text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Esteban Macaya Morales, conocido por Pepe Macaya, acusado y apelante.
    No. 4755.

    Sometido: Mayo 27, 1932.

      Resuelto: Junio 3, 1932.

      Ildefonso Freyre, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó la siguiente acusación:

“El Fiscal formula acusación contra Pablo Lugo Quiñones y Esteban Macaya Morales, conocido por Pepe Macaya, por un delito de Ataque con Intención de Cometer Asesinato (felony), cometido como sigue:
“Los referidos acusados Pablo Lugo Quiñones y Esteban Macaya Morales, conocido por Pepe Macaya, allá en o por uno de los días del mes de diciembre de 1930, en Cabo Rojo, que forma parte del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., ilegal, voluntaria, intencional y criminalmente acometieron y agredieron al ser humano Julio Fer-nández, con un revólver y una lima, infiriéndole varias heridas de bala y punzantes en el cuerpo, con la intención allí y entonces de cometer asesinato en la persona de dicho Julio Fernández.”

Habiendo solicitado el acusado Pablo Lugo juicio por se-parado y concedídose éste por la corte, se celebró solamente el juicio contra el acusado Esteban Macaya Morales.

Visto el caso ante un jurado en la Corte de Distrito de Mayagüez, dicho jurado rindió un veredicto de acometimiento y agresión grave, y la corte condenó al acusado a sufrir un año y seis meses de cárcel. De esta sentencia apeló el acu-sado para ante este Tribunal, radicando alegato en el que imputa a la corte inferior la comisión de ios siguientes errores:

“1. La Hon. Corte de Distrito de Mayagüez cometió error de de-recho al permitir, sobre la oposición de la defensa, que se declarara extensamente por los testigos del Pueblo sobre los hechos realizados por Pablo Lugo Quiñones en el juicio seguido solamente contra el acusado Esteban Macaya Morales.
“2. La Hon. Corte de Distrito cometió error de derecho al no per-mitir al testigo del Pueblo Dr. Ramírez declarar en las repreguntas de la defensa sobre la distancia y posición en que fué hecho el dis-paro que causó la herida a Julio Fernández.
“3. La Hon. Corte de Distrito cometió error de derecho al dar las instrucciones al jurado.
“4. Que hubo un manifiesto error por parte del Jurado en la apreciación de la prueba, y que ésta es de tal naturaleza que no justifica el veredicto y no es bastante para sostener la sentencia y la condena.
“5. Que la Hon. Corte de Distrito erró al dictar una sentencia de un año y medio de cárcel contra el acusado.”

El primer error se refiere a la oposición de la defensa para qne se declarase extensamente por los testigos de El Pueblo sobre los hechos realizados por Pablo Lugo Quiñones en el juicio seguido solamente contra el acusado Esteban Macaya Morales.

Los hechos que culminaron en la herida causada a Julio Fernández con un proyectil de bala están tan íntimamente relacionados que no es posible separarlos, porque forman parte de una misma transacción, y ocurrieron simultánea-mente desde que apareció en la escena, donde se desarrolla-ron los hechos, el acusado Esteban Maeaya Morales. La acusación fué presentada contra el acusado apelante y Pablo Lugo, pero éste solicitó y obtuvo juicio por separado. Según la prueba de la acusación, cuando reñían Pablo Lugo y Julio Fernández, intervino Esteban Maeaya y disparó un revólver contra Julio Fernández, produciéndole una herida en la re-gión escapular izquierda. Según la prueba de la defensa, mientras reñían Pablo Lugo y Julio Fernández, teniendo el primero una lima en la mano y un revólver el segundo, inter-vino Esteban Maeaya para separarlos y mientras los tres se empeñaban en una lucha, se disparó el revólver, hiriendo a Julio Fernández.

Como se ve, tanto la acusación como la defensa están de acuerdo en los hechos que provocaron la intervención del acu-sado. La defensa se opuso a que se presentara prueba sobre los hechos realizados por Pablo Lugo; pero al evacuar su prueba sus propios testigos voluntariamente relataron la riña de Pablo Lugo y Julio Fernández desde sus comienzos hasta el fin. No hubo error de parte de la corte inferior al admi-tir esta prueba.

Se señala como segundo error el hecho de que la corte no permitió al Dr. Ramírez declarar sobre la distancia y posición en que fué hecho el disparo que causó la herida a Julio Fernández. La pregunta de la defensa que motivó la objeción del fiscal y la decisión de la corte inferior, fué la si-guiente: ¿Pudo haberse recibido esa herida sin que se hu-biese disparado por la espalda? Cualquiera que hubiese sido la respuesta a esta pregunta de la defensa, no vemos el per-juicio que su eliminación haya podido ocasionar al acusado. Se interrogaba al testigo para que declarase sobre una po-sibilidad, y aun admitiendo que hubiese contestado afirmati-vamente, como no se descartaba la posibilidad de que el dis-paro pudiese haber sido hecho por la espalda, el jurado tenía ante sí los hechos para apreciarlos y rendir un veredicto de acuerdo con la prueba. Unicamente un testigo de la acusa-sión, hijo del perjudicado, declara que el acusado disparó por la espalda contra Julio Fernández. La teoría de la defensa no descarta la posibilidad de que Julio Fernández hubiese sido herido por la espalda, pues.según declaran sus propios testigos, el disparo ocurrió cuando el acusado, Lugo y Fer-nández, se confundían en una lucha, y no habiéndose produ-cido prueba sobre la posición de los contendientes al ocurrir el disparo, aun en el caso de que se hubiese admitido como cierta esta prueba de la defensa, no hubiera sido posible pre-cisar la posición que dichos contendientes ocupaban.

El tercer error señalado por el acusado abarca todas las instrucciones dadas por la corte al jurado; pero al ofrecer sus argumentos se limita únicamente a impugnar la instrucción en que la corte llama a los testigos de la acusación testigos presenciales y a los de la defensa testigos que se dicen presenciales. La instrucción de la corte impugnada por el acusado es la siguiente:

“Señores del Jurado, la evidencia en este caso es contradictoria; hay conflicto en la evidencia, en lo declarado por los testigos presen-ciales de la acusación, y de los que se dicen presenciales del hecho de la defensa. Es tanta la contradicción, que no hay forma en ab-soluto de armonizar, de reconciliar unas declaraciones con otras. Aquí no hay equivocación en muchas de las declaraciones; que una persona ye una cosa, y otra lo ve distinto. Eso es cuestión de deta-lle. Unos testigos se fijan en un detalle, y otros en otro detalle, y no están de acuerdo con los detalles respecto a los hechos; pero respecto a los hechos principales, esos tienen que estar contestes; tienen que estar de acuerdo. Un disparo de revólver, no puede ser una puñalada; unos no pueden decir que es un disparo, y otros_ que es una puñalada; eso es un ejemplo.
“Al jurado toca determinar sobre la credibilidad de los testigos: - Determinar cuáles son los testigos que han dicho la verdad, y cuáles son los testigos que han declarado en falso.”

Estamos muy lejos de aprobar la instrucción objetada, que consideramos inoportuna e improcedente, y que aun po-dría tacharse de tendenciosa; pero no nos parece necesaria-mente errónea, examinada con el resto de las instrucciones que acabamos de copiar. No aparece de los autos que el acu-sado apelante llamara la atención de la corte o que solici-tara una instrucción adicional a los fines de dar una opor-tunidad a la corte para que subsanara cualquier equivocación que a juicio del acusado hubiese cometido en sus instruccio-nes. A raíz de la instrucción objetada por la defensa, la corte instruyó a los jurados que a ellos tocaba determinar sobre la credibilidad de los testigos y apreciar cuáles eran los que habían dicho la verdad y cuáles los que habían de-clarado en falso.

El cuarto error se refiere a la apreciación de la prueba por el jurado. El jurado, en uso de su discreción, apreció la prueba aportada y resolvió el conflicto existente entre la prueba de la acusación y la prueba de la defensa, declarando culpable al acusado. No aparece fundamento alguno que justifique nuestra intervención en la apreciación de la evidencia y en el veredicto dél jurado que, en el uso de sus facultades discrecionales, dió crédito .a los testigos de la acusación.

Se alega por último que la corte de distrito erró al dictar un año y medio de cárcel contra el acusado. Opinamos que. la corte no cometió el error que se le atribuye.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Ochoa Fertilizer Company, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 867.

    Sometido: Mayo 16, 1932.

      Resuelto: Junio 6, 1932.

      J. Henri Brown, G. Ruiz Nmario y G. E. González, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito seguido en la Corte de Distrito de San Juan por la Ocboa Fertilizer Co. contra Juan Amill Rodríguez en cobro de pesos, se pidió a la corte que decretara el embargo de bienes del demandado por la suma de $2,496 para asegu-rar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en el mismo y la corte lo decretó, previa prestación de una fianza por la suma de $2,000. Prestada la fianza, el secretario de la corte expidió mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad de San Germán, en cuyo registro se encuentran inscritos bienes inmuebles del demandado, para que anotara .sobre ellos el embargo decretado.

El registrador se negó a verificar la anotación por los siguientes motivos:

“Denegado el documento que precede con vista de otro, en el cual se describen las fincas embargadas por observarse que la orden de embargo decretada por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, ba sido simplemente cumplimentada por un manda-miento expedido por el Secretario de la misma al Registrador de la Propiedad de San Germán sin que conste de los documentos pre-sentados que el Márshal de la Corte de Distrito de Ponce a que pertenece judicialmente el pueblo de Yauco donde radican los bie-nes embargados, baya tenido intervención alguna, ejecutando la re-ferida orden de embargo como único- funcionario autorizado por la ley; . . .”

En su alegato el registrador expresa que a no ser por lo resuelto por esta Corte Suprema en el recurso gubernativo de Baudilio, Rodríguez v. Registrador de Mayagüez, 42 D.P.R. 104, hubiera practicado la anotación. La recurrente en el suyo invoca en su favor las decisiones de esta corte en los casos de Batle v. Registrador, 30 D.P.R. 745 y Santini Fertilizer v. Registrador, 36 D.P.R. 20, y distingue la del de Rodríguez, supra.

Veamos lo que en verdad resolvieron las decisiones citadas.

En el caso de Batle, supra, el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce expidió un mandamiento dirigido al Re-gistrador de la Propiedad de Arecibo a fin de que cancelara cierto embargo y anotara otro, todo, desde luego, ejecutando una orden de la corte. El registrador se negó a cumplir lo que se le ordenaba porque el mandamiento no había sido expedido por el márshal del distrito de Arecibo en que ra-dicaba la finca embargada. Citó en apoyo de su negativa el artículo 97 del Reglamento Hipotecario, el 245 del Código de Enjuiciamiento Civil y las decisiones de esta corte en los casos de Luce v. Registrador, 28 D.P.R. 968 y Benet v. Hernández, 22 D.P.R. 249. Y esta corte resolvió que la segunda parte del artículo 97 del Reglamento Hipotecario, que era la pertinente, fué derogada por la Orden G-eneral No. 100, de 12 de abril de 1900, que dice: “Por recomendación de la Junta Judicial se dispone lo siguiente: I. Los tribunales se comunicarán directa e indistintamente entre sí sin sujetarse a la antigua subordinación de tribunales inferiores y supe-riores que establece el artículo 237 de la Ley de Enjuicia-miento Civil. II. También podrán los tribunales dirigirse directamente a cualquiera oficina del registro de la propie-dad o de otra clase para el cumplimiento de las resoluciones judiciales que dictaren”; que esa orden.estaba en todo su vigor, no obstante lo decidido por la Corte Suprema Nacional en el caso de Ochoa v. Hernández, 230 U. S. 139; que el caso de Luce, supra, se resolvió sin tener en cuenta la O. G. No. 100, de 1900, y el de Benet, supra, no era aplicable por-que en él se trataba de un mandamiento de un márshal de un distrito al registrador de otro distrito, y que el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil se refería a la orden de ejecución y no enmendó la repetida Orden General. En su consecuencia se revocó la nota, dándose validez al man-damiento.

.Pasaron cuatro años y la doctrina del caso de Batle, supra, fue expresamente confirmada en el de Santini Fertilizer Co., Inc. v. Registrador, 36 D.P.R. 20.

Antes de resolverse el caso de Rodríguez, supra, se decidió ol de Vivaldi v. Registrador, 39 D.P.R. 721, en el que se estableció que “Dirigido un mandamiento de embargo al márshal del distrito en que radica la finca a embargar, tra-bado el embargo, no es necesario un nuevo mandamiento dirigido al registrador para él verificar la anotación del embargo; basta con el dirigido al márshal y su diligenciado.”

Y entonces vino la decisión de Rodrígues v. Registrador, 42 D.P.R. 104, cuyo resumen dice:

“Un embargo debe hacerse'por el márshal de la corte bajo el mandamiento librado por el secretario y no por éste; el secretario carece de facultades para tal acto.”

En la opinión se transcribe el mandamiento expedido por el Secretario. Su último Por cuanto y su Por tanto son como sigue:

“ ‘Por cuanto, a solicitud de dicha demandante Baudilia Rodrí-guez, mayor de edad, viuda, propietaria y vecina de San Juan y en cumplimiento de la orden transcrita Re embargado el inmueble arriba descrito.
‘Poe tanto, para que por usted, Sr. Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez, P. R., se tome anotación del referido embargo, le libro el presente mandamiento por duplicado bajo mi firma y el sello de esta corte, en San Juan, P. R., Roy día 24 de octubre de 1930.’ ”

Se copia en seguida la nota del registrador y sin refe-rencia alguna a otras decisiones de esta Corte, se termina expresando:

“La nota del registrador es correcta. El secretario de la corte no puede embargar bienes, ni ésa es función que le corresponde, de acuerdo con la ley. El embargo debe Racerse por el mársRal bajo el mandamiento librado por el secretario.”

A nuestro juicio habiendo en consideración lo resuelto en el caso de Batle, supra, confirmado en el de Santini, supra, y los términos en que está redactada la sección pertinente de la Ley sobre efectividad de sentencias, a saber: El embargo . . . de . . . inmuebles se efectuará anotándolo en el registro de la propiedad. . . See. 9 de la Ley para asegu-rar la efectividad de sentencias de marzo 1, 1902, Comp. 1911, p. 885, basta que la Corte decrete el embargo y su Se-cretario dirija mandamiento al registro en cumplimiento del decreto, para que el registrador pueda y deba anotarlo. Esto no quiere decir que si se ordena al márshal que practique el embargo, no pueda dicho funcionario hacerlo. Puede, tal como se resolvió en el caso de Vivaldi, supra. Para embar-gos de esta naturaleza, esto es, los ordenados practicar por medio de anotaciones en el registro, coexisten los dos me-dios. La orden emana siempre de la Corte y puede cumplirse por mandamiento expedido directamente al Registrador o al márshal como en los casos corrientes para que actúe.

La decisión en el caso de Rodríguez, supra, está justificada por sus propios términos. El mandamiento expedido por el secretario en tal casó era improcedente ya que el embargo de bienes no es función suya. Y expresamente consignó que a solicitud de la demandante, había embargado el inmueble descrito.

Por virtud de todo lo expuesto, se revoca la nota recu-rrida.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Luisa, Juana Cruz y Ana Dominga Espósito Avilés, peticionarias, v. La Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. Enrique S. Mestre, Juez, y María Guzmán Acosta, demandados.
    No. 823.

    Sometido: Mayo 12, 1932.

      Resuelto: Junio 7, 1932.

      Juan B. Ga/rcía Méndez y Patio Andino, abogados de las peticiona-rias ; Arturo Beichard, abogado de la demandada G-uzmán Acosta.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

.Luis Espósito Aviles falleció intestado. Con el consen-timiento de todas las partes fue designado un administrador judicial. A petición de dicho administrador la Corte de Dis-trito de Aguadilla ordenó que el producto de una póliza de vida fuera entregado a dicho administrador judicial, lo que se hizo. El reglamento de la sociedad de seguros El Ancora disponía que el producto de la póliza fuera pagadero a los herederos del asegurado o a la persona por él designada.

Luis Espósito Avilés no dejó ascendientes ni descendien-tes, mas dejó hermanas, que son las peticionarias en este caso. El finado también dejó una viuda.

La cuestión relativa a la distribución del producto de la póliza se planteó ante Tomás Torres Pérez como juez subs-tituto de la Corte de Distrito de Aguadilla. El resolvió que los herederos tenían derecho a la mitad del producto de la póliza y la viuda a su usufructo de la otra mitad. Cuando el juez en propiedad, Enrique S. Mestre, regresó a Aguadi-lla, la viuda solicitó la reconsideración de la orden dictada por Tomás Torres Pérez, juez substituto. La teoría de la moción de reconsideración fué que la póliza era un bien ga-nancial. El juez Mestre resolvió que la mitad del producto de la póliza pertenecía a la viuda por su participación en los bienes gananciales y que ella tenía derecho a percibir su usufructo de la otra mitad. Los herederos de Luis Espo-sito Avilés presentaron esta petición de certiorari para re-visar la susodicha resolución del juez Mestre.

La interventora sostiene que la resolución de lá corte de distrito determinando la disposición del producto de la pó-liza es una orden definitiva y que por tanto es apelable para ante esta corte. Las peticionarias sostienen lo contrario. Eesolvemos que la orden de la corte de distrito fijando tal distribución determinó en definitiva a quién debía ir el pro-ducto de la póliza, decidió en definitiva una controversia sobre los derechos substantivos de las partes, y era por tanto apelable. Santiago v. Benvenutti, ante, pag. 358.

La cuestión que entonces se nos presenta, conforme sostienen las peticionarias, es que el remedio de apelación en este caso no es adecuado. Empero las peticionarias no han presentado razón alguna excepto que habrá considerable de-mora y no que la controversia en este caso sea de mayor importancia que varias de las otras controversias o casos que vienen ante esta corte. La decisión necesariamente será de-morada,- más esto ocurre con innumerables casos que están pendientes o que serán apelados. La cuestión es interesante, mas no hallamos razón alguna para dar prelación a la con-troversia.

Debe anularse el auto expedido.


text:
    In re Dr. Moisés Ramírez, Alcalde de Cabo Rojo, querellado y apelante, y. James R. Beverley, Gobernador de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 6043.

    Sometido: Mayo 31, 1932.

      Resuelto: Junio 7, 1932.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; Ron. Attorney General, Charles E. Winter j F. Pérez Alnviroty, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 3 de mayo de 1932, el Doctor Moisés Ramírez presentó bajo juramento ante esta Corte Suprema un escrito titulado “demanda de apelación” en el que alega, en resumen, que fué electo en 1928 Alcalde de Cabo Rojo y tomó posesión de su cargo y lo vino desempeñando basta el 28 de abril último en que fué notificado de una resolución que se copia íntegra en la demanda, y cuya parte dispositiva dice: “Por tanto, yo, James R. Beverley, Gobernador de Puerto Rico, en uso de las facultades discrecionales que me concede el Artículo 11 dé la Ley No. 53 de 1928, resuelvo declarar, y por la presente declaro vacante el cargo de Alcalde del Municipio de Cabo Rojo.”

Alegó además el doctor Ramírez que no estando conforme con dicha resolución que lo destituye de su cargo, apela de ella para ante este tribunal por seis motivos que expresa.

Termina el escrito pidiendo que se dé al mismo el trámite que marca el artículo 29 de la vigente Ley Municipal. Así se hizo y requerido el Gobernador el 9 de mayo, remitió el 14 del propio mes el expediente conteniendo todo lo actnado en el caso.

El 16 de mayo se señaló la vista para el 31. Ambas par-tes comparecieron presentando la apelada las siguientes ex-cepciones previas:

“1. Que esta Hon. Corte Suprema no tiene jurisdicción para conocer de este recurso de apelación.
“2. Que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar la causa de acción que se ejercita.”

Se oyó a los abogados sobre las excepciones y presentán-dose por ellas una cuestión que de ser resuelta en el sentido propuesto decidiría el asunto, se acordó no seguir adelante basta resolverla, concediéndose dos días a las partes para la radicación de memorándums por escrito.

La propia parte, apelante admite que la resolución de que se queja se dictó con arreglo a la sección 11 de la Ley Municipal vigente que, copiada a la letra, dice:

“Artículo 11. — Cuando en algún municipio ocurrieren fricciones continuas entre la Asamblea y el Alcalde, a tal extremo que el cré-dito municipal y los asuntos públicos sufrieren graves demoras o perjuicios, el alcalde o la asamblea podrá acudir al Gobernador en' demanda de que ordene una investigación que, en este caso, será practicada por la oficina del Auditor de Puerto Rico.
“Este funcionario rendirá un informe que será sometido a una comisión de tres miembros del Senado que designe el Presidente, uno de los cuales representará las minorías. Esta comisión tendrá autoridad bastante para recomendar al Gobernador que declare va-cante el cargo de alcalde o el de cualquier número de miembros de la asamblea y que proceda al nombramiento de los funcionarios sustitutos por el término y en la misma forma que se dispone en esta Ley para cuando ocurran vacantes en los referidos cargos. La Co-misión no adoptará resolución alguna hasta después de celebrarse una vista donde todas las partes interesadas puedan ser oídas y tengan derecho para presentar prueba sobre las cuestiones envuel-tas. La resolución del Gobernador podrá ser revisable por certiorari.”

Y admite además que la apelación que ba establecido se funda en la sección 29 de la propia ley que también copiada a la letra, en lo pertinente, expresa:

“Artículo 29.— * * * * * * * * * * El Alcalde podrá ser destituido por la Asamblea Municipal mediante resolución adoptada por la mayoría del numero total de miembros de que se compone la misma, por causa justifi-cada, previa audiencia y oportunidad para defenderse por sí o por medio de abogados. La asamblea municipal para oír y resolver cualquiera acusación presentada contra el alcalde, formulada por cualquier miembro de la asamblea municipal, por el Gobernador de Puerto Rico o por cualquier ciudadano, podrá reunirse previa con-vocatoria del presidente de la misma, en cualquier fecha que noti-ficará al alcalde, dándole copia de los cargos con cinco días de anti-cipación al en que haya de celebrarse la vista, y luego de haber ob-tenido un quorum, para considerar 1a. acusación formulada al al-calde, la asamblea podrá continuar reunida por todo el tiempo que fuere necesario para resolver el caso en definitiva; Disponiéndose, sin embargo, que si el Gobernador de Puerto Rico tuviera conoci-miento de que existen cargos fundados contra un alcalde y la asam-blea municipal no hubiere actuado en la consideración y resolución de dichos cargos, el Gobernador de Puerto Rico podrá considerarlos y resolverlos concediéndole al alcalde los mismos derechos que se le conceden anteriormente para cuando la asamblea municipal entienda en la resolución de los cargos y si el Gobernador de Puerto Rico lo destituyere, podrá el alcalde interponer apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la forma que se provee más adelante.
“Cuando se formularen cargos contra el Alcalde, éste podrá ser suspendido del cargo y sueldo, pero si no lo fuere antes de verse el caso, y se resolviere el procedimiento de impugnación destituyén-dolo, entonces el alcalde cesará en sus funciones hasta que la re-solución que dicte la asamblea municipal o el Gobernador de Puerto Rico en su caso, sea revocada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“Contra la resolución que dictare la asamblea municipal desti-tuyendo al alcalde, o negándose a destituirlo, según fuere el caso, podrá el alcalde, o el Gobernador de Puerto Rico, en su caso, re-currir para ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro de un término de diez días después de notificada la parte perjudicada de la resolución recurrida. Asimismo y en los mismos términos po-drá el alcalde apelar para ante el Tribunal Supremo en caso de ha-ber sido el Gobernador de Puerto Rico el que lo destituyere.
“El recurso de apelación se tramitará mediante escrito radicado ante el Tribunal Supremo y notificado a la Asamblea Municipal o al Gobernador de Puerto Rico en su caso, y deberá acompañarse de un pliego conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya. El Tribunal Supremo requerirá a la asamblea municipal o al Gobernador de Puerto Rico, según fuere el caso, para que envíe dentro de los cinco días siguientes el récord conteniendo todo lo actuado y el tribunal, en la vista considerará los hechos y el derecho envueltos en el procedimiento para lo que celebrará la audiencia que estimare conveniente y resolverá las alegaciones que le fueren formuladas por el recurrente o por el recurrido. La Corte Suprema deberá celebrar la vista correspondiente dentro de un tér-mino que no excederá de veinte días inmediatamente después de sometido. ’ ’

Siendo ello así, no se necesita de esfuerzo alguno para concluir que la apelación que se ha establecido no es el re-curso que la propia ley concede para el caso de la sección 11 de la misma.

El apelante sostiene que dicha sección once es anticons-titucional porque encomienda funciones judiciales y ejecuti-vas a la Legislatura, citando el caso de Springer v. Gobierno de Filipinas, 277 U. S. 189, y que, consistente con su criterio, no debe aprovecharse de nada de lo dispuesto en ella para su propio beneficio, como se aprovecharía si ejercitara el re-curso de certiorari que autoriza.

Tenga o no razón el apelante, siempre resultaría que el recurso que ha intentado ejercitar, de acuerdo con los ex-presos términos de la ley, se otorgó para un caso especial distinto, y, en tal virtud, dicho recurso debe ser desestimado.


text:
    Vicenta López, peticionaria, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. T. Torres Pérez, Juez Sustituto, demandada.
    No. 806.

    Sometido: Febrero 1, 1932.

      Resuelto: Junio 8, 1932.

      P. O’Neill, abogado de la peticionaria; Juan B. Soto, abogado de la aseguradora Maryland Casualty Company.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de certiorari establecido por Vi-centa López contra la Corte de Distrito de Aguadilla, a fin de que se revise y se deje sin efecto una sentencia de dicba corte, que se alega fné dictada sin jurisdicción, por virtud de la cual se revocó una resolución de la Comisión Industrial en el caso de la muerte del obrero Bonifacio Rodríguez.

La falta de jurisdicción consiste según la peticionaria en que la apelación para ante la corte de distrito se interpuso por la compañía aseguradora y no por el patrono y en que la corte entró en la consideración de los becbos para resolver la cuestión que se le planteara.

Examinemos la primera cuestión. La ley que se cita como aplicable es la sección 24 de la No. 85 de 1928 que, en lo pertinente, dice:

“Sección 24.— * * * * * * *
“Todos los recursos concedidos por esta Ley a los patronos po-drán ejercitarse a nombre de ellos por sus aseguradores, incluso por el Superintendente de Seguros cuando el patrono estuviere ase-gurado en el fondo del seguro del Estado.”

A nuestro juicio no tiene razón la peticionaria. El re-curso que la aseguradora interpuso no se funda en la sec-ción 24 invocada, sino en la 15 que expresa: .

“Sección 15. — Cualquiera parte interesada podrá presentar co-pias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial o de una decisión de un Comisionado contra la cual no se haya radicado petición de revisión ante la Comisión en tiempo hábil o del memorándum del acuerdo entre las partes, aprobado por la Co-misión Industrial, ante la corte de distrito del distrito en que ocurrió el accidente solicitando la revisión de éste en el término de diez días después de la notificación. La corté ordenará a la Comisión Indus-dustrial la remisión del récord del caso, oirá a las partes en contro-versia, dictará la decisión pertinente y notificará a las partes. Las decisiones de la corte tendrán el mismo efecto que una sentencia dictada en juicio, pero no se dará apelación contra dicha sentencia.”

Para concluir que en un caso de esta naturaleza el ase-gurador del patrono del obrero fallecido cuyos herederos reclaman indemnización, es una parte interesada, basta leer las secciones 10, 11, 12 y 13 de la repetida Ley No. 85 de 1928. El mismo legislador le llama parte.

Además, en este caso concreto la resolución de que recu-rrió la compañía aseguradora, Maryland Casualty Co., or-dena, al final, lo que sigue:

“Tomando en cuenta la edad del obrero y el jornal que ganaba se acuerda asignar la suma de $1,200 como indemnización que de-deberá pagar el asegurador Maryland Casualty Co.
*(# & ^ SX< # .
“La Maryland Casualty Co. deberá expedir un cheque por la suma de $84 para el Ledo. Buenaventura Esteves por sus servicios profesionales, que representa el 70 por ciento de la suma total de $120. Otro cheque deberá ser expedido al Lie. Francisco O’Neill por la suma de $36, o sea el 30 por ciento de la suma de $120, por sus servicios profesionales prestados.
“El remanente que queda de la suma de $1,200 consignada como indemnización después de descontarse la suma de $120 para honora-rios de los abogados, o sea, la suma de $1,080, deberá ser entregada a los beneficiarios que la corte de distrito correspondiente reconociera como herederos del obrero occiso Bonifacio Rodríguez.”

T una persona, natural o jurídica, a quien se imponen tales obligaciones por una resolución, es claramente una parte interesada en la misma.

Si la resolución se Rubiera dictado contra el patrono, en-tonces el asegurador hubiera podido recurrir en su nombre de acuerdo con la sección 24. Pero aquí, siguiendo la pauta establecida en las secciones 10 y siguientes de la ley, los pro-cedimientos se entendieron directamente con la compañía ase-guradora y directamente se le ordenó el pago de la indemni-zación en la forma que dejamos expuesta. Siendo ello así, la compañía no necesitaba actuar a nombre del patrono, sino directamente también, como una de las partes interesadas a que se refiere la sección 15.

Tampoco tiene razón la peticionaria en la segunda cuestión. En la corte de distrito no se practicó nueva prueba. Lo que hizo la Corte fué revisar la practicada ante la Comisión Industrial y concluir que no había en ella elementos suficientes que demostraran que el obrero hubiere fallecido a consecuencia de la herida que se causara trabajando para el patrono asegurado por la Maryland Casualty Co. Sus propios razonamientos' y conclusiones fueron expresados ampliamente en una resolución cuyo último párrafo dice:

‘ ‘ Toda la cuestión envuelta ahora se limita al único hecho de cuál fué la causa de la muerte del obrero Bonifacio Rodríguez, y no apa-reciendo del récord que la información prestada en su calidad de perito por el médico que atendió al enfermo y que también emitió la certificación de su muerte para su inscripción en el Registro Civil sea falsa, a tal extremo que quede eliminada por completo, y deje de ser evidencia admisible, y apareciendo por el contrario de todas las declaraciones prestadas y contenidas en el expediente que esa conclusión a que llegó el médico de cabecera no ha sido destruida, entendemos, y por la presente resolvemos que la resolución dictada por la Comisión Industrial de Puerto Rico y que ahora se revisa debe ser revocada por no estar fundada en evidencia alguna y declaramos que Bonifacio Rodríguez murió a consecuencia de una pulmonía,
tal y como lo certificó y declaró el mismo médico que lo atendió en esa enfermedad, enfermedad no comprendida en la Ley No. 85 de 1928, y no existe derecho alguno a favor de persona alguna para recibir compensación alguna en este caso por su muerte, a excepción de la que le pueda corresponder por el tiempo que duró la incapaci-dad parcial por motivo de la herida que recibió en enero 4 de 1929. Notifíquese.”

En el caso de Maryland Casualty Co. v. Corte de Distrito de Guayama, 41 D.P.R. 330, 332, esta Corte, después de exponer los hechos y transcribir la sección 15 de la Ley No. 85 de 1928, se expresó así:

“La corte siguió los trámites ordenados en ese artículo, oyó a las partes, y estimó, como hemos consignado, justa y razonable la indem-nización. La corte para ello tomó en consideración los hechos tales como fueron apreciados por la Comisión y como surgen del récord que ésta le remitiera y aplicó la ley de acuerdo con su mejor cri-terio.”

Debe amularse el auto expedido y declararse sin lugar la solicitud.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Fernando del Toro Saldaña, demandante y apelado, v. Juncos Central Co., hoy United Porto Rican Sugar Co. (of Porto Rico), demandada y apelante.
    No. 5729.

    Sometido: Mayo 18, 1932.

      Resuelto: Junio 8, 1932.

      Henry G. Molina, Walter L. Newsom Jr. y G. Benitez Gautier, abo-gados de la apelante; Frank II. Dexter y R. Diaz Cintrón, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la apelación de una resolución de la Corte de Distrito de Humacao concediendo costas la demandada alega que éstas son excesivas. Este era un caso en que el demandante y apelado instituyó un procedimiento para recobrar la posesión, conocido como interdicto.' La controversia fue muy disputada y la corte de distrito dictó sentencia a favor de la deman-dada, pero esta corte revocó la sentencia, con costas. 40 D.P.R. 144. La decisión de esta corte fué confirmada por la de Circuito de Apelaciones. 41 Fed. (2d) 32. Por tanto, subsiste el hecho de que el demandante tuvo derecho a una sentencia en la corte inferior y sin embargo allí la deman-dada le ganó el caso. Esta corte, como no es costumbre al revocar, impuso las costas a la parte victoriosa en la corte’ inferior.

Convenimos con la apelante en que no es necesaria que los honorarios de abogado sean iguales al total de los, servicios del letrado, mas la corte inferior tiene derecho, baja las circunstancias de cada caso, a conceder todos o parte de los honorarios efectivamente devengados, conforme hemos, resuelto en el caso de Castro v. Société Anonyme, 34 D.P.R. 575. Toda la cuestión descansa dentro de la discreción de la corte de distrito y no se nos ha convencido de que la suma de $600 sea excesiva.

También.hubo una partida de desembolsos consistentes en el costo de tres automóviles, a $15 cada uno, para trasladar a dos abogados y dos testigos peritos. En lo que atañe a los abogados, dudamos si la partida de gastos de viaje debe estar a expensas de la parte contraria. Se supone que los abogados están en la corte ante la cual ejercen. Véase, pol-la paridad del razonamiento, el caso de Mas v. Borinquen. Sugar Co., 18 D.P.R. 304, 309. De todos modos, convenimos en qne la partida era excesiva y qne no debe pasar de $15, cantidad qne no aprobaremos por otra razón qne inmediatamente disentiremos.

También se reclamaron las costas de dos testigos peritos a $100 cada nno. Estos dos testigos eran agrimensores qne sólo comparecieron nna vez a la corte. Encontramos qne la partida es excesiva, y debe reducirse a la cantidad de $50 por cada testigo. Tal vez nos inclinaríamos a rebajarla más, a no ser por el hecho de qne estos testigos también podrían tener derecho a gastos de viaje. Por lo tanto, no haremos ningún pronunciamiento especial con respecto a gastos de viaje, sino que dejaremos qne los $50 concedidos para cada uno de los peritos abarquen sus servicios profesionales y su transportación.

Debe modificarse la orden apelada en el sentido de rebajar los desembolsos a $100, y, así modificada, confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Dionisio Feliciano, demandante y apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, hoy su Junta Liquidadora, demandada y apelada.
    No. 5606.

    Sometido: Mayo 3, 1932.

      Resuelto: Junio 15, 1932.

      E. Campillo, abogado del apelante; Eon. Attorney General Charles E. Winter, y EmiUo de Aldrey, Subprocurador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito desestimó nna apelación interpuesta contra la decisión dictada por la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros en la teoría de que las conclusiones de la co-misión debían ser seguidas, a menos que fuesen manifiesta-mente erróneas. La corte de distrito también resolvió que el apelante babía dejado de establecer mediante preponderan-cia de prueba el becbo de la incapacidad permanente.

La comisión tuvo ante sí poca o ninguna de la prueba adu-cida por el apelante en la corte de distrito. El conflicto entre esa prueba y la prueba presentada por la comisión era más aparente que real. La prueba del apelante estableció una condición mental anormal, el resultado de una fractura del cráneo que produjo, en adición a otros síntomas, una sen-sación de desvanecimiento y de visión defectuosa, equiva-lentes a una probable incapacidad permanente. La prueba presentada por la comisión demostró que la fractura babía sanado, no dejando huella visible alguna y que el estado fí-sico de los ojos era normal. La incapacidad, aunque resul-tado de un desorden mental más bien que de cualquier de-fecto físico, era no obstante real.

La corte de distrito no estaba obligada por las conclusio-nes de la comisión basadas en un solo aspecto del caso, según se desarrolló posteriormente en la corte de distrito, y cree-mos que al apelante debió concedérsele compensación de con-formidad con los becbos establecidos mediante una clara pre-ponderancia de la prueba.

Bebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


text:
    Méndez & Co., demandante y apelada, v. José Parés Caballero y Guillermo Alicea, demandados y apelantes.
    No. 5766.

    Sometido: Junio 9, 1932.

      Resuelto: Junio 15, 1932.

      B. Padró Parés, abogado de los apelantes; Molina, Dubón & Ocholeco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito desestimó nn recurso de apelación interpuesto para ante ella de una corte municipal, fundán-dose en la teoría de que la transcripción no había sido archi-vada dentro del período estatutario. Antes de expirar dicho período se radicó una moción de prórroga. Después de ex-pirado el aludido término se concedió la prórroga. La orden - concediendo la prórroga se retrotraía a la fecha de la moción. Soriano v. Rexach, 21 D.P.R. 433.

Blondet v. Flores, 35 D.P.R. 214, citado por la corte de distrito, no es aplicable.

La resolución apelada debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dáyila,

text:
    Cipriano Manrique, demandante y apelado, v. José Agustín Díaz, demandado, Luis de la Cruz y Emilio Díaz Capbianca, fiadores apelantes.
    No. 6050.

    Sometido: Junio 6, 1932.

      Resuelto: Junio 15, 1932.

      C. Coll y Cuchi, abogado de los apelantes; B. Padró Pares, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dáyila,

emitió la opinión del tribunal.

Es éste un recurso de apelación interpuesto contra una resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan des-pués de sentencia final en un procedimiento de tercería. No tenemos a nuestra disposición una exposición del caso debi-damente autorizada, sino copia certificada de ciertos autos en el mencionado procedimiento de tercería. Resulta de dichos autos que los fiadores apelantes Luis de la Cruz y Emilio Díaz Capblanca presentaron una moción a la Corte de Dis-trito de San Juan dentro del procedimiento de tercería, soli-citando que se tuviese por no prestada la fianza por ellos sus-crita a favor del tercerista Luis Amedée Bonet para levan-tar el embargo en el caso civil de Manrique v. Díaz. Esta moción fué declarada sin lugar por la corte. Más tarde se dictó sentencia por la Corte de Distrito de San Juan contra el tercerista y los mencionados fiadores. Esta sentencia, que fué notificada a dichos fiadores, fué apelada por el tercerista, y esta apelación fué desestimada por este Tribunal Supremo con fecha 19 de enero de 1932. Luego de firme la sentencia, se expidió orden de ejecución contra los fiadores por la Corte de Distrito de San Juan y los mencionados fiadores y ape-lantes presentaron una moción a la corte para que se dejase sin efecto la orden de ejecución y se declarasen nulas todas las'actuaciones después de la sentencia dictada en 21 de octu-bre de 1931 y enmendada en 27 del mismo mes y año. La Corte de Distrito declaró sin lugar la moción de nulidad, y de esta resolución han apelado los fiadores ante este Tribunal, basándose única y exclusivamente en la cuestión relacionada con la nulidad.

Como se ve, los apelantes no plantean ante este tribunal una cuestión que haya surgido después de dictada la sen-tencia. La apelación se basa única y exclusivamente en no haber permitido la corte de distrito a dichos fiadores retirar la fianza despúes de autorizada por ellos. Alegaron los fia-dores que la referida fianza no había sido aprobada por la corte y que por lo tanto tenían derecho a retirarla antes de ser aprobada.

Esta cuestión pudo haber sido discutida en la apelación promovida ante esta corte dentro del procedimiento de ter-cería. Los fiadores, a pesar de haber sido notificados de esta sentencia, y a pesar de haber sido la misma apelada por el tercerista, no realizaron ninguna gestión para plantear en apelación la cuestión resuelta por la corte de distrito. Y ahora que ha sido desestimada la apelación y que es firme la sentencia, solicitan la nulidad de la orden de ejecución ba-sados • en una cuestión que fué suscitada y resuelta por la corte inferior dentro del procedimiento de tercería. Se inte-resa que nosotros resolvamos en la apelación de la resolu-ción declarando sin lugar la moción de nulidad, una cuestión que los fiadores pudieron haber discutido ante esta corte en la apelación que se promovió contra la sentencia dictada por la corte de distrito en el mencionado procedimiento de tercería. Esta corte no puede resolver, en virtud de una re-solución interpuesta contra una resolución dictada después de sentencia final, cuestiones qne han sido resueltas antes de dictarse dicha sentencia y que pudieron haberse planteado ante este Tribunal mediante nn recurso de apelación contra la referida sentencia. Los fiadores tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. La sentencia apelada por él tercerista fue desestimada, y siendo firme en la actualidad las cuestio-nes allí resueltas, no pueden reproducirse en este recurso contra una resolución de la corte inferior negándose a de-cretar la nulidad de la orden de ejecución de sentencia librada contra los referidos fiadores. Si se autorizara esta práctica que los apelantes utilizan, los pleitos se prolongarían indefi-nidamente y no serían nunca resueltos en definitiva.

Por las razones expuestas se declara con lugar la moción y se desestima el recurso de apelación interpuesto por los fia-dores Luis de la Cruz y Emilio Díaz Capitanea.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey, juez asociado señoe wole

text:
    West India Oil Company, demandante y apelante, v. Rafael Ramírez Hostos, Modesto Ruidíaz y Antonio Díaz, demandados y apelados.
    No. 5544.

    Sometido: Junio 5, 1931.

      Resuelto: Junio 15, 1932.

      J. Carbia Miranda, abogado del apelante; R. Muñoz Ramos, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados suscribieron el siguiente documento:'

“Por la presente nos constituimos fiadores y principales pagado-res de Rafael Ramirez Hostos, -vecinos de Bayamón, Puerto Rico, y a favor de la West India Oil Company, de San Juan, Puerto Rico, liasta la cantidad de un mil dollars.
“1,000, por mercancías compradas y recibidas o que comprara y recibiera él o sus agentes de la expresada West India Oil Company.
“Se entiende que de no satisfacer el Sr. Rafael Ramírez Hostos las facturas a su vencimiento, nos obligamos a satisfacer inmedia-tamente el montante que el citado señor adeudase a la referida West India Oil Company, hasta la referida cantidad de 1,000, un mil dollars, así como también una suma adicional de 20 por ciento de esta obligación, para las costas, gastos y honorarios de abogados, en caso de que hubiese necesidad de emplear los servicios de un abogado para el cobro de la cantidad adeudada, y a cuyo efecto hacemos la deuda nuestra solidariamente con renuncia de los benefi-cios de excusión, orden y división y demás leyes que puedan favo-recernos, incluso las de fuero y domicilio, y renunciando asimismo a ser notificados por la West India Oil Company del pago o no pago de las facturas a su vencimiento por nuestro fiado.
“"Bayamón, Puerto Rico, a 14 de agosto de 1928.
(Pdo.) Rafael Ramírez Hostos, Principal Pagador.
(Pdo.) Antonio Díaz,
Piador y principal pagador.
(Pdo.) Modesto Ruidíaz,
Piador y principal pagador.
(Pdo.) Pidel Cotto, Testigo. ’ ’

La corporación fiada demandó al deudor principal y a los dos fiadores para que le pagasen la cantidad de $744.96 como balance de la cuenta corriente de noviembre de 1928 a abril de 1929, originada por mercancías vendidas y entregadas al deudor principal. Los demandados se opusieron a esa re-clamación. De la prueba resultó que la West India Oil Company hizo ventas a Eafael Eamírez Hostos, el deudor principal, en exceso de $1,000 y que éste le babía pagado por lo menos esa suma durante la existencia del contrato garanti-zado con la fianza; y en esto se fundó la corte de distrito para hacer aplicación de los casos de Compañía Industrial de Santurce v. Sánchez, 21 D.P.R. 191; de Sucn. Valdés v. Acevedo, 23 D.P.R. 736; y de Brunet, Sáenz & Cía. v. Aponte, 33 D.P.R. 524, y declarar sin lugar la demanda en cnanto a los dos fiadores. La demandante apeló esa sentencia.

La corporación apelante no ataca en este recnrso la doc-trina de los casos citados por la corte inferior pero alega qne este caso es distinto de aquéllos por los términos de la fianza y qne fué error el no Racer aplicación a él de lo resuelto en el de Sucrs. de Gamarra, S. en C., v. Navarro, 40 D.P.R. 745, para condenar a los dos apelados.

En el contrato a qne ese caso se refiere el garantizador Manuel Navarro se constituyó en fiador y principal pagador por la suma de $500 que el Sr. Pedro Hernández tomase en mercaderías. El demandante alegó que según balance del 29 de diciembre de 1925, Pedro Hernández estaba adeudán-dole $1,311.51; el demandado contestó que desde el 20 de julio de 1925 en que se constituyó la fianza basta el 29 de diciembre del mismo año Hernández abonó a la demandante un total de- $1,050 y que así quedó extinguida la obligación. La corte de distrito en grado de apelación condenó a Navarro a-pagar $500, sentencia que fué confirmada por este tribunal por el fundamento de que al constituirse el fiador en principal pagador se convirtió en codeudor en el momento en que la obligación Rubiera de cumplirse.

Los RecRos en el presente caso son iguales a los del de Suers, de G-amarra, supra, pues en ambos la fianza no tiene tiempo determinado, se fijó una cantidad como límite de res-ponsabilidad, se Ricieron pagos por el deudor principal en exceso del límite de la cantidad fijada y en ambos se consti-tuyeron los fiadores en principales pagadores.

Los casos citados por la corte inferior se distinguen del que resolvemos y del de Gamarra en que en aquéllos los ga-rantizadores se constituyeron en simples fiadores y en los otros dos la obligación fué suscrita como fiadores y princi-pales pagadores de su fiado.

Por lo expuesto la corte inferior cometió error al no apli-car a este caso la doctrina del de Suers, de Gamarra v. Navarro mencionado, y por este motivo, que es el único alegado en este recurso, debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de condenar también a Antonio Dias y a Modesto Bui-días a pagar solidariamente a la demandante las cantidades consignadas en la sentencia apelada, sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

OPimórr ooisrcureente del

juez asociado señoe wole

Cuando estuvo ante este tribunal el caso de Sucrs. de Gamarra v. Navarro, 40 D.P.R. 745, el que suscribe se mostró enteramente de acuerdo con la idea fundamental de que un acreedor tenía, basta la cantidad total limitada por el con-trato, derecho a recobrar de una persona que firmó un docu-mento como fiador y principal pagador. Asimismo convino el suscribiente en que una persona que firmaba como paga-dor principal no podía fundarse en defensa alguna que pu-diera pertenecerle con motivo de ser un fiador; pero de mo-mento no recordó la posición asumida por él cuando se falló el caso de Brunet. En el caso de G-amarra la principal cues-tión litigiosa fue que los demandados eran responsables basta la suma de $500. Esencialmente sostengo que lo que se re-solvió fué que no importaba que se hubieran entregado al deudor mercaderías valoradas en más de $500, si el balance ascendía a esa cantidad o era menor. En el caso de Brunet este juez disintió. El tribunal resolvió que la obligación de los fiadores quedaba limitada a la cantidad especificada en el contrato y que no podía cobrarse cualquiera mercancía en ex-ceso de esa .cantidad aunque el deudor hubiera hecho pagos parciales que reducían el balance a una cantidad menor que la especificada en el contrato. En el caso de autos estamos resolviendo que la West India Oil Company tiene derecho a recobrar hasta la suma de $1,000 no obstante el hecho de que se habían entregado al deudor mercancías en exceso de esa cantidad.- Mi contención es que el caso de Brnnet y el .pre-sente son indistinguibles en sus hechos esenciales. Si el con-trato dice que el deudor y sus fiadores serán responsables basta la suma de $1,000, la intención es una cosa. La inten-ción no es diferente cuando una persona firma tanto de fiador como de deudor principal. La limitación es la misma, a mi juicio, en cada caso, y los deudores principales son responsa-bles basta la cantidad de $1,000. En un caso similar, los fiadores limitarían su responsabilidad basta la cantidad de $1,000. La intención de las partes en cada caso es, desde mi punto de vista, exactamente la misma. Supongamos que el deudor en este caso en realidad de verdad debía a la acree-dora $1,500, ó $500 en exceso de la cantidad limitada por el contrato. Sin embargo, aunque una persona firme como fia-dor y pagador principal, no puede hacérsele responsable de una cantidad mayor que la especificada en el contrato. Las palabras “pagador principal” no la equiparan al verdadero deudor para todos los fines, sino para los fines del con-trato solamente.

Cuando la intención es clara, debe sobrepujar la interpre-tación estricta que baya de dársele a un contrato de fianza.

Por tanto, no sólo concurro con la opinión de la mayoría, sino que tengo ideas más radicales a favor de la parte de-mandante. Mi idea era y es que el deudor estaba deseoso de obtener un crédito y los fiadores y pagadores principales que firmaron con él tenían motivos para comprender que se dió un crédito basta la suma especificada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Julio N. Chardón, demandante y apelado, v. Carlos Laffaye, demandado y apelante.
    No. 5041.

    Sometido: Enero 16, 1931.

      Resuelto: Junio 15, 1932.

      Diego O. Marrero, abogado del apelante; B. Castro Fernández, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta contra resolución de la corte inferior que prohibió al apelante, mientras se resol-viese el injunction definitivo solicitado, que usara para su benéfico particular una bomba perteneciente a una sociedad en liquidación de la que él forma parte.

La petición de injunction, alegó en este caso, substancial-mente, que Julio N. Cfiardón y Carlos Laffaye constituyeron una sociedad industrial profesional a la que ambos socios aportaron $20,000 por partes iguales: que esa sociedad com-pró una bomba turbina marca “Sterling” para pozos pro-fundos para instalarla en mío de los cuatro pozos profundos cavados en Hato Rey, Río Piedras, por dicha sociedad en cumplimiento de un contrato que concertó con el municipio de San Juan para suministrarle agua para la ciudad en un número convenido de galones de agua por minuto, habiendo sido instalada dicha bomba en el pozo No. 3 y la cabeza de la misma en el No. 2, de los cuatro antes mencionados: que dichos pozos profundos no han sido entregados definitiva-mente al municipio de San Juan: que la sociedad ha sido disuelta de mutuo acuerdo, estando en liquidación: que esa bomba es propiedad del peticionario y del demandado en común pro indiviso como resultado de la disolución de la so-ciedad: que el demandado Laffaye sin el consentimiento del peticionario está removiendo la expresada bomba para tras-ladarla a Bayamón con el objeto de instalarla en un pozo profundo que el demandado personalmente y por cuenta pro-pia contrató con el municipio de Bayamón, en donde al ins-talarla tendrá que alterar dicha bomba, que es de instalación definitiva solamente, para usarla como bomba de prueba, por lo que sufrirá grandemente y depreciará considerablemente su valor debido al desgaste natural como bomba de prueba por la gran cantidad de arena que extrae una bomba de prueba que se usa en prueba: que el demandado causará graves e irreparables perjuicios al demandante: que no tiene otro remedio que el de injunction que utiliza: y que ha re-querido al demandado para que no traslade esa bomba y para (]ue no la utilice en otro sitio. Por esas alegaciones solicitó de la corte que prohibiese definitivamente al demandado que trasladase la bomba de Hato Rey a cualquier sitio, y espe-cialmente que la instalase en el pozo profundo de Bayamón y que mientras se ventila este pleito dicte una orden preli-minar de injunction a los mismos efectos y decrete, desde luego, un entredicho para tal fin.

La corte señaló día para que el demandado compareciera ante ella a exponer las razones que tuviera para que no se dictase el injunction preliminar solicitado y mientras tanto puso en entredicho al demandado ordenándole que no remo-viese la bomba de los pozos profundos de Hato Rey; que no la llevase a otro sitio y que no la instalase en el pozo profundo de Bayamón.

El día señalado para la comparecencia de las partes el demandado alegó excepciones previas contra la petición re-señada y también contestó la orden para mostrar causa, ale-gando entre otras cosas que está utilizando la bomba en cues-tión en el pozo profundo de Bayamón por haberla trasladado con anterioridad a la fecha en que se expidió la orden de entredicho, resultando así académica la resolución de la peti-ción. Entonces el peticionario presentó moción alegando que cuando se notificó la orden de entredicho al demandado éste no había terminado de instalar la bomba en Bayamón y so-licitó que fuese castigado por desacato y que se le ordenase que inmediatamente suspendiese el uso de la bomba, que la trasladase a los pozos que están en Río Piedras y que la ins-talase allí en la forma que antes se encontraba. La corte resolvió esa moción prohibiendo al demandado el uso de la bomba en Bayamón. Respecto al desacato fué acuerdo de las partes que fuese decidido por la evidencia que se presen-tase para el injunction preliminar. Después de oída la evi-dencia que las partes presentaron la corte exoneró al deman-dado Laífaye del cargo de desacato y por otra resolución, que es la apelada, decretó el injunction preliminar interesado.

El primer motivo alegado para este recurso es por la resolución de la corte ampliando' el entredicho para que el demandado no usara la bomba en Bayamón, fundada en que no está sostenida por las alegaciones de la petición.

El objeto fundamental de la petición es que el demandado no use la bomba para su beneficio particular y uno de los medios de evitar ese uso era prohibiendo el traslado de la bomba a Bayamón, pero trasladada antes de ser notificado el demandado de la prohibición decretada, pudo la corte pro-hibir su uso, como pudo haberlo hecho desde el principio, de acuerdó con los términos de la petición de injunction.

El segundo motivo es por haber sido declaradas sin lugar las excepciones previas formuladas por el demandado a la petición de injunction fundada en que no aduce hechos determinantes de causa de acción.

Como se ve por las alegáciones de la petición, deman-dante y demandado constituyeron una sociedad civil particular para el ejercicio de una profesión, según el artículo 1580 del Código Civil; y disuelta por acuerdo de las partes, la partición entre los socios se rige por las reglas de la de las herencias, según dispone el artículo 1610 del mismo có-digo, por lo que los bienes de la sociedad existentes a la diso-lución pertenecen en común pro indiviso a los dos socios mientras la sociedad sea liquidada. Por esto la sentencia de 3 de agosto de 1892 del Tribunal Supremo de España que se cita en Cátala, Código Civil, declaró que por la disolución de la sociedad entre las partes, los bienes de ellas pertene-cientes a la sociedad pasaron a ser en común y pro indiviso de las dos personas que fueron socios. En virtud de esto son aplicables las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes, nna de las cuales es, según el ar-tículo 401, que cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su des-tino y de manera que no perjudique el interés de la comuni-dad ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho; el artículo 404 preceptivo de que. ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteracio-nes en la cosa común aunque de ellas pudieran resultar ven-tajas para todos; y el artículo 405, según el cual para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obli-gatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. Por consiguiente, alegando la petición que el demandado va a uti-lizar la bomba en forma distinta a la de su destino, con per-juicio para la comunidad, impidiendo utilizarla al deman-dante, haciendo alteraciones en ella y todo con la oposición del peticionario, no cabe duda de que alega causa de acción para el procedimiento ejercitado. El artículo 1597, No. 2, del Código Civil que el apelante cita en apoyo de su excep-ción no es aplicable a este caso porque se reñere a la admi-nistración de los bienes antes de disolverse una sociedad, y tampoco le es favorable porque es similar al artículo 401 citado antes, pues si bien dice que cuando no se haya esti-pulado el modo de administrar cada socio podrá servirse de las cosas que componen el fondo social de acuerdo con la costumbre de la tierra, dice también que esto será con tal que no lo haga en contra al interés de la sociedad o de tal modo que impida el uso a que tienen derecho sus compañeros.

Tampoco es insuficiente la petición porque se trate de una propiedad mueble, porque la acción de daños no sería ade-cuada en este caso ante la dificultad de poder demostrarse el daño realmente causado a la bomba por su uso como bomba de prueba.

Como consecuencia de lo expuesto no tenía la peti-cióxi que alegar la insolvencia del demandado, como dice el apelante, porque solamente es necesaria tal alegación cuando el daño irreparable o el hecho de que el remedio en ley no sea adecuado depende de la insolvencia del demandado, lo que no ocurre en este caso. 32 C. J. 332.

Otro motivo de objeción a la petición es porque en ella se dice que el peticionario sufrió daños irreparables sin exponer los hechos para esa conclusión. Sin embargo, en la petición están expuestos esos hechos' al decir que el demandado va a alterar la forma de la bomba para aplicarla a uso distinto de aquel para el cual fue construida, que por el uso a que va a ser destinada depreciará grandemente y que en esa forma va a usar una propiedad de la que es condueño el peticionario y sin su consentimiento. Es cierto, como alega el apelante, que en la solicitud de injunction deben alegarse hechos que demuestren que el daño que puede causar el demandado es irreparable pero entendemos que la alegación hecha de que el demandado va a utilizar para su provecho particular y exclusivo la bomba que no pertenece a él solo, es una suficiente alegación en este caso, que descansa principalmente en que priva al peticionario del uso de la bomba en que es copropietario, a más de que la va a dedicar a destino distinto de aquel para el cual fué comprada. El hecho de usar para sí exclusivamente lo que también pertenece a otro contra la voluntad del otro condueño nos parece que es por sí solo bastante para justificar el daño irreparable y la intervención del tribunal, independientemente de si el peticinario puede obtener compensación pecuniaria de tal uso por el demandado.

Dice el apelante que no procede el injunction en este caso porque el peticionario tiene remedio en ley de acuerdo con el No. 1 del artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, según el cual puede ser nombrado por la corte un síndico en accipn entablada entre socios o personas que en común posean o estén interesados en bienes, pero no existe tal remedio en este caso porque no hay acción algnna entablada entre las partes ante los tribunales independientemente de la solicitud de injunction a que venimos refiriéndonos.

El tercer motivo de error se funda en que de las alega-ciones y de la prueba en conjunto aparece que cuando se libró la orden de entredicho ya el demandado había realizado los actos que se pretenden impedir por el injunction solicitado.

Es cierto que cuando el primer entredicho fue notificado al demandado éste había trasladado la bomba a Bayamón, pero ya hemos dicho que de acuerdo con las alegaciones de la petición podía extenderse la orden de entredicho a prohibir el uso de la bomba en el pozo profundo de ese pueblo, sin que aparezca claramente que al notificársele el segundo en-tredicho al demandado estuviese usando la bomba en Ba-yamón, por lo que no existe el error que se alega.

El cuarto motivo de la apelación es porque la prueba no es suficiente para haber concedido el injunction preliminar.

Hemos dicho antes que el objeto fundamental del injunction en este caso es que el demandado no use para su solo beneficio la bomba que también pertenece al demandante, sin consentimiento del último y haciendo en ella innovaciones o modificaciones, y la prueba demuestra que el demandado hizo modificaciones en la bomba para usarla en el pozo que par-ticularmente y para su solo provecho contrató con el muni-cipio de Bayamón, por lo que no puede sostenerse que la prueba no sea suficiente en este caso.

Otro motivo de la apelación, el quinto, es que hubo error en conceder el injunction provisional porque esa decisión está en contradicción con la que exoneró a Laffaye del cargo de desacato que le imputó el demandante.

El hecho de que el demandado fuera absuelto del cargo de desacato que se le imputó por haber trasladado la bomba a Bayamón no demuestra necesariamente que la orden de injunction no esté justificada en este caso. Pudo ser equivo-cada la resolución del desacato, pero dé todos modos creemos que estuvo justificada y no contradice la prohibición del uso de la bomba porque lo que primeramente se prohibió al de-mandado fué que no trasladase la bomba a Bayamón y tal remoción estaba hecha cuando el primer entredicho le fué no-tificado.

El último error alegado es porque la resolución conce-diendo el injunction es contraria a derecho; fundado en que en la escritura disolviendo la sociedad y poniéndola en liqui-dación se convino en que toda diferencia o desacuerdo o dis-paridad de criterio entre los liquidadores sería sometida a arbitraje. Según otra cláusula de esa escritura los dos so-cios se hacían cargo de la liquidación y no podían actuar se-paradamente.

A nuestro juicio no existe en este caso una disparidad de criterio, diferencia o desacuerdo entre los liquidadores res-pecto al uso de la bomba durante la liquidación sino la apro-piación de ella por mío de los condueños y liquidadores para su solo beneficio, haciendo alteraciones en ella y todo contra la voluntad del otro condueño y liquidador, por lo que tal hecho no está comprendido en la estipulación citada y no im-pide la interposición del injunction solicitado y obtenido.

Tal es el hecho prevaleciente e importante en este caso y por eso no es de importancia en él que no se alegara en la petición y que resultara de la prueba que el peticionario fué licitador en la subasta del pozo profundo de Bayamón que obtuvo el demandado; ni que el privarse al demandado del uso de la bomba en Bayamón pudiera perjudicar a dicha co-munidad, pues el demandado no debió contar para dicho tra-bajo con la bomba cuyo uso no consentía uno de los dos con-dueños.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Alejandro Vázquez, demandante y apelante, v. Juana Camacho, demandada y apelada.
    No. 5357.

    Sometido: Mayo 11, 1931.

      Resuelto: Junio 16, 1932.

      A. Marín Marién, abogado del apelante; E. H. F. Dottin, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Alejandro Vázquez y Juana Camaclio vivieron en apa-rente concubinato por algún tiempo basta que Alejandro Váz-quez demandó a Juana Camaebo para que se procediese a la división de la comunidad entre ellos existente por partes igua-les de una casa sin solar radicada en el barrio de Santurce de esta ciudad, descrita en la demanda, que alegó el deman-dante haber sido comprada por ambos. Juana Camacho se opuso a la demanda alegando que esa casa es de su exclusiva pertenencia por haberla comprado con dinero suyo. La casa fué comprada el 8 de abril de 1926 en $315 que fueron paga-dos de contado y por reformas hechas en ella hoy vale de $600 a $800. Celebrado el juicio recayó sentencia contraria al de-mandante quien interpuso este recurso de apelación.

Los dos primeros motivos del recurso pueden ser resuel-tos conjuntamente por estar íntimamente relacionados entre sí. Dicen así: “1, La corte erró al estimar la prueba presen-tada por la demandada variando los términos del contrato escrito de adquisición de la casa, documento cuya existencia declara la corte. 2, La corte erró al declarar que la casa es de la exclusiva propiedad de la demandada, sin embargo de que admite que se hizo un documento en favor de ambas par-tes, sin que su validez liaya sido siquiera atacada en el juicio. ’ ’

Al ser comprada esa casa entregaron los vendedores un documento privado haciendo constar la venta de ella. El demandante requirió a la demandada para que presentara ese documento en el juicio pero no fué presentado porque según declaró Juana Camacho desapareció al hacerse la nueva construcción de la casa. En vista de esto el demandante trató de probar con testigos que en ese documento se decía que Alejandro Vázquez y Juana Camacho eran los compradores de la casa. La demandada negó en el juicio que dijera tal cosa y presentó evidencia, a que nos referiremos después, para probar que la compra fué hecha con dinero suyo exclusivamente. Algunos de los testigos del demandante no recordaron si dicho documento decía que la casa había sido comprada por los dos, pero otros afirmaron que sí. De todos modos fué un documento que otorgó el vendedor que no sabía positivamente, como tampoco los otros testigos, si el dinero era de las dos personas que se presentaron a comprar o de una sola de ellas. Pudo creer la persona que redactó el documento que dichas personas estaban casadas. El documento existió. No Lo redactó la demandada ni consta que le dió su aprobación. Juana Oamacho no quedaba obligada por la manifestación que hizo el vendedor de que la casa la compraban ella y Alejandro Vázquez. No era un contrato entre las partes de-mandante y demandada. Por consiguiente, no cometió error la corte sentenciadora al permitir prueba de la demandada para justificar que el dinero de esa compra era de su exclu-siva pertenencia, ni infringió el artículo 25 de la Ley de Evi-dencia.

Como consecuencia de las conclusiones antes expuestas la corte sentenciadora pudo llegar por la prueba a la conclu-sión de que la casa es de la exclusiva propiedad de la deman-dada a pesar del documento privado que otorgó el vendedor de ella.

Los motivos tercero y cuarto se refieren a la apreciación de la prueba.

El demandante es un obrero de oficio pintor que trabaja ocasionalmente ganando $3 diarios cuando encuentra tra-bajo. El declaró que los $315 pagados por la casa eran suyos exclusivamente pero su prueba no demostró que en la fecha de esa adquisición tuviera esa cantidad ni que en ocasión alguna haya tenido tal suma de dinero ni aun menor. La de-mandada es una viuda que trabaja en la fábrica de tabaco desde hace unos diecisiete años ganando $12 semanales; desde 1918 tiene una cuenta de ahorros en el Banco Popular en la que regularmente hay balances a su favor en cantida-des que fluctúan de 100 a 200 dólares; presta dinero a sus compañeras de trabajo; en una ocasión recibió $275 del Pueblo de Puerto Rico como indemnización por daños causados a una propiedad suya en Miramar; ha tenido otra casita en Puerta de Tierra; tiene dos hijos que le dan cada uno 20, 15 ó 10 dólares trimestrales; ella pagó los materiales y la mano de obra para la reconstrucción de la casa que motiva este pleito y es ella la que paga el arrendamiento del solar, las contribuciones, el agua y el alumbrado, según admitió el demandante.

Nos basta con el resumen que hemos hecho de la prueba para concluir que la corte inferior no erró, como se le im-puta, al estimar que no se Rabia probado con preponderan-cia de evidencia la alegada comunidad de bienes ni al apre-ciar la prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova D avila no intervino.


text:
    Juan Arce Reices, demandante y apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelada.
    No. 5810.

    Sometido: Junio 9, 1932.

      Resuelto: Junio 16, 1932.

      Buenaventura Estoves, ahogado del apelante; M. Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito segnido por Juan Arce Reices contra Tbe American Railroad Company of Porto Rico en recla-mación de $1,049 en concepto de daños y perjuicios. En el recurso están envueltas las cuestiones del poder de una corte para decretar la suspensión de una vista imponiendo como condición el pago de las costas y la de su facultad para deses-timar la acción en caso de que a virtud del no cumplimiento de la condición la tramitación del litigio se dilate indefini-damente.

En su resolución de marzo 30, 1929, dijo, en parte, la Corte de Distrito de Aguadilla:

“La insta de este caso fué señalada para el día 16 de noviembre de 1928. En dicho día el demandante solicitó la suspensión del jui-cio por n'o haber comparecido uno de sus testigos cuya declaración en este pleito es esencial, habiendo el demandante producido' bajo ju-ramento la declaración que esperaba obtener del testigo ausente. La demandada no aceptó que dicha declaración se tuviera por presen-tada y rechazada de acuerdo con lo que establece el párrafo 2 del artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que la Corte entonces manifestó que ‘estaría dispuesta a suspender el juicio siem-pre que el demandante, que solicita la suspensión, pague a la deman-dada los gastos en que ha incurrido para esta comparecencia’, y al objeto de que las partes tuviesen oportunidad de discutir dichos gas-tos y se pusieran de acuerdo en cuanto al montante de l'os mismos, se declaró en receso.
“Reanudada la sesión, encontró la Corte que tanto el demandante como la demandada y testigos de ambas partes habían abandonado el salón del Tribunal, ausentándose sin haber dado cuenta sobre si habían llegado 'o no a un acuerdo en relación con los gastos a que se ha hecho referencia.”

Esa es la versión de la corte. El demandante y apelante sostiene en su alegato que los hechos ocurrieron del siguiente modo:

“. . . y en este estado, el Hon. Juez entonces manifestó ‘que la corte estaría dispuesta a suspender el juicio siempre que el de-mandante, que solicita la suspensión, pague a la demandada los gas-tos en que ha incurrido para esta comparecencia . . . ’ y al objeto de que las partes tuvieran oportunidad de discutir dichos gastos y se pusieran de acuerdo en cuanto al montante de los mismos, se de-claró la corte en’ receso. Inmediatamente después el abogado de la demandada y sus testigos se retiraron del edificio de la corte sin HABER DISCUTIDO DICHOS GASTOS NI HABER EXPRESADO SU MONTANTE; lo propio hizo luego el demandante y, al reanudarse la sesión, el Hon. Juez se encontró con que no tenía ante sí ningún informe o acuerdo de las partes s'obre dichos gastos y se vió obligado a decretar la suspensión del juicio, ‘poR ausencia de dos litigantes’.
“Tres días después, o sea el 19 de noviembre de 1928, la de-mandada radicó un Memorándum de Costas, G-astos y Desembolsos ocasionados por dicha suspension y el 22 del mismo mes el deman-dante radicó su oposición a dicho Memlorándum impugnándolo en todas sus partes.”

Por el contrario, la parte demandada y apelada sostiene en el suyo:

“. . . Da demandada se opuso a la transferencia o posposición de la vista, alegrando entre otr'os fundamentos, haber incurrido en gastos y la Corte d'e Distrito suspendió la vista, declarando un receso para que las partes se pusieran de acuerdo, en cuanto a las costas a pagar. En dicho receso, convinieron las partes en radicar un me-morándum de costas, memorándum que fué hecho por la demandada el día 17 de noviembre y remitido aquel mismo día, desde la ciudad de San Juan a la de Aguadilla.”

Ambas partes sostuvieron desde el principio esas posicio-nes, la demandada en su memorándum del 17 de noviembre de 1928, la demandante en su impugnación de 22 del propio mes. La corte conocía el conflicto antes de dictar su reso-lución de marzo 30 de 1929. No lo resolvió expresamente, pero al aceptar el memorándum presentado como base para la discusión y al aprobarlo luego después de considerada “la prueba introducida y las alegaciones de las partes”, alte-rando algunas de sus partidas, aceptó implícitamente que los hechos habían ocurrido como los expuso la demandada. De otra suerte, si la corte hubiese creído que a virtud de la con-ducta de la demandada le había sido imposible a la deman-dante ponerse de acuerdo con ella para cumplir su orden, no hay duda alguna que hubiera actuado de otro modo. Para penetrar en la verdad de lo ocurrido, es muy significativa la conducta de la propia parte demandante. No se explica sa-tisfactoriamente que si la parte demandada se ausentó en la forma que sostiene, no permaneciera ella en la corte para hacerlo constar ante la misma. La ausencia de ambas par-tes se armoniza más con la teoría de la demandada que con la del demandante.

El 8 de mayo de 1929 la parte demandada presentó una moción pidiendo a la corte que ordenara al demandante que cumpliera con la resolución recaída sobre pago de las costas originadas por la suspensión de la vista decretada a sn ins-tancia con esa condición, dentro de nn término de cinco días, apercibido de que si así no lo hiciera, se desestimaría y ar-chivaría el pleito. Se opuso el demandante, que había pe-dido el nuevo señalamiento de la vista del litigio y el 29 de junio de 1929, en el llamamiento preliminar del calendario de asuntos civiles, ocurrió lo que sigue:

‘1 Secretario: — Señor Juez; en este caso hay una moción solici-tando el desistimiento del caso por cuanto el demandante no ha. cum-plido con cierta orden dictada por la corte.
“Hon. Juez: — Este caso fué incluido en el calendario y señalado para ser visto; en el acto de la vista solicitó la suspensión el de-mandante Juan Arce Reices; no habiendo motivos para acordar esa suspensión — motivos de carácter legal — la Corte sin embargo accedió e'ondicionalmente a dicha suspensión, siendo esta condición la que sufragara el demandante Juan Arce Reices, peticionario de la sus-pensión las costas en que, con ocasión de la comparecencia, hubiera satisfecho a sus testigos la demandada American Railroad Company. Posteriormente dicho demandante dejó de cumplir la condición pre-via de la corte respecto de pagar los gast'os y desembolsos de refe-rencia, que fueron objeto de un memorándum resuelto por la corte con fecha 30 de marzo del año en curso, el monto de cuyo mem'o-rándum no ha sido satisfecho por el referido demandante. Al resolver la cuestión, la corte manifestó que no se señalaría este caso para vista si previamente no se satisfacían las Costas consignadas en la resolución del memorándum, no habiéndolo sido hasta el presente, por lo que The American Railroad Company ha deducido dos mo-ciones, una sobre desistimiento y archivo del caso y otra moción para que no se señale para juicio este pleito hasta que no sea resuelta la moción de la demandada sobre desistimiento y archivo. En cuanto al señalamiento, ya la corte lo había acordado, peño haciéndolo de-pender, como se ha dicho, del requisito previo del pago de las costas fijadas en su resolución al memorándum; y en cuanto a la moción de desistimiento y archivo del caso la corte dispone que estimado como incluso en el Calendario y listo para ser señalado este pleito, por las razones antes expuestas va la corte, como última concesión, a dar al demandante Juan Arce Reices un plazo hasta el nuevo término de juicios civiles de esta corte, ya que dentro del presente no podría ser señalado por haber tenido lugar en el día de hoy la primera lectura de dicho calendario civil, para que satisfaga las cos-tas mandadas a pagar a la demandada por este tribunal por su resolución’relativa al memorándum de costas y desembolsos, con aper-cibimiento de que si para la fecha en que se htaga el próximo llama-miento de juicios civiles de este tribunal no han sido totalmente liquidadas y satisfechas dichas costas a la demandada, la corte archi-vará y desestimará esta acción de daños y perjuicios, sin más oír a las partes en el incidente respecto del pago de costas y señalamiento de que se ha venido haciendo mención. Notifíquese a las partes.”

Nada revelan los autos que se gestionara en el pleito desde el 29 de junio de 1929 hasta el 7 de marzo de 1931 en que el demandante pidió de nuevo que se señalara día para la vista. A virtud de esa petición la corte, haciendo constar en su re-solución los antecedentes del caso, acordó lo que sigue:

“Por TANTO, la corte decreta y ordena que el demandante en este caso, Juan Arce Reices, dentro del término de CINCO- días, a con-tar desde la fecha en que sea formalmente notificado de esta orden, comparezca a exponer las razones que tuviere por las cuales:
“(a) No ha satisfecho el importe del memorándum de costas aprobado en el presente pleito; y,
“ (b) No deba archivarse y sobreseerse este pleito, ya que en el ■mismo no se ha cumplido con dicha orden ni tampoco se ha practi-cado gestión alguna desde hace más de un año, encontrándose apa-rentemente abandonado sin causa ni motivo alguno que lo justifique. ’ ’

Se opuso el demandante alegando en moción de marzo 17, 1931:

“(a) Que no ha satisfecho el importe del memorándum de cos-tas aprobado en el presente pleito, por entender que la corte carecía de jurisdicción para aprobar dicho memorándum y que la imposición de costas en este caso, dadas las circunstancias que concurren en el mismo, es improcedente y constituye un abuso de discreción judicial.
“ (b) Que la orden de esta Hon. Corte que se dice tiene fecha 29 de junio de 1929 nunca fué notificada a este demandante ni a su abogado por lo cual éste la ignoraba y desconocía.”

Dos días después la corte resolvió:

“Por tanto, y no habiendo sido notificado al demandante ni a su abogado la orden de fecha 29 de junio de 1929, y a finí de dar una 'oportunidad al demandante para que cumpla la misma en todas sus partes, resuelve dejar y deja sin efecto ni valor alguno su orden d'e fecba 7 de marzo d'e 1931, y en su consecuencia, decreta y ordena que el demandante Juan Arce Beices, dentro del término de veinte días, a partir de la fecba en que sea formalmente notificado de esta orden, consigne en la Secretaría de esta Corte, a disposición de la demandada, la suma de $163.20, importe del mem'orándum de costas aprobado en este caso, apercibiéndole de que si así no lo hiciere, se desestimará y archivará este pleito sin más oírle ni citarle, máxime cuando resulta que debido a la obstinada negativa del demandante a cumplir lo ordenado por este Tribunal, este pleito ha estado por más de un año prácticamente abandonado; y que por el Secretario se notifique al demandante de la orden de fecha 29 de junio, a la cual tantas veces se ha hecho referencia.”

Notificado el demandante persistió en su actitud y fué entonces que la corte el 17 de abril de 1931 pronunció la sen-tencia de que se apela en este caso teniendo al demandante por desistido y apartado de la continuación del mismo y or-denando su sobreseimiento y archivo, con costas.

La parte apelante señala la comisión de cuatro errores. Argumenta conjuntamente los tres primeros que se refieren a la falta de jurisdicción de la corte para imponer las costas, a la infracción del artículo 335 del Código de Enjuiciamiento Oívil, y a la errónea aprobación del memorándum presentado por la parte demandada. Dice en su alegato:

“Sostenemos que la corte de distrito no tenía jurisdicción para imponer estas costas y aprobar dicho memorándum. No hay pre-cepto legal alguno que faculte o autorice a un tribunal para obligar a un litigante a pagar a su contrario los gastos en que éste haya incurrido con motivo de una ‘comparecencia’ a un juicio, que la corte se ve obligada a suspender, como en el presente .caso.
“El artículo 335 del Código de Enj. Civil, único que p'odría in-vocarse para sostener la facultad discrecional de la corte en cuanto •a la imposición de costas, no es aplicable a un caso como el presente. Dicho artículo lee así:
“ ‘Artículo 335. — Cuando se hiciere una solicitud a una corte o a un árbitro para que se suspenda una vista, el pago de las costas que puedan ocasionarse por la suspensión puede imponerse a discre-eión de la corte o del árbitro, como condición para accederse a la solicitud. ’
“La circunstancia especial de haberse encontrado la corte sin litigantes, al reanudar su sesión después del receso, fue lo que obligó a la suspensión del juicio. Ni siquiera tuvo la corte necesidad de resolver la solicitud de suspensión hecha por el demandante; ella se resolvió por sí misma o, mej'or dicho, por la ausencia de las partes sin el conocimiento del tribunal.”

Al exponer los hechos del caso, pusimos de manifiesto la disparidad de apreciación que existía entre las partes y diji-mos que la corte aceptó implícitamente la versión de la ape-lada. Aun más, expresamos que la versión de la apelada era en verdad la más lógica.

El apelante en su argumentación parte de la base de que su versión es la cierta. De ahí que no haya que seguirlo en sus razonamientos. La facultad de la corte para imponer las costas como condición para acceder a la suspensión, emana directamente del precepto legal citado por la propia parte apelante. Y las circunstancias concurrentes, aceptada la versión de la parte apelada, no revelan abuso alguno de dis-creción por parte de la corte al ejercer tal facultad. Las diferentes partidas del memorándum quedaron justificadas y la Corte las aprobó finalmente con las modificaciones que creyó necesario introducir.

Por el cuarto señalamiento de error sostiene el apelante que aun cuando se reconociera facultad a la corte para imponer las costas, jamás la tendría para supeditar a su pago la celebración del juicio y la extinción de la acción. Se limita en su argumentación a llamar la atención a la injusticia que resultaría en el caso de un demandante insolvente y a asegurar que el demandante en este caso lo es. No cita jurisprudencia alguna en apoyo de su contención.

Hemos examinado los autos y no encontramos en ellos dato alguno demostrativo de que el demandante fuera autorizado a litigar como pobre. En la demanda él mismo dice que es “negociante”. Y al aceptar la suspensión pagando las eos-tas, se impuso una responsabilidad que corresponde a un sol-vente. Estamos obligados, en tal virtud, a prescindir de la afirmación del apelante y a considerar y resolver el caso como uno corriente en que no está envuelta cuestión alguna de in-solvencia.

Al impugnar la parte apelada el cuarto señalamiento de error cita el caso de Cerecedo Hermanos y Compañía v. Administración General, 8 D.P.R. 451, que no consideramos en-teramente aplicable, y el volumen 18 de Corpus Juris, página 1181, sección 90 que fué la autoridad en que se apoyó la Corte de Distrito para dictar su resolución. La cita de Corpus Juris es al efecto de que la desobediencia a una orden de la corte es usualmente base suficiente para la desestimación del pleito, como cuando, entre otros casos, la parte deja de obe-decer una orden que requiere el pago de las costas. En con-firmación de este caso concreto se cita el de Albert Hass Lumber Co. v. Gibson, 172 Ala. 111, Ann. Cas. 1913 D, 497. La decisión, en lo pertinente a este caso, dice:

“Los interrogatorios fueron notificados a uno de los abogados de récord del demandante y tal Notificación estaba autorizada por el estatuto. Artículo 4050 del Código de 1907. Jackson v. Hughes, 6 Ala. 257; Cain Lumber Co. v. Standard Dry Kiln Co., 108 Ala. 346, 18 So. 882.
“El artículo 4055 lee como sigue: ‘Si las contestaciones a los interrogatorios n'o son archivadas dentro de treinta días después de notificarse con copia de los interrogatorios, o cuando las contesta-ciones no son categóricas o s'on evasivas, la corte puede llamar a la parte y obligarle a que conteste plenamente en corte abierta, o sen-tenciarle al pago de una suma justa por concepto de costas, y suspender la causa hasta que se den Contestaciones categóricas, u ordenar que se registre un nonsuit, una sentencia en rebeldía o un decreto pro confesso, o dictar la sentencia o decreto correspondiente si la parte en rebeldía no ofreció prueba.’ Por no haber contestado al inte-rrogatorio, el demandante fué condenado al pago de costas y el caso fué suspendido y se dictó una orden exigiendo el pago de costas y que se contestara dicho interrogatorio dentro de noventa días. Esta actuación de la corte sentenciadora no solamente estaba autorizada p'or el estatuto^ sino que la penalidad impuesta casi fué, de na serlo, la penalidad ínfima autorizada por la rebeldía.
“Estando la orden autorizada y siendo razonable, la corte tenía el poder inherente, en su próximo término, de desestimar por no haberse cumplido con dicha orden. Las cortes estarían en verdad imp'otentes si carecieran de facultad para obligar a que órdenes ra-zonables y autorizadas por el estatuto sean obedecidas, y el engra-naje de la justicia sería obstaculizado si se permitiera a los litigantes desobedecer las resoluciones por ellas dictadas e incurrir en rebel-días y desacatos. Además, la sentencia desestimando la causa de-muestra que el letrado estuvo presente y de los autos no aparece que se pusiera objeción o anotara excepción al proceder de la corte.”

Las órdenes que con jurisdicción dictan las cortes, deben ser obedecidas. Sobre esto no bay cuestión, y ya bemos re-suelto que aquí la corte tuvo jurisdicción para suspender la vista imponiendo a la parte que pidió la suspensión el pago de las costas. Si la vista se suspende imponiendo como con-dición el pago de las costas, no es posible celebrarla basta que la condición se baya cumplido. T si la vista no se celebra, el caso permanecería indefinidamente en el calendario, cosa con-traria a la buena práctica en los tribunales.

A virtud de los becbos que dejamos expuestos, conocemos las varias oportunidades que dió la Corte al demandante y la actitud de éste. Además, el largo tiempo transcurrido. Bajo esas circunstancias, la Corte no pudo bacer otra cosa que desestimar como desestimó la acción.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Juan Bautista Serrano, demandante y apelado, v. Carmen Roca de Vicente Vda. de S. Coy y Rita Guerra, demandadas y apelantes.
    No. 5408.

    Sometido: Junio 22, 1931. Julio 15, 1932.

      Resuelto: Junio 16, 1932.

      E. Rincón, Emilio S. Belaval y L. Muñoz Morales, abogados de las apelantes: Pellón & Ayuso, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito incoado por Juan Bautista Serrano, quien alega ser el legatario en nuda propiedad de los bienes relictos de doña Magdalena Coy Tizol, fallecida el 18 de abril de 1925. Esta señora carecía de ascendientes o descendien-tes y en su consecuencia tenía la libre disposición de sus bienes.

En el curso del juicio resultó que dos de las hermanas de doña Magdalena son las usufructuarias y están en pose-sión de los bienes reclamados por Juan Bautista Serrano, mas ellas no están envueltas en este litigio. La controversia en este caso gira exclusivamente sobre la interpretación que debe dársele a la novena cláusula del testamento de doña Magdalena. Bajo la cláusula 7 la testadora dejó todos sus bie-nes muebles a sus tres hermanas, Concepción, Inés y Salva-dora, y a su hijo de crianza Juan Bautista Serrano. Por la cláusula 8 ella dejó a Juan Bautista Serrano una casa ubi-cada en la calle Alien. Por la cláusula 10 impuso a sus he-rederos usufructuarios la obligación de pagar todas las obli-gaciones corrientes a vencer sobre la propiedad legada. La cláusula 9 del testamento lee así:

“En el remanente de todos sos bienes, derechos y acciones insti-tuye y nombra por sus herederos usufructuarios por partes iguales y c'on el derecho de acrecer entre sí a sus legítimos hermanos doña Concepción, Inés, Salvadora y Luis Coy Tizol, queriendo que ocurrido que sea el fallecimiento del último de ellos pase todo el remanente de sus bienes, derechos y acciones, en absoluto y pleno dominio, a su mencionado hijo de crianza Juan Bautista Serrano y a su sobrino don Salvador Coy Guexva, quienes a ese fin quedan desde luego por la presente instituidos por sus herederos, también por partes iguales, sin condición alguna, y con derecho de acrecer entre sí, si fallecieren sin descendientes legítimos.”

De los autos se desprende que doña Concepción y don Luis Coy Tizol fallecieron y que los dos usufructuarios res-tantes son Inés y Salvadora.

Salvador Coy Guerra, sobrino de la testadora, falleció sin dejar descendientes, mas dejó a su madre y a su esposa, las demandadas en este caso. Estas dos personas son los here-deros de Salvador Coy Guerra. Ellas obtuvieron una decla-ratoria de herederos, hicieron una partición y ciertas inscrip-ciones en el registro de la propiedad, de bienes que en defi-nitiva pertenecían a Salvador Coy Guerra, así como de los bienes envueltos en este litigio, o más bien de la porción que ellas sostenían pertenecía a su causante.

El demandante sostiene que de conformidad con el testa-mento él es el único legatario del remanente, toda vez que Salvador Coy Guerra falleció sin dejar descendientes. La corte falló a su favor.

La corte inferior citó varias decisiones del Tribunal Supremo de España al efecto de que la ley que debía seguirse en casos como el presente es la voluntad del testador. Esta es la regla universal. Las apelantes no atacan este principio general, pero sostienen que la intención de la testadora fue claramente que se hiciera una división por partes iguales del remanente de los bienes entre Juan Bautista Serrano y Salvador Coy Guerra. Igualmente sostienen que las palabras “con derecho de acrecer” deben ser tomadas en su signifi-cado legal corriente, conforme son usadas en el Código Civil de Puerto Pico. A este respecto el Código Civil provee:

“Art. 948. — 'En las sucesiones legítimas la parte del que repudia la herencia acrecerá siempre a los coherederos.
“Art. 949. — Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar el derecho de acrecer se requiere:
“1. — Que dos o más sean llamados a una misma herencia, o a una misma porción de ella, sin especial designación de partes.
“2. — Que uno de los llamados muera antes que el testador, o que renuncie la herencia, o sea incapaz de recibirla.”

Las apelantes sostienen que de conformidad con lo anterior el derecho de acrecer puede ser invocado por un supérs-tite solamente cuando una de las personas de quien se alega el derecho a acrecer rehúsa el legado, es incapaz de aceptarlo o fallece antes que el testador. En este caso, según hemos visto, Salvador Coy Guerra, a cuyo nombre reclaman las apelantes, falleció con posterioridad a la testadora.

Tenemos presente, desde luego, el principio general de que cuando se usa una palabra técnica ésta debe ser enten-dida normalmente con el significado que generalmente se em-plea. Existe cierta plausibilidad en el argumento de las ape-lantes de que las palabras “con derecho de acrecer” deben tener su significado ordinario, usual y corriente empleado en el Código Civil.

Sin embargo, un examen del testamento mismo nos con-vence de que la testadora usó conscientemente las palabras, no en su sentido técnico sino en forma distinta. La palabra “acrecer,” fuera del Código Civil, significaría necesaria-mente un aumento o incremento, y ésa es la forma en que las palabras han sido usadas en el testamento. El derecho de acrecer que debía corresponder a cualquiera de los lega-tarios del remanente fué otorgado, por lo menos nominal-mente, si el otro legatario fallecía sin dejar descendientes. Difícilmente podría decirse que la testadora tuvo en mente el fallecimiento de una de estas personas antes de que ella misma muriera. En otras palabras, es claro, creemos noso-tros, que la testadora tuvo en mente el fallecimiento de nna de las dos personas designadas en cualquier momento sin dejar descendientes. Se trataba de dos hombres que es evi-dente eran considerablemente más jóvenes que la testadora y debe suponerse que ella debió haber pensado que éstos mu-rieran dejando, o sin dejar, descendientes mucho tiempo des-pués de haber muerto ella. Si Salvador Coy Guerra hu-biese muerto dejando un descendiente, diez años después del deceso de la testadora, Juan Bautista Serrano no podría ale-gar el .derecho de acrecer. Su parte de los bienes hubiera correspondido definitivamente a Salvador Coy Guerra o a sus descendientes, en caso de que él tuviese un hijo al tiempo de su muerte. Además, la palabra “acrecer” se usa en dos ocasiones en la cláusula nueve. Los usufructuarios tienen también el derecho de acrecer entre sí, según expresó espe-cíficamente la testadora. Desde luego, esto sería cierto aun si la testadora no lo hubiese consignado; pero el primer uso de la palabra “acrecer” tiene algún peso. Fácilmente puede colegirse que la intención de la testadora fué que se conser-varan sus bienes en poder de los objetos naturales de su afecto, es decir, de sus hermanos, su hijo de crianza y su sobrino.

No importa que el testamento diga que se dejan los bie-nes a Juan Bautista Serrano y a Salvador Coy Guerra “en absoluto y pleno dominio” y “sin condición,” toda vez que estas palabras eran aplicables a la comunidad así creada. Estas palabras ilimitadas pueden ser tomadas para aplicar-las a la institución de herederos establecida y para excluir las reclamaciones de cualquiera, tan pronto como los bienes les pertenecieran. Somos de opinión, juzgando por la fra-seología misma del testamento, que la intención de la testa-dora fué claramente que Juan Bautista Serrano obtuviera toda la propiedad en caso de que Salvador Coy Guerra fa-lleciera sin dejar descendientes, y viceversa. Bajo estas cir-cunstancias nos sentimos obligados a resolver que el artículo 949 del Código Civil comprende solamente casos en qne nn testamento guarda silencio sobre la materia, pero qne no es aplicable cuando la intención del testador al hacer uso de las palabras es claramente distinto a la fraseología literal del Código Civil.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Hemos examinado la moción de reconsideración en sus méritos y no vemos razón alguna para alterar nuestra opinión original.

Sin embargo, las apelantes llaman nuestra atención hacia el hecho de que dejamos de discutir el señalamiento de error relativo a costas. Si bien es cierto que en nuestra opinión dijimos que las apelantes presentaron algún razonamiento plausible en favor de su posición, no obstante, no teníamos ni tenemos dudas de que una lectura ordinaria de la cláusula del testamento en cuestión habría llevado al convencimiento de que la inténción de la testadora fue clara en el sentido de que cada uno de los dos beneficiarios últimamente men-cionados debía tener derecho a heredar los bienes del otro si uno de ellos fallecía sin dejar descendientes. En el caso de Smith v. Bell, 6 Pet. 68, el Juez Presidente Sr. Marshal dijo: “La primera regla de importancia en la exposición de testa-mentos a la cual deben ceder todas las demás reglas es que debe prevalecer la intención expresada por el testador en su testamento, siempre que sea consistente con las reglas de derecho.” Dicat testator et erit lex.

Nos damos cuenta de que las apelantes insisten en que las expresiones de la cláusula en cuestión deben ser interpreta-das de conformidad con las reglas establecidas en el Código Civil para el derecho de acrecer, mas conforme hemos re-suelto en este caso, la regla de que la voluntad del testador debe prevalecer es tan fuerte, que creemos que la corte de distrito estaba justificada al hacer nso de sn discreción al imponer las costas.

No resolvimos en el caso de Nevares v. Nevares Hnos., 37 D.P.B. 857, que la existencia de nna cnestión debatible pneda siempre exonerar a nna parte del pago de las costas. Con mucha frecuencia un abogado hábil puede suscitar dudas fuertes y sería difícil imponer las costas.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.