source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en Interés del Menor EALN.

      Número: CC-2011-0863

      Resuelto: 14 de noviembre de 2012

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y Ana R. Garcés Camacho, procuradora general auxiliar, abogados de El Pueblo de Puerto Rico; Marangely González Correa, de la Sociedad para la Asistencia Legal, representante del me-nor EALN.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Con el propósito de cumplir con el deber de examinar nuestra jurisdicción y la de los tribunales inferiores, estu-diamos la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmen-dada, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2202 et seq., y la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, a la luz de los cambios incorporados a esa Regla por la Ley Núm. 21-2010.

Concluimos que la Ley Núm. 21-2010 no afecta nuestras expresiones en Pueblo en interés menor J.M.R., 147 D.P.R. 65 (1998) (per curiam), ni Pueblo ex rel. R.S.R., 121 D.P.R. 293 (1988). Es decir, como regla general el término jurisdiccional para apelar una orden o resolución dictada al amparo de la Ley Núm. 88, supra, es de treinta (30) días, siguientes a la fecha cuando se dictó la resolución del caso. Pueblo en interés menor J.M.R., supra. Asimismo, cuando el menor perjudicado por la resolución no conoce su contenido hasta que le es notificada por correo, el término para apelar comienza a cursar tras la certificación de la notificación a las partes por la Secretaría del tribunal. Pueblo ex rel. R.S.R., supra.

Sin embargo, la Ley Núm. 21-2010 aclara que cuando los términos cursan a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de una resolución u orden y esta es distinta a la de su depósito en el correo, el término se calculará a partir de la fecha del depósito. Por lo tanto, esta enmienda a la Regla 9.1 de Procedimiento para Asun-tos de Menores, supra, aplica a aquellos casos excepciona-les reconocidos en Pueblo ex rel. R.S.R., supra.

I

El Procurador de Asuntos de Menores presentó cargos contra el menor EALN (en adelante peticionario o menor) por violación al Art. 3.23(a) de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5073; al Art. 15 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 L.P.R.A. sec. 3214, y a la Ley Núm. 253-1995, conocida como Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, 26 L.P.R.A. sec. 8051 et seq.

El 19 de agosto de 2010 se determinó causa contra el menor por las primeras dos (2) faltas, mas no por la viola-ción a la Ley Núm. 253-1995, supra. Así las cosas, el 7 de septiembre de 2010 se celebró la vista adjudicativa. A esta compareció el menor acompañado por su padre, su abuela y su representante legal. El peticionario hizo alegación de “no incurso”.

Tras concluir la presentación de la prueba del Procura-dor de Asuntos de Menores y sin que ninguna de las par-tes argumentara, el tribunal encontró al menor incurso en ambas faltas. Además, le impuso la medida dispositiva de doce (12) meses por la infracción a la Ley Núm. 8, supra, y seis (6) meses por la violación a la Ley Núm. 22-2000, supra, a cumplirse de manera consecutiva entre sí bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles. La Sentencia fue reducida a escrito el 30 de septiembre de 2010.

El 14 de octubre de 2010, el peticionario presentó ante el Tribunal de Apelaciones su escrito de apelación. Señaló que no se probó más allá de duda razonable todos los ele-mentos del delito y que hubo ausencia total del elemento de a sabiendas de que había sido hurtado ilegalmente”. Asimismo, el 22 de octubre de 2010, el peticionario compa-reció nuevamente para aclarar que el término para presen-tar la apelación vencía el 30 de octubre de ese año en con-formidad con la Ley Núm. 21-2010.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia en cuanto a la infracción al Art. 15 de la Ley Núm. 8, supra. Inconforme, el Procurador General pre-sentó una moción de reconsideración el 23 de mayo de 2011. Tras evaluar la posición de la defensa, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en reconsideración el 29 de septiembre de 2011 en la que confirmó la determinación recurrida.

Inconforme, el 25 de octubre de 2011 el peticionario re-currió ante nos para señalar los mismos errores por los que acudió al foro apelativo intermedio.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pro-cedemos a resolver.

J — I 1 — 1

Antes de examinar los errores señalados, debemos cum-plir con el deber de estudiar si poseemos jurisdicción para adjudicar el caso de autos. En vista de que las cuestiones relativas a la jurisdicción son de naturaleza privilegiada, estas deben ser resueltas con preferencia a cualquier otro asunto a pesar de que las partes no nos lo hayan plan-teado, e incluso en cuanto a la autoridad de los tribunales inferiores. Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001). Esto pues, los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción y no tene-mos discreción para asumirla donde no la hay. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 D.P.R. 393 (2012); Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011).

A esos efectos, hemos enfatizado que los términos de apelación —tanto en casos civiles, penales o de meno-res— establecen la jurisdicción de los tribunales apelativos. Pueblo en interés menor supra, págs. 74-75. Al constituir términos jurisdiccionales, estos son fa-tales, improrrogables e insubsanables. Por ende, una vez transcurren el tribunal o la agencia estatal pierde jurisdic-ción para atender el asunto ante su consideración. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 239 (2012); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000); Pueblo en interés menor J.M.R., supra.

Examinemos, entonces, las disposiciones que nos confie-ren jurisdicción sobre el caso de autos.

A. Los procedimientos investigativos, judiciales y ejecutivos de menores de dieciocho (18) años de edad que incurren en conducta constitutiva de delito —según tipificada en el Código Penal y demás leyes especiales— se rigen por las disposiciones de la Ley Núm. 88, supra, así como por las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. Estas fuentes crean el esquema jurídico aplicable a los procedimientos de menores. Pueblo en interés me-nor C.Y.C.G., 180 D.P.R. 555 (2011); Pueblo en interés me-nor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 14 (1999).

Por su parte, la Ley Núm. 88, supra, reconoce un Sistema de Justicia Juvenil de carácter especial, pero es-tablece un enfoque filosófico que brinda al menor toda oportunidad rehabilitativa, a la vez que le exige responsa-bilidad por sus actos. A pesar de la naturaleza sui géne-ris de los procedimientos de menores, se le han extendido a estos los derechos procesales fundamentales reconocidos a los adultos por mandato constitucional. Por ello, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores “siguen funda-mentalmente las disposiciones de las Reglas de Procedi-miento Criminal que regulan... los procedimientos crimi-nales contra los adultos”. (Énfasis suprimido). Pueblo en interés menor G.R.S., supra, pág. 14, citando a Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 463 (1989).

En cuanto a la apelación, el Art. 36 de la Ley Núm. 88 dispone que la orden o resolución dictada a su amparo podrá apelarse ante el Tribunal de Apelaciones. A su vez, la determinación correspondiente podrá ser revi-sada por este Tribunal mediante el recurso de certiorari. Por otro lado, la Regla 9.1(l)(b)(i) de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, establece un término jurisdic-cional de treinta (30) días para apelar la orden o resolución dictada. Empero, ¿cuándo comienza a cursar el término de treinta (30) días para apelar las resoluciones que imponen a un menor una medida dispositiva?

No es la primera vez que examinamos el término pro-visto por la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra. Sin embargo, hoy examinamos este pre-cepto tras la enmienda sufrida por la Ley Núm. 21-2010, supra. Anteriormente hemos computado este plazo según el texto claro de la regla: el término es de “treinta (30) días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dis-puso del caso”. 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 9.1. Ello, a pesar de que se emita posteriormente por escrito y se notifique por correo a las partes. H.A. Sánchez Martínez, Derecho proce-sal apelativo, San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2001, pág. 86. Sin embargo, excepcionalmente se utiliza la fecha del ar-chivo en autos del dictamen. Id.

Así, en Pueblo ex reí. R.S.R., supra, nos expresamos por primera vez sobre la Ley Núm. 88, supra, y sobre el término para presentar un escrito de apelación a su amparo. Particularmente, examinamos desde cuándo comienza a contar el término para acudir en apelación ante un dictamen en el que el Tribunal de Menores renunció a su jurisdicción. Entonces, la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, disponía de un término de veinte (20) días “siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso” para presentar el escrito de apelación en la Secretaría de la sala del tribunal que dispuso del caso y para instar copia del escrito a la Secretaría del tribunal apelativo. En ese caso el apelante instó su escrito a tiempo mas no presentó copia del recurso ante el tribunal apelativo. Aunque reconocimos la similitud de la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, con la Regla 194 de Procedimiento Criminal vigente, 34 L.P.R.A. Ap. II, señalamos, a su vez, una importante diferencia con efectos de debido proceso de ley: de ordinario, la Sala de Asuntos de Menores renuncia a la jurisdicción sobre un menor mediante resolución por escrito y fuera de la presencia del menor y su representante. Es por ello que cuando un menor perjudicado por una Resolución y su abogado no se enteran de su contenido hasta que se emite por escrito, el término para apelar provisto por la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Meno-res, supra, comienza a transcurrir desde la fecha en que la Secretaría de la Sala de Asuntos de Menores certificó ha-ber notificado a las partes, o, en los casos apropiados, desde la fecha cuando se hace la notificación personal-mente. Esto para no propiciar que se afecte de manera intolerable el derecho de apelación cuando el tribunal se re-serva el contenido de la Resolución.

Diez (10) años más tarde tuvimos la oportunidad de ex-presarnos nuevamente sobre la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra. Para entonces esta había sido enmendada para atemperarla a la Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994, conocida como Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22 et al.), y concedía un término jurisdiccional de treinta (30) días para apelar. En Pueblo en interés menor J.M.R., supra, un menor pre-sentó un recurso de apelación diecinueve (19) días después de que la resolución emitida fuera notificada por correo. Sin embargo, el escrito fue presentado treinta y un (31) días después de haberse dictado la medida dispositiva en corte abierta. En la vista dispositiva estuvo presente el me-nor, su abogado y su custodio legal.

Al examinar la Regla 9.1, entonces vigente, señalamos que el término comenzaba a contarse desde la fecha cuando se dictó la resolución que dispuso del caso, puesto que el menor estuvo acompañado por su representante legal al momento de la imposición de la medida dispositiva. Aclaramos que, cuando el menor es informado en corte abierta de la medida dispositiva impuesta, no hay justifi-cación para que aplique la excepción reconocida en Pueblo ex rel. R.S.R., supra.

No obstante, a principios del 2010, la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, fue nuevamente enmendada

... a los efectos de establecer que los términos que se calculen a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden, comenzarán a correr a partir del depósito en el correo de la notificación de la resolución u or-den, cuando esta fecha sea distinta a la del archivo en autos. (Énfasis suplido). Título, Ley Núm. 21-2010.

Esto, pues este beneficio no se había hecho extensivo a los casos penales o de menores con la promulgación de la Ley Núm. 40-1999 (34 L.P.R.A. Ap II). Sánchez Martínez, op.cit. En lo pertinente al caso de autos, la Regla 9.1(l)(b)(i) de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, aplicable indica:

Las órdenes y resoluciones finales dictadas por el Tribunal de Instancia... podrán ser apeladas ante el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones... En la interposición de estos recursos deberán regir las reglas adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, sujeto a las siguientes normas:
(b)(i) La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación conforme a lo dispuesto en la “Ley de la Judicatura de 2003”, sees. 24 a 25r del Título 4, y dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso. Este término es jurisdiccional.
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la resolución es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. VER Art. 4.06 Ley Judicatura 2003 [sic]. (Énfasis suplido).

A través de esta enmienda, la Asamblea Legislativa hizo hincapié de que es imprescindible la pronta y correcta no-tificación a las partes de cualquier sentencia, resolución u orden judicial cuyo archivo en autos de copia de la notifi-cación genere los términos para solicitar su revisión ante los foros apelativos. Exposición de Motivos, Ley Núm. 21-2010. De esta forma, la Asamblea Legislativa aclaró el al-canee de los términos establecidos en la Regla 9.1 de Pro-cedimiento para Asuntos de Menores, supra, al amparo de nuestras expresiones en Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., supra, con la intención de proteger los derechos de la parte afectada por la demora en la notificación cuando los términos comienzan a cursar tras el archivo en autos de copia de la resolución.

No obstante, del texto de la Ley Núm. 21-2010 no surge expresión ni intención alguna de la Asamblea Legislativa de modificar su claro mandato de que el término jurisdiccional comienza a cursar “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso” ni de modificar nuestras expresiones en Pueblo en interés menor J.M.R., supra, y Pueblo ex rel. R.S.R., supra.

Tal como dispone el Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14, “[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospre-ciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Por lo tanto, la enmienda no modifica la regla general. Nuestras inter-pretaciones en Pueblo en interés menor J.M.R., supra, y Pueblo ex reí. R.S.R., supra, siguen vigentes. No obstante, cuando el menor, su representación legal y su custodio legal no estuvieran presentes en el momento cuando se emi-tió la resolución, el término se contará desde el archivo en autos de copia de la notificación de la resolución. Ahora bien, cuando la fecha de depósito en el correo sea distinta a la del archivo en autos, el término se calculará a partir de la fecha del depósito.

h-1 HH

Como señaláramos, el 7 de septiembre de 2010 se cele-bró la vista adjudicativa. Ese mismo día se encontró al menor incurso en ambas faltas y se le impusieron las me-didas dispositivas pertinentes en presencia de este, su padre, su abuela y su representación legal. La Sentencia fue reducida a escrito y notificada el 30 de septiembre de 2010. Sin embargo, no fue hasta el 14 de octubre de 2010 que el peticionario presentó su escrito de apelación. Como conse-cuencia, el menor presentó un escrito de apelación treinta y siente (37) días después de dictada la resolución, pero tan solo catorce (14) días desde que fuera notificada. Sin embargo, mediante una comparecencia posterior sostuvo que el término para presentar la apelación vencía el 30 de oc-tubre de ese año en conformidad con la Ley Núm. 21-2010.

Dado que en el caso de autos el peticionario, su padre, su abuela y su abogada fueron notificados en sala de la adjudicación y disposición del caso el 7 de septiembre de 2010, el término para presentar la apelación comenzó a transcurrir desde la fecha en que se dictó. Asimismo, el término para instar la apelación venció el 7 de octubre de 2010. Por lo tanto, el recurso fue presentado tardíamente. En vista de ello, concluimos que el foro apelativo carecía de jurisdicción para atender el caso.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca el dictamen recurrido y se desestima el recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       34 L.P.R.A. Ap. I-A.

       Al menor se le imputó que “ilegal, voluntaria y maliciosamente, TENIA, POSEIA Y/O DISPONIA en su poder un vehículo de motor (motora)... el cual había sido notificado hurtado el día 9 de [m]ayo de 2010”. Queja Núm. QUC10-336 de 29 de julio de 2010. De igual forma, se le imputó que “ilegal, voluntaria y criminalmente conducía un vehículo de motor (motora)... siendo este menor de 18 años y SIN ES-TAR AUTORIZADO por el Honorable Secretario de Transportación y Obras Públicas a conducir vehículos de motor por las vías públicas de Puerto Rico”. Queja Núm. QUC10-337 de 29 de julio de 2010.

       El Procurador de Asuntos de Menores presentó los testimonios del Sr. Andy L. Vázquez Adorno, la Sra. May L. Vázquez Adorno, el agente Ercilio Nieves López y la agente Marie Martínez Figueroa. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 17-19.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 25. También apuntó como error que el tribunal no acogiera la solicitud oral de reconsideración previo a determinar la medida dispositiva.

       La Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2201 et seq., así como las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, se deben interpretar de acuerdo con los propósitos siguientes: (1) proveer para el cuidado, la protección, el desarrollo, la habilitación y la rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad; (2) proteger el interés público tratando a los menores como perso-nas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos, y (3) garantizar a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley, y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. 34 L.P.R.A. sec. 2204. Asimismo, se interpretarán de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de todos los asuntos. 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 1.2.

       Sobre el desarrollo del sistema de justicia juvenil en Puerto Rico, véase Pueblo en interés menor C.Y.C.G., 180 D.P.R. 555 (2011).

       34 L.P.R.A. sec. 2236.

       La Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 9.1(b) (ed. 1991), aplicable al caso disponía, en lo pertinente, que:
      “La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la secreta-ria de la sala del Tribunal que entendió en el caso dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso y se deberá presentar o remitir por correo certificado copia de dicho escrito a la secretaría del Tribunal Supremo dentro del referido término”.

       La Regla 9.1(b)(1) de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmen-dada por la Ley Núm. 88 de 27 de julio de 1996, disponía que:
      “La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación conforme a lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, aprobado el 28 de julio de 1994, según enmendado [4 L.P.R.A. secs. 22 a 23n]; conocido como la ‘Ley de la Judicatura de 1994’, y dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso. Este término es jurisdiccional”. 1996 Leyes de Puerto Rico 412.

       En Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000), examinamos el alcance de la Ley Núm. 40-1999 en la Regla 46 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III). Esa ley buscaba salvaguardar los derechos apelativos de las partes en aquellos casos en los que la notificación postal no coincide con el archivo en autos del dictamen. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., supra. Particularmente, analiza-mos la importancia de la notificación simultánea de sentencias, resoluciones u órde-nes que generan términos para su revisión. La simultaneidad en estos casos está justificada en los requerimientos del debido proceso de ley para evitar un trato des-igual entre las partes; para evitar la demora del momento en el que las partes efectivamente saben de la sentencia, y para la “correcta” operación interna de las secretarías de los tribunales. Sin embargo, aún sin contar con la enmienda incorpo-rada por la Ley Núm. 40, supra, ya habíamos indicado que para proteger los dere-chos de la parte afectada por una notificación extremadamente tardía, se entendería que el término comenzó a transcurrir el día en que se cursó la notificación a las partes. íd., pág. 9.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Viernes 23 de Noviembre de 2012.

      Número: EM-2012-09

      Resuelto: 16 de noviembre de 2012
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido libre con cargo a vacaciones el viernes 23 de noviembre de 2012 a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

A tales efectos, y en virtud de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. secs. 72 y 73) y se considerará el viernes 23 de noviembre de 2012 como si fuera un día feriado completo. Cualquier término por vencer ese día se exten-derá hasta el lunes 26 de noviembre de 2012, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(Fdo.) Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo Interina


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Joaquín Rueda Lebrón, recurrido.

      Número: CC-2011-0796

      Resuelto: 16 de noviembre de 2012

      Reinaldo Camps del Valle, Juan B. Ruiz Hernández, procura-dores generales auxiliares, Zaira Z. Girón Anadón y Jeannette M. Collazo Ortiz, subprocuradoras generales, aboga-dos de la parte peticionaria; Carlos García Morales, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

El hecho de que el Ministerio Público no escriba en la boleta de autorización las razones para someter el caso ante un magistrado para que éste determine causa para arresto en ausencia, ¿acarrea irremediablemente la deses-timación de las denuncias contra el imputado? Luego de estudiar detenidamente el expediente de autos y las cir-cunstancias aquí contenidas, resolvemos que ello no con-lleva la desestimación automática de las denuncias. No obstante, concluimos que la mejor práctica es que el fiscal consigne en la boleta de autorización, o el magistrado en las denuncias, las justificaciones para atender el caso sin citar previamente al sospechoso.

I

Por hechos alegadamente ocurridos el 22 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2010, se determinó causa probable para arresto en ausencia contra el Sr. Joaquín Rueda Lebrón por dos infracciones al Art. 406 (tentativa y conspi-ración) y otras dos al Art. 411A (introducción de drogas en escuelas o instituciones recreativas) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico., 24 L.P.R.A. sees. 2406 y 2411a. Surge de la boleta del fiscal, para au-torizar la presentación del caso en ausencia, que varios agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) acudirían como testigos ante la presencia de un magistrado

Luego que los testigos ofrecieran la información, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable para arresto contra el señor Rueda Lebrón por todos los cargos imputados. En las denuncias se anotó que la magistrada examinó a los testigos que siguen: (1) agente Hiram Soto, quien testificó bajo juramento y ofreció además una decla-ración jurada; (2) agente Edwin Adorno, quien testificó bajo juramento; (3) NIE-P-2006-001 (informante); (4) agente Miguel Román, y (5) agente Ángel Díaz. Estos últi-mos tres ofrecieron declaraciones juradas. Cuatro de los cinco testigos tenían conocimiento personal del hecho de-lictivo aducido y el restante tenía la información o creencia del hecho. Además de lo anterior, la jueza también aludió a un memorando de prueba de campo y a un mapa

Posteriormente, la defensa del señor Rueda Lebrón soli-citó la desestimación de las denuncias. Alegó que la jueza que presidió la vista para la determinación de causa probable para arresto no inquirió sobre las razones para cele-brarla en ausencia. La defensa aparenta fundamentar esa aseveración en el hecho de que en las denuncias la jueza “únicamente hizo constar que el acusado no estuvo presente y que se determinó causa probable para su arresto” De igual forma, alegó que era necesario que se citara al señor Rueda Lebrón a la referida vista, pues de las propias denun-cias surgía la dirección residencial de éste.

El Ministerio Público presentó una moción para opo-nerse a la desestimación En ella sostuvo que las denun-cias presentadas en ausencia contra el señor Rueda Lebrón respondieron a una investigación confidencial realizada por agentes encubiertos y un informante del NIE. Además, informó que como parte de la investigación confidencial se presentaron 34 denuncias contra 12 sospechosos por in-fracción a la Ley de Sustancias Controladas. Alegó que las denuncias se interpusieron en ausencia del imputado por-que era oneroso para el Estado citar previamente a los 12 imputados sin que se afectara la investigación confidencial y sin poner en riesgo la vida y seguridad de los agentes encubiertos y del informante del NIE. Añadió que todos los sospechosos realizaban las transacciones dentro de resi-denciales públicos y que éstas fueron grabadas en video. En particular, el Ministerio Público explicó que toda esta información se le ofreció a la jueza que celebró la vista de causa probable para arresto, quien, en efecto, inquirió so-bre las razones que justificaban tramitar el asunto sin ci-tar al sospechoso a la vista. Por último, el Ministerio Pú-blico alegó que la naturaleza de la intervención estaba comprendida por las excepciones contempladas en Pueblo v. Rivera Martell, 173 D.P.R. 601 (2008), que permiten ce-lebrar en ausencia la vista de causa probable para arresto.

Luego de evaluar las respectivas posturas de las partes, el 25 de febrero de 2011 —notificada el 8 de marzo de 2011— el Tribunal de Primera Instancia emitió una reso-lución mediante la cual denegó la solicitud de desesti-mación. Expresó ese foro que del expediente surgía cla-ramente que se imputaron transacciones con agentes encu-biertos, lo que constituía una de las excepciones menciona-das en Pueblo v. Rivera Martell, supra, para determinar causa para arresto en ausencia.

Inconforme con la negativa del tribunal de desestimar las denuncias aquí en controversia, el 1 de abril de 2011 el señor Rueda Lebrón presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Fue en esta ocasión cuando se-ñaló que el fiscal no consignó en la boleta para someter el caso el alegado hecho de que se trataba de una investiga-ción realizada por agentes encubiertos, de forma tal que se justificara celebrar la vista en ausencia. La defensa solicitó que se desestimaran las denuncias y se remitiera el caso al foro primario para la celebración de una nueva vista de determinación de causa para arresto.

En respuesta, el Ministerio Público, representado por la Oficina del Procurador General, reiteró que la jueza que determinó causa para arresto en ausencia conocía y aceptó las justificaciones del Ministerio Público antes de arribar a su decisión aunque éstas no surgieran de la boleta de au-torización del fiscal para someter el caso en ausencia o de las denuncias. Además, el Estado sostuvo que ello no es un requisito procesal reconocido por nuestro ordenamiento ju-rídico que impida la celebración de una vista en ausencia.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia mediante la cual revocó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y ordenó la desestimación de las denuncias. Señaló ese foro que el fiscal no consignó en la boleta de autorización para someter el caso —ni la magis-trada en las denuncias— las justificaciones para celebrar la vista de causa para arresto en ausencia. En consecuen-cia, concluyó que en la vista no hubo explicación alguna al respecto. Además, el foro apelativo intermedio entendió que Pueblo v. Rivera Martell, supra, requiere que el magis-trado que oficia la vista de causa probable para arresto en ausencia establezca por escrito en ese momento los funda-mentos para la celebración de tal audiencia.

Luego de varios trámites procesales, el Ministerio Pú-blico acudió ante nos mediante un recurso de certiorari. Planteó que no procedía la desestimación de las denuncias por el fundamento de que la justificación para celebrar la vista de causa para arresto en ausencia debía surgir de la boleta de autorización para someter el caso o de las denuncias. Además, alegó que la determinación de causa probable para acusar subsanó todo error que pudiera ha-ber ocurrido en la determinación de causa probable para el arresto.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procede-mos a resolver.

II

En nuestro ordenamiento jurídico, toda acción penal comienza con la determinación de causa probable para arresto o citación. Tan pronto ocurre esa determinación, el tribunal adquiere jurisdicción sobre el imputado y éste deberá responder por la comisión del delito.

La Constitución de Puerto Rico exige que para ex-pedir una orden de arresto un magistrado determine causa probable, apoyada en juramento o afirmación. La orden que a esos fines se emita debe ser específica en cuanto a la persona a quien está dirigida.

Los pormenores de la determinación de causa probable para arresto se encuentran en la Regla 6 de Procedi-miento Criminal. Para arribar a esta determinación el magistrado puede considerar: “la denuncia jurada, las de-claraciones juradas que se incluyan con ésta o el examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, así como cualquier combinación de estos factores, e incluso, sin ne-cesidad de una denuncia, cuando se presente bajo jura-mento el testimonio de algún testigo con conocimiento personal del hecho delictivo”. También se puede fundamentar la mencionada determinación en declaracio-nes hechas por información o creencia cuando éstas gozan de suficientes garantías de confiabilidad. Lo importante es que se le provea suficiente información al magistrado para que éste pueda inferir la probabilidad de que sé ha come-tido un delito y que el imputado lo cometió. Debe quedar claro que en esta etapa no es necesario establecer categó-ricamente la existencia de responsabilidad. Ello res-ponde a que la determinación de causa probable para el arresto no constituye una adjudicación final del caso, pues en ésta no se establece la culpabilidad o inocencia del sospechoso.

Por otra parte, además de los requisitos constitucionales enumerados en la Regla 6, supra, dicha disposición contiene ciertos derechos a favor de los imputados concedidos por vía legislativa. Por ejemplo, la Regla 6, supra, establece que en la determinación de causa probable para el arresto el imputado tiene el derecho de estar asistido por abogado, a contrainterrogar testigos y a ofrecer prueba a su favor. Sin embargo, esos derechos no son absolutos. La vista para determinar causa probable para el arresto puede celebrarse en ausencia del imputado. En estas audiencias, por lo general, el sospechoso no está presente. Su presencia es la excepción.

Los derechos otorgados por la Regla 6, supra, solo se activan si la determinación de causa para el arresto se hace en presencia del imputado. Y en esos casos, aun cuando el imputado esté presente, estos derechos no son absolutos, “sino limitados y sujetos a la discreción del tribunal”.

En particular sintonía con la controversia que nos ocupa, en Pueblo v. Rivera Martell, supra, el fiscal se negó a exponer sus razones para someter los casos sin citar a los imputados a la determinación de causa para el arresto, pese a la solicitud expresa del magistrado a esos fines. Re-solvimos en esa ocasión que la decisión de si procede citar al imputado a la vista de determinación de causa para el arresto recae en el magistrado y no en el fiscal. Se debe procurar citar al sospechoso a la vista de causa para arresto, pero existen circunstancias que justifican el no hacerlo. Sin que constituya un listado taxativo, se puede celebrar la vista de causa para el arresto en ausencia en las circunstancias siguientes: (1) cuando se pretenden realizar arrestos en serie; (2) “cuando un operativo haya dado lugar a denuncias múltiples que hagan muy oneroso para el Es-tado citar previamente a todos los imputados” (énfasis nuestro); (3) cuando ello evite que se malogre una inves-tigación en curso; (4) cuando “la seguridad de las víctimas o los testigos aconsejan que se celebre el proceso en ausencia del imputado” (énfasis nuestro), o (5) cuando la persona no pudo ser localizada pese al esfuerzo realizado.

Del mismo modo, en Pueblo v. Rivera Martell, supra, expresamos lo siguiente:

[D]ado que la determinación de causa probable la hace el ma-gistrado, y ya que éste tiene la obligación de velar por que no se menoscaben los derechos del imputado, es él quien debe decidir caso a caso sobre la necesidad de que la vista se celebre en ausencia del imputado. Es decir, es el magistrado quien debe pasar juicio y determinar con finalidad la suficiencia de las justificaciones ofrecidas por el Ministerio Público para no haber citado al imputado a la vista correspondiente. Y es que no podía ser de otra forma, ya que para garantizar la aplica-ción de los principios fundamentales en los que descansa nues-tro ordenamiento, tanto el derecho constitucional como el es-tatutario requieren la intervención de la figura neutral del magistrado. (Énfasis nuestro). Véanse: Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Enmda. IV, Const. EE. UU., U.S.C.A. Const.; Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra.

Es incuestionable que el magistrado tiene la facultad y el deber de dirigir el proceso. Claro está, el Ministerio Público tiene la libertad de escoger la forma como somete su caso, siempre sujeto a los límites de la Regla 6, supra. Además, la explicación que ofrezca el fiscal sobre la conve-niencia de citar o no a un sospechoso de delito a la deter-minación de causa para el arresto merece amplia deferen-cia judicial. Sin embargo, la determinación final siempre recaerá en el propio juicio del magistrado, a la luz de la totalidad de las circunstancias.

III

El Ministerio Público alega que el Tribunal de Apelacio-nes incidió al desestimar las denuncias por el fundamento de que las razones para celebrar la vista de causa probable para el arresto, en ausencia del sospechoso, no fueron in-cluidas por el fiscal en la boleta de autorización para some-ter el caso ni por la magistrada en las denuncias.

De la boleta de autorización cumplimentada por el fiscal para someter el caso sin citar al sospechoso surge que se autorizó a varios agentes encubiertos del NIE a presen-tarse ante un magistrado. Estos así lo hicieron. Igual-mente, de las denuncias surge claramente que, antes de concluir que existía justa causa para el arresto, la jueza examinó las declaraciones de cinco testigos —cuatro agen-tes del NIE y un informante— de los cuales cuatro tenían conocimiento personal del alegado hecho delictivo —in-cluido el informante— y otro poseía conocimiento por infor-marión o creencia. La magistrada también tuvo ante sí el memorando de la prueba de campo y la representación geo-gráfica de cierta área por medio de un mapa. Al evaluar la información que se le ofreció, la magistrada determinó que existía causa probable para el arresto del señor Rueda Le-brón por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, sin necesidad de una cita previa.

La defensa plantea que como no se consignaron por escrito en ese momento las razones por las cuales no se citó al sospechoso, la jueza no recibió justificación alguna. Por su parte, el Ministerio Público insiste en que la jueza inquirió sobre las razones y que se le brindaron. Luego de estudiar con detenimiento el caso de marras, no podemos suscribir el razonamiento de la defensa. Según intimado, de las denuncias surgen claramente los testigos, las declaraciones juradas y el resto de la evidencia que examinó la jueza para determinar que en este caso existía causa para el arresto sin necesidad de cita. Resultaría inverosímil sostener que, luego de evaluar las declaraciones de los agentes encubiertos y del informante del NIE que formaron parte de una investigación confidencial, la magistrada no pudiera obtener la creencia razonable de que existían suficientes razones para no citar al sospechoso. Precisamente, ese es el alcance de Pueblo v. Rivera Martell, supra, en el cual resolvimos que es el magistrado quien pasa juicio y determina la finalidad de la suficiencia de las justificaciones para no citar al sospechoso a la vista de causa para el arresto, y no el fiscal, aunque las explicaciones de este último sean objeto de amplia deferencia.

Aunque la mejor práctica es que el fiscal consigne en la boleta de autorización las razones que justifican no citar al sospechoso, se puede sostener una determinación de causa para el arresto en ausencia si del expediente surge sufi-cíente información que permita concluir razonablemente que el magistrado recibió las justificaciones en cuestión.

En el caso de marras, ante la determinación de la ma-gistrada, en el sano ejercicio de su discreción, de atender el caso en ausencia luego de examinar todas las declaraciones y la evidencia mencionadas, no podemos concluir sin más que la falta de apunte sobre las justificaciones implique la inexistencia de éstas ante el raciocinio de la jueza. Si la defensa no estuvo presente en la determinación de causa para el arresto en ausencia, ¿cómo puede afirmar que la magistrada no recibió las justificaciones requeridas? Cier-tamente, las circunstancias de este caso impiden saltar a la conclusión propuesta por la defensa. Máxime, cuando la determinación de causa probable, al igual que toda deter-minación judicial, goza de una presunción legal de corrección. En síntesis, el mero hecho de que la jueza no anotara en las denuncias las razones sobre las circunstan-cias excepcionales, o el fiscal no las apuntara en la boleta, no significa que la magistrada no haya recibido suficiente información que justificara su proceder, o que no fuera ella quien dirimió el asunto.

Nótese que a diferencia de los hechos que motivaron nuestra decisión en Pueblo v. Rivera Martell, supra, en el cual el fiscal se negó rotundamente a ofrecer las justifica-ciones particularizadas, en el caso de autos el Ministerio Público, desde la primera vez en que la defensa levantó su planteamiento, ha brindado todas las razones que derrotan el planteamiento en cuestión. En particular, el Ministerio Público informó que la acción contra el señor Rueda Le-brón respondía a una investigación confidencial en la que participaron agentes encubiertos y un informante del NIE; que como parte de esa investigación confidencial se presen-taron 34 denuncias contra 12 sospechosos por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas —esto es, múltiples denuncias — , y que cursar una cita previa al señor Rueda Lebrón resultaría oneroso al Estado en la medida en que afectaría la investigación confidencial y pondría en riesgo la vida y seguridad de los agentes encubiertos y del infor-mante del NIE. Esas circunstancias justifican la celebra-ción de la vista de causa probable para el arresto en ausen-cia del entonces sospechoso, y hoy acusado, pese a que el Estado tuviera la dirección residencial de éste.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la re-solución recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para que continúe con los procedimientos de manera cónsona con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente señor Hernández Denton, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrieron con el resultado sin opiniones escritas.

       Autorización para someter el caso a un magistrado, 30 de septiembre de 2010, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 49.

       Véase Denuncias, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 45-48.

       “Moción solicitando desestimación” presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, 5 de noviembre de 2010, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 50.

       Véase “Moción en oposición a solicitud de desestimación” de 15 de noviembre de 2010 presentada por el Ministerio Público ante el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 53-57.

       Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 25 de febrero de 2011, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 60.

       Cabe mencionar que ya para esa fecha el foro primario había celebrado la vista preliminar el 25 de enero de 2011. En ésta se encontró causa probable para acusar al señor Rueda Lebrón por infracción al Art. 411A de la Ley de Sustancias Controlad de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2411a. Apéndice de la Petición de certio-

        rari, pág. 21. No se encontró causa para acusarle por infracción al Art. 406 de la misma ley, 24 L.P.R.A. sec. 2406. íd. Véanse: Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 D.P.R. 428, 437 (2000); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803, 815 (1998).

        Pueblo v. Sustache Sustache, 176 D.P.R. 250, 315 (2009); Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 555 (2003); Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, pág. 809.

        Pueblo v. Irizany, supra, pág. 555.

       Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 326. Similar exigencia contiene la Enmienda IV de la Constitución de Estados Unidos. Const. EE. UU., U.S.C.A. Const.

        Pueblo v. Irizany, supra, págs. 555-556.

       34 L.P.R.A. Ap. II. Luego de los incidentes procesales aquí en controversia, y recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 281-2011 para reconocer expresamente las facultades y la discreción que posee el Ministerio Público para presentar cargos en' ausencia cuando entienda que existen circunstancias justificadas. Aplicamos el texto de la regla antes de la referida enmienda, por ser el que rige la presente causa, que dispone, en lo concerniente, lo siguiente:
      “Regla 6. Orden de arresto a base de una denuncia

      “(a) Expedición de la orden. Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla 7(a). La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o creencia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona afec-tada, el magistrado podrá expedir una orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado hará constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa probable.
      “El magistrado podrá también determinar causa probable para creer que se ha cometido un delito sin necesidad de que se presente ante él una denuncia cuando haya examinado bajo juramento a algún testigo o testigos que tuvieren conocimiento personal del hecho delictivo. ...
      “En esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor”. 34 L.P.R.A. Ap. II (ed. 2004).

        Pueblo v. Sustache Sustache, supra, págs. 315-316.

       íd., pág. 316.

       íd.

       Id. Hemos expresado anteriormente que la vista para determinar si existe causa para arresto no goza del alcance y la formalidad de una vista preliminar ni es un minijuicio. Pueblo v. North Caribbean, 162 D.P.R. 374, 381-382 (2004).

        Pueblo v. North Caribbean, supra, págs. 381-383; Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 559-560; Pueblo v. Rodríguez López, 155 D.P.R. 894, 904 (2001).

       D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 8va ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2007, pág. 45; E.L. Chiesa, Procedimiento criminal: etapa investigatiua, San Juan, Pubs. J.T.S., 2006, Sec. 4.7(A), pág. 168.

        Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 560.

       Id., pág. 564.

       íd.

        Pueblo v. Rivera Martell, 173 D.P.R. 601, 615-616 (2008).

       íd., pág. 616.

       íd.

       íd.

       íd., págs. 616-617.

       íd., pág. 617.

       íd.; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 565.

        Pueblo v. Rivera Martell, supra, pág. 618.

      8) íd.

       En Pueblo v. Rivera Martell, supra, no establecimos una norma que exigiera que se consignaran por escrito las circunstancias excepcionales allí reconocidas para celebrar la vista de causa para el arresto sin citar al sospechoso.

        Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997); Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 42 (1989); Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973).

       Véase Pueblo v. Rivera Martell, supra.


author: per curiam:

text:
      In re Roberto J.J. Buono Colón.

      Número: AB-2011-0111

      Resuelto: 28 de noviembre de 2012
   per curiam:

En esta ocasión, nos vemos forzados a suspender a un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requerimientos de este Tribunal como parte de un procedimiento disciplinario instado en su contra. Por los fundamentos que esbozamos a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Roberto J.J. Buono Colón del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I

El Ledo. Roberto J.J. Buono Colón fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 19 de agosto de 2003. El 22 de sep-tiembre de ese mismo año juramentó como notario.

En 2011 el Sr. Efraín Robles Bruno (quejoso) presentó una queja ante este Tribunal contra el licenciado Buono Colón. Aseguró que contrató los servicios profesionales del licenciado el 30 de junio de 2010 para que lo representara en un pleito de cobro de dinero. El licenciado presentó la demanda, compareció a la primera vista señalada por el foro primario y realizó otros trámites procesales relaciona-dos con el caso.

A partir de octubre de 2010, después que el licenciado presentó en el foro primario una réplica a una moción de desestimación, el señor Robles Bruno no consiguió comuni-carse con el licenciado. Alega el quejoso que intentó comu-nicarse con este último por teléfono, mediante mensajes de voz y de texto, y a través de correos electrónicos.

Según describe en la queja, el señor Robles Bruno reci-bió una minuta del foro de primera instancia indicándole que había realizado una segunda vista a la cual la parte demandante no había comparecido. En esa minuta, el tribunal explicó que la notificación del señalamiento de la vista había sido enviada al licenciado Buono Colón y que había sido devuelta, por lo que señaló otra vista, la cual notificó a las representaciones legales y a la parte deman-dante directamente.

Por esta razón, el señor Robles Bruno presentó una queja ante el Colegio de Abogados el 11 de marzo de 2011. El Colegio de Abogados refirió la queja a este Tribunal. El 6 de abril de 2011 le comunicamos al quejoso que la queja debía estar juramentada ante un notario o en la Secretaría del Tribunal, por lo que le enviamos el documento original para que completara el proceso antes explicado. Así lo hizo.

El 20 de mayo de 2011 le notificamos la queja al licen-ciado a la dirección que aparece en el Registro Unico de Abogados que mantiene la Secretaría de este Tribunal. Esta correspondencia fue devuelta y el licenciado no compareció. Luego, el 8 de agosto de 2011 le enviamos una segunda notificación en la que le concedimos un término de diez días para que compareciera con sus comentarios a la queja. Esta comunicación también fue devuelta y el licen-ciado no contestó.

A falta de una respuesta, el 24 de octubre de 2011 emi-timos una Resolución mediante la cual concedimos al licen-ciado Buono Colón un término final de diez días para que compareciera ante este Tribunal y contestara la queja pre-sentada en su contra. En esta se le apercibió de que el incumplimiento con la Resolución podría acarrear sancio-nes disciplinarias severas, incluyendo la suspensión de la profesión. Dicha Resolución se notificó personalmente por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

El 29 de noviembre de 2011 el licenciado Buono Colón compareció mediante una Moción Informativa, en la que indicó que las notificaciones se le habían enviado a una dirección que ya no era suya y que no había sido su inten-ción desatender los requerimientos de este Tribunal. Ade-más, indicó que tan pronto se le enviara la queja procede-ría a contestarla. Nuevamente le enviamos copia de la queja el 7 de diciembre de 2011. El letrado no presentó su contestación.

Como consecuencia, el 27 de enero de 2012 emitimos otra Resolución en la que le concedimos un término final de veinte días para que compareciera. Esta Resolución se le notificó a la dirección que aparecía en el Registro Unico de Abogados. Una vez más el licenciado no compareció.

En vista de lo anterior, emitimos una última Resolución el 25 de mayo de 2012 en la que otorgamos al letrado cinco días para contestar la queja. Esta Resolución se notificó personalmente. Aún hoy el licenciado no ha comparecido.

II

Todo abogado tiene la obligación de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re Arroyo Rivera, 182 D.P.R. 732 (2011); In re Feliciano Jiménez, 176 D.P.R. 234 (2009). Ello cobra mayor importancia cuando se trata de un proceso disciplinario sobre su conducta profesional. In re Borges Lebrón, 179 D.P.R. Ap. (2010).

Hemos sido consecuentes en que cuando un abogado no cumple con el deber de responder a nuestros requerimientos e ignora los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata del ejerci-ció de la profesión. In re Reyes, Rovira, 139 D.P.R. 42 (1995). Aun así, constantemente nos vemos forzados a suspender miembros de la profesión ante actitudes de indife-rencia y menosprecio a nuestros señalamientos. In re Arroyo Rivera, supra.

Asimismo, hemos reiterado que incumplir con los requerimientos de esta Curia es, en sí mismo, una violación a los cánones que rigen la ética profesional. In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010). Véase, además, Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, respecto a la exigencia de respeto hacia los tribunales. Ciertamente, la falta de respeto y de observancia a los requerimientos de este Tribunal es considerada como una conducta intolerable.

III

Una vez más, ejercemos nuestra función disciplinaria en un abogado que ignora nuestros requerimientos aun bajo apercibimiento de que la falta de cumplimiento con-lleva sanciones tan severas como la suspensión del ejerci-cio de la profesión. En particular, el licenciado Buono Colón no ha contestado nuestra última Resolución de 25 de mayo de 2012 —notificada personalmente— en la cual le conce-dimos cinco días para contestar la queja y comparecer ante este Tribunal. Como hemos visto, el incumplimiento con nuestras órdenes conlleva la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía, así como la posible imposición de otras sanciones disciplinarias. Aun así, todavía hoy el li-cenciado Buono Colón no ha cumplido con nuestros múlti-ples requerimientos.

Es sorprendente que personas que han obtenido sus tí-tulos académicos y profesionales luego de muchos años de estudios y sacrificios personales y familiares sean suspen-didos por su incumplimiento en contestar las órdenes de este Tribunal. Su actitud denota un menosprecio por lo que representa el título de abogado y el certificado que le en-tregó este Tribunal para ejercer la abogacía.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al Ledo. Roberto J.J. Buono Colón del ejercicio de la abogacía y la notaría. Además, se ordena el archivo de la Queja Núm. AB-2011-111 hasta que el letrado solicite su reinstalación. Así las cosas, el licenciado deberá notifi-car a sus clientes que, por motivo de la suspensión, no puede continuar con su representación legal, y les devolverá los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, de-berá informar su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones habrán de ser certifi-cadas a este Tribunal dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión y Sentencia. Además, el Alguacil de este Tribunal procederá a incautar la obra notarial del licenciado Buono Colón y su sello notarial, y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.