text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Sergio Plata, acusado y apelante.
    No. 4744.

    Sometido: Abril 29, 1932.

      Resuelto: Mayo 11, 1932.

      El acusado compareció en persona; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinion del tribunal.

Sergio Plata apela de una sentencia que lo condena a diez años de presidio por el delito subsiguiente de escalamiento en primer grado.

Como entendemos que la sentencia debe ser revocada nos limitaremos a consignar solamente los hechos que nos llevan a esa conclusión.

La acusación fué presentada contra Sergio Plata y contra Julio Liceaga. El día que les fué leída la acusación el tribunal nombró a un abogado para que defendiera a los acu-sados y concedió un término para que la contestaran, al ven-cimiento del cual el abogado alegó la inocencia de. sus repre-sentados y solicitó juicio por jurado para ellos. El día que fué señalado para el juicio comparecieron ambos acusados pero no su abogado. Preguntó la corte a las partes si esta-ban preparadas para el juicio y Sergio Plata manifestó no estar preparado para él y solicitó su suspensión porque no había tenido oportunidad de ver la acusación y porque no había sido llevado a la corte para contestarla. El apelante estaba preso. La suspensión del juicio fué negada y enton-ces Julio Liceaga renunció al juicio por jurado e interesó ser juzgado separadamente y a ambas peticiones accedió la corte. Después de esto Sergio Plata alegó no ser culpable del he-cho que se le imputa en la acusación y se comenzó la insacu-lación del jurado que había de juzgarlo. Manifestó la corte al acusado que podía preguntar a los jurados [3ara hacer re-cusaciones motivadas y que tenía derecho a recusar hasta seis de los jurados electos, y habiendo contestado el acusado que se reservaba el derecho de hacer recusaciones porque no había contestado la acusación, la corte preguntó a los jura-dos electos si conocían al acusado, siendo negativa la contes-tación de ellos. No hubo recusaciones y prestado por los ju-rados el juramento requerido por la ley para desempeñar el cargo fue leída la acusación. Alegó entonces el acusado Sergio Plata no ser culpable y pidió juicio por el tribunal de de-recho y que se le nombrase un abogado. La corte negó lo primero pero concedió lo segundo y le nombró un abogado, el que en seguida empezó su trabajo tomando excepción de la resolución que no admitió la renuncia al juicio por jurado. Presentó el fiscal su prueba y cuando se estaba practicando la del acusado éste pidió que se presentase cierto libro de la policía y al manifestarle la corte que debió pedirlo anterior-mente dijo el acusado que se reservaba el derecho de recusar parte del jurado, y habiéndole replicado la corte que lo ha-bía invitado a hacer recusaciones expuso el acusado que la corte no le dió oportunidad de consultar con su abogado y que uno de los jurados fué testigo contra él en un delito de es-calamiento en primer grado como denunciante y dueño de la casa escalada y señaló cuál era. Manifestó entonces uno de los jurados que conocía al acusado, sin decir por qué lo conocía, que su conocimiento no le impedía actuar con im-parcialidad y que no es enemigo de él. Continuó siendo miembro del jurado.

La misión de un abogado nombrado por la corte para defender a un acusado no se limita a contestar la acusación y a decir si el juicio ha de ser por jurado o por tribunal de derecho. Su deber es defenderlo también en el juicio, que es donde se libra la verdadera contienda sobre la culpabili-dad o inocencia de un acusado. T debe también ponerse en comunicación con el acusado para conocer su defensa, si la tiene, y cómo puede ser probada, así como para obtener a tiempo la evidencia.

Habiendo nombrado la corte a un abogado para la defensa del apelante no debió permitir que el juicio comenzara sin abogado. Los resultados de ese error se ban visto eñ este caso pues formó parte del jurado una persona que había denunciado al acusado por otro delito igual al que se iba a juzgar, según manifestó el acusado ante la corte, y de haber estado asistido por un abogado seguramente hubiera sido recusado, por lo menos perentoriamente. Esto constituyó un grave error.

Además, cuando fué nombrado el nuevo abogado para el acusado se le debió dar un tiempo razonable para entrevistarse con su representado y conocer los medios de defensa que pudiera tener, así como las condiciones de los testigos de cargo. No consta que tal cosa se hiciera y se ha dado motivo para que el acusado haya dicho que no se le dió oportunidad de consultar con su abogado.

No comprendemos por qué no se le permitió al acusado renunciar al juicio por jurado para ser sometido su causa al tribunal de derecho. Si fué por temor de que alegase después haber estado expuesto por el mismo delito (former jeopardy), como manifestó el fiscal de este tribunal en la vista ante nosotros, ya ha sido resuelto que tal alegación no es sostenible cuando el jurado ha sido disuelto a moción del acusado y con su consentimiento. 16 O. J. 254, párrafo 409.

Hubo alguna prueba del fiscal tendente a probar la cul-pabilidad del acusado.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ul-teriores no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Arthur W. Kuenzli, demandante y apelante, v. Joseph Symister, Floirán Angleró y María Rodríguez, demandados y apelado el primero.
    No. 5283.

    Sometido: Noviembre 21, 1930.

      Resuelto: Mayo 11, 1932.

      A. Marín Marión, abogado del apelante; Adrián Agosto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En escritura pública de 5 de octubre de 1927 Floirán An-gleró y sn esposa confesaron deber a Joseph Symister $336 y para garantía de su pago le hipotecaron un solar con casa radicado en Cataño. No consta en estos autos que esa hipo-teca fuera inscrita en el registro de la propiedad. Para co-brar esa deuda demandó Symister a sus deudores en una corte municipal y obtuvo como aseguramiento de la senten-cia que se dictase el embargo de dicha finca para responder de la cantidad reclamada, cuyo embargo fue anotado en el registro de la propiedad, siendo vendida después la finca para ejecutar la sentencia, y adjudicada al ejecutante. Des-pués de anotado el embargo en el registro de la propiedad fue constituida otra hipoteca por los Angleró sobre la misma finca por $500 en octubre de 1928 a favor de Arthur W. Kuenzli. Estando ejecutando Kuenzli su hipoteca presentó demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra Symister y los esposos Angleró alegando en su primera causa de ac-ción que el embargo de Symister es nulo por no haber sido notificado a los esposos Angleró y que por eso debe ser can-celado en el registro. En otra causa de acción se alegó que la sentencia dictada a favor de Symister es nula así como la venta y la adjudicación de la finca hecha a su favor.

Resolviendo la corte de distrito el presente pleito de nu-lidad dictó sentencia declarando con lugar la segunda causa de acción y sin lugar la primera, sin especial condena de cos-tas, y Kuenzli apeló esa sentencia en cuanto a la primera causa de acción.

Dice el apelado Symister en su alegato ante nosotros que carecemos de jurisdicción para resolver la presente apelación porque la corte inferior no la tenía para conocer del pleito de Kuenzli ya qtie la cuestión en controversia en él es si es nulo o no el embargo de Symister trabado en su pleito reclamando el pago de $336, pleito cuyo conocimiento corresponde por su cuantía a la corte municipal, y-que la hipoteca de Kuenzli por $500 no es la que está en. discusión y por eso no determina la jurisdicción en este caso.

El apelante no ha tratado esa cuestión de jurisdicción en su alegato escrito ni oral pues no asistió a la vista de esta apelación.

En el pleito de Symister se trataba del cobro de $336 ante una corte municipal pero lo que ahora está en controversia en el que ha promovido Kuenzli es si el embargo anotado én el registro de la propiedad a favor de Symister sobre la finca de los esposos Angleró es nulo o no y por eso es el valor de la cosa y no el de la reclamación que produjo el embargo el que debe regular la jurisdicción en el pleito presente, según lo hemos declarado en el caso de Río v. Vázquez, 17 D.P.R. 672, en el que dijimos que una corte de distrito tiene juris-dicción para conocer de una acción para dejar sin efecto un embargo, cuando resulta que los bienes embargados tienen un valor de más de $500. En este caso aparece de los autos que sobre dicha finca se constituyeron dos hipotecas: una por $336 a favor de Symister y otra a favor de Kuenzli para garantizarle el pago de $500, más sus intereses y $75 para costas y honorarios de abogado, lo que demuestra que su valor es superior a $500, por lo que la corte de distrito tuvo ju-risdicción para conocer de este pleito y consiguientemente la tenemos nosotros para conocer de la apelación en él inter-puesta.

La parte apelante dice en su primer motivo para sostener este recurso que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la primera causa de acción. No expone por qué llega o puede llegarse a esa conclusión, como debió haberlo hecho para que por él pudiera conocerse la naturaleza e importancia del error alegado, pero por su argumentación vemos que se funda únicamente en que el embargo de la finca anotado en el registro de la propiedad no fué notificado a los demandados dueños de ella, como requiere la sección 9 de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias.

Si el embargo de bienes inmuebles que se anotó en el re-gistro a favor de Symister ha de ser notificado a los esposos Angleró, dueños de la finca, es cuestión que a ellos interesa y que pueden renunciar porque la falta de esa notificación no constituiría un defecto jurisdiccional sino una mera irre-gularidad del procedimiento que no puede ser invocada por otras personas. Por este motivo podríamos confirmar la sentencia apelada en cuanto declara sin lugar la primera causa de acción pero no lo haremos porque entendemos que dicha notificación no era necesaria en este caso, como pasa-mos a demostrar.

La Ley de Enjuiciamiento Civil que en materia de aseguramiento de sentencias rigió basta 1902 disponía en su artículo 1409 que si los bienes embargados fuesen inmuebles se limitaría el embargo a librar mandamiento por duplicado al registrador de la propiedad para que extendiese la corres-pondiente anotación preventiva. La sección 9 de la referida ley de 1902 en que se funda el apelante para sostener que el embargo de la finca anotado en el registro es nulo y debe cancelarse por no baber sido notificado a sus dueños los es-posos Angleró dice así:

“El embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectuarán anotándolos en el Registro de la Propiedad y notificándolos al de-mandado, con la prevención de que no podrá enajenar los bienes em-bargados sino en pública subasta, con citación del demandante, que-dando el precio consignado a disposición del tribunal, ni enajenar en ningún caso l'os bienes en que baya recaído la prohibición. La ena-jenación de dichos bienes realizada en contravención a lo dispuesto en este artículo se reputará fraudulenta para todos los efectos civiles y penales, y las personas responsables del fraude serán castigadas además como culpables de desacato (desobediencia).”

En varias decisiones de este .Tribunal Supremo se ba be-cbo referencia a dieba sección en casos en que no estaba plan-teada la cuestión de la nulidad de un embargo de bienes in-muebles anotado en el registro por falta de notificación al dueño deudor sino otras de distinta naturaleza. Así, en el caso Oliver v. Registrador, 22 D.P.R. 708, lo único que se re-solvió es que una finca embargada sin que conste del registro que ba sido prohibida su enajenación sin pública subasta, cuya prohibición especial requiere una notificación especial al dueño de la finca, puede ser enajenada sin subasta pública. En el de Rodrígues v. Corte de Distrito, 31 D.P.R. 694, la cuestión a decidir era si cuando se embargan plantaciones puede el marshal nombrar depositario para ellas y se deci-dió que cuando se trataba de frutos recolectados es proce-dente el nombramiento de un depositario pero que cuando son frutos pendientes se hace necesario constituir una adminis-tración judicial, aunque incidentalmente se dijo que cuando se embargan bienes inmuebles la función del mársbal se li-mita a expedir mandamiento por duplicado al registrador de la propiedad, haciendo la correspondiente notificación al demandado. En el de Cosme v. Santi González, 37 D.P.R. 763, se trataba de si la corte en una acción personal había adquirido jurisdicción sobre la demandada no residente en esta Isla y se declaró que no la había adquirido porque aun-que se había librado por el marshal mandamiento al regis-trador de la propiedad para que anotase el embargo de una finca de la demandada no constaba que el embargo fue ano-tado, aunque también incidentalmente, citando la sección 9 antes mencionada, se dijo que no puede entenderse trabado el embargo hasta que quede anotado en el registro y notifi-cado al demandado. En el caso de Wenonah v. Antonsanti, 40 D.P.R. 263, también se trataba de si la corte había ad-quirido jurisdicción en acción personal sobre el demandado no residente y se dijo que cuando la citación por edictos del demandado se expidió ya el embargo estaba anotado en el registro, anotación que por sí constituye una notificación a todo el mundo, y que faltaba la notificación directa al deman-dado que la ley exige, sin decir cómo, ha de hacerse, pero que fué hecha por carta a la dirección del demandado.

La ley que contiene la sección 9 a que venimos refiriéndo-nos dice en su sección segunda que el aseguramiento de sen-tencia se ajustará a las varias reglas que establece, de las cuales las dos primeras dicen así:

“(a) Si la obligación reclamada fuere de dar cosa determinada poseída por el demandado o por un tercero a su nombre, se prohibirá al demandado, o al tercero, en su caso, la enajenación o gravamen de la cosa reclamada, hasta la resolución del pleito.
“ (b) Si la obligación fuere de pagar una suma de dinero, el ase-guramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas.”

De acuerdo con esa ley, que es la vigente, el asegura-miento de sentencia en el caso de Symister en cobro de dinero sólo podía consistir en el embargo de bienes de sus de-mandados sin prohibición de enajenarlos porque no recia-maba una cosa determinada, por lo que tal prohibición no fue decretada y consiguientemente no aparece en el registro. La notificación al demandado requerida por la sección 9 se re-fiere al caso en que se baya embargado un inmueble y se baya prohibido su enajenación, siendo necesaria la notificación al dueño porque no podrá venderlo sino en pública subasta con citación del demandante y depositando el precio en el tribunal, so pena de que la venta se repute fraudulenta y de que sea castigado por desacato; y no se refiere a un embargo sin esa prohibición porque si ésta no existe el dueño puede vender el inmueble embargado sin perjuicio de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, según dispone el artículo 71 de la Ley Hipotecaria.

Por lo expuesto la notificación requerida por la sección 9 de la ley para asegurar la efectividad de la sentencia no era necesaria en este caso y la sentencia apelada en cuanto no declaró nulo el embargo de la finca debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado. El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no in-tervino.


text:
    Cortés & Segura, Inc., demandante y apelante, v. Fernando J. Cortés, demandado y apelado.
    No. 5411.

    Sometido: Mayo 8, 1931.

      Resuelto: Mayo 13, 1932.

      F. Soto Oras, abogado de la apelante ; Frazer & Castro Fernández, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación demandante apela de resolución que fija el montante que debe pagar por costas.

El abogado de la apelante ataca, como cuestión prelimi-nar y con palabras que no queremos calificar, nuestra deci-sión en el caso de Brac v. Ojeda, 27 D.P.R. 658, que fué ratificado en el de Ramírez v. American Railroad Co. of Porto Rico, 28 D.P.R. 182. Dicho abogado ha hecho el mismo ata-que en otras ocasiones y en el de Fragoso v. Marxuach, 32 D.P.R. 690, en el que prescindiendo nosotros de los casos antes citados tratamos de nuevo la cuestión referente a costas y después de un detenido estudio llegamos a la misma con-clusión que en los dos citados al principio. Con esto pone-mos punto final a ese particular del alegato.

La sentencia que resolvió el pleito entre las partes fué revocada por este tribunal y declaramos sin lugar la de-manda con las costas a la demandante. El fundamento de nuestra sentencia fué que el presidente de la corporación de-mandante no tenía facultades por sí solo para separar al de-mandado de la administración de los bienes de la corporación y para quitárselos, así como que el demandado no tenía in-justamente la posesión de los bienes de la misma. Cortés & Segura, Inc., v. Cortés, 40 D.P.R. 547.

En el memorándum que el demandado presentó para co-brar las costas figuran varias partidas, siendo una de ellas por honorarios del taquígrafo por la transcripción de la evi-dencia y otra por honorarios de abogado en cantidad de $2,500. El total era de $2,713.25. Fué impugnado ese me-morándum por la demandante y la corte inferior lo aprobó por $859.80, habiendo rebajado a $800 los $2,500 que fueron reclamados por honorarios de abogado.

Siete motivos alega la apelante para sostener su recurso, de los cuales el primero y el sexto los argumenta separada-mente y los restantes los trata conjuntamente.

En el primer motivo dice que fué error de la' corte inferior no haber declarado nula por falta de juridicción la condena en costas que contiene nuestra sentencia en ese caso. Nos bastará decir por ahora que el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado en 1906, dis-pone que cuando este tribunal revoque una sentencia deberá dictar la que debió haber pronunciado el tribunal inferior. De acuerdo con ese precepto dictamos la sentencia que debió haber pronunciado el tribunal; resolviendo también la cuestión de costas que estaba ante él. Por consiguiente, este tribunal tuvo jurisdicción para imponer las costas actuando por el tribunal inferior y no impusimos costas originalmente causadas ante nosotros.

En el sexto motivo de la apelación se alega que fué error el aprobar el pago de cierta cantidad por la transcripción taquigráfica de la evidencia para la apelación del demandado.

La partida a que se refiere el señalamiento sé consigna en el memorándum en la siguiente forma: “Honorarios del taquígrafo por transcripción de la evidencia, $195.”

Al resolver sobre ella la corte de distrito se expresó así: honorarios del taquígrafo se cobran conforme a nn arancel y por tanto están incluidos dentro de las costas. Veve v. Municipio de Fajardo, 18 D.P.R. 764. Véase además Gandía vs. Stable, 37 D.P.R. 771. No se ha presentado el recibo del taquígrafo, ni una liquida-ción para determinar si el cobro se ajusta al arancel. N'o consta si la cantidad de $195 fué pagada por una sola copia de la transcrip-ción de los autos o por las tres que la ley señala. Da copia que el demandado presentó en el acto de la vista del memorándum, certi-ficada por el taquígrafo, para que la corte examinara el trabajo, con-tiene 249 páginas. Cada página tiene alrededor de 200 palabras. El arancel es de 10^; por cada 100 palabras. A falta de prueba de que fueron tres las copias suministradas, ya que la corte no lo puede presumir, se reduce la partida a $49.80.”

“La partida de $195, por honorarios del taquígrafo, por la trans-cripción de evidencia, se impugna porque no es recobrable como cos-tas y porque no se acompaña la liquidación del taquígrafo. Los

El apelante insiste en que nada puede percibirse porque la transcripción se obtuvo a los efectos de la apelación y por-que repetidamente se ba resuelto por esta Corte Suprema que en las apelaciones ante nosotros no bay costas. Cita es-pecíficamente el caso de Polanco v. Goffinet, 30 D.P.R. 882.

La Sección 5 de la ley creando las plazas de taquígrafos-reporters de los tribunales de distrito, aprobada el 10 de marzo de 1904, dice, en lo pertinente, así:

“Será deber del taquígrafo, al ser requerido por el Attorney General, el fiscal de distrito, o p'or cualquier persona parte en un pleito en que se hayan tomado notas taquigráficas, proporcionar copia es-crita en máquina de los autos {records), o de cualquier parte de los' mism'os, por la cual tendrá derecho a recibir, además de su sueldo, diez centavos como honorario por cada cien palabras, que habrá de satisfacer la parte que solicite aquélla, cuya suma habrá de cargarse como costas de la causa a la parte vencida en juicio

No aparece de los autos para qué se usó en verdad en concreto la transcripción de las notas taquigráficas en este caso, pero aceptando que lo fuera para la apelación, creemos que la ley tal como está redactada sostiene su inclusión en el memorándum como costas a percibir por la parte victoriosa, especialmente cuando esa resolución está apoyada por las decisiones de esta Corte Suprema que cita el juez sentencia-dor y además por las de López v. The American Railroad Company of Porto Rico, 28 D.P.R. 266 y Finlay v. Fabián, 25 D.P.R. 52.

En el caso de G-offinet, supra, que invoca específicamente el apelante, lo que se decidió fue lo que sigue:

‘1 En el segundo error se sostiene que la corte debió haber incluidoen el memorándum la cantidad pagada al taquígrafo por la prepa-ración del récord para la apelación que se interpuso para ante esta Corte Suprema. En el memorándum no se especificó esa partida. Nada dice la resolución de la corte sobre ella. Ni siquiera se fija su montante. Además, evidentemente se refería a las Costas de la apelación que estaban fuera del alcance de la corte de' distrito y que no fueron ni pudieron ser impuestas.”

Como puede verse, las circunstancias concurrentes eran muy distintas y la atención de la corte estuvo únicamente fija en el Pecho de que el determinar las costas de la apelación estaba, como en verdad está, fuera del alcance de la corte de distrito..

Al tratar la apelante conjuntamente los otros motivos de error dice que pueden reducirse a tres aspectos fundamentales: primero, si la demandante es culpable o temeraria en el sostenimiento de la acción: segundo, el grado en todo caso de esa culpa o temeridad: y tercero, el valor de los servicios profesionales y la parte de ese valor que debe pagar la demandante con vista del grado de su culpa o temeridad.

La condena en costas que impusimos a la demandante al revocar la sentencia que se Pabia dictado por el tribunal inferior contra el demandado demuestra por los Pechos que entonces expusimos que la demandante había procedido te-merariamente al demandar a Fernando J. Cortés y al pri-varle de la administración de los bienes de la sociedad que tenía legítimamente. Nuestra sentencia con la condena en-costas es firme y por tanto no cabe discutir ni resolver ahora si fue erróneo tal pronunciamiento de costas.

Con respecto al segundo aspecto diremos que de acuerdo-con la jurisprudencia establecida por esta corte, por mayo-ría, no hay que fijar en la sentencia el grado de temeridad qne puede apreciarse en ese momento o lnego cnando se ac-túa directamente sobre el memorándum, y al revisar la con-clusión a que llegó la corte de distrito la encontramos ajus-tada a las circunstancias concurrentes satisfaciendo la suma fijada tanto al criterio de los actuales jueces que formaron la mayoría al establecerse la indicada jurisprudencia, como al del juez que suscribe que estuvo con la minoría y que en-tiende que dicha suma constituye el valor razonable de los servicios del abogado en un caso corriente de temeridad.

El tercer aspecto queda resuelto con lo dicho anterior-mente respecto a los otros dos especificados por la apelante; y no alegándose en los motivos de este recurso que la corte inferior cometiera error al valorar en $800 los honorarios del abogado del demandado no podemos declarar que la deman-dante no está obligada a pagar la cantidad fijada por la corte.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Gerardo y Ruperta Flores, demandados y apelados.
    No. 5329.

    Sometido: Diciembre 15, 1931.

      Resuelto: Mayo 13, 1932.

      Rafael Busoaglia, abogado de la apelante; José Soto Rivera, abogado de los apelados.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Santini Fertilizer Co. obtuvo sentencia por un pagaré otorgado por Gerardo Flores y su hermana Euperta Flores, una mujer casada, esposa de José Juliá Marín. Una apela-ción de esta sentencia fue desestimada por frívola en enero de 1930. Santini Fertiliser Co. v. Flores, 40 D.P.R. 407.

El presente recurso se ha entablado contra una orden anulando un embargo trabado sobre ciertos bienes raíces como propiedad de la demandada Euperta Flores. Bajo un seña-lamiento general que ataca la jurisdicción de la corte, la ape-lante sostiene:

Primero, que la demandada Euperta Flores no tenía dere-cho ni capacidad para presentar la reclamación de la socie-dad de gananciales.

Segundo, que un demandado no puede alegar los derechos de una persona ajena al pleito, ni obtener una declaración de tales derechos.

Tercero, que en una moción para dejar sin efecto un embargo, no puede determinarse el título o los derechos de pro-piedad de un extraño al procedimiento.

Cuarto, que una declaración previa en juicio declarativo que determinase el título sobre las fincas era un requisito previo para que pudiera dictarse una resolución sobre una moción para anular el embargo.

Quinto, la demandante ha sido privada por la orden re-currida de sus derechos adquiridos sin el debido proceso de ley.

La argumentación de la apelante es una elaboración de estos cinco puntos. Las únicas autoridades citadas son el artículo 161 del Código Civil y el caso de Olivo v. Arriví, 38 D.P.R. 717.

El caso de Olivo v. Arriví no arroja mucha Inz sobre ninguna de las cuestiones sugeridas.

De la exposición del caso aparece que sólo dos de estas cuestiones fueron suscitadas en la corte inferior y que se presentaron oralmente- Fueron: Primera, si la corte tenía potestad de considerar el derecho de propiedad a los bienes embargados cuando la misma se presentaba en una moción para dejar sin efecto un embargo, sin que se hubiese enta-blado acción ordinaria alguna para dilucidar esa cuestión; y, segunda, si no siendo la esposa la representante legal de la sociedad conyugal- — que era extraña a la acción — tenía capacidad para solicitar la anulación del embargo.

El artículo 161 del Código Civil en que se funda la ape-lante lee como sigue:

“El marido es el representante legal de la sociedad conyugal.
“La mujer puede por sí contratar y comparecer en juicio para lo que se reñera a la defensa de sus derechos o de sus bienes propios, al desempeño de la patria potestad, a la tutela o administración que le confiera la ley y al ejercicio de una profesión, cargo u ocupación.”

El artículo 55 del Código de Enjuiciamiento Civil provee, sin embargo, que:

“Si marido y mujer fuesen demandados juntos, la mujer podrá defender su propio derecho, y si el marido dejare de defenderse ella podrá defender también el derecho de éste.”

Es cierto que en el caso de autos marido y' mujer no fueron demandados juntos. Sin embargo, cuando se embar-garon bienes gananciales como de la propiedad privativa de la esposa, .el marido, o la sociedad conyugal, adquirieron in-terés en ese aspecto del caso, aunque ni la una ni el otro habían sido designados como partes demandadas. Puede ad-mitirse que la mejor práctica hubiera sido que el esposo ins-tase una reclamación sobre el título como representante legal de la sociedad de gananciales. Quizá el juez de distrito debió desestimar la moción presentada por la esposa. No se in-fiere de eso que deba revocarse la resolución.

La contestación se refiere varias veces al nexo existente entre la demandada Buperta Flores y sn abogado José Jnliá Marín, y contiene la siguiente alegación específica:

Alega la demandada que ella es casada y lo ha sido desde el año 1909, con José Julia Marín, y lo era para la fecha en que se alega que ella firmó el supuesto pagaré, careciendo la demandada Ruperta Mores de bienes privativos.
“Que ella firmó el indicado pagaré como fiadora de Gerardo Mores, quiérese decir, sin ser el abono que garantizaba el pagaré para beneficio de la demandada ni la sociedad de gananciales en su ma-trimonio con el referido José Julia Marín.”

En el juicio bubo testimonio en apoyo de esta alegación. El juez de distrito en su relación de hechos y opinión dijo:

“Es clara la responsabilidad de la demandada Ruperta Plores, en esta acción, según resulta de la prueba, y si ella firmó el pagaré ca-reciendo de bienes privativos, no es cuestión que impida el ejercicio de la acción, si bien la sentencia que se dicte no podría obligar a la sociedad de gananciales constituida con su esposo José Julia Marín. Hernández v. El Registrador, 22 D.P.R. 642 Matheu v. Murillo, 25 D.P.R. 329.”

Al resolver la apelación anterior, este tribunal también señaló la probable dificultad envuelta en cualquier tentativa que se hiciera para satisfacer la sentencia con bienes priva-tivos. El juez de distrito, sobre la teoría de que carecía de jurisdicción con motivo de aquella apelación, se había ne-gado a considerar una moción parecida para anular el embargo. La moción que ahora pende ante nos fué radicada algún tiempo después de desestimarse la apelación anterior. Esa moción no llegó como una sorpresa para la demandante. En la corte inferior no hubo indicación alguna de sorpresa. La prueba que estableció el carácter prima' facie ganancial de los bienes embargados no fué contradicha. No se solicitó tiempo para investigar la posibilidad de descubrir otra evi-dencia que pudiera o no tender a debilitar el caso prima facie establecido por la demandada. La demandante tuvo amplia oportunidad para demostrar, si podía, que la propiedad em-bargada era privativa de la esposa.

El marido era el representante legal de la sociedad de gananciales. También era abogado. Como abogado de la demandada Buperta Flores él suscribió tanto la contestación como la moción para dejar sin efecto el embargo. Declaró durante el juicio como testigo de defensa, y más particular-mente como testigo de su esposa y cliente, en apoyo de la alegación que liemos transcrito de la contestación. Al sus-cribir y radicar la moción para anular el embargo, él ratificó y aprobó la actuación de su mujer cuando ésta alegó que los bienes raíces embargádosle como privativos eran gananciales. Al comparecer la esposa por su abogado — también marido suyo — y al contestar y solicitar la nulidad del embargo tra-bado sobre bienes gananciales, el juez de distrito tenía dere-cho a asumir que ella hizo esto con el consentimiento y la aprobación de su esposo.

No podemos convenir con el criterio de que el embargo de bienes gananciales como privativos de la esposa confería a la demandante derechos de los cuales podía despojársele sin el debido proceso de ley, o en alguna otra forma. Las otras cuestiones aducidas por primera vez en apelación son de pro-cedimiento más bien que jurisdiccionales. La contención del apelante al efecto de que el título de bienes embargados puede determinarse solamente en una acción independiente instituida para ese fin, carece de mérito.

Si el esposo, como representante legal de la sociedad de gananciales, hubiese comparecido y alegado que los bienes embargados pertenecían a la sociedad conyugal en la forma prescrita por la ley para la presentación y resolución de tales reclamaciones, difícilmente podría sostenerse que la corte de distrito hubiera carecido de jurisdicción para resolver la cuestión de dominio. El hecho de que la esposa, represen-tada por su abogado que a la vez era esposo suyo, y con su conocimiento, consentimiento y aprobación implícitos presen-tara la misma cuestión en forma de una moción para anular el embargo, no privó a la corte de su facultad para decidir la cuestión, no • obstante lo irregular' del procedimiento adoptado.

Se hizo justicia substancial, sin perjudicar ningún dere-cho substancial de la demandante. Tenemos todo motivo para creer que si la resolución apelada debiera ser revocada y devolverse el caso, el resultado final sería prácticamente el mismo a que ya se llegó en la corte de distrito. El resultado en la corte inferior fuá el acertado. No debe alterarse por fundamentos técnicos sin tomar en consideración los méritos de la cuestión principal resuelta por el juez de distrito.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió. El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    José de Jesús, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Angel R. de Jesús, Juez; Drug Company of Porto Rico, Inc.; Joaquín Beléndez y Banco Popular de Puerto Rico, demandados.
    No. 822.

    Sometido: Abril 7, 1932.

      Resuelto: Mayo 13, 1932.

      Besosa <& Besosa, abogados del peticionario ; Leopoldo Feliú, abogado de la Drug Company of P. R.; Damián Monserrat Jr., abogado del Banco Popular y del Síndico.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada la solicitud en este caso, su lectura produjo la impresión de que se había violentado el procedimiento des-pojándose de sus derechos a un ciudadano de manera drás-tica no autorizada por la ley, y el auto fué expedido. Desen-trañadas las cuestiones envueltas a virtud de los informes y sobre todo de los alegatos presentados por los abogados de las partes, hemos llegado a la conclusión de que de acuerdo con los hechos, la ley y la jurisprudencia, el recurso de cer-tiorari establecido no procede.

Lo que se pretende por el peticionario es que esta Corte Suprema anule una sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan el 10 de marzo de 1932 teniendo por de-sistido a un demandante de cierto pleito en cobro de dinero y una orden de la propia fecha poniendo término a una sin-dicatura decretada en el pleito, y hecho esto que ordene a la corte de distrito que resuelva una solicitud de interven-ción en el litigio presentada por el peticionario. La peti-ción de certiorari se archivó en esta Corte Suprema el 18 de marzo de 1932.

El pleito de que se trata se entabló por el “Banco Popular de Puerto Rico” contra la “Drug Company of Porto Rico” en cobro de $21,000 de principal a que ascienden doce pagarés transcritos en la demanda, con más $137.74 por in-tereses vencidos y no pagados y $2,000 para costas y hono- ■ rarios de abogado.

Presentada la demanda el 2 de enero de 1932, se solicitó el propio día el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse, que fue decretado inmediatamente. El 4 de enero el demandante pidió, en moción razonada, el nom-bramiento de un Síndico, alegando que bacía la petición “por sí y en beneficio de todos aquellos acreedores que deseen in-tervenir en estos procedimientos;” Se allanó la demandada y el 8 de enero la corte bizo el nombramiento. La orden está cuidadosamente redactada y contiene todas las autori-zaciones específicas necesarias, a fin de que el síndico pu-diera “continuar la explotación del negocio que tiene esta-blecido dicba Corporación demandada, para que adminis-tre y rija dicba Corporación y cualquier otra empresa o ne-gocio a que dicba Corporación está dedicada por virtud de arrendamientos, contratos, compromisos o en cualquiera otra forma como basta la feeba bayan sido regidos y administra-dos en beneficio e interés de la citada Drug Co. of Porto Bico.”

Así las cosas, después de baber el Síndico comenzado a actuar, el 16 de enero de 1932 José de Jesús, el peticionario en este recurso de certiorari, solicitó permiso para interve-nir en el pleito, alegando como razones:

“2. — Que el peticionario tiene interés en este litigio, pues tiene un contrato de servicios con la demandada y al mismo tiempo es accio-nista por una cantidad importante, a la vez que acreedor de la misma por motivo de ciertos beneficios pendientes de liquidación.
“3. — Que el peticionario tiene interés en que se cumpla el con-trato de servicios ya mencionado y al mismo tiempo se investigue la real y verdadera situación económica de la demandada, como tam-bién el origen de la reclamación presentada por la demandante, y además que se le liquide y se le pague la cantidad por la cual es acreedor. ’1

Y en su demanda de intervención acompañada, expuso:

“3. — Que con fecha 14 de enero de 1932 el interventor, José de Jesús, recibió una notificación de Joaquín Beléndez, como Síndico nombrado en este caso, avisándole que a partir de dicha fecha se veía en la necesidad de suprimir la plaza que venía ocupando- el in-terventor y al efecto le incluía cheque No. 20 contra el Banco Popular de Puerto Rico a su favor por la suma de $64.40.
“4. — Que de acuerdo con un contrato de servicios, participación e interés en los negocios de la demandada, Drug Co. of Porto Rico, Inc., celebrado con fecha 19 de abril de 1926 debidamente aceptado y ratificado por la Junta de Directores de la demandada, Drug Company of Porto Rico Inc., con fecha 4 de septiembre de 19.29 y por su Junta General de Accionistas celebrada en dicha fecha, el interventor, José de Jesús, ha estado1 prestando servicios desde la primera fecha citada, a la demandada, Drug Company of Porto Rico Ine., por cuyos servicios, de acuerdo con el citado contrato, se le asignó un sueldo de $6,000.00 anuales pagaderos a razón de $115.38 sema-nales y además el 43%% de los beneficios obtenidos por dicha Corpo-ración demandada, y cuyos beneficios el interventor cree ascienden a más de $50,000.00.
“5. — Que el citado contrato de servicios, participación e interés en los negocios de la demandada, Drug Company of Porto Rico Ine. ha estado en vigor desde la fecha ya citada y aun continúa por no haber sido en forma alguna alterado, modificado ni cancelado por las partes, y el interventor, José de Jesús, ha cumplido y está cum-pliendo fielmente todas y cada una de las condiciones del citado con-trato.
“6. — Que el interventor, José de Jesús, ignora el motivo o dere-cho que ha tenido el Sr. Joaquín Beléndez, como Síndico de la de-mandada, Drug Co. of Porto Rico Ine., para violar el citado con-trato de servicios, participación e interés en los negocios de la deman-dada, Drug Co. of Porto Rico Inc., cuyo contrato se alega en el pá-rrafo cuarto de esta demanda, y por el contrario, alega el interventor, que el citado 'Sr. Beléndez, como Síndico, debe, de acuerdo con la orden nombrándole Síndico, acatar y dar fiel cumplimiento al citado contrato.
“7. — Que de acuerdo con los derechos que tiene el interventor contra la Corporación demandada, es acreedor por los beneficios co-rrespondientes a 43%% que haya obtenido la citada Corporación de-mandada durante los años de su existencia, cuya liquidación el in-terventor oportunamente solicitó al finalizar cada año de vida de la citada Corporación demandada, y cuya liquidación o liquidaciones nunca ha recibido.
‘18. — Que además de tener el interventor el citado - contrato de servicios, participación, e interés en los negocios de la demandada, Drug Company of Porto Rico, Inc., es accionista de la misma por la suma importante de $92,800.00 en acciones comunes y preferidas, cuyo capital fué ingresado y empleado en las referidas acciones úni-camente a virtud y en consideración del contrato de servicios, parti-eipación. e interés en los negocios de la demandada, Drug Company of Porto Pico, Inc. ya alegado.
“9. — Que el interventor ignora la autorización que haya tenido el abogado de la demandada, Drug Company of Porto Rico, Ine., Ledo. Leopoldo Feliú, para impartir su consentimiento a la Sindica-tura y nombramiento del Síndico solicitado por el demandante, Banco Popular de Puerto Rico, y sin el propósito de obstaculizar dicha Sin-dicatura, y sí con el objeto de reservar todo y cualquier derecho que al interventor le corresponda o pueda corresponder contra todas o cualquiera de las partes en este litigio por motivo de la citada Sindicatura y el nombramiento del referido Síndico, el interventor respetuosamente solicita se pruebe a esta ITon. Corte y al interventor, la autoridad que ha tenido, o que pueda tener, el citado Ledo. Feliú para dicha actuación.
“10. — Que el interventor, José de Jesús, por motivo del citado contrato de servicios, participación e interés en los negocios de la demandada, Drug Company of Porto Rico, Ine., como accionista y acreedor por una importante cantidad, tiene interés en que la Hon. Corte proteja sus derechos, y al efecto le conceda intervención en el nombramiento de todo y cualquier contable que pudiera ser nom-brado por la Corte, para investigar, con intervención del interventor, amplia y cuidadosamente la contabilidad de la Corporación de-mandada desde su fundación hasta la fecha del nombramiento del Síndico, así como el origen y cuantía de la reclamación presentada por la demandante, Banco Popular de Puerto Rico.”

Suplicando que se dictaran “las correspondientes órde-nes y sentencias”:

“1. — Declarando nula y sin efecto la notificación del Síndico fe-chada 14 de enero de 1932 violando .el citado contrato, y en su lugar ordenando al Síndico dé fiel y exacto cumplimiento al mismo.
“2. — Ordenando al Ledo. Leopoldo Feliú, abogado de la deman-dada, Drug Company of Porto Rico, Inc., para que acredite ante esta ILon. Corte y al interventor, la debida autorización de la deman-dada, Drug Company of Porto Rico, Inc., para impartir su consen-timiento y allanarse a la Sindicatura y al nombramiento del Síndico.
“3. — Dando intervención al interventor, José de Jesús, en el nom-bramiento de contable o contables que puedan ser nombrados para in-vestigar el estado económico de la demandada, Drug Company' of Porto Rico, Ine., y el crédito del demandante, Banco Popular de Puerto Rico, como también dando intervención al interventor en las citadas investigaciones.'
“4. — Ordenando a la Drug Company of Porto Rico, Inc., para que dentro de un término razonable entregue al interventor, José de Jesús, una liquidación de los negocios y beneficios obtenidos año por año, de acuerdo con el citado contrato.
“5. — Que en el caso de que esta Iíon. Corte apruebe la actuación del Síndico dando por terminado y rescindido el contrato de servi-cios, participación e interés en los negocios de la demandada, Drug Company of Porto Rico, Inc., dicte sentencia a favor del interventor, José de Jesús, ordenando a la demandada, Drug Company of Porto Rico, Ine. que devuelva al citado interventor, José de Jesús, la can-tidad invertida por él en las citadas acciones, ascendentes a la suma de $92,800.00, más la suma de $50,000.00, o más, según resulte de la liquidación de año a año de los beneficios durante el tiempo que el citado contrato ba estado en vigor.
“6. — Dictando las demás órdenes que de acuerdo eon la Ley y la Equidad, tenga derecho el interventor, José de Jesús.”

Tanto el demandante como la demandada se opusieron a la intervención solicitada. La corte oyó argumentos, reci-bió briefs y nada consta que decidiera finalmente.

Entre tanto, el síndico continuó en sus gestiones hasta que a petición del Banco demandante, con la conformidad de la demandada, se dictaron la sentencia y la orden a que nos referimos al principio, poniendo término al pleito y a la sindicatura. El síndico presentó su informe el 11 de marzo de 1932 habiendo entregado el día antes los bienes de la demandada a sus representantes.

La moción de desistimiento se basó en haber llegado el demandante a un arreglo con la demandada en cuanto a su reclamación. Uno de sus párrafos dice textualmente:

“Expone además este demandante que tal convenio' o arreglo fué celebrado también por la demandada y otorgado por la misma — con casi la totalidad de la mayoría de sus acreedores, incluyendo' en éstos los bancos acreedores de la demandada y que tal arreglo tiene por propósito la continuación de la explotación del negocio de la deman-dada por esta misma, de manera y por medios que aseguren a éste la refacción económica necesaria para continuar sus negocios sin in-terrupción, incluyendo el tal convenio y plan pactado la inversión preferente de los ingresos de la demandada en el pago de las acreen-cias de todos sus acreedores, con todo lo cual queda asegurada de manera estable la subsistencia de la demandada como negocio vivo y en explotación productiva.”

Los fundamentos que tuvo el peticionario para iniciar este procedimiento de certiorari y para pedir a esta corte que dentro de él decrete las nulidades indicadas, se expresan por él mismo en su solicitud, así:

“1. — Por no baber nunca decidido la petición de intervención de este peticionario.
“2. — Por no baber nunca concedido o negado la intervención a este peticionario antes de terminar la Sindicatura en este caso.
“3. — Por baber terminado la Sindicatura en este caso sin oír ni citar al peticionario sobre este punto y aun estando pendiente de resolverse la petición de intervención antes citada.
“4. — Por baber perjudicado grandemente al peticionario en este easo por no haberse ceñido la Iíon. Corte inferior al procedimiento, a la ley, y a los más básicos principios de la equidad y baber ‘atado las manos’ a este peticionario tácitamente negándose a resolver su petición de intervención y no baber concedido además la intervención a este peticionario, habiéndose cohibido al peticionario por tal Sindi-catura, al derecho que tenía de acuerdo con la ley, de demandar y embargar bienes de la Drug Company of Porto Rico, Inc., en Puerto Rico por estar dichos bienes en custodia l&gis.”

La verdad es que no nos explicamos cómo la corte de distrito dejó de resolver en un sentido o en otro la petición de intervención. Tuvo toda la información necesaria y el tiempo suficiente para dictar la resolución que a su juicio esti-mara procedente. Su falta de decisión para dedicar algunas Loras de esfuerzo mental y de conciencia a dejar solucionado el problema, fia motivado este recurso que representa no Lo-ras sino días de trabajo a los abogados de las partes y a esta misma Corte Suprema. Pero esa falta que advertimos no es bastante por sí sola para justificar abora y dentro de este recurso extraordinario el decreto de nulidad que se so-licita.

En primer lugar, tendría que tratarse de un caso verda-deramente extraordinario para que el recurso de certiorari pudiera tramitarse a gestión de una persona que no es parte en el litigio en que tuvieron lugar los procedimientos que se tratan de corregir, y en segundo lugar no habiéndose admi-tido la intervención del peticionario en el pleito, no tenía que notificársele la petición de desistimiento y podía dictarse la sentencia sin oírlo, ni dársele oportunidad de ser oído.

Es cierto que existen excepciones y que se ha resuelte que no dehe prescindirse de la persona que pide intervenir, eliminándola a virtud de un desistimiento, cuando la demanda de intervención revela un derecho claro a intervenir y a ob-tener un remedio afirmativo, o cuando tal decisión envolve-ría un daño especial inmediato y directo a sus intereses.

¿Está este caso comprendido en las excepciones? Veá-moslo.

El peticionario alegó que era un accionista de la corpo-ración demandada, y “Por regla general”, dice Corpus Ju-ris, “una corporación puede comparecer a defenderse en un litigio solamente en su capacidad corporativa, representada por sus directores debidamente electos. De forma que cuando se instituye un procedimiento contra una corporación, ordinariamente cae dentro de la discreción de la junta directiva el defenderse o no. El hecho de que una persona sea accionista no la faculta, como cuestión de derecho, a asu-mir la defensa de un litigio incoado contra la corporación, o a intervenir en el procedimiento. Solamente en casos ex-cepcionales es que se permite a los accionistas oponerse al litigio en beneficio propio como accionistas. Se permite que un accionista intervenga en un litigio con el objeto de defender a una corporación cuando ha habido tal negligencia o desidia por parte de la corporación o de sus funcionarios en la protección de los intereses de ésta que la corte se da perfecta cuenta de que tal actuación por parte del accionista es necesaria para protegerse a sí mismo; y cuando de con-formidad con los códigos modernos los remedios legales y de equidad están entrelazados, en circunstancias adecuadas, puede comparecer y oponerse al litigio tanto en derecho como en equidad. • De igual modo, cuando los directores faltando a sns deberes dejan de oponerse al litigio o se niegan a ha-cerlo en nombre de la corporación, se permitirá a los accio-nistas qne lo hagan; y cuando nn procedimiento instituido por o contra una corporación es dirigido fraudulentamente, una corte de equidad permitirá que un accionista intervenga para proteger sns derechos y los derechos de otro que estén situados en forma similar. Igualmente cuando una junta directiva solicita el desistimiento de un litigio pendiente ins-tituido a nombre de la corporación por una junta directiva anterior, a los accionistas que constituyen la minoría, a cuya instancia fué incoado el pleito, que deseen proseguir el mismo, deberá permitírseles radicar un escrito complementario ale-gando los hechos, así como proseguir el pleito tal cual si hu-biese sido instituido originalmente por ellos como accionis-tas que demandaban a nombre de la corporación fundados en los derechos de ésta.” 14 C. J. 929, párrafo 1447.

Basta recordar lo alegado en la demanda de intervención para concluir que el caso del peticionario no cae dentro de las excepciones. Las decisiones que cita para sostener lo contrario, las analiza cuidadosamente en su alegato la cor-poración demandada y estamos conformes en que no son enteramente aplicables. No sólo no se alega un caso ver-daderamente extraordinario, sino que no se demuestra que se- cumpliera con las condiciones precedentes que la juris-prudencia y la buena práctica exigen.

Se trataba de una demanda establecida por un banco en cobro de cantidades líquidas constantes en pagarés vencidos y no pagados. Ningún hecho se alega por el interventor del que surja que la reclamación del banco carecía de funda-mento. Ninguno que demuestre la necesidad de la interven-ción del accionista para garantizar los intereses de.la com-pañía.

Cuando la demanda de intervención fué radicada, ya se había nombrado el Síndico y había comenzado a actuar. En-tre las medidas que adoptó figuran la supresión de la plaza que el peticionario desempeñaba percibiendo además de las utilidades a que se refiere en sn demanda, el sueldo de $6,000 anuales, y la terminación de cierto contrato de arrendar miento de una finca urbana cuyo canon anual era el de $5,500. La sindicatura aparentemente no sólo sirvió para impedir que los acreedores de la demandada se lanzaran contra ella embargando sus bienes y llevándola quizá a la quiebra, si que además para que despejada rápidamente la situación, volviera por sí misma a asumir la dirección de' sus negocios con la confianza de sus acreedores.

Lo diclio parece suficiente para demostrar que la de-manda de intervención no presenta un caso extraordinaria-mente fuerte en pro de un accionista interventor. Veamos si lo demuestra en cuanto a la condición de acreedor tam-bién alegada por el peticionario.

Para resolver este aspecto de la cuestión, no debe per-derse de vista que el peticionario no pidió intervenir en la sindicatura sino en el pleito. El peticionario tuvo su camino expedito para reclamar dentro de la sindicatura contra la medida adoptada por el Síndico en cuanto a la supresión de su plaza. Para ello no necesitaba intervenir como parte en el litigio. De suerte que nos encontramos frente a un caso en que quizá pudo permitirse al acreedor la intervención, pero en el que no se demuestra que dicha intervención fuera absolutamente necesaria para defender sus derechos. En los mismos autos podemos ver cómo dentro de la sindica-tura se defendió el arrendador en el contrato a que antes nos referimos terminado por el Síndico.

Empleamos la palabra quisa al decir que pudo permitirse la intervención, porque no hemos dejado de considerar la manera como se alega el contrato en que el peticionario basa su derecho de acreedor. La demandada en su alegato im-pugna hábil y extensamente la alegación y sostiene que es insuficiente. Tampoco hemos dejado de considerar si las medidas que solicita el interventor dentro del pleito justifi-can o no la intervención y podrían o no adoptarse dada la naturaleza del mismo.

Siendo ése¡ el caso, habiéndose recurrido al certiorari des-pués de dictada la sentencia y terminada la sindicatura y de entregados los bienes a la demandada, no nos consideramos sostenidos en ley, ni aunque lo estuviéramos, nos sentiría-mos justificados en el ejercicio de nuestra discreción, para decretar las nulidades solicitadas dentro de este recurso de certiorari, especialmente cuando, como reconoce la deman-dada en su alegato, copiamos de sus propias palabras:

“Por lo que respecta a las pretensiones del peticionario, la ac-ción de la corte claramente no constituye res judicata, y queda él en libertad absoluta para accionar contra lá demandada y contra el demandante, si es que en realidad tiene algún derecho a reclamar algo por cualquier motivo, derecho, si lo tiene, que le quedó más expedito aún al relevar la demandada y demandante al síndico de toda responsabilidad por su administración, si alguna incurrió, en el documento, que obra en autos, sobre entrega por él a la deman-dada del activo de éste.”

Por virtud de todo lo expuesto, debe anudarse el auto ex-pedido y declararse no haber lugar al certiorari, devolvién-dose el récord original del pleito a la corte de distrito de su origen.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Flora Rodríguez, conocida por Clorinda Rodríguez, por sí y como madre de sus hijos menores Aurelia, Juliana, Mariano y Alejandrina Vélez y Rodríguez, demandantes y apelados, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 5213.

    Sometido: Junio 23, 1931.

      Resuelto: Mayo 17, 1932.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; Pascasio Fajardo Mar-tínez, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de daños y perjuicios en el que se dictó sentencia favorable a tres de los cinco demandan-tes, Clorinda Rodríguez y Aurelia y Juliana Velez Rodrí-guez, por la suma de cuatro -mil dólares y las costas. La demanda se desestimó en cuanto a los otros dos demandan-tes Mariano y Alejandrina Vélez por no haberse probado sa-íisfactoriamente su condición de hijos de Carlos Velez, la persona que falleció con motivo del accidente que dió ori-gen a la reclamación.

No conforme con la sentencia, la parte demandada inter-puso el presente recurso de apelación, señalando en su ale-gato la comisión de siete errores, cometidos a su juicio, por la corte sentenciadora, 1, al desestimar su excepción previa de falta de hechos ,• 2, al dictar sentencia contraria a las ale-gaciones y a las pruebas; 3, al fallar que la demandada fué negligente; 4, al dictar una sentencia contraria a la eviden-cia y al derecho; 5, al declarar que el causante de los de-mandantes no fué culpable de negligencia contributoria; 6, al dictar sentencia contraria al peso y preponderancia de la prueba, y 7, al estimar que la prueba demostró la teme-ridad de la demandada al defenderse imponiéndole el pago •de las costas, sin excluir honorarios de abogado.

Como puede verse, la cuestión se reduce al examen de la demanda, para ver si aduce hechos suficientes para determi-nar la acción ejercitada, y al estudio de la prueba, para con-cluir si sostiene o no la sentencia, todo desde luego a la luz de la ley y la jurisprudencia aplicables.

Argumentando la primera cuestión empieza la apelante invocando lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Miranda v. P. R. Railway Light & Power Co., 31 D.P.R. 778, con respecto a que en todo caso que envuelva negligencia procesable, es necesario que concurran tres elementos esenciales, a saber: 1, la existencia de un deber por parte del demandado de proteger al demandante del daño de que se queja; 2, la falta de cumplimiento por parte del demandado de ese deber, y 3, un daño ocasionado al demandante por tal incumplimiento, y sostiene que la demanda es defectuosa porque no revela la existencia de ninguna clase de deber por parte de la demandada para con el causante de los demandantes. Continúa así:

“Los hechos PRIMERO y SeguNdo de la demanda enmendada se re-Reren a la capacidad de las partes. En el hecho Tercero se alega que la demandada fabricó una Estación para tomar y descargar pa-sajeros y carga en la Ciudad de Mayagüez, conectando esta Esta-ción con una calle municipal con un callejón de entrada por el lado norte de dicha Estación, y se alegó en dicho hecho tercero, lo si-guiente :
“ ‘. . . la cual estación está fabricada por la demandada en tal forma que tiene acceso de entrada y salida a la misma por su lado Norte que es la terminación del relacionado callejón que le co-necta con la calle, de McKinley y además con otro callejón o pa-sadizo que queda por el punto Este, o sea, la parte de atrás de la misma. ’
“Los .hechos cuarto, quinto y sexto de la demanda enmendada, copiados a la letra, dicen':'
“ ‘ Cuarto : Que por el indicado callejón o pasadizo de la parte atrás de dicha estación, la demandada por medio de sus empleados, agentes o representantes, voluntaria y nfegligentemente instaló y clavó en la tierra cuatro postes de hierro de una altura como de dos pies y medio cada uno y a una distancia como de dos metros uno de otro, los cuales sostenía y tenía instalados en la fecha del acci-dente que más adelante se relacionará justamente a la terminación de la estación aludida y en terrenos de su pertenencia y por cuyo sitio entraban y salían los viandantes a dicha estación.
“ ‘Quinto: Que Carlos Vélez y Almodóvar, esposo de la de-mandante Clorinda Rodríguez y padre de los otros cuatro deman-dantes que se designan en el título de esta demanda allá en o alre-dedor del día 19 de marzo del corriente año de 1927, siendo entre once y doce de la noche de dicho día, en momentos en • que dicho Carlos Vélez y Almodóvar salía de la nombrada estación por dicho callejón o pasadizo que la demandada voluntariamente sostiene para el tránsio público, sin luz alguna, ni señales de aviso, chocó y se dió, mientras caminaba a pie, con el segundo de dichos postes en los testículos y estómago un fuerte golpe con la parte superior del mismo que le ocasionó que se le brotase una hernia y se mutilara los testículos, como resultado de lo cual, pocos días después dicho Carlos Vélez y Almodóvar, fué necesario someterse como se sometió, en el Hospital Municipal de esta Ciudad, a una operación quirúr-gica de una y otra dolencia, como resultado de todo lo que falleció a los pocos días.
“ ‘Sexto: Alegan los demandantes que por los empleados de la demandada no se mantenía alumbrada dicha salida de la parte de atrás de la estación, ni mantenían en dicho momento del accidente signo o señal de peligro de naturaleza alguna.’
“Al leer las alegaciones de la demanda nos preguntamos &qué relaciones existían entre el causante de los demandantes y la de-mandada? A esta pregunta es forzoso responder que no existía re-lación alguna. La demanda enmendada lo único que dice es que Carlos Vélez causante de los demandantes, entre once y doce de la noche del día 19 de marzo de 1927 salía de la estación, etc., etc. En la demanda no se dice que en aquellos momentos o inmediatamente antes hubiera llegado a dicha estación un tren ni se alega que el Vélez fuera un pasajero ni que fuera un empleado de la demandada, ni que fuera un parroquiano de la demandada. Lo único que se alega es que él salía de la estación. La demanda está huérfana de toda alegación que revele la existencia de un deber por parte de la demandada para con el demandante.
“Es cierto que en el hecho tercero se alega que en el punto Este’ de la estación, 'o sea, en la parte de atrás de la misma, dicha estación tiene conexión con un callejón o pasadizo, pero no se alega que dicho callejón o pasadizo se utilizaba por los pasajeros o por los parro-quianos o personas que tienen negocios o relaciones contractuales con la demandada o que dicho callejón o pasadizo esté abierto para uso’ público o para el uso de los parroquianos de la demandada. El mero hecho de la existencia de un callejón o pasadizo no implica el de-recho para que sea usado por cualquier persona y la circunstancia de que la estación por su parte de atrás tenga acceso a dicho calle-jón o pasadizo no implica el derecho a ser utilizado o usado por cualquier persona, ya que lo único que eso demuestra es que de la estación se puede ir o pasar al dicho callejón o pasadizo.”

Sigue la apelante argumentando extensamente y citando copiosa jurisprudencia en apoyo de sus conclusiones. La parte apelada en su alegato la contesta hábil y extensamente también y con lujo de citas. Es éste un caso en el que los abogados de las partes lian trabajado con gran entusiasmo y persistencia. Su estudio y resolución no resulta fácil, en verdad.

Analizada la demanda por sí sola presenta a nuestro juicio un caso débil en cuanto al deber de la demandada para con el causante de los demandantes, pero no puede soste-nerse que deje en absoluto de presentarlo.

Se alega en ella que la demandada está autorizada para explotar y explota una línea de ferrocarriles en la Isla para la conducción de carga y pasajeros y que en la ciudad de Mayagüez fabricó una estación para tomar y descargar pa-sajeros y carga a alguna distancia de la calle McKinley y la conectó con esa calle por medio de un callejón. Se alega además que por medio de sus empleados clavó postes de hierro por un sitio en que entraban y salían los viandantes a la estación, sitio “que la demandada voluntariamente sos-tiene para el tránsito público”, y eso no obstante lo dejó a obscuras de noche, sin señal de aviso, y que en la noche de autos Carlos Yélez, mientras caminaba a pie -por el sitio in-dicado, chocó con el segundo de dichos postes, y recibió el golpe que le ocasionó la muerte.

Es cierto que la demanda hubiera presentado un caso más fuerte si hubiera alegado que Vélez era un pasajero que se dirigía a la estación para tomar el tren, pero cree-mos que aun como está redactada revela la existencia del deber de la demandada para con el demandante, porque fué la demandada la que voluntariamente abrió el callejón al público y la que clavó los postes que hacían el tránsito pe-ligroso cuando no había luz que permitiera distinguirlos. En tal caso, no-es necesario que exista ley u ordenanza que expresamente imponga el deber de mantener luz encendida durante las horas de la noche; tal deber surge del princi-pio general que regula las relaciones entre los hombres. Si una persona invita a otra a pasar por un sitio, no debe co-locar en aquel sitio algo que pueda injuriar al invitado.

La acción que se ejercita' en este caso se basa en los pre-ceptos generales contenidos en los artículos 1802 y 1803 del Código Civil, Ed. 1930, y en el caso de Marrero v. Am. Railroad Co., 33 D.P.R. 207, se decidió que:

“No es necesario que en la demanda se alegue la ley, reglamento, jurisprudencia o costumbre que imponga el deber del demandado para con el demandante, si de los becbos surge la existencia de tal deber. Tampoco que se expongan los becbos en todos sus detalles. Estos pueden establecerse luego por la prueba.”

Además se lia resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos que:

“Si bien una compañía ferroviaria no está obligada a ejercer el mismo' grado de circunspección bacia meros extraños que se bailan ilegalmente dentro de sus propiedades, que bacia los pasajeros por ella transportados, sin embargo, no está exenta de responsabilidad’ para con tales extraños por las lesiones provenientes de su negligen-cia o de sus actos torticeros. ’ ’ Railroad Company v. Stout, 84 U. S. 657.

T, por último, parece conveniente agregar que la prueba mostró un caso más fuerte que la demanda, pues se aporta-ron declaraciones que se admitieron sin objeción para de-mostrar que Vélez era un pasajero que se encaminaba a la estación para tomar el tren, y esta corte ba dicbo:

“Nosotros mismos hemos sido bastante liberales en considerar de-mandas como enmendadas para ajustarlas a la prueba en ciertas con-diciones y no se nos pasa desapercibido abora el becbo de que:
“ ‘También se ba resuelto que aun cuando una demanda esté sujeta a excepción previa por no alegarse en ella un becbo material que es esencial para que pueda dictarse sentencia favorable, y se de-clara sin lugar una excepción previa, no se revocará una sentencia a favor del demandante en apelación cuando ésta parece ser co-rrecta y el becbo omitido fué la principal cuestión en controversia en el juicio; pero la corte considerará la demanda como enmen-dada para ajustarla a la prueba de ser necesario para sostener la sentencia.’ Nota al caso de Ellinghouse v. Ajax Live Stock Co., L.R.A. 1916 D, pág. 836, en la página 859.” Miranda v. The P. R. Ry. Lt. & P. Co., 31 D.P.R. 778, 782.

Véase también el caso de El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223.

Y esto nos lleva al estudio de los restantes erro'res rela-cionados todos con la prueba.

A virtud de la practicada en el juicio, la corte sentencia-dora declaró probados los siguientes hechos:

“Que la demandada es una entidad de servicio público que se dedica en esta Isla a explotar una línea de ferrocarril para la con-ducción de carga y pasajeros; teniendo instalada una vía férrea que cruza la Ciudad de Mayagüez de Norte a 'Sud y que asimismo la demandada tiene instalada y usufructúa una estación en la Ciudad de Mayagüez que se conoce por ‘Estación Pueblo', la cual ba venido utilizando desde hace años para todas sus actividades y especial-mente para dejar y tomar pasajeros en sus trenes que funcionan regular y diariamente.
1 ‘ Que esa' estación se encuentra fabricada en tal forma que el público en general, ba venido teniendo entrada y salida-a la misma por su parte del frente que da a la vía del ferrocarril y por su parte de atrás, por la cual existe un callejón o pasadizo por el que la de-mandada ha fabricado una acera para dar ingreso y salida al pú-blico en general y que por uno y otro lado las personas que llevan transacciones con la demandada entran y salen a dicha estación.
‘ ‘ Que la demandante Clorinda Rodríguez, conocida por Flora Ro-dríguez era casada con Carlos Yélez Almodóvar y que en ese ma-trimonio procrearon dos bijas llamadas Aurelia y Juliana, conocida esta última por Julia, de apellidos Yélez y Rodríguez, las cuales son menores de edad y se encuentran bajo la patria potestad de su indicada madre.
“Que dicho Carlos Yélez Almodóvar allá por uno de los días del mes de mayo del año de 1929, siendo de noche, en momentos en que transitaba por la parte de atrás de dicha estación a pie y por la acera que la demandada había construido por este lado anexa al dicho edificio para transitar el público en general y en terrenos usu-fructuados por ella, debido a encontrarse- dicho pasadizo y acera sin luz que le alumbrara, ni señal alguna de peligro, chocó dicho Carlos Yélez Almodóvar al apearse de la dicha acera a la terminación de la misma que ocupa toda la extensión de dicha estación con uno de los postes de hierro que se encontraban en ese sitio colocados, y que uno de ellos fué puesto justamente a la terminación de la dicha acera y de una altura como de tres pies y que la demandada por sus em-pleados había colocado en el sitio indicado y el cual poste se en-contraba con relación a otros que impedían el tránsito de toda clase de vehículos por dicho pasadizo, pero no impedían el tránsito de viandantes, los que podían libre y cómodamente transitar por dicho pasadizo; que como c'onsecueneia del choque con el poste en relación, dicbo Carlos Yélez Almodóvar sufrió un fuerte golpe en su estó-mago y testículos con la parte superior del mismo que le ocasionó se le brotase una bernia y se le mutilaran los intestinos, como resul-tado de lo que requirió una opéración quirúrgica que ocasionó su muerte pocos días después.
“Que en la noche y hora del accidente dicho Carlos Vélez y Al-modóvar y algún tiempo antes de pasar el tren por esta Ciudad de Mayagüez hacia San Juan, se dirigía caminando en la forma acos-tumbrada por la acera que la demandada había fabricado en su parte de atrás de la estación y que en esos momentos la demandada negli-gentemente sostenía y tenía sin luz ni signo alguno demostrativo del poste que a su terminación existía, a dicha estación de la demandada con el fin de obtener un ticket de una cama de dicho tren para ir a San Juan en el mismo.
“Que dicho accidente aconteció en terrenos usufructuados y bajo el control de la demandada y que dicho poste que ocasionó el daño en relación y los demás fueron colocados por empleados de la misma y que dicho finado Carlos Yélez Almodóvar al transitar por el in-dicado sitio no era un intruso y sí un invitado implícito de la deman-dada y que entonces y allí iba a la estación a obtener un ticket de una cama para trasladarse a la Ciudad de San Juan y que como tal la demandada estaba y venía obligada a guardar para con él aquel grado de cuidado razonable para evitar perjuicio en su persona y que el accidente en cuestión se debió sólo y exclusivamente a la ne-gligencia de los empleados de la demandada al sostener un sitio por donde el público en general acostumbraba a entrar y salir a la es-tación aludida en horas de noche a oscuras y sin aviso alguno de la existencia de un poste colocado en sitio en que la demandada vo-luntariamente preparó para que el público en general entrara y sa-liera a dicha estación y por el cual lógicamente tenían los empleados de la demandada que presumir que los viandantes estaban factibles a recibir lesiones con dicha obstrucción.
“De la inspección ocular que hizo esta Corte a la estación de la demandada en la cual sucedió el accidente en cuestión pudo compro-bar que por la parte de atrás del edificio existe un callejón o pasa-dizo que es bastante ancho que conecta la calle ‘Boulevard Santiago Veve’ con otra calle conocida por ‘Virginia’; que esta entrada a la estación que conecta una y otra calle es la que fué interrumpida co-locando la demandada los postes en relación y que a juzgar por la apreciación que hizo la Corte de donde los testigos insinuaron es-taban colocados, no podía transitar por dicho sitio vehículo alguno, pues dichos postes lo interrumpían, pero no así para transitar libre-mente personas a pie; que por esa parte de atrás de la estación de la demandada existe la acera en relación la que cuenta como un metro de ancho y que por esta parte hay una puerta que da entrada y salida a la estación y otra más que da entrada y salida a la parte alta del propio edificio y que dicha acera forma parte integrante de la estación y se extiende en toda la longitud de la misma. Así también pudo la Corte apreciar por la prueba practicada y la ins-pección ocular que los postes en cuestión no existen actualmente en el lugar donde fueran colocados, demostración de que fueron arran-cados posteriormente al accidente.
“Que dicho Carlos Yélez Almodóvar con antelación a dicho ac-cidente era persona que gozaba de buena salud y contaba el día del suceso como unos cuarenta y nueve años de edad y que el golpe su-frido y operación quirúrgica que el accidente forzosamente requirió fué la causa próxima y única de su muerte y que si no hubiera acon-tecido dicho accidente hubiera razonablemente vivido varios años más, durante los cuales hubiera podido proporcionar a sus indicados familiares para su subsistencia los correspondientes recursos pecu-niarios y que dichos familiares se ven privados de tales recursos y beneficios.
“Asimismo la Corte entiende probados que si bien es verdad que_ dicho Carlos Vélez Almodóvar sufría de una hernia dicha dolencia no fué la causa próxima y única de su muerte y sí el golpe recibido que n'o sólo le estranguló dicha hernia si que también le damnificó los intestinos.
“La Corte es de opinión que al finado Carlos Vélez y Almodóvar no se le puede atribuir negligencia contribuyente dentro de las cir-cunstancias probadas en este caso, pues siendo ésa una defensa afir-mativa competía a la parte demandada probarla y no habiendo prueba alguna de la demandada tendente a comprobar tal negligen-cia contribuyente puesto que la evidencia de la demandada no im-pugna los hechos esenciales comprobados por la prueba de los de-mandantes, no se puede atribuir negligencia a dicho finado al haber el mismo ejecutado un acto en la forma ordinaria o corriente de las actividades humanas, como lo es, acudir a una estación de servicio público a obtener un pasaje, una cama, encomendar una carga o cualquiera otra transacción de igual índole y naturaleza.
“* *= * =x= * * #
“Es de considerarse que la demanda sostiene que el accidente en cuestión sucedió en momentos en que el indicado Carlos Vélez y Al-modóvar salía de la estación de la demandada y que por la prueba resulta que dicho accidente aconteció al dirigirse dicho Carlos Vélez Almodovar a la estación con objeto de obtener nna cama para tras-ladarse a la ciudad de San Juan, pero considerando que el abogado de los demandantes én el curso de la vista de este caso con el fin de confrontar las alegaciones a la prueba solicitó permiso de esta Corte para que se tuviera por enmendada dicha alegación de la demanda en el sentido que el accidente había sucedido al dirigirse dicho finado a la estación y no al salir de ella, así como solicitó permiso para que los nombres de los demandantes Clorinda Rodríguez y Juliana Vélez y Rodríguez se tuvieran por enmendados por ser conocidas por Flora Rodríguez y Juliana conocida por Julia Vélez y Rodríguez respectivamente y que ésta Corte accedió a lo solicitado, se hace caso omiso de estos extremos.”

Recordamos perfectamente los informes del abogado de la corporación apelante en la vista de la moción sobre deses-timación que se presentara y en la del caso en su fondo, he-mos leído su amplio y laborioso alegato cuidadosamente, hemos estudiado la prueba en todos sus detalles, y si bien tenemos que reconocer que hemos dudado no del alcance, sino de la verdad de lo dicho por algunos testigos sobre ciertos hechos esenciales, no nos sentimos justificados en l'ey, ni en el ejercicio de la discreción que podamos tener en casos de esta naturaleza, para revocar las conclusiones a que llegara el tribunal sentenciador en los hechos probados que dejamos transcritos. No sólo correspondía al tribunal sentenciador apreciar la prueba y fijar su alcance, si que también decidir sobre la credibilidad de los testigos. Y los hechos declara-dos probados revelan que ejercitó en este caso concreto su facultad después de un cuidadoso estudio y de haber prac-ticado una inspección ocular del sitio en que ocurrió el su-ceso. Sería sumamente arriesgado tratar de sustituir nues-tro juicio por el suyo. Quizá con la intención de hacer jus-ticia, revocaríamos un fallo que cumplidamente la otorga.

De seguir al apelante en todas sus argumentaciones, ex-tenderíamos esta opinión, de suyo extensa, extraordinaria-mente — no ha dejado detalle ni aspecto que no invoque y trate — todo ello sin beneficio alguno para la jurisprudencia y para llegar a la misma conclusión que hemos expuesto.

Insiste el apelante en que de todos modos debió haberse fijado la indemnización en una suma menor. En la demanda se reclamaron $13,200. La corte concedió $4,000. Basó su conclusión en la siguiente declaración de hechos probados:

“Asimismo estima la Corte probado que dicbo Carlos Vélez Al-modovar era hortelano, poseía una hortaliza en esta Ciudad y la cul-tivaba personalmente y que le producía alrededor de veinte dollars semanales con cuyos haberes sufragaba los gastos más precisos de la subsistencia de la indicada esposa e hijas y que como conse-cuencia del accidente en cuestión dichos familiares se han visto y se verán imposibilitados de percibir tales haberes durante un tiempo razonable y que considerando la edad de dicho finado, su buen estado de salud, los gastos incurridos en la enfermedad, los sufrimientos morales de los familiares, pérdida de la compañía y demás circuns-tancias del caso, estima esta Corte debe conceder a los demandantes por concepto de daños y perjuicios la suma de ouatbo mil DOLLARS, que es.la cantidad por la cual se ordena se registre una sentencia a favor de los demandantes Clorinda Rodríguez, conocida por Flora Rodríguez y de sus hijas Aurelia y Juliana, conocida esta última por Julia, Vélez y Rodríguez; la primera como esposa de dicho finado y las otras dos como hijas legítimas y contra la demandada ‘The American Railroad Company of Porto Rico’, con costas.”

La fijación de la cuantía de una indemnización es cues-tión de apreciación y la hecha por la corte sentenciadora no debe alterarse, a menos que sea manifiestamente errónea o exagerada. T no puede sostenerse que la sea en este caso.

En cuanto al pronunciamiento de costas, las circunstancias varían. La demandada no' se enteró del accidente en el momento en que ocurriera. Fué demandada y era natural que se defendiera, pues desconocía los hechos y se trataba de un caso al parecer dudoso. Lo hizo con persistencia, firmeza y habilidad, pero no con temeridad, a nuestro juicio. Sus argumentos revelan un convencimiento honrado de que la reclamación, en hechos esenciales, sin la prueba de los cuales no hubiera tal vez prosperado, no es cierta y, bajo esas circunstancias, creemos que si bien debe condenársele al pago de las costas, debe excluirse de ellas el de honorarios de abo-gados, especialmente habiendo en consideración la actitud que hemos asumido en cuanto a la cuantía de la indem-nización.

Modificada así la sentencia, debe confirmarse.

El Juez Asociado Señor C ordo va Dávila no intervino.


text:
    Congress Cigar Company, Inc., demandante y apelada, v. Francisco Otero y María de la Cruz Rosario, demandados y apelantes.
    No. 5110.

    Sometido: Marzo 3, 1931.

    Resuelto: Mayo 19, 1932.

      Luis A. y Miguel A. Carda del Rosario, abogados de los apelantes; M. Garda González, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los dos demandados apelan de una sentencia que declaró eon lugar la demanda y sin lugar la contrademanda por ellos-formulada y los condena a pagar a la demandante el saldo aceptado por los demandados de xm contrato de refacción agrí-cola para una plantación de tabaco.

El primer motivo que se alega para que revoquemos dicha sentencia y para que dictemos otra contraria es error de derecho al aplicar la corté indebidamente la Ley No. 25 de 1925 (pág. 179) relativa a la opinión y. relación del caso, diciéndose qne la corte inferior ignoró los preceptos de dicha ley.

La corte dijo en sn relación del caso y opinión, funda-mento de su sentencia, que la evidencia fué contradictoria pero que la preponderancia de ella estaba a favor de la parte demandante, por lo que a favor de ella resolvía dicho con-flicto; y que como resultado de la evidencia que se presentó declaraba probados satisfactoriamente todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda y declaraba en contrario que no se probaron en manera alguna los hechos de la contra-demanda en la que se alega que la demandante faltó al cum-plimiento de su contrato.

Esa relación y opinión da por probados todos y cada uno de los hechos de la demanda y por no probados los hechos de la contrademanda, lo que equivale a consignar los hechos probados en que funda su relación, resultando así un cum-plimiento substancial de la ley citada, que es lo que hemos requerido en nuestras decisiones en los casos de Román v. Sucn. Domich, 3.8 D.P.R. 410, y la de Montañez v. Sucn. García, 36 D.P.R. 226. En cuanto a la resolución del con-flicto de la evidencia ya hemos visto que la corte inferior dió crédito a la prueba de la demandante y lo negó a la de los demandados; y en el caso de Deliz v. Deliz, 40 D.P.R. 79, con referencia a la ley de 1925 en cuanto requiere que en caso de conflicto de prueba el juez debe expresar las razones que lo inducen a llegar a una conclusión, hemos dicho que cuando aparece que la corte creyó a un grupo de testigos más bien que a otro grupo de testigos, poco más puede exigirse. Tam-bién en él se dijo:

“No creemos que fuera la intención del legislador que el juez ma-nifestara que un testigo no merece crédito debido a sus palabras, su actitud o sus gestos, y dudamos que la Legislatura tenga derecho a exigirle a un juez requisitos tan minuciosos.”

En consecuencia, no existe ese alegado error.

El segundo error es por haber sido declarada sin lugar la contrademanda; y el cuarto, que entendemos está relacionado con el segundo, es por manifiesto error en la apreciación de la prueba.

Los recurrentes no fian alegado error en cuanto a haber declarado probados la corte inferior todos y cada uno de los hechos de la demanda, o sea, en pocas palabras, que la del mandante se comprometió por un contrato de crédito refac-cionario celebrado el 26 de octubre de 1926 a entregar par-cialmente al demandado Francisco Otero, de cuyo contrato se hizo responsable solidariamente la demandada María de la Cruz Rosario, hasta la cantidad de $2,250 con intereses del 8 por ciento anual, para sembrar tabaco en treinta cuerdas de terreno en Corozal; contrato que fué liquidado el 27 de junio de 1927 de acuerdo entre la demandante y los demandados con un saldo a favor de la demandante de $1,775.11; y que tal saldo no ha sido pagado a la demandante desde el 30 de junio de 1927, que es la fecha del vencimiento del contrato.

Según la contrademanda, en la que se reclama indemni-zación por perjuicios, el cosecho de tabaco se perdió por culpa de la demandante por haberse negado a entregar dinero al comenzar la recolección del fruto en abril o mayo de 1927 cuando aun quedaban por entregar $165 del crédito refaccio-nario, por lo que sólo pudo entregar veinticuatro quintales y diez libras de tabaco.

La prueba fue contradictoria y no vemos motivo para ir en contra de la resolución de la corte inferior al resolver ese conflicto pues hubo prueba creída por la corte demostrativa de que la plantación de tabaco resultó muy pobre; que Francisco Otero la abandonó y se vino a San Juan; que una tenaz lluvia que hubo destruyó la plantación, a cuenta de la cual sólo se entregó tabaco con valor de $385.34; que no se en-tregaron los $165 que- faltaban del crédito refaccionario por-que Otero no fue a buscarlos; y que la demandante, aunque el crédito refaccionario se baya agotado, entrega más dinero cuando la plantación es buena.

El otro motivo alegado, el tercero, es que la corte inferior cometió error al declarar con lugar la demanda en cuanto a la demandada María de la Cruz Rosario. Su fundamento es que la falta de cumplimiento de la demandante a su con-trato privó a Francisco Otero de la oportunidad de satisfacer la totalidad del importe del crédito refaccionario y que por eso María de la Cruz Rosario ba quedado libre de su obliga-ción para con la demandante. Hemos visto que no fue por culpa de la demandante que Francisco Otero no pagó total-mente la deuda refaccionaria, y, por tanto, ese error no existe.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Juana Hernández, como madre con patria potestad de su menor hija Carmen Hernández, demandante y apelada, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelante.
    No. 5182.

    Resuelto: Mayo 24, 1932.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abog’ados de la apelante; Juan Lastra, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de junio de 1931 esta corte revocó la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan en una acción de daños y perjuicios y declaró sin lugar la demanda. Se radicó una moción de reconsideración en esta corte, que fue dene-gada. Se apeló de la sentencia de 15 de junio de 1931 para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Cir-cuito.

La demandante lia archivado ahora una moción solicitando que debido a su pobreza se le exima del pago de las costas de los funcionarios de esta corte.

Al entablarse una apelación, el caso se transfiere a la jurisdicción de la Corte de Circuito de Apelaciones, y la apelante no nos convence de que esté dentro de la facultad de esta corte exonerarla del pago de costas. Asumiendo que a esta corte, o a su Juez Presidente, se le haya delegado la facultad de actuar en la misma forma que lo haría la Corte de Circuito de Apelaciones, nada hallamos en la ley ni en el reglamento de dicha Corte de Circuito que nos permita relevar a la apelante del pago de costas.

La ley de 10 de marzo de 1904 autoriza a la corte de distrito para relevar del pago de costas a una persona que sea pobre, mas esa ley no comprende las costas en esta corte, según resolvimos en el caso de Falcó v. Hernández, 21 D.P.R. 446.

Quizá bajo las anteriores asunciones esta corte podría tener discreción para eximir a la demandante, pero ésta no nos ha convencido de ello, ni de que deba ejercerse tal dis-creción.

Por el presente se declara sin lugar la moción.


text:
    Enrique Alvarez Montalvo, peticionario y apelante, v. Corte Municipal de Utuado, Hon. Rafael Marchand, Juez, demandada y apelada.
    No. 5460.-

    Sometido: Marzo 25, 1931.

      Resuelto: Mayo 24, 1932.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Alvarez Montalvo instó ante la Corte Municipal de Utuado un litigio contra Angel G-arcía Pérez. La corte municipal expidió una orden dirigida al márshal para que embargase bienes del demandado. En cumplimiento con la misma el márshal dió ciertos pasos embargando o tratando de embargar un interés ascendente a la mitad de cierto ta-baco. Los resultados del supuesto embargo no fueron lo que esperaba el acreedor, y éste creyó que los procedimientos en la corte municipal y del márshal no habían estado de acuerdo con la ley, y en su consecuencia radicó una petición de cer-tiorari en la Corte de Distrito de Areeibo.

La corte de distrito originalmente libró el auto, pero con posterioridad anuló el mismo y ésta es la apelación de la re-solución anulando el auto. Como no es de todo punto fácil entender los procedimientos en este caso, seguiremos el mé-todo de tratar los lieclios cronológicamente.

El diligenciamiento original del márshal de la orden de embargo lee como sigue:

“Que recibí la presente'orden de embargo a las 2 de la tarde del día 10 de marzo de 1930 y en cumplimiento de la misma procedí el día 14 de marzo de 1930 a embargar y embargué cómo de la propie-dad del demandado y por designación de la parte demandante los siguientes bienes: El importe de la mitad de un tabaco que en me-dianería tiene dicho García Pérez, demandado en este caso, con Dn. Rafael Herrera, ascendente dicha mitad a diecisiete y medio quintal, contándose también como parte de esta mitad doscientas trece libras que dicho Sr. Herrera recibió de García Pérez y guarda en tal con-cepto de medianería; que tanto el demandado en este caso García Pérez, como el Sr. Rafael Herrera fueron debidamente notificados del presente embargo por el márshal que suscribe.”

Entonces aparece en los autos copia de las instrucciones, del abogado del demandante al mársbal. La propiedad a embargarse y la forma de efectuar la traba eran práctica-mente idénticas a las anteriormente descritas en el diligen-ciamiento del mársbal. Posteriormente se registró una re-beldía contra el demandado, así como una sentencia. La corte después ordenó la ejecución de la sentencia, y entonces el abogado del demandante indicó al mársbal que los bienes a ser usados en la ejecución de la sentencia eran los mismos que habían sido embargados para asegurar la efectividad de la misma. Esta orden llevaba fecha 29 de abril de 1930.

En 15 de julio de 1930 el mársbal hizo otro diligencia-miento a la corte en el cual dijo en efecto que cuando re-quirió el pago o cumplimiento a Herrera, éste le informó que el tabaco no babía sido liquidado por los Tabacaleros de TJtuado a quienes babía sido entregado. “Tabacaleros de Utuado” probablemente significa una organización para la venta de tabaco. El mársbal continuó diciendo que había hecho varias súplicas a Herrera de que pagara y que recibió la misma respuesta, o sea que el tabaco no babía sido liqui-dado. El demandante entonces solicitó y obtuvo de la corte municipal una orden perentoria dirigida a Eafael Herrera para que hiciera una liquidación.

En 19 de julio de 1930 compareció un nuevo abogado del demandante en el caso y archivó una petición bastante larga dirigida a la corte, en la cual indicaba que algunos de los pro-cedimientos del márshal no estaban de acuerdo eon la ley y que debía librarse una nueva orden dirigida al márshal para que vendiera el tabaco embargado. En la súplica de esta pe-tición el abogado del demandante hizo la manifestación de que el tabaco embargado fué dejado en poder de Herrera so-lamente como depositario del mismo. El demandante tam-bién insistió en que tenía derecho a vender el tabaco embar-gado. La corte municipal, teniendo ante sí la orden de embargo y el diligenciamiento del márshal, resolvió en 29 de julio de 1930, que no procedía la petición del demandante. Después de esta actuación de la corte aparece un diligencia-miento fechado agosto 4 de 1930 suscrito por Eafael Herrera en que dice que después de hacer los abonos y cargas correspondientes en dicha cuenta, García le adeudaba a él (a Herrera) la suma de $8 y que por tanto no tenía bienes en su poder pertenecientes al demandado.

La Corte de Distrito de' Arecibo, después de hacer un re-sumen de la mayor parte de los hechos que anteceden, ma-nifestó que las cuestiones presentádasle (en la forma ex-puesta por el peticionario) eran que como el márshal había trabado un embargo preventivo sobre el tabaco y había depo-sitado éste en poder de Herrera, la corte no tenía derecho a negarse a obligar al márshal a vender en pública subasta dicho tabaco y con el producido de dicha venta a permitir que el demandante recobrara el importe de su sentencia. La corte decidió, desde luego correctamente, que el márshal nunca logró efectuar un embargo preventivo sino que el embargo se trabó solamente sobre el importe que se alegaba el deman - dado tenía en el tabaco, y que en sn consecuencia no se efec-tuó embargo alguno; y dijo que Rafael Herrera había dis-puesto del tabaco transfiriéndolo a los Tabacaleros de Utuado y que de la liquidación final quedaban en favor (sic) del de-mandado Angel García Pérez solamente $8. La corte expuso los procedimientos mediante los cuales un embargo preventivo y un depósito pueden ser efectuados y resolvió que tales proce-dimientos no habían tenido lugar en este caso y que por tanto el márshal nunca había tomado posesión ni depositado los bienes bajo la custodia de persona alguna designada por él y que en verdad nunca se tomó la iniciativa de nombrar un depositario. La corte entonces cita casos de ésta y otras cortes para demostrar que cuando el funcionario que practica el embargo pierde la posesión de los bienes embargados, el mismo queda disuelto, y la corte repite la contención del juez municipal de que el márshal se limitó a notificar a Herrera el haber practicado el embargo sin haber dado paso alguno tendente a trabar un embargo efectivo, y en realidad la corte indicó que todo lo que el diligenciamiento del márshal revela es que este funcionario embargó el importe del tabaco, mas no el tabaco mismo. La corte entonces citó el caso de Societé Anonyme de Sucreries v. Carrión et al., 34 D.P.R. 622, para demostrar que lo que tuvo lugar no fué un verda-dero embargo. El razonamiento de la corte entonces demues-tra que no podía efectuarse un embargo válido en una parti-cipación de algo a la sazón inexistente, como lo era el precio de un artículo que en la fecha específica del supuesto embargo no se había puesto en el mercado.

Podemos agregar a esto lo que la corte aparentemente pasó por alto, o sea que lo que el márshal hizo en este caso fué 'un cumplimiento exacto de las instrucciones del deman-dante. Difícilmente podría atenderse al demandante al éste quejarse de que el márshal hizo lo que le fué pedido.

Quizá, conforme insiste el apelante, la corte pudo haber estado equivocada al decir que uo había posibilidad de efec-tuar un embargo del importe. No obstante, el apelante no nos convence de que los procedimientos últimos no estuvie-ran de acuerdo con las órdenes del demandante o de que Herrera estuviese equivocado al hacer la liquidación que hizo.

El apelante está simplemente equivocado al decir que los bienes estaban depositados en poder de Herrera. No hay-la más ligera frase en los autos que demuestre que a Herrera se le constituyó depositario por persona alguna.

Tenemos una seria duda respecto a si todo lo que la corte municipal hizo o si todo lo efectuado por el márshal de la misma estaba sujeto a ser revisado por certiorari, pero en uno u otro caso no hallamos error alguno, y la sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.