author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Dolores Herrero, demandante y apelante, v. Aboy, Vidal & Co., Inc., y Arturo Gallardo, demandados y apelados.
    No. 5399.

    Sometido: Mayo 22, 1931.

      Resuelto: Mayo 27, 1931.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; L. Vergne Ortiz y B. A. Arroyo Ríos, abogados de los apelados expresados, respectiva-mente.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Aboy, Vidal & Co. entabló acción en la Corte Municipal de San Juan contra Arturo Gallardo, y obtuvo mandamiento de embargo dirigido al márslial de la Corte Municipal de Carolina, quien practicó la traba en cierto ganado en ese municipio. Doña Dolores Herrero reclamó la propiedad em-bargada, y al presentar los documentos acostumbrados ob-tuvo la posesión de la misma. El mársbal, en vez de ar-chivar esos documentos en la Corte Municipal de Carolina, los remitió con su diligenciamiento a la de San Juan. El secretario de la Corte Municipal de San Juan entonces no-tificó a la reclamante y a las partes en el pleito original que los papeles habían sido radicados en esa corte. Luego el juez de la Corte Municipal de San Juan ordenó que se formali-zara la cuestión por escrito, y concedió a la reclamante diez días para presentar su petición. La reclamante no hizo ges-tión posterior alguna. Más tarde su instancia fue desesti-mada por abandono.

La corte de distrito desestimó una apelación por frívola, porque, en ausencia de alegaciones en la corte municipal, nada había sobre qué basar un juicio de novo.

La sección 3 de la “Ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles”, (Estatutos Revisados, sección 5334) lee en parte así:

“. . . . Al anunciarse la vista de la apelación el tribunal, a instancia del apelante revisará y tomará en consideración cuales-quiera providencias, resoluciones o autos por los cuales se creyere aquél perjudicado. Resueltas que fueren estas cuestiones, se pro-cederá a la vista de la causa, a menos que la corte estimare que la demanda o contestación está sujeta a excepción previa, y en tal caso, la corte, a su arbitrio, podrá permitir que se enmiende dicba de-manda o contestación. Una vez dispuesto el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio. ...”

Bajo esta sección, creemos que la corte de distrito tiene poder para oír y determinar cualquier cuestión de derecho dirigida a la jurisdicción de la corte, y para revocar la sen-tencia de esa corte por falta de jurisdicción, sin necesidad de un juicio de novo. Este punto no se presentó ni decidió en Muriente v. Terrasa, 22 D.P.R. 738, citado por el juez de distrito. Es bueno agregar que ninguna cuestión de tal na-turaleza se suscitó bien en la corte municipal o en la de dis-trito, pero la apelante no estaba obligada a exponer el fun-damento de su recurso antes de que el caso fuera llamado en la corte de distrito.

La apelante sostiene ahora que la Corte Municipal de San Juan carécía de jurisdicción para juzgar la cuestión del título a los bienes embargados en otro municipio. El caso de Insular Motor Corporation v. La Corte de Distrito, 41 D.P.R. 126, parece ser decisivo de esta cuestión. De todas formas, la corte de distrito erró al desestimar por frívola la apelación procedente de la corte municipal.

Debe revocarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Texidor,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Estrella, acusado y apelante.
    No. 4297.

    Sometido: Marzo 6, 1931.

      Resuelto: Mayo 28, 1931.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado. ■
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia en este caso se lee:

“El referido acusado, Manuel Estrella, ilegal'y voluntariamente, y con intención de causarle grave daño corporal, acometió y agre-dió con un revólver, que es un arma mortífera, al ser bumano Gustavo Palés Matos, disparando varios tiros, con uno de los cuales le dió en el brazo derecho, donde le produjo una herida de bala,.de pronóstico reservado y que es una herida grave y de la cual fue curado de primera intención en el Hospital Municipal de dicho pueblo, y después en el de Guayama, P. R.”

El caso fué oído en apelación por la Corte de Distrito de Ghiayama, qne impuso al acusado 50 dollars de multa, y en defecto de su pago, un día de cárcel por cada dollar que no pagase. De la sentencia apeló el acusado, que presenta a nuestra resolución cuatro cuestiones, en forma de asignación de errores en la sentencia.

Como primer error se alega el de haberse declarado al acusado culpable sin haberse probado su intención de causar un daño grave a Gustavo Palés Matos.

En la ley y en la jurisprudencia es doctrina antigua y constante la de que toda persona intenta la consecuencia natural de sus actos. El que dispara un revólver contra una determinada persona, y hiere a otra, es responsable de de-lito, sea homicidio, sea lesión el resultado del disparo.

No es necesario presentar gran número de citas de auto-ridades. En el caso The People v. Patrick Raker, 92 Michigan Reports 165, el acusado fué convicto de acometimiento con intención de causar grave daño corporal a John Peterson. El acusado había solicitado que se instruyera al ju-rado con respecto al propósito o intención específica de aco-meter a Peterson; la corte negó la instrucción, y dió al ju-rado otra de que si el acusado disparó sobre una muchedum-bre con el propósito de herir a cualquiera, podía ser con-victo, aunque no se demostrara intención especial de herir a Peterson. En la decisión que anotamos, se citan los casos State v. Nash, 86 N. C. 650, State v. Myers, 19 Iowa 517, Smith v. Com., 100 Penn. St. 324, y otros, y de ellos la doc-trina de que cuando una persona dispara sobre una muche-dumbre, es culpable de acometimiento a cualquiera que re-sulte herido. T ésa fué la teoría de la decisión.

En la decisión en el caso State v. Gilman, 31 Am. Rep. 257, la Corte Suprema de Maine declaró que si una persona dispara un arma sobre un número de personas, con el propó-sito de herir a A, y no lo hiere, pero sí a B, es culpable de ataque con intención de cometer homicidio. T en la misma forma se expresó la Corte Suprema de Illinois en el caso Dunaway v. The People, 110 Illinois Reports 333.

Las citas que dejamos hechas, resuelven, no sólo en cuanto al primer señalamiento de error, sino también en lo que se refiere al tercer señalamiento.

Se ha señalado como error el que el tribunal declaró que los actos del policía Estrella fueron ilegales.

Por nuestro estatuto, ningún oficial de orden público o ¡seguridad tiene el derecho de arrestar a una persona por razón de delito menos grave que no se ha cometido en su presencia; y en ningún caso puede emplear más fuerza que la necesaria para llevar a cabo el arresto. Disparar el re-vólver en un lugar de tránsito de personas, es exponerse grave y temerariamente a causar un daño a un inocente.

De las resultancias de la prueba en este ca,so, no puede deducirse que el policía Estrella estuviera en la necesidad de usar su revólver, ni aun para atemorizar al fugitivo; pero si lo hizo con este propósito, pudo dirigir el arma hacia arriba, evitando que el proyectil fuera a herir a cualquier transeúnte. La pena que se le impone por los hechos de que se le acusó, seguramente no le convierte en un criminal cas-tigado ; es más bien la omisión, de prudencia la que se cas-tiga, por razón del resultado producido.

En cuanto a la apreciación de la prueba no encontramos que el juez de distrito cometiera error alguno. Se demostró que Estrella corría en persecución de un indivi-, duo de quien razonablemente sospechaba que había cometido un hurto,' y quien después de estar en la entrada del cuartel le dió un golpe, y echó a correr; que el herido Gustavo Palés estaba en un coche automóvil, tranquilamente sentado, cuando Estrella disparó su .revólver dos veces, y Una de las balas hirió a Palés, que era extraño a la fuga del detenido. No aparece que el posible hurto de cigarrillos de que se sospechó al detenido fuera cometido delante del guardia Estrella, ni que éste se viera amenazado en su vida o integridad personal, y tuviera que Racer uso del arma que llevaba. El juez de distrito apreció correctamente la prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Miguel Bernat y Ferrer, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 846.

    Sometido: Mayo 28, 1931.

      Resuelto: Mayo 29, 1931.

      José Sabater, abogado del recurrente; el Registrador recurrido no. compareció.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Jaime Enseñat y Mayol, como apoderado de Lucas Antonio Bernat y Ferrer, vecino de Palma, España, vendió a don Miguel Bernat y Ferrer, vecino de Las Marías, Puerto Rico, una finca rústica de veinticinco cuerdas, más o menos, de terreno en el. barrio Espino, término municipal de Las Marías, consignándose este contrato por escritura pública otorgada en 5 de marzo de 1931 ante el notario don José Sa-bater y Barcia, en Mayagüez.

Una copia de esta escritura fué presentada al Registro de la Propiedad acompañándose a la misma copia legalizada de un poder especial otorgado por don Lucas Antonio Ber-nat en Soller, Palma, Baleares, en 14 de enero de 1928 y ante el notario don Jaime Domenge, por el que el poderdante “confiere poder tan amplio y bastante cual en derecho se requiera y sea necesario a su hermano Miguel Bernat y Fe-rrer, casado, residente en Soller, y a su amigo Jaime Ense-ñat y Mayol, soltero, residente en Las Marías (Isla de Puerto Rico), mayores de edad y comerciantes, para que así juntos, como cada uno de por sí, y en nombre y representación del otorgante, vendan por el precio y condiciones que crean conveniente, todas las fincas urbanas y rústicas que posea el otorgante en el término de Las Marías de la indicada Isla; para que compren fincas rústicas y urbanas, derechos y otros bienes, -también por el precio y pactos que estimen oportu-nos; y para que otorguen y.firmen las escrituras y otros documentos que para los objetos expresados necesarios fue-ren. ’ ’

El Registrador de la Propiedad de Mayagüez denegó la inscripción de la venta comprendida en el referido docu-mento expresando en su nota que el motivo de la denegación es el siguiente:

“Poe. CUANTO la venta la efectúa el señor Enseñat a nombre del dueño de la finca Lucas Bernat y Ferrer, como apoderado, a favor de Miguel Bernat y Ferrer, quien es también apoderado del expre-sado dueño de la finca vendida, Lucas Bernat y Ferrer, según el poder que se lia tenido a la vista, y de acuerdo con lo que deter-mina el No. 2 del artículo 1362 del Código Civil, dicha compra-venta es nula.”

El registrador tiene razón. El artículo 1362 del Código Civil dice lo siguiente:

“No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pú-blica o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
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“2. Los mandatarios, los bienes de cuya administración o ena-jenación estuviesen encargados.”

Encargados estos apoderados de la enajenación de todas las fincas urbanas y rústicas de su poderdante, o al menos facultados para ello expresamente y por poder especial, es indudable que los dos están inclusos en la prohibición del artículo 1362, y, por consiguiente, incapacitados para com-prar esos mismos bienes.

Se confirma la nota del registrador.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Nicolasa Suárez, en representación de sus hijos menores de edad Santos y Domingo Suárez; y Felipe Suárez, por sí mismo, demandantes y apelados, v. Sucesión de Bruno Lanausse, compuesta de su hermana Josefina Lanausse, demandada y apelante.
    No. 5641.

    Sometido: Mayo 18, 1931.

      Resuelto: Mayo 29, 1931.

      Miguel Bahamonde, abogado de la apelante; José Q. Torres Baila-berry, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre filiación iniciado por “Nicolasa Suárez en representación de su hijo menor de edad Santos Suárez, Domingo Suárez y Felipe Suárez contra la Sucesión de Bruno Antonetti compuesta de su hermana Josefina La-nausse”. Se emplazó personalmente a Josefina Lanausse, en la representación indicada, el 28 de octubre de 1930. No contestó. Se anotó su rebeldía. Se señaló la vista del pleito para el 12 de diciembre de 1930. Compareció sólo la parte demandante. Practicóse parte de la prueba, quedando el caso abierto para introducir la documental. Esta parece que puso de manifiesto que el nombre del causante no era el fi-jado en la demanda, enmendándose así: “Nicolasa Suárez en representación de sus hijos menores de edad Santos Suá-rez y Domingo Suárez; Felipe Suárez por sí mismo, v. Su-cesión de Bruno Lanausse, compuesta de su hermana Josefina Lanausse”. El 16 de enero de 1931, la corte dictó sen-tencia favorable a los demandantes. No conforme la de-mandada, interpuso el presente recurso de apelación, seña-lando como error el cometido a su juicio por la corte al dic-tar sentencia sobre la base de una demanda substancialmente enmendada que no le fué notificada.

La cuestión suscitada es nueva en esta jurisdicción e interesante.

No hay duda alguna que la demandada fué émplazada de la primitiva demanda, que no contestó y que su rebeldía fué anotada. Bajo esas condiciones, el juicio pudo celebrarse en su ausencia y dictarse en contra suya una sentencia entera-mente válida.

La cuestión es si habiéndose enmendado la demanda sin notificar a la demandada, pudo dictarse sentencia en su contra.

Corptis Juris, al referirse a las enmiendas de las alega-ciones en su tratado sobre las sentencias en rebeldía, fija la regla a seguir, así:

“Cuando la demanda se enmienda en alguna materia substan-cial después de estar el demandado en rebeldía, la enmienda abre el caso en rebeldía, y no puede dictarse sentencia basada en tal re-beldía, a menos que se notifique al demandado y se le entregue copia de la alegación enmendada, dándosele oportunidad de contestar, y entonces deje de hacerlo dentro del tiempo correspondiente. Cuando, sin embargo, la enmienda no se refiere a algo substancial sino a un asunto impertinente o de forma, la notificación o la entrega de copia, no son necesarias para poderse registrar sentencia en rebel-día.” 34 C. J. 157.

¿Se trata aquí de enmiendas substanciales? Se varió el carácter con que compareció la demandante Nicolasa Suárez, en cnanto a uno de los liijos, y se varió la condición de los demandantes y de la demandada, demandando los primeros como Rijos de Bruno Lanausse en vez de Rijos de Bruno Antonetti y demandándose a la segunda como la sucesión de Bruno Lanausse en vez de como la sucesión de Bruno An-tonetti. En cuanto a la primera enmienda nada dice la ape-lante. Con respecto a parte de la segunda el nervio de su argumentación puede encontrarse en el siguiente párrafo de su alegato:

“Es cierto que la demandada fué emplazada, pero lo fué de una demanda la cual ella no tenía que contestar, para no exponerse in-necesariamente a un pleito, ya que ella no componía la sucesión de ningún Bruno Antonetti. Pero, cuando el litigio se varió, plan-teándose éste en debida forma, cuando ya era necesaria su inter-vención, ¿cómo podía ella defenderse, si no fué notificada de la de-manda enmendada? (Pág. 8 de la trans.) ¿Debo yo exponerme innecesariamente a un pleito donde se alegue que yo compongo la sucesión de mi hermano Juan Sánchez, y se interese la filiación de varias personas que se alegan son sus hijos, cuando yo no tengo nin-gún hermano de ese nombre? ¿Puede mi silencio en el primer ins-tante interpretarse como que yo no tengo por qué defenderme cuando se presente una demanda enmendada, alegando que yo compongo la sucesión de mi hermano Juan Bahamonde?”

Ni la apelante ni la apelada citan jurisprudencia alguna concreta en relación con enmiendas sobre el nombre de las partes. En el propio tratado sobre sentencias en rebeldía de Corpus Juris, encontramos lo que sigue:

“Por regla general, una sentencia en rebeldía sólo puede ir • contra aquellas personas que están propiamente designadas o des-critas como partes en la demanda, y que han comparecido o se les ha notificado debidamente; y no contra personas que no han sido designadas o descritas, aunque se les haya notificado; ni contra aquellas personas que no se han hecho partes.en el asunto.
“Una sentencia en rebeldía debe ir contra el demandado en su nombre real y verdadero, y una sentencia dictada contra una persona que ha sido demandada y notificada bajo un nombre ficticio es irregular, a menos que la demanda se enmiende mediante la inser-ción del verdadero nombre.” 34 C. J. 149 y 150.

Hemos estudiado los cas°os en que se basa la nota y no encontramos ninguno igual, ni similar siquiera al presente. En uno de ellos, Kinger v. Stroch, 36 N. E. 519, se cita el de Vogel v. Brown Tp., 112 Ind. 299, como sosteniendo que “la regla general es que si se emplaza a la propia parte bajo un nombre erróneo y deja de comparecer a alegar el error, queda afectada por la sentencia dictada en su contra.”

Esa regla podría favorecer a la demandante en este caso. Sin embargo, parece lo más seguro bajo las circunstancias, seguir el principio fundamental de procedimiento que exige que las enmiendas substanciales se notifiquen aun a la parte que se encuentra en rebeldía, y aquí el cambio de nombre debe considerarse como una enmienda substancial, ya que la demandada puede alegar con razón que ella nunca fué lla-mada a responder a la corte como la sucesora de su hermano Bruno Lanausse, conocido por Antonetti. La pureza del pro-cedimiento exige la notificación.

Si la parte demandante en vez de dejar para última hora la preparación de su prueba documental la hubiera tenido lista a tiempo, hubiera podido entrar a juicio con su de-manda enmendada y hubiera podido cumplir con el requi-sito de la notificación sin dificultad.

Debe revocarse, pues,, la sentencia apelada y devolverse el caso a la Corte de Distrito de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Ex parte Rosaura, Blanca Alicia, Esther María, Lydia, María, Alvilda, Aida, Ada Zoraida y Alpha Antonia, Née Ortiz, bajo la patria potestad de su madre Doña Emilia Ortiz Vargas, peticionarias apeladas, y Arturo Lluberas Rodríguez, opositor apelante.
    No. 5457

    Sometido: Noviembre 26, 1930.

      Resuelto: Mayo 29, 1931.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Eosaura Ortiz y sus siete hermanas, debidamente repre-sentadas por su madre, radicaron una petición ante la Corte de Distrito de Ponce solicitando se les declarara únicas y universales herederas de Eosa Lluberas Eodríguez, sin per-juicio de la cuota usufructuaria perteneciente al viudo Francisco Carreras.

Las peticionarias archivaron su solicitud fundándose en que ellas eran hijas adoptivas de dicha Eosa Lluberas Eo-dríguez y en que ésta al tiempo de su fallecimiento no dejó descendientes o ascendientes de clase alguna.

La petición fué presentada el 18 de septiembre de 1930, y ese mismo día Arturo Lluberas Eodríguez compareció y ra-dicó un escrito oponiéndose a las reclamaciones de las pe-ticionarias, y alegando que él era único y universal here-dero de Eosa Lluberas Eodríguez de conformidad con un testamento ológrafo otorgado por ella el 22 de mayo de 1925.

La adopción y el testamento ológrafo fueron proba-dos debidamente en el juicio y no surge punto de becho al-guno. La única cuestión presentada para su decisión a la corte de distrito y a nosotros es si los hijos adoptivos tie-nen derecho a heredar como herederos forzosos o si son en realidad tales herederos forzosos. Es prácticamente la misma proposición resolver que en ausencia de los herede-ros forzosos previamente señalados por la ley los hijos adop-tivos tienen derecho a heredar aunque el adoptante otorgue testamento en que constituya a otra persona como su única heredera. La Corte de Distrito de Ponce resolvió a favor de los hijos adoptivos. La corte y las partes han discutido principalmente el alcance de los artículos 203 y 202 del Có-digo Civil en el orden citado, que leen así:

“Artículo 203'. — El .adoptado tendrá en la familia del adop-tante los derechos y deberes y la consideración de un hijo legítimo, con la excepción establecida en el artículo anterior.”
“Artículo 202.- — La adopción no perjudicará en ningún caso los derechos que correspondan a los herederos forzosos, y que subsistirán como si la adopción no se hubiese verificado.”

Después de expresar quiénes son generalmente herederos forzosos bajo el código, la corte citó dél artículo 186 del Có-digo Civil, que provee:

“Los hijos legítimos tienen derecho: 1. A llevar los apellidos del padre y de la madre. 2. A recibir alimentos. 3. A la herencia legítima. ’ ’

La corte entonces dijo:

“Al disponer el artículo 203 del Código Civil Revisado que el hijo adoptivo tendrá en la familia del adoptante, los mismos dere-chos que un hijo legítimo, es indudable que tiene derecho a heredar lo mismo que heredaría un hijo legítimo.”

La corte entonces resolvió que esta conclusión estaba for-tificada por el artículo 202 y que la adopción en ningún caso debía afectar los derechos de los herederos forzosos.

Se llamó la atención hacia las disposiciones del antiguo' Código Civil español que provee en su artículo 177 lo que-sigue:

“El adoptante no adquiere derecho alguno a heredar al adop-tado. El adoptado tampoco lo adquiere a heredar, fuera de testa-mento, al adoptante a menos que en'la escritura de adopción se haya éste obligado a instituirle heredero. Esta obligación no surtirá efecto alguno cuando el adoptado muera antes que el adoptante. El adop-tado conserva los derechos que le corresponden en su familia natural, a excepción de los relativos a la patria potestad.”

La corte resolvió que era muy significativo que dicho ar-tículo 177 no fuera reproducido en el Código Civil puerto-rriqueño y dedujo que fue la intención de la Legislatura al promulgar el estatuto, considerar para los efectos heredita-rios a los hijos adoptivos como verdaderos hijos legítimos del adoptante, sin perjudicar desde luego los derechos de los he-rederos forzosos. Todo esto debe considerarse en conexión con las limitaciones a la adopción.

Creemos que el razonamiento de la corte inferior fuá com-pleto, pero nos entregaremos a algunas consideraciones adi-cionales en respuesta quizá al apelante. Si bien este último presentó varios señalamientos de error, ello se hizo sólo para, atacar la proposición expuesta por la corte.

Podría decirse que el argumento principal del apelante fue que como el Código Civil declaraba quiénes son herede-ros forzosos y no incluía a los hijos adoptivos, tal exclusión militaba contra la conclusión de que los hijos adoptivos po-drían en cualquier caso convertirse en herederos forzosos. Pudieran o no los hijos adoptivos ser designados específi-camente como herederos forzosos, convenimos con la corte sentenciadora en que a ellos se les dan los mismos derechos, que a los hijos legítimos. En otras palabras, no importaría que a ellos se les llamara herederos forzosos o no. Se ha dado mucho énfasis al hecho de que, de conformidad con el artículo 203, un hijo adoptivo sólo tiene derechos en la fa-milia del adoptante. En cualquier concepto de sucesión universal, la palabra “familia” significa infinidad de cosas. Probablemente comprenda la idea de tal sucesión universal.. El artículo 202 aclara este punto al decir que los derechos de los hijos adoptivos no perjudicarán en ningún caso los derechos que correspondan a los herederos forzosos. Como el legislador al referirse a herederos forzosos en el artículo 203 trata de los derechos hereditarios, sería una conclusión necesaria que para los hijos adoptivos existen derechos he-reditarios, a menos que haya tales herederos forzosos. El derecho de heredar surge solamente a la muerte del cau-sante. En ausencia de otros herederos legítimos, los hijos adoptivos heredan como hijos legítimos.

El apelante llama nuestra atención al hecho de que con anterioridad a la aprobación del artículo 177 del Código Civil español, cuando los hijos adoptivos tenían ciertos derechos hereditarios, estos derechos no prevalecían ante un testamento otorgado por el adoptante, y se hace una cita de Manresa a ese efecto. 2 Manresa, Comentarios al Código Civil, 76. No hemos comprobado la ley existente con anterioridad a la aprobación del Código Civil español, pero estamos convencidos de que ella no puede intervenir con la intención de la Legislatura, según expresan los artículos 202 y 203 tomados aisladamente.

, El apelante admite que el artículo 203 es nuevo en nues-tro sistema. Ese artículo excluye la idea de que la Legisla-tura sólo tuvo en mente el sostenimiento, la educación y algo similar.

Si bien como hemos dicho creemos que el razonamiento de la corte inferior resuelve el caso, haremos otras consideraciones. Los artículos 202 y 203 no están solos. Los artículos 200 y 201 proveen lo que sigue:

“Artículo 200. — Cualquiera persona puede adoptar a otra por hijo suyo.
“Artículo 201. — El adoptante debe bailarse en el pleno uso de sus derechos civiles y haber cumplido la edad de treinta y siete años y además deberá tener por lo menos diez y ocho años más que el adoptado.”

Ninguna de las partes aparentemente lo ha discutido, pero ¿cuál es ia fuerza del artículo 200 tomado por sí solo? El uso de la palabra Mjo en su significado general, ordinario y usual quiere decir que tal Mjo tendrá para con el adop-tante las mismas relaciones que un Mjo ordinariamente tiene con sus padres. Especialmente en una controversia civil, la palabra adopción lleva consigo que la persona adoptada tiene todos los derechos de un Mjo corriente. En tiempos roma-nos mi Mjo adoptivo entraba plenamente bajo la patria po-testad de la persona que lo adoptaba.

En Vidal v. Commagere, 13 La. Ann. 516, que es un caso muy citado, estaba envuelta una ley de la Legislatura que au-torizaba la adopción de un huérfano. En Louisiana por el código de 1808 se abolió el derecho de adopción (In re Upton, 16 La. Ann. 175) pero fué restaurado el 1865. Por tanto, en la época en que se decidió el caso de Vidal v. Commagere, supra, no existía ley alguna sobre la materia de adopción en ■el estado de Louisiana. Por consiguiente, la corte tenía que interpretar lo que quiso decir la Legislatura al usar la pa-labra adopción. La corte dijo: “Si tomamos la significación más conocida y usual de la palabra adoptar, hallaremos que ella significa ‘llevar a un extraño a la propia familia como hijo y heredero; tomar a uno que no es un hijo y tratarlo como tal, autorizándole a gozar de los privilegios y derechos de un hijo.’ Webster’s Die. verbo adopt.” La corte de-mostró que así había sido entendida anteriormente la adop-ción en Louisiana y que “no debe suponerse que el legisla-dor ignorara este estado de cosas o que usara la palabra en un sentido más limitado del que de antiguo fuera conocido por nuestras leyes; y es regia de hermenéutica que las le-yes que tratan de la misma materia pueden ser consideradas, ora estén en vigor o derogadas.”

En varios estados de la Unión se aprobaron estatutos so-bre adopción. Las leyes anteriores se referían a la distri-bución de la herencia o a otros extremos que daban cier-tos derechos a los “vástagos” (issue) o “descendientes” (descendants) de un finado. Las cortes generalmente han resuelto que los hijos adoptivos deben ser por tanto consi-derados como vastagos o descendientes, aunque es claro qne originalmente ninguna de estas palabras podía significar otra cosa qne la prole. In re Newman, 75 Cal. 213; Batchelder v. Walworth, 37 L.R.A. (N.S.) 849, casos citados e historia; Riley v. Day, 44 L.R.A. (N.S.) 296; Ross v. Ross, 129 Mass. 243; In re Hebb’s Estate, 134 Wash. 424; 1 R.C.L. 619; 11 C.J. 752; 1 C.J. 1398, pár. 128. Todas estas autoridades tratan de la proposición principal. De ignal modo, en Pnerto Rico, donde el estatuto otorga el derecho de adopción, no es gran esfuerzo decir que la Legislatura quiso significar que la persona así adoptada cayera dentro del significado de he-redero forzoso. Sujeto a restricción, se confiere al adop-tivo el status de hijo legítimo.

Conforme hemos dicho, el artículo 200 por sí mismo otorga derechos, y los artículos posteriores solamente fijan ciertas limitaciones sobre tales derechos, que, bajo el artículo 186 incluyen el derecho a heredar. Consideramos que un esta-tuto sobre adopción debe ser interpretado liberalmente en favor del hijo adoptivo, al igual que se ha hecho en otras ju-risdicciones. Bilderback v. Clark, 9 A.L.R. 1622; In re Hebb’s Estate, 134 Wash. 424, 427; 1 R.C.L. 595.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Francisco A. Suárez Pelegrina, peticionario apelado, v. Mercedes Margarita y José Simeón Ponce, interventores apelantes.
    No. 5126.

    Sometido: Abril 22, 1930.

      Resuelto: Mayo 29, 1931.

      José Veray Jr., abogado de los apelantes; Mariano R. Acosta y Luis A. Rosario, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de na caso en que la Corte de Distrito de Agua-dilla resolvió que los hijos adoptivos no tenían derechos he-reditarios. Toda la cnestión ha sido suficientemente cu-bierta por la opinión y sentencia dictadas en el caso de Rosaura née Ortiz et al. v. Lluberas Rodríguez, No. 5457, re-suelto en esta misma fecha, y la sentencia arpelada debe ser revocada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


text:
    Rosa, Monserrate, Rafaela, Rafaela Monserrate, Eduardo y Soledad Pérez Casalduc y Luisa Torres, demandantes y apelados, v. Manuel Díaz Mediavilla y su esposa Aciscla Vázquez y The Federal Land Bank of Baltimore, demandados y apelantes.
    No. 4621.

    Sometido: Mayo 4, 1931.

      Resuelto: Mayo 29, 1931.

      Francisco Parra Capó y López de Tord <& Zayas Pizarro, abogados de los esposos Díaz Mediavilla; José B. Aponte, abogado del Banco Federal; E. Pérez Casalduc, como abogado, por sí; y M. García Méndez, abogado de los otros apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En julio 18 de 1930 este tribunal confirmó una sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo en el caso arriba titulado (41 D.P.R. 349). El 24 de julio los de-mandados y apelantes solicitaron prórroga para radicar una moción de reconsideración. Consiguientemente, el mandato fue retenido en esta corte. En agosto 9, 1930, se archivó una moción de reconsideración. Hubo una petición para enmendar la aludida moción, y la moción de reconsideración enmendada fue radicada aparentemente alrededor -del 12 de agosto. En 5 de septiembre de 1930 los demandados y ape-lantes apelaron para ante la Corte de Circuito de los Esta-dos Unidos para el Primer Circuito y se admitió el recurso. El 29 de octubre, 1930, los demandados y apelantes archiva-ron otra petición para enmendar su moción de reconside-ración, y la moción enmendada fue archivada alrededor del 28 de octubre. En 20 de enero, 1931, se declaró sin lugar la moción de reconsideración. El 17 de abril de 1931 los demandados y apelantes presentaron un nuevo escrito de ape-lación. En abril 21, 1931, los demandantes y apelados radi-caron una oposición a que se admitiera el recurso, el cual había sido solicitado el 17 del mismo mes y año.

La teoría de la oposición a que se concediera el recurso era que los apelantes sólo tenían derecho a una apelación y que cuando la Corte de Circuito de Apelaciones había ad-quirido jurisdicción, no se podía admitir ningún otro recurso.

En noviembre 26, 1930, la Corte de Circuito de Apelacio-nes tuvo ante sí el caso de Saurí v. Saurí, 45 Fed. (2nd) 90. La corte resolvió que una moción de reconsideración, pre-sentada ante este tribunal suspendía el término para apelar. Dicha corte citó el caso de Citizens Bank of Michigan City v. Opperman, 249 U. S. 448, al efecto de que hasta que se re-suelva una moción de reconsideración no podía considerarse definitiva una sentencia. De ahí se desprende necesaria-mente que el término para apelar solamente comienza desde el momento en que se resuelve una moción de reconsidera-ción.

Tal vez podría surgir una duda al efecto de que ape-lando, mía parte abandona sn moción de reconsideración. Las autoridades citadas resuelven lo contrario, mas en el presente caso la duda es disipada por los hechos ocurridos. Los demandados y apelantes, según demuestran los hechos ya expuestos, insistieron en su moción de reconsideración. Que la apelación no suspendió el derecho de este tribunal a considerar la moción de reconsideración, fué el criterio de esta corte al decidir la moción de reconsideración. 41 D.P.R. 734.

Debe admitirse la apelación.


text:
    Rosa, Juana, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras y Freyre, demandantes y apeladas, v. José E. Pérez y su esposa Camelia Paoli y Hernández & Hnos., demandados y apelantes. Rosa, Juana, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras y Freyre, demandantes y apeladas, v. José E. Pérez y su esposa Camelia Paoli y María y Severo Candelario Becerril, demandados y apelantes.
    Nos. 4542 y 4543.

    Sometidos: Enero 17, 1930.

      Resueltos: Mayo 29, 1931.

      J. Tons Soto, P. Amado Rivera y J. Pérez Cordero, abogados de los apelantes; A. Marín Marión, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Estos son dos casos que se tratan conjuntamente, segiin todas las partes ban entendido.

En un pleito de reivindicación, los demandantes alegaron, y durante el juicio lograron demostrar, que su causante era dueño de una finca en Santurce, lindante por el norte con Joaquín Villamil y otro; por el este, con el Municipio y otras personas; por el oeste con José Conrado Hernández; y por el sur con varias personas que es innecesario mencionar. Que es innecesario mencionar, decimos, porque la prueba revela que los terrenos al norte de tales lindes dejaron de pertenecer enteramente a los demandantes o a. cualquiera de sus predecesores en título. La finca descrita mostraba al inscribirse en el registro una cabida de 8,050 metros con 43 centímetros cuadrados. Se admite que a virtud de ventas, varias parcelas fueron segregadas de la finca principal basta que el predio se redujo a no más de 3,836 metros 62 centímetros cuadrados. Los demandantes alegaron, y la corte resolvió, que los demandados estaban en posesión de unos 614 metros cuadrados pertenecientes a los demandantes. La porción reclamada en estos dos pleitos linda por el norte con el Hospital Municipal, y por el este en parte también con el mismo hospital.- Por el oeste linda con la Avenida José de Diego; y por el sur con Josefina Eivera y la prolongación de la Avenida Antonsanti. Ahora, si bien la descripción de la finca principal colocaba a Joaquín Villamil al norte, la prueba tendió a demostrar que él ad-quirió terrenos de Carreras, predecesor en título de los de-mandantes, y los cedió al Municipio o. al hospital. De suerte que los lindes nórticos de la finca de los demandantes son casi como lindes naturales.

La corte resolvió que los demandantes han identificado suficientemente su finca. No sólo se probó la colindancia septentrional y parte de la colindancia oriental, sino que los apelados demostraron que puede esperarse que Josefina Ei-vera se hallara al sur con motivo de ciertas compras hechas a Carreras, de quien arranca el título de los demandantes. Una discusión adicional de la prueba puede hallarse en la opinión de la corte de distrito.

Convenimos con los apelados en que no favorece a los apelantes entregarse a especulaciones en el sentido de que la finca de los demandantes se redujo por concesiones para ca-lles, como la Avenida de Diego, reduciéndose así la tenencia-total de los demandantes a la nada. Cuando, sin embargo, la corte hizo una relación de la prueba que tendía a demos-trar la identificación, incumbía a los apelantes demostrar que esa apreciación era errónea. Dejaron de hacer esto. No hallamos que la corte considerara prueba que ella había resuelto era inadmisible.

No hallamos que sean sostenibles los varios señalamien-tos de error tendentes a probar que no se le debió dar peso al testimonio de tal o cual testigo. O no se hizo objeción a la declaración, o era inadmisible bajo un principio de repu-tación o algo similar, v.g., Wigmore, pár. 1586.

Una vez inscrito el título del predecesor de los demandantes, el peso de la prueba recaía sobre los demandados para establecer que la inscripción no había sido hecha debidamente.

Los apelantes muy correctamente sostienen que el peso de la prueba recaía sobre los demandantes, y que éstos no podían confiar en que los demandados dejaran de esta-blecer su propio título. Los actores no descansaron en la carencia de título de los demandados. No obstante, éstos alegaron afirmativamente en su contestación que su título procedía de determinada fuente. La prueba no justificó esta alegación de origen. Esa falta es, o una admisión, o prueba circunstancial para por lo menos fortalecer la posición de los demandantes.

El demandado Pérez no puede alegar que es mi tercero. El tenía conocimiento de la reclamación de los demandantes, liabía pensado en adquirir de ellos, y compró con sus ojos abiertos. Sabía que sus supuestos antecesores en título habían cercado los terrenos reclamados.

Respecto a la alegación de tercero bajo la ley hipotecaria, todos los demandados pudieron averiguar haciendo el más leve examen del registro que la descripción hecha al inscribirse la finca era nueva y repentina, de todo punto inconexa con cualquiera inscripción anterior.

No vemos motivo alguno para intervenir con la discreción de la corte al imponer las costas.

Hemos cubierto directa o indirectamente los distintos se-ñalamientos de error discutidos, y debe confirmarse la sen-tencia recurrida.


author: El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Guzmán, acusado y apelante.
    No. 4438.

    Sometido: Mayo 19, 1931.

      Resuelto: Mayo 29, 1931.

      A. Porrata Doria, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelada
   El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Luis G-uzmán fué acusado de asesinato y declarado reo de homicidio voluntario. El primer señalamiento es que el juez de distrito erró al manifestar al jurado que se trataba de un caso de homicidio voluntario.

Después de instruir al jurado en el sentido de que el delito de homicidio estaba comprendido en una acusación por asesinato en segundo grado, el juez explicó la diferencia entre asesinato y homicidio, y entre homicidio voluntario e involuntario. Por vía de ilustración, dió dos ejemplos de homicidio involuntario, “pero”, agregó, “desde luego el homicidio involuntario no nos ocupa ahora porque estamos más bien dentro de mi caso de homicidio voluntario.”

No hubo prueba alguna de homicidio involuntario. Eso fué lo que la corte quiso decirle al jurado. El jurado no te-nía motivo alguno para creer que en opinión del juez el acu-sado era culpable de homicidio voluntario, y no lo tenemos nosotros para entender que el jurado fue inducido a error en ese sentido. El error, de haberse cometido, no era justi-ficativo de lá revocación.

Otra contención es que, siendo toda la prueba cir-cunstancial, la corte erró al no instruir al jurado en cuanto a la naturaleza de esa evidencia.

Durante el día del suceso, Luis Guzmán y Arcadio Gon-zález sostuvieron una ludia de boxeo que culminó en una riña. Por la noche, Guzmán estaba tocando una guitarra y cantando en casa de Leopoldo Pérez. También había otros huéspedes. González apareció en la puerta e hizo una obser-vación elogiosa en torno a la música. Pérez convino en que la música estaba buena e invitó a González a que entrara. Cuando trataba de hacerlo, fué acometido por Guzmán. Se agarraron mutuamente y cayeron abajo. De acuerdo con la prueba de cargo, cuando los que estaban presentes salieron de la casa, hallaron que González estaba herido y que Guz-mán se había fugado. Según algunos testigos, González en-tonces dijo que Guzmán lo había herido.

Los testigos de la defensa declararon que cuando los cir-cunstantes salieron de la casa detrás de Guzmán y González, éste tomó un garrote y se disponía a agredir a Guzmán con él; que entonces dos de los presentes agarraron a Guzmán mientras el resto de los circunstantes, le arrebataron el garrote a González; y que éste, al zafarse de ellos, dijo: “Es-toy herido.”

El abogado de la defensa interrogó a mi número de tes-tigos acerca de alguna fricción previa entre González y un tal Flor de Jesús, que estaba entre los presentes. Ninguno de esos testigos tenía conocimiento alguno de la cuestión a que se refirió el abogado, y no hubo prueba de un disgusto anterior.

Así, pues, la alegada naturaleza circunstancial de la prueba descansa en el hecho de que ninguno de los testigos oculares vió el arma én manos de Guzmán, y en la remota posibilidad (asumiendo que la versión del acusado de lo que ocurrió fuera de la casa sea cierta) de una herida causada por alguna otra persona mientras el gentío trataba de qui-tarle el garrote a González. Fuera de la simple indicación de una base puramente supuesta para posible mala voluntad de parte de Flor de Jesús, nada lrubo que mostrara la exis-tencia de nn móvil de parte de cualquiera otro qne no fnera Guzmán.

La mejor práctica es instruir al jurado sobre prueba cir-cunstancial en todos los casos en que la prueba en conjunto, o aun en parte, es de ese carácter, pero el que "se dejara de hacerlo en el presente caso no constituye error que dé lugar a la revocación, por dos motivos: primero, porque la prueba no fué enteramente circunstancial, y, segundo,' porque la prueba en conjunto era tan clara y concluyente que colocaba el caso dentro de la reconocida excepción a la regla general que exige una instrucción, ora se solicite o no, en casos en la línea divisoria o dudosos. Véase la nota al caso de Gardner v. State, 15 A. L. R. 1049-1061.

El caso de El Pueblo v. Crespo, 21 D.P.R. 300, no es apli-cable.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y ITexidor están con-formes con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Augusto Saavedra Riquelme, acusado y apelado.
    No. 4171.

    Sometido: Noviembre 20, 1930.

      Resuelto: Junio 2, 1931.

      R. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelante; M. A. Martines Da-vila y L. Llorens Torres, abogados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal estableció esta apelación porque la Corte de Dis-trito de Aguadilla ordenó el sobreseimiento provisional y el archivo de la acusación contra el apelado por no alegarse en ella de modo claro una relación fiduciaria del acusado como depositario.

La acusación en lo necesario dice así:

“El fiscal formula acusación contra Augusto Saavedra Riquelme por un delito de abuso de confianza (felony) cometido de la manera siguiente: El referido acusado Augusto Saavedra Riquelme, con an-terioridad a la presentación de esta acusación, o sea, allá por el mes de noviembre de 1929, y en el término municipal de Aguadilla, que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, P. R., allí y entonces dicho acusado Augusto Saavedra Riquelme, mientras actuaba como agente y depositario de la suma de nueve mil quinientos dólares ($9,500), pertenecientes a los esposos Adolfo Saavedra Solá y Victoria Feliciano, y cuya suma estaba destinada al uso exclusivo de dichos Adolfo Saavedra Solá y de Victoria Feliciano, allí y entonces dicho acusado Augusto Saavedra Riquelme, a sabiendas de que sus deberes y obligaciones como tal depositario de dicha suma de dinero eran las de depositar, guardar y desembolsar dicho dinero por orden y bajo la dirección de dichos Adolfo Saavedra Solá y Victoria Feli-ciano, faltando a sus deberes y obligaciones como tal depositario, ma-liciosa, voluntaria y fraudulentamente distrajo, empleó y dispuso, para fines ajenos al debido y legítimo cumplimiento de su encargo, de la suma de $1,011.10 de cuya suma fraudulentamente dispuso dicho acusado Augusto Saavedra Riquelme para su propio uso y bene-ficio, defraudando en la misma a los expresados esposos Adolfo Saa-vedra Solá y Victoria Feliciano.”

Según el artículo 445 del Código Penal, constituye abuso de confianza la fraudulenta apropiación de bienes, por una persona a quien habían sido confiados. El elemento carac-terístico y esencial de ese delito es que los bienes hayan lle-gado a poder de la persona que se los apropia por la con-fianza que otra persona puso en ella, por lo que tal relación de confianza debe aparecer claramente en la acusación, aun-que no es necesario que sus detalles sean expuestos. 9 R.C.L. 1288.

En el presente caso la acusación dice que el acusado ac-tuaba como agente y depositario de la suma de $9,500 per-tenecientes a los esposos Saavedra, destinados al uso exclu-sivo de ellos; que las obligaciones del acusado eran deposi-tar, guardar y desembolsar diclio dinero por orden y bajo la dirección de dicho matrimonio; y dice también que el acusado se apropió $1,011.10 para su propio beneficio, pero no establece relación fiduciaria entre el acusado y otra persona, pues no dice quién depositó el dinero en su poder, si fueron los expresados consortes u otra persona, pues aun-que dice que el dinero pertenecía a ese matrimonio no ex-presa que tales consortes se lo entregaron para tenerlo a su disposición o quién se lo entregó para tenerlo a la orden de esos consortes. La relación de confianza entre una persona y el acusado debe aparecer claramente de la acusación. Debe expresarse quién puso el dinero en manos del acusado. State v. Griffith, 45 Kan. 142, citado en 20 C. J. 472, nota 49. Los casos de El Pueblo v. Alomar, 10 D.P.R. 298; Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 344; Pueblo v. García, 11 D.P.R. 355 y de El Pueblo v. Pérez, 39 D.P.R. 862, citados por el fiscal en apoyo de su recurso no tienen aplicación al presente porque en todos ellos se expresó claramente la persona que puso su confianza en el acusado.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro, disintió.


author: El Juez Presidente Senos, del Toso,

text:
    La Sucn. de Saturnina Juarbe, demandante y apelante, v. Vicente Amador Pérez, demandado y apelado; Mercedes y Asunción Abril, citadas en evicción, apeladas.
    No. 4922.

    Sometido: Junio 2, 1931.

      Resuelto: Junio 4, 1931.

      E. Ramos Antonmi y Leopoldo Tomes, abogados de la apelante: A. García Ducós y E. González Mena, abogados del apelado y las apeladas, respectivamente.
   El Juez Presidente Senos, del Toso,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre reivindicación de una finca de ochenta y cinco cuerdas situada en Isabela, iniciado desde el año 1923. Se alega en la demanda que don Martín Juarbe allá por el año 1848 otorgó testamento a favor de sus hijos,, adjudicándose a su muerte a su hija Juana, en la partición,, la hacienda Ranchera, constante de quinientas cuerdas. Doña. Juana casó en primeras nupcias con don Eugenio Corchado' y en segundas con don Miguel R. G-oicochea. Dejó tres hijos del primer matrimonio llamados Manuel, Martín y Cristina Corchado y Juarbe y varios más del segundo, entre ellos Dolores Corsino Goicochea a quien a la muerte de la madre se. adjudicó como herencia parte de la indicada hacienda. Mu-rió Doña Dolores dejando en su testamento a la liberta Sa-turnina Juarbe $1,685.10 que se le adjudicaron en el terreno-que posee el demandado Amador y que ahora reclaman como suyo sus sobrinos los demandantes. Tal es el caso según los demandantes lo presentan. ;

El demandado Amador pidió que se citara de evicción y saneamiento a su vendedor. Se citó y compareció a defen-derse. Se formularon por los demandados excepciones pre-vias que fueron declaradas sin lugar, celebrándose finalmente el juicio ante el Juez Sr. Bryan que falleció antes de dictar sentencia. Por convenio de las partes se sometió el caso al actual juez de distrito Sr. Mestre y éste lo decidió declarando la demanda sin lugar, con costas a los demandantes.

No conformes los demandantes apelaron señalando en su alegato la comisión de cinco errores cometidos a su juicio por la corte al declarar prescritas las acciones ejercitadas, al considerar tercero al demandado Amador, al resolver que Amador liabía ganado el dominio por prescripción, al impo-ner las costas a los demandantes y al dictar una sentencia contraria a las pruebas y a la ley.

La relación del caso y opinión es extensa y cuidadosa. Contiene un resumen de las alegaciones. Y estudiando éstas en relación con la prueba, narra, en veinte y ocho párrafos separados y numerados, toda la historia,del caso. El pá-rrafo 28 dice:

“Que el demandado Amador y sus predecesores en derecho han poseído la finca objeto de este litigio, como únicos dueños, en pleno dominio; quieta, pública y pacíficamente, por un término conti-nuado de tiempo en conjunto mayor de veinte años, sin interrupción, con buena fe y justo título; ya contando tal plazo desde que se efec-tuó por Antonia Pino su primer acto de dominio de que noticias te-nemos, es decir, desde que ella lo dió en arrendamiento a Emiliano’ Corchado (año 1895); o ya contando tal término desde que falleció Saturnina Juarbe (año 1899), es decir, desde que surgió para los herederos de ésta el derecho a reclamar lo que a ella le perteneciera. También ha transcurrido este plazo, si es que el mismo ha de co-menzar desde que Antonia Pino hizo constar en el Registro de la Pro-piedad su derecho de dueña del dominio de dicho inmueble (26 de febrero de 1901). Tal plazo hay que estimarlo transcurrido, según se deja dicho, pues los actores promovieron su primera reclamación el día 26 de setiembre de 1923, fecha en que radicaron su demanda. A tenor del artículo 1858 del vigente Código Civil, la acción principal seguida en este caso está prescrita porque el plazo de prescrip-ción es de diez años y, según se ha dicho, los demandantes han estado siempre presentes y la posesión del demandado Amador ha sido con buena fe y justo título. Pero, si los demandantes hubieran estado ausentes (que no lo han estado), siempre cabría la prescripción en este caso, pues la posesión del demandado Amador, repetimos, ha sido con buena fe y justo título, como único dueño, en pleno domi-nio, quieta, pública y pacíficamente, por un término continuado de tiempo en conjunto mayor de 20 años no interrumpidos.”

A virtud de los hechos declarados probados, llegó la Corte a las siguientes conclusiones:

“Que el derecho de los demandantes ha prescrito para la acción principal, debiendo estimarse también prescrita la subsidiaria de in-demnización por frutos percibidos.
“Que el codemandado Vicente Amador Pérez es tercero de buena fe y mejor derecho, y que también lo era su inmediato predecesor en derecho, Sr. Abril.
“Que hay que considerar que dicho demandado Amador ha ga-nado el dominio sobre la finca objeto de este pleito por prescripción adquisitiva. ’ ’

Y dictó sentencia de conformidad.

Para sostener el primer error o sea el cometido a juicio de los apelantes por la Corte al declarar prescritas las accio-nes de reivindicación y reclamación de frutos ejercitadas, dicen en su alegato:

“No existe base alguna del récord positivo, que permita llegar a la conclusión de que los demandados o cualquiera de ellos haya es-tado en la posesión quieta, pública y pacíficamente del inmueble ob-jeto de este pleito por un período mayor de veinte años, y menos por diez años, en concepto de dueños, y por el contrario aparece que el pleito en este caso comenzó allá por el 1923, y que por el año 1907 Ceferino y Cecilio Pino trabajaban en concepto de dueños en la finca objeto de este pleito (Trans. 3, 10 y 11), y después constantemente los demandantes han estado reclamando la entrega de la finca.”

En los hechos 26 y 27 declarados probados por la Corte se consigna:

“Que en la referida finca de 89% cuerdas, antes y después de mo-rir doña Saturnina Juarbe, trabajaban algunos de los demandantes; pero no como dueños, sino como peones y medianeros.
“Que ninguna persona molestó a Vicente Amador, ni a sus pre-decesores en derecho, en la posesión de dicho inmueble de 89% cuer-das, hasta que se radicó el pleito de epígrafe (26 de septiembre de 1923).”

La prueba fue contradictoria y el conflicto resuelto por la Corte, sin que se baya demostrado pasión, prejuicio, par-cialidad o manifiesto error.

Se sigue alegando para sostener el primer error y especialmente para fundar el segundo que se refiere a la declaración de la Corte respecto a la condición de tercero de buena fe del demandado Amador, que el registro demostraba la ineficacia del título de dominio, base del del dicho demandado', porque en la inscripción no se hizo constar que se había citado en el expediente a los anteriores dueños o sus causahabientes.

En la primitiva inscripción de dominio hecha a favor de doña Antonia Pino en 1901 a virtud de resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez, se hace constar que el expediente se tramitó en forma legal, dándose la mayor parte de los de-talles, pero en verdad se omite el consignar expresamente que se cumplió el trámite de la notificación.

Se llama la atención por la parte apelada sobre el hecho de que esta cuestión no se planteó en la corte de distrito. Y en verdad debió plantearse, pues si hubiera sido necesario demostrar tal notificación, los demandados hubieran podido completar la inscripción con el expediente judicial de dominio.

La cuestión carece de importancia dentro de este litigio. No hay duda alguna que declarado el dominio dentro de un procedimiento autorizado por la ley y por mía corte con ju-risdicción para ello, a favor de doña Antonia Pino, e ins-crita la resolución también de acuerdo con la ley en el re-gistro, la persona que adquiriera de la que del registro resul-taba como dueña sin constarle nada en contrario, era un ter-cero de buena fe en cuanto a cualquiera otra persona que tu-viera alguna reclamación sobre la finca. En tal virtud ter-cero fue con respecto a los demandantes don Osvaldo Abril al adquirir la finca por compra a doña Antonia Pino y ter-cero de igual modo fue el demandado Amador al adquirir de Abril y con mayor razón esto resulta así, al considerar la conclusión de la corte relativa a la prescripción adquisitiva señalada como errónea por los apelantes, tercer señalamiento de error.

El título de dominio quedó inscrito a favor de la señora Pino desde 1901. Todo en el registro revela que la señora Pino actuó como dueña. Arrendó y vendió finalmente a Abril. El comprador ejercitó su derecho dominical vendiendo la finca al demandado Amador, quien al iniciarse este pleito llevaba con sus cansantes más de veinte años de posesión-como dueño con buena fe y justo título. ¿Qué más se necesita? No se advierte en verdad imperfección fundamental alguna en la inscripción de dominio de 1901, pues debe presumirse que la resolución judicial inscrita dictada como fué por la Corte con jurisdicción para ello, dentro del procedimiento autori-zado por la ley, se dictó previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el estatuto, pero si algún defecto exis-tiera habría quedado convalidado por la posesión en con-cepto de dueño disfrutada sin interrupción por más de veinte años.

Bajo cualquier aspecto que el caso se considere, procede la confirmación de la sentencia apelada. Lo dicho resuelve la no existencia del cuarto señalamiento de error, relativo a la imposición de las costas, y del quinto que es un resumen de los anteriores.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Carmelo Berríos Rivera, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 756.

    Sometido: Junio 3, 1931.

      Resuelto: Junio 5, 1931.

      V. Polanco de Jesús, abogado del peticionario; Attorney General James B. Beverley j A. Ortiz Toro, Primer Snbproenrador General Auxiliar, abogados de la Comisión Industrial, interventora.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se lia presentado en este caso una larga moción de re-consideración. Estamos enteramente conformes con la mayor parte de lo que en ella se dice en cnanto al significado de la ley envuelta y a las funciones independientes e interde-pendientes de la Comisión Industrial, de la Oficina del Su-perintendente de Seguros y del Negociado de Compensa-ciones a Obreros del Departamento de Hacienda, pero no po-demos estarlo en que corresponde al Superintendente decidir por sí lo que corresponde decidir a la propia Comisión Industrial reconsiderando su decisión o a los tribunales de justi-cia revisando la decisión de la Comisión.

Puede que tenga razón el Superintendente en cuanto a que el caso concreto de que se trata no era 'uno propio para con-cederse como se concedió por la Comisión la indemnización solicitada, pero lo cierto es que la Comisión actuó, juzgó las pruebas y decidió. La ley establece los recursos apropiados para corregir el error en que pueda incurrir la Comisión. Y la ley debió ser obedecida y seguida por el Superintendente.

Claro es que una sentencia dictada sin jurisdicción es una mera nulidad, pero aquí la Comisión tenía jurisdicción para actuar. Si juzgando mal las pruebas o interpretando in-debidamente la ley, consideró como propio un caso impropio de indemnización, es cuestión que debe dilucidarse y resolver-se en la forma indicada.

Dándonos cuenta de la peculiaridad del caso y tratándose de leyes e instituciones nuevas, fué que dictamos la resolu-ción en la forma en que aparece, esto es, permitiendo una más amplia investigación, si el Tesorero se niega a cumplir el auto condicional que se expida, todo ello, desde luego, dentro de las normas generales establecidas, esto es, que las facultades del Superintendente, de acuerdo con la ley, no alcanzan a revisar para dejar sin efecto por sí mismo las resoluciones de la Co-misión Industrial en el caso de que a su juicio no fueren dic-tadas de acuerdo con 'los liecbos y la ley.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    Alex J. Hamrah Co., Inc., peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 715.

    Sometido: Mayo 19, 1930.

      Resuelto: Junio 5, 1931.

      E. Báez García, abogado de la peticionaria; José 8abater, abogado del demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en el cual la peticionaria se basó en la opinión emitida por este tribunal en el caso de J. Ochoa & Hno. v. González-Clemente, 29 D.P.R. 1015, para sostener tanto que un agente de una compañía de seguros podía instituir una acción de cobro de primas a su propio nombre, como que la corte carecía de facultad para permitir una enmienda en que el agente demandante alegaba baber pagado a la compañía aseguradora las primas adeudadas por la demandada.

En la demanda enmendada se alegaban entre otras cosas, que la parte demandada babía ordenado ciertas pólizas al de-mandante, que fueron entregadas conforme habían sido orde-nadas ; que las pólizas fueron canceladas posteriormente, quedando la demandada adeudando un saldo de $251.84; que el demandante pagó la suma principaba la compañía de se-guros contra incendios y que aquél se subrogó por la suma adeudada.

La demandada se opuso a la enmienda y entre otras defen-sas se fundaba en la incapacidad de un agente para instituir un procedimiento a nombre propio.

La corte resolvió que el demandante de conformidad con el artículo 1126 del Código Civil se subrogó en los derechos de la compañía. La prueba no está ante nosotros y puede pre-sumirse concluyentemente que :el agente pagó las primas a la compañía.

El artículo 1126, supra, provee lo siguiente:

“Puede hacer el pago cualquiera persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.
• “El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
“En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago.”

Desde luego, no hay prueba de que la demandada opusiera ■objeción alguna al pago efectuado a la compañía por el agente. Por tanto, el artículo 1126 es claramente aplicable. Manresa, tomo 8, pág. 261, sostiene la conclusión de la corte. El caso de Peñagarícano v. Llenza et al., resuelto en mayo 18, 1931 (pág. 214), presenta un aspecto más fuerte de un pago voluntario.

El caso de Ochoa v. González-Clemente, supra, puede dis-tinguirse fácilmente. Allí el agente trató de demandar a nombre- propio sin baber dado paso alguno para que la re-clamación fuera suya mediante subrogación o en alguna otra .forma. 1 En el presente caso el agente adquirió el título de la causa de acción.

Tenemos alguna idea de que cuando un asegurado ordena la expedición de ciertas pólizas a un agente de se■guros y éste extiende un crédito al asegurado, que surgiría también una causa de acción, pero es innecesario resolver tal cuestión en el presente recurso.

El introducir la enmienda no alteró la causa de acción sino que solamente subsanó un defecto en las alegaciones de la demanda original.

Debe anularse el auto expedido.


text:
    La Iglesia Católica, Apostólica Romana de Puerto Rico, demandante y apelada, v. La Combate Tobacco Corporation, demandada y apelante.
    No. 4868.

    Sometido: Febrero 4, 1930.

      Resuelto: Junio 5, 1931.

      J. Martínez Dávila y De La Torre <& Ranwrez, abogados de la ape-lante; Monserrat <b Monserrat, abogados de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Combate Tobacco Corporation apela de un decreto or-denando la remoción de mía obstrucción que de permitirse que subsistiera, privaría a la demandante de una servidum-bre de luces y vistas.

La corte de distrito resolvió que la servidumbre en cuestión, que envolvía el uso de ciertas ventanas en una iglesia, era una servidumbre aparente. Se señala esto como error.

Las ventanas estaban en una pared construida en terreno perteneciente a la demandante. La demandada era dueña de un edificio de un piso en un solar contiguo. La obstruc-ción era un segundo piso construido por la demandada. La servidumbre era negativa. La apelante insiste en que no era aparente. En apoyo de este criterio cita decisiones de la Corte Suprema de España de febrero 8, 1899, junio 16, 1902, febrero 9, 1907 y enero 8,1908; 4 Manresa 579, 580; y 1 Morell, Legislación Hipotecaria, 341, 342.

Los artículos 544 a 547, inclusive, del Código Civil rezan así:

“Artículo 544. Las servidumbres continuas y aparentes se ad-quieren en virtud de título, o por la prescripción de veinte años.
“Artículo 545. Para adquirir por prescripción las servidumbres a que se refiere el artículo anterior, el tiempo de la posesión se con-tará: en las positivas, desde el día en que el dueño del predio dominante, o el que baya aprovechado la servidumbre, hubiere em-pezado a ejercerla sobre el predio sirviente; y en las negativas, desde el día en que el dueño del predio dominante hubiere prohibido por un acto formal al del predio sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre.
“Artículo 546. Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud -de título.
“Artículo 547. La falta de título constitutivo de las servidum-bres que no pueden adquirirse por prescripción, únicamente se puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sir-viente, o por una sentencia firme.”

Las servidumbres negativas por razón de cierto aspecto positivo pueden ser aparentes al observador más casual de un predio dominante. 4 Manresa 578, 579. Las servidum-bres de luces y vistas son un ejemplo conspicuo, y los redac-tores del Código Civil debieron haberlas tenido en mente al escribir el artículo 545. El artículo 544 trata exclusivamente de servidumbres continuas y aparentes. El 545 especifica la forma en que tales servidumbres pueden ser adquiridas por prescripción. Por disposición taxativa del mismo ar-tículo, en caso de servidumbres negativas el tiempo se con-tará “desde el día en que el dueño del predio dominante hu-biere prohibido por un acto formal al del predio sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre.” Las servidumbres negativas aquí mencionadas son aquéllas que también son aparentes, porque el alcance del artículo 545 está limitado por la primera cláusula del mismo a “las servi-dumbres a que se refiere el artículo anterior,” a saber, “las servidumbres continuas y aparentes,” y ya que por disposi-eión expresa del artículo 546 “las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título.”

Un aviso dado por un alegado dueño de una servidumbre de luces y vistas es un ejemplo típico de esa clase de casos en que la realización de un acto por el dueño del predio sir-viente está o puede estar prohibida. Quizá puedan darse otros ejemplos, pero ninguno ña sido sugerido en el caso de autos. Por otra parte, la Corte Suprema de España ña de-clarado repetidas veces que el título de una servidumbre de luces y vistas puede ser adquirido por prescripción, y este tribunal ña sostenido el mismo criterio. Días v. Guerra, 18 D.P.R. 819, y casos en él citados.

La conclusión obvia es que las servidumbres de luces y vistas pueden ser, y usualmente son, aparentes.

Las contenciones segunda, tercera y cuarta de la apelante son, que la corte de distrito erró: al declarar que una servidumbre de luces y vistas negativa, continua y no aparente podía adquirirse por prescripción; al estimar que un interdicto es una sentencia definitiva y obligatoria contra un tercero, aunque no esté inscrito en el registro de la propiedad; y al resolver que la demandante tenía derecho a una servidumbre de luces y vistas.

Aquí la apelante no quiere decir que la corte de distrito consideró la servidumbre como no aparente, sino que asume que la corte cometió error al tratarla como una servidumbre aparente.

La corte de distrito no resolvió que un interdicto es una sentencia definitiva y obligatoria contra tercero, aunque no esté inscrito en el registro de la propiedad. El aludido in-terdicto era un decreto dictado por la Real Audiencia de Puerto Rico en marzo de 1897 prohibiendo que se erigiera un segundo piso por un tal Tarazona, causante de la aquí demandada. Lo que la corte de distrito resolvió fué que este decreto servía para fijar la fecha desde la cual podía empe-zarse a contar el tiempo necesario para adquirir un título por prescripción. En esto no hubo error. Ese período feneció en marzo de 1927, y-'una servidumbre de lnces, aire y vistas quedó así establecida sobre la finca de que ahora es dueña la Combate Tobacco Corporation.

La pared de la iglesia tenía algo más de. doce metros de altura y poco menos de dos metros de espesor. A una al-tura de ocho metros del piso había una hilera de cinco ven-tanas, a intervalos de tres metros más o menos. Cada ven-tana tenía más de metro y medio tanto de alto como de an-cho. No había carreras inmediatamente sobre las ventanas. Una cúpula se erguía por sobre las paredes de la iglesia. No había rejas de hierro ni red de alambre que sugirieran un sustituto ampliado de los huecos de treinta centímetros pre-vistos por el artículo 588 del código. Estas ventanas habían sido usadas por más de cuarenta años con pleno conocimiento y sin objeción u oposición de parte de la demandada o sus causantes. Cuando la demandada compró la propiedad con-tigua, sabía que podía adquirirse mediante prescripción una servidumbre de luces, aire y vistas. También sabía que es-tas ventanas no eran los huecos reglamentarios autorizados por el artículo 588. Las ventanas mismas constituían un aviso de que no se debía descansar en ninguna presunción de mera tolerancia. Bastaban para poner a indagar a cual-quier comprador en perspectiva, y una investigación hubiese informado a la Combate Tobacco Corporation (de no haber sido ya informada, como cuestión de hecho, por su vendedor) de la existencia de una servidumbre. La compañía tabaca-lera no era un comprador inocente, ni tenía derecho a ser protegida como “tercero” por la ley hipotecaria, no obs-tante el hecho de que el título de la demandante a la servi-dumbre no había sido inscrito en el registro de la propiedad.

Dado el estado de la ley relativa a servidumbres, la sen-tencia apelada debe ser modificada eliminándosele la condena en costas, y así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    The Mayagüez Dock & Shipping Company, demandante y apelada, v. Augusto R. Soltero, Superintendente de Seguros, demandado y apelante.
    No. 5393.

    Sometido: Junio 3, 1931.

      Resuelto: Junio 5, 1931.

      Son. Attorney General James R. Beverley y Felipe Janer, Subpro-curador, abogados del apelante; José Sabater, abogado del ape-lado.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

The Mayagüez Dock & Shipping Company presentó en la Corte de Distrito de Mayagüez una solicitud de mandamus para que se ordenase al Superintendente de Seguros de Puerto Rico, Augusto R. Soltero, que expidiese licencia a la peticionaria permitiéndole ser aseguradora de sus obreros. La corte ordenó al Superintendente demandado que compa-reciese ante ella a exponer razones, si las tenía, por las cua-les no debería librarse el auto de mandamus interesado; y el Superintendente compareció y solicitó que el asunto fuera trasladado a la Corte de Distrito de San Juan por residir y tener su oficina como tal Superintendente en la ciudad de San Juan, acompañando a su moción su contestación a la solici-tud interesando el auto de mcmdamus, al cual se opuso.

Después de esa moción de traslado la corporación peti-cionaria del auto solicitó de la corte que retuviese su juris-dicción por la conveniencia de los testigos. La corte resol-vió la petición de traslado hecha por el demandado decla-rando que tiene derecho a la traslación del asunto a la Corte de Distrito de San Juan por razón de su residencia, pero dis-puso que el asunto quedase en su corte por la conveniencia de los testigos, y que continuasen los procedimientos. Esta resolución ha sido apelada por el demandado y motiva el pre-sente recurso en el que no ha comparecido The Mayagüez Dock & Shipping Company.

Habiendo declarado la corte inferior que el apelante tiene derecho a que este caso sea trasladado a la Corte de Distrito de San Juan por razón de su residencia, carecía de facultad para resolver cuál corte debe conocer de él por motivo de la conveniencia de los testigos y no debió retenerlo para continuar los procedimientos. En el caso de Clemente v. Junta Examinadora de Ingemeros, 38 D.P.R. 903, en el que se interesó un auto de mandamus contra dicha junta declaramos que la demandada tenía derecho a la traslación del caso a la Corte de Distrito de San Juan porque en la ciudad de San Juan tiene su residencia la demandada.

Todo demandado tiene derecho en una acción personal es-tablecida contra él a que el juicio sea seguido, como cues-tión de derecho, en el lugar donde tiene su residencia, y la corte no tiene autoridad para considerar a petición del de-mandante la conveniencia de los testigos. Después que el asunto sea trasladado al distrito propio podrá el demandante solicitar que por la conveniencia de los testigos vuelva al dis-trito designado originalmente en la demanda, si tal conve-niencia lo requiere. Esta doctrina, que aceptamos, aparece de los siguientes casos: Mills & Gibb v. Starin, 119 N. Y. (Ap. Div.) 336, 104 N. Y. S. 230 y Lageza v. Chelsea Fibre Mills, 135 N. Y. (Ap. Div.) 731, 119 N. Y. S. 906.

La resolución apelada debe ser revocada y devolverse él caso a la corte inferior para que ordene él traslado solici-tado por el demandado.


author: El Juez Asociado Señoe Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Bauzá, acusado y apelante.
    No. 4311.

      Sometido: Febrero 5, 1931.

      Resuelto: Junio 8, 1931.

      Buenaventura Esteres, abogado del apelante; B. A. Gómez, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Bauzá fué denunciado porque habiendo ma-tado con el autocamión que guiaba por una carretera una novilla de Juan Torres, no comunicó los detalles del acci-dente a la estación de policía más próxima. En el juicio convinieron el Fiscal y el denunciado por su abogado en una estipulación por la que aceptaron que al ocurrir ese acci-dente y en dicho sitio Bauzá detuvo su vehículo y dió su nombre y número de su placa y manifestó ser el dueño del referido vehículo, pero que no fué al cuartel de la policía más cercano ni a ninguno otro a comunicar los detalles del accidente.

Francisco Bauzá apeló de la sentencia que lo condenó a un dólar de multa y al pago de las costas y alega para sos-tener su recurso que la corte inferior cometió error al resolver que la denuncia imputa un delito y que también erró porque la sentencia es contraria a la ley y a los hechos. Los trata conjuntamente y lo mismo haremos nosotros.

La sección de la Ley de Automóviles por cuya violación ha sido condenado el apelante dice ,así:

“ En caso de accidente ocurrido a una persona o propiedad, de-bido a funcionamiento de un vehículo de motor, la persona que ma-nejare dicho vehículo deberá detenerse a dar su nombre, dirección y el número de su licencia a la persona perjudicada o a cualquier policía o persona autorizada; y si no fuere el dueño del vehículo dará también el nombre y dirección del dueño. También deberá comunicar los detalles de tal accidente a la estación de policía más próxima.”

Dice el apelante que la propiedad a que ese precepto hace referencia no puede ser un perro, una gallina, un becerro, etc. Sin embargo, la ley usa la palabra “propiedad” en términos generales y por tanto incluye los inmuebles y mue-bles, estando comprendidos en los últimos los animales como semovientes.

En cuanto a que no tenía necesidad de acudir al cuartel de la policía más próximo porque en el momento del acci-dente dió su nombre y número de su placa y manifestó que era dueño del camión, quizá pudiera considerarse cumplido de ese modo el requisito de la ley si esos datos los hubiera suministrado a un policía, mas no en este caso en que no consta a quién suministró tales datos.

La sentencia apelada debe ser confiffnada.