text:
      In re Nelson Rochet Santoro.

      Número: TS-8923

      Resuelto: 30 de junio de 2008

      Nelson Rochet Santoro, pro se.

   per curiam:

Mediante Opinión y Orden de 12 de marzo de 2006, el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de Distrito Federal) decretó el desaforo del Ledo. Nelson Rochet Santoro del ejercicio de la abogacía ante dicho foro en el caso In the Matter of: Nelson Rochet Santoro, Misc. No. 03 — 016(JAF); Civil No. 96-2443(JAF). Posteriormente, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito confirmó la referida determinación en el caso In the Matter of: Nelson Rochet-Santoro, No. 05 — 2855, 06-1690.

Según la información recibida con relación a lo ocurrido en la jurisdicción federal, el 14 de septiembre de 2007 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos un término a Rochet Santoro para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía imponer una sanción disciplinaria por los hechos que dieron lugar a su desaforo en el Tribunal de Distrito Federal. Dicha Resolución se le notificó a Rochet Santoro personalmente a través de la Oficina del Alguacil el 21 de septiembre del mismo año.

En respuesta, Rochet Santoro presentó una moción en la cual indicó que había solicitado reconsideración ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, por lo que requirió un término adicional para contestar la orden de mostrar causa. Dicha solicitud fue declarada “con lugar” y, a tales efectos, le dimos hasta el 29 de octubre para cumplir con lo ordenado.

Posteriormente, la moción de reconsideración presentada por Rochet Santoro fue denegada por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito. No obstante, Rochet Santoro presentó ante nos una “Moción para que se paralicen los procedimientos”, mediante la cual nos informó que había presentado ante el mencionado foro federal la Moción Clarificando la Reconsideración que fuera Denegada. En vista de que quedaban trámites apelativos pendientes, solicitó la paralización de los procedimientos. Hoy, Rochet Santoro no nos ha informado del resultado de esta última moción presentada. No obstante, la Secretaría de este Tribunal se comunicó con el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, quienes le informaron que la solicitud aludida también fue denegada el 13 de diciembre de 2007.

Enterado este Tribunal de dicha determinación, se le concedió a Rochet Santoro un término final para contestar la orden de mostrar causa emitida el 14 de septiembre de 2007. Rochet Santoro compareció fuera del término concedido y solicitó una nueva extensión del plazo para cumplir con la orden de mostrar causa. El pasado 11 de junio de 2008 denegamos dicha solicitud y dimos por sometido el asunto. Por lo tanto, procedemos a resolver sin trámite ulterior.

I

El mencionado trasfondo procesal tuvo su génesis en la litigación que produjo la “Explosión de Río Piedras” contra las compañías Enron Corp., San Juan Gas y otros demandados. Los casos que se produjeron tras ese incidente fueron consolidados y resueltos mediante un acuerdo global de indemnización a ser pagada a favor de los demandantes bajo la supervisión del juez federal, Hon. Robert J. Ward. Rochet Santoro estaba admitido a la práctica en el Tribunal y representaba a múltiples demandantes involucrados en ese litigio.

Mientras el Hon. Robert Ward supervisaba los desembolsos del dinero producto del acuerdo transaccional, desarrolló cierta preocupación con unas deducciones realizadas por Rochet Santoro de las cantidades correspondientes a sus clientes. En vista de ello, sugirió iniciar una investigación sobre el asunto, la cual —en efecto— fue ordenada por el Tribunal de Distrito Federal. Comenzada la investigación, varios ex clientes de Rochet Santoro enviaron cartas y mociones en las que expresaron diversas inquietudes con la conducta profesional de Rochet Santoro y con la calidad de los servicios legales ofrecidos.

En esencia, las comunicaciones incluían alegaciones sobre insatisfacción con el manejo de los casos y con la comunicación entre abogado y cliente; alegaciones sobre amenazas para que los clientes firmaran los contratos de honorarios de abogado y alegaciones sobre desembolsos no autorizados de los fondos disponibles tras el acuerdo transaccional. Además, durante el desarrollo de la investigación se descubrió que Rochet Santoro había contratado al Sr. Enrique Cardona (quien no tenía licencia de abogado) y compartía con él los honorarios recibidos en el caso relacionado con la Explosión de Río Piedras.

Por estos hechos, y tras la correspondiente investigación, la entonces magistrado federal Aida Delgado Colón rindió un Informe ante el Tribunal de Distrito Federal en el cual imputó a Rochet Santoro la violación de las Reglas 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8(f), 3.2, 5.4(a)(b)(c), 5.4(d)l, 8.2(a) y 8.4(a)(c)(d) de la Reglas Modelo de Conducta Profesional de la American Bar Association. Después de conceder un término a Rochet Santoro para reaccionar al referido Informe, se celebró la correspondiente vista disciplinaria, a la cual Rochet Santoro no asistió sin proveer justificación alguna.

Posteriormente, los jueces del Tribunal de Distrito Federal se reunieron para discutir el asunto según los hallazgos de la Magistrado y de las objeciones escritas alegadas por Rochet Santoro, muchas de las cuales se relacionaban con alegadas violaciones al debido proceso de ley durante el proceso investigativo. Tras el correspondiente análisis, los jueces del Tribunal de Distrito Federal determinaron que el proceso seguido contra Rochet Santoro cumplió con las exigencias que el debido proceso de ley garantiza en estas instancias y concluyeron que, dada la gravedad de la conducta, procedía su desaforo de la práctica de la abogacía ante dicho foro. El Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito sostuvo la determinación.

II

De entrada, debemos tener presente que el deber de conducirse de un modo decoroso, íntegro y compatible con los postulados de los cánones de ética profesional aplica a todos los abogados admitidos en nuestra jurisdicción, independientemente del foro ante el cual postulen. In re Córdova González, 135 D.P.R. 260, 267 (1994). Ello en vista de que la naturaleza de la profesión de abogado les impide actuar al margen de la conducta esperada una vez son admitidos al ejercicio de la profesión en nuestro país. Por lo tanto, “[e]l mero hecho de ejercer la profesión ante el foro federal o un foro administrativo no excluye al abogado admitido en nuestra jurisdicción del ámbito de aplicación del Código de Ética Profesional ...”. (Énfasis en el original.) íd.

Conforme con lo anterior, cuando un abogado admitido al ejercicio de la profesión en Puerto Rico es sancionado disciplinariamente por otro foro judicial, es imperativo evaluar su conducta para determinar si procede la imposición de una sanción disciplinaria en nuestra jurisdicción.

III

Según surge de la Opinión y Orden del Tribunal de Distrito Federal, Rochet Santoro incurrió en una conducta impropia y deshonesta que afectó los intereses de sus clientes. En particular, dicho foro encontró probado que Rochet Santoro compartía honorarios con el señor Cardona a cambio de que éste financiara el litigio. A su vez, Rochet Santoro le daba al señor Cardona información privilegiada de los clientes y le permitía participar de los asuntos relacionados con el caso. Igualmente, se estableció que Rochet Santoro autorizaba al señor Cardona a formar parte de las reuniones con los clientes y hasta custodiar los expedientes del caso. Asimismo, se probó que Rochet Santoro nunca informó a sus clientes del contrato que existía entre él y el señor Cardona. Además, quedó probado que Rochet Santoro no representó a sus clientes con competencia y diligencia, al punto de que muchos llegaron a considerar que abandonó el caso.

De igual manera, se estableció que Rochet Santoro hizo desembolsos no autorizados de los fondos correspondientes a sus clientes como parte del acuerdo transaccional. A su vez, quedó probado que Rochet Santoro trató de incluir gastos administrativos como parte de los honorarios contingentes y que incluyó en las facturas gastos en los que no incurrió. Igualmente, se logró establecer que Rochet Santoro les decía a sus clientes que el Hon. Robert Ward era un racista, que fue enviado al Tribunal de Distrito Federal a “cortarle la cabeza a los hispanos” y que dicho juez desestimaría la demanda. Todas estas imputaciones tenían el propósito de conseguir que firmaran el acuerdo transaccional y el contrato de honorarios de abogado. De esa forma, se estableció que Rochet Santoro amenazaba a los clientes para que firmaran los contratos y les aseguraba un resultado determinado en el desenlace del caso. Finalmente, se probó que Rochet Santoro alteró documentos e incurrió en conducta deshonesta hacia sus clientes para beneficio personal.

Evidentemente, Rochet Santoro no sólo actuó en contravención de las Reglas Modelos de la American Bar Association —utilizadas como marco de referencia por el Tribunal de Distrito Federal— sino también en contravención de los cánones de ética profesional imperantes en nuestra jurisdicción.

Por un lado, no cabe duda de que Rochet Santoro violó el Canon 9 del Código de Etica Profesional, el cual dispone que los abogados deben observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Dicho canon establece que el deber de respeto antes mencionado también incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o los tribunales. íd. Véase, además, In re Córdova González, supra, pág. 274. Ya anteriormente hemos expresado que “ ‘[e]l abogado no tiene licencia absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o mancillar la dignidad de los jueces’ ”. In re López de Victoria I, 163 D.P.R. 1, 8 (2004). Igualmente, hemos afirmado que resulta nefasto para la buena práctica de la profesión que un abogado haga serias imputaciones sobre el obrar de un juez cuando las mismas no están avaladas por evidencia contundente e indubitada. Id. Véase In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999).

A pesar de la claridad de dicho postulado ético, Rochet Santoro realizó ataques serios e infundados contra el Hon. Robert Ward al indicarle a sus clientes que éste era un juez racista cuya misión en el Tribunal de Distrito Federal era perjudicar a los hispanos. De hecho, Rochet Santoro les infundió la idea de que dicho juez les desestimaría la demanda, precisamente, por razones discriminatorias. Rochet Santoro incurrió en dicha conducta con el único fin de que éstos firmaran el acuerdo transaccional y el contrato de honorarios de abogado.

De esa forma, Rochet Santoro no sólo socavó la confianza de sus clientes en el sistema de justicia federal, sino que mancilló injustificada e infundadamente la reputación de un miembro de la Judicatura federal. Siendo así, no cabe duda que éste no cumplió con el deber de observar el mayor de los respetos hacia los tribunales ni con la obligación de propiciar que otros también lo observen, todo ello en violación del Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra.

De otro lado, opinamos que Rochet Santoro también se apartó de las exigencias éticas del Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El referido canon versa sobre el deber de competencia y diligencia del abogado en la tramitación de las causas que se le encomiendan. En particular, dicho canon dispone que “ [e] s deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”, íd. Véase, además, In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2007).

Evidentemente, la pauta que establece el Canon 18, supra, abarca una expectativa básica y razonable de lo que se espera de todo miembro del foro. Como funcionarios del tribunal, los abogados tienen que desplegar su mayor esfuerzo en la tramitación de los asuntos encomendados y nunca deben apartarse de los estándares requeridos de diligencia, celo y competencia. Véanse: In re Marrero Figarella, 146 D.P.R. 541 (1998); In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976).

Sin embargo, la conducta de Rochet Santoro para con sus clientes no se caracterizó por la mayor diligencia y competencia posible. Por el contrario, de la Opinión y Or-den del Tribunal de Distrito Federal se deduce que éste no respondía a las llamadas de sus clientes y no les asistía adecuadamente en el proceso de descubrimiento de prueba. De hecho, como mencionamos antes, a menudo sus clientes se sintieron abandonados en el transcurso del litigio para el cual lo habían contratado. Por lo tanto, no cabe duda de que Rochet Santoro incumplió con la exigencia básica de emplear en los trámites encomendados la mayor diligencia, omitiendo proveerles a sus clientes la mejor representación posible.

De igual manera, debemos reconocer que Rochet Santoro actuó de espaldas al deber de información que preceptúa el Canon 19 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. La referida norma ética postula que el abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso. Véase, además, In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005). Al interpretar dicho precepto, hemos expresado que un abogado debe mantener a su cliente informado de las gestiones realizadas y del desarrollo de los asuntos a su cargo, consultándole cualquier duda sobre aquello que no caiga en el ámbito discrecional. Véase In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987). Evidentemente, estas exigencias son un elemento imprescindible en la relación fiduciaria que existe entre abogado y cliente. Véase In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007).

No obstante, Rochet Santoro omitió informarles a sus clientes del acuerdo que tenía con el señor Cardona para que éste financiaría el litigio a cambio de la mitad de los honorarios de abogado. Además, Rochet Santoro dejó de advertirles sobre las funciones que estaba poniendo en ma-nos de esta persona sin licencia de abogado y dejó de informarles sobre el manejo que el señor Cardona tenía de los expedientes del caso. De esa forma, Rochet Santoro les ocultó a sus clientes información importante relacionada con sus casos y, por ende, incumplió el deber de información establecido en el mencionado Canon 19.

A su vez, Rochet Santoro actuó en contravención de los principios recogidos en el Canon 33, el cual requiere que todo abogado evite que personas no autorizadas practiquen la abogacía o la notaría. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véase, además, In re Gervitz Carbonell, 162 D.P.R. 665 (2004). Igualmente, dicho canon dispone que no es propio de un abogado permitir o facilitar que una persona no autorizada a ejercer la abogacía o la notaría cobre total o parcialmente por los servicios profesionales prestados por el abogado. Canon 33 del Código de Etica Profesional, supra. De forma similar, el canon aludido prohíbe que un abogado permita que personas no autorizadas suministren consejo legal y que el abogado se una en sociedad con personas no autorizadas a ejercer la abogacía cuando cualquiera de las actividades de la sociedad involucre la abogacía o la notaría. Id. Al interpretar la referida disposición, hemos expresado que “[n]o sólo incurre en conducta violatoria del Canon 33 ... aquel abogado que permita que una persona ejerza ilegalmente la abogacía, sino que claramente viola dicho canon aquel jurista que comparte sus honorarios con una persona que no es abogado”. (Énfasis en el original.) In re Franco Rivera, 169 D.P.R. 237, 271 (2006).

A pesar de lo anterior, Rochet Santoro llegó a un acuerdo con el señor Cardona —persona no admitida al ejercicio de la abogacía— conforme al cual este último financiaría el litigio relacionado a la Explosión de Río Piedras a cambio de la mitad de los honorarios que se recibieran por los servicios legales de Rochet Santoro. Además de que —bajo ese esquema— Rochet Santoro compartía indebidamente honorarios de abogado con el señor Cardona, también permitía que este último interviniera en el manejo del caso, en las reuniones con los clientes y hasta que custodiara los expedientes. De hecho, según la Opinión y Orden del Tribunal de Distrito Federal, Rochet Santoro permitió que el señor Cardona tomara parte activa en la toma de decisiones relacionadas al caso para el que fue contratado. Por lo tanto, resulta innegable que Rochet Santoro autorizó a una persona no admitida al ejercicio de la abogacía a formar parte de la representación legal de sus clientes y, en consecuencia, no se ajustó a la norma ética recogida en el Canon 33, supra.

Incluso, no cabe duda de que la conducta antes mencionada supone, además, una transgresión del Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual dispone —entre otras cosas— que “[l]a obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias, y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación”. (Énfasis nuestro.) Véanse, además: In re Bauzá Torres, 171 D.P.R. 894 (2007); In re Bonilla Rodríguez, 154 D.P.R. 684 (2001). Dicha norma ética pretende evitar una conducta profesional que mine el principio cardinal de confianza que fundamenta toda relación entre abogado y cliente. In re Bauzá Torres, supra.

No obstante, Rochet Santoro no honró el deber de lealtad y confidencialidad que todo abogado tiene para con su cliente. Este, en lugar de salvaguardar las confidencias de sus clientes, introdujo en la relación abogado-cliente a una tercera persona que tuvo una participación activa en el manejo del caso y que recibió parte de los honorarios pactados, todo ello sin el consentimiento de éstos. Dicha tercera persona tuvo acceso a información privilegiada y a detalles de los casos sobre los cuales Rochet Santoro ostentaba la representación legal. De hecho, como hemos mencionado antes, Rochet Santoro llevaba a ese tercero a las reuniones con los clientes y puso en sus manos —sin la debida autorización— los expedientes de éstos. Por lo tanto, debemos concluir que Rochet Santoro no actuó en conformidad con el deber de fiducia y lealtad que supone la relación abogado-cliente.

También relacionado con el citado Canon 21, Rochet Santoro incurrió en una conducta que representa una grave falta al deber de lealtad hacia el cliente, y al deber de sinceridad y honradez que establece el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Nos referimos al hecho probado ante el Tribunal de Distrito Federal de que Rochet Santoro realizó deducciones no autorizadas de los fondos correspondientes a sus clientes en concepto de indemnización como producto del acuerdo transaccional. Indudablemente, dicha conducta supone una seria afrenta contra la naturaleza fiduciaria que caracteriza la relación abogado-cliente y representa una desviación grave del estándar de sinceridad y honradez que exige la comunidad jurídica. Esta conducta tiene el potencial de menoscabar la confianza de los ciudadanos en la profesión legal y de socavar los cimientos del sistema de justicia. En vista de ello, opinamos que amerita una severa sanción de parte de este Tribunal.

Ahora bien, además de lo anterior, Rochet Santoro incurrió en otras prácticas que atentan contra las normas que rigen lo relacionado a los honorarios de abogado. Según señalamos antes, éste forzó a sus clientes a firmar los contratos de honorarios de abogado empleando medidas de amedrentamiento y de amenazas. Igualmente, con el fin de asegurar sus honorarios, Rochet Santoro le hizo creer a sus clientes que les desestimarían la demanda si no lo contrataban y, con idéntico fin, les prometió resultados particulares en el desenlace del caso. Igualmente, quedó probado que éste facturó por gastos en los cuales no incurrió e incluyó indebidamente en los honorarios contingentes ciertos gastos administrativos.

Claramente, dicha conducta infringe el Canon 24, en cuanto éste dispone que “[l]a fijación de honorarios profesionales debe regirse siempre por el principio de que nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucró”. (Énfasis nuestro.) 4 L.RR.A. Ap. IX. Véanse, además: In re Rivera Rivera, 171 D.P.R. 942 (2007); In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450 (1977). En la medida en que Rochet Santoro utilizó mecanismos incompatibles con la verdad y la honestidad para asegurar sus honorarios de abogado, actuó bajo el entendido de que el ejercicio de la profesión es un simple negocio lucrativo. De esa forma, no le hizo honor a la norma que postula que los contratos de servicios profesionales se encuentran inmersos en normas deontológicas que dotan a la relación abogado-cliente de un interés público superior que puede trascender el interés exclusivo de las partes. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989).

La conducta antes mencionada constituye también una violación al Canon 35, supra, el cual requiere que los abogados actúen con sinceridad y honradez en las relaciones con sus representados. De hecho, al examinar los contornos de este Canon, hemos expresado claramente que “[n]o es sincero ni honrado utilizar medios que sean incompatibles con la verdad ..In re Marini Román, 165 D.P.R. 801, 807 (2005). Dado que Rochet Santoro sembró expectativas que no necesariamente se ajustan a la realidad, y ya que les transmitió a sus clientes información tergiversada sobre los funcionarios del tribunal con el único propósito de satisfacer sus intereses personales, resulta innegable que éste no se condujo hacia sus clientes de forma sincera y honrada.

Evidentemente, tampoco fue sincero ni honrado de parte de Rochet Santoro alterar documentos durante el trámite del litigio. El mencionado Canon 35, supra, contempla este asunto de forma particular y, al respecto, establece que “[e]l abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar affidávit u otros documentos, y al presentar causas”. (Énfasis nuestro.) Indudablemente, dicha conducta refleja unas deficiencias en el estado ético de Rochet Santoro que, hasta en las cosas más pequeñas, parecen impedirle obrar con honradez. Debemos recordar que, más que un ideal irrealizable, la verdad es atributo inseparable del ser abogado, y sin ésta la profesión jurídica no podría justificar su existencia. In re Davison Lampón, 159 D.P.R. 448 (2003).

Por último, examinada la conducta de Rochet Santoro en su totalidad, opinamos que éste no cumplió con la obligación de todo abogado de exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Nótese que el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales Al interpretar este canon hemos sostenido que “ ‘[c] ada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión ... que [se] debe representar con limpieza, lealtad, y el más escrupuloso sentido de responsabilidad’ ”. In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542, 556 (2000). Véase In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).

Según estos principios, consideramos que Rochet Santoro no se esforzó, al máximo de su capacidad, en exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Su conducta estuvo impregnada de una impropiedad tan severa que produjo la impresión de haber estado utilizando la profesión primordialmente con ánimo de lucro. Ciertamente, la conducta de Rochet Santoro no puso de manifiesto los principios que subyacen la profesión legal, sino que su conducta se distinguió por sacar provecho de su posición y emplear medidas y actuaciones incompatibles con la verdad y la honradez. Sus actuaciones constituyen un atentado, no sólo contra la lealtad que les debía a sus clientes, sino contra el sistema judicial mismo en cuanto atacó infundadamente la reputación de un magistrado.

Conforme a lo anterior, concluimos que la conducta de Rochet Santoro que conllevó su desaforo en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico constituye, a su vez, una conducta que viola los Cánones 9, 18, 19, 21, 24, 33, 35 y 38 del Código de Ética Profesional en nuestra jurisdicción. Por ello, se decreta su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Presidente Señor Hernández Denton. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

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text:
    Eva García Pérez, apelante, v. Corporación de Servicios Especializados para la Mujer y la Familia, Inc., apelada.

      Número: AC-2007-69

      Resuelto: 30 de junio de 2008

      José Juan Nazario de la Rosa, abogado de la Sra. Eva García Pérez, parte apelante; Rafael Meléndez Ramos, abogado de la Dra. Doris González Torres, parte apelada.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 31 de marzo de 1999 Eva García Pérez presentó una demanda sobre discrimen por razón de embarazo y discrimen por razón de sexo contra la Corporación de Servicios Especializados para la Mujer y la Familia (Corporación), ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, alegó que fue despedida o cesanteada sin justa causa del Proyecto Amanecer de la Corporación, por motivo de su embarazo. Adujo, además, que desde que la presidenta de la Corporación, Dra. Doris González Torres, supo de su estado de embarazo, fue sometida a actos discriminatorios que culminaron con su despido.

Dicha demanda fue presentada al amparo de las disposiciones de la Ley para la Protección de Madres Obreras, Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942 (29 L.P.R.A. see. 467 et seq.); de la Ley contra el Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo, Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. see. 1321 et seq.); de la Ley contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. see. 146 et seq.), y de la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.).( ) La Corporación formuló una alegación responsiva negando, en esencia, las alegaciones fundamentales de la demanda presentada en su contra.

El 1 de abril de 2002 García Pérez solicitó enmendar la demanda para incluir como codemandados a la doctora González Torres, en su carácter personal, y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sostuvo que éstos respondían solidariamente con la Corporación por todos los daños ocasionados como consecuencia del alegado despido injustificado y discriminatorio. Alegó, además, que la Corporación era un álter ego de González Torres, por lo cual, procedía descorrer el velo corporativo e imponerle responsabilidad a ésta en su carácter personal.

La Corporación se opuso a las enmiendas solicitadas bajo el fundamento de que la acción incoada contra el Estado Libre Asociado (E.L.A.) y González Torres estaba prescrita. Sobre el particular, señaló que no existía solidaridad entre la Corporación y el E.L.A., ya que la Corporación fungió como contratista independiente para prestar unos servicios particulares y que en el contrato suscrito entre las partes la Corporación, de hecho, había relevado al Departamento de la Familia —y en consecuencia al E.L.A.— de cualquier obligación o responsabilidad relativa a daños y perjuicios ocasionados en el desempeño de sus funciones. Señaló, además, que no cabía hablar de responsabilidad vicaria del E.L.A., al amparo del Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5142, porque las partes especificaron en su contratación que entre ellos no existía una relación obrero-patronal. Por último, argumentó que tampoco existió una relación obrero-patronal entre la Corporación y la demandante García Pérez, ya que ésta fue contratada para rendir servicios profesionales en los proyectos de la Corporación; razón por la cual, a su juicio, no cabía hablar de solidaridad entre la Corporación, el E.L.A. y González Torres; consecuentemente, las acciones contra estos últimos estaban prescritas. El tribunal de instancia permitió las enmiendas a la demanda, según solicitadas por García Pérez.

La codemandada, doctora González Torres, solicitó la desestimación de la demanda enmendada, básicamente por los mismos fundamentos expuestos por la Corporación, al aducir que no existía solidaridad entre su persona y demás codemandados y que, por lo tanto, la reclamación en su contra estaba prescrita. El tribunal de instancia denegó, igualmente, dicha solicitud. González Torres recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un certiorari, pero dicho foro denegó la expedición del auto.

Habiendo resultado igualmente infructuosos los esfuerzos del E.L.A. de lograr la desestimación de la demanda por prescripción, el E.L.A. y González Torres presentaron sus alegaciones responsivas, negando toda responsabilidad y planteando, nuevamente, que las reclamaciones en su contra estaban prescritas. Así las cosas, las partes iniciaron el descubrimiento de prueba.

El 22 de abril de 2005 la doctora González Torres presentó, nuevamente, una Solicitud de Desestimación por Ausencia de Jurisdicción sobre la Persona. Allí solicitó que se dictase una sentencia parcial para desestimar la reclamación en su contra. Expuso, en síntesis, los mismos argumentos que formuló en su solicitud de desestimación previa. Además, añadió que a la fecha de la presentación de la demanda, García Pérez obviamente conocía la identidad de González Torres y los actos discriminatorios que ésta alegadamente había cometido, y arm así no la incluyó como parte demandada. Sostuvo que ello demostraba la dejadez de García Pérez en el reclamo de sus derechos, lo cual constituía un impedimento para las enmiendas a la demanda. De otra parte, alegó que los planteamientos formulados por García Pérez en tomo a que la Corporación era un álter ego de González Torres carecían de validez y se trataba de meras alegaciones sobre las cuales no se había alegado prueba alguna. El E.L.A. solicitó, nuevamente, la desestimación de la reclamación en su contra, al esbozar los mismos argumentos de su solicitud de desestimación previa.

García Pérez presentó su oposición a tales solicitudes, reiterando que González Torres era cocausante de sus daños a raíz de los actos discriminatorios que llevó a cabo en su contra mientras fungía como su supervisora y que, además, era un álter ego de la Corporación. Por otro lado, sostuvo que el E.L.A. era cocausante solidario porque delegó sus deberes, obligaciones y facultades a la Corporación, convirtiendo a ésta en una entidad cuasi pública adscrita al Departamento de la Familia. El foro de instancia se reservó los fallos en torno a las solicitudes de desestimación hasta la celebración de la vista en su fondo.

Luego de iniciado el juicio en su fondo y tras haberse presentado la evidencia prima facie de un caso de discrimen por embarazo conforme la jurisprudencia aplicable, y activada la correspondiente presunción de despido discriminatorio, se procedió a recibir la prueba del patrono. Antes de finalizar el juicio, sin todavía haber terminado el desfile de la prueba de justa causa del patrono Corporación y previo a iniciarse la prueba del E.L.A., así como la prueba de la demandante en su turno de refutación de la prueba del patrono, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) procedió a desestimar la demanda contra la Dra. Doris González Torres y contra el E.L.A. por prescripción de las causas de acción.()

Concluyó el tribunal de instancia que las reclamaciones contra el E.L.A. y González Torres, en su carácter personal, estaban prescritas porque no eran cocausantes solidarios de los daños. En apoyo a su conclusión, indicó que por no existir una relación obrero-patronal entre el E.L.A. y García Pérez, ni vínculo alguno entre éstos, el E.L.A. no tenía responsabilidad alguna ante García Pérez, por lo cual la demanda inicial no interrumpió el término prescriptivo para entablar una reclamación contra el E.L.A.

De otra parte, el foro de instancia señaló que aun si hubiese resuelto que el E.L.A. y González Torres eran cocausantes solidarios de los daños, la presentación de la demanda original no interrumpió el término prescriptivo porque no se incluyó una alegación de solidaridad en la demanda original ni se les identificó como demandados de nombre desconocido. Sostuvo, además, que tampoco se hizo alegación alguna en la demanda inicial, en la que se imputara responsabilidad a González Torres en su carácter personal.

A su juicio, el hecho de que García Pérez, a la fecha de la presentación de la demanda inicial, conocía la relación existente entre la Corporación y el E.L.A., así como la identidad de González Torres y su rol de supervisora y Presidente de la Corporación, impedía que ésta los incluyera en el pleito transcurridos tres años desde la fecha del alegado despido. Esto es así según lo resuelto en Martínez Díaz v. E.L.A., 132 D.P.R. 200 (1992), en cuanto a que el punto de partida para el cómputo del término prescriptivo es el momento cuando la parte afectada conoce el daño y la identidad de su causante.

Por último, el tribunal de instancia indicó que la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 3, ante, no eran oponibles contra González Torres en su carácter personal ni como supervisora, ya que éstas sólo imponen responsabilidad al patrono real, es decir, a la Corporación. De igual forma, destacó que las reclamaciones laborales al amparo de las referidas Leyes Núm. 100, Núm. 80 y Núm. 69 no son oponibles al E.L.A. ni a sus agencias y dependencias.

Inconforme con tal determinación, García Pérez recurrió al Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia desestimatoria parcial tras resolver que las reclamaciones entabladas contra González Torres y el E.L.A. estaban prescritas. Adujo que en la demanda inicial nunca se efectuó urna alegación sobre la solidaridad entre posibles cocausantes del daño ni se incluyó alegación alguna sobre la posible responsabilidad solidaria de dichas partes; ello aun cuando la demandante conocía la identidad de González Torres y que la Corporación llevaba a cabo labores para el Departamento de la Familia. Por otra parte, destacó que, aun si hubiese existido una relación obrero-patronal entre García Pérez y el E.L.A. —la cual, señaló, nunca existió— las leyes laborales antidiscrimen no aplican a los departamentos ejecutivos ni a las agencias del E.L.A.

Insatisfecha aún, García Pérez recurrió ante este Tribunal —vía recurso de apelación— para plantear que incidió el foro de instancia al desestimar las causas de acción contra González Torres y el E.L.A. por el fundamento de prescripción, sin atender los señalamientos relativos a la alegación de que la Corporación era un álter ego de González Torres y que por ello procedía descorrer el velo corporativo. Sostiene que González Torres y el E.L.A. son cocausantes solidarios de los daños y la presentación de la demanda inicial interrumpió el término prescriptivo de las causas de acción contra éstos.

Acogido el recurso como certiorari, el 30 de noviembre de 2007 le concedimos un término a la recurrida Dra. Doris González Torres para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto y dictar sentencia parcial, revocatoria de la emitida en el caso por el Tribunal de Apelaciones. Dicha parte ha comparecido; resolvemos.

I

En nuestra jurisdicción, la prescripción de las acciones es materia sustantiva, no procesal, regida por los Arts. 1840 al 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5261-5304. Véase Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559 (2001). En ocasiones reiteradas hemos señalado que el propósito de dicha figura es “evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a una presunción legal de abandono”. González v. Wal-Mart, Inc., 147 D.P.R. 215, 216 (1998). Véase, además, Galib Frangle v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560 (1995).

El Art. 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5291, establece que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. El tiempo se contará desde el día en que pudo ejercitarse la acción, salvo disposición especial en contrario. Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5299.

El Art. 12 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. see. 185a) establece un término prescriptivo de tres años comenzando desde la fecha del despido para entablar una reclamación oportunamente. En vista de que en los textos de la Ley Núm. 100, la Ley Núm. 3 y la Ley Núm. 69, ante, no se dispone un término prescriptivo para solicitar los remedios allí concedidos, por tratarse de leyes laborales de carácter indemnizatorio —análogas al Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141— hemos resuelto que les aplica el plazo de un año, a contarse desde la fecha del despido. Véanse: Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342 (2001); Olmo v. Young Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 74 (1981).

Al amparo de la teoría cognoscitiva del daño, dicho plazo de un año comienza a transcurrir desde que la parte perjudicada conoce que ha sufrido el daño y quién es el responsable de éste. Art. 1868 del Código Civil, ante. Véanse, además: Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004); De León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797 (1999); Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 D.P.R. 315 (1994).

Por otro lado, el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303, dispone que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. Hemos indicado que los actos interruptivos representan la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Sánchez v. Aut. de los Puertos, ante.

Nuestro Código Civil establece que, cuando se trata de una obligación solidaria, la interrupción del término prescriptivo beneficia o peijudica por igual a todos los acreedores o deudores. Art. 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5304. Ahora bien, el Código Civil impone la mancomunidad como regla general, y la solidaridad opera a modo de excepción. A tales efectos, el Art. 1090 (31 L.P.R.A. sec. 3101) establece que “[l]a concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación ni implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni [que] cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria”. De modo que una obligación es solidaria cuando así se haga constar expresamente.

En el ámbito de los daños y perjuicios se presenta una situación inherentemente distinta a la relación contractual, ya que se persigue el resarcimiento del daño causado por una persona a otra a raíz de un acto ilícito civil. Según señala Brau del Toro, “[p]or la naturaleza de las circunstancias en que se producen daños como consecuencia de acto ilícito civil, es imposible que la víctima y los coautores pacten la responsabilidad solidaria de éstas ...”. H.M. Brau del Toro, El término prescriptivo y su interrupción en acciones en daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el derecho puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 208 (1983).

Tanto la jurisprudencia como los tratadistas se inclinan a favorecer la solidaridad cuando se trata de los cocausantes de un daño o de imponerle responsabilidad a una persona por los actos de otra. C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 6ta ed., [sin. 1.], ed. del autor, 2007, pág. 343; J. Santos Briz, Derecho Civil: Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. III, págs. 141 — 142.

Sobre ello, Brau del Toro expresa que “[d]e acuerdo a la doctrina tradicional, los causantes del daño son responsables solidaria y mancomunadamente, pudiendo demandarse a uno o a varios, o a todos, por la totalidad de los daños”. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, pág. 518. En su opinión, tal supuesto se trata de una solidaridad legal, en tanto dimana de un mandato de ley. íd., pág. 603. José Puig Brutau también denomina la responsabilidad de los cocausantes de un daño como una de carácter solidario, derivada de la. ley. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. I, Vol. II, pág. 159. Ajuicio de Diez-Picazo, ello surge del Art. 1974 del Código Civil español, de similar estirpe al Art. 1874 de nuestro Código Civil, ante. L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1984, pág. 144. Por su parte, Irizarry Yunqué destaca que la responsabilidad solidaria de los cocausantes del daño no surge expresamente de la ley, sino de una interpretación judicial de las disposiciones de nuestro Código Civil. Irizarry Yunqué, op. cit., pág. 343.

Independientemente de su origen y de lo anteriormente expresado, no cabe duda que según señala Brau del Toro, “la radicación a tiempo de una demanda por parte del peijudicado contra un coautor solidario interrumpe el término prescriptivo en peijuicio de todos los demás coautores solidarios y en beneficio de otros perjudicados que tuviesen, de acuerdo con las circunstancias del caso, una causa de acción solidaria con la del demandante que interpuso su acción a tiempo”. Brau del Toro, Los daños y perjuicios ex-tracontractuales en Puerto Rico, op. cit., pág. 518. Véase, además, Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992).

La consecuencia principal de la solidaridad entre los cocausantes de un daño es que todos tienen la obligación de reparar el daño íntegramente. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, op. cit., pág. 625. Ahora bien, como señala Brau del Toro, entre los efectos secundarios de la solidaridad entre los cocausantes de un daño, se encuentra la interrupción del término prescriptivo en peijuicio de los demás cocausantes. Ello le ofrece mayor protección a la parte peijudicada, ya que cualquier gestión realizada contra un cocausante solidario se considera realizada contra todos por igual. Id., págs. 613-614 y 625-626. Sobre tal punto, Diez-Picazo también señala que la reclamación judicial o extrajudicial del acreedor interrumpe la prescripción, aunque sea dirigido a uno solo de los deudores solidarios. Diez-Picazo, op. cit., pág. 144.

Ciertamente, este Tribunal ha tenido la oportunidad de discutir en reiteradas ocasiones el tema de la solidaridad en el contexto de la responsabilidad extracontractual. Nuestras expresiones se remontan a García v. Gobierno de la Capital, 70 D.P.R. 333 (1949), ocasión en la que establecimos que las personas que ocasionan un daño son responsables solidariamente ante la persona afectada y ésta puede entablar una acción contra uno o contra todos los responsables. Véanse, además: Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 (1985); Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R. 825 (1950).

En García v. Gobierno de la Capital [II], 72 D.P.R. 138 (1951), atendimos por segunda ocasión el mismo caso, donde reafirmamos lo expresado en 1949. Además, resolvimos que en vista de lo expuesto en los Arts. 1090 y 1874 del Código Civil, ante, “[hjabiéndose interpuesto la demanda original contra los terceros demandantes dentro del año, ... la prescripción contra los terceros demandados había sido interrumpida y la demanda de tercero resultaba, por ende, radicada en tiempo”. Id., pág. 149. Dicho de otra manera, la presentación de la demanda contra uno de los coautores del daño interrumpió el término prescriptivo para efectos de los demás coautores. Véase Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, op. cit, pág. 572.

En el caso normativo Arroyo v. Hospital La Concepción, ante, discutimos detenidamente la doctrina de la soliclaridad y reconocimos que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual estamos ante el supuesto de la solidaridad legal. Posiblemente, la contribución más importante de Arroyo v. Hospital La Concepción, ante, descansa en el reconocimiento de los efectos secundarios de la solidaridad en casos de responsabilidad extracontractual y, en particular, las reglas de juego relativas a la interrupción del término prescriptivo para entablar una reclamación contra un coautor que no fue incluido en la demanda original. A tales efectos, en dicho caso comenzamos por reiterar que, con el propósito de salvaguardar los derechos de la parte perjudicada, la presentación de una reclamación judicial o extrajudicial contra un cocausante de un daño interrumpe el término prescriptivo en cuanto a los demás cocausantes solidarios del daño. Resolvimos que los cocausantes solidarios que no fueron incluidos en la demanda original podrán ser incluidos en el pleito mediante enmiendas a la demanda o mediante una demanda contra tercero. Para ello, citando a Brau del Toro, expresamos que “sólo se requiere alegar bien y suficientemente en la demanda el hecho de que el nuevo demandado, o tercero demandado, según los casos, responde solidariamente por los daños reclamados con el demandado original, contra quien se radicó demanda dentro del término prescriptivo dispuesto por el ordenamiento”. Arroyo v. Hospital La Concepción, ante, pág. 608. Véase Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, op. cit., pág. 630.

En resumidas cuentas, resulta evidente que en materia de daños y perjuicios, cuando son varios los que con sus actos u omisiones culpables o negligentes causan un daño, todos están obligados solidariamente a repararlo. Cada uno “queda obligado personalmente por razón de su propia culpa”. Torres Ortiz v. E.L.A., 136 D.P.R. 556, 564 (1994). Véase, además, J.R. Vélez Torres, Derecho de obligaciones: curso de derecho civil, 2da ed., San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua Facultad de Derecho UIPR, 1997, pág. 95. Así, se le brinda mayor protección a la persona perjudicada, quien puede reclamarle a cualquiera de los cocausantes la reparación íntegra del daño. Irizarry Yunqué, op. cit., pág. 343; Vélez Torres, op. cit., pág. 95; Puig Brutau, op. cit., pág. 167; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 14ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1988, T. III, pág. 150; Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, op. cit., pág. 518. En fin, la reclamación judicial o extrajudicial presentada contra uno de los cocausantes solidarios del daño interrumpe el término prescriptivo en perjuicio de los demás cocausantes solidarios. Véanse: Sánchez v. American Airlines, 153 D.P.R. 559 (2001); Arroyo v. Hosp. de la Concepción, ante.

II

Mediante el primer señalamiento de error esbozado, García Pérez plantea, en síntesis, que erraron los foros recurridos al desestimar la reclamación contra González Torres por el fundamento de prescripción, ya que ésta, como oficial de la Corporación, y alegada autora de los actos discriminatorios, es responsable solidariamente con la Corporación de los daños ocasionados.

En su segundo planteamiento de error, García Pérez alega que, tanto el foro de instancia como el apelativo, incidieron al no atender sus señalamientos en torno a que la Corporación era un álter ego de González Torres y que, por dicha razón, procedía descorrer el velo corporativo e imponerle responsabilidad a González Torres en su carácter personal. Sostiene que del testimonio de González Torres surge que la Corporación estuvo bajo el control absoluto de ésta, no había otros accionistas, no había una Junta de Directores, no existían minutas de reuniones ni resoluciones corporativas, operaba exclusivamente con fondos públicos, su único cliente fue el Departamento de la Familia y González Torres pagó deudas de la corporación con sus bienes personales. A su juicio, tales actuaciones ameritan la imposición de responsabilidad personal a González Torres, en aras de evitar un fraude, propósito ilegal o inequidad. Aduce que a causa de lo anterior, e independientemente de cualquier determinación en torno a si González Torres es una cocausante solidaria del daño, la acción contra González Torres no está prescrita.

De entrada, es preciso aclarar que contrario a lo señalado por los foros recurridos, en el caso de marras, era a todas luces improcedente utilizar el mecanismo de demandados de nombre desconocido, ya que García Pérez conocía claramente el nombre de quien fungió como presidenta de la Corporación, o sea, de González Torres. Además, ella sabía que la Corporación fue contratada por el Departamento de la Familia, agencia del E.L.A., con el propósito de proveer servicios a menores víctimas de abuso sexual. No existe controversia alguna sobre ello.

Por otra parte, la conclusión del foro primario, y la confirmación posterior del tribunal apelativo, en torno a la ausencia de solidaridad entre la Corporación y González Torres, se basa en una interpretación errada de lo resuelto en Arroyo v. Hospital La Concepción, ante, y en otros casos posteriores.

Según indicamos anteriormente, en Arroyo v. Hospital La Concepción, ante, resolvimos que, de entrada, sólo es necesario alegar bien y suficientemente en la demanda el hecho de que el nuevo demandado o tercero demandado responde solidariamente por los daños reclamados en la demanda original que fue presentada oportunamente. Id.

Brau del Toro destaca que previo a Arroyo v. Hospital La Concepción, ante, existía incertidumbre en torno a la vigencia de la doctrina de la solidaridad y su efecto sobre el término prescriptivo para presentar acciones contra otros cocausantes que no fueron incluidos en el pleito inicial. Ex-presa que se desconocía el curso por seguir en este tipo de caso. Señala que ello se debía al uso de otros fundamentos legales para la adjudicación de controversias que podían haberse resuelto conforme la norma establecida en García v. Gobierno de la Capital, ante.() Como consecuencia, curiosamente se llegaba al mismo resultado, es decir, se determinaba que la reclamación contra el nuevo demandado no estaba prescrita, sin atenderse las idiosincrasias y los efectos de la figura de la solidaridad en materia de daños y perjuicios. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, op. cit., págs. 628-629.

Sin embargo, tales deficiencias fueron eliminadas con nuestros pronunciamientos en Arroyo v. Hosp. de la Concepción, ante. Las exigencias que impusimos allí para que se entienda interrumpido el término prescriptivo no requiere, como única alternativa, que se alegue en la demanda original la solidaridad de los cocausantes en la demanda inicial, sino que dicho planteamiento puede hacerse en la solicitud de enmienda a la demanda o demanda contra tercero, mediante la cual se pretende incluir al cocausante solidario al pleito.

Dicho de otra manera, la reclamación contra dicho coautor prospera cuando se alega bien y suficientemente en la demanda original o cuando se trae al pleito el nuevo demandado, incluyéndolo mediante enmienda, o cuando el tercero demandado responde solidariamente con el demandado original contra quien se presentó una demanda oportunamente. Brau del Toro, Los daños y perjuicios ex-tracontractuales en Puerto Rico, op. cit., pág. 630; Brau del Toro, El término prescriptivo, supra, pág. 243.

Debe quedar claro, sin embargo, que aun cuando el tribunal determine, para efectos de la prescripción, que el nuevo demandado puede serle solidariamente responsable al demandante, ello sólo es para efectos de que se le incluya en el pleito como demandado. Es decir, no prejuzga la determinación de responsabilidad por los daños alegados. Incluso, el nuevo demandado tiene la oportunidad de demostrar que no es responsable de los daños alegados y que, de así hacerlo, se le eximirá de toda responsabilidad. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, op. cit, pág. 635.

González Torres arguye que en Martínez Díaz v. E.L.A., ante, caso posterior a Arroyo v. Hospital La Concepción, ante, modificamos lo allí establecido. Argumenta que en Martínez Díaz v. E.L.A., ante, se expresó que aun habiéndose levantado la figura de la solidaridad, conforme a García v. Gobierno de la Capital, ante, la demanda contra el alegado cocausante estaba prescrita si conocía de antemano la verdadera identidad y no lo había traído originalmente al pleito. Véase Alegato de la Dra. Doris González, Apéndice, 2da pieza, pág. 471. No tiene razón.

En primer término, cabe destacar que la anterior conclusión se deriva de una sentencia, la cual no constituye precedente. Por otra parte, los hechos procesales de Martínez Díaz v. E.L.A., ante, se diferencian totalmente a los del caso de autos. Allí, el demandante Martínez Díaz presentó una demanda contra la Panadería Valoi, John Doe Empleado y las compañías aseguradoras cuyo nombre desconocía, por los daños que sufrió a causa del disparo propinado por el alegado “guardia de seguridad que trabajaba para la panadería”. Posteriormente, solicitó enmendar la demanda para incluir como demandados a José De Jesús Muriel y al E.L.A., imputándole al primero haberle disparado mientras actuaba en funciones de su empleo con la “Policía de Puerto Rico y/o la Panadería Valoi”, alegando que la demanda originalmente presentada había interrumpido el término prescriptivo tanto en relación con De Jesús Muriel como con el E.L.A.

Un examen detenido de los hechos de ese caso demuestra la existencia de una diferencia patente respecto a la controversia que ahora atendemos. Distinto al caso de marras, en Martínez Díaz v. E.L.A., ante, De Jesús nunca fue un empleado de la Panadería Valoi. Por lo cual, no existía una relación entre éste y la Panadería Valoi ni, mucho me-nos, entre La Panadería Valoi y el E.L.A. En vista de lo anterior, tampoco hubo una relación solidaria entre la Panadería Valoi, De Jesús y el E.L.A. Como consecuencia, la presentación de la demanda original contra la Panadería Valoi no interrumpió el término prescriptivo en perjuicio de De Jesús y el E.L.A.

Por otro lado, es preciso resaltar que en Martínez Díaz v. E.L.A., ante, la verdadera controversia giraba en torno al uso del mecanismo de demandado desconocido habilitado por la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Aun cuando el demandante Martínez Díaz conocía la identidad y el nombre del causante de sus daños, o sea, De Jesús, no lo incluyó en la demanda. Por lo tanto, cuando finalmente lo incluyó como demandado, la acción en su contra estaba prescrita. Sobre el particular, señalamos que la demanda estaba prescrita porque “si conociendo, o debiendo conocer, el nombre del demandado, el demandante opta por no demandarlo e incluye en su demanda un demandado de nombre ficticio, no podrá ampararse en la Regla 15.4 de Procedimiento Civil ... para sustituir a este último por aquel cuya identidad y cuyo nombre conocía desde la interposición original de la demanda”. (Enfasis suplido.) Martínez Díaz v. E.L.A., ante, pág. 211. De la prueba surgía que desde el día de los hechos, Martínez Díaz sabía la identidad de De Jesús y de que éste no era un empleado de la Panadería Valoi, sino un policía que estando fuera de servicio, vestido de civil, de casualidad se encontraba en la panadería.

González Torres, aludiendo a Martínez Díaz v. E.L.A., ante, señala que, en vista de que García Pérez conocía su identidad a la fecha de la presentación de la demanda inicial y aun así no la incluyó como demandada, la reclamación en su contra está prescrita. Es errado su razonamiento. Adviértase que, según destacamos anteriormente, en Martínez Díaz v. E.L.A., ante, no había solidaridad alguna entre De Jesús, el E.L.A. y los demandados originales porque De Jesús nunca fue empleado de la Panadería Valoi, la parte originalmente demandada. Nuestras expresiones en dicho caso en torno a que el conocimiento de la identidad de De Jesús impidió la retroactividad de las enmiendas a la demanda se debió exclusivamente a que el demandante intentó utilizar el mecanismo de demandado desconocido cuando en realidad conocía la identidad del que le disparó desde que presentó la demanda inicial.

Distinto a dicho caso, en el caso de autos, como Presidenta de la Corporación, supervisora de García Pérez y la alegada causante de los actos discriminatorios, existía una relación entre González Torres y la Corporación que, prima facie, la hace responsable solidariamente por los daños alegados por García Pérez desde la demanda inicial.

La decisión emitida en Arroyo v. Hospital La Concepción, ante, ha sido reiterada por este Tribunal, una y otra vez, respecto a la adjudicación de controversias relativas a la solidaridad de los cocausantes de un daño. Véanse: Ortiz v. R & R Motor Sales, 131 D.P.R. 829 (1992); Torres Ortiz v. E.L.A., ante, pág. 564; P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 D.P.R. 691 (1999); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559 (2001); Blás v. Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439 (2006); Rivera Hernández v. Comtec Comm., 171 D.P.R. 695 (2007).

En el caso de autos, García Pérez alegó, de forma ex-presa, en la demanda inicial que los actos discriminatorios que culminaron en su despido comenzaron cuando González Torres supo de su estado de embarazo. García Pérez identificó a González Torres como la principal partícipe en los actos discriminatorios llevados a cabo en su contra. De modo que erró el foro apelativo al resolver que en la demanda inicial no se hizo alegación alguna contra González Torres más allá de aquellas relativas a su rol como Presidenta de la Corporación.

Posteriormente, en la demanda enmendada, García Pérez planteó explícitamente que González Torres, la Corporación y el E.L.A. le eran responsables solidariamente. Por lo tanto, contrario a lo planteado por González Torres, para derrotar la defensa de prescripción, García Pérez no sólo alegó que González Torres era un álter ego de la Corporación, sino que expuso palmariamente en la demanda enmendada que “la parte querellada (entre las cuales está incluida González Torres) responde solidariamente por to-dos los daños causados” a García Pérez. Asimismo, expuso que González Torres fue su supervisora inmediata y la responsable de su despido.

En esta etapa, no nos corresponde resolver, en forma definitiva, los méritos de la reclamación de García Pérez contra la Corporación ni contra González Torres, sino únicamente resolver, de forma preliminar, la controversia relativa a la responsabilidad solidaria y la prescripción de las acciones contra González Torres y el E.L.A. Le atañe al tribunal a quo —en su día, y luego de finalizado el desfile de toda la prueba que tengan a bien presentar las partes— determinar la procedencia jurídica de las reclamaciones contra la Corporación y González Torres a la luz de cada una de las leyes laborales aludidas en la demanda y de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, ante.

Dicho de otro modo, la determinación que hoy emitimos en torno a la existencia de solidaridad entre González Torres y la Corporación descansa en el cumplimiento de los criterios requeridos por nuestra jurisprudencia respecto a la interrupción del término prescriptivo para presentar una reclamación contra el coautor de los daños que no fue incluido inicialmente en la demanda. Nuestra decisión no pretende adjudicar el caso en sus méritos, a saber, si González Torres y la Corporación en efecto le ocasionaron a la demandante los daños alegados en la demanda. A García Pérez le corresponde presentar prueba a tales efectos en el juicio plenario.()

III

En mérito de lo antes expuesto, procede expedir el auto de “certiorari” y confirmar la parte de la sentencia recurrida en la cual se desestimó la causa de acción contra el E.L.A. bajo el fundamento de prescripción. Revocamos, por otro lado, la porción del dictamen recurrido que desestimó la reclamación contra González Torres por entender que ésta puede ser responsable solidariamente con la Corporación por los alegados daños ocasionados a García Pérez.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez emitieron sendas opiniones disidentes.

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Una vez más, una Mayoría de este Tribunal, a la luz de lo resuelto en Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992), aplica automáticamente la doctrina de solidaridad en materia de daños para permitir que se incluya tardíamente como codemandada a una alegada cocausante solidaria del daño. Dicho curso de acción, a nuestro juicio, demuestra las consecuencias adversas que acarrea nuestra normativa actual, pues socava la figura de la prescripción como norma de derecho sustantivo. Por esta razón, disentimos, igual que lo hicimos en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra.

De la propia opinión mayoritaria surge que la demandante, Sra. Eva García Pérez, conocía que había sufrido el alegado daño y que la Dra. Doris González Torres —presidenta de la Corporación de Servicios Especializados para la Mujer y la Familia— era una de las alegadas responsables de éste. De hecho, en la demanda original que García Pérez presentó contra la Corporación, ésta alegó que desde que la doctora González Torres supo de su estado de embarazo fue sometida a actos discriminatorios que desembocaron en su despido. A pesar de lo anterior, García Pérez no incluyó a la doctora González Torres en su demanda. Por el contrario, optó por hacerlo tres años después, actuación que a nuestro juicio demuestra su dejadez y abandono, pero que la opinión del Tribunal hoy avala bajo el fundamento de que la demanda instada contra la Corporación interrumpió automáticamente la causa de acción contra la doctora González Torres.

Al igual que en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, la situación fáctica que presenta el caso de autos constituye una oportunidad desaprovechada para considerar la adopción de la doctrina francesa de obligación in solidum a nuestro ordenamiento jurídico. Ello es así, pues dicha doctrina exige que el demandante interrumpa el término prescriptive de la acción contra cada demandado por separado, prohibiendo de esa forma que la decisión sobre cuándo traer al pleito a un cocausante solidario quede al arbitrio del demandante. Así, la doctrina de responsabilidad in solidum previene la incertidumbre que ocasiona la pendencia indefinida de una causa de acción, cosa que es contraria a los fundamentos de la figura de la prescripción y que el estado de derecho actual no ha superado.

Por todo lo anterior, reiteramos nuestras expresiones disidentes de Arroyo v. Hospital La Concepción, supra. Igualmente, aunque entendemos que este caso no presenta la coyuntura adecuada para expresamos en torno a los efectos de la doctrina de solidaridad imperfecta u obligación in solidum sobre una posible acción de nivelación, compartí mos el criterio esbozado por la compañera Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en su opinión disidente, en tanto entiende que debemos revisar nuestra normativa vigente respecto a la interrupción del término prescriptivo en los casos donde concurran cocausantes solidarios del daño.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Este caso nos brinda la oportunidad de reexaminar la normativa vigente sobre la prescripción de la causa de acción de daños y perjuicios cuando coincide más de un causante del daño. Este Tribunal ha resuelto que los cocausantes de un daño quedan obligados solidariamente para con la víctima. Consecuentemente, la interrupción del término prescriptivo contra uno de ellos interrumpe a su vez para todos los demás.

La solidaridad propia de naturaleza pasiva, en cuya virtud el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimento íntegro de la obligación a cualquier miembro del grupo compuesto de varios deudores, es una forma de responsabilidad colectiva. Así entendida, es, fundamentalmente, el instrumento empleado para ampliar el círculo de responsables del daño causado.

No obstante, ésta no es la única manera en que se ha tratado la responsabilidad derivada de la culpa o negligencia. En tal rigor, la doctrina y la jurisprudencia han identificado una solidaridad especial, exclusiva de la peculiar relación que surge entre la víctima y los varios causantes del daño que sufre. Se trata de lo que se ha denominado como “solidaridad impropia” o “solidaridad imperfecta” o la doctrina de la “obligación in solidum”. Según ésta, los efectos primarios de la solidaridad, como por ejemplo, que cada codeudor sea responsable de pagar la totalidad de la deuda, se mantiene; sin embargo, aquellos efectos que se consideran secundarios, como el principio que propone que la interrupción del término prescriptivo contra uno de los cocausantes interrumpa a su vez para todos los demás, no rigen.

Soy del criterio que debemos revisar nuestra normativa respecto a la solidaridad en las acciones de daños y perjuicios cuando coinciden más de un responsable del daño, para adoptar la normativa de la interrupción del término prescriptivo que prima en la obligaciones in solidum. Esta forma de aplicar el instituto de la prescripción es la más justa y la que mejor armoniza con otras figuras del ordenamiento. Me explico.

A mi juicio, nuestra normativa actual incide sobre el funcionamiento ordenado del Derecho. Este caso es un perfecto ejemplo de ello, pues al aplicar la doctrina de la solidaridad pasiva conforme la hemos establecido, permitimos que se le reclame a quien no se trajo al pleito a tiempo y, salvo la normativa de solidaridad pasiva adoptada, no permitiríamos que se le reclamase, pues la acción en su contra estaría prescrita. El resultado a que llega la Mayoría choca irremediablemente con los principios que cimientan la figura de la prescripción, que como sabemos, es piedra angular de nuestro Derecho.

La regla vigente permite que una persona que está en posición de ejercitar su causa de acción contra todos los corresponsables de su daño no lo haga y descanse en que ya le reclamó a otro de esos responsables, por lo que su acción no habrá de prescribir respecto a aquel contra quien no ha reclamado. Claramente, esto permite extender la vigencia de la causa de acción contra ese corresponsable del daño indefinidamente, lo que es contrario a los fines que animan la institución de la prescripción. Es para evitar esos efectos no deseados que supone la solidaridad pasiva en el campo de la responsabilidad extracontractual, que estimo que debemos recurrir a principios que animan la doctrina de la obligación in solidum. Soy del criterio, por lo tanto, que la víctima debe interrumpir la prescripción frente a cada uno de los cocausantes del daño para conservar su acción contra cada uno de ellos por el cariz in solidum de la obligación. Por esta razón, disiento de la opinión que suscribe el Tribunal.

I

En nuestro ordenamiento, la prescripción es un derecho sustantivo no susceptible a la flexibilidad que caracteriza a las normas procesales. Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 D.P.R. 205 (2007), opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez; Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 321 (2004); Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135 D.P.R. 746, 753 (1994). Por esa razón, una vez se determina que alguna causa de acción está prescrita, resulta imperativo su desestimación. Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, supra; Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149 (2007). Es decir, los tribunales no tienen discreción alguna para flexibilizar la aplicación de la figura.

El rigor de la figura de la prescripción se justifica por los propósitos que persigue, los cuales son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro sistema de Derecho. Se trata de “fomentar el pronto reclamo de los derechos a la vez que se procura la tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una acción civil en su contra”. Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, supra, págs. 212-213. Así se protege la estabilidad de las relaciones jurídicas, principio trascendental del ordenamiento jurídico, que tiene prelación sobre los derechos particulares que puedan resultar afectados con la aplicación de la figura de la prescripción. Westernbank v. Registradora, 172 D.P.R. 715 (2007), opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez; Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, supra, y fuentes allí citadas. El legislador establece un término prescriptivo para el ejercicio de una acción judicial como mecanismo para propiciar y proteger la estabilidad jurídica. Véase L. Diez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, págs. 36-37.

En materia de daños y perjuicios, la prescripción está establecida en el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5298. Allí se establece que prescribe por el transcurso de un año la acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata el Art. 1802 desde que lo supo el agraviado.() El hecho de que el legislador haya establecido expresamente un término prescriptivo de un año para ejercitar la acción de daños y perjuicios denota el propósito de que dicha acción se ejercite con premura. Ello está en concordancia con la realidad de que, contrario a lo que ocurre con las obligaciones contractuales, este tipo de obligación surge sin que exista un acuerdo previo entre las partes, factor que hace imperioso el ejercicio expedito de la acción. En estos casos, por razón de una actuación dañosa, dos personas quedan vinculadas en una relación jurídica no acordada, que acarrea una obligación no pactada. Véase H.M. Brau del Toro, El término prescriptivo y su interrupción en acciones en daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el derecho puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 208 (1983).

Respecto a lo anterior, en Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596, 602 (1992), indicamos, citando a Borrell Macía, que estas obligaciones surgen “de una manera unilateral, en virtud de un acto realizado libremente por una persona (Énfasis suprimido.) Véase, además, A. Borrell Macía, Responsabilidades derivadas de culpa ex-tracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 319. Aun cuando estamos sustancialmente de acuerdo con lo anterior, a saber, que la actuación ilícita conlleva obligarse voluntariamente a reparar los daños causados, entiendo que el alcance de la obligación es incierto y no se ha consentido a ello. Es decir, el monto de los daños es un asunto que se dilucida posteriormente y, de ordinario, el obligado no conoce el alcance de su obligación hasta ese momento.

Por otro lado, para aplicar adecuadamente el precepto legal de la prescripción a las obligaciones que surgen de un acto ilícito, es necesario establecer desde cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo. Como sabemos, el Art. 1868 del Código Civil, supra, establece que el término prescriptivo comienza a transcurrir desde que el agraviado supo del daño. Esto es lo que llamamos la teoría cognoscitiva del daño. Además, para que comience a transcurrir el término prescriptivo la víctima debe estar en posición de ejercer la causa de acción, según dispone el Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5299. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 328. Estos preceptos se aplican bajo el estándar de una persona razonable y prudente. Es decir, el término prescriptivo comienza desde el momento en que el perjudicado, actuando con la debida diligencia, debió reconocer que se le había infringido un daño y debió estar en posición de ejercer su acción. Vera v. Dr. Bravo, supra; López v. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 243, 256 (1993). Todo lo anterior persigue “castigar la inercia en el ejercicio de los derechos, pues ello da lugar a una presunción legal de abandono ...”. Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, supra, pág. 213.

II

A través de nuestros pronunciamientos jurisprudenciales hemos ido matizando nuestra normativa respecto a los cocausantes del daño y la naturaleza de su responsabilidad frente al agraviado. No siempre sostuvimos el criterio que hoy prima y al cual hicimos referencia en el inicio. Veamos.

En Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92, 100 (1922), adoptamos el principio del alcance totalitario de la responsabilidad de cada uno de los cocausantes de un daño. Específicamente establecimos que

[c]uando se ocasiona un daño por la negligencia concurrente de dos personas y éste no hubiera ocurrido a falta de una u otra, la negligencia de ambas es la causa próxima del accidente, y las dos son responsables. Bajo tales circunstancias es razonable hacer a cada una responsable de toda la pérdida pues la misma no hubiera tenido lugar sin la negligencia de una u otra. Cruz et al. v. Frau, supra, pág. 100, citando a 22 Ruling Case Law, págs. 129-130.

Nótese que en la expresión citada no se hace referencia a la figura de la solidaridad. Allí nos circunscribimos a demarcar el alcance de la responsabilidad que se deriva de la comisión del acto dañoso y lo construimos en referencia a la doctrina de causa próxima. Adviértase, además, que la normativa adoptada en Cruz et al. v. Frau no fluye de un análisis de las disposiciones del Código Civil que gobiernan la materia, sino que se sustrajo del derecho común. Podemos concluir entonces, que la regla adoptada en Cruz et al. v. Frau, supra, pág. 100, no se refería a la figura de la solidaridad. Se trataba de especificar la responsabilidad que emana de la actuación ilícita para con la víctima.

Distinto a lo que sucede con las obligaciones contractuales en las cuales el cumplimiento gira alrededor de la obligación contraída, en materia extracontractual, el cumplimiento de la obligación se logra con el reparo del daño causado. Es decir, lo que define el alcance de la obligación es el daño sufrido por la víctima. Véanse: C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 6ta ed., [sin 1.], edición del autor, 2007, págs. 12-17; F. Soto Nieto, La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo, vinculaciones solidarias, Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, págs. 126-127; Borrell Macla, op cit, págs. 236-239. De ahí que un cocausante del daño esté obligado a reparar el daño en su totalidad, pues el resarcimiento parcial no permite hacer efectiva la responsabilidad contraída con la víctima al incurrir en el acto dañoso. Véase A.C. Montes, Mancomunidad o solidaridad en la responsabilidad plural por acto ilícito civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, págs. 126-128 y 136.

Lo anterior es una interpretación razonable del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141, el cual establece:

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.

Vemos cómo este precepto legal establece que el que causa un daño está obligado a reparar el daño causado. Cuando hay más de un causante, todos causan el daño. Por lo tanto, podemos interpretar que cada uno está obligado a reparar el daño causado. Cruz et al. v. Frau, supra, pág. 100.

Posteriormente, en Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167,170 (1923), expresamente dijimos que “la tendencia de la jurisprudencia ha[bía] sido declarar in solidum la responsabilidad de los varios demandados ...”. Expresamos también, que en Cruz et al. v. Frau, ante, ya se había establecido esta normativa. Así, a menos de un año de resuelto Cruz et al. v. Frau, sostuvimos que allí habíamos adoptado la normativa de responsabilidad in solidum.

Aquí conviene una breve digresión para abordar la figura de la obligación in solidum, o de la solidaridad imperfecta. Esta se define como un “tipo de obligación [que] genera para cada deudor el deber de pagar el todo, pero sin que se produzcan los efectos secundarios de la solidaridad”. I. Díaz de Lezcano, La no presunción de solidaridad en las obligaciones: estudio en torno a la jurispru dencia del Tribunal Supremo, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1997, pág. 109. Así, la obligación in solidum tiene el efecto primario de la solidaridad en la que cada deudor queda obligado a satisfacer la deuda de forma total. Empero, la obligación in solidum no conlleva los efectos secundarios de la solidaridad, como lo es el que la interrupción del término prescriptivo contra uno de los cocausantes de un daño, interrumpa a su vez para todos los demás. C. Gómez Ligüerre, Solidaridad y derecho de daños: los límites de la responsabilidad colectiva, Navarra, Ed. Thomson Civitas, 2007, págs. 126-127. Y es que se ha visto “en la añosa figura de la ‘solidaridad impropia’ la solución a uno de los problemas que plantea la responsabilidad solidaria: la interrupción de la prescripción”. Id., pág. 129. Véanse, además: STS 5.6.2003 (RJ 4124); STS 23.6.2003 (RJ 4254); STS 14.3.2003 (RJ 3645). Esta fue la figura que primaba en nuestro ordenamiento en materia de responsabilidad de un cocasusante de un daño durante la primera parte del siglo XX.

Retomando la discusión de nuestra jurisprudencia, en García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 148-149 (1951), no obstante lo indicado en Cruz et al. v. Frau, supra, y Cubano v. Jiménez et al., supra, extendimos al campo de daños y perjuicios los Arts. 1094, 1098 y 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3105, 3109 y 5304, que regulan los efectos de la solidaridad. Allí se resolvió que los cocausantes de un daño que paguen la totalidad de la obligación, como deudores solidarios les asiste el derecho de contribución establecido en el Art. 1098 del Código Civil, supra. Resolvimos, además, que al interponerse la demanda original dentro del término prescriptivo, quedaba interrumpida la prescripción contra los demás corresponsables para que estos últimos pudieran ser traídos al pleito como terceros demandados por los demandados originales. Esto se hizo al aplicar los referidos Arts. 1094 y 1874 del Código Civil referentes a los efectos de la solidaridad.

Finalmente, en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, se reiteró la aplicación de los efectos de la solidaridad en nuestro ordenamiento al campo de la prescripción de las acciones de daños y perjuicios. Resolvimos que la interrupción del término prescriptivo contra uno de los cocausantes de un daño interrumpe el término prescriptivo en relación con los demás, por ser éstos deudores solidarios.

En aquella ocasión, el entonces Juez Asociado Señor Hernández Denton expresó su disconformidad con la aplicación automática de la doctrina de solidaridad entre cocausantes de un daño. Sugirió, en su opinión disidente, la adopción de la doctrina de responsabilidad in solidum. Criterio que evidentemente comparto respecto al asunto aquí discutido.

Lo cierto es que ni en García v. Gobierno de la Capital, supra, ni en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, atendimos la incongruencia que presentaba lo allí resuelto con nuestros previos pronunciamientos en Cubano v. Jiménez et al., supra. A mi juicio, tampoco abordamos satisfactoriamente por qué debíamos hacer caso omiso a los fundamentos que sustentan la extensión de un término prescriptivo según establecido por el legislador en el Código Civil para las acciones de daños y peijuicios. El resultado ha sido que, jurisprudencialmente, hemos construido una norma sobre solidaridad en la responsabilidad extracontractual que no está expresamente incluida en nuestro Código Civil y le he-mos dado primacía sobre el instituto de la prescripción, que sí está regulado.

Arm cuando coincidimos con lo dicho en Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, págs. 605-607, en cuanto a que el derecho debe ser uniforme, entendemos que en materia de responsabilidad extracontractual el fin último de la normativa debe ser obtener un resultado justo y equitativo para todas las partes. Esto, pues como ya advertimos, este tipo de obligación surge sin que exista acuerdo alguno entre las partes, y contrario a lo que ocurre con las obligaciones contractuales, no existe la oportunidad de negociar los términos de la obligación ni de consentir a ésta.

Por todo lo anterior, soy del criterio que en nuestra jurisdicción, en materia de prescripción de la causa de acción de daños y perjuicios cuando coincide más de un causante, debemos adoptar el principio de la obligación in solidum. Si se adoptara, la víctima deberá interrumpir la prescripción en relación con cada uno de los cocausantes del daño para conservar la acción contra cada uno de ellos, tal y como ocurre en las obligaciones in solidum. Este principio es el más congruente, a mi juicio, con la naturaleza de nuestro ordenamiento.()

Esta normativa no le impone una carga indebida a la víctima, pues se trata de que ejercite su acción dentro del término prescriptivo establecido por ley. La víctima tendría el mismo deber de diligencia que tiene cuando sólo hay un causante del daño. Sigue siendo de aplicación la teoría cognoscitiva del daño, la cual establece que el término prescriptivo comienza cuando la víctima puede ejercer la acción. Esto permite que si posteriormente, e incluso durante un pleito contra uno de los cocausantes del daño, la víctima adviene en conocimiento de la existencia de otro cocausante, su acción contra este último no estará prescrita.

Por el contrario, la normativa vigente permite que una persona que está en posición de ejercitar su causa de acción contra uno de los cocausantes, no lo haga y descanse en que su reclamación no prescribirá por haber demandado a otro de los cocausantes. Esta incertidumbre y dilación en el ejercicio del derecho es precisamente lo que pretende evitar la figura de la prescripción. Como dijimos, el propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo de los derechos y procurar la tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una acción civil en su contra. Así le impartimos estabilidad a las relaciones jurídicas.

Por último, es preciso abordar el efecto que pueda tener la adopción de esta norma en la posible demanda contra tercero o acción de nivelación que puedan surgir a raíz de una acción de daños y perjuicios. Una vez se resuelve que la acción está prescrita, soy del criterio que no se podrá recobrar mediante demanda contra tercero o en nivelación de ese cocausante. Esto ha de ser así, pues si la acción está prescrita para la víctima, debe estarlo también para ese cocausante. La obligación del cocausante no puede depender de quién sea el demandante. Ello tendría el efecto de evadir la norma, pues el corresponsable que no ha sido demandado estaría sujeto a responder, aun cuando haya prescrito la causa de la acción original. () Véanse: Rivera Hernández v. Comtec Comm., 171 D.P.R. 695 (2007); Pauneto v. Nuñez, 115 D.P.R. 591, 596 (1984).

Ahora bien, a los fines de lograr una solución justa, soy del criterio que en caso de que se establezca que la acción está prescrita en relación con uno de los cocausantes del daño, el perjudicado debe asumir el porciento de responsabilidad que se le adjudique a ese cocausante. Así debe ser, pues ha sido su inercia lo que ha causado que la acción prescriba. Además, evitaría un perjuicio innecesario a los demás cocausantes del daño quienes ahora, no obstante la falta de diligencia de la víctima, responden por la totalidad del daño. Lo mismo ocurriría cuando el peijudicado transija con uno de los cocausantes y asuma su responsabilidad, tanto para con él como en la relación interna entre cocausantes. Al no ejercer la causa de acción contra uno de los cocausantes dentro del término prescriptivo, el peijudicado debería asumir su responsabilidad. Véanse: Blás v. Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439 (2006); S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R. 648 (2003).

III

En el caso ante nuestra consideración, en la querella inicial, presentada el 31 de marzo de 1999, la demandante identificó a la Dra. Doris González Torres como la persona que cometió los actos discriminatorios en su contra. Por lo tanto, al momento de instar la querella original, la demandante conocía de su daño, de la identidad de la doctora González Torres y estaba en posición de entablar una acción contra esta última. A pesar de ello, no fue hasta el 1 de abril de 2002 cuando que solicitó presentar una demanda enmendada para incluir como codemandada a la doctora González Torres. En vista de lo anterior, y conforme los fundamentos expuestos en esta opinión, resolvería que las acciones contra la doctora González Torres, en su carácter personal, están prescritas.

Por lo anterior, disiento de la determinación de la mayoría de este Tribunal en cuanto a que las causas de acción contra la codemandada, doctora González Torres, en su carácter personal, no están prescritas. En cuanto a lo demás, concurro con el resultado.

      (1) García Pérez solicitó $4,230.77 por concepto de mesada, $11,500 de salarios adeudados y la restitución en su empleo en el Proyecto Amanecer, con los salarios y beneficios marginales dejados de percibir desde su despido o cesantía. Además, pidió una indemnización de $100,000 en concepto de daños y perjuicios, y una suma similar como penalidad.

      (2) La continuación y finalización del juicio en su fondo fue suspendida y paralizada a petición de las partes hasta la resolución final del trámite apelativo.

      (3) Entre ellos, señaló el uso de la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, relativa a la retroactividad de las enmiendas y las disposiciones relativas a las demandas contra terceros, las cuales también aplican a casos que no tratan sobre la responsabilidad solidaria en materia extracontractual.

      (4) En vista de lo antes expuesto, en esta etapa resulta innecesario expresarnos respecto al señalamiento de la demandante de que la Corporación era un alter ego de González Torres.

      (1) El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141, establece:
      “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.”

      (2) Adviértase que no estamos proponiendo la adopción de la doctrina de la obligación in solidum en toda su extensión, sino sólo en cuanto al aspecto que se refiere a la interrupción del término prescriptivo cuando coincide más de un causante del daño, por ser esa la controversia ante nuestra consideración en este caso.

      (3) Soy consciente de que la nivelación y la demanda contra tercero son causas de acción distintas, pero en virtud de que tienen su génesis en la acción de daños y perjuicios, entiendo que su ejercicio debe circunscribirse a la vigencia de la acción que las motiva.


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      In re César A. Rosado Ramos.

      Número: TS-12101

      Resuelto: 7 de julio de 2008

      Maite D. Oronoz Rodríguez, procuradora general interina, y Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxiliar, de la Oficina del Procurador General; Guillermo Figueroa Prieto, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

Vista la contestación al informe del Hon. Procurador General, así como la Moción Solicitando Reinstalación, presentada por el Sr. César A. Rosado Ramos, se ordena su reinstalación al ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo