author: El Juez Pbesidente Se'ñob del Tobo,

text:
    Sucesión de Ababca, S. en C., Demandante y Apelada, v. Nones, Demandado y Apelante.
    No. 3236.

    Visto: Abril 22, 1924.

      Resuelto: Julio 11, 1924.
    Alegación del Demandado — Contestación — Litispendencia como Primera De-fensa. — Un demandado que eontrademanda, puede, de acuerdo con el artículo 108 del Código de Enjuiciamiento Civil, alegar como defensa la excepción de litispendencia, y tal defensa no debe entenderse abandonada, atendidas todas las circunstancias que en este caso concurren, por el hecho de que el deman-dado en el acto de la vista practicara primeramente la prueba correspon-diente a otras defensas dejando para lo último la prueba pertinente a la de litispendencia.

    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (San -Juan, Segundo Distrito), en una acción en cobro de pagaré, declarando con lugar la de-manda y sin lugar la contrademanda, con las costas al deman-dado.

      Revocada.

      G. Brunet, abogado del apelante; II. G. Molina, abogado déla ape-lada.
   El Juez Pbesidente Se'ñob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Sucesores de Abarca demandaron a Adolfo Nones en co-bro de $3,747.37. Contestó el demandado alegando como pri-mera defensa que existía pendiente en la Corte de Distrito-de Ponce otro pleito entre las mismas partes en cobro de la misma* cantidad, y como segunda defensa contrademandó a los demandantes reclamándoles $7,775.00 por daños y per-juicios.

Llegado el día del juicio, ambas partes anunciaron estar listas. Se practicó la prueba y la corte finalmente dictó sen-tencia declarando la demanda con lugar y sin lugar la con-trademanda. Apeló el demandado señalando en su alegato varios errores, entre ellos uno que se refiere a su defensa de litispendencia desestimada por la corte de distrito.

Los motivos que tuvo la corte sentenciadora para deses-timar la primera defensa del demandado constan de su opi-mión, así:

“La primera cuestión que debemos resolverles si procede decla-rar con lugar la alegación de litis pendencia que aparece como pri-mera defensa en la contestación de la demanda. Para sostener •esta defensa, el demandado presentó la certificación del Secretario •de la Corte de Distrito de Ponee antes mencionada, y, además, el de-mandante presentó otra, para demostrar que» el 14 de julio de 1922 •desistió de la anterior acción, a virtud de escrito dirigido a la Corte de Distrito de Ponce, y consignando un depósito de veinticinco dollars ($25.00) para costas; y en ella consta, asimismo, que el Juez de di•cha corte accedió al desistimiento y ordenó se tuviera por desistido •al demandante del citado pleito. El mismo día, 14 de julio se ra-dicó en esta corte la demanda original en el presente pleito, y cinco •días más tarde el Hon. Juez de Ponee reconsideró, a instancias del •demandado, la orden de desistimiento.
“Podría quizás alegarse, con fundamento, que, habiendo desistido •el demandante del anterior pleito en la Corte de Ponce, y ordená-dolo así la corte, no existía acción pendiente alguna al interponerse la presente; mas, para los fines de esta resolución, nos fundaremos •en la actitud asumida por el demandado — contrademandante ante esta corte, en el presente pleito. El no se limitó a aducir la defensa especial citada, y a esperar su resolución, que, habría, quizás, dado término a esta acción; sino que al contestar la demanda, como de-fensa segunda, alegó hechos tendentes a sostener una causa de acción •contra el demandante por incumplimiento de cierto contrato, y soli-citó el remedio afirmativo de que se le condenase a pagar una suma de dinero, en concepto de indemnización de daños y perjuicios. Es muy difícil dejar de notar que estas dos defensas se excluyen una a otra. La primera tiende a negar la competencia de esta corte para conocer del pleito, porque otra corte previamente la ha adquirido ■en una acción, pendiente, entre ambas partes, por igual causa. Y la segunda afirma la competencia que se niega, Girando a ella se acoge •el contrademandante-demandado, para solicitar un remedio afirmativo ■contra el demandante. Pero aún hay más: En el acto del juicio manifiesta su abogado hallarse listo para la práctica de las pruebas. El demandante pidió sentencia por las alegaciones por no aparecer negadas las de la demanda. Ante la oposición del demandado pre-senta la prueba de los hechos, y terminada la misma, parecía lógico que el demandado insistiera en que se resolviese su alegación de litis pendencia, como cuestión de derecho, primeramente, y que en caso necesario, para sostenerla, presentar los documentos creditivos do la pendencia del otro pleito en la otra corte. No lo hizo así, sino que procedió a practicar la prueba de los hechos de su contrademanda.
"Tenemos forzosamente que llegar • a la conclusión de que con esta actitud el contrademandante renunció su primera defensa, pres-eindió de ella y se sometió a la competencia de esta corte para re-cabar un remedio afirmativo contra el demandante.
“Véase 1 Cyc, páginas 135 y 136.”

Para circunscribir el debate a sus justos términos, debe aclararse que si bien los demandantes iniciaron este pleito en San Juan al día siguiente de haber solicitado y obtenido la orden de desistimiento de la Corte de Distrito de Ponce, antes de qne ésta la reconsiderara, tal circunstancia no es decisiva. No obstante tratarse de un pleito contencioso, la moción de los demandantes desistiendo se presentó y resol-vió sin conocimiento de la parte contraria qne había sido ya emplazada y qne había archivado sn contestación y contra-demanda solicitando nna condena de $7,775, y sabido es qne según el art. 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, el de-mandante podrá desistir de su demanda en cualquier tiempo antes del juicio, previo el pago de las costas, salvo el caso que mediare una reconvención o que el demandado en su contrademanda o en la contestación hubiere solicitado alguna resolución a su favor.

Aunque estaba ya dictada, no podía considerarse, pues, como firme la resolución de la corte de distrito cuando los demandantes iniciaron el pleito de nuevo en San Juan, y decimos de nuevo porque la reclamación se entabló primera-mente en San Juan y a virtud de una moción de traslado fué el pleito a Ponee, volviendo los demandantes a iniciarlo en San Juan.

¿Pudo el demandado alegar la defensa de litispendencia y contrademandar a la vez, y luego, en el acto del juicio, presentar toda su prueba?

Hemos visto que la corte de distrito cita en apoyo de su decisión la siguiente autoridad: 1 Cyc. 135-136. La parte apelada se limita en su alegato a narrar los hechos, remitién-dose a la opinión de la corte, y a hacer la cita de 1 C.J., 271, sec. 598, sin un análisis de los casos. Cuando en el juicio la parte demandada ofreció su prueba relativa a la defensa de litispendencia, ocnrrió, según los autos, únicamente lo que sigue:
‘ ‘ C. Dte. — Entonces vamos a presentar como prueba el certificado del Secretario de la Corte de Distrito de Ponce, donde certifica que esta demanda en cobro de pagaré, esta contrademanda y demás inci-dentes están pendientes de resolución en la Corte de Distrito de Ponce.
“C. Dmdo. — Me opongo, porque el contra-demandante ha renun-ciado a esta defensa por haber practicado su prueba.
"J. — Admitida.
“C. Dmdo. — Excepción.
“C. Dte. — Hemos terminado nuestro caso.”

Volvamos a la cita de Cyc. El texto de la enciclopedia dice:

“En algunos Estados la suspensión de un caso sin que se re-suelva una alegación dilatoria radicada anteriormente constituye una. renuncia de tal alegación. Pero cuando la suspensión se obtiene por estipulación, o con el fin de juzgar las cuestiones levantadas por la alegación dilatoria, se ha resuelto en tales jurisdicciones que la re-gla es distinta..” 1 Cyc. 135.
“Como regla general la interposición de una alegación relativa a los méritos y el proceder a juicio sobre los méritos del caso antes de haberse resuelto una alegación dilatoria anteriormente presentada, constituye una renuncia de esta última alegación, aunque' se haya trabado la contienda sobre la alegación dilatoria mediante una ré-plica a la misma.” 1 Cyc. 136.

El primer párrafo no tiene aplicación. El segundo sí, pero las decisiones que lo sostienen proceden de estados en donde al parecer rige una práctica distinta a la que está en vigor en' Puerto Rico. Por ejemplo, en Louisiana se resol-vió en uno de los casos que aparecen en la nota que “La ale-gación de lispendens es una excepción declinatoria y no puede ser permitida en una contestación sobre los méritos; y si se la incorpora a la contestación, por este lieclio queda renunciada y pierde su eficacia como excepción.” Mix v. His Creditors, 39 La. Ann. 624.

Pero ése no es el caso en Puerto Rico. Aquí un deman-■dado que no puede alegar como excepción previa el hecho de existir una acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa por no desprenderse tal hecho de la faz de la demanda, puede hacerlo, como lo hizo el demandado en este •caso, como una de sus defensas en su contestación, de acuerdo con el art. 108 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dis-pone que: “Cuando ninguno de los extremos enumerados en el art. 105, constare en la demanda, la impugnación podrá hacerse en su contestación.”

El artículo 108 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil es igual al 433 del de California y la Corte Suprema de dicho estado ha dicho:

‘.‘Bajo el derecho común las alegaciones dilatorias sólo podían interponerse antes de hacer alegación alguna sobre los méritos, pero bajo el Código de Enjuiciamiento Civil de California todas las de-fensas pueden incluirse en una contestación. En California, cuando el demandado descansa en una alegación dilatoria y también en ale-gaciones que van directamente a los méritos del caso, la corte sen-tenciadora debe exigir al demandado que- presente su prueba sobre su alegación dilatoria al abrir su defensa, pues si aquélla resulta ser meritoria, en muchos casos evitará mucho trabajo inútil y con-siderables gastos en el litigio de las otras defensas.” 1 Cal. Jur. 80.

Aceptamos que la seguida en este caso fué una mala yu-áetica. ¿A qué introducir la prueba relativa a los méri-tos cuando si la primera defensa hubiera prosperado hacía dicha prueba completamente inútil? Pero no creemos que la falta de lógica en la actuación del demandado pueda pri-varlo de un derecho adquirido.

La regla 20 de las que gobiernan el juicio y la práctica de las pruebas en las cortes de distrito fija con toda clari-dad el orden que dehe seguirse en la vista de los pleitos. Si la corte hubiera hecho cumplir su propia regla, al leer el demandado sus alegaciones hubiera podido enterarse de las ■cuestiones envueltas y guiar el debate y ordenar que la cues-tión de litispendencia se ventilara y resolviera antes. Aun-que la responsabilidad en la presentación de su caso des-cansa directamente en el abogado, la corte controla la direc-ción de los debates.

Por virtud-de todo lo expuesto, opinamos qne la corte erró al decidir qne la parte demandada abandonó sn defensa primera, y juzgando dicha defensa de acuerdo con los he-chos y la. ley entendemos que debió haber sido declarada con lugar, ya qne se probó debidamente la existencia del pleito en Ponce entre las mismas parte y por la misma causa, ra-dicado con anterioridad y en el cual se había trabado la con-tienda. No puede darse a la opinión de esta corte emitida en el caso de Sucesores de Abarca v. Nones et al., 30 D.P.R. 866, la extensión que pretenden los apelados. El hecho de haberse interpuesto la apelación contra la orden de traslado, no dejó sin efecto las actuaciones posteriores de la parte demandada. La apelación no suspendía el curso del litigio y dicha parte estaba obligada a continuar presentando sus alegaciones dentro de los términos marcados por la ley. La situación de derecho creada por el desistimiento de los de-mandantes en cnanto a uno de los demandados que se ana-liza en la indicada opinión, era distinta.

Por virtud de todo lo expuesto debe declarase con lugar el recurso establecido, revocarse la sentencia apelada y dic-tarse otra desestimando la demanda con las costas a la parte demandante pero entendiéndose que dichas costas no inclu-yen honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldbey,

license: Public Domain

text:
    Noriega & Alvarez, Demandante y Apelante, v. The New York and Porto Rico Steamship Co., Demandada y Apelada.
    No. 3248.

    Visto: Mayo 28, 1924.

      Resuelto: Julio 11, 1924.
    Desestimación de Apelación- — Radicación de la Moción para Desestimar— Radicación del Transcript antes de Archivarse la Moción. — Un apelado que pide la desestimación de. la apelación porque no siendo procedente una exposición del caso deliió radicarse el recurso dentro do los treinta días siguientes a la presentación del escrito de apelación, debe lnieer la petición antes de que el récord sea radicado en el Tribunal Supremo al cual debe, además, ponerse en condiciones de decidir que no era procedente una expo-sición del caso.
    Moción del apelado para desestimar la apelación.

      Sin lugar,

      Martínez Nadal, Tormos & Colón, y C. del Toro Fernández, abogados de la apelante; O.-B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados de' la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El récord de apelación en este caso fué presentado el 26' de marzo de 1924 y contiene la sentencia de la corte inferior qne condena en costas al demandante,, nuestras senten-cias confirmándola, el memorándum de costas del demandado,, la impugnación escrita que a él hizo el demandante, el con-venio escrito de las partes sometiendo esa cuestión a la corte1 por medio de alegatos para sn resolución, la decisión de la corte, y la apelación interpuesta el 28 de diciembre de 1923 con su notificación al demandado. Después sigue un. pliego titulado de exposición del caso aprobado por la corte inferior ,que sólo contiene una breve reseña de las actuaciones, antes mencionadas sin relación de pruebas, pues no las hubo.

Nos ha pedido la parte apelada que desestimemos la ape-lación porque no siendo procedente una exposición del caso debió ser presentada la transcripción dentro de los treinta, días siguientes a la interposición do la apelación. En ver-dad que en este caso no era procedente una exposición del caso porque no se practicaron pruebas y el récord de la ape-lación debió ser presentado en el término que dice el ape-lado, pero como éste hizo su moción de desestimación cuando-ya estaba presentado en este tribunal el récord de la apela-ción, aunque fuera de tiempo, no es procedente la desesti-mación de acuerdo con la regia 58 de nuestro Reglamento y nuestras decisiones en el caso de-Chiques v. Dies, Juez. Municipal, 26 D.P.R. 217. Si la apelada quería que desestimára-mos la apelación por el motivo alegado debió solicitarlo antes de que el récord de apelación' fuera presentado en este tribunal, pero poniéndonos en condiciones de poder decidir que no era procedente una exposición del caso, como diji-mos en el de González v. Comisión ele Indemnizaciones a libreros, (pág. ).

La moción de desestimación debe ser negada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Marxuach, Demandante y Apelado, v. Nin, Demandado y Apelante.
    No. 2946.

    Visto: Enero 31, 1924.

      Resuelto: Julio 11, 1924.

      Reivindicación — Estoppel.—Cuando el comprador de una finca que es segregación de otra permite que a la finca principal se dé determinada cabida en la ■ -escritura de venta, y por otros actos, públicos posteriores reconoce que tenía tal cabida, está luego impedido de alegar que dicha finca principal tenia menor cabida.
    SENTENCIA de Iyivis Campillo, J. (San Juan, Primer Distrito), en una acción reivindicatoría, declarando con lugar la demanda y sin lu-gar la contrademanda, con las costas.

      Confirmada.

      J. Guzmán Bemiez, abogado del apelante; M. M. Ginorio, ahogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante don Acisclo Marxuach. y el demandado 'don Antolín Nin son dueños de dos fincas colindantes por el Oeste y por el Este, respectivamente, radicadas en el barrio «de Seboruco de Santurce, en esta ciudad, y la cuestión que motiva este pleito es la reclamación que Marxuach hace a 'Nin para que le entregue 3 cuerdas 26 céntimos de terreno <que alega ser de su propiedad y que indebidamente está ocu-pando Nin, quien no sólo niega tal cosa sino que contrade-mandó a Marxuach para que le entregue 2 cuerdas 68 cén-timos de terreno que un dueño anterior de la finca de Mar-xuach le quitó y para que le pague indemnización de perjui-cios sufridos por no haber jiodido comprar un edificio cons-traído en sn finca a cansa de la ocupación del terreno, por .el que establece su contrademanda. Declarada con lugar la de-manda y sin lugar la contrademanda interpuso Nin este re-curso de apelación.

Las fincas de Marxuach. y de Nin son partes de una finca que la sucesión Cortijo tenía inscrita en el registro de la propiedad desde el año 1904 con cabida de 40 cuerdas, co-lindante por el Sur con el caño de Martín Peña, de la cual compró Nin 21 cuerdas 82 centavos en el año 1906 y otras 9 cuerdas 41 centavos en 1908, que suman 31 cuerdas 23 centavos, por lo que quedó un resto a los Cortijo de 8 cuerdas 77 céntimos que posteriormente compró el abogado don Manuel Ginorio y que después de varias trasmisiones ña lle-gado a ser del demandante Marxuach.

La finca de los Cortijo tenía una parte de ella al Norte del camino del Seboruco que llegó a ser de don José María Blanco por compra, quedando las dos fincas de los litigan-tes al Sur de dicho camino del Seboruco con cabida la de Nin de 13 cuerdas 70 céntimos, y la de Marxuach de 8 cuer-das 77 céntimos, colindantes ambas por el Sur con el caño de Martín Peña según sus títulos. Dice Nin que él compró a los Cortijo solamente terreno seco y que entonces hizo medir toda la finca dando un total de terreno seco de 32 -cuerdas 73 céntimos, siendo lo demás manglares del caño de Martín Peña pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico porque los cubrían las mareas altas, por lo que después de sus com-pras de 31 cuerdas 23 centavos sólo quedó a los Cortijo una •cuerda 50 céntimos como resto de las 32 cuerdas 73 cénti-mos que fué lo que podían vender y vendieron a Ginorio, el anterior dueño a Marxuach, aunque en el título dijeron que le vendían 8 cuerdas 77 céntimos.

Declara Ginorio que cuando él compró le entregaron los Cortijo por la colindancia Sur hasta una vía férrea que está sobre un camino que fué construido por don Pablo Ubarri hace unos cincuenta años para el transporte de piedra de una cantera, camino y cantera que son ahora de don José A. Rexacli, y que ese camino y vía es la línea divisoria en-tre la finca de los Cortijo y el caño de Martín Peña. No hay discusión entre las partes en que si ese camino y vía férrea es la línea divisoria entre el caño de Martín Peña y la finca de los Cortijo entonces ésta tiene 40 cuerdas de cabida, pero Nin insiste en que ése no es el límite de la finca sino el sitio hasta donde llegan las mareas altas que dejan sólo 32 cuer-das 73 céntimos de terreno seco.

Si la finca de los Cortijo llega hasta ese camino y vía férrea de Rexach y tiene por consiguiente 40 cuerdas de ca-bida, entonces la finca que está poseyendo Nin tiene 16 cuer-das 96 centavos, que restadas de las 13 cuerdas 70 céntimos que expresan sus títulos, arrojan un exceso de 3 cuerdas 26 centavos que le faltan a Marxuach y que reclama para com-pletar las 8 cuerdas 77 céntimos que compró.

A pesar de que Nin dice que cuando él compró a los Cor-tijo la mensura que se hizo entonces del terreno seco hasta el sitio que cubrían las mareas altas sólo dieron una cabida a la finca total de 32 cuerdas 73 céntimos, sin embargo consintió que en sus títulos de compra hicieran constar los Cortijo qué la finca tenía 40 cuerdas, según dice, porque eso no ¿e perjudicaba toda vez que recibía completo el terreno que compraba. Posteriormente en una escritura. pública otor-gada por él, por Ginorio y por Blanco en el año 1911, hicie-ron constar que la finca de 40 cuerdas de los Cortijo perte-necía a ellos tres en la siguiente forma: a Blanco la por-ción que está al Norte del camino del Seboruco con una ca-bida de 17 cuerdas 53 céntimos,- a Nin 13 cuerdas 70 cénti-mos 'lindante al Norte con el camino del Seboruco, por el Sur con el caño de Martín Peña y por el Este con Gino-rio; y que la parcela de Ginorio' de 8 cuerdas 77 céntimos tenía las mismas colindancias por el Norte y por el Sur que la anterior y por el Oeste con Nin. En total 40 cuerdas.

Más tarde, en 1918, cuando se hizo en el Seboruco el cam--pamento para las tropas que se preparaban para la guerra con Alemania, Nin firmó un contrato con las autoridades mi-litares arrendándoles su finca con colindáncia por el Sur con la yía férrea de Eexach, y fné levantado nn plano de todo el campamento por los militares en el qne aparece la finca de Nin llegando hasta la vía de Eexach. Dice Nin qne advirtió entonces a los militares qne no llegaba hasta la vía y qne les escribió nna carta en ese sentido, pero la qne aparece en los antos es nna carta remitiendo a las autoridades militares el plano de su finca de 13 cuerdas 70 céntimos, plano qne no consta en los autos.

Hay prueba de qne Nin tenía la cerca de su finca por el Sur a 2 metros del camino y vía férrea de Eexach y aunque presentó también evidencia de que había manglares entre la finca y la vía férrea, esto fué negado por otros testigos quie-nes dijeron que no eran manglares sino yerba de terreno húmedo porque allí se depositan las aguas llovedizas y que las mareas no pasan al otro lado del camino, habiendo Nin recientemente abierto unas zanjas diagonales en el camino de la vía para que pasaran las mareas, que fueron tapadas por el dueño de la vía.

Una de las pruebas del demandante consistió en la dé-elaración del encargado de los terrenos públicos de Puerto Bico, quien declaró con vista de un plano de aquel sitio he-cho por el Departamento del Interior que el caño de Martín Peña sólo llega hasta la vía de Eexach que está sobre un camino afirmado en el límite de los manglares y que todo lo que está al- Norte de ese camino y vía férrea es de propie-dad privada.

En vista de los hechos expuestos y toda vez que Nin con-sintió que en sus títulos de compra a los Cortijo .éstos con-signaran que la finca tenía 40 cuerdas; que así lo reconoció también en el documento que firmó con Gínorio y con Blanco, en el que la suma de las tres parcelas dan esa cabida; que para que la finca tenga 40 cuerdas tiene que llegar hasta el camino de Eexach y que en el contrato que firmó para el campamento militar aparece como colindancia por el Sur la vía férrea de Eexach, llegamos a la conclusión de que el ea-mino y vía férrea de Bexacli es para los fines de este caso la línea divisoria entre la finca de Nin y el caño de Martín Peña, pnes esos actos públicos así lo demuestran y no puede ir contra ellos.

Sentado lo qne precede cae por sn base la eontrademanda de Nin para qne Marxuaeli le devuelva 2 cnerdas 68 cénti-mos de terreno qne alega le qnitó nn anterior dneño de la finca de Marxnacb. y para qne le indemnice los daños sufri-dos bajo la base de ser dneño de la porción qne reclama Marxuach en la que se dice fné construido nn edificio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Senos, Hutchison,

text:
    Baiz et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Merle, Demandada y Apelada.
    No. 2961.

    Visto: Diciembre 13, 1923.

      Resuelto: Julio 11, 1924.
    Reivindicación — Descripción de la Finca Objeto de la Reivindicación. — Ana-lizada la prueba en este caso, el tribunal concluye así: "o la finca que se trata de reivindicar es 1a. finca comprendida en el título de los demandados, o de no ser así no ha sido identificada de tal modo que el marshal pueda identificarla sobre el terreno y poner a los demandantes en posesión de ¡a . misma.” En tal virtud, se confirmó -la sentencia que desestimó la demanda.
    Sentencia de J. A. López Acosta, J. (Guayama), en una acción reivindicatoría, desestimando la demanda con las costas.

      Confir-mada.

      L. Muñoz Morales, abogado de los apelantes; C. Domínguez Rubio, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Senos, Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior después de celebrado un juicio sobre los méritos, dictó sentencia desestimando la demanda de reivin-dicación, principalmente por la falta de identificación sufi-ciente de la propiedad para qne el márslial pudiera entre-gar la posesión, en caso de dictarse sentencia a favor del demandante, según consta de la cita qne pasamos a trans-cribir : •

“De la prueba aparece que la demandante reclama una finca rús-tica compuesta de 43 y media cuerdas de terreno, situadas en el. .barrio de ‘Jacaboa’ del término municipal de Patillas, cuya finca linda por el norte con terrenos de José Benito G-reó; por el este con Su-cesión de Enrique Desbón; por el sur con terrenos de Ramón Ortiz y por el este con terrenos de Teresa Aponte. — Dicba finca aparece-inscrita a favor de la demandante en el registro de la propiedad,, inscripción No. 104 al folio 43 del tomo tres de Patillas, habiéndola adquirido por compra durante su matrimonio con don Francisco Mo-linari, de don Eleuterio Alvarez. — Los demandados alegan que dicha, finca es la misma que tienen en su posesión, y la cual adquirieron; 28 cuerdas de la demandante y su esposo, en escritura de 24 de enero-de 1893, estando actualmente inscrita a favor de los demandados;, y que el resto de quince cuerdas, hasta completar .las cuarenta y tres, las adquirieron por compra a Domingo Ortiz y a un tal Mar-eano, estando en posesión de; dichas fincas por un período de más. de diez años. — La cuestión planteada es una de hecho. Sostiene la. parte demandante que su finca es una diferente- a la finca que expo-nen los demandados les pertenece. Por el contrario alegan los de-mandados que la finca que reclama la demandante, son las mismas, que tienen en su posesión, o sea la de veinte y ocho cuerdas, de la demandante y su esposo, y las quince cuerdas de los referidos Ortiz; y Mareano, adquiridas debidamente por compra. — Ahora bien. Si aceptamos la teoría de la parte demandante no procede conceder lo-solicitado en la demanda, porque de la prueba de la. demandante, no se ha identificado la finca reclamada, de manera que pueda ser-puesta en posesión la parte demandante si se dictara una sentencia, a su favor. — Si aceptamos la teoría de los demandados, tampoco pro-cede declarar con lugar la demanda, pues de la prueba aparece jus-tificado que los demandados adquirieron las cuarenta y tres cuerdas en discusión, veintiocho de ellas por compra a la demandante y su esposo, y el resto por compra a. Ortiz y Mareano, y han estado en posesión de esos terrenos. — La corte señaló una fecha para practicar la inspección ocular, a la cual concurrió solamente la parte deman-dante, digo la parte demandada, no habiendo concurrido la parte'de-mandante, quien renunció a dicho derecho. — Toda vez que en. el pe-ríodo de la prueba no se presentó prueba pericial alguna para justi-ficar y demostrar el sitio donde se encuentran enclavadas las cuer-das de terreno que reclama la demandante, esta era la mejor opor-tunidad para la parte demandante de concurrir al sitio y señalar dónde radicaban las cuerdas de terreno reclamadas y destruir la con-tradicción que existe en la prueba sobre la identificación de los te-rrenos objeto de la demanda. — No hay duda alguna que, según el registro aparecen inscritas dos fincas; pero examinando la prueba, tanto testifical como documental y de inspección, la corte ha llegado a la conclusión de que se trata de las mismas fincas, solamente que han sido inscritas dos veces. — En una acción reivindicatoría, en la que la cuestión de que se trata es la reivindicación, digo la identi-dad de la finca incumbe al demandante probar todas y cada una de las gestiones que ha practicado. — Matienzo vs. Cancio, 23 D.P.R. 269. —Es indispensable en la reivindicación que el demandante justifique no sólo el derecho con que pide la cosa detenida, sino la identidad de la cosa misma. — Pesquera vs. Fernández, 22 D.P.R. 53. — Por todo lo cual y siendo la prueba insuficiente para justificar la reivindica-ción solicitada, toda vez que no se ha identificado debidamente 'la finca reclamada, la corte dicta sentencia desestimando la demanda interpuesta, con las costas.”

No existe señalamiento de err'ores por separado y esto jjor sí sería suficiente para justificar la desestimación de la apelación, como frecuentemente lo lia declarado esta corte en los últimos años. Sin embargo, liemos leído el alegato de los apelantes y considerado cuidadosamente el razona-miento en apoyo de las proposiciones que en una y otra parte del mismo aparecen, a saber:

“La corte sentenciadora Cometió error al declarar probado que la finca de 28 cuerdas que alega poseer la demandada, es la misma o está comprendida en la de cuarenta y tres y media cuerdas (43%) reclamada por. los demandantes.
“La corte inferior incurrió en error al declarar que la prueba de los demandantes era insuficiente.
“La corte sentenciadora cometió error al considerar probado el título de los demandados sobre la finca, reclamada.”

Parte del razonamiento bajo el segundo señalamiento es el siguiente:

‘■‘Ese hecho de la adquisición y posesión por parte de la cau-sante doña. Rufina quedó además comprobado por la declaración del testigo Pedro Alvarez en cuanto afirma que don Francisco Molinari compró para su esposa doña Rufina Sánchez la finca de cuarenta y pico de cuerdas en el barrio de Jacaboa que era de Eleuterio Alvarez tío del declarante; que esa finca está boy dentro de otras de los demandados los Merle; que Molinari tenía allí otros terrenos o •sea la ‘Hacienda Molinari’ que también poseen hoy los Merle; pero que éstos estaban separados de la finca anterior por los de Domingo Ortiz.
“El hecho de que el causante Bernardo Merle y luego sus here-deros se posesionaron de esa finca está comprobado por la misma prueba testifical de los demandados al tratar de justificar que esas 'cuarenta y tres y media cuerdas que reclama la demandante le fue-ron vendidas, por otro título o están comprendidas en otro título; ■cuando lo cierto es que el título que aportan o se’a la certificación <del registro sólo es ereditiva de la inscripción de una finca de veinti-ocho cuerdas que adquirió el causante por compra a doña Filomena Molinari de Baiz por escritura de 24 de énero de 1893 y que dicha ■señora había inscrito por expediente posesorio en unión de otras fin-■cas procedentes de la sociedad Molinari Espendez y Co.; y este do-cumento fué admitido con la oposición y excepción del demandante. Besulta comprobado el hecho de que los demandados poseen la finca ■que reclaman los demandantes aunque tratan de ampararse con otro título de diverso origen y que trae su procedencia de un posesorio; j se justifica también por su misma prueba que ellos empezaron a poseer allá por el año 1893 o sea la fecha de la citada escritura, y por tanto queda implícitamente admitido que hasta esa fecha por lo menos, estaba poseyendo la causante de los demandantes: esto T)ajo el supuesto de que pudiera el demandado amparar su posesión ■en el título que ahora alega.”

La prueba en conjunto aun como ha sido reseñada en el alegato de los apelantes nos lleva inevitablemente a la con-•clusión de que si la propiedad que se trataba de reivindi-car está en posesión de los demandados, o debe ser la finca •comprendida en el título de los demandados, o de no ser así no fia sido identificada de tal modo que el marshal pueda identificarla sobré el terreno y poner a los demandantes en .posesión de la misma. Esta es en substancia la conclusión .a que llegó la corte inferior.

En virtud de lo anterior la sentencia apelada debe ser ■confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de -este caso.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Quiñones et al., Demandantes y Apeladas, v. Zalduondo et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3261.

    Visto: Mayo 1, 1924.

      Resuelto: Julio 11, 1924.
    Fianza — Sociedad de Gananciales — Obligación a Oabgo de la Sociedad. Con-yugal. — “A” contrajo responsabilidad solidaria y mancomunada, en unión de su socio, por el canon de alquiler del local ocupado por el negoeio de la sociedad. Se resolvió: que dentro de las circunstancias la eonelusión ló-gica a falta de prueba aliunde, es que la obligación se contrajo para bene-ficio de la sociedad conyugal de “A” como también de la mercantil.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), em una acción sobre rescisión de contrato, declarando con lugar la-demanda y rescindido el contrato, con las costas a los demandados.

      Confirmada.

      J. Texidor y Llorens <& Arroyo, abogados de los apelantes; J.'de G-uzmán Beníiez, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior dictó sentencia sin establecer hechos o conclusiones por separado a favor de las demandantes y que en parte es como sigue:

“Y la corte, tomando en consideración las alegaciones y pruebas presentadas, considera probadas las alegaciones en la demanda en cuanto a que la venta hecha por Benito Zalduondo y Echeverría, a favor de Arturo Carreras Delgado, el otro demandado, con fecha 17 de abril de 1922, y por la que se traspasó a este último la finca que se describe en la demanda fué hecho con el propósito de defrau-dar a las demandantes, y en su virtud dicta sentencia declarando* con lugar la demanda y rescindiendo el contrato de compraventa mencionado, y se imponen las costas a los demandados.”

Alegan los apelantes que la corte inferior cometió los si-guientes errores:

I. La Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, erró al apreciar la prueba y entender que se había probado confabulación entre los demandados para burlar los derechos de las demandantes;

II. La misma corte indicada erró al apreciar la prueba y enten-der que por la venta de la casa y solar a Arturo Carreras quedaba Benito Zalduondo en estado de insolvencia, y al no declarar que des-pués de esa venta Benito Zalduondo tenía bienes por valor de más de seis mil dólares;

III. La Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, erró al no declarar que la casa y solar vendidos a Arturo Carreras por es-critura de 17 de abril de 1922 era propia de Benito Zalduondo y. Carmen Iglesias, y era parte de los gananciales de estos dos esposos;

IV. La Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, erró al no declarar que la casa y solar de que se trata en este pleito, como’ propios de la referida sociedad de gananciales, no se bailaban afec-tos a obligaciones privativas del esposo, contraídas sin el concurso-de la esposa doña Carmen Iglesias;

V. La Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, erró al declarar que en el caso de autos se había hecho una enajenación en fraude de acreedores;

VI. La Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, erró al declarar en el caso presente que a las demandantes competía una acción rescisoria;

VII. La Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, erró al declarar que Benito Zalduondo quedó insolvente una vez vendidos el solar y casa a Arturo Carreras.

La teoría del tercero y cuarto señalamiento se indica en la siguiente cita del alegato de los apelantes, a saber:

“El artículo 1323 de nuestro Código Civil (artículo 1408 del Có-digo Español) dice lo siguiente:
“ ‘Serán de cargo de la sociedad de gananciales todas las deudasy obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido y también las que contrajere la mujer en los casos en que pueda legal-mente obligar a ésta.’
“Sostenemos que dicho artículo establece una presunción, una presunción juris tankum, o sea una presunción que admite la prueba en contrario; es decir: que las deudas contraídas por el marido du-rante el matrimonio serán de cargo de la sociedad de gananciales, siempre y cuando que dichas deudas hayan sido contraídas en pro de la comunidad, pero no las deudas que haya contraído el maridoy que evidentemente en nada hayan beneficiado a la sociedad matrimonial. ’ ’

Para los fines de esta opinión puede admitirse, sin resolver, que la posición de tal modo asumida por los apelan-tes es sostenible. En el presente caso Zalduondo no era un mero fiador en la obligación de un amigo. El contrajo una responsabilidad solidaria y mancomunada, en unión de su socio, por el canon de alquiler del local ocupado por el ne-gocio de la sociedad. Dentro de las circunstancias la con-clusión lógica a falta de prueba aliunde parece ser que la obligación se contrajo para beneficio de la sociedad conyu-gal como también de la mercantil. De todos modos los he-chos no indican terminantemente una conclusión contraria.

Las demás cuestiones levantadas se dirigen a la suficien-cia de la prueba o a su apreciación y un examen cuidadoso de los autos en conjunto no revela ningún error que pueda servir de base en uno u otro sentido para la revocación de la sentencia.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado • SeñoR Franco Soto,

text:
    Brunet, Sáenz & Co., S. en C., Demandante y Apelante, v. Aponte et al., Demandados y Apelados.
    No. 3268.

    Visto: Mayo 29, 1924.

      Resuelto: Julio 12, 1924.
    Fianza — Cuenta Corriente Afianzada — Responsabilidad de l-os Piadores. — En este caso los fiadores garantizaron una cuenta corriente del deudor hasta la suma de $5,000 durante un año; la cuenta alcanzó a $10,525.65 y el saldo de $4,362.65 fué reclamado a los fiadores. Se resolvió: que la cuenta co-rriente debe dividirse en cuanto a la garantía y los pagos que hizo el deudor en el curso de las operaciones durante el año deben ser aplicados en primer término a extinguir los créditos do efectos o especies facilitados por el acree-dor por el orden de sus fechas más antiguas hasta donde alcance o cubra el límite de la obligación subsidiaria contraída por los fiadores.
    Id. — Interpretación de los Términos de una Fianza. — Interpretando la fianza en cuanto expresa que los fiadores responden a las cobranzas que "por cual-quier concepto1' tengan que hacerse al deudor principal, se resolvió: que debiendo interpretarse restrictivamente teda materia referente a fianzas, tal expresión significa que los fiadores, dentro del límite de su obligación, no podrían discutir la naturaleza o procedencia de las partidas o créditos dejados de cubrir por el deudor principal, es decir, ya consistieren en dinero, especies o efectos de comercio.
    Sentencia de Q. Costejón, J. (Guayama), sosteniendo demanda contra un demandado y solamente en parte contra los otros.

      Con-firmada.

      ,7. 8. Alegría y A Ro/.o 6?ras, abogados de la apelante; fí. Domín-guez Rubio, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado • SeñoR Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Brunet, Sáenz & Ca. demandaron a Ignacio Aponte, como principal deudor y a sus fiadores Juan de Dios Santini, Domingo Colón Ortiz, Longinos Mercado y Alfonso Rodríguez en cobro de $4,362.65, alegando sustancialmente que el de-mandado Ignacio Aponte solicitó en cuenta corriente un cré-dito en la mercantil demandante liasta la suma de $5,000; que los codemandados arriba nombrados prestaron la fianza por el término de un año, comprometiéndose por la misma a satisfacer las cantidades que basta $5,000 tuviera que re-clamar del demandado Ignacio Aponte; que este último du-rante el año que estaba en vigor la fianza, tomó a la deman-dante efectos por valor de $10,525.65 y que como resultado de una liquidación la cuenta corriente arrojó un saldo de $4,362.65, que es la suma reclamada en la demanda.

Los fiadores contestaron negando ciertos hechos de la de-manda y alegando como defensa que la fianza prestada fué" para garantizar efectos que la demandante suministrara al deudor principal y que éste durante el término del año a que estaba limitada la garantía abonó la cantidad de $4,467.65, cuya suma saldaba aquellas partidas más antiguas a su cuenta y que en un reajuste de la cuenta basta la suma de $5,000 con el demandado Aponte, le fué rebajada la suma de $540.45, en las compras y ventas hechas a la demandante, alegando en resumen que los abonos del deudor principal cubrían en exceso el importe de la cantidad que garantiza-ban los fiadores.

La corte inferior al declarar en liarte con lugar la de-manda en cuanto a los fiadores, les condenó al pago de $426.35, fundándose en síntesis en,que durante el año que estaba en vigor, la fianza, la demandante suministró efectos al deudor principal por $10,525.65, más del doble de la ga-rantía, y que habiendo hecho abonos el deudor dentro del período estipulado por $4,573.65, esta suma liasta $5,000 que es el montante de la fianza, produce una diferencia de $426.36, que es la cantidad a que se obliga al pagó a los fiadores, en lugar de la suma de $4,362.65 que como saldo de la cuenta corriente reclama la demandante.

No conforme con la sentencia la demandante estableció este recurso y en su alegato señala la comisión de los si-guientes errores, a saber:

“1. La corte inferior erró al darle un valor restrictivo a la fianza que motiva este caso a pesar de su texto amplio y-general.
“2. La corte' inferior cometió error al considerar que la fianza prestada por los codemandados Juan de Dios Santini, Domingo Co-lón Ortiz, Longino Mercado y Alfonso Rodríguez, no cubría el saldo deudor al ser liquidada la cuenta corriente existente entre el deman-dado Aponte y la demandante ‘Brunet, Sáenz & Co., S. en C.’ al año de su vencimiento.
“3. La corte inferior cometió error al considerar que los abonos hechos por el demandado Ignacio Aponte en el transcurso de la cuenta corriente extinguieron la obligación de los fiadores codeman-dados, confundiendo los términos de abono, pago e imputación de pago.”

No obstante el número de errores apuntados, toda la cuestión en este caso se reduce a considerar los términos de la fianza y determinar la extensión de la misma en rela-ción con la responsabilidad de los fiadores.

La fianza consta de dos cartas que literalmente dicen:

“Barranquitas, P. R. — Julio 27, 1921. — 'Sres. Brunet Sáenz & Co. —San Juan, P. R. — Muy Sres. nuestros: Nosotros, los abajo firman-tes garantizamos al Sr. Ignacio Aponte por la suma de cinco mil dólares' ($5,000.00) para responder a las cobranzas que por cualquier concepto tengan que hacer contra dicho señor. — Damos a ustedes las gracias por la atención que a bien tengan prestar a la presente, sus-cribiéndonos, sus attos. y SS. SS.— (firmado) Longino Mercado. — D. Colón Ortiz. — J. D. ■ Santini.. — Alfonso Rodríguez.”
“Barranquitas, 31 de Julio de 1921. — Sres. Brunet Sáenz & Co., San Juan, P. R. — Muy Sres. nuestros: Nos permitimos anunciarles que la garantía que dimos a favor de Dn. Ignacio Aponte será sólo por un año a contar desde la fecha en que fué expedida. — Sin otro particular, nos suscribimos, sus attos. y S. S. s. s. (firmado) J. D. fja.ut.i-ni. — D. Colón Oijiz. — Longinos Mercado. — Alfonso Rodríguez.”

Según se desprende de la redacción de las cartas trans-mitas, la fianza fné expresa y en ella quedó limitada la res-ponsabilidad de los fiadores en cnanto al tiempo y a la can-tidad que garantizaba la obligación principal. No podía ex-tenderse por más tiempo del estipulado ni exceder del lí-mite de $5,000 acordado sin el consentimiento de los fiadores. Sin embargo, la obligación principal del deudor rebasó la garantía de $5,000 por haber suministrado efectos la deman-dante al demandado Aponte dentro del año que subsistía por $10,525.65, más del doble de la fianza. Y siendo éste un hecho no controvertido entre las partes, la cuestión toma un carácter legal en cuanto a la aplicación del artículo 1728 del Código Civil Revisado que dispone que la fianza no se presume: debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella. En relación con el fin de este precepto, estamos conformes con la cita y razonamiento que en el curso de su opinión hace la corte inferior, expresando:

“El Tribunal Supremo, (de España) en sentencia de 16 de no--viembre de 1900, ba establecido también el fundamento de dicha disposición, diciendo que ‘por lo mismo que la fianza es una obli-gación especial que no se presume, es preciso que consten las que contrae el fiador, o los límites de la fianza.’ — Tanto esa misma sen-tencia como otras de 29 de mayo de 1897 y de 24 de enero de 1901, han sancionado la doctrina establecida en el artículo que examinaremos, elevándola a la categ’oría de principio indiscutible de derecho aplicable, tanto a la fianza civil como a la mercantil. En efecto; unánimemente se declara en dichas sentencias, que es un principio de derecho sancionado expresamente por el artículo 1827 del Código Civil, que la fianza no se presume, sino que ha de ser expresa y no puede extenderse más allá de lo contenido en ella, cuyo precepto es aplicable al afianzamiento mercantil, por vir-tud de lo dispuesto en el art. 50 del Código de Comercio. Final-mente, la citada sentencia de 16 de noviembre de 1900, añade que siendo gratuito el contrato de fianza ha de interpretarse, cuando se ofrezca duda sobre su extensión por la menor transmisión de derechos conforme- a lo prevenido en el art. 1289 del Código Civil, relacionado con el 441 del Código de Comercio. Esta declaración' de la jurisprudencia viene a confirmar también de una manera clara y explícita la afirmación que repetidamente liemos sentado, de que toda la materia relativa a la fianza es de interpretación estricta y aún restringida, lo cual constituye el fundamento jurídico de la se-gunda de las disposiciones que hemos dicho comprende el párrafo primero del artículo objeto de este comentario; disposición tan con-forme con la naturaleza de este contrato, que sin la limitación con-signada en ella, vendría la fianza a convertirse en una nueva y dis-tinta convención separándose de su verdadero objeto.” Manresa, tomo 12, págs. 234-235 (2* ed.) — En el caso que nos ocupa y se-gún se hace constar expresamente en la demanda, la fianza fue cons-tituida para garantizar un crédito de cinco mil dólares que intere-saba el demandado Aponte; y siendo esto así, es claro que tal obli-gación de fianza que es subsidiaria a ' la obligación principal, n.» puede extenderse en modo alguno- a una suma mayor que la principal garantizada.— (Art. 1728 del Código Civil). ‘La razón de ese precepto la hemos demostrado ya al ocuparnos del artículo anterior, y, por lo tanto, nos basta tan sólo indicar que siendo la fianza,una obligación accesoria, no puede traspasar los límites de la obligación principal garantizada por la misma, pues en todo lo que exceda de ella, faltará obligación de que haya de depender o a la que debe accederManresa, tomo 12, página 234. Entendemos pues, que los fiadores demandados son responsables únicamente de un crédito por cinco mil dólares; y que habiendo facilitado la mercantil deman-dante efectos al demandado Aponte por una suma mayor que la re-ferida, la garantía no alcanza en modo alguno a cubrir el exceso sobre dicha suma, ya que la fianza no puede extenderse a garantizar una suma mayor que la expresamente estipulada * * ®.”

El apelante insiste no obstante, en su tercer señalamiento de error fundándose en que la cuenta corriente es un todo indivisible y sus partidas pierden su calidad para conver-tirse en simples anotaciones en las columnas de su debe y liaber; o en otros términos: que la cuenta corriente no es exigible en cuanto a sus saldos, pues los abonos hechos en el transcurso de la- misma no pueden considerarse como pago-ni imputarse a partida alguna de la cuenta corriente.

Pero no discutimos la naturaleza en sí de la cuenta co-rriente sino sus efectos como obligación principal en reía-cióii con la • responsabilidad de los fiadores. Si la fianza sólo respondió de nn crédito basta $5,000 y el acreedor se excedió concediendo nn crédito al dendor principal por mayor cantidad, lo natnral es qne la cuenta corriente se baga divisible en cuanto a su garantía y los pagos que bace el deudor en el curso de las operaciones durante el término que subsista la fianza deben ser aplicados en primer tér-mino a extinguir los créditos de efectos o especies facilita-dos por el acreedor por el orden de sus fechas más antiguas; basta donde alcance o cubra el límite de la obligación sub-sidiaria contraída por los fiadores. Esta es una doctrina, que de un modo general se apuntó en el caso de la Compañía, Industrial de Santurce v. Sánchez, etc., 21 D.P.R. 191, 196, y con más amplitud sostenida en el caso de Sucesión■ Valdés v. Acevedo, 23 D.P.R. 736, 742, en el que esta Corte-Suprema, por voz del Juez Aldrey, dijo:

“Tomando en consideración las obligaciones de Ufret y la fianza del apelante y teniendo presente- las reglas de derecho que hemos consignado antes, tenemos que llegar a la conclusión de que en cuanto> a dinero entregado, Acevedo sólo garantizó la devolución de ocho-cientos pesos y sus intereses que según el contrato habían de entre-garse a Ufret durante el primer año del contrato, pues así lo con-signó expresamente en su fianza, cantidad que fue cubierta por su' fiado con el abono que en febrero 6 de 1912 hizo por $3,005.53 en. cañas. Que esta interpretación es correcta lo demuestra el acto posterior de la central y de Ufret conviniendo en la cantidad que ha-bía de ser entregada para la refacción del cosecho de 1912-13. Así pues Acevedo no garantizó el pago de las cantidades que en exceso-de $800 se entregaron a su fiado, limitó expresamente su garantía-a la cantidad de $800 y sus intereses y por tanto, no puede habér-sele responsable de- cantidades distintas facilitadas que, por otra-parte, no podrían estimarse como consecuencia del contrato que ga-rantizó pues aunque Ufret tenía la obligación de cultivar y entregar cañas en las moliendas de 1912 y 1913 no era absolutamente nece-sario para que Ufret cumpliera esa parte del contrato que la central le facilitara más dinero de aquel que expresamente garantizó* Acevedo.
“La garantía, pues, de Acevedo, fué de responder hasta $800 y: sus intereses y de que ITíret cumpliría las demás condiciones del con-trato. La generalidad de los términos de la fianza en cuanto a las obligaciones de Uíret que no fueran la de devolver los $800, no produce como consecuencia el que se facilitara al colono mayor canti-dad que ésa y que el fiador esté obligado a pagar el exceso.”

No. 3208.

Resucito en junio 10, 1925.

3. Principal y Fiador — Creación y Existencia de la Relación — Fianza En-tre Individuos — Calificación de Fianza en Estados Unidos y Puerto Rico. — No existe paridad en la calificación, de fianzas tal como las definen la jurisprudencia americana y el Código Civil.

2. Principal y Fiador — Creación y Existencia raí la Relación — Fianza En-tre Individuos — Ley qije la Gobierna. — La jurisprudencia de otro estado referente a fianzas es obligatoria solo cuando la fianza es para tener efecto en dicho estado.

3. Principal y Fiador — Naturaleza y Extensión de la Responsabilidad del Fiador — Interpretación del Contrato de Fianza. — Siendo gratuito el" contrato do fianza lia de interpretarse por la menor transmisión de derechos. (Arts. 1256 del Cód. Civ. 'Rev. y 441 del Cód. de Comercio.)

Alega también la apelante que al consignarse en la fianza (pie los fiadores responden a las cobranzas que por cualquier concepto tengan que hacerse al deudor principal se refiere la misma a cualquier saldo de la cuenta corriente aun cuando el movimiento de las operaciones o el volumen de negocios dentro del año rebasara el contenido de la fianza. Sin embargo, como ya hemos visto, es una regia general en la ju-risprudencia que toda materia relativa a fianzas es de in-terpretación restrictiva y por aquellas palabras sólo podía significarse que los fiadores, dentro del límite de su obliga-ción, no podrían discutir la naturaleza o procedencia de las partidas o créditos dejados de cubrir por el deudor principal, es decir, ya consistieren en dinero, especies o efectos de comercio.

' Por todo lo expuesto la sentencia de la corte inferior debe confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.

RECONSIDERACIÓN'

El Juez Asociado Señor Franco Soto, emitió la opinión del tribunal.

En la moción solicitando se reconsidere nuestra senten-cía de julio 12, 1924, se alega que la cuestión fundamental del alcance e interpretación del documento de fianza no fué debidamente presentada, dejando de ponerse a la considera-ción de esta Corte Suprema los principios y reglas unifor-mes establecidos en casos análogos en la jurisprudencia.

Podría contestarse simplemente que se trata de la inter-pretación de preceptos del Código Civil Revisado en materia de fianza, ya interpretados por la jurisprudencia y comenta-ristas españoles y también por esta misma Corte Suprema, y ,que las citas de otras autoridades americanas es más bien ilustrativa de que aún dentro del conflicto de reglas que ellas sostienen, existen jurisdicciones en abono de la regla stric-tissimo juris que fiemos aplicado a este caso.

Sin embargo, a fin de esclarecer mejor cierta confusión que mantiene el nuevo abogado de la apelante en los puntos de vista que con alguna extensión presenta, vamos a exami-nar con más amplitud las cuestiones que originalmente fia-bían sido apuntadas y resueltas.

El contrato de fianza consta de dos cartas, que literal-mente dicen:

“Barranquitas, P. R. — Julio 27, 1921. — Sres. Brunet Sáenz & Co. —San Juan, P. R. — Muy Sres. nuestros: Nosotros, los abajo firman-tes garantizamos al Sr. Ignacio Aponte por la siima de cinco mil dólares ($5,000.00) para responder a las cobranzas que por cualquier concepto tengan que hacer contra dicho señor. — Damos a ustedes las gracias por la atención que a bien tengan prestar a la presente, sus-cribiéndonos, sus attos. y SS. SS.— (firmado) Longino Mercado. — D. Colón Ortiz. — J. D. Santini.. — Alfonso Rodríguez.”
. “Barranquitas, 31 de Julio de 1921. — Sres. Brunet Sáenz & Co., San Juan, P. R. — Muy Sres. nuestros: Nos permitimos anunciarles que la garantía que dimos a favor de Dn. Ignacio Aponte será sólo por un año a contar desde la fecha en que fué expedida. — Sin otro particular, nos suscribimos, sus attos. y S. S. s. s. (firmado) J. D. Santini. — D. Colón Ortiz. — Longinos Mercado. — Alfonso Rodríguez. ’ ’

La apelante afiora sostiene que los términos de la fianza que se consideró limitada es de los llamados continuos en la nomenclatura de la jurisprudencia americana. En el primer alegato del apelante se sostuvo por éste que la fianza era de carácter general indefinido y que por implica-ción cubría cualquier saldo del deudor principal dentro del límite de la cantidad de $5,000 a que montaba la fianza. La razón de la apelante entonces no era porque calificara la fianza de continua, o ilimitada la extensión del crédito, sino-porqué tratándose de una cuenta corriente entre acreedor y deudor principal dicba cuenta era indivisible y el abono o im-putación de pagos no podía tomarse en cuenta sino al final de la liquidación. Se declaró, no obstante, que la teoría de la apelante podía mantenerse en cuanto al contrato principal entre las partes; pero no en relación con la responsabili-dad de los fiadores, dados los términos de la fianza. En este punto es que se amplía la discusión del asunto en el nuevo alegato de la apelante alegando que se prestó más atención a las cuestiones secundarias como las de abonos, imputación de pagos a la cuenta corriente, cuando estas incidencias ca-recían de importancia por tratarse de una garantía de ca-rácter continuo en que si bien la responsabilidad de los fia-dores está limitada a la suma especificada, no lo está la ex-tensión del crédito dentro del término o período fijado en ■el contrato. En relación con esto no se debe perder de vista que se trata de la interpretación de una fianza a la luz de disposiciones de nuestro Código Civil Revisado y podemos afirmar que no existe, como sostiene la apelante, paridad en la calificación de fianza tal como las definen las jurispruden-cia americana y dicto Código Civil Revisado. En aquélla se encuentran casos en que una fianza de carácter indefinido se tiene por limitada tanto en la responsabilidad del fiador como en la extensión del crédito, y bajo el Código Civil se-ría lo contrario: la fianza indefinida tiene el carácter de-continua.

. En el caso de Perryman v. McCall, 41 Am. Rep. 753, la fianza estaba redactada en los siguientes términos:

“Leí la carta que usted escribió al Sr. J. R. Burns, para suminis-trarle provisiones, y be visto que mi nombre lo pondría en condicio-nes de obtener una existencia de mercancías y continuar los negocios. EI-Sr. Burns creo le pidió a usted que le enviara la cuenta de pro-visiones que usted tiene. Abora sírvase llenar diclia cuenta con ex-éepeión de un barril de whiskey South-Side, y remítalo por el primer vapor a Tuskalóosa. Permítame que le indique que yo reco-miendo al Sr. J. R. Burns y espero que él será uno de sus mejores parroquianos. El Sr. Burns le enviará a usted unos cincuenta dó-lares por vapor; y como los negocios están malos y nuestra Corte de Circuito ba terminado, puede ser que — por ejemplo, basta el pri-mero de noviembre — en otoño no le pueda enviar a usted mucbo dinero; pero él le remitirá lo que piieda durante el verano.”

Y la conclusión de la corte filé la siguiente:

‘‘El pensamiento adicional de que Burns llegue a ser uno de sus mejores parroquianos es demasiado indefinido en sus términos para que la carta constituya una garantía constante.” (p. 754.)

Veamos añora las palabras del artículo 1728 del Código Civil Revisado, que dicen:

‘‘La fianza no se presume: debe ser expresa y no puede exten-derse a más de lo contenido en ella.
“Si fuere simple o indefinida, comprenderá no sólo la obligación principal, sino todos sus accesorios, inclusos los gastos del juicio, entendiéndose respecto de éstos, que no responderá sino de los que se hayan devengado después que haya sido requerido el fiador para el pago.”

Estamos además considerando una garantía no sólo otorgada en esta Isla sino para tener efecto en la misma. Unicamente hubiéramos estado obligados a acudir a la jurisprudencia de los diferentes estados que cita la apelante si el contrato de fianza era para tener efecto en cualquiera de ellos. Y en los Estados Unidos la ley que gobierna es la del estado en que ha de surtir efecto la fianza.

Una carta de garantía escrita en los Estados Unidos y dirigida a una casa de Inglaterra debe ser interpretada de Acuerdo con las leyes de esta última nación. Bell v. Buren, I How (U.S.) 169.

Cuando una fianza es otorgada en New York pero es otorgada para ser operativa en Ohio, su interpretación y la responsabilidad de las partes dependientes de la misma debe regirse por las leyes de Ohio. Richardson v. Draper, 23 Hin 188 (aff. 87 N. Y. 337). La misma doctrina se sienta en McFarland v. Wadhams, 177 Fed. 82, 99 C.C.A. 602 (rev. 165 Fed. 9871), y John A. Telman Co. v. Reed, 115 Mich. 71, 72 N.W. 1104.

Pasando, por tanto, al campo de la jurisprudencia aplicable, pues el artículo 1728 es de procedencia española, la misma apelante afirma que la Corte Suprema de España no ha resuelto el caso concreto que nos ocupa. A pesar de esta declaración la apelante cita xui caso reportado en el tomo 60 de la Jurisprudencia Civil, página 917, y se esfuerza en sostener que en él están envueltos los puntos de derecho que discute respecto a las diferencias existentes entre las garantías limitadas y continuas. Sin embargo, dicho caso ni remotamente puede tener aplicación al presente, pues se trata en aquél de un contrato de fianza en que los fiadores se constituyeron en principales pagadores, perdiendo, por tanto, su carácter de fiadores, convirtiéndose en codeudores y bajo este aspecto es que se estimó su responsabilidad ilimitada. En cambio, la cita que hizo la, corte inferior de la sentencia de 16 de noviembre de 1900 del Tribunal Supremo de España (90 J.C. 656), sanciona la doctrina del artículo 1827 del Código Civil español, equivalente al 1728 del Código Civil Revisado, y en ella, en oposición a la regla de' interpretación liberal de favorecer al acreedor en caso de duda'en materia de fianzas, que trata de hacer prevalecer la apelante y que atribuye en general a la jurisprudencia americana, se establece inequívocamente el principio de que siendo gratuito el contrato de fianza, ha de interpretarse, cuando se ofrezca duda sobre su extensión, por la menor transmisión' de derechos conforme a lo prevenido én el artículo 1289 del Código Civil, relacionado con el 441 del Código de Comercio. Y Manresa (tomo 12, págs. 234, 235, Cód. Civ. Esp. art. 1827) al comentar dicha sentencia dice que esa declaración de la jurisprudencia viene a confirmar también de una manera explícita la afirmación repetidamente sentada de que toda la materia relativa a la fianza es de in-terpretación estricta y restringida. Habiendo sido, por con-siguiente, nuestro Código Civil Revisado interpretado me-diante tan importantes declaraciones procedentes de autori-dades a las que generalmente acudimos como fuentes de nuestro derecho civil substantivo, se hace necesario decir que tales preceptos por la naturaleza de los mismos no son una traba, como sostiene la apelante, a las transacciones co-merciales, toda vez que siendo el fin del comercio el lucro, parecería contrario al buen sentido que tal objeto se alcance’ a costa de terceras personas, cuando no aparezca que se ha-yan obligado expresamente o surjan dudas acerca de la ex-tensión de su responsabilidad, ya que su intervención siendo gratuita no tiene interés o participación en la negociación sino que más bien el riesgo que corre su desinterés es. para beneficio de acreedor' y deudor.. Es más natural que corres-ponda a estos líltimos cuidarse de la clara y precisa redac-ción de las fianzas y no dejar a las cortes para que.-en caso de duda sean las llamadas a subsanar o llenar las deficien-cias u omisiones que resulten de tales documentos. Y si a esto añadimos que en muchas ocasiones los contratos de fianza se redactan por personas que no conocen el alcance de las palabras que tiendeu a establecer la extensión de la responsabilidad del fiador y especialmente en el comercio portorriqueño que en general no ha estado acostumbrado al tecnicismo de las palabras que en inglés implican la respon-sabilidad “continua” de un fiador, y su significación, como hemos visto, no está en armonía con lo que prescribe nues-tro Código Civil, aparece claro con más énfasis la necesidad de aplicar la regla de strictissimi juris, esto es, que el coíi-trato de fianza no puede extenderse por interpretación o implicación más allá de sus precisos términos. Además, esta misma regla la encontramos aplicada por autoridades americanas. Bn el caso de Perryman v. McCall, supra, se dice:

“Hablando de una garantía, en el caso de Douglass v. Reynolds, 7 Pet. 113 (U. S.) el juez Story, .de la Corte Suprema de los Es-tados Unidos, dijo lo siguiente: ‘Siendo un compromiso por la deuda de otra persona, ciertamente no existe ninguna razón para •darle una significación más amplia o una interpretación liberal que usté fuera del significado razonable de sus términos. * * * La .ley obliga a un hombre, que no tiene ningún interés en la transac-ción, a pagar la deuda de otro solamente cuando su obligación ma-nifiesta una clara intención de quedar obligado él mismo por esa deuda.’ ” 41 Am. Iiep. 754.

Spencer, en su obra Suretyship se inclina en sentido de que para que surta efecto la responsabilidad del fiador en cuanto a la extensión del crédito, o en otros términos para que se considere continua la garantía, tiene que establecerse una estipulación expresa en el contrato de fianza y por con-siguiente no es condición para presumirse. Y sostiene al mismo tiempo como cuestión justa y razonable que el mero hecho de que el crédito se extienda más allá del límite de la fianza no es motivo para relevar al fiador de su responsabi-lidad dentro del límite de su fianza. En tal respecto, en la página 137, párrafo 101, dice:

“A falta de una estipulación expresa de que la responsabilidad del garante ha de depender de que el crédito no se amplíe al deudor principal a más de la suma estipulada, el garante no está relevado de la obligación que tiene por la suma estipulada por el mero hecho de que está limitada la responsabilidad de dicho garante. En tal ■caso el garante es responsable por la cantidad estipulada, pero no por el exceso.”

En nuestro caso la fianza está limitada en la cantidad y ■en el tiempo. Los términos eran precisos. Y en cuanto a las palabras “para responder a las cobranzas que por cual-quier concepto,” resolvimos que se referían a la naturaleza •o procedencia de las partidas del crédito pero no a su ex-tensión. El apelante insiste, sin embargo, que “concepto”, '“resultado de la relación entre el sujeto y objeto” según la significación de la lengua, indica la consecuencia de las ope-raciones y alega que aún suponiendo que tales palabras im-pliquen el motivo, la procedencia del debe, ¿por qué también no se liabían de referir al saldo deudor de la cuenta co-rriente? La misma apelante sugiere la duda. Su interpre-tación, sin embargo, es realmente forzada. Es una conclu-sión tal vez valiosa del nuevo abogado de la apelante, pero habría que llegar a ella más bien aplicando una operación especulativa, metafísica, como define el diccionario, a propó-sito para presunciones, pero incompatible para resolver cues-tiones materiales, taxativas y expresas.

Según Rodríguez Navas, en su Diccionario de la lengua española, “concepto” significa lo que sigue:

“Concepto, m. Idea que concibe o forma el entendimiento me-diante la percepción. Resultado de la relación entre el sujeto y el objeto. Representación del objeto en el sujeto. Conocimiento elemental. 'Sentencia, agudeza. Opinión.” Pág. 372.

Aparece bien claro que sería ir contra la letra y espíritu ■del art. 1728 del Código Civil Revisado si tuviéramos que acudir, por tanto, a reglas abstractas para interpretar las palabras de una fianza cuando éstas deben ser expresas y nunca se presumen.

Desde luego que si asumiéramos que la fraseología de la fianza fuera ambigua o dudosa, tendríamos que seguir aquella interpretación que más limitara la responsabilidad del fia-dor aplicando la jurisprudencia española que hemos referido y la de esta Corte Suprema que más adelante consideramos. Sin embargo, ya que la apelante ha intentado exclusivamente apoyarse en autoridades de varios estados para sostener su contención, el principio de interpretación restrictiva en materia de fianza lo encontramos aplicado por autoridades de otros estados. En este sentido se ha llegado a decir que el garantizador (guarantor), igual que el fiador (surety), en tal respecto es el favorito de la ley y que una reclama-ción contra él es strictissimo juris.

La Corte Suprema de Oregon en el caso Staver & Walker v. Looke, Ore. 17 L.R.A. 654, en parte, dice:

“Sin embargo, se dice que está abora bien establecido para que esté sujeto a duda, que un garantizador, así como un fiador, está obligado únicamente por el texto escrito o términos precisos del con-trato de su principal cuyo cumplimiento él ba garantizado; que .en este sentido él es un favorito de la ley; y que una reclamación contra él es strictissimo juria. Kingsbury v. Westfall, 61 N.Y. 356. Y al fijar la responsabilidad de un fiador o garantizador, debe recor-darse que él es un favorito de la ley y tiene derecho a ampararse en los términos estrictos de su obligación, cuando tales términos se determinan. People v. Chalmers, 60 N.Y. 154; State v. Churchill, 48 Ark. 426.”

Continuando el examen de las autoridades, toda vez que la apelante en su voluminoso alegato hace numerosas citas que tienden a definir lo qué se entiende por garantías con-tinuas y limitadas, se hace conveniente decir que - ninguno de los casos citados contiene las mismas o análogas pala-bras del documento que es objeto- de este pleito, viéndose además que no existe una regia especial mediante la cual la distinción pueda ser establecida y que poco auxilio puede conseguirse de los casos decididos, pues ellos dependen de la peculiar fraseología de cada fianza en particular.. 28- C, J. 958. . ;

Es verdad que las autoridades están en conflicto, unas interpretando el contrato en caso de duda a favor- del’ fia-do]’, y otras del lado del’ acreedor, pero aparte de que esta última regla es contraria a nuestro derecho histórico en esta materia, y a la regia de interpretación que establece el art. 1289 del Código Civil, encontramos, sin embargo, ejemplos 4e garantías las que más precisas en sus términos que la fianza de este caso, se han clasificado de garantías limitadas no sólo en cuanto a la suma especificada en la fianza, sino también refiriéndose a la extensión del crédito.

En el caso de Hunter Stewart v. Levis Bros., 42 La. Ann. 22, las palabras de la fianza son como sigue:

“Queda estipulado * * * que dicbo pagaré hipotecario que-dará en nuestro poder como garantía colateral por la mitad de la suma en exceso de $10,000 de los anticipos que habremos de hacer nosotros a la * * * Hacienda Foley, para los gastos corrientes de la misma durante * * * 1888, siempre que dicho exceso no pase de $3,000.”

No obstante, se declaró en este caso que la fianza era li-mitada.

En el caso de Staver & Walker v. Locke, supra, la cláusula final del contrato dice:

“Garantía. — Por valor recibido y por la ulterior consideración de un dólar pagado a él por dichos Staver & Walker, el ‘infrascrito por la presente garantiza el fiel y -completo cumplimiento del agente arriba nombrado, de todos los convenios y compromisos allí con-traídos por dicho agente.” 17 L.R.A. 653.

. A pesar de los términos indefinidos de' dicha cláusula, se interpretó restrictivamente y se decidió que la garantía era limitada.

Y sin que sea necesario seguir citando casos, basta ha-cer referencia por último al sumario del caso de Ben Gerson v. Hamilton, 30 La. Aun. 737, que dice lo siguiente: .

"Cuando el texto de una garantía dirigida a un factor es ‘ quiero ser su garantía por la suma de dos mil quinientos dólares.’ No es lo' que se' denomina una garantía continua. Sólo comprende los pri-meros $2,500 de" dinero adelantado o efectos suministrados a la persona en favor de quien se da la garantía. El factor así garantizado está legalmente obligado a aplicar a la deuda garantizada, y para relevar al garantizador, .los primeros pagos recibidos por él de la persona a favor' de quien la garantía se dió. ”

Por otra parte, ninguno de los varios casos citados por la apelante en su último alegato, por la fraseología de los. contratos de fianza que ellos comprenden, vemos que pudieran tener aplicación al presente, en caso que fuera pertinente su estudio y consideración. Basta examinar someramente los primeros casos citados en el alegato. El caso de Sinnige v. Oswald, 170 Cal 56, se refiere a una fianza hasta la suma de $1,000 para garantizar alquileres durante nn pe-ríodo de 10 años.

El de Lean v. Geagen, 128 Pac. 792, la garantía no te-nía tiempo limitado y no debía exceder de la snma de $1,000 para garantizar la venta y entrega de mercancías qne de tiempo en tiempo comprara el dendor y se extendía a to-das las deudas qne por tales compras podía contraer el den-dor principal. Este tomó efectos por valor de $1,102.69 y pagó a cuenta $94.69, dejando nn balance en descubierto por $1,007.70. No se discutió en este caso el carácter de continua de la fianza; la sola contención del fiador fué que el dendor tomó mercancías en exceso de los $1,000 en contra-vención al contrato. Resulta bien clara la entera diferen-cia de este caso, y si bien la apelante en el presente caso alega para demostrar la conducta prudente del acreedor de no liaber excedido su crédito en ningún saldo parcial, puede verse, sin embargo, de un ligero examen de la cuenta que si de ella se hace un balance el 31 de octubre de 1921, el saldo hubiera excedido en más de $900 de la garantía, ocu-rriendo lo mismo al final del balance, aunque ligeramente. No fué, por supuesto, ésta la contención en este pleito, pero no siempre es precavido un acreedor que deja en mucho ex-ceder su crédito cuando la garantía es expresa y limitada.

Los casos de Fisck et al. v. Stonce, 6 Dak. 35, 50 N.W. 125, y Pratt v. Mathews, 24 Hun (N.Y.) 386, presentan igual cuestión que el anterior.

La apelante cita además la definición que de garantías continuas dá el Código Civil de California, y sin duda es una clara concepción de tales fianzas, pero la jurispruden-cia de California en materia civil substantiva en nada nos obliga, ya que tenemos nuestro propio código y la jurispru-dencia aplicable. No obstante, ya que las disposiciones del Código Civil Revisado deben prevalecer en materia de fianza y por ellas se prescribe que la fianza no se presume y debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella, y con el fin de que aparezca clara la intención de las partes, parece conveniente llamar la atención al modelo de fianza que contiene el caso de London and S. F. Bank v. Parrott, 125 Cal. 479, de donde resulta en forma expresa que la limitación de la cantidad de que responde el fiador no es una restricción a los avances qne puedan ser hechos al deudor principal o a la extensión de sil crédito más allá de aquel límite, respondiendo el fiador en todo caso de cual-quier saldo dentro del límite de la fianza.

El documento a que nos referimos, textualmente dice:

“Al Banco de Londres y San Francisco, Lt’d., San Francisco, California: Sírvanse dar crédito a la Capitol Packing Company por una suma de dinero en moneda de los Estados Unidos que no exceda del importe de cien mil ($100,000) dólares; y como dicha compañía empacadora tiene en perspectiva hacer futuras negociacio-nes con ustedes, se servirán ustedes continuar el referido crédito, o si fuere rebajado o satisfecho por pagos hechos por dicha compa-ñía empacadora, renovar el mismo de tiempo en tiempo por dicho importe, o por cualquier suma menor, o de otro modo mantener dicho crédito permanente hasta el límite indicado, o por cualquier cantidad menor.
“Y este documento será considerado como, y constituirá para us-tedes, una garantía constante por cada uno de nosotros en las varias proporciones que abajo se indican, en relación con, y comprensivas, del crédito original aquí autorizado y de todas las futuras respon-sabilidades de dicha compañía empacadora para con ustedes bajo dicho crédito original, y de acuerdo con las sucesivas transacciones que tengan con ustedes que pueda ya continuar su responsabilidad o de tiempo en tiempo renovarla; y tal garantía durará y será efec-tiva hasta todo el presente o futuro crédito o créditos que a ustedes se le den como queda dicho, que no exceda del límite del importe in-dicado, será enteramente satisfecho, con sujeción a nuestro derecho legal de revocar la misma por escrito en cualquier momento con res-pecto a cualesquiera transacciones que tengan lugar después de tal revocación. ’ ’

No hubiéramos tenido que ir tan lejos en el estudio y con-sideración de este asunto si no hubiera sido por la extrema importancia que el nuevo abogado de la apelante atribuye a este caso para el comercio en general, el que lo tiene sin duda, porque sencillamente se pudo decir que los' principios que seguimos en nuestra opinión de julio 12, 1924, y que sostenemos con motivo de la moción de reconsideración, fue-ron establecidos por esta Corte Suprema en el caso de Sucesión Valdés y. Acevedo, 23 D.P.R. 736. Este caso que in-terpreta el art. 1728 del Código Civil, supra, y declara “que los contratos de fianza, por su naturaleza, dado que se ad-quieren obligaciones generalmente sin remuneración, son de interpretación estricta,” encierra en esta sentencia todo el espíritu de la jurisprudencia, tanto española como ameri-cana, que consideran al fiador el favorito de la ley y las reclamaciones en su contra de strictissimo juris. Aún de este caso tal vez podíamos decir que su interpretación fia sido más estricta, más fuerte, si siguiéramos al apelante en su argumentación partiendo de presunciones para la inter-pretación de los contratos de fianza. Y naturalmente que si se hubiera interpretado el contrato dentro de los principios de algunos casos americanos citados por la apelante, éste no hubiera podido, como intenta hacer, distinguirlo de dichos casos en su esencia, y mediante una interpretación liberal de presunciones pudo llegarse a que se calificara de conti- ' nua la fianza, pues si bien la garantía quedó limitada expre-samente a la cantidad de $800, no así apareció tan clara-mente para esta corte la extensión del crédito durante el período del contrato, no obstante la cláusula general de la fianza diciendo el fiador “quedando y dejando vigente esta garantía mientras lo esté el ameritado contrato o adeude el Sr. TJfret a la central cantidad alguna por virtud del mismo.” El contrato era por dos años y pudo tal vez interpretarse dicha cláusula general refiriéndose a cualquier saldo que no excedería del límite de la suma especificada en la fianza, puesto que el contrato principal, como de refacción de cañas, originaba necesariamente una cuenta corriente por los avan-ces y entregas. A pesar de esto se declaró llanamente que dicha cláusula general no autorizaba al acreedor para hacer avances en exceso de los $800 que montaba la garantía y que los abonos hechos por el deudor con las entregas del primer año, cubriendo en exceso la fianza, exoneró al fiador de sn obligación subsidiaria. T esto mismo fné lo que se declaró en el presente caso con vista de términos más pre-cisos y expresos.

A propósito de estas conclusiones parece oportuno decir que el caso de Stewart v. Levis Bros., supra, es substancial-mente análogo a nuestros casos. El fiador es el que pro-mueve la acción contra el acreedor para recobrar de él la cantidad que éste cobró ejecutando judicialmente un pagaré hipotecario que recibió como garantía colateral de los avan-ces que se concedieron al deudor principal. La Corte Su-prema de Louisiana, en su opinión sosteniendo al fiador, dice de un modo semejante a lo sostenido en nuestro caso:

“Desde el momento en que los $13,000 del primer anticipo he-cho por los demandados a los dueños de la hacienda fueron reem-bolsados, el contrato entre ellos y el demandante dejó de tener efecto, pues no era un contrato continuado sino simplemente un con-venio auxiliar. El riesgo había de correrse una sola vez. Se co-rrió impunemente una vez y lo convenido quedó como si jamás lo hubiera sido. Las obligaciones de un fiador son stricti juris y no pueden extenderse más allá de la intención y voluntad de las par-tes contratantes.” Stewart v. Lewis Bros., 42 La. Ann. 22.

Y más adelante se declara en dicha opinión que si el acreedor hubiera sido el que hubiese establecido la acción contra, los fiadores que aparecen siendo los dueños de una plantación (Foley Plantation) que recibió los avances, el re-sultado hubiera sido el mismo y a este efecto se dice por dicha corte:

“Es evidente que si se hubiera entablado pleito por los deman-dados bajo los hechos revelados por los autos, contra los dueños de la hacienda por $3,000 anticipádosles, después que se les habían ya anticipado los $10,000, los dueños, mediante alegación de pago, hu-bieran sido exonerados, pues tomando como cierto que existe un balance deudor de $1,088 a favor de los demandados, no es un balance deudor sobre los $3,000 anticipados bajo el convenio inmediatamente después que fueron anticipados los $10,000, haciendo una suma total de $13,000; sino un balance deudor sobre los $12,904 que fueron anticipados después que los $13,000 habían sido desembolsados. Cla-ramente, la obligación es una de pagar en caso de que el deudor deje de hacerlo (R.C.G. 3045), y como los dueños de la hacienda han pagado los $3,000 prestádosles en exceso de los $10,000, la con-clusión esu que no procede reclamación en forma alguna por parte de las personas a cuyo favor se expidió el pagaré y contra el fiador por dichos $3,000 o cualquier parte de los mismos.” Id. p. 23.

No parece necesario añadir que este caso de Louisiana es de innegable importancia toda .vez- que rige en dicho estado un Código Civil en que muchas de sus disposiciones son se-mejantes a las del Código Civil Revisado, pues provienen de una misma fuente.

Por todo lo expuesto, la moción de reconsideración debe declararse sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Manrique, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    No. 590.

    Sometido: Abril 30, 1924.

      Resuelto: Julio 12, 1924.
    Procedimiento Ejecutivo — Venta de Finca Hipotecada — Requisitos que Debe .Contener la Escritura de Venta Judicial — Defecto Subsanable. — Cuando no se transcriben en la escritura de venta judicial de la finca objeto del pro-cedimiento ejecutivo la orden do ejecución y el acta de subasta y tampoco se acompañan a la escritura las copias certificadas de tales procedimientos, el registrador está justificado al inscribir con defecto subsanable.
    Id. — Id.—Si la orden sobre requerimiento de pago al hipotecante no se inserta en la escritura de venta judicial o no se acompaña a ésta en copia certificada, no insertándose ni acompañándose tampoco la orden de ejecución de la cual pudiera deducirse que la ley se había cumplido en cuanto al requerimiento, el registrador está justificado en calificar la omisión como defecto insub-sanable.
    Id. — Procedimiento para Ejecución de Sentencias. — La doctrina establecida en el caso de Montes de Oca v. Báez, 23 D. P. R. 707, no desautoriza la juris-prudencia anterior relacionada con el procedimiento para ejecución de sen-tencias dictadas en el procedimiento sumario hipotecario.
    Id. — Edictos Anunciando la Subasta de la Finca Hipotecada — Término de Publicación de los Edictos — Defecto Subsanable. — La publicación en tres días consecutivos en vez de una vez por semana como dispone la ley de 1905 sobre sentencias y modo de satisfacerlas, de los edictos anunciando la subasta de la finca hipotecada, constituye un error que no vicia el contrato de nulidad y por tanto a los efectos de la inscripción tal irregularidad sólo constituye defecto subsanablo.

      Nota de B. B. Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando la inscrip-ción de una escritura de venta judicial.

      Confirmada en parte y en parte revocada.

      A. L. López, abogado del recurrente; el registrador'recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama la escritura pública número 24, de venta judicial, otorgada el 6 de febrero de 1924, el registrador se negó a inscribirla por los siguientes motivos:

No aparecer que el deudor fuera requerido de pago antes de ordenarse la venta de la finca hipotecada, y haberse publicado los edictos anunciando la subasta en días sucesi-vos y no una vez por semana durante veinte días como re-quiere la ley.

Consignó además el registrador en su nota como defec-tos subsanables el no transcribirse en la escritura o acom-pañarse a ella copias certificadas de la orden de ejecución, orden de requerimiento, edictos y prueba de su publicación y acta de la subasta celebrada por el márshal.

Para un más claro entendimiento de las cuestiones en-vueltas, diremos que de la escritura aparece que ante nota-rio público comparecieron Luis Texidor y Cipriano Manrique, el primero en su carácter de márshal de la Corte de Distrito de Guayama, y expusieron que don Manuel Delgado y su esposa doña Martina Torres suscribieron un pagaré a favor de Manrique por $1,277.75. Se transcribe el documento en la escritura.- Que para garantir su obligación, los esposos Delgado hipotecaron una finca urbana que se describe. Se expresa en la escritura que la hipoteca está inscrita, con los detalles necesarios. Que no satisfecha la deuda a su venci-miento, Manrique inició un procedimiento ejecutivo sumario para su cobro en la Corte de Distrito de Guayama, orde-nando dicha corte que el deudor fuera requerido de pago y librando el Secretario el oportuno mandamiento; que ha-bieudo transcurrido con exceso el plazo concedido al deudor para pagar y no habiéndolo hecho, la corte ordenó la venta de la finca hipotecada en pública subasta; que en cumpli-miento de dicha orden se publicaron los edictos en los sitios de costumbre y en el diario El Tiempo en sus ediciones del 15, 16 y 17 de enero de 1924, y se celebró la subasta adjudi-cándose la finca a Manrique, único postor, por la suma de $800 en pago parcial del montante de la deuda. Para la consignación de los anteriores hechos en la escritura, la única información que tuvo el notario fué el dicho de las partes.

Basándose, en todo lo expuesto el márshal por ministerio de la ley y a nombre del deudor, vendió a Manrique la finca subastada' por la indicada suma de $800 en pago parcial dé la hipoteca a que estaba afecta, y Manrique aceptó, consig-nándose que entraba en posesión de la finca sin más acto que el otorgamiento de la escritura.

Tal es, en resumen, el documento que motivó la nota del" registrador.

Comenzaremos nuestro estudio por los defectos subsana-bles.

En el caso de Orcasitas v. El Registrador, 21 D.P.R. 553, 555, esta Corte Suprema por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

“Señaló el registrador como segundo defecto, que la escritura que fué presentada para inscripción no contenía la -orden de ejecu-ción ni el acta de la subasta. El registrador llama la atención de este tribunal en su contestación hacia el hecho de no constar en la «escritura estos dos documentos y alega que faltaba el requerimiento, ide pago. El recurrente alega que todo esto consta de modo sufi-ciente de las manifestaciones que hace el notario en la escritura, si Men resulta, al parecer, que la venta que se hizo al recurrente fué de acuerdo con el procedimiento sumario de la ley hipotecaria y por tanto somos del parecer del registrador al expresar que es de su in-cumbencia el observar si se cumple con el referido procedimiento sumario y no del notario. No es bastante con que el notario haga re-ferencia al procedimiento habido ante una corte de distrito, sino que deben presentarse copias de aquellos procedimientos que sean necesarios al registrador para que pueda tener la oportunidad de saber si se lia cumplido con la ley, o deben transcribirse en la escri-tura, tomándolos de sus originales o de copias debidamente expedi-das y certificadas. De ninguna otra manera podrá quedar protegido el derecho de un comprador subsiguiente. Los documentos origina-les o copias de los mismos, como alega el registrador, eran de abso-luta necesidad en este caso puesto que el procedimiento hipotecario fué seguido contra el deudor José Jiménez Sauri o su sucesión y la cuestión relativa a si el requerimiento de pago se hizo a la debida persona era una, acerca de la cual, podía propiamente investigar el registrador. No existe en las ventas judiciales la presunción de que todo se haya hecho en forma adecuada por el márshal sino que in-cumbe al que compra probar al registrador mediante documentos auténticos que se ha observado la ley.”

Lo resuelto es enteramente aplicable en cuanto a la or-den de ejecución y al acta de subasta. Si en la orden de ejecución el juez se refiere a y aprecia lo ocurrido en rela-ción con la publicación de los edictos y el requerimiento y consta de dicha orden que la ley fué cumplida, no sería nece-sario que en la escritura se insertaran o se acompañaran a ella copias de dichos documentos, pero como nada consta, creemos que el criterio adoptado por el registrador debe sostenerse.

Examinemos ahora los defectos calificados como insubsa-nables.

En cuanto al acto mismo del requerimiento, nada se con-signa de modo expreso en la escritura ni siquiera por refe-rencia de las partes. Se dice que el Juez lo ordenó y que el secretario libró el mandamiento, pero no que se diligen-ciara y cómo y en quién. ' Quizá fué una simple omisión. Seguramente se practicó, porque no se concibe .que el proce-dimiento hubiera seguido adelante de otro modo, pero para que lá venta sea válida, debe constar el requerimiento de modo evidente. Tal vez se trate de un defecto que pueda fácilmente subsanarse, pero es de tal importancia que hizo bien el registrador al calificarlo de insubsanable, porque de otro modo se hubiera visto obligado, aunque consignando el defecto, a inscribir un contrato que pudiera ser completa-mente nulo, inexistente.

Resta sólo considerar la cuestión relativa a la publica-ción de los edictos. Sostiene el registrador que la ley apli-cable es el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil. Alega el apelante que el caso se regula por el artículo 172 del Re-glamento Hipotecario.

Desde 1906, en el caso de Giménez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 128, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Pigueras, estableció la siguiente jurisprudencia:

“El procedimiento especial para el cobro de créditos hipotecarios está vigente en su parte inicial, o sea, hasta el requerimiento inclusive, al deudor para el pago de la deuda, pero está derogado en la parte que podría llamarse vía de apremio, es decir, en lo que se re-fiere a la venta de la propiedad gravada, que debe sujetarse en un todo a la Ley de marzo 9, 1905, sobre el modo de satisfacer las sen-tencias. ’ ’

Véanse además los casos de Lothrop v. Casalduc, 12 D.P.R. 142; Bolívar v. El Registrador de la Propiedad, 13 D.P.R. 119, y Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. Aldrey, Juez de Distrito, 13 D.P.R. 234, citados por el mismo recurrente.

El caso de Montes de Oca v. Báez et al., 23 D.P.R. 707 en que tanto insiste el recurrente, presenta una situación especial sobre la cual nada disponía la ley de 1905 y para so-lucionarla se aplicó lo estatuido en la ley y reglamento hi-potecarios, pero ello no implica que la corte reconsiderara su anterior jurisprudencia en relación con el procedimiento que debía seguirse para vender los bienes hipotecados.

Los edictos debieron, pues, publicarse una vez por se-mana y no en tres días consecutivos como en efecto se pu-blicaron, infringiéndose de tal modo la- sección 6 de la ley relativa a sentencias y la manera de satisfacerlas de 9 de marzo de 1905, el artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, que así expresamente lo dispone, y la constante juris-prudencia de esta corte.

Ahora bien, ¿qué efecto produce la falta de cumplimiento estricto de la ley?

Ni el recurrente ni el registrador han citado caso alguno directamente aplicable.

intimamente, el 27 de junio de 1924, en el caso de Trueba v. Martines, (pág. 461) esta corte, por medio de. su Juez: Asociado Sr. Franco, dijo:

“La infracción a que aluden los apelantes del artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, en cuanto al anuncio de la subasta, es una mera irregularidad que no afecta al comprador de buena fe, y no puede considerarse en una acción colateral, como ocurre en este caso, para anular la subasta que originó la venta y adjudicación de la tinca hipotecada. Henna v. Saurí y Subirá, 22 D.P.R. 836, y Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804.”

Y en el caso de Cintrón et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.B. 508, por medio de su Juez Presidente Sr. Hernández, expresó:

“La falta de publicación de los edictos en tiempo oportuno y su publicación en números consecutivos del periódico en vez de hacerlo una vez por semana, son irregularidades que no pueden alegarse'por primera vez en apelación sino que deben alegarse previamente en el tribunal inferior y deben justificarse por medio de pruebas con-signadas en la exposición del caso.”

Tratándose, como se trata, de un recurso gubernativo, no creemos que debamos insistir en un estudio más amplio de la cuestión y en una resolución definitiva de la misma. Hasta ahora nuestras decisiones se han inclinado a conside-rar una falta de cumplimiento estricto como un error que no hace inexistente el contrato. Siendo ello así, no debió haberse negado la inscripción por tal motivo.

• En tal virtud procede la confirmación de la nota recu-rrida sólo en cuanto al primero de sus fundamentos y de-fectos subsanables apuntados.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Manrique, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Nos. 591 y 592.

    Sometidos: Abril 24, 1924.

      Resueltos: Julio 12, 1924.
    Ejecución de Hipotecas — Acumulación de Acciones Ejecutivo-Hipotecarias. —Son aplicables a la ejecución cíe hipotecas, las reglas del enjuiciamiento civil sobre acumulación de acciones. Siendo ello así, no es nulo un procedi-miento hipotecario en el cual el acreedor, dueño de dos créditos hipotecarios vencidos constituidos por el mismo deudor, el primero sobre las fincas A y B y el segundo sobre las fincas A y O, pide a la vez su cobro; ni meiios aquél en que un acreedor ejecuta conjuntamente dos hipotecas vencidas constituidas por el mismo deudor sobre una sola finca.
    Nota de B. B. Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando inscripción de escritura de venta judicial.

      Revocadas en cuanto a los defec-tos insubsanables y confirmadas en los demás.

      A. L. López, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentadas para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama las escrituras públicas números 25 y 26, otorgadas el 6 de febrero de 1924, el registrador negó la ins-cripción solicitada por los siguientes motivos;

Porque de los mismos documentos aparece una indebida acumulación de acciones y porque los edictos anunciando la subasta no se publicaron de acuerdo con la ley. Anotó ade-más el registrador los defectos subsanables de no transcri-birse en la escritura o acompañarse a la misma copias cer-tificadas de la orden de ejecución, orden de requerimiento, edictos y prueba de su publicación y acta de subasta.

Cuanto se lia. dicho en la opinión emitida en el día de lioy para fundar la resolución de la corte en el recurso gu-bernativo núm. 590, en relación con la publicación de los edictos y con los defectos subsanables, -es aplicable y se aplica para resolver dichas cuestiones levantadas por el re-gistrador en sus notas puestas al pie de las indicadas escri-turas números 25 y 26.

Examinaremos ahora la única cuestión nueva envuelta en los recursos: la acumulación.

De la escritura número 25 consta que se ejecutaron en un solo procedimiento dos hipotecas, una por mil dólares so-.bre las fincas que designaremos con las letras A y B y otra por novecientos impuesta sobre las fincas A y O, siendo Ci-priano Manrique el dueño de los dos créditos y los esposos Belpré-Torrens los deudores dueños de las tres fincas.

Y de la escritura número 26 aparece que se ejecutaron en un solo procedimiento dos hipotecas que pesaban sobre una sola finca, siendo Manrique el dueño de las hipotecas y doña Elena Eufrasia Ajenjo la deudora dueña de la finca hipotecada.

Para sostener su criterio en contra de la calificación del Registrador, invoca el recurrente el artículo 176 del Regla-mento Hipotecario que dice, en su segundo y último párrafo: “Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil vi-gente en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, serán aplicables a estos procedimientos como supletorias en cuanto no se opon-gan a lo prescrito en la Hipotecaria o en el presente regla-mento.” Y sostiene que pudiendo acumularse acciones de acuerdo con los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pueden también acumularse las que tienen por objeto el co-bro de créditos hipotecarios entre las mismas partes, ya que nada en contrario dispone la ley especial sobre la materia.

Ni el recurrente ni el registrador citan jurisprudencia directamente aplicable, ni opiniones de comentaristas en pro o en contra. El registrador en un alegato supletorio in-siste en que “aun en la hipótesis de que el criterio del re-currente en relación con la acumulación fuera aceptable, nunca podrá serlo en el caso a que se refiere la escritura No. 25, recurso No. 591, pues el efecto en este caso es el de hacer responsables de las hipotecas acumuladas todas las fincas ejecutadas, cuando en realidad, algunas de ellas no están gravadas por ambos créditos.”

No vemos que exista una verdadera razón de peso con-traria a la acumulación. La práctica está en armonía tanto con los preceptos de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, como con los del vigente Código, y no creemos que con ello se ocasione perjuicio al deudor, si todos los trámites se cum-plen debidamente. Podría decirse que quizá se obtendría un mejor precio anunciando el remate de cada finca aisla-damente, pero el liecho de que se ejecuten las hipotecas en un solo procedimiento no quiere decir que el remate de cada finca deje de ser aislado. Quizá el hecho de anunciarse el remate de varias fincas para el mismo día sea beneficioso porque atraiga mayor número de postores. Además, en el caso de seguirse procedimientos separados, tratándose como se trata del mismo acreedor y de los mismos deudores, ló-gico es pensar que todo hubiera seguido un curso igual con la única diferencia de haberse radicado cuatro procedimien-tos en vez de dos. El único perjudicado sería quizá el Pueblo de Puerto Eico que percibió menos derechos, pero esta circunstancia se compensa con el interés que el propio pueblo tiene en simplificar los procedimientos judiciales.

Debe revocarse la nota recurrida en cuanto a los defec-tos insubsanables y confirmarse en cuanto a los subsanables en ella apuntados.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.