author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Concepción Guardiola, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 936.
    Sometido: Noviembre 16, 1934.

      Resuelto: Noviembre 30, 1934.

      B. H. Blondet, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En dos pleitos seguidos en la Corte Municipal de San Juan por Concepción G-uardiola contra La O Plores en cobro de pagarés fueron embargadas dos fincas de su demandado, cuyos embargos fueron anotados en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera. Esas fincas fueron inscritas después por título de compra a favor de José Dolores Plores, quien transcurridos cuatro años desde las anota-ciones de esos embargos solicitó del registrador que por ese motivo cancelase esas anotaciones de embargo. Así lo hizo el registrador. Posteriormente solicitó Concepción G-uar- . diola en sus pleitos contra La O Flores que la corte mu-xiicipal ordenase al registrador que cancelara las anota-ciones de cancelación que hizo de esos embargos; moción que fué oída con notificación a La O Flores sin que éste compareciera y la corte ordenó las cancelaciones interesa-das. Presentado en el registro mandamiento para que fue-ran Lechas las cancelaciones solicitadas por Concepción Gfuar-diola, el registrador se negó a verificarlas por aparecer las fincas inscritas a favor de José Dolores Flores, persona distinta del demandado en la acción y quien no fué notifi-cado. Contra esa negativa se interpuso este recurso gu-bernativo por Concepción G-uardiola.

Estando las fincas inscritas ahora a nombre de José Dolores Flores y habiendo sido canceladas, equivacada o acer-tadamente, a petición suya las anotaciones de los embargos, no puede ser destruido el estado de derecho así creado en el registro sin audiencia del actual dueño a quien, benefician las cancelaciones practicadas. Por consiguiente, como para ordenar las cancelaciones no fué notificado José Dolores Flores, sino La O Flores que ya no tiene interés en las fin-cas según el registro, procedió correctamente el registrador al negarse a cumplir lo que se le ordenó y su resolución debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Senior Audrey,

license: Public Domain

text:
    Mercedes Díaz Miró Vda. de Caballero, demandante y apelada, v. Pedro Orcasitas Muñoz, demandado y apelante.
    No. 6850.
    Sometido: Diciembre 3, 1934.

      Resuelto: Diciembre 6, 1934.

      González Fagundo <& González, Jr., abogados del apelante; Dubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Senior Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Alega la demandante en este pleito que tiene su hogar seguro (homestead) en cierta finca que describe en su de-manda, en la que solicita que el tribunal le reconozca un de-recho o condominio por la cantidad de $500 en el valor de dicha'finca o, en su defecto, que condene al demandado a pa-garle dicha suma por concepto de hogar seguro. De esa demanda se tomó anotación en el Registro de la Propiedad de Caguas de acuerdo con el artículo 91 del Código de En-juiciamiento Civil. Pidió el demandado de la corte que or-denase la cancelación de esa anotación de demanda pero la corte negó esa solicitud y contra esa resolución interpuso el demandado este recurso ele apelación, cuya desestimación solicita la apelada alegando que tal resolución no es apela-ble.

La resolución recurrida no es apelable de acuerdo con el No. 1 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, que concede apelación contra sentencia definitiva pronun-ciada en un pleito o procedimiento especial, porque no pone término al pleito, ya que no resuelve si la demandante tiene derecho a lo que solicita en su demanda, por lo que el pleito puede continuar hasta ser visto y resuelto por sus méritos.

Tampoco es procedente esta apelación de acuerdo con el No. 3 del citado artículo, que concede apelación contra reso-lución que niega la anulación de un embargo, porque no se trata de un embargo, que necesita la intervención de la corte, lo mismo que para anotar preventivamente la demanda de acuerdo con la Ley Hipotecaria, pues la anotación de una de-manda que autoriza el artículo 91 mencionado se practica en el registro de la propiedad con el aviso que la parte de-mandante da al registrador de la cuestión litigiosa. El caso de National City Bank of New York v. Corte, 47 D.P.R. 128, citado por el apelante, no tiene relación con el presente.

La presente apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Josefa Mojica, demandante y apelante, v. María González, demandada y apelada.
    No. 6707.
    Sometido: Noviembre 9, 1934.

      Resuelto: Diciembre 7, 1934.

      Luis Muñoz Morales, abogado de la apelante; Angel A. Vázquez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio de desahucio seguido por la demandante Josefa Mojica contra la demandada María González ante la Corte de Distrito de San Juan se dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando el desalojo de la siguiente finca:

“Solar en el Seboruco, Santurce Norte de este término municipal compuesto de 292 metros 50 centímetros colindante por el Norte, con Josefina Cortijo, por el Sur, con la Avenida Borinquen, por el Este con Carlos Cortijo y por el Oeste con terrenos de Zona, y tiene el número 92 en el plano de segregación. Contiene una casa de madera techada de zinc, que mide 17 pies de frente por 33 pies de fondo.”

Según alega la demandante esta casa fue reconstruida dentro del mismo solar que es el número 92, quedando divi-dida en dos cuerpos unidos, uno de concreto al frente, y otro, el antiguo de maderas, al fondo.

Expedida orden de ejecución para hacer efectiva la sen-tencia dictada, el marshal extendió en 7 de enero, 1933, la diligencia que copiamos a continuación:

“Que en cumplimiento del presente mandamiento librado por esta Hon. Corte de Distrito de San Juan, procedí a cumplimentar el mismo y lo cumplimenté en esta ciudad de San Juan, barrio San-turce, el día diez de diciembre 1932, notificando personalmente a la demandada María González, para que en término de veinte días pro-cediese a desalojar la casa y solar que se describe en este manda-miento, apercibiéndole de que si así no lo hiciere el Marshal proce-' derá a desalojarla violentamente; que llegado el día del vencimiento, o sea el día treinta de diciembre de 1932, la demandada María Gon-zález, por conducto de su abogado el Ledo. Angel A. Vázquez hizo entrega al Márshal que suscribe de la llave de la casa que estaba ocupando descrita en este mandamiento.
“Se hace constar además que en el solar descrito existe también una casa de concreto que en el momento de la notificación a la deman-dada González estaba ocupada por un Club del Partido Socialista siendo su Presidente el Sr. Juan Pabón y el Secretario de dicho Club Sr. Pérez Arguinzony, quienes fueron notificados de la orden de la Corte, para que se entendieran en adelante con la nueva dueña de la finca Sra. Mojica; que én este estado, la demandada María Gon-zález al desalojar la casa de madera, se trasladó a la casa de concreto, alegando que esta finca no está dentro del solar en cuestión, perma-neciendo allí en el día de hoy.”

Solicitó la demandante una nueva orden de ejecución para que la demandada María González desalojase la casa de con-creto ocupada por un Club del Partido Socialista. La corte inferior luego de oír a las partes declaró sin lugar la mo-ción presentada por la demandante, donde se solicitaba tam-bién que la demandada fuese castigada por desacato.

Se alega que la corte inferior cometió error al denegar le prueba de inspección ocular solicitada por la parte ape-lante y al desestimar la moción para que se ejecutara la sen-tencia de desahucio en este caso. Se alega además que la corte sentenciadora apreció indebidamente la prueba y sos-tuvo equivocadamente que la parte de la casa ocupada por la demandada María González no forma parte de la finca ob-jeto de juicio y sentencia de desahucio y que también incurrió en error al declarar que el Club Socialista debió ser parte en este incidente y que no se ha pedido nada contra esta entidad.

De acuerdo con la prueba practicada la casa en la actua-lidád es una de madera y concreto dividida en dos cuerpos, el del frente de cemento y el del fondo de madera, siendo el solar el marcado con el número 92 del plano de urbani-zaciones. La parte de concreto, errando se cumplimentó la nueva orden de ejecución, aparecía ocupada por el Club So-cialista cuyo Presidente y Secretario fueron notificados de que debían entenderse desde entonces en adelante con la Sra. Mojica.

La demandante en su moción solicitando una nueva or-den de ejecución de sentencia, dice que la parte de la casa ocupada por la demandada es la misma ocupada por el Club del Partido Socialista que aun continúa allí (bastardillas nuestras), y que dicha demandada contra la voluntad de los directores de dicho Club, se introdujo en una habitación vio-lentamente, donde instaló sus muebles y donde permanece a pesar .de la protesta de dichos directores. Ofreció la de-mandante como prueba el testimonio de Cruz Pérez Arguin-zony quien en 11 de diciembre, 1932, declara que es el Se-cretario del Club del Partido Socialista instalado en el Barrio de Seboruco, Avenida Borinquen; que dicho Club Socialista hace algún tiempo tomó en alquiler a María Gon-zález una parte de la casa que dicha señora ocupaba en la Avenida Borinquen y en el Barrio Seboruco de Santurce y que a principios del mes de diciembre de 1932 el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan notificó al declarante en su carácter de Secretario del referido Club, una orden de dicha corte para que se abstuviera de satisfacerle los alqui-leres a María González, y que así lo efectuó.

El Presidente del Club Socialista, J. E. Pabón, declara que el día 20 de diciembre, 1932, recibió una carta de María Gon-zález, solicitando que de la casa de concreto alquilada por ella a dicho Club, se le cediese una parte para vivirla, que re-bajaría de la renta, y que la Directiva del Club Socialista adoptó el acuerdo de buscar otra casa para el Club y ceder a la Sra. González la parte de casa que solicitaba, mientras se conseguía la nueva casa para el Club; que con la autori-zación de la Junta Directiva, la Sra. González se trasladó, el 30 de diciembre, 1932, de la casa de madera que ocupaba, a la parte de casa de concreto ocupada por el Club Socia-lista, con pleno conocimiento y consentimiento de su Presi-dente y que allí vive todavía la Sra. González. Esta decla-ración fue prestada en 16 de enero, 1933.

Las conclusiones de la corte inferior que la parte apelante considera erróneas y que constituyen la base de esta apela-ción dicen así:

“De la evidencia aparece que María González se trasladó a la parte ocupada por el Club Socialista el día 30 de diciembre de 1932 con el consentimiento de la Junta Directiva, y que la parte de ma-dera está desocupada.
“De la evidencia también aparece que ante esta' Corte se sigue un pleito por María González contra Josefa Mojica, como heredera de Antonio Sánchez Mojica sobre mejor derecho a la propiedad que fué objeto del desahucio y que, aunque al tiempo en que se celebró la vista de la moción de la demandante para la expedición de man-damiento adicional de ejecución, dicho pleito no estaba resuelto, lo tenemos ahora a la vista, porque se ofreció en evidencia, y resulta que, por sentencia de 23 de enero, 1933, se declaró que la referida María González es la única dueña de la finca y ordenando la cance-lación de la inscripción a nombre de Antonio Sánchez y. su heredera Josefa Mojica.
“Bajo las circunstancias del caso, y por el fundamento principal que la demandada María González ocupa la parte de concreto me-diante consentimiento de los directores del Club Socialista, cuya en-tidad la posee en arrendamiento, no siendo aquí parte la misma, y sin que se hubiera pedido nada contra ella, se DECLARA sin lugar la moción sobre ejecución de sentencia y desacato, de 11 de enero de 1933.”

No creemos que la corte inferior baya incurrido en error al desestimar la moción de la demandante que pide el lan-zamiento de la demandada, mientras permite que continúe viviendo la casa el Club Socialista, con cuyo consentimiento permanece allí la demandada. La corte inferior, apreciando correctamente la prueba, declara que María González se tres-ladó a la parte de la casa que ocupa autorizada por los directores del Club Socialista. La propia demandante con-fiesa en su moción que en la fecha en que solicitó una nueva orden de ejecución de sentencia dicho club continuaba ocu-pando la referida casa. El márshal notificó al presidente y secretario de la referida entidad para que de allí en adelánte-se entendiesen con la nueva dueña de la finca Sra. Mojica, y el secretario del club, testigo de la demandante, admite que dicho funcionario le notificó que se abstuviese de satis-facerle los alquileres a María González y que así lo efectuó. La demandante no practicó gestión alguna para lanzar de la casa a la entidad que la ocupaba. Por el contrario, de su conducta se deduce que permitió que dicha entidad la siguiera ocupando, ya que no aparece objeción alguna de su parte a las palabras del márshal, ejecutor de la sentencia a instancias de la demandante, instruyendo a los representan-tes del club que debían entenderse de allí en adelante con la nueva dueña de la finca.

Sentadas estas conclusiones, es innecesario decir que no hubo error en denegar la inspección ocular que solicitara la demandante, por resultar dicha inspección ocular a todas lu-ces innecesaria.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    The United Theatres, Inc., Fafael Ramos Cobián, Eduardo G. González, Julio R. Bruno y Charles S. Graham, peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan y Sus Jueces Carlos Llauger Díaz, Angel R. de Jesús, Pablo Berga y El Pueblo de Puerto Rico, demandados.

    No. 986.
    Sometido: Julio 20, 1934.

      Resuelto: Diciembre 10, 1934

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de los peticionarios; Marcelino Romani, Fiscal de Distrito de San Juan, abogado de El Pueblo de Puerto Rico; Martínez Nadal, Nmarro Ortiz & Llorens Torres, abogados del Interventor Rengel Dávila.

       Nota del Repórter: La Orden que se revisa y anula en este procedimiento fué dic-tada por el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Hon. O. Llauger Díaz,

      Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico entabló demanda solicitando la expedición de un mandamiento de injunction y otros remedios de conformidad con una ley de la Legislatura Insular intitu-lada “Ley para proteger el comercio contra coacciones y monopolios”, aprobada en 14 de marzo de 1907 (Leyes de ese año, pág. 328). La corte de distrito expidió una orden restrictiva provisional y una orden para mostrar causa por la cual la misma no debía continuar en vigor. En respuesta a la orden para mostrar causa los demandados impugnaron la jurisdicción de la corte y solicitaron se anulara la orden restrictiva provisional. La corte se negó a esto basada en el caso de Dávila v. Corte de Distrito de Mayagües, 43 D.P.R. 554.

En el caso de Dávila este tribunal, refiriéndose a su deci-sión anterior en el caso de El Pueblo v. Galanes, 15 D.P.R. 390, dijo:

“Al tiempo de ese fallo, esta Corte tenía alguna idea de que Puerto Rico, aunque no un territorio incorporado, debía ser con-siderado como un territorio de los Estados Unidos, al que podrían ser aplicables los estatutos generales. Después de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos de People v. Muratti, 245 U. S. 639; y Balzac v. Porto Rico, 258 U. S. 298, creemos que la jurisprudencia establece que Puerto Rico, aunque orga-nizado, no es un territorio incorporado.
“En cada una de nuestras leyes orgánicas aparece lo'siguiente:
“ ‘Las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean lo-calmente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispusiere en la presente, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos, excepción hecha de las leyes de rentas inter-nas . . .’ Art. 14 del Acta Foraker; Art. 9 del Acta Jones.
“Bajo las precitadas decisiones de la Corte .Suprema de los Es-tados Unidos, una ley general de los Estados Unidos 'aplicable a los ‘territorios’ no incluiría un territorio no incorporado como Puerto Rico a menos que el Congreso manifestara tal intención. El caso de González v. People of Porto Rico, 51 Fed. (2d) 61, también pa-rece ser 'aplicable.
“Convenimos con la corte inferior en que la Ley Sherman no es aplicable a Puerto Rico por sus términos. Nada hallamos en sus disposiciones que demuestre que el Congreso tuvo la intención de abarcar un delito perpetrado en Puerto Rico.”

La Ley Sherman, suplementada como lo fue en 1914 por la Ley Clayton, cubre todo el campo de la ley local. La cuestión en controversia es si la misma es o no ‘ Vocalmente inaplicable.” Después de haber hecho una ulterior conside-ración del asunto nos es imposible adherirnos a la conclusión llegada en el caso de Dávila v. Corte de Distrito.

Es “Ley establecida que Puerto Pico, aunque territorio organizado, no es un territorio incorporado.” De ello no se desprende que “las leyes estatutarias de los Estados TJnidos” deben considerarse como “loealmente inaplicables” en ausen-cia de una intención contraria de parte del Congreso al tiempo de aprobar la ley en cuestión.

En Balzac v. People of Puerto Rico, 258 U. S. 298, la cuestión a resolver fue “si aquella parte de la Enmienda VI a la Constitución que provee que en todas las causas crimi-nales el acusado tendrá derecho a ser juzgado pronta y públi-camente por un jurado imparcial del estado y distrito donde se hubiera cometido el delito, cuyo distrito será previamente reconocido por la ley, era aplicable a Puerto Rico.” Ya se babía resuelto que ésta y otras disposiciones constitucionales relativas a juicios por jurado eran aplicables, bien ex proprio vigore o como resultado de acción congresional, a procesos criminales en los “territorios de los Estados Unidos,” pero que no tenían el efecto de limitar los poderes del Congreso al legislar para territorios no incorporados. Más de 15 años antes de la fecha en que se emitió la decisión en el caso de Balzac v. People of Puerto Rico y más de una década antes de aprobarse la Ley Jones, la Corte Suprema, en Rassmussen v. United States, 197 U. S. 516, 519, había dicho:

“En el presente caso el gobierno no negó que de regir la En-mienda VI, delitos de la índole del qne aquí se procesa podían so-lamente ser juzgados por un jurado del derecho común. El go-bierno, además, no discutió l'a verdad fundamental y obvia de que la Constitución de los Estados Unidos prevalece doquiera es aplica-ble. Por tanto, se trata de sostener la validez de la disposición en cuestión, basada en el argumento de que la Enmienda VI a la Cons-titución no era aplicable al Congreso al legislar para Alaska. Y esto descansa sobre dos contenciones que procederemos a considerar separadamente.
“1. — Alasita no estaba incorporada a los Estados Unidos y por ende la Sexta Enmienda no obligaba al Congreso al legislar para Alaska.
“Si se admite la premisa, es decir, el status de Alaska, la con-clusión que de ella se desprende queda establecida por las anteriores resoluciones de esta corte. En el caso de Dorr v. United States, 195 U. S. 138, la cuestión en disputa fue si la Enmienda VI era obligatoria para el Congreso al legislar para las Islas Filipinas. Aplicando los principios que indujeron a la mayoría de los jueces que concurrieron en el caso de Downes v. Bidwell, 182 U. S. 244, a creer que la cláusula de uniformidad de la Constitución era inaplicable a Puerto Rico y siguiendo la resolución enunciada en Hawaii v. Mankicki, 190 U. S. 197, se resolvió que si bien a virtud del tratado con España las Islas Filipinas habían entrado bajo la soberanía de los Estados Unidos y estaban sujetas a su dominio como una dependencia o posesión, esas Islas no habían sido ineor-paradas a los Estados Unidos como parte de los mismos y, por tanto, el Congreso, 'al legislar para ellas, estaba sujeto solamente a las disposiciones de la Constitución aplicables a territorios que ocupa-ran tal relación. El poder de adquirir territorios sin incorporarlos a Jos Estados Unidos como parte integrante de los mismos, según liemos dicho, fue sostenido por el razonamiento expuesto en la opi-nión emitida por tres, quizá cuatro, de los jueces que concurrieron eu la sentencia dictada en el caso de Downes v. Bidwell, siendo diclio razonamiento en efecto adoptado en el caso de Dorr como base de la resolución allí emitida, y diciendo la corte (pág. 143) :
“ ‘Hasta el momento que el Congreso crea prudente incorporar a los Estados Unidos territorio cedido por tratado, consideraremos que es ley establecida por aquella decisión (Downes v. Bidwell) que el territorio debe gobernarse por el poder existente en el Congreso de adoptar leyes para tales territorios, sujetas a aquellas restriccio-nes constitucionales sobre los poderes de diebo cuerpo que sean apli-cables a l'a situación.’
' “Y en vista del status de las Filipinas se resolvió que la En-mienda VI no era aplicable a dichas Islas y en su consecuencia que al legislar el Congreso para ellas no estaba obligado por las dis-posiciones de dicha enmienda. Para nada serviría expresar nueva-mente los fundamentos que sostienen esta conclusión y nos confor-maremos con citar el resumen hecho por la corte en la opinión del caso de Dorr, como sigue (pág. 149) :
“ ‘Llegamos a la conclusión de que la facultad de gobernar te-rritorio — que se halla implícita en el derecho de adquirirlo y que le ha sido otorgada al Congreso por la sección 3 del artículo IY de la Constitución — no importa las otras limitaciones a que pueda estar sujeto y cuyo alcance debe ser resuelto conforme surgieren las cues-tiones, no exige que dicho cuerpo adopte para territorio cedido, que no ha sido hecho parte de los Estados Unidos mediante acción con-gresional, un sistema de leyes que incluya el derecho a juicio por jurado, y que la Constitución, sin que exista legislación y por su propio vigor, no lleva tal derecho a territorios así situados’.”

En el caso de Eassmnssen la controversia terminó inme-diatamente qne se demostró que Alaska era un territorio in-corporado y que las disposiciones de la Constitución eran, por tanto, aplicables. En el caso de Balzac la controversia igualmente concluyó al demostrarse que el Congreso en 1917 no había convertido a Puerto Rico, que ya era un territorio enteramente organizado, en nn territorio incorporado. En el presente caso el resultado depende de otras consideraciones.

Si es cierto que el Congreso no indicó en la Ley Sherman que las palabras “cualquier territorio de los Estados Unidos” tenían el propósito de incluir territorio no incorporado, tal omisión es cuestión de menor importancia. No obstante, podemos bacer constar de paso que la Ley Sberman fue apro-bada en 1890, o sea unos diez años antes de acentuarse la cuestión relativa al status de territorio no incorporado. Las palabras “cualquier territorio de los Estados Unidos” natu-ralmente incluirían cualquier territorio posteriormente adqui-rido y organizado. Tomando en consideración el becho de que, conforme se indica en el caso de Balzac “la distinción entre adquisición e incorporación no fue considerada como im-portante o por lo menos ... no fue plenamente entendida”, quizá es una inferencia lógica presumir que el Congreso tuvo la intención de incluir toda clase de territorio posteriormente adquirido y organizado. Es muy cierto que no bay más prueba de la intención de excluir territorio no incorporado posteriormente adquirido y organizado que la que existe de una intención de incluir tal territorio en la frase “cualquier territorio de los Estados Unidos”. Para los fines de esta opinión podría admitirse, sin resolverlo, que el Congreso en 1890 no tuvo la intención de incluir en la frase “cualquier territorio de los Estados Unidos” territorio no incorporado posteriormente adquirido. La cuestión en controversia abora es si la Ley Sherman es localmente inaplicable dentro del significado de esa frase, tal cual la misma ha sido usada en nuestras dos Cartas Orgánicas. Con alguna vacilación hemos llegado a la conclusión de que “no es localmente inaplicable.”

El Congreso en 1900, al igual que en 1917, estaba al tanto del hecho de que Puerto Bico no era un territorio incorporado. En la Carta Foraker, al igual que en la Ley Jones, fue “con-veniente evitar bacer obligatorio un sistema de jurado en un país hispano y de derecho civil basta que éste lo deseara.” Balzac v. Porto Rico, supra, pág. 311. No obstante, el Con-greso creyó que por lo menos algunas de las “leyes estatu-tarias de los Estados Unidos no eran localmente inaplicables.” De lo contrario, no hubiese provisto, como lo hizo, en ambas Cartas Orgánicas que “las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables . . . tendrán la misma fuerza y vigor en Puerto ■ Rico que en los Estados Unidos.” También creyó que tal disposición quizá sería deseable en un territorio no incorporado y al mismo tiempo no serlo en otro. De ahí la disposición expresa contenida en la Carta Orgánica de las Filipinas, aprobada en 1902, al efecto de que el artículo 1891 de los Estatutos Revisados de 1878 no debía ser aplicable a dichas Islas. Dorr v. United States, supra, pág. 143. En Kopel v. Bingham, 211 U. S. 468, la Corte Suprema resolvió que aunque Puerto Rico no era un territorio incorporado a los Estados Unidos, es un territorio completamente organizado y que el artículo 5278 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos “no era totalmente inaplicable”, dentro del significado del artículo 14 de la Ley Foraker. Este caso sirve de entera autoridad si tal autoridad es necesaria para la conclusión de que un esta-tuto federal aprobado antes de que se hubiese hecho distin-ción entre territorios y territorios no incorporados, aplicable por sus términos a cualquier “estado o territorio”, no puede ser “localmente inaplicable”, no obstante el hecho de que Puerto Rico es un territorio no incorporado. Véanse tam-bién American Railroad Company of Puerto Rico v. Didricksen, 227 U. S. 145, y National City Bank v. Domenech, 47 D.P.R. 29.

En el caso de Peck Steamship Line v. New York & P. R. S. S. Co., 2 P. R. Fed. 109, 128, resuelto en 1906, el Juez Rodey de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico dijo:

“. . . Es difícil determinar qué es localmente inaplicable de aquella parte de la ley contr'a monopolios hecha extensiva a los te-rritorios ... A nuestro juicio, para los fines de esta decisión es-pecífica, carece de importancia si, como cuestión de hecho o de de-recbo, Puerto Rico cae enteramente dentro de la definición de un ‘territorio organizado.’ Si es o no suficientemente un territorio que cae dentro de las disposiciones del artículo 3 de la ley contra mo-nopolios antes citada, que prohíbe ciertos actos que impidan el trá-fico o el comercio en cualquier territorio de los Estados Unidos, etc., es la cuestión a resolver en el presente caso.
“El Procurador General Knox, en su opinión respecto a marcas de fábrica, 23 Ops. Proc. General 635, dijo: ‘Puerto Rico ha que-dado plenamente organizado bajo una ley del Congreso que contiene en detalle la constitución de su gobierno, y organizado en su mayor parte sobre el plan adoptado para los territorios contiguos a los Es-tados de la Unión. De todo el tenor de esta Carta Orgánica surge la presunción de que una interpretación liberal de la disposición que hace extensivas las leyes de los Estados Unidos estaría en armonía con el espíritu del Congreso . . .
“El Procurador General Griggs, en junio 2, 1900, resolvió (23 Ops. Proc. Gen., pág. 169) que por virtud del artículo 14 de l'a Ley Foraker se hicieron extensivas a Puerto Rico las leyes de los Esta-dos Unidos relativas a la organización y poderes de los bancos na-cionales ...
“El Sr. Hoyt, Procurador General Interino, en julio 15 de 1902 (24 Ops. Proc. Gen., pág. 86) resolvió que la Carta Foraker pone en vigor en Puerto Rico la ley de inmigración del Congreso del año 1882. Esta última es una ley que fué aprobada 18 años antes que el Acta Foraker (pág. 130).
“La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de J. Ribas e Hijo v. United States, 194 U. S. 315, 48 L. ed. 994, 24 Sup. Ct. Rep. 727, dijo: ‘Una acción que podía instruirse bajo la ley Tucker (24 Stat. at L. 505, capítulo 359, U. S. Comp. Stat. 1901, pág. 752) contra los Estados Unidos ante una corte de distrito o de circuito de los Estados Unidos, cae dentro de la competencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.’ La Ley Tucker es extensa, conteniendo unos 15 artículos, y ninguna parte de ella se refiere a un territorio, sin embargo, de conformidad con las disposiciones de la Carta Foraker, que proveen que todas las le-yes de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables serán ley en Puerto Rico y otorgan a dicha corte la jurisdicción de una corte de circuito y de distrito de los Estados Unidos (sección 34 del Acta Foraker), la Corte Suprema resolvió que la misma estaba en vigor en esta Isla.
“D.e ello se desprendería que Puerto Rico es en verdad más un territorio organizado que algunas de las jurisdicciones más antiguas, puesto que tiene lo que ningún otro territorio, a excepción de Hawaii, posee; es decir, una corte separada de los Estados Unidos, es de presumirse que para baeer cumplir las leyes de los Estados Uni-dos como parte de su jurisdicción, enteramente distinta a las cortes insulares locales que constituyen de por sí un sistema local completo y amplio . . .
“En el presente caso no podemos ver cómo la ley contra mono-polios sea de por sí localmente inaplicable. Por el contrario, es muy aplicable loealmente y una disposición legal saludable malamente ne-cesitada por la Isla de no estar ya en vigor. Por tanto, resolvemos que la ley del Congreso en cuestión, al menos para los fines de éste litigio no es localmente inaplicable, según los términos de la de-manda en este caso, y está, por lo menos aquella parte de la misma que se refiere a territorios, enteramente en todo su vigor en Puerto Eico (Pág. 132).”

Unos seis meses después de emitirse la decisión en el caso de Peck, la Legislatura Insular, quizá concurriendo con el criterio del Juez Eodey al efecto de que la Ley Sherman, de no estar ya en vigor en Puerto Eico era un estatuto salu-dable que la Isla necesitaba grandemente, o tal vez llegando independientemente a la misma conclusión, adoptó la ley local contra monopolios. Siete años más tarde el Congreso incluyó a Puerto Eico en la Ley Clayton. En esto no hubo coerción alguna. Un sistema de jurado quizá no sea aconsejable ni deseable en un “país hispano y de derecho civil.” Hasta ahora no se ha sugerido razón alguna por qué una ley contra monopolios sea necesariamente inapropiada a las necesidades de tal país. Sea ello como fuere, tanto el pueblo de Puerto Eico en 1907 como el Congreso en 1914, han enunciado la opinión de que se necesitaba en Puerto Eico una ley contra monopolios. No estamos por ahora preparados para decir, más de un cuarto de siglo después de aprobarse la ley local y unas dos décadas después de adoptarse la Ley Clayton, que tanto el Congreso como la Legislatura insular estaban equi-vocados y que la Ley Sherman es “localmente inaplicable.” Aún si pudiera decirse que la Ley Sherman era localmente inaplicable en 1900, o en 1907, o en 1914, o en 1917, de ello no se desprende que lo sea boy en día. Ann sin la actuación del Congreso o de la Legislatura local, los acontecimientos recientes, de los cuales podemos tomar conocimiento judicial como cuestión de historia contemporánea, tenderían hacia la conclusión de que actualmente la Ley Sherman no es local-mente inaplicable.

Si la Ley Sherman por sí sola cubriera todo el campo de la ley local de 1907, entonces esa ley sería una tentativa fútil de .reglamentar cuestiones que no eran materia propia de legislación. Si la ley local en algún momento estuvo en vigor, ella fue sustituida por la Ley Sherman, tal cual la misma fué suplementada y ampliada por la Ley Clayton. El Paso & Northeastern Railway Co. v. Gutiérrez, 215 U. S. 87.

No hemos pasado por alto el Hecho de que en el presente caso no existe conflicto alguno entre la ley local y el estatuto federal. Es cierto que en el caso de Gutiérrez existía un conflicto entre la ley de Nuevo Méjico y la ley federal sobre responsabilidad de los patronos (Federal Employers’ Liability Act). Sin embargó, la Corte Suprema, en vez de dar énfasis a este aspecto* del caso, basó su decisión enteramente en el fundamento de que el estatuto federal que regula el comercio en los territorios había suplantado la ley territorial sobre la misma materia. Esta corte, desde luego, queda obligada por dicha decisión y la doctrina de la misma, que no aparece haber sido limitada o modificada por cualquier decisión posterior de la Corte Suprema, debe regir nuestra resolución en el presente caso.

La orden de la corte de distrito negándose a anular su orden restrictiva provisional anterior o aquella parte de la misma que otorga un remedio bajo las disposiciones de la ley local contra monopolios de 1907, como única base de tal remedio, debe ser anulada y, concediendo al Pueblo de Puerto Eico el beneficio de cualquier duda que pueda surgir respecto a ciertas cuestiones que no hemos discutido ni resuelto en la presente opinión, debe devolverse el caso para ulteriores pro-cedimientos en la corte de distrito que sean de sn compe-tencia, adecuados en el presente recurso, y no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Castor, Juan, Ricarda y Josefina Santana y Pereira y Delfín, Aurora, Gloria, Nicolás, Zoilo y Silvano Santana y Rafael, Heriberto, Amelio, Ernestina y Manuel Díaz Santana, demandantes y apelantes, v. Pedro Orcasitas Muñoz, demandado y apelado.
    No. 6269.
    Sometido: Junio 6, 1934.

      Resuelto: Diciembre 10, 1934.

      Ángel A. Vázquez, abogado de los apelantes; B. H. Blondel, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes son los herederos de Ricarda Pereira. Reclaman del demandado Pedro Orcasitas Muñoz diez mil seiscientos dólares basándose, en resumen, en los siguientes beebos:

En el momento de su muerte — noviembre, 1918 — Ricarda Pereira era dueña de una finca rústica de treinta y tres cuerdas situada en el barrio de Hato Nuevo del término municipal de G-urabo, que tenía hipotecada a favor del deman-dado Pedro Orcasitas Muñoz para responder de cuatrocientos dólares, intereses y ciento cincuenta dólares más para costas en caso de reclamación judicial.

Vencida la deuda garantizada con la hipoteca, el deman-dado Orcasitas inició para cobrarla un procedimiento ejecu-tivo sumarísimo en la Corte de Distrito de Humacao el 19! de mayo de 1919, o sea, cuando ya Ricarda Pereira había fallecido. Se exponen los hechos básicos y se concluye que el procedimiento, que culminó en la adjudicación de la finca hipotecada al acreedor ejecutante, es nulo:

“A. — Porque dicho procedimiento sumarísimo se instituyó el 19 de mayo de 1919 contra un muerto, o sea contra Ricarda Pereira;
<£B. — Porque el auto de requerimiento de pago no contiene el apercibimiento estatutario de lo que habría de ocurrirle a la parte deudora en caso de que no pagara las cantidades reclamadas, dentro del término de 30 días;
“C. — Porque los herederos, componentes de la sucesión de la fa-llecida Ricarda Pereira, dueños el 19 de mayo de 1919, que son los demandantes relacionados en el hecho 1 de esta demanda, no fueron requeridos de pago, no obstante lo cual su finca les fué vendida en pública subasta sin habérseles oído ni dado oportunidad de defensa alguna;
“D. — Porque en la sentencia de remate se incluyeron $76.00 por intereses desde 19 de octubre de 1917 hasta el 19 de mayo de 1919, cantidad que no era debida por los herederos de la fallecida Ri-carda Pereira, porque la hipoteca sólo devengaba intereses durante el término del; contrato o sea hasta el 19 de octubre de 1918;
“E-- — Porque siendo, como es, dicho procedimiento sumarísimo hipotecario un asunto ex-parte, de la naturaleza de los de jurisdic-ción voluntaria, y habiéndose, como fué, tramitado como tal, el allí ejecutante y ahora demandado Pedro Orcasitas Muñoz no adhirió a la Resolución final de dicho asunto, ni fué, ni se ha cancelado por el Secretario de dicba Hon. Corte, el sello de rentas internas que determina la ley;
“F. — Porque el mandamiento de requerimiento de pago, librado por el Secretario de dicha Hon. Corte el 21 de mayo de 1919, en cumplimiento de dicha resolución final es nulo por ser la consecuen-cia de un auto de requerimiento de pago nulo también;
“G. — Porque la sentencia de remate fué asimismo la consecuencia de un auto de requerimiento de pago nulo y, además, porque en dicha sentencia se ordenó el cobro de $76.00 de intereses no debidos por los herederos de la fallecida Ricarda Pereira y el cobro también de $150.00 ¡Dará gastos, costas y honorarios de abogado que se había asignado en la escritura de hipoteca como máximo para esa aten-ción pero que no era debida por los citados herederos de la aludida ■causante al ejecutante señor Or casitas y que estaba sujeta a liqui-dación por esos conceptos, y esas costas no fueron liquidadas ni aprobadas, por no haberse radicado el correspondiente memorándum ante la Hon. Corte de Distrito de Humacao;
“H. — Porque el mandamiento de ejecución de sentencia fué el producto de un auto de requerimiento de pago nulo, así como de un requerimiento de pago nulo y de una sentencia de remate nula también.”

Se alega además en la demanda qne el demandado Or ca-sitas vendió la finca qne se le adjudicara a Juan Solá quien a su vez la vendió a Pedro Crespo por $2,400, y qne como la finca constaba- inscrita en el Begistro y como de éste no surgía vicio alguno que invalidara dichos contratos, la finca se había perdido para los demandantes a quienes quedaba solamente su acción personal contra el demandado que es la que ejercitan en este pleito.

Los daños y perjuicios que se reclaman se fijan en el hecho noveno de la demanda como sigue:

“En el momento en que la finca antes descrita fué yendida, por adjudicación en pago, por el márshal de la Corte de Distrito de Humacao al ejecutante y ahora demandado Pedro Orcasitas Muñoz b sea el 11 de agosto de 1919, dicha finca tenía en su totalidad un valor mínimo de $4,600 ó sean $200 por cuerda; y en los doce años transcurridos desde el 11 de agosto de 1919 al 11 de agosto de 1931 en que los herederos de la fallecida causante Ricarda Pe-reira han estado privados de la posesión material y usufructo de dicha finca, dichos herederos, que son los demandantes, han dejado de percibir la suma de $6,000.00 ó sea $500.00 por 'año, importe de los productos de caña y otros frutos que ha rendido dicha finca.”

La demanda que está jurada termina suplicando que se dicte sentencia declarando nulo el procedimiento ejecutivo sumarísimo, condenando al demandado a pagar a los deman-dantes $10,600 con sus intereses en concepto de daños y per-juicios e imponiendo el pago de las costas al demandado.

El demandado pidió la eliminación de ciertos particulares de la demanda. No tuvo éxito y formuló entonces su con-testación, adoptando en su redacción el siguiente método: La demanda contiene diez hechos. Igual número contiene la contestación. Cada hecho numerado de la contestación co-mienza así: “Niega general y específicamente, por falta de información y creencia, que” y entonces sigue exactamente lo alegado en el hecho correspondiente de la demanda. Como transcribimos íntegro el hecho noveno de la demanda, trans-cribiremos íntegro también el hecho noveno de la contestación y así se tendrá una idea más clara del método seguido. Dice:

“Niega general y específicamente por falta ele información y creencia, que en el momento en que la finca descrita fué vendida, por adjudicación en p'ago, por el marshal de la Corte ele Distrito de Humacao al ejecutante y ahora demandado Pedro Orcasitas Mu-ñoz, o sea el 11 de agosto de 1919, dicha finca tuviera en su totali-dad un valor mínimo de $4,600.00, o sea $200.00 por cuerda; y que en los doce años transcurridos desde el 11 de agosto de 1919 al 11 ele agosto de 1931 en que los herederos de la fallecida cau-sante ítiearda Pereira han estado privados de la posesión material y usufructo de dicha finca, dichos herederos, que son los demandan-tes, hayan dejado de percibir la suma de $6,000.00, o sea $500.00 por año, importe de los productos de caña y otros frutos que ha rendido la finca.”

La contestación termina con las siguientes defensas es-peciales :

“PRIMERA.- — -Que la demanda en este caso no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción. (Inciso 6 art. 105 del Código Enj. Civil.)
"Segunda. — Que la sociedad de gananciales constituida por Pedro Orcasitas Muñoz y la que fué su esposa, Ángela Ubarri, fué dueña de la hipoteca a que se contrae la nulidad del ejecutivo en este caso, habiendo fenecido doña Ángela Ubarri, el día-de _de 19_, sucediéndole en todos sus derechos hereditarios, sus hijos Jorge, Luis, Pedro, Concepción, Ángela, Mercedes, María-Teresa, Edith y Rafaelina Orcasitas; y su esposo Pedro Orcasitas Muñoz.
"Que para el caso de que la demanda en este pleito se'a decla-rada con lugar, alega el demandado Pedro Orcasitas que la sociedad de gananciales constituida por su esposa Ángela Ubarri era dueña y él adquirió por liquidación de dicha sociedad, la mitad del pro-ducto del préstamo liquidado según el hecho sexto de la demanda, de $646.00, con más la cantidad que le fué asignada y que le co-rresponde de acuerdo con la Ley y el usufructo proveniente de la herencia de su legítima esposa fallecida, antes mencionada, con más los intereses al tipo estipulado sobre la mitad del importe de dicho préstamo, desde la fecha en que fueron liquidados hasta el día en que se efectú'a la liquidación de la sentencia que pudiera recaer en este caso, los gastos de conservación del inmueble,.y las contribucio-nes satisfechas al erario público, hasta el día en que dicha finca fué traspasada por la sociedad de gananciales constituida por el de-mandado y la que fué su legítima esposa, a los adquirentes sub-siguientes.
"Que caso de decretarse la nulidad del procedimiento en este pleito, procedería la compensación de las sumas mencionadas en el hecho anterior, que al efecto serían líquidas, exigióles y vencidas, y los demandantes serían en deberlas al demandado.”

Pidieron los demandantes la eliminación de varios pasajes de la contestación. También que se dictara sentencia sobre las alegaciones. No accedió la corte. Fné el pleito a juicio, pronunciándose la sentencia recurrida que declara la demanda sin lugar sin especial condenación de costas.

En su alegato señalan los apelantes cuatro errores come-tidos a su juicio por la corte de distrito al denegar la elimi-nación de ciertos pasajes de la contestación, al no dictar sen-tencia a su favor por el mérito de las alegaciones, al deses-timar la demanda por el fundamento de no haberse hecho partes en el pleito a los herederos de la fallecida esposa del demandado y al desestimar la demanda por el fundamento de que los demandantes no presentaron evidencia del valor razonable de la finca y de sus frutos.

Antes de comenzar la discusión de los errores señalados, parece conveniente decir que no bay cuestión sobre la nulidad del procedimiento ejecutivo sumarísimo. En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora concluyó que diebo pro-cedimiento era nulo si no por todos los fundamentos alegados, por algunos de ellos. Y la propia parte demandada y ape-lada dice textualmente en su alegato:

“A los efectos de la discusión, reconocemos la nulidad de las diligencias ejecutivas en cobro de hipoteca, según así hizo el juez sentenciador. ’ ’

Examinemos el primer error. Conocemos las tituladas defensas especiales alegadas en la contestación. Los demandantes pidieron a la corte que la eliminara y abora sostienen que erró al dictar una resolución contraria.

No estamos conformes. Aunque en forma imperfecta, se alegó en la contestación la falta de partes demandadas y ello está autorizado por el artículo 108 del Código de En-juiciamiento Civil que expresamente dispone que “cuando ninguno de los extremos enumerados en el artículo 105, cons-tare en la demanda, la impugnación podrá hacerse en la con-testación.” La cuestión no pudo suscitarse por excepción previa porque de la faz de la demanda no surgía la existencia de los herederos de la esposa.

Además, aunque también en forma confusa e imperfecta, se alega en las defensas la compensación que, de acuerdo con lo que hemos decidido repetidas veces, procede en casos de esta naturaleza.

Argumentando su segundo señalamiento de error, sostiene la parte apelante, con razón a nuestro juicio, que la contestación presenta un caso típico de “negative pregnant” y por tanto que debiendo considerarse admitida la certeza de los hechos alegados en la demanda debió dictarse una sen-tencia sobre las alegaciones en sn favor. Invoca el caso de Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398, en el que esta corte deci-dió, copiando del resumen, que:

“Cuando el demandado niega en la contestación los hechos esen-ciales de la demanda en forma tal qne la negativa envuelve una afirmación (negative pregnant) procede dictar sentencia sobre las alegaciones. ’ ’

Condensando la jurisprudencia sobre el particular, dice Corpus Juris:

“Un negative pregnant es aquella forma de expresión negativa que puede envolver una afirmativa, o por lo menos una inferencia de índole favorable a la parte contraria. Un negative pregnant puede surgir de una negativa demasiado literal de las alegaciones contenidas en la declaración o demanda o de una negativa dema-siado amplia que plantea una controversia más allá de la cuestión envuelta.
“De ordinario un negative pregnant no plantea una controversia pertinente y las consecuencias son idénticas a cuando por cualquiera otra razón una contestación admite las alegaciones de la parte de-mandante sin negarlas o evadirlas. No se resolverá favorablemente una objeción a un negative pregnant cuando la misma no es pre-sentada antes del juicio, especialmente si no se desprende que el demandante ha sido inducido a error; y cuando aparece claramente de otra parte de la contestación que las alegaciones formalmente ad-mitidas en el negative pregnant son realmente negadas, se consi-derará que la contestación es buena; y esto es especialmente cierto cuando el hecho es negado expresamente en otra parte de la con-testación.” 49 C. J. 269, 270.

Aquí la cuestión fué suscitada desde el comienzo del pleito y la propia corte de distrito admitió finalmente al tratar la cuestión de daños y perjuicios en su relación del caso y opi-nión, que por la forma en que se niega el becho noveno de la demanda, quedó admitido. Y la forma seguida para negar todos los otros becbos de la demanda es la misma que la usada para negar el noveno, como explicamos anteriormente.

Se trata, en verdad, de una negación conjuntiva m ipsis verbis, que ha sido considerada por la Corte Suprema de Colorado en City of Boulder v. Plains Loan, Realty & Investment Co., 224 Pac. 233, 234, como “negative pregnant” equivalente a nna admisión.

“ ‘La ley no admite alegaciones dobles,’ dijo Lord Hobart, en el caso de Slade v. Drake, Hob. 295, ‘ni los negative preg-nants, annqne sean ciertos, porque tergiversan y no ayudan a la sentencia que pueda dictarse en el caso,’ ” citado por la Corte de Circuito de Apelaciones del Sexto Circuito por medio del Juez Lurton en United States v. Larkin, 153 Fed. 113, 115.

No debe perderse de vista que en este caso se trata de la contestación a una demanda jurada que exige de acuerdo con la expresa disposición de la ley (art. 110 del Código de Enjuiciamiento Civil) que la negación de cada alegación im-pugnada sea específica y se haga por afirmación absoluta o según información y creencia, pudiendo el demandado si no tuviere suficiente información o creencia respecto del asunto, manifestarlo así y formular de ese modo su contestación.

La razón de la regla fué expuesta en un antiguo caso de California—Doll v. Good, 38 Cal. 290, citado en Bartlett Estate Co. v. Fraser et al., 105 Pac. 130, como sigue:

“Las reglas ele procedimiento tienen por mira evitar evasivas y exigir que se niegue en substancia y en espíritu toda alegación es-pecífica contenida en una demanda jurada, y no meramente que se niegue su-verdad literal.”

Ahora bien, como la contestación contenía además las de-fensas que conocemos, hizo bien la corte de distrito al negarse a dictar la sentencia solicitada. Berríos v. Garáu, 46 D.P.R. 799, 801.

Para resolver debidamente el tercer señalamiento, o sea, aquél por virtud del cual se sostiene que la corte erró al desestimar la demanda por el fundamento de no haberse hecho partes en el pleito a los herederos de la fallecida esposa del demandado, es necesario comenzar fijando bien la naturaleza de la acción ejercitada en el presente pleito.

Se pide que cierto procedimiento judicial por virtud del cual una finca perteneciente a los demandantes pasó indebida o ilegalmente al poder del demandado, sea declarado nulo y se alega expresamente que como la finca se encuentra actual-mente en poder de tercero se condene al demandado a pagar a los demandantes en concepto de daños y perjuicios el valor de la finca y el de sus productos, a partir del despojo.

Siendo ello así, bien puede sostenerse que es la acción que autoriza el artículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria en los siguientes términos:

“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deu-•■dor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo.”

Y en cierto modo el artículo 38 de la propia Ley Hipote-caria cuando dispone que:

“En todo caso en que la acción resolutoria o rescisoria no se pueda dirigir contra el tercero, conforme a lo dispuesto en este ar-tículo, se podrá ejercitar la personal correspondiente para la indem-nización de daños y perjuicios por el que los hubiere causado.”

¿Contra quién debe ejercitarse? Sin duda alguna contra el causante de los perjuicios reclamados.

Los apelantes sostienen que el causante lo fué únicamente el demandado. Éste, que la sociedad de gananciales a favor de la cual estaba constituida la hipoteca, a nombre de la cual se inició el procedimiento actuando el marido como su admi-nistrador, para la cual se adquirió la finca y a beneficio de la cual se vendió. Y habiendo quedado disuelta dicha sociedad por muerte de la esposa, sigue sosteniendo el marido que la responsabilidad que a ella hubiera correspondido pesa hoy sobre sus herederos en la proporción de sus respectivos haberes hereditarios.

El procedimiento hipotecario se inició por el demandado a su solo nombre, pero a virtud de la prueba practicada se concluye que el crédito garantizado con la hipoteca era un bien ganancial, que la finca adjudicada al marido también lo era y que fué vendida en vida de su esposa.

Si en vida de ésta este mismo pleito hubiese sido iniciado, pudo serlo contra el marido solamente, pero si se le hubiera condenado a pagar alguna indemnización, el pago hubiese corrido a cargo de la sociedad conyugal. Esto es evidente.

¿Qué cambio introduce en esa clara relación jurídica la muerte de uno de los socios?

La sociedad de gananciales está expresamente regulada por la ley. Una de las causas de su disolución lo es la muerte de uno de los cónyuges. Disuelta, debe liquidarse. La ley fija las regias para ello. Se formula el inventario. Pagadas las deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad, se liqui-darán y pagarán el caudal del marido y el de la mujer hasta donde alcance el caudal inventariado. Lo que quede es lo que constituye el haber de la sociedad, haber que se dividirá por mitad entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del otro o entre los herederos de ambos.

Nada dispone expresamente la ley sobre quién debe responder de las ulteriores obligaciones cuyo cumplimiento pueda reclamarse después de la disolución y que no se tuvieron pre-sentes al liquidarla.

En los Comentarios de Manresa sólo hemos encontrado esta manifestación: “Pagado el capital de la mujer y antes de reintegrar el suyo al marido, ordena la ley que se paguen las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad. Estas cargas se especifican en los artículos 1408 al 1411. Claro es que se trata de las que se hallen 'pendientes de cumplimiento al termmar la sociedad de gananciales ” 9 Manresa, Comen-tarios al Código Civil 602, 4a. Éd. Nada dice con respecto a las obligaciones que puedan surgir después.

Como el código dispone que la sociedad de gananciales se regirá por las reglas del contrato de sociedad en todo aquello en que no se oponga a las expresamente fijadas para el mismo, hemos examinado dichas reglas y nada tampoco encontramos expresamente previsto en ellas sobre el particular.

-¿Se extingue la obligación con la sociedad? ¿Son sólo responsables el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido o los herederos de ambos de las obligaciones pen-dientes y de las acciones iniciadas al tiempo de la liquida-ción? Una respuesta afirmativa para todos los casos no estaría a nuestro juicio conforme con el concepto fundamental de la justicia. Creemos que la cuestión debe resolverse apli-cando los preceptos del código sobre la herencia.

Sucesión es la transmisión de los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos, incluyendo no solamente los que existan al tiempo de su muerte si que también los bienes que correspondan a la sucesión después de abierta y las cargas y obligaciones que les fueren inherentes. La herencia com-prende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. Artículos 599, 601 y 608 del Código Civil, Edición de 1930.

Si los hechos ocurrieron vigente la sociedad y si la so-ciedad era la responsable de las consecuencias de los mismos, parece lo lógico que al exigirse la responsabilidad después de disuelta la sociedad, la acción se dirija contra los sucesores de la misma, que lo son en este caso el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido en la proporción de sus respec-tivas acreencias hereditarias.

No nos hemos detenido a considerar si se trata o no de una obligación que se extingue con la muerte porque su sub-sistencia nos parece clara.

Comentando Manresa el artículo 659 del Código Civil, igual al 608 del nuestro, Edición de 1930, dice, en parte, lo que sigue:

“En estas responsabilidades están comprendidas, no sólo las que el causante de la herencia hubiere contraído por convenio, sino tam-bién las que nacen de culpa o negligencia del mismo, siempre que no se extingan por su muerte, pasando al heredero la obligación de satisfacerlas. La acción de despojo, por ejemplo, ejercitada por me-dio del interdicto de recobrar, se da contra los herederos del des-pojante, siempre que no baya prescrito, no sólo para el efecto de la restitución de la cosa, sino también para el pago de costas, daños y perjuicios y devolución de frutos, a que éste debe ser condenado conforme a la ley.” 5 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 301, 4* edición.

Creemos, pues, que estuvo acertada la corte de distrito al considerar que el demandado en este caso no es el solo res-ponsable de la obligación cuyo cumplimiento se exige, siéndolo también sus hijos Jorge, Luis, Pedro, Concepción, Angela, Mercedes, María-Teresa, Edith y Rafaelina Orcasitas y Ubarri.

Ahora bien, la corte de distrito concluyó además en su relación del caso y opinión que “la exclusión como demandada de dicha sucesión constituye un defecto que impediría dictar sentencia contra Pedro Orcasitas Muñoz” y en eso no estamos conformes.

Es cierto que advertida por el demandado, la parte de-mandante pudo pedir que se trajeran al pleito los herederos que faltaban y que aun la misma corte actuando por su propio acuerdo pudo haberlo ordenado en ejercicio de la facultad que le reconoce el artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Civil y debió haberlo hecho si es que entendía que sin ellos no se podía llegar a una completa resolución de la contro-versia. Pero creemos que a pesar de no haberse procedido así pudo el pleito continuar contra el demandado, limitando desde luego su responsabilidad a la que como sucesor de la sociedad de gananciales le corresponde.

El que el demandado se hubiera comprometido en el es-crito inicial del procedimiento hipotecario sumarísimo a in-demnizar a la deudora de cuantos daños y perjuicios pudieran irrogársele por malicia o negligencia en la fiel exposición de los hechos del caso y circunstancias que habría de apreciar la corte para autorizar y continuar el procedimiento, no varía la naturaleza de la responsabilidad. El demandado hablaba al parecer en su propio nombre, pero actuaba de hecho y de derecho como administrador que era de la sociedad de ganan-ciales a quien pertenecía el crédito que se trataba de cobrar.

Sólo resta examinar el cuarto de los errores señalados, o sea, el que se refiere a la desestimación de la demanda por falta de prueba de los perjuicios reclamados.

Dice a tal efecto la corte sentenciadora en su relación del caso y opinión:

“(C). — En cuanto se refiere a la indemnización de daños y per-juicios, en la demanda se alega meramente que en el momento en que la finca fue vendida por adjudicación en pago al ejecutante y abora demandado Pedro Orcasitas Muñoz, dicba finca ‘tenía en su totalidad un valor mínimo de $4,600.00, o sea $200.00 por cuerda; y que en los 12 meses (años) transcurridos desde el 11 de agosto de 1919 al 11 de agosto de 1931, en que los herederos de la cau-sante Ricarda Pereira ban estado privados de la posesión material y usufructo de dicba finca, ban dejado de percibir la suma de $6,000.00, o sea $500.00 por año, importe de los productos de caña y otros frutos que ba rendido dicba finca.’ Por la forma en que se niega este liecbo, párrafo tras párrafo, en la contestación, esti-mamos que ba quedado admitido. Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398. Y los demandantes, fiados en el beeho así alegado, no pre-sentaron evidencia en el momento del juicio. Veve v. Municipio de Fajardo, 43 D.P.R. 845. ¿Pero podría la Corte conceder las in-demnizaciones solicitadas tomando como única base el beebo en esa forma admitido!
“Do que un demandado debe pagar como indemnización por una finca que adquirió ilegalmente y que no puede devolver por hallarse en poder de una tercera persona, no es el valor mínimo que en su totalidad tuviera al tiempo de la venta, siendo esto una conclusión, sino el valor razonable que la misma tenía en el mercado cuando el dueño fué privado de ella; y cuando se reclaman frutos no basta alegar que se rindieron y dejaron de percibir por determinada suma, sino que es necesario alegar, y también probar el valor que tenían dichos frutos en el mercado cuando se produjeron y los gastos he-chos para producirlos, pues de otro modo no existiría base para de-terminar los beneficios. Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 29 D.P.R. 1066.”

Como se ve, la corte decide que la alegación novena de la demanda quedó admitida y que. siendo ello así los deman-dantes no tenían qne presentar evidencia sobre ella, pero examinándola en sí misma conclnye qne no expresa hechos suficientes en qne basar la condena qne se solicita.

A nuestro juicio la alegación es bastante en cnanto al precio de la finca y no lo es en cnanto a la reclamación de frutos.

Lo que debe reintegrarse es el valor razonable del inmueble cuando éste no puede devolverse, pero creemos que las pa-labras “valor mínimo” expresan suficientemente esa idea. Y aunque tal vez el valor fijado es excesivo, como fue aceptado es necesario admitirlo.

En cuanto a los frutos es el producto líquido, el beneficio realmente obtenido a virtud de ellos lo que puede reclamarse y debe reintegrarse, y tal como está la alegación redactada parece que lo que se reclama es el producto bruto. Por lo menos la cuestión es dudosa y en la duda y atendidas todas las circunstancias concurrentes, creemos que debe sostenerse la conclusión de la corte de distrito sobre el particular.

Procediendo el reintegro de algo, surge la necesidad de considerar la cuestión de compensación.

Fue alegada en la forma que conocemos pero el deman-dado no presentó evidencia alguna específica sobre ella. En tal virtud sólo podrá tomarse como base la deuda en sí misma y sus intereses, desde luego que también en la parte corres-pondiente al demandado, o sea en la mitad.

Por virtud, de todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia recurrida dictándose otra ordenando al demandado que pague a los demandantes $2,300, mitad del precio de la finca ejecu-tada, y a los demandantes qne paguen al demandado $200, mitad del crédito garantizado con la hipoteca, con sus inte-reses a partir del 19 de mayo de 1919 hasta la fecha en que el pago se efectúe, ptodiendo el demandado descontar lo que le deben satisfacer los demandantes de lo que debe él satisfa-cerles, entendiéndose cumplida la sentencia media/nte él pago del saldo que resulte. Cada parte deberá pagar sus propias costas atendidas todas las circunstancias que en el caso con-curren.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.

El Juez Asociado Señor Hutchison disiente, por entender que debe condenarse al demandado a pagar a los demandantes el total del precio de la finca ejecutada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    De la Torre & Ramírez, demandantes y apelados, v. Josefa, conocida por Josefina Bengoechea y Macías, demandada y apelante.
    No. 5858.
    Sometido: Abril 20, 1934.

      Resuelto: Diciembre 12, 1934.

      Pellón & Ayuso, abogados de la apelante; De la Torre & Bmnírez, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Fundamentalmente la mayoría de las cuestiones envueltas en este recurso son de Fecho, aunque algunas de ellas se refieren a cuestiones de derecho. El caso fué sometido a este tribunal el 20 de abril de 1933. Debido a casos pendientes que tenían preferencia, se nos hizo imposible resolver un caso de la importancia de éste antes que el tribunal se de-clarara en receso en agosto de 1933. En dicho mes y año la corte mudó sus oficinas del edificio del Convento de Santo Domingo al Capitolio Insular. Cuando en el curso ordinario se hizo un examen de los autos no fué posible hallar en ninguna parte la transcripción de evidencia certificada por el taquígrafo y aprobada por la corte. Al preguntarle a la apelante supimos que la transcripción taquigráfica fué radi-cada ante este tribunal en dos legajos escritos a máquina. Al ser notificada de que la transcripción taquigráfica se había extraviado, la apelante envió al Secretario de este tribunal su propia copia de dicha transcripción, certificada también por el taquígrafo. Puesto que la conclusión a que hemos llegado es confirmar la sentencia, nos hemos aprovechado de esta transcripción certificada y procederemos a discutir el caso tal cual si tuviésemos a la vista los autos correspon-dientes.

Estamos inclinados a convenir con la apelante y con sus admisiones en que la segunda causa de acción establecida por los demandantes fué abandonada. Bajo los señalamientos séptimo y octavo la apelante alega que la corte cometió error al no permitir que se practicara una investigación sobre lo razonable de la cuantía de los honorarios reclamados por los apelados. La primera cansa de acción se basaba en la teoría de nna cuenta liquidada y aceptada, y si los demandantes y apelados estaban en lo cierto no podía surgir cuestión alguna ante la corte inferior o en apelación ante este tribunal res-pecto a lo razonable del valor de los servicios prestados. La única cuestión sería entonces respecto a si bubo o no tal convenio o quizá si el mismo podía existir y sobre otras cuestiones relativas a la admisión o exclusión de prueba. La segunda causa de acción fué abandonada y por ende todas las cuestiones relativas a lo razonable del valor de los ser-vicios prestados desaparecen del caso.

Antes de percatarnos de que la evidencia era necesaria o de que faltaba, habíamos examinado los alegatos presentados por las partes y tuvimos y continuamos teniendo considerables dificultades con el primer señalamiento de error, que lee así:

“La corte inferior cometió notorio, manifiesto y grave error per-judicial a la apelante ’al resolver que la conducta de Antonio B. Maclas como apoderado de la demandada determinaba de por sí la aceptación por ésta de la cuenta que por $39,025.00 pasó la de-mandante a la demandada y la obligación por parte de ésta de pa-gar su saldo de $16,426.50, sin que la corte inferior tomara en con-sideración la ausencia del vínculo jurídico creando tal obligación que no podía ser otra que un documento auténtico suscrito ante no-tario por el apoderado y cuya existencia no fué probada infrin-giéndose de este modo por el tribunal sentenciador el tercer párrafo del inciso sexto del artículo 1247 del Código Civil según fué en-mendado por la Legislatura de Puerto Rico en 7 de marzo de 1912.”

El artículo 1247 dispone:

“Deberán constar en documento público:
“1. Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, trans-misión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes in-muebles.
“2. Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más años, siempre que deban perjudicar a tercero.
“3. Las capitulaciones matrimoniales y la constitución y aumento» de la dote siempre que se intente hacerlas valer contra terceras per-sonas.
“4. La cesión, repudiación y renuncia de los derechos heredi-tarios o de los de la sociedad conyugal.
“5. El poder general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.
“6. La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto con-signado en escritura pública.
“También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea pri-vado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de trescientos dólares.
“En todo caso, los contratos efectuados por intervención de man-datario deberán constar en documento auténtico, concediéndose por el presente artículo a los jueces municipales y de paz, en ausencia de notario, facultad_es para certificar las declaraciones de autenti-cidad de dichos contratos, en la forma determinada por la ley es-tableciendo un registro de affidavits o declaraciones ante notarios y otros funcionarios, aprobada^en 12 de marzo de 1908.
“No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, serán váli-dos los contratos de comercio efectuados por correspondencia, y to-dos aquellos en que la formalidad del documento auténtico pueda constituir una demora perjudicial a la naturaleza y rapidez del trá-fico mercantil.”

Los apelados dicen que este artículo es similar a otras secciones del Código Civil que exigen que las partes otorguen documentos formales. Insisten en que en lo que a las partes en sí se refiere, un contrato es válido cualquiera que sea la forma en que se otorgue, de conformidad con las disposiciones del Código Civil, y que tan sólo cuando alguna cuestión ex-traña a las partes está envuelta, es que surge la necesidad de un documento escrito. Bajo los hechos que tenemos ante nuestra consideración, no hay duda de que la cliente Josefa, conocida por Josefina Bengoechea y Macías, otorgó escri-tura de poder en favor de su hermano Antonio B. Macías, a fin de que éste actuara a nombre de ella en toda clase de negocios o en aquellos asuntos que tuvieran que ver con la Sucesión de Riera. La apelante no pone esto en tela de juicio. Meramente sostiene que el contrato celebrado entre los abogados y el apoderado respecto a una cuenta liquidada debió haberse hecho constar por escrito, a fin de cumplir con las disposiciones del artículo 1247; que cuando se emplean letrados y éstos llegan a un acuerdo con su cliente sobre los honorarios, tal acuerdo participa déla naturaleza, o es espe-cíficamente, un nuevo contrato, y que ellos no pueden fun-darse meramente en la relación de abogado y cliente. Si descansaran tan sólo en la relación existente entre abogado y cliente, ellos tal vez, o probablemente, tendrían que probar un quantum meruit. Cualquiera que sea el peso que pueda tener la contención de los apelados al efecto de que el artículo 1247 se refiere tan sólo a la formalización y no a la existencia ■del contrato, como los términos de dicho artículo están tan fuertemente expresados, como la objeción no fué debidamente suscitada en la corte inferior y como su decisión no es nece-saria para la resolución del caso, prescindiremos de su es-tudio.

Estamos dispuestos a prestar atención, según sostienen los apelados, al hecho de que el suscitar esta cuestión ahora equivaldría a modificar la teoría en la corte sentenciadora. El caso fué a juicio en la corte de distrito y la contención principal allí fué si el Lie. Ramírez había convenido en hacer una rebaja de $15,000 en una cuenta de $39,000 que había sido reducida mediante pagos de unos $10,000 hechos por la apelante y de $12,500 hechos por orden de la corte a cuenta de los menores interesados en el caso. No existe disputa alguna sobre los $12,500. La apelante voluntariamente admite que aún adeudaría a los letrados algo más de $1,000, o sea, $1,400 y que ella está dispuesta a pagarles dicha suma. Por tanto, es evidente que el derecho de los apelados a ba-sarse en su contrato verbal celebrado con Antonio B. Macías nunca fué planteado durante el juicio de este caso.

No tenemos dudas de que la existencia de esta cuenta liquidada no envolvía meramente una cuestión de derecho substantivo sino de prueba. La apelante misma compara el artículo 1247 con el estatuto de fraudes existente en Ingla-terra y los Estados Unidos. Este estatuto de fraudes es notoriamente una cuestión de evidencia. Si en un juicio en los Estados Unidos se presenta prueba de un hecho y la parte contraria no invoca el estatuto de fraudes, la evidencia favo-rece a la parte que la presenta, más o menos en forma similar a lo resuelto en Falero v. Falero, 15 D.P.R. 118, y los casos que le siguen.

Los demandantes tenían un derecho prima facie, en ausen-cia de objeción, a presentar cualquier prueba para demostrar la existencia de una cuenta liquidada entre las partes y al dejar de oponerse la demandada renunció a cualquier derecho que pudiese tener.

También es evidente que todas las partes actuaron en el caso tal cual si la única persona a consultar fuera Antonio B. Macías, cuya autoridad fue reconocida por la demandada y apelante, y a nuestro juicio la apelante estaría impedida de atacar el derecho de su hermano y apoderado a tratar con estos abogados y a llegar a un acuerdo con ellos. En verdad ella admitió en este caso que él tenía derecho a hacer un arreglo sobre los $1,400 restantes.

Gran parte del juicio de este caso giró sobre la cuestión de si el Lie. Ramírez convino en hacer una rebaja de unos $15,000. Su declaración positiva fue que él no había hecho rebaja alguna. Él fue controvertido por Antonio B. Macías, quien declaró que cuando fue a ver a Ramírez sobre los $39,000 éste le dijo: “Esto es una temeridad de Paco,” y según el .testigo se eliminaron los $15,000. En apoyo de las manifestaciones de Macías, la demandada presentó la decla-ración de Cantero, quien tenía relaciones íntimas y de familia con todas las partes. La corte no dió crédito a las manifes-taciones de este testigo y no hallamos lo suficiente en la prueba para decir que la corte estuviese equivocada, no obstante todas las relaciones de familia que el supuesto testigo desinte-resado tenía con las partes, según hábilmente discute la apelante.

Conforme admitió Ramírez en la silla testifical, la cuenta de $39,000 presentada por él a Macía tenía ciertas marcas hechas por Ramírez, quien admitió haber hecho algunas de ellas. Al presentarse la cuenta escrita a la corte, Ramírez admitió que ciertas mareas que ahora figuraban en la cuenta ofrecida eran suyas. Negó que otros números que indicaban una rebaja hubiesen sido escritos por él. Félix Vega Nevárez fue llamado como perito calígrafo para probar que todo el manuscrito que aparecía en el pliego era de la misma persona. La corte no le creyó y una vez más no estamos sufi-cientemente convencidos de que la corte inferior estuviese equivocada. También podrían agregarse algunas de las ra-zones que tuvo la corte inferior, especialmente una al efecto de que parecería imposible que Ramírez, sin el consentimiento de su socio, repentina e instantáneamente redujera una cuenta de $39,000 eliminando de ella $15,000.

Respecto al sexto señalamiento de error no hallamos que la corte inferior descansara solamente en que Antonio B. Hacías dejó de contestar a las varias cartas de los letrados solicitando la liquidación de la cuenta.

Al examinarse el récord se nota otra cosa. Después que la demandada había terminado su caso, los demandantes trataron de poner al Lie. Ramírez en la silla testifical nueva-mente para contradecir lo que Hacías y los otros testigos habían dicho. La apelante se opuso fundada en que no se había sentado base para atacar la veracidad de Hacías en parte; que él ocupó la silla de los testigos y los demandantes habían dejado pasar la oportunidad para sentar los funda-mentos para tal ataque. Como los apelados no han dado énfasis a este punto, y toda vez que ellos no son apelantes, no comentaremos mucho sobre la exclusión por parte de la corte del testimonio ofrecido. No obstante, somos del criterio de que debió permitirse a Ramírez manifestar que los hechos no ocurrieron en la forma expuesta por cualquiera de los testigos que declararon en su contra. Creemos que ella era prueba propia de refutación y por tanto si la corte, sin que Bamírez le hiciera manifestaciones en sentido contrario, no dió crédito a las declaraciones de los testigos presentados en su contra, hay menos razón para considerar que la corte no estuviera en lo cierto.

No creemos qne deben imponerse las costas.

Bajo estas circunstancias, debe modificarse la sentencia en el sentido de excluir las costas, y así modificada confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Alvarez Acevedo, acusado y apelante.
    No. 5553.
    Sometido: Diciembre 12, 1934.

      Resuelto: Diciembre 13, 1934.

      José Yeray, Jr., abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acusación bajo la Ley Nacional de Prohibi-ción, iniciada antes de ser aprobada la enmienda XNI que derogó la enmienda XVIII a la Constitución de los Estados Unidos.

Entre otros errores alegados, el apelante sostiene que la disposición derogatoria de una ley pone fin a todos los pro-cesos iniciados antes de la derogación. El fiscal se aviene a esto y sugiere la revocación. La opinión de la Corte Su-prema de los Estados Unidos en el caso de U. S. v. Chambers, 291 U. S. 217, citado como U. S. v. Gibson, en que se inició un proceso bajo la Ley de Prohibición, resuelve el asunto en controversia. En dicho caso, conforme indica el fiscal, la corte resolvió que la Ley de Prohibición había perdido su eficacia, que la ley del Congreso dependía de la existencia de la enmienda XVIII y que su derogación no dejó nada en qué basar una acusación. Debite fundamentum fallit opus. Éste es uno de los casos raros en que una ley, a manera de en-mienda, tiene efecto retroactivo.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.


text:
    Bartola Collazo, Dolores, Eufemia y Marcolina Herrera, demandantes y apelante la primera, v. Eudosia Mouriño Alvarado y el menor Pedro Juan Herrera y Mouriño, demandados y apelados.
    No. 6769.
    Resuelto: Diciembre 13, 1934.

      Ramón G. Goyco, abogado de la apelante; L. Tomes García, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Hemos desestimado esta apelación porque no siendo nece-saria la transcripción de la prueba para resolver el recurso debió presentarse la transcripción de autos de la apelación dentro de los treinta días siguientes a haber sido interpuesta la apelación, y no se hizo así. Abora se nos pide que recon-sideremos esa resolución.

La transcripción taquigráfica que forma parte de estos autos contiene, además de las pruebas practicadas en el juicio, ciertas actuaciones habidas al principio de él, en las qne las partes hicieron oralmente enmiendas a sns alegaciones, qne fueron admitidas por la corte, entre ellas una fijando cierta fecha importante para la cuestión qne decidió la corte inferior, cuyas enmiendas no aparecen en las copias de la demanda y de la contestación. Por esto y por ser la transcripción taqui-gráfica un solo documento nos parece que en este caso esa transcripción era necesaria para ese particular, por lo que el término para radicar en este tribunal los autos de la apela-ción debió contarse desde la aprobación de la transcripción taquigráfica por la corte inferior. Y aunque la transcripción de los autos fué presentada en este tribunal después de radi-cada la moción para desestimar y antes de la vista de tal moción, siguiendo lo resuelto en el cas'o de Marchan v. Sucn. Eguen Otazabal, 42 D.P.R. 103, dejaremos sin efecto nuestra anterior resolución y señalaremos nuevo día para oír la moción de desestimación.


text:
    The Shell Co. (Porto Rico) Ltd., demandante y apelante, v. María García Buxó Viuda de Patxot y Cristina y Ana Rodríguez, demandadas y apeladas.
    No. 6768.
    Sometido: Diciembre 10, 1934.

      Resuelto: Diciembre 13, 1934.

      Samuel B. Quiñones, abogado de la apelante; González Fagundo <& González, Jr., abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

María García Buxó viuda de Patxot constituyó hipoteca voluntaria a favor de The Shell Co. sobre una finca de su propiedad. Vendida esta finca más tarde a Cristina y Ana Rodríguez, la corporación mencionada reclamó el pago de la suma adeudada por la vía sumarísima del procedimiento ejecutivo hipotecario que dirigió contra la deudora original María García Buxó y las compradoras de la finca hipotecada. Se ordenó por la corte el requerimiento de las demandadas María García Buxó como deudora original y Cristina y Ana Rodríguez García como terceras poseedoras del inmueble hipotecado. El márshal requirió de pago al Sr. Miguel de Celis en su carácter de arrendatario de la finca, por no residir las demandadas en el distrito judicial de Humacao. Siguió su curso el procedimiento y el mismo día que se celebró la subasta del inmueble hipotecado las demandadas Cristina y Ana Rodríguez hicieron saber al márshal, por medio de una moción entregada a dicho funcionario, que en aquella fecha habían “radicado ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao una acción solicitando la nulidad de este ejecutivo hipotecario por los fundamentos consignados en la demanda de dicha acción.” La finca fue adjudicada a la acreedora hipotecaria, quien antes de otorgarse por el már-shal la escritura de venta judicial solicitó del tribunal que se dejasen sin efecto todas las actuaciones judiciales subsiguien-tes a la expedición del auto de requerimiento y solicitando que dicho auto fuese objeto de un nuevo diligenciamiento en la forma requerida por la ley. La corte inferior anuló los procedimientos ajustándose a lo solicitado por la acreedora hipotecaria.

Presentó luego la demandante una segunda demanda den-tro del mismo procedimiento. Se dictó un nuevo auto de requerimiento y al ser requeridas las terceras poseedoras Ana y Cristina Rodríguez, solicitaron de la corte que dejase sin efecto su resolución anulando los procedimientos, por haber sido dictada “sin tener jurisdicción para ello, toda vez que el ejecutivo hipotecario iniciado por la demandante terminó con la subasta celebrada por el márshal en 7 de junio de 1933 y con la adjudicación de la finca hipotecada a la demandante y la corte solamente hubiese tenido jurisdicción para dar posesión material de la finca hipotecada a la demandante pero no para decretar la anulación de todo el procedimiento, ya que con ello se trata de burlar la acción de nulidad estable-cida por vuestras peticionarias contra la aquí demandante bajo el No. 17447 ante esta Hon. Corte.” En este pleito de nulidad se alega que el diligenciamiento del requerimiento de pago es completamente nulo y contrario a las disposiciones de la Ley Hipotecaria y el reglamento para la ejecución de la misma.

La corte inferior resolvió que una vez adjudicado a la demandante el inmueble hipotecado, en pública subasta, cesó su jurisdicción para anular el procedimiento, y, consecuente con su criterio, restituyó las cosas al estado que tenían al terminar la subasta y dejó sin efecto la orden anulando los procedimientos practicados con posterioridad a la expedición de la orden de requerimiento.

No conforme la demandante con esta resolución, apeló de la misma notificando el recurso de apelación al abogado de Ana y Cristina Rodríguez y García, quienes solicitan su des-estimación por no haberse notificado a la deudora original María García Buxó. La demandante se opone a la desesti-mación, alegando que en el procedimiento ejecutivo hipote-cario no se puede hablar de parte contraria, que este proce-dimiento no tiene el carácter de juicio contradictorio, que el deudor hipotecario no es parte en el mismo y que este tribunal lo ha declarado así en el caso de El Banco Territorial y Agrícola v. Cintrón, 7 D.P.R. 198. También arguye la parte apelante que el artículo 129 de la Ley Hipotecaria dispone que cuando la finca pase a un tercer poseedor, se entenderán directamente con éste todas las diligencias judiciales, preve-nidas en el artículo 128 de la misma ley, quedando el poseedor subrogado en la personalidad del deudor.

No deja de ser curiosa la cuestión que aquí se plantea, ya que la apelación debe notificarse a la parte contraria o a su abogado, y que ni la deudora original ni aún las terceras poseedoras podrían considerarse partes contrarias si no re-sultasen afectadas o agraviadas por la revocación o modifi-cación de la sentencia o providencia apelada. Si se examinan los autos en el presente caso, se verá que no hay contienda en cnanto a la alegación de nulidad de las diligencias judi-ciales practicadas después de expedido el primer auto de requerimiento. La discrepancia surge en cuanto al proce-dimiento. La apelante cree que la corte pudo decretar la nulidad dentro del procedimiento ejecutivo y las terceras poseedoras opinan que esta nulidad debe decretarse en el juicio declarativo que han iniciado. Nada tiene que ver la deudora hipotecaria con esos empeños que se encaminan a un solo fin y que han de culminar, si hemos de atenernos a las admisiones que surgen de los autos, en la nulidad de las actuaciones judiciales, cualquiera que sea el procedimiento que en definitiva se adopte. La Sra. María G-arcía Buxó no es una parte agraviada, y por lo tanto no estuvo la apelante obligada a notificarle el recurso de apelación.

Debe declararse sm lugar la moción que solicita la deses-timación de este recurso.


author: El Jdez Pbesidehte Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio H. Morales y Benito Roque, acusados y apelante el primero.
    No. 5408.
    Sometido: Noviembre 22, 1934.

      Resuelto: Diciembre 13, 1934.

      Abelardo Román Font, abogado del apegante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Jdez Pbesidehte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Humacao formuló acusación contra Julio H. Morales y Benito Boque imputándoles la comisión de un delito de adulteración de leche, como sigue:

“El acusado Julio H. Morales, quien es dueño de un puesto dedicado a la venta de leche en la ciudad de Caguas con licencia Núm. 13 espedida por el Departamento de Sanidad, y el acusado Benito Roque, empleado repartidor con licencia No. 10 de dicho puesto de leche, el día 11 de mayo de 1933, en la municipalidad de Caguas, dentro del Distrito Judicial de Humacao, P. R., ilegal, vo-luntaria y maliciosamente tenían para la venta y vendían como pura y para ser destinada al consumo humano, leeh.e de vaca adulterada con agua en un 22%. ”

Boque confesó su delito. Morales negó la acusación y celebrado el juicio la corte lo declaró culpable y le impuso treinta y cinco dólares de multa. No conforme apeló.

En su alegato señala la comisión de cuatro errores que envuelven la misma cuestión, a saber: la errónea declaración de su culpabilidad basada en haberse probado que tenía para la venta y vendía como pura y para el consumo humano leche de vaca adulterada.

Que el acusado Morales era el dueño de un puesto dedi-cado a la venta de leche en Caguas el 11 de mayo de 1933, que el otro acusado Boque era empleado repartidor de la leche de Morales y que en un porrón de Morales se le ocupó en dicha fecha leche de vaca adulterada que “vendía para el consumo público,” son hechos admitidos. Y que en un caso de esta naturaleza pueden ser declarados culpables del delito tanto el dueño del puesto como su agente, es cuestión ya resuelta en sentido afirmativo por este tribunal.

Lo que sólo está en disputa es si bubo o no suficiente prueba de que la lecbe que vendía Roque fuera de Morales y de que en el caso de serlo dicha leche se vendiera como pura y para el consumo humano.

El único testigo presentado por El Pueblo, F. L. Mora, inspector de sanidad, dijo que cuando ocupó la leche a Roque éste le manifestó que no era de Morales, sino suya, y decla-rando Roque como testigo de descargo, confirmó su dicho. Hay además dos testigos presentados por la defensa que declararon haber visto a Roque echándole agua a la leche en el día indicado.

La presunción que surgía del empleo de Roque ¿fue des-truida por la declaración del mismo? ¿Estaba obligada la corte sentenciadora a dar entero crédito a su testimonio?

A nuestro juicio no lo estaba y siendo ello así y no habiéndose demostrado que al no darle crédito actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera un mani-fiesto error, debe concluirse que la presunción no quedó des-truida y que la prueba de que la leche pertenecía a Morales es bastante.

También consideramos suficiente la prueba de que la leche se vendía como pura para el consumo humano.

Sólo pueden dedicarse a la venta de dicho producto alimen-ticio las personas que obtienen la licencia exigida por la ley. Y la obtienen para vender el artículo puro, de tal suerte que si así no lo expenden cometen un acto delictivo previsto y castigado por la propia ley. Cuando el producto se ofrece a la venta en otras condiciones que no sean las de su natural estado de pureza, es necesario que el vendedor así lo especi-fique. El ofrecimiento para la venta y la venta en condi-ciones normales como en este caso, implican el ofrecimiento para la venta o la venta del producto como puro.

Igual puede decirse en cuanto a la venta para el consumo humano. Lo normal es qne la leche se venda para alimento del hombre. Una leche qne se vende para el consumo publico, se vende para el consumo humano. La leche es el alimento por excelencia del ser humano y son los seres humanos los qne constituyen el público consumidor.

En condiciones similares a las de este caso esta propia corte ha estimado la prueba suficiente. El Pueblo v. Nieves, 44 D.P.R. 417; El Pueblo v. Rivera, 43 D.P.R. 922.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.