text:
    Núm. 1011.
    Díaz, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Diciembre 10, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf).
   Por cuanto, la nota del registrador recurrido en su parte esen-cial dice:

‘ ‘ Inscrito el precedente documento al folio 146 del tomo 41 de Sabana Grande, finca 1416 e inscripción Ia. con el defecto subsanable de no acompa-ñarse el plano prescrito por la Resolución Conjunta núm. 55 de fecha 15 de mayo de este año. Libre de cargos.”

Por Cuanto, vista la resolución de este tribunal de fecha 30 de noviembre del año en curso, dictada en el Recurso Gubernativo núm. 1006, Carlos M. Molini y Mejía, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido (ante, pág. 360) ;

Por tanto, se revoca la nota recurrida de fecha 19 de octubre de 1937 y se ordena la inscripción libre de defectos.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Núm. 7121.
    Acevedo et al., apldos. v. Aboy et als., apltes.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 10, 1937.
   Por los fundamentos de la opinión emitida en el caso núm. 7122, Mauel García v. José Hernández Tisera et al., resuelto en el día de boy (ante, pág. 392), se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao el 29 de junio de 1934, tan sólo en aquella parte de la sentencia que incluye honorarios de abogado en las costas concedidas al demandante.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 3.
    Pueblo, querellante, v. Central Cambalache, dmda.
    Enero 13, 1938.
   Vistas las excepciones previas formuladas por la corporación de-mandada en contra de la querella radicada en este caso;

Por cuanto, las excepciones previas formuladas en este caso son idénticas a las formuladas por las parte querelladas en el caso de Quo Warranto núm. 1, El Pueblo de Puerto Rico v. The Fajardo Sugar Company of Porto Rico et al., por las razones expresadas en la opinión emitida el día 12 de julio de 1937 en el referido caso de Quo Warranto núm. 1, se desestiman todas y cada una de las ex-cepciones previas formuladas por la demandada y se concede a ésta el término de treinta días para contestar la querella.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado. El Juez Aso-ciado Sr. Górdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7543.
    Landrón Landrón, et al., apldos. v. Quiñones, etc., et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Enero 25, 1938.
   A la moción de los demandantes apelados de trece de diciembre último solicitando que se deje sin efecto la resolución de noviembre 30, 1937, admitiendo el recurso de apelación interpuesto para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, oídas am-bas partes el 20 de diciembre de 1937, no ha lugar.


text:
    Núm. 7273.
    Serbiá, aplte. v. Cortés, et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Enero 28, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Poe Cuanto, los únicos supuestos errores señalados por un nuevo abogado que no representaba a la demandante en la corte de distrito son:

“Primero:
"Que la corte apelada cometió error al resolver este caso como si fuera uno en el que estuviera envuelta una cuestión de una obligación nacida de culpa o negligencia, cuando en realidad éste es un caso en que está envuelto un con-trato de comodato celebrado entre la demandante y los demandados.
‘‘Segundo:
‘ ‘ Que la eorte cometió error al dietar sentencia declarando sin lugar la demanda de este caso, es deeir, declarando que la demandante no tenía que re-clamar nada de los demandados por haber sido el acto en que se destruyó el automóvil un acto desgraciado, porque siéndolo o no dicho acto un acto des-graciado, dichos demandados vienen obligados siempre a devolver el automóvil a la demandante.”

PoR CUANTO, la demanda enmendada si bien no es tan clara ni está tan libre de toda duda o ambigüedad como pudiera desearse se titula “Sobre Cobro de Dinero por Daños y Perjuicios” y termina en esta forma:

‘ ‘ Cuarto: Alega la demandante que según información y creencia en el mismo día 17 de junio de 1934, los demandados chocaron contra un árbol jel referido automóvil, en la carretera de Río Piedras a Caguas, Km. 19, sitio de-nominado ‘Los Prailes’ de la jurisdicción de Río Piedras, destrozándolo com-pletamente y dejándolo inservible.
“Quinto: Alega además la demandante, según su información y creencia,-que dicho accidente ocurrió única y exclusivamente a la negligencia y falta de cuidado y circunspección del demandado Andrés Cortés, quien allí y entonce» manejaba el referido automóvil a una velocidad mayor de cuarenta millas por hora, y en condiciones físicas motivadas por la falta de sueño que no le per^-mitían atehder a la conducción de dicho vehículo con la necesaria prudencia y cuidado.
“Sexto: Alega la demandante que por virtud de los actos de los deman-dados al entregar el automóvil completamente destrozado e inservible que le ha ocasionado perjuicios que estima razonablemente en la suma de cuatro ciento» cincuenta dólares, toda vez que por los restos de dicho automóvil destrozado so-lamente recibieron cincuenta dólares.
“Séptimo: Que todas las gestiones que ha practicado la demandante para que los demandados le satisfagan la referida suma de cuatro cientos cincuenta dólares han resultado infructuosas.
"Por tanto, la demandante supliea a la Hon. Corte se sirva dietar sen-tencia declarando con lugar la' demanda y en su consecuencia condene a los de-mandados a satisfacer a la demandante la suma de cuatro cientos cincuenta dó-lares de principal, más intereses legales desde la interposición de la demanda, las costas y honorarios de abogado en este procedimiento.”

POR Cuanto, la transcripción de la evidencia empieza del modo siguiente:

“El día 13 de enero de 1936 se llamó este caso para vista, previo señala-miento en el Calendario General de Asuntos Civiles de esta Corte, compareciendo las partes, la demandante por el Lie. Víctor A. Coll, y los demandados por el Lie. Arturo O’Neill.
“Sr. O’Neill: Estamos listos.
“Sr. Coll: Estamos listos. Se trata de nna acción en eobro de dinero y daños y perjuicios por un automóvil que fué prestado por la señora Serbiá, gratuitamente, bajo la condición de devolverlo en la forma que se entregaba, para que el demandado realizase un viaje a Ponce, y después de haber venido de Ponee los demandados destrozaron el careo eómpletamente, y la señora Serbiá, demandante, pide daños y perjuicios por los causados al automóvil.
“La Corte: ¿Entonces es daños y perjuicios, más bien?
“Sr. Coll: Daños y perjuicios.’’

PoR Cuanto, la corte de distrito no cometió error alguno al resolver el caso tomando como base la teoría de ambas partes, tanto en las alegaciones como durante el juicio y mientras se practicaba la prueba “como si fuera uno en el que estuviera envuelta la cuestión de una obligación nacida de culpa o negligencia”.

Pob Cuanto, el argumento bajo el segundo señalamiento sin cita de casos ni jurisprudencia ni el texto de ningún comentarista sobre los articules 1642 y 1649 del Código Civil mencionados en la discusión del primer señalamiento, no nos convence de que un comodatario- sea responsable por la pérdida de un automóvil prestáidole y destrozado en un accidente inevitable sin la más mínima culpa o negligencia por parte de dicho comodatario, ni en tal virtud de que exista tampoco el segundo de los dos supuestos errores apuntados;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 16 de enero, 1936.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Górdova Dávila no inter-vinieron.


text:
    Núm. 7308.
    Campillo, etc., aplda. v. Vázquez et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Febrero 1, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, éste y dos casos más fueron sometidos en la corte de distrito por la misma prueba y en este Tribunal por un solo ale-gato. siendo los únicos errores señalados los siguientes:

“Primero: Que la corte cometió error al declarar sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción.
‘ ‘ Segundo: Que la corte cometió error manifiesto al considerar y apreeiar la prueba de las partes.
“Tercero: Que la corte cometió error al fallar estos easos porque tales fallos son contrarios a la preponderancia de la prueba.
“Cuarto: Que Is, corte cometió error al imponer las costas en cada caso y especialmente al no excluir honorarios de abogado en el segundo.”

Por Cuanto, en el caso de epígrafe se alegó:

“IV. — Que en la tarde del día 7 de octubre de 1933, la demandante viajaba en el automóvil Essex Núm. 6760, guiado por el Ledo. Enrique Campillo que caminaba por su derecha a velocidad moderada en dirección hacia San Juan y al llegar a la parada 30 de la carretera que de S'anturee conduce a Río Piedras y es una carretera pública perteneciente al Gobierno Insular de Puerto Rieo, el automóvil ‘Marmon’, licencia Núm. 4378 que conducía a la dueña deman-dada, Beatriz Martínez y caminaba en dirección a Río Piedras, fué conducido tan negligentemente por su chófer, Julio Lugo Quiñones, conocido por ‘Cubano', placa Núm. 45,265, que chocó con el demandante causándole las siguientes le-siones : .... y la demandante además alega que el accidente se debió solo y exclusivamente a la culpable negligencia de los demandados, cuyo chófer, el ci-tado Julio Lugo Quiñones, caminando a velocidad exagerada, se desvió de su lado derecho de.la carretera que era la parte Sur, hacia el lado Norte, que era su izquierda, tratando de pasar una guagua que caminaba delante y fué preci-samente al hallarse al lado Norte de la carretera, que era su izquierda, que chocó violentamente con el Essex en que viajaba la demandante, lesionando a la dicha demandante en la forma antes indicada.”

Por cuanto, los hechos así expuestos, con otros que no es nece-sario relacionar aquí, son suficientes, a nuestro juicio, para constituir una buena causa de acción y en tal virtud la corte de distrito no cometió el error apuntado en el primero de dichos señalamientos.

Por CUANTO, tampoco estamos conformes en que la sentencia es contraria a la preponderancia de la prueba, ni encontramos en la apreciación de la misma error tan manifiesto que exija la revocación de la sentencia apelada, ni abuso de discreción en la imposición de las costas.

Por tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de San Juan en este caso en 29 de junio de 1935.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7309.
    Delgado, aplda. v. Vázquez et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Febrero 1, 1938.
    (Por la' Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por Cuanto, éste y dos casos más fueron sometidos en la corte de distrito por la misma prueba y en este tribunal por un solo alegato, siendo los únicos errores señalados los siguientes:

“Primero Que la corte cometió error al deelarar sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción.
■ “Segundo: Que la eorte cometió error manifiesto al considerar y apreciar la prueba de las partes.
‘' Tercero: Que la corte cometió error al fallar estos casos porque tales fallos son contrarios a la preponderancia de la prueba.
“Cuarto: Que la corte cometió error al imponer las costas en cada caso y especialmente al no excluir honorarios de abogado en el segundo.”

PoR CUANTO, en el caso de epígrafe se alegó:

“III. — Que en la tarde del día 7 de octubre de 1933, la demandante via-jaba en el automóvil 'Essex’ núm. G760, guiado por el Ledo. Enrique Campillo que caminaba por su derecha a velocidad moderada en dirección hacia San Juan y al llegar a la parada 30’ de la carretera que de Santurce conduce a Eío Piedras y es una carretera pública perteneciente al Gobierno Insular de Puerto Eieo, el automóvil Marmon licencia núm. 4378 que conducía a la dueña deman-dada, Beatriz Martínez, y caminaba en dirección hacia Eío Piedras, fue con-ducido tan negligentemente por su chófer Julio Lugo Quiñones conocido por 'Cubano’, placa núm. 45265, que chocó con el automóvil Essex en que viajaba la demandante causándole lesiones y contusiones de consideración entre ellas la dislocación de la pierna derecha por las cuales lesiones estuvo la demandante sufriendo agudos dolores y padeciendo profunda angustia moral por más de dos meses.
“Y la demandante alega que el accidente se debió sólo y exclusivamente a la culpable negligencia de los demandados cuyo chófer el citado Julio Lugo Quiñones caminando a velocidad exagerada se desvió de su lado derecho de la carretera que era la parte S’ur hacia el lado Norte que era su izquierda tra-tando de pasar una guagua que caminaba delante y fué precisamente al ha-llarse al lado Norte de la carretera que era su izquierda que chocó violenta-mente con el Essex en que viajaba la demandante lesionando a la dicha deman-dante en la forma antes indicada.”

PoR cuanto, los hechos así expuestos, con otros que no es nece-sario relacionar aquí, son suficientes, a nuestro juicio, para consti-tuir una buena causa de acción y en tal virtud la corte de distrito no cometió el error apuntado en el primero de dichos señalamientos.

Por cuanto, tampoco estamos conformes en que la sentencia es contraria a la preponderancia de la prueba, ni encontramos en la apreciación de la misma error tan manifiesto que exija la revocación de la sentencia apelada, ni abuso de discreción en la imposición de las costas.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en este caso en 29 de junio de 1935.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7310.
    Campillo, etc., apldas. v. Vázquez et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Febrero 1, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, éste y dos casos más fueron sometidos en la corte de distrito por la misma prueba y en este tribunal por un solo ale-gato, siendo los únicos errores señalados los siguientes:

“Primero. — Que la corte cometió error al declarar sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción.
' “Segundo. — Que la corte eometió error manifiesto al considerar y apreciar
la prueba de las partes.
“Tercero. — Que la corte cometió error al fallar estos casos porque tales fa-llos son contrarios a la preponderancia de la prueba.
“Cuarto.- — Que la eorte cometió error al imponer las costas en cada caso y especialmente al no excluir honorarios de abogado en el segundo.”

Por CUANTO, en el caso de epígrafe se alegó:

“VI. — Que en la tarde del día 7 de octubre de 1933 venía el Lie. Enrique Campillo guiando su automóvil Essex núm. 6760 por la carretera Central que de Río Piedras conduce a San Juan y es una vía pública perteneciente al Go-, bierno Insular de Puerto Rico, caminando el dicho Enrique Campillo a velo-cidad moderada, por su lado dereeho de la carretera y en dirección al barrio de Santuree de esta Capital y al llegar cerca de la parada 30 de la dicha ca-rretera en el barrio de Hato Rey de Río Piedras, el automóvil Marmon, licencia núm. 4378, propiedad de los consortes Antonio Vázquez Bruno y Beatriz Mar-tínez, que era guiado en ese momento por el chófer Julio Lugo Quiñones (alias) 'Cubano/ placa núm. 45265, y conducía a la demandada Beatriz Martínez y caminaba rápidamente en dirección a Río Piedras, choeó tan violentamente con el automóvil Essex propiedad del Líe. Enrique Campillo, que el dicho automóvil Essex fué grandemente averiado, sufriendo el Lie. Campillo las siguientes le-siones: . . .
“VII. — Que el referido accidente se debió sola y exclusivamente a la culpable negligencia de los demandados y de su chófer, el citado Julio Lugo Qui-ñones, consistente la tal.culpable negligencia en el hecho de que el automóvil Marmon, propiedad de los demandados, era guiado a velocidad exagerada y al desviarse de su derecha para pasar a una guagua que también iba en dirección a Río Piedras pasó a la izquierda de la carretera, que era la derecha de la carretera por donde venía el Essex, y chocó con éste violentamente destrozán-dolo y produciéndole al Lie. Enrique Campillo las contusiones y lesiones antes citadas que le causaron la muerte.”

Por cuanto, los hechos así expuestos, con otros que no es nece-sario relacionar aquí, son suficientes, a nuestro juicio, para consti-tuir una buena causa ele acción y en tal virtud la corte de distrito no cometió el error apuntado en el primero de dichos señalamientos.

Por Cuanto, tampoco estamos conformes en que la sentencia es contraria a la preponderancia de la prueba, ni encontramos en la apreciación de la misma error tan manifiesto que exija la revocación de la sentencia apelada, ni abuso de discreción en la imposición de las costas.

Pur taNto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de San Juan en este caso en 29 de junio de 1935.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7375.
    Earle, apldo. v. Sancho Bonet, Tesorero, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 11, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por Cuanto, el demandante apelado y el demandado apelante han radicado en este tribunal una moción suscrita por sus respec-tivos abogados, en que solicitan ambos que revoquemos la sentencia dictada en el caso de autos por la Corte de Distrito de San Juan, declarando con lugar la demanda sin especial condenación de costas;

Por Cuanto, en dicha moción se alega que hallándose pendiente ante este Tribunal Supremo el presente recurso de apelación, la Corte de Circuito del Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos resolvió el caso número 3191, Sancho, Treasurer of Puerto Rico, v. Corona Brewing Corporation, 89 F. (2) 471, revocando la sen-tencia dictada por la corte de distrito de los Estados'Unidos para Puerto Rico, y devolviendo el caso con instrucciones de declarar sin lugar la demanda;

Por Cuanto, -también se alega que envolviendo dicho pleito he-chos y alegaciones iguales a los resueltos en éste recurso de apelación, la opinión de la Corte de Circuito es de perfecta aplicación al pre-sente pleito;

Por Cuanto, las anteriores alegaciones aparecen debidamente com-probadas con documentos y citas que aparecen en autos;

Por tanto, se revoca la sentencia dictada en el presente pleito por la Corte de Distrito de San Juan el día 27 de junio de 1936, y en su consecuencia se declara sin lugar la demanda, sin especial con-denación de costas.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 1002.
    Latoni, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Febrero 11, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la petición radicada por el recurrente, el escrito presentado por éste al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Pri-mera, y la nota del registrador recurrido;

Por Cuanto, el recurrente ha dejado expirar el plazo legal que le fué señalado para la radicación de su alegato, sin que lo haya ra-dicado y sin que haya señalado a este tribunal las razones en que basa su petición para que la nota del registrador sea revocada;-

POR Cuanto, somos de opinión que las disposiciones del apartado (a) de la sección primera de la Ley núm. 12 de 1923, según fue enmendada por la Ley núm. 12 de 1924, no sostienen en manera al-guna las pretensiones del recurrente;

Pob lo táNto, se confirma la nota recurrida del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, de fecha 8 de julio de 1937, y se impone al recurrente el pago de costas en la suma de diez dólares ($10.00).

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7264.
    Pier 3, Inc., aplte. v. Domenech, Tesorero, apldo.
    C. D. San Juan.
    Febrero 14, 1938.
   Por cuaNto, la demandante apelante en este caso, Pier 3, Inc., ha radicado una solicitud de apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los .Estados Unidos para el Primer Circuito ale-gando como fundamentos para sostener la misma, que la suma real-mente envuelta excede de $5,000, aunque la que se reclama en este caso específico solamente alcanza a $3,608.50, y que la imposición de una contribución ilegal constituye una privación de la propiedad sin el debido procedimiento de ley y por ende una violación a la sección 2 de la Carta Orgánica;

Por Cuanto, el que suscribe ha consultado la cuestión envuelta con el tribunal en pleno, habiéndose celebrado una vista sobre la pro-cedencia del recurso;

Por Cuanto, la impresión del tribunal, robustecida por las citas del apelado, es unánimemente al efecto de que, para aumentar la cuantía envuelta en el litigio, no se pueden ‘agregar reclamaciones fuera de los autos, y además de que la apelante no ha demostrado que el cobro realizado en este pleito sea un cobro ilegal que consti-tuya una violación de la disposición de nuestra Carta Orgánica arriba apuntada;

Por tanto, no ha lugar a admitir el recurso de apelación esta-blecido por la parte demandante para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.


text:
    Núm. 6418.
    National City Bank, apldo. v. De la Torre et als., aplte. el primero.
    C. D. San Juan.
    Febrero 17, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción del demandado apelante Francisco de la Torre en la que solicitaba de esta corte que se señalara día y hora para la audiencia de ambas partes interesadas en cuanto a los posteriores procedimientos a seguir a virtud del mandato enmendado remitido a esta corte por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos;

Vistos los informes escritos radicados por una y otra parte;

Poe Cuanto, ambas partes convienen en que el caso debe ser en-viado de nuevo a la Corte de Distrito de San Juan para que dicha corte proceda a dictar la sentencia que estimare procedente de acuerdo con la opinión de la Corte de Circuito y las leyes que regulan la im-posición de costas y honorarios de abogado, se resuelve que el caso sea enviado a la Corte de Distrito de San Juan para que dicha corte proceda a dictar la sentencia que estimare procedente.

El Juez Asociado Sr. Oórdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7392.
    Municipio de Ponce, apldo. v. Pereira, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 10, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Pob cuanto, dictada sentencia en este pleito declarando la de-manda sin lugar a virtud de una moción de nonsuit, al día siguiente el demandante presentó una moción pidiendo a la corte que ordenara que el caso fuera reabierto y la corte después de haber oído a ambas partes — al demandado que se opuso y al demandante que aportó prueba en apoyo de su petición — dejó sin efecto la sentencia y or-denó que el pleito fuera señalado de nuevo para juicio; y

Por cuanto, no conforme el demandado apeló y en su alegato señala como único error el cometido a su juicio por la corte al apli-car a los hechos del caso, abusando de su discreción, la regla del ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil; y

Por CUANTO, hemos examinado los autos y los alegatos y no es-tamos convencidos de que bajo las circunstancias concurrentes hi-ciera el juez sentenciador mal uso de su discreción al actuar en la forma en que lo hizo;

Por tanto, debe declararse y se declara sin lugar la apelación, confirmándose la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Oórdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 35.
    Méndez, dmte., v. Comisión Industrial, dmda.
    Marzo 23, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Examinada la solicitud que antecede a la luz del caso de Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10, y tratándose como se trata, únicamente de una cuestión de apreciación de prueba, no ha lugar a la revisión solicitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7415.
    Rodríguez, etc., aplte. v. Sucn. Rodríguez, aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 23, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutcbison.)
   Por CUANTO, el juez de distrito en su relación del caso y opinión dijo:

"Considerada detenidamente la prueba, la corte ha llegado a la conclusión de que el demandante no probó en forma alguna el concubinato de su madre natural con el alegado padre, Baldomero Rosado Eussá.
"La prueba de la paternidad, tomando en consideración por sí solo la evi-dencia introducida por la parte demandante, resultaría demasiado débil, ya que sobre la misma no declaró nadie más que la madre del demandante, cuya decla-ración no pudo ser más vaga e incierta.
"El testimonio del testigo José Moreno no mereció crédito alguno del juez de esta corte, no solamente por su forma de declarar, si que también porque su declaración no puede armonizarse con el resto de la evidencia de la propia parte demandante, pues mientras dicho testigo declaró que el demandante naeió en la casa del testigo a las ocho de la noche y que al otro día le dió la no-ticia a don Baldomero Rosado y éste le dió un vale para la tienda y $2 para pagar la partera, la madre del demandante declaró que había nacido por la madrugada en la casa del padre de ella o sea de Ramón Rodríguez Vega, abuelo del demandante, lo cual aparece así mismo de la certificación de nacimiento ofrecida en evidencia. También otro testigo del demandante de apellido Ro-dríguez declaró que don Baldomero Rosado había pagado él personalmente a la partera en su presencia y en casa de la madre del demandante algunos días después del nacimiento de éste.
"La corte ha llegado además a la conclusión que el demandante nunca estuvo en la posesión continua del estado de hijo natural de Baldomero Rosado Eussá justificado por actos de dicho Baldomero Rosado Eussá o de sus fami-liares. A esta conclusión ha llegado la corte tomando en consideración no sola-mente el testimonio de los testigos ofrecidos en evidencia por la sucesión de-mandada, si que también la propia prueba del demandante, cuyos testigos no merecieron crédito alguno de la corte; por el contrario, los testigos de la parte demandada, por sus relaciones de íntima amistad y familiaridad con don Baldo-mero Rosado y Eussá y los familiares de éste, se encontraban en condiciones de conocer y hubieran tenido conocimiento de cualquiera relación de esta índole que hubiese podido existir entre el demandante y dicho don Baldomero Rosado y Eussá, ya que visitaban algunos casi 'a diario y otros periódicamente y a cortos intervalos de tiempo la residencia de dicho señor Rosado tanto en Rincón como en Mayagüez, y por la forma de declarar dichos testigos, por la natura-leza de la declaración de los mismos, y por la reconocida probidad- de éstos, la corte le da .entero erédito a sus declaraciones, las cuales controvierten la evi-dencia presentada por la parte demandante y destruyen toda posibilidad de la existencia de tales relaciones entre el demandante y dicho don Baldomero Ro-sado Eussá.
“La corte ha llegado así mismo a la conclusión, que el demandante nunca, vivió en compañía de don Baldomero Eosado ni en la casa de éste ni en el "barrio Calvaehe de Eincón ni en su residencia de Mayagüez. El testigo don Juan Eosado, hijo legítimo de don Baldomero Eosado, declaró que nunca había visto al demandante en su hogar y que le conoció en el barrio Calvaehe de Eincón trabajando como jornalero. Otro testigo, Luis Eosado, hijo del cau-sante Baldomero Eosado declaró que solamente hacía quince días que había visto por primera vez al demandante, esto es, durante la vista del primer juicio.
“No hubo evidencia alguna de que don Baldomero Eosado suministrase o proveyese para la educación del demandante, y de la evidencia practicada la corte ha llegado a la conclusión de que tampoco suministró alimentos y vestidos, pues mientras los hijos del causante, o sean los demandados, son profesionales, el demandante no sabe leer ni escribir, y la evidencia demostró que hasta que fué mayor de edad anduvo .descalzo y vestía como un jornalero y como tal tra-bajaba en el barrio Calvaehe de Eincón.
“En resumen, la prueba del demandante no puede equipararse en calidad ni fortaleza con aquella de los demandados, y la del primero no es ni clara, ni robusta ni convincente, y no puede justificar una sentencia de filiación a su favor. ” .

Por cuaNto, los únicos supuestos errores señalados por el ape-lante son los siguientes:

“Primero. La corte inferior cometió error al declarar que el demandante nunca estuvo en la posesión continua de hijo natural de Baldomero Eosado y Eussá.
“Segundo. La corte inferior cometió error al declarar que el demandante nunca vivió en compañía de Baldomero Eosado Eussá y cometió error mani-fiesto al comparar la evidencia del demandante con la de los demandados y negarle crédito a la primera y dárselo todo a la segunda, sin base ni funda-mento legal alguno para ello.

PoR CUANTO, examinada la .transcripción de la evidencia a la luz' de los alegatos, no encontramos error alguno en la apreciación de la prueba tan manifiesto que exija una revocación de la sentencia apelada.

Por tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de Mayagüez en junio 26, 1935.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 71.
    White Star Bus Line, Inc., Peticionaria v. Corte de Distrito de San Juan, dmdos.
    Enero 28, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf).
   Por cuanto, la White Star Bus Line, Inc., presenta a esta corte una petición de auto inhibitorio dirigido a .la Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada;

Por CUANTO, -la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, en el “caso núm. J-3865, en el asunto de la Querella de la "White Star Bus Line, Inc., contra varios porteadores públicos por vehículos de motor con capacidad autorizada no mayor de siete pasajeros”, resolvió como sigue:

“Resuelve y ordena por la presente el que se enmiende la referida orden final dictada por la Comisión en 15 de octubre de 1932, según fué enmendada el 16 de marzo de 1935, de manera que quede redactada en la siguiente forma:
“ 'Se ordena, además, y por la presente queda prohibido, a todo vehículo de motor que no hubiere sido previamente autorizado por esta Comisión, que actúe, sirva, funcione u opere como porteador público en el transporte de pa-sajeros por asiento, brindando, ofreciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general, entre los municipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de San Juan o Río Piedras, o entre puntos intermedios. El hecho de que un vehículo de motor actúe como porteador público, transportando pasajeros por asiento, de un sitio a otro, entre los municipios de San Juan y Río Piedras, o entre puntos intermedios, constituirá prueba prima facie de una violación de las disposiciones de esta orden ’ ”; '

Por cuanto, la jurisdicción para revisar resoluciones u órdenes de la Comisión de Servicio Público estái investida exclusivamente en la Corte de Distrito de San Juan;

Por cuanto, el día 21 de enero de 1938 Jaime Ortiz, Alejandro Salgado y Juan González, que fueron partes querelladas en las ór-denes o resoluciones dictadas por la Comisión en 15 de octubre de 1932 y marzo 16, 1935, radicaron en la corte querellada una petición de apelación intentando revisar la resolución de enero 4, 1938;

Por cuanto, la peticionaria ante esta corte entendió que la re-solución aludida de enero 4, 1938, dictada por la Comisión, no era apelable porque no procedía apelar de una enmienda al reglamento de la Comisión, insistiendo en que la apelación es estatutaria y no cubierta por la Ley núm. 70 de 1917 (Leyes de ese año, pág. 433) y porque la apelación debió haberse tomado de la orden fechada marzo 16, 1935;

Por Cuanto, además de las admisiones, supra, hechas en su pe-tición a esta corte, los autos demuestran que al tiempo de la resolu-ción de 1935 los dueños de carros públicos se hicieron en general par-* tes querelladas y por eso han quedado partes en el procedimiento;

Por cuanto, la misma resolución de la Comisión de 4 de enero de 1938, por sus propios términos enmienda la orden final enmen-dada, dictada por la Comisión en marzo 16 de 1935, y por eso la de enero 4 debe considerarse, o como una enmienda a la de 1935, o como tina orden final enmendada, y no como una mera aclaración de la de 1935, como sugieren los peticionarios aquí;

PoR Cuanto, el artículo 78 de la citada ley dice:

“Apelaciones a la corte de distrito — tramitación.-—Dentro de los treinta días después de archivada cualquier declaración o decisión por la Comisión o después de la fecha de haber sido notificada cualquier orden, a menos que es-tuviere pendiente una solicitud de nueva audiencia, y entonces dentro de los treinta días de haber sido denegada tal solicitud o de haberse dictado una orden modificando, enmendando, rescindiendo o confirmando la declaración, de-cisión. u orden original, cualquiera de las 'partes en el procedimiento afectada por ella, podrá apelar para ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Pri-mera. ’ ’

Por Cuanto, la resolución apelada a la corte de distrito cae den-tro de las palabras “una orden modificando, enmendando, rescin-diendo o confirmando la declaración, decisión u orden original”;

PoR Cuanto, debe entenderse que el artículo 78 es uno regulando y fijando cualesquiera apelaciones de las órdenes o resoluciones de la Comisión o enmiendas a las mismas; y

Por Cuanto, aun si existieren algunas dudas de la jurisdicción de la corte de distrito, creemos que debe permitirse a ésta seguir en-tendiendo en el procedimiento:

Por tanto, se declara sin lugar el auto inhibitorio solicitado.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 1132.
    Delgado et als., peticionarios, v. Corte, dmda.
    Marzo 9, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la solicitud de certiorari radicada por los peticionarios,-para que revisemos 'y anulemos la resolución de la corte recurrida resol-viendo excepciones previas, y vista la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo en los casos de Rodríguez v. Sepúlveda, 19 D.P.R. 1169, Martínez v. Soto Nussa, 20 D.P.R. 359, Muñoz et al. v. Corte de Distrito, 31 D.P.R. 820, y Miranda v. Corte Municipal, 36 D.P.R. 865, se declara no haber lugar a expedir el auto solicitado.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7264.
    Pier 3, Inc., aplte. v. Sancho Bonet, Tes. apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 19, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Examinadas las dos mociones que anteceden, así como la trans-cripción de la evidencia acompañada a la primera a la luz del ale-gato de la parte apelante, y no apareciendo que dicha transcripción hubiera afectado el resultado, no ha lugar a la reconsideración ni a la eliminación solicitada.

El Juez Asoeiado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6993.
    Díaz, apldo. v. Ramos et al., apltes.
    C. D. Bayamón.
    Noviembre 17, 1937.
    (Por la 'Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por Cuanto, la moción de reconsideración en este caso se basa fundamentalmente en que la sentencia dictada por la corte no cons-tituye “stare decisis”, ya que la misma fué dictada con la aproba-ción de solamente dos de los jueces de esta corte, habiendo disentido otros dos;

Por cuanto, en dicha moción se levanta el punto de que no obs-tante haberse celebrado la vista del caso ante los cinco jueces que componen este Tribunal, el mismo fué resuelto por cuatro de ellos sin la intervención del quinto juez, quien se encontraba transitoria-mente ausente de Puerto Rico;

Por Cuanto, el presente caso fué uno en el cual se celebraron dos vistas, una en febrero 26, 1936, y una en abril 24 del mismo- año, quedando el caso definitivamente resuelto en junio 25, 1937, habiendo estado, por lo tanto, pendiente de resolución por más de un año;

Por cuanto, el tribunal queda válidamente constituido para resolver cualquier recurso con la mera asistencia de tres o más de sus jueces, aún en ausencia de uno de los jueces que intervino en la dis-cusión del recurso en corte;

, Por cuanto, ya esta corte ha resuelto el valor que puede dársele a una decisión en la cual las opiniones de los jueces están igualmente divididas (véanse Saldaña v. Consejo Municipal de San Juan, 15 D.P.R. 37; Latoni v. De los Santos, 49 D.P.R. 682);

Por tanto, se declara sin lugar la reconsideración solicitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 997.
    Balzac, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Noviembre 3, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   PoR ouaNTO, en nuestra resolución de 17 de junio de 1937 con-firmamos la nota del registrador en este caso que denegaba la ins-cripción de cierta parcela de terreno a favor del recurrente;

Pos CUANTO, la resolución referida se basó fundamentalmente en el carácter público, y por lo tanto inalienable, de la parcela en cues-tión, desprendiéndose dicho carácter de la descripción escrituraria que lee como sigue:

“Rústica: Solar sito en el barrio Maresúa, término municipal de San Germán, Puerto Rico, sitio ocupado por el cementerio de esta ciudad; de una cabida de dos áreas, noventa y siete centiáreas; colindante por el Norte y Oeste, con terrenos de la Sucesión de Amparo Gareés; y por el Este y Sud, con solares del Municipio de San Germán.”

Por CUANTO, se nos ha pedido la reconsideración de dicha resolu-ción debido a que la misma fue dictada en ausencia de alegato al-guno por parte del recurrente, cuya ausencia ha sido satisfactoria-mente explicada, y por cuanto en dicho alegato se levanta el punto de que el solar vendido si bien estaba dispuesto para ampliación del cementerio, no había sido, al tiempo de la venta, dedicado a ese uso por el Municipio de San Germán;

Por cuanto, es al registrador recurrido a quien debe convencerse del alegado estado de la propiedad, teniendo nosotros que ceñirnos al contenido de la escritura calificada;

■ Por tanto, se declara sin lugar la reconsideración solicitada sin perjuicio de que el recurrente pueda acudir de nuevo, con la debida documentación, ante el registrador.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 1017.
    Central Cambalache, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Marzo 31, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Sobre la moción de reconsideración presentada por el registrador, óigase por escrito al recurrente dentro de un término que vencerá en abril 18, 1938, quedando entendido que — -a menos que las partes soliciten otra cosa — si el tribunal llegare a la conclusión de que la reconsideración procede, no sólo así lo decretará si que procederá a resolver en definitiva el recurso.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no' intervino.


text:
    Núm. 7690.
    Echevarría & Co., aplda. v. Sancho Bonet, Tesorero, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 31, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   A la moción de la parte apelada de marzo 2, 1938, no ba lugar a reconsiderar la resolución de febrero 11 último, por virtud de la cual esta Corte se negó a desestimar “por ahora”, el recurso.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7625.
    Royal Bank of Canada, apldo. v. Bravo et als., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Octubre 22, 1937.
   Se declara con lugar la anterior moción de allanamiento y en su consecuencia se desestima la apelación entablada en este caso contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez,-el día 8 de septiembre de 1937.


text:
    Núm. 7540.
    Cintrón et al., aplte. v. West India Oil Co., aplda.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 10, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso'.)
   Por cuanto, vista la moción de desestimación que antecede, ra-dicada con fecha 12 de noviembre del. año en curso;

Por cuanto, de los autos aparece que con anterioridad a la fecha en que se presentó dicha moción esta Corte con fecha 11 de noviem-bre concedió a los apelantes un término que habría de vencer el día 10 de diciembre para radicar la transcripción de la evidencia;

Por tanto, se declara sin lugar la referida moción de desestima-ción por haberse presentado prematuramente.

El Juez Presidente Sr. del Toro y Asociado Sr. Oórdova Dávila, no in-tervinieron.


text:
    Núm. 7648.
    Salinas, apldo. v. Santana, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 10, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción de desestimación presentada por el demandante apelado y apareciendo debidamente comprobado qne con relación' a este pleito la apelante no ba becho gestión alguna en la Corte de Distrito desde el día 8 de junio de 1937, fecha de la sentencia, así como que tampoco ha otorgado la fianza para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación, que requiere el artículo 631 del Código de Enjuicia-miento Civil, se desestima la apelación interpuesta.

El Juez Presidente Sr. del Toro y Asociado Sr. Córdova Dávila, no inter-vinieron.


text:
    Núm. 7595.
    Romaní, apldo. v. El Jurado del Hipódromo Quintana y La Comisión Hípica Insular, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Enero 11, 1938.
    (Por la Corte, a-propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes, siendo la fecha que sirve de punto de partida para contar el término para establecer el recurso de apelación'la fecha del archivo de la no-tificación con los autos, y no apareciendo ésta en la nota de la no-tificación ni de otro modo, por autoridad de los casos de Del Rosario v. Ayende, 33 D.P.R. 770; Delgado v. Márquez, 37 D.P.R. 135 y Rodríguez v. Torres, 48 D.P.R. 917, no ha lugar a la desestimación solicitada.

Los Jueces Asociados Sres. Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Núm. 6.
    Winship, Gobernador, aplte., v. Asamblea Municipal, recurrida.
    C. D. Guayama.
    Marzo 24, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción de desestimación presentada por la parte recu-rrida y los alegatos de ambas partes en pro y en contra de dicha moción;

Por Cuanto, el tribunal es de opinión que el caso presenta cues-tiones de derecho meritorias que deben ser discutidas ampliamente, no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7634.
    Asencio, apldo., v. Mendoza, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 24, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista sin la asistencia de las partes la moción que antecede, fun-dada en el supuesto de que por falta de una transcripción de la evidencia este tribunal carecería de todos los elementos probatorios necesarios para resolver sobre los méritos de la presente apelación en su fondo, examinado el escrito de oposición así como el alegato del apelante y apareciendo que la cuestión ahora suscitada es por su naturaleza una que puede ser determinada más acertadamente al considerar los méritos de tal apelación después de una vista de la misma en su fondo, no ha lugar por ahora a la desestimación so-licitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7694.
    Marín et al., apltes. v. Pagán, Tesorero de la Capital.
    C. D. San Juan.
    Marzo 29, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción del apelado para que se desestime el recurso de apelación por el motivo, entre otros, de que ‘1 de la faz de la solicitud se desprende, así como también de la jurisprudencia de esta Corte Suprema, que el recurso de certiorari usado en este caso, no es el adecuado para revisar los actos de que se queja la peticionaria.”

Por CUANTO, el único objeto de la solicitud de certiorari radicada en la Corte de Distrito de San Juan es la revisión y anulación del acto del Tesorero del Gobierno de la Capital al suspender de em-pleo y sueldo y destituir a la peticionaria apelante.

Por Cuanto, esta Corte Suprema ha sostenido en los casos de Coll v. Todd, 35 D.P.R. 625, Rivera v. Asamblea Municipal, 39 D.P.R. 79, Fernández Vanga v. Pavía, Alcalde, 42 D.P.R. 768, y Valldejuli v. De Castro, Administrador, 52 D.P.R. 286, 293, que la destitución de un empleado, aun sin justa causa, no cae dentro de las disposi-ciones de la Ley Municipal autorizando el ejercicio del auto de certiorari.

Por Cuanto, de la faz de la solicitud no aparece que haya habido una absoluta falta de prueba que justifique la destitución, y sí apa-rece que el demandado formuló cargos a la peticionaria y que ésta tuvo una oportunidad de ser oída en su propia defensa.

Por cuanto, normalmente el funcionario con poder parar desti-tuir es el único juez de la prueba, pudiendo intervenir los tribunales solamente en caso de que hubiere una carencia absoluta de prueba que justifique la destitución. Castro v. Tesorero, 34 D.P.R. 199; 5 R.C.L. 263-4.

Por lo tanto, se declara con lugar la moción del apelado y se desestima el recurso.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7709.
    Irizarry, aplte. v. Valdivieso, apldo.
    C. D. Ponce.
    Marzo 29, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte apelada y apareciendo de la misma que la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia declarando sin lugar la demanda el día 17 de enero de 1938, y que el apelante habiendo sido notificado de dicha sentencia el día 18 de enero presentó en la secretaría de dicha corte un escrito apelando de una relación del caso y opinión emitida por el juez de distrito el día 18 de enero, sin que exista apelación alguna contra la sentencia dictada el día 17, se desestima la presente apelación por no ser apelable la relación del caso y opi-nión de referencia.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7488.
    De Choudens, etc., aplda. v. Portilla, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 22, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente,Sr. del Toro.)
   Por cuanto, la parte apelada por moción de junio 16, 1937, so-licitó la desestimación del recurso por negligencia en su tramitación, celebrándose la vista de dicha moción el 12 de julio siguiente; y'

Por cuanto, esta corte por resolución de julio 28, 1937, declaró la moción con lugar dejando luego su resolución sin efecto a virtud de reconsideración solicitada por la parte apelante, señalándose una nueva vista de la moción para noviembre 8, 1937; y.

Por Cuanto, celebrada la nueva vista y examinados los antece-dentes del caso se encuentra que la transcripción había sido ya ra-dicada cuando se celebró la primera vista de la moción de desesti-mación bajo un número distinto, el 7567, constituyendo dicha radica-ción una contestación suficiente.

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación, de-biendo consolidarse bajo un sólo número ambos expedientes por trar tarse de tres apelaciones contra resoluciones dictadas en el mismo pleito, comprendidas en una sola transcripción.

Los Jueces Asociados señores Hutchison y Córdova Dávila no intervi-nieron.


text:
    Núm. 7696.
    Pimentel, etc. aplte. v. American Railroad Co. of P. R., aplda.
    C. D. San Juan.
    Febrero 23 1938.
    (Por la Corte, ¿ propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción de desestimación radicada por la parte apelada j la certificación del Seerétario de la Corte de Distrito de San Juan '"a ella anexa, en la que se hace constar que la sentencia recurrida fué dictada en 28 de enero de 1937 y notificada el 29 del mismo mes a la demandante apelante; que el escrito de apelación fué radi-cado el 24 de febrero de 1937; que a solicitud de la apelante, la Corte de Distrito dictó' en 5 de marzo de 1937 una orden dirigida al ta-quígrafo para que éste transcribiera la evidencia; que en 5 de oc-tubre de 1937 .el tribunal inferior concedió al taquígrafo una pró-rroga de 30 días para completar la transcripción; y que desde esa fecha hasta el presente no se ha concedido nueva prórroga, ni se ha i’adicado moción alguna para una nueva prórroga, ni se ha cumplido lo ordenado por la Corte en 5 de octubre de 1937;

Visto el escrito de oposición radicado por la demandante apelante, al que se acompaña una certificación del mismo Secretario de la Corte inferior en la que se hace constar que la transcripción de evidencia fué presentada en Corte el día 12 de marzo de 1937 y que la Corte señaló el día 17 del mismo mes para la vista relacionada con su apro-bación; que en 12 de septiembre de 1937 la corte señaló el día 10 del mismo mes y año (sic) para la vista sobre aprobación de la trans-cripción de evidencia; y que en 7 de octubre de 1937 se desestimó una moción, cuyo objeto no se hace constar, por haberse concedido prórroga cóh fecha 15 del mismo mes al taquígrafo;

Vista la declaración jurada del taquígrafo Eduardo Ugarte en la que hace constar que en 11 de marzo de. 1937 él presentó y radicó .en la Secretaría de la Córte de Distrito la transcripción que le fué ordenada el 5 del mismo mes;

Vistas la copia certificada de la moción radicada en la Corte inferior por la parte apelada, en 15 de marzo de 1937, en la que pedía se ordenara a la apelante que entregara a la apelada una copia de la transcripción de evidencia y que se concediera a la apelada una oportunidad para formular sus objeciones; y la orden del tribunal inferior suspendiendo la vista que había sido señalada para el 10 de septiembre de 1937 y ordenando al taquígrafo entregar al abo-gado de la apelada dentro del término de 30 días una copia de la transcripción;

PiOR Cuanto, la parte promovente no nos ha convencido de que la parte apelante no ha sido diligente en la tramitación del recurso;

PoR cuanto, examinado el escrito de apelación en este caso en-contramos que éste cumple substancialmente con los requisitos legales en cuanto a su forma y contenido;

Pob Cuanto, la notificación del escrito de apelación hecha por correo al abogado de la parte apelada, si bien no se ajusta a los requisitos legales cumple substancialmente con el propósito del esta-tuto y está justificada por las razones aducidas por la apelante al efecto de que le fué imposible hacer una notificación personal al abo-gado de la apelada por no encontrarse éste en su despacho y no tener allí empleado autorizado para recibir y aceptar notificaciones; y por cuanto el abogado de la apelada no niega haber recibido opor-tunamente la copia del escrito de apelación que le fué enviada por correo, dejando así ineontrovertida la presunción legal de que re-cibió dicha copia a su debido tiempo.

Por lo tanto, se declara sin lugar la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7527.
    Veve, aplte. v. Keith, apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 24, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por Cuanto, se solicita por el demandado y apelado Edward "W. Keith la desestimación del recurso de apelación interpuesto el día 7 de julio de 1936 por el demandante apelante Rafael F. Yeve Carrillo contra una sentencia de la Corte de Distrito de San Juan dada el 18 de junio de 1936;

Por Cuanto, los fundamentos en que se basa la moción de desesti-mación son, a saber, falta de diligencia en la tramitación del re-curso y la frivolidad de éste;

Por Cuanto, el día 19 de julio de 1937 el apelante radicó en este Tribunal Supremo su alegato, en el cual se señalan siete errores que justifican, por si se han cometido, nuestra intervención, aun cuando aceptábamos que el recurso no haya sido tramitado con la debida diligencia.

POR tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación pre-sentada.


text:
    Núm. 7348.
    Yabucoa Sugar Co., aplte. v. Aetna Casualty & Surety Co., aplda.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 10, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutcbison.)
   Por Cuanto, los únicos errores señalados por la parte apelante son:

"Primero. La corte erró al apreciar la prueba presentada por arabas par-tes en este caso.
"Segundo. La condena de costas es improcedente.”

Por Cuanto, vista la moción que antecede sobre desestimación, examinado el alegato de la demandante apelante y atendidos los ar-gumentos orales de ambas partes, no encontramos ni error manifiesto en la apreciación de la prueba ni abuso de discreción en la imposi-ción de costas,

Por tanto, se desestima como frívola la apelación interpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 9 de marzo de 1936.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7553.
    Saavedra et al., apldos. v. Saavedra et al., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 25, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción de la parte apelada por la que solicita la desesti-mación del recurso por los motivos siguientes:

1. Porque la apelación es frívola por haber sido la finca objeto del litigio adjudicada al Federal Land Bank of Baltimore en la ejecución del crédito hipotecario constituido por los demandados apelantes, crédito que ha sido re-conocido como válido, por lo cual cualquiera que fuese la decisión de esta Corte Suprema en nada podría variar la situación creada por tal ejecución.

2. Porque la única cuestión fundamental de derecho promovida por los apelantes es la relativa a la aplicabilidad de la máxima m pari delioto potior est conditio defendentis, cuestión que fue ya resuelta por esta Corte Suprema en contra de los apelantes en Saavedra v. Saavedra, 46 D.P.R. 232.

3. Porque las únicas cuestiones que pudieran promoverse tendrían que dirigirse a atacar la apreciación de la prueba hecha por la corte inferior.

Por cuanto, al estudiar las conclusiones de liecho establecidas por la corte sentenciadora encontramos que dichas conclusiones están am-pliamente justificadas por la evidencia, sin que del récord del caso aparezca que la corte sentenciadora haya actuado bajo la influencia de la pasión o del prejuicio o haya sido parcial en su fallo.

PoR cuanto, la devolución del certificado de acciones y del .re-manente que quedó en poder del demandado apelante es consecuencia lógica e inevitable de la declaración de validez y eficacia del convenio por el cual el demandado apelante se comprometió a devolver la finca al demandante tan pronto como se hubiese realizado el préstamo con el Federal Land Bank, declaración hecha por la corte sentenciadora de acuerdo con lo resuelto por esta Corte Suprema en Saavedra v. Saavedra, 46 D.P.R. 232.

Pok lo TANTO, se declara con lugar la moción de la parte ape-lada y se desestima el recurso por ser frívolo y académico.

El Juez Asociado Sr. Oórdova Dávila uo intervino.


text:
    Núm. 7257.
    Pueblo, aplte., v. United Theaters, Inc., et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Febrero 7, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vistas las dos mociones que anteceden sobre desestimación de la presente apelación, examinada la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en.el caso de El Pueblo v. The Shell Co. (P.R.) Limited, decidido en diciembre 6, 1937, y no apareciendo claramente frívola la apelación interpuesta en el caso de epígrafe, no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7691.
    Márques & Cía., aplda. v. Sancho Bonet, Tesorero, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 11, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso por ser frívolo cuya vista se celebró el siete de febrero actual, con la sola asistencia de dicha parte, vista la oposición escrita de la parte apelante basada en que el caso envuelve la misma situación de hechos y de derecho que el caso de Valiente & Co. v. Tesorero de Puerto Rico, 50 D.P.R. 586, recientemente resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito y ahora pendiente de revisión ante el Tribunal Supremo Nacional, y habida en eonsi-deración la práctica seguida en el caso núm. 7257, El Pueblo v. United Theaters, no ha lugar, por ahora.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7654.
    Calderón, aplte. v. Boglio, apldo.
    C. D. Guayama.
    Febrero 25, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Poe cuaNto, el peticionario apelante radicó ante la Corte de Distrito de Guayama una petición de hábeas corpus, que fué de-clarada sin lugar;

Por CUANTO, el peticionario apeló para ante este Tribunal y hasta ahora no ha radicado su alegato;

Por Cuanto, el fiscal de esta Corte ha presentado una moción solicitando se desestime el recurso por frívolo;

Por Cuanto, las cuestiones suscitadas en la corte inferior fueron la falta de jurisdicción por parte de dicha corte y la indebida apre-ciación de la prueba;

Por Cuanto, el último fundamento suscitado estaba perfectamente cubierto por la decisión emitida por esta Corte con fecha 7 de mayo ele 1937 en el caso de El Pueblo v. Calderón, 51 D.P.R. 513, en que el aquí peticionario apeló de la sentencia de la corte de distrito de Guayama;

Por Cuanto, leyendo la prueba, de ella -se desprende que los su-cesos tuvieron lugar dentro de la jurisdicción de aquella corte de distrito y que la cuestión de jurisdicción no fué suscitada en dicho recurso;

Por Cuanto, un hábeas corpus no puede servir los fines de una apelación.

Por tanto, se desestima la apelación por frívola.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7700.
    Aybar et al., apltes. v. Vara, et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Marzo 29, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede solicitando se desestime la presente apelación por supuesta frivolidad, consistente ésta en la falta de prueba al efecto de que los demandantes son los herederos legítimos por la vía colateral de Carmen, Manuela y Carolina Smith Aybar, con exclusión de los demandados como herederos forzosos por vía de descendencia directa, careciendo por tanto los demandantes de perso-nalidad para atacar la sentencia dictada en el caso Civ. Núm. 10,605 de la Corte de Distrito de San Juan, sobre nulidad de inscripción; y en la falta de prueba de que cierta sentencia es nula y sin valor alguno por haberse obtenido por medios fraudulentos, ya que en ningún momento demostraron los demandantes la ilegalidad de los documentos en que fundan los demandados su descendencia directa, habiendo sido esta cuestión ya resuelta entre las mismas partes en el caso de Aybar v. Vara, 48 D.P.R. 745, — y habiendo sido resuelto por el mismo tribunal, entre las mismas partes, otra demanda que es firme y definitiva para las partes, alegaciones que esencialmente son las mismas, por alegarse también en ellas fraude y tener los mis-mos fundamentos, las cuestiones planteadas en la demanda consti-tuyen una cosa juzgada, existiendo identidad de partes, identidad de cosas e identidad de acciones, — no siendo suficientes semejantes ma-nifestaciones, basadas en meras citas de varios exhibits incluidos en la transcripción de la evidencia y citas de jurisprudencia para de-mostrar que la apelación sea claramente frívola, sin que tal deficien-cia haya sido suplida satisfactoriamente por el breve alegato radi-cado en el día de la vista por las promoventes; apareciendo que este Tribunal en marzo 24, 1938 concedió a la parte apelante una prórroga que vencerá en abril 25 y existiendo la posibilidad de que tal alegato, una vez presentado, pueda arrojar alguna luz sobre las cuestiones ahora suscitadas por la moción para desestimar; atendi-das las circunstancias especiales del caso y especialmente el he-cho de que los apelantes son legos, sin representación legal y en tal virtud el caso exige una consideración más detenida que de otro modo sería necesario para evitar la posibilidad de alguna in-justicia inadvertida; no ha lugar por ahora a la desestimación so-licitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7705.
    Domenech, apldo., v. Calero González, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 16, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte apelada, se declara con. lugar dicha moción y se desestima la apela-ción interpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Aguadilla en mayo 28, 1937, por no haberse radicado aún en la secretaría de este Tribunal la transcripción de los autos no obstante haberse aprobado por el juez la transcripción de evidencia desde enero 4, 1938.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7454.
    Reyes, etc., aplda. v. Ruiz, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Noviembre 12, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por cuanto,' la demandante apelada solicita que se desestime el recurso de apelación interpuesto por el demandado apelante, entre otras razones, porque a pesar de estar radicada en esta Corte desde el 12 de febrero del corriente año la transcripción de autos, el ale-gato no ha sido presentado aún;

Por Cuanto, el día 24 de junio de 1937 este Tribunal Supremo concedió al demandado apelante hasta el 22 de julio de 1937' para radicar su alegato, advirtiéndole que por ser la quinta sólo se acce-dería a nueva solicitud de prórroga si mediaban circunstancias real-mente meritorias;

Por cuanto, ha expirado dicha prórroga y el apelante no ha ra-dicado su alegato ni aducido las razones que se lo impidieran;

Por cuanto, el apelante tampoco ha hecho oposición a la desesti-mación solicitada, y el día de la vista se limitó a someter sin informe la moción de la parte apelada;

Por tanto, visto lo resuelto por esta Corte en Parra Vda. de Sánchez v. Great American Insurance Co., 38 D.P.R. 893, se .declara con lugar la moción de la demandante apelada y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación interpuesto.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7448.
    Collazo, aplte. v. Dávila et al., apldos.
    C. D. Arecibo.
    Febrero 2, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación de la ape-lación interpuesta en este caso por moción de enero 21 último seña-lada el 24 para verse el 31, como en efecto se vió con la sola asisten-cia e informe del abogado de dicha parte; y

Por Cuanto, de la moción y de los autos resulta que radicada la transcripción en feberero 15, 1937, se fueron solicitando prórrogas para presentar alegato venciendo la última en septiembre 7, 1937, sin que el documento se archivara ni se baya radicado aún a la fecha de esta resolución;

Por tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7303.
    Dávila et als., apldos. v. Collazo, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Febrero 2, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación de la ape-lación interpuesta en este caso por moción de enero 21 último seña-lada el 24 para verse el 31, como en efecto se vió con la sola asisten-cia e informe del abogado de dicha parte; y

Por cuanto, de la moción y de los autos resulta que radicada la transcripción en febrero 15, 1937, se fueron concediendo prórrogas para presentar alegato, dejándose fenecer la última en septiembre 27, 1937, sin que dicho documento se archivara ni se haya radicado aún a la fecha de esta resolución;

Por tanto, se declara la moción con lugar y en su consecuencia, se desestima, por abandono, el recurso.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7679.
    Rivera, apldo. v. López, aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 31, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, la parte apelada el 25 de febrero último solicitó la desestimación de la apelación interpuesta en este caso por haber vencido desde enero 22 anterior el término que el apelante tenía para archivar su alegato sin que se presentara antes, entonces ni después, habiéndose celebrado la vista de dicha moción en marzo 28 actual sin asistencia de las partes; y

Por Cuanto, faltando como falta el documento en que se plan-tean las cuestiones que se pide al Tribunal que decida, no es posible que el recurso continúe;

Por tanto, se declara la moción con lugar y la apelación se desestima.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7589.
    Pagán, aplte. v. Yabucoa Sugar Co., aplda.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 18, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción para que se desestime este recurso de apelación por haberse interpuesto fuera de tiempo, y apareciendo de los autos que la sentencia apelada fué dictada por la Corte de Distrito de Humacao, en apelación procedente de la Corte Municipal de Yabucoa; que una copia de la notificación de la sentencia dictada por la Corte de Distrito quedó archivada con los autos el 9 de junio de 1937 y que el escrito de apelación fué radicado el 3 de julio de 1937. Vis-tos asimismo el párrafo segundo del artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil, la sección 2 de la Ley de 9 de marzo de 1911 y la jurisprudencia aplicable, se declara con lugar la moción y se deses-tima el recurso de apelación interpuesto.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6651.
    Pueblo, apldo. v. Marty, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 16, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, el acusado apelante en este caso no ha presentado alegato de ninguna clase para sostener su recurso;

Por Cuanto, solamente ha sometido a este Tribunal un escrito en el que expresa que se declaró culpable ante la corte inferior de un delito de asesinato en segundo grado y que ésta le impuso una pena de catorce años de presidio, que considera excesiva, y suplica de esta Corte que se la rebaje;

Por cuanto, la imposición, de la pena es cuestión que cae dentro de la sana discreción de la corte inferior, y no existe en el caso de autos base alguna para que la misma sea reducida:

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez con fecha 7 de diciembre de 1936. 1

El Juez Asociado Sr. Górdova Dávila n.o intervino.


text:
    Núm. 6757.
    Pueblo, apldo. v. De León, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 17, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Visto el caso con la sola asistencia del fiscal, atendida la reco-mendación de éste y por los motivos expresados en su informe oral y escrito y por autoridad del caso de El Pueblo v. Victoriano Pérez, resuelto en julio 31, 1937 (ante, pág. 169), se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.

El Juez Asociado Sr. Górdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6780.
    Pueblo, apldo. v. Figueroa, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Diciembre 3, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por los fundamentos de la opinión emitida en el caso de El Pueblo v. Victoriano Pérez, 52 D.P.R. 169, seguida en el de El Pueblo v. José Dolores de León, que fué resuelto el 17 de noviembre de 1937, (supra), y atendidas las recomendaciones del fiscal de este Tribunal trito de Aguadilla el 19 de febrero de. 1937, y se ordena el archivo y sobreseimiento de esta causa en la corte inferior.


text:
    Núm. 6337.
    Pueblo, apldo. v. Martínez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 11, 1938.
   Apareciendo de la anterior moción del Fiscal y certificación acom-pañada, que Felicita Martínez, la acusada apelante en este caso, fa-lleció en agosto 16 de 1936, se ordena el archivo y sobreseimiento .del mismo.


text:
    Núm. 6880.
    Pueblo, apldo. v. Pagán, aplte.
    C. D. Guayama.
    Enero 30, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por Cuanto, Pedro Pagán fué convicto como reincidente de un de-lito de adulteración de café y señala como los únicos supuestos 'errores:

“Primero. — La corte de distrito erró al no declarar coa lugar la moción de eliminación presentada por la defensa con respecto a la imputación de la reincidencia.
“Segundo. — La corte erró al no deelarar con lugar la moción de nonsuit presentada por el acusado.
“Tercero. — La corte erró al encontrar suficiente la prueba de cargo para justificar una convicción.”

Por cuanto, la teoría del primer señalamiento es: que en nin-gún momento se informa al acusado los becbos constitutivos de tal reincidencia, a saber, que él voluntaria, ilegal e intencionalmente vendió harina de café adulterada o que tenía en venta la misma y que por ello fué condenado por la corte; que de la acusación “debe aparecer además de la fecha y el sitio de la convicción, que la previa ofensa imputada fué cometida antes de realizarse el hecho por el cual el acusado está de nuevo ante la corte” y que “no se cumplió en este caso con los requisitos necesarios informándole al acusado que los hechos en que se basó la anterior sentencia dictada en su contra fueron cometidos antes de la comisión del delito que se le imputa en la acusación que pende de sentencia de este Tribunal”.

Por cuaNto, en la acusación se alega que “el mencionado Pedro Pagán es un reincidente en este delito por haber sido con anterio-ridad condenado por este Hon. Tribunal a la pena de $25.00 por este mismo delito, en el caso núm. 6347, con fecha 17 de diciembre de 1930, siendo firme dicha sentencia por haber hecho efectiva la multa impuéstale ’ ’.

POR cuanto, en tal virtud, el primero de dichos supuestos errores no existe.

Por cuanto, no estamos conformes tampoco con las contenciones del apelante bajo los señalamientos segundo y tercero.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de G-uayama en marzo 29, 1937.

El Juez Asociado Sr. Oórdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6828.
    Pueblo, apldo. v. Hernández, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 25, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, los únicos errores señalados son:

“Primer error. — La corte erró al denegar la admisión de los documentos entregados por Salvador Castro al testigo Bamón Hernández demostrativos dichos documentos de la previa preparación a que fueron sometidos los testigos de cargo.
“Segundo error. — La corte cometió error en la apreciación de la prueba.”

Por cuanto, los documentos excluidos no han sido elevados a este Tribunal ni copiados en la transcripción de la evidencia, ni tenemos motivos para creer que su admisión en evidencia hubiera cambiado el resultado, y en tal virtud no sería motivo suficiente para revocar la sentencia apelada el supuesto error de que se queja el apelante en el primer señalamiento, si hubiese sido cometido.

Por Cuanto, hemos examinado la prueba y no encontramos error alguno en la apreciación de la misma tan manifiesto que justifique una revocación.

Por cuanto, la otra cuestión referente al hecho de que la denun-cia fué jurada ante un juez de paz, quien según el apelante no estaba autorizado para tomar el juramento, es una que de acuerdo con la jurisprudencia constante de este Tribunal resulta tardía cuando se suscita por vez primera en apelación, sin que se haya demostrado por el apelante que dicha jurisprudencia sea equivocada. Véanse Pueblo v. García, 18 D.P.R. 570; Pueblo v. Carrasquillo, 22 D.P.R. 137 y Pueblo v. Gibson, 51 D.P.R. 120.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagiiez en 14 de mayo de 1936. .

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6906.
    Pueblo, apldo. v. Cuevas, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 7, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, Cuevas Velázquez fué convicto de una supuesta violation de la orden final de la Comisión de Servicio Público aprobada en octubre 15, 1932, y enmendada en marzo 15, 1935, en co-nexión con el artículo 95 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico según quedó enmendada por la Ley Núm. 2 de mayo 7, 1927, por una denuncia en la que se alega que:

“ . . . mientras manejaba el automóvil P-3695 propiedad de Bosita Ba-mírez, de San Juan, por la referida avenida Fernández Juncos, San Juan, que es un camino público, actuaba como compañía de servicio público en la ruta comprendida entre San Juan-Santuree y vice-versa, transportando pasajeros me-diante paga de 5 centavos por asiento, habiendo tomado los pasajeros Alfredo Ortiz y Miguel Maldonado, desde San Juan, F. B., hasta Santuree, sin tener para ello un certificado de necesidad y conveniencia u otra autorización válida alguna que le autorice para servir dicha ruta, no obstante estar ésta servida exclusivamente por la compañía' de servicio público "White Star Bus Line Ine., que es la única que está debidamente autorizada para prestar dicho servicio, mediante franquicia concedida por la Comisión de Servicio Públieo de Puerto Bieo, el 9 de abril de 1927, y aprobada por el Gobernador de Puerto Bico el 12 del mismo mes y año.”

Por CUANTO, la única prtieba qne va directamente a la cuestión de paga, es la del testigo de cargo Alfredo Ortiz que se limita a decir que no intentaba pagar más de cinco centavos, si no lo podía evitar, pero que nunca bubo convenio entre él y el acusado, ni le hizo saber nada de su intención de pagarle, y no le pagó nada, siendo insuficiente dicha prueba para demostrar que el transporte fué “me-diante paga de cinco centavos por asiento” como se alega en la de-nuncia.

PoR tanto, vistos los casos de Pueblo v. Rivera, 51 D.P.R. 725; Pueblo v. Rivera, 52 D.P.R. 395, y de acuerdo con la anuencia y recomendación del fiscal de esta Corte, se revoca la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en noviembre 11, 1937, y se absuelve al acusado.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6937.
    Pueblo, apldo. v. Iglesias, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 28, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por Cuanto, el único señalamiento de error»es:

“Que la Corte de Distrito de Aguadilla cometió manifiesto error al apre-ciar la prueba practicada durante el juicio”.

Por Cuanto, examinada la transcripción de la evidencia no en-contramos error alguno en la apreciación de la prueba tan mani-fiesto que exija una revocación de la sentencia apelada.

Pqr tant», se confirma dicha sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla en agosto 6, 1937.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6820.
    Pueblo, apldo. v. Santiago, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 31, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por cuanto, los únicos señalamientos en que se basa el presente recurso se refieren a la apreciación que de la evidencia hizo la corte inferior;

Por cuanto, es prerrogativa de los tribunales de distrito el diri-mir, de acuerdo con su mejor criterio, los conflictos de prueba que surgen cuando aquélla es contradictoria y deber de este Tribunal Supremo el respetar el dictamen que recaiga, siempre que no medie pasión, prejuicio o parcialidad o que exista error manifiesto;

PoR CUANTO, bemos leído la transcripción de la evidencia y de ella no aparece . que el juez sentenciador actuara movido por la pasión, el prejuicio o la parcialidad, ni que tampoco incurriera en manifiesto error de apreciación;

PoR TANTO, resolvemos confirmar la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Aguadilla el día 12 de agosto de 1936.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6630.
    Pueblo, apldo. v. Bahamonde, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Diciembre 10, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Vista la moción de reconsideración radicada por el acusado ape-lante con fecha 4 de diciembre de 1937;

Por cuanto, el propósito de una moción de reconsideración es dar una oportunidad al Tribunal para que pueda reconsiderar su resolución basada en los hechos tales y como existían en la fecha en que se dictara la resolución;

Por cuanto, los nuevos hechos y razones aducidos por el promo-vente no pueden ser tomados como base para una reconsideración de la resolución dictada por esta Corte en noviembre 24, 1937;

Por tanto, se declara no haber lugar a la reconsideración soli-citada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6630.
    Pueblo, apldo. v. Bahamonde, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 24, 1937.
    (Por la Corte,, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, se ha solicitado la desestimación de este recurso por abandono;

Por cuanto, de los autos que tenemos ante nos aparece que la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez se dictó con fecha 24 de enero de 1936, habiéndose radicado el escrito de apelación en esa misma fecha-, sin que posteriormente se presentare en la corte inferior moción o documento alguno;

Poe cuanto, el legajo de sentencia se encuentra radicado en este Tribunal desde el 20 de mayo de 1937, habiendo el apelante obtenido una prórroga para radicar su alegato, la cual venció el 23 de junio de 1937, sin que hasta la fecha se haya radicado dicho alegato ni so-licitado nueva prórroga;

Por cuanto, se ha radicado en este Tribunal una copia de la-transcripción de evidencia certificada por el taquígrafo de la corte inferior, así como también una copia certificada de las instrucciones al jurado, aclarando el apelante en su contestación a la moción de desestimación que dichos documentos están pendientes de aprobación por la Corte de Distrito de Mayagüez

Por Cuanto, no comprendemos cómo dicha corte puede aprobar los referidos documentos sin haber mediado previamente moción al-guna eligiendo la transcripción de evidencia como vía de perfeccionar la apelación;

Por cuaNto, tampoco se nos ha pedido la concesión de un nuevo término para hacer dicha elección; y

Por Cuanto, la contestación a la moción de desestimación no ex-plica en forma alguna los actos de abandono arriba expuestos;

Por tanto, se desestima el recurso por falta de gestión.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6666.
    Pueblo, apldo. v. Mercado, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 30, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, formulada acusación por el Fiscal de la Corte de Distrito de Arecibo contra Alvaro Mercado imputándole la comisión de un delito de asesinato perpetrado en la persona de Carmen Ro-mán Rodríguez, habiendo el acusado alegado su inocencia y pedido juicio por Jurado, celebrado el juicio el Jurado lo declaró culpable de homicidio voluntario y la Corte dictó sentencia imponiéndole siete años de presidio con trabajos forzados; y

Por cuanto, el acusado apeló y el Secretario de la Corte de Dis-trito elevó a esta Corte Suprema la transcripción del récord que con-tiene sólo los documentos que permiten llegar a las anteriores con-clusiones sin que forme parte de ella la evidencia; y

PoR CUANTO, el apelante dejó transcurrir el término de ley sin presentar su alegato y señalada la vista del recurso no compareció; y

Por Cuanto, el Fiscal solicitó la desestimación del recurso por causa de frivolidad y sostuvo su petición en el acto de la vista; y

Por Cuanto, examinados los autos se concluye que el recurso en verdad carece de fundamento:

Por tanto, se declara el recurso sin lugar y se confirma la sen-tencia recurrida que dictó la Corte de Distrito de Arecibo el 22 de enero de 1937.

El Juez Asociado Si\ Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6320.
    Pueblo, apldo. v. Pacheco, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Julio 30, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la única asistencia del Fiscal y atendidas todas las circunstancias del caso y especialmente la natu-raleza de las cuestiones indicadas por el affidavit de méritos radicado en 15 de marzo de 1937, se declara con lugar la dicha moción y se desestima como frívola la presente apelación.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 6882.
    Pueblo, apldo. v. Ortiz, apte.
    C. D. San Juan.
    Enero 10, 1938.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por cuanto, el Fiscal solicitó la desestimación del recurso de apelación interpuesto en este caso por no haberse notificado el es-crito estableciéndolo al Fiscal del Distrito, como ordena el artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal;

Por Cuanto, señalada la vista de la moción para el lunes 13 de diciembre último, el' acusado, que se encuentra preso, radicó su opo-sición alegando que había notificado su escrito de apelación al Fiscal pero sin ofrecer prueba alguna de la notificación; y

., Por cuanto, el escrito que consta en la transcripción elevada por el' secretario de la corte sentenciadora no contiene indicación alguna de haber, sido notificado el Fiscal del Distrito ni en la dicha trans-cripción se incluye constancia en cualquiera otra forma de la exis-tencia de la notificación:

' POR tanto, sé 'declara la moción con lugar y en su consecuencia se 'desestima, por falta de jurisdicción, el recurso.

Los Jueces Asociados Sres. Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    General Motors Acceptance Corporation, peticionaria y apelante, v. Corte Municipal de San Lorenzo, Hon. Ricardo Calderón, Juez, recurrida y apelada.
    Núm. 7071.

    Sometido: Abril 27, 1937.

      Resuelto: Abril 1, 1938.

      Emilio 8. Belaval, abogado de la apelante; J. Villa-res Rodrigues y L. Morales Contreras, abogados del demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal. La aquí apelante es la cesionaria de los derechos de la vendedora en un contrato de venta condicional. El objeto de la compraventa, un automóvil Ford usado, modelo de 1932, fué embargado por Cruz Guzmán en un pleito de daños y perjuicios contra el comprador condicional, cuando este úl-timo aún adeudaba $130 para perfeccionar su título. La venta condicional había sido debidamente inscrita, y la Géne-ral Motors Acceptance Corporation, como tercerista, radicó nna declaración jurada al efecto de que era la dneña legal del vehículo, prestó la fianza requerida por el doble del valor de la cosa embargada y obtuvo posesión de la misma del marshal. Esto se hizo el 23 de agosto de 1934. El 5 de sep-tiembre del mismo año el acreedor que embargó radicó una moción ante la Corte Municipal de San Lorenzo, alegando que había tenido conocimiento en dicha fecha de que la tercerista había anunciado públicamente la subasta del automóvil en cuestión y solicitó de la corte dictara una orden prohibiendo a la tercerista o a sus agentes vender o disponer del vehículo en cualquier forma. En dicho día la corte accedió a la mo-ción del demandante. Dos días más tarde la General Motors Acceptance Corporation solicitó se dejara sin efecto dicha orden, alegando, entre otras cosas, que la fianza por ella prestada había dejado sin efecto el embargo y había susti-tuido plenamente el automóvil como garantía del pago de la sentencia que eventualmente pudiera dictarse en favor de la demandante. Luego de celebrada una vista, la corte municipal confirmó su resolución original, y en certiorari para ante ía Corte de Distrito de Humacao, dicha corte superior halló que la corte municipal no había cometido error alguno. La tercerista ha apelado.

El único error señalado por la apelante es el siguiente:

“La Corte de Distrito de Humacao erró al anular el auto de certiorwi'i espedido con fecha 10 de noviembre de 1934 contra la Corte Municipal de San Lorenzo porque un tercerista puede dispo-ner de la propiedad, recobrada bajo fianza desde el momento que la recobra y porque la anulación del auto es contraria a las disposicio-nes del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico que regula dicho procedimiento de tercería.

Esencialmente la cuestión a determinarse es la natu-raleza de la posesión de un tercerista luego de haber prestado una fianza, pero antes de que su reclamación a la propiedad haya sido aprobada judicialmente. No es importante, para los fines de este caso, disentir el problema desde el punto de vista de que la aquí tercerista es incidentalmente la cesiona-ria de una vendedora condicional ni de que su reclamación se basa finalmente en dicha relación, toda vez que la cues-tión que estuvo ante la corte municipal fué exclusivamente la de una tercerista que alega ser dueña. En su juramento para obtener la posesión del automóvil, la General Motors Acceptance Corporation no reveló la naturaleza condicional de su reclamación.

La Corte de Distrito de Humacao llegó a la siguiente con-clusión :

“Estudiada la petición que inició este recurso; considerando que, de acuerdo con el Art. 2 de la ‘Ley proveyendo el procedimiento en los casos de tercería sobre bienes muebles e inmuebles,’ la propiedad objeto de la tercería permanecerá en poder del tercerista reclamante en ‘custodia legis;’ examinados los términos de la fianza prestada por el tercerista, siguiendo los términos del estatuto al efecto; y obli-gándose, en primer término, a la devolución de la propiedad objeto de la tercería, quedando la devolución de su valor, etc., únicamente como cuestión subsidiaria para en caso de que dicha propiedad no pudiera ser devuelta en la misma condición en que fué recibida; apareciendo de los autos que realmente el tercerista, valido de la te-nencia en su poder de la expresada propiedad intentó enajenarla antes de haberse probado y declarado judicialmente su derecho sobre la misma, tratando de ejecutar sus derechos en un alegado contrato de compraventa condicional entre el tercerista y el demandado en la acción principal en que se dictó la orden de embargo que motivó la tercería, lo que hizo actuar rápidamente al demandante en dicha acción, así como a la corte con jurisdicción en el procedimiento, para impedir dicha venta, en lo cual, habida cuenta del procedimiento y de la naturaleza urgente de la medida, actuó correctamente la corte recurrida; y considerados en su totalidad los autos y la ley al in-cidente aplicable, se anula el auto de certiorari expedido en este caso y se ordena la devolución del récord a la corte recurrida para que proceda a continuar actuando en el mismo según procediere en ley.”

. La apelante trata de establecer la proposición de que una vez que un tercerista ha radicado la fianza de. rigor, los bie-nes dejan de estar en custodia le gis. Cita dos párrafos de Corpus Juris y descansa principalmente en su interpretación de la ley para proveer el procedimiento en los casos de ter-cería, Ley de marzo 14, 1907, pág. 308 (Código de Enjuicia-miento Civil, edición de 1933, pág. 108).

La cuestión más importante a determinarse es la natura-leza de la obligación contraída por la tercerista bajo la fianza prestada. El artículo 3 de la ley pertinente, supra, dispone

“La fianza se constituirá con la condición de que si el reclamante, no lograre justificar su derecho a la propiedad, devolverá, ésta al agente que hubiere efectuado el embargo, o al sucesor de éste, en tan buena condición como la recibió, y de que también satisfará, el valor razonable del uso, alquiler, incremento y productos de la misma, desde la fecha de la fianza; o si dejare de devolver dicha, propiedad, y pagar por el uso, alquiler, incremento y productos de-la ínisma, satisfará al demandante el valor de dicha propiedad, con más el interés legal sobre el mismo desde la fecha de la fianza, así como todos los daños y costas a que fuere condenado.”

A pesar de que la apelante descarta sumariamente este artículo, creemos que el mismo es el que está principalmente-relacionado con la fianza prestada y el que resulta afín a ella. En términos inequívocos enumera las condiciones bajo las cuales fia de prestarse la fianza. Primordialmente, la. obligación contraída es la de devolver la propiedad al fun-cionario que embarga, substancialmente en las mismas condi-ciones en que lo estaba al tiempo en que el tercerista obtuvo-posesión de ella. La apelante da énfasis al becbo de que en otra parte de la ley se dispone que la sentencia contra el ter-cerista y sus fiadores será por el valor de la propiedad, etc.. (artículo 14) y que tal sentencia podrá ser satisfecha mediante la devolución de la propiedad en su estado original. (Artículo-25.) Estas disposiciones nada tienen que ver con la obliga-ción contraída en la fianza, y la verdadera cuestión ante el. tribunal es si tal obligación participa de la naturaleza de uir forthcoming or delivery bond, o de la naturaleza de un abso lute release or dissolution bond. El primer tipo de fianzas .antes mencionado tan sólo releva la propiedad de la custodia •del funcionario; no la exonera del gravamen del embarga. El último tiene generalmente por condición el cumplimiento de la sentencia que se dicte y se le considera, por tanto, como qne levanta o deja sin efecto el gravamen del embargo. 5 Am. Jur. 139, sección 901.

El artículo 2 de la ley en cuestión, supra, lee:

“Asimismo el reclamante constituirá y presentará una fianza al-agente encargado de efectuar el embargo, con la garantía de dos o más fiadores abonados, a satisfacción de dicho agente, y otorgada a favor del demandante en la orden de embargo, por una suma igual .al doble del valor de la propiedad así reclamada, según tasación de -dicho agente. Disponiéndose, que cuando se ejecutare más de una orden de embargo, la fianza podrá constituirse a favor de todos los ■demandantes en las varias órdenes de ejecución. Dicha fianza será a beneficio de todos los demandantes en las diversas órdenes, según su respectiva prioridad, al tiempo de efectuarse el embargo. Apro-bada la fianza y entregada al reclamante la propiedad, ésta se con-siderará como en ‘custodia legis’, y no se retirará de su poder en virtud de ninguna otra orden u órdenes análogas; pero dichas ór-denes podrán ejecutarse sobre la propiedad, con sólo notificarlo al .reclamante, y en tales casos la fianza de éste también será a beneficio de los diversos demandantes en las susodichas órdenes, según su res-pectiva prioridad.”

De la discusión relativa a las condiciones "a que está sujeta la fianza, llegamos a la conclusión de que ésta es más bien un forthcoming bond que cualquiera otra cosa.

La mejor interpretación del artículo 2, supra, parece ser -que la propiedad permanece aún en custodia de la ley, aun-que su posesión material se baya transferido del mársbal al tercerista. Este punto, que sepamos, no ba sido previamente determinado por este tribunal, mas bay jurisprudencia en Estados Unidos que sostiene esta conclusión. De conformi-■dad con el Código de Enjuiciamiento Civil español, el terce-nista tenía que esperar basta que se decidiera su reclamación para obtener posesión de la cosa. Manresa, Ley de Enjui-ciamiento Civil, tomo 5, pág. 607, tercera edición.

En Hagan v. Lucas, 10 Peters (U.S.) 400, 403, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo:

“Pero se insiste en este caso en que la fianza sustituye la pro-piedad; y por consiguiente, que esta última queda relevada del embargo. La ley dispone que los bienes serán entregados al tercerista al prestar la fianza por el doble del valor de la deuda y las costas, y al obligarse a devolverlos al marshal al llegarse a la conclusión de que los mismos estaban sujetos al embargo. ¿No existe gravamen sobre bienes que se bailan en esa situación, bien debido al embargo o-a la fianza? Que esta fianza no participa de la naturaleza de las prestadas al presentarse un recurso de error, o una apelación, es cuestión clara. La condición es que la propiedad será devuelta al ma/rshal, de resolverse que el tercerista no tenía derecho a su recla-mación. Ahora bien, parecería que esta fianza no puede ser consi-derada como una substitución de la propiedad, toda vez que la con-dición exige que esta última sea devuelta al márshal. El objeto de la Asamblea Legislativa al exigir esta fianza fué garantizar la cus-todia y fiel devolución de los bienes al márshal, en caso de que tal cosa fuera necesaria. Entonces, si el estatuto y las condiciones de la fianza requieren que la propiedad sea devuelta al márshal al surgir la contingencia mencionada, ¿podría la propiedad ser tomada y ven-dida en ejecución?
“De estar la propiedad sujeta a ejecución, la incautación debe siempre hacer que cesen las condiciones bajo las cuales se ha pres-tado la fianza, tocia vez que la incautación hace que la propiedad salga del poder del tercerista e imposibilita el cumplimiento de su fianza. ¿Podría sancionarse un resultado tan contrario a la equidad y a la justicia? ¿Es la ley tan inconsistente que otorgue los medios a virtud de los cuales- se destruya el cumplimiento de una obligación legal, y al mismo -tiempo imponga una penalidad por tal incumpli-miento? Esto sería en verdad una burla a la ley y a la justicia. La máxima es que la ley no lesiona a -nadie ni puede cometer jamás una injusticia. Al prestarse la fianza, la posesión de los bienes pasa al tercerista. La custodia de éste sustituye la custodia del márshal. La propiedad no sale de la custodia de la ley. En poder del tercerista, a virtud de la fianza en que se obliga á devolverla al márshal, la propiedad está tan exenta de cualesquiera otros procedi-mientos como estando en poder del márshal.”

Nuevamente, en la página 404, hallamos lo siguiente:

“La fianza prestada por el tercerista Lucas tiene una fuerte ana-logía a un ‘forthcoming bond’. Según esta última, la propiedad debe devolverse al málrshal el día de la venta; según la primera, los bienes deberán entregarse al márshal tan pronto el derecho se re-suelve en contra de la reclamación del tercerista. Ni en una ni en otra se consulta al demandante que practicó el embargo, según se hace con el ‘replevy bondsobre la suficiencia de los fiadores; tam-poco tiene ninguna de estas fianzas, como ocurre con la fianza pres-tada en acciones para recobrar la posesión de bienes muebles (replevy bond), el efecto de una sentencia, hasta que se deje de cumplir la condición. En realidad, la fianza bajo el estatuto de Alabama es sus-tancialmente un ‘forthcoming bond’.”

El caso que acabamos de citar, a nuestro juicio, no ba sido modificado. Véase también Mohr v. Langan, 63 S.W. 409, 412, y Sanders v. Farrier, 271 S.W. 293, 298.

Además, en el presente caso la tercerista era la cesiona-ria de la vendedora condicional del automóvil. ' De acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, cuando se efectúa una venta de esa índole, pasa un derecho de propiedad al com-prador condicional, sujeto a una condición resolutoria. Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545; Rubio v. Nin, 48 D.P.R. 977. La ley de ventas condicionales que está en vigor en Puerto Rico (Ley de abril 13, 1916, pág. 126), según fué en-mendada por las leyes núms. 40 y 88 de 1925, págs. 247 y 671, concede al vendedor el derecho a obtener reposesión de la cosa vendida (artículo 6) al faltarse al cumplimiento de las condiciones de la venta. No obstante, la ley dispone la cele-bración de una vista dentro de diez días y concede un tér-mino de gracia de treinta días durante el cual el vendedor debe retener la propiedad y dentro del cual el comprador puede cumplir con las obligaciones del contrato. Igualmente se ha resuelto que un acreedor que embarga se subroga en los derechos y deberes del comprador condicional y puede exigir tales derechos. Si en el caso que está bajo nuestra conside-ración se hubiera permitido a la cesionaria de la vendedora, conforme ésta pretendía, que vendiera el automóvil allá para el 5 de septiembre de 1934, ella habría logrado indirectamente lo que no le hubiera sido posible directamente bajo la ley de ventas condicionales, puesto que sólo habían transcurrido trece días, contados a partir de la fecha en que radicó su reclama-ción, el 23 de agosto de 1934. El acreedor que embargó, en su consecuencia, se hubiera visto privado de sus derechos como sucesor del comprador condicional.

Así, pues, considerándose que la propiedad está en custo-dia legis, la tercerista no podía venderla y la actuación de la Corte Municipal de San Lorenzo fue correcta.

Bebe confirmarse la sentencia.