author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo v. Adorno.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 356.
    Resuelto en noviembre 29, 1911.
    Derecho Penal — Misdemeanors Juzgados ante las Cortes Municipales— Juicio de Novo ante las Cortes de Distrito. — El ser juzgado originaria-mente en la corte de distrito un acusado de misdemeanor, en lugar de serlo en una corte municipal, para que después en apelación se celebre el juicio de novo ante la corte 'de distrito, no priva al acusado de ningún derecho, pues lo esencial es que todo acusado tenga un juicio impareial con notificación previa de la acusación y audiencia pública.
    Id. — -Límites de la Pena en Misdemeanor. — No hay precepto legal que autorice la imposición a un acusado condenado por misdemeanor a la pena de prisión con trabajos forzados, pudiéndosele condenar a prisión y a trabajar en las obras públicas, de acuerdo con los estatutos vigentes.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Jesús Tisol.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Adorno interpuso recurso de apelación para ante este tribunal, contra sentencia de la Corte de Distrito de Are-cibo declarándole culpable del delito de libelo y condenándole a la pena de un año de cárcel con trabajos forzados. El ape-lante compareció ante esta corte, pero no presentó alegato escrito y la única cuestión planteáda en el acto de la vista oral, se refería a si la Corte de Distrito de Arecibo tenía jurisdic-ción original para conocer de casos de misdemeanors, siendo como fes el libelo un misdemeanor. Se sostiene que la ley de marzo 10, de 1904,' reorganizando la judicatura en Puerto Eico, etc., confirió a los jueces municipales jurisdicción exclu-siva para conocer de todos los casos criminales que no fueran felonies. El texto de la ley dice:

Í£E1 juez municipal. tendrá jurisdicción para conocer de todas las cansas criminales, excepto las denominadas felony y en todos los casos de felony el juez municipal podrá actuar de juez instructor.”

Estas son las palabras textuales de la ley, y nosotros cree-mos que no son susceptibles de la interpretación que el ape-lante quiere darles.

El artículo 33 de la Ley Foraker confirió facultades a la Legislatura de Puerto Eico para legislar en todo lo referente a la jurisdicción de los tribunales; en virtud de ello, en la sesión legislativa de 1902 la Legislatura aprobó un cuerpo de leyes denominado Código Penal y Código de Enjuiciamiento 'Criminal. Un examen del Código Penal nos demostrará que un gran número de delitos, casi la mayor parte tienen la clasi-ficación de misdemeanors, y basta el año de 1904 era indudable que la corte de distrito tenía jurisdicción para conocer de tales misdemeanors. Existen algunos delitos tales como burto y falsa representación, que en algunos casos constituyen felonies y en otros misdemeanors según la cantidad hurtada o apropiada. Si se incoara un proceso en la corte de distrito bajo la teoría de que es felony y se demostrara después que la cantidad hurtada correspondía a la jurisdicción de la corte municipal, podría el acusado, de acuerdo con la teoría que sostiene el apelante en este caso, alegar que la corte municipal tenía jurisdicción exclusiva para conocer del caso, y que la corte de distrito carecía de' ella. En un gran número de deli-tos como los de conspiración, infracciones de las Leyes Elec-torales y de Eentas, pueden necesitarse testigos de muchos' puntos del distrito judicial o de la Isla y tendríamos mani-fiesta la inconveniencia de celebrar el juicio en la corte municipal.

El artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice:

“La jurisdicción correspondiente a- los delitos, radica en la corte de distrito del respectivo distrito judicial, dentro del cual se cometieren.”

Este artículo claramente radica la jurisdicción para cono-cer de los delitos en las cortes de distrito; y el mismo Código' de Enjuiciamiento Criminal en varios artículos se refiere indis-tintamente a acusaciones de felonies y de misdemeanors.

El artículo 72 trata de la redacción de las acusaciones y da a entender al Fiscal la conveniencia de designar si el delito es felony o misdemeanor.

El artículo 77 prescribe que la acusación habrá de compren-der sólo un delito, pero el mismo delito puede ser expuesto en diferentes formas y bajo distintos cargos. Este artículo que-daría anulado, si dependiera de la prueba aducida al juicio, el que un delito fuera felony o misdemeanor, como podría suceder en los casos de hurto, falsa representación, y otros semejantes.

De estas observaciones en el Código Penal y en el Código de Enjuiciamiento Criminal se desprende claramente que si la Legislatura hubiera determinado conferir jurisdicción exclu-siva a las cortes municipales, hubiera empleado una expresión más específica. Las cortes de distrito son cortes de registro, donde los delitos graves pueden más propiamente ser fallados. Es cierto que las cortes municipales tienen jurisdicción original en casos de misdemeanor, pero tal jurisdicción está siem-pre sujeta a la inspección y dirección del Ministerio Fiscal. Se nos ha indicado que algunos acusados, de acuerdo con la legislación actual, podrán ser juzgados dos veces y otros nó, y que si algunos acusados tienen derecho a que se les juzgue dos veces todos deben tener el mismo derecho. Sin embargo, por regla general, los tribunales municipales son para juzgar causas de infracciones leves. Cuando la causa se apela a la corte de distrito, se celebra un nuevo juicio. El recurso de apelación se da únicamente cuando expresamente lo dispone la ley. (In re Houghton appeal, 42 Cal., 35.) El haber con-ferido jurisdicción a las cortes municipales" no se hizo para, favorecer al acusado dándole medios para obtener su absolu-ción, sino que se hizo para facilitar la resolución de las nume-rosas cansas de pequeña importancia qne continuamente se presentan. Muchos acusados, ya por consejo de su abogado, ya por sí mismos, quedan satisfechos con la condena im-puesta; pero la ley siempre proporciona los medios por los cuales el acusado que se crea que no ha sido debidamente juzgado en la corte municipal pueda apelar su causa a la Corte de Jurisdicción Gfeneral. Sin embargo, cuando el Fiscal incoa un proceso en la corte de distrito en vez de hacerlo en una corte municipal, no por eso priva al acusado de ningún derecho, pues lo único que exige la ley es un juicio imparcial que comprenda notificación y audiencia al acusado. La notificación que al acusado dirig-e la corte de distrito, necesariamente ha de ser más amplia y completa que la que emana de una denuncia en la corte municipal. La presentación de la prueba se hará con sujeción a pre-ceptos más estrictos. Es importantísimo tener en cuenta que lo único que exige la ley es un juicio justo e imparcial, y ningún acusado puede tener motivos de queja si se le juzga justa e imparcialmente en la corte de distrito, aun cuando otro acusado fuera .juzgado en la corte municipal y de dis-trito. Si un acusado es inocente no puede esperar mejor ocasión para vindicarse de una denuncia falsa, que la ce-lebración de su juicio en la corte de distrito. Por otra parte, si el acusado es culpable, el estado y la sociedad están interesadas en que se le condene y se le castigue. Los tribu-nales existen para la protección del inocente y el castigo de los culpables.

Muchas de estas consideraciones se refieren a un supuesto derecho. La ley lo único que exige es el debido procedimiento legal. Indudablemente, el juicio en la corte de distrito es un debido procedimiento legal. Sin embargo,' la cuestión principal es que tal como está redactado el Código Penal, y que-dando en pie el artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal, es imposible pensar en que la Legislatura tuvo la inten-ción de quitar a las cortes de distrito la jurisdicción original en. casos de misdemeanor, cuando no tenemos un precepto claro en la ley que así lo disponga.

La sentencia dictada en este caso condena al acusado a un año de cárcel con trabajos-forzados. No liemos podido en-contrar precepto leg’al que autorice que a un acusado culpable de un misdemeanor se le castigue con prisión y con trabajos forzados. La sentencia debe ser modificada en el sentido de condenar al acusado a la pena de un año .de cárcel y a tra-bajar en las obras publicas, de acuerdo con los estatutos vi-gentes, y la sentencia en tal sentido modificada debe ser con-firmada. 7"> 7, J r -T-,

7"> 7, J -T-, Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentesSres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Rivera (a) Arabe.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Gruayama.
    No. 396.
    Resuelto en noviembre 29, 1911.
    Derecho Penal — Abuso de Confianza — Denuncia Insuficiente. — Es insuficiente para sostener una sentencia condenatoria por abuso de confianza la denuncia de la cual aparece que el acusado recibió en prenda o depósito una sortija para garantizar el pago de un dollar que prestó a la denunciante y que cuando ésta le devolvió el dollar y le exigió la devolución de la sortija el denunciado con-testó que se le había perdido, pues en dicha denuncia no se alega que el acusado se apropiara fraudulentamente la sortija o la ocultara con la fraudulenta intención de aprovecharse de ella, cuyos requisitos son necesarios para que exista el delito de abuso de confianza.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    La parte apelante no compareció;
    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente cansa se originó en la corte municipal de Salinas, y terminó allí por sentencia condenatoria que fue apelada para ante la Corte de Distrito de Gruayama, la que por la suya de 18 de septiembre último condenó al acusado como culpable del delito de abuso de confianza, comprendido en el artículo 449 del Código Penal, a la pena de diez dollars de multa y las costas, debiendo sufrir en defecto de pago de la multa, prisión por término de quince días.

Esa sentencia filé apelada para ante esta Corte Suprema y en el récord no lia venido pliego de excepciones ni escrito de exposición del caso, y tampoco el apelante lia hecho alega-ción alguna escrita u oral en apoyo del recurso; pero el Fiscal lo ha sostenido por el fundamento de que los hechos expuestos en la denuncia no constituyen el delito de abuso de confianza.

La denuncia dice así:

Corte de Paz de Santa Isabel, P. R., United States of America, 88: The President of the United States. El Pueblo de Puerto Rico v. José Rivera (Arabe). Yo, Lucrecia Pérez, vecina de Santa Isabel,' calle de Muñoz Rivera, número —, de 16 años de edad, formulo denun-cia contra José Rivera (Arabe) por delito de abuso de confianza, artículo 449 — C. P., cometido de la manera siguiente: Que en marzo 13, y hora íf * del año de Nuestro Señor de mil novecientos once y. en la tienda del acusado del Distrito Judicial Municipal de Salinas, le entregué al referido José Rivera (Arabe) una sortija fin de siglo, con dos letras C. y G. en calidad de depósito, valorada en cinco dollars; tomándole un dollar para dárselo el día 19 del mismo mes, habiéndole llevado el dollar el referido día y dieiéndome el acusado que se le había perdido la sortija; lo que comunico a la honorable corte para los fines de justicia, siendo testigos: Aniceto Sánchez y Francisco Cordero'. Santa Isabel, P. R., a 28 de marzo de 1911. Lucrecia Pérez, Denun-ciante. Jurada ante mí hoy, 28 de marzo de 1911. Juan J. Monse-rrate, Juez de Paz.”

Tiene razón el Fiscal. Los hechos denunciados no consti-tuyen el delito de abuso de confianza previsto en el artículo 449 del Código Penal que transcribimos literalmente a con-tinuación :

“Artículo 449. — Toda persona encargada de cualesquiera bienes como depositario, arrendatario o inquilino, o con poder para enajenar o traspasar dichos bienes, que fraudulentemente se apropiare los' mis-mos o sus productos o los ocultare con la fraudulenta intención-de em-plearlos en su propia utilidad, será culpable de abuso de confianza.5 ’

Haciendo aplicación de dicho artículo al presente, caso, tenemos que el acusado recibió en prenda o depósito una sor-tija de Lucrecia Pérez, para garantizar el pago de un dollar que prestó a ésta; pero no aparece de la denuncia que aquél se apropiara fraudulentamente la sortija, o la ocultara con la fraudulenta intención de aprovecharse de ella, pues la de-nunciante no lo afirma, y solo expresa que cuando trató dé devolverle a José Eivera el dollar prestado, le dijo que se le había perdido la sortija.

La denuncia pues, no contiene todos los elementos inte-grantes del delito de abuso de confianza de que se trata, y no puede servir de base a una sentencia condenatoria.

No pretendemos, como hemos dicho otras veces, que una denuncia contenga todos y cada uno de los elementos de una verdadera acusación; pero sí afirmamos que una y otra deben contener aquello que es esencial para la constitución del de-lito, lo que no sucede, repetimos, con la denuncia que sirvió de base al presente juicio.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia apelada con las costas de oficio.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PeesideNte Sb. HebNÁNdez,

text:
    Jiménez v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 2a.
    No. 106.
    Resuelto en noviembre 29, 1911.
    Subasta de Bienes de Menores — Escritura de Venta Otorgada por el Marshal. — En los casos de subasta de bienes de menores en virtud de autorización judicial para su enajenación, de acuerdo con la ley número 33 de marzo 9, 1911, no conteniendo dicha ley precepto alguno acerca de quien ha de otorgar la escritura de .venta de los bienes subastados, es de aplicación a esos casos la ley de marzo 9, 1905, página 212 y de aeuerdo con el artículo 5o. de dicha ley, el marshal tiene el deber de otorgar al comprador en subasta pública la escri-tura de venta en debida forma.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del recurrente: Sr. José Martínez Dávila.

   El Juez PeesideNte Sb. HebNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En cumplimiento de orden expedida por el juez de la Corte de Distrito de' San Juan, Sección Ia., al mársbal de dicha corte en 6 de junio del corriente año, para que proce-diera al remate de una casa de la propiedad del menor José Pablo Santiago, e hiciera la adjudicación de la misma al mejor postor por precio que no bajara de cuatrocientos dollars, toda vez que el tutor de dicho menor había pedido y obtenido la correspondiente autorización judicial de venta, el referido márshal, en cumplimiento de tal orden, verificó la subasta de la casa e hizo su adjudicación a Domingo Jiménez, a cuyo favor otorgó en 24 de julio siguiente, la correspondiente escri-tura de venta por ante el Notario Don José Martínez Dávila-.

Presentada copia del anterior documento al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a., para su inscripción en el registro, fué denegada por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento por el de-fecto de haber sido otorgado por el márshal de la corte de este distrito y nó por el tutor del menor José Pablo Santiago, a quien corresponde la representación del mismo según las leyes vigentes; y tomada en su lugar anotación preventiva por término legal al folio 177 vuelto del tomo 20 de Bayamón, finca número 767 duplicado, anotación letra A., San Juan, P. R., noviembre 1°. de 1911. El Registrador sustituto, Raúl Benedicto.”

Esa nota ha sido recurrida por el comprador Domingo Jiménez, y opinamos que debe ser revocada.

El artículo 82 de la ley de 9 de marzo de 1905, referente a procedimientos legales especiales, tal como ha sido enmen-dado por la Sección 2a. de la ley número 33, aprobada en 9 de marzo de 1911, para enmendar los artículos 229, 282 y 284 del Código Civil y los 80, 81 y 82 de la ley citada de 9 de marzo de 1905, establece que la subasta de bienes de menores o incapaces deberá verificarse ante el márshal del distrito, y lio contiene precepto alguno sobre el otorgamiento de la es-critura de venta de los bienes subastados; por lo que es de aplicación al caso la ley aprobada en 9 de marzo de 1905 para reformar los artículos 94, 152, 234, 295 y 302 del Código de Enjuiciamiento Civil y para derogar los artículos 259 a 266, y todos los demás del mismo en cuanto se refieran a la reden-ción de la propiedad, y para otros fines.

El artículo 5o. de la ley que acabamos de citar dice así:

“En los casos en que se venda en subasta pública por el marshal u otro funcionario debidamente autorizado una propiedad inmueble en virtud de ejecución u orden de venta librada por una corte de justicia, deberá dicho marshal o funcionario otorgar al comprador escritura pública en debida forma de tal propiedad, abonando dicho comprador el importe de tal escritura.”

No vemos razón alguna especial para que las ventas de bienes de menores deban excluirse del precepto legal trans-crito, dictado para la ejecución de sentencias en pleitos civiles, pues si bien con arreglo al artículo 277 del Código Civil el tutor representa al menor o incapacitado en todos los actos civiles, salvo aquellos que por disposición expresa de ia ley pueden ejecutar por sí solos, eso no empece para que el már-sbal de la corte de distrito correspondiente, que por precepto terminante de la ley fia verificado los actos de subasta y adju-dicación, y no el tutor del menor, sea quien otorgue el título traslativo de-la propiedad enajenada, como sucede también cuando se enajenan bienes de mayores en subasta pública y por orden judicial para ejecución de sentencia, a pesar de* representar esos mismos mayores, sus propios derechos y acciones. La acción tutelar del poder público mediante la intervención del mársbal con las responsabilidades a que él está sujeto, lejos' de perjudicar puede favorecer los intereses . de los menores de edad.

Por las razones expuestas procede se revoque la nota re-currida y que se baga la inscripción denegada.

Revolcada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez A sor,tapo Sr. Wole,

text:
    Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila & Co.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    MociÓN para desestimar la apelación.
    No. 745.
    Resuelto en diciembre 4, 1911.
    Desestimación de la Apelación — Omisión de los Resultandos (Findings op Facts) de la Transcripción de Autos — Legajo de la Sentencia.— El no venir en la transcripción, de autos la copia de los resultandos (findings of facts), nó constituye un defecto que afecte a la jurisdicción del tribunal ni que pueda servir de fundamento para desestimar el recurso, pudiendo la parte interesada obtener su inclusión por medio de una moción, sobre corrección de autos, si se lian formulado tales resultandos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados, de los promoventes: Sres. Bosch y Soto.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Cayetano Coll y Cuchí.

   El Juez A sor,tapo Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es la segunda moción presentada en el presente caso para que se desestime la apelación. El único fundamento que se alega aliora es que el apelante ha dejado de remitir a este tribunal la “decisión” según lo requiere el.artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil. El artículo 233 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil en inglés se refiere a una copia de los “findings of the court” y esta frase ha sido traducida al castellano por la palabra “decisión.” El hecho de haber dejado de‘incluir los resultandos (findings of facts) no cons-tituye una cuestión de jurisdicción sino meramente una co-rrección de autos, y si el apelado deseaba que se transmi-tieran a este tribunal los resultandos, de haberlos efectiva-mente formulado la corte inferior y por ella transmitidos a este tribunal, él pudo llamar la atención hacia tal corrección de autos. Si era deber de la corte formular tales resultandos y dejó de hacerlos, tal omisión no era fundamento para deses-timar la apelación; mas 'había otros remedios al alcance del apelante.

Debe declararse sin lugar la moción solicitando la deses-timación de la apelación. ,. , ,

Desestimada La motcion.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Velilla v. Pizá et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 705.
    Resuelto en diciembre 5, 1911.
    Acción Reivindicatoría — Requisito Fundamental de la Acción. — La acción reivindicatoría, como derivada del derecho de propiedad, sólo puede ejercitarse por el legítimo dueño para recuperar la cosa que le pertenece, y en consecuencia el requisito fundamental de tal acción, que debe probarse de una manera clara y cierta, es que el reclamante es el verdadero dueño de la cosa que trata de recuperar, debiendo también justificar que esa misma cosa la posee el de-mandado.
    Id- — Título de -Heredero — Partición y Adjudicación de la Herencia. — El título de heredero trasmite un derecho sobre el conjunto de los bienes hereditarios y por virtud de él todos los herederos, por el hecho de la muerte de su causante, llegan a ser dueños en común. Pero mientras no se practiquen las diligencias de partición y adjudicación, mientras en virtud de ellas no cese esa comunidad ninguno puede decirse ni ser considerado como dueño único y exclusivo de una porción determinada o parte alícuota, fija y concreta de los bienes de la heren-J Por tanto el título de heredero por sí solo no es suficiente para ejercitar con éxito la acción reivindicatoría de una porción determinada de los bienes de la herencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Cayetano Coll y Cuchí. ■

    Abogado de los apelados : Sres. López de Toird 'y Canales.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes arriba mencionados, presentaron en Io. de junio de 1910 ante la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a., nna demanda contra los demandados expresados en el título, en la qne snstancialmente alegaron qne, como here-deros de Don José Angel Velilla, adquirieron a sn muerte los derechos que éste poseía en la.mitad indivisa de una finca nombrada “Camaseyez” de ciento cincuenta cuerdas de te-rreno, radicada en el barrio de Sabana Seca de la jurisdicción de Toa Baja: que a pesar de ser los dueños legales de esa mitad, su tía Pilar Telilla tramitó en el año 1881 un expe-diente posesorio a su favor de la totalidad de la finca, que fué inscrito en el registro de la propiedad, que posteriormente, en 18 de octubre del mismo año, dicha Pilar Velilla vendió toda la finca a Don Guillermo Bauzá, quien agrupada con •otros terrenos la enajenó a Don Antonio Pizá, a cuyo favor se halla inscrita con una hipoteca que éste constituyó a favor del otro demandado “The American Colonial Bank”; y des-pués de agregar que el Señor Pizá posée esa finca de mala fe y sin justo título, que su valor es de $25,000, pidieron a la corte en acción reivindicatoría que se declare nula la inscrip-ción de esa finca tal como aparece a favor del demandado Pizá; que se devuelva a los demandantes la mitad indivisa de ella, y se declare que ésta se halla libre de todo gravamen a favor deb banco demandado.

Negados los hechos fundamentales de la demanda, se llegó al juicio en el que, según la exposición del caso aprobada por el juez de la corte inferior,, presentaron los demandantes la siguiente evidencia: Resolución de la propia corte de dis-trito, del día anterior al juicio, por la que se declara que los únicos herederos de Don Mariano Velilla, fallecido en el año 1873, son sus dos hijos legítimos Pilar y José Angel Velilla y Tinajero, así como que los herederos de éste último, muerto en el año 1879, son sus hijos María y Micaela Velilla y Po-rrata, y Rafael y Sofía Velilla y Mercado; certificación del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, acreditando que la inscripción primera de la finca denomi-nada “Camaseyez” del barrio de Sabana Seca de la jurisdic-ción de Toa Baja, de 150 cuerdas, lo fué en 17 de octubre de 1881, a favor de Da. Pilar Velilla y Tinajero, por herencia de sus padres y por virtud de un expediente posesorio; que en 18 de octubre de 1881 dicha señora vendió esa finca a Don Guillermo Bauzá, quien la agrupó a otras suyas y en esa forma la vendió a Don Pedro Giusti Ferrandi, éste a Don Juan Pizá, siendo el último adquirente Don Antonio Pizá, quien ha hipotecado tal agrupación a The American Colonial Bank.

La declaración de los testigos se refirió sustancialmente al hecho de que Don Mariano Velilla poseía la finca cuando murió.

Esta fué toda la evidencia presentada en el juicio por los demandantes, quienes manifestaron que la que les restaba se refería únicamente a probar los daños, las rentas, productos y el valor de la finca.

En esta situación el juicio, los demandados presentaron verbalmente una moción de nonsuit que argumentaron.

Quedó esta moción sin resolverse por la corte durante bas-tante tiempo y mientras tanto la corte admitió como prueba, con la objeción de los demandados, una certificación de la que aparece que en los libros de la antigua Anotaduría de Hipotecas existe un asiento por el que Don Mariano Velilla hipotecó una estancia de su propiedad radicada en Toa Baja, sitio de los “Camaselles” para la seguridad de un censo.

■ Posteriormente a la admisión de ese documento, en 23 de febrero del presente año, la corte declaró con lugar la moción de nonsuit y el mismo día se pronunció y registró como sen-tencia esa resolución, con los demás pronunciamientos de ley y con las costas a los demandantes.

Contra esta sentencia es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación.'

Según la regla 5a. del artículo 192 deh Código de Enjuicia-miento Civil, la corte puede, a moción del demandado, deses-timar una demanda cuando el demandante no presentare en el juicio prueba suficiente para fundar en ella una sentencia que le sea favorable. Esta moción de desistimiento es cono-cida en el derecho americano con el nombre de “motion for nonsuit. ’ ’

La que presentaron los demandados en el juicio es de esa naturaleza y plantea a la corte la cuestión de si la prueba- pre-sentada por los demandantes es bastante, si no se presentare otra en contrario, para pronunciar una sentencia favorable a éstos.

Así, pues, la cuestión a resolver por la corte era sobre la suficiencia o insuficiencia de la prueba de los demandantes y por tanto si los hechos esenciales de la demanda habían sido probados, o nó, de acuerdo con el principio de que al actor incumbe la prueba de su acción y no haciéndolo, el demandado debe ser absnelto.

En consecuencia también, los tres errores alegados por los apelantes para sostener su recurso están dirigidos contra la apreciación que -de la prueba hizo el tribunal inferior.

Toda la evidencia de los demandantes para justificar su derecho a la reivindicación de la mitad de la finca en litigio se concreta en lo siguiente:

“Io. Que en el año 1819 hipotecó Don Mariano Vetilla la finca ‘ ‘ Camaseyes ’ ’ a que este pleito se refiere.
“2o. Que cuando murió en 1873 tenía dos hijos nombrados Pilar y José Angel Vetilla y Tinajero, quienes treinta y siete años después, o sea en 1910, fueron declarados sus únicos y universales herederos; y por la muerte de José Angel, ocurrida en el año 1879 lo fueron a su vez los hijos de éste que son los demandantes.
“3o. Que en el año 1881 tramitó Doña Pilar Vetilla Tinajero un expediente posesorio de las 150 cuerdas de terreno que constituyen la finca “Camaseyes,” como adquiridas por herencia de sus padres, que el mismo año fué inscrito en el registro de la propiedad; y
‘ ‘ 4o. Que descae 1881, esa finca ha pertenecido por-título de compra a distintas personas, siendo su actual dueño el demandado Pizá, quien la tiene hipotecada al banco demandado.”

La acción principal ejercitada en este pleito es la real reivindicatoria.

La única cuestión a resolver ahora en el presente caso es, si los demandantes han justificado con su prueba ser dueños de la mitad proindivisa de la finca en litigio, por haber de-mostrado que son herederos de Don José Angel Velilla Tina-jero, quien en unión de su hermana Doña Pilar fueron decía-rados únicos y universales herederos de Don Mariano Velilla, dueño que fné de ella.

Antes de tratar esta cuestión hemos de consignar que la acción reivindicatoría, como derivada del derecho de propie-dad, sólo puede ejercitarse por el legítimo dueño para recu-perar la cosa que le pertenece, y en consecuencia, el requisito fundamental de tal acción, que debe probarse de una manera clara y cierta, es que el reclamante es el verdadero dueño de la cosa que trata de recuperar, debiendo también justificar que esa misma cosa la posee el demandado.

Esta es la doctrina contenida en la antigua legislación española, que luego pasó al artículo 348 del Código Civil anterior, igual al 354 del ahora vigente en Puerto Rico, la que ha sido sancionada por el Tribunal Supremo de España y por el de Puerto Rico. Sentencias del Tribunal Supremo Español de 24 de mayo de 1860; 14 de marzo, 12 de abril, 9 y 23 de mayo de 1862; 5 de febrero de 1863; 13 de febrero de 1864; 3 de enero y 4 de febrero de 1865; 18 de mayo de 1866; 3 de julio de 1872 y 27 de mayo de 1905; y las de esta Isla correspondientes a los casos de Ledesma v. Amador, 24 de octubre de 1900; y Emmanuel v. El Pueblo de Puerto Rico, 22 de junio de 1904.

Sentado esto, podemos entrar a considerar si los deman-dantes han probado claramente y de un modo cierto que son dueños de la mitad proindivisa de la finca en litigio, que como suya reclaman.

Ellos fundan su derecho en que habiendo sido Don Mariano Velilla el dueño de la expresada finca sus herederos Pilar -y José Angel llegaron a ser dueños cada uno de una mitad de la misma, y por muerte del último, sus hijos, los demandantes. Apoyan, pues, su dominio únicamente en las declaratorias de herederos.

Es cierto que los artículos 657 y 661 del anterior Código Civil, concordantes con los 665 y 669 del vigente, establecen que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y que los- herederos suceden al difunto p.or el solo hecho de su muerte en todos sus dere-chos y obligaciones, y de acuerdo con esos artículos, el here-dero o los herederos, si hubiere más de uno, en su totalidad adquieren el derecho dominical del causante.

El título de heredero transmite-un derecho sobre el con-junto de los bienes hereditarios; por virtud de él todos-los herederos por el hecho de la muerte de su causante, llegan a ser dueños en común, pero mientras no se practiquen las dili-gencias de partición y adjudicación, mientras en virtud de ellas no cese esa comunidad, ninguno puede decirse ni ser considerado como dueño único y exclusivo de una porción determinada o parte alícuota, fija y concreta de los bienes de la herencia, cuyo concepto es requisito que debe justificarse para que pueda prosperar una acción reivindicatoría.

Tales artículos. confieren un derecho sobre todos y cada uno de los bienes hereditarios, pero no un derecho concreto en determinados bienes, lo que solo se obtiene por la-adjudi-cación hecha legalmente en las operaciones partieionales.

Con respecto a este particular dice el Señor Manresa lo siguiente en sus comentarios al Código Civil, tomo 5, página 338: '

“Además, en todo caso, así en la sucesión testamentaria como en la legítima, la completa efectividad del derecho de heredero implica la adjudicación de la herencia en las operaciones partieionales, según declara el artículo 1068 (concordante con el 1035 del vigente es esta Isla) de acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, en cuya virtud la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hubieren sido adjudicados, o sea el apoderamiento corporal de los tienes de la heren-cia, que -decía la ley Ia. título 14 de la partida 6a. Y aún en la intes-tada requiere todavía, antes que esto, la previa declaración de here-deros hecha por el juez competente, en la forma que determinan los-artículos 977 al 1000, ambos inclusives de la Ley de Enjuiciamiento-Civil.”

Ocurrida la muerte del causahabiente, existe eu sus here-deros, según los artículos citados, un dominio en el todo inde-terminado,'que se concreta y determina mediante la partición y adjudicación de los bienes hereditarios, la que según el artí-culo 1035 del Código Civil vigente, concordante con el 1068 del Código anterior, es la que confiere propiedad exclusiva a un heredero sobre los bienes que le hayan sido adjudicados.

Es cierto que, en la sentencia del Tribunal Supremo de España de 20 de mayo de 1899. se declaró que ‘‘a partir del hecho de que al fallecimiento de una persona tenía por título traslativo inscrito en el registro el dominio pleno sobre un inmueble, es indiscutible que desde el momento de ocurrir su muerte lo adquirieron sus hijos por sucesión directa, y la declaración de heredaros abintestato inscrita a su favor en el registro, constituye un título de dominio bastante para ejercitar la acción reivindicatoría, mientras otro mejor no la obste.”

Mas, en ese caso, la finca figuraba inscrita en pleno domi-nio a nombre del causante, la reclamación la hicieron todos sus herederos y habían inscrito la finca a su nombre mediante la presentación de su declaratoria de herederos, ninguno de cuyos requisitos se ha dado en el presente caso. Allí recla-maban todos los herederos en beneficio de la comunidad y aquí un heredero reclama la mitad- de una finca como suya exclusivamente.

La doctrina que exponemos está apoyada por las senten-cias del Tribunal Supremo de España de 9 de enero de 1866; 17 de enero de 1872; 17 de diciembre 1873; 20 de abril de 1874; 29 de enero de 1884.

En la de 13 de junio de 1901, 91 Jurisprudencia Civil 915, se ha establecido la siguiente doctrina:

1 ‘ Que mientras no se haga la liquidación de la herencia, y por con-secuencia de ella la correspondiente partición y adjudicación a cada heredero de lo que les corresponde, carecen éstos de verdadero título que les sirva para reivindicar bienes concretos y determinados de la misma herencia, pues para tal acción no es título suficiente el testa-mento. ’ ’

Como los demandantes no han justificado que a la fecha de su reclamación fueran dueños exclusivos de la mitad pro-indivisa de la finca en litigio, procedió correctamente la corte inferior al sostener la moción de los demandados de que la prueba no era suficiente para justificar una sentencia favorable a los-demandantes y al dictar sentencia en tal sentido, por lo que ésta debe ser confirmada.

7 Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciadps MacLeary, y del Toro.

El Juez Asociado .Sr. Wolf, firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia pero no con todos sus fundamentos.

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Mi principal razón para presentar separadamente una opinión concurrente, es la de que, a mi juicio, el verdadero principio no queda suficientemente afirmado en la opinión de la corte, sino que más bien se establece como por vía de excep-ción. Yo entiendo que el principio-es, y ha sido desde los tiempos de Roma, que los herederos del difunto le suceden en todos sus derechos y títulos, y que ellos pueden sostener pleito para recobrar toda propiedad perteneciente a la heren-cia del difunto, o cualquiera parte de ella que sea detenida de adverso contra ellos. La excepción es cuando hay más de un heredero, que ningún heredero por sí solo pueda promover un litigio para recobrar una propiedad determinada, hasta que él sea declarado el solo y exclusivo dueño de tal propiedad.

Todos los herederos pueden promover tal pleito, y aun podría uno de ellos, en representación de los demás, hacerlo así, bajo ciertas restricciones. Es casi un ejemplo del anti-guo'lema: “Unidos, nos sostenemos; divididos, caemos.”

Convengo enteramente en la opinión de la mayoría, en cuanto a que toma por base para la confirmación de la sen-tencia el principio de que habiendo varios herederos, no puede uno solo de ellos, por sí, promover un pleito acerca de determinada propiedad de la herencia, a menos de que haya precedido una partición y división de la herencia. Pero no estoy conforme con aquellos otros puntos de la opinión, que parecen dar a entender que nn título tal que facultaría a todos los herederos a promover un pleito de. reivindicación, no es completo desde el momento en que falleció el causante de la herencia.

Al tratar de la sentencia de la Corte Suprema de España de fecha 20 de mayo de 1899, la opinión de la mayoría, si no se explicara, o si no se separara de su contexto, parecería indicar que el registro de la declaratoria de herederos, en el corres-pondiente registro de la propiedad pudiera conferir a los herederos algún mayor derecho. Yo no creo que la totalidad de la opinión se inclinq a ese principio, pero pudiera extraerse esa inferencia de las palabras empleadas por la corte al com-parar el caso de aquella sentencia con el presente caso. A más de esto, la cita de la sentencia del Tribunal Supremo de España de fecha 13 de junio de 1901, por sí sola, no creo que establece claramente la doctrina legal. Todos los herederos pueden unirse para promover y sostener un litigio con res-pecto a propiedad determinada, que se retenga por alguien en adverso, y de la que ellos son los. verdaderos .dueños.


author: El Juez Asociado SR. MacLeary,

text:
    The Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 730.
    Resuelto en diciembre 5, 1911.
    Costas — Resoluciones Apelables — Orden Denegando Dejar sin Efecto una Orden Apelable. — Teniendo en cuenta que una orden aprobando un memorandum de costas por no haber sido impugnado oportunamente, equivale a una sentencia en rebeldía, y como excepción a la regla general de que es inapelable una resolución denegando una moción para dejar sin efecto otra resolución apelable, los tribunales han sentado la doctrina de que en estos casos puede apelarse contra una orden denegando la moeión para dejar sin efecto la orden aprobatoria de un memorandum de costas por no haber sido impugnado en su oportunidad.
    Errores Fundamentales — Aprobación del Memorandum de Costas — Falta de-Impugnación — Discreción del Tribunal. — Aun cuando un memorandum de costas no haya sido impugnado por la parte condenada al pago, el tribunal sentenciador no debe aprobarlo en 'su totalidad por ese mero hecho, sin antes examinarlo y en el ejercicio de su facultad discrecional conceder aquellas can-tidades que estime justas y razonables.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Armstrong & Keith y Liois Muñoz Morales.

    Abogados del apelado: Sres. Aponte y Aponte.

   El Juez Asociado SR. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

La presente apelación se refiere a nna cuenta de costas, incluyendo un memorandum de honorarios de abogados, as-cendente a $1,100. Ante la Corte de Distrito de Humacao, se entabló por The Fajardo Development Co. una demanda contra los bienes' relictos de Bautista Morfi, para compeler el otorgamiento de una escritura de traspaso de un predio de terreno cuyo valor excede de quinientos dollars ($500). Des-pués de varias excepciones por parte de los demandados, y una contestación basada en los méritos del caso, la deman-dante pidió por moción escrita que la corte se sirviera tener-1 la por desistida en dicha acción; la cual petición fue conce-dida, dictándose por la corte sentencia de acuerdo con la mis-ma, en 20 de abril pasado, e imponiéndose las costas a la de-mandante. En 22 de abril de 1911, uno de los demandados, o sea el apelado, presentó al secretario de la corte de distrito, un memorandum de costas, del cual envió copia el mismo día,-por correo, al abogado de la parte contraria.

El 5 de mayo, o sea catorce días después, el apelado pre-sentó a la corte una moción, solicitando de la. misma, la apro-bación de su memorandum de costas, la cual aprobación fué ordenada por la misma corte el 8 de mayo. Dicha orden fué notificada a los abogados del apelante, y éstos en 10 del mismo1 mes, presentaron a la corte una moción, solicitando la recon-sideración de la misma. Esa moción fué denegada; y contra la resolución denegando la moción por la que se suplicó a la. corte se sirviera dejar sin efecto la orden aprobando el memorandum de costas, se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

El apelado presentó oportunamente una moción ante este •tribunal, solicitando que se desestimara el recurso de apela-ción por el motivo de que la resolución apelada no era apela-ble. Este tribunal aplazó la decisión de dicha moción con el fin de resolver después de haber oído todo el caso.

Nos parece conveniente discutir el caso según ha sido pre-sentado por el apelado, o sea en la forma de las tres propo-siciones siguientes:

“1. El recurso debe desestimarse porque no es apelable la orden contra la cual se ha establecido.
“2. La resolución inferior debe confirmarse porque los errores que alega el apelante, no aparecen del pliego de exposición del caso, aparte de que aun teniendo en cuenta dicha exposición, tales errores, así lla-mados por el apelante, no son en realidad errores, sino justicia a secas.
“3. La orden apelada debe ser confirmada porque el tribunal sen-tenciador cumplió estrictamente con la ley al dictar su resolución. ’ ’

■ Discutiremos estas cuestiones por el orden en que han •sido presentadas. ’ 1

• ■ Es una proposición general que no se puede apelar de la resolución de una corte por la que ésta se niega a dejar sin efecto una orden que es apelable por sí. Pero, puede ser que esta regla general, a semejanza de todas las demás, tenga ex-cepciones en ciertos casos. No debe olvidarse que la orden de 8 de mayo de 1911 era virtuálmente una sentencia dictada en rebeldía porque los apelantes habían dejado de presentar, dentro de cierto período, sus objeciones contra el memorandum de costas. Aunque los demandantes pudieran haber in-terpuesto recurso de apelación contra dicha orden, habría sido muy difícil conseguir la completa revisión del caso, en virtud de los supuestos méritos del mismo, y en tales casos, se ha permitido que se presente una moción solicitando que se deje sin efecto la rebeldía, y que en el caso de una negativa, se apele de la resolución denegando la moción. (McCormick v. Belvin, 96 Cal., 182; De la Montanya v. De la Montanya, 112 Cal., 101; Pignaz v. Burnett, 119 Cal., 157; Thompson v. Alford, 128 Cal., 227.)

Considerando domo consideramos, que el presente caso constituye una excepción de la regla general, y encontrando que la resolución denegando la moción por la que se suplica a la corte se sirva dejar sin'efecto la orden aprobando el memorandum de costas, es apelable, debe desestimarse la moción solicitando que se desestime esta apelación.

Esto nos lleva a la consideración de la segunda proposi-ción consignada en la presente. Puede ser que los errores en que según afirma el apelante, incurrió la corte inferior en sus resoluciones, no se habían consignado en debida forma; pero toda vez que tales errores, si realmente lo eran, son errores fundamentales, la corte, de acuerdó con las regias, los tomará en consideración; así es que preferimos hacer caso' omiso de dicha objeción y examinar dichos errores detenidamente. La resolución de la corte sentenciadora, aprobando el memorandum de costas, incluso los honorarios de abogados, parece que se funda en la idea de que, habiendo dejado la deman-dante de presentar objeción alguna contra el mismo, la corte debía considerar dicho memorandum como vcompletamente correcto. Ese no es nuestro parecer con respecto a este asun-to. Ya se impugne o nó el memorandum, la cuestión de hono-rarios de abogados queda confiada por la ley a la discreción de la corte. (Véanse las leyes de la Asamblea Legislativa de 1908, pág. 85.) Si la corte hubiese ejercido su discreción en el asunto, y luego hubiese aprobado el memorandum de costas, hubiéramos entonces creído conveniente modificar la resolu-ción de la corte, sólo en el caso- de que los autos hubieran de-mostrado un abuso de esa discreción. Pero cuando la corte se niega a ejercer discreción alguna en el asunto, entonces claramente incurre en error y no puede reclamar nuestra aprobación para su resolución. La corte debe considerar la importancia del trabajo y de los conocimientos profesionales empleados por los abogados en el presente caso, y el valor de los mismos, y llegar de este modo a la determinación de la cantidad que debe concedérseles por concepto de honorarios.

Ahora llegamos a la tercera proposición según ha sido presentada po.r el apelado. Por las razones alegadas con mo-tivo de la segunda proposición no podemos estar de acuerdo con dicha tercera proposición y debemos por lo tanto consi-derarla como errónea.

Poi: las razones expuestas, debemos declarar que la Corte de Distrito de Humacao incurrió en error, al negarse a dejar sin' efecto la orden aprobando el memorandum de costas; y debe ordenarse a dicba corte que oiga las partes a favor y en contra del memorandum de costas; y que después de baber considerado todos los becbos en pro y en contra, y de baber ejercido una sana discreción judicial en dicbo asunto, desa-pruebe dicbo memorandum o apruebe la suma que el deman-dado Morfi tenga derecho a recobrar en el asunto.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeaey,

text:
    Balasquide v. Foote, Juez de Distrito
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 84.
    Resuelto en diciembre 13, 1911.
    Certiorari — Aprobación de la Exposición del Caso — Jurisdicción.-—Examinado este caso el tribunal resolvió que tenía jurisdicción para conocer de él y que no eran aplicables al mismo los preceptos del artículo 64 del reglamento del Tribunal Supremo.
    Id. — Aprobación de la Exposición del Caso — Discreción del Juez — Término para Proponer Enmiendas. — Habiendo expirado el término para proponer enmiendas a una exposición del caso, no es prorrogable dicbo término, pero el juez sentenciador, en el ejercicio de su facultad discrecional puede oir a las partes interesadas después de vencido dicbo término, con objeto de cer-ciorarse de la veracidad de los becbos expuestos en la exposición del caso.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. José Guzmán Benitez y Juan Guzmán Benitez.

    Abogados de la parte opositora: Sres. Herminio Diaz Navarro y Cayetano Coll y Cuchí.

   El Juez Asociado Sr. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari. El peticionario alega que es el demandado en nn pleito en que Enrique Camacho es demandante y Antonio Balasquide demandado, pendiente en la sección segunda de la corte de distrito de San Juan, y que después de haber inter-puesto recurso de apelación y de haber solicitado un nuevo juicio, su abogado preparó una exposición del caso y un pliego de excepciones para el nuevo juicio y los presentó para su aprobación al juez sentenciador, el que cesó en su cargo des-pués de visto este caso; que la parte contraria no pr-esentó enmiendas a la exposición del caso ni al pliego de excepciones dentro del término señalado por la ley, y a pesar de eso el juez de distrito, Hon. Charles E. Foote, sin haber concedido prórroga para presentar enmiendas, dictó en dicho pleito la siguiente orden:

“Vista la.moción del demandado, solicitando la aprobación de la exposición del caso y pliego de excepciones para ser usado en la moción de nuevo juicio presentada sin intervención de la parte contraria por no haber presentado enmiendas dentro del término concedido para ello, se deniega lo solicitado, fundado en que no se ha justificado por decla-ración jurada que se haya entregado copia del proyecto de exposición del caso y pliego de excepciones a la parte contraria. Además, es el deber del juez, aun cuando no hayan sido presentadas enmiendas, estu-diar el proyecto y de corregirlo, de modo que esté exacto y conforme con los hechos y la prueba.
‘ ‘ Opinamos que el término de 10 días para proponer enmiendas, no es un término fatal, y el juez puede admitir enmiendas después de ven-cido el citado término.
‘ ‘ Se concede al demandante un término hasta el día 27 del corriente mes para proponer enmiendas a dicha exposición del caso y pliego de excepciones, vencido cuyo término será señalado día para su aproba-ción; debiendo el secretario de la corte notificar a las partes de esta resolución. ’ ’

En la solicitud presentada por el abogado de Balasquide alega éste varios fundamentos para • demostrar que dicha orden es ilegal, y suplica al tribunal que ordene que dicha ex-posición del caso y pliego de excepciones y demás documentos relacionados con ambos, se eleven a este tribunal para su re-visión, y se ordene a dicho 'juez de distrito qne dentro de un término razonable y sin la intervención del abogado del de-mandante en el citado pleito, apruebe el pliego de excepciones y exposición del caso después de eliminada toda materia su-.perflna.

Se expidió un mandamiento dirigido al demandado para qne éste alegara los motivos qne hubiera por los cuales no de-bía concederse lo solicitado en ,1a petición de, certiorari, y el citado-demandado compareció y presentó una contestación en la cual impugnó la jurisdicción de este tribunal para expedir mi auto de certiorari en este caso concreto, exponiendo ade-r más, que en este caso ha procedido en absoluto de acuerdo con ■ las disposiciones legales vigentes, consignando el fundamento de su contestación. ■

En cuanto a la jurisdicción sostenemos que este tribunal tiene facultades para expedir el mandamiento de certiorari “en todos aquellos casos en que el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, y con ob-jeto de terminar los procedimientos cuando, el tribunal inferior rehusare hacerlo fundado en bases erróneas.” Leyes de 1904, p. 123. El artículo 64 del reglamento de este tribunal no tiene aplicación a este caso. De acuerdo con los he-chos alegados en la solicitud de certiorari, el caso presente es uno de aquellos en que este tribunal puede actuar para con-ceder la suplica de la solicitud si los hechos lo justificasen. Por lo tanto la impugnación a la jurisdicción debe ser deses-timada.

De los autos consta qne en Io. de noviembre último, cuando el demandado, Hon. Charles E. Poote, cesó como juez de dis-trito, ya estaba pendiente ante dicha corte el recurso de ape-lación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el caso de Camacho v. Balasquide, y también estaba pendiente una moción de nuevo juicio presentada en el mismo caso, y uno o dos días antes de dicha fecha el demandado en aquel caso presentó al juez de distrito una exposición del caso y un pliego de excepciones en apoyo de la moción de nuevo jui-ció, y otra exposición del caso y pliego de excepciones para los efectos de la apelación contra la sentencia definitiva. -Am-bos documentos son muy voluminosos y vienen acompañados de varios affidavits y otros documentos. Se concedieron va-rias prórrogas qne alcanzan a unos sesenta días, y por último el juez de oficio prorrogó esta instancia por diez días más para qne el abogado del apelante pudiera preparar enmiendas al pliego de excepciones y la exposición del casó dentro de dicho término, con el fin de qne la corte pudiera recibir la ayuda y cooperación de los abogados de ambas partes para preparar una exposición del caso y un pliego de excepciones definitivos.

El demandado sostiene que al dictar el juez la orden im-pugnada y al adoptar el procedimiento que siguió actuó den-tro de sus facultades y con arreglo a su discreción,' pues no le era posible aprobar el pliego de excepciones o la exposi-ción del caso sin antes examinarlos detenidamente, sobre todo teniendo'en cuenta que había observado varios errores en la exposición que se le había presentado, que era necesario corregir.

Tal vez no sea susceptible de prórroga el término de diez días que tiene el abogado de la parte contraria para proponer enmiendas a la exposición del caso, sobre todo después de ha-ber expirado su término. Pero en vista del concepto que he-mos formado de este caso, para nada influye eso en esta reso-lución. El juez sentenciador es responsable de la veracidad de la relación de los hechos desarrollados ante él y en tales circunstancias la corte tiene la facultad discrecional de oir a las partes interesadas con objeto de cerciorarse de la vera-cidad de los hechos expuestos en la exposición del caso. . La orden adoptada por la.corte, aunque de su contenido no se desprenda, es una indicación al demandado de que el juez quería oirle y por tanto correspondía a las facultades del juez el dictarla. El fin de la ley es que se redacte una exposición exacta y que la corte no apruebe ninguna otra.

Por las razones consignadas en esta opinión este tribunal debe desestimar la solicitud de certiorari y dejar al deman-dado en el ejercicio de su discreción para que pueda continuar el procedimiento para la aprobación del pliego de excepciones y la exposición del caso en la forma iniciada, y que los apruebe una vez que contengan los liecbos y cuestiones legales plan-teadas en la resolución del caso.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Su. MacLeaRY,

text:
    Bonillerse v. González et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 704.
    Resuelto en diciembre 13, 1911.
    Bienes Gananciales — Bienes Propios de uno de los Cónyuges. — Adquirida una finca por el esposo a título de herencia materna, debe reputarse como bien pri-vativo de él, sin que sirva para desvirtuar ese carácter el hecho de que la .esposa pagara con su peculio particular pagarés del esposo por deudas con-traídas antes del matrimonio.
    Interpretación del Código Civil — Comentaristas Españoles. — De acuerdo con la regla bien conocida de interpretación legal puede este tribunal referirse a eminentes comentaristas españoles para la debida interpretación de aquellas partes del Código Civil de Puerto Eico que han sido literalmente copiadas del Código Civil Español.
    Bienes Gananciales — Cas^s Construidas en Terrenos de uno de los Cón-yuges con Dinero de la Sociedad de Gananciales. — Los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges a expensas de la sociedad de gananciales son bienes gananciales.
    Id. Es insuficiente y no aduce causa de acción una demanda para anular la venta hecha por el esposo sin el consentimiento de la esposa, de bienes propios de él, por haberse construido sobre dicha finca durante el matrimonio dis-tintas casas, a expensas de la sociedad de gananciales, cuando no se alega en la demanda que en el terreno vendido estaban comprendidas dichas casas.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado del apelado: Sr. Carlos Frcrnco Soto.

   El Juez Asociado Su. MacLeaRY,

emitió la opinión del tribunal.

Se entabló este pleito para anular una venta becba por el demandado González, sin el consentimiento de su esposa .que es la demandante, al demandado Rodríguez, de cierta finca rústica que se describe en la demanda, ~f pidiendo la restitu-ción de dicha finca a la demandante y su referido esposo, y para recobrar las costas y desembolsos hechos. En la deman-da se alega que:

“El 2 de abril, 1906, el demandado Pedro González, recibió en pago de la cantidad de $3,253 que le correspondía de la herencia materna, cierto predio de terreno. Su esposa es la demandante. Guando al esposo se le adjudicó el predio de terreno, debía cuatro pagarés que ascendían a $777.25 en concepto de capital y $302.50 de intereses, ha-ciendo un total de $1,079.75. La demandante pagó esos pagarés'de su peculio particular para evitar que ejecutaran el terreno.
“Cuando el demandado recibió el terreno no existía ninguna casa en él. Durante el matrimonio se construyeron una casa vivienda y una casa para máquina de descascarar café, con un valor todo de $600. La demandante alega que por virtud de esos pagos y de la construcción de los edificios, ese terreno se ha convertido en bienes gananciales.
“Que el 24 de diciembre, 1910, el demandado Pedro J. González vendió la finca, mediant'e documento privado, al demandado Francisco Rodríguez Montes, sin el consentimiento de la demandante, y que sin dicho consentimiento la venta es ilegal. Pide ella a la corte que declare la venta ilegal y nula y que se haga la restitución de la finca a la demandante y al demandado Pedro José González, su esposo, con las costas, etc.”

El demandado Rodríguez excepcionó esta demanda fun-dándose en que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. El demandado, basa esta excepción en las siguientes proposiciones: .

“1. En que exponiéndose en la .demanda que Pedro J. González, esposo de la demandante, adquirió por herencia materna la finca des-crita en la misma, no necesita el consentimiento de la demandante para ser válida la venta que se expresa en la alegación 7 de dicha demanda. , ...
“2. En que no se expresa el carácter legal del patrimonio particular de la demandante y que se alega en la demanda.
“3. En que trátese de bienes dótales o parafernales, para que sur-' tan efecto contra tercero, o sea contra el demandado Francisco Rodrí-guez Montes, ha de constar necesariamente su entrega al marido bajo la fe notarial y garantizarse su devolución o restitución mediante hipo-teca legal o voluntaria a favor de la demandante, debiendo inscribirse én el registro para que perjudique a tercero, no alegándose nada de eso en la demanda.
“4. En que no se hace alegación alguna que exprese que la finca descrita en la demanda está afecta al patrimonio particular que alega tener la demandante y que tal responsabilidad conste inscrito en el registro para perjudicar al demandado Francisco Rodríguez Montes.
‘ ‘ 5. En que no alegándose en la demanda la entrega al marido del patrimonio a que alude la demandante, la responsabilidad de tal en-trega no surtiría más efecto que el de las obligaciones personales, y si esta situación jurídica no destruiría cualquier cargo real que el marido hubiera constituido a favor de un tercero, menos puede afectar tales responsabilidades u obligaciones personales, el contrato de compra-venta, en el cual, el demandado Pedro J. González, se ha desprendido del dominio, como así1 resulta de la alegación 7a.'de la demanda.”

La corte sostuvo la excepción y desestimó la demanda, ne-gando a la demandante permiso para enmendarla y condenán-dola en costas. Contra esta sentencia lia apelado la deman-dante.

La resolución de este caso envuelve dos cuestiones de de-recho, pues los hechos no han sido controvertidos y en virtud de la excepción previa se aceptan como correctamente ex-puestos en la demanda. La primera cuestión que surge es la siguiente:

1. El heclio de que la esposa, de su patrimonio particular y por la suma de $1,709, redimió pagarés de su esposo que fueron dados por deudas contraídas antes del matrimonio, ¿les da a los bienes particulares del esposo, quien los heredó de su madre, el carácter de bienes gananciales hasta el punto de necesitarse el consentimiento de la demandante para su enajenación, según al artículo 1328 del Código Civil?

Esta cuestión debemos contestarla en la negativa. De las alegaciones hechas en la demanda no hay duda que el esposo adquirió la finca como herencia materna y por lo tanto a título lucrativo, y debe considerarse como su patrimonio particular. El hedió de que la esposa pagara, por su- esposo, ciertos pagarés de él, dados antes del matrimonio, no le- da a la finca el carácter de bienes gananciales. Código Civil, artículo 1324. La esposa se convirtió por ello en acreedora del esposo, pero sin adquirir derechos sobre el patrimonio particular de él. La finca consiste en un predio de terreno compuesto de veinte y dos cuerdas, y el esposo, a pesar de las cantidades que le adelantara su esposa, y del hecho de no poseer otros bienes más que ese predio de terreno, podrá enajenarlo mediante el debido traspaso, sin el consentimiento de la esposa. De modo que, por lo,que se refiere a la primera proposición, la corte sentenciadora estuvo acertada al decla-rar con lugar la excepción previa.

La segunda cuestión que hay que considerar es ésta:

2. El hecho de que el terreno lo adquiriera el esposo por herencia materna, sin que existieran en él mejoras, y que se construyeran en él durante el matrimonio casas para vivienda y para maquinaria -de descascarar café, de un valor de $600, ¿convierte dicho terreno en bienes gananciales hasta ese punto, según el artícnlo 1328 del Código Civil?

El artículo 1328 del Código Civil dice así:

“Art. 1328. — Sin embargo de las facultades que tiene el marido como administrador, no podrá donar, enajenar, obligar a título one-roso, los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consenti-miento expreso de la mujer.
' ‘ Toda enajenación o convenio que sobre dichos bienes haga el ma-rido en contravención a este artículo, y los demás dispuestos en este Código, o en fraude de la mujer, será nulo y no perjudicará a ésta ni a sus herederos.”

No puede haber duda en cuanto a la intención de esta declaración de nuestra ley estatutaria. No podríamos eva-dirla aunque quisiéramos y reconocemos que es nuestro deber hacerla cumplir. (Vivaldi v. Mariani, 10 P. R. R., 420; Pérez v. Registrador, 2 P. R. R., 663; Amadeo v. Registrador, 3 P. R. R., 263.) En cuanto a lo que constituye bienes gananciales podemos referirnos al artículo 1319 del Código Civil que dice así:

“Artículo 1319.- — Las expensas útiles, hechas con los bienes pecu-liares de cualquiera de los cónyuges mediante anticipaciones de la so-ciedad o por la industria del marido o de la mujer, son gananciales.
“Lo serán también los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca.”

Los siguientes extractos tomados de Manr.esa, comentando el artículo correspondiente del Código Español, tienen rela-ción al caso. Hablando de un edificio levantado en un solar propiedad de uno de los esposos, dice :

“El segundo párrafo del artículo 1404 es una excepción del pri-mero, y de los principios generales relativos a la accesión, modificando también nuestro antiguo derecho. Los edificios se consideran un acce-sorio del suelo, y construidos a expensas de la sociedad de gananciales, cederían, con arreglo al párrafo primero del artículo que nos ocupa, en favor del cónyuge propietario del solar, sin perjuicio de la indemniza-ción correspondiente. El artículo cambia la doctrina; los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cón-yuges son gananciales, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca. Es claro que se trata de edificios o construcciones hechos a costa del caudal común, como es lógico y se deduce de la relación entre los dos párrafos del artículo.
“Si el edificio se construye por el dueño del solar con dinero suyo, desde luego pertenece al mismo dueño del suelo. Si el marido cons-truye a su costa en solar propio de la mujer, el edificio pertenece a ésta, siguiendo lás reglas generales de ia accesión y la doctrina del ar-tículo 1368. La excepción del artículo 1404 no puede extenderse a más caso que el taxativamente mareado en su texto: construcción a expensas de la sociedad de gananciales en terreno propio de uno de los esposos.
‘' ‘ Fúndase la excepción, dice Goyena, en consideraciones de interés público para promover la edificación, sobre todo en 'las capitales y grandes poblaciones. Un marido, por ejemplo, se abstendría de edi-ficar con dinero propio o común en un solar dotal (sito tal vez en uno de los mejores parajes públicos), por saber que el edificio irá a poder de su mujer o de herederos extraños, y que no se reputará mejora sino lo rigurosamente gastado en edificar. El artículo le presenta un cebo o estímulo para- que edifique, pues tiene los mismos derechos y espe-ranzas que la mujer para ser propietario del edificio, y la seguridad de que en el caso contrario, se reputará ganancia todo lo que más valga el edificio por cualquier género de gastos, aunque sean voluntarios, o de puro placer y ornato. ’
“Añadamos una consideración: aunque el edificio no pueda subsis-tir sin el suelo, tiene siempre mucho más valor e importancia que éste, por lo que, si la doctrina no se conforma con los principios, satiface más a la razón. Si el solar vale 5 y el edificio 500, y éstos 500 pertene-cen a la sociedad de gananciales, más racional es que el edificio con el suelo se adjudique a la misma sociedad abonando 5 al propietario, que no que se adjudique al propietario abonando 500 a la sociedad.
“La palabra edificio es nombre genérico de toda obra arquitectónica con techo, construida para servir de morada al hombre o para oficinas, casinos, teatros, etc. Cuando la construcción hecha no merece el con-cepto de edificio, debe seguirse la regla general. La interpretación del artículo no puede menos de ser restrictiva. Un corral de ganado o tinada, un hórreo de piedra, etc., siguen al suelo como accesorios del mismo. La simple reparación extraordinaria en edificios ya existentes, aumento de pisos o de elevación, construcción de azoteas, miradores, etc., tampoco están comprendidos en la excepción.
‘ ‘ En cambio, aunque lo edificado sea una casa de campo o de labor en heredad de uno de los cónyuges, o nuevos cuerpos o dependencias construidos de nueva planta al lado de edificios ya existentes o conti-guos a ellos, es aplicable el párrafo 2o. del artículo 1404; lo nuevamente edificado es ganancial.”
Tomo 9, Manresa, Comentarios al Código Civil, pp. 601 y 602.

De acuerdo con la regla'bien conocida de interpretación podemos referirnos a eminentes autores españoles para la debida interpretación de aquellas partes de nuestro Código Civil que lian sido literalmente copiadas del Código Civil Español; y encontramos que el artículo 1319 del Código de Puerto Rico es una copia del artículo 1404 del Código Es-pañol. Por lo tanto debemos resolver que las casas edifi-cadas en esa parcela de terreno durante el matrimonio, y de un valor de seis cientos dollars, son bienes gananciales de la sociedad conyugal; y que según el artículo 1328 del Código Civil no pueden venderse sin el consentimiento de la esposa. Pero como esto no le impide al esposo disponer, sin el consen-timiento de su esposa, de su propiedad privativa adquirida por herencia, y como en la demanda se.pide la nulidad de la venta del terreno sin expresar en ella que en la venta se incluían las casas, debemos concurrir con el juez de la corte inferior, que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una buena causa de acción y fué propiamente desestimada. Pero deseamos añadir, que la sentencia dic-tada en el presente caso no impide el que se ejercite ante el tribunal competente y de acuerdo con la ley la acción que exista para obtener la nulidad de la venta de las casas des-critas en la demanda, en caso de que dichas casas hayan sido en efecto vendidas.

Por las razones consignadas aquí, debe confirmarse, con las restricciones mencionadas, la sentencia del tribunal sen-tenciador. „ „ ,

„ Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y. Aldrey.

• El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sb. Hernández,

text:
    Vázquez v. Martínez et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 688.
    Resuelto en diciembre 15, 1911.
    Cobro de Costas — Litis Pendencia. — Resultando de los autos que al iniciarse este pleito, el procedimiento que se había seguido para el cobro de costas contra la demandada había sido desestimado por resolución judicial y la parte acreedora había cedido las costas al demandante, no existe la litis pendencia alegada por el demandado.
    Id. — Pago de las Costas. — En una demanda en cobro de costas en donde se alega que ’fueron aprobadas por el tribunal, es bastante para ejercitar la acción sin que sea requisito esencial alegar que dichas costas habían sido pagadas al tribunal, pues este hecho en nada afecta al éxito de la acción.
    Id. — Prescripción—Obligaciones Derivadas de Culpa o Negligencia. — La pres-cripción para las acciones derivadas de la culpa o negligencia no rige en las acciones en cobro de costas, pues la responsabilidad derivada de culpa o negligencia no tiene nada que ver con la responsabilidad derivada de la ma-licia o temeridad con que se procede al iniciar o sostener un pleito, que son las causas determinantes de la condena de costas.

      Pruebas — Excepción a su Admisión. — No puede una parte invocar error por parte del tribunal en la admisión de prueba contra la cual no ha opuesto excepción alguna sino que por el contrario la aceptó.
    Oobro de Costas — Prescripción.—La prescripción de tres años que establece el artículo 1868 del Código Civil para el cobro de honorarios, derechos y gastos de abogados, registradores y otros funcionarios, no es aplicable a una acción en cobro de costas ejercitada por la parte acreedora o su cesionario y no por los abogados y funcionarios nombrados' en el citado artículo. ’
    Id. — Cesión de Costas — Prohibición de Adquirir. — La prohibición para adquirir que comprende el artículo 1362 del Código Civil, no es aplicable a una cesión de costas hechas por una parte a su abogado en pago de honorarios deven-gados en el mismo pleito en que dichas costas fueron causadas.
    Id. — Cesión de Costas — Causa del Contrato. — No es nula por falta de causa la cesión de costas hecha por una parte a su abogado, en pago de honorarios profesionales que le debe, habiendo sido dichas costas aprobadas por el tribunal y condenada la parte contraría a su pago, siendo la causa de ese con-trato la remuneración de los servicios profesionales de ese abogado.
    Los hechos'están expresados en la opinión.
    Ahogado, del apelante: Sr. Víctor Primo Martínez.

    Abogado del apelado: Sr. Fernando Vázquez.

   El Juez Presidente Sb. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por demanda que lleva fecha 10 de jnnio del año 1909, y que aparece jurada en 4 de abril del año siguiente, el abogado Fernando Vázquez, como cesionario de María Moreno, inició juicio ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra Víctor Martínez y Martínez en reclamación de mil treinta dollars 10 centavos, habiendo pasado luego el conocimiento del juicio a la Corte de Distrito de Aguadillapque lo terminó por senten-cia de 4 de enero del corriente año, declarando con lugar dicha demanda y ordenando que el demandante recobre del de-mandado la suma reclamada con todas las costas a cargo del segundo. Esa es la sentencia objeto del presente recurso, in-terpuesto contra ella por el demandado Víctor Martínez y Martínez.

Las alegaciones fundamentales de la demanda son las si-guientes :

Ia. Que en la Corte de Distrito de Mayagüez siguió juicio Víctor Martínez contra María Moreno sobre cancelación de embargo, que terminó por sentencia firme de 26 de noviembre de 1901, declarando sin lngar la demanda y condenando en costas al demandante.

2a. Que las costas de dicto juicio, según tasación practi-cada con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, ascendieron a cuatrocientos odio dollars, 50 centavos; y ha-biendo sido impugnadá dicha tasación por Martínez, recayó auto que también quedó firme, por el que se declaró sin lugar la impugnación con las nuevas costas a cargo del Martínez, las que ascendieron a doscientos treinticinco dollars.

3a. Que en la misma Corte de Distrito de Mayagüez siguió otro juicio Víctor Martínez contra María Moreno sobre nuli-dad de escritura, que terminó por sentencia firme de 1°. de octubre de 1902, declarando sin lugar la demanda con las cos-tas a cargo del demandante.

4a. Que las costas del anterior juicio ascendieron a la can-tidad de novecientos cuarentiocho dollars, 80 centavos; pero habiendo sido impugnada la tasación por Martínez, la corte de Mayagüez redujo los honorarios de los abogados y mandó practicar nueva tasación, que limitó la primera a la suma de trescientos ochentiséis dollars, 60 centavos.

5a. Que en el año de 1905 se embargaron a Víctor Martínez en los dos pleitos de que se deja hecho mérito, para el cobro de las costas en que fué condenado, veintidós cuerdas con 67 céntimos de terreno, embargo que quedó ineficaz, porque dichos terrenos habían sido vendidos a José Fernández Hermi-da e inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad de Aguadilla.

6a. Que en el año de 1906 María Moreno interpuso deman-da ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra Víctor Mar-tínez con el fin de que fueran rescindidos ciertos contratos de cesiones de créditos hipotecarios y de enajenaciones de fincas rústicas y urbanas, celebrados por Víctor Martínez en favor de su hijo Víctor Primo Martínez, y quedaran sujetos los cré-ditos cedidos y las fincas enajenadas al pago de las costas que adeudaba Víctor Martínez, a María Moreno, habiendo sido declarada sin lugar la demanda de rescisión por sentencia de 21 de septiembre de 1907 confirmada por esta Corte Suprema.

7a. Que por escritura pública de 1°. de mayo de 1908, María Moreno con autorización de su esposo cedió al demandante en pago de una cantidad que le adeudaba, los créditos que por costas adeudaba la Moreno al Martínez, ascendentes a la can-tidad de mil treinta dollars, 10 centavos, que ni en todo ni en parte fia pagado todavía Martínez al cesionario demandante.

8a. Que el demandante por medio de mociones a las que acompañó la escritura de cesión ya mencionada, mociones que fueron notificadas a Martínez, solicitó en los dos pleitos a que se refieren las- cuatro primeras alegaciones, la continuación de la vía de apremio para el cobro de las costas adeudadas por Martínez, y dichas mociones fueron declaradas sin lugar por resoluciones de 27 de agosto de 1908 bajo el fundamento de que tratándose de .uná cesión de créditos hecho a título one-roso de venta, la parte peticionaria sólo podía ejercitar su’ derecho dentro de un procedimiento distinto de aquel en que se originó el pleito, mediante el ejercicio de la acción personal apropiada al caso.

A la demanda opuso el demandado como excepciones pre-vias la de que existe otra acción pendiente entre las mismas partes y por la misma causa de acción, la de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y la de que la acción de cobro de costas había prescrito por ministerio de la ley, según los artículos 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 1869, inciso 2o. del Código Civil.

Tales excepciones fueron declaradas sin lugar por orden de 22 de junio de 1910, concediendo a la parte demandada el término de diez días para contestar la demanda.

Al contestar la demanda Víctor Martínez y Martínez admi-tió que en dos juicios seguidos por él contra María Moreno sobre cancelación de embargo y nulidad de una escritura, reca-yeron sentencias declarando sin lugar una y otra demanda, con imposición de costas al Martínez: que las costas del primer juicio ascendieron a cuatrocientos ocho dollars 50 centavos, y las del segundo a trescientos ochenta y seis dollars 60 centavos; que en ambos pleitos, y para cobro de las costas, fué embargada una finca rústica de 22 cuerdas 67 céntimos, parte de otra denominada “Piedras Blancas,” en el barrio Calaba-zas del término municipal de San Sebastián; que María Moreno interpuso demanda contra Martínez y otros sobre resci-sión de contratos, que fué declarada sin lugar por sentencia ejecutoria; que por escritura pública de Io. de mayo de 1908 María Moreno cedió y traspasó al demandante los créditos representados por las dos condenas de costas impuestas- al Martínez en los dos pleitos seguidos contra María Moreno, costas que ascendían a $1,030.10, y que dicho demandante ges-tionó el cobro de las referidas costas en ambos pleitos.

Negó Víctor Martínez las demás alegaciones de la deman-da por falta de información y creencia, y alegó que las costas cuyo cobro se reclama están prescritas, entre otras razones por la consignada en el inciso 2o. del artículo. 1869 del Código Civil.

El demandado formuló también reconvención o contra-demanda contra el demandante Fernando Vázquez y los es-posos María Moreno y Sergio Ramírez haciendo las alega-ciones que al efecto estimó oportunas, y concluyó con la sú-plica de que se dictara sentencia con los siguientes pronun-ciamientos :

Io. Que la acción ejercitada para el cobro de costas está ya prescrita; 2o. que si no está prescrita, tal acción es ineficaz por proceder de un contrato ilícito y prohibido; 3o que si hubiere lugar al cobro de las costas reclamadas, se decrete su compen-sación con un crédito hipotecario que debían y deben los es-posos María Moreno y Sergio Ramírez; 4o que una hipoteca constituida a favor de Martínez sobre finca de 54 cuerdas 47 céntimos del barrio de G-uatemala de San Sebastián está vi-gente, y por tanto Martínez tiene derecho a recobrar de los poseedores de dicha finca, María Moreno y Sergio Ramírez la cantidad .de seis mil seiscientos treinta pesos con 63 centavos garantizados por aquella hipoteca, más los intereses conveni-dos .y capitalizados anualmente desde el vencimiento de la obligación liasta sn efectivo pago; 5o. qne se impongan todas las costas a los contrademandados F'ernando Vázquez, María Moreno y Sergio Ramírez.

A la contestación y reconvención de Víctor Martínez opnso el demandante las excepciones de qne varias cansas de re-convención, habían sido acumuladas indebidamente, y d<? qne la contestación del demandado no contenía becbos bastantes para una oposición a la demanda, ni tampoco para una re-convención.

De esas excepciones sólo fue declarada con lugar la de que la contrademanda no exponía becbos suficientes para consti-tuir una verdadera reconvención, habiendo sido desestimadas las demás por orden de la corte de 24 de octubre de 1910.

El demandado entonces con permiso de la corte enmendó su contestación,' alegando que desde el 23 de marzo del año 1898 el demandante Fernando Vázquez, como procurador pri-mero y abogado después, fué apoderado y defensor de María Moreno en losados pleitos que motivaron las condenas de cos-tas de que se trata, y que por la escritura de Io. de mayo de 1908 la Moreno vendió o cedió a su apoderado y abogado el de-mandante Vázquez las costas de dichos pleitos y las de otros en que también había intervenido Vázquez como representante y abogado de dicha Moreno, verificándose la cesión bajo la condición de que el cesionario estableciera acciones y pleitos contra Martínez y otras personas, sin que la cedente quedara sujeta a responsabilidad alguna para con el cesionario Váz-quez por razón de dicha cesión o venta.

La súplica de la primitiva demanda quedó limitada a los pronunciamientos de que la acción había prescrito, de que en todo caso dicha acción era ineficaz, como originada en un con-trato nulo, ilícito y prohibido, y de que se condenara en las costas del juicio al demandante, dejando sin efecto el asegura-miento decretado para asegurar la efectividad de la senten-cia. „

Celebrado el juicio recayó en él la sentencia de que ya be-mos hecho mérito al principio, y que según hemos dicho ha sido recurrida por el demandado Yíctor Martínez.

Alega la representación del demandado en su alegato es-crito ante esta Corte Suprema, .que la corte inferior cometió error al dictar la orden de 22 de junio de 1910 desestimando las excepciones previas opuestas a la demanda.

En cuanto a la primera excepción de existir otra acción pendiente entre las mismas partes y por la misma causa de acción, resulta de la demanda que el demandante Fernando Vázquez, como cesionario de María Moreno, por escritura pública de Io. de mayo de 1908, trató de cobrar las costas que Martínez adeudaba a la Moreno a virtud de sentencias recaí-das en dos juicios que entre ellos se habían seguido, y al efecto presentó mociones a la Corte de Distrito de Aguadilla, que fueron declaradas sin lugar por órdenes de 27 de agosto de 1908, bajo el fundamento- de que tratándose de una cesión de crédito hecha a título oneroso de venta, el remedio legal pro-cedente para hacer efectivo el derecho de que se creyera asis-tido Vázquez sólo podía ser ejercitado dentro de un procedi-miento separado y. distinto de aquel en que se originó el cré-dito objeto de traspaso, haciendo uso para ello de la acción personal apropiada al caso.

Si bien aparece de la demanda que María Moreno practicó gestiones en los dos pleitos seguidos por ella contra Víctor Martínez, para el cobro de las costas en que éste fué conde-nado, esas gestiones no estaban pendientes al iniciarse el pre-sente juicio, sino que, lejos de continuarse, quedaron termi-nadas, habiendo sido Fernando Vázquez el que a virtud de la escritura de cesión de Io. de mayo de 1908, intentó el cobro de dichas costas por la vía de apremio, lo que no consiguió por haber sido declarada sin lugar su pretensión por resoluciones de 27 de agosto de 1908, por la razón de que el cesionario Vázquez debía ejercitar su derecho en otro juicio distinto. Tales resoluciones fueron cumplidas por Vázquez promo-viendo el presente juicio, y por tanto no puede considerarse pendiente la reclamación hecha en los dos juicios, con arreglo al precepto del artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Civil, según el cual “un pleito se considera pendiente desde -que principia hasta su resolución final en apelación o hasta que haya expirado el tiempo para interponer el recurso de ape-lación, a menos que se haya cumplido el fallo con anterio-ridad.”

No había pues, al iniciarse este pleito otra reclamación pendiente para perseguir el cobro de las costas adeudadas por Martínez a María Moreno, pues esta abandonó su recla-mación cediendo al demandante Vázquez el derecho que tenía a cobrarlas, y Vázquez, consintiendo y ejecutando órdenes ju-diciales, desistió del cobro en los dos juicios en que las costas habían sido causadas, y para conseguir su fin inició el si-guiente pleito.

En cuanto a la otra excepción de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de aéción, basta una ligera lectura de la demanda para convencerse de lo contrario.

Se alega en la demanda que María Moreno en virtud de sentencias firmes obtuvo el derecho de cobrar al demandado Víctor Martínez el montante de las costas que por parte de ella se habían causado en el juicio, y que ese montante fué ce-dido al demandante Fernando Vázquez por escritura pública de Io. de mayo de 1908. Tales hechos determinan la acción de cobro de lo debido. No era necesario alegar en la deman-da que María Moreno había pagado las costas a cuyo reinte-gro fué condenado Martínez, pues el haberlas pagado o nó en .nada afectaba al éxito de la acción, y a la Moreno le bastaba presentar minuta de las costas y honorarios en que fué conde-nado Martínez para obtener su aprobación, como la obtuvo, y proceder luego a su cobro.

Las tasaciones de costas quedaron firmes según se estable-ce en la demanda, y siendo ello así, el cobro era procedente.

Tampoco ha prescrito por ministerio de la ley la acción del cobro de costas que es la 3a. de las excepciones previas ale-gadas.

El Artículo 43 del Código de Enjuiciamiento Civil, invoca-do para sostener dicha excepción, dice así:

"Si se diese principio a una acción dentro del período requerido para su prescripción y en caso de apelación se revocare la sentencia inferior dada en favor del apelante, éste o sus representantes, si hu-biere muerto y subsistiere la causa legal de la acción, podrán princi-piar una nueva acción dentro de un año' después de la revocación. ’ ’

No vemos, ni se nos ha demostrado, la relación que pueda tener el artículo transcrito con el presente caso.

También se ha invocado como razón legal de la prescrip-ción el inciso 2o. del artículo 1869 del Código Civil, cuyo artí-culo dice así:

“Prescriben por el transcurso de un año:
f? # * # *
, “2. La. acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia que se trata en el artículo 1803, desde que lo supo el agraviado.”

T el .artículo 1803, dice:.

"El qué por acción u omisión causa daño- a otro interviniendo culpa'o negligencia, está'obligado a'reparar el daño causado.”

Repetimos lo que ya hemos dicho anteriormente con rela-ción al artículo 43 del Código de Enjuiciamiento Civil. ' Nó vemos ni se nos ha demostrado la relación que puedan tener los preceptos legales que acabamos de transcribir con la pres-cripción alegada.

La responsabilidad derivada de culpa o negligencia no tiene nada que ver con la responsabilidad ’ derivada de la. malicia o temeridad con que se procede al iniciar o sostener un pleito, y cuyas malicia o temeridad son las que determinan la condena de costas.

Entendemos pues, que la orden de 22 de junio de 1910 de-sestimando las excepciones previas se ajusta a derecho y a las alegaciones de la demanda.

En cuanto a la sentencia apelada, se alegan las siguientes infracciones legales, para conseguir su revocación.

Ia. De los artículos 81 y 4 del Código de Enjuiciamiento Civil y Código Civil respectivamente.

2a. De los artículos 24, 56 y 107 de la Ley de Evidencia, en relación con el artículo 4°. del Codigo Civil.

. 3a. De los artículos 1868 y 1874 del Código Civil. •

4a. De los números 2°; y 5° del artículo 1362 del Codigo Civil en relación con los artículos 4°.' y 1083 del mismo Código.

5a. Del articuló 1379 en relación con el 1242 del Codigo Civil.

6a. De la sección 11a. de la ley aprobada en 11 de marzo de 1909, para la organización de una comisión de abogados que examine e informe sobre las condiciones morales de los aspirantes al ejercicio de la abogacía ante los tribunales de la Isla de Puerto Bico, definiendo determinados deberes de los abogados y para otros fines, en relación con los incisos 2°. y 5°. del artículo 1362 y los artículos 1083 y' 1242 del Código Civil.

A pesar de que algunos de los motivos del recurso nos pa-recen'claramente frívolos, los examinaremos todos por el mis-mo orden en que lian sido expuestos.

PBIMEB MOTIVO.

La demanda se presentó en la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de Mayagüez contra Víctor Martínez, vecino de San Sebastián, pueblo correspondiente al Distrito Judicial de Aguadilla, y después de haberse opuesto por el demandado excepciones previas a la demanda, fue trasladado el caso a la segunda corte expresada, que fue la que dictó la resolución de 22 de junio de 1910 desestimando dichas excepciones. Es lo único que aparece del récord en relación con los preceptos le-gales que se suponen infringidos. Lejos de existir tal infrac-ción, se ha dado cumplimiento al artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, preceptivo de que en todos los demás casos no comprendidos en los artículos' anteriores, el pleito deberá verse en el Distrito en que residieren los demandados o algunos de ellos al iniciarse el litigio, y como la demanda fué presentada en la Corte del Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, fue trasladado el caso a la Corte de Distrito de Aguadilla por tener el demandado su domicilio en San Sebas-tián, pueblo de ese distrito. La nulidad a' que se refiere el artículo 4o. del Código Civil no puede invocarse en él pre-sente caso en que ambas cortes, la -de Mayagüe'z y la de Aguadilla, lian podido conocer el mismo, si el demandante se hubiera allanado a ello teniendo como tenían ambas cortes jurisdicción sobre la materia.

SEGUNDO MOTIVO.

Los artículos 24, 56 y 107 de la Ley de Evidencia, en re-lación con el artículo 4o. del Código Civil, no pueden citarse como infringidos por la parte apelante, pues para ello debió oponer excepción a la admisión de las certificaciones' de ac-tuaciones judiciales traídas al juicio por el demandante como prueba; y lejos de haberlo hecho, aceptó dichas certificaciones ■y admitió su autenticidad. Tal error, si hubiera existido, sería ineficaz en el presente caso.

TERCER MOTIVO.

Bajo ese motivo está comprendida - la prescripción por haber transcurrido tres años sin haberse cobrado las costas, no habiendo mediado ninguna razón legal que interrumpiera la préscripción.

El artículo 1868 ordena que por el transcurso de tres años prescribirán entre otras acciones para el cumplimiento de obligaciones, la de pagar a los jueces, abogados, registra-dores, notarios, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos y los gastos y desembolsos que hubieren realizado en el desempeño de sus cargos u oficios eñ los asuntos a que las obligaciones se refieran.

Como el presente pleito ha sido iniciado para cobrar cos-tas de cuyo montante hizo cesión María Moreno a Fernando Vázquez y a cuyo pago había sido condenado Víctor Mar-tínez, no es aplicable al mismo el artículo 1868, que se supone infringido. ' Si al demandado Víctor Martínez se le cobraran por alguno de los funcionarios expresados honorarios, dere-chos o gastos causados en el desempeño de sus cargos u oficios, podría alegarse el precepto contenido en la regla Ia. del artículo 1868 sobre prescripción por el transcurso de tres, años; pero como aquella condición no se llena en ni presente pleito, no puede ser aplicable el artículo de referencia. Aquí se trata del cumplimiento de obligaciones declaradas por sen-tencias firmes. Acaso pudiera invocarse el artículo 239 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual ordena que la parte a cuyo favor se hubiera dictado sentencia podrá en cualquier tiempo dentro de los cinco años después de registrada obtener uña orden de ejecución para su cumplimiento, cuyo término de cinco años, con arreglo al artículo 243, aun vencido, no im-pide que se exija el cumplimiento de la sentencia, excepto en los cases de cobro de dinero, siempre que medie autorización de la corte a instancia de parte o sentencia dada al efecto en procedimientos adicionales; pero si se invocaran esos artícu-los, contestaríamos que en el presente caso no son aplicables, pues no se trata de obtener la ejecución de sentencia en los procedimientos en que se dictaron, sino que se ha iniciado otro procedimiento para obtener que el demandado pague al demandante, como cesionario de María Moreno, las costas a cuyo pago estaba condenado, pleito que ha sido iniciado por haber ordenado el Juez que Fernando Vázquez gestionara ese cobro en otro procedimiento, según resoluciones de 27 de agosto de 1908.

CUARTO MOTIVO.

Los preceptos legales que se suponen infringidos en el cuarto motivo del recurso, dice así:

“Artículo 1362. — No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta .pública o judicial, por si ni por persona alguna intermedia
“2a. Los mandatarios, los bienés de cuya administración o enajena-ción estuviesen encargados * * *.
5°: Los jueces, individuos del Ministerio Fiscal, secretarios de tribunáles y juzgados y oficiales de justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante'el tribunal en cuya jurisdicción o territorio ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose 'esta prohibición al acto de adquirir por cesión.”
“Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones hereditarias entre coherederos o de cesión en pago de créditos o de garantía de los bienes que posean.
“La prohibición cóntenida'en este numero 5 comprenderá a los abo-gados respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio.”

Se ha justificado en el jtácio que el demandante Fernando Vázquez fué apoderado y abogado de María Moreno en los pleitos en que Víctor Martínez fué condenado al pago de las costas, y que María Moreno por escritura de Io: de mayo de 1908 cedió al Vázquez el montante de dichas costas represen-tado por la suma de 1,030.10 dollars en unión de otras costas, a cuyo pago había sido condenado' en otros pleitos el Mar-tínez. La cláusula 11a. de dicha escritura dice así: “Las ce-siones se verifican por la cantidad de 1,446.60 dollars, que la cedente señora Moreno deja en poder del cesionario Vázquez para pagarle igual cantidad que le Corresponde por honorarios devengados como abogado en alguno de los pleitos referidos, y por honorarios y suplementos pagados a los otros abogados y demás personas que intervinieron en dichos pleitos.”

El demandante Fernando Vázquez, que como hemos dicho era mandatario de María Moreno, no ha adquirido bienes de la misma de cuya administración y enajenación estuviese en-cargado. La Moreno era acreedora de Víctor Martínez por haber sido éste condenado al pago de costas en pleitos segui-dos entre ambos y ese crédito fué cedido por la Moreno direc-tamente a Vázquez con facultad legal para ello, de la misma manera que hubiera podido enajenar a Vázquez cualquier cosa mueble e inmueble de su propiedad, aun en el supuesto de que Vázquez estuviera encargado de su enajenación o adminis-tración . Nada tiene que ver con el presente caso el número 2°. del artículo 1362 del Código Civil.

La prohibición que respecto de los abogados contiene el número 5o. del mismo artículo se limita a bienes y derechos que fueren objeto de un litigio 'en que intervengan por sn pro-fesión n oficio, y las cantidades cedidas por la Moreno al abo-gado Vázquez no eran derechos ni bienes litigiosos, sino el resultado de condenas de costas decretadas en pleitos termi-nados por sentencia firme.'

Pero aunque se estimaía que lás cantidades cedidas por la Moreno a Vázquez' representálan créditos litigiosos, tampoco estaría Vázquez comprendido en la .prohibición del número 5o. del artículo citado, por haberse hecho esa cesión en pago de un crédito que por' servicios profesionales tenía Vázquez en contra de la Moreno, que es la excepción contenida en el 2o. apartado del mismo númerb 5o.

QUINTO MOTIVO.

•Los artículos' 1242 y 1379 que también se citan como in-fringidos, dicen textualmente-:'

“Artículo 1242. — Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.
“Artículo 1379. — Será nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción siempre que hubiere mala fe de su parte.”

Las pruebas suministradas en el juicio revelan que el con-trato de cesión celebrado entre María Moreno y Fernando Vázquez tuvo una verdadera causa, cual fué la de remunerar la Moreno al Vázquez servicios profesionales que le había prestado, y ya hemos dicho antes que tal cesión era lícita, pues en el Código no existe precepto alguno que la impidiera o estorbara. Martínez estaba en la obligación de pagar á la Moreno las costas en que había sido condenado; ese crédito fué cedido por la Moréno al Vázquez en ejercicio de su legí-timo derecho; poco importa al Martínez si la cesión tuvo por causa la que se expresa en el contrato u otra distinta; lo que le importa es la existencia del crédito cedido y tal crédito ha sido establecido por sentencias firmes.

Ciertamente que en la cláusula 12a. de la escritura de ce-sión se estipula que la cedente no queda sujeta a ninguna res-ponsabilidad para con el cesionario por razón de la cesión,- lo cual no quiere decir de modo categórico que exima el cesio-nario al cedente de responder de la evicción, pero aunque así fuera, como no consta que hubiera mala fé por parte del ce-dente, pues la existencia del crédito está justificada en autos, no puede estimarse nulo dicho pacto, y aunque así se estimara, la escritura de cesión se sostendría en su parte principal.

SEXTO MOTIVO.

Ta hemos dejado establecido que no han sido infringidos los artículos 1242 y 1362, incisos 2o. y 5°.- del Código Civil. Tampoco son atinentes al- caso la sección 11a-. de la ley de 11 de marzo de 1909 y artículo 1083 del Código Civil, por lo que huelga discutir esos supuestos errores.

Se ha alegado también por la parte apelante en el curso del debate ante esta Corte Suprema, que si bien en el hecho 4o. de la demanda se alega que los honorarios de los abogados fueron reducidos por auto de 21 de marzo de 1904 y se mandó practicar nueva tasación de costas que ascendió a la canti-dad de 386.60 dollars, cuya tasación quedó firme, no es exacto ese último extremo, pnes la nueva tasación de costas no fué modificada a- Martínez, y por tanto no pudo quedar firme, se-gún los artículos 368 y 260 de la antigua Ley de Enjuicia-miento Civil.

Acaso sea la alegación más importante del recurso, pero tampoco tiene virtualidad alguna a los fines pretendidos, co-mo pasamos a demostrarlo.

Dispone el artículo 427 del Código de Enjuiciamiento Civil antiguo vigente en la fecha a que se refieren las tasaciones de costas de cuyo cobro se trata, que la Sala o en su caso el juez, cuando fueren impugnados los honorarios de letra-dos,' peritos o cualesquiera funcionarios no sujetos a arancel, con presencia de lo que las partes o los interesados hubieren expuesto, y de los informes recibidos sobre los honorarios, aprobará la tasación o mandará hacer en ellas las alteraciones que estime justas, y a costa de quien proceda, sin ulterior re-curso. Como se ve, la resolución judicial aprobando una ta-sación de costas o mandando hacer en ella alteraciones, era firme per se, y ño era necesario qne la tasación de costas, con las alteraciones hechas, fuera nuevamente aprobada. Si al hacerse las alteraciones o modificaciones ordenadas se su-fría algún error por el funcionario encargado de ello, ese error podía subsanarse con o sin reclamación de la parte interesada, y aun sin intervención de la autoridad judicial. En el pre-sente caso no se alega que se hubiera sufrido error al darse cumplimiento al auto de 21 de marzo de 1904 y de las pruebas, resulta qne no se cometió:

Además, del mismo récord se desprende que el demandado y apelante Víctor Martínez tenía noticia de la tasación de cos-tas reformada en cumplimiento del auto de que se deja hecho mérito, pues consta que María Moreno inició vía de apremio, la que Fernando Vázquez trató de continuar para el cobro de dichas costas, y no se sigue’ vía de apremio sin requerimiento-previo al pago de lo qne se adeuda. Siendo sabedor Martínez de la tasación reformada es lo mismo que si le hubiera sido-no tificada, según el artículo 279 del Código de Enjuiciamiento. Civil ya citado..

Por las razones expuestas entendemos procede la confirma-ción de la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito-del Distrito Judicial de Aguadilla en 4 de enero del corriente &HO.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf,, del Toro y Aldrey.