text:
    Ex parte Héctor Ramos Mimoso, peticionario.

      Resuelto: Junio 24, 1938.

      El peticionario compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicita ser admitido sin examen al ejer-cicio de la abogacía en los tribunales de esta Isla. Alega en su solicitud que obtuvo en 15 de junio de 1938 un diploma de attorney at law que le confirió la Universidad de Puerto Rico, y “que de acuerdo con el párrafo segundo de la sección ter-cera de la Ley número 38 de 1916 (pág. 92), según fue enmen-dada por la Ley número 91 de 1925 (pág. 681), el diploma de abogado expedido al peticionario equivale a todos los efectos legales al de bachiller en leyes librado por la Universidad de Puerto Rico.” De donde concluye por inferencia, pues no lo alega, que no estando obligadas las personas que obtengan el grado de bachiller en leyes a tomar los exámenes de revá-lida que prescribe la ley, tampoco lo están los que obtengan el diploma de abogado (attorney at law) y por consiguiente, tampoco lo está él.

La sección 2 de la ley determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico, tal como quedó enmendada por la número 1, de 21 de marzo de 1933, Leyes de ese año, página 183, dispone en lo que es pertinente para resolver este caso, que:

“Todos los que no hayan sido admitidos anteriormente al ejer-cicio de la abogacía en esta Isla, de conformidad con lo prescrito en la sección 1 de esta Ley, pero que hayan- obtenido un diploma de abogado en cualquier universidad o escuela acreditada, nacional o extranjera, serán admitidos ante las cortes de justicia de Puerto Rico, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos si probaren a satisfacción del examinador que son ciudadanos de Estados Unidos de América:
“2. Sufrir ante la Corte Suprema de Puerto Rico o ante el tribunal de exámenes que, de acuerdo con esta'Ley, ella designe, un exa-men oral general de todas las materias especificadas en la sección 3 de la misma, por el orden en que allí se consignan; Disponiéndose, sin embargo, que las personas que obtengan el grado académico de Bachi-ller en Leyes de la facultad de derecho de la Universidad de Puerto Pico, a partir del curso escolar correspondiente al año 1932-33, éste inclusive, no estarán obligadas a sufrir el examen que prescribe este inciso para ejercer dicha profesión, y tendrán derecho a que el Tribunal Supremo de Puerto Rico les expida la licencia para el ejer-cicio de la abogacía mediante solicitud, previa presentación del título que les haya expedido la Universidad de Puerto Rico, creditivo de haber obtenido el grado académico de Bachiller en Leyes.” (Bastar-dillas nuestras.)

La sección tercera de esa misma ley dice en lo pertinente así:

“Sección 3. — Cualquier persona que no haya sido admitida an-teriormente al ejercicio de la abogacía o con derecho a serlo con pos-terioridad, de acuerdo con lo prescrito en la sección primera de esta Ley, y que no haya obtenido un diploma de abogado según lo que se establece en la sección 2 de esta Ley, podrá obtener dicho diploma en la Universidad de Puerto Rico y ser admitida al examen dispuesto en la referida sección, siempre que hubiere cumplido previamente con los requisitos establecidos por la Junta de -Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, como condición para poder ingresar como estudiante de derecho en el Colegio de Leyes de dicha Universidad, y hubiere aprobado el mismo examen ele todas las asignaturas exigidas por ésta, a sus estudiantes regulares para obtener el diploma ele Bachiller en Leyes; ....
“El diploma de abogado que se expidiere de acuerdo con esta sec-ción, equivaldrá a lodos los efectos legales al de Bachiller en Leyes que expide la Universidad, siempre que el alumno hubiere asistido durante un curso completo a las clases regulares de la Universidad, de seis asignaturas por lo menos, de las comprendidas en el curriculum del Colegio de Leyes; ...” (Bastardillas nuestras.)

El último párrafo de esta sección equipara, en términos generales, el grado de Bachiller en Leyes con el Diploma de Abogado que la Universidad de Puerto Pico confiere respec-tivamente a sus estudiantes regulares y de curso libre. No obstante, el privilegio de no sufrir el examen de reválida pres-crito, que la sección segunda de la ley establece específica-mente a favor de aquellas personas que obtienen el grado aca-démico de Bachiller en Leyes, se lo niega en términos claros y precisos el primer párrafo de la sección tercera, a las que reciben el Diploma de Abogado. Con respecto a éstas, declara el estatuto (véase supra) que podrán “obtener dicho diploma en la Universidad de Puerto Rico y ser admilida(s) al exa-men dispuesto”' en la sección dos. Ante una disposición tan categórica no hay base para inferir del último párrafo de la sección tercera, que el legislador quiso, al igualar en todos sus efectos legales el Diploma de Abogado al de Bachiller en Leyes, dispensar a los que obtienen el primero el privilegio de exención que le otorgó a los que reciben el segundo. [3] En hermenéutica, el género cede ante la especie; lo general ante lo específico. Así, la disposición general y vasta del estatuto, que quebranta lo que específicamente trata y regula otro precepto de ese mismo estatuto, cede y da paso al último, como expresión de la verdadera voluntad e inten-ción del legislador.

‘ ‘ Un análisis magistral de las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos pertinentes al asunto que ahora nos ocupa, podrá en-contrarse en el artículo monográfico sobre ‘Statutes and Statutory Construction’ (Leyes y Hermenéutica Legal), escrito por Chas. C. Moore, a modo de prólogo como introducción general a las Leyes Fe-derales Anotadas. . .

“Y, hablando con referencia al principio según el cual se declara que las disposiciones de carácter especial deben predominar sobre las de carácter general de la misma ley, o de leyes posteriores, el autor dice: ‘Es principio antiguo y familiar,’ dijo el Magistrado Sr. Lamar, ‘el de que, cuando en la misma ley hay una disposición de carácter particular, y otra de carácter general, que en su sentido más amplio abarcaría lo que la primera comprende, debe regir la dis-posición particular, y declararse que la general sólo afecta a aque-llos casos comprendidos en su significación general en cuanto no caen dentro de lo dispuesto en la disposición de carácter particular.’ ” Lichauco & Co. v. Apóstol, Jurisprudencia Filipina, tomo 44, pág. 155.

“. . . Disposiciones especiales sobre determinada materia anterior deberán regir en lo que a dicha materia se refiere sobre cualesquiera disposiciones generales que figuren en otra parte de la ley y que de lo contrario serían suficientemente amplias para incluirlas.” University of Utah v. Richards, 77 Am. St. Rep. 928, 930.

“ ‘Cuando hay dos leyes o disposiciones, de las cuales una es especial y particular e incluye ciertamente la materia en controversia, y la otra tan general que de subsistir sola, incluiría la misma materia, y vendría en conflicto con la ley o disposición especial, debe enten-derse que la especial constituye una excepción a la ley o disposición general, especialmente cuando la ley general y la especial son contem-poráneas, pues no se presume que la Asamblea Legislativa intentó crear un conflicto.’ Black ‘on Interpretation of Laws,’ 116.” Crane v. Reeder, 22 Mich. 322.

“Las disposiciones generales y especiales de un estatuto deben subsistir juntas si es posible, pero cuando frases y expresiones gene-rales en una parte del estatuto son inconsistentes con disposiciones más específicas y particulares contenidas en otra parte, las particu-lares deben regir, a menos que el estatuto en general demuestre cla-ramente una intención contraria, y deben dársele efecto a pesar de que la disposición de carácter general sea lo suficientemente amplia para incluir la materia a que se refiere la especial. 59 C. J. pág. 1000. (Citas de 36 Estados y de la Corte Suprema de Estados Unidos.)

En conclusión, puede afirmarse de lo que precede, que por imperativo precepto de la sección 3 de la Ley núm. 38 de 1916 las personas que reciben de la Universidad de Puerto Rico un Diploma de Abogado, vienen obligadas a tomar el examen de reválida a que se refiere la sección 2 de la misma ley. Asimismo puede afirmarse que el último párrafo de la sección 3, en que el peticionario funda su derecho a ser admitido al ejercicio de la abogacía en esta Isla, por ser un precepto general, no tiene el efecto de anular el más especí-fico contenido en el primer párrafo.

Existe además otra razón que milita contra las pretensiones del peticionario, y es que el privilegio de no sufrir el examen de reválida, contenido en la sección 2, lo concede la ley sola, exclusiva, específica y terminantemente a los que obtuvieren de la Universidad de Puerto Eico el grado académico de Bachiller en Leyes.

“. . . Disponiéndose, sin embargo, que las personas que obtengan el grado académico de Bachiller en Leyes ... no estarán obligadas a sufrir el examen ... y tendrán derecho a que el Tribunal Supremo ... les expida la licencia . . . previa presentación del tí-tulo . . . acreditativo de haber obtenido el grado académico de Ba-chiller en Leyes.”

Para desvanecer cualquier duda posible en cuanto a las personas con derecho al privilegio, después de decir al prin-cipio que lo tendrán las que obtengan el grado académico de Bachiller en Leyes, termina reiterando que el título acredi-tará el grado académico de Bachiller en Leyes.

Ese privilegio constituye una excepción a la regla general, y como privilegio y excepción debe interpretarse restrictiva-mente.

“Es regla establecida de hermenéutica estatutaria que no se in-sertarán excepciones por implicación en los estatutos o meramente porque pueda hallarse una buena razón para agregarlas. Spears v. San Antonio, 110 Tex. 625, 223 S. W. 166; Wallace v. Stephens, 74 Tex. 560, 12 S. W. 283; Laughter v. Seels, 59 Tex. 186.” Bradley v. Gilliam, 260 S. W. 289, 292.

“Cuando el estatuto ha establecido una regla general, con sus excepciones, la corte no reducirá las primeras ni ampliará las últimas por implicación. Las excepciones fortalecen el alcance de una ley general y las enumeraciones la debilitan respecto a las cosas no ex-presadas allí.” Sutherland “on Statutory Construction”, sec. 328, citada con aprobación en Burns v. City of Nashville, 178 S. W. 1053, 1054.

Es en este punto en que se basa la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Ex parte Muñoz Igartúa, 41 D.P.R. 360, donde se resolvió la misma cuestión que abora nos somete el peticionario. Dice así la opinión:

“La regla establecida por la ley antes citada es que todo aspirante debe tomar un examen oral a menos que baya obtenido el grado aca-démico de bachiller en leyes en la Universidad de Puerto Rico. El peticionario no se coloca dentro de la excepción. Si bien quizás el título obtenido por el peticionario envuelve la misma cantidad de. conocimientos poseídos por otros graduados del Colegio de Derecho, sin embargo, suponiendo que tuviéramos facultad para ello, no esta-mos dispuestos a ir más allá de la excepción hecha por la Legis-latura.. ’ ’

Este caso fué confirmado en Ex parte Brunet, 42 D.P.R. 1001.

Por las razones expuestas, entendemos que debe declararse sin lugar la solicitud del peticionario.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Emilio R. Liger, demandante y apelado, v. Tomás Torres y Marcelino Sánchez, demandados y apelante el último.
    Núm. 7747.

    Sometido: Junio 20, 1938.

      Resuelto: Junio 24, 1938.

      M. Guzmán Texidor, abogado del apelante; Sebastián García Díaz y Antonio B. Bar celó Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelado solicita la desestimación del pre-sente recurso y alega que éste es frívolo y ha sido interpuesto con el único fin de dilatar y entorpecer el procedimiento. Los hechos, sucintamente expuestos, son como sigue:

El demandante es dueño de una casa, dedicada a panade-ría, la cual facilitó a la sociedad Díaz & Rodríguez para que la utilizaran mientras hacían reparaciones en su panadería. Dicha firma desocupó el edificio el 21 de junio de 1937 y en-tregó la llave del mismo a su empleado Tomás Torres, con instrucciones de entregarla al demandante. El demandante volvió a tomar posesión de su propiedad, utilizando otra llave que tenía en su poder. Tomás Torres conservó la llave que le entregara Díaz & Rodríguez, y sin tener contrato alguno con el demandante y sin la. autorización o consentimiento de éste, arrendó la finca al demandado apelante Marcelino Sán-chez, quien tomó posesión de la finca y la ocupa aún en contra de la voluntad de su dueño, el demandante.

Entablada demanda de injunction para recobrar la pose-sión, fueron emplazados Tomás Torres y Marcelino Sánchez, compareciendo solamente el último y anotándose la rebeldía del primero. Celebrado el juicio, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia ordenando que el demandante fuera restituido en la posesión de la finca y que el demandado Marcelino Sánchez se abstuviera de perturbar o molestar al de-mandante en la posesión o tenencia del inmueble en cuestión.

Después de un estudio detenido de la exposición del caso radicada por el apelante y del alegato de éste en apoyo de su recurso, convenimos con el apelado en que la frivolidad del recurso y el propósito de su interposición surgen clara-mente de los autos.

La prueba practicada demuestra claramente que el demandante estuvo en posesión de la finca durante el año precedente a la fecha en que se interpuso la demanda. Tomás Torres, al entrar en la finca sin el consentimiento de su dueño era un mero transgresor (trespasser) y como tal no podía transmitir derecho alguno al otro demandado Marcelino Sánchez, el aquí apelante. No erró la corte al dictar la sentencia recurrida. El recurso es evidentemente frívolo. Y habiendo sido interpuesto, a nuestro juicio, temerariamente y con el solo propósito de dilatar la ejecución de la sentencia recurrida, debe declararse con lugar la moción de desestimación y desestimarse el recurso, condenando al apelante al pago de la suma de $100 como honorarios del abogado de la parte apelada.


author: El Juez Asociado Señob, De Jesús

text:
    The Sport Shop, Inc., demandante y apelada, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, y Benigno Fernández García, Procurador General de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7559.

    Sometido: Junio 15, 1938.

      Resuelto: Junio 24, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y F. García Quiñones, Fiscal Especial General, abogados de los apelantes; C. Buiz Na-zario, G. Benitez Gatitier y Jorge Benitez Gautier, abogados de la apelada.

       Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

A requerimiento de parte legítima, el Procurador General de Puerto Pico emitió una opinión interpretando la Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936 (Leyes de ese año, sesión extraor-dinaria, pág. 129) en el sentido de que no podrán venderse armas de fuego a personas que no posean una licencia expe-dida de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 14 de 25 de junio de 1924 (Leyes de ese año, sesión extraordinaria, pág. 115.) Aceptando y acatando la expresada opinión, el demandado Hon. Blanton Winsbip, Gobernador de Puerto Pico, se propone bacer efectiva la ley de 8 de julio de 1936 antes citada, persiguiendo a cualquier vendedor de armas al por menor que venda las mismas a personas que no posean la referida licencia.

La demandante, corporación legalmente dedicada entre otras actividades a la venta de armas al por menor, no estuvo conforme con la interpretación que a la citada ley dió el Procurador General e interpuso ante la Corte de Distrito de San Juan una acción en solicitud de sentencia declaratoria que despeje la incertidumbre con respecto a la correcta inter-pretación de la ley. La acción se estableció contra el Gober-nador de Puerto Rico Hon. Blanton Winsbip y el Procurador General Hon. Benigno Fernández García. No existió contro-versia en cuanto a los becbos alegados en la demanda. La cuestión se redujo, pues, a determinar si un vendedor de armas al por menor legalmente autorizado sólo puede vender a personas que posean licencias para portarlas o si por el contrario no está sujeto a más restricción que la prescrita en el artículo 2 de la Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936 y a los artículos 3, 4 y 5 de la misma ley que regulan el procedi-miento a seguir al hacer tal venta.

Sometida así la controversia a la corte inferior, dictó ésta en 4 de mayo de 1937 una sentencia en que declaró

. . que la interpretación dada por la peticionaria a las referi-das leyes en el sentido de que en sus ventas y entregas de armas de fuego al por menor en el territorio de Puerto Rico sólo está obligada a exigir de las personas que interesen comprarle dichas armas que llenen los requisitos exigidos por y cumplan con las disposiciones de los artículos 2, 3 e incisos 3 y 4 del artículo 5 de dicha Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936, sin que dicha peticionaria esté legalmente obli-gada o tenga derecho a exigir de dichas personas constancia alguna creditiva de que las mismas están autorizadas legalmente para la portación de tales armas.
“Asimismo declara la Corte que los derechos de la peticionaria, como portadora de la referida licencia para la venta al por menor de armas de fuego en el territorio de Puerto Rico, bajo dicha Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936, son los que resultan de las disposiciones expresas de dicha ley, según aquí interpretada y ningún otro.”

Contra esta sentencia se interpuso por los demandados el presente recurso solicitando la revocación de la misma, basán-dose en dos errores que imputa a la corte inferior, a saber:

“La Corte de Distrito cometió error al resolver que The Sport Shop Inc., al vender y entregar armas de fuego al por menor en el territorio de Puerto Rico, sólo está obligada a exigir de las personas que interesan comprarle dichas armas que llenen los requisitos exigi-dos por y cumplan con las disposiciones contenidas en los Arts. 2 y 3 e incisos 3 y 4 del Artículo 5 de dicha Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936, sin que dicha peticionaria esté legalmente obligada o tenga derecho a exigirle a dichas personas constancia alguna credi-tiva de que las mismas estén autorizadas legalmente para la por-tación de tales armas.
“Haber resuelto que los derechos de The Sport Shop Inc., como portadora de una licencia para la venta al por menor de armas de fuego en el territorio de Puerto Rico bajo dicha Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936, son los que resultan de las disposiciones expresas de dicha ley, según aquí interpretada, y ningún otro.”

El artículo 2 de la ley últimamente mencionada dice así:

“Art. 2. Nadie podrá entregar un arma de fuego a persona me-nor de diez y ocho años, ni a persona que haya sido convicta de un delito felony, o que fuere adieto al uso de drogas, beodo consuetudi-nario, o de mente desequilibrada, siempre que la persona que entregue el arma tuviere causa razonable para creer, o supiere, que quien ha de recibirla está incluida en esta prohibición.”

Ningún otro artículo de la Ley núm. 14 de 1936 contiene restricción alguna con respecto a la persona a quien puede venderse un arma de fuego. Insisten, sin embargo, los deman-dados en que el artículo 12 de la ley últimamente citada sos-tiene su proposición y sirve de base a su opinión el hecho de que el artículo 12, supra, prescribe que las disposiciones de la Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936 en nada alteran-o limi-tan las disposiciones contenidas en la número 14 aprobada el 25 de junio de 1924, relativa a la portación de armas. Evi-dentemente los demandados no toman en cuenta la excepción que establece dicho artículo 12 al referirse a la ley de 25 de junio de 1924 al efecto de que todo lo que se refiere a reglamentación de venta de armas de fuego contenido en la ley de 1924 queda derogado por la citada ley de 8 de julio de 1936. Para su mejor comprensión vamos a transcribir el artículo 12 de la ley últimamente citada:

“Art. 12. Las disposiciones de esta Ley en nada alteran o li-mitan las disposiciones contenidas en la Ley núm. 14, aprobada el 25 de junio de 1924, titulada ‘Ley para enmendar la ley titulada “Ley prohibiendo portar armas” ’, en la forma actualmente en vigor, excepto en lo que se refiere a la reglamentación de las ventas de armas de fuego, y las penas que por esta Ley se establecen se impondrán en adición a las determinadas por las infracciones de la referida Ley núm. 14, de 25 de junio de 1924. Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.”

Si bien la ley de 1924 y la de 1936 son leyes in pari mate-ria, el propósito de cada una de ellas es distinto. Mientras la primera regula la portación de toda clase de armas y prescribe el procedimiento para obtener licencia para portar las de fuego, la segunda dicta las reglas convenientes para la compraventa de estas últimas y establece el registro de las mismas. Una y otra discurren por cauces distintos, habién-dose eliminado de la de 1924 el único punto de contacto que pudiera tener con la de 1936, o sea la parte de la primera que se refiere a la reglamentación de las ventas de armas de fuego, materia ésta ampliamente regulada por la ley de 1936.

No debe preocupar a los demandados la posibilidad de que el que compre un arma de fuego sin estar provisto de una licencia pueda hacer mal uso del arma. Como muy acertadamente alega la demandante, tampoco se preocupa el Grobierno cuando para el buen desempeño de sus deberes entrega armas a un policía. El derecho de un ciudadano de portar armas dentro de su hogar en defensa de su persona y de su familia es tan justo y respetable como lo es el de ■cualquier poseedor de una licencia expedida por un tribunal de justicia. Más de una vez los tenedores de licencia han hecho mal uso de su arma y ello no indica que deba prohibirse la expedición de tales licencias. La mala conducta de uno o más ciudadanos no debe privar de los beneficios de una ley a toda una comunidad.

Tampoco' debe ser motivo de preocupación el hecho de que el comprador de un arma la porte sin licencia mientras se dirige desde el establecimiento del vendedor hacia su propio hogar. La intención es un elementó esencial en el delito de portar armas y ninguna infracción comete el comprador que del establecimiento del vendedor conduce el arma a su propio hogar o a la finca de su propiedad con la intención de guardarla allí.

No existiendo, como no existe, precepto legal alguno que exija que el comprador de armas de fuego necesariamente deba poseer una licencia para portarlas, es perfectamente legal para todo vendedor de armas al por menor legalmente, autorizado, venderlas sin más restricción que la que aparece en el artículo 2 de la ley últimamente citada, que indica las personas que no pueden comprarlas, y en los artículos 3 y 5 (incisos 3 y 4), que establecen el procedimiento para la venta.

La corte inferior no cometió ninguno de los errores que le imputan los apelantes. Su sentencia está ajustada a la ley. Procede, por consiguiente, su confirmación.

El Juez Presidente Señor Del Toro está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Alfonso León Jiménez y Rosa Albandoz, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. A. R. de Jesús, Juez, demandada.
    Núm. 1130.

    Resuelto: Julio 5, 1938.

      Miguel A. Muñoz, abogado de los peticionarios; L. Ríos Algarín, abo-gado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El peticionario solicita de este tribunal reconsidere su sen-tencia de marzo 29, 1938, y como motivos de su reconsidera-ción alega substancialmente lo siguiente;

(1) Que la Ley de Ventas Condicionales es una que fija específicamente el procedimiento a seguir para obtener la reposesión de un bien mueble vendido de conformidad con la misma.

(2) Que la Ley para asegurar la efectividad de senten-cias también provee algo para casos de esta naturaleza, pero que esa disposición no fue seguida en este caso, y en su con-secuencia, que la corte se excedió en sus facultades.

(3) Que la Ley de Ventas Condicionales es una ley especial, aplicable tan sólo a casos especiales, que abarca un pro-cedimiento enteramente distinto al de cualquiera otra ley y que por tanto un estatuto de aplicación general que esté en conflicto con dicta ley especial, no puede ser de aplicación.

Al discutir los motivos de su reconsideración, el peticiona-rio alega: (1) que se trata de una acción en cobro de dinero; (2) que la reclamación hecha por la demandante en este caso es la reposesión o el logro de la posesión del bien mueble; (3) que bajo estas circunstancias la obligación del compra-dor condicional es entregar determinado objeto o cosa poseído por él a'la demandante y que en su consecuencia el inciso (a), si acaso, de la sección 2 de‘la Ley para asegurar la efec-tividad de sentencias es la única parte de dicha ley que puede ser aplicable a la ameritada reclamación y que el referido artículo no otorga a la corte el derecho a ordenar un embargo provisional, sino tan sólo la facultad de prohibir al deman-dado que enajene o grave el objeto o cosa; que la corte se excedió en sus facultades, toda vez que privó al demandado de la posesión de la cosa sin haberle- oído primeramente, mien-tras que de acuerdo con la Ley de Ventas Condicionales él tenía derecho a retener la posesión de dicha cosa hasta que la corte resolviera sobre los derechos de las partes.

El peticionario está enteramente en lo cierto en sus pro-posiciones primera y segunda, y también en la tercera, excepto en tanto en cuanto hace constar que la corte se excedió en sus facultades al tomar posesión de la cosa, que es la cues-tión envuelta en este procedimiento. Aunque es cierto que en este caso la obligación de la parte demandada era entregar cierto objeto a la demandante, y aunque también es cierto que bajo las circunstancias expuestas por el interventor, esta cuestión caería bajo el inciso (a) del artículo 2 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, no creemos que la corte se excedió en sus facultades, puesto que dicho inciso (a) dis-pone: “. . . se prohibirá al demandado, o al tercero, en su caso, la enajenación o gravamen de la cosa reclamada. . (Estatutos Revisados de 1911, pág. 884.) La sección 10 de dicha ley, que habla sobre la prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos, dice lo siguiente: (Id., pág. 885.)

.“La prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos se practicarán depositando los tienes de que se irate en po-der del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la respon-sabilidad del demandante. .

El primer motivo de la moción de reconsideración presen-tada por el peticionario, o sea que la Ley de Ventas Condi-cionales (Núm. 61 de 1916 pág. 126, según fue enmendada por la núm. 40 de 1925 (pág. 247) ) específicamente fija el procedimiento a seguir para obtener la reposesión de un bien mueble vendido en venta condicional y que por tanto la Ley para asegurar la efectividad de sentencias no es aplicable a este caso, fue discutido ampliamente en la opinión original, y el peticionario, a nuestro juicio, no suscita cuestión.nueva alguna que requiera ulterior consideración.

Ya hemos discutido el segundo fundamento de la moción de reconsideración del peticionario, es decir, que la Ley para asegurar la efectividad de la sentencia no incluye un embargo como el trabado en este caso.

El tercer motivo de la moción para reconsiderar del peti-cionario ha sido ya resuelto en nuestra opinión original, en la siguiente forma:

“Por tanto, aunque el vendedor pueda estar limitado al procedi-miento fijado en la ley de ventas condicionales, al obtener la repo-sesión del vehículo, esto no significa que él no pueda embargar dicho automóvil para asegurar la efectividad de la orden de reposesión.”

No ha lugar a la reconsideración.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    En el Asunto de la White Star Bus Line, Inc. contra varios porteadores públicos de vehículos de motor con capacidad autorizada no mayor de siete pasajeros. Jaime Ortiz, Alejandro Salgado y Juan González y otros, etc., apelantes. En el Asunto de la White Star Bus Line, Inc., etc., Juan González, Alejandro Salgado y Jaime Ortiz, peticionarios y apelantes, v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, etc.; White Star Bus Line, Inc., interventora; M. Romany, Juez de Distrito de San Juan y Enrique de Orbeta, Jefe de la Policía Insular, demandados.

      Núms. 7770 y 19.

    Sometidos: Junio 6, 1938.

      Resueltos: Julio 5, 1938.

      Juan Válldejuli, abogado de los apelantes; Celestino Iriarbe, F. Fer-nández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la White Star Bus Line, Inc., interventora; T. Torres Pérez, abogado de la Co-misión de Servicio Público, demandada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos una moción para desestimar el recurso por frívolo y una petición de los apelantes solicitando un injunction en ayuda de la jurisdicción de este Tribunal.

El artículo 38 de la Carta Orgánica de Puerto Rico, según fué enmendado, dispone:

“Toda franquicia, derecho, privilegio y concesión de carácter pú-blico o cuasi público, será otorgada por una Comisión de Servicio Público compuesta de un Comisionado de Servicio Público, que será Presidente de dicha Comisión, y dos comisionados asociados nombra-dos por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. El Comisionado de Servicio Público será nombrado por un período de tres años y hasta que sea nombrado su sucesor y hubiera éste to-mado posesión de su cargo; y uno de dichos comisionados asociados, primeramente nombrados, desempeñará el cargo por un término de dos años y uno por el término de un año, y después cada uno de dichos comisionados asociados desempeñará el cargo por un período de tres años y hasta que su sucesor haya sido nombrado y hubiera tomado posesión de su cargo; Disponiéndose, que los actuales comi-sionados electivos de la mencionada Comisión continuarán en sus cargos hasta el vencimiento de sus términos, tal como se dispone ac-tualmente por la ley, y junto con los tres miembros nombrados por el Gobernador formarán la Comisión, según queda dicho, hasta la terminación del período de sus servicios, y no después. El sueldo del Comisionado será $6,000 por año. Éste dedicará todo su tiempo a sus deberes como tal Comisionado. La compensación de los miem-bros asociados, tanto los elegidos como los de nombramiento, será 10 dólares por cada día de asistencia a las sesiones de la Comisión; pero en ningún caso recibirán más de $1,000 durante ningún año. Dicha Comisión queda facultada para desempeñar, y se le ordena que des-empeñe, todas las funciones ejecutivas relacionadas con las corpora-ciones de servicio público que hasta ahora se han conferido por la ley al Consejo Ejecutivo, y aquellos deberes y funciones adicionales que se confieran a dicha Comisión por la Asamblea Legislativa. Nin-guna franquicia, derecho y privilegio que otorgare la mencionada Comisión tendrá efecto hasta que haya sido aprobado por el Gober-nador y se hubiese informado al Congreso, el cual por la presente se reserva la facultad de anularlos o modificarlos.
“No serán aplicables a Puerto Rico la Ley sobre comercio inter-estadual y las varias enmiendas hechas o que se hagan a ella; las leyes sobre aparatos de seguridad y las diferentes enmiendas hechas o que se hagan a las mismas; ni la Ley del Congreso titulada ‘Ley para enmendar una Ley titulada “Ley para regular el comercio”, aprobada en febrero 4 de 1887, y todas las leyes que la enmiendan en el sentido de proveer para una valuación de las diferentes clases de bienes de los porteadores sujetos a dicha Ley, y para obtener in-formes concernientes a sus acciones, bonos y otros valores,’ aprobada el l de marzo de 1913.
“La Asamblea Legislativa de Puerto Rico queda autorizada por la presente para decretar leyes relativas a la reglamentación de los precios, tarifas y servicios de todos los porteadores públicos en Puerto Rico, y la Comisión de Servicio Público creada por esta Ley tendrá facultad para poner en ejecución las leyes de ese carácter mediante reglamentación adecuada. ’ ’

De conformidad con esta disposición, y quizá independien-temente, la Legislatura aprobó la Ley núm. 70 de 1917 (Leyes de 1917 (2), pág. 433), que fue posteriormente enmendada, aunque la mayoría de las enmiendas no tienen relación alguna con este caso. A virtud de estas disposiciones legales, la Comisión de Servicio Público dictó en enero 4, 1938, la siguiente resolución:

“Se ordena, además, y por la presente queda prohibido, a todo vehículo de motor que no hubiere sido previamente autorizado por esta Comisión, que actúe, sirva, funcione u opere como porteador público en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofre-ciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general, entre los municipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de San Juan o Río Piedras, o entre puntos intermedios. El hecho de que un vehículo de motor actúe como porteador público, trans-portando pasajeros por asiento, de un sitio a otro, entre los muni-cipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de San Juan o Río Piedras, o entre puntos intermedios, constituirá prueba prima facie de una violación de las disposiciones de esta orden. ’ ’

Con anterioridad a esto la Comisión de Servicio Público babía expedido una franquicia a la White Star Bus Line y modificado la misma en marzo 4, 1932. Los apelantes en este caso, es claro, nunca obtuvieron de la Comisión de Servicio Público ninguna clase de certificado o autoridad y en 21 de enero de 1938 apelaron de la antedicha resolución para ante la Corte de Distrito de San Juan, de conformidad con la sec-ción 78 de la referida ley de 1917.

La sección 80 de la ley de 1917, según fué enmendada por la Ley núm. 21 de 1935 (Leyes de ese año (1), pág. 181) dispone:

“Ninguna apelación ele ninguna orden de la Comisión en ningún caso surtirá el efecto de una suspensión (supersedeas) de la orden apelada, a menos que la predicha corte correspondiente en virtud de una orden interloeutoria diera efecto suspensivo a dicha apelación, mediante la prestación de la fianza correspondiente y previa vista a ese efecto; Y disponiéndose, sin embargo, que en aquellos casos en que la apelación sea entablada contra una orden de la Comisión, estableciendo, fijando, cambiando o alterando precios, tarifas o car-gos por cualquier servicio público, la apelación no suspenderá los efectos de la orden de la Comisión como siopersedeas a menos que la compañía de servicio público afectada pruebe ante la Corte, previa la celebración de la vista correspondiente con la comparecencia de la Comisión, que la orden de ésta es confiseatoria y que sus efectos privarían a tal compañía de servicio público de su propiedad sin el debido proceso de ley; y si estos hechos se establecieren ante dicha corte, ésta podrá dictar una orden que será fundamentada con con-clusiones de hecho y de derecho suspendiendo los efectos de la orden de la Comisión; pero previamente requerirá a la compañía de ser-vicio público para 'que preste una fianza a favor de El Pueblo de Puerto Rico, para beneficio de todas las partes perjudicadas por la falta de cumplimiento de la orden apelada durante el período de dicha suspensión y por la suma y en las condiciones que la corte dis-ponga; será condición de dicba fianza el que ésta será para reembol-sar a todas las partes perjudicadas por la suspensión de la ejecución de la orden de la comisión, en cualquier cantidad que hubiere sido cobrada por la compañía de servicio público durante el período de suspensión en exceso de lo que la Comisión de Servicio Público hu-biere dispuesto, en el caso de que la orden de la Comisión fuere final-mente confirmada; T disponiéndose, además, que para los fines de esta suspensión (supersedeas) la prueba que se someta a la consi-deración de la corte será la que aparezca del récord como presentada y sometida a la consideración de la Comisión de Servicio Público; y no se admitirá ninguna otra prueba que no hubiere sido previa-mente sometida a dicha Comisión.”

En armonía con esta última sección, luego de radicarse nna petición y de celebrarse una vista, la Corte de Distrito de San Juan, por voz del Juez Llauger, libró una orden suspen-diendo la dictada por la Comisión de Servicio Público y señaló una fianza de $3,000 a favor de El Pueblo de Puerto Rico. Es conveniente decir que las personas que apelaron de la resolución de la Comisión de Servicio Público tan sólo fueron tres. Necesariamente, sin embargo, cuanto se baga por ellas resulta en favor de aquéllos que trabajan en la forma en que lo hacen los apelantes, o sea, alquilando sus vehículos por asiento a las personas que pagan la tarifa de cinco centavos que se les cobra.

La apelación en sus méritos fue oída ante el Juez Romany, quien, en una opinión elaborada y cuidadosamente conside-rada, sostuvo la orden de la Comisión. En apelación los apelantes han radicado una petición solicitando de este tribunal que expida una orden en ayuda de su jurisdicción, ale-gando que varios porteadores de la misma naturaleza que los apelantes estaban siendo arrestados y procesados en las cor-tes de Puerto Rico. La interventora, "White Star Bus Line, radicó una moción para que se desestime la apelación por frí-vola, y, en armonía con ella, se opuso a la expedición del injunction en ayuda Re la jurisdicción de este tribunal.

Uno de los primeros puntos suscitados por la interventora es que la resolución de la Comisión de Servicio Pú-blico, en sn esencia, tan sólo exige que los vehículos similares a los usados por los apelantes, o más bien sus dueños, obten-. gan un certificado o autorización de la Comisión de Servicio Público. Es cierto, conforme dice la interventora, que los apelantes no sólo no obtuvieron un certificado de la Comisión de Servicio Público, sino que en ninguna parte de los pro-cedimientos alegaron o trataron de demostrar que dicho cer-tificado o autorización no podía ser obtenido. Creemos que la interventora está equivocada. El fin primordial de esta resolución fué impedir que personas como los apelantes usa-ran las carreteras y caminos entre San Juan y Eío Piedras para explotar su negocio. Es un hecho importante que la White Star Bus Line comparezca en el caso y que en esen-cia defienda su franquicia, fortificada por otras resoluciones de la Comisión de Servicio Público. Podríamos tomar cono-cimiento público, o casi conocimiento público, de que la Comi-sión de Servicio Público no otorgará a los apelantes un dere-cho, a excepción quizá bajo condiciones que ellos u otros no podrían cumplir. El principio enunciado por el Juez Presi-dente Marshall entra a desempeñar un papel, o sea, que no es tal vez lo que se ha hecho efectivamente bajo una resolu-ción o situación, sino lo que puede ser hecho. Sin embargo, no consideramos que el móvil de la orden de la Comisión desempeñe un papel muy importante en la resolución de este caso.

En el artículo 2 de la Ley de Servicio Público (Ley núm. 70 de 1917, supra) aparece la definición de compañías de servicio priblico, como sigue:

“Artículo 2. — Son compañías de servicio público, a los efectos de esta Ley, las personas naturales o jurídicas que se dediquen en Puerto Rico a cualesquiera de los ñnes o- negocios siguientes:
“(a) Transporte de personas o carga utilizando en todo o .en parte las vías marítimas, fluviales o terrestres.
(h) Cualesquiera otras que se dediquen a negocios o fines de naturaleza análoga a los enumerados anteriormente.
“Dichas compañías no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, en lo que respecta a cualquier negocio que hicieren o a cual-quiera propiedad perteneciente a ellas fuera de Puerto Rico; ni se interpretarán las disposiciones de esta Ley en el sentido de aplicarse a ningún asunto o cosa con respecto al cual el Congreso ha dictami-nado con exclusión del poder de Puerto Rico. Ninguna de las dis-posiciones de esta Ley será aplicable al desarrollo, transmisión, o distribución de electricidad; a la manufactura o distribución de gas; al abastecimiento o distribución de agua; o a la producción, entrega o abastecimiento de vapor o de cualquier otra substancia para cale-facción o fuerza motriz por un productor, que de otro modo no fuera una compañía de sei’vicio público, para el uso exclusivo de dicho productor, o para el uso de los inquilinos de dicho productor, y no para la venta a otros.”

Y luego en el mismo artículo hallamos los siguientes tér-minos :

“La frase ‘porteador público’, según se usa en esta Ley, incluye toda persona natural o jurídica dedicada por lucro al transporte de pasajeros, o carga, o de ambas cosas en Puerto Rico, por cualquier medio de locomoción.”

El artículo 95 de dicha ley provee:

“Si cualquier compañía de servicio público infringiere cualquiera de las disposiciones de esta Ley, o realizare cualquier acto que por la presente se prohibe; o dejare, omitiere, desatendiere o se negare a desempeñar cualquier deber a que está obligada por esta Ley; o dejare, omitiere, desatendiere o se negare a obedecer, observar y cum-plir cualquier disposición, requisito, determinación u orden final que hubiere dictado la Comisión; o si dejare de cumplir cualquier sen-tencia pronunciada, u orden o decreto expedido, por cualquier corte, dicha compañía de servicio público pagará al Tesoro de Puerto Rico una suma no menor de cincuenta (50) dólares ni m,ayor de mil (1,000) dólares por dicha infracción, omisión, falta, desatención o negativa, la cual suma se recobrará en virtud de una acción enta-blada a nombre de El Pueblo de Puerto Rico en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, cuyg, corte queda por la presente in-vestida con jurisdicción exclusiva para oír y resolver todas dichas acciones, y fijar el montante de la multa.
“Al interpretar y hacer cumplir las disposiciones de este artículo, la infracción, omisión, falta, negligencia o negativa de cualquier ofi-cial, agente u otra persona que actuare o estuviere empleada por dicha compañía de servicio público, actuando dentro de la esfera de su cargo, se considerará en todo caso que es la infracción, omisión, ne-gligencia o negativa de dicha compañía de servicio público.”

El artículo que antecede, según fué enmendado en 1927 (Ley núm. 2 de ese año, pág. 407) otorga jurisdicción a cual-quier corte competente, incluyendo las cortes municipales.

Por tanto, si la Ley de Servicio Público ña de tomarse en su valor a la par, la Comisión de Servicio Público tenía pleno derecho a reglamentar el tránsito y a prohibir absolutamente a los dueños de vehículos de motor que transportaran pasa-jeros a cinco centavos por asiento o sin obtener un certifi-cado o autorización de la Comisión de Servicio Público.

No podemos convenir con los apelantes en que la Comisión de Servicio Público está creando un delito. Lo que hace prima facie es ejercer autoridad para reglamentar el tránsito de personas como los apelantes y otros que se dedi-can al mismo negocio, en este caso, dentro de las municipa-lidades de San Juan y Pío Piedras y puntos intermedios. Los casos son claros al efecto de que a las órdenes de las comi-siones de servicio público y de otros cuerpos administrativos puede ponérseles en vigor mediante una disposición penal general como la contenida en el artículo 95, supra. Conveni-mos con la corte inferior substancialmente en que el hecho de que la orden de la Comisión de Servicio Público fije la regia de evidencia no es importante para los fines de esta discusión. La cuestión de si la Comisión de Servicio Público tenía o no derecho a promulgar esta llamada regla de evi-dencia puede ser planteada en cualquier recurso y ser igno-rada o anulada sin intervenirse con las otras disposiciones administrativas. Diferimos de los apelantes en que la Lei7-de Servicio Público no es de aplicación a su caso. Las varias disposiciones del artículo 2 lo cobijan. Estas consideracio-nes resolverían la apelación, que entonces podría considerarse como frívola si no fuera por el hecho de que los apelantes sugieren otra duda.

Esa duda es ésta, que el artículo 38 de la Carta Orgánica, supra, parece ser aplicable exclusivamente a porteadores públicos.' De toda esta parte de la Carta Orgánica se hace' evidente que el Congreso tuvo en mente compañías o probablemente personas que actuaran como tales porteadores públicos. Desde luego, los redactores de la Carta Orgánica de 1917 puede que no pensaran en los pequeños automóviles con asientos para un número limitado de pasajeros. No obstante, la tendencia general de la Carta Orgánica, a nuestro juicio, se limita a corporaciones de servicio público.

Entonces surge la cuestión de si la Asamblea Legislativa de Puerto Pico podía, mediante una pretendida definición, con-vertir a los apelantes en compañías de servicio público, si de acuerdo con las bien conocidas prácticas y costumbres de vehículos de motor que se dedican al transporte de pasaje-ros, ellos no eran tales.

Tenemos ante nos, entre otras, la. decisión' de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Smith v. Gaboon, 283 U. S. 553. En ese caso Smith fue arrestado a virtud de-una acusación que le imputaba el explotar vehículos en las. carreteras del Condado de Duval, Estado de Florida, sin haber obtenido el certificado de necesidad y conveniencia pública, y sin haber pagado la contribución, requeridos por el capítulo 13700 de las leyes de Florida de 1929.

El estatuto bajo el cual fue arrestado el apelante era apli-cable en sus términos a todas aquellas personas que explota-ran vehículos de motor en el negocio de transporte de pasa-jeros o cosas ‘‘mediante paga o como porteador público.” Prohibía a tales personas que funcionaran de ese modo sin haber obtenido primeramente de la Comisión Ferroviaria del Estado un certificado de necesidad y conveniencia pública. Las condiciones exigidas para obtener tal certificado incluían (a) una lista de las tarifas, (&) la prestación de una fianza para proteger al público de los daños provenientes de negli-gencia en la explotación de los vehículos y para proteger a los pasajeros y cosas transportados. La Comisión estaba facultada para reglamentar el “servicio y la seguridad del tránsito”; para fijar o aprobar los tipos, tarifas, cargos, cla-sificación, regias y reglamentos para cada compañía de trans-porte; adoptar un sistema y una clasificación uniforme de cuentas; y exigir la radicación de informes anuales y de otra índole.

El apelante fue empleado bajo un contrato exclusivo cele-brado con la Atlantic & Pacific Tea Company para transpor-tar sus mercancías desde Jacksonville a varios otros lugares de Florida. Nunca se babía becho pasar por porteador pú-blico. Se impugnó el estatuto por violar las cláusulas rela-tivas al debido proceso de ley y la igual protección de las leyes, de la Enmienda Decimocuarta de la Constitución.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en la opinión emitida por voz del Juez Presidente Hughes, resolvió:

1. Que puesto que el estatuto fijaba las mismas condicio-nes para todas aquellas personas que solicitaran certificados de necesidad y conveniencia pública a tenor de la misma, y toda vez que estas condiciones comprendían un sistema de inspección y control que podía aplicarse constitucionalmente tan sólo a porteadores públicos, un porteador privado que mediante paga se dedicara al negocio de transporte, no podía ser arrestado constitucionalmente por baber dejado de obte-ner un certificado y de pagar la contribución requerida.

La corte dijo:

“Todos los porteadores cubiertos por la ley, ya sean privados o públicos, son colocados por los términos del estatuto precisamente en la misma situación. Todos deben obtener certificados de necesidad y conveniencia pública, radicando una solicitud y llenando las mis-mas condiciones. Es cierto que el estatuto no exige expresamente que un porteador privado se constituya a sí mismo en porteador pú-blico, sino que el objeto del mismo es someter a todos los porteadores que caen dentro de los términos de su definición a las mismas obli-gaciones. Tal reglamentación de los negocios de un porteador pri-vado, como el apelante, está evidentemente fuera de los poderes del Estado. (Citas.)”

2. Que no podía considerarse que el estatuto tuviera por mira presentar un plan constitucional para los porteadores públicos y otro para los privados porque entonces estaría sujeto a la objeción constitucional de falta de la debida certi-dumbre. Véase la página 565.

3. Toda vez que el estatuto excluye expresamente de su aplicación “a cualquier compañía de transportación que se dedique solamente al transporte de productos agrícolas, hor-tícolas, de vaquerías, u otros productos de la hacienda, así como pescado fresco y salado, ostras y camarones desde el punto en que se producen hasta aquél donde se empacan o embarcan, y eximía también a los vehículos de motor que se utilizaran exclusivamente para el transporte o entrega de los productos de las vaquerías, ’ ’ el mismo era contrario a las cláusulas sobre igual protección de las leyes, de la Enmienda Décimacuarta.

Podría ponerse en tela de juicio, en su consecuencia, con-forme se ha dicho en otros casos — véase 51 A. L. E. 825 — si la Asamblea Legislativa podía hacer la antedicha definición.

No tenemos ningún criterio muy definido sobre la materia y el caso Smith v. Cahoon, supra, puede ser distinguido, mas bajo las circunstancias, no podemos resolver que la apela-ción es frívola y por ende la moción para desestimar debe ser declarada sin lugar.

El artículo 78 de la ley de 1917 demuestra cómo y cuándo puede expedirse una orden de supersedeas. -A nuestro modo de ver, no importa que el llamado supersedeas sea esencialmente o no un injunction. La cuestión es que, no importa como se le caracterice, el Juez de la Corte de Distrito de San Juan estaba autorizado para expedirlo, a discreción, pendente lite; y así lo hizo.

Si la idea de la Asamblea Legislativa fué proteger a un apelante de cualquier orden de la Comisión de Servicio Público hasta que este tribunal dictara su decisión final, ella es una cuestión debatible.

Por tanto, él efecto de la orden de la Comisión de Servicio Público de enero 4, 1938, debe ser suspendido hasta nueva orden de este tribwnal, siempre que los peticionarios presten una fianza por la suma de $3,000 para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionársele a cualquiera de las par-tes afectadas por la suspensión de dicha orden. El oaso en sus méritos será señalado para el 11 de julio, 1938.


text:
    José González Reyes y Juana Reyes Torres, demandantes y apelados, v. Manuel González Reyes y Ernesto Fernando Schlüter, demandados y apelante el último.
    Núm. 7677.

    Sometido: Mayo 23, 1938.

      Resuelto: Julio 5, 1938.

      Bubón & Ochoteco, abogados del apelante Sr. Schlüter; Francisco Vizcarrondo Morell, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes apelados solicitan la desestimación de este recurso de apelación, por infracción de los artículos 297 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, y 59 del Regla-mento del Tribunal Supremo. Los hechos constan de dos certificaciones expedidas por el secretario de la corte a quo a instancias de ambas partes litigantes. De ellas aparece que el 27 de febrero de 1936 la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia en este caso, y que al día siguiente quedó ar-chivada en la secretaría de aquella corte copia de la notifi-cación de la sentencia; que el día 28 de marzo de 1936 uno-de los demandados, Ernesto Fernando Sehlüter, radicó una moción solicitando que se dejara sin efecto la sentencia y otra, solicitando su reconsideración, así como un escrito de ape-lación; que el día 7 de diciembre de 1936 la corte dictó una resolución denegando dichas mociones; . que el día 17 de-diciembre de 1936 apeló Sehlüter de la sentencia del 27 de febrero de 1936 y de la del día 7 de diciembre del mismo año,, y que el 21 de diciembre obtuvo de la corte una orden dirigida al taquígrafo para que transcribiera las notas tomadas en la vista del juicio y de las mociones solicitando que se dejara sin efecto, y que se reconsiderara, la sentencia del 27 de febrero de 1936. La transcripción de evidencia quedó radi-cada en esta Corte Suprema el 18 de marzo del año actual, y la de autos el 9 de abril siguiente.

La moción de reconsideración interpuesta por el apelante en 28 de marzo de 1936 suspendió el término esta•tutario para apelar—Saurí v. Saurí, 39 D.P.R. 511, 45 F. (2d) 90—y como el término para apelar solamente comienza a correr desde el momento en que se resuelve una moción de reconsideración—Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357; Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494—el escrito del día 17 de diciembre de 1936 por el cual apeló Sehlüter de la sentencia del 27 de febrero de 1936, y de la resolución del 7 de diciembre, también de 1936, fué radicado dentro del término que fija la ley. No es óbice que con el escrito de apelación radicara el apelante una moción para dejar sin efecto la sentencia y otra de reconsideración, pues la apelación no privó a la corte de jurisdicción para resolverlas. Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357; Saldaña v. Comas, 41 D.P.R. 339; Martínez v. Independence Indemnity Co., 36 D.P.R. 860.

El caso no envuelve la aplicación de la Ley núm. 67 de 1937 (Leyes de 1936-1937, pág. 199).

Debe declararse sin lugar la moción de desestimación.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    Carmen Rivera Bonilla, peticionaria, Ex parte; Eduardo Font Pacheco, opositor y apelante.
    Núm. 7724.

    Sometido: Abril 4, 1938.

      Resuelto: Julio 5, 1938.

      G. Triarle, F. Fernandez Guyar j II. González Blcmes, abogados: del apelante; Wilson P. Golberg, abogado de la peticionaria y ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Don Agapito Font Cuevas dispuso de sus bienes para des-pués de su muerte, por testamento abierto otorgado el día-14 de diciembre de 1936. Designó a su esposa Carmen Rivera Bonilla albacea universal, a quien también le legó el tercio libre de sus bienes y la instituyó heredera del usufructo en la cuota que acuerda y dispone el Código Civil. A las bijas que con ella bubo, las mejoró por partes iguales en un ter-cio de sus bienes. El tercio restante lo distribuyó por igual entre su nieto Rafael, bijo de su bijo Agapito, habido con su primera esposa Vicenta Roméu, quince hijos más que hubo con Concepción Pacheco, segunda esposa, y los dos ya men-cionados habidos con Carmen Rivera Bonilla. Para satisfa-cer el pago del tercio libre y del de mejora señaló las casas núms. 23 y 21 de la calle Luna de San Juan, respectivamente.

Don Agapito falleció el día 30 de septiembre de 1937, y el 6 de octubre de ese mismo año su viuda Carmen Rivera Bonilla, en su carácter de albacea testamentaria, solicitó de la Corte de Distrito de San Juan que decretara la adminis-tración judicial de los bienes del finado, y le nombrara en su día administradora del caudal, de acuerdo con la prefe-rencia que como viuda le reconoce la ley. Al día siguiente pidió ser nombrada administradora interina, mientras se resol-vía su solicitud de fecha 6 de octubre. El día 8 radicó otra moción desistiendo de la anterior en que pedía ser nombrada administradora interina. Ese mismo día la corte inferior tuvo por desistida la moción interesando el' nombramiento de administradora interina, y ordenó la citación por edictos a los herederos, legatarios y acreedores del finado para que com-parecieran el 8 de diciembre a exponer las razones que tuvie-ran en pro y en contra de que se nombrara un administrador judicial.

Posteriormente, esto es, en 28 de enero de 1938, le pidió a la corte que también diera por desistida la moción que pre-sentara el 6 de septiembre del año anterior, y por la cual soli-citaba la administración judicial del caudal. Esta moción fué declarada sin lugar.

En 8 de febrero de 1938 la peticionaria apelada presentó moción para que se dictara una resolución ordenando la entrega a ella de todas las rentas devengadas y por devengar, que procedieran de la casa asignada en el testamento para el pago de su legado, que es la número 23 de la calle Luna, de esta ciudad. El 26 de marzo declaró la corte de distrito con lugar esta moción “por entender que de acuerdo con los artícu-los 804 y 805 del Código Civil el legatario adquiere la pro-piedad de la cosa legada desde la muerte del testador y desde ese momento tiene derecho a hacer suyos los frutos y ren-tas, no siendo óbice el hecho de no haberse hecho la liquida-ción y partición de la herencia.” Contra dicha resolución interpuso apelación para ante este tribunal Eduardo Pont Pacheco. La apelada solicita ahora la desestimación del recurso por entender, primero, que la resolución contra la cual se interpuso, no es apelable, y segundo, porque de serlo, es frívolo.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) dispone:

“Art. 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.
“3. De una providencia concediendo o denegando un nuevo jui-cio; concediendo o anulando un injunction; negándose a conceder o anular un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; concediendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la ce-lebración del juicio; de una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva; y de una sentencia interloeutoria en plei-tos sobre partición de propiedad real, dentro de los diez días de dic-tada la providencia o sentencia interloeutoria y de anotada la misma en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría. ’ ’

La resolución en el caso de autos no cae dentro del segundo párrafo de dicho artículo. Tampoco es “una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva,” pues no existe una que haya puesto término a la administración judicial. No es “una sentencia interloeutoria en pleito sobre partición de propiedad real.” ¿Es acaso una “sentencia defi-nitiva” dentro del significado que esas palabras tienen en el inciso primero del artículo 295 del Código ? Opinamos que no lo es. Se trata de un mero incidente dentro del procedi-miento, que no ha puesto fin a nada. La sentencia que a los efectos del administrador pone término a la administración de los bienes del finado, es, con arreglo al artículo 590 del Código de Enjuiciamiento Civil, el “auto definitivo, bien aprobando la cuenta presentada, o haciendo en ella modifica-ciones y alteraciones, con cargo al albaeea o administrador, que el derecho y la justicia reclamen; ...” Y es contra dicho auto definitivo que de acuerdo con ese mismo artículo “podrá interponerse recurso de apelación.” Si la resolución apelada fuera una sentencia definitiva con arreglo al artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, la corte de distrito no podría ni modificar ni alterar en ese extremo las cuentas finales presentadas a pesar de que el artículo 590, supra, taxa-tivamente dispone lo contrario.

La ley referente a procedimientos legales especiales específicamente estatuye quó órdenes, resoluciones o sentencias son apelables. Así, al tratar en el capítulo tercero “de la declaración de herederos,” dispone en el artículo 553 (Código de Enjuiciamiento Civil) que la sentencia que se dicte “será apelable”; y al tratar “de la división y partición de una herencia” en el título segundo, concede por el artículo 604 el recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo contra la resolución de la corte de distrito modificando la divisoria que se haga. Por lo que, no siendo el derecho de apelación absoluto, sino de origen estatutario, al enumerar la ley los casos contra los que se da, quiso excluir cualesquiera otros. Expressio unius est exclusio álterius.

En oposición a que se desestime por inapelable el recurso, el apelante cita en su alegato el caso de Becerril v. United P. R. Bank, 50 D.P.R. 504. Resolvimos en dicho caso que la orden apelada tenía el carácter de sentencia definitiva y era por tanto apelable. El caso de autos debe regirse necesaria-mente por el estatuto que regula los procedimientos legales especiales. Y ya hemos visto que dicho estatuto no concede el derecho de apelación en incidentes como el envuelto en el presente recurso.

No siendo apelable la resolución contra la cuál se ha inter-puesto este recurso, es innecesario considerar si el mismo es frívolo. Debe decretarse la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Ulpiano Casal, demandante y apelado, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7716.

    Sometido: Abril 25, 1938.

      Resuelto: Julio 6, 1938.

      Ron. Procurador General B. Fernández García y Enrique Górdova Díaz, Subprocwradoti General Auxiliar, abogados del apelante; Dubón <& Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación de la apelación interpuesta en este caso por frívola. El apelante se opuso por escrito y oralmente.

De los autos aparece que entre abril 6, 1933 y agosto 30, 1935, el demandante vendió al Gobierno Insular artículos por valor de $28,432.40, al Gobierno de la Capital por el de $22,002.50, a la Puerto Bico Emergency Belief Administration, por el de $1,149.68 y al Gobierno Federal por el de $449.93. Como no pagara el arbitrio del dos por ciento sobre ventas qne impone la Ley de Rentas Internas por sn sección 62 y el Tesorero lo requiriera para que verificara dicbo pago, lo bizo bajo protesta y recurrió a la corte de distrito recla-mando su devolución.

En el pleito compareció el Tesorero. Excepcionó la de-manda. Su excepción fué declarada sin lugar, citándose como fundamento lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de West India Oil Co. v. Domenech, Tesorero, 49 D.P.R. 801. Contestó. Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia de enero 15 último declarando la demanda con lugar.

No conforme el Tesorero, apeló, y el contribuyente pre-sentó la moción de desestimación que estamos considerando.

La cuestión fundamental envuelta en el recurso fué resuelta en verdad en contra del Tesorero en el caso de West India Oil Co. v. Domenech, 49 D.P.R. 801, 806, como sigue:

“. . . La disposición legal que comentamos impone el arbitrio de 1 por ciento sobre el montante del contrato, o sea sobre el importe o valor de los materiales vendidos o suministrados al gobierno. Se trata indiscutiblemente de un arbitrio sobre la venta de materiales, entre los que está incluido el asfalto, que es un artículo objeto de comercio.
“Sentada la premisa de que el uno por ciento (1%) pagado por la corporación demandante, es un arbitrio sobre la venta de materia-les al Gobierno, de acuerdo con la sección 16, supra, tenemos que llegar a la conclusión de que el Tesorero de Puerto Rico no está le-galmente autorizado para imponer a esa misma venta la contribución de 2 por ciento provista por la sección 62, supra, pues dicha sección dispone específicamente que la contribución se impondrá y cobrará, por una sola vez, sobre las ventas de aquellos artículos objeto de co-mercio, que no estén gravados en la sección 16 de la Ley.”

Eso en cuanto a las ventas a los gobiernos insular y municipal. En cuanto a las que se lucieron a la Puerto Rico Emergency Relief Administration, una agencia federal que funciona en Puerto Rico, y al propio Gobierno Federal, la cuestión de la falta de autoridad para el cobro es tan evidente de acuerdo con lo resuelto en los casos de Panhandle Oil Co. v. State of Mississippi, 277 U. S. 218, Graysburg Oil Co. v. Texas, 278 U. S. 582, y Graves v. Texas Co., 298 U. S. 393, que el pro-pio Tesorero en su impugnación expresamente consigna que está conforme en ese extremo con la sentencia apelada.

El Tesorero sin embargo insiste en que su apelación no es frívola, porque tiene la intención de levantar en ella la siguiente cuestión que alega que es nueva en esta jurisdicción, a saber:

“Que aceptada como premisa que no pueden válidamente impo-nerse ambas contribuciones, o sea, la del 1% y la del 2% en estos casos, debe imponerse la contribución del 2% establecida por la Sec-ción 62 de la Ley de Rentas Internas y no la del 1% que provee la Sección 16 en su inciso 5, ya que 3a Sección 62 fué aprobada con pos-terioridad al inciso 5 de la Sección 16 y tratando ambas disposiciones de la misma contribución, como lo ba resuelto este Hon. Tribunal, debe lógicamente entenderse que la intención legislativa fué la de sustituir e imponer esta contribución del 2% sobre ventas para todos los casos de contribuciones de ventas, incluyendo las ventas al Go-bierno Insular y a los municipios; porque además, una interpreta-ción contraria a ésta, traería como resultado la existencia de un dis-crimen para las personas que venden materiales al Gobierno y a los municipios sobre las personas que venden materiales a entidades par-ticulares, y no debe presumirse que la Asamblea Legislativa tuvo esa intención.”

En primer lugar, esa cnestión no fné levantada en la corte inferior donde pudo y debió hacerlo el demandado, y en se-gundo lugar como sostiene el demandante en su réplica a la impugnación de su moción “el arbitrio del 1 por ciento sobre el valor de los contratos con el Gobierno Insular o los municipios, quedó impuesto por el inciso 42 de la Sección 16 de la Ley de Rentas Internas, cuando fué originalmente apro-bada en 20 de agosto, 1925 (Leyes de Puerto Rico, 1925, pág. 605), y fué en esa misma ley y bajo la sección 62, que se impuso la contribución del 2 por ciento sobre las ventas en general (Leyes de Puerto Rico, 1925, pág. 627). La enmienda objeto de la Ley núm. 17, aprobada el 3 de junio, 1927 (Leyes de Puerto Rico, 1927, pág. 459), en cuanto concierne al arbi-trio del 1 por ciento sobre el valor de los contratos con el Gobierno Insular o con los municipios, consistió esencialmente en cambiarle la numeración que tenía como inciso 42 de la sección 16, para convertirlo en la subdivisión o inciso 5 de la sección ‘ Otros Arbitrios ’ que se intercaló en y se hizo parte de la misma sección 16, reproduciéndose sustancialmente con esa nueva numeración, en la ley enmendatoria, el inciso 42 de la sección 16 en la ley original. (Leyes de Puerto Eico, 1927, pág\ 473.) Pero por esa misma Ley núm. 17 del 3 de junio, 1927, quedó también enmendada la sección 62 de la ley original que proveía el arbitrio del 2 por ciento sobre las ventas (Leyes de Puerto Eico, 1927, pág. 473), sin que desde entonces baya vuelto a ser enmendada.”

Esto aparte de que las derogaciones tácitas no son favo-recidas y de que como sostiene también el demandante en su dicba réplica “las disposiciones del inciso 5 de la sección ‘Otros Arbitrios’ de la sección 16, pueden armonizarse con las de la sección 62, pudiendo por lo tanto subsistir ambas por no estar en conflicto, máxime cuando de adoptarse la interpretación que pretende el demandado apelante, resulta-ría perjudicado el contribuyente a quien debe concederse en su favor en todo momento aquella interpretación que más le beneficie cuando se trata de exacciones contributivas.”

Por último, alega el apelante que su recurso no es frívolo porque está envuelta la condena de costas, habiéndosele im-puesto el pago de ciento cincuenta dólares por honorarios de abogado cuando en verdad él no ha sido temerario.

La corte sentenciadora después de exponer en su relación del caso y opinión ampliamente los fundamentos de su crite-rio, dijo:

“A la luz de tan claros principios sostenidos por la Corte Su-prema de los Estados Unidos y la de Puerto Rico, creemos que el demandado ha procedido con temeridad en este caso y de acuerdo eon la Ley núm. 99 de 1931 (sic), según fué enmendada en 4 de mayo de 1933 (sic), la Corte cree que debe condenar al demandado al pago de honorarios de abogados, que se fijan en la cantidad de $150.00.”

Bajo las circunstancias que hemos visto que concurren no creemos que errara la corte sentenciadora al adoptar tal medida.

Siendo ello así, no debe mantenerse en pie por más tiempo un recurso que estudiado en todos sus aspectos se concluye que no puede prosperar por carecer de base sólida alguna. Es frívolo y debe en tal virtud desestimarse.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor "Wole

text:
    Esteban Morales, peticionario y apelado, v. Eustaquia Villalba, demandada y apelante.
    Núm. 7686.

    Sometido: Junio 3, 1938.

      Resuelto: Julio 6, 1938.

      José Veray, Jr., j Salvador Veray Barreda, abogados de la apelante; Juan J. García Añeses, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole

emitió la -opinión del tribunal.

Éste es un recurso de bábeas corpus radicado por el padre para recobrar la custodia de su hija. La Corte de Distrito de Aguadilla lo falló en su favor. Haremos un resumen de los hechos, extraído de la opinión de la corte inferior.

Esteban Morales interesaba la custodia de su hija Amanda Morales alegando que ella se encontraba injustamente dete-nida por su tía Eustaquia Yillalba; que, según él alegó, dicha tía carecía de autoridad para retener la niña y que el peti-cionario había intentado directamente y por mediación de otros, de llevarse a la hija a su casa, pero sin éxito alguno. Hizo además otras alegaciones que no tienen importancia.

Luego de declararse sin lugar una excepción previa se radicó una contestación en la cual entre otras cosas se negaba la supuesta detención injusta; que el peticionario hubiese soli-citado la custodia de la menor directa o indirectamente, y tam-bién otras aseveraciones poco importantes de la demanda. La contestación entonces alegaba que la niña era hija de' una hermana de la demandada; que quince días después de su nacimiento el padre había abandonado a dichas esposa e hija dejándolas en la miseria; que la menor continuó viviendo con su madre, quien la mantuvo con la ayuda de los tíos de la niña, de la demandada y de Francisco Yillalba, estableciéndose una situación que duró hasta la muerte de la madre en el 1932; que ésta en sus últimos años recomendó la custodia de su hija a la demandada; que después de la muerte de la madre la niña, con la ayuda de un tío, fué cuidada por la tía, quien la trató con el mismo cariño y desinterés de una madre; que el peticionario nunca se ocupó de su hija ni le suministró ali-mentos, atención médica o facilidades educativas; que la menor, desde que murió su madre sólo tuvo como protectores a sus tíos, la demandada y Francisco Villalba; que la menor se opuso tenazmente a vivir con su padre; que tía y sobrina se quieren entrañablemente; que el padre ha vivido con varias mujeres de mala reputación, y, de acuerdo con ciertos infor-mes, se casó con su última concubina, y que no era una persona que mereciera tener la custodia de una menor; y que sería cruel separar a la niña de su ambiente actual.

La corte halló que Amanda Morales era la hija natural reconocida del peticionario; que la madre había muerto hacía 4 ó 5 años; que el peticionario tenía el derecho indiscutible a la patria potestad sobre la menor; que Esteban Morales era hombre joven, fuerte y saludable, y un buen carpintero; que ganaba suficiente dinero para cuidar a la niña; que había vivido en concubinato con María Sus, pero que había-legali-zado dicho status por la vía matrimonial; que su conducta en la comunidad había sido siempre buena; que estaba residiendo en el mejor vecindario de Aguadilla, bastante sobre el nivel del mar; que la tía por el contrario se encontraba residiendo en la parte menos deseable de Aguadilla; que aunque la tía vivía en concubinato, tanto ella como su compañero eran per-sonas excelentes, según le constaba personalmente al juez; que ambas partes se encontraban más o menos en la misma situación económica, con la sola ventaja para el peticionario de que la demandada tenía tres hijos. Luego dijo la corte:

“La niña al declarar, entre otras cosas, manifestó que no quería a su padre, lo que es el resultado de la influencia moral a que vive sometida, ya que de la prueba de la demandada y de la manera de declarar ella y sus testigos, la Corte ha tenido que llegar a la con-clusión de que por antiguos resquemores y pasadas contumelias odian cordialmente al demandante hasta el punto de oponerse a que man-tenga las naturales y legales relaciones que deben calorizar el afecto entre padre e hija.
“Hemos llegado a la conclusión de que es una verdadera inhu-manidad que tdl situación pueda perseverar; 'que no se deb,a desna-turalizar, por así decirlo, a una niña a tan tierna edad insuflándole sentimientos de repulsión contra el padre que la quiere y que la re-conoció días después de haber nacido; que esta hostilidad de la tía y de su convivente hacia el demandante es la causa probable y pró-xima de que el padre no le hubiera prestado a la hija mayores sub-sidios que los que hasta la fecha le ha prestado.
“Ahora bien, la única circunstancia que podría redundar en per-juicio de la niña sería la de que viviendo con el padre en el campo se le hiciera menos fácil su asistencia a la escuela pero como él se ha comprometido a llevarla personalmente y siendo cierto, como así lo estimamos, el cariño de la tía hacia la niña, podría ponerse per-fectamente de acuerdo con el peticionario, a fin de que la menor almorzara en casa de aquélla, con lo que se obtendría además la feliz coyuntura de que continuaran manteniéndose, día a día, las rela-ciones de familia.
“El Tribunal entra en este terreno porque no ignora que actúa a nombre del Estado como parens patriae, de que está ejerciendo una tutela especial que pudiéramos llamar tutela eminente sobre la niña Amanda Morales.
“El hecho de que su tío Francisco Yillalba, como se desprende de la prueba, haya ayudado a esta niña no impide que si realmente la quiere la siga ayudando, no embargante haber cambiado la si-tuación.
“Por el resultado de la prueba y a virtud de las consideraciones apuntadas, estimamos que la menor Amanda Morales se beneficiaría yendo a vivir con su padre por haberse demostrado que económica-mente puede atenderla y está en condiciones de llevar a cabo la pres-tación de alimentos que determina la ley, así como dirigirla de un modo recto en el terreno moral, por lo que la Corte resuelve conver-tir en definitivo su auto preliminar, concediendo, como concede al peticionario Esteban Morales, la guarda y custodia de la persona de su hija reconocida Amanda Morales, sin perjuicio de tomar las me-didas que las circunstancias en lo venidero aconsejaran.”

La apelante sostiene que el bienestar de la niña requiere que ella continúe con su tía, y sus abogados citan los casos de Chabert v. Sánchez, 29 D.P.R. 241, 249; 12 R.C.L. 1215; Babás v. Rodríguez, 36 D.P.R. 504; que la menor no quiere abandonar a su tía y que es un error trasladar la niña de una situación segura a una incierta.

Nosotros, sin embargo, nos sentimos obligados a respetar la discreción del juez de distrito, especialmente dado el becbo de que él conocía bien a la demandada. No encontramos nada en los casos citados ni bailamos que la evidencia sea suficiente para derrotar el derecho del padre. Además, la niña tiene ciertos derechos legales contra el padre que no tiene contra su tía. El segundo caso de Cbabert indica cuándo los padres pueden merecer el derecho a la custodia de un hijo. Ex parte Chabert 30 D.P.R. 765, 766.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wiole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Cleofe Cintrón, acusado y apelante.
    Núm. 7119.

    Sometido: Junio 9, 1938.

      Resuelto: Julio 6, 1938.

      Luis F. Gmnacho, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wiole

emitió la opinión del tribunal.

Cleofe Cintrón, convicto de baber acometido y agredido a una menor, solicita la revocación de la sentencia, y el fiscal, fundándose en que la prueba no sostiene la sentencia, se allana.

En policía, testigo del Pueblo, hizo una declaración ten-dente a demostrar que el acusado le pegó a María Luisa Cora, menor de edad, con una correa y que le causó dos o tres contusiones leves, que se curaron en seguida sin necesidad de atención médica. Sucede que Tomasa Cora era una mu-jer casada; que su esposo la abandonó y que ella se fue a vivir con el acusado, quien la mantenía tanto a ella como a su hija, dándole a dicha menor alimentos, albergue y ocu-pándose de su educación, etc. Estos hechos fueron decla-rados por la madre y muy de buena voluntad, por la hija. El fiscal hizo el resumen que antecede y además dice que la madre había autorizado al acusado a corregir a la menor cuando hiciese algo impropio; que el día del alegado aco-metimiento y agresión la nena había insultado a un vecino y el acusado la había castigado dándole dos correazos que no le causaron daño alguno.

La definición del delito de acometimiento y agresión es como signe:

“Tocio acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de algún semejante con la intención de causarle daño, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen, cons-tituirá un delito de acometimiento y agresión. Toda tentativa para cometer una agresión, o cualquiera señal de amenaza que demuestre en sí o con palabras una intención inmediata acompañada de aptitud para cometer la agresión, será considerada como un acometimiento.” (Código Penal, edición de 1937, pág. 155.)

El párrafo dos de la Ley de la Asamblea Legislativa dispone:

“La violencia empleada contra una persona no constituirá acome-timiento ni acometimiento y agresión en los siguientes casos:
“1. Cuando se emplee en el ejercicio del derecho de una repren-sión o corrección moderada concedida por la ley al padre sobre el hijo, al tutor sobre el pupilo y al principal sobre el aprendiz; siem-pre que aquél esté autorizado para ello por el padre o tutor de éste. . .” (Id., pág. 155.)

Bajo un estatuto similar, la jurisprudencia de Tejas es al efecto de que cualquiera persona que se baile en loco parentis puede castigar del mismo modo que un padre y bajo la jurisprudencia general, un padrastro y un hermano ban sido protegidos por dicbo principio. Gorman v. State, 42 Texas 221; Snowden v. State, 12 Texas Ct. App. 105, 41. Am. Rep. 667, 669; Cameron v. State, 24 Ala. App. 438, 136 So. 418; Dean v. State, 89 Ala. 46, 8 So. 38, 39; Haydon v. State, 15 Ala. App. 61, 72 So. 586; State v. Spiegel, 39 Wyo. 309; 270 P. 1064, 64 A.L.R. 289.

El efecto de estas decisiones es que la palabra “padre” puede usarse como un término que incluya a cualquiera que definitivamente ocupe el lugar de un padre. Cuando se ana-liza la excepción puede verse que el estatuto dice “en el ejercicio del derecho de ana reprensión o corrección mode-rada.” Este derecho puede tenerlo un padrastro, de suerte que el resto de las palabras de la excepción, pueden consi-derarsé como que presuponen un derecho de reprensión o corrección moderada, en cualquiera persona que se encuentre en loco parentis.

La sentencia debe ser i evocada y absolverse al acusado.

Los Jueces Asociados Señores Travieso y De Jesús no intervinieron.


text:
    Herminia Tormes García, peticionaria y apelante, Ex Parte; Francisca, Francisco, Enrique, Agustín-León, conocido por Adolfo, Ernestina y Hortensia Lanausse y Velpré, opositores y apelados.
    Núm. 7556.

    Sometido: Mayo 11, 1938.

      Resuelto: Julio 6, 1938.

      C. Domínguez Rubio, abogado de la apelante; José C. Aponte, abo-gado de los opositores apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso, según aparecen de la estipula-ción sometida por las partes, son como sigue:

“1. Que doña Herminia Tormes García y don Leopoldo Lanausse contrajeron matrimonio en Salinas, el día 26 de noviembre de 1913.
“2. Que de este enlace tuvieron un hijo llamado Carlos Servando Lanausse y Tormes, que falleció antes que su padre.
“3. Que doña Herminia Tormes García presentó demanda de divorcio contra su esposo el referido Leopoldo Lanausse, ante la Corte de Distrito de Ponce, por abandono de éste para con ella, y se dictó sentencia con fecba 21 de diciembre de 1917, obteniendo la peticio-naria la custodia y patria potestad de su hijo menor de edad. Que la sentencia de divorcio era firme.
“4. Que la citada doña Herminia Tormes García contrajo matri-monio con don Guillermo Beaucbamp, en Ponce, P. It., el día 30 de octubre de 1930, y dicho matrimonio se encuentra en todo su vigor.
“5. Que don Leopoldo Lanausse falleció en San Juan, P. R, el día 24 de noviembre de 1936; que no dejó testamento ni tampoco as-cendientes, habiendo dejado por hermanos legítimos los siguientes: Francisco, Enrique, Francisca, Adolfo, Ernestina y Hortensia, todos de apellidos Lanausse y Yelpré.”

El día 9 de enero de 1937 Herminia Tormes G-arcía dirigió nna solicitud a la Corte de Distrito de Gí-uayama pidiendo que se dictara el correspondiente auto de declara-ción de herederos, declarando únicos y universales herederos de Leopoldo Lanausse Velpré a sus hermanos ya referidos, y a la peticionaria en la cuota usufructuaria que marca la ley. Los hermanos se opusieron. Alegaron ser' ellos los únicos y universales herederos del finado e impugnaron el alegado derecho de la peticionaria, por haber ésta dejado de ser viuda del causante al contraer en 13 de octubre de 1930 segundas nupcias con Guillermo Beauchamp. Dictada sen-tencia a favor de los opositores, apeló la peticionaria por entender que la corte erró al interpretar el artículo 761 del Código Civil, edición de 1930, que dice así:

“Art. 761. — El viudo o viuda que al morir su consorte no se ha-llare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho a una cuota, en usufructo, igual a la que por legítima co-rresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no me-jorados.
“Si no quedara más que un solo hijo o descendiente legítimo, el viudo o viuda tendrá el usufructo del tercio destinado por la ley a constituir la mejora, conservando aquél la nuda propiedad, hasta que por fallecimiento del cónyuge supérstite se consolide en él el dominio.
“Si estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará el resultado del pleito.
“Las disposiciones de este artículo y de los subsiguientes 762, 763, 764, 765 y 766 de este código serán aplicables del propio modo a la sucesión intestada que a la sucesión testamentaria.”

Este artículo es el equivalente del 834 del Código Civil español y fué incorporado al Código Civil de Puerto Rico por ley de 9 de marzo de 1905 (Conxp. 3880), según fué en-mendada por la número 73 de 9 de marzo de 1911 (Leyes de 1911, pág. 247, Comp. 3880). Sus concordantes y los con-cordantes de su equivalente, el 834 español, tienen, sin embargo, distinto alcance. Así, mientras el artículo 52 del Có-digo español declara que “el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges,” el 68 del nuestro (ed. 1930) afirma que el matrimonio “. . . sólo podrá disolverse antes de la muerte de cualquiera de los dos cónyuges, en los casos expresamente previstos en este código,” que son, a saber, los que enumera el artículo 95 del mismo cuerpo legal, que dice así:

“El vínculo del matrimonio se disuelve en los siguientes casos:
“1. Por la muerte del marido o de la mujer.
“2. Por el divorcio legalmente obtenido.
“3. Si el matrimonio se declarase nulo.”

Y mientras el divorcio en España “sólo produce la suspen-sión de la vida común de los casados” (artículo 104 del Có-digo Civil español), el 105 del de Puerto Rico estatuye que “el divorcio lleva consigo la ruptura, completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges.”

De modo que en lo que respecta a los efectos del matri-monio y a las consecuencias del divorcio, existe marcada diferencia entre la legislación de un país y otro. En España “. . . sólo el fallecimiento de uno de los consortes desata el lazo existente ...” porque allí “la perpetuidad del vínculo, el consortium omnis vitae de Modestino, constituye la esencia de la institución del matrimonio, el cual únicamente acaba con la aplicación del principio mors omnia solvit ...” Manresa, Comentarios al Código Civil español, tomo 1, pág. 294, ter-cera edición. En Puerto Eico, el divorcio tanto como la muerte y la declaración de nulidad disuelven el matrimonio. En España la ley rechaza el divorcio quoad vinculum, cir-cunscribiéndolo al quoad thorum et mutuam habitationem. El divorcio en Puerto Eico quebranta, rompe, disuelve el lazo matrimonial en vida de los cónyuges, a quienes deja en li-bertad de contraer nuevas nupcias.

Aunque tanto el artículo 761 de nuestro Código Civil como su equivalente el 834 del de España establecen un de-recho claro a favor del viudo o viuda que al morir su con-sorte no se hallare divorciado o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, es obvio de lo que precede, que ambos ar-tículos tienen distinto concepto del “divorciado” a que se refieren, por lo que distintos deben y han de ser también los derechos que establecen.

Comentando el artículo 834 del Código Civil español, equivalente al 761 del nuestro, dice Manresa a la página 501 del tomo sexto de su conocida obra:

“1. Sujeto del Derecho CoNoedido EN Estos Artículos. — Es, según el art. 834, que establece la regla general en esta materia, el viudo o viuda que al morir su consorte no se bailare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge premuerto.
"El momento determinante para la concesión de la legítima es el de la muerte del causante. Si en ese momento no existe un cón-yuge que pueda legalmente ostentar tal carácter, o, aún existiendo, se haya divorciado por su culpa, no puede nacer el defíecho creado en los arts. 834 y siguientes.
“(A) EXISTENCIA del Cónvuge. — Para que exista cónyuge que pueda legalmente ostentar ese carácter, ha de mediar un matrimonio válido que produzca efectos civiles, y ha de subsistir ese matrimonio en toda su fuerza y validez en la época del fallecimiento del cau-sante.
“Por esta razón creemos que el art. 834 no es aplicable en caso de nulidad del matrimonio, o en caso de falta de inscripción en el registro civil.
“Io. Nulidad del Matrimonio. — Declarada la nulidad, no existe legalmente matrimonio. La ley, fundándose en la equidad, presume que la unión ha producido determinados efectos respecto a los con-trayentes de buena fe; pero declarado nulo el matrimonio, éste deja de existir; los que estuvieren unidos quedan en libertad de contraer otra unión. Los efectos del matrimonio que se respetan son los an-teriores a la declaración de nulidad, nunca los posteriores, porque después la buena fe ya no puede exirtir, y, una ve^ anulada la unión, no cabe hablar de disolución por muerte. Esto no quiere decir que los efectos civiles reconocidos, los derechos nacidos antes de la nu-lidad, no sigan subsistiendo después, sino que entre ellos no puede contarse el derecho a la sucesión, que solamente nace por la muerte de una persona.
“Las palabras del art. 834 rechazan todo derecho a legítima res-pecto a los contrayentes de un matrimonio nulo, pues al morir uno de ellos, el que sobrevive ya no era consorte del que con él se unió. Ade-más, si la ley excluye al cónyuge separado por sentencia de divorcio cuando la culpa fué del sobreviviente, es propio de su espíritu el que también se excluya a los que quedaron separados por ejecutoria de nulidad, ya que, al fin, el divorcio indica, un matrimonio legítimo, y no disuelto, y la nulidad envuelve tona unión ilegal y extinguida, y si hay casos en que aún el consorte legitimo no percibe su cu,ota legi-timaria, no debe haber ninguno en que se conceda tal derecho al que en la época del nacimiento del mismo no tiene la consideración de cónyuge.” (Bastardillas nuestras.)

¿Subsistía “en toda su fuerza y validez” el día 24 de no-viembre de 1936 el matrimonio entre Leopoldo Lanausse y Herminia Tormes García? Hados los efectos que conlleva en Puerto Rico una sentencia de divorcio, tenemos que con-testar negativamente la pregunta. No puede subsistir lo que ha quedado roto y disuelto. Después del divorcio, de aquel lazo que llamamos vínculo, sólo quedan en ocasiones, hijos que evocan su recuerdo. Lo demás se extingue.

Según Manresa, supra, no puede nacer el derecho creado en los artículos 834 y siguientes del Código Civil español, equivalentes al 761 y siguientes de nuestro código, si en el momento de la muerte del causante, no existe un cónyuge que pueda legalmente ostentar tal carácter. Y como de acuerdo con el mismo autor, “para que exista cónyuge que pueda le-galmente ostentar ese carácter . . . ha de subsistir un ma-trimonio en toda su fuerza y validez en la época del falle-cimiento del causante,” no subsistiendo matrimonio no existe el cónyuge, y no existiendo el cónyuge no nace el derecho. El artículo 761 del Código Civil de Puerto Eico no tiene, pues, aplicación en casos de divorcio, y ello es así aún cuando el cónyuge supérstite estuviere divorciado por culpa del difunto. Las mismas razones que tiene Manresa (véase ante donde se transcriben sus comentarios .al artículo 834) para creer que dicho artículo no es aplicable en caso de nulidad del matrimonio o en caso de falta de inscripción en el Re-gistro Civil, robustecen nuestro criterio de que el artículo 761 no tiene aplicación en casos de divorcio. Porque si bien es cierto que no puede confundirse la nulidad del matrimonio con el divorcio, conforme lo establece el artículo 105 de nues-tro código, no es menos cierto que los efectos que la una y el otro producen son los mismos. Tan inexistente es el ma-trimonio cuando se declara su nulidad como cuando se de-creta el divorcio, y en igual libertad de contraer otra unión quedan los cónyuges en un caso como en el otro.- Si no cabe hablar de disolución por muerte una vez anulada la unión, 'tampoco cabe hablar de ella cuando se decreta el divorcio. Si las palabras del artículo 834 rechazan todo derecho a le-gítima respecto a los contrayentes de un matrimonio nulo, porque al morir uno de ellos el que sobrevive ya no era con-sorte del que con él se unió, también debe el artículo 761 re-chazar ese derecho respecto a los divorciados, pues al morir uno de ellos el que sobrevive no puede ser consorte del que con él se unió.

La contención de la peticionaria de que ella era viuda del causante en la época del fallecimiento de éste es insostenible por la razón adicional de que en esa época la peticionaria ya había contraído nuevas nupcias y era la esposa legítima de Guillermo Beauchamp. No-podía la apelante ser a un mismo tiempo viuda y casada. Véanse: Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, Tomo 23, pág. 746; Rosenbloom v Southern Pacific Co., 59 Cal. App. 102, 210 P. 53; 40 Cyc. 934; 2 “Bouvier’s Law Dictionary” 1228.

La sentencia de la corte de distrito debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.