author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Anglada, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso por violación.
    No. 628.
    — Resuelto en enero 14, 1914.
    Violación — Manifestaciones de la Ofendida Hechas a una Tercera Persona Inmediatamente Después del Delito — Res Gestae — Gritos de la Víc-tima.' — Cuando una mujer inmediatamente después de haber sido violada grita y dirigiéndose ' a su suegra que estaba cerca del sitio en donde se cometió el delito le manifiesta quién la ha violado, tales manifestaciones hechas en esas circunstancias no constituyen prueba de referencia, sino que por el contrario son admisibles para probar la comisión del delito.
    Id. — Errores sin Importancia — Admisión de Pruebas. — Aun en el supuesto de que no fuera admisible como prueba las manifestaciones de la ofendida-hechas a una tercera persona inmediatamente después del delito, en este caso como se probó la comisión del crimen por otra prueba adicional, el acusado no fué perjudicado por la admisión de dichas manifestaciones.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogados del apelante: Sres. Travieso e Iriarte.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La presente fué una cansa por violación. La cuestión principal suscitada ante este tribunal fué sobre la admisión como prueba de ciertas manifestaciones Rectas por la per-judicada Isolina Rodríguez a su suegra Andrea González in-mediatamente después de ocurrido el becto de la supuesta violación.

Declaró primero Isolina Rodríguez quien refirió que ella y su marido iban a pasar temporadas a casa de su madre Andrea González; que en la mañana del 25 de junio, 1912, salió de la casa de su suegra con el objeto de lavar algunas ropas en una quebrada que estaba a corta distancia de la casa. Mientras se encontraba allí lavando, como ta declarado, la cogió y tiró tacia atrás José Anglada que estaba armado con un cuchillo, quien después de tumbarla al suelo realizó el acto criminal que ta dado origen a esta acusación. Hizo referencia a cierta lucha que tuvo con el acusado y en la que éste le des-barató el traje, no pudiendo ofrecer verdadera resistencia ni gritar porque la amenazó con matarla y además porque por-taba un cuchillo. Al verse ultrajada de tal modo perdió el sentido y cuando volvió en sí ya se había marchado Anglada. Ella entonces se levantó gritando y al oir sus gritos vino su suegra hacia ella.

Carlas Morales dijo que estaba lavando ropas en la que-brada más abajo de donde se.hallaba Isolina también lavando. Que no vió a Isolina porque la declarante quedaba en un hoyo y la quebrada hace curvas, pero cuando iba para su casa oyó gritos y vió que José Anglada llegaba a la casa de sn tío León Anglada y oyó la voz de Isolina Rodríguez que decía: ‘ ‘ ¡ Ay, Andreita! ¡Ay, Andreita!” en un tono duro, como unk persona pidiendo socorro y vió a la suegra que la venía a alcanzar. Andrea González fué llamada entonces declarando en sustan-cia que era la suegra de Isolina Rodríguez; que vió salir a lavar a Isolina el día del supuesto delito, pero que no estuvo mucho tiempo, porque entre nueve y diez la llamó dando gritos; que ésta última gritaba desde el otro lado del monte “¡Ay, Andreita! ¡Ay, Andreita!”; que corrió hacia Iso-lina que venía muy de prisa con sus ropas recogidas llorando y gritando, diciendo que José Anglada había llegado a la que-brada donde ella estaba con un cuchillo para que ella se rin-diera a él, no habiendo referido nada más Isolina.

En los autos aparece una exposición del caso y también un pliego de excepciones por separado.

El pliego de excepciones expresa que en momentos en que declaraba la testigo Andrea Q-onzález, el Fiscal le preguntó qué le había dicho Isolina Rodríguez cuando llegó llorando y gritando a la casa, oponiéndose la defensa a que la testigo contestara a dicha pregunta, fundándose en que las manifes-taciones hechas por la parte perjudicada a una tercera persona poco tiempo después de realizado el acto que se consi-dera como delictivo son de referencia y no pueden tomarse en consideración en el juicio. El Fiscal alegó que las manifes-taciones hechas por Isolina Rodríguez a Andrea González eran parte del res gestae, y la corte resolvió que tales mani-festaciones eran admisibles como prueba, toda vez que for-maban parte del res gestae por haber sido hechas inmediata-mente después del supuesto delito y cuando todavía duraba la impresión moral del suceso.

. Entonces la testigo repitió las manifestaciones de Isolina a que ya hemos hecho referencia, tomando excepción la de-fensa a la resolución de la corte.

Emilia Alvarez sintió gritando a Isolina Rodríguez y fué corriendo hacia ella y vió a José Anglada que iba apresura-damente para la casa de su tío. Oyó el grito de “¡Ay, An-dreita ! ¡ Ay, Andreita! ’ ’

Ramón Rivera, cuñado de Isolina Rodríguez declaró que vió a José Anglada al día siguiente de haber sido excarcelado bajo fianza, diciendo éste último qne deseaba encontrarse con el marido de Isolina Rodríguez para que le pagara la noche que había pasado en la cárcel; que había hecho con Isolina lo que quiso, y que no sabía cómo lo habían denunciado siendo a gusto de ambos al acto realizado.

Por algún motivo que no aparece claramente expresado en los autos compareció José Anglada ante el Juez Municipal Betancourt, quien juró que todo el día en que se alega que se cometió el delito estuvo el acusado trabajando en la Compa-ñía Plata Agricultural como capataz, habiendo declarado el juez municipal en cuanto a este extremo.

Enrique Roselló declaró que era listero de la Compañía Plata Agricultural y llevaba una lista de los peones y capa-taces que trabajan allí, y que en las listas del 25 de junio no aparece el nombre de José Anglada, ni como capataz ni como peón.

La defensa no introdujo prueba alguna.

Se verá que no se formuló objeción de ninguna clase a la declaración de Andrea González en lo que respecta a los gri-tos de Isolina Rodríguez, o sean los de “¡Ay, Andreita! ¡Ay, Andreita!”; cuyo proceder fué correcto, pues creemos que es una cuestión que ha quedado bien determinada en todos los Estados Unidos, que era cosa natural que una mujer gritara de tal modo inmediatamente después de ser acometida, cuyos gritos eran propiamente admisibles como una queja. Según la ley común antigua, la mujer estaba en la obligación de gri-tar después que había sido ultrajada de tal manera. Véase "Wigmore, párrafo 1760.

Creemos que las frases relatadas por Isolina Rodríguez a su suegra se relacionan de modo tan íntimo con el suceso que en realidad son enteramente admisibles como parte de los mismos clamores de la perjudicada, por ser tan íntima la reía-ción causal de las palabras pronunciadas poco tiempo des-pués del supuesto delito. En muclios Estados son perfecta-mente admisibles esta clase de manifestaciones como parte-del res gestae. State v. Imlay, 61 Pac., 557; Castillo v. The State, 31 Tex. Cr. Rep., 145; People v. Gage, 62 Mich., 271;, State v. Peter, 14 La. Ann., 521; Snowden v. U. S., 2 App., D. C., 89; State v. Horan, 32 Minn., 396, 50 A. R., 584, y otros casos que en los mismos se citan. Mayor liberalidad en la aplicación de la regla sobre res gestae se observa en los casos de Ins. Co. v. Mosley, 8 Wall, 399; MeMurrin v. Rigby, 80 Iowa, 326, 45 N. W., 878.

La liberalidad de la Corte Suprema de los Estados Unidos no se observa en California, ni Massachusetts u otros Estados. Commonwealth v. Trefethen, 157 Mass., 189; People v. Ah Lee, 60 Cal., 85; People v. Dewey, 2 Idaho, 83, y casos citados, en estas decisiones y los de Iowa, Missouri y otros Estados, que adoptan las mismas. .Sin embargo, no hemos podido en-contrar en las investigaciones que hemos hecho, un caso en que no hayan sido admitidas como prueba las manifestaciones hechas por la perjudicada tan poco tiempo después de la comi-sión del delito.

El tratadista Wharton en su obra sobre Evidencia Criminal, párrafo 273, indica que la mejor regla en cuestiones ordi-narias de res gestae consiste en no admitir como prueba las. declaraciones hechas después de consumado el hecho, mas. hace referencia a las excepciones que hay en casos de viola-ción, y expresa que la excepción debe limitarse a tales casos. 'Continúa indicando en el párrafo 262, y siguientes, que res gestae son hechos que prácticamente hablan por sí mismos,, e indudablemente que en este caso las exclamaciones espon-táneas y palabras de Isolina Rodríguez hablaron por sí solas.

El Sr. Wigmore en su obra sobre Evidencia determina en el! párrafo 1139, que una de las excepciones a la regla respecto, a declaraciones de referencia es la que permite como decla-raciones de referencia las manifestaciones espontáneas de-una persona que ha sufrido una excitación repentina por un acontecimiento extrínsico, y dice en el párrafo 1747 que: “El principio general está basado en la experiencia de qne bajo-ciertas circunstancias externas de conmoción física puede pro-ducirse una fuerte excitación nerviosa que paralice las facul-tades reflexivas y se pierda el dominio de las mismas de ma-nera tal que lo que entonces se diga no sea sino la contestación espontánea y fiel de las sensaciones y percepciones- que ver-daderamente lia producido la conmoción externa” y que “Como estas expresiones obedecen directamente a la acción de los sentidos que no puede ser dominada, y se verifican en tan corto tiempo que no puede haber lugar a reflexionar sobre consideraciones de interés propio, en tales circunstancias debe-rán admitirse las manifestaciones como especialmente fide-dignas * * *; ” y hace citas dicho tratadista de las deci-siones de varias cortes.

La siguiente cita del Juez Presidente Bleekly en el caso de Travelers’ Ins. Co. v. Shepard, 85 Ga., 751, 776, 12 S. E., 18, es especialmente de aplicación, a saber:

“La volnutad del que habla no habrá de tener oportunidad razona-ble para arreglar o modificar las palabras. Dicha voluntad ha de convertirse y permanecer inactiva por lo menos en lo que respecta a la deliberación para arreglar el lenguaje o elegir las palabras. Por otra parte sus palabras además de ser pronunciadas en el momento del suceso debe serlo on el mismo lugar en que ocurre. La persona ha de estar en la escena del accidente, cerca de ella o en alguna parte esencial de la misma. Sus manifestaciones serán la expresión de la naturaleza humana, del gemís homo, más bien que del individuo. Solamente un juramento puede asegurar la veracidad individual. Pero el impulso espontáneo podrá ser una sanción suficiente de la expresión del hombre en tales circunstancias; del hombre a diferencia de este o aquel hombre en particular. Es cierto que la expresión verbal en cada caso es la de una persona individual. Pero si el estado' de su mente es tal que de momento su individualidad queda en silencio' y se pierde, convirtiendo su voz en la de la humanidad más bien que la suya, la ley considera en cierto modo fidedignas sus expresiones. ’ ’

Se verá también siguiendo los razonamientos de Wigmore^ en cuanto a violación, en los párrafos 1760 y siguientes, que-este correcto e ilustrado autor era partidario de la liberali-dad en casos de violación cuando las manifestaciones que se hacen están íntimamente relacionadas con el suceso mismo, a lo que llama el autor la aplicación característica del principio sobre exclamaciones espontáneas.

El casó del Pueblo v. Maldonado, 17 D. P. B., 23, no es de. aplicación. En dicho caso todas las quejas se hicieron mucho tiempo después de ocurrido el accidente. La misma corte trató de eliminar las palabras, lo que hizo imperfecta-mente.

No tenemos duda alguna con respecto a la admisión de las manifestaciones hechas por Isolina en vista de las circunstan-cias del caso. Además aun en caso de duda, no creemos que el acusado sufrió un verdadero perjuicio por el hecho de que fueran admitidas. Lo que realmente le afectaba, si algo le efecto, fue el grito espontáneo de Isolina Bodríguez de “¡Ay, Andreita! ¡Ay, Andreita!”, contra el cual no se for-muló objeción. • No fueron necesarias las manifestaciones de Isolina Bodríguez para relacionar al acusado con el delito. Se le. vió muy cerca de la escena del suceso de cuyo sitio se mar-chó. El acusado admitió el hecho del contacto carnal. Trat5 de establecer la defensa de coartada que resultó ser falsa. Varios testigos oyeron el grito de “¡Ay, Andreita! ¡Ay, Andreita!”, además de la suegra, y en tales condiciones en-tendemos que son de aplicación las disposiciones de la ley de mayo 30, 1904, al disponer que no se revocará la sentencia a no ser que el error que aparezca de los autos haya tenido por objeto perjudicar los derechos de alguna de las partes y que se formuló debidamente excepción, en la corte inferior. No somos de parecer de que por el hecho de admitirse la prueba contra la cual se formuló objeción se hubiera perjudi-cado al acusado, sobre todo habiéndose introducido prueba de otra procedencia para probar la comisión del delito.

Se hicieron otros do's señalamientos de error. En cuanto a uno de éstos, no existe nada en la exposición del caso que justifique su revisión. El otro hace referencia a que la prueba era insuficiente para declarar culpable al acusado, el cual fue suficientemente discutido al considerar la excepción.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: ■ Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Leguillou, Demandante y Apelado, v. Delgado, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un caso sobre cobro de cantidad de dinero.
    No. 1029.
    — Resuelto en enero 14, 1914.
    Prueba Testifical — Errores de Pecha Cometidos por los Testigos. — En este caso los errores de fecha en que hayan podido incurrir los testigos de la parte demandante al relatar los hechos a que se refieren en sus declaraciones no influyen para nada en la esencia de la obligación, cuyo cumplimiento se reclama en fia demanda.
    Prueba Contradictoria — Apreciación por el Tribunal Sentenciador. — El tribunal sentenciador posee facilidades para apreciar la prueba y determinar la credibilidad de los testigos, que no posee este tribunal de apelación dentro de la naturaleza de los procedimientos judiciales, y en caso de éxistir prueba contradictorio, a la corte inferior y nó a ésta incumbe dirimir el conflicto.
    Los Pechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Francisco González.

    Abogados del apelado: Sres. Aponte y Aponte.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En el año 1911 presentó demanda jurada ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao, Ildefonso Le-guillou contra Andrea Delgado, en reclamación del pago de $949.92, con intereses legales de dicha cantidad, costas y hono-rarios de abogado.

Fúndase la demanda en 'que el demandante había facili-tado a la demandada con carácter devolutivo, tres partidas de dinero, una de $100 para pagar unos escombros en la calle de San Juan, de Viequez, otra de $400 para gastos del de-rrumbe y edificación de una nueva casa, y la tercera de $449.92 para compra de zinc, maderas y otros efectos, cuya partidas representaban la suma reclamada, las que la demandada se obligó a devolver dentro de unos meses después de fabricada la nueva casa, sin que aun la hubiera verificado a pesar de los requerimientos hechos a ese fin y de haber transcurrido más de tres años desde entonces hasta1 la fecha de la demanda.

La demandada Andrea Delgado niega haber recibido del demandante las tres partidas de dinero a que se refiere la demanda y que por concepto alguno deba al demandante la suma reclamada; por todo lo cual pide se declare sin lugar la demanda, con las costas al demandante.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia en 17 de marzo del año de 1913 por la que condena a Andrea Delgado a que pague a Ildefonso Leguillou la cantidad de $780 más los inte-reses legales desde la interposición de la demanda, sin especial condena de costas. Contra esa sentencia interpuso la de-mandada recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte demandada para sostener el recurso, cinco motivos que pueden reducirse a uno, o sea error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas practicadas en el juicio con infracción de los artículos 13,18, 21 y 38 de la Ley de Evidencia.

Examinemos la evidencia aportada al juicio por ambas partes.

Pruebas de la demandante:

Declara Ildefonso Leguillou, demandante, que primera-mente Andrea Delgado le pidió $100 que no quiso darle, y que después le facilitó por insistencia de un hijo de aquél, con cuyo dinero compró una casa en mal estado, y como después lo ocupara por $200 más para componerla, él le dijo que co-giera la madera en casa de Eamón Simó, a quien libro orden para que se la despachara con los utensilios necesarios para la fabricación de la casa, habiendo pagado al Simó $280.37, y $159.65 a Francisco Pesquera, y $400 a los maestros carpin-teros Andrés Lemoned y Marcelino Ramírez, que fueron los que se encargaron de la construcción de la casa, sin que.la Andrea Delgado le haya devuelto las referidas cantidades, de las cuales hizo entrega por los años de 1908 ó 1909, no recordando meses. Agrega Leguillou que presentó una de-manda de desahucio en la Corte Municipal de Vieques contra Andrea Delgado, en la cual alegó que la casa era suya y que Andrea Delgado- le debía 10 meses de alquiler que no le había pagado, pero que eso no era verdad, sino que la casa pertenece a Andrea Delgado y ésta le debe la cantidad que reclama, por habérsela facilitado y no habérsele pagado, habiendo sido declarada sin lugar la demanda de desahucio.

Saturnino Leguillou depone, que Andrea Delgado le dijo que influyera con stt padre para que le prestara $100, con el fin de comprar una casa en el pueblo de Vieques, casi en es-tado de ruina, habiendo conseguido que su padre facilitara a la Delgado dicha cantidad, lo que ocurrió por los años de 1908 a 1909 y que en la reconstrucción de la casa se gastaron más o menos unos $800 que Andrea Delgado no ha satisfecho, contestando a las reclamaciones de pago que no tenía con que pagar y que la finca respondía.

Ramón Simó dice que por el año de 1909 Ildefonso Legui-llou le ordenó entregara madera a Andrea Delgado para la construcción de una casa y en virtud de esa orden satisfizo los pedidos de maderas que le hizo la Delgado con cargo a Leguillou, quien le pagó por esas maderas $280 y centavos.

Andrés Lemoned afirma que por cuenta de Ildefonso Le-guillou hizo trabajos con otro carpintero, en una casa situada en el pueblo de Vieques, cuya casa ocupa Andrea Delgado, y que Leguillou le pagó por conducto de ella unos $400 más o menos, lo cual ocurrió dos años o dos años y medio antes del mes de febrero de 1913 en que declaró el testigo.

La prueba de la demandada consistió en la copia de la de-manda de desahucio que contra ella entabló Ildefonso Legui-llou, en 10 documentos suscritos por el maestro carpintero Marcelino Ramírez en los meses de enero, febrero y marzo de 1906 y en la declaración de la misma demandada Andrea Delgado.

La demanda muestra que ella fué presentada ante la Corte Municipal de Yieques con fecha 17 de abril de 1911 por Legui-llou- contra Andrea Delgado, para obtener el desalojo de la casa sita en la calle de San Juan, de Vieques, de que Leguillou se dice dueño, por título de fabricación, la que dió en arrenda-miento a la Delgado por canon de $10 mensuales, habiendo dejado la Delgado de satisfacer ese canon por espacio de 10 meses.

Los 10 documentos suscritos por Marcelino Ramírez tien-den a probar entregas de dinero hechas por Andrea Delgado al Ramírez, o pedidos de dinero hechos por el Ramírez a la Delgado. La mayor parte de dichos documentos son expresi-vos de trabajos que hacía Ramírez a la Delgado en la construc-ción de una casa de su propiedad, y todos ellos representan un valor total de $59.87.

Andrea Delgado declara que es dueña de la casa situada en la calle de San Juan, de Yieques, que compró al Sr. De-lerme e hizo reconstruir en el año de 1906 con recursos pro-pios, si bien el demandante Ildefonso- Leguillou le dió orden para Ramón Simó, con el fin de que éste le facilitara las ma-deras cuyo importe de $184 ella misma pagó a Simó, siendo ella también la que pagó los $100 que le costó la casa com-prada a Delerme, habiendo tomado además maderas en una tienda de Vieques que no puede precisar, e ignora qué dinero ha invertido en la construcción de la casa porque no llevaba cuenta de ello y que Lemoned no trabajó nunca en la casa, y sí Marcelino Ramírez que fué quien hizo el trabajo en el año de 1906.

Para impugnar la veracidad de los testigos de la parte actora, presentó Andrea Delgado copia de una escritura otor-gada en 12 de enero de 1906, justificativa de haber comprado en ese año una casa situada en la calle de San Juan, de Yieqnes.

En mérito de las pruebas aportadas al juicio por ambas partes, la corte inferior llegó a las conclusiones de hecho de que en 12 de enero de .1906 la demandada compró por precio de $100 a A. M. Delerme, una casa sita en la calle de San Juan, de Vieques; que para la compra, reconstrucción y mano de obra de la dicha casa, le fueron facilitadas a lá misma por el demandante, Ildefonso Leguillou, las siguientes partidas de dinero, a saber: $100 para la compra de la casa, $280 para la compra de materiales, y $400 para la mano de obra, parti-das que hacen un total de $780, que la demandada no ha satis-fecho al demandante.

Esas conclusiones se sostienen por el resultado de las pruebas practicadas en el juicio, pues éstas, ciertamente'con-vencen de que Ildefonso Leguillou facilitó a Andrea Delgado, con carácter devolutivo, las partidas de $100 en que compró la casa, de $280 más, importe de las maderas, con cargo al demandante, que entregó Ramón Simó a la demandada, y de $400 satisfechos por Leguillou al maestro carpintero Andrés Lemoned, por los trabajos de reconstrucción, partidas que dan el total de $780, a cuyo pago viene condenada la demandada.

No importa que los testigos de la .parte actora hayan po-dido incurrir en error de fecha al relatar los hechos a que se refieren en sus declaraciones, pues ese error no afecta la esencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama a'la demandada. Esa obligación subsiste, tuvieran lugar los he-chos que la originaron en el año de 1906, o en el de 1908 ó 1909.

La circunstancia de que Ildefonso Leguillou alegara en demanda de desahucio interpuesta contra Andrea Delgado, ser dueño de la casa de que se trata, y afirmara en el juicio, en contradicción con lo aseverado en el presente, que dicha casa pertenece a Andrea Delgado, debiéndole ésta su valor, no es motivo para que se tache de falsa su declaración, máxime, cuando las alegaciones esenciales de la demanda aparecen co-rroboradas por los testigos Saturnino Leguillou, Ramón Simq y Andrés Lemoned, y aún en parte por la misma demandada al admitir que Simó le facilitó las maderas a virtud de orden del demandante Leguillou.

Hemos resuelto con frecuencia que el tribunal inferior posee facilidades para apreciar la prueba y determinar la credibilidad de los testigos, que no posee este tribunal de ape-lación, dentro de la naturaleza de los procedimientos judicia-les, y que en caso de existir prueba contradictoria, a la corte inferior, y no a ésta, incumbe dirimir el conflicto. Las conclu-siones de la Corte de Distrito de Humacao se sostienen apre-ciando en conjunto las pruebas suministradas, y lejos de haber sida infringidas las regias de evidencia que en su favor invoca la parte recurrente, encontramos que han tenido correcta aplicación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PkesideNte Se. HebNÁNdez,

text:
    Figueroa, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 160.
    — Resuelto en enero 14, 1914.
    Linderos de un Inmueble — Descripción de los Mismos Hecha Solamente por el Adcjuirente — Defecto Subsanable. — El artículo 9 de la ley hipotecaria en relación con el artículo 63 del reglamento para la ejecución de dicha ley exige que en la inscripción de todo inmueble se expresen los linderos de la finca por los cuatro puntos cardinales, y no basta que el adquirente por sí solo haga dicha descripción, sino que debe hacerla la persona de la que derive su derecho, para que así quede justificado que el derecho adquirido es el mismo trasmitido, y tal omisión constituye un defecto subsanable.
    Contrato de Transacción — Causa—Determinación del Precio. — El contrato de transacción no exige por su naturaleza jurídica determinación o cuantía de precio, pues la causa del contrato está bien definida por el solo hecho de la transacción, y la compensación mutua está comprendida en las diversas estipulaciones convenidas en la transacción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Francisco Parra.

    El Eegistrador, Sr. José S. Belaval, no compareció.
   El Juez PkesideNte Se. HebNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura No. 185 otorgada por José Ramón Figueroa y Lebrón y José Víctor Figueroa y Reyes en 30 de sep-tiembre de 1904, ante el notario ele Ponce, Don M. Alberto Salicrup, celebraron ambos contrato de transacción para zan-jar diferencias y reclamaciones que entre ambos habían sur-gido con motivo de las operaciones divisorias del caudal re-licto por la difunta Carmen Reyes, esposa que fué del primero y madre del segundo, como también para poner término a la demanda judicial interpuesta por Figueroa Lebrón contra Figueroá Reyes sobre desahucio de varias fincas y cobro de cánones de arrendamiento, figurando entre las condiciones que para la transacción se impusieron ambas partes una con-signada en la cláusula 3a. de dicha escritura que copiada a la letra dice así:

“En el mismo concepto de transacción Don José Víctor Figueroa acepta las operaciones testamentarias que extrajudicialmente han auto-rizado su padre y sus hermanos coherederos, de los bienes relictos por Doña Carmen Reyes; y cede y renuncia a favor de su hermana Doña Rosa Figueroa y Reyes la nuda propiedad que le compete y le fué adjudicada en dicha testamentaría sobre la finca denominada ‘El Reloj’ que radica en el poblado de Santurce, término municipal de la Capital de esta Isla.”

Por otra escritura posterior de 10 de septiembre del año último, otorgada en Ponce ante el Notario Don Francisco Pa-rra Capó bajo el No. 73, Rosa Figueroa y Reyes asistida de su esposo Luis de la Cruz y Santiago aceptó la cesión que en la escritura anterior le 'hiciera José Víctor Figueroa Reyes de la participación que le correspondía en la finca denominada “El Beloj,” inscrita a favor del cedente en el registro de la propiedad, siendo dicha adquisición de carácter parafernal por cnanto en la fecha de la transacción Bosa Figueroa y Beyes era de estado soltera.

Presentadas al Begistro de la Propiedad de San Juan, Sec-ción Ia., copias do las dos escrituras de transacción y acep-tación de que se deja hecho mérito, para la inscripción a favor de Bosa Figueroa Beyes de la-participación de dominio adqui-rida de José Víctor Figueroa Beyes sobre la finca denominada “El Beloj,” el registrador accedió a dicha inscripción en los términos consignados en la siguiente nota:

‘ ‘ En cuanto a una participación de la finca ‘ El Reloj ’ queda ins-crito- el precedente documento, con vista de una escritura de acep-tación otorgada el 10 de septiembre último ante el notario de Ponce, Don Francisco Parra Capó, al folio 100, tomo 12 de Santurce Sur. finca número 1824, quintuplicado, inscripción 16°., con los defectos subsanables de no describirse la finca en esta escritura de transac-ción, y si bien se hace en la de aceptación, en la misma no interviene el transmitente Don José Víctor Figueroa, y de resultar vaguedad y confusión en la cláusula tercera de esta escritura de transacción por no aparecer claramente expresado si lia' intervenido o nó precio alguno por la cesión y renuncia y cuál sea, si éste va incluido en la compensación dada por Don José Ramón Figueroa y por qué causa. San Juan, Puerto Rico, octubre Io. de 1913. El Registrador, José S. Belaval.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por Bosa Figueroa y Beyes en la parte relativa a los defectos subsanables en ella apuntados, y tal es el recurso sometido a nuestra consideración y decisión.

Besulta de certificación expedida por el registrador recu-rrido en cumplimiento de orden de esta Corte Suprema para el mejor conocimiento del caso, que una finca denominada “El Beloj,” radicada en el barrio de Santurce de esta ciudad, con superficie total de 37 hectáreas, 92 áreas y 27 centiáreas y 81 céntimos cuadrados, o sean 96 cuerdas, 2,732 varas cua-dradas, con casa frente a la Carretera Central con 19 metros 26 centímetros ele frente por 12 metros y 20 centímetros de fondo, aparece inscrita en diclio registro con los linderos al norte, sur, este y oeste, qne se expresan en la inscripción Ia. de dicha finca número 1824 cuadruplicado.

Certifica también el mismo registrador, que del terreno con casa denominada “El Reloj” sito en el barrio de Santurce de esta ciudad, cuya inscripción consta de la inscripción Ia. igual en parte a la que se hace en uno de los documentos que le fueron presentados y en el cual se omiten los colindantes por el sur, este, y oeste, valorado en $14,000, al practicarse en 20 de junio de 1904 la división del caudal relicto por Doña Carmen Reyes y Arroyo, en esa divisoria fue adjudicada una participación en nuda propiedad sobre dicha finca por la suma de $1,199.66 a cada uno de los herederos nombrados Angel, Casimiro, José Víctor y Rosa Figueroa y Reyes, reservándose el usufructo legal de dicha finca al viudo Sr. Figueroa y Le-brón. La inscripción de esas participaciones fué inscrita en el registro de la propiedad con el defecto subsanable de omi-tirse en la escritura de partición los linderos sur, este y oeste de la expresada finca y no consta que ta.1 defecto haya sido subsanado.

No cabe alegar que dicho defecto haya sido subsanado en la escritura de aceptación de 13 de septiembre de 1913, pues si bien en ella se expresan las eolindancias de la finca denomi-nada “El Reloj” por la parte norte, atribuyéndole la misma cabida que en su primera inscripción, 'se omiten las colindan-cias por el sur, este y oeste que como defecto subsanable se consignó al verificarse en el registro la inscripción de la parti-cipación de condominio en dicha finca a favor de José Víctor Figueroa Reyes y otros hermanos. Ese defecto, mientras no se subsane, tiene que afectar a las inscripciones sucesivas con-cernientes a la misma finca.

Tanto por la razón apuntada, o sea por no haberse des-crito en la escritura de transacción de 30 de septiembre de 1904 la finca denominada “El Reloj” en la que había adqui-rido José Víctor Figueroa una participación proindivisa por título hereditario, cuanto por no haberse subsanado tal defecto en la escritura de aceptación de cesión de 10 de septiembre del año próximo pasado con intervención del transmitente o cedente José Víctor Figueroa, la nota recurrida se ajusta a derecho en cuanto al primer defecto subsanable en ella con-signado.

El artículo 9 de la Ley Hipotecaria previene que en toda .inscripción se expresen los linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que deba ins-cribirse, y el artículo 63 del reglamento para la ejecución de la misma ordena, que los linderos se determinen por los cuatro puntos cardinales.

La descripción de linderos que haga una de las partes inte-resadas en el contrato, sin intervención de la otra, no puede obligar a ésta. No basta, como pretende el recurrente, que el aclquirente por sí solo haga dicha descripción, sino que debe hacerla la persona de la que derive su derecho, para que así quede justificado, que el derecho adquirido es el mismo tras-mitido.

En cuanto al segundo defecto apuntado como subsanable, de resultar vaguedad y confusión en la cláusula tercera ya transcrita de la escritura de transacción, examinada dicha cláusula en relación con las demás que contiene la escritura, encontramos que los otorgantes de ella, para evitar un pleito con motivo de las operaciones divisorias del caudal relicto por Carmen Reyes y para poner término a otro pleito sobre desahucio promovido por Figueroa Lebrón contra Figueroa Reyes, vinieron ambos a un arreglo amistoso mediante ciertas condiciones que mutuamente se impusieron, entre las cuales figura la de ceder José Víctor Figueroa y Reyes a su hermana de los mismos apellidos una participación de condominio en las operaciones divisorias de Carmen Reyes, madre de ambos, que fué adjudicada al primero en la finca “El Reloj.” El contrato llena todos los elementos que lo constituyen con arre-glo al artículo 1171 de nuestro Código Civil. La causa del contrato está bien definida por el solo hecho de la transacción y la compensación mutua está comprendida en las diversas estipulaciones convenidas en la transacción. Una de esas estipulaciones fue la de la cláusula tercera. El contrato de transacción no exige por su naturaleza jurídica determina-ción o cuantía de precio, ni tampoco la exigía la cesión de Víctor Figueroa Reyes a favor de su hermana, parte inte-grante de dicha transacción, y no enajenación independiente de la misma.

No existe pues, el segundo defecto subsanable a que se refiere la nota recurrida.

Es de confirmarse la nota del Registrador ele la Propiedad de San Juan, Sección Ia., en cuanto al primer defecto subsa-nable en ella consignado, y revocarse en cuanto al segundo por falta de existencia del mismo.

Confirmada la nota en cuanto al primer defecto subsanable y recocada en cuanto al segundo.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sk. Audrey

text:
    La Plata Tobacco Company, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la ' Propiedad de Caguas.
    No. 164.
    — Resuelto en enero 15, 1914.
    Bienes Gananciales — Adquisición por Rescisión sin Constar en el Registro la Pecha de la Entrega del Precio. — Tiene la presunción de ganancial la finca que una persona casada adquiere por la rescisión de un contrato de venta que otorgó siendo viuda, cuando del registro no consta que el precio de la rescisión fué entregado antes de contraer el segundo matrimonio.
    Documentos Presentados al Registro — Obligación del Registrador de Con-sultar Otros Documentos que Consten Archivados en el Registro. — El registrador sólo está obligado a examinar los documentos que se le presenten para su inscripción y los que se acompañen, asi como lo que resulte de los libros del registro en relación con la finca a que se refiere la inscripción que se solicita, pero no está obligado a consultar otros documentos archivados en dicho registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador substituto, Sr. Rafael Arce, compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sk. Audrey

emitió la opinión del tribunal.

En la escritura de partición de los bienes relictos por Doña Josefa Polo Jiménez le fué adjudicada a su viudo Don Ignacio Berrios Carrasquillo, en pago parcial de su haber here-ditario, la tercera parte indivisa de cierta finca que se ins-cribió a su nombre en el registro de la propiedad. Posterior-mente, por la escritura pública de 17 de abril de 1911, siendo aún viudo, la vendió a Don Antonio E. Grillo y Santiago por precio que confesó recibido, documento que también fué ins-crito en el registro. Por otra escritura de 19 de diciembre de 1912 dicho Señor Grillo y su esposa y Don Ignacio Berrios Carrasquillo, de estado casado, rescindieron la venta antes referida, mediante devolución del importe de la misma, el que confesaron recibido los consortes Grillo-Alvarez, sin que conste de la inscripción la fecha de la devolución del dinero.

Después de esos actos, Don Ignacio Berríps Carrasquillo vendió a “La Plata Tobacco Company” dicho condominio por escritura de 13 de noviembre de 1913, cuya inscripción negó el registrador por medio de la siguiente nota que motiva el presente recurso:

“Denegada la inscripción del precedente documento, porque resul-tando del registro que el vendedor Don Ignacio Berrios Carrasquillo ad-quirió la participación de la finca que enajena siendo casado con Doña Manuela Carambot y Torrens, tal condominio debe reputarse como per-teneciente a la sociedad de gananciales, de acuerdo con el artículo 1322 del Código Civil vigente, y no obstante ello se verifica la venta a que se refiere dicho documento, sin el consentimiento expreso de dicha Sra. Carambot, lo que implica nulidad del contrato, según el artículo 1328 del mismo cuerpo legal; y si bien se acompaña una certificación com-prensiva de un affidavit que juró y suscribió Antonio Grillo, con fecha 17 de abril de 1911, dejando sin efecto una venta, este documento es ambiguo e insuficiente para acreditar que la ameritada participación forma parte de los- bienes privativos del vendedor Sr. Berrios Carras-quillo ; extendiéndose en su lugar anotación preventiva por el término legal de 120 días, a favor de la corporación adquirente, al folio 61 vuelto del tomo 36 de esta ciudad, finca número 1161 sextuplicado, anotación letra F. Caguas, P. R., 21 de noviembre de 1913. Rafael Arce, registrador sustituto.”

En unión de esa escritura se presentó al registrador una certificación que dice así:

“Yo, Enrique Hernández, Juez de la Corte de Paz de Caguas. P. R. Certifico: que en el libro 2o. de affidavits a mi cargo, aparece uno que copiado literalmente dice así: ‘No. 633. Jurado y suscrito ante mí por Don Antonio E. Grillo, y su señora esposa Doña Isabel Alvarez Arias, mayores de edad, propietarios y de esta vecindad a quienes conozco personalmente. Se refiere a dejar sin efecto compraventa de terreno situado en el barrio de Bairoa de este término, cuya venta había sido hecha a Don Ignacio Berrios Carrasquillo, consistente en una tercera parte indivisa de dos fincas dé 123 cuerdas una, y la otra de 15 cuer-das; recibiendo el Sr. Grillo la suma de $1,595 por dicha rescisión. Caguas a 17 de abril de 1911. Firmado, José Molina, juez de paz. Hay un sello que dice: Juzgado de Paz de Caguas, P. R.’ Y a soli-citud del Ledo. Sr. Andrés Mena Latorre libro y firmo la presente en Caguas a 19 de noviembre de 1913. Enrique Hernández, Juez de Paz de Cagüas, P. R. Hay tres sellos de rentas internas cancelados. Rela-cionado el precedente documento, en la anotación letra P, de la finca número 1161 sextuplicado, obrante al folio 61 vuelto del tomo 36 de esta ciudad. Caguas, 21 de noviembre de 1913. Rafael Arce, regis-trador sustituto.”

Otorgada la escritura de rescisión en 13 de noviembre de 1912 cuando ya estaba casado otra vez Don Ignacio Berrios Carrasquillo e inscrita sin bacer constar la fecha en que el dinero fue devuelto a los consortes G-rillo-Alvarez, esa adqui-sición tiene la presunción de ser bien ganancial, por lo que la cuestión a resolver es si la declaración jurada antes rela-cionada es suficiente, para que destruida tal presunción pueda enajenar la ñnca el Señor Berrios sin necesidad del consen-timiento de su segunda esposa, y también si al calificar el docu-mento cuya inscripción negó el registrador, debió éste consul-tar y tomar en consideración los documentos archivados en su oficina para con ellos poder conocer que el dinero devuelto a los esposos Grillo-Alvarez por la escritura de rescisión les fué entregado por el Señor Berrios en 17 de abril de 1911, cuando todavía se hallaba en estado de viudez.

Respecto al primero de esos particulares, estamos con-formes con el registrador recurrido en que la declaración jurada (affidavit) es ambigua e insuficiente para acreditar que el condominio vendido por el Señor Berrios es un bien privativo suyo, toda vez que si bien el juez de paz certifica que según el registro de affidavits que tiene a su cargo, Don Antonio E. Grillo y su esposa Doña Isabel Alvarez Arias juraron en 17 de abril de 1911 haber recibido 1,595 dólares por dejar sin efecto la venta que les había hecho Don Ignacio Berrios Carrasquillo de una tercera parte indivisa de dos fincas de 123 y de 15 cuerdas en el barrio de Bairoa de Caguas, tales constancias no son por sí solas bastantes para poder afirmar que se refieren a la finca de 123 cuerdas cuya inscrip-ción ha denegado el registrador y no a cualquiera otra de’ esa cabida que radique en ese barrio, ya que no contiene la descripción de la finca ni dato alguno por donde pueda sei' identificada.

El otro extremo de que el registrador debió consultar ciertos documentos archivados en su oficina tales como la demanda que originó una anotación preventiva, pues por aquélla hubiera conocido el affidavit en ella transcrito y la escritura de rescisión, porque en ésta se consigna que el dinero fué entregado en 17 de abril de 1911 cuando era viudo Don Ignacio Berrios Carrasquillo, no tiene fundamento, pues el registrador no está obligado a consultar tales documentos sino la escritura presentada, los documentos a ella, acompa-ñados y lo que resulte de sus libros en relación con la finca a que se refiera la inscripción que se solicita, según resolvió esta Corte Suprema en el caso de Sucesión Ramírez v. El Registrador, 16 D. P. R., 318.

En atención a lo expuesto y toda vez qne según el registro Don Ignacio- Berííos Carrasquillo adquirió de los esposos G-rillo-Alvarez esa finca por escritura, de la que aparecía estar casado sin qne en la inscripción se haya hecho constar qne el precio de la rescisión fue por él entregado cuando aún estaba viudo, procedió correctamente el registrador, recurrido al negar la inscripción de la venta hecha por dicho señor de tal participación estando casado, sin mediar el consentimiento de su consorte, toda vez qne el documento acompañado a la escritura de venta no era bastante por su ambigüedad a des-, truir la presunción de bien ganancial qne en el registro tiene el condominio vendido.

La calificación del registrador debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey

text:
    Candelas, Demandante y Apelada, v. Ramírez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un caso sobre reclamación de alimentos.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1052.
    — Resuelto en enero 15, 1914.
    Desestimación de Apelación — Parte Contraria — Notificación del Escrito de Apelación.- — La frase parte contraria a los efectos de una apelación no se refiere a todas aquellas personas que han sido partes en el juicio ante el tribunal a quo, sino solamente a la que de ellas pueda ser afectada por una revocación o modificación de la sentencia apelada.
    Id. — Parte Contraria en una Reclamación de Alimentos — Notificación de la Apelación. — Seguido pleito en reclamación de alimentos contra el padre y contra la abuela paterna, la apelación que por ésta se interpone debe ser notificada al padre codemandado, porque siendo su obligación de suminis-trarlos subsidiaria a la del padre, puede afectar a éste la revocación o modi-ficación de la sentencia que se dicte en grado de apelación.
    Id. — Notificación del Escrito de Apelación. — La falta de notificación del escrito de apelación a la parte contraria produce la desestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante Carmen Ramírez: Sr. Herminio Díaz Navarro.

    Abogado de la apelada. Sr. G. Domínguez Htíbio.

   El Juez Asociado Se. Aldbey

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada nos presentó moción para que desesti-máramos la apelación en este caso, cuya resolución dejamos pendiente para después que se celebrara la vista del recurso. Esta ha tenido lugar y por consiguiente la primera cuestión a resolver es si procede o nó la desestimación interesada.

El fundamento de la moción de desestimación es que la parte apelante dejó de notificar su apelación a su codeman-dado Juan Guiot.

De los autos aparece que la demandante trata de obtener alimentos para sus hijos y que seguido el pleito contra el padre de ellos, Juan Guiot, y contra la abuela paterna Carmen Ramírez, se dictó resolución por la corte inferior condenando a la última a pasar un pensión alimenticia a sus nietos. Inter-puesta apelación por la abuela, resulta de los autos que fué notificada únicamente al abogado de la parte demandante. La cuestión, pues a resolver ahora es si la notificación al code-mandado Juan Guiot era necesaria, toda vez.que si lo es, el re-curso no estaría perfeccionado y no podríamos considerarlo, Whipley v. Mills, 9 Cal., 641; Beets v. Chart, 79 Cal., 185; y Lancaster v. Maxwell, 103 Cal., 67.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil exige que las apelaciones para ante esta Corte Suprema se noti-fiquen al secretario de la corte inferior y a la parte contraria (adverse party), o a su abogado. Esta notificación la exige también el artículo 940 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, cuyo Tribunal Supremo ha interpretado la frase “parte contraria” (adverse party) en el sentido de que no se refiere a todas aquellas que lian sido partes en el juicio ante el tribunal a quo, sino solamente a las que de ellas pueda ser afectada por una revocación o modificación de la sentencia apelada. O’Kane v. Daly, 63 Cal., 317; Millikin v. Houghton, 75 Cal., 540, y casos en ellos citados.

De acuerdo con la interpretación dada en esas resoluciones a la frase parte contraria (adverse party) empleada por la ley, que encontramos asertada, porque si los derechos de alguno de los litigantes no fian de ser afectados por la senten-cia que se dicte en grado de apelación, no fia de importarle el recurso y no es indispensable su notificación, lo que fiemos de determinar es si Juan Gruiot es o nó parte contraria en esta apelación.

Es indudable que si los fiijos de la demandante y apelada están necesitados de alimentos, en el sentido en que esta pala-bra se usa en la ley, la obligación de facilitárselos recae en primer término en los padres y que ese deber no nace en la abuela demandada sino en el caso de que aquéllos no puedan propor-cionarlos. La obligación de la abuela es, por tanto, subsidiaria, de acuerdo con el artículo 214 del Código Civil Revisado, y por consiguiente, pudiendo revocar nosotros la sentencia ape-lada por el fundamento de que no fia nacido para la apelante la obligación de alimentar a sus nietos, si no aparece demos-trado que el padre carece de recursos para cumplir ese deber, puede afectarle una revocación nuestra porque en ese caso equivaldría a declarar que debe ser condenado al pago el de-mandado que no fué notificado del recurso. Por estas consi-deraciones llegamos a la conclusión de que era una parte con-traria (adverse party) para la tramitación de este recurso y que por no habérsele notificado fia quedado incumplida la ley e imperfecta la apelación, debiendo desestimarla.

Es verdad que el fallo de la corte no contiene declaración alguna con respecto a Juan Gruiot, pues ni lo absuelve ni lo condena, a pesar de que fué una parte en el litigio, pero no sólo la propia resolución establece como hecho probado que diclio demandado es insolvente sino que la condena de la abuela, por ser subsidiaria su obligación a la de su codeman-dado, lleva en sí la absolución de éste.

Debiendo desestimar el recurso por la razón expuesta, esta-mos impedidos de considerar los motivos en que se basa.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la' apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Orcasitas, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Oaguas.
    No. 168.
    — Resuelto en enero 20, 1914.
    Procedimiento Hipotecario — Jurisdicción de las Cortes Municipales — Ins-cripción de Sentencia Dictada por una Corte Municipal. — Es nula la sentencia dictada por una corte municipal en un procedimiento sumario en cobro de hipoteca seguido ante la misma, de acuerdo con la doctrina sentada en el caso de Valdivieso v. JRivera, resuelto en junio 11, 1913, y no es por tanto inscribible la escritura de venta otorgada por el marshal de dicha corte municipal en cumplimiento de dicha sentencia.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Socorro.

    El registrador sustituto, Sr. Rafael Arce, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal .

Presentada en el Registro de la Propiedad de Caguas la escritura pública número 92 de venta judicial otorgada el 16 de septiembre de 1913, por el Marshal de la Corte Municipal de Caguas a favor de Cadierno Hermanos, el registrador se negó a inscribirla por medio de la siguiente nota contra la cual se lia interpuesto el presente recurso gubernativo:

“Denegada la inscripción del precedente documento, por obser-varse que el remate y venta a que se refiere dicho documento, se han efectuado en cumplimiento de una orden de ejecución de crédito hipo-teeariq dictada por la corte municipal de esta ciudad, con fecha 2 de julio de este año, en el pleito seguido ante la misma corte por Pedro Orcasitas Muñoz v. José Jiménez Saurí o su sucesión, sobre cobro de crédito hipotecario, tribunal que no tiene jurisdicción para conocer del procedimiento sumario sobre cobro de créditos hipotecarios, estando dicha jurisdicción reservada a las cortes de distrito respectivas, según la resolución del lion. Tribunal Supremo de Puerto Rico, número 981, de fecha 11 de junio de 1913, dictada en el caso de Joaquín P. Valdivieso v. Jacinto Rivera Torres; extendiéndose * * *. Oaguas, P. R>., 13 de diciembre de 1913.”

En el caso ele Valdivieso v. Rivera, decidido por esta Corte Suprema el 11 de junio ele 1913 e invocado por el registrador, se estudió con el debido detenimiento la cuestión de si las cortes municipales tenían o nó jurisdicción para conocer de procedimientos en cobro de hipotecas de acuerdo con la Ley Hipotecaria, en el caso de que la cuantía de la deuda no exce-diera de quinientos pesos y se resolvió que no la tenían.

Hemos examinado el alegato del recurrente y ninguno de los argumentos que presenta destruye los fundamentos de la decisión de esta corte de 11 de junio de 1913.

Careciendo, pues, la corte municipal de Caguas de jurisdic-ción, es claro que la sentencia que dictara en el procedimiento sumario en cobro de hipoteca seguido por Orcasitas contra Jiménez, es nula. Y siendo esto así es también claro que del mismo documento presentado en el registro aparecía que el marshal de la expresada corte municipal no tenía capacidad para vender la finca rematada y que el registrador, en cum-plimiento de lo prescrito en el artículo 18 de la Ley Hipote-caria, actuó correctamente al negarse a inscribir el dicho documento.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


text:
    Ciuró, Demandante y Apelado, v. Ciuró, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de una cantidad de dinero.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1090.
    — Resuelto en enero 20, 1914.
    Desestimación de Apelación — Término para Radicar la Transcripción de Autos — Palta de Exposición del Caso. — Vencidas las prórrogas concedidas por la corte sentenciadora para presentar la exposición del caso sin que ésta se haya en efecto presentado, debe concluirse que no existe tal documento, y, en su consecuencia, que la transcripción de los autos debió radicarse en la secretaría de la Corte Suprema dentro del término de 30 días que prescribe la sección 40 del reglamento. Transcurrido dicho término sin que se radique la transcripción, procede la desestimación del recurso.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Freyre Barbosa.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de enero de 1914 la parte apelada radicó en la Se-cretaría de esta Corte Suprema, una moción notificada al abo-gado de la parte contraria, solicitando la desestimación del recurso. La vista de diclia moción se celebró el 19 de enero actual sin asistencia de ninguna de las partes.

De la moción, de la certificación acompañada a la misma y de las demás constancias del expediente, aparece que la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., dictó sentencia final en el caso el 2 de agosto de 1913 en favor del deman-dante; que en 2 de septiembre de 1913 la parte demandada apeló de la sentencia para ante este Tribunal Supremo; que la parte apelante manifestó sn intención de presentar nna exposición del caso y al efecto solicitó y obtuvo diferentes pró-rrogas, habiéndosele concedido la última en 31 de diciembre de 1913 por el término improrrogable de tres días, y qne trans cnrridos dichos tres días la parte apelante no presentó la exposición del caso.

Siendo esto así, es necesario concluir qne no existe expo-sición del caso y qne en tal virtud la transcripción del récord debió haberse archivado en la Secretaría de esta Corte Su-prema dentro de los 30 días después de haberse presentado el escrito de apelación. Sección 40 del Reglamento del Tribunal Supremo, 17 D. P. R., LXX.

El escrito de apelación se presentó como hemos indicado el 2 de septiembre de 1913 y aun no se ha archivado en la Se-cretaría de esta Corte Suprema la transcripción del récord. La petición de la parte apelada es claramente procedente. Sección 58 del Reglamento del Tribunal Supremo, 17 D. P. R., TiXXTTT-

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados 'Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Fajardo, Demandante y Apelante, v. Sabater, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre indemnización de daños y perjuicios por libelo.
    No. 1030.
    — Resuelto en enero 20, 1914.
    Libelo — Falta de Causa de Acción — Explicación en la Demanda de las P ala-beas Libelosas. — En una demanda sobre indemnización de daños y perjuicios por libelo es necesario explicar por medio de un innuendo por qué el deman-dante considera dichas palabras libelosas y 'por qué hacen relación especial al demandante, y careciendo la demanda de tales alegaciones no alega hechos suficientes para constituir una causa de acción.
    Id.-ALEGACIÓN' DE QUE 'EL DEMANDANTE ENTABLÓ UNA ACCIÓN FUNDADA EN Hechos Falsos Contra el Demandado. — El decir en una carta destituyendo a un empleado municipal, que dicho empleado ha seguido una acción fundada en hechos falsos contra la persona que lo destituye, ño constituye un libelo en la significación corriente de dichas palabras, sobre todo cuando en la demanda por libelo no se hace alegación alguna tendente a explicar los hechos falsos de que se habla en la carta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Ramírez Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La presente fue una acción entablada con motivo de un libelo. Las palabras que se denuncian son las que aparecen contenidas en una comunicación escrita por el Alcalde susti-tuto de Mayagüez destituyendo al demandante del cargo de abogado del municipio. La comunicación dice lo siguiente:

“Gobierno Municipal, Mayagüez, P. R. Oficina del Alcalde. Junio 27 de 1913. Sr. Pascasio Fajardo, Abogado del municipio, Mayagüez, P. R. Señor: Encontrando que la acción desarrollada por Y. como empleado del municipio, digo, como empleado municipal, for-mulando una demanda contra mí sobre hechos falsos, establecería un precedente impropio, funesto e incorrecto para la disciplina del Go-bierno Municipal, tomando su acción como justa causa para esta deter-minación y haciendo uso del poder que para ello — la sección 32 de la Ley Municipal, por la presente y de este momento, queda Y. destituido del cargo de abogado del municipio, que ha venido desempeñando. Atentamente. Firmado. Carlos Sabater. Alcalde Accidental.”

La demanda expresa que el demandante entabló una acción contra el demandado sobre devolución de cierta suma de dinero que éste obtuvo del primero por engaño, pero que desis-tió de dicba reclamación por habérsele devuelto el dinero re-clamado y que el demandado le escribió la comunicación por venganza personal.

En el párrafo quinto de la demanda se alega que las pala-bras “encontrando que la acción desarrollada por Y. como empleado municipal formulando una demanda contra mí sobre techos falsos” son libelosas y difamantes por haber perdido dicha comunicación su carácter de privilegiada mostrándola el demandado maliciosa y voluntariamente a personas extra-ñas y a otros funcionarios municipales, con el fin de que esas personas tuvieran conocimiento de dichas frases libelosas.

En el párrafo sexto de la misma se dice en efecto, que la referida comunicación fue escrita para desprestigiar al de-mandante como abogado y notario.

También alega el demandante que el empleo de las pala-bras “que la acción desarrollada por el demandante estable-cería un precedente impropio, funesto e incorrecto” envuelve un concepto libeloso.

En otras partes de la demanda se hace referencia a la pu-blicación y alegación de daños y perjuicios. Se formuló una excepción previa a dicha demanda que fue declarada con lugar, dictando la corte su sentencia que fundó en la misma.

Las frases y palabras de la demanda que se estiman libe-losas, no están explicadas por el necesario innuendo como exige la buena práctica en materia de alegaciones, Balter v. Warner, decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en diciembre 23, 1913, esto es, en la demanda no se expresa la significación libelosa que el demandante da a dichas frases, ni se explica por qué llegaron a tener esa sig-nificación y qué relación tenían con el demandante. Maultu v. Bulletin Co., 55 Atl., 862, 864. 4 Words and Phrases Judicially Defined, 3630. No existe ninguna alegación de que fue-ran falsas las palabras expresadas por el demandado ni tam-’ poco se hizo alguna otra alegación específica semejante. En otras palabras, no aparece en ninguna parte especialmente alegada la naturaleza del supuesto libelo. La demanda ha fracasado completamente por tal motivo. Véase en relación con este punto el caso de Capó v. Capó, 17 D. P. R., 255, y el de Baker v. Warner, arriba citado.

No hay alegación de daño o perjuicio específico y con excepción del párrafo sexto en que se alega que se causó daño al demandante como abogado y notario, no existe imputación alguna de que la acción fuera libelosa per se. El párrafo sexto puede contestarse con sólo expresar que la comunicación no perjudicó al demandante como abogado y notario y que no tenía esa tendencia.

Dejando a un lado lo que pudiera considerarse como el aspecto más técnico del'caso y dando a las palabras una sig-nificación corriente, no aparece ningún libelo. Decir que una persona lia seguido una acción fundada en liechos falsos es un liecbo perfectamente compatible con la intención honrada del que así se expresa. Puede ser que una persona baya enta-blado un pleito equivocadamente. El demandado no hizo nin-guna manifestación que atacara a la reputación del deman-dante y solamente estaba resentido por la demanda que esta-bleció el demandante fundada en hechos que el demandado alegó eran falsos. Los hombres honrados pueden tener dis-tinto criterio con respecto a si una manifestación es o nó falsa, y por el hecho de decirse que determinadas palabras son fal-sas no se incurre necesariamente en libelo, las que ciertamente no son libelosas en este caso especialmente, porque no tenemos una idea de cuáles fueron las palabras que se emplearon en la demanda original presentada por Pascasio Fajardo contra Carlos Sabater sobre devolución de dinero.

En cuanto a las palabras “un precedente impropio, fu-nesto e incorrecto” ellas a lo sumo son una enérgica mani-festación de la acción que adoptó el demandado, pero no cons-tituyen libelo.

Alegó también el apelado que la comunicación era privi-legiada, pero como el apelante alega una publicación especial en primer término y después otra, nuestra sentencia se funda únicamente en la falta de materia libelosa.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Pujals, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Humacao.
    No. 166.
    — Resuelto en enero 20, 1914.
    Bienes Gananciales — Pecha que Rige para Determinar la Naturaleza de una Adquisición. — Para determinar si una finca tiene o no el carácter de ganancial es necesario atenerse a la feeha de la adquisición y nó a la fecha de su inscripción en el registro.
    Id.' — Inscripción de una Pinca a Pavor de una Viuda, Pero Haciéndose Constar que la Adquirió más de Catorce Años Antes. — Inscrita una finca en el registro en virtud de un expediente posesorio, según el cual la había adquirido más de catorce años antes, y resultando de una partida.de defun-ción presentada al registro que el marido de dicha señora había fallecido hacía catorce años, no es posible determinar por dichos documentos si el esposo había muerto cuando la adquisición tuvo lugar, ni por tanto la capacidad de la persona a cuyo favor está hecha la inscripción para enajenarla como bien propio suyo.
    Los hechos están expresados' en la opinión.
    Abogados de la recurrente: Sres. Aponte y Aponte.

    El Registrador, Sr. Miguel Planellas, compareció por es-crito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El primer asiento de cierta finca rtística radicada en el barrio del Río del término municipal de Naguabo, hecho por el Registrador de la Propiedad de Humacao en 21 de diciem-bre de 1898, fue motivado por la inscripción de un expediente posesorio según el cual Doña Andrea Núñez, viuda de Pujals había justificado ante el Juzgado Municipal de Naguabo, la posesión de esa finca, que había adquirido por compra hacía más de 14 años. La inscripción posesoria fué convertida luego en inscripción de dominio.

Posteriormente, en 28 de agosto de 1913, Doña Andrea Núñez, de estado viuda, vendió esa finca a Doña María Pu-jals Núñez y presentado el documento en el registro de la propiedad para su inscripción, acompañado de una certifica-ción de defunción de la que resulta que Don José Pujáis, es-poso de Doña Andrea Núñez, falleció en Io. de septiembre de 1884, el registrador se negó a inscribirlo por el motivo que aparece de la siguiente nota, contra la que se lia interpuesto el presente recurso gubernativo:

“Presentado de nuevo este documento, ha sido denegada su ins-cripción por no poderse determinar si la finca vendida es de la pro-piedad exclusiva de la vendedora, pues aunque del registro resulta que la inscribió a su favor en el año> 1898 en que era viuda, resulta también que la adquirió a título oneroso con más de 14 años de ante-rioridad al citado año 1898, o sea, antes del año 1884, en el cual falleció su esposo Don José Pujáis, según la partida de defunción del mismo que se ha tenido a la vista; y se ha tomado en su defecto la anotación por 120 días que dispone la ley, en el tomo 9 de Naguabo, al folio 104, finca No. 462, (inscripción) digo anotación A. Humaeao, diciembre 5 de 1913. El Registrador. Miguel Planellas.

Como el registrador debe hacer su calificación por lo que resulte de los documentos que se le presenten y del registro, desde el momento en que con la escritura de venta se le pre-sentó la certificación de defunción del esposo de la persona a cuyo favor está inscrita la finca vendida, debía tomar en con-sideración los hechos que de ella resultasen.

Según certificación librada por el Registrador de la Pro-piedad de Humaeao, la inscripción primera de esa finca, verifi-cada en 21 de diciembre de 1898, fué motivada por un expe-diente posesorio tramitado ante el Juzgado Municipal de Naguabo por Doña Andrea Núñez, siendo viuda, según el cual poseía tal inmueble por haberlo adquirido por compra hacía más de 14 años; y como' según ese asiento no se sabe si cuando la adquisición tuvo lugar dicha señora estaba ya viuda, era necesario que se justificase al registrador su estado civil en aquella fecha para que pudiese determinar el carácter legal de dicha finca y por tanto la capacidad para disponer de ella como bien propio. El concepto legal que tenga una adquisi-ción se determina por la fecha en que tiene lugar y no por la de la inscripción. Por consiguiente, no constando del regis - tro si cuando Doña Andrea Núñez adquirió la posesión por título de compra era viuda, cualquier tercero que quisiera con-tratar con ella respecto de esa finca debía cerciorarse antes de si cuando compró, más de 14 años antes de tramitar el posesorio inscrito era ya viuda, pues si aun estaba casada, su adquisición por título oneroso tenía la presunción de ser ganancial y no podría disponer por sí sola de ella como bien propio suyo.

Añora bien, como del documento acompañado al título re-sulta que el esposo de Doña Andrea Núñez murió en Io. de sep-tiembre de 1884 o sea 14 años antes de la inscripción del pose-sorio, esto parece demostrar que aun estaba casada cuando ad-quirió el inmueble, por lo que tuvo razón el registrador recu-rrido al consignar como motivo de su negativa de inscripción, que no puede determinarse que el fundo sea de la propiedad exclusiva de la vendedora.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota.

’Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Dávila et al., Demandantes y Apelantes, v. Barreiro, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacaoen un caso sobre otorgamiento de escritura y entrega de-bienes.
    Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    No. 1079.
    — Resuelto en enero 20, 1914.
    Desestimación de Apelación — Orden Dejando sin Efecto una Anotación de; Rebeldía. — El demandado excepeionó la demanda j desestimada la excepción. se fijó un término para que contestara y no habiéndolo hecho, el demandante solicitó y obtuvo que se anotara la rebeldía del demandado; mas habiendo éste pedido que se dejara sin efecto esa rebeldía, así lo decretó la corte. Se resolvió que la apelación interpuesta contra esa orden debe desestimarse por no ser apelable dicha orden.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Aponte y Aponte.

    Abogados del apelado: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada en este caso por medio de moción soli-cita qne desestimemos la apelación por el fundamento de qne no siendo apelable la orden contra la cual el recurso ha sido interpuesto, carecemos de jurisdicción para resolverla.

La orden apelada es la que en el pleito dictó la Corte de Distrito de Humacao en 4 de noviembre de 1913, por la que ordena quede sin efecto la rebeldía que se había anotado contra la parte demandada.

Como, según hemos dicho en otras ocasiones, el derecho de apelación es estatutorio, solamente tenemos jurisdicción para conocer en grado de apelación cuando la ley expresa-mente ha concedido ese derecho. Por tanto, hemos de consi-derar si la orden apelada es de aquellas en qne el legislador concedió tal recurso.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil es el que fija los casos en los cuales concede apelación para ante nosotros contra resoluciones de las cortes de distrito. Dicho artículo, tal como quedó enmendado después de las leyes de marzo 9 de 1905 y de marzo 11 de 1908, dice así:

“Artículo 295. Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.-
“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de Registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de $300.
“3. De una providencia concediendo o denegando un nuevo juicio; concediendo o anulando un injunction; negándose a conceder o anular un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; conce-diendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la celebración del juicio; de una providencia especial dictada después de una sen-tencia definitiva; y de una sentencia interlocutoria en pleitos sobre partición de propiedad real, dentro de los diez días de dictada la providencia o sentencia interlocutoria y de anotada la misma en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría.”

La apelación no ha sido interpuesta contra un fallo, por lo que los dos primeros párrafos no pueden tener aplicación al presente caso; y en cuanto al tercer apartado, si bien en él se especifican los casos en que se concede apelación contra ciertas órdenes de las cortes de distrito, basta su. simple lec-tura para conocer que entre ellas no están mencionadas las órdenes que, como la apelada, deja sin efecto la anotación de una rebeldía.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. del Toro, Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf. Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

text:
    Mollfulleda et al., Demandantes y Apelantes, v. Rossy, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre nulidad de sentencia.
    No. 1061.
    — Resuelto primeramente en enero 22, 1914.
    Resuelto en reconsideración en febrero 3, 1914.
    Exposición del Caso — Apelación Contra Orden Denegando la Aprobación.— Cuando una parte apela de una. resolución denegando la aprobación de una exposición del caso, sin que presente al Tribunal Supremo los elementos nece-sarios para poder decidir si la orden apelada es- o no justa, debe- desesti-marse dicha apelación.
    Apelación' — Transcripción de Autos — Preparación Ilegal de la Misma. — Una parte no puede escoger a su arbitrio, sin el consentimiento de la otra parte y sin la aprobación de la eorte sentenciadora, los documentos que deban formar la transcripción del récord de una apelación. Una transcripción preparada de tal modo, contrario al procedimiento fijado por la ley, no puede servir de base a la Corte Suprema para decidir el recurso en su fondo.
    moción sobre reconsideración.
    Exposición del Caso — Cuándo es Necesario 'Prepararlo. — En casos como éste en que se ha practicado prueba y la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia se funda en que la eorte sentenciadora no apreció bien la prueba, es necesario para que esta corte pueda considerar y resolver tal cuestión,. que la parte, apelante radique una exposición del caso conteniendo la prueba que. sirvió de base al juez inferior para dictar la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante, Juan Mollfulleda, compareció por escrito en nombre propio.
    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso Juan Mollfulleda, alegando que com-parecía por su propio derecho y en representación de su es-posa Damiana Huertas, entabló demanda en la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Ia., contra Manuel F. Bossy, sobre-nulidad de sentencia y otros extremos.

La demanda fue contestada por el demandado negando-todos y cada uno de los veinte hechos de que consta, y el 26-de agosto de 1913 ambas partes comparecieron ante la corte-de distrito, se presentaron y practicaron las pruebas y la. corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda e impo niendo a la parte demandante las costas, gastos y honorarios, de abogado.

La parte demandante apeló de la sentencia dictada y pre-sentó a la corte sentenciadora un proyecto de exposición del caso. La transcripción del récord elevada a esta Corte Su-prema está certificada por el secretario de la corte inferior y ele ella aparece lo que sigue en relación con dicho proyecto de exposición del caso:

“Comparecieron las partes a discutir la ‘Exposición del caso/ y oídas sus respectivas alegaciones e impugnaciones, y resultando que dicho documento no es una exposición exacta y completa de las resul-tancias del pleito, puesto que se omite mencionar o hacer referencia a varios documentos así como toda la prueba testifical, la corte concede al demandante cinco días para enmendar dicha exposición. . Habiendo éste manifestado no estar obligado a hacer dichas enmiendas y renun-ciando al plazo coneedídole, la corte niega su aprobación' al referido documento en la forma en que está redactado.”

También aparece de la transcripción que la parte deman-dante apeló de la anterior resolución de la corte de distrito negándose a aprobar la exposición del caso.

El día 15 de enero de 1914 se celebró la vista del recurso ante este Tribunal Supremo con la sola comparecencia, en persona,, del demandante Mollfulleda y el asunto quedó sometido definitivamente a nuestra consideración y resolución.

Examinemos, en primer término, la apelación de la orden relativa a la no aprobación de la exposición del caso. La parte apelante se limita a establecer el recurso. No aporta elemento alguno que pueda servirnos de base para entrar si-quiera en el estudio de la cuestión suscitada. En tal virtud debemos aceptar como enteramente cierto lo que consigna el juez de distrito en la resolución apelada; esto es, que el docu-mento presentado por la parte apelante no solamente no con-tiene una exposición exacta y completa de las resultancias del pleito, sino que tampoco se incluye en él ninguna parte de la prueba testifical practicada, y, en su consecuencia, debemos resolver que el juez sentenciador procedió correctamente al negarse a aprobar la exposición del caso. La que se presentó al juez sentenciador no era en verdad una exposición del caso.

Veamos la apelación de la sentencia. No sólo no existe exposición del caso debidamente aprobada que pueda servir-nos de base para entrar en la consideración del asunto, sino que la misma transcripción elevada fué preparada de modo ilegal por la parte apelante. La certificación de diclia trans-cripción autorizada por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, dice así:

‘ ‘ Certifico: que la anterior es una copia fiel y exacta de los ori-ginales que obran en el caso No. 4497, seguido por Juan Mollfulleda contra Manuel F. Rossy, sobre nulidad de sentencia, siendo lo trans-crito copia únicamente de las alegaciones, documentos, etc., que, de los que existen en el récord, ha solicitado el demandante.”

Una parte no puede escoger a su arbitrio sin el consen-timiento de la otra parte y sin la aprobación de la corte sen-tenciadora los documentos que deban formar el récord de una apelación. La ley regula de modo claro el procedimiento que debe seguirse para preparar las exposiciones del caso en el tribunal a quo y para elevar a esta Corte Suprema la trans-cripción de los autos en casos de apelación, y tal procedimiento que reconoce iguales derechos a todas las partes es obliga-torio para todos los litigantes.

Expuesto lo que antecede, es necesario concluir que no tenemos base para considerar y resolver el recurso estable-cido. Los autos completos no han sido elevados a esta Corte Suprema y los recursos de apelación interpuestos deben, en tal virtud, desestimarse.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes:

Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldre3r no formó parte del tribunal en la vista de este resur so.

Presentada moción de reconsideración por la parte ape-lante fué denegada en febrero 3, 1914, por medio de la si-guiente opinión emitida por el Juez Asociado Sr. del Toro.

Este caso fué resuelto por esta Corte Suprema por senten-cia de enero 22, 1914. El apelante Sr. Mollfulleda alegando que comparece “por sí propio y en representación de su esposa Damiana Huertas,” lia presentado dos escritos fecha-dos el 29 de enero de 1914, tendentes a solicitar la reconside-ración-de nuestra sentencia y la revocación de la orden y sen-tencia apeladas.

Los escritos son confusos pero de ellos puede deducirse que la parte apelante sostiene que teníamos base para entrar en la consideración y decisión del recurso porque la exposi-ción del caso no es absolutamente necesaria en todas ocasio-nes. Es bien cierto que en muchos casos con la sola copia del legajo de la sentencia, sin necesidad de relación de prue-bas, podemos considerar y resolver recursos, por ejemplo: cuando se trata de sentencias dictadas sobre las alegaciones.. Pero en este caso concreto, como dijimos en nuestra opinión de enero 22, 1914, se presentó la demanda, el demandado la contestó negando todos y cada uno de sus 20 hechos, se prac-ticó „la prueba y se dictó sentencia en favor del demandado. La apelación interpuesta se basó en que la corte sentencia-dora no apreció bien la prueba y ¿cómo íbamos nosotros a considerar y a resolver tal extremo, si el apelante, que era el que tenía el deber de hacerlo, no archivó en la Secretaría de esta Corte Suprema una exposición del caso o relación de hechos conteniendo la verdadera prueba que sirvió de base al juez inferior para dictar la sentencia apelada?

Examinados los méritos de la única cuestión suscitada en los escritos de 29 de enero que pudiera estimarse pertinente a la solicitud de reconsideración y careciendo dicha cuestión de fundamento, debe la solicitud declararse sin lugar.

Denegada la moción de reconsideración.

Jueces concurrentes:

Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no tomó parte en la reso-lución de esta moción.

Presentada otra moción de reconsideración por Damiana Huerta, fué ésta denegada sin opinión en febrero 25, 1914.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Martínez, Demandante y Apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn caso sobre declaración de servidumbre e indemni-zación de daños y perjuicios.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1044.
    — Resuelto en enero 22, 1914.
    Desestimación de Apelación — Casos Originados en las Cortes Municipales— Cuantía de la Sentencia. — Cuando esta corte al revocar la sentencia ape-lada en un caso originado en una corte municipal ordena a la corte de distrito correspondiente que fije la quantía de la indemnización y fijada ésta en $100 la parte perjudicada apela para ante este tribunal, esta apelación debe ser desestimada, porque la cuantía de la sentencia apelada no excede de $300, cantidad necesaria para que esta corte tenga jurisdicción en tales casos.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    El apelado compareció por escrito en nombre propio.
    Abogado de la apelante: Sr. Federico G. Pérez Almiroty.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. En este caso se presentó primeramente una demanda en la, Corte Municipal de Mayagüez ejercitando la acción confe-soria de servidumbre e indemnización de daños y perjuicios. La Corte de Distrito de Mayagüez dictó oportunamente su sentencia contra el demandante e interpuso este recurso, de apelación para ante este tribunal, que' revocó dicba sentencia. Martínez v. The American Railroad Company, opinión emitida por esta corte el día 28 de junio de 1913. habiendo quedado establecida por este tribunal la existencia de dicba servidum-bre devolvió las. actuaciones, ordenando que se determinaran los daños y perjuicios sufridos. De conformidad con dicba sen-tencia, la corte de distrito condenó a la demandada a pagar la suma de $100, sin especial condenación de costas, contra cuya sentencia interpuso dicba demandada recurso de apelación. La sentencia que lia dictado recientemente la Corte de Distrito de Mayagüez es por la expresada suma de $100,'en concepto de daños y perjuicios y no contiene ningún otro pronuncia-miento.

El apelado presentó nna moción para que este tribunal desestimara de oficio dicha apelación por falta de jurisdicción. Esta moción fué debidamente notificada a la apelante, no habiendo comparecido ninguna de las partes en el acto de la vista. Guando el apelado presenta una moción sobre deses-timación, la corte actúa por virtud de dicha moción y por tanto su acción no es de oficio.

Como este fué un caso que se originó en la corte municipal y habiéndose resuelto anteriormente la cuestión principal, quedó limitada la controversia pendiente a fijar la cuantía de los daños y perjuicios reclamados en la demanda, y como tales daños y perjuicios se han fijado en la sentencia en la suma de $100, la cuantía de la sentencia apelada no excede de la suma de $300, determinante de la jurisdicción de esta Corte Suprema en casos de esta naturaleza. Por tanto, visto el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como ha sido enmendado por el artículo 6o. de la Ley de 9 de marzo, 1905, y la opinión de esta corte en el caso de Nadal v. The American Railroad Company, resuelto en noviembre 14, 1913, debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Jvez Asociado Sr. 'Wolf,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Arán et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre nulidad de venta de una finca en cobro de contribuciones.
    No. 1021.
    — Resuelto en enero 22, 1914.
    . Cosa Juzgada — Acción de Nulidad de Venta de Einca en Cobro de Contribu-ciones — Identidad de Cosa, Causa y Partes. — El demandante en este caso solicita la nulidad de la venta de una finca en cobro de contribuciones adju-dicada a los demandados. La nulidad de esta venta fué anteriormente planteada por este mismo apelante en otra acción en que él y los apelados eran demandados y la corte sentenciadora resolvió en contra de él dicha cuestión, cuya sentencia fué confirmada por este tribunal en junio 26, 1902. Parte do los autos de dicho pleito fueron presentados como prueba por los apelados para sostener la defensa de cosa juzgada que habían alegado: se resolvió que entre la presente acción y la anterior existía la más perfecta identidad de cosas, causas y partes, y por tanto se declaró bien fundada la defensa de cosa juzgada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Méndez Vaz.

    Abogado del apelado Manuel Arán: Sr. José Benet.

   El Jvez Asociado Sr. 'Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso fué presentada la demanda el día 9 de octubre, 1911, alegándose sustancialmente en la misma que una finca rústica de 130 cuerdas de terreno, sita en el barrio de Indiera Baja de Maricao, e inscrita en el registro a nombre de Ino-cencia Cuascú y Montaz, Manuel Arán Cuascú, y Agripina Arán Cuascú, fué embargada por Francisco Rivera, colector de rentas internas de Maricao, y vendida en 14 de octubre de 1907, en subasta pública a la demandada Alejandrina Blanco, por la suma de $600, que fué la mejor oferta que se obtuvo.. Se alegó que el embargo de esta finca para el pago de contribuciones así como la venta de la misma en pública subasta, se hizo sin cumplir el colector de rentas internas los requisitos de ley, de una manera ilegal y obrando de acuerdo con y en conspiración con Alejandrina Blanco y Ra-mírez, Emilio Arán Cuascú, su esposo, y los demás condueños de la finca-; y se pidió en la súplica de la demanda, que se declarara nulo y sin ningún valor ni efecto legal el procedi-miento de embargo seguido por El Pueblo de Puerto Rico contra el contribuyente moroso Manuel Arán para cobro de contribuciones; que el embargo, subasta y venta de la finca de 130 cuerdas para pago de $141.58, embargada y vendida por el colector en subasta pública, se declararan nulos y sin ningún valor, y nulo también el certificado de venta de la ameritada finca, expedido por dicho colector, ordenándose la cancelación de inscripción en el Registro de la Propiedad de San Germán.

Los demandados contestaron dicha demanda haciendo una negación de los hechos esenciales de la misma, presentando también como materia nueva de oposición la defensa de cosa juzgada y otras más sobre la materia, así como también la de prescripción.

La corte sentenciadora llegó a la conclusión de que el de-mandante no probó ninguno de los hechos alegados en su de-manda dejando de probar en absoluto la conspiración y decla-rando en términos más precisos, que la defensa sobre cosa juzgada había quedado ampliamente justificada.

Con el objeto de probar su alegación de cosa juzgada, los demandados presentaron como prueba en el juicio de este caso, la demanda, contestación, opinión y sentencia obrantes en el pleito No. 2967 de la Corte de Distrito de Mayagüez, del año 1910, seguido por Alejandrina Blanco contra Agustín Her-nández Mena, que es el demandante y apelante en esta acción, y contra Manuel, Francisco, Agripina Clotilde y Emilio Arán y Cuaseú, sobre acción real de inmueble, nulidad y cancela-ción de hipoteca.

En la demanda de dicho caso No. 2967, Alejandrina Blanco, que entonces era la demandante, alegó entre otras cosas como hechos esenciales de la misma, los siguientes: Que la demandante Alejandrina Blanco, era dueña en propiedad y dominio y estaba en posesión de una finca o estancia situada en el barrio de Indiera Baja de Maricao, compuesta de 130 cuerdas, que se describen en dicha demanda por extenso; que dicha finca la hubo la demandante Alejandrina Blanco por compra en subasta pública por contribuciones al Pueblo de Puerto Rico, el día 14 de octubre de 1907, ante el colector de rentas internas de Maricao, Francisco Rivera, y que dicha finca aparece inscrita al folio 193 del tomo 16 del Registro de la Propiedad de San Germán, a nombre de Manuel Arán, Agri-pina Clotilde Arán Cuaseú, e Inocencia Cuaseú y Montaz, que eran los dueños anteriores de dicho inmueble; que con ante-rioridad a la fecha de la venta en subasta pública por contri-buciones de la finca en cuestión, estaba ésta inscrita en el regis-tro de la propiedad a nombre de sus dueños, en la siguiente forma: Manuel Arán, un condominio por la suma de $4,695.75; Clotilde Arán, un condominio por la suma de $1,776.50; Ino-cencia Cuascú, un condominio por la suma de $3,827.75, que hace el total de $10,300, valor de la misma.

Que por escritura pública de 11 de diciembre de 1902, el copartícipe Manuel Arán, hipotecó su condominio citado a favor de la otra co-partícipe Inocencia Cuascú, por la suma de $2,817.45 cuya hipoteca fué inscrita en el registro de la propiedad a favor de la acreedora Inocencia Cuascú; que asimismo la otra copartícipe hipotecó su condominio a favor de la misma Inocencia Cuascú, por escritura de 11 de diciem-bre de 1902, asegurando un crédito de $2,200, cuya hipoteca también fué inscrita en el registro de la propiedad a favor de la referida Inocencia Cuascú.

T en el párrafo quinto de la demanda se dice lo siguiente:

“Que al embargar El Pueblo de Puerto Rico y al anunciarse la venta en subasta por contribuciones de la finca en totalidad, que com-prendía los tres condominios y sus dos hipotecas, el colector de rentas internas de Maricao notificó debidamente a sus dueños Manuel Arán, Clotilde Arán e Inocencia Cuascú, y a esta última, además, como acree-dora hipotecaria, de la falta de pago de las contribuciones totales, del embargo, y de la venta de la finca mencionada en el apartado primero de esta demanda, y dichos dueños y acreedora hipotecaria no satis-ficieron dichas contribuciones adeudadas, ni rescataron ni redimieron la finca en cuestión, ni ninguno de sus condominios dentro del término de 180 días posteriores a la venta y adjudicación a la demandante, ni en ningún tiempo después, quedando la finca en totalidad de la sola propiedad de esta demandante, libre de cargas y gravámenes y anu-ladas así las hipotecas mencionadas en los apartados tercero y cuarto de esta demanda por ministerio de la ley.”

T en la súplica ele dicha demanda, en. el pleito No. 2967, se solicitó que la corte declarara que la demandante Alejan-drina Blanco, era desde el día 14 de- octubre de 1907, la única •dueña en propiedad y dominio de la finca descrita en el apar - tado primero de la demanda, y qne fuera declarada de tal modo libre de cargas y gravámenes anteriores; qne los cré-ditos hipotecarios mencionados en los apartados tercero y cuarto comprados por el demandado Agustín Hernández Mena, se declaren nulos y sin ningún valor y qne no afectan en forma alguna al derecho de tal demandante en el inmueble ob-jeto de dicha acción; qne la venta efectuada por el demandado Agustín Hernández Mena en dicho pleito del condominio mencionado en el apartado segundo y qne nna vez pertenecía a Inocencia Cnascú, debe asimismo ser declarada nula y sin ningún valor por haber perdido ella y sus herederos con ante-rioridad a sn compra, todo el derecho, título e interés qne tenían sobre el mismo; que la corte debía ordenar la can-celación de las inscripciones hechas a favor del citado Her-nández Mena de Jos créditos hipotecarios mencionados en el Registro de la Propiedad de San Germán, y asimismo la cancelación de la inscripción hecha a favor de Hernández del condominio antes citado, ordenándose a dicho registrador la inscripción definitiva del inmueble objeto de este pleito a nombre de la demandante Alejandrina Blanco, libre de cargas y gravámenes, con costas al demandado.

Que la demanda en dicho caso No. 2967 fué contestada oportunamente por Agustín Hernández Mena negando espe-cíficamente todos los hechos esenciales de dicha demanda, ale-gando además en su materia nueva y como constitutivo de oposición a la demanda, lo siguiente:

“VIII. Que tanto la venta de la finca rústica cómo el certificado de la misma que aparece expedido por el colector de rentas internas de Maricao, Francisco Rivera, en 14 de octubre de 1907, adolecen del vicio de nulidad y. son nulos y no tienen valor ni eficacia legal alguna, porque son falsos y simulados, pues la citada venta no fué hecha ni consumada en el acto de la subasta señalada para el día 14 de octubre, celebrada en el local designado por dicho colector en el pueblo de Maricao, ni en dicho acto hizo oferta alguna la demandante por la finca mencionada, ni ninguna otra persona de las que figuran y consta que hicieron oferta, en el acto de la subasta, según el expe-diente de embargo No. 16146-35591, ni tampoco por alguna de las demás personas presentes al acto.”

La Corte de Distrito de Mayagüez en su opinión de 25 de febrero de 1911, resolviendo dicho pleito No. 2967, dice en su parte pertinente de la opinión lo que sigue:

“Conclusiones legales: El condominio de $4,695.75 pertenece a la demandante Alejandrina Blanco porque fué debidamente adquirido por ella y su adquisición ha sido inscrita en el registro de la propiedad.
“El condominio de $1,776.50 pertenece a la demandante Alejan-drina Blanco, porque lo adquirió en la subasta de la finca por falta de pago de contribuciones, en 14 de octubre de 1907.
“La hipoteca de $2,817.45 que gravaba el condominio de $4,695.75 está extinguida porque fué extinguida por efecto de la subasta de la finca p'or falta de pago de contribuciones, que tuvo lugar en 14 de octubre de 1907.
“La hipoteca de $2,200 que gravaba el condominio de $1,776.50 está extinguida en cuanto se refiere a dicho condominio, porque fué extinguida por efecto de la subasta de la finca por falta de pago de contribuciones, celebrada en 14 de octubre de 1907.”

La sentencia dictada por dicha corte de distrito- en febrero 25 de 1911, en el referido pleito No. 2967, de acuerdo con la opinión en que se funda, contiene los siguientes pronuncia-mientos :

“(a) Declaró que los condominios de $4,695.75 y $1,776.50 en la finca descrita en la demanda son de la exclusiva propiedad de la demandante Alejandrina Blanco, ordenando su inscripción en el regis-tro de la propiedad a nombre de Alejandrina Blanco y ordenando la cancelación de cualquiera inscripción o anotación a favor de Agustín Hernández Mena y Clotilde Arán, o de Manuel Arán sobre dichos condominios.
“ (c) Declaró que las hipotecas de 11 de diciembre de 1902, por $2,817.45, sobre el condominio de $4,695.75, y la de $2,200, en cuanto la misma afecta al condominio de $1,776.50, deben cancelarse ordenán-dose su cancelación en el registro de la propiedad. ’ ’

También en esta sentencia se hizo un pronunciamiento a favor de Hernández Mena, habiéndose interpuesto apelación contra toda la sentencia para ante esta Corte Suprema, que en 26 de junio, 1912, confirmó la sentencia apelada en todas sus partes. Blanco v. Hernández et al., 18 D. P. R., 711.

Después de haber citado la corte inferior sustancialmente los hechos anteriores llegó a lá conclusión de que la demanda y contestación en el pleito número 2967, y en la demanda y contestación del caso que entonces estaba ante dicha corte, o sea el número 3379, concurría la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes; susten-tando nosotros igual opinión.

Al'comparecer Hernández Mena ante la corte a virtud del pleito número 2967 trató de defenderse de las alegaciones que hizo Alejandrina Blanco, alegando que la venta en pu-blica subasta para cobro de contribuciones que se le hizo era .nula y sin ningún valor, habiendo la corte resuelto la cuestión en contra de dicho Hernández Mena.

En este pleito se trata, aunque variando algo las alega-ciones, de reivindicar dicha finca, fundándose en la nulidad de tales ventas. Y no importa como expresa en su alegato que no fuera posible en el pleito anterior haber solicitado la nulidad de la venta por no poder dicho Hernández hacer parte al colector Rivera, pues es evidente que si se hubiera conside-rado válida la defensa que en aquel pleito hizo Hernández Mena, ella hubiera puesto término a la acción seguida por Ale-jandrina Blanco. El interés que tenía Rivera en dicha finca terminó al proceder a su. venta. Además, él no era sino un simple mandatario del gobierno y no tenía interés alguno en dicha propiedad.

Estimando, como estimamos, que la defensa de cosa juz-gada estuvo bien fundada, no vemos que sea necesario con-siderar las demás cuestiones referentes a la supuesta nulidad de dicha venta, así como tampoco la defensa de prescripción, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Olivencia, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes.
    Moción del Fiscal para eliminar ciertos documentos de la transcripción.
    No. 637.
    — Resuelto-en enero 26, 1914.
    Desestimación de Apelación — Palta del Escrito de Apelación — Jurisdic-ción.- — -La falta del escrito de apelación en la transcripción de autos es una omisión que priva a esta corte do' jurisdicción para conocer de una apelación y que implica la desestimación de la apelación, aún cuando la cuestión a resolver sea una moción presentada por el Fiscal para eliminar de la trans-cripción ciertos documentos.
    Id. — Copia del Escrito de Apelación — Manifestaciones de las Partes. — Es tan necesaria la copia del escrito de apelación que no puede ser suplida por manifestaciones de las partes de que la apelación existe, ni por constancias del secretario de la corte inferior en tal sentido.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos lia presentado en este caso una moción pará que eliminemos del récord de la apelación ciertos documentos que se alega no forman parte de él. La moción fue discutida por los abogados de las partes.

Al examinar el récord con objeto de resolver esa moción hemos observado que no figura en él la copia del escrito de apelación y que no hay otra constancia de que se ha inter-puesto una apelación para ante esta Corte Suprema, que la manifestación del secretario de la corte inferior al certifi-car la exactitud de la transcripción, de que la expide para remitir a este tribunal “en la apelación interpuesta por sen-tencia por esta honorable corte de distrito.”

En vista de lo expuesto surge la pregunta de si tenemos jurisdicción para resolver algo en este caso como no sea la desestimación del recurso.

Para resolver cualquiera cuestión entre partes es nece-sario que tengamos jurisdicción sobre ellos y cuando se ad-quiere en grado de apelación es indispensable que del récord afirmativamente aparezca que la apelación ba sido inter-puesta. La ley de marzo 7, 1908, para enmendar el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal exige por su apar-tado 10 que en el récord de la apelación se incluya el escrito de apelación y no cumpliéndose con este requisito, no pode-mos saber que existe una apelación que podamos resolver. Por la falta del escrito de apelación debemos desestimar el recurso de apelación y así lo fiemos fiecfio en otros casos. Fernández v. Irizarry, 10 D. P. R., 44; López Landrón v. Rubert, 14 D. P. R., 5; El Pueblo v. Lorenzo, 18 D. P. R., 978; El Pueblo v. Lorenzo, 18 D. P. R., 991; Hernández v. Medina, resuelto en noviembre 10, 1913.

Es tan necesaria la copia del escrito de apelación que no puede ser suplida por manifestaciones de las partes de que la apelación existe, ni por constancias del secretario de la corte inferior en tal sentido. Hernández v. Medina, resuelto en noviembre 10, 1913; Hernández v. Hernández, resuelto en noviembre 6, 1913; López v. López, resuelto en noviem-bre 6, 1913; Aponte v. Freiría, resuelto en diciembre 19, 1913; Marxuach v. Aguilar et al., resuelto en diciembre 23, 1913.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.