author: El Juez Presidente SeñOR Del Toko-,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Central Cambalache, Inc., acusada y apelante.
    No. 5638.

    Sometido: Diciembre 11, 1934.

      Resuelto: Febrero 15, 1935.

      M. Santoni y M. Cadilla Ginorio, abogados de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente SeñOR Del Toko-,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Arecibo formuló acusación contra la Central Cambalache imputándole una infracción a la sección 12 de la Ley No. 135 de 1913 (pág. 107) — Ley de Pesas y Medidas — consistente en haber usado para medir un trabajo de zanjeo que realizaban unos trabajadores suyos y que habían ajustado a treinta centavos la cuerda lineal, una vara de madera que no había sido contrastada según dispone la ley.

Declarada sin lugar una excepción previa formulada por la Central, fué la causa a juicio y quedó comprobado que se usaba en efecto para medir la cuerda lineal de zanjeo una vara de madera no contrastada que, según manifestó un tes-tigo, se conocía generalmente con el nombre de vara conu-quera y tenía de largo tres varas castellanas. Medida veinte y cinco veces daba la cuerda de setenta y cinco varas que servía de base al ajuste del trabajo. La corte declaró culpable a la Central no sólo de la infracción imputádale espe-cíficamente si que además de la prevista en la sección 14 de la Ley No. 135 de 1913 (pág. 107), enmendada por la Ley No. 30 de 1921 (pág. 181) consistente en haber usado una medida no autorizada por la ley.

No conforme la Central, apeló. Insiste en que la acusa-ción no le imputa un delito y sostiene ,que los hechos que se probaron en el juicio tampoco demuestran la comisión de un delito público. El Fiscal se allanó al recurso por entender que se trata de una transacción agrícola no cubierta por la ley de acuerdo con lo resuelto por este tribunal en el caso de El Pueblo v. Beauchamps, 25 D.P.R. 602.

En 18 de agosto de 1913 quedó aprobada la Ley No. 135 de la Legislatura de Puerto Rico por virtud de la cual se dis-puso que el sistema métrico decimal de pesas y medidas y el sistema imperial usado comúnmente en los Estados Unidos en todo aquello que se describiera en la ley, se reconocían y establecían para emplearse en todas las transacciones comer-ciales e industriales que se verificaran en la Isla, con las ex-cepciones expresadas, declarándose ilegal el uso en dichas transacciones de cualquier otro sistema. Sección primera de la ley.

El sistema métrico decimal regía en la isla desde mucho antes. Se aplicó en España por ley de 19 de julio de 1849 cuyas disposiciones se hicieron extensivas a Cuba y Puerto Rico por Real Decreto de abril 22, 1882. El reglamento para la ejecución de la ley también se aprobó en abril 22, 1882. Es extenso y completo. 128 Colección Legislativa de España 592.

La cuerda, usada desde tiempo inmemorial en Puerto Rico, no forma parte del sistema métrico decimal. Su uso, sin embargo, persistió. Miles de títulos inscritos en los re-gistros de la propiedad contienen la medida de las fincas en cuerdas con su equivalencia al sistema métrico decimal. Artículo 9, No. 1, Ley Hipotecaria.

La propia Ley No. 135 de 1913, dice en su sección 4:

“ . . . En las mensuras ele terrenos y en los documentos relati-vos a las mismas podrá emplearse también la cuerda comúnmente usada en Puerto Rico que será equivalente a 4046.94455 metros cua-drados. ’ ’

En los trabajos agrícolas — arado, siembra y limpieza de plantaciones y recolección de frutos- — continuó también usán-dose la cuerda como unidad de medida para calcular el tra-bajo y pagar su importe. Y sostiene la apelante que la cuerda no sólo se usaba y se usa como medida de superficie, si que de longitud, y cita la “Memoria sobre todos los ramos de la administración de la Isla de Puerto Rico, presentada al Gobierno Central, por el Coronel de Infantería Don Pedro Tomás de Córdoba, en 1838, por comisión del Ecmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Isla de Puerto Rico, teniente-general Don Miguel de Latorre, Conde de Torre Pando (Madrid, Imprenta de Yenes. — 1838),” en cuya pá-gina 49, se dice:

“medida AGRARIA de puisRto Rico. — En esta isla se denomina ‘ca-ballería’ la medida agraria. Consta de 10 cuerdas de frente y de 20 de fondo o largo. La cuerda tiene 25 varas de tarea, y ésta tres de Castilla. Por tanto compone 200 cuerdas de área o 1,925,000 va-ras de Castilla, y viene a ser un 25 mayor que la de Santo Domingo: contiene también 6 caballerías de Cuba.”

La prueba tiende en verdad a demostrar que en efecto úsase la cuerda en los trabajos agrícolas como una medida lineal de setenta y cinco varas.

Ante la realidad, la Legislatura, en mayo 6, 3919, Leyes de 3939, p. 105, legalizó el uso de la cuerda en algo más que en las mensuras de terrenos. Enmendó la sección 16 de la Ley No. 335 de 1913. (Leyes de 1933-1914, pág. 103) como sigue:

“Sección 16. — Toda transacción que implique la compra, venta, traspaso o transporte de cualquier propiedad o de cualesquiera ar-tículos, artefactos o mercancías, o la compra o venta de cualquier trabajo, tarea o servicio cuya remuneración deba ajustarse sobre la base de peso, o sobre una base de medida que no sea la del tiempo, se llevará a cabo de conformidad con las pesas y medidas autoriza-das por esta Ley; Disponiéndose, que la compra y venta de aquellos artículos, efectos o mercancías que usual o comúnmente se venden o tratan por artículo, pieza o número, no constituirá una infracción de esta Ley, ni tampoco el uso de la medida denominada cuerda, cuando ésta se emplee en ajustes de trabajos agrícolas.”

Y la apelante sostiene que disponiendo expresamente la ley que el uso de la cuerda en tales trabajos no constituirá una infracción a la misma, no ba delinquido al usarla como le imputa la denuncia y demuestra la prueba que la usó para tales fines en este caso.

Autorizada la cnerda, parece lo natural que se contraste para poderse usar debidamente lo mismo que las otras me-didas establecidas por la ley, pero bay que reconocer que la contención de la apelante, dada la forma de la autorización, es seria.

La propia prueba del Pueblo demostró que el Negociado de Pesas y Medidas del Gobierno Insular no tiene patrón para contrastar la vara castellana, o la conuquera de tres varas que generalmente se emplea para medir las veinte y cinco que constituyen la cuerda.

Pero bay algo más que milita en pro de la revocación de la sentencia y es la decisión de esta corte invocada por el fiscal para adherirse al recurso. Nos referimos al caso de El Pueblo v. Beauchamps, supra.

En dicbo caso se imputó a Beaucbamps una infracción a la Ley de Pesas y Medidas consistente en baber usado para medir el café recolectado por los cogedores una lata de gas con capacidad supuesta de un almud, sin que la medida hu-biera sido autorizada oficialmente.

En el curso de la opinión de esta corte, emitida por su: Juez Asociado Sr. Aldrey, se dijo:

“En la corte inferior alegó el acusado la excepción previa de que no se le imputan hechos constitutivos de delito porque la ley de pesas y medidas y su reglamento se refieren a transacciones industriales y comerciales y no se le acusa de que realizara alguna de estas trans-acciones toda vez que el medir café en uva a los cogedores de la hacienda indica que la medida se usaba en servicios o trabajos agrí-colas, los que no están comprendidos en la ley. . . .
“La ley de pesas y medidas de 18 de agosto de 1913, que se en-cuentra en el tomo de leyes de 1914, se promulgó para establecer sistemas modelos de pesas y medidas en las transacciones industria-les y comerciales, y convenimos con el apelante en que la recolec-ción del fruto de una finca agrícola no es una operación o transac-ción industrial sino simplemente un trabajo agrícola.
“. . . Para que pueda decirse que se ejerce una industria es ne-cesario que exista algo más que el simple ejercicio de la fuerza física que representa el coger el fruto pendiente de un árbol, como el café en uva de los cafetos, por lo que no podemos declarar que la mera recolección de los frutos pendientes sea una industria aunque puede ser que ese acto reunido a otros posteriores de inteligencia para mo-dificar o mejorar el producto recogido pueda constituir en conjunto una industria, en cuyo sentido puede llamarse indstria cafetera, por ejemplo, a la siembra, recolección y preparación para el comercio del café, pero la recolección del fruto solamente, repetimos, no es una industria sino un trabajo agrícola.
“Por consiguiente, el hecbo de usar el apelante para pagar a los cogedores de café en uva de la finca que administra una medida dis-tinta de las ordenadas por la ley para transacciones industriales y .comerciales no cae bajo las disposiciones de la ley por cuya infrac-ción se le castigó, aunque el Reglamento' de 20 de octubre de 1914 baya dispuesto que en la recolección y traspaso del café en uva se usen las medidas ordenadas por la ley para transacciones industriales o comerciales, ya que la ley nada dispuso para la recolección de frutos. ’ ’

Aquí, como en el caso de Beauchamps, se trata de nn tra-bajo agrícola no comprendido en las transacciones industria-les o comerciales reguladas por la ley. Su sección 12, cuya infracción se imputa, ordena: “A partir del primero de fe-brero de 1914, no se usará en ninguna transacción industrial o comercial ninguna . . . medida . . . basta que baya sido . .•. contrastado ...” Y la 14 que la corte consideró in-fringida: “Ninguna persona usará . . . ninguna . . . me-dida . . . que no se ajuste a las . . . medidas modelos que en esta Ley se prescriben ...” Leyes de 1913, sesión ex-traordinaria, p. 106, y Leyes de 1921, p. 179.

La decisión en el caso de Beaucbamps se rindió en 1917 y nada en contrario ba dispuesto la Legislatura, no obstante baber enmendado la ley en 1919 y 1921. Al contrario, la en-mienda de 1919 fue la que dispuso que el uso de la medida cuerda en el ajuste de trabajos agrícolas no constituirá una infracción a la ley.

Bajo tales circunstancias, no es posible considerar delic-tivo el uso de una vara conuquera no contrastada para me-dir la cuerda en ajustes de trabajos agrícolas, debiendo en tal virtud declararse con lugar la apelación y revocarse la sentencia recurrida absolviéndose a la acusada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    American Paper Exports, Inc., demandante y apelada, v. Stebbins & Co., Inc., y Edwin A. Stebbins, demandados y apelante el último.
    No. 6489.

    Sometido: Diciembre 5, 1934.

      Resuelto: Febrero 15, 1935.

      R. Castro Fernández, abogado del apelante; Carlos J. Torres La-borde, abogado de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción en cobro de dinero la American Paper Export, Inc., obtuvo una sentencia mancomunada y solidaria en rebeldía contra la corporación demandada y su gerente Edwin E. Stebbins, quien según se alegaba se había hecho responsable mancomunada y solidariamente de la obligación originalmente contraída por la corporación demandada. Pos-teriormente el caso fué abierto de nuevo en lo que a Steb-bins se refería y se le permitió contestar.

La contestación negaba específicamente que él fuera per-sonalmente responsable de la deuda de la corporación deman-dada y contenía una defensa especial al efecto de que si en cualquier momento el demandado había prometido pagar o garantizar el pago de cualquier suma debida por la corpo-ración demandada, no existía causa (consideration) para tal promesa. En el curso de su relación del caso y opinión, el juez de distrito dijo que la defensa especial equivalía a una admisión de que Stebbins había prometido pagar o garanti-zar la deuda de la corporación demandada. No citó autori-dad en apoyo de esta manifestación y aunque la misma se señala como error por el apelante, el alegato de la apelada ni siquiera discute la cuestión. La defensa afirmativa es con-traria a la idea de cualquier admisión; pero fuera de esto una admisión de la índole envuelta en la defensa afirmativa no relevaría a la demandante de la necesidad de probar que Stebbins prometió pagar la deuda de la corporación deman-dada.

El caso de la demandante, conforme se vió durante el juicio, y la subsiguiente sentencia contra Stebbins descansan principalmente en la interpretación errónea de una carta dirigida al Tesorero de la demandante, en la que Stebbins le decía:

‘‘Ahora bien, en lo que a la cuenta se refiere, conforme ya he dicho, se hará cuanto sea humanamente posible para pagarla, y según dicen en su carta del 27, todas las comisiones deberán ser acreditadas a Stebbins & Co., Inc., sobre todo lo que se venda hasta el 31 de enero inclusive, y si ustedes convienen en concederle la agencia a Stebbins & Catínchi, Inc., éstos estarán conformes en que ustedes retengan las comisiones o aquella parte de las mismas que ustedes crean razonable por cuenta del infrascrito, y de este modo, lo mismo que de cualquier otro modo, yo garantizaré personalmente el pago de esta cuenta. To no puedo garantizarla por cuenta de Stebbins & Catinchi, Tne., pues como se ba indicado en la carta que tenemos de ellos, nada tienen que ver con Stebbins & Co., Inc.”

Unos días más tarde la American Paper Export, Inc., en respuesta a un cablegrama de Stebbins & Catincbi, Inc., dijo que la carta de Stebbins era poco satisfactoria y le pidió a Stebbins & Catincbi, Inc., que no solicitaran pedidos para la American Paper Export, Inc. No obstante la negativa de permitir a Stebbins & Catincbi a que actuaran como agen-tes, la American Paper Export, Inc., inició este procedimiento basada en la supuesta promesa' de Stebbins de pagar la deuda de Stebbins & Go., Inc. La teoría del letrado de la apelada es que cuando Stebbins escribió “de este modo, lo mismo que de cualquier otro modo, yo garantizaré perso-nalmente el pago de esta cuenta,” él quiso decir que garan-tizaría tal pago aunque no se le diera la agencia a Stebbins & Catincbi, Inc. No bailamos base satisfactoria para tal in-terpretación. La cláusula “de este modo, lo mismo que de cualquier otro modo”, modifica el verbo “garantizaré.” Al igual que el adverbio “personalmente”, las palabras “de este modo, lo mismo que de cualquier otro modo”, describen la forma en que el suscribiente “garantizará .... el pago de esta cuenta.” El tiempo es futuro, no presente. Omitiendo por el momento las palabras en que bace bincapié el letrado de la apelada, la oración lee: “y si ustedes convienen en concederle la agencia a Stebbins & Catincbi, éstos estarán conformes en que ustedes retengan las comisiones o aquella parte de las mismas que ustedes crean razonable por cuenta del infrascrito y ... . garantizaré el pago de esta cuenta.” El significado de la palabra “y” no puede ser pasado por alto. Si la condición especificada era aceptada por la American Paper Export, Inc., surgirían dos resultados, no uno, a saber: (1) Stebbins & Catincbi, Inc., consentiría en que se le retuvieran ciertas comisiones por cuenta de Stebbins, y (2), Stebbins garantizaría personalmente el pago de la deuda de Stebbins & Co., Inc. La promesa personal de garantizar el pago en forma distinta .a la retención de las comisiones devengadas por Stebbins & Catincbi, Inc., dependía tan in-equívocamente de qne se le concediera la agencia a Stebbins & Catincbi, Inc., como el consentimiento de Stebbins & Ca-tincbi, Inc., a qne se le retuvieran tales comisiones. Si la condición especificada era aceptada, Stebbins garantizaría la cuenta en dos formas: (1) Con la retención de las comisio-nes devengadas por Stebbins & Catincbi, Inc., por cuenta de Stebbins (que es la forma indicada por las palabras “de este modo”) y (2) “de otro modo”, es decir, en alguna otra forma o manera. El uso de las palabras “que de cualquier” o cual-quier equivalente de las mismas en relación con las palabras “otro modo” o en relación con cualquiera de sus equivalen-tes, no altera el becbo saliente de que el garantizar Stebbins el pago de la vieja cuenta de la corporación tenía por con-dición que la American Paper Export, Inc., nombrara a Stebbins & Catinchi, Inc., sus agentes en Puerto Rico.

Si hubiera cualquier duda en cuanto a lo correcto de la anterior conclusión, el considerar la situación de las partes y las circunstancias que la rodearon bastarían para disipar tal duda. Después de una prolongada e inútil lucba como presidente y gerente de Stebbins & Co., Inc., para lograr que la corporación continuara en marcha y haciendo negocios, Catincbi se acercó a Stebbins y le ofreció ayuda pecuxáaria en una nueva empresa. Juntos constituyen entonces otra corporación, Stebbins & Catinchi, Inc., y esta nueva corporación trataba de obtener algunas de las agencias desempe-ñadas anteriormente por Stebbins & Co., Inc. Ya habían te-nido éxito en la consecución de un número de estas agencias y en varias ocasiones habían convenido con acreedores de Stebbins & Co., Inc., en que las comisiones, al ser devenga-das por la nueva entidad debían aplicarse como pagos a la cuenta de Stebbins & Co., Inc., y que las sumas así acredi-tadas a la cuenta de Stebbins & Co., Inc., por los acreedores fueran cargadas a Stebbins. Así, pues, Stebbins trataba, a costa propia, de pagar poco a poco las obligaciones de Stebbins & Co., Inc., de las ganancias de la nueva corporación. En el presente caso, la nueva corporación, con el fin de ob-tener la agencia en cuestión, babía convenido en que las co-misiones del nuevo negocio fuesen retenidas por la American Paper Export, Inc., por cuenta de Stebbins; y teniendo el mismo fin en mente, así como el deseo de pagar eventual-mente la deuda de Stebbins & Co., Inc., Stebbins estaba dis-puesto a garantizar el pago de la vieja deuda de la corporación. El mismo Stebbins declaró que nunca babía tenido la intención de asumir personalmente la deuda de Stebbins & Co., Inc., a menos que se diera primeramente la agencia a Stebbins & Catinchi, Inc. El no estaba en la obligación legal de asumir tal responsabilidad y todas las circunstancias que concurren en este caso tienden a corroborar la asevera-ción que bizo mientras ocupaba la silla testifical.

Marx Levine, sucesor de Stebbins & Co., Inc., como agente local de la American Paper Export, Inc., declaró como tes-tigo de la demandante y fue preguntado por el letrado de ésta por qué se bizo a Stebbins parte demandada en el litigio. Contestó que debido a.que Stebbins, en cierta ocasión, babía garantizado personalmente el pago de la cuenta. Entonces identificó la carta que Stebbins dirigió al tesorero de la American Paper Export, Inc., como aquella a que se había refe-rido en su respuesta a la pregunta de por qué se babía unido a Stebbins como parte demandada. El letrado de los demandados solicitó que se eliminara la respuesta en que se decía por qué se babía becbo a Stebbins parte demandada, fundado en que la carta era la mejor evidencia. El juez de distrito dijo que quizá el testigo pudo haber tenido alguna conversa-ción con Stebbins. Preguntado si la única garantía dada por Stebbins era la garantía que la carta contenía, el testigo ma-nifestó que la carta contenía la única garantía escrita. El examen de repreguntas terminó con las siguientes preguntas y respuestas:

“P. — Aparte de la información que IJd adquirió en este asunto por la correspondencia, Ud. tiene alguna otra información con res-pecto a la garantía que hizo el señor Stebbins a la demandante en este caso?
“R. — Únicamente que me aseguró a mí personalmente, varias veces, que él mismo garantizaría la cuenta.
“P. — ¿Le dijo las condiciones bajo las cuales iba a garantizar la cuenta ?
“R. — No, señor.
“P. — ¿Ud. no recuerda que él le dijo que le iba a garantizar la cuenta si le daban la agencia a una nueva corporación que había formado que se llamaba Stebbins & Catinchi, Inc. ?
“R. — No, señor.

Stebbins negó que aun hubiera dado una garantía verbal. Ante esta negativa, la aseveración vaga de que Stebbins en distintas ocasiones aseguró al representante local de la American Paper Export, Inc., que él “garantizaría la cuenta” sin especificar las condiciones en que lo haría así, y de que el testigo no recordaba si Stebbins había especificado como tal condición el que se le diera la agencia a Stebbins & Catinchi, Inc., no es suficiente para sostener la sentencia dic-tada en favor de la demandante.

Fue sin duda alguna por este motivo que el Juez de Dis-trito no llegó a conclusión específica sobre esta cuestión y prefirió basar su sentencia en la supuesta garantía escrita.

La sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda, sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor "Wolf,

text:
    Miguel A. Bustelo, demandante y apelado, v. Luis R. Cerra y Gerardo Cerra, demandados y apelantes.
    No. 6732.

    Sometido: Enero 28, 1935.

      Resuelto: Febrero 19, 1935.

      Colón Gordiani & Segarra, abogados de los apelantes; Arturo Aponte, Faustino B. Aponte, Migxiel A. Bustelo y B. Garda Cin-trón, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha presentado una moción para desestimar el recurso por frívolo. En la demanda se alegaba que en 22 de febrero de 1929 el demandante suscribió como fiador un pagaré a favor del Banco Comercial otorgado por Luis Cerra y Gerardo Cerra; que al vencerse la obligación el referido Banco Co-mercial trató infructuosamente de obtener de dichos deudo-res el pago de la misma y que entonces el banco requirió al demandante para que pagara la deuda, cosa que hizo. ' Luego, esta acción fué instituida para recobrar de Luis Cerra y Gerardo Cerra, los demandados en el presente litigio, la suma pagada al Banco.

Aparece que el pagaré venció el 22 de mayo de 1929, y que fué pagado por el demandante el 29 de marzo de 1930. Los apelantes alegaron como defensa que al ser rehabilitados en un procedimiento de quiebra fueron exonerados de todas las deudas existentes contra ellos el 22 de mayo de 1929, y que la reclamación del demandante fué una de las deudas in-cluidas en la exoneración. El caso fué juzgado ante la Corte de Distrito de Humacao el 24 de mayo de 1933.

De la opinión emitida se desprende que la rehabilitación en quiebra se efectuó el 29 de diciembre de 1929, y que desde luego la misma se retrotraía a la fecha en que se radicó la petición de quiebra. La corte resolvió que la reclamación, del Banco Comercial de Humacao había sido incluida en la lista de acreedores, pero que nada había que demostrara que en-tre los acreedores comunes de los quebrados se incluyera al demandante y apelado en este recurso; que en la contesta-ción no se alegaba que el demandante tenía conocimiento de la existencia del procedimiento de quiebra; que este tribunal había resuelto en el caso de Roig v. Barletta, et al., 28 D.P.R. 603, que una reclamación no incluida en la lista de acreedores no quedaba afectada por la rehabilitación, a me-nos que se demostrara que el acreedor fué notificado o tenía conocimiento del procedimiento de quiebra. En Villar & Co. v. Conde, 37 D.P.R. 706, resolvimos que cuando los acreedo-res tenían conocimiento del procedimiento de quiebra la deuda que no figurara en la lista de acreedores quedaba exonerada. La Ley de Quiebras provee que la rehabilitación del que-brado exonera a éste de todas sus deudas probables, con cier-tas excepciones, siendo una de ellas cuando las deudas no han sido incluidas en la lista de acreedores a tiempo para ser probadas y concedidas, debiéndose hacer constar el nombre del acreedor, de ser conocido por el quebrado, a menos que tal acreedor fuere notificado o tuviere conocimiento expreso del procedimiento de quiebra. Code of Laws of United States of America, Título 11, párrafo 35, página 246.

La conclusión indicada en el caso de Roig v. Barletta, et al., supra, está sostenida por el caso de Hill v. Smith, 260 U. S. 592. De este último caso se desprende que el acreedor debe demostrar que no se le incluyó en la excepción, o sea que su reclamación no figuraba en la lista de acreedores, sino que existía una excepción a la excepción o sea, “a menos que el acreedor fuere notificado, etc.” y si el deudor se basa en ese principio debe presentar prueba para demostrar su de-recto, citando los casos de Kreitlein v. Ferger, 238 U. S. 21 y McKelvey v. United States, 260 U. S. 353.

Surge la cuestión de si la reclamación real o en perspec-tiva de un fiador es una deuda probable. Hay cortes que ban resuelto que tal responsabilidad eventual no era una deuda probable. Algunos de estos casos y otros fueron revisados en el de Maynard v. Elliot, 283 U. S. 273. Dicta corte re-solvió que la obligación de un endosante equivalía por lo me-nos a una reclamación y por ende que existía una deuda con-forme ésta es definida por la ley y que el contexto del pá-rrafo 63 de la Ley de Quiebras, que permite prueba de una reclamación “fundada ... en un contrato expreso o implí-cito,” era lo suficientemente amplio para comprender la res-ponsabilidad de un endosante de un documento negociable que no tabía vencido al tiempo de la adjudicación. En las citas del Tribunal Supremo de Estados Unidos existen casos que incluyen la responsabilidad eventual (contingent) del mismo quebrado para con otra persona, y casos, como el pre-sente, en que el reclamante era un fiador. La sección 63 a que nos referimos más arriba lleva el número 103 en el Código de los Estados Unidos y aparece en la página 254 del mismo. La conclusión a que llegó la Corte Suprema de los Estados Unidos fue bastante bien analizada en el caso de In re Smith, 146 Fed. 925, y hacía referencia al de Moch v. Market Street National Bank, 107 Fed. 897, que parece ser un caso cumbre en la materia. Según estas decisiones, no importa que la deuda hubiese o no vencido al momento de la quiebra, y esto ta sido resuelto en el caso de Germania Savings Bank & Trust Co. v. Loeb, 188 Fed. 285. Véase también In re Amdur Shoe Co., 13 Fed. (2d) 147; así como In re Cunningham, 64 Fed. (2d) 296, que cita el de Williams v. U. S. Fidelity Co., 236 U. S. 549.

La prueba en la corte inferior prácticamente admitió que esta reclamación eventual no fué incluida en la lista de acree-dores del quebrado y no existe absolutamente ninguna prueba de que el demandante fuese notificado o tuviera conocimiento del procedimiento de quiebra que estaba pendiente.

Por tanto nos sentimos obligados a resolver que la ape-lación es frívola y que la misma debe ser desestimada.


author: El Juez Pbesidestte Señoe Pel Tobo,

text:
    Vicente Géigel Polanco, demandante y apelado, v. Prudencio Rivera Martínez, Comisionado del Trabajo, y Narciso Estrella, demandados y apelantes.
    No. 6135.

    Sometido: Diciembre 7, 1934.

      Resuelto: Febrero 20, 1935.

      Eon. Procurador General Benjamin J. Horton j Felipe Janer, Sub-procurador, abogados del Comisionado apelante; Samuel B. Qui-ñones, abogada del apelado.
   El Juez Pbesidestte Señoe Pel Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Gréigel Polanco inició este procedimiento de mandamus contra el Comisionado del Trabajo Prudencio Rivera Martínez y contra Narciso Estrella, en solicitud del libra-miento de nn auto dirigido al demandado Rivera Martínez ordenándole que proceda inmediatamente a reponer al peti-cionario en sn cargo de “Abogado, Encargado del Negociado de Protección y Reclamaciones de Salarios” del Departa-mento del Trabajo o en caso de ser considerado dicbo cargo de nueva creación a extender a favor del peticionario el nom-bramiento correspondiente. Solicitó además el peticionario que como indemnización de daños y perjuicios so ordene al dicho demandado Rivera Martínez que, en su carácter de Comisionado del Trabajo, proceda a extender y a enviar al Auditor de Puerto Rico las nóminas de los sueldos dejados de percibir por el peticionario desde julio 3, 1.931, basta el día de su reposición.

Librado un auto condicional, compareció el demandado Rivera Martínez y excepcionó y contestó la solicitud. En resumen sostuvo la validez de su actuación pidiendo que la solicitud fuera desestimada o declarada sin lugar. El otro demandado Estrella, no compareció.

Celebrada la vista, la corte dictó sentencia en los siguien-tes términos:

“Por los fundamentos de su opinión que obra en autos y se Race formar parte de la presente, la corte dicta sentencia declarando con lugar la petición de mandamus en este caso radicada y en su conse-cuencia ordena que el auto condicional expedido se convierta en pe-rentorio y se expida un auto perentorio de mandamus dirigido al demandado Prudencio Rivera Martínez, Comisionado del Trabajo, para que inmediatamente extienda a favor del demandante el nom-bramiento de Abogado Encargado del Negociado de Protección y Reclamación de Salarios y asimismo proceda a autorizar y enviar al Auditor de Puerto Rico> las nóminas correspondientes a los suel-dos que el peticionario haya dejado de percibir por concepto de dicho cargo desde el primero de julio de 1931 hasta la fecha en que se le expida el nombramiento, todo ello sin especial condenación de costas. ’

No conforme el demandado Rivera Martínez, interpuso el presente recurso de apelación.

Después de un examen cuidadoso de los autos y de los alegatos, creemos que no hay disputa substancial sobre los becbos. Es sobre las conclusiones legales que de ellos puedan derivarse que el conflicto surge.

Los becbos, en resumen, son así:

El 29 de abril de 1930 (Leyes de 1930, pág. 421) fué apro-bada la Ley No. 59 para enmendar ciertas secciones de la Ley No. 35 de 1925 (pág. 201) reorganizadora del Departamento de Agricultura y Trabajo, disponiendo por su sección 5, que la sección 51 de dicba Ley No. 35 de 1925 quedara redactada, entre otros particulares, como sigue:

“El Negociado de Protección y Reclamaciones de Salarios, según ha sido creado por ley, constará del personal siguiente:
“Un Encargado de Reclamaciones, que deberá ser un abogado competente y de integridad, quien recibirá, estudiará y resolverá todas las quejas que se presentaran por obreros o empleados, en contra de patronos que fueran negligentes en el pago de sus salarios o sueldos, o que se hubieren negado a hacer tales pagos; para tramitar tales quejas y reclamaciones y para instituir procedimientos civiles o criminales contra tales patronos, según fuera el caso, en aquellos casos en que tal procedimiento fuera necesario; y para interpretar y fiscalizar contratos de trabajo a salaria o aparcerías.” Leyes de 1930, p. 429.

T en el presupuesto de 1930 a 1931, o sea, eu el del año correspondiente al en que se bizo la enmienda, consta la si-guiente asignación:

“División de Reclamaciones de Salarios: Abogado encargado de la División, $1,800.00.” Leyes de 1930, p. 511.

El peticionario Vicente Gréigel Polanco, abogado, fué nom-brado el Io. de julio de 1930 por el Comisionado de Agricul-tura y Trabajo para desempeñar el cargo de Encargado de Reclamaciones así creado y lo desempeñó basta junio 30, 1931, habiéndose utilizado sus servicios además como fiscal en todas las denuncias presentadas ante las cortes municipa-les por infracción de las leyes protectoras del trabajo.

Por ley de febrero 18, 1931, el Congreso de los Estados Unidos creó el Departamento del Trabajo como nno de los Departamentos Ejecutivos de Puerto Rico y el 14 de abril de 1931 el Gobernador de la Isla aprobó la Ley No. 15 de la Legislatura por virtud de la cual quedó debidamente organi-zado dicho departamento para funcionar independientemente. La sección 1 de dicha ley dice:

“Esta Ley se conocerá y designará con el nombre de ‘Ley Or-gánica del Departamento del Trabajo de Puerto Rico.’ ” Leyes de 1931, p. 171.

La séptima dispone:

“El Comisionado del Trabajo queda expresamente autorizado para nombrar todo el personal necesario para la mejor organización y funcionamiento del Departamento.’’ Leyes de 1931, p. 175.

La undécima, en lo pertinente, es como sigue:

“El Departamento del Trabajo constará de las divisiones, nego-ciados y servicios siguientes:
(g) Negociado de Protección y Reclamaciones de Salarios.” Leyes de 1931, p. 177.

La vigésima lee así:

“El Negociado de Protección y Reclamaciones de Salarios, cons-tará de un encargado que deberá ser un abogado competente y de integridad, quien recibirá, estudiará y resolverá todas las quejas y reclamaciones que se presentaren por obreros o empleados incluyendo los de oficios domésticos, en contra de patronos que fueran negli-gentes en el pago de sus salarios, dietas, jornales o sueldos, o que se hubieran negado a hacer tales pagos; para tramitar tales quejas y reclamaciones y para instituir procedimientos civiles o criminales contra tales patronos, según fuere el caso, y cuando tal'procedimiento fuere necesario; para interpretar y fiscalizar contratos de trabajos a salario o bajo el sistema de aparcerías; y para actuar como fiscal especial en cualquier causa criminal que instituyeren ante las cortes municipales de Puerto Rico, el Comisionado, los agentes de distritos o cualquier otro funcionario del Departamento del Trabajo en casos de infracción de las leyes protectoras del trabajo y de toda aquella legislación el cumplimiento de la cual haya sido encomendado al De-partamento del Trabajo. El Comisionado del Trabajo asignará a este Negociado el personal que considere necesario para prestar este servicio.” Leyes de 1931, p. 183.

Y en el presupuesto de 1931-32, o sea, en el del año co-rrespondiente al de la creación del departamento, se hizo la siguiente asignación:

“Negociado de Protección y Reclamación de Salarios, sueldos: Abogado encargado del Negociado, $1,800.00.” Leyes de 1931, p. 789.

El 26 de junio de 1931 el Comisionado demandado diri-gió al Presidente de la Comisión del Servicio Civil una carta que en lo pertinente, dice:

“Señor: — De acuerdo con el párrafo 9, regla III, de la Ley y reglamentos del Servicio Civil Puertorriqueño, tengo el honor de so-licitar autorización para los siguientes nombramientos temporeros en este Departamento, por un período de 90 días, a partir de la fecha en que comiencen a prestar servicios:
“Ledo. Narciso Estrella Frasqueri, como Abogado Encargado del Negociado de Protección y Reclamación de Salarios, a un sueldo anual de $1,800.00.
“El Ledo. Estrella Frasqueri informa su preparación académica el ser graduado de Colegio LL. B. LL. M. LL. M. in Diplomacy. Se recomienda por consejo del Sr. Procurador General.
“La jefatura de este Negociado de Protección y Reclamación de Salarios requiere ahora en el nuevo Departamento del Trabajo cuali-ficaciones especiales, precisamente por el carácter del trabajo que tiene a su cargo. Es la práctica del Departamento resolver las re-clamaciones hasta donde es posible, por medios persuasivos y diplo-máticos, antes que llevar los casos a las cortes; y este candidato ofrece, como ya se ha dicho, estudios especiales en diplomacia. Es además taquígrafo en inglés y español. Practica actualmente su carrera de Abogado Notario. Trabajó en el Gobierno Federal en Washington más de seis años, y ofrece como referencias que pudieran dar el De-partamento de la Guerra de Washington y el Departamento del Interior de Washington, D. C.”

Esa carta fue contestada por el Presidente de la Comi-sión en julio 3, 1931, en lo pertinente, como sigue:

“Señor: — En atención a lo solicitado por usted en cartas de junio 26, 1931, y de acuerdo con la Sección IX, Regla III del Ser-vicio Civil de Puerto Rico, tengo el honor de comunicarle que los siguientes nombramientos temporeros han sido autorizados por un término no mayor de noventa (90) días:
“Pendiente de la selección de elegibles de ternas que deben soli-citarse lo antes posible en esta oficina:
“Narciso Estrella Frasqueri, como Abogado Encargado del Ne-gociado de Protección y Reclamación de Salarios, con sueldo anual de $1800.
“Todos los citados nombramientos a partir de julio 1, 1931.
“Se concede esta autorización para facilitar la iniciación de fun-ciones perentorias de ese Departamento, pero sobreentendiéndose que: los nombramientos temporeros para cubrir las plazas de Abogado En-cargado del Negociado de Protección y Reclamación de Salarios; . . - se autorizan con el propósito de que las personas que ocupaban en el anterior Departamento de Agricultura y Trabajo cargos análogos en cuanto atañe a los deberes oficiales, aunque la denominación haya sido cambiada en el presupuesto del Departamento del Trabajo, según dichas personas aducen, y las cuales han interpuesto ante esta Comisión recursos alegando que las plazas son absolutamente idénti-cas y por consiguiente con derecho a seguir ocupándolas, puedan argumentar ante usted sus alegaciones, y al mismo tiempo, para que este organismo tenga la oportunidad de conocer la opinión que el Procurador General de Puerto Rico emita sobre este asunto que a su estudio va a ser sometido.”

En junio 29, 1931, V. Bamos Bodríguez, Jefe de la Divi-sión de Propiedad y Cuentas, dirigió una carta al peticiona-rio Géigel Polanco informándole "que de acuerdo con una notificación recibida del Hon. Comisionado del Trabajo, us-ted cesará en su cargo en la División del Trabajo mañana treinta de junio,” y, en efecto, el 30 de junio de 1931 cesó-el peticionario en el desempeño de su cargo, pasando a ocu-parlo con carácter de temporero el otro demandado Narciso Estrella.

El peticionario Géigel Polanco figmraba en la Comisión del Servicio Civil como la única persona elegible para el cargo de abogado en el “registro de reposiciones” y el de-mandado Narciso Estrella aparecía en el “registro regular de elegibles”, para la plaza de abogado. Para aclarar estas conclusiones y poder apreciarlas en su verdadero significado, transcribiremos de la declaración de Félix R. Hilera, Presi-dente de la Comisión del Servicio Civil, lo que sigue:

“A. — ¿Cuántas tarjetas hay en ese registro de reposiciones? — T. — Una.—A.—¿Para el cargo de Abogado Encargado del Negociado de Reclamaciones de Salarios? — T.-—El cargo de abogado es uno. . . En el cargo en sí, ]a cualificación de abogado es una que se presta a ocupar cargos de una manera general. Por ejemplo, cualquier puesto en el Gobierno en que se requieran conocimientos legales, generales, y una instrucción adecuada al conocimiento de derecho, in-dudablemente que se pueden certificar elegibles que tengan la cua-lificación de abogados. De manera que la tarjeta de elegible por reposición del Ledo. Géigel la tenemos en un registro que se llama de abogados y podemos certificarlo para cualquier puesto de esa na-turaleza en cualquier oficina del Gobierno. — A.—¿Cuántas tarjetas más hay en el registro de reposiciones para el cargo de abogado?— T. — En el registro de reposiciones hay ésa solamente. — A.—¿ Esa úni-camente? — T.-—Sí, señor.— . . . —A.—El señor Estrella, o sea el codemandado en este caso, en la época en que el Comisionado del Trabajo solicitó autorización de la Comisión de Servicio Civil para hacer el nombramiento era un elegible a la plaza de abogado encar-gado de reclamaciones en el Departamento del Trabajo, o no? O sea, si podía o no ser nombrado para la plaza en que fué nombrado.- — . . . - — T.—El señor Estrella Frasqueri era elegible para un puesto de abogado y su nombre constaba en el registro regular de elegibles para plazas de abogado. — A.—¿Y siendo un elegible para plaza de abo-gado y constando su nombre en la Comisión del Servicio Civil para tal fin, podía ser nombrado para la plaza de Abogado Encargado del Negociado de Reclamaciones en el Departamento del Trabajo?— T. — El señor Narciso Estrella Frasqueri no estaba en turno para ser certificado para ese puesto. — A.-—La pregunta mía no es precisa-mente si estaba en turno, sino si siendo elegible podía ser nombrado.— T. — Se puede ser elegible y no certificable a un departamento para nombramiento, y en el caso del señor Narciso Estrella era elegible pero no podía ser certificado por la razón de que no le babía llegado su turno. — . . . — A.—. . . En el expediente personal de Narciso Es-trella dice en la tarjeta que tiene el testigo en la mano, en uno de los encasillados, ‘PSE.’ Sírvase explicarle al Tribunal qué significa eso. — T.—En la tarjeta, que constituye el Récord de Servicio de Nar-ciso Estrella Frasqueri, en la quinta columna, encabezada ‘Examination,’ ‘Examen,’ las iniciales ‘PSE’ significan ‘Pending the selection of an elegible,’ o sea ‘Pendiente dé la Selección de un Elegible.’ ”

En el juicio declaró el peticionario:

“Requerí verbalmente al Comisionado del Trabajo para continuar en el cargo por entender que era la misma plaza: el nombre de la plaza no ha sido cambiado en la nueva ley; es idéntica en funciones, en sueldo y en categoría, y yo entendía que la circunstancia de que se hubiera cambiado el nombre del Departamento a virtud de la Ley del Congreso, no cambiaba la plaza, y que para poderme se-parar de ella era necesario que se formularan cargos, y como no existían cargos contra mí, alegué que tenía derecho a seguirla desem-peñando, y aun cuando se considerara una nueva plaza, por haberse dividido el Departamento de Agricultura y Trabajo en dos depar-tamentos, son las plazas iguales en nombre, categoría y sueldo, y suponiendo que se considerara de nueva creación, le alegué que me asistía un derecho preferente a seguirla ocupando. Basado en esos razonamientos le requerí para seguir desempeñando la plaza o que se me extendiera el nuevo nombramiento, y él se negó a ello.”

También acudió el peticionario a la Comisión del Servicio Civil y el 21 de octubre de 1931, dirigió al Comisionado del Departamento del Trabajo una carta que dice:

“Acabo de enterarme en el Departamento de Justicia que la con-sulta que formulara la Comisión del Servicio Civil Puertorriqueño, en relación con el derecho preferente que me ha asistido en todo momento para ocupar el cargo de Abogado, Encargado del Negociado de Protección y Reclamaciones de Salarios del Departamento del Trabajo, ha sido resuelta favorablemente.
“En tal virtud, y como tengo conocimiento de que usted se pro-pone embarcar en breve hacia los Estados Unidos, me apresuro a requerirlo de nuevo para que se me reintegre al cargo precitado y se me satisfagan los haberes correspondientes a los meses de julio, agosto, setiembre y octubre del cursante año, a los cuales tengo de-recho por razón de la separación ilegal de que fui objeto.”

Esa carta fué contestada por el Comisionado, como sigue:

“Refiriéndome a su comunicación del 21 de los otes., tengo el gusto de informarle que tan pronto tengamos información oficial en este Departamento en relación con el asunto a que su comunicación se refiere, tendremos el gusto de comunicarle la acción adoptada por este Departamento.”

Parece que la opinión del Departamento de Justicia no llegó en verdad a emitirse y fué entonces que el peticionario se decidió a acudir a los tribunales pidiéndoles que declara-ran la existencia de sus derechos y los hicieran valer.

La petición comprende tres extremos, los dos primeros en forma alternativa, a saber: reposición o nuevo nombra-miento, y el último, indemnización, como consecuencia de cualquiera de dichos pronunciamientos.

A nuestro juicio la primera contención del peticionario no es sostenible de acuerdo con los hechos y la ley. Así lo de-cidió la propia corte sentenciadora que resolvió el caso final-mente en su favor.

El cargo que desempeñaba el peticionario dejó de existir con la ley de su creación. El Departamento del Trabajo sur-gió a la vida como tal a virtud de Ley del Congreso de fe-brero 18, 1931 y fue organizado para actuar independiente-mente por Ley de la Legislatura de abril 14, 1931, quedando su Comisionado, como sabemos, expresamente autorizado para nombrar todo el personal necesario para su mejor fun-cionamiento. Es cierto que la labor que se le encomendó se venía realizando con anterioridad en gran parte por el De-partamento de Agricultura y Trabajo que creara el Acta Or-gánica de 1917, y que el cargo de Abogado del Negociado de Protección y Reclamaciones de Salarios que figura en la nueva organización es similar al de la antigua, pero ello no implica necesariamente que se trate del mismo cargo.

Ahora bien, el nuevo departamento habría de desenvol-verse dentro de un gobierno de ley preexistente y por tanto con sujeción a las leyes generales en vigor que le fueren aplicables, una de las cuales lo era la del Servicio Civil de '1907 (Comp. 304) en cuya sección 5 se encuentra prescrito lo que sigue:

“En caso de que una plaza quede abolida en virtud de acción le-gislativa o administrativa, el empleado que la desempeñaba al tiempo de su abolición, continuará siendo elegible para plazas semejantes y tendrá preferencia al proveerse la primera vacante que en dichas plazas ocurra.”

En cumplimiento de ese precepto legal la Comisión del Servicio Civil conservó al peticionario no ya en el Registro de Elegibles si que en el de Reposiciones y como era el único que en él existía tenía el Comisionado demandado el claro deber de nombrarlo para el cargo semejante de nueva crea-ción de su Departamento que, técnicamente, de acuerdo con la jurisprudencia (22 R.C.L. 437) debía considerarse vacante, con preferencia a cualquiera otra persona, ya que no existía queja alguna contra él y había desempeñado con éxito en la práctica los nuevos deberes que se asignaron por la ley al cargo.

Decidido este extremo, veamos ahora si puede ordenarse al demandado Rivera Martínez que, en su carácter de Comisionado del Trabajo, autorice y envíe al Auditor de Puerto Rico las nóminas correspondientes a los sueldos que el peticionario ha dejado de percibir como le ordena la sentencia recurrida.

A nuestro juicio no puede. El demandado no fue sepa-rado ilegalmente de su cargo. El cargo dejó de existir. Es cierto que hemos reconocido, su derecho a ser nombrado, pero sólo a partir del nombramiento es que puede devengarse el salario. Además aunque no fuera ello así y el caso del pe-ticionario pudiera equipararse al de una separación ilegal, nos encontramos con que otra persona fué nombrada para el cargo y percibió los sueldos, y el peso de las autoridades se inclina a nuestro juicio a sostener que en tal caso el Pueblo no debe ser obligado a satisfacer dos veces el mismo sueldo. El perjuicio causado debe resarcirlo el funcionario que actuó ilegalmente o el que indebidamente percibió el salario.

“Corpus Juris” resume la jurisprudencia aplicable como sigue:

“De acuerdo con una serie de decisiones, el recurso de mandamus no procede para obligar que se pague el sueldo de un funcionario de jure a quien se ha impedido que cumpla con los deberes del cargo, cuando ya se ha efectuado el pago a otra persona que ejerce las funciones del puesto como un funcionario de facto, siendo el remedio adecuado una acción de daños y perjuicios contra el usurpador, ac-ción en la cual el importe de sueldos, de no ser la cuantía de los daños y perjuicios, puede por lo menos ser considerado en su fijación. Otras decisiones sostienen que cuando se ha privado ilegalmente de su cargo a un funcionario de jure, el recurso de mandamus procede para obligar a que se le pague el sueldo, no obstante haberse pa-gado ya éste a un funcionario de facto que desempeñó los deberes del cargo;. . 38 C. J. 718.

Debe revocarse la sentencia recurrida en cuanto ordena la expedición de nóminas para el pago de sueldos del peticio-nario y confirmarse en cuanto a sus otros pronunciamientos.


author: El Juez Pbesidbnte Señor Del Tobo,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado v. Francisco de la Torre y Mercedes de la Torre y su esposo Arturo O’Neill, demandados y apelante el primero.
    No. 6418.

    Sometido: Diciembre 20, 1934.

      Resuelto: Febrero 20, 1935.

      L. Muñoz Morales y J. Ramírez Santibáñez, abogados del apelante; E. T. Fiddler y J. L. Córdova, abogados del apelado.
   El Juez Pbesidbnte Señor Del Tobo,

emitió la opinión del Tribunal.

La demanda, en lo pertinente, dice:

“I. Que la demandante es nna corporación bancaria, organizada de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, debida-mente autorizada para hacer negocios en Puerto Rico; y los deman-dados son mayores de 21 años de edad, siendo la demandada Mercedes de la Torre casada con Arturo O’Neill.
“II. Que en mayo 20, 1929, los demandados Francisco de la Torre y Mercedes de la Torre, mancomunada y solidariamente, suscribie-ron y entregaron al American Colonial Bank of Porto Rico, por valor recibido, un pagaré por la suma de $10,398.38, pagadero en junio 12, 1929, con intereses al 9% anual desde la fecha de su ven-cimiento, reconocido por escritura No. 32, otorgada ante el notario Don Juan de Guzmán Benitez el día 20 de mayo de 1929. Se acompaña y se hace formar parte de esta demanda una copia fiel y exacta de dicho pagaré.
“III. Que posteriormente dicho American Colonial Bank of Porto Rico endosó a la demandante, The National City Bank of New York, el referido pagaré, del cual es actualmente tenedora y dueña la demandante.
“IV. Que dicho pagaré está vencido desde 12 de junio, 1929, y ninguno de los demandados ha pagado ni en todo ni en parte dicha cantidad principal de $10,398.38, así como tampoco los intereses sobre esta suma al 9% anual desde octubre 12, 1929.”

Y el pagaré es como sigue:

“$10,398.38. — AmeRican Colonial Bans oe PoRto Rioo.' — San Juan. P. R., May 20, 1929.
“On June 12, 1929, after date, for value received, we jointly and severally promise to pay to the order of ‘American Colonial Banx oe PoRto Rico.’
"At the American Colonial Bank of Porto Rico in San Juan, TEN THOUSAND THREE HUNDRED NINETY EIGHT 38/100 . . . DOLLARS, with interest at the rate of 9% per annum after maturity, presentation and protest being expressly waived. All arrearages of interest to bear interest at the rate of nine per cent per annum until paid.
"And we, and each of us, hereby authorize any attorney of any Court' in the Island of Porto Rico, to appear for us, either, or any of us, in any such Court, at the suit of the then holder of this obligation upon the same, at any time after the maturity thereof, and waive the issuing and serving of process, and confess judgment against us, either, or any of us, and in favor of such holder, for the amount then appearing due thereon with interest upon the principal sum due and upon all arrearages of interest, and for costs of suit and attorney’s fees, and release all errors, and we do hereby waive all stay of execution from and after the maturity of the above note. We and each of us, hereby agree that the holder of this note may, for any valuable consideration, extend the time of payment thereof, without notifying us, and that we will remain liable thereon thereafter as if we had expressly consented to such extension. — (Signed) Mercedes de la Torre, Address: Box 17, Hato Rey. (Signed) F. de la Torre, Address: Box 427, San Juan, P. R.
"It is expressly understood and agreed that the , said bank .may, at its option, at any time, appropriate and apply to the payment and extinguishment of any of the above mentioned notes, obligations or claims, whether now existing or hereafter contracted, any and all moneys now or hereafter on deposit or otherwise with said bank to the credit or belonging to-whether said notes, obligations or claims are then due or not due.

(Al dorso, dice) :

"I, (we) hereby agree and consent to any extension of time or renewal of the within note and guarantee the payment of the same when due, or at any time thereafter, waiving demand, notice and protest. — F. de la Torre.
"Pay to the order of The National City Bank of New York, without recourse. Amerioan Colonial Bank of Porto Rico.— (Signed) R. Torres Ramis, Asst. Cashier.”

El 11 de junio de 1932 se dictó sentencia por confesión contra la demandada Mercedes de la Torre, que le fué noti-ficada el 15 y es firme.

El otro demandado Francisco de la Torre excepcionó la demanda por falta de hechos. La excepción fné declarada sin lugar. Finalmente contestó alegando tres defensas.

Por la primera aceptó los hechos 1 y 3 de la demanda, en cnanto al 2 negó qne suscribiera el pagaré solidariamente y en cnanto al 4 negó qne dicho pagaré quedara vencido en ju-nio 12, 1929, y aceptó no haber pagado el capital, ni parto de él, ni los intereses.

Por la segunda expuso que el American Colonial Bank' prestó a la demandada Mercedes de la Torre $10,398.38 con-viniendo el demandado en ser su simple fiador, estipulándose que el prestamista podría prorrogar a la prestataria el pago de su obligación sin el consentimiento del fiador, pero me-diante alguna consideración de valor; que la demandada Mercedes de la Torre aseguró el préstamo además con hipo-teca consignándose en el documento — que lo es la escritura No. 32 otorgada ante notario en mayo 20, 1929, que se acom-paña a la contestación — la indicada condición de prórroga mediante consideración de valor; que después de firmado el pagaré y antes de otorgarse la escritura convino con el pres-tamista en que fuera solidaria su fianza pero a condición de que no se concedieran prórrogas sin su consentimiento a me-nos que lo fueran mediante el pago de intereses y además por consideración de valor; que eso no obstante así el American Colonial Bank como su sucesor o cesionario el demandante prorrogaron la obligación sin conocimiento ni consentimiento del demandado, sin exigir a la deudora el pago de los inte-reses ni mediar consideración alguna de valor, prórroga que se extendió primero hasta mayo 20, 1930 y luego hasta mayo de 1931.

Por la tercera defensa alegó el demandado que al acep-tar su condición de fiador lo hizo en consideración a haberse obligado la deudora a garantizar como garantizó su deuda con una hipoteca sobre una finca suya situada en Hato Rey; que el demandante ejercitando esta acción personal, prescin-diendo de la hipoteca, obtuvo para asegurar la efectividad de la sentencia el embargo de tres inmuebles del demandado, y no obstante haber obtenido ya sentencia en este pleito contra la deudora no se ha dirigido para su cobro contra la finca hipotecada, renunciando tácitamente al gravamen, quedando así la finca hipotecada libre de toda responsabilidad; que libre de tal modo la finca hipotecada, fué en parte dada en pago por la deudora a Eduardo Fosas quien ha radicado de-manda contra el banco demandante para que cancele la hi-poteca en el registro en cuanto a la porción adquirida, y que por razón de los hechos expuestos el demandado se halla ahora impedido de subrogarse en la mencionada hipoteca, careciendo su codemandada la deudora de bienes suficientes para satisfacer su obligación.

La escritura de hipoteca acompañada a la contestación se otorgó por los demandados y el American Colonial Bant y en ella se expuso:

1, que doña Mercedes de la Torre es dueña de. una finca que se describe;

2, que dicha finca le pertenece por segregación de otra que también se describe;

3, que la finca segregada está libre de gravámenes;

4, “que Doña Mercedes de la Torre y Don Francisco de la Torre y Garrido adeudan solidariamente al American Co-lonia] Bank of Porto Rico la cantidad de diez mil trescientos noventa y ocho dólares con treinta y ocho centavos, según consta de un pagaré a la orden del banco, firmado por am-bos deudores con fecha de hoy, a vencer el día doce de junio de mil novecientos veintinueve, con intereses al nueve’ por por ciento anual;”

5, que “las partes han convenido en que Doña Mercedes de la Torre reforzará dicha obligación con garantía de pri-mera hipoteca de la parcela segregada y descrita en esta es-critura y que mediante el cumplimiento en el pago puntual de los intereses y conservando la responsabilidad solidaria de ambos deudores, el American Colonial Bank prorrogará dicha obligación en la forma que después se dirá y para ha-cerlo constar otorgan esta escritura con las siguientes cláu-sulas :

“Primera. Doña Mercedes de la Torre de O’Neill y Don Francisco de la Torre y Garrido reconocen deber mancomu-nada y solidariamente al American Colonial Bank of Porto Rico la cantidad de diez mil trescientos noventa y ocho dó-lares con treinta y ocbo centavos, recibida a calidad de prés-tamo por Doña Mercedes de la Torre con la garantía soli-daria de ambos deudores, a vencer el doce de junio de mil novecientos veintinueve, según consta del pagaré antes rese-ñado.

“Segunda. Como una garantía colateral de dicba deuda, Doña Mercedes de la Torre de O’Neill constituye hipoteca a favor del American Colonial Bank of Porto Rico sobre la parcela de nueve mil quinientos setenta y un metros cuadra-dos, segregada por esta escritura de la urbanización de Ciu-dad Nueva por el término de un año a partir de boy o por el de cualquier prórroga o renovación que concediere el banco aunque excediere de dicho año, por los diez mil trescientos noventa y ocho dólares con treinta y ocho centavos del principal adeudado y por sus intereses al nueve por ciento anual hasta el día del pago, más por mil dólares para costas y ho-norarios de abogado en caso de reclamación judicial queriendo y consintiendo que esta hipoteca sea inscrita en el registro de la propiedad y allí subsista hasta que la obligación que garantiza sea totalmente satisfecha.

“Tercera. Con arreglo a los términos del pagaré aquí re-señado el Banco podrá, a petición de cualquiera de los deu-dores, prorrogar dicha obligación por plazos mensuales me-diante el pago de los intereses por cada mes vencido al tipo convenido, o bien renovarla por otra nueva, bastando que en ella conste que está también garantizada con esta hipoteca en las mismas condiciones, subsistiendo siempre la hipoteca como garantía colateral hasta el día del pago aun cuando las renovaciones o nuevos pagarés excedieren del año que aquí se fija para el plazo de la hipoteca, pues ésta subsistirá en todo su valor garantizando dicha deuda hasta que el Banco sea pagado totalmente.

“Cuarta. El Banco acreedor se reserva el derecho, en caso de incumplimiento de esta obligación, de exigir su pago-total de cualquiera de los deudores o de ambos a la vez y de reclamar judicialmente el pago de la hipoteca, todo ello a opción exclusiva del Banco, por el orden que convenga al acreedor o persiguiendo dichas garantías todas a un tiempo.”

Excepcionó el demandante la contestación por falta de he-chos constitutivos de defensa y la corte declaró la excepción con lugar el 30 de enero de 1933 por medio de una resolu-ción fundada que nos parece conveniente transcribir:

“En este caso la corporación demandada ha radicado una de-manda en cobro de un pagaré suscrito por Francisco y Mercedes de la Torre, a la orden de American Colonial Bank of Porto Rico, el 20 de mayo de 1929, por la cantidad de $10,398.38 con interés al 9% anual y a vencer el 12 de junio de 1929. El referido pagaré en-pieza en la siguiente forma:
“ ‘On June 12, 1929 (after date) for value received, we jointly and severally promise to pay to the order of the American Colonial Bank of Porto Rico . . . ’
“Dicho pagaré fué garantizado con hipoteca sobre una finca de Doña Mercedes de la Torre, por escritura Núm. 32 de 20 de mayo de 1929, ante el Notario Don Juan de Guzmán Benitez, concurriendo en dicha escritura Don Francisco y Doña Mercedes de la Torre y el American Colonial Bank of Porto Rico. Copias del pagaré y de la escritura se acompañan a la demanda y se hacen formar parte de la misma. La demanda se presentó por The National City Bank of New York, como cesionario del American Colonial Bank of Porto Rico.
“La contestación del demandado, Francisco de la Torre, acepta el otorgamiento del pagaré y la cesión hecha al demandante, así como la falta de pago, pero niega que el pagaré haya sido suscrito por él solidariamente con la otra demandada, Doña Mercedes de la Torre; y se alega además en la referida contestación una titulada ‘segunda defensa’ y otra ‘tercera defensa’ en las cuales el demandado parte de la base de que la relación jurídica entre él y el demandante, es la de fiador y acreedor.
“El Banco demandante ha radicado una excepción previa a la contestación en la que se alega que la contestación no aduce hechos suficientes para constituir una defensa. Dicha excepción previa ha sido sometida por alegato.
“A nuestro juicio el problema planteado por las partes puede reducirse a dos cuestiones:
“Primera: Determinar si la obligación de Franciso de la Torre, tal y como aparece del pagaré objeto de la demanda y de la escri-tura número treinta y dos que antes se ha mencionado, es ruia obli-gación solidaria.
“Segunda: Determinar si la relación entre Francisco de la Torre y el acreedor demandante es la de deudor y acreedor o la de fiador y acreedor. Si se llega a la conclusión de que la obligación de Francisco de la Torre es solidaria y que su relación con el banco deman-dante es la de deudor y acreedor, tendremos que resolver que la excepción previa está bien fundada y debe prosperar.
“PRIMERA Cuestión. — La pauta para determinar si una obliga-ción es mancomunada o solidaria, nos la da el Código Civil en su artículo 1090 (Ed. de 1930) que dice así:
“ ‘Art. 1090. — La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.’
“Con este precepto por guía, veamos si la obligación expresa-mente determina la solidaridad.
“Se hace un gran esfuerzo por el demandado para probar que las palabras ‘jointly and severally’ usadas en el pagaré no son equi-valentes a las de ‘mancomunada y solidariamente’ en nuestro idioma. Se sostiene que la traducción inglesa de la palabra ‘solidaridad’ es ‘solidarity’ y esto lo lleva a la conclusión de que las palabras ‘jointly and severally, ’ usadas en el pagaré no significan que la obligación sea solidaria.
“Hemos buscado en el diccionario legal de Bouvier la palabra ‘solidarity’ y no aparece en dicho léxico, no obstante constar de tres grandes volúmenes y ser uno de los mejores, si no el mejor que existe en los Estados Unidos. Hemos buscado la misma palabra en ‘Practical Standard Dictionary’ de Funk & Wagnalls y la define así: ‘Coherence and oneness in nature, relations or interest, as of race, class, etc.’ A continuación se encuentra la palabra ‘solidary’ cuya acepción es la siguiente:
“ ‘Rom. and Civ. Law. Designating a joint obligation on the part of several debtors any one of whom is liable for the whole.’
‘ ‘ En cambio, en el mismo diccionario de Bouvier, aparece la frase ‘in solidnm, in solido’ y la define así:
“ ‘In Civil Law. For the whole; as a whole. An obligation or contract is said to be in solido or in solidnm when each is liable for the whole, but so that a payment by one is payment for all; i. e. it is a joint and several contract : 1 W Bla. 388. . . . The phrase is commonly used in Louisiana.’
“No tenemos duda alguna y siempre lo habíamos creído así, que las palabras ‘jointly and severally’ son equivalentes a ‘mancomunada y solidariamente,’ usadas en derecho civil. Además, al traducirse nuestro Código al idioma inglés, la frase ‘De las obligaciones manco-munadas y de las solidarias’ que aparecen como título de la sección cuarta, Capítulo Tercero, Título Primero, del Libro Cuarto, del Có-digo Civil, se tradujo por ‘several and joint obligations.’ Cód. Civil, Ed. 1930, pág. 235, compilación de 1911, Ed. Inglesa, pág. 724.
“De modo que al usarse las palabras ‘jointly and severally’ en el pagaré suscrito por el demandado, no hay duda alguna que la inten-ción fué referirse a las obligaciones de que trata el Código Civil en la Sección Cuarta, Capítulo Tercero, Título Primero del Libro Cuarto del Cód. Civil.
“Si se examina la escritura que se hizo parte de la demanda y a la cual se refiere el demandado en su alegato, se verá que la inten-ción de los demandados fué constituir una obligación solidaria. Dice la sección cuarta de la escritura:
“ ‘Cuarta: Hacen constar las partes que Doña Mercedes de la Torre y Don Francisco de la Torre y Garrido adeudan solidaria-mente al American Colonial Bank, etc. . . .’
“Por lo expuesto llegamos a la conclusión de que la obligación expresada en el pagaré es mía obligación solidaria.
“SbguNda Cuestión. — -La solución de la segunda cuestión plan-teada por el demandado la encontramos en el caso de National City Bank vs. Martínez Llonín, 41 D.P.R. 163, de cuyo ‘syllabus’ toma-mos lo siguiente:
“ ‘Uno que, para servir o beneficiar a otros y sin tener el carác-ter de deudor directo, firme como deudor solidario un documento en que se contiene una obligación de pagar, establece en dicho docu-mento la ley del contrato en cuanto a ser tal deudor solidario y no un fiador como última expresión de la voluntad de las partes y a ella, por tanto, queda sometido como tal deudor solidario.’
“En el presente caso Don Francisco y Doña Mercedes de la Torre suscribieron el pagaré en el cual se obligaron ‘jointly and severally’ a pagar su importe al acreedor, sin que de la faz de dicba obligación aparezca en manera alguna que el uno lo firmaba como fiador y el otro como deudor principal. Si existía algún convenio entre los sus-cribientes del pagaré, tal convenio no podía afectar los derechos del acreedor, ni tampoco podía afectar tales derechos ni variar la rela-ción jurídica entre el banco y dichos suscribientes, el hecho de que uno de ellos fuera la única persona beneficiada por el préstamo. National City Bank vs. Llonín, supra; Crédito y Ahorro Ponceño v. Bairó, 32 D.P.R. 817; Bennett vs. Boschetti, 31 D.P.R. 855; Carminely v. Truyol, 42 D.P.R. 959.
“Si se examina la escritura en que también descansa, el deman-dado en su alegato fácilmente se llega a la conclusión de que el Sr. F. de la Torre se constituyó en deudor solidario y no en fiador. En la segunda hoja de la escritura, al dorso, se encuentra un párrafo mar-cado cuarto, que empieza así:
‘Cuarto: Hacen constar las partes que Doña Mercedes de la Torre y Don Francisco de la Torre y Garrido adeudan solidaria-mente al American Colonial Bank of Porto Rico, la cantidad de $10,398.38.
“En la misma página aparece la cláusula primera que dice así:
‘Primera: Doña Mercedes de la Torre de O’Neill y Don Francisco de la Torre y Garrido reconocen deber mancomunada y solida-riamente, al American Colonial Bank of Porto Rico, la cantidad de $10,398.38.’
“Por lo expuesto forzoso es concluir que Don Francisco de la Torre es deudor solidariamente con doña Mercedes de la Torre por la cantidad de $10,398.38 del National City Bank of N. Y. y por con-siguiente, como anunciamos al principio de esta resolución, debemos declarar y por la presente declaramos con lugar la excepción previa interpuesta a la contestación.
“Aunque dudamos mucho que el demandado pueda enmendar su contestación de modo que aduzca hechos constitutivos de oposición a la demanda, sin embargo, debemos dar una nueva oportunidad al de-mandado para que enmiende su contestación si le fuere posible, y para no retardar de este modo el procedimiento en perjuicio del demandante, se concede al demandado un plazo improrrogable de diez días para enmendar la contestación.”

Nada hizo el demandado y el demandante pidió y obtuvo que se anotara su rebeldía y se registrara sentencia por el secretario. La rebeldía se anotó en abril 18, 1933 y la sen-tencia condenando al demandado al pago de la suma recla-mada en la demanda se registró el 25 de abril de 1933.

No conforme el demandado, apeló para ante este tribunal presentando un voluminoso alegato en el que señala y dis-cute los tres errores que siguen:

“Primer Error: La apelada Corte de Distrito de San Juan en su resolución de 10 de mayo de 1932, página 14 de la Transcripción de Autos, erró al desestimar la Excepción Previa contra la demanda formulada por el demandado Francisco de la Torre, ahora apelante.
“Segundo Error: La apelada Corte de Distrito de San Juan en su Resolución de 30 de enero de 1933, que figura desde la página 41 hasta la página 46 de la Transcripción de Autos, erró al sostener y declarar con lugar la Excepción Previa, formulada por el deman-dante contra la contestación del demandado Francisco de la Torre.
“Tercer Error: La apelada Corte de Distrito de San Juan, ade-más, erró al dictar sentencia en rebeldía fechada en 25 de abril de 1933, página 52 de la transcripción de autos, porque dicha sentencia aparece dictada y registrada por el Secretario, sin haberse practi-cado ninguna prueba y sin ninguna intervención por parte del Honorable Juez de la Corte.”

Comenzaremos nuestro estudio por el tercero de los erro-res señalados.

La cuestión que se suscita quedó resuelta en contra del apelante en Cochran, Síndico, v. Fernández, 47 D.P.R. 704. Véanse también las siguientes decisiones de la Corte Suprema de California, Union Oil Co. v. Conejo Oil Co., 267 P. 320, Wall v. Heald, 95 Cal. 364 y Bailey v. Sloan, 65 Cal. 387.

Es cierto que el demandado excepcionó y contestó, pero su excepción fué declarada sin lugar y su contestación insu-ficiente, y habiéndosele concedido un nuevo término para con-testar, nada hizo. Su rebeldía es manifiesta.

Si algo pudiera decirse de situación semejante es que el Secretario se encuentra en más seguras condiciones que en el caso corriente en que no comparece el demandado, porque es llamado a actuar después que la corte ha resuelto que la demanda es suficiente y qne el demandado no alega defensa válida alguna.

Con respecto a que se trata de un pleito que emana de un contrato sobre pago de dinero, la cuestión es evidente.

Examinemos el primer error. Surge tan clara a nuestro juicio la causa de acción de los hechos alegados en la demanda y del propio pagaré, copia del cual se acompañó a la misma, que no seguiremos a los abogados del apelante en toda su argumentación tendente a demostrar lo contrario. Se trata de deudores solidarios y aunque lo consignado ai dorso del documento y firmado únicamente por el demandado Francisco de la Torre pudiera interpretarse en el sentido de convertir al dicho demandado en fiador, siempre lo sería solidariamente y en tal caso su posición en relación con el acreedor, sería la misma. Recientemente en el caso de Drug Company of Porto Rico, Inc. v. Susoni, 43 D.P.R. 772, 780, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, se expresó así:

“Ahora bien, de acuerdo con los términos del contrato y el ca-rácter solidario de la danza, ¿cuál es la posición que ocupa el fiador demandado con respecto a su acreedora la demandante? Comen-tando el artículo 1831 del Código Civil Español, equivalente al 1730 de nuestro Código Civil, edición de 1930, que trata de los casos en que no tendrá lugar la excusión de bienes, dice Manresa:
“ ‘El segundo de los casos consignados en el artículo, es el de haberse obligado solidariamente el fiador con el deudor, y tampoco puede ofrecer duda ninguna su procedencia y justificación, porque entonces, por virtud de los mismos términos en que se contrae la obligación de fianza, cambia el carácter de la misma, toda vez que de subsidiaria pasa a ser solidaria, convirtiéndose con ello el fiador en un verdadero codeudor principal, lo mismo que el fiado. Dicha excepción se halla reconocida también en el párrafo 2o. del art. 1822, en el que se establece, como se recordará, q«ue en dicho caso, en vez de seguirse las reglas y prescripciones propias del contrato de fianza, se observará lo dispuesto en la sección 4*, capítulo 39, tit. I9 de este libro, respecto de las obligaciones solidarias. Por lo tanto, dejando de ser fiador por convertirse en deudor principal, no puede invocar el beneficio de orden que ha renunciado al obligarse in solidum con el fiado.’ Comentarios al Código Civil, tomo 12, pág. 258.
“En el caso de Gamarra v. Navarro, supra, se cita, explicando su alcance, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España en 29 de diciembre de 1898, en la cual se dice que ‘por consistir la fianza en la obligación de cumplir los compromisos contraídos por un tercero para el caso de no hacerlo éste, cabe que el fiador se obligue solida ñámente con el dudor principal sin perder por ello el contrato su na-turaleza propia. ’
“Manresa parece explicar el sentido de esta sentencia cuando dice, comentándola, que si de los términos del contrato o de la expresión >de la voluntad del tercero resulta que la intención no fué convertirse 'en un mero deudor principal, sino constituirse tan sólo en fiador, aunque obligándose solidariamente, podrá intentarse contra él la re-damación por efecto de dicha solidaridad sin hacer antes excusión de bienes del fiado; pero hecho el pago, tendrá todos los derechos inherentes al fiador, y no estará sujeto a las limitaciones propias del .codeudor solidario.
“La responsabilidad del fiador solidario para con el acreedor es igual a la del deudor; pero d contrato de fianza conserva su natu-raleza propia en lo que respecta a las relaciones entre fiador y deu-dor. El fiador conserva sus derechos por razón de la fianza, mientras que el codeudor no tiene otros derechos que aquellos que se le recono-cen en la sección 4* del capítulo 39, tit. V> del libro 4°. del Código Civil. En sus relaciones con el acreedor el fiador solidario es un principal pa-gador que no puede alegar el beneficio de división y excusión y que tiene la obligación de cumplir el contrato íntegra y totalmente, desde •el momento en que el fiado deja de cumplir lo convenido.”

No existe el primer error, y en cuanto al segundo, dada la posición asumida por el demandado en el pleito, bastaría decir que no cabe ni siquiera discutirlo. Se concedió al demandado permiso para enmendar su contestación. No hizo uso de él. Si tenía fe en que su contestación era buena y errónea la resolución de la corte que decidió lo contrario, debió haber pedido que se dictara sentencia sobre las alegaciones y apelar de ella para ante este tribunal. No lo hizo. Abandonó su caso y fué anotada su rebeldía dictándose la sentencia consiguiente.

Diremos, sin embargo, que estudiadas las cuestiones sus-citadas creemos que fueron resueltas correctamente por la corte de distrito. De ahí'que transcribiéramos su opinión.

Es más, consideramos que la contestación y la escritura de hipoteca lo que hacen es robustecer la causa de acción ejer-citada. De lo que consta en el récord no aparece-compro-bada la concesión de prórroga alguna por parte del Banco Colonial o de su sucesor el demandante. Las manifestacio-nes del demandado que a ese respecto contiene la contesta-ción, quedaron huérfanas de prueba.

Quizá la realidad última sea que el demandado Francisco de la Torre se vea obligado a pagar un dinero que no tomó para sí. Pero no hay duda de que el' dinero lo recibió su codemandada Mercedes de la Torre y de que él asumió la obligación de pagarlo solidariamente. La hipoteca se cons-tituyó como una garantía colateral. Para con el banco de-mandante era el demandado Francisco de la Torre — deudor o fiador solidario — una de las dos personas a quienes podía exigir indistintamente el cumplimiento de la obligación mien-tras ésta subsistiera. T sobre su subsistencia no hay cues-tión. A nadie más que a sí mismo puede culpar el deman-dado de la situación en que se encuentra, especialmente des-pués de las repetidas decisiones de este tribunal en casos al suyo similares.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eulogio Coto, conocido por Yoyo, acusado y apelante.
    No. 5352.

    Sometido: Diciembre 18, 1934.

      Resuelto: Febrero 20, 1935.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Eulogio Coto, conocido por Yoyo, interpuso esta apelación contra la sentencia que lo condena por delito de asesinato en segundo grado y también contra la resolución que le negó el nuevo juicio que solicitó.

La acusación presentada contra el apelante y Arcadio Colón les imputa que el día 30 de junio de 1930 en Coamo, P. R., voluntaria e ilegalmente, con malicia (premeditación y deliberación) y con propósito firme de dar muerte ilegal al ser humano Juan Marrero Hernández, alevosamente lo aco-metieron y agredieron con un martilló, arma mortífera, pro-duciéndole la fractura del cráneo, lesión ésta que le causó la muerte casi instantáneamente al citado Juan Marrero Hernández.

Al ser leída esa acusación solicitó el abogado de ambos acusados que la corte ordenase al fiscal que hiciera más espe-cífica su acusación (bill of particulars) a fin de que informe cuál de los acusados agredió con el martillo a Juan Marrero Hernández, pero la corte no accedió a esa pretensión. En-tonces los acusados solicitaron juicio separado y ante jurado. Esa solicitud de especificación fué reproducida por el ape-lante el día señalado para su juicio, antes de procederse al sorteo de los jurados pero también le fué negada. Tal ne-gativa se alega fué errónea .en el primer motivó de este re-curso.

La acusación imputa claramente a los acusados el delito de asesinato y cumple con lo requerido por el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues contiene una exposición de los hechos constitutivos del delito en lenguaje conciso y corriente, de tal modo que cualquier persona de inteligencia común puede entender por ella que los acusados con premeditación y alevosía dieron muerte a Juan Marrero Hernández al causarle la rotura del cráneo con un martillo. No era necesaria mayor especificación respecto a cuál de ellos produjo la herida causante de la muerte pues esto es materia de prueba, ni el apelante demostró en la corte inferior ni tampoco ahora ante nosotros que la falta de la especificación por él solicitada impidiera o dificultara su defensa, pues esos hechos estaban en su conocimiento. Por consiguiente, entendemos que la corte inferior no abusó del poder discrecional que tiene para ordenar mayor especificación de la acusación.

El error que como segundo alega el apelante es por haber sido admitida como evidencia en el juicio una declaración escrita del apelante. Esa declaración contiene la con-fesión del acusado apelante de haber dado con un martillo a Juan Marrero Hernández en la cabeza, de cuyo golpe murió. Su oposición a que fuera admitida como evidencia fué por no haber sido prestada ante un magistrado sino ante el se-cretario de una corte municipal. Si bien es cierto que el se-cretario de la Corte Municipal de Coamo escribió esa decla-ración también lo es que fué jurada y suscrita por el ape-lante ante el fiscal interino de Ponce, estando presentes en ese acto varias personas, por lo que era admisible en el jui-cio y no cometió la corte inferior el error que se le atribuye.

Se dice en tercer lugar que fué error de la corte inferior permitir con la oposición de la defensa el testimonio de Ramona Ramírez, por ser de referencia en cuanto al apelante. Esta testigo declaró que estando viviendo maritalmente con Arcadio Colón (que es el otro acusado en este proceso), le manifestó Arcadio a ella que él le había dado un martillo a Yoyo para que matara a Juan Marrero, y que como no se atrevía porque era amigo de Marrero lo obligó con un revólver y entonces Yoyo lo achocó con el martillo. El fiscal sostuvo en el juicio que el testimonio de Ramona Ramírez era admisible de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Sierra, 42 D.P.R. 504, y la corte se fundó en ese caso para admitir tal testimonio. El caso citado de Sierra y el presente son distintos pues en aquél fué el acusado con Sierra el que declaró ,en el juicio mientras que en el presente no declaró Arcadio Colón en el juicio sino que sus manifestaciones fueron presentadas por tercera persona, Ramona Ramírez, resultando así una declaración de referencia que no era admisible y así ha sido resuelto en los siguientes casos: Pueblo v. González, 136 Cal. 666, 69 P. 487: Pueblo v. Woods, 90 Cal. A. 758, 266 P. 361: Pueblo v. Raber, 168 Cal. 316, 143 P. 317: y Pueblo v. Méndez, 193 Cal. 39, 223 P. 65. Para casos análogos puede verse 37 A.L.R. 441 y 48 A.L.R. 348. La admisión indebida de esa evidencia no ha podido causar perjuicio al apelante ya que no solamente fué presentada en el juicio la declaración jurada que el acusado prestó ante el fiscal cuando éste hizo la investigación del delito en la cual confiesa clara y detallada-mente qne él mató a Jnan Marrero, cuya declaración ha sido corroborada por prueba independiente, sino que habiendo de-clarado voluntariamente en el juicio, aunque empezó diciendo que él no había estado esa noche con Arcadio Colón, Juan Pérez y Juan Marrero, sin embargo, a repreguntas del fiscal contestó que él dió a Juan Marrero un golpe en la cabeza con el martillo que le entregó Arcadio Colón para que lo matara. Aparte de esto la declaración de Ramona Ramírez tendía a favorecerle en el sentido de que mató a Juan Marrero por-que Arcadio Colón lo amenazó con un revólver si no lo ma-taba ; y hubo testigos que vieron al apelante, Arcadio Colón, Juan Pérez y Juan Marrero andando juntos aquella noche tomando licor en varios sitios. Por consiguiente, no vemos motivo para revocar la sentencia por la admisión del testi-monio de Ramona Ramírez.

El cuarto motivo del recurso lo funda el apelante en que la corte inferior erró al negarse a ordenar al fiscal que entregase al acusado dos declaraciones escritas que le pidió, prestadas por Ramona Ramírez, concubina de Arcadio Colón, en la investigación que hizo del delito.

Según dice el apelante se proponía con esas declaraciones impugnar el testimonio que en el juicio dió la testigo Ramona Ramírez al declarar sobre manifestaciones que le hizo el coacusado Arcadio Colón referentes a Eulogio Coto. La defensa interesaba las dos declaraciones que Ramona Ramírez había prestado en la corte municipal en la investigación de esta causa para contradecir lo que esa testigo declaró en el juicio, pero la corte inferior negó su pretensión porque no había sentado las bases para su solicitud, por lo que es aplicable lo resuelto en el caso de El Pueblo v. Ramírez, 41 D.P.R. 747, en el cual dijimos lo siguiente:

“El cuarto señalamiento de error se refiere a la negativa de la corte a permitir que se leyera la declaración prestada ante el fiscal por María Lassalle, mientras ese funcionario investigaba los hechos constitutivos del supuesto delito. A María Lassalle no se le pre-guntó en la silla testifical si ella había hecho alguna manifestación inconsistente con la declaración por ella prestada durante el juicio. No se sentó en forma alguna la base para la supuesta contradicción, aun en el supuesto de que el fiscal estuviera obligado a producir su copia escrita de las manifestaciones de la testigo.”

El quinto motivo de la apelación se funda en que la corte inferior permitió al fiscal que hiciera un contrainterrogatorio demasiado extenso del apelante cuando declaró en el juicio, que tendía a extraviar la mente del acusado.

El acusado apelante declaró como testigo en el juicio y el contrainterrogatorio que le hizo el fiscal no tendió a ex-traviar su mente, aunque fué extenso, pues versó sobre los particulares que el acusado había declarado voluntariamente al fiscal en la Corte Municipal de Coamo, para obtener como obtuvo que reconociese recordar haber declarado lo que dicha declaración escrita contiene, por lo que no es sostenible el error que se alega.

También se queja el apelante porque fué negada su solicitud para que el jurado hiciera una inspección ocular del sitio en donde fué hallado muerto Juan Marrero.

Ese sitio está cerca del río que pasa por el pueblo de Coamo; y como el juicio se celebraba en Ponce casi dos años después de ocurrida esa muerte y como los testigos declara-ron en el juicio respecto a las condiciones de dicho lugar, no creemos que al negar la corte tal inspección ocular hiciera un mal uso de la facultad discrecional que para disponerla le confiere el artículo 258 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El acusado solicitó de la corte que le concediera un nuevo juicio. Le fué negado y alega ahora que esa resolución fué errónea.

Los motivos que adujo para que se concediera el nuevo juicio son los mismos que ha expuesto ante nosotros como errores de la corte inferior para que revoquemos la senten-cia, excepto el de nuevas pruebas del cual desistió en la corte de distrito.

Como resolvemos que no existen los errores atribuidos a la corte a quo, no puede ser sostenido el error que se alega por la negativa de un nuevo juicio ni la alegación de que el apelante no tuvo un juicio justo e imparcial.

Los recursos interpuestos por el apelante deben ser decla-rados sin lugar y confirmarse la sentencia y resolución ape-ladas.


author: El Juez Asociado Senoe, Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix Nieves Marzán, acusado y apelante.
    No. 5395.

    Sometido: Noviembre 23, 1934.

      Resuelto: Febrero 20, 1935.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senoe, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Oon demasiada frecuencia Remos dicho a los letrados que es necesario que el alegato tenga una relación del caso; que no basta meramente hablar de la presentación de la acusación o de su contenido y sobre el juicio y la sentencia consiguiente. En varios casos civiles y criminales nosotros mismos hemos narrado concisamente los hechos esenciales que deben hacerse constar en un alegato. En el caso de El Pueblo v. Benítez, 47 D.P.R. 78, hicimos comentarios similares. Consideraremos las cuestiones más importantes.

El apelante, convicto del delito de violación, sostiene que si Maximina Ríos, la perjudicada, era tan idiota que las relaciones tenidas con ella por el acusado no podían considerarse que habían sido realizadas con el consentimiento de ella, entonces, por la misma razón, tampoco debía permitírsele que declarara contra él. Si el apelante estuviera en lo cierto, el permitir a la perjudicada ocupar la silla de los testigos sería un error fundamental. La cuestión, en términos generales, ha sido cubierta por nuestra opinión en el caso de El Pueblo v. Frese, 46 D.P.R. 429, así como por la opinión de la corte inferior y el alegato del fiscal. Véase especialmente 26 A.L.R. 1502, et seq. El principio envuelto es que la mujer puede declarar al igual que podría hacerlo un niño siempre que en uno u otro caso se demuestre suficiente inteligencia.

El Dr. Rodríguez declaró en efecto que el desarrollo psí-quico de la perjudicada era tal que ella no podía darse cuenta de la naturaleza del acto o de sus consecuencias morales pero que ella tenía la inteligencia de un niño de ocho años.

La corte hizo un examen preliminar de su inteligencia. Ella pasó el examen muy hien y tanto durante el mismo como en el curso del juicio demostró suficiente cacumen, memoria y poder de identificación para demostrar su capacidad como testigo. Se acusó a varios hombres de haber tenido relacio-nes carnales con ella, uno tras otro. Ella los reconoció a to-dos y pudo decir el orden en que se le acercaron, además de poder describir dónde vivía, y las relaciones de ella para con su familia y especialmente con uno de los testigos. No ha-llamos error en que se admitiera su testimonio. Estas con-sideraciones cubren los señalamientos segundo y tercero.

El apelante se queja en el cuarto señalamiento de que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción de nonsuit. Toda vez que no se dan detalles, el señalamiento es totalmente insuficiente. La cuestión principal que se discute es la falta de corroboración del testimonio de la perjudicada y del de (Jerónimo Samó, supuesto cómplice que declaró en favor de ella.

Maximina Ríos fué corroborada por el estado de su ropa, respecto a lo cual declararon dos testigos y por lo que ella les dijo en primera oportunidad sobre lo que le había ocurrido. El Pueblo v. Vázquez, 40 D.P.R. 258; El Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16.

Gerónimo Samó fué uno de los hombres que yacieron con Maximina Ríos. El declaró que iba a obtener permiso del hermano de Maximina para llevársela a vivir con él. En el camino se encontraron con cuatro hombres más y todos ellos tuvieron comercio carnal con ella. (Jerónimo Samó declaró que le obligaron a realizar el acto con ella amenazándole con una pistola y un black-jack.

El fiscal sostiene que cada uno de los acusados realizó un acto independiente de violación y que a lo sumo Gerónimo Samó no fué un cómplice en el acto cometido por cada uno de los otros. Hay mérito en la contención pero tenemos una duda. Si los cinco hombres se confabularon para apoderarse de la mujer podría considerarse que cada uno de ellos acon-sejó e incitó a los demás. Tal vez la súplica de que se diera la instrucción correspondiente hubiera despejado la duda.

Sin embargo, es claro que si G-erónimo fué obligado por las amenazas que se le hicieron con una pistola y un blackjack, entonces él no era en forma alguna un cómplice. Si el jurado le dió crédito, la cuestión pudo ser cubierta por una instrucción apropiada.

Además, según el fiscal sugiere en parte, si la declaración de Maximina Ríos fué suficientemente corroborada, como evi-dentemente lo fué, entonces su testimonio corroboraba el de Gerónimo Samó. Y el de éste corroboraba también el de ella. También a este respecto las instrucciones pudieron disipar cualquier posible dificultad.

Igualmente podríamos preguntarnos, sin resolverlo, si aun estando las declaraciones de Maximina Ríos y Gerónimo Samó solas y tendiendo éstas a demostrar la culpabilidad del acusado, si no podría considerarse que cada una de ellas corroboraba la declaración del otro. Nos parece que en. cada caso la cuestión relativa a la suficiencia de la corroboración quizá podría someterse al jurado.

Se presentan señalamientos de error tanto porque la corte se negó a trasmitir ciertas instrucciones solicitadas como por la trasmisión de otras. No hallamos que se cometiera error. La mayoría de las instrucciones solicitadas y negadas fueron cubiertas por las instrucciones generales o fueron propiamente rechazadas.

Respecto a las instrucciones trasmitidas, no se dió oportunidad a la corte para corregirlas. El Pueblo v. Mercado, 46 D.P.R. 152; El Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417; El Pueblo v. Márquez, 46 D.P.R. 333; El Pueblo v. Gutiérrez, 44 D.P.R. 29; El Pueblo v. Macaya, 43 D.P.R. 621; El Pueblo v. Varela, 42 D.P.R. 823.

Podemos comentar con el fiscal sobre nna cuestión de suficiente importancia o sea respecto a si debe demostrarse que el acusado tenía conocimiento del estado mental de Maximina Ríos. Estamos de acuerdo con que en Puerto Rico, según nuestro estatuto, es innecesario conocer el estado mental. El estatuto no lo prescribe sino que dice que entre otras modalidades, se comete el delito de violación yaciendo con una mujer que no fuere la propia “si por demencia u otro defecto mental, temporal o permanente, estuviere incapacitada para consentir legalmente.” El caso más análogo es el de State v. Prokosch, (1922) Minn. 187 N. W. 971.

Es cierto que en la acusación se expresó el elemento mental, mas convenimos con el fiscal en que esto era redundante.

No hallamos que se cometiera error y la sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Eduardo Marvez Nicolay, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 1004.

    Sometido: Enero 14, 1935.

      Resuelto: Febrero 21, 1935.

      Dubón & Ochoíeco, abogados del peticionario; Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y T. Torres Pérez, Subprocurador, abo-gados de El Pueblo de Puerto Rico, parte contraria en el pleito que motivó el certiorari.

   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Marvez Nicolay es el peticionario en una solicitud de certiorari radicada ante este tribunal. De conformi-dad con la solicitud expedimos el auto y los documentos ori-ginales se hallan debidamente ante nos. De los mismos se desprende que el 28 de diciembre de 1934 el peticionario acu-dió a la corte de distrito y radicó la siguiente petición:

“En la Cobte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R.
Eduardo Marvez Nicolay, Civil No. 21616
Peticionario. Nombramiento de defensor judicial.
MOCIÓN SOBRE APROBACIÓN DE ESCRITURA SOBRE LIQUIDACIÓN, PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BIENES HEREDITARIOS
“A la Hon. Corte:
“Comparece el peticionario Eduardo Marvez, por conducto de sus abogados que suscriben, y respetuosamente expone:
“1. Que doña Amparo Malea, y mientras se hallaba casada con don Eduardo Marvez, falleció el 4 de febrero de 1934, en San Juan, P. R., dejando como sus únicos y universales herederos, ade-más de su expresado viudo, a sus legítimos hijos habidos en dicho matrimonio, José-Antonio, Eduardo-Guillermo, Flor de María, María Carmen Olga y María de Lourdes Aída Marvez Malea, de 14,. 12, 10, 9 y 6 años de edad respectivamente, y quienes se hallan bajo la patria potestad, cuidado y compañía de su expresado padre en el domi-cilio de éste en San Juan, Puerto Rico, todo según se acredita por el Decreto Sobre Declaratoria de Herederos recaído con fecha 19 de abril de 1934, en el caso civil No. 20,782 de esta Honorable Corte de Distrito de San Juan, P. R.
“2. Que por Resolución del 21 de septiembre de 1934, y en el caso civil No. 21,616 de esta Hon. Corte de Distrito, doña Sofía Nicolay Viuda de Marvez, y en su carácter de abuela paterna de los expresados menores, fué designada defensora judicial de los mis-mos, y a los fines de que procediera a representar a éstos en todos los procedimientos concernientes a la sociedad de gananciales que existía entre don Eduardo Marvez y doña Amparo Malea, y así como a la partición, distribución y adjudicación de los bienes relictos al fallecimiento' de ésta, con la obligación expresa dicha defensora judicial, y de acuerdo con lo preceptuado por la Ley‘de Procedimientos Legales Especiales, de someter a la aprobación de este Honorable Tribunal, la partición, distribución y adjudicación ele la tantas veces expresada herencia.
“3. Que dicha doña Sofía Nicolay Viuda de Marvez, actuando como tal defensora judicial de los tantas veces expresados menores, y conjuntamente con el padre de éstos, el compareciente don Eduardo Marvez Nicolay, por escritura No. 65 otorgada ante el Notario don Félix Ochoteco Jr., el 11 de octubre de 1934, procedió a la liquida-ción, partición y distribución de los bienes hereditarios relictos al fallecimiento de doña Amparo Malea, acompañándose a la presente solicitud, copia certificada de la ameritada escritura pública.
“4. Que de dicho documento público aparece una relación fiel y exacta de los bienes que integran la expresada herencia, valor de los mismos, bajas a deducir y las diferentes adjudicaciones hechas a los distintos herederos en pago total de sus correspondientes participa-ciones hereditarias, haciendo formar parte la defensoara judicial doña Sofía Nicolay vda. de Marvez, la adjunta copia certificada de escri-tura, de la presente solicitud, tal y como si la mencionada escritura se transcribiera ahora literalmente.
“EN MÉRITO de todo lo anteRIOrmente expuesto, el compare-ciente, en su carácter de peticionario en este caso, suplica a este Honorable Tribunal, que con la correspondiente intervención del Mi-nisterio Público, si así lo cree pertinente proceda a la aprobación de la mencionada escritura No. 65, otorgada ante el Notario don Félix Ochoteco Jr., el 11 de octubre de 1934, y en su consecuencia ordene la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad correspon-diente, todo ello conforme a derecho.
San Juan, P. R., diciembre 28 de 1934.”

Evidentemente, si tocios los herederos de doña Amparo Malea eran mayores de edad, la partición de sus bienes podía ser hecha sin intervención de la corte. Como algunos de los herederos eran menores, fué necesario que se hiciera la designación de un defensor judicial. Por tanto, la teoría del peticionario es que la solicitud interesando el nombramiento de un defensor judicial debe poner término a la necesidad de pagar honorarios ante la Corte de Distrito. Sin embargo, cuando hay menores, la ley exige no solamente que se designe un defensor judicial sino que la escritura de partición sea también aprobada por la corte. Cuando hay va-rios herederos y algunos son menores de edad, no sólo están estos últimos interesados en que se apruebe la escritura de partición, sino que también lo están los adultos. La aproba-ción de la escritura de partición es la última etapa hacia la cual dirigen sus actividades todas las partes al dar algún paso ante la corte.

No podemos convenir con el peticionario en que la apro-bación de la escritura de partición es incidental al nombra-miento de un defensor judicial, sino todo lo contrario. El nombramiento de un defensor judicial es un incidente a la aprobación de la partición de los bienes. Conforme se dice en la petición presentada por Eduardo Marvez Nicolay, co-piada supra, el secretario de la corte de distrito se negó a registrar la escritura de partición a menos que se le pagaran $5 por el procedimiento inicial tendente a que se aprobara la escritura de partición y $3 por la sentencia final que se dictara en el mismo.

El secretario de la corte de distrito y el juez de la misma, que aprobó el proceder del secretario, se basaron en parte en la actitud del Contador de Puerto Rico y en la opinión del Fiscal General en relación con la misma. El Fiscal General fué de opinión que cuando en una sucesión es necesario dar varios pasos, como, por ejemplo, la declaratoria de herede-ros, el nombramiento de un defensor judicial y la aprobación de la escritura de partición, cada uno de ellos era un proce-dimiento independiente y que de acuerdo con la ley de marzo 11 de 1915, sección 2, el pago del arancel era necesario; que cada una de estas actuaciones debía tratarse como un expe-diente separado, y exigían que el secretario solicitara el pago de derechos. El Fiscal General cita jurisprudencia al efecto de que cada una de dichas actuaciones podía ser considerada como un procedimiento voluntario, y estamos de acuerdo.

Tomemos otro ejemplo, o sea cuando hay varios herede-ros mayores de edad y varios menores de edad, de padres diferentes. Cada uno de los herederos menores de edad debe solicitar que se le nombre un defensor judicial y enton-ces es algo más aparente que la aprobación de la escritura de partición no es incidental al nombramiento del defensor judicial, sino qne todas las órdenes preliminares son medi-das incidentales a la sentencia final, es decir, a la aprobación de la escritura de partición.

De igual modo, al presentarse objeción podría surgir una contienda litigiosa, que deberá ser resuelta por la corte, res-pecto a si determinada persona debe ser nombrada defensor judicial o sobre' cuál de varias personas tiene preferencia.

Por tanto, debe anularse el avio expedido.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.