author: El Juez Asociado Señob Córdova Dávila,

text:
    Celestina Abarca Sanfeliz Vda. de Gumersindo Suárez, demandante, apelante y apelada, v. Bank of Nova Scotia, demandado, apelado y apelante.
    No. 5848.

    Sometido: Diciembre 23, 1932.

      Resuelto: Junio 19, 1934.

      F. Solo G-ras y 22. Díaz Collazo, abogados de la apelante y apelada; Henri Brown, C. Ruiz Razano y G. E. González, abogados del apelado apelante.
   El Juez Asociado Señob Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Abarca Sanfeliz, en su carácter de apoderado de Celestina Abarca Sanfeliz, inició una acción en cobro de dinero contra el demandado Bank of Nova Scotia. Se alegó en la demanda que doña Celestina Abarca Sanfeliz, viuda de Gumersindo Suárez, es dueña de una casa que ella y su esposo dieron en arrendamiento al Bank of Nova Scotia en 22 de octubre de 1918 por un término de seis años, con opción a prorrogarlo por cinco años más, y por un canon mensual de $275, pagadero por semestres anticipados; que vencido el término original de seis años el demandado utilizó la opción a prorrogarlo por cinco años, y que el término adicional expiró en 22 de octubre de 1929; que por el apartado G de la cláusula tercera del ameritado contrato de arrendamiento fué expresamente convenido “que cualquier aumento en las contribuciones que boy paga dicho edificio será de cuenta del ' arrendatario y asimismo todas las deducciones de la contri-bución actual que se hagan al citado inmueble serán en bene-ficio del arrendatario;” que durante la vigencia del repetido contrato de arrendamiento el inmueble objeto del mismo pagó al Tesorero Insular por concepto de contribuciones desde el año 1918 hasta el año 1929-30 la cantidad de $3,393.60; que de esta suma el demandado ha satisfecho la cantidad de $301.54, adeudando, por tanto, en la actualidad la suma de $3,092.06; que el demandado ha sido requerido en varias ocasiones para que satisfaga la ameritada cantidad y no la •ha satisfecho ni en todo ni en parte.

El demandado formuló excepción previa alegando que de la faz de la demanda no aparecía que Enrique Abarca San-feliz tuviera causa de acción alguna contra él, y que la parte realmente interesada e indispensable era Celestina Abarca Sanfeliz viuda de Gumersindo Suárez, que no aparecía como demandante en el pleito. La Corte de Distrito de San Jnan sostuvo, resolviendo la excepción previa, que la persona real-mente interesada era Celestina Abarca Sanfeliz, y que a su nombre debió ejercitarse la acción por no estar comprendido el caso en las excepciones establecidas por el Código de En-juiciamiento Civil. Se concedieron diez días al demandante para enmendar la demanda. Se radicó una demanda enmen-dada en la cual aparece Celestina Abarca Sanfeliz viuda de G-umersindo Suárez ejercitando la acción a su nombre. El demandado pidió la eliminación de toda la demanda enmen-dada. Entonces Celestina Abarca Sanfeliz pidió permiso a la corte para enmendar y alegó, en apoyo de su solicitud, que de la faz de las alegaciones originales no surgía que Enrique Abarca Sanfeliz ejercitara acción alguna propia o que figurara por su propio derecho como demandante, y que la única razón por la cual el referido Enrique Abarca hizo figurar su nombre como representante de Celestina Abarca es porque le tiene otorgado un poder en el cual le confiere la facultad siguiente: '

“Y para que la represente en toda clase de juicios civiles y cri-minales, de faltas, en actos de jurisdicción voluntaria, en expedien-tes y juicios gubernativos, administrativos y eontencioso-administra-tivos con atribuciones para sostener demandas, denuncias y quere-llas, desistir de las mismas, contestar a las promovidas en contrario o bien allanarlas, ratificarse, tachar, recusar, transigir las cuestiones litigiosas, entablar todos los recursos procedentes en derecho in-cluso el de casación, y separarse dé los mismos; nombrar peritos, asis-tir a juntas y conferir poder a procuradores con las atribuciones de esta cláusula y las demás propias del ejercicio del cargo consignadas en las leyes de enjuiciar de la Isla de Puerto Rico.”

La corte inferior autorizó la enmienda solicitada y ordenó que la demanda enmendada, que había sido radicada, conti-nuara formando parte de los autos. El demandado repro-dujo su excepción previa, la cual fue desestimada. Contes-tada la demanda y celebrado en su día el juicio correspon-diente, la corte inferior dictó sentencia concediendo algunas de las reclamaciones de la demandante y rehusando otras por razón de la prescripción. Ambas partes apelaron.

La demandada apelante atribuye a la corte inferior diez errores. Los tres primeros, que pueden discutirse conjunta-mente porque abarcan la misma cuestión, dicen así:

“1. La Corte de Distrito de San Juan en su resolución de fecha 27 de enero de 1930, declarando con lugar las excepciones previas a la demanda original, erró en cuanto al pronunciamiento concediendo al entonces demandante Enrique Abarca Sanfeliz permiso para pre-sentar una demanda enmendada.
“2. La Corte de Distrito de San Juan erró al dictar su resolu-ción de fecha 30 de junio de 1930, declarando sin lugar la moción de la demandada solicitando se eliminara la supuesta demanda enmendada de Celestina Abarca Sanfeliz.
“3. La Corte de Distrito de San Juan, en su resolución de fecha 30 de junio de 1930, erró al admitir la supuesta demanda enmen-dada de Celestina Abarca Sanfeliz; al declarar con lugar su moción para que se le permitiera enmendar la demanda original de Enrique Abarca, y al desestimar la oposición de esta demandada.”

Arguye la demandada apelante que la demanda no era susceptible de enmienda, y cita en su apoyo el caso de J. Ochoa & Hno. v. González Clemente & Co., 29 D.P.R. 1015. Pué éste un pleito iniciado en Mayagüez por J. Ochoa & Hno. en su carácter de agentes generales en Puerto Rico de Morris & Co. La demandada formuló excepción previa que la corte declaró con lugar por falta de causa de acción en J. Ochoa & Hno. Se sostuvo “que la demanda fué establecida bajo la responsabilidad del demandante descrito en ella y no de ninguna otra persona, que el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que toda acción debe establecerse a nombre de la persona realmente interesada; que cuando hay un solo demandante difícilmente podría ser oído para expresar que había un defecto de partes cuando aparecía que la causa de acción alegada había sido establecida por una persona que no tenía derecho a ella y que siendo tal firma demandante equivocada la única persona ante l'a corte, no tenía derecho a solicitar que alguna otra persona le sus-tituyera.” “Podríamos agregar aquí”, continúa diciendo la corte, “que en ninguna parte del procedimiento aparece que Morris & Co. estén solicitando nada o que hayan autorizado a alguna persona a comparecer por ellos, sino que es siempre J. Ochoa & Hno. quien comparece.”

La opinión de la corte termina como sigue:

“Convenimos, sin embargo, con la corte inferior en que la de-manda no era susceptible de enmienda, y, además, aun suponiendo que haya algún medio de poder sustituir a los principales por los agentes, aun así, deben ser los principales quienes, bajo su propia responsabilidad, comparezcan ante la corte y hagan suya esta causa de acción.”

Las palabras de la corte demuestran que en el caso citado se resolvió que la firma que inició la acción en su carácter de mandataria “no tenía derecho a solicitar que alguna otra persona la sustituyera”; pero no se decidió que el deman-dante, siendo la parte realmente interesada, no pudiese pedir permiso para continuar ejercitando la acción a su propio nombre. Es verdad que la corte en su opinión nos dice que la demanda no era susceptible de enmienda, pero como fue únicamente el mandatario quien solicitó permiso para en-mendar, debe entenderse que lo que allí se declaró fue que la demanda no podía ser enmendada en la forma indicada a petición del referido mandatario. Que éste fue el criterio de la corte lo demuestran sus palabras cuando dice que en ninguna parte del procedimiento aparece que Morris &¡ Co. estén solicitando nada o hayan autorizado a alguna persona a comparecer por ellos, sino que es siempre J. Ochoa Su Hno. quien comparece, y cuando más adelante añade que aun su-poniendo que haya algún medio de poder sustituir a los prin-cipales por los agentes, deben ser éstos quienes bajo su responsabilidad comparezcan ante la corte y hagan suya esta causa de acción.

Esto es lo que se ha hecho en el presente caso. Celestina Abarca, que es la parte realmente interesada, compareció ante la corte inferior solicitando permiso para que la acción continuara a su propio nombre, eliminando de la demanda el nombre de su mandatario.

A nuestro juicio se trata de un mero tecnicismo que puede ser corregido mediante enmienda.

En el caso de Fay v. Walsh, 190 Mass. 374, se promovió una acción en cobro de una suma de dinero, valor de una madera vendida por el demandante a los demandados Walsh, Howard y Fletcher conjuntamente. La demanda fué iniciada por William A. Fay contra los referidos demandados. Al declarar como testigo, el demandante expuso que las cuentas aparecían encabezadas con el nombre de James Fairfield y que en ellas había impresas estas palabras: “William A. Fay, Agente.” Declaró además que al tiempo de la venta de la madera en cuestión, él estaba actuando como mandatario de James Fairfield. Los demandados alegaron que la acción debió haber sido promovida en el nombre de Fairfield y que por esta razón debió habérseles concedido un veredicto a su favor. Resolviendo esta cuestión la Corte Suprema de Massachusetts se expresó así:

“Es claro que la acción debió haber sido promovida en el nom-bre de Fairfield, y que así lia debido decidirse.
“Esta objeción, por lo que aparece, es puramente técnica. Es una que pudo haber sido corregida mediante enmienda si se le hu-biese llamado la atención al juez. Si los demandados le hubie-ran dicho al juez que la razón por la cual ellos pedían un veredicto como cuestión de derecho era que la acción había, sido promovida equivocadamente por el mandatario, el juez pudo haber permitido discreeionalmente una enmienda sustituyendo a Pay por Fairfield. Oostelo v. Crowell, 134 Mass. 280. Aun más, tal enmienda puede permitirse ahora después del veredicto.”

En el caso de Adams v. Edwards, 8 Atl. 425, resuelto por la Corte Suprema de Pennsylvania, la acción fué promovida por un mandatario. Dicha corte resuelve este asunto en dos palabras:

“Fué una equivocación comenzar esta demanda en el nombre del mandatario; pero fué un error técnico, enmendable en la corte inferior, y aquí, si fuese necesario.”

En el caso de Boudreau v. Eastmam, 59 N. H. 467, se re-solvió que en una demanda iniciada por nn mandatario de nn mandante desconocido, podía autorizarse una enmienda susti-tuyendo al agente por el principal, aun después del juicio, si no se variaba el resultado. 37 American Digest, 2490.

En el caso de Hubler v. Pullen, 68 Am. Dec. 621, los de-mandados alegaron que los demandantes no eran las partes realmente interesadas. La corte, con la oposición de dichos demandados, permitió que la demanda fuese enmendada sus-tituyendo los nombres de Richard B. Pullen y Thomas S. Brown por aquellos de Robert Pullen y Joseph S. Pullen, siendo estos dos últimos las partes a cuyo nombre se insti-tuyó originalmente la acción. La Corte Suprema de Indiana, resolviendo la cuestión planteada, se expresó así:

"El Código dice: ‘La corte puede en cualquier tiempo dentro de su discreción, y en los términos que fuesen adecuados, en bien de la justicia, ordenar que el nombre de una parte sea añadido o elimi-nado o que una equivocación en el nombre sea corregida; . ■ . cuando las enmiendas no cambian sustancialmente la reclamación o defensa.’ Esta disposición evidentemente cubre la enmienda bajo nuestra con-sideración. La corte, al conceder dicha enmienda, parece haber ac-tuado en bien de la justicia y no en perjuicio de los derechos del demandante. ’ ’

El artículo 140 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil dice que podrá la corte, en bien de la justicia y en los téi ■ minos que fuesen adecuados, permitir a una de las partes enmendar cualquier alegación o procedimiento, añadiendo u eliminando el nombre de alguna parte o corrigiendo un error en el nombre de la misma o en cualquier otro particular. Prácticamente el código nuestro en este particular es igual al código de Indiana. No vamos tan lejos, sin embargo, como el Tribunal Supremo de dicho estado. Nos limitamos a sostener que en el presente caso, en que Celestina Abarca es la parte realmente interesada y en que la demanda fué iniciada por su mandatario, procede conceder una enmienda para que la verdadera parte pueda continuar el pleito a su nombre. La admisión de esta enmienda no modifica en lo más mínimo la cansa de acción; las alegaciones de la de-manda no fian sufrido otra alteración qne la eliminación del nombre de Enrique Abarca Sanfeliz. Se trata de un mero tec-nicismo qne debe corregirse en bien de la justicia. Los tribunales generalmente ejercitan sus facultades discrecionales, concediendo enmiendas de esta naturaleza, que no ocasionan perjuicio alguno al demandado y que no cambian la causa.de acción. Los errores atribuidos a la corte inferior deben ser desestimados.

El cuarto error se basa en que la corte declaró sin lugar las excepciones previas formuladas a la demanda enmendada. Se arguye que en 22 de octubre de 1918, cuando se celebró el contrato de arrendamiento, doña Celestina Abarca Sanfeliz estaba casada con don Gumersindo Suárez y que habiendo intervenido ambos en dicho contrato, la casa objeto del mismo pertenecía a la sociedad de gananciales. Doña Celestina Abarca viuda de Gumersindo Suárez alega que es dueña de la referida casa. Esta alegación ha podido ser más amplia, pero si alguna deficiencia hubo al no aclarar que dicha finca le fué adjudicada después de la muerte de su esposo, esa deficiencia quedó subsanada por la prueba. La demandante ofreció en evidencia una escritura notarial sobre partición y protocolización de operaciones particionales en cuanto a la adjudicación de la referida finca a la demandante. Entonces la demandada admitió el hecho primero de la demanda, es decir, que doña Celestina Abarca es dueña de la casa en cuestión. Debe desestimarse el error apuntado.

Los errores quinto y sexto atribuidos a la corte inferior se basan en haber declarado sin lugar las defensas de estoppel y laches (demora), establecidas por la parte demandada. El demandado resume las razones que a su juicio justifican la aplicación de la teoría de estoppel en este caso del modo siguiente:

"La conducta de la demandante, a través de sus apoderados Sres. León y Abarca, quienes teniendo conocimiento de que la subarrenda-taria Sobrinos de Ezquiaga era la que pagaba por Tlie Bank of Nova Scotia, los cánones de arrendamiento, sus intereses, los aumentos en la contribución y todas las cantidades a ser desembolsadas de acuerdo con el contrato, dejaron, desde 1922 hasta octubre 4 de 1929, de no-tificar y cobrar aumento alguno en tales contribuciones, induciendo a The Bank of Nova Scotia a creer que las contribuciones no habían aumentado ni disminuido durante todo ese período y a actuar de con-formidad con tal creencia, no .cobrando a Sobrinos de Ezquiaga can-tidad alguna por tal concepto hasta octubre 4 de 1929 en que esta última ya estaba en liquidación y dejó de existir, para perjuicio de la demandada que no podía ya cobrar tal aumento a dicha sub-arrendataria, impide (estops) a la demandante reclamar el aumento de contribuciones durante dicho período y negar que los hechos fueron distintos a como los creyó la demandada.”

No existe impedimento alguno, a nuestro juicio, de parte de la demandante para exigir el cumplimiento de las obliga-ciones contraídas en el contrato de arrendamiento que no hubiesen prescrito al interponerse la acción. La teoría de estoppel no puede sostenerse en este caso ni de acuerdo con la jurisprudencia americana ni aplicando los principios de nuestro derecho civil. Los términos del contrato son bas-tante claros y no dejan lugar a dudas. La parte demandada sabía que tenía el deber de satisfacer la contribución y así. lo hizo en los años de 1939 y 1923. No puede llamarse a engaño ni decir que la demandante la indujo a creer que la contribución no había aumentado, cuando tan fácil le hubiese sido averiguar la verdad, bien obteniendo la información directamente del arrendador o investigando en las oficinas del Tesoro de Puerto Rico; pero aun en la hipótesis de que el demandado abrigase esta creencia, no se ha probado que en virtud de la misma haya realizado acto alguno que pudiese perjudicarle, si se mantiene vivo el derecho de acción, a no ser que se considere perjudicial a sus-intereses el hecho de no haber pagado durante algunos años el aumento en la con-tribución que se obligó a satisfacer. La pasividad del de-mandado no puede concederle el derecho de interponer con éxito favorable la defensa de estoppel. Supongamos que la contribución en vez de aumentar hubiese disminuido, y quo el Banco demandado hubiese continuado no obstante pagando mensualmente la suma de $275 sin hacer descuento alguno, ¿estaría impedido el Banco de recobrar la contribución indebidamente satisfecha? Indudablemente que no. Pues la misma razón que autoriza al arrendatario .a recobrar lo indebidamente pagado debe autorizar al arrendador para reclamar lo que no le ha sido satisfecho. La corte inferior, resolviendo acertadamente la cuestión planteada, se expresó así:

"En el contrato de arrendamiento el arrendatario convino úni-camente en pagar el aumento de la contribución sin que exista, ni se haya establecido, deber alguno de los arrendadores de notificar previamente los aumentos al arrendatario para éste tener la opor-tunidad de obtener su revisión antes de pagar. La evidencia ha de-mostrado, por las declaraciones de don José León Núñez y Marcos A. Sacarelo, no contradichas, que mientras fué apoderado el Sr. León reclamó los aumentos pagados de las contribuciones, y dicho banco satisfizo, sin objeción alguna, $19.90 en noviembre 1°., 1919, y $281.64 en enero 11, 1923, en cuya última cantidad estaban acumuladas va-rias diferencias hasta diciembre 31, 1922. Y si bien es cierto que el apoderado Enrique Abarca Sanfeliz, que comenzó sus gestiones en 1925, no hizo reclamación alguna al demandado de los sucesivos aumentos pagados de la contribución hasta el 4 de octubre de 1929, no existe impedimento para su cobro, mientras no transcurra el tér-mino de prescripción.”

Arguye la demandada que si los hechos apuntados no son suficientes para sostener la defensa de impedimento {estop-pel), entonces la conducta de la demandante por lo menos justifica la defensa de demora {laches). Entiende la deman-dada que ninguna parte del aumento en las contribuciones puede recobrarse, toda vez que durante años Celestina Abarca abandonó cualquier reclamación sobre las mismas y nunca hizo ningún requerimiento al Banco; que los reque-rimientos hechos y los recibos presentados siempre lo eran por la suma de $275 solamente. No creemos que existiera laches por haber dejado Celestina Abarca de tratar de recobrar este aumento en las contribuciones. El Banco claramente convino en pagarlas y era responsable de ellas. Nuestro Código Civil fija un término para la prescripción de las acciones y a sus disposiciones debemos atenernos para decidir si la demandante fia incurrido o no en demora que le impida ejercitar una causa de acción. Es claro que la demandante no tiene dereefio a recobrar si la causa de acción fia prescrito; pero en caso contrario, el fiecfio de que fiaya dejado transcurrir algún tiempo sin reclamar el cumplimiento de la obligación no impide que acuda a la vía judicial para fiacerla efectiva.

El séptimo error se basa en que la corte se negó a declarar la existencia de un acuerdo tácito entre las partes mediante el cual la renta que conforme al contrato original consistía de la suma de $275 mensuales, más la contribución pagadera por semestres anticipados, fué modificada, cambiada o sustituida por una renta fija de $275 mensuales, pagadera por semestres anticipados, eliminándose el aumento o disminución en las contribuciones. Se añade que la corte erró al no resolver que la demandante, por sus agentes y apoderados, recibió dicfios $275 mensuales satisfechos por semestres anticipados como una satisfacción de dicfio acuerdo.

La parte demandada entiende que se trata en este caso de un convenio que en la nomenclatura legal americana se conoce con el nombre de accord and satisfaction, y nos dice que el mismo principio está sancionado por nuestro Código Civil en su artículo 1063, edición 1930, que dice así:

“El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna res-pecto a los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto a éstos. El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor tampoco hiciere reservas, extinguirá la obligación en cuanto a los plazos anteriores.”

La doctrina de accord and satisfaction, suponiendo que estuviese en vigor en Puerto Rico, no es aplicable a los fiecfios desarrollados en el presente caso. Para que el convenio que se conoce con el nombre de accord cmd satisfaction pueda tener validez, es necesario qne haya mediado cansa. Es preciso también qne el acreedor qne cede sn reclamación en todo o en parte reciba algún beneficio o qne el convenio re-sulte en detrimento del deudor, aunque sea en grado mínimo. No somos refractarios y más bien nos sentimos inclinados a aceptar aquellos principios sanos y justos emanados del derecho común que sean compatibles con nuestro derecho civil y con las leyes aprobadas por nuestra Asamblea Legis-lativa; pero no procederíamos con acierto en estos esfor-zados empeños de enriquecer y acoplar nuestra jurisprudencia sin la preparación que se obtiene por medio del estudio y la investigación. Los abogados que contribuyen con sus luces a la difícil y delicada labor de fijar orientaciones y depurar conceptos y principios que tienen su origen en la fuente de ambos derechos, prestan un servicio de excepcional impor-tancia a los tribunales y al foro en general, porque sus es-tudios e investigaciones, al pasar por el crisol judicial, se traducen en decisiones que establecen la jurisprudencia a seguir. Y no hay labor más noble y elevada que la que realiza la profesión al cooperar con los tribunales en la for-mación y desarrollo de una sana y justa jurisprudencia.

En cuanto al artículo 1063 del Código Civil, citado por la parte demandada, entendemos que tampoco es aplicable. No se trata en este caso del pago de intereses ni puede tampoco aplicarse el principio del recibo del último plazo de un débito. Aunque como resolveremos más adelante las contribuciones en este caso formaban parte de la renta, sin embargo, de los términos del contrato no surge que estas contribuciones debían pagarse simultáneamente con el importe de las mensualidades. El mismo banco satisfizo, en enero de 1923, la suma de $281.64 por concepto de aumento de contribuciones que cubría varios semestres atrasados. La conducta del demandado haciendo estos pagos, demuestra que no se intentó hacer reducciones o aumentos, de acuerdo con las bajas o alzas de la contribución, al tiempo de satisfacerse la mensualidad, porque si así hubiese sido, el primer aumento y los posteriores se habrían pagado simultáneamente con dicha mensualidad. Por estas razones se desestima el error apun-tado.

Los errores octavo y noveno se basan en que la sentencia es contraria a derecho y al peso y preponderancia de la evidencia aportada. No aparece ni se alega que la corte inferior haya apreciado erróneamente la prueba. Los errores que se señalan simplemente levantan cuestiones de derecho que ya hemos resuelto en esta misma opinión.

También la demandante apela y atribuye a la corte el error de haber declarado prescrita la acción para recobrar los aumentos de la contribución, hasta el primer semestre del año 1924-25, aplicando indebidamente el artículo 1866 del Código Civil.

Fué convenido que cualquier aumento que se hiciera en la contribución sobre el inmueble arrendado sería de cuenta del arrendatario y que cualquier reducción que se hiciera en esa contribución beneficiaría a dicho arrendatario. La parte demandante entiende que los términos en que está redactada esta cláusula no autorizan la conclusión de que el aumento de la contribución formara» parte de las rentas. Es posible que esta cláusula, aisladamente considerada, engendre algunas dudas en el ánimo del juzgador sobre el particular mencio-nado ; pero si se tiene en cuenta que mediaron negociaciones preliminares sobre la cuestión debatida, parece razonable la conclusión de la corte inferior en el sentido de que el aumento de la contribución en este caso constituye parte de la renta.

Con anterioridad al otorgamiento del contrato de arren-damiento se cruzaron varias cartas entre el Sr. Alexander McHardy, agente del Bank of Nova Scotia, y José León, apoderado de don Gumersindo Suárez, dueño entonces dei inmueble.

En 14 d.e septiembre de 1918 el Sr. McHardy escribe al Sr-. León, expresándole las condiciones que de acuerdo- con la conversación por ambos sostenida debía, contener el con-trato de arrendamiento sobre la casa. En 16 de septiembre de 1918 el Sr. León envió sn contestación al Sr. McHardy, diciéndole qíie le parecían satisfactorios los términos indi-cados en sn carta, con algunas ligeras modificaciones. Entre estas modificaciones figura la siguiente: “La renta será aumentada o disminuida de acuerdo con los impuestos que se le agreguen o resten a la propiedad en el futuro, sobre los que boy tiene.” Contestó el Sr. McHardy que no estaba conforme con dos de las condiciones especificadas por el Sr. León en su carta, a saber: la de que la renta fuese pagada por semestres y no por meses, y la de que la renta sería aumentada o dismi-nuida de acuerdo con los impuestos que se le agregasen o res-tasen a la propiedad en el futuro. El Sr. León estuvo con-forme con que la renta se pagase mensualmente en vez de. semestralmente, pero insistió en la condición de que la renta, fuese aumentada o disminuida de acuerdo con las alzas y bajas de las contribuciones. Así lo expresa el Sr. León en las pala-bras que copiamos de su carta dirigida al Sr. McHardy en. 17 de septiembre de 1918: “Now, regarding tbe raising or reducing the rent, according to the increase or reduction that taxes levied on this building may have in future, this I believe is an equitable proposition, as we remain both in the same position, as the case may be. I trust you will reconsider this point and will accept it.”

Aquí termina la correspondencia cruzada entre las partes sobre el asunto de la contribución. Esta última carta del Sr. León no fue contestada por el banco; pero un mes más tarde se llevó a cabo el contrato de arrendamiento donde se incor-pora la condición sugerida y sostenida por el apoderado del Sr. Suárez. No hay razón para suponer que la proposición del Sr. León fuese rechazada en cuanto al aumento o dismi-nución de la renta de acuerdo con las alzas y bajas de la contribución. En cambio sí la hay para sostener que fué aceptada por el Banco demandado en toda su integridad. La proposición original y la cláusula adoptada realizan el mismo propósito y aclaran y ponen de manifiesto la intención de las partes sobre el particular. Otro elemento a considerar en relación eon la intención de las partes es que, según se infiere del contrato, el arrendatario tendría que entenderse con el arrendador y no con el Tesorero bien para recibir el beneficio de la redncción de la contribneión o para satisfacer el aumento de la misma, según el caso. Y que así lo enten-dieron las partes lo demuestra que los aumentos que sufrió la contribución en los primeros años transcurridos después, de celebrado el contrato fueron pagados por el arrendatario al arrendador.

La defensa de prescripción se basa en el artículo 1866 del Código Civil, edición 1930, que en su parte pertinente dice así:

"Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
"La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.”

La corte inferior resolvió que el aumento en las contri-buciones formaba parte del canon de arrendamiento, y de acuerdo con el inciso segundo del artículo citado, declaró prescrita la causa de acción sobre una parte de las contri-buciones. Consecuentes con el criterio que acabamos de ex-poner, opinamos que la corte inferior no cometió error alguno :al declarar prescrito en parte el aumento en las contribuciones después de haber transcurrido cinco años desde que surgió la obligación de satisfacerlas.

El segundo y último error atribuido a la corte inferior por la parte demandante se relaciona con los intereses. ■Entiende la demandante que la corte erró al no conceder estos intereses, a razón del 6 por ciento anual desde octubre •22 de 1929. En realidad los intereses debían concederse desde el 4 de octubre del año indicado, en que se reclamó extrajudicialmente el pago del aumento en las contribuciones; ■pero como la demandante en su demanda y señalamiento de errores reclama intereses desde el 22 de octubre del referido año de 1929, debe modificarse la sentencia apelada de acuerdo con lo solicitado, para no conceder a la parte demandante más de lo qne pide.

En cnanto al pronunciamiento sobre costas,, entendemos qne no ban debido imponerse al banco demandado, dadas las circunstancias qne ban mediado en este caso.

La sentencia apelada debe confirmarse, con la modifica-ción de condenar al demandado a satisfacer el interés del G por ciento anual desde el día 22 de octubre de 1929 y de no hacer especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió, haciendo constar qne no está conforme con la opinión de la corte en cnanto a los tres primeros errores atribuidos a la corte inferior, pero que, de no existir estos errores, estaría conforme con los demás extremos de la opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

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    Celestina Abarca Sanfeliz Vda. de Gumersindo Suárez, demandante, apelante y apelada, v. Bank of Nova Scotia, demandado, apelado y apelante.
    No. 5849.

    Sometido: Diciembre 23, 1932.

      Resuelto: Junio 19, 1934.

      F. Solo Gras y B. Días Collazo, abogados de la apelante apelada; J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados de! apelado apelante.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Abarca Sanfeliz, en su carácter de apoderado de Celestina Abarca Sanfeliz, inició nna acción en cobro de dinero contra el demandado Bank of Nova Scotia. Se alegóen la demanda qne doña Celestina Abarca Sanfeliz, vinda de Gumersindo Suárez, es dueña de nna casa qne ella y sn esposo dieron en arrendamiento al Bank of Nova Scotia en 22 de octubre de 1918 por nn término de seis años, con opción a prorrogarlo por cinco años más, y por nn canon mensual de $275, pagadero por semestres anticipados; qne vencido el término original de seis años el demandado utilizó la opción a prorrogarlo por cinco años* y qne el término adicional expiró en 22 de octubre de 1929; qne a pesar de haber ex-pirado el referido contrato el demandado ha quedado en posesión y disfrute de la casa y adeuda por tal concepto las mensualidades correspondientes a los meses vencidos en 22' de noviembre y diciembre de 1929, a razón de $275 mensuales;. que el demandado ha sido requerido para que satisfaga el importe de dichas mensualidades, ascendente a la suma de. $550, y que han. resultado infructuosas todas las gestiones practicadas por la demandante para obtener que el deman-dado satisfaga la suma que por concepto de arrendamiento adeuda, no habiendo pagado ni en todo ni en parte la' ameri-tada cantidad de $550, la cual adeuda en su totalidad.

En mérito de lo expuesto la parte demandante solicita que se declare con lugar la demanda y “se condene al deman-dado a pagar a la demandante la cantidad de $550, los inte-reses legales de dicha suma desde que se incurrió en la deuda hasta su total pago, más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de los abogados de la parte demandante.”

El demandado admite en su contestación el otorgamiento del contrato de arrendamiento, niega las demás alegaciones de la demanda, y establece como defensa especial que en el supuesto de que el demandado hubiera quedado en posesión de la casa con posterioridad a la terminación del contrato o en el supuesto de que la demandante no hubiera entrado en posesión de la finca al vencimiento de dicho contrato, la responsabilidad recae exclusivamente sobre la propia deman-dante, sus agentes y apoderados, no habiendo el demandado ni por sí ni por medio de persona alguna a su nombre dis-frutado de la posesión de la finca con posterioridad a la ex-piración del arrendamiento. La corte inferior dictó sentencia condenando al demandado a satisfacer a la demandante la suma de $550 reclamada en la demanda, e intereses desde que se inició la acción, sin especial condenación de costas. De esta sentencia apelaron ambas partes.

Los tres primeros errores atribuidos por el de-mandante a la corte inferior se basan en los mismos hechos y son idénticos a los errores 2, 3 y 4 formulados en el caso que precede a esta opinión, seguido entre las mismas partes, los cuales desestimó esta corte por los fundamentos que allí se expresan.

Se alega que la corte inferior erró al no resolver que la demandada no estaba disfrutando de la posesión del inmueble arrendado durante los meses de noviembre y diciembre de 1929, y que la causa de que la demandante no entrara en posesión de diclio inmueble al vencer el arrendamiento fué la propia culpa y temeridad de dicba demandante, sus agentes y apoderados. Se alega además que la sentencia apelada es contraria a derecho y ai peso y preponderancia de la prueba. Entiende el demandado apelante que la demanda en este caso fué redactada sobre la base de una tácita reconducción del contrato de arrendamiento de acuerdo con el artículo 1456 del Código Civil, edición 1930, que dice así:

“Si al terminar el contrato permanece el arrendatario disfru-tando quince días de la cosa arrendada con acquiescencía del arren-dador, se entiende que hay tácita reconducción por el mismo tiempo que establecen los artículos 1467 y 1471, a menos que haya precedido requerimiento. ’ ’

Ambas partes están de acuerdo en que no ha habido tácita reconducción. El demandado, sin embargo, arguye que la demandante estaba limitada a probar la existencia de un segundo arrendamiento por tácita reconducción, y que su propia evidencia se encargó de negar la existencia de tal causa de acción. La demandante sostiene que la acción no se basa en la tácita reconducción, puesto que no fué con su consentimiento sino contra su propia voluntad que el arren-datario permaneció en posesión del edificio. Es un hecho probado y aceptado por ambas partes que la demandante, por conducto de su apoderado, comunicó a la demandada, en 18 de octubre de 1929, que el contrato vencía el 22 de dicho mes, y la requirió para que le entregara las llaves de la casa el día 23, restableciéndola a las mismas condiciones en que se encontraba al firmar el referido contrato. La demandante sostiene en su alegato que su acción se basa en la obligación contractual asumida por el arrendatario en el contrato de arrendamiento y ios preceptos de ley supletorios a dicho contrato.

Arguye el demandado que el remedio solicitado por la demandante sería procedente en caso de existir una tácita reconducción, pero que como no se ha probado su existencia, la demandante debió recurrir a la correspondiente acción reclamando daños y perjuicios por la detentación o disfrute de la posesión de la casa después de vencido el arrendamiento. La demanda, en este último caso, a juicio de la demandada, debió participar de la índole de una acción en assumpsit por el uso y ocupación de la finca. Se arguye que ambos remedios son antagónicos, porque el primero se basa en la afirmación o existencia de un contrato de arrendamiento por tácita re- . conducción y el segundo en la negación o inexistencia de tal contrato. Antes de resolver esta cuestión vamos a permi-tirnos copiar los becbos que ba declarado probados la corte inferior y sobre los cuales no existe discusión entre las partes:

“La evidencia en este caso ba demostrado que durante el término del contrato de arrendamiento y su prórroga, el demandado satisfizo el canon mensual de $275.00 por semestres adelantados, que en 18 de octubre de 1929, o sea cuatro días antes del vencimiento del con-trato, la demandante, por conducto de su apoderado Enrique Abarca Sanfeliz, requirió al demandado para que el día 23 de octubre, 1929, le entregara las llaves de la propiedad, desalojados los altos y los bajos, y en las mismas condiciones en que se encontraba cuando se firmó el contrato, por haberse efectuado ciertas alteraciones en el edificio sin la intervención del arrendador, y comunicándole que si al ven-cimiento del contrato no se le entregaba la casa, regirían las mismas condiciones estipuladas, no excediendo el término de 30 días; que el 21 de octubre, 1929, el banco contestó preguntando qué cambios se deseaban hacer al edificio, y en qué condiciones estaba al firmarse el contrato; que al vencimiento del contrato la demandante no se hizo cargo del edificio, porque no le fue entregado libre de inquilinos y debidamente preparado, y así continuó durante los dos meses de no-viembre y diciembre, 1929, por cuya renta se reclama, apareciendo de un acta de requerimiento notarial hecha por Ernesto Fernando Schliiter, el 5 de noviembre, 1929, que el edificio le había sido sub-arrendado por el Banco de Nova Scotia a la mercantil Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., a virtud de escritura de 12 de agosto de 1919, .y dicha mercantil cedió el repetido subarriendo a Ernesto Fernando Schliiter el 18 de enero de 1928, que en 23 de octubre de 1929, Ernesto Fernando Schlüter estaba en posesión material del edificio y lo ocupaban los inquilinos María Maldonado en los altos y Manuel García Colón y Antonio Rosa con oficinas en los bajos, según consta de dicha acta que se notificó el 5 de noviembre, 1929, a R. M. Duff, como representante del demandado, quien se negó a aceptar las lla-ves de Ernesto Fernando Schlüter, por no estar completas, ni desalo-jado totalmente el edificio, y rechazó la tácita reconducción del con-trato de arrendamiento de 22 de octubre, 1918, que expiró el 22 de octubre, 1929, habiendo además el Sr. Enrique Abarca Sanfeliz re-husado también recibir las llaves en esas condiciones; que en 29 de noviembre, 1929, la demandante dirigió Una carta al demandado, re-clamándole, entre otras sumas, $275 00 de un mes vencido de alquiler y en 21 de diciembre, 1929, le dirigió una comunicación cobrándole la cantidad de $275.00, de la renta de noviembre 22 a diciembre 22, 1929; y que por el Ingeniero Egozcue se hizo un presupuesto de las reparaciones que había necesidad de efectuar en el edificio, montantes a $1,940.00.”

Ciertamente la demandante se limita a reclamar la snma de $550, importe de dos mensualidades que por concepto de arrendamiento - adenda la demandada a la demandante a partir de la fecha en que venció el contrato; pero es nuestro criterio que aunque no exista la tácita reconducción, de acuerdo con las alegaciones de la demanda la demandante está en condiciones de obtener el cobro de los $550 que re-clama como importe de las rentas de la casa por los dos meses siguientes a la terminación de dicho contrato.

En la carta que Enrique Abarca, apoderado de la deman-dante, dirigió a la demandada en 18 de octubre de 1929, re-quiriéndola para que le entregase las llaves de la casa, desa-lojados los altos y los bajos, aparece el siguiente párrafo:

“Estimaré que procedan a la rehabilitación del edificio a la mayor brevedad posible con el objeto de evitar demora en la en-trega, entendiéndose desde luego que, a partir del vencimiento del contrato, no excediendo el término de 30 días, regirán las mismas condiciones de arrendamiento estipuladas en dicho contrato.”

Aquí la demandante fija las mismas condiciones estable-cidas en el contrato de arrendamiento para en caso de que la demandada retuviese la casa por un período no mayor de treinta días. En otra carta que con fecha 21 de diciembre de 1929 dirige el Sr. Abarca a la demandada, le dice que el día 22 del mismo mes, o sea al día siguiente, se cumplen dos meses de vencido el contrato de arrendamiento y le carga la renta vencida a razón de $275. En enero 18 de 1930 el Sr. Abarca escribe nuevamente a la demandada confirmando sus cartas anteriores, en las que le pedía le enviase las rentas vencidas de acuerdo con las bases del contrato, y los intereses correspondientes.

Nótese que la demandante insiste en que el contrato ha vencido y reclama al mismo tiempo la renta, tomando como base para determinar su cuantía el canon mensual fijado en el mismo contrato de arrendamiento que considera vencido. Aun cuando el arrendador no está obligado, una vez expirado el contrato, a reclamar las rentas originalmente convenidas, puede, a nuestro juicio, continuar reclamándolas, cuando el arrendatario permanece disfrutando de la cosa arrendada y deja de restituirla a su debido tiempo en la misma forma en que la recibió. En este caso la demandante se limita a re-clamar como compensación la cuota mensual acordada en el contrato, que según la prueba es inferior a la suma de $305, importe de la renta que producía la casa después de resti-tuida a su dueño, y en los momentos de celebrarse el juicio. El Sr. Abarca estimó el valor de esas rentas en $325 al ex-pirar el contrato, porque las condiciones comerciales estaban mucho mejor en dicha fecha que cuando se terminó la casa para ponerla en alquiler. Sin embargo, la demanda única-mente pide que se condene a la demandada al pago de la cantidad de $550, que es el importe de las dos mensualidades vencidas hasta el instante en que la finca fue restituida a la demandante. La corte inferior con muy buen acierto con-cedió esa suma, que es la única compensación que se solicita en una alegación que debe prevalecer.

Se ha sostenido por algunos tribunales que el valor razo-nable de las rentas puede fijarse a un tipo diferente del con-venido en el contrato original de arrendamiento. También hay casos en que los daños fueron fijados de acuerdo con la renta estipulada. Glover v, Fidelity & D. Co., 75 Wash. 606, 135 Pac. 486; O’Connell v. Arai, 63 Wash. 280, 115 Pac. 95; Wilson v. Barnes, 234 Pac. 1029. Cualquiera que sea el cri-terio de los tribunales sobre este particular, no hay duda al-guna de que aún en los casos en que se reclaman daños y perjuicios la renta originalmente convenida puede ser un ele-mento a considerar para fijar la cuantía de esos daños.

En nuestro sentir la demandante tiene derecho a obtener el cobro de las mensualidades vencidas después de expirado el contrato de acuerdo con las alegaciones de la demanda y la prueba practicada. El arrendador puede considerar al arrendatario como un intruso, cuando no ha sido restituido en la posesión después de expirado el contrato, y reclamarle daños y perjuicios, o puede exigirle el pago de la renta de acuerdo con los términos del contrato original, por el tiempo que ha permanecido reteniendo la posesión. En realidad no parece desacertado sostener que el arrendatario que directamente o a través de la persona a quien ha subarrendado la finca, deja de restituirla a su debido tiempo en la forma en que la recibió, se obliga tácitamente a continuar pagando las rentas originalmente convenidas hasta el momento de la restitución, si el arrendador tiene a bien exigir esta respon-sabilidad.

En el presente caso, ateniéndonos a las alegaciones de la demanda, es evidente que el arrendador establece su reclama-ción, teniendo en cuenta lo convenido con el arrendatario en el contrato original. Dentro del círculo de sus alegaciones la demandante tiene derecho a obtener un fallo en su favor. Esta es la conclusión a que hemos llegado luego de haber estudiado las disposiciones de nuestro Código Civil relacio-nadas con el contrato de arrendamiento. Este criterio está en armonía con el sustentado por algunas autoridades ame-ricanas. Se ha sostenido que a menos que el arrendador haya sido restituido en la posesión completa de la cosa arren-dada, el arrendatario continuará siendo responsable por el importe de la renta, aunque se le haya hecho imposible la restitución a consecuencia de la obstinación o mala conducta de una persona a quien haya subarrendado la cosa en todo o en parte. También se ha sostenido que es deber del arren-datario que subarrienda procurar durante el término de su arrendamiento que el subarrendatario entregue la posesión, y que la permanencia (holding over) de éste en la finca se considera también la permanencia del arrendatario o sub-arrendador, quien continúa sujeto a las mismas responsabi-lidades. 36 Corpus Juris 61.

El caso de Campau v. Michell, 61 N. W. 890, resuelto por la Corte Suprema de Michigan, tiene mucho parecido al que en estos momentos nos ocupa. Este es un caso en que se arrendaron dos casas jjara tienda al demandado Carl N. Michell. Este subarrendó la casa No. 34 a un individuo de apellido Schmidt. En 16 de marzo de 1892, el arrendador demandante, Alexander M. Campau, escribió al arrendatario recordándole que el contrato expiraba en 30 de abril de 1892 y que si quería continuar con la casa No. 34 debía pagar $1,400 al año. Volvió a escribirle en 6 de abril del mismo año, asumiendo que lo hacía a su ruego, diciéndole que la casa no se arrendaría por un término menor de un año y que si al expirar el contrato continuaba en posesión de la misma entendería que él aceptaba arrendarla de acuerdo con los términos mencionados en su carta anterior. Contestó el arrendatario negando haber hecho ruego alguno con respecto a la casa y haciendo constar que no la deseaba después de expirado el contrato. Ya para esta fecha el arrendatario había escrito al subarrendatario Schmidt, notificándole la fecha en que expiraba el contrato y diciéndole que si quería permanecer en la casa debía entenderse con su dueño Sr. Campau. Cuando Schmidt se disponía a desocupar la finca se personó en su casa un agente del arrendador, quien le dijo que la finca había sido arrendada nuevamente a Michell. Creyéndolo así Schmidt demoró algunos días la desocupación de la misma. El arrendador demandó pago de la renta por el mes de mayo y el arrendatario, que no sabía que Schmidt continuara en la finca, lo vio inmediatamente para informarle de la situación. Schmidt envió, en 9 de mayo, las llaves de la casa a Campan, quien las devolvió al arrendatario, infor-mándole que no podía aceptarlas. Se negó éste a recibirlas, pero el demandante las arrojó en una caja del arrendatario y las dejó allí. En 11 de julio, Campan, por conducto de su abogado, escribió a Miehell .diciéndole que consideraba que la casa continuaba arrendada y que en caso de que tomara posesión de la misma como dueño, le acreditaría lo que pro-dujera a su crédito. Le decía además que si resultaba de su agrado le entregara das llaves a su mandatario y que ellos harían todo lo que pudieran con la casa sobre estas bases. Contestó Miehell que no era responsable por las rentas y que la entrega de las llaves bajo estas circunstancias no debía entenderse como que él asentía a lo manifestado en la carta dirigida a él por el Sr. Campan. La corte inferior dictó sentencia condenando a Miehell a satisfacer el importe de la renta de una mensualidad 'a razón de $1,400 por año con in-tereses. La Corte Suprema de Michigan, confirmando la sen-tencia apelada por el demandante, se expresó así:

“De acuerdo con estos hechos se dictó sentencia por el importe de la renta de la casa durante el mes de mayo a razón de $1,400 anuales con intereses. Se alega como único error que los hechos declarados probados no sostienen la sentencia. El demandante in-siste en que la sentencia ha debido cubrir dos meses de la renta ven-cida. De acuerdo con los términos del viejo arrendamiento, la renta debía pagarse mensualmente por adelantado, y conforme • a los tér-minos de la carta del demandante fechada en marzo 16 de 1892, la renta debía pagarse en la misma forma a razón de $1,400 por año. La retención (holding over) fué por menos de un mes y es evidente que el demandado no tuvo la intención de retener la casa y crear un nuevo término después de expirado el contrato. La corte inferior sostuvo que la retención por parte del arrendatario no tuvo el propósito de crear un nuevo arrendamiento después de mayo 1, 1892. El abogado del demandante en su alegato establece la regla familiar de que cuando un arrendatario acepta, un contrato verbal por un año, y retiene la cosa, y cuando un arrendatario bajo un arrenda-miento válido por años retiene la cosa, la ley supone un contrato de su parte para renovar el arrendamiento en los mismos términos por un nuevo año; pero que el arrendador puede tratar al arren-datario como un intruso o como reteniendo la posesión de acuerdo con los términos del contrato original. Y el abogado insiste en que este caso cae dentro de la regla así establecida, ya sea intencional o involuntaria la retención de la propiedad; y dice que si el. arrenda-tario mismo hubiese estado en la posesión material y retenido la pro-piedad por el período de tiempo que la retuvo el subarredatario, no surgiría duda alguna acerca de que estaría obligado a continuar el contrato por un nuevo año. Alega también que el hecho de que las premisas fuesen ocupadas por un subarrendatario no establece diferencia a la regla, toda vez que era el deber del arrendatario hacer desocupar al subarrendatario dentro del tiempo fijado en el contrato original. Taylor, en su obra sobre ‘Landlord and Tenant’ (sección 524 establece la regla así: ‘ Cuando el arrendatario ha subarrendado en todo o en parte las premisas a una tercera persona, que está en pose-sión al terminar el contrato, tiene el deber de hacerla desocupar, por-que de otro modo no estaría en condiciones de restituir por completo la posesión a que tiene derecho el arrendador; y a menos que la po-sesión sea íntegramente restituida, la responsabilidad del arrenda-tario por la renta continuará, aunque le haya sido imposible la res-titución a consecuencia de la obstinación o mala voluntad de un sub-arrendatario a quien ha arrendado una parte o la totalidad de las premisas y quien se niega a abandonarlas; porque en tal caso el arrendador puede negarse a aceptar la posesión y exigir responsabi-lidad al arrendatario original.’ ”

Después de copiadas estas palabras de Taylor, la Corte de Michigan dice que indudablemente ésta es la regla firmemente establecida, citando los casos de Brewer v. Knapp, 1 Pick. 332; Dimock v. Van Bergen, 12 Allen 551; Lubetkin v. Brewing Co. (Dist. Ct.) 4 N. Y. Supp. 195.

En el caso de autos Enrique Abarca, en representación de la demandante, se negó a aceptar las llaves de la casa, porque no se le entregaba libre de inquilinos y por alegar que eran necesarias ciertas reparaciones. La parte demandada no podía ciertamente obligarlo a tomar posesión sin cumplir con las obligaciones contraídas.

Para nosotros es claro que el arrendatario tiene el deber de entregar la cosa arrendada al arrendador, aunque la misma haya sido subarrendada y se encuentre en la posesión material del subarrendatario.

De acuerdo con el artículo 1440 del Código Civil, cuando en el contrato de arriendo de cosas no se prohíbe expresamente, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cumpli-miento del contrato para con el arrendador. Este artículo, lejos de relevar, ratifica la obligación del arrendatario de cumplir lo convenido en el contrato, y como una de las res-ponsabilidades anejas al cumplimiento del mismo es la devo-lución de la cosa arrendada al concluir el arriendo, tal como la recibió, el banco demandado no puede exonerarse de la responsabilidad contraída bajo el pretexto de que la finca está en la posesión material de un subarrendatario.

Comentando el artículo 1550 del Código Civil Español, equivalente al 1440 de nuestro código, dice el comentarista Sr. Manresa:

1 ‘ El contrato de subarriendo ha pasado entre el subarrendador y el subarrendatario; a ellos se refieren los derechos y obligaciones que crea; el arrendador no ha intervenido en él para nada.
“De aquí se deduce que el subarriendo no innova las relaciones existentes entre el arrendador y el arrendatario convertido en sub-arrendador, porque esas relaciones, como ya hemos dicho, proceden del nexo distinto. Esto, que se deriva del rigor de los principios, ha sido reconocido por el Código en el artículo 1550, en el cual, al propio tiempo que permite al arrendatario subarrendar si no se le ha prohi-bido expresamente, declara que'tal facultad se entiende sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del contrato con el arrendador.
“De suerte que el primitivo arrendamiento subsiste íntegramente. El arrendatario deberá seguir cumpliendo sus obligaciones, y podrá, de igual modo, exigir sus derechos. Lo único que ocurrirá será que tal vez esas obligaciones no sean llevadas a cabo por el mismo arren-datario, sino que las hará cumplir al subarrendatario, y los derechos que del arrendador demande, los demandará para él poder satisfacer al subarrendatario lo que por razón del subarriendo le debe.”

La demandante no estaba obligada a aceptar la finca mientras no se le entregara libre de inquilinos y en el mismo» estado en qne se encontraba al tiempo de consumarse el con-trato.

En cnanto a las reparaciones, la demandada alega qne no sabía cuál era el estado de la casa al tiempo de ser entregada cuando se firmó el contrato, ni las pérdidas o deterioros qne hubiese sufrido, ni los cambios qne hubiera que hacerle. Es de suponerse qne la demandada, al hacerse cargo de la finca, tuvo conocimiento del estado en que se encontraba. Sin embargo, hemos de reconocer que la memoria no siempre conserva el recuerdo de las cosas en detalle y que es quizás más fácil al propietario que al arrendatario recordar el estado de la finca. Por esta razón no excusamos el silencio del Sr. Abarca al ser invitado por el banco para señalar las repara-ciones que debían hacerse en la casa de su mandante.

La parte demandante en su recurso de apelación alega que la corte inferior cometió error al dictar sentencia sin especial condenación de costas. Entendemos que la apelante tiene razón. El Banco demandado no debió negarse a satisfacer el importe de las dos mensualidades vencidas, después de haber expirado el contrato de arrendamiento. Su negativa a pagar es un caso claro de temeridad que justifica la imposición de costas.

También alega la demandante qne la corte inferior erró al desestimar su petición de que se triplicaran los daños. Y nos preguntamos nosotros ¿dónde está esta alegación? ¿En qué parte de la demanda aparece la demandante reclamando que se dicte una sentencia por el triple del importe de esos daños? La Sra. Abarca no puede salvar el límite que se ha ■trazado en sus propias alegaciones para solicitar que se le dicte una sentencia por una cantidad mayor a la que pide. Claramente se dice en la demanda que únicamente se reclama la cantidad de $550, importe de las dos mensualidades, y la súplica de la demanda, de acuerdo con las alegaciones, pide que se dicte sentencia condenando al demandado a satisfacer esta cantidad. Esta es la única compensación que se pido y la única que nosotros podemos conceder.

Opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada, con la modificación de condenar en costas a la parte demandada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió, haciendo constar qne no está conforme con la opinión de la corte en cnanto a los dos primeros errores atribuidos a la corte inferior, pero qne, de no existir estos errores, estaría conforme con los demás extremos de la opinión.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Jesús Trujillo Lange y su esposa Antonia Lange Aviles, demandantes y apelantes, v. José López Fernández, demandado y apelado.
    No. 6706.

    Sometido: Junio 4, 1934.

      Resuelto: Junio 19, 1934.

      J. Sabater, abogado de los apelantes; J. Alemañy, abogado del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita en este caso la desestimación de nn recurso de apelación establecido por los demandantes contra nna reso-lución aprobando nn memorándum de costas, dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez. Se alega qne los autos no tienen los documentos requeridos por la ley, y qne la apela-ción interpuesta es frívola y sólo persigne el objeto de de-morar, entorpecer y retardar la ejecución del memorándum de costas.

Entiende la parte apelada que la exposición del caso, que forma parte de la transcripción de los autos en esta apelación, es nula e inexistente porque fue radicada mediante una orden dictada sin jurisdicción. La corte inferior, a juicio del demandado apelado, carecía de autoridad para fijar por su cuenta un término distinto, descartando y desconociendo el que lia sido establecido por el estatuto.

Se arguye que el aitículo 299 del Código de Enjuicia-miento Civil señala el término de diez días para efectuar la radicación de la exposición una vez archivada la apelación, y que dentro de los diez días siguientes a su archivo o de la prórroga que en su caso se conceda por la corte, la parte apelante puede presentar, mediante una entrega de una copia al demandado, un pliego en el que hará constar las excep-ciones tomadas durante el curso de los procedimientos y una exposición del caso. Conviene la parte apelada en que la corte puede prorrogar y ampliar el término legal, en el ejer-cicio de la facultad concedida por los artículos 299 y 353 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero alega que los apelantes en su moción no solicitan prórroga alguna, sino la fijación de un término original para perfeccionar la apelación.

En 19 de marzo de 1934, los demandantes apelantes pre-sentaron una moción en la cual alegan, entre otras cosas, que “optan, para perfeccionar su apelación, por una expo-sición del caso en lugar de una transcripción de evidencia, cuya exposición presentarán por medio de su ahogado y la radicarán dentro del término que la ley conceda”, solicitando “un término de veinte días para radicar la mencionada ex-posición del caso.”

La ley concede diez días para presentar la exposición del caso después de radicada la apelación. Los apelantes soli-citan un término de veinte días para radicar dicha exposición. Claramente se ve que están solicitando una ampliación del término concedido por la ley. Es verdad que la ley no concede a las cortes de distrito la facultad de crear términos; pero no es menos cierto que autoriza a esos tribunales para prorrogar y ampliar los términos que han sido expresamente establecidos. No negamos que la moción de los apelantes resulta defectuosa; pero entendemos que la corte inferior procedió con acierto al declararla con lugar, porque de la propia solicitud surge claramente la finalidad que persiguen los apelantes, que no es otra que conseguir una prórroga del término establecido por la ley para radicar la exposición del caso.

Se alega, además, que el artículo 353 del Código de En-juiciamiento Civil dispone que el tiempo concedido para preparar y radicar una exposición del caso podrá ampliarse por la corte si se alegare y demostrare una justa causa y que en la moción de los apelantes no se expone causa alguna que pueda servir de base al ejercicio de la discreción judicial. Este mismo artículo, en inglés, dispone que el tiempo permi-tido por el código puede ser extendido “upon good cause shown”, es decir, previa demostración de causa. Desde el momento en que la corte inferior concedió la prórroga solici-tada, hemos de asumir, en ausencia de prueba en contrario, que hubo causa justificada para el ejercicio de la discreción judicial. En todo caso, aunque se haya incurrido en alguna irregularidad, no basta a. nuestro juicio para producir la desestimación del recurso interpuesto.

En cuanto a la frivolidad de la apelación alegada por el apelado, no nos sentimos inclinados, después de estudiados los autos, a desestimar el recurso por esta razón.

No ha lugar a la desestimación solicitada.


author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR, WOLF

text:
    Judith B. Nieva & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Hon. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, et als., demandados y apelantes.
    No. 6052

       Véase la opinión de la mayoría en la página 158.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR, WOLF

A mi juicio, la solución del problema no depende del hecho de que la constitución de California usara la palabra “em-pleados” y la corte resolviera que la constitución se refería a empleados inmediatos. Subsistiría el hecho de que los obre-ros de un subcontratista no son en forma alguna empleados del contratista principal. Éste no tenía nexo o relación con los obreros empleados por el subcontratista. Si retrocedemos al derecho común veremos que el empleado de un subcontra-tista que recibía una lesión debido a la negligencia del contra-tista principal tenía una causa de acción contra éste; y la doc-trina de asunción de riesgo no podía ser invocada en su contra. La teoría moderna es exigir, mediante leyes adecuadas de indemnizaciones a obreros, que el patrono proteja las vidas y la salud de sus empleados: Un contratista principal, sin embargo, no tiene control sobre los empleados de un subcon-tratista, y no puede regular sus horas o modo de trabajar, ni, en general, la seguridad de ellos. Lo que las leyes de in-demnizaciones a obreros han hecho es crear otra clase de obli-gaciones en el patrono. Empero, la idea de los estatutos no es convertir al patrono en asegurador de alguien que está bajo el dominio de otra persona. Las palabras deben ser interpretadas en su sentido ordinario y cuando el congreso se refirió a “empleados” debió haber querido significar la relación que de ordinario existe entre patrono y empleado y no una relación artificial en que están envueltos los empleados de un tercero, aun si éste es un subcontratista. Si el congreso, de conformidad con su poder de policía, pudiese fiacer esta supuesta inclusión, lo hubiera hecho usando términos expresos.

JEstoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Al-drey se une a mí en este disentimiento.


text:
    No. 288.
    Font, peticionario, v. Gore, etc., dmdos.
    Jurisdicción Original.
    Marzo 21, 1934.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida boy en el recurso de mandamus No. 287, Antonio Romero Moreno, peticionario, v. Robert H. Gore y Eugenio D. Delgado, demandados, se ordena que el presente pleito, en cuanto el mismo interesa la reposición del peticionario, con-tinúe y siga tramitándose contra Miguel A. Muñoz, Presidente de la Comisión de Servicio Público, y contra Blanton Winsbip, Gober-nador de Puerto Eico.


text:
    No. 5954.
    Salim, etc., apltes., v. Hernaiz Targa & Co., Sucrs., S. en C., et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Marzo 23, 1934.
   Por los fundamentos consignados en la opinión rendida boy en el recurso 5953, Manuel Miguel v. Hernaiz Torga & Co., Sucrs., y otros, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en diciembre 5, 1931, así como la resolución de noviembre 24, 1931, que declaró con lugar la excepción previa, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos.

         El Juez Asociado Señor Wolf está, conforme con el resultado.


text:
    No. 5952.
    Miguel, aplte., v. Alvarez, et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Marzo 23, 1934.
   Por los fundamentos consignados en la opinión rendida boy en el recurso 5953, Manuel Miguel v. Hernaiz Torga & Co., Sucrs., y otros, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en diciembe 5, 1931, así como la resolución de noviembre 12, 1931, que declaró con lugar la. excepción previa, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos.


text:
    No. 288.
    Font Jiménez, peticionario, v. Gore, etc., dmdos.
    Jurisdicción original.
    Marzo 29, 1934.
   Por las razones expuestas en la opinión emitida boy en el caso No. 287, Antonio Romero Moreno, peticionario, v. Robert H. Gore, Eugenio D. Delgado, Blanton Winship y Miguel A. Muñoz, demon- ciados, se declara con lugar la petición de mandamus. Y a los efec-tos de la reposición, espida el Secretarip de este Tribunal mandamiento perentorio dirigido a los demandados Blanton "Winship, Gobernador de Puerto Rico, y Miguel A. Muñoz, Presidente de la Comisión de Servicio Público, para que repongan al peticionario en la posesión, goce y desempeño legal del cargo de ingeniero electricista de dicba comisión, con todos los derechos, deberes, atribuciones y emolumentos inherentes al mismo.


text:
    No. 6320.
    Vázquez, apldo., v. Fernández et als., apltes.
    C. D-Arecibo.
    Marzo 29, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Señor Hutchison.)'
   Por CUANTO, los únicos señalamientos de error son:

“1. Al concluir que Engracia Vázquez vivió maritalmente con Tomás Fer-nández Keyes y que de esa unión naciera el demandante el 8 de mayo de 1909.
“2. La corte recurrida cometió grave y manifiesto error al apreciar la evi-dencia deduciendo conclusiones abiertamente contrarias a derecho, infringiendo' el artículo 189 del Código Civil Revisado en 1902 y la jurisprudencia constante que lo interpreta y sostiene.
“3. Al declarar con lugar la demanda y condenar en costas a los deman-dados. ’

Poe Cuanto, la sentencia apelada no se funda en manera alguna en las referidas relaciones maritales entre los padres del demandante, sino en el reconocimiento del hijo natural por su padre, y si el juez sentenciador llegó a la conclusión imputádale, lo que no se desprende de la relación del caso y opinión en conjunto, el error que en todo caso fué más bien que otra cosa un descuido en el uso de palabras, no fué perjudicial a los derechos de los demandados.

Por Cuantío, no existe duda alguna en cuanto a la cuestión de paternidad y carece de importancia, la discrepancia de algunos días entre la certificación de nacimiento y la declaración de la madre en lo que a la fecha exacta de tal nacimiento se refiere.

Por Cuanto, no encontramos error manifiesto en la apreciación de la prueba ni aparece claramente del alegato de los apelantes que el juez de distrito dedujo conclusiones abiertamente contrarias a dere-cho, infringiendo el Artículo 189 del Código Civil, revisado en 1902, y la jurisprudencia constante que lo interpreta y sostiene, como se alega en el segundo señalamiento.

Por Cuantío, el tercer señalamiento en cuanto se refiere a haberse declarado con lugar la demanda, es secuela de los anteriores y no aparece que el juez de distrito haya abusado de su discreción al con-denar en costas a los demandados;

POR TANTO, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en septiembre 23, 1933.


text:
    No. 5923.
    Caballer, aplte., v. Pieraldi Vda. Trautman, aplda.
    —C. D. Ponce.
    Abril 10, 1934.
   Por. CUANTO, los únicos supuestos errores señalados son que:

"1. La corte inferior cometió error al considerar que en. cierta escritura otorgada en 8 de noviembre de 1927, ante el Notario Alberto S. Poventud, se había renunciado el derecho de hogar seguro a que tenia derecho el demandante sobre cierta propiedad.
"2. La sentencia en este caso es contraria a los hechos y a la ley.”

Por Cuanto, el argumento en apoyo del primer señalamiento está basado principalmente en la teoría de una falta de causa (consideration), teoría nueva adoptada por primera vez en el alegato del ape-lante, y distinta de la sostenida por el demandante en la corte de distrito.

Por cuanto, en todo caso hubo una causa (consideration) buena y suficiente, y

Por Cuanto, el segundo señalamiento en cuanto a la cuestión de derecho es secuela del señalamiento primero y en cuanto a la cues-tión de hechos no demuestra la existencia de error manifiesto alguno.

Por tanto, _ se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 2 de febrero de 1931.


text:
    No. 294.
    López, peticionaria, v. González Blanes, Secretario etc., requerido.
    Jurisdicción original.
    Mayo 3, 1934.
   Por cuantío, se alega como razón principal para acudir a esta Corte Suprema en solicitud de mandamus sin haberse dado la opor-tunidad al Tribunal de primera instancia para resolver la cuestión que en el mismo se plantea “que si esta acción se radicara ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan de Puerto Rico, la peticionaria se vería obligada a pagar el impuesto que ahora im-pugna y subsistiría la misma situación de que se querella en este recurso de mandamusy

Por cuantío, toda corte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 No. 5 del Código de Enjuiciamiento Civil, tiene poder para diri-gir en bien de la justicia la conducta de sus funcionarios, y aquí lo que está envuelto es la actuación de un Secretario de una Corte de Distrito sin que conste que se haya acudido a la Corte misma para que revise y revoque o confirme el criterio en que se inspira dicha actuación, procedimiento en el cual no es necesario satisfacer impuesto alguno:

POR TANTO, se declara no haber lugar a expedir el auto de mandamus que se solicita.


text:
    No. 20.
    Flores Colón, querellado.

    Mayo 14, 1934.
   Examinada la petición del querellado presentada por sus aboga-dos Francisco Parra Capó y Benigno Fernández García, los docu-mentos acompañados a la misma, los antecedentes del caso y el dic-tamen favorable del Fiscal de esta Corte Suprema, habiendo trans-currido más de seis años desde su destitución y apareciendo ser la opinión unánime de un considerable número de abogados que ejercen en diferentes distritos de la Isla que el querellado, a virtud de su conducta durante esos seis años, se ha hecho acreedor a que se le admita de nuevo al ejercicio de su profesión, se le admite, debiendo comparecer a prestar juramento en una de las próximas sesiones que celebre el tribunal.


text:
    No. 6316.
    Salom, apltes., v. National Fire Ins. Co., etc., aplda.
    —C. D. San Juan.
    Junio 6, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Poe cuanto, los únicos señalamientos de error son:

‘■‘Primero. Al declarar sin lugar la demanda en cuanto a la primera causa de aeeión:
“(a) Porque los demandantes y apelantes probaron su primera causa de acción; y,
“ (i) Porque la corte no consideró la prueba presentada por los demandantes y apelantes, siendo ésta la causa de la desestimación de la demanda.
“Segundo. La corte erró al declarar sin lugar la segunda causa de acción de la demanda, por las mismas razones y fundamentos de la primera.”

PiOR Cuanto, siendo ésta una acción sobre póliza de seguro, los demandantes no presentaron la prueba de pérdida exigida por una cláusula de la póliza, dentro del tiempo fijado para ello.

Por Cuanto, no encontramos en la prueba ninguna base adecuada para la contención del apelante de que la compañía había renun-ciado el derecho a la presentación de tal prueba de pérdida.

Por Cuanto, la segunda causa de acción por pérdida del uso del automóvil asegurado es secuela de la primera causa de acción, aparte de que existe en la prueba una estipulación relevando a. la compañía de responsabilidad por tal pérdida de uso.

Por Cuanto, en tal virtud úo existe ninguno de los dos errores señalados.

Por tanto, se confirma la. sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en abril 30 de 1932.


text:
    No. 957.
    Pijuán, peticionario v. Corte de Distrito, etc., dmda.
    Jurisdicción original.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   No alegando la acusación que el peticionario sea ún funcionario público municipal, sino un empleado municipal, y no apareciendo de ella cuáles son las funciones de ese empleo, no ha lugar a librar el auto de certiorari que interesa el acusado para que revisemos la re-solución de la corte inferior negándose a declararse sin jurisdicción para conocer de la acusación presentada por el fiscal.


text:
    No. 5281.
    Ex parte Feliciano, peticionario.
    C. D. Arecibo.
    Enero 18, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, el 7 de diciembre de 1933 nos presentó moción el Fiscal solicitando que desestimemos esta apelación por falta de alegato:

. Por cuantío, radicados los autos de esta apelación en 25 de agosto de 1933, el apelante no radicó su alegato dentro del término que tiene para ello ni solicitó prórrogas con tal fin, habiéndolo presentado des-pués de estar notificado de la moción de desestimación, por lo que es procedente la desestimación interesada:

Por cuanto, además, el motivo alegado para esta apelación carece de importancia porque el texto de la sección 61 de la Ley No. 85 de rentas internas de 1925 es claro en el sentido de que la infracción de ella es constitutiva de un delito grave (felony), y no de un delito menos grave (misdemeanor), como sostiene el apelante:

Poe tanto, se desestima la presente apelación.


text:
    No. 6598.
    Muñoz Díaz, aplte., v. Solá., apldo.
    — C. D. Humacao.
    Febrero 19, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Habidas en consideración todas las circunstancias concurrentes, no ha lugar a la desestimación del recurso, concediéndose al apelante un nuevo término que vencerá el 3 de marzo próximo para que el taquígrafo archive la transcripción.


text:
    No. 5466.
    Díaz, et als., apldos., v. Pueblo, opositor y aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 19, 1930.
   Visto el allanamiento de El Pueblo de Puerto Rico, se declara con lugar la anterior moción y en su consecuencia se desestima el re-curso de apelación establecido en este caso por El Pueblo de Puerto Rico contra resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan en el caso arriba titulado el día 12 de agosto de 1933.


text:
    No. 6207.
    Banco Popular, apldo., v. Garófalo, Albanese y Meseguer, apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 26, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Vista la moción del banco y su memorándum para que desestime-mos la presente apelación interpuesta por dos de los tres demandados por no haberle notificado al otro demandado Manuel Meseguer; y apareciendo que los tres demandados fueron condenados mancomu-nada y solidariamente al pago de la cantidad reclamada por lo que Meseguer no resulta ser parte contraria en esta apelación ya que una revocación o modificación de la sentencian no podría perjudi-carle, no ha lugar a desestimar la presente apelación.


text:
    No. 6721.
    Valcourt, aplte., v. Dávila, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 5, 1934.
    (Por la Corte, a. propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede, con la sola asistencia del apelante; examinado el escrito de oposición y la documentación acompañada a la misma, y apareciendo que está pendiente de resolución en la corte de distrito una moción sobre prórroga hasta julio 2 de 1934 para radicar en dicha corte la transcripción de la evidencia, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6381.
    West India Oil Co., aplda., v. Brenes, etc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 5, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Yista la moción que antecede y apareciendo que el apelante ba radicado ya en la secretaría de la corte de distrito una transcripción de la evidencia, la cual está pendiente de resolución por el juez de distrito, no ba lugar por abora a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6263.
    Escudero, aplte., v. Porter, apldo.
    C. D. San Juan.
    Febrero 6, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto', se nos pide que desestimemos este recurso por no cumplir el alegato de la parte apelante con las reglas de este tribunal y por ser frívola la apelación:

PoR cuanto, examinado el alegato se observa que los reparos de la parte apelada tienen algún fundamento pero que el alegato no se aparta tanto de nuestro reglamento, por lo que este tribunal, en uso de su discreción, no se encuentra justificado para desestimar por ese motivo:

PiOR cuanto, en lo que respecta a la cuestión de frivolidad, que no vamos a discutir abora, no encontramos que la apelación esté tan carente de mérito que deba desestimarse por ese fundamento:

Por tanto, no ba lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6560.
    Orcasitas etc., aplte., v. Avarez, apldo. y Roig Commercial Bank, interventor.
    C. D. San Jjian.
    Febrero 9, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   No estando convencidos de que no sea apelable la orden recurrida, se declara, por abora, no haber lugar a la desestimación solicitada, sin perjuicio de que la parte apelada reproduzca su moción al cele-brarse la vista del caso en su fondo.


text:
    No. 6506.
    Delgado Vda. de Heyliger, aplda., v. Miller, aplte.
    C. D. Mayagiiez.
    Febrero 24, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez sociado Sr. Wolf.)
   • Por cuanto, con posterioridad a la radicación de la moción para desestimar, o sea en enero 29, 1934, la parte apelada autorizó conjun-tamente con la apelante la certificación del legajo de sentencia, lo cual implica un abandono tácito de la moción de desestimación;

Pior tanto, archívese dicha moción, y se autoriza la continuación del recurso.


text:
    No. 6626.
    Armour Fertilizer Works, aplda., v. Abella Bastón, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 14, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta, del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Bob cuanto, la parte apelada ba solicitado la desestimación del recurso interpuesto en este caso, alegando que la cuantía envuelta según las alegaciones de la demanda' no alcanza a $300 y que no procede por lo tanto la apelación entablada ante este tribunal;

Poe cuanto, la parte apelante se opone a la desestimación, ale-gando que ha presentado una contrademanda donde reclama de la demandante la cantidad de $500;

PoR cuantío, con excepción de la moción de desestimación y la opo-sición del apelante nada hay en los autos que pueda servirnos de base para apreciar la cuantía de las cuestiones envueltas en este caso;

PoR tanto, debe declararse sin lugar la moción de desestimación.


text:
    No. 6578.
    Antillas Electric Corporation, aplda., v. Mc Leod, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por cuanto, la apelación se interpuso en este caso el 10 de diciembre de 1932 y en septiembre de 1933 venció la última .prórroga que se concediera al taquígrafo para preparar la transcripción de los autos; y

Por cuanto, ninguna otra gestión se ha hecho por la parte ape-lante para perfeccionarla:

Por tanto, se declara con-lugar la moción de la parte apelada vista con la sola asistencia de su bogado el 15 de enero actual y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 6577.
    Boria, aplda., v. Rivera, aplte.
    C. D. Humacao.
    Enero 16, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Pior cuanto, la parte demandada interpuso recurso de apelación en este caso el día primero de mayo de 1933, acogiéndose al procedi-miento de exposición del caso;

Por cuanto, la parte apelante solicitó y obtuvo dos prórrogas para preparar la exposición que había de servir de base al recurso interpuesto, habiendo vencido la última de dichas prórrogas el día 2 de julio de 1933;

Fob cuanto, no aparece de los autos que con posterioridad a dicha fecha se haya solicitado ni concedido ninguna otra prórroga, ni que el demandado apelante haya radicado la exposición del caso correspondiente;

Poe TANTO, se declara con lugar la moción presentada por la parte apelada, y se desestima el recurso interpuesto por la demandada.


text:
    No. 6620.
    Báez, aplte., v. Porras, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 20, 1934.
   Apareciendo ser frívola la apelación interpuesta por Pedro Báez Fernández contra la sentencia que declaró sin lugar su reclamación de hogar seguro porque no adujo en el juicio prueba alguna para justificarla y el demandado presentó una escritura pública en la que el demandante renunció al derecho reclamado, se desestima la apela-ción interpuesta por Pedro Báez Fernández contra la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de Areeibo en 11 de diciembre de 1933.


text:
    No. 6702.
    Campos apldo., v. Sucn. Dávila, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 29, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, el apelado solicita que desestimemos esta apelación por frívola y a tal fin nos presenta' la demanda, la contestación, la sentencia y la opinión en que se funda, sin que haya acompañado con ella la transcripción de evidencia;

Por Cuanto, de la opinión en que la corte inferior basa su sen-tencia aparece que en el juicio de este caso presentaron evidencia ambas partes;

Por cuanto, sin la transcripción de la evidencia no estamos en condiciones de poder determinar si las conclusiones de hecho a que llegó la corte sentenciadora son correctas o no y que por esto la ape-lación es frívola;

Por tanto, visto el caso de De Jesús v. Drug Company of Porto Rico, Inc., 45 D.P.R. 643, no ha lugar a desestimar la presente apelación.


text:
    No. 6684.
    Barreto, apldo., v. Alemañy, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 29, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   No estando debidamente autenticadas las constancias del récord en que se basa la moción de desestimación y aunque lo estuvieran no apareciendo que sea claramente frívolo el recurso por lo menos en lo que se refiere al pronunciamiento de la sentencia apelada relativo a las costas, por el cual se impuso al demandado el pago de ciento cincuenta dólares que se pactó en la escritura de hipoteca, “para gastos, costas y honorarios de abogado, que han convenido expresa-mente los deudores en satisfacerle como indemnización a su acreedor, en oaso de que. se inicie, la ejecución de la hipoteca,” (bastardillas nuestras) cuando el procedimiento seguido no fué un pleito sobre ejecución de hipoteca, se declara sin lugar la moción de desestimación.


text:
    No. 6210.
    Solla, aplte., v. Vda. de Marín, et als., apldos.
    G. D. San Juan.
    Marzo 21, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista 1a. moción que antecede con la sola asistencia de la parte promovente, examinado el escrito de oposición radicado por el ape-lante, y apareciendo que el escrito de apelación no ha sido notificado a doña Petra B. Vda. de Marín, uno de los demandados cuya rebel-día había sido anotada después de citación por edictos, y quien resulta parte interesada en el presente recurso de apelación entablado con el propósito de revocar una sentencia que desestimó la demanda en cuanto a sus codemandados y fiadores, se desestima la apelación in-terpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en octubre 7, 1932.


text:
    No. 6598.
    Muñoz Díaz, aplte., v. Solá Colón, apldo.
    C. D. Hu-macao.
    Abril 4, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   PiOR CUANTO, esta apelación fue interpuesta el 6 de febrero de 1934;

Por CUANTO, en 16 de marzo siguiente nos presentó moción el ape-lado para que desestimemos esa apelación;

Por cuanto, uno de los motivos alegados para la desestimación es que la apelación no fue notificada al abogado del apelado;

Por cuanto, aparece de la transcripción de los autos que ha sido presentada en este caso que la apelación fué notificada por correo a dicho abogado;

Por Cuanto, el otro motivo para la desestimación es que la trans-cripción de los autos no ha sido presentada en este tribunal dentro de los treinta días siguientes a haber sido interpuesta la apelación;

Por CUANTO', si bien es cierto que la transcripción de los autos ha sido radicada en este tribunal dos días después de vencida la pró-rroga que hasta el 21 de marzo le concedió a tal fin la corte inferior, es tan pequeño ese retraso que no desestimaremos la apelación por ese motivo, teniendo en cuenta también la justificación que para el mismo se hace (Cruz Vda. de Iglesias v. Municipio de San Juan, 39 D.P.R. 395) ;

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6586.
    Atiles Moréu, apldo., v. Manescau y Zapata, apltes.
    C. D. Ponce.
    Enero 24, 1934.
    (Por la Corte, a. propuesta del Juez Presidente Sr. del Tofo.)
   Por cuanto, interpuesta apelación en este caso en noviembre 24, 1933, se optó por tramitarla mediante transcripción del taquígrafo; y

Por cuanto, a instancias del taquígrafo la Corte sentenciadora el 5 de diciembre último ordenó al apelante que consignara dentro del plazo de veinte días la suma de doscientos dólares para responder de sus honorarios, sin que la consignación se hiciera, ni se solicitara prórroga alguna para radicar la transcripción;

Por tanto, habiendo vencido con exceso el término dentro del cual debió archivarse el récord en esta Corte Suprema, sin que así se hi-ciera, debe declararse y se declara con lugar la moción de la parte apelada vista el 22 de enero actual y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 6602.
    Mudafor, apldo., v. Pizarro, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 14, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   PoR cuanto, interpuesta apelación contra la sentencia dictada en este caso el 4 de octubre de 1933, la parte apelante fué solicitando prórrogas para preparar la transcripción dejando fenecer la última en 30 de diciembre de 1933 sin que la radicara, motivo por el cual la parte apelada instó la desestimación del recurso por moción que notificó a la parte contraria y cuya vista se celebró el 12 de febrero actual sin asistencia de las partes;

Por tanto, habiendo transcurrido con exceso el término de ley para la radicación de los autos en la Secretaría de esta Corte sin que lo hayan sido, debe desestimarse y se desestima, por abandono, el recurso de apelación interpuesto.


text:
    No. 6276.
    Sotomayor, aplte., v. Corte Municipal, Usera, Juez, apldo. y Bauzá, Interventor y apldo.
    C. D. Ponce.
    Marzo 14, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, radicados en este tribunal el 4 de febrero de 1933 los autos para esta apelación, el recurrente dejó de hacer gestión en ella desde el 14 de mayo de 1933, en cuya fecha venció una prórroga que le habíamos concedido para presentar su alegato;

Por cuanto, en vista de los anteriores hechos ordenamos en fe-brero 9, 1934, lá citación del apelante para que compareciera a mos-trar causa, si alguna tenía, para que no se desestime su apelación y compareció el apelante por escrito solicitando que le permitamos pre-sentar su alegato y le concedamos un término con tal fin;

Por cuanto, las razones que para la anterior petición expone el apelante no son satisfactorias;

Por tanto, no ha lugar a conceder término para la presentación del alegato del apelante y se desestima, por abandono, la apelación que interpuso contra la sentencia de 3 de diciembre de 1932 dictada por la Corte de Distrito de Ponce.


text:
    No. 6350.
    Torres, etc., aplte., v. White Star Bus Line, Inc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Abril 4, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Pob cuanto, la Corte de Distrito de San Juan resolvió este caso por sentencia de abril 1, 1932, y establecida contra ella apelación por la parte demandante que fué la perdidosa se radicó la trans-cripción el 4 de mayo de 1933, y

PoR cuanto, habiéndose dejado de presentar el alegato por la parte apelante, se la citó en febrero nueve último para que expre-sara las razones que tuviera a fin de que el recurso no se desestimara, y habiendo comparecido dicha parte y solicitado un nuevo término para archivar su alegato la Corte le concedió hasta marzo 11, 1934, sin que dentro de dicho nuevo término ni después lo archivara, mo-tivo joor el cual la parte apelada solicita la desestimación del recurso:

PiOR tanto, de acuerdo con los hechos y la ley, se declara con lugar la moción de la parte apelada vista sin asistencia de las partes ■el 2 de abril actual y en su consecuencia se desestima, por abandono, «1 recurso.


text:
    No. 6622.
    Alonso, aplda., v. Martínez Rodríguez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Abril 6, 1934.
    . (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Poe cuanto, la- moción que antecede se funda en la supuesta falta de diligencia del apelante, en la supuesta frivolidad de la apela-ción y en la supuesta falta de jurisdicción de este tribunal;

Por cuanto, el apelante ha radicado ya una transcripción de autos- en la Secretaría de este Tribunal dentro del término fijado en la última prórroga concedida para ello ;

■ Por cuanto, la mera afirmación de que la apelación es frívola y que el apelante no puede señalar motivo de error contra la senten-cia apelada, no basta para demostrar que sea así;

Por cuanto, la alegación de que la sentencia apelada, sin incluir intereses, no excede de la suma de $300, no está sostenida por la copia certificada de la sentencia acompañada a dicha moción, la cual no habla de intereses sino de una suma de $300 de principal y un crédito adicional de $100, sin especificar la naturaleza de dicho ci’é-dito adicional;

Por taNto, no lia lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6663.
    Fajardo Sugar Growers’ Association, aplda., v. Porrata Doria, et als., apltes.
    C. D. Humaeao.
    Abril 10, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Por CUANTO, la sentencia apelada, declarando con lugar la de-manda sobre desahucio en precario, se dictó en 15 de marzo del co-rriente año y fué notificada por correo a los abogados de las deman-dadas-apelantes el día siguiente de su pronunciamiento, habiendo el Secretario de la Corte de Distrito de Humaeao archivado una copia de la notificación de sentencia en los autos del caso el mismo día 16 de marzo de 1934;

Por cuanto, las demandadas-apelantes radicaron el escrito de ape-lación en la. Secretaría de la Corte de Distrito de Humaeao el día 26 de marzo, o sea diez días después de radicada la notificación por el secretario;

Por Cuanto, tampoco se ha consignado la fianza que para apelar en los casos de desahucio en precario determina el artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933;

Por tanto, se declara con lugar la moción de la. parte apelada, y se desestima el recurso de apelación interpuesto por las demandadas.


text:
    No. 6694.
    Flores, aplte., v. Berio, et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Mayo 8, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la sola asistencia del promo-vente, examinado el escrito de oposición; apareciendo que el escrito de apelación fué radicado en la secretaría de la corte de distrito fuera de tiempo y no apareciendo que este tribunal tenga poder para extender el período fijado por la ley dentro del cual se puede apelar de la sentencia dictada por una corte de distrito, se declara con lugar dicha moción y se desestima la apelación de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en marzo 9, 1934.


text:
    No. 6210.
    Solla, aplte., v. Vda. de Marín, et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Abril 27, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede, siendo la presente una acción pu-ramente personal en la que no se han embargado bienes algunos de la demandada, Doña Petra. B. Vda. de Marín; no habiendo la corte de distrito adquirido jurisdicción sobre su persona por el mero hecho de habérsele citado por edictos, sin que exista sentencia alguna en contra de ella, y no habiendo comparecido dicha demandada en forma alguna, ni de otra manera sometido su persona a la jurisdicción de la corte, no resultando ella, por tanto, verdadera parte demandada en el presente litigio, se declara con lugar dicha moción y se deja sin efecto la resolución dictada por esta corte con fecha marzo 21, 1934, quedando así reinstalado el pleito para su debida tramitación, sin perjuicio de que las partes discutan más ampliamente la cuestión de falta de jurisdicción con motivo de la cuantía envuelta al someter el caso en su fondo.


text:
    No. 5318.
    Pueblo, apldo., v. De Jesús, aplte.
    C. D. Ponee.
    Enero 26, 1934.
   Por cuanto, el acusado fué condenado por haber sustraído de la persona de Justo Maldonado una cartera conteniendo más o menos seis dólares;

Por cuanto, en el curso de la apelación en esta corte no se ha presentado la prueba del juicio;

Por cuanto, el escrito presentado por el acusado no cumple con las reglas de este tribunal y no señala ningún defecto en los procedi-mientos de la corte inferior:

PoR TANTO, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en octubre 9, 1933.


text:
    No. 5312.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 30, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   PoR cuaNto, del legajo de la sentencia elevado a esta Corte con motivo de esta apelación, certificado por el Secretario, aparece que el apelante fué acusado por el fiscal del distrito de un delito de vio-lación; que liizo la alegación de no culpable y solicitó juicio por jurado, y que celebrado el juicio el jurado lo declaró culpable y la. corte dictó sentencia condenándolo a sufrir cinco años de presidio; y

Pon cuanto, en el alegato presentado por el propio acusado se sos-tiene que la prueba de cargo fué insuficiente para condenarlo, refi-riendo él mismo en qué consistió la evidencia, pero sin que ésta se baya elevado en alguna de las formas reconocidas por la ley:

PoR tanto, no existiendo base para penetrar en el estudio de la prueba y no apareciendo del legajo de la sentencia que se cometiera error alguno, debe declararse, como se declara, sin lugar el recurso y en su consecuencia confirmarse, como se confirma, la sentencia ape-lada que dictó la Corte de Distrito de Ponce el 25 de septiembre de 1933.


text:
    No. 5162.
    Pueblo, apldo., v. West India Oil Co., etc.., aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 31, 1934.
   Por los fundamentos consignados en la opinión einitida boy en el caso No. 5161, El Pueblo de Puerto Rico v. West India Oil Company, etc., sobre infracción a la sección 14 de la Ley No. 135 de Pesas y Medidas, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce el 24 de marzo, 1933, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 5310.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Ponee.
    Febrero 2, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Por cuanto, Domingo Rodríguez Díaz fué acusado de un delito de robo perpetrado en la persona de Antonio Caraballo, apoderándose por medio de la fuerza y la violencia de una cantidad de dinero;

Por Cuanto, en la vista de la causa, después de practicada la prueba de la acusación, el acusado se declaró culpable y el jurado rindió un veredicto de culpabilidad, ajustándose a la instrucción de la corte;

Por CUANTO, en un escrito dirigido a esta corte a manera de ale-gato, el acusado únicamente alega que se trata de un delito de hurto de menor cuantía y que la corte no tuvo jurisdicción para juzgarlo;

P'OR TANTO, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de Ponce en agosto 30, 1933.


text:
    No. 5208.
    Pueblo, apldo. v. Lawton, aplte. y Ugarte, interventor, apldo.
    C. D. San Juan.
    Febrero 9, 1934.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida hoy en el caso No. 5189, El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, vs. Charles E. Lawton, acusado y apelante, y Juan Comas Vera, taquígrafo repórter de la Corte sentenciadora, interventor y apelado, se confirma la resolución apelada que dictó la Corte de Distinto de San Juan en mayo 16, 1933, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 5402.
    Pueblo, apldo., v. Vega, aplte.
    -C. D. Arecibo.
    Marzo 20, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   POR CUANTO, Miguel Otero presentó contra Manuel Vega una de-nuncia que reza como sigue:

“Yo, Miguel Otero, vecino de Manatí, P. E. calle de Eugenio Sánchez López, número 12, de 67 años, formulo denuncia contra Manuel Vega por delito Injuria y Calumnia (misdemeanor), cometido de la manera siguiente: Que el día 10 de julio de 1933, a eso de las nueve de la mañana, en la calle McKinley de Manatí, P. E., que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. K., allí y entonces el acusado Manuel Vega, maliciosa, voluntaria y falsamente, con la intención de-liberada de causarme deshonra, descrédito y menosprecio, imputándome conceptos injuriosos, en mi presencia manifestaba que él tenía una barra en su estableci-miento, que esa barra se le había desaparecido, que el único que entraba en su establecimiento era yo,, y que yo había sido quien me había llevado la barra. Que dichas palabras me imputan la comisión de un hecho constitutivo de delito, todo lo cual le constaba ser falso al señor Vega.”

PoR cuanto, al leérsele la denuncia al acusado solicitó la abso-lución porque la misma no imputaba un delito público y menos el de Injuria y Calumnia según se define por la ley de marzo 9, 1911, y la corte declaró sin lugar la moción.

Por cuanto, el acusado apela de una sentencia declarándole culpable del supuesto delito imputádole y alega como único error el ha-berse desestimado la excepción perentoria formulada por él contra la denuncia, y en su consecuencia al dictarse sentencia condenatoria en su contra a virtud de una denuncia que no le imputa el delito previsto y castigado en las secciones 1 y 2 de la Ley de 9 de marzo de 1911, para definir y castigar el delito de calumnia e injuria (slander).

Por CUANTO, el fiscal de esta corte está conforme con la teoría del apelante de que los beebos relacionados en la denuncia no cons-tituyen delito alguno, y parece ser así.

Bob tanto, se revoca la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Areeibo en octubre 13 de 1933 y se ordena el sobreseimiento del caso.


text:
    No. 5462.
    Pueblo, apldo., v. Pabón, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 17, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Por cuanto, Eugenio Pabón, acusado del delito de ataque con intención de cometer asesinato, se declaró culpable del referido delito el mismo día que le fué leída la acusación y algunos días después fue condenado a sufrir tres años de prisión en el Presidio Insular;

Por Cuanto, el acusado apeló de esta sentencia y en su alegato expone que la corte de distrito no designó abogado para defenderle, y que se declaró culpable obedeciendo a promesas engañadoras;

Por Cuanto, no disponemos de otra información que las manifes-taciones del propio acusado, ni tampoco se ha elevado a esta corte transcripción de evidencia alguna para ser tenida en consideración al estudiar el caso;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 9 de octubre de 1933.