author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO. JUEZ ASOCIADO SR. ERANCO SOTO.

text:
    Porto Rican & American Insurance Co., demandante y apelante v. Juan G. Gallardo, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 3789.

    Visto: Febrero 2, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    1. Contribuciones — “Levy” y Tasación (Assessment) — Mowo de Tasar Accio-nes (Stock), Propiedades e Ingresos b® la Corporación — Preceptos Esta-tuarios — Interpretación.—Una leetura del artículo 317 del. Código Polí-tico demuestra que fué la intención de la Legislatura imponer una contri-bución sobre la propiedad mueble de las corporaciones domésticas y no a los accionistas, conclusión que se robustece en vista del plan general del Título IX da dicho código, imponiendo contribución sobre la ‘‘propiedad' ’ mueblo e inmueble.
    2. Contribuciones — “Levy” y Tasación (Assessment) — Mod»' de Tasar en General — “Valor” y “Valoración” — Propiedad a que se Refiere. — Las pa-labras “valor” y “valoración” generalmente se refieren a propiedad tangible.
    3. Contribuciones — Responsabilidad de Personas y Propiedades — Corporacio-nes, “Corporate Stock” y Bienes — “Capital” y “Capital en Accio-'nes.” — Cuando un estatuto impone contribución sobre el “capital” (capital) o “capital en acciones” (capital stock) de una.corporación, como las pala-bras usadas son equivalentes, la contribución recae sobre la corporación misma a menos que la Legislatura exprese claramente una intención distinta.
    4. Cuando se impone una contribución sobre una corporación directamente, la propiedad exenta debe ser deducida de 1a- tasación.
    5. Derecho Constitucional — Distribución de los Poderes y Punciones Guber-namentales — Poderes Legislativos y Delegación de los Mismos — Su De-legación en General. — Al artículo 317 del Código Político debe dársele una interpretación tal que no deje a opción del Tesorero el elegir entre la-corpo-ración y los accionistas para imponer la contribución; de lo contrario surgi-ría una intentada delegación del poder legislativo que no es permisible bajo una constitución.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando sin lugar la demanda,, con costas.

      Revocada.

      J. J. Ortiz AUbrán, abogado de la apelante; Son. Attorney General George G. Butte, Garlos Llauger Díaz y J. A. López Acosta, abogados del apelado; H. Franceschi radicó alegato como amicus curice en representación de la firma Armstrong, Keith & Kern.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante Porto Rican & American Insurance Co. es una corporación doméstica organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y sujeta al pago de contribuciones impuestas por las leyes vigentes. Dicta corporación rindió al Tesorero de Puerto Rico una declaración de bienes co-rrespondiente al año 1922-23, en la cual se incluyó prime-ramente el montante de sus acciones y ganancias no dividi-das, tomando como valor de dictas acciones lo que aparece de la faz de ellas, o sea, $100, ascendiendo dicta propiedad a $66,190; además una descripción detallada de la propie-dad perteneciente a la citada corporación es la siguiente:

Efectivo en caja_ $6, 448. 66
Bonos de la Libertad_ -90, 537. 26
Acciones de corporaciones_ 11, 850. 00
Créditos hipotecarios_ 16, 000. 00
Pagarés y otros créditos_ 14, 409. 65
Total_$139, 245. 57

El Tesorero de Puerto Rico tomó como base para la ta-sación el capital en acciones por su valor a la par, $60,000, y las ganancias no divididas, $6,190, en total $66,190, y re-quirió a la demandante a que pagara la suma de $1,323.80. Después que la Junta de Revisión e Igualamiento en ape-lación confirmó la decisión del Tesorero, la demandante pagó dicta cantidad bajo protesta y presentó esta demanda que la corte de distrito declaró sin lugar.

La demandante en la corte de distrito alegaba que el Tesorero no tenía derecto a imponerle contribución alguna excepto sobre el efectivo en caja, o sea sobre $6,448.66, pues los bonos de la Libertad, acciones de corporaciones, créditos tipotecarios y pagarés, estaban exentos de contri-bución por virtud tanto de las leyes de los Estados Unidos como de las Leyes de Puerto Rico y que de estas últimas era aplicable el artículo 291 del Código Político.

Al considerar este caso nos bemos confrontado con va-rias proposiciones. Primera, y ésta principalmente es la posición del Tesorero de Puerto Rico, que la contribución que se desea imponer por virtud del artículo 317 del Código Político recae por sus términos sobre los accionistas y no sobre la corporación misma; segunda, y ésta fué la posición de la corte inferior, que la ’ contribución es un arbitrio y por consiguiente, según la corte, rigiéndose en gran parte por la decisión del caso de France & New York Medicine Co. v. Reily et al, 31 D.P.R. 650, recae sobre los accionistas más bien que sobre la corporación; y tercera, que la con-tribución que se intenta imponer es en realidad sobre la franquicia de incorporación concedida por el Pueblo de Puerto Rico. La teoría envuelta en cualquiera o en todas estas proposiciones es que bienes muebles exentos de con-tribuciones no pueden ser deducidos por la corporación.

El artículo 317 del Código Político, según fué enmendado en 1904, dice así:

La propiedad mueble de instituciones, corporaciones y compañías incorporadas con arreglo a las leyes de Puerto Rico fuera de las instituciones bancarias con capital en acciones deberá tasarse como perteneciendo a tales instituciones, corporaciones y compañías por el Tesorero de Puerto Rico, en la forma que este artículo provee. El valor efectivo actual del capital de las citadas corporaciones, se fijará por el Tesorero de Puerto Rico de conformidad con la de-claración jurada de los presidentes, directores u otros funcionarios al frente de tales corporaciones, como se requiere por el artículo 319, o basándolo en cualquier otro informe fidedigno que el Teso-rero tenga o adquiera, y el valor efectivo actual no será en ningún caso menos que el valor del capital y bonos, más el sobrante y ga-nancias no divididas de dichas instituciones, corporaciones y com-pañías; ni será menor del valor en el mercado de los bienes in-muebles y muebles de dichas instituciones, corporaciones y compa-ñías, incluyendo en los bienes muebles todos los derechos, fran-quicias y concesiones. De la tasación obtenida en esta forma se deducirá el valor total de la propiedad inmueble de dichas corpo-raciones, que resulte de la tasación verificada de acuerdo con las disposiciones del artículo 316; y el resto será considerado como que representa la propiedad mueble de dichas corporaciones que ha de someterse a contribución.

La simple lectura de este artículo tendería a convencer-nos de que la legislatura tuvo en mente imponer una con-tribución sobre la propiedad de la corporación y sobre los bienes muebles de la corporación. El Tesorero en realidad no tiene elección. De la declaración de bienes rendida por la corporación o de cualquiera otra información que él pueda obtener, debe, después de deducir el valor de la propiedad inmueble, tasar el capital, bonos y ganancias no divididas de la corporación por su valor, y si ese valor es menor que el valor en el mercado de toda la propiedad de la corpora-ción, entonces dicbo valor en el mercado deberá tomarse como base para la tasación. Si surge alguna confusión en la mente a causa del lenguaje usado a mediados de este ar-tículo, el fin de la legislatura queda aclarado por las pala-bras que aparecen a la terminación del mismo: “y el resto será considerado como que representa la propiedad mue-ble.” Si a causa de la equivalencia que desea establecerse por dictas palabras finales la intención es algo dudosa, queda aclarada en el preámbulo contenido en el mismo ar-tículo. La “propiedad mueble” de una corporación deberá ser tasada en la forma que se dispone en este artículo. El Tesorero solamente debe adoptar la forma que produzca ,1a valoración más alta de dicta propiedad mueble. El no tiene poder para seguir un método o establecer una base que dé los mejores resultados a El Pueblo de Puerto Eico,. ;á no ser eligiendo la forma que dé la valoración más alta de la propiedad de la corporación, cuya tasación desea ha-cer el Tesorero. Según el artículo 317 él no tiene poder para imponer una contribución a los accionistas, sino sola-mente sobre la propiedad personal de instituciones, corpo-raciones y compañías incorporadas bajo las leyes de Puerto Pico.

Si bien cuando se van a imponer contribuciones a una franquicia de incorporación y la legislatura así lo ba de-terminado, la tasación de la franquicia puede determinarse más o menos del modo expuesto en el artículo 317, Schwab v. Richardson, 263 U. S. 88; Tremont & Suffolk Mills v. Lowell, 178 Mass. 471; Hannan v. First National Bank, 269 Fed. 531. Sin embargo, el uso de las palabras “valor” (value) y “tasación” (valuation) es significativo • y generalmente indican una contribución sobre la propiedad y no una franquicia o un arbitrio. Powers v. Detroit & Grand Haven Railway, 201 U. S. 561, donde la corte dijo que se intentaba más bien una valuación que un prorrateo matemático (mathematical apportionment); Bank of Commerce v. New York, 7 Black 620; Pingree v. Dix, 44 L.R.A. 688; Cooley sobre Contribuciones, vol. 2, párrafo 850, 4ta. Edición, generalmente las palabras “valor” (value) y “tasación” (valuation) se refieren a un precio tangible y al precio tangible de la propiedad. En el caso de Hanna, supra, en que se permitió una tasación, la legislatura hizo constar claramente que la contribución debía ser pagada por los accionistas.

La subdivisión de contribuciones en el Código Político tiende fuertemente a demostrar que fué la intención de la legislatura imponer contribuciones sobre propiedad tangible o sobre la propiedad inmueble que la representara, se-gún se expone particularmente en el artículo 317 y también que no babía intención de hacer la valuación una medida para otra cosa que no fuera una contribución sobre el capital de la corporación según estaba representado por sus bienes.

El título 9 del Código Político está dedicado a rentas. El capítulo 1 del mismo por su título se refiere a tasación de la propiedad. El artículo 285, según fué aprobado ori-ginalmente, imponía cierto tipo de contribución sobre bie-nes inmuebles y muebles que no pertenecieran a corporacio-nes y un tipo distinto y más alto sobre todos los bienes in-muebles y muebles pertenecientes a todas las corporacionesEn los libros de texto se comenta la tendencia a imponer contribuciones más altas a las corporaciones, pero tal ex-ceso está justificado siempre por los privilegios peculiares, la protección y responsabilidad limitada concedida a tales entidades artificiales creadas por el Estado. Con una sola diferencia en el tipo de contribuciones la idea era imponer contribuciones a todas las personas de Puerto Eico de la misma manera. El artículo 285 fue derogado implícitamente por sustitución en 1908. El tipo de contribución se hizo el mismo para todas las personas por la ley de 12 de marzo de 1908, pág. 189, que sustituyó dicha ley. La contribu-ción se imponía sobre toda propiedad mueble e inmueble existente en Puerto Eico. La división de contribuciones en “inmuebles” y “muebles”, según fueron designadas origi-nalmente por la Legislatura, permaneció inalterada. El ar-tículo 317 estaba en armonía a este respecto con el artículo 285 antes de 1908, y en ese año no hubo intención de variar la armonía existente hasta entonces. No se hizo nada para demostrar que la contribución fijada por el artículo 317 de-bía referirse a franquicias o arbitrios o que sus palabras debían interpretarse en un sentido distinto al indicado ori-ginalmente por el artículo 285.

El artículo 290 del Código Político es como sigue:

“Art. 290.- — 'Que toda propiedad no exenta expresamente del pago de contribuciones será tasada como imponible. Para los efec-tos de la tasación de contribuciones la frase ‘propiedad real’ se con-siderará sinónima de ‘inmueble’, según la definición hecha en los artículos 333, 334, y 335 del Código Civil; Disponiéndose, sin embargo, que las maquinarias, vasijas, e instrumentos o implementos no adheridos al edificio o suelo no se considerarán como inmuebles. Los bienes muebles comprenderán dichas maquinarias, vasijas, ins-trumentos o implementos no adheridos al edificio o suelo, al ganado en pie, al dinero, bien en poder del mi§mo dueño o de otra persona, o depositado en alguna institución, los bonos, las acciones, certifi-eados de créditos en sindicatos o sociedades no incorporadas, dere-chos de privilegio, marcas de fábrica, franquicias, concesiones y to-das las demás materias y cosas susceptibles de ser propiedad pri-vada, no comprendidas en la significación de la frase ‘propiedad real’, pero no comprenderá los créditos en cuentas corrientes, pa-garés, ni otros créditos personales.”

Esto es contribución sobre la propiedad y no se refiere a franquicias o tiene disposición alguna acerca de arbitrios. Hay una subdivisión distinta del Código Político referente a arbitrios.

Varios artículos del Código Político anteriores al 317 contenidos en el Título IX de dicbo código demuestran que se tenía en mente imponer contribuciones sobre la propie-dad tangible existente en Puerto Eieo. De acuerdo con el artículo 308, por ejemplo, se creó la junta permanente de Eevisión e Igualamiento, la que se reúne para revisar la tasación de “bienes muebles e inmuebles” dispuesta por este título, o sea por el Título IX. La junta se compone en parte de personas versadas en el valor de la propiedad en Puerto Eico.

El artículo 316 se refiere a la tasación de bienes inmue-bles de corporaciones domésticas. El artículo 317, que se discute, siguiendo el plan general, determina la tasación de propiedad mueble de las mismas corporaciones domésticas. En el artículo 320 se tasa a las corporaciones extranjeras. Dice la legislatura en tal artículo:

“. . . . Disponiéndose, no obstante, que para determinar el valor real y efectivo, a la sazón, del capital de tales corporaciones, sólo se tendrá en cuenta y valuará aquella parte del capital que tengan ellas empleado en la transacción de negocios en Puerto Eico; pero la cantidad de dicho capital no será, en ningún caso, menor que el valor de la propiedad inmueble y mueble ubicada en Puerto Eieo perteneciente a tal corporación o compañía, incluyendo en la propiedad mueble todas las franquicias o concesiones otorgadas a dicha corporación o compañía con arreglo a las leyes de Puerto Eico.”

El mismo fin existe para saber o calcular la propiedad mueble de corporaciones que son extranjeras para nosotros excepto en tener propiedad aquí o. en hacer negocios en la Isla. El artículo 317 en inglés usa las palabras “capital stock” mientras que el artículo 320 dice “capital,” dife-rencia a que nos referiremos más tarde. El artículo 318, refiriéndose a corporaciones domésticas, dice así:

“Art. 318. — Si la tasación total del capital de cualquiera de dichas instituciones, corporaciones, o compañías, de conformidad con la relación que haya hecho el presidente, director u otro funcio-nario al frente de la misma, fuese aumentada por el Tesorero, éste notificará a dicho presidente, director u otra persona que esté al frente de dicha institución, corporación o compañía, la cual tendrá derecho de apelar de tal tasación ante la Junta de Revisión e Igua-lamiento, siempre que dicha institución, corporación o compañía pre-sente una protesta ante la citada Junta, dentro de los quince días subsiguientes al envío de dicha notificación.”

Creemos que este artículo asimismo tiene en mente im-poner una contribución sobre la propiedad. Se refiere más o menos a propiedad tangible. El plan general del Título IX, cuando no se expresa claramente lo contrario, es impo-ner una contribución sobre bienes muebles e inmuebles per-tenecientes a toda clase de personas, sean corporaciones ,o lo que fueren.

Independientemente de la redacción del artículo 317, .el Tesorero confía principalmente en el artículo 322 del Có-digo Político, artículo que también está contenido bajo el Título IX de dicho código. Este artículo dispone:

Art. 322 — Las contribuciones insulares, municipales y locales, impuestas sobre acciones, capital y propiedad de instituciones, cor-poraciones, y compañías comprendidas dentro de las prescripciones de este título, y sobre acciones de bancos establecidos en Puerto Rico serán pagadas en la oficina del Tesorero, quien entregará, de acuerdo con la ley, la parte proporcional de dichas contribuciones locales y municipales vencidas, a los funcionarios de los distritos municipales o divisiones locales respectivas a quienes corresponda y las citadas instituciones, corporaciones y compañías quedan por ¿1 presente título autorizadas para retener las contribuciones corres-pondientes sobre acciones del capital, de las ganancias o dividendos que se deriven a favor de los accionistas, o a cancelar una parte de dichas acciones, suficiente para pagar las citadas contribuciones. Las contribuciones insulares, municipales y locales impuestas a dichas instituciones, corporaciones y compañías serán devengadas por pla-zos semianuales, y todas las penalidades por falta de pago, la su-jeción a embargo, incautación y venta de propiedad prescritas más adelante serán aplicables a dichas instituciones, corporaciones y com-pañías, en la misma forma que a individuos particulares.”

No vemos que dicho artículo sea algo más que una dis-posición general por la cual la contribución sobre el capital en acciones que ya ha sido tasado a los accionistas y que finalmente ha de salir de sus acciones individuales, por la ley deba ser pagada y cobrada por la corporación. El ar-tículo 322 no determina en forma alguna cuál será la contri-bución de corporaciones. Respecto a las corporaciones do-mésticas la tasación y la forma de satisfacerla está especifi-cada en el artículo 317. Por tanto, a menos que el artículo 317 por sí solo y por su propia fuerza imponga una contri-bución a los accionistas, el artículo 322 no puede prestar ayuda alguna al Tesorero. También llamamos la atención hacia el hecho de que es en el artículo 322 que se usa la pa-labra “acciones” (shares) mientras que en el artículo 317 no aparece esta palabra. Discutiremos algunas de las dife-rencias entre' las palabras “capital” (capital stock) y “capital en acciones” (share capital).

La apelante dice, y creemos que correctamente, que en Puerto Rico solamente se han impuesto contribuciones sobre acciones de bancos e instituciones bancarias.

Consideraremos nuevamente el artículo 317. Si una ta-sación de acciones debe considerarse como una tasación contra los accionistas individualmente o contra la corporación, debe determinarse principalmente por los hechos del caso en particular. Cooley sobre Tasación, párrafo 981, p. 1971, 4ta. Edición; Home Ins. Co. v. New York, 134 U. S. 594; Van Allen v. The Assessor, 3 Wall. 573; Powers v. Detroit & Grand Haven Railway Co., 201 U. S. 543; Delaware, etc., R. R. Co. v. Penn., 198 U. S. 341; Des Moines Nat. Bank v. Fairweather, 263 U. S. 103; Adams Express Co. v. Kentucky, 166 U. S. 171; C. O. & G. R. Co. v. Harrison, 235 U. S. 292; Iowa Loan & Trust Co. v. Fairweather, 252 Fed. 608; In re. Oklahoma National Life Ins. Co., 173 Pac. 376; In re. Assessment of Amazon Fire Ins. Co., 173 Pac. 655; Junior Trust Co. v. Coleman, 126 N. Y. 443, 440, 27 N. E. 818, 12 L.R.A. 762, y otros casos citados en la página 23 del alegato de la apelante.

Que las palabras “capital” y “capital stock” se usan indistintamente y que no deben considerarse como capital en acciones, o como una contribución a los accionistas, se desprende de los siguientes casos: Home Savings Bank v. Des Moines, 205 U. S. 503; Powers v. Detroit & Grand Haven Railway Co., 201 U. S. 560; First National Bank v. Adams, 258 U. S. 365; Owensboro National Bank v. Owensboro, 173 U. S. 664; Bank of Commerce v. New York, 2 Black 620; Delaware, etc. R. R. Co. v. Penn., 198 U. S. 354; People ex rel. Lackawanna Transit Co. v. Knight, 75 App. Div. New York, 164, y casos. 9 C. J. 1278, nota 36 (a). Igualmente algunos de los casos citados en el párrafo anterior.

Los casos que anteceden resuelven la cuestión de que las palabras “capital” o “capital stock” usadas absolutamente en un estatuto, y no apareciendo una intención contraria, deben interpretarse como que se refieren al capital de la compañía y no al de los accionistas.

Delaware, etc., R. R. Co. v. Pennsylvania, supra, parti-cularmente es aplicable. Dijo la corte, “La Corte Suprema de Pensilvania fia resuelto que una contribución sobre el valor del 'capital (capital stock) es una contribución sobre la propiedad y capital activo de la corporación que expide tales acciones (stock) citando casos. Esta corte también lia resuelto que una contribución sobre el valor del capital (capital stock) de una corporación es una contribución so-bre la propiedad en que se lia invertido tal capital y en su consecuencia qne no se pueden imponer contribuciones so-bre propiedad que en otra forma está exenta (citando ca-sos).”

La apelante, como ya bemos indicado, dice que cuando la Legislatura ba querido imponer una contribución a los accionistas lo ba becbo así claramente, como en el caso de los bancos e instituciones bancarias. La apelante llama la atención al becbo de que el artículo 317 y otros artículos del Código Político, según fueron redactados originalmente, no excluían las instituciones bancarias de la aplicación de las leyes a las corporaciones domésticas, pero que en 1904 la legislatura claramente mostró su intención de que las con-tribuciones de tales bancos e instituciones bancarias debían ser impuestas separada y distintamente, o sea, imponiendo una contribución a los accionistas.

Las decisiones también tienden a demostrar que una con-tribución sobre el valor del capital (capital stock) es gene-ralmente una contribución sobre la propiedad y no debe in-terpretarse como, una franquicia o un arbitrio.

Las únicas palabras en el artículo 317 que posiblemente podrían demostrar la intención de imponer contribución al capital en acciones de los accionistas son las palabras “capital stock”. Pero anteriormente en el mismo artículo la le-gislatura babía dicbo: “el valor efectivo actual del capital de las citadas corporaciones se fijará,” etc. Las palabras “capital” y “capital stock” también se usan indistinta-mente en ese artículo. En el artículo 318 ya citado la le-gislatura nuevamente babla de la tasación total del capital.

La palabra “capital” frecuentemente ba sido definida, pero siempre se ba usado para designar la propiedad de una corporación. Nota a Foster v. Stevens, 13 L.R.A. 166; 9 Corpus Juris 1278.

En el caso de Home Savings Bank v. Des Moines, supra, los bancos eran corporaciones creadas por el Estado de Iowa. La corte dijo que tenía que investigar si la ley en realidad imponía una contribución sobre las acciones como propiedad de sus dueños o si solamente adoptaba el valor de tales acciones como una medida de tasación de la propiedad de la corporación y en esa forma tasaba la pro-piedad misma; que podía haber una contribución sobre las acciones de la corporación que son piropiedad distinta a aque-lla que posee la corporación y que tienen un dueño distinto, sin hacer una rebaja por la exención debida a la propiedad dé la corporación -misma, mientras que si la contribución' era sobre la propiedad de la corporación, todas las exen-ciones a que tenía derecho tenían que hacerse; que la ley ño ■ imponía ninguna obligación al accionista, y que las con-tribuciones, por tanto, no tenían que ser pagadas por las corporaciones como agentes de sus accionistas sino como su propia deuda, y que a menos que se supusiera que la ley les exigía que pagaran contribuciones sobre propiedad qde no poseían, las contribuciones deberían- considerarse como contribuciones sobre la propiedad de la corporación. La corte dijo: “En la tasación para imponer contribucio-nes se requiere al tasador que ‘tome en consideración el capital, el exceso (surplus) y las ganancias no divididas/ y debe suministrársele una ‘declaración jurada referente a todas las materias estipuladas en el artículo anterior/ lo que se verá, que es una declaración detallada mostrando el activo del banco.” La corte también dijo, después de re-visar los casos:

“El presente caso no puede distinguirse en principio de estos casos. En el primer caso la contribución era sobre el capital por su valor real; en el segundo caso sobre el montante del capital y las ganancias en exceso, y en el presente caso sobre el capital en accio-nes, tomando en consideración el capital, el exceso (surplus) y las ganancias no divididas. Sería difícil para la mente más ingeniosa y para el escritor más consumado exponer distinción alguna entre estas tres leyes, excepto por la forma en que todas tienden al mismo fin — la tasación de propiedad del banco. La más ligera ocultación suministrada por la omisión de la propiedad eo nomine no es sufi-ciente para ocultar el hecho de que en efecto es sobre la propiedad que se imponen las contribuciones. Si incluida en dicha propiedad se descubre que bay alguna que tiene dereebo a' inmunidad de acuerdo con la ley federal, es el deber de esta corte ver que se res-i pete la inmunidad. ’ ’

La Corte Suprema reconoció el principio de que cuando-la contribución se hace recaer sobre los accionistas más bien que sobre la propiedad de la corporación exenta de contribuciones, no necesita tomarse en consideración. En el caso en qué se resolvió originalmente este punto tres jueces disintieron fundándose en que el imponer las con-tribuciones a los accionistas realmente recaía sobre la cór-: poración. En -otras palabras, los jueces disidentes creye-ron que en realidad se imponían contribuciones indirecta'-1 mente^sobre propiedad de la corporación. La corte también dijo-: “Pero la distinción entre una contribución a los ac-cionistas y una sobre la propiedad de la corporación, aun--que ba sido establecida por encima de las opiniones' disi-dentes, ha llegado a ser intrincadamente confundida cón todos los sistemas de contribuciones y no puede ser desa-tendida sin formar de ellas una confusión, lo que equival--dría poco menos que a un caos.” ' ' r ■

' Por tanto, nos parece evidente que la Corte Suprema-de los Estados Unidos ha decidido directamente que cuando-la legislatura intenta que una contribución recaiga sobre' los accionistas más bien que sobre la corporación, deben usarse palabras específicas y expresas que permitan poner en práctica tal intención. Es cierto que en el caso de Home Savings Bank, supra, la Corte Suprema dijo que debe te-nerse en cuenta la substancia y efecto de un estatuto, pero' sin embargo, teniendo en consideración das palabras aquí usadas no podemos ver que el artículo 317 pueda tener una-interpretación distinta a la que dió la Corte Suprema de-' los Estados Unidos a los estatutos cuando el Estado déi Iowa trataba de imponer contribuciones a sus bancos.

Cuando un estado desea imponer una contribución tanto-a una corporación como a sus accionistas, la intención debe ser • claramente manifestada. De lo contrario las cortes in-terpretarán que el estatuto significa una de dos cosas, bien una contribución a la corporación o una contribución a los accionistas. No se interpretará que los estatutos autorizan que se impongan contribuciones tanto a la propiedad de corporaciones como a los accionistas, a menos que sea clara la intención de hacerlo así. Tennessee v. Wentworth, 117 U. S. 129, 134; New Orleans v. Houston, 119 U. S. 265, 277; Loring v. Beverly, 222 Mass. 331; Board, etc., v. Ryan, 232 Pac. 834, y casos; 26 L.R.A. 158. En el pri-mero de estos casos se discutía sobre los bancos nacionales y la corte resolvió que el capital (capital stoclc) (bastardilla nuestra) invertido en valores de los Estados Unidos estaba exento pero que podían imponerse contribuciones sobre ac-ciones en poder de accionista individuales. Se reconocieron cuatro elementos que pueden ser tasados, a saber: primero, franquicias; segundo, capital en poder de la corporación; ter-cero, propiedad de la corporación; y cuarto, acciones del capital en poder de accionistas. Cada uno de éstos era bajo ciertas circunstancias un elemento apropiado de tasación, y un estado puede, bajo ciertas circunstancias concebibles, im-poner doble contribución, pero la intención de imponer una contribución doble debe ser clara. A fortiori toda presun-ción es contraria a la intención de la legislatura de dar al Tesorero el derecho de elegir la forma de tasación. En el caso de Loring v. Beverly, supra, la corte dijo que las ac-ciones eran propiedad distinta al capital, a las franquicias o a otra propiedad de la corporación. “La tasación,” con-tinuaba diciendo la opinión, “sobre uno o todos estos ele-mentos de propiedad no impide la tasación sobre las accio-nes como propiedad del poseedor de las mismas en su do-micilio. Si bien posiblemente ambas clases de propiedad podrían tasarse en la misma jurisdicción, tal intención de parte de la legislatura, nunca debe presumirse en ausencia de palabras inequívocas a ese fin.

La contribución no puede ser una contribución sobre la corporación o sobre los accionistas a discreción del Teso-rero. El manifestar que el Tesorero a su opción puede elegir para imponer una contribución si lo liará sobre los accionistas o sobre la corporación, sería delegar en él po-deres legislativos. En el caso de El Pueblo v. Neagle, 21 D.P.R. 356, revisamos las autoridades para demostrar que podían delegarse al Tesorero ciertas facultades administra-tivas. Dimos énfasis al hecbo de que el Tesorero en cier-tos casos podía suplir detalles, pero la legislatura no tiene derecho a delegar en el Tesorero el derecho de decir .sobre quién recaerá la contribución. Esta es claramente una fa-cultad legislativa. Que poderes legislativos no pueden de-legarse es la jurisprudencia uniforme de las cortes. El Pueblo v. Neagle, supra, con los casos allí citados y parti-cularmente el de Field v. Clark, 143 U. S. 649; Knickerbocker Ice Co. v. Stewart, 253 U. S. 149, 164; State v. Elain, 39 L.R.A. (N. S.) 686; James v. U. S. Fidelity, etc., Co., 113 Ky. 229, 117 8. W. 406; 37 Cyc. 724 et seq.; 26 R.C.L. 30. Por lo tanto debe aceptarse una interpretación del estatuto que no deje a opción del tesorero el elegir un modo de tasar o valorar que en un caso exentúe cierta pro-piedad y en otro caso no.

Más o menos en el mismo sentido, según indica la ape-lante, el artículo 2 del Acta Orgánica en su párrafo sin nu-merar 22, dispone que las leyes para la imposición de con-tribuciones en Puerto Rico serán uniformes. Es evidente que si el Tesorero puede en un caso fijar una contribución a los accionistas y en otro caso una contribución a la cor-poración misma, las leyes para la imposición de contribu-ciones en Puerto Rico no serían uniformes. Sin embargo, aparentemente es la contención del Tesorero que bajo el artículo 317 él tiene derecho a imponer una contribución sobre la propiedad o una contribución a los accionistas.

Esta contribución no puede sostenerse como una fran-quicia de incorporación. Tal intención no aparece en nin-gún sitio del Código Político. En todos los casos que he-mos visto la intención de imponer contribuciones sobre una franquicia se manifestaba claramente, bien por la constitu-ción o por los estatutos de determinado estado. Leyendo a la ligera algunas de las decisiones de Massachusetts, por ejemplo, parecería que las contribuciones sobre una fran-quicia son medidas basta cierto punto en la forma expuesta en el artículo 317 del Código Político, pero nos imagina-mos que en Massachusetts o bien los estatutos directamente fijan una contribución sobre las franquicias o la constitu-ción de ese estado hace necesario que se dé tal interpreta-ción a la actuación de la legislatura. Manufacturer’s Ins. Co. v. Loud, 96 A. D. 715, 99 Mass. 146; A. J. Tower Co. v. Comm., 223 Mass. 373; Loring v. Beverly, 222 Mass. 331; Murray v. Berkshire Life Ins. Co., 104 Mass. 586; National Bank of Commerce v. New Bedford, 155 Mass. 316; Tremont & Suffolk Mills v. Lowell, 178 Mass. 471, y casos citados. En tanto en cuanto hemos podido averiguar ni Massachusetts ni ningún otro estado tiene un estatuto igual al nues-tro, en el cual se manifiesta tan claramente la intención de imponer contribuciones sobre “bienes muebles.” Además del hecho de que nos parece que no hay intención de impo-ner contribuciones a las franquicias, el Tesorero y sus ase-sores también lo han entendido así y a una interpretación contemporánea por las autoridades administrativas ha de dársele algún valor.

Cuándo debe considerarse la tasación como una franqui-cia y no como una contribución sobre la propiedad, fué dis-cutido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en una. serie de casos, Society for Savings v. Coite, 6 Wall. 594; Provident Institutions v. Massachusetts, 6 Wall. 611; Hamilton Company v. Massachusetts, 6 Wall 632, pero no es-taba envuelta allí ninguna tasación de propiedad, ni se es-taba considerando un estatuto como el nuestro. En el caso de Pollock v. Farmers’ Loan & Trust Co., 157 U. S. 576, se demostró que la distinción descansaba no en una referen-cia necesaria a propiedad sino más bien en el privilegio de hacer negocio, cubierto particularmente en Puerto Rico por la llamada ley de patentes. Los casos de Flint v. Stone Tracy Co., 220 U. S. 164; Kansas City v. Kansas, 240 U. S. 232; Baltic Mining Co. v. Massachusetts, 231 U. S. 83, demuestran cnán diferente procede una legislatnra cuando desea imponer una contribución sobre las franquicias.

El Tesorero descansa basta cierto punto en nuestra opi-nión en el caso de France & N. Y. Medicine Co. v. Reily et al., 31 D.P.R. 650, supra. Los hechos en ese caso eran en-teramente distintos, y quizás el caso pueda distinguirse. Sin embargo, pueda o nó hacerse tal distinción, nos cree-mos obligados a seguir los razonamientos y la jurispruden-cia citada.

La apelante descansa en cierto modo en los casos de Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, 19 D.P.R. 900, y Fajardo Sugar Co. v. Richardson, 22 D.P.R. 311. Hay'algo en estas decisiones que favorece a la apelante, pero la con-tribución era a corporaciones extranjeras y se siguió un método de imponer contribuciones sobre la propiedad. El artículo 317 no era objeto de discusión.

Llegamos a la conclusión de que ya se imponga la con-tribución sobre el capital, sobre el capital en acciones, o sobre la propiedad material la contribución resultante es sobre la propiedad de la corporación.

Al llegar a esta decisión hemos tenido también el bene-ficio en un caso similar de los razonamientos y conclusiones del Juez Sr. Wells, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, en el caso de Fajardo Sugar Co. v. Juan G. Gallardo como Tesorero de P. R., Equidad No. 1295.

Como ésta era una contribución dirigida contra el capital de la corporación, la propiedad que exime la ley no debe ser incluida. Convenimos con la apelante en que tiene derecho a que se le devuelva la cantidad de $1,227.93, ya que en este caso sólo podía imponerse contribución sobre el efectivo en caja.

La sentencia debe ser revocada.

El Juez Presidente Señor del Toro y el Juez Asociado Señor Franco Soto, disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

Opino que la sentencia apelada debe confirmarse porque a mi juicio el procedimiento seguido por el Tesorero y rati-ficado por la Junta de Revisión e Igualamiento es correcto. La tasación se basó en los datos proporcionados por la misma corporación. El Tesorero no cargó contribución al-guna a los bienes exentos por ministerio de la ley. Tomó en consideración el valor de las acciones que es algo inde-pendiente susceptible de tasación de acuerdo con una in-terpretación racional del artículo 317 del Código Político.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. ERANCO SOTO.

Leyes sobre contribuciones de naturaleza análoga a la que interpretamos en este pleito, fian sido objeto de fuerte debate y litigación en la mayor parte de los Estados y ge-neralmente la Corte Suprema de los Estados Unidos fia te-nido que decir la ultima palabra y aún sus decisiones no fian sido unánimes. No es extraño pues nuestra discrepan-cia, creyendo sostener sin embargo la verdadera interpreta-ción de nuestro estatuto, que es de origen americano, con-forme con la intención y propósito que tuvo la Legislatura al implantarlo en Puerto Rico.

La cuestión fundamental en este caso gira alrededor de lo prescrito en los artículos 317 y 322 del Código Político que fué aprobado en marzo 1 de 1902, y comprendidos en su Título IX con el nombre de “rentas.” Comp. 1911, pá-gina 577. La ley fué conocida bajo el nombre de “Bill Hollander”. Desde entonces se viene aplicando y con ex-cepción del caso de The France & N. Y. Medicine Co. v. Reily et al., 31 D.P.R. 650, de fecha más reciente, nada se había presentado que envolviera directamente la aplicación de los artículos citados en relación con las corporaciones domésticas.

La apelante, como corporación doméstica, presentó al Tesorero de Pnerto Rico con fines contributivos y para el año fiscal de 1922-23, nna planilla conteniendo la declara-ción de sns bienes. Se declaró en ella el número de accio-nes, dándole dicha apelante nn valor a la par de $100 cada nna ascendentes en total a $60,000, las ganancias no dividi-das que montaban a $6,190 y además los particulares de los siguientes bienes:

Efectivo en caja_ $6, 448. 66
Bonos de la Libertad_ 90, 537. 26
Acciones de corporaciones_ 11, 850. 00
Créditos hipotecarios_ 16, 000. 00
Notas a cobrar y otros créditos_' 14, 409. 65
Total_ $139, 245. 57

No existiendo inmuebles que deducir, el Tesorero simple-mente sometió únicamente a tasación el agregado de las acciones y las ganancias no divididas de la corporación montantes a $66,190, e impuso una contribución de $1,323.80, cuya suma se pagó bajo protesta, exigiéndose su devolución por este pleito.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda y fundó su sentencia únicamente en el caso de The France & N. Y. Medicine Co. v. Reily et al., 31 D.P.R. 650. En dicho caso el Tesorero había impuesto a la demandante por ser una corporación doméstica, cierta contribución sobre el capital pagado y ganancias no divididas, pero la demandante ale-gaba que el Tesorero debió imponer la contribución sobre la propiedad tangible existente en Puerto Rico, y en tal sentido únicamente era objeto de contribución el valor de un automóvil que poseía la corporación en esta Isla; ale-gándose además que el sitio principal de sus negocios, así como de los bienes muebles e inmuebles, radicaba fuera de Puerto Rico.

Aunque en el presente caso la cuestión envuelta es ente-ramente distinta, sin embargo, el artículo 317 del Código Político en virtud del cual el Tesorero ha funcionado en cada caso imponiendo la contribución, fué objeto de algún estudio j como principios generales dijimos lo siguiente:

“Las corporaciones con motivo de su constitución especial están sujetas a un gravamen adicional en el que entran para la tasación de sus bienes elementos que no existen tratándose de individuos y los cuales pueden en efecto ser objeto de tasación sin dar lugar a .discriminación alguna en el sentido lugar.
“ ‘El poder del Estado para imponer contribución a los elemen-tos de valor que pueden ser objeto de contribución indicados en el párrafo anterior, no se limita a elegir un solo elemento con exclu-sión de los demás. Indudablemente que los elementos mismos re-presentan en mayor o menor grado los mismos principios funda-mentales del activo de la corporación. Cada uno de estos elemen-tos es, sin embargó, bajo ciertas circunstancias, materia adecuada de contribución, y está sin duda dentro del poder del Estado cuando éste no se encuentra restringido por limitaciones constitucionales, el fijar contribuciones a ellos de modo que sujeta a la corporación o a los accionistas a lo que en efecto equivale a una doble tasación. ¡Siendo diferentes los elementos mismos puede imponérseles contri-bución separadamente aunque el gravamen se impone sobre la misma" propiedad en cada caso.’ 26 R. C. L. 157 y 158.
“Aceptamos que el artículo 317 del Código Político nominal-mente habla de la contribución sobre la propiedad de las corpora-ciones, ó lo que es lo mismo, sobre el tercer elemento de que habla-mos más arriba, la propiedad de la corporación (corporate property), pero dado el método empleado por nuestro Código Político en dicho artículo 317 de tasar la propiedad personal mueble refi-riéndose a la intangible, indirectamente, pero de una manera ex-presa, la tasación alcanza el capital de la corporación (capital stock).
’“ ‘Hay muchos y diferentes métodos de imponer contribución á la propiedad de las corporaciones. En general los bienes inmuebles y' la propiedad personal tangible de tal naturaleza que tiene un sitio fijo en determinado lugar está sujeta a la tasación local donde está situada, y se alcanza el resto de la propiedad' de la corpora-ción indirectamente por medio de una contribución sobre el capital ó "la franquicia. Los bienes intangibles de una corporación pueden) sin embargo, quedar sujetos a una contribución sobre la propiedad, y. .ser valorada rebajando el valor en tasación de la propiedad" tangible de la corporación del valor total de su capital y bonos.’ 28
“De manera que se puede entender fácilmente que el método empleado por nuestro sistema de contribución para la tasación de corporaciones domésticas comprende propiedad inmueble y mueble tangible y la diferencia entre estas propiedades y el valor del capital y bonos más el sobrante y ganancias no divididas, representa la propiedad mueble intangible que debe someterse a tasación, por lo que se ve claramente, y de un modo expreso, que la contribución alcanza indirectamente al capital de la corporación (capital stock).
“ ‘En algunas jurisdicciones el valor de la propiedad personal, tangible e intangible, de una corporación se determina rebajando el costo de los bienes inmuebles pertenecientes a la corporación del total del capital social.’ 26 R.C.L. 179.
“La apelante insiste, sin embargo, que como se trata exclusiva-mente de contribuciones impuestas sobre la propiedad de corporacio-nes domésticas, que es bien claro que cuando sus bienes están fuera de la jurisdicción, permanentemente situados en otro Estado y allí invertidos en relación con sus negocios, no es legal la contribución a dichos bienes o a cualquier cosa que los pretenda substituir o re-presentar. Pero estas conclusiones de la apelante son tan absolu-tas que no responden a las disposiciones del Código Político que he-mos examinado ni están en armonía con la jurisprudencia aplicable en tales casos.
“Parece que el sistema de tasación de las corporaciones domés-ticas en la forma que hemos visto y que prescribe el artículo 317 del Código Político, impone a primera vista una contribución sobre la propiedad, pero realmente alcanza al capital de la sociedad en el remanente de la propiedad mueble intangible al deducir de ésta la propiedad real y la personal tangible. En tal caso parece que no se trata de una contribución sobre la propiedad propiamente dicha de la corporación sino más bien de un arbitrio (excise). En este sentido se hace importante saber en determinados sistemas de tasa-ción si es una u otra cosa lo que se impone, porque si la contribución es solamente un arbitrio (excise) el capital de la corporación (capital stock) es meramente la medida de la tasación y tanto la forma en que el capital esté invertido, así como la localización o situs de la pro-piedad, es inmaterial; pero por el contrario, si lo que se impone es una contribución sobre la propiedad, el capital de la corporación no puede ser tasado sin una deducción de la propiedad situada en otro Estado. Véase 26 R. C. L. 171.”

La parte apelante sostiene en el presente caso, sin embargo, y con ella la mayoría de esta Corte Suprema, que el artículo 317 del Código Político impone una contribución sobre la propiedad de la corporación, debiendo haberse he-cho la deducción de todos los bienes exentos de contribu-ción por ministerio de la ley.

Se aduce como argumento aquiles por la apelante y se adopta por la mayoría que el artículo 317 está comprendido en el Capítulo 1 bajo el epígrafe de “Tasación de la Pro-piedad” de la ley de rentas (Comp. 1911, p. 580) y que el vocablo “capital” que se usa en la ley no significa las ac-ciones (shares of stocli) en que está dividido el capital pa-gado de la corporación, sino que se refiere a todos sus bienes.

Podemos disponer de la primera parte del argumento diciendo que si la mera inclusión del artículo 317 en el ca-pítulo que trata de la “Tasación de la propiedad” fuera suficiente para definir su naturaleza y considerar que por eso sólo impone una contribución sobre la propiedad de la corporación y no en la forma de un arbitrio (excise), ¿cómo se explicaría entonces la inclusión en el mismo capítulo del artículo 320 que impone una contribución a los bancos sobre el capital en acciones en poder de los accionistas? El ape-lante parece admitir que este último artículo establece un arbitrio (excise) pero no explica ni se sorprende de que el legislador en ese particular haya incluido tal disposición imponiendo una contribución con el carácter de una fran-quicia en el capítulo primero que trata de la tasación de la propiedad. Tampoco tendría explicación la inclusión en el mismo capítulo 1 sobre “tasación de la propiedad” del ar-tículo 355 que prescribe en concepto de contribución “de franquicias” * * * cierto impuesto a determinadas cor-poraciones.

En nuestro concepto el legislador no ha hecho nada anor-mal al incluir el artículo 317 en el Título IX, Capítulo I del Código Político. Cualquiera que sea el nombre que se le dé al impuesto hay siempre un método de valuación. “Al considerarse la valuación del capital de una corporación (capital stock), es necesario averiguar en primer lugar si ese término, según está usado en una ley de contribución, se refiere meramente al capital en acciones ya emitido o al total de la propiedad de la corporación, por ejemplo, su capital. * * * Otro método bajo otros estatutos es ta-sar la propiedad de acuerdo con el valor actual o del mer-cado del número total de acciones que constituyen el capital nominal.” Cooley, Yol. 2, p. 1760-61. No encontramos después de esto la significación especial que se quiere dar a las palabras “value” y “taxation-” para determinar el carácter del impuesto.

No es más importante por consiguiente la segunda parte del argumento en que refiriéndose la apelante al sentido que debe dársele a la palabra “capital” en su alegato dice: “Imponiendo el capítulo primero del título nono del Có-digo Político una contribución sobre la propiedad, nosotros inferimos que la palabra ‘capital’ está usada en este caso como comprendiendo toda la propiedad perteneciente a la corporación.” El nombre no hace la cosa. Todo depende de los términos en que aparece redactado el artículo 317. “Una contribución al capital de una corporación (capital stock) puede ser claramente o una contribución sobre la propiedad o un arbitrio (excise), y la fraseología del esta-tuto bajo el cual se impone puede determinar en un caso en particular a qué clasificación pertenece. Una contribu-ción sobre el capital es generalmente considerada como un arbitrio (excise) más que como una contribución sobre la propiedad, aunque se ba resuelto lo contrario en algunos estados.” Cooley, vol. 2, p. 1707-8.

Massachusetts es un ejemplo claro en donde la contribu-ción se determina e impone en la forma que se establece claramente por el artículo 317. El mismo autor dice: “En Massachusetts una • contribución determinada por el exceso del valor en el mercado de las acciones de la corporación (capital stock) sobre la propiedad de otro modo sujeta a impuesto, y otra determinada por el valor total de las ac-ciones de la corporación “(corporate shares) se ha resuelto que son más bien arbitrios que impuestos a la propiedad.” Cooley, vol. 2, 1708-9. Y como materia ilustrativa en rela-ción con los dos modos en que puede imponerse la contri-bución a las corporaciones, en la nota 99, p. 1708, Cooley hace la siguiente cita:

“Si una contribución sobre el capital eo nomine de corporaciones (capital stock) hace las acciones objeto directo de la contribución y se usa .el término ‘capital de la corporación’ (capital stock) como significando toda la propiedad y el activo de la corporación, tanto tangible como intangible, se resuelve a veces que la contribución im-puesta es una contribución sobre la propiedad y no un arbitrio; pero si el capital de las corporaciones (capital stock) no es per se el objeto de la contribución, sino que es el método seguido con el fin de fijar el montante de la contribución de la corporación, el impuesto es en-tonces un arbitrio y no una contribución sobre la propiedad. Esta es la conclusión a que ha llegado por lo menos un comentarista. Véase la nota en 58 L. B. A. pág. 618, que dice que ésta es la con-clusión a que ha llegado el autor. Sin embargo, en cuanto a la primera de estas dos proposiciones parece que hay algunas opiniones disidentes. Cuando la contribución sobre el capital de las corpora-ciones se fija por el valor total de las acciones y no por el valor de la propiedad de la corporación, se ha resuelto también generalmente que es un arbitrio y no una contribución sobre la propiedad. Hamilton Mfg. Co. v. Massachusetts, 6 Wall. (U. S.) 632, 18 L. Ed. 904.”

En el estado de Nueva York encontramos la> diferencia de contribuciones que deben considerarse sobre la propie-dad o como un arbitrio (excise). En 1857 se discutió una ley sobre contribuciones exigibles por las autoridades locales

* * * “disponiendo que el capital (capital stock) de toda compañía sujeta al pago de contribuciones debía ser tasado por su valor real, y en la misma forma que cualquier otra propiedad mueble o inmueble en el mismo condado. Se resolvió que esta ley imponía una contribución sobre las colaterales en que se había invertido el capital y que una contribución impuesta de acuerdo con la misma sobre el capital (capital stock) de un banco era nula hasta el mon-tante del capital invertido en obligaciones del gobierno exentas de contribución. New York ex real; Bank of Commerce v. New York City & County, 2 Black, 620, 17 L. Ed. 451.”
“Pero la ley de contribuciones del estado de Nueva York sobre las corporaciones de acuerdo con su capital (capital stock) impone una contribución sobre la franquicia o negocio, y no una sobre la propiedad. Repetimos que es innecesario citar las autoridades que establecen esta proposición fuera de toda duda. Y además debe insistirse, a pesar de algunas decisiones que serán discutidas, que al fijarse esta contribución no es afectada en absoluto por la circunstancia de que todo el capital de la corporación o parte del mismo sujeto a la misma, haya sido invertido en derechos de autor (copyrights), patentes o derechos de patentes, siempre que tal corporación esté en otro sentido dentro del estatuto.
“El caso de People v. Home Ins. Co., 92 N. Y. 328, confirmado al ser traído con un writ of error en 119 U. S. 129, 30 L. Ed. 350, 8 Sup. Ct. Rept. 1385, y al ser discutido nuevamente en 134 U. S. 594, 33 L. Ed. 1025, 10 Sup. Ct. Rept. 593, resolvió que la inversión en bonos de los Estados Unidos no daba derecho a la corporación a que se le hiciera una rebaja en la contribución, porque era entera-mente impertinente cuál era la naturaleza de la propiedad repre-sentada por el capital de la corporación (capital stock), ya que era una forma de medir y no el objeto de la contribución, y es entera-mente concluyente sobre esa materia. Ese caso está en armonía con con todas las autoridades, y fuera de toda crítica una vez admitido que el estatuto impone un derecho de franquicia y no una contri-bución sobre la propiedad.”
“Por otra parte, el estatuto de Connecticut, que imponía una contribución de un determinado tanto por ciento sobre el capital en efectivo de corporaciones domésticas en cierta fecha dada, se resolvió que imponía una franquicia y no una contribución sobre la propiedad, y que por consiguiente no había derecho a rebaja alguna por el montante del capital que se hubiere invertido en bonos de los Estados Unidos. Coite v. Connecticut Mut. L. Ins. Co., 36 Conn. 513.”
“La Corte de apelaciones de Kentucky, al interpretar un estatuto de aquel estado que requería se hiciera una tabla de valuación y tasación de una declaración jurada que debía ser suministrada por toda corporación y de cualquier otra prueba que pudiera obtenerse para fijar el valor del capital de toda corporación doméstica, y que del montante así fijádose se dedujera el valor en que estuviere tasada .toda la propiedad tangible de la corporación en dicho estado o en los condados donde estuvieren situados, y declarando que el rema-nente así hallado era el valor de la franquicia de incorporación sujeta a contribución, resolvió que al usar las palabras ‘capital stock’ la legislatura tuvo en mente incluir toda propiedad, real o personal, tangible o intangible, todo el activo y la franquicia, abarcándolos como si fuesen un todo y, deducir la propiedad tangible sobre la cual ya se había impuesto contribución, tratar el balance neto como el valor para la imposición de la contribución sobre la franquicia. Henderson Bridge Co. v. Com., 99 Ky. 623, 29 L. R. A. 73, 31, S. W. 486. Confirmado en 166 U. S. 150, 41 L. Ed. 953, 17 Sup. Ct. Rep. 532.”

(58 L. K. A. 529-540-565-568.)

“Cuando se trata del capital de corporaciones (capital stock) el asunto es más complicado y las decisiones varían más. Que en un sentido el capital de corporaciones es propiedad, no será negado por nadie; pero si una contribución sobre el capital de corporaciones (capital stock) equivale a una contribución sobre la propiedad en general es una cuestión enteramente distinta. En varias jurisdic-ciones se ha resuelto que el capital de las corporaciones (capital stock) prácticamente representa su propiedad y que ambas cosas son para todos los fines términos que se usan indistintamente. En lo que se refiere a la contribución sobre el capital de corporaciones (capital stock) en general, otras jurisdicciones, sin embargo, han resuelto y las cortes federales han confirmado sus decisiones, que ésta no es una contribución sobre la propiedad.” Seligman, Essays on Taxation (8th Edition) página 233.

El artículo 317 del Código Político está redactado así:

“Art. 317. — La propiedad mueble de instituciones, corporaciones y compañías incorporadas con arreglo a las leyes de Puerto Rico fuera de las instituciones bancarias con capital en acciones deberá tasarse como perteneciendo a tales instituciones, corporaciones y compañías por el Tesorero de Puerto Rico, en la forma que este artículo provee. El valor efectivo actual del capital de las citadas corporaciones, se fi-jará por el Tesorero de Puerto Rico de conformidad con la declara-ción jurada de los presidentes, directores u otros funcionarios al frente de tales corporaciones, como se requiere por el artículo 319, o basándolo en cualquier otro informe fidedigno que el Tesorero tenga o adquiera, y el valor efectivo actual no será en ningún caso menos que el valor del capital y bonos más el sobrante y ganancias no divididas de dichas instituciones, corporaciones y compañías; ni será menor que el valor en el mercado de los bienes inmuebles y muebles de dichas instituciones, corporaciones y compañías, inclu-yendo en los bienes muebles todos los derechos, franquicias y con-cesiones. De la tasación obtenida en esta forma se deducirá el valor total de la propiedad inmueble de dichas corporaciones, que resulte de la tasación verificada de acuerdo con las disposiciones del artículo 316; y el resto será considerado como que representa la propiedad mueble de dichas corporaciones que ha de someterse a contribución.” Comp. 1911, página 590.

El estatuto prescribe la forma en que se ba de valuar la propiedad mueble de las corporaciones domésticas. El capital stock se determina más bien por el valor total de las acciones que por el valor de la propiedad de la corporación. El capital de la corporación (capital stock) no es por con-siguiente, la materia per se sujeta a contribución sino que es el standard tomado a los efectos de fijar la suma de una contribución impuesta a la corporación, y en su finalidad es un arbitrio (excise). La prueba evidente para inferir de los términos de la ley que fué aquélla la intención de la le-gislatura es que se toma como base de la valuación el capital stock en su sentido estricto de las acciones para distin-guirlo del montante o valor de la propiedad de la corpora-ción. 5 Fletcber, Corporations, p. 3413.

La razón de' tal distinción puede verse más claramente cuando se pone otro límite en la última parte del artículo 317 en el sentido de que la medida del capital en acciones no será menor tampoco que el valor en el mercado de los bienes inmuebles y muebles. Sería difícil entender este ex-tremo del artículo 317, supra, si no se presupone un tér-mino de comparación para fijar aquel límite, y que no es otro que el valor de las acciones, bonos y ganancias no divi-didas como más antes indica dicho artículo. De otro modo hubiera sido bien fácil al legislador si su intención erá im-poner la contribución sobre la propiedad de las corporacio-nes, referirse simplemente a su propiedad corporativa o ac-tivo (assets) de las mismas.

Parece claro además que si en el método de valuación que sigue el artículo 317 sobre la propiedad mueble, la sola deducción’ que se permite es la de la propiedad inmueble, lo que sin duda se hace para evitar una doble contribución, no existiendo tal propiedad en el activo de una corporación, únicamente queda sujeto a tasación el valor actual de las acciones y bonos, más las ganancias no divididas. Y ésta es la situación de la apelante. El Tesorero, no como una opción, sino que necesariamente siguió el método que prescribe el artículo 317 imponiendo la contribución en la forma en que lo hizo. En este punto no debemos perder de vista el artículo 322 del Código Político que aclara mejor la in-tención de la legislatura, y que dice:

“Art. 322. — Las contribuciones insulares, municipales y locales, impuestas sobre acciones, capital y propiedad de instituciones, cor-poraciones y compañías comprendidas dentro de las prescripciones de este título, y sobre acciones de bancos establecidos en Puerto Rico serán pagadas en la oficina del Tesorero, quien entregará, de acuerdo con la ley, la parte proporcional de dichas contribuciones locales y municipales vencidas, a los funcionarios de los distritos municipales o divisiones locales respectivas a quienes corresponda y las citadas instituciones, corporaciones y compañías quedan por el presente título autorizados para retener las contribuciones corres-pondientes sobre acciones del capital, de las ganancias o dividendos que se- deriven a favor de los accionistas, o a cancelar una parte de dichas acciones, suficiente para pagar las citadas contribuciones. Las contribuciones insulares, municipales y locales impuestas a dichas instituciones, corporaciones y compañías serán devengadas por plazos semianuales, y todas las penalidades por falta de pago, la sujeción a embargo, incautación y venta de propiedad prescritas más adelante serán aplicables a dichas instituciones, .corporaciones y compañías en la misma forma que a individuos particulares." Comp. 1911, p. 593.

Sé habla de la poca o nimia influencia que puede tener esa disposición en relación con el artículo 317. Se ha que-rido limitar sus efectos a la contribución que se impone a los bancos, pero una lectura superficial del artículo 322 re-velará a cualquiera que el precepto se refiere también a las corporaciones. El artículo, como hemos visto, principia así: “Las contribuciones insulares, municipales y locales, im-puestas sobre acciones, capital y propiedad de instituciones, corporaciones y compañías comprendidas dentro de las pres-cripciones de este título, y sobre acciones de bancos * * * ” (Las itálicas son nuestras). Si esta es la ley en Puerto Rico, no vemos la aplicación que pueda tener el caso de Home Savings Bank v. Des Moines, 205 U. S. 503, que interpreta un estatuto bien distinto del estado de Iowa y que dispone (Sec.‘ 1322 del Código de Iowa) que las acciones serán tasadas a los bancos y no a los accionistas. Parecía lógico que siguiendo el tenor literal de dicha ley, la Corte Suprema Federal llegue a la conclusión, como así lo resol-vió, de que la contribución se impone a las acciones como propiedad de la corporación bancaria y no a los accionis-tas; que el banco tenía que pagarla como su propia deuda, sin derecho al reembolso por los accionistas y como una contribución sobre la propiedad, debiendo deducirse los bo-nos declarados exentos por estatutos federales. Lo contra-rio se prescribe por la misma sección del Código de Iowa para los bancos nacionales. La contribución se impone a las' acciones en poder de los accionistas. El impuesto es un excise (arbitrio.) y nada hay que deducir por la inver-sión que tengan dichos bancos en bonos de los Estados Uni-dos. Esto es lo que se declara en el caso de Des Moines National Bank v. Thomas Fairweather, 263 U. S. 103. Aun-que este caso se cita por la apelante no vemos qué ayuda puede prestarle, pues más bien favorece plenamente la po-sición de la parte apelada.

Se ha dado también importancia a la palabra “mueble” usada en el artículo 317 para aportarse un elemento más a la teoría de que por él se impone una contribución sobre toda la propiedad tangible de las corporaciones. Parece dársele a esta última palabra el significado que por su pro-pia naturaleza tiene, o sea, como propiedad tangible. Sin embargo, los bienes muebles también lo son por disposición de la ley y como tal se comprenden, entre otros, las accio-nes en bancos o compañías de comercio, industria, etc., ar-tículos 338 y 339 del Código Civil. No se puede encontrar base por ese lado para sostener qne el mero nso de la pa-labra mueble es un dato para decir que la contribución de que trata el artículo 317 es una sobre la propiedad. Ade-más, si no podemos negar que dicho artículo establece la medida del capital en acciones, bonos y ganancias no divi-didas para regular el impuesto y que “ni será menor que el valor en el mercado de los bienes inmuebles y muebles,” no puede haber duda por esta última distinción de la misma ley que la propiedad mueble a que se refiere el estatuto es la propiedad intangible representada por el agregado de las acciones. Si hay inmuebles es la única deducción que permite el estatuto, a semejanza que en Massachusetts como hemos visto, y la contribución alcanza en el remanente al capital en acciones; de otro modo la contribución se impone enteramente sobre las acciones y ganancias no divididas de la corporación, como se hizo en este caso, sin que fuera el deber del Tesorero deducir los demás bienes relacionados en la planilla, pues el dinero invertido en tales bienes es inmaterial por tratarse en sus efectos del cobro de una con-tribución sobre la franquicia.

Se ha insinuado asimismo que el Código Político tiene el Capítulo II en donde se trata exclusivamente sobre im-puestos que tienen el carácter de “arbitrios” y que si el artículo 317 supra estableciese un arbitrio, el legislador de-bió incluirlo en dicho Capítulo II. El argumento es tan trivial que no requiere una seria consideración. Será su-ficiente decir que el Capítulo II se refiere exclusivamente a ciertos arbitrios sobre licores, tabaco y otros artículos pro-piamente seleccionados por razón de que no son parte esen-cial del consumo diario de la Isla, sino que se cuentan en-tre los artículos de lujo y comodidad, pero la palabra arbi-trio tiene una significación más general y sería bien raro, por no decir ridículo, que el legislador hubiera colocado el impuesto sobre las franquicias de corporaciones al lado, por ejemplo, de un impuesto sobre perfumería. La contri-bución sobre herencias es también un arbitrio, Cooley, Vol. 1, pág. 133, y sin embargo no se clasifica en el Código Polí-tico entre los arbitrios del Capítulo II a qne nos referimos.

No aparece qne haya ocurrido en este caso, pero indu-dablemente con el sistema de considerar el impuesto sobre las corporaciones domésticas o sobre sus franquicias como un arbitrio, el legislador evita el peligro de que puedan ad-quirirse bonos exentos de contribución poco antes de archi-varse las planillas y redimirse poco después para de ese modo evadir el sostenimiento de las cargas del gobierno. Por supuesto que aún tratándose de una contribución so-bre los bienes de una corporación tal cosa no puede hacerse —58 L.P.A. 569 — pero si la ley prescribe un método claro y sencillo ¿por qué no seguirlo?

Por todo lo expuesto, la sentencia de la corte inferior debió confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Santiago A. Panzardi, Inc., substituído por Insular Motor Corporation, demandante y apelado, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico; Santiago A. Panzardi, substituído por Insular Motor Corporation, demandante y apelado, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico; Packard Motor Dealers of Porto Rico, substituído por Insular Motor Corporation, demandante y apelada v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Nos. 3950, 3951 y 3952.

    Vistos: Julio 12, 1926.

      Resueltos: Julio 29, 1926.
    Contribuciones — Naturaleza y Extensión de la Eacultad en General — De los Territorios y su Facultad para Imponer Contribuciones — Contribu-ciones Sobre Importaciones de los Estados Unidos. — De acuerdo con nues-tras leyes vigentes, la Legislatura no puede imponer una contribución que de hecho, como las que dieron origen a estos casos, opere como un derecho de importación sobre artículos introducidos en esta Isla de los Estados Unidos.
    Sentencias de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), a favor de los demandantes sin costas.

      Confirmadas.

      Hon. Attorney General J. A. López Aeosta y Felipe Janer Jr., abo-gados del apelante; Hugh B. Francis y Cayetano Coll Cuchí, abogados de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Las cuestiones envueltas en estos tres recursos son exac-tamente iguales y se estudiarán y resolverán en una sola opinión.

Se trata de contribuciones cobradas de acuerdo con el apartado 18 de la sección 18 del título II de la Ley No. 55 de 15 de junio de 1919, o sea el 5 por ciento ad valorem, y pagadas bajo protesta. Las demandas se establecieron para reclamar su devolución.

Parece conveniente transcribir la opinión de la corte de distrito que sirvió de base a las sentencias apeladas. Dice así:

“Llamado este caso a la vista de la excepción previa presentada por la parte demandada, comparecieron las dos partes y "después de un argumento oral sometieron el caso para su resolución. En dicha vista la parte demandada presentó como único fundamento de su excepción previa el argumento de que el artículo 3 de la Ley Foraker (Apr. 12, 1900, 7 Fed. Statutes Ann. 1259), no está en vigor y que por lo tanto la Legislatura de Puerto Rico tuvo facultades [jara imponer un impuesto sobre artículos introducidos o traídos a Puerto Rico de los Estados Unidos. La parte demandada argumentó que la opinión de la Corte Suprema de Puerto Rico en cuanto -a esta cuestión que consta en el caso de la Benítez Sugar Co. vs. Tesorero, 34 D.P.R. 36, es un mero dictum y por lo tanto no obliga ^ esta Corte a resolver que el referido Art. de la Ley Foraker quedó en vigor en vista del art. ó8 de la Ley Jones (Marzo 2, 1917, Fed. Stat. Aun. 1918, p. 508.)
“Aunque la opinión de la Corte Suprema de Puerto Rico en el repetido caso de la Benitez Sugar Co. vs. Tesorero de Puerto Rico sea un mero dictum en cuanto a la cuestión planteada en el caso de autos, sin embargo esta Corte opina que debe adoptar dicha opinión de la Corte Suprema de Puerto Rico y declarar sin lugar la excep-ción previa en el caso de autos.
“No habiéndose planteado otra cuestión alguna y habiendo la parte demandada aceptado los hechos de la demanda y renunciado el derecho de contestar, la Corte procederá a dictar sentencia a favor de la parte demandante sin especial condena de costas.”

Bn el citado caso de Benitez Sugar Co., esta corte por medio de sn Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

"Como ba sido presentada por los abogados en este caso la cues-tión principal que ba de ser discutida es si la Ley Foraker, en tanto en cuanto probibe la imposición de una contribución a las importaciones, es todavía la ley de esta jurisdicción después de la aprobación de nuestra actual Ley Orgánica conocida por Acta Jones.
"(1) La Ley Foraker (Apr, 12, 1900, 7 Fed. Stat. Ann., 2nd 1259, Art. 3) prescribía lo siguiente: ■
" '* * * y en ningún caso podrá cobrarse dereebo alguno de aduana, después del primer día de marzo de mil novecientos dos, sobre mercancías y artículos que entren en Puerto Rico proceden-tes de los Estados Unidos y vice-versa. ’
"El artículo 58 de la Ley Jones (Max.- 2, 19Í7, Fed. Stat. Ann. 1918, p. 608) es como sigue:
‘Art. 58. — Todas las leyes o partes de leyes aplicables a Puerto Rico que no estén en contradicción con cualquiera de las disposiciones de esta Ley, incluyendo las leyes relativas a tarifas, aduanas y de-rechos de importación en Puerto Rico prescritas por la Ley del Congreso titulada "Ley para proveer temporalmente de rentas y un gobierno civil a Puerto Rico, y para otros fines,” aprobada en 12 de abril de 1900, continúa por la presente en vigor, y todas las leyes y partes de leyes incompatibles con las disposiciones de esta Ley, quedan por la presente derogadas.’
"Este artículo en sí parece dejar en vigor el referido artículo que ha sido citado de la Ley Foraker. Nos sentimos obligados a sostener que no hay nada en la Ley Jones que por necesaria deduc-ción originara una derogación del indicado artículo. Tenemos, ade-más, la idea de que fué la intención del Congreso de hacer a Puerto Rico lo mismo que los varios Estados donde las contribuciones a las importaciones de un Estado a otro están excluidas de modo expreso por la Constitución de los Estados Unidos, a saber:
" ‘Art. 1, see. IX, subdivisión 5. — No se impondrán contribu-ciones o derechos sobre los artículos que se exporten de los Estados.
" ‘Id., sec. X, subdivisión 2. — Los Estados no podrán sin el consentimiento del Congreso establecer impuestos o derechos sobre las importaciones y exportaciones, salvo cuando es absolutamente necesario para hacer cumplir sus leyes de inspección; y el producto neto de todos los derechos e impuestos cobrados por un Estado bajo este concepto, pertenecerá al Tesoro de los Estados Unidos, que-dando sujetas todas esas leyes a la revisión y aprobación del Con-greso. ’
“(2) Sentado esto, podemos examinar el artículo 18 de la Ley de 1921 (No. 42, julio l9, p. 299.) Dicho artículo prescribe lo si-guiente :
‘18. — Vehículos de motor y accesorios. — Sobre todo vehículo de motor, automóviles, motocicletas, coches laterales para motocicletas, motores para bicicletas y lanchas, auto-camiones, autovagones, carros eléctricos, autos de arrastre y tractores (sin incluir los tractores agrícolas), y sobre toda goma sólida o neumática, tubos interiores, y sobre piezas y accesorios para cualesquiera de los artículos •enu-merados en este párrafo, que se produzcan, fabriquen, introduzcan o traigan a Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento ad valorem. ’
“Como indica la apelante, refiriéndose al caso de Fantauzzi ano-tado bajo el nombre de Sucesores de C. y J. Fantauzzi v. La Asamblea Municipal de Arroyo, 30 D.P.R. 423, estas contribuciones que se trataron de imponer son claramente impuestos o arbitrios. Ellas no tienen por objeto una contribución sobre la propiedad, o una impuesta a la propiedad existente, sino que toda la idea de dicho artículo 18 es llegar a las especialidades como la fabricación o im-portación y otras semejantes. Convenimos con los abogados de am-bas partes en que el mero hecho de que el artículo 18 no emplee la palabra ‘importar,’ no hace diferencia. Introducir o traer a Puerto Rico es sinónimo de importar.” 34 D.P.R. 36-38.

Hemos estudiado los hábiles razonamientos que contiene el alegato de la parte apelada y aunque reconocemos su fuerza no nos convencen de que la conclusión contenida en la decisión del caso de Benítes Sugar Co., supra, sea erró-nea. De acuerdo con las leyes vigentes, no es posible a la Legislatura de Puerto Rico imponer una contribución que de becbo opere, como opera las que dió origen a estos ca-sos, como un derecho de importación sobre artículos intro-ducidos en Puerto Rico de los Estados Unidos.

El caso de Jordán v. Roche, 228 U. S. 436, citado por 'la parte apelada, no resuelve la cuestión envuelta. En él se trataba de si el hay rum importado de Puerto Rico de-bería pagar el mismo impuesto federal que tenían que sa-tisfacer otros artículos similares en los Estados Unidos. Y la cuestión fué resuelta en la afirmativa. No se trataba de un impuesto fijado por uno de los estados de la Unión.

Los otros casos invocados tampoco resuelven la cuestión envuelta en sentido contrario al repetido caso de Benitez Sugar Co., supra. Dichos casos son: Rafferty v. Smith, Bell & Co., 257 U. S. 226; United States v. Heinszen & Co., 206 U. S. 370; Haavik v. Alaska Packers Ass’n., 263 U. S. 510, y Pacific American Fisheries v. Territory of Alaska, 2 F. (2d) 9.

Los dos primeros se refieren a Filipinas. Bn el de Heinszen, supra, la Corte Suprema decidió que el Congreso, en relación con las Islas Filipinas, puede delegar poderes legislativos en aquellos apoderados que se sirva designar y puede ratificar los actos de apoderados tan cumplidamente como si los mismos hubieran sido especialmente autorizados por previa legislación del Congreso, como lo hizo por ley de junio 30, 1906, 34 Stat. 636, por virtud de la cual lega-lizó y ratificó la imposición de ciertos derechos cobrados por las autoridades americanas en las Filipinas con anteriori-dad al 8 de mayo de 1902, y en el de Bafferty, su,pra, la propia Corte Suprema, decidió que: “Las contribuciones sobre el valor de las exportaciones de las Islas Filipinas co-bradas en virtud de una Ley Filipina que entró a regir en Julio l9,. 1916 cuando tales impuestos sobre dichas expor-taciones estaban prohibidos por la Ley del Congreso de Agosto 29, 1916, c. 416, 39 Stat. 545, fueron legalizadas, ra-tificadas y confirmadas por la Ley del Congreso de Junio 5, 1920, c. 253, 41 Stat. 1015, 1025, p. 231.”

El Congreso no ha actuado en relación con la ley puerto-rriqueña. Podría ratificarla si esa fuera su voluntad, pero mientras esa voluntad no se exprese de modo positivo, es el deber de esta corte resolver que la ley puertorriqueña es contraria a la letra y al espíritu de la primera Ley Orgá-nica de la Isla, sin que se encuentre en la segunda nada que desvirtúe en ese respecto la primera.

Las otras dos decisiones se refieren a Alaska y tratan de un license tax sobre corporaciones de otros estados para hacer negocios en el territorio. Bn el de Haavik, supra, se resolvió que “una contribución anual per capita y una contribución de patente anual impuesta sólo sobre los pes-cadores no residentes, dentro de Alaska, están comprendi-das en la facultad delegada en la Legislatura de Alaska por la Ley Orgánica,” y que “dichas contribuciones, al apli-carse a un ciudadano de California que se marchó a Alaska para dedicarse al negocio de la pesca y allí se quedó cuatro meses, así dedicado, no están en conflicto con la cláusula del debido procedimiento contenida en la Quinta Enmienda; ni tampoco la contribución de patente, impuesta sólo sobre los no residentes, infringe la disposición sobre ‘ privilegios e inmunidades’ (Constitución, Art. IX, sec. 2); ni era ar-bitrario ni irrazonable favorecer a los residentes al excusar-los de ella.” T en el de Pacific American Fisheries, supra, se decidió que la ley de Alaska “imponiendo una contribu-ción de patente sobre los establecimientos empacadores no es nula como' interruptora de! comercio entre estados, al aplicarse a una corporación extranjera que se dedica a em-pacar pescado para su transportación y venta fuera de Alaska.”

Como puede verse tampoco esos casos establecen una jurisprudencia tal que pueda entenderse por ellos resuelta o por lo menos esclarecida de tal modo la cuestión envuelta que debamos variar nuestra opinión.

Un estudio del caso de Gromer v. Standard Dredging Co., 224 U. S. 362, nos lleva a igual conclusión.

Parece conveniente terminar transcribiendo los dos pá-rrafos que siguen de la opinión emitida por la Corte de Circuito del Primer Circuito en el caso de Benedicto v. West India & Panama Telegraph Co., 256 F. 417, citado por la parte apelada en su alegato. Son así:

"Es perfectamente posible, existiendo .una clara intención, que —bajo reglas liberales de interpretación y considerando casos tales como el de Metropolitan Railroad v. District of Columbia, 132 U. S. 1, 9, 10 Sup. Ct. 19, 22 (33 L. Ed. 231), en el que- se dijo que ‘Es indudablemente cierto que el Distrito de Columbia es una co-munidad política separada en cierto sentido, y en tal sentido se le puede llamar un estado’ — Puerto Rico pudiera ser aceptado como un estado para ciertos fines limitados, pero no creemos claro, con-siderando las relaciones que existen entre los Estados Unidos y dicha Isla, y sin entrar a considerar si tales relaciones son las de una posesión o de un cuasi-territorio, que fuera la intención del Con-greso delegar facultades en la asamblea local para regular las tari-fas con respecto a medios de comercio entre Puerto Rico y los Es-tados Unidos o países extranjeros.
“La conclusión es que aunque el Congreso, bajo sus poderes plenaries. tenía el derecho indiscutible de hacerlo así, jamás ha dele-gado en la asamblea legislativa de Puerto Rico facultad para regular las tarifas de cables entre posesiones, entre territorios, entre es-tados o extranjeros. * * ® ”

Deben confirmarse las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, demandante y apelada, v. Josefa Aguayo y Graciela García, demandadas y apelantes.
    No. 3898.

    Visto: Mayo 17, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    Apelación y Error- — Record y Procedimientos que no están en Record— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Relación de Hechos — Término para Prepararlos y Presentarlos — Pró-rrogas — Autoridad para Concederlas. — Inhibido un juez regular de dis-trito, y visto el caso en el eual aquél se inhibió por el juez de otro dis-trito nombrado juez especial para conocer del mismo, dicho juez especial tiene autoridad para conceder las prórrogas necesarias, para preparar y pre-sentar la exposición del caso a los efectos de una apelación.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Sin lugar.

      José Tous Soto, abogado de las apelantes; E. liamos Antonini, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en la moción de la apelada solicitando la desestimación del recurso, es si un juez especial que conoce de una causa tiene o nó autoridad para conceder prórrogas para preparar y presentar el pliego de excepciones o la exposición del caso.

Por inhibición del juez regular de la Corte de Distrito de Ponce, Rafael Díaz Cintrón, el presente caso se vió ante Gabriel Castejón, juez a la sazón del distrito judicial de Guayama, nombrado juez especial para conocer del mismo. Las apelantes solicitaron en tiempo y le fueron concedidas por dicho juez dos prórrogas de 30 días cada una para pre-parar la exposición del caso. En su moción la apelada alega que estas prórrogas fueron nulas y que habiendo transcurrido más de 30 días desde que se presentó el es-crito de apelación, sin haberse radicado una exposición del caso, procede la desestimación.

La contención de la apelada se basa en que el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué en-mendado por la Ley No. 81 de-junio 26, 1919, página 875, sólo permite la concesión de tales prórrogas a la corte, en-tendiéndose por ello al juez regular de la misma y no al juez especial, cuya jurisdicción queda limitada a la aproba-ción de la exposición del caso y nada más.

En el caso de Cruz v. Jiménez, 30 D.P.R. 856, se declaró que las leyes Nos. 27 de 1917 y 81 de 1919 son una adición al artículo 299 y no una enmienda, y en el de Rodríguez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 30 D.P.R. 931, se sostuvo la constitucionalidad de dichas dos leyes por el mismo fundamento, y si esto es así, los artículos 215 y si-guientes del Código de Enjuiciamiento Civil han continuado en vigor.

El artículo 215 habla que un pliego conteniendo la ex-cepción opuesta a cualquier decisión, podría presentarse a la corte o al juez para su aprobación.

El artículo 216 señala el término de 10 días a contar de la notificación de la sentencia para preparar un pliego de excepciones o dentro de la prórroga que le hubiera conce-dido la corte o el juez de la misma .... y prescribe que el pliego de excepciones se entregue al secretario para que éste a sn vez lo presente al jnez qne hubiere conocido del caso.

Estas disposiciones no sólo se refieren al término “corte” sino al de “jnez” para distinguirlo y habiéndose tomado snstancialmente del código de California concurrimos con las apelantes qne con ellas se adoptó la jurisprudencia in-terpretativa de las mismas en aquel estado.

En el caso de Matthews v. Superior Court, 68 Cal. Rep. 638, la Corte Suprema de California se expresa así:

“Sería extraño que la lejr no diera -facultad al juez que cono-ció del caso para dictar tales órdenes. Sería duro para los litigan-tes que cuando dichas órdenes que generalmente se dictan cuando se solicitan y son necesarias, el juez que celebró el juicio carecería de facultad por la ley para dictarlas a menos que fuera en el con-dado donde la causa fue juzgada. Si tal es la ley, el juez debe sa-lir de su propio condado y visitar el condado del juicio para dictar la más simple resolución que se solicite en la causa. Además, dicha orden no tiene relación alguna con los méritos, sino que se re-fiere a una mera, cuestión de procedimiento para poner un aspecto del caso en condición de ser oído.
“El juez que celebró el juicio es el llamado a aprobar la expo-sición. (Cód. de línj. Civ., see. 659, párrafo 3.) El puede por tanto, adoptar las medidas necesarias para que dicha exposición sea debidamente aprobada. Con este fin puede prorrogar el término para su debida preparación para la aprobación. Esta facultad de prorrogar no es necesario que se ejercite por el juez en la corte. (Cód. de Enj. Civ., sees. 166, 176.) Tales prórrogas pueden conce-derse por un juez en cámara. (Cód. de Enj. Civ., see. 166.) Las órdenes dictadas fuera de la corte pueden serlo por el jnez de la corte en cualquier parte del estado. (Cód. de Enj. Civ., see. 1104.) Las m'ociones a que alude la sección 1004, que acaba de citarse, y que por virtud de la misma se exige que se presenten en el condado o ciudad y condado en el cual la acción esté pendiente, en nuestra opinión, son aquellas mociones qne pueden hacerse y oirse en corte, y no las mociones ex parte que pueden presentarse y resolverse en cámara.
“El juez Sullivan, en cuanto a la facultad de prorrogar el tér-mino para preparar y presentar una exposición, estaba, a nuestro juicio, investido de las mismas facultades que el juez de la corte donde la cansa estaba pendiente hubiera tenido de no haber estado inhabilitado. Él era, en lo que respecta a la causa que juzgó, el juez de la corte superior del condado de Marin, y pudo haber con-cedido las órdenes de prórroga en cualquier parte del estado.
“Dentro de las circunstancias, el ilustrado juez no tenía facul-tad o jurisdicción para desestimar la moción solicitando un nuevo juicio. Él estaba investido de jurisdicción para aprobar la exposi-ción y oir la moción, y carecía de jurisdicción para rehusar hacerlo así.
“La orden desestimando la.moción de nuevo juicio debe dejarse sin efecto y anularse, y así se ordena.”

La apelada arguye que la autoridad del caso citado sólo resuelve una cuestión territorial y que ella no discute que el juez Castejón dictara las órdenes de prórroga en Hu-macao, sino que éste carecía en absoluto de jurisdicción para dictarlas. Sin embargo, en el caso que mencionamos, en contrario a la proposición de la apelada, se da por sen-tada la facultad absoluta del juez que conoció del caso para conceder las prórrogas, y lo que se pone en tela de juicio es una cuestión de pura contingencia relativa a si la auto-ridad del juez alcanzaba a dictar las órdenes de prórroga fuera del lugar en donde celebró el juicio, lo que se declaró en sentido afirmativo.

No es objeción tampoco que los artículos 215 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil se refieren en sus efectos a mociones sobre nuevos juicios. Por ellos lo que se establece es preservar las excepciones tomadas para utilizarlas no sólo en las mociones de nuevo juicio sino en apelación.

Podrá tal vez explicar mejor que la palabra “corte” incluye siempre que fuere necesario, al juez que celebró el juicio, cuando se lia determinado su verdadero sentido, diciéndose: “La cuestión común y esencial en todas las cor-tes es que baya un juez o jueces, y esto es tan esencial que se le designa con el nombre de corte para diferenciarlos de los funcionarios secundarios o subordinados.” Ex parte Plata, 22 D.P.R. 188.

Y si la cuestión ya establecida por la ley (art. 219 del Cód. de Erg. Civ.) y la jurisprudencia es que corresponde al juez que conoció del caso aprobar el pliego de excepcio-nes o la exposición del caso y el artículo 299 dispone que la última se presentará a la corte, lo que tiene que ser para su aprobación, el término “corte” incluye sin duda al juez que presidió el caso, trátese o nó del juez regular, pues de otro modo el efecto del artículo 299 sería la derogación im-plícita del 219, declarándose lo contrario por esta Corte Suprema en los casos de Cruz y Rodríguez, supra.

El artículo 353 'del Código de Enjuiciamiento Civil, por otra parte, dice:

“Art. 353.- — ■Cuando baya de verificarse algún acto de conformi-dad con lo dispuesto en este Código, referente a alegaciones en el pleito, o a fianzas que hayan de presentarse o a la responsabilidad de fiadores, o a la preparación de exposiciones o pliegos de excep-ciones, o a enmiendas a éstos, o a notificaciones que no sean relati-vas a apelación, el tiempo concedido para ello por este Código po-drá ampliarse por la corte que conociere del pleito o por el juez de la misma si se alegare y demostrare una justa causa.”

Este artículo, que menciona los términos de “corte” y “juez,” sostiene mejor la posición de las apelantes. Está tomado del 1054 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. Es cierto que su adopción no fué literal y existe alguna diferencia con el original, pero ella consiste por la manera en que están constituidas las cortes superiores de California, las que constan de varios jueces. En Puerto Rico al empezar a regir el Código de Enjuiciamiento Civil, julio 1, 1904, las cortes de distinto estaban formadas por un solo juez. De allí la diferencia, pero no en cuanto al al-cance que resulta del mismo en una y otra disposición.

Por todo lo expuesto, debe declararse sin lugar la mo-ción sobre desestimación.