author: Bi Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    Cándido Hernández, demandante y apelado, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, Etc.; Jurado del Hipódromo Quintana, Etc., y Jurado del Hipódromo Las Monjas, Etc., demandados y apelante la primera.
    Núm. 6655.

    Sometido: Noviembre 26, 1935.

      Resuelto: Mayo 29, 1936.

      Diego O. Marrero, abogado de la apelante; J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelado.
   Bi Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El jurado del Hipódromo Quintana sospechó que Cándido Hernández, un jockey, había corrido dos carreras irregular-mente. Se le absolvió definitivamente de tal cosa en una de las carreras. El jurado se reunió y deliberó sobre el otro caso, le halló culpable de irregularidades y le suspendió de ulteriores servicios como jockey por espacio de ocho se-manas. El radicó un pleito de injunction ante la Corte de Distrito de San Juan alegando que no había sido debida-mente notificado de ninguna sesión del jurado y de que no se le había dado oportunidad para defenderse. Luego de un juicio la Corte de Distrito de San Juan libró un auto de injunction dirigido a los jurados de ambos hipódromos or-denándoles, en' efecto, que se abstuvieran de impedirle que corriera como jockey. El pleito fué dirigido contra la Co-misión Hípica y contra los miembros del jurado de ambos hipódromos.

Entre los varios errores señalados se alegó que el jurado en realidad notificó a Cándido Hernández y le dió la ■oportunidad de defenderse. Uno de los testigos dijo en la corte que en estos asuntos el jurado tiene que actuar rápidamente entre carreras. Mas el jurado no actuó rápidamente en el presente caso. Celebró una sesión, y oyó a varios testigos sin estar presente Cándido Hernández o sin •que se le notificara. Después de oír a estos testigos y posiblemente antes de examinar a un señor de apellido Alicea, .se mandó a buscar a Cándido Hernández. Aparentemente ■después de haberse terminado con el examen de Alicea, suponiendo que éste hubiese sido interrogado en presencia de Hernández, el Presidente del Jurado hizo a Hernández una pregunta específica respecto a por qué le había cruzado por ■dentro a otro caballo de cierto modo y después que Cándido Hernández había explicado o tratado dé explicar, dicho pre-sidente, sin consultar más con sns asociados, le dijo a Her-nández qne quedaba suspendido por ocho semanas. Se hace evidente inmediatamente que antes de examinarle o de darle una oportunidad para explicar, el jurado ya tenía criterio formado. Los autos no revelan que Cándido Hernández tu-viera otra oportunidad de defenderse o de ser oído.

La ley que regía el hipismo en Puerto Eico en la época en que ocurrió este caso, lo era la núm. 11 de 1932 (pág. 195), que autorizaba a la Comisión Hípica Insular a formular ciertas reglas y a delegar poder para actuar a un jurado designado por la Comisión para la supervisión directa de las carreras. Al amparo de la facultad concedí dale por esta ley, la Comisión Hípica formuló la regla 96 para los jurados, el inciso (h) de la cual lee así:

(h) Antes de imponer castigo alguno, deberá practicar, basta donde sea posible, una investigación de los hechos denunciados, to-mando todas las declaraciones bajo juramento y dando la oportu-dad al querellado de ser oído en su defensa.”

Convenimos en que no fue la intención de los redactores de dicho inciso que se observaran todas las solemnidades de un juicio. El jurado de un hipódromo no está en condicio-nes de celebrar un juicio completo. Estamos muy conven-cidos de que se exigían muchas menos formalidades. Cree-mos que bastaría que los- testigos y el acusado fuesen cita-dos, juramentados y examinados de manera informal y que se le diera al jockey la oportunidad de llamar a otros testi-gos, quizá a algunos de los otros jockeys que tomaron parte en la carrera. Sea esto como fuere, al demandante apelado no se le dió oportunidad para defenderse. Lo que le sucedió a Hernández fué algo más parecido a lo que ocurre a la ter-minación de ciertos juicios criminales, cuando la corte le pregunta al acusado si tiene alguna razón que alegar para que no se dicte sentencia. Si procede un injunction por de-jar de cumplir con las disposiciones de la regla 96 supra, éste es un caso que claramente cae bajo la misma.

La apelante Lace varios señalamientos de error, to-dos al efecto de qne no procede nn injunction. Una de las razones fné qne el verdadero remedio lo era nna acción de daños y perjuicios. Considerando el daño qne se le hace a la repntación del jockey y la demora en nn jnicio de daños y perjuicios, y por otras razones, tal pleito evidentemente es inadecnado. Además, sería difícil saber cómo entablar semejante pleito y contra qné personas.

Creemos qne el derecho o los derechos qne asisten al ape-lado son extraordinarios. No se le da remedio específico ni bajo la ley ni bajo el reglamento. En realidad, en casos de esta índole, el estatnto prohíbe nna apelación ante la Comi-sión Hípica o ante las cortes. Por tanto, creemos que las disposiciones del artículo 677 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) qne lee como signe, son aplicables:

“Artículo 677. Puede concederse un injunction en los siguientes casos:
“1.
“2. Cuando de la petición o declaración jurada resultare que la comisión o continuación de algún acto, durante el litigio, habrá de causar pérdidas o daños de consideración o irreparables a alguna de las partes.
“3. . .
“4. Cuando una compensación pecuniaria no habría de propor-cionar adecuado remedio. .
“5. Cuando fuere sumamente difícil precisar la cuantía de la compensación que habría de proporcionar remedio adecuado.
"6.
"7.

El apelado no presentó alegato sobre esta cuestión, pero radicó nna moción para desestimar. La moción se basa en gran parte en el hecho de qne el recurso es académico, toda vez qne la cuestión suscitada no podía suceder nuevamente debido a ciertas reformas recientes en la ley. No vemos qne el presente recurso sea académico, mas no es necesario que prestemos al asunto gran consideración ya que hemos deci-dido el mismo en favor del apelado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Alvarez Pesante, acusado y apelante.
    Núm. 5883.

    Sometido: Febrero 18, 1936.

      Resuelto: Mayo 29, 1936.

      Miguel A. García Méndez y Juan Esteves Gómez, abogados del ape-lante; IR. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

No fue hasta el momento en que se celebraba el juicio del caso de portar armas que el acusado suscitó la cuestión de que habían transcurrido más de • sesenta días entre la fecha en que se radicó la acusación y la del supuesto arresto. La corte de distrito declaró sin lugar la moción de archivo y sobreseimiento. El fiscal de distrito sostuvo que la moción de archivo era demasiado tardía al ser presentada el día del juicio, y estamos de acuerdo. Véase Pueblo v. Ortiz, 46 D.P.R. 1. Naturalmente, existe un número de de-fensas contra tal moción, que el fiscal de distrito pudo tal vez presentar, y cuando el acusado permite que la corte señale el caso, cite los testigos y tome quizá otras medidas, él re-nuncia a cualquier derecho que pudiera haber tenido a que se sobreseyera el caso.

También sucedió que el acusado había dado varios pasos después de haber expirado el período de sesenta días, que demostrarían o tenderían a demostrar una renuncia, como por ejemplo, al leérsele la acusación, hizo la alegación de inocente.

Estas consideraciones resuelven el primer señalamiento de error.

El segundo señalamiento lee así:

“La corte cometió manifiesto error al dictar sentencia en contra del acusado en ausencia de prueba bastante para sostener las ale-gaciones de la acusación.”

En apelación el acusado da énfasis a que no se demostró que en realidad portaba un arma. Hubo fuerte prueba ten-dente a demostrar que el acusado hizo un disparo y ésta era evidencia circunstancial que tendía a probar que poseía una pistola o revólver; cuál, carece de importancia. Uno de los testigos declaró haber visto el cañón de un arma y otra testigo no solamente oyó los disparos, sino que declaró que vió el arma.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Miguel J. Arzuaga, demandante y apelado, v. Cándido Ramírez Muñoz, demandado y apelante.
    Núm. 7077.

    Sometido: Diciembre 11, 1935.

      Resuelto: Mayo 29, 1936.

      Llorens Torres & O’Neill, abogados del apelante; González Fagundo & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Luego de nn procedimiento sumario al amparo de la Ley Hipotecaria en que el acreedor hizo que se le adjudicase la finca hipotecada, este último inició un pleito de desahucio y obtuvo sentencia a su favor. En apelación las partes han discutido el derecho de hogar seguro reclamado por el deudor. El apelado sostiene que no se suscitó defensa alguna de hogar seguro en la contestación. Durante el curso del juicio sucedió que el demandado reclamaba el derecho de hogar -seguro y demostró que había hecho la reclamación en el procedimiento ejecutivo de manera que, en oposición á la reclamación del demandante, se presentó esta defensa. La contestación, de ser necesario, pnede considerarse como en-mendada. El pleito fue uno entablado en precario y el ape-lante sostiene que cuando existe un derecho insoluto de hogar seguro, el deudor no posee en precario.

La sección 4 de la Ley de Hogar Seguro dispone:

“Que no se hará venta alguna, por virtud de sentencia o ejecu-ción, de ninguna estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, cuando se reclamare u ocupare dicha finca como homestead, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos dollars ($500). En caso que dicha es-tancia, plantación o predio de terreno y los edificios en el mismo, se vendieren por más de quinientos dollars, el excedente sobre la suma últimamente citada, se pagará al acreedor y la suma de $500 se pa-gará al deudor, y estará libre de ejecución en virtud de sentencia o decreto por un período de treinta días; Disponiéndose, que esta sección no será de aplicación a ninguna venta que se haga para obli-gar al pago de contribuciones que adeude dicha propiedad, o a la deuda o gravamen incurrido para (por) la compra de la misma, o para las mejoras que en ella se hicieren, o cuando se hiciere dicha venta en virtud de traspaso en que se haga renuncia de la exención que dispone la sección 3 de esta Ley, ’ ’

A tenor de la misma cuando se efectúa nna venta en efectivo por nna snma mayor de qninientos dólares y los fnneionarios de la corte tienen en sn poder qninientos dólares para el dendor, el derecho de hogar segnro de éste desaparece. Sin embargo, citando se adjudica la propiedad al acreedor y éste no paga al dendor o consigna en corte el importe del hogar segnro reclamado, no procede nna acción de desahucio. Al menos ésa es nuestra opinión por el presente y quizá está sostenida hasta cierto punto por García v. Trilla, 47 D.P.R. 922.

El apelado parece reconocer este punto, toda vez que después de terminado el pleito de desahucio y luego de una apelación anterior, consignó en corte quinientos dólares. El apelante insiste en que este pago no podía tener efecto retro-activo y dar al apelado una causa de acción que no existía, al tiempo de iniciarse el litigio. Nuestro mejor criterio es que el pleito de desahucio fue instruido prematuramente y que no podía surgir ni surgió una cansa de acción hasta que se hizo la debida consignación.

Debe revocarse la sentencia y declararse sim lugar la demanda.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole, El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Cardona, alias Don Pepito, acusado y apelante.
    Núm. 5646.

    Sometido: Diciembre 20, 1935.

      Resuelto: Mayo 29, 1936.

      C. Iriarte, F. Fernández Cuyar, Héctor González Blanes y James R. Beverley, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Cardona Serrano, (a) Don Pepito, fué convicto del delito de asesinato en segundo grado por haber disparado contra Juan Cosme y dádole muerte. El apelante señala varios errores con respecto a las instrucciones, pero en la corte inferior no se tomaron excepciones específicas • contra las mismas. En realidad, antes de hacer un resumen de los hechos, la corte llamó la atención respecto a que uno de los letrados del acusado se había visto precisado a ausentarse del salón de la córte mientras se transmitían las instrucciones.

En parte de las instrucciones, y más particularmente de los autos, se desprende que los hechos tendentes a sostener el caso de El Pueblo fueron que el acusado en 11 de junio de 1933 estaba empleado como guardabosque a cargo de ciertos terrenos o manglares pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico, situados en Santurce. Un número de personas han construido sus casas en esta región. Podemos decir, de paso, que el hecho de si la casa que el occiso ocupaba per-' tenecía o no al G-obierno pudo haber tenido algún peso, de seguirse el testimonio presentado por el acusado. El día de los disparos Juan Cosme se le presentó al acusado y le dijo: “Cuando tengas que llamar la atención sobre algo dímelo a mí y no a mi esposa.” Entonces el acusado dijo que él era tan hombre como cualquier otro y que le había dicho eso a la esposa del interfecto y se lo repetiría a él, y al decir esto le dió al occiso una bofetada. Entonces el acusado sacó su revólver y le dijo a la víctima: “Usted está arrestado, véngase.” El interfecto contestó que no estaba dispuesto a dejarse arrestar y que si el acusado deseaba llevárselo tendría que matarlo primero. Entonces el acusado hizo un disparo que hirió a Cosme y luego insistió en que éste fuera con él arrestado, pero Cosme se negó a moverse del lugar, insistiendo en que el acusado tendría que matarle. El acu-sado disparo nuevamente hiriendo a Cosme en el estómago, y éste murió a consecuencias de las heridas. Hubo prueba tendente a demostrar también que después de los disparos el acusado continuó haciendo ostentación del arma. Evidente-mente se registró a la víctima y no se halló arma alguna sobre su persona.

El fiscal puso en la silla de los testigos a María Paz, la supuesta esposa del interfecto, con quien vivía. Su declara-ción tendió a demostrar que Cardona la había enamorado y que ella rechazaba sus requiebros. La corto comenta que esta prueba no fué presentada en forma alguna para sostener los hechos ocurridos el día de los disparos, sino meramente para demostrar los móviles del acusado.

La teoría dé la defensa fué que un día o dos antes de los tiros el acusado fué a la casa de Juan Cosme para averiguar respecto a ciertos disparos que había oído aquel día o el día antes; que con motivo de esta investigación se cruzaron algunas palabras entre la esposa de Cosme y el acusado, al extremo de que ella manifestó al acusado que sería mejor que él hablara con su marido, ya que éste era hombre y podía contestarle. El hecho fué, según el acusado, que mientras hablaba con dos de los testigos que declararon durante el juicio, llegó Cosme, y poniéndole la mano en el hombro al acusado le dijo que deseaba hablarle e hizo esto con coraje y de manera agresiva. El acusado le preguntó entonces qué deseaba y el occiso le dijo que si tenía algo que decir debía decírselo a él; que el acusado trató de calmarle, pero que el interfecto se llevó la mano al bolsillo trasero y el acusado entonces hizo un disparo que no. causó daño alguno e inme-diatamente hizo el segundo disparo que produjo la muerte a Cosme.

Conforme sucede con frecuencia, en ninguna parte de su alegato el apelante aduce los hechos relativos a los disparos o aun a la teoría de defensa propia. Creemos que en este caso el fiscal pudo haberlo hecho así, pero desde luego el deber por parte suya no es tan fuerte.

Los señalamientos de error relativos a las instrucciones son contestados específicamente por el fiscal en su alegato. Éstos rezaban así:

“3. La Corte cometió manifiesto error en sus instrucciones al ju-rado al repetir y entrelazar la teoría del Fiscal con el resumen que pasara a hacer de la prueba de cargo, confundiendo así al jurado e induciéndolo a creer que el fiscal había probado cumplidamente la teoría do su caso.
“4. La corte cometió manifiesto error en sus instrucciones al ju-rado expresando hechos hipotéticos sobre los que no se presentara prueba alguna.
“5. La Corte cometió manifiesto error al instruir al jurado en el sentido de que si se ataca a un individuo con un objeto que cual-quier persona razonable pueda pensar que puede causar necesaria-mente la muerte, y la muerte se causa, en ausencia de premeditación y deliberación, ese solo hecho es suficiente para calificar el delito de asesinato en segundo grado.
"6. La Corte cometió manifiesto error en sus instrucciones al ju-rado, por razón de la forma imprecisa, inexacta y confusa en que trató las cuestiones de derecho relativas a la diferencia entre el de-lito de asesinato y el de homicidio.
“7. La Corte cometió manifiesto error en sus instrucciones al ju-rado cuando al tratar cuestiones de derecho expuso cuándo en el curso de un proceso criminal incumbe el peso de la prueba al acu-sado.
“8. La Corte cometió manifiesto error en sus instrucciones al ju-rado al expresar el modo en que debe el jurado apreciar las decla-raciones de testigos que han faltado a la verdad, siendo dichas ins-trucciones insuficientes.
:i9. La Corte cometió manifiesto error en sus instrucciones al ju-rado por la forma y manera menospreciativa en que entró a consi-derar el issue de la defensa propia planteado por el acusado.
“10. La Corte cometió manifiesto error en sus instrucciones al jurado al expresar que ‘contrario a la demás teoría penal en que el acusado se presume inocente y que hay que probarle su culpabili-dad más allá de toda duda razonable, cuando se trata de la defensa propia o cualquier otra defensa que justifique el homicidio, el peso de la prueba recae entonces sobre el acusado.’
“11. La Corte cometió manifiesto error en sus instrucciones al jurado al opinar y llegar a una conclusión en relación con la creencia que pudo el acusado -tener en cuanto al grado de peligro en que se hallaba.
“12. La Corte cometió manifiesto error al -instruir al jurado con relación al significado y concepto legal de la ‘provocación.’
“13. La Corte cometió manifiesto error al no comprender en el resumen de la evidencia que hiciera en sus instrucciones al jurado una indicación sobre aquella prueba que tendía a establecer úna sú-bita pendencia y un arrebato de cólera.
“14. La Corte cometió manifiesto error al no tomar en considera-ción en sus instrucciones al jurado evidencia importantísima pre-sentada por la defensa y en la cual fundaba el acusado la teoría de su caso.
“15. La Corte cometió manifiesto error al darle énfasis a aquellas reglas y disposiciones legales que podían perjudicar al acusado, su-primiendo o tratando ligeramente las que pudieran beneficiarle.”

No se llamó la atención de la corte a ninguno de los su-puestos errores, y no estamos convencidos de que ninguno de ellos fue fundamental. Seguiremos la jurisprudencia sen-tada en los siguientes casos: Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417; Pueblo v. Mercado, 46 D.P.R. 152; Pueblo v. Nieves, 48 D.P.R. 153; Pueblo v. Hernández, 49 D.P.R. 419. Al juez debe dársele siempre una oportunidad para corregirse.

La cuestión más importante que nos ha producido alguna duda es el ataque que se hace a la jurisdicción de la corte inferior. Después de haberse tomado juramento al jurado, el acusado solicitó permiso para retirar su alegación de inocencia y paía que se le permitiera objetar a la jurisdicción, fundado en que él era un funcionario público y porque en su consecuencia el proceso debió haberse iniciado mediante acusación del gran jurado. El fiscal de distrito inmediatamente adujo que la cuestión era suscitada demasiado tarde y luego en el curso de la discusión manifestó e insistió en que las actuaciones de Cardona no surgían de sus deberes como guardabosque sino de una cuestión personal. Se ha insistido principalmente en la corte inferior y en ésta en que el acusado no era un funcionario público.

Estamos convencidos de que un policía es un funcionario público. Harris v. Mayor, 138 A. 888, y casos en él citados. En el primero el acusado era un policía de parques.

La corte inferior resolvió que el acusado no era un fun-cionario público. Se discutieron varias cuestiones, mas el punto principal fue que el apelante era más bien un empleado que un funcionario. Podemos dudar de que Cardona fuera en realidad un funcionario público. No hubo prueba tendente a demostrar que tuviera autoridad para portar un arma, a no ser el derecho que quizá tenga un celador para proteger la propiedad de su principal.

Ahora bien, aunque la cuestión no ha sido discutida en el alegato nos inclinamos a convenir con el fiscal en que si debía darse crédito a la prueba de El Pueblo, el acusado disparó, no en el cumplimiento de algún deber impuéstole por la ley o por su patrono, sino por razón de un móvil personal. La corte y el jurado tenían derecho a creer que él usaba indebidamente su supuesta autoridad para arrestar y presentar un caso de resistencia a la autoridad pór parte de Cosme. En realidad un policía no estaría cumpliendo con los deberes de su cargo si tratara de hacer un arresto bajo circunstancias similares. El supuesto delito, de ha-berlo, era menos grave y el acusado no tenía poder para arrestar. Ninguna persona tiene derecho a disparar ni ma-tar meramente debido a una resistencia verbal a supuesta autoridad y por tanto la corte y el jurado tenían derecho a creer por la prueba que Cardona no actuaba en el cumpli-miento de sus deberes. Esta cuestión fue dejada a la corte y no se trató de obtener instrucción alguna en relación con la misma.

Igualmente convenimos con la sugestión del fiscal en que el acusado renunció su derecho a impugnar la jurisdicción de la corte. No encontramos jurisprudencia sobre la cuestión, probablemente porque en estados como California, el gobierno tiene la opción de proceder mediante acusación del gran jurado o del fiscal cuando está envuelto un delito grave, y en el resto de los Estados Unidos el estatuto exige que la acusación se haga por el gran jurado, o ésa es la ley común. En el Norte la cuestión depende de la Constitución local o federal, la disposición específica de la última de las cuales se ha resuelto que no es aplicable a Puerto Rico en People v. Muratti, 245 U. S. 639, y People v. Balzac, 258 U. S. 298.

Hasta la fecha en que se aprobó la ley de 1919 todas las acusaciones por delitos graves eran iniciadas mediante acu-sación redactada por el fiscal. En 1919 se aprobó una ley (núm. 58 de 1919, pág. 303) que exigía la presentación de una acusación por el gran jurado en todos los casos de de-litos graves. Sin embargo, en 1925 (Leyes de ese año, página 789) se aprobó la siguiente ley:

“No. 98
“LEY
“Para enmendar la sección 1 de la 'Ley estableciendo el Gran Ju-rado, regulando sus procedimientos, facultades y deberes, deter-minando la forma de las acusaciones del Gran Jurado, la pre- ' sentación y lectura de las mismas y los procedimientos subsiguien-tes a la presentación,’ aprobada en junio 18 de 1919.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Sección. 1. — Que la sección 1 de la Ley No. 58 de junio 18 de 1919, titulada ‘Ley estableciendo el Gran Jurado, regulando sus pro-cedimientos, facultades y deberes, determinando la forma de las acusaciones del Gran Jurado, la presentación y lectura de las mismas y los procedimientos subsiguientes a la presentación,’ queda por la presente enmendada de modo que lea así:
“ ‘Sección 1. — Todo delito grave (felony) que se impute a un funcionario público por razón de actos realizados en el ejercicio de sus fruiciones deberá ser perseguido mediante acusación del Gran Jurado presentada ante la corte que tenga jurisdicción en el caso.
“ ‘Todos los demás delitos se perseguirán en la forma' prescrita por el Código de Enjuiciamiento Criminal.’
“Sección 2. — Toda ley o parte de ley .que se oponga a la pre-sente, queda por ésta derogada.
“Sección 3. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su aprobación.”
(Aprobada el 28 de agosto de 1925.)

De suerte, pues, que desde entonces los procesos crimi-nales son iniciados mediante acusación fiscal, excluyendo la excepción de la ley anterior.

Frecuentemente puede surgir una renuncia cuando no se define claramente la línea divisoria. En otras palabras, cuando se trata de trazar una línea y un caso puede fácil-mente caer en uno u otro lado, la parte interesada en soste-ner determinada posición puede más fácilmente renunciar la cuestión. Esto tiene un doble aspecto. En primer lugar, era .dudpso si el acusado era o no un funcionario público. En segundo lugar, la línea de demarcación entre una acusación del gran jurado, y una acusación fiscal no está tan cláramente trazada en Puerto Rico, donde no tenemos limitación cons-titucional sobre el poder del fiscal para proceder por acusa-.ción propia más bien que por acusación del gran jurado. ¿Cuál es la idea principal de una acusación, del gran jurado? Lo es dar a los convecinos de un acusado la oportunidad de negarse a acusar. Un fiscal,, con los Lechos quer tenemos ante nos, puede haber .creído erróneamente, en nuestra opi-nión, bien qne el acusado no era nn funcionario público o que no actuaba en el desempeño de sus deberes y decidir no someter la cuestión a un gran jurado. Entonces al presen-tarse el caso a la corte de distrito, sería el deber del acusado oponerse prontamente y no esperar hasta que el jurado es-tuviera constituido y llamados los testigos.

Julio 6, 1936

El acusado se opuso seriamente a que María Paz ocupara la silla de los testigos para prestar declaración en el caso. Convenimos con la corte inferior y con el fiscal en que ella era pertinente para demostrar el motivo del delito.

La sentencia 'apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal. Este es un caso en que luego de terminar de ofrecerse la prueba de El Pueblo, hubiera sido difícil creer que el acu-sado hubiese matado a Cosme meramente porque éste se negó a dejarse arrestar o porque le dijo a Cardona que si tenía algo que decirle que se lo dijera a él. Normalmente no pa-rece posible o probable que un hombre dispare contra otro bajo circunstancias tan relativamente triviales. Por tanto, el fiscal se sintió compelido a demostrar que había un mo-tivo más grave escondido en el cerebro de Cardona. Esta-mos muy contestes con las citas de Wigmore’s Code of Evidence, Segunda Edición, regla 179, citádanos por el acusado, al efecto de que prueba que no sea muy pertinente o material a los hechos en controversia no debe ser admitida cuando su resultado casi inevitable o cuando su probabilidad es enar-decer al jurado o acrecentar sus pasiones. En nuestra opi-nión principal dijimos simplemente que esta clase de prueba era admisible para demostrar el motivo. Desde luego, prueba del motivo puede ser omitida. Aquí la misma se hizo muy importante por las razones que ya hemos expuesto. El ver-dadero fin para el cual se ofreció esta evidencia no fné enar-decer la mente del jurado sino para presentar una demostra-ción o probabilidad adicional de un corazón maligno. El fiscal negó que tuviera intención alguna de probar los becbos fundamentales de su caso con la declaración de María Paz, la supuesta esposa del occiso. No obstante, como el apelante babía alegado la defensa propia, el jurado, parcialmente de la prueba sobre motivo, tenía derecho a no creer tal teoría. Si, conforme sostienen las autoridades, es admisible prueba para demostrar el motivo, ella lo era en este caso.

Allá a principios de nuestra opinión principal, dijimos inadvertidamente, al hacer un resumen de la prueba de cargo, que el primer disparo hecho por el acusado hirió a Cosme. No sabemos cómo se nos pasó este error porque teníamos claramente la idea, y aún la tenemos, de que el primer dis-paro no causó daño alguno. Fuera o no correcta tal mani-festación, ella no podría desempeñar un papel importante en este caso, especialmente ya que se admite que luego de hacer el primer disparo, el acusado inmediatamente volvió a dis-parar.

El apelante dice que el letrado del acusado, que se vió precisado a ausentarse de la sala de sesiones antes de que se transmitieran las instrucciones había solicitado de la corte que le anotara una excepción general a las instrucciones, y ésta así lo hizo. No podemos ver cómo físicamente puede ex-cepcionarse un error antes de cometerse el mismo. Surge un error durante la vista de una causa, el acusado llama la atención de la corte hacia el mismo y al dictar ésta una reso-lución adversa, se anota una excepción. En este caso no se llamó la atención de la corte a ningún error posible. Al au-sentarse voluntariamente de la sala de sesiones, sin solicitar que se pospusiera el juicio, el letrado del acusado corrió el riesgo de que las instrucciones pudieran ser incorrectas. Era el deber de los letrados estar presentes mientras se trasmi-tían las instrucciones o correr el riesgo, según ya hemos dicho. Entendemos, y así lo resolvemos, que ningún juez puede modificar la ley a este respecto y permitir que se anoten excepciones en los antos antes de haber tenido la oportunidad de corregir nna resolución. • Además, las instrucciones no son una forma de incorporar la prueba o los otros procedi-mientos habidos en la corte y hemos hecho una búsqueda en los autos con el propósito de hallar cualquier referencia al hecho de que el letrado del acusado, al retirarse, solicitó an-ticipadamente que se anotara una excepción a algo que no había ocurrido.

Supongamos que el abogado se hubiese ausentado antes de terminarse la prueba de refutación y solicitado de la corte que le anotara una excepción a la admisión de toda la prueba de cargo. % Podría beneficiarle tal excepción? El caso no es distinto.

El fiscal no tuvo oportunidad de ser oído en apoyo de la corrección de las instrucciones objetadas, o de sugerir por sí mismo una reforma al señalársele un error. No vemos que el caso sea distinguido de la jurisprudencia que exige que el apelante dé a la corte la oportunidad de corregirse o de que los errores planteados y las excepciones tomadas sean específicas.

A nuestro juicio, desde cualquier ángulo que se mire el caso, el acusado estaría en peor posición que si al final de las instrucciones tan sólo las hubiera excepcionado general-mente. !¿Por qué tiene un letrado que se ausenta de la corte y que se anota una excepción general que estar en mejor po-sición que los que allí permanecen y que en tal forma exeep-cionan?

Debe declararse sm bagar la moción.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso Lastra Charriez, acusado y apelante.
    Núm. 5916.

    Sometido: Marzo 20, 1936.

      Resuelto: Junio 2, 1936.

      M. Benitez Flores y L. Tornes García, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxilian*, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un procedimiento de desacato iniciado a virtud de una orden del Juez del Distrito de Humaeao dictada en septiembre 19, 1934. Citado el querellado, formuló excep-ciones perentorias sobre las cuales oyó la corte a sus letra-dos y al fiscal el 26 de septiembre, reservándose su resolu-ción que dictó el 30 de octubre siguiente declarándolas sin lugar. Señalado el 3 de diciembre de 1934 para la vista, comparecieron El Pueblo por su fiscal y el querellado por su abogado. Éste manifestó que sometía el caso por la evidencia presentada en el de desacato seguido contra Rosa Ramos, haciendo constar “que lo que dijera el querellado Alfonso Lastra Charriez fue dicho bajo el calor de la argu-mentación en el momento en que defendía a Rosa Ramos.” Sometió también el asunto el fiscal, y la corte lo resolvió el 13 de diciembre siguiente, como sigue:

“Sometido el caso a que alude el epígrafe por la misma argu-mentación y evidencia desfilada en el caso que contra Rosa Ramos y otros, por un procedimiento de igual naturaleza que el presente, se les siguió a dichos querellados, la Corte examinadas dichas argumenta-ción y evidencia, llega a la conclusión que debe declarar y declara, a.1 Ledo. Alfonso Lastra Charriez, incurso en desacato a este Tribunal, en armonía con la ley para tal caso prevista y hecha; señalando el día 20 de diciembre de 1934, a las nueve de la mañana para el pronunciamiento de la sentencia. Notifíquese. ”

La sentencia pronunciada, en lo pertinente, dice:

““Hoy día 20 de diciembre de 1934, comparece el querellado por su propio derecho y no habiendo aducido razón alguna para demos-trar que no procede dictar sentencia en su contra, la Corte le con-dena a la pena de treinta dólares de multa o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, sin costas.”

No conforme el querellado apeló para ante este tribunal, •quedando archivada la exposición del caso en octubre 15, 1935. Dicha exposición no contiene la evidencia que sirvió •de base a la sentencia recurrida. Concedidas cinco prórro-gas para ello, quedó el alegato del apelante archivado en febrero 17, 1936. Archivó el suyo el fiscal en marzo 16 si-guiente, celebrándose la vista del recurso cuatro días des-pués.

Señala el apelante ocho errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora 1, al resolver que tenía jurisdicción; 2, al decidir que los hechos relacionados en su orden consti-tuían desacato; 3, al ignorar el artículo 2 de nuestra Carta Orgánica; 4 y 5, al desconocer la inmunidad del querellado; •6, al no tomar en consideración la evidencia; 7, al declararlo •convicto de desacato, y 8, al decidir que el escrito de Rosa Kamos constituye una crítica injuriosa e infamante de los procedimientos de la corte. Argumenta separadamente los señalamientos primero y segundo, conjuntamente el tercero, cuarto y quinto, conjuntamente el sexto y el séptimo y se-paradamente el octavo.

La orden de la corte iniciando el procedimiento dice:

“PoR cuanto, el día 5 de septiembre en curso, mediante petición expresa del Sr. Fiscal de esta. Corte, decretó la misma el archivo y sobreseimiento del caso que el Pueblo de Puerto Rico seguía contra Félix García, (a) Falo, de atentado a la vida, cometido según la acusación, en la persona de Rosa Ramos, allá para el mes de septiem-bre de 1933, en la municipalidad de Luquillo, dentro de este Distrito Judicial de Humacao;
“Por cuanto, el expresado Alfonso Lastra Charriez en la sesión de esta Corte celebrada en el día de hoy mientras defendía a los querellados por Desacato a este Tribunal, Señores Rosa Ramos, Antonio López Quiñones y Juan Lastra se ñizo responsable de haber-dado a la publicidad una carta firmada por el expresado Rosa Ramos-que fué publicada en la edición correspondiente al viernes, 14 del mes en curso, del periódico diario ‘La Democracia’ publicado en San Juan, que circuló ampliamente, en los días 14 y 15 del mes, cursante, en el Distrito Judicial de Humacao cuya carta a que se re-fiere expresamente el caso citado en el párrafo anterior, literalmente transcrita dice así:
“ ‘San Juan, Puerto Rico, septiembre 12, 1934. — Hon. Procura-dor General, San Juan, P. R. — Señor: El 8 de septiembre de 1933, a las tres de la tarde, en la calle principal de Luquillo, Felipe Gar-cía, alias Falo, en la inmediata presencia del policía insular Feli-cito García, placa 395, de Carmelo Estrella, de Angel Gutiérrez, de Agustín Matienzo, de Jacobo Matienzo, de Juan Placín y Mejía, de Zoilo López, de Eugenio Cátala, de- Enrique Valedón y de otros, dis-paró cuatro tiros de revólver hiriendo gravemente en el pecho y en el vientre respectivamente a los señores Pablo Suárez y Rosa Ramos.
“ ‘El referido Felipe García, alias Falo, fué acusado en la Corte de Distrito de Humacao del delito de Atentado a la Vida en dos casos. Uno por herida que recibiera Pablo Suárez y otro por la herida en el vientre a Rosa Ramo§.
“ ‘Posteriormente se vió el caso contra Felipe García alias Falo* en la Corte de Distinto de Humacao, por la agresión que infiriera a Pablo Suárez. En este caso llevó la defensa de Felipe García, alias-Falo, el abogado Rafael Martínez Nadal. La prueba fué vigorosa, amplia y fundamentalmente acusadora. El Jurado debió sentir el' manoseo de la influencia política y García, alias Falo, fué absuelto, quedando burlada la sociedad. Dentro del mismo recinto de la- Corte de Distrito de Humacao, ajeno a las ajeno (sic) a las habitaciones que ocupa el señor Juez, se verificaron combinaciones sangrientas-para la justicia.
“ ‘Transcurrió el tiempo, y el ahora suscribiente, trató de conse-guir de ese Departamento la designación de un Fiscal especial que interviniera en el caso de El Pueblo contra Felipe García, alias Falo, por atentado a la vida al suscribiente Rosa Ramos. Se señaló el. juicio, se citaron los testigos y unos días antes de la fecha señalada para el juicio oral el caso fué archivado el día 30 de agosto pasado o sea seis días antes de la fecha señalada. La prueba del Pueblo en¡ ■ éste como en el otro caso, era vigorosa, numerosa, seria y acusadora. No obstante, en esta vez la justicia no fué burlada por el Jurado, sino que fué rota en forma administrativa e inexplicable.
“ ‘El denunciante tiene escritas y bajo juramento las declara-ciones de todos los testigos antes mencionados. El denunciante so-licita una investigación del caso y al pedir justicia al Procurador de la Ley en Puerto Rico, quiere también conocer si esta la justicia burlada y encarnecida por los tribunales, puede" cuando menos y a causa de la desesperación reinante y falta de garantías, ser aplicada por la mano decente de los ciudadanos honestos del país. — Respe-tuosamente, X Rosa Ramos. — Testigo del Signo: Antonio López Qui-ñones.
“ ‘Yo, Rosa Ramos, bajo juramento declaro: Que mi nombre es como queda dicho, que soy mayor de 21 años, vecino de Luquillo y de tránsito en San Juan; que los hechos vaciados en la denuncia que antecede, son ciertos y que éstos y la certeza de los mismos me constan en personal y propio conocimiento. — San Juan, Puerto Rico, septiembre 12, 1934. — Rosa Ramos, Declarante.
“ ‘Jurado y suscrito (sic) ante mí, por Rosa Ramos, mayor de edad y vecino de Luquillo, a quien conozco personalmente hoy día 12 de septiembre de 1934. — Juan Lastra, Notario Público.’
“Poe cuanto, independientemente de cualquier delito de libelo, o perjurio que pueda existir con relación a las manifestaciones difa-matorias e injuriosas contenidas en el texto de la transcrita carta, es lo cierto que la misma constituye una crítica injuriosa e infama-toria del procedimiento sustanciado ante esta Corte en el referido caso criminal tendiente a desacreditar, de manera injusta, a este Tribunal del Distrito Judicial de Humacao constituyendo el hecho un manifiesto desacato a esta Corte:
“Por Tanto, se ordena la comparecencia del Sr. Alfonso Las-tra. Charriez al salón de sesiones de este Tribunal el próximo día lunes, 24 del mes e¡n curso a las nueve de la mañana, a fin de que exponga todos los motivos que tuviere, por los cuales entienda que' no debe ser declarado culpable de Desacato a esta Corte, y corres-pondientemente castigado apercibiéndosele de que si no compareciere en dicho día y hora su incomparecencia será considerada por la Corte como Desacato al Tribunal.
‘‘Humacao, Puerto Rico, á 19 de septiembre de 1934. — (Fdo.) R. Arjona Siaca, Juez del Distrito.”

La alegación de falta dé jurisdicción se basa en que tra-tándose de un desacato cometido fuera de la presencia del tribunal, ba debido iniciarse no a virtud de una orden del propio tribunal, si que presentándose ante él una declaración. o información jurada preliminar expresiva de los hechos cons-titutivos del mismo. Cita en su apoyo 4 Bancroft’s Code Practice and Remedies, 3694, pár. 2871, 13 C. J. 64 y otras autoridades.

No hay duda alguna de que cuando el desacato se comete en la presencia de la corte, puede castigarse a su autor su-mariamente, sin necesidad de affidavit, notificación, regla para mostrar causa u otro procedimiento. Cuando se co-mete fuera de la presencia de la corte, la situación varía. Resumiendo la jurisprudencia sobre el particular Corpus Juris, citado por el propio apelante, dice:

“Por regla general, los procedimientos para castigar por desaca-tos cometidos fuera de la presencia de la corte deben iniciarse por acusación o declaración jurada presentada a la corte exponiendo los hechos constitutivos del desacato; y la declaración jurada debe ser presentada a la corte o juez para su consideración y determinación judiciales; la mera presentación de la misma es insuficiente. La corte, sin embargo, puede actuar a instancia propia y formular la acusación.” 13 C. J. 64.

Según resulta de los autos, aquí se ordenó la citación del apelante para mostrar causa, dándosele las garantías que se otorgan a los acusados en un procedimiento criminal. La única variación que se advierte en cuanto a la regia general expuesta, es que el procedimiento no comenzó mediante in-formación sino por virtud de la orden fundada de la propia corte de distrito que conocemos.

El caso en sí mismo es peculiar. Cierto que el desacato, de haberse cometido, lo fué por medio de una carta publicada fuera de la presencia de la corte, pero es lo cierto también que fué actuando ante la corte que el acusado se hizo res-ponsable de la publicación y que el periódico en que la carta se publicara debió estar en esos momentos al alcance de la corte ya que ésta juzgaba el caso de desacato seguido contra el autor de la misma y otras personas a quienes defendía el apelante.

Bajo esas circunstancias, conociendo como conocía los hechos por sí misma, creemos qne la corte pudo actuar sin necesidad de declaración jurada previa alguna siempre, desde luego, que diera, como dio, al querellado amplia opor-tunidad para defenderse.

En el caso de Del Toro v. La Corte Municipal, 16 D.P.R. 93, 95, la corte, en opinión emitida por su Juez Asociado Sr. MacLeary, dijo.

“El desacato que se imputó a del Toro consistía en haber escrito y publicado en el periódico llamado El Combate cierto artículo en el que, en términos severos, se hacían apreciaciones con respecto al Juez Municipal de Cabo Rojo. . . .
‘ ‘ Se impugna la acusación que sirvió de base a los procedimientos por desacato, por no haber sido jurada por persona alguna, alegán-dose que el tribunal no podía conocer de ella sin el requisito del juramento. Tal requisito no es necesario en casos de desacato. Si el acto ofensivo viene a conocimiento de la corte en forma ade-cuada, puede establecerse una investigación, y después de las debi-das diligencias, si hubiere prueba suficiente y se le hubiere dado una oportunidad al acusado para que se defendiera, puede propiamente castigársele por su conducta culpable, si ésta constituyere un desacato. La sección 146 de los Estatutos Revisados de Puerto Rio no requiere tal juramento; sí requiere que se ‘notifique’ al acusado y se le dé un ténmino razonable para que se defienda contra el cargo que se le impute, lo que parece haberse hecho en este caso.”

No está, pues, bien fundado el primer señalamiento de error. Tampoco el segundo por virtud del cual sostiene el apelante que los hechos expuestos en la carta publicada no constituyen desacato porque no se refieren a acción, pleito o procedimiento alguno pendiente ante la corte.

La ley vigente en esta Isla sobre la materia, en lo per-tinente, prescribe:

“See. 1. La Corte Suprema, las cortes de distrito . . . tendrán facultad para castigar por desacato a toda persona culpable de cualquiera de los actos siguientes:
“1.
“2.
“3. Crítica injuriosa o infamatoria de los decretos, órdenes o procedimientos de cualquier tribunal, publicada en algún impreso, periódico u boja suelta, para su circulación, tendente a desacreditar injustamente al tribunal o a alguno de sus miembros.
“4. ........
“5. La voluntaria publicación de cualquier informe falso o grose-ramente inexacto, de procedimientos judiciales; Disponiéndose, sin embargo, que la publicación de cualquier informe verdadero y justo de algún procedimiento judicial, no será penable como desacato.”

La ley no distingue entre procedimientos pendientes o terminados. La jurisprudencia sí. “Se ha resuelto gene-ralmente”, dice Corpus Juris, “que después de la resolución final del caso la prensa y el público tienen derecho a discu-tir, criticar y censurar libremente las decisiones de las cor-tes.” 13 C. J. 37.

Algunas de las decisiones que sostienen el texto, resuel-ven:

“ 'Cuando un caso está terminado, las cortes están sujetas a las mismas críticas que otras personas. Patterson v. Colorado, 205 U. S. 454, 463, 27 S. Ct. 556, 51 L. ed. 879, 10 Ann. Cas. 698.
“ ‘Cuando un caso se ha resuelto y se ha anunciado la decisión, la misma se convierte en propiedad pública . . . sujeta a escrutinio e investigación públicos. En tales casos es enteramente competente y legal para cualquier persona hacer comentarios sobre la decisión, y exponer sus errores o inconsistencias. ... Y si aquéllos que así comentan, abandonan el asunto e imputan falta de honradez y mo-tivos bajos al juez, podrán ser castigados mediante acusación por el delito de libelo — podrá también demandárseles por daños y per-juicios en una acción civil — o podrá hacérseles responsables de am-bas maneras.’ Duham v. State, 6 Iowa 245, 256.
“ ‘Tal crítica constituye un derecho ciudadano, esencial no sola-mente a la debida administración de justicia sino también a la tran-quilidad y bienestar públicos. El privar de poder a las cortes para intervenir sumariamente con el ejercicio de tal derecho de la prensa ■y de la libertad de palabra, no les priva de ninguna facultad útil.’ Ex parte McLeod, 120 Fed. 130, 136.
“ ‘Los comentarios, no importa lo fuerte que sean, que tengan relación con los procedimientos judiciales que ya han pasado y ba-n tocado a su fin no constituyen desacato a la autoridad de la,corte •aludida. Tales comentarios pueden constituir un libelo contra el juez o contra algún otro funcionario de la corte, mas no pueden considerarse como cometidos en desacato de su autoridad. ’ Cheadle v. State, 110 Ind. 301, 11 N. E.426, 59 Am. R. 199. ‘Los comentarios -.periodísticos, aunque sean libelosos, relacionados con los procedimien-Tos de una corte enteramente pasados y terminados, no constituyen un desacato a la corte ni a la autoridad del tribunal a que se hace referencia.’ Post v. State, 14 Oh. Cir. Ct. 111, 7 Oh. Cir. Dec. 257.
“ ‘No importa cuán difamatoria pueda ser para una corte o juez .la publicación, la misma no podrá ser considerada como desacato a la corte a menos que se le escriba y publique con referencia a un caso que se halle entonces pendiente ante el tribunal.’ Ex parte Green, 46 Tex. Cr. 576, 81 S. W. 723, 108 Am. S. R. 1035, 66 L.R.A. 727.
‘ ‘ ‘ Cuando un juez es candidato a la reelección, cualquier materia ■que arroje alguna sombra contra su imparcialidad y honradez en casos ya resueltos, no constituye desacato.’ State v. Eau Claire County Cir. Ct., 97 Wis. 1, 72 N. W. 193, 65 Am. S. R. 90, 38 L.R.A. 554.” 13 C. J. 37.

Pero también el texto expresa:

“Sin embargo, en el derecho común la regla era que la crítica a un funcionario judicial aunque se hiciera luego de terminada la -causa, constituía desacato; y en algunas jurisdicciones aún prevalece la regla del derecho común, por lo menos cuando la crítica arroja alguna sombra contra la integridad de los jueces, o es difamatoria al tribunal.” 13 C. J. 37, 38.

Se citan decisiones de Arkansas, G-eorgia, Michigan, Missouri, Vermont y Virginia, y se dice:

“La razón dada por aquellos tribunales que siguen la regla del derecho común, podrá hallarse en el caso de Burdett v. Com., 103 Va. 838, 846, 48 S. E. 878, 106 Am. S. R. 916, 68 L.R.A. 251. ‘Sobre ■este aspecto de la materia, y con referencia a casos que tienen relación indirecta sobre la cuestión aquí envuelta, se trata de hacer una dis-tinción para la cual no puedo hallar razón ni autoridad. Se dice que el poder de procesar puede ser ejercido en relación con los desacatos que se refieran a la conducta futura del juez mas no a su conducta pasada. En razón, veo sólo un pretexto para esta dis-tinción. Las amenazas de insultar o lesionar á un juez en caso de que dicte determinada sentencia puede ser considerada como que obstaculiza su independencia de criterio y su imparcialidad en ■ el caso específico a que se refieren las amenazas. Y si. el derecho a castigar - termina ahí, puede surgir una consecuencia curiosa. Un hombre podría ser procesado' por amenazar hacer una cosa por cuya realización no podría ser castigado. Uno dice de un juez: “Si dieta sentencia en mi contra, le insulto o le pego.” Por esto podrá pro-cesársele. Pero si, habiéndose dictado ya la sentencia, se le insulta de hecho, ya no procede la acusación, porque el desacato se refiere a la conducta pasada del juez y a un caso que ya no está pendiente. El recurrirse a los principios originales, que es la única forma de determinar estas cuestiones, y demostrándose que el peso, la auto-ridad y la independencia de la corte pueden estar igualmente en peligro en una u otra forma, demostrará que esta distinción es me-ramente imaginaria.’ ” 13 C. J. 37, 38.

En el caso de State v. Hildreth, 82 Vt. 382, 387, 18 Ann. Cas. 661, la opinión de la corte fné emitida por sn Chief Justice Rowell. Es muy interesante. Analiza un buen número de casos ingleses, entre ellos el de Reg. v. Gray (1900) 2 Q. B. 36, en el que emitió la opinión el Lord Chief Justice Russell of Killowen, y expresa, en parte:

“Su señoría continúa diciendo: ‘Ahora bien, conforme he dichor nadie ha indicado que esto no constituya un desacata a la corte, y nadie ha sugerido ni podría sugerir que cae dentro del derecho qué tiene el público a criticar en el sentido que he descrito. No cons-tituye crítica; constituye un abuso personal e insolente hacia el juez como tal. Tenemos por tanta que considerarlo como un caso de desa-cato y tratar el mismo brevv mctmt. Ésta no es una jurisdicción nueva; es una jurisdicción tan antigua como el derecho común mismo, de que forma parte; sin embargo, es una jurisdicción para ser ejercida con escrupuloso cuidado; para ser ejercida solamente cuando el caso es claro y está fuera de toda duda razonable, porque si no se trata de un caso fuera de toda duda razonable las cortes dejarán y deberán dejar al Fiscal General que proceda mediante acusación penal.” p. 663.

Y luego, refiriéndose a casos americanos, en parte, dice:

“La ley común sobre la materia ha sido también ampliamente considerada en este país. Entre los casos más antiguos está Com. v. Dandridge, 2 Va. Cas. 408, decidido en 1824. Éste fué un pro-ceso por desacato por insultarse a un juez mientras entraba al edi-ficio de la corte para ocupar su asiento en estrado. El insulto se refería a lo que el juez había hecho durante el término anterior en un caso visto entonces pero que aún estaba pendiente. El querellado alegó que si bien el poder para procesar podía ser ejercido en re-lación con desacatos referentes a la conducta futura de un juez, tal poder no podía ejercerse en relación con desacatos referentes a su conducta pasada. Pero la corte dijo que toda vez que la auto-ridad e independencia del tribunal podían igualmente haber sido atacadas en una u otra forma, la distinción era meramente imagi-naria. Ese caso es citado con aprobación en el de Burdett v. Com., 103 Va. 838, 48 S. E. 878, 68 L.R.A. 251, 106 Am. St. Rep. 916, decidido en 1904.” Id. 663, 664.

Para un estudio más amplio de la cuestión véase la nota que sigue el caso de Percival v. State, 45 Nebraska 741, reportado en 50 Am. St. Rep. 568. La nota comienza a la página 572.

La Legislatura de Puerto Rico al no hacer distinción al-guna en la ley que decretara sobre la materia, colocó a esta isla en la línea de estados que sostienen que no es necesario que la crítica injuriosa o difamatoria lo sea únicamente de procedimientos pendientes para que constituya desacato y pueda castigarse como tal, y dicha ley debe cumplirse.

Claro es que para que el desacato exista el caso debe ser serio, e injuriosa o infamatoria en verdad la actuación del querellado. El derecho a la crítica fuerte, alerta, severa, apasionada aún, no puede ser restringido. Corresponde a los ciudadanos de un pueblo libre. Es suyo y nadie puede arrebatárselo. Sobre eso no hay duda alguna. Pero las cortes que constituyen el baluarte más firme de las libertades ciudadanas, para poder serlo de hecho deben conservar su dignidad y su prestigio. Por eso cuando son injuriadas o infamadas tienen no ya por ley si que inherente el poder de llamar ante sí y castigar sumariamente al culpable.

Argumentando los señalamientos tercero, cuarto y quinto sostiene el apelante que si se condenara al autor de la carta de que se trata, se violaría el artículo 2 del Acta Orgánica en cuanto a aquella de sus disposiciones que pro-hibe la aprobación de ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de la prensa, y que si ello es así en cnanto al autor, menos puede condenarse al acusado que actuó en el ejercicio legítimo de su cargo de abogado y dentro de las inmunidades que dicho ejercicio lleva consigo.

La facultad de castigar por desacato no milita en contra del derecho a la libre expresión del pensamiento por medio de la palabra o por escrito. Sí exige la responsabilidad con-siguiente que lleva consigo lo que se diga o escriba. Y so-bre el principio de responsabilidad tanto como sobre el de libertad es que descansan las verdaderas democracias.

• Probada la certeza de la imputación, caería por su base la acusación formulada o el procedimiento seguido contra el querellado. Es más, si en un caso como el que estamos con-siderando hubieran ocurrido los hechos puestos de manifiesto por la carta, no debería castigarse si que premiarse al que-rellado por haberlos públicamente denunciado. Pero si la publicación se hizo sin base, entonces cabe exigir y debe exi-girse a su autor la responsabilidad que su actuación llevó consigo.

Con respecto a la inmunidad del acusado como letrado hemos examinado de nuevo las citas que hace en su alegato que se encuentran estudiadas ampliamente en la opinión de esta corte emitida por su Juez Asociado Sr. MacLeary en el caso de Coll v. Leake, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 857, y nuestra conclusión es que no sostienen la posición del apelante.

Aquí no se trata de crítica de declaraciones de testigos ni de manifestaciones o argumentos en pro de defendidos. Aquí el apelante asumió la responsabilidad de cierto acto atribuido a sus clientes, el de la publicación de la carta in-juriosa o infamatoria, y esa responsabilidad así asumida fue la que se le exigió en el procedimiento de desecato.

A nuestro juicio no cometió la corte sentenciadora los errores tercero, cuarto y quinto que le atribuye el apelante, no obstante reconocer como reconocemos en toda su exten-sión el derecho que proclama el precepto constitucional invo-cado, a saber: “No se aprobará ninguna ley restringiendo la libertad de la palabra o de la prensa, ...” Artículo 2 del Acta Orgánica de 1917, y no obstante ratificar como ratificamos lo resuelto en el caso de Coll v. Leake, Juez de Distrito, supra, con respecto a los derechos de los abogados que se resnme en el siguiente párrafo de la opinión:

“Según dice la ‘Encyclopedia of Law and Practice,’ el abogado puede criticar la conducta de las partes; puede impugnar, excusar, justificar, o condenar sus móviles, según los revela la evidencia; puede también atacar la credibilidad de los testigos cuando ésta se encuentra puesta en duda por prueba directa o por la inconsecuencia o incoherencia de sus declaraciones, su manera de declarar, su porte en el momento de declarar, o por otras circunstancias. Cuando se-mejante conclusión llega a ser una deducción lógica de las decla-raciones que debidamente se han hecho ante la corte, puede él aún manifestar que se ha cometido perjurio, o que un testigo ha sido sobornado.” 17 D.P.R. 857, 862.

Por los señalamientos sexto y séptimo se sostiene que la corte de distrito erró al no tomar en consideración la evidencia y al declarar convicto de desacato al apelante.

Expresamente consigna en su fallo la corte sentenciadora que lo basó en la evidencia practicada en el caso por desacato seguido contra Eosa Eamos y otros que fué la única que le sometió el propio acusado. Esa evidencia no fia sido ele-vada, no ha sido puesta por el apelante a nuestra disposición.

¿Cómo vamos a concluir que no fué tomada en considera-ción por la corte sentenciadora? Sólo cabe responder en la negativa la pregunta.

En cuanto a la manifestación hecha por el abogado del apelante al someter el caso, a saber: “que lo que dijera el querellado Alfonso Lastra Charriez fué dicho bajo el calor de la argumentación en el momento en que defendía a Eosa Eamos”, no es suficiente por sí sola para eximir de responsabilidad al acusado. No conocemos la evidencia. Y debemos respetar la conclusión a que llegara la corte de distrito.

Por el último señalamiento se plantea la cuestión que quizá debió analizarse en primer término, esto es, la de si la carta publicada contiene nna crítica injuriosa o difamatoria de algún decreto, orden o procedimiento de la Corte de Distrito de Humaeao tendente a desacreditarla injustamente.

No teniendo ante nosotros la evidencia, debemos partir de la base de que la imputación quedó en pie sin explicación le-gítima alguna. La carta se refiere al decreto de la Corte de Distrito de Humaeao ordenando el archivo de una causa seguida ante ella contra Félix García por atentado a la vida. Narra los hechos cometidos por el acusado y lo ocurrido en otro proceso en el que fué absuelto García a virtud de un veredicto del jurado,'afirmando entre otras cosas que en el mismo recinto de la corte se verificaron combinaciones san-grientas para la justicia. Dice que transcurrió el tiempo y que la causa pendiente, no obstante la existencia de prueba plena sobre la culpabilidad de' García, fué sobreseída, afir-mando que en esta vez la justicia no fué burlada por el ju-rado, sino que fué rota en forma administrativa e inexplicable. Se pide al Procurador General una investigación a fin de que la justicia se administre por la mano decente de los ciudadanos del país.

Tanto las imputaciones concretas como el tono general del documento constituyen a nuestro juicio la clase de crítica injuriosa y calumniosa que tuvo en mente el legislador al re-dactar la ley de desacato. La publicación, si no eran ciertas las imputaciones hechas en la misma, no podía tener otro propósito que el de desacreditar injustamente al tribunal de distrito de Humaeao. Porque en verdad un tribunal en el que tales hechos ocurran ¿qué crédito puede merecer a la comunidad?

Es cierto que no se hace ninguna imputación directa al carácter del juez de la corte en particular, dirigiéndose más bien la crítica al jurado y al fiscal, pero juez, jurado, fiscal y los otros funcionarios de la corte comprendiendo entre ellos a los propios abogados que ante ella postulan, se encuen-tran de tal modo entrelazados que llegan a constituir la corte misma, resultando ésta, en un caso como el que esta-mos considerando, la finalmente injuriada o difamada, y como consecuencia lógica de la injuria o difamación, desacre-ditada injustamente ante el concepto público.

En cuanto a que no constando que el autor de la carta hubiera sido castigado por desacato, no es posible declarar culpable al apelante, creemos que basta enunciar la propo-sición para concluir que no tiene mérito. Ambos procedi-mientos se tramitaron con entera independencia. Se inició primero el seguido contra el firmante de la carta. Mien-tras se tramitaba, su abogado — el apelante — se hizo respon-sable de la publicación y contra él se dirigió entonces la acción de la justicia. Fué la publicación del documento la que hizo que las imputaciones trascendieran al público.

Otra proposición que tampoco tiene mérito es la de que habiéndose dirigido Eosa Eamos al Procurador General pi-diéndole que abriera una investigación, hasta tanto no se practicara dicha investigación y se conociera el resultado de la misma no podría concluirse si se cometió o no desacato alguno.

El documento pide en efecto una investigación pero con-tiene imputaciones directas, y a virtud de su publicación salió de la esfera interna, oficial, dándose al público como algo definitivo y cierto. De no justificarse, como tenemos que asumir que no se justificó, constituye una crítica inju-riosa que tiende a desacreditar injustamente a un tribunal que pudo ser juzgada por éste y castigada como desacato de acuerdo con la ley vigente sobre la materia y con sus pode-res tradicionales inherentes.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Presideute Señor Del Toro,

text:
    María Angela Emanuelli, demandante y apelante, v. Segundo Cadierno y esposa, Carlota Géigel de Cadierno, demandados y apelados.
    Núm. 6786.

    Sometido: Febrero 4, 1936.

      Resuelto: Junio 3, 1936.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelante; Monserrat & Monserrat y J. M. Calderón, Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Presideute Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn pleito sobre resolución de contrato y daños y perjuicios iniciado por María Ángela Emanuelli contra Segundo Cadierno y su esposa, fallado por la corte del Dis-trito en contra de la demandante sin especial condenación de costas.

El día 1 de febrero de 1927 por escritura pública los de-mandados vendieron a Emilio H. Amy y a su esposa la demandante dos solares situados en Hato Rey, Río Piedras, uno, el número 1, de 606 metros cuadrados, con frente a la carretera central, y otro, el número 2, contiguo al número 1 de 560 metros cuadrados. El precio del contrato fue el de $4,664, de los cuales corresponden $2,240 al solar núm. 1 y $2,424 al núm. 2. Se pagaron $2,664 de contado, quedando aplazados $2,000 que se satisficieron en junio 9, 1928.

En la escritura de venta se bizo constar:

“6. Don Segundo Cadierno Rodríguez por sí y a nombre y en representación de su mandante doña Carlota Géigel de Cadierno se obliga en la más solemne forma en derecho a la evicción y sanea-miento. — 7. Los compradores esposos don Emilio H. Amy y doña Ángeles Emanuelli de Amy, aceptan esta escritura en los términos en que está redactada, manifestando además que la misma está de acuerdo con sus instrucciones sobre el particular; bastando este otor-gamiento en señal de formal toma de posesión.”

El matrimonio Amy-Emanuelli se disolvió por sentencia de divorcio, y por escritura de liquidación de bienes ganan-ciales otorgada en marzo 15, 1930, los solares se adjudicaron a la esposa, la demandante. La compra se había verificado a instancias de ésta para fabricar una casa residencial. Disuelto el matrimonio, como la demandante no contara con suficientes medios para la fábrica, decidió vender los solares y al efecto mandó colocar nn letrero sobre ellos anunciando la venta. Quitaron el anuncio y vuelto a colocar lo quitaron de nuevo, alegando “dos americanos, el esposo y la señora” que eran dueños del solar. “Desde entonces”, dice la de-mandante, declarando, en el juicio, “empecé a Racer gestio-nes para que el señor Cadierno hiciera algo conmigo puesto que habían impedido que yo tomase posesión del solar. . . . Al encontrarme que ese solar no era del señor Cadierno ni mío entonces yo le dije que me entregase mi dinero y mis intereses, porque ya yo no iba a fabricar. ... El señor Cadierno empezó a decirme que tuviese calma que él iba a buscar el dinero; que él me iba a entregar mi dinero, y me ha estado entreteniendo así.”

La declaración de la demandante está corroborada por la de su hermano Miguel A. Emanuelli, por la de su abogado y por prueba documental creditiva de que el solar con frente a la carretera o sea el número uno había sido vendido por escritura pública de 28 de abril de 1913 por José D. Riera a María Ruff y por ésta a Walter D. Beecher y a su esposa Eva Lytle Beecher el 4 de mayo de 1915 por escritura pú-blica en esa fecha otorgada. Esas ventas constan inscritas en el Registro de la Propiedad en los años 1913 y 1915. Al margen de la inscripción de 1915 hay una nota puesta en septiembre 12, 1916,- que dice:

“Consumada a favor de Walter D. Beecher y su esposa Eva Lytle Beecher la venta a que se refiere la inscripción del frente, por haber transcurrido el plazo fijado según dicha inscripción sin que la ven-dedora Doña María Ruff haya hecho uso del derecho de retracto que se reservó, habiéndose solicitado esta consumación.”.

Ésa es la realidad de las cosas, admitida por el propio demandado según surge de la declaración del abogado-de la demandante, como sigue: ■

“La señora Emanuelli me encomendó el 26 de julio de 1932, que la representase en este asunto que tenía pendiente con el señor Cadierno. Siguiendo la costumbre que he seguido siempre, de antes de presentar una demanda hacer una gestión amistosa para ver si es posible llevar a las partes a un entendido y, sobre todo, tra-tándose de personas amigas como el señor Cadierno, cité al señor Ca-dierno a una entrevista. Por fin fui a verle a su despacho y habla-mos sobre el particular y le formulé verbalmente la reclamación que contra él tenía o tiene la señora Emanuelli, manifestándole que Rabia hecho un estudio del Registro de la Propiedad y que de este registro aparecía. ... El señor Cadierno reconoció no una vez, sino todas las veces que me entrevisté con él, que fueron tres o cuatro veces, primero, que el solar ese no era de él, que a él se lo habían vendido ■después de haber sido ya vendido a la señora Ruffi, quien más tarde lo vendió al señor Beecher. El señor Cadierno alegaba que no había responsabilidad por parte de él puesto que a él le habían vendido una cosa que no era del vendedor y que él la había vendido igual-mente a mi cliente, — la señora Emanuelli. Terminó el señor Ca-dierno diciéndome que él estaba dispuesto a llegar a un arreglo y a un entendido a base de devolverle a esta señora su dinero pero que •él estaba sumamente apremiado de fondos porque tenía su dinero •comprometido en el Banco Popular; que había tenido que contribuir ■con una gran suma para abrir de nuevo ese Banco, pero que tan pronto se abriese el Banco y él estuviese en condiciones, me haría una proposición para el arreglo definitivo de esta cuestión, supli-cándome que no interpusiese una demanda; que lo aguardase, como lo aguardé, hasta el mes de febrero. To pasé el mes de noviembre, •diciembre y enero en los Estados Unidos. A mi regreso en el mes de febrero volví a ver al señor Cadierno. Me volvió a hacer las mismas ofertas, con igual súplica, y teniendo yo que regresar a los Estados Unidos a principios de marzo, volví a verlo antes de embar-car. El vapor salía el jueves y el señor Cadierno me ofreció que •el miércoles a más tardar transaríamos el asunto. Llegó el jueves por la mañana sin transacción ni oferta de ninguna clase, concreta o definitiva, y entonces entregué mis notas y cambié impresiones con ■el compañero Ortiz Alibrán, dejándole encargado que presentase la demanda. Después de interpuesta esta demanda volví a ver al señor ■Cadierno; volví a hacer gestiones con él para transar el asunto antes de tener necesidad de llegar al juicio. El señor Cadierno me suplicó en el término pasado y antes pasado de esta Corte- — los términos que ha habido antes de éste desde que se contestó la demanda — que no .señalase el caso para juicio, que este asunto lo arreglábamos de un momento a otro, y por eso tardó este asunto en llegar a juicio. Con-vencido de quo no era posible arreglar el asunto amistosamente, se-ñalamos el caso para juicio.”

Pidió el demandado la eliminación de la declaración del abogado de la demandante y la corte resolvió:

“Se elimina toda la declaración del testigo en cuanto a ofertas de transacción hechas por el señor Cadierno. Lo demás queda.”

Tomó excepción la demandante y el testigo continuó:

“Si me permite la Corte. He querido hacer constar simplemente que el señor Cadierno reconoció repetidas veces que el solar que él vendió, el solar núm. 1 de la manzana K, tal como se describe en la escritura y que él vendió a la. señora Emanuelli, no era de él; que a él se lo vendió una persona que no tenía derecho a vendérselo. . . . El señor Cadierno, en el momento en que hablaba conmigo, admitió-que ese solar que él vendió no era de él, pero no que lo supiera en el momento que lo vendió; y que él lo había pasado tal como se lo habían pasado a él.”

El demandado Cadierno declaró qne desde el 19 de marzo-de 1923 en qne adquirió la finca de la qne segregó y vendió-los solares en cuestión no fué molestado en su posesión. Las reclamaciones de la demandante fueron a fines o a mediados del 1932. En la única entrevista que tuvo con la demandante ésta le suplicó que le comprara los solares porque estaba necesitada de dinero. No recuerda cuándo fué “pero quizá haya sido por el año ’29 o algo así.” Dice que “estaba en posesión del solar por un documento público” y pagó sus contribuciones mientras fué suyo.

Llamado' a declarar por la parte demandante, y a la pre-gunta: “¿ No compró usted, señor Cadierno, el solar núm. 1, letra K, a que se refiere este pleito, por escritura núm. 13 de 20 de abril de 1933, a la señora Beecher?” contestó: “Yo he comprado un solar en una parcela de terreno en la finca Buena Vista, en la Notaría de Don Francisco Ramírez de Arellano. No recuerdo en este momento qué número es el solar, ni qué dimensiones tiene ni nada de eso.”

Se objetó que se trataba de probar un hecho ocurrido con posterioridad a la demanda y el juez sostuvo la objeción así: “Éste es un hecho posterior a la demanda que no podría ser objeto de prueba.”

Tomó excepción la demandante y continuó su interro-gatorio con el siguiente resultado:

“A. — ¿Quién posee ese solar boy? — ¿El solar núm. 1, letra K, a que se refiere esta demanda, o sea el solar que usted le Tendió a la señora Emanuelli? ¿Está boy en poder de usted o de ella? — T.—Yo no sé si ella lo babrá vendido. — A.—¿Pero usted no está en posesión de él? — T.—Yo no sé si ella lo babrá vendido.' — A.—No le pregunto eso. Mi pregunta es bien clara y usted debe contestarme categórica-mente. ¿Usted está en posesión de ese solar, o no está en posesión? —T.—No lo sé realmente; yo creo que no. — A.—¿Usted no sabe si está en posesión entonces? — T.—No, señor, no tengo la seguridad.— A. — ¿No tiene la seguridad? — T.—No, señor, no la tengo. — A.—¿De modo que podría ser verdad que usted estuviera en posesión de ese solar? — T.—Podría y no podría ser verdad. — A.—¿Entonces podría ser que usted estuviera en posesión de una cosa sin saberlo? — T.—Sí, señor, porque como uno tiene tantas cosas. . . . —Dte.—Nada más, señor Juez.”

En su relación del caso y opinión el juez de distrito dice, en parte, lo que sigue:

“Así mismo aparece de la prueba, (certificación del Registrador de la Propiedad de 20 de octubre de 1933, Exb. E de la demandante), que un solar de los que se describen en la demanda aparecía previa-mente inscrito en el registro a nombre de Eva Lytle Beecber, si bien con una cabida algo distinta a la reseñada al solar letra A, coincidiendo en sus colindancias con el mismo.
“La teoría de la parte demandante es que no habiéndose entre-gado la cosa vendida, procede la rescisión del contrato, toda vez que siendo el contrato de compraventa una obligación bilateral o recí-proca que impone al vendedor la obligación de entregar la finca objeto de la venta, y al comprador la obligación de pagar el precio convenido, no hay contrato, o por lo menos, el celebrado debe ser-rescindido por el no cumplimiento coactivo de la obligación que te-nían los demandados de entregar la finca.
“Los pedimentos que se hacen en la demanda son los siguientes: —Que declaremos resuelto el contrato de compraventa, y por lo tanto, se ordene la devolución a la demandante del precio de la compra dé los solares con más los intereses correspondientes, además de una suma por daños y perjuicios y las costas del procedimiento. Como se ve claramente, la acción que se ejercita en este caso es una ac-ción resolutoria. ... La prueba revela claramente, ya por los tér-minos de la escritura de venta, o ya por la admisión personal de la demandante en la escritura de disolución de bienes gananciales, que ella estaba en posesión de los solares. Como dice bien la parte de-mandante, se trata de un caso de doble venta, y de acuerdo con la ley, la propiedad pertenece en casos de esta naturaleza, al que antes la baya inscrito en el registro; pero esto no quiere decir que el se-gundo adquirente quede huérfano de su derecho, porque ya la misma ley le reconoce el camino o remedio para obtener la reparación a que tuviere derecho, toda vez que el vendedor siempre asume la obliga-ción de la evicción y saneamiento de los bienes inmuebles que venda.
“Yendo ahora a la cuestión principal que levanta la demandante, o sea, proponiendo la resolución del contrato, tenemos que decidir que, a nuestro juicio, se trata en este caso de un contrato consu-mado, y perfecto, y por consiguiente, no procede la acción resoluto-ria. Dice la ley que los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse, y señala así mismo los casos en que tal rescisión es auto-rizada; pero también establece la ley de modo expreso que la acción de rescisión es subsidiaria y que no puede ejercitarse sino cuando-el perjudicado carece de otro remedio legal que le proporcione re-paración del daño causado. Entre los casos de rescisión de con-trato que autoriza la ley, no está expresamente especificado el caso que es objeto del presente litigio. Solamente hemos encontrado un -caso que tenga alguna analogía con el presente, y es el de López v. Lizardi, reportado al tomo 27 D.P.R. 755. En este caso se establece la doctrina de que cuando se otorga una escritura de compraventa, existe la presunción juris tantwm de entrega de la cosa vendida; que generalmente la presunción es la realidad, y si en la realidad surge un caso contrario, la entrega simbólica reconocida en el segundo pá-rrafo del artículo 1365 del Código Civil no decide finalmente la cues-tión. Análoga doctrina la establece también el Tribunal Supremo en el caso de Ferry v. Alomar, 15 D.P.R. 752. No tenemos prueba al-guna de que la demandante haya sido perturbada en la posesión de la finca adquirida, salvo las manifestaciones que se hicieron de que •alguien quitó el signo o anuncio que de la venta de la finca se colocó •en la misma. Quién haya podido ser el autor de esto, no surge •de la prueba; tampoco aparece de la misma que aparte de esta cir-cunstancia haya habido un acto ostensible de perturbación en la po-■sesión, ni tampoco de que exista fundado temor de ser perturbada por medio de una acción judicial. De suerte que, siendo el con-trato de compraventa realizado entre las partes, uno perfectamente ^consumado, no son aplicables los preceptos del artículo 1242 y si-guientes del Código Civil, aunque hacemos reserva expresa de que de acuerdo con el mismo código, pueden surgir otras relaciones entre las partes, como son las que se derivan de la obligación que el ven-dedor tiene de responder siempre de la evicción y saneamiento de la cosa vendida, cuando esto llegue a ocurrir.
“En cuanto a la segunda, cuestión que levanta la parte deman-dada. . . a saber: que la acción está prescrita a tenor de lo que pre-ceptúa el artículo 1251 del Código Civil de Puerto Rico, tratándose, como se trata en este caso, del ejercicio de una acción rescisoria, el artículo 1251 del Códig’o Civil dispone que la acción para pedir la rescisión solamente dura cuatro años. De conformidad con la prueba practicada, el contrato de compraventa fué otorgado en el mes de febrero del año 1927, y la demanda original de estos procedimientos fué radicada en 31 de marzo de 1933, esto es, mucho después de transcurridos los cuatro años que señala la ley. Un simple cálculo aritmético nos lleva a la conclusión de que ha transcurrido con exceso el término estatutario. No hay alegaciones ni prueba alguna de que la prescripción haya podido interrumpirse; por el contrario, apa-rece que las gestiones hechas por el demandado Cadierno lo fueron después de presentada la demanda, según la propia prueba de la de-mandante. Estamos plenamente convencidos de que existiendo, como existe, una doble inscripción, la demandante puede en su oportuni-dad acogerse al remedio que la ley le señala para la defensa de sus intereses; pero ni las alegaciones ni la prueba, justificarían una sen-tencia a favor de la demandante declarando rescindido o resuelto un contrato ya perfeccionado desde hace más' de seis años.”

No conforme la demandante, apeló para ante este Tribunal. Señala en su alegato tres errores cometidos, a su juicio por la corte sentenciadora, al decidir que por haber tomado posesión del solar vendídole, está impedida la de-mandante de ejercitar su acción, al confundir la acción re-solutoria ejercitada con la rescisoria y al declarar prescrita la acción.

La acción rescisoria, según Escriche, es aquélla que tiene por objeto la invalidación de alguna obligación, contrato,, testamento y demás actos que pueden constituir éstas por haber intervenido dolo, violencia física o moral o perjuicio' irrogado a un menor de edad, y resolutoria es la que tiene por objeto la invalidación de la obligación contraída, repo-niendo las cosas en el estado que tenían antes de otorgarse aquéllas. 1, Escricbe, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, 194.

La que se ejercita en este caso no es una acción resciso-ria, sino resolutoria, tal como la tituló desde un principio la demandante. Surge a virtud de lo dispuesto en los artículos 1334, 1350, 1389, 1395, y 1077 del Código Civil, ed. 1930, que prescriben:

“Artículo 1334. — Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.
“Artículo 1350. — El vendedor está obligado a la entrega y sa-neamiento de la cosa objeto de la venta.
“Artículo 1389. — El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijado por el contrato.
“Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.
“Artículo 1395. — La venta se resuelve por las mismas causas que todas las obligaciones, y además por las expresadas en los capítulos anteriores, y por el retracto convencional o por el legal.
“Artículo 1077. — La facultad de resolver las obligaciones se en-tiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste re-sultare imposible.
“El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
“Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros ad-quirentes, con arreglo a los artículos 1247 y 1250 y las disposiciones de la ley hipotecaria.”

¿ Cumplió el vendedor en este caso con la obli-gación de entregar al comprador la cosa que vendiera? He-mos visto que la corte sentenciadora contesta la pregunta en la afirmativa. Se basa en el artículo 1351 del Código •Civil, ed. 1930, que dispone:

“Artículo 1351. — Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
“Cuando se baga la venta mediante escritura pública, el otorga-miento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario. ’ ’

Aquí la venta se hizo por escritura pública y en la escri-tura consta lo que sigue: “Bastando este otorgamiento en señal de formal toma de posesión.”

Para todos los efectos legales en un caso normal, eso es bastante. A virtud de la toma simbólica de posesión, queda convertido el comprador en dueño, si cumple, por supuesto, & su vez con sus obligaciones.

En el caso de Ferry v. Alomar, 15 D.P.R. 752, 755, esta ■corte por medio de su Juez Asociado Sr. Figueras, dijo:

“ ... la tradición simbólica que se constituye por medio del ■otorgamiento de la escritura de venta y que tiene su precedente en la ley 8a. título 30 de la partida 3a., está excepeionada sólo cuando ■de la misma resulte o se deduzca de un modo claro que la cosa, ven-dida no se ba querido entregar por el vendedor que es el obligado a cumplir con esta exigencia de la ley.
“El Código Civil Revisado en sus artículos 1365,1366 y 1367 ba ido 'enumerando las distintas maneras como la cosa puede ser entregada. En tocias ellas se puede apreciar que lo que da vida legal al acto de la entrega es esencialmente la determinación de la voluntad de las partes de entregar y recibir respectivamente. Cuando la cosa se pone en poder y posesión del comprador; cuando se emplea un símbolo cuyo normal y ordinario simbolismo consiste en suponer la entrega; cuando bay un acuerdo expreso sobre este punto, o cuando sabiendo el valor que la ley da al otorgamiento de la escritura, es ésta otor-gada sin salvedades ni restricciones, bay que entender que ba habido voluntad de entregar y que la cosa bá sido entregada. Trátase al cabo de la interpretación de un acto que presupone una determinada posición de la voluntad.”

En el de López v. Lizardi, 27 D.P.R. 755, 756, la corte colocando el alcance de la entrega por medio de escritura dentro de sus justos límites, se expresó así:

“Estamos conformes con el apelante en que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Evidencia, habiéndose pactado en el con-trato expresamente lo relativo a la entrega, debe entenderse que el contrato contiene todas las condicions relativas a la misma. Pero no-lo estamos en las consecuencias absolutas que deduce de lo dispuesto-por el legislador en el precepto del Código Civil que dejamos citado. (Art. 1365.) Otorgada la escritura,, existe la presunción juris-tantum de la entrega. En el orden normal de las cosas, la presun-ción es la realidad misma. Pero si surge un caso contrario en la. realidad, la entrega simbólica reconocida en el segundo párrafo del artículo 1365 del Código■ Civil, no decide finalmente la cuestión.”

Y aquí la evidencia practicada produce la convicción de-que de hecho el solar que da a la carretera jamás le fué en-tregado por el demandado a la demandante, ni ésta tomó-posesión material ni disfrutó de él en modo alguno, motivo por el cual no podemos estar conformes con el juez senten-ciador en que, en cuanto a ese solar se refiere, se trate de un contrato verdaderamente consumado y perfecto. En cuanto al otro solar la realidad está en armonía con la pre-sunción.

Pero hay más, no sólo no entregó el demandado el solar de que se trata a la demandante si que estaba en la imposibilidad de entregárselo ya que vendió una cosa queno le pertenecía.

Manresa, refiriéndose en sus Comentarios al artículo 1445 del Código Civil Español, igual al 1334 del nuestro, ed. 1930,. a la venta de cosa ajena, dice:

“Respecto a la cosa ajena nada dice nuestro Código. Desde luego, no es válida, porque la venta representa una transmisión de derechos, y mal puede nadie transmitir lo que no tiene. Lo que ocurre, es que esa venta puede llegar a'producir efectos mediante la prescripción, y es porque entonces se transmite por el vendedor el' verdadero derecho que tiene sobre la cosa, que es el de posesión si» dominio.
“Atendiendo a esto, y a la doctrina de la eviceión, que garan-tiza al comprador de cosa ajena, varios Códigos y varios autores admiten como válida la venta de cosa ajena. Pero a nuestro modo-de ver, la obligación del saneamiento en caso de eviceión, viene pre-cisamente a poner de relieve la nulidad más o menos encubierta de esa clase de ventas, imponiendo al vendedor el deber de indemnizar. La ley que admite el derecho de posesión enfrente del derecho del dueño, y supone la buena fe mientras no se pruebe lo contrario, lo que hace es aceptar la posibilidad de que se venda una cosa ajena en la creencia de ser propia, y dejar el acto abandonado a las con-secuencias que puedan después sobrevenir.
“La jurisprudencia patria ha mostrado un criterio un tanto in-deciso en orden al problema de la venta de cosa ajena. La tesis de su validez está confirmada incidentalmente por las Resoluciones de la Dirección de los Registros de 6 de diciembre de 1898 y 2 de septiembre de 1902, que declaran no es esencial al contrato de venta que el vendedor sea dueño de la cosa vendida, y también por la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1921. En cam-bio, parecen inclinarse a la solución contraria la sentencia de 26 de junio de 1924, que entiende que siendo de ajena pertenencia la cosa que ofrezca el vendedor, faltan los elementos reales necesarios para la perfección del contrato, y la de 20 de noviembre de 1925, que hace la afirmación de que el error que consiste en suponer cosa propia del vendedor la que es ajena, invalida el consentimiento.” 10 Manresa. Comentarios al Código Civil Español, pág. 24.

Y Scaevola en el tomo 20 de sus Comentarios al Código Civil, p. 687 y siguientes, se expresa, en parte, como sigue:

“Distinguieron los romanos entre el hecho ajeno y la eosá ajena, y aunque reputaron nula toda estipulación sobre el hecho de otro, así porque el consentir es subjetivo y ha de referirse a la propia voluntad, como porque de otro modo la validez argüiría el secuestro de lá libertad de un tercero sin acto suyo, concedieron cierto valor a la venta de la cosa de un extraño, aunque siempre en contempla-ción a que éste podía consentir a su vez sobre el objeto.
“El Código de las Partidas puntualizó hasta con excesiva proli-jidad el caso que nos ocupa: Cosa, agena, vendiendo un orne a otro valdrá la vendida. Repite, como es visto, la regla romana; pero el comprador, o sabe que la cosa no pertenece al vendedor, o cree que es de éste; si lo primero, no puede repetir el precio aunque la reivindique su dueño; si lo segundo, el vendedor debe, no sólo pe-char el precio, más todos los daños y menoscabos que se produjeran con ocasión de dicha venta. (Partida 5a., tit. Y, ley 19.)
“Lo mismo en las leyes de Partidas que en las romanas, por obra de nn mecanismo artificioso encontramos la posibilidad de trans-mitir a título oneroso o gratuito la cosa de otro, y todavía en el Código español, por reminiscencias de aquellos Derechos, se ba le-gislado sobre el legado de cosa ajena, de lo cual dan cumplido tes-timonio los artículos 861 y 875; mas si se analizan estas transmisio-nes, se adquirirá la plena certeza de que entre la venta y el legado de la cosa propia y de la cosa ajena, bay una verdadera sima que las separa. . ........
“¿Dónde, pues, reside la perfección de un modo transmisivo que abre franco paso al derecho del dueño mediante la acción vindica-toria? Si el modo no autoriza la sustitución del dueño, digamos con plena convicción que la venta de la cosa de otro en su propio y genuino sentido de modo transmisivo, es esencialmente nula y no puede constituir objeto lícito de contrato de compraventa.”

Tampoco podemos estar conformes con el juez; sentenciador en que la acción — siempre en cuanto al solar que da a la carretera — baya prescrito. Se trata de un contrato inexistente ya que nunca tuvo ni pudo tener realidad cumplida, no siéndole aplicable por tanto la regla contenida en el artículo 1251 del Código Civil, ed. 1930.

Por lo que respecta al solar núm. 2, aun cuando bemos tenido algunas dudas sobre si debe seguir la suerte del núm. 1, ya que el propósito de la compra por parte de la deman-dante fue el de fabricar su casa residencial formando de ambos solares una sola finca, dada la naturaleza de la acción ejercitada y el tiempo en que lo fué, no creemos que pueda dictarse sentencia declarando la resolución de su venta, y en cuanto a las otras reclamaciones tampoco procede dictar sen-tencia favorable a la demandante por falta de evidencia es-pecífica y convincente.

Por virtud de lo expuesto debe modificarse la sentencia recurrida declarando la demanda con lugar en cuanto a la resolución del contrato de venta del solar núm. 1, condenando al demandado a devolver a la demandante la suma de $2,240 con intereses legales a partir del 9 de junio de 1928, fecha en que fué finalmente satisfecha en su totalidad dicha suma, quedando subsistente en todo lo demás.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.