author: El 'Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Díaz, Promovente-Apelado, v. Díaz, Opositora-Apelante.
    Apet-aotóN procedente de la Corte de Distrito de Agua dill a en procedimiento sobre nombramiento de tutor.
    No. 1574.
    Resuelto en julio 9, 1917.
    Tutela Legítima — Menores de Edad — Nombramiento de Tuto» — Personas con Preferencia en el Nombramiento. — El artículo 248 del Código Civil deter-mina el orden que ha de seguirse en la tutela legítima de menores no eman-cipados, en defecto de tutor testamentario nombrado por el padre o la madre, y de acuerdo con él, el mayor de los hermanos es preferido, a falta de aseen-dientes, y si no tiene ninguna de las causas de incapacidad a que se refiere el artículo 265 del mismo código.’

      1». — Remoción del Tutor — Notificación a la Persona con Preferencia en el Nombramiento. — El artículo 266 del Código Civil, que trata de la remoción de tutores, presupone un nombramiento en forma legal, después de haberse hecho debida notificación a la persona que tiene la preferencia; y el mismo no tiene aplicación a un caso como el presente en que la hermana mayor de los menores, que es la preferida, no fué notificada; sin que importe el que la solicitud en que ella pide la revocación del nombramiento hecho indebida-mente a favor de un tío de los menores, tenga en su forma alguna de las carac-terísticas de una petición de remoción.
    Abogado del apelante: Sr. Jucm García Ducós.

    Abogados de la apelada: Sres. Reichard & Reichard.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El 'Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Aguadilla, en mayo 19, 1916, Antonio Díaz Hernández presentó una solicitud pidiendo ser nombrado tutor de tres menores de edad, a saber, un sobrino y dos sobrinas suyas. La petición también expone que dichos tres menores tienen'una hermana mayor, Guadalupe Díaz, de veinte y dos años, pero que por razón de ser mujer, residir en el campo y ser de instrucción muy limitada, no quiso, ni le era posible asumir la tutela de sus tres hermanos menores. En vista de esto, y sin que se hiciera a dicha Guadalupe Díaz una notificación en forma, la Corte de Distrito de Aguadilla nom-bró como tutor a Antonio Díaz Hernández. En julio 5, 1916, dicha Guadalupe Díaz presentó una petición a la Corte de Dis-trito de Aguadilla, exponiendo, entre otras cosas, su deseo de ser nombrada tutora, que ella no fué notificada de la solicitud de dicho Antonio Díaz Hernández, y pidió que el nombramiento hecho fuera revocado y ella nombrada en su lugar.

Hubo un juicio, se practicaron pruebas y se dictó reso-lución, habiendo la corte rehusado revocar el nombramiento, fundándose para ello en que la Guadalupe Díaz no había ale-gado para la remoción ninguno de los motivos consignados en el artículo 266 del Código Civil y por apreciar que el bienestar de los menores exige que éstos continúen bajo la, tutela de su tío. . - ■

El artículo 266 del Código Civil presupone un nombra-miento, en forma legal, después de haberse hecho debida noti-ficación. El mismo no tiene aplicación a un caso en que no ha sido notificada la persona con derecho a preferencia en el nom-bramiento. Ni importa el que la solicitud de la apelante tenga en su forma algunas de las características de una petición de remoción hecha por virtud de dicho artículo 266. La solicitud era muy clara al establecer la falta de notificación y al pedir que el nombramiento fuera revocado.

Nos inclinamos a convenir con la corte inferior en que la prueba demuestra que los intereses de los menores estarían mejor protegidos con la continuación de Antonio Díaz Her-nández como tutor, pero aun cuando Guadalupe Díaz tuvo al-gunas entrevistas con Antonio Díaz, estamos satisfechos de que ella no renunció, directa ni indirectamente, su derecho a ser nombrada.

El artículo 248 del Código Civil determina el orden que ha de seguirse en el nombramiento, y la hermana mayor es pre-ferida a falta de ascendientes, cuando ella no tenga ninguna de las causas de incapacidad a que se refiere el artículo 265 de dicho código. La ley es terminante.

De todos modos, de existir alguna objeción a la hermana, la misma debió haberse hecho formalmente. Ella tenía de-recho a ser oída en primer término. Aunque pueden hacerse todavía objeciones a su nombramiento de acuerdo con el ar-tículo 265, el nombramiento de Antonio Díaz Hernández debe ser revocado por indebido, especialmente por no haber sido notificada la apelante.

La resolución apelada debe ser revocada.

Revocada la resolución apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos no in-consistentes' con la opinión.

Jueces -concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados deh Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Sb. Hebnández,

license: Public Domain

text:
    Olmedo, Peticionaria y Apelada, v. Reyes, Opositora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacáo en pleito sobre aprobación de testamentaría. '
    No. 1658.
    Resuelto en julio 10, 1917.
    Partición de Herencia — Tasación de los Bienes — Aumento en Valor Des-' pués de la Tasación — Juramento Respecto al Valor de los Bienes.-— Practicadas unas operaciones divisorias bajo la base de una tasación, no argüida de nulidad en la fecha en que tuvo lugar, no pueden luego anularse' por el solo motivo de que la valoración se hizo once años antes y ha aumen-tado por modo notable el valor de los bienes tasados, pues la aprobación de' las mismas debe retrotraerse a la fecha en que fueron practicadas, y no es bastante a demostrar el mayor valor que se supone han tenido los bienes la’ sola afirmación jurada de la parte opositora.
    Abogados de la apelante: Sres. Días Navarro y Rivera' Zayas.

    Abogado de la apeladá: «SV. Francisco Gonzales. ' •
   Los Lechos están expresados en la opinión.

El Juez Pbesidente Sb. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

Obdulio Delgado Santana, legítimo esposo de Cristina Ol-^. medo, falleció en 2 de noviembre de 1900 bajo testamento otor-, gado en 30 de mayo del mismo año, en el que instituyó por here- , deras a sus hijas Petronila, Juana y Eloísa Delgado y Olmedo por partes iguales, mejoró a la Petronila en la. suma de $200„ legó $100 del tercio de libre disposición a las menores Teresa ’ y María Luisa Villanueva, y dispuso que el resto de ese tercio,' fuera entregado a Providencia Reyes, madre de los menores. Carmen y Narciso, para que fuera distribuido entre éstos.

En 23 de abril de 1901,.la viuda Cristina Olmedo.promovió-,, el juicio voluntario de testamentaría de Delgado Santana por los trámites de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil; se. practicó en 25 de junio del mismo año el inventario de los bie-nes hereditarios consistentes en un predio rústico de 75 cuer-das 50 centavos, una casa de madera del país y varios semo:, vientes; fue nombrado por orden de 29 de julio de 1905 Tomás Carrera y Más comisionado para la división de los bienes re-lictos por el finado; y en junta celebrada ante dicho comisio-nado en 14 de septiembre del mismo año, a la qne asistieron Cristina Olmedo por derecho propio y en representación de sns menores hijas, y Providencia Eeyes en concepto de lega-taria del remanente del tercio de libre disposición, nombró la Cristina Olmedo cómo perito para la valoración de los bienes a sn hermano Lucas Olmedo y Providencia Beyes también para perito a su convecino Juan Delgado. Esos peritos ejer-cieron en 15 de noviembre de 1905 la función qne les fué encomendada, dando un valor de $1,104.50 a los bienes inven-iariados y figurando en la valoración el predio rústico de 75 muerdas 50 centavos con un valor de $755 a razón de $10 la muerda.

Practicadas las operaciones particionales bajo la base de la tasación hecha, sin que pudiera ser satisfecho el legado de Providencia Beyes, fueron presentadas. a la- corte para su aprobación en 30 de enero de 1906, y en 16 de octubre de 1916 estipularon las partes que se permitiera a la Beyes, a nombre de sus hijos, formular por escrito su oposición al proyecto de división del caudal hereditario presentado por el contador partidor.

Providencia Beyes en 27 de noviembre de 1916, por medio de moción jurada se opuso a la aprobación de las operaciones particionales por la razón de que la finca rústica con la casa había sido valorada hacía once años en $805, siendo su actual valor el dé $5,000, por lo que procedía una nueva tasación de los bienes, y que de acuerdo con ella se procediera a-la división del caudal y al pago de los legados y deudas!

La moción fué desestimada por orden de 12 dé febrero de 1917 por la cual la corte aprobó las operaciones de inventario, avalúo, liquidación y división de los bienes quedados al falle-cimiento de Obdulio Délgadó Santaná, cuyas operaciones se-rían protocoladas en la notaría del abogado Francisco Gon-zález Fagundo.

Esa orden lia sido apelada para ante esta Corte Suprema por Providencia Reyes a nombre de sus menores hijos, y alega para sostener el recurso que la valoración de la finca rústica de que se trata, hecha hace más de once años, dándole un valor de $755 cuando actualmente, al tiempo de consumarse la par-tición, vale $5,000, no puede servir de base a la divisoria prac-ticada con la cual se ha privado a los menores hijos de la ape-lante de percibir el legado que les fué dejado por el testador, quedando así incumplida la voluntad de éste.

La aprobación de las operaciones particionales de los bie-nes de Obdulio Delgado Santana debe contraerse a la fecha en que fueron practicadas; y si en esa fecha no adolecían de vicio alguno de nulidad, no vemos como actualmente puedan ser anu-ladas por una razón que no existía en la fecha en que* se prac-ticaron, toda vez que no se afirma que en aquel entonces se cometiera error en la tasación.

Precisamente uno de los peritos que practicaron esa tasa-ción había sido nombrado por Providencia Reyes en repre-sentación de sus hijos.

Si con posterioridad a la aprobación de una divisoria au-mentara el valor de los bienes objeto de ella, es indudable que no podría anularse la divisoria por ese solo motivo. Tampoco puede anularse una valoración que se estimó justa cuando se practicó sin más razón que la alegada por la parte apelante.

Ocurre, además, que Providencia Reyes no ha tratado de demostrar que la finca rústica de que se trata tenga actual-mente el valor de $5,000 que ella le atribuye, y por más que así lo jure, ese juramento no puede por si sólo dar valor indis-cutible a su afirmación, la cual se refiere a una apreciación de la recurrente y no a hecho que le pueda constar dé propio co-nocimiento.

Por más que el valor de la propiedad territorial haya au-mentado en los últimos años considerablemente y asi pueda afirmarse como tesis general, no puede sostenerse que deter-minada propiedad en particular haya participado de ese bene-ficio. Podría suceder muy bien que ordenada una nueva ta-pación de la finca de que se trata no tuviera ésta mayor valor que el que se le lia dadc, y así carecería de fin práctico dicha orden.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Aldkey,

text:
    Ninlliat, Demandante y Apelado, v. Suriñach et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre rescisión.
    Moción del demandante y apelado para que se desestime la - ■ apelación.
    No. -.
    Resuelto en julio 10, 1917.
    Desestimación de Apelación — Padre Demandado como Representante de Me-ñores'Hijos — Apelación por Abogado a Nombre de los Hijos — Notifica-ción al Padre.- — Cuando un padre no figura en el pleito, como demandado por derecho propio sino como representante legal de sus menores hijos deman-dados, una apelación interpuesta a nombre de éstos por abogado debe con-siderarse como establecida por el padre en la representación que ostenta, ya que sus hijos nada pueden pedir por sí mismos a la corte por su minoría de edad, por lo que no es necesario notificar el escrito interponiendo el recurso al padre independientemente, como si tuviera un interés personal, en la . . apelación., ,
    Id. — Notificación a la Parte Perjudicada o Afectada por la Sentencia— Demandados Rebeldes. — Es necesario, de acuerdo con el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, notificar la apelación a la .parte que pueda ser perjudicada o afectada por la sentencia que se dicte en la apelación, sin • que el hecho de que dicha parte se halle en rebeldía altere el deber que hay de hacerle la notificación.
    Id. — Partes Contrarias. — Alegándose en la demanda de este caso que el causante • de las demandadas, que. no fueron notificadas de la apelación, vendió al demandante la finca que luego embargaron y remataron los otros demandados ahora apelantes como si fuera de lá propiedad de dicho causante, en nada afecta a los herederos de éste la sentencia que. pueda dictarse en la apelación, porque si se dieta sentencia revocando la que declaró la rescisión de la venta hecha a los apelantes la finca vendría a quedar en poder de éstos y nada perderían aquellas demandadas con la revocación de la sentencia que nada les dió ni a nada las condenó, por lo que no son partes contrarias en la ape-lación.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Morton & Arroyo.

    Ahogados del apelado: Sres. José Sabater y Abraham, Peña.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Su. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado Luis Ninlliat nos presentó moción para que desestimemos la apelación que en este pleito interpusieron ios demandados, siendo los fundamentos de la moción los si-guientes :

Io. Que la apelación establecida por los menores hijos de Camilo Suriñach no ha sido notificada a los demandados Francisca Arán y Consuelo Arán,' componentes de la sucesión de Luis Arán, las que están en rebeldía y no han establecido recurso alguno contra la sentencia.

2o. Que la apelación tampoco ha sido notificada a Camilo Suriñach, padre de los menores demandados.

La moción ha sido impugnada por los apelantes.

De los documentos presentados por las partes para sos-tener sus respectivas pretensiones en cuanto a la desestima-ción de la apelación resulta que Luis Ninlliat y Ninlliat esta-bleció demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez contra varios menores de apellido Suriñach Rivera, representados por su padre Camilo Suriñach y contra la sucesión de Luis Arán Lancy, compuesta por su viuda Francisca-Arán y su hija Consuelo Arán; que en la cabecera de la demanda enmendada con la que se celebró el juicio se consigna que la acción es res-cisoria y en ella se alega sustancialmente que el demandante había comprado cierta finca a Luis Arán Lancy pero no ha-biendo inscrito su título en el registro de la propiedad del dis-trito fue embargada por los. menores Suriñach como de la pro-piedad de la sucesión de Luis Arán Lancy y a ellos adjudicada en el remate judicial, sabiendo su padre Camilo Suriñach que pertenecía al demandante; en cnanto a Francisca y Consuelo Arán se alegó que están obligadas a poner la finca a la libre disposición del demandante y a gestionar lo necesario para que pueda ser inscrita en el registro de la propiedad la venta que de ella le hizo su causante; también aparece de los docu-mentos que la demanda original fué notificada personalmente a Francisca y Consuelo Afán el día. 24 de diciembre de 1913, habiendo. sido anotada su rebeldía en 19 de septiembre de 1916 y que los demandados, representados por su padre Ca-milo Suriñach, contestaron la demanda; que la demanda en-mendada no fué notificada a los demandados Arán; que dic-tada sentencia decretando la rescisión de la venta hecha por el marshal a favor de los demandados, ordenando la cancelación de su inscripción en el registro y condenando en costas y de-más gastos a los demandados que comparecieron, interpusie-ron apelación de ella los menores hijos de Camilo Suriñach por medio de sus abogados, la que fué notificada únicamente al demandante.

Empezando por el segundo fundamento de la moción de desestimación, diremos ■ que si bien Camilo Suriñac figura en el pleito como demandado no lo fué por derecho propio sino como representante legal de sus menores hijos demandados por lo que la apelación interpuesta a nombre de éstos por los abogados ha de considerarse interpuesta por el padre en la representación que ostenta ya que sus hijos menores nada pueden pedir por sí mismos a la corte por su minoría de edad, por lo que no había necesidad de notificar la apelación a Ca-milo Suriñach independientemente, como si tuviera interés personal en la apelación, que en efecto nó tenía.

¿La falta de notificación de la apelación a los demandados declarados rebeldes es motivo para que desestimemos esta apelación? Tal es la cuestión que envuelve el primer funda-mento de la moción.

Dice el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil que una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o provi-dencia apelada, un escrito manifestando qne se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a sn abogado.

Comentando nosotros este artículo en el caso de Candelas contra Ramírez, 20 D. P. R. 34, dijimos que la frase “parte contraria a los efectos de una apelación” no se refiere a todas aquellas personas que fian sido partes en el juicio ante el tribunal a quo, sino solamente a las que de ellas puedan ser afec-tadas por una revocación o modificación de la sentencia ape-lada, doctrina que fué citada en los casos de Martínez v. Sucesión Laurido, 21 D. P. R. 31, y de Galafar v. Sucesión Morales, 22 D. P. R. 491.

Es pues necesario de acuerdo con nuestro estatuto notificar' la apelación a la parte que pueda ser perjudicada o afectada por la sentencia que se dicte en la apelación, sin que el hecho de que1 dicha parte se halle en rebeldía altere el deber que hay de hacerle la notificación. El artículo 296 citado no hace distinción entre rebeldes o partes que hayan comparecido pues se limita a ordenar la notificación de la parte contraria o sea de la parte que pudiera ser perjudicada en la apelación, y la ley debe cumplirse. En el voto concurrente que el Juez Sr. Wolf emitió en el caso de Chiqués v. Polo, 17 D. P. R. 93, expresó que la apelación debió notificarse al demandado re-belde. En el de Martínez v. Suc. Laurido, supra, ya dijo todo este tribunal que la apelación debía notificarse a los deman-dados rebeldes que podían ser afectados por una revocación o modificación de la sentencia apelada e igual declaración se hizo en el caso de Galafar v. Sucesión Morales, supra. En el de Nieves v. Müllenhoff, 22 D. P. R. 528 se desestimó la apela-ción por falta de notificación a un demandado citado por edic-tos y en los de Sucn. Igaravídes v. Rubert Hermanos, 23 D. P. R. 302, y de Aponte v. Freiría, 19 D. P. R. 1167, las apelaciones no se desestimaron porque los demandados rebeldes que no habían sido notificados de la apelación no eran parte contraria para ella pues no podrían ser perjudicadas por nuestra sen-tencia. En California existe el mismo precepto que tiene el artículo 296 que estamos considerando y en los casos de Senter v. De Bernal, 38 Cal. 637; O’Kane v. Daly, 63 Cal. 318, y Lancaster v. Maxwell, 103 Cal. 67, se desestimaron también apela-ciones-por no baber sido notificados los demandados rebeldes. ' Sentado lo que precede veamos si Francisca y Consuelo Arán, rebeldes que no fueron notificados de la apelación, son parte contraria en ella.

■ Por el resumen que antes fiemos hecho de la demanda se llega a la. conclusión de que dichas demandadas no son partes contrarias en esta apelación porque alegándose en la demanda que su causante vendió al demandante la finca que luego em-bargaron y remataron los menores Suriñaefi como si fuera de la-propiedad de Luis Arán, en nada afecta a los herederos de éste la sentencia que pueda dictarse en la apelación porque si- dictamos sentencia revocando la que declaró la rescisión de la venta hecha a los menores Súriñach la finca vendría a quedar en - poder de éstos y nada perderían las Arán con la revoca-ción de la sentencia, que nada les dió ni a nada las condenó.

Por las- razones expuestas la moción de desestimación de la apelación debe ser declarada sin lugar.

Desestimada la moción.

■ Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Jxjez Asociado Se. Wolf,

text:
    López, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado, y Cardona, Interventor.
    Solicitud para qué se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte 'de Distrito de Mayagüez en un pleito : sobre tercería de bienes inmuebles.
    No. 180.
    Resuelto en julio 10, 1917.
    ’ÜÍrcería Sobre Bienes Inmuebles — Acreedor bor Sentencia — Oontrademanda - * en. Tercería — Apelación—Partes Contrarias o Necesarias. — Cuando se ■ entabla una demanda de tercería sobre bienes inmuebles contra un acreedor por sentencia y su deudor, conjuntamente, al tratar el primero de éstos de hacer efectivo su fallo, y el deudor no contesta la demanda a pesar de haber sido notificado de ella, ni toma parte en los procedimientos subsiguientes del caso, y el acreedor radica una contrademanda contra el tercerista basada en un traspaso fraudulento del inmueble, en la que no hace parte, al deudor, y la corte dieta sentencia a favor del tercerista, sin hacer pronunciamiento alguno contra el deudor, no es necesario notificar a este último de una apelación inter-puesta contra la misma por el acreedor por no ser él una parte contraria o necesaria en el recurso.
    Abogado del peticionario: Sr. José Benet.

    Abogado del interventor: Sr. Angel A. Vázquez.

    El juez demandado no compareció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Jxjez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En esta solicitud en que se interesa la expedición de un mandamiento de certiorari aparece de los autos que Arturo López con fecha Io. de febrero de 1915, o dtuvo de la Corte. Municipal de Mayagiiez una sentencia contra Bernardo Cardona por la suma de $137.20. En la fecha en que tuvieron lugar los procedimientos subsiguientes en este caso no se había inter-puesto apelación contra dicha sentencia y era, por tanto, firme. Al tratar el peticionario de ejecutar su sentencia sobre una finca de la sociedad de gananciales de la que era represen-tante el deudor, Arturo Gigante radicó una demanda de ter-cería alegando que la finca era de su propiedad exclusiva por habérsela vendido la esposa de Bernardo Cardona con el con-sentimiento de su marido. En su demanda de tercería las primitivas partes, o sea el acreedor y el deudor, fueron he-chos partes demandadas. Las partes, para los fines de esta opinión, serán conocidas'por ‘‘acree.dor,” “deudor” y “ter-cerista. ’ ’

Ninguna contestación fué presentada en dicha- corte municipal por el deudor a la demanda interpuesta por Gigante y no consta que el deudor hubiera tomado parte en los proce-dimientos después de la supuesta notificación que se le hizo de la demanda.' El acreedor radicó una, contrademanda contra el tercerista en la que no se hizo parte al deudor. En esta contrademanda alegó en efecto el acreedor un traspaso frau-dulento . hecho al tercerista. La corte municipal dictó sen-tencia a favor del tercerista pero en esta sentencia no se hace pronunciamiento alguno contra el deudor, y no consta que él hubiera tomado parte en los procedimientos después de co-menzar la acción.

Contra la sentencia dictada por la corte municipal en su contra y a favor del tercerista, el referido acreedor por sen-tencia interpuso apelación en la que no hizo parte al deudor demandado. Después de una larga contienda la corte de distrito dictó sentencia en enero 26,1917, a favor del acreedor. En este estado del procedimiento el deudor que durante todo ese tiempo había permanecido callado y en actitud pasiva, compareció ante la corte de distrito y alegó me-diante moción el hecho que no fué negado de no haber sido notificado él de la apelación y por lo tanto que la Corte de Dis-trito de Mayagüez carecía de jurisdicción. La corte oyó la moción y sobreseyó el caso por falta de jurisdicción. La cues-tión que ha sido promovida por virtud de este certiorari es si el deudor era parte contraria o necesaria.

El peso de las autoridades sostiene el criterio de que el deudor no era parte necesaria en la contrademanda presen-tada en este caso. Como hemos visto él no fué hecho parte en la contrademanda. El deudor puede ser parte adecuada en una acción para anular un traspaso fraudulento, pero no es parte necesaria, puesto que el procedimiento es a manera de un procedimiento in rem. Blanc v. Paymaster Min. Co., 95 Cal. 524, 30 Pac. 766; Fuentes v. Suárez, 7 D. R. Fed. 690, 20 Cyc. 714. Si se dijera que -el demandado tendría que indem-nizar al tercerista si la sentencia de la corte municipal fuera revocada él queda hasta ese punto (pro tanto) protegido contra su acreedor, pero de todos modos él no está afectado por la revocación.

En el caso de Blanc v. Paymaster, Min. Co., supra, la Corte Suprema de California cita con aprobación la decisión en el caso de Potter v. Phillips, 44 Ia. 353, en cnyo caso la corte se expresó en estos términos:

“Ya que los traspasos hubieran sido fraudulentos o hechos de buena fe, la propiedad ha salido irrevocablemente de su poder (el del deudor). Para la ley de ningún modo puede él quedar perju-dicado por una resolución que sujeta la propiedad al pago de sus deudas. ’ ’

Y en el caso de Coffey v. Norwood, 81 Ala. 512, 8 So. Rep. 199, se pronuncia en igual sentido. Véase también a Torres v. Lothrop Luce & Co., 16 D. P. R. 180, el mismo caso que fué apelado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el tomo 231 U. S. 181.

En el caso de Fuentes v. Suárez, supra, existía un conflicto entre los acreedores embargantes y el comprador del deudor,' habiendo indicado el Juez Hamilton que la cuestión ame-nudo se presenta en esta forma cuando se ataca una escritura por ser fraudulenta y se alega que todas las partes que tu-vieron interés en el título desde que se conoció el fraude deben ser hechas partes; que si una persona se había desprendido del título, como declararon los Maldonados que hicieron con Suárez en aquel caso, no quedaba ningún título y no había verdadero interés de que pudieran ellos disfrutar.

El Juez Sr. Hamilton pasa entonces a decir lo siguiente:

“Cuando un procedimiento se ataca por existir fraude, esto se refleja desde luego en los otorgantes de la escritura, pero esto no es lo que se quiere decir al hablar de parte interesada. Una parte inte-resada en la correspondiente acción tiene que ser una que tenga algún interés pecuniario en la cuestión, y la corte no puede ver que jamás puedan tener los Maldonados bajo ningún concepto ningún interés pecuniario en esta propiedad.”

Los hechos del anterior caso eran singularmente de apli-cación a los de este caso porque el deudor parece que insistió en el hecho de que la sentencia de la corte de.distrito declaraba que la escritura que se otorgó a su favor era fraudulenta y se consideró que el demandado fué un vendedor fraudulento y quizás si un deudor insolvente, sin dársele oportunidad de de-fenderse contra esas imputaciones.

. Si estas cuestiones de fraude o insolvencia son importantes para el deudor a él no le afecta la sentencia de la corte de distrito puesto que nunca fué parte en la contradepaanda pre-sentada en la corte municipal y jamás pidió que se le tuviera por tal. La controversia trabada con motivo de la contra-demanda en la corte municipal era entre el acreedor y el ter-cerista. El deudor está libre para defender su buen nombre y solvencia contra todo el mundo.

En el caso de Candelas v. Ramíres et al., 20 D. P. R. 33, resolvimos que una parte contraria era aquella que podía quedar afectada por una revocación o modificación de una sentencia.

En el de Freire v. Quintero y The National Surety Co. 23 D. P. R. 128, resolvió este tribunal que el interés moral que pueda tener una persona no era suficiente y lo mismo se de-cidió en el de Wys v. Fornaris, 24 D. P. R. 49.

Véase también Ninlliat v. Suriñach, resuelto en el día de boy (pág. 548).

Nos vemos obligados a resolver que el deudor no era parte contraria ni necesaria en la apelación, debiendo ser anulada la resolución de fecba febrero 15, 1917, quedando en toda su fuerza y vigor la sentencia dictada en enero 26, 1917.

Con lugar la solicitud y anulada la resolución ■ de que se trata dejándose en vigor la senten-cia pronunciada.

. Jueces concurrentes: Srcs. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro,.Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Pérez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una con-sumación de venta.
    No. 316.
    Resuelto en julio 10, 1917.
    Venta oon Pacto de Retro — Retroventa — Vencimiento del Término para Retraer — Consumación de la Venta.- — Presentada al registro una escritura de compraventa, con pacto' de retro, de la que aparece haber transcurrido el plazo concedido al vendedor para retraer, y la petición para que se haga cons-tar la consumación de la venta, sin que conste que la fmea fuera redimida, el registrador debe anotar en sus libros tal consumación, pues eso es todo lo necesario para extinguir la cláusula resolutoria.
    El recurrente compareció en nombre propio
    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, no com-pareció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente Celestino Pérez es dueño en la actualidad de una finca denominada “eloreNcio” de la jurisdicción de Caguas que anteriormente perteneció a la sociedad “B.- Borrá3 y Hermanos” por compra que ésta hizo en. el año .1877 a las hermanas Polo, sujeta-al pacto de retroventa a favor de las vendedoras y.de sus. sucesores universales o singulares que du-' raría hasta el 31 de diciembre de 189.2, con la condición de .-que las personas con derecho a retraer- adquiriesen también ■ de “B: Borrás y Hermanos” otra finca de setenta y una cuerdas sesenta y cuatro céntimos contigua'a aquélla la qúe les perte-necía por compra hecha en el año 1871 y por la'cual debían pagar la cantidad de cuatro mil pesos, de ellos dos mil emmanoy el resto en dos plazos iguales1 a uno y dos años contados desde el día en que se ejercitase la acción de retro. Por la cláusula 16a. del contrato se comprometieron los Sres. “B. Borras y 'Hermanos ’ ’’ en cuanto a la finca ‘ ‘ Florencio ’ ’ a im-poner al comprador, en caso de venta, la obligación a que ellos estaban sujetos en el caso de ejercitarse el derecho de retraer la- finca.

Habiendo solicitado el actual dueño de la finca “Florencio” que el Registrador de la Propiedad de Caguas hiciese constar en sus libros la falta de cumplimiento de la expresada con-dición resolutoria de la venta se negó dicho funcionario a esa petición exponiendo como motivos que no se ha acreditado que los señores B. Borrás y Hermanos fueran realmente dueños del predio de setenta y una cuerdas sesenta y cuatro céntimos en la fecha en que adquirieron el fundo “Florencio,” ni que lo fuera al cumplirse el plazo fijado para la redención, o en caso de haberse vendido con anterioridad al treinta y uno de diciem-bre de 1892, que se haya cumplido con lo estipulado en la cláu-sula décimasexta y que tampoco se ha justificado con documen-tos fehacientes la negativa de las hermanas Polo o de sus suce-sores universales o singulares a adquirir la finca de setenta y una cuerdas sesenta y cuatro céntimos, ni acreditado la falta de pago del indicado precio aplazado.

Habiendo presentado el recurrente en el registro de la propiedad la escritura de compra de la finca “Florencio” por “B. Borrás y Hermanos” de la que aparece que ha transcu-rrido el plazo concedido a sus vendedores para, retraer y la petición de que se hiciera constar la consumación de la venta, sin que conste en el registro que la finca fué redimida; debió el registrador anotar en sus libros la consumación de tal venta pues esto es todo lo necesario para extinguir la cláusula reso-lutoria. Resolución de la Dirección General de los Registros de España de mayo 18, 1865. No era necesario, por canto, acreditar, como exige el registrador recurrido, que los Sres. B. Borrás y Hermanos fueran realmente dueños de la finca de setenta y una cuerdas sesenta y cuatro céntimos, cuya com-pra por los que tenían derecho a .retraer era una condición para que' pudieran ejercitar ese derecho, aparte de que las partes contratantes aceptaban tal hecho; ni que fuera dueño de la misma al cumplirse el plazo fijado para la redención; ni que si vendió la finca sujeta a la retroventa hubiera hecho saber al comprador, de acuerdo con la cláusula 16a. del contrato, que estaba pendiente de la condición resolutoria de retro-venta, becbo que indudablemente tenía que aparecer del re-gistro; ni tampoco tenía el recurrente que justificar con do-cumento fehaciente la negativa de las hermanas Polo o de sus sucesores a adquirir la finca de setenta y una cuerdas sesenta y cuatro centavos, ni tampoco tenía que acreditar la falta de pago del precio aplazado de la compra de dicha finca.

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

• Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Sánchez et al., Demandantes y Apelantes, v. Vadi et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre tercería de bienes inmuebles. •
    No. 1608.
    Resuelto en julio 13, 1917.
    Tercería de Bienes Inmuebles — Bienes Adquiridos por el Padre ■ para el Hijo — Procedencia del Dinero Invertido en la Compra. — En un pleito de tercería de bienes inmuebles éstableeido por un hijo para que se declare que la propiedad embargada le pertenece por haberla adquirido su padre para él siendo menor de edad, no debe el hijo limitarse a alegar sino que debe probar en el juicio la procedencia del dinero invertido en la compra. Si no presenta tal prueba, puede eoneluirse que el bien adquirido pertenece .al padre y no al peculio adventicio del hijo.
    Id. — Cancelación de Inscripción. — En un pleito de tercería de dominio, puede la corte, al dictar su sentencia declarando sin lugar la tercería, decretar con-forme al artículo 79 de la Ley Hipotecaria, la cancelación de la inscripción hecha en el registro de los bienes en cuestión a favor del tercerista. También puede ordenar la inscripción de dichos bienes a nombre de la persona que- en realidad sea el dueño legítimo de ellos.
    Abogados de los apelantes: Sres. Honoré & Iriarte.

    Abogados de los apelados: Sres. Feliü & Alemañy.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tri- ' bunal.

El presente es nn caso de tercería. Embargada a los efec-tos de ejecutar cierta sentencia nna finca urbana como de la propiedad dé José Sánchez Gil, los demandantes, alegaron que eran ellos y no Sánchez Gil los dueños de' la propiedad. Los demandantes dirigieron su acción contra Luis Yadi, el actor en pro de quien se dictó la sentencia a que nos hemos referido, contra el márshal que practicó el embargo y contra Sánchez Gil. Sólo contestó y compareció al juicio Vadi que negó las alegaciones de los demandantes y sostuvo como ma-teria nueva que el contrato por virtud del cual los deman-dantes aparecen adquiriendo la propiedad de la casa en cuestión, fué simulado. La corte decidió el pleito en contra de los demandantes, basándose en los siguientes hechos que declaró probados: .

“I. Que en 25 de marzo de 1909, por escritura pública otorgada ante el' Notario de Mayagüez, Licenciado Rodolfo Ramírez Vigo, y que se inscribió en el registro de la propiedad de este distrito hipo-tecario en abril 7 del mismo año, el demandado José. Sánchez Gil adquirió de Juan Ramón Villafaña, la siguiente finca urbana: (se describe). •
“II. Que se hizo constar en dicha, escritura (exhibit ‘B’ de los demandantes) que el precio de dicha finca se satisfizo al vendedor por el propio José Sánchez Gil, con anterioridad aí otorgamiento, de la misma;.que ‘él comprador José Sánchez Gil’ ,.habría de entrar en posesión de dicha finca sin otro requisito que el otorgamiento de dicho documento; que la venta se convino con el demandado Sánchez Gil, y: que se hizo a éste para sus hijos, entonces menores de edad, que són los demandantes.
“III. -Que esta misma finca fué adquirida por Juan Ramón Vi-llafaña, del propio José Sánchez; Gil, el día anterior a la venta que se'deja relacionada, por- otra escritura pública otorgada ante el propio notario', y-que también se inscribió en el registro de lá propiedad en lá misma' fecha 'que la ya mencionada, apareciendo realizada una y otra ventá, también por un mismo precio (exhibit ‘A’ de los de-mandantes) .
“IV. Los demandantes no aportaron evidencia alguna con rela-ción al'origen o procedencia de la suma de’ dinero con que se efeefuó la compra en cuestión, aun cuando alegan en su demanáa que dicho dinero procede de la herencia de su señora madre Carmen Alequín, la que lo hubo, a su vez, por concepto de gananciales habidos en su matrimonio con el dicho José Sánchez Gil. Tampoco hay evidencia alguna en cuanto a la alegación hecha en su demanda al efecto dé. que han usufructuado la finca, bajo la administración de su Sr. padre, el ahora demandado y repetido, José Sánche'z Gil.
“V. La corte encuentra probado que la ya descrita finca fué em-bargada por el marshal de esta corte, Nestor Gregory, en virtud de un mandamiento de ejecución que se libró en el caso No. 5098, seguida también en esta corte por Luis Vadi contra José Sánchez Gil, para hacer efectiva la sentencia en dicho caso recaída, y que el expresado márshal puso dicha finca a la venta en pública subasta por medio de edictos. ’ • .
“VI. En tales circunstancias, y considerando las alegaciones de los demandantes y del demandado, Luis Vadi, único que ha contes-tado la demanda, y teniendo, además, en consideración el conjunto de la prueba, la corte llega a la conclusión de que el dinero con el cual se adquirió la 'finca en litigio para los demandantes, era' de sr¿ padre el demandado José Sánchez Gil, y por tanto, fué ésta una ad-quisición hecha con caudal de este últiim>. ”,

No conformes los demandantes, interpusieron el presente recurso de apelación señalando la comisión por parte de' la corte’ de distrito de cuatro errores, a saber: 1, al declarar que la finca en cuestión ha sido siempre de la propiedad de Sán-chez Gil y no de los demandantes; 2, al ordenar la cancela-ción de la inscripción de dicha finca hecha en el registro a favor de los demandantes; 3, al ordenar que se, extienda una nueva inscripción a favor de Sánchez Gil, y 4 al condenar a los demandantes al pago de las costas y de los desembolsos y honorarios de abogado.

Debe advertirse que los únicos elementos que tenemos para decidir este recurso son las alegaciones de las pártes y ■ lá! sentencia de la corte. Las pruebas practicadas no se han elevado a este tribunal. Hecha esta advertencia, pasaremos a considerar los errores señalados. '

1. En la demanda se consignó que el dinero empleado por los demandantes en la compra de ,1a casa, procedía de stt herencia materna. Los demandantes son menores de edad, excepto nno que fue emancipado por virtud de matrimonio, y la' compra se verificó en las condiciones que se expresan en __el hecho II de los declarados probados por la corte de distrito. El padre aparece adquiriendo para sus hijos. Bajo tales circunstancias, los demandantes no debieron limitarse a ale-gar sino que debieron probar en el juicio, — lo que no hicieron,' según la corte sentenciadora, — la procedencia del dinero in-vertido en la compra.

La ley aplicable a esta materia está contenida en los ar-tículos 225, 226 y 227 del Código Civil, iguales al 160, 161 y 162 del Código Civil español. Comentando estos últimos .artículos se expresa Manresa, así: ‘

1 “De la letra de los tres artículos que comentamos se desprende 'que atienden, no, como en nuestro antiguo derecho trasunto del ro-mano, a la persona por medio de la cual se adquieren los bienes, sino principalmente al origen de la adquisición; y cuando, por ejemplo, se trata de una compraventa, es indispensable conocer de donde pro-cede el dinero que se ha entregado como precio, puesto que serán muy diversos los derechos del hijo, según pertenezca al caudal paterno, proceda de su propio trabajo o le haya sido legado por un tercero. Si se carece de estos datos, ¿ qué criterio se. adopta ? Nuestra juris-prudencia ha establecido, señáladamente por la sentencia de 14 de enero de 1861 ‘que no pueden estimarse como del peculio adventicio de los bienes que compre un hijo de familia cuando no prueba que ha ga-nado la cantidad con que los adquiere por industria u otro medio de los que la ley determina.’ De suerte que generalizando dicho principio, para que al hijo se le reconozcan derechos sobre los bienes que ad-quiera, es necesario, en caso de litigio, que pruebe que le correspon-den. ’ ’ 2, Manresa, Código Civil Español, 34.

La sentencia .del Tribunal Supremo de España citada por Manresa, se basó en los siguientes hechos: José Pajares debía a Manuel Rodríguez cierta suma y le vendió en pago de ella dos casas y un huerto. Al día siguiente Rodríguez otorgó otra escritura consignando que la ^ venta anterior ' la había aceptado a voz y nombre de Felipe Pajares, hijo del vendedor, •el. cual le había satisfecho la suma adeudada por su padre, de la que podía disponer como adquirida por su industria y fortuna particular. Se siguió ejecución contra José Pajares en pleito que contra él entablaran Doña Ramona Sánchez y otra y se anunció la venta de las casas y el huerto como de la propiedad de José Pajares. Entonces Felipe Pajares, el hijo, entabló demanda de tercería, que fundó en el resultado de las escrituras de que se ha hecho mérito. El Supremo confirmó la sentencia por virtud de la cual se declaró sin lugar la tercería. El motivo que tuvo fué el siguiente:

“Considerando que fundándose el presente recurso en la infrac-ción de la ley 5a., tít. 17, Partida 4a., que define el peculio adventicio, y no habiendo suministrado el demandante prueba alguna que hubiera podido apreciar la sala sentenciadora, acerca de haber adquirido por industria, por obra de sus manos o por alguno de los otros medios que aquélla determina la cantidad invertida en la compra de las dos casas y huerto en cuestión, al desestimar la misma sala la tercería interpuesta no ha infringido la expresada ley;” 6 Jurisprudencia Civil, 28, 29.

Citan los apelantes en apoyo de su contención la decisión de esta corte en el caso de Fuentes v. El Registrador de Caguas, 24 D. P. R. 619. Pero tal decisión en vez de favorecer-les, les perjudica. Esta corte dijo:

“Las adquisiciones hechas por los padres en representación de los hijos que están bajo su patria potestad más bien pueden compa-rarse con las adquisiciones hechas por un mandatario a nombre de su mandante, y así como el mandatario al adquirir para su mandante no está obligado a justificar que pertenece a éste el dinero con que verifica la adquisición, tampoco puede exigirse al padre que adquiere a nombre de su hijo que acredite ser de la propiedad de éste el dinero con que adquiere. Sólo en caso de litigio sobre la legitimidad de la adquisición podrá exigirse la prueba que prematuramente exige el registrador. ’ ’

Y aquí precisamente se trataba de un litigio, siendo, por tanto, necesaria la prueba de la procedencia del dinero em-pleado en la adquisición. Si no se presenta tal prueba, puede concluirse como concluyó correctamente la corte' de distrito en este pleito, qne el bien adquirido pertenece al padre y no al peculio adventicio del hijo. Además, la corte, según con-signó en el sexto de los hechos probados, estimó qne el dinero era del padre tomando en consideración el conjunto de la prueba y ya hemos advertido qne esa prueba no se ha.elevado por los apelantes a este tribunal.

Por deferencia a la parte apelante hemos tratado en la forma que dejamos expuesta el primer motivo del recurso, pues faltando como falta escrito de exposición del caso,, nos hubiera bastado consignar que era indiscutible en apelación la apreciación de1 las pruebas por parte del tribunal senten-ciador y teníamos que aceptarla como base para resolver las cuestiones de derecho envueltas en el pleito.

2. ¿ Cuál fué la cuestión fundamental sometida por las ter-ceristas a la corte de distritp? La relativa al dominio de la finca. Esta había sido embargada a instancias del de-mandado Vadi como de la propiedad del demandado Sánchez Gil. Los demandantes no probaron a juicio de la corte que eran los dueños. Al contrario, la corte resolvió que el ver-dadero dueño era Sánchez Gil. De; los documentos someti-dos a la corte, aparecía que lá finca en el registro estaba ins-crita a favor de los demandantes. ¿Debía la corte al decidir que la finca no pertenecía a los demandantes, permitir que un hecho contrario a su pronunciamiento continuara exis-tiendo en el registro? Conviene hacer constar que la cance-lación de la inscripción a'favor de los terceristas fué solici-tada por el demandado Vadi en su escrito de contestación. El debate quedó claramente planteado desde el primer mo-mento oportuno para ello.

La Ley hipotecaria dedica su título IV a la extinción de la inscripción y de la anotación preventiva. Una vez que se ha verificado una inscripción, queda bajo el amparo de la ley y no puede extinguirse sino por los medios que la misma' se-ñala. Uno de' esos medios es la cancelación que puede pe-dirse y debe decretarse entre otros casos que fija el artículo 79 de la ley, en aquel en que quede extinguido por completo el derecho inscrito.

¿Quedó, por virtud de la sentencia dictada en el pleito de tercería, extinguido por completo el derecho de los de-mandantes sobre la finca inscrita a su favor en el registro? Ciertamente que sí. Luego, la corte, de acuerdo con la ley, pudo decretar la cancelación solicitada por' el demandado Y adi. '

Véase lo que a este respecto dicen los comentaristas Ga-lindo y Escosura:

"Para obtener la ejecutoria, declara el'art. 83 de la L. H que habrá de ser demandado el acreedor en juicio ordinario (v. S. de 20 de marzo 1873), y fundándose en la letra de este artículo, algunos en-tienden que la sentencia dictada en el pleito de tercería de dominio, absolviendo al demandado, no .es título suficiente para cancelar la inscripción hecha a nombre del actor; pero la Dirección, inspirándose en el espíritu del R,. D. de 20 de'mayo, 1880, teniendo en cuenta que la sentencia es ley para el caso particular en que se’ dicta, declaró en 21 de noviembre 1881, que procedía la cancelación denegada por el registrador.” 3 Legislación Hipotecaria, p. 67 (4a. ed.).

A continuación transcribimos los considerandos y la parte dispositiva de la resolución citada por Galindo:

"Considerando que la cuestión sobre que versa este recurso con-siste en determinar si procede cancelar la inscripción de propiedad de Jaeoba Vidal en virtud de la sentencia ejecutoria recaída en el pleito de- tercería de dominio promovido por dicha interesada, a .inscribir después a favor del -adjudicatario Villar- de Francos: ■ ■ •
"Considerando que la citada' ejecutoria constituye un verdadero título de extinción de los derechos de doña Jacoba Vidal sobre las fincas embargadas, como lo -prueba el que la tercería es un juicio declara-tivo que lleva consigo la excepción de cosa juzgada, y el que termi-nado el pleito por-la absolución de la demanda, siguióse la ejecución -adelante, precediéndose a la enajenación de las fincas 'cuyo- dominio disputaba aquella;señora: ■ - ■ - • ■
"Considerando qué-los asientos del registro tienen' pOr bbjeto: dar publicidad a, los derechos civiles que en ellos constan, de donde se infiere que extinguidos éstos por una sentencia judicial, aquéllos de-ben forzosamente caducar, como que toman su fuerza y raíz de los indicados derechos:
“Considerando que confirman esta doctrina la Resolución de 8 de febrero de 1877 y los principios eü que descansa el Real Decreto de 20 de mayo de 1880, puesto que si puede prescindirse del consentimiento de los interesados en una cancelación cuando la misma ley declara fenecidos los derechos inscritos, lo propio debe acontecer cuando la extinción arranca de una sentencia ejecutoria; no sólo porque la san-tidad de la cosa juzgada es un precepto del legislador, sino también porque una sentencia tiene fuerza de ley para el caso particular en que se dicta:
‘ ‘ Considerando que no obsta a esta solución el1 precepto contenido en el párrafo tercero del artículo 83 dé la Ley Hipotecaria, porque ésta parte del supuesto de que sea necesario el consentimiento de los interesados; y en el caso del recurso tal consentimiento es innece-sario, porque la que ostentó el título de dueño fué privada de su derecho mediante una providencia ejecutoria, bastante por sí sola para la cancelación, según el artículo 82 de la misma ley:
Considerando que, si a pesar del pleito de tercería ya ejecutoriado hubiera de seguirse ahora un nuevo juicio contra Doña Jacoba Vidal para obtener la cancelación del asiento de dominio, hecho a su favor, se originarían gastos y dilaciones innecesarios, dado que en este se-gundo litigio no versaría en último resultado la cuestión más que sobre el mismo derecho de propiedad, que definitivamente quedó re-suelto en la primera sentencia judicial:
•“Considerando que, con arreglo al artículo 20 de la ley, para inscribir un título traslativo de dominio debe constar inscrito el de-recho a favor del transferente, por lo que, aun después de cancelada la inscripción hecha a favor de doña Jacoba Vidal, no es posible ins-cribir las fincas a nombre del recurrente Villar de Francos, si pre-viamente no se registra el derecho de Antonio Rosende, o se obtiene una sentencia ejecutoria en el correspondiente juicio: ■
“Esta Dirección general ha acordado, con revocación de la pro-videncia apelada, resolver que procede cancelar la inscripción dé do-minio hecha a favor de doña Jacoba Vidal mediante la presentación del testimonio de la sentencia recaída en el juicio de tercería; -pero sin que pueda inscribirse la adjudicación a favor de D. Gíabriel Villar de Francos mientras no consten inscritas las fincas a nombre de D. Antonio Rosende, según lo prevenido en el artículo 20 de la Ley Hi-potecaria. ’ ’

3. Si la corte tuvo autoridad para decretar la cancelación, es lógico qne la tuviera también para decretar lá nueva ins-cripción a favor de aquel que resubó ser el verdadero dueño. La totalidad del asunto estaba ante la corte y la corte pudo y debió dejarlo como lo dejó totalmente resuelto por su sen-tencia.

Se lia sostenido por los apelantes que la corte no pudo acordar los pronunciamientos a que acabamos de referirnos, sin que se' Rubiera hecbo parte en el pleito al vendedor de la casa en cuestión. A nuestro juicio no bubo necesidad de ello. Juan Ramón Villafaña vendió a Sánchez Gil, consignando Gil en la escritura que adquiría para sus bijos. La venta en sí queda intacta. La sentencia dictada en nada afecta los derechos de Villafaña. El precio de la venta fué recibido por él. Nada quedó pendiente. El contrato no se realizó teniendo en cuenta ninguna consideración personal con res-pecto al comprador.

4. Este es un caso en que se solicitó por el demandado Vadi que se impusieran a los demandantes las costas, gastos y ho-norarios de abogado y en el que de acuerdo con la ley pu-dieron imponerse tales costas, gastos y honorarios. No se ha demostrado que la corte abusara del poder discrecional de que está investida. No tenemos a la vista las pruebas que se practicaron en el juicio, y bajo tales circunstancias no podemos ni debemos alterar la conclusión a que llegara la corte de distrito.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se.. Wole,

text:
    Muratti, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado, y El Pueblo, Interventor.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez ' de la Corte de Distrito de Mayagüez, en causa por delito ■ de asesinato en segundo grado.
    No. 185.
    Resuelto en julio 13, 1917.
    Ciudadanía de los Estados Unidos — Su Extensión a Puerto Rico. — Histórica y legalmente, la total ciudadanía de los Estados Unidos constituye El Pueblo de los Estados Unidos y ser ciudadano es ser parte del poder soberano. La soberanía de los Estados Unidos en su sentido .objetivo fué.hecha extensiva '1' a Puerto Rico por el Tratado de París y en su sentido subjetivo, o como poder , regulador fundamental, lo ba sido por la Ley Jones.
    íd. — Tratados—Leyes del Congreso — Diferencia Entre Ambos. — No existe dife-rencia alguna radical entre el efecto de un tratado de los Estados Unidos «' y una ley del Congreso, si bien algunas veces un tratado puede requerir la aceión del Congreso; pero de existir alguna diferencia debe ser preferida la Ley del Congreso en la cual ambas cámaras intervienen, de lo que se infiere i. que cualquier reglamentación interior' que pueda efectuarse por virtud de un tratado puede también efectuarse por una ley del Congreso. El efecto de la concesión hecha de la ciudadanía por una ley del Congreso es igual si no superior a la misma concesión hecha por un tratado.
    Id. — Grados de Ciudadanía — Ciudadanía Restringida. — No existen en los Estados Unidos grados de ciudadanía, por lo que no puede 'decirse que la colectiva concedida al pueblo de Puerto Rico por la Ley Jones sea restringida por w razón de la disposición que permite hacer renuncia de la misma dentro de los seis meses de aprobada aquélla.
    Íd. — Concesión a Puerto Rico por la Ley Jones — Territorio Organizado. — Id. ' Incorporado — Constitución de los Estados Unidos — Acusación por un ., Gran Jurado. — La concesión de la ciudadanía concedida colectivamente a los habitantes de El Pueblo de Puerto Rico por el artículo 5 de la Ley Jones, dada la historia de los Estados Unidos y la historia de Puerto Rico, ha con-vertido pste Territorio organizado por el régimen de la Ley Foraker en Terri-torio incorporado, y, por tanto, la Constitución está hoy en toda sú fuerza y vigor, y con ella la Enmiénda 5a. que concede una acusación por un gran jurado en casos de delito grave o infamante.
    Territorio Incorporado — Elementos Esenciales para la ' Incorporación de un Territorio. — Los elementos que necesariamente completan la incorpora-ción de un territorio son: la adquisición del territorio, la ciudadanía de sus habitantes, y el gobierno organizado; y aun en algunos casos existiendo los ■ i'. dos primeros, '-eoíno en el caso de Alaska, -no se exige más que alguna acción por parte del Congreso. .
    Id. — Incorporación del Territorio de Puerto Rico — Ley Jones. — No es nece-saria una fórmula determinada para incorporar un territorio; pero si ésta es necesaria, en cuanto a Puerto Rico se da en la Ley Jones al expresar de un modo terminante que “todos los ciudadanos de Puerto Rico se declaran por la presente ciudadanos de los Estados Unidos y serán considerados y tenidos eomo tales”; existiendo una asociación completa de los habitantes de Puerto Rico con el pueblo de los Estados Unidos; y siendo además el pueblo del continente de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Pico ciudadanos de un país común.
    Abogados del peticionario: Sres. Feliú & Alemañy.

    Abogados del Interventor: Sres. Howard L. Kern, Attorney General; Salvador Mestre, Fiscal del Supremo; y George S. Brengle, Oficial Jurídico.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se.. Wole,

emitió la. opinión del tribunal.

El peticionario fué acusado por un delito de asesinato en segundo grado. El día en que le fué leída la acusación en la Corte de Distrito de Mayagüez presentó una moción solici-tando de la corte que anulara o desestimara la acusación por haber sido formulada sin ser presentada por un gran jurado, infringiéndose así la Quinta Enmienda, a la Constitución de los Estados Unidos. La Quinta Enmienda dispone lo siguiente:

“A nadie se obligará a que conteste cargos por delito grave o infamante bajo cualquier concepto, si no es mediante acusación es-crita presentada por un gran jurado, excepto en casos que ocurrieren en el Ejército, o la Armada, o en la Milicia, estando en servicio activo en tiempo de guerra, o de peligro público. No se pondrá a nadie dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro por un mismo delito; no podrá obligársele a declarar contra sí mismo en una causa criminal; no se le podrá quitar la vida, la libertad o los bienes, sin el debido procedimiento legal, ni se podrá tomar la propiedad particular para objetos de utilidad pública, sin la debida compensación.”

La cuestión que verdaderamente pende ante la corte' es si la Constitución de los Estados Unidos está hoy en toda su fuerza y vigor en Puerto Rico, y especialmente dicha En-mienda Quinta.

El abogado del peticionario según entendemos se' basó principalmente en la teoría de que Puerto Rico estaba incor-porado independientemente de la Ley del Congreso de marzo' 2 de 1917, conocida familiarmente .por Ley Jones, pero en cuanto al status de Puerto Rico anterior a esa ley tenemos que atenernos a la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos de Downes v. Bidwell, 182 U. S. 244; Dorr v. United States, 195 U. S. 138; Rasmussen v. United States, 197 U. S. 516. En estas decisiones se sostiene en efecto que toda la Constitución no es aplicable a un territo-rio que lia sido adquirido basta tanto el Congreso lo incorpore, y un pronunciamiento específico de que Puerto Rico no era un territorio incorporado bajo el régimen de la Ley Fóraker es el que aparece en el caso de Kopel y. Bingham, 211 U. S. 468, 476, a saber:

“Puede justamente afirmarse que Puerto Rico es un Territorio completamente organizado, aunque no es un Territorio incorporado ■ a los Estados Unidos, y que no hay razón por la que no deba con-siderarse a Puerto Rico como uno de los territorios comprendidos en la sección 5278;”

y este criterio fué confirmado en los casos de American Railroad Company v. Didricksen, 227 U. S. 145; People of Porto Rico v. Rosaly, 227 U. S. 270, 274. Con anterioridad al día 2 de marzo de 1917, este tribunal entendía de igual modo la ley. Ex parte Bird, 5 D. P. R. (1a Ed.) 504; Ex parte Días, 7 D. P. R. 153; El Pueblo v. Kent, 10 D. P. R. 343; El Pueblo v. Acosta, 11 D. P. R. 249; Cintrón v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D. P. R. 507. La situación, sin embargo,' ba variado en virtud de la Ley Jones.

El artículo 5 de la Ley Jones prescribe:

“Todos los ciudadanos de Puerto Rico, según se definen en la sec-ción 7 de la ley de 12 de abril de 1900, ‘Para proveer, temporalmente de rentas y de un gobierno civil a Puerto Rico, y para otros fines,’ y todos los nativos de' Puerto Rico que estaban temporalmente ausen-tes de la isla en 11 de abril de 1899, y hayan regresado después y estén residiendo permanentemente en dicha isla, y no sean ciuda-danos de ningún país extranjero, se declaran por la presente ciu-dadanos de los Estados Unidos, y serán considerados y. tenidos como tales; Disponiéndose, que cualquier persona de las descritas ante-riormente podrá conservar su presente status político, haciendo una declaración,'bajo juramento, de-su resolución a ese efecto, dentro de seis meses de haber entrado .en vigor esta Ley, ante el tribunal de dis-trito del distrito en que resida, declaración que se hará en la forma siguiente: * *

Y la alegación que se liace es que la ciudadanía de'tal modo concedida a los habitantes de Puerto Eico, dada la historia de los Estados Unidos y la historia de la Isla, ha convertido este Territorio organizado en Territorio incorporado.

El Gobierno de Puerto Eico por medio de su Fiscal General ha sostenido que la cuestión relativa, a la incorporación de Puerto Eico depende únicamente de la voluntad del Con-greso y que la Ley Jones no solamente no demuestra inten-ción alguna de hacer la incorporación, sino que manifiesta un propósito contrario y que los actos contemporáneos subsi-guientes del Congreso se encaminan en el mismo sentido. Alega además que en este caso el auto debe ser anulado por-que la Legislatura de Puerto Eico, creada por la ley de mar-zo 2, no ha tenido la oportunidad de establecer el gran jurado.

De conformidad con la teoría de que el Congreso no ha ex-presado su intención de hacer la incorporación, el Fiscal General ha presentado un análisis muy razonado de la Ley Jones, de las leyes existentes del Congreso y del estado de derecho que se supone fué establecido por las resoluciones de los casos Insulares y del caso de Easmussen. En verdad que si no fuera por la concesión de la ciudadanía hecha en la Ley Jones, tendría que prevalecer la alegación del Fiscal General, de acuerdo con las autoridades. Pero fué concedida la ciu-dadanía colectiva a los habitantes de Puerto Eico por la Ley J ones.

En el caso de McCulloch v. Maryland, 4 Wheaton 402, se declaró que El Pueblo de los Estados Unidos era soberano, que la Constitución y todos los poderes emanaban del mismo y que la Constitución fué creada como dice este pueblo en el preámbulo, para establecer una unión más perfecta. En el caso de Osborn v. Bank of the United States, 9 Wheat. 737, volvió otra vez la corte a declarar por conducto del Juez Presidente Sr. Marshall, que un ciudadano naturalizado se convierte en miembro de ]a sociedad y posee todos los dere-chos de un ciudadano nativo, y está desde el punto de vista de la Constitución, en el mismo nivel que un nativo, principio que fue reiterado en el caso de United States v. Wong Kim Ark, 169 U. S. 703. Las palabras “pueblo de los Estados Unidos” y “.ciudadanos” son términos sinónimos y signifi-can la misma cosa, Scott v. Sanford, 19 Howard, 404; United States v. Cruikshank et al., 92 U. S. 549; Boyd v. Thayer, 143 U. S. 159. En el caso de Hennessey v. Richardson Drug Co., 189 U. S. 25, la corte citó con aprobación un caso de Carolina del Norte, el de State v. Manuel, 4 Dev. & Bat, 20, 24, 26 en el que se dijo: “La palabra 'ciudadano’ según se en-tiende en nuestra' ley, es precisamente análoga a la palabra ‘subdito’ en la ley común, y el cambio de fraseología procede enteramente del cambio de gobierno. La soberanía fia sido traspasada de’ un fiombre al cuerpo colectivo del pueblo, y aquel que antes era un súbdito del Bey es afiora un ciuda-dano del Estado.”

Histórica y legalmente, como lo demuestran los casos ci-tados, la idea es que la total ciudadanía de los'Estados Uni-dos constituye el pueblo de los Estados Unidos, y que ser ciudadano es ser parte del poder soberano. La soberanía de' los Estados Unidos en su sentido objetivo fué fiecfia ex-tensiva a Puerto Bico por el Tratado de París. Sostenemos que en su sentido subjetivo, o como poder regulador fundamental, la soberanía de los Estados Unidos se fia fienfio ex-tensiva a Puerto Bico mediante la Ley Jones.

Se alega que los casos de Downes v. Bidwell, 182. U. S. 244, y el de United States v. Rasmussen, 197 U. S. 516; constituyen autoridades para sostener el criterio de que Puerto Bico no es un territorio incorporado, no obstante el fiecho en contrario de que en la Ley Jones se fiace la concesión de la ciudadanía colectiva. Hemos examinado estas decisiones con cuidado escrupuloso y no' encontramos en ellas nada que sostenga la teoría del Gobierno. Por el contrario creemos que la tendencia inevitable y fuerza de estas decisiones está necesariamente en favor de que Puerto Bico es afiora parte integrante de los Estados Unidos, como Lonisiana, Florida y otros Territorios antes de sn admisión como Estados y como Hawaii*, el Distrito de Columbia y Alaska hoy día. Antes de hacer una consideración de estos casos en que está envuelta la cuestión de la ciudadanía, hay otra cosa que ha de quedar establecida.

¿Existe alguna diferencia radical entre el efecto de un tratado de los Estados Unidos y úna Ley del Congreso? La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de De Lima v. Bidwell, 182 U. S. 1, ha contestado a esta pregunta en sen-tido negativo. En la opinión de la corte en la página 195 se citan los casos que sostienen que la corte ha de tener en cuenta tanto un tratado como una ley del Congreso; que es equivalente' a una ley de la Legislatura. En la opinión disidente que aparece en la página 215 se admite esto especí-ficamente, y, desde luego, como se demuestra en la opinión, página 195, la igualdad o equivalencia se deduce de la Cons-titución. La cuestión de si un tratado puede requerir a veces acción ulterior del Congreso está fuera de nuestro presente argumento.. Como si hay alguna diferencia ha de ser pre-ferida la ley del Congreso en la cual ambas Cámaras inter-vienen, de ahí se infiere necesariamente que cualquier regla-mentación interior que pueda efectuarse por virtud de un tratado, seguramente que también puede efectuarse por una ley del Congreso.

Pasemos a considerar el caso de Downes v. Bidwell. En dicho caso los jueces disidentes, 182 U. S. 347 et seq. (excep-tuando tal vez al Juez Sr. Harlan que aun fué más radical), expresan el criterio de que con la ciudadanía o sin ella la adquisición de un territorio y el establecimiento de un go-bierno organizado lleva consigo la Constitución. En- el caso de Bassmussen, 197 U. S. 516, dichos jueces disidentes, ex-ceptuando tal vez al Juez Sr. Harlan, estuvieron conformes con la opinión de la mayoría al declarar que la adquisición de un territorio, más la ciudadanía, más alguna acción del Congreso que pudiera ser qiiizás menos que un gobierno or-ganizado, era lo mismo que incorporación. La duda que hubo en el caso de Rassmussen fué si era necesaria alguna acción por parte del Congreso cuando de un modo claro confería la ciudadanía en el tratado.

Al considerar la opinión del Juez Sr. White en el caso de Downes v. Bidwell, 182 U. S. 287 et seq., creemos que es justo incluir también al Juez Sr. Gray con los jueces Señores Shiras y McKenna, porque el Juez Señor Gray manifestó que estaba conforme substancialmente con la opinión del' Juez Sr. White. Se llegó a un acuerdo de la última opinión por la mayoría de los jueces concurrentes y puede decirse que pasó a ser la opinión de la Corte Suprema debido a su acción en el caso de .Rassmussen y como creemos, por el caso de Dorrs v. United States, 195 U. S. 138. ¿Qué es lo que impide en dicha opinión concurrente que sea considerado Puerto Rico como un Te-rritorio doméstico para todos los fines? Nada quemo sea la falta de ciudadanía de sus habitantes. En las páginas 304, 305 y 306, la idea que se expresa es que la ciudadanía de los Estados Unidos debe estar protegida contra los ha-bitantes que no .están preparados en un territorio adquirido ■ nuevamente. La adquisición de un territorio no debe incor-porar a un pueblo. extraño y hostil, pág. 307. El Juez Sr. White niega la proposición de que millones de habitantes de un territorio extranjero pueden ser incorporados irrevocable-mente a los Estados Unidos sin el deseo o consentimiento del Pueblo de los Estados Unidos, páginas 312, 313. Sostiene que el territorio del Noroeste prácticamente no contenía más que ciudadanos en tanto se trataba de su población blanca, páginas 319, 321. El caso de Louisiana para él representaba un caso claro de incorporación de los habitantes del Territorio como ciudadanos de los Estados Unidos, páginas 322, 333. “Ciu-dadanía común,” eran las palabras del actual Juez Presidente. “Y los mismos derechos fueron conferidos de la misma ma-nera por la cual otros territorios habían sido incorporados anteriormente, esto es, otorgando los privilegios de- la ciuda-danía y los derechos e inmunidades que correspondían al te-rritorio del Noroeste,” página 333. En cnanto a la Florida no hubo diferencia esencial alguna y cualquier duda contem-poránea que hubiere habido ella quedó disipada mediante la acción del Gobierno en los tratados subsiguientes, páginas 334, 335, (si es que no lo fue en el caso de la American Insurance Company v. Canter, 1 Peter 511). Alaska contenía disposiciones para la incorporación por cuanto la ciudadanía fué conferida por el tratado, página 335.

“De aquí se deduce, por tanto, que cuando, un tratado no contiene condiciones de incorporación, y sobre todo, cuando no sólo no tiene tales condiciones sino que expresamente' prescribe lo contrario, la cuestión de incorporación no surge hasta que el Congreso en su sabiduría considere que el territorio adquirido ha llegado a un estado en que procede que deba entrar á formar parte de la familia americana,” página 339. Es a los habitantes a que se refiere el Juez Sr. White. Ellos alcanzan el deseado “estado,” no el territorio.

“Me parece que no es necesario examinar más el pre-cepto de la Ley (Ley Foraker) en vista del hecho de que según fué informada dicha ley por el comité, ella contenía un precepto concediendo la ciudadanía a los habitantes de Puerto Rico que fué eliminado en el Senado,” dice el Juez Sr. White, pág. 341, después de haber hablado' de la incor-poración.

Pero si quedara alguna duda acerca de la opinión del Juez Sr. White, ésta desaparece al leerse el caso de United States v. Rassmussen. En ese caso se sostiene que la adquisición de un territorio y la ciudadanía es prácticamente incorpora-ción, por lo menos con algún reconocimiento del Territorio por el Congreso.

El Juez Sr. Brown que emitió nominalmente la opinión de la córte en el caso de Downes v. Bidwell, dijo lo siguiente en la página 279: “Somos también de opinión de que el poder de adquirir un territorio no sóio implica la facultad de gober-nar dicho territorio, sino la de prescribir las condiciones en que los Estados Unidos reciben a sus habitantes y cuál ha-brá ele ser su status en lo que el Juez Presidente Sr. Marshall denomina ‘el Imperio Americano.’ No existe al parecer tér-mino medio entre esta posición y la doctrina de que si sus habitantes no quedan convertidos inmediatamente por virtud de la anexión en ciudadanos de los Estados Unidos, sus'hijos nacidos después, ya sean salvajes o civilizados, son tales ciu-dadanos, con derecho a todos los privilegios, derechos e inmu-nidades de los ciudadanos.” El Juez Sr. Brown sostenía que no podía ir la ciudadanía a los habitantes ni a sus hijos por la adquisición de un territorio. La diferencia que establecía era la falta de ciudadanía, parecer que ha sido confirmado en su opinión concurrente en el caso de Rassmussen. En esa opinión sostuvo que era necesaria una acción más formal por parte del Congreso pero él encontró esa acción formal en la Ley para Alaska que entonces se consideraba, y que' la corte declaraba anticonstitucional en tanto se trataba en ella de proveer un jurado inadecuado para ese territorio. Para el Juez Sr. Brown los elementos esenciales para la incorpora-ción eran la adquisición del territorio, la ciudadanía de sus habitantes y .el gobierno organizado. Encontró que todos estos elementos existían en cuanto a Alaska. Cada uno de los demás jueces que intervinieron en el caso de Downes v. Bidwell hubieran estado satisfechos con algo menos. Todos dichos tres elementos existen en Puerto Rico si es que entendemos la-concesión hecha de la ciudadanía. El caso de Downes v. Bidwell no milita contra la teoría de la incorporación. La sostiene, y el caso de Rassmussen creemos que deja resuelta la cuestión. La ciudadanía fué conferida por el Congreso y el efecto de una concesión hecha por una ley es igual, si na superior, a la misma concesión hecha por un tratado.

De sugerirse que es necesaria una fórmula determinada, esto se niega por todos los jueces que tomaron parte en el caso de Rassmussen, incluyendo al Juez Sr. Brown. Dice la corte en las páginas 526, 527 de la opinión:

“El argumento por virtud del cual se pretende eludir la fuerza decisiva de los casos que acaban de citarse, es que cuando fueron re-sueltos había legislación del Congreso por la que se extendía la Cons-titución al Distrito de Columbia o al territorio en particular a qué. haya podido referirse un caso; pór tanto, debe considerarse que las decisiones han procedido fundadas solamente en el estatuto y no en la aplicación inherente de los preceptos de la Quinta, Sexta y Séptima Enmiendas, al Distrito de Columbia o a un territorio no ineorporadoY en la idea de que los casos se distinguen del presente por el motivo-que acaba de expresarse, continúa el argumento insistiendo en que la Sexta Enmienda no es de aplicación al caso de Alaska, porque el artículo 1891 de los Estatutos Revisados sólo hace extensiva la Cons-titución a los Territorios organizados en los cuales no está compren-dida Alaska.
“Aunque está bien fundada la presente respecto a la existencia de la legislación que declara que la Constitución es extensiva a los territorios a que respectivamente se referían los casos, la conclusión que se infiere de ese hecho no está justificada.- Sin tratar de exa-minar en detalle la opinión en los varios casos, a nuestro juicio re-sulta claramente de los mismos que se fundaban sustancialmente en la proposición de que - cuando el territorio es parte de los Estados Unidos sus habitantes tenían derecho a las garantías de la Quinta, Sexta y Séptima Enmiendas, y que la ley o leyes del Congreso qué' trataban de extender la Constitución fueron consideradas como me-ramente declaratorias de un resultado que existía independientemente por la aplicación inherente de la Constitución. Es verdad que en algunas de las opiniones se hizo referencia a la aplicación de la Cons-titución y a los preceptos estutorios que declaran tal aplicación, pero en otras no se hizo alusión alguna a dichos estatutos y los ca-sos se fundaron en una línea de razonamiento que no deja lugar a sostener otro criterio que no sea la conclusión de que la corte se basó en la aplicación eficaz por sí misma de la Constitución, Sprinville v. Thomas, 166 U. S. 707; Thomson v. Utah, 170 U. S. 343; Capital Traction Co. v. Hof, 174 U. S. 1; Black v. Jackson, 177 U. S. 349;" la corte analiza los casos citados.

Pero si es necesaria una fórmula particular, ésta se nos da en la Ley Jones. La corte en el caso de United States v. Rassmussen, 197 U. S. 522, dice lo siguiente:

“El tratado referente a Alaska en vez de mostrar, como se hizo en el tratado relativo a las Islas Filipinas, la determinación de re-servar la .cuestión del status del territorio-adquirido para la'ulterior acción del Congreso, manifestaba nna intención contraria’puesto que ^n él se declara expresamente .en el artículo 3, lo siguiente:
“ ‘Los habitantes del territorió cedido serán admitidos a gozar de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de lós Estados Unidos, y se les mantendrá y protegerá en el libre goce de su libertad, propiedad y religión.’
“Esta declaración aunque algo cambiada en su fraseología, es equivalente, como se ha indicado en el caso de Downes v. Bidwell, a la fórmula empleada desde el principio para expresar el propósito de incorporar un territorio adquirido a los Estados Unidos, especialmente a falta de otras prescripciones que demuestren una intención con-traria. Y fue sin duda este hecho unido a la subsiguiente legislación del Congreso lo que indujo a expresar lo siguiente' con respecto a .Alaska en la opinión de tres, si no de cuatro de los jueces que estu-vieron conformes con la sentencia confirmatoria en el caso de Downes v. Bidwell (pág. 335).
“Sin hacer referencia en particular a la adquisición que de Alaska hicimos a Rusia es bastante con decir que también ese tratado contenía disposiciones para la incorporación y se procedió con él de acuerdo exactamente con la interpretación práctica aplicada en el caso de la-adquisición de Méjico' como acaba de expresarse. ’ ’

, Las palabras de la Ley Jones son aún más terminantes,: e‘ Todos los ciudadanos de Puerto Pico * * * se declaran por la presente ciudadanos de los Estados Unidos, y serán considerados y tenidos como tales.” La ley no dice, como se dijo en el tratado de Alaska, que los habitantes tendrán los privilegios de los ciudadanos. Los declara ciudadanos in-mediatamente. La asociación de los habitantes de Puerto Pico con El Pueblo de los Estados Unidos se hace por com-pleto. El pueblo del Continente de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Pico son ciudadanos de un país común para los dos.

Se ha alegado por el Gobierno que la Ley Jones no con-tiene una concesión absoluta de la ciudadanía por razón de la disposición que en ella permite hacer renuncia de la misma dentro de seis meses. Si bien es cierto que, entre .otras, se han' establecido' en los libros distinciones entre adultos y me-ntores, hombres’ y mujeres, cuerdos y locos, sin embargo, no existen en los Estados Unidos grados de ciudadanía. La ley-otorga nna ciudadanía colectiva y es materia de historia con-temporánea de que antes de que fuese definitivamente resuelta por el Congreso estuvo pendiente la cuestión de si habría de ser la ciudadanía colectiva ó la electiva la' que habría de concederse. En los primeros pasos de la situación hubo una tendencia hacia la concesión en forma opcional. Este pro-blema pudo no haberse solucionado cuando la Ley'Jones tomó forma al principio. Si hubiera prevalecido la tendencia ini-cial y la ciudadanía hubiese' sido ahora solamente conferida a aquellos que pasaran por una especie de matrícula, el ar-gumento hubiese tenido alguna fuerza. Sin embargo, la ciu-dadanía finalmente concedida efecta al cuerpo total del pueblo de Puerto Rico igualmente y no puede distinguirse de la. ciu-dadanía de los Estados Unidos. ’ Aun cuando la declaración de independencia no forma parte' de nuestro derecho escrito sus tradiciones han sido lo bastante para impedir cualquier distinción en nuestros ciudadanos. Siendo ello cierto noso-tros no podemos, especialmente en ausencia de alguna dis-posición semejante a la de la cláusula prohibicionista de la ley, imputarle al Congreso una intención de conceder una ciu-dadanía restringida. Sólo les permite a los que no la renun-cien el retener su status de acuerdo con el Bill Foraker. La disposición debe ser tomada mejor como una condición sub-siguiente o revocación, y la ciudadanía colectiva en todo caso será aplicable hasta que tal condición o revocación tenga lu-gar. Oregon & California Railroad Company v. United States, 238 U. S. 231, 239. Pero sería absurdo suponer que el Congreso tenía in menti una ciudadanía sujeta a tal revo-cación.

La ley contempla una ciudadanía no restringida. Los funcionarios deben ser ciudadanos, artículo 10. Los electo-res deben ser ciudadanos, artículo 35. El Comisionado Re-sidente en Washington debe ser ciudadano, artículo 36.

Existen ciertos datos o indicios que se supone que' anulan la concesión de la ciudadanía y que impiden la incorporación. El primero entre éstos es el de que la Ley Jones en la “De-claración de Derechos,” artículo 2, menciona prácticamente cada nno de los privilegios e inmunidades garantizados por las diez primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos pero omite la presentación de la acusación por el gran jurado y el juicio por jurado. Surgiendo como surge la incorporación de la ciudadanía, no existe fuerte incon-gruencia en que se mencionen y acentúen ciertos derechos, precisamente los más fundamentales,, y se prescinda de men-cionar otros que también son consecuencia de-la incorpora-ción. De todos modos la concesión de la ciudadanía es ine-quívoca y toda la ley debe ser interpretada en sentido favorable al concesionario. Esta es la regla de la Ley Común de Inglaterra para escrituras y concesiones. En los casos de franquicias y cosas semejantes, el público está interesado y se consideran en contra del concesionario. Pero El Pueblo de los Estados Unidos no tiene ningún interés en excluir de la incorporación la ciudadaníá común de los Estados Unidos. La concesión de la ciudadanía destruye cualquier otra expre-sión dudosa en cuanto.a la intención. El Congreso no puede conceder la ciudadanía a los habitantes de un Territorio or-ganizado y al mismo tiempo privarles de los privilegios de la ciudadanía.

La sección 1891 de los Estatutos Revisados ha sido men-cionada. Es aplicable a los Territorios incorporados auto-máticamente y el hecho de' que el Congreso solo hizo mención en la Ley Jones de las leyes estatutorias de los Estados Uni-dos no requiere que sea de aplicación la máxima expressio unius est exclussio alterius. La sección 1891, para los fines del argumento, puede ser desatendida y carece de fuerza.

El suministrar un distinto sistema de rentas cuando dichas rentas pasan a la tesorería del país no es cosa rara tratán-dose de un Territorio incorporado. Binns v. United States, 194 U. S. 486.

El disponer cualquier sistema diferente de derechos po-líticos está asimismo dentro de los poderes del Congreso. Murphy v. Ramsey, 114 U. S. 15 y casos citados; Mormon Church Case, 136 U. S. 1. Casos insulares, passim.

La exclusión de la Ley de Comercio entre Estados y la de Instrumentos de Seguridad probablemente estaba dentro de las facultades del Congreso. Las condiciones locales son diferentes en este Territorio. Ponce Lighter Co. v. Municipio de Ponce et al., 19 D. P. R. 760; y El Pueblo de Puerto Rico v. Central Fortuna, 22 D. P. R. 106. De haber alguna duda los preceptos particulares tendrían ' que' considerarse anticonstitucionales. Que los preceptos particulares pueden ser declarados en tal sentido es ley corriente y de esa clase fué la sentencia en el caso de Rassmussen.

La historia de la incorporación de los Territorios de los Estados Unidos ha sido marcada en las Decisiones Insulares y en el caso de Rassmussen. También ha sido objeto de una razonada y extensa opinión emitida por el Juez Hamilton en el caso de Carlos Tapia resuelto recientemente. Consi-derados los antecedentes y especialmente' el casó de Rassmus-sen resulta, pues, que aunque algunos de .los Jueces de la Corte Suprema han declarado que algo menos es suficiente, todos están contestes en que la adquisición de un territorio, más la ciudadanía, más el gobierno organizado, es incorpo-ración. En Puerto Rico la única diferencia es que la ciuda-danía fué la última concesión. Sostener que la incorpora-ción no ha llegado todavía aquí es decir que la adquisición de un Territorio, más el gobierno organizado, más la ciudada-nía en el caso de Puerto Rico no es igual a la adquisición de un Territorio más la ciudadanía, más el gobierno organizado, el caso de Alaska, o lo que es lo mismo, negar la verdad al-gebráica de que a-\-b-\-c — a-\-c-\-b:

Una de las consideraciones que quizás es la más impor-tante la hemos dejado para lo último. La teoría de aquellos que sostendrían que Puerto Rico no ha sido incorporado de-pende para su. validez del estado de cosas creado por el Tra-tado de París. ' Creemos también que no se'- ha llegado a comprender el alcance de las Decisiones Insulares. En ellas se estableció solamente que bajo el Tratado.de París nin-guno de los territorios insulares podía ser incorporado basta que el Congreso actuara sobre el particular. No se dijo, y lo niegan los becbos y los precedentes bistóricos, que la apli-cación de toda la Constitución a un determinado Territorio de-pendía únicamente o siempre del Congreso o mucbo menos de una expresión no dudosa por parte del Congreso. Lord Mansfield dijo' bace mucbo tiempo que cuando un estatuto había quedado oscurecido en su significación debido a la in-terpretación, era conveniente retroceder al estatuto. Las pa-labras positivas y particulares que diferenciaban al tratado de los anteriores tratados-eran las siguientes., “Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se deter-minarán por el Congreso.” En estas palabras no hay alu-sión alguna al Territorio como tal. Los habitantes del Te-rritorio estaban en la mente de las altas partes contratantes. Si predominaba el tratado lo único que se dejaba al Congreso era el determinar los derechos civiles y condición política de los habitantes naturales. Por tanto, dijo la Corte Suprema, basta que actúe el Congreso no hay incorporación. Pero el Congreso controla siempre el status político de un Territorio, bien sea incorporado, ya organizado o dependiente meramente. Pero el Congreso en la fecha del caso de Downs v. Bidivell acababa de declarar que Puerto Pico era un Territorio or-ganizado. El Congreso puede determinar los derechos po-líticos de un Territorio aun cuando esté habilitado exclusi-vamente por ciudadanos. Pero, la Corte Suprema dijo nue-vamente en los Casos Insulares que el Congreso no había ac-tuado sobre los derechos civiles de los habitantes. No los había hecho ciudadanos. Pero así lo hizo el Congreso en marzo 2 de 1917, y debe presumirse concluyentemente que el Congreso tuvo presente todas las consecuencias de sus actos. La. Ley Jones es por sí completa en su forma. Si hubieran sido sustituidos los artículos 2, 3, 1 y 5 de la Ley Jones por el- artículo 7 de la Ley Foraker, no podemos imaginarnos que la Corte Suprema, en vista de la concesión de' la ciudadanía, no hubiera dicho a la fecha de los Casos Insulares que el Con-greso había agotado el poder restante1 como le había sido con-ferido o dejado a él por virtud del tratado. Los derechos de los habitantes están completamente definidos por la con-cesión de la ciudadanía. Son los mismos que aquellos de los ciudadanos dé los Estados Unidos pues los habitantes son tales ciudadanos.

La Enmienda Quinta es necesariamente aplicable a un te-rritorio incorporado. United States v. Rassmussen, 197 U. S. 616, supra, y casos citados. Callan v. Wilson, 127 U. S. 540; Thompson v. Utah, 170 U. S. 343; Capital Traction Co. v. Hof, 174 U. S. 1.

Se nos pide que anulemos este auto porque la legislatura no ha tenido oportunidad de establecer el gran jurado. Nos inclinamos a convenir con el Fiscal Ueneral en que la legis-latura que va a reunirse en agosto es- la verdadera legislatura del territorio incorporado. Se nos llama la atención hacia el caso de Hawaii v. Mankichi, 190 U. S. 197, como autoridad para la validez de los procedimientos en el caso pendiente ante este tribunal. Una de las diferencias notables es que. Hawaii había sido una soberanía completa e independiente y la corte interpretaba la intención de dos soberanías en cuanto a la fecha en que debía ser aplicable la Constitución de los Estados Unidos a Hawaii. En aquel caso el prisionero ha-bía sido condenado como lo habían sido otros. Bajo la Ley Jones el privilegio de la Constitución fué consigo inmedia-tamente y el peticionario como ciudadano tiene derecho al mismo. Pero aun suponiendo que el caso de Hawaii v. Mankichi pudiera servir de autoridad para sostener una con-vicción obtenida antes de que la legislatura tuviera oportu-nidad de actuar, no vemos razón, en el presente caso, en que no ha habido juicio para no conceder al peticionario el pri-vilegio que invoca.

. Por estas razones la acusación- y todos los procedimientos subsiguientes en el caso, deben ser anulados.

'Con lugar la solicitud y anulada la acusación ' y todos los procedimientos subsiguientes. '

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Iíutcliison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Marrero, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección Segunda, en causa por daños maliciosos.
    No. 1187.
    Resuelto en julio 13, 1917.
    Denuncia. — Juramento de la Denuncia — Rkma del Funcionario Autori-zante. — Cuando el denunciado no suseita en la corte municipal ni en la de '' distrito al celebrarse el juicio de nuevo en grado de apelación, la cuestión' de ., que la denuncia no está debidamente jurada por no aparecer firmada por funcionario alguno, es demasiado tarde para promoverla por primera vez en apelación ante el Tribunal Supremo..
    DaSos Maliciosos — Insuficiencia de la Prueba — Malicia—Intención Criminal. — Cuando del conjunto de la prueba de cargo, no robustecida por la de /' defensa, 'en denuncia por daños maliciosos en que se imputa al denunciado que voluntaria y maliciosamente amarró un becerro de uno de los palos de toronja de la denunciante, el cual destruyó, resulta que si el becerro causó '" daños en la propiedad no fueron producidos por un acto malicioso del denun-ciado, ni tampoco que sean consecuencia de un aeto intencional suyo por no haberse asegurado que él echara el becerro en la finca en situación de producir daños, ni que lo amarrara al árbol de toronjas, ella es insuficiente para sos-tener una condena.
    Abogado-del apelante: Sr. Ramón S. Pesquera.

    Abogado del" apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los becbos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal-.

El primer motivo en que'se apoya el apelante José Ma-trero para pedir la revocación de la sentencia' que lo condebó es que la corte inferior no tuvo jurisdicción para juzgarlo porque la denuncia que se presentó en la Corte Municipal de Bayam'ón contra él no está debidamente jurada, porque si “bien dice “jurada ante mí boy 24 de julio de 1916,” no apa-rece firmada por el Juez de Paz ni por funcionario alguno, aunque se leen al final las palabras “Juez de Paz del Dorado.” El apelante no suscitó esta cuestión en la Corte Municipal de Bayamón ni en la Corte de Distrito de San Juan al cele-brarse el juicio de nuevo en grado de apelación y es demasiado tarde para promoverla abora por primera vez. El Pueblo v. Noble, 9 D. P. R. 388; El Pueblo v. Rivera, 19 D. P. R. 1144; El Pueblo v. Carrasquillo, 22 D. P. R. 137 y El Pueblo v. París, (pág. 111).

Terminada la prueba por el Fiscal en la corte inferior solicitó el denunciado que se le absolviera por ser insuficiente pará condenarle (non suit) siendo rechazada su pretensión, y aunque presentó prueba en su defensa nada resulta de ella que robustezca la del Fiscal, por lo que hemos de considerar si aquélla es suficiente para sostener la condena del apelante. El Fiscal de esta Corté Suprema nos h'a pedido que revoque-mos la sentencia por falta de prueba y opinamos que tiene razón.

La denuncia por daños maliciosos, imputó al apelante que voluntaria y maliciosamente amarró un becerro de uno de los palos de' toronja de la denunciante, el cual destruyó.

• De la declaración de la denunciante aparece que no sabe quién amarró el becerro, propiedad del denunciado; que' el toro, que tendría ún año, estaba vagando por su finca, rompió la corteza del árbol y no vió que ninguna persona lo amarrara o lo echara en la finca.

Luis Rivera, empleado de -la denunciante, encontró el no-villo atado debajo de un árbol; que el daño que hizo fué en el pasto; que ]a denunciante mandó al testigo a donde el denun-ciado José Marrero para decirle'-que. le mandara un dólar-o enviaba el becerro al depósito; que el animal era pequeño, que mamaba y que no vió que el acusado amarrara o echara el animal en la finca.

Otro testigo del Fiscal, nombrado W. A. Hntton, nada sabe, y el último testigo Valentín Santana, empleado también de la denunciante, declaró que el novillo estaba atado al árbol, “enredado a la vuelta redonda, que. no lo había amarrado nadie, sino- enredado a la vuelta redonda, que se babía enre-dado nada más ’ ’ y que' no sabe quién lo puso allí.

Del conjunto de esta prueba del Fiscal resulta que si el becerro del demandado causó daños en la propiedad de la denunciante1 no fueron producidos por un acto malicioso del apelante, pues no se desprende tal cosa de la prueba, ni tam-poco serían consecuencia de un acto intencional suyo, pues nadie1 asegura, que él echara el becerro en tal finca en situa-ción de producir daños, ni que lo amarró al árbol de toronjas, hecho que tampoco resulta que ocurriera en vista de la de-claración del último testigo.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    Fritze, Lundt & Co., Sucs., Demandantes y Apelados, v. Paniagua, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte del Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1572.
    Resuelto en julio 13, 1917.
    Oobbo de Pesos — Cuenta Liquidada — Pbueba' Suficiente.- — En este caso, que es una acción en cobro de dinero, la prueba demuestra que el demandado tomaba a la demandante materiales de construcción para pagarlos de contado, pero que no lo hacía; que se le llevaba una cuenta en que se anotaban sus pedidos y los abonos que por ellos hacía; que se le comunicó la liquidación de la deuda y uo Mzo objeción a ella; que posteriormente a la liquidación de la cuenta y a la radicación de la demanda el demandado Mzo cierto abono sin que se cargara nada al debe. Se resolvió: que tratándose como se trata de una cuenta liquidada, la prueba presentada es suficiente para sostener la sentencia apelada.
    Abogados del apelante: Sres. Teccidor y Martínez Alvarez.

    Abogados del apelado: Sres. Martínez & .Triarte. .
   Los lieclios están expresados én la opinión.

El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil Fritze, Lnndt & Co., Sucesores, pre-sentó demanda en 27 de abril de 1915 en la Corte de Distrito de San Juan contra Martín Paniagua reclamándole el pago de $642.43 por materiales de construcción vendídosle de'con-tado en y antes de la primera quincena de febrero de 1915, por no haberlos pagado en todo ni en parte a pesar de los requerimientos de cobro que se le habían hecho.

El demandado contestó en 3 de mayo de 1915 negando .que se le hubieran vendido materiales en el mes de febrero de 1915 por valor de $642.43 y alegó como defensa que hacía más de un año que tomaba al demandante materiales de cons-trucción habiéndole abierto una cuenta corriente en la que hacía abonos y que desde el 24 de abril de 1915 había hecho los abonos que especifica, los que entiende habían sido abo-nados a su cuenta. Alegó también que tenía un convenio con el demandante'para abonar cantidades parciales en su cuenta, la que no ha sido liquidada, y que en 22 de abril el deman-dante le pidió .que pagara la totalidad de su cuenta que ale-gaba ascender a $742.43 y le concedió para el pago hasta el 30 de abril de 1915.

El demandado también formuló una contrademanda re-clamando daños y perjuicios pero prescindiremos de ella en vista de que fué negada por el demandante y de que no se pre-sentó evidencia alguna para probarla.

En el acto del juicio, qué tuvo lugar -el día 24 de febrero de 3916, rebajó la demandante su reclamación a $559.55 y pre-sentó su prueba; la parte demandada solicitó que en vista de ella se dictara sentencia absolutoria (non suit) la que. pa-rece que la corte no resolvió, pero habiendo renunciado a presentar prueba recayó sentencia condenándole al pago de los $559.55 reclamados contra la cual interpuso este recurso de apelación en el que presentó su alegato para apoyar.su re-curso, sin que lo baya presentado la parte apelada ni con-currieran los abogados de las partes a la vista de la apelación.

La cuestión pues a resolver es si las pruebas presentadas por el-demandante sostienen la sentencia que declaró con lugar la demanda y condenó al demandado. ■

En el juicio compareció Carlos H. Preston, empleado de los demandantes y presentó, y fueron admitidas sin objeción, una cuenta corriente del demandado con la sociedad deman-dante, varias órdenes de entrega de materiales firmadas por aquél y dos cartas.

La cuenta corriente comienza en 29 de diciembre de 1914 y arroja basta mediados de’ febrero de 1915 un debe de $1,161.13 contra un baber que comienza en febrero 8 de 1915 y termina en septiembre 2 del mismo año con un balance en contra del demandado de $559.55. De la cuenta aparece que ios abonos a que se refiere la contestación le fueron hechos al demandado. Las cartas son: una, dirigida al demandado en marzo 6 de 1915 comunicándole que tiene un saldo en contra de $892.43 y le ruegan que a lo menos les remese $493.40 por los materiales facilitados en el mes de enero; la otra es del demandado a la demandante, fechada en 9 de marzo de 1915, participándole en contestación a la anterior que del día 13 al 17 podría atenderles y que dispensaran la demora.

EL expresado testigo declaró manifestando que el deman-dado no ha pagado el saldo de $559.55 y que nunca ha ma-nifestado su inconformidad con dicho saldo: que después de presentada la demanda visitó el demandado la casa de la de-mandante y pidió que retiraran la demanda y manifestó - que él pagaría la totalidad, pero continuó aquella porque no que-ría pagar las costas ni tampoco la demandante: que en marzo 6 de 1915 el saldo adeudado era de $892.43 pero que en marzo 20 se les hizo un abono de $150, en abril 22 otro de $100 y el último es de septiembre 2 de $82.88 por unos sacos vacíos que devolvió después de presentada la demanda: que la cuenta era pagadera de contado y que como no la satisfizo se dió orden de no fiarle más.

Opinamos que la prueba relacionada, que fué toda la pre-sentada en el juicio, e's suficiente para sostener la sentencia apelada. El demandado tomaba los materiales para pagar-los de contado pero no lo hacía y se le llevaba una cuenta en que se anotaban sus pedidos y los abonos que poi; ellos hacía. Esa deuda podía por tanto reclamarse en cualquier tiempo y su liquidación era únicamente una operación arit-mética de resta entre 'el debe y el haber. La liquidación se le comunicó en marzo 6 de 1916 y no hizo objeción a ella y la diferencia que existe entre aquélla, la reclamada en la de-manda y la definitivamente fijada en el juicio se debe a abonos posteriores hechos por el demandado. Lo del plazo conce-dido por la demandante al demandado para pagar, posterior a la presentación de la demanda, no fué probado. La cuenta fué liquidada en marzo 6 y la liquidación aceptada por el de-mandado en su carta de marzo 9 y el hecho de que después se abonaron cantidades pagadas por el demandado, sin car-gar nada al debe, no quita su carácter de cuenta liquidada a la que se reclama.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ciados Wolf, del Toro y Hutchison.