author: El Juez PresideNte Se. HerNÁNdez

text:
    Castro et al., Demandantes y Apelantes, v. Solís et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en causa sobre filiación.
    No. 1320.
    Resuelto en febrero 15, 1916.
    Hijos Naturales — Declaratoria de Heredero — Acción de Reconocimiento— Filiación — Prescripción—Cosa Juzgada. — Cuando en una acción para que se declare heredera a una demandante se establece como supuesto básico su reconocimiento como bija natural, y se resuelve por sentencia que no tiene derecho a participar en la herencia del causante por estar prescrito su derecho al reconocimiento, dicha sentencia constituye excepción do cosa juzgada con relación a la acción de reconocimiento que posteriormente so ejercita.
    Id.' — Id.—Filiación—Cosa Juzgada — Tercero—Estado Civil. — La circunstancia de que en la acción sobre declaratoria de heredero la demandante, a pesar de ser casada, concurriera sin estar asistida de su esposo, y on la de filiación natural lo hiciera en compañía del-esposo, no afecta a la excepción de cosa juzgada.
    Id. — Prescripción—Obiter Dictum — Dato et Non Concesso. — No fué en este caso un obiter dictum la decisión de esta Corté Suprema en el pleito sobre declara-toria de heredero (Castro v. Solis et al., 19 D. P. R. 677), declarando extin-guida esa acción por prescripción; pero dato et non concesso que así fuera, y prescindiendo de la excepción de cosa juzgada en la acción sobre filiación natural, lá de prescripción en esta última está sosienida por 'otras razones aducidas en la acción sobre declaratoria de heredero.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Llorens & Canales.

    Ahogados de los apelados: Sres. -Martines & Iriarte.

   El Juez PresideNte Se. HerNÁNdez

emitió la opinión del tribunal.

Se ■ trata de un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra' sentencia que en 11 de marzo de 1915 pronunció la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., declarando con lugar la excepción de res judicata pro-puesta por los demandados y desestimando la demanda, con costas a la parte actora.

En dicha demanda, en que comparece Julia Domitila Castro acompañada de su esposo C. H. Kercadó, se establecen, entre otros hechos concernientes a la calidad de causahabien-.tes y herederos de los demandados respecto de Joaquín Lean-dro Solís Kercadó, fallecido abintestato en 27 de abril de 1897-, los que guardan relación directa con la .filiación reco-nocida de Julia Domitila Castro por Joaquín Leandro Solís Kercadó, y que son en síntesis-los siguientes:-

Que en el año 1884 Joaquín Leandro Solís y Kercadó enta-bló relaciones amorosas con Lorenza Castro y Cruz, viviendo juntos públicamente en concubinato, sin que tuvieran impe-dimento legal para contraer matrimonio y sin que la Lorenza mantuviera entonces trato o relaciones de clase alguna con otro hombre,'

Que en 7 de mayo de 1886 y constante el referido estado de concubinato de Lorenza Castro y Cruz y Joaquín Leandro Solís y Kercadó, nació la demandante Julia Domitila Castro.

Que los demandados están impedidos de negar el estado de la demandante como hija natural de Joaquín Leandro Solís Kercadó porque éste la consideró y trató siempre como hija, llamándola así públicamente, teniéndola en ese concepto, aten-diendo a su sostenimiento y educación y despidiéndose de ella como tal bija en los momentos de sn muerte y en pre-sencia de los demás hermanos, habiendo además los deman-dados pública y privadamente, de palabra y por escrito, reco-nocido a la demandante com'o bija natural de Joaquín Lean-dro Solís y Kercadó. -

En la demanda se'alega además que Julia Domitila Castro antes del 7 de mayo de 1907 contrajo matrimonio con C. H. Kercadó, en cuya compañía ha vivido desde entonces y vive en la actualidad, y a quien une en el ejercicio de la acción.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia declarando que la demandante es bija reconocida de Joaquín Leandro Solís Kercadó, condenando a los deman-dados al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado.

La demanda fue contestada con una negación general de todos y cada uno de los hechos esenciales alegados en la misma y se establecieron además como defensas especiales, la excepción de cosa juzgada y la de estar prescrita la acción de acuerdo con los artículos 199 y 1840 del Código Civil.

Al celebrarse el juicio convinieron las partes con apro-bación de la corte en que se practicara primero la prueba referente a las dos defensas de res judicata y de prescrip-ción para que la.'corte fallara acerca de ellas, dejándose la prueba dé los demandantes tan sólo para el caso en que dichas excepciones fueran desestimadas. En cuanto a la defensa de prescripción, ninguna de las partes propuso prueba, some-tiendo su consideración a la corte por medio de argumentos solamente; y respecto de la otra defensa de res judicata, los demandados presentaron evidencia documental de los hechos que enumeramos a continuación:

Io. En otro caso civil No. 4570 de la Corte de Distrito de. San Juan, anterior al presente, No. 6832 de la misma corte, produjo demanda Julia Domitila Castro, sin expresar cuál fuera su estado, contra los mismos boy. demandados sobre declaratoria dé heredero, sobre reclamación de herencia y sobre daños y perjuicios. En esa demanda solicitó se dic-tara sentencia declarándola heredera del finado Joaquín Lean-dro Solís y Kercadó en concurrencia con sus hijos legítimos y en ¡una participación o cnota igual a la mitad de lo que a cada uno de ellos corresponde, ascendente dicha partici-pación a $11,500, y se condene además a dichos demandados solidariamente, a reintegrar a la demandante la expresada suma y a pagarle también solidariamente $16,800 como indem-nización por el valor de las rentas o • productos del haber hereditario de la demandante, con las costas del juicio a cargo .de los demandados. Para sostener la primera acción de decla-ratoria de heredero, a la que están subordinadas las otras dos acciones, se alegaron en el caso No. 4570 por Julia Domi-tila Castro, los mismos hechos que ahora alega en unión de su esposo C. H. Kercadó para obtener la declaratoria de reconocimiento de hija de Joaquín Leandro Solís Kercadó. La segunda cansa de acción se fundaba en los mismos hechos que sostienen la primera y. además en que a la muerte de Joaquín Leandro Solís Kercadó, los demandados se posesio-naron de sus bienes y sin contar con la demandante, practi-caron -la partición y liquidación del caudal que se repartie-ron, el que hicieron consistir en $63,816.08 cuando en reali-dad era de $150,000, habiéndolo enajenado en su mayor parte y negádose a entregarla los $12,500 que a ella correspon-dían por su legítima como hija natural. La tercera- causa de acción se basaba en que las rentas o productos'de su cuota hereditaria ascienden desde 1897 en que murió su padre a la cantidad de $16,800 que los demandados se negaban a entre-garle. . '

2o. Los demandados excepcionaron la primera causa de ac-ción por no aducir hechos bastantes que la determinaran y también por haber prescrito la acción de ■ conformidad -con los artículos 199 y 1840 del Código Civil. Las otras do.s cau-sas de acción fueron excepcionadas por falta de hechos sufi-cientes a determinarlas.

3o. La corte de distrito sostuvo la excepción de prescrip-ción y por ese fundamento dictó sentencia en el caso No. 4570 contra la demandante, con las costas, la que fué apelada para ante esta Corte Suprema, habiendo sido declarado sin lugar el recurso y confirmádose dicha sentencia por resolución de 6 de julio de 1913. Castro v. Solís et al., 19 D. P. R. 677.

En vista de esos hechos resultantes de las pruebas prae-ticadas, la Corte de Distrito de San Juan dictó en el presente caso la sentencia contra la' cual, según dijimos al principio, ha sido interpuesto este recurso.

Alega la parte apelante que la excepción de cosa juzgada que sirve de fundamento a la sentencia recurrida ha sido erróneamente declarada con lugar por falta de los elemen-tos esenciales que la integran según el artículo 1219 del Có-digo Civil.

Ese artículo dice así:

"Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. ” ‘

Opinamos que dicho artículo ha sido rectamente aplicado por la corte inferior.

Es cierto que en el caso No. 4570 anteriormente seguido por Julia Domitila Castro contra los herederos de Joaquín Leandro Solís Kercadó, reclamaba aquélla su derecho a par-ticipar en l’a herencia de Solís Kercadó por ser hija natural reconocida del mismo, mientras que en la acción que' ahora ejercita pide la declaratoria de tal hija natural reconocida de Solís Kercadó, siendo idénticos los hechos alegados en la primera demanda como determinantes del derecho heredita-rio, a los consignados en la segunda demanda para sostener el reconocimiento de hija natural.

El reconocimiento de hija natural de Solís' Kercadó que no se solicitó en la primera demanda, pero que se establecía como supuesto básico para la declaratoria de heredera de la demandante, se interesa por modo expreso en la segunda demanda, y si recayera sentencia ordenándolo, quedaría des-' truído el fundamento de la sentencia dictada en el caso No. 4570 por la que se denegó'el derecho hereditario solicitado, e iría por tanto abiertamente contra la cosa juzgada.

Ha sido decidido ejecutoriamente por sentencia de 6 de junio de 1913, que Julia Domitila Castro no tiene derecho a participar de la herencia de Solís Kercadó porque su acción para el reconocimiento de hija natural del mismo, está pres-crita y por tanto la cuestión legal sobre prescripción está ya resuelta y no cabe levantarla de nuevo en un pleito como el presente en que la demandante ejercita esa misma acción de reconocimiento.

“Si bien,” como dice el ilustrado comentarista Sr. Man-resa, refiriéndose al artículo 1252 del Código Civil Español, igual al 1219 de nuestro revisado, “es en general posible el ejercicio sucesivo de diferentes -acciones, podrá constituir lo primeramente resuelto, cosa juzgada para el segundo pleito, cuando la nueva acción estuviere como embebida en la pri-mera o fuese consecuencia inseperable de la misma.”

La acción de reconocimiento de hija natural estaba embe-bida en la acción de declaratoria de heredera de Julia Domi-tila Castro pues- ésta no podía ser declarada heredera de Joaquín Leandro Solís Kercadó sin ser su hija natural reco-nocida mediante sentencia o en forma auténtica y fehaciente.

Así lo entendimos al resolver el caso No. 4570, Castro v. Solis, 19 D. P. R. 677. Entonces dijimos:

“ * ■* * Por consiguiente, el mero hecho de" que la demandante naciera en la casa de Joaquín Leandro Solís Kercadó cuando éste tenía en su casa como concubina a la madre de la apelante no es por sí solo bastante para darle el estado de hija natural que aun en el derecho anterior a la Ley de Toro, sólo establecía una presunción, y por tanto sujeta a la prueba de que los hechos de que dimanaba fueran ciertos, por lo que aun entonces era necesario acreditarlos ante los tribunales, para que como consecuencia de ellos se hiciera la declaración de ser hijo natural, lo que equivalía a ejercitar la acción de filiación. En el derecho de la citada Ley de Toro tales hechos implicarían un reconocimiento tácito del padre, pero sujetos al juicio de filiación. De todos modos, ya esos hechos se consideren como presunción del estado de hija natural, como entiende la 'ape-lante, o sirvan para probar el reconocimiento tácito, como entendemos nosotros, no tienen otro alcance que el de servir de prueba de la acción de filiación por lo que debemos concluir que la primera causa de acción no tiene otro alcance que ése, demostrado además porque la demanda .consigna hechos tendentes a demostrar el reconocimiento por actos y palabras del alegado padre. Si se sostiene que por la demanda sólo se ejercita la acción de participación hereditaria, no-alegando la demandante que ha sido reconocida de una manera so-lemne y auténtica, no tendría causa de acción. Matienzo v. Morales, 16 D. P. R. 588; Calaf v. Calaf, 17 D. P. R., 198.”

Tenemos, pues, que el reconocimiento de su filiación ale-gado por Julia Domitila Castro fué considerado en el primer caso No. 4570 como un medio necesario sujeto a prueba, para llegar 'a la declaratoria de heredera a favor de aquélla y que buscándose ese mismo reconocimiento en el presente caso, hay, bajo ese aspecto, identidad de cosas en uno y otro pleito.

En cuanto a la identidad de causas, es claro que el fun-damento capital, el origen de las acciones en uno y otro •pleito, es el mismo, como lo revela la simple lectura de las demandas de ambos pleitos.

Por lo que toca a las personas que como litigantes figu-raron en el pleito No. 4570, y las que hoy figuran en el.pre-sente, son las mismas con excepción del esposo de la deman-dante que en el caso anterior no compareció a pesar de estar ambos casados, y ahora comparece en compañía de su esposa.

Esa. circunstancia no afecta a la cosa juzgada, pues el pro-pio artículo 1219 del Coligo Civil invocado por la parte recu-rrente, después del párrafo 2o. que dejamos transcrito, dice así:

“En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y en el de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, la pre-sunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no hubiesen litigado. ’ ’

Favoreciendo a C. TI. Kercadó con la condición de ter-cero respecto del pleito sobre declaratoria de heredero en que fué parte su esposa, punto que puede ser discutible, la sentencia recaída en ese pleito es eficaz contra él por haberse decidido una cuestión relativa al estado civil de su esposa, cual-es la de la filiación natural.

Alega la parte apelante que; nuestra decisión en el pleito No. 4570 en que no se ejercitó la acción de reconocimiento de Rija naturál de Julia Domitila Castro, y no obstante se declaró extinguida esa acción por prescripción, fue un obiter dictum. No es así, y para convencerse de ello basta la lec-tura de la opinión que fundamentó nuestra decisión en el caso No. 4570 en la parte que dejamos transcrita; pero dato et non concesso que así fuera, si examinamos la demanda que originó el presente caso, prescindiendo de la excepción de cosa juzgada a ella opuesta por los demandados, llega-remos a la conclusión de' que la otra excepción de prescrip-ción también alegada se sostiene por las razones que al resolver el caso No. 4570 adujimos en favor de la prescripción, las que reproducimos a continuación:

“* # * Cuando en 1897 murió Joaquín Leandro Solís Ker-eadó, la demandante era menor de edad y tenía viva su acción de acuerdo con el artículo 137 del Código Civil Español, mas disponién-dose por el 199 del Código Civil Revisado que la acción sólo durase basta dos años después de ser el Rijo mayor de edad, y habiéndola alcanzado la demandante en 1907, de acuerdo con el artículo 317 que la fija a los veinte y un años cumplidos, 'se babían extinguido ya esos dos años cuando en 1911 presentó su demanda, y por tanto estaba prescrita, por lo que no cometió error la corte inferior al declarar su prescripción.
“Que la acción de filiación es prescriptible y que a las nacidas bajo el imperio de las leyes de Toro les son aplicables las disposi-ciones de los códigos posteriores sobre prescripción, son materias tan ampliamente discutidas y resueltas en varias sentencias de este Tribunal Supremo que nos basta remitirnos a ellas, con mayor razón cuando no es el punto discutido por la parte apelante. Véanse los casos de Gual v. Bonafoux, 15 D. P. R. 559; Amsterdam v. Puente, 16 D. P. R. 554; Escobar v. Escobar, 16 D. P. R. 590; Hijos v. Folgueras, 16 D. P. R. 624, confirmada ésta en 24 de febrero de este año por la Corte Suprema de los Estados Unidos, 227 U. S. 375; Calaf v. Calaf, 17 D. P. R. 198.”

Castro v. Solís, 19 D. P. R. 677.

La demanda que originó el presente caso fné presentada con posterioridad al año de 1911.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Com,firmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Borges, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de portar armas.
    No. 919.
    Resuelto en febrero 15, 1916.
    Portar Armas — Revólver—Facultades del Arrendatario de una Finca para Portarla. — El artículo 2 de la ley prohibiendo portar armas, aprobada, en 9 de marzo d'e 1905, tal como quedó enmendado por la Ley de marzo 12, 1908, no prohíbe al arrendatario de una finca,.cuando está en ella, portar un revólver.
    Id. — Homioidio en Defensa Propia — Entrega del Arma a la Policía. — El mero hecho de salir el acusado de su finca al camino público para hacer entrega a un policía, a quien había enviado a buscar, de un revólver con el cual había cometido un homicidio en defensa propia, no convierte el acto de portar el arma legalmente en un delito, ni sería culpable tampoco de portar armas pro-hibidas si, en vez de enviar por la policía, él mismo, directamente,- se hubiera dirigido, con su revólver en el bolsillo, hasta el puesto^de policía más cercano para informar a las autoridades de lo ocurrido y entregar el arma.
    Los hechos están expresados eu la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. HuyJce.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mesúre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Al celebrarse un juicio por homicidio voluntario y apa-recer de la prueba un verdadero caso de defensa propia, el acusado y apelante fue absuelto en la Corte de Distrito de Humacao por él jurado a virtud de la instrucción perento-ria que le dió la corte a instancia del Fiscal. Con posterio-ridad a esto fné formulada una acusación, en la que se impu-taba el hedió de portar un revólver el- acusado quien abora establece apelación contra la sentencia por la cual fné decla-rado culpable de este último delito.

Se alega que la corte cometió error, primero, al denegar la moción de baber sido ya expuesto el acusado por el mismo delito, y segundo, al condenar al acusado, puesto que se' de-mostró plenamente por la prueba que el acusado estaba en-tonces én la finca que tenía arrendada.

Según la consideración que bemos becbo del caso, no es necesario que examinemos el primer fundamento del recurso.

El artículo 2 de la ley prohibiendo portar armas, apro-bada en marzo 9, 1905, tal como quedó enmendada por la Ley de marzo 12, 1908, página 45, prescribe lo siguiente:

“Artículo 2. — El artículo precedente no se aplicará a un indivi-duo en servicio activo, como individuos del ejército, ni a un funcio-nario del orden público, que ejerza autoridad, como juez, fiscal, mársbal, submárshal, alguacil de los tribunales insulares o federales a las personas ocupadas en custodiar presos, mientras estuvieren así empleadas; ni a ningún policía ni a ningún agente de rentas intemas en el desempeño de sus deberes oficiales, ni prohíbe tener o llevar armas a los propietarios, arrendatarios, administradores, mayordomos o celadores de una finca cuando estuviesen en ella o al ir y regresar de la misma, así como dentro de sus casas particulares o edificios que cus-todiasen o guardasen ni se aplicará a una persona adscrita al servicio militar o naval de los Estados Unidos; ni a personas conductoras de los correos de los Estados Unidos, ni a persona encargada de la cus-todia de propiedad o fondos insulares o municipales, como celadores o guardias que lleven una autorización por escrito del jefe superior encargado de dicha propiedad o fondo; ni tampoco se aplicará al acto de llevar cortaplumas plegadizos de bolsillo corrientes, que tengan hojas de menos de tres pulgadas de longitud; ni tampoco se aplicará al instrumento denominado machete, cuando se usa o lleva de buena fe por el dueño o poseedor del mismo como requisito indispensable de labor. Disponiéndose, que la autorización que por'esta ley se concede a los propietarios, arrendatarios, administradores, mayordomos o cela-dores de fincas agrícolas, para ser efectiva fuera de las mismas, tendrá que ser confirmada a solicitud de los interesados, por el juez municipal respectivo. ’ ’

Las declaraciones en 'las cuales se trata de la cuestión promovida en el segundo señalamiento de error, supra, son sustancialmente las siguientes:

Juan Eíos Bivera (policía insular) declaró “Que en el mes de diciembre de 1912, el testigo estaba de servicio en el pueblo de Naguabo, y vinieron buscándolo', informándole que babía habido un disgusto en el barrio del Bío; que el testigo y otro policía, Andino, salieron para el sitio y cuando llega-ron a casa de Simplicio Ojeda encontraron a un individuo tendido en el suelo; que el declarante se apeó y preguntó quién babía tenido el disgusto y entonces vino Borges y le dijo que babía sido él y le entregó un revólver, haciendo una descripción e identificación del mismo; que eso ocurrió en el barrio del Bío, en casa de Simplicio Ojeda, del pueblo de Naguabo, en el barrio del Bío, en el barrio, en un camino que conduce a Huma cao y que el acusado estaba debajo de un ár-bol de china o de naranja.” Bepreguntado, dijo: “Que no sabe de quién es 1st finca esa donde ocurrió el hecho; que no conoce el nombre del dueño; que sabe que vive allí Simpli-cio Ojeda pero no sabe de quién es la finca; que no sabe de quién es la finca.; que no sabe si está arrendada a Marcelino Borges; que no le consta nada de eso; que por ese camino todo el mundo transita, pero la |inca por donde Borges estaba, está a la parte abajo y el camino mismo atraviesa la finca por una parte.” A preguntas hechas por'la corte manifestó: “Que el declarante fué el que ocupó el revólver y se lo ocupó a Marcelino Borges en el camino que conduce de Bío Blanco a Humacao, cerca de la casa de Simplicio Ojeda, y que eso fué en el barrio del Bío en diciembre de este año pasado.” A nuevas preguntas del abogado del acusado, contestó: ‘‘ Que eso fué al llegar el declarante allí, estaba el muerto así, y él sacó el revólver para entregárselo; que lo sacó del bolsillo.”

Juan Valentín declaró: “Que conoce a Marcelino Borges, Jr.; que en el mes de diciembre de 1914, el declarante vió que Tinito Maldonado tenía el revólver y Tinito Borges tenía también uno, y Tinito Maldonado buscaba disgustos con él; él lia sido el que lo lia buscado, Tinito Maldonado a él, con ' su arma; que el declarante vió a Marcelino Borges con revól-ver y que el declarante vió cuando se acercó allí el policía Ríos y Tinito Borges entregó el revólver al policía; que Ti-nito Borges es Marcelino (indicando al acusado); que cuando Tinito, Borges le entregó el revólver al policía estaba al pie de la casa, en la finca, en el' camino, en el camino de ir para el pueblo de Naguabo y de venir para Humacao, en la finca de él; que él vió el revólver pero no sabe de qué clase era; que el testigo sabe que Tinito Maldonado tenía uno y él otro-, y Tinito Maldonado fué el que lo buscó en la finca de él; que Tinito Maldonado no fué nada más que buscándolo a él, y por eso fué que pasó lo que pasó, que él'salió muerto.” A pre-guntas de la corte contestó: Que Tinito Maldonado le tiró primero tres tiros, y él (indicando al acusado) le tiró cuatro y Tinito Maldonado murió en el último.”' Repreguntado con-testó: “Que el acusado se encontraba en la finca, de Mar-‘ celino.” A preguntas de la corte dice “Que el testigo sabe que esa finca es de él (del acusado) porque es del padre todo aquello y de él también es todo aquello.”

Simplicio Ojeda declara “Que en diciembre de 1914, el acusado portaba un revólver el cual entregó al policía Jnan Ríos; que se le ocupó el revólver en propiedad de Antero Santana; que el Señor Borg’es le tenía arrendada cuatro cuer-das; que cuando Marcelino Borges le entregó el revólver al policía estaba éste en el mismo callejón frente al camino.” Repreguntado dijo: “Que Borges tenía arrendada de esa pro-piiedad cuatro cuerdas, y que el declarante vió que Borges sacó el revólver del bolsillo y se lo entregó al policía; que lo sacó de su bolsillo.”

Marcelino Borges declaró lo siguiente: “Que el día del asunto de Tinito Maldonado el testigo usó un arma de defensa suya (reconociéndola); que cuando llegó el policía el decla-rante la entregó a él, sin que se la pidiera; que el- declarante se encontraba dentro de un callejón que bay entre una casa de vivienda y una tienda que pertenece a una finca que él tiene arrendada y cuya finca es de Antero Santana; qne el decla-rante está en posesión de esa finca desde el 31 de diciembre del año pasado, por tres años; qne 'vence el año qne viene el contrato; qne hicieron nn contrato por escrito (identifi-cando el contrato); qne dentro de esa finca fné qne ocurrieron los liecbos, y qne el declarante advirtió al policía lo qne había pasado en aquel momento; que el declarante mandó a buscar al policía y él mismo le entregó el revólver y le explicó lo qne había pasado.” Repreguntado por el Fiscal dijo: “Que cuando el policía llegu el testigo le entregó el revólver, y des-pués de i haberle entregado el revólver el declarante se fné debajo de un árbol de naranjo; qñe el policía vino donde estaba él; que el policía vino donde estaba él; que el policía vino por el camino, a caballo, y que el declarante estaba como a dos varas retirado del camino, "en el callejón.” A pregun-tas de la defensa contestó: “Que el camino es un camino ’de la finca que pertenece a la propiedad.” A preguntas de la corte dice: “Que en el camino no le ocuparon el arma al testigo, no señor, fuera del camino, en el callejón de las dos casas, de la casa y la tienda, entre medio de las dos casas; que el camino también pertenece a la finca, es camino de la propiedad. ’ ’

El contrato de arrendamiento también fué presentado como prueba.

Se hace difícil comprender cómo es que en vista de estas declaraciones, que fueron corroboradas por prueba documen-tal pudo el juez sentenciador haber dejado de llegar a la con-clusión de que el acusado no se encontraba dentro de su pro-pia finca, tanto en el momento en que ocurrió el disgusto como cuando llegó la policía. Pero sea esto como fuere, el mero hecho, si lo es, de haber salido el acusado de su finca al camino-para entregar el arma con la cual había defendido su vida a un representante de la ley no convertiría el acto de portar el arma legalmente en un delito.

No se ha alegado ni tratado de probar, bien por medio de la prueba o en el informe del Fiscal, que el delito por el cual fné declarado culpable el acusado se cometiera en el mo-mento de ocasionarse la mnerte. Por el contrario, el Fiscal con el fin de sostener la sentencia alegando para ello qne exis-ten contradicciones en la prueba, insiste en el hecho de qne por lo menos en la declaración de nn testigo, Jnan Valentín, se hace referencia al tiempo en qne ocnrrió el disparo y no a cuando se hizo la entrega del revólver. No solamente ha sido de tal modo admitido snstancialmente qne la muerte tuvo lugar en la finca del acusado, sino qne cualquier cuestión qne pudiera surgir respecto al hecho de portar el acusado ilegal-mente un arma prohibida en ese momento ha quedado com-pletamente descartada.

La prueba no ha sido contradicha en cuanto al hecho de que el acusado, después de dar muerte a un hombre en defensa propia envió inmediatamente por la policía, esperando tran-quilamente que llegara al sitio del suceso y que a su llegada prontamente confesó ser el matador y entregó su arma. Este era claramente su deber en vista de las circunstancias y de haber procedido en alguna otra forma se hubiera interpre-tado esto como una prueba de su culpabilidad. Si en vez de enviar por la policía hubiera seguido él mismo con su revól-ver en el bolsillo hasta el puesto de policía más cercano para informar a las autoridades de lo que había ocurrido y entre-gar el arma, no hubiera sido culpable del delito qne se le im-putó. 8 R. C. L., pág. 288, see. 309; Foster v. State, 126 S. W. 1155; Britton v. State, 124 S. W. 684; Miles v. State, 108 S. W. 378; Fitzgerald v. State, 106 S. W. 365.

Debe, por tanto, revocarse la sentencia condenatoria y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Audrey

text:
    Medina, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Reoueso gubernativo contra nota del Registrador de Caguas por defectos snbsanables en inscripción de declaratoria de herederos.
    No. 263.
    Resucito en febrero 18, 1916.
    Inscripción de Títulos — Circunstancias Personales — Palta de Consignarse en los Títulos — Defecto Subsanable. — De acuerdo con los artículos 9, No. 6, de la Ley Hipotecaria, y 63, regla 9, del reglamento para su ejecución, los registradores deberán expresar en la inscripción, según conste de ios títulos piesentados, el nombre y apellido, edad, estado, profesión y domicilio de la persona de quien qDi'oeeden inmediatamente los bienes, circunstancias que sirven para identificarla, y la falta de consignarse en los títulos tales circunstancias constituye defecto subsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido Sr. Emigdio S. Ginorio compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Audrey

emitió la opinión del tribunal.

Al inscribir el registrador recurrido la declaratoria de herederos que con otro documento le presentó el recurrente hizo constar en la inscripción, según nota puesta al pie de la declaratoria de herederos, dos defectos snbsanables siendo ■el primero, único contra el cual se recurre, que en los docu-mentos presentados no se expresa el estado civil y demás cir-cunstancias personales del cansante.

Según el artículo 9, número 6o. de la Ley Hipotecaria, toda inscripción que se hag'a en el registro expresará, entre otras circunstancias, el nombre y apellido de la persona, corpora-ción o persona jurídica de quien inmediatamente procedan los bienes o derechos reales que deban inscribirse; y al esta-blecer el artículo 63 de su Reglamento la manera de llevar a cumplimiento ese precepto dispuso en su regia 9a. que los nombres que deban consignarse en la inscripción se expre-sarán según consten del título y que al nombre se añadirá la edad, estado, profesión y el domicilio.

Este precepto es claro y de acuerdo con él deberá el regis-trador bacer constar en la inscripción esas circunstancias de la persona de quien proceden los bienes, las que sirven para identificarla, y como no¡ constan de los documentos que se le presentaron procedió correctamente al consignar esa falta como subsanable. Hernández v. El Registrador, 12 D. P. R. 130, y Resoluciones de la Dirección de los Registros de Es-paña de 21 de julio de 1863, 19 de abril de 1890. El caso de Pereira v. El Registrador, 20 D. P. R. 62 que el recurrente cita en apoyo de su recurso no guarda relación con el pre-sente porque entonces la cuestión fuá respecto al título de adquisición de la persona que trasmitía el derecho, y el de-fecto estaba subsanado en otro documento acompañado con el título.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso- ’ ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este recurso.


author: El Juez Peesidente Se. HebnLndez

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Giraud, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre abandono de 'menores.
    No. 920.
    Resuelto en febrero 21, 1916.
    ABANDONO DE MENORES-DEBERES 'PATERNALES-ALIMENTOS, VESTUARIO 7 ASIS-TENCIA Médica — Omisión Voluntaria — Excusa Legal.' — En una acción criminal por abandono de menores, no basta demostrar que el acusado dejó do cumplir sus deberes de padre con relación a sus hijos, dejando de propor-cionarles los recursos indispensables para su subsistencia, talos como alimento vestuario y asistencia médica, sino que es necesario probar además, de acuerdo con el artículo 263 del - Código Penal, que esa omisión fué voluntaria y sin excusa legal.
    Intención Criminal — Voluntad—Acto u Omisión Ilegal. — La palabra “wil-fully” '(voluntariamente) según el número Io. del artículo 559 del Código Penal, aplicada a la intención con que se ejecute un acto o se incurra en una omisión, implica simplemente propósito o voluntad de cometer el acto o in-currir en la omisión a que se refiere.
    Id. — Circunstancias del Delito — Presunción.—De acuerdo con el apartado 2o. del artículo 12 del Oódigo Penal, la intención se manifiesta por las circuns-tancias relacionadas con el delito, debiendo una intención presumirse maliciosa y criminal por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Juan B. Euyhe.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal'.

   El Juez Peesidente Se. HebnLndez

emitió la opinión del tribunal.

Se' trata de nn recurso de apelación interpuesto por el acusado Manuel G-iraud contra sentencia que en grado de ape-lación mediante celebración de nuevo juicio dictó la Corte de Distrito de Iiumacao en 8 de abril de 1915, por la que declara culpable al apelante del delito de abandono de menores y lo condena a la pena de doscientos dólares de multa y en defecto de pago a sufrir noventa días de cárcel y al pago de las costas. La denuncia dice así:

“Yo, Eulogia Crispin, vecina de Vieques, 3?. R., formulo denun-cia contra Manuel G-iraud por un delito de abandono de menores co-metido de la manera siguiente: Que en 4 de noviembre de 1914 hasta el mes de enero de 1915 y en este pueblo de Vieques, P. R., del dis-trito judicial municipal de Vieques, P. R., el susodicho acusado, voluntaria y maliciosamente y sin excusa legal para ello, dejó de proveer del indispensable alimento, vestuario, y protección a sus dos hijos, tenidos en su matrimonio^ con la declarante, nombrados Carmen y Juan, de dos años y ocho meses-de edad respectivamente.”

La denuncia fue jurada con fecha 3 de febrero de 1915.

La única cuestión levantada por el apelante en apoyo del recurso es la de que Manuel Giraud ha cumplido siempre con sus deberes de padre antes y después de la denuncia, habiendo sido jurada ésta cuando'ya el denunciado, resta-blecido de su enfermedad, cumplía con tales deberes y había cesado, por tanto, el supuesto abandono, sin que se haya demostrado que tuviese el firme propósito de abandonar a sus menores hijos, requisito indispensable para la existencia del delito de abandono de que se trata.

La prueba suministrada por El Pueblo consiste en las de-claraciones de la esposa y suegra del denunciado, o sea, de Eulogia Crispin y Agueda Clamadlo.

Según Eulogia Crispin, su esposo Manuel G-iraud pasó tres meses sin suministrar alimentos a sus hijos Carmen y Juan, de dos años y diez meses de edad respectivamente, ni darles lo necesario para vestuario y medicinas; le escribió una carta y él no contestó; aunque no están divorciados, viven separados hará unos dos años, viviendo él en un barrio y ella en el pueblo con sus hijos en la casa de su madre Agueda Camacho; antes de la denuncia el esposo cumplía con sus deberes, pasándole el semanal de $2, y también hizo lo propio después de la denuncia, cuya cantidad era insuficiente para el sostenimiento de sus hijos; supone que el marido, de oficio carpintero, gana $12 semanales en la Central Arcadia donde trabaja; ignora si el denunciado estuvo enfermo y si dejó de ganar dinero: cuando fué a la corte no lo hizo con el propósito de denunciar a su marido, sino para presentar una queja contra él, con el fin de ver si el juez podía hacer que le pasara alimentos, y entonces el juez le informó que tenía que denun-ciarlo para que él se presentara ante la corte; en noviembre, cuando no le pasaba nada, trabajaba, y empezó a pasarle $2 semanales cuando ella lo denunció.

Agueda Camacho declara que Manuel Giraud dejó por tres meses de pasar alimentos a sus hijos habidos en su matri-monio con Eulogia Crispin, de' la que estaba separado haría tres años; la testigo dice ser una pobre miserable y su hija Eulogia Crispin vive con ella en Yieques; supone que Giraud ganaría algo durante el tiempo ya expresado, pues es un maestro empleado; antes de los tres meses a que se ha referido trabajaba Giraud con Don Mozo y después de la denuncia el denunciado mandaba algo para sus hijos, $1 o $2, según sus fuerzas.

Los testigos de descargo fueron Manuel Benitez y José Agustín Díaz Smaine.

Manuel Benitez dice que por el mes de noviembre, Giraud, maestro carpintero, se produjo una herida en la mano con una hachuela.y estuvo como siete semanas impedido de tra-bajar, pasándole Don Mozo $2 semanales para su sosteni-miento mientras estuvo enfermo; se causó la.herida en la mano derecha, no recuerda si en el dedo grande, y se la vió el primer día, viéndole después el dedo empatado; ganaba a razón de doce y catorce reales por día; como una semana o dos antes de ser denunciado, fué que el testigo lo vió enfermo.

José Agustín Díaz Smaine declara que vive en Tabucoa y es agricultor, pero va a cada momento a Vieques por tener allí propiedad que atender; sabe que el acusado estuvo en-fermo por el mes de noviembre con motivo de una herida que se produjo, a su parecer en la mano derecha, ignorando en qué dedo; no puede decir con seguridad cuánto duró la en-fermedad, pero sabe que pasaron cuatro semanas porque ha-biéndose quejado el denunciado de que estaba enfermo, el padre del testigo llamó a Manuel Benitez y le ordenó que le pasará $2 semanales para comida, médico y medicinas, hasta que pudiera trabajar; trabajaba como carpintero y al prin-cipio ganaba $2 al día, pero después sólo se le pagaban 12 reales cuando trabajaba; cree el testigo que mientras Giraud estuvo enfermo no le mandaba nada % sus hijos, pues lo que se le pasaba le daba escasamente para comer.

Ante las pruebas de cargo y de descargo que en síntesis dejamos expuestas, opinamos que falta prueba del delito de que fué acusado el apelante Manuel Giraud, tal como lo define el artículo 263 del Código Penal, que dice así:

“Artículo 263. — Todo padre o madre de un niño que voluntaria-mente y sin excusa legal dejare de cumplir cualquiera de las obliga-ciones que la ley le impone de proveerlo del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor.”

Hay prueba de que el acusado Manuel Giraud dejó de cum-plir sus deberes de padre con relación a sus hijos impúberes Carmen y Juan, dejando de proporcionarles los recursos indispensables pára sn subsistencia durante el término de unos tres meses, pero falta prueba de que aquella omisión fuera voluntaria y sin excusa legal, requisito tan indispensable como el primero para la existencia del delito de que se trata.

La palabra “wilfully” (voluntariamente), según el No. 1 del artículo 559 del código citado, aplicada a la intención con que se ejecute un acto o se incurra en una omisión, implica simplemente propósito o voluntad de cometer el acto o de incurrir en la omisión a que se refiere; y según el apartado 2o. del artículo 12, la intención se manifiesta por las circuns-tancias relacionadas con el delito, debiendo una intención pre-sumirse maliciosa y criminal por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro.

No se fia suministrado prueba alguna tendente a demos-trar que el acusado, voluntariamente y sin excusa legal, dejó de cumplir con sus hijos Carmen y Juan los deberes consi-guientes, a su paternidad, y la presunción de que la falta de cumplimiento de esos deberes fue voluntaria y sin excusa legal, está en oposición con los testigos de descargo Manuel Benitez y José Agustín Díaz Smaine, no contradichos por las testigos de cargo Eulogia Crispin y Agueda Camacho, las cuales no niegan que G-iraud estuviera enfermo durante el tiempo que dejó de suministrar alimentos a sus referidos hi-jos, expresando por el contrario Eulogia Crispin que ignora si estuvo enfermo y dejó de ganar dinero.

Respecto a la excusa de Giraud con relación a la falta de cumplimiento de sus deberes paternales, no hay conflicto de prueba que haya sido decidido por la corte inferior y a cuya decisión debamos someternos, pues sobre ese particular únicamente han declarado los testigos de descargo y nada han afirmado en contrario los de cargo.

Por las razones .expuestas es de revocarse la sentencia apelada, absolviendo al acusado Manuel Giraud, con las cos-tas de oficio.

Revocada la sentencia apelada y absuelto él acusado:

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Oronoz & Co., Demandante y Apelante, v. Alvarez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla,. • en causa sobre mejor derecho a la propiedad.
    No. 1326.
    Resuelto en febrero 21, 1916.
    Embargo — Posesión de los Bienes — Abandono.—rPara que un embargo pueda quedar protegido, el funcionario que lo practica debe retener el poder y facul ■ tad de entrar en la inmediata posesión de los bienes, y si dejare de hacerlo, se considerará que el embargo ha sido abandonado.
    Id.-PÉRDIDA DEL CONTROL DE LOS BIENES-EXTINCIÓN DEL DERECHO DE PREFE- ■ rencia. — Si el depositario de bienes embargados, y por éste el funcionario ejecutivo de la corte, permiten que los mismos salgan de su posesión al hacerse un segundo embargo y ejecución, queda extinguido el derecho de preferencia adquirido originalmente, con la pérdida del control que tenían de dichos bienes.
    Id.- — Segundo Embargo — Entrega de los Bienes — Custodia Legis. — Embargados unos bienes, y vueltos a embargar por un tercero, el depositario debe negarse a verificar la entrega de los mismos, basándose en que éstos se encuentran . bajo custodia legis, y si fueren tomados violentamente, el depositario debe utilizar el correspondiente recurso ante la corto para evitar la. pérdida del derecho.
    Id. — Sentencia—Acreedor por Sentencia — Prioridad.—La mera prioridad de una sentencia no da derecho preferente alguno al acreedor primitivo. Es nece-sario el embargo u otro remedio parecido, pues.en lo que respecta a acreedores por sentencia, el primero que embarga tiene prioridad.
    Id. — Prelación de Créditos. — La prelación de créditos a que se refiere el artículo 1822 y siguientes del Código Civil, no es aplicable a los embargos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Reichard & Reichard.

    Abogago del 'apelado: Sr. Juan R. Sotoi

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Oronoz y Compañía, que son los demandantes en esta acción también lo eran en otro pleito seguido ante la Corte Municipal de San Sebastián contra Santiago Rosa en cobro de $289.23. En la corte de San Sebastián los demandantes solicitaron y obtuvieron de la corte una orden. de embargo para el aseguramiento de la sentencia. De acuerdo con dicha orden el márshal de la corte embargó preventivamente bienes suficientes del deudor para satisfacer la reclamación. ' Es un hecho importante en este caso el haber sido depositados dichos bienes en poder de Joaquín Oronoz por orden y bajo la res-ponsabilidad de Oronoz y Compañía.

Los demandantes en esta acción alegaron que una vez firme la sentencia de la corte municipal, no pudo hacerse efec-tiva sobre los bienes embargados por haber sido éstos embar-gados y vendidos en virtud de resolución de la Corte de Dis-trito de Aguadilla. Los apelantes nos hacen suponer qué tenían un válido y subsistente derecho de preferencia y, por tanto, que el embargo subsiguiente y venta que de acuerdo con el referido embargo se llevó a cabo estaba sujeto a dicho derecho de preferencia.

Como hemos indicado los bienes fueron depositados en poder de Joaquín Oronoz quien según parece es uno de los demandantes en este caso. Pedro Alvarez había establecido una reclamación hasta obtener una sentencia contra el mismo deudor Santiago Rosa. En cumplimiento con esta sentencia se permitió al márshal de la Corte de Distrito de Aguadilla en alguna, forma que no aparece clara en los autos, que em-bargara y vendiera los bienes que ya se encontraban bajo la custodia de Joaquín Oronoz. No consta que este último for-mulara alguna protesta contra el acto del márshal, o que los demandantes hubieran tratado de algún modo en la Corte de Distrito de Aguadilla de proteger su pretendido derecho de preferencia. Estos al parecer confiaron enteramente en su primitivo embargo y depósito.

Las autoridades generalmente sostienen el criterio de que para que un embargo pueda quedar protegido, el funcionario que lo practica debe retener el poder y facultad de entrar en inmediata posesión de los bienes, y si dejare de liacer esto se considerará que el embargo lia sido abandonado. 2 r. C. L. 867, Título Embargo. En la misma obra, y en la página 868, se dice que si se pierde la posesión legal de los bienes y objetos personales que ban sido embargados, el embargo, que está sujeto a dicba posesión queda disuelto. Sanford v. Boring, 12 Cal. 539; Western v. Door, 43 Am. Dec. 259. El mismo principio se entablece en 4 Cyc. 654. Joa-quín Oronoz y -por éste el márslial de la corte municipal, permitieron que los bienes embargados salieran de su posesión habiéndose perdido el derecho de preferencia adquirido ori-ginalmente.

Aparece de los autos que el márshal de la Corte de Dis-trito de Aguadilla trató de hacer efectiva la sentencia de Oronoz y Compañía en la corte municipal pero que la Corte de Distrito de Aguadilla, a solicitud de Alvarez Paje, ordenó que la misma fuera satisfecha a Pedro Alvarez Paje. No-consta cuál fué la verdadera razón que tuvo la corte de dis-trito para adoptar esta resolución, pero a menos que se demuestre lo contrario, debe presumirse que el márshal de la corte de distrito presentó su certificado de diligenciamiento acreditando que había embargado bienes del deudor. No existe nada en los autos que demuestre que el márshal de la corte de distrito consintió o convino en hacer el embargo de lós bienes sujetos al primer embargo. Podríamos tener du-das de si la Corte de Distrito de Aguadilla hubiera quedado-obligada por razón de dicho convenio puesto que la teoría del embargo de bienes muebles es que el derecho de preferencia se extingue con la pérdida del control por parte del funcionario ejecutivo y en este caso el márshal de la corte municipal o su depositario Oronoz abandonaron o perdieron la posesión. Sería dudoso que cualquier convenio particular entre los dos márshals pudiera afectar a Alvarez Paje o al derecho de' la corte a ordenar que se haga efectiva la sentencia de dicho Alvarez Paje sobre los bienes en poder del márshal. Segura-mente que no afectaría a la corte a menos que se demostrara el convenio.

Se alega en la demanda que Pedro Alvarez Paje tenía conocimiento de todos los procedimientos y su conocimiento es un hecho que ha sido admitido en este caso. Aparece tam-bién, como hemos visto, que el márshal iba a proceder a hacer efectiva la sentencia dictada a favor de Oronoz en la corte municipal y que la corte de distrito a instancias de Alvarez Paje ordenó que el producto fuera satisfecho a este último. No vemos que surja por ello ninguna causa de acción contra Alvarez Paje en favor de los demandantes. No se ha ale-gado o demostrado que Oronoz o el márshal de la corte municipal renunciaran el control que tenía sobre los bienes debido a alguna proposición o promesa, expresa o tácita, por parte de Alvarez Paje. El derecho preferente se perdió por el hecho de renunciar al poder que tenían sobre los bienes, y si los demandantes fueron inducidos a hacer renuncia de dicha posesión por razón de alguna promesa o aliciente de Alvarez Paje, debió haberse mostrado tal promesa o incitación. De lo contrario no sur je ninguna causa de acción por razón de los actos de Paje {estoppel) o por algún otro motivo. Los demandantes o su agente abandonaron el control. Al pre-sentarse el otro acreedor o el márshal de la corte de distrito, el depositario Aronoz debió haberse negado a verificar la entrega' basándose en que los bienes ya se encontraban bajo custodia legal. Y si entonces el márshal de la corte de dis-trito los tomara violentamente dicho depositario hubiera te-nido un recurso directo a la corte de distrito. De los autos no consta que el depositario, el márshal dé la corte municipal', o los demandantes en este caso hubieran hecho alguna dili-gencia por evitar que se perdiera el derecho.

La corte de distrito al resolver el caso en favor de Pedro Alvarez Paje fundó su razonamiento en el hecho de que dicho acreedor había obtenido sentencia de fecha anterior a la de los demandantes y apelantes en esta acción. Recientemente ha resuelto este tribunal que la mera prioridad de una sen-'tencia no da derecho preferente alguno al primitivo acreedor. Auffant v. Sucesión de Manuel de J. Ramos et al., resuelto en enero 26, 1916. Es necesario el embargo o alguna otra me-dida parecida para darle prioridad a la sentencia y en lo que respecta a acreedores por sentencia el primero que embarga' tiene prioridad. Es una lucha en la cual el más diligente sale victorioso. La prelación de créditos a que se refiere el ar-tículo 1822 y siguientes del Código Civil no es de aplicación a los embargos.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández

text:
    Riera, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 1ª., Recurrido.
    Recursos gubernativos contra notas del Registrador de la propiedad de San Juan, Sección Ia., denegando la inscrip-ción de escrituras de compraventa.
    Nos. 259 y 260.
    Resueltos en febrero 25, 1916.
    Recurso Gubernativo — Paute Interesada — Inscripción de Título. — Es parle , interesada en una nota denegatoria de la inscripción de un documento, la persona que para inscribir otro documento á su favor necesita que se verifique previamente aquella inscripción.
    Otorgamiento de Escritura — Venta por el Márshal — Orden de Ejecución— Ealta de Comparecencia del Comprador — Impedimento o Estoppel. — Aún cuando en el otorgamiento de escritura de venta por precio recibido, hecha por un marshal en ejecución de sentencia por no haberla otorgado el deman-dado, no concurriera el demandante a cuyo favor se otorga la venta, éste no puede negar la existencia del contrato a que se refiere el documento, y está impedido (estopped) en todo tiempo de ir contra él.
    Id.- — Aceptación de la Escritura por el Comprador' — Inscripción en el Re-gistro — Defecto Subsanable. — Un márshal cumple con una orden de ejecu-ción para la venta de propiedad por precio recibido, de acuerdo con la parte demandante, cuando la escritura se otorga en los términos pedidos en la de-manda y acordados por la sentencia, pero cuando no consta que dicho deman-dante, expresa y legalmente, aceptara el documento, adolece éste para su inscripción de defecto subsanable.
    Inscripción de Título — Principio Establecido en el Artículo 17 de la Ley Hipotecaria. — El artículo 17 de la Ley Hipotecaría realiza el principio de que el primero que inscribe, anota o presenta en el registro cualquier título traslativo de dominio, es el primero en recibir los beneficios de la inscripción,, con preferencia a otros que tengan título de. fecha anterior o igual, y significa por tanto un premio para el que inscribe y un castigo para el que no inscribe.
    Id. — Títulos Antagónicos o Contradictorios — Continuidad de Derechos. — En consonancia con la anterior doctrina, el artículo 17 de la Ley Hipotecaria sób> tiene aplicación en casos de títulos antagónicos o contradictorios, y no cuando se trata de títulos perfectamente armónicos y ligados entre -sí, en los que-existe una continuidad de derechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Bosch é Soto.

    El registrador recurrido Sr. José Marcial López compa-reció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió, la opinión del tribunal.

Están sometidos a nuestra consideración dos recursos, el presente número 259 y otro número 260 interpuestos por José D. Riera y Cifuentes contra notas del Registrador de la Propiedad de San Jnan, Sección Ia., denegatorias de inscrip-ción, y por la estrecha relación qne entre sí guardan dichos recursos, nos parece conveniente examinarlos conjuntamente.

Con fecha 6 de noviembre de 1915, el Márshal de la Corte Municipal de San Juan, en cumplimiento de mandamiento de ejecución de sentencia recaída en juicio seguido ante ‘dicha corte por María Encarnación y Manuel Teótimo Gestera y Gutiérrez contra Teresa Iglesias viuda de Agrait, sobre cum-plimiento de contrato, otorgó a favor de los demandantes por precio recibido de $225 escritura de venta de nn solar de 225 metros 29 centímetros que a la demandada tenía com-prado el cansante de aquéllos, Manuel Gestera, y habiendo' sido presentado dicho documento en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., para su inscripción, el regis-' trador la denegó por medio de nota qne dice así: .

“Denegada la inscripción, porque la escritura no ha sido aceptada por los compradores, circunstancia que en este caso impide la ins-eripción, de este documento por no haber cumplido el marshal- que lo otorga, la. orden de la corte, que dispuso que otorgase la escritura de acuerdo con los (co) digo, demandantes, que son los compradores; habiéndose extendido en su lugar anotación preventiva por término legal, al' folio 112 vuelto del tomo 33 de esta ciudad, finca número 1371, anotación letra B, con-el defecto subsanable de no expresarse las circunstancias personales de los compradores. San Juan, noviem-bre 17 de 1915. El registrador (sustituto) José S. Belaval.” .

Esa nota ha sido recurrida por José Dimas Riera y Cifuen-tes y es la materia del recurso No. 259.

Por otra escritura anterior, de 6 de mayo de 1914, Manuel Teótimo y María Encarnación Gestera y Gutiérrez, en con-cento de dueños del mismo solar, que había adquirido su cam sante por compra a Doña Teresa Iglesias, lo vendieron a José Dimas Riera y Cifuentes por precio recibido de $225; y habiendo sido presentado tal documento en el registro para su inscripción, el registrador la denegó por medio de nota que transcribimos a continuación:

“Denegada la inscripción del precedente documento: Io. por ha-llarse inscrita la finca a favor de persona distinta de los vendedores, 2o. porque en el supuesto de no existir el indicado defecto, tampoco podría inscribirse este título que es de fecha anterior, al que aparece anotado a favor de dichos vendedores, por lo que se encuentra com-prendido en la prohibición del artículo 17 de la Ley Hipotecaria; habiéndose extendido en su lugar anotación preventiva por término legal, al folio 91 vuelto del tomo 6o. de Puerta de Tierra, finca nú-mero 1371, duplicado, anotación letra 0. San Juan, noviembre 24 de 1915. El Registrador (sustituto) José S. Belaval.”

También esa nota ha sido recurrida por José D. Riera y Cifuentes y es la materia del recurso No. 260.

Examinemos la nota recurrida de 17 de noviembre de 1915'. Ante todo debemos hacer constar que el recurrente Riera y Cifuentes es parte interesada en esa nota por ser necesaria la inscripción en ella denegada, para la de la otra escritura otorgada a'su favor.

De la escritura de 6 de noviembre citado, a que aquella nota se refiere, resultan los siguientes hechos:

(a) Que ante la Corte Municipal de San Jnan, en 6 de mayo de 1912, María Encarnación y Mannel Teótimo Ces-tera presentaron demanda contra Teresa Iglesias viuda de Agrait con súplica de qne ésta fuera condenada a otorgar a favor de los demandantes escritura dé venta por precio reci-bido de $225, del solar ya expresado, que la demandada Rabia vendido al causante de los demandantes, Manuel Gestera;

(b) Queda Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en grado de apelación dictó sentencia el 21 • de noviembre de .1913, declarando con lugar la demanda y condenando a la demandada a otorgar a favor de los demandantes escritura de venta del solar por precio de $225;

(c) Que a instancia de los demandantes se libró orden de ejecución al mársbal- de la corte municipal en 30 de septiem-bre de 1915 con el fin de que si, transcurrido el término de cinco días después de requerida, no Rubiera la demandada otorgado la escritura, procediera a Racerlo a nombre y per-juicio de la misma y de acuerdo con la.parte demandante.

Antes esos RecRos que en forma feRaciente constan de la propia escritura por aparecer relacionados, en él manda-miento de ejecución inserto literalmente 'en ella formando parte integrante de la misma, es indiscutible que los compra-dores María Encarnación y Manuel Teótimo Gestera aunque no concurrieron al otorgamiento del documento, no pueden negar la existencia del contrato a que se refiere, y están impe-didos (estopped) en- todo tiempo, de ir contra él. María Encarnación y Manuel Teótimo Gestera promovieron pleito contra Teresa Iglesias para que ésta les otorgara escritura de venta del solar por precio recibido de $225; ellos con-tinuaron el pleito Rasta obtener sentencia favorable, y final-mente pidieron se librara mandamiento de ejecución al már-slial para el otorgamiento de la escritura a nombre y perjuicio de Teresa Iglesias, y de acuerdo con la parte demandante. El mismo registrador afirma en su alegato que la falta, de aceptación de la escritura por los compradores sería un de-fecto subsanable y no produciría la denegatoria de inscrip-ción si constara que el marshal cumplió la orden ele ejecución de acuerdo con la parte demandante. Estimamos que el marshal cumplió la orden de ejecución de acuerdo con la parte demandante, pues la. escritura fue otorgada en los mismos términos en que lo habían pedido en su demanda María Encar-nación y Manuel Teótimo Gestera, y había sido acordado por sentencia, o sea, por precio recibido de $225; pero como los compradores no manifestaron expresa y legalmente la acep-tación del documento, adolece éste para su inscripción de un defecto subsanable, según resolución de la Dirección General de los Registros de España de 19 de junio de 1863.

Es de inscribirse la escritura de 6 de noviembre de 1915, a que se refiere el recurso No. 259, con el defecto subsanable apuntado.

Pasemos al examen de la segunda nota recurrida de 24 de noviembre de 1915.

Verificada la inscripción de la escritura de 6 de noviembre de 1915, aunque con defecto subsanable, aparecerá inscrito en el registro el solar de que se trata a favor de María En-carnación y'Manuel Teótimo Gestera, que son los que lo han vendido al recurrente Dimas Riera por. escritura de 6 de mayo de 1914, y por tanto desaparece el primer defecto que motivó la denegatoria de inscripción de ese documento.

Por lo que atañe al segundo defecto opinamos que no es de aplicación al caso el artículo 17 de la Ley' Hipotecaria invocado por el registrador, y que dice.así:

“ARtículo 17. — Inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título traslativo del dominio o de la posesión de los in-muebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el que se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real. ’ ’

El artículo que dejamos transcrito viene a realizar el prin-cipio de que el primero que inscribe, anota o presenta en el registro cualquier título traslativo de dominio, es el primero en recibir los beneficios de la inscripción con preferencia a otros tengan título de fecha anterior o igual, y significa por tanto un premio para el que inscribe y nn castigo para el- que no inscribe. M. Martínez Moreda, Legislación Hipo-tecaria, Tomo II, páginas 173 y 174.

En consonancia con la anterior doctrina, entendemos, con el letrado de la parte recurrente, que dicbo artículo sólo tiene aplicación en caso de títulos antagónicos o contradictorios, y no cuando se trata de títulos perfectamente armónicos y liga-dos entre' sí, en los que existe una continuidad de derechos.

En las escrituras de 6 de noviembre ele 1915 y 6 de mayo de 1914 hay una sucesión de derechos y no .un conflicto de títulos: Teresa Iglesias vende el solar a María Encarnación y Manuel Teótimo Gestera como causababientes de Manuel Gestera, y éstos a José Dimas Riera.

El artículo 20 de la Ley Hipotecaria ordena que para ins-cribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales deberá constar previamente inscrito o' anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sé haga la trans-misión o gravamen. Para dar cumplimiento al anterior pre-cepto legal, necesita Riera que el título- de María Encarnación y Manuel Teótimo Gestera, de quien ha adquirido el solar, se inscriba en el registro antes que el suyo, y como los Gestera-no tenían título escrito del solar en la fecha en que lo ven-dieron a Riera, ■ adquirieron posteriormente ese título para lo cual no vemos que existiera óbice legal alguno.

De interpretarse el artículo 17 de la Ley Hipotecaria en en los términos en que lo ha aplicado el registrador, tendría-mos que si se comprara un inmueble en día determinado y en igual día se vendiera a otra persona, una vez inscrito el título del vendedor no podría inscribirse el del comprador por ser ambos de igual fecha. Resultaría además que, siendo A, por ejemplo, dueño de un inmueble inscrito en el registro y vendido por A a B y por B a C, sin cuidarse B de inscribir su título en el registro, denegándose por tal razón la inscrip-ción del título de C, aunque anotándose en el registro, una v.ez‘hecha esa anotación -no podría inscribirse el título de B .para que C pudiera inscribir el suyo.

Tampoco bay, pues, razón legal para denegar la inscrip-ción de la escritura de 6 de mayo de 1914.

Por las razones que dejamos expuestas, procede la revo-cación de las dos notás recurridas de 17 y 24 de’ noviembre c!e 1915, ordenándose al. registrador verifique la inscripción de la .escritura de 6 de- noviembre de 1915 a que se refiere la primera de dichas, notas, com el defecto subsanable de falta d,e aceptación del documento por los compradores, y, veri-ficada aquella- inscripción, proceda a verificar la dé la otra escritura de 6 de mayo de 1914.

Revocadas las noias recurridas, ordenán-dose la inscripción de las escribirás, una de ellas con defecto subsanable.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

.. El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino.


author: El Jtjez PkesideNte Sr. HerkÁNdez

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Agostini (a) Pitito, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por delito de violación.
    No. 909.
    Resuelto en febrero 25, 1916.
    Violación — -Prisión Perpetua — Palta de Exposición del Caso — Discreción Judicial. — Una corte de distrito puede imponer a su arbitrio a un acusado declarado culpable de violación la pena de prisión perpetua, y cuando no se ha sometido escrito de exposición del caso falta base para resolver en apela-ción si abusó de esa facultad discrecional.
    Derecho Constitucional — Prisión Perpetua — Castigo Cruel e Inusitado. — La pena de prisión perpetua no es cruel o inusitada y no le es aplicable la Enmienda Octava de la Constitución de los Estados Unidos.
    Id. — Id.—Castigo de Carácter Bárbaro — Prisión o Multa. — Castigos crueles e inusitados son los de un carácter bárbaro y desconocidos por la ley común. Esa palabra, cuando apareció primeramente en la declaración de derechos, no significaba una multa o prisión o ambas cosas, sino castigos como ser azotado, atado a un poste, pillory (pillory, tabla eon agujeros para que la persona pusiera la cabezaj y lás manos y ser expuesta así .al público), quemaduras, destrozo por una rueda de carro y otros castigos por el estilo, descuartiza-miento del reo, cortarle la nariz, orejas ó extremidades, o extrangularlo hasta causarle la muerte. Eran los castigos severos, crueles e inusitados que echa-ban una mancha sobre pasadas civilizaciones y hacían a uno estremecerse de horror.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Abraham Peña.

    Abogado del apelado: • Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Jtjez PkesideNte Sr. HerkÁNdez

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el acusado Prudencio Agostini (a) Pitito contra sentencia que en juicio ante jurado pronunció la Corte de Distrito de Maya-güez en 6 de mayo de 1915 condenándolo como reo del delito de violación de que fué declarado culpable, a la pena de prisión perpetua con trabajos forzados.

Según los términos de la acusación “el citado Prudencio Agostini (a) Pitito, allá en los primeros días del mes de enero de 1915, y en las afueras de la ciudad de Mayagüez, municipio del mismo nombre, voluntaria, ilegal y maliciosamente violó a la niña de siete'a ocho años de edad Eosa María Santalís, con la que yació, siendo él un varón adulto.”

Alega el apelante que la corte cometió error al imponerle la pena de reclusión perpetua con trabajos forzados, abusando de la facultad discrecional que le reconoce el artículo 33 del Código Penal, e infringiendo el artículo 8 de las Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, preceptivo de que no se podrán exigir fianzas exageradas, imponer multas exce-sivas, ni aplicar castigos crueles e inusitados.

El artículo 258 del Código Penal castiga el delito de viola-ción con pena de presidio por un término mínimo de cinco años, y el 33, invocado por el recurrente, ordena que cuando a un reo se le declare incurso en pena de presidio por un tér-mino que no baje de determinado número de años, sin fijar un límite a la duración de dicha pena, podrá el tribunal sen-tenciador, a sn arbitrio, condenar al reo a prisión perpetua o por cualquier número de años que no baje del prescrito.

La corte inferior ba podido imponer a su arbitrio al acu-sado la pena de prisión perpetua, y no habiendo sido, sometido a nuestra consideración escrito de exposición del caso, nos falta base para resolver si eí juez inferior abusó de la facul-tad discrecional que la ley le reconoce, y modificar en caso afir-mativo el fallo apelado. El Pueblo v. De Thomas, 9 D. P. R. 569. Ignoramos las circunstancias del caso, y por falta de prueba en contrario debemos presumir que fueron muy agra-vantes para que el juez ejercitara su discreción en la forma en que lo hizo.

Antes de añora liemos dicho que la pena de prisión per-petua no es cruel o inusitada, y que no le es aplicable la En-mienda 8a. de la Constitución de los Estados Unidos. El Pueblo v. Bocanegra, 9 D. P. R. 546.

Castigos crueles e inusitados son los de un carácter bár-baro y desconocidos por la ley común. Esa palabra, cuando apareció primeramente en la declaración de derechos, no sig-nificaba una multa o prisión o ambas cosas, sino castigos como ser azotado, atado a un poste, pillory (pillory, tabla con agu-jeros para que la persona pusiera la cabeza y las manos y ser expuesta así al- público), quemaduras, destrozo por una rueda de carro y otros castigos por el estilo, descuartizamiento del reo, cortarle la nariz, orejas o extremidades, o estrangularlo hasta causarle la muerte. Eran los castigos severos, crueles e inusitados que echaban una mancha sobre pasadas civiliza-ciones y hacían a uno estremecerse de horror. Ex parte O’Shea, 105 Pac. 776.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

. Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Franco et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en cansa por infracción del artículo 519 del Código Penal.
    No. 844.
    Resuelto eu febrero 25, 1916.
    Intención Criminal — Presunción—Prueba.—Si bien el articulo 12 del Código Penal declara que la intención se manifiesta por las circunstancias relaciona-das con el delito y el sano juicio y discreción del acusado, y presume la intención maliciosa y criminal por la manera y deliberación con que se intenta o comete un acto ilegal, tal presunción desaparece cuando la prueba demuestra que no existió intención criminal en la ejecución del hecho.
    Daños Maliciosos — Derechos de Propiedad — Conveniencia y Necesidad Públi- . cas — Beneficio de la Comunidad. — Aunque el artículo 519 del Código Penal, según fué enmendado por la Ley de 8 de marzo de 1906, tiene por objeto proteger los derechos de propiedad contra sus transgresores, si los hechos son de tal naturaleza que demuestran la necesidad' absoluta de entrar en la pro-piedad para beneficio de la comunidad, no puede sostenerse que se ha cometido dicho delito.
    Id. — Conflicto Entre la Conveniencia y Necesidad Públicas y los Derechos de Propiedad. — Cuando la conveniencia pública y la necesidad llegan a estar en conflicto con los derechos privados, es necesario que los últimos cedan a. los primeros.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. 'Henri Brown.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldkey

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes Juan Franco y Carlos Font fueron denun-ciados en unión de Rafael T. Veve ante 'la Corte Municipal de Fajardo por infracción del artículo 519 del Código Penal según quedó enmendado por la ley de 8 de marzo de 1906, siendo los hechos que se le imputaron, que voluntaria y mali-ciosamente con intención de causar daño en la propiedad pri-vada del denunciante Enrique Bird, penetraron en ella sin su consentimiento ni el de la persona encargada de su cui-dado, quien le prohibió la entrada y que a pesar de tal pro-hibición y una vez dentro de la expresada propiedad privada, cortaron varias ramas de las palmas de coco que allí están sembradas, no obstante qne tal propiedad está cercada desde hace más de nn año y con carteles en inglés y en español prohibiendo la entrada en ella.

Absuelto Yeve en la corte municipal, los otros dos ape-laron contra la sentencia que les condenó, y celebrado el juicio de novo contra ambos en la Corte de Distrito de Humacao, recayó sentencia también condenatoria, contra la cual inter-pusieron el presente recurso de apelación.

No hay diferencia entre las partes respecto a los hechos de este caso, los que según la prueba son los siguientes:

La corporación de servicio público Porto Rico Railway, Light & Power Co. tiene concedida una franquicia para su-ministrar al público corriente eléctrica para luz y fuerza, y de acuerdo con ella tiene tendida una línea de alambres que llevan corriente eléctrica a los pueblos de Lúquillo, Fajardo y Ceiba para el alumbrado público y privado. Una noche quedaron a oscuras dichos pueblos por falta de corriente eléctrica y también sin fuerza de esa clase para los motores de las panaderías, y cuando al día siguiente el encargado de la corporación, Rafael T. Yeve, investigaba la causa de esa interrupción, encontró que era producida por el corta circuito formado por el contacto de los alambres con unas ramas de palmas de coco, contacto que además podía producir la fusión de los alambres portadores de una corriente de 4,400 volts, que es peligrosa para la vida humana. En ese sitio los alam-bres se hallan a -una altura de treinta pies y las ramas no podían alcanzarse con l'as escaleras que usa la corporación porque no tienen ese largo, por lo que los apelantes, cum-pliendo orden del Sr. Yeve, y contra la prohibición del encar-gado de la finca donde estaban las palmas, y a pesar de estar la finca cercada y -con avisos en inglés y en español prohi-biendo la entrada, penetraron en ella y cortaron dichas ramas.

El artículo 519 en que se basa la denuncia, que está com-prendido dentro del capítulo que trata de los daños maliciosos, dice así, según quedó enmendado en el año 1906: “Toda persona qne voluntaria o maliciosamente derribara: alguna cerca o palizada, sin el consentimiento del dueño. o de la persona encargada de la misma, para abrirse paso por algún recinto cercado, incurrirá en misdemeanor, penable con multa máxima de $300. Toda persona que entrare en heredad ajena -cer-cada, sin el consentimiento del dueño o de la persona encar-, gada de la misma, incurrirá en misdemeanor, -penable . con multa máxima de $50 o con prisión que no exceda de 30. días, o con ambas penas, a discreción del tribunal, siempre que, por un término de treinta días antes de que ocurriese la em trada en dicha heredad, el dueño de ella haya puesto de mani-fiesto y conservado, en uno o en varios sitios visibles de la referida porción de tierra, heredad o hacienda, un aviso fácil-mente legible, en inglés y en español, prohibiendo a todas las personas la entrada en dicha porción de tierra, heredad .o hacienda. ” '

Con estos antecedentes sostienen los apelantes que la sen-tencia contra la cual recurren es errónea, porque la pruebá demuestra que no tuvieron intención criminal y. que existía una emergencia que autorizó la entrada en la finca. -I

Si bien el artículo 12 del Código Penal declara que -la. intención se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el delito y el sano juicio y discreción del acusado, y pre-. sume la intención maliciosa y criminal por-la manera y deli-beración con que se intenta o comete un acto ilegal, tal pre-sunción desaparece cuando la prueba demuestra que no existió intención criminal en la ejecución del hecho.

Aunque el artículo 519 que hemos citado tiene por objeto proteger los derechos de propiedad contra sus transgresores, sin embargo, si los hechos son de tal naturaleza que demues.-¡ tran la necesidad absoluta de entrar en la finca para beneficio, de la comunidad, no podrá sostenerse que.se ha cometido» dicho delito. El derecho de propiedad, que lleva consigo, el-derecho de exclusión, no es tan absoluto .que.no esté Sujeto a ciertas excepciones a causa de necesidad. 1 Lewis, Eminent. Domain, pág. 433. En el caso de Campbell v. Race, 7 Cush. 408, 54 Am. Dec. 728, se declaró que la persona que por encon-trar obstruido temporalmente un camino público entra en la propiedad colindante sin causar innecesarios daños, no es res-ponsable de intrusión en propiedad ajena, y se dice lo si-guiente: íí-El declarar a una' parte culpable de la invasión ilegal de los derechos de otra por pasar por terrenos adya-centes a un camino público a causa de tal necesidad, llevaría los derechos individuales a una extensión irrazonable y les daría más protección que la qué puede encontrarse en las regias de la ley. Tal temporal e inevitable uso de la propie-dad privada debe ser considerado como una de las cargas incidentales a que está sujeta la propiedad en las sociedades civilizadas. En consecuencia la regia está algunas veces jus-tificada por el fundamento de la conveniencia pública y de la necesidad. Estando establecidos los caminos para el ser-vicio público y para el uso y beneficio de toda la comunidad, un debido respeto al bien de todos requiere que cuando están temporalmente obstruidos el derecho del viajero no sea inte-rrumpido. Las palabras del Sr. Mansfield son: ‘es para el bien general que-la gente debe tener derecho a pasar por la finca de otro.’ Es una máxima de la ley común que cuando la conveniencia pública y la necesidad llegan a estar en con-flicto, con los derechos privados, es necesario que los últimos cedan a los primeros.”

Estas consideraciones son aplicables al presente caso por-que los hechos que se probaron en el juicio demostraron la necesidad en que estaban los apelantes de ■ restablecer la co-rriente eléctrica sin pérdida de tiempo, no tan sólo para que funcionaran los motores de las panaderías y que pudieran por tanto suministrar el pan a las poblaciones y para que los pueblos no quedaran otra noche sin luz, sino también para evi-tar posibles pérdidas de vidas humanas causadas por la fusión y caída de los alambres cargados de electricidad mortal. Las circunstancias de este caso fueron tales que las estimamos suficientes para declarar que los apelantes tuvieron una nece-sidad absoluta de entrar en la finca del Sr. Bird para cortar sin pérdida de tiempo las ramas que formaban el circuito con los alambres de la luz eléctrica, para beneficio de la comu-nidad, por lo que el interés privado tenía que ceder ante la conveniencia pública, y estando justificada la necesidad de entrar en la finca del denunciante por esas razones, la prueba demuestra que no verificaron la'entrada con intención criminal, y por tanto no pueden ser responsables de infracción al artículo 519 del Código Penal y deben estar libres de toda pena. ,

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra absolviendo a los apelantes.

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente- Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asooiado ; Sr.- Aldrey

text:
    Rossy, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 2ª., Recurrido.
    Rectjbso gubernativo contra notas del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 2a., denegando la inscripción de dos escrituras, una sobre división de bienes, y la otra sobre revocación de donación mortis causae, venta de terreno y cesión de derechos y acciones de herencia, y bienes gananciales.
    No. 253.
    Resuelto en febrero 25, 1916.
    Rescisión de Compraventa — Estado Civil del Comprador — Consentimiento— Inscripción en el Registro.- — Cuando de la escritura de rescisión presentada al registro aparece que la persona que rescinde la compra está casada, no puede ser inscrito el documento a no ser que se acredite que el estado civil que tenía el comprador en la fecha de adquisición no hace necesario el con-sentimiento de su consorte.
    Inscripción de Títulos — Bienes Inscritos a Favor de Otra Persona. — Inscrito un derecho en el registro de la propiedad a favor de una persona, para que . otra pueda disponer de él es necesario que inscriba su título de adquisición.

      División de Bienes — Participaciones—Cláusulas Contradictorias. — Entre una cláusula de un contrato por la cual se aeuerda dividir determinada finca por partes iguales y otra cláusula en la cual se consigna que la división se hará deduciendo cierta parte de la finca para otra persona, no hay contradicción y no puede sostenerse que no aparece claramente determinada la participación que a cada una corresponda.
    Venta de Participaciones — Contrato de Transacción — Inscripción Previa ' a Pavor del Vendedor. — Procede correctamente un registrador al negar la ins-cripción de una escritura de venta de una tercera parte de una finca adquirida por un contrato de transacción, cuando no aparece el vendedor dueño de tal participación en el registro, por haber dejado de inscribir previamente dicho contrato de transacción.
    Bienes Gananciales — Disolución del Matrimonio por Muerte de uno de los Cónyuges — Herencia—Derecho a la Mitad de la Propiedad. — Por la muerte de uno de los cónyuges nace en el viudo, en relación con la disolución del matrimonio, el derecho a- la plena propiedad de la mitad de los bienes que una vez liquidada la sociedad conyugal resulten ser ganancias, pero por el solo lieeho de la muerte del cónyuge no llega a ser dueño el viudo de una mitad de la propiedad, ni puede disponer como suya de tal mitad, o de menos ele ella, aunque puede ceder sus derechos en la misma.
    Id. — División de Bienes en Comunidad — Consentimiento de los Condueños— Enajenación — Si bien es cierto que un condueño no puede hacer la división de la cosa común sin el consentimiento y aprobación de los demás, como la escritura en este caso no contiene descripción de la parte que se enajena, sino que la vendedora se limita a enajenar lo que le corresponde según un contrato de transacción, no puede decirse que haya practicado la división de la finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
    El registrador recurrido, Sr. José Marcial López, compaL reció "también en nombre propio.
   El Juez Asooiado ; Sr.- Aldrey

emitió ■ la • opinión del tribunal.

Clemente González Rivera murió en 1897 con testamento en el cual después de declarar que eran gananciales los bienes que dejaba y que carecía de descendientes nombró heredera suya usufructuaria por toda su vida, y también por la cuota vidual a.su esposa María Dolores Rivera García, y en pro-piedad para después de la muerte de éáta, a Inés del Carmen Amador y a Ruperta. de Jesús Amador por partes iguales:, dispuso que si alguno de estos herederos le premuriese, lo sustituyesen-stís respectivos’ descendientes; hizo algunos le-gados en metálico.para ser entregados, después :de la muerte de su esposa y ordenó que se practicara, la liquidación de su herencia. Presentado el testamento en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección 2a., el registrador hizo la ins-cripción en favor de los herederos en dos fincas registradas a nombre del cansante, nna de noventa cnerdas y otra de treinta, en la siguiente forma: a favor de la vinda nna parte indeterminada en plena propiedad por el concepto de ganan-ciales y también el usufructo de otra parte indeterminada por herencia de sn esposo y por su cuota vidual, y a favor de Ruperta de Jesús Amador y de Inés del Oarmen Amador por partes iguales y en concepto de herencia la nuda propie-dad de la porción indeterminada que en usufructo corres-ponde a la viuda.

En 26 de mayo de 1907, la viuda María Dolores Rivera G-arcía, Inés del Carmen Amador, casado con Antonia Váz-quez y José Vázquez como padre legítimo de sus hijas Ma-tilde y María del Pilar Vázquez y Amador,, habidas en su primer matrimonio con su difunta esposa Rupérta Amador y representándolos por su minoría de edad, celebraron un con-trato de transacción en el cual, después de hacer referencia al testamento de Clemente González Rivera, de consignar que a la muerte de éste sólo quedó una finca de noventa cuerdas que describen y algunos semovientes y que en otra escritura de seis de diciembre anterior la viuda vendió a Inés del Carmen Amador por precio que confesó recibido la mitad pro-indivisa de la finca de noventa- cuerdas y el usufructo de lá otra mitad, escritura que no fué presentada al registro, para evitar mayores disgustos de los que habían tenido y vivir en buena armonía, convinieron en lo siguiente: 1°. dar por corn-sumidos los semovientes, desistiendo de sus derechos en ellos; 2°. la viuda e Inés del Carmen Amador rescindieron la venta mencionada y se devolvieron recíprocamente lo que por él-la habían adquirido; 3°. que la finca descrita se dividirá en tres partes iguales, teniendo en cuenta el valor de cada cuerda de terreno según el sitio en que se pncuentre y que cada uno entrará en posesión de.su parte en la forma que.se dirá, más adelante; 4o. la vinda donó su tercera parte, para después de su muerte, a Inés del Carmen Amador y a las lijas de Ruperta; 5o. acordaron que el abogado Don Manuel F. Rossy les arregle sus asuntos practicando la mensura de la finca por medio de un perito y entregando a cada una de las partes otorgantes su parte con su título, y distribuyendo luego' la parte de la viuda cuando muera en la forma que dice la cláu-sula precedente; y que para pagar al abogado sus honorarios y los gastos que por ellos baga, se separara un pedazo de terreno bastante a cubrirlos, que se les entregará mediante escritura; 6o. que toda la finca responda de los legados; 7o. segregaron de la finca un lote de cinco cuerdas que la viuda había vendido a Rafael Burgos como parte' de su pro-piedad indivisa por gananciales, cuya venta ratifican todos los otorgantes.

Presentada esa escritura en el registro para su inscrip-ción, el registrador la negó por los motivos que aparecen de la nota puesta al pie del documento, la que dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento y tomada en su lugar anotación preventiva por término de 120 días que la ley señala, al folio 36 del tomo Io. de Bayamón, finca número 7, anota-ción letra A, cuya denegatoria la motivan los siguientes defectos in-subsanables : Primero: en esta escritura se expresa que la viuda doña María Dolores Rivera vendió a don Inés del Carmen Amador la mitad proindivisa de la finca a que este documento se refiere y el usufructo de la otra mitad, lo que constituye la venta de partes de-terminadas de la misma, cuando del registro aparece que dicha Señora sólo tiene inscritas a su favor, parte en plena propiedad y parte en usufructo, participaciones indeterminadas en dicha finca por no ha-berse hecho la liquidación de la sociedad conyugal según dispuso don Clemente González en su testamento. Segundo: que si bien la escri-tura de esa venta a favor del Señor Amador no ha sido presentada, por lo cual no puede calificarse, la mención de esa venta en la escri-tura que precede, constituye una reserva de ese derecho que debe hacerse constar en la inscripción y que, como es consiguiente, obsta-culiza el registro de esta escritura, pues si bien en ella' el don José del Carmen Amador y la viuda señora Rivera dejan sin efecto la ameritada venta, no se acredita el estado que tenía el señor Amador cuando efectuó la adquisición, por lo cual debe estimarse como hecha para la sociedad de gananciales con su esposa doña Antonia Vázquez, en cuyo caso esta señora ha debido consentir en la anulación o res-cisión de dicha venta. Tercero: en esta escritura comparece don José Vázquez como padre de los menores Matilde y María del Pilar Vázquez hijas de doña Ruperta de Jesús Amador, a cuyo favor apa-rece registrada la nuda propiedad de una parte indeterminada de la aludida finca, por lo cual debe inscribirse previamente ese derecho a favor de los herederos de doña Ruperta de Jesús Amador. Y cuarto: no se determina en esta escritura, de manera clara, la par-ticipación que por virtud de ella adquiere cada interesado en la referida finca, pues si bien en el hecho 3o. de dicha escritura se ex-presa que la finca se dividirá en tres partes iguales teniendo en cuenta el valor de cada cuerda de terreno según el sitio en que se encuentre, y que cada interesado entrará en posesión de lo que le pertenece, esto está en contradicción con lo expuesto en el hecho 7o. según el'cual, de la referida finca corresponden a don Rafael Burgos las cinco cuerdas que en dicho hecho se describen. San Juan, P. R., septiembre 20 de 1915. José Marcial López, Registrador.”

En 25 de febrero de 1911 la viuda María Dolores Rivera y el abogado .Don Manuel F. Rossy, celebraron un contrato en el cual, dejando la expresada viuda sin efecto la donación que para después de su muerte había hecho a favor de Inés del Carmen Amador y de las hijas de Ruperta Amador, con-signada en la escritura antes referida, vende, cede y tras-pasa la tercera parte que por la misma le correspondía junto con los derechos y acciones que tiene en la herencia de su esposo Clemente González y en su parte de gananciales por su matrimonio y los productos y utilidades de tales bienes, a favor de Don Manuel E. Rossy por la cantidad de seiscientos pesos pagaderos en la forma y en'las fechas que en el con-trato se expresan, venta que hace sin perjuicio de la parte de la finca de noventa cuerdas que ha de entregarse al Sr. Rossy, según la cláusula 5a. de la escritura antes reseñada. La ins-cripción de este documento fué también negada por el regis-trador por -los siguientes motivos:

“Denegada, la inscripción del precedente documento y tomada en su lugar anotación preventiva, por el término de ciento veinte días que la ley señala, al folio 185 del tomo 49 de Bayamón, finca número 7 duplicado, anotación letra B, cuya denegatoria lia sido motivada por los defectos insubsanables de que resultando que doña María Dolores Rivera sólo tiene inscritas a su favor dos participa-ciones en la finca objeto de esta escritura, una indeterminada en plena propiedad, y otra, también indeterminada, en' usufructo, no puede vender la tercera parte de dicha finca, pues si bien la expre-sada Señora, en unión de otras personas, otorgaron una escritura de transacción, según la cual correspondió a la citada transferente una tercera parte de la referida finca, ese documento no fué inscrito por las razones expuestas en la anotación letra A de la misma, y por resultar además, del hecho cuarto de este documento, que los otor-gantes manifiestan que la finca aludida se dividirá en tres parcelas iguales después de deducida la parte que, según la escritura de trans-acción, corresponde al Sr. Rossy, y que una de esas parcelas corres-pondiente a doña María Dolores Rivera es la que vende esta señora a don Manuel P. Rossy, cuya división no puede hacerse sin el con-sentimiento y aprobación de los demás condueños. San Juan, P. R., septiembre 20 de 1915. José Marcial López, Registrador.”

Contra ambas negativas de inscripción interpuso el Sr. Eossy en tiempo oportuno el presente recurso gubernativo, con súplica de que las revoquemos y ordenemos la inscripción del documento expresado.

Consideraremos las cuestiones propuestas en el orden en que lian sido reseñadas.

El primer motivo que alega el registrador para negar la inscripción del documento de 1907 es en pocas palabras, que en éste se expresa que en fecha anterior la viuda vendió a Inés del Carmen Amador la mitad proindivisa de la finca y el usu-fructo de la otra mitad, cuando sólo tiene inscritas en el regis-tro participaciones indeterminadas. Sin embargo esa escri-tura de venta no está sometida a la calificación del registrador, como así él lo reconoce en el segundo motivo de la negativa y, por tanto, no es el momento de resolver si la viuda pudo verificar la venta en la forma que ló hizo y por consiguiente el defecto que pueda contener tal venta no' puede servir de obstáculo al documento de 1907.

En cuanto al segundo motivo que sirve al registrador para negar la inscripción del documento lo encontramos justificado, pues siendo indudable que la adquisición Recta por título one-roso durante el matrimonio por alguno de los consortes no puede ser rescindida sin el consentimiento de ambos y apare-ciendo del documento que consideramos que Inés del Carmen Amador estaba casado con Antonia Vázquez cuando rescindió la compra que hizo a la viuda, no puede ser. inscrita esta res-cisión sin el consentimiento de la esposa, a menos que se acredite que el estado civil que tenía el comprador en la fecha de la adquisición no lo hacía necesario, dato qué no resulta de la relación que se hace de la compra en el título, presentado a inscripción.

Con respecto al tercer defecto también tiene razón el regis-trador al negar la inscripción por el fundamento'en que basa su negativa pues apareciendo de sus libros que Ruperta Ama-dor inscribió su derecho hereditario en la finca en cuestión, para que pueda inscribirse cualquier contrato que sobre esos derechos celebre otra persona es necesario que se inscriba previamente el título en virtud del cual adquirió de Ruperta Amador; y como en la escritura que estamos considerando no interviene Ruperta Amador, sino que dos hijas suyas, representadas por el padre, son las que contratan como únicas dueñas de la participación de Ruperta, es necesario que ins-criban en el registro su título de adquisición antes de que pueda inscribirse el contrato que respecto de ella hagan.

El cuarto y último motivo que tiene el registrador para negar la inscripción es que no aparece de manera clara de la escritura la participación que adquiere cada interesado por existir contradicción entre dos de sus cláusulas, pues mientras la tercera dice que la finca se dividirá en tres partes, la séptima expresa que cinco cuerdas corresponden a Rafael Burgos por haberle sido vendidas.

Nosotros no encontramos tal contradicción. Lo que con-vinieron los otorgantes fué dividir la finca entre los tres por partes iguales, sin las cinco cuerdas que segregaron para Burgos y como esta imaginaria contradicción es lo único que sirve de base al registrador para llegar a la conclusión de qne no está claramente determinada la participación qne ad-quiere cada otorgante, no podemos sostener la negativa de inscripción por ese motivo.

Por el otro documento denegado trata el Sr. Eossy de que se inscriba la venta que la viuda le hizo en el año 1911 de la tercera parte que adquirió por el contrato de transacción de qué dejamos hecho mérito y qne no está inscrito. Por este contrato la viuda adquiere una tercera parte de toda la finca de 90 cuerdas, deduciendo de éstas las cinco vendidas a Bur-gos, o lo que es lo mismo una tercera parte de 85 cuerdas, que es lo que vende a Eossy, pero como el contrato-por el cual adquiere esa tercera parte no está inscrito, no resulta la vendedora dueña de tal participación en el registro, por lo que el registrador procedió correctamente al negar la inscripción de esa venta.

No tiene razón el recurrente al sostener que como la ven-dedora tiene inscrita en plena propiedad una mitad de la finca por sus gananciales es inscribible la enajenación que hace de una tercera parte, por ser menor que la mitad inscrita. La viuda no tiene inscrita en el registro una mitad de la finca como sostiene el recurrente. Por la muerte y por el testa-mento de Clemente González nació en su viuda en virtud de la disolución del matrimonio, el derecho a la plena propiedad de la mitad de los bienes que una vez liquidada la sociedad conyugal resultasen ser ganancias de la sociedad, y al usu-fructo de la otra mitad por título de herencia, pero por el solo hecho de la muerte de su esposo no llegó a ser dueña de una mitad de la finca de 90 cuerdas ni puede, por tanto, disponer como suya de tal mitad o de menos de esa mitad. Cierta-mente que tiene acciones y derechos en esa finca de los cuales puede disponer, Cortés v. El Registrador, 20 D. P. R. 141, pero no puede verificar enajenación como dueña determina-damente de una mitad. Ríos v. El Registrador, 19 D. P. R. 742. Por esto fué que cuando el registrador inscribió el testa-mento de Clemente González hizo la inscripción a nombre de sus herederos y de la viuda por partes indeterminadas o sea por los derechos que por su muerte y por su testamento sur-gían a favor de la viuda y de sus herederos.

En cuanto a que la vendedora no puede hacer la división de la cosa común sin el consentimiento y aprobación de los demás condueños, si bien esto es cierto, no encontramos que la vendedora haya practicado la división de la finca, pues no contiene la escritura descripción de la parte que enajena sino que se limita a vender lo que le corresponde según el con-trato de transacción.

Por las razones expuestas las notas recurridas deben ser confirmadas en lo que están sostenidas en esta opinión.

Confirmadas las notas recurridas en lo que ¡ están sostenidas por la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino.