source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    Díaz et al., Peticionarios y Apelados, v. Cividanes, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en procedimiento de administración judicial: Incidente de rendición de cuentas.
    No. 1659.
    Resuelto en junio 19, 1917.
    Administración Judicial — Examen- de Cuentas de un Administrador- Inte-rino — Reconsideración de Resoluciones — Apelación.—Una orden en pro-eedimiento de administración judicial por la que se niega a un opositor la reconsideración y modificación de los términos o condiciones por virtud de los cuales le fué concedida la reconsideración de dos resoluciones dictadas un año antes por las que, en relación con las cuentas presentadas por el admi-nistrador interino para su arreglo definitivo y después de examinarlas el juez se ordenó en la primera fueran requeridas las partes interesadas para que manifestaran si estaban conformes en que se hiciera al administrador una remuneración adicional por sus servicios, y en la segunda librándole dé toda responsabilidad, con cancelación de la fianza prestada, por no haber habido redamación contra él, no es una sentencia definitiva, por lo que una apela-ción contra dicha orden debe perfeccionarse dentro de los diez días que concede el párrafo 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Abogados del apelante: Sres. C. Domínguez Rubio, Miguel Zavaleta y Eduardo Acuña.

    Abogado de los apelados: Sr. Tomás Bernardim de la Muerta.

   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En mayo 26, 1915, fné nombrado Eafael Palés Díaz admi-nistrador judicial de los bienes de la herencia de Doña Enfina Molinaris y Sánchez por resolución de la Corte de Distrito de G-uayama contra la cuál interpuso apelación el viudo Don Manuel Cividanes. Genaro Cautiño fué nombrado entonces ad-ministrador interino mientras se resolvía la apelación cuyo cargo desempeñó hasta el 22 de diciembre de dicho año, en cuya fecha renunció dicha administración con la suplica de que fueran aprobadas sus cuentas. Al día siguiente fué nom-brado Eafael Palés Díaz con el mismo carácter de adminis-trador interino.

En una resolución de fecha diciembre 27 se describe el re-sultado obtenido por el juez de distrito después de examinar los libros, libretas, cheques cancelados, correspondencia y cuentas de la administración entregada por el Sr. Cautiño, en la cual se le concede cierta suma por sus honorarios, habla de la insuficiencia de dicha remuneración, sugiere la conveniencia de aumentarle dichos honorarios con la aprobación de todas las partes interesadas, y ordena que sean requeridos dichos co-partícipes para que manifiesten si están conformes en qne se liaga dicha remuneración adicional.

En otra resolución que fue dictada en enero 31, 1916, se dice en parte lo siguiente:

“Por cuanto: El Sr. Genaro Cautiño renunció el nombramiento de administrador interino que se le babía conferido por esta corte como administrador de los bienes dejados por' Doña Rufina Molinaris de Cividanés, haciéndose necesario el nombramiento de otra persona y nombrando la corte al Sr. Rafael Palés Díaz para sustituirle co-mo tal.
‘ ‘ Por cuanto : Según informes de dicho administrador interino Sr. Palés Díaz, se ha hecho cargo por entrega que le hiciera el señor Cautiño de todos los bienes pertenecientes a la administración judicial, notándose al momento de dicha entrega gran mejoramiento en dichos bienes, efectuados por la administración del Sr. Cautiño.
“Por cuanto: no ha habido reclamación alguna contra dicho se-ñor Cautiño por los interesados:
“Por tanto: la corte libera a dicho señor Cautiño de toda res-ponsabilidad por dicha administración y cancela la fianza prestada a favor de él para garantir las gestiones que como tal administrador hiciera. ’ ’

En 14 de octubre, 1916, y estando pendientes de aproba-ción las cuentas rendidas por Palés como administrador inte-rino, el Sr. Cividanés que de acuerdo con la sentencia de esta corte había asumido los deberes de administrador judicial pre-sentó una moción en -la Corte de Distrito de Guayama para que fuera requerido Cautiño para que dentro de breve tér-mino presentara sus cuentas como antecesor de Palés en la administración interina o que si dichas cuentas habían sido presentadas, de las cuales alegó que no tenía conocimiento Ci-vidanes, que se les entregaran para su examen. Por orden del juez fué notificado el Sr. Cividanés que las cuentas de Cautiño estaban archivadas en la oficina del secretario desde la fecha de su renuncia.

El día 5 de octubre el apelante pidió a la corte que de con-formidad con el artículo 55 de la Ley de Procedimientos Le-gales Especiales citara a todas las partes interesadas en los bienes de la herencia para el arreglo definitivo de las cuentas de Cautiño, ordenando nuevamente la corte que se notificara al peticionario que las cuentas en cuestión habían sido pre-sentadas debidamente y desde la fecha de dicha presenta-ción habían estado y estaban a la disposición de los intere-sados y para su examen en la oficina del secretario.

En enero 31, 1917, el apelante volvió a presentar una mo-ción para que se suspendiesen los efectos de la resolución dic-tada en enero 31, 1916, y que se requiriera a Cautiño para rendir sus cuentas en debida forma, dándose una oportunidad a Cividanes para impugnarlas.

La resolución de la corte en su parte pertinente es como sigue:

“En cuanta a la segunda parte de la petición, o sea que se per-mita al peticionario Sr. Cividanes examinar las cuentas del Sr. Oau-tiño, presentadas y archivadas en esta corte, la corte resuelve autorizar al Sr. Manuel Cividanes para examinar esas cuentas y para tomar todos los datos que de ellas crea necesarios, para examinar los balances que aparecen de los libros, pero entiende la corte que estas cuentas, habiendo sido presentadas a su tiempo y expuestas en secretaría por el tiempo que la ley requiere y habiendo sido aprobádas por la corte después de estar expuestas al público, publicadas y notificadas por medio de.un anuncio en la pizarra de los pasillos de esta corte la presentación de estas cuentas, y no habiéndose hecho impugnación alguna a las mismas, entiende la corte que es muy tardía la petición que se hace de que se permita impugnar estas cuentas en este mo-mento, después que las partes tuvieron todas las oportunidades para hacer las impugnaciones que estimare oportunas.”

Pero todavía el apelante en otra moción que es sustancial-mente idéntica alega ciertos fundamentos adicionales, los cua-les son somo sigue:

“Que para el día de hoy está señalada la impugnación relativa a una parte' de la cuenta presentada por el Sr, Palés en la adminis-tración judicial arriba titulada.
‘ ‘ Que la primera cuenta que ’ aparece impugnada es la cuenta del Banco Crédito y Ahorro Ponceño, y la primera impugnación se relaciona con la forma y manera en que dichas cuentas han sido llevadas y la dificultad que ha tenido el opositor para hacer una impugnación sólida a la misma, y ello se debe a que la contabilidad del Sr. Palés no puede decirse a ciencia cierta que arrancara de los saldos o balances de la cuenta presentada por el Sr. Cautiño.
“Que la cuenta del Sr. Cautiño está aprobada por esta Hon. Corte sin audiencia de los interesados, y aunque la presunción es a favor de la misma, el compareciente desea tener una oportunidad de examinar e impugnar dichas cuentas o 'hacer que se corrijan en ellas defectos que pueden facilitar mucbo el examen de la cuenta del Sr. Palés, pero no puede hacerlo sin que V. H. suspenda su resolución aprobando tales cuentas y permita al Sr. Cividanes entrar en las mismas, examinarlas, ver sus saldos y balances y arrancar de ellos para la contabilidad llevada por el Sr. Palés. ’ ’

La corte entonces y asimismo en enero 31, 1917, hace la siguiente relación de los h.e.clios, accediendo a lo solicitado con las condiciones consignadas en la orden, a saber:

“La corte ha oído la moción y ha oído a la parte.
“Es el deseo de la corte dar a todas las partes una oportunidad para que en este caso se vaya al fondo de todo; se examine el fondo de todo.
“La corte va a acceder a lo solicitado pero entiende que debe notificarse de esta moción, con copia del informe al Sr. Cautiño, puesto que se impugna la capacidad del Sr. Cautiño como administrador y él debe tener una oportunidad de defenderse.
‘ ‘ Al presentarse las cuentas el Sr. Cautiño, se manifestó a la corte que no se podía hacer un balance porque el Sr. Cividanes se negaba en absoluto a entregar los libros de su administración y los compro-bantes de los mismos, 'de modo qué el Sr. Cividanes no puso al Sr. Cautiño en condiciones de dar un balance exacto porque se negó a entregar esos libros.
“La corte entiende que debe acceder a lo solicitado y accede a ello, y debe notificarse con copia de esta moción al Sr. Cautiño para su conocimiento a fin de que pueda venir a la corte a exponer los motivos que tuvo para no cerrar los balances. Entiende la corte, por consiguiente, que debe librar la siguiente
Orden
“Que se requiera el Sr. Cautiño para que comparezca ante esta corte el día cinco (5) de febrero de 1917, a presentar los motivos que tuvo para no poner las cuentas en la forma que lo requiere el Sr. Cividanes, y asimismo se ordena que el Sr. Cividanes, dentro del término de tres días, a contar de lioy, ponga a disposición del Sr. Gantiño todos los libros que tuvo durante su administración con an-terioridad al Sr. Cautiño, con sus comprobantes, cuentas y demás papeles, de modo que el Sr. Cautiño pueda al empezar sus cuentas, arrancar no de los encabezamientos que entregó el Sr. Cividanes, sino de las cuentas que realmente eran, como se aleg-a por el abogado del Sr. Cividanes.”

En febrero 21 el apelante presentó una moción a la corte para que reconsiderara y modificara la orden dictada en úl-timo término, habiéndose interpuesto esta apelación contra nna orden de fecha febrero 24, de la cual fué notificado el apelante en- el mismo- día en que se niega dicha moción.

El escrito de apelación fué notificado en marzo 13, y ha-biendo sido notificada una moción sobre, desestimación de la apelación para ser vista el día 11 de junio, fué señalada por esta corte para el día, 12, o sea el día que estaba fijado para la vista de la apelación.

Esta moción se funda en el párrafo 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual, en tanto es perti-nente, prescribe lo. siguiente:

“Artículo 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
íi* 4? • :)r %'r 4^
“3. De una providencia concediendo o denegando un nuevo juicio; concediendo o anulando un.injunction; negándose g conceder o anu-lar un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; con-cediendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la cele-bración del juicio; de una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva; y de una sentencia interloeutoria en pleitos sobre partición de propiedad real, dentro de los diez días de dictada la providencia o sentencia interloeutoria y. de anotada la misma en el libro de actas de la corte, o de archivada en la secretaría.”

En contestación a esta moción insiste el apelante en que la resolución apelada es una sentencia definitiva en un pro-cedimiento especial según el significado del párrafo 1 de dicto artículo.

Los artículos 55 al 57, inclusive, de la Ley de Procedimien-tos Legales Especiales que regulan el procedimiento en casos de esta índole, prescriben lo siguiente:

“Artículo 55. — Cuando el albacea o administrador haya termi-nado la liquidación de los' bienes, renuncie o sea separado, o por cualquier • otra causa cese en el desempeño de su cargo, deberá pre-sentar a la corte una cuenta final jurada, y acompañada de los re-cibos y resguardos correspondientes, la cual también se pondrá, de manifiesto para su inspección. Al presentarse dicha cuenta final se citará a todas las partes interesadas en el caudal a fin de que puedan presenciar la liquidación final de sus cuentas -y se les devuelva o can-cele la fianza que hubieren prestado.
“Artículo 56. — Si pasados ocho días después de presentada la citación decretada por un juez de dicha- corte ninguna de las partes hubiese hecho oposición a las cuentas, la corte de' distrito si en su opinión dichas cuentas son justas y correctas, dictará auto aprobán-dolas y declarando exento de responsabilidad al administrador, y cancelará la fianza qué hubiere constituido. Si las cuentas fueren impugnadas, se sustanciará la impugnación y se admitirán pruebas en una vista del caso y se aprobarán o desaprobarán aquéllas según el resultado de la vista.
“Artículo 57. — La corte de distrito dictará auto definitivo, bien aprobando la cuenta presentada, o haciendo en ella modificaciones y alteraciones, con cargo al albacea o administrador, que el derecho y la justicia reclamen, contra dicho auto podrá interponerse recurso de apelación.”

Admitiendo que cualquiera, o ambas de las resoluciones de fecha diciembre 27, 1915, y enero 31,'1916, fueran definitivas, como parece fué la intención y modo de entenderlas de la corte de distrito, indudablemente que una resolución dictada un año después para considerar nuevamente cuestiones que ai parecer ya habían sido resueltas por dichas anteriores órde-nes no puede considerarse de modo alguno como una-senten-cia definitiva, y a fortiori la resolución contra la cual se ha interpuesto apelación en este caso negándose a reconsiderar la imposición de términos por virtud de los cuales fué concedida la reconsideración de las cuentas de Cantiño para su arreglo definitivo, difícilmente pnecle decirse que es nna sentencia de-finitiva. Semejante acción por parte de la corte de distrito, solicitada por el apelante y de que ahora se queja, de produ-cir algún efecto es' únicamente el de iniciar de nuevo este as-pecto del procedimiento especial envuelto en este caso, no pu-diendo ser considerada bajo ninguna hipótesis razonable que constituye una resolución final de la cuestión en discusión.

Puesto que la apelación no fue perfeccionada dentro de los diez días concedidos por el párrafo 3 del artículo 295, no tenemos necesidad de considerar hasta qué punto debió de otro modo ser oído el apelante basándose en la teoría por la que se concede o deniega un nuevo juicio, o de una orden especial después de dictada sentencia definitiva.

Como- quiera que se considere la cuestión y sin hacer refe-rencia a los méritos de la apelación, ésta debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces, concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey-


author: El Juez Asociado Se. HtjtchisoN,

text:
    Mariani, Peticionario y Apelado, v. Mariani et al., Interventores y Apelados, y Olivari, Administrador Judicial y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce. en ■ procedimiento de administración judicial: cobro de hono-rarios.
    No. 1571.
    Resuelto en junio 19, 1917.
    Administración Judicial — Servicios del Administrador — Remuneración a Que Tiene Derecho. — De acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, aprobada el 9 de marzo de 1905, un administrador judicial tiene derecho a pereibir en remuneración de sus servicios un cinco por ciento sobre los primeros mil dólares o suma menor recibida por él, dos y medio por ciento sobre las cantidades mayores basta diez mil, y uno por ciento por las sumas que excedan de diez mil. ■
   Lós' hechos están expresados en la opinión.

Abogado del demandante y apelado: Sr. Francisco Parra Capó.

Abogado de los interventores y apelados: Sr. José Tous Soto.

Abogado del administrador judicial apelante: Sr. Manuel Tous Soto.

El Juez Asociado Se. HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 53 de una Ley referente a Procedimientos Le-gales Especiales, aprobada en marzo 9, 1905, prescribe en parte lo que sigue:

“Artículo 53. — Todo administrador o albacea, a no disponer otra cosa'el testamento bajo'el cual se le nombra, tendrá derecho a per-cibir del caudal, en remuneración de sus servicios, el cinco por ciento de los ingresos que ocurran durante la administración, montantes a la cantidad máxima de ($1,000) dollars; 2% por ciento cuando éstos asciendan hasta diez mil ($10,000) dollars; y el uno por ciento sobre las, cantidades que exceden de diez mil ($10,000) dollars. * *

El apelante Tomás Olivari Santoni, como administrador judicial presentó sus cuentas que arrojaban un total de $17,878.11, recibidos por él como tal administrador, sobre la cual reclamó honorarios ascendentes a $551.12 calculados como sigue:

“Nov. 1, 1913. El 5 por ciento de lo cobrado a Don Pascual Negroni por alquileres de las casas montantes a $288 de 8 meses vencidos el 31 de octubre del corriente año a razón de $26 al mes- $14. 40
“Nov. 1, 1913. El 5 por ciento de $880 cobrado a Don Antonio Anciani por vencimiento de un pagaré hipotecario. 40. 00
“Nov. 1, 1913. El 5 por ciento de cincuenta pesos co-brado a Julia Amill por dos meses de alquiler de la casa de G-uánica, montante a $50_ 2. 50
“Nov. 1, 1913. El 5 por ciento de los primeros $1,000 cobrados a Alfonsa B. de Mariani correspondiente a su li-quidación por cosechas de café présentadas a la Sucesión de José María Mariani montante'éste a $10,169.45_ 50. 00
“Al frente. $106. 90
“Del frente_ '$106. 90
“Nov. 1, 1913. El 2y2 por ciento de los $9,000 restan-tes de dicba liquidación--- 225. 00
“Nov. 1, 1913. El 1 por ciento de $169.46 restantes del montante total de la liquidación de referencia_ 1. 70
“Ag. 27,1914. El 5 por ciento de los ingresos cobrados a Pascual Negroni por 10 meses de alquileres de casas ven-cidos el 31 del actual a $36, $360_•_ 18. 00
“Ag. 27, 1914. El 5 por ciento de $770 pagados por Don Antonio Anciani sobre Yencimiento de un paga-ré hipotecario_ 38. 50
“Ag. 27, 1914. El 5 por ciento de los primeros $1,000 pagados por Alfonsa B. de Mariani de su liquidación de co-sechas presentadas en 30 de junio último montante a $5,440.66_ 50. 00
“Ag. 27, 1914. El 2y2 por ciento de los $4,440.66 res-tantes _ 111. 02
$551.12

Al oponerse los apelados a este particular referente a la cuenta presentaron la situación según ellos la entienden, con ciertos errores de cálculo que son claros, pero que no son im-portantes, a saber:

Total del dinero ingresado- $17, 828.11
Montante de honorarios cobrados_ 551.12
Montante que debe cobrarse 2.5 por ciento so-bre $10,000_L_$250. 00
1 por ciento sobre $7,828.11_ 72. 28 328. 28
Diferencia_._ $222. 84

La orden apelada que tiende a corregir la errónea teoría del apelante pero que al parecer hace caso omiso del juicio equivocado que ba formado el apelado que va demasiado lejos hacia el otro extremo, es como sigue: •

“Vista la moción presentada por Don José María Mariani por sí y como tutor de su hermana María Dolores Mariani, para que no se aprueben las cuentas presentadas por el administrador judicial en lo que se refiere a la forma en que cobra sus honorarios, la corte resuelve que deben enmendarse dichas cuentas en el sentido de co-brar dicho administrador judicial el tanto por ciento que le asigna el artículo 53 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales sobre el total de las cantidades ingresadas en vez de cargarlas sobre las sumas parciales que ellos reciben.”

Aunque no podemos convenir con el apelante en que tiene derecho al cinco por ciento sobre cualquiera o todas las sumas de $1,000 o inferiores recibidas por él o sobre los primeros $1,000 de cada una de dichas sumas separadas, la que es una proposición que de ser buena le proporcionaría el-medio de multiplicar indefinidamente sus honorarios a ese tipo, inter-pretamos la ley cuya versión española' es justo decir que qui-zás está más sujeta a dudas que el texto inglés, en el sentido de que dicha ley fija la remuneración del administrador en el 5 por ciento sobre los primeros $1,000 o suma menor recibida por él, 2% sobre cantidades mayores hasta $10,000, y el 1 por ciento sobre sumas mayores de $10,000.

Resolver otra cosa - sería permitir al administrador que había recibido $1,000 el 5 por ciento de esa cantidad y el ad-ministrador que había recibido $10,000, el 2% por ciento de la misma, mientras que si cualquiera de ellos lograba aumentar la cantidad de sus ingresos en la cantidad de un dólar perde-ría por ello mecánicamente la mitad o más de sus honorarios ya ganados. Evidentemente que ésa no fué la intención de la ley. Si el legislador hubiera querido fijar la compensación del administrador sobre la base del importe total de los ingresos que arroje sú cuenta final al ser sometida para su aprobación, hubiera sido mucho más simple, fácil y natural el haber especi-ficado los respectivos tantos por cientos sobre dichas cantida-des totales con tantas palabras como fueran necesarias que no haber usado el lenguaje que realmente empleó el cual por su faz resulta ser perfectamente claro y que solamente puede ex-plicarse por la teoría de que la intención de la ley es contraria a la interpretación sugerida por los apelados. Estos a la ver-dad admiten otro tanto al conceder el 2% por ciento sobre lqs $10,000, y reclamar el 1 por ciento solamente sobre los $7,828.11 en exceso de esa suma en lugar de insistir en el 1 por ciento sobre la suma total de $17,828.11; pues si'el administrador tiene derecho al 2% por ciento sobre los $10,000, entonces por igual razón tiene derecho al 5 por ciento sobre los primeros $1,000, y- es difícil justificar la concesión del 2y2 por ciento sin demostrar al propio tiempo su derecho al 5 por ciento.

La orden apelada debe ser confirmada, pero modificándose en el sentido de que se ordena que sea enmendada la cuenta sometida de manera que se le abone al administrador el cinco (5) por ciento sobre los primeros mil ($1,000) dólares ingre-sados por él, el dos y medio (2y2) por ciento sobr§ los si-guientes nueve mil ($9,000) y el uno (1) por ciento sobre el resto de siete mil ochocientos setenta y ocho dólares once centavos ($7,878.11).

Confirmada la orden apelada, pero modi--/loándola de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Hernández et al., Demandantes y Apelados, v. Bernardini et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de procedimiento hipotecario, de-volución de .finca rústica y reclamación de frutos.
    No. 1636.
    Resuelto en junio 21, 1917.
    Traslado de Pleito — -Reivindicación-—Nulidad de Procedimiento Hipotecario 1 y Reclamación de Prutos — Acción Real. — Cuando la aeeión fundamental que se ejercita’es la reivindicatoría, el pleito debe sustanciarse en el distrito en que radica la finca, aun cuando el demandado resida en otro distrito y en la demanda se solicite la nulidad de un procedimiento hipotecario y se recla-men frutos, todo sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en la ley.
    Abogados de los apelantes: Sres. Luis Capó y B. Cintrón Lastra.

   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado de los apelados: Sr. Fernando Vázquez.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de líumacao se entabló una de-manda sobre “nulidad de procedimiento hipotecario, devo-lución de finca rústica y reclamación de frutos.” Se alegó en ella, en resumen que la sucesión demandante era dueña de cierta finca rústica radicada en Caguas que había sido hipo-tecada por su causante, y que los dueños, de la hipoteca, dos de los demandados, la ejecutaron, y la corte, sin llegar a ad-quirir jurisdicción, ordenó la venta de la finca, comprándola los dichos dos demandados, quienes tramitaron luego un ex-pediente de conversión del título posesorio que ostentaban en título- de dominio y la vendieron a la otra" demandada que se halla actualmente en posesión de la misma. Emplazados los demandados, archivaron escritos de excepciones previas y so-licitaron el traslado del pleito a la Corte de Distrito de G-ua-yama, lugar de su residencia. La Corte de Distrito de Hu-macao oyó a ambas partes y desestimó finalmente la solicitud. Los demandados apelaron entonces para ante este tribunal.

Sostienen los apelantes que la corte de distrito aplicó in-debidamente el artículo 75 de Código ele Enjuiciamiento Civil y no hizo la debida aplicación del artículo 81 del propio cuerpo legal. . •

Ambos artículos forman parte del Título V del código, que trata del lugar para la celebración de los juicios en asuntos civiles, y son esencialmente iguales a las secciones 392 y 395 del Código de Enjuiciamiento Civil de California.

.Según el artículo 75 deberán sustanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de-lo dispuesto en el mismo código, entre otros, los pleitos que se sigan para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad o interés en la misma, o para de-terminar en cualquier forma' dicho derecho o interés. Según el artículo 81, en todos los demás casos no previstos especial-mente por la ley, los pleitos se tramitarán en el distrito en qne residieren los demandados.

■ ¿Es éste nn pleito qne cae bajo el artículo 75! A nuestro juicio lo es. La acción fundamental que se ejercita es la reivindicatoría. • Si se solicitan nulidades y se reclaman fru-tos, todo ello gira alrededor de dicha acción principal, y tiende, bajo cualquier aspecto que se le considere, a recobrar un in-terés en una propiedad inmueble. Y siendo esto así, no es apli-cable la jurisprudencia que los apelantes invocan. Las accio-nes que se ejercitan no son personales, sino, por disposición del estatuto, reales.

En su volumen 40, página 57, dice Oye. así:

“En la mayor parte de los Estados la competencia- {venue) en un pleito para determinar nn derecho o interés sobre bienes raíces, reside en el condado en qne radica el objeto de la acción o alguna parte del mismo. La teoría expresada en éste y otros preceptos análogos, es qne todas las transacciones que afecten al título sobre bienes raíces, serán asuntos de récord en el condado donde radiquen los bienes raíces, de modo que cualquier persona relacionada con el título pueda informarse de sus condiciones mediante examen de los récords públicos existentes en el condado. A esta teoría los términos del estatuto parecen dar el mayor alcance. En muchos Estados la promulgación comprende expresamente ‘la determinación en cual-quier forma7 de un derecho o interés sobre bienes raíces. O en otros casos el estatuto en sus términos es de aplicación, general a pleitos que ‘puedan afectar7 al título sobre bienes raíces, o a ‘todos los pleitos relativos al título sobre bienes raíces.7 Pero según ha sido inter-pretada por las cortes, esta regla estatutoria de competencia tiene restricciones de importancia. Algunas de éstas nacen de los mismos términos del estatuto. Las más importantes nacen de una tendencia a interpretar la regla estatutoria como aplicable sólo a pleitos que directamente determinen o afecten al interés sobre bienes raíces.77 40 Cyc. 57.

Por las razones expuestas y vista además la jurisprudencia establecida por esta misma corte en los casos de Río v. Váz- quez, 16 D. P. R. 808 y Oliver v. Jayuya Development Co., 24 D. P. R. 834, debe confirmarse la resolución recurrida.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcliison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Díaz et al., Peticionarios y Apelados, v. Cividanes, Opositor-Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayamaen procedimiento sobre administración judicial': entrega de bienes.
    No. 1592.
    Resuelto en junio 25, 1917.
    Administración Judicial — Comunidad de Bienes — Intervención—Partes Ne-cesarias- — -Desestimación de Apelación. — En este caso se presentaron dos peticiones- de administración judicial, una a nombre de la sucesión de Rufina Molinari, y otra a nombre de la sucesión _ de Ignacio Díaz, comunidad de bienes. Antes de decretarse la administración, todos los bienes estaban en poder de Cividanes, marido de la Sra. Molinari. Decretada la administración en ambos casos, se nombró finalmente administrador de ella a Rafael Palés. Cividanes apeló de la resolución dictada en el primer caso, pero no de la dictada en el segundo. Resuelta la apelación en su favor, fué puesto en posesión de los bienes correspondientes a la primera administración. Soli-citó además que se le pusiera en posesión de los bienes de la segunda. La corte tramitó la solicitud con intervención de la indieada comunidad de bienes y de su administrador y la desestimó finalmente y de esa resolución apeló Cividanes sin notificar el eserito al representante de la comunidad, quien pidió la desestimación del recurso por tal motivo. Se resolvió: Que los con-dueños interventores eran también partes necesarias en la apelación, con derecho a ser oídos, por encontrarse en posesión de ganar o perder con motivo del recurso siendo desestimada la apelación.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo Acuña.

    Abogados de los apelados: Sres. Toméis Bernardini de la Huerta y Jacinto Texidor.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En marzo de 1915 se presentaron en la Corte de Distrito de Guayama dos peticiones de administración judicial: una a nombre de la sucesión de Rufina Molinaris y otra a nombre de la sucesión dé Ignacio Díaz, comunidad de bienes. Antes de solicitarse elidías administraciones, los bienes correspon-dientes a ambas se encontraban en poder de Manuel Cividanes, viudo de Rufina Molinaris. La corte nombró administrador en los dos casos a Genaro Cautiño a quien le fueron entrega-dos los bienes. Cautiño renunció y la corte nombró, en su. lugar a Rafael Palés. Cividanes apeló de las órdenes nom-brando a Palés, pero desistió luego de la apelación que se re-fería al nombramiento de Palés como administrador de los. bienes de la comunidad. El recurso en cuanto a la adminis-tración relativa a los bienes de Doña Rufina, se resolvió' en favor de Cividanes y éste, en su condición de viudo, fué nom-brado definitivamente administrador. Palés entregó a Civi-danes los bienes correspondientes a la sucesión de la Señora Molinaris, pero nó los que, según él, eran de la comunidad. Ci-vidanes reclamó ante la corte de distrito y con tal motivo se celebró una vista en la cual, con permiso de la corte, intervi-nieron, oponiéndose a las pretensiones de Cividanes, los con-dueños en la comunidad de bienes y . el administrador Palés. La corte consideró el caso y lo decidió en contra de Cividanes por' resolución de 13 de octubre de 1916. Cividanes inter-puso entonces el presente recurso de apelación, notificando el escrito al secretario de la corte y a los peticionarios herederos de Rufina Molinaris. A los interventores de que se ha hecho referencia no 'se les notificó la apelación.

Elevados los-autos a esta Corte Suprema, se presentaron dos mociones solicitando la desestimación del recurso, entre otros motivos por la falta de notificación ya indicada.

La vista de ambas mociones se celebró en su oportunidad y la corte se reservó decidirlas después- de visto el caso en su fondo. La vista del caso en su fondo también fué celebrada y el asunto quedó sometido en su totalidad al tribunal.

Basta la simple exposición que dejamos hecha para con-cluir que los interventores, siendo partes interesadas en la ape-¡ación, debieron ser notificados. Ellos se opusieron a la en-trega de los bienes a Cividanes y la corte de distrito resol-vió la cuestión a su favor. Si el recurso interpuesto por Ci-vidanes se declarara con lugar, el efecto de nuestra decisión sería una orden de entrega de los repetidos bienes al apelante. En tal virtud los interventores se encuentran en una posición de ganar o perder con motivo del recurso, y deben ser, en su consecuencia, considerados como partes interesadas con de-recho a ser oídas.

“El término ‘parte’ tal como se usa en la regla que se .acaba de exponer,” dice E. C. L., “no está restringido a aque-llas que figuran en las alegaciones originales ni aun a las que ise nombran en la sentencia o decreto. En varios períodos del procedimiento personas que no eran originalmente partes en éi, pueden ser traídas a él o pueden a él venir por su propia voluntad, con el propósito de conseguir o estar sujetas a al-gún beneficio, y cuando ése' es el caso, dichas personas llegan a ser partes, por lo menos en los procedimientos que las afec-tan, y si la orden que se dicta contra ellas es de otro modo ape-lable, ellas pueden apelar.” 2 E. C. L. 50. Y más adelante la misma obra expresa: “Un auto de error procede sólo contra personas que fueren partes, o que tuvieren algún interés en la sentencia de que se quejan, y todas las partes en favor de quienes se pronunció tal sentencia y quienes podrían ser afec-tadas por su revocación o modificación, deben .ser hechas partes apeladas en el auto.” 2 E. C. L. 68.

En tal virtud debe desestimarse el recurso, sin que sea ne-cesario estudiar y decidir si la corte de distrito erró o nó al dictar la resolución apelada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Agenjo et al., Demandantes y Apelados, v. Santiago et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento sobre nulidad de actuaciones, inexistencia de contrato y reivindicación de inmueble: Traslado del ' pleito.
    No. 1550.
    Resuelto en junio 25, 1917.
    Traslado de Pleitos — Lugar para la Celebración del Juicio — Amidavit de Méritos — Alegaciones que Debe Contener. — La declaración jurada o affidavit de méritos a que se refiere el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil para que un juicio se celebre en el distrito correspondiente, debe conte-ner las siguientes alegaciones: que el solicitante lia expresado entera y razo-nablemente el caso al abogado, que ha sido informado por su abogado que tiene una buena y sustancial defensa sobre los méritos, y que cree que tiene tal defensa.
    Jurisdicción — Cuestiones de Procedimiento. — De acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, artículos 75, 81 y 82, Título V, a falta de precepto constitucional que limite la jurisdicción de la corte sentenciadora al distrito en que la propiedad radica, la cuestión no es asunto de jurisdicción sino pura y simplemente de procedimiento que no envuelve nada que no sea el deter-minar cuál de dos distritos, dadas las circunstancias de un caso determinado, considerado a la luz de dichos preceptos, es el debido "lugar para la cele-bración .del juieio.”
    Abogado del apelante Anselmo González Padín: Sr. José de Guzmán Benítez.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel Tons Solo.

   Los heclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los artículos 75, 81 y 82, Título Y, del Código de Enjui-ciamiento Civil, que trata “del lugar para la celebración de los juicios en asuntos civiles,” en tanto son pertinentes a cualquier cuestión que pueda estar envuelta en este caso, pres-criben lo siguiente:

“Artículo 75. — Deberán sustanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este código los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
“1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad o interés en la misma, o para determinar en cualquiera forma dicho derecho o interés, y por daños causados a propiedad inmueble.
' “Art. 81. — En todos los demás casos el pleito deberá verse en. el distrito en que residieren los demandados, o algunos de ellos, al iniciarse el litigio; * * *
“Art. 82. — Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el'demandado, al comparecer a contestar o a for-mular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente.”

En el año 1912 compró Anselmo G-onzález Padín, en su-basta pública ordenada por la Corte Municipal de San Lorenzo, en una acción titulada “Francisco Rincon v. Sucesión de Fabián Agenjo." cierta finca urbana radicada en el pueblo de San Lorenzo.

En 1915 se estableció una acción contra González Padín y otros en la Corte de Distrito de Ponce, con súplica de que se dictara sentencia (a) declarando nula la sentencia y actuacio-nes posteriores a la radicación de la demanda en el pleito se-guido ante la Corte Municipal de San Lorenzo por Francisco Rincón v. Sucesión Fabián Agenjo, sobre cobro de dinero; (b) declarando ineficaz para trasmitir el dominio del inmueble descrito en esta demanda, la adjudicación hecha en dicho pleito a don Anselmo González Padín por el marshal de la Corte Municipal de San Lorenzo; (c) condenando a Anselmo Gon-zález Padín a devolver a los menores demandantes la casa a que se refiere esta demanda, a pagar a los demandantes la cantidad' de un mil ochocientos dollars, importe de los frutos producidos por dicho inmueble hasta el día de hoy, decretando rinda cuenta a los mismos demandantes de los frutos produ-cidos por la finca de hoy en adelante; y (d) condenando a los demandados al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado que se ocasionen a los demandantes.

González Padín interpone apelación de la resolución dic-tada negando la moción de traslado presentada por él y acom-pañada de un affidavit de méritos también suscrito por él y on la cual alega lo siguiente: “Io. que es uno de los demanda-dos en la presente acción; 2o. que fue notificado y emplazado, en virtud de la.demanda presentada en este pleito, el 16 de ju-nio de 1916, encontrándose en su residencia, calle del Parque número 29 de la ciudad de San Juan, P. R.; 3o. que el decla-rante vive liabitualmente en esta ciudad en donde tiene su domicilio; 4o. que Juana Santiago Rosa y su Rijo Félix Fa-bián Agenjo Santiago, también residen con domicilio en esta ciudad de San Juan; 5o. que el demandado Francisco Rincón Plumey, reside domiciliado en el pueblo de San Lorenzo; 6o. que lo referido es verdad y le consta de propio conocimiento.”

Los siguientes errores han sido alegados:

“La corte de distrito erró al no declarar que el demandado al solicitar el traslado del pleito se ajustó a los preceptos estatutorios, fundándose para ello en los casos 16 D. P. R. 432 y 17 D. P. R. 245.
“Lá Corte de Distrito de Ponce erró al negar el traslado por los fundamentos que invocó en vez de estimar que en el caso de este pleito tal affidavit no era necesario.”

Los apelantes tratan de establecer una diferencia entre los casos citados por la corte de distrito, fundándose en que en cada uno de estos casos la acción fué personal, mientras que en este caso es mixta, e insisten en que los defectos jurisdic-cionales que aparecen de la misma demanda y de la moción, si no convierten en superfluo el affidavit de' méritos, por lo menos son bastantes en unión de la presentación de la excep-ción previa y de los becbos expresados en el affidavit para que el deponente (affiant) quede libre de la necesidad de tener que cumplir de un modo más formal con el estatuto.

Pero el requisito estatutorio de un affidavit dé méritos se expresa usando la conjunción “y,” y no en la alternativa, em-pleando la conjunción “o,” y no establece distinción alguna entre acciones reales y personales. Aunque se ba declarado, como indica el apelante, que tales preceptos deben ser inter-pretados liberalmente en favor del remedio y que es bastante con que se cumpla con ellos sustancialmente, ninguna corte, que sepamos basta ahora, ba resuelto que es suficiente un affidavit en que no se hace referencia alguna de que existe al-guna defensa.

“El affidavit de méritos debe contener ciertas alegaciones, a saber, que el solicitante ha expresado entera y razonablemente el caso al abogado, que ha sido informado por su abogado que tiene una buena y sustancial defensa sobre los méritos, y que cree que tiene tal de-fensa.” 40' Cyc. 158.

Véase también a 1 Sutherland, 597, párrafo 995.

Los apelantes fundan su segunda proposición en los casos de Fritze v. Camp. 94 Cal. 393, y Urton v. Woolsey, 87 Cal. 38, pero como se ha indicado en 40 Cyc., página 43, nota 83, “el resultado en estos casos fué debido a un precepto consti-tucional que limita la jurisdicción de la corte sentenciadora en ciertas acciones que afectan a los bienes inmuebles, al condado en que la propiedad radique. ’ ’

De acuerdo con nuestro estatuto, a falta de semejante pre-cepto constitucional y como se indica en el encabezamiento del Título V, supra, la cuestión no. es asunto de jurisdicción sino pura y simplemente de procedimiento que no envuelve nada que no sea el determinar cuál de dos distritos, dadas las cir-cunstancias de un caso determinado considerado a la luz de los preceptos que anteriormente se citan en primer término, es el debido lugar “para la celebración del juicio.”

“Es característico de la doctrina moderna sobre el lugar para la celebración del juicio (venue) que s.u medio de probarlo para el de-bido lugar del juicio tiende a ser personal más bien que territorial. La corriente de autoridades modernas se inclina a la proposición de que una acción está bien establecida donde quiera que la corte sentenciadora tiene jurisdicción sobre la persona del demandado y puede' conceder un remedio adecuado en procedimiento contra él per-sonalmente.
“Si la cuestión es si una acción es transitoria o local en cuanto a condados del mismo Estadq, el localizar la acción en algún condado particular es meramente una restricción de conveniencia aun cuando nominalmente afecta a la jurisdicción de la corte sentenciadora. Las reglas relativas al lugar del juicio en tal caso son esencialmente re-glas de procedimiento. * * *
“Toda la doctrina referente al lugar para la celebración del juicio (venue) municipal se distingue claramente de la doctrina relativa el lugar para la celebración del juicio (venue) entre Estados, porque la última gira sobre la cuestión de la limitación de la jurisdicción territorial, pero la jurisdicción municipal trata únicamente de las reglas de procedimiento. * * *
“Otra diferencia notable entre el lugar municipal del juicio y entre Estados está en el hecho de que aunque el medio de probar la última puede encontrarse casi exclusivamente en las decisiones de las cortes, los medios de probar cuál es el lugar del juicio en casi todos los Estados debe ahora encontrarse principalmente en los es-tatutos. * * *
“Otra característica importante del lugar del juicio municipal que resulta de su naturaleza procesal es que ninguna acción doméstica es necesariamente local aunque la fuerza arbitraria de un estatuto pueda imponer un carácter local a cualquier acción doméstica. * * *
“Según esto de acuerdo con las reglas establecidas sobre el lugar del juicio municipal en la subsiguiente ley común una acción local no tenía necesariamente que celebrarse en el condado en que, radicaba el terreno. Mediante el consentimiento de las partes y con permiso de la corte el juicio podía celebrarse en cualquier otro condado o lugar que fuera más conveniente. * * *
“El mismo principio ha sido reconocido extensamente en los sis-temas estatutorios sobre el lugar del juicio que prevalecen en Amé-rica. Frecuentemente se atribuye la doctrina a un antiguo estatuto reproducido en un número de Estados que dispone que si el condado en que comienza la acción no es el debido para la celebración del juicio, puede, sin embargo, celebrarse allí el juicio, a no ser que el demandado dentro de un término limitado solicite que el juicio sea celebrado en el debido condado. El efecto de esta disposición se ha declarado que es dar a la corte sentenciadora de cada condado ‘una especie de jurisdicción incipiente, en todo el Estado, y con el consenti-miento de las partes, el poder de oir y resolver todas dichas acciones sin tener en cuenta la naturaleza de la controversia o la residencia de los litigantes.’ Y como parte de -esta doctrina también se ha resuelto que puede haber una conformidad tácita respeeto a esta ju-risdicción incipiente debido a la omisión del demandado en oponerse en la forma y dentro del término fijado en el estatuto. Un criterio semejante acerca de la naturaleza del lugar local del juicio de que es un privilegio personal se ha formado en algunos Estados sin esta ayuda especial. Teniendo en cuenta los principios generales e inter-pretando los estatutos relativos al lugar del juicio en conjunto, re-petidamente han declarado las cortes que las leyes que ñjan el lugar del juicio' de upa acción .domestica en el condado en que radica la materia objeto de la acción aunque tal vez son imperativos eri sus términos, no son jurisdiccionales ni mandatarios, sino' que dan a la parte, aun cuando se le demande sobre sus bienes inmuebles, el pri-vilegio de. que la acción se siga en el condado en que radica el terreno. El resultado a menudo está en aparente conflicto con la letra del es-tatuto. Sin.embargo, la razón de la decisión (ratio decidendi) es ]a de que los estatutos sobre lugar del juicio regulan no la jurisdic-ción de las cortes, sino solamente su procedimiento. Con respecto a la jurisdicción de la materia objeto de la acción la cuestión no es si determinada' finca' radicada dentro del distrito territorial seña-lado a la corte sentenciadora, sino si esta corte está revestida del po-der de oir y resolver la materia generál envuelta en la acción. Si una corte tiene el derecho de ver a quien corresponde el título de una propiedad el hecho de que la finca en particular en controversia ra-. dique en otro' condado del Estado da en verdad al demandado el derecho a oponerse pero su objeción se basa en un privilegio personal.” 40 Cyc. páginas 24, 28, 39, 40, 41, 42 y 43.

Véase también el caso de Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D. P. R. 106.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: iSres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PresideNte Sr. HERNÁNDEZ,

text:
    Toro, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Mayagüez denegando la inscripción de un ex-pediente de dominio.
    No. 315.
    Resuelto en junio 26, 1917.
    Expediente de Dominio — Id.-—Posesorio.—El artículo 393 de la Ley Hipote-caria se contrae a las informaciones posesorias y no hay en la ley precepto alguno que lo haga extensivo a las informaciones de dominio.
    Id. — Asiento Contradictorio — Cancelación de Inscripción. — Cuando del registro aparece inscrito a favor de persona distinta del promovente el dominio del terreno que éste trata de inscribir, esa inscripción no puede llevarse a efecto sin la cancelación del asiento de dominio existente a favór de aquélla.
    Id. — Cancelación de Asiento Contradictorio de Dominio. — La cancelación de un asiento contradictorio de dominio sólo puede ser ordenada en el procedi-miento debido, con audiencia de las partes, y no en el auto aprobatorio de una información de dominio, pues en estas informaciones, .conforme al artículo 395 de la Ley Hipotecaria, sólo puede el juez declarar justificado o no el dominio de los bienes de que se trata, y otra cosa sería desnaturalizar la ver-dadera índole de la información. La cancelación así ordenada és nula en derecho y no puede surtir efectos legales. ' , .
    Id. — Resolución Consentida por las Partes — Deeecto Subsanable. — Cuando la resolución aprobatoria de un expediente de .dominio es consentida por las partes que en el mismo han intervenido, es título bastante para la inscripción, según la regla 5 del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, a no existir asiento contradictorio, siendo innecesario esperar que transcurra el término concedido . para apelar.
    Abogado del recurrente: Sr. José Sábater.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verrier, com-pareció en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez PresideNte Sr. HERNÁNDEZ,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Toro Santalís promovió expediente ante la Corte de Distrito de Mayagüez para justificar el dominio de una finca situada en el barrio de Bateyes del término municipal de dicha ciudad con cabida de 96 cuerdas, que formaba parte de otra de mayor cabida, o sea de la hacienda denominada Camila sita en el mismo barrio con cabida de 250 cuerdas, inscrita en el registro de la propiedad de Mayagüez al folio 207, tomo 25 de Mayagüez, No. 1579, inscripción Ia., a nombre de Ramón Olivares García, habiendo sido segregadas de la referida hacienda 154 cuerdas que vinieron a formar una finca aparte a favor de Luis Pío Santalís también inscrita en el registro, siendo las 96 cuerdas restantes las que adquirió por títuío de dominio el promovente, a sab.er: cuatro octavas partes de su difunto padre Secundino del Toro; otra octava parte por he-rencia de su madre Virginia Santalís; y las otras tres octavas partes por compra a Carmen, Eloísa y Ramón Toro Santalís.

La Corte de Distrito de Mayagiiez por auto de 19 de marzo del corriente año 1917, aprobó el expediente y declaró justi-ficado a favor de Juan Toro Santalís el dominio de la finca de 96 cuerdas mandando que se baga en el Registro de la Propie-dad de Mayagüez la correspondiente inscripción a favor del promovente y que se cancele el asiento de inscripción que consta al folio 207 del tomo 25 de Mayagüez, finca No. 1579, inscripción Ia., para lo cual se expediría el correspondiente testimonio de la expresada resolución una vez que fuera firmé".

El Fiscal de la Corte de Distrito de Mayagiiez mostró su conformidad con el auto dictado y dicha corte lo declaró firme por orden de 20 de marzo citado.

Presentó Juan Toro Santalís al registrador de la propie-dad certificación del auto de 19 de marzo y de la orden que lo declaró firme.y el registrador denegó la inscripción por me-dio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción de este documento con Yista de otro, en cuanto a las operaciones de que trata, por observarse que la finca cuyo dominio se acredita, se encuentra inscrita a favor de Ramón Olivares y García, persona distinta del promovente, y si bien del documento se infiere que para remover dicho obstáculo en la infor-mación de dominio se siguió un procedimiento análogo al de las in-formaciones posesorias, caso de existir asientos contradictorios, man-dándose cancelar en el mismo auto declaratorio del dominio el asiento expresado a favor del Señor Olivares y García que aparece del re-gistro, tal procedimiento no es aplicable a las informaciones de do-minio ni hay precepto legal que lo autorice, entendieñdo además el registrador suscribiente que para decretarse la cancelación aludida que ha de franquear el paso a la nueva inscripción de dominio que se pretende, no se ha seguido el procedimiento adecuado, observándose también, que sin estar ejecutoriado el auto ordenando la referida cancelación se solicita su inscripción, y áunque la corte a moción del promovente y con vista al Fiscal, quien no hizo oposición, declaró firme dicho auto éste ño lo estará hasta tanto no hayan transcurrido treinta días desde su fecha; tomando en lugar de la inscripción y cancelación solicitadas, anotación preventiva por término de ciento veinte días contados desde ésta fecha, al folio 211 del tomo 25°. de esta ciudad, finca No. 1579, anotación letra A. Mayagüez, abril 16 de 1917. Entrelineas — en cuanto a las operaciones de que trata-— y cancelación — Valen. El Registrador, Rafael Tirado Verifier.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto.

Alega el recurrente que el registrador cometió error ai estimar que el expediente de dominio no es procedimiento adecuado en casos de asientos contradictorios para obtener la inscripción y cancelación denegadas, y que también erró el registrador al denegar la inscripción por no ser firme el auto aprobando el expediente de dominio.

Invoca el recurrente en apoyo del primer motivo del re-curso el artículo 393 de la Ley Hipotecaria, el cual previene que cuando el registrador al inscribir un expediente pose-sorio encuentre en el registro algún asiento de adquisición de dominio o posesión no cancelado que esté en contradicción con el hecho de la posesión justificada por la información judicial, suspenderá la inscripción, tomará anotación preven-tiva si la solicita el interesado y remitirá copia de dicho asiento al juez que haya aprobado la información para que éste en su vista, con citación y audiencia de las personas que por dicho asiento puedan tener algún derecho sobre el inmueble, confirme o revoque el auto de aprobación. Y agrega el re-currente que como en el registro aparecía inscrito a favor de Ramón Olivares García el dominio del terreno a que se re-fiere el expediente, solicitó y obtuvo que por haber fallecido Olivares García e ignorarse el paradero de sus herederos fueran citados éstos por edictos, y así se verificó, sin que formalizaran oposición al expediente.

La cuestión que ahora se levanta ha sido, ya resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Porto Rican Leaf Tobacco Co., v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 228. En-tonces dijimos que el artículo 393 de la Ley Hipotecaria se contrae a las informaciones posesorias y no hay en la ley pre-cepto alguno que lo haga extensivo a las informaciones de dominio.

Ordena el artículo 82 de la citada Ley Hipotecaria que las inscripciones o anotaciones preventivas liecbas en virtud de escritura pública no se cancelarán sino por providencia' eje-cutoria contra la cual no se baile pendiente recurso de casa-ción o por otra escritura o documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos. Del registro apa-rece inscrito a favor de Olivares García el dominio del te-rreno que Juan Toro Santalís trata de inscribir y esa inscrip-ción no puede llevarse a efecto sin la cancelación del asiento de dominio existente a favor de Olivares García. Ginorio v. El Registrador, 2 S. P. R. 579; Porto Rican Leaf Tobacco Co., v. El Registrador de la Propiedad, supra; y Colón v. El Registrador de Caguas, 24 D. P. R. 770.

Es verdad que en el auto aprobatorio del expediente de dominio el juez ordena la cancelación del asiento de inscrip-ción existente a favor de Olivares García; pero como esa can-celación no se ha ordenado en el procedimiento debido con au-diencia de las partes interesadas es nula en derecho y no puede producir efectos legales.

El artículo 395 de la Ley Hipotecaria autoriza a los pro-pietarios que carezcan de título escrito de dominio para que puedan inscribir su derecho justificándolo en la forma que el mismo artículo determina, y establece que después de oir el juez por escrito sobre las reclamaciones y pruebas que se hubiesen presentado, al ministerio fiscal y a los demás que hayan concurrido al juicio “declarará justificado o no el do-minio de los bienes de que se trate.” Esto y nada más es lo que el juez pnede declarar en esa clase de expedientes, pues otra cosa sería desnaturalizar la verdadera índole de las in-formaciones de dominio. Días et al. v. Waymouth, 13 D. P. R. 327.

Como la cancelación ordenada no puede llevarse a efecto debe subsistir la inscripción en toda su fuerza, y por tanto la denegatoria del registrador a inscribir a favor del recurrente el dominio de que se trata está justificada.

Por' lo que atañe al segundo motivo del recurso, opinamos que habiendo sido consentida la resolución aprobatoria del ex-pediente por las partes que en el mismo han intervenido, dicha resolución, consentida, hubiera sido título bastante para la ins-cripción del dominio, según la regla 5 del artículo 395 ante-riormente citado, a no existir el asiento contradictorio de que se deja hecho mérito. Pe todos modos, de existir el defecto sería subsanable. Soto v. El Registrador, 15 D. P. R. 612, y Martínes v. El Registrador, 16 P. P. R. 273.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota recu-rrida en cuanto esté conforme con los principios establecidos en la presente opinión.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-. drey y Hutchison.


author: El Juez PbesideNte Sr, Hernández,

text:
    Diez de Andino, Síndico, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    EeCURSO gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad Interino de San Juan, Sección Primera, denegando la inscripción de una escritura de adjudicación de terreno
    No. 320.
    Resuelto en junio 29, 1917.
    Nulidad de Escritura — Conocimiento de los Otorgantes' — Inscripción de Tí-tulos. — Cuando del documento presentado al registrador para su inscripción no resulta el conocimiento de los otorgantes por el notario que lo autoriza, esa omisión infringe la sección 16 de la ley de 8 de marzo de 1906 para regular el ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico y cuya infracción vicia de nulidad el documento según la sección 20 de la propia ley.
    Sociedades Mercantiles — Disolución y Liquidación — Adjudicación de Terre-nos a un Socio — Escritura Ambigua. — Es ambigua una escritura de adjudi-cación de terreno a un socio en la disolución y liquidación de la sociedad en que sólo consta la frase de que el socio “se hace cargo de los terrenos,” pues esto no revela que le hayan sido adjudicados en pago de su haber en la sociedad de que formaba parte. Los notarios están en el deber de expresar de modo claro la verdadera intención de los otorgantes.
    Xd. — Id.—Consentimiento de la Esposa — Sociedad de Gananciales.- — -No es necesario que en la escritura de adjudicación de terrenos a un socio en la disolución y liquidación de la sociedad, comparezcan a prestar su consenti-miento las esposas de los. otorgantes, pues los qrtículos 159 y 1328 del Código Civil revisado se refieren sólo a los bienes inmuebles de la sociedad conyugal o de gananciales constituidas por los socios con sus respectivas consortes.
    Id. — Id.—Identificación de lcs Tebren-os — Defecto Subsanable. — Es un defecto subsanable en este recurso el no haberse justificado en forma auténtica que los terrenos a que se refiere la escritura de disolución y liquidación de lá mer-cantil de que se trata sean los mismos que describe el síndico en el escrito presentado al registrador solicitando la' inscripción.
    El recurrente no compareció.
    El registrador interino recurrido, Sr. Manuel Paz Urdaz, compareció en nombre propio.
   Los lieelios están expresados en la opinión.

El Juez PbesideNte Sr, Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Diez de Andino, en su carácter de síndico de la mer-cantil en liquidación “Gandía & Stubbe,” nombrado tal por orden que dictó la (1orte de Distrito de San Juan, Sección Se-gunda, el 10 de mayo del corriente año, presentó escrito en 25 de mayo citado al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, solicitando fueran inscritos en el registro ciertos terrenos denominados “Tras Miramar,” consistentes en dos solares que describe, y que fuerou adjudicados al socio Johann D. Stubbe en escritura de 24 de julio de 1916 sobre disolución y liquidación de la-mercantil citada.

En dicha escritura otorgada por Johann D. Stubbe y Pedro Gandía Córdova, ambos casados, sin que el notario auto-rizante dé fe de su conocimiento, convinieron ambos en la disolución de la sociedad mercantil “Gandía ■& Stubbe” y al efecto formaron un inventario o balance general de la misma en que figuran los ‘ ‘ terrenos Trás Miramar, ’ ’ sin descripción de los mismos, dé los cuales entre otros bienes que forman parte del activo y de acuerdo con el plan convenido para la disolución de la mercantil se hizo cargo el socio Johann D. Stubbe,

El registrador denegó la inscripción solicitada por medio de nota que copiada a la letra dice así:

• “Denegada la inscripción, del precedente documento, con vista de un escrito de Don Juan Diez de Andino como Síndico para la li-quidación de la sociedad de referencia, y de una certificación, judicial acreditando ese nombramiento, por los motivos siguientes: Io. Que en esta escritura no resulta el conocimiento de los otorgantes por el notario que la autoriza. 2o. Que no concurren a prestar su consentimiento para los actos contenidos en la escritura las esposas de dichos otorgantes. 3o. Que existe ambigüedad en la redacción del documento, puesto que no resulta claramente la adjudicación de los bienes, y sí sólo la expresión de que ‘el Señor Stubbe se hace cargo de la siguiente parte del activo ’: y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal a los folios 82 y 153, tomos 5o. San-turce Sud, y 67 San Juan, fincas números 176 y 2809, anotaciones letras A., en las que se ha consignado además el defecto subsanable de no resultar de documento auténtico la determinación y descripción de los terrenos Trasmiramar a los cuales hace referencia la escri-tura. San Juan, P. R., 5 de junio de 1917. El Registrador susti-tuto: (firmado) Manuel Paz Urdaz.”'

No habiendo recogido el interesado los documentos dentro del segundo día después de habérsele notificado la nota trans-crita, el registrador los elevó a esta Corte Suprema a los efec-tos que determina la sección 2a. de la ley de Io. de marzo de 1902 sobre recursos contra las resoluciones de los registra-dores de la propiedad.

No ha comparecido la parte agraviada ni abogado alguno en su representación a sostener el recurso mediante "impug-nación de la nota recurrida y desde luego censuramos tal prác-tica; pero a la luz de los preceptos legales aplicables al caso estimamos procedente la negativa de inscripción, aceptando todos los fundamentos en que descansa, menos el segundo.

No resulta del documento el conocimiento de los otorgantes por el notario que lo autoriza y con esa omisión se ha in-fringido la sección 16 de la ley de 8 de marzo de 1906 para regular el ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico, cuya infracción vicia de nulidad el documento según la sección 20 de la propia ley.

La ambigüedad en la redacción del documento es mani-fiesta, pues la frase de que Johann B. Stubbe se hace cargo de los terrenos Tras Miramar no revela que le Layan sido adju-dicados en pago de su liaber en la sociedad Gandía & Stubbe de que formaba parte. Los notarios están en el deber de ex-presar de un modo claro la verdadera intención de los otor-gantes.

La nota recurrida se sostiene por los dos motivos a que acabamos de hacer referencia.

En cuanto al segundo motivo fundado en el hecho de no haber concurrido a prestar su consentimiento para los actos contenidos en la escritura las esposas de los otorgantes, no nos parece aceptable. Ciertamente que el artículo 159 dei Código Civil vigente ordena que los bienes de la sociedad con-yugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad sino mediante el consentimiento expreso de ambos cón-yuges, y el artículo 1328 del mismo código prescribe que el marido no podrá donar, enajenar y obligar a título oneroso los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales sin el consen-timiento expreso de la mujer. Pero esos artículos se refieren a bienes inmuebles de la sociedad conyugal o de gananciales y los terrenos de que se traía no son bienes de las sociedades conyugales constituidas por los socios Gandía & Stubbe con sus respectivas consortes, sino de la sociedad mercantil “Gan-día & Stubbe.”

Por lo que atañe al defecto subsanable que apunta el re-gistrador en su nota opinamos que existe por no haberse jus-tificado en forma auténtica que los terrenos Tras Miramar a que se refiere la escritura sean los mismos que describe el síndico en el escrito presentado al registrador solicitando la inscripción.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota re-currida menos en la parte relativa al segundo de los motivos en ella consignados.

Confirmada la nota recurrida menos en la parte relativa al segundo de los motivos en que se funda.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. Hernández,

text:
    Santiago, Demandante Apelado-Apelante, v. Ares, Demandado Apelante-Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero e incum-plimiento de contrato.
    No. 1644.
    Resuelto en junio 29, 1917.
    Arrendamiento — Cobro de Pesos — Interpretación de Contratos — Fiadores So-lidarios. — En este caso fué celebrado un contrato de arrendamiento de finca urbana, con fianza solidaria, por término de dos años y determinado canon mensual. En la cláusula 3a. del contrato se estipuló que vencidas y no satisfechas dos mensualidades de arrendamiento se entendería por' ese sólo hecho rescindido el contrato, con acción el arrendador para solicitar el desa-hucio del arrendatario; y en la cláusula 11a. se estableció que el fiador soli-dario, como tal, se obligaba a responder de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el arrendatario. Se resolvió: que la estipulación consignada .en la cláusula 3a. no implica que la fianza solidaria debía limitarse a la falta • de pago de dos mensualidades, pues la rescisión del contrato por falta de pago de dos mensualidades vencidas entraña únicamente el reconocimiento expreso del derecho que el artículo 1459 del Código Civil otorga al arrendador y al arrendatario; que la acción rescisoria del contrato es un beneficio que arrendador y arrendatario pueden aprovechar si les place, quedando a su , libre voluntad el derecho de reclamar únicamente indemnización de daños y perjuicios dejando el contrato subsistente; y que la cláusula 11a. está concebida en términos generales y no cabe limitar sus efectos por el contenido de la cláusula 3a. que sólo se refiere al arrendador y al arrendatario.
    ' Deuda — Fiadores Solidarios — Extinción de la Deuda — Quiebras.—Cuando no resulta cobrada por el acreedor ni total ni parcialmente, la deuda cuyo pago reclama de un fiador solidario, la reclamación que aquél haya podido hacer ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico en un procedimiento de quiebra contra el principal deudor, no le impide ejercitar la aeeión de cobro contra él fiador solidario, incumbiendo a éste en su caso probar la extinción total o parcial de la deuda.

      Costas t Gastos — Honorarios de .Abogado — Apreciación del Juez — Abuso de Discreción. — Establecida apelación contra la sentencia en cuanto no condena al demandado al pago de desembolsos y honorarios de abogado, se resolvió: que, apreciando todas las circunstancias del caso, la corte no abusó de la discreción que le reconoce el artículo ,327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908, y por tanto que no se iría contra su apreciación.
    Abogado del demandante: 8r. Carmelo Ho.noré.

    Abogado del demandado: Sr. Rafael Martínez Alvarez.
   Los hechos están expresados en ]a opinión.

El Juez Peesidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El 18 de noviembre de 1914 José Pilar Santiago pre-sentó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Segunda, contra Joaquín Rodríguez Erna y Francisco Arés Fernández en reclamación de la suma de $510 que aquél había dejado de percibir por alquileres de una casa dada en arrendamiento al primero de los demandados con fianza so-lidaria del segundo. También se solicita en la demanda el pago de los intereses al tipo legal hasta la fecha del pago, con costas, gastos y honorarios de abogado.

Después de contestada la anterior demanda por ambos de-mandados fué presentada otra complementaria en 3 de marzo de 1915 con súplica de que la cantidad reclamada fuera adi-cionada con la de $520 más por nuevos cánones vencidos y no satisfechos.

Esa demanda complementaria fué contestada en . 16 de marzo citado por. el demandado Arés, el cual posteriormente o sea en 7 de enero de 1916 en contestación complementaria pidió a la corte fuera desestimada la demanda por el funda-mento de que el demandante había radicado en la Corte de ' Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico idéntica re-clamación en los procedimientos de quiebra de Joaquín Ro-dríguez Erna. Entonces el demandante enmendó su-demanda en el sentido' de que se entendiera dirigida la acción única-mente contra Francisco Arés Fernández por haber sido de-clarado en quiebra y hallarse insolvente el otro deudor Joa-quín Rodríguez Erna, limitándose a aquél la sentencia conde-natoria que se pronunciara.

Celebrado el juicio la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Segunda, dictó sentencia en 26 de julio de 1916, decla-rando con lugar la demanda y condenando al demandado Francisco Arés Fernández a pagar al demandante la de $900, in-tereses ascendentes a $91.95, y las costas del litigio.

Ambas partes demandante y demandada interpusieron re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema, la segunda contra la sentencia en su totalidad y la primera solamente en cuanto no condena al demandado al pago de los gastos y hono-rarios de abogado según fué solicitado en la demanda.

La parte demandada apelante funda su recurso en que sólo está obligada a pagar al demandante dos mensualidades del contrato de arrendamiento de que se trata, o sea $260.

Dicho contrato fué celebrado por escritura pública otor-gada en 9 de diciembre de 1913 y se refiere a una finca urbana que José Pilar Santiago daba en arrendamiento a Joaquín Rodríguez Erna por término de dos años prorrogables y canon mensual de $130 pagaderos dentro de los ocho primeros días siguientes al vencimiento de cada mensualidad. En la cláu-sula 3a. del contrato se estipuló expresamente -‘que vencidas y no satisfechas dos mensualidades de arrendamiento se en--tenderá por ese sólo hecho rescindido el presente contrato, con acción el arrendador para solicitar el desahucio del arrenda-tario.” Y la cláusula 11a. dice así: “Don Francisco Arés por la presente se constituye solidariamente en fiador de Don Joaquín Rodríguez y como tal se obliga a responder de todas y cada una de las obligaciones por este último contraídas.”

El texto de las cláusulas 3a. y 11a. que dejamos transcritas revela sin gran esfuerzo mental que el demandado Francisco Arés se constituyó fiador solidario de los cánones que dejara de pagar el arrendatario. La estipulación consignada en la cláusula 3a. no implica que la fianza solidaria debía limitarse a la falta de pago de dos mensualidades pues la rescisión del contrato por el sólo hecho de la falta de pago de dos mensua-lidades vencidas entraña únicamente el reconocimiento ex-preso del derecho que el artículo 1459 otorga al arrendador y al arrendatario, consistente en que si dejaren de cumplir las obligaciones que les incumben podrán pedir la rescisión dei contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último dejando el contrato subsistente.

La acción rescisoria del contrato es un beneficio que arren-dador y arrendatario pueden aprovechar si les place, que-dando a su libre voluntad el derecho de reclamar únicamente indemnización de daños y perjuicios dejando el contrato sub-sistente. La cláusula 11a. está concebida en términos gene-rales y no cabe limitar sus efectos por el contenido de la cláu-sula 3a. que sólo se refiere al arrendador y al arrendatario.

También alega la parte demandada apelante para soste-ner el recurso que habiendo una causa pendiente por la misma reclamación ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico en el procedimiento de quiebra de Joaquín Rodríguez Erna y no estando liquidada la deuda, el deman-dante no puede cobrar dos veces por el mismo concepto ni más de lo que se le debe.

Aparece del récord que en el procedimiento de quiebra de Joaquín Rodríguez Erna ante la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Rico archivó José Pilar Santiago una reclamación por la suma de $563.33, en 19 de- abril de 1915, cuya cantidad le debía el quebrado por alquiler de pna casa desde noviembre 1, 1914, a marzo 10, 1915, a razón de $130 y que el 11 de abril de 1916 fué declarada por el referee una re-lación de deudas del Rodríguez Erna entre ellas la de José Pilar Santiago, por la suma ya expresada, con dividendo del 9 por ciento. No aparece que tal dividendo haya sido satis-fecho al demandante.

Declara José Pilar Santiago que desistió de ,su reclama-ción ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico por no habérsele reconocido preferencia a su eré-dito y su abogado ante la mencionada corte ha declarado tam-bién en el mismo sentido, aunque con excepción opuesta por el demandado basada en que la única prueba buena de dicho desistimiento sería la certificación del referee. A los efectos del presente juicio no tienen importancia alguna ni la alega-ción de haber reclamado José Pilar Santiago ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico el cobro de su crédito en el procedimiento de quiebra dé Joaquín Ro-dríguez Erna ni la excepción opuesta a la declaración prestada por el abogado de José Pilar Santiago, pues el artículo lili del Códig'o Civil, aplicable a los fiadores solidarios según el artículo 1723 del mismo código, contiene el siguiente precepto:

“Artículo lili. — El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las redamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás mientras no' resulte co-brada la deuda por completo. ’1

No resulta cobrada por José Pilar Santiago la deuda cuyo pago hoy reclama al fiador solidario Francisco Arés Fer-nández ni total ni parcialmente, y por tanto la reclamación hecha ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico no le impide ejercitar la acción de cobro contra el fiador solidario. A éste incumbe probar la extinción de la deuda en todo o en parte y no ha suministrado prueba alguna sobre el particular. La única cosa que pudiera hacer ineficaz la obligación es el pago y éste no se ha verificado en el pre-sente caso. Quiñones v. Vivoni, 20 D. P. R. 490, y Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D. P. R. 262.

Por lo que toca al recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de la Corte de Distrito de- San Juan en cuanto no condena al demandado al pago de desem-bolsos y honorarios de abogado, no encontramos, apreciando todas las circunstancias del caso, que dicha corte abusara de la discreción que le reconoce el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como ha quedado enmendado por la Ley de 12 de marzo de 1908, y por tanto no nos sentimos in-clinados a ir contra sn apreciación.

Por las razones .expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Delgado, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de un expe-diente posesorio.
    No. 313.
    Resuelto en julio 2, 1917.
    Expediente Posesorio — Citación de los Colindantes y del Fiscal — Diligen-CIAMIENTO DE LA CITACIÓN-PARTES EN EL PROCEDIMIENTO — DEFECTOS IN-SUBSANABLES. — Es requisito neeesario en todo expediente posesorio que apa-rezca devuelta al secretario la cédula original librada para la citación de los colindantes y del Eiseal, pues sólo con examen de su diligenciado podrá conocer el juez si fueron los mismos debidamente citados. Artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la Ley 70 de 1911. Siendo además faltas que impiden la inscripción del expediente, el que en el dili-genciado de la citación no se haga constar que la persona que la practicó no era parte en el procedimiento, ni tampoco el lugar, día y hora en que se llevó a efecto.
    Id. — Estado Civil del Prümovente — Tiempo de Posesión — Bienes Ganancia-les. — La falta de expresión en la moción inicial del expediente posesorio y en las declaraciones de los testigos del tiempo que se tiene de posesión, no solo infringe las reglas 4a. y 5\ del No. 3 del artículo 391 de la Ley Hipotecaria, sino que hace imposible determinar si la finca tiene el con-cepto de ganancial con la primqra esposa o si fué adquirida en estado de viudez, circunstancias que deben constar en el registro, no siendo suficiente el que se diga en la petición que la compró siendo viudo y que los testigos manifiesten ser cierto cuanto en ella se dice.
    Inscripción de Títulos — Asientos de Otras Fincas — Documentos no Consi-derados al Hacer la Calificación. — El registrador sólo debe tener en cuenta para inscribir o denegar, los documentos que se le presenten y lo que re-sulte de sus libros en cuanto a la misma finca; pero no lo que conste en los asientos de otra Anea; ni el Tribunal Supremo tiene que considerar, al resolver el recurso, documentos que el registrador no tuvo en cuenta al hacer su calificación.
    Expediente Posesorio — Apreciación de la Prueba- — Deber del Registrador.— El que no conste del expediente cuya inscripción se pretende que los tes-tigos no presentaron documentos para acreditar su cualidad de prppieta-rios, no es motivo para denegar la inscripción, ni para, estimar siquiera que existe un defecto subsanable, porque habiendo declarado los testigos bajo juramento que son propietarios y habiendo creído • el juez sus declaraciones aprobando la información, tal apreciación debe ser aceptada por el regis-trador.
    Id. — Estado Oivil del Anterior DueSo — Dominio.—No es necesario que en el escrito promoviendo la información se haga constar el estado civil del anterior dueño vendedor para conocer si, siendo casado, verificó la venta con. consentimiento de su consorte, esto es que el promovente adquirió por título capaz de transmitir el dominio, porque tratándose de acreditar y de inscri-bir únicamente la posesión, éste es el hecho que debe alegar y probar.
    Abogado del recurrente: Sr. Carlos M. Rola.

    El registrador interino recurrido Sr. Francisco Socorro no compareció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

. Siendo Asunción Delgado casado en segundas nupcias pro-movió en la Corte Municipal de Fajardo la tramitación de un expediente para acreditar la posesión de un solar que compró siendo viudo y de la casa que en él fabricó. Dictada resolución aprobando la información posesoria y presentado el expe-diente original en el Registro de la Propiedad de Humacao para su inscripción, el registrador la negó por los siguientes defectos insubsanables:

Primero: porque del expediente no aparece devuelta al se-cretario de la corte municipal la cédula original de citación que ha debido librar dicho funcionario por orden de la corte para la citación de los colindantes y del Fiscal: por no conte-ner la declaración jurada el diligenciamiento de la citación hecha por el abogado del promovente la afirmación de que'no es parte en la acción ni el lugar, día y hora en que se hicieron las citaciones.

Segundo: porque de la moción inicial no resulta el tiempo que lleva de posesión para poder determinar si la adquisición debe reputarse como bien propio o de la sociedad de ganan-ciales con su primera esposa.

Tercero: porque los testigos no contraen sus declaraciones al tiempo que baya durado la posesión, ni acreditaron su cua-lidad de propietarios con la presentación de documentos.

También consignó el registrador los siguientes defectos subsanables:

Primero: el no haber expresado el anterior dueño su estado civil para poder conocer si al vender el inmueble, siendo casado, lo verificó con el consentimiento expreso de su esposa. ■

Segundo: el de no constar certificada la resolución final por el secretario de la corte municipal.

Al establecer Asunción Delgado este recurso contra la negativa de inscripción ha presentado también ciertos docu-mentos inscritos que se refieren a otra finca suya.

En apoyo del primer defecto insubsanable cita en su nota el registrador el artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la ley No. 70 de 1911, según el cual la cédula de citación ya sea diligenciada por el marshal o por otra persona deberá ser devuelta con su diligenciamiento al dorso a la oficina del secretario que la expidió. En este caso no figura en el expediente que se trata de inscribir la cédula que debió librar el secretario para la citación de los colindantes y del Fiscal, requisito que es necesario, porque según dijimos en el caso de Torres & Enseñat v. Alfaro, 24 D. P. R. 734, ante precepto tan terminante es indiscutible que cualquiera que sea quien haga la citación, debe devolver la cédula diligenciada a la oficina del secretario de la corte en los términos prevenidos por la ley, pues sólo con examen del diligenciado del em-plazamiento podrá saberse si la corte ha adquirido-jurisdicción sobre la persona del demandado; razonamiento que también es aplicable al caso presente pues por la cédula de citación y su diligenciamiento podrá conocer el juez que ha de resolver el expediente si fueron debidamente citados los colindantes y el Fiscal.

En cuanto a los otros dos fundamentos del primer defecto insubsanable, como en' el diligenciado de la citación obran-te en el expediente no se hace constar que la persona que lo practicó no era parte en la acción, ni tampoco el lugar, día y hora en que se llevó a efecto, todo lo cual es necesario según declaramos en el caso de Andino v. Knight, 20 D. P. R. 201, para que el diligenciamiento de la citación pueda considerarse bueno por haberse cumplido con los requisitos legales, debe-mos declarar que esas faltas impiden la inscripción.

Los defectos segundo y tercero también están bien consig-nados porque exigiendo las reglas 4a. y 5a. del No. 3 del artí-culo 391 de la Ley Hipotecaria que en el escrito inicial se ex-prese el tiempo que se lleve de posesión y que los testigos con-traigan sus declaraciones al hecho de poseer los bienes en nom-bre propio el que promueva el expediente y el tiempo que haya durado la posesión, por no contener esos extremos en este caso la petición y las declaraciones de los testigos se ha in-fringido el artículo y reglas citados y se hace imposible deter-minar si el solar y la casa de que se trata tienen el concepto de bienes gananciales con la primera esposa, o de privativos del viudo, circunstancias que deben constar en el registro. Ramos v. El Registrador, 18 D. P. R. 16. 4 Galindo y Escosura, pág. 592, 4a. Ed. Según la Eesolución de la Dirección de los Ee-gistros de 18 de mayo de 1877 el no expresarse el tiempo de posesión es defecto que impide la inscripción; y si bien en este caso se dice en la petición que Asunción Delgado compró el solar siendo viudo y que los testigos declararon ser cierto cuanto se dice en la petición, sin embargo esto no es suficiente para cumplir el requisito de la ley pues no sirve para deter-minar cuanto tiempo lleva de posesión. La cita que del caso de Carrillo v. El Registrador, 21 D. P. R. 434, hace el recurrente respecto de éste particular, no tiene aplicación porque en ese caso fué un solo testigo el que dejó de declarar sobre la po-sesión del peticionario. También indica el recurrente que la consignación -de estos defectos se debe a no recordar el re-gistrador que -los documentos que acompaña con el recurso habían sido inscritos por. él en su registro.

Esos documentos se refieren a otra finca distinta y el re-gistrador sólo debe tener en cuenta para inscribir o denegar, los documentos que se le presenten y lo que resulte de sus libros en cuanto a la misma finca, por lo que no tenía necesidad de recordar ni de examinar lo que constase en los asientos de otra finca. Nosotros' tampoco tenemos que considerar al resolver el recurso documentos que el registrador no tuvo en cuenta al hacer su calificación, pero aparte de todo esto lo único que demuestran dichos documentos es que la madre de la primera esppsa del peticionario había renunciado sus derechos como heredera de su hija y que esa renuncia se inscribió en cuanto a otra finca del recurrente, acto que no sirve para de-terminar si la finca objeto del expediente posesorio pertenece exclusivamente a Asunción Delgado o a la sociedad de ga-. nanciales con su primera esposa.

El que no conste del expediente cuya inscripción se pre-tende que los testigos no presentaron documentos para acre-ditar su cualidad de propietarios no es motivo para denegar la inscripción, ni para estimar siquiera que existe un defecto sub-sanable, porque habiendo declarado los testigos bajo jura-mento que son propietarios y habiendo creído el juez sus de-claraciones toda vez que aprobó la información posesoria, es de aplicación el caso de Ramos v. El Registrador, supra, y la cita que en él se hace de la resolución de la Dirección G-eneral de los Registros de España de 8 de marzo de 1892 basada en que la apreciación de la cualidad y circunstancias de los tes-tigos que intervienen en un expediente posesorio está exclu-sivamente sometida al juez que dirige la información y admite como buenas las declaraciones de aquéllos, a cuyo objeto es árbitro de exigirles los documentos que repute necesarios para dejar acreditadas las condiciones determinantes de idoneidad legal, y que una vez establecida por el juzgador debe respe-tarse su condición por el registrador.

De los dos defectos calificados como subsanables sólo uno es materia de recurso, el que se funda en no constar el estado civil del vendedor para conocer si, siendo casado, verificó la venta con consentimiento de su consorte. Tal requisito no es necesario porque tratándose de acreditar y de inscribir úni-camente la posesión, este era el hecho que debía alegar y probar, por lo que no tenía que acreditar que la había adquirido por título capaz de transmitir el dominio.

La nota recurrida debe ser confirmada en cuanto esté de acuerdo con esta opinión.

Confirmada la nota recurrida en cuanto está de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Aldbey,

text:
    Rivera, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la. Pro-piedad de Arecibo, denegando la inscripción de un expe-diente de conversión de posesión en dominio.
    No. 318.
    Resuelto en julio 2, 1917.
    Conversión de Posesión en Dominio — Prescripción—Derogación de Leves.— El artíoulo 1858 del Código Civil revisado, que señala el término de diez años entre presentes y veinte entre ausentes para la prescripción del dominio por la posesión, derogó la Orden General de 4 de abril de 1899 que había rebajado a seis años el término de veinte que tenía fijado el artículo 393 de la Ley Hipotecaria para poder convertir la posesión inscrita en inscripción de dominio; y, por tanto, inserita la posesión después de estar en vigor dicho código no puede tener aplicación el artículo 1840 del mismo preceptivo de que la prescripción comenzada antes de su publicación se regirá por la' legis-lación anterior.
    Abogado del recurrente: Sr. V. Polanco de Jesús.

   Los hechos están- expresados en la opinión.

El registrador recurrido, Sr. Baúl Benedicto, no compa-reció.

El Juez Asociado Su. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro M. Bivera Pagán obtuvo de la Corte Municipal de Ciales que de acuerdo con el artículo 393 de la Ley Hipoteca-ria y la Orden General de 4 de abril de 1899 decretase a prin-cipios de este año 1917 la conversión en inscripción de do-minio de la inscripción de posesión que á su nombre existía desde el año 1908 en el registro de la propiedad de cierta finca, y habiéndose negado el registrador a hacer constar en sus libros dicha conversión fundándose en no haber transcurrido' a contar desde el 23 de julio de 1908, fecha de la inscripción de posesión, el término de veinte años entre ausentes pres-crito en el artículo 1858 del Código Civil Bevisado, interpuso el perjudicado el presente recurso’ gubernativo con el fin de que ordenemos al registrador que haga la conversión decre-tada por la corte municipal.

• Al resolver este tribunal varios recursos gubernativos contra registradores de la propiedad por negarse a hacer en sus libros la conversión que se había decretado de la inscripción de posesión en inscripción de dominio ha declarado que el artículo 1858 del Código Civil Bevisado derogó la Orden General de 4 de abril de 1899 que había rebajado a seis años e'1 término de veinte que tenía fijado la Ley. Hipotecaria para poder convertir la posesión inscrita en inscripción de dominio. Antuñano v. El Registrador, 3 D. P. R. 66; Vilá v. El Registrador, 3 D. P. R. 83, y Cobián v. El Registrador, 11 D. P. R. 91.

De acuerdo con esas resoluciones debe sostenerse la ne-gativa del registrador toda vez que el recurrente sólo tiene ocho años de posesión inscrita y porque habiendo sido inscrita la posesión después de estar en vigor el Código Civil Bevi-sado no puede tener aplicación el artículo 1840 del mismo, preceptivo de que la prescripción comenzada antes de su pu-blicación se regirá por-la legislación anterior.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison. '


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Mora, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1616.
    Resuelto en julio 2, 1917.
    Excepciones Previas — Excepción Prívola — Sentencia sobre las Alegacio-nes. — Cuando el demandado no comparece en el día señalado al efecto a sostener la excepción previa que presentara alegando que la demanda no aducía hechos bastantes para determinar una causa de acción, está en orden y debe ser declarada con lugar una moeión del demandante para que se desestime la excepción y para que se* dicte sentencia en contra del deman-dado, si la excepción es frívola y la demanda es suficiente y propia para ello.
    Comparecencia de Todos los Demandados, por Abogado — Alegación de Capa-cidad — Sentencia.—La comparecencia de “todos y cada uno de los deman-dados” por medio de abogado para establecer una excepción previa a la demanda, implica el reconocimiento por ellos mismos de su capacidad para alegar en juicio, y bajo esa base puede actuar la corte al pronunciar su sentencia. ■
    Abogado de los apelantes: Sr. Pascasio Fajardo Martinez.

    Abogado del apelado: Sr. Angel A. Vázquez.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

José Mora estableció en 19 de julio de 1916 una demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez, en cobro de pesos, contra Pedro Pascasio Rivera y los herederos de Carmen Yélez que se designan por sus nombres. En ella alegó que en 8 de mayo ele 1915 el demandado Rivera suscribió a su favor un pagaré vencedero el 30 dé noviembre de 1915, por la suma de $652, sus-cribiendo también dicha obligación como fiadores solidarios y principales pagadores, Carmen "Velez y Clemente Javierre; que Carmen Yélez falleció el 11 de agosto de 1915 y fueron declarados sus herederos los que se expresan en la demanda, y que la deuda estaba vencida y no había sido satisfecha, por cuyo motivo solicitaba la sentencia procedente.

El 16 de agosto de 1916 comparecieron £ ‘ todos y cada uno de los demandados ’ ’ por medio de su abogado y alegaron que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa do acción. El día señalado pára la vista de la excepción, los demandados faltaron en comparecer y el demandante pidió a la corte que la desestimara y dictara sentencia en contra de los demandados. Así lo hizo la corte por entender que la de-manda era suficiente, que se trataba de una cantidad líquida, de plazo vencido, y que la excepción presentada era comple-tamente frívola. El 18 de diciembre de 1916, se registró la sentencia.

Al día siguiente, 19 de diciembre de 1916, los demandados por medio de su abogado, pidieron a la corte que reconsiderara su sentencia, (a) porque do la demanda no constaba que los demandados herederos de Carmen Vélez, fueran mayores de edad; (ó) porque la demanda contenía alegaciones que eran conclusiones de derecho, y (c) porque solicitaba dos pronun-ciamientos contra el demandado Rivera. Nada se dijo en la moción con respecto al motivo por el cual dejaron de compa-recer a la vista de la excepción los demandados. Tampoco se aseguró en ella que los demandados herederos de Carmen Yé-lez, o alguno de ellos, fueran menores de edad.

El 29 de diciembre de 1916 se discutió la moción y la corte, el mismo día, la declaró sin lugar. Los demandados entonces, el 16 de enero de 1917, interpusieron el presente recurso de apelación.

En su alegato la parte apelante sostiene que la corte erró: 1, al declarar con lagar la moción del demandante solicitando la desestimación de la excepción previa; 2, al dictar ana sen-tencia por el mero hecho de no haber comparecido la parte a disentir la excepción qae había propuesto, y 3, al declarar sin lagar la moción de reconsideración de los demandados.

1 y 2. La moción del demandante solicitando la desestima-ción de la excepción previa por no haber comparecido a sos-tenerla la parte qae la propaso, estaba en orden. La corte de distrito no se limitó a desestimarla, sino qae la consideró en relación con la demanda y concluyó qae era frívola, ya qae la demanda a sa juicio era suficiente y propia para registrar ana sentencia sin más trámites, por tratarse de ana deada líquida, de plazo vencido.

3. Se apeló de la sentencia. ' Podríamos prescindir, por tanto, de la moción de reconsideración, pero como es en ella qae los demandados explican por qaé ‘estimaban qae la de-manda no adaeía hechos suficientes para determinar una causa de acción, la consideraremos. Los fundamentos marcados con las letras 5 y c, no tienen mérito alguno. El señalado con •la letra <2, se refiere a una cuestión que tal vez hubiera sido de importancia, pero que en realidad no la tiene, dada la forma en que fué suscitada por los mismos demandados.

La ley sólo exige que la demanda contenga el nombre de las partes. Art. 103 del Código de Enjuiciamiento Civil. Los apelantes no han citado ningún precepto de ley, ni jurispru-dencia alguna que obligue al demandante a consignar en la demanda que el demandado es mayor de edad.

En el presente caso en la demanda se consignan los nom-bres de todos los demandados y se expresa además que a Rivera se le demandó por sí y a los otros como herederos de-clarados por la corte de Carmen Yélez. La demanda cumple, pues, con la ley.

Además, la comparecencia de “ todos y cada uno de los de-mandados ’ ’ por medio de su abogado para establecer la excep-ción previa, implicó la alegación de la capacidad de todos y cada nno de ellos para alegar en juicio, y bajo esa base fue que actuó la corte de distrito al pronunciar su sentencia.

No apareciendo que exista ningún motivo fundamental para revocarla, debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.-