author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Hernández, acusado y apelante.
    No. 5667.

    Sometido: Noviembre 7, 1935.

      Resuelto: Enero 21, 1936.

      Cayetano Coll y Cuchí y Cayetano Coll Ctichí, Jr., abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Hernández fué acusado en unión de Luis Alfredo Anavitate por el Fiscal del Distrito de Ponce como autor de un delito de asesinato en segundo grado, consistente en haber lanzado con malicia premeditada un automóvil sobre Pablo Guzmán, infiriéndole varias contusiones a consecuencia de las cuales falleció pocas lloras después.

Alegó Hernández que era inocente y solicitó juicio por jurado. Celebrado éste, por separado, fué Hernández decla-rado culpable de bomieidio voluntario. Pidió la nulidad del veredicto y se declaró sin lugar su petición. El 3 de octubre de 1934 la corte dictó sentencia condenándolo a siete años de presidio. No conforme, apeló para ante este tribunal.

Señala en su alegato tres errores cometidos a su juicio por la corte al dar instrucciones al Jurado sobre bomieidio voluntario sin que las solicitara, al condenarlo por bomieidio voluntario y al negarse a anular el veredicto del Jurado. ' Los tres señalamientos de error se estudiarán conjuntamente.

La prueba de cargo demostró que el 29 de octubre de 1933, el acusado transitaba por las calles de Ponce en un automóvil público de su padre, guiado por Luis Alfredo Anavitate. Cerca de la Plaza del Mercado, Bautista Silvagnoli, que se encontraba en estado de embriaguez y a quien acompañaban dos niñitas bijas suyas, fletó el carro para ir a su casa pasando por la Central Mercedita. Al principio el chauffeur se opuso por estar prohibida la entrada de automóviles públicos a la Central, pero se decidió al fin esperando que se hiciera una excepción por ser Silvagnoli y el padre de Hernández empleados de la misma.

En el asiento delantero iban sentados el chauffeur y Her-nández y en el trasero Silvagnoli y sus bijas. Al llegar al portón de la Central fueron en efecto detenidos por el guarda Pablo G-uzmán. Se trabó una discusión, desmontándose Sil-vagnoli insistiendo cerca del guarda que permitiera el paso, invocando su condición de empleado. Replicó el guarda que tenía que cumplir sus órdenes y dijo a Silvagnoli “siéntate aquí en este cajón y espera la guagua que tú estás jumo.” Se agrió entonces la disputa y Hernández se tiró del auto, echó a Silvagnoli dentro de él y dijo al chauffeur “zúmbale el carro encima a ese viejo (el guarda) que no vale más de veinte reales”, y arraneó el carro y arrastró al viejo más de cincuenta pies, siguiendo “a una velocidad horrible.”

Horas después murió el guarda. Practicada la autopsia de su cadáver por el Doctor Enrique Matta se .encontró que había una fractura en el hueso del muslo, en la inserción del hueso con la cadera, un vaso roto entre los tejidos y varias erosiones, llegando el doctor a la conclusión de que la muerte se debió a un choque traumático.

La prueba de descargo tendió a contradecir la de cargo en los dos extremos que siguen: el acusado no iba en el asiento delantero, sino en el trasero; no fué el acusado, sino Silvagnoli, el que dijo al chauffeur: “Síguele, pisa a ese viejo que no vale nada.”

El conflicto fué resuelto por el Jurado en contra del acu-sado, sin que exista motivo justificado alguno para alterar su decisión. Las cuestiones que el acusado suscita deben es-tudiarse y resolverse, pues, a base de la ocurrencia del suceso tal y como surge de la prueba del Pueblo.

Después de haber dado la corte al jurado instrucciones completas sobre el delito de asesinato en segundo grado im-putado al acusado, se expresó así:

“La Corte v'a a instruir también a los señores del Jurado sobre el delito de Homicidio Voluntario, porque dentro de una acusación de asesinato en segundo grado está comprendida una acusación por homicidio voluntario.
“Si de acuerdo con la prueba resultare que ha habido elementos característicos de un delito de homicidio voluntario, entonces el ju-rado, de acuerdo con las instrucciones de la Corte, podrá dar ún veredicto de homicidio voluntario. Dice la ley con respecto al de-lito de homicidio: ‘Homicidio es dar muerte ilegal a un ser hu-mano sin que medie malicia.’ El homicidio es de dos clases: Vo-luntario e Involuntario. Voluntario es cuando ocurre con motivo de una súbita pendencia o arrebato de cólera; en el calor de la pasión, en un acto de coraje.”

Y el acusado, que no excepcionó las instrucciones cuando fueron trasmitidas, .sostuvo luego en una moción pidiendo la nulidad del veredicto que presentó a la Corte sentenciadora y que fué por ésta declarada sin lugar y sostiene ahora ante esta Corte Suprema que la corte de distrito cometió error perjudicial al trasmitir al Jurado la instrucción transcrita porque ni fué pedida por él ni la prueba la sostiene. Invoca el caso de Johnston v. Commonwealth, 186 S. W. 655, en el que se estableció la siguiente doctrina:

“En una cansa por asesinato, constituye error una instrucción al efecto de que el Jurado puede rendir un veredicto de asesinato u homicidio, cuando no hay evidencia respecto a este último delito.
“Tal error es perjudicial cuando el veredicto es de homicidio.”

Podríamos negarnos a discutir el error señalado basán-donos en la falta de excepción a la instrucción impugnada, pero tratándose de algo que pudiera ser fundamental proce-deremos a su estudio. Pueblo v. Benítez, 47 D.P.R. 78, 88, y casos en él citados.

Tendría quizá razón el apelante de acuerdo con la juris-prudencia que invoca si la prueba en este caso no justificara la instrucción, si los hechos que el acusado realizara sólo pudieran calificarse de asesinato y no de homicidio.

Mas no es así. A nuestro juicio la prueba justifica la instrucción. Es cierto que la discusión comenzó entre Silvag-noli y el guarda y se agrió cuando el guarda hizo resaltar el .estado de embriaguez en que Silvagnoli se encontraba, pero lo es también que en ella tuvo interés directo e inter-vino desde un principio el acusado. Este era hijo del dueño del carro público que fletó Silvagnoli para que lo llevara a su casa y andaba con el chauffeur en su negocio. Aceptó el viaje con conocimiento del obstáculo que se presentaría como se presentó para terminarlo con éxito y percibir como era natural su importe. La actitud del guarda lo afectó directa-mente. Fué el guarda alguien que salió a su encuentro, al-guien que se opuso a la realización de sus propósitos, alguien que no cedió a los ruegos, ni a los argumentos, alguien a quien sólo podía vencerse por medio de la fuerza bruta.

La conducta del guarda no hubiera podido provocar la có-lera de una persona normalmente correcta, pero sí la de una persona que es capaz de realizar los actos que perpetró el acu-sado.

Lo que éste hizo sólo puede brotar de un corazón perver-tido y maligno o de uno — de instintos criminales por supuesto —arrebatado por la cólera. De ahí que estén justificadas am-bas calificaciones, la de asesinato en segundo grado y la de homicidio habiendo actuado en su consecuencia la corte de acuerdo con los hechos y la ley al trasmitir la instrucción.

Si no hubo error en la instrucción, debe necesariamente concluirse que tampoco lo hubo en el veredicto y en la sen-tencia que a la instrucción siguieron.

En tal virtud, no habiéndose cometido ninguno de los erro-res señalados, debe el rectkrso declararse sin lugar y confir-marse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Alvarado, acusado y apelante.
    No. 5699.

    Sometido: Noviembre 15, 1935.

    Resuelto: Enero 21, 1936.

      Leopoldo Torme<s García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Guayama formuló acusación contra Juan Alvarado imputándole la comisión de un delito He atentado a la vida consistente en haber acometido con malicia premeditada y propósito de matarlo, el 2 de noviembre de 1932, en Salinas, a Juan Easpaldo, haciéndole a corta dis-tancia cinco disparos de revólver sin lograr herirlo, matando el caballo que montaba y perforando la visera del capacete que llevaba puesto.

Alegó el acusado que era inocente y solicitó juicio por ju-rado. El 29 de octubre, 1934, se celebró la vista. Declararon yarios testigos presentados unos por el fiscal y otros por la defensa. Puede formarse una idea correcta de lo que tendie-ron' a demostrar la prueba de cargo y la de descargo, trans-cribiendo la narración del suceso como la hicieron Juan Eas-paldo, el acometido, y Zoilo Ortiz, testigo del acusado.

Dijo Easpaldo:

“Yo recibí órdenes superiores de no permitir dentro de la finca hacer política activ'a de ningún partido, anterior al caso yo- le llamé la atención a él (el acusado) porque conocí que se dedicaba a ha-cer política, entonces el día a que se refiere la demanda, yo le llamé nuevamente la atención, que me hiciera el favor de decirme de qué manera podía él comprender que no podía hacer política activa den-tro de los terrenos de la Compañía y me contestó que ya yo le mo-lestaba, que donde quiera que lo encontraba lo echaba, que si yo que-ría saber lo que era, que me bajara del caballo y yo le dije que no era cuestión de pelea que era una cuestión administrativa y enton-ces él caminó hacia delante y vira atrás y me hace cinco disparos, entonces los disparos matan el caballo y cuando yo ya salí del, asunto y pude bajarme del caballo, le hice dos disparos, pero no fue-ron efectivos.”

Y manifestó Ortiz:

“. . . en la Colonia Teresa . . . entró el señor de Juan Alvarado vendiendo pescado ... yo le compré dos libras. ... Y se dirigió para abajo y se puso a conversar con dos señores y entonces inter-vino el mayordomo a caballo'. . . . Don Juan Easpaldo y entonces pues le dijo que desocupara el sitio, que él no lo quería ver ahí, tanto que quiso tirarle el caballo encima y entonces con la misma haló por la pistola y le hizo así, la montó ... y entonces le hizo así y disparó y entonces al disparar fué que Juan Alvarado haló por la pistola también y se pegaron tiro a tiro los dos.”

Terminada la práctica de la evidencia, el juez dio amplias instrucciones al jurado. Después de explicarles en qué con-sistía el delito de atentado a la vida, les dijo:

“Ustedes tienen que hacerse ... la siguiente pregunta: 4Si este perjudicado que responde al nombre de Juan Raspaldo hubiera muerto y se hubiera presentado prueba aquí ante la Corte, con la prueba que aquí se ha presentado, y ustedes tuvieran que rendir un veredicto, ustedes tendrían elementos suficientes para rendir un veredicto de Asesinato en Primero o Segundo Grado? Si la res-puesta es afirmativa, entonces tienen ustedes elementos para poder dictar un veredicto de Atentado contra la Yida.”

Seguidamente les manifestó:

“Dentro de una acusación por Atentado contra la Yida, cabe tam-bién un delito de Ataque para cometer Homicidio.”

Y explicados los elementos de ese delito, les indicó qué:

“También cae dentro de una acusación por Atentado contra la Yida un veredicto de Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes o de Acometimiento y Agresión de carácter Simple.”

Detalladamente les informó entonces sobre el delito de .acometimiento con expresión de las circunstancias que lo con-vertían en grave, siendo una de ellas, la octava, cuando se co-metiere con un arma mortífera en circunstancias que no re-vistieren la intención de matar o mutilar.

Luego les habló de la legítima defensa, terminando como sigue:

“Con estas instrucciones dejo el caso sometido a vuestra conside*-ración, designando Presidente del Jurado al Señor Matías Pomales, a quien hago entrega en este acto de la acusación, de un capacete presentado como prueba por el Fiscal y aceptado por la defensa y ■de un modelo de veredicto que, como ya dije, puede ser de las si-guientes clases: Culpable de Atentado contra la Yida o culpable de Ataque para cometer Homicidio o culpable de Acometimiento, fí-jense, de Acometimiento, no de Acometimiento y Agresión, sino de Acometimiento de carácter grave, si entienden probadas las agra-vantes o* de carácter simple o no culpable, bien porque entiendan, probada los señores del Jurado la legítima defensa o- bien porque-tengan una duda razonable con respecto a la culpabilidad del acu-sado. ’ ’

Se retiró el Jurado a deliberar y volvió a la sala de la. corte cou un veredicto declarando al acusado culpable de aco-metimiento.

Y dijo el fiscal: “Sr. Juez, el Fiscal entiende que es un. veredicto irregular éste, se probaron las circunstancias agra-vantes.” Habló algo el juez. Manifestó el presidente del. jurado que no tendría inconveniente .en explicar por qué había el jurado llegado a la conclusión de que el acusado era culpable-de acometimiento simple. Expresó el juez que no deseaba la explicación, y dirigiéndose al Fiscal le preguntó: “A ver, ¿qué-es lo que quiere el Fiscal?” y éste contestó: “Nada absoluta-mente, renuncia a toda alegación en este caso.” Finalmente-el juez por su propio acuerdo ordenó al jurado que se reti-rara a deliberar sobre el punto de si el acometimiento se llevó-a cabo con arma mortífera.

Se retiró en efecto el jurado y volvió otra vez a la sala, de-la corte con el mismo veredicto, esto es, declarando al acu-sado culpable de acometimiento simple. Y el juez dijo:-. “Pero éste es el mismo veredicto”, y el jurado por su presi-dente contestó: “Ese es el que queremos los Señores del Jurado.” Manifestó el juez que no había dado instrucciones sobre acometimiento simple. Indicó el presidente del jurado que le parecía que sí. Leyó el taquígrafo las instrucciones.. Se declaró la corte en receso por cinco minutos. Al reanu-darse la sesión el fiscal pidió a la corte que anulara el veredicto-por ser contrario a la prueba y la corte decidió lo que sigue::

“En el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Otero, Decisiones Je-Puerto Rico, volumen 4, p. 104, se sostiene lo siguiente: En los casos en que el veredicto del jurado no esté formulado con arreglo-a derecho y se ordene por la Corte que se formule un nuevo Vere-dicto, el primer veredicto es nulo. Además, no comete error el Juez que desestimando un veredicto por no estar formulado con arreglo-a derecho, ordena al Jurado la presentación de un nuevo veredicto-que declare al acusado culpable o no culpable del delito imputá-dole. La Corte en este caso entiende que el veredicto no se ajusta a las instrucciones dadas por la Corte ni a la prueba practicada en este caso y ordena que el jurado vuelva a deliberar sobre este caso y que rinda un nuevo veredicto a la Corte, cualquiera que sea ese veredicto. ’ ’

Se retiró por tercera vez a deliberar el jurado y volvió a la sala de la corte con un veredicto de acometimiento con cir-cunstancias agravantes. Lo aceptó la corte y acto seguido declaró al acusado convicto de un delito de acometimiento con circunstancias agravantes y señaló día para dictar su sen-tencia.

En el día señalado presentó el acusado una moción pidiendo a la corte que dejara sin efecto el veredicto y concediera un nuevo juicio. Se opuso el fiscal y la corte denegó “la moción de nuevo juicio.” Y entonces muestran los autos que ocurrió lo que sigue:

“Defensor: Sr. Juez, yo quisiera que hiciera otro pronuncia-miento.
“Hion. Juez: ¿Cómo?
“Defensor: ¿La Corte se niega también a aceptar el veredicto de acometimiento simple?
‘ ‘ Don. Juez : Si, la Corte se niega a aceptar el veredicto de aco-metimiento simple por haber sido declar'ado informal por la Corte anteriormente y haber ya aceptado el último Veredicto que rindió el Jurado o sea el de acometimiento con circunstancias agravantes.
“Defensor: Entonces, en cuanto a la negativa de la Corte a aceptar el veredicto de acometimiento simple, tomamos excepción, en cuanto a lo otro Sr. Juez, el acusado está en disposición de recibir la sentencia que V. H. tenga a bien dictar.”

La corte dictó su sentencia condenando al acusado a seis meses de cárcel y el acusado interpuso el presente recurso de apelación. Señala en su alegato la comisión de cinco errores, que giran todos alrededor de la actuación de la corte en rela-ción con los veredictos del jurado. Termina pidiendo

“La modificación de la sentencia apelada de acuerdo con lo es-tatuido en el Art. 364 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y debiéndose anular el tercer veredicto por el cual se declaró al acu-sado culpable de Acometimiento Grave, y dictarse por este Hon. Tribunal la sentencia que corresponda a base del segundo veredicto rendido por el jurado, que declaró al acusado culpable del delito de Acometimiento Simple.”

El Fiscal del Tribunal Supremo estudia en su alegato las cuestiones envueltas en el recurso y termina diciendo y pro-poniendo lo que sigue:

“En nuestro criterio el jurado expresó claramente su opinión en lo que atañe a la culpabilidad del acusado, pero su veredicto, por error, no responde ni a las alegaciones ni a los hectos probados, y aunque el jurado en este caso siguió las instrucciones de la Corte, siendo la intrucción sobre acometimiento simple errónea, no estaba obligado a considerarla, (27 R.C.L. sec. 29, 858), pero habiéndola, considerado indebidamente, la corte pudo, ajustándose a lo estatuido en el artículo 288 del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal, instruir de nuevo al jurado y ordenarle la reconsideración del ve-redicto, por una sola vez. La corte inferior aplicó dicho artículo estatutario pero erróneamente, por lo que el tercer veredicto, aun cuando el acusado en el momento oportuno no levantó cuestión al-guna sobre su recepción por la corte, constituyendo como constituye un' error fundamental del procedimiento a seguir, no puede soste-nerse; tampoco puede ni debe sostenerse el primer v'erdicto por ser contrario a'la ley y haberse rechazado, como se rechazó, el segundo por la corte inferior, y por lo tanto, salvo el mejor criterio de esta Superioridad, lo procedente es ordenar la celebración de un nuevo juicio."

Apelante y apelado están conformes, pues, en que la ac-tuación de la corte de distrito fué errónea, pero no lo están en la sentencia que debe dictar esta Corte Suprema resol-viendo el recurso. Pide el apelante la modificación de la sen-tencia recurrida y el apelado su revocación. La modificación que solicita el apelante consiste en que en vez de declarársele culpable de acometimiento con circunstancias agravantes, se le declare culpable de acometimiento, lo que implica que en vez de podérsele imponer la pena de seis meses de cárcel que le impuso la corte sentenciadora, podrá a lo sumo condenár-sele á pagar una multa de cincuenta dólares, sufriendo un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer. La revoca-ción que propone el fiscal, lo es para dar paso a la celebración de un nuevo juicio en el que pueda dictarse 1a. sentencia que proceda de acuerdo con los Lechos y la ley.

Analizada la evidencia, encuéntrase en verdad que toda ella, tanto la del fiscal como la del acusado, demuestra que éste usó un arma mortífera para acometer a Easpaldo, bien lo hiciera con intención de asesinarlo o de darle muerte o de causarle daño, ya actuara en legítima defensa de su persona, y que por tanto los veredictos que procedían eran los de culpable de atentado a la vida, culpable de ataque para cometer homicidio, culpable de acometimiento con circunstancias agra-vantes, no culpable, siendo lo más correcto que la corte se hubiera ceñido a ellos en sus instrucciones al jurado.

Pero es lo cierto que la corte fue más lejos y dijo al jurado que podía también declarar culpable de acometimiento al acu-sado y que el Jurado rindió su veredicto en armonía con las instrucciones que se le dieron declarando al acusado culpable de acometimiento.

No se trataba de un veredicto que pudiera calificarse de informal o defectuoso, en cuyo caso la situación sería distinta, sino de un veredicto general, formal.

Si- la corte lo consideró equivocado de acuerdo con la ley, pudo explicar al jurado las razones que tenía para sustentar tal opinión, comenzando por rectificar sus propias instruccio-nes. No lo hizo. Se limitó a ordenar al jurado que se reti-rara a deliberar sobre el punto de si el acometimiento se llevó a cabo con arma mortífera.

Volvió el jurado con el mismo veredicto y de modo termi-nante dijo a la corte por medio de su presidente que ese era el veredicto que querían los señores del jurado, veredicto que seguía siendo general, formal, y estando en armonía con las instrucciones recibidas, instrucciones que no fueron excepcio-nadas por ninguna de las partes, y a las cuales ha terminado el acusado por acogerse expresamente por estimarlas sin duda favorables.

De acuerdo con la ley ninguna otra cosa podía hacer la corte entonces que recibir el veredicto, haciéndolo constar en autos como el veredicto rendido por el jurado en la causa.

Dice el artículo 288 del Código de Enjuiciamiento Criminal:

“Artículo 288. Cuando ocurriere un veredicto de culpabilidad y el tribunal fuere de opinión que se ha equivocado el jurado en la aplicación de la ley, podrá explicar al jurado sus razones para sus-tentar 'dicha opinión, u ordenarle que vuelva a considerar el vere-dicto; y si después de esto diere el mismo veredicto, deberá ha-cerse constar en autos; pero en el caso de que el veredicto fuere absolutorio, no podrá el tribunal requerir al jurado para que lo vuelva a considerar.
“Si el jurado pronunciare un veredicto que no fuere ni general' ni especial, podrá el tribunal ordenarle que lo considere nuevamente, y no se tomará razón de él, mientras no estuviere formulado en tér-minos claros y precisos.”

“Y si después de esto diere el mismo veredicto, deberá hacerse constar en autos.” “It must be entered,’’, expresa el original inglés. Disposición terminante que no admite otra interpretación en un caso como éste que la de que el vere-dicto, quedando por supuesto sujeto a los ulteriores procedi-mientos que pudiera autorizar la ley, debió registrarse como final, no estando la corte autorizada para ordenar la tercera deliberación que dió por resultado el veredicto de acometi-miento con circunstancias agravantes que ambas partes están conformes en que no puede subsistir.

Y a esa conclusión se llega con más fuerza todavía cuando se considera que no es del todo claro que la instrucción de aco-metimiento que la corte diera fuera errónea. No estaba la corte obligada a darla de acuerdo con el resultado de la evi-dencia, pero pudo darla quizás porque el delito de acometi-miento está necesariamente comprendido en el de atentado a la vida que se imputó al acusado. Artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En uno de los casos más antiguos de California, repor-tado en el volumen seis de sus Decisiones, en el de The People v. Vanard, 6 Cal. 562, la Corte Suprema del estado dijo y resolvió lo que sigue:

“La otra objeción suscitada es la irregularidad del veredicto. La apelante fué acusada de ‘acometimiento con intención de cometer asesinato.’ El jurado la bailó culpable de ‘acometimiento con in-tención de cometer daño corporal.’
“En el caso de El Pueblo v. Nugent, 4 Cal. 341, resolvimos que una acusación por acometimiento con arma mortífera con la inten-ción de cometer grave daño corporal, no tiene necesariamente que contener la alegación de que el mismo fué ‘cometido sin considerable provocación’; que aunque tal lenguaje califica la naturaleza del ■delito, empero no entra en la médula del cargo; que las palabras son una calificación negativa del delito, que no necesita ser decla-rada, sino que debe servir de argumento a la defensa durante el juicio.
“En el presente caso es aparente que el veredicto no declara al .acusado culpable del delito imputado en la acusación, a saber: ‘aco-metimiento con intención de cometer asesinato.’ Permítasenos, en-tonces, investigar si hay algún delito menor comprendido en esta imputación, del cual el acusado ha sido declarado culpable por el veredicto. El delito inferior en grado es ‘acometimiento con arma, instrumento, u otro objeto mortífero, con intención de infligir daño corporal en la persona de un semejante, sin que aparezcan provoca-ciones considerables, o sin que las circunstancias del acometimiento demuestren un corazón pervertido y maligno.’ Ahora bien, aunque no es necesario alegar en la acusación la provocación y las circuns-tancias, y por consiguiente tampoco hay que hacerlas constar en el Veredicto, sin embargo, es aparente que el arma o instrumento con •que se perpetró el acometimiento deben ser alegados y probados, al igual que el hecho de que el acometimiento fué inferido con arma mortífera, etc., ella va a la substancia del delito y lo distingue de un acometimiento corriente.
“En el caso de El Pueblo v. Davidson, 5 Cal. 133, en que se basa el Procurador “ General, el veredicto halló al acusado ‘culpable de acometimiento con arma mortífera con la intención de cometer daño corporal,’ lo que al amparo de la decisión de El Pueblo v. Nugent, a que ya nos hemos referido, fué declarado substaneialmente sufi-ciente. En este caso el veredicto declara a la acusada solamente culpable de acometimiento, y no puede ser castigada por un delito grave.
“Los otros fundamentos de error no fueron debidamente seña-lados.
“Se deja sin efecto la sentencia de la corte inferior, y se ordena que se dicte sentencia por el delito de acometimiento, y que se im-ponga pena de acuerdo con las disposiciones de la sección 143 del Código Penal.”

En ese caso necesariamente también tuvo que demostrar la evidencia que el acometimiento se había llevado a efecto con un arma mortífera cuando no obstante la forma en que aparecía redactado el veredicto la corte sentenciadora impuso al acusado la pena correspondiente al delito de acometimiento con circunstancias agravantes, y la Corte Suprema no se li-mitó a revocar la sentencia apelada si que la dejó sin efecto y devolvió la causa a la corte a quo para que registrara una nueva sentencia por acometimiento imponiendo al acusado la pena que para tal delito fijaba la ley, reconociendo en su con-secuencia como legal el veredicto de acometimiento.

Y ése es el curso que debe seguirse a nuestro juicio en el presente caso. Siguiéndolo, la causa quedará definitivamente terminada administrándose en ella aquella relativa justicia que en tantas ocasiones sólo le es dable a los tribunales administrar.

Se revoca la sentencia apelada y la causa se devuelve a la corte de distrito de su origen para que declare al acusada culpable de acometimiento de acuerdo con el segundo vere-dicto y le imponga la pena que estime procedente dentro de las f acultades que le otorga la sección 5 de la Ley para deter-minar y castigar acometimiento, etc., aprobada el 10 de. mareo de 1904, leyes de 1904, p. 42.


author: El Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Zenén Roldán Velázquez y Julio Muñoz Dieppa, demandados y apelados.
    No. 6827.

    Sometido: Enero 14, 1936.

      Resuelto: Enero 23, 1936.

      B. Biíscaglia, abogado de la apelante; M. Torres 8oM y G. Torres Zaborde, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados, nominalmente como fiadores en un le-vantamiento de embargo trabado sobre cierta propiedad después de sentencia, prestaron una fianza en que, en unión al principal, convenían en devolver los bienes embargados o pagar daños y perjuicios. Originalmente el procedimiento era uno de tercería bajo la ley especial de 1907, que derogó y sustituyó el artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Civil. En dicho procedimiento la demandante obtuvo una supuesta sentencia, a que nos referiremos más tarde, en que la corte resolvió que la demanda de tercería no procedía y ordenó al tercerista que pagara, sin fijar en dicha sentencia la cantidad a ser pagada, y más especialmente, sin dictar sentencia alguna contra los aludidos fiadores.

De los autos se desprende suficientemente que la deman-dante trató de ejecutar la sentencia contra el tercerista, en-tregando al márshal la documentación correspondiente, y que no tuvo éxito en ello.

La demandante no dió paso ulterior por espacio de unos quince meses y entonces presentó una acción para recobrar de los referidos fiadores la suma de $3,000, que la deman-dante alegaba era el valor de los bienes embargados.

A esta demanda los demandados presentaron una excep-ción previa fundada substancialmente en que la sentencia anteriormente obtenida era nula y carecía de efecto legal y que el remedio de la demandante, en todo caso, debió soli-citarse en el procedimiento de tercería, conforme expresa la sección 14 de la ley especial ya mencionada.

La corte sostuvo la excepción. El juez hizo el comen-tario de que había sido él quien había dictado la supuesta sentencia, pero que su actuación anterior era enteramente nula e ineficaz, toda vez que la sentencia no expresaba la cuantía, y además porque no se incluyó a los fiadores al tiempo de dictarse la misma. La corte fué de opinión que el único remedio de la demandante, aun a la fecha de radicar la presente demanda, era solicitar se enmendara la supuesta sentencia. Consideró la demanda tan deficiente que se negó a permitir una enmienda. Somos del criterio que en sn con-cepción el juez estuvo equivocado.

La fianza, según aparece de la demanda, estaba de acuerdo con la sección 6 de la ley de tercería. Esta sección dispone que el principal y los fiadores devolverán la propiedad, y en su defecto que se les condenará al pago de daños y perjuicios por el valor de la misma. Numerosas decisiones sostienen, interpretando estatutos similares al nuestro, que el recurso otorgado es una garantía o remedio adicional concedido al acreedor que embarga. Empero, si los acreedores no quieren aprovecharse de los derechos estatutarios especiales, pueden acudir a un pleito ordinario. First National Bank of Antioch v. McKean, 285 Fed. 557; Jaffe v. Fidelity & Deposit Co., 60 So. 966.

En el presente recurso, quizá algo distinto al caso federal, supra, la condición era que se devolvería la propiedad o se pagarían daños y perjuicios, y por consiguiente es apli-cable el principio en él enunciado. Conforme se dijo allí, en la página 559, “Los fiadores en este caso no convinieron en que el dejarse de dictar sentencia en su contra equival-dría a una renuncia de instituir acción contra ellos. No se dice tal cosa en la fianza.”

El caso de Jaffe, supra, fué uno en que el estatuto era aún más fuerte que el nuestro al exigir que se dictara sen-tencia contra los fiadores. La corte allí dijo:

“El mero hecho de que la fianza sea buena como una fianza es-tatutaria y exigible en la forma provista por el estatuto, no impide de por sí que se acuda a una acción del derecho común para su cumplimiento. 5 Cyc. 813; Bullock v. Traweek (Tex. Civ. App.) 20 S. W. 724; Hill v. Fidelity Co., 157 Ill. App. 261.
“La regia general es que un remedio especial concedido por un estatuto es acumulativo, mas no exclusivo de la jurisdicción ordina-ria de las cortes, a menos que la intención evidente del estatuto fuera hacer que tal remedio especial sea exclusivo, y tal intención debe ser manifestada por palabras afirmativas al efecto. Parks v. State ex rel., etc., 100 Ala. 647, 13 So. 756."

El caso de Pacific Finance Corporation v. Fidelity & Deposit Company of Maryland, 151 Misc. 798, fue uno cuyos hechos eran distintos, mas no obstante deseamos hacer un extracto del mismo como aplicable:

“Se ve muy mal que un fiador o garantizador trate de eludir responsabilidad en la fianza por él prestada, después de permitir que un demandado, por razón de ella, se posesione nuevamente de una propiedad embargada, y una corte de justicia no debería prestarse a ayudarle, especialmente cuando trata de evadir responsabilidad por motivos técnicos o ingeniosos.”

El razonamiento de los casos es que los fiadores han con-traído para con los acreedores que embargaron una obliga-ción clara, que están obligados a cumplir no importa cuál sea el procedimiento iniciado contra ellos; que a virtud de la fianza por ellos prestada quedan ciertos bienes exentos del embargo e impedidos los acreedores originales de cobrar su sentencia.

Por tanto, la necesaria conclusión es que si se demuestra que el fiado no está en condiciones de pagar, procede una acción contra los fiadores.

Quizá podríamos ir más lejos y considerar que la fianza o garantía otorgada en este caso era una obligación manco-munada y solidaria del fiado y sus supuestos fiadores. Véase el artículo 1755 del Código Civil (ed. de 1930).

Resolvemos que no importa que la sentencia en el pro-cedimiento de tercería fuera deficiente.

Igualmente se liace innecesario discutir los varios signi-ficados de las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil relativas al levantamiento de bienes embargados, según lo hicieron las partes en sus alegatos y durante la vista.

En el alegato de los apelados se hace referencia al hecho de que no estaban ante nos todos los procedimientos en la corte inferior. No tenemos dudas de que se trata de una demanda en que la corte tenía lo suficiente ante sí para en-terarse de la obligación de los demandados. Aun si esta demanda fuera defectuosa en cualquier respecto, debió ha-berse concedido una enmienda y nos sentiríamos obligados a revocar la sentencia por abuso de discreción.

Nos inclinamos al criterio de que los demandados tienen derecho a ser oídos respecto al valor de los bienes al tiempo del levantamiento del embargo; en otras palabras, que el valor estimado dé $3,000 no debía ser considerado como daños líquidos.

Tomando el caso en su totalidad, nos sentimos constreñi-dos a resolver que la demandante tenía una causa de acción mediante el ejercicio de un pleito ordinario. Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Seño®, Cóbdova Dávila, El Juez Asociado Señor CÓRdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Pagán, acusado y apelante.
    No. 5817.

    Sometido: Noviembre 26, 1935.

      Resuelto: Enero 23, 1936.

      M. Acosta Velarde, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Carmelo Pagán fue acusado de haber infringido el artículo 328 del Código Penal. De acuerdo con la acusación presen-tada por el Fiscal del distrito de Ponce, el referido acusado “allá en, o por uno de los días del mes de julio de 1933, y en la municipalidad de Santa Isabel, que forma parte del distrito judicial de Ponce, P. B., voluntaria e ilegalmente y en ocasión en que como maquinista guiaba una máquina del ferrocarril, lo hizo con tanta negligencia, descuido y falta de circunspección que dicha máquina chocó con una carreta de bueyes, resultando de dicho choque gravemente lesionado el ser humano Crescendo Bamos, quien falleció casi instan-táneamente como consecuencia de las lesiones recibidas en el citado accidente.”

Presentó la defensa una moción para que se especificara detalladamente en qué consistía la negligencia del acusado y para que se describiese el sitio en que ocurrió el accidente y se aclarasen otros hechos relacionados con el suceso. La corte de distrito declaró con lugar dicha moción en los dos primeros extremos, y el fiscal produjo entonces un pliego de especificaciones, ajustándose a la orden dictada. La de-fensa presentó dos excepciones perentorias, una de falta de hechos constitutivos de un delito y otra de falta de jurisdic-ción, siendo ambas declaradas sin lugar por la corte de dis-trito. Celebrado el juicio ante un jurado, el acusado fue declarado culpable y condenado a sufrir seis meses de cárcel.

Se alega en primer término que la corte inferior erró al declarar sin lugar las excepciones perentorias formuladas contra la acusación. La primera cuestión discutida en el alegato del apelante es la que se relaciona con la excepción de falta de hechos. A juicio de la defensa no se especifica ni menciona en la acusación el sitio del accidente ni se alega hecho alguno de donde surgiera una obligación legal de parte del maquinista de observar algún cuidado o diligencia para con el interfecto Crescendo Ramos. En la acusación se dice que el accidente ocurrió en la municipalidad de Santa Isabel. El acusado pidió un pliego de especificaciones para que se describiera el sitio del accidente. El fiscal, de acuerdo con la orden de la corte inferior y accediendo a los deseos de la defensa, hace constar en su pliego de especificaciones que el accidente ocurrió en un sitio donde la vía del ferrocarril cruza con un camino privado conocido con el nombre de “Río Jueyes”, del barrio Jauca Segunda del término municipal de Santa Isabel, camino que es usado por todos los trabaja-dores de la colonia de cañas Río Jueyes como vía de tráfico para las distintas faenas agrícolas que allí se llevan a cabo.

En el caso de State v. Grossman, 112 Atl. 892, resuelto por la Corte de Apelaciones de Neví Jersey, se alegó en la acusación que el acusado mantenía una casa de mala reputa-ción en la ciudad y condado donde la ofensa fqé cometida. Se sostuvo que el acusado, si deseaba una descripción más específica del lugar o sitio donde se cometió el delito, podía solicitar y conseguir su propósito por medio de un pliego de especificaciones (bill of particulars). En nuestro caso la defensa solicitó la relación detallada que juzgó conveniente y fue complacida. El acusado fia quedado plenamente in-formado y no puede alegar desconocimiento de los becbos expuestos en el pliego de especificaciones.

A juicio de la defensa fia debido especificarse en qué consistió la supuesta negligencia o el supuesto descuido o la supuesta falta de circunspección que se atribuyen al acusado. Se añade que por regla general la acusación es suficiente cuando emplea el mismo lenguaje del estatuto, pero que en el presente caso no basta el uso de ese lenguaje. Se arguye que en una acusación contra un chauffeur basta con que se alegue que debido a la negligencia temeraria o descuido de ese chauffeur ocurrió un choque, porque los automóviles circulan por vías públicas y el mero becbo de circular por dichas vías establece una obligación o deber del conductor loara con el viandante, lo que no ocurre cuando se maneja una locomotora por terrenos pertenecientes a la empresa fe-rroviaria. En este caso, según la defensa, es necesario ale-gar la existencia de un cruce público o la concurrencia de hechos de donde surja un deber u obligación por parte del maquinista para con la persona que sufrió el accidente. Esta cuestión ha sido decidida por nosotros en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 47 D.P.R. 600, donde citamos jurisprudencia sosteniendo que cuando el acusado queda informado de la naturaleza del delito de que debe responder es innecesario alegar detalladamente en qué consiste la negligencia que se le atribuye. En State v. Watson, 216 Mo. 420, citado por nosotros con aprobación en el referido caso, se dijo lo si-guiente :

“En nuestra opinión no era esencial que la acusación expusiera detalladamente en qué consistió el descuido, impericia o negligencia; y que la alegación de que guiaba y conducía este automóvil por una calle pública descuidada, aviesa y negligentemente servía para noti-ficar al acusado de que no usaba, manejaba o conducía su automóvil de conformidad con la ley o las ordenanzas de la ciudad que regla-mentan el uso y manejo de tales vehículos. Evidentemente el acu-sado sabía que tendría que afrontar la imputación de descuido, im-pericia y negligencia en el manejo de su automóvil, y al hacer frente a tal imputación es indudable que su única defensa hubiese sido que guiaba y conducía el automóvil de conformidad con las leyes y or-denanzas de la ciudad, debidamente aprobadas, para reglamentar el manejo de tales vehículos. El acusado no pudo ser inducido a error por esta alegación. A él no pudo tomársele por sorpresa. Según las alegaciones contenidas en esta acusación, él debió saber que el estado trataría de probar todos y cada uno de los hechos que ten-dían a establecer cualquier clase de negligencia, descuido o impericia en el manejo de ese vehículo.”

En la acusación se alega que el maquinista guiaba la máquina con tanta negligencia, descuido y falta de circuns-pección, que dicha máquina chocó con una carreta de bueyes resultando de dicho choque gravemente lesionado el ser hu-mano Crescendo Eamos, quien falleció casi instantáneamente á consecuencia de las lesiones recibidas. La acusación em-plea prácticamente el lenguaje del estatuto. Es verdad que no se alega que el maquinista dejase o hiciese chocar la lo-comotora con la carreta de bueyes, pero se usa un lenguaje equivalente que demuestra con claridad que la negligencia, descuido y falta de circunspección en el manejo de la má-quina produjeron el choque que ocasionó el accidente. T a mayor abundamiento, en el pliego de especificaciones, pro-ducido a solicitud de la defensa, se dice que la negligencia, descuido y falta de circunspección del acusado consistió en correr la locomotora a una gran velocidad y no reducir esa velocidad al aproximarse al sitio del suceso y en no tocar pito ni campana antes de llegar al referido lugar, tocando pito casi en el momento en que chocaba la locomotora con la carreta de bueyes que conducía Crescencio Ramos.

La defensa analiza la acusación conjuntamente con ¡el pliego de especificaciones y llega a la conclusión de que la misma no aduce hechos suficientes para imputar al acusado un delito público. Se alega que en Puerto Rico no existe estatuto penal regulando la velocidad de los trenes, que la única ley que regula esa velocidad es la núm. 70, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 1917 ( (2) pág. 449), y que dicha ley, en su artículo tercero, letra q, se refiere a las compañías de ferrocarril e impone el ■deber a dichas compañías de reducir la velocidad de sué trenes únicamente en los cruces de calle.

En Pueblo v. Rodríguez, supra, citamos con aprobación el caso de Missouri, E. & T. Ry. Co. of Texas v. Luten, 203 S.W. 909, resuelto por la Corte de Apelaciones Civiles de Tejas, donde se dice que aunque el sitio del accidente esté en el campo y no exista ley alguna regulando la velocidad, sin embargo, la negligencia puede ser demostrada por la velo-cidad a que el tren camina cuando se considere en conexión con el sitio del accidente y las circunstancias que lo rodeen.

La velocidad de un tren al aproximarse a un sitio utilizado como vía de tráfico, sin aviso de clase alguna, puede cons-tituir negligencia. 32 C.J., pár. 1827, pág. 244; Central of Georgia R. Co. v. Pope, 127 So. 835. Todo depende del grado de velocidad, la falta de aviso, la situación del cruce y demás circunstancias que deba considerar el jurado para establecer sus conclusiones.

En el presente caso, tanto el elemento de la velocidad como la falta de aviso ban sido alegados en el pliego de es-pecificaciones, donde se dice que la locomotora caminaba a una gran velocidad, que el acusado no tocó pito ni campana antes de llegar al sitio del accidente y que el pito fué tocado casi en el momento en que chocara la locomotora con la ca-rreta de bueyes que conducía Crescencio Eamos. El acu-sado ba sido plenamente informado. La prueba del fiscal tendió a probar estas alegaciones; la de la defensa a contra-decirlas. La controversia quedó francamente establecida y el jurado, apreciando la prueba, dictó su veredicto. Opina-mos que la acusación que sirvió de base a la prueba producida es bastante para sostener el delito imputado, y que debe-desestimarse el error señalado por el acusado sobre este-particular.

Se alega que la Corte de Distrito de Ponce carecía de jurisdicción para juzgar este caso porque la acusación ba sido presentada por el fiscal de la Corte de Distrito de Ponce, basándola en el testimonio de testigos examinados bajo juramento ante el fiscal de G-uayama. Se arguye que la ley requiere que los testigos sean examinados por el fiscal que presenta la acusación o ante un juez instructor, de acuerde con el artículo tercero del Código de Enjuiciamiento Criminal que dice en lo pertinente así:

“Todo delito respecto del cual tuviere jurisdicción original la Corte de Distrito, deberá perseguirse en virtud de acusación presen-tada por el fiscal en sala de justicia y confirmada con su declara-ción jurada que será suficiente si en ella se expresa que la acusación se funda en las declaraciones de testigos- juramentados por él o las-declaraciones de testigos examinados ante un juez instructor, y que-él cree solemnemente que existe justa causa para formular la acu-sación.”

En julio de 1933, cuando ocurrieron los hechos alegados en la acusación, no había empezado a regir la Ley núm. 51 de nuestra Legislatura, que se aprobó en mayo de 1933, para entrar en vigor a los noventa días después de su aprobación. Por esta Ley se separó el distrito de Santa Isabel del distrito judicial de Guayama, quedando anexado al de Ponce. Origi-nalmente la Corte de Distrito de Guayama tuvo jurisdicción sobre el caso. El fiscal de dicho distrito hizo la correspon-diente investigación para determinar si había o no causa para procesar al acusado. En noviembre 16 de 1933, ane-xado ya el municipio de Santa Isabel al distrito judicial de Ponce, se formuló la acusación por el fiscal de este ultimo-distrito, basándola en el testimonio de testigos examinados bajo juramento ante el fiscal de Guayama, creyendo solem-nemente que existía- justa causa para presentarla al tribupal. El fiscal, de acuerdo con la ley, investiga los hechos y si existe causa probable para acusar, presenta la acusación, asumiendo-prácticamente las funciones de un juez instructor. Cuando-no existe gran jurado, como en el presente caso, el fiscal no sólo investiga, como pudiera hacerlo un juez instructor, sino-que también presenta la acusación en el tribunal competente,, basándola en declaraciones juradas. El hecho de que el fiscal de Guayama haya investigado, cuando tenía facultades-para hacerlo, y que sea el fiscal de Ponce el que haya pre-sentado la acusación, no puede tener el efecto que pretende-el acusado. A nuestro juicio la acusación estuvo bien pre-sentada y la corte adquirió jurisdicción para juzgar el caso. Debe desestimarse el error apuntado.

Los errores segundo y tercero se relacionan con la prueba. Se alega que ésta no es suficiente para establecerla culpabilidad del acusado. Sostiene la defensa que deacuerdo con el pliego de especificaciones, el ministerio fiscal estaba circunscrito a probar que el acusado fué culpable denegligencia criminal porque en los instantes en que se acercaba al cruce formado por un camino privado con una vía férrea, corría la locomotora a gran velocidad, sin reducirla al aproximarse al sitio del suceso, y porque no tocó pito ni campana antes de llegar al referido lugar, tocando pito casi en el momento de ocurrir el choque que ocasionó la muerte de Crescencio Eamos.

El accidente ocurrió en un sitio donde la vía del ferroca-rril cruza un camino privado en el término municipal de Santa Isabel. Este camino se utiliza por todos los traba-jadores de la colonia de caña “Río Jueyes”, como vía de tráfico para las distintas faenas agrícolas que allí se llevan a cabo. El choque se produjo en momentos en que Crescencio Ramos conducía un carro tirado por dos yuntas de bueyes y cruzaba el paso a nivel sentado en la lanza del carro. En la parte de atrás del carro iba Carlos Pérez Velázquez de pie. En el momento en que los bueyes delanteros cruzaban la vía se acercó la máquina, pitó, e inmediatamente chocó, arrastrando a Crescencio Ramos a una distancia como de 200 metros, según la prueba de la acusación. El acusado admite que la máquina paró a una distancia como de 60 metros. Carlos Pérez tuvo oportunidad, al ver que se acer-caba la máquina, de tirarse del carro y salir ileso del acci-dente. Crescencio Ramos murió a consecuencia del mismo.

Los testigos presenciales Carlos Pérez Velázquez, Rafael Santiago, Carmelo Martínez, Pedro García y Pedro Martí-nez, declaran que no oyeron otro pito de la máquina que no fuera el que se tocó inmediatamente antes o casi simultánea-mente con el choque. El tren no tocó pito antes de entrar en el paso a nivel, viniendo a tocarlo cuando ya estaba encima •del carro de bueyes. Esta es la prueba presentada por la acusación. Hubo testigo que declaró que el tren iba “es-mandao”, a una velocidad tremenda, cuando ocurrió el cho-que. Toda la prueba del Pueblo tiende a demostrar que la máquina caminaba a bastante velocidad.

El jurado rindió un veredicto de culpabilidad. No creyó, por lo tanto, la prueba de los testigos de la defensa. Ejerció sus funciones de juzgador, apreciando la evidencia aportada y no hay razón alguna para que esta corte altere, modifique o anule el veredicto dictado.

El conductor y el acusado declaran que el tren tocó pito en el sitio acostumbrado. El testigo de la defensa, Ramón G-elabert, ingeniero de la compañía ferroviaria, declaró que hay una señal de pito o silbato en las inmediaciones del paso a nivel, a una distancia como de 119 metros del eje de dicho paso a nivel. También esiste en ese sitio un letrero que dice: “Párese — mire—-oiga.” Todas estas circunstancias demues-tran que la compañía ferroviaria y el propio acusado tenían conocimiento de que era aquél un sitio de tráfico utilizado con alguna frecuencia.

En Ferrer e Hijo v. American Railroad Co., 39 D.P.R. 40, 44, esta corte dijo lo siguiente:

“La distinción principal entre este caso y el de Marrero v. Am. Railroad Co., supra, es que en este último la compañía había reco-nocido el carácter público o cuasi público del cruce al poner letreros que leían ‘Párese, mire y oiga’, demostrando con ello que sabía que el público generalmente pasaba por allí. Sin embargo, no estamos preparados para decir que la demandada no tenía deber alguno, y dadas las condiciones y la opinión de la corte inferior, asumiremos, de no decidirlo, que el camino había tomado tal naturaleza que la demandada tenía algún deber para con las personas que viajaban por el mismo.”

Podemos decir que hemos examinado toda la prueba prac-ticada y nos inclinamos a creer que el jurado estuvo acertado en la apreciación de la misma. Alega el acusado que de acuerdo con la jurisprudencia el maquinista de la locomotora no tiene necesidad de tocar pito al acercarse a un cruce pri-vado. Estas regias no son absolutas. Hay que tener siem-pre en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. La misma jurisprudencia reconoce sus excepciones. El cruce donde ocurrió el accidente se utilizaba frecuentemente por los trabajadores de la colonia “Río Jueyes” y el público tenía acceso al referido cruce. En Puerto Rico existe, ade-más, la Ley núm. 70 de 1917, que en sn artículo tercero, letra q, ■dice lo siguiente:

“Si se tratare de una compañía de ferrocarril etc., deberá ins-talar en sus locomotoras campanas y silbatos, que deberán usarse al acercarse a curvas, túneles y a los cruces de caminos o calles siem-pre que fuere necesario como advertencia de la aproximación de dichas locomotoras y trenes, los que reducirán la velocidad al mínimum en los cruces de calles,”

Esta ley, a juicio de la defensa, se refiere únicamente a cruce de caminos públicos o calles. Asumiendo, sin admi-tirlo, que la ley sea susceptible de esta interpretación, las circunstancias que concurren en este caso, de acuerdo con la jurisprudencia, sostienen el veredicto del jurado. La prueba demuestra que la compañía y el propio acusado tenían cono-cimiento de que el sitio del accidente se utilizaba con fre-cuencia como vía de tráfico. Dentro de estas circunstancias, las personas que acostumbraban cruzar la vía tenían motivos para esperar una señal del tren al aproximarse al cruce. Se ha demostrado que cuando ocurrió el accidente había árboles y cañas alrededor de la vía, que impedían la vista conside-rablemente. Las cañas estaban bastante crecidas y los ár-boles también. Hubo prueba contradictoria en cuanto a la visibilidad del tren al penetrar una persona en el paso a nivel, pero el jurado apreció la prueba y a nuestro juicio ha quedado demostrado que la visibilidad quedaba bastante obs-truida.

Hemos citado anteriormente el caso de Ferrer e Hijo v. American Railroad Co., donde, a pesar de no tratarse de un cruce enteramente público, se resolvió que la compañía ferro-viaria tenía el deber de dar algún aviso y de usar el cuidado ordinario.

En el caso de Chesapeake & O. Ry. Co. v. Young’s Adm’r, 146 Ky. 317, 142 S.W. 709, 712, la Corte de Apelaciones de Kentucky se expresó así:

“Con respecto a los cruces públicos, los operadores del tren tie-nen el deber de anticipar la presencia de aquellas personas que pa-sen por el camino y por esta razón el estatuto requiere que deben darse señales de la aproximación de los trenes a dichos cruces, acom-pañadas de una reducción de la velocidad.
“En L. & N. R. R. Co. v. Engleman’s Adm‘r, 135 Ky. 515, 122 S. W. 833, resolvimos en relación con el deber de las compañías fe-rroviarias en los cruces privados: ‘La empresa puede correr sus tre-nes a la velocidad que le plazca sobre los cruces privados, y no se requiere que se dé noticia de la aproximación de los trenes a tales •cruces, a menos que haya sido costumbre dar esas señales y que las personas que usaban el cruce confiaran en ellas. (Citas.) Por otra parte, se ha sostenido que cuando ha existido la costumbre de dar señales al aproximarse el tren a un cruce privado y las personas que utilizan el cruce confían en esas señales, una persona arrollada por el ferrocarril mientras caminaba por el cruce, por razón de la omi-sión de las señales requeridas, puede obtener indemnización.”

En el caso de St. Louis-San Francisco Ry. Co. v. Ready et al., 15 F (2d) 370, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito se expresó así:

“La única cuestión es si el demandado tiene un deber para con la persona que usa el cruce. Eeady no era un intruso, sino un in-vitado. El tenía derecho a estar donde estaba y el deber de la compañía era darle un aviso razonable de la aproximación del tren. Evidencia de la frecuencia del uso de un cruce privado por per-sonas ajenas a la compañía es admisible para demostrar que tal com-pañía tenía conocimiento y había consentido dicho uso; pero cuando, como aquí, la compañía misma establece el cruce, ella tiene conoci-miento de las condiciones existentes y está obligada a usar cuidado razonable para evitar daños a las personas, sean muchas o pocas, que puedan tener ocasión de usar tal cruce.”

En el caso de Hinkle v. Richmond & D.R. Co., 109 N.C. 472, 13 S.E. 884, resuelto por la Corte Suprema de North Carolina, se dijo lo siguiente:

“En la ausencia de estatutos regulando el tiempo y manera de dar señales, la omisión de un ingeniero a cargo de una locomotora de tocar campana o pito al aproximarse al cruce de un camino pú-blico o un sitio por donde se ha permitido al público cruzar habitual-mente, como la intercepción de un mill-róad o camino vecinal fre-cuentemente usado, es evidencia de negligencia que debe ser some-tida al jurado. (Citas.)”

En el caso de Hartman v. Chicago G.W. Ry. Co., 132 Iowa 582, 110 N. W. 10, 11, la Corte Suprema de Iowa se ex-presó así:

“Se alega en el caso ante nos que de todos modos no existe evi-dencia de negligencia de parte del demandado y que por lo tanto un veredicto en favor del demandante no puede ser sostenido. No es ésa la conclusión que se deriva de los autos. Es verdad que el cruce donde ocurrió el accidente no era un camino público y por lo tanto si debe ser considerado simplemente como un cruce privado, el demandado no tuvo ningún deber estatutario de tocar el pito al apro-ximarse al sitio. (Cita.) Sin embargo, dicbo demandado tenía el deber (common-law duty) de tener conocimiento del lugar y alre-dedores de sus cruces privados, y si en vista de tales circunstancias la seguridad de las personas que usasen legalmente tal cruce requería el toque de pito o campana, o el uso de otra precaución o aviso, en-entonces la omisión de hacerlo así sería negligencia. Además, cuando la compañía obstruye y evita el uso del camino público, y por lo tanto, a sabiendas, desvía el tráfico a un cruce privado, en el mismo vecindario, creemos que mientras perdura este estado- de cosas, el último cruce debe ser tratado como público de tal manera que re-quiera el uso de las señales estatutarias por los trenes que se apro-ximan. Además hay, como ya hemos observado, evidencia en el sen-tido de que la compañía demandada tenía la costumbre de observar esta precaución, y el no hacerlo en la mañana del accidente, tendía materialmente a sostener la alegación de negligencia hecha por el demandante. ’ ’

Sin parar mientes en el estatuto de Puerto Rico, que obliga a las empresas ferroviarias a instalar en sus locomo-toras campanas y silbatos que deberán usarse al acercarse a curvas, túneles y a los cruces de caminos o calles, la ju-risprudencia citada -basta para sostener el veredicto en el caso de autos. Dada la prueba practicada, tenemos que lle-gar a la conclusión de que tanto la compañía ferroviaria como el acusado tenían pleno conocimiento de que el cruce donde ocurrió el accidente era utilizado con alguna frecuencia como vía de tráfico. x

Como cuarto motivo de error se alega que la corte trasmitió al jurado la siguiente instrucción:

“De modo que ésas son las consideraciones que el jurado debe tener en cuenta para resolver sobre la negligencia en este caso, por parte de quien la ba habido; y quiere decir la corte, repite, que no basta que Creseencio Ramos hubiera sido negligente, sino que esa negligencia tiene que haber sido de tal manera que únicamente la causa de la muerte fuera la negligencia de Creseencio Ramos, por-que si no era solamente ésa la causa de la muerte, sino que también la causa de la muerte y del choque, lo fué la negligencia del ma-¡ quinista del ferrocarril, él puede ser declarado culpable del choque y de la muerte de Creseencio Ramos.’’

No cometió el tribunal a quo el error que se le atribuye. En el caso de El Pueblo v. Francis, 19 D.P.R. 692, sostuvo esta corte que para que la negligencia del interfecto consti-tuya una excusa completa y pueda eximir totalmente de res-ponsabilidad al acusado, tiene que ser de tal naturaleza que lleve al ánimo del juzgador el convencimiento de que más que negligencia contribuyente fué la única negligencia pro-ductora del daño.

En el quinto motivo de error se alega que el tribunal a quo se negó a someter al jurado la siguiente instrucción:

“La corte instruye al jurado que para sostener la acusación en el presente caso y autorizar un veredicto de culpabilidad, incumbe al señor Fiscal probar un grado de negligencia por parte del acu-sado, mayor que la que sería necesaria para sostener una acción civil de daños y perjuicios.”

Las instrucciones de la corte fueron bastante claras y co-rrectas en relación con el grado y la clase de negligencia que debió haberse probado contra el acusado. No fué necesaria la instrucción sometida para que fuese trasmitida al jurado. La negligencia criminal es una cuestión de grado que no es susceptible de una definición precisa. No deben, por lo tanto, someterse al jurado instrucciones que, aunque se ajusten a los principios de ley, puedan crear confusión en la mente de dicho cuerpo deliberativo, especialmente cuando la corte ha dado amplias instrucciones protegiendo los derechos del acu-sado.

Marzo 27, 1936

También se alega que la corte cometió error al negar la siguiente instrucción:

“No hay duda alguna de que el acusado tenía derecho a correr la locomotora que guiaba a cualquier velocidad, por no haber ley. alguna reglamentando la velocidad en ese sitio y por no aparecer de la acusación, ni de la evidencia aportada al caso, hecho o cir-cunstancia alguna que obligara al maquinista a correr a una velo-cidad menor que la que llevaba su locomotora inmediatamente antes del suceso.”

Dadas las circunstancias que concurren en este caso, en-tendemos que la corte actuó correctamente al negarse a so-meter al jurado la instrucción anteriormente copiada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

EN MOCION -DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor CÓRdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En un extenso e interesante alegato solicita el acusado la reconsideración de nuestra sentencia, insistiendo en que la acusación no adnce hechos bastantes para constitnir nn delito y en qne habiendo planteado la cuestión de qne el pliego de particulares suplido por el ministerio fiscal no constituye una alegación' ni subsana los defectos capitales de la acusación, esta corte, sin embargo, no ha hecho pronunciamiento alguno en cuanto a este último particular, por lo cual, según el acu-sado, “nos encontramos en la misma situación que antes de someter el caso a la decisión final de esta Hon. Corte.”

Arguye -la representación del acusado que como abogado en el ejercicio activo de la profesión tiene interés en que se resuelva cuál es el efecto y consecuencia en esta Isla de Puerto Rico de un pliego de particulares suplido a una acu-sación que juzga insuficiente, siendo éste el motivo que le induce a solicitar se resuelva la cuestión propuesta por el apelante en su alegato original.

Sostiene el distinguido abogado que su alegación de que la acusación es insuficiente, bien considerada aislada o conjuntamente con el pliego de particulares, parece no haber sido entendida por esta Hon. Corte. A nuestro juicio, es el abogado quien parece no haber entendido la opinión de este tribunal, porque nosotros no estamos obligados a resolver si un pliego de particulares en una causa criminal puede considerarse o no como una enmienda a una acusación, cuando hemos llegado a la conclusión de que esa acusación aduce hechos bastantes para imputar un delito público. En la opinión que emitiéramos hemos dicho que la acusación que sirvió de base a la prueba producida es bastante para sostener el delito imputado y hemos dicho además lo siguiente, discutiendo la cuestión planteada por el acusado:

“A juicio de la defensa ha debido especificarse en qué consistió la supuesta negligencia o el supuesto descuido o la supuesta falta de circunspección que se atribuyen al acusado. Se añade que por regla general la acusación es suficiente cuando emplea el mismo lenguaje del estatuto, pero que en el presente caso no basta el uso de ese len-guaje. Se arguye que en una acusación contra un chauffeur basta con que se alegue que debido a la negligencia temeraria o descuido de ese chauffeur ocurrió un choque, porque los automóviles circulan por vías públicas y el mero hecho de circular por dichas vías esta-blece una obligación o deber del conductor para con el viandante, lo que no ocurre cuando se maneja la locomotora por terrenos pertene-cientes a la empresa ferroviaria. En este caso, según la defensa, es necesario alegar la existencia de un cruce público o la concurrencia de hechos de donde surja un deber u obligación por parte del ma-quinista para con la persona que sufrió el accidente. Esta cuestión ha sido decidida por nosotros en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 47 D.P.R. 600, donde citamos jurisprudencia sosteniendo que cuando el acusado queda informado de la naturaleza del delito de que debe responder es innecesario alegar detalladamente en qué consiste la negligencia que se le atribuye. En State v. Watson, 216 Mo. 420, citado por nosotros con aprobación en el referido caso, se dijo lo siguiente:
“ ‘En nuestra opinión no era esencial que la acusación expusiera detalladamente en qué consistió el descuido, impericia o negligencia; y que la alegación de que guiaba y conducía este automóvil por una calle pública descuidada, aviesa y negligentemente servía para noti-ficar al acusado de que no usaba, manejaba o conducía su automóvil de conformidad eon la ley o las ordenanzas de la ciudad que regla-mentan el uso y manejo de tales vehículos. Evidentemente el acu-sado sabía que tendría que afrontar la imputación de descuido, im-pericia y negligencia en el manejo de su automóvil, y al hacer frente a tal imputación es indudable que su única defensa hubiese sido que guiaba y conducía el automóvil de conformidad con las leyes y or-denanzas de la ciudad, debidamente aprobadas, para reglamentar el manejo de tales vehículos. El acusado no pudo ser inducido a error por esta alegación. A él no pudo tomársele por sorpresa. Según las alegaciones contenidas en esta acusación, él debió saber que el estado trataría de probar todos y cada uno de los hechos que ten-dían a establecer cualquier clase de negligencia, descuido o impericia en el manejo de ese vehículo.’
“En la acusación se alega que el maquinista guiaba la máquina con tanta negligencia, descuido y falta de circunspección, que dicha máquina chocó con una carreta de bueyes resultando de dicho cho-que gravemente lesionado el ser humano Crescencio Hamos, quien fa-lleció casi instantáneamente a consecuencia de las lesiones recibidas. La acusación emplea prácticamente el lenguaje del estatuto. Es ver-dad que no se alega que el maquinista dejase o hiciese chocar la locomotora con la carreta de bueyes, pero se usa un lenguaje equi-valente que demuestra con claridad que la negligencia, descuido y falta ele circunspección en el manejo de la máquina produjeron el choque que ocasionó el accidente.”

Luego de establecer estas conclusiones, dijimos que “a mayor abundamiento”, es decir, además de las alegaciones contenidas en la acusación, “en el pliego de especificaciones, producido a solicitud de la defensa, se dice que la negligencia, descuido y falta de circunspección del acusado consistió en correr la locomotora a una gran velocidad y no reducir esa velocidad al aproximarse al sitio del suceso y en no tocar pito ni campana antes de llegar al referido lugar, tocando pito casi en el momento en que chocaba la locomotora con la carreta de bueyes que conducía Crescendo Ramos.”

La cuestión, a nuestro juicio, ha sido resuelta. El abogado del acusado, sin embargo, nos apremia para que nosotros repudiemos la jurisprudencia establecida por este tribunal con respecto a las alegaciones que en casos de muerte criminal debe contener una acusación. Convenimos en que hay tribunales que sostienen que cuando la muerte ha sido causada por acción u omisión (omission of duty or negligence) todos los hechos y circunstancias esenciales para demostrar la negligencia deben ser alegados en la acusación, pero hay también tribunales que sostienen que cuando se alegan los actos en que el acusado ha estado comprometido, la acusación es suficiente sin necesidad de decir detalladamente en qué consistió la negligencia. En general una acusación es suficiente cuando informa al acusado del delito que se le imputa. Esta última teoría es, a nuestro juicio, la más acertada y justa, porque, sin ocasionar perjuicio al acusado, simplifica y facilita la administración de justicia. Ésta es la tendencia que parece predominar en las más recientes decisiones, sobre todo en aquellos estados en que las leyes de procedimiento criminal son similares o idénticas a las nuestras.

En el caso de State v. Gondeiro, 82 Mont. 530, 268 P. 507, la acusación fué excepcionada por insuficiente. En este caso se alegó que el acusado, eu 14 de agosto de 1927, en el Con-dado de Cascade, estado de Montana, y antes de radicarse la acusación, cometió el delito de homicidio, a saber: que el acusado voluntaria, ilegal, conocida y criminalmente dió muerte a Mary Bykari, un ser humano, contrario a la forma del estatuto, etc. Éstos fueron los únicos hechos alegados contra el acusado, quien, mientras manejaba un automóvil, mató a una persona que se hallaba en su propio carro al chocar con otro carro que caminaba en dirección opuesta. El Tribunal Supremo de Montana, en una interesante y labo-riosa opinión, sostuvo que la acusación era suficiente. Copia-mos a continuación algunos de los fundamentos en que se basa dicho tribunal para sostener la acusación:

“Toda persona versada en leyes sabe que de acuerdo con las an-tiguas leyes de Inglaterra el campo de un acusado para ejercitar su defensa estaba grandemente limitado. Debido a esta limitación, para proteger al acusado se estableció el sistema de alegaciones cri-minales del derecho común bajo el cual se consideraba necesario ale-gar el delito imputado con la mayor particularidad. Este sistema condujo al absurdo. La razón dada para establecerlo fué que el acu-sado debía ser completamente informado de la causa con el fin de que pudiese preparar su defensa. Aprovechándose de estos tecnicis-mos autorizados por la ley, el criminal con demasiada frecuencia es-capaba la acción de la justicia, abusado de las reglas adoptadas para su protección y convirtiendo la administración de la ley poco menos que en un escándalo público. Durante centurias este sistema ayudó a los criminales a evadir la responsabilidad criminal, con detrimento de la ley, sin ofrecer ninguna ayuda a la administración de justicia. Poniendo de relieve el mal apuntado, dice la Corte Suprema de California en People v. King, 27 Cal. 507, 87 Am. Dec. 95: ‘Bajo el pretexto de informar al acusado de la naturaleza del cargo de que debía defenderse fué necesario, de acuerdo con el derecho común, describir los medios mediante los cuales se cometió el homicidio, y la naturaleza y extensión de la herida y el sitio exacto de la misma. Como consecuencia necesaria de este requisito una ligera variante entre la prueba y la alegación frecuentemente impedía una convic-ción, no importa cuán manifiesta fuese la culpabilidad del acusado.
“ ‘Para remediar este mal el Parlamento inglés hace más de 75 años aprobó una “Ley para mejorar la administración de justicia en la rama criminal.” El artículo 4 de la misma disponía que en una acusación por' asesinato u homicidio no sería necesario especificar la manera en que ocurrió la muerte o los medios que la causaron, siendo suficiente alegar en una acusación por asesinato que el acusado criminal y voluntariamente, y con malicia premeditada, dió muerte y asesinó al interfecto, y bastando en una acusación por homicidio ale-gar que el acusado mató criminalmente al interfecto.’ (14 & 15 Vict., Cap. 100.) Un estatuto similar ha sido aprobado por varios de los estados de la unión. Hace más de sesenta años que la Corte Suprema de California, en el caso de People v. King, supra, dijo: ‘Una ten-dencia a liberalizar mucho de esta antigua rigidez y severidad en procedimientos criminales se ha manifestado en la práctica moderna y en armonía con la misma la legislatura de este estado ha sustituido en lugar del viejo un nuevo sistema de práctica y procedimiento que conserva todos los elementos del primero en tanto en cuanto se hace necesario para proteger los derechos sustanciales del acusado, y des-carta todos los elementos que no sirven ningún buen propósito y so-lamente tienden a hacer embarazosa y dificultar la administración de justicia. Este sistema prescribe algunas reglas sencillas y claras para determinar la suficiencia de las alegaciones y declara que tales reglas servirán de base para alcanzar este fin.’ (Art. 235.) El artículo 235, citado en la opinión, fue incorporado en el Código, Pena] de California con el número 948. De California lo tomamos nosotros y aparece en los Estatutos Revisados do 1921 con el número 11841.”

El artículo citado, en vigor en California, Montana, Idaho y otros estados, tiene su equivalente en el 66 de nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Criminal y dice así:

“Todas las formas de alegación en acciones penales y las reglas por virtud de las cuales se determina la suficiencia de las alegacio-nes, son las que prescribe este código.”

La importancia de este artículo en los códigos estaduales estriba en que de acuerdo con el mismo son las reglas pres-critas por el código las que deben servir de base para deter-minar la suficiencia de las alegaciones en las acciones penales. Estas reglas aparecen consignadas en los artículos 66, 71, 72, 75 y 82 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal y en sus equivalentes de los códigos de California, Idaho y Montana. No hay para qué decir que entre nosotros no son de aplicación las antiguas reglas, por razones que re-sultán obvias y porque debemos sujetarnos a las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal.

También la Corte Suprema de Idaho en State v. Gee, 48 Idaho 688, 248 P. 849, dice que esta disposición del estatuto contenida en el artículo 8823 de los Estatutos Compilados de-dicho estado fué adoptada con el propósito de abolir la seve-ridad del derecho común con respecto a la forma de redactar las acusaciones. Este caso de Idaho es muy interesante. Estudia y analiza los artículos 8214, 8823, 8825, 8826, 8827 y 8834 de los Estatutos Compilados del estado, equivalente el primero al artículo 203 de nuestro Código Penal y los siguientes a los artículos 66, 71, 72, 75 y 82 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal. En dicho caso el acusado, que guiaba un automóvil, arrolló y dió muerte a Harry Tage. En la acusación se imputa al acusado un delito de homicidio (w,cmslcmgM&r), alegándose que:

“Charles H. Gee, de Boise, Condado de Ada, estado de Idaho, el día 9 de marzo de 1928, en Boise, Condado de Ada, estado de Idaho, allí y entonces, voluntaria, ilegal y criminalmente dió muerte al ser humano Harry Tage, todo lo cual es contrario a la ley para tal caso provista y a la paz y dignidad del estado de Idaho.”

Reconoció el acusado “que las acusaciones en el estado de Idaho podían formularse usando el lenguaje del estatuto, pero alegó con énfasis que cuando el estado acusa de homi-cidio involuntario, basado en violaciones de un estatuto o en omisiones de actos negligentes, la acusación debe establecer la manera y los medios de la comisión del homicidio.” La Corte Suprema de Idaho sostuvo la suficiencia de la acusa-ción, expresándose en los siguientes términos:

“Puede concederse que una mayoría de los tribunales en este país, bajo el mismo o similares estatutos, sostiene la posición del apelante. Es también aparente que la tendencia moderna de las decisiones ju-diciales, evidenciada por las opiniones de las cortes anteriormente ci-tadas y las opiniones de los más altos tribunales de las jurisdicciones hermanas, es hacia una forma de acusación más simple y concisa en causas criminales. (Citas.)
“El Juez Presidente Callaway, de la Corte Suprema de Montana, en una bien razonada opinión (State v. Gondeiro, 82 Mont. 530, 268 P. 507, 509), sostiene una acusación por bomicidio bajo los códigos revisados de Montana, 1921, art. 10959, en un caso en que los becbos fueron algo similares a los ocurridos en el presente caso . . .
“Antes de que nuestro artículo 8214 de los Estatutos Compilados fuese enmendado en 1921, su lenguaje era idéntico al artículo 30959 d.e los Códigos Revisados de Montana, definiendo el bomicidio, siendo ambos iguales al estatuto de California que define el mismo delito. Nuestro presente estatuto es sustancialmente igual al de Montana en la sección referida, y los artículos 11841, 11842, 11843, 11844, 11845, 11852 y 11853 de los Códigos Revisados de Montana de 1921 son prácticamente idénticos a los artículos 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8834 y 8835 de nuestros Estatutos Compilados. La opinión en el caso de Montana es, por lo tanto, de una gran fuerza persuasiva.
“Si el apelante en una simple acusación de asesinato, de acuerdo con la evidencia, hubiese sido convicto de homicidio', el asesinato im-putado sostendría tal convicción. (Citas.) En virtud de una acu-sación de bomicidio voluntario, una convicción de homicidio involun-taro, bajo nuestro estatuto, ha sido sostenida. People v. Pearne, supra. Y de todos modos, si el acusado no fuese suficientemente in-formado por los términos de la acusación con respecto al cargo que debe rebatir, en un caso dado podría demandar un pliego de especi-ficaciones. Aunque el derecho para hacerlo no ha sido reconocido por nuestros estatutos, esta corte ha soslfenido que un acusado ten-dría derecho a tal pliego de especificaciones acogiéndose a la sana discreción del juzgador . . .
“La acusación sustancialmente se ajusta a los requisitos del ar-tículo 8834 de los Estatutos Compilados y otros artículos del Código Penal a que nos hemos referido, y no parece que el apelante haya sido privado de ningún derecho sustancial al requerírsele que con-teste dicha acusación.”

El artículo 203 de nuestro Código Penal, que define el liomieidio voluntario e involuntario, es idéntico al artículo 10959 de los Códigos Revisados de Montana, y sustancial-mente igual al artículo 8214 de los Estatutos Compilados de Idaho. T el artículo 8834 a que se refiere lá Corte Suprema •de Idaho en el último párrafo de la opinión que hemos «opiado, es sustancialmente igual al artículo 82 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal que en su inciso sexto dice que “la acusación es suficiente si de ella se deduce que la acción u omisión considerada como delito está expuesta, clara y distintamente en lenguaje corriente y conciso, sin repetición, y de tal modo que facilite a cualquier persona de inteligencia común, conocer lo que se quiere decir.”

Basta con las decisiones citadas. Creemos innecesario-acudir a las decisiones de los tribunales de otros estados que sostienen la misma doctrina. En algunos de ellos se dice que es innecesario alegar el deber del acusado hacia el inter-fecto bajo las circunstancias y que debe sostenerse una acusa-ción que alega hechos esenciales (ultimate facts), en términos-generales, aunque no impute (charge) negligencia culpable u otro grado de negligencia eo nomme. Decir más sería alegar evidencia. State v. Lester, L.R.A. (N. S.) 1915D, 201. Otras decisiones sostienen que una alegación es bastante, cuando informa a un acusado que ha matado a una persona guiando un automóvil, que lo hizo de una manera ilegal* descuidada y negligente. Madding v. State, 177 S. W. 412.

El acusado, sin embargo, insiste en sostener que esta jurisprudencia no debe aplicarse en el caso de una muerte causada por la compañía ferroviaria, porque las circunstancias son distintas. Nosotros no vemos la distinción. Lasdisposiciones del código no autorizan que se distinga entre una acusación por homicidio establecida contra el maquinista de una locomotora y el conductor de un automóvil. Las mismas reglas deben aplicarse en ambos casos. La jurisprudencia de los tribunales que sostienen el criterio seguido por este tribunal se basa en el derecho escrito y cubre toda clase de acusaciones en que por negligencia criminal o descuido se haya privado de la vida a una persona.

Ratificando las conclusiones establecidas en nuestra opi-nión original, sostenemos la suficiencia de la acusación en el presente caso, donde, como ya hemos dicho, se alega que Carmelo Pagán voluntaria e ileg'almente y en ocasión en que como maquinista guiaba una máquina del ferrocarril, lo hizo con tanta negligencia, descuido y falta de circunspección, que dicha máquina chocó con una carreta de bueyes, resultando de dicho choque gravemente lesionado el ser humano Crescendo Ramos, quien falleció casi instantáneamente como con-secuencia de las lesiones recibidas en el citado accidente.

En cuanto a la cuestión planteada por el abogado sobre el pliego de especificaciones, deseamos hacer constar que la jurisprudencia sostiene que los defectos de una acusa-ción no quedan subsanados por el hecho de que se haya pre-sentado dicho pliego para ofrecer una información más amplia al acusado. Casi toda la jurisprudencia que hemos examinado se refiere a indictments y alguna a la acusación que en la nomenclatura legal americana se conoce con el nombre de information. Existe cierta diferencia entre aque-llos cargos formulados por un gran jurado mediante indictment y los que se formulan por el fiscal mediante informa-ción. En el primer caso el fiscal no puede enmendar los cargos formulados por el gran jurado; en el segundo está autorizado para enmendar la acusación. ¿Puede hacerlo por medio de un pliego de especificaciones? Cuestión es ésta que no deseamos resolver en el presente caso. Es claro que" el fiscal no puede, mediante un pliego de especificaciones, sub-sanar los defectos de un mdictmemt formulando nuevos cargos, sobre los cuales no tuvo oportunidad de emitir su juicio el gran jurado. (State v. Williams, 14 Tex. 98, 129.) La cuestión varía cuando ese pliego de especificaciones se presenta en una acusación formulada por el fiscal. Hay tribunales, sin embargo, que sostienen que el pliego referido, aunque sea presentado por el fiscal en una acusación, no puede considerarse como una enmienda a la misma. (State v. Long, 129 La. 777, 156 So. 884.) Aunque la doctrina sentada por la Corte Suprema de Louisiana pueda ser correcta, en esa jurisdicción, nos abstenemos de emitir nuestro criterio sobre esta cuestión porque creemos debe resolverse cuando sea necesario hacerlo, después de un estudio detenido y una cuidadosa consideración.

Hay otros particulares tratados por el acusado en su moción de reconsideración que no creemos necesario consi-derar, porque no presentan ninguna cuestión nueva y no exigen, a nuestro juicio, más amplia discusión.

No ha hogar a la reconsideración solicitada.


author: El- Juez Asociado Señor Cóedova Dávila,

text:
    Cantero Fernández & Co., Inc., en Sindicatura, demandante y apelado, v. Gerardo Baldrich Correa, demandante y apelante.
    No. 6835.

    Sometido: Enero 15, 1936.

      Resuelto: Enero 23, 1936.

      Carlos del Toro Fernández, abogado del apelante; Besosa & Besosa, abogados de la apelada.
   El- Juez Asociado Señor Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Eugenio Fernández, síndico de Cantero Fernández & Co., Inc., promovió demanda a nombre de dicha corporación en cobro de dinero contra Gerardo Baldrich Correa. En la referida demanda se alega lo siguiente:

‘ ‘ Qué allá para marzo de 1929 la Sra. doña Mercedes de la Torre “tenía una cuenta corriente con la corporación Cantero Fernández & Co., Inc., en cuya fecha era émpleado de la corporación demandante ■en este caso el demandado Gerardo Baldrich Correa.
“Que allá para esa misma fecha el demandado en este caso com-pró una casa a la señora doña Mercedes de la Torre, debiendo hacer un pago a dicha señora de $935.
“Que como parte de ese pago de $935 quedó convenido entre la ■corporación demandante, Cantero Fernandez & Co., Inc., y el de-mandado Gerardo Baldrich Correa, y la señora doña Mercedes de la Torre, que la corporación demandante abonaría la suma de $600 a. la cuenta corriente de la señora Mercedes de la Torre con la de-mandante en este caso, Cantero Fernández & Co., Inc., y el deman-dado Gerardo Baldrich Correa entregaría a dicha señora recibo de $600 como parte del efectivo de $935 del producto de la cantidad que debía pagar el demandado, Gerardo Baldrich Correa, en la com-pra de dicha casa, y cargándosele en cuenta dicha suma de $600 al demandado, Gerardo Baldrich Correa, por la corporación Cantero Fernández & Co., Inc.
‘ ‘ Que dicha transacción se llevó a efecto y a la señora doña Mercedes de la Torre le fué abonada a su cuenta la suma de $600 que le fué cargada en cuenta por la corporación demandante al deman-dado Gerardo Baldrich Correa, quien debía pagar dicha deuda a la corporación demandante en pagos parciales.
“Que el demandado Gerardo Baldrich Correa -nunca ha hecho abono alguno a la citada cuenta de $600, no obstante los múltiples requerimientos de la demandante, Cantero Fernández & Co., Inc., al demandado Gerardo Baldrich Correa para el pago de dicha can-tidad.
“Que ni el demandado ni persona alguna por él, ha pagado dicha cantidad de $600 ni parte de la misma a la demandante en este caso.”

Gerardo Baldrich Correa, que fué la parte emplazada por el marshal, presentó una moción eliminatoria a la demanda, la cual fué declarada sin lugar. Luego contestó dicha de-manda, negando específicamente los Reclios esenciales con-tenidos en la misma.

Establecida así la controversia, el día señalado para jui-cio, al comenzarse a practicar la prueba, advirtió la parte demandante que no era el demandado, sino su hijo, la persona contra quien debía dirigirse la causa de acción ejercitada. Cuando declaraba la Sra. Mercedes de la Torre, se ofreció como prueba una carta firmada por dicha señora, dirigida a los Sres. Cantero Fernández & Go., Inc. El demandado, Gerardo Baldrich Correa, se opuso a la admisión de dicha carta por referirse a un Gerardo Baldrich, sin demostrarse que ese Gerardo Baldrich fuese el mismo Gerardo Baldrich y Correa demandado en este pleito. Compareció ante la corte este último señor a petición de su abogado, para ser identificado por la Sra. Mercedes de la Torre, quien declaró que no era la persona relacionada con la transacción. Se-ñaló entonces el demandante al Sr. G-erardo Baldrich. y Gó-mez, que se hallaba en el tribunal, siendo identificado por la Sra. de la Torre como la persona con quien hizo la tran-sacción. Según la prueba este último señor resulta ser hijo de Gerardo Baldrich y Correa. El márshal que diligenció el emplazamiento declaró que notificó a Baldrich padre y no al hijo. La demandante solicitó la suspensión del juicio y pidió autorización para enmendar su demanda en el sentido de dirigirla contra Baldrich hijo, alegando que ésa fué su intención desde un principio y que se demandó al padre por error. La corte de distrito declaró sin lugar la demanda, por entender que la misma no era susceptible de enmienda, absolviendo a la demandante del pago de las costas incurridas por el demandado. Este último pronunciamiento es la base del presente recurso de apelación. Se alega que la corte inferior cometió error al dictar su sentencia sin especial condenación de costas. El tribunal a quo basa su fallo en que no hubo temeridad de parte de la demandante y en que el demandado no actuó en la forma en que debió hacerlo, advirtiendo a la demandante del error en que había incu-rrido, evitando así gastos y costas de su parte.

Hemos resuelto en repetidas decisiones que la imposición de costas es una cuestión que descansa en la sana discreción del tribunal juzgador. Esta discreción no puede ser arbi-traria y debe ejercitarse juiciosamente teniendo en cuenta, el grado de culpa, si la hubiere, de la parte perdidosa. En Goffinet v. Polanco, 32 D.P.R. 907, se revocó el pronuncia-miento sobre costas impuestas a los demandantes por haberse demostrado que los mismos no actuaron de mala fe o con te-meridad. En el presente caso la parte apelada demandó por equivocación al padre, cuando su propósito fué ejercitar su acción contra el hijo. Ambos familiares tienen el nombre de Gerardo Baldrich, distinguiéndose solamente por el ape-llido materno. No hay duda de que no hubo temeridad ni mala fe de parte de la demandante. Sin embargo, la ausencia de temeridad o mala fe no es el único factor a considerar enando se demanda a una persona completamente ajena a la acción ejercitada. Ordinariamente la parte que así actúa debe sufrir las consecuencias de sus propios actos, indemni-zando a un tercero inocente, equivocadamente demandado, de las costas que baya podido ocasionarle con motivo de su error. En este caso, sin embargo, concurren circunstancias que no pueden pasar inadvertidas por nosotros al considerar el fallo del tribunal inferior. El padre demandado no mues-tra sorpresa porque se le exija el cumplimiento de una obli-gación que no ba contraído. No acude inmediatamente a la corte para adoptar la actitud de una persona inocentemente sometida a una tribulación judicial. Por el contrario, pre-senta una moción dilatoria, solicitando la eliminación del liecbo cuarto de la demanda, por ser inmaterial e imperti-nente de acuerdo con el artículo 123 del Código de Enjuicia-miento Civil. Y el becbo cuya eliminación se solicita dice así: “Que el demandado en este caso, Gerardo Baldricb Co-rrea, es mayor de edad y vecino de San Juan, Puerto Pico.” La alegación mencionada, aun en el supuesto de que fuese superflua, es tan trivial e inofensiva que no se explica que solicite su eliminación, dilatando innecesariamente los proce-dimientos, una parte que ba sido injusta y viciosamente de-mandada. Luego el padre demandado ofrece una contesta-ción hábilmente elaborada, en la cual niega por información y creencia que para marzo del año 1929 u otra feeba doña Mercedes de la Torre tuviera cuenta alguna con Cantero Fernández & Co., Inc., y niega también de propio conocimiento que el demandado baya sido jamás empleado de Cantero Fernández & Co., Inc. Niega que en marzo de 1929 o en otra fecba hubiera comprado una casa u otra propiedad u objeto alguno a doña Mercedes de la Torre, y que tuviera que hacer a ésta pago alguno por ese u otro concepto, y niega que con-viniese con la corporación demandante y doña Mercedes de la Torre que aquélla abonase a ésta la suma de $600 ni ninguna otra en su cuenta corriente por ningún motivo y que se car-gasen tales $600 al demandado que comparece. La demanda, que no aparece jurada, filé objeto de una negación específica. El demandado, qne pndo negar lisa y llanamente los hechos-alegados en la demanda, con los cuales no tuvo conexión al-guna, prefirió redactar una contestación específica en la cual empieza negando que doña Mercedes de la Torre tuviera cuenta alguna con Cantero, Fernández & Co., Ine. En el mo-mento de la celebración del juicio se hallaban presentes en la corte padre e hijo. Ambos fueron traídos a presencia de la señora de la Torre, quien indentifieó al segundo como la persona con quien celebró las transacciones relacionadas con ella que se alegan en la demanda. Es raro que el hijo aparezca en la corte en compañía del padre en el mismo instante en que va a celebrarse la vista de la causa, y es raro también que el padre no tuviese conocimiento de que las alegaciones de la demanda sobre la compra de la casa y pago parcial de la misma se referían a transacciones llevadas a cabo por la se-ñora de la Torre y Cantero Fernández & Co., Inc., con su refe-rido hijo. Tres meses y pico transcurrieron desde que se ini-ció la acción hasta la fecha en que se celebró el juicio, sin que el error cometido hubiese sido descubierto. Estas circunstan-cias no acusan buena fe ni demuestran sana intención de parte del demandado. En estas condiciones no podemos de-cir que la corte inferior estuviese desacertada al dictar su sentencia sin especial condenación de costas, en el ejercicio de sus facultades discrecionales.

Debe confirmarse la sentencia apelada.