author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Horacio Batlle, demandante y apelante, v. José Pereyó, Juan Torrellas y Luis Pereyó, demandados y apelados.
    Núm. 9343.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Julio 21, 1947.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; Francisco González, Jr., abogado de los codemandados Lnis Pereyó y Jnan Torrellas.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

En 30 de abril de i.941 el demandado José Pereyó celebró un contrato con el Departamento del Interior de Puerto Bico, a virtud del cual se comprometió a construir para éste 3.6 kilómetros de carretera en el barrio Leguísamos de Mayagtiez. A tenor do lo provisto por el artículo 425 del Código Político y por la sección 5 de la Ley núm. 31 de 23 de abril de 1931 (pág. 341), Pereyó tuvo que prestar una fianza por la suma de $4,504 a favor de El Pueblo de Puerto Rico, y a fin de poder realizar la obra contratada celebró otro contrato con el demandante Horacio Battle, mediante el cual este último se obligó a suministrar la piedra en bloque, la piedra de dos pulgadas, la grava y la arena que Pereyó necesitase. Tales materiales fueron suministrados por el demandante a Pereyó por un valor total de $3,948.02, mas éste únicamente le abonó $1,094, quedando a deberle la cantidad de $2,854.02. Por esa suma Battle entabló demanda contra José Pereyó, así como contra Juan Torrellas y Luis Pereyó, como fiadores en la fianza a que antes se ha hecho mención. La demanda se radicó originalmente ante la Corte de Distrito de Ma-yagüez y la misma fué más tarde trasladada a la de Distrito de Humacao. Luego de un juicio en sus méritos ésta la de-claró con lugar en cuanto al demandado José Pereyó y sin lugar en lo que a sus fiadores concernía. No conforme, el demandante ha apelado ante nos y en el alegato radicado sostiene tan sólo que la corte inferior “cometió error al de-clarar sin lugar la demanda en cuanto a los demandados Luis Pereyó y Juan Torrellas.”

No se trata aquí de una acción entablada contra el dueño de la obra en armonía con el artículo 1489 del Código Civil, ed. de 1930, sino más bien de una acción en ejecución de la fianza, instáda quizá de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1209 del Código 'Civil, edición supra. ()

Admite el apelante que este Tribunal en los casos de Municipio de Fajardo et al. v. Axtmayer, et al., 31 D.P.R. 823 y Morales v. Chabert, 43 D.P.R. 119, resolvió definitivamente la línea de conducta a seguir en Puerto Eico en casos de esta naturaleza. Sostiene, sin embargo, que él fia llegado a la conclusión de que la doctrina sentada en esos casos debe ser descartada por resultar obsoleta, en relación con las actua-les tendencias del derecho y el aplastante peso de la juris-prudencia. Veamos:

La fianza prestada, luego de hacer constar que el principal y los fiadores quedan firmemente obligados a favor de El Pueblo de Puerto Rico, dispone de manera expresa:

"'PoR tanto, si dicho José Pereyó ejecutare y cumpliere exacta-mente todos los convenios y las condiciones del referido contrato . . . y hubiere satisfecho con prontitud todo pago de operarios y mate-riales relacionados con la ejecución de dicho contrato; en este caso la presente obligación quedará cancelada; de lo contrario perma-necerá en toda su fuerza y vigor.” (Bastardillas nuestras.)

¿Tiene esa estipulación el efecto de hacer responsables a los fiadores de José Pereyó de cualquier suma, hasta el monto de la fianza, que éste adeude a aquel que le suministró los materiales necesarios para que ál ejecutara la obra? En absoluto. La cuestión, conforme acepta el apelante, ha sido resuelta en su contra reiteradamente por este Tribunal en los casos citados más arriba, así como en el de Sucrs, de L. Villamil & Co. v. Chabert et al., Per Curiam, publicado en 43 D.P.R. 1027.() Es cierto que en los casos citados por el demandante — Hill v. American Surety Co., 200 U.S. 197, 50 L. Ed. 437; Equitable Surety Co. v. McMillan, 234 U.S. 448, 58 L. Ed. 1394; Illinois Surety Co. v. John Davis Co., 244 U.S. 376, 61 L. Ed. 1206 y Brogan v. National Surety Co., 246 U.S. 257, 62 L. Ed. 703 — se ha resuelto que “el derecho de obreros y proveedores de materiales a repetir contra una fianza otorgada en relación con obras públicas, cuando dicha fianza contiene una estipulación a su favor y para su pro-tección, aunque la misma se haya otorgado a nombre de la entidad publica y no contenga la disposición expresa de que terceras personas tendrán derechos de clase alguna a tenor de la misma, ba sido confirmado por el gran cúmulo de las decisiones. ”() Empero, los casos por él citados y los que hemos leído de los que aparecen en las obras que figuran en la nota 3- han sido resueltos interpretando estatutos que dan expresamente a los .obreros y proveedores de materiales un derecho claro a demandar a los fiadores del contratista, des-pués de haber cumplido con ciertos requisitos que en las propias leyes se especifican, o aplicando la conocida como, “doctrina americana” sobre contratos que contienen estipu-laciones en favor de terceros (pour autrui).()

En Puerto Rico, sin embargo, “la fianza no,se presume: debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella.” Artículo 1726 del Código" Civil. Debe interpre-tarse, pues, restrictivamente. Aplicando ése y otros precep-tos de nuestro Código Civil hemos llegado a la conclusión de que bajo fianzas como la aquí envuelta, las personas que suministran materiales a los que contratan con el gobierno, no tienen causa de acción contra los fiadores del contratista. No se trata aquí de la aplicación de doctrinas del Derecho Común, sino de la interpretación de principios del Derecho Civil.

Otras jurisdicciones donde impera el Derecho Civil en que se ha sentado en relación con fianzas el mismo principio enunciado por nosotros en los de Municipio de Fajardo v. Axtmayer, Morales v. Chabert y Sucrs. de L. Villamil & Co. v. Chabert, supra, son el Estado de Louisiana y las Islas Filipinas. En ese Estado nos hallamos con las siguientes de-cisiones: Carolina Portland Cement Co. v. Carey & Boettner, 145 La. 773, 82 So. 887; Allen & Currey Mfg. Co. v. Shreveport Waterworks Co., 113 La. 1091, 37 So. 980 y Salmen Brick & Lumber Co. v. Le Sassier, 106 La. 389, 31 So. 7. En Filipinas encontramos el de Uy Tam y Uy Yet contra Leonard, 30 Jur. Fil. 492, el cual citamos con aprobación en los nuestros ya mencionados.

Por otra parte, cuando por Ley núm. 31 de 23 de abril de 1931 (pág. 341) nuestra Asamblea Legislativa dispuso que (sección 6) “Cualquier obrero o empleado que no reci-biere sus salarios de acuerdo con los términos de esta Ley, podrá establecer una acción contra el contratista en caso de que éste hubiere depositado la fianza en efectivo o en cheque certificado o contra la compañía fiadora en los demás casos, reclamando el importe total de los salarios devengados que hubiere dejado de percibir,” lo hizo con pleno conocimiento de que desde el 11 de mayo de 1923, fecha en que se decidió el caso de Municipio de Fajardo v. Axtmayer tantas veces citado, este Tribunal Supremo había resuelto que no existía relación contractual de clase alguna entre el proveedor y los fiadores, siendo aquél un extraño al contrato y a la fianza, y que por ende el proveedor de materiales no podía repetir contra los fiadores. Al aprobarse esa ley tan sólo en bene-ficio del obrero, podríamos repetir aquí lo dicho en Salmen Brick & Lumber Co. v. Le Sassier, supra, a saber: “. . . el hecho de que tal ley fuera aprobada indica que, en opinión del legislador ... los proveedores de materiales no tienen derecho de acción directo contra la fianza prestada por el contratista en favor del dueño de la obra.” Además, con posterioridad al año 1931, cuando se pasó la ley anterior protegiendo al obrero, se emitió por este Tribunal la opinión en el caso de Morales v. Chavert, (1932) supra, ratificando la dbctrina sentada en el de Municipio de Fajardo v. Axtmayer (1923) dictada nueve años antes. Desde que en fe-brero 16 de 1932 se dictó la última decisión citada han traus-currido más de 15 años y el legislador no lia creído, pru-dente aprobar una ley similar a la de 1931 salvaguardando el derecho de los proveedores de materiales.

Bajo estas circunstancias no podemos menos que ratificar nuestras decisiones anteriores sobre la materia.

La sentencia apelada será confirmada.

      (1)ííArtículo 1489. — Los quo ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la recla-mación.
      “Artículo 1209.— . ......
      “Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, ésta podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada.”
      El saldo existente en poder del gobierno a favor del contratista Pereyó habla sido ya embargado en acción independiente por la firma Víctor Braegger, Ine., iniciada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.

        (2)Cf. Glens Falls Indemnity Co. v. Llueh, 61 D.P.R. 852.

      (3)Véanse, además, 77 A.L.R. 83, 118 A.L.R. 71 y 43 Am. Jur. sección. 155, pág. 896.

      (4)Véase el párrafo segundo del artículo 1209 del Código Civil, ed. 1930. Para una amplia discusión de la doctrina sobre estipulaciones "pour ■ autrui” véase Allen & Currey Mfg. Co. v. Shreveport Waterworks Co., 113 La. 1091, 37 So. 980.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño®. Todd, Ji¡..,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Emmanuelli Fontánez, conocido por Domingo Emmanuelli, acusado y apelante.
    Núm. 11955.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Julio 22, 1947.

      Miguel Guerra-Mondragón y Guillermo Cintrón Ayuso, abogados del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño®. Todd, Ji¡..,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Emmanuelli Fontánez fué acusado ante la Corte de Distrito de Ponce de un delito de asesinato en primer grado, convicto por un jurado de asesinato en segundo grado y sentenciado por la corte a cumplir de doce a veinticuatro años de presidio. () Antes de dictarse sentencia el acusado solicitó se le concediera nn nuevo juicio, el cual le fué de-negado. Solicitó además, que se ordenara al Oficial Pro-batorio que practicara la investigación correspondiente con el fin de que la corte suspendiera en su día los efectos de la sentencia de acuerdo con la Ley núm. 259 de 3 de abril de 1946 ((1) pág. 535). ' "■

La corte accedió a esta última (petición y el Oficial Pro-batório rindió su informe a la Norte recomendando se sus-pendiera la sentencia que. se dictara en el caso. Esto no obstante la corte inferior resolvió, que no procedía suspen-dérsela por los motivos que más adelante expondremos.

- El acusado apeló,, tanto de la sentencia como de la re-solución denegatoria del nuevo juicio, y en este recurso alega que la corte inferior erró, primero, al denegar la moción de nuevo juicio, y segundo, al denegar la solicitud de sen-tencia probatoria. Veamos . el primer señalamiento.

La moción de nuevo juicio presentada por el acusado se basó en los dos fundamentos, siguientes:

“(a) Porque durante el juicio, una persona, que resultó ser el detective Coca Duchesne, a quien constantemente se le veía con el Fiscal ‘que actuaba en este caso, Sr. José C. 'Aponte, hizo llegar a 'los señores del Jurado, la impresión de que habrían de castigar al acusado, del delito de asesinato.
“ (b) Porque durante el juicio,-y mientras se encontraban en el cuarto de deliberaciones en la Corte de Distrito de Ponce, los jurados Cristóbal Santiago y Francisco del Valle, fueron registra-dos en sus respectivas personas, y en tal forma fueron,impresio-nados dichos jurados, que estuvieron impedidos de resolver la causa de una manera correcta y concienzuda. (Apartados 2 y 3, Artículo 303, Código de Enjuiciamiento Criminal.)”

Con la moción se radicaron declaraciones juradas pres-tadas por los señores Cristóbal Santiago y Francisco del Valle, dos de los jurados que actuaron en el caso y otras por los señores Manuel A. Emmanuelli, hermano del acusado, y José Reyes Torres.

En síntesis las declaraciones juradas tienden a sostener-lo que se hizo constar en la moción de nuevo juicio, aunque existen contradicciones entre unas y otras. Los incidentes mencionados ocurrieron antes de haber terminado la vista del caso y de haberse retirado a deliberar el jurado. En cuanto al señalado con la letra (a) en la moción de nuevo juicio, de las declaraciones juradas de los señores Emmanue-lli y Reyes aparece que el juez que presidía la corte, Sr. Luis R. Polo, en presencia del abogado del acusado, Sr. Susoni, Jr., realizó la investigación correspondiente. Esto no obs-tante, la defensa no planteó ante la corte, ni en aquel mo-mento ni en ningún otro durante el resto del juicio, cuestión alguna de mistrial o de otra naturaleza. Aparentemente, no cx*eyó que los derechos del acusado habían sido perjudicados y permitió que el juicio continuara hasta su terminación el 15 de septiembre de 1946. No fué hasta dos meses después, o sea el 15 de noviembre de 1946, que radicó su moción de nuevo juicio basada exclusivamente en los hechos supuesta-mente ocurridos durante el juicio.

Es doctrina establecida que un acusado no debe perma-necer callado cuando ocurre alguna anormalidad durante el juicio que él considere perjudicial a sus derechos y esperar la terminación del caso para luego, en apelación, si el vere-dicto le es adverso, señalar dicha anormalidad como error. Baldwin v. Kansas, 129 U.S. 52; Pueblo v. Báez, 45 D.P.R. 512; Pueblo v. Arroyo Madera, 67 D.P.R. 36; Pueblo v. Márquez, ante, pág. 327. En 96 A.L.R. 530 se expone esta doctrina haciéndola extensiva a las mociones de nuevo juicio, en esta forma:

“La regla general es que mala conducta (misconduct) por parte .de cualquier persona en relación con el jurado después que se retira, aunque sea de un carácter que podría viciar el veredicto si se hu-biera llamado la atención de la corte por queja oportuna, no pro-cede después de rendido el veredicto, como motivo de nuevo juicio o revocación, cuando era conocida del acusado o su abogado antes de rendirse el veredicto.” (Bastardillas nuestras.)

Para que proceda un nuevo juicio debido a demostracio-nes u otra mala conducta por parte del público o espectado-res de un juicio, la objeción debe hacerse antes de que el jurado rinda veredicto. Powell v. State, 141 So. 201 (revocado por otros motivos en Powell v. State of Alabama, 287 U.S. 45).

Como hemos dicho, el abogado- del acusado en este caso nó sólo tuvo conocimiento del hecho que se expone en el apartado (a) de la moción de nuevo juicio, inmediatamente de haber ocurrido, sino que intervino con el juez en su in-vestigación. Al permanecer callado aceptó que los derechos de su representado no habían sido perjudicados. No erró la .corte inferior al denegar el nuevo juicio solicitado por dicho motivo.

En cuanto al señalado con la letra (b) se fundamenta en las declaraciones juradas de los jurados, señores Santiago y Del Valle, al efecto de que los miembros del jurado fueron registrados en el cuarto de deliberaciones, según el Sr. Santiago, por uñ alguacil, y según el Sr. Del Valle, por el alguacil y dos personas más que no conocía,. y que este hecho no les permitió, cuando finalmente se sometió el caso al jurado, discutir ciertos particulares de la prueba y las incidencias del juicio.

No obstante este incidente, al rendir el jurado su vere-dicto condenatorio y ser preguntado cada uno de los jurados por separado si ése era su veredicto, todos contestaron en la afirmativa. Si era cierto que los jurados señores Santiago y Del Valle no habían podido considerar la prueba debido al incidente antes mencionado, aquél fué el momento opor-tuno para exponerlo ante la corte. No lo hicieron sino que individualmente ratificaron el veredicto rendido. Esperaron que transcurrieran dos meses para entonces prestar unas de-claraciones juradas atacando su propia actuación.

El inciso 4 del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que se puede conceder un nuevo juicio “cuando el veredicto se hubiere obtenido por suerte o cual-quier otro medio que no fuere una expresión verdadera de la opinión de todos los miembros del jurado.”

Hemos resuelto que bajo este inciso no procede la conce-sión de un nuevo juicio por el hecho de que uno o más jura-dos presten declaraciones juradas al efecto de que fueron inducidos a rendir un veredicto de asesinato en segundo grado, con recomendación de clemencia, bajo la creencia de que éste era equivalente al de homicidio voluntario, Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 234; o que rindió tal veredicto por inex-periencia, Pueblo v. Lebrón, 47 D.P.R. 430; o que rindió el veredicto de asesinato en segundo grado en la creencia de que no podía rendirse el de homicidio involuntario, Pueblo v. Cruz, 49 D.P.R. 653.

La regia general en California es que los jurados están incapacitados legalmente para impugnar su veredicto en cualquier forma, bien sea por affidavits o por testimonio oral, excepto en los casos expresamente prescritos por ley. 8 Cal. Jur. 436, sec. 458; 7 McKinney, New California Digest 549; People v. Kennedy, 69 P.2d 224; People v. Gidney, 73 P.2d 1186.

En cuanto a la admisibilidad de affidavits o testimonio oral por miembros del jurado para demostrar actuaciones impropias o comunicaciones de terceras personas con el ju-rado mientras delibera, las autoridades están divididas pero la mayoría sostiene su admisibilidad. 90 A.L.R. 249; 146 A.L.R. 514.

En el caso de autos nada anormal ocurrió mientras el jurado estaba deliberando. Lo resuelto en los casos de Pueblo v. Saldaña, 66 D.P.R. 189, y Pueblo v. González, 66 D.P.R. 903, citados por el apelante, no es aplicable ya que no se trata en el presente de comunicaciones de terceras personas con el jurado mientras está deliberando, en violación del ar-tícnlo 267 clel Código de Enjuiciamiento Criminal y, además,, en aquéllos no se planteó ni resolvió si eran o no admisibles affidavits de miembros del jurado para impugnar su propio veredicto. Somos de opinión que la corte inferior no erró al no tomar en consideración los affidavits de los jurados se-ñores Santiago y Del Valle. Bajo las circunstancias con-currentes no eran admisibles para sostener la moción de ■nuevo juicio. El hecho a que se referían dichos affidavits ocurrió antes de terminar el juicio y de ser sometido el caso a la deliberación del jurado. Tanto los jurados que suscri-bieron dichos' affidavits como los demás que constituían el panel, - tuvieron amplia oportunidad de informar a la corte si algo anormal había' ocurrido. Esperar que transcurrieran dos meses después de terminado el caso, para entonces decir que determinado incidente (que pudo y debió haber sido in-vestigado por la corte inmediatamente de haber ocurrido, si ocurrió) no les permitió: “discutir ciertos particulares sobre la evidencia,” según el jurado señor Santiago, o sentirse “en libertad de discutir las incidencias y pruebas del juicio,” según el jurado señor Del Valle, y pretender que con decla-raciones de esta naturaleza se anule un veredicto, el cual al rendirse, esos dos jurados — y todos los demás — individual-mente, aceptaron como su propio veredicto, sería establecer ún precedente contrario a una sana política pública. Al pres-tar juramento para servir como jurados se obligaron todos a _ resolver el caso por la apreciación de la prueba presen-tada guiados por las instrucciones de la corte en cuanto a la ley aplicable. La presunción es que el jurado cumplió con su deber y que el incidente que mencionan dos de sus miem-bros, de haber ocurrido, no influyó en su veredicto, no obs-tante lo que aparentemente creyeran dos meses después de rendido. No se cometió el primer error señalado.

En cuanto al segundo que se refiere al hecho, de no haber la corte inferior suspendido la sentencia impuesta, de acuerdo' con el artículo 2 de la Ley núm. 259 aprobada el 3 de abril de 1946 (Leyes 1946, pág. 535),() arguye el ape-lante que habiendo el Oficial Probatorio rendido un informe favorable a que se le impusiera una sentencia probatoria ‘ ‘ el juez carecía de discreción para negar dicha sentencia y te-nía que atenerse al informe del Oficial Probatorio.”

No tiene razón el apelante. Nada encontramos en el ar-tículo 2, supra, que tienda a demostrar que fué la intención del legislador sustituir el criterio jurídico de un juez, por el de un oficial probatorio lego en cuestiones legales. El informe del oficial probatorio constituye el reflejo de la in-vestigación por él practicada en cuanto a las circunstancias del delito cometido, los antecedentes de familia e historia social del acusado. Es cierto que el artículo 2 dice además que “tal investigación revele que dicho acusado siempre fué un ciudadano respetuoso y cumplidor de la ley” y suponemos que en el rendido en este caso() el oficial probatorio hizo constar que el apelante siempre lo fué. Esto no obstante la corte sentenciadora al denegar la sentencia probatoria hizo constar que si bien el acusado no había sido sentenciado y recluido en prisión por delito alguno con anterioridad a la comisión del delito por el' que se le juzgaba, sí había sido denunciado, convicto y sentenciado en nueve casos misdemeanors, entre ellos uno de acometimiento y agresión grave, y que en todos pagó la multa correspondiente, y concluyó que esos hechos, junto al probado en el caso de autos de que portó el revólver con el cual cometió el delito por los distri-tos de Gluayama y Ponce, demostraba que, a juicio del juez,-el acusado no.fué ni es un ciudadano respetuoso y cumplidor de la ley. Hizo constar, además, la corte inferior, que las circunstancias que rodearon la comisión del delito en el pre-sente caso, según fueron probadas tanto por la prueba de cargo como ele la defensa, revelan en el apelante aquel grado» de deformación moral que requiere su ingreso en una peni-tenciaría para su regeneración.

Hemos examinado la prueba presentada en este caso y estamos convencidos de que lá actuación de la corte inferior está plenamente justificada. El uso de la palabra “deberá” en el artículo 2, supra, no significa que sea mandatorio» para la corte suspender la sentencia cuando concurran alguno o todos los hechos especificados en el mismo.() La conclu-sión a que llegue una corte, en cuanto a conceder o no a un acusado el beneficio de la sentencia probatoria, descansa en su sana discreción, teniendo en cuenta, desde luego, todos los hechos del caso y las disposiciones del artículo 2 de la Ley núm. 259, supra. En apelación, no intervendremos para cam-biar dicha conclusión, a menos que se nos demuestre que la misma es errónea y sin fundamento'en la prueba. En el pre-sente caso no se ha demostrado tal cosa.

Deden confirmarse la sentencia apelada y la resolución de-negando el nuevo juicio.

      (1)Esta sentencia indeterminada - se dictó bajo la Ley núm. 295 apro-bada el 10 de abril de 1946 ((1) pág. 759) que establece esta clase de sentencias en Puerto Pico.

      (2) Dicho artículo 2 provee:
      "El efecto do la sentencia que se imponga a toda persona que cometa cualquier delito grave que no sea asesinato en primer grado, deberá ser sus-pendida y el sentenciado puesto a prueba, siempre que, al tiempo de imponer dicha sentencia, concurran les siguientes requisitos: (a) que el acusado no haya sido convicto, sentenciado y recluido en prisión por delito alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual está siendo procesado, (ó) quo el delito cometido no evidencie aquel grado de deformación moral que hace indispensable que, para poder intentar su reforma, se recluya al delin-cuente en. un establecimiento i)cnal, (o) que la corte sentenciadora tenga ante sí un informo que le haya sido rendido por un Oficial Probatorio de la Corte o de la Junta de Libertad Bajo Palabra, después de dicho Oficial Probatorio haber practicado una investigación minuciosa de las circunstancias del delito .cometido, los antecedentes do familia e historia social del acusado, y que tal investigación revele que dicho acusado siempre fué un ciudadano respe-tuoso y cumplidor de la ley; Disponiéndose, que, la corto sentenciadora fijará las condiciones bajo las cuales el acusado será puesto a prueba. Disponiéndose, - además, que la corte podrá, a su discreción, además de poner a prueba al : sentenciado, imponerle una multa en proporción a la naturaleza del delito icometido.”

      (3)Dicho infórme no consta en autos. Nada hay en la Ley núm. 259 'de '1946 que disponga que los informes de los oficiales probatorios en estos casos deban archivarse con los autos.

      (*)“La sentencia probatoria o suspendida es un acto de gracia concedido a un convicto de un delito y puede estar sujeto a las condiciones que el Congreso quiera imponer en cuanto a su duración. ” Esooe v. Zerbst, 295 U. S. 490, 492,


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Muñiz Vega, acusado y apelante.
    Núm. 12286.
    Sometido: Julio 1, 1947.

      Resuelto: Julio 22, 1947.

      Jorge Díaz Cruz, abogado del apelante; IIon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxi-liar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 31 de octubre de 1941 se radicaron ante la Corte de Distrito de Aguadilla acusaciones contra Angel Muñiz Vega por los delitos de asesinato y portar armas. El 24 de no-viembre de 1941 se leyeron las acusaciones y el acusado bizo alegación de inocente y solicitó que el caso de portar armas se viera conjuntamente con el de asesinato.

El caso de asesinato fué archivado por haber transcu-rrido más de 120 días de su radicación.() El caso de portar armas se señaló para juicio para el 21 de agosto de 1945 ■ — casi cuatro años después de radicada la acusación. El 11 de agosto de 1945 el acusado radicó una moción solicitando el archivo y sobreseimiento fundado en el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El día seña-, lado para la vista del caso, 21 de agosto de 1945, el abogado del acusado, Lie. Jorge Díaz Cruz, envió el siguiente tele-grama a la corte:

“Si no hay lugar-archivo' solicitado suplico suspensión caso Por-tar Armas Angel Muñiz Vega de modo tenga oportunidad pagai otro abogado por hallarse su anterior Yamil G-alib servicio militar.”

La corte declaró sin lugar la moción de archivo y sobre-seimiento y también la solicitud de suspensión de la vista del caso contenida en el telegrama, procedió a celebrar el juicio en ausencia del acusado y de su abogado y dictó sentencia declarándolo culpable y condenándolo a cumplir seis meses de cárcel. El 27 de agosto de 1945, a moción oral del acu-sado, la corte dejó sin efecto dicha sentencia. El 23 de julio de 1946 se celebró el juicio contra el acusado por el delito de asesinato y el de portar armas fué sometido por la misma prueba y la corte declaró al acusado culpable y lo sentenció a cumplir cuatro meses de cárcel. Apeló, y en este recurso alega que la corte inferior erró al declarar sin lugar su mo-ción de archivo y sobreseimiento de fecha 11 de agosto de 1945.

Podría tener razón el apelante si él hubiera apelado ,de la sentencia dictada el 21 de agosto de 1945 y si hubiese de-mostrado en dicho recurso que no hubo justificación para la dilación inusitada en el trámite de estos casos. Empero, en su telegrama del 21 de agosto de 1945, él solicitó la sus-pensión del caso y aunque no le fué concedida, al ser senten-ciado no apeló sino que solicitó se dejara sin efecto la sen-tencia y, sin levantar de nuevo la cuestión de archivo y sobresemiento, entró a juicio el 23 de julio de 1946.

El caso de Pueblo v. De Jesús, 66 D.P.R. 136, citado por el apelante, sería aplicable si él hubiera apelado de la sen-tencia dictada el 21 de agosto de 1945, pero al no hacerlo, el caso es similar al de El Pueblo v. José M. García Calderón, resuelto el 24 de abril de 1947, en el que dijimos en opinión Per Curiam lo siguiente:

“Considerando ahora la primera cuestión, convenimos con el Fiscal de este Tribunal en que erró la corte al desestimar la moción de sobreseimiento en este caso en la ocasión en que declaró con lugar el sobreseimiento de los casos felonies. Pueblo v. De Jesús, 66 D.P.R. 136. Pero el acusado renunció nuevamente al juicio rápido y entró en juicio el 27 de mayo de 1946. Alega ahora que la sentencia debe ser revocada, por no habérsele concedido el juicio rápido a que tenía derecho. En las circunstancias del presente caso es indudable que el 21 de enero de 1946 el acusado renunció a su derecho a un juicio rápido y consecuentemente, no existió el primero de los errores señaladps.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1)Esto recurso se tramita por el procedimiento de exposición del caso y do ella no aparece en qué. fecha se archivó el caso felony.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Miranda Hermanos, S. en C., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 129.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Julio 23, 1947.

      Dubón & Ochoteco, y Otero Suro & Otero Suro, ahogados de la peti-cionaria; Ilon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. B. Fernández Badillo, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, qiierellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria empieza su año económico el 11 de enero de cada año y termina el 10 de enero del año siguiente. Al cerrar sus operaciones el 10 de enero de 1943, correspondien-tes al año 1942-43, acreditó a cada socio en sns libros la par-ticipación que les correspondía por concepto de beneficios durante el referido año. Así mismo hizo bonificaciones a sns empleados por servicios prestados entre el 11 de enero de 1942 y el 10 de enero de 1943. • También pagó comisiones a algunos de sus empleados al finalizar el año económico.

El 18 de marzo de 1943, en cumplimiento de la Ley núm. 29 de 7 de diciembre de 1942 ((2) pág. 161), conocida por “El Impuesto de la Victoria”, según fue enmendada por la Ley núm. 175 de mayo 15, 1943 (pág. 631), rindió al Tesorero-de Puerto Eico la declaración jurada que exige la ley, expre-sando los pagos efectuados por ella desde enero 1, 1943 hasta febrero 15 siguiente, acompañando la contribución retenida por ella en su origen correspondiente a dichos pagos.

Al declarar los ingresos sujetos al pago del Impuesto de la Victoria se limitó a una parte proporcional de los benefi-cios distribuidos a sus socios y de las bonificacioiies y comi-siones pagadas a sus empleados durante el año económico 1942-43, es decir, la correspondiente a los primeros diez días-del año 1943, a pesar de que la totalidad de los beneficios, bonificaciones y comisiones fue realmente acreditada o pagada al cerrar las operaciones del año económico el 10 de enero de 1943. En otras palabras, la peticionaria dejó de declarar los pagos hechos el 10 de enero de 1943 corres-pondientes a bonificaciones, beneficios y comisiones deven-gados pero no pagados entre el 11 de enero y el 31 de diciem-bre de 1942. Consecuentemente dejó de retener en su origen y satisfacer al Tesorero el impuesto sobre los mismos.

El 20 do marzo de 1944 el Tesorero de Puerto Rico notificó a la peticionaria una deficiencia para el año anterior por concepto del Impuesto de la Victoria, montante a $3,802.91, más intereses a razón de 1 por ciento mensual hasta la fecha en que verificara el pago. Solicitó la peticionaria la re-consideración de la decisión del Tesorero y siéndole denegada recurrió para ante el Tribunal de Contribuciones, el cual, con fecha 3 de julio de 1946, modificó la decisión recurrida en el sentido de rebajar los intereses del 1 por ciento al % por ciento mensual y así modificada la confirmó. Solicitó la pe-ticionaria la reconsideración y al serle denegada, oportuna-mente instó ante este Tribunal el presente recurso.

La peticionaria alega que no venía obligada a retener en su origen y pagar al Tesorero la contribución del Impuesto de la Victoria, sobre pagos por servicios prestados antes del 1ro. de enero de 1.943 — fecha en que empezó a regir la ley creando el impuesto de la victoria, a pesar de haber sido acreditados en sus libros el 10 de enero de 1943.

El artículo 1 de la Ley del Impuesto de la Victoria crea, en adición a cualquiera otra contribución impuesta por la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, una contribución de 5 por ciento sobre el ingreso bruto de todo individuo en exceso de $15.05 semanales, por concepto de salarios, suel-dos, remuneraciones, comisiones, etc.()

La cuestión a resolver es una de interpretación de estatutos y siguiendo la regla cardinal en materia de hermenéutica, debemos determinar cuál fue la intención legislativa. Para ello es necesario examinar el estatuto.

Definiendo el ingreso bruto a los efectos de la ley dice el artículo 1:

. . Se entenderá por ingreso bruto toda cantidad de dinero que, procediendo de los conceptos antes enumerados como sujetos al pago del impuesto, sea realmente recibida por el contribuyente o depositada o consignada a su favor o para su beneficio. Ese mismo significado tendrá la palabra pago, según se usa en esta Ley.” (Bastardillas nuestras.)

El artículo 4 prescribe:

“Todo individuo que tenga ingresos sobre los cuales proceda el pago del Impuesto de la Victoria y en los que no le haya sido -hecha la retención en el origen, presentará al Tesorero de Puerto Rico la primera declaración de ingresos el día quince de febrero de 1943, cubriendo los ingresos del mes de enero de 1943. En julio quince de 1943 radicará su declaración cubriendo los ingresos percibidos desde enero treinta y uno a junio treinta de 1943, y de ahí en ade-lante los días quince de enero y quince de .julio de cada año ...” (Bastardillas nuestras.)

Y el artículo 7 dispone:

“Toda persona que según las disposiciones de esta Ley venga obligada a retener en su origen la contribución impuesta, • deberá presentar con sus pagos al Tesoro declaraciones bajo juramento ha-ciendo constar en ellas los pagos efectuados a los contribuyentes a quienes les retuvo el importe.en o antes de febrero 15 de 1943 en cuanto concierne a los pagos hechos desde enero 1 de 1943 hasta enero 31 de 1943, en o antes • de julio -15 de 1943, en cuanto concierne a los pagos verificados en el semestre de enero 1 a junio 30 de 1943, no incluidos en su pago anterior y subsiguientemente en o antes de enero 15 y julio 15 respecto a los semestres que ter-minen en diciembre 31 y junio 30 respectivamente.” (Bas-tardillas nuestras.)

Como liemos visto, el estatuto prescribe que cualquier pago ele sueldo, salarios, compensación, comisiones, etc. recibido por el contribuyente o consignado o depositado a su favor o para su beneficio, a partir del 1ro. de enero de 1943, está sujeto a pagar el Impuesto de la Victoria.

Si la intención legislativa hubiera sido no gravar los suel-dos, compensaciones, etc. por servicios prestados antes del 1ro. de enero 1943, pero realmente recibidos o consignados después de e.sa fecha, fácil le hubiera sido expresarlo al de-finir el ingreso sujeto al impuesto. Un examen detenido de la ley revela el cuidado que tuvo el legislador de establecer que todo ingreso percibido o consignado o depositado a favor de un individuo a partir del 1ro. de enero de 1943, estará sujeto al pago del impuesto.

Es verdad que el artículo 1ro! de la Ley preceptúa que la contribución impuesta por ella se cobrará y pagará a partir de enero 1ro. de 1943, pero esto no implica que el impuesto no pueda cobrarse sobre el pago de servicios prestados antes de dicha fecha, pero pagados o consignados con posterioridad a la misma. El objeto de esa disposición no es otro que fijar desde qué momento estarán sujetos al pago de la contribu-ción los ingresos recibidos.

En el presente caso no hay envuelta cuestión alguna sobre aplicación retroactiva de la ley. Como se dijo en Harvester Co. v. Dept. of Taxation, 322 U. S. 435, 445 (1944), 88 L. Ed., 1373:

“Los apelantes no niegan que los dividendos procedían de ga-nancias obtenidas dentro del estado de Wisconsin, pero se arguye que algunos de dichos beneficios, por lo menos, fueron pagados de beneficios acumulados o separados en años anteriores a la aproba-ción del estatuto contributivo. Pero como el evento contributivo, la distribución de dividendos pagados de beneficios y el haberse de-ducido de la contribución dichos dividendos, ocurrió coin posterio-ridad a la aprobación del estatuto contributivo, la cuestión de apli-cación retroactiva del estatuto no está envuelta.”

A nuestro juicio no existió el error que acabamos de dis-cutir.

Arguye la peticionaria en su otro señalamiento de error que ella no venía obligada a pagar el resto del impuesto de la Victoria que no retuvo en su origen a sus socios y empleados por pagos efectuados el 10 de enero de 1943, por concepto de servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la ley.

Fundamentando este señalamiento de eíror aduce la pe-ticionaria argumentos que no resisten el más ligéro análisis. Arguye que si ella, por error en la interpretación de la ley del Impuesto de la Victoria, no retuvo en su origen la con-tribución en lo que respecta a la parte proporcional del precio de los servicios prestados antes del 1ro. de enero de 1943, no viene obligada a pagar dicha contribución por las perso-nas que recibieron tales ingresos. Arguye, además, que la contribución' se impone al individuo que recibe el pago y no a la persona que lo verifica.

El artículo 3 de la Ley impone la obligación de retener en su origen el impuesto de la Victoria a la persona que baga pagos por cualesquiera de los conceptos mencionados como tributables en el art. 1, que no bayari sido mencionados en el art. 2; y el art. 7 le impone el deber de pagarlo al Teso-rero de Puerto Rico. . • •

La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento y si la persona que bace el pago deja de cumplir con el deber de retener el impuesto en'su origen, ese error de interpre-tación no le excusa del pago de lo que debió baber retenido para el Tesorero. El liecbo de que la contribución se im-ponga al individuo que recibe el pago y no al agente retene-dor, carece de pertinencia, pues al agente retenedor no se le cobra la contribución impuesta a él, sino la cantidad que debió retener y no lo bizo.

Procede, por lo expuesto, anular el auto expedido y con-firmar Ias resoluciones recurridas.

      (1) La ley concede ciertas deducciones y determina los ingresos no sujetos a la contribución, a los cuales es innecesario hacer referencia, a los efectos de esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor. Mahuero

text:
    El Menor José Antonio Ramos Robles, representado por su padre con patria potestad Alfonso Ramos Roque, demandante y apelado, v. Rosario Rosario y Sán Miguel & Cía., Inc., demandados y apelante el primero.
    Núm. 9469.
    Sometido: Junio 11, 1947.

      Resuelto: Julio 24, 1947.

      Clemente Buiz Nazario y F. L. San Miguel, abogados del apelante: Angel Bivera Colón, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor. Mahuero

emitió la opinión del tri-, bunal.

El menor José Antonio Ramos Robles presentó demanda enmendada ante la Corte de Distrito de Arecibo, en que sus-tancialmente alega: que comparece representado por su padre con patria potestad Alfonso Ramos Roque; que el 24 de julio de 1945, como de 4 a 5 de la tarde, el chófer Enrique .Martínez conducía por la carretera insular que va de Cíales a Manatí el vehículo de motor H-2280, propiedad del demandado Rosario Rosario; que mientras el menor deman-dante caminaba por dicha carretera insular, por su derecha, y en la misma dirección del truck, el citado chófer Enrique Martínez le arrolló, causándole distintas lesiones, que describe en la demanda; que al recibir el demandante dichas lesiones su condición era sumamente grave y el mismo día del accidente fue recluido en el Hospital de Distrito de Are-cibo, donde hasta la fecha permanece hospitalizado y bajo tratamiento médico; que el accidento se debió a la negligen-cia e imprudencia temeraria del chófer Enrique Martínez, quien conducía el referido camión cargado de arena y grava a una velocidad excesiva, teniendo conocimiento de que dicho vehículo no tenía frenos y de que éstos estaban defec-tuosos, sin tocar en ningún momento bocina o aparato do alarma y sin reducir su velocidad; que el aludido camión era para la fecha del accidente ele la exclusiva pertenencia del demandado Rosario, estando el chófer trabajando en el ca-mión como empleado del demandado y en el desempeño corriente de su empleo; que con motivo del accidente el demandante no ha podido continuar estudiando, quedará in-capacitado totalmente, ha sufrido intensos dolores físicos y mentales y daños y perjuicios que razonablemente estima en $6,000; y que para la feclia del accidente el vehículo estaba asegurado con la codemandada San Miguel & Cía., .Lnc.

Los demandados contestaron negando los hechos esen-ciales de la demanda y alegando como defensas afirmativas: que el accidente fué un suceso desgraciado e inevitable, en el cual no medió culpa o negligencia del chófer Enrique Mar-tínez, siendo la causa próxima, inmediata y única del mismo, la negligencia de los padres del menor y la imprudencia de éste al discurrir por dicha vía pública montado en un carrito pequeño de madera acompañado de su otro hermano sin ser custodiados por sus padres; y que, en la alternativa, la única causa próxima e inmediata del accidente lo fué la negligencia contribuyente de parte de los padres de los menores arro-llados.

Celebrado el juicio correspondiente y luego de desfilar amplia prueba testifical y de aducirse evidencia documental, la Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia teniendo al demandante por desistido en cuanto a la codemandada San Miguel & Cía., Inc. y condenando al demandado Rosario Rosario a pagar al demandante la suma de $2,000, más las costas y $300 para honorarios de abogado.

El demandado ha apelado para ante este Tribunal y en el alegato radicado imputa la comisión de ocho errores a la corte inferior. Aunque el caso nos parece enteramente claro y sencillo, discutiremos los errores señalados en el orden en que éstos han sido asignados por el apelante.

Sostiene en el primero que la corte sentenciadora cometió error “al admitir en evidencia, luego de una tenaz oposición por parte del demandado apelante, la certificación creditiva del nacimiento del menor demandante para probar la capacidad del padre compareciente para representar al menor demandante.” Un examen de la prueba aportada y del propio certificado de nacimiento ofrecido en evidencia nos convence de que no existe, el error. Veamos: del acta de nacimiento se desprende que el demandante José Antonio Ramos Robles nació el día 14 de febrero de 1932, siendo Alfonso -Ramos. Roque su padre y María Robles Robles su madre. Asimismo, de la evidencia testifical aportada se deduce que el menor demandante siempre tuvo a Alfonso Ramos Roque por padre y que éste siempre lo tuvo a él por hijo. También, que .María Robles Robles tuvo a dicho me-nor como hijo y que él la tuvo a ella como madre. Los tres declararon en el juicio a ese efecto. Es cierto que de la prueba ofrecida también se c.olige que Alfonso Ramos Roque para la fecha de la concepción y nacimiento del niño estaba casado con una mujer distinta, a la madre del .menor. Bajo esas condiciones, de acuerdo con la legislación existente a la época de su nacimiente, él demandante debía considerarse como un hijo adulterino de Ramos Roque sin otro derecho que el de solicitar alimentos de su presunto padre, una vez demostrada la paternidad. () Empero, de conformidad con la Ley núm. 229 de 12 de mayo de 1942 (pág. 1297) los hijos nacidos fuera de matrimonio con anterioridad a su vigencia y que no tenían la condición de naturales bajo la legislación anterior, pueden ser reconocidos por acción voluntaria de sus padres. () No nos dice esa ley de manera clara y ter-minante en qué ha de consistir la acción voluntaria del padre tendiente a reconocer.al hijo ilegítimo nacido con anterio-ridad a su vigencia, y si bien en Correa v. Sucesión Pizá, 64 D.P.R. 987, 990, este Tribunal manifestó que “es evidente que bajo el artículo 125 (del Código Civil) se confiere status como hijo natural voluntariamente por el padre sólo me-diante instrumento publico,” sin embargo, no es menos cierto que a tenor del artículo 31 de la Ley núm. 24 de 22 de abril de 1931 (pág. 229), según fué enmendado por la Ley núm. 117 de 12 de mayo de 1943 (págs. 345, 347) “cuando el re-conocimiento de un hijo natural se hiciere en documento pú-blico o en una declaración pirada, bastará la presentación de dicho documento o declaración para que el Encargado del Registro Demográfico proceda a inscribir el mismo, ...” (Bastardillas nuestras.) En el presente caso las partes ad-miten — aunque en los autos no hemos encontrado prueba directa de ello al efecto — que algún tiempo después del acci-dente y con anterioridad al día del juicio, Alfonso Ramos Roque prestó una declaración jurada reconociendo como hijo natural al menor demandante y que tal declaración jurada fué llevada en su oportunidad al Registro Demográfico. Bajo esas condiciones el reconocimiento del hijo se ajusta a la enmienda de 1943, supra, no pudiendo sostenerse, en su consecuencia, que la corte cometiera error al admitir en evi-dencia dicha acta.

La moción de nonsuit presentada por el demandado al finalizar la prueba del demandante se dirigía no precisamente al peso de la evidencia aducida, sino' más .bien a atacar el acta de nacimiento ya admitida. Aceptando como cierta a los fines de tal moción, como es nuestro deber hacerlo, la prueba hasta entonces ofrecida por el demandante, y dados los razonamientos expuestos en el párrafo anterior en relación con dicha acta, nuestro criterio es que la corte inferior estuvo plenamente justificada al declarar sin lugar la moción presentádale.

También sostiene el demandado que la corte de distrito cometió error al designar a Alfonso Ramos, quien hasta ese momento comparecía como padre con patria potestad sobre el menor demandante, defensor judicial de éste. Según indicamos al hacer una reseña de la demanda, el menor compareció representado por su padre con patria potestad Alfonso Ramos Roque. En el curso del juicio y cuando ya el mismo estaba en sus postrimerías surgió reiteradamente la cuestión de si Ramos Roque podía comparecer como padre con patria potestad del menor. En la página 115 de la trans-cripción de evidencia aparece que la corte, luego de exponer cuál era sn criterio en relación con la cuestión planteádale manifestó: la Corte entiende que el artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil facultaría a este tribunal para con-tinuar el caso en la forma establecida, y para obviar cual-quier defecto la corte designa también a Alfonso Ramos de-fensor judicial del menor demandante . . . (Bastardillas nuestras.) Realmente la corte no debió referirse al artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que desde el 1 de septiembre de 1943, fecha en que empezaron a regir las nue-vas Reglas de Enjuiciamiento Civil para las Cortes de Puerto Rico, la Regla 17(f) dispone en parte que todo menor “ de-berá comparecer por medio de su padre o madre con patria potestad, si los tuviere, y en su defecto, por medio de su tutor general, o de un defensor nombrado por la corte que en-tienda en el asunto, en cada caso, o por él juez de la misma.” (Bastardillas nuestras.) Como de la propia resolución de-la corte se desprende que Alfonso Ramos Roque continuaba en el caso representando a su hijo primordialmente en su. carácter de padre con patria potestad y que el nombramiento .de defensor judicial se hizo como algo complementario, es innecesario discutir con amplitud este señalamiento, ya que de haberse cometido el error, consideradas las circunstancias que concurren, el mismo nunca daría lugar a la revocación solicitada.

También imputa error el demandado a la corteinferior ál no considerar ésta las defensas afirmativas de negligencia del demandante y sus padres, o por lo menos denegligencia contribuyente por parte del menor. La prueba aducida por el demandante tendió a demostrar que el día y a la hora indicados José Antonio Ramos y su hermano mayor, Héctor Luis, montados en un carrito de madera, con ruedas de patines, discurrían por el lado derecho de la carretera que conduce de Cíales' a Manatí; que en ese mismo instante el camión del demandado, guiado por el chófer Enrique Martínez* venía en igual dirección, cargado de grava y arena, bajando una pendiente, sin frenos, a velocidad exa-gerada y sin sonar aparato de alarma; y que al así hacerlo, dicho camión chocó con el carrito de los'menores, cayendo, uno de éstos debajo del diferencial y el otro debajo de la “guareta” izquierda del vehículo, falleciendo Héctor Luis como resultado del accidente y sufriendo el menor deman-dante severas lesiones.

Por otra parte, la prueba del demandado tendió a demos-trar que el accidente se debió tan sólo a la negiigencia de los menores, quienes en el momento indicado discurrían en un carrito, por la izquierda de la carretera, y quienes al ver una guagua de la Línea López que venía en dirección con-traria se ofuscaron en el momento preciso en que el camión pasaba por el lado de ellos y éstos descuidadamente se co-locaron bajo la “guareta” trasera izquierda del camión.

La corte inferior, que oye la prueba, directamente de los labios de los testigos que acuden ante ella a declarar, que nota sus gestos, ademanes y reacciones, está en mejores con-diciones que nosotros para aquilatar la prueba. Dicha corte en cumplimiento de su deber apreció la evidencia en con-junto, dirimió el conflicto, llegó a la conclusión de que el accidente se debió exclusivamente a la culpa y negiigencia del chófer del demandado y descartó totalmente por increíble la prueba aducida por éste. Cuando de apreciación de prueba se trata, ha sido práctica invariable de este Tribunal no al-terar la conclusión a que ha llegado la corte inferior, a no ser que se nos convenza de que ella ha cometido manifiesto error o ha actuado movida por pasión, prejuicio o parcia-lidad^) El detenido estudio que hemos hecho de la evi-dencia aportada por las partes no nos convence de que la Corte de Distrito de Areeibo al ¡resolver el' conflicto y llegar a la conclusión que llegó estuviera manifiestamente equivo-cada en sus apreciaciones o actuara en forma alguna movida por pasión, prejuicio o parcialidad. Bajo estas condiciones nos sentimos constreñidos a no alterar sus conclusiones. Regia 52(a).

Tampoco creemos que la corte inferior errara “al no dar la debida consideración a los precedentes jurisprudenciales de esta jurisdicción aplicables, por su similitud, al'presente caso.” Innumerables lian sido los casas de daños y perjuicios resueltos por este Tribunal, teniendo algunos de ellos bastante semejanza con el presente. No obstante, dada la forma clara y convincente en que los testigos de la parte demandante relataron los hechos y tomando en consideración que la corte inferior descartó totalmente la prueba del demandado, no creemos que ella estuviera necesariamente obligada a hacer mención de los • precedentes de este Tribunal aplicables a la situación que estaba considerando. Su opinión es corta, pero convincente, y si bien es verdad que en ella no se cita ningún precedente, sin embargo en armonía con la Regla 52(a) () la corte hizo sus conclusiones de hecho y de derecho y dictó sentencia de acuerdo con las mismas. No creemos que al así hacerlo cometiera error de clase alguna.

Asimismo sostiene el demandado que la corte inferior erró “al no dar la debida consideración a la doctrina de hechos físicos incontrovertibles aplicable al presente caso y expuéstale también oportunamente en el mencionado alegato del demandado hoy apelante.” La doctrina de héchos físicos incontrovertibles ha sido discutida ampliamente por tratadistas en materia de evidenca y negligencia. No obstante, cuando los hechos relatados por los testigos de una parte son enteramente factibles, son creídos por la corte y se ajustan o pueden ajustarse a la realidad, tal doctrina no es de aplicación. ()

Atribuye el demandado a la corte inferior pasión, prejuicio y parcialidad, así como manifiesto error en la apreciación de la prueba. La cuestión lia sido ya discutida y resuelta por nosotros al referirnos a la apreciación que de la prueba en conjunto hizo la corte. Empero, como de los autos se desprende específicamente que el juez hizo ciertas manifestaciones y preguntas que posiblemente daban a entender que estaba prejuiciado, nos referiremos a éstas en seguida: En la pág. 104 de la transcripción de evidencia aparece que en momentos en que el letrado del demandante pidió que se eliminara como demandada a San Miguel & Cía., Inc., el juez manifestó: “¿De dónde va a cobrar entonces?” Y que al contestar dicho letrado: “Dejamos la demanda en cuanto a, Rosario Rosario,” nuevamente dijo el juez: “No voy a ser más papista que el Papa. ” A la pág. 115 de la -transcripción aparece un incidente, después de haber nombrado la corte a Alfonso Ramos Roque como defensor del menor, en él cual uno de los abogados del demandado tomó excepción a la resolución de la corte, “ ... y muy especialmente hacemos constar nuestra objeción.” El juez manifestó que lo único que el abogado podía consignar era su excepción, pero que no podía criticar la resolución de la corte. Insistió el letrado en su protesta y la corte manifestó una vez más que lo que admitía era una excepción en el récord, diciéndole •más tarde al abogado “Tome excepción y arriba, en el Tribunal Supremo, puede argumentar todo lo que quiera.” De los autos también se desprenden otros ligeros incidentes similares a los ya expuestos. No obstante somos de opinión que las manifestaciones de la corte no demostraban pasión, prejuicio o parcialidad, sino que fueron más bien hijas del celo que todo magistrado debe tener en los asuntos que se ventilan ante él, o palabras dichas sin prejuzgar el caso en forma alguna.

El octavo error tampoco procede, ya que a nuestro juicio la corte inferior apreció la prueba acertadamente.

No habiéndose cometido ninguno de los errores señalados se dictará sentencia confirmando la apelada.

      (*) Artículo 128 del Código Civil, edición de 1930, el cual dispone que "los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales, sólo tendrán derecho a exigir de sus padres alimentos, conforme al artículo 143.”

      (2)La enmienda introducida por la núm. 243 de 12 de mayo de 1945 (pág. 815) no altera esa situación.

      (3)Rivera v. López, 66 D.P.R. 210; Machuca v. Autoridad Fuentes Fluviales, 66 D.P.R. 182; Graniela v. Yolande, Inc., 65 D.P.R. 107; López v. Alvares, 64 D.P.R. 404; Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718; Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 D.P.R.; 335; Hernández v. Acosta, 64 D.P.R. 171; Velázquez v. Sucn. Blanco, 50 D.P.R. 294.

        (l)Cf. Ramírez y. Corte, 65 D.P.R. 351.

        (5)Adams v. Armour & Co., 16 A.2d 142 (1940); Cunningham v. Pennsylvania R. Co., 43 A.2d 825; Mull v. Bothwell, 12 A.2d 561; Van House v. Acorn Steel Co., 53 F.Supp. 990; cf. Navarro v. Compañía Azucarera “El Ejemplo’’, 53 D.P.R. 726.


text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Ana María Sugar Co., interventora.
    Núm. 135.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Julio 29, 1947.

      lion. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Carlos Santana Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; J. Alemañy Sosa, abogado de la interventora, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la.opinión del tribunal.

La Ana María Sugar Company, Inc., radicó con el Teso-rero de. Puerto Eieo (a quien en adelante llamaremos el Te-sorero) el 13 de diciembre de 1937 su declaración sobre ingre-sos correspondiente al año contributivo terminado en 30 de junio de 1937. El Tesorero envió a la contribuyente el 16 de noviembre de 194á una notificación de deficiencia para dicho año de 1937. El 29 de noviembre de 19M la contribuyente so-licitó del Tesorero la reconsideración de dicha notificación y que se le concediera una vista administrativa. El 6 de diciembre de 19M el Tesorero notificó a la contribuyente que accedería a su solicitud de vista administrativa si ésta firmaba una renuncia al período prescriptivo, a lo que accedió la con-tribuyente firmándose por las partes un convenio que dice así:

“Renuncia del PeRÍodo de PRESCRIPCIÓN
“En San Juan de Puerto Rico, a los 9 días del mes de die. de 1944, de una parte el contribuyente, señor (sic) Ana Ma. Sugar Co.r Inc. de la municipalidad de Mayagüez, y de otra parte don Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, convienen y consienten como sigue:
“1°: Que de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Contri-bución sobre Ingresos número 74, aprobada en agosto 6, 1925, según lia sido posteriormente enmendada, el contribuyente en este caso por-sí, o por su répresentante debidamente autorizado, señor Alemañy Sosa, renuncia a todos los efectos legales el período de prescripción de siete (7) años que dispone la sección 60, de dieba ley, en cuanto a la tasación, imposición y cobro de la contribución sobre ingresos con respecto a su declaración de ingresos correspondiente al año con-tributivo terminado en junio 30 de 1937.
“2do.: Que la renuncia del período de prescripción en cuanto a la planilla de ingresos correspondiente al año 1937 tendrá efecto a partir desde la fecba en que la deficiencia ba sido notificada por el Tesorero de Puerto Rico, o sea noviembre 16, 1944, por todo el tér-mino- que duren los trámites del señalamiento y celebración de la Vista Administrativa solicitada en este caso y por noventa (90) días más a contar de la fecba en que baya sido celebrada la vista admi-nistrativa.
“39: Que el Tesorero de Puerto Rico podrá, en cualquier mo-mento anterior a la notificación de la resolución de la vista admi-nistrativa que se conceda en este caso, imponer la deficiencia objeto de este convenio y liacer la notificación y requerimiento de pago in-mediatamente, si creyese que la tasación o el cobro de la deficiencia ha de ser comprometido por la demora, según dispone el apartado (o), de la sección 57, de la Ley.
“4to.: Consintiéndose además que si de la deficiencia en contri-bución que le fuere notificada al contribuyente, señor Ana María Sugar Co., Inc., como resultado de la vista administrativa solicitada en este caso, estableciere apelación ante el Tribunal do Contribu-ciones de Puerto Rico, entonces el período de prescripción que aquí se conviene quedará prorrogado por el tiempo que estuviere el caso pendiente de resolución ante dicho Tribunal y por noventa (90) días más después de dictada resolución final por el referido Tribunal; conviniéndose además, que si la deficiencia que se notificare como resultado de la referida vista administrativa no fuere apelada ante el mencionado Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, entonces será prorrogado por un término de cuarenta y cinco (45) días más a contar de la fecha en que ha sido notificada la resolución de Ja Vista Administrativa.
“(Fdos.) J. Alemañy Sosa, Abogado de la Contribuyente. — Rafael BusCAGlia, Tesorero de Puerto Rico'.”

El Tesorero concedió entonces la vista administrativa so-licitada por la contribuyente y la misma se celebró el día 21 de mayo de 1945. No fue basta el 26 de noviembre de 1945 que el Tesorero notificó a la contribuyente el resultado de la vista administrativa y le tasó e impuso el importe de la deficiencia para el año 1937.

No conforme la contribuyente con la decisión del Tesorero acudió ante el Tribunal de Contribuciones alegando, primor-dialmente, que el Tesorero cometió error al imponer y tasar la deficiencia para el año 1937 por baber transcurrido más de siete años desde que la contribuyente rindió su declaración de ingresos en 13 de diciembre de 1937 basta el 26 de noviem-bre de 1945 en que se tasó dicha deficiencia. El Tribunal de Contribuciones declaró con lugar la querella de la contribu-yente y para revisar su resolución expedimos el presente auto a petición del Tesorero.

El Tribunal de Contribuciones al resolver la querella hizo constar que de acuerdo con las secciones 60(a) (1) y 61(6) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos vigente() y los términos del convenio sobre renuncia del período de prescrip-ción firmado por las partes, habiéndose celebrado la vista ad-ministrativa el 21 de mayo de 1945 y notificado la imposición de la deficiencia el 26 de noviembre de 1945, ya habían trans-currido los noventa días qne se habían estipulado en el inciso 2 de dicho convenio y.qne, por tanto, el Tesorero erró al de-clarar sin lugar la alegación de prescripción hecha por la contribuyente.

Arguye el peticionario, 1ro., que de acuerdo con los términos del convenio sobre renuncia del período de prescripción, el derecho del Tesorero a cobrar esta contribución no ha prescrito, y 2do., qne como cuestión de derecho e independientemente de la existencia del convenio, el Tesorero tenía facultad en ley para imponer la contribución en.este caso sin que su derecho estuviera prescrito.

No tiene razón a nuestro juicio. La notificación de defi-ciencia que hizo el Tesorero a la contribuyente el 16 de no-viembre de 1944 lo fué de acuerdo con el artículo 57(a) de la ley que, en lo pertinente, dispone:

“Sección 57.— (a) Si tratándose de algún contribuyente, el Te-sorero determinare que bay una deficiencia con respecto a la contri-bución impuesta por este título, el contribuyente, .excepto lo que dispone la subdivisión (o) será'notificado de dicha deficiencia por correo certificado, pero dicha deficiencia será tasada en la forma que se establece en la subdivisión (6). Dentro de los quince (15) días inmediatamente siguientes a la fecha de la notificación, el contribu-yente podrá solicitar del Tesorero la reconsideración de dicha deter-minación de deficiencia, expresando en su solicitud los fundamentos en que ésta se basa, y el Tesorero podrá concederle una vista admi-nistrativa antes de resolver el asunto, o podrá denegar la reconside-ración solicitada sin la celebración de vista alguna cuando a su juicio dicha solicitud fuere claramente infundada. Si el contribuyente no estuviere conforme con la resolución del Tesorero respecto a cual-quier deficiencia, podrá, dentro de los treinta (30) días inmediata-mente siguientes a la fecha en que se le notifique la resolución, radicar una quérella contra el Tesorero ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, en la forma dispuesta por la ley creando dicho tribunal; ...” (Bastardillas nuestras.)

Es cierto que la sección 60(6) de la ley dispone que “El período durante el cual esta sección requiere que se verifique una tasación de cualquier deficiencia() será prorrogado, (1) treinta (30) días si al contribuyente le hubiere sido noti-ficada por correo de acuerdo con la subdivisión (a) de la sec-ción 57 y no hubiere radicado apelación alguna ante el Tribunal de Apelación (sic) de Contribuciones de Puerto Rico, y (d) si se hubiere radicado alguna apelación, entonces se ex-tenderá el período de prescripción noventa (90) días a contar de la decisión final del tribunal.” (Bastardillas nuestras.) Empero, esta sección no entra en juego en el caso de autos de-bido a que el Tesorero, acogiéndose a la sección 61(6), supra, instó a la contribuyente, como condición para concederle una vista administrativa, a que firmara un convenio renunciando al término prescriptivo de siete años para tasar la contribu-ción y habiéndose firmado por las partes, no puede ahora el Te-sorero decir que no está obligado por sus términos. Como se dice en 10 Mertens Law of Federal Income Taxation, sec. 57.53, pág. 212-3, “El contribuyente puede limitar su renun-cia si así lo desea,; si es aceptada por el Comisionado en la forma limitada, os efectiva solamente de acuerdo con sus tér-minos.” No podemos presumir que el Tesorero trató de ha-cer algo innecesario para la protección de su derecho cuando impuso, como condición para conceder la vista administr'ativa solicitada por la contribuyente, que ésta renunciara al término prescriptivo. Ri de acuerdo con lo que ahora sostiene el pe-ticionario, el caso estaba cubierto por la sección 60(6), supra, ¿para qué exigir la firma del convenio?

De acuerdo eon la sección 57(a), supra, lo que hace el Te-sorero es notificar al contribuyente la determinación de una deficiencia pero la misma sección establece la forma en que dicha deficiencia será tasada. Como dijimos .en el caso de Ballester v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.E. 768, 772: “Si el Tesorero no está de acuerdo con el contribuyente en cuanto a la cantidad, notifica al contribuyente por correo certificado de una deficiencia, pero en realidad no tasa la deficiencia hasta que no se le haya dado al contribuyente la oportunidad de to-mar ciertos pasos para atacarla (sección 57(a)). Sin embargo, si el Tesorero creyere que la tasación o cobro de una deficiencia ha de ser comprometida por la demora, dicha de-ficiencia ■será tasada inmediatamente y la notificación y reque-rimiento para el pago de la misma hechos por el Tesorero. (Sección 57(d); ahora 57(c), a virtud de la enmienda a la sección 57 contenida en la sección 6 de la Ley núm. 23, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria.) ” (Bastardillas nuestras.) Es la sección 60(a) (1), supra, la que exige que el importe de la contribución sobro ingresos — y cuando existe una deficiencia necesariamente ella forma parte de la contri-bución — sea tasada por el Tesorero dentro de los siete años después de haberse radicado la declaración de ingresos.

Las prórrogas que concede la sección 60(&), supra, están sujetas a que el período prescriptivo no haya expirado cuando surjan los hechos que motiven su extensión, ya que si el período prescriptivo se hubiera extinguido antes de los treinta días concedidos por la sección 57(a) a la contribuyente para apelar después de resuelta la reconsideración solicitada, ninguna-de dichas prórrogas podría tener efecto. No puede prorrogarse un término ya vencido. Cf. P. R. Ry., Light & Power Co. v. Buscaglia, 62 D.P.R. 597.

Domo en el caso de autos la declaración de ingresos había sido rendida el 13 de diciembre de 1937, por tanto el término de siete años para tasar la contribución venció el 13 de diciem-bre de 1944. Pero como el Tesorero no notificó la determina-ción de la deficiencia hasta el 16 de noviembre de 1944 y la contribuyente solicitó la reconsideración y vista administra-tiva doce días después, o sea el 28 de noviembre de 1944, el Tesorero al contestarle el 6 de diciembre del mismo año que estaba dispuesto a conceder la vista, si la contribuyente re-nunciaba al período prescriptivo, lo hizo porque sabía que sólo faltaban siete días para el vencimiento'de dicho término. De acuerdo con el trámite seguido en este caso no puede sos-tenerse que sean aplicables las prórrogas que establece la sec-ción 60(b), supra. La contribuyente, al aceptar la proposi-ción del Tesorero, no era lógico esperar que mientras tanto apelara de la notificación hecha por éste.

El hecho es que el Tesorero, amparándose en la sección 61(b), supra, obtuvo que la contribuyente firmara una renuncia del término prescriptivo pero, al hacerlo, la contribuyente, a su vez, limitó dicha renuncia, en el inciso 2 del convenio, en el sentido de que la renuncia tendría efecto desde noviembre 16, 1944, fecha de lá notificación de la deficiencia por el Tesorero, ‘‘por todo el término que duren los trámites del señalamiento y celebración de la vista administrativa solicitada en este caso y por noventa (90) días más acontar de la fecha en que haya sido celebrada la vista administrativa (Bastardillas nuestras.) Esta limitación íué aceptada por el Tesorero. Si la vista se celebró el 21 de mayo de 1945, los 90 días convenidos vencían el 19 de agosto de 1945, fecha en que a más tardar debió el Tesorero haber tasado e impuesto la contribución, para así haber estado dentro de la condición estipulada con la contribuyente. No fué hasta el 26 de noviembre de 1945, o sea más de 90 días después de haber ex-pirado el término convenido, que el Tesorero tasó e impuso la contribución, habiendo por tanto prescrito su derecho a hacerlo.

No debemos olvidar que el Tesorero, por el inciso 3ro. del convenio sobre renuncia del término de prescripción, se reservó, además, el derecho, que le concede el apartado (c) de la sección 57 de la ley, al efecto de que él podía “... en cual-quier momento anterior a la notificación de la resolución de la vista administrativa que se conceda en este caso, imponer la deficiencia objeto de este convenio y hacer la notificación y requerimiento de pago inmediatamente, si creyese qne la ta-sación o el cobro de la deficiencia ha de ser comprometida por la demora. ...” (Bastardillas nuestras.) Pero no sólo no hizo uso de ese derecho sino que dejó transcurrir en exceso el término convenido en el inciso segundo.

Arguye también el peticionario que su derecho a tasar e imponer la deficiencia no había prescrito ya que, de acuerdo con el inciso cuarto del tantas veces mencionado convenio, dicho período quedó prorrogado por noventa días más después de dictada la resolución final por el Tribunal de Contribuciones por haber la contribuyente apelado ante dicho tribunal de la deficiencia notificádale como resultado de la vista administrativa. Tampoco tiene razón el peticionario. La prórroga adicional del período de prescripción convenida en el inciso 4to, supra, sólo podía tener aplicación si el término acordado en el inciso 2do. del convenio hubiera sido cumplido por el Tesorero. Notificada la contribuyente después de ex-pirados los noventa días estipulados en el inciso 2do., el derecho del Tesorero a tasar la deficiencia prescribió, y el hecho de que se apelara por la contribuyente no puede sostenerse que tuvo el efecto de prorrogar de nuevo dicho término. Si el Tesorero hubiese notificado el resultado de la vista administrativa dentro de los noventa días de celebrada ésta y la contribuyente hubiera apelado al Tribunal de Contribuciones, entonces era que tenía eficacia la prórroga adicional de noventa días estipulada en el inciso 4to., supra.

No merece seria consideración la argumentación del pe-ticionario de que nada se dice en el inciso 2do. de] convenio al efecto de que el Tesorero estuviera obligado a notificar el resultado de la vista administrativa dentro de los noventa días de celebrada. Si el Tesorero no estaba obligado a hacer dicha notificación dentro de dicho término, ¿cómo iba a en-terarse la contribuyente del resultado de la reconsideración y vista administrativa concedidas? Equivaldría esto a dejar en manos del Tesorero indefinidamente la fijación del comienzo del término de noventa días.

Por lo expuesto, procede la confirmación de la resolución dictada por el Tribunal de Contribuciones en este caso.

      O Estas secciones están "bajo el título "Limitación ele Tiempo para Im-poner y Cobrar la Contribución" y disponen:
      "Sección 60. — (a) Excepto lo que dispone la seeeión 61 y la subdivisión (d) de la seeeión 57 y la subdivisión (6) de la sección 62:
      "(1) El importe de la contribución sobre ingresos y beneficios excesivos y el importe de la contribución sobre ingresos impuestos por esta Ley tal como ha sido enmendada, se tasarán dentro de los siete (7) años después de haberse radicado la declaración y no podrá entablarse un procedimiento judicial para el cobro de dichas contribuciones después de vencido dicho período. (En-mendado por la Ley núm. 31, aprobada abril 12, 1941, en vigor desde enero 1, 1940.)

        i (# * # * -y. -x-
      “Sección 61.— (a) * * * ' * ' *

        “(i) Cuando ambos, el Tesorero y ol contribuyente, hubieren acordado por escrito imponer (assess) la contribución después de transcurrido el período fijado por la sección 60 para la imposición de la misma, ésta podrá ser im-puesta (assessed) en cualquier momento antes del vencimiento del periodo acor-dado.” (Bastardillas nuestras.)

      (2) Dentro de los siete años do haberse radicado la declaración de ingresos, de acuerdo con la sección 60(a)(1), supra.


text:
    Antonio Rullán Mayol, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1214.
    Sometido: Julio 21, 1947.

      Resuelto: Julio 31, 1947.

      Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba y Rafael Bar agaño, Jr., abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de junio de 1946 Antonio Rullán Mayol, aquí recu-rrente, presentó en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, un escrito firmado por su representante, Lie. Damián Monserrat, Jr., en que hizo constar que en dicho Registro se halla inscrito al folio 241 del tomo 91 de San-turce, Sur, la finca que en el mismo se describe; que adquirió dicha finca por compra a doña Esperanza Rullán Mayol en 3 de junio de 1940 y que su vendedora adquirió la misma a sn vez de doña Carolina y doña Angela Miró por escritura número 88 de 8 de junio de 1937; que en la referida escritura número 88 figura la siguiente cláusula:

“Tercera. — Es convenido entre las partes otorgantes, que en todo tiempo en • que doña Esperanza Rullán resuelva vender la parcela objeto de esta compraventa estará obligada a ofrecérsela en venta a las vendedoras, por igual precio al que paga por la misma.”

que esa cláusula fue relacionada en las inscripciones de la referida finca y se consideró solamente en el Registro como una condición sobre el inmueble; y que a él le interesa que de la inscripción de la finca sea eliminado tal estado de de-recho atribuido a la referida cláusula; y solicita del Regis-trador “se sirva extender una nota al margen de la referen-cia de dicho convenio personal, expresiva de que el mismo no afecta la finca hipotecariamente.” ■

El Registrador recurrido denegó la cancelación de la con-dición solicitada y tomó en su lugar anotación por 120 días, fundado en que ‘ ‘ según el Registro la compradora viene obli-gada en todo tiempo que resolviera enajenar la propiedad a ofrecérsela en venta a las vendedoras, por igual precio al que pagó por la misma, no apareciendo que tal derecho haya sido renunciado por las mismas, y que el documento presentado no está debidamente autenticado ante notario y el mismo no se refiere a ninguno de los casos en que pueda obtenerse la cancelación en el Registro.por solicitud de esa naturaleza.”

No tiene razón el Registrador. Es claro que no se trata de una venta con pacto de retro, y de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria: “La obligación de transmitir a otro el dominio de cualquier inmueble o derecho real, o de constituir sobre uno u otro algún derecho de la misma índole, no estará sujeta a inscripción.” (Bastardillas nuestras.)

Morell en sn conocida obra Comentarios a la Legislación Hipotecaria, tomo primero, edición de 1925, pág. 500, se ex-presa así:

“La promesa constituye solamente una obligación, que cía derecho a los contratantes para reclamar el cumplimiento, pero que no crea derecho real alguno, por lo cual no impide la adquisición por un ter-cero de los bienes o derechos prometidos.
“Respecto a la promesa de hacer algo, no cabe, por lo tácito, duela alguna. El acto no es inscribible. El promitente no limita su do-minio sobre lo prometido, ni de presente ni en lo futuro, porque si la promesa no se cumple, la obligación se resolverá en una indemni-zación de perjuicios.
“La promesa no despoja al propietario de su derecho de propiedad sobre la finca, ni transmite ni constituye derecho real alguno.” (Bastardillas nuestras.)

En relación con la cuestión que nos ocupa los tratadistas Galindo y Escosura en sus Comentarios a la Legislación Hi-potecaria, tomo 1, edición de 1903, se expresan así a la pá-gina 261:

“Sólo 'deben registrarse el dominio y derechos reales, y como de la obligación de transmitir y de la de celebrar un contrato no nace ninguna acción real, sólo podrá hacerse constan' cuando, como dice el misino artículo, la obligación personal esté garantida por otra real; pero téngase presente que entonces lo que se inscribe es la garantía y no la promesa. Así es que si llega el caso de exigir el cumplimiento de lo ofrecido y no se cumple, a lo único a que da derecho la ins-cripción es a realizar dicha garantía.” (Bastardillas nuestras.)

Más tarde en la misma obra, y a la página 317, nos dicen:

“Que la promesa de vender no es inscribible, es evidente. . .”()

Por otro parte, estos tratadistas en el tomo 2 de su re-ferida obra manifiestan a la página 323, que “El artículo 29 de la Ley se refiere únicamente al dominio y derechos reales, y no ha de extenderse a los que, no teniendo ese carácter, se hacen constar por cualquier eausa en el Registro. Deben, por tanto, tenerse por no mencionados y sin ningún efecto -con relación a tercero.”() (Bastardillas nuestras.)

Siendo nn derecho personal la mera promesa de vender nn inmueble, la misma no debió mencionarse en forma alguna en el Registro, y la circunstancia de que se hiciera tal mención no surte efecto con relación a tercero. ()

Además, el hecho de que se solicitara la cancelación de tal mención o condición en el Registro por documento privado suscrito por un abogado en representación del dueño de la finca, cuyo título consta inscrito, no debió ser óbice para que se efectuara la cancelación solicitada. No toda cancelación ha de solicitarse mediante escritura pública. () Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 141 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria puede solicitarse en documento privado la cancelación de una anotación preventiva constituida mediante solicitud de igual índole. Si es posible lograr en esa forma la cancelación de una anotación que está surtiendo todos sus efectos, mucho más natural debería serpara el Registrador proceder a cancelar — a virtud de solicitud háchale a nombre del dueño de la finca por un represen-Tante que es abogado — una mención o condición que errónea-mente figura en el Registro y que no surte efecto de clase al-guna contra tercero.

Debe revocarse la nota recurrida y efectuarse la cancela-ción solicitada.

      (C) Véanse también Barrachina, Derecho Hipotecario y Notarial, tomo 1, edición de 1910, págs. 112 a 118; Gómez de la Serna, Ley Hipotecaria, tomo 1, edición de 1862, págs. 255, 256 y Morell, Legislación Hipotecaria, tomo segundo, edición de 1927, pág. 636.

        (2) Artículo 29, Ley Hipotecaria. — ‘ ‘ El dominio o cualquier otro dereeho real quo so mencione expresamente en las inscripciones o anotaciones preven-tivas, aunque no esté consignado en el Registro por medio do una inscripción separada y especial, surtirá efecto contra tareero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo. ' •
      "Lo dispuesto en el párrafo anterior so entenderá sin perjuicio do la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos, y de la responsa-bilidad en que pueda incurrir la persona que on casos determinados deba pedir la inscripción. ’ ’

      (3) Cf. Bas v. Ferrán, 14 D.P.R. 190 y Bou de la Torre v. Registrador, 39 D.P.R. 353.

      (*) Véanse la opinión emitida por este Tribunal con fecha 16 de junio de 1947 en el Recurso Gubernativo Núm. 1208, intitulado Autoridad de Tierras v. Registrador, ante, pág. 468, en el que se resolvió que la cancelación de un contrato de arrendamiento ya vencido podía solicitarse mediante declaración jurada suscrita por un abogado como representante de la arrendadora; y Orta v. Registrador, 60 D.P.R. 789.


author: Per Curiam:

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Mateo Fajardo, Jr., interventor.
    Núm. 145.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Julio 31, 1947.

      Hon. Procurador General Luis Negrón Pernándes, y Elmer Toro Lu-cchetti, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Oscar Souffront, abogado del interventor, querellante en el pleito principal.
   Per Curiam:

Las partes fian sometido este recurso por los alegatos radicados en el recurso núm. 135, de Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, v. Tribunal de Contribuciones, Ana María Sugar Co., Inc., interventora. Los heefios admitidos son los siguientes: El contribuyente, aquí inter-ventor, radicó su planilla para el año 1937, el día 15 de sep-tiembre de 1937. El 12 de septiembre de 1944 el Tesorero le notificó al contribuyente, por correo, una deficiencia para el año 1937. El 23 de septiembre de 19M, el contribuyente so-licitó del Tesorero la reconsideración y concesión de una vista administrativa. Accedió el Tesorero y celebrada la vista ad-ministrativa se envió al contribuyente, el 19 de abril de 1945, la resolución notificando la deficiencia. El 15 de mayo de 1945 el contribuyente radicó su querella ante el Tribunal de Contribuciones, el cual en definitiva resolvió que el término para tasar la deficiencia babía prescrito.

Las prórrogas que provee la sección 60(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos se refieren a aquellos cásos en que el Tesorero de Puerto Rico notifica al contribuyente por correo certificado una deficiencia dentro del término prescrito por la sección 60(a) de la Ley y éste no apela ante el Tribunal de Contribuciones, y a aquéllos en que el contribuyente acude ante dicho Tribunal dentro de los treinta días.inme-diatamente siguientes a la fecha en que se resuelve por dicho funcionario la solicitud de reconsideración y vista adminis-trativa, y no a casos en que, si bien la deficiencia se notifica a tiempo y la reconsideración y vista administrativa se solici-tan dentro de los quince días de que nos habla la sección 57(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, la tasación se hace fuera de los siete años provistos por la .sección 60(a) de dicha Ley.

Si el término de siete años que provee la sección. 60(a) de la Ley está próximo a vencer, el Tesorero puede, primero, hacer unn tasación de emergencia (jeopardy assessment), de acuerdo con la sección 57(c) o, segundo, llegar a un acuerdo con el contribuyente, por escrito, para tasar la contribución después de transcurrido el término prescriptivo, de acuerdo con la sección 61(b), y en este caso el Tesorero no hizo ni lo uno ni lo otro.

Al notificar el Tesorero su resolución ratificando la defi-ciencia en este caso el 19 de abril de 1945 habían transcurrido ya los siete años que provee la sección 60(a) de la ley.

La resolución dictada por el Tribunal de Contribuciones el 6 de febrero de 1947 será confirmada.