author: El Juez Asociado Sr. Hutchison”, juez asociado se. wole.

text:
    Oliver et al., Demandantes y Apelantes, v. Oliver, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en en cansa sobre nulidad de ejecución y reivindicación.
    No. 1068.
    Resuelto en julio 30, 1915.
    CüestioNEs Envueltas en el Litisio — Resolución en Primera Instancia por el Juez de Distrito. — Es una buena práctica, en circunstancias normales, dar al juez de distrito la oportunidad de resolver en primera instancia todas las cuestiones envueltas en el litigio.
    Nulidad — Prescripción de Cuatro Años — Contratos en que Rige.- — El término de prescripción de cuatro años que se fija para* las acciones de nulidad es aplicable únicamente a los contratos en que concurren los requisitos que ex-presa el artículo 1228 del Código Civil.
    Venta Judicial — Contrato—Consentimiento—Jurisdicción Sobre la Materia y Sobre la Persona. — Considerando la venta judicial como, un contrato en el que la corte o su funcionario debidamente autorizado sustituye al verda-dero vendedor cuyo consentimiento lo da mediante una ficción legal paradó-gica, la corte, sin embargo, tiene que tener jurisdicción por lo menos sobre la materia en controversia y ordinariamente sobre la persona del demandado.
    Id. —■ Emplazamiento al Demandado — Jurisdicción — Palta de Consenti-miento. — Cuando la ley exige que se notifique personalmente el emplazamiento al demandado, o en otra forma que sea equivalente, como requisito previo indispensable para el ejercicio de su jurisdicción, si no existe tal notificación previa carece enteramente la corte de facultad para dar su consentimiento a una venta judicial, como sucedería en el caso de cualquier individuo particular que no estuviera autorizado.
    Id. — Acción Reivindicatoría de Bienes Inmuebles Vendidos en Venta Judicial — Prescripción—Palta de Consentimiento para la Venta. — La alega-ción de prescripción no constituye defensa alguna en una acción reivindica-toría de bienes inmuebles vendidos en una venta judicial, cuando la corte carece enteramente de facultad para dar su consentimiento para la venta.
    Los hechos están expresados” en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José Tous Soto y Her-minio Días Navarro.

    Abogados de la parte apelada: Sres. Tord, Castro y Ca-nales.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison”,

emitió la opinión del tribunal.

El día 23 de octubre de 1913, la Corte de Distrito de Ponce en un. pleito que en la demanda se designó con el nombre de acción reivindicatoria, dictó la siguiente sentencia:

“La corte, vistos los alegatos orales y escritos de las partes y de acuerdo con su decisión dictada en este caso resuelve, que debe de-clarar y declara con lugar la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción por haber prescrito la acción de nulidad de contratos, siendo indispensable pedir previamente dicha nulidad para que la acción ejercitada en este caso pueda prosperar, y habiendo ésta prescrito por el trans-curso del tiempo que para ejercitarla fija la ley, se desestima la demanda con costas.”

El único fundamento en que se basa la sentencia aparece claramente expresado en el siguiente memorándum de opi-nión que fué emitida por la corte sentenciadora:

“Se ejercita por parte de los demandantes la acción reivindica-toria fundada en la ineficacia de los procedimientos y de la subasta celebrada con motivo de un juicio ejecutivo sumarísimo seguido por Francisco Oliver Ballester contra Antonio Oliver Fontanet, causante de los demandantes. Los hechos aparecen claramente de la demanda enmendada presentada y no creemos necesarios repetirlos ahora. El demandado ha presentado contra la demanda enmendada la excep-ción previa general de falta- de causa de acción y además excepción previa de falta de causa de acción fundada en que de la faz de la demanda aparece que la acción de nulidad de contrato ha prescrito. Alegan los demandantes que no ejercitan en esta demanda la acción de nulidad por no ser necesaria y que se limitan a ejercitar la acción reivindicatoria. Esta corte en resolución de octubre 17 de 1913 sos-teniendo las excepciones previas a la demanda primitiva se pronun-ció en sentido de considerar indispensable en el caso presente hacer previamente la petición de la nulidad del título del demandado, como lo hacían los demandantes en su citada demanda original, y como necesariamente tenían que hacerlo para que la acción reivindicatoria pudiera prosperar. Véase la resolución de esta corte de octubre, 1913, en este caso, la cual se hace parte de esta resolución con el fin de no tener que repetir las autoridades citadas en ella. Entendemos que los demandantes en su demanda enmendada en realidad ejerci-tan la acción de nulidad, pues si bien en la súplica se pide que se declaren ‘ineficaces’ la venta judicial a favor de José González y la compraventa otorgada por José González a Francisco Oliver Bailes-ter, y no ‘nulos,’ es lo cierto que para que esos contratos puedan declararse por esta corte ‘ineficaces’ es necesario que se considere que no tienen fuerza legal alguna por algún vicio o defecto, o sea, que se consideren nulos. Por otra parte los hechos alegados en la demanda demuestran claramente que la acción reivindicatoria que se ejercita se deriva y es una consecuencia de la nulidad de los con-tratos referidos y es inmaterial que en la súplica no se pida que la corte declare nulos los referidos contratos. La corte entiende que la acción ejercitada en la demanda ha prescrito por las razones ex-puestas y resuelve que debe sostener y sostiene la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, no siendo susceptible de nueva enmienda la demanda en cuanto a este extremo, se ordena al secretario registre una sen-tencia; declarando sin lugar la demanda con costas a los demandantes.”

La demanda enmendada, omitiéndose sus párrafos pri-mero y último y la descripción de las fincas, es como sigue:

“Segundo.- — Que el demandado Francisco Oliver Ballester inició en 11 de julio de 1900, ante la Corte de Distrito de Ponee procedi-mientos, de acuerdo con la ley hipotecaria vigente, contra Antonio Oliver Fontanet, que en esa fecha había fallecido, en cobro del csu-pital de un crédito hipotecario por nueve mil pesos provinciales cons-tituidos por éste a favor de Don Matías Ferrer y por éste cedido al demandado sobre los inmuebles propiedad de dicho Antonio Oliver Fontanet, dedicados a plantaciones de café, que se describen así: * « *. Tercero. — Que dicho crédito hipotecario no devengaba inte-reses ni el cobro de los mismos fué objeto del procedimiento ejecutivo hipotecario antes referido. Cuarto. — Que en 16 de julio de 1900 se ordenó el requerimiento del demandado, y habiendo presentado en autos el demandante la certificación de defunción del demandado, creditiva de que éste, había fallecido desde primero de septiembre de 1899, solicitó y obtuvo de la corte que se requiriera de pago a Antonio Alcover y Oliver, que alegó el demandante se encontraba al frente de la finca hipotecada, sin consignar en qué concepto legal. Quinto.- — Que Don Antonio Alcover Oliver, que no se encontraba en la finca, en concepto de apoderado, administrador o arrendatario nien ningún concepto legal, fué requerido de pago,, sin notificársele la providencia ordenando el requerimiento,' ni dársele copia de la der manda o escrito inicial; y sin haberse antes ni después intentado el requerimiento de los herederos legales del fallecido Antonio Oliver. Fontanet, ni habérseles sustituido como demandados en lugar • de su causante, ni notificádoseles por edictos del procedimiento sumarisimo en coloro del expresado crédito hipotecario. Sexto. — Qlue expirado el plazo del requerimiento de pago, se sacaron los bienes hipotecados a pública subasta,, anunciándose ésta en los números de la Gaceta de la isla correspondientes a los días 6, 7 y 8 de noviembre de 1900 y no en ningún otro número de dicho periódico oficial, mediando entre la primera publicación y la subasta 18 días. Séptimo. — Que la su-basta se efectuó el día 24 de noviembre de 19.00 concurriendo como único licitador Don .José González, a quien se dió la buena pro por la suma de 13,219.28 pesos provinciales, otorgándosele de oficio la correspondiente escritura de venta judicial. Octavo. — Que el avalúo de las fincas hipotecadas era según la escritura de hipoteca, con re-nuncia de todo nuevo avalúo o acción encaminada a este fin de 24,700 pesos provinciales, que a instancias del demandante se verificó un nuevo avalúo, sin darse intervención en el mismo a los herederos del demandado; que éste nuevo avalúo ascendente a 20,320 pesos provinciales, sirvió de base para la subasta celebrada; y que en dicha subasta fueron vendidos los inmuebles hipotecados en globo. Noveno. — Que el comprador no consignó en dinero en la corte el pre- ■ ció de 13,219.28 pesos provinciales, sino solamente la cantidad de 1,189.20 dollars, admitiéndose como abono del precio, un documento 'privado de depósito a su favor firmado por Francisco Oliver por 4,210.80 pesos provinciales la suma de cuatro mil pesos provinciales de una primera hipoteca sobré algunos de los inmuebles subastados y la de doscientos diez y nueve pesos provinciales con 20 centavos de intereses de dicha hipoteca. Décimo. — Que posteriormente y por escritura pública de 16 de mayo de 1903 el demandado Francisco Oliver Ballester compró al comprador judicial José González todas las fincas hipotecadas y subastadas por éste, descritas en la alegación segunda, inscribiendo su título de compra en el registro de la pro-piedad el referido Francisco Oliver Ballester, a puyo nombre se en-cuentran inscritas en la actualidad. Undécimo. — Que el inicio, con-tinuación y terminación del referido procedimiento ejecutivo hipo-tecario, se verificaron sin tener la corte jurisdicción, sobre la materia de la acción, y en contravención a las Ordenes Generales número 18 de 12 de febrero de 1899, número 10 de 19 de enero de 1900 y 92 de 28 de abril de 1900 disponiendo la suspensión de la Ley Hipote-caria en cuanto al procedimiento para hacer efectivos créditos contra fincas agrícolas de todo género y las industrias y maquinarias a ellas afectas desde 19 de enero de 1899 hasta 19 de enero de 1901. Duo-décimo. — .Que el demandado se encuentra en posesión de los inmuebles descritos en la alegación segunda el valor de las cuales es $80,000, y está disfrutándolas ilegalmente y percibiendo sus frutos, rentas e intereses, desde que se verificó la subasta basta la fecba, en perjuicio de los demandantes, ascendiendo dichos frutos, rentas e intereses a más de $20,000. Décimo tercero. — Que Don Antonio Oliver Fontanet falleció el día primero de septiembre de 1899 en Adjuntas, Puerto Rico, hecho que constaba al demandante al iniciar el procedimiento sumario en cobro de su hipoteca bajo testamento en el cual instituyó por sus úrdeos y universales herederos a sus hermanos Isabel María y Pedro Oliver y Fontanet, que aceptaron la herencia. Décimo cuarto. — Que Isabel María Oliver y Fontanet falleció en 7 de diciem-bre de 1903, sucediéndole ab-intestato como únicos y universales he-rederos, sus hijos Antonio Bárbara y Jorge Alcover y Oliver, que aceptaron la herencia. En mérito de lo. expuesto a la honorable corte suplico: Primero.— Que declare que la subasta celebrada en este caso y consiguiente venta judicial otorgada a favor de José Gon-zález, fueron ineficaces para trasmitir al comprador judicial el do-minio de los inmuebles hipotecados y subastados por carecer la corte de jurisdicción, por razón de la materia y no haberla adquirido sobre la persona del demandado. Segundo. — Que como consecuencia, se declare igualmente ineficaz la compraventa de dichos inmuebles otor-gada por José González al demandado en.esta acción, Francisco Oliver Ballester, para trasmitir al comprador el dominio de los mismos. Tercero.^Que se declare que el título de propiedad de dichos in-muebles permaneció en los herederos de Antonio Oliver Fontanet, no obstante los actos ejecutados por la corte sin jurisdicción, que condene al demandado a reintegrarlos a los demandantes, juntamente con sus frutos, rentas e intereses en cantidad no menor de $20',000. Cuarto. — Qiue se ordene la cancelación en el registro de las inscrip-ciones producidas por la venta judicial a favor de José González y por la compraventa de éste a favor del demandado. Quinto. — Que si no hubiere lugar a los anteriores pedimentos, se condene al de-mandado a indemnizar a los demandantes en concepto de daños y perjuicios por infracción del contrato, la suma de $100,000.”

En los señalamientos de error se alega, primero, que la corte erró al no estimar que existía una buena causa de acción a favor de los demandantes, y por tanto al no desestimar la excepción previa general alegada por el demandado; y se-gundo, que la corte cometió error al considerar prescrita la acción ejercitada por los demandantes.

El apelante consigna seis cuestiones distintas bajo el primer error alegado y cuatro en el segundo, las cuales son como sigue:

PRIMEE ERROR.
“I. Existe la acción de nulidad de actuaciones de procedimiento ejecutivo hipotecario; sin embargo de que el deudor ejecutado puede recobrar los bienes subastados sin pedir previa y especialmente la nulidad de tales actuaciones.
“II. La Corte de Distrito de Ponce carecía de jurisdicción para conocer del procedimiento ejecutivo hipotecario que originó la venta de los bienes hipotecados, en el tiempo en que conoció de dichos pro-cedimientos.
“III. La Corte de Distrito de Ponce no adquirió jurisdicción so-bre la persona del demandado.
“IV. La falta de jurisdicción de la corte produce la nulidad ab-initio de todo lo actuado, y una venta judicial decretada por una corte sin jurisdicción no traspasa título al comprador.
“V. Los defectos procesales no1 jurisdiccionales alegados en la de-manda, producen también la. nulidad de lo actuado y de la venta; por lo menos en cuanto a personas que no- pueden invocar el carácter de tercero.
“VI. No existe la pretendida irrevocabilidad de las ventas judi-ciales; pero si existiera un estatuto declarando irrevocables, esto es, inatacables las ventas judiciales nulas por falta de jurisdicción (que no existe) sería inconstitucional y nulo.”
segundo error.
“Primero. — Cuando la nulidad no produce la acción, no hay que pedirla.
“Segundo. — En este caso la nulidad no produce la acción, por no tener existencia legal los actos de una corte sin jurisdicción.
“Tercero. — -La acción de nulidad de contrato prescribe a los cua-tro años; pero no se discute en este caso la nulidad de un contrato, sino su ineficacia respecto al que no fué parte en el mismo.
“Guarió. — Un estatuto que limitara a cuatro años el tiempo para poder anular una venta judicial ordenada por una corte, sin juris-dicción, sería nulo.”

El apelado formula sus razonamientos en apoyo de las dos excepciones previas bajo los párrafos siguientes:

“PRIMER FUNDAMENTO DE EXCEPCIÓN.
“Que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una-causa de acción.
“(a) Vicios o defectos de procedimiento que pueden constituir falta de jurisdicción sobre la persona del demandado.
“(5) Vicios o defectos de procedimiento que pueden constituir falta de jurisdicción sobre la materia.
“ (c) Vicios de mera tramitación.
“(d) Aun comprador en subasta judicial no le afectan los vicios o defectos de mera tramitación de que adolezca el procedimiento.
“segundo fundamento de excepción.
“Que la demanda presentada en este caso no aduce hechos sufi-cientes para constituir una causa de acción a favor de los deman-dantes, por aparecer de la faz de la misma que ha prescrito la acción de nulidad de contratos en ella ejercitada:
“(a) Que una venta judicial es un contrato.
“ (6) Que la acción de nulidad de contratos, ejercitada en la de-manda, ha prescrito.
“ (c) Que en este pleito los demandantes tienen que pedir previa y necesariamente la nulidad del título del demandado, o sea, del con-trato celebrado por él con José González, y. la nulidad de la venta judicial.
“(c?) Que los demandantes tendrían derecho y acción para pedir tal nulidad a pesar de no haber sido parte en dichos contratos, si tal acción no se hallara prescrita.”

Por interesante que pudiera ser la consideración que hicié-ramos al discutir ampliamente y resolver en definitiva todas las cuestiones que de tal modo han sido planteadas, ésta con-sumiría más tiempo del que ahora puede legítimamente dedi-cársele a este caso y haría que esta opinión resultara dema-siado extensa. La mejor práctica, en circunstancias norma-les, es dar a las cortes de distrito la mayor oportunidad posi-ble a fin de que puedan resolver en primera instancia todas las cuestiones envueltas. No se ha sugerido razón alguna por la que deba hacerse una excepción a la regia general en este caso. La corte inferior no resolvió sino una sola de las dos cuestiones fundamentales que fueron sometidas a su con-' sideración. Al resolver que la demanda no era susceptible de ser enmendada de tal modo que evitara el resultado de esta decisión, el juez de la corte inferior declaró, sin embargo, incidentalmente, que era indispensable bacer previamente la petición de la nulidad del título para que la acción reivindi-catoría pudi'era prosperar. Todas las demás cuestiones dis-cutidas en la apelación solamente serán'tomadas en conside-ración en todo lo que puedan ser necesarias o se relacionen con la resolución de las cuestiones que de tal modo ban que-dado planteadas.

Si la teoría sustentada por los demandantes relativa a la nulidad absoluta de la ejecución hipotecaria se hubiera fundado solamente en la supuesta violación de la orden mili-tar mencionada en la demanda, entonces, en vista de la posi-bilidad de resolver el caso en definitiva, podríamos habernos sentido obligados a considerar en sus méritos la cuestión algo dudosa de si el razonamiento de la Corte Suprema de

los Estados Unidos en el caso de Ochoa v. Hernández, 230 U. S., 139, debe regular el presente caso; pero prescindiendo de cualquiera que sea la conclusión a que pudiéramos llegar en este sentido, el caso debe ser devuelto para ulteriores pro-cedimientos, según el criterio que tenemos de la cuestión que realmente fué resuelta por la corte de distrito, y de nada serviría que resolviéramos ahora con respecto a la validez de. dicha orden general. Además, aunque apenas, puede ne-garse que gran, parte de los razonamientos expresados en el curso de la opinión en el caso de Ochoa a primera vista parece ser más o menos aplicable por analogía a la orden general que aquí se discute, existen, sin embargo, muchos puntos diferentes que sugieren distinciones de importancia que han de ser establecidas y verdaderas consideraciones que hasta ahora no han sido tratadas por ninguna de las partes en este pleito, y a la doctrina establecida en ese caso no ha de dársele ligeramente el alcance de que regula la cuestión que ahora se discute. Por tanto, creemos, que atendidas todas las circunstancias, lo más conveniente es dejar por ahora sin resolver esta cuestión.

Para los fines de esta opinión podemos admitir la primera proposición del apelado de que “una venta judicial1 es un contrato.”

El Código Civil Revisado prescribe:

“Art. 1221. — El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.”
“Art. 1224. — Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos * * *.
“Art. 1226. — Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la iey su representación legal.
“Art. 1228.- — No hay contrato sino cuando concurren los requisi-tos siguientes:
“1. Consentimiento de los contratantes.
“3. Causa de la obligación que se establezca.
“Art. 1232. — Será nulo el consentimiento prestado por error, vio-lencia, intimidación o dolo.
“Art. 1242. — Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no pro-ducen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.
. “Art. 1243. — La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.
“Art. 1257. — Los contratos válidamente celebrados pueden rescin-dirse en los casos establecidos por la ley.
“Art. 1266. — La acción para pedir la rescisión dura cuatro años * * *
“Art. 1267.' — Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1228 pueden ser anulados aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.
“Art. 1268. — La acción de nulidad sólo durará cuatro años.
“Este tiempo empezará a correr;
‘£ En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado;
“En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consu-mación del contrato;
“Cuando la acción se dirija a invalidar contratos lieclios por mujer casada, sin licencia o autorización competente, desde el día de la disolución del matrimonio;
“Y cuando se refiere a los contratos celebrados por los menores O’ incapacitados, desde que salieren de tutela.
“Art. 1276. — La acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente.
“Art. 1280. — La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración.”

Ciertamente que el término de prescripción de cuatro años que se fija para las acciones de nulidad es aplicable única-mente a los contratos “en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1228. ” Considerando la venta judicial como un contrato en el que la corte o su representante oficial debidamente autorizado sustituye al verdadero vendedor cuyo “consentimiento” lo da la corte por una ficción legal para-dógica, la corte, sin embargo, tiene que tener jurisdicción por lo menos de la materia en controversia, y ordinariamente sobre ia persona del demandado. Las cortes son organismos creados por la ley y la facultad para considerar y resolver la materia objeto de la controversia es la definición ordinaria y ciertamente la esencia misma de la jurisdicción. Y si la ley exige que se notifique personalmente el emplazamiento al demandado, o en forma equivalente, como requisito previo indispensable para el ejercicio de dicha jurisdicción, enton-ces la corte, si no existe tal notificación previa, carece ente-ramente de facultad para dar tal consentimiento, como ocu-rriría en el caso de cualquier individuo particular que no estuviera autorizado. El “consentimiento de las'-partes con-tratantes,” requerido por el artículo 1228, falta por completo en uno u otro caso, y según el lenguaje sencillo de ese artículo “no hay contrato.” No hay nada por “anularse,” dentro del significado del artículo 1267, nada en que pueda fundarse “la acción de nulidad” a que se refiere el artículo 1268. De aquí se infiere que la prescripción alegada no constituye de-fensa alguna en una acción reivindicatoria de bienes inmue-bles así vendidos.

El principio fundamental en qne descansa la bien cono-cida diferencia qne existe entre lo qne son contratos nnlos y annlables se destaca a través de la mny luminosa discu-sión becba por Manresa de los artículos 1257, 1259, 1261, 1263,1264,1265,1275,1276,1299,1300 y 1301 del Código Espa-ñol que son equivalentes a los artículos citados anteriormente de nuestro códig'o si agregamos a los mismos los artículos 1230 y 1231 cuya cita así como la de otros más o menos corre-lativos liemos omitido con objeto de ser breves. Será bas-tante bacer asimismo referencia sin' citas o argumentación al tomo 8 de los comentarios (edición de 1907) páginas 613 y siguientes, 623, 628, 639, 644, 681, 683, 252, 766, 771, 774 y 777.

En el caso de Vázquez v. Vázquez, 15 D. P. R., 89, los here-deros de un vendedor, tintaron después de su muerte, de anular una escritura que según su faz era válida, y que fué otorgada por dicho vendedor personalmente, por el funda-mento de que la escritura era simulada o falsa, que no bubo verdadera venta y que el comprador en realidad tenía la propiedad en depósito para beneficio del otorgante y sus here-deros. Los apelantes alegaron que existía “una diferencia en-tre un contrato válidamente celebrado y otro que es simulado y que la parte contra la cual se establece la acción es un simple depositario.” No consta bajo qué teoría se pretendió establecer la diferencia alegada. Cualquiera que fuera no parece baber encontrado apoyo alguno en el tribunal. No es preciso que tratemos de la gran diferencia que existe entre la falta total de causa y una causa simulada a que tanto se llama la atención por Manresa en la obra que acaba de citarse. No bay nada que muestre que la cuestión de si la escritura era enteramente nula o meramente anulable estaba envuelta de modo alguno en el caso de Vázquez. Ciertamente que no parece haber estado en la mente de la corte. No existe el más remoto indicio de ningún elemento relativo a una ac-ción reivindicatoría, ni de ninguna otra acción en contra-posición a una “de nulidad” pura y simple.

En el caso ele Agostini v. Philippi, 16 D. P. R., 665, este tribunal se expresó como signe;

“La acción ejercitada fue la de nulidad del contrato de cesión de derechos y acciones celebrado por escritura pública el- día 18 de octubre de 1898 por el demandante y uno de los demandados y los motivos alegados para solicitarla fueron que los demandados obtu-vieron el consentimiento del demandante por medios engañosos y que la ctmsa o consideración consignada én el contrato era falsa. (La bastardilla es nuestra.)
“No se trata pues, de un contrato inexistente, sino en todo caso nulo; esto es, no ha habido ausencia absoluta de los elementos esen-ciales del contrato, sino existencia viciosa, pero existencia al fin, de aquellos elementos necesarios, y el caso cae dentro de las claras pres-cripciones del artículo 1268 del Código Civil revisado * * *. (La bastardilla es nuestra.)
“La acción de nulidad es la fundamental en este caso. El de-mandante no la ejercitó ante los tribunales sino después de trans-curridos más de diez años de consumado el contrato; esto es, cuando ya, de acuerdo con la ley, tal contrato había quedado convalidado y no podía servir de base para una reclamación contraria a sus propias cláusulas que debían considerarse a virtud de la convalidación como expresivas de la verdad. Véase Vázquez v. Vázquez, 15 D. P. R., 89, decidido por esta corte el 17 de febrero de 1909.” (La bastar-dilla es nuestra.)

En el caso de Sucesores de Lampón v. Sucesores de Rivera, 16 D. P. R., 345, que fue otro caso en que se alegó que la venta era simulada, se distingue claramente el caso por lo siguiente:

“Paitan pruebas en el juicio demostrativas de la simulación del contrato de compraventa que entraña la escritura de 11 de julio de 1873, pero aunque tal simulación existiera, la acción hubiera pres-crito, por lo que huelga discutir si los herederos de Ramón Lampón han podido impugnar la validez de dicha escritura contradiciendo los actos de su padre.” (Bastardilla nuestra.)

En el caso de Sucesión Jiménez v. Ahumada et al., 14 D. P. R., 295, en el sumario se expresa lo siguiente .

“Ejercitándose en una demanda la acción de nulidad y la de rescisión de contrato, fundada en error, dolo y falsedad de la causa, sin alegar hecho alguno ■ que interrumpa la prescripción, puede ale-garse eon éxito la excepción previa general de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, por estar prescrita ésta, por haberse ejercitado después de los cuatro años de consumado el contrato.” (Bastardilla nuestra.)

Y, finalmente, en el caso de Diez & Arrarás v. Bascos et al., 5 D. P. R., 97, (1a. edición), la única parte de la opinión qne hace referencia a la proposición del apelante es la siguiente:

“El error y dolo que alega en su favor Da. Narcisa Bascos y que-no se presumen nunca no se han demostrado, pero aun suponiendo' lo contrario, siempre resultaría que la acción de nulidad ha prescrito' por el transcurso del término legal que la ley concede para ejercitan con fruto ese derecho.”

De modo que todos los casos citados por el apelado cla-ramente están comprendidos en los que lian sido enumerados en el tercer grupo que se determina expresamente en el ar-ticulo 1268, al fijar la fecha en que lia de empezar a correr el término prescrito. El argumento del apelado toma por punto de partida lo expresado por Manresa, de que “el con-trato supuesto o falso, en cuanto lo es y se demuestre, des-truyendo así la apariencia del mismo, es el caso más claro de inexistencia, a tal extremo, que en él se identifican el sen-tido usual y el jitrídico de esa palabra.” Ahora bien, pres-cindiendo enteramente de la clara clistincipn establecida por Manresa entre simulados o ficticios y lo que él llama stípioes-tos o falsos” contratos, y en una gran confusión de términos, continúa el argumento fundado en la.teoría de que “un con-trato simulado es el caso típico de inexistencia de contrato.” T como preámbulo a este razonamiento respecto a la cues-tión de prescripción, dice el apelado:

“Si en la discusión de esta cuestión fuera necesario entrar a con-siderar la distinción que hacen los comentaristas del Código Civil de los contratos nulos de aquellos que califican de inexistentes, sería interminable esta discusión. Nosotros nos creemos excusados de en-trar en la consideración de ese extremo, porque sea un contrato nulo, o sea un contrato inexistente aquel cuya nulidad se solicite, siempre estará comprendido- en los términos del artículo 1268 del Código Civil, que sólo concede para pedir su nulidad el término de cuatro años. Esa es la opinión del Sr. Seaevola: * * ”

La cuestión es tan elemental, que no es necesario discutir más para demostrar que los casos citados,- en ninguno de los cuales existe ninguna duda de importancia respecto al principal objeto de anular un contrato válido según su faz, y en cada uno de los cuales la acción fué establecida, no por un tercero alegando la nulidad absoluta del documento que se impugna, sino por las partes en el contrato, que a lo sumo es anulable, o por sus herederos, no sostienen la proposición alegada por el apelado como segundo fundamento de excep-ción.

La verdadera cuestión sometida a nuestra consideración fué totalmente resuelta por este tribunal en el reciente caso de Sucesión Suro v. Sucesión Prado, 21 D. P. R., 241. No es preciso repetir ahora lo que dijimos en dicho caso. Está >en perfecta harmonía con las diferencias establecidas y los principios elementales consignados en el Código Civil y por su más autorizado y moderno comentarista en las páginas citadas y con la tendencia general de las decisiones ante-riores de este tribunal y de la Corte Suprema de España. No se diferencia én principio del caso de autos y es termi-nante en cuanto al punto que aparece envuelto en primer término en este caso.

Aquí podríamos terminar si la corte inferior no hubiera resuelto también incidentalmente en su opinión que £<es indispensable en el caso presente hacer previaménte la petición de nulidad del título del demandado, como lo hacían los de-mandantes en su citada demanda original, y como necesaria-mente tenían que hacerlo para que la acción reivindicatoría pudiera prosperar;’’ * * * que “los demandantes en su demanda enmendada en realidad establecieron una acción de nulidad;” * * * y que “los hechos alegados en la de-manda demuestran claramente que la acción reivindicatoría que se ejercita se deriva y es una consecuencia de la nulidad de los contratos referidos siendo inmaterial que en la súplica no se pida que la corte declare nulos los referidos contratos. ’ ’

En estas condiciones el guardar silencio por nuestra parte en lo que respecta .a la cuestión que presenta el'apelado en su tercera proposición (o) bajo el segundo fundamento de excepción, cuestión que es de gran importancia, podría inter-pretarse como una conformidad tácita con la conclusión a que llegó la corte inferior e inducir así a las partes a su per-juicio. Por tanto, consideraremos ligeramente el alegato es-crito del apelado en cuanto al particular. Es como sigue:

“(o) Que en este caso los demandantes tienen que pedir necesa-riamente la nulidad del título del demandado, o sea, del contrato celebrado por él con José González, y la nulidad .de la venta judicial.
“La-doctrina relativa a los casos en que es necesario pedir pre-viamente la nulidad del título del demandado, para que pueda ejer-citarse con éxito la acción reivindicatoria, se encuentra claramente expuesta en un caso resuelto por el Tribunal Supremo de España, y que dice así.
“ ‘No puede entablarse con éxito la acción reivindicatoría contra el poseedor de una cosa que la tiene con algún título, sin que pre-ceda el ejercicio de otra acción adecuada para destruirlo, en los casos en que de la nulidad del título del demandado surja el derecho que ejercita el actor, pero tal doctrina no es aplicable cuando ambas partes derivan sus respectivos derechos de documentos y hechos distintos, sin relación ni dependencia entre los traídos por el actor y los aducidos por la parte demandada, quedando en este concepto reducido el liti-gio a la discusión sobre el valor, eficacia y preferencia de los docu-mentos o datos que respectivamente sirvieron de fundamento a las partes.5
“70 Juris. Civ., 596.
“65 Juris. Civ., 528.
“Apliquemos la doctrina precedente al caso de autos y veamos si los demandantes tienen que solicitar previamente, como han soli-citado en la demanda, la nulidad del título del demandado, para que pueda prosperar la acción reivindicatoría que en ella ejercitan.
“El título que los demandantes ostentan es el de herederos de don Antonio Oliver Fontanet, o sea el deudor, en el procedimiento hipotecario en que se vendieron las fincas reclamadas: los deman-dantes alegan en su demanda que las actuaciones de ese juicio son nulas, j como consecuencia de esa nulidad, que es nula, asimismo, la venta judicial a favor de José González, quien no pudo adquirir nin-gún título sobre los bienes subastados, y no pudo tampoco transmi-tirlo al demandado Francisco Oliver, siendo, por tanto, también nulo el título que sobre dichos bienes ostenta el mencionado Oliver. De modo que los demandantes se fundan en la supuesta nulidad del título del demandado Oliver, para reivindicar, luego en este caso es indispensable pedir previamente la nulidad de ese título. No se puede dudar ni discutir por un momento, que en este caso la nulidad es la que produce la acción, y lo demostramos con la siguiente pregunta: ¿Si los demandantes aceptaran que las actuaciones del juicio ejecu-tivo son válidas, y por consiguiente, que la venta judicial a favor de José González es válida, y que el contrato de venta que éste otorgó a favor del demandado Oliver es asimismo válido, tendrían acción para reivindicar' los bienes Hipotecados y que reclaman en la demanda? No; luego es consecuencia indiscutible la de que, en este caso, la nulidad es la que produce la acción, es decir, la supuesta nulidad.
“Además, la doctrina exige que esa nulidad hay que pedirla pre-viamente siempre que ambas partes deriven sus respectivos derechos de documentos y hechos que no sean distintos, sino que estén rela-cionados y dependan unos de otros. Veamos si se dan estas condi-ciones en el caso de autos: el título de los demandantes es el de su causante, o sea el deudor don Antonio Oliver Fontanet, pues, preci-samente el título que adquirió José González en la venta judicial lo deriva del mismo Antonio Oliver Fontanet, que era el deudor en el procedimiento hipotecario, y a su vez, el título del demandado Francisco Oliver y Ballester -ge deriva del de José González, luego en este caso hay una perfecta dependencia y rela.ción gntre el título de los demandantes (que es el mismo de su causante, o sea, el deudor) y el título de José González y del demandado Francisco Oliver. Luego hay que aplicar la doctrina y estimar que los demandantes tenían que solicitar, como han solicitado en su demanda, la nulidad del título del demandado.
“ ‘Las acciones que se fundan en la nulidad de un acto u obliga-ción, o de un documento público y solemne, no pueden ejercitarse útilmente, sin que primero se demande o haya obtenido la declara-ción de dicha nulidad según la jurisprudencia y doctrina legal admi-tida por los tribunales, y reiteradamente consignada por el Supremo.”
“16 Juris. Civ., 389.
“11 Juris. Civ., 558.
"Mas, este honorable tribunal ba resuelto dos casos que ilustran perfectamente la cuestión referente a cuando hay que pedir la nuli-dad del título del demandado y cuando es innecesario hacer tal peti-ción, estableciendo, desde luego, la misma doctrina, o sea, la de que siempre que el título del demandante y del demandado procedan de igual origen, hay que pedir la nulidad previamente; si proceden de distinto origen, no es necesario hacer tal petición previamente.
“En el caso de Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D. P. R., 878, los demandantes reclamaban un condominio' sobre dos fincas, a título de herederos de su madre, alegando que muerta ésta, el viu-do, o sea el padre de los demandantes había vendido dichas dos fin-cas al padre de los demandados, como si le hubieran pertenecido exclusivamente, cuando dichas fincas pertenecían a la sociedad de ga-nanciales, y por tanto la madre de los demandantes era dueña de una mitad de las fincas. Este tribunal resolvió que en este caso no tenían los demandantes que pedir la nulidad del título de los demandados, porque la acción reivindicatoría era independiente de esa nulidad, y cita cuatro sentencias del Tribunal Supremo de España que establecen la. doctrina de que cuando la nulidad no produce la acción, no hay que pedirla previamente. Es bien claro que en ese caso la nulidad no pro-ducía la acción, porque los demandantes fundaban su derecho en el tí-tulo que por gananciales correspondía a su madre, título que jamás fue transmitido por ésta a ninguna persona, y en ninguna forma, es decir, ni con vicios de nulidad, ni sin vicio alguno. En la demanda pre-sentada en ese caso no se alegó que el título del demandado fuera nulo, ni se estableció ningún hecho determinante de esa nulidad: se alegó, sí, que el padre de los demandantes no era dueño exclusivo de esos bienes, pues una mitad correspondía a la madre de los de-mandantes, y por fallecimiento de ésta, a sus herederos demandantes. El caso no puede ser más sencillo y más claro: si los demandantes no se fundaban en ningún motivo que viciara de nulidad el'título del demandado, ¿cómo habían de pedir la declaración de tal nulidad? ■ El título de los demandados no procedía en ese caso del mismo origen de que procedía el título de los demandantes, pues éstos derivaban su acción del título de su madre, mientras que los demandados deri-vaban su derecho de una persona distinta, o sea, el padre de los de-mandantes, luego uno y otro título no tenían relación, ni dependen-cia, entre sí, circunstancia por la cual había que estimar, como estimó el Tribunal Supremo, que no es necesario pedir previamente la nuli-dad del título del demandado.
Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D. P. R., 877.
“Veamos el otro caso en que el Tribunal Supremo resolvió que era indispensable haber solicitado previamente la nulidad del título del demandado, y que'como esta nulidad no se pidió, tenía que deses-timarse la demanda.
“En el caso a que vamos a referirnos, se alegó por los deman-dantes que una concesión de riego y un predio de terreno que tra-taban de reivindicar no fué legalmente incluida en una escritura de venta que el causante de los demandantes otorgó a favor de los de-mandados, de parte de la hacienda ‘Adela,’ y el Tribunal Supremo se expresa así:
. . “ ‘Pero al leer la demanda, sobre todos los hechos marcados con los números 24 y 25, parece que la acción reivindicatoría que se ejer-cita se funda en el supuesto dp que el título de don Ciprián Blondet, causante de la sucesión hoy demandante, no fué legal y legítima-mente transmitido a los poseedores demandados.
“ ‘De modo que lo que'se sostiene en realidad es que la transmi-sión del riego y del predio a los demandados es nula. La nulidad entonces es la que produce la acción y resulta, por tanto, que el derecho de reivindicar no es independiente, de la nulidad, luego ha sido necesario pedir antes, la nulidad del título de los demandados, pues solo anulándose podía recobrar su fuerza el título'de los deman-dantes, porque de otro modo dichos títulos no pueden subsistir y armonizarse. Sentencias del Tribunal Supremo de España de 27 de junio de 1867, 16 de octubre de 1873 y 22 de mayo de 1889.
“ ‘En la súplica de la demanda, ni en ninguna parte de ella, se pide la nulidad del título de los demandados, ni de la inscripción que en el registro de la propiedad ocasionó.
“ ‘Se confirma la sentencia apelada que desestimó la demanda con las costas.
“Sucesión Blondet v. Fantauzzi Hnos., 14 D. P. R., 329.
“Los hechos de ese caso son exactamente iguales a los hechos del caso de autos: en éste, como en aquél, alegan los demandantes que el título de su causante, o sea el deudor, no fué legal y legítimamente transmitido por la corte actuando a nombre del deudor, al comprador judicial José González, por lo que éste tampoco pudo transmitirlo, legal y legítimamente, al demandado Francisco Oliver, luego en este caso, como en el de Blondet v. Fantauzzi, lo que se sostiene en realidad es (usando las mismas palabras de este honorable tribunal), que la transmisión de los bienes hipotecados al demandado Oliver es nula, la nulidad entonces es la que produce la acción, y resulta, por tanto, que el derecho de reivindicar no es independiente de la nulidad, luego lia sido necesario pedir antes la nulidad del título de los demandados (como lo han hecho los demandantes), pues solo anulándose puede recobrar su fuerza el título de los demandantes, porque de otro modo dichos títulos no pueden subsistir y armonizarse.
“Pero la misma parte contraria reconoce la virtualidad de la doc-trina por esta parte sustentada, y la formula en los propios términos en que la formulamos nosotros: ‘El verdadero test (dice en la página 43 de su alegato) de si es necesario pedir, o no la nulidad, es: ¿la nulidad produce la acción reivindicatoria, o no? Si no la produce, si la acción es independiente de la nulidad, puede reivindicarse sin pedirse la nulidad previa.’ Pues bien, elimínense de la demanda de autos los hechos que se refieren a los supuestos vicios de nulidad del procedimiento y * * * ¿qué quedaría? El hecho referente a la comparecencia del demandante, los productos producidos por la finca, ía súplica. ¿ Son suficientes éstos hechos para reivindicar ? Es claro que no. Luego los hechos determinantes de la nulidad de los títulos del demandado son los que única y exclusivamente constituyen la causa de acción, es decir, la producen. ¿Sucedería lo propio en el caso de Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, que pretende la parte contraria que es idéntico al de autos? De ninguna manera. Los de-mandantes en dicho caso sólo tenían que alegar el título de su madre sobre los bienes que trataban de reivindicar, y no tenían que hacer re-ferencia alguna al título' de los demandados, que era distinto del de aquellos, con el que no tenía relación, ni dependencia de clase alguna; los demandados hubieran alegado su título, en la contestación, y si el tribunal estimaba que era procedente la acción reivindicadora de los demandantes, es decir, que su madre nunca transmitió a persona alguna su dominio, ni legal, ni ilegalmente, ni lo hizo ningún tribunal a su nombre ni legal ni ilegalmente, entonces, como consecuen-cia indeclinable de la acción deducida, decretaría la nulidad del título de los demandados, y eso mismo ocurriría si el abogado de la parte contraria vendiera la Casa Blanca a los abogados de esta parte, en el ejemplo que propone Wl su alegato: ya podrían pasar, no ya cua-tro, sino cien años, que nunca podría invocarse la prescripción de la acción de nulidad, por la sencillísima razón de que jamás tendría que ejercitarse: su verdadero dueño siempre se fundaría en su título ño transmitido a nadie, ni transmitido a nombre suyo por ninguna corte, y no tendría para qué ocuparse del que el señor Tous nos hubiera conferido.
“No comprendemos qué aplicación pueden tener a este caso, los citados por la parte contraria en la página 45 de su alegato. Este caso está regulado por nuestra Ley Hipotecaria, que concede precisa-mente la acción de nulidad de actuaciones contra el acreedor ejecu-tante. Repetimos que la ley no autoriza la acción contra el com-prador judicial, ni el embargo de la finca subastada, sino la retención del producto de su venta, para asegurar la efectividad de ia sentencia que contra el acreedor pueda dictarse, lo* que constituye una prueba concluyente de que el comprador adquiere la finca libre de toda res-ponsabilidad. Y repetimos, además, que en el procedimiento hipo-tecario no ha'.habido falta alguna de jurisdicción, y que de ningún modo puede aplicarse al caso de autos, la jurisprudencia citada por la parte contraria, que se funda toda ella en sentencias dictadas sin jurisdicción, e interpreta estatutos completamente distintos a los que regían cuando se siguió el referido procedimiento hipotecario.
“La sentencia de octubre 27, 1882, 50 Juris. Civ., 236, que cita el apelante en la página 49 de su. alegato, sostiene por completo nues-tra contención, pues los demandantes fundaban la acción reivindica-toría en la fuerza de sus propios títulos, y no en los vicios o defectos de que pudiera adolecer el título del demandado, que era distinto del de los demandantes.
“Véase la sentencia de mayo 9, -1862, 7 Juris. Civ., 322, que es un caso igual al de autos. En él se adjudicó judicialmente una finca, reservando el demandante los derechos que sobre ella pudiera tener; el adjudicatario traspasó dicha finca al demandado, y el Tribunal Supremo de España resolvió que como la acción no* se había enta-blado dentro del cuadrienio legal, había quedado extinguida.”

Ambos extractos tomados de las dos decisiones que ban sido citadas en primer término, por el apelado limitan expre-samente la aplicación del estatuto de prescripción a casos en los cuales “el derecho de acción del demandante nace de la nulidad del título del demandado,” y en uno de ellos se afirma enfáticamente que los casos en que el demandante y demandado no deriven el título del mismo origen consti-tuyen una excepción de la regia. Y aquí también encontra-mos el defecto fundamental de un gran hiato en la premisa que surge de una confusión de términos, y además de esto una clara discordancia non sequitur entre la premisa y la conclusión. Suponer que el deudor en el procedimiento hipo-tecario es el verdadero vendedor en la venta judicial, es simplemente dar por sentada la cuestión vital que se discute. Ni tampoco la cuestión propuesta y la contestación formu-lada a ella por el apelado sostienen la conclusión que se pre-tende derivar de la misma. La proposición así expresada puede ser generalizada de este modo: £ ‘ Si el demandante en cualquier acción reivindicatoría admitiera al principio la supe-rioridad del título del demandado, ¿podría él reivindicar en-, tonces? No; por tanto, su derecho a reivindicar lia de depen-der de la falta de solidez del título de su adversario y no de la fortaleza del suyo,” conclusión que subvierte la regia más fundamental en acciones sobre reivindicación de bienes inmue-bles, tanto en las jurisdicciones de la ley común como en la civil, y es un claro reduction ad absurdum.

Supongamos que en el presente caso los demandantes, en lo que respecta a los títulos en cuestión, meramente habían alegado que son los dueños de las fincas en cuestión, presen-tando toda su documentación de títulos, y que el demandado detentaba indebida e ilegalmente la posesión de las mismas. Seguramente que el demandado no alegaría que tal demanda no determina una causa de acción por no especificarse el título del demandado en previsión de lo que pudiera ser la defensa. Supongamos además que el demandado contestara alegando su título con tal claridad de detalles que los supuestos defec-tos jurisdiccionales aparecieran de la faz de la contestación y 'que el demandante formulara excepción por el fundamento de que los hechos así expresados en la contestación no cons-tituyen una defensa por resultar de su faz que el procedi-miento ejecutivo hipotecario y la venta realizada de acuerdo con el mismo eran absolutamente nulos y sin ningún valor por falta de jurisdicción en el asunto. Claramente que enton-ces estaríamos frente a cuestiones idénticas a las compren-didas en este caso y difícilmente podríamos considerar que en realidad dicha acción es una acción personal para anular dichos procedimientos y el título del demandado obtenido de acuerdo con los mismos, establecida a manera de una acción reivindicatoría. T el mero hecho de que los demandantes creyeran conveniente anticipar la defensa haciendo constar el título en el cual ellos entienden que se funda el demandado y alegar hechos que ellos sostienen que demuestran que dich.o título es enteramente nulo y sin ningún valor, no varía nece-sariamente la naturaleza de la acción. Ni admitiendo en pro del argumento la solidez de la alegación de los demandantes respecto a la naturaleza jurisdiccional de los hechos alega-dos, vemos en el caso de considerar por sus méritos la cues-tión planteada en el caso hipotético de referencia por la prueba de un título prima facie de un derecho absoluto en los deman-dantes y de un título completamente nulo por su faz como única defensa, por qué la corte no podía dictar sentencia para que fueran reivindicadas las fincas en cuestión por el funda-mento de que el título prima facie de los demandantes no estaba afectado por ninguno de los procedimientos o escri-turas que formaban la cadena de títulos del demandado sin anular expresamente o dejar sin efecto algunas de estas escri-turas. Ciertamente que los apelados admiten esto en sus-tancia en su argumento y en realidad las partes están prác-ticamente de acuerdo em cuanto a la ley en principio y sola-mente difieren en lo que respecta a la aplicación que ha de darse a ésta en el presente caso.

La diferencia está bien expresada en las citas y discu-sión que ambas partes hacen del caso de Nieves, entre otros; y en el que ahora consideramos también es inevitable la con-clusión de que los apelantes presentan mejor sus razones. Copiamos de su alegato lo que sigue:

“El verdadero test de si es necesario pedir o no la nulidad, es: la nulidad produce la acción reivindicatoría o no. Si no la produce, si la acción es independiente de la nulidad, puede reivindicarse sin pedirse la nulidad previa. Tal es nuestro caso. Exactamente igual al de Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D. P. R., 875. Cleto Es-trella vendió los bienes* de sus hijos que no podía vender. La corte vendió los bienes de Oliver Fontanet, que no podía vender. Los hijos de Cleto Estrella, que no quedaron obligados por la venta que efectuó su padre, podían reivindicar, sin pedir la nulidad (aunque la pi-dieron). Oliver Fontanet (o sus herederos) pueden reivindicar los bienes suyos que vendió la corte, ya que ésta venta no les obligó ni les privó de ningún derecho. Si la venta no autorizada se inscribió o no se inscribió es cuestión, que nada tiene que ver con la cuestión de si debe o no pedirse la nulidad de la compraventa. Una cosa es la compraventa, y otra distinta la inscripción.
“El caso de Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D. P. R., 876, resuelve plenamente la cuestión. Cleto Estrella, fallecida su esposa, vendió ciertos bienes inmuebles gananciales sin proceder la liquidación de la herencia de su consorte. Los herederos establecieron la acción reivindicatoria contra el comprador y poseedor. Este alegó la falta de causa de acción por haber prescrito 1a- acción de nulidad del contrato de compraventa celebrado entre Cleto Estrella y Benito Sánchez, causante de los demandados, de acuerdo con el artículo 1268 del Código Civil.
“En la demanda se pidió expresamente la nulidad de dicho con-trato.
“La corte resolviendo este caso dijo:
“ ‘Estudiado cuidadosamente el caso, no podemos estar conformes con el fundamento de la sentencia apelada. La acción ejercitada por la demandante es de reivindicación, independiente de la nulidad del título de la demandada.
“ ‘La doctrina legal de que cuando se ejercita la acción reivindi-catoria contra personas que están en posesión de la cosa objeto del pleito en virtud de un título 'que se tenía por legítimo, es preciso que antes se pida la nulidad de éste, solo tiene aplicación cuando la nuli-dad produce la acción, pero no cuando el derecho de reivindicar es independiente de ella. (Sentencia del Tribunal Supremo de España de 16 de octubre de 1873.) Fundándose la acción reivindicatoria en un derecho reconocido como pre-existente al del título que ostenta el demandado, es innecesario pedir previa y separadamente la nuli-dad de dicho título, porque no nacía de ella la acción del deman-dante, sino que es consecuencia de la que ha deducido. (Sentencia del Tribunal Supremo de España de 17 de enero de 1889.) Es ina-ceptable el principio de que no puede entablarse la acción reivindica-toría contra el poseedor'que tiene título más o menos firme inscrito en el registro de la propiedad sin que proceda a otra acción que, con-forme a derecho sea adecuada para destruirlo, cuando la entablada no tiene otro objeto que el de perseguir el inmueble que el deman-dante reclama como dueño, pero no en el concepto' de que el título del demandado sea más o menos eficaz. (Sentencia del Tribunal Supremo de España de 6' de abril de .1889.)
“ ‘El que funda la acción reivindicatoría en un título indepen-diente del de los poseedores, no está obligado a pedir y obtener la nulidad de éste para que prevalezca su acción. (Sentencia del Tribunal Supremo de España de 13 de febrero de 1892.)’ ”

Los apelantes citan también la sentencia de la Corte Suprema de España dictada en marzo 18,1904, (Gaceta de mayo 1913); Scaevola, Jurisprudencia al Código Civil, 1904, pá-gina 177; y sentencia de octubre 27, 1882, Júrisp. Civil, tomo 50, página 236. Según lia sido indicado por los apelantes, la regla párece ser igual en Louisiana. Doucet v. Fenelon, 120 La., 18; Bledsoe v. Erwin, 33 La. Ann., 615; Heirs of Woods v. Nicholls, 33 La. Ann., 744; Beland v. Gebelin, 46 La. Ann., 326; Heirs of John Ford v. Mills, 46 La. Ann., 331; Dauterive v. Opera House Association, 46 La. Ann., 1316; Mays v. Witkowski, 46 La. Ann., 1475.

Tanto la regia general como su excepción están tan bien establecidas y la distinción entre una y otra es tan clara y universalmente determinada, que sería superfluo el prolon-gar la discusión. La única verdadera diferencia entre las partes,-como ya hemos indicado, surge más bien de la cues-tión relativa a si este caso está comprendido en la regla o en la excepción. Entendemos que está claramente comprendido en la última.

No sostenemos que la demanda determine una causa de acción. Puede ser que la excepción previa formulada por el demandado en esta corte no deje de tener fundamento, o que por otras razones además ele la alegada por el deman-dado y sostenida por la corte de distrito, la demanda es insu-ficiente. De todos modos, existen, como liemos dicho, cues-tiones que han de ser resueltas primeramente por la corte de distrito, dando a los demandantes amplia oportunidad para hacer enmiendas, si fuere necesario, siempre que éstas sean posibles, antes de hacerlos incurrir en el gasto, molestia e inconvenientes de otra apelación. Simplemente resolvemos qne la acción de los demandantes ya sea paramente reivindi-catoría o de otra clase, no lia prescrito de acuerdo con el ar-tículo 1268 del Código Civil; qne ni la alegación de la docu-mentación qne forma el títnlo del demandado ni la súplica solicitando sn nulidad es un requisito indispensable de la acción, considerada como una acción reivindicatoria, y qne el mero beclio ele qne los demandantes se resolvieran así a anticipar una defensa posible alegando la nulidad absoluta del títnlo del demandado no le quita necesariamente al pro-cedimiento sn verdadero carácter, o lo convierte en una “ac-ción de nulidad.” Fuera de esto nada resolvemos.

Debe revocarse la sentencia y devolverse los autos para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada ordenándose a la corte inferior que continúe conociendo del pleito de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “conforme con la revo-cación. ’ ’

opinión concuRREnTE del

juez asociado se. wole.

Estoy de acuerdo con gran parte del razonamiento de la corte en este caso pero me parece, de conformidad con dicho razonamiento, que realmente la demanda expresaba una causa de acción aunque tal vez no muy claramente, y que la causa de acción no había prescrito. Oreo que consta suficien-temente el hecho de que la Corte de Distrito de Ponce care-cía de jurisdicción en los procedimientos sobre ejecución de hipoteca. Por consiguiente entiendo que la excepción pre-cia debió haber sido desestimada por este Tribunal y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Gil et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Rosso et al., Demandados y Apelados.
    Apelacíón procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa sobre división, liquidación y rendición de cuen-•tas con entrega de bienes hereditarios.
    No. 1183.
    Resuelto en julio 31, 1915.
    Partición de Herencia — Demanda—Entrega de Bienes Hereditarios. — Cuando la demanda no tiene por objeto que los herederos dividan los bienes poseídos en común sino que se les entreguen bienes hereditarios poseídos por otras personas, no puede sostenerse que se ejercita la acción de partición de la herencia.
    Reivindicación — Demanda—Hechos Necesarios en una Acción Sobre Entrega de Bienes. — Reivindicándose bienes es necesario alegar en la demanda cuáles son los que se redaman y si están poseídos por los demandados, pues sería imposible para el juez dictar sentencia mandando entregarlos sin especificar cuáles son, ya que no podría cumplir la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado de los apelados: Sr. Félix Santoni.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda que inició este pleito se refiere a hechos ocu-rridos en el año 1834 y sus alegaciones sustanciales son: que Don Joaquín Gil de Lamadrid falleció en el año 1834 siendo viudo de Doña María Fontanés o Lafontaine y dejando como herederos siete hijos y una fortuna superior a $200,000 con-sistente en fincas, créditos, muebles, semovientes, dinero y valores, de los cuales así como de los herederos por ser éstos menores de edad, se hizo cargo Don Pedro Eosso Santilario como tutor o curador ad tona, quien sólo inventarió y some-tió a partición una finca y algunos insignificantes muebles y útiles en forma tal, que sólo se adjudicaron a cada uno de los herederos bienes por un valor aproximado de $2,000, según ,1a escritura de partición de herencia de 1836, fecha de la aprobación de la cuenta particional impartida a reserva de’ liquidar y partir también cuantos más bienes de la pertenen-cia del cansante aparecieren o frieren denunciados en cual-quier tiempo; que la heredera Joaquina Gil de Lamadrid contrajo matrimonio en 1835 con Don Pedro Eosso Santila-rio aportando a él un caudal indiviso de unos $50,000 con-fundido con el de sus hermanos e integrado por bienes de diversas clases y sin que el esposo hiciere aportación alguna al matrimonio; que dicho Don Pedro Eosso se hizo cargo .en el año 1835 del gobierno y administración del patrimonio hereditario dejado por Don Joaquín Gil de Lamadrid, en estado de indivisión y perteneciendo a sus herederos; que Don Pedro Eosso estuvo dedicado a negocios con su hermano Don Manuel Eosso bajo la razón social de “Hermanos Eosso’-’ desde el año 1836 hasta la muerte de Doña Joaquina ocurrida en 1856, utilizando y aplicando como capital los únicos bie-nes de que disponía, aportados por su esposa, pues Don Manuel no llevó a la sociedad capital alguno; que Don Pedro Eosso confirió a su hermano Manuel, también gestor de la sociedad, poder generalísimo con facultades no sólo para ad-ministrar sino también para hipotecar y enajenar los bienes de todas clases que tenía en su poder; que a la muerte de Doña Joaquina no le había entregado a su esposa ni tampoco a los otros herederos los bienes dejados por Don Joaquín Gil de Lamadrid, los que continuaron en su poder y en el de la sociedad Eosso Hermanos hasta que ésta se disolvió en 1889 al ocurrir la muerte de Don Pedro Eosso; que este señor manejó el patrimonio indiviso de. su consorte mientras ella vivió y durante la viudez, haciéndolo objeto de enajenaciones y gravámenes; que después de la muerte de Don Pedro Eosso los bienes hereditarios de su esposa y de los hermanos de ésta quedaron en administración en' poder de Don Manuel Eossó como consocio que había sido y albacea que era de Don Pedro; que Don Manuel Eosso murió soltero en 1896 quedando esos bienes en poder de sus herederos y legata-rios en las mismas condiciones que él los tenía; y que desde entonces los han reclamado privada y familiarmente a miem-bros de la sucesión de Don Manuel Eosso.

En la demanda se consignan otros hechos referentes a la muerte de personas interesadas en el caudal hereditario en cuestión y a quiénes son sus sucesores; fue establecida por Doña Santos o María de Jesús Gil de Lamadrid y González, nieta de Don Joaquín Gil de Lamadrid y por los hermanos Alfonzo y Eosso, biznietos de dicho señor, contra otros nie-tos y biznietos que no quisieron asociarse a los demandantes y contra los herederos de Don Manuel Eosso y, sin relacionar los bienes a que la demanda se refiere, pidieron al tribunal que condenase a los demandados a la entrega de las parti-cipaciones de herencia que quedó encomendada a la gestión y administración de Don Manuel Eosso, apoderado, consocio, gestor y albacea de Don Pedro Eosso, mediante división, liquidación y rendición de cuentas justificadas, partida por partida, con sus legítimos comprobantes de capital y pro-ductos.

Excepcionada la demanda la Corte de Distrito de Are-cibo declaró prescrita la acción ejercitada en la demanda como de partición de herencia; que los hechos que se expo-nen no son suficientes para constituir una causa de acción y que se han acumulado indebidamente distintas acciones y, a solicitud de los demandantes, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda con las costas, contra cuyo fallo los perjudicados interpusieron el presente recurso de apelación.

Aunque los apelantes sostienen que la acción que ejerci-tan es la de partición de herencia, es indudable que los hechos de la demanda no demuestran el ejercicio de tal acción por-que el pleito no. tiene por objeto que se condene a los deman-dados a dividir bienes poseídos en común como herederos de Don Joaquín Gil de Lamadrid, sino que se les entreguen bienes dejados por su causante, cuya posesión no tienen, aun-que alegan pertenecerles por título de herencia, los que recla-man de los herederos de Don Manuel Eosso porque éste los retenía como apoderado, consocio y albacea de Don Pedro Eosso, quien se incautó de ellos para su gobierno y adminis-tración.

Pero reivindicándose bienes que se alega pertenecen a los demandantes, y que algunos lian sido objeto de enajena-ción, no contiene la demanda alegación alguna .que liaga cono-cer cuáles son los bienes cuya entrega se pide ni tampoco si los poseen los demandados, alegaciones que son necesarias en una demanda como la presente, pues sería imposible para el juez dictar sentencia mandando entregar bienes sin espe-cificarlos, si es que por el transcurso, de tanto tiempo la ac-ción no está prescrita, y sin estar poseídos por los deman-dados, ya que no podría cumplirse la sentencia.

Por este fundamento debe ser confirmada la sentencia, apelada.

Confirmada la sentencia apelad,a. .

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Barrios, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por homicidio voluntario.
    Solicitud del apelante para que se le fije fianza para obtener su libertad mientras se sustancia y decide el recurso.
    No. 896.
    Resuelto en noviembre 5, 1915.
    Suspensión de la Ejecución de la Sentencia — Condenas de Muerte y Pri-sión — Distinción Entre AMbas Condenas. — Una vez puesta en 'vigor la sección 4 de la ley para enmendar ciertos artículos del Código de Enjuicia-miento Criminal, aprobada en 12 de marzo de 1903, (Leyes de 1903, p. 46) cuya sección tomó el lugar de la 353 del mismo código, desapareció la dis-tinción que existía entro las condenas de muerte y prisión a los efectos de ■ la suspensión de la ejecución de la sentencia en casos en que se apele al Tribunal Supremo.
    Id. — Efectos de la Suspensión. — De acuerdo con la ley vigente un acusado que es condenado a presidid y apela tiene derecho a que no se le sujete a las reglas que se aplican a los que cumplen sus condenas en la penitenciaría, y a que, si permanece privado de su libertad, se le retenga en las mismas, condiciones en que se encontraba antes de su convicción.

      Fianza- — Admisión ke Fianza como Cuestión de Derecho — Idem como Cues-tión Discrecional. — De conformidad con las reglas establecidas desde un principio por el Código de Enjuiciamiento Criminal, puede admitirse fianza a un convicto que apela; como cuestión de' derecho, cuando la apelación sea contra una sentencia que lo condena al pago de multa solamente, y como cuestión sujeta al arbitrio del tribunal, en todos los demás casos.
    Id. — Solicitud para que se Admita Fianza Pendiente una Apelación — A quién debe Presentarse la Solicitud. — Aun cuando una solicitud para que se admita fianza al acusado pendiente la apelación, puede presentarse al tribunal sentenciador o a la Corte Suprema, la buena práetica exige que lo sea primeramente a la corte sentenciadora que naturalmente se encuentra en mejores condiciones que ninguna otra para el ejercicio de su discreción en la apreciación de las circunstancias concurrentes en cada caso. -
    Id. — Buena Causa para la Apelación — Discreción del Tribunal. — El hecho de que pueda existir una buena cáusa para la apelación no es motivo por sí solo bastante para que la discreción del tribunal deba ejercitarse nece-sariamente en el sentido de resolver de modo favorable la petición del ape-lante en cuanto a la fianza.
    Id.- — Abuso de Discreción. — Cuando el apelante en una solicitud para que se le admita fianza pendiente la apelación, no demuestra que la corte de distrito abusara de su discreción al negarse a fijar tal fianza, su petición debe ser denegada.
    Los. hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo

emitió la opinión del tribunal..

Se trata de la resolución de una solicitud del apelante para que se fije una fianza que le permita obtener su libertad mien-tras se sustancia y decide el recurso interpuesto por el mismo.

Dicho apelante fué acusado como autor de un delito de asesinato en segundo grado y condenado luego a sufrir la pena dé siete años de presidio con trabajos forzados- como autor de un delito de homicidio voluntario necesariamente comprendido en el de asesinato en segundo grado. Apeló de la sentencia, y ya- archivada la transcripción en la Secre-taría de esta Corte Suprema, presentó un escrito solicitando que esta corte decretara, bajo fianza,, su libertad provisional. Oído el Fiscal y vistos el artículo 374 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el caso de El Pueblo v. Perdue, 48 Cal., 552, la corte negó la solicitud, sin perjuicio de que pudiera presentarla ante el juez sentenciador. Así lo hizo y sn peti-ción fné también denegada por el juez sentenciador.

El apelante se dirige ahora de nuevo a esta Corte Su-prema insistiendo en que se decrete su libertad" provisional bajo fianza, alegando como razones para ello la negativa del juez sentenciador y el hecho de que la transcripción demues-tra que la defensa planteada en el recurso no está despro-vista de fundamento, según las constancias del récord.'

Con excepción de la variedad introducida por la sección 4 de la ley para enmendar ciertos artículos de] Código de Enjuiciamiento Criminal, aprobada el 12 de marzo de 1903, Leyes de Puerto Rico de 1903, pág. 46, las disposiciones vi-gentes en Puerto Rico sobre la materia son iguales a las de los Estados de California y Utah, interpretadas por las deci-siones que más adelante citaremos.

Dicha sección 4 tomó el lugar- de la 353 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente en Puerto Rico desde e] año de .1902. Con arreglo a la sección 353 “una apelación para ante la Corte Suprema en contra de una sentencia con-denatoria, suspende la ejecución del fallo en tocios los casos que aparejen la pena de muerte, y en todos los demás casos, al presentarse al secretario del tribunal sentenciador una certificación del juez de dicho tribunal o de un magistrado de la Corte Suprema, manifestando que en su opinión existen causas probables para la apelación; pero nunca en ningún otro caso.” Y de acuerdo con la sección 4 de la ley de 1903 arriba indicada “una apelación para ante la Corte Suprema, de una sentencia condenatoria, suspende la ejecución de la misma. ’ ’

No existe, pues, en lá actualidad en Puerto Rico, la distin-ción anteriormente establecida entre las condenas de muerte y prisión, a los efectos de la suspensión de la ejecución de la sentencia en casos en que se apela al Tribunal Supremo.

Pero esta variedad introducida no afecta a los principios. que regulan la libertad provisional, bajo fianza, del conde-nado, pendiente la apelación.

De acuerdo con la ley vigente, un acusado que es conde-nado a presidio, por ejemplo, y apela, tiene derecho a que no se le sujete a las reglas que se aplican a los que cumplen sus condenas en la penitenciaría, y a que, si permanece pri-vado de su libertad, se le retenga en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su convicción. Pero, para ob-tener su libertad provisional, está sujeto boy, como antes, a las reglas establecidas desde un principio por el Código de Enjuiciamiento Criminal.

Dichas reglas determinan que puede admitirse fianza a un convicto que apela, como cuestión de derecho, cuando la apelación sea contra' una sentencia que lo condena al pago de multa solamente, y como cuestión sujeta al arbitrio del tribunal, en todos los demás casos. Artículo 374, Código de Enjuiciamiento Criminal. En éste el convicto fué condenado a siete años de presidio y es, por lo tanto, discrecional la admisión de la fianza.'

En el caso de Clawson v. United States, 113 U. S., 143, 148, lá Corte Suprema de los Estados Unidos, interpretando preceptos de ley del entonces Territorio de Utah sobre la materia, iguales a los que están hoy en vigor en Puerto Rico, dijo:

“Estas disposiciones estatutarias indican tan claramente la inten-ción del legislador, que no cabe ni siquiera interpretarlas. Como por la sentencia no se impuso al apelante una multa solamente, la admi-sión de la.fianza, pendiente la apelación, no era una cuestión de de-recho, sino que estaba distintamente sometida por el estatuto a la discreción de la corte o juez ante quien se presentó la solicitud. ’1

La solicitud puede presentarse al tribunal sentenciador o a la Corte Suprema, Art. 388 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero la buena práctica exige que lo sea primero a la corte sentenciadora que naturalmente se encuentra en mejores condiciones que ninguna otra para el ejercicio de • su discreción en la apreciación de las circunstancias concu-rrentes en cada caso. Así lo decidió este mismo tribunal en este mismo caso de El Pueblo v. Barrios, 22 D. P. R. 857 basándose en la decisión de la Corte Suprema de California en el caso de El Pueblo v. Perdue, 48 Cal., 552, decisión qne luego fué sostenida y aplicada por la misma corte en los casos de El Pueblo v. January, 70 Cal., 34, y Ex parte Turner, 112 Cal., 627.

Como liemos dicho, el apelante acudió a la corte senten-ciadora y la corte negó su solicitud, limitándose en su nueva petición a alegar este hecho y a expresar como fundamento de la misma el de que la defensa planteada en la apelación no está desprovista de fundaménto, según las constancias del récord.

El hecho de que pueda existir una buena causa para la apelación no es por sí solo bastante para que la discreción del tribunal deba ejercitarse necesariamente en el sentido de resolver de modo favorable la petición del apelante en cuanto a la fianza. Véase el caso de Clawson v. United States, supra, y siendo esto así, no es posible llegar a otra conclusión que no sea la de que el apelante no ha demostrado que la corte de distrito abusara de su discreción al negarse a fijar la fianza, único caso en que estaría justificada esta Corte Su-prema en adoptar una resolución contraria a la tomada por la corte sentenciadora.

En Ex parte Turner, supra, se alegó que se había esta-blecido una apelación y se había expedido por el juez senten-ciador un certificado de causa probable para la misma, ’ y además, que el apelante se encontraba tan mal de salud que su vida estaba en peligro de continuar en prisión, y la Corte Suprema de California se expresó así:

“La discreción conferida en casos de esta clase la tiene en primer término la corte que conoció de la cansa o el juez de la misma, People v. Perdue, 48 Cal., 552; People v. January, 70 Cal., 34; y su reso-lución no será modificada o pasada por alto a menos que constituya un abuso manifiesto. Este caso no revela tal abuso de discreción. No existe nada que demuestre la concurrencia de semejante circuns-tancia extraordinaria que justifique el resolver que la solicitud fué denegada indebidamente por el juez de la corte inferior. La prueba no -muestra* que haya tal riesgo de que las consecuencias sean per-judiciales a la vida o salud del acusado que claramente haga nece-saria su salida d'e la cárcel en este momento. Si más adelante se presentaren consecuencias más serias con motivo de su detención de tal modo que fuere necesario conceder la fianza, no hay nada que impida la presentación de otra solicitud con tal objeto. Dicha soli-óitud, sin. emba,rgo, siempre debe hacerse en primera instancia, de ser posible, al juez ante el cual fué juzgado el acusado. Ex parte January, supra.” Ex parte Turner, 112 Cal., 629.

Debe negarse la solicitud.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey

text:
    Sucesión Rodríguez, Demandante y Apelada v. Sucesión Torres, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Poncé en caso sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario.
    Moción de la demandante y apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1392.
    Resuelto en noviembre 8, 1915.
    Apelación — Apelación Interpuesta a Nombre de una Sucesión — Herederos Perjudicados por la Sentencia — Parte Interesada. — Cuando en la de-manda se alega que las personas demandadas constituyen la sucesión de otra, por ser sus herederos, la sentencia que se pronuncie contra alguna de ellas afecta a las demás, y por tanto a la sucesión de dicha persona, por lo que una apelación establecida a nombre de la sucesión es la apelación a nombre de todos los demandados, sin que sea necesario que la apelación la interponga individualmente alguno de los herederos perjudicados por la sentencia. ,
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados deila demandante: Sr. Jose O. Torres.

    Abogados de la demandada: Sr. José Tous Soto y Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Audrey

emitió la opinión del Tribunal.

Este pleito se estableció contra la Sucesión de Manuel Torres, compuesta de la viuda e bijos cuyos nombres se rela-cionan en la demanda. Dictada sentencia declarando nulo cierto procedimiento judicial seguido por Manuel Torres en cobro de hipoteca, así como la adjudicación que en él se le liizo de cierta finca y que tres de los herederos demandados a quienes fue adjudicada en las operaciones de partición de herencia la devuelvan a la sucesión demandante, se interpuso contra ella a nombre de la Sucesión de Manuel Torres el presente recurso de apelación cuya desestimación-solicita la parte apelada fundándose en que no lo interpuso individual-mente alguno de los tres herederos perjudicados por la sentencia.

Aleg'ánclose en la demanda que las personas demandadas constituyen la sucesión de otra, por ser sus herederas, la sentencia que se pronuncie contra alguna de ellas afecta a las demás y por tanto a la sucesión de dicha persona, por lo que la apelación establecida a nombre de la sucesión es la apelación a nombre de todos los demandados.

La moción debe ser desestimada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes": Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Se, Aldeey

text:
    Rivera, Demandante y Apelado v. Rivera et al., Demandados y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre división de propiedad.
    Moción del demandante y apelado sobre' desestimación de apelación.
    No. 1364.
    Resuelto en noviembre 8, 1915.
    Excepciones Previas — Apelación para Ante la Corte de Distrito — Falta de Resolver las Excepciones Previas en la Apelación — Jurisdicción,—, Aun cuando una corte de distrito no resuelva en grado de apelación las excepciones previas opuestas a, la demanda en la corte municipal, esto no impide que puedan tratarse ante la Corte Suprema, aunque antes no hubieran sido alegados aquellos motivos de excepción que se basan en la falta de jurisdicción de la corte y en la carencia de hechos determinantes de causa de acción, según se ha resuelto repetidas vece^.
    Transcripción de Autos — Falta de Exposición del Caso — Pliego de Excep-ciones — Pleito Resuelto por los Méritos de las Pruebas. — El hecho de que la transcripción de autos para la apelación de un pleito resuelto por los méritos de las pruebas no contenga una relación de hechos o pliego de excepciones, no es por sí solo suficiente para desestimar la apelación, pues ello no impide que la corte examine las alegaciones.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Benito Forés.-

   El Juez Asociado Se, Aldeey

emitió la opinión del tribunal.

La transcripción de los autos que se lia presentado en este tribunal contiene la demanda con que se inició el pleito en la Corte Municipal de San Germán, las excepciones que allí opusieron los demandados y su” resolución, así como la sentencia que en grado de -apelación pronunció la Corte de Distrito de Mayagüez en este pleito, acumulado a otro, las conclusiones que le sirvieron de fundamento y el escrito de apelación.

Radicado el alegato para sostener la apelación nos pre-sentó' la parte apelada una certificación del secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez creditiva de que allí no se habían discutido y resuelto las excepciones previas opuestas a la demanda y por moción pidió que desestimáramos el recurso.

Los motivos en que se apoya la moción son manifiesta-mente equivocados, porque aun cuando la corte de distrito no resolviera las excepciones previas opuestas en la corte municipal por una de las demandadas, esto no impide que puedan tratarse ante nosotros, aunque antes no hubieran sido alegados, aquellos motivos de excepción que se basan en la falta de jurisdicción de la corte y en la carencia de hechos determinantes de cansa de acción, según Remos resuelto repe-tidas veces.

En cnanto al otro fundamento de qne Rabiándose resuelto el pleito por los méritos de las pruebas debe la transcripción contener necesariamente una relación de ellas o un pliego de excepciones y que sn falta produce la desestimación del recurso, es tan erróneo como el anterior, pues según dijimos en el caso de Belaval v. Todd, 22 D. P. R. 129, la falta de exposición del caso no es fundamento por sí solo suficiente para desestimar una apelación, pues ello no impide que la corte examine las alegaciones.

La moción debe ser desestimada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutcliison no intervino.


author: El Juez Asociado Se. Aldeev

text:
    López, Recurrente v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Becueso gubernativo contra nota del Begistrador Interino de la Propiedad de Caguas denegando una cancelación de embargo.
    No. 243.
    Resuelto en noviembre 9, 1915.
    CANCELACIÓN DE EMBARGO •— CONFUSION DE DERECHOS •— RESOLUCIONES JUDI-CIALES. — No es motivo para negar la cancelación de embargo preventivo, por confusión de derechos, el hecho de que no aparezca del registro la confusión de tales derechos, cuando del documento presentado al registrador resulta que una corte de justicia llegó a la conclusión de que la confusión de derechos existe, y en ella se basa para ordenar la cancelación.
    Los liccRos están expresados on la opinión.
    La recurrente compareció en nombre propio.
    El Begistrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldeev

emitió la opinión del tribunal.

En el Begistro de la Propiedad de Caguas se presentó xina certificación librada por el Secretario de la Corte de Dis-trito de Humacao según la cual, en pleito de Francisco y Antonia Ramis contra Catalina y Juana Borrás Ginart, Su-cesión de Gerónima Ginart Borrás y B. Borrás Hermanos, en liquidación, sobre cancelación de gravámenes, a moción de Laura López como madre con-patria potestad sobre sus Rijos menores, de apellidos Juncos López, ordenó la expresada corte que dicho registrador cancelase, por confrísión de dere-chos, cierto embargo preventivo que sobre la finca que describe, perteneciente en la fecha del embargo a la sucesión de Don Bartolomé Borrás, pesa a favor de los Sres. Oarbonell y Martorell, la que fue adjudicada en pública subasta a Don Francisco Ramis para satisfacción de la sentencia.

Habiéndose negado el Registrador Interino ele Caguas a verificar la cancelación que se le ordenó, fundándose en que si bien constan inscritos el embargo y la adjudicación y venta reseñados en el mandamiento, no resulta del registro la con-fusión de derechos que en él se expresa, Laura López, en nombre de sus hijos, recurrió ante nosotros con súplica de que ordenemos al registrador que practique la cancelación de embargo que se decretó por la Corte de Distrito de Humacao.

Por los antecedentes expuestos se ve que el único fun-damento del registrador para negar la cancelación del embargo que pesa sobre la finca en cuestión es que del registro no resulta la confusión de derechos en que la corte de distrito se basa para decretarla. Sin embargo, este hecho no es motivo para negar la cancelación cuando del documento pre-sentado al registrador resulta que una corte de justicia llegó a la conclusión de que la confusión de derechos existe y en ella se basa para ordenar la cancelación, pues sostener lo contrario equivaldría, a declarar que los tribunales no pueden decretar la cancelación de inscripciones por confusión de derechos o por otros motivos, sino cuando tal confusión o la causa que dé lugar a la cancelación aparezca del registro, y nadie negará que pueden hacer esa declaración aunque en el registro no conste la confusión de derechos o Ja causa que. dé lugar a la cancelación.

La nota recurrida debe .ser revocada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la cancelación de embargo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Cayey Sugar Company, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Gfuayama denegando la inscripción de una escri-tura de servidumbre.
    No. 245.
    Resuelto en noviembre 9, 1915.
    Servidumbres de Paso — Vía Férrea para el Transporte de Productos Agrí-colas y Materiales — Uso Público — Concesión o Franquicia — Inscripción en el Registro. — El hecho de que en una escritura de constitución de servi-dumbre de paso voluntaria y de carácter continuo para la instalación de una vía férrea para el transporte de productos agrícolas y materiales de la factoría, so faculte utilizarla, después de cierto período de tiempo para uso público y en beneficio del procomún, no impide que, cuando sea necesario bajo cualquier concepto, se otorgue por el Consejo Ejecutivo con la aproba-ción del Gobernador y de acuerdo con la sección 32 de la Ley Orgánica, la necesaria concesión o franquicia. Tal escritura iro invade atribuciones del Consejo Ejecutivo y es, por tanto, inscribible en el registro de la propiedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. V. F. Rodríguez Ortiz.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Vender, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama, escritura de constitución de servidumbre otorgada por Lucía Llera y Vázquez, viuda de Gaudier, a favor de la corporación “Cayey Sugar Compíany,” ante el Notario Vicente Ferrer Rodríguez Ortiz a 3 de noviembre de .1911, el registrador denegó diclia inscripción por medio de nota que textualmente dice así:

“Denegada la inscripción del documento que precede por facul-tarse a la corporación bCayey Sugar Company’ por la Doña Lucía Llera el utilizar la servidumbre que constituye, para uso público y beneficio del procomún y siendo esta última facultad privativa del Consejo Ejecutivo que sólo puede conceder esa clase de franquicia, se toma anotación preventiva de esa denegación por término de 120 días de acuerdo con la ley de Io. de marzo de^l902, al folio trece del tomo cinco de Cayey, finca No. 204, anotación letra A. Guayama, julio catorce de mil novecientos quince. El registrador, Rafael Ti-rado Verrier.”

Contra esa nota interpuso la “Cayey Sugar Company” recurso gubernativo para ante esta Corte Suprema.

En la expresada escritura Lucía Llera y Vázquez consti-tuye una servidumbre de paso voluntaria, y de carácter con-tinuo sobre una finca de su propiedad cuya descripción liace, a favor de la corporación “Cayey Sugar Company” o quien la suceda en derechos, autorizándola desde luego para que pueda proceder a la instalación de una vía férrea fija por donde pase mediante el uso de locomotora y vagones nece-sarios, todos los productos agrícolas y demás materiales que sean necesarios para la buena marcha y desarrollo de la fac-toría ; se describe la extensión del terreno que ha de soportar la servidumbre; se autoriza a la corporación cesionaria para hacer todas las obras de instalación y mantenimiento de la vía en buen estado, emplazar puentes, empalizadas, portones, y todo lo demás análogo; y se señala como plazo para la duración de la servidumbre el término de 20 años durante los cuales la eedente no cobrará nada por el derecho cedido, pero transcurrido ese plazo, si la corporación-cesionaria o su sucesora en derecho “quisiere seguir utilizando la servi-dumbre para ella o para uso público y en beneficio del pro-común, podrá hacerlo por tiempo indefinido, pagando en tal caso a la eedente $4 mensuales por cada cuerda de longitud ocupada por la vía.

Tales son las condiciones que regulan el derecho de servi-dumbre constituido por Lucía Llera a favor de ‘ ‘ Cayey Sugar Company” y no vemos que con ellas se desconozca la facultad que la sección 32 de la Ley Orgánica de Puerto Eico otorga al Consejo Ejecutivo al disponer que toda concesión de fran-quicias, derechos y privilegios o concesión de carácter público d cuasi-público será otorgada por el Consejo Ejecutivo con la aprobación del G-obernador.

Lucía Llera, en legítimo ejercicio del derecho de propie-dad que la asiste sobre un predio de terreno, constituye sobre éste una servidumbre gratuita, de paso por término de 20 años a favor de la “Cayey Sugar Company” para que ésta pueda proceder a la instalación de una vía férrea para el transporte de productos agrícolas- y materiales de la factoría, con facultad de seguir utilizando dicha servidumbre para ella o para uso público y en beneficio del procomún por tiempo indefinido después de transcurrido aquel término, mediante el pago de $4 al mes por cada cuerda de longitud ocupada por la vía. La servidumbre de que se trata se refiere al derecho de establecer la vía sobre terreno de la propiedad de Lucía Llera y Vázquez para beneficio y servicio exclusivo de .la “Cayey Sugar Company” por término de veinte años y para uso público y beneficio del procomún después de trans-currido dicho término, pero ello no impide que cuando fuere necesaria bajo cualquier concepto la intervención del Con-sejo Ejecutivo otorgue éste la necesaria concesión, con la ventaja de que al otorgarla no habrá necesidad de que la propietaria Lucía Llera, voluntariamente o mediante expro-piación forzosa, constituya a favor de ““Cayey Sugar Company” la servidumbre que ya hoy reconoce.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida y ordenarse la inscripción denegada.

Revocada la ñola rectorrida ordenándose se haga la inscripción denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández

text:
    Delgado, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador interino de la Propiedad de Caguas, denegando la inscripción de una escritura de venta.
    No. 250.
    Resuelto en noviembre 9, 1915.
    Instrumentos Públicos — Firma de los Otorgantes — Deber del Notario cuando Upo de los Otorgantes no Supiere o no Pudiere Firmar. — Cuando en el otorgamiento de una escritura pública uno de los otorgantes no supiere o no pudiere firmar, para que lo pueda hacer a su nombre un testigo, es el deber del notario autorizante en cumplimiento de la sección 14 de la Ley Notarial de 8 de marzo de 1906, expresarlo a'sí en el documento y cuando esta forma-lidad no se ha llenado, carece la firma del testigo de eficacia alguna. La manifestación del testigo de que firma a nombre) del otorgante por imposi-bilidad física de éste no suple la omisión del notario de quo no podía o no sabía firmar.
    Id. — Falta de la Firma de Uno de los Otorgantes — Nulidad del Docu-mento. — La falta de la firma de una de las partes cuando deba hacerlo por no expresar el notario que no sabe o no puede firmar, vicia de nulidad el documento según la sección 20 de la Ley Notarial. ,
    Id. — Deber del Notario en la Redacción de Documentos. — Los notarios, en la redacción de los documentos públicos, deben sujetarse estrictamente a los preceptos de ella y no proceder caprichosamente con perjuicio de los derechos de las partes interesadas.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Cáguas escritura de venta de cierta parcela de terreno otorgada ante el Notario Rafael Arce Rollet en 10 de julio, 1913, por Juan Lozada Rodríguez a favor de Plá-cido Delgado Aponte, el registrador denegó dicha inscripción por medio de la nota qne copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, por obser-varse la contradicción de que expresándose en el documento referido, por el notario autorizante, que las partes u otorgantes firmaron y ratificaron la escritura, aparece firmando a ruego del otorgante Juan Lozada Rodríguez, por imposibilidad física, el testigo Canuto López, sin que el notario baga constar los extremos indicados, conforme pre-viene la sección 14 de la Ley Notarial vigente y la doctrina establecida en la resolución dictada por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso 121 de Villanueva et al. v. El Registrador de la Propiedad, resuelto en octubre 23 de 1912; extendiéndose en su lugar la correspondiente anotación preventiva por el término legal de 120 días a favor del comprador Don Plácido Delgado y Aponte, al folio 193 vuelto, del tomo 43 de esta ciudad, finca número 2059, anotación letra A. Caguas, P. R. 20 de agosto de 1915. (Firmado) Joaquín Vendrell, Registrador Sustituto.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por el com-prador Plácido Delgado Aponte.

El documento de referencia concluye en los siguientes términos:

“Así lo dicen y otorgan, por ante los testigos, vecinos de esta loca-lidad y sin excepción legal, Don Canuto López y Don Arcadio Almena Quiñones.
“Leída que les fué esta escritura, porque renunciaron, al adver-tírseles, el derecho que tenían de hacerlo por sí, se ratificaron y firman.
“ADVERTENCIAS
“Yo, el Notario, hice a las partes todas las relacionadas con el presente contrato.
“Doy fe de conocer a los otorgantes; y respecto de su edad, estado, profesión y vecindad, así como de todos los 'demás particulares de esta escritura, doy igualmente fe, en la forma que previene la Legis-lación vigente. Firmados. Como testigo y a nombre de Don Juan Lozada Rodríguez por imposibilidad física, Canuto López. Plácido Delgado Aponte. Arcadio Almena Quiñones. (Signado) Rafael Arce, Abogado Notario.”

En el cuerpo del documento no se hace la más ligera indi-cación de que el otorgante Juan Lozada Rodríguez no su-piera o no pudiera firmar.

Examinando la nota recurrida en relación con las sec-ciones 14 y 20 de la ley para regular el ejercicio de la pro-fesión notarial en Puerto Rico aprobada en 8 de marzo, 1906, la encontramos ajustada a derecho.

Transcribimos esas secciones:

“Sección 14. — Si los otorgantes o alguno de ellos no supiere o no pudiere firmar, lo expresará 'así el notario, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo de su puño, en antefirma, que lo hace por sí como testigo, y a nombre del otorgante, que no sepa o no pueda verificarlo. ’ ’
“Sección 20. — Serán nulos los instrumentos públicos:
“1 .# # ss # ■ # # *
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“3. En que el notario no certifique sobre el conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia con testigos de conocimiento, o en que no aparezcan las firmas de las partes y testigos cuando deban hacerlo, y la firma, signo y rúbrica del notario.”

El notario autorizante, Rafael Arce, en cumplimiento de la sección 14 que dejamos transcrita, debió expresar en el documento que el otorgante Juan Lozada Rodríguez no podía firmar para que lo pudiera hacer a su nombre el testigo Canuto López, y no habiendo llenado el notario dicha forma-lidad, la firma del testigo López carece de eficacia alguna legal. Su manifestación, de que firma a nombre de Juan Lozada Rodríguez por imposibilidad física, no puede suplir Ja omisión del notario de que no podía firmar. Ante esa omisión el otorgante Juan Lozada Rodríguez era quien debía firmar el documento'y la falta de su firma lo vicia de nulidad, según la sección 20 que en la parte atinente dejamos trans-crita. Obsérvase además la contradicción manifiesta que consigna el registrador en su nota.

Por tener alguna relación con el presente caso, podemos citar nuestras decisiones en los casos de Rodríguez v. El Registrador de Ponce y Villanueva et al. v. El Registrador de Arecibo, 14 D. P. R. 738 y 18 D. P. R. 831, respectivamente.

Los notarios en la redacción de los documentos públicos deben sujetarse estrictamente a los preceptos de la ley y no proceder caprichosamente con perjuicio de los derechos de las partes interesadas. Las leyes se dan para cumplirse y no es lícito sustituir su letra con prácticas arbitrarias gene-radoras de litigios.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.