author: El Juez Asociado SeñoR Cókdova Dávila,

text:
    Venancio Flores Irizarry, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 1047.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

    Resuelto: Noviembre 27, 1935.

      Rafael A. Saliva, abogado del peticionario; J. Alemañy Sosa, abo-gado de la demandada en el recurso y del demandado en el pleito que motivó el certiorari.

   El Juez Asociado SeñoR Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José López Fernández solicitó, mediante expediente' de dominio tramitado ante la Corte de Distrito de Mayagüez, que se le declarara dueño de cierta finca. Venancio Flores Irizarry se opuso a esta solicitud, que la corte declaró con lugar, después de oír a las partes, en 17 de mayo de 1935. El opositor y aquí peticionario, no conforme con dicha reso-lución, apeló de dicha sentencia en 21 de mayo de 1935. El día primero de junio de dicho año, el peticionario solicitó de la corte que se le concediera un término para radicar una exposición del caso. Negóse la corte de distrito a acceder a lo solicitado. En vista de esta negativa y de que no había expirado el término de treinta días para recurrir de la sen-tencia, el peticionario radicó en la corte de distrito un se-gundo escrito de apelación. A los cinco días de su radicación presentó a la corte inferior una exposición del caso, solici-tando que se aprobara. La corte de distrito se negó a impar-tirle su aprobación, por entender que existía una apelación pendiente que impedía la radicación de una nueva apelación y porque, a su juicio, carecía de jurisdicción para intervenir en la tramitación del segundo recurso interpuesto estando pendiente el primero. El peticionario ha solicitado por me-dio de certiorari que se anule esta última resolución, alegando que el tribunal inferior incurrió en error al negarle el dere-cho a esta segunda apelación, después de haberle negado la prórroga solicitada en la primera.

La doctrina que permite la radicación de una segunda apelación, cuando no ha expirado el término para apelar y se ha desestimado la primera, ha sido aceptada por esta corte y por numerosas decisiones. Ex parte Orellana y Pueblo, 46 D.P.R. 207, y casos citados. La duda surge cuando, como en el presente caso, no se ha desistido del primer recnrso. Sobre este punto se advierte nna marcada divergencia en las decisiones de los tribunales. En algunas jurisdicciones se sostiene que no puede tramitarse una se-gunda apelación sin haberse desestimado la primera. En otras se mantiene un criterio opuesto.

En Reichenbach v. Lewis et al., 5 Wash. 577, 32 P. 460, la Corte Suprema de Washington sostuvo que no procede un recurso de apelación, mientras esté pendiente una moción de desestimación de una apelación anterior, por no haberse radicado una transcripción del caso dentro del término fijado por la ley. Sin embargo, esta misma corte, en un caso posterior que citaremos más adelante, sostiene una doctrina con-traria.

En el caso de Cruzen v.“ Merchants State Bank, 109 Minn. 303, 123 N. W. 666, la Corte Suprema de Minnesota resolvió que un apelante no puede desestimar por sí mismo, en la corte de distrito, una primera apelación y tramitar la se-gunda. Para que pueda establecerse un nuevo recurso debe esperarse a que la Corte Suprema desestime el primero. Yéase también el caso de Newburg v. Getchell & Martin Lumber & Mfg. Co., 106 Iowa 140, 76 N. W. 514.

En Brown v. Plummer, 70 Cal. 337, 11 P. 631, la corte sostuvo que cuando pende ante el Tribunal Supremo una buena y válida apelación, no procede una segunda apelación contra la misma sentencia por la razón de que después de haberse interpuesto la primera apelación no queda nada en la corte inferior que pueda ser objeto de un nuevo recurso. La corte, sin embargo, hace constar lo siguienfte: ‘ ‘ Cuando la segunda apelación fué interpuesta, el tiempo para radicar la transcripción de autos en la primera apelación no había ex-pirado, existiendo en dicha fecha un recurso existente y vá-lido ante este tribunal.” Estas palabras de la corte parecen indicar que otra hubiese sido su resolución si al interponerse la segunda apelación hubiese expirado el plazo para radicar la transcripción de autos en el recurso anterior.

En Bornheimer v. Baldwin, 42 Cal. 27, se permitió una se-gunda apelación antes de la desestimación de la primera que no había sido perfeccionada. En el caso de Keaton v. Municipal Court, 209 Cal. 52, resuelto en 1930, se cita con aprobación el caso anteriormente mencionado.

En el caso de Groendike v. Musgrave, 123 Iowa 535, 99 N.W. 144, el apelante radicó en la corte un escrito desistiendo voluntariamente de la apelación interpuesta. A raíz de la desestimación de esta manera efectuada, interpuso un se-gundo recurso de apelación. La parte apelada alegó que el apelante había agotado su derecho para obtener una revisión del caso mediante apelación. Resolviendo la cuestión plan-teada la Corte Suprema de Iowa se expresó así:

“Brevemente expuesta, la cuestión es la siguiente: ¿Puede un apelante voluntariamente desestimar una apelación ya perfeccionada y posteriormente, dentro de los seis meses de la fecha de la sen-tencia que se trata de revisar, entablar una segunda apelación? Nos inclinamos a sostener la afirmativa. No parece haber motivo ade-cuado para negar ese derecho, y, según veremos, esta práctica halla amplio sostén en la decisiones de los tribunales. El estatuto concede a una parte seis meses para entablar apelación. La experiencia ha demostrado que los abogados no están totalmente exentos de co-meter sus errores, y si habiendo tratado de tramitar una apelación, el letrado encuentra que por algún error u omisión su recurso corre el riesgo de perderse sin entrar en los méritos del caso, y el límite estatutario no ha transcurrido, ¿por qué no ha de permitírsele que se aproveche de este locus poenitentíae para desestimar la apelación ineficaz y empezar de nuevo? Por su analogía con el derecho libre-mente ejercido de desestimar una acción original y renovarla, parece que esta práctica-es de todo punto válida. (Citas.)”

Aunque en el caso anteriormente citado el apelante de-sistió voluntariamente del primer recurso interpuesto, sin embargo, los argumentos del tribunal pueden muy bien apli-carse al caso de un apelante que abandona voluntariamente la primera apelación por haber incurrido en algún error o por encontrarse colocado en condiciones de no poder continuar tramitándola con la amplitud debida para la protección de todos sus derechos.

En las decisiones qne hemos citado hay algunas que se manifiestan abiertamente opuestas a que se conceda una se-gunda apelación sin haberse desestimado la primera, y otras que más bien favorecen la interposición de un segundo re-curso, aunque el primero no haya sido formalmente desesti-mado. Las decisiones qne pasamos a citar tratan directa-mente la cuestión y sostienen sin reserva alguna esta última teoría.

En el caso de Evans v. State Bank, 134 U.S. 330, la Corte Suprema de Estados Unidos se expresó en los siguientes términos:

“El decreto en este caso fué dictado el 19 de junio y su recon-sideración negada el 6 de julio de 1885. El 8 de julio del mismo año se espidió orden concediendo a la Sra. Evans y su esposo — - demandantes en la corte inferior — una apelación para ante este Tribunal mediante prestación de fianza con la garantía fijada; y el mismo día la fianza fué radicada y aprobada. Nada más se hizo y no habiéndose radicado el récord en este tribunal durante el tér-mino subsiguiente, la apelación perdió su finalidad (became of no avail), por no haber sido debidamente tramitada. Credit Co. v. Arkansas Central Railway Co., 128 U. S. 258. El 21 de mayo de 1887 los esposos Evans solicitaron de la corte que concediera apela-ción del referido decreto, la cual ese mismo día fué concedida y re-gistrada, bajo la condición de que los peticionarios prestaran fianza con los requisitos de ley. Esa fianza fué prestada y aprobada el 3 de octubre de 1887, y se libró y notificó la citación, la cual podía ser diligenciada durante el término de octubre de 1887. El récord fué radicado aquí en marzo 31 de 1888, uno de los días de ese término.
“Se nos presenta ahora moción para desestimar el recurso, por los fundamentos de que no podía ser concedido, ya que la corte había perdido su autoridad a virtud de la concesión del primer recurso, y porque si ello no fuera así, la segunda apelación no fué entablada dentro de los dos años a partir de la fecha del registro del decreto. En cuanto al primero de esos motivos puede decirse que cuando transcurrió el término durante el cual podía diligenciarse la ci-tación de la primera apelación sin haberse radicado el récord, esa apelación había perdido su eficacia y el asunto quedaba abierto para entablar un segundo recurso como habría sucedido si el apelado hu-biera registrado el caso y logrado su desestimación. ’ ’

En el caso que acabamos de citar no se requirió que la primera apelación fuese desestimada para permitir la se-gunda. Como hemos visto, la corte resolvió que cuando transcurre el término para radicar los autos de un caso, una segunda apelación puede seguirse, si el término para apelar no ha expirado.

La Corte Suprema de Arkansas, en un caso de doble ape-lación, se expresa en los siguientes términos:

“En Turner v. Tapscott, 29 Ark. 318, se sostuvo lo siguiente:
“ 'Una parte que ha promovido una apelación sin supersedeas y que deja de perfeccionarla dentro del tiempo requerido por la ley, puede interponer una nueva apelación en cualquier momento dentro del período que la ley señala para apelar. En tales casos la mejor práctica, pero no la necesaria, es conseguir que la primera apelación sea radicada y desestimada antes de interponer la segunda.’
“En Rice v. Reed, 29 Ark. 320, y Kinner v. Dodd, 35 Ark. 29, se sostuvo que 'una parte que ha promovido una apelación con su-persedeas y dejado de continuarla, debe radicar la apelación en este tribunal y desestimarla antes de interponer una segunda apelación.’
“No vemos que exista ninguna buena razón para exigir la deses-timación de una apelación con supersedeas antes de que pueda con-cederse otra dentro del tiempo prescrito por la ley, cuando no es necesario desestimar una apelación sin supersedeas para que pueda interponerse un nuevo recurso, a menos que en el primer caso sea necesario esta práctica para que el apelado pueda solicitar su re-medio contra los fiadores que suscribieron la fianza en la apelación. Si bien es cierto ’que es una práctica desestimar la apelación con supersedeas antes de interponerse un nuevo recurso, el mismo re-sultado puede obtenerse desestimando la primera después de haberse-conseguido la segunda. En este caso el apelado puede hacer efectivo' su remedio contra la fianza. Sería una ceremonia innecesaria radicar-ía apelación con supersedeas en este tribunal y desestimarla en unión de la segunda apelación, cuando hay dos apelaciones pendientes, e-interponer entonces un tercer recurso, cuando el mismo fin puede-ser obtenido desestimando la primera apelación.’’

La razón apuntada por el Tribunal Supremo de Arkansas no es aplicable a Pnerto Pico, donde no es necesario prestar fianza para interponer nna apelación. El tribunal, sin embargo, resolvió que podía interponerse una segunda apelación sin haberse desestimado la primera, aunque considera que la mejor práctica es obtener previamente la desestimación de la apelación original.

La Corte Suprema de Washington, que en Reichenbach v. Lewis, supra, sostuvo una doctrina contraria, posteriormente, en Noble v. Whitten, 34 Wash. 507, 76 P. 95, se expresa así:

“Dos apelaciones ban sido interpuestas en esta causa y los ape-lados ban solicitado que ambas sean desestimadas. Una de las razo-nes que se aducen para la desestimación de la última apelación es-, que la anterior estaba aún pendiente cuando se interpuso la segunda.. En su argumentación oral los apelantes manifestaron que habían aban-donado la primera apelación y que solamente descansaban en la-, segunda. La moción para desestimar fué notificada con posteriori-dad a la notificación de la segunda apelación. En circunstancias; similares esta Corte ba sostenido que la primera apelación ba sido-abandonada y no debe impedir la interposición de la última cuando ba sido debidamente establecida. (Citas.) ”

De acuerdo con la jurisprudencia citada, una segunda ape-lación puede interponerse cuando no haya expirado el tér-mino para apelar y la primera haya perdido su eficacia o-haya sido expresa o tácitamente abandonada por el apelante. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Evans v. State Bank, supra, nos dice que cuando transcurrió-el término durante el cual podía diligenciarse la citación dé-la primera apelación sin haberse radicado el récord, esa ape-lación había perdido su eficacia, quedando el caso abierto-para entablar un segundo recurso como habría sucedido si el apelado hubiese radicado el pleito y logrado su desestima-ción. La Corte- Suprema de Washington, en Reichenbach v. Lewis, supra, hace notar que los apelantes manifestaron en su argumentación oral que habían abandonado la primera apelación y-que sólo descansaban en la segunda, y dice que en circunstancias similares, cuando se ban establecido dos recursos, la corte ba sostenido que la primera apelación ba sido abandonada y no debe impedir la interposición de la última. El caso sometido a nuestra consideración es bastante raro, porque el apelante, a pesar de baber interpuesto la segunda apelación, insiste en mantener vivo ante esta corte, solicitando prórrogas para perfeccionarlo, el primer recurso interpuesto. Sin embargo, nos parece que la' corte inferior no perdió su jurisdicción para admitir el segundo recurso de apelación y la exposición del caso ofrecida por el apelante después de haberse visto impedido de radicar esa exposición dentro del primer recurso interpuesto. Es claro que el ape-lante no puede tramitar indefinidamente dos recursos de ape-lación a un mismo tiempo contra la sentencia dictada y que ba debido resolver por cuál de los dos se decidía; pero es esta corte y no el tribunal de distrito la autoridad llamada a resolver las cuestiones que bayan podido suscitarse con mo-tivo de la interposición del segundo recurso.

Debe anularse la orden de la corte inferior de primero de julio de 1935 negándose a aprobar, por falta de jurisdic-ción, la exposición del caso presentada por el peticionario.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Antonio R. Matos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 962.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Noviembre 30, 1935.

      H. Torres Soló, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señob. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El 29 de agosto de 1923 (pág. 37) fue aprobada la Ley núm. 12 “Regulando el procedimiento para la cancelación de gravámenes y menciones de derecho y la extinción de ciertas inscripciones y anotaciones, por lapso de tiempo, en el Re-gistro de la Propiedad.” En la sección 3a. de esa ley se dispone lo siguiente: “Los registradores de la propiedad procederán a cancelar de oficio o a instancia de parte las anotaciones de embargo por razón de contribuciones, al trans-currir un año desde la fecha de la anotación.”

Fundándose en el precepto mencionado solicitó Antonio R. Matos del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, en 15 de agosto de 1935, que cancelase un embargo que por $240 había trabado el Tesorero de Puerto Rico y había sido anotado un año antes en el Registro de la Propiedad, sobre cierta finca del Sr. Matos para responder al pago de cuotas por indemnización a obreros. El regis-trador negó la cancelación interesada y el dueño de la finca así gravada interpuso este recurso. ■

El Registrador fundó su negativa de cancelación en lo siguiente:

“ . . . Porque los asientos que mandó a cancelar de oficio la Ley núm. 12 de 1923 fueron los que se habían extendido en los libros especiales establecidos por la Ley de 15 de marzo de 1909 de embar-gos anotados por falta de pago de las contribuciones territoriales im-puestas con arreglo al Código Político (art. 341) y no para cancelar derechos no reconocidos hasta entonces como son las contribuciones por indemnizaciones a obreros, que es de la que se trata, mandadas practicar por la ley 14 de 1933 que dispone se anoten a continuación de la inscripción de la finca del contribuyente o por nota marginal en los libros de inscripciones que existen en el Registro de la Pro-piedad desde su instalación conforme a la Ley Hipotecaria en 1880; porque en la sección l5- se declara como gravamen preferente du-rante tres años con efecto retroactivo los créditos hipotecarios y otros pero exceptúa las contribuciones; porque la sección 5* fija para su cobro el mismo procedimiento que el establecido para hacer efectivas las contribuciones sobre la propiedad; y porque el Teso-rero de Puerto Rico en circular de 9 de enero de 1934 (aprobada por el Attorney General) ordenó a los colectores de rentas internas que cumplieran estrictamente esa disposición legal y enviaran a los registradores de la propiedad la forma correspondiente para que anotaran los embargos en el tomo en que lo estuviera la finca del contribuyente; y porque el párrafo final del art. 168 de la Ley Hi-potecaria que establecía hipoteca legal en favor del Estado, pro-vincias y pueblos por el importe de una anualidad vencida y no pagada por los. impuestos que graviten sobre los bienes fué en-mendada por la ley de 14 de marzo de 1907 y desde entonces ga-rantiza las contribuciones de los tres últimos años y la anualidad corriente; y que para cancelar cualesquiera otros embargos, según la sección 1(b) de la ley en que se funda el solicitante, han de transcurrir por lo menos cuatro años.”

Está equivocado el registrador al negar la cancela! lación interesada, porque la anotación de embargo por falta de pago de las cuotas para indemnizaciones a obreros no surge de la Ley núm. 14 de 1933 ((2) pág. 77) pues antes de ella había dispuesto la Ley núm. 19 de 1916 (pág. 51) que para el cobro de dichas cuotas se seguirá por el Tesorero el mismo procedimiento que para el cobro de la contribución territorial, en el cual se puede hacer embargo de bienes con anotación en el Registro, por lo que el Tesorero podía embargar y hacer anotar embargos por falta de pago de las cuotas para obreros. Lo que dispuso la ley de 1933 fué que de tal clase de embargos se tomase nota al margen o a continuación de las inscripciones de las fincas o derechos reales del contribuyente, mientras que según la ley de 1916 los embargos que trababa el Tesorero se anotaran en libros especiales que habían sido creados.

Lo dispuesto en la sección 1, apartado (b), de la ley de 1923 en qne se funda el registrador para decir que han de transcurrir cuatro años para que la cancelación de embargo interesada pueda hacerse, no es aplicable al presente caso porque la misma se refiere exclusivamente a anotaciones de embargo hechas en virtud de mandamiento judicial.

La referencia que hace el registrador a la sección Ia. de la Ley núm. 14 de 1933 no es correcta por cuanto la misma no declara gravamen preferente durante tres años con efecto retroactivo los créditos hipotecarios y refaccionarios con excepción de las contribuciones, sino establece que los mis-mos tendrán preferencia a toda otra carga o gravamen por contribuciones o por cualquier otro concepto, excepción hecha de las contribuciones sobre la propiedad gravada corres-pondiente a tres años y la anualidad corriente. Tal como es la ley, no vemos qué aplicación pueda tener, porque si bien es verdad, como parece querer darse a entender por el registrador, que la cancelación por el transcurso de un año de anotaciones de embargo por contribuciones que no sean territoriales tendría el efecto de anular la preferencia que para su cobro se obtiene sólo en virtud de tales anotacio-nes, sin que lo mismo ocurra en cuanto a los embargos por contribuciones territoriales, respecto de las cuales subsisti-ría no obstante el gravamen tácito reconocido en ley, basta tener presente que habiendo de seguirse para el cobro de las contribuciones o cuotas de indemnización a obreros el mismo procedimiento que para el cobro de las contribuciones territoriales, su tramitación completa debe con arreglo a la ley tener lugar dentro de un período máximo inferior a un año, para concluir que el extremo indicado dejaría de tener importancia.

Para terminar podemos decir que la sección 3a. de la ley a que venimos refiriéndonos ordena la cancelación de anotaciones de embargo por razón de contribuciones dentro de un año de practicadas, sin distinguir entre si tales contribuciones son debidas por contribución territorial o por cuotas para indemnización a obreros, por lo qne es aplica-ble a todos los embargos hechos por el Tesorero.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la can-celación solicitada por el recurrente.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    María Haydée Ramírez de Arellano y Quiñones, et al., peticionarios, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada.
    No. 1053.

    Sometido: Diciembre 3, 1935.

      Resuelto: Diciembre 5, 1935.

      Agustín E. Font, Pablo J. Toro, M. Guerra Mondragón e Ismael Sol-devila, abogados de los peticionarios; Miguel A. García Méndez y José A. Poventud, abogados del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios en este caso iniciaron demanda de rei-vindicación contra Alfredo Ramírez de Arellano y Rosell. A petición del demandado fué citado de evicción José Antonio Quintín, Gustavo Ramírez de Arellano y Ramírez. Los de-mandados interpusieron contra la demanda excepciones pre-vias que fueron declaradas con lugar. Pidieron los deman-dantes que se dictara sentencia sobre, dichas excepciones, sin imposición de costas. Los demandados solicitaron que se desestimara la demanda imponiendo dichas costas a los de-mandantes. La corte de distrito así lo resolvió. En 5 de septiembre de 1935 fné notificada la sentencia dictada a los demandantes. El día 3 de octnbre del mismo año el abogado de los demandantes, Pablo Jnan Toro, según consta de las notas taquigráficas, tnvo conocimiento del fallecimiento de José Antonio Eamírez de Arellano y Eamírez, citado de evic-ción. Al día siguiente solicitaron dichos demandantes que se reconsiderara la sentencia dictada, fundándose en que ni al dictarse el fallo ni al resolverse las excepciones previas se había escrito opinión ni se habían consignado los motivos o razones jurídicas que sirvieron de base a la decisión. So-licitaron dichos demandantes la vista de su moción para dis-cutir las cuestiones propuestas y la corte señaló el día 14 de octnbre de 1935 para la celebración de la misma. Pidió el demandado Alfredo Eamírez de Arellano que se desesti-mase de plano o eliminase del récord la moción de reconsi-deración. En 10 de octubre los demandantes solicitaron la suspensión o aplazamiento de la vista de la moción de recon-sideración señalada, así como de todo procedimiento en el presente caso, hasta tanto pudiesen ejercitar el derecho que a su juicio les concede el artículo 69 del Código de Enjui-ciamiento Civil, y se dicte la providencia adecuada para hacer la sustitución del referido cansante por herederos, suceso-res, albacea o administrador judicial. El día señalado para la vista de la moción de reconsideración la corte, estando pre-sentes el abogado de los demandantes y el abogado del de-mandado, declaró sin lugar la moción de suspensión solici-tada por los demandantes. Procedióse. entonces a discutir la moción del demandado para que se eliminase del récord o se desestimase de plano la moción de reconsideración, pro-nunciando la corte, al terminar la vista, las siguientes pa-labras :

“Está suficientemente discutida, la corte la deja pendiente abí y queda pendiente de resolución la moción eliminatoria y de deses-timación. ’ ’

Los demandantes y peticionarios solicitaron la expe-dición de nn auto de certiorari para revisar y anular la orden de la corte de distrito negándose a suspender o aplazar la vista de la moción de reconsideración y de cualquier otro procedimiento subsiguiente. Expedido el auto solicitado, el demandado Alfredo Ramírez de Arellano ha comparecido so-licitando sn anulación.

Alegan los peticionarios que la resolución de la Corte de Distrito de Ponce denegando la solicitud de suspensión es errónea y contraria a las leyes de procedimiento, por cuanto el citado de eviceión era litigante en unión del demandado, tenía derecho como tal a intervenir y había que sustituirlo por sus herederos, sucesores o administrador judicial. Para obtener la expedición del auto alegaron que de no concederse la corte de distrito procedería a resolver la moción de reconsideración de sentencia y si su decisión fuese adversa se produciría un completo fracaso de la justicia, porque al fallarse la reconsideración y notificarse a los peticionarios, empezaría a correr nuevamente el término fijado por la ley para apelar contra la sentencia, lo que se verían imposibilitados de hacer, porque no podrían notificar el escrito de apelación al litigante contrario, que ha fallecido, por ignorar quiénes son sus herederos o administrador judicial y no haber adquirido la suficiente información para sustituirlo de acuerdo con la ley. Añaden los peticionarios que para evitar este fracaso de la justicia han acudido a este tribunal solicitando la expedición de un auto de certiorari donde se haga constar que el mismo tiene carácter suspensivo, de modo que mientras se tramite y resuelva en definitiva el presente recurso, no puedan la Corte de Distrito de Ponce y la parte contraria, continuar procedimientos ulteriores en el litigio que no vayan encaminados a obtener o llevar a cabo la sustitución del litigante fallecido.

El error atribuido a la corte inferior consiste únicamente en haberse negado a suspender la vista sobre la moción de reconsideración y el fallo que debía recaer sobre la misma. Es evidente qne después de dictada la sentencia y antes de presentarse la moción para reconsiderar, la corte no tenía nada qne suspender. ¿ Cambió de aspecto la cnestión por el hecho de qne se solicitase la reconsideración del fallo dic-tado? ¿Estuvo la corte obligada a suspender su resolución hasta tanto fuese hecha la sustitución de partes? El peti-cionario afirma con énfasis que la corte tuvo este deber para proteger sus derechos, colocándolo en condiciones de poder apelar del fallo con citación de las partes realmente intere-sadas. El demandado Alfredo Ramírez de Arellano niega también con énfasis que existiese este deber de parte del tribunal inferior. No es necesario, sin embargo, emitir juicio alguno sobre la cuestión debatida, porque en la actualidad resulta completamente académica. El demandado ha unido a los autos una certificación del secretario de la Corte de Distrito de Ponce, haciendo constar que los peticionarios han presentado ya su moción a la corte inferior, para que de acuerdo con los artículos 43 y 69 del Código de Enjuicia-miento Civil se lleve a cabo la sustitución correspondiente. En esta moción se hace constar que los únicos y universales herederos del demandado citado de evicción son sus hijos legítimos llamados José Antonio, Orlando, Encarnación y Carmen Lydia, todos de apellido Ramírez de Arellano y Ro-dríguez, sus hijos legitimados, que se llaman Víctor Angel, Quintín y Gustavo, su hija natural Matilde Ramírez Alvarez, su viuda doña Gumersinda Rodríguez, y sus nietos legiti-marios William Quintín Ramírez Paganacci y Luis Alberto Morales Ramírez, y en concepto de legataria también su hija natural ya mencionada Matilde Ramírez Alvarez.

Durante la vista el peticionario, representado por su abo-gado, expuso su criterio en el sentido de que la cuestión debatida no había quedado relegada a la categoría de aca-démica, porque podían suscitarse nuevas dificultades. En contestación a este argumento deseamos hacer constar que cuando el derecho de sustituir a una parte que ha muerto ha sido demostrado ante la corte inferior, el tribunal no tiene discreción para denegar la moción. Kehrlein-Swinerton Const. Co. v. Rapken, 30 Cal. App. 11, 156 P. 972. Y en caso de que se niegue puede ser obligado a decretar la sustitución. Ex parte Connaway, 178 U.S. 421, 44 L. Ed. 1134, 20 Sup. Ct. Rep. 951.

Huelga resolver una cuestión que consideramos acadé-mica. La moción de reconsideración no ha sido resuelta, los herederos del demandado citado de evicción son conocidos ya del demandante y la corte, de acuerdo con su moción, tiene conocimiento de este hecho y ha sido requerida para que de-crete la sustitución.

Debe anularse el auto expedido.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Francisco Acevedo Hernández y Pilar Defilló Ruiz, demandantes y apelados, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico y El Banco Industrial de Puerto Rico, Francisco Font Manzano, Síndico, demandados y apelantes.
    No. 6930.

    Sometido: Diciembre 3, 1935.

      Resuelto: Diciembre 5, 1935.

      Son. Procurador General B."Fernández García y B. Cordones Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del Tesorero de Puerto Rico; Large, Acevedo & Lecároz, abogados de los apelados; Carlos Santana Becerra, abogado del Síndico del Banco Industrial.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El dos de diciembre en curso se vieron dos mociones pre-sentadas por la parte apelada, una sobre* corrección de autos y otra sobre desestimación del recurso.

Para sostener la primera alega el apelado que para que esta corte pueda resolver debidamente las cuestiones plan-teadas por los apelantes, es necesario que se unan a la trans-cripción copias de dos declaraciones juradas que se acompa-ñaron a cierta moción sobre exención de fianza y del manda-miento dirigido al Registrador de la Propiedad de Aguactilla sobre anotación de la demanda debidamente diligenciado.

Tras un estudio cuidadoso, opinamos que debe declararse la moción con lugar en cuanto a las declaraciones y sin lugar en cuanto al mandamiento. Este es innecesario para la re-solución del recurso.

Para pedir la desestimación el apelado alega que la trans-cripción de autos elevada es nula por no habérsele adherido los sellos de rentas internas que exige la ley, y que siendo nula dicha transcripción “este tribunal carece de jurisdic-ción para resolver el asunto en su fondo.” Invoca las secciones 2 y 6 de la Ley núm. 17 de 1915 (pág. 45) y los casos de Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89 y Polanco v. Sucesión Cumpiano, 36 D.P.R. 603.

Se admite por los apelantes que la certificación de la transcripción de los autos elevada es una de aquellas que al librarse por el secretario de una corte de distrito debe llevar adheridos los sellos de rentas internas que exige la ley y que la librada en este caso por el secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla no tiene adheridos dichos sellos, pero se sostiene que eso no obstante es válida porqne filé expedida a petición del demandado, Mannel Y. Domeneeh en sn carácter de Tesorero de Pnerto Rico hecha por medio de sn abogado el Procurador General de la Isla, a los efectos de perfeccionar una apelación establecida contra sentencia dictada en nn pleito en el que fné demandado en sn carácter oficial.

Tras nn examen de la ley y la jurisprudencia convenimos con los apelantes en que la resolución de la cuestión depende de si el Tesorero fue demandado como tal o de si se demandó a M. V. Domeneeh, meramente diciéndose que desempeñaba el cargo de Tesorero para describir su j)ersona. Si se hizo lo primero, la certificación es válida; si lo segundo, es nula, pero aun en ese caso conservaría jurisdicción esta corte para conceder un nuevo término para perfeccionar el recurso.

Examinando la demanda -base del pleito encontramos que la parte apelada la dirige contra “Manuel V. Domeneeh, Te-sorero de Puerto Rico y El Banco Industrial de Puerto Rico, Francisco Pont Manzano, Síndico”, ejercitando en ella tres causas de acción, alegando en el hecho XI de la primera, “que a pesar de no ser de la propiedad del Tesorero ni de El Pueblo de Puerto Rico el pagaré e hipoteca antes men-cionados ni estar dicho Tesorero facultado para su cobro, y en violación de la orden de la Corte de Distrito de San Juan que prohibe la ejecución de dicha hipoteca y de no exponerse hechos suficientes en el escrito inicial que determinen causas de acción por parte del Tesorero de Puerto Rico, éste siguió el procedimiento ejecutivo hipotecario de que se hace refe-rencia en el hecho VI de esta causa de acción, y por orden de esta corte de fecha 2 de abrñ de 1932 fueron los aquí deman-dantes requeridos para que en el improrrogable plazo de 30 días, contados desde la fecha del requerimiento, paguen al Tesorero de Puerto Rico la suma de dos mil dollars ($2,000) de principal, sus intereses. . en el hecho X de la se-gunda, “que el demandado Manuel Y. Domeneeh, Tesorero de Puerto Rico, para el cobro de dicha hipoteca, ha iniciado ante esta Hon. Corte nn procedimiento ejecutivo hipotecario' contra los aquí demandantes” que fueron “requeridos para que en el improrrogable plazo de 30 días, . . . paguen al Tesorero de Puerto Rico. . y en el hecho VII de la ter-cera, “que el demandado, Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, para el cobro de dicha hipoteca, ha iniciado ante esta Hon. Corte un procedimiento ejecutivo hipotecario contra los aquí demandantes”, siendo éstos requeridos para que “paguen al Tesorero de Puerto Rico la suma de $2,000 de principal, ...” La súplica contiene varias peticiones. La primera, que se dicte sentencia declarando que “el pagaré cuya ejecución se insta no es de la propiedad de El Pueblo de Puerto Rico ni de su Tesorero, y sí del Banco Industrial de Puerto Rico; ...”

A nuestro juicio, no hay que ahondar más. Surge claro que el pleito se dirigió contra Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, como tal y no individualmente, y en el caso de Gómez v. Junta Examinadora de Ingenieros, 40 D.P.R. 662, 664, esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, dijo:

“Lo expuesto demuestra que esa junta es una dependencia del Gobierno de Puerto Rico y que por consiguiente no está obligada a pagar sellos de rentas internas porque El Pueblo de Puerto Rico no tiene que usarlos en sus asuntos. En el caso de López v. Comisión de la Policía Insular, 30 D.P.R. 866, se resolvió por análoga conside-ración que dicho organismo no tenía que adherir sello alguno de rentas internas a su escrito de apelación y nos negamos a la deses-timación solicitada por falta de tal sello, siendo distinguido del caso de Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89, en que se funda el apelado; y en el caso de Central Victoria v. Kramer, 38 D.P.R. 981, si bien no se decidió definitivamente esa cuestión por no haberse demostrado suficientemente si el apelante Kramer actuaba o no como funcionario de El Pueblo de Puerto Rico, se ded/ace de su decisión que si actuaba en tal carácter no tenía que adherir sello alguno de rentas internas a su escrito de apelación. Por consiguiente la moción de desestima-ción no es sostenible por ese motivo.”

La desestimación no procede, pnes, en cuanto al Te-sorero, pero se insiste en qne procede en cnanto al banco. El banco no es funcionario ni agencia del Pueblo de Puerto Pico. Eso es evidente, pero también lo es que el banco apeló de acuerdo con la ley y que siendo una sola la sentencia apelada, la transcripción elevada por uno de los apelantes puede ser aprovechada por el otro siempre que, como aquí sucede, consienta en ello el apelante que la eleva. No 1la lu-gar tampoco a la desestimación del recurso establecido por el banco.


author: El Juez Asociado Señob

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso Reyes (a) Meco, acusado y apelante.
    No. 5785.

    Sometido: Noviembre 21, 1935.

      Resuelto: Diciembre 6, 1935.

      Luis F. Camacho, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob

Aldeey, emitió la opinión del tribunal.

Alfonso Beyes (a) Meco fué denunciado en una corte municipal por haber acometido y agredido con un revólver a Camilo Lugo Texidor produciéndole una herida de bala en el abdomen. Al conocer la Corte de Distrito de Guayama de esa denuncia en grado de apelación lo declaró culpable de dicho delito de acometimiento y agresión grave y le impuso la pena de $50 de multa o un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. De esa sentencia apeló el denun-ciado, alegando como único motivo para que la revoquemos que es contraria a la prueba y al derecho aplicable. La ar-gumentación de ese motivo de error la funda en que la evi-dencia demuestra que el apelante hirió a Camilo Lugo en le-gítima defensa.

La prueba de ambas partes está conteste en que en la noche a que se refiere la denuncia entró Camilo Lugo en es-tado de embriaguez en un cafetín del apelante pidiéndole que le diera un cigarrillo y ron; y en que al contestarle Meco que lo que él tenía era para la venta, Lugo pronunció pala-bras injuriosas contra Meco y lo invitó a que saliera a la calle, lo que hizo el apelante y también un hijo suyo llamado Mequito, quien peleó con Lugo, y que entonces Meco entró en la tienda y cogió un revólver con el cual hizo dos disparos a Lugo causándole una herida con uno de ellos en el abdomen. Domitila Ocasio y Andrés Porrata son testigos del fiscal. La primera declaró que hubo pedradas; el segundo dijo que se escondió detrás de una puerta del cafetín porque presintió que iba a haber pedradas: que oyó pedradas y que al tiempo de “abonanzarse” las piedras oyó dos disparos. Los testigos de la defensa manifestaron que después de la pelea de Mequito con Lugo, cuando el padre de aquél entró en el cafetín, Lugo le tiró varias pedradas dándole en un brazo y en una pierna, después de lo cual fué que Meco disparó los dos tiros. Meco fué reconocido al día siguiente por un cirujano menor quien encontró que tenía un golpe en una pierna y otro en un brazo, causados por cuerpo contundente.

En este caso no existe prueba contradictoria cuyo con-flicto haya tenido que resolver la corte inferior, pues el hecho declarado por los testigos de la defensa respecto a las pe-dradas no fué contradicho por los testigos del fiscal, ya que ninguno de ellos negó que tal cosa sucediera. Más bien re-sulta ser cierto, pues dos de los testigos de la acusación dijeron que hubo pedradas. Por consiguiente, hay que estimar como probado que después de la pelea de Mequito con Lugo éste tiró piedras para adentro de la tienda, dándole a Meco, quien entonces disparó su revólver contra Lugo, y lo hirió.

No creemos que los hechos ocurridos sean suficientes para justificar al apelante en haber hecho uso de su revólver contra un borracho que tiraba piedras para la tienda de aquél. El ataque del apelante no estuvo proporcionado al de Lugo, tanto más cuanto que Meco aceptó la invitación de Lugo para pelear, en cuyo acto lo substituyó su hijo, siendo entonces que entró en la tienda a coger su revólver del que hizo uso después de dicha pelea y cuando terminada ésta tiró Lugo las pedradas. Los casos de El Pueblo v. Campán, 34 D.P.R. 107, y El Pueblo v. Chico, 45 D.P.R. 500, que el apelante cita en apoyo de su contención son distintos al presente, pues en el primero de ellos Campán hizo todo lo posible para no acometer a Torres y sólo hizo uso de su revólver después que Torres le dió una bofetada al tiempo que otra persona quería darle con una silla. En el segundo caso fué Chico agredido por un puñetazo que Ortiz le dió en un ojo, des-pués de lo cual trató de pasar detrás del mostrador al sitio en que estaba Chico, entre el mostrador y un aparador, en cuyo momento fué que disparó su revólver.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe. Wole,

text:
    Antonia Flit de Vázquez, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    No. 7085.

    Sometido: Julio 8, 1935.

      Resuelto: Diciembre 6, 1935.

      Juan B. Soto y Juan P. Soto, abogados de la apelante; F. Fernán-dez Cuyar, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Antonia Flit de Vázquez inició demanda contra'la White Star Bus Line para recobrar los daños y perjuicios por ella recibidos en un accidente. Durante el juicio quedó estable-cido definitivamente que la demandante era una mujer casada y la corte inferior resolvió que ella no tenía causa de acción,, de conformidad con nuestras decisiones en Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467; Vázquez v. P. R. Railway Light & Power Co., 35 D.P.R. 62; Irizarry v. Díaz, 35 D.P.R. 144; y Dávila v. P. R. Railway Light & Power Co., 44 D.P.R. 950, toda vez que éste era un derecho perteneciente a la comunidad. La de-mandante apeló y tenemos ante nuestra consideración una moción para desestimar el recurso por frívolo.

No trataremos de citar todo el razonamiento de-este tribunal, conforme el mismo aparece en el cuidadoso es-tudio hecho por nosotros en las primeras dos decisiones men-cionadas. Los letrados de la apelante insisten en que esta-mos equivocados y en que jurisdicciones extranjeras, donde-existen códigos similares a los nuestros, han asumido distinta posición. Examinando el razonamiento de los comentaris-tas al Código Civil francés, M. Planiol et G-. Ripert, Droit Civil, págs. 265-267, vemos que la razón fundamental para solicitar que se revise nuestra jurisprudencia es que la per-■dida o el detrimento para aquel qne lia sufrido nn accidente es’totalmente personal. Podría decirse qne la idea es qne el cuerpo de nna persona necesariamente le pertenece y qne cualquier lesión cansádale debe también considerarse personal, y por ende, qne es nn bien privativo a distinción de pro-piedad ganancial.

La apelante sugiere qne la compensación otorgada es algo parecido a nna permuta de bienes. Desde luego, no existe nada semejante a la posibilidad de nna permuta en el sentido -estricto. Las lesiones físicas en muchos casos no pueden ser '¡sustituidas o restituidas. La ley simplemente trata de dar :a una persona compensación por las lesiones recibidas. Ad-mitimos el peso de los argumentos de que la compensación otorgada por lesiones personales debe ser considerada como privativa, mas' sin embargo podría aducirse un argumento similar sobre los sueldos o rentas y utilidades de los bienes privativos. No siendo otra cosa que indemnización, el dinero recibido debe considerarse al igual que todo aquello que entra o viene a los fondos comunes de los cónyuges.

Al efecto de que las decisiones de este tribunal son con-trarias a alguna de la mejor jurisprudencia sobre bienes ga-nanciales, también podríamos decir con bastante modestia que las opiniones fundamentadas de una corte, sostenidas por más de trece o catorce años, deben también tener algún peso.

Hemos estado asumiendo con la apelante qne el Código Civil, francés es muy similar al nuestro, pero hay algunas dife-rencias aparentes y notables. El artículo 1301 de nuestro Código Civil (Edición de 1930) dispone:

“Son bienes gananciales:
“1. — Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se baga la adquisición para la eomu- nidad, bien para uno solo de los esposos.
■' '“2. — Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cón--’yuges o de cualquiera de ellos.
“3. — Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados du-rante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los pe-culiares de cada uno de los cónyuges.”

El Código Civil francés tiene una disposición muy similar. Empero, en Puerto Rico está en vigor el artículo 1299, que lee así:

‘ ‘ Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
“1.- — Los que aporte al matrimonio como de su pertenencia.
“2. — Los que adquiera durante él, por título lucrativo, sea por donación, legado, o herencia.
“3. — Los adquiridos por derecho de retracto o por permuta con otros bienes, pertenecientes a uno solo de los cónyuges.
“4 — Los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del ma-rido.”

y también el artículo 1307, que dispone:

“Se reputan' gananciales todos los bienes del matrimonio,-mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.”

Hasta donde hemos podido averiguar, los dos últimos ar-tículos citados no tienen equivalente en el Código Civil francés.

Es cierto que bajo nuestro Código Civil el artículo 1301 no dice claramente que la compensación proveniente de lesio-nes producidas al marido o a la mujer será considerada ga-nancial. Si se examina el artículo 1299, se verá fácilmente que la propiedad o causa de acción en disputa no está defi-nida como privativa. Si se tratara de aplicar la máxima expressio unius est exclusio alterius se notará que la indemni-zación que aquí se trata de recobrar está excluida de ambas definiciones, en otras palabras, que no hay disposición espe-cífica en el Código Civil que disponga que la compensación aquí envuelta corresponde a la sociedad conyugal o al indi- . viduo. privativamente. Sería una cuestión de casus omissus.

Bajo estas circunstancias, creemos.que puede-acudirse al artículo 1307, que crea una presunción en favor de la comu-nidad. Estamos muy contestes con la apelante en que ésta es una presunción qne de ordinario pnede ser controvertida mediante prueba en contrario. Mas nos sentimos obligados a resolver que toda vez que no hay disposición legal que de manera clara otorgue esta clase de bienes a una u otra en-tidad, todo aquel que tratara de destruir la presunción, se hallaría ante una barrera infranqueable. No puede contro-vertírsele. Por tanto, nos inclinamos fuertemente al crite-rio de que la que de ordinario es una presunción refutable se convierte en este caso en presunción concluyente.

Desde luego, estos principios fueron revisados más o me-nos por este tribunal en Vázquez v. Valdés y Vázquez v. P. R. Railway, Light & Power Co., supra. En adición a esto, la cuestión fué ante la Corte de Circuito de Apelaciones y ésta resolvió que en Puerto Rico el derecho de acción por las le-siones recibidas- por la esposa durante el matrimonio, es un bien ganancial. (P. R. Ry. L. & P. Co. v. Cognet et al., 3 Fed. (2d) 21.)

El Estado de Louisiana hizo frente a esta dificultad dis-poniendo de manera clara que la indemnización por los daños y perjuicios causados a la esposa pertenecían a ésta o for-maban parte de sus bienes privativos, indicando con ello hasta cierto punto que la regla sería distinta si no existiera el es-tatuto!

Una de las dificultades en Puerto Rico, sería que si la compensación por daños y perjuicios perteneciera separada-mente a la esposa, en caso de ocurrir a ésta un accidente, existiría necesariamente un derecho similar a favor del es-poso que sufriera lesiones. De suerte, pues, que si un hombre quedaba permanentemente incapacitado y obtenía indem-nización y poco después moría, su mujer tendría derecho solamente al usufructo del capital así dejado por el esposo.

Puesto que nuestras decisiones anteriores han sido y si-guen, siendo la ley en Puerto Rico, la apelación es frívola y debe ser desestimada.


author: Fii Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 969.

    Sometido: Noviembre 26, 1935.

      Resuelto: Diciembre 6, 1935.

      Frank Martínez y E. Campos del Toro; abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

         Nota: Véase el prefacio.

   Fii Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

The Federal Land Bank of Baltimore inició ante la Corte de Distrito de Humacao una acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra Carmen Blanco Carvajal y la sucesión de Rafael Arce Rollet, compuesta de los herederos Flsa, Graciela, Margot, Adela María y Rafael Arce Blanco, y la referida demandada Carmen Blanco Carvajal viuda del causante. En virtud del fallo recaído en dicho caso, orde-nando la venta de las fincas hipotecadas en pública subasta, el márshal, en procedimiento de ejecución de sentencia, otorgó escritura de venta judicial a favor del demandante. Presen-tada esta escritura en el Registro de la Propiedad de Caguas, el registrador denegó la inscripción por los motivos que se expresan en la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de este documento que comprende la venta judicial de seis fincas a favor del Federal Land Bank of Baltimore, por el fundamento de que, hallándose las fincas vendidas inscritas a favor de Rafael Arce Rollet (deudor hipotecario, persona distinta de los demandados, la viuda Carmen Blanco Carvajal, y la Sucesión de don Rafael Arce Rollet, compuesta por los here-deros Elsa, Graciela, Margot, Adela María y Rafael Arce Blanco, que se dicen en el documento ser los herederos de dicho Sr. Arce Rollet), no tratándose de una herencia yacente y habiéndose seguido el procedimiento ordinario para el cobro del crédito hipotecario,' se requiere la inscripción previa a favor de dichos herederos, a nombre y representación de los cuales hizo el marshal la enajenación; a tenor de lo que preceptúa el artículo 20 de la Ley Hipotecaria; to-mándose en su lugar anotación preventiva por 120 días a favor del Federal Land Bank of Baltimore; todo donde se indica al margen de las seis fincas que comprende.”

Alega la parte recurrente que en el presente caso no se requiere la previa inscripción a favor de los herederos que han sido demandados. De acuerdo con lo dispuesto en la Real Orden de julio 22, 1896, esta corte ha sostenido en repetidas decisiones que en los casos de venta judicial en vir-tud de un procedimiento sumario hipptecario no se necesita la inscripción previa de las fincas hipotecadas a favor de los herederos del deudor para que pueda inscribirse la escritura judicial de venta de pago. Passalacqua v. Registrador, 6 D.P.R. 42; Zagas v. Registrador, 14 D.P.R. 607; Orcasitas v. Registrador, 21 D.P.R. 553; Zagas v. Registrador, 28 D.P.R. 116; García v. Registrador, 41 D.P.R. 469; Zayas Pizarro v. Registrador, 46 D.P.R. 610.

Entiende el registrador que esta doctrina es aplicable úni-camente al procedimiento sumario y no a las ejecuciones de hipoteca por la vía ordinaria. No estamos conformes. La venta de las fincas gravadas fue ordenada por la corte, al dictar su senteucia, en una acción en cobro de crédito hipo-tecario y no en cobro de dinero. Cuando se ejercita una acción puramente personal en cobro de dinero, esta corte ha declarado que el requisito de la previa inscripción es nece-sario a. favor de los herederos (Garrido v. Registrador, 12 D.P.R. 405; Figueroa v. Registrador, 18 D.P.R. 260; Pomoles v. Registrador, 19 D.P.R. 637; Orcasitas v. Registrador, 45 D.P.R. 110; Bird v. Registrador, 48 D.P.R. 696); pero cuando se. ejecuta una hipoteca, el .hecho de que 'se uti-, lice el procedimiento ordinario o el sumarísimo no justifica la aplicación de principios diferentes.

Debe revocarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sixto Rivera, acusado y apelante.
    No. 5771.

    Sometido: Diciembre 6, 1935.

      Resuelto: Diciembre 11, 1935.

      B. Dávila Ortiz y B. García Cintrón, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de' El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En la noche del 11 de noviembre de 1932 el apelante, Sixto Rivera, y Antonio Delgado sostenían una riña en la plaza José de Diego de Yabucoa, y en ese instante se apro-ximó al sitio del suceso Antonio López, Policía Insular, y ocupó un revólver, procediendo luego a formular denuncia contra Antonio Delgado y Sixto Rivera por alteración de la paz, y contra Rivera por portar armas. La corte declaró culpable al acusado de este último delito, imponiéndole treinta días de cárcel. Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación el referido Sixto Rivera, alegando que la corte inferior erró al apreciar la prueba y actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad. Declararon en este caso, de parte' del fiscal, cuatro testigos: Antonio López, Policía Insular, Antonio Delgado, José Piol y Cruz Alicea; y de parte de la defensa, Inocencio González, Agustín Delgado y el acusado Sixto Bivera.

El policía Antonio López declaró que en la noche del 11 de noviembre de 1932 vió a dos hombres peleando en la plaza José de Diego, de Yabucoa; que uno de ellos era el apelante y el otro Antonio Delgado; que este último mani-festó al testigo que el' apelante tenía un revólver y que cuando los contendientes se levantaron del suelo el policía ocupó un revólver que extrajo del bolsillo trasero del pan-talón del acusado. Antonio Delgado declara que tuvo un disgusto personal con el acusado, que resbalaron y cayeron al suelo, aglomerándose allí muchísima gente que se metie-ron por el medio para separarlos; que entonces el guardia López los arrestó a los dos y los llevó al depósito; que no puede decir si se le ocupó un revólver al acusado, porque en el “revolú” en que estaban no podía precisar; que no le dijo al policía que el acusado tuviese un revólver. José Fio! declara que cuando Antonio Delgado y el acusado se aga-rraron y se fueron al suelo, vino el policía Antonio López, los levantó, y al levantarlos había un revólver en el suelo y lo recogió; que no vió que el policía sacase el arma de un bolsillo del acusado, pero que es cierto que se ocupó un re-vólver que el referido policía recogió del suelo. Cruz Alicea declara que el acusado y Antonio Delgado se fueron a las manos y cayeron al suelo; que entonces llegó el policía Ló-pez, lo levantó y cuando lo levantó había un revólver debajo de él y el policía lo agarró y se lo llevó para el cuartel; que no sabe nada más de eso. Inocencio González, testigo de la defensa, declara que se dirigió al sitio donde estaban Antonio Delgado y el acusado y vió al policía Antonio López separándolos; que el policía encontró un revólver que re-cogió del suelo; que no vió que registrara al acusado Sixto Bivera y que el único revólver que allí se ocupó fué el que estaba en el suelo. Agustín Delgado declara que vió cuando se emburujaron Antonio Delgado y el acusado, cayendo de-bajo don Sixto y encima Antonio; que casi al momento llegó el policía y los separó y recogió un revólver que quedaba al lado de un poste en el suelo. El acusado Sixto Rivera declara que tuvo una lucha con Antonio Delgado, que caye-ron al suelo y tuvo la mala suerte de caer debajo; que ha-bía varios amigos que trataron de separarlos y que en eso llegó el policía López, quien contribuyó a levantarlos, dieién-dole al acusado que siguiera para la cárcel; que el policía no le ocupó revólver alguno ni lo registró tampoco; que él notó que el referido policía, como a una distancia de dos metros y pico, se bajó y cogió un revólver y que ese revólver no era suyo.

Esta fue en síntesis la prueba practicada con respecto a la ocupación del revólver por el policía Antonio López. El tribunal inferior, al dictar sentencia, se expresó en los si-guientes términos:

“La corte no tiene motivo, a pesar de lo declarado, para dudar de la declaración del policía denunciante en este caso, Sr. Antonio López, a quien da pleno crédito, concediendo plena veracidad a su declaración, y le declara a usted, Sr. Rivera, culpable del delito de portar armas y le impone treinta días de cárcel.”

Este es un caso puramente de apreciación de prueba. El tribunal a quo creyó la declaración del policía López y no pa-rece que estuvo desacertado. Todos los testigos, con excep-ción de Antonio Delgado, que no pudo precisar si el guardia López ocupó un revólver al acusado, están conformes en que había allí un revólver. La única diferencia estriba en que Antonio López afirmó que lo extrajo del bolsillo del acusado y los testigos de la defensa y algunos de la acusación decla-ran que el revólver fué hallado en el suelo. Tomando como base la declaración de estos testigos es lógico asumir que el revólver, encontrado en el mismo sitio donde ocurría la riña, procedía de uno de los dos contendientes. De haber apa-recido en el suelo porque se le cayó a uno de ellos, natural es que el policía hubiese tratado de averiguar cuál de los dos lo portaba. Si como dicen algunos testigos el revólver fué recogido del suelo, tendremos que este policía, sin detenerse a investigar y sin razón alguna, escogió caprichosamente a Sixto Rivera para acusarlo de portar el arma ocupada. En-tre ambas versiones nos parece que la del policía es la más creíble. Así lo entendió la corte inferior, dándole completo crédito a su testimonio. No se ha demostrado que dicho tribunal actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad y debe, por lo tanto, confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Cókdova Dávila,

text:
    Angel M. Yumet, peticionario y apelado, v. Wenceslao Herrera, Alcalde del Municipio de Aguadilla, y José Badillo Nieves, Tesorero-Director Escolar, funcionarios administrativos del Municipio de Aguadilla, demandados y apelantes.
    No. 6763.

    Sometido: Diciembre 3, 1935.

      Resuelto: Diciembre 11, 1935.

      Luis A. Rosario, ahogado de los apelantes; José Veray, Jr., ahogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cókdova Dávila,

emitió la opinión-del tribunal.

Angel Yumet acude al recurso extraordinario de mandamus para obligar a los demandados Wenceslao Herrera y José Badillo Nieves, Alcalde y Tesorero del municipio de Agnadilla, respectivamente, a qne le restituyan el servicio de agna qne le suspendieron dichos funcionarios en dos casas de su propiedad radicadas en la calle José de Diego de la referida ciudad. Éste es un caso en qne no se practicó prueba testifical y en que tanto los demandados como el pe-ticionario fian admitido qne todos y cada uno de los hechos alegados en la solicitud de mandamus y en la contestación han sido suficiente y debidamente probados. Sin embargo, como veremos-más adelante, existe un particular en las ad-misiones de las partes en que se advierte cierto conflicto qne a nuestro juicio carece de importancia, porque, a pesar de esta aparente contradicción, los mismos hechos alegados y las conclusiones de la corte inferior facilitan la resolución de la cuestión fundamental que ha dado origen a este litigio.

El municipio de Agnadilla es una corporación municipal organizada, que suministra corriente eléctrica para fines de alumbrado y explota además un sistema de acueducto, co-brando a los consumidores de agua las cuotas qne fija la ta-rifa autorizada por una ordenanza que dicho municipio tiene aprobada intitulada “Ordenanza para regular las instalacio-nes y cobro de agua suministrada por el acueducto de Agua-dffla”.

La ciudad de Aguadilla está-dotada de un sistema de al-cantarillado y el municipio tiene aprobada una ordenanza conocida con el nombre de “Arbitrios Municipales”, que fija ciertos y determinados arbitrios por el uso del alcantarillado.

El peticionario es dueño de dos casas que utilizan servi-cios municipales de luz, agua y alcantarillado, por las cuales ha venido, pagando los servicios de luz y agua, pero no el dé alcantarillado. Durante el mes de agosto de 1933 el peticio-nario se encontraba adeudando los servicios de luz y agua de dichas dos casas, correspondientes a los meses de junio y julio de 1933, y en 16 de agosto de dicho año dirigió una carta al demandado, Tesorero y Director Escolar de Agua-dilla, incluyendo nn cheque pagadero a su orden, contra el Banco Agrícola de dicha ciudad, por la cantidad de $25.87, para satisfacer los servicios de corriente eléctrica y agua en las casas de su propiedad. El Tesorero devolvió este cheque, alegando que no es su norma admitir cheques por concepto de pago y que el peticionario, al verificar su remesa, no lo hace por el concepto que adeuda y que se le está cobrando. En vista de esta negativa, el Tesorero fue - requerido para que aceptase un giro postal por la referida suma. El peti-cionario comisionó al abogado José Veray para que personal-mente hiciera el pago de los referidos servicios municipales de luz y agua, pero el Tesorero se negó a recibir la cantidad ofrecida, alegando tener orden del Alcalde Municipal Wen-ceslao Herrera de no recibir pago alguno por concepto de suministro de luz y de agua hasta que no fuera pagado el arbitrio de uso de alcantarillado. El peticionario fué privado del servicio de agua en las dos casas de su propiedad por no haber efectuado dicho pago. Así lo declara la corte inferior, al pronunciar su fallo ordenando la restitución del servicio suprimido. “No aparece,” dice el tribunal sentenciador, “de las ordenanzas municipales relacionadas con el servicio de agua, luz y alcantarillado, que la falta de pago de este último servicio apareje como sanción la privación del servicio de suministro de agua por parte del municipio.”

Apelaron los demandados de la sentencia dictada, atribu-yendo a la corte inferior varios errores que se dirigen a sos-tener que la corte inferior cometió error al no anular el auto de mandamus, porque existen otros remedios ordinarios' que el peticionario puede utilizar, porque el recurso inter-puesto no procede para ejercitar dominio sobre la discreción de un funcionario, porque no existe un derecho claro para acudir al procedimiento de mandamus, porque este auto sólo procede para obligar al cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordena como un deber resultante del empleo, y porque tratándose en este caso específico de enforzar un contrato sobre suministro de agua, no procede el anto de mandamus solicitado.

Alegan los apelantes qne existen otros remedios or, dinarios qne no han sido ejercitados en este caso y señalan la falta de consignación de la cantidad adeudada al municipio. Se arguye qne el peticionario ha debido agotar el recurso de la consignación autorizada por el Código Civil como requisito previo al ejercicio de la acción de mandamus. No estamos de acuerdo. El Tesorero Municipal se negó a admitir el pago ofrecido por el peticionario en moneda legal de los Estados Unidos, y el municipio suprimió en sus dos casas el servicio de agua, negándose a restituirlo. El peticionario no tiene necesidad de consignar cantidad alguna para ejercitar sus derechos a la restitución del servicio suprimido por medio del procedimiento extraordinario de mandamus. El artículo 83 de la Ley Municipal vigente dice que las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada para compeler mediante auto de mandamus al cumplimiento de deberes ministeriales por los municipios o. funcionarios municipales.

Esta corte, en el caso de Torres v. Capestani, 30 D.P.R. 778, interpretando el precepto legal citado, ha declarado que el recurso de mandamus es procedente para que un consu-midor pueda obtener el suministro de fluido eléctrico que sin razón legal le niega el funcionario municipal encargado de suministrar la corriente.

En el caso de City of Camilla v. Norris, 67 S.E. 940, se solicitó un auto de mandamus para obligar a las autoridades municipales a suplir agua en la residencia del peticionario. Se alegó que la municipalidad había establecido un sistema de acueducto con el cual estaba conectada la residencia del peticionario y que sin causa se suprimió el servicio de agua, a pesar de que el peticionario nada debía y había ofrecido pagar por adelantado el servicio deseado. Se sostuvo que la petición no estaba sujeta a desestimación por el motivo de que el demandante tuviese un remedio legal específico. La sentencia de la corte inferior concediendo - el auto de mandamus fué confirmada. Véanse también los casos de Robbins v. Bangor Ry. & Electric Co., 100 Me. 496, 62 A. 136; Bourke v. Olcott Water Co., 84 Vt. 121, 78 Atl. 715; Independent School Dist. v. Le Mars City Water & L. Co., 131 Iowa 14, 107 N.W. 944; Haugen v. Albina Light & Water Co., 21 Or. 411, 28 P. 244; Lukrawka v. Spring Valley Water Co., 169 Cal. 318, 146 P. 640; Poole v. Paris Mountain Co., 81 S.C. 438, 62 S.E. 874.

Se alega por último que la corte cometió error al apreciar la prueba. El supuesto error parece basarse en haber declarado el tribunal a quo que el motivo fundamental de la solicitud de mandamus es la privación del servicio de agua al peticionario por no haber pagado el arbitrio que adeudaba por concepto de alcantarillado. Ya dijimos antes que los hechos alegados fueron admitidos y que sólo existe un particular en que se advierte cierto conflicto en las admisiones de las partes. El peticionario alegó que en 18 de agosto de 1933 le fué cortado y suspendido el servicio de agua en las dos casas de su. propiedad y que se le privó de este servicio por no haber pagado el arbitrio correspondiente al alcantarillado. Los demandados niegan esta alegación, y alegan que el día 16 de agosto de 1933 fué la fecha en que se le suspendió el servicio de agua al peticionario.

Los demandados aceptaron que todos y cada uno de los hechos establecidos en la petición de mandamus habían sido suficiente y debidamente probados por el peticionario, quien a su vez aceptó que los hechos alegados en la contestación habían sido también probados. En el hecho sexto de la con-testación se dice lo siguiente con respecto a la referida ale-gación del peticionario que aparece en el hecho décimotercero de la solicitud:

"Del hecho décimotercero de la solicitud enmendada los deman-dados niegan por ser falso que el día 18 de agosto, 1933, fuera la fecha en que se le suspendió el servicio de agua al peticionario en las alegadas casas de su propiedad, negando también por' falta de suficiente información y creencia que una de diebas casas fuera des-ocupada inmediatamente debido al acto ilegal de los demandados cor-tando y suspendiendo el servicio municipal de agua de la misma; y niegan además los demandados que su actitud no se debió única y exclusivamente a la negativa del peticionario de no pagar el arbi-trio del alcantarillado; y en contraído a dicho hecho el Tesorero-Director Escolar aquí demandado alega que el día 16 de agosto de 1933 ante la negativa del peticionario a pagar el arbitrio de agua y alcantarillado, ordenó que le fuera suspendido el servicio de agua al peticionario.”

El hecho de que la suspensión del servicio de agna al pe-ticionario se hubiese llevado a cabo el día 16 y no el 18 de agosto carece, a nuestro juicio, de importancia desde el mo-mento en que los propios demandados aceptan que ante la negativa del peticionario a pagar el arbitrio de agua y al-cantarillado, se ordenó por el Tesorero la suspensión del ser-vicio de agua. El demandado José Badillo Nieves, Tesorero y Director Escolar del municipio de Aguadilla, alega que su negativa a recibir del peticionario la suma adeudada se de-bió a su obligación de cumplir al pie de la letra una orden ejecutiva del Alcalde, en la cual se le decía que se abstuviera de recibir dinero alguno por pago adeudado por servicio de agua del acueducto, a menos que se pagasen también los de-rechos por servicio de alcantarillado. Alega también el re-ferido demandado que se negó a recibir el pago por servicio de agua del peticionario por la razón de que la ordenanza de agua, tal y como está en vigor en la actualidad, dispone que todo abonado que le fuere suspendido el servicio de agua por falta de pago, al hacérsele la reinstalación de la acometida de agua deberá pagar la suma de $1. ■ Se ha demostrado que a pesar de que el peticionario ofreció satisfacer la can-tidad que adeudaba por servicio de agua, los demandados insistieron en mantenerlo privado de dicho servicio. No surge de la prueba que la actitud de la municipalidad- se deba a que el peticionario dejara de pagar la suma de $1 para la reinstalación del servicio. Como hemos dicho anteriormente, los mismos demandados admiten y alegan que ante la nega-tiva del peticionario a satisfacer ambos arbitrios, se ordenó por el Tesorero la suspensión del servicio de agua.

Hemos examinado detenidamente las alegaciones y la evi-dencia aportada y nos parece correcta la apreciación de la corte inferior en cuanto a los hechos alegados y probados. No hay duda de que al peticionario se le suspendió el servi-cio de agua y se le negó su restitución por no haber satisfe-cho el importe del servicio del alcantarillado. Como acerta-damente ha declarado la corte inferior, no existe disposición alguna que imponga como sanción la privación del servicio de suministro de agua a la persona que no satisfaga el ser-vicio de alcantarillado. Y si, en ausencia de esta disposición, pudiese el municipio privar a una persona del uso del agua para obligarla a pagar el servicio de alcantarillado, también podría valerse de este medio drástico para hacer efectiva cualquier otra obligación a su favor contraída. No concede la ley autoridad al municipio para adoptar una medida tan extrema como la de privar dél servicio de agua a una persona, por el hecho de que no haya satisfecho lo que adeuda en otro concepto y por un distinto servicio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisost,

text:
    Manuel Visitación Rivera Colón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 957.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Beswelto: Diciembre 12, 1935.

      C. Dominguez Rubio, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchisost,

emitió la opinión del tribunal.

En mayo, 1905, se vendió para el pago de contribuciones una parcela de once cuerdas de terreno como perteneciente a Bonifacio Aquilino Díaz, y se inscribió a nombre de El Pueblo de Puerto Eico. Las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 20 aprobada en 11 de marzo de 1915 (Leyes de ese año, pág. 52) leen así:

“Artículo 1. — Que a los anteriores dueños de cualquier propie-dad inmueble que se hubiere vendido por falta de pago de contribu-ciones y hubiere sido adquirida bajo subasta por El Pueblo de Puerto Rico, después del Io. de julio de 1901 y con anterioridad al primero de julio de 1914, que estuviere actualmente en posesión de El Pueblo de Puerto Rico o a los herederos legítimos de dichos anteriores due-ños o cesionarios o a cualquiera persona que tuviere interés alguno en la misma, se les concede por la presente el derecho de redimir dicha propiedad dentro de un año contado desde la fecha en que principia a regir esta ley, mediante el pago a El Pueblo de Puerto Rico del precio por el cual fué subastada dicha propiedad inmueble, e inte-reses desde la fecha de la subasta en que fué rematada, a razón del cuatro y medio por ciento anual. •
“Artículo 2. — Cuando la propiedad que va a ser redimida se ha-llare inscrita a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, el Tesorero de Puerto Rico notificará al registrador de la propiedad en cuya oficina: estuviere inscrita dicha propiedad, y el registrador, mediante el pago-de un derecho de un dólar por la persona que redimiere, hará cons-tar en el certificado de compra por El Pueblo de Puerto Rico el he-cho de la antedicha redención y que la propiedad de ese modo redi-mida responderá de todos los gravámenes y reclamaciones legales; eontra ella, fuera de los gravámenes por concepto de contribución en virtud de los cuales fué vendida, en la misma extensión y del mismo; modo como si la mencionada propiedad no hubiere sido vendida para el pago de contribuciones.”

Aquilino Díaz redimió la finca en junio de 1915 y en junio de 1917 la inscribió a nombre propio. Una escritura de ena-jenación otorgada por Aquilino Díaz y su esposa a favor de Manuel Visitación Rivera Colón fué inscrita en junio de 1918 “con el defecto subsanable de no acreditarse que doña Pe-tronila Rodríguez sea la misma esposa con quien estuviera casado el vendedor cuando adquirió éste el inmueble ven-dido”. En junio, 1935, Manuel Visitación Rivera Colón trató de subsanar el defecto en cuestión sometiendo al registrador cierta prueba documental. La parte pertinente de la nota del registrador lee así:

“Denegada la subsanación del defecto relacionado en el docu-mento o solicitud que precede, con vista de cuatro documentos que se acompañan como complementarios, por los siguientes fundamen-tos: Io. que ninguno de los documentos aportados prueba la fecha de adquisición original del inmueble; 2o. que ninguno de dichos do-cumentos prueba de manera- directa el estado civil de Aquilino Díaz cuando adquirió el inmueble originalmente, pues a lo sumo, proba-rían por inferencia, el estado civil de dicho vendedor en la fecha de la redención de la finca y S'3, que el registrador carece de autoridad, para, a la luz de prueba documental, llegar a conclusiones que no resultan de una manera directa de los documentos referidos...”

Esta prueba, dice el recurrente, indica:

“A.- — -El nacimiento de Josefa Díaz Rodríguez, hija de don Aqui-lino Díaz y doña Petronila Rodríguez, ocurrido el 7 de mayo de 1865.
“B. — La defunción de doña Petronila Rodríguez, el 4 de julio de 1917.
“C. — La defunción de Aquilino Díaz ocurrida el 19 de junio de 1927.
“D. — Que no ha podido encontrarse en el archivo parroquial de Barranquitas el acta de matrimonio de don Aquilino Díaz y doña Petronila Rodríguez.”

El asiento de junio de 1918 no fué liecfio por el mismo registrador de la propiedad que lo interpretó en la nota ahora recurrida. El recurrente insiste en que la fecha de adquisición a que se hace referencia en el primer asiento fue la fecha en que el vendedor “adquirió” la finca en cuestión de El Pueblo de Puerto Eieo, mas no la fecha en que la hubo originalmente según sostiene el registrador. Admite que si el primer asiento se refiere a la fecha original de ad-quisición, las otras cuestiones discutidas en su alegato son más o menos académicas.

El artículo 352 del Código Político (Estatutos de 1911, sección 3018) dispone:

“Toda parcela de bienes inmuebles que se ofreciere en pública subasta para el pago de contribuciones no satisfechas, y no se ven-diere por falta de postura suficiente para cubrir todas las contribu-ciones, penalidades y costas que graven dicha propiedad, podrá com-prarse por el colector o agente, en nombre de El Pueblo de Puerto Rico, en cualquiera subasta pública después de la primera. El co-lector o agente hará pública postura por la indicada propiedad por el importe de dichas contribuciones, penalidades y costas, y si no se hiciere mejor postura, librará, y hará que se inscriba en. el registro de la propiedad del distrito, un certificado de compra a favor de El Pueblo de Puerto Rico, conteniendo la relación y la descripción de la propiedad que se prescribe en el artículo 347. Si el derecho de redención, que más adelante se dispone, no se ejerciere dentro del tiempo prescrito, dicho certificado, una vez inscrito en el registro de la propiedad del distrito en que radicare la propiedad constituirá título absoluto de dicha propiedad a favor de El Pueblo de Puerto Rico, libre de toda hipoteca, carga o cualquier otro gravamen. Dicho certificado será evidencia prima facie de los hechos en él inscritos en cualquiera controversia, procedimiento o pleito, que ataña o concierna a los derechos que el comprador, sus herederos o cesionarios, tuvie-ren a la propiedad por el mismo cedido. No se cargarán honorarios por los registradores de la propiedad por inscribir dicho certificado, ni por las copias que de ellos libraren. El dueño de dicha propie-dad en la fecha de la venta por no haberse pagado las contribucio-nes, sus herederos o cesionarios, o cualquiera persona que tuviere derecho o interés en la misma, podrá redimirla dentro de un período de un año contado desde la fecha de emisión de dicho certificado, mediante el pago de la cantidad por la cual fué rematada la pro-piedad por El Pueblo de Puerto Rico, con intereses a razón del doce por ciento anual, desde la fecha de la venta, pudiendo requerir al Tesorero de Puerto Rico para que haga anotar dicha redención en el registro de la propiedad contra el certificado de compra, mediante el pago, por la persona que la redimiere, al registrador, de un derecho de un dollar por dicho servicio, y dicha anotación surtirá el efecto de carta do pago y cancelación del certificado de compra, quedando sujeta la propiedad así redimida a toda carga y reclamación legal contra ella, que no fuere por contribuciones, en la misma amplitud y forma como si no se hubiere vendido dicha propiedad para el pago de contribuciones.”

Si la ley de 1915 hubiese dispuesto que El Pueblo de Puerto Rico efectuara una retrovenda (reconveyance) en vez de conceder al deudor el privilegio de redimir, entonces ha-bría más peso en la contención del recurrente de que Aqui-lino Díaz “adquirió” la finca de El Pueblo de Puerto Rico en junio de 1915, y que la mención de un defecto subsanable hecha en 1918 se refería a la fecha de tal adquisición. Véanse Curtin v. Kingsbury, 159 Pac. 830, 832; Louis v. Tipton, 222 Pac. 661, 662; Grand Rapids Trust Co. v. Doctor, 192 N. W. 641.

Sin embargo, El Pueblo de Puerto Rico, como dueño ab-soluto, tenía autoridad para conceder una redención en vez de una retroventa y esto fue lo que la Legislatura hizo en 1915. Aquilino Díaz redimió, pero no compró. Él no recibió ningún nuevo título, sino que se le restituyó el título que tenía con anterioridad a la venta efectuada para el cobro de las contribuciones. Cooley on Taxation, 2da. edición, pág. 542; Black on Tax Sales, 2da. edición pág. 436; Jenks v. Wright, 61 Pa. St. Rep. 410; Steiner v. Coxe, 4 Pa. St. Rep. 13; Hernández v. Costa, 16 D.P.R. 445; 61 Corpus Juris, pág. 1287; Bente v. Sullivan, 115 S. W. 350; Sunderman Investment Co. v. Craighead, 173 S. W. 653.

Por tanto, creemos que el registrador estaba en lo cierto al interpretar que el asiento anterior hecho por su predecesor en el cargo se refería a la fecha original de la adquisición y no a la fecha de la redención. Si el registrador que efectuó el asiento anterior hubiese tenido en mente especificar la fe-cha de la redención en vez de la fecha de la adquisición original, hubiera usado la palabra “redimió” en vez de la pa-labra “adquirió”.

El hecho de que Díaz estuviera casado con Petronila Rodríguez desde 1865 a 1917, unido al hecho de que falleció a los 90 años, en 1927, no excluía la posibilidad de un matrimonio anterior ni la posibilidad, no importa cuán remota sea, de haber adquirido durante la existencia de tal matrimonio anterior. En su consecuencia, el registrador también estaba en lo cierto al resolver que la prueba sometídale no era suficiente para subsanar el defecto a que se hace referencia en el asiento anterior. Cualquier error que estuviese envuelto en cualquiera de los aspectos de la nota recurrida, no exigiría la revocación.

Parecerá superfluo decir que no nos confrontamos ahora con ninguna cuestión relativa a la necesidad o corrección de la referencia que se hizo a un defecto subsanable en el asiento anterior. La única cuestión sujeta a discusión en el presente recurso era la que acabamos de resolver, resneeto a si el su-puesto defecto fue subsanado por la prueba documental so-metida al registrador. No debe entenderse que hemos pa-sado sobre ninguna otra cuestión.

Debe confirmarse la nota recurrida.