text:
    Efraín González Fuentes, José M. Urbina Pérez, Ricardo Marrero Vázquez, Benjamín Alers Rodríguez, Héctor L. Quiñones Andino, Melvin Suárez Fernández, Edgardo Rivera Borrero, Rafael Rivera Pérez, Arsenio Sánchez Rodríguez, Andrés Candelario Agosto, Jorge L. De Jesús Rivera, José R. Rivera Torres, Julio Alberto Medina Medina y Carlos Delgado Rivera, peticionarios y apelantes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Administración de Corrección, Administrador de Corrección, Lic. Miguel A. Pereira Castillo, Superintendente de Bayamón 501, Sr. Sixto Marrero, y Superintendente de Bayamón 308, Sr. Roberto del Valle Navarro, apelados.

      Número: AC-2005-48

      Resuelto: 29 de marzo de 2006

      Carlos V García Gutiérrez, José R. Roque Velázquez, Rafael E. Rodríguez Rivera y Lillian N. Miranda Rodríguez, abo-gados de la parte apelante; Salvador Antonetti Stutts, pro-curador general, Mariana Negrón Vargas, subprocuradora general, y Zulma E. Martínez Álvarez, procuradora general auxiliar, abogados de la parte apelada.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Acuden ante nos catorce convictos por el delito de asesi-nato y solicitan que revoquemos una sentencia del Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo determinó en su sen-tencia que la Administración de Corrección actuó correctamente al cancelarle a estos convictos el privilegio de la libertad bajo supervisión electrónica y ordenar su re-ingreso a prisión. Ello en vista de que, como cuestión de derecho, los convictos por el delito de asesinato no cualifi-can para el programa de supervisión electrónica.

En esencia, los convictos alegan que fueron válidamente puestos en libertad en virtud de dicho programa y que han adquirido un derecho constitucional a continuar en liber-tad bajo supervisión electrónica. Argumentan, además, que aplicarles retroactivamente la Ley Núm. 49 de 26 de mayo de 1995() (Ley Núm. 49 de 1995), mediante la cual se ex-cluye a los convictos de asesinato del programa de super-visión electrónica, viola sus derechos constitucionales, se-gún la cláusula contra leyes ex post facto.

En vista de que al momento de cometer los hechos de-lictivos los convictos no tenían derecho a ser puestos en libertad bajo supervisión electrónica y de que posterior-mente se les dejó libres por un error administrativo que no generó intereses libertarios protegidos bajo el debido pro-ceso de ley, confirmamos.

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A. Los catorce convictos fueron sentenciados a cumplir con penas de reclusión por los delitos de asesinato ocurri-dos entre marzo de 1978 y octubre de 1991.() Posterior-mente, se les concedió el privilegio de libertad bajo super-visión electrónica en varias fechas entre junio de 2000 y noviembre de 2003.

Así las cosas, el Estado ordenó el reingreso de los con-victos a la institución correccional para que extinguieran el resto de su sentencia. Fundamentaron dicha decisión en que la concesión a los convictos de libertad bajo supervi-sión electrónica fue nula ya que, en virtud de los delitos cometidos (asesinato), ninguno de ellos cualificaba para dicho privilegio.()

En abril de 2005, los convictos cuestionaron ante el Tribunal de Primera Instancia la legalidad de su detención mediante el auto de un habeas corpus. Luego de celebrarse la vista correspondiente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la excarcelación de los convictos. Adujo, en síntesis, que el Estado le “creó expectativas” a los convictos de que cualificaban para el programa de supervisión electrónica y que ahora se ve impedido de actuar contra sus propios actos.

Inconforme, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando que se revocara la determi-nación del foro de instancia, ya que el curso de acción to-mado por el Estado fue para hacer cumplir con las leyes y subsanar los errores administrativos que colocaban en alto riesgo la seguridad pública. El foro apelativo revocó la de-terminación del Tribunal de Primera Instancia.

Insatisfechos, los convictos acuden ante nos mediante un recurso de apelación. Argumentan, en esencia, que la actuación estatal está constitucionalmente vedada por la cláusula contra leyes ex post facto. Ello porque el Estado pretende aplicarle retroactivamente una ley que les desfa-vorece en tanto les elimina la posibilidad de cualificar para el programa de supervisión electrónica. Alegan que son ele-gibles a dicho programa en virtud de dos pronunciamientos administrativos, a saber: un memorando interno circulado por la Administración de Corrección el 14 de julio de 1989() y el Reglamento Núm. 5065 aprobado por dicha agencia el 4 de mayo de 1994. Aducen, además, que la ac-ción del Estado es contraria al debido proceso de ley.

En atención a que existen dos sentencias contradicto-rias del Tribunal de Apelaciones en cuanto a este asunto, acogimos el recurso de apelación presentado. Ambas partes han comparecido. Con el beneficio de sus argumentos, es-tamos en posición de resolver. ()

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A. El Art. II, Sec. 12 de nuestra Constitución prohíbe la aplicación de leyes ex post facto. L.P.R.A., Tomo 1. Reiteradamente hemos señalado que existen cuatro tipos de estatutos que son ex post facto, a saber, las leyes que: (1) criminalizan y castigan un acto que al ser realizado no era delito; (2) agravan un delito o lo hacen mayor de lo que era al momento de ser cometido; (3) alteran el castigo imponiendo una pena mayor que la fijada para el delito al momento de ser cometido, y (4) alteran las reglas de evidencia exigiendo menos prueba que la requerida por ley al momento de la comisión del delito para castigar al acusado o reduciendo el quantum de evidencia necesario para encontrarlo culpable. Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993); Fernández v. Rivera, Jefe del Presidio, 70 D.P.R. 900 (1949).

La cláusula constitucional contra leyes ex post facto garantiza que los estatutos provean al ciudadano una notificación adecuada (fair warning) de la conducta prohibida y las consecuencias penales que acarrea realizar dicha conducta. Además, mediante esta cláusula se intenta asegurar que el Estado no utilice el poder coercitivo de forma arbitraria o vengativa. Por último, con dicha prohibición se promueve que la Asamblea Legislativa utilice la sanción penal solamente cuando pueda tener el efecto de disuadir al potencial ofensor. Weaver v. Graham, 450 U.S. 24 (1981). Véase, además, W.R. LaFave, Principles of Criminal Law, St. Paul, Ed. West Pub. Co., 2003, Cap. 2, pág. 88.

De otra parte, es necesario aclarar que la protección contra leyes ex post facto solamente se activa cuando se pretende aplicar una ley penal de manera retroactiva. Se requiere también que la ley cuya aplicación retroactiva se cuestiona sea más perjudicial para el acusado que la vigente al momento de la comisión del acto. Es decir, para que un estatuto contravenga la cláusula contra leyes ex post facto es necesario que éste sea de aplicación retroac-tiva y, además, que sea más oneroso para el imputado que el vigente a la fecha en que se cometió la ofensa. Weaver v. Graham, supra.

Al determinar si una ley penal es más onerosa que la vigente al momento de la comisión de los hechos es necesario examinar si, en comparación con el viejo estatuto, la nueva ley tiene el efecto de alargar el término de reclusión que habría de ser cumplido por el sujeto. A estos efectos, es ex post facto cualquier ley que elimina retroactivamente bonificaciones por buen comportamiento que estaban vigentes cuando el acusado realizó la conducta delictiva. Lynce v. Mathis, 519 U.S. 433 (1997).

Como corolario de lo anterior, resulta incompatible con la protección contra leyes ex post facto aplicar retroactivamente una ley que elimina a cierto grupo de convictos la posibilidad de ser elegibles para la concesión de libertad bajo palabra o bajo supervisión electrónica. U.S. v. Paskow, 11 F.3d 873 (9no Cir. 1993). Véase, además, I LaFave’s, Substantive Criminal Law 2d Sec. 2.4 (2003). Ello se debe a que la eliminación retroactiva de esos beneficios tiene el potencial de alargar el término que el convicto habrá de cumplir en reclusión.

B. La cláusula constitucional contra leyes ex post facto solamente veda la aplicación retroactiva de actos de naturaleza legislativa. Por lo tanto, la protección concedida mediante dicha cláusula no se extiende a los actos judiciales.() LaFave, supra.

De otra parte, la prohibición contra la aplica-ción retroactiva de leyes desfavorables solamente se ex-tiende a estatutos de naturaleza criminal. Por ende, como norma general, la Asamblea Legislativa no está impedida de aplicar retroactivamente leyes de carácter civil.C)

Debemos señalar, además, que la prohibición contra leyes ex post facto protege al ciudadano no sólo contra la aplicación retroactiva de estatutos, sino también contra la aplicación o derogación retrospectiva de reglamentos administrativos y ordenanzas municipales que acarrean consecuencias penales. Ross v. Oregon, 227 U.S. 150 (1913). La razón para ello es que, mediante la aprobación de reglamentos y ordenanzas, las agencias administrativas y los municipios están ejerciendo poderes que les han sido válidamente delegados por la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, la prohibición contra leyes ex post facto no se activa mediante la aplicación o derogación retroactiva de órdenes administrativas, declaraciones de política pública o reglas interpretativas. Estas órdenes o declaraciones no tienen fuerza de ley. Por ende, no son consideradas “leyes” a los fines de la cláusula que protege contra estatutos ex post facto.

C. Es doctrina ampliamente reconocida que la Asamblea Legislativa puede delegar poderes a una agencia administrativa siempre y cuando, al así hacerlo, provea un principio inteligible para canalizar la discreción de la agencia. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002). Como consecuencia de dicha doctrina, es permisible constitucionalmente que se le delegue a una agencia administrativa la autoridad para emitir reglamentos con fuerza de ley.

Por otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., requiere que siem-pre que la agencia pretenda adoptar un reglamento se cumpla con los requisitos mínimos del procedimiento de reglamentación informal. Conforme a ello, para que un re-glamento aprobado por una agencia administrativa sea vá-lido es necesario que se cumpla con dos requisitos procesa-les fundamentales, a saber: (1) que se notifique al público del reglamento que pretende aprobarse y (2) que se le pro-vea a la ciudadanía una oportunidad para someter comen-tarios sobre el reglamento que se intenta promulgar. Véase D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, págs. 111-115.

Es necesario aclarar, sin embargo, que existen ciertos pronunciamientos administrativos que están exentos de cumplir con el proceso informal de reglamentación contemplado en la L.P.A.U. Estos pronunciamientos pueden clasificarse en tres grupos: reglas procesales, declaraciones interpretativas y declaraciones de política general. Véase R.J. Pierce, Distinguishing Legislative Rules from Interpretative Rules, 52 Admin. L. Rev. 547 (2000). Véase, además, H. Meléndez Juarbe, Derecho Administrativo, 73 Rev. Jur. U.P.R. 509, 510 (2004).()

El común denominador de dichas reglas es que constituyen pronunciamientos administrativos que no tienen fuerza de ley y, por lo tanto, no vinculan a la agencia ni crean derechos sustantivos o procesales en los cuales el ciudadano puede confiar. Véase W. Funk, A Primer on Non-legislative Rules, 53 Admin. L. Rev. 1321 (2001). En atención a esto, y en contraposición a las reglas legislativas que generan derechos entre las partes, estos tres tipos de declaraciones son más bien reglas no legislativas que no tie-nen ningún efecto legal vinculante. Meléndez Juarbe, supra.

D. La cláusula del debido proceso de ley constituye la disposición que garantiza los derechos del ciudadano frente a intervenciones injustificadas del Estado. Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999). Por ello, se considera que esta protección es “la garantía fundamental que tiene un ciudadano ante una investigación y proceso criminal”. Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520 (2008).

El debido proceso de ley prohíbe que el Gobierno afecte los derechos fundamentales del individuo de manera irracional o arbitraria. Ello sería contrario a los intereses más básicos que deben garantizárseles a un ser humano en una sociedad democrática. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999).

Cónsono con los principios anteriormente esbozados, en la jurisdicción federal se ha expresado que el debido proceso de ley protege al ciudadano contra actuaciones del Estado que estremecen la conciencia (shock the conscience). Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952). Como consecuencia de esto, se le prohíbe a las autoridades gubernamentales actuar de forma “fundamentalmente injusta” (fundamentally unfair) contra un acusado o convicto. Una actuación estatal es fundamentalmente injusta cuando ofende un principio de justicia firmemente establecido en las tradiciones y en la conciencia de nuestro pueblo. Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977).

La cantidad de actuaciones gubernamentales que violan el debido proceso de ley por ser fundamentalmente injus-tas son limitadas. Se trata de actos tan lesivos de la digni-dad humana que no deben ser permitidos bajo ninguna circunstancia. No se trata, por lo tanto, de una cláusula residual (catch-all clause) que le permita al individuo extender la protección de otras garantías constitucionales más allá de su tradicional ámbito de aplicación. A estos efectos, el Tribunal Supremo federal ha expresado que:

En el campo del derecho penal, hemos interpretado estre-chamente la categoría de actuaciones que violan la “justicia fundamental”. Ello se basa en el reconocimiento de que, más allá de las garantías individuales especificadas en la Carta de Derechos, la cláusula del debido proceso de ley es de operación limitada. ... La Carta de Derechos se refiere en términos ex-presos a muchos aspectos del procedimiento criminal, y la ex-pansión de dichas garantías constitucionales bajo la maleable rúbrica de la cláusula del debido proceso de ley promueve una indebida interferencia tanto con juicios valorativos legislati-vos como con el delicado balance que la Constitución establece entre la libertad y el orden. (Traducción nuestra.) Medina v. California, 505 U.S. 437, 443 (1992).

Por otro lado, debe señalarse que los errores administrativos no son susceptibles de crear intereses libertarios que activen la protección del debido proceso de ley. A estos efectos, hemos expresado en varias ocasiones que “ ‘un error administrativo no crea un estado de derecho que obligue [a una] agencia ni impide su corrección’ ”. Santiago v. Depto. de la Familia, 153 D.P.R. 208, 218 (2001), citando a Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63, 71 (1997).

En vista de lo anterior, una actuación administrativa mediante la cual se le concede erróneamente a un convicto la libertad puede ser rectificada por la agencia sin violar los derechos constitucionales del sujeto. A igual conclusión llegó el Tribunal de Apelaciones Federal para el Cuarto Circuito, cuando expresó que:

Hemos concluido que en este caso no existe violación a un derecho constitucional al amparo de la doctrina [del debido proceso de ley]. Específicamente, concluimos que el particular interés libertario que se argumenta existe aquí —continuar en un estado de libertad erróneamente concedido por el gobierno y disfrutado por un período significativo de tiempo por un con-victo cuya sentencia no ha expirado— no puede considerarse uno de esos “derechos y libertades fundamentales que están objetiva y profundamente arraigados en la historia y las tra-diciones de esta nación”. ... Tampoco, a menos que [dicho acto] sea motivado por propósitos vengativos u opresivos, lo cual no se argumenta aquí, podría considerarse que el acto del ejecu-tivo de ordenar el reingreso a prisión “estremece la conciencia contemporánea”. (Traducción nuestra.) Hawkins v. Freeman, 195 F.3d 732, (4to Cir. 1999).

De otra parte, no debemos confundir la equivocada concesión de libertad con la existencia de un interés libertario capaz de activar la protección del debido proceso de ley. Ciertamente, la libertad adquirida por equivocación no constituye un interés que impida al Estado corregir su actuación incorrecta. Lo contrario implicaría congelar en el tiempo las consecuencias nocivas de actuaciones estatales arbitrarias o erradas.

Debemos señalar, además, que las consecuencias de aceptar que la concesión errónea de libertad a un convicto genera un interés libertario protegido por el debido proceso de ley son claramente lesivas al interés público y a nuestra sociedad. Aceptar dicha posición nos obligaría, por ejemplo, a proveerle la protección del debido proceso de ley a quien fue dejado en libertad en vista de un error clerical) o de un cómputo matemático errado. Evidentemente, no puede sostenerse de forma seria que el Gobierno está impedido de reingresar a dicho convicto a prisión puesto que adquirió un interés de permanecer en libertad como consecuencia de dicho error matemático o clerical.

A la luz del marco normativo antes expuesto, pasemos a examinar los hechos que dieron lugar al caso que tenemos ante nos.

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A. En el caso de autos, la Administración de Correc-ción sostiene que la exclusión de convictos del programa de supervisión electrónica no constituye un “aumento en cas-tigo” capaz de activar la protección contra leyes ex post facto. Fundamentan su postura en que un cambio en el programa de supervisión electrónica, aunque sea desfavo-rable a los convictos, no altera de modo alguno la sentencia que se les impuso y, por lo tanto, no puede considerarse una “agravación de la pena”. No estamos de acuerdo.

Lo determinante en estos casos es si la ley que se pre-tende aplicar retroactivamente es más onerosa que la que estaba en vigor cuando se cometieron los hechos. A estos efectos, resulta particularmente importante examinar si, en comparación con la vieja ley, el nuevo estatuto tiene el potencial de alargar el término de reclusión que cumplirá el sujeto. Weaver v. Graham, supra.

Indudablemente, una ley que de manera retrospectiva excluye a cierto grupo de convictos de ser elegibles para un programa de libertad bajo supervisión electrónica puede tener este efecto. En vista de ello, debemos concluir que la eliminación del privilegio mediante la Ley Núm. 49 de 1995 es susceptible de activar la protección contra leyes ex post facto. U.S. v. Paskow, supra. Claro está, este plantea-miento solamente procedería si dicha ley resulta ser más onerosa que la vigente al momento de la comisión de la ofensa.

B. Los convictos alegan, por su parte, que la Adminis-tración de Corrección no podía constitucionalmente revo-carles el privilegio de libertad bajo supervisión electrónica, pues ello equivaldría a aplicarles retroactivamente la Ley Núm. 49 de 1995 de forma contraria a la cláusula contra leyes ex post facto. No les asiste la razón.

De los hechos anteriormente reseñados se desprende que trece de los catorce convictos cometieron el delito de asesinato antes de que la Administración de Corrección emitiera el primer “memorando normativo” de 14 de julio de 1989 que concedió a los convictos por dicho delito el privilegio de libertad bajo supervisión electrónica.() Es decir, no cabe duda de que éstos no eran elegibles para participar de dicho programa en el momento en que come-tieron los hechos. Ello en virtud de que, a esa fecha, el programa sencillamente no existía.

Como hemos expresado, para que se active la protección contra leyes ex post facto es necesario que el estatuto que pretende aplicarse retroactivamente sea más oneroso para el imputado que el vigente a la fecha cuando se cometió la ofensa. Dicho requisito claramente está ausente en el caso de los trece convictos antes mencionados.

Esto se debe a que el estatuto cuya aplicación retroac-tiva cuestionan —la Ley Núm. 49 de 1995— no es más oneroso que el vigente al momento cuando cometieron los hechos. Nótese que al momento de cometer los hechos los convictos no tenían derecho al privilegio de supervisión electrónica. Por ello, no podemos concluir que aplicarle re-troactivamente una ley que los excluye del disfrute de dicho privilegio les es perjudicial en comparación con la nor-mativa vigente al momento cuando cometieron el delito.

Por otro lado, el convicto José R. Rivera Torres cometió los hechos poco más de dos años después de haberse apro-bado el “memorando normativo” de 1989. En atención a ello, aduce que aplicarle retroactivamente la Ley Núm. 49 de 1995 contraviene la protección constitucional contra le-yes ex post facto, pues resulta ser más onerosa que la ley vigente al momento en que cometió la ofensa. No le asiste la razón.

Conforme a los términos expresos de dicha cláusula, so-lamente se prohíbe la aplicación retroactiva de actos de naturaleza legislativa. Ello quiere decir, en esencia, que la protección contra leyes ex post facto se extiende solamente a leyes y reglamentos válidamente aprobados en ejercicio de un poder delegado por la Asamblea Legislativa. Ross v. Oregon, supra.

El “memorando normativo” emitido por la Administra-ción de Corrección no constituye un reglamento con fuerza de ley, pues no fue promulgado siguiendo los dos paráme-tros establecidos en la L.P.A.U. para ello: notificación de la regla que habrá de aprobarse y participación ciudadana. Por ende, es forzoso concluir que constituye una regla no legislativa que no es susceptible de generar derechos entre las partes ni de vincular a la agencia en el futuro. Meléndez Juarbe, supra.

En virtud de esto, somos del criterio que el “memorando normativo” de julio de 1989 no constituye una actuación “legislativa” capaz de activar la protección contra leyes ex post facto.

C. Por otro lado, los convictos sostienen que la Admi-nistración de Corrección les violó el debido proceso de ley al reingresarlos a prisión luego de haberles concedido váli-damente el privilegio de libertad bajo supervisión electrónica. Tampoco les asiste la razón.

La Administración de Corrección dejó en libertad bajo supervisión electrónica a los convictos en distintas fechas entre junio de 2000 y noviembre de 2003. Evidentemente, durante dichas fechas ya había entrado en vigor la Ley Núm. 49 de 1995. Como hemos expresado, la ley en cues-tión expresamente excluía a los convictos de asesinato de ser elegibles a este programa.

No debe caber duda, por lo tanto, que los convictos no tenían derecho a ser liberados bajo dicho programa en con-formidad con la legislación vigente al momento en que se les concedió dicho privilegio. Por ende, la actuación de la Administración de Corrección de excarcelar a los convictos en virtud de dicho programa fue contraria a los términos expresos de la normativa estatuida por la Asamblea Legis-lativa en la Ley Núm. 49 de 1995.

Según lo antes expuesto, es forzoso concluir que se les concedió a los convictos la libertad mediante una actuación administrativa que no encontraba apoyo en ley.() Ello constituye un error administrativo susceptible de ser corregido. Según hemos expresado, los errores administra-tivos no pueden generar un interés libertario capaz de ac-tivar la protección del debido proceso de ley. Santiago v. Depto. de la Familia, supra. Por ende, concluimos que la Administración de Corrección podía válidamente ordenar el reingreso a prisión de los convictos sin violarles su de-bido proceso de ley.

Resulta importante, además, señalar que el Estado te-nía un interés apremiante en corregir dicho error adminis-trativo, a saber, asegurar que los convictos de asesinato, la más grave ofensa que puede cometerse en nuestro ordena-miento, cumplan con una porción sustancial de sus conde-nas en prisión. No podemos decir que corregir un error cometido por la agencia mediante el cual se les dejó en libertad erróneamente constituya una actuación guberna-mental que “estremezca la conciencia” hasta el punto de lesionar derechos fundamentales profundamente arraiga-dos en las tradiciones e historia de nuestro pueblo. Por ende, no encontramos impedimento para que la Adminis-tración de Corrección ordene el reingreso a prisión de los convictos.

D. Es necesario aclarar que, contrario a lo que sostienen los convictos, no aplica el principio de retroactividad de la ley penal más favorable ni la doctrina de impedimento colateral por sentencia.

Como bien es sabido, el principio de favorabilidad no es de rango constitucional. Por ende, es permisible restringir su alcance mediante legislación. Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675 (2005). Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea Legislativa con la Ley Núm. 49 de 1995. A estos efectos, en el Art. 4 de la Ley Núm. 49 de 1995 se dispone expresamente que “[l]as disposiciones de esta Ley aplica-rán a todos los convictos cumpliendo sentencia bajo la cus-todia y supervisión de la Administración de Corrección”. 4 L.P.R.A. sec. 1112 n. Resulta claro que mediante dicha dis-posición la Asamblea Legislativa tenía la intención de apli-carle la Ley Núm. 49 de 1995 a todos los convictos de ase-sinato independientemente de la fecha de sus respectivas convicciones. La Rama Legislativa tiene autoridad para enmarcar el ámbito de aplicación en el tiempo de los esta-tutos siempre y cuando al así hacerlo no viole la cláusula contra leyes ex post facto. No vemos razón por la cual el principio de favorabilidad sea óbice para ello.()

De otra parte, nos parece inmeritorio el planteamiento de los convictos de que, en virtud de ciertas sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia hace aproximadamente diez años,() el Estado estaba impedido de reingresarlos a prisión en vista de la doctrina en equidad de impedimento colateral por sentencia. Es un principio ampliamente reconocido que dicha doctrina generalmente no aplica contra el Estado. Esto se debe a que constituye un remedio en equidad proveniente del derecho común que no puede invocarse cuando con ello se produciría un resultado contrario a la política pública. Véase Vives v. La Junta de Farmacia, 24 D.P.R. 669 (1916).

Es indudable que la clara política pública, según eviden-ciada por los términos expresos de la Ley Núm. 49 de 1995, establece que los convictos de asesinato no cualifican, por razones de seguridad, para el privilegio de libertad bajo supervisión electrónica. Las sentencias en las que se basan los convictos para apoyar sus planteamientos son contra-rías a dicha política. Por lo tanto, no podemos ampararnos en la doctrina de impedimento colateral por sentencia para prohibirle al Estado corregir su error y relitigar un asunto con el propósito de hacer valer la referida política pública.

E. Antes de finalizar, debemos expresar que es difícil no sentir simpatía ante los convictos que acuden ante nos en este caso. Es innegable que tanto para ellos como para sus familiares y amigos no es fácil comprender por qué deben reingresar a prisión luego de haber disfrutado de los beneficios de la libertad durante varios años. Sin embargo, no podemos permitir que la empatia nuble el hecho inne-gable de que los convictos que acuden ante nos no tenían derecho a ser puestos en libertad bajo supervisión electró-nica, ni en el momento cuando cometieron los hechos ni en el momento cuando efectivamente se les concedió dicho privilegio. Por ende, resulta inevitable concluir que se les podía constitucionalmente ordenar el reingreso a prisión con el propósito de corregir el error cometido por la Admi-nistración de Corrección al concederle la libertad sin apoyo en ley para ello.

No obstante lo anterior, los convictos aún no han ago-tado todas las vías que tienen disponibles para lograr su excarcelación. A estos efectos, podrían solicitarle al Primer Ejecutivo una conmutación de su sentencia o un cambio en sus condiciones. Por otro lado, la Asamblea Legislativa po-dría concederle retroactivamente a los convictos de asesi-nato la posibilidad de participar en el programa de libertad bajo supervisión electrónica. Sin embargo, desde este es-trado apelativo no procede concederles lo solicitado pues, de así hacerlo, estaríamos dándole fuerza de ley a una ac-tuación administrativa contraria al mandato expreso de la Asamblea Legislativa, según plasmado en la Ley Núm. 49 de 1995.

IV

En consideración a los fundamentos anteriormente es-bozados, confirmamos el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones en el caso de epígrafe.

      (1) 4 L.P.R.A. sec. 1112 et seq.

      (2) Los nombres de los convictos y las fechas exactas de comisión de los referidos delitos fueron los siguientes: (1) Efraín González Fuentes, agosto de 1984; (2) José M. Urbina Pérez, febrero de 1986; (3) Ricardo Marrero Vázquez, marzo de 1986; (4) Benjamín Alers Rodríguez, marzo de 1989; (5) Héctor L. Quiñones Andino, abril de 1988; (6) Melvin Suárez Fernández, marzo de 1978, y mayo y julio de 1981; (7) Edgardo Rivera Borrero, diciembre de 1986; (8) Rafael Rivera Pérez, abril de 1988; (9) Arsenio Sánchez Rodríguez, septiembre de 1985; (10) Andrés Candelario Agosto, julio de 1984; (11) Jorge L. De Jesús Rivera, julio de 1986; (12) José R. Rivera Torres, octubre de 1991; (13) Julio Alberto Medina Medina, septiembre de 1984; (14) Carlos Delgado Rivera, septiembre de 1985.

      (3) El 21 de abril de 2005, la Administración de Corrección celebró una vista oral para concederles a los convictos la oportunidad de ser oídos. Luego de haber sido celebrada dicha vista, la Administración de Corrección se reiteró en su determina-ción de reingresarlos a prisión en vista de que se les había concedido la libertad de forma errónea.

      (4) El referido memorando fue reemplazado por el “memorando normativo” que se emitió el 15 de abril de 1992 por el entonces Administrador de Corrección, Sr. Lorenzo Villalba Rolón.

      (5) Tomamos conocimiento judicial de que el 26 de agosto de 2005 otro grupo de convictos presentaron una demanda ante la Corte de Distrito Federal casi idéntica a la que originó esta controversia.
      El 7 de septiembre de 2005 dicho foro concedió un injunction preliminar en el que le ordenó a la Administración de Corrección que se abstuviera de reingresar a prisión a los convictos peticionarios. Inconforme con dicha determinación, el Estado Libre Asociado (E.L.A.) acudió ante la Corte de Apelaciones Federal para el Primer Circuito.
      El 15 de febrero de 2006 el foro apelativo federal resolvió que, conforme a la doctrina establecida en Railroad Comm’n of Texas v. Pullman Co., 312 U.S. 496 (1941), la Corte de Distrito Federal “debe de abstenerse de tomar cualquier otra acción relacionada con este asunto hasta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelva el caso de Gonzáles-Fuentes v. Estado Libre Asociado”. Expresó, además, que la controversia planteada presenta “muchos asuntos de derecho estatal ... y sería mejor que los tribunales de Puerto Rico decidan esas cuestiones de derecho primero; además, no hay razón para pensar que las cortes de Puerto Rico no puedan proteger los derechos de los demandantes”. (Traducción nuestra.) Rivera-Feliciano v. Acevedo-Vilá, 438 F.3d 50, 62 (1er Cir. 2006).

      (6) Claro está, mediante la cláusula constitucional que garantiza el debido pro-ceso de ley, se prohíbe la aplicación retroactiva de pronunciamientos judiciales que extienden el ámbito de aplicación de un delito de manera imprevisible. Véase Bouie v. City of Columbia, 378 U.S. 347 (1964).

      (7) No obstante, la aplicación retroactiva de legislación civil podría violar alguna otra protección constitucional como, por ejemplo, la prohibición contra el menoscabo de obligaciones contractuales.

      (8) Usualmente de lo que se trata es de “cartas circulares, cartas normativas, directrices, memorandos, y demás documentos menos formales que emiten las agen-cias para darle uniformidad a sus procedimientos internos, pautar su discreción o interpretar las leyes que administran”. H. Meléndez Juarbe, Derecho Administrativo, 73 Rev. Jur. U.P.R. 509, 510-511 (2004).

      (9) Sería absurdo, por ejemplo, considerar que un convicto que fue dejado en libertad por una información incorrecta que obraba en su expediente, tenga un de-recho a continuar en libertad, impidiendo así que el Estado corrija su error.

      (10) Solamente José R. Rivera Torres cometió el delito de asesinato en una fecha posterior a la vigencia del referido memorando, a saber, en octubre de 1991.

      (11) Tampoco nos convencen los argumentos de los convictos de que la política pública de la agencia desde 1995 hasta el 2005, según evidenciada por ciertos me-morandos y escritos internos, había sido no aplicar retroactivamente la Ley Núm. 49 de 26 de mayo de 1995 (4 L.P.R.A. sec. 1112 et seq.). Como hemos explicado, las declaraciones de política pública de la agencia no constituyen reglas legislativas susceptibles de generar derechos entre las partes y de vincular a la agencia en mo-mentos futuros. Ello en atención a que dichos pronunciamientos no satisfacen el proceso de reglamentación informal necesario para conferirle validez y fuerza de ley a una regla administrativa. En fin, los referidos pronunciamientos, al ser reglas no legislativas, constituían meras declaraciones tentativas de política pública de la Ad-ministración de Corrección que podían ser variadas en el futuro. Por ende, los con-victos no tenían un derecho a confiar en ellos.

      (12) Debemos señalar, además, que el Reglamento Núm. 5065 de la Administra-ción de Corrección de 4 de mayo de 1994, que le concedía a los convictos la posibilidad de cualificar para el privilegio de libertad bajo supervisión electrónica, constituye una “ley intermedia” a los fines del principio de favorabilidad. Ello se debe a que dicha regulación no estaba vigente ni al momento de cometerse los hechos, ni al momento de sentenciar a los convictos, ni al momento cuando se les concedió erró-neamente la libertad bajo el referido programa. Las leyes intermedias quedan fuera del principio de favorabilidad. Pueblo v. Álvarez Torres, 127 D.P.R. 830 (1991).

      (13) En dichas sentencias el foro de instancia concluyó que la Ley Núm. 49 de 1995 no podía aplicarse a convictos como los del caso de autos, pues ello violaría la protección contra leyes ex post facto.


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
      In re César Almodóvar Marchany, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, querellado.

      Número: AD-2004-4

      Resuelto: 30 de marzo de 2006

      Nilsa Luz García Cabrera, abogada de la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales, parte querellante; José Enrique Ayoroa Santaliz, abogado de la parte querellada; Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disci-plina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; Flavio E. Cumpiano Villamor, presidente en función de la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; Delia Lugo Bougal, comisionada asociada de la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
   PER curiam:

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Tenemos ante nuestra consideración una controversia sobre la cual no nos hemos expresado. ¿Está un juez, asig-nado a una Sala de Relaciones de Familia, impedido por razones éticas de enviar al Departamento de la Familia una carta de recomendación, identificándose como juez, en papel oficial del Tribunal General de Justicia, para expre-sarse sobre las cualificaciones de una persona cuyo hogar está ante la consideración de dicha agencia como posible hogar de crianza?

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La Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces de Tribunal de Primera Ins-tancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones (Comisión de Disciplina Judicial) imputó al juez César Almodóvar Marchany cuatro cargos por alegada violación a los Cáno-nes de Ética Judicial de 1977.() La conducta específica consistió en redactar y enviar una carta de recomendación en papel oficial de la Rama Judicial, en la que se expresó favorablemente sobre las cualificaciones personales de la Hon. Maritza Ramos Mercado, compañera jueza de Almo-dóvar Marchany, en ocasión del proceso administrativo en el que se evaluaba si el hogar de Ramos Mercado podría ser certificado como hogar de crianza por el Departamento de la Familia. Almodóvar Marchany remitió la carta a pe-tición de la jueza Ramos Mercado. En ella se identificó como juez superior asignado a una Sala de Relaciones de Familia, y la dirigió sólo “A quien pueda interesar”.()

La Comisión de Disciplina Judicial imputó a Almodóvar Marchany haber violado los Cánones I, XXI, XXIII, XXIV y XXVI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.() Específica-mente, éstos le imponen el deber ético de actuar de modo que su conducta honre la integridad e independencia de su ministerio y estimulen la confianza en la Judicatura (Canon I y XXVI); el deber de evitar el uso o dar la apariencia de que emplea el prestigio de su cargo para beneficio personal o el de terceras personas (Canon XXI); el deber de evitar dar la impresión de que ejerce o pretende ejercer influencia en otros jueces y juezas al prestar, entre otras cosas, testimonio de reputación (Canon XXIII), y el deber de evitar dar la impresión de que sus gestiones de nego-cios, personales o familiares, influyen en su gestión profe-sional o en sus determinaciones judiciales (Canon XXIV).

Tras los trámites correspondientes ante la Comisión de Disciplina Judicial, ésta rindió su informe. En el informe concluyó que las violaciones imputadas fueron cometidas y nos recomendó que disciplináramos a Almodóvar Mar-chany con una amonestación. Al hacerlo, expresó lo si-guiente:

El Juez Almodóvar Marchany debió ser prudente y evitar toda conducta dirigida a adelantar los intereses de la Jueza Ramos Mercado, ya que su actuación aparentó estar encami-nada a beneficiarla desde su posición como Juez Superior. ...
No podemos ignorar que siendo el Juez Almodóvar Mar-chany, en aquel momento, un Juez asignado a una Sala de Relaciones de Familia, con toda probabilidad había atendido casos en los que el Departamento de la Familia era parte, por lo que resulta impropio que éste emitiera una carta de reco-mendación que sería utilizada para evaluar una solicitud de certificación de hogar sustituto, por lo que funcionarios del De-partamento de la Familia tendrían que evaluar la credibilidad de su declaración. No nos convence el planteamiento del Juez Almodóvar Marchany a los fines de intentar establecer que su carta dirigida “A quien pueda interesar” no hace solicitud al-guna para beneficiar a la Jueza Ramos Mercado. (Enfasis suplido.) Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 13.

Tras evaluar el informe de la Comisión de Disciplina Judicial, los distintos documentos que obran en el expe-diente del caso, así como las normas éticas aplicables, resolvemos.

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A. Los Cánones de Ética Judicial de 1977, aplicables a la controversia, así como los vigentes de 2005() carecen de una disposición que expresamente prohíba que los jueces y las juezas envíen cartas de recomendación en papel timbrado de la Rama Judicial a favor de terceras personas. Cualquier prohibición ética al respecto surgiría de los deberes éticos implícitos en los cánones, pues, como se sabe, éstos sólo constituyen normas mínimas de conducta. In re González Acevedo, 165 D.P.R. 81 (2005).

La Comisión de Disciplina Judicial resolvió que tal prohibición ética se deriva de los Cánones I, XXI, XXIII, XXIV y XXVI de Ética Judicial, supra, que procuran, entre otras cosas, estimular la confianza de la ciudadanía en la Judicatura, evitando que los jueces y las juezas obtengan o den la apariencia de que obtienen beneficios personales para sí o para terceros usando el prestigio de su cargo, o que influyan o den la apariencia de que influyen en otros procesos, y en la disposición que impide a un juez brindar testimonio de reputación a favor de una parte.

En Puerto Rico carecemos de pronunciamientos previos de este Tribunal en cuanto a la controversia que nos ocupa. Debemos, pues, para fines ilustrativos, examinar el trato brindado en otras jurisdicciones a controversias similares, de modo que podamos perfilar algunas tendencias que pue-dan guiarnos en la resolución de ésta querella. De entrada, destacamos que el acercamiento al problema ha tenido principalmente dos vertientes. Por un lado, se ha conside-rado si los jueces y las juezas pueden recomendar a traba-jos o a programas académicos a personas con quienes tie-nen vínculos profesionales. Por otro lado, se ha evaluado si los jueces y las juezas están impedidos por razones éticas de formular recomendaciones en procesos investigativos o adjudicativos. Examinemos ambos aspectos.

B. En otras jurisdicciones se han atendido estas con-troversias, en ocasiones mediante comentarios específicos en los códigos de ética, en otras mediante procedimientos disciplinarios como éste y, aún en otras, a través de los Comités Consultivos de Etica Judicial, los que han abor-dado el tema de modo más frecuente.() En muchas juris-dicciones no se prohíbe que los jueces y las juezas redacten y envíen cartas para recomendar favorablemente a perso-nas con las que han tenido una relación profesional o de trabajo para empleos o para programas de estudios universitarios. Sin embargo, en tales casos, la carta de re-comendación debe contener hechos que consten personal-mente al magistrado. In re Code of Judicial Conduct, 643 So.2d 1037 (1994); In re Hill, 8 SW.3d 578 (2000). Véase, además, Comisión de Etica Judicial de Massachusets, Opinión Núm. 97-2, 15 de abril de 1997.

De acuerdo con ello, algunas jurisdicciones, como el es-tado de Florida, han prohibido a los jueces y a las juezas usar papel timbrado oficial en el manejo de asuntos perso-nales, salvo que se trate de una carta de recomendación fundamentada en el conocimiento personal del juez sobre la persona recomendada. In re Code of Judicial Conduct, supra.

De igual modo, parece haber consenso en otras jurisdic-ciones en que las cartas deben ir dirigidas a una persona en específico en lugar de ser documentos genéricos que usen expresiones como “a quien pueda interesar”. Esta úl-tima restricción procura evitar que una carta de recomen-dación pueda ser remitida por una tercera persona y sin el consentimiento del juez a una persona con quien éste deba evitar comunicarse, como lo sería una parte o un abogado que litiga ante su sala. También protege al juez de una imputación infundada respecto al destinatario del documento.

Se ha destacado, además, que un juez no debe enviar una carta de recomendación a una persona o foro sobre el cual tenga, por el cargo que ocupa, algún tipo de control. Opinión Consultiva de Nuevo México, 1990-3. Por ello, re-sulta importante que el juez o la jueza evalúe la relación entre el Poder Judicial y el posible destinatario, de modo que se evite comprometer la imagen de imparcialidad o la confianza pública en la Judicatura. Opinión Consultiva de Maine, 1998-3. Asimismo, se ha expresado que no es apro-piado que un juez envíe una carta de recomendación si existe la posibilidad de que ésta se haga pública —Opinión Consultiva de Nuevo México, 1990-3— o si el juez pudiera resultar beneficiado en alguna forma. Íd. Véase C. Gray, Key Issues in Judicial Ethics, en Recomendations by Judges Des Moines, A.J.S., 2000.

C. Por otro lado, existe consenso en la mayoría de las “ jurisdicciones en que resulta éticamente impropio que un juez envíe una carta de recomendación, por iniciativa pro-pia o a petición de una parte, para expresarse sobre perso-nas que están involucradas en procesos investigativos o administrativos. Se aduce que, en esas circunstancias, el envío de una carta pudiera constituir una intervención in-debida a favor de terceras personas, lo cual minaría consi-derablemente la imagen de imparcialidad de la Judicatura y fomentaría la impresión de que el juez o la jueza que envía la carta intenta usar su prestigio para gestionar un beneficio.

Por ejemplo, la Corte Suprema de Florida, acogiendo una recomendación del comité consultivo de esa jurisdic-ción, amonestó a un juez por haber enviado una carta a otro juez que estaba próximo a emitir sentencia en un caso penal para expresarse favorablemente de la persona que sería sentenciada. In re Abel, 632 So.2d 600 (1994). Ante hechos similares, la Corte Suprema de Louisiana también concluyó que tal gestión era éticamente impropia. In re Marullo, 692 So.2d 1019 (1997).

Los Comités Consultivos de Ética Judicial de variadas jurisdicciones han formulado recomendaciones ilustrativas al respecto. Por ejemplo, el Comité Consultivo de Ética Judicial del estado de Kansas ha expresado que es impropio que un juez remita una carta de recomendación a una junta probatoria para abogar por la excarcelación de un convicto que anteriormente había sido cliente del juez. Comité Consultivo de Kansas, Opinión 103, 15 de noviembre de 2000.

Consecuente con esa apreciación, el Comité Consultivo de Ética Judicial del estado de Florida ha adoptado como norma general que, aunque pueden escribir cartas de reco-mendación, los jueces y las juezas no pueden redactarlas o enviarlas por iniciativa propia cuando las personas a favor de quienes las hacen están involucradas en procedimientos investigativos o adjudicativos en los que se están determi-nando sus derechos, responsabilidades o privilegios. Co-mité Consultivo de Florida, Opinión 82-15, 29 de octubre de 1982. Esta norma excluye la situación en que un juez o una jueza envía una carta o un documento en respuesta a una petición oficial de información.

El Comité Consultivo de Ética Judicial del estado de Florida también ha declarado éticamente impropio que un juez o una jueza prepare por iniciativa propia una carta para recomendar la reinstalación de un abogado desafo-rado al ejercicio de la abogacía —Comité Consultivo de Florida, Opinión 88-19, 5 de octubre de 1988— o que envíe cartas de recomendación en el contexto de procedimientos para la concesión del privilegio de probatoria. Véanse: Co-mité Consultivo de Florida, Opinión 77-17, 15 de noviem-bre de 1977; Comité Consultivo de Florida, Opinión 75-22, 4 de agosto de 1975.

De igual modo, el Comité Consultivo de Ética Judicial del estado de Massachussets ha expresado que es ética-mente impropio que un juez o una jueza envíe una carta en la que se exprese sobre la reputación de un empleado judicial que es objeto de un proceso disciplinario, independien-temente de que la comunicación no versara sobre los he-chos específicos que motivaban el proceso. Comité de Ética Judicial de Massachussets, Opinión Núm. 2004-5, 20 de mayo de 2004. Específicamente, el comité expresó que esa conclusión se deriva de la disposición ética que impide que los jueces y las juezas provean voluntariamente testimonio de reputación en procesos adjudicativos, los cuales, ajuicio del comité, incluyen tanto procesos judiciales como administrativos.

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A. Conforme a lo anterior, coincidimos con las jurisdicciones que han señalado que los jueces y las juezas no están impedidos éticamente de enviar cartas para recomendar favorablemente a empleos o a programas académicos a personas con quienes tienen vínculos profesionales o de trabajo. En tales circunstancias, la opinión fundada y objetiva de un juez, emitida por escrito sobre la base de su conocimiento personal, carece de la mácula que originaría un conflicto ético. Primero, esta práctica es común en los escenarios laborales, especialmente en el contexto de las relaciones entre supervisor y supervisado. Vista desde esta perspectiva, declararla antiética implicaría penalizar a un empleado de la oportunidad de contar con una referencia o recomendación de su supervisor por el sólo hecho de que éste es juez. Segundo, es una gestión que no suele tener trascendencia pública, pues tiene el limitado objetivo de expresar a un destinatario determinado las cualificaciones profesionales de una persona. Finalmente, es una práctica que no suele darse en el contexto de procesos adversativos o adjudicativos.

Sin embargo, como sucede en el contexto del ejercicio de cualquier otra gestión válida, los jueces y las juezas deben ser cautelosos y prudentes. Por ello consideramos, y así lo resolvemos, que las cartas de recomendación de este tipo que envíen los jueces o las juezas deben estar fundamentadas en hechos que consten a éstos de propio conocimiento. Deben, además, dirigirse a un destinatario específico, de modo que se evite la posibilidad de que se le dé un uso no previsto.

Finalmente, los jueces y las juezas deben evitar dar la impresión de que la recomendación constituye una opinión oficial o institucional de la Rama Judicial, particularmente si usan papel timbrado que los identifica como jueces o juezas.

B. Por otro lado, somos del criterio de que es éticamente impropio que un juez o una jueza envíe una carta en la que se exprese favorable o desfavorablemente sobre una persona que tenga formulada una petición o reclamación ante una entidad pública o privada, o cuyos derechos, responsabilidades o privilegios sean objeto de análisis en un proceso investigativo o adjudicativo. Los jueces y las juezas son figuras que gozan de prestigio y autoridad en la sociedad, por lo que su intervención en tales procedimientos, aún mediante el mero envío de una carta, podría ser percibida como un intento de forzar un resultado a base del juicio del juez o de la jueza. Pues, como hemos expresado antes, “en nuestra sociedad el cargo de juez es un cargo especial que proyecta una visión y noción pública destacada, de prestigio e influencia”. In re Comunicación Juez Pérez Jiménez, 112 D.P.R. 683, 685 (1982). Véanse, además: Inquiry Concerning a Judge, 822 P.2d 1333 (Alaska 1991); In re Doe, 679 So. 2d 900 (1996); In re Gallagher, 951 P.2d 705 (Or. 1998); In re Samay, 764 A. 2d 398 (2001).

En particular, conforme a la querella presentada, dicha incompatibilidad ética surge de los Cánones I, XXI, XXIII y XXVI de Ética Judicial de 1977, supra, que requieren a los jueces y a las juezas honrar con su conducta la integridad e independencia de su ministerio y estimular la confianza en la Judicatura (Canon I y XXVI), y procuran que los jueces y las juezas eviten usar o dar la apariencia de que usan el prestigio de su cargo para beneficio personal o el de terceras personas (Canon XXI). En la medida en que la carta de recomendación se envía a un foro adjudica-tivo con el objetivo de referirse a la reputación de un ter-cero, estaría implicada la norma ética que prohíbe a los jueces y a las juezas dar la impresión de que ejercen o pretenden ejercer influencia en otros jueces o juezas al prestar voluntariamente testimonio de reputación (Canon XXIII).()

Los cánones procuran mantener la imagen de dignidad y decoro de la Judicatura, evitando que la ciudadanía desconfíe de sus integrantes por creer que utilizan su posición para obtener favores o privilegios para sí o para otras personas. Este objetivo cobra mayor importancia en el contexto de procesos investigativos y administrativos, en los que debe evitarse que los jueces y las juezas se perciban como entes al margen de la ley, que usan indebidamente sus influencias para promover resultados específicos ante diversos foros, y a quienes se exceptúa, por razón de su cargo, de los trámites que ordinariamente tiene que seguir la ciudadanía en general.

El prestigio del cargo de juez o jueza no es un activo que deba ser usado para gestionar privilegios o concesiones que, de otro modo, no hubieran podido obtenerse. El prestigio del cargo, y la reputación bien ganada, sólo pueden ser carta de presentación en el ejercicio de las funciones judiciales.

Por ello, los jueces y las juezas debemos ser cuidadosos y prudentes en el manejo de asuntos ajenos a la función judicial, evitando crear la apariencia de que se usa el título de juez o de jueza como instrumento de intimidación o para imprimir mayor peso a nuestros reclamos personales. De ahí se deriva la disposición de nuestros cánones, que expresamente prohíbe a un juez o a una jueza comparecer por iniciativa propia a un proceso judicial como testigo de reputación y nuestros pronunciamientos en el contexto de esta querella.

C. Por otro lado, contrario al criterio de la Comisión de Disciplina Judicial, nos parece que las normas éticas hoy adoptadas no se derivan de lo dispuesto en el Canon XXIV de Ética Judicial, supra, preceptivo de que los jueces y las juezas deben “ser escrupuloso [s] en evitar actuaciones que razonablemente puedan dar lugar a la impresión de que sus relaciones sociales, de negocios, de familia o de amistad influyen en alguna forma en sus determinaciones judiciales”. Los deberes éticos dimanantes de este canon se enmarcan fundamentalmente en el deber de los jueces y de las juezas de comportarse públicamente de forma decorosa, evitando involucrarse en actividades que pudieran afectar su imagen de imparcialidad en el desempeño de sus funciones judiciales.

De este modo, el canon impone sobre los jueces y las juezas el deber ético de “evitar incluso la mera apariencia de que su conducta está parcializada a favor de una parte por consideraciones de amistad, parentesco o algún interés personal”. (Énfasis suprimido.) In re Suárez Marchán, 159 D.P.R. 724 (2003). Aplicarlo supone, pues, que la actuación del juez o de la jueza incide sobre su desempeño en algún proceso que esté o pudiera razonablemente estar ante su consideración.

La querella contra el juez Almodóvar Marchany imputa esencialmente que ha usado o ha aparentado usar el pres-tigio de su cargo para beneficiar a una tercera persona y que pretendió o aparentó influir en un proceso administra-tivo en el que no tiene el poder o la autoridad decisoria inmediata. El envío de la carta de recomendación, en el contexto de esta querella, no nos parece que viole los debe-res derivados del Canon XXIV, supra.

Aclarado lo anterior, y con el marco normativo previa-mente expuesto, evaluemos los hechos del caso.

V

En este caso nos encontramos ante un juez que redactó y remitió una carta de recomendación dirigida genérica-mente “A quien pueda interesar”. La carta, sin embargo, fue redactada con la clara intención de que fuera usada como una recomendación favorable en un proceso en el que se evaluaba la aptitud del hogar de la jueza Maritza Ramos Mercado para ser certificado como hogar de crianza por el Departamento de la Familia, conforme a una peti-ción en la que Ramos Mercado figuraba como parte promovente. Por ello, contenía expresiones que elogiaban la reputación profesional y personal de la jueza Ramos Mercado y de su esposo. La carta fue redactada en papel timbrado de la Rama Judicial y el juez remitente, al fir-marla, se identificó como Juez Superior asignado a una Sala de Relaciones de Familia.

Al evaluar el Reglamento para el Licénciamiento y Su-pervisión de Hogares de Crianza del Departamento de la Familia, Reglamento Núm. 6476 del Departamento de la Familia de 13 de junio de 2002 (Reglamento), notamos que el procedimiento para la obtención de una licencia para operar un hogar de crianza reúne características tanto de un proceso investigativo como de un proceso adjudicativo.

El procedimiento comienza con la presentación de una solicitud en el Departamento de la Familia. Tan pronto se presenta la solicitud se inicia un proceso investigativo con el fin de evaluar la aptitud del hogar del solicitante para ser un hogar de crianza. Al respecto, el Reglamento dis-pone que “[e]l hogar de crianza se someterá a un estudio social completo que evidencie la capacidad de la madre o el padre de crianza para ejercer dicho rol de manera efectiva”. Sec. 4.1 del Reglamento, pág. 7. El Reglamento dispone, además, múltiples condiciones que deberán satis-facer los integrantes del núcleo familiar. De igual modo, la residencia deberá satisfacer ciertas condiciones mínimas para salvaguardar el bienestar del menor o los menores que habrán de vivir allí. El Departamento de la Familia supervisará rigurosamente el cumplimiento con los requi-sitos pautados.

Finalmente, el Reglamento establece un procedimiento que permite apelar una denegatoria, suspensión o cancela-ción de una licencia para operar un hogar de crianza. Al respecto, expresa la Sec. 14.2 del referido Reglamento, pág. 19:

La notificación de la denegación, suspensión o cancelación de licencia se hará por escrito, con acuse de recibo, al solici-tante a su dirección, según consta en el expediente de licéncia-miento, señalando las razones para denegar, suspender o can-celar la licencia y contendrá el derecho a apelar la decisión, según [la] Sección 15.2 de este Reglamento.

Añade la Sec. 14.3 del Reglamento, pág. 19:

Derecho de Apelación. Todo poseedor o solicitante de licencia tendrá derecho a apelar la decisión de la/del Secretaria/o can-celando, suspendiendo o denegando una licencia ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia, según dispuesto en la Ley Número 87, aprobada el 14 de septiembre de 1990, en el término dispuesto en el Artículo VII del Reglamento 5431, Para Establecer los Procedimientos de Adjudicación.

Como puede apreciarse, el procedimiento para obtener una licencia para operar un hogar de crianza contiene ele-mentos tanto de un proceso investigativo como de un pro-ceso adjudicativo. El juez Almodovar Marchany, por su vín-culo con las salas de relaciones de familia, debió conocerlo, por lo que debió ejercer un grado de prudencia mayor. Su intervención en dicho proceso mediante el envío de una carta de recomendación a favor de la parte promovente, sumado al hecho de que usó papel timbrado oficial de la Rama Judicial y se identificó como juez superior a cargo de una Sala de Relaciones de Familia —sala a la que compa-recen con frecuencia funcionarios del Departamento de la Familia— nos mueve a concluir que su actuación fue ética-mente imprudente. Coincidimos, pues, con el criterio de la Comisión de Disciplina Judicial en que tal intervención, por mínima que fuera, constituyó una gestión reñida con el espíritu de los principios rectores de los Cánones de Ética Judicial, ya que aparentaba ser un intento de usar el pres-tigio de su cargo para ayudar a que la jueza Ramos Mercado obtuviera un resultado favorable en un proceso inves-tigativo ante el Departamento de la Familia.

Los Cánones I, XXI, XXIII y XXVI de Ética Judicial, supra, procuran evitar este tipo de conducta al requerir a los jueces y a las juezas que su conducta honre la integri-dad e independencia de su ministerio y estimule la con-fianza en la Judicatura (Cánones I y XXVI); que eviten usar o dar la apariencia de que usan el prestigio de su cargo para el beneficio personal o el de terceras personas (Canon XXI), y que eviten dar la impresión de que ejercen o pretenden ejercer influencia en otros jueces y juezas al prestar, entre otras cosas, testimonio de reputación (Canon XXIII).

Estas son, pues, normas que contribuyen a perfilar el juez ideal, el juez al que aspira la sociedad y al que los integrantes de la Judicatura debemos mirar cuando nos preguntamos en nuestro entorno inmediato cuál es la con-ducta éticamente exigida. Véase In re González Acevedo, supra. Lo éticamente exigido no puede nublarse por consi-deraciones motivadas por amistad o por la creencia personal, de buena fe, de que el criterio de un juez o de una jueza puede resultar útil en algún proceso investigativo o administrativo.

Finalmente, consideramos que, como no nos habíamos expresado antes sobre esta controversia particular, y por el hecho de que el juez Almodóvar Marchany no ha incurrido anteriormente en faltas éticas, no debemos imponer contra éste sanción disciplinaria alguna.

Tanto él como los demás integrantes de la Judicatura deberán ser conscientes, sin embargo, de que en lo sucesivo velaremos estrictamente por que los deberes éticos estable-cidos en esta opinión se cumplan celosamente.

Se emitirá sentencia en conformidad con lo expuesto en esta opinión.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) La conducta imputada como éticamente impropia ocurrió antes de la vigencia de los Cánones de Ética Judicial de 2005.

      (2) El texto de la carta es esencialmente el siguiente:
      “ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA CENTRO JUDICIAL _ _ Puerto Rico
      “27 de agosto de 2003
      “A quien pueda interesar:
      “Sirva la presente para testimoniar el hecho de que el suscribiente conoce hace varios años al matrimonio constituido por el Ing. José Rodríguez Quiñones y la Leda. Maritza Ramos Mercado, residentes en la calle 2 #62-B, Urb. La Campiña, Río Pie-dras, Puerto Rico.
      “El primero funge como Presidente Corporativo de una firma farmacéutica en Puerto Rico, y la segunda es Juez de Primera Instancia en el Tribunal Superior, Sala de Carolina.
      “Ambos son personas de absoluta integridad personal y de intachable reputa-ción en la comunidad; personas de grandes dotes morales y cristianas.
      “Me complace recomendar personalmente al matrimonio Rodríguez-Ramos no s[ó]lo como excelentes jóvenes profesionales, responsables y respetuosos de la ley y el orden, sino como personas dignas, nobles y de una calidad humana excepcional.
      “Cordialmente,
      “[Firmado]
      “César J. Almodóvar Marchany
      “Juez Superior
      “Sala Relaciones de Familia
      “Región Judicial, Carolina”

      (3) Estos cánones disponen lo siguiente:
      Canon I:
      “La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial de la democracia, debe ser mantenida por los tribunales a los más altos niveles de la responsabilidad pública.
      “En el ejercicio de su delicada función, aquellas personas llamadas a impartir justicia, conscientes de la posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión, deben velar por que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la Judicatura.” 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.
      Canon XXI:
      “El Juez o la Jueza no debe utilizar su poder o el prestigio de su cargo para fomentar el éxito de negocios privados o para su beneficio personal. Tampoco debe tener relaciones de negocios que en el curso normal de acontecimientos razonable-mente previsibles puedan poner sus intereses personales en conflicto con el cumpli-miento de sus deberes. La participación de cualquier juez en negocios privados que no aparejen tales conflictos de intereses debe realizarse con la mayor cautela y pru-dencia a fin de evitar malas impresiones o la apariencia de conducta impropia. El Juez o la Jueza debe evitar particularmente dar base para la sospecha razonable de que pueda estar utilizando las prerrogativas o influencias de su cargo para su bene-ficio personal o el de otras personas.
      “El Juez o la Jueza no debe realizar gestión alguna ni permitir el uso de su nombre para recolectar fondos, no importa el propósito o destino de éstos. Dicha prohibición incluye solicitar donativos o aportaciones de personas o entidades para el Colegio de Abogados de Puerto Rico o para organizaciones cívicas, benéficas, profe-sionales o de cualquier otra índole.” 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.
      Canon XXIII:
      “El Juez o la Jueza debe evitar toda conducta o actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro Juez o Jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro. El Juez o la Jueza no debe influir ni directa ni indirectamente, para conseguir colocarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano o ciudadana en el litigio de sus causas personales.
      “El Juez o la Jueza no debe dar la impresión ni permitir que otros den la im-presión al efecto de que éstos puedan tener alguna influencia sobre aquél o aquélla.
      “El Juez o la Jueza no debe prestar testimonio por iniciativa propia como testigo de reputación.” 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.
      Canon XXIV:
      “No es necesario ni deseable que la Jueza o el Juez viva en el aislamiento. Sin embargo, ha de ser escrupuloso en evitar actuaciones que razonablemente puedan dar lugar a la impresión de que sus relaciones sociales, de negocios, de familia o de amistad influyen en alguna forma en sus determinaciones judiciales.” 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.
      Canon XXVI
      “Los anteriores Cánones de Ética Judicial son normas mínimas de comporta-miento que todo Juez y toda Jueza debe observar fielmente, tanto en su letra como en su espíritu, por ser consustanciales con el cargo judicial. Estos cánones no exclu-yen otras normas de conducta que también obligan al Juez y a la Jueza, que están establecidas por ley o que son inherentes al honor tradicional de la Judicatura.” 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

      (4) In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 D.P.R. 403 (2005).

      (5) Los Comités Consultivos de Ética Judicial (Avisory Commutes) son organis-mos asesores que existen en otras jurisdicciones para orientar a los miembros de la Judicatura sobre aspectos éticos. Emiten opiniones sobre controversias que los jueces y las juezas formulan en relación con posible conducta futura.

      (6) Véanse los Cánones 2, 29, 30, 31 y 36 de Ética Judicial de 2006 (4 L.P.R.A. Ap. IV-B).


text:
    Ivelisse Blás Toledo, Luis Edgardo Nieves Piñeiro y la Sociedad Legal de Gananciales, recurridos, v. Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe et al., recurridos, José R. Hidalgo y su aseguradora Insurance Co. of North America, peticionarios.

      Número: CC-2003-0161

      Resuelto: 30 de marzo de 2006

      Harold D. Vicente, abogado de la parte peticionaria; José A. Masini Soler, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos interpretar en esta ocasión el alcance de un contrato de transacción, otorgado en el contexto de una liquidación bajo el Capítulo 7 de la Ley Federal de Quiebras, 11 U.S.C.A. sec. 701 et seq., mediante el cual se re-leva de toda obligación frente al demandante a uno de los deudores solidarios por sentencia. En particular, debemos determinar el efecto, si alguno, del contrato aludido sobre la obligación de los demás deudores solidarios hacia el demandante.

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En 1982, la Sra. Ivelisse Blás Toledo y algunos familia-res (en conjunto, señora Blás Toledo) presentaron ante el antiguo Tribunal Superior una demanda por impericia mé-dica contra el Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, Inc. (Hospital de la Guadalupe) y otros demandados, entre ellos, el Dr. José R. Hidalgo y su compañía aseguradora, Insurance Co. of North America (doctor Hidalgo).() Luego de múltiples trámites judiciales, el foro de instancia dictó sentencia en la que condenó a los demandados a pagar so-lidariamente a la señora Blás Toledo la suma de $2,224,743.27. Además, para fines de la relación interna, fijó el porcentaje de responsabilidad de cada demandado, siendo el Hospital de la Guadalupe responsable de los da-ños en un 35%. Por último, les impuso el pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

Inconformes, el Hospital de la Guadalupe y el doctor Hidalgo, entre otros demandados, recurrieron ante nos. Este Tribunal, mediante una opinión y sentencia en el caso Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267 (1998), modificó el dictamen recurrido en cuanto a ciertas cuantías conce-didas y con respecto a la fijación de los por cientos de res-ponsabilidad de algunos demandados. Así modificada, la sentencia de instancia fue confirmada.()

Durante este proceso, el Hospital de la Guadalupe se había acogido al Capítulo 11 de la Ley Federal de Quiebras, 11 U.S.C. sec. 1101 et seq., petición que luego fue convertida al Capítulo 7 de la misma ley, supra. La señora Blás Toledo compareció a dicho procedimiento y presentó su reclamación (proof of claim) contra el Hospital de la Guadalupe. En vista de ello, y antes de que recayera nues-tra sentencia, el Síndico de Quiebras, en representación del mencionado hospital, y la señora Blás Toledo suscribie-ron un contrato titulado “Settlement and Release Agreement”. Mediante éste, en esencia, la señora Blás Toledo recibió del caudal en quiebra $150,000 a cambio de un relevo total de cualquier causa de acción, obligación o re-clamación que éstos tuvieran o pudieran tener contra el Hospital de la Guadalupe. Dicha transacción fue aprobada por la Corte Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico.

Devuelto el caso al foro de instancia, se inició la etapa de ejecución de sentencia. La aludida transacción y el pago de $150,000 fueron informados al tribunal de instancia y éste redujo la referida cantidad del monto total que se de-bía de la sentencia. A través de esta etapa, se suscitaron varias controversias en torno al cómputo de los intereses, cantidades satisfechas y otras defensas levantadas por al-gunos de los demandados, acudiendo éstos en varias oca-siones al foro apelativo intermedio y a este Tribunal.

Posteriormente, el doctor Hidalgo solicitó al foro de ins-tancia una vista urgente y adujo que existía un impasse entre éstos y la señora Blás Toledo en cuanto al pago de la sentencia y su cómputo. Entre otros argumentos, sostuvo por primera vez que el 35% de la sentencia, correspon-diente a la responsabilidad del Hospital de la Guadalupe, fue finiquitado y transado por la señora Blás Toledo en el proceso de quiebras. Solicitó, por lo tanto, que la cantidad que representaba dicho porcentaje fuera reducida del total adeudado de la sentencia y no únicamente los $150,000 recibidos por los demandantes. La señora Blás Toledo se opuso y argumentó que todos los planteamientos del doctor Hidalgo habían sido resueltos de forma final y firme. En vista de ello, el tribunal de instancia resolvió que no tenía jurisdicción para reabrir el caso y pasar juicio sobre un asunto que pudo haberse levantado anteriormente.

Insatisfecho, el doctor Hidalgo acudió al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Dicho foro resolvió que el doctor Hidalgo estaba impedido de alegar como defensa la transacción y el relevo del Hospital de la Guadalupe en esta etapa de los procedimientos porque ello constituía cosa juzgada. Sin embargo, devolvió el caso al tribunal de instancia y ordenó la celebración de una vista por otras razones.

No conforme, el doctor Hidalgo presenta ante nosotros el recurso del epígrafe. Arguye que la interpretación del referido contrato de transacción es relevante en la etapa de ejecución de sentencia y que la señora Blás Toledo no puede cobrar dos veces una parte de la sentencia que ya transó. Expedimos el auto de certiorari en reconsideración. La señora Blás Toledo ha comparecido. Resolvemos con el beneficio de los respectivos alegatos.

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Resulta necesario considerar, de entrada, si en esta etapa de los procedimientos procede o no pasar juicio sobre el contrato de transacción y relevo suscrito por la señora Blás Toledo y el Síndico de Quiebras, en representación del Hospital de la Guadalupe. Tanto el foro de instancia como el tribunal apelativo intermedio han resuelto que el plan-teamiento que nos presenta el doctor Hidalgo es tardío y, por lo tanto, es cosa juzgada. Veamos.

A. En nuestra jurisdicción, la doctrina de cosa juzgada tiene base estatutaria en el Art. 1204 de nuestro Código Civil. 31 L.P.R.A. sec. 3343. Conforme a éste, surte efecto la presunción de cosa juzgada en otro juicio cuando

... entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las co-sas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Id.

La aplicación de esta doctrina trae como consecuencia que la sentencia emitida en un pleito anterior impida que se litiguen posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, así como aquellas que pudieron haber sido litigadas en el primero. Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253 (2005); Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730 (1992).

El propósito que persigue la presunción de cosa juzgada está cimentado en intereses de gran valía para nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, el interés del Estado en ponerle fin a los litigios de manera que no se “eternicen” las cuestiones judiciales; por el otro lado, el interés de proteger a los ciudadanos para que no sean sometidos en dos ocasiones a las molestias que supone litigar la misma causa. Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961). Además, se logra impartir finalidad a los dictámenes judi-ciales para que las resoluciones que de ellos se derivan concedan certidumbre y certeza a las partes en litigio. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263 (2004); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827 (1993).

No obstante, la referida doctrina no es de aplicación absoluta. La presunción de cosa juzgada tiene bien definidas excepciones en ley y de orden equitativas. Pérez v. Bauzá, supra. Es por ello que hemos declinado aplicarla inflexiblemente, máxime cuando estamos ante controversias que requieren consideraciones de orden público, o cuando su aplicación derrotaría los fines de la justicia o produciría resultados absurdos. Parrilla v. Rodríguez, supra; Meléndez v. García, 158 D.P.R. 77 (2002); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972).

En el caso particular del contrato de transacción, es norma reiterada que todos los asuntos comprendidos en éste constituyen cosa juzgada para las partes contratantes, estando éstas impedidas de volver sobre aquéllos. Neca Mortg. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860 (1995); Art. 1715 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4827. Sin embargo, a pesar de que un contrato de transacción tiene el efecto de cosa juzgada, “no opera para impedir que el juzgador interprete su extensión y aplicación al pleito judicial en el que se levanta como defensa”. Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 787 (1981). Véanse: A. Gullón Ballesteros, La transacción: tratado práctico de Derecho Civil, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964, T. 43, Vol. 2, pág. 161; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503 (1988); F.J. Peláez, La Transacción: su Eficacia Procesal, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, pág. 163. Sencillamente, el efecto de cosa juzgada que se le da a la transacción “no impide que las partes puedan pedir la ejecución judicial del convenio”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, pág. 632.

B. En el caso ante nos, ha surgido una controversia en la etapa de ejecución de sentencia sobre el efecto y el al-cance del contrato de transacción y relevo otorgado entre la señora Blás Toledo y el Síndico de Quiebras, en represen-tación del Hospital de la Guadalupe. Ésta se circunscribe a determinar cómo incide dicho acuerdo sobre la satisfacción de la sentencia. Es decir, no requiere que se altere de forma alguna la adjudicación de responsabilidades ni las cuantías otorgadas en el caso Blás v. Hosp. Guadalupe, supra. No se pretende, igualmente, que se modifiquen las estipulaciones contenidas en el contrato de transacción. Se trata más bien de la interpretación, extensión y aplicación en la etapa de ejecución de sentencia de un acuerdo entre algunas de las partes que estuvieron involucradas en el litigio. Si dicho contrato de transacción pudo haber sido examinado en un pleito ulterior para determinar su verda-dero alcance y aplicación, de acuerdo con nuestra jurispru-dencia, no encontramos impedimento para hacerlo en la etapa de ejecución de sentencia del pleito original, en donde se suscita la controversia.

Además, tampoco estamos propiamente ante un nuevo pleito donde se levantan las mismas cuestiones resueltas o que pudieron haberse resuelto en uno anterior. En el caso de autos, la referida transacción fue inicialmente infor-mada al tribunal en la misma etapa de ejecución de sentencia. Según surge del expediente, el contrato de tran-sacción y relevo tuvo su origen cuando el caso estaba en una etapa muy avanzada de los procedimientos, sometido en los méritos ante nuestra consideración, por lo que re-sulta difícil concluir que las partes pudieron haber litigado vigorosamente dicho asunto.

Por otro lado, de ser cierta la contención del doctor Hi-dalgo de que, mediante la referida transacción, la señora Blás Toledo ha cobrado y finiquitado una parte de la sen-tencia que ahora pretende cobrar a los demás demandados, se causaría un grave perjuicio a la justicia si este Tribunal no lo declara así, permitiendo de ese modo una doble in-demnización que no tendría apoyo en nuestro sistema de derecho.

Ante todas estas circunstancias, no podemos aplicar la doctrina de cosa juzgada. Ésta nunca fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico para inmunizar los contratos de transacción contra la interpretación judicial ni para impedir su ejecución de acuerdo con sus términos. Procede, por lo tanto, que evaluemos la transacción aludida.

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A. La transacción es un contrato mediante el cual las partes, a través de concesiones recíprocas, evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya comenzado. Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821; Neca Mortg. v. A & W Dev. S.E., supra. Su formulación requiere que exista: (1) una situación de controversia jurídica entre las partes y (2) la intención de éstas de eliminarla o superarla mediante concesiones recíprocas. Neca Mortg. v. A & W Dev. S.E., supra; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra; L. Rivera Rivera, El contrato de transacción: sus efectos en situación de solidaridad, San Juan, Ed. Jurídica, 1998, págs. 35-45.

Este tipo de contrato se encuentra regulado por los Arts. 1710 a 1718 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 4822-4830. En específico, el Art. 1714 nos ilustra sobre los parámetros que habrán de guiar nuestra interpretación cuando nos corresponda determinar el alcance de una transacción. Este preceptúa:

La transacción no comprende sino los objetos expresados de-terminadamente en ella, .o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma.
La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen relación con la disputa sobre que ha recaído la transacción. 31 L.P.R.A. sec. 4826.

Según la aludida disposición legal, los contratos de transacción deben interpretarse restrictivamente. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987); Rivera Rivera, op. cit., pág. 61. La sabiduría de esta norma de interpretación recae

... en que las transacciones se otorgan, generalmente, con ca-rácter complejo, por las entregas u obligaciones recíprocas de los contratantes, con sacrificios mutuos de régimen excepcio-nal en algunos aspectos, y, por tanto, no deben ser interpreta-dos éstos con extensión, sino limitadamente, aunque sin des-cuidar lo de la reciprocidad como norma interpretativa. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, pág. 355.

Está claro, pues, que la eficacia del contrato de transacción no puede alcanzar a otros objetos que no surjan expresamente de su contenido. Igualmente, habrán de

... estimarse comprendidas en la transacción las cuestiones que, por inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse incluidas en ella, lo que revela que no basta cualquier deduc-ción, sino sólo la que necesariamente se derive de sus términos. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed. rev., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, T. XXII, Vol. 2, pág. 54.

Respecto a la renuncia general de derechos, resulta evidente que, por más generales que sean sus términos, tiene que seguir la naturaleza de la transacción a que va inherente y entenderse limitada a los mismos objetos, es decir, a las mismas diferencias suscitadas entre las partes y sobre las que ha de versar la transacción. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, pág. 161.

Es menester aclarar que la interpretación de los contratos de transacción también debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas generales sobre la interpretación de contratos, mientras estas últimas no sean incompatibles con lo antes señalado. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra; Sucn. Román v. Shelga Corp., supra. En virtud de estas normas generales, no deberán entenderse comprendidos en el contrato de transacción cosas distintas y casos diferen-tes de aquellos sobre los que las partes se propusieron contratar. Art. 1235 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3473; Rivera Rivera, op. cit., pág. 61. Igualmente, se estará al sentido literal de los términos de la transacción si son claros. Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471. Por último, para juzgar la intención de las partes, se debe atender principalmente a sus actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, así como a cualquier otra circuns-tancia indicativa de sus voluntades. Art. 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3472; Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403 (1969).

B. Por otra parte, en materia de responsabilidad civil extracontractual, los cocausantes de un daño responden solidariamente ante el damnificado. Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992); Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 (1985). Por consiguiente, en su relación jurídica, aplican todas las consecuencias que dimanan de la responsabilidad solidaria, según éstas se recogen en nuestro Código Civil. Véase García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951).

El carácter solidario de dicha obligación extra-contractual descansa en elementales consideraciones de justicia. Según nos señala Puig Brutau:

[E]l riesgo de la falta de solidaridad es que el lesionado no llegue a recibir la reparación íntegra si cualquiera de los cau-santes es insolvente, pues bastaría en la solidaridad que fuese solvente alguno de ellos .... [Se ha querido] aumentar la ga-rantía normal del que ha sufrido el daño cuando no ha elegido a quienes se lo han causado, sino que han invadido ilícita-mente su esfera de intereses. Puig Brutau, op. cit., págs. 160-161.

En vista de ello, el perjudicado puede dirigirse contra todos los cocausantes del daño simultáneamente o contra cualquiera de ellos, mientras no resulte cobrada la deuda. Art. 1097 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3108. Igualmente, el acreedor puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores o sólo una parte de ésta, coincida o no dicha parte con la que corresponda al deudor reclamado según la relación interna. Albaladejo, op. cit., T. XV, Vol. 2, pág. 335.

Claro está, entre los causantes del daño existe un derecho de contribución o nivelación, incorporado en el Art. 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3109, que se activa cuando alguno de éstos ha pagado al perjudicado más de lo que le correspondía pagar, según su grado de negligencia. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R. 648 (2003). De esta manera se crea una relación interna entre los deudores solidarios mediante la cual cada uno responde únicamente por su negligencia. Ramos v. Caparra Dairy, supra; F. Soto Nieto, La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo: vinculaciones solidarias, Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, pág. 49.

Sin embargo, resulta pertinente señalar que el incumplimiento de la obligación debido a la insolvencia de uno de los deudores solidarios tiene que ser suplida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno. Art. 1098 del Código Civil, supra. “Por supuesto que en la relación externa, el acreedor tiene derecho al pago por entero, aunque alguno de los deudores sea insolvente, pues cada uno de los solventes es deudor de la totalidad.” Puig Brutau, op. cit., pág. 173. Es decir, el acreedor, en ningún caso, se verá perjudicado por la situación de insolvencia, declarada o no, de un deudor solidario. Albaladejo, op. cit., T. XV, Vol. 2, págs. 361-362.

Por otro lado, debe quedar claro que todos estos derechos a favor del perjudicado pueden ser renunciados. Véanse: S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra; H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1980, Vol. II, pág. 521. Sin embargo, no todo descargo de responsabilidad o desistimiento contra uno de los cocausantes del daño releva a los demás de su obligación para con el demandante. P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas. Co., Inc., 149 D.P.R. 691 (1999); Merle v. West Bend Co., supra. En tales casos, la intención de las partes será determinante. Íd.

En atención a este principio, en S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, tuvimos la oportunidad de interpretar un contrato de transacción entre los demandantes y uno de los alegados cocausantes de los daños reclamados. En esa ocasión, los demandantes relevaron a dicho demandado de toda y cualquier responsabilidad que éste tuviera o pudiera tener como consecuencia de los hechos que originaron la demanda. Dicho relevo incluyó expresamente cualquier responsabilidad que el demandado pudiera tener hacia los demás alegados cocausantes del daño en una acción de nivelación o contribución. Ante la clara intención de los demandantes de asumir la responsabilidad del codeudor contra quien desistían, relevándolo de cualquier deuda, incluso ante los demás deudores solidarios, resolvimos que estos últimos no podían repetir contra el codeudor liberado. Debido a ello, aclaramos que la parte correspondiente al grado de contribución del demandado relevado en la ocurrencia de los daños sería restada de la totalidad de la sentencia. De este modo, preservamos la voluntad de las partes de exonerar por completo a dicho demandado mediante la transacción.

En conclusión, en última instancia el análisis depen-derá de la voluntad de las partes, según ésta se refleje en los términos del contrato de transacción y en los actos circundantes. Merle v. West Bend Co., supra. Con este marco normativo en mente, evaluemos la transacción ob-jeto de este recurso y las razones que la motivaron.

IV

Según se desprende del contrato de transacción ante nuestra consideración, el cual fue otorgado como parte del proceso de quiebra del Hospital de la Guadalupe, los con-tratantes tomaron en consideraron como hechos determi-nantes para su otorgamiento: la existencia de una senten-cia millonaria a favor de la señora Blás Toledo que aún no había advenido final y firme; que ésta acumulaba intereses legales a razón de 12% anual; que el Hospital de la Guadalupe figuraba como deudor en la referida sentencia, pues se le fijó su responsabilidad en un 35%, y que, debido al tiempo transcurrido, la suma adeudada por sentencia so-brepasaba los cinco millones de dólares.

Además, en vista de que el síndico de quiebras se opuso a las reclamaciones de la señora Blás Toledo, ambas partes consideraron que la litigación de las controversias requeri-ría una cantidad de tiempo sustancial y causaría gastos significativos que reducirían los fondos disponibles en el caudal. Igualmente, estimaron que una transacción entre ellos podría evitar dicha litigación, removiendo así un obs-táculo que impedía la culminación del caso y la distribu-ción final a los acreedores.

En atención a estas circunstancias, el síndico de quie-bras y la señora Blás Toledo resolvieron culminar con el procedimiento judicial entre ellos, relevando estos últimos al hospital de cualquier deuda o responsabilidad en los tér-minos siguientes:

7. In consideration of the terms and conditions of this Agreement, Claimants fully and for ever release and discharge Bankrupt and the Trustee from any and all obligations, actions, suits, causes of action, claims, demands, costs, expenses, damages, losses and liabilities of whatever nature, character and description, in law, equity or otherwise, whether known or unknown, absolute or contingent, direct or indirect, including, but not limited to those they have or might have arising under the laws of Puerto Rico or the United States, and including, but without limitation to, those claims identified above, which Claimants, jointly or individually, ever had, now have, or hereinafter could have against Bankrupt and/or Trustee, by reason of or in connection with any fact, matter, cause or thing whatsoever. Apéndice, Parte 5, pág. 1342.

A cambio de este relevo de responsabilidad, la señora Blás Toledo recibió del caudal en quiebra $150,000. Sin embargo, se aclaró lo siguiente:

3. Such payment is made by the Trustee in full settlement of Bankrupt’s possible responsibility in excess of the insurance coverage, and said payment shall not, under any circumstances, be considered or construed as made in satisfaction of any insurance claim, or as affecting Claimant’s right to pursue payment of any insurance claim that they may have pending before the Puerto Rico Insurance Guaranty Association. Apén-dice, Parte 5, pág. 1341.

Según alega el doctor Hidalgo, los términos del contrato aludido son claros en cuanto a que los demás deudores so-lidarios quedaron igualmente relevados de pagar el res-tante de la sentencia que le correspondía satisfacer al Hospital de la Guadalupe, o sea, el 35% de la totalidad de la sentencia. Apoya su argumento, esencialmente, en lo re-suelto en S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra. No es-tamos de acuerdo.

Son varias las razones que militan contra la posición asumida por el doctor Hidalgo. En primer lugar, su argu-mento parte de la premisa errónea de que el Hospital de la Guadalupe le era responsable a la señora Blás Toledo en un 35%. No obstante, y según hemos expuesto en cuanto al ámbito de la responsabilidad solidaria, todos y cada uno de los demandados en este caso son responsables de la totali-dad de la sentencia ante la señora Blás Toledo, indepen-dientemente del porcentaje de responsabilidad de cada uno. Ésta puede dirigirse contra todos o contra cualquiera de ellos por la totalidad de la deuda o por cualquier parte de ella, mientras no resulte satisfecha la sentencia. En conformidad con lo anterior, el relevo de responsabilidad a favor del Hospital de la Guadalupe no significa que se haya transado un determinado porcentaje de la sentencia, en ausencia de circunstancias que indiquen lo contrario. Sólo significa que la señora Blás Toledo ya no puede ir contra dicho codeudor a cobrar la parte de la sentencia que conti-núa insatisfecha, incluyendo aquellas cantidades que fue-ron exclusivamente atribuidas al Hospital de la Guadalupe, como por ejemplo, los honorarios de abogado fijados por su temeridad y los intereses que éstos generaban.

En segundo lugar, de la transacción aludida no se des-prende que la señora Blás Toledo haya tenido la intención de renunciar al derecho de cobrar el restante de la senten-cia, o cualquier parte de ésta, de los demás deudores solidarios. Mediante la referida transacción, la señora Blás Toledo se limitó a relevar de responsabilidad exclusiva-mente al Hospital de la Guadalupe y al síndico de quie-bras, con exclusión de cualquier otra parte. Por lo tanto, no cabe interpretar dicha renuncia como un abandono amplio de los derechos que nuestro ordenamiento jurídico le reco-noce al acreedor de una deuda solidaria.

Si tal fuera el caso, fácil hubiera resultado incorporar al contrato de transacción un relevo amplio mediante térmi-nos claros, como ocurrió en S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, mas no lo hizo. Aquí el contrato de transacción, de forma patente, estipulaba que los demandantes releva-ban al alegado cocausante del daño de

“... toda o cualquier sentencia en su contra que suija o pueda surgir a favor de otras personas, codemandadas o no en la demanda, como consecuencia de reclamaciones de coparte, de demandas contra tercero o acciones de nivelación o contribu-ción ya instadas o que en el futuro se insten, contra ellas para resarcirse de condenas impuestales [sic] a favor de las demandantes. (Énfasis suplido.)” (Corchetes en el original.) Íd., pág. 658.

A diferencia de este último caso, aquí la señora Blás Toledo no asumió la responsabilidad del Hospital de la Guadalupe frente a los demás deudores solidarios ante cualquier acción de nivelación o contribución que pudieran iniciar contra éste. Sencillamente, la remisión de la señora Blás Toledo tuvo el limitado alcance de abandonar cual-quier derecho que ésta tuviera o pudiera tener contra el mencionado hospital por los hechos alegados en la demanda.()

Por otro lado, no podemos perder de perspectiva que este contrato de transacción se otorgó como parte incidental a un proceso de quiebras. Estos acuerdos de transacción han sido reconocidos como un componente inherente a dicho proceso judicial y son favorecidos por el sistema. 10 Collier on Bankruptcy Sec. 9019.01; R. Anaya Valencia, The Sanctity of Settlements and the Significance of Court Approval: Discerning Clarity from Bankruptcy Rule 9019, 78 Or. L. Rev. 425 (1999). Dichos acuerdos deben ser inter-pretados dentro de este contexto, como herramientas para evitar agotar, mediante la litigación excesiva, los recursos disponibles en el caudal. En este caso, resulta ilustrativa la intención de las partes contratantes de evitar el pleito para no afectar el caudal con los gastos que la referida litigación conllevaba y para culminar con la distribución de lo que podía cobrarse de él.

Además, la referida transacción fue suscrita en el umbral de la insolvencia de uno de los deudores solidarios. Al interpretar sus términos, no podemos abstraemos de las circunstancias que rodearon su otorgamiento y de las disposiciones del ordenamiento jurídico que entraban en juego. Así, por ejemplo, no debemos olvidar que el descargo de la deuda del Hospital de la Guadalupe en el proceso de quiebras no tenía efectos sobre la responsabilidad de los demás deudores solidarios, por lo que esta última se mantenía vigente. 11 U.S.C.A. sec. 524(e); 4 Collier on Bankruptcy Sec. 524.05. Igualmente, la señora Blás Toledo tenía todo el derecho de acudir al proceso de quiebras, recibir la parte que le fuera allí adjudicada y, posteriormente, dirigirse por el balance contra los demás codeudores. Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 D.P.R. 374 (1961); Christy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961). Es decir, el ordenamiento jurídico reconoce que la insolvencia de uno de los deudores solidarios no afecta la acreencia del demandante, pudiendo éste dirigirse contra los demás codeudores, quienes responderán por el restante de la parte adeudada por el insolvente. Art. 1098 del Código Civil, supra. Éstos, en su relación interna, serán responsa-bles de dicha parte a prorrata de sus deudas.

Sin embargo, ninguno de estos derechos fue renunciado, expresa o implícitamente, por la señora Blás Toledo me-diante el referido contrato. Por ende, no podemos incorpo-rar materias distintas y ajenas a la intención que motivó dicha transacción.

Conforme con lo anterior, el tribunal de instancia sólo debe reducir del monto de la sentencia la cantidad de $150,000 correspondiente a la aludida transacción.

V

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la resolu-ción del antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones, en lo que aquí concierne, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimien-tos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.

      (1) Mediante esta demanda se reclamó una indemnización por los serios daños ocasionados a la hija menor de edad de la Sra. Ivelisse Blás Toledo, por ser sometida a una intervención quirúrgica contraindicada.

      (2) La determinación sobre el grado de responsabilidad del Hospital de la Guadalupe fue, a su vez, confirmada.

      (3) Tampoco podemos atribuirle a la transacción el hecho de que los demás deudores solidarios no puedan ahora nivelar contra el mencionado hospital. Éstos debieron haber presentado su reclamación contingente ante la Corte Federal de Quiebras.