author: El Juez Asociado Sr. del Toro

text:
    Rivera, Peticionario, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 106.
    Resuelto en noviembre 4, 1913.
    Certiorari — Alegación de Hechos en la Solicitud no Comprobados. — La alega-ción en una solicitud de certiorari de hechos que no han de ser comprobados después por el peticionario en debida forma es una mala práctica y constituye un fundamento bastante para anular el mandamiento de certiorari expedido y desestimar la solicitud sin entrar a resolver las cuestiones hipotéticas plan-teadas en la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del peticionario: 8res. José G. Torres y José Ramón Freyre.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Rivera Cintrón, por medio de su ahogado, presentó un escrito debidamente jurado a esta Corte Suprema solici-tando el libramiento de un auto de certiorari dirigido contra el Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, con objeto de revisar los procedimientos en el caso No. 4204 de Manuel Rivera, in re, Agustín Silva v. Benigno Túa, sobre tercería de bienes muebles.

En el escrito se alegaba, en resumen, que en el dicho proce-dimiento de tercería, no obstante haberse ordenado por el juez municipal que originalmente intervino en el mismo que se formulara la cuestión por escrito tal como prescribe la ley, el demandado nunca lo hizo, limitándose a negar la demanda de tercería sin establecer la naturaleza de sn derecho; que apelado el caso a la corte de distrito el tercerista pidió que,, por el motivo indicado, se eliminara la contestación y se dic-tara sentencia sobre las alegaciones, y la corte negó la petición . del tercerista; que el tercerista volvió a presentar igual cues-tión basándose en que la contestación del demandado se había, archivado fuera del término concedido al afecto por la corte municipal, y también le fué negada su solicitud; y que al tratar el demandado de introducir su prueba, el tercerista se opuso porque no habiendo el demandado establecido ningún hecho en su contestación estaba impedido de establecerlo por medio de la prueba en el juicio/ Se alegaron además en el escrito otros llamados errores relativos a la práctica de la prueba, cuya corrección, aun en el caso de que constituyeran tales errores, no hubiera podido llevarse a efecto dentro del recurso ejercitado.

El auto solicitado fué expedido y el pleito original de tercería remitido a esta Suprema Corte. Lo hemos exami--uado cuidadosamente y no aparece que el tercerista se opu-siera al archivo de la contestación del demandado en la fecha en que se presentó; ni que solicitara luego en la corte de distrito la eliminación de la contestación y la sentencia sobre las alegaciones a que se refiere en su solicitud; ni que se opu-siera en el acto del juicio a la práctica de la prueba por parte de la demandada.

En tal virtud y sin detenernos siquiera a estudiar si en el caso de que las alegaciones consignadas en la solicitud diri-gida a esta Corte Suprema fueran ciertas, procedería o nó la revisión de los procedimientos en el pleito de tercería; opi-namos que debe anularse el auto expedido y devolverse el pleito a la corte de su origen, haciendo constar que no es buena práctica establecer en escritos iniciales hechos que la parte interesada no se ha de cuidar de comprobar después en forma debida ante este tribunal.

Anulado el mandamiento de certiorari y deses-timada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wolf

license: Public Domain

text:
    Cadierno Hnos., S. en C., Demandantes y Apelantes, v. Suárez & Ca., S. en C., et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 966.
    Resuelto en noviembre 4, 1913.
    Cuasi Contrato — Gestión de Negocios Ajenos — Deudas Contraídas y Con-tinuación de una Sociedad por un Empleado Interesado Después del Fallecimiento de los Socios. — Cuando, como en el caso de autos, fallecidos los socios que constituyen una sociedad, un empleado interesado continúa haciendo negocios a nombre de la misma sin liquidarla y sin intervención de los herederos de los socios premuertos, ni ratificación de sus actos pol-los mismos, tales gestiones de dicho empleado no constituyen un cuasi contrato de gestión de negocios ajenos, ni hace responsables a dichos herederos de las deudas contraídas por tal empleado a nombre de la sociedad, máxime cuando, como en este caso, no se prueba que recibieran beneficio alguno, ni que el activo de la sociedad existente al fallecimiento de los socios fuera insuficiente para pagar las deudas entonces, las que en efecto fueron pagadas por dicho empleado, quien obtuvo nuevos créditos y contrajo nuevas deudas.
    Id. — Ramificación de la Gestión de Negocios Ajenos. — El dejar los herederos de los socios premuertos de la sociedad demandada de intervenir y pedir una liquidación de la sociedad, no constituye una ratificación de la continuación de los negocios por un empleado interesado después del fallecimiento de todos los soeios, como tampoco lo es la intervención de un heredero de dichos socios que sólo actúa como empleado del que continúa los negocios de dicha sociedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan de. Guzmán Benitez.

      Abogados de los apelados: Sres. E. H. Scoville y Enrique Rincón.

   El Juez Asociado Se. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En el año 1898 se constituyó en Loíza la sociedad mercantil de Suárez y Ca., por un término de cuatro años que ven-ció en 25 de agosto de 1902, siendo Manuel Suárez Castrillón socio comanditario, Marcelino Suárez González socio gestor, y José Suárez González, dependiente interesado en las nego-ciaciones de la sociedad.

Expirado el término fijado en el contrato social, los nego-cios continuaron en la forma acostumbrada sin que se hiciera ninguna liquidación entre los socios durante unos dos años más, falleciendo luego en 3 de agosto de 1904, Manuel .Suárez Castrillón, socio comanditario. Después de la muerte del socio comanditario siguió el negocio en igual forma que antes Marcelino González, quien a su vez murió en 12 de septiembre de 1905.

De esa fecha en adelante el empleado José Suárez Gon-zález continuó con los negocios de igual modo que se llevaban hasta entonces. En 10 de febrero de 1909 falleció éste, ocu-pándose los bienes de la sociedad por virtud de las reclama-ciones presentadas en este pleito.

Los demandantes en esta acción son dueños por su propio derecho de un pequeño crédito y a su vez cesionarios de algu-nos créditos más ascendentes en su totalidad a unos $6,000.

Los apelados son los ^herederos o forman la sucesión de Manuel Suárez Castrillón y de Marcelino Suárez que fueron los primitivos socios. Alegaron ellos en su contestación, que como todas las obligaciones que originan las reclamaciones de los demandantes habían sido contraídas por el susodicho José Suárez González, o sea el empleado interesado en la sociedad mercantil, dichos herederos no tenían responsabili-dad alguna. También fueron hecho partes en el pleito los herederos del dependiente José Suárez González. La corte dictó sentencia contra estos últimos y absolvió a los herederos o personas que componían las sucesiones de los primitivos socios. Contra esta última parte de la sentencia han inter-puesto los demandantes recurso de apelación.

A la muerte del socio comanditario Suárez Castrillón se debía a los acreedores la suma de $1,640. Cuando murió el, socio gestor Marcelino Suárez González, la deuda con los dife-rentes acreedores alcanzaba a unos $2,803.86; pero al falleci-miento de José Suárez González la cantidad que se adeudaba a los mismos era de $6,897. Todas las cuentas de los distin-tos acreedores muestran continuos créditos y obligaciones-de pago y algunas de éstas basta balances efectuados después de la muerte del socio gestor en el año 1905.

La suma total de las cantidades abonadas en cuenta a cada acreedor era más que suficiente mucho antes de la muerte del empleado José Suárez González, para saldar las deudas pen-dientes de pago al morir el socio gestor. La corte inferior resolvió que todas las deudas fueron contraídas después del fallecimiento del socio gestor y que por tanto José Suárez González era el único responsable de ellas. No se probó que se hubiera hecho ninguna liquidación o que los herederos de cual-quiera de los primitivos socios recibiera el menor beneficio por la continuación de las operaciones por parte de José Suárez González, ni siquiera que los actos ejecutados por este último fueran ratificados por los herederos de los socios .en el sentido en que puede entenderse una ratificación de acuerdo con la ley.

Debemos observar ahora que aunque Manuel Suárez Gon-zález era heredero de uno de los socios, el mero hecho de que fué empleado de José Suárez González no demuestra un acto de ratificación o de intervención por parte de los here-deros de los socios en los asuntos relativos al negocio que reali-zaba José Suárez González después del año 1905. Existe prueba de que él no fué sino un empleado de José Suárez González. Tampoco puede considerarse como una ratificación el hecho de que no intervinieran los herederos ni trataran de practicar una liquidación de los bienes.

Si interpretamos debidamente las alegaciones de los ape-lantes, veremos que se fundan en el cuasi contrato a que se-refiere el artículo 1788 del Código Civil, el cual es como sigue:

“Artículo 1788. — Son cuasi contratos los becbos lícitos y pura-mente voluntarios de los cuales resulta obligado su autor para con un tercero y a veces .una obligación recíproca entre los interesados. ’

Pero sin ratificación o intervención por parte de los here-deros de los socios, la única persona que intervino en los. asuntos de los otros fué José Suárez González.

Entendemos que la alegación principal de los apelantes es que las cuentas de la primitiva sociedad de Suárez y Cía. nunca se liquidaron y no quedaron interrumpidas en cuanto' a los acreedores y terceras personas. En otras palabras, que-dichas cuentas fueron originadas por la sociedad, continuadas, por'ella después de su disolución legal y seguidas sin interrup-ción por José Suárez Gtonzález. Resaltan, sin embargo, los he-chos de que las referidas cuentas tal como se encontraban a la. muerte de cualquiera de los socios quedaron más que satis-fechas por las cantidades pagadas por José Suárez González después de 1905, y de que los mencionados pagos fueron con-sentidos por los acreedores quienes extendieron mayores cré-ditos. Los demás créditos se hicieron a José Suárez Gon-zález qu'e giraba bajo la razón social de Suárez y Cía., y no a Jos socios fallecidos ni a sus herederos. Los contratos por mercaderías vendidas y entregadas se efectuaron con una persona en vida. Pudiera ser que los acreedores que tenían cré-ditos contra José Suárez González podían ser subrogados en los créditos que hubiera tenido éste contra los socios fallecidos o sus herederos. Pero no se ha tratado de probar en este caso-que el activo de la sociedad no excedía al pasivo a la fecha de la muerte del socio gestor. No hay nada que muestre que cualquier déficit que existiera no fué originado por los actos, del propio José Suárez González.

La sentencia debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Byron et al., Demandantes y Apelados, v. González, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 1000.
    Resuelto en noviembre 6, 1913.
    Costas — Acción de Filiación — Donde Debe Discutirse la Concesión de Cos-tas. — La cuestión de si en una acción de filiación deben o no concederse honorarios de abogados, por no haber materia litigiosa calculable en dólares, debe ser planteada y discutida en la apelación contra la sentencia y no en una apelación contra una orden aprobando el memorándum de costas.
    Id. — Honorarios de Abogados — Discreción del Tribunal Sentenciador. — La determinación de la cuantía de los honorarios de abogados impuestos como-parte de las costas descansa en gran parte en la discreción del tribunal sen-tenciador.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de Inocencia Byron: Sr. Emigdio S. Ginorio.

    Abogados de la apelante: Sres. H. H. Scoville y Enrique Rincón.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la apelación se interpuso contra una orden dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., aprobando un memorándum de costas.-

Por el único fundamento que se impugnó dicho memorán-dum en la corte inferior fue por ser excesiva la suma fijada. Alega sin embargo el apelante en su alegato presentado a este tribunal, que el caso no era uno en que pueden concederse debidamente honorarios de abogado, habiéndose fijado la suma de $300 como honorarios de abogado. El apelante ahora sos-tiene que como ésta fué una acción sobre filiación, no había materia litigiosa calculable en dólares, y por consiguiente que la corte no estaba facultada para conceder honorarios. Desde que fué decidido el caso de Veve v. El Municipio, de Fajardo, 18 D. P. R., 764, ha sido jurisprudencia constante de este tribunal, que el punto relativo a si deben concederse costas y hono-rarios de abogado solamente puede discutirse en la apela-ción que se interponga contra la sentencia misma, cuya doc-trina ha sido confirmada posteriormente en el caso de Hermida v. Márquez, resuelto en 5 de mayo, 1913, (pág. 466), y en el de Busigó v. Yordán et al., fallado en 29 de mayo, 1913, (pág. 627). En este caso la corte condenó al apelante al pago de costas y honorarios.

La cuestión aparente en esta apelación es que los hono-rarios fueron excesivos. La determinación de su cuantía des-cansa grandemente en la discreción de la corte sentenciadora. Véase el caso de Cautiño et al. v. Muñoz et al., resuelto en 17 de octubre, 1913, (pág. 1009). En el presente caso el ape-lante ha prescindido al parecer de la cuestión de ser excesi-vos dichos honorarios, y no apareciendo de modo especifico en los autos bien por affidavit o en alguna otra forma, que' la suma concedida sea muy crecida, la orden apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole

text:
    Banco Territorial y Agrícola et al., Recurrentes, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 157.
    Resuelto en noviembre 6, 1913.
    Arrendamientos — Cesión de Cánones — Obligación Personal — Derechos Rea-les. — La eesiófo hecha a un acreedor hipotecario para cobrar los cánones de arrendamiento de la finca hipotecada es un contrato de carácter personal, y nó un derecho real, y no es por tanto inscribible en el registro de la propiedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    El Registrador Sr. Raúl Benedicto no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal.

En este caso debe confirmarse la nota recurrida. El Regis-trador de la Propiedad de Oaguas denegó la inscripción del traspaso hecho al Banco Territorial y Agrícola de ciertos cánones de arrendamiento pagaderos en primer término a José Ramírez Muñoz, constituyendo este último hipoteca a favor del expresado banco sobre la finca en cuestión. La hipoteca fué inscrita primeramente pero no la cesión de los referidos cánones, y habiéndose presentado nuevamente la escritura, el registrador negó específicamente la inscripción de dicha cesión de cánones por concepto de arrendamiento. La cesión hecha al Banco del derecho a percibir las referidas sumas de dinero por concepto de rentas, es una obligación pecuniaria y puramente un contrato personal. No es un dere-cho sobre bienes inmuebles comprendido en la Ley Hipo-tecaria.

La nota del registrador debe ser confirmada.

G onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández

text:
    Solís, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 155.
    Resuelto en noviembre 6, 1913.
    Hipotecas — Rinda Radicada en Dos Municipios — Descripción de la Parte Radicada en Cada Uno — Distribución de la Hipoteca. — Cuando se consti-tuye una hipoteca sobre una .sola finca radicada en dos municipios distintos de mi registro de la propiedad no es necesario describir en el título la parte de dicha finca que radica en cada uno de los municipios, pues en el registro especial de cada uno de éstos y en la primera inscripción de la parte respec-tiva de la finca ha de constar dicha descripción; y tampoco está obligado el deudor a determinar la cantidad o paite de gravamen de que cada porción de la finca debe responder, pues en ese caso no es de aplicación el artículo 119 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El Registrador Sr. Raúl Benedicto no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en la ciudad de Caguas a 17 de julio de 1913 ante el Notario Andrés Mena Latorre, los consortes José Luis Font y Costa y Dolores Puig y Cons-tanti en concepto de dueños de dos predios rústicos, uno de ellos (A) de 58 cuerdas, situado en los barrios de Tomás de Castró y Hato, de los términos municipales de Caguas y San Lorenzo respectivamente, y el otro (B) de 22 cuerdas, radicado en el mismo barrio de Tomás de Castro de Caguas, cuyos dos predios estaban afectos a una hipoteca a favor de los esposos José María Solis y Martinó y Asunción Sariego y Espina, recibieron de éstos carta de pago y de cancelación de dicha hipoteca, constituyendo al mismo tiempo otra hipoteca voluntaria por $1,000 a favor de los mencionados esposos, a pagar en distintos plazos, debiendo responder el predio letra (A) de $600 de capital, de los intereses correspondientes a razón del 12 por ciento anual, y de $150 para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, y el predio letra (B) de $400 de capital, de los intereses corres-pondientes al 12 por ciento annal y de $50 para costas, gastos y honorarios de abogado en su caso.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Caguas copia de la anterior escritura para su inscripción en el registro, el registrador le puso la siguiente nota:

“Hecha la cancelación a que se refiere el precedente documento, por lo que respecta a la finca letra A, a los folios 203 y 116 vuelto de los tomos 26 de esta ciudad y 18 de San Lorenzo, fincas números 1321 y 836 duplicado, inscripciones 5a. y 4a., respectivamente, y en cuanto a la finca letra B, por nota puesta al margen de la inscripción cuarta de la finca número 582 triplicado, al folio 115 del tomo 30 de esta ciudad; e inscrito dicho documento, por lo que respecta a la hipoteca que comprende, en cuanto a la finca letra A, a los folios 203 y 117 de los tomos 26 de esta ciudad y 18 de San Lorenzo, fincas números 1321, y 836 duplicado, inscripciones 6a. y 5a., respectiva-mente, y en cuanto a la finca letra B, al folio 117 del tomo 30 de esta ciudad, finca número 582 triplicado, inscripción 6; haciéndose constar los defectos subsanables de no describirse en el título la parte de la finca letra A, que radica en el barrio de Tomás de Castro de esta ciudad, ni la parte de la propia finca, radicada en el barrio de Hato de San Lorenzo; y de no distribuirse la cantidad de que res-ponde la totalidad de la misma finca letra A, por razón de la hipoteca, entre las dos porciones que constituyen la referida finca. Caguas 5 de agosto de 1913. Baúl Benedicto, Registrador.”

-Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por José María Solis y Martinó en la parte relativa a los defectos subsanables que en ella constan, respecto de la inscripción de la hipoteca sobre la finca letra (A) radicada en dos distintos términos municipales.

Resulta de la nota que dejamos transcrita que la finca letra (A) es una sola, radicando parte de ella en el barrio de Tomás ele Castro de Caguas y parte en el barrio de Hato, de San Lorenzo, y tratándose como se trata de una sola finca, la hipo-teca sobre ella constituida la afecta en su totalidad, sin que sea aplicable al presente caso el artículo 119 de la Ley Hipo-tecaria preceptivo de que “cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte ele gravamen de que cada una deba responder,” como tam-poco es necesaria la descripción en el título de las partes de dicha finca que radican en el barrio de Tomás de Castro, de Caguas, y de Hato, de San Lorenzo. Esos requisitos serían exigibles en el caso de que la hipoteca se hubiera constituido sobre dos fincas distintas, pero no cuando afecta a una sola finca radicada en dos distintos términos municipales.

En la primera inscripción de la finca de 58 cuerdas, hecha en el registro especial de cada uno de los pueblos de Caguas y San Lorenzo, tiene que constar la parte de dicha finca que radica en cada uno de los términos municipales expresados, con las referencias o menciones prevenidas por la ley. Huelga la descripción exigida por el registrador en la nota recurrida y no puede obligarse a la parte interesada a que distribuya entre dos partes de una misma finca la cantidad de que res-ponde la totalidad de ella, cuando su voluntad es que la finca en su totalidad responda del crédito total.

Por las razones expuestas, procede la revocación de la nota recurrida en la parte concerniente a los defectos sub-sanables en ella consignados con relación a la hipoteca sobre la finca letra (A) radicada en los términos municipales de Caguas y San Lorenzo.

Revocada la nota en cuanto a los defectos sub-sanables.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, deh Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Hernández et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 989.
    Resuelto en noviembre 6, 1913.
    Desestimación de Apelación — Palta de la Copia de la Sentencia — Defecto Jurisdiccional. — La falta tie la copia de la sentencia en nna transcripción do autos es un defecto que priva de jurisdicción a esta corte para resolver el recurso, que puede ser examinado motu propio por esta corte y que produce la desestimación de la apelación.
    Id. — Palta de la Copia de la Sentencia — No Puede Ser Suplida por Otros Documentos. — La omisión de la copia de la sentencia apelada en una trans-cripción de autos no puede ser suplida por la manifestación do la parte ape-lante hecha en su escrito de apelación’ de que ésta se interpone contra la sentencia, ni por la certificación del secretario de que la sentencia se registró, ni por la mera referencia de dicho registro hecha en la exposición del caso, en-el pliego de excepciones, o en cualquiera otra parte de los autos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Rafael Lopes Landrón.

    Abogado de los apelados: Sr. Francisco González.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

La apelación en este caso fné establecida por el demandante. contra sentencia de la Corte de Distrito de Humacao.

Si bien consta en la transcripción de los autos una reso-lución de la corte inferior declarando con lugar la excep-ción previa de que la demanda no aduce, hechos suficientes que determinen una causa de acción y que debe desestimar y desestima la demanda con las costas, así como también que el demandante solicitó que tal resolución fuera registrada como sentencia, y la corte así lo ordenó, sin embargo, la copia de la sentencia no forma parte de la transcripción de los autos de esta apelación, aunque existe una nota que dice así:

“Registrada esta sentencia el día 15 de marzo, 1913. Pdo. J. L. Pereyó. ’ ’

La parte apelada no nos ha llamado la atención respecto a. este hecho, a pesar de lo cual debemos examinar si la falta de la copia de la sentencia nos priva de jurisdicción para resolver este recurso.

Según el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como ha sido enmendado por la ley número 70 de 9 de marzo de 1911, constituirá el récord de la apelación en este tribunal, la certificación que librará el secretario del tribunal a quo o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación. No dice esa ley los documentos que constituyen el legajo de la sentencia sino solamente, que de él formará parte el pliego que apruebe el juez conteniendo las excepciones tomadas durante el curso del caso y la exposición de éste, por lo que tenemos que acudir :al Código de Enjuiciamiento Civil, que en su artículo 233 relaciona los documentos que debe contener el legajo de la sentencia, siendo uno de ellos la copia de la sentencia apelada.

Ya hemos resuelto en muchos casos que no es apelable la resolución de la corte inferior' declarando con lugar una excep-ción de que la demanda no aduce hechos que determinen una causa de acción, y que la apelación debe interponerse contra la sentencia que como consecuencia de ella se registre. Es cierto que además de la manifestación del apelante en su escrito de apelación de que ésta se interpone contra la sentencia, el secre-tario' certificó que la sentencia se registró, pero el fallo mismo ■es el que debe aparecer en el récord y su omisión no puede ser suplida por la mera referencia que de él se haga en el ■•escrito de apelación, en el de exposición del caso o en el de -excepciones ni en cualquier otra parte deb récord, ni tampoco la nota o memorándum del secretario es bastante a suplir esa falta, ya que no contiene la resolución de la corte sino la simple manifestación ,de que una sentencia se dictó. 2 Cyc. 1031 y casos en él citados en la nota número 6. Esas referencias •no pueden suplir el precepto de la ley de que en la transcrip-ción aparezca la copia de la sentencia y además no nos da a ■conocer los términos en que fué registrada. Según dijimos en el caso de Louiel v. Vázquez, que resolvimos en 29 de mayo de este año, (pág. 623), “* * * Una apelación es un privilegio estatutorio y el que lo ejercita tiene el deber de hacerlo en la forma especificada por la ley * * ” " El principio antes consignado con respecto a la falta del escrito de apelación es igualmente aplicable a la falta de la resolución apelada, ya que el récord debe demostrar afirmativamente todos los requisitos exigidos por la ley para que la corte de apelación adquiera jurisdicción sobre el asunto, y debe contener la orden o decreto o fallo apelado; Savings and Loan Society v. Meeks, 66 Cal., 374, doctrina que también hemos consignado en el caso de Jiménez v. Olmedo, 13 D. P. R., 308, ya que las reglas de procedimientos son obligatorias para las partes * * V’

La falta, pues, de ese documento, nos priva de jurisdicción para resolver el caso y de acuerdo con el artículo 303 del pro-pio Código, debemos desestimar la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sí. MacLeary no tomó parte en la reso-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,,

text:
    López, Demandante y Apelante, v. López, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 995.
    Resuelto en noviembre 6, 1913.
    Desestimación de Apelación — Palta de la Copia de la Sentencia — Defecto Jurisdiccional. — La falta ele la copia de la sentencia en la transcripción de autos es un defecto que priva a esta corte de jurisdicción para resolver la apelación y constituye una omisión que no puede ser suplida por una refe-rencia de ella en los autos, ni en la notificación de la sentencia lieeha por el secretario a la parte perjudicada.
    Desestimada la apelación por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 989, Hernández v. Hernández et al., resuelto hoy (pág. 1041).

      Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. H. Brown.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldeey,,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso es bastante análogo al de Hernández v. Hernández, (pág. 1041), que hemos resuelto en el día de boy desestimando la apelación. En este también consta la resolución de la corte inferior que sostiene la excepción de que la demanda no aduce hechos suficientes que determinen una cansa de acción y ordena que se registre una sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial condena de costas, estri-bando solamente la diferencia entre ambos casos, en que en el presente no certifica el secretario que la sentencia se regis-trara, y el único indicio que tenemos de que existe una sen-tencia es la notificación que el secretario hizo al demandante de haberse registrado la sentencia, el escrito en que se inter-pone la apelación contra ella y la referencia que aparece en un pliego de exposición del caso obrante en la transcripción, de que se registró la sentencia. Nada de ésto suple la copia de la sentencia que exije la ley para que tengamos jurisdic-ción para resolver la apelación, y como lo expuesto en el caso referido es aplicable al presente, por aquéllos fundamentos la apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-ción de este caso.

Presentada moción de reconsideración por la parte deman-dante, fué denegada en diciembre 1, 1913.


author: El Juez Asociado Su. del Tono

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vázquez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Uorte de Distrito de San Juan, Sección '2a.
    No. 621.
    Resuelto en noviembre 6, 1913.
    LOTERÍAS — VENDEDOR DE BILLETES — CÓMPLICES-DECLARACIÓN DEL COMPRADOR DE los Billetes. — Como el artículo 293 del Código Penal sólo declara consti-tutivo de delito el keclio de la venta de billetes de lotería, pero no la compra de los mismos, el comprador no puedo considerarse como cómplice del ven-dedor y por lo tanto su declaración en una causa contra el vendedor no necesita la corroboración que exige el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Cri minal para las declaraciones de los cómplices en general.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del acusado : Sr. Antonio Trujillo.

   El Juez Asociado Su. del Tono

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., dictada el 16 de abril de 1913 condenando a Felipe Vázquez como autor de un delito de vender billetes de lotería, a pagar la multa de $75 y en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar de la multa que dejare de satisfacer.

La acusación, en lo pertinente, dice así:.

“El citado Felipe Vázquez, allá en uno de los últimos días del mes de marzo de 1912, en el Distrito Judicial de San Juan, ilegal y voluntariamente vendió a Luciano Ramos, 54 billetes de la lotería de Santo Domingo, serie No. 155 del 14 de abril.de 1912.”

El acusado alegó que no era culpable, y, señalado día para la vista, en ella declaró el testigo Luciano Ramos bajo jura-mento lo que sigue:

“Que allá en uno de los días del mes de marzo de 1912 le compró al acusado unos billetes de la lotería de Santo Domingo, que a conse-cueneia de esos mismos billetes que compró al acusado, fué procesado por estar acusado de habérselos Tendido a otra persona. Que fué procesado por esta misma causa y fué condenado.” - /

Luego el Fiscal introdujo como prueba la confesión escrita del acusado. Este se opuso y apareciendo que dicha confe-sión se había hecho ante el Fiscal sin que se advirtiera pre-viamente al acusado de los derechos que la ley le concedía, el propio Fiscal retiró el documento introducido.

Entonces el acusado solicitó el sobreseimiento de la causa por entender que no había prueba de ninguna clase en contra suya, ya que la única declaración prestada lo había sido por un testigo que tenía la condición dé cómplice. Denegada la moción, no se presentó prueba de descargo y la corte dictó la sentencia a que nos hemos referido anteriormente.

La única cuestión, • pues, a resolver en este caso es la de si la sola declaración de Luciano Ramos puede servir de base a la sentencia condenatoria dictada.

■ El artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice así:

“No procede la convicción, por declaración de un cómplice, a no ser que ésta sea confirmada por alguna otra prueba que, por sí misma y sin la ayuda del testimonio del cómplice, tienda a demostrar la rela-ción del acusado con la comisión del delito; no siendo suficiente dicha corroboración si sólo prueba la perpetración del delito o las circuns-tancias del mismo.”

En su consecuencia, si Luciano Ramos fué realmente cóm-plice del apelante Vázquez, dicha prueba no sería suficiente para la convicción de este último, ya que no fué corroborada por ninguna otra tendente por sí misma a demostrar la rela-ción del acusado con la comisión del delito. Poy el contrario, si Ramos no puede considerarse cómplice de Vázquez, su sola declaración, habiendo merecido como mereció entero crédito a la corte, podría servir como sirvió de base para la sentencia condenatoria, dictada.

Sostiene el apelante que por el hecho de haber comprado el testigo al acusado los "billetes a que se refiere la acusación, se convirtió en su cómplice. Sin embargo, si bien es cierto que ambos intervinieron en un solo contrato, también lo es que la ley sólo declara constitutivo de delito ese contrato en cuanto a una de las partes que interviene en el mismo o sea en cuanto al vendedor. El otro contratante no incurre en responsabilidad penal y por lo tanto, a los efectos de la ley penal no puede considerársele como cómplice del acto delic-tivo realizado.

•“De conformidad con los principios de evidencia que más ade-lante consideramos, cómplice es la persona que de cierto modo está-relacionada con la comisión del delito. El vocablo es extensivo a. todas aquellas personas qué tienen participación en el delito, ya. como autores o principales en primero o segundo grado, o como encu-bridores. El medio de prueba para determinar si una persona esi cómplice consiste en cerciorarse de si podría presentarse una acusa-ción contra dicha persona por el delito por el cual se juzga al acusado.” 12 Cyc., 445, y casos citados. Véanse también los arts. 35, 36, 37 y 47 del Código Penal.

Gomo fiemos diefio, la ley vigente en Puerto Eico no cas-tiga al comprador de un billete de lotería y por lo tanto, de acuerdo con la ley no podría formularse contra él una acu-sación por el delito de vender billetes, expresamente previsto' y castigado en el artículo 293 del Código Penal y por el cual; fué juzgado y condenado el acusado en esta causa. En tal vir-tud, el testimonio del testigo Eamos que compró los billetes, no-puede considerarse como el de un cómplice'que esté necesitado’ de corroboración.

En apoyo de nuestra doctrina citaremos además la juris-prudencia establecida en los casos de Ex parte McClain, 134 Cal., 110, 111; Keith v. The State, 38 Tex. Cr. App., 678, 680, y People v. Emerson, 6 N. Y. Cr., 157, 5 N. Y. Supp., 374.

En el primero de dichos casos o sea en el Ex parte McClain se resolvió que, de acuerdo con la Constitución del Es-tado de California, una corporación municipal, en el ejercicio-de su poder de policía, podía declarar ilegal el que una persona tuviera en su poder billetes de lotería, y castigar su vio-lación, y en el curso de la opinión, al estudiar la ley penal vigente én el Estado, que es similar a la que rige en Puerto Rico, se dice:

“Es cierto que el Estado si bien declara constitutivo de delito el vender billetes de lotería, no considera al comprador igualmente culpable. Esto no quiere decir que se ponga en duda el derecho del Estado a declarar, si así lo creyere propio, que el comprador de un billete de lotería se considere, al igual que el vendedor, culpable de un delito menos grave.”

En el segundo o sea en el de Keith v. The State se resolvió, que en un delito de venta de licores prohibida por la ley, sólo el vendedor era culpable y que por tanto no podía con-siderarse al comprador como cómplice del vendedor.

Y en el tercero, según se expresa en 12 Cyc., 448, se decidió ■que el comprador de un billete de lotería no es cómplice del vendedor, cuando al último se le acusa de la venta solamente.

En tal virtud y habiendo examinado cuidadosamente la transcripción en su totalidad y no encontrando que se haya cometido error fundamental alguno, procede que se declare sin lugar el recurso establecido y se confirme la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-rción de este caso.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez

text:
    Argüelles, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Jnez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 104.
    Resuelto en noviembre 7, 1913.
    Certiorari — Inspección de Libros — Existencia de Otro Recurso en Ley. — Si bien una orden denegatoria de una moción sobre inspección de libros no es apelable, sin embargo, como ella entraña una decisión dada sobre una moción controvertida, se considera excepcionada por ministerio de la ley y sujeta a revisión al ser revisada la sentencia definitiva por medio de apelación, y por tanto no puede ser revisada dicha orden en virtud de un recurso de certiorari, por el fundamento de que el peticionario carece de cualquier otro recurso en ley. ,
    Id. — Existencia de un Recurso Ordinario Pero Lento en Ley — Discreción Judicial. — Aunque el recurso de certiorari es de carácter extraordinario y por lo común no procede en los casos en que la ley otorgue para reparar el agravio otro recurso ordinario, sin embargo, si éste, por la lentitud del pro-cedimiento que lo regula pudiere dar por resultado un completo o parcial fracaso de la justicia, entonces puede ser viable el recurso extraordinario de certiorari, bien entendido que como no es un recurso de procedencia obliga-toria (writ of right) puede siempre concederse o denegarse a discreción del tribunal que reciba la solicitud.
    Id. — Inspección del Original de un Pagaré — Admisión de su Autenticidad.— Cuando en una demanda jurada se transcribe el pagaré objeto de la acción, el demandado, cuya contestación no está jurada y solo contiene una negación general de los hechos, admitiendo por tanto tácitamente la autenticidad del pagaré, no puede alegar con eficacia la necesidad de inspeccionar dicho pagaré original como fundamento de una moción de inspección de documentos y de una solicitud de certiorari, para revisar la denegatoria de dicha moción.
    Id. — Admisión y Exclusión de Pruebas. — El recurso extraordinario de certiorari no puede ser ejercitado para revisar resoluciones relativas a la admisión o exclusión de pruebas, y por analogía, tampoco puede invocarse para revisar una orden denegatoria.de una moción sobre inspección de documentos cuando, como en el caso de autos, no se demuestra la necesidad del remedio solicitado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    El demandado no compareció.
   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 26 de junio del año 1912 el Banco de Puerto Pico presentó demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 2a., contra Solá e Hijo, Solá, Argüelles y Cía. y Benjamín Forteza, para el cobro de un préstamo por valor de $2,000 que los tres demandados se obligaron solidariamente a pagar al demandante en 5 de diciembre de 1910, según pagaré de 31 de agosto del mismo año, inserto en la demanda y que según en ésta se alega fué prorrogado hasta el 16 de febrero de 1912.

Al contestar Magín R. Argüelles la demanda, entre otros hechos alegó bajo los números 4°. y 5°. de su tercera causa, de defensa los siguientes:

“4°. El pagaré a que se refiere esta demanda fué cancelado des-pués de su vencimiento y renovado varias veces con posterioridad a la fecha en que Magín E. Argüelles había dejado de ser socio de Solá, Arguelles y Cía., cuya renovación se efectuó sin el conocimiento ni el consentimiento del compareciente Arguelles.
“5°. Alega que antes de verificarse la renovación de tal pagaré sin que Magín E. Arguelles fuera notificado ni asintiese a tal renovación, la sociedad Solá, Arguelles y Cía. era solvente y tenía bienes de sobra para satisfacer el importe de aquella obligación.”

Con posterioridad a la contestación, presentó moción a la corte la representación de Magín R. Arguelles, quien des-' pués de alegar que necesita para su defensa hacer una ins-pcción del pagaré original inserto en-la demanda, así como de los libros de contabilidad del banco demandante, con objeto de demostrar los hechos en que se fundan las alegaciones 4a. y 5a. de su tercera causa de defensa, y que la inspección habría de limitarse a los asientos relativos a las prórrogas, pago de intereses y cancelaciones del documento que sirven de base a la demanda, concluyó con’ la súplica de que de acuerdo con el artículo 314 del Código de Enjuiciamiento-Civil se ordene a la parte contraria que facilite al peticiona-rio la inspección interesada.

La corte desestimó la anterior moción por orden de 24 de junio del corriente año, declarándola sin lugar, y esa nega-. tiva lia dado.lugar al presente recurso de certiorari en que la parte promovente, al solicitar la revisión de los procedi-mientos de la corte inferior, invoca como infringido el artí-culo 314 del Código de Enjuiciamiento Civil, alegando ade-más que carece de otro recurso rápido, adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley, por cuanto la expresada orden no es apelable. El auto de certiorari fué expedido en 10 de octubre próximo pasado, señalándose para la vista del recurso el día 20 del propio mes y elevados a esta corte los; autos originales del caso, deducimos de ellos los liechos que dejamos consignados.

Ciertamente que contra la orden de que se deja becbo mérito nfo cabe ejercitar recurso de apelación, por no ser de las resoluciones apelables que enumera el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero como ella entraña una providencia o decisión dada sobre una moción controvertida, debe considerarse excepcionada por ministerio de la ley y sujeta por tanto a revisión al ser revisada en grado de ape-lación la sentencia definitiva que recaiga en el caso, siempre que forme parte de los autos y legajos del pleito.

Siendo ello así, es obvio que el peticionario no puede afir-mar que carece de cualquier otro recurso que no sea el cer-tiorari para llegar al fin que persigue; pero no por ello pode-rnos desde luego afirmar que el recurso de certiorari sea im-procedente.

El recurso de certiorari es de carácter extraordinario y por lo común no procede en los casos en que la ley otorgue para reparar el agravio otro recurso ordinario; pero si ese recurso ordinario, por la lentitud del procedimiento que lo regula, ¡mdiere dar por resultando un completo o parcial fra-caso de la justicia, entonces puede ser viable el recurso extra-ordinario de certiorari, bien entendido, que como no es recurso de procedencia obligatoria (writ of right) puede siempre con-cederse o denegarse a discreción del tribunal que reciba la solicitud.

En el caso de Méndez v. Soto Nussa, 13 D. P. R., 379, y en el de Núñez v. Soto Nussa, 14 D. P. R., 199, adoptamos como regla, aunque sujeta en su ejercicio a la discreción del tribunal, la enunciada por la Corte Suprema de Missouri en la ilustrada opinión redactada por el Juez Sr. Sherwood en el caso State ex rel. Hamilton v. Guinotte, 50 L. R. A., 794, que dice así:

“La existencia de un remedio mediante apelación o recurso por causa de error no es suficiente para constituir un obstáculo al auto de certiorari, a menos que dicho remedio sea adecuado para llenar los requisitos del caso; es decir, que sea igualmente beneficioso, rápido y suficiente; no meramente un remedio que en algún tiempo en lo futuro efectuara la revocación de la sentencia recurrida, sino un remedio que librara al peticionario, de un modo rápido, de los efectos perjudiciales de la sentencia y de los actos de la corte o tribunal inferior. ”,

Teniendo en cuenta la regia transcrita ¿debemos en el presente caso, usando de nuestra discreción, revisar mediante el recurso de certiorari interpuesto, los procedimientos ele la corte inferior?

El artículo 314 del Código de Enjuiciamiento Civil que invoca el peticionario en su defensa, contra la orden de la •corte inferior de 24 de junio último, dice así:

“Artículo 314. — Toda corte ante la cual estuviere pendiente un pleito, o el juez de la misma podrá, previa notificación, ordenar a cualquiera de las partes que dentro del plazo que señalare permita a la otra hacer una inspección y le dé copia, o le autorice a sacarla de los asientos de cualquier libro de cuentas, o de cualquier documento o papel que obrare en su poder o estuviere a su disposición, conteniendo prueba relativa a los hechos de la demanda o de la contestación.
* # ' # * * # #
■“Este artículo no deberá entenderse en el sentido de impedir que una de las partes obligue a la otra a presentar libros, papeles o documentos, ■ .al ser examinada como testigo. ’ ’

El peticionario en su moción denegada alega que para -demostrar que el pagaré cuyo cobro se persigue fue cancelado después de su vencimiento y renovado varias veces con pos-terioridad a la fecha en que dejó de ser socio de Solá, Argue-lles y Cía., según afirma en su contestación a la demanda, necesitaba hacer una inspección del pagaré original inserto en dicha demanda así como de los libros de contabilidad del banco demandante, explicando que la inspección habría de limitarse a los asientos relativos a las prórrogas, pago de intereses, y cancelación del documento que sirve de base a la demanda.

No vemos necesidad alguna por parte del peticionario,, de que se le muestre original el pagaré inserto en la demanda, pues su contestación no ha sido jurada y tanto por esa razón cuanto por contener una mera negación general de los hechos, la autenticidad del pagaré debe considerarse admitida con arreglo al artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil que dice así:

“Artículo 119. — Cuando se entable una acción fundada en un docu-mento, y la demanda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a ella, la autenticidad y otorgamiento en forma de 'dicho documento se considerarán admitidas, a menos que se jure la contestación negando dicha autenticidad.”

Ni la contestación ha sido jurada ni contiene negación específica de la autenticidad del pagaré.

En cuanto al examen denegado de los libros de contabili-dad del banco demandante para comprobar las alegaciones-4a. y 5a. de la tercera causa de defensa, ya hemos transcrito íntegras esas alegaciones y atendido el texto literal de las mismas sólo podemos estimar que el demandado Arguelles con la inspección solicitada tendía a preparar prueba para demostrar la cancelación del pagnré después de su vencimiento y su renovación.con posterioridad a la fecha en que Arguelles dejó de ser socio de Solá, Arguelles y Cía., pues parece que los libros del banco no han de mostrar si la sociedad Solá Ar-guelles y Cía, era solvente y tenía bienes suficientes con exceso para satisfacer el importe de la obligación.

En la solicitud de certiorari que para la mayor garantía de la buena fe del peticionario pudiera haber sido jurada, ni siquiera se alega qne la negativa de la corte inferior a otorgar la inspección de los libros del banco, prive al peticio-nario de cualquier otro recurso para comprobar en el juicio las alegaciones de que hace mérito en su contestación, y aquél estaba en el deber de mostrar la necesidad del remedio soli-citado.

Ya dijimos al resolver el caso de Méndez v. Soto Nussa que jamás se había pretendido que los efectos del auto de certiorari fueran extensivos a la admisión o exclusión de prueba y ese mismo principio puede ser aplicable al presente caso en que se ha denegado un medio preparatorio de prueba como la inspección de libros de la parte contraria, cuya dene-gatoria, según hemos dicho antes, puede revisarse al ser revi • sada en grado de apelación la sentencia que ponga término al juicio.

Por las razones expuestas, no nos sentimos inclinados a ejercitar en el presente caso nuestra discreción en el sentido de revisar mediante el recurso de certiorari interpuesto La orden que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en 24 de junio último y procede en su consecuencia que anule el auto de certiorari expedido, devolviéndose los autos originales a la corte inferior para que los continúe con arre-glo a derecho. •

Anulado el mandamiento expedido y denegada la solicitud.'

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-ción de este caso.


text:
    Cautiño et al., Demandantes y Apelantes, v. Muñoz et al., Demandados y Apeados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama.
    Moción interponiendo apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
    No. 1038.
    Resuelto en noviembre 11, 1913.
    Apelaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos — Sentencias Defi-nitivas — Resoluciones Desestimando Una Apelación. — Las resoluciones de esta corte desestimando una apelación por no haberse radicado la transcrip-ción de autos dentro del término legal, no son apelables para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, por no constituir sentencias definitivas para los efectos de una apelación interpuesta bajo la sección 244 del Código Judicial de los Estados Unidos de marzo 3, 1911.
    Los hechos están expresados en la resolución del tribunal.
    Abogado de los apelantes: Sr. Herminio Días Navarro.

    Abogados de los apelados: Sres. José Tous Soto, Willis Sweet y Pedro Gomes Lasserre.

   RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.

Por cuanto la parte demandante con fecha 7 de noviem-bre corriente, ha presentado nn escrito de apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos contra la reso-lución dictada por esta corte en este caso el 17 de octubre último, en virtud de la cual se declaró con lugar la moción de la parte demandada para que se desestimara esta apela-ción, habiendo presentado la parte demandante el señala-miento de errores y una certificación del secretario de la Corte de Distrito de Gruayama, para acreditar que el importe del memorándum de costas aprobado por la corte inferior en este caso asciende a siete mil cuarenta y otího dólares se-senta y cinco centavos ($7,048.65).

Por cuanto de acuerdo con la sección 244 del Código Judicial de los Estados Unidos de marzo 3, 1911, únicamente son apelables las sentencias y decretos definitivos de esta corte, y según la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos de Wenar v. Jones, Obispo de Puerto Rico, 217 U. S., 593, y Harrington v. Holler, 111 U. S., 796, no constituye sentencia definitiva para los. efec-tos de la apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos una resolución desestimando una apelación por no haberse radicado la transcripción de autos dentro del término legal.

Por tanto vista la sección 244 de dicho Código Judicial, la jurisprudencia citada y la práctica seguida por este tribubunal en los. casos números 961 y 968 de Vilella et al. v. Vilella et al. en los cuales se denegó la apelación con fecha Io. de abril de 1913, este tribunal declara no haber lugar a admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y apelante contra la resolución dictada por esta corte en este caso el 17 de octubre último.

Denegada la apelación.

Jueces concurrentes: .'Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado. Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

text:
    González, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recubso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo.
    No. 156.
    Resuelto en noviembre 12, 1913.
    Recursos Gubernativos — Calificación de Documento — Deberes del Registra-dor. — Presentado im documento al registro para su inscripción fes el deber del registrador, de acuerdo con la ley de marzo 1, 1902, sobre recursos guber-nativos, calificar el documento e inscribirlo o denegar su inscripción exten-diendo, según el caso, los asientos que exigen las secciones 4 y 7 de la citada ley de marzo 1, 1902, y falta abiertamente a estas secciones el registrador que devuelve un documento con los sellos sin extender operación alguna, por no aparecer que se haya cancelado en el original el sello de rentas internas de un dollar que exige la ley.
    Id. — Requisitos Necesarios para que la Nota de un Registrador Sea Ape-lable. — La Corte Suprema no puede resolver por medio de un recurso, guber-nativo la nota de un registrador devolviendo la escritura con los sellos al interesado sin extender operación alguna por no aparecer que se hubiera cancelado en la escritura original el sello de rentas internas de un dollar, siendo necesario para que una nota sea apelable, que el registrador deniegue en absoluto la inscripción solicitada o la extienda con defectos subsanables.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
    El Registrador Sr. José Marcial López compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal'.

Por escritura pública que en 10 'de febrero de 1913 autoriza el notario de Mayagüez Don Juan Quintero entre Agustín Hernández Mena por sí y en representación de su esposa de una parte, y de la otra Ignacio González Suárez, el primero o sea Hernández Mena, confesó adeudar a González Suárez la suma de $1,300 que se obligó a pagarle con- interés .del 1 por ciento mensual el 30 de julio de 1913, y para garantir el pago de esa deuda y un crédito adicional de $500 en con-; cepto de costas y honorarios de abogado en caso de reclama-ción judicial, el deudor constituyó hipoteca voluntaria a favor del acreedor sobre una finca rústica denominada Sabana Seca en el barrio del Coto, término municipal de Manatí.

Presentada copia de la mencionada escritura al Registra-dor de la Propiedad de Arecibo para la inscripción de la hipo-teca, se hizo constar así en el correspondiente asiento de pre-sentación de 14 de agosto de 1913, y, con fecha 20 del mismo mes, el registrador devolvió al interesado la copia con una nota al calce de ella que dice así:

“Devuelto este documento con devolución de sellos sin extender en él operación alguna por no aparecer que se baile1 cancelado en su original el sello de Rentas Internas de un dollar que exige la Ley.”

La nota que dejamos transcrita ha sido recurrida, para ante esta Corte Suprema y el recurrente pide su revocación y que se ordene al registrador practique la inscripción, de la escritura o la operación procedente de acuerdo con los libros del registro de la propiedad, en la forma y a los efectos que determina la sección 4a. de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1°. de 1902. A ese fin alega que aunque en la copia presentada al registro no aparece que en su original haya sido cancelado el sello de Rentas Internas1 de $1 que ordena la Ley No. 34, aprobada en marzo 7, 1912, no existe precepto alguno en virtud del cual deba hacerse constar en la copia de un documento, que fué cancelado en sn original el sello corres-pondiente y tampoco esa omisión es motivo legal para que el registrador haya dejado de cumplir con lá sección 4a. de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1°., 1902.

Dicha sección 4a. dice así:

“Los registradores no suspenderán por defectos subsanables la inscripción, anotación, o cancelación de ningún título. En la inscrip-ción harán constar los defectos que contenga el título y en cualquier tiempo en que se presente la documentación para subsanarlo, se hará constar la subsanación por medio de nota marginal. ’ ’

Atendidos los términos en que aparece redactada la nota del registrador, la falta de expresión en la copia de la escri-tura que le fué presentada de que se hubiera cancelado el sello en el original, constituiría un defecto subsanable, pues fácilmente podía subsanarse; y siendo ello así, si no había otra razón que impidiese la inscripción, el registrador debió dar cumplimiento a lo que previene el segundo inciso de la sección 4a. de la ley de 1°. de marzo de 1902, y si estimaba que procedía denegar la inscripción por otros defectos de la escritura debió extender la anotación preventiva que ordena la sección 7a. de la misma ley.

Pero el registrador no hizo ni una ni otra cosa, sino que al devolver el documento al interesado sin extender asiento alguno, faltando abiertamente a las secciones 4a. y 7a. de la ley aprobada en marzo 1°. de 1902, dejó de calificar el docu-mento, privándo al recurrente del derecho que la expresada ley le otorga para’ recurrir contra las resoluciones de los re-gistradores en los casos que establecen las secciones Ia. y 5a. de la misma-ley,-o sea en los casos en que se deniega en abso-luto una inscripción por defecto insubsanable o en que se verifica dicha inscripción con defecto'subsanable..

En el presente caso el registrador ha debido calificar el documento, entrando en el examen de todos los motivos que. pudieran existir para que se denegara su inscripción o ésta se verificara con defecto subsanable, y con el- resultado de ese examen practicar la operación que fuera procedente en de-recho, contra la cual en su caso hubiera podido ejercitar la parte agraviada el recurso gubernativo para ante esta Corte Suprema.

' Por la nota que es objetó del 'presente recurso se ha limi-tado el registrador a la devolución de sellos sin extender operación alguna- por no aparecer que se hubiera canceladoen la escritura original el sello de Rentas Internas de un dollar, pero no deniega la inscripción del documento por de-íecto insubsanable extendiendo la anotación preventiva qne la ley ordena, ni tampoco practica la inscripción del docu-mento haciendo constar que contiene defecto subsanable, ni prejuzga en manera alguna su calificación al efecto de ser o nó inscribible, calificación que no puede ser hecha por este Tribunal Supremo en primera instancia, como ya dijimos al resolver en 21 de octubre, 1902, el caso de Bartolomei v. El Registrador de la Propiedad, 2 S. P. R., 589. No hay pues calificación propiamente dicha con examen de todas las for-malidades así internas como externas del documento presen-tado al registrador, y por tanto nos falta base para resolver el presente recurso.

Acaso tenga razón la parte recurrente al sostener los mo-tivos del recurso; pero no podemos examinarlos hasta llegar a una decisión definitiva sobre ellos, ínterin no se someta a nuestra consideración una resolución del Registrador de la Propiedad de Arecibo, denegando en absoluto la inscripción solicitada o concediéndola con defecto subsanable.

Para ello podría la parte recurrente acudir nuevamente al registrador con el fin- de que califique propiamente el docu-mento y extienda en él una resolución que sea apelable, cuyo carácter no reviste la recurrida, según la doctrina ya establecida en nuestra decisión de 21 de octubre de 1902 ratificada posteriormente por la que fué dictada en el caso de Mollfulleda v. El Registrador de la Propiedad, en 10 de octubre próximo pasado, (pág. 1001).

Por las razones expuestas procede se declare no haber lugar a resolver el presente recurso.

Se declara no haber lugar a resolver el resurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Juez disidente: Asociado Sr. "Wolf.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

La opinión emitida por el tribunal en este caso se funda en su mayor parte en la resolución dictada en el caso de Bartolomei v. El Registrador, 2 S. P. R., 589. Me parece que ese •caso está en pugna con la letra clara de la ley. En cuanto .al espíritu de ésta, indudablemente parece haber sid(^ la inten-ción de la legislatura para que una parte perjudicada pueda apelar de cualquiera resolución cuyo resultado sea impedir a una parte el inscribir un documento. La sección 799 de los Estatutos Revisados, en Español, dice así:

“Sección 799. Cuando el registrador deniegue o suspenda alguna inscripción, anotación o cancelación, expondrá al pie del documento, clara y concisamente, los motivos legales de su negativa y de ella notificará al interesado, quien firmará la notificación.”

Ateniéndonos únicamente al texto Español, es evidente que si el registrador se niega a inscribir un documento debe expresar sus razones al pie deí'mismo. El texto inglés es claro y es como sigue:

“Section 799. That when any registrar of property refuses absolutely or provisionally to record or to give its full legal effect to any document which may be presented to him for recording or for the annotation of the contents thereof, whether it be a deed, a decree, a mortgage, a satisfaction of a mortgage or any other document which he is required, by law either to record or to enter, he shall set out clearly and concisely at the fool of the document his reasons for the refusal and shall serve notice of his action upon the interested party accompanied by a copy of his written reasons for the refusal.”

Ahora bien, el negarse a hacer operación alguna y el devolver el documento con los sellos de rentas internas al presen-tante es una denegación, de acuerdo con el texto español, y es una denegación absoluta indudablemente, de acuerdo con. el texto inglés.

La sección 801- en español dice lo siguiente:

“Sección 801. Si el interesado recogiere el documento, podrá pre-sentarlo al tribunal dentro de los veinte días siguientes a la notifica-ción de la negativa que debió hacerle el registrador y se decidirá el recurso según dice la sección 2 de esta ley.”

Y ésta lia sido traducida al inglés en la siguiente forma:

Section 801. The party interested may withdraw the document within two days after the refusal of the registrar to record or enteir it, and ivilhin hventy days thereafter may present it to the Supreme Court and the court shall thereupon affirm or reverse the action of the registrar, as in section 2.”

El derecho de apelación se da contra la denegatoria a inscribir o registrar, y la legislatura al aprobar el texto in-glés demostró que ambas palabras estaban incluidas dentro de la palabra “negativa.”

La sección 803 en inglés es como sigue:

“Section 803. Any party interested in any document presented for record may appeal to the Supreme Court from any decision of the registrar as to the existence of defects and as to whether they are immaterial and curable or not. The Siopreme Court may affirm or reverse the decisions of the registrar and the registrar shall make the appropriate entry in conformity with its decision.”

El texto español .sólo habla de “defectos subsanables” y es como sigue:

“Sección 803. Contra la calificación de defectos subsanables que hicieren los registradores podrá acudir el interesado al tribunal Supremo para resolución definitiva. El Tribunal Supremo confirmará o revocará la resolución del registrador y éste hará lo que procediere de conformidad Con dicha decisión.”

Interpretando todas estas secciones en ambos idiomas, yo creo está demostrado que el derecho ele apelar es abso-luto y no depende de que el registrador haya o! nó entrado a examinar'los méritos del caso. La negativa a hacer algo, cualquiera que esto sea entraña y produce una denegación a registrar en los libros' del 'registro. ‘ '

Tampoco está limitada la jurisdicción de este tribunal a ordenar la inscripción de un documento. En las secciones 800, 801 y 803 se dispone que la Corte Suprema puede revo-car o confirmar el “acto” o “resolución” según sea el caso. El ordenar a un registrador que tome en consideración un documento que él se fia negado a calificar equivale a revo-car su acto o resolución. No encontramos nada en las pala-bras de la ley ni en ninguna otra parte de la misma que exija a este tribunal que al decretar una revocación ordene el regis-tro o inscripción, pero tenemos el poder de ordenar al regis-trador que actúe.

Ahora paso a la cuestión de si el registrador debió o nó haber recibido el documento y calificarlo. La Ley No. 34 de marzo 7, 1912 en las partes pertinentes dice así:

“1. Sobre cada instrumento o documento original autorizado por notario público o inscrito por un registrador, un dollar; Disponién-dose, que en los documentos que se otorgaren por funcionarios en el curso de asuntos oficiales no ,se impondrá, cobrará o pagará ningún impuesto.
“2. Sobre cada copia de dichos instrumentos o documentos ori-ginales, cincuenta'centavos.
“3. Por cada registro o inscripción de dichos instrumentos o docu-mentos o de sus copias, cincuenta centavos.
“4. Por cada affidavit o declaración de autenticidad otorgado ante notario público, juez de paz, u otro funcionario, pero sin incluir a los funcionarios del Servicio de Kentas Internas cuando temaren declaraciones, affidavits y juramentos en materias referentes a la tasación de la propiedad, y a infracciones de las leyes de rentas inter-nas, veinte y cinco centavos; Disponiéndose, que no se impondrá el impuesto en los instrumentos que se otorgaren ante los jueces de paz, u otros funcionarios judiciales, referentemente a los asuntos en pro-cedimientos judiciales de que ellos conocieren.
“Los impuestos que por la presente-se disponen se pagarán fijando al documento, instrumento, affidavit o declaración de autenticidad, un sello de rentas internas de la debida denominación, el cual será can-celado por el funcionario ante el cual se otorgare el documento o instrumento, escribiendo en el mismo sus iniciales y la fecha en que se fija.
‘ ‘ Toda persona, que autorizare o inscribiere, o haga que se autorice o inscriba, cualquier instrumento' o documento o su copia, sin que antes se haya pagado el impuesto prescrito en esta sección, convicta que fuere será castigada con multa de cien dollars.”

Ahora bien, bajo los párrafos 1 y 2 se exige que se adhie-ran sellos al original y a la copia; el párrafo 3 también, exige que se adhiera un sello a la inscripción.

El 14 de agosto ele 1913 Ignacio González Suárez presentó para su inscripción en Arecibo una copia de una escritura notarial que el registrador se negó a inscribir porque no aparecía que se hubiera cancelado en el original el sello de rentas internas de $1.

Una lectura de la cláusula penal de la ley transcrita anteriormente demostrará que el deber de adherir el sello de rentas internas de $1 no se le impone al registrador sino a la persona que tiene el deber de pagarlo, ya sea la parte inte-resada o el notario y que sería tal persona y no el registra-dor el que incurriría en la pena que marca la ley por dejar de adherir el sello. Las palabras “toda persona que certi-fique o registre” y las palabras que siguen a ésas, se refieren .a la persona cuyo deber es adherir el sello de rentas inter-nas y la palabra “registre” se refiere el sello que el regis-trador está obligado a adherir. La nota recurrida debió haber sido revocada.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aguilar, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 634.
    Resuelto en noviembre 13, 1913.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Requisitos— Agresión por un Adulto a un Anciano. — En una denuncia por acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes fundada en el párrafo 4 del artículo 6 de la ley de marzo 10, 1904, no es bastante alegar que el agresor es un varón adulto y el agredido un anciano de 60 años, sino que debe alegarse que el agresor es una persona de constitución robusta y el agredido un anciano decrépito.
    Id. — Agresión son un Paraguas — Arma Mortífera. — No estando comprendido un paraguas como tal dentro de la clasificación de foete, azote o bastón, ni de arma mortífera en el sentido en que estas palabras se usan en los párrafos 6 y 8 de la seceión 6 de la ley de marzo 10, 1904, no cabe declarar como grave un acometimiento y agresión meramente por haber sido cometido por medio de un paraguas.
    Id. — Empleo de Medios para Inferior Graves Heridas Corporales — Agresión con un Paraguas. — El uso de un paraguas, en un acometimiento y agresión no puede considerarse como una circunstancia para calificar el delito de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes dentro de las disposi-ciones del párrafo 9 de la sección 6 de la ley de marzo 10, 1904, pues tal uso de un paraguas no implica la intención premeditada y el empleo de medios que se calculan que han de producir graves heridas corporales.
    Id. — Acometimiento y Agresión Simples — Rebaja de la Pena Impuesta por el Tribunal Sentenciador. — Cuando un padre se opone a que su hijo lleve relaciones con una mujer, el cual emplea palabras insultantes para con su padre, de 56 años de edad, sin que conste que sea decrépito, y éste cogiendo un palo, pero al parecer sin levantarlo.se dirige hacia su hijo, y éste le pega con un paraguas, aunque estos hechos no constituyen el delito de acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes, sin embargo, justifican una sentencia condenatoria de acometimiento y agresión simples, por no haber prueba que demuestre que el hijo actuara en defensa propia, pudiendo este tribunal rebajar la pena impuesta por la corte sentenciadora.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia presentada en este caso se alegaron sus-tancialmente los siguientes hechos:

‘ ‘ Corte Municipal de San Juan, P. R. Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Unidos. El Pueblo de Puerto Rico v. Francisco Aguilar. Yo, Tomás Hernández, P. I., No. 390, vecino de San Juan, P. R., calle de San Francisco No. 60, de 23 años de edad formulo denuncia contra Francisco Aguilar por el delito de acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes, cometido de la manera siguiente: Que en diciembre 20, 1912, hora 7 p. m., y en la calle de Rafael Cordero No. 1, del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. E., el acusado Francisco Aguilar, que es un varón adulto, mali-ciosa, ilegal y voluntariamente y con el deliberado propósito de cau-sarle grave daño corporal acometió a su padre que es un anciano de sesenta años de edad llamado Isidro Aguilar, pegándole con nn para-guas, causándole una herida de tres centímetros en la región frontal izquierda, según lo acredita la certificación facultativa que se acom-paña. ’ ’

Alega el apelante que la denuncia es deficiente en tanto en cuanto la misma parece haberse formulado de conformi-dad con el párrafo 4o. del artículo 6, de la ley de marzo 10, ■ 1904. Este artículo y su apartado dicen lo siguiente:

“Sección 6.' — -Todo acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes en los siguientos casos:
“4. Cuando se cometiere por una persona robusta y de fuerzas, corporales en la de un anciano o decrépito.”

En la denuncia no se alegó que el acusado era una persona, de constitución robusta, sino meramente que es un adulto. Tampoco se expresa en ella que el denunciante fuera ele edad o decrépito y' sí únicamente que era un anciano de 60 años. No todo joven es robusto como tampoco está decrépito todo-hombre de 60 años.

Aun cuando no se formuló ninguna objección a la denun-cia ante la corte inferior, no podría siquiera alegarse que-estas cuestiones quedaron subsanadas por la prueba. Nose probó de modo alguno que el acusado fuera -una persona robusta. En cuanto a la edad del denunciante, solamente se probó que tenía 56 años.

Un paraguas no constituye por sí un instrumento mortal, ni es de la especie descrita como foete, azote o bastón con el cual pueda inferirse deshonra a la persona-agredida. Por-consiguiente, tal como se ha formulado la denuncia, el caso no está comprendido en las disposiciones contenidas en los apartados 6o. y 8o. de dicha sección, los cuales son corno-sigue:

“6. Cuando el instrumento o los medios que se emplearen fueren tales, que infirieren deshonra a la persona agredida, como acometi-miento y agresión con foete, azote o'bastón.
“8. Cuando se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar.”

En ciertos casos un paraguas podría hacer las veces de bastón, lo que no resulta de las pruebas presentadas en este caso, y particularmente porque el referido paraguas lo lle-vaba el acusado por causalidad y no con la intención de pegar a su padre con él.

El Fiscal, por el contrario, no funda sus alegaciones en ios párrafos 4, 6 u 8, sino en el 9°., que dice:

“9. Cuando se cometiere con intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales. ’ ’

Dudamos que un paraguas corriente constituya un “medio o instrumento calculado con el fin de inferir grave daño corporal. ” Puede que sea un medio para inferir un grave daño, así como el que podría causarse dando ún golpe a una persona con el puño cerrado o de un puntapié, pero no creemos que por el mero lieclio de que con un paraguas se infiera o pueda inferirse tal daño, esto hace que el uso del mismo esté com-prendido en el espíritu del estatuto.

Además, aun cuando hubiera dudas acerca de la suficien-cia de la denuncia, la prueba presentada de la comisión de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes fue muy deficiente.

El denunciante refirió la forma en que se oponía. a las relaciones de su hijo con cierta joven, manifestando también que mientras él, el padre, se encontraba un día durmiendo, se despertó al oir las palabras insultantes que le dirigía su hijo; que entonces el testigo regañó a su hijo, diciéndole: “Muchacho ¿qué estás hablando?”, a lo que el hijo replicó: “Y.o soy tan hombre como Y.”; el padre entonces cogió un palito y se fué encima de su hijo con él pero no lo llegó a usar ni le dió con el mismo, porque al llegar su hijo le tiró al testigo en la cabeza con el paraguas. De un examen de toda la prueba resulta algo dudoso el hecho de si el padre real y positivamente levantó el palito para dar con él, pero no existe duda alguna en cuanto a haber cogido dicho palito y dirigídose con él hacia donde se encontraba su hijo. El hijo era un adulto, e indudablemente que debió haber evitado agolpear a su padre, pero no vemos que hubiera existido el designio premeditado de inferir un gran daño corporal, así como tampoco ninguna otra circunstancia que constituyera en grave el acometimiento. Al padre no le gustaba la -elec-ción que había hecho su hijo, éste no quería a su madrastra y cada una de estas mujeres tomó parte en los sucesos que dieron origen al acometimiento.

Como no vemos en los autos nada que demuestre que el hijo obrara bajo el temor de un hombre razonable de recibir gran daño corporal, y especialmente tratándose de su padre, no encontramos justificado el golpe inferido, y por tanto somos de opinión de que se cometió un delito de acometimiento y agresión simple, por lo que modificamos la sentencia apelada e imponemos al acusado una multa de $50, o en su defecto prisión, a razón de un día por cada dólar que dejare de satisfacer.

Confirmada la sentencia, pero modificándola rebajando la pena impuesta.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Si*. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Allongo, Demandante y Apelante, v. Belaval, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la .Corte de Distrito de Ponce.
    No. 1011.
    Resuelto en noviembre 13, 1913.
    Desestimación de Apelación — Transcripción de Autos — Palta de Copia de la Sentencia. — Cuando en la transcripción de autos de una apelación contra una sentencia se omite insertar copia de la sentencia apelada, debe desestima] se el recurso por íalta de.jurisdicción de esta corte para conocer del mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Francisco Jiménez.

    Ahogados del apelado: Sres. Horacio S. Belaval y José A. Poventud.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Ponce se archivó nna demanda por Manuel Allongo Muñiz v. José Sastraño Belaval, en su carácter de Registrador de la Propiedad que fué de Ponce, en reclamación de daños y perjuicios. El demandado excep-cionó la demanda y la corte sostuvo la excepción por resolu-ción de 22 de julio de 1913. No conforme el demandante “con la sentencia dictada,” apeló para ante este Tribunal Supremo.

Elevada la transcripción del récord y señalado el día 12 de noviembre de 1913 para la celebración de la vista, compa-reció la parte apelada y solicitó la desestimación del recurso por no figurar en la transcripción copia de la sentencia ape-lada.

Hemos examinado cuidadosamente la expresada transcrip-ción y en ella sólo aparece la resolución de la corte declarando con lugar las excepciones y ordenando el registro de nna sen-tencia desestimando la demanda, con las costas al demandante. La copia de la sentencia debidamente registrada, si es que se registró en efecto, no aparece de los autos transcritos y en tal virtud, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, debe deses-timarse el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia cuya existencia no aparece comprobada. Artículos 299, enmendado por la ley número 70 de 1911, 233 y 303 del Código de Enjuiciamiento Civil, y casos de Jiménez v. Olmedo, 13 D. P. R., 306, 308, Hernández v. Hernández et al., decidido en noviembre 6, 1913, (pág. 1041), y López v. López, resuelto en la misma fecha, (pág. 1043).

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Nadal, Demandante y Apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 996.
    Resuelto en noviembre 14, 1913.
    •Jurisdicción del Tribunal Supremo — Examen de Oficio de Esta Cuestión.— Aunque la cuestión de la jurisdicción del Tribunal Supremo para conocer de una apelación .no sea planteada por ninguna de las partes, el tribunal de oficio puede examinarla.
    Apelaciones en Casos Originados en las Cortes Municipales — Jurisdicción .del Tribunal Supremo — Valor de la Cosa Reclamada — Cuantía de la Sentencia. — Para determinar la jurisdicción del Tribunal Supremo en casos de apelación contra sentencias de las cortes de distrito en casos procedentes de las eortes municipales, debe atenderse a la cuantía de la demanda o de la reclamación, siempre que esa cuantía sea la materia a discutir en el recurso, y a la cuantía de la sentencia cuando la de ésta y no la de la demanda sea la materia del recurso.
    Interpretación de las Leyes — Debe Darse Efecto a las Palabras. — Las leyes deben interpretarse siempre dándole efecto a todas sus palabras.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Federico G. Pérez Almiroty.

    Abogado de la apelada: Sr. E. Ramírez Nadal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se originó en la Corte Municipal del dis-trito judicial municipal de Mayagüez por medio de demanda allí radicada en 28 de enero del corriente ano, en la que Salvador Nadal reclama a The American Railroad Company of Porto Rico la suma de $400 en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados al demandante por culpa y negli-gencia de la compañía demandada.

De elidió caso conoció en apelación mediante celebración de nuevo juicio la Corte de Distrito del distrito judicial de Mayagüez, la que lo decidió por sentencia de 9 de marzo último condenando a la demandada a satisfacer al demandante la suma de $280, con imposición de todas las costas y desembolsos del pleito.

Contra esta sentencia interpuso la parte demandada re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema, ante la que lia alegado cuanto lia estimado conducente en defensa del recurso.

No se lia levantado por parte alguna la cuestión de si esta Corte Suprema tiene o nó jurisdicción para conocer del re-curso ; pero como esa cuestión puede levantarse de oficio por esta misma corte, como así lo fiemos resuelto varias veces interpretando el artículo 109 del Código de Enjuiciamiento Civil, la examinaremos previamente, pues si nos falta juris-dicción, estaremos impedidos de considerar y decidir el re-curso en su fondo. . .

El estatuto que regula los casos en que procede el recurso de apelación para esta Corte Suprema es el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que tal como ha sido enmen-dado por Leyes de 9 de marzo, 1905, y 11 de márzo, 1908, en lo pertinente dice así:

“Artículo 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
"1.# # *
“2o. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los 15 días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos e intereses excediera de $300.”

En el presente caso el valor de la cosa reclamada excede-de $300, pues la parte demandante reclama de la demandada la suma de $400 por indemnización de daños y perjuicios, pero-la cuantía de la sentencia es inferior a $300 por cuanto la demandada fue condenada a pagar al demandante $280 en el concepto indicado.

¿Para determinar la jurisdicción de esta corte, debemos-atender a la cuantía de la demanda o a la de la sentencia?

Examinado el texto de nuestro estatuto que dejamos trans-crito, no cabe establecer como regia general y absoluta que para fijar la jurisdicción de esta corte en casos originados en las cortes municipales debe atenderse siempre al valor de-la reclamación, pues habrá casos en que deba atenderse a la cuantía de la sentencia. Las palabras de la ley deben inter-pretarse siempre con efecto, y si admitiéramos que para de-terminar la viabilidad del recurso sólo debía atenderse a la cuantía de la reclamación, holgarían las palabras de la ley relativas a la cuantía de la sentencia.

Para que podamos dar efecto a las palabras del estatuto-debemos interpretarlo en el sentido de que al determinar la jurisdicción de esta Corte Suprema en casos de apelación contra sentencias de las cortes de distrito en casos procedentes-de las cortes municipales, debe atenderse a la cuantía de la demanda o de la reclamación siempre que esa cuantía sea la materia a discutir en el recurso y a la cuantía de- la sentencia cuando la de ésta y no la de la demanda sea la materia del recurso.

Con arreglo a la anterior doctrina, si Salvador Nadal hubiera interpuesto recurso de apelación contra la sentencia que pronunció la Corte de Distrito de Mayagüez, para que se le reconociera la indemnización de $400 que había solicitado en la demanda, la jurisdicción de esta Corte Suprema se de-terminaría por la cuantía de la misma demanda, pero como él no interpuso recurso ele apelación sino que fue interpuesto por la demandada The American Railroad Company of Porto Rico, para que se le relevara de la indemnización de $280 a que estaba condenada por sentencia, procede determinar la jurisdicción de esta corte por la cuantía de la sentencia, cuya cuantía y no la de la demanda es la materia a discutir en el recurso. Tan es así que no habiéndose interpuesto por Salvador Nadal recurso de apelación, esta corte no podría acor-darle indemnización superior a la de $280 que se le reconoce por la sentencia apelada.

Por las razones expuestas entendemos que esta corte carece de jurisdicción para conocer del recurso y que éste debe deses-timarse.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Freiría & Ca., S. en C., Demandantes y Apelantes, v. R. Félix Hnos. & Ca., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Huma cao.
    Moción de la parte apelada hecha después de celebrada la ' vista, para que se le permita radicar un alegato comple-mentario.
    No. 993.
    Resuelto en noviembre 14, 1913.
    Alegatos Complementamos — Discreción del Tribunal — Deber de las Partes.— Los alegatos de ambas partes deben quedar radicados con anterioridad a la vista del recurso, según lo exigen los artículos 42 y 45 del Reglamento de este Tribunal, y únicamente en casos justificados puede permitirse la presentación de un alegato complementario después de celebrada la vista. En este caso la corte usando de su discreción admitió el alegato complementario porque había sido notificado a la parte contraria y ésta nada objetó y además porque en dicho alegato no se plantearon cuestiones nuevas.

      Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. Manuel Tous Soto.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se celebró la vista del recurso el 28 de octubre de 1913, y el 10 de noviembre actual los demandados y apelados pidieron a esta Corte Suprema que les permitiera radicar el alegato complementario que acompañaron al efecto.

El propósito de las reglas de esta Corte Suprema relati-vas a la presentación de alegatos, es el de que en el acto de la vista del recurso la cuestión o las cuestiones a resolver queden total y definitivamente sometidas al tribunal. Se exige al apelante que presente primero su alegato, (regia 42), y se exige al apelado que cinco días antes de la vista archive su impugnación, (regia 45), de suerte que ambas partes puedan comparecer perfectamente preparadas. Cual-quiera desviación de esas reglas puede resultar en perjuicio del derecho de alguna de las partes y de la ordenada trami-tación del recurso, y sólo en casos justificados debemos per-mitir la alteración del procedimiento marcado en las mismas.

En el presente caso los apelados debieron haber agotado su argumentación en el alegato de impugnación que presen-taron en tiempo oportuno, y como en la moción por virtud de la cual solicitan ahora que se les permita radicar su alegato complementario no expresan causa alguna que justifique o tienda a justificar siquiera su proceder, podríamos rechazar su solicitud de plano.

Sin embargo, como según manifiestan los apelados en la comunicación acompañando su alegato, lo notificaron cón co-pia a la parte contraria y ésta nada, ha objetado, y como en ■el alegato no se presentan nuevos puntos a discutir y a resolver sino que se amplía simplemente la argumentación de los ya presentados; sin que establezcamos un precedente y usando de nuestra discreción, ordenaremos que el alegato en cues-tión sea unido a los autos a- los efectos procedentes.

Un caso semejante fué decidido por la Corte Suprema de Massachusetts. Dicho tribunal, en su opinión, se expresó así: “Desde que este caso fue sometido a nuestra considera-ción dos briefs suplementarios en favor de la ciudad de Lynn se remitieron a esta corte. Esta práctica es irregular y no tenemos el propósito de establecerla como un precedente;, mas, como se notificó a los peticionarios y nada se ha objetado por ellos, consideraremos las cuestiones suscitadas.”' Adams and others, petitioners, 165 Mass., 497, 500.

Con lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presideete Se. HerNÁNdez,

text:
    Castelló et al., Recurrentes, v. El Registrador, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Propiedad de San G-ermán.
    No. 152.
    Resuelto en noviembre 19, 1913.
    Anotación Preventiva de Embargo — Palta de Descripción en el Manda MIENTO DE LA ElKCA EMBARGADA — IDENTIFICACIÓN DE LA • ElNOA-DEFECTO' Subsanable. — ;Cuando la única razón expuesta por el registrador para no. tomar anotación de embargo sobre parte de una finca es que si bien esa parte ha sido segregada y aparece inscrita, formando parte de una finca agrupada a favor de la persona contra quien se dirige el embargo, tal parte-no se describe en el mandamiento, procedo la revocación de la nota recurrida y que se' verifique la anotación del embargo con el defecto subs'anable de no describirse la porción segregada, si, como sucede en' el caso, de autos, los asientos del registro justifican la existencia de la porción de terreno a que se refiere el embargo y su identificación por medio de colindancias aunque éstas praedan haber variado a virtud de la agrupación últimamente hecha.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Angel A. Vázquez.

    El Begistrador Sr. Bafael B. Sama compareció por escrito.
   El Juez Presideete Se. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido ante la Corte de Distrito de Mayagüez por Gerardo y Salvador Castelló y Camps contra Celedonio Carbonell, en cobro de dinero, el marshal de dicha corte expi-dió en 10 de enero del corriente año, mandamiento por dupli-cado al Registrador de la Propiedad de San Germán, para la anotación del embargo que aquel había practicado en todo el derecho, título e interés que tuviera el demandado sobre 'una hacienda de cañas denominada “Monserrate” y sobre otra hacienda también de cañas nombrada “Restaur ación,” sita esta última en el barrio de Llanos Costas, término municipal de Cabo Rojo, compuesta de 700 cuerdas más o menos, lindante al norte con un camino vecinal que conduce del pueblo de Lajas a Boquerón y terrenos de la hacienda “Desengaño” de Cartagena Hermanos, al sur Don Pablo Hernández, Suce-sión de Fulgencio González y Cartagena Hermanos; al este la hacienda “Desengaño,” y por el oeste terrenos de Carlos Ramírez, Pablo Hernández y Sucesión de Fulgencio González, conteniendo casa habitación y establecimientos que la consti-tuyen.

El registrador por nota de 8 de febrero siguiente tomó anotación del embargo en cuanto a la hacienda “Monserrate,” pero la denegó en cuanto a la hacienda “Restauración” por medio de nota que en la parte conducente dice así:

“No admitida la anotación preventiva de embargo solicitada en virtud del precedente documento, con vista de otro, por lo que res-pecta a la hacienda denominada “Restauración,” de 700 cuerdas, más o menos, por observarse el defecto de que si bien de dicha hacienda fueron segregadas 391 cuerdas que pasaron a formar por agrupación, con otras porciones distintas, una nueva hacienda nom-brada también “Restauración,” inscrita a favor del demandado Don Celedonio Carbonell y Casabó, no se describen en el documento dichas 391 cuerdas, estando el resto de las expresadas 700 cuerdas, más o menos, inscrito a favor de personas distintas, tomándose en su lugar la anotación por ciento veinte días que determina la ley, al folio 111 vuelto del tomo 22 del Ayuntamiento de Cabo Rojo, finca número 332 •quintuplicado, anotación letra B; * * *. El registrador, Rafael B. Sama.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración mediante recurso gubernativo interpuesto contra ella por Gerardo y Salvador Castelló y Camps.

De la certificación de asientos del Registro de la Propiedad de San Germán que liemos traído a examen para mejor estudio del recurso, resulta:

Primero. Qué con fecha 31 de octubre de 1891 fué inscrita en el Registro de la Propiedad de San Germán a favor de Gumersinda Casabó y Miret, difunta, la posesión de la hacienda de cañas nombrada “Restauración” bajo la misma •cabida y colindancias ya expresadas. Finca número 332, inscripción 1á., folio 176, tomo 6 de Cabo Rojo.

Segundo. Que en 16 de diciembre del propio año 1891, fué inscrita en el mismo registro la propia hacienda “Restaura-ción” a favor de los herederos de Gumersinda Casabó y Miret entre los cuales figuraba Don Carlos Casabó y Miret, habién-dose verificado la inscripción de 309 cuerdas a favor del Carlos Casabó y Miret para el pago de las bajas del haber heredi-tario, y la de las 391 cuerdas restantes a favor del propio Don Carlos Casabó y Miret y demás herederos. Finca número 332, inscripción segunda, folio 177 vuelto, tomo 6 de Cabo Rojo.

Tercero. Que de la hacienda “Restauración” descrita, fue-ron segregadas las siguientes porciones: una de 17 cuerdas, vendida por Don Carlos Casabó y Miret a Don Juan José Irizarry y Toro por escritura de 2 de octubre de 1891; otra de 77 cuerdas vendida por Don Carlos Casabó y Miret a Don Celedonio Carbonell y Casabó por escritura de 28 de junio, de 1892, habiéndola vendido luego Don Celedonio Carbonell y Casabó a Don Virgilio Zapata y Vilanova por escritura de 1o. de junio de 1894; otra de 200 cuerdas vendida por Don Carlos Casabó y Miret a Don Ramón Garrastazú y Pabón, por escritura de 11 de septiembre de 1891, y otra de 391 cuerdas que adquirió Don Celedonio Carbonell y Casabó de los diversos adjudicatarios de la hacienda “Restauración.”

Cuarto. Que Don Celedonio Carbonell y Casabó con las 391 cuerdas expresadas y otras porciones de 5 cuerdas, 20, 10% con 15 varas, 39 con 32 céntimos y 122% adquiridas respectivamente de Don Enrique Ramírez y Toro, de Don Fermín Acosta y Rodríguez, del mismo Don Fermín Acosta y Rodríguez, de Don Alberto Zaxnbrana e Irizarry y de Don Ramón G-arrastazú y Pabón, constituyó mediante agrupación una linca también denominada ‘ ‘ Restauración 7 con cabida de 603 cuerdas 75 céntimos, lindando al norte con teirenos de Gregorio Losada, de Cristina Toro, de Dionisia Albino, de Enrique Ramírez y el camino de Lajas a Boquerón; .al sur, con terrenos de la Sucesión de Don Pablo Hernández 31 el camino de las Salinas a Guánica; al este con terrenos de la hacienda “Desengaño” de Cartagena Hermanos, y,la Suce-sión de Virgilio Zapata, y al oeste con terrenos de Gregorio Losada, los de Enrique Ramírez, los de la Sucesión de Don Pablo Hernández y los de Eugenio López.

Quinto. Que .en la inscripción 7a. de la finca No. 332 se hizo constar que las colinclancias de las 391 cuerdas eran las siguientes: al norte, el camino que conduce de Lajas a Bo-querón ;. al sur, .el camino de 'Guánica a las Salinas; al este con terrenos de Cartagena Hermanos y al oeste, con terrenos de Don Pablo Hernández y Don Carlos Ramírez.

Como se ve, las 391 cuerdas de que se deja hecho mérito fueron segregadas de la primitiva hacienda “Restauración” de 700 cuerdas, y vinieron a formar parte mediante agrupa-ción de la nueva hacienda “Restauración.” El embargo de dichas 391 cuerdas no podía afectar a la primitiva hacienda “Restauración,” sino a la nueva, formada por agrupación. Hubo irregularidad por parte del márshal al embargar todo el derecho, título o interés que tuviera Celedonio Carbonell sobre la hacienda “Restauración” de 700 cuerdas, pues el embargo debía afectar a la hacienda “Restauración” de 603 cuerdas 75 céntimos; pero no se hizo así, y aceptando los hechos tales como se nos presentan, y tomando por base la. razón que da el registrador para no tomar anotación del embargo practicado, es como debemos considerar el presente; recurso.

El registrador al dejar de cumplir el mandamiento deli marshal tomó la anotación por 120 días que determina la ley, al folio 111 vuelto del tomo 22 del Ayuntamiento de Cabo Rojo, finca No. 332 quintuplicado, anotación letra B, siendo esa finca la de 700 cuerdas, y para que la anotación afectara a la otra finca de 603 cuerdas 75 céntimos, al margen de su inscripción estampó la siguiente nota:

“Véase la anotación de embargo letra B, tomada por ciento veinte días, al folio ciento once vuelto del tomo veinte y dos del Ayunta-miento de Cabo Rojo, finca número trescientos treinta y dos quintu-plicado, cuya anotación se refiere a una finca de setecientas cuerdas, más o menos, denominada también “Restauración,” de la cual se segregó una porción de terreno de trescientas noventa y una cuerdas, que forma parte de la finca de este número, y que es la primera de las seis que se relacionan en la inscripción adjunta. San Germán, febrero ocho de mil novecientos trece. (Firmado) Sama.”

La úuica razón expuesta por el registrador para no tomar anotación del embargo sobre todo él derecho, título e interés que tuviera Celedonio Carbonell en la primitiva hacienda “Restauración,” consiste en que, si bien de dicha hacienda fueron segregadas 391 cuerdas que con otras porciones dis-tintas vinieron a formar por agrupación la nueva hacienda, del mismo nombre inscrita a favor de Celedonio Carbonell,. esas 391 cuerdas no se describen en el mandamiento de eni-bargo.

Tal razón no justifica la nota recurrida, pues es un hecho-plenamente justificado en el registro por los asientos ya rela-cionados, la existencia de 391, cuerdas de terrenos pere-cientes a Celedonio Carbonell, ya se atienda a la primitiva, inscripción de la hacienda “Restauración,” ya a la última,, con la particularidad de que en una de las inscripciones de la primitiva hacienda “Restauración” se expresan las colin-dancias de las 391 cuerdas; pero como esas colindancias indu-dablemente pueden haber variado por la agrupación de dichas 391 cuerdas a otras porciones de terrenos que con aquéllas vinieron a constituir la nueva hacienda “Restauración,” la omisión señalada por el registrador constituiría en el pre-sente caso sólo un defecto que en cualquier tiempo puede subsanarse, según doctrina de, la Dirección General de los Registros de España en las resoluciones de 29 de noviembre de 1870, 19 de marzo de 1879 y 9 de noviembre de 1888.

Con la anotación del embargo no habrá tercero que pueda ser inducido a error.

Por las razones expuestas, opinamos que procede la revo-cación de la nota del Registrador de la Propiedad de San Germán de 8 de febrero de 1913 en la parte en que ha,sido recurrida y que se verifique la anotación del embargo con el defecto subsanable de que se deja hecho mérito.

Revocada y ordenada la anotación del embargo.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.