se tomara juramento a ciertos testigos del deman-dado, o que se les examinara. Resultó que los testigos que fueron excluidos habían estado presentes en la sala de la corte desde que comenzó el juieib y habían oído la declaración del demandante. Al dictar su resolución, la corte decidió que los referidos testigos debían excluirse no importaba cuál fuera la naturaleza de sus declaraciones.

El demandado solicitó que se permitiera a algunos tes-tigos probar ciertos documentos, petición que la corte conce-dió; pero fuera de ellos excluyó rigurosamente a los testi-gos del demandado, actuación contra la cual se anotó excep-ción.

La teoría de la corte y del demandante fué, evidentemente, que los testigos de la parte contraria están absolutamente incapacitados para declarar como tales si permane-cen en la sala de sesiones mientras se celebra nn juicio, aun-que no se promulgue orden alguna a ese efecto.

En este caso no se ha suscitado la contención de que dada la naturaleza del testimonio excluido, el demandado no fue perjudicado. El error, si se cometió, tendría que presumirse perjudicial en razón de la actitud drástica de la corte al ex-cluir todos los testigos que' no eran partes en el litigio y que habían oído el testimonio del lado contrario.

Privar a una parte de sus testigos es despojarla del de-recho de ser oída y de defenderse. El caso de Hovey v. Elliott, 167 U.S. 409, resolvió que una corte con poderes plenos-para castigar por desacato no podía citar a un demandado-para que contestara, y entonces, por el hecho de que él fuera culpable de desacato, eliminar su contestación del expediente y las declaraciones a su favor. La corte citó del famoso case de Windsor v. McVeigh, 93 U.S. 274, lo que sigue:

“ ‘El principio enunciado en este lenguaje terco descansa en la. base de todos los sistemas de jurisprudencia bien organizados. Cuando uno es atacado en su persona o en su propiedad, puede de-fenderse, pues la responsabilidad y el derecho son inseparables. Este es un principio de justicia natural reconocido como tal por la inte-ligencia y la. conciencia común de todas las naciones. La sentencia de una corte pronunciada' contra una persona sin oírla o sin darle oportunidad de ser oída, no es una determinación judicial de sus. derechos y no merece ser respetada por ningún otro tribunal.’ ”

Además del anterior, se revisan innumerables casos para demostrar cómo ordinariamente debe tener un hombre am-plia oportunidad de ser oído antes de condenársele.

Probablemente en ciertos casos la corte puede excluir el testimonio de una parte o un testigo contumaz cuando no es factible ningún otro recurso, pero debe presentarse una si-tuación extraordinaria, no revelada en el presente caso.

Los apelados sostienen que el demandado debió estar pre-sente al empezar; el juicio, y que entonces, de acuerdo con las regias de la corte, debió ofrecer sus testigos. La corte no trató de excluir los testigos - por haber llegado tarde el de-mandado, sino solamente por el motivo de que indebidamente habían oído la declaración de uno de los demandantes. Ade-más, si un demandado llega tarde, tiene el derecho absoluto de proseguir el caso desde la etapa en que lo encuentre a su llegada, y dentro de lo razonable la corte le permitiría, como en efecto lo hizo, enterarse de lo sucedido antes. Desde luego que una parte puede llegar tan tarde que la corte po-dría dar el caso por cerrado prácticamente en lo que a' esa parte atañe.

En un gran número de casos es innecesario excluir a los testigos de cualquiera de las partes. El apelante indica que en este caso el artículo de la Ley de Evidencia relativo a la exclusión.de testigos nunca fue invocado. Lee así:

“Artículo 150. — Si lo deseare alguna de las partes, el juez podrá excluir del tribunal cualquier testigo de la parte contraria que en aquel momento no estuviere sufriendo examen, a fin de que no escu-che el testimonio de otros testigos; pero una de las partes en la acción o procedimiento no podrá ser excluida de este modo; y si una corporación fuere parte, tendrá derecho a la presencia de uno de sus oficiales, que designará el abogado de la misma/’

Es evidente que la regla debe ser puesta en vigor antes de que una parte esté sujeta a una penalidad por permitir que sus testigos estén presentes cuando la contraria esté pre-sentando su prueba. La resolución de la corte fué errónea, y es de presumirse que perjudicial.

Hemos examinado la demanda y creemos que aduce su-ficientemente una causa de acción.

Por el error cometido al excluir los testigos, la sentencia debe ser revocada y devolverse el caso para nuevo juicio.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Clemente Ramírez, acusado y apelante.
    No. 4260.

    Sometido: Diciembre 16, 1930.

      Resuelto: Enero 21, 1931.

      ■José Veray Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó al apelante de haber penetrado en la casa <de María Lassalle con la intención de cometer violación en la persona de ella. Respecto a la objeción presentada contra la suficiencia de la acusación podemos decir que si bien no basta alegar el propósito de cometer “un delito grave”,, cuando se describe el delito grave en particular no fian me-nester ulteriores detalles. People v. Goldsworthy, 130 Cal. 600, 62 Pac. 1074; People v. Burns, 63 Cal. 614; State v. Gay, 25 La. Ann. 472; Commonwealth v. Doherty, 10 Cush. 52; State v. Staton, 133 N.C. 642, 45 S.E. 362; State v. Celestine, 138 La. 407. En el delito de escalamiento tal cual fué imputado, la penetración es el elemento principal, y al acusado se le da suficiente aviso si se le informa en términos generales de su supuesto propósito de cometer el delito particular que se describe.

De la prueba practicada en este caso un jurado en Agua-dilla tenía derecho a creer que el acusado Clemente Ramírez penetró en la casa de María Lassalle, donde ella vivía con sus dos hijos Antonio y León Pérez; que la casa estaba ce-rrada; que el acusado no sólo abrió una puerta de la cocina sino que penetró en la habitación de María Lassalle, posó la mano en uno de sus senos, y, al ella hacer luz con un fósforo, le agarró uno de sus molleros; que ella se levantó; que re-conoció al acusado en aquel momento y llamó a sus hijos, quienes también lo vieron. Entonces él salió de la casa apre-suradamente por la puerta de la cocina por que había en-trado.

El segundo señalamiento de error se refiere a la negativa de la corte a eliminar la declaración de Manuel Hernández. La teoría de esa admisión era que sus manifestaciones, aunque de referencia, formaban parte de la res gestae. En la mañana del día siguiente al supuesto escalamiento, María Lassalle vió a Manuel Hernández pasar frente a su casa, y lo llamó, según declararon ella y uno de sus hijos, diciéndole que ella deseaba que él sirviera de testigo en el caso. Al ocupar la silla testifical, él repitió lo que ella le había dicho en cuanto a la alegada penetración. No hubo prueba de nin-guna oportunidad anterior de parte de María Lassalle para quejarse a alguna otra persona fuera de sus propios hijos. Su queja (outcry) estaba lo bastante íntimamente relacionada con el hecho principal para que su admisión estuviera justi-ficada, de acuerdo con los principios enunciados en varios ca-sos de este tribunal. El Pueblo v. Anglada, 20 D.P.R. 11; El Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16; El Pueblo v. Blanco, 40 D.P.R. 130.

El tercer señalamiento de error es así: “Cometió error la corte de distrito al aceptar el veredicto del jurado, por ser éste contrario a la prueba.” Quizá este señalamiento sea algo general para abarcar la principal duda que hemos tenido en este caso, a saber, si se probó suficientemente la intención de cometer violación. Algunos tribunales, aunque los hechos tal vez fueron un poco menos fuertes, han revocado casos en que se convencieron de que no se probó realmente la intención de cometer violación. Hays v. State, (86 Tex. Cr. R. 349) 217 S.W. 938; Hooks v. State, (154 Tenn. 43) 289 S.W. 529; Mitchell v. State, 24 SW. 280. Por otra parte, cuando existen prueba y circunstancias que justifiquen la imputación del propósito de cometer violación, la determinación de tal propósito debe dejarse al jurado. People v. Kuches, 120 Cal. 566 (52 P. 1002); Harvey v. State, (53 Ark. 425) 14 SW. 645; 9 C.J. 1078 et seq.

La definición del delito de violación, en cuanto se relaciona con los hechos de este caso, es como sigue:

“Artículo 255. Se comete violación, yaciendo con una mujer que no fuere la propia, en cualquiera de los casos siguientes:
“1. * *< * * * * *
“2. * * * * * * *
“3. Si estuviere impedida de oponer resistencia a causa de ame-nazas de grave e inmediato daño corporal, acompañadas de la apa-rente aptitud para ejecutarlas, etc.
“4. Si opusiere resistencia, pero ésta fuere vencida por fuerza o violencia.
“5. Si al tiempo de cometerse el acto, no tuviere ella conciencia de su naturaleza, y esta circunstancia fuere conocida por el acusado. ’ ’

Clemente Ramírez penetró en la casa de María Lassalle durante la noche, mientras es de presumirse que ella estu-viera dormida. Ella se despertó y desplegó fuerte resisten-cia. Tal resistencia pudo haber frustrado un designio anterior del acusado. El puso su mano en el seno de ella, y des-pués en su mollero. La prueba tendió a demostrar que oca-sionalmente ella era visitada por un amante, de Mayagiiez, pero que ella no sostenía relaciones con ningún otro hombre. La defensa interpuesta fué la de coartada, y no se dió expli-cación alguna por la presencia del acusado en la casa. La corte dió cuidadosas instrucciones al jurado sobre la necesi-dad de establecer la intención. No estamos en condiciones de decir que el jurado no tuviera derecho a inferir que la in-tención del acusado fué la de cometer violación; en otras pa-labras, que él tenía tal intención al penetrar en la casa, y le fué frustrada. Nada hubo, como en algunos de los otros ca-sos, que revele la más leve relación anterior o estímulo de parte de María Lassalle.

El cuarto señalamiento de error se refiere a la negativa de la corte a permitir que se leyera la declaración prestada ante el fiscal por María Lassalle, mientras ese funcionario investigaba los hechos constitutivos del supuesto delito. A María Lassalle no se le preguntó en la silla testifical si ella había hecho alguna manifestación inconsistente con la declaración por ella prestada durante el juicio. No se sentó en forma alguna la base para la supuesta contradicción, aun en el supuesto de que el fiscal estuviera obligado a producir su •copia escrita de las manifestaciones de la testigo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PbesideNte Señor, del Toro,

text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 821.

    Sometido: Noviembre 3, 1930.

      Resuelto: Enero 21, 1931.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez PbesideNte Señor, del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso sólo se ha presentado el escrito interponiendo el recurso acompañado de los mandamientos a que se refiere y que contienen la nota del registrador. Ni el recurrente ni el registrador se han servido ilustrar al tribunal usando de la oportunidad que el reglamento de esta corte les ofrece. No es ésa una buena práctica. Mientras mejor se presenten am-bos lados de la cuestión envuelta, mayor seguridad de acierto habrá para la resolución del tribunal, y más clara y precisa será la jurisprudencia que se establezca.

Con los elementos puestos a nuestro alcance, veamos cuál es el caso. Según aparece del escrito, en el pleito de Orcasi-tas contra la Sucesión Crespo, sobre ejecución de hipoteca, seguido en la Corte de Distrito de Humacao, se dictó una orden, que transcribe el recurrente en su escrito, mandando cancelar diferentes gravámenes que pesaban sobre la finca ejecutada que se adjudicó en el acto del remate al recurrente, a virtud de mandamientos que librara al Registrador de Ca-guas el secretario de la corte. Se libraron los mandamientos y en ellos no consta todo lo que consta en la orden. Los man-damientos han venido en forma auténtica y fehaciente. La orden no.

Recibidos los mandamientos, el registrador canceló algu-nos gravámenes y negó la cancelación de otros, así:

“. . . y denegada la cancelación en cuanto a la anotación del embargo a favor ele Ramón Díaz Reyes y la anotación de gravámenes por sentencia a favor de Antonio L. López . . . porque dichos seño-res Díaz y López no fueron notificados del pleito sobre ejecución de hipoteca, el primero de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Art. 171 del Reglamento Hipotecario, y el segundo, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del Art. 172 del mismo Regla-mento Hipotecario y con lo resuelto por la Corte Suprema de P. R. en el caso Ramírez, Recurrente vs. el Registrador de San Juan, Recurrido, 31 D.P.R. 511. . . ”

En la orden se dice que se publicaron los edictos de ley y que los acreedores posteriores fueron notificados. Conocemos lo que asegura el registrador. La orden no consta, como fie-mos diefio, en forma auténtica y fefiaciente. Y aunque cons-tara, sus términos generales debieron ser concretados ante la afirmación del registrador. Debemos en tal virtud aceptar que en el caso del embargo a favor de Reyes, éste no fué no-tificado de acuerdo con el último párrafo del artículo 171 del Reglamento Hipotecario, y que en el caso de la anotación del gravamen por sentencia a favor de López, a éste no se le no-tificó de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 172 del citado reglamento.

En su indicado escrito, el recurrente se limita a invocar y transcribir el artículo 125 de la Ley Hipotecaria tal como quedó enmendado por la Ley número 31 de 1912, y a soste-ner que “de acuerdo con el preinserto artículo y la jurispru-dencia establecida en casos análogos por ese Honorable Tribunal Supremo, fueron notificados de la ejecución de diefia hi-poteca todos los acreedores posteriores a la misma, o sea unos personalmente y otros por medio de los correspondientes edictos, según se comprueba del mandamiento de cancelación y de la Orden de la Honorable Corte de Distrito de Humacao, en virtud de la cual se expidieron por el secretario al señor Registrador de la Propiedad de'Caguas, los referidos man-damientos de cancelación por duplicado”. Y nada más.

No debe invocarse la jurisprudencia de esta corte en la forma que aquí se invoca. Debe serse más preciso.

] No hay duda alguna que de acuerdo con el artículo 125 procede la cancelación de los gravámenes posteriores que pe-sen sobre una finca cuando la finca, en ejecución de una pri-mera hipoteca, se vende en pública subasta y su producto sólo alcanza a cubrir dicha primera hipoteca, pero ello tiene lugar cuando se cumplen los preceptos de ley que protegen a los dueños de los gravámenes posteriores, habiéndose dejado de cumplir en este caso, según afirma el registrador, los exigidos en el párrafo final del artículo 171 y en el segundo párrafo del-artículo 172, ambos del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, a saber:

“Cuando en las certificaciones del registro de la propiedad cons-ten los domicilios de las personas interesadas en las responsabilida-des que se hubieran inscrito después del derecho del actor, él juez mandará, a la vez que el requerimiento de pago, que se intente la notificación del auto a dichas personas interesadas en aquellos domi-cilios si en ellos fueren habidas.”
“Estos edictos señalarán el día, hora y sitio del remate, y servi-rán también para hacer saber la subasta a los acreedores que tengan inscritos o anotados sus derechos sobre los bienes con posterioridad al del ejecutante, y con los cuales no hubiere tenido efecto la notifi-cación que prescribe el párrafo final del artículo 171, debiendo ex-presarse, al efecto, los nombres de estos interesados, según resulten de la certificación del registro, para que puedan concurrir a la subasta si les conviniere.”

Era el deber del apelante demostrar que esos preceptos se cumplieron, o que no son aplicables a su caso. No lo ha he-cho, y en su consecuencia su recurso debe declararse sin lu-gar y confirmarse la nota.


author: El Juez Asociado ~ " Texidor,

text:
    Eustacio Mercado, demandante y apelante, v. Agustín Vázquez y José Díaz Acosta, demandados y apelados.
    No. 5292.

    Sometido: Enero 16, 1931.

      Resuelto: Enero 21, 1931.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; Isaías M. Crespo y José E. Haz, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado ~ " Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso Antelo Yabucoa Sugar Company, 33 D.P.R. 103, se habían establ ido dos cansas de acción: una contra Yabucoa Sugar Compara que se anulara una escritura de venta de una finca rústica; y la otra para que en el caso de que se declarase sin lugar la moción contra la Yabucoa Sugar Co. se condenase a la sucesión de Emilio Colón a pagar cierta indemnización a la demandante. La corte de distrito de-claró con lugar una excepción de indebida acumulación de acciones interpuesta por los demandados; y este tribunal, en apelación, sostuvo a la corte inferior, y confirmó la opinión de la misma, que aparece basada en un párrafo de su reso-lución, que dice así:

“Un demandante podrá acumular varias acciones en una misma demanda, cuando todas se derivan, entre otros casos, de reclamaciones para recobrar determinada propiedad inmueble, con o sin resarci-miento de perjuicios por retención de la misma, o por daños cau-sados en ella y por sus rentas y utilidades, pero las acciones así acu-muladas deberán todas corresponder a una sola de estas clases y afectar a todas las partes en el pleito y deben exponerse separada-mente. Art. 104, Código Enjuiciamiento Civil; Carlo v. Ferrer, 27 D.P.R. 216.”

Caso muy parecido es éste, en que el abora apelante de-mandó a José Díaz Acosta y Agustín Vázquez, alegando que en cierto pleito Vázquez había hecho figurar determinada finca como propia de G-abino Ramírez, y la había hecho poner en pública subasta, y en la misma se le adjudicó la finca a José Díaz Acosta que la posee; que esa finca es propia del deman-dante. Y además que la actuación maliciosa de los deman-dados Vázquez y Acosta le había causado perjuicios que es-timaba en cierta suma. Y pidió que se declararan nulos e inexistentes el embargo, subasta y remate, adjudicación y otorgamiento de escritura de la finca, se ordenara la resti-tución de ésta al demandante, y se condenara a los demanda-dos al pago de una indemnización de un mil dollars. Los de-mandados excepcionaron la demanda por falta de hechos su-ficientes y por indebida acumulación de acciones; y la corte de Distrito de Arecibo declaró con lugar esta última excepción. El demandante pidió sentencia, que se dictó; y contra la que ha establecido el presente recurso, fundándose en que la corte erró al decidir la excepción previa.

Basta con la cita de doctrina jurídica que hacemos al prin-cipio de esta opinión, para declarar que no existe el error se-ñalado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Sucesión de Josefa Estrella, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 831.

    Sometido: Enero 15, 1931.

      Resuelto: Enero 21, 1931.

      Edelmiro Martínez Rivera, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Por la sucesión de Josefa Estrella, compuesta de algunos de sus hijos, de sus nietos y de sus biznietos, se presentó al Registro de la Propiedad de Ponce la copia certificada de una resolución de la Corte de Distrito de Ponce declarando justi-ficado a favor de los expresados, el dominio sobre dos fincas rústicas que se describen; y con ese documento se presentó también una certificación de resolución de la misma corte, en que se declara a los mismos, herederos abintestato de la Doña Josefa Estrella y Ferrer. El registrador inscribió, pero en la nota fijó un defecto subsanable en esta forma:

“Inscrito el precedente documento con vista de una copia certifi-cada de la declaratoria de herederos de doña Josefa Estrella, según sentencia dictada por la Corte de este Distrito con fecha dos de oc-tubre de 1929, en el caso civil No. 4000, ex parte Josefa Antonia Fortis Ortiz, a los folios, tomos, fincas e inscripciones que se indican al margen de la inscripción de cada una de las fincas comprendidas en este documento; habiéndose consignado el Defecto SubsaNable •de no haberse expresado en la declaratoria de dominio ni en la de-claratoria de herederos que se acompaña, la fecha del fallecimiento de los ascendientes a quienes representan en la sucesión de Josefa Estrella, sus nietos y biznietos, cuyo defecto sería insubsanable si resultase que dichos ascendientes fallecieron después que la Doña Josefa Estrella, porque en tal caso no existiría el derecho de represen-tación; y porque tendría que acreditarse entonces el pago del im-puesto o la exención de pago del impuesto sobre las respectivas he-rencias o sucesiones.”

Y los interesados recurren ante este tribunal. Ambas par-tes han presentado sus alegatos.

La nota recurrida no puede sostenerse por este tribunal. El registrador ha ido muy lejos en su calificación.

Cuando la corte de distrito ha hecho la declaratoria de do-minio, ésta debe ser tenida por buena y suficiente si la corte tenía jurisdicción y el procedimiento seguido fué el marcado por la ley. En esos dos particulares, jurisdicción y compe-tencia, y procedimiento, puede el registrador opinar en su calificación; no en la justicia o error de la resolución, que están fuera de su autoridad, y su criterio. Esto se ha repe-tido con tanta frecuencia, que es inútil citar autoridades.

La nota recurrida debe ser revocada en manto a la falta subsanable que en ella se declara.


text:
    Francisco del Moral y Nadal, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 745.

    Sometido: Enero 12, 1931.

      Resuelto: Enero 21, 1931.

      José Sabater, abogado del peticionario; Alfredo Arnaldo, abogado de la tutora nombrada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece en este caso que Carmen Nadal, viuda de del Moral, es una señora que quedó incapacitada por consecuencia de enfermedad; que no tiene padres y sí cuatro hijos legíti-mos, que son María del Carmen, Francisco, Micaela y Da-mián, todos ellos del Moral y Nadal, siendo la mayor María del Carmen; que Francisco del Moral y Nadal fué nombrado tutor de la referida incapacitada, y su nombramiento fué anulado, por no haberse seguido para hacerlo el procedi-miento legal; que María del Carmen del Moral pidió a la Corte de Distrito de Mayagüez que la nombrara tutora de su señora madre; que a esto se opuso don Francisco del Moral, alegando que aquella señora, aunque es la mayor de los hijos de la incapacitada, es inhábil para ser tutora de la misma, por tener pleito pendiente con ella, en cuyo litigio la incapacitada ha pedido que se dicte sentencia condenando a Doña María del Carmen del Moral a que le devuelva $29,064.70, y que esta suma debe ser colacionada cuando lle-gue el momento, para regular las legítimas, a cuya demanda se ba opuesto la demandada; y además que Doña María del Carmen del Moral, no está preparada mentalmente, ni tiene instrucción suficiente, para desempeñar ese cargo.

La corte oyó a las partes, con la prueba que presentaron. Se negó a oír prueba en cuanto a la falta de preparación y de instrucción de Doña María del Carmen; y resolvió en definitiva, nombrando a esta señora tutora de la incapaci-tada. Y a propósito de esta resolución se presentó la peti-ción de certiorari.

Tenemos ante nosotros el return, y en él, como elemento de importancia para resolver, el caso civil No. 14997 de la Corte de Distrito de Mayagüez, promovido por Carmen Nadal v. María del Carmen del Moral et al., sobre reconocimiento de anticipos para colaciones. La demanda en este caso alega que María del Carmen del Moral ba venido recibiendo de su madre, la demandante, varias sumas, alcanzando la totalidad a $29,064.70, las que no ba devuelto, que la demandante otorgó testamento en el que una de las instituidas herederas es la demandada, y no dispuso que no se colacionara; y pidió a la corte sentencia sobre esos hechos y declarando que la expresada suma es un anticipo a .cuenta de la herencia, y deberá ser colacionada para la computación de legítimas. A tal demanda se opuso excepción previa.

La mayor o menor preparación, la habilidad técnica para la tutela, no son elementos cuya ausencia se haya tenido en .cuenta por el Código Civil, al determinar las incapacidades o inhabilidad para ser tutor. El artículo 265 del citado có-digo no tiene apartado alguno en ese sentido, ni hay pre-cepto de esa clase en el Capítulo V, Título X, Libro primero del citado texto legal. Por eso la * Corte de Distrito de Mar yagüez, procedió con todo acierto al reducir la oposición a ■un término que siquiera tuviera la apariencia de discutible en ley. Las cortes no vienen obligados a oír cualquier pe-tición arbitraria o caprichosa.

En cuanto al pleito pendiente, evidentemente la corte no cometió error alguno. El número 8, artículo 265, Código Civil de Puerto Eico, tiene el siguiente texto literal:

“Artículo 265. No pueden ser tutores: . . . 8. — Los que liti-guen o hayan litigado con el menor sobre la propiedad de sus bienes, a menos que el padre, o en su caso la madre, sabiéndolo, los hubieran nombrado, sin embargo, tutor en su testamento.”

Es perfectamente claro que el alegado litigio no versa so-bre la propiedad de los bienes del menor o incapacitado.

La circunstancia de tratarse de un pleito que puede venir en apelación ante este tribunal, nos releva de estudiar y ade-lantar juicio acerca del fondo de ese litigio. Bástanos ver que no está comprendido en el apartado 8 del artículo 265, Código Civil.

Debe anularse el auto expedido, con devolución de los re-mitidos a este tribunal.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Bernardo Serra, acusado y apelado.
    No. 3930.

    Sometido: Marzo 4, 1930.

      Resuelto: Enero 23, 1931.

      B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelante; Agustín E. Pont, abogado del apelado.

      ÍíOta: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta por el El Pueblo de Puerto Rico contra sentencia que absolvió al apelado de una denuncia, por el fundamento de que no le imputa el_delito por ■que se le persigue.

El apelado fue denunciado porque en determinada fecba y actuando como chauffeur de cierto automóvil conducía pa-sajeros en él por la calle Real entre la ciudad de Ponce y su playa, cobrando a dichos pasajeros cinco centavos por pasaje, ■estando dicha ruta entonces servida por una línea de ómni-bus autorizada por la Comisión de Servicio Público, violando .así la orden de la expresada comisión que prescribe que nin-gún automóvil podrá transportar pasajeros cobrando menos ■de 10 centavos por pasaje entre la ciudad de Ponce y su playa por la ruta servida por los ómnibus autorizados por la mencionada comisión.

La orden a que se refiere la denuncia, que es la de 20 de diciembre de 1928, después de hacer referencia a cierta re-gla del reglamento para vehículos de motor de servicio pú-blico con capacidad autorizada no mayor de siete pasajeros, ordena fijar y fija una tarifa mínima de 10 centavos por cada persona, para la transportación de pasajeros por los auto-móviles comprendidos en dicho' reglamento en toda o en -cualquier parte de la ruta servida por las líneas de automó--viles (guaguas) en la ciudad de Ponce y su playa.

Resolviendo la corte inferior la excepción previa opuesta .-a la denuncia sostuvo aquélla por entender que esa orden de la comisión se refiere a los dueños de los automóviles que se ■dediquen a ese servicio, bien sea una persona natural o ju-rídica, y no al chauffeur, toda vez que el reglamento especi-fica la responsabilidad en que incurren los chauffeurs cuando ■ellos violan el reglamento en ciertos aspectos o dejan de cum-plir con ciertos requisitos de él, estando además penados los chauffeurs por- otras violaciones de la ley de automóviles.

No dice esa orden que sea aplicable solamente a los due-ños de los automóviles que la infringen, sin que sea funda-mento para llegar a esa conclusión el que en el reglamento se especifique la penalidad de los chauffeurs por otras in-fracciones y que estén penados también por otras violaciones-de la ley de automóviles. Esa orden es general por sus tér-minos y no bace referencia a personas.determinadas, por lo que es aplicable a cualquier persona que la infrinja.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Texidor disintie-ron.


author: El Juez Peesidente Señor- del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Melitón Piña, acusado y apelante.
    No. 4240.

    Sometido: Diciembre 12, 1930.

      Resuelto: Enero 26, 1931.

      P. Pérez Pimentel, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señor- del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Melitón Piña fué denunciado por portar un revólver, arma prohibida, y condenado a un mes de cárcel. No conforme, apeló. Admite que portaba el arma a que se refiere la de-imñcia, pero sostiene qne lo hacía en forma tal que estaba autorizado para ello por la ley.

La prueba del fiscal demostró que yendo, en automóvil, por la carretera de Ceiba a la Playa de Naguabo, el policía José Flores, vió al acusado que caminaba, a caballo, por la misma carretera, portando sobre su persona un revólver; que trató inmediatamente de comunicarse con él, pero no pudo, y lo siguió como un kilómetro basta que logró detenerlo. La prueba de la defensa tiende a demostrar que el acusado se encontraba dentro de la colonia “Aurora” de la cual era mayordomo y que allí y nó en la carretera fué que el policía le pidió el arma. El conflicto fué resuelto en contra del acusado, y nada demuestra pasión, prejuicio o parcialidad por parte de la corte sentenciadora.

Lo dicho bastaría para confirmar la sentencia, pero el apelante insiste en que aun aceptando la prueba de El Pueblo, tenía derecho a portar el arma, ya que era el mayordomo de una finca y usaba el arma en relación con ella.

Puede admitirse como probado que el acusado era ma-yordomo de una finca, pero habiéndose demostrado que tran-sitaba por una carretera pública con el arma, caminando por ella “como un kilómetro”, según dice el policía denun-ciante, o “por un largo trecho”, como asegura otro testigo, es necesario concluir que no le ampara la excepción que in-voca, contenida en el artículo 5, número 5, de la Ley número 14 de 1924, prohibiendo la portación de armas, así:

“Artículo 5. — Las disposiciones de esta ley no serán aplicables—
# * $ # # %
“o. A la portación de armas dentro de la propia casa o finca.”

No fija la ley excepción alguna con respecto a mayordo-mos de fincas. A un mayordomo puede favorecerle la ex-cepción de “dentro de la propia. . . finca”, pero será cuando esté dentro de la finca.

Cita el apelante en apoyo de su teoría varias decisiones de esta corte. Ninguna es aplicable. La que más pudiera favorecerle, la de El Pueblo v. Díaz, 37 D.P.R. 455, fija la regla así:

“El que un celador de una finca baga uso ilegal de un arma— machete — dentro de dicha finca y en camino de la misma, no le hace culpable del delito de portar armas en ausencia de prueba al efecto de que dicho camino era publico.”

Y aquí la prueba existe.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

text:
      El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Victorio Ríos Toledo, acusado y apelante.
    No. 4239.

    Sometido: Enero 14, 1931.

      Resuelto: Enero 26, 1931.

      B. Esteves, abogado del apelante; B. A. Comes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de portar armas en el que se imputó al acusado la portación de un cuchillo, y se le condenó a sufrir cinco meses de cárcel. No conforme, apeló, y discutiendo en su alegato los errores que señala, sostiene, copiando textual-mente :

“ (a) La portación incidental de un arma o instrumento con mo-tivo de un disgusto ocurrido entre el acusado y otra persona, no és la portación ilegal que contempla y castiga la ley.
“(b) Cuando una persona tiene un disgusto personal con otra, en una calle, y sale corriendo a buscar un cuchillo de uso en su casa, que está casi frente al sitio dé la calle donde se origina el disgusto, y regresa — corriendo también — con el cuchillo en la mano y en estas circunstancias usa dicho cuchillo para herir a su adversario que lo ha esperado en el mismo sitio, tal actuación podrá constituir un delito de acometimiento y agresión o de mutilación; pero la portación de dicho cuchillo, cogido así incidentalmente y en el calor de la disputa y llevado desde tan cerca a la vista de todos los presentes, no cons-tituye una infracción a Ley de Portar Armas Prohibidas.
“ (e) Es la portación ilegal del ‘arma prohibida’ lo que la ley castiga y no el uso que el acusado haya hecho de dicha arma.
“ (d) Cuando se alega la portación de un cuchillo como arma mortífera y los mismos testigos de cargo lo describen como un cuchillo ‘corriente de cocina,’ que no tiene forma de puñal, que según uno de los testigos tiene de 7 a 8 pulgadas de hoja, según otro tiene de 6 á 6% y según otro de 7 a 6%; no habiéndose ocupado dicho cuchillo ni presentado como prueba y siendo defectuosa su identificación en juicio, comete error y demuestra pasión y prejuicio contra el acusado la Corte que lo declara culpable de portar armas prohibidas y lo condena a sufrir la pena de cinco meses de cárcel, que es casi el máximum fijado por el estatuto.”

Estamos conformes con lo dicho en el párrafo (c). En el caso de El Pueblo v. Díaz se resolvió que “la portación ile-gal y no el uso ilegal de un arma es lo que está prohibido por la ley”. Pero de ello ningún beneficio puede derivar el acusado, porque aquí no se le condenó por usar ilegalmente un arma, sino por portarla ilegalmente.

Puede admitirse la verdad de lo que se consigna en los párrafos (a) y ib), en cuanto a los hechos, pero no en cuanto a que lo que se deduce y concluye en ellos esté sostenido por la ley y la jurisprudencia. Aquí si algo demuestran las circunstancias concurrentes, es que el acusado, aunque fuera por los breves momentos en que iba corriendo desde su casa cercana al sitio de la calle en que hirió a otra persona, portó, con verdaderos fines de ofensa o defensa, un arma con la que podía causarse daño corporal.

También puede admitirse que los hechos surgen de la prueba tales como se narran en el párrafo (d), pero no que las conclusiones a que en él se llega estén basadas en la ley o en la jurisprudencia.

Un “cuchillo de cocina” portado en la forma en que lo portaba el acusado en este caso, es claramente una de las armas o instrumentos con los cuales “puede causarse daño corporal”, cuya portación prohibe la ley.

En cuanto a la circunstancia de no haberse presentado como prueba el cuchillo, bastará decir que se ha resuelto varias veces que la ocupación del arma y la presentación de la misma como prueba en el acto del juicio, no son absolutamente indispensables para un fallo condenatorio, si la otra prueba es bastante para concluir que en realidad de verdad el acusado portaba un arma prohibida. El Pueblo v. Nieves, 35 D.P.R. 53, y El Pueblo v. Claudio, 35 D.P.R. 55.

La pena impuesta está dentro de los límites fijados por la ley. Un examen de los autos no revela que el juez la im-pusiera por pasión, prejuicio, o parcialidad, sino ejercitando la discreción que tiene para ello.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Román, acusado y apelante.
    No. 4323.

    Sometido: Enero 20, 1931.

      Resuelto: Enero 26, 1931.

      O’Neill & Cacho, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Ptiehlo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia original en este caso, dice, en la parte ne-cesaria ;

“Que en 19 de enero, 1930, 4.30 a 5 P. M., y en el km. 1-3 carre-tera No. 26, ‘Maguelles’ Bo. Fda. Afuera, Barceloneta, del Distrito Judicial Municipal de Manatí, que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. R., el dicbo Carmelo Román, quien guiaba el automó-vil P-1572, propiedad de José Román por el km. 1-hm. 3 de la carre-tera de Florida hacia el sitio que llaman ‘Maguelles,’ donde hay una alcantarilla con un muro y de allí virando hacia la derecha se toma el camino municipal de Sabana, voluntaria e ilegalmente al doblar de la carretera para coger dicho camino, por negligencia, impericia o descuido, y sin que ejerciera el debido cuidado y tomara las pre-cauciones necesarias para garantizar la seguridad de vidas y propie-dades, lo dejó o hizo chocar contra el muro de la alcantarilla, atra-pillándole dicho automóvil la pierna izquierda al niño Rogelio Colón que estaba sentado en el muro, fracturándosela por la tibia, teniendo aquél que ser conducido al Hospital de Barceloneta para su pronta asistencia y luego al de Manatí, donde le amputaron la pierna. ’ ’

Eli apelación ante la Corte de Distrito de Arecibo, el fiscal presentó su prueba; y la defensa una moción de sobre-seimiento, que se declaró sin lugar; la defensa manifestó no tener prueba; y la corte dictó sentencia declarando al acu-sado culpable de infracción del artículo 328 del Código Penal, y condenándole a sufrir la pena de siete meses de cárcel,, y las costas. Se apela de esta sentencia.

En cuatro motivos se funda el apelante Carmelo Román.. El primero, por indebida aplicación del artículo 328 de] Có-digo Penal.

Se insiste por la apelante en que de la prueba ea el caso resulta que el automóvil que guiaba el acusado chocó' con el cuerpo del perjudicado antes de chocar con el muroen que éste se encontraba sentado; y que en ese caso no' puede aplicarse el artículo 328 del Código Penal. Nos parece que se extrema por el apelante la interpretación del precepto legal, a un punto tal que hace inútil en casos en que no pueda lanzarse o moverse el objeto con que choca el automóvil. No es ésa la forma de interpretar, sino la que se adopta en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Lebrón, 26 D.P.R. 427, en donde se dice:

“Los hechos fueron, que el denunciante y un .compañero suyo es-taban parados juntos a la pared de una casa en una de las calles de San Juan cuando la máquina del acusado chocó con la pared y con. dicho denunciante. Pudiera haber alguna duda sobre si la máquina, chocó primeramente con el cuerpo del denunciante o con la pared,, pero de la evidencia aparece fuera de toda duda que una parte, si no la mayor parte, de las lesiones fué debida al choque contra la-pared. Esto aparece claramente de la prueba del perito médico.. Es verdad que en el caso de El Pueblo v. González, 24 D.P.R. 613,. dijimos que un choque con un viandante no era el delito castig-ado-por el dicho artículo 328, pero en este caso hubo un choque con una cosa u objeto que produjo lesiones, a saber, con una pared, y la prueba tendía a demostrar que hubo negligencia.
“Tratando de fijar la intención de la legislatura las cortes han-, aplicado frecuentemente la doctrina de noscitur a sooiis, y nosotros-también lo hemos hecho, pero no hay necesidad de tal aplicación en este caso pues es bien claro que la legislatura tuvo sobre todo em mente la negligencia de un conductor al permitir que su carro cho-cara con otro objeto. Las palabras ‘cosa u objeto’ aparecen ambas en el estatuto, y no hubiera habido necesidad de esta duplicidad de palabras si es que la legislatura quería sólo incluir algún otro objeto en movimiento. La palabra ‘objeto/ si algo excluye, es la idea de un cuerpo en movimiento. Si un despachador de trenes, es-, pecíñeamente mencionado en la ley, enviara un tren por un desvío de tal manera que chocara con un tinglado, quedaría comprendido en los términos del estatuto. La última sección dice que si como consecuencia del choque resultase daño el conductor será culpable, lo mismo que en caso de muerte, lo cual tiende también a demostrar que la idea principal de la legislatura fué un choque debido a negli-gencia. Yéase como razonamientos similares, el caso de Harris v. American Casualty Company, 44 L.R.A. (N. S.) 70, en el cual la corte resolvió que al dar un automóvil en tierra o en agua era un choque con un ‘objeto/ ”

Por la única prueba aportada al juicio, que fué la de El Pueblo de Puerto Rico, la corte creyó que el niño que resultó herido se bailaba sentado en el muro sobre la alcantarilla, y allí fué cogido por el automóvil guiado por el acusado ne-gligentemente, resultando el dicho menor con una pierna le-sionada, con fractura de la tibia, y teniendo que sufrir la am-putación. . No hay en la apreciación de esa prueba un error que nos pueda inducir a revocar la sentencia. Y en lo que afecta a la aplicación del artículo 328 del Código Penal, la jurisprudencia que acabamos de citar es la norma en el pre-sente caso. Siguiéndola, entendemos que si la víctima se hallaba sentada en el muro, y el auto dió contra ella y contra el muro, esto tuvo que ser simultáneo; y entonces cabe la aplicación del artículo citado.

En las condiciones en que se encontraba el caso al termi-nar la prueba de la acusación, la negativa a la moción de so-breseimiento es perfectamente razonable. Por lo que no in-currió en error la corte en este particular.

Finalmente, en cuanto a la pena impuesta (cuarto señalamiento de error) el apelante sostiene que tratándose de un joven de buena familia y buenas costumbres, y de un accidente casual, sin intención criminal, la pena ha podido ser una multa, y no la de cárcel, en donde el penado se ha de rozar con malas gentes. Convenimos en que ello es doloroso; pero para la ley no hay más que la infracción realizada, y la consecuencia de ciertas circunstancias modificativas. Tene-mos que conceder mucho a la discreción del juez, al elegir una de las diversas formas de penalidad; y por ello no podemos convenir en que erró en este particular, a menos que se nos hubiera demostrado otra cosa.

Debe confirmarse la sentencia apelada.