author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Jaime Quiles Hernández, peticionario, v. Roberto Del Valle, Alcaide Cárcel de Bayamón 501, recurrido.

      Número: CC-2004-477

      Resuelto: 30 de marzo de 2006

      Teodoro Méndez Lebrón, abogado de la parte peticionaria; Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Como resultado de los hechos acaecidos en el Cerro Ma-ravilla en julio de 1978, Jaime Quiles Hernández fue acu-sado y convicto por seis cargos de perjurio en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Como con-secuencia de lo anterior, fue sentenciado a dos años de pri-sión por cada cargo, los cuales debían cumplirse consecuti-vamente entre sí. Posteriormente, y mientras Quiles Hernández cumplía la referida sentencia, el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le sometió dos casos de asesinato y seis cargos de peijurio.

A raíz de ello, en junio de 1985 el Departamento de Co-rrección del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adquirió la custodia de Quiles Hernández, quien, luego de varios trámites procesales, hizo alegación de culpabilidad por dos casos de asesinato en segundo grado y seis de perjurio. Así las cosas, el 18 de junio de 1987, éste fue condenado en el foro estatal a cumplir con sentencias indeterminadas de catorce a treinta años de prisión por los cargos de asesinato en segundo grado y de seis años en cada uno de los cargos de peijurio. Las aludidas sentencias debían cumplirse con-currentemente entre sí, pero consecutivas con las dictadas por el tribunal federal.

Posteriormente, el 22 de septiembre de 1987, la custodia del convicto se transfirió al Negociado de Prisiones Fede-rales; ello con el propósito de que Quiles Hernández termi-nara de cumplir con las sentencias emitidas por el foro federal. Una vez cumplidas las sentencias, el 22 de junio de 1992, el Departamento de Corrección del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico reasumió la custodia de Quiles Hernández.

El 13 de noviembre de 1992, la Junta de Libertad Bajo Palabra —en adelante la Junta— asumió jurisdicción so-bre el caso de Quiles Hernández con el propósito de eva-luar si éste era acreedor al beneficio de la libertad bajo palabra. Efectuada la referida evaluación, el 11 de junio de 1993, la Junta le concedió a Quiles Hernández la libertad bajo palabra.

Casi ocho años después, específicamente el 1 de febrero de 2001, el Departamento de Justicia del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una petición para solicitar que se encarcelara a Quiles Hernández. Adujo, en síntesis, que la Junta había adquirido jurisdicción errónea-mente sobre el caso de Quiles Hernández ya que acreditó, al término mínimo de reclusión necesario para que éste pudiera ser considerado para el beneficio de libertad bajo palabra, el tiempo de reclusión cumplido en la jurisdicción federal. A su vez, alegó que la actuación de la Junta fue una nula, por lo que debía ser dejada sin efecto por el foro judicial.

Luego de varios trámites procesales y de celebrar una vista en la que se evaluó los planteamientos de ambas par-tes, el 15 de marzo de 2001 el tribunal de instancia deter-minó que, en efecto, la Junta había interpretado errónea-mente la Ley de Sentencias Indeterminadas. Conforme a ello, concluyó que la determinación de concederle el privi-legio a Quiles Hernández fue ultra vires y ordenó su encar-celamiento inmediato.

Inconforme con dicha determinación, Quiles Hernández presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, el cual fue desestimado por defectos en su notificación. Quiles Hernández recurrió, vía certio-rari, ante este Foro. Denegamos el aludido recurso por in-cumplimiento con el reglamento de este Tribunal.!)

El 8 de abril de 2003, Quiles Hernández presentó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal de Primera Ins-tancia, en el que cuestionó la legalidad de su detención. Tras celebrar una vista, el referido foro resolvió que carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado ya que mediante éste Quiles Hernández intentaba revisar las de-terminaciones previas relativas a su encarcelación. El foro de instancia determinó, además, que los planteamientos del peticionario ya habían sido adjudicados por un juez de igual jerarquía.

Inconforme con dicha determinación, Quiles Hernández acudió —mediante recurso de apelación— ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El referido foro, me-diante sentencia emitida el 30 de abril de 2004, confirmó la sentencia apelada. En esencia, resolvió que el tribunal de instancia actuó correctamente al resolver que Quiles Her-nández pretendía revisar la determinación previa del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su encarcelación. Además, determinó que en este caso no existen las circuns-tancias excepcionales que permitan, a manera de excep-ción, que el recurso de hábeas corpus pueda utilizarse en sustitución de la revisión apelativa. Finalmente, deter-minó que a Quiles Hernández no se le violó el debido pro-ceso de ley durante los procedimientos llevados a cabo ante el foro de instancia.

Aún inconforme, Quiles Hernández acudió —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal. Alega que incidió el foro apelativo intermedio al

... confirmar la sentencia apelada dictaminando que el recurso de Habeas Corpus es improcedente porque mediante el mismo el Peticionario esta [sic] intentando revisar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su encarcelamiento.
... resolver que el encarcelamiento del Peticionario no viola los derechos que tiene este [sic] bajo el debido procedimiento de ley que le garantizan el Artículo II, Sección 7 de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado y la Enmienda Decimocuarta de la Constitución Federal.
... no resolver que la reinterpretación, por parte del Estado Libre Asociado de sus leyes y reglamentos, respecto a la forma de computar las sentencias mínimas cuando se están [sic] cumpliendo dos o más sentencias indeterminadas viola la dis-posición constitucional en contra de leyes ex post facto. Petición de certiorari, págs. 4-5.

Expedimos el recurso solicitado. Contando con la posi-ción de ambas partes y estando en posición de resolverlo, procedemos a así hacerlo.

f — i

Como es sabido, el auto de hábeas corpus es un recurso extraordinario de naturaleza civil mediante el cual una persona que está privada ilegalmente de su libertad solicita de la autoridad judicial competente que investigue la causa de su detención. Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 D.P.R. 885, 889 (1989), citando a D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1981, pág. 170. El auto antes mencionado está reglamentado por el Código de Enjuiciamiento Criminal y está garantizado tanto por la Constitución del Estado Libre Asociado como por la de Estados Unidos.()

En específico, este Tribunal ha establecido que un auto de hábeas corpus no procede cuando la determinación judicial que se pretenda conseguir no afecta la detención o custodia del peticionario. Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 D.P.R. 71, 73 (1974). Así, pues, no es suficiente que exista un mero temor de ser encarcelado, sino que es necesario que exista real y verdaderamente la prisión. Ex parte Soldini, 4 D.P.R. 168 (1903). El referido auto no procede, además, en los casos siguientes: cuando se intenta atacar la validez de una sentencia dictada en un procedimiento criminal; cuando el acusado está libre bajo fianza; cuando el peticionario está recluido o condenado por la orden de un tribunal de Estados Unidos, y cuando el peticionario tiene disponible el recurso de apelación. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua, 1996, págs. 175-181.

De otra parte, aun cuando exista real y verdaderamente la prisión del peticionario, debe tenerse claro, al momento de evaluar un auto de hábeas corpus, que es un recurso extraordinario. En virtud de lo anterior, hemos reiterado que, como regla general, tienen que agotarse todos los remedios ordinarios disponibles antes de acudirse a éste. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849, 861 (1992); Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 373 (1964). Cónsono con ello, el Art. 469(c) del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 1741(c), establece:

Ningún juez considerará una solicitud de hábeas corpus pre-sentada por un confinado recluido en virtud de sentencia final que no haya agotado el remedio provisto en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, Ap. II de este título. Cuando habién-dolo solicitado le hubiese sido denegado, el tribunal no consi-derará una solicitud de hábeas corpus a menos que aparezca que el remedio provisto por dicha regla era inadecuado o in-efectivo para impugnar la validez de la detención. (Enfasis suplido.)

Como todo recurso extraordinario, el uso del auto de hábeas corpus debe limitarse a casos verdaderamente excepcionales y a situaciones que en realidad lo ameriten. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, ante, pág. 861. Por tal razón, en el pasado hemos resuelto que, salvo circunstancias excepcionales, no se concederá el auto de hábeas corpus en sustitución de los remedios ordinarios provistos en la ley. Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 740 (1985). Esto ya que “ ‘[l]a encuesta que sobre la legalidad de la prisión o detención lleva a cabo el juez en la vista de hábeas corpus se circunscribe a asegurarse de que se han seguido y observado trámites procesales correctos, ajustados al debido proceso de ley’ ”. Otero Fernández v. Alguacil, supra, págs. 739-740, citando a Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 D.P.R. 96, 101 (1975). En otras palabras, la norma general es denegar los autos de hábeas corpus que pretendan obviar los remedios ordinarios postsentencia —como el trámite apelativo— excepto cuando existan cir-cunstancias excepcionales que ameriten su expedición.

Con respecto a la determinación de la existencia o no de circunstancias excepcionales, hemos expresado que los tribunales deben evaluar, además de la disponibilidad de un remedio efectivo para revisar en alzada el error y evitar la continuación de la detención ilegal, factores tales como si de las alegaciones en la petición, con referencia en los hechos específicos, surge: (1) que ha habido una patente violación a algún derecho constitucional fundamental; (2) que no ha habido una renuncia válida a ese derecho, y (3) la necesidad de una vista evidenciaría. Véase Otero Fernández v. Alguacil, ante, págs. 740-741.

De otra parte, y al igual que en la esfera federal, hemos resuelto que la doctrina de cosa juzgada no es de estricta aplicación en casos de hábeas corpus. Ramos v. Rivera, 68 D.P.R. 548, 550 (1948); Sanders v. United States, 373 U.S. 1 (1963). No obstante, el Art. 469(b) del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 1741, dispone que cuando en virtud de una solicitud de hábeas corpus anterior exista una determinación en la que se catalogue la detención como legal, ningún juez podrá ser obligado a considerar una nueva petición de hábeas corpus a menos que entienda que la nueva petición presenta nuevos fundamentos y que esté convencido de que la expedición del nuevo auto servirá los fines de la justicia.

Como vemos, el mencionado artículo exige, para que un juez no esté obligado a investigar nuevamente la validez de la detención de alguna persona, que exista una determinación previa de legalidad por motivo de una solicitud de hábeas corpus anterior. Así pues, en los casos en que no exista dicha determinación previa, lo correcto es —de haberse agotado los remedios ordinarios o, en su defecto, de existir circunstancias excepcionales— atender el recurso y asegurarse de que la detención es legal y que se han seguido y observado los trámites procesales correctos, ajustados al debido proceso de ley. Véanse: Otero Fernán- dez v. Alguacil, ante, págs. 739-740; Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., ante, pág. 101.

Habiendo expuesto el marco doctrinal pertinente al auto de hábeas corpus, procedemos a atender el primer señala-miento de error del peticionario.

A. Mediante su primer señalamiento de error, el peti-cionario aduce que actuaron incorrectamente tanto el Tribunal de Apelaciones como el foro de instancia al resolver que carecían de jurisdicción para atender el recurso de há-beas corpus presentado, amparándose en que su propósito era revisar la decisión del foro primario que ordenó su encarcelación. Le asiste la razón.

Como vimos, en el caso de autos no existió una determi-nación de la legalidad de la encarcelación en un recurso de hábeas corpus anterior. Según lo expresado, los tribunales inferiores erraron al determinar que carecían de jurisdic-ción para atender el auto, amparándose en el fundamento de que se intentaba revisar una sentencia final y firme. En este caso los planteamientos del peticionario no se atendie-ron en un auto de hábeas corpus anterior, sino que fueron parte del procedimiento ordinario que debe seguirse ante una solicitud de encarcelación presentada por una actua-ción alegadamente nula de la Junta, por lo que éste debe tener la oportunidad de cuestionar la legalidad de su encarcelación.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que automática-mente procediera el auto. Como señaláramos anterior-mente, para que proceda un auto de hábeas corpus tienen que haberse agotado todos los remedios ordinarios, ya que el mencionado recurso no debe utilizarse livianamente, por ser un recurso extraordinario. Se desprende del expediente del caso de autos que el peticionario, a pesar de haber pre-sentado un recurso de apelación ante el Tribunal Apelativo y un recurso de certiorari ante este Foro, para cuestionar la corrección de su encarcelación, nunca hizo uso del meca-nismo dispuesto en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, con anterioridad a la presentación del auto de hábeas corpus, conforme lo dispone el Art. 469 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ante. Por tal ra-zón, debemos considerar si aplica aquí la norma general de no atender el auto hasta tanto se agoten los remedios or-dinarios o si, por el contrario, existen circunstancias excep-cionales que nos permitan apartarnos de dicha regla. ()

Habida cuenta de ello y analizados los hechos particu-lares ante nuestra consideración, somos del criterio de que en el caso de autos existen circunstancias excepcionales que permiten atender el recurso de hábeas corpus presentado por Quiles Hernández, aun cuando éste no utilizó el meca-nismo procesal de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, ante. Ciertamente, el tiempo que Quiles Hernández estuvo en libertad bajo palabra —casi ocho años— unido a su comportamiento en la libre comunidad —nunca se le imputó haber violado las condiciones de su libertad— ha-cen que resulte prácticamente mandatorio que la autoridad judicial evalúe la legalidad de su detención.

Por otro lado, resulta pertinente enfatizar que el reme-dio al que tendría derecho el peticionario, mediante el re-curso provisto por la Regla 192.1, ante, es idéntico al que tendría derecho, de proceder el auto de hábeas corpus presentado. Es por ello que sería, a nuestro juicio, alta-mente injusto que, años después, nos neguemos a evaluar la legalidad de su detención y determinemos que carece-mos de jurisdicción sobre el auto presentado, porque no se agotó el mecanismo provisto en la regla de procedimiento criminal antes mencionada.!) Acorde con lo anterior, resol-vemos que se cometió el primer señalamiento de error.

II

Antes de analizar los restantes señalamientos de error, consideramos pertinente evaluar la validez, o nulidad, de la actuación de la Junta al asumir jurisdicción sobre el caso de Quiles Hernández utilizando, para computar el tér-mino mínimo cumplido por éste, el tiempo que cumplió de las sentencias federales consecutivas que le fueron previa-mente impuestas.

Como se sabe, la Ley Núm. 295 de 10 de abril de 1946, según enmendada, 1946 Leyes de Puerto Rico 759,() entre otras cosas, proveía para el establecimiento de sentencias indeterminadas en Puerto Rico.() En esencia, dicha ley disponía que los tribunales ordenarían la reclusión del con-victo por un término que no podría ser en ningún caso me-nor que el término mínimo provisto en la ley para el delito cometido ni mayor que el término máximo que se señalara para dicho delito.

Treinta y cuatro años después, la Asamblea Legislativa derogó la Ley Núm. 295, ante, y aprobó la Ley de Sentencia Determinada de Puerto Rico, 1980 Leyes de Puerto Rico 297.() A pesar de dicho cambio estatutario, se estableció —y todavía esta es la norma que rige— que la elegibilidad de los casos para la consideración de la Junta sobre cual-quier persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico se determinará según las disposicio-nes de la ley bajo la cual fue convicto.i) Así, las personas convictas bajo la Ley de Sentencias Indeterminadas esta-rían bajo la jurisdicción de la Junta, según los términos establecidos en ésta.

En vista de ello, es preciso señalar que la aludida Ley Núm. 295, ante, según enmendada por la Ley Núm. 117 de 26 de junio de 1961,() establecía que la Junta podía asumir jurisdicción sobre el caso de cualquier persona que estuviese cumpliendo una sentencia indeterminada, cuando ésta hubiese cumplido su término mínimo. De igual forma, en los casos de sentencias consecutivas o concurrentes de reclusión, el convicto debería cumplir un periodo igual al mínimo más largo para que la Junta pudiera asumir jurisdicción sobre su caso. Dicho de otra manera, la Junta no tendrá jurisdicción sobre los casos de confinados que, cumpliendo una o más sentencias indeterminadas, no hayan cumplido su término mínimo, o el mínimo más largo de ser dos o más sentencias consecutivas o concurrentes.()

Es de notar que, tanto las disposiciones relativas a las sentencia indeterminadas como las concernientes a la jurisdicción de la Junta guardan silencio en torno a la po-sibilidad de que el término cumplido por un confinado en una sentencia federal, consecutiva a una estatal, pueda acreditársele como tiempo cumplido en esta última para los efectos de que la mencionada entidad pudiera asumir juris-dicción sobre su caso.

Ante el silencio legislativo, sostenemos que la actuación original de la Junta en el caso de autos, en 1992, fue incorrecta. Somos del criterio de que resolver lo contrario sería dar al traste con la razón de ser de las sentencias consecutivas y con la intención legislativa de que las per-sonas convictas cumplan un mínimo de su sentencia, antes de poder ser acreedoras de la libertad bajo palabra. Vea-mos por qué.

Como se sabe, las sentencias se cumplen de forma consecutiva cuando una sentencia no empieza a cumplirse hasta terminada la otra; esto es, el convicto sólo empieza a cumplir una sentencia tras extinguir la anterior. La determinación judicial de sentencias consecutivas o concurrentes no sólo se produce en casos de acumulación de delitos contra un acusado, sino que también se produce cuando el convicto está extinguiendo o va a cumplir una sentencia anterior. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, págs. 558-559. No obstante, dicha determinación descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, excepto por las instancias dispuestas por la Regla 180 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.()

En el caso de autos, el tribunal sentenciador dispuso, específicamente, que las sentencias estatales fueran conse-cutivas con las federales que cumplía el peticionario. Al así disponer, dicho foro pretendió que el término cumplido en la jurisdicción federal no se considerara como tal para los efectos del cumplimiento de la sentencia estatal. Cierta-mente, sería incongruente con dicho propósito resolver que el término cumplido en la jurisdicción federal se podía acreditar para los efectos de concederle jurisdicción a la Junta sobre el caso hoy ante nuestra consideración.

En vista de lo anteriormente expresado, resolvemos que la Junta no puede utilizar el tiempo cumplido por un con-finado en una sentencia de otra jurisdicción —consecutiva a una local— para calcular el tiempo mínimo que éste debe cumplir antes de poder ser acreedor al beneficio de la liber-tad a prueba.

Procede, sin embargo, atender y resolver los restantes señalamientos de error del peticionario Quiles Hernández.

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En su segundo señalamiento de error, el peticionario sostiene que el encarcelamiento del que fue objeto violó su derecho al debido proceso de ley. Esencialmente, Quiles Hernández cuestiona el hecho de que en su caso no se uti-lizara el procedimiento establecido en la ley para los casos de revocaciones de la libertad bajo palabra. No le asiste la razón.

Como se sabe, en Puerto Rico, el sistema de libertad bajo palabra está regulado por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 1501 et seq.). Este sis-tema

... permite que una persona que haya sido convicta y sen-tenciada a un término de cárcel cumpla la última parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto al cumplimiento de las condiciones que se impongan para conceder la libertad. Maldonado Elías v. González Rivera, 118 D.P.R. 260, 275 (1987).

Es importante señalar que el beneficio de la libertad bajo palabra no es un derecho reclamable, sino un privile-gio cuya concesión y administración recae en el tribunal o en la Junta. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 536 (1999); Pueblo v. Molina Virola, 141 D.P.R. 613 (1996).

A pesar de lo anterior, hemos resuelto que la persona que goza del beneficio de la libertad bajo palabra tiene una libertad condicionada o cualificada que representa un interés de suficiente valor como para exigir las garantías mínimas del debido proceso de ley cuando se le intente despojar de éste. Véanse: Maldonado Elías v. González Rivera, ante; Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 723 (1985).

No obstante, dichas garantías procesales no se equiparan, totalmente, a las que tiene todo acusado en un procedimiento criminal, ya que, entre otras cosas, la libertad conferida condicionalmente “no goza de la magnitud ni del grado de la que disfruta un ciudadano común”. Martínez Torres v. Amaro Pérez, ante, pág. 723. El Estado ya probó la culpabilidad del convicto más allá de duda razonable. Maldonado Elías v. González Rivera, ante, pág. 266. Ahora bien, se han establecido varias garantías mínimas que se deben ofrecer en los casos de revocación de libertad bajo palabra. Estas son: (1) una vista preliminar para determinar si hay causa probable para creer que el liberado ha violado las condiciones de la libertad bajo palabra, y (2) una vista final antes de la decisión definitiva sobre si la libertad bajo palabra será revocada. Maldonado Elías v. González Rivera, ante, pág. 265; Martínez Torres v. Amaro Pérez, ante, pág. 725.

Las mencionadas garantías fueron estatuidas por la Legislatura mediante la Ley Núm. 2 de 26 de febrero de 1987, la cual enmendó el Art. 5 de la Ley Núm. 118 (4 L.P.R.A. sec. 1505), para proveer un procedimiento de revocación que satisficiera los requisitos constitucionales mínimos del debido proceso de ley, según establecidos por el Tribunal Supremo federal. Véanse: Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973); Morrisey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972). En dicho procedimiento, entre otras cosas,

[s]e reconoce el derecho del liberado a notificación de las ale-gadas infracciones a las condiciones de la libertad bajo pala-bra; el derecho a comparecer y presentar evidencia a su favor; confrontar y contrainterrogar testigos adversos; el derecho a que la decisión de revocación sea tomada por un juzgador neutral e independiente y a que se hagan determinaciones escri-tas de los hechos hallados probados, así como de la evidencia en que la decisión se basó y las razones para revocar la liber-tad bajo palabra. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849, 859 (1992).

No obstante, y además del procedimiento dispuesto en el Art. 5 antes mencionado, el Estado puede impugnar ju-dicialmente una determinación errónea de concesión de li-bertad condicionada. Así lo dispusimos en Emanuelli v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 541, 549 (1953), al expresar lo siguiente:

Una actuación nula de la Junta, concediendo la libertad bajo palabra, no surte efecto legal alguno, y en cualquier momento, bien en habeas corpus si el confinado intentare hacer valer sus derechos bajo dicha actuación, o bien mediante solicitud —como en este caso— para que se expida orden de encarcela-ción si se le hubiere excarcelado en virtud de aquélla, puede dicha actuación ser impugnada judicialmente, sin que obste para ello la ausencia de en el estatuto de disposiciones sobre revisión judicial. (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Lo anterior significa que cuando exista una actuación ultra vires de la Junta —como lo sería una concesión del privilegio a un confinado sobre el cual no tiene jurisdicción— no se tiene que utilizar necesariamente el mecanismo provisto para la revocación de la libertad bajo palabra, sino que en cualquier momento se podrá utilizar la vía judicial para dejar sin efecto dicha actuación.

En el caso de autos, surge del expediente que disfru-tando el peticionario del beneficio de la libertad a prueba, el Departamento de Justicia se percató de que la Junta había cometido un error al asumir jurisdicción sobre el caso del peticionario y —conforme lo establecido en Emanuelli v. Tribl. de Distrito, ante— presentó ante el foro pri-mario, y notificó al peticionario, una moción para su encarcelación. Dicho foro, luego de celebrar una vista y es-cuchar los planteamientos de las partes tanto orales como escritos, determinó que, en efecto, la actuación de la Junta fue sin jurisdicción y ordenó el encarcelamiento inmediato del peticionario.

A raíz de los hechos antes mencionados, resulta claro que a Quiles Hernández se le concedieron todas las garan-tías mínimas del debido proceso de ley antes de ser orde-nada su encarcelación. Se le notificó de la moción de encar-celación, se celebró una vista en la que tuvo la oportunidad de ser escuchado y de contrainterrogar a los testigos adversos. De igual forma, pudo presentar por escrito los fundamentos por los cuales entendía que no procedía su encarcelación y la decisión en su contra fue tomada por un juzgador imparcial. Así pues, es menester concluir que el trámite seguido para lograr el encarcelamiento de Quiles Hernández fue correcto y se cumplieron las garantías mí-nimas del debido proceso de ley.

No obstante lo anterior, existe una situación excepcional que amerita nuestra atención y especial consideración.

A. Sabido es que los errores administrativos no crean derechos y pueden ser corregidos en cualquier momento por el Estado. Santiago v. Depto. de la Familia, 153 D.P.R. 208, 218 (2001). Conforme a ello, hemos resuelto que una parte no puede pretender ampararse en una actuación administrativa incorrecta. González v. E.L.A., 167 D.P.R. 401 (2006); Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63, 71 (1997); Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355-356 (1989).

Por otro lado, es norma reiterada que las doctrinas de actos propios y estoppel, de ordinario, no aplican contra el Estado cuando hay de por medio una cuestión de interés público implicada. Mendoza Aldarondo v. Asociación Empleados, 94 D.P.R. 564 (1977); Infante v. Tribl. Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308, 316-317 (1961); Vives v. La Junta de Farmacia, 24 D.P.R. 669 (1916). Véase, además, D.K. Thompson, Equitable Estoppel of the Government, 79 Colum. L. Rev. 551 (1979). ()

No obstante, con el pasar de los años tanto en Puerto Rico() como en diversas jurisdicciones norteamericanas,() se ha reconocido que en situaciones en las que no se afecte el interés público y en las que pueda ocurrir una clara injusticia, las doctrinas como la de los actos propios o “equitable estoppel”pueden ser utilizadas contra el Estado.

Específicamente en Berrios v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985), expresamos que “en nuestra jurisdicción es acepta-ble la norma de que bajo circunstancias apropiadas, un demandante puede invocar contra el Estado la doctrina de actos propios, impedimento en equidad y de la buena fe”. Véase, además, Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987). Asimismo, en Johnson v. Williford, 682 F.2d 868 (9no Cir. 1982), la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito le aplicó la doc-trina de “equitable estoppel” al Gobierno en un caso en el que la persona había sido convicta por un delito para el cual no estaba asequible el beneficio de la libertad bajo palabra. No obstante ello, la Comisión de Libertad Bajo Palabra del “Northern District” de Florida, sin percatarse de que éste no tenía derecho a la libertad condicionada, le concedió la libertad bajo palabra. Aproximadamente quince meses después la Comisión se percató del error que había cometido, por lo que revocó la libertad bajo palabra que le había concedido.

A raíz de ello, Johnson presentó un auto de hábeas corpus, el cual luego de ser concedido por el tribunal de dis-trito, posteriormente fue apelado ante la Corte de Apelaciones. Esta, después de analizar la viabilidad de la aplicación de la doctrina de estoppel al Gobierno, confirmó el dictamen recurrido por entender que las actuaciones de la Comisión crearon en Johnson una “expectativa de liber-tad” si cumplía las condiciones que le fueron impuestas. Johnson v. Williford, ante, págs. 871-872. Además, el men-cionado foro expresó que las actuaciones, tan erróneas y negligentes de la comisión atentaron contra los principios fundamentales de libertad y justicia, por lo que la encarce-lación de Johnson también violaría su debido proceso de ley. íd., págs. 873-874.

Resulta pertinente enfatizar que, luego de analizar va-rios precedentes jurisprudenciales, en Johnson v. Willi-ford, ante, el Noveno Circuito sostuvo: "... where justice and fair play require it, estoppel will be applied against the government even when the government acts in its sovereign capacity if the effects of estoppel do not unduly damage the public interest.” (Enfasis suplido.) Johnson v. Williford, ante, pág. 871.

Aun cuando los hechos en este caso son parecidos a los de Johnson v. Williford, ante,() en el caso de epígrafe existe una situación particular que hace innecesario expre-sarnos sobre su aplicación a éstos. Nos referimos al hecho de que Quiles Hernández cumplió el término mínimo de la sentencia que le fuera impuesta por el foro estatal el 20 de mayo de 2000;( ) esto es, ocho meses antes de que el Depar-tamento de Justicia solicitara la revocación de la libertad bajo palabra que le fuera concedida. Desde esa fecha, en consecuencia, la Junta tiene jurisdicción sobre Quiles Hernández.

En vista a esa situación, somos del criterio que ante los hechos particulares de este caso, el curso de acción a seguir —-justo y correcto— es dejar sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones() y devolver el caso direc-tamente a la Junta de Libertad Bajo Palabra para que ésta, en un término no mayor de noventa días, asuma ju-risdicción sobre el caso de Jaime Quiles Hernández, celebre las vistas correspondientes y necesarias, y resuelva si Qui-les Hernández amerita ser recipiente del privilegio de una libertad bajo palabra, i )

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opi-nión escrita. Los Jueces Asociados Señor Fuster Berlingeri y Señora Rodríguez Rodríguez se inhibieron.

      (1) En el entretanto, Quiles Hernández acudió ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. El 6 de julio de 2001, la mencionada agencia emitió una resolución me-diante la cual concurrió con el dictamen del foro primario.

      (2) 34 L.P.R.A. secs. 1741-1780; Art. II, Sec. 13, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Art. I, Sec. 9, Cl. 2, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1.

      (3) Recordamos que “[e]l informe rendido por la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, recomendando la aprobación de la citada Regla 192.1 con-tiene, entre otras, las siguientes expresiones:
      “ ‘Al presente existen en nuestra jurisdicción varios recursos a través de los cuales se puede atacar la validez de una sentencia. Entre ellos el recurso de apela-ción, la moción para que se deje sin efecto la sentencia, el h[á]beas corpus y el auto de coram nobis. La Regla 192.1 armoniza estos procedimientos proveyendo para una moción mediante la cual puedan someterse al Tribunal todos los elementos de juicio necesarios para que éste pueda determinar la validez de la convicción.’... 5 Servicio Legislativo de P.R. 592-593 (1967).” (Énfasis suprimido.) Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 894 esc. 11 (1993).

      (4) Adelantamos que, en la discusión del segundo señalamiento de error, abun-daremos sobre las circunstancias especiales existentes en el caso de autos.

      (5) En lo pertinente, el Art. 1 de dicha ley establecía que:
      “Por la presente se establece la sentencia indeterminada en Puerto Rico; Dispo-niéndose, que, cuando los tribunales condenaren a un reo a cumplir sentencia por delito grave, que no apareje pena de reclusión perpetua, fijarán una sentencia inde-terminada y no fijarán límite específico de duración de la sentencia, sino que orde-narán la reclusión del reo por un término que no podrá ser en ningún caso menor que el término mínimo provisto en la ley para el delito cometido ni mayor que el término máximo que se señala para dicho delito; Disponiéndose, además, que en aquellos casos en que la ley no disponga término mínimo o máximo, el tribunal sentenciador fijará dicho término mínimo o máximo.” (Énfasis en el original.) 1946 Leyes de Puerto Rico 759.

      (6) Es menester destacar que Quiles Hernández fue sentenciado estando en vigor esta ley.

      (7) Véase la Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980 (1980 Leyes de Puerto Rico 297-298).

      (8) Véase 4 L.P.R.A. sec. 1504:
      “La elegibilidad de los casos para consideración por la Junta, en cuanto a liber-tad bajo palabra, de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico, que hubiere sido o fuere convicta por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley que establece el Sistema de Sentencia Determinada en Puerto Rico, se determinará a tenor con las disposiciones de la ley que establece la sentencia indeterminada en Puerto Rico....”

      (9) 1961 Leyes de Puerto Rico 271-272.

      (10) Véase, además, la Sec. 6.2 del Reglamento Núm. 3570 de la Junta de Liber-tad Bajo Palabra de 26 de agosto de 1987, derogado por el Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra de 29 de agosto de 2004. Es menester aclarar que la Sec. 6.2 de ambos reglamentos es virtualmente idéntica.

      (11) Dicha disposición expresa lo siguiente:

        “Términos que no podrán cumplirse concurrentemente

      “No podrán cumplirse concurrentemente los términos de prisión que deban im-ponerse en los siguientes casos:
      “(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras estuviere bajo apelación de otra causa o causas o mientras estuviere en libertad por haberse anulado los efectos de una sentencia condenatoria.
      “(b) Cuando el reo estuviere recluido o tuviere que ser recluido por sentencia a prisión en defecto de pago de cualquier multa impuéstale.
      “(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras estuviere recluido en una insti-tución penal o cumpliendo cualquier sentencia.

        “(d) Cuando el reo cometiere delito mientras estuviere en libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o bajo cualquier medida de liberación condicional en la cual se le considerare cumpliendo la sentencia impuesta por el tribunal.
      “(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras estuviere en libertad bajo fianza, acusado por la comisión de delito grave.
      “(f) Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave o menos grave, según se tipifican en la see. 4248 del Título 33.” 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (12) Véase, también, O.P.M. v. Richmond, 496 U.S. 414, 423-424 (1990), donde el Tribunal Supremo federal se negó a atender la controversia específica sobre si le aplica al Gobierno la doctrina de estoppel.

      (13) Véanse: Carozo v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 306 (1987); Berrios v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985); Figueroa Cancel v. E.L.A., 114 D.P.R. 684 (1983); García Colón v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 779 (1971).

      (14) Véanse: Salgado-Diaz v. Ashcroft, 395 F.3d 1158 (9no Cir. 2005); Johnson v. Williford, 682 F.2d 868 (9no Cir. 1982); United States v. Lucienne D’Hotelle, 558 F.2d 37 (1er Cir. 1977); Corniel-Rodriguez v. I.N.S., 532 F.2d 301 (2do Cir. 1976); United States v. Lazy FC Ranch, 481 F.2d. 985 (9no Cir. 1973); Walsonavich v. United States, 335 F.2d 96 (3er Cir. 1964); Tuck v. Finch, 430 F.2d 1075 (4to Cir. 1970).

      (15) La Junta de Libertad Bajo Palabra, en el caso que hoy ocupa nuestra aten-ción, ordenó la encarcelación de una persona que observó una conducta conforme a las condiciones que le fueron impuestas durante ocho largos años, actuación que pudiéramos catalogar como altamente perjudicial para Quiles Hernández y que, de permitirla, propiciaría la comisión de una gran injusticia en su contra.

      (16) Este hecho forma parte de las determinaciones de hecho que hiciera el foro de instancia; ello a base del testimonio del Sr. Ronald Golderos Caballeros, jefe de técnicos de expedientes penales de la Administración de Corrección.

      (17) Debido al resultado al que hemos llegado, resulta innecesario atender el tercer señalamiento de error.

      (18) Al atender, y resolver, dicha encomienda la Junta de Libertad Bajo Palabra deberá tomar en consideración los hechos siguientes, a saber: que la conducta obser-vada por Quiles Hernández, mientras estuvo en prisión y antes de que erróneamente se le concediera la libertad bajo palabra en 1992, fue excelente; que durante los ocho años que estuvo disfrutando de libertad bajo palabra —de 1992 al 2000— su con-ducta fue intachable, y que, desde que fue reingresado en el 2000 hasta el presente, su conducta en prisión ha sido igualmente excelente. De lo anteriormente expresado, se puede inferir que, actualmente, Quiles Hernández no representa peligro alguno para la ciudadanía puertorriqueña.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Rosalinda Pesquera Annexy.

      Número: TS-4614

      Resuelto: 31 de marzo de 2006

      Rosalinda Pesquera Annexy, abogada suspendida.
   per curiam:

Los hechos, en apretada síntesis, que dan lugar a la acción disciplinaria que hoy tomamos revelan que, mediante Resolución de 8 de abril de 2005, denegamos el recurso de certiorari que la Leda. Rosalinda Pesquera Annexy presentara en representación de la parte deman-dante y peticionaria Ralph J. Sierra y otros, caso Núm. 00-2004-1218.() La licenciada Pesquera presentó una pri-mera moción de reconsideración, la cual, igualmente, dene-gamos mediante Resolución de 6 de mayo de 2005. La li-cenciada Pesquera presentó una segunda moción de reconsideración, que fue denegada “por falta de jurisdic-ción por presentación tardía”.

Ello no obstante, y para nuestra sorpresa, la licenciada Pesquera presentó una tercera moción de reconsidera-ción.() El 26 de agosto de 2005 la denegamos “por falta de jurisdicción y por ser la misma frívola”. En la resolución que a esos efectos emitiéramos,() le impusimos a la licen-ciada Rosalinda Pesquera una sanción de $200, que sería depositada en la Secretaría del Tribunal mediante giro bancario o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda.

La licenciada Pesquera pidió la reconsideración de la sanción impuesta, solicitando que fuese dejada sin efecto por este Tribunal. Ante lo cual, la declaramos sin lugar mediante Resolución de 14 de octubre de 2005, expresando que la licenciada Pesquera debía atenerse a lo dispuesto “bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias adicionales”. Dicha resolución fue notificada el 18 de octu-bre de 2005.

A pesar del tiempo transcurrido, la Leda. Rosalinda Pes-quera no ha satisfecho la sanción económica que le fuera impuesta. Resolvemos.

HH

Resulta verdaderamente sorprendente que un abogado ponga en riesgo su título y el ejercicio de su profesión por desacatar las órdenes que, con relación a su conducta profesional, emita este Tribunal. Nos llama la atención la frecuencia con la que este Tribunal se enfrenta a esta clase de situación. Somos del criterio de que el tiempo y esfuerzo invertidos en obtener su grado académico y los sacrificios que conlleva la admisión a la profesión, deberían ser incentivos suficientes para que los miembros de la clase togada actúen de manera distinta ante los requerimientos que les hace este Tribunal.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y el apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino también a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Cuevas Vélez, 157 D.P.R. 129 (2002); In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). Asimismo, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza pública de la profesión de abogado le impone a la clase togada la obligación de observar rigurosamente los requerimientos de este Tribunal, en particular cuando se trata de asuntos disciplinarios sometidos ante nuestra consideración. In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001).

En ese sentido es importante resaltar que el incumplimiento por parte de un abogado con las órdenes emitidas por este Tribunal dentro del procedimiento disci-plinario constituye una falta ética separada y distinta a los méritos de la queja, que conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severasj ) Ello considerando que “[e]l patrón de dejadez e incumplimiento con nuestras órdenes en la esfera disciplinaria es incompatible con el ejercicio de la abogacía”. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55, 62 (1998).

Como señaláramos en In re Escalona Colón, 149 D.P.R. 900, 901 (2000), el “[djesatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. Dicho proceder constituye un acto de indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia este Tribunal que, definitivamente, no estamos dispuestos a aceptar. Reiteramos que “no toleraremos la incomprensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de cumplir con [nuestras] órdenes”. In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 28 (1998). Véase, además, In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

HH I — I

La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado la Leda. Rosalinda Pesquera ante la orden emitida por este Tribunal constituye prueba incontrovertible de que ésta no interesa continuar siendo miembro de la profesión. Dicho proceder constituye una falta de respeto a este Tribunal que, bajo ningún concepto, estamos dispuestos a tolerar.

Por los fundamentos antes expresados, se decreta la sus-pensión indefinida e inmediata de Rosalinda Pesquera An-nexy del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nuestra jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez se inhibió.

      (1) En el mencionado recurso también figuraba como abogada de la parte de-mandante peticionaria la Leda. Judith Berkan.

      (2) En esta ocasión, la Leda. Judith Berkan no suscribió dicho escrito.

      (3) Esta resolución fue emitida por una sala especial de verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton y los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez.

      (4) In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001); In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001); In re Figueroa Carrasquillo, 153 D.P.R. 132 (2001); In re López López, 149 D.P.R. 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998); In re Ríos Acosta I, 139 D.P.R. 117 (1995); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992).


text:
      In re Medidas Especiales para la Extensión de Términos por Motivo del Jueves Santo.

      Número: EN-2006-02

      Resuelto: 31 de marzo de 2006
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, concedió libre el 13 de abril de 2006 a los empleados y empleadas de la Rama Judicial, con cargo a la licencia de vacaciones. A tales efectos y en virtud de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al compu-tar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. secs. 72 y 73) y se considerará el Jueves Santo como si fuera un día feriado completo. Cualquier término que venza ese día se extenderá hasta el martes 18 de abril, próximo día laborable.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Rebollo López. Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

text:
    Asociación de Residentes de la Urbanización La Concepción, Inc., demandante y peticionaria, v. Junta de Planificación, demandada y recurrida.

      Número: CC-2001-172

      Resuelto: 4 de abril de 2006

      Luis M. Acevedo Lebrón, abogado de la parte peticionaria; Aida C. Silver Cintrón y Milagros E. Rijos Ramos, aboga-das de la parte recurrida; Daniel Martínez Oquendo, abo-gado de la parte proponente.
   SENTENCIA

Los Sres. Robert Hatton y Edwin Loubriel, por conducto del arquitecto Lorenzo Ramírez (los proponentes), sometie-ron a la consideración de la Junta de Planificación una consulta de ubicación para un proyecto de oficinas para uso comercial. Para el estudio de la consulta, se consideró ne-cesaria la celebración de una audiencia pública para escu-char los planteamientos de todos los interesados en el proyecto. Esta primera vista pública se celebró el 12 de diciembre de 1997. El 10 de julio de 1998 la Junta de Pla-nificación de Puerto Rico aprobó la Consulta de Ubicación Núm. 97-55-0731-JPU. En su resolución, la Junta de Pla-nificación autorizó el proyecto comercial y de oficinas con un área de 92,182 pies cuadrados en una finca de 10.173 cuerdas, ubicada en la Carretera Estatal Núm. 100, en el Barrio Miradero de Cabo Rojo. La resolución también in-formó que varios vecinos del sector acudieron a la audien-cia para oponerse al proyecto y que alegaron que el predio objeto de la consulta y las áreas adyacentes eran suscepti-bles a inundaciones. Además, se hizo referencia a la parti-cipación activa de varios de los comparecientes a la audien-cia pública. La Resolución de 10 de julio de 1998 advino final y firme, puesto que no se solicitó la revisión judicial.

El 15 de octubre de 1998 los proponentes solicitaron a la Junta de Planificación una enmienda a la consulta para cambiar el uso de 20,000 pies cuadrados de oficina a cual-quier otro uso compatible con los parámetros de un distrito C-2. La Junta de Planificación determinó que debía cele-brar una audiencia pública para escuchar los planteamien-tos de todos los interesados en la enmienda al proyecto. El 14 de mayo de 1999 se llevó a cabo esta segunda audiencia pública, después de haberse publicado un aviso de vista pública en un periódico de circulación general. La Junta de Planificación reabrió la consulta y autorizó la enmienda al proyecto mediante Resolución de 20 de agosto de 1999. Esta resolución fue archivada en autos y notificada a las partes el 9 de septiembre de 1999.

En esta segunda vista pública participaron activamente varios de los comparecientes, entre éstos la Asociación de Residentes de la Urbanización La Concepción, Inc. (la Aso-ciación) y el Centro Unido de Detallistas. Empresas Puer-torriqueñas de Desarrollo, Inc. (Empresas Puertorrique-ñas) también acudió en respuesta al aviso de vista pública publicado en el periódico representada por su abogada.()

Después de la vista pública, el 1 de junio de 1999 Em-presas Puertorriqueñas presentó una Solicitud de Inter-vención en el procedimiento administrativo. La Junta de Planificación denegó esta solicitud de intervención en una resolución emitida el 20 de agosto de 1999, que resumía la participación de Empresas Puertorriqueñas en la vista pública. La Junta de Planificación resolvió que dicha par-ticipación consistió únicamente en presentar varios plan-teamientos de derecho y que la solicitud de intervención no aportaba nada adicional al proceso, por lo cual “la solicitud de intervención no está debidamente fundamentada con-forme lo requiere la Sección 3.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.() Resolución de la Junta de Planificación de 20 de agosto de 1999, pág. 4. No se notificó a Empresas Puertorriqueñas ni a su abogada de esta resolución.

Así las cosas, el 27 de septiembre de 1999 Empresas Puertorriqueñas solicitó a la Junta de Planificación que se le notificara “oficialmente” de la Resolución de 20 de agosto de 1999. Alegó que había recibido notificación de la presen-tación de una solicitud de reconsideración a dicha resolu-ción por la Asociación, pero que desconocía el contenido de la resolución porque nunca le fue notificada. El 13 de octu-bre de 1999 la Junta de Planificación declaró “no ha lugar” a varias solicitudes, entre éstas, la solicitud de notificación oficial presentada por Empresas Puertorriqueñas. Esta re-solución sí fue debidamente notificada a la abogada de Em-presas Puertorriqueñas. Según se desprende del expe-diente del caso, a partir de esa notificación, la Junta de Planificación incluyó a Empresas Puertorriqueñas en la lista de personas a las que se notificaría de sus resolucio-nes con respecto a la referida consulta. Empresas Puerto-rriqueñas no recurrió de la notificación denegada ni hizo planteamiento alguno en alzada referente a su solicitud de intervención.

Mediante la Resolución de 31 de agosto de 2000, la Junta de Planificación aprobó la enmienda a la Consulta de Ubicación Núm. 97-55-0731-JPU. También autorizó una prórroga de dos años a la vigencia de la consulta que había aprobado en su Resolución de 10 de julio de 1998. La reso-lución de la Junta de Planificación fue notificada a cua-renta y cinco personas, personas jurídicas y entidades, in-cluso a la abogada de Empresas Puertorriqueñas. La Asociación solicitó una reconsideración, la cual fue dene-gada por la Junta de Planificación el 19 de octubre de 2000. Surge de los autos del caso que la solicitud de recon-sideración instada por la Asociación y la resolución de la Junta de Planificación que la denegó fueron notificadas a la representante legal de Empresas Puertorriqueñas.

Sin embargo, al presentar su recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 4 de diciembre de 2000, la Asociación omitió notificar a Empresas Puertorriqueñas. La Junta de Planificación solicitó enton-ces que se desestimara el recurso por falta de jurisdicción, por no haberse notificado a una de las partes, según lo ordena la See. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2172. El foro apelativo accedió a ello en su Resolución de 31 de enero de 2001.

El 7 de marzo de 2001 la Asociación presentó un recurso de certiorari para que revisáramos el dictamen del foro apelativo, en el cual adujo que el Tribunal de Circuito de Apelaciones había errado “al desestimar el Recurso de Re-visión por el hecho de no haber notificado el mismo a quién [sic] la Junta de Planificación le había negado reconocer como parte Interventora”. Petición de certiorari, pág. 4.

Expedimos el auto el 30 de marzo de 2001. Luego de examinar detenidamente el asunto, y contando con el be-neficio de la comparecencia de las partes, este Tribunal ha acordado revocar la resolución recurrida y devolver el caso al foro apelativo para que resuelva los méritos de las con-troversias planteadas.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión concurrente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

La sentencia mayoritaria emitida en el presente caso constituye evidencia irrefutable de la corrección de las ase-veraciones que hiciéramos en la opinión disidente que emitimos en Lugo Rodríguez v. J.R, 150 D.P.R. 29, 48 (2000). En aquel entonces expresamos, en lo pertinente, que

... un somero análisis de la decisión mayoritaria hoy emitida demuestra que la misma, en lugar de simplificar y aclarar la controversia planteada en el caso, lo que hace es complicar la misma y crear una total confusión a nivel de instancia y en apelación, lo que tendrá el efecto nocivo de hacer inmanejable, de hoy en adelante, la situación específica a la que nos enfrentamos.

El hecho de que hoy el Tribunal se vea en la necesidad imperiosa de abordar el tema nuevamente constituye prueba incontrovertible de que lo expresado y “resuelto” en Lugo Rodríguez v. J.P., ante, realmente no resolvió nada; esto es, la norma allí establecida por el Tribunal —respecto a quién es parte en un procedimiento administrativo— lo que ha hecho es complicar la situación al crear una total confusión a nivel de instancia.

Hoy reiteramos las expresiones que hiciéramos en Lugo Rodríguez v. J.P., ante, a los efectos de que la correcta dis-posición de la interrogante planteada reside en reconocer que su solución la brinda la Sec. 1.3(j) de la Ley de Proce-dimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2102(j). Conforme la referida disposición estatutaria, según entonces indicára-mos, una “parte” en un procedimiento administrativo es

... aquella persona —que pueda resultar afectada por la de-cisión a ser emitida por la agencia administrativa; que verda-deramente tenga interés en participar y en ser considerada como parte; y que no se encuentre entre las personas específi-camente enumeradas o mencionadas en la citada Sec. 1.3— deberá radicar un escrito ante la agencia en solicitud de inter-vención .... (Énfasis suplido y en el original.) Lugo Rodríguez v. J.R, ante, págs. 51-52.

Como expresáramos entonces:

Con el establecimiento de esta norma objetiva se evita cual-quier problema o confusión. Sólo se le requiere a la parte ver-daderamente interesada que radique este escrito. Estamos se-guros de que el que tenga verdadero interés en el asunto no tendrá mayor objeción a así hacerlo.
Con esta norma —clara, precisa y objetiva— se evita que las personas tengan que estar adivinando sobre: quién tiene “ulterior interés” en el procedimiento; quién compareció a la vista pero tuvo menor o mayor intervención en la misma; quién no ha demostrado interés; y, en consecuencia^ quién es, o no, “par-te” en el mismo. (Énfasis en el original.) Id., pág. 52.

La determinación sobre si esa persona es o no “parte”, dependerá, naturalmente, de la decisión de la agencia con-cernida sobre si permite o no su intervención en el proce-dimiento; decisión que es revisable, tal como ocurrió en Rivera v. Morales, 149 D.P.R. 672 (1999).

En el presente caso, la Junta de Planificación denegó la solicitud de intervención de la recurrida Empresas Puerto-rriqueñas de Desarrollo, Inc., debido a que ésta no era “parte”; razón por la cual no era necesario que la Asocia-ción de Residentes de la Urbanización La Concepción, Inc. le notificara con copia de su recurso. Erró el Tribunal de Apelaciones al así concluirlo. Por los fundamentos antes expuestos es que concurrimos con el resultado de la senten-cia mayoritaria en el presente caso.

— O —

Opinión concurrente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

La peticionaria Asociación de Residentes de la Urbani-zación La Concepción, Inc. (Asociación) nos solicitó que re-vocáramos una resolución del entonces Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, que había desestimado el recurso que la Asociación había presentado ante ese foro para revisar un dictamen de la Junta de Planificación. El tribunal ape-lativo resolvió que no tenía jurisdicción porque no se había notificado a una “parte” en el procedimiento administra-tivo, contrario a la See. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2172) (L.P.A.U.). Por las razones que expone-mos a continuación, concurrimos con la sentencia de este Tribunal que revoca la decisión del foro apelativo.

I

Los hechos de este caso, que se relatan en la sentencia de este Tribunal, nos requieren determinar si el foro ape-lativo erró al concluir que la Asociación estaba obligada a notificar su recurso de revisión a Empresas Puertorrique-ñas de Desarrollo, Inc. (Empresas), uno de los participan-tes en el procedimiento administrativo ante la Junta de Planificación (Junta). Según la Asociación peticionaria, no era necesario notificar a Empresas porque la Junta había decidido no admitir a esa entidad como parte interventora. Sin embargo, el expediente revela y la propia agencia aduce en su oposición que esta decisión no se notificó a Empresas. Por esa razón, nuestra determinación en cuanto a si Empresas era “parte” en el procedimiento administra-tivo no puede basarse en dicha decisión. En vez, resulta necesario examinar las circunstancias de la participación de Empresas en el proceso administrativo para determinar si fue de tal naturaleza que efectivamente se convirtió en “parte” por razón de esa participación, activándose enton-ces el requisito de notificación del recurso de revisión dis-puesto por L.P.A.U. y nuestra jurisprudencia.

Primeramente, no hay duda de que la Junta es una de las agencias cuyas funciones y actividades están reguladas por la L.P.A.U. La Sec. 4.2 de esa ley, supra, no sólo esta-blece el derecho a solicitar la revisión judicial de toda re-solución u orden final dictada por una de estas agencias, sino que requiere que al recurrir al foro apelativo, “[Z]a parte notificará la presentación del recurso de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para instar el recurso de revisión”. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2172.

Esta sección trasluce claramente la intención del legis-lador de que todo recurso de revisión que se presente ante el foro apelativo se notifique a todas las partes, y que ello se haga constar en el escrito de solicitud de revisión. Véanse: Rafael Rosario & Assoc. v. Depto. Familia, 157 D.P.R. 306, 319 (2002); Lugo Rodríguez v. J.R, 150 D.P.R. 29, 37-38 (2000); Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 920 (2000); Olmeda Díaz v. Depto. de Justicia, 143 D.P.R. 596, 601 (1997). Hemos resuelto que se debe notificar de la presentación de la solicitud de revisión tanto a la agencia de cuyo dictamen se recurre como a las perso-nas o entidades que han sido partes en el proceso adminis-trativo,() como requisito de carácter jurisdiccional. Su in-cumplimiento, por lo tanto, impide de forma absoluta que el foro apelativo pueda considerar el asunto en los méritos y conlleva la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Incluso, cualquier sentencia dictada en revi-sión sin que se hubiera notificado del recurso a todas las partes, sería radicalmente nula. Montañez v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 920; Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C., 146 D.P.R. 743, 747-748 (1998); Olmeda Díaz v. Depto. de Justicia, supra, pág. 601; Méndez v. Corp. Quintas de San Luis, 127 D.P.R. 635, 637-638 (1991).

En vista de que la notificación a las partes es de carác-ter jurisdiccional, resulta indispensable identificar adecua-damente quién o quiénes son “parte” para propósitos de la presentación y notificación de un recurso de revisión. La L.P.A.U. ofrece una definición abarcadora de este vocablo, al definir “parte” como

... toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija específicamente la acción de una agencia o que sea parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o participar en la misma, o que haya radicado una petición para la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada como parte en dicho procedimiento. Sec. 1.3 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2102(j).

De forma amplia, sería “parte” en un proceso adminis-trativo toda persona cuyos derechos u obligaciones puedan verse afectados por la acción o inacción de la agencia ad-ministrativa y que participe activamente en los procedi-mientos administrativos correspondientes. La acción u omisión administrativa puede surgir por iniciativa de la agencia o puede ser promovida por un tercero. Lugo Rodrí-guez v. J.P, supra, pág. 39. Además del promovente, el pro-movido y el interventor, otras personas o entes pueden ser parte, según lo dispone la L.P.A.U., aun cuando no soliciten la intervención formal en el proceso. Hemos resuelto que el concepto de “parte” en derecho administrativo es abarcador y que para fines de la ley pueden considerarse como partes en el procedimiento los siguientes :()

... (1) el promovente; (2) el promovido; (3) el interventor; (4) aquel que haya sido notificado de la determinación final de la agencia administrativa; (5) aquel que haya sido reconocido como “parte” en la disposición final administrativa, y (6) aquel que participa activamente durante el procedimiento adminis-trativo y cuyos derechos y obligaciones puedan verse adversa-mente afectadas [sic] por la acción o inacción de la agencia. Lugo Rodríguez v. J.P., supra, pág. 44.

Además, hemos establecido que, en sentido estricto, los siguientes no son partes en el procedimiento a quienes haya que notificar de la presentación de mociones de re-consideración y recursos de revisión:

... (1) el mero participante; (2) el amicus curiae; (3) aquel que comparece a la audiencia pública sin mayor intervención; (4) aquel que únicamente declara en la vista, sin demostrar ulterior interés; (5) aquel que se limita a suplir evidencia do-cumental; (6) aquel que no demuestre tener un interés que pueda verse adversamente afectado por el dictamen de la agencia. (Escolio omitido.) Lugo Rodríguez v. J.P., supra, pág. 44.

También hemos resuelto que tampoco son partes: las agencias o personas consultadas; la agencia que habrá de asumir jurisdicción sobre el asunto en la etapa operational; la persona a quien se le haya notificado con una copia de cortesía de una resolución, solicitud de reconsideración o recurso de revisión, ni el licitador descalificado en un procedimiento de subasta. Rivera Ramos v. Morales Blás, 149 D.P.R. 672, 684-686 (1999). Véanse, además: Ocean View v. Reina del Mar, 161 D.P.R. 545, 556 (2004); Velázquez v. Adm. de Terrenos, 153 D.P.R. 548, 557—558 (2001).

HH H-l

Para determinar si Empresas es una parte en este pro-cedimiento, debemos distinguir entre los conceptos de “par-ticipante activo” y “mero participante”. También debemos examinar la figura del interventor. En Lugo Rodríguez v. J.P., supra, explicamos que un mero participante se limita a comparecer a la audiencia pública, sin mayor interven-ción, o incluso declara pero sin demostrar un ulterior inte-rés en el asunto o en participar plenamente en el proceso. El mero participante también puede limitar su aportación al proceso supliendo algún tipo de evidencia o desempe-ñándose como amicus curiae() o testigo. Lugo Rodríguez v. J.P., supra, pág. 43. Véase, también, D. Fernández Quiño-nes, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Admi-nistrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 144. El participante activo, por el contrario, tiene un interés reconocido en el dictamen de la agencia, comparece a las vistas, manifiesta su posición oralmente y por escrito, presenta evidencia y contribuye constantemente al proceso. De esa forma, utiliza todos los medios disponibles para proteger su interés, por lo que no considerarlo parte resul-taría injusto y arbitrario. Lugo Rodríguez v. J.P., supra, pág. 44.

En cuanto al interventor, éste es una parte formalmente reconocida como tal, por lo cual tiene asegurada una par-ticipación plena en el procedimiento. Según la See. 3.5 de la L.P.A.U., puede solicitar intervención “[c]ualquier persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento adjudicativo ante una agencia [, sometiendo] una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para que se le permita intervenir o participar en dicho procedimiento”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2155. Véase Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 420 (1995). De esa forma, una agencia administrativa puede utilizar el mecanismo de la intervención para admitir la participa-ción en un proceso de personas que no fueron incluidas como partes en la acción original, pero que podrían ser afectadas o perjudicadas por el dictamen eventual de la agencia.!)

Hemos resuelto que el “interés legítimo” que resulta su-ficiente para autorizar la intervención en un proceso admi-nistrativo, es más dilatado que el que se exige en los pro-cesos judiciales para determinar si una persona tiene legitimación activa. Así, hemos reconocido el interés legí-timo de un competidor y también la posibilidad de permitir la intervención en el proceso administrativo de una persona opuesta a la concesión de una licencia. San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 374, 389—395 (2001). Para ser interventor no se requiere, sin embargo, un interés de naturaleza económica o patrimonial, pues podrían incluso alegarse intereses sociales o ambientales.

Bajo las disposiciones de la L.P.A.U., el interventor se convierte en parte en el procedimiento a partir de la deci-sión de la agencia que acepta su solicitud. El organismo administrativo tiene discreción para conceder o denegar una solicitud de intervención, pero deberá aplicar los crite-rios pertinentes “de manera liberal”. 3 L.P.R.A. sec. 2155. Sea cual fuese su decisión, la Sec. 3.6 de la L.P.A.U. obliga a la agencia a fundamentarla y notificarla por escrito al solicitante, informándole del recurso disponible para revi-sar judicialmente esa determinación. 3 L.P.R.A. sec. 2156. En San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., supra, pág. 385, resolvimos que cuando no se notifica según lo ordena la ley, la denegatoria de una solicitud de intervención ca-rece de eficacia y no tiene existencia jurídica oponible a la persona perjudicada. Por otro lado, si la agencia accede a la solicitud de intervención, también debe notificar a las partes de su decisión. De otra forma, afectaría adversa-mente la participación plena de éstas en el procedimiento e impediría que la parte contraria ejerza su derecho de soli-citar la reconsideración o presente un recurso de revisión. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 701-705 (2000).

Por último, hemos reiterado la obligación que tienen las agencias de especificar, al certificar su dictamen final, quiénes son las partes propiamente dichas en el procedimiento, para evitar confusiones y permitir una adecuada revisión judicial. En Lugo Rodríguez v. J.P., supra, pág. 39, citando a Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C., supra, pág. 749, recalcamos que se le debe prestar “particular atención” al dictamen final de la agencia para determinar si un parti-cipante realmente es parte en el procedimiento para pro-pósitos de la notificación del recurso de revisión()

HH I — I

Entre las decisiones sobre usos de terrenos que la Junta está autorizada a tomar como parte de su ancha enco-mienda de planificación integral, se encuentran las relacio-nadas a las solicitudes de consulta de ubicación. Véase Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 62j(1) y (14)). El Reglamento de Zonificación de Puerto Rico define la consulta de ubicación como el “procedimiento ante la Junta de Planificación para que evalúe, pase juicio y tome la determinación que estime pertinente sobre propuestos usos de terrenos que no son permitidos ministerialmente mediante la reglamentación aplicable”. Sec. 2.01 del Regla-mento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Pla-nificación Núm. 4 de la Junta de Planificación), Regla-mento Núm. 4844, Departamento de Estado, 14 de diciembre de 1992 (23 R.P.R. sec. 650.1648(59)). Véanse: Ocean View v. Reina del Mar, supra, pág. 538; Ortiz, Gó-mez et al. v. J. Plan., 152 D.P.R. 8, 18 (2000).

El Reglamento para Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación (Reglamento de Adjudicación), por su parte, dispone el trámite de las consultas de ubicación y los criterios que la Junta debe aplicar y los factores que debe considerar al resolverlas. Véase Reglamento para Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 5244, Departamento de Estado, 31 de mayo de 1995 (23 R.P.R. secs. 650.221 a 650.243).() El Re-glamento de Adjudicación dispone que la Junta celebrará vistas públicas o privadas, a iniciativa propia o a petición de parte, o cuando se requiera por ley o reglamento, en las que podrá permitirse la participación de “cualquier persona interesada que solicite expresarse sobre el asunto en consideración”. Secs. 7.01 y 8.02 del Reglamento de Adjudicación, supra, 23 R.P.R. secs. 650.234 y 650.236. Cuando la Junta lo estime necesario, puede solicitar asesoramiento de otros organismos gubernamentales, así como de entida-des públicas o privadas. Sec. 7.01 del Reglamento de Adjudicación, supra.

En Rivera v. Morales, supra, aclaramos que las entida-des consultadas por la Junta no necesariamente son partes en los procedimientos ante la agencia para efectos del Re-glamento Adjudicativo ni de la L.P.A.U. Su participación “consiste más bien en ilustrar a la Junta, en ayudarla a llevar a cabo su función de evaluar las consultas de ubica-ción y considerar la conveniencia o los perjuicios de los proyectos propuestos”. íd., pág. 685. La comparecencia de estas entidades consultadas no las convierte de forma au-tomática en partes promoventes, partes promovidas ni in-terventoras/) por lo que la Junta no está obligada a noti-ficarles todas sus resoluciones.

En cuanto a la reconsideración y revisión judicial de las resoluciones que aprueban o deniegan consultas, el Regla-mento de Adjudicación ordena que éstas sean notificadas “a las partes cuyas direcciones obren en el expediente de la consulta”. (Énfasis suplido.) 23 R.P.R. sec. 650.237. No hace distinción alguna entre estas “partes” a base de su grado de participación o interés en el resultado del proceso ni las califica como “partes” propiamente dichas o meros participantes.

> HH

En su tratado sobre derecho administrativo, el Prof. De-metrio Fernández Quiñones señala que la definición de “parte” en la L.P.A.U. “es clara en lo que respecta a que el promovente o promovido de una acción son partes ... [e]l problema surge en relación con los que puedan reclamar ser partes y no estén ubicados en las categorías de ser pro-moventes o promovidos”. Fernández Quiñones, op. cit, pág. 143.

Empresas no es ni promovente ni promovido en este caso. Por eso, el esquema normativo que hemos explicado nos requiere considerar cuál fue el grado y la naturaleza de su participación en el procedimiento administrativo, para precisar si se convirtió en parte en virtud de dicha participación.

Según la Junta de Planificación, Empresas era parte activa en el procedimiento de consulta de ubicación ya que participó en la vista pública y le fueron notificados algunos de los escritos y de las resoluciones durante el proceso administrativo. Por eso, la Junta argumenta que había que notificar a Empresas del recurso de revisión presentado ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El foro apelativo estuvo de acuerdo, apoyándose en las notifi-caciones a Empresas de las resoluciones emitidas por la Junta. Sin embargo, el hecho de las notificaciones, aunque útil, no es suficiente para llegar a esa conclusión, pues se-gún revela el expediente y aceptan los recurridos, no todas las personas a quienes la Junta notifica de sus resolucio-nes son partes en sus procedimientos.

En sus alegatos, la Junta de Planificación y el proyec-tista reconocen que la Junta notificó sus resoluciones a 45 personas, personas jurídicas y entidades, y que no todas ellas deben considerarse “parte” para efectos del procedi-miento administrativo. La certificación de las notificacio-nes emitidas por la Junta de Planificación incluye a Em-presas bajo el acápite correspondiente a “Personas que Asistieron a Vista Pública”, una lista de nombres y direc-ciones que se toma directamente del registro de asistencia a la audiencia pública celebrada. Dicho registro no garan-tiza que la Junta de Planificación notificará todos sus acuerdos a todas las personas cuyos nombres constan en esta lista de asistencia. Tampoco convierte esta notifica-ción voluntariamente asumida en un requisito jurisdiccional. Claramente Empresas recibió las copias así notificadas como cortesía, por haber asistido a la vista pública. Según resolvimos en Ocean View v. Reina del Mar, supra, pág. 557, el envío a determinada persona de una copia de cortesía de un escrito presentado ante una agen-cia no convierte a quien lo recibe en “parte” para efectos de la notificación requerida por la L.P.A.U. Lo mismo sucede con las copias que la Junta de Planificación envía a los que firman el registro de asistencia a una vista.

Por su parte, la Asociación peticionaria fundamenta su proceder en que la Junta había determinado no admitir a Empresas como parte interventora. No hay duda de que la denegatoria de la intervención, si se hubiese notificado y convertido en final y firme, dispondría de entrada de esta controversia^) Como ese no fue el caso, el análisis debe centrarse, como hemos explicado, en la naturaleza de la participación de Empresas en el proceso.

Empresas no asistió a la primera vista pública convo-cada en este caso y en la segunda vista se limitó a presen-tar algunos planteamientos de derecho. No sometió una ponencia escrita. Incluso, según revelan los autos, al fir-mar el registro de asistencia a dicha vista la abogada de Empresas indicó que no iba a deponer, lo cual denota que a su representada no le interesaba una participación plena en el procedimiento. No hay duda de que la comparecencia de Empresas fue limitada, no “activa” como alega la parte recurrida. Tampoco podemos derivar de su solicitud de in-tervención posterior el “ulterior interés” o “plena participa-ción” que hemos identificado como signos de participación activa, pues el expediente confirma que cuando Empresas solicitó formalmente intervenir en el proceso, se limitó a repetir en su escrito lo que ya había expresado en la vista. Por eso, como resolvió la Junta al denegar la solicitud, Em-presas no adujo un fundamento válido que justificara au-torizar su intervención como parte en el procedimiento^)

Según indicamos anteriormente, la persona que se li-mita a comparecer a la audiencia pública, incluso cuando declara brevemente en ésta, es un mero participante y no necesariamente es parte para efectos del procedimiento administrativo. Esto es más claro aún en los procedimien-tos de consulta de ubicación, a los que pueden comparecer todas las personas interesadas en expresarse sobre las propuestas. En Lugo Rodríguez v. J.R, supra, pág. 42, ex-plicamos que “no todo aquel que provee información rela-cionada con la consulta de ubicación automáticamente pasa a ser ‘parte’ en el proceso”, y en Rivera v. Morales, supra, pág. 685, resolvimos que el solo hecho de que una persona participe en una vista o sea consultada por la Junta de Planificación durante la consideración de una consulta de ubicación, no es suficiente para concluir que se le tienen que notificar los escritos como si se tratase de una “parte”. Por lo tanto, no podemos aceptar que la compare-cencia y breve exposición de Empresas la haya convertido, de suyo, “en parte activa” en el procedimiento. Por el con-trario, concluimos que el rol fugaz que Empresas desem-peñó en el procedimiento no le confirió el carácter de “par-te” para propósitos de la L.P.A.U.() Por eso, la ausencia de notificación a Empresas no privó al tribunal apelativo de jurisdicción.

      (1) Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. no participó en el proceso original de aprobación de la consulta ni en la primera vista pública celebrada para estos efectos. Su participación comenzó a partir de la celebración de la segunda vista pública.

      (2) En cambio, la Junta de Planificación, en su Resolución de 20 de agosto de 1999, aceptó como interventor al Ledo. Luis E. Del Toro, representante de la Urb. La Concepción.

      (1) Asimismo, la Regla 58(B) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apela-ciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1996 disponía para la fecha de los hechos que "[Tja parte recurrente notificará el escrito inicial de revisión a los (las) abogados(as) de récord del trámite administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la agencia o al funcionario administrativo de cuyo dictamen se recurre, den-tro del término para presentar el recurso”. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A.

      (2) El Prof. Demetrio Fernández Quiñones también identifica como partes en el procedimiento a los siguientes: “(1) [a] quien se dirija la acción, (2) [l]a agencia a quien se dirija la acción, (3) [e]l interventor, (4) [q]uien haya radicado una petición para revisión o cumplimiento de orden y (5) [q]uien haya sido designado como tal en el procedimiento”. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Proce-dimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 143. Véanse, además: Ocean View v. Reina del Mar, 161 D.P.R. 545, 555 (2004); Rivera v. Morales, 149 D.P.R. 672, 682-683 (1999). En Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C., 146 D.P.R. 743, 748-750 (1998), reconocimos también como parte al licitador infructuoso en un procedimiento de subasta.

      (3) En Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 127 D.P.R. 974, 977 (1991), resolvimos que debido a que la comparecencia de un amicus curiae no es de derecho, ni responde a un interés privado sino a las necesidades del tribunal, no puede con-vertirse en una parte para efectos del litigio. Véanse, además: Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 580-581 (1985); Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 126-129 (1980).

      (4) La Regla 21.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, regula el meca-nismo de la intervención en los litigios civiles, que permite que una persona intere-sada en participar en el procedimiento lo pueda hacer presentado una solicitud. Esta regla ha sido interpretada liberalmente, siempre y cuando no se autoricen interven-ciones indiscriminadamente. Rivera v. Morales, 149 D.P.R. 672, 689 (1999). Véanse, además: Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 D.P.R. 767, 769—770 (1981); R. Mix Concrete v. R. Arellano & Co., 110 D.P.R. 869, 872-873 (1981).

      (5) En ese caso hicimos referencia al comentario a la Regla 58 del Reglamento del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, que señalaba que “la notificación del recurso de revisión debe ser hecha a todas las partes así reconocidas ‘en la dis-posición final administrativa de que se trate’ ”. Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C., supra, pág. 749.

      (6) El Reglamento Núm. 5244 de 31 de mayo de 1995 fue derogado y sustituido por el Reglamento Núm. 6031 de 13 de octubre de 1999 de la Junta de Planificación, 23 R.P.R. secs. 650.245 a 650.249. Este Reglamento para los Procedimientos Adjudi-cativos vigente no altera lo dispuesto en las secciones del reglamento anterior que citamos, aplicables al presente caso.

      (7) Cabe mencionar que el Reglamento de Adjudicación recoge la definición de “interventor” de la L.RA.U. Según dicho reglamento dispone, un interventor es “[a]quella persona que no sea parte original en cualquier procedimiento adjudicativo que la agencia lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés en el procedimiento”. Sec. 2.00 del Reglamento de Adjudicación, 23 R.P.R. sec. 650.225(11). Evidentemente, un interventor en un procedimiento ante la Junta de Planificación también debe ser notificado de todas las resoluciones emitidas y recursos presenta-dos, según lo dispone la Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uni-forme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2164.

      (8) En el caso de autos, Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. no ha acudido al foro judicial a alegar derecho alguno respecto a la resolución que denegó su solicitud de intervención.

      (9) En lo pertinente, la Junta de Planificación resolvió “que la solicitud de inter-vención no está debidamente fundamentada conforme lo requiere la Sec. 3.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

      (10) Llama la atención que la Junta de Planificación llegara a idéntica conclu-sión al denegar la solicitud de intervención de Empresas Puertorriqueñas de Desa-rrollo, Inc. y ahora, en la etapa apelativa, obvie su propio criterio para oponer la participación supuesta de esta “parte” en el procedimiento para impedir la revisión judicial de su decisión.


text:
      In re Peter Díaz Santiago.

      Número: TS-11007

      Resuelto: 5 de abril de 2006

      Noemí Rivera De León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección ae Notarías; José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Peter Díaz Santiago, peticionario que comparece por derecho propio.
   RESOLUCIÓN

Habiendo transcurrido el término de suspensión de un (1) año del ejercicio de la abogacía del Sr. Peter Díaz Santiago, decretado mediante opinión per curiam y sentencia de 4 de marzo de 2005, y en vista de que la Oficina de Inspección de Notarías nos ha informado que aprobó la obra notarial el 13 de febrero de 2006 y que el Colegio de Abogados y el Procurador General han expresado no tener objeción alguna a su reinstalación, se accede a la Moción en Solicitud de Reinstalación, al ejercicio de la abogacía y de la notaría, a partir de la notificación de la presente Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Gilberto Salas Arana, querellado.

      Número: AB-2005-261

      Resuelto: 5 de abril de 2006

      Hon. Jimmy Villalobos Gonzalez, juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo.
   RESOLUCIÓN

El Hon. Jimmy Villalobos González, Juez de la Sala Superior de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, remitió a este Tribunal, “para la acción corres-pondiente”, la Resolución de 6 de octubre de 2005, refe-rente a la conducta observada por el Ledo. Gilberto Salas Arana ante el mencionado tribunal de instancia.

Un examen de la resolución revela que la conducta en controversia se refiere a la contumaz negativa del mencio-nado abogado de pagar un arancel de suspensión de una vista que estaba señalada ante dicho foro judicial y que tuvo que ser suspendida por su causa. No hay duda alguna del hecho de que el licenciado Salas Arana, al así actuar, ha incurrido en conducta que amerita acción disciplinaria.

Aun cuando la acción del juez Villalobos González es similar a la de otros jueces que han referido a este Tribunal situaciones de igual naturaleza, consideramos necesario recalcar y reiterar el poder que poseen los jueces del Tribunal de Primera Instancia de hacer cumplir sus órdenes sin necesidad de referirnos estas situaciones. A esos efectos, en E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 681 (1999), expresamos que:

La base jurídica para el procedimiento de desacato en Puerto Rico proviene de tres (3) fiientes, según han sido interpretadas por nuestra jurisprudencia, las cuales están fundadas en el poder inherente de los tribunales para hacer cumplir sus órdenes. Los tribunales tendrán poder, entre otros, para man-tener y asegurar el orden en su presencia y en los procedi-mientos ante su consideración, para hacer cumplir sus órde-nes, sentencias y providencias, y para realizar u ordenar cualquier acto que resulte necesario a fin de cumplir a cabali-dad sus funciones. 4 L.P.R.A. secs, la y 362a. Para el ejercicio efectivo de las facultades antes, enumeradas],] la ley les auto-riza a castigar por desacato. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 362b.

En vista de lo antes expuesto, devolvemos el asunto a la Sala Superior de Arecibo del Tribunal de Primera Instan-cia para la acción de desacato correspondiente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Luis A. Rivera Vázquez.

      Número: TS-5916

      Resuelto: 7 de abril de 2006

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general; José M. Mon-talvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Ángel E. Vega Ramos, abogado de la parte peticionaria; Luis A. Rivera Vázquez, notario suspendido, peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción sobre Reinstalación a la Notaría, presentada por el Lie. Luis A. Rivera Vázquez el 21 de marzo de 2006, se ordena la reinstalación del referido abo-gado al ejercicio de la notaría.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Héctor L. Barreto Cintrón, querellado.

      Número: AB-2005-270

      Resuelto: 7 de abril de 2006

      Hon. Waleska I. Aldebol Mora, jueza superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.
   RESOLUCIÓN

La Hon. Waleska I. Aldebol Mora, Jueza de la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, remitió a este Tribunal la Resolución y Orden de 30 de septiembre de 2005, referente a la conducta del Ledo. Héctor L. Barreto Cintrón ante el mencionado Tribunal de Primera Instancia.

Un examen de la resolución revela que la conducta en controversia se refiere a una llamada que Marilyn Vega Colón, Secretaria Jurídico de la Hon. Waleska I. Aldebol Mora, recibió el 24 de junio de 2005 del Lie. Héctor L. Ba-rreto Cintrón. En su resolución, el Tribunal de Primera Instancia afirma

... que la conducta del licenciado Barreto Cintrón, manifes-tada por las expresiones hechas por teléfono ... representan una conducta que no se caracteriza por el mayor respeto al Tribunal, un ataque injustificado contra quien suscribe y contra el buen orden en la administración de la justicia en el Tribunal. Resolución y orden de 30 de septiembre de 2005, págs. 1-2.

Aun cuando la acción de la jueza Waleska I. Aldebol Mora es similar a la de otros jueces que han referido a este Tribunal situaciones de igual naturaleza, consideramos ne-cesario recalcar y reiterar el poder que poseen los jueces del Tribunal de Primera Instancia para mantener y asegu-rar el orden en los procedimientos ante su consideración sin necesidad de referirnos estas situaciones. A esos efectos, en E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 681 (1999), expresamos que:

La base jurídica para el procedimiento de desacato en Puerto Rico proviene de tres (3) fuentes, según han sido inter-pretadas por nuestra jurisprudencia, las cuales están funda-das en el poder inherente de los tribunales para hacer cumplir sus órdenes. Los tribunales tendrán poder, entre otros, para mantener y asegurar el orden en su presencia y en los procedi-mientos ante su consideración, para hacer cumplir sus órde-nes, sentencias y providencias, y para realizar u ordenar cual-quier acto que resulte necesario a fin de cumplir a cabalidad sus funciones. 4 L.P.R.A. secs. 1a y 362a. Para el ejercicio efec-tivo de las facultades antes enumeradas[,] la ley les autoriza a castigar por desacato. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 362b.

En vista de lo antes expuesto, devolvemos el asunto a la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Ins-tancia para la acción correspondiente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo