text:
      In re Enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

      Número: ER-2017-07

      Resuelto: 19 de julio de 2017
   RESOLUCIÓN

Surge del Art. 4.004 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA see. 24 et seq.), que el Tribunal Supremo “aprobará las reglas internas que regirán los procedimientos y la organización del Tribunal de Apelaciones”. A tono con esta facultad y mediante Resolu-ción emitida el 21 de julio de 2004, aprobamos el Regla-mento del Tribunal de Apelaciones. In re Aprobación Reglamento T.A., 162 DPR 444 (2004).

Ante el tiempo transcurrido desde su aprobación, y para fomentar la eficiencia en la gestión judicial, en mayo de 2017 se evaluó la necesidad de enmendar el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para hacer viable la notifica-ción electrónica de las determinaciones judiciales emitidas.

En particular, se consideró el ordenamiento procesal vi-gente, los objetivos de eficiencia y acceso que persigue la Rama Judicial y el proceso instrumentado en el Tribunal de Primera Instancia para implementar el módulo para la No-tificación Electrónica en los Tribunales (NET), iniciado en agosto de 2016. Véase Orden Administrativa de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez de 22 de julio de 2016, OAJP-2016-002, Implementation del módulo para la Notificación en los Tribunales (NET) a los(as) abogados(as) mediante los correos electrónicos registrados en el RUA. Finalizado el es-tudio del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, resulta imprescindible incorporar enmiendas a varias de las reglas consignadas en ese Reglamento para permitir la notificación electrónica de las determinaciones judiciales.

En consecuencia, y con el convencimiento pleno de la necesidad de modernizar el proceso de notificación para dotar de mayor eficiencia judicial las operaciones del Tribunal de Apelaciones, se enmiendan las Reglas 16, 26, 28, 34, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 69, 71 y 77 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004. La sección denominada Comentario: Enmiendas del 2017 se incluirá al final de cada comentario vigente de cada regla enmendada para propósitos explicativos. Las reglas enmendadas leerán como se indica a continuación:

Regla 16—Contenido del escrito de apelación en casos civiles
El escrito de apelación contendrá:
(A) Cubierta
(2) Información sobre abogados o abogadas y partes
Se incluirá el nombre, la dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo del abogado o de la abogada de la parte apelante, y del abogado o de la abogada de la parte apelada; o el nombre, la dirección postal, la dirección del correo electró-nico, si la tuvieran, y el teléfono de las partes, si éstas no estuvieren representadas por abogado o abogada, con indica-ción de que comparecen por derecho propio.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (A)(2) para enfatizar la obligación de incluir tanto la dirección postal como la dirección del correo electrónico en los escritos de apelación en casos civiles. Cuando las partes ejerzan su derecho a representarse por de-recho propio, se incluirá, entre otros datos, la dirección de co-rreo electrónico si la tuvieran. Además, se elimina la referen-cia a la obligación de incluir el número de colegiación, en conformidad con lo decidido en Rivera Schatz v. ELA y Col. Abo. PR II, 192 DPR 791 (2014). En concordancia con lo reque-rido en el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico en torno a la información sobre abogados o abogadas, se reque-rirá el número del Tribunal Supremo —es decir, el número asignado en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA)— del abogado o de la abogada de la parte apelante o de la parte apelada, según proceda. Véase Reglas 9(j), Regla 17(d)(1)(B), 20(g)(1)(B) y 33(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Regla 26—Contenido del escrito de apelación en casos crimi-nales
(A) Cubierta
La cubierta contendrá solamente la Región Judicial de donde procede el recurso, el epígrafe del caso y el nombre, la dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo del abo-gado o de la abogada de la parte apelante, los del fiscal o de la fiscal que intervino en el caso y los del Procurador General o de la Procuradora General. Si la parte apelante no estuviere representada por un abogado o abogada, deberá indicar que comparece por derecho propio e incluir su dirección postal, la dirección del correo electrónico, si la tuviera, y teléfonos.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (A) para hacer constar la obligación de incluir tanto la dirección postal como la dirección del correo electrónico en los escritos de apelación en casos criminales. Cuando las partes ejerzan su derecho a representarse por de-recho propio, se incluirá, entre otros datos, la dirección de co-rreo electrónico, si la tuvieran. Se elimina la obligación de incluir el número de colegiación, en armonía con lo decidido en Rivera Schatz v. ELA y Col. Abo. PR II, supra. En conformidad con lo requerido en el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico en lo que respecta a la información sobre abogados o abogadas, se requerirá el número del Tribunal Supremo (es decir, el número asignado en el RUA) del abogado o de la abo-gada de la parte apelante, los del fiscal o de la fiscal que intervino en el caso y los del Procurador General o de la Procu-radora General, según proceda. De esta forma se hace referencia al número asignado en el RUA. Véase Reglas 9(j), 17(d)(1)(B), 20(g)(1)(B) y 33(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Regia 28—Contenido de los alegatos en casos criminales
(A) [...]
(B) Cubierta
La cubierta contendrá solamente la Región Judicial de donde procede el recurso, el epígrafe del caso, el nombre, la dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo del abo-gado o de la abogada de la parte apelante, los del fiscal o de la fiscal que haya intervenido en el caso y los del Procurador General o de la Procuradora General. Si la parte apelante no estuviera representada por un abogado o una abogada, deberá indicar que comparece por derecho propio e incluir su direc-ción postal, dirección del correo electrónico, si la tuviera, y teléfonos.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (B) para puntualizar la obligación de incluir tanto la dirección postal como la dirección del correo electrónico en los alegatos criminales. Cuando las partes ejer-zan su derecho a representarse por derecho propio, se incluirá, entre otros datos, la dirección de correo electrónico, si la tuvieran. Se elimina la obligación de incluir el número de co-legiación, a tenor de lo decidido en Rivera Schatz v. ELA y Col. Abo. PR II, supra. En su lugar se requerirá el número del Tribunal Supremo (entiéndase, el número del RUA) del abo-gado o de la abogada de la parte apelante, los del fiscal o de la fiscal que intervino en el caso y los del Procurador General o de la Procuradora General, según proceda. Véase Reglas 9(J), 17(d)(1)(B), 20(g)(1)(B) y Regla 33(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Regla 34—Contenido de la solicitud de “certiorari”
El escrito de certiorari contendrá:
(A) [...]
(1)
(2) Información sobre abogados o abogadas y partes
Se incluirá el nombre, la dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo del abogado o de la abogada de la parte peticionaria y del abogado o de la abogada de la parte recu-rrida, o el nombre, la dirección postal, la dirección del correo electrónico, si la tuvieran, y el teléfono de las partes si éstas no estuvieran representadas por abogado o abogada, con indi-cación de que comparecen por derecho propio.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (A)(2) para enfatizar la obligación de incluir tanto la dirección postal como la dirección del correo electrónico en todo escrito de certiorari. Cuando las partes ejerzan su derecho a representarse por derecho propio, se in-cluirá, entre otros datos, la dirección de correo electrónico, si la tuvieran. Se elimina la obligación de incluir el número de colegiación, a tenor de lo decidido en Rivera Schatz v. ELA y Col. Abo. PR II, supra. En su lugar, se requerirá el número del Tribunal Supremo (entiéndase, el número del RUA) del abo-gado o de la abogada de la parte peticionaria o de la parte recurrida, según proceda. Véase Reglas 9(j), 17(d)(1)(B), 20(g)(1)(B) y 33(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Regla 48—Notificación de los escritos
Todo escrito presentado al tribunal será notificado a las de-más partes por correo certificado con acuse de recibo mediante un servicio similar de entrega personal por compañía privada con acuse de recibo, mediante fax o entrega personal o a través de la dirección del correo electrónico, siempre que el docu-mento notificado sea copia fiel y exacta del documento original.
La parte certificará el hecho de la notificación en el propio escrito. La fecha del depósito en el correo se considerará como la fecha de la notificación a las partes, pero la parte deberá asegurarse que la entrega se verifique al día siguiente. Cuando se efectúe por correo, se remitirá la notificación a los abogados o las abogadas de las partes, o a las partes, cuando no estén representadas por un abogado o una abogada. Cuando se envíe a las partes, se remitirá a la dirección postal que surja del último escrito que conste en el expediente del caso. Si la parte está representada por un abogado o una abo-gada, la notificación se hará a la dirección postal o al correo electrónico que surja del Registro Unico de Abogados y Aboga-das de Puerto Rico (RUA) a cargo del Secretario o de la Secre-taria del Tribunal Supremo.
La notificación mediante entrega personal deberá hacerse en la oficina de los abogados o de las abogadas que represen-ten a las partes, entregándolas a éstos o a éstas, o a cualquier persona a cargo de la oficina. Si la parte no está representada por un abogado o una abogada, se entregará en el domicilio o en la dirección de la parte o de las partes, según esta informa-ción surja del último escrito que conste en el expediente, a cualquier persona de edad responsable que se encuentre en ella. En caso de entrega personal, e certificará la forma y las circunstancias de tal diligenciamiento, lo que se hará dentro de las próximas veinticuatro horas.
La notificación mediante fax deberá hacerse al número co-rrespondiente de los abogados o de las abogadas que repre-senten a las partes o a las partes si éstas no están represen-tadas por un abogado o una abogada, según esta información surja del último escrito que conste en el expediente. En el caso de una notificación por fax, se certificará la forma y las circunstancias de ésta, los cual se hará dentro de las próxi-mas veinticuatro horas.
Cuando la notificación del escrito vaya a ser efectuada den-tro de los treinta días anteriores a un evento electoral, se efec-tuará solo personalmente o mediante correo electrónico o fax, y siempre con notificación por teléfono.
Comentario'.
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda la Regla 48 con el propósito de añadir el mé-todo de envío por correo electrónico como opción para las noti-ficaciones de los escritos entre las partes, siempre que el do-cumento notificado sea copia fiel y exacta del documento original. Además, se incluye referencia precisa en cuanto a que la dirección que se usará para las partes será la que surja del expediente. Sin embargo, al notificar a los abogados y a las abogadas, se usará la dirección postal o el correo electrónico que surja del RUA. Véase Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Regla 49—Trámite coetáneo a la decisión sobre expedición del auto de “certiorari”; notificación
(D) La decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la expedi-ción del auto de certiorari será notificada a las partes y al tribunal recurrido en conformidad con lo dispuesto en la Regla 71(B) de este Reglamento.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (D) para atemperarlo a los cambios establecidos en la Regla 71(B) de este Reglamento.
Regla 50—Autos originales
(A) En cualquier momento después de la presentación de la solicitud de certiorari, de entenderlo necesario para decidir si expide el recurso o para resolver el recurso en sus méritos, el Tribunal de Apelaciones podrá ordenar a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que remita los autos originales. Esta disposición no aplica a aquellos casos que se tramitaron electrónicamente en el Tribunal de Primera Instancia y cuyo expediente electrónico se encuentra accesible para los jueces y las juezas y el personal autorizado del Tribunal de Apelaciones.
(B) Cuando el Tribunal de Apelaciones ordene la remisión de los autos, la Secretaría del Tribunal de Apelaciones deberá notificar dicha orden por teléfono o a través de la dirección del correo electrónico a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. La Secretaría del Tribunal de Primera Instancia deberá remitir los autos, certificados, a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones en un término no mayor de cinco días a partir de la notificación, salvo que por razones justificadas el tribunal disponga un término distinto.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (A) con el propósito de establecer que la solicitud de autos originales del Tribunal de Primera Ins-tancia no aplicará a los casos tramitados electrónicamente. Nótese que en estos casos el expediente electrónico constituye el expediente original y está disponible electrónicamente para los jueces y las juezas y el personal autorizado del Tribunal de Apelaciones, a través del Sistema Unificado de Manejo y Ad-ministración de Casos (SUMAC).
Se modifica el inciso (B) para añadir la opción de notificar la solicitud de autos originales al Tribunal de Primera Instancia por la vía electrónica. Además, se amplía el término a cinco días, en aras de reconocer un término razonable para el ma-nejo de expedientes.
Regla 52—Reconsideración; mandatos
(B) El Tribunal de Apelaciones deberá decidir sobre la recon-sideración en un término no mayor de cinco días a partir de la fecha de su presentación. Se archivará en autos copia de la notificación del dictamen dentro de las veinticuatro horas de haberse emitido la decisión. Esta notificación a las partes se hará en conformidad con lo dispuesto en la Regla 71(B) de este Reglamento.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (B) para atemperarlo a los cambios establecidos en la Regla 71(B) de este Reglamento.
Regla 55—Contenido del escrito de hábeas corpus o “mandamus”; tramitación del recurso
(C) La cubierta de la petición contendrá solamente el epí-grafe, el cual identificará a la parte peticionaria y a las partes contrarias como demandadas, y el nombre, la dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo del abogado o de la abogada de la parte peticionaria, si esta estuviese representada legalmente. Inmediatamente después habrá un índice detallado de la petición que se ajustará a lo dispuesto en la Regla 75.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (C) para enfatizar la obligación de incluir tanto la dirección postal como la dirección del correo electrónico en los escritos de hábeas corpus o de mandamus. Se elimina la obligación de incluir el número de colegiación, a tenor de lo decidido en Rivera Schatz v. ELA y Col. Abo. PR II, supra. En su lugar, se requerirá el número del Tribunal Supremo (entiéndase, el número del RUA) del abogado o de la abogada de la parte peticionaria, si estuviese representada legalmente. Véase Reglas 9(j), 17(d)(1)(B), 20(g)(1)(B) y 33(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Regla 59—Contenido del recurso de revisión
El escrito de revisión contendrá:
(A) Cubierta
(1) [...]
(2) Información sobre abogados y abogadas, y partes
Se incluirá el nombre, la dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo del abogado o de la abogada de la parte recurrente y el del abogado o de la abogada de la parte recu-rrida, o el nombre, la dirección postal, la dirección del correo electrónico, si la tuvieran, y el teléfono de las partes si éstas no estuvieran representadas por un abogado o una abogada, con indicación de que comparecen por derecho propio.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (A)(2) para destacar la obligación de incluir tanto la dirección postal como la dirección del correo electrónico en los escritos de revisión. Cuando las partes ejer-zan su derecho a representarse por derecho propio, se incluirá, entre otros datos, la dirección de correo electrónico, si la tuvieran. Se elimina la obligación de incluir el número de co-legiación, en armonía con lo decidido en Rivera Schatz v. ELA y Col. Abo. PR II, supra. En su lugar, se requerirá el número del Tribunal Supremo (entiéndase, el número del RUA) del abogado o de la abogada de la parte recurrente o de la parte recurrida, según proceda. Véase Reglas 9(j), 17(d)(1)(B), 20(g)(1)(B) y 33(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Regla 69—Firma de las alegaciones, mociones y otros escritos; sanciones
(A) Toda alegación, moción y escrito presentados por una parte que esté representada por un abogado o una abogada serán firmados por lo menos por un abogado o una abogada de autos en su propio nombre, expresando su dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo. Las partes no representadas por abogados o abogadas firmarán sus alegaciones, mociones o escritos, expresando su dirección postal, dirección del correo electrónico, si la tuvieran, y teléfono, e indicando claramente que comparecen por derecho propio.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (A) para establecer que se deberá in-cluir tanto la dirección postal como la dirección del correo elec-trónico en las alegaciones, mociones y otros escritos. Cuando las partes ejerzan su derecho a representarse por derecho pro-pio, se incluirá, entre otros datos, la dirección de correo elec-trónico, si la tuvieran. Se elimina la obligación de incluir el número de colegiación, en armonía con lo decidido en Rivera Schatz v. ELA y Col. Abo. PR II, supra. Se requerirá, en su lugar, el número del Tribunal Supremo (es decir, el número del RUA) del abogado o de la abogada de la parte correspondiente. Véase Reglas 9(j), 17(d)(1)(B), 20(g)(1)(B) y 33(b) del Regla-mento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Regla 71—Notificaciones
(B) Notificación de decisiones y órdenes
El Secretario o la Secretaria del Tribunal de Apelaciones notificará por correo toda decisión de dicho tribunal a los abo-gados o las abogadas de las partes, y a cualquier parte que haya comparecido por derecho propio. La notificación indicará la fecha en la cual se dictó la decisión o la orden, incluirá una copia e indicará también la fecha del archivo en autos de copia de la notificación.
Una vez se implanten las medidas administrativas y la tec-nología necesaria para ello, el Secretario o la Secretaria del Tribunal de Apelaciones notificará por medios electrónicos toda decisión de dicho tribunal a los abogados o las abogadas de las partes a la dirección del correo electrónico que surja del RUA, y a cualquier parte que haya comparecido por derecho propio a la dirección postal informada en el recurso o a la dirección del correo electrónico, si lo tuviera. Cuando el tribunal lo considere necesario, podrá ordenar también la notifica-ción por otros medios, tales como el fax o el teléfono. Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se enmienda el inciso (B) para incorporar los avances tecno-lógicos en el proceso de notificación a cargo de la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. La enmienda permite que, imple-mentadás las medidas administrativas y la tecnología necesa-ria, toda decisión de este tribunal se notifique por la vía elec-trónica a las partes y a sus abogados o abogadas. Al realizar estas notificaciones se utilizará la dirección del correo electró-nico que suija del RUA. Véase Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Igualmente, la enmienda permite que, en los casos por derecho propio, se notifique a la parte por correo postal a la dirección informada en el recurso o mediante el envío a la dirección de correo electrónico, si lo tuviera. Véase Reglas 67.2 y 67.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Refiérase, además, a la Regla 254 de Procedi-miento Criminal, 34 LPRA Ap. II.
Regla 77—Legajo
(D) Legajo en todos los recursos
(1) [...]
(2) [...]
Las disposiciones contenidas en esta Regla relacionadas con la elevación de autos originales del Tribunal de Primera Ins-tancia al Tribunal de Apelaciones no aplican a aquellos casos que se tramitaron electrónicamente en el Tribunal de Primera Instancia y cuyo expediente electrónico se encuentra accesible para los jueces y las juezas y para el personal autorizado del tribunal.
Comentario:
Comentario: Enmiendas del 2017
Se añade un párrafo al final de la Regla 77 para establecer que las solicitudes de autos originales del Tribunal de Primera Instancia no aplicarán a los casos tramitados electrónicamente. Nótese que en estos casos el expediente electrónico es el expe-diente original y están disponibles electrónicamente para los jueces y las juezas y para el personal autorizado del Tribunal de Apelaciones a través del SUMAC.

Las enmiendas incorporadas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones en virtud de la presente Resolución ten-drán vigencia inmediata y aplicarán a todos los procedi-mientos pendientes ante dicho tribunal.

Notifíquese por correo electrónico al Director Adminis-trativo de los Tribunales y al Director de la Oficina de Prensa. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Paolo J. Pérez Román, querellado.

      Números: AB-2013-0408
    AB-2014-0007

      Resueltos: 20 de julio de 2017

      AB-2013-0408:

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar; Lilliam Rivera Marrero, quejosa; Paolo José Pérez Román, pro se.

      AB-2014-0007:

      Tanaira Padilla Rodríguez y Joseph Felstein del Valle, sub-procuradores generales, Gisela Rivera Matos y Gloria Robinson Guarch, procuradoras generales auxiliares; María Isabel Ortiz Colón, quejosa; Paolo José Pérez Román, pro se.

   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a suspender inmediata e indefinidamente del ejercicio de la aboga-cía a un miembro de la profesión legal que, en reiteradas ocasiones, ha incumplido con las órdenes de este Tribunal.

)—I

El Ledo. Paolo J. Pérez Román fue admitido al ejercicio de la abogacía el 23 de agosto de 2005 y a la notaría el 14 de septiembre del mismo año. Posteriormente, el 20 de ju-nio de 2014 fue suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría No obstante, el 13 de junio de 2016 fue reinstalado para ejercer la profesión legal. Esto provocó que se activaran las quejas Núms. AB-2012-319, AB-2012-495, AB-2013-211, AB-2013-0408 y AB-2014-0007, las cuales habían sido archivadas administrativa-mente como resultado de su suspensión indefinida. A continuación exponemos una relación de hechos relaciona-dos a las quejas Núms. AB-2013-0408 y AB-2014-0007.

AB-2013-0408

El 7 de octubre de 2013 se presentó la Queja Núm. AB-2013-0408 en contra del licenciado Pérez Román. En ésta, la quejosa explicó que contrató los servicios del licenciado Pérez Román para que fungiera como representante legal de su exesposo en un caso de daños y perjuicios. En espe-cífico, la quejosa alegó que le entregó al licenciado Pérez Román $75 para pagar el arancel correspondiente a la pre-sentación de la contestación de la demanda y que, poste-riormente, le comunicó que su exesposo había fallecido. Ar-güyó que el licenciado Pérez Román le indicó que le iba a notificar a la parte demandante sobre el deceso del demandado. Añadió que luego trató de comunicarse con el licenciado Pérez Román para conocer del estatus del caso, pero que no logró contactarlo.

Así las cosas, la entonces Subsecretaría de este Tribunal procedió a enviarle una carta al licenciado Pérez Román, en la cual le informó que debía presentar su contestación a la queja. A pesar de que éste recibió la carta, no contestó. Por ello, se le envió una segunda notificación. A raíz de lo anterior, decidimos notificarle personalmente nuestro re-querimiento y, mediante la Resolución emitida el 13 de fe-brero de 2014, le conferimos un término final de 5 días para que contestara la queja. Además, se le advirtió que el incumplimiento con lo ordenado en la Resolución podría implicar sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión legal.

Posteriormente, el licenciado Pérez Román presentó su contestación a la queja. En resumen, el licenciado Pérez Román aceptó que fue contratado para tramitar un caso de daños y perjuicios y que recibió de la quejosa $75 para pagar el arancel correspondiente a la presentación de la contestación de la demanda. Con relación al estatus del caso, explicó que, por motivos de un quebrantamiento de salud, no presentó la contestación a la demanda. Ante ello, reconoció que pudo haber desplegado mejor atención, dili-gencia y ejecución en el caso. No obstante, explicó que el cliente no sufrió percance alguno debido a que éste falleció durante el proceso. En fin, el licenciado Pérez Román pidió disculpas y reconoció que adeudaba $75. Por ello, so-licitó un término para devolver la cantidad y, además, pro-veyó el lugar y el teléfono de la oficina en la cual estaría disponible el expediente del caso para que la quejosa pu-diese recogerlo.

Como mencionáramos, durante el transcurso de esta queja, el licenciado Pérez Román fue suspendido indefini-damente del ejercicio de la abogacía y de la notaría, y pos-teriormente, el 13 de junio de 2016, lo reinstalamos al ejer-cicio de la abogacía. Consecuentemente, reactivamos la queja que nos concierne.

Conforme a lo anterior, la entonces Procuradora General presentó su Informe y sugirió que se amonestara o cen-surara al licenciado Pérez Román. Además, recomendó el archivo de la queja condicionado a que el licenciado Pérez Román devolviera los $75 y el expediente. Ante ello, emi-timos una Resolución en la cual le concedimos al licenciado Pérez Román un término de 20 días para que se expresara en torno al Informe y, además, le apercibimos que, de no comparecer, se allanaría a esta recomendación.

Tras no recibir una respuesta, el 27 de enero de 2017 emitimos una Resolución en la cual censuramos enérgica-mente al licenciado Pérez Román y le ordenamos lo si-guiente: “acredite el pago al quejoso para proceder con el archivo de este asunto”. Además, le advertimos que “en el futuro deberá cumplir cabalmente con sus obligaciones éticas”.

Ante el incumplimiento del licenciado Pérez Román, el 12 de mayo de 2017, emitimos otra Resolución en la que se le concedió un término final de 15 días para que cumpliera con lo ordenado en la Resolución de 27 de enero de 2017. Además, le apercibimos de que si incumplía podría suspen-dérsele indefinidamente de la profesión de la abogacía. En la Resolución ordenamos que ésta fuera notificada per-sonalmente, a través de la Oficina de los Alguaciles del Tribunal Supremo. Surge del expediente que, el 18 de mayo de 2017, el alguacil a cargo del diligenciamiento se comunicó por teléfono con el licenciado Pérez Román y que éste le informó que ya no residía en Puerto Rico y que su nueva residencia es en Pensilvania. Añadió que, entre enero y febrero de 2017, había notificado a este Tribunal por escrito sobre su salida a Estados Unidos Final-mente, indicó que por el momento no tenía planes de re-gresar a Puerto Rico debido a la crisis fiscal que atraviesa el País. Ante esto, el Alguacil emitió un diligenciamiento negativo Al momento de emitir este dictamen, el licen-ciado Pérez Román no ha comparecido.

AB-2014-0007

El 10 de enero de 2014 se presentó la Queja Núm. AB-2014-0007 contra el licenciado Pérez Román. En ésta, la quejosa explicó que había contratado los servicios del licen-ciado Pérez Román para que éste fuera el representante legal de su esposo en un caso de revisión de sentencia o un procedimiento ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Es-pecíficamente, la quejosa alegó que, a pesar de haberle pa-gado $860, habían transcurrido 8 meses y el licenciado Pé-rez Román no había realizado trámite alguno y que no lograba contactarlo. Por ello, solicitó que se le devolvieran los honorarios pagados.

Posteriormente, la entonces Subsecretaría de este Tribunal le envió una carta al licenciado Pérez Román en la cual le informó que debía contestar la queja. A pesar de que el licenciado Pérez Román la recibió, no contestó. Por ello, esa carta le fue enviada por segunda ocasión. Sin embargo, éste no compareció. Consecuentemente, decidimos notifi-carle personalmente nuestro requerimiento y, a través de la Resolución emitida el 8 de mayo de 2014, le conferimos un término final de 5 días para que contestara la queja presentada en su contra. Además, se le advirtió que el in-cumplimiento con lo ordenado en la Resolución podría im-plicar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la sus-pensión del ejercicio de la profesión legal. La referida Resolución fue diligenciada personalmente por conducto de la Oficina de los Alguaciles de este Tribunal.

En el ínterin, como mencionáramos, el licenciado Pérez Román fue suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría, lo que provocó el archivo adminis-trativo de esta queja. No obstante, al ser reinstalado reac-tivamos la queja que nos concierne.

Como consecuencia de la reactivación de la Queja Núm. AB-2014-0007, el licenciado Pérez Román presentó su contestación. En esencia, el licenciado Pérez Román aceptó que no realizó la labor por la cual se le contrató y que, en efecto, ese incumplimiento acarreaba la devolución de los honorarios. En cuanto al incumplimiento con tramitar el caso, explicó que, como parte de su estrategia, estaba espe-rando el momento oportuno para presentar la correspon-diente alegación bajo la teoría correcta. A pesar de ello, reconoció que el trámite tardó más de lo esperado. Con relación a la devolución de los honorarios, explicó que la razón por la cual no procedió a devolverlos se debió a la situación económica precaria que enfrentó al ser suspen-dido de la profesión legal. Por último, el licenciado Pérez Román pidió disculpas y solicitó que se le permitiera devol-ver los honorarios en el término de 180 días.

Posteriormente referimos la queja a la entonces Procu-radora General, para que presentara el informe correspondiente. Conforme a ello, recibimos el Informe de la Procuradora General en el cual se recomendó que el li-cenciado Pérez Román acreditara el pago de los honorarios en un término razonable, que luego de ello se le censurara y, entonces, se procediera con el archivo de la queja. Consecuentemente, emitimos una Resolución en la cual concedimos al licenciado Pérez Román un término de 20 días para que se expresara en torno al Informe y, además, le advertimos que, de no comparecer, se allanaba a la reco-mendación expuesta en el Informed

Tras no recibir respuesta del licenciado Pérez Román, el 4 de abril de 2017 el Procurador General presentó una mo-ción informativa por incumplimiento de orden y de acreditar la devolución de los honorarios de abogado. En resumen, el Procurador General expuso que habían pasado más de 6 meses sin que el licenciado Pérez Román se expresara sobre el Informe o acreditara el pago. Por ello, emitimos una Re-solución, en la cual le concedimos al licenciado Pérez Román 5 días para que acreditara la devolución de los honorarios so pena de sanciones, las cuales podrían incluir la suspensión del ejercicio de la abogacía.

Aunque surge del expediente que, el 16 de mayo de 2017, el licenciado Pérez Román recibió la resolución vía correo electrónico, no fue hasta el 30 de mayo de 2017 que éste presentó una moción en cumplimiento de orden No obstante, en esta moción no acreditó la devolución de los honorarios. Sin embargo, en su comparecencia el licen-ciado Pérez Román se limitó a exponer que actualmente le resulta imposible dar fiel cumplimiento con todos los asun-tos pendientes ante este Tribunal debido a su situación económica precaria y no nos solicitó una alternativa real ni un término para devolver los honorarios de abogado.

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Incumplimiento con las órdenes emitidas por este Tribunal

El Código de Ética Profesional dispone las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la pro-fesión legal. A tenor de lo anterior, el Canon 9 (4 LPRA Ap. IX) establece la conducta que los abogados deben ob-servar ante los tribunales. En específico, le impone al abo-gado el deber de “observar para con los tribunales una con-ducta que se caracterice por el mayor respeto”. La desatención de las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que representa una infracción a este canon. Por ello, los abogados tie-nen una obligación de atender con diligencia nuestras ór-denes, obligación que se torna más patente durante los procesos disciplinarios. A su vez, los abogados deben responder diligentemente a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y del Procurador General, puesto que su inobservancia acarrea el mismo efecto que cuando se desatiende una orden emitida por este Foro.

Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, dis-pone lo siguiente: “Todo abogado, toda abogada, notarios y notarias tendrán la obligación de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Registro Único”. Es decir, esta regla obliga a los abogados a notificar oportunamente cualquier cambio de dirección, ya sea física o postal, a la Secretaría de este Tribunal. Su podrá conllevar la imposición de sanciones, incluso de índole disciplinario. Ello, toda vez que incum-plir con obligación obstaculiza el ejercicio de nuestra fun-ción disciplinaria

III

En el caso ante nuestra consideración, a pesar de las múltiples oportunidades y apercibimientos que le concedi-mos al licenciado Pérez Román durante el trámite de las Quejas Núms. AB-2013-0408 y AB-2014-0007, éste ha des-plegado una conducta de desatención hacia nuestras órde-nes, provocando una infracción al Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra.

Con relación a la Queja Núm. AB-2013-0408, el licenciado Pérez Román no ha comparecido. Sin embargo, es importante destacar que la Resolución de 12 de mayo de 2017, en la que le concedimos un término final de 15 días para comparecer y en la que le apercibimos que de no cum-plir se le podría suspender del ejercicio de la abogacía, fue diligenciada negativamente. Ello, debido a que, cuando el Alguacil a cargo del diligenciamiento personal se comunicó por teléfono con el licenciado Pérez Román, éste le indicó que no vivía en Puerto Rico y que ya había notificado a este Tribunal su situación mediante moción. Tras examinar el expediente personal del licenciado Pérez Román, pudimos constatar que el 27 de febrero de 2017 informó mediante moción su salida del País. No obstante, éste no informó una dirección, con la premisa de que como en su trabajo estaría rotando de establecimientos aún no conocía en qué lugar permanecería. Además, no solicitó un cambio de dirección física ni lo actualizó mediante el RUA. A pesar que en la moción indicó que en las próximas 3 semanas sabría la dirección exacta, nada informó relacionado a ello. Así, el licenciado Pérez Román no cumplió con su deber de actua-lizar su dirección física. Lo anterior, unido a su constante incumplimiento con las promesas realizadas, provocaron una dilación en la tramitación de los procedimientos inicia-dos en su contra.

Por otra parte, en cuanto a la Queja Núm. AB-2014-0007, el licenciado Pérez Román incumplió con su deber de responder oportunamente. Es decir, compareció 8 días des-pués de expirado el término que le fue concedido y, además, no acreditó la devolución de los honorarios. Mediante su comparecencia, el licenciado Pérez Román nos propone re-conocer la deuda a través de un documento civil en el que se comprometería a la devolución de los honorarios. Nótese que esto en nada adelanta nuestro requerimiento, toda vez que desde la contestación a la queja el licenciado Pérez Román, ya había reconocido la deuda y prometido pagarla. Así, el licenciado Pérez Román ignoró nuestro requeri-miento una vez más.

IV

Por los fundamentos expuestos en la opinión per curiam que antecede, se ordena la suspensión inmediata e indefi-nida del Ledo. Paolo J. Pérez Román de la práctica de la abogacía.

El licenciado Pérez Román deberá notificar de forma in-mediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representa-ción legal, y debe devolverles los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya recibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar inme-diatamente de su suspensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. De-berá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con todo lo anterior dentro del término de 30 días, contado a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y Sentencia. Notifíquese esta opinión “per cu-riam” y Sentencia por correo ordinario y por correo electró-nico de RUA.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Véase Opinión per curiam de 20 de junio de 2014.

       Destacamos que la Queja Núm. AB-2012-319 fue archivada y la Queja Núm. AB-2013-211 está bajo la consideración del Procurador General para que presente el informe requerido.

       Véase Resolución de 13 de junio de 2016.

       Véanse Quejas Núms. AB-2013-0408, págs. 53-54, y Enmienda a la Queja, págs. 40-41.

       El 24 de febrero de 2014, la Resolución fue diligenciada personalmente por conducto de la Oficina de los Alguaciles de este Tribunal.

      Surge del expediente que el Tribunal de Primera Instancia decretó el archivo del caso, con perjuicio, toda vez que el demandante desistió.

       Véase Contestación a querella.

       Véase Resolución de 13 de junio de 2016.

       Véase Informe de la Procuradora General.

       Véase Resolución de 13 de septiembre de 2016.

       Véase Resolución de 27 de enero de 2017.

       Véase Resolución de 12 de mayo de 2017.

       Véase Moción en cumplimiento de orden en relación a los últimos pronun-ciamientos, de 27 de febrero de 2017, que obra en el expediente personal del abogado.

       Véase Informe del alguacil de 18 de mayo de 2017.

       Véase Contestación a queja, págs. 1-2.

       Véase Informe de la Procuradora General.

       Véase Resolución de 21 de septiembre de 2016.

       Véase Resolución de 12 de mayo de 2017.

       Destacamos que el Ledo. Paolo J. Pérez Román compareció fuera del tér-mino de 5 días que le fue concedido. La notificación mediante correo postal fue en-viada el 17 de mayo de 2017, por lo que tenía hasta el 22 del mismo mes y año para comparecer.

       Nótese que el licenciado Pérez Román también tiene pendiente unos reque-rimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y del Programa de Educación Jurídica Continua. Véase el expediente personal del licenciado Pérez Román (TS 15,582).

       Es decir, el licenciado Pérez Román solicita que se le permita reconocer la deuda a través de un documento civil en el cual se comprometería a devolver los honorarios. Ello, con el propósito de que la queja sea archivada. Véase la Moción en cumplimiento de orden, págs. 2-3.

        In re Vélez Lugo, 180 DPR 987, 985 (2011).

        In re López Méndez, 196 DPR 956, 960-961 (2016).

        In re Bryan Picó, 192 DPR 246, 251 (2015).

        In re Bryan Picó, supra.

        In re Chardón Dubós, 191 DPR 201, 207-208 (2014).

        In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).

        In re Bryan Picó, supra, pág. 252.

        In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).


text:
    Pedro Pabón Reyes, querellante apelado, v. South American Restaurants Corporation h/n/c Church’s Chicken, querellada apelante.

      Número: AC-2016-0026

      Resuelto: 21 de julio de 2017

      Giovanna P. Moreno y Juan M. Casellas Rodríguez, de Nolla, Palau & Casellas, abogados de la parte querellada ape-lante; Samuel Figueroa González, abogado de la parte que-rellante apelada.
   SENTENCIA

Comparece South American Restaurants Corp. h/n/c Sarco Chicken (South American o peticionaria) y nos soli-cita que revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta, el foro a quo confirmó una determinación del foro primario que declaró “con lugar” una reclamación de despido injustificado al amparo del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA see. 3118 et seq.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, re-vocamos y devolvemos el caso al foro apelativo intermedio para que resuelva los méritos de la controversia entre las partes. El Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al emitir la Sentencia recurrida sin el beneficio de la trans-cripción de la prueba vertida en el procedimiento ante el foro primario.

Pasamos a reseñar los antecedentes fácticos y procesa-les que dan origen al caso.

I

El 21 de enero de 2014, el Sr. Pedro Pabón Reyes pre-sentó ante el foro primario una querella por despido injus-tificado contra South American, en la cual invocó el trá-mite expedito que provee la Ley Núm. 2, supra, para reclamaciones laborales.

Luego de contestar la Querella, South American pre-sentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. No obstante, y luego de varias incidencias, el foro primario denegó esa solicitud por entender que existían controversias sustan-ciales de hechos materiales que impedían resolver el litigio por la vía sumaria. Tras la celebración del juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia notificó una Sen-tencia en la cual declaró “con lugar” la Querella presen-tada por el señor Pabón Reyes y condenó a la parte peticio-naria a indemnizarle una suma de $40,981.52 en concepto de mesada, más una suma de $6,147.22 por costas y hono-rarios de abogado.

En desacuerdo con la determinación notificada, el 13 de octubre de 2015, South American recurrió ante el foro ape-lativo intermedio mediante un recurso de apelación, en el cual cuestionó la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia. Así pues, el 23 de octubre de 2015 le solicitó a ese foro la autorización para someter una transcripción de la prueba oral presentada en el juicio. El 3 de noviembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones emi-tió una Resolución en la que accedió al petitorio de South American. A esos efectos, le concedió un término de treinta (30) días, o hasta el 7 de enero de 2016, para presentar una transcripción estipulada de la prueba oral. Esa Resolución se les notificó a las partes treinta y cuatro (34) días des-pués de haberse emitido. Es decir, el 7 de diciembre de 2015.

Así las cosas, el 16 de diciembre de 2015, South American presentó ante el foro primario una moción para la re-grabación del juicio celebrado el 30 de abril de 2015 e in-formó la anuencia del Tribunal de Apelaciones a esos efectos. Ese mismo día, presentó una Moción ante el Tribunal de Apelaciones, en la que indicó que se encontraba ges-tionando la regrabación de los procedimientos. En su com-parecencia solicitó que el término de treinta (30) días para someter la transcripción estipulada de la prueba comen-zara a transcurrir a partir de la fecha cuando el foro pri-mario le entregara la regrabación total del juicio. Solicitó, además, que “debido a la época festiva” el término conce-dido se extendiera por un término adicional de treinta (30) días.

No obstante, el foro apelativo intermedio no concedió la prórroga solicitada por South American y el 18 de diciem-bre de 2016 emitió una Resolución, en la cual le apercibió que de no presentar la transcripción estipulada en el tér-mino de treinta (30) días otorgado mediante Resolución, notificada el 7 de diciembre de 2015, adjudicaría el recurso sin el beneficio de la transcripción. Esa Resolución se noti-ficó el 28 de diciembre de 2015; es decir, diez (10) días luego de emitida y apenas diez (10) días antes de que venciera el término concedido a South American para presentar la transcripción estipulada de la prueba.

Así las cosas, el 4 de enero de 2016, South American presentó una Moción ante el foro primario en la que reiteró su solicitud. En su comparecencia indicó que el 16 de diciembre de 2015 había solicitado la regrabación del juicio celebrado ante ese foro. Señaló, además, que tenía hasta el 7 de enero de 2016 para someter la estipulación de la transcripción de la prueba ante el Tribunal de Apelaciones y que no había podido cumplir con la Orden de ese foro, toda vez que no había recibido la regrabación del procedimiento. En esa misma fecha, South American pre-sentó ante el foro apelativo intermedio una moción urgente en la que indicó que a esa fecha aún no había recibido del foro primario la Orden para la regrabación de los procedi-mientos, por lo cual no había podido gestionar su transcripción. A esos efectos, le solicitó al Tribunal de Ape-laciones que ordenara al foro primario a expedir la Orden correspondiente y que le concediera un término adicional de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la regrabación por el Tribunal de Primera Instancia para gestionar la transcripción de los procedimientos. Junto a su comparecencia la parte peticionaria anejó la Moción que había presentado ese mismo día ante el foro primario, rei-terando su solicitud de regrabación de los procedimientos. Del expediente de autos no surge que el Tribunal de Ape-laciones haya atendido esa moción.

El 2 de febrero de 2016, el foro primario notificó una Orden mediante la cual autorizó la regrabación solicitada por South American. Asimismo, la moción de la secretaría, para informar sobre el costo y materiales para la regraba-ción, fue notificada el 4 de febrero de 2016. No obstante, el 9 de febrero de 2016, el foro apelativo intermedio notificó una Sentencia, mediante la cual confirmó la determinación recurrida. En esta concluyó lo siguiente:

[ajunque SARCO impugnó la apreciación de la prueba que hizo el TPI, no presentó, dentro de los términos que le conce-dimos, una transcripción de la prueba oral estipulada, que nos pusiera en posición de evaluar la aquilatación que hizo el TPI, tanto de la prueba testifical como de la documental presentada en el juicio. Apéndice, pág. 165.

Oportunamente, South American solicitó la reconside-ración del dictamen emitido, pero ese foro denegó su solicitud. Inconforme con esta determinación, el 29 de fe-brero de 2016 South American acudió ante nos mediante recurso de apelación y señaló la comisión del error si-guiente:

Erró el [Tribunal de Apelaciones] al acortar sus propios térmi-nos reglamentarios sobre la radicación de la transcripción de prueba oral, con la consecuencia práctica de priva [r] a una parte de una revisión en los méritos. Apelación, pág. 6.

Acogido el recurso presentado como certiorari, el 24 de junio de 2016, emitimos una Orden a la parte recurrida para que mostrara causa, si alguna, por la cual no debía-mos revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver la controversia de autos sin trámites ulteriores.

HH 1—I

La Regla 29 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que cuando una parte apelante o peticionaria considere que, para atender adecuadamente sus señalamientos de error, ese foro debe examinar la prueba oral presentada ante el foro juzgador, esa parte po-drá exponerla mediante una transcripción, una exposición estipulada o una exposición narrativa. Pueblo v. Carrero Rolstad, 194 DPR 658 (2016). El inciso (B) de la Regla 29, supra, dispone que la parte apelante o peticionaria deberá someter una moción para acreditar el método de reproduc-ción de la prueba oral que utilizará en un término de diez (10) días contados a partir de la presentación del escrito de apelación. Sin embargo, la Regla le concede discreción al foro apelativo intermedio para determinar el método que mejor propicie la rápida resolución de la controversia.

La Regla 76 del Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes, 4 LPRA Ap. XXII-B, reconoce dos (2) métodos para elevar la prueba oral: mediante un transcriptor autorizado o por estipulación. En su inciso (C), esta Regla dicta el procedimiento que se ha de seguir cuando la transcripción de la prueba es por estipulación. En lo pertinente a la con-troversia ante nuestra consideración, dispone lo siguiente:

(C) Transcripción estipulada.—Previa autorización del tribunal, el proponente podrá utilizar la grabación realizada con su propia grabadora o la regrabación de los procedimientos y preparar una transcripción, la cual podrá presentarse como la trascripción de la prueba oral, si la parte apelada o recurrida estipula que dicha transcripción es una reproducción fiel de la prueba oral.
(E) Las transcripciones se prepararán y presentarán en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones dentro del plazo orde-nado por éste. Será obligación de la parte proponente sumi-nistrar copias de la transcripción de la prueba oral a todas las demás partes dentro del mismo plazo. Este plazo será prorrogable sólo por justa causa y mediante moción debida-mente fundamentada. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76.

Como puede observarse, el inciso (E) de esta Regla le reconoce discreción al Tribunal de Apelaciones para fijar los plazos de cumplimiento, ello conforme con el eficiente trámite apelativo y el derecho de las partes. Pueblo v. Carrero Rolstad, supra.

A la luz de este crisol estatutario y jurisprudencial, pa-semos a disponer de la controversia.

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Según intimado, la controversia de autos nos enco-mienda determinar si el Tribunal de Apelaciones incidió al emitir la sentencia recurrida, sin el beneficio de la trans-cripción de la prueba vertida en el procedimiento ante el foro primario. Como discutimos a continuación, y en armo-nía con el marco jurídico reseñado, concluimos que el foro apelativo intermedio procedió de forma irrazonable y, por consiguiente, abusó de su discreción.

La Regla 76 del Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes, supra, le reconoce discreción al foro apelativo interme-dio para fijar el término, en el cual una parte proponente debe completar y presentar en la Secretaría de ese foro la transcripción de la prueba oral. Este Tribunal ha definido “discreción” como el “poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). No obstante, esa discreción judicial no es absoluta y “está inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se ejerza”. Pueblo v. Carrero Rolstad, supra, pág. 688. Véase García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). De modo que, “aquella determinación discrecional que transgreda ese marco de razonabilidad constituirá un abuso de discreción”. Pueblo v. Carrero Rolstad, supra, pág. 688.

A pesar de la diligencia exhibida por la representación legal de South American, quien compareció oportunamente en múltiples ocasiones para manifestar que la transcrip-ción de la prueba, no había podido ser completada, debido a que el foro primario aún no le había entregado la regraba-ción de los procedimientos, el foro apelativo intermedio optó por no concederle prórroga alguna a la parte peticionaria. En su sentencia el Tribunal de Apelaciones erróneamente expone que le concedió un término exten-dido a South American para presentar la transcripción de la prueba estipulada. Apéndice, pág. 156. No obstante, un estudio del expediente de autos devela que ello no ocurrió.

Si bien es cierto que la Regla 76, supra, le concede dis-creción al foro apelativo intermedio para otorgar los térmi-nos correspondientes para presentar una transcripción es-tipulada, ese poder no puede utilizarse arbitrariamente para penalizar a una parte que ha sido diligente. Máxime cuando el cumplimiento en el término provisto dependía de que el foro primario ordenara y entregara la regrabación de los procedimientos que South American se proponía transcribir. De hecho, la representación legal de South American informó al Tribunal de Apelaciones que le era imposible reproducir la transcripción estipulada en ese tér-mino provisto, pues tenía las manos atadas hasta tanto el foro primario iniciara el trámite correspondiente y emi-tiera la Orden para autorizar la regrabación de la vista.

En todo momento la representación legal de South American mantuvo informado al Tribunal de Apelaciones me-diante la presentación de tres (3) mociones en las cuales explicó la demora del foro primario y solicitó una prórroga para presentar la transcripción. Como vimos, South American no se cruzó de brazos ante la demora del Tribunal de Primera Instancia, sino que actuó de manera proactiva ante ambos foros.

Al no conceder prórroga alguna, el propio Tribunal de Apelaciones colocó a South American en posición para in-cumplir con el término ordenado. Sencillamente es irrazo-nable pensar que una parte pueda transcribir una prueba que no tiene en su posesión. Sin ella, South American no podía acatar la Orden del Tribunal de Apelaciones en el término provisto. El cumplimiento de South American es-taba supeditado al trámite oportuno del foro primario a los fines de ordenar la regrabación de los procedimientos. Ello no ocurrió y como vimos, la representación legal de South American fue diligente en reiterar su solicitud ante ese foro e informar al Tribunal de Apelaciones de las dificultades para cumplir con el plazo otorgado. No obstante, para el foro apelativo intermedio las gestiones realizadas por la repre-sentación legal de South American se limitaron “a solicitar de forma despreocupada 2 prórrogas”. No coincidimos.

Con su proceder, el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción. Erró al no concederle una prórroga a South American y emitir la Sentencia recurrida sin el beneficio de la transcripción de la prueba vertida en el procedi-miento ante el foro primario.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto peticionado y se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso a ese foro para que lo resuelva en los méritos.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

       Es menester destacar que el 18 de julio de 2016, South American Restaurants Corp. h/n/c Sarco Chicken compareció ante nos mediante una Moción Informativa. En esta certificó que en esa misma fecha envió copia de la transcripción a la representación legal del Sr. Pedro Pabón Reyes.


author: El Juez Asociado Señor Colón Pérez Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

text:
    Junta de Planificación, recurrida, v. Asociación de Residentes de Altamira, Inc., peticionaria.

      Número: CC-2014-0237

      Resuelto: 25 de julio de 2017

      Celio Cruz Caraballo, Patricia Muñoz Bibiloni y Melissa Ruiz, del bufete Muñoz Benitez Brugueras & Cruz, PSC, aboga-dos de la parte peticionaria; Benjamín Soto Maldonado y Milagros E. Rijos Ramos, abogados de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta de Planificación de Puerto Rico, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Colón Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos corresponde determinar cuáles son aquellas formalidades de ley con las que debe cumplir la Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta de Planifi-cación) al momento de emitir y notificar una resolución en el contexto de un proceso de rezonificación, de modo que las personas o entidades afectadas por esta puedan presentar oportunamente el recurso de revisión judicial, de estar in-teresadas en ello. En particular, nos corresponde resolver si la Junta de Planificación tiene el deber de identificar, en el texto de una resolución, los nombres y las direcciones postales de los y las dueños y dueñas de las propiedades objeto del proceso administrativo.

Adelantamos que, analizada cuidadosa y detenidamente la normativa que gobierna este asunto —y en particular, los principios más básicos del debido proceso de ley— re-solvemos que la Junta de Planificación tiene la obligación, al momento de emitir una resolución en los procesos de rezonificación, de especificar los nombres y las direcciones de las personas dueñas peticionarias de las propiedades afectadas por dicho proceso.

La conclusión a la cual llegamos hoy resulta indispensable para que cualquier persona —natural o jurídica— que interese presentar un recurso de revisión de un dicta-men de la Junta de Planificación en un proceso de rezoni-ficación, pueda cumplir con la obligación impuesta por este Tribunal en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, 189 DPR 895 (2013). En dicha ocasión, establecimos a quiénes se debe notificar un recurso de revisión en el cual se pre-tenda impugnar una resolución de la Junta de Planifica-ción emitida en un proceso de rezonificación. Veamos.

I—I

En febrero, marzo y septiembre de 2005, y en septiem-bre de 2006, de forma independiente, se presentaron ante la Junta de Planificación varias solicitudes de cambios de zonificación relacionadas con ocho propiedades localizadas en la calle Aldebarán de la Urbanización Altamira, a saber: Caso Núm. 2005-17-0148-JPZ, Caso Núm. 2005-17-0174-JPZ Caso Núm. 2005-17-0176-JPZ, Caso Núm. 2005-17-0178-JPZ, Caso Núm. 2005-17-0679-JPZ, Caso Núm. 2005-79-0175-JPZ y el Caso Núm. 2006-117-0621-JPZ. Según surge del expediente, dicha urbanización ubica en una zona residencial, localizada en el municipio de San Juan.

En esencia, en las referidas peticiones se solicitó la re-zonificación de ciertas propiedades ubicadas en la calle Al-debarán de la Urbanización Altamira, de un Distrito R-3 (residencial tres) a un Distrito CO-1 (comercial de oficina uno), C-L (comercial liviano) o C-l (comercial local).

Evaluadas las referidas solicitudes, mediante distintas resoluciones, en fechas diferentes, la Junta de Planifica-ción autorizó el cambio de rezonificación en todas las pro-piedades en cuestión de un Distrito R-3 a un Distrito CO-1 y, en una sola propiedad, de un Distrito R-3 al Distrito C-L. En cada una de las resoluciones emitidas por la Junta de Planificación se incluyó el apercibimiento siguiente:

Las actuaciones de la Junta sobre solicitudes de cambio de zonificación son de carácter cuasi-legislativo a tenor con lo es-tablecido en el Artículo 32, Inciso B de la Ley Número 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada. Las mismas serán finales. Disponiéndose que en los casos que se entienda que la Junta no cumplió con los requisitos estatutarios, para adop-ción y promulgación o enmienda a dichos reglamentos y ma-pas, podrá recurrirse en revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, a impugnar el procedimiento seguido, dentro de un término de treinta (30) días contados desde que entra en vigor la enmienda, cónsono con la Ley Número 75 antes citada, [y] la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. Una vez autorizada una enmienda a un Mapa de Zonificación por la Junta, la misma entrará en vigor a los quince (15) días de publicarse un edicto sobre la adopción de enmiendas a los Mapas de Zonificación en un periódico de cir-culación general en Puerto Rico.

Así las cosas, tras un periodo de aproximadamente seis años desde la otorgación de las respectivas autorizaciones de rezonificación —y con el propósito de darle fin al proceso de enmiendas al mapa de calificación— el 23 de mayo de 2013 la Junta de Planificación emitió la Resolución C-18-33, Aprobando y Adoptando la Enmienda a la Hoja Núm. 8-B del Mapa de Calificación de Suelo del Municipio de San Juan (la Resolución C-18-33). Mediante la misma, se autorizó la enmienda a la Hoja Núm. 8-B del Mapa de Calificación de Suelo del Municipio de San Juan, quedando afectados por la decisión los casos antes mencionados, números 2005-17-0148-JPZ, 2005-17-0174-JPZ, 2005-17-0176-JPZ, 2005-17-0178-JPZ, 2005-17-0679-JPZ, 2005-79-0175-JPZ y 2006-117-0621-JPZ, sobre las propiedades ubicadas en la Urbanización Altamira.

Ahora bien, y de particular importancia para la contro-versia ante nuestra consideración, resulta ser que la refe-rida Resolución C-18-33 también afectó cuatro peticiones relacionadas a otros solares en el referido municipio, a saber: el caso Núm. 2000-78-0776-JPZ, ubicado en la Urbanización Las Lomas; el caso Núm. 2006-17-0188-JPZ, en la Urbanización Summit Hills, y los casos núm. 2009-17-0063-JPZ y 2009-17-0064-JPZ, ubicados en la Carr. 19, Km. 07 y Km. 0.75, de San Juan.

Oportunamente, la Junta de Planificación notificó a los peticionarios afectados en el proceso la Resolución C-18-33. Entre las advertencias incluidas por dicho organismo gu-bernamental en el referido dictamen, se incluyeron las si-guientes:

La hoja así enmendada sustituirá, luego del cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley Número 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada, al correspondiente MAPA DE CALIFICACION DE SUELOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, el cual fue adoptado por la Junta de Planificación el 13 de marzo de 2003. Esta enmienda entrará en vigor el 28 de julio de 2013, a los quince (15) días, luego de la publicación de un edicto en un periódico de circulación general el 12 de julio de 2013. CERTIFICO: Que la anterior es copia fiel y exacta del informe adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico, en su reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, por lo que expido copia bajo mi firma y sello oficial de esta Junta en San Juan, Puerto Rico, hoy 12 [de] julio [de] 2013[.]

Según se puede colegir, la mencionada resolución no in-cluyó nombres ni direcciones de los propietarios o titulares de los solares afectados por las determinaciones de la Junta de Planificación, quienes participaron en el procedi-miento de cambio de zonificación.

Así pues, y en conformidad con lo establecido mediante la referida Resolución C-18-33, el 12 de julio de 2013 se publicó un edicto en el periódico El Vocero titulado Aviso sobre cambio de calificación autorizado por la Junta de Planificación de Puerto Rico. En el artículo se incluyó de forma íntegra el texto de la Resolución C-18-33, es decir, que tampoco se incluyeron los nombres o las direcciones de las personas naturales o jurídicas afectadas por tales de-terminaciones de la Junta.

Enterada de ello, la Asociación de Residentes de Altamira, Inc. (la Asociación de Residentes) presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando las determinaciones relacionadas con las peticiones 2005-17-0148-JPZ, 2005-17-0174-JPZ, 2005-17-0176-JPZ, 2005-17-0178-JPZ, 2005-17-0679-JPZ, 2005-79-0175-JPZ y 2006-117-0621-JPZ. Dicho recurso de revisión judicial solo se notificó a los titulares cuya rezonificación era impugnada. El mencionado recurso no fue notificado a los dueños de las propiedades afectadas por las peticiones 2000-78-0776-JPZ, 2006-17-0188-JPZ, 2009-17-0063-JPZ y 2009-17-0064-JPZ, contra las cuales no se presentó recla-mación judicial alguna, a pesar de que los inmuebles objeto de tales peticiones también fueron afectados por la Resolución C-18-33, que enmendó el mapa de calificación.

Tras varios trámites procesales que huelga pormenori-zar aquí, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución mediante la cual sostuvo que, examinada la Resolución C-18-33, “la misma carece de los fundamentos necesarios para que [el foro apelativo intermedio] pueda ejercer su función revisora”. (Enfasis suplido). Por ser esto así, al amparo de su facultad revisora, conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dicho foro devolvió el caso a la Junta de Planificación para que emi-tiera una resolución donde expusiera los fundamentos en que se basó para la reclasificación de las propiedades en cuestión.

En cumplimiento con lo ordenado, la Junta de Planifi-cación compareció ante el Tribunal de Apelaciones me-diante una Moción en Cumplimiento de Orden, la cual es-taba acompañada de una Resolución en Cumplimiento de Orden, en la cual fundamenta sus determinaciones, según les fue requerido. Es menester señalar, sin embargo, que en la nueva resolución, la Junta de Planificación incluyó la siguiente acreditación de notificación, a saber:

CERTIFICO: Que la anterior es copia fiel y exacta del informe adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico en su reunión del 14 de noviembre de 2013, por lo que expido copia bajo mi firma y sello oficial de esta Junta en San Juan, Puerto Rico, hoy 14 de noviembre de 2013.

Días más tarde, la Junta de Planificación presentó una Solicitud de Desestimación ante el Tribunal de Apelacio-nes, mediante la cual argüyó que el recurso de revisión no se perfeccionó dentro del término jurisdiccional para su presentación, ya que el escrito no fue notificado a todos los titulares de las propiedades incluidas en la Resolución C-18-33. Por tal motivo, la referida agencia solicitó que el foro apelativo intermedio declarara “no ha lugar” la revi-sión en cuestión.

A dicha solicitud, la Asociación de Residentes se opuso. Alegó que notificó el recurso de revisión a “todas las partes correspondientes, específicamente las personas cuyas re-calificaciones afectaron propiedades dentro de la Urbaniza-ción Altamira” Asimismo, la Asociación planteó que, dado que el Tribunal de Apelaciones determinó que la re-solución de la Junta de Planificación carecía de fundamen-tos y la agencia gubernamental presentó una resolución enmendada, lo correcto hubiese sido que se notificara nue-vamente la Resolución Enmendada autorizando los cam-bios de calificación, mediante la correspondiente publica-ción de un edicto.

Tras conceder a las partes un breve término para que se expresaran en torno a los escritos presentados por ambas, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución mediante la cual declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación; ello, por entender que la Asociación de Residentes “notificó el escrito de revisión administrativa a aquellas partes contra las cuales solicita algún remedio”.

No obstante, posteriormente, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución motu proprio para señalar lo si-guiente:

Por otra parte, al examinar la Resolución en Cumplimiento de Orden de la Junta [,] nos percatamos que la misma no in-cluye una certificación de notificación que indique expresa-mente todas las partes a las cuales notificó su determinación. Ello resulta indispensable para evitar cualquier controversia potencial sobre notificación que pueda afectar la eficacia jurí-dica de la determinación que en su día emita este Tribunal. (Énfasis suplido).

Así las cosas, el foro apelativo intermedio, nuevamente, concedió a la Junta de Planificación un término para que notificara adecuadamente la Resolución en Cumplimiento de Orden, especificando, esta vez, las personas a las que notificaba su determinación.

Así las cosas, la Junta de Planificación compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante una Moción en Cum-plimiento de Orden y otros Extremos, en la cual anejó la Resolución Enmendada anteriormente presentada, inclu-yendo en esta ocasión —y por primera vez— la certificación de notificación con los nombres y direcciones postales de los dueños de las propiedades objeto del proceso de rezonificación. Además, la Junta de Planificación aprove-chó la oportunidad para solicitar nuevamente la desesti-mación del recurso de revisión. Ello, según el mismo fun-damento de falta de notificación del recurso judicial —presentado por la Asociación de Residentes— a todas las partes afectadas por la Resolución C-18-33, a la luz de lo resuelto por este Tribunal en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra.

Por su parte, en oposición, la Asociación de Residentes planteó que lo resuelto por esta Curia en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, no aplicaba a la presente situación, puesto que en aquella ocasión uno de los errores planteados podía tener el efecto de la revocación total de la Resolución que había autorizado la rezonificación en dicho caso; cosa que no sucede en este caso, ya que aquí, los erro-res señalados “se circunscriben exclusivamente a las re-zonificaciones autorizadas en la Urbanización Altamira y no se solicita remedio alguno en contra de las demás propiedades”. (Énfasis en el original). Por ello, entendió la Asociación de Residentes que no era necesaria la notifi-cación del recurso a todos los propietarios. En la alterna-tiva, la Asociación de Residentes solicitó que se ordenara la notificación por edicto de la Resolución Enmendada emi-tida por la Junta de Planificación, en la que fundamentó sus determinaciones, como resultado de la orden del Tribunal de Apelaciones, por entender que era necesario para que comenzara a transcurrir el término para recurrir en alzada.

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia. Al así hacerlo, desestimó el recurso de revisión judicial, por entender que la Asocia-ción de Residentes no notificó el recurso de revisión a los titulares de las propiedades objeto de las peticiones 2000-78-0776-JPZ, 2006-17-0188-JPZ, 2009-17-0063-JPZ y 2009-17-0064-JPZ, por lo que quedó privado de jurisdicción.

Inconforme con tal determinación, la Asociación de Re-sidentes acude ante nos mediante un recurso de certiorari y sostiene que el foro apelativo intermedio actuó sin juris-dicción al disponer del presente caso, puesto que la Junta de Planificación no había identificado en la Resolución C-18-33 el nombre de las partes afectadas por la misma ni sus direcciones postales. Plantea la Asociación de Residen-tes que tal actuación violentó el requisito de notificación adecuada que impone el debido proceso de ley. Por lo tanto, solicita que ordenemos a la agencia notificar correctamente la resolución recurrida.

Contando con el beneficio de las comparecencias de las partes, procedemos a resolver.

II

Como es sabido, la Junta de Planificación es el or-ganismo gubernamental encargado de establecer la política pública del país en lo que al tema de zonificación se refiere. Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, págs. 904-905; ELA v. Domínguez, 104 DPR 468, 470 (1975). Véase, además, la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, conocida como Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 23 LPRA see. 62 et seq. En virtud de ello, mediante procesos cuasilegislativos, dicha agencia está autorizada a adoptar o enmendar los mapas de zonificación de las distin-tas áreas del país. 23 LPRA sec. 62j(5). Véanse, además: Ramírez et al. v. Jta. Planificación, 185 DPR 748, 756 (2012); Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 545 (1990).

Al respecto, al interpretar la facultad de la Junta de Planificación para atender las solicitudes y enmiendas de zonificación, hemos establecido que tal función es cuasilegis-lativa, “ya que no adjudica una controversia!,] sino que es-tablece una reglamentación”. Ramírez et al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 756. Véanse, además: T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 83 (1999); Luan Investment Corp. v. Román, supra, pág. 546. Es decir, en un proceso de zonificación ante la Junta, dicha entidad “no tiene que expresar las determinaciones de hecho y de dere-cho en las que fundamentó su decisión”. Ramírez et al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 756. Y es que, tal y como expresamos en Luan Investment Corp. v. Román, supra, pág. 547,

[l]os mapas de zonificación y sus enmiendas representan la forma visual y práctica de instrumentar los reglamentos de zonificación y sus enmiendas. Su aprobación y enmiendas no son actos de naturaleza adjudicativa, dirigidos a resolver una controversia en particular entre una o más personas, sino que son actos producto de los instrumentos con los cuales el Es-tado ha provisto a la Junta para reglamentar el uso de la tierra en Puerto Rico, de manera que se logre un desarrollo integral y balanceado de nuestra sociedad.

HH h—I h—I

En conformidad con lo anterior, la Junta de Planifica-ción aprobó el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4), Reglamento Núm. 6211 del Departamento de Estado de 5 de noviembre de 2000 (Reglamento de Zonificación), mediante el cual se instituye el procedimiento por el cual se rige el proceso de zonificación en Puerto Rico. Según el mismo, en aquellas circunstancias en las que una petición de cambio de zoni-ficación se realice por una persona u organismo, se deberá cumplir con las obligaciones y los requisitos contenidos en este.

Particularmente, y en lo pertinente a la contro-versia que nos ocupa, cuando se presenta una petición de rezonificación, existe un deber de notificar a los dueños de las propiedades de la zona sujeta al cambio. Véase Sec. 4.06 del Reglamento de Zonificación, supra, págs. 48-50. Véase, además, Ramírez et al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 759. Precisamente, al interpretar dicho deber de notificación, esta Curia ha expresado lo siguiente:

Evidentemente la notificación es esencial en todos los aspectos que cubren el proceso de zonificación. Esto se fundamenta en que un cambio de zonificación tiene la consecuencia de limitar la propiedad de los ciudadanos. No estamos ante un regla-mento de aplicación general. Por el contrario, el cambio de zonificación es una reglamentación de aplicación particular. Por esa razón, la oportuna notificación de un cambio de zoni-ficación es parte integral del debido proceso de ley de los ciudadanos. Cónsono con lo anterior, en Montoto v. Lorie, 145 DPR 30, 44 (1998), reconocimos que cuando la Junta altera la zonificación existente de un área, ello “hace indispensable la adecuada notificación a todas las partes cuyos intereses pue-dan quedar afectados”. (Escolio omitido y énfasis suplido). Ramírez et al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 760.

Según se puede colegir, la notificación a toda persona dueña de aquellas propiedades sujetas al proceso de zonificación, o que puedan quedar afectadas por este, re-sulta “esencial en el ámbito administrativo”. Ramírez et al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 760. Asimismo, tratán-dose la notificación de una salvaguarda al debido proceso de ley, este Tribunal ha reconocido que “la importancia de la notificación a los propietarios cubre todo el proceso de zonificación, incluyendo las etapas apelativas”. (Enfasis en el original). Íd. Ello, puesto que resulta “indispensable [...] la adecuada notificación a todas las partes cuyos intereses puedan quedar afectados”. (Enfasis suplido y en el original). íd. Cónsono con lo anterior, establecimos que cualquier ciudadano que haya promovido una impugnación de rezonificación mediante un recurso de revisión judicial tiene derecho a ser notificado por el Tribunal de Apelaciones de la sentencia que se haya dictado. Id.

Posteriormente, en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, este Tribunal se enfrentó a otra controversia relacionada al dilema de la notificación dentro de los procesos de rezonificación. En específico, tuvimos que resolver quiénes debían ser notificados de la presentación de un recurso de revisión judicial que impugnaba una resolu-ción de la Junta de Planificación, emitida durante un pro-ceso de rezonificación. En aquella ocasión, resolvimos que la notificación de un recurso de revisión judicial que se haya presentado con el fin de impugnar una resolución de la Junta de Planificación “debe hacerse a todos los dueños o peticionarios que se incluyen en dicho dictamen, según constan en el expediente administrativo, en virtud de la naturaleza del proceso de rezonificación”. (Enfasis suplido). Íd., pág. 912. Añadimos que en aquellas circunstancias en las que los dueños no tengan un representante designado para el proceso, la notificación al dueño o dueña será suficiente. íd. Por otra parte, en las situaciones en las que ocurra un cambio de dueño durante el trámite administra-tivo, será responsabilidad del nuevo propietario hacer constar tal cambio a la Junta. íd.

En fin, tal y como hemos señalado, durante todo el proceso de rezonificación, tanto a nivel administrativo como en cualquier etapa apelativa, existe un deber de no-tificar a los dueños de las propiedades sujetas a dicho trámite. Es imperativo recalcar que tal obligación tiene su génesis en la garantía constitucional que protege a los ciu-dadanos y ciudadanas de no ser privados de su propiedad sin un debido proceso de ley. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Enmda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.

Sabido es que la notificación adecuada es un elemento indispensable del debido proceso de ley. Véase Mun. San Juan v. Plaza las Américas, 169 DPR 310, 329 (2006). La notificación en un trámite administrativo es el vehículo que concede “la oportunidad de advenir en cono-cimiento real de la determinación tomada, a la vez que otorga a las personas cuyos derechos pudieran verse trans-gredidos una mayor oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios que le han sido concedidos por ley”. Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). A raíz de lo anterior, esta Curia ha determinado que la falta de notificación de un recurso de revisión de una decisión administrativa “puede afectar la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones”. Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, pág. 903.

Por consiguiente, a raíz de la normativa anterior-mente expuesta —tratándose la notificación a los dueños de las propiedades sujetas al proceso de rezonificación de un elemento indispensable, tanto a nivel administrativo como apelativo—, hoy resolvemos que la Junta de Planifi-cación tiene el deber de identificar expresamente los nom-bres y las direcciones postales de dichos dueños en el texto de sus resoluciones. Es decir, en cualquier procedimiento de rezonificación, la Junta tiene que especificar —en la cer-tificación de notificación— el nombre de todos los dueños de las propiedades objeto de dicho procedimiento, o sus re-presentantes legales, junto a sus direcciones postales.

Como mencionamos anteriormente, la conclusión a la cual hoy llegamos resulta indispensable para que cual-quier persona —natural o jurídica— que interese presen-tar un recurso de revisión de un dictamen de la Junta en un proceso de rezonificación, pueda cumplir con la obliga-ción impuesta en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra. Resolver lo contrario implicaría avalar la omisión de la Junta de Planificación de identificar a todos los due-ños de las propiedades objeto del procedimiento de rezoni-ficación, lo que impondría una carga sumamente onerosa en las personas que ejerzan su derecho a revisar un dicta-men administrativo. Además, é incluso de mayor enverga-dura, estaríamos ratificando una conducta que, a todas lu-ces, atenta contra el debido proceso de ley.

Al amparo de todo lo previamente esbozado, procedemos a resolver.

IV

Como hemos visto, en el presente caso, tras haber ini-ciado un proceso de rezonificación y luego de varios trámi-tes procesales, la Junta de Planificación emitió la Resolución C-18-33. Mediante esta se autorizó la enmienda a varios mapas de calificación de suelo del municipio de San Juan, afectando la zonificación de varias propiedades. Tal Resolución, si bien incluyó una serie de advertencias, no hizo mención específica a los dueños de las propiedades afectadas por la referida rezonificación o sus representantes legales. Tampoco incluyó las direcciones postales de tales personas.

No obstante lo anterior, la Asociación de Residentes pre-sentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando la Resolución C-18-33. Específi-camente, se presentaron planteamientos dirigidos a im-pugnar únicamente las peticiones 2005-17-0148-JPZ, 2005-17-0174-JPZ, 2005-17-0176-JPZ, 2005-17-0178-JPZ, 2005-17-0679-JPZ, 2005-79-0175-JPZ y 2006-117-0621-JPZ, sin referencia alguna a las demás peticiones que fue-ron objeto de la referida resolución, a saber: las peticiones 2000-78-0776-JPZ, 2006-17-0188-JPZ, 2009-17-0063-JPZ y 2009-17-0064-JPZ.

Así las cosas, la Asociación de Residentes notificó el re-curso de revisión judicial únicamente a los dueños de las propiedades afectadas por las siete peticiones incluidas en el recurso, todas ubicadas en la Urbanización Altamira. Los demás dueños de propiedades afectadas por el dicta-men de la Junta de Planificación —quienes también ha-bían presentado peticiones de rezonificación— no fueron notificados de tal recurso.

Una vez presentado el recurso ante el Tribunal de Ape-laciones, dicho foro ordenó a la Junta de Planificación no-tificar una resolución enmendada en la que se expusieran los fundamentos en los que basó su determinación. En cumplimiento con tal orden, la referida agencia presentó una resolución enmendada en la cual, a pesar de incluir los fundamentos en los que basó sus decisiones, no identificó de forma alguna el nombre de los dueños de las propieda-des objeto del procedimiento de rezonificación, sus represen-tantes legales ni sus direcciones postales, a quienes se diri-gió la notificación.

Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de Apela-ciones emitió una resolución en la cual expuso haberse per-catado de que la resolución enmendada presentada por la Junta “no incluye una certificación de notificación que in- dique expresamente todas las partes a las cuales notificó su determinación”. (Énfasis suplido). A pesar de lo anterior, y tras haber concluido que tal omisión podría acarrear una “controversia potencial [...] que [podría] afectar la eficacia jurídica de la determinación que en su día emita”, el foro apelativo intermedio, en aras de entender en los méritos de la controversia, ordenó a la Junta de Planificación a noti-ficar adecuadamente la Resolución Enmendada, con espe-cificidad de las personas a las cuales notificaba su dictamen. Es decir, el Tribunal de Apelaciones no deses-timó el recurso presentado, sino que le concedió un término a la parte para que presentara la correspondiente en-mienda en cumplimiento de orden.

Una vez realizada la referida enmienda, y tras varios trámites procesales, el Tribunal de Apelaciones dictó sen-tencia desestimando el recurso de revisión judicial, por en-tender que la falta de notificación por parte de la Asocia-ción de Residentes le privó de jurisdicción. Al proceder de esta forma, el Tribunal de Apelaciones abusó de su discre-ción, pues al percatarse de la falta de notificación por parte de la Junta de Planificación, debió desestimar inmediata-mente el recurso, sin trámite ulterior y sin brindarle opor-tunidad a la entidad a que enmendara su resolución.

Como hemos visto, la Junta de Planificación tenía el deber de incluir en su certificación de notificación en la Resolución C-18-33 los nombres y direcciones de todos los dueños de las propiedades afectadas por el procedimiento de rezonificación. Ello, en garantía del debido proceso de ley que le asiste a toda persona que podría ver afectados sus derechos propietarios a raíz de la determinación de la Junta de Planificación en el referido proceso de rezonificación. Sin embargo, al no hacerlo, su actuación tuvo el efecto de privar al foro apelativo intermedio de jurisdicción. Ello, puesto que la Resolución C-18-33 no fue notificada conforme a derecho y, en consecuencia, el tér-mino para recurrir de la misma no comenzó a transcurrir.

Resuelto lo anterior, por tratarse de un asunto de índole jurisdiccional, no hace falta que atendamos los demás erro-res presentados por los peticionarios.

V

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Corresponde a la Junta de Planificación notificar su resolución conforme a lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurrió con una opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

Opinión concurrente emitida por la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Coincido con el dictamen que emitió este Tribunal de devolver este caso a la Junta de Planificación para que notifique adecuadamente la resolución en controversia. Solo así, mediante una certificación de notificación que in-cluya los nombres y las direcciones de los dueños de pro-piedades afectadas por rezonificaciones de la Junta, la parte peticionaria estará en posición de cumplir con lo que resolvió este Tribunal en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, 189 DPR 895 (2013). No obstante, por las preocu-paciones que expreso a continuación, opto por un voto con-currente y no de conformidad con la opinión mayoritaria.

En Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, un caso similar a este, se estableció que la parte que impugna una resolución sobre zonificaciones de la Junta de Planifi-cación tiene que notificar su recurso de revisión a todos los propietarios incluidos en la resolución. Íd., pág. 912. Esto, pues, como parte del debido proceso de ley, cada una de esas personas debe estar informada de cualquier procedi-miento en el cual sus derechos propietarios se pudieran afectar. Íd., pág. 911. En principio, se trata de una norma válida. Ahora bien, una vez nos adentramos en la dinámica real de estos procedimientos administrativos, advertimos las dificultades que representa cumplir con ella.

Según vemos en el caso ante nosotros hoy, así como en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, la Junta acostumbra acumular en una misma resolución distintas determinaciones de rezonificación que pertenecen a una misma Hoja del Mapa de Calificación de Suelos. Esto quiere decir que en una sola resolución la Junta dispone de peticiones de rezonificación presentadas en momentos dis-tintos, por personas distintas y en torno a sectores o urba-nizaciones distintas que, aunque no guarden relación ni cercanía, caen dentro de la misma hoja. La consecuencia real de esto, y de la norma adoptada por el Tribunal, es que para impugnar una determinación adversa de la Junta so-bre una petición relacionada a un sector o urbanización en particular, una parte tiene que notificarle su recurso a de-cenas, sino cientos, de propietarios de otras áreas que pu-diesen no estar involucrados o verse afectados por esa im-pugnación particular. Todo por el hecho de que la Junta dispuso de peticiones distintas que agrupó en una sola resolución.

Por ejemplo, en este caso la Junta agrupó en una reso-lución su determinación en torno a peticiones de rezonifi-cación de la Urbanización Altamira, la Urbanización Las Lomas y la Urbanización Summit Hills, entre otras propie-dades, pues todas ubican, dentro de la Hoja Núm. 8-B del Mapa de Calificación de Suelos del Municipio de San Juan. La Asociación de Altamira, naturalmente, solo interesaba impugnar la resolución de la Junta en cuanto autorizó que unas propiedades en Altamira cambiaran de una califica-ción residencial a una de índole comercial. A esos efectos, la Asociación solo notificó su recurso de revisión a los propie-tarios de Altamira, no así a los de Las Lomas, Summit Hills y las otras propiedades que se incluyeron en la resolución.

Luego de varios trámites procesales el Tribunal de Ape-laciones desestimó el recurso de revisión judicial de la Aso-ciación, precisamente por la falta de notificación a los otros titulares cuyas peticiones de rezonificación se atendieron en la misma resolución, a pesar de que no pertenecen a la Urbanización Altamira. Una mayoría de este Tribunal re-solvió hoy que la Asociación no estaba en posición de cum-plir con el requisito de notificación puesto que, al emitir su resolución, la certificación de notificación de la Junta de Planificación no incluyó los nombres y las direcciones de todos los dueños de las propiedades afectadas por la resolución. De ahí que se imponga como deber de la Junta la inclusión de esa información en sus certificaciones de notificación en procedimientos de rezonificación.

Coincido con lo dispuesto por este Tribunal ya que com-parto la postura de que la Junta tiene que proveer la infor-mación necesaria para que cualquier parte pueda impug-nar adecuadamente sus resoluciones. Sin embargo, considero que lo dispuesto hoy solo resuelve la carga pro-cesal de proveer cierta información de los propietarios ne-cesaria para notificar una revisión judicial. Me parece, no obstante, que quedan desatendidos asuntos prácticos rela-cionados al requisito de notificar a todos los propietarios de las distintas urbanizaciones o sectores implicados en este tipo de resolución, independientemente de que estén impli-cados en esa impugnación particular. Nada más tómese en cuenta el costo en copias y envío a cada uno de estos pro-pietarios de recursos que, de ordinario, son muy voluminosos. El gasto en ocasiones puede ser exorbitante. Asimismo, considero que este Tribunal debió aprovechar esta oportunidad para aclarar el alcance de la norma pau-tada en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, en vez de mantener la sanción de desestimación en casos donde el peticionario notifique su recurso de revisión a las partes afectadas por su impugnación, pero no a todas las partes incluidas en la resolución.

En primer lugar, considero que este problema se puede y debe atender directamente por la Junta de Planificación. No veo razón por la cual la Junta de Planificación no pueda, conforme a su propia reglamentación emitir re-soluciones más limitadas a las peticiones de rezonificación que se le presenten y los sectores razonablemente afecta-dos por ellas. Mientras no se revise la práctica vigente de la Junta de acumular en una resolución rezonificaciones desvinculadas, este tipo de casos conllevará complicaciones procesales como las que atendemos hoy. Esto, pues, in-cluso contando con los nombres y direcciones de todos los propietarios implicados en una resolución, seguirá resul-tando oneroso —y en ocasiones innecesario— notificar a todas las partes que se agrupan en una resolución.

Por otro lado y dada la práctica actual de la Junta, es-timo que no se debe desestimar un recurso de revisión por no notificar a todos los propietarios que se incluyan en la resolución. Como la notificación del recurso de revisión es un requisito del debido proceso de ley —conforme con lo resuelto en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra—, lo fundamental es que se notifique “a todas las partes que pudieran quedar afectadas por la determinación del Tribunal de Apelaciones”. Íd., pág. 910. Es decir, en un caso como este, en el que los señalamientos de error solo afectan a unas partes —a los propietarios de Altamira— se debe entender suficiente la notificación a estas.

Por consiguiente, solo se debe desestimar un recurso de revisión judicial cuando no se notifique a una parte que pueda verse afectada por la impugnación presentada. De exigirse que se notifique a todas las partes incluidas en la resolución, la notificación que se efectúe será un mero for-malismo pues el alcance de la revisión no incidirá sobre buena parte de los propietarios notificados. Me parece que en casos como estos la notificación a esas partes no servirá ningún propósito y, por lo tanto, no se debe exigir.

En fin, por mis reservas con la efectividad de la norma vigente en este tipo de casos, y en vista de que no se apro-vechó la oportunidad para limitar el alcance de Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, concurro con la opinión mayoritaria.

       Véase Apéndice de Certiorari, Caso Núm. CC-2014-0237, 2da pieza, págs. 358, 381, 413, 434, 478, 503 y 531, respectivamente.

       Íd., 1ra pieza, pág. 253.

       Íd., pág. 135.

       Íd., pág. 116.

       Íd., pág. 104.

       Íd., pág. 87.

       Íd., pág. 55.

       Íd., pág. 40.

       Aunque el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4), Reglamento Núm. 6211 del Departamento de Estado de 5 de noviembre de 2000 fue anulado por el Reglamento Núm. 7611 del Departamento de Estado de 28 de mayo de 2008, el primero era el vigente al momento de la presen-tación de las peticiones que dieron inicio a la controversia ante nuestra consideración.

       Apéndice, supra, 1ra Pieza pág. 55.

       Íd.

       Aunque la zonificación es un procedimiento cuasilegislativo, se ha resuelto que constituye un híbrido al que le aplica el derecho a un debido proceso de ley por su impacto en los intereses propietarios de los ciudadanos. Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, pág. 905; Ramírez et al. v. Jta. Planificación, 185 DPR 748, 759-760 (2012).

       Claro está, habrá casos donde los argumentos planteados harán necesario notificar a todas las partes incluidas en el dictamen. Así sería, por ejemplo, si lo que se impugna es el trámite de la Junta pues un dictamen en contra de esos procesos afectaría a todas las partes incluidas en la resolución.

       Véanse las Secciones 4.04 y 4.14 del Reglamento de Calificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4), Reglamento Núm. 7511 del Departamento de Estado de 28 de mayo de 2008. Véanse también las anteriores Secciones 4.04 y 4.11 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4), Reglamento Núm. 6211 del Departamento de Estado de 5 de noviembre de 2000 (anulado).

       Este cuestionamiento también se trajo en Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, supra, págs. 911-912. No obstante, precisamente porque el señalamiento incidía sobre la validez de la resolución en su totalidad, este Tribunal lo utilizó como justificación adicional de que el recurso de revisión judicial se debió notificar, en ese entonces, a todos los dueños de las propiedades que formaban parte de la resolución.