author: El Juez Peesidente Señor Del Toro

text:
    Juan Pedrosa, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1175.

    Sometido: Junio 12, 1939.

      Resuelto: Diciembre 19, 1939.

      Bubón <& Ochoteco, abogados del peticionario; Leopoldo F-elíu, Celestino Iriarte y F. Fernández Cuyar, abogados de la inter-ventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Peesidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de certiorari que envuelve la interpretación y aplicación de la Ley para asegurar la efec-tividad de sentencias aprobada el primero de marzo de 1902. Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, pág. 96.

Las Monjas Racing Corporation, una corporación orga-nizada de acuerdo non las leyes de la Isla, demandó en la Corte de Distrito de San Juan a varias personas en recla-mación de sesenta y cinco mil dólares por daños y perjuicios y pidió a la corte que decretara el aseguramiento de la sen-tencia que pudiera dictarse, en los siguientes términos:

“1. — Que ba radicado en la Secretaría de esta Corte de Distrito una demanda en el presente caso sobre cobro de dinero, en la cual reclama la suma de $65,000.00, como daños y perjuicios sufridos por la demandante con motivo de varios autos de injunction expedidos a solicitud de los demandados quienes resultaron no tener derecho a tales órdenes.
“2. — Que toda vez que se demanda en juicio el cumplimiento de una obligación de pagar a la demandante una suma de dinero, inte-resa dicha demandante obtener una orden de esta Honorable Corte, de acuerdo con la Ley para asegurar la efectividad de sentencias de marzo 1 de 1902, autorizando y decretando el embargo de bienes de los demandados en aseguramiento de la efectividad de la sentencia que baya de dictarse en el presente caso, y de prosperar la acción ejercitada.
“3. — -Interesa la demandante se trabe embargo solamente basta la suma de $5,000 sobre bienes bastantes de los demandados para responder basta esa suma de la cantidad reclamada de $65,000, y al efecto ofrece prestar fianza en la suma que tenga a bien fijar esta Hon. Corte para decretar el embargo aludido.”

El aseguramiento fue en efecto decretado, así:

“Vista la anterior moción y examinadas las alegaciones en ella contenidas, así .como la Ley de marzo Io. de 1902 para asegurar la efectividad de sentencias, la Corte declara con lugar dicba moción y en su consecuencia ordena que previa la prestación de una fianza por la demandante por la suma de $5,000, y luego de ser aprobada dicba fianza por esta Hon. Corte, expida el Secretario mandamiento al Mársbal para que éste embargue, como por la presente se le ordena embargar, bienes suficientes de los demandados Fausto Arandes. Francisco (Aovas, Deogracias Viera, Jorge Romany o Juan Pedrosa para responder de la suma de $5,000.”

Prestada por la demandante la fianza exigídale, el Már-slial embargó bienes de uno de los demandados, Pedrosa, consistentes en caballos de carrera, valorados en cinco mil dólares, y a virtud de otra fianza por cinco mil dólares pres-tada por Pedrosa, quedaron en él depositados dichos bienes. Luego se amplió el embargo en cuatrocientos dólares, me-diante fianza por igual suma.

Así las cosas, compareció el demandado Pedrosa y pidió a la corte que decretara el levantamiento del embargo de acuerdo con el artículo 15 de la Ley sobre aseguramiento, previa prestación de fianza por el valor de los bienes em-bargados. Se opuso la demandante y tras largas y repetidas discusiones e incidentes, incluso otro recurso de certiorari, se dictó por el juez de distrito una resolución que, copiada en lo pertinente, dice:

“Los caballos embargados fueron entregados al compareciente Pedrosa mediante la prestación de una fianza de $5,000. Esta fianza está en vigor. Lo cierto es qne esta fianza es por igual cantidad que la que ba prestado la demandante para asegurar la efectividad de la sentencia. El embargo que se pidió fué simplemente basta la suma de $5,000. No bay duda alguna que el tribunal tuvo en mente esta petición para señalar la fianza. De todas suertes, las partes discuten extensamente el alcance del artículo 15 de la Ley sobre aseguramiento de la efectividad de sentencias y citan abundante jurisprudencia, pero no he encontrado ninguna que como en este caso se preste una fianza para asegurar solamente una suma menor a la reclamada al demandado. Es alrededor de este punto que las partes insisten grandemente en su memoranda; pero, a mi juicio, el Tribunal Supremo de Puerto Eico, por la autorizada voz de su juez, Sr. Hutchison, ya ba resuelto la cuestión cuando al sostener la reso-lución de 17 de enero de 1939, en la que el juez, Sr. Torres Pérez, dice: ‘el demandado viene obligado a afianzar la cantidad que se le reclama, o sea $30,000,’ dice lo siguiente: ‘el error, de haberlo, en la resolución de enero 17 al efecto de que Pedrosa no podía obtener el levantamiento del embargo mediante la radicación de una fianza de $5,000 sino que para lograrlo era menester que prestara una fianza de $30,000, más una suma razonable para garantizar las costas, desembolsos y honorarios de abogado, no fué perjudicial a la peticionaria. ’
“Esta resolución, correcta o incorrecta, estaba sustancialmente de acuerdo con la propia teoría de la peticionaria sobre el espíritu y alcance de la sección 15. Convengo con el compareciente, Sr. Pe-drosa, que esta interpretación es un tanto dura para el demandado compareciente; pero yo no me voy a meter a calificar la ley, ya que la misión del juzgador es interpretar la ley tal como ella aparece escrita y tal como ba sido interpretada, o por lo menos se deduce su interpretación de la opinión del Tribunal Supremo a que antes bago referencia. Entendemos que la solicitud que hace el demandado compareciente, Sr. Pedrosa, ya fué resuelta por este tribunal, y sobre tal resolución pasó el Tribunal Supremo y no debemos per-turbar este estado de hecho y de derecho creado en virtud de tal resolución. ’ ’

Fué entonces que el demandado Pedrosa interpuso el pre-sente recurso de certiorari en el que, como dijimos al prin-cipio, está envuelta la interpretación y aplicación de la Ley sobre aseguramiento de sentencias de 1902 y dentro del cual han sido oídas las partes interesadas.

Prescribe el artículo 15 de dicha Ley — Código de Enjui-ciamiento Civil, ed. 1933, pág. 100 — invocado por el peticio-nario, que:

' “El pago, consignación o afianzamiento de las sumas reclamadas al demandado, suspenderá el embargo decretado para seguridad de dichas sumas, o dejará sin efecto el embargo ya practicado.”

Y se entendió por el juez de distrito dando a la opinión de esta corte en Las Monjas Racing Corp. v. Corte, 54 D.P.R. 406, un alcance decisivo en ese extremo que no tiene, y.se insiste por la interventora que ese artículo exige para que pueda levantarse el embargo en todos los casos y por con-siguiente en éste, que el pago, la consignación o el afianza-miento lo sean de las sumas reclamadas al demandado, y que como aquí la suma reclamada al demandado Pedrosa dentro de la general de sesenta y cinco mil dólares, era la de treinta mil, resultaba insuficiente una fianza de cinco mil para dejar sin efecto el embargo.

De acuerdo con la letra de la ley parece clara esa con-clusión. Aplicada a este caso concreto operaría como sigue: para levantar un embargo de bienes por valor de cinco mil cuatrocientos dólares, se necesita pagar, depositar o afianzar treinta mil o sea una suma más de cinco veces mayor que la embargada.

Tal conclusión es injusta, absurda. Sin embargo, nos veríamos obligados a aceptarla por ser la ley si un estudio más detenido de todas las disposiciones del estatuto especial de que se trata no nos permitiera armonizar lo ordenado por el legislador en el artículo 15 con lo que ocurre en este caso concreto.

Dispone el artículo 2 de la expresada ley:

“Artículo 2. — El aseguramiento de la sentencia se ajustará a las reglas siguientes:
“(a) Si la obligación reclamada fuere de dar cosa determinada poseída por el demandado o por un tercero a su nombre, se prohibirá al demandado, o al tercero en su caso, la enajenación o gravamen de la cosa reclamada, hasta la resolución del pleito.
“(b) Si la obligación fuere de pagar nna suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas.
“ (c) Si la obligación fuere de hacer, se embargará al obligado la suma necesaria para ejecutar la obra no hecha o realizada en contravención a lo pactado.
“ (d) Si la obligación reclamada fuere de no hacer, el asegura-miento consistirá en prohibir al demandado que haga o continúe haciendo lo que trate de prohibirse con la demanda, apercibido de ser castigado por .desacato o desobediencia y en el embargo de la suma necesaria para indemnizar por lo que se haga en contra del derecho del demandado.
“ (g) En los casos precedentes, si se reclamaren daños y per-juicios, el aseguramiento podrá comprender, además, el embargo de bienes del demandado, en cantidad bastante a responder de los daños y perjuicios reclamados.
(Ji) En lo no previsto en las reglas precedentes, el Tribunal discrecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia.”

Y si recordamos la petición de aseguramiento de la inter-ventora, en la que se dice “que toda vez que se reclama en juicio el cumplimiento de una obligación de pagar a la deman-dante una suma de dinero”, concluiremos que la invocada por ella y la que está en efecto en armonía con la naturaleza de la acción ejercitada, es la letra (b) del artículo copiado.

También babla ese apartado de la ley como babla el artículo 15 de la misma “de las sumas reclamadas.” Y es lo propio que así sea porque parece natural que se pida el aseguramiento de la totalidad de la reclamación.

Empero, en este caso concreto, no se pidió el asegura-miento de los sesenta y cinco mil dólares reclamados ni aún de los treinta mil comprendidos en ellos y de los cuales se bacía responsable a Pedrosa, lo que hubiera exigido por parte de la reclamante la prestación de una fianza mayor, si que expresamente se limitó por ella la petición de asegura-miento a una cantidad menor en relación con la cual fue que la fianza fue fijada por la corte y prestada por la deman-dante.

A nuestro juicio la petición pudo hacerse en esa forma porque lo menos está comprendido en lo más, pero creemos que habiéndose limitado la suma, esa limitación debe servir de pauta y regir a los efectos de la aplicación de todos los otros preceptos de la ley especial sobre la materia que es en sí una integridad. Si para fijar la fianza que permitió el embargo de acuerdo con la letra (b) del artículo 2, lo menos comprendido en lo más fue lo que se tuvo en cuenta, para levantar dicho embargo, aplicando el artículo 15, lo menos comprendido en lo más es lo que debe tomarse en consideración. Las sumas reclamadas de que hablan los ar-tículos 2, párrafo (ó) y 15 de la ley, debe entenderse que son, pues, las sumas cuyo aseguramiento se pide por el propio demandante que es el que tiene el control de su caso.

Interpretada de ese modo la ley a fin de aplicarla a las circunstancias concurrentes en el caso concreto sometido a la decisión judicial, resulta lógica, equitativa, justa.

Parece conveniente, por último, que nos refiramos a lo prescrito en el apartado (h) del repetido artículo 2 de la ley, a saber: “ {h) En lo no previsto en las reglas prece-' dentes, el tribunal discrecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia”, porque ello revela que dándose cuenta el legis-lador de lo complicado de la materia y de las diversas situa-ciones que en la práctica pudieran surgir, encomendó a la discreción y a la equidad de los tribunales la adopción de cualesquiera otras medidas que fueren procedentes para que el propósito de la ley se cumpliera.

Si bien ese artículo se refiere a las medidas de asegura-miento a decretar, no puede perderse de vista que quien tiene la facultad de decretar y también la de seguir hasta el fin la ejecución del decreto — fianza, depósito, sustitución — no sólo puede si que debe ajustar las medidas posteriores a la primitiva para que resulten armónicas. Y en tal virtud si sólo parte de la suma reclamada se aseguró a instancia del reclamante, la sustitución del aseguramiento por el pago, la consignación o el afianzamiento deberán serlo también de esa parte, interpretada la ley de manera qne opere en justicia por igual para todas las partes interesadas en el litigio.

En tal virtud procede anular la resolución de abril 27, 1939, y devolver los autos a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con los prin-cipios enunciados en esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe, Hutchis-ON

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mariano Rivera Muñoz, acusado y apelante.
    Núms. 7882, 7883 y 7884.

    Sometidos: Diciembre 5, 1939.

      Resueltos: Diciembre 20, 1939.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar,. abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe, Hutchis-ON

emitió la opinión del tribunal.

Mariano Rivera Muñoz, conductor de camiones, apela de sentencias condenatorias en tres casos que fueron juzgados conjuntamente.

La denuncia en el caso núm. 78-82 alega que el conductor del camión dejó de detenerse y dar su nombre y el número de su licencia al viandante o a cualquier policía u otra persona interesada, así como que dejó- de llevar al lesionado a un hospital o a su residencia, en violación del artículo 12, inciso (ó) de la Ley de Automóviles de Puerto Rico (Leyes de 1916, págs. 144, 152). La denuncia en el caso núm. 7883 imputa una violación de los incisos (a) y (A) del artículo 12 por haber dejado el acusado de hacer uso de aparato alguno de alarma o de tomar las debidas precauciones para garan-tizar la seguridad de vidas y propiedades de las. personas que estaban en la carretera antes de llegar a la escena del acci-dente, que tuvo lugar en una curva. La denuncia en el caso 7884 imputaba el delito de acometimiento y agresión grave.

De conformidad con el artículo 6, inciso 9, de una ley aprobada el 10 de marzo, 1904 (Código Penal de Puerto Rico, edición 1937, pág. 157) el acometimiento y agresión es grave “cuando se cometiere con intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.” Convenimos con el letrado del apelante y con el fiscal de esta corte en que la conducta del chófer del camión no fué tan imprudente y temeraria que justifique la inferencia de una intención premeditada. Igualmente creemos que la prueba fué insuficiente para sostener la condena en el 7882. El peatón fué arrollado por el extremo delantero o esquina derecha de la caja del camión luego de la cabina haber pasado el sitio en que el viandante estaba en la carretera. El conductor estaba sentado dentro de la cabina, al lado contrario del camión. La prueba no ofrece base satisfactoria para la conclusión de que el acusado tuvo conocimiento del accidente antes de su arresto varias horas después.

Por motivos que es innecesario hacer constar en esta opi-nión, también nos inclinamos a convenir con el letrado del apelante, en que la prueba en el caso 7883 era insuficiente para justificar una condena en la teoría de que el acusado dejó de tocar su bocina antes de tomar la curva. El acu-sado, mientras ocupaba la silla de los testigos, admitió sin embargo que poco antes de llegar a la escena del accidente vió a dos personas, una de las cuales, según supo más tarde, fue arrollada por la caja del camión. Las ruedas del camión estaban en la parte embreada de la carretera que de ordi-nario es usada por los vehículos de motor. Parte de la caja del mismo se extendía fuera de la porción embreada de la carretera sobre un camino o espacio que está entre el embreado y la cuneta. Este camino o parte de la carretera entre la brea y la cuneta era utilizado por los viandantes. Uno de los dos peatones vió el camión y evitó ser lesionado brincando a la cuneta. El dejar el conductor del camión de tocar la bocina inmediatamente antes del accidente o de echarse un poco hacia la izquierda para evitar arrollar los peatones o para evitar que éstos se lanzaran a la cuneta, era suficiente, a nuestro juicio, para justificar una condena en el 7883.

La sentencia en el caso núm. 7883 debe ser confirmada. En los casos 7882 y 7884 las sentencias deben ser revocadas.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Valentín Polanco de Jesús y Emilio Reynes, demandantes, apelados y apelantes, v. Santiago Ruiz López y el Municipio de Ciales, demandados, apelante y apelado el primero.
    Núm. 7653.

    Sometido: Diciembre 15, 1938.

      Resuelto: Diciembre 23, 1939.

      Juan B. Soto y Enrique Igaravídez, abogados del apelante y apelado; V. Polanco de Jesús, pro se y Luis Mercader, abogados de los apelados y apelantes.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito declaró sin lugar una excepción pre-via presentada por el demandado Ruiz López de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Más tarde, durante el curso del juicio, la corte denegó una moción para eliminar la misma causa de acción. Ruiz López des-cansó y aún descansa en los artículos 1252, 1253 y 1254 del Código Civil (edición de 1930). Aunque el Municipio de Ciales fué debidamente citado no compareció en el procedi-miento.

La primera causa de acción, según lia sido expuesta en una demanda enmendada, fué en síntesis como signe:

Que los demandantes eran dueños de una casa y solar que se describen en la demanda y que aparecen inscritos en el registro de la propiedad al folio 97 del tomo 57 de Cíales. Los demandantes y sus predecesores ban venido poseyendo dicha finca civil y material^ mente, quieta y públicamente, sin ninguna interrupción y como únicos dueños desde hace más de 40 años. El demandado Euiz López compró en febrero 28, 1928, a Sucesores de F. Pintuoles & Cía. una casa y solar de nueve metros noventa centímetros de frente a la calle Victoria, hoy Palmer, que es el Poniente, y dieciséis metros cuatro centímetros de fondo, lindante por el Este en parte con propie-dad de los demandantes y en parte con otra propiedad de Sucesores de F. Pintueles & Cía. Que la casa ocupaba toda la extensión frente y fondo del mencionado solar, y así les constaba a ambos demanda-dos, ya que el Municipio le traspasó a Euiz López y midieron de acuerdo tal terreno. En 1930, Euiz López, sin notificación alguna al entonces dueño del solar de los actores, el incapacitado Fernando José Fernández Vega, inexactamente informó al Municipio de Cíales qpe él había remensurado su solar, encontrando que en vez de dieci-séis metros cuatro centímetros de fondo, tenía veinticuatro metros. De ese modo obtuvo del Municipio, e inscribió en el registro de la propiedad, una escritura de enajenación en abril 25, 1930, en la que se describía el solar con un fondo de veinticuatro metros. Los ocho metros adicionales que se describen en la demanda como una faja rectangular de terreno de once pies de ancho, formaban parte de una finca perteneciente a los demandantes. Desde 1930, en que Euiz López consiguió la escritura del Municipio e inscribió la misma, así como antes y después y hasta la radicación de la demanda, a él le constaba que el Municipio de Ciales nunca había sido dueño del predio de once pies de frente por ocho metros de fondo descrito en la demanda y nada tenía que ver con tal porción. Por el contrario ambos demandados habían sabido y sabían que tal faja pertenecía exclusivamente a los antecesores de los demandantes, que la habían estado poseyendo y la poseen todavía, por más de cuarenta años como solos dueños, pública y pacíficamente, sin ninguna interrupción; y a pesar de ello llevaron a cabo la expresada documentación e ins-cripción a base de la inexactitud expresada. Euiz López, amparán-dose en tal titulación, se ha introducido en esa porción de terreno de los demandantes, ha destrozado las flores y arbustos allí sembra-dos y cultivados por más de 16 años por los demandantes, ha des-truido una cerca de madera y tela metálica puesta en la colindancia Sur del solar de los actores desde hace 16 años y recientemente destruyó una pared levantada por los demandantes en tal porción y contigua a la pared trasera o espalda de la casa-botica de Ruiz López, quien aún hoy en día amenaza a los actores con continuar po-seyendo y controlando tal porción y alegando de palabra y por escrito que es dueño de ella y que ha tolerado a los demandantes que sembraran allí las flores y arbustos indicados. Se suplicaba se dictara sentencia al efecto de que la faja de ocho metros estaba incluida en el solar que se describe en la demanda como perteneciente a los demandantes; que la escritura de abril 25, 1930 y la inscrip-ción de la misma en el registro de la propiedad, son ineficaces, nulas e inexistentes y no afectan el título dominical íntegro de los acto-res y dejando a éstos disfrutar su propiedad de manera tranquila y expedita como únicos dueños indivisos.

Ésta era y es, a nuestro juicio, una acción para resolver reclamaciones opuestas (to quiet title) autorizada por el artículo 282 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Los demandantes no trataban de invalidar o anular la escritura de abril 25, 1930, como documento anulable. Su fin era establecer la nulidad absoluta de esa enajenación y en su consecuencia eliminar cualesquiera dudas que hubiera sobre su título. Los artículos 1252 y siguientes del Código Civil nada tienen que ver con el caso.

Lo dicho anteriormente resuelve los cinco primeros erro-res señalados en el alegato del demandado apelante.

Los demandantes ofrecieron como prueba copias cer-tificadas de asientos en el registro de la propiedad en que se hacían constar que la casa y el solar descritos en la demanda eran propiedad de los demandantes. Al inquirir el letrado del demandado el objeto con que se presentaba dicha prueba, el abogado de los demandantes manifestó que lo hacía para justificar el título dominical de los demandantes y la historia de la finca por un período de más de cincuenta años. El demandado se opuso basado en que debían presen-tarse las escrituras mismas para determinar la validez del título de los demandantes. El juez admitió el documento para el solo efecto de demostrar que la finca estaba inscrita en el registro de la propiedad a nombre de los demandantes; no para demostrar que los demandantes fueran dueños de la propiedad, sino para demostrar que la finca estaba inscrita en el registro de la propiedad como perteneciente a los deman-dantes. El documento demostraba que según el registro los demandantes y sus predecesores habían sido dueños de la propiedad desde 1881. Era admisible para dicho fin.

Más tarde, la corte admitió como prueba copia certificada de las inscripciones del título del demandado. Al ser ofre-cido ese documento en evidencia, el demandado se opuso por-que del documento se desprendía que el demandado tan sólo había adquirido la casa de Pintueles, mientras que los deman-dantes habían alegado tanto la enajenación de la casa como del solar. El letrado de los demandantes manifestó que Pintueles únicamente había vendido la casa y que la alegación contenida en la demanda sobre la enajenación tanto de la casa como del solar estaba equivocada. El demandado ape-lante señala como error en su alegato el haberse admitido este documento. Se conforma con descansar en las razones ya expuestas en apoyo de su contención de que la corte erró al admitir la copia certificada de la inscripción del título de los demandantes. Toda discusión del punto que así se trata de levantar resultaría superfina.

A Joaquín Torres Noriega, socio gestor de F. Pintueles & Cía., luego de declarar que desde 1907 había conocido, la finca que se describe en la demanda como perteneciente a los demandantes, se le preguntó quién había estado en posesión de la misma. El demandado se opuso fundado en que esto se desprendía del certificado del registrador. El letrado de los demandantes manifestó que la cuestión era si el testigo sabía quién había estado en posesión de la finca. El deman-dado entonces se opuso basado en que no se trataba de un pleito de reivindicación, sino de uno sobre nulidad de escri-tura y sobre negatoria de servidumbre. El abogado de los demandantes citó de la súplica de la demanda. Si estamos en lo cierto en la conclusión a que ya liemos llegado sobre la naturaleza del pleito, la objeción fué debidamente decla-rada sin lugar.

Al preguntarse a Torres Noriega si sabía qué ancho tenía la propiedad por el frente, el abogado contrario manifestó que había de aumentación que demostraba eso. El testigo no contestó la pregunta pero se le pidió que nombrara el dueño de la propiedad contigua por el Sur. El demandado manifestó que las colindancias se desprendían de los documentos ya presentados. El juez dijo que aunque se hubieran presentado documentos el testigo podía declarar sobre las colindancias, si es que las conocía, porque el objeto es corroborar el título; que en caso de que hubiera confusión o discrepancia la corte determinaría cuál tenía razón; que el testimonio se ofrecía para corroborar solamente; que debía tratarse de preguntar lo menos posible sobre eso. El demandado no excepcionó la resolución de la corte. En respuesta a nuevas preguntas el testigo manifestó que la propiedad lindaba por el Sur con Sucesores de F. Pintueles & Cía.; por el Oeste con el Municipio de Ciales y Buiz López y por el Este con Pintueles. No hallamos que la corte cometiera error en su resolución. La única supuesta contradicción alegada en el alegato del apelante fué insignificante, más aparente que real, y quedó enteramente explicada por otra prueba y por otros documentos. El error, de existir, no fué perjudicial.

En la escritura de rectificación otorgada el 25 de abril, 1930, las partes hicieron constar ante el notario que por otra escritura de 23 de enero de 1930, Alvaro Corrada, en su carácter de Alcalde del Municipio de Ciales, vendió a Buiz López un solar radicado en la calle Palmer, que medía nueve metros noventa centímetros de frente por dieciséis metros cuatro centímetros de fondo, lindante al Sur con otro solar propiedad del Municipio, donde está enclavado un edificio de la sociedad mercantil Sucesores de P. Pintueles & Cía., y por el Este con otro solar propiedad del Municipio, cedido en usufructo a la misma sociedad Suers, de F. Pintue-les & Cía.; que el Sr. Buiz había construido en el descrito solar una casa de mampostería que anteriormente medía nueve metros noventa centímetros de frente por diez metros treinta centímetros de fondo, pero que al tiempo de la recti-ficación medía nueve metros noventa centímetros de frente por dieciséis metros cuatro centímetros de fondo, o sea una capacidad igual al solar en donde está enclavada.

Corrada también manifestó que el solar antes descrito, ai ser medido, resultó tener un área de 24 metros cuatro cen-tímetros de fondo por nueve metros noventa centímetros de frente, o sea ocho metros más de fondo que el número de metros calculado al tiempo en que se efectuó la venta anterior.

Mientras Corrada declaraba como testigo de los deman-dantes se le preguntó “¿quién estaba detrás de la pared de la botica hacia el Saliente?” El testigo contestó que Valen-tín Polanco y Pintueles. El demandado solicitó se eliminara esta contestación por estar en contradicción con un documento que ya se había presentado como prueba.

El juez manifestó que lo único que se podía preguntar era, no la dimensión exacta, sino si había un patio, si la casa de Polanco tenía un patio atrás, pero que no se podían corregir las dimensiones con prueba oral. Ambos letrados argumen-taron entonces la cuestión, mas de los autos no se desprende la naturaleza de sus argumentos. Luego de oír la discusión el juez dijo que lo único que admitía como pregunta al tes-tigo es si cuando firmó la escritura ésa hizo alguna mensura o actuó meramente por referencia, pero no si ello era cierto o no; que no permitiría que el testigo declarara que lo con-signado en la escritura por él como Alcalde a favor del deman-dado Buiz López no era la verdad; que la corte permitiría que se preguntara si cuando hizo la escritura de rectificación actuó a virtud de alguna mensura que hiciera o meramente por referencia de que el terreno que se había vendido pre-viamente no era todo lo que comprendía el solar. El abo-gado de los demandantes manifestó qne lo de la segunda escritura vendría más tarde. No se tomó excepción a la resolución de la corte, Dicta resolución pudo haber sido dictada más en respuesta al argumento del demandado que a la moción para eliminar, pero el apelante no se queja de que no se resolviera la cuestión exacta levantada por la moción. Sea ello como fuere, el demandado no insistió en que se resol-viera directamente la moción para eliminar. Según demues-tra concluyentemente otra prueba, la firma de Sucesores de Pintueles & Cía. era uno de los predecesores de Polanco y la discrepancia existente entre la descripción que se hacía en la escritura y la declaración del Alcalde respecto a la colin-dancia por el Este del solar de Ruiz López, no era cuestión que tuviera importancia vital.

Posteriormente se le preguntó al testigo si al tiempo de la segunda escritura había hecho algo personalmente o si había descansado en informes recibidos de otra persona. El demandado se opuso a que se hicieran preguntas sobre los motivos que tuviera la parte para actuar y dijo que “lo que se incorpora en un documento publico, se presume que los hechos anteriores están fijados por las partes.” El juez manifestó que la cuestión fuá resuelta. Que la corte permi-tiría que se pregunte al testigo si cuando hizo la segunda escritura había consultado algún documento oficial o si hizo alguna mensura sobre el terreno. El letrado del demandado agregó “siempre que no esté en contradicción con lo que apa-rezca en la escritura” y se anotó una excepción. El juez entonces preguntó al testigo si había consultado algún docu-mento oficial o si había hecho alguna mensura sobre el terreno cuando otorgó la segunda escritura. El testigo contestó nega-tivamente. Al preguntársele si había consultado algo el tes-tigo contestó que había otorgado la escritura solamente por información recibida de Ruiz, que fué a su oficina con un abogado.

La Sección 25 de la Ley de Evidencia, que hoy en día es el Artículo 387 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) provee:

“Cuando las condiciones de un convenio se hayan consignado por las partes en un documento, se considerará que contiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus repre-sentantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, excepto en los siguientes casos:
“1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegada en litigio.
“2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho contro-vertido,
“Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales se relacio-nare, según lo definido en el artículo veinte y ocho, o para explicar una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La pa-labra 'convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como contratos entre las partes.”

Los demandantes no comparecieron en la escritura de rec-tificación de 25 de abril de 1930, ni eran representantes o eausahabientes de ninguna de las partes en dicha escritura. Esto, sin más, basta para hacer caer el presente caso den-tro de la bien conocida excepción a la regla sobre prueba oral (parol evidence rule), a menos que el hecho de que el demandado Euiz López y el municipio demandado, represen-tado por Corrada, en su carácter de alcalde, tienda a evitar ese resultado. Véanse 2 Jones on Evidence, Sección 449, pág. 858, y 5 Wigmore (2da. edición) Sección 2446, pág. 342.

La declaración de Gorrada también tendió a explicar, a nuestro juicio, una ambigüedad extrínseca, revelando circuns-tancias adicionales que no se mencionaron en la escritura y trayendo así a la luz todas las circunstancias en que se cele-bró el convenio, en vez de parte de ellas únicamente.

Sea ello como fuere, el presente recurso, conforme ya hemos demostrado, fué iniciado para establecer la nulidad absoluta de la escritura.

Sea ello como fuere igualmente, Gorrada no había mani-festado al notario que había consultado ningún documento oficial, que había medido el solar, que había presenciado la mensura o el resultado de la misma, o que no hubiera actuado por información y creencia. La declaración del Alcalde no varió, modificó ni contradijo las aseveraciones hechas por él al notario.

Cuanto dejamos expuesto cubre las cinco subdivisiones del noveno señalamiento.

Los señalamientos séptimo, undécimo, duodécimo y décimotercero son en síntesis que la corte erró: en la apreciación de la prueba; al dar por probado que el título de los demandantes a la faja de terreno en controversia es superior al del demandado apelante; al sostener que el municipio no podía vender al demandado apelante el solar descrito en la segunda escritura; al sostener que los demandantes están y han estado durante los últimos años en posesión de la faja de terreno objeto de esta acción.

Por las razones que ya hemos expuesto al discutir la sufi-ciencia de los hechos aducidos en la demanda, no podemos asumir con el demandado apelante que para justificar una sentencia en favor de los demandantes era necesario llegar a la conclusión de que la segunda escritura de enajenación en que se basaba el demandado Euiz fué obtenida del muni-cipio mediante dolo y fraude. Los demandantes y sus pre-decesores habían estado en posesión de la faja en controversia, en calidad de dueños según el registro, por espacio de medio siglo aproximadamente, con anterioridad a la fecha en que se otorgó la segunda escritura. Admitiendo, al igual que lo hizo el juez de distrito, que en realidad ellos no fueran ios dueños absolutos, sino meros usufructuarios, no obstante el municipio como dueño de la nuda propiedad, carecía de facul-tad para vender la propiedad a persona distinta al usufruc-tuario, sin la celebración de una subasta. Véanse los artículos 71, 72 y 73 de la Ley Municipal (Leyes de 1928, pág. 393). Por tanto, la segunda enajenación fué absolutamente nula. Eli lo que a la primera causa de acción se refiere, no halla-mos que la corte inferior cometiera error en la apreciación de la prueba.

Los señalamientos sexto, octavo, décimo y décimocuarto son al efecto de que la corte de distrito erró: al declarar con lugar la primera causa de acción; al no imponer las costas a los demandantes apelados; al sostener que los demandantes probaron que eran dueños del solar descrito en su demanda; al declarar sin lugar la contrademanda.

El sexto señalamiento fia sido sometido como corolario de los otros señalamientos ya discutidos. El décimo no fia sido discutido en el alegato del demandado apelante. Los señala-mientos octavo y décimocuarto carecen igualmente de méritos.

La sentencia contenía pronunciamientos al efecto de que:

Los demandantes no tenían derecho a obtener el cierre de la puerta-ventana en la pared del fondo de la casa del demandado, y en caso de construir los demandantes cualquier edificación perma-nente sobre su solar, en colindancia con la finca del demandado, deberían cumplir con lo dispuesto en el artículo 521 del Código Civil; el demandado Euiz López no es responsable de los daños alegados; cada parte pagará sus costas.

Los demandantes apelan de esta parte de la sentencia.

En 1880 Vicente Martínez compró la casa que fué más tarde adquirida por el demandado Euiz. Esta fué descrita como que tenía un aljibe y un corral y como que ocupaba un solar que tenía 9 varas de frente por 12 de fondo. Cuando Euiz adquirió la casa en febrero de 1928, se describió ésta como que tenía un aljibe y un corral (aunque se hizo constar que el aljibe ya no existía) y como que había sido construida en un solar que medía 9 varas de frente por 12 de fondo, solar que a virtud de arreglos con el municipio medía en aquella fecha 9 metros noventa centímetros de frente por 16 metros 4 centímetros de fondo. Se decía que la casa misma medía nueve metros noventa centímetros por diez metros treinta ’centímetros de fondo.

Ruiz destruyó una habitación o martillo de madera que había sido construido en la parte posterior de la casa de mampostería que se describe en la escritura. Entonces fabricó cerca o junto al límite Este del solar una pared de concreto con dos huecos, uno de los cuales el juez de distrito lo describe en una ocasión como “ventana” y en otras como “puerta-ventana.” Éste es el hueco que los demandantes trataban de cerrar. La estructura de madera que estaba en la parte posterior del edificio de mampostería tenía huecos similares. El juez de distrito llegó a la conclusión de que los huecos en la pared de concreto estaban en el mismo sitio que lo habían estado los huecos en la estructura de madera. A no ser por esta conclusión, la nuestra muy bien podría ser que uno de los huecos en la pared posterior de la estruc-tura de madera daba acceso a un corral (parte del solar de Ruiz) y el otro, que aparentemente no se usaba como puerta, recibía luz y aire del mismo corral — no directamente de la propiedad contigua al Este, como ocurre con la ventana o puerta-ventana sustituta abierta en la pared de concreto. Tai conclusión nuestra hallaría no sólo amplio apoyo en las decla-raciones de los testigos, sino que también estaría mucho más en armonía con la tendencia uniforme de la prueba documen-tal. Un factor sobresaliente en esa prueba es la manifesta-ción hecha por Ruiz ante el notario que redactó la escritura de enero 23, 1929. Esta manifestación fué:

“. . . que es dueño y tiene inscritas en dominio, las siguientes fincas:
“(A) Urbana: Casa construida en la calle Palmer de Ciales, de mampostería y zinc, que anteriormente medía 9 metros 90 centí-metros de frente por 10 metros 30 centímetros de fondo, pero en la actualidad, por haber sido construida la parte que tenía de corral, mide 9 metros 90 centímetros de frente por 16 metros 4 centímetros de fondo, o sea, una capacidad igual al solar en donde está encla-vada.”

Empero, según el criterio que hemos formado del caso, la cuestión de si cualquier error en la conclusión del juez de distrito fué tan manifiesto que exija la revocación, no nece-sita ser resuelta por ahora.

En Rabell v. Rodríguez, 24 D.P.R. 561 y Rodríguez v. Colón, 34 D.P.R. 78, las puertas daban a la propiedad dol demandado. Ninguno de estos dos casos sirve de autoridad para la proposición de que las cortes no tienen facultad para obligar a que se cierre una puerta que da directamente a la propiedad de un dueño contiguo.

En el presente caso el marco de la ventana o puerta-ventana estaba como a un metro o a metro y medio sobre el nivel del terreno. No podía utilizársele como puerta sin el uso de una escalera o de unos peldaños exteriores sobre la propiedad de los demandantes. No podía usársele como tal sin penetrar y pasar por sobre parte de la finca de los demandantes. Un camino es una servidumbre discontinua que no puede adquirirse por prescripción. Aun si Ruiz, siu protesta u objeción por parte de los demandantes, o de sus predecesores, hubiera construido una escalera de concreto y un camino de concreto o asfalto a través de la propiedad de los demandantes, no obstante, de conformidad con la opinión de la mayoría de este tribunal en el caso de Martínez Rodríguez v. Central Cambalache, 48 D.P.R. 216, confirmada en Central Cambalache v. Martínez Rodríguez, 82 F. (2d) 37, una servidumbre de paso no hubiera podido adquirirse por prescripción. Véase también el luminoso artículo del Juez Otto Scboenrieb intitulado “Acquisition of Rights of Way by Prescription” en el número de febrero de 1938, de Tulane Law Review, núm. 2, tomo 12, pág. 226.

De todos modos, el juez de distrito no resolvió que la ven-tana o puerta-ventana en controversia fuera una puerta más bien que una ventana, o que en época alguna fuera utilizada para entrar o salir del edificio. No hallamos en la prueba una base satisfactoria para llegar a tal conclusión.

El hueco, no obstante su forma y tamaño, fué diseñado y usado principalmente por lo menos para permitir que el aire y la luz penetraran, mas no para entrar y salir las per-sonas. Era nna ventana y no una puerta. Véase Valls v. Rosado, 52 D.P.R. 329.

Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por prescripción. El período estatutario es de 20 años. Artículo 544 del Código Civil. El tiempo de 1a, posesión se contará en las positivas “desde el día en que el dueño* del predio dominante, o el que baya aprovechado la servidum-bre, hubiere empezado a ejercerla sobre el predio sirviente.” En las negativas empieza a contarse “desde el día'en que el dueño del predio dominante hubiere prohibido por un acto formal al del predio sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre.” Artículo 545. Las servidum-bres de luces y vistas son negativas y de ordinario son tanto aparentes como continuas. Iglesia Católica, etc. v. Combate Tobacco Corp., 42 D.P.R. 376. El único acto ejecutado por Ruiz que podría considerarse como que prohibía a los deman-dantes hacer algo inconsistente con la existencia de una ser-vidumbre fué la destrucción de la pared erigida por los demandantes o por uno de ellos sobre su propia finca al lado contrario de la ventana en disputa. La forma en que se des-truyó esta pared tuvo por resultado el daño ocasionado a los arbustos y flores descritos en la demanda. La muralla fué construida poco antes de salir el sol en la madrugada del 10 de noviembre de 1935. Fué destruida en la mañana del mismo día. La demanda fué radicada el 19 de marzo de 1936. No existía base para que se alegara la existencia de una servidumbre por prescripción o en alguna otra forma. Es justo añadir que el demandado no alegó tal cosa en su contestación, sino que se conformó con negar el título de los demandantes a la propiedad que se describe en la demanda como perteneciente a ellos y en aseverar que el demandado era dueño del solar por haberlo comprado del municipio.

Hemos discutido la cuestión de prescripción tan sólo por - que el juez de distrito basó su sentencia, en tanto en cuanto la misma fué adversa a los demandantes, principalmente en la teoría de prescripción. Este criterio, desde luego, pasa por alto los preceptos claros del Artículo 545 supra.

El juez de distrito resolvió que los demandantes no tenían derecho a daños y perjuicios por la destrucción de la cerca construida por ellos en su propia finca puesto que ellos no tenían derecho a cerrar la ventana del demandado, sin que antes se resolviera judicialmente si había o no servi dumbro legal a favor del demandado. La respuesta a esto es, desde luego, que los demandantes no cerraron la ventana del demandado, sino que meramente construyeron una cerca en su propia finca, cosa que tenían perfecto derecho a hacer, aunque el!,o diera por resultado impedir que el demandado continuara utilizando la finca de los demandantes para recibir la luz y el aire que anteriormente había recibido mediante la tolerancia de los demandantes, pero sin visos de derecho a continuar en el goce de tal privilegio.

Los demandantes alegaron como tercera causa de acción que. las aguas pluviales caían sobre el suelo del solar de los demandantes, causando en éste la destrucción de sus jardines; que los demandantes habían suplicado al demandado que hiciera la construcción de su tejado en forma tal que sus aguas cayeran sobre su fundo o bien en la vía pública y el demandado se había negado a ello. Se suplicaba se dictara sentencia condenando al demandado que hiciera dentro de un término razonable sobre su tejado la obra necesaria para que sus aguas pluviales vertieran sobre su propio suelo o a la vía pública. El juez de distrito dijo que la prueba presentada para justificar esta causa de acción fué tan débil que no»estaba justificado para dictar una sentencia en favor de los demandantes. También dijo que aun si pudiera admitirse que- algunas goteras del tejado caían sobre la coiindaneia de ambas fincas, muy cerca de la pared, no por ello debía inferirse que las mismas causaran daño al demandante Polanco. Éste, dijo el juez, declaró que por mucho tiempo ha cultivado hermosas y costosas flores hasta la misma pared, lo que demostraba que el agua había sido más bien beneficiosa.

Podría admitirse que los daños ocasionados por las aguas pluviales que caían del tejado del demandado no eran muélaos. Sin embargo, los demandantes hubieran tenido derecho por lo menos a daños nominales si los hubieran exigido. Mas no se solicitó indemnización por los daños causados por dichas aguas. Tampoco el derecho de los demandantes al remedio solicitado giraba sobre la cuestión de daños y perjuicios o sobre el importe de los mismos”. La prueba fue más que sufi-ciente para establecer el hecho de que caían aguas pluviales del tejado de los demandados sobre la finca de los deman-dantes. El artículo 593 del Código Civil prescribe:

“El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados o cubierta de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo o sobre la calle o sitio público, y no sobre el suelo del vecino. Aun cayendo sobre propio suelo, el propietario está obli-gado a recoger las aguas de modo que no causen perjuicio al predio contiguo. ’ ’

Los demandantes, a nuestro juicio, tenían derecho a que se dictara sentencia a su favor en las causas de acción segunda, tercera y cuarta, al igual que en la primera, y tal sentencia debió haber incluido las costas.

Aquella parte de la sentencia apelada que es adversa a los demandantes debe ser revocada y en su lugar este tribunal dictará otra en su favor. En todos los demás aspectos la sen-tencía apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señob Wole

text:
    In re Fianzas Notariales Del Colegio de Abogados de Puerto Rico

      Sometido: Diciembre 13, 1939.

      Resuelto: Enero 8, 1940.

      Benicio Sánchez Castaño y Luis E. Dubón, abogados del Colegio; Iíon. Procurador General Interino, E. Campos del Toro, por el Departamento de Justicia; B. II. Ball, por la Oficina del Superin-tendente de Seguros.
   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión, del tribunal.

En 15 de mayo de 1939 la Asamblea Legislativa de Puerto Eico aprobó la Ley Num. 170, y la sección aquí envuelta, según fué enmendada, lee como sigue (Leyes de 1939, pág. 863):

“Sección 2. — (Enmendada según la ley de 10 de marzo de 1910, pág. 152.) — Además de los que hoy ejercen en esta Isla la profesión notarial, y de los que hasta hoy han obtenido título librado por la Corte Suprema de Puerto Rico, sólo podrán en lo sucesivo ejercer dicha profesión, los abogados que hayan sido admitidos a practicar como tales ante las cortes de justicia por la dicha Corte Suprema y hayan prestado una fianza a favor de El Pueblo de Puerto Rico, por la suma de dos mil quinientos (2,500) dólares, para responder del buen desempeño del cargo. La fianza que prestare cualquier notario deberá ser bien personal o hipotecaria; Disponiéndose, que podrá aceptarse la fianza de cualquier compañía fiadora como única garan-tía buena y suficiente, con todos sus derechos y sujeta a todas las responsabilidades como lo están las garantías de personas naturales, de acuerdo con lo que dispone el artículo 355 del Código de Enjui-ciamiento Civil; Y disponiéndose, además, que podrá aceptarse tam-bién al Colegio de Abogados de Puerto Rico como única garantía para responder del buen desempeño de su cargo como notario por cualquier abogado colegiado, facultándose a dicho Colegio para co-brar por esa garantía la cantidad que estime razonable. La fianza después de prestada, no se tendrá como constituida, hasta no haber sido aprobada por la Corte Suprema, e inscrita, cuando sea hipote-caria, en el Registro de la Propiedad. Aprobada la fianza, el no-tario prestará el juramento que más adelante se prescribe, y pondrá en conocimiento de la Corte de Distrito del Distrito en que haya de residir, la fecha en que abrirá su oficina notarial. La fianza del no-tario responderá de los daños y perjuicios que por acción u omisión cause en el ejercicio de su ministerio; Disponiéndose, que si en una reclamación judicial que se haga contra un notario, se le adjudica al reclamante el todo o parte de la fianza de aquél, no podrá seguir ejerciendo, hasta tanto que la tenga nuevamente constituida por el montante y en la forma que antes se ha expresado.”

El Colegio de Abogados de Puerto Rico acude ante nos en solicitud de que dictemos una resolución declarando que aceptamos como única garantía de sus funciones de asegurador de los notarios, su buena fe y la suma de $25,000 en bonos de los Estados Unidos, que se obliga a depositar en la Secretaría de esta Corte Suprema. En el curso de su petición a este tribunal el Colegio aduce que basta el presente no le lia sido posible obtener más de $22,500 en dichos bonos y que aún le faltan por adquirir $2,500. El recurrir a este método de fijar la suma de $25,000 y depositarla en la Secretaría de esta corte ha sido el resultado de una resolución adoptada por el propio Colegio de Abogados el 12 de julio de 1939. Creemos que ella es una buena idea, a pesar de que, conforme veremos, no existe disposición expresa en la ley a ese efecto.

Leyendo la ley no hallamos ninguna autoridad específica a virtud de la cual la Corte Suprema de Puerto Rico pueda ahora autorizar o ratificar la actuación del Colegio de Abo-gados al demostrar su solvencia mediante el depósito de bonos por la suma de $25,000 en esta Corte Suprema. Nada encon-tramos en la ley misma ni en las leyes generales de Puerto Rico que autorice o dé jurisdicción a este tribunal para apro-bar la garantía ofrecida por el Colegio de Abogados, según ocurre cuando los distintos funcionarios ejecutivos de Puerto Rico aprueban las fianzas de corporaciones domésticas o extranjeras, ora sean éstas fiadoras o garantizadoras. No tenemos duda de que el Colegio de Abogados, una vez auto-rizado por la Asamblea Legislativa, puede efectuar el trabajo que con tanta frecuencia es realizado por una compañía fia-dora, y estamos enteramente dispuestos a ayudarle en cuanto nos sea posible.

La única jurisdicción conferida a este tribunal ba sido para aprobar fianzas notariales, ya sean éstas presentadas por el Colegio de Abogados, por compañías fiadoras, por personas particulares o por fiadores hipotecarios. Por tanto, la cuestión tan sólo puede surgir en debida forma cuando se presente a esta corte para su aprobación una fianza notarial otorgada por el Colegio de Abogados. Entonces tendremos oportunidad de aprobar o desaprobar la fianza, bien bajo la condición impuesta por el Colegio mismo de suministrar $25,000 ó $22,500 en bonos de los Estados Unidos, o sin ella, y bajo la promesa adicional del Colegio de cumplir lo que en su resolución o ante este tribunal dijo cumpliría. Desde luego, esta corte no puede en absoluto obligarse en sus futuras actuaciones, mas todos los miembros de este tribunal se inclinan, en tanto en cuanto está dentro de sus poderes, a aprobar cualquier fianza presentádales, si el Colegio de Abogados demuestra en su oportunidad que está cumpliendo o tratando de cumplir con las condiciones que se ba impuesto a sí mismo.

Bajo estas circunstancias, por ahora no actuaremos defi-mtivámente sobre la moción del Colegio de Abogados, sino que la dejaremos en suspenso hasta que una fianza nos sea presentada para su aprobación.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Melón Hnos. & Co., S. en C., demandante y apelada, v. R. Muñiz de León & Cía., S. en C., demandada; José R. Villamil, interventor y apelante.
    Núm. 7591.

    Resuelto: Enero 8, 1940.

      F. M. Susoni, Jr., abogado del apelante; Angel A. Vázquez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Al resolver este tribunal en 30 de enero de 1939 (54 D.P.E. 182) el recurso de apelación interpuesto por José E. Villamil contra una resolución de la Corte de Distrito de San Juan de fecha 9 de noviembre de 1936, se expresó en la opinión emitida al efecto del siguiente modo:

“No obstante nuestra expresa desaprobación y censura de la falta de ética profesional envuelta en el hecho de que el mismo abogado de la sociedad deudora demandada fuera el que a nombre de José E. Villamil demandó a dicha sociedad y embargó los bienes de ésta, pocos días después de practicado el embargo de Melón Hnos. & Cía., el abogado del interventor y apelante en el presente recurso, a quien debemos presumir enterado de todos los antecedentes de este caso, incurre en la misma falta de ética profesional, la que tampoco po-demos pasar por alto y sin calificarla como reprochable y digna de censura. En el recurso núm. 6332, Melón Hnos. & Cía., S. en C., v. R. Muñiz de León (47 D.P.R. 91), el abogado Francisco M. Su-soni, Jr., compareció en representación del demandado, miembro de la sociedad E. Muñiz de León & Co., S. en C., para solicitar la nulidad del primer embargo trabado por Melón Hnos. & Cía. En el recurso núm. 6795, Melón Hnos. & Cía., v. R. Muñiz de León & Cía. y José R. Villamil, interventor, y segundo embargante, el abogado Susoni representó a la sociedad demandada y el abogado J. J. Fuer-tes al interventor y apelado. Véase 49 D.P.E. 703. En el caso de autos el escrito de apelación aparece suscrito por el abogado Antonio Lens a nombre y en representación del interventor J. E. Villamil y notificado a F. M. Susoni, Jr., como abogado de E. Muñiz de León & Co., S. en C. Ello no obstante, el legajo de la sentencia está cer-tificado por F. M. Susoni, Jr., como abogado de José E. Villamil, y el alegato suscrito por F. M. Susoni, Jr., también como abogado del interventor y apelante, José E. Villamil.
“Fué sin duda alguna esa práctica que hemos censurado y el abandono de la cual aconsejamos a la profesión, la que influyó en el ánimo del juez sentenciador para que éste, fijándose solamente en el aspecto moral de la cuestión e interpretando como prueba de confa-bulación entre la sociedad deudora y el acreedor interventor el he-cho de que una y otro estuviesen representados por el mismo abo-gado, dijese en su resolución apelada lo que sigue. . .

Notificado el abogado F. M. Susoni, Jr., de dicha opinión y de la sentencia que en ella se basa, ha radicado ante nosotros un escrito que intitula “Moción solicitando modificación de la opinión de 30 de enero, 1939,” en que alega lo siguiente:

“Que el compareciente quiere y es su propósito aclarar en tal forma su posición ante este Tribunal que se elimine en absoluto de la mente de los honorables magistrados que constituyen esta Supe-rioridad el concepto que hayan podido tener del profesional suscri-biente con motivo de su representación profesional en el caso de epígrafe.
“El abogado suscribiente desde que trasladó su oficina a esta ciudad de San Juan en el año 1933, se hizo cargo de todos los casos de su tío, Lie. Antonio Lens Cuena, residente en Arecibo, que deban ser vistos ante esta Corte, ante cualquier corte de San Juan o ante cualquier organismo del gobierno.
“Que en tal representación, o sea a nombre del abogado Antonio Lens Cuena, el día 16 de noviembre de 1936 fué su propósito certi-ficar conjuntamente con el abogado de la demandante apelada, el legajo de la sentencia en el caso de epígrafe y con relación al re-curso de apelación que nos ocupa.
“Que la representación que el abogado compareciente asumió del interventor apelante lo fué a nombre del abogado Antonio Lens Cuena, que por ser su tío y mediar entre ambos absoluta confianza, no tuvo en este caso ni en ningún otro, la precaución de así hacerlo constar en autos, tal y como ocurre abora mismo en el recurso de revisión de la Comisión Industrial de Puerto Rico Núm. 163 seguido por Guillermo Silva v. Compañía Azucarera de Camuy, Inc., que pende ante esta Corte, en cuyo caso el nombre del abogado Antonio Lens Cuena no aparece del expediente, siendo lo cierto que la corporación Com-pañía Azucarera de Camuy es cliente del mencionado abogado Antonio Lens Cuena y no del suscribiente que la ostenta en su representación.
“Que a pesar de que el abogado compareciente no iba a actuar personalmente a nombre del interventor apelante, sino del compa-ñero Antonio Lens Cuena, estudió, consideró y consultó su posición profesional antes de asumir la representación de su colega, luego de todo lo cual y con la expresa aprobación del propio magistrado del tribunal inferior, Hon. Carlos Llauger Díaz, el suscribiente se de-cidió a asumir dicba representación.
“Que el compareciente actuó como abogado de la mercantil R. Muñiz de León & Co., S. en C., contra la demandante, Melón Hnos. & Co., S. en C., basta que en 26 de junio de 1934 este Hon. Tribunal dijo lo siguiente (47 D.P.R. 95) :
“ ‘Hemos estudiado con alguna atención la cuestión planteada, favorablemente inclinados a conceder la enmienda autorizada por la corte inferior, a ñn de evitar a la demandante la necesidad de ini-ciar un nuevo litigio . . . ’
“Claramente sostuvimos desde dicba fecha que R. Muñiz de León & Co., S. en C., había desaparecido de este pleito y que contra dicba mercantil demandada nada podía haber, luego de no haberse permi-tido la enmienda y de decretarse la nulidad del embargo trabado so-bre bienes de su propiedad por la demandante apelada, según sen-tencia definitiva de esta Hon. Corte.
“Que habiendo sido traído el interventor apelante por la deman-dante apelada, Melón Hnos. & Co., S. en C., a este litigio, con el propósito de discutir la legalidad o ilegalidad de la retención del dinero por dicha apelada, este incidente de prioridad de embargo en nada envuelve a la mercantil R. Muñiz de León & Co., S. en C., por ser dos actuaciones con relación a casos distintos, ya que el inter-ventor apelante no ha actuado en este litigio en contra de R. Muñiz de León & Co., S. en C., sino en contra de Melón Hnos. & Co., S. en S., solamente.
“Aseguramos a este Hon. ■ Tribunal, bajo el juramento que ha-bremos de prestar más adelante, que la parte de la opinión del ma-gistrado de la corte inferior que se transcribe en la opinión de esta corte (páginas 9 y 10 de la opinión) no tuvo por fundamento las actuaciones profesionales del suscribiente, ya que este abogado asu-mió dicha representación por autorización expresa del mencionado magistrado. ’ ’

Besolviendo el antes mencionado escrito del abogado Susoni, declaramos abora, como antes lo hicimos, que la prác-tica seguida en la tramitación de este pleito es censurable y debe descontinuarse. No obstante, opinamos que debemos aceptar para que consten en récord las razones aducidas por el abogado Susoni, las que tienden a justificar sus actuaciones en este pleito.


text:
    Pedro Germán Arroyo Pratts, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1058.

    Sometido: Diciembre 4, 1939.

      Resuelto: Enero 8, 1940.

      Mario Báez García, abogado del recurrente; B. Cintrón Lastra, Re-gistrador recurrido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Begistrador recurrido solicita la desestimación del presente recurso por el fundamento de que el recurrente no es “parte realmente interesada en el documento ni quien lo presentara para su inscripción en el registro, de conformidad con la Ley sobre Recursos contra Resoluciones de los Regis-tradores de la Propiedad, aprobada en marzo 1, 1902.”

Por el documento de que se trata los otorgantes constituyen hipoteca sobre un automóvil, “en garantía del pago al antedicho acreedor hipotecario, o sea a la persona portadora o tenedora de este documento, de la suma de treinta y cinco dólares.”

El documento fué presentado al registro por Eugenio Lecouer, a quien se le notificó la nota denegatoria. El pre-sente recurso ha sido interpuesto a nombre de Pedro Germán Arroyo Pratts, quien presenta unido a su escrito de alzada el documento que fué presentado al registro, con las notas recurridas, haciendo constar que el recurrente es la persona portadora o tenedora de la. obligación hipotecaria relacionada.

No tenemos motivo alguno, ni tampoco debe tenerlo el registrador, para dudar de que el recurrente sea el dueño del documento en cuestión. Tratándose de una obligación al por-tador, la mera tenencia del documento basta para establecer la presunción juris taniumi de que el poseedor del documento es la persona que tiene derecho a exigir en su día el pago de la obligación. Esa persona tenedora del documento debe ser considerada, a falta de prueba en contrario, como la parte realmente interesada en la obligación, con derecho a solicitar •la inscripción del documento y a recurrir contra la resolución que pudiera dictar el Registrador.

El hecho de que en el presente caso el documento fuese presentado al registro por persona distinta a la del recurrente carece de importancia. La ley no requiere que la presentación de un documento al registro se haga por la parte realmente interesada. La inscripción puede pedirse por cualquier persona que tenga la representación legítima de una de las partes interesadas. Artículo 6 de la Ley Hipotecaria y 53 del Reglamento para su ejecución.

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.


author: El Juez Asociado Señoe Teavieso

text:
    Enrique Padua, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Utuado, demandada y apelada, y B. Márquez & Co., S. en C., Interventora.
    Núm. 7901.

    Sometido: Diciembre 13, 1939.

      Resuelto: Enero 8, 1940.

      Buenaventura Esteves y Edelmiro Méndez Serrano, abogados del apelante; Antonio Lens Cuma, abogado de la interventora, de-mandante en el caso principal.
   El Juez Asociado Señoe Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad B. Márquez & Co., S. en O., radicó demanda de desahucio ante la Corte Municipal de Utuado contra el peticionario apelante, alegando que éste ocupaba una casa ubicada en una finca de la demandante en concepto de mayor-domo de la finca; y que después de haber cesado en su cargo de mayordomo, fué requerido por la demandante para que hiciera entrega de la casa que ocupaba por razón de su empleo, a lo que se negó el peticionario.

El peticionario alegó en su contestación que la corte municipal carecía de jurisdicción para conocer del caso por tra-tarse de una acción de desahucio en precario. La corte municipal desestimó la excepción y decretó el desahucio. El día 3 de octubre de 1938 el peticionario.apelante radicó ante la Corte de Distrito de Areeibo una petición de certiorari en la que solicita la anulación de la sentencia. Intervino la socie-dad B. Márquez & Co., S. en C., y se opuso a la petición, alegando que la corte municipal tenía jurisdicción para dictar la sentencia recurrida.

La sentencia de la corte de distrito, por la cual se declaró sin lugar el recurso, se basó en los siguientes fundamentos:

“Aceptando los autos como única prueba, se concluye que el de-sahucio fué entablado basándose el demandante en el artículo 1477 del Código Civil, o sea para desposeer al demandado del edificio que había ocupado a virtud de un arrendamiento de servicios en que parte de la retribución por su trabajo se compensaba con la casa que habitaba, propiedad del actor.
“La ocupación de la casa no fué, pues, una mera tolerancia o liberalidad sin nexo jurídico alguno, sino a virtud de un contrato entre ambas partes, cuya cuantía por los servicios se fijó en $30.00 mensuales, además del derecho de vivir la casa.
“Disponiendo la ley de desahucio en su sección tercera que los jueces municipales tendrán jurisdicción en demandas de desahucio cuando el precio o cantidad que por virtud de cualquier contrato deba pagarse, computado por una anualidad, no exceda de mil dó-lares, incluye un contrato de arrendamiento de servicios si en el pre-cio aparece comprendido la ocupación de una casa al que los presta, y no excede del referido límite.
“Se alegó en la vista que no podía asegurarse la cuantía exacta del contrato porque no se fijó el valor que se daba a la ocupación de la casa. Aunque parece imposible que el valor de la casa hiciera exceder de mil dólares anuales el contrato, teniendo en cuenta que el sueldo se fijó en treinta dólares, la cuestión debemos resolverla en contra del promovente, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de España en sentencias de 8 de julio de 1898 (J. C.), y septiembre de 1904 (J. C.) en que se consideró precisa-mente el alcance de contratos iguales al que se discute, a los que se llama contratos mixtos, porque incluyen los servicios y la habitación. Véase también el caso de Cerra v. González, 29 D.P.R. 289, 291.”

En el caso de Cerra v. González, 29 D.P.R. 289, que sirve de base a la sentencia de la corte inferior, se dijo, citando a Escricbe, que precario “en su más estrecha acepción es un préstamo revocable a voluntad del que lo ha hecho; y se toma también por todo lo que se posee como en préstamo y a voluntad de su dueño, y así se llama precaria una posesión, para dar a entender que la tal posesión no es más que un efecto de la tolerancia del propietario, sin que pueda dar derecho alguno al poseedor.” Y se resolvió que cuando un arrendatario continúa ocupando la casa después de expirado el plazo de arrendamiento “claramente resulta que ocupa la casa sin derecho alguno y en contra de la voluntad del pro-pietario, pero no precariamente.” Y, además, que “siendo esto así, la calificación de precario que, según la jurispru-dencia determina la jurisdicción original de las cortes de distrito en estos casos, no puede aplicarse aquí.” Y con-tinúa diciendo la corte:

"... Los preceptos relativos a la jurisdicción están contenidos en los dos primeros párrafos de la sección 3 de la ley especial sobre la materia, aprobada el 9 de marzo de 1905, que dicen:
“ ‘Tendrán jurisdicción para conocer de las demandas sobre de-sahucio, los jueces municipales del distrito en que radique la finca, cuando el canon de los arrendamientos o el precio o cantidad que, por virtud de cualquier contrato, deba pagarse, computado por una anualidad, no exceda de mil dólares.
“ ‘En todos los demás casos conocerán de dichas demandas las cortes del distrito en que la finca radique; y en uno u otro caso se seguirá el mismo procedimiento.’
“Como se ve la base adoptada por el legislador fué la cuantía del arriendo calculado por un año. En todos los casos en que el canon, precio o cantidad envuelto por tal motivo, computado por una anualidad, no exceda de mil dólares, la jurisdicción corresponde a las cortes municipales. En todos los demás, a la corte de distrito. Entre esos ‘todos los demás’ se ha considerado siempre comprendido el ‘precario.’ ¿Por qué? Porque su naturaleza no permite llegar a contrato alguno que comprenda un precio fijado en dinero. La po-sesión precaria se origina generalmente por actos de liberalidad, o de mera tolerancia, o por abandono o desconocimiento del propietario. Cuando existe un contrato, la cuantía del mismo controla necesaria-mente la jurisdicción.
“Y no se diga que el demandado detentaba la posesión material de la finca o la disfrutaba precariamente sin pagar canon o merced alguna, en cuyo concepto y no en el de arrendatario es que se ha ejercitado la acción de desahucio. Tal teoría es errónea y no puede sostener la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan. El demandado lo ha sido como arrendatario y precisamente porque lo era, pagando treinta dólares mensuales se le dió miso previo de que el contrato había de expirar el día último de noviembre de 1920. No quitaba al demandado su carácter de arrendatario el vencimiento del contrato por dicho aviso, como no quita el carácter de arrenda-tario a un demandado el vencimiento del término estipulado en el contrato. Los efectos legales de la extinción del contrato de arren-damiento por vencimiento del término fijado en el contrato o por aviso cuando no se fijó plazo son idénticos y en uno y otro caso debe establecerse la demanda de desahucio ante la corte municipal corres-pondiente cuando el canon del arrendamiento computado por una anualidad no excede de mil dólares como ocurre en el presente caso. Los conceptos de arrendatario y de poseedor en precario son entera-mente distintos y claramente se expresan en la sección 2a. de la ley sobre desahucio. La posesión del demandado se ha originado de un contrato de arrendamiento, y aunque sea ilegal no puede calificarse de precaria.” (Bastardillas nuestras.)

El razonamiento anterior es a nuestro juicio claramente aplicable al caso de autos. Y no excediendo de la cuantía jurisdiccional de mil dólares anuales el precio o cantidad ■envuelto en el contrato entre las partes litigantes, debemos resolver que la Corte de Distrito de Arecibo no erró al deci-dir que la Corte Municipal de Utuado tenía jurisdicción para decretar el desahucio. Véanse: Sentencias del Tribunal Supremo de España de julio 8, 1898, y de 23 de diciembre de 1904.

Por las razones expuestas dehe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Carmen Gómez, demandante y apelante, v. Juan Ernesto López Grillo, demandado y apelado.
    Núm. 7883.

    Sometido: Diciembre 1, 1939.

      Resuelto: Enero 8, 1940.

      Andrés Mma, abogado de la apelante; Villares & Morales, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demandante y el demandado son dueños respectiva-mente de dos casas contiguas marcadas con los números 37 y 35 de la Calle Betances, de Caguas. Separa las dos casas un callejón de un metro de ancho más o menos y un muro de concreto de ocho pies de alto que según la demandante sirve de cerca al patio de su ameritada casa.

El 3 de agosto de 1937 la demandante radicó la demanda de este caso en la Corte- de Distrito de Humacao en la que luego de exponer los hechos reseñados y de alegar que desde el 27 de noviembre de 1933 se halla en posesión del expre-sado callejón y muro de concreto como partes integrantes de su referida casa, alegó que el demandado desde el mes de julio de 1937 ha procedido a construir una habitación en el fondo de su casa, utilizando dicho muro de concreto, y ha demolido una parte del mismo para abrir una ventana de ocho pies cuadrados a través de la cual recibe luz y ventila-ción desde el callejón de la casa de la demandante.

El demandado controvirtió las alegaciones esenciales de la demanda, alegando como materia nueva que hace más de cinco años se halla en posesión del muro y callejón en con-troversia y que hace más de cinco años dicho muro sirve • de pared de cierre a la parte posterior de su casa, descan-sando sobre el mismo parte del techo.

La corte de distrito, después de oír la prueba de una y otra parte y llevar a efecto una inspección ocular, dictó la sentencia que motiva este recurso, la que literalmente dice:

“Consideradas las alegaciones y la totalidad de la prueba pre-sentada a la luz de la inspección • ocular realizada, la Corte llega a la conclusión de que tanto el callejón como el muro a que la de-manda hace referencia, han venido utilizándose en común por los dueños de ambas propiedades separadas por dichos muro y callejón desde hace mucho tiempo y especialmente durante el año inmedia-tamente anterior a la presentación de la demanda, por lo que no procede la recurrencia a este procedimiento posesorio, debiendo las partes ventilar su derecho dominical sobre la pared y el pasadizo antes indicados en el procedimiento ordinario correspondiente. En su consecuencia se dicta sentencia declarando sin lugar la demanda, con imposición de costas a la demandante, incluyendo éstas una suma de $100 que la Corte considera razonable para los honorarios del abogado de la parte demandada.”

Aunque la apelante imputa a la corte sentenciadora la comisión de cuatro errores, los dos primeros van dirigidos virtualmente a la apreciación de la prueba y los dos últimos a impugnar el pronunciamiento de costas y honorarios que se hace en la sentencia a favor del demandado.

En el caso de autos, la corte a quo, sostenida a nuestro juicio por la evidencia, estimó probado que el demandado durante todo el año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda y desde mucho antes, venía compartiendo con la demandante el uso o posesión del muro y callejón en con-troversia. De la declaración de María Luisa Rodríguez, tes-tigo del demandado, tomamos lo siguiente:

“R. La casa tiene un balcón al frente, es pintada de verde y tiene dos puertas de frente, entonces a mano derecha tiene un ca-llejón que lo usábamos nosotros cuando vivíamos allí, que por allí entrábamos y salíamos con facilidad, y además tiene dos puertas al callejón y una puerta ventana que se abría, era por donde nosotros pasábamos a limpiar el callejón, cada vez que lo ensuciaban. Ade-más de eso tiene una pared que es de la misma pared de la casa, a mano derecha de madera alta que descansa un comedor y una co-cina de allí de la misma casa.
“P. ¿Qué es lo que descansa encima de esa pared, el techo?
“R. El techo del comedor y de la cocina.
“P. ¿Cuándo fué que usted fué a habitar esa casa?
“R. Yo fui a habitar la casa en agosto de 1934, me mudé de ella en julio de 1937.
“P. ¿En julio de este año?
“R. En julio de este año, de 1937.
“P. Cuando Ud. fué a habitar la casa, ¿ella estaba en esas con-diciones ?
“R. Exactamente, como está ahora.
“P. Y cuando la desocupó, ¿cómo estaba?
“R. La casa estaba exactamente; lo único que tiene ahora es que la casa la pintaron y la repararon un poco, pero no le han hecho más nada.” (T. de E., pág. 78.)

Arguye la apelante que es errónea la conclusión a que llegó la corte inferior al efecto de que el callejón y el muro eran poseídos en común por la demandante y el demandado, porque la posesión como hecho, conforme dispone el artículo 374 del Código Civil (edición 1930), no puede reconocerse en dos personas distintas fuera de los casos de indivisión.

Dicho artículo en su totalidad dice así:

“Art. 374. — La posesión como hecho, no puede reconocerse en dos personalidades distintas, fuera de los casos de indivisión. Si sur-giere contienda sobre el hecho de la posesión, será preferido el po-seedor actual; si resultaren dos poseedores, el más antiguo; si las fechas de las posesiones fueren las mismas, el que presente título; si todas estas condiciones fuesen iguales, se constituirá en depósito o guarda judicial la cosa, mientras se decida sobre su posesión o pro-piedad'por los trámites correspondientes.”

El Artículo 374 del Código Civil (edición 1930), invocado por la apelante, no excluye la posible existencia de la pose-sión en dos personas distintas como cuestión de hecho. Lo que ese precepto legal dispone es que ante la ley no puede reconocerse la posesión como hecho en más de una persona, excepto en los casos de indivisión. Precisamente porque la ley no puede ignorar la realidad, para aquellos casos en que como en el de autos existe la posesión en dos personas dis-tintas, es que el citado artículo dicta las reglas convenientes para determinar en cada caso cuál de las dos distintas pose-siones es la válida, la que la ley reconoce.

Ilustrando la posibilidad de la posesión en dos personas distintas, señala Manresa los siguientes ejemplos: “Un con-tratista de maderas empieza a cortar los pinos de una dehesa y estando practicando esta operación se presenta cortando también otra persona que se cree autorizada para ello. Un ganadero lleva a pastar su ganado a cierto terreno en el cual más tarde se introduce otro ganado con el mismo objeto, etc.” (4 Manresa, Comentarios al Código Civil, ed. 1910, págs. 198-199.)

Congruente con el propósito que lo inspira, empieza diciendo el artículo 374: la posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos personalidades distintas; e inmediata-mente después prescribe que en casos ele contienda sobre el hecho de la posesión, será preferido el poseedor actual; si resultaren dos poseedores, el más antiguo; si las-fechas de las posesiones fueren las mismas, el que presente título; y por último, si todas estas condiciones fuesen iguales, se cons-tituirá en depósito o guarda judicial la cosa, mientras se de-cida sobre su posesión o propiedad por los trámites corres-pondientes.

A este efecto dice Manresa:

"Pero obsérvese bien que el art. 445 no niega la posibilidad de la existencia de la posesión, como hecho, en dos personalidades dis- tintas; solamente dice que la ley no puede reconocer esa doble exis-tencia. Y hacemos notar esto, en primer lugar, porque es muy fácil tomar una cosa por otra, como sucede en casi todos los comentaris-tas, y en segundo, para que no se note una contradicción en el mismo artículo. Dice éste, en efecto, en la segunda parte, que después exa-minaremos, que se preferirá la posesión actual, y si ambas fuesen actuales, la más antigua. Dos posesiones actuales son dos posesiones de hecho; luego el Código no sólo no niega la posibilidad de su exis-tencia, sino que hasta supone el caso en que de hecho existan; sin embargo, no puede reconocerlo o admitirlo como legal. Se entiende, si media contienda, o si ambas posesiones pretenden ser cada una de ellas la única, pues no habría contradicción en la indivisión.” 4 Manresa (ed. 1931), pág. 178.

Pero el procedimiento a que ha recurrido la apelante es el de injunction para recobrar o retener la posesión y es sabido que dentro de este procedimiento no se determina cuál de los dos litigantes tiene mejor título o derecho a la pose-sión que ambos reclaman. En el interdicto, las únicas cues-tiones a resolver son: (a) ¿Estaba el demandante dentro del año precedente a la presentación de la demanda en la pose-sión real de la propiedad que en la demanda se describe, si se trata de recobrarla, y estaba y está, si de retenerla; y (b) ha sido el demandante perturbado o despojadlo, según sea el caso, de dicha posesión o tenencia? Artículo 691, Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933).

Tratando de la naturaleza de los interdictos, dice Manresa en sus Comentarios al Código Civil (ed. 1910):

“Los interdictos, siguiendo la definición que de ellos dan los au-tores de procedimientos, son unos juicios sumarísimos, que tienen por objeto el decidir interinamente sobre el hecho de la posesión sin per-juicio del derecho de los interesados, o suspender o evitar un hecho que nos perjudica. Reciben también ese nombre las 'acciones conce-didas al poseedor para obtener ese mismo resultado.
“Por su propio carácter, las resoluciones en ellas recaídas no de-ciden nada en definitiva, y son siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Después de los interdictos puede siempre seguirse un juicio más amplio, en el que se aleguen, examinen, dis-cutan y resuelvan las cuestiones relativas al derecho. Ni podía ser de otro modo, toda vez que, en lo que a nuestro estudio interesa, la posesión de beeho puede tener a su favor la presunción del derecho a poseer; mas tal presunción cede forzosamente ante una prueba en contrario; prueba que, como referente al derecho y no al hecho, no cabe ni prospera dentro de la naturaleza del interdicto.” Tomo 4, pág. 209.

En el caso de Fernández v. González, 41 D.P.R. 726, se dijo por este tribunal:

!<En el procedimiento de injunction para recobrar la posesión material perdida por actos de otro, que es el interdicto para recobrar la posesión de nuestra anterior ley procesal, sólo hay que alegar, pro-bar y resolver cuestiones de hecho, a saber, si el demandante dentro del año precedente a la presentación de la demanda estaba en pose-sión de la propiedad que en la demanda se describe y si ha sido per-turbado o despojado de ella por el demandado. En ese procedimiento no se puede discutir, probar ni resolver si el demandante tiene o no derecho a tal posesión porque es cuestión propia para juicios ordi-narios. Solis v. Castro, 36 D.P.R. 112; Oliver Cuveljé v. González, 37 D.P.R. 942; Vicente v. Ortiz, 38 D.P.R. 106; y Echevarría v. Saurí, 38 D.P.R. 737.”
"Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de España de 3 de abril de 1884, tomo 54 de la Jurisprudencia Civil, ‘el interdicto de recobrar, no sólo compete a los que tienen la posesión jurídica, sino también a los que se hallan en la tenemcia de la cosa o lo que es lo mismo en la simple ocupación actual y corporal de ella con de-recho o sin él... ’ Y en la de .20 de noviembre de 1913, Jurispru-dencia Civil, tomo 125, pág. 356, del mismo tribunal, también se dice: ‘Basta leer el art. 446 y sus concordantes del Código Civil para con-vencerse de la vigencia de la Ley Procesal y sostener con ella que en los interdictos, si no han de perder su propia naturaleza al punto de hacer inútil el juicio plenario, sólo puede discutirse el hecho de la posesión para protegerla de toda perturbación momentánea, nunca sobre el derecho efectivo de la misma que ha de consistir en el por qué y cómo se posee.’ ”

Claro es que siendo las cuestiones anteriormente indica-das las únicas a resolver dentro de un procedimiento de mjunction para recobrar o retener la posesión, cualquier evi-dencia, así documental como oral, tendente a probar título o derecho de posesión en uno u otro litigante, es inadmisible, por irrelevante, pues es la determinación de la tenencia o posesión real como cuestión de hecho el único propósito de este procedimiento. Un demandante puede tener el título más perfecto que concebirse pueda, pero si el demandado en cualquier forma, incluyendo la fuerza o la violencia, lo ha despojado de la posesión o lo ha perturbado en el goce de la misma por un término mayor de un año, la demanda de injunction para recobrar o retener la posesión así usurpada o perturbada necesariamente tiene que fracasar. Es por esta razón que no puede argüir con éxito la apelante que la corte sentenciadora erró al no fallar1 a su favor por haber presen-tado la escritura de propiedad que indebidamente, a nuestro juicio, fue admitida por la corte.

La demandante se queja de que la corte inferior no ordenó tapiar la ventana abierta en el muro de concreto. ¿Cómo era posible, dentro de este procedimiento, permitir al demandado continuar realizando ciertos actos de posesión y prohibirle otros, como hubiera resultado si se le hubiera ordenado tapiar la ventana? No es que resolvamos que el demandado tenga o deje de tener un derecho de servidumbre de luces y vistas sobre la finca del demandante. Es que la demandante no ha instituido la acción correspondiente y por lo tanto no procede determinar ese derecho dentro de los estrechos límites de este procedimiento.

El Artículo 5 de la ley proveyendo procedimientos para recobrar la posesión de propiedad inmueble, que es ahora el 694 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), expresamente dispone que se impondrán las costas a la parte contra la cual se dictare sentencia. Habiéndose dictado sentencia contra la demandante al desestimar la demanda, procedió correctamente la corte inferior al imponerle las costas, y no encontramos que haya abusado de su discreción al condenarla a] pago de honorarios de abogado, fijando éstos en la cantidad de $100.

Por lo expuesto, procede desestimar él recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    Heriberto Leopoldo Hess Klinger et al., demandantes y apelados, v. Juan Mestres Baqués, Sucesión, demandados, y Luis Alberto Mestres, interventor y apelante.
    Núm. 7938.

    Sometido: Diciembre 19, 1939.
    Resuelto: Enero 8, 1940.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Isaías M. Crespo, abogado de los apelados.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este recurso no afecta a los deman-dados, contra los cuales los demandantes obtuvieron senten-cia firme. Se trata de un incidente entre los demandantes y el interventor, al tratar aquéllos de bacer efectiva su sentencia en una finca hipotecada a éste. Prescindiendo de detalles innecesarios para la determinación de este recurso, los hechos del caso pueden sintetizarse así: los demandantes eran due-ños de tres fincas rústicas afectas a una hipoteca a favor de Eoses & Go. Siendo dueños además de otra finca rústica libre de cargas, los demandantes agruparon las cuatro fincas y las vendieron así agrupadas a dos personas, cada una de las cuales adquirió una mitad proindivisa de la misma. Los compradores quedaron a deber la cantidad de $650 por con-cepto del precio aplazado y aunque constituyeron hipoteca a favor de los vendedores sobre la totalidad de la finca agru-pada por ellos adquirida, al inscribirse el contrato de com-praventa no se solicitó la inscripción de la hipoteca, por lo que el registrador, al extender la inscripción de la compra-venta, mencionó expresamente la hipoteca por $650 constituida en garantía del precio aplazado.

Uno de los dos compradores hipotecó su condominio a favor del interventor por la cantidad de $1,200 de principal, intereses, etc., inscribiéndose esta hipoteca en el registro de la propiedad. Así las cosas, la hipoteca de Eoses & Co. fue ejecutada, perdiendo con tal motivo los demandados dichas tres fincas y siendo cancelada en cuanto a ellas tanto la mención de hipoteca a favor de los demandantes vende-dores como la constituida e inscrita a favor del interventor. Posteriormente los demandantes establecieron este pleito contra los causahabientes de los compradores en cobro de los $650, precio aplazado, y obtuvieron sentencia en rebeldía que quedó firme por no haberse establecido recurso alguno contra ella. Una vez firme la sentencia trataron los demandantes de ejecutarla sobre la finca restante, o sea aquélla que no se hallaba afecta a la hipoteca de Eoses & Co., pero al tratar de ejecutarla se confrontaron con la hipoteca que el inter-ventor tenía inscrita sobre la misma finca. Dispuso la corte inferior que se notificase de la subasta al interventor, y aun-que él compareció y alegó tener mejor derecho que los deman-dantes, sus pretensiones fueron desestimadas y finalmente se vendió la finca en ejecución de la sentencia y se ordenó la cancelación de la hipoteca del interventor en el registro de la propiedad. Fué contra esta resolución que el inter-ventor estableció el presente recurso.

El lieclio de que la mención expresa del dominio o cualquier otro derecho real surte efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo, como prescribe el Artículo 29 de la Ley Hipotecaria, parece haber confundido tanto a los demandantes apelados como a la corte sentenciadora, impidiendo así la correcta determinación de la controversia.

La mención que de la hipoteca se hizo a favor de los demandantes constituyó una advertencia a todo el mundo de la existencia de un derecho de hipoteca, in potentia, podría-mos decir, derecho que podría quedar consumado tan pronto se inscribiese la hipoteca en el. registro de la propiedad.

Una vez inscrita l,a hipoteca objeto de la mención, sus efec-tos legales se retrotraen a la fecha del asiento de presenta-ción del título que motivó la mención, pues de no ser así no podría decirse con propiedad que la mención surte efecto contra tercero. La necesidad de inscribir el derecho objeto de la mención surge de los Artículos 1774 del Código Civil (ed. 1930) y el inciso 2 del Artículo 146 de la Ley Hipote-caria, dispositivos uno y otro de que para que la hipoteca quede válidamente constituida es necesaria su inscripción en el registro de la propiedad, y en todo caso surge también del segundo párrafo del Artículo 29 de la Ley Hipotecaria, que dice:

“Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio ote la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos y de la responsabilidad en que pueda incurrir la persona que en casos determinados deba pedir la inscripción.” (Bastardillas nuestras.)

Morell, en su obra “Legislación Hipotecaria de Ultra-mar”, glosando el citado artículo dice:

“Aunque la simple mención perjudique a tercero, si éste (se re-fiere al dueño del derecho mencionado) quiere hacer valer su derecho ante los tribunales, necesita inscribir señaladamente su derecho, pues ha de presentar un titulo inscrito a su favor.” (Paréntesis y bas-tardillas nuestros.)

En el caso de autos, los demandantes no inscribieron sn hipoteca antes de radicar la demanda en cobro del precio apla-zado. Por consiguiente la acción por ellos establecida no era nna en cobro de hipoteca, pues no hallándose inscrito el dere-cho no existía todavía la hipoteca. Pero asumiendo que la hipoteca se hubiese previamente inscrito, aún así la acción que ellos incoaron fue la personal en cobro de dinero, pues la acción no se dirigió contra los bienes al no solicitarse en la demanda la venta de la finca hipotecada, circunstancia ésta que caracteriza la acción real hipotecaria. Aparte de que mientras no se inscriba la hipoteca de los demandantes, la del interventor inscrita continúa siendo primera hipoteca, no tratándose en este caso de acción en cobro de hipoteca ya sea por el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria o por el ordinario del Código de Enjuiciamiento Civil, no son de aplicación el Artículo 125 de la Ley Hipotecaria según ha sido enmendado en 1912 (Leyes de ese año, pág. 65) y los 3.71 y 172 del Reglamento que autorizan la cancelación de los derechos de los segundos y posteriores acreedores hipote-carios si después de notificados de la subasta la finca hipo-tecada se vendiere o adjudicare “para el pago del primer acreedor en términos de que el valor de lo vendido o adjudi-cado o .no iguale o no supere el crédito hipotecario que se realiza.”

El caso de Montes de Oca v. Báez et al., 23 D.P.R. 707, en que basó su resolución la corte sentenciadora, no es de aplicación al de autos. En aquél se resolvió que el Artículo 125 de la Ley Hipotecaria y los 171 y 172 de su Reglamento se aplican tanto al caso en que el crédito hipotecario se cobra por el procedimiento especial de la Ley Hipotecaria como cuando el acreedor opta por el procedimiento ordinario del Código de Enjuiciamiento Civil. En uno y otro procedi-miento se trata de una acción real hipotecaria mientras que en el establecido por los demandantes en este caso la acción es la personal en cobro de dinero, no aplicándose, por consi-guiente, los citados preceptos legales.

El caso de Mora v. Registrador, 32 D.P.R. 794, invocado por los apelados, lejos de favorecerles les es adverso e ilus-tra perfectamente los principios que venimos enunciando en esta opinión. En aquél, José Mora vendió una finca urbana a Luis Perocier el 3 de julio de 1920 por $6,500, de los cuales pagó el comprador la cantidad de $500 y en la misma escri-tura constituyó hipoteca para garantizar el precio aplazado.. Presentada la escritura en el registro de la propiedad, el registrador la inscribió el 5 de agosto de 1922 a favor del comprador, y como no se solicitó la inscripción independiente del gravamen, se limitó el registrador, de acuerdo con la ley, a hacer constar el dominio, expresando la mención de la hipo-teca por el precio aplazado. Perocier hipotecó la misma finca a Sucesores de Esmoris y Compañía en garantía de $5,000, inscribiéndose esta hipoteca el 5 de agosto de 1922. Poste-riormente, el 18 del mismo mes, se inscribió a favor de Mora la hipoteca mencionada en la inscripción de la compraventa a favor de Perocier desde el 5 de dicho mes. No habiendo satisfecho Perocier el precio aplazado, Mora lo cobró ejecu-tando la hipoteca por el procedimiento sumario hipotecario, notificándose de la subasta a Sucesores de Esmoris y Com-pañía. Vendida así la finca el 7 de enero de 1924, se adju-dicó al propio Mora por $2,000. A instancias de éste, la Corte de Distrito de Mayagüez ordenó la cancelación de la hipoteca de Sucesores de Esmoris & Cía., cancelación que denegó el Registrador de la Propiedad de Mayagüez por entender, equivocadamente, desde luego, que habiéndose ins-crito la hipoteca de Sucesores de Esmoris & Cía. antes que la de Mora, no eran de aplicación los preceptos legales ante-riormente citados por no tratarse de la ejecución de una hipoteca preferente a la de Esmoris. Este tribunal, al revo-car la nota recurrida, dijo:

“El registrador sostiene que no procede la cancelación porque aunque la hipoteca de Esmoris se constituyó después que la de Mora, es lo cierto que se inscribió antes de que la de Mora lo fuera sepa-radamente y por lo tanto no puede estimarse como un gravamen posterior que deba cancelarse de acuerdo con lo dispuesto por el ar-tículo 125 de la Ley Hipotecaria que dejamos transcrito.” (Pág. 797.)
“Una vez que la hipoteca quedó separadamente inscrita, no exis-tiendo duda sobre su fecha por constar en documento público y ha-biendo sido mencionada con anterioridad en el registro, la conclu-sión a que llegara la corte de distrito en el sentido de que la hipo-teca de Esmoris era posterior y podía y debía ordenarse su cance-lación, está justificada por los hechos y la ley.” (Pág. 800.)

No tratándose en este caso del cobro de una hipoteca por medio de la acción real hipotecaria, ya sea la establecida en la Ley Hipotecaria o la ordinaria del Código de Enjuicia-miento Civil, no procede la aplicación de los Artículos 125 y 171 y 172 anteriormente citados y por consiguiente se exce-dió la corte en su jurisdicción y cometió error al tratar de aplicarlos al presente caso.

Por lo expuesto, procede revocar la resolución apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos n.o inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.