author: El Juez Asociado Señor Snyder Juez Asociado Sr. Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Rafael Morales Acosta, acusado y apelante.
    Núm. 11205.

    Sometido: Marzo 12, 1946.
    Resuelto: Mayo 2, 1946.

      Ramos Antonini & Ortiz, abogados del apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue juzgado dos veces por el delito de asesi-nato. En ambas ocasiones al jurado no le fné posible ponerse de acuerdo. En el tercer juicio el jurado lo declaró culpable do homicidio voluntario recomendando clemencia. La corte de distrito le impuso dos años de presidio. Contra dicha sen-tencia y contra la resolución declarando sin lugar la moción de nuevo juicio el acusado ha apelado.

Cuando empezó el juicio a las nueve de la mañana, el acusado solicitó que se suspendiera hasta las dos de la tarde, por el fundamento de que sus dos abogados estaban físicamente agotados por haber intervenido en otros casos, los cuales también habían impedido a dichos abogados conferenciar con el acusado. Toda vez que el juicio había sido suspendido varias veces por razones similares y como los abogados estaban familiarizados con la evidencia con motivo de los dos juicios anteriores, la corte de distrito denegó la moción, anunciando que concedería a los abogados un término razonable para conferenciar con ol acusado. No podemos convenir con el acusado en que esta actuación constituyó abuso de discreción por parte de la corte inferior.

Alega el apelante quo la corte °de distrito cometió error al negarse a eliminar del panel del jurado un jurado potencial quien fué seleccionado por el Comisionado de Jurados de San Juan, no obstante el hecho de que el jurado vivía en Eío Piedras. La posición del acusado es que esta actuación de la corte le obligó a hacer uso de una de sus recusaciones perentorias para eliminar este jurado, y que como resultado de olio se redujo el número de recusaciones perentorias que de otro modo hubiera tenido a su disposición, en per-juicio suyo, toda vez que posteriormente agotó sus recusacio-nes perentorias.

El acusado no cita caso alguno en apoyo de su contención. Sólo hemos encontrado cuatro casos — Ex Parte Díaz, alias “Martillo”, 7 D.P.R. 153, 177; Pueblo v. Carbonéll, 34 D.P.R. 479; Pueblo v. Capre, 44 D.P.R. 112, 116-18; Pueblo v. Pérez, 47 D.P.K. 765, 769-71— que interpretan el estatuto envuelto, artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Criminal Sin embargo, ninguno de estos casos sirve de, autoridad para la proposición de que un error perjudicial para el acusado surge de la mera demostración, sin más, de que un hombre en la lista de cien sometida por uno de los Comisionados de Jurados de conformidad con el artículo 194, no era del municipio del Comisionado, si bien vivían en el mismo distrito judicial.

El caso de Carbonell, que es el que más se le asemeja, se puede distinguir con facilidad. En dicho caso se resolvió que era error perjudicial el desviarse de la forma provista en el ar-tículo 194 para la insaculación del panel regular, estando justificada la revocación de una sentencia condenatoria por el fundamento de que (pág. 479-80) “los comisionados, si-guiendo las instrucciones de la corte, procedieron en cuanto a sus deberes en la forma indicada . . . porque el juez de la Corta de Distrito de Mayagüez deseaba que ciertos jurados que habían rendido veredictos no satisfactorios fueran exclui-dos de la lista y del panel del distrito.” Pero nada hay en el ■récord ante nos que demuestre que este jurado fué incluido en la lista de jurados con el deliberado propósito de infringir el artículo 194 o de que su presencia en el panel fué parte de un esfuerzo para incluir o excluir ciertos jurados. El acusado no alega que el jurado estaba impedido de actuar por algún otro motivo. Por tanto no vemos perjuicio alguno en el hecho de que el acusado viniera obligado a usar una de sus recusa-ciones perentorias para eliminarlo. Este error, de existir, fué inadvertido y no ocasionó daño alguno, y no le da derecho al acusado a obtener la revocación de la sentencia. Véase People v. King, 85 P.2d 928, 941 (Calif., 1938); People v. Crossan, 261 P. 530 (Calif., 1927); People v. Sowell, 78 P. 716 (Calif., 1904); 15 Cal. Jur., sección 52, pág. 382; Annotation, 92 Á.L.R. 1109.

El apelante se queja de que Herminio Oliveras actuara como jurado y del procedimiento bajo el cual aquél fué seleccionado. Al escogerse el- jurado, la corte de distrito siguió la práctica de llamar doce jurados potenciales para ser examinados por los abogados. Aquellos que no fueron recusados después de tal examen, fueron juramentados como jurados. Entonces se llamaron otros jurados potenciales y fueron sometidos al mismo procedimiento hasta que se completó el jurado. La corte de distrito no estaba obligada a seguir esta práctica. Pudo haber pospuesto la prestación del juramento hasta que so hubiera seleccionado todo el jurado. En verdad, los abog idos del acusado solicitaron que se siguiera esta última práctica, pero la corte inferior se negó a ello.

El artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal dis-pone que la recusación “deberá hacerse al presentarse el miembro del jurado, y antes de que se le tome juramento para entender en la cansa, pero podrá el tribunal, si para ello hubiere razón, permitir que esto se haga después del jura-mento y antes de que el jurado se complete. ’ ’ Hemos resuelto que bajo el artículo 221 deberá hacerse una recusación peren-toria antes de que el jurado de que se trate preste juramento para entender en la causa. Después que haya prestado jura-mento, si el jurado no se ha completado todavía, puede aún ser recusado — pero sólo motivadamente. Pueblo v. Torres, 48 D.P.R. 39. T con el fin de prolongar cuanto sea posible el término para las recusaciones perentorias, este Tribunal sugirió en el caso de Torres que era deseable posponer el ju-ramento de los jurados hasta que todos éstos se hubieran se-leccionado.

Pero nuestros estatutos no contienen disposición manda-toria alguna sobre esta cuestión. Por tanto, el asunto des-cansa en la discreción de la corte de distrito. Y solamente si resolviéramos que el emplear el sistema preferido por la corte de distrito constituyó abuso de su discreción, perjudi-cando los derechos del acusado bajo los hechos de este caso específico, estaríamos justificados en revocar la sentencia por este motivo. ' El acusado alega que el haber dejado la corte de posponer la prestación del juramento de los jurados hasta que el jurado se completara, seriamente perjudicó sus dere-chos toda vez que le impidió hacer uso de una recusación pe-rentoria para Oliveras.

La tarde antes del juicio cuarenta jurados potenciales fue-ron especialmente insaculados para intervenir en este caso. Entre ellos estaba Oliveras, quien fue examinado y no fue re-cusado, siendo juramentado como tal jurado bajo la práctica usual de la corte de distrito. Después de haber sido seleccio-nados y haber prestado juramento once jurados y mientras el acusado todavía tenía una recusación perentoria, el abo-gado' del acusado manifestó que se acababa de enterar que Oliveras era hermano de un testigo cuyo nombre aparecía en la lista 'de testigos del fiscal. Diciendo que tenía absoluta confianza en la integridad de Oliveras, a quien conocía hacía algún tiempo, el abogado pidió a la corte de distrito permiso para examinarlo en cuanto a si sabía que su hermano estaba en lista para declarar y “si en algún momento ha cambiado impresiones con su hermano sobre particulares de este caso' y si a pesar de enterarse de eso él ratificaría su contestación de estar en condiciones de actuar imparcialmente en este caso y si consideraría el testimonio de su hermano, si fuese pre-sentado, como el de cualquier otro testigo y me bastaría la palabra del señor jurado.”

Al oponerse a esta moción, el fiscal dijo que el hermano de Oliveras había estado en la lista de testigos durante un año; que en el voir dire a Oliveras se le preguntó expresamente por el abogado del acusado si sabía de algún motivo por el cual no debiera actuar de jurado en este caso, contestando Oliveras en la negativa; y que no utilizaría al hermano como testigo. La corte de distrito resolvió que, habiendo ya pres-tado juramento Oliveras, la moción tenía que declararse sin lugar.

No encontramos que los derechos del acusado se perjudi-caran sustancialmente con' lo sucedido. . La lista de jurados regulares que actuarán por un año se hace por los comisiona-dos de jurados del distrito. Artículos 194-97, Código de En-juiciamiento Criminal, ed. 1935. Pero pueden surgir situa-ciones que requieran la selección de un grupo de jurados para actuar especialmente en un caso específico. Artículos 199, 202, Código de Enjuiciamiento Criminal. El acusado no alega que fuera errónea la actuación de la corte de distrito al se-leccionar cuarenta jurados del panel regular para actuar es-pecialmente en este caso. La lista conteniendo estos cuarenta nombres estaba en poder del acusado la mañana del juicio. Por tanto tuvo amplia oportunidad de preguntar a Oliveras si estaba emparentado con "Rafael Oliveras y si había, discutido el caso con su hermano, quien iba a sor testigo, hecho que le constaba al acusado hacía tiempo. Toda vez que Oliveras no declaró, la única información pertinente que el abogado del acusado trató de obtener de él — si ya había discutido el caso con su hermano, y de haberlo discutido, si eso le impediría actuar impareialmente — ya había sido suministrada ál abo-gado cuando Oliveras anteriomente había sido preguntado si podía actuar impareialmente y éste replicó en la-afirmativa. Y el propio abogado del acusado manifestó que la palabra del jurado era suficiente para él.

El acusado sabía que bajo la práctica de la corte de distrito perdería el derecho a recusar a Oliveras perentoriamente a menos que lo hiciera antes de que .éste prestara juramento. Su esfuerzo para levantar la cuestión de una recusación pe-rentoria para Oliveras después de éste haber prestado jura-mento, se hizo muy tarde. Nada encontramos en las circuns-tancias de este caso o en la actuación de la corte inferior que menoscabara sus derechos en el ejercicio de sus recusaciones perentorias.

También alega el acusado que (1) la negativa a suspender el juicio.hasta por la tarde, (2) la insaculación de un. panel especial de cuarenta jurados, la. tarde antes del juicio,. (3) el hecho de que el acusado era de Yauco y conoce, pocas, personas en el distrito judicial de San Juan de donde se insaculó el panel, y (á) la negativa de la corte inferior a posponer la prestación del juramento del jurado hasta que se hubiera completado el mismo, fueron circunstancias que combinadas impidieron al acusado enterarse de que uno de los. jurados potenciales era un ex cuñado del fiscal y tío de dos; de sus hijos. Su argumento es que, de haber tenido conoci-miento a tiempo de este parentesco, hubiera tenido la oportu-nidad de recusar al jurado perentoria o motivadamente. Aparte del hecho de que no conocemos razón alguna" por qué ia actuación en el jurado de un hermano de la ex esposa del fiscal pudiera perjudicar al acusado, no vemos base para que-jarse en este caso. La información que el abogado, del acu-sado ahora tilda de ser tan importante se hubiera podido ob-tener por una sencilla pregunta de si cualquiera de los jurados potenciales estaba o había estado alguna vez emparentado por ■consanguinidad o afinidad con el fiscal. El dejar dehacer esta pregunta no puede caracterizarse como error perjudicial ■de la corte de distrito.

El apelante en su alegato pone gran énfasis en su ■próxima contención: el alegado, error de la corte de distrito al declarar sin lugar la. moción de nuevo juicio que se basó inter alia en evidencia recientemente descubierta. Para resolver esta cuestión tenemos que examinar la prueba presen-tada durante el juicio.

Sólo declararon dos testigos importantes por parte del Pueblo: Héctor Rivera y Justino Reyes. Rivera declaró que como amigo de Carlos Pérez acompañó a éste a una casa donde encontraron a G-ladys Morales, su hermano, y su padre, quien es el acusado en este caso.. El padre acusó a Pérez de ha-berle dado una droga a Gladys, mientras estaban en un paseo, con el resultado de que Gladys no supo lo que le pasó en dicha ocasión. Le dijo a Pérez que tenía que casarse con Gladys. Pérez le contestó que no le había hecho daño alguno a su hija, pero que si tenía que casarse con ella, se casaría. Unicamente solicitó que se le concediera hasta el día siguiente para hablarle a Gladys a solas. Pérez y el acusado continua-ron hablando mientras salían hacia el balcón. Pérez se me-tió la mano derecha en el bolsillo del pantalón para “arre-glarse la faldeta”. Allí la sostuvo mientras seguía al acu-sado hacia el balcón. Pérez se recostó sobre el balcón con la mano en el bolsillo,’ cosa que acostumbraba hacer. El testigo no estaba mirando a los dos hombres cuando oyó el disparo que mató a Pérez. Tuyo que salir en busca de la policía.-

Reyes, policía insular, declaró que estaba en el Cuartel de la Policía cuando llegó Rivera. Fu>é inmediatamente al sitio del suceso y 'encontró a Pérez sangrando, pero todavía con vida. Lo registró y no le encontró arma alguna. Le encon-tró su mano derecha en el bolsillo y se la sacó.

El primer testigo del acusado fue Juan E. Adames, Jefe Insular de la Detective. Declaró que el.acusado vino a San Juan y le entregó un revólver diciéndole que acababa de dar' muerte a Pérez con él porque éste le había deshonrado su hija y que cuando le pidió que la honrara, Pérez le. ofreció dinero. La defensa entonces demostró que Gladys- había sido exa-minada por un doctor a requerimiento de su padre, certifi-cando el galeno que había sido desflorada recientemente.

El hijo del acusado declaró que Gladys, su padre y él se dirigían en automóvil al cuartel de la policía de Río Piedras para dejar allí una citación dirigida a Pérez, expedida por el fiscal de San Juan al solicitarle el acusado una investiga-ción, cuando Gladys convenció a su padre de que la dejara te-lefonear a Pérez para ver si el asunto podía arreglarse sin necesidad de procedimientos judiciales. Fueron a una casa en Río Piedras. Pérez vino a la casa respondiendo al telefo-nema de Gladys. Negó que hubiera sucedido algo entre él y Gladys. El acusado le dijo a Pérez que tenía que casarse con Gladys. Pérez contestó que deseaba hablarle a Gladys a so- ' las, pero el acusado se negó a ello. Entonces Pérez le dijo . al acusado que si éste no lo dejaba hablarle a su hija, enton-ces le hablaría al acusado y ambos salieron hacia el balcón. Después de estar en el balcón, Pérez le dijo que “eso se puede arreglar de otra manera”. El acusado le preguntó “¿De qué manera se puede arreglar si no es casándose usted con Gladys?”. Pérez contestó “eso se puede arreglar con dinero”. Entonces su padre dijo: “Usted retira eso o le parto la cara”. Péi;ez entonces manifestó: “No, lo que usted va a hacer es dejarme pasar .por ahí.” Pérez se metió la mano en el bolsillo y entonces sonó el .disparo.

En apoyo de su moción de nuevo juicio, el acusado radicó una declaración "jurada de Antonio La Boca al efecto de que el 15 de abril de 1941 entre 6:45 y 7:15 de lá noche, se encontraba caminando cerca del sitio donde ocurrió el suceso cuando oyó un disparo de revólver. Al llegar frente a una casa, a los po-cos instantes después, vió salir de la misma dos hombres, uno de mayor edad que el otro. El de mayor edad llevaba como un arma en la mano. Ge montaron en un automóvil que ha-bía allí estacionado. En esos momentos miró hacia la casa y vió a otro joven de escasa estatura inclinado sobre el cuerpo de otro hombre que había tendido en el suelo, que tenía su mano derecha en el bolsillo derecho del pantalón. El joven buscó en ese bolsillo, sacó un revólver negro y se lo llevó. La Noca se alejó rápidamente de aquel sitio porque tenía miedo de verse envuelto en un asunto que pudiera costarle el em-pleo en la agencia federal donde trabajaba. Nunca le re-veló estos hechos a nadie hasta el 7 de junio de 1944 cuando le escribió una carta al acusado después de haber sido éste con-victo. La carta, que sustaneialmente relataba lo mismo que la declaración jurada, también fué radicada con la moción.

Hemos resuelto que procede declarar con lugar una mo-ción de nuevo juicio.solamente cuando la nueva evidencia (1) no se pudo descubrir con razonable diligencia antes del jui-cio, (2) no es meramente acumulativa y (3) no impugna la prueba aducida durante el juicio. Artículo 303, Código de. Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935; Pueblo v. Ruiz, 60 D.P.R. 620; Pueblo v. Salas, 60 D.P.R. 692, 696; Pueblo v. Ruiz, 58 D.P.R. 639, 643-4; Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 234, 279; Pueblo v. Quiles, 41 D.P.R. 915, 922; Pueblo v. Arroyo, 28 D.P.R. 419; Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658, 662; Pueblo v. Cintrón, 13 D.P.R. 222; United States v. Johnson,—U.S.—, 90 L. ed. 389, escolio 4; 8 Calif. Jur., secs. 452-54, págs. 427-32; 4 Calif. Ten Year Supp., pág. 851. Asumimos, sin dis-cutirlo, que estos requisitos se establecieron a satisfacción de la corte de Distrito.

Pero existen entre otros dos requisitos adicionales en re-lación con los cuales debe la corte de distrito estar satisfecha antes de que proceda a declarar con lugar una moción de nuevo juicio por el fundamento de evidencia recientemente descubierta: (1) la nueva evidencia debe ser creíble, Pueblo v. Quiles, supra, pág. 922; Pueblo v. Menéndes, 43 D.P.R. 438; Pueblo v. González, 36 D.P.R. 867; United States v. Johnson, supra; 8 Calif. Jur., sec. 459, págs. 438-9; Calif. Ten Year Supp., págs. 852, 857; y (2) probablemente pro-duciría un resultado diferente, Pueblo v. Cabrera, 59 D.P.R. 135, 142; Pueblo v. Ramírez, supra, pág. 279; Pueblo v. Es-pañol, 16 D.P.R. 213, 232-34; Pueblo v. Romero, 27 D.P.R. 955; Pueblo v. Blandford, 23 D.P.R. 625, 631-32; United States v. Johnson, supra; 8 Calif. Jur., sec. 454, pág. 430.

La corte de distrito pudo haber declarado sin lugar la mo-ción de nuevo juicio por el fundamento de que la declaración de La Eoca no era creíble. Habiendo oído toda la prueba en el caso, la corte de distrito estaba en mejor posición que este Tribunal para determinar dicha cuestión. Estaríamos justificados en intervenir con dicha resolución únicamente si la misma no tuviera base alguna en la evidencia. United States v. Johnson, supra. Pero existe evidencia sustancial que sostiene la posición de que la declaración jurada de La Eoca no era creíble. Por tanto podemos resolver, sin más, que no hubo error en la resolución de la corte inferior de-clarando sin lugar la moción de nuevo juicio.

Pero aun asumiendo que la corte de distrito no resolvió que la declaración jurada de La Eoca no fuera creíble, pudo haberse negado a ordenar un nuevo juicio en la teoría de que de cualquier modo la declaración de La Eoca pfobable-mente no produciría un resultado diferente. Sobre este punto, arguye el acusado que el veredicto de homicidio voluntario in-dicó la creencia del jurado de que el acusado había dado muerte a Pérez en súbita pendencia o arrebato de cólera. Artículo 203, Código Penal, ed. 1937. Pero alega que do ha-ber La Roca comparecido a juicio y declarado que de hecho Pérez tenía un arma en su bolsillo, el veredicto hubiera sido diferente — con toda probabilidad de absolución por el motivo de defensa propia — porque el jurado hubiera sido entonces persuadido de que Pérez, como cuestión de hecho, se había llevado la mano al bolsillo, según declaró el hijo del acusado. Su teoría es que esta declaración hubiera contrarrestado tanto el no haber el policía encontrado el arma en el bolsillo de Pé-rez como la sospecha que naturalmente emanaba de la decla-ración del hijo — de que Pérez se había llevado la mano al bolsillo — corno un esfuerzo del hijo para salvar a su padre.

101 argumento del apelante es especulativo. La declara-ción del hijo de que .Pérez se llevó la mano al bolsillo induda-blemente hubiera sido robustecida si se hubiera probado que Pérez estaba armado, ¡din embargo, Rivera declaró enfáti-camente que Pérez tenía la mano én ol bolsillo como un há-bito, todo el tiempo que permaneció en el balcón. Y aun la declaración dél hijo del acusado fué que la muerte de Pérez ocurrió en seguida que éste ie propuso al padre que esta cuestión de honor se podía arreglar con dinero, si bien añadió quo al mismo tiempo Pérez se llevó la inano al bolsillo. Más aún, Adames, otro testigo de la defensa, declaró que el acu-sado al entregársele le había dicho que dió muerte a Pérez porque éste le ofreció dinero cuando lo requirió para que se casara con su hija. La corle de distrito, por tanto, pudo ha-ber concluido que el hecho de estar o no Pérez armado, pro-bablemente no afectaría el resultado, toda vez que estaba con-vencida en vista de toda la prueba de que el acusado dió muerte a Pérez en un arrebato de cólera o pasión debido a la proposición de éste, más bien que en defensa propia en vista del alegado ademán de Pérez de meterse la mano en el bol-sillo.

A la luz de las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta que el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que la corte de distrito puede, no tiene que, conceder un nuevo juicio por el fundamento de que se ha des-cubierto nueva evidencia, y que este Tribunal ha dicho que las mociones de nuevo juicio “son consideradas con desconfianza y disfavor”, no podemos decir que el no haber la corte inferior resuelto que la declaración jurada de La Boca era ereíble y que esta evidencia probablemente produciría un re-sultado diferente, constituyó bajo todas las circunstancias un claro abuso de discreción que nos obligue a revocar la resolución de la corté de distrito y a conceder un nuevo juicio.

Si bien el acusado también apeló de la sentencia conde-nándolo a un mes de cárcel por portar un arma prohibida en su alegato no señala error alguno en relación con esta sen-tencia.

. Las sentencias condenatorias y la resolución denegando un nuevo juicio serán confirmadas.

Opinión disidente del'

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.,

con la cual está conforme el Juez Presidente Sr. Travieso.

Creo que la corte inferior abusp de su discreción y cometió error perjudicial al acusado al no permitir se interrogara al jurado Oliveras, aun criando el hermano de éste no declarara como testigo en el juicio. No sabemos si este testigo había de-clarado en los dos juicios anteriores, pero es de suponerse que su hermano conocía su intervención en el caso. De haberse permitido el interrogatorio al jurado Oliveras, el acusado pudo haberse enterado con certeza cuál era la verdadera situación y, de proceder, pudo haberlo recusado motivadamente, al serle denegada la recusación perentoria. De la moción del acusado no se desprende, necesariamente, que su propósito ora re-cusar perentoriamente al jurado Oliveras. La corte no per-mitió el interrogatorio bajo la teoría errónea de que no pro-cedía porque ya se había juramentado al jurado. Precisa-mente debió permitirse para poder determinar si procedía la recusación motivada. Pueblo v. Torres, 48 D.P.R., 39, 51.

Aceptando que la corte inferior tenía discreción para adop-tar el método que siguió para constituir el jurado, no obstante nuestra recomendación en contrario en el caso de Pueblo v. Torres, supra, considero que, con rgás razón debió dar al acu-sado todas las oportunidades razonables para interrogar al .jurado Oliveras, antes de comenzar a desfilar la prueba, aun cuando ya hubiera prestado el juramento definitivo.

Principalmente por este motivo disiento pues considero, que debe revocarse la sentencia y concederse un nuevo juicio.

      Este artículo prescribe:
      “Artículo 194. — Dichos comisionados prepararán entonces una lista general definitiva de trescientos jurados para el distrito judicial, la cual firmarán y cer-tificarán, ajustándose a lo siguiente: Cada comisionado hará una lista provisional de cien nombres de personas de su respectivo municipio, que estén capacitadas para actuar como jurados en el distrito judicial, para lo cual tomarán como base la lista de contribuyentes del expresado municipio, que le será suministrada por el Tesorero de Puerto Eico. Los comisionados entonces determinarán hasta donde sea posible, el número proporcional que de los trescientos 'jurados corres-ponda a cada municipio, tomando como base para ello, su población, según el último censo de los Estados Unidos, y el número así determinado, se extraerá a la suerte por uno de los comisionados, en presencia de los demás, de entre los cien nombres en la lista provisional del respectivo municipio.”

      La desviación del procedimiento estatutario se describe en el caso de Carbonell a la pág. 479, como sigue: “En cada distrito judicial de la Isla la lista de -jurados de la cual- son sorteados los paneles regulares, consta de tres-cientos nombres. Estos trescientos nombres son elegidos por comisionados pro-porcionalmente de cada municipio del distrito de acuerdo con la población de dicho municipio. En el presente caso los comisionados seleccionaron éxaeta-mente el número de personas- para formar la lista que correspondía a cada mu-nicipio, pero sin hacer un sorteo previo.-”

      La opinión disidente en este ea-so afirma que se debió haber permitido al demandado reexaminar a Oliveras eon el fin de determinar si existían bases para reeusarlo moüuadamente. Pero el récord demuestra que el demandado no pidió reexaminar a Oliveras con ese propósito. Tanto en la corte inferior como en esta corte el demandado se queja solamente de que la práctica de la corte de distrito de tomarle juramento a cada jurado individualmente — práctica que ha sido sostenida como legal por este tribunal — le impidió recusar perentoriamente a Oliveras. El abogado del demandado no alegó eñ la corte de distrito, ni tam-poco lo alega ahora ante este tribunal, que tenía derecho a reexaminar a Oliveras,, no obstante el hecho de que ya había sido examinado y juramentado, para que pudiera, de conformidad con el artículo 221, hacer uso de una recusación moti-vada que puede hacerse "después del juramento y antes de que el jurado se complete". Véase Pueblo v. Torres, 48 D.P.R. 39, 50-51. Por tanto n03 parece que el punto en el cual se basa la opinión disidente no está envuelto en este caso.

      En cuanto a la euestión de impugnación, si bien, puede establecerse un. fuerte argumento en contrario, aceptamos argüendo la contención del acusado de que el verdadero fin de la nueva evidencia no era el de impugnar la declaración del policía.

         Pueblo v. Español, 10 D.P.R. 213, 232; Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658, 663.

      En 8 Calif. Jur,, sec. 403, págs. 442-3, se expone la doctrina como sigue: "Una moción de nuevo juicio está dirigida a la sana discreción legal de la corte sentenciadora, y su actuación no será alterada en apelación excepto en un caso que demuestre un claro e inequívoco abuso de tal discreción. Esta regla es pe-euliarmente .aplicable a una 'solicitud basada en el fundamento do evidencia re-cientemente descubierta, respecto -del cual se otorga a la corte sentenciadora más amplia discreción, debido a la falta de simpatía con que las cortos ven tales solicitudes. Esta discreción debe ejercitarse al determinar la diligencia demos-trada, la veracidad de las afirmaciones expuestas y la materialidad y probabilidad del efecto de ellas de dárseles crédito. La cuestión de si la evidencia producida en la moción es de tal naturaleza que probablemente traería un resultado dife-rente, es nna dirigida a la discreción del juez sentenciador.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    González Padín Company, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 76.

    Sometido: Marzo 11, 1946.

      Resuelto: Mayo 3, 1946.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y TI. González Blanes, aboga-dos de la peticionaria; lion. Procurador General E. Campos del Toro y Guillermo Cinirón Ayuso, abogado éste del Departamento de Justicia, abogados ambos del interventor, Tesorero, de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión clel tribunal.

En enoro 14 ele 194Í el Tesorero de Puerto Eieo envió a la corporación peticionaria dos notificaciones, requiriendo el pago de ciertas cantidades adicionales por concepto del “Im-puesto de la Victoria” establecido por la Ley núm. 29 de 7 de diciembre de 1942 ((2) pág. 161). .En enero 17 de 1944, La peticionaria solicitó la reconsideración de la determinación de deficiencia hecha por el Tesorero. Denegada la reconsi-deración en marzo 1ro. de 1944, la peticionaria radicó cinco días'más tarde "un escrito en el cual solicitaba del Tesorero que celebrara una vista administrativa para dar a la peticio-naria una oportunidad de demostrar el-error en que había incurrido el Tesorero al determinar las alegadas deficiencias. Accedió el Tesorero a la celebración de la vista administra-tiva y celebrada ésta el 21 de marzo de 1944, el Tesorero, con fecha 31 de marzo de 1944 dictó su resolución ratificando la deficiencia.

Por ser el día 30 de abril uno feriado, o sea domingo, la contribuyente radicó su querella contra el Tesorero ante el Tribunal de Contribuciones el día 1ro. de mayo de 1944 o sea dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el Tesorero dictó su resolución final después de celebrada la vísta administrativa.

En diciembre 38 de 1945 el Tribunal de Contribuciones dictó su resolución declarando que carecía de jurisdicción para conocer de la querella, por el fundamento de que el término de 30 días para apelar, contado desde el día primero de marzo de 3944, fecha en que el Tesorero denegó por primera vez la reconsideración, expiró el 33. del mismo mes y año. El Tribunal resolvió además que al insistir en que so cele-brara una vista administrativa ante el Tesorero, la contribu-yente tuvo la intención de renunciar al derecho de apelación y atenerse exclusivamente a la resolución final que dictara el Tesorero después de celebrada dicha vista.

La única cuestión a resolver en el presente recurso es si ol Tribunal de Contribuciones adquirió jurisdicción y estaba obligado a conocer de la querella radicada por la contribuyente el 1ro. de mayo de 1944.

La sección 57 de la Ley do Contribuciones Sobre In-gresos de 1924 (Leyes de 1925, pág. 401), según enmendada por la Ley núm. 23 de 21 do noviembre de 1941 ((2) pág. 73), dispone:

'‘Sección 57. — (a) Si tratándose de algún contribuyente, el Te-sorero determinare que hay una deficiencia con respecto a la contri-bución impuesta por este título, el contribuyente, excepto lo» que dispone la subdivisión (c) será notificado de dicha deficiencia por correo certificado, pero dicha deficiencia será tasada en la forma que se establece en la subdivisión» (5). Dentro de los quince (15) días inmediatamente siguientes a la fecha de la notificación, el contribu-yente podrá solicitar del Tesorero la reconsideración de dicha deter-minación de deficiencia, expresando en su solicitud los fundamentos ■en que ésta' se basa, y el Tesorero podrá concederle una vista admi-nistrativa antes de resolver el asunto, o podrá denegar la reconside-ración solicitada sin la celebración de vista alguna cuando a su juicio dicha solicitud fuere claramente infundada. Si el contribuyente no estuviere conforme con la resolución del Tesorero respecto a cualquier deficiencia, podrá, dentro de los treinta (30) días inmediatamente siguientes a la fecha en que se le notifique la resolución, -radicar lina querella contra el Tesorero ante el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones de Puerto Rico, en la forma dispuesta por la ley creando dicho tribunal; ...”

Como se ve, el estatuto concede al contribuyente que lia recibido una notificación de deficiencia un término do quince días, contados desde la fecha de la notificación, para solicitar del Tesorero la reconsideración ele la determinación de de-ficiencia. La contribuyente en este caso solicitó la reconsi-deración a tiempo.

De acuerdo con el estatuto que estamos considerando, al recibir una solicitud do reconsideración, el Tesorero puede, a su discreción, (a) conceder al contribuyente una vista ad-ministrativa antes -de resolver si procedo o no la reconside-ración solicitada, o (b) denegar la reconsideración sin cele-bración de vista alguna cuando a su juicio la solicitud fuera claramente infundada. En el caso de autos el Tesorero, en marzo 1ro. de 1944, denegó de plano.la reconsideración, sin conceder a la contribuyente una vista administrativa. Él día 7 ele marzo de 1944, o sea dentro' del término fijado para la apelación ante el Tribunal de Contribuciones, la contribu-yente, no conforme con que se le denegara una oportunidad de ser oída en una vista administrativa, acudió ele nuevo.ante el Tesorero y solicitó de éste que dejara sin efecto su reso-lución del 1ro. de marzo de 1944 y le concediera una vista ad-ministrativa antes de resolver en definitiva si procedía o no la reconsideración de la determinación de deficiencia. Ya lie-mos visto que el Tesorero accedió a lo solicitado y'concedió una vista administrativa, la cual rué celebrada el 21 de marzo; y que el 3.1 de marzo de 1944 dictó su resolución denegando la reconsideración.

¿Estaba facultado el Tesorero para dejar sin efecto su resolución denegando de plano la reconsideración y abrir el caso de nuevo para resolverlo definitivamente después de oír a la contribuyente en cuanto a los méritos de su contención en una vista administrativa?

De conformidad con la sección 57, supra, el Tesorero puede denegar la reconsideración ele una determinación de deficiencia, sin celebrar una vista administrativa, “cuando a su juicio lá solicitud fuere claramente infundada”. En el pre-sente caso el Tesorero dejó sin efecto su decisión rechazando de plano la petición de reconsideración y concedió y celebró una vista administrativa para oír a la contribuyente sobre los méritos do su oposición a la determinación de deficiencia. No podemos presumir que la actuación del Tesorero fuera un gesto inútil realizado con el único propósito de complacer a la contribuyente. Por el contrario, debemos presumir que el Tesorero se convenció por las razones aducidas por la contribuyente de que la solicitud de reconsideración no era ‘‘claramente .infundada” y rectificó su opinión, decidiendo no resolver la cuestión definitivamente hasta después de haber oído a la contribuyente.

No encontramos en el estatuto, ni se ha llamado nuestra atención hacia precepto legal alguno’que prohíba al Tesorero tomar conocimiento (entertain) de una moción de reconside-ración después de haberla rechazado de plano.

El efecto legal de la decisión del Tesorero de conceder a la contribuyente una vista administrativa para considerar el caso en sns méritos, fné el de quitar a su resolución anterior el carácter definitivo qne debe tener nna decisión para, que pueda apelarse de ella para ante el Tribunal de Contri-buciones. Véanse: Saurí v. Saurí, 45 F.2d 90; Citizens’ Bank v. Opperman, 249 U. S. 448, 63 L. ed, 701; González v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 901.

Arguye el Tesorero que la sección 57, supra, con-templa una sola moción de reconsideración; que la contribu-yente la radicó a tiempo; que el término para apelar empezó a correr el 1ro. de marzo de 1944, fecha en que el Tesorero denegó la -reconsideración; que la contribuyente faé negli-gente, porque en vez de apelar dentro del término legal optó por solicitar una segunda reconsideración no permitida por el estatuto; y, por último, que esa segunda reconsideración .de la resolución administrativa del Tesorero determinando fi-nalmente la contribución se rige únicamente por la sección 3 de la Ley núm. 169 de 1943 (pág. 601), la que dispone que:

“Tocias las acciones . . . que deban substanciarse ante el Tribunal de Contribuciones ■ de Puerto Rico se iniciarán . . . dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero de Puerto Rico, en cualquiera de los siguientes ca-sos: -. . . (3) liquidación o reliquidaeión del importe de la contribu-ción de ingresos, incluyendo notificaciones de deficiencias o de cual-quier otra índole; . . . Disponiéndose, que el término de treinta días . . . quedará en suspenso si durante el mismo se solicitase la reconsideración de su actuación al Tesorero de Puerto Rico y éste decidiese reconsiderarla, en cuyo caso el indicado término de treinta días ya iniciado se seguirá contando desde la fecha en que el Teso-rero notifique a la parte interesada su decisión final en el incidente sobre reconsideración; . ...”

Apoyándose en el citado artículo de la ley creadora del Tribunal de Contribuciones de Puerto Eico, sostiene el Teso-rero que cuando la contribuyente solicitó en marzo 7, 1944 la segunda reconsideración, ya habían transcurrido seis de los treinta días que para apelar ante el Tribunal de Contribucio-nes le concede la sección 57 de la Ley de Contribuciones So-bre Ingresos, supra; que la segunda moción de reconsidera-ción interrumpió el término desde el 7 de marzo hasta el 31 de marzo de 1944, fecha en que el Tesorero denegó la reconsi-deración; y que la querellante venía obligada a radicar su querella a más tardar el 24 de abril de 1944.

No tiene razón el Tesorero. La solicitud presentada en marzo 6 de 1944 (Exhibit 3, querellante) no fué una segunda moción sobre reconsideración de la determinación de deficien-cia y sí una peticióp al Tesorero para que antes de resolver definitivamente diese a la querellante una oportunidad de ser oída. Al acceder a dicha solicitud el Tesorero dejó sin efecto su decisión anterior y abrió el caso para ser considerado en sus méritos.

La contención del Tesorero en cuanto a que la cuestión aquí envuelta debe regirse por las disposiciones de la sec-ción 3 de la Ley núm. 169 de 1943, supra, no es sostenible, por las razones que pasamos a exponer.

La deficiencia de que se trata está relacionada con el pago de la contribución del Impuesto de la Victoria. El artículo 8 de la Ley núm. 29, aprobada en diciembre 7 de 1942 dispo-nía lo siguiente:

“Artículo 8. — La Ley de Contribución sobre Ingresos de 1924 será ley supletoria de la presente p'ara todo lo aquí no provisto en cuanto al procedimiento administrativo para hacer efectiva esta Ley, en' tanto en cuanto dicho procedimiento administrativo no sea incompatible con alguna disposición de esta Ley. ’ ’

El artículo que acabamos, de transcribir fué enmendado por la Ley núm. 175 de 1943 (pág. 631), aprobada con pos-terioridad a la aprobación de la Ley-núm. 169 de 1943 por la cual se creó el Tribunal, de Contribuciones. El artículo tal y como fué enmendado dice:

“Artículo 8. — La Ley de Contribución sobre Ingresos de 1924 será ley supletoria de la presente para todo lo aquí no provisto.”

Es evidente que la intención legislativa ha sido que todo lo relacionado con la imposición y cobro del Impuesto de la Victoria, no provisto en la Ley núrp. 29 de 1942, deberá re-girse por las disposiciones de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos. El estatuto aplicable para la resolución de la cues-tión planteada en este recurso es el artículo 57 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos.

Habiéndose radicado la'querella dentro de los treinta días inmediatamente siguientes a la fecha en que la resolución de-finitiva del Tesorero fue notificada a la contribuyente, es for-zoso concluir que la querella fue radicada dentro del término legal y que el Tribunal de Contribuciones tiene jurisdicción para conocer del caso.

La resolución recurrida es errónea y debe ser revocada y el caso devuelto al Tribunal de Contribuciones para ulterio-res procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Córdova

text:
    Ramona Viera, querellante y apelada, v. Corte Municipal de San Juan, P. R., Sección Segunda, hoy Sala Tercera, Hon. Francisco M. Monserrate, Juez, querellada y apelada; Juan Falú Zapzuela, interventor y apelante.
    Núm. 9265.

    Sometido: Marzo 21, 1946.

      Resuelto: Mayo 3, 1946.

      E. Orlis Reyes, abogado del interventor apelante, demandado en el . pleito principal; F. Colón Gordiany, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Cuando la demandante en un caso de desaliueio por taita de pago del canon de arrendamiento se disponía a ejecutar la sentencia que a su favor dictara la corte municipal, el deman-dado, sin notificar a la demandante, consignó en corte el im-porte de los cánones adeudados, más $15 para cubrir las cos-tas y honorarios de abogado de la demandante, y solicitó de la corte dejara sin efecto la sentencia, fundando su solicitud en el artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, se-gún enmendado, que en lo pertinente lee así;

"Artículo 628. — Cuando la demanda se funde en falta de pago del canon o precio convenido en un contrato, no se admitirá ai de-mandado otra prueba que la del recibo o cualquier otro documento en que conste haberse verificado el pago; Disponiéndose, que si el demandado, en cualquier estado del procedimiento, hiciere efectivos los cánones adeudados con las costas y honorarios de abogado que fije el tribunal, éste dictará resolución dejando sin efecto el procedi-miento o la sentencia dictada.”

lia corte municipal, sin oír a la demandante, dejó sin efecto la sentencia. La demandante solicitó la reconsideración por entender que era tardía la consignación, por no habérmele no-tificado, por montar las costas a $3.25 y haberlas estimado el demandado en $5, y porque el demandado no canceló los se-llos ele rentas internas correspondientes a su moción de .con-signación, que constituía su primera comparecencia. Se opuso el demandado, y celebrada la vista, ratificó la corte municipal su resolución anterior, concediendo permiso al de-mandado para cancelar entonces los sellos de rentas internas correspondientes a su comparecencia, atendiendo aparente-mente a la alegación del demandado de’que había acompañado los sellos originalmente, pero el secretario de la corte le ha-bía informado eran innecesarios.

Recurrió entonces la demandante a la corte de distrito en solicitud dq' certiorari, basada en los mismos fundamentos de su moción de reconsideración ante la corte municipal, y el fundamento adicional de que la corte municipal no había fi-jado el importe de las costas y honorarios de abogado que de-bía pagar el demandado, siendo éste un requisito esencial, de acuerdo con el estatuto que hemos copiado, al remedio que invocó y obtuvo el demandado. La corto de distrito anuló la actuación de la corte municipal por este último fundamento, y el demandado apela do la sentencia de la corte de distrito.

Estamos conformes con la corte de distrito en que no procede el dejar sin efecto la sentencia de desahucio, en los casos que prescribo el artículo 62o del Código de Enjuiciamiento Civil, hasta tanto no fije La corte el importe de las. costas y honorarios que debe satisfacer el demandado. En lo que no estamos conformes con la corle de distrito es en su conclusión de que la corte municipal no fijó el importe de las costas y honorarios. El demandado consignó $5 pura costas, y $10 para honorarios. .La corle municipal erró enton-ces al aceptar ocas sumas y suspender lá sentencia sin oír a la otra parte. Pero posteriormente, la otra parte tuvo plena oportunidad de sor oída, en relación con su moción de recon-sideración. No impugnó la suficiencia de ios $10 consigna-dos para honorarios. impugnó la suficiencia- ele los $5 consignados para cubrir las costas. La corle municipal, al dictar su resolución ratificando su actuación anterior, luego -de haber oído a las partes, necesariamente resolvió que la ■suma consignada para cubrir las costas y honorarios era su-ficiente. En esa forma fijó la suma que debía pagar el de-mandado por ecus conceptos, tan efectiva y claramente como si hubiese dictado una orden especial fijando las costas en $5 y los honorarios en $10.

Los otros fundamentos aducidos por-'la demandante apelada en su solicitud de certiorari ante la corte apelada tampoco son válidos. La moción del demandado consignando los cánones adeudados, las cosías y honorarios, y solicitando se dejase sin efecto la sentencia, no ruó tardía; Es cierto que la sentencia era ya firme cuando el demandado hizo su consignación, pero el artículo 020 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que el remedio que invocó el demandado "puede utilizarse ^en cualquier estado del procedimiento ”, 'y expresamente faculta a la corte para dejar sin efecto la sentencia dictada. Nos parece evidente, por lo tanto, que el remedio puede invocarse en cualquier momento antes de que m ponga punto final al procedimiento con la ejecución de la sentencia.

El error cometido por la corle municipal al aceptar la consignación hecha por el demandado, y dejar sin efecto la sentencia, sin oír a la otra parte, quedó subsanado al oírse posteriormeuie a 3a demandante, en moción de reconsideración, y dictarse una nueva orden ratificando la anterior.

Y p.or último, la ausencia de sellos de rentas iníovnfvi en la moción del demandado haciendo la consignación y solicitando se dejara sin efecto la sentencia, quedó, subsanada, aparentemente, por la cancelación de los sellos al ratificar la 'corto municipal cu or&an r.iúeiior y brindar tú demandado la oportunidad de cancelar los nolJoa. Véase Cintrón v. Yabucoa Sugar Co., 53 D.P.R. 402, y Salas v. Baquero, 47 D.P.R. 103. Decimon “aparentemente” porque no nu.'go de loo autos si se cancelaron o no los sollos de contal ruidad con la orden do la corto nrauiclpal. Tero debomoe asumir'a tie se cancelaron, ya que ni arde la corte de dis¿rito ni ante esta Corte lia sostenido la demandan to apelada lo contrario.

Por los ■fundamentos expuestos debe revocarse la senten-cia a-peludu y en su lugar dictarse otra anulando el auto de certiorari expedido por la corte apelada.


author: El Juez .sogiado Señor Cóudova

text:
    Narciso Sais, demandante y apelante, v. Enrique Gorbea Vallecillo, demandado y apelado.
    Núm. 9299.

    Sometido: Mayo 1, 1946.

      Resuelto: Mayo 3, 1946.

      Riego O. Marrero, abogado del apelante; Miranda & Miranda Es-teva, abogados del apelado.
   El Juez .sogiado Señor Cóudova

emitió la opinión del tribunal.

Vigente ya en Puerto Rico el Reglamento de Inquilinato promulgado por la Oficina de Administración de Precios al amparo de la legislación federal conocida por la Ley de Control de Precios de 1942, compró el apelante una casa que ocu-paba el apelado como vivienda a base de un contrato con el dueño anterior. Luego de requerir infructuosamente al ape-lado para que desalojara la vivienda, por necesitarla el ape-lante piara su propio uso, requerimiento que notificó a la Ofi-cina de Administración de Precios, radicó el apelante de-manda de desahucio en precario contra el apelado, alegando en esencia los hechos que ya hemos expuesto.

Pidió el apelado se desestimara la demanda, por no ale-garse en ésta que el apelante hubiese obtenido de la Oficina de Administración de Precios el eértificado que, según la le-tra del Reglamento de Inquilinato, es requisito esencial para que el comprador de una casa pueda instar acción de deshau-cio contra el inquilino del anterior dueño.

La corte inferior declaró con lugar la moción, concediendo al apelante diez días para enmendar la demanda.- Solicitó entonces el apelante se dictara sentencia, manifestando en ■ efecto que ni había obtenido- ni se proponía obtener el certi-ficado de la Oficina de Administración de Precios, por consi-derarlo innecesario, y la corte procedió a dictar la sentencia apelada, declarando sin lugar la demanda.

Los tres errores señalados por el apelante se reducen a uno, el que sostiene cometió la corte inferior al considerar que el certificado de la Oficina de Administración de Precios es requisito esencial para el desahucio del apelado. No niega el apelante que los términos expresos del Reglamento de Inquilinato prohíben el desahucio en casos de la terminación del contrato de arrendamiento de una vivienda por razón.de la venta do la propiedad, a menos que se obtenga de la Oficina de Administración de Precios un certificado que autorice tal desahucio. Lo que arguye, en sinter,ís, es que .la disposición del Reglamento de Inquilinato que exige el certificado es nula, ya que priva al apelante de sn propiedad sin el debido pro-cedimiento de ley.

Carecemos, do jurisdicción para considerar la impugna-ción del reglamento que plantea el apelante. La Ley de Control de Precios de 1942, en su sección 201 (d), expresamente confiere a la Corle de Apelaciones de Emergencia creada por la misma ley, jurisdicción exclusiva para determinar la vali-dez de cualquier reglamento, o cualquier disposición de un re-glamento, que emita el Administrador de Precios, y en tér-minos expresos niega a todas las demás cortes, federales, es-tatales y territoriales, jurisdicción para considerar la vali-dez de la reglamentación de precios y alquileres. La consti-tucionaiidad de las disposiciones de la sección 204 (d) de la ley citada lia sido sostenida por el Tribunal Supremo de Es-tados Unidos. Yakus v. United States, 321 U.S. 414, 88 L. Ed. 834; Bowles v. Willingham, 321 U.S. 503, 88 L. Ed. 892. No es ante esta Corte que debe querellarse el apelante del Se-' glamento de Inquilinato. Su querella no puede iniciarse ante ningún foro judicial que no sea la Corte de Emergeneia de Apelaciones.

Él apelante invoca los casos de Suáres v. Betancourt, 64 D.P.R. 469 y Miranda v. Jarabo, 64 D.P.R. 898. No son apli-cables. En el primero sólo resolvimos que el Beglamento de Inquilinato no es, como no pretende ser, aplicable al caso de un demandado en desálmelo cuya posesión no arranca de una relación de inquilinato con el demandante o sus causan-tes. Hicimos hincapié en que no surgía de los hechos que el .demandado fuese inquilino ni del demandante ni del dueño anterior de la finca. En el segundo, no ora necesaria la ob-tención del certificado de la Oficina de Administración de Precios porque así lo disponía el Beglamento de Inquilinato, ya que el demandante había' adquirido la. propiedad antes de la fecha de vigencia del Beglamento. Por esa razón ni se planteó ni se discutió la necesidad del certificado. Ninguno de los dos casos es en forma alguna inconsistente ni con el es-píritu ni con la letra del Beglamento de Inquilinato.

También invoca el apelante los casos de Mason v. Curro, 41 A.2d 164 y Bauer v. Neuzil, 152 P.2d 47 (Cal.). El pri-' mero no es aplicable, por haber surgido en el Distrito de Columbia, donde no rige el Reglamento de Inquilinato y sí nná ley especial del Congreso (The District of Columbia Emergency Sent Act, 1941). El de Bauer v. Neuzil sí es de es-tricta aplicación^ pero es precisamente contrario a la conten-ción del apelante.

No erró la corte inferior al declarar sin lugar la demanda de desahucio, por lo que procede confirmar la sentencia ape-lada.