text:
      In re Aprobación del Reglamento para la Concesión de Licencias Sabáticas a Jueces y Juezas de la Rama Judicial de Puerto Rico.

      Número: ER-2008-01

      Resuelto: 13 de febrero de 2008
   RESOLUCIÓN

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.), en su Art. 2.007, faculta al Juez Presidente a conceder licencias sabáticas a jueces y juezas. Dispone, además, que el Tribunal Supremo establecerá un reglamento que fije las condiciones para otorgar estas licencias.

En conformidad con esta disposición, aprobamos el Re-glamento para la Concesión de Licencias Sabáticas a Jue-ces y Juezas de la Rama Judicial de Puerto Rico, que acom-pañamos con esta Resolución. Este reglamento tiene el propósito de ofrecer a los miembros de la Judicatura la oportunidad de realizar estudios, investigaciones y otras actividades creativas que redunden en su mejoramiento profesional y en beneficio de la Rama Judicial. Además, el reglamento provee para la concesión de licencias sabáticas para realizar actividades de carácter docente en los progra-mas de educación judicial de la Rama Judicial.

Se regulan, entre otros, asuntos tales como elegibilidad, duración y términos, requisitos para su solicitud y su eva-luación, compensación y contrato para formalizarla, conse-cuencias de su incumplimiento y convalidación de los estu-dios, investigaciones o actividades realizadas por créditos u horas de educación jurídica continua.

El reglamento que hoy aprobamos representa un paso de vanguardia y refleja la importancia que le otorgamos al desarrollo académico y al mejoramiento de nuestra Judicatura.

Este reglamento entrará en vigor treinta días después de la presente Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS SABÁTICAS A LOS JUECES Y LAS JUEZAS DE LA RAMA JUDICIAL DE PUERTO RICO

BASE JURÍDICA

Este reglamento se aprueba en conformidad con la fa-cultad conferida al Tribunal Supremo en el Art. 2.007 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, mejor conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”.

Regla 1. Título

Este reglamento se conocerá como “Reglamento para la Concesión de Licencias Sabáticas a los Jueces y las Juezas de la Rama Judicial de Puerto Rico”.

Regla 2. Propósito

Las licencias sabáticas tienen el propósito de ofrecer a los miembros de la Judicatura la oportunidad de realizar estudios, investigaciones y otras actividades creativas que redunden en su mejoramiento profesional y en beneficio de la Rama Judicial. También se podrá conceder licencias sa-báticas para realizar actividades de carácter docente en los programas de educación judicial de la Rama Judicial.

Regla 3. Elegibilidad

Todo Juez o toda Jueza del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia que cumpla con todos los requisitos siguientes será elegible para solicitar una licencia sabática:

(a) Que haya cumplido, al menos, cuatro años consecu-tivos de servicio en la Judicatura.

(b) Que a partir de la fecha en que tiene programado comenzar el disfrute de la licencia solicitada, quede a su término de nombramiento, como mínimo, el doble del tiempo que solicita para el disfrute de la licencia.

(c) Que no haya disfrutado de una licencia sabática en los últimos cuatro años consecutivos de servicios desde que se reintegró al servicio a partir de cualquier licencia sabá-tica anterior.

Regla 4. Cómputo de los años de servicio

Al computar los años de servicio requeridos para ser elegible a una licencia sabática, no se contará los periodos de cualquier licencia con o sin sueldo y de licencia sabática disfrutados por el o la solicitante, excepto los periodos de licencias ordinarias acumuladas para vacaciones o enfermedad.

Regla 5. Duración y términos

Todas las licencias sabáticas tendrán una duración máxima de seis meses. El Juez Presidente o la Jueza Pre-sidenta podrá extenderlas hasta un máximo de un año cuando lo estime meritorio.

Durante el disfrute de la licencia, ningún juez o nin-guna jueza quedará exento o exenta de cumplir con los Cánones de Etica Judicial ni de rendir los informes reque-ridos por dichos cánones o cualquier otro informe que le requiera alguna ley o algún reglamento, o el Juez Presi-dente o la Jueza Presidenta.

Una vez concluida la licencia sabática, el juez o la jueza que la haya disfrutado deberá reintegrarse a laborar por un período mínimo de seis meses antes de solicitar cual-quier tipo de licencia, salvo licencias por enfermedad u otras análogas (por ejemplo, licencia de maternidad o pa-ternidad, licencia por funeral, etc.).

Regla 6. Solicitud

La solicitud para la concesión de una licencia sabática se presentará por escrito, previo al comienzo del año fiscal (antes del 1 de julio) en el cual se pretende disfrutar del referido beneficio y no menos de tres meses antes de la fecha en la cual se interesa comenzar la licencia.

La solicitud incluirá la fecha de comienzo y de termina-ción de la licencia solicitada y expondrá el propósito, con una descripción detallada del proyecto o de la actividad para la cual se solicita. También deberá especificarse las razones que justifican la concesión de la licencia en térmi-nos de los beneficios que representaría para la administra-ción de la justicia, para la Rama Judicial y para el desem-peño de las funciones judiciales del o de la solicitante. En caso de solicitarse por un término mayor de seis meses, se incluirán las razones que justifican su extensión.

La solicitud se someterá por escrito al Director Adminis-trativo o a la Directora Administrativa de los Tribunales, quien la referirá a la Junta Académica de la Academia Judicial con sus recomendaciones en un término de quince días. Toda solicitud que no satisfaga los requisitos antes expresados, se rechazará de plano y se devolverá.

Regla 7. Evaluación de solicitudes

La Acádemia Judicial recopilará, evaluará y divulgará información sobre las posibilidades de estudios de interés para la Judicatura y la disponibilidad de oportunidades para participar en investigaciones jurídicas que puedan re-dundar en beneficio de la Rama Judicial. También podrá divulgar información y hacer recomendaciones específicas para la concesión de licencias para realizar actividades de carácter docente en los programas de educación judicial de la Rama Judicial.

La Junta Académica se reunirá por los menos una vez al año a comienzos del año fiscal y en las ocasiones en que el Juez Presidente o la Jueza Presidenta la convoque para atender las solicitudes de licencias sabáticas presentadas por los jueces y las juezas. Esta Junta evaluará las solici-tudes y podrá requerir información adicional al o a la soli-citante antes de hacer sus recomendaciones al Juez Presi-dente o a la Jueza Presidenta.

Al evaluar una solicitud de licencia sabática, la Junta Académica tomará en consideración el beneficio potencial que la concesión de la licencia sabática tiene para la admi-nistración de la justicia, para la educación judicial y para mejorar el desempeño de las funciones judiciales del o de la solicitante, así como el impacto que dicha concesión repre-senta sobre el manejo de su carga de trabajo. También se considerará la disponibilidad de recursos, de suerte que todos los jueces y todas las juezas puedan aprovechar al máximo las oportunidades de mejoramiento profesional que se les ofrece.

En un período de cuarenta y cinco días desde la fecha en que fue recibida por la Junta Académica, ésta deberá eva-luar la solicitud y someter sus recomendaciones al Juez Presidente o la Jueza Presidenta, quien tomará la deter-minación final. Toda concesión será evaluada, además, dentro del marco de posibilidades presupuestarias presen-tes al momento de la solicitud. Podrán recomendarse y aprobarse licencias sabáticas sin sueldo en casos de insu-ficiencia presupuestaria.

Regla 8. Notificación

El Juez Presidente o la Jueza Presidenta notificará oportunamente por escrito su decisión final al o la solicitante. Una vez concedida, la licencia sabática podrá ser interrumpida mediante un requerimiento debidamente notificado del Juez Presidente o de la Jueza Presidenta, por necesidades del servicio o cuándo determine que no se está cumpliendo con el objetivo que motivó la concesión.

Regla 9. Compensación

Todo juez o toda jueza que disfrute de una licencia sa-bática recibirá su sueldo regular durante el término de ésta, excepto cuando se apruebe una licencia sabática sin sueldo, y no podrá ejercer función remunerada alguna du-rante ese período, salvo en las circunstancias permitidas por ley y por los reglamentos de personal de la Rama Judicial. Durante el uso de este tipo de licencia (con o sin sueldo) no se acumularán días por enfermedad ni por va-caciones regulares. Sin embargo, para efectos del sistema de retiro, se contará el tiempo de disfrute de licencia sabá-tica con sueldo y se continuarán realizando los descuentos correspondientes al plan de retiro. Cuando se trate de li-cencia sabática sin sueldo, el periodo de licencia no se com-putará, sino que se extenderá la fecha de elegibilidad para retiro.

Regla 10. Contrato para formalizar la concesión de licencia sabática

Se formalizará la determinación de conceder una licen-cia sabática mediante un contrato en el cual comparecerán, de la PRIMERA PARTE, la Rama Judicial representada por el Director Administrativo o la Directora Administra-tiva de los Tribunales, y de la SEGUNDA PARTE, el juez beneficiario o la jueza beneficiaría de la licencia sabática en su carácter personal y oficial. En ese contrato se estipu-larán los deberes del juez beneficiario o de la jueza benefi-ciaría de la licencia sabática quien, entre otras cláusulas, se comprometerá a lo siguiente:

(a) Retornar a sus labores en la Judicatura, conforme el término de su nombramiento, una vez finalice el término de la licencia sabática.

(b) Notificar al Juez Presidente o a la Jueza Presidenta, para su aprobación, todo cambio o alteración en los estu-dios, el entrenamiento, la investigación o la actividad que motivó la concesión de la licencia sabática.

(c) Cumplir con las leyes aplicables y con este regla-mento, así como con las demás disposiciones legales, regla-mentarias y contractuales.

(d) Autorizar al Juez Presidente o a la Jueza Presi-denta, o a quien designe para ello, para que requiera de la universidad o institución correspondiente información so-bre los estudios, el entrenamiento, la investigación, las ac-tividades, las notas, la conducta, la asistencia u otros datos que estime pertinentes respecto al beneficiario o beneficia-ría de la licencia sabática y al cumplimiento de sus deberes y ejecutorias.

Regla 11. Incumplimiento del contrato

El juez beneficiario o la jueza beneficiaría de la licencia sabática que haya suministrado información falsa o erró-nea respecto a su solicitud o que no cumpla los términos y las condiciones del contrato que ha formalizado con la Rama Judicial, deberá reembolsar la cantidad desembol-sada por la Rama Judicial correspondiente al sueldo y a cualquier ayuda económica que se le haya otorgado, si al-guna, mientras disfrutó de la sabática.

El reembolso se realizará dentro de los seis meses si-guientes a la fecha de terminación de sus estudios, entre-namiento o investigación. El Juez Presidente o la Jueza Presidenta podrá establecer un plan de pago que cubra un período mayor de seis meses en circunstancias que lo jus-tifiquen así.

En cualquier momento, previa comprobación de que el beneficiario o la beneficiaría ha incumplido con los térmi-nos y las condiciones establecidos para concederle la licen-cia sabática, el Juez Presidente o la Jueza Presidenta po-drá dar por terminado el contrato y proceder conforme lo establecido en esta Regla para los efectos del reembolso.

El Director Administrativo o la Directora Administra-tiva de los Tribunales procederá al cobro de la cantidad correspondiente al reembolso conforme al procedimiento legal vigente relacionado con las reclamaciones a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El juez beneficiario o la jueza beneficiaría de la licencia sabática que incumpla sus obligaciones y deberes como be-neficiario o beneficiaría de una licencia sabática, se suje-tará a la imposición de medidas disciplinarias conforme el procedimiento que para tal fin se ha establecido en las Re-glas de Disciplina Judicial.

El Juez Presidente o a la Jueza Presidenta podrá eximir del reembolso cuando corrobore con evidencia la existencia de causas que lo justifiquen.

Regla 12. Informes

Dentro de los sesenta días a partir de la fecha en que termine la licencia, el juez o la jueza que haya disfrutado de ésta estará obligado u obligada a rendir a la Junta Aca-démica, por conducto del Director Administrativo o de la Directora Administrativa de los Tribunales, un informe es-crito sobre las actividades realizadas durante la licencia sabática, acompañado de la transcripción oficial del expe-diente de estudios académicos o de cualquier certificación, diploma o documento pertinente, si lo hubiese. La Junta Académica está facultada para solicitar a cualquier juez o jueza que se encuentre disfrutando de una licencia sabá-tica aquellos informes periódicos o de progreso que en-tienda necesarios. La Junta Académica examinará dichos informes y rendirá los informes periódicos correspondien-tes al Juez Presidente o la Jueza Presidenta.

Además, de entenderlo necesario y conveniente para la Rama Judicial, el Juez Presidente o la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, o la Junta Académica, podrá reque-rir a cualquier juez o jueza que haya disfrutado del bene-ficio de licencia sabática que rinda servicio como miembro del equipo docente de la Academia Judicial.

Regla 13. Convalidación

Los estudios, las investigaciones o las actividades reali-zadas por los jueces y las juezas durante las licencias sa-báticas se podrán convalidar, por recomendación de la Junta Académica, por los créditos o las horas de educación jurídica continua que puedan requerirse en los programas de educación judicial.

Regla 14. Vigencia

Este reglamento entrará en vigor treinta días después de su aprobación.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Lucas M. Irisarri Castro.

      Número: TS-9801

      Resuelto: 13 de febrero de 2008

      Lucas M. Irisarri Castro, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinados los escritos presentados por Lucas M. Iri-sarri Castro, se ordena su reinstalación sólo al ejercicio de la abogacía, efectiva dicha reinstalación el 15 de febrero de 2008.

La Directora de la Oficina de Inspección de Notarías deberá rendir un Informe al Tribunal luego de que Lucas M. Irisarri Castro se reúna, el 15 de febrero de 2008, con la Inspectora de Protocolos.

Publíquese. Notifíquese la presente Resolución por fax, teléfono y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del TribunalSupremo
     Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

text:
    Iris Meléndez Vega, recurrida, v. El Vocero de Puerto Rico et als., peticionarios.

      Números: AC-2007-66
    AC-2007-67
    CC-2007-827

      Resueltos: 15 de febrero de 2008
   RESOLUCIÓN

Vista la Moción Urgente para la Desestimación del Re-curso de la Prensa por Falta de Jurisdicción, presentada en el caso AC-2007-66, por estar igualmente dividido el Tribunal, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto disidente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. El Juez Asociado Señor Rebollo López no interviene.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del TribunalSupremo

Voto disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

al cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Hoy este Tribunal, por estar igualmente dividido, re-húsa desestimar el recurso AC-2007-66, aun cuando care-cemos de jurisdicción para atenderlo por no haberse cum-plido con el requisito jurisdiccional de notificación a todas las partes del pleito dentro del término para presentar el recurso. Por entender que tal actuación es indudablemente contraria a derecho, disiento.

I

Este caso se inició con una demanda presentada el 19 de junio de 1992 por la Leda. Iris Meléndez Vega, por difama-ción y libelo contra la Sra. Martha Marrero de Ramos, Caribbean International News Corp., El Vocero de Puerto Rico, Inc. (El Vocero), Gaspar Roca (qepd), director del pe-riódico, y José A. Purcell (qepd). La demanda se basó en una serie de cuarenta y tres escritos publicados por El Vo-cero acerca de unas imputaciones sobre acoso sexual he-chas por la señora Marrero de Ramos contra la licenciada Meléndez Vega. Esta última era fiscal y ocupaba el puesto de Directora del Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias, mientras que la señora Marrero de Ramos era su secretaria.

El 25 de febrero de 1994 se enmendó la demanda para incluir como codemandado al Ledo. Héctor Santiago Rivera. Éste había fungido como representante legal de la codemandada Marrero de Ramos en un proceso adminis-trativo que llevó a cabo el Departamento de Justicia para atender las alegaciones de hostigamiento sexual contra Meléndez Vega. El codemandado, licenciado Santiago Rivera, compareció al pleito a través de su representación legal, el Ledo. Miguel Negrón.

Tras un largo litigio, el 1 de marzo de 2004 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia mediante la cual declaró “con lugar” la demanda contra todos los demandados. Ordenó el pago de una compensación millo-naria en concepto de daños por angustias mentales y daños a la reputación, y el pago de honorarios de abogado. Ade-más, ordenó que El Vocero publicara un extracto de la sen-tencia dictada por dicho foro, incluso con sus determinacio-nes sobre la falsedad de las publicaciones.

Inconformes con el dictamen del foro primario, todos los demandados acudieron ante el Tribunal de Apelaciones mediante' sendos recursos de apelación. El tribunal inter-medio confirmó la sentencia apelada en cuanto a la señora Marrero, El Vocero y sus agentes o empleados. No obs-tante, revocó la orden de publicar un extracto de la senten-cia dictada.

Además, en su dictamen, el Tribunal de Apelaciones re-. vocó la sentencia apelada en cuanto al codemandado Santiago Rivera y ordenó la desestimación de la demanda en su contra. Explicó que las expresiones que éste hizo no se referían directamente a la demandante, por lo que ésta no tenía causa de acción en su contra. Añadió que, de todas formas, el licenciado Santiago Rivera no podía ser deman-dado por expresiones realizadas en el descargo de su res-ponsabilidad de representar la posición de su cliente en un procedimiento autorizado por ley.

Inconformes con la sentencia del Tribunal de Apelacio-nes, todas las partes, excepto —claro está— el codeman-dado Santiago Rivera, acudieron ante nosotros. La deman-dante, Iris Meléndez Vega, presentó una petición de certiorari —numerada CC-2007-827— en la que impugnó la desestimación de la demanda en cuanto ál codemandado Santiago Rivera. Por otro lado, Caribbean International News Corp. (El Vocero de Puerto Rico) y los señores Gaspar Roca y José Purcell presentaron un recurso denominado “apelación civil” —numerado AC-2007-66 — mediante el cual solicitaron que se revocara la sentencia que dictaron en su contra los foros inferiores. Por último, la codeman-dada, señora Marrero de Ramos, presentó un recurso tam-bién denominado “apelación” —numerado AC-2007-67 — en el cual solicitó la revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Expedimos y consolidamos los tres recursos presentados.

Posteriormente, la parte demandante solicitó la desesti-mación del recurso AC-2007-66 presentado por la prensa bajo el fundamento de falta de jurisdicción de este Tribunal. La parte demandante señaló en su moción que todo indicaba que el recurso AC-2007-66 no fue notificado a una de las partes en este pleito, a saber, al codemandado Santiago Rivera. Aseveró que en la certificación de envío de ese recurso no se indicó que, en efecto, se había notifi-cado a esta parte, aun cuando se señalaba que el recurso presentado había sido notificado personalmente a las de-más partes én el pleito. Explicó que la notificáción a todas las partes dentro del término para presentar un recurso ante este Tribunal era un requisito jurisdiccional, razón por la cual procedía la desestimación del recurso presen-tado por la prensa.

En atención a los planteamientos de la parte deman-dante, el 8 de enero de 2008 emitimos una Resolución donde ordenamos a los peticionarios en el caso AC-2007-66 que mostraran causa por la cual no debíamos desestimar su recurso por falta de jurisdicción de este Tribunal. En su comparecencia, éstos alegaron que habíañ notificado opor-tunamente su recurso a todas las partes. En sustento de su alegación, incluyeron una declaración jurada suscrita por el codemandado Santiago Rivera, en la que éste indicaba que su abogado había sido notificado adecuadamente del recurso AC-2007-66. Añadieron que la omisión de incluir a dicha parte, tanto en la carátula del recurso como en la certificación de envío, constituyó un defecto de forma que de ninguna manera afectó los derechos de las partes.

I — I I — I

Comenzamos puntualizando que el hecho de que se dicte sentencia y se desestime la demanda instada respecto a un codemandado no significa, ipso facto, que éste haya perdido su condición de parte en el pleito. Subsiste enton-ces la obligación de notificarle de las incidencias post sentencia. “ ‘[Ulna parte en un pleito “cesa” como tal y “sale” del mismo’ cuando el tribunal dicta una sentencia final y ésta adviene firme; mientras ello no ocurra dicha parte continuará en el pleito principal.” Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 D.P.R. 49, 58 (2001). Véase, también, Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642 (1987). Por lo tanto, no hay duda de que por no haber ad-venido final y firme la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, el codemandado Santiago Rivera sigue siendo parte en el caso ante nuestra consideración. Por tal razón, existe la obligación de notificarle todos los recursos en al-zada presentados contra la sentencia dictada por el foro apelativo intermedio.

Adviértase lo siguiente. La sentencia dictada por el foro intermedio confirmó y modificó el dictamen original enun-ciado en este caso. Confirmó sustancialmente la sentencia condenatoria dictada por el foro inferior contra varios de los codemandados y la modificó en cuanto a uno de ellos. Específicamente, revocó aquella parte que le había dado curso a la reclamación contra el codemandado Santiago Rivera al ordenar la desestimación de la demanda en su contra.

Este último asunto se encuentra ante nuestra conside-ración luego de presentarse un oportuno recurso de revisión. En cuyo caso, si entendemos que ya el codeman-dado no' es parte en el pleito, la demandante no estaría obligada a notificarle su recurso. Esta proposición nos pa-rece, naturalmente, un sinsentido. Como poco, ello privaría al litigante, en este caso al codemandado Santiago Rivera, de las garantías procesales que el ordenamiento le reco-noce, configurándose una clara violación al debido proceso de ley. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7-8 (2000); Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 365 (2002); Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 507 (2003).

Es innegable que el codemandado Santiago Rivera es parte en este caso y que, como tal, tiene derecho a que se le notifiquen todos los escritos que se presenten, no mera-mente el recurso presentado por la parte demandante res-pecto a aquella parte de la sentencia que le afecta directamente. Debemos destacar que los peticionarios en ningún momento han puesto en duda que el licenciado Santiago Rivera sea parte de este pleito. Tan es así que su comparecencia se circumscribe a expresar que le notifica-ron el recurso AC-2007-66.

Por otra parte, la Regla 53.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “[e]l peticionario notificará la presentación del escrito de certiorari a todas las partes o a sus abogados de récord dentro del término para presentar el recurso y en la forma prescrita en la Regla 67”. En Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C., 146 D.P.R. 743, 748 esc. 2 (1998), señalamos que “el concepto de lo que constituye una parte en el ámbito del derecho procesal civil fue am-pliado, a raíz de las enmiendas de 1979, las cuales elimi-naron el término de partes ‘contrarias’ o ‘afectadas’ y lo sustituyeron simplemente por el de ‘partes’ ”. Allí citamos con aprobación lo dicho al respecto por el tratadista Cuevas Segarra, a saber:

“Las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 incorporaron un requisito aún más estricto al eliminar el requisito de notificar a las partes contrarias y exigiendo en la Regla 53.3 de Proce-dimiento Civil que la solicitud de revisión se le notifique a todas las partes independientemente de si son o no contrarias. Si aún bajo la vigencia del requisito de notificación de partes ‘contrarias o afectadas’ se exigió la notificación al rebelde que nunca compareció, menos aún puede soslayarse ese elemento indispensable bajo un criterio legislativo más riguroso. El le-gislador no acostumbra hacer cosas vacuas. El legislador no escribe cosas redundantes ni cosas inútiles. Cuando se exigió notificación a todas las partes, así debe aplicarse.” (Énfasis suprimido.) Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C., supra, pág. 748 esc. 2.

También, sobre lo anterior, nos dice Cuevas Segarra que “[a]l aprobarse la actual Regla 67.1, se eliminó al final de la primera oración la frase ‘afectados por los mismos’, de manera que quedase claro que hay que notificar a cada una de las partes en el pleito, se entienda o no que el re-curso les afecta”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis nuestro). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 876. Continúa explicando que, “[c]uando las Reglas 53.2(d) y 53.3(b) hablan del escrito de apelación y la petición de certiorari, claramente indican que se notificará la presentación a to-das las partes dentro del término para presentar el recurso. Más diáfano no puede ser. Requiere la notificación a todas las partes sin excepción”. Id.

Sobre la notificación de los recursos ante este Tribunal, la Regla 39 de nuestro Reglamento establece que “[l]a no-tificación a las partes se hará dentro del término jurisdic-cional o de cumplimiento estricto, según fuere el caso, para presentar el recurso”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. En este caso, por tratarse de una petición de certiorari de una sentencia del Tribunal de Apelaciones, el término es jurisdiccional. Véase Regla 20 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

Por otro lado, hemos señalado que el hecho de “que la notificación se haga ‘dentro del término’ para solicitar la revisión” es determinante de nuestra jurisdicción. Campos del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 D.P.R. 337, 347 (1982). Véase Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 325 (1997). Dicho de otra forma, “[e]l omitir la notificación a alguna parte del proceso de un escrito apelativo presen-tado ante este Tribunal, dentro del término dispuesto para ello, nos priva de jurisdicción para entender en el asunto”. Ocean View v. Reina del Mar, 161 D.P.R. 545, 554 esc. 14 (2004).

En cuanto a los métodos de notificación, la Regla 39 de nuestro Reglamento, supra, establece que “[l]a notificación se efectuará por correo certificado con acuse de recibo o mediante un servicio similar de entrega personal con acuse de recibo”. En Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. Bank, 146 D.P.R. 51, 54 (1998), aclaramos que “cuando la notifi-cación [de un recurso de certiorari] se hace por correo, de-berá hacerse por correo certificado con acuse de recibo. ... De este modo queda establecida cumplidamente y sin lugar a dudas la fecha en que se perfeccionó la notificación”. (Enfasis en el original.) Véase Cuevas Segarra, op. cit, pág. 881.

Por último, es preciso señalar que la Regla . 39 dispone además que “[e]n los casos de entrega personal, se certifi-carán la forma y las circunstancias de tal diligenciamiento, lo que se hará dentro de las próximas setenta y dos (72) horas desde que se efectuó la entrega”.

III

En el caso que nos ocupa, ante la moción de desestima-ción presentada por la demandante, ordenamos a los peti-cionarios en el recurso AC-2007-66 que mostraran causa por la cual no debíamos desestimar su recurso por falta de jurisdicción de este Tribunal. En su lacónica comparecen-cia, los demandados peticionarios aseveraron, concluyente-mente, que habían notificado su escrito a la parte codemandada. No informaron, sin embargo, si la notifica-ción había sido personal, como lo fue para las otras partes, o si, por el contrario, fue por correo certificado. No unieron a su moción ningún documento de recibo que nos permita, fehacientemente, acreditar el método de notificación, así como la notificación propiamente.

Las peticionarios, sin embargo, anejaron a su moción una declaración jurada suscrita por el codemandado Santiago Rivera como “prueba” de que se notificó el recurso presentado. En la declaración jurada se indicó lo siguiente: “Tanto por mi conocimiento personal, como por haberlo co-rroborado con mi abogado, puedo asegurar que éste [sic] último recibió copia fiel y exacta del recurso de apelación AC-2007-66 presentado por los codemandados periódico El Vocero y señores Gaspar Roca y José Purcell, el 20 de sep-tiembre de 2007.”

Esta escueta declaración se revela insuficiente para evi-denciar el cumplimiento con el requisito de notificación dentro del término jurisdiccional. Nótese que ni siquiera se establece cuál fue el método de notificación utilizado. Como señalamos anteriormente, la notificación del recurso de certiorari debe hacerse por correo certificado con acuse de recibo o mediante un servicio similar de entrega personal con acuse de recibo. Naturalmente, la mejor manera de evidenciar el cumplimiento con el requisito de notificación es presentando el acuse de recibo correspondiente. Todo abogado experimentado se cerciora de que cuando notifica un escrito mediante entrega personal, quien lo recibe firme un documento certificando el recibo. Lo lógico hubiera sido que se nos acreditara la notificación mediante copia de ese documento. No ha sido así.

Tampoco el codemandado nos explica por qué tiene co-nocimiento personal de que su abogado recibió la notificación. Además, el hecho de que la declaración jurada la suscribe el codemandado y no su abogado —quien pre-suntamente fue la persona que recibió la notificación— desvanece su valor probatorio. Por otra parte, la afirma-ción del codemandado Santiago Rivera de que corroboró con su abogado el recibo de la notificación, a todas luces constituye prueba de referencia. Dicha afirmación, enton-ces, resulta insuficiente para evidenciar que el recurso en cuestión se notificó adecuadamente. Véase, de modo aná-logo, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

IV

Conforme a los principios anteriormente esbozados, la notificación al codemandado Santiago Rivera del recurso en alzada, dentro del término para presentarlo, es un re-quisito de carácter jurisdiccional y corresponde a quien ha acudido en alzada acreditar fehacientemente su cumpli-miento. En este caso claramente no se ha hecho tal demos-tración, por lo que estamos impedidos de atender el recurso AC-2007-66.

Lo cierto es que, a mi juicio, no hay fundamento legal para no aplicar a este caso nuestra normativa sobre notifi-cación, máxime cuando reiteradamente hemos rehusado atender los recursos presentados ante nosotros que no cumplen con este requisito jurisdiccional. E.g., Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. Bank, supra, pág. 54. Repeti-mos, el codemandado Santiago Rivera es parte en este pleito; tan es así, que tenemos ante nuestra consideración un recurso de certiorari en el cual se cuestiona la determi-nación del foro apelativo intermedio de revocar al foro pri-mario, quien le impuso responsabilidad. Cómo se puede ser parte para efectos de ese recurso apelativo mas no así en los otros recursos presentados en un mismo caso, es algo que me elude. No olvidemos que se es parte en un pleito, no en un recurso de revisión.

En infinidad de ocasiones hemos expresado que el asunto de nuestra jurisdicción es privilegiado y de tal im-portancia que lo podemos atender motu proprio. Este no es un tema intrascendente ni se puede atender livianamente, pues va a la esencia misma de nuestra facultad para resolver. Al cuestionarse nuestra jurisdicción, quien esté obligado a acreditarla tiene que hacerlo fehacientemente, de suerte que no haya duda alguna de nuestro poder para afrontar y resolver las controversias que se nos plantean. No puedo decir, en puridad, que los peticionarios en este caso han cumplido con este estándar.

Por último, y en mi deseo por comprender la actuación de mis compañeros, me debo plantear si estiman que la filosofía que subyace en la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 les autoriza a aten-der el recurso. Nuestros pronunciamientos anteriores no permiten tal conclusión. La política de acceso a la justicia contenida en la nueva Ley de la Judicatura —Ley de la Judicatura de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 24a— no es si-nóñimo de anarquía; no permite el incumplimiento rutina-rio con las Reglas de Procedimiento Civil y con los regla-mentos de los tribunales. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 D.P.R. 174 (2007). En tal rigor, en Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 368-369 (2005), indicamos:

Si bien al Ley de la Judicatura de 2003 tuvo como uno de sus propósitos hacer más accesible la justicia apelativa a la ciudadanía, flexibilizando los proceso apelativos, ello no su-puso dar al traste con los requisitos mínimos exigidos para atender ordenadamente los recursos que se presentan .... Mu-cho menos pretendió eliminar los términos jurisdiccionales .... Actuar en contravención de ello, es no apurar adecuadamente cuál fue el verdadero alcance de la Ley de la Judicatura de 2003. (Énfasis suplido.)

Por entender que la decisión de no desestimar el recurso AC-2007-66 es absolutamente contraria a derecho y evi-dentemente injusta, disiento.

       Estos dos últimos ya fallecieron. El Tribunal de Apelaciones ordenó la corres-pondiente sustitución de partes al amparo de la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y la Regla 82 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Resolución del Tribunal de Apelaciones de 16 de agosto de 2007, KLAN200400340, KLAN200400346 y KLAN200400457. Véase, además, Apéndice del recurso AC-2007-66, págs. 1732-1736.

       Acogimos este recurso Como una solicitud.de certiorari.

       Este recurso también se acogió como una solicitud de certiorari.

       También se ha dicho.que “hay que notifica[r] el recurso por correo certificado con acuse de recibo dentro del plazo jurisdiccional ... para que el recurso se perfec-cione conforme a derecho y el foro apelativo adquiera jurisdicción”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 877.

       El 20 de septiembre de 2007 era el último día del término para presentar el recurso.

       Además, como señaláramos, en los casos de entrega personal debe certifi-carse la forma y las circunstancias de tal diligenciamiento, lo que no ha ocurrido. Regla 39 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Francisco Javier Rivera Toro, peticionario.

      Número: CC-2006-932

      Resuelto: 20 de febrero de 2008

      José Toro Iturrino y Antonio Bauzá Torres, abogados de la parte peticionaria; César López Cintrón, fiscal especial in-dependiente, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Como resultado de una investigación realizada por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), se pre-sentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ma-yagüez, una acusación por cuatro cargos graves contra el ex alcalde de Hormigueros Francisco Javier Rivera Toro (Rivera Toro). Celebrado el juicio por jurado, éste rindió veredicto de culpabilidad en tres de los cuatro cargos por los que se les acusó. El mismo día en que el Jurado rindió veredicto, es decir, el 4 de junio de 2005, el tribunal de instancia ordenó el ingreso de Rivera Toro en una institu-ción penal y señaló el acto de lectura de sentencia. A los tres días de rendido el veredicto, la representación legal de Rivera Toro presentó una solicitud para regrabar y trans-cribir el proceso, la cual fue declarada “con lugar”.

En octubre de 2005, Rivera Toro presentó una solicitud de nuevo juicio o desestimación por falta de jurisdicción en la que le imputó una serie de errores al tribunal de instancia. Para tal petición se valió de la regrabación y transcripción de los procedimientos del juicio, parte de la cual fue utilizada en sus argumentos. Luego de una vista argumentativa, el tribunal de instancia declaró “sin lugar” la referida solicitud.

El 16 de diciembre de 2005, el tribunal de instancia sen-tenció a Rivera Toro a cumplir condena de prisión, más una pena especial de $300. Inconforme, Rivera Toro apeló la sentencia. Además, presentó una solicitud de fianza en apelación ante el tribunal de instancia, la cual fue decla-rada “con lugar” el 12 de enero de 2006.

El 24 de enero de 2006, el Tribunal de Apelaciones emi-tió una resolución para que las partes sometieran sus ale-gatos en conformidad con la Regla 28 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.RR.A. Ap. XXII-A. Posterior-mente, la representación legal de Rivera Toro solicitó del tribunal intermedio apelativo sesenta días para someter la exposición narrativa de la prueba. Tal petición fue conce-dida mediante Resolución de 15 de febrero de 2006. Expi-rado el término sin que Rivera Toro hiciera trámite alguno en el caso, el 16 de junio de 2006 el FEI solicitó la desesti-mación de la apelación, de acuerdo con la Regla 83(B)(3) y (4), y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A.

El 22 de junio de 2006, el Tribunal de Apelaciones emi-tió una resolución para ordenar a Rivera Toro que mos-trara causa por la cual nó debía declarar “con lugar” la moción de desestimación. Oportunamente, Rivera Toro compareció y presentó la transcripción de la prueba oral. En su escrito, reclamó “haber realizado esfuerzos y traba-jado afanosamente” para preparar la exposición narrativa, lo que no había sido posible por lo distante entre las ofici-nas de los abogados que representan al peticionario y por los múltiples compromisos de ambos en los distintos tribunales. Adujo, además, que dados los errores señala-dos, se había considerado que era necesaria la transcrip-ción de los testimonios y de las instrucciones impartidas por el tribunal de instancia.

En una moción informativa presentada por el FEI el 8 de agosto de 2006, éste alegó que la transcripción sometida por el señor Rivera Toro carecía de certificación y se desco-nocía su autor. A su vez, adujo que confrontó serios incon-venientes al examinarla porque contenía un sinnúmero de instancias en las cuales se utilizaba la palabra “ininteligible”. Indicó que al cotejar la transcripción con la que realizó su oficina, encontró incongruencias, por lo que solicitó la regrabación que el peticionario hizo de los proce-dimientos para estar en condiciones de informar al tribunal si aceptaba la transcripción sometida como la oficial o señalar cualquier diferencia significativa. Subsiguiente-mente, Rivera Toro entregó a la Oficina del FEI su regra-bación de los procedimientos.

El Tribunal de Apelaciones dictó sentencia para desesti-mar la apelación el 25 de agosto de 2006. Fundamentó su decisión en que el señor Rivera Toro no había cumplido con la orden de mostrar causa, lo que sumado a otras incom-parecencias demostraba abandono de la apelación. Inme-diatamente, el FEI le solicitó al tribunal de instancia que revocara la fianza de Rivera Toro, lo que ordenó dicho foro el 8 de septiembre de 2006. Rivera Toro presentó una reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, la que fue denegada.

Inconforme con la desestimación de la apelación, Rivera Toro recurrió ante este Tribunal —mediante un recurso de certiorari— imputándole al foro apelativo intermedio ha-ber errado al

... permitir la participación y darle curso a una moción en solicitud de desestimación presentada por el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por con-ducto del Procurador General, en un caso que dicho Departa-mento había referido a la Oficina del Fiscal Especial Indepen-diente, la cual había designado un F.E.I., y éste estaba manejando el proceso.
... desestimar el 25 de agosto de 2006, la apelación del ahora peticionario, por alegadamente éste no haber cumplido con una orden del 22 de junio de 2006, no empece al hecho de que desde el 18 de julio de 2006, o sea 38 días antes, el peticionario había radicado el escrito en cumplimiento con dicha orden, la cual era de fácil hallazgo, pues iba acompañada con una trans-cripción compuesta por 1,085 folios.
... resolver que el apelante y ahora peticionario había aban-donado la apelación por él presentada en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Francisco Javier Rivera Toro, apelación número KLAN 2005-01622, y por consiguiente desestimar la misma. Petición de certiorari, pág. 8.

Examinada la petición de certiorari, emitimos una Re-solución en la que le ordenamos al Estado, por conducto del FEI, que mostrara causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado, dictar Sentencia revocatoria y reinstalar la apelación ante el tribunal intermedio. Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando en condiciones de resolver el recurso presentado, procedemos a así hacerlo. Revocamos', veamos por qué.

A. En nuestra jurisdicción, al igual que en la ju-risdicción federal, el derecho a apelar una convicción criminal es de naturaleza estatutaria.

Hace más de un siglo el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en McKane v. Durnston, 153 U.S. 684 (1894), que sin importar el tipo de ofensa o su gravedad, un acusado convicto no tiene derecho constitucional a apelar su convicción. La Corte Suprema federal afirmó que el de-recho a apelar y la determinación de las circunstancias y condiciones bajo las cuales procedería es materia que compete a los Estados. Tales expresiones han sido reiteradas consistentemente por el Supremo federal. Martinez v. Court of Appeal, 528 U.S. 152 (2000).

Como el derecho a apelar es de naturaleza estatutaria, existe siempre que haya una ley que lo conceda. Vázquez v. Rivera, 69 D.P.R. 947 (1949). En Puerto Rico, el ordenamiento procesal apelativo reconoce el derecho a apelar las sentencias dictadas por los tribunales inferiores. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 D.P.R. 174 (2007). Por su. naturaleza, es la Asamblea Legislativa quien tiene el poder de establecer las formas en que se puede ejercer tal derecho. Padilla v. García, 61 D.P.R. 734 (1943). En consecuencia, el derecho a apelar no es automático, sino que depende de que los litigantes cumplan con las normas legales y reglamentarias para perfeccionarlo.

Los requisitos aplicables al perfeccionamiento de un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones están contenidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura de 2003) (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.), y las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Los litigantes y sus representantes legales deben observar rigurosamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al perfeccionamiento de los recursos apelativos. Pellot v. Avon, 160 D.P.R. .125 (2003); Gran Vista v. Gutiérrez y otros, ante. No queda al arbitrio de los abogados decidir las disposiciones reglamentarias que se deben cumplir y cuándo las acatarán. Id.

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones esta-blece los motivos por los cuales una parte puede solicitar en cualquier momento la desestimación de un recurso. Re-gla 83 del Tribunal de Apelaciones, 4 L.RR.A. Ap. XXII-A. En lo pertinente, el inciso (3) de la Regla 83 dispone que tal petición procede cuando el recurso no se ha presentado o proseguido con diligencia o buena fe. Id. Además, y según surge del inciso (4) de la referida regla, puede solicitarse la desestimación cuando el recurso es frívolo y surge clara-mente que no se ha presentado una controversia sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos. íd.

El incumplimiento con las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a ser presentados, tanto en el Tribunal de Apelaciones como en este Tribunal, podría conllevar la desestimación del recurso. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 659 (1987). En consecuencia, debemos reconocer el poder discrecional que tiene el Tribunal de Ape-laciones, según su reglamento, de desestimar un recurso o eliminar las alegaciones de una parte.

No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico existe un interés importante de que las controversias se resuelvan en los méritos. Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 D.P.R. 288 (2002); Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 D.P.R. 241 (1997). La Ley de la Judicatura de 2003 reitera dicho interés cuando, en su Art. 4.002, afirma que “[e]l Tribunal de Apelaciones deberá ... ofrecer acceso fácil, económico y efectivo á sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. 4 L.P.R.A. sec. 24u.

Por lo tanto, es necesario establecer un balance entre el deber de las partes de cumplir con las leyes y los reglamentos procesales, y el derecho estatutario de los ciudadanos de que su caso sea revisado. Román et als. v. Román et als., 158 D.P.R. 163 (2002). Para lograr tal balance se ha establecido, como norma general, que el mecanismo procesal de la desestimación, como sanción, se debe utili-zar como último recurso. Salinas S.L.G. v. Alonso, 160 D.P.R. 647 (2003). La desestimación de un caso como san-ción debe prevalecer únicamente en situaciones extremas en las cuales haya quedado demostrado, clara e inequívo-camente, la desatención y el abandono total de la parte con interés, y luego que otras sanciones hayan probado ser in-eficaces en la administración de la justicia. En todo caso, no se debe decretar una desestimación sin un previo apercibimiento. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217 (2001).

Sólo procede que se desestime un recurso por incumpli-miento con el reglamento cuando haya provocado un “im-pedimento real y meritorio para que el tribunal pueda atender el caso en los méritos”. Román et als. v. Román et als., ante, págs. 167-168. Por las razones expuestas, el tribunal apelativo intermedio debe utilizar medidas menos extremas para propiciar el perfeccionamiento diligente de los recursos ante su consideración. Id.

Este Tribunal estableció en Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982), la tan reiterada norma de que cuando un tribunal de instancia tiene ante sí un caso civil que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la imposición de sanciones, éste debe imponerlas al abogado. Cuando estas medidas menos drásticas no tengan efectos positivos, procede la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones, tan sólo después de que la parte haya sido informada y apercibida de la situación y de sus consecuencias si no se corrige. Id. Tal pauta jurisprudencial fue aplicada al proceso apelativo. Véase López Rivera v. Rivera Díaz, 141 D.P.R. 194 (1996).

Al respecto, este Tribunal sólo se había expresado sobre esto en causas civiles. Es lógico razonar, sin embargo, que si en el campo civil el mecanismo de la desestimación debe ser el último recurso para preservar la dignidad y la disciplina en los tribunales, más aún debe serlo en el campo criminal en el cual está en juego la reputación y libertad de un ser humano. Por lo tanto, en causas crimi-nales, el Tribunal de Apelaciones debe utilizar medidas menos drásticas que la desestimación para propiciar que se perfeccionen diligentemente los recursos ante su consideración. Únicamente cuando el incumplimiento de la parte interesada impida que el tribunal pueda atender el caso en los méritos, o cuando el abandono de la apelación por la parte sea tal que resulten ineficaces las sanciones menos extremas, se puede proceder a desestimar el re-curso, siempre luego de que la parte se le aperciba e in-forme de la desestimación y de sus consecuencias.

B. El Art. 4.008 de la Ley de la Judicatura de 2003 (4 L.P.R.A. see. 25) y la Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, autorizan a los jueces del tribunal apelativo intermedio a imponer sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte o a su abogado por la interposición de recursos frívolos o que se presentan para retrasar los procedimientos, o por conducta constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. El tribunal, a su discreción, puede decretar a favor de quién serán los fondos provenientes de la sanción económica, es decir, a una parte, su abogado o abogada, o en beneficio del Estado. El propósito de esta Regla 85 es brindarle al tribunal una herramienta para agilizar los procedimientos, evitando demoras y congestión en los tribunales. Olivencia et als. v. Hosp. Dr. Pila, 155 D.P.R. 421 (2001).

En consecuencia, debemos concluir que la ley y el regla-ménto autorizan a los jueces del Tribunal de Apelaciones a imponer sanciones económicas a los abogados o a las par-tes, en casos criminales, por los fundamentos antes especificados.

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A pesar de los varios señalamientos de error que indi-cara Rivera Toro en su recurso de certiorari, la controver-sia en este caso se centra en si el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al desestimar el recurso de apelación por entender que el apelante abandonó la apelación, sin antes imponer sanciones menos extremas e informar a la parte sobre la situación y sus consecuencias, aun cuando esta fuera una causa criminal.

La representación legal del señor Rivera Toro alega que no abandonó la apelación y que, en todo caso, no procedía la desestimación del recurso porque no se le informó ni apercibió á la parte sobre la desestimación y sus consecuencias. Por otro lado, el FEI aduce que el aquí pe-ticionario, a pesar de que tuvo en su poder la regrabación de los procedimientos por un tiempo considerable, solicitó al tribunal una prórroga para entregar la transcripción de la prueba oral. Expirado su término, no fue hasta que el tribunal emitió la orden de mostrar causa que produjo la transcripción, por lo tanto, no procedió de modo diligente ni de buena fe. Aun cuando no hay duda de que hubo in-cumplimiento, nos inclinamos a resolver que se debe reinstalar la apelación.

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A pesar de la falta de diligencia de la representación legal de Rivera Toro en el procedimiento apelativo, el tribunal apelativo intermedio, en primer término, no impuso una sanción a los abogados por su incumplimiento. Tampoco informó a la parte de las actuaciones de sus abogados ni la apercibió de la posibilidad de la desestimación del recurso y sus consecuencias. Desestimar el recurso de apelación sin advertir a la parte de la actuación negligente o culposa de sus abogados y sus consecuencias puede pro-vocar una grave injusticia, más aún en un caso criminal donde se afecta la libertad y reputación de la persona.

IV

Por la normativa antes expuesta, y tomando en cuenta los hechos particulares del caso de autos, procede imponer una sanción económica a la representación legal del señor Rivera Toro. La sanción se fija en $2,500, la cual, debe ser pagada en sellos de rentas internas, que se cancelarán en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones dentro de un plazo de treinta días desde la notificación de la presente opinión y Sentencia. Una vez satisfecha la sanción, los procedi-mientos deben reinstalarse en el tribunal apelativo intermedio. Habida cuenta de lo anterior, se hace inmerito-rio discutir los demás señalamientos de error. Procede, en consecuencia, expedir el auto de “certiorari” y dictar una Sentencia que revoque la emitida por el Tribunal de Apela-ciones en el presente caso y devolverlo a dicho foro para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez se inhibió.

       Los cargos por los que se acusó a Rivera Toro fueron una infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1822(c); una infracción al Art. 166(a) del Código Penal de Puerto Rico de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4272(a)) (apropiación ilegal agravada de propiedad pública), y dos infracciones al Art. 210 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 (33 L.P.R.A. secs. 4272(a) y 4361) (soborno agravado).

       El Jurado encontró culpable a Rivera Toro de infringir la Ley de Etica Gu-bernamental, por el cargo de apropiación ilegal agravada y por uno de los cargos de soborno agravado. Rindió, a su vez, veredicto absolutorio en el otro cargo de soborno agravado.

       En la solicitud de nuevo juicio Rivera Toro transcribió, entre otras cosas, parte de las instrucciones que le impartió el tribunal de instancia al Jurado, expre-siones del tribunal relativas a cuestiones de derecho discutidas en ausencia del Ju-rado y parte del testimonio de unos testigos de cargo.

       Posteriormente, el Procurador General de Puerto Rico solicitó la desestima-ción por el fundamento de que Rivera Toro no había cumplido con la orden de mos-trar causa.

       En la oposición a la Petición de cet-tiorari, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) alegó no haber recibido llamada o escrito alguno —de la repre-sentación legal de Rivera Toro — dirigido a su oficina sobre los esfuerzos hechos para realizar la exposición narrativa.

       En su sentencia, el tribunal apelativo intermedio se refiere a la moción de desestimación presentada por el FEI, no así a la que presentó el Ministerio Público. Ello porque en el presente caso es el FEI el representante del Estado.

       El señor Rivera Toro se encuentra en la libre comunidad con el Programa de Reinserción Comunitaria —el cual pertenece a la Administración de Corrección y Rehabilitación— luego de cumplir el diez por ciento de la sentencia.

       Resolvimos en Pueblo v. Vega Jiménez, 121 D.P.R. 282 (1988), que los tribu-nales de instancia no están facultados, en relación con el calendario de causas cri-minales, a imponerle sumariamente a las partes o a sus abogados sanciones econó-micas por conducta que entiendan subvierte y atenta contra una eficaz y ordenada admi-nistración de los asuntos judiciales ante su consideración. Fundamentamos dicha conclusión en el hecho de que, a diferencia del campo civil, no existe —en relación con el calendario de causas criminales— autoridad estatutaria o reglamentaria al-guna que autorice tal imposición. íd. Ni las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. II-B, ni las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, disponen para la imposición de sanciones económicas sumariamente. El magistrado del tribunal de instancia que preside los procesos en un caso criminal tiene a su disposición otros remedios para vindicar la dignidad del tribunal o impedir que se entorpezcan los procedimientos,.como lo son las costas interlocutorias y el mecanismo del desacato, tanto el civil como el criminal. Pueblo v. Vega Jiménez, ante; Pueblo v. Ferrer Rosario, 138 D.P.R. 542, 555 (1995); 4 L.P.R.A. sec. 24o.

       En primer lugar, y como se expresara en la relación de hechos, el Tribunal de Apelaciones, a solicitud de la representación legal de Rivera Toro, concedió un tér-mino para someter la transcripción narrativa de la prueba. Expirado el mismo, el FEI interpuso una moción de desestimación bajo la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.RR.A. Ap. XXII-A. El tribunal intermedio apelativo procedió a emitir una orden de mostrar causa por la cual no debiera desestimar el recurso. Oportunamente, Rivera Toro cumplió con la orden y presentó la transcrip-ción narrativa. El Tribunal de Apelaciones desestimó y fundamentó su decisión en que Rivera Toro no había cumplido con la orden emitida. La representación legal de Rivera Toro compareció luego de haber sido apercibida de la desestimación. Además, a solicitud del FEI, le hizo entrega de la regrabación de la prueba oral sin que el tribunal lo ordenara.
      Una de las razones por las cuales'la representación de Rivera Toro alega no haber podido cumplir con el término para entregar la reproducción de la prueba oral era que “dados los errores señalados, se había considerado que era necesaria la transcripción de los testimonios, así como las instrucciones impartida[s] por el Tribunal de] Ptrimera] I[nstancia]”. Petición de certiorari, pág. 4. Surge del expe-diente que la representación legal de Rivera Toro debía tener en su poder la regra-bación de la prueba antes de iniciar el procedimiento apelativo porque el tribunal de instancia había declarado “con lugar” una solicitud del peticionario para regrabar y transcribir el proceso. Posteriormente, Rivera Toro presentó una solicitud de nuevo juicio en la cual transcribió, entre otras cosas, parte de las instrucciones que le impartió el Tribunal de Primera Instancia al Jurado relativas a cuestiones de dere-cho discutidas en ausencia de Jurado y parte del testimonio de unos testigos de cargo. A su vez,' los señalamientos de error en la solicitud de nuevo juicio son los mismos que utilizó el señor Rivera Toro én el escrito de apelación.
      La defensa de Rivera Toro alegó que otra de las razones por las cuales no pudo cumplir con el término para entregar la transcripción de los procedimientos de la prueba oral era la distancia entre las oficinas de los abogados de la defensa, así como los múltiples compromisos de ambos en los distintos tribunales. Sin embargo, de un examen de los autos del caso surge que todas las mociones ante nuestra considera-ción presentadas por la defensa fueron firmadas solamente por uno de los abogados, el Ledo. José M. Toro Iturrino.


text:
    Miguelina Delgado Rodríguez y Eduardo F. Rivera Parés, peticionarios, v. Sheida Rivera Siverio, Luis Martínez, la Sociedad Legal de Gananciales que ambos componen y Monserrate Rivera Román, recurridos.

      Número: CC-2006-1120

      Resuelto: 21 de febrero de 2008

      Alberto J. Torrado Delgado, de Torrado & Nieves, P.S.C., abo-gado de la parte peticionaria; Santiago Mari Roca, de Bia-ggi, Mari Roca & Huyke, abogado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

La presente es una acción declaratoria de simulación en un contrato de compraventa. Como veremos, las partes contratantes en el presente caso crearon la apariencia de un contrato de compraventa mediante el otorgamiento de una escritura a esos efectos. Sin embargo, su verdadera intención no fue comprar y vender un inmueble, sino pro-veer una garantía para un préstamo personal.

En segundo lugar, debemos examinar si el referido ne-gocio simulado legitimó la transferencia de la propiedad a terceras personas ajenas al mismo.

Procedemos a examinar el trasfondo fáctico de la contro-versia de epígrafe.

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Desde 1994 hasta el 2001, la señora Miguelina Delgado Rodríguez (señora Delgado), aquí peticionaria, estuvo ca-sada bajo el régimen de separación de bienes con el señor Eduardo Rivera Parés (señor Rivera Parés). En 1997, el señor Rivera Parés solicitó a su abuela paterna, la señora Monserrate Rivera Román (señora Rivera Román), un préstamo de $30,000 para realizar ciertas inversiones en Estados Unidos. La señora Rivera Román consintió en prestar el dinero solicitado por su nieto, pero solicitó una garantía de pago. Ante dicho pedido, la señora Delgado ac-cedió a otorgar como garantía un inmueble privativo de su propiedad sito en el barrio Boquerón del municipio de Cabo Rojo.

El 18 de noviembre de 1997, la señora Rivera Román emitió un cheque a nombre del señor Eduardo Rivera por la cantidad de $30,000. Las partes no acordaron un plazo para el pago del préstamo. Diez días más tarde, el 28 de noviembre de 1997, la peticionaria y la señora Rivera Ro-mán otorgaron la escritura número 309 intitulada Com-praventa, mediante la cual la señora Delgado “vendió” el solar que radica en Cabo Rojo a la señora Rivera Román por el precio de $12,000. Según surge de los testimonios de las partes en el juicio en su fondo y de los diversos docu-mentos judiciales que obran en autos, las partes acordaron que una vez se saldara el préstamo, la señora Rivera Ro-mán le “vendería” de vuelta la propiedad a la peticionaria mediante la correspondiente escritura pública. Según ad-mitió la peticionaria en el juicio, ella nunca inscribió la referida escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad. Véase Apéndice del recurso de certiorari, págs. 237-238.

Transcurridos varios años, la señora Delgado y el señor Rivera Parés pagaron la suma de $15,000, adeudando así la cantidad de $15,000. Luego de intentar cobrar la deuda sin éxito, la señora Rivera Román vendió la propiedad en controversia a su nieta, la señora Sheida Rivera Siverio y al esposo de esta última, el señor Luis Martínez (esposos Martínez-Rivera). Dicha compraventa se realizó el 10 de marzo de 2000 por el precio de $15,000.

El 12 de julio de 2001, tras conocer de la referida venta, la peticionaria presentó una demanda sobre sentencia de-claratoria, accesión y daños contra los esposos Martínez-Rivera. En esencia, alegó que era dueña del solar en con-troversia, que la escritura de compraventa otorgada entre ella y la señora Rivera Román fue simulada con el compro-miso de que, una vez se pagara el préstamo, la señora Rivera Román otorgaría otra escritura para traspasar nueva-mente la propiedad a su nombre y que los esposos Martínez-Rivera, con conocimiento del hecho que el solar le pertenecía a ella, convencieron a la señora Rivera Román para que les vendiera el inmueble por debajo de su justo valor en el mercado.

En su demanda, la señora Delgado solicitó que el Tribunal de Primera Instancia declarara nula, simulada, ilegal y sin causa la escritura de compraventa otorgada entre ella y la señora Rivera Román. Además, solicitó que se declarase que los esposos Martínez-Rivera adquirieron el inmueble de quien no era dueño, por lo que no tienen derecho pro-pietario sobre el mismo. Finalmente, reclamó la accesión de las estructuras construidas en el solar y la correspon-diente indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la privación de su propiedad.

Así las cosas, en diciembre de 2001 la peticionaria pre-sentó una demanda enmendada para incluir a la señora Rivera Román como parte demandada y al señor Rivera Parés como demandante. Pendiente el pleito ante el Tribunal de Primera de Instancia, los esposos Rivera-Martínez constituyeron un pagaré hipotecario y enajenaron el in-mueble a terceras personas por la suma de $50,000.

El 17 de febrero de 2005, tras celebrar el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de la demandante peticionaria y condenó a los co-demandados a pagar solidariamente la cantidad de $45,000. El foro primario entendió probado que la señora Rivera Román concedió a los demandantes un préstamo condicionado a que se le otorgara una garantía y que luego ella incumplió el acuerdo con los demandantes al enajenar el inmueble dado en garantía, acto que les irrogó daños. Además, determinó que los esposos Martínez-Rivera res-pondían de forma solidaria por los daños que sufrió la de-mandante peticionaria puesto que, con pleno conocimiento de los acuerdos habidos entre ella y la señora Rivera Ro-mán, adquirieron la propiedad y luego la vendieron a unas terceras personas. En fin, el foro primario impuso respon-sabilidad a la señora Rivera Román por incumplir el con-trato de préstamo que tenía con los demandantes y a los esposos Martínez-Rivera por adquirir la propiedad por una suma menor a su valor en el mercado, aun cuando conocían que estaban adquiriendo de quien no era dueña del inmueble.

Inconformes, los esposos Martínez-Rivera recurrieron al Tribunal de Apelaciones. Dicho tribunal revocó la senten-cia apelada y declaró “sin lugar” la demanda. En primer lugar, el foro apelativo intermedio determinó que la causa de acción presentada contra los esposos Martínez-Rivera estaba prescrita. Entendió que la misma era de índole ex-tracontractual y que se presentó un año y cuatro meses después de que la demandante peticionaria advino en co-nocimiento de la compraventa entre la señora Rivera Ro-mán y los esposos Martínez-Rivera. En segundo lugar, el Tribunal de Apelaciones resolvió que el contrato de com-praventa íue simulado y que en realidad el ñegocio entre las partes fue un contrato de garantía hipotecaria. Al vali-dar el contrato de garantía hipotecaria, el Tribunal de Ape-laciones indicó que la señora Rivera Román ejerció el dere-cho que su contrato le confería y qué ésta enajenó la propiedad para recuperar el dinero que se le adeudaba.

Insatisfecha con la determinación del Tribunal de Ape-laciones, la señora Delgado acudió ante nosotros mediante un recurso de certiorari. Alega que erró el Tribunal de Ape-laciones al determinar que la presente reclamación es de índole extracontractual, puesto que se trata de una acción declarativa de simulación contractual. Además, aduce que erró el Tribunal de Apelaciones al validar el contrato disi-mulado como si fuera de garantía hipotecaria, aun cuando el mismo no consta inscrito en el Registro de la Propiedad.

Por otro lado, alega la peticionaria que la actuación del foro apelado de validar la enajenación hecha por la señora Rivera Román en virtud de que se trató de un contrato de garantía hipotecaria tiene el efecto de burlar la prohibición del pacto comisorio contenida en el Artículo 1780 del Có-digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5048. En vista de que la posterior enajenación del inmueble hace impráctica su reivindicación, la señora Delgado solicita que reinstale-mos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que le concedió la cantidad de $45,000 como indemnización.

El 16 de febrero de 2007 expedimos el auto de certiorari. Con el beneficio de los alegatos de la peticionaria y de los esposos Martínez-Rivera, procedemos a resolver.

I — i t-H

Como asunto de umbral, debemos determinar cuál es la verdadera naturaleza de la causa de acción que nos ocupa. Es menester advertir que la demandante peticionaria instó una demanda contra la señora Rivera Román y contra los esposos Martínez-Rivera. En cuanto a la reclamación contra la señora Rivera Román, los hechos antes reseñados demuestran que se trata de una reclamación de simulación contractual. Sin embargo, existe controversia sobre si la causa de acción de la peticionaria frente a los recurridos es de índole extracontractual. Comenzamos analizando este asunto.

En el presente caso, el Tribunal de Apelaciones deter-minó que la causa de acción incoada contra los recurridos era de carácter extracontractual. Amparado en el hecho de que la peticionaria reconoció que se enteró de la venta he-cha a los recurridos varios días después de que se otorgó la escritura el 10 de marzo de 2000, el Tribunal de Apelacio-nes determinó que la reclamación instada el 12 de julio de 2001 contra los esposos Martínez-Rivera estaba prescrita para esa fecha. Así, desestimó la causa de acción en cuanto a los recurridos.

Por su parte, los recurridos aducen en su comparecencia que la reclamación presentada en su contra no es de in-cumplimiento de contrato, pues ellos no formaron parte de los acuerdos entre la peticionaria y la señora Rivera Román. En todo caso, alegan que de entenderse que ellos conocían los acuerdos entre la peticionaria y la señora Rivera Román, su responsabilidad sería por interferencia torticera con un contrato entre terceros.

Contrario a la determinación del Tribunal de Apelacio-nes y a las alegaciones de los recurridos, entendemos que el hecho de que los esposos Martínez-Rivera reclamen ser terceros ajenos al contrato simulado no convierte el re-clamo presentado en su contra como de carácter extracontractual. De igual modo, el hecho de que la reivin-dicación del inmueble no sea posible porque los esposos Martínez-Rivera lo enajenaron, no implica que su respon-sabilidad esté predicada en una acción de daños y peijui-cios extracontractuales.

Un examen de la demanda presentada contra los espo-sos Martínez-Rivera revela que la peticionaria alegó que la compraventa concertada con la señora Rivera Román era nula y que los recurridos no tenían la condición de terceros regístrales porque adquirieron la propiedad a sabiendas de que no le pertenecía a la señora Rivera Román. Esta recla-mación, por lo tanto, lleva ínsita una acción de nulidad del título de la señora Rivera Román y, por consiguiente, del título de los esposos Martínez-Rivera.

De lo anterior se deduce que estamos ante una acción real sobre un bien inmueble. La causa de acción incoada contra los esposos Martínez-Rivera está relacionada con la existencia de un derecho de propiedad sobre un bien inmueble. Es, por lo tanto, una acción que está sujeta a un término prescriptivo de 30 años. Art. 1863 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5293. Según esta determinación, forzoso es concluir que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que la acción incoada contra los esposos Martínez-Rivera es de naturaleza extracontractual que estaba prescrita al mo-mento de sú presentación.

Aclarada la naturaleza de la presente acción, procede-mos a examinar las controversias ante nuestra considera-ción.

III

A. En esencia, nos corresponde realizar dos determi-naciones medulares. Primero, debemos examinar la alega-ción de la peticionaria sobre la existencia de un contrato de compraventa simulado. A raíz de esta petición debemos constatar si la intención de las partes al contratar fue, en efecto, vender y comprar, o si, por el contrario, el contrato de compraventa otorgado en este caso tuvo el propósito de encubrir un contrato de préstamo en garantía. En segundo término, debemos evaluar la alegación de los esposos de que la prueba desfilada en el juicio demostró que son ter-ceros de buena fe a quienes la presente acción no debe afectar.

Veamos la normativa aplicable a la alegación de simu-lación contractual.

B. Según intimamos, la presente acción se desenvuelve en el ámbito de la simulación de la causa en un contrato de compraventa. Como sabemos, la causa es un elemento constitutivo de todo contrato. Art. 1227 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3432. La causa debe existir y debe ser lícita; es decir, no puede ser contraria a las leyes o a la moral. íd. Véase Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985).

Sin embargo, el requisito de que medie una causa contractual no impide reconocerle validez a un contrato que posea una causa falsa, entendida como una causa fingida o que encubre otra verdadera. Véase J. Puig Brutau, Funda- méntos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 442. Véase, además, M. Careaba Fernández, La simulación en los negocios jurídicos, Barcelona, Ed. Bosch, 1986.

Como ejemplo de ello, el Código Civil preceptúa que “[l]a expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita”. Art. 1228 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3433. Sobre la base de este principio estatutario, le hemos conferido validez a un contrato simulado que ex-prese una causa falsa, siempre que se pruebe que el nego-cio encubre una causa verdadera y lícita. Véase Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275, 284 (1985).

En esencia, “[l]a simulación implica una contradicción entre la voluntad interna y la voluntad declarada. De esta contradicción nace un negocio jurídico que se califica de aparente”. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. II, pág. 79. Siguiendo al comentarista italiano Francisco Ferrara, Diez-Picazo y Gullón indican que en un negocio simulado concurren las características siguientes:

a) Una divergencia querida y deliberadamente producida entre la voluntad y su manifestación.
b) Un acuerdo simulatorio entre las partes....
c) Un fin de engaño a los terceros extraños al acto. Id. Véase, además, F. Ferrara, La simulación de los negocios jurí-dicos, (Rafael Atard y Juan A. de la Puente, trads.), 3ra ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1953, págs. 44-49.

Al enfrentar supuestos de simulación contractual hemos reconocido la existencia de dos tipos de simulación: la relativa y la absoluta. En la absoluta, las partes crean la apariencia de un negocio jurídico, pero en realidad no realizan un negocio real. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 10 (1989). En este tipo de simulación las partes no alteran la situación jurídica anterior. Véase Puig Brutau, op. cit, págs. 442-445.

Por otra parte, “[l]a simulación relativa consiste en dis-frazar un acto: en ella se realiza aparentemente un negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. Los contratantes concluyen un negocio verdadero, que ocultan bajo una forma diversa, de tal modo que su verdadera naturaleza permanezca secreta”. Ferrara, op. cit., pág. 205. De esta forma,

... bajo la falsa apariencia se encubre un negocio realmente querido que los contratantes desean sustraer de la curiosidad e indiscreción de terceros”. Díaz García v. Aponte Aponte, supra, pág. 10. Véanse, además: Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 D.P.R. 15, 25 (1989); Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 18 (1962).

C. Sobre la naturaleza de una acción declarativa de simulación contractual como la que nos ocupa, es menester señalar que la misma tiene como fin desvelar la simulación e imprimirle validez jurídica al contrato verdadero y disimulado, siempre que concurran los elementos necesarios para su validez. Mediante esta acción judicial se pretende aclarar la divergencia entre la verdadera voluntad de las partes y la expresada en el negocio jurídico aparente. Según indica Puig Brutau, en un caso de simulación relativa, “la acción se dirigirá, en primer lugar, a obtener la declaración de la falsedad del contrato aparente o simulado, y en segundo lugar, aunque simultáneamente, a la declaración de que existe otro contrato, oculto o disimulado, cuya validez o nulidad deberá quedar establecida en la sentencia ...”. Puig Brutau, op. cit., pág. 450.

En virtud de la condición declarativa de esta acción de simulación, la doctrina sostiene que las partes que han participado en la simulación tienen legitimación para alegarla en el foro judicial puesto que mediante ella persiguen validar su verdadera intención. Véanse: Puig Brutau, op. cit., págs. 450-451; Diez-Picazo y Gullón, op. cit., págs. 81-82; Careaba, op. cit., pág. 67. Habida cuenta de que la acción para declarar la simulación procura hacer efectiva la realidad jurídica frente a una realidad aparente que nunca ha existido, la doctrina civilista postula que la misma no prescribe. Véanse: Puig Brutau, op. cit., pág. 452; Diez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 83; Ferrara, op. cit., págs. 406-408.

En términos probatorios, le corresponde a quien im-pugna el negocio presentar prueba tendente a establecer la simulación. Así, una vez establecida la simulación o la existencia de un contrato simulado, “se ... [crea] una pre-sunción de simulación absoluta contra el negocio disimu-lado que compete al gestor rebatir mediante la existencia de una causa verdadera y lícita”. Reyes v. Jusino, supra, pág. 284.

En pronunciamientos anteriores hemos puntualizado la dificultad probatoria de establecer la simulación. Díaz García v. Aponte Aponte, supra, pág. 11. Ello, en vista de que la simulación implica la existencia de un negocio fingido y otro verdadero. Tradicionalmente, la contradeclaración se perfila como el medio de prueba que recoge la voluntad real de las partes. Véase Reyes v. Jusino, supra, págs. 284-285. “La contradeclaración refleja la verdadera intención [de la partes], mostrando, o que un contrato no ha existido, o que existió otro diferente o entre personas distintas.” Ferrara, op. cit., pág. 369. Indudablemente, entonces, la prueba de simulación se facilita cuando existe un documento que recoja la contradeclaración. Véanse: Ferrara, op. cit.; Puig Brutau, op. cit., pág. 453.

Sin embargo, en un caso como el presente, en el que no existe el referido documento, la doctrina española acepta que las partes pueden acudir a cualquier medio de prueba, incluyendo la prueba oral. Puig Brutau, op. cit., pág. 453; Careaba, op. cit., págs. 123-126. En este sentido, al adju-dicar acciones de simulación contractual presentadas por terceras personas que no han participado del contrato si-mulado, hemos indicado que el promovente de la acción puede valerse de presunciones y prueba testifical para cumplir con su carga probatoria. Díaz García v. Aponte Aponte, supra, pág. 12. Sobre ello, debemos recordar que en materia general de la prueba de las obligaciones, el Có-digo Civil dispone que “[l]a prueba de testigos será admi-sible en todos los casos en que no se halle expresamente prohibida”. Art. 1198 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3331. Por lo tanto, ausente una prohibición expresa, nada impide en nuestro ordenamiento recibir prueba oral sobre la simulación en un caso en el que un contratante alega la nulidad del negocio. Además, no podemos olvidar que la prueba oral es admisible para determinar la verdadera in-tención de las partes en un contrato. Llambías v. Pagán, 65 D.P.R. 451 (1945).

De igual forma, es menester señalar que la admisión judicial o extrajudicial del demandado mediante la cual éste reconoce la existencia de un negocio simulado y aparente es un medio probatorio eficaz para establecer la simulación contractual y rebatir la presunción de existencia de causa en el negocio aparente o simulado.

Finalmente, es importante aclarar que el hecho de que el contrato impugnado por simulación se consigne en una escritura pública no nos impide declarar su simulación pues, “[s]i bien existe una presunción legal en favor de la veracidad de los hechos consignados en una escritura pública, tal presunción no es concluyente y puede ser rebatida por la correspondiente prueba de hechos contrarios a los consignados en dicha escritura ...”. Monserrate v. Lopés, 80 D.P.R. 491, 501 (1958).

A la luz de esta normativa, procedemos a examinar si nos encontramos ante un supuesto de simulación contractual.

IV

Los hechos que dan base a la presenté controversia de-muestran que la misma surge de un acuerdo concertado entre familiares. En 1997, la señora Rivera Román le con-cedió un préstamo de $30,000 a su nieto, el señor Rivera Parés. Unos días más tarde, la señora Delgado, entonces esposa del señor Rivera Parés, otorgó una escritura pública en la que se hizo constar que ella le vendía un solar sito en Cabo Rojo a la señora Rivera Román. Transcurridos varios años desde que se otorgó la referida escritura, la señora Rivera Román vendió el inmueble a los esposos Martínez-Rivera, aquí recurridos. Ante dicho traspaso de titularidad, la señora Delgado instó la presente reclamación.

Luego de examinar los hechos antes relatados, entende-mos que nos encontramos ante un contrato simulado. Se trata de una simulación en la naturaleza del contrato, puesto que las partes simularon otorgar un tipo de con-trato cuando en realidad celebraron uno distinto. Véase Martínez v. Colón Franco, Concepción, supra, pág. 26. Tanto la transcripción de la prueba oral como los documen-tos que acompañan el presente recurso demuestran que las partes no otorgaron un contrato de compraventa, sino un contrato de garantía personal. En armonía con el principio civil de la autonomía de la voluntad en la contratación que rige en nuestra jurisdicción (Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372), procede conferirle validez jurídica a este negocio jurídico de garantía personal. Veamos la prueba que sustenta esta conclusión.

Al testificar en la vista en su fondo, la señora Delgado y el señor Rivera Parés establecieron que acordaron otorgar a la señora Rivera Román el solar en garantía, en conside-ración al préstamo de $30,000 que ella les había concedido. Una vez saldado el préstamo, la señora Rivera Román les devolvería el inmueble. Del testimonio de la peticionaria, el cual no fue contradicho en este respecto, también se deduce que fue el notario autorizante de la escritura quien les sugirió denominar la escritura como de compraventa. Además, surge del testimonio de la peticionaria que en el acto de compraventa no medió el pago de $12,000 que se estipuló como precio. Por otro lado, en la conferencia con antelación al juicio, la señora Rivera Román aceptó que le concedió un préstamo a su nieto y que como garantía de pago se otorgó la escritura de compraventa, en la que ella figura como compradora del solar sito en Cabo Rojo. Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 59.

La prueba antes detallada sostiene la determinación del Tribunal de Primera Instancia de que en este caso las par-tes no tuvieron la intención de comprar ni vender un in-mueble, sino que su verdadero propósito fue garantizar el préstamo preexistente. Por lo tanto, la alegada transmi-sión de la propiedad mediante una escritura pública sólo perseguía la devolución del préstamo de $30,000. Además, el negocio de compraventa no se perfeccionó, pues no medió el pago de los $12,000. La ausencia de este elemento carac-terístico de la compraventa demuestra, entonces, que se trató de un contrato simulado. Véase Reyes v. Jusino, supra, pág. 285. En virtud de ello, es menester concluir que la compraventa fue simplemente un caparazón que encu-brió el negocio de préstamo con garantía personal.

Desenmascarado el negocio simulado, nos corresponde imprimirle validez jurídica al negocio disimulado de garantía. En virtud de este negocio, la señora Rivera Ro-mán advino acreedora y tenía a su favor una garantía de pago. Es decir, este negocio no la convirtió en dueña del inmueble, puesto que no procede admitir la garantía como causa en un contrato de compraventa. Por lo tanto, la se-ñora Rivera Román no tenía la potestad de transmitir el dominio de la propiedad a terceras personas, aun ante el hecho de que sus deudores incumplieron con su obligación de pago.

Reconocer que la señora Rivera Román podía enajenar la propiedad dada en garantía equivaldría a sancionar el pacto comisorio que nuestro ordenamiento rechaza. Véanse: Arts. 1758 y 1780 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5003 y 5048. Como sabemos, en el caso de la prenda y de la hipoteca, nuestro Código Civil le prohíbe al acreedor apropiarse de la cosa dada en garantía ante el incumplimiento del contrato garantizado. íd. Aun cuando somos conscientes de que la prohibición del pacto comisorio sólo aplica por mandato expreso a la prenda y a la hipoteca, entendemos que dicho precepto se debe extender por analogía al negocio que nos ocupa. Véase Sentencia del Tribunal Supremo español de 22 de diciembre de 1998, Aranzadi Núm. 9748. Al igual que ocurre con la hipoteca y la prenda, el negocio realizado por las partes en este caso persiguió garantizar una obligación principal. Por lo tanto, no podemos permitir que la acreedora en el presente caso se apropie del bien dado en garantía.

Habida cuenta de lo anterior, resolvemos que la señora Rivera Román tenía la obligación de recurrir a los tribuna-les de justicia para hacer valer su acreencia. En vista de que enajenó un inmueble cuyo dominio no le pertenecía, erró el Tribunal de Apelaciones al validar la referida transacción. Como corolario de ello, resolvemos que actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia en su contra condenándola a pagar una suma de dinero equivalente al valor estipulado del inmueble, previo el descuento de los $15,000 que la peticionaria le debía en concepto del contrato de préstamo.

Esta determinación, sin embargo, no dispone de la tota-lidad de la controversia ante nuestra consideración, pues nos resta examinar si los esposos Martínez-Rivera son ter-ceros adquirentes de buena fe a quienes la presente acción no debe afectar.

V

Luego de escuchar el testimonio de la señora Miguelina Delgado y los respectivos testimonios de los esposos Martínez-Rivera, el Tribunal de Primera Instancia determinó que éstos conocían las condiciones del contrato de préstamo existente entre la peticionaria y la señora Rivera Román. A raíz de ello, determinó que los esposos MartínezRivera eran solidariamente responsables por el pago del valor del inmueble en controversia. Es decir, el foro primario le brindó entera credibilidad a la peticionaria, quien testificó que se comunicó vía telefónica con la Sra. Sheida Rivera para informarle los términos de su acuerdo con la señora Rivera Román. En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto del tribunal de instancia, no debemos intervenir con esta determinación de hechos del foro primario ni con su apreciación de la prueba desfilada en el juicio en su fondo. Véanse: Lugo v. Municipio Guayama, 163 D.P.R. 208 (2004)\ Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001).

Sobré la base de la anterior determinación de hecho a la que le debemos deferencia, es menester concluir que los recurridos no son terceros registrales, pues no poseían la referida buena fe al adquirir el inmueble en controversia. Como sabemos, toda persona que adquiera de buena fe y a título oneroso algún derecho de quien en el registro aparezca con facultad para transmitirlo, será protegida en su adquisición una vez inscriba su título en el Registro de la Propiedad. Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2355; Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 591, 603-604 (1990). Así, el tercero recibe la protección de la buena fe registral, aun cuando se invalide el título del transferente, siempre que las causas de nulidad no suijan expresamente del registro.

Además, según se deduce de lo anterior, por mandato de nuestra ley hipotecaria el tercero debe poseer buena fe al momento de adquirir pará ser acreedor de la protección provista por la fe pública registral. Esta buena fe, a su vez, consiste en “ ‘el desconocimiento, por parte del tercer ad-quirente, de la inexactitud del Registro’ ”. Banco de Santander v. Rosario Cirino, supra, pág. 605.

Como indicamos, la pruebá aquilatada por el Tribunal de Primera Instancia en el presente caso estableció que los esposos Martínez-Rivera conocían la naturaleza de los acuerdos habidos entre la peticionaria y la señora Rivera Román. Más aún, el foro primario determinó que la señora Sheida Rivera era consciente de que la peticionaria era la verdadera dueña del inmueble. Este conocimiento sobre el defecto en el título de la señora Rivera Román priva a los recurridos de la condición de terceros adquirentes de buena fe. Por lo tanto, la presente acción les perjudica, aun cuando hayan inscrito su título en el Registro de la Propiedad.

Establecida la nulidad del título de la señora Rivera Ro-mán, no hay duda de que la transmisión a los esposos Mar-tínez-Rivera también adolece de nulidad. Estos no adqui-rieron su título de la verdadera dueña de la propiedad y carecen de la protección provista por la fe pública registral. No siendo los esposos Martínez-Rivera terceros regístrales como reclaman, es menester concluir que responden frente a la demandante peticionaria.

Finalmente, a la luz de la alegación de que el notario autorizante de la escritura de compraventa, el Ledo. Luis A. Arroyo Vázquez, indujo a las partes a otorgar una escri-tura de compraventa simulada, procede remitir el expe-diente del presente caso a la Oficina del Procurador General para que tome la acción correspondiente.

Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y reinstalar la sen-tencia del Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       Las partes estipularon que el valor del inmueble era $60,000. Por lo tanto, la cantidad de $45,000 equivale al valor del inmueble luego de descontados los $15,000 que la demandante peticionaria le adeudaba a la señora Rivera Román.

       Luego de dictada la sentencia, el foro primario emitió una sentencia enmen-dada nuna pro tune, en la que eliminó una nota al calce que se refería a una decla-ración jurada de la señora Rivera Román que había sido suprimida. Véase Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 185-190. También corrigió un error tipográfico en la parte dispositiva de la sentencia. Id. Además, el Tribunal de Primera Instancia emi-tió una resolución en la que denegó varias mociones de reconsideración presentadas por los demandados. En la resolución reiteró su conclusión de que en el presente caso se configuró un contrato dé préstamo con garantía y concluyó que no estaba prescrita la reclamación presentada contra los esposos Martínez-Rivera. íd., págs. 174-183.

       Sin embargo, el transcurso del tiempo podría causar que el derecho invocado se extinga por prescripción. Véanse: J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 452; F. Ferrara, La simulación de los negocios jurídicos, (Rafael Atard y Juan A. de la Puente, trads.), 3ra ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1953, págs. 407-408.

       La peticionaria nos solicita negarle validez jurídica al negocio de garantía, pues entiende que se trata de una hipoteca que carece de existencia jurídica porque no se inscribió en el Registro de la Propiedad. Sobre este argumento, basta señalar que el principio de libertad de contratación recogido en el Artículo 1207 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372, admite cualesquiera pactos que no sean contra-rios a la ley,' la moral y el orden público. Por lo tanto, nada en nuestro ordenamiento nos obliga a negarle.validez al contrato de garantía. Claro está, reconociendo que no se trata de una garantía real como lo sería la hipoteca, sino de una garantía personal.