author: El Jxjez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    Sánchez v. Soldevila.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No 3.
    Resuelto en mayo 6, 1904.
    Divorcio — Connivencia de Ambos Cónyuges para Obtenerlo. — La causa en que se fundare una demanda de divorcio debe quedar perfectamente justificada en el juicio, para que pueda decretarse el divorcio, pues aunque el vínculo matrimonial procede de un contrato civil, su disolución no debe ser fácil y hay que evitar que pueda conseguirse por connivencia o confabulación de ambos cónyuges. (*)

      EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el recurso ele apelación que ante nos pende interpuesto por Doña Ramona.Sánchez Cintrón, que se mostró parte ante este Tribunal Supremo, bajo la dirección del Letrado Don Eduardo Acuña Aybar, solicitando la revocación y anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Maya-güez, que literalmente, dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Mayagüez, a 26 de noviembre de 1902. Visto en juicio oral y público este pleito civil, seguido entre partes, de la una, Don Antonio Manrique de Lara en representación de Doña Ramona Sánchez y Cintrón, casada, de esta vecindad; y de la otra, el Ministerio Fiscal, en representación del Pueblo de Puerto Rico y Don Luis Soldevila y Costas, como demandado del domicilio de Peñuelas, a quien ha representado en un principio, en este litigio, el Abogado Don Rodolfo Ramírez, sobre divorcio.

      “Resultando: que el 30 de septiembre de 3899 contrajeron matri-monio canónico en la ciudad de Ponce Don Luis Soldevila y Costas con Doña Ramona Sánchez y Cintrón, inscribiéndose la unión matrimonial en el registro civil de aquella ciudad, el 30 de enero del siguiente año.

      “Resultando: que Doña Ramona Sánchez, interpuso demanda ale-gando que no bien había expirado el año 1899, cuando comenzaron las desavenencias entre ambos esposos, hasta que llegaron a ser irre-conciliables, y en esta situación, por la disparidad de caracteres •creada, Don Luis Soldevila abandonó a su esposa en noviembre de 1899, sin que haya vuelto a unirse a ella, trasladándose con ese motivo la demandante a. esta ciudad, donde vive en compañía de sus hijos Don Ermelindo y Don Enrique Fajardo, hijos de su anterior matrimonio, y como era causa de divorcio el abandono de la mujer por el marido, o del marido por la mujer, por un término mayor de un año, terminó solicitando que se declarase con lugar el divorcio, y se condenase al demandado al pago de las costas si no se allanaba a la demanda.

      “Resultando: que el demandado reconoció como ciertos los hechos de la demanda, y pidió en su escrito de allanamiento que se declarase con lugar, sin especial condenación de costas; y corridos los trámites de la ley, se señaló día para el juicio oral, recayendo sentencia por unanimidad. (*)

      “Resultando: que en este pleito se han cumplido todas las pres-cripciones legales.
    ‘ ‘ Visto: siendo Juez Ponente el Sr. Presidente Don Arturo Aponte Rodríguez.

      “Considerando : que alegada como causa de divorcio el abandono de la mujer por el marido, ha debido justificarse por modo claro y evidente, y ello no resulta del acta del juicio oral.

      “Considerando: que es tanto más necesaria esta prueba, cuanto que debe evitarse que se rompan los vínculos matrimoniales por con-venio de marido y mujer o por confabulaciones entre los mismos.

      Vistos los artículos 137 y 138 del Código Civil y la Orden General No. 118, serie de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la de-manda, absolvemos de ella a Don Luis Soldevila y Costas, e impone-mos las .costas' a la parte actora..”

      Resultando: .que notificada esta sentencia, dicha Ramona Sánchez y Cintrón interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, que se admitió, y con citación y emplaza-miento de las partes se elevaron los autos a esta superioridad, donde se personaron en tiempo la parte recurrente y el Fiscal.

      Resultando: que señalado día para la vista tuvo ésta lugar en el día 21 de abril de 1904, en cuyo acto el letrado de la parte recurrente y el Fiscal de esta corte estuvieron presentes y alegaron cuanto estimaron conducente a los derechos de la parte recurrente y al Estado; pero la parte recurrida no es-tuvo representada en esta Corte .Suprema.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo Acuña.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Jxjez Asociado Se. MacLeaey,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada, y además.

Considerando: - que los divorcios no pueden • concederse sino cuando existen las causas consignadas en los estatutos, sea cual fuere la opinión de los jueces que compongan las cortes, {*) en cnanto a lo que sea más conveniente para las partes, y que no existiendo pruebas de los fundamentos y requisitos prescritos por la ley, a satisfacción entera del tribunal, el divorcio no puede concederse, con tanto mayor mo-tivo cuanto que el vínculo matrimonial, aunque derivado'de un contrato civil, no debe ser fácil de disolverse.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos da sen-tencia apelada que en 26 de noviembre de 1902 dictó la Corte de Distrito de Mayagüez, con las costas al apelante, y devuél-vanse los autos a dicho tribunal con la certificación correspon-diente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y Sulzbacber.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Curbelo v. Arrieta et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Areeibo.
    No. 102.
    Resuelto en mayo 6, 1904.
    Apelación — Recurso de Casación. — La Ley de marzo 12, 1903, transformando la Corte de Casación en Tribunal de Apelación, no did fuerza y vigor a los ' preceptos de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil que otorgan el recurso de apelación, sino a los que fijan su tramitación, derogándolos que se refieren a la sustaneiación del recurso de casación.
    1®. — El recurso de apelación sólo procede en los mismos casos en que procedía anteriormente el recurso de casación.
    Id. — Sentencia Definitiva. — El recurso de apelación sólo procede contra las reso-luciones definitivas, entendiéndose por tales las que pongan término al pleito o llagan imposible su continuación.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el recurso de apelación interpuesto por Don José Peru-chet Castell, en juicio declarativo promovido por Doña Sera-fina Curbelo de Díaz, contra Don Miguel Arrieta Dorregaray, ante el Tribunal de Distrito de Areeibo, sobre reclamación de condominio, habiendo intervenido también como deman-dado (*) el Don José Pernchet Castell y Don Francisco Gu-mersindo Díaz, como cesionario de la Cnrbelo, representando y defendiendo ante esta Corte Suprema a la parte recurrente, el Letrado Don Jacinto Texidor, sin qne hayan comparecido las partes recurridas.

      Resultando: qne con fecha 16 de abril del año próximu pasado, Doña Serafina Cnrbelo, con el consentimiento de sn esposo, Don Arturo E. Díaz, presentó demanda ante el Tribunal de Distrito de Arecibo contra Don Miguel Arrieta, con suplica de qne se declarara oportunamente, por sentencia, per-teneeerle en plena propiedad el condominio de la 5a. parte de una casa situada' en la plaza del pueblo de Camuy, la que venía poseyendo Arrieta hacía más de quince años, conde-nando en su consecuencia al demandado a la entrega de ese condominio y de todos los frutos y utilidades que corres-pondan, con las costas a su cargo.

      Resultando: que al contestar la demanda Don Miguel Arrieta interesó se declarara sin lugar, con las costas a la parte actora, y como alegara, entre otras cosas, que había vendido por escritura pública a Don José Pernchet Castell, todos los derechos y acciones que representaba en la casa de que se trata, pidió la demandante se confiriera traslado de la demanda a Pernchet y Castell, quien lo evacuó en los términos qne estimó conducentes a su defensa.

      Resultando: que en tal estado el juicio, se personó en autos Don Francisco Gumersindo Díaz Valcárcel, alegando que por escritura pública, cuya copia acompañó otorgada en 20 de julio de 1903, Doña Serafina Curbelo le había cedido todos los derechos y acciones que tenía sobre la casa en cuestión, y soli-citó se le tuviera por parte como cesionario de la Curbelo, subrogado en todos los derechos y acciones de la misma, a cuyo auto recayó providencia en 20 de agosto del año citado, teniendo por parte en el juicio a Díaz Valcárcel en el concepto expresado y ordenando se diera traslado de dicho escrito a los demandados por término de tres días.(*)

      Resultando: que además de formular la representación de Don José Péruchet protesta de nulidad con motivo de la pro-videncia expresada, utilizó contra ella recurso de reposición pidiendo se dejara sin efecto y se diera traslado a las partes del escrito que motivó aquella providencia, para que manifes-taran lo que tuvieran por conveniente antes de que Don Francisco Gumersindo Díaz pudiera estimarse subrogado en los derechos y acciones de Doña Serafina Curbelo, y habiendo por formulada el tribunal de Arecibo la protesta de nulidad, en providencia de 27 de agosto citado, y declarado no haber lugar a admitir el recurso de reposición, ejercitó Peruchet el de ape-lación contra dicha providencia de 27 de agosto. ’

      Resultando que admitido el recurso de apelación y elevados los autos a esta Corte Suprema previa citación y emplaza-miento de las partes, fué tramitado aquél en la forma corres-pondiente, señalándose día para la vista, que tuvo lugar con la sola asistencia del letrado de la parte apelante.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Hernández,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que la ley de 12 de marzo del año pasado, transformando la Corte Suprema de casación en tribunal de apelación no dió fuerza y vigor a todos los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que otorgan el recurso de apela-ción, sino únicamente a los que fijan la tramitación de dicho recurso en los antiguos juicios de mayor cuantía con supre-sión del apuntamiento, como así lo prescribe aquella ley en su sección 3a., derogando expresamente en la segunda los trá-mites antes establecidos para la sustanciación de los recursos de casación.

Considerando: que al ordenar la citada ley de 12 de marzo en su sección 4a. que en todos los casos en que la Ley de Enjui-ciamiento Civil habla ele recursos de casación se entenderán de apelación, reveló claramente la intención del legislador de qne el recurso de apelación para ante, la Corte Suprema se da (*) actualmente contra las mismas resoluciones qne antes podían ser objeto del recurso de casación, según la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Considerando: qne esa ley, en sus artículos 1687 y 1688 enumera las resoluciones contra las cuales procedía antes el recurso de casación, y por tanto, hoy el de apelación, sin que entre dichas resoluciones pueda estimarse comprendida la que es materia del presente recurso, que no puede calificarse de definitiva, pues no pone término al- pleito ni hace imposible su continuación.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar a resolver el resurso de apelación interpuesto por Don José Peruchet Castell con las costas del recurso a cargo del apelante y con certificación de esta resolución, devuélvanse los autos al Tribunal de Distrito de Arecibo, a los fines pro-cedentes. ■ ' •

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Figueras y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher ño formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. IíerNÁNDez,

text:
    Kuinlam v. Meléndez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 31.
    Resuelto en mayo 6, 1904.
    Peuebas — Alegaciones.—Los hechos confesados en la demanda y contestación, por la parte a quien perjudiquen, se- consideran plenamente probados y sobre ellos no es necesario practicar prueba alguna.'
    Id. — Testigos.—Las declaraciones de testigos tomados sin los requisitos y for- ' malidades que prescribe la Ley de Enjuiciamiento Civil no pueden producir efeeto alguno. ■ • J ‘ ■

      Prescripción — Pagarés de Comercio. — Las acciones procedentes de los pagarés de comercio se extinguen a los tres años contados desde su vencimiento,* háyanse o nó protestado.
    Id. — Préstamo Mercantil. — Se reputará mercantil el préstamo, cuando uno de los contratanes fuere comerciante y cuando las cosas prestadas se desti-naren (*) a actos de comercio.
    Id. — Obligaciones Pagaderas por Años o en Plazos Más Breves. — Las ac-ciones procedentes de las 'obligaciones pagaderas por años o en plazos más, breves, prescriben por el transcurso de cinco años.
    Id. — Acciones Personales. — Las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, prescriben a los quince años.
    Id. — Con arreglo al Código de Comercio de 1829, no podía entablarse acción alguna para el cobro o reembolso de las dibranzas y pagarés de comercio después de haber transcurrido cuatro años desde su vencimiento.
    Id. — La prescripción comenzada antes de la publicación del Código Civil de 1899, había de regirse por las leyes anteriores al mismo, pero' si desde que empezó a regir transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, sur-tirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.
    EXPOSICION DEL CASO.
    En el juicio seguido ante el Tribunal de Distrito' de Are-cibo, entre partes, de la una, Don Gregorio Kuinlam, -deman-dante,. y de la otra D. Gumersindo Meléndez, demandado sobre cobro de pesos, cuyo juicio pende ante nos a virtud de recurso de casación por infracción de ley, hoy de apelación, interpuesto por Kuinlam contra la sentencia dictada por dicho tribunal, habiendo representado y defendido ante esta Corte Suprema a la parte recurrente el Letrado D. Rafael López Landrón, sin que haya comparecido la parte recurrida.

      Resultando que la expresada sentencia copiada a la letra dice así:

      “Sentencia No. 16. En la villa de Arecibo, a 25 marzo de 1902. Visto por este tribunal de distrito el juicio declarativo seguido por Don Gregorio Kuinlam, vecino de esta villa, representado y defendido por el Letrado Don Manuel O. Figueroa, contra Don Gumersindo Meléndez, vecino de Barros, defendido por el Letrado Don Ramón Nadal Santa Coloma, en cobro de pesos.
    “1. Resultando: que el Letrado Don Manuel O. Figueroa, acom-pañando un pagaré suscrito en Manatí a 30 de mayo de 1885 por Me-léndez Hermanos a favor de Doña Antonia Delgado por la suma de 1,000 pesos, moneda corriente entonces, y endosado por dicba señora a favor de Don Gregorio Kuinlan, en el que confiesa dicha Delgado (*) haber recibido por cuenta del referido pagaré 200 pesos en 31 de julio de aquel año, presentó a este tribunal con fecha 8 de octubre del año próximo pasado, demanda en juicio declarativo a nombre de Don Gregorio Kuinlam contra Don Gumersindo Meléndez, como socio y sucesor de la mercantil que giró en el pueblo de Manatí bajo la razón de Meléndez Hermanos, fundándola, como hechos: en que por documento privado otorgado en el pueblo de Manatí, a 30 de mayo de 1885, la sociedad comercial colectiva denominada Meléndez Hermanos se obligó a pagar a Doña Antonia Delgado del mismo vecindario, o a su orden, la cantidad de 1,000 pesos de la moneda entonces corriente, el ■día 30 de mayo del año próximo de 1886, siendo convenido amortizar el crédito, entregándole la suma de 100 pesos mensuales, con interés del 1 por ciento hasta extinguir la deuda en el término señalado; que en 31 de julio de 1885 percibió la Sra. Delgado de la sociedad deudora a cuenta del importe de la deuda la suma de 200 pesos de la misma moneda, cuyo recibo estampó al calce de la misma obligación que autorizó, a su ruego Don José A. Espinóla, colector de rentas internas que fué de Manatí, hoy difunto, y continuó percibiendo el interés con-venido del 1 por ciento mensual por los 800 pesos restantes del pagaré, a que quedó reducido el crédito, hasta el 31 de mayo de 1887; que el día 30 de junio de dicho año, la acreedora Delgado endosó a la orden de su representado Sr. Kuinlam el pagaré por los 800 pesos, con más los intereses que desde el referido mes de junio inclusive le adeudaba la sociedad Meléndez Hermanos, cuyo endoso suscribo a su ruego por no saber firmar el mismo Sr. Don. José A. Espinóla y que ocurrido el fallecimiento de Don José Elias Meléndez socio de la mercantil deu-dora, el otro socio, Don Gumersindo Meléndez le sucedió en los bienes y obligaciones de la sociedad, sin* que hasta la fecha haya hecho efectiva la obligación que aquella suscribió a favor de la Sra. Delgado y que hoy corresponde a Don Gregorio Kuinlan, ni los intereses convenidos. Como fundamentos de derecho citó los artículos 1, 170, 1108 y 1112 del Código Civil, 127, 461 y 533 del Código Mercantil, inciso 5o. del 459 y regla Ia. del 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el 63 de la Orden General 118; y termina solicitando en definitiva se condene a Don Gumersindo Meléndez, como socio sucesor de la mercantil Meléndez Hermanos a que pague a su representado Don Gregorio Kuinlam, como endosatario del pagaré acompañado, en el término de 3o. día, la can-tidad de 1,240 pesos 32 centavos 'moneda americana por capital e intereses convenidos al 1 por ciento mensual hasta el 30 de septiembre del año próximo pasado, con más los (*) intereses de los intereses desde el día de la interposición de la demanda hasta el de su efectivo pago, y las costas; y por un otrosí pidió que toda vez que la Sra. Delgado era de una edad muy avanzada y se encontraba enferma, cuyas dolencias ponían en peligro su vida, y amparado de la disposición que entraña el artículo 501 de la ley, se recibiera declaración en su morada a dicha señora, acerca del recibo a cuenta del pagaré de los 200 pesos y su endoso a favor del actor por el resto de la deuda y sus intereses.
    “2. Resultando: que admitida la demanda se comisionó al Juez Municipal de Manatí para recibir la declaración a la Sra. Delgado, y se dió traslado de la misma, con emplazamiento por el término de ley, al demandado Don Gumersindo Meléndez, que la contestó por medio del Letrado Don Ramón Nadal Santa Coloma, alegando como hechos: que la sociedad mercantil que existió en Manatí hasta noviem-bre de 1885, era deudora de Don Salvador Calaf, vecino de aquel pueblo, por la suma de 1,033 pesos mejicanos, procedentes de un préstamo hecho a dicha sociedad por el Sr. Calaf, con la garantía de Doña Antonia Delgado, convecina de aquéllos, - satisfaciendo dicha señora el crédito a Calaf y quedando constituida en acreedora de Meléndez Hermanos por la suma de 1,000 pesos de aquella moneda; que el 21 de agosto de 1885 falleció el socio gestor de dicha mercantil Don José Elias Meléndez, y al siguiente día de dársele sepultura, pre-sentóse en la casa comercial ya citada el Escribano de Actuaciones de esta villa Don José Lorenzo Casalduc acompañado de un alguacil, y trabó embargo en los bienes de la casa por cuenta de la mercantil de San Juan S. Melón y Ca. por un crédito de 577 pesos 72 centavos; que por dicho embargo, la mercantil Meléndez Hermanos viése obli-gada a convocar a sus acreedores para el pago amistoso de sus -deudas, y no pudiendo llevarse a efecto dicho convenio, presentóse la casa en quiebra, incautándose el Juzgado de Ia. Instancia de todos las exis-tencias, activo y pasivo de la quiebra, subastándose las existencias y rematándose en 3,000 pesos por la mercantil de Manatí F. Benero y Ca.; que a virtud de la quiebra -dejó de existir en noviembre de 1885 la mercantil Meléndez Hermanos de la que fué también socio gerente el demandado; que a partir de aquella fecha en que por la quiebra fueron embargados todos los bienes de. la referida mercantil a los acreedores de la misma, su representado no ha vuelto a ejercer el comercio;4 que ni un sólo acreedor de los Sres. Meléndez Hermanos ba interpuesto nunca, desde aquella fecha a la presente, reclamación alguna contra su representado, ni mucho (*) menos Doña Antonia Delgado, ni el demandante Don Gregprio Kuinlam; y que su represen-tado no adeuda nada ni a dicha señora ni a Kuinlam, y como socio gestor que fuera de la mercantil Meléndez Hermanos tampoco es res-ponsable de la deuda que se reclama, desde el momento que dicha sociedad fué declarada en quiebra y sus bienes incautados, subastados y entregados a los acreedores, y aunque así no hubiera sido, la referida mercantil dejó de existir y la acción que contra sus socios tuvieran o pudieran tener los acreedores de aquélla, ya ba prescrito. Como fun-damentos de derecho, citó los artículos 311, 874, 875, 883, 884, 942, 944, 949 y 950 del Código de Comercio; y termina solicitando se declare sin lugar la demanda, con costas al actor.
    “3. Resultando: que convocadas las partes a una comparecencia para proponer pruebas, que se señaló para el 3 de diciembre último, fué suspendido el acto a instancia de las partes, señalándose nueva-mente para el 24 de enero, del corriente año, y como no concurrieran las partes el nuevo día señalado, a pesar de estar citadas en forma, el tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 54 de la Orden General número 118, señaló para la celebración de la vista pública el 26 de febrero para cuyo día solicitó la parte actora, se citara al deman-dado, al objeto de absolver posiciones, y como ambas partes solicitaran de común acuerdo la suspensión de la vista, señaló nuevamente para el 19 de los corrientes.
    “4. Resultando: que habiendo solicitado la parte actora la nueva citación del demandado para absolver posiciones en el acto de la vista, se declaró por el tribunal en providencia de 12 de los corrientes, no haber lugar a ello, por no haberse propuesto en tiempo dicha prueba, de cuya providencia interpuso reposición la parte actora, y se dió traslado por tres días a la parte contraria con fecha 18 del actual.
    “5. Resultando: que el día señalado para la vista tuvo lugar el acto con asistencia de las partes, manifestando la actora que habiendo interpuesto reposición de la providencia de 12 del corriente, y con-ferido traslado a la parte contraria, solicitaba que en aquél hiciera las manifestaciones oportunas para que se resolviera dicho recurso; y concedida la palabra al Letrado Sr. Nadal impugnó dicho recurso por no ser admisible esa prueba, con arreglo a la Ordén General 118, y el tribunal, previa deliberación, declaró no haber lugar a la reposi-ción solicitada; y concedida nuevamente la palabra a los letrados defensores de las partes, informaron acerca del derecho de sus (*)
      representados, terminándose el acto haciéndose constar la protesta formulada por el letrado de la parte actora, por la no admisión de la prueba de confesión; y se señaló para la votación de la sentencia el día de ayer, en que tuvo lugar el acto sin asistencia de las partes, y votándose en audiencia pública por unanimidad de los jueces.
    ‘■6. Resultando: que en este juicio se1 han observado las prescrip-ciones legales. Siendo Ponente para la redacción de esta sentencia el Juez Asociado de este Tribunal Don Juan José Perea y Baster.
    1 ‘ 1. Considerando: que se interpuso esta demanda en cobro de! la suma de 1,240 pesos 32 centavos moneda americana por capital de ■800 pesos mejicanos e intereses vencidos, acompañándose como título un pagaré suscrito por Meléndez Hermanos, en Manatí a 30 de mayo •de 1885, a favor de Doña Antonia Delgado, por 1,000 pesos de aquella moneda, pagaderos el 30 de marzo de 1886, siendo convenido amortizar el crédito entregándole la suma de 100 pesos mensuales con el interés •del 1 por ciento hasta extinguir la deuda en el término señalado, cuyo pagaré endosó la acreedora a favor de Don Gregorio Kuinlam en 30 de junio de 1887.
    ‘ ‘ 2. Considerando: que si bien es cierto que el demandado reco-noció al contestar la demanda la certeza de la deuda, y por esa cir-cunstancia no se requiere sobre ese extremo otra prueba, ya que la ley estima como probados plenamente los hechos confesados en los •escritos de demanda y contestación por la parte a quien perjudi-quen, alegó dicho demandado en su contestación la excepción de ■prescripción.
    “3. Considerando: que la acción que nace del pagaré presentado para reclamar su importe, ha prescrito por el lapso de tiempo fijado por la ley, contado desde el día en que pudo ejercitarse, ya se le •considere de carácter mercantil ya civil.
    “4. Considerando: que las acciones procedentes de los pagarés •de comercio se extingue a los tres años de su vencimiento, háyanse •o nó protestado.
    ! ‘ 5. Considerando : que -el pagaré presentado debe reputarse de ■comercio porque el préstamo se1 reputa mercantil cuando uno de los contratantes fuere comerciante y cuando los cosas prestadas se des-tinaren a actos de comercio'.
    “6. Con¡siderando: que los prestatarios fueron en este1 caso co-merciantes, y Meléndez Hermanos, como entidad social, no tenía (#) subsistencia ni fines que llenar fuera de su vida mercantil, y sólo a sus necesidades de esta índole podía dedicar el dinero recibido.

      “7. Considerando: que aun en el supuesto inaceptable, pero ale-gado por la parte actora en el acto de la vista, de que el pagaré tu-viera carácter civil, también estaría prescrita la acción para reclamar su importe, porque prescribe a los cinco años la acción para exigir pagos, que deben hacerse por años o en plazos más breves, y la obli-gación que se exige debía pagarse en diez meses a razón de cien pesos mensuales, con sus intereses hasta extinguirla en el término señalado, o sea en 30 de marzo de 1886.
    “8. Considerando: que aun cuando aplicásemos a este caso el precepto legal sobre prescripciones» de acciones personales que no tengan término especial, también habría prescrito, porque desde el 30 de marzo de 1886 hasta el día 8 de octubre de 1901, en que se presentó la demanda, han transcurrido, más de quince años.
    “9. Considerando: que no se ha justificado que posteriormente a la fecha de vencimiento, 30 de marzo de 1886, hubieren hecho pago los deudores de capital ni de interés, pues el abono de 200 peso^ que aperece hecho, según nota puesta en el pagaré, fue anterior a esa fecha, y nada dice la declaración prestada por Doña Antonia Delgado, respecto a haber recibido cantidades por intereses con posterioridad a dicha fecha, ni esa declaración, por tratarse de la acreedora y en-dosante sería prueba suficiente, aun en el caso de que produjera efecto alguno — que no puede producirse — porque el examen de esa testigo no se verificó del modo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, con citación previa de las partes y las demás formali-dades y requisitos que en aquélla se determinan.
    “10. Considerando: que las costas deben imponerse a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente desestimadas. Vistos los artículos 1961, 1964, número 3, del 1966 y 1969 del Código Civil, 311 y 950 del Código de Comercio, los 501, 564 y 569 de la Ley de En-juiciamiento Civil, y las reglas 54, 59 y 63 de la Orden General nú-mero 118.

      “Fallamos: que debemos absolver y absolvemos a Don Gumersindo Meléndez en concepto de socio y sucesor de la mercantil Meléndez Hermanos, de la demanda contra él interpuesta en estos autos por Don Gregorio Nuinlam, a quien condenamos en las costas de este juicio. Así definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Felipe Cuchí, Juan J. Perea, Otto Schoenrieh.”(*)

      Resultando que contra esta sentencia interpuso la repre-sentación de Don Gregorio Kninlam recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley, y habiendo sido desestimado el primero por sentencia. de tres de no-viembre de 1902, se .sustanció el segundo como de apelación, evacuando ambas partes el trámite de instrucción, la recu-rrente por medio de su Letrado, y la recurrida en los estrados del Tribunal, después de lo cual se señaló día para la vista que tuvo lugar con asistencia del Letrado de Don Gregorio Kuinlam.
    Abogado del -apelante: Sr. López Landrón.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. IíerNÁNDez,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Considerando que aun aplicando para la decisión del plei-to el Código de Comercio de 1829, vigente en la fecha en que fué librado.por la sociedad mercantil “Meléndez Hermanos” el pagaré de que se trata, habría prescrito la acción ejercita-da, con arreglo el artículo 569 de dicho código, según el cual ninguna, acción es admisible en juicio para el pago o reembolso de las libranzas y pagarés de comercio después de haber pasado cuatro años desde su vencimiento; y si se aplicara la ley común, también existiría la prescripción como medio de extinguir la obligación derivada del mencionado documento, pues según el artículo 1939 del Código Civil ele 1889, la pres-cripción comenzada antes de la publicación de ese código había de regirse por las leyes anteriores al mismo, pero si desde que fué puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.

Vistos los textos legales que se dejan citados y los demás que se citan en la sentencia. (*)

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos, la sen-tencia dictada por el Tribunal de Distrito de Arecibo en 25 de marzo de 1902, con las costas del recurso también a cargo de la parte apelante; y devuélvanse los autos al expresado tribunal con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Figueras y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbaclier no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez PresideNTe Sr. Quiñones,

text:
    Antongiorgi v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso G-ubeRNativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán.
    No. 5.
    Resuelto en mayo 6, 1904.
    Carta de Ciudadanía. — Expedida una carta de ciudadanía de los Estados Unidos por la Corte Suprema de un Estado, y autorizada la misma por el secretario de dicha corte y el sello del tribunal, no necesita dicho documento de ningún otro requisito para ser admitido como auténtico y eficaz en juicio, y fuera de él, en todos los Estados y Territorios de la Unión.
    Derecho Internacional Privado — Estatuto Personal. — Es principio de derecho internacional privado, admitido por la jurisprudencia de los tribunales y especialmente sancionado por el artículo 9 del Código Civil, que la ley personal del individuo es la del país a que pertenece, la que le sigue donde quiera que se traslade, regulando sus derechos personales, su capacidad para trasmitir por actos inter vivos o mortis causa- y el régimen de su matrimonio y familia.
    Id. — Sociedad Conyugal — Bienes Gananciales — Enajenación de Bienes Inmue-bles. — Aplicando la doctrina .precedente, un ciudadano de cualquier Estado, donde no se halle establecida la sociedad legal de gananciales, tiene perfecta capacidad para otorgar en Puerto Rico un contrato de compra-venta de . finca rústica, de su propiedad particular, sin que por ello se infrinja' ley o precepto alguno vigente en esta isla referente a la enajenación de bienes inmuebles.
    Leyes Relativas a Eamilia y a las Personas — Ciudadanos Extranjeros y de Puerto Rico. — Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia o del estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países extranjeros, y este precepto del Código Civil, es aplicable, por analogía, a los ciudadanos de cualquier Estado, residentes habitual'o temporalmente en Puerto Rico.(*)

      EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el Abogado Don Eamón Falcón a nombre de Don Francisco An-tongiorgi contra nota denegatoria del Registrador de la Pro-piedad de San G-ermán, á inscribir una escritura de venta de finca rústica.
    Resultando: que por escritura pública otorgada en 21 de enero último, en la ciudad de Mayagüez, ante el Notario D. R. Ulpiano Colón, abogado y notario con vecindad y estudio abierto en la ciudad de Ponce, Don Felipe Cuevas y Arre-dondo, viudo, mayor de edad, agricultor y propietario de aquella vecindad, vendió a Don Francisco Antongiorgi y Francescbi, por su propio derecho, y como apoderado de su Sra. madre, Doña María de los Angeles FrancescM y Rodrí-guez, una hacienda de cañas de azúcar de su propiedad nom-brada ‘ ‘ Carmelita, ” radicada en el barrio de la Bajura, del término municipal de Cabo Rojo, por el precio y con las con-diciones que en la misma escritura se determinan, y en la que se hizo constar además por el vendedor la manifestación si-guiente : “Quinto: Iíácese constar por el Sr. Cuevas, que al ad-quirir esa finca estaba casado en primeras nupcias con Mrs. Sarah Jane Willis, la que como él e'ran ciudadanos de América, del Estado de New York, donde residían, contrayendo el matrimonio en la ciudad de Brooklyn, cuya señora falleció sin dejar sucesión, ni bienes de ninguna clase, ya que adquirida la repetida finca, exclusivamente por el exponente, a cuyo nombre figura el título, le correspondía como correspondió el pleno dominio de la misma, según las leyes‘de aquel Es-, tado, en que no existe, como en este país, la sociedad legal de gananciales, correspondiendo privativamente a cada cón-yuge lo que adquiere en su nombre, siendo por otra parte el dinero con que adquirió la finca, extraño en absoluto al matrimonio y sí de la exclusiva pertenencia del Sr. Cuevas; que posteriormente contrajo segundo matrimonio con Doña Josefa Padilla, aportando a él la misma finca, como bien particular (*) del propio Sr. Cuevas, no correspondiendo, por tafites» en esa finca nada a la sucesión de esa segunda 'esposa, que falleció en 11 de septiembre de 1901, como todo lo justificará oportunamente, para que este documento pueda ser regular-mente inscrito en el registro de la propiedad del partido.” Y que presentada dicha escritura en el Eegistro de la Pro-piedad de San Germán, para su inscripción, le fue denegada por el registrador por los fundamentos de la nota que puso al pie de la misma, y que copiada a la letra dice .así: “No admitida la inscripción del precedente documento, cuya cali-ficación se lia hedió con vista de otros, porque habiendo ad-quirido el Sr. Cuevas la finca objeto del contrato, por título oneroso y siendo casado, no puede venderla por sí, como lo hace siendo viudo, según las leyes de Puerto Rico, únicas aplicables al caso; y porque aun cuando hubieran de aplicarse las leyes del Estado de New York, que el enajenante invoca, la carta de ciudadanía americana que se acompaña, no se halla legalizada, y siendo dichos defectos insubsanables, se toma anotación preventiva por ciento veinte días al folio 139 del tomo 12 del ayuntamiento de Cabo Rojo, finca núm. 346 triplicado, anotación'letra B, a tenor de lo dispuesto en la sección 7, de la ley de la Asamblea de 1 de marzo de 1902. San Germán, febrero 15 de 1904. Dr. Joaquín Servera Silva. un sello de rentas internas por valor de 50 centavos. Honorarios 37 pesos. Núms. 1 y 7 del arancel.”

      Resultcmdo que contra esta nota ha interpuesto en tiempo el presente recurso gubernativo ante este Tribunal Supremo Abogado Don Ramón Palcón, a nombre* del interesado Don Francisco Antongiorgi, en solicitud de que se revoque dicha nota, y se ordené al registrador que proceda á la inscripción de la escritura.
    Abogado del recurrente: Sr. Ramón Falcón.

   El Juez PresideNTe Sr. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.(*)

Considerando que expedido, como lo lia sido, el título de ciudadanía de los Estados Unidos á favor de Don Felipe Cuevas y Arredondo por la Corte Suprema del Estado de New York y autorizado como está dicho título por el secre-tario de la corte y el selló del tribunal, no necesita dicho documento de ningún otro requisito para que deba ser ad-mitido como auténtico y eficaz en juicio, y fuera de él, en todos los Estados y Territorios de la Unión.

Considerando por tanto que debiendo estimarse probada la cualidad que ostenta Don Felipe Cuevas y Arredondo, en la escritura de compraventa de que se trata, de ciudadano del Estado de New York, donde no se conoce la sociedad legal de gananciales, no puede negársele la capacidad para otor-gar el referido contrato de compraventa de una finca rústica, de su propiedad particular, con tanto mayor motivo cuanto que por dicho contrato no se infringe ley ni precepto alguno vigente en esta isla relativo a la enajenación de bienes in-muebles; todo con arreglo a los principios del derecho inter-nacional privado, según los que la ley personal del individuo os la del país a que pertenece, la que le sigue donde quiera que se traslade, regulando sus derechos personales, su capa-cidad para trasmitir por actos inter vivos y mortis causa y ■el regimen de su matrimonio y familia; principio admitido por la jurisprudencia de los tribunales y especialmente san-cionado por el artículo 9 del Código Civil vigente, al disponer que “las leyes relativas a los derechos y deberes de\familia o del estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan á los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países ex-tranjeros;” precepto que por analogía de razón es aplicable a los ciudadanos de cualquier Estado, residentes, habitual o temporalmente, en esta Isla.

Considerando que según esto no existen en el caso que se ventila los defectos insubsanables en que se funda el Regis-trador de la Propiedad de San Gtermán, para denegar la ins-cripción de la escritura.de que se trata. (*)

Vistos el artículo citado del Código Civil, y los 65 y 66 de la Ley Hipotecaria y 110 del Reglamento dictado para su ejecución.

Se revoca la nota puesta por el Registrador de la Propie-dad de San Hermán al pie de la escritura que es objeto del presente recurso y se declara que dicha escritura es inscribi-ble en el registro de la propiedad; y con devolución de la misma y demás documentos presentados remítase al Regis-trador de la Propiedad de San Hermán, con copia certificada de la presente resolución, para su conocimiento y demás efec-tos legales que procedan.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Sulz-bacher.

El Juez Asociado Sr. MaeLeary no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Peesideute Se. QuiñoNes,

text:
    Ex Parte Sanfeliz.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 104.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Título—Prescripción.—Es requisito indispensable para la adquisición del dominio de los inmuebles por la prescripción ordinaria, expresar, y probar en todo caso, el título con que se posea, determinándolo especialmente, a fin de que el tribunal pueda apreciar si es o nó justo, a los efectos de la prescripción.
    Id. — Posesión para Adquirir. — Da posesión por seis años o más, es la que se re-quiere para adquirir por prescripción el dominio de los inmuebles.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En log autos seguidos en el Tribunal del Distrito de San Juan a instancia del abogado Don .Santiago B. Palmer, en re-presentación de Don Manuel Sanfeliz, sobre declaratoria de dominio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación del (*) promovente contra la sentencia dictada por el referido tribunal del distrito, en 28 de julio último, la que copiada a la letra dice así:
    “San Juan, Puerto Rico, 28 de julio de 1903.

      “Resultando-, que Don Manuel Sanfeliz presentó escrito diciendo es dueño de una linea rústica en el barrio de Palos Blancos, de Toa Alta, de setenta y tres cuerdas más o menos, lindante al Norte con una quebrada que desemboca al río del Corozal, tierras de la sucesión de Pedro González, Juan Ortiz Ortiz, Marcelino González y Juana Nieves, al Este Juana Ortiz y Juana Nieves, Abdón Fuentes, camino vecinal del barrio de Maná y Juan Ortiz Ortiz, y al Oeste el- río del Corozal, cuya finca posee bace más de dos años por compra a Don Valentín González, quien la venía poseyendo pacíficamente bacía más de doce años. como dueño, pagando las contribuciones como las ba pagado el promovente; que el valor es de $500, sin carga alguna y carece dé título inscrito por lo que promueve la oportuna información para que se declare el dominio a su favor.

      “Resultando: que admitida la información con citación fiscal, del anterior dueño de los colindantes, de los que tengan cualquier derecho a ella y de las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la ins-cripción, por medio de edictos, se cumplió lo ordenado, declarando tres testigos es cierto y les consta que el promovente es dueño de la finca rústica descrita; que la bubo por compra a Don Valentín Gon-zález ha más de dos años, la que viene poseyendo pacíficamente en concepto de dueño; agregando dos de los testigos les consta también que el vendedor, al hacer la venta del inmueble descrito, la venía poseyendo quietamente por espacio de 12 años pagando las contri-buciones; y celebrada la comparecencia, las partes alegaron lo que estimaron conveniente a sus derechos.

      “Considerando: que aparte de no expresarse en el escrito de pro-moción si el promovente carece o nó de título escrito, y sí de título inscrito (lo que no es igual, pues puede carecerse' de título inscrito de dominio por no haberse podido inscribir un título de dominio escrito defectuoso, del que en tal caso no carecía), no es suficiente la prueba practicada para demostrar que el Sr. Sanfeliz era dueño de la finca cuyo dominio trata de justificar, porque si bien sumando su pose-sión (#) de 2 años, con la de 12, del anterior poseedor, tiene a su favor una posesión de 14 años con buena fe presuntiva, no consta el título con que poseía dicho anterior poseedor, no pudiendo por tanto saberse si era o nó nn título justo, constando únicamente que el promovente, por título de compra, que es un título justo, ba poseído solamente 2 años, necesitándose 6 años por lo menos con justo título y buena fe para la prescripción adquisitiva del dominio, según la Orden Judicial de 4 de abril-de 1899.

      “Considerando: que no existe prueba ni aun alegación, de que el promovente haya adquirido por ninguno, de los demás medios (aparte la prescripción) que establece la ley.

      “Vistos los artículos de aplicación de la ley hipotecaria, Código Civil y orden judicial citada. No ha lugar a la declaratoria de do-minio solicitada. Lo acordó y firma el tribunal: Certifico. Juan Morera Martínez, Frank H. Richmond, José Tous Soto, Luis Méndez Vaz?”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del promovente Don Manuel Sanfeliz, la que le fue admitida libremente y en ambos efectos, y que elevados los autos a esta Superioridad, con citación y emplazamiento de las partes, y personada la apelante, se dió al recurso la trami-tación correspondiente y se señaló día para la vista, cuyo acto se celebró con asistencia del abogado defensor apelante y del Fiscal de este Tribunal Supremo, que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Palmer.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Peesideute Se. QuiñoNes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho, de la sentencia ape-lada.

Resultando: que antes de.celebrarse la comparecencia para la que fueron citadas las partes, presentó escrito el abogado defensor del promovente manifestando que por un error in-voluntario había expresado en su primer escrito que su repre-sentado carecía de título “inscrito,” en vez de decir que (*) cerecía de título de dominio ‘ ‘ escrito, ” a lo que se acordó que se tuviera por hecha dicha manifestación y se agregara a sus antecedentes escrito de referencia.

Considerando: que, no obstante la rectificación hecha en el citado escrito por el abogado defensor del promovente, no procede dictarse a favor de éste la declaratoria de dominio que interesa, toda vez que los testigos presentados sólo declaran que viene poseyendo el terreno de que se trata hace más de dos años, pero sin precisar que lo poseyera por seis años o más, que es el tiempo de posesión que exigía la Orden Judicial de 4 de abril de 1899, que es la aplicable al caso; y si bien agregan que el anterior dueño del terreno lo poseyó por espacio de más de doce años, quieta y pacífica-mente, y pagando las contribuciones correspondientes, tam-poco expresan si poseía o nó con título, que es un requisito indispensable para la adquisición del dominio de los inmuebles por la prescripción ordinaria, y que debe probarse siempre, determinándolo especialmente, para que el tribunal pueda apreciar si es o nó un título justo, a los efectos de la prescrip-ción, requisitos que no han sido cumplidos en el caso presente y por consiguiente, no procede estimarse bien probado el do-minio que reclama la parte promovente.

Vistos los artículos 395 de la Ley Hipotecaria, los 1940, 1952, 1953 y 1954 del antiguo Código Civil y la Orden Judicial de 4 de abril de 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la senten-cia apelada, en cuanto por ella se declara no haber lugar a la declaratoria de dominio solicitada, con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MacLeary. (*)


author: En Juez PeesideNte, Se. QuiñoNes,

text:
    Ex Parte Tapia.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 79.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Posesión—Título—Buena Ee — Prescripción.—La posesión quieta y pacífica, por más de seis años, con justo título, cual lo es el de compra-venta, y con buena fe, son los requisitos necesarios para adquirir por prescripción el dominio de los inmuebles.
    Id. — Esceito Inicial. — Aunque en el escrito inicial de una información de do-minio debe expresarse si el promovente carece o nó de título de dominio escrito, esto no obstante, admitido el escrito sin ese requisito, y sin objeción alguna del tribunal o del Eiscal no procede, después de corridos todos los trámites legales, denegar .la aprobación de la información por la falta de dicho requisito, cuya subsanaeión ha debido decretar el tribunal opor-tunamente.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal del Distrito de San Juan, a instancia de Don Leandro Tapia Santana, sobre de-claratoria de dominio de una finca rústica, pendiente ante nos a virtud de recurso de apelación interpuesto por la repre-sentación del promovente contra la sentencia dictada por el referido tribunal de distrito, la que copiada á la letra dice así:
    “Puerto Rico, junio 30 de 1903.

      “Resultando: que Don Leandro Tapia Santana solicitó se declarase a su favor el dominio de una finca rústica radicada en el barrio de la Carolina, compuesta de cuarenta y una cuerdas con valor de qui-nientos dollars, expresando en el escrito de promoción que carece de título de dominio inscrito.

      “Considerando que sólo pueden ampararse en las prescripciones del Título XYI de la Ley Hipotecaria los propietarios que carezcan de título de dominio escrito, circunstancia que por lo menos bay que hacer constar en eb escrito inicial del procedimiento, no bastando ale-gar la carencia de título inscrito.

      “Visto el artículo 395 de la Ley Hipotecaria. No ha lugar a de-clararse el dominio interesado. Lo acordó y firma él tribunal. Cer-tífico: Juan (*) Morera Martínez, Frank Ií. Richmond, José Tous Soto. Luis Méndez Yaz.”

      Resultando: que contra la expresada sentencia interpuso apelación la representación del promovente, la que fué ad-mitida libremente y en ambos efectos y que elevados los autos a esta .Superioridad con citación y emplazamiento de las par-tes y personada la apelante, se dió al recurso la tramitación correspondiente y se señaló día para la vista, a la qüe sólo asistió el Sr. Fiscal de este Tribunal Supremo que impugnó el recurso.
    Abogado del recurrente: Sr. Emigdio S. Ginorio.

    Abogado del Pueblo: Sr. Emilio del Toro, Fiscal.

   En Juez PeesideNte, Se. QuiñoNes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada.

Resultando además que los testigos Don Mariano Hernán-dez y Plernández y Don Cándido Suárez y Rodríguez, pre-sentados por el promovente, declaran que es cierto y les cons-ta que Don Leandro Tapia y Santana, desde hace más de seis años* es dueño y posee legítimamente la finca rústica de que se trata, habiéndola adquirido de las personas por el título y en la proporción que se expresan en el interrogatorio presentado por el promovente, no habiendo sido inquietado por nadie en el goce y disfrute de dicha finca rústica.

Considerando : que el testimonio de los dos testigos que han ■declarado en el presente informativo, constituye una prueba suficiente para dictar la declaratoria de dominio que solicita el promovente, Don Leandro Tapia y Santana, toda vez que uná-nimemente han declarado que ha venido en posesión quieta y pacífica de la finca rústica de que se trata por más'de seis años, con justo título, cual lo es el. de compraventa y con buena fe, que eran los requisitos necesarios para adquirir por la prescripción ordinaria el dominio de los bienes in-muebles, (*) con arreglo a la Orden Judicial de 4 de abril de 1899, que es la aplicable al caso.

Considerando: que si bien en el escrito de promoción de ■este informativo no se expresó que el peticionario careciera de título de -dominio escrito, como es necesario para que los propietarios que carezcan de título de aquella clase puedan justificar sn dominio por medio de la información que es-tablece el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, habiendo sido admitido dicho escrito sin aquel requisito, no procede recha-zarlo hoy de oficio, después de corridos todos los trámites del expediente, por un defecto de forma que el tribunal en todo caso pudo y debió corregir, rechazando de plano el escrito de promoción de este informativo-.-

Vistas las disposiciones legales citadas en la presente sen-tencia.

, Fallamos: que debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, declarando que a Don Leandro Tapia y Santana corresponde el dominio de la finca rústica reseñada en el es-crito de promoción de este expediente, mandando en su con-secuencia se le expida testimonio literal de esta sentencia y de las demás constancias de los autos que solicitare, para su ins-cripción en el registro de la propiedad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez Presidente Sr. QuiñoNES-,

text:
    Ex Parte Dávila.
    ApblaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San' Juan.
    No. 76.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Título Escrito o Inscribible. — El medio supletorio para justificar el dominio de los inmuebles, por virtud del expediente a que se refiere el título XIV de la Ley Hipotecaria, puede ser utilizado por los propietarios que earez can de título escrito de dominio, así comb por aquellos que teniendo títulos no sean susceptibles de inscribirse en el registro, pero en este último caso es necesario demostrar los motivos que impidan la inscripción del título.(*)

      Id. — Posesión para Adquirirlo — Título—Prescripción.—Para adquirir por ln prescripción ordinaria el dominio de los inmuebles, es necesario probar pre-cisamente el tiempo de posesión, así como la natural a del título 'con que se posea.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Juan, por el Abogado Don Emigdio S. Gínorio, a nombre de Don Casimiro Dávila y Rodríguez, sobre acreditar el dominio de una finca rústica; autos pendientes ante nos a virtud-del recurso de apelación interpuesto por el promovente contra la sentencia pronunciada por el referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así:
    “San Juan, P. R., junio 1 de 1903.

      “Resultando: que el abogado Don Emigdio S. G-inorio solicita a nombre de Don Casimiro Dávila y Rodríguez que' se declare á su favor el dominio de un predio rústico de 36 cuerdas de extensión radi-cado en el barrio de Barrasa de la Carolina, ‘por carecer de título de dominio inscribible.’

      “Resultando: que el presente expediente se ba sustanciado con au-diencia del Fiscal y llenándose las demás formalidades de la ley.

      “Considerando: que sólo pueden acudir al medio supletorio de jus-tificar su dominio, mediante el expediente que autoriza el Título XIV de la Ley Hipotecaria, los propietarios.que carezcan de título escrito de dominio, y si bien puede invocarse que el título no inscribible en absoluto, debe equipararse a la carencia del mismo, es lo cierto que no se ha demostrado, ni siquiera alegado, qué motivos impiden la ins-cripción del título, si es que existe.

      “Visto el artículo 395 de la Ley Hipotecaria. No ha lugar a de-clarar justificado el dominio que se interesa. Lo acordó y firma el tribunal. Certifico: Juan Morera Martínez, Frank H. Richmond, José Tous Soto. Luis Méndez Yaz.”
    Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del promovente Don Casimiro Dávila, la que le fué admitida libremente y en ambos efectos.y que ele-vados los autos a está Superioridad con citación y emplaza-miento de las partes, y personada la apelante, se dió al re-curso (*) la tramitación correspondiente y se señaló día para la vista, a cnyo acto asistió el Fiscal de este Tribunal Supremo, que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Emigdio S. Ginorio.

    Abogado del Pueblo: Sr. Emilio del Toro, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. QuiñoNES-,

después de exponer los Fechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de Fecho de la sentencia ape-lada.

Resultando además, que los testigos Don Antonio Mellado y Báez, Don José Alvarez García y Don Carlos Davis Illa-rrasa, presentados por la parte promovente, sólo declararon que era cierto y les constaba que Facía algún tiempo que su presentante Don Casimiro Dávila y Eodríguez era dueño en pleno dominio, quieta y pacíficamente, de las 36 cuerdas de terrenos señaladas en el escrito del promovente y que las adquirió en la proporción, de las personas y por los conceptos expresados en el mencionado escrito.

Aceptando igualmente los fundamentos de derecho de la expresada sentencia.

Considerando: que a mayor abundamiento no procede dic-tarse la declaratoria de dominio que interesa el promovente Don Casimiro Dávila, toda vez que los testigos presentados sólo declaran que es dueño en pleno dominio de las 36 cuer-das de terreno de que se trata, pero sin determinar precisa-mente el tiempo que lleva de posesión, ni el que poseyeron sus antecesores, ni si tenían ó nó título, y cual fuera, requisitos-todos nécesari'os para probar la adquisición, por prescrip-ción, del dominio de los bienes inmuebles.

Vistos el artículo 395 de la Ley Hipotecaria y los 1940,.1941 y 1954 del antiguo Código Civil y la Orden Judicial de 4 de abril dé 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la senten-cia apelada, con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-"bacher y MacLeary. (*)


author: El Juez PeesideNte Se. QuiñoNes,

text:
    Ex Parte Rieger.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No 110.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Posesión para Adquirirlo — Título—Prescripción.—La posesión del promovente por un período de tres meses no es suficiente liara adquirir por prescripción el dominio de los inmuebles, y aunque puede agregar a su tiempo de posesión, el de su causante, es necesario acreditar el título con que éste poseyera, a fin de que el tribunal pueda apreciar si es o nó bastante para la adquisición del dominio.
    Id. — Pruebas.—En los expedientes de dominio los testigos deben expresar la verdadera edad que tengan, y no limitarse a manifestar que son mayores de edad, pues esto' es un defecto capital en esta clase de pruebas, cuando se trata de acreditar hechos ocurridos en épocas muy remotas.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Juan, a instancia de Mr. Joseph. Eieger, sobre declaratoria de dominio de una finca rústica, pendientes ante nos. a virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así:
    “San'Juan, Puerto' Eico, 1 de septiembre de 1903.

      “Resultando: que el Letrado Don Juan de Guzmán Benitez, en re-presentación de Joseph Eieger, en 22 de abril del año corriente, acu-dió a este tribunal alegando que su representado compró a Manuel Andino, hacía el espacio de tres meses, una finca rústica en el barrio de Buena Vista, de Bayamón, compuesta de 28 cuerdas, 50 céntimos de otro terreno, equivalentes a 11 hectáreas, 20 áreas, 16 centiáreas, 40 centímetros cuadrados, colindante por el Norte con José Andino, por el Sur con Da. Patricia Arvélez, Da. Carmen Ayala y Da. Dorotea Marrero, por el Este con Jesús Marrero, Da. Carmen Ortega y Tibur-cio Andino, a quien separa de la finca las aguas de una quebrada, y Da. Dorotea Andino; y por el Oeste con terrenos de Tibnrcio Andino, a quien separa el camino real de Buena Yista; siendo su valor de $560, y careciendo, tanto él, como el vendedor, de (*) título de dominio, promovió este expediente con objeeto de obtenerlo con arreglo al artículo 395 de la Ley Hipotecaria, con la información testifical, y pidiendo que con las citaciones legales y previos los demás requisitos de la ley, se declare el dominio de la finca referida a favor de su re-presentado, y evacuado el traslado por el Ministerio Fiscal, se publi-caron los edictos en el Heraldo Español y citados los colindantes y poseedor anterior, declararon tres testigos que son mayores de edad, sin expresar el número de años que tiene cada una, que Manuel An-dino poseía la finca por más de 20 años quieta y pacíficamente, sin interrupción de nadie, pagando las contribuciones y que la parte promovente bubo la finca descrita por compra a Manuel Andino, bace el espacio de tres meses, añadiendo que el poseedor actual y su ven-dedor ban poseído la finca de buena fe y con justo título.
    “Resultando: que celebrada la comparecencia verbal que determina la ley, con citación del Sr. Fiscal, compareció el abogado representante del promovente, el que alegó lo que estimó conveniente a su derecho.

      “Considerando: que la información testifical practicada no llena los requisitos de un criterio racional para justificar un - dominio en derecho, pues la parte promovente no lleva tiempo de posesión bas-tante para justificar un título por prescripción, aun poseyendo la finca con título justo y no existe prueba del justo título del poseedor anterior y los testigos además de no declarar el número de años que tienen, punto esencial éste cuando se trata, como en el presente caso, de una posesión de más de 20 años, no han declarado la razón de su dicho.
    “Se declara sin lugar la solicitud de dominio interesada. Así lo acordaron y firman los jueces del tribunal. Certifico: Frank H. Richmond, José Tous Soto, Otto Schoenrich. Luis Méndez Vaz.”
    Resultando: que contra la expresada sentencia interpuso apelación la representación del promovente, la que le fue ad-mitida libremente y en ambos efectos, y que elevados los autos a esta Superioridad, con citación y emplazamiento de las partes, y personada la apelante, se dió al recurso la tramita-ción correspondiente y se señaló día para la vista, a la que sólo asistió el Sr. Fiscal de este Tribunal .Supremo que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Juan de Quzmcm Benitez.

    Abogado del Pueblo: Sr. Emilio del Toro, Fiscal. (*)

   El Juez PeesideNte Se. QuiñoNes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada.

Considerando: que la información propuesta no ofrece méritos bastantes para dictar la declaratoria de dominio que se interesa, pues el promovente sólo acredita estar en pose-sión de los terrenos de que se traía, hace tres meses, que no es tiempo bastante para adquirir por prescripción el dominio de los bien inmuebles, y si bien los testigos presentados agre-gan que el causante del peticionario poseyó por más de 20 años, quieta y pacíficamente, y con justo título, no se deter-mina éste para que el tribunal pueda apreciar si era bastante para la adquisición del dominio, ni los testigos dan razón de su dicho, ni expresan la verdadera edad, que tengan, sino que se limitan a decir que son mayores de edad, defecto muy capital en la prueba de testigos, cuando se trata de acreditar hechos pasados desde tan remota fecha.

Vistos el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, y las demás disposiciones legales de aplicación al caso.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez PeesidbNte Se. QuiñoNES,

text:
    Ex Parte Fernández.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 73.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Escrito Inicial — Título Escrito. — El medio supletorio que establece la Ley Hipotecaria para acreditar el dominio mediante información, sólo puede ser utilizado por los que carezcan de título escrito de dominio, por lo que es necesario consignar esta circunstancia en el escrito inicial promoviendo el expediente. (*)
    Id. — Pruebas.—Las reglas de prueba establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil son aplicables a los expedientes de dominio, debiendo 'el tribunal apreciar con un criterio racional las pruebas que se aduzcan sobre la ad-quisición del dominio.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Juan a instancia del Abogado Don Emigdio S. G-inorio, a nom-bre de Don Jacinto Fernández Encarnación, sobre declara-toria de dominio de una. finca rústica, pendiente ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por el promovente contra la sentencia pronunciada por el referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así:
    "Puerto Rico, junio 18 de 1903.

      “Resultando: que en escrito -de 28 de noviembre de 1902, Don Emigdio S. Ginorio, abogado, a nombre de Don Jacinto Fernández Encarnación, promovió ante este tribunal expediente para acreditar el dominio de una finca rústica de 142 cnerdas radicadas en el barrio de 4 Carrazos ’ de la Carolina, compuesta de nueve parcelas compradas a distintas personas.

      “Resultando: que en dicho escrito no se expresa si el promovente carece de título escrito de dominio.

      “Resultando: que los testigos presentados por el promovente de-claran constarles ‘en conjunto’ los hechos consignados en el expresa-do escrito, así como la posesión quieta, pacífica y sin interrupción de Fernández en él terreno objeto del expediente.

      “Considerando: que sólo es procedente acudir al medio supletorio de acreditar el dominio, mediante información, cuando el promovente carezca de título escrito de dominio, por lo que la consignación ex-presa de esta circunstancia es indispensable para que el expediente ■ prospere.

      “Considerando: que las reglas de prueba establecidas en la ley de Enjuiciamiento Civil son aplicables a los expedientes de dominio y no es posible atribuir verdadero valor probatorio a las declaraciones de testigos que no declaran sobre Fechos específicos y concretos, sino acerca de una serie de hechos distintos los unos de los otros, cuales son las nueve adquisiciones de parcelas componentes de la finca objeto de este expediente, tanto más cuanto que, los expresados testigos, no dan la razón de su dicho. (*)

      “Considerando: que el tribunal debe apreciar con un criterio ra-cional las pruebas que de la adquisición del dominio se ofrezcan.
    1 ‘ Vistos los artículos de aplicación de la Ley Hipotecaria y de En-juiciamiento Civil. No ha lugar a declarar el dominio que se interesa. Así lo acordaron y firman los jueces del tribunal. Certifico: Juan Morera Martínez, Frank H. Richmond, José Tous Soto. Luis Mén-dez Yaz.”
    Resultando: que contra la expresada sentencia interpuso apelación la representación del promovente, la que le fue ad-mitida libremente y en ambos efectos, y que elevados los autos a esta Superioridad, con citación y emplazamiento de las partes y personada la apelante, se dió al recurso la tramita-ción correspondiente y se señaló día para la vista, a que sólo' asistió el Sr. Fiscal de este Tribunal Supremo que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Emigdio S. Ginorio.

    Abogado del Pueblo: Sr. Emilio del Toro, Fiscal.

   El Juez PeesidbNte Se. QuiñoNES,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la expre-sada sentencia, con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Higueras, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez PeesidENte Se. QuiñoNes,

text:
    Ex Parte Serrano.
    Apelación procedente ele la Corte de Distrito de San Juan. '
    No. 75.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Escrito Inicial — Título Escrito. — En el escrito inicial, promoviendo una información de dominio ¿s necesario expresar qüe el promovente carece de título de dominio, 'a fin'de que pueda inscribir Su 'derecho por'medio del . procedimiento que establece el artículo 395 de la Ley Hipotecaria. (*) •
    Id. — Posesión para Adquirirlo — Prescripción.—Para adquirir por prescripción el' dominio de los inmuebles es* indispensable acreditar- el tiempo de posesión’ del promovente, o el que tuvieran sus causantes. 1
    EXPOSICIÓN DEL CASO..
    En los autos seguidos • en el Tribunal del Distrito 'dé San Juanj a instancia’de D. Miguel Serrano ’ Carras'cpiillb, sobre dominio de dos fincas rústicas, pendientes ante nos de recursot de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el t referido' Tribunal de'Distrito, la qne copiada a' la’ letra dice así:
    “Puerto Rico, junio 30 de 1904.

      “Resultando: que D. Miguel Serrano Carrasquillo promovió ante esta corte expediente para justificar el dominio de dos'fincas rusticas • radicadas en el barrio'.do los' Cedros, de la Caroliná','de'45‘cuer'das,’1 respectivamente, valiendo la una 350 pesos; y 100 la otra; expresando' ■ care.cer de título de dominio inscrito. • ..

      “Considerando: que' sólo pueden ampararse’ en las prescripciones'■ del Título ’SIY- de la Ley Hipbtecaria: los 'propietarios-que carezcan-' de título de dominio, escrito, circunstancia qne .por lo menos'hay: qtié' hacer constar en el eser.ito inicial del procedimiento, no bastando ale-gar la carencia de título inscrito. '

      “Visto el artículo 395 de la Ley Hipotecaria. .No ha lugar,a de-, ■ clararse el dominio interesado. Lo acordó y firma el tribunal. Cer-tifico : Juan Morera Martínez, 'Frank H. Richmond, José Tons Soto, Luis Méndez Yaz.” ' ’ :;:

      Resultando: que contra la expresada sentencia interpuso apelación la representación del promovente, la que fné admi-tida libremente y en ambos efectos, y que elevados los autos a está Superioridad con citación y emplazamiento de las par-tes, y personada la apelante, se señaló día para la vista la que se verificó sin asistencia de las partes.
    Abogado del apelante: Sr. Emigdio 8.- Ginorio.

    Abogado del Pueblo: Sr. Emilio del Toro, Fiscal.

   El Juez PeesidENte Se. QuiñoNes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal. (*)

Aceptando los fundamentos de hecho de>la sentencia ape-lada.

Resultando: que los testigos Don Eduvigis Viera y Rodrí-guez y D. Felipe Reyes y Pérez, única prueba producida por el promovente, sólo declaran que éste es dueño en pleno domi-nio,' desde hace tiempo, de las dos fincas rústicas de que se trata en el presente informativo.

Considerando: que, aparte de no expresarse en el escrito inicial de estas diligencias, que el promovente, Don Miguel Serrano Carrasquillo, careciera de título de dominio, como era necesario para que pudiera inscribir su derecho por me-dio del procedimiento supletorio que establece el artículo 395 de la Ley Hipotecaria vigente, aparece además que la infor-'mación practicada, no ofrece mérito bastante para dictar la declaratoria de dominio que »se interesa, pues los testigos presentados no acreditan el tiempo de posesión que lleve el promovente, ni el que llevaran sus causantes, requisito nece-sario para que pudiera estimarse bien probada la adquisición del dominio de nn inmueble por la prescripción.

■Vistas las disposiciones-legales aplicables al caso.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada, con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: .Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MácLeary.


author: El Juez Pbesidente Se. Quiñones,

text:
    Ex Parte Calzada.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 68.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Posesión para Adquirirlo — Título—Prescripción.—Para adquirir pol-la prescripción ordinaria el dominio de los inmuebles es necesario acreditar el tiempo de posesión del promovente, o el de su causante, así como si poseo o nó con título, y en caso afirmativo, la naturaleza del mismo.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal del Distrito de San Juan,(*) a instancia del Abogado Don Emigdio S. Ginorio, a nombre - de Don Sergio Calzada Ferrer, sobre acreditar el dominio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por el promovente contra la sentencia dictada por el referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así:
    “Puerto Rico, junio 17 de 1903.

      “Resultando: que Don Sergio Calzada Ferrer ha promovido expe-diente de dominio para acreditar el de una finca rústica, radicada en el barrio de Lomas, de Río G-rande, de 17 cuerdas, con casa de ma-dera techada de paja y lindante el terreno por el Norte con Marcelo Mundo y el río Canovanillas, Sur y Este, Don José Albandoz, y Oeste, el citado río; adquirida la finca por compra a Tomás del Valle por $280 sin mediar título alguno. .

      “Resultando: que admitida la información, publicados los edictos, citados el Sr. Fiscal, los colindantes Mundo y Albandoz y el vendedor, declaráron dos destigos ser cierto que el promovente es dueño en pleno dominio y posee quieta y pacíficamente y sin interrupción de nadie la finca descrita con la casa que adquirió de Tomás del Valle, sin mediar título alguno en la compra.

      “Resultando: que vencido el término de prueba se citaron al pro-movente y al Sr. Fiscal solamente, por no haberse presentado ningún opositor, a una comparecencia verbal, alegando el actor lo que estimó conveniente.

      “Considerando: que si bien las declaratorias de dominio para los efectos de la inscripción en el registro de la propiedad, que en expe-dientes de esta naturaleza se bagan, no merecen en manera alguna el concepto de definitivo, por poderse promover otro juicio sobre el mismo objeto, cansa de la inscripción que se resuelva, según sentencia del Supremo de 29 de abril de 1887, es lo cierto que la Ley Hipotecaria concede a los propietarios que carecen de título escrito de dominio dos caminos distintos: uno, justificar la posesión, de que se ocupan los artículos 390 al 393, los que pueden convertirse en inscripciones de dominio, pasado el término que la ley determina; y el otro, los expe-dientes de dominio que refieren el 395.

      “Considerando: que al consignar la ley en esos diversos artículos derechos a los propietarios, no es para que lo elijan a su capricho, pues de lo contrario holgarían los artículos referentes a los posesorios y el de conversión de posesorio en dominio. (*)

      “Considerando: que comprueba y demuestra lo expuesto las pa-labras del 395 al decir que el dominio se ha de justificar con las for-malidades que prescribe, entre ellos, las pruebas legales que de la adquisición pueda ofrecer, agregando después que el juez, "calificando dichos pruebas, con un criterio racional declarará justificado o nó el dominio, demostrando todo ello la distinción antes expresada y que no deben ser idénticas las pruebas en uno y otro.

      “Considerando: que dado el resultado de la prueba inserta en el segundo resultando, que ni siquiera contiene el tiempo que ha durado la posesión que para los posesorios requiere el artículo 391 de la Ley Hipotecaria. Se declara no haber lugar a la declaratoria de dominio que Don Sergio Calzada Ferrer solicita de la finca rústica mencionada en el primer resultando. Lo acuerdan y firman los señores del tribunal y certifico. Juan Morera Martínez, Frank H. Bichmond.. Luis Méndez Yaz.”
    Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del promoverte, la que le fue admitida libre-mente y en ambos efectos y que elevados los autos a esta Su-perioridad, con citación y emplazamiento de las partes, y per-sonada la apelante, se dió al recurso la tramitación correspon-diente, y se señaló día para la vista, a cuyo acto sólo asistió el'Sr. Fiscal de este Tribunal Supremo, que impugnó el re-curso.

      Abogado del apelante: Sr. Emigdio 8. Ginorio.

    Abogado del Pueblo: Sr. Emilio del Toro, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Se. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada.

Considerando: que apreciada la prueba ofrecida por el pro-movente Don Sergio Calzada Ferrer, y que se reduce a las de-claraciones de los dos testigos que han depuesto en el presente informativo, no^es posible aecederse a la declaratoria de do-minio que interesa dicho Calzada Ferrer, toda vez que los tes-tigos no acreditan el tiempo de posesión que lleva el promo-vente, y que en su escrito dice que no excede de dos meses, ni el que poseyera su causante, ni si poseía, o nó, con título, y (*) en caso afirmativo, cual fuera éste, requisitos necesarios para probar la adquisición del dominio de un inmueble por la prescripción ordinaria, o sea de menos de 30 años.

Visto el artículo 395 de la vigente Ley Hipotecaria y la Orden Judicial de 4 de abril de 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada en cnanto por ella se resuelve no haber lugar a la declaratoria de dominio solicitada por Don Sergio Cal-zada Ferrer, con las costas a su cargo.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez Pkesidente Se. Quiñones,

text:
    Ex Parte the Candelaria Fruit Company.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 126.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Título Escrito. — Los propietarios que carezcan de título escrito de dominio, cualquiera que sea la época de su adquisición, podrán inscribir dicho dominio, justificándolo con las formalidades expresadas en el artículo 395 de la Ley Hipotecaria.

      Posesión — Prescripción.—La frase cualquiera que sea la época de la adquisi-ción, comprendida en las disposiciones del artículo 395 de la Ley Hipo-tecaria, se refiere a la adquisición del dominio que sólo puede obtenerse por el transcurso del término de posesión que fija la ley para la prescripción del dominio.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los antos seguidos én el Tribunal de Distrito de Arecibo por el Abogado Don José Benedicto, en representación de “La Candelaria Frnit Company, ’ ’ de San Juan, sobre información de dominio de una finca rústica, autos pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto pQr la representa-ción de la compañía promovente, contra sentencia pronun-ciada por el referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así: (*)
    “Arecibo, octubre 2 de 1903.

      “Resultando: que el abogado Don José Benedicto ha promovido este expediente de dominio a nombre de ‘The Candelaria Fruit Company, domiciliada en San Juan, para que por la Corte de Distrito de Arecibo se declare y mande a inscribir en el registro de la propie-dad, a favor de la compañía promovente, el pleno dominio sobre una finca rústica compuesta de 80 cuerdas, equivalentes a 30 hectáreas, 44 áreas, 31 centiáreas, a 20 miliáreas, terreno de tercera clase a pasto y maleza, situado en el barrio del Coto, término de Manatí.

      “Resultando: que de los documentos qUe acompañó con su escrito de promoción, aparece que esa finca la heredó en su mitad Don Basilio Vélez Alvarado, según el expediente posesorio que de la misma finca consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Arecibo, al folio 82 del'tomo 14 del ayuntamiento de Manatí, y la otra mitad la com-pró el citado Don Basilio Vélez Alvarado a su hermano Don Evaristo, en escritura pública otorgada el mes de octubre de 1901; habiendo comprado después ambas mitades Don Nathanil A. Walcott y Don Nathanil P. Tyler, por escritura que se inscribió a favor de los com-pradores en el Registro de la Propiedad de Arecibo, el día 6 de mayo de 1902.

      Resultando: Don Nathanil A. Walcott y Don Nathanil P. Tyler vendieron después la expresada .finca a Don Arthur C. Hansard, por escritura pública otorgada en San Juan el 14 de mayo de 1902; y en la misma fecha, y también por escritura pública, Don Arthur C.' Hansard, vendió a ‘The Candelaria Fruit Company’ la misma finca por la suma de $200, inscribiéndose esta escritura en el Registro de la Propiedad ele Arecibo, el día 21 de mayo de 1902.

      “Resultando: que practicadas las formalidades del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, los Sres. Don Arthur C. Hansard, Don Samuel P. Bates y Don Nathanil P. Tyler, declararon bajo juramento ser cierto los hechos expuestos y que ‘The Candelaria Fruit Company’ ejerce actos de dominio sobre la finca descrita, desde que la adquirió, sin oposición de nadie.

      “Resultando: que pasado este expediente al Ministerio Fiscal, ha dictaminado de conformidad con la aprobación del mismo, toda vez que aparecen cumplidos en él todos los requisitos prevenidos por la Ley Hipotecaria, en su artículo 395, y

      “Considerando: que conforme al arjáculo 395 de la Ley Hipote-caria vigente, el propietario que careciere de título escrito de dominio, cualquiera que fuese la época de su adquisición, podrá inscribir dicho dominio (*) justificándolo con las formalidades que se insertan en el mismo artículo.

      “Considerando: que la frase ‘cualquiera que sea la época de la adquisición’ se refiere a la adquisición del dominio, y no habiendo adquirido la ‘The Candelaria Fruit Company’ el dominio objeto de este expediente, de ninguno de sus causantes, pues el primer tras-úntente Don Basilio Yélez Alvarado sólo tenía la posesión por heren-cia de la mitad de ella, según expediente posesorio aprobado por el Juzgado Municipal de Manatí, en auto de 25 de junio último, e ins-crito en el registro de la propiedad, claro es que no puede obtener la expresada ‘Candelaria Fruit Company’ el dominio que pretende, mientras no haya transcurrido el término que fija la ley para la pres-cripción del dominio, a partir del principio de la posesión de Vélez.
    ‘ ‘ Considerando: que no constando consolidado en ‘ Candelaria Fruit Company,’ por la prescripción, el dominio de la finca que se describe en este auto, no puede mandarse inscribir como tal en el registro de la propiedad.

      “Vistas las disposiciones citadas. No ha lugar a declarar justi-ficado a favor de la ‘Candelaria Fruit Company’ el dominio objeto de este expediente. Lo acordaron y firman los señores jueces del tribunal, de que certifico. Felipe Cuchí, Carlos Franco' Soto, Otto Schoenrich, José E. Figueras.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso el abo-gado representante de “La Candelaria Fruit Company” re-curso de apelación que le fue admitido, y que elevados los autos a esta Superioridad con citación y emplazamiento de las partes y personada la apelante, se dió al recurso la tramitación co-rrespondiente y se señaló día para la vista, a cuyo acto asistió únicamente el Señor Fiscal de este Tribunal Supremo, que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. José E. Benedicto.

    Abogado del Pueblo: Sr. Emilio del Toro, Fiscal.

   El Juez Pkesidente Se. Quiñones,

después de exponer los lrecbos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la 'sentencia apelada.

Vistas las disposiciones legales que en la misma se citan. (*)

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la ex-persada sentencia, con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez PresideNte Se. QuiñoNes,

text:
    Ex Parte Figueroa.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 41.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    DominiO' — Posesión para Adquirirlo — Título—Prescripción.—Para adquirir por la prescripción ordinaria el dominio de los inmuebles es necesario acreditar el tiempo de posesión del promovente, o el de su causante, así como si posee o nó con título, ,y en caso afirmativo, la naturaleza del mismo.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal del Distrito de San Juan por Don Juan Figueroa y Campos sobre declaratoria de dominio de'una finca rústica, pendientes ante nos a virtud de la apelación interpuesta por el promovente contra .la sen-tencia pronunciada por el referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así:
    "Puerto B>ico, marzo 9 de 1903. Vistos este expediente, y

      “Resultando: que Don Juan Figueroa y Campos, vecino de la Carolina, mayor de edad, de estado viudo y propietario, presento escrito manifestando que posee y es dueño bace más de seis años de una finca rústica situada en el término municipal de la Carolina, barrio de Carrasas, compuesta de 40 cuerdas de terreno de tercera clase, equivalentes a 15 hectáreas, 72 áreas y 16 centiáreas, colindante, por el Este, con Gregorio Austú, Erutaño Soler y la quebrada' denomi-nada el ‘Naranjo;’ por el Sud, Gervasio Pirano, por el Norte, Rosendo Rivera y la citada quebrada, y al Oeste, la Quebrada Grande de>‘Maracuto;’ siendo el valor de (*) dicho terreno $300 y habiendo adquirido dicho terreno por compra a Isaías Mundo, José Rodríguez, Toribio Quiñones y Victoriano García, los cuales han fallecido, igno-rándose si dejaron sucesión alguna; y que careciendo de título pro-movía este expediente ofreciendo prueba testifical.

      “Resultando: que oído el Ministerio Fiscal y hecha citación de los anteriores dueños y nó de los colindantes, siguióse el juicio con las formalidades prevenidas en el artículo 395 de la Ley Hipotecaria.

      “Considerando: que según manifiesta el promovente es de estado viudo, y no justificándose, haberse liquidado la sociedad- conyugal de gananciales, ni que adquiriera después de viudo dicho inmueble, no es posible hacerse a su favor la declaratoria de dominio que se in-teresa.
    ‘‘No ha lugar a declararse a favor del recurrente el dominio del inmueble descrito en el primer resultando. Lo acordaron y firman los señores del tribunal y certifico., Juan Morera Martínez, Frank H. Richmond, José Tous Soto. Luis Méndez Vaz.”

      Resultando: que contra la expresada sentencia interpuso apelación la representación del promovente la que le fue ad-mitida libremente y en ambos efectos, y que elevados los autos a esta Superioridad, con citación y emplazamiento de las partes, y personada la apelante, se dió al recurso la tra-mitación correspondiente, y se señaló día para la vista, a la que sólo asistió el Sr. Fiscal de este Tribunal Supremo, que impugnó el recurso.-

      Abogado del apelante: Sr. Emigdio S. Ginorio.

    Abogado del Pueblo: Sr. Emilio del Toro, Fiscal.

   El Juez PresideNte Se. QuiñoNes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada.

Resultando además que los testigos Don Cristino Díaz y Mundo y Mariano Hernández y Plernández y Don José Me-deros Corujo presentados por el promovente, declararon que era cierto, y les constaba de ciencia propia, que su presen-tante es dueño en pleno dominio de la finca rústica de que se trata en el presente.informativo, habiéndola adquirido por (*) compra a Isaías Mundo, José Rodríguez, Toribio Quiñones y Victoriano Grarcía.

Considerando: que apreciada la prueba ofrecida por el promovente Don Juan Figueroa y Campos, y que se reduce a las declaraciones de los tres testigos expresados, no eá posible accederse a la declaratoria de dominio que solicita, toda vez- que los testigos no acreditan el tiempo de posesión que lleva el promovente, ni el que poseyeran sus causantes, ni si poseía o nó con título, y en caso afirmativo cuál fuera éste, requisito necesario para probar la adquisición del do-minio de un inmueble por la prescripción ordinaria, o sea de menos de 30 años.

Vistos el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, la Orden Judicial de 4 de abril de 1899 y los artículos aplicables al caso, del antiguo Código Civil y del vigente.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada en cuanto por ella se resuelve no haber lugar a declararse a favor del recurrente el dominio del inmueble descrito en el primer resultando, con las costas a su cargo.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez PeesideNte Se. Quiñones,

text:
    Ex Parte Kuinlam.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 125.
    Resuelto en mayo 12, 1904.
    Dominio — Posesión para Adquirirlo. — Si en una información de dominio, el promovente no acreditare una posesión con justo título, por más de seis años, o que la posesión ha sido quieta, pacífica y no interrumpida, durante treinta años, no es posible deelarar justificado a su favor el dominio del inmueble.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal del Distrito de San Juan por el Abogado Don Luis Ereyre Barbosa, a nombre (*) de Don Jnan José Cesáreo Kuinlam, sobre acreditar el do-minio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud de apelación interpuesta por el promovente contra la sentencia dictada por el referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así:
    “Puerto Rico, septiembre 1 de 1903.
    “Resultando: que el Letrado Don Luis Freyre Barbosa, en repre-sentación de Don José Cesáreo Kuinlam, acudió al tribunal el día 20 de febrero, con escrito alegando que su causahabiente, careciendo de título escrito, deseaba justificar, con arreglo al artículo 395 de la Ley Hipotecaria y Orden Judicial de 4 de abril de 1899, el dominio que .tenía de un predio de terrenos, sito en el barrio de Candelaria, de Toa Baja, boy jurisdicción de Bayamón, compuesto de 20 cuerdas de terreno equivalentes a 9 hectáreas, 11 áreas y 70 centiáreas, colin-dantes, por el Norte, con el mismo dueño y Laureano Rodríguez; por el Sur, con Don Nicolás Román representado por su esposa, Martina Medina, y Don Leandro Semprit; por el Este, Doña Teresa Prieto y Antonio Incel, y por el Oeste, Marcela Ortiz y Socorro Cruz, alegando que su causahabiente lo adquirió del Ayuntamiento de Toa Baja y , que el terreno tiene el valor de $360, suplicando la citación del an-' terior poseedor y colindantes y del Sr. Fiscal, publicación de edictos, convocando a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción, y que se libren despachos al Juez Municipal de Baya-món para la práctica de la información correspondiente con los inte-rrogatorios siguientes: 1. Generales de la ley; 2. Ser cierto y cons-tarles que la finca que se describe es propiedad de mi representado por haberla adquirido hace unos cinco años; 3. Ser cierto que desde la fecha de su adquisición ha venido en posesión de ella y disfrután-dola quieta y pacíficamente, sin oposición de nadie.

      “Resultando: que admitida y evacuado traslado por el Ministe-rio Fiscal, publicados los edictos en el Heraldo Español, citados los colindantes y además Don Juan Matheu en carácter de repre-sentante del Ayuntamiento de Toa Baja, el anterior poseedor. (*)

      “Resultando: que practicada la información testifical, dos testigos declararon' al interrogatorio 2o. que era cierto y les constaba, e igual-mente al interrogatorio 3°., añadiendo que el terreno descrito lo ad-quirió el promovente del Ayuntamiento de Toa Baja y éste, Inocen-cio Rojas, en virtud de expediente de apremio tramitado para el pago de contribuciones y que dicho Rojas poseyó dicho terreno por más de veinte años sin oposición de tercero.
    “Resultando: que vencido el término de 60 días sin haberse hecho á la declaración de. dominio solicitada consignación alguna y se-ñalado día para la comparecencia verbal con citación del Señor Fiscal se celebró ésta en la que alegó el promovente lo que él creyó necesario.

      “Considerando: que la posesión con justo título por más de seis años no está probada, pues Kuinlam sólo ha poseído durante cinco años por título de compra al ayuntamiento, no constando el tiempo que poseyó el ayuntamiento, ni si el título porque adquirió era justo, por no haberse traído copia certificada del expediente de apremio, ni el título de posesión de Rojas.
    “Considerando: que la información testifical practicada no basta para declarar un título de dominio, fundado en la posesión quieta, pacífica y no interrumpida, durante 30 años, pues los testigos no ex-presaron la razón de su dicho al declarar que Rojas poseyó dicho terreno por más de 20 años, ni tampoco que dicha posesión allegara a 30' años. Vista la Ley Hipotecaria artículo 395, y Orden Judicial de 4 de abril de 1899, y artículo 1247 del Código Civil. Se declara sin lugar el dominio solicitado. Así lo acordaron y firman los jueces del tribunal: certifico. Frank H. Richmond, José Tous Soto, Otto Schoenrich. Luis Méndez Vaz.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apela-ción la representación del promovente, la que le fué admitida libremente y en ambos efectos, y que elevados los autos a esta .Superioridad, con citación y emplazamiento de las par-tes, y personada la apelante, se dió al recurso la tramita-ción correspondiente, y se señaló día para la vista, a cuyo acto sólo asistió el Señor Fiscal de este Tribunal Supremo, que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Freyre Barbosa.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal. (*)

   El Juez PeesideNte Se. Quiñones,

después ele exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de. derecho de la sentencia apelada. •

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la ex-presada sentencia, con las costas al apelante. .

Jueces concurrentes. Sres. Hernández, Figueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

text:
    El Pueblo v. Castrillo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de ITumacao.
    No. 12.
    Resuelto en mayo 13, 1904.
    Apelación — Pliego le Excepciones. — No habiendo pliego de excepciones, ni apareciendo de los autos que se haya cometido algún error, la sentencia apelada debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueeas,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El Fiscal de la referida corte presentó, debidamente jura-da, una acusación en la forma siguiente:

"Nicolás Castrillo, en- uno de los días del mes de diciembre de 1903, en el subdistrito de' Caguas, acometió á Pedro Coto disparán-dole un tiro.”

Se leyó y entregó copia al acusado de dicha acusación, que fue negada, y se sometió al tribunal de derecho. En 5 de marzo último se celebró el juicio, y en el acta se consigna que declararon los testigos de cargo, no constando en ella (*) sus declaraciones, pero sí se expresa que el defensor no pre-sentó prueba alguna. En 8 de marzo se dictó sentencia y entendiendo la corte que se había cometido el delito defini-do y penado en el artículo 237 del Código Penal, vigente, condenó a Nicolás Castrillo, por acometimiento con arma mortífera, disparando un tiro, sin herir al contrario, a la pena de seis meses de cárcel. Contra esta sentencia se in-terpuso recurso de apelación por medio de un simple escrito, sin que exista pliego de excepciones. No se personó el ape-lante en esta Corte Suprema, y el Fiscal, por escrito y en el acto de la vista, impugnó el recurso.

Como se ve; no hay problema jurídico planteado; pero hemos examinado detenidamente todas las diligencias que se han remitido, y nada hemos encontrado que aconseje'la modi-ficación de la sentencia recurrida. Proponemos, pues, su confirmación, con imposición de las costas de este recurso al apelante Nicolás Castrillo, pero entendiéndose que este delito debe definirse, según la ley de la Asamblea Legislativa, apro-bada en 10 de marzo último, de acometimiento y agresión.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes, Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Plernández,. Sulzbacher y MacLeary. (*)


text:
    No. 21.
    García v. Hidalgo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en autos sotire injunction.

    Resuelto en marzo 18. 1904.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.

   Se dejó sin efecto el auto de injunction decretado por la corte‘ele distrito por haberse de-clarado sin lugar la demanda con motivo de la cual se dictó el referido injunction.


text:
    No. 10.
    Ex parte Giménez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    Resuelto en marzo 29, 1904.
    Abogado del apelante: Sr. Martínez Quintero.

   Se declaró no haber lugar a resolver el recurso.


text:
    No. 30.
    Ex parte Rodríguez.
    Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

    Resuelto en abril 11, 1904.
    Abogado del peticionario: Sr. Ramos.

   Denegada la solicitud.


text:
    No. 103.
    García v. Alonso.
    Apelación procedente de Ja Corte de Distrito de San Juan.
    Resuelto en abril 15, 1904.
    Abogado del ape-lante: Sr. Martínez Quintero.

   Desistido a instancia de la parte apelante.


text:
    No. 31.
    Ex parte Padilla.
    Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

    Resuelto en abril 18, 1904.
    Abogado del peticionario: Sr. Ramos.(*)
   Denegada la solicitud.


text:
    No. 32.
    Ex Parte Vázquez.
    Solicitud para que se expida mandamiento, de habeas corpus.

    Resuelto en abril 19, 1904.
    Abogado del peticionario’: Sr. Ramas.

   Con lugar lá solicitud.


text:
    No. 144.
    López Landrón et al., Ex parte
    —Apelación procedente de la 'Corte de Distrito de San Juan.
    Resuelto en abril 19, 1904.
    Abogado del apelante: Sr. López Lanclrón.

   Desistido a instancia de la parte ap^lantcp


text:
    No. 9.
    Ex parte Gallart.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    Resuelto en abril 19, 1904.
    Abogado1 del ape-lante: Sr. Bérnar'dini'.

   Desistido a instancia'de lá parte apelante.


text:
    No. 18.
    Alvarez v. Sobejano.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    Resuelto en mayo 6, 1904.
    Abogado del ape-lante: Sr. 1Torres Mónge. (*)''■
   Desistido a instancia de lá parte apelante.