author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Tardi, Promovente y Apelada, v. Tardi, Opositor y Apelante.
    Apelaciór procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre declaratoria de herederos.
    No. 2468.
    Resuelto en marzo 17, 1922.
    Declaración de Herederos — Enmienda a la Solicitud en el Acto del Juicio— Discreción Judicial.' — Para que una enmienda a la solicitud sobre declara-toria de herederos, permitida por la corte inferior en el acto de la vista, pueda ser causa de revocación de la sentencia apelada, es necesario demostrar que la corte abusó de su poder discrecional.
    Id. — Herederos—Prueba Sueicienté. — En el presente caso se resolvió: que la prueba aportada, examinada a la luz de los principios establecidos en el caso de Ex porté Otero et al. j Striker v. El Euetlo, 27 D. P. R. 340, era sufi-ciente.
    Id. — Jurisdicción—Término para Dictar Sentencia sobre Declaratoria de He-rederos. — No puede concluirse que ha sido dictada sin jurisdicción una sen-tencia sobre declaratoria de herederos por el hecho de no haberlo sido den-tro de los seis días siguientes a la práctica de la prueba, como dispone la seeción 20 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales. Se trata de una disposición directiva y no de un término jurisdiccional.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelada: iSr. J. Alemañy Sosa.

    Ahogado del apelante: Sr. A. A. Vázquez.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

■ Se trata de nna apelación establecida por la parte opo-sitora contra sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez declarando herederas de Tomasia Lina Tardi y Bamírez, co-nocida por Adela Tardi y Bamírez, a sns sobrinas legítimas María Edelmira, Eugenia Amelia y María Ernestina Tardi y Muñiz.

En nna “opinión” que figura en los autos, la corte de distrito narra con claridad y corrección los hechos envueltos y los incidentes del procedimiento y establece las conclu-siones que sirvieron de base a la sentencia apelada. Cree-mos conveniente transcribirla. Dice así:

“En la solicitud se alega bajo juramento que Tomasia Lina Tardi y Ramírez, conocida por Adela Tardi y Ramírez, falleció en esta ciudad de Mayagüez, que fué el lugar de su último domicilio, el día 28 de marzo de 1918, sin otorgar testamento ni disposición al-guna de su última voluntad; que dicha finada fué hija legítima de don Juan Tardi y Bernat y su esposa doña Antonia Ramírez de Are-llano, de cuyo matrimonio existieron, además, otros dos hijos legí-timos llamados Rosalía y Adolfo, los cuales fallecieron con anterio-ridad a doña Adela, la primera sin dejar ascendiente ni descendiente de ninguna especie, y el segundo, dejando tres hijas legítimas vivas en la actualidad, llamadas Eugenia Amalia, María Ernestina y María Edelmira Tardi y Muñiz; y que dicha finada Tomasia Lina Tardi y Ramírez, conocida por Adela Tardi y Ramírez, fué casada en pri-meras nupcias con don Antonio Fraccioni y Yirgili y en segundas con don Justo García y Cos, ambos fallecidos antes que ella, sin tener hijos con ninguno de aquéllos, ni tampoco de filiación natural.
“A esta solicitud se opone Aniano Tardi, negando que Tomasia Lima Tardi fuera conocida por Adela Tardi; que eran dos personas distintas, habiendo fallecido la pripiera en el pneblo de Sabana Grande hace más de cuarenta años y Adela, que era hermana del opositor, últimamente en Mayagüez. La negativa continúa de todos los otros extremos de la solicitud bajo esta misma teoría de falta de identi-dad entre Tomasia Lina y Adela.
“El juicio empezó el día 5 de noviembre de 1919, compareciendo la promovente María Ernestina Tardi y Muñiz representada por su abogado Ledo. J. Alemañy y Sosa, de la firma profesional “Feliú & Alemañy,” y el opositor por el suyo Ledo. Angel A. Vázquez. La vista del juicio continuó durante los días 12 de noviembre y 11 de diciembre de 1919. El caso ha sido argumentado extensamente por los abogados de las partes, tanto en informes orales como escritos. La discusión ha versado sobre la suficiencia de la prueba para sos-tener las alegaciones de la solicitud de declaratoria de herederos, pues el opositor no ha presentado evidencia alguna para sostener su oposición, ni para establecer los hechos relativos a su derecho de suceder o heredar a la finada. Ha sido una oposición verdadera-mente excepcional la que se ha hecho en este caso, por la que una persona ha estado interviniendo y oponiéndose constantemente al reconocimiento de los derechos hereditarios de otras y cuando llegue el momento de probar su mejor derecho a la herencia resulta que no ofrece ni presenta un solo .elemento de evidencia para estable-cerlo. El opositor ha estado verdaderamente haciendo las veces del gobierno, fiscalizando el procedimiento amparado no por un mejor derecho a la herencia de la finada que las personas que se alega en la solicitud, sino por un derecho de reversión.
“La solicitud inicial en este caso se radicó designando a la finada con el solo nombre de Adela; pero fue enmendada, con permiso de la corte, sobre este particular y radicada otra con el nombre de Francisca Lina, conocida por Adela, e inmediatamente el abogado de la promovente manifestó a la corte había sufrido un lapsus su mecanógrafo al copiar en maquinilla la solicitud enmendada, porque en vez de escribir Tomasia Lina había escrito Francisca Lina, y solicitó -de la corte que le permitiera corregir este error material en la solicitud enmendada. La corte le concedió permiso para radicar una nueva solicitud enmendada con el verdadero nombre de la finada; y se radicó la solicitud por la cual se celebró la vista del juicio, con el nombre de la finada Tomasia Lina Tardi y Ramírez, conocida por Adela Tardi y Ramírez.
“La promovente presentó y practicó en apoyo alegaciones, evi-dencia testiñcal y documental.
“De la evidencia practicada la corte llega a la conclusión que Tomasia Lina Tardi y Ramírez y Adela Tardi y Ramírez son una misma persona, aunque solamente era conocida por, y usaba el se-gundo nombre. La declaración del testigo Luis Martínez, que es un anciano más de ochenta años, la corte le da crédito en absoluto. Este testigo conoció a la finada siendo ambos muy jóvenes; fué amigo de su familia y visitaba su, casa con frecuencia. Allí inter-vino varias veces en conversaciones del padre de la finada y ésta, en que aquél le manifestaba las consecuencias que tendría por ha-berse cambiado su verdadero nombre de Tomasia Lina por Adela, por entender que el nombre de Tomasia era un nombre vulgar y por sentirse mortificada cada vez que por él era designada.
“La otra testigo María Edelmira Tardi y Muñiz, sobrina de,la finada y que vivió en su compañía muchos años, también declaró que ella le había manifestado en varias ocasiones que su verdadero nombre era Tomasia Lina, pero que nunca lo había usado y había permitido a nadie que la llamase así.
“En la partición de bienes del padre de dicha finada, don Juan Tardi y Bernat, efectuada por los hijos legítimos y naturales de éste, que fué presentada en evidencia por la peticionaria y admitida como prueba por la corte, aparece dicha finada, consecuente con el criterio de toda su vida con respecto a su nombre, llamándose Adela; pero en los documentos protocolizados con motivo de dicha partición figura su partida de bautismo en la que aparece su verdadero nombre de pila de Tomasia Lina Tardi y Ramírez.
“En esta misma certificación de las operaciones particionales de los bienes del finado don Juan Tardi y Bernat, en la que compareció la finada Tomasia Lina Tardi y Ramírez,' conocida por Adela Tardi y Ramírez, y el opositor en este caso Aniano Tardi, consta clara-mente la naturaleza del parentesco existente entre dicha finada Adela Tardi y Ramírez y el opositor Aniano Tardi; ambos eran hijos de don Juan Tardi y Bernat, pero Adela y sus otros dos hermanos de doble vínculo, Adolfo y Rosalía, eran hijos legítimos, y Aniano y otros hermanos más eran naturales.
“La corte encuentra probado, además, de la evidencia introdu-cida, que Tomasia Lina Tardi y Ramírez, conocida por Adela Tardi y Ramírez, falleció en Mayagüez, que fué el lugar de su último do-micilio, el día 28 de marzo de 1918, sin otorgar testamento ni dis-posición alguna de su última voluntad, y sin dejar hijos ni descen-dientes legítimos ni naturales, o ascendientes de grado o naturaleza alguna de parentesco; y en cuanto a parientes colaterales de dicha finada, solamente existían vivos a su fallecimiento, y existen todavía, tres sobrinas legítimas, hijas de su hermano Adolfo, llamadas Eugenia Amelia, María Ernestina y María Edelmira Tardi y Muñiz.
“De las anteriores conclusiones de hecho, la corte llega a la con-clusión de derecho de que las' únicas personas con derecho a la he-rencia o sucesión de dicha finada Tomasia Lina Tardi y Ramírez, conocida por Adela Tardi y Ramírez, son sus legítimas sobrinas, Eugenia Amelia, María Ernestina y María Edelmira Tardi y Muñiz, en representación de su padre don Adolfo Tardi y Ramírez, hermano de aquélla. ’ ’

Sostiene el apelante en sn alegato que la corte cometió varios errores que iremos estudiando por el orden en que han sido señalados.

1. La corte erró al permitir a la promovente enmendar en el acto del juicio su solicitud. En la opinión que dejamos transcrita la corte explica lo ocurrido. Hemos examinado los autos y creemos que la corte actuó correctamente. En todo caso sería necesario demostrar, lo que no ha hecho en modo alguno el apelante, un abuso de discreción para que el error alegado pudiera producir el efecto de revocar la sentencia.

2. La corte erró en la admisión de la prueba documental. Objetó el apelante la presentación de quince documentos, a saber; partida del bautismo de Tomasia Lina o Adela cele-brado el 16 de marzo de 1840; acta de la defunción de Adela o Tomasia Tardi, ocurrida en 1918; partida del matrimonio de Adela o Tomasia con J. García; partida de la defunción de A. Franccioni, primer esposo de Adela o Tomasia, ocu-rrida en 1888; partida de la defunción de J. G-arcía, ocurrida en 1891; partida de la defunción de Juan Tardi, padre de Adela o Tomasia, ocurrida en 1889; certificación del vicario de San Germán relativa a no haber podido encontrar las partidas del nacimiento de “Adela” y de la defunción de María A. Ramírez, esposa de Juan Tardi; partida de defun-ción de Rosalía Tardi, hermana de Tomasia o Adela, ocurrida en 1904; partida del bautismo de Adolfo Tardi, hermano de Tomasia o Adela y padre de las promoventes, celebrado el 13 de septiembre de 1845; partida de la defunción del mismo, ocurrida en 1898; partida del bautismo de María E. Tardi, celebrado en 1878; partida del bautismo de Eugenia E. Tardi, celebrado en 1882; partida del nacimiento de María Ernestina Tardi, ocurrido en 1886; testamento de Juan Tardi en que el testador declara que sus hijos legí-timos son Rosalía, Adela y Adolfo, y reconoce como natu-rales a Aniano, Ramón, Juan y Emilio, y escritura de par-tición de los bienes de Juan Tardi.

Basta la enunciación de los anteriores documentos para deducir su pertinencia en un caso de esta naturaleza. Es claro que cada uno de por sí no prueba todo lo que era nece-sario probar, pero analizados en conjunto y en armonía con las declaraciones de los testigos establecieron el caso de las promoventes.

3. La corte erró al dictar sentencia declarando con lugar la solicitud, pues la prueba era insuficiente. Hemos exami-nado cuidadosamente la prueba documental y la testifical, y a nuestro juicio las conclusiones a que llegó la corte senten-ciadora están sostenidas por la evidencia.

Insiste el apelante en que no habiéndose presentado las certificaciones de los matrimonios de Juan Tardi y de su hijo Juan Adolfo, padre de las promoventes, éstas no probaron su caso.

No aparece, en efecto, que se presentaran dichas certifi-caciones. La prueba hubiera sido más clara y perfecta de haberse presentado, pero tal como está es suficiente.

El matrimonio de Juan Tardi con María Antonia Ramírez de Arellano debió haberse celebrado hace más de ochenta años y el de Juan Adolfo Tardi con María Dolores Muñiz hace más de cuarenta. En la partida de bautismo de To-masía extendida en el año 1840 se hace constar que es “hija legítima, de don Juan Francisco Tardi y de doña María Antonia Ramírez de Arellano, cónyuge de esta feligresía.” En la de defunción de Juan Tardi, 1889, se hizo constar que era viudo, casado en primeras nupcias con doña María Antonia Ramírez de Arellano y que dejó como sucesores a sus hijos legítimos “Rosalía, Adela y Adolfo Tardi y Ramírez.” En las partidas de defunción de Rosalía, y de bautismo, 1845, y defunción, 1898, de Adolfo, existen las mismas referencias a su condición de hijos legítimos del Sr. Tardi y la Sra. Ra-mírez. En su testamento, otorgado en 1888, Tardi dice que fué “casado y velado conforme a los ritos de nuestra santa madre iglesia católica, en primeras nupcias con doña María Antonia Ramírez de Arellano, con la que tuvo y procreó tres hijos que existen y se llaman Rosalía, casada con don Pedro Martínez, Adela, casada con don Antonio Franccioni, y Adolfo, que es viudo.” Y en la división de la herencia de don Juan, en la que intervino el opositor como hijo natural del mismo, se partió de la base de dicho matrimonio. En cuanto al enlace legítimo de Adolfo Tardi con María Dolores Muñiz a él se hace referencia en las partidas de bautismo de María Edelmira, 1878, y Eugenia Amelia, 1882, y en la de nacimiento de María Ernestina, las tres promoventes. En esos documentos no sólo se consigna quiénes son los padres, sí que también los abuelos siendo éstos el Sr. Tardi y la Sra. Ramírez. Además dos testigos declaran sin objeción con respecto a la condición de las promoventes como hijas legí-timas de Adolfo Tardi y Ramírez.

A la luz de los principios establecidos en el caso de Ex parte Otero et al. y Striker v. El Pueblo, 27 D. P. R. 340, es necesario reconocer que la prueba aportada es suficiente para demostrar que Tomasia, conocida por Adela Tardi y Ramírez y Adolfo Tardi y Ramírez eran hermanos y que las promoventes son hijas legítimas de Adolfo y en tal virtud legítimas sobrinas de Tomasia, sin que sean obstáculo para ello las decisiones de esta Corte Suprema invocadas por el apelante y dictadas en los casos de Aguayo et al. v. García, 11 D. P. R. 275; Sitcesión Díaz v. Sucesión Díaz, 17 D. P. R. 57, y Dupont v. Aybar, 25 D. P. R. 317. Las circunstancias concurrentes eran distintas.

4. Señala, por último, el apelante, tres errores más, uno cometido al negar la corte un nuevo juicio, otro al desesti-mar una excepción previa, y otro al dictar sentencia cuando ya no tenía jurisdicción para ello.

La resolución denegatoria del nuevo juicio no fué ape-lada y es claro que la solicitud aduce los lieclios necesarios para basar el derecho que las promoventes reclamaron. En cuanto a la falta de jurisdicción, la funda el apelante en el artículo 20 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905 que prescribe que la corte dicte sentencia en casos de esta naturaleza dentro de los seis días siguientes a la prác-tica de las pruebas.

Es cierto que en este caso transcurrió con exceso el tér-mino fijado, pero ello no quitó jurisdicción a la corte. La ley es directiva y si bien las cortes deben hacer todo lo po-sible, en pro de una buena y rápida administración de la justicia, para cumplirla en todos los casos, cuando por alguna circunstancia no puedan, no pierden la facultad de decidir con posterioridad válidamente el asunto. Una resolución con-traria estaría en oposición al mismo espíritu de la ley, pues se dilataría más el asunto teniendo que ser comenzado de nuevo y de nuevo sometido al juez para que lo resolviera entonces dentro del plazo fijado.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe de-clararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia ape-lada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Capital Merchandise Company, Demandante y Apelada, v. Gerardino y Cía. et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en pleito sobre cobro de dinero. Moción sobre desestimación de apelación.
    No. 2629.
    Resuelto en marzo 17, 1922.
    apelación — Término para Apelar — Fianza Cuando el Demandante Beside Fuera de la Isla. — Si bien el término para apelar concedido por la ley es jurisdiccional, sin embargo la facultad concedida a las cortes por el artículo 342 del Código de Enjuiciamiento Civil para exigir fianza al demandante que reside fuera de la isla, como sucede en este caso, quedando en suspenso los procedimientos mientras la presta, lleva eonsigo como consecuencia la de quedar en suspenso el término para apelar pues de otro modo no quedarían paralizados todos los procedimientos.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelada •. Sr. C. Brunet.

    Abogado de los apelantes: Sr. J. Rosario Oelpí.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este caso el 15 de julio de 1921 a favor de la demandante y archivada al día siguiente en los autos por el secretario la notificación que de ella hizo a los demandados, el 26 de julio la corte inferior decretó la suspensión de los efectos de la sentencia mientras tanto preste la demandante la fianza exigida de acuerdo con el artículo 342 del Código de Enjuiciamiento Civil. El 15 de agosto fue prestada esa fianza y el 27 de agosto los demandados notifi-caron a la demandante su apelación contra la sentencia.

Ahora se nos pide por la parte apelada que desestimemos el recurso de apelación fundándose en que fué interpuesto después de los treinta días que la ley concede para interpo-nerlo, a cuya petición se oponen los apelantes alegando que descontados los días que estuvo paralizado el procedimiento su apelación resulta interpuesta dentro de treinta días. Por consiguiente la cuestión a resolver es si desde el 26 de julio al 15 de agosto quedó en suspenso el término para apelar la sentencia.

Dispone el artículo 342 antes citado que cuando la deman-dante no residiere en esta Isla, como ocurre en este caso, puede requerírsele para que preste fianza por las costas y gastos en que pudiere ser condenada y que cuando así se le requiriere habrá de suspenderse todo procedimiento en el pleito hasta que hubiere presentado la fianza al secretario, que será de trescientos dólares, pero pudiendo exigirse una fianza adicional o nueva fianza si aquélla no es garantía sufi-ciente ; y como cuando fué exigida a la demandante la fianza a que se refiere dicho precepto legal ya estaba dictada la sen-tencia y notificada a la parte a quien perjudica, la paraliza-ción del procedimiento tuvo el alcance, como la corte decretó, de suspender los efectos de la sentencia, siendo el inmediato que hasta que no fuera prestada estaba en suspenso el tér-mino para apelarla, pues de no ser así los demandados se hubieran visto obligados a interponer su apelación sin la garantía que para casos como el presente les concede la ley de estar garantizados en cuanto a las costas y gastos en que pueda ser condenada su demandante y quedarían huérfanos de la protección de la ley en el caso de que la sentencia fuera revocada y condenada en costas la demandante si la fianza no llegaba a prestarse. Si tal paralización no produjera la suspensión del término para apelar, que es paso correspon-diente a la parte que se cree perjudicada por la sentencia, entonces no existiría compulsión alguna que obligara a la demandante a prestar fianza. La paralización de los proce-dimientos surte efecto desde que se decreta y desde entonces no puede darse paso alguno en los procedimientos. En los casos citados en 3 C. J. página 1062, nota 73, fueron decla-radas nulas las notificaciones de la sentencia practicadas des-pués de estar paralizados los procedimientos.

Es cierto como alega la apelada que el término concedido por la ley para apelar es jurisdiccional y mandatorio y que no puede ser extendido por las cortes sin autorización ex-presa de la ley, pero entendemos qne la facultad concedida a las cortes por el artículo 342 citado para exigir fianza al demandante quedando en suspenso los procedimientos mien-tras la presta, lleva consigo como consecnencia la de qnedar en suspenso el término para apelar, pnes de otro modo no quedarían paralizados todos los procedimientos.

La moción de desestimación de la apelación debe ser ne-gada.

Declarada sin lugar.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbby,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. de Jesús, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en causa por violación.
    No. 1888.
    Resuelto en marzo 17, 1922.
    Violación — Corroboración del Testimonio de la Mujer Violada — Prueba In-suficiente. — En el presente caso la perjudicada imputa su violación al acu-sado, pero no hay otra prueba que tienda a relacionar al acusado con el de-lito, y por tanto, no estando corroborada la declaración de la mujer en este particular, que es el más importante para el acusado, aunque ha sido corro-borada en cuanto a su edad y a su desfloración, atendido el artículo 250 del Código Penal enmendado en 1909, no puede sostenerse una sentencia conde-natoria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. de J. Tisol.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldbby,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco de Jesús apela de una sentencia que le condena por violación de Carmen Escobar Flores, y alegó oralmente por su abogado ante nosotros que no se ha probado su rela-ción con el delito.

La prueba de la acusación consistió en la declaración de la perjudicada, quien dijo tener doce años de edad, que vivía en la casa de su hermano, el acusado, y de su esposa, que estando la esposa ausente el acusado abusó carnalmente de ella, lo que hizo saber uno o dos días después a su cuñada y al Dr. Eoss.

Otro testigo, padre de la perjudicada, desconoce los he-chos y sólo declaró respecto a la edad de su hija; y dos médicos testificaron el hecho de la desfloración, habiendo ne-gado uno de ellos, el Dr. Eoss, que la ofendida le dijera quién la desgració, a pesar de que por curiosidad se lo preguntó.

Dispone el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según quedó enmendado en 1909, que en los delitos que determina, y entre estos el de violación, el acusado no podrá ser declarado convicto por la declaración de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corrobore por otras pruebas; precepto que hemos interpretado en varias oca-siones en el sentido de que no es preciso que la declaración de la mujer sea corroborada en todos sus particulares, siendo bastante con que lo sea en algunos extremos tendentes a rela-cionar al acusado con el crimen que le imputa. El Pueblo v. Jesús, 18 D. P. R. 591; y El Pueblo v. Maldonado, 17 D. P. R. 23.

En el presente caso la perjudicada imputa su violación al acusado, pero no hay otra prueba que tienda a relacionar al acusado con el delito, y por tanto, no estando corroborada la declaración de la mujer en este particular, que es el más importante para el acusado, aunque ha sido corroborada en cuanto a su edad y a su desfloración, no puede sostenerse una sentencia condenatoria.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


text:
    Serrallés, Demandante y Apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación .procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre devolución de contribu-ciones.
    No. 2603.
    Resuelto en marzo 17, 1922.
    Contribuciones : Devolución de — Pleitos Contra el Pueblo de Puerto Rico— Eianzas. — La Ley No. 76 de 1916 es un estatuto autorizando pleitos en contra de El Pueblo de Puerto Rico de aeuerdo con sus propios términos, y si bien un pleito sobre devolución de contribuciones puede ser, en propios casos, considerado como un pleito contra El Pueblo de Puerto Rico, siéndole quizá aplicable lo prescrito en la sección 4 de la Ley No. 76 de 1916, sin embargo, cuando tal pleito so establece basándose exclusivamente en la Ley No. 80 de 1919, bastará cumplir los requisitos exigidos por dicha ley entre los cuales no se encuentra la prestación de fianza.
    Id. — Causa de Acción — Demanda Suficiente. — El hecho de que en una demanda establecida al amparo de la sección 66 de la Ley No. 80 de 1919 para ob-tener la devolución de contribuciones no se alegue que el demandante recu-rrió infructuosamente a la Junta de Revisión e Igualamiento ni que pagó bajo protesta, no es bastante para concluir que la demanda no expone heehos suficientes, porque en tal caso ni es necesario recurrir a la junta ni pagar bajo protesta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Texidor y de la Haba.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General, G. Llau-ger y B. H. Todd, Jr.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada en nn pleito establecido por Juan Eugenio Serrallés contra José E. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, sobre devolución de contribuciones indebidamente cobradas.

En su declaración de ingresos correspondiente al 1918 el demandante declaró haber percibido $119,768.32. De ellos $108,022.78 procedían de. sus ganancias y utilidades en la so-ciedad civil “Sucesión de J. Serrallés.” Las leyes que re-gían en 1917 y 1918 eran distintas en cnanto al tipo fijado en la escala ascendente de ingresos. La contribución de 1918 era más subida. El Tesorero calculó la contribución como si todos los ingresos declarados hubieran sido percibidos en 1918. Pagó sin protesta ■ el demandante y luego, el 2 de agosto de 1920, dirigió una carta al Tesorero alegando que de los ingresos declarados, $76,015.18 habían sido obtenidos en 1917 y por tanto que la contribución sobre ellos debía gra-duarse de acuerdo con la ley vigente en aquel año y no como se había hecho con arreglo a la ley vigente en 1918. Terminó pidiendo que se le devolvieran los $7,708.30 que de tal modo se le habían cobrado de más. Contestó el Tesorero en 10 de agosto de 1920 negando la petición porque los ingresos ha-bían sido recibidos por Serrallés a virtud de un balance en 30 de abril de 1918 y fué en aquel momento que los adquirió válidamente no importando el hecho de que el balance lo fuera por un período de un año que terminaba en su fecha. No conforme Serrallés inició este pleito por demanda fechada el 17 de agosto de 1920.

El Tesorero alegó que la demanda no aducía hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción y su excepción fué declarada sin lugar. Presentó entonces una moción soli-citando la desestimación de la demanda por no haberse pres-tado la fianza previa exigida por el artículo 4 de la Ley No. 76 de 1916, y archivó su contestación. Fué el pleito a juicio y quedó concluso para sentencia el 27 de abril de 1921.

Así las cosas, el 26 de agosto de 1921 la Corte de Distrito dictó sentencia declarando sin lugar la demanda basándose para ello exclusivamente en la moción referente a la pres-tación de la fianza que había quedado sin resolver. A juicio de la corte de distrito se trata de nn pleito en contra de El Pueblo de Puerto Eico y el demandante, para poderlo establecer válidamente, debió baber prestado la fianza que exige la sección 4 de la Ley No. 76 de 1916.

Contra la sentencia de 26 de agosto último apeló el de-mandante, señalando como único error el cometido, a su jui-cio, por la corte, al aplicar a este caso la Ley No. 76 citada, cuando la ley que lo rige es la No. 80 de 1919.

Creemos que tiene razón el apelante. La Ley No. 76 de 1916 es un estatuto autorizando pleitos en contra de El Pueblo de Puerto Eico de acuerdo con sus propios términos, y si bien un pleito sobre devolución de contribuciones puede ser, en propios casos, considerado como un pleito contra El Pueblo de Puerto Eico, siéndole quizá aplicable lo prescrito en la sección 4 de la Ley No. 76 de 1916, cuando tal pleito se establece basándose exclusivamente en una ley especial completa en sí misma, basta ajustarse a los términos de esa ley. Y ese es, en realidad de verdad, este caso.

Aquí se trata de la devolución de una contribución sobre ingresos. La Ley No. 80 de 1919 se decretó para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Eico mediante la imposi-ción de determinadas contribuciones sobre ingresos. Por su sección 57 establece que el Tesorero computará la contribu-ción y notificará al contribuyente. Por su sección 58 da al contribuyente el derecho de pedir la reconsideración de su resolución al propio Tesorero. Por la 59 determina lo que debe hacer en tal caso el Tesorero. Por la 61 concede al contribuyente un nuevo recurso para ante la Junta de Eevi-sión e Igualamiento, en el caso de que la resolución del Te-sorero continúe siéndole adversa. Por la 62 determina el procedimiento ante la Junta y las facultades de ésta. Y por último, por la sección 63, si la resolución de la Junta le es también adversa, autoriza al contribuyente a pagar bajo pro-testa y a acudir a la corte de distrito competente en demanda contra el Tesorero de Puerto Rico para ventilar en definitiva el asunto. Pero hay más. Después de haberse prescrito este sistema completo en sí mismo, la sección 66 de la ley expresa lo que sigue:

"Sección 66. — El Tesorero queda por la presente autorizado para condonar, reintegrar o restituir toda contribución, o derecho erró' nea e ilegalmente impuestos o recaudados, así como el importe de toda multa recaudada por error o sin autoridad legal.
"Si el Tesorero de Puerto Rico, una vez presentada ante él la reclamación oportuna interesando la devolución, reintegro o condo-nación de todo derecho o contribución errónea o ilegalmente impues-tos o recaudados, así como el importe de toda multa recaudada por error o sin autoridad legal, se negare sin motivo alguno a conceder el objeto de dicha reclamación, la parte agraviada podrá entonces recurrir a los tribunales de justicia, siguiendo para ello el trámite autorizado y el procedimiento establecido en la Sección 63 de esta Ley.”

Amparado en esa disposición legal fue que acudió a la corte el demandante en este caso. Esto lo admite en su ale-gato la propia parte demandada y apelada. La Ley No. 80 de 1919 no habla de fianzas previas y la sección 4 de la Ley No. 76, de 1916, no está redactada de tal modo que pueda deducirse que fué la intención del legislador que se aplicara a todos los pleitos hasta entonces autorizados contra El Pueblo de Puerto Rico y aún contra los que pudieran autorizarse en el futuro general o especialmente.

Siendo ello así, cae por su base el único fundamento que tuvo la corte de distrito para dictar su sentencia.

La parte apelada insiste en sostener que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Alega que son aplicables, además de la sección 66 de la Ley No. 80 de 1919, las secciones 61, 62 y 63 y que como en la demanda no se expresa que se acudiera a la Junta de Revi-sión e Igualamiento, ni que se pagara la contribución bajo protesta, carece ele acción el demandante.

No estamos conformes. Es cierto que la sección 66 prescribe que en la apelación que se establezca se siga el trá-mite marcado en la sección 63, pero ello claramente se refiere al término para recurrir, a la titulación de la demanda y a la manera como se tramita el pleito en la corte, todo lo que se encuentra en la propia sección 63, sin que sea nece-sario completar el pensamiento del legislador con lo dispuesto en las secciones 61 y 62. Claramente se trata de casos dis-tintos. La ley es en verdad liberal y ofrece amplias opor-tunidades para corregir cualquier error o reparar cualquier injusticia, primero cuando el contribuyente gestiona desde el principio y segundo cuando tramitada la imposición de la contribución y su cobro sin dificultades ni protestas, el con-tribuyente pide que se le reintegre lo que a su juicio se le cobró indebidamente.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones ¿qué reso-lución debemos adoptar? Eesta considerar la cuestión en su fondo. Jamás fué estudiada por la corte de distrito. Las partes no la tratan en sus alegatos. Podríamos quizá seña-lar una nueva vista a fin de que los abogados informaran sobre ella, pero nos parece que de acuerdo con todas las cir-cunstancias concurrentes, la resolución más justa y apro-piada es la de revocar la sentencia apelada y devolver el caso para ulteriores procedimientos. De este modo daremos la debida oportunidad a la corte que de conformidad con la ley debe tenerla primeramente.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes-. Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Serrallés, Demandante y Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Primer Distrito, en pleito sobre devolución de contribu-ciones.
    Nos. 2604, 2605 y 2607.
    Resueltos en marzo 17, 1922,
    por los fundamentos del caso No. 2603, Serrallés v. Benedicto, Tesorero de Puerto Meo, de marzo 17, 1922.
    Abogados del apelante: Sres. Texidor y de la Haba.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General y Sres. Garlos Llmger y B. H. Todd, Jr.

   Revocada la sentencia a/pelada y devuelto el caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Newman, Demandante y Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre devolución de contribu-ciones.
    No. 2606.
    Resuelto en marzo 17, 1922,
    por los fundamentos del caso No. 2603, Serrallés v. Benedicto, Tesorero de Puerto Pico, de marzo 17, 1922.
    Abogados del apelante: Sres. Texidor y de la Haba.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General y Sres. Carlos Llauger y R. H. Todd, Jr.

   Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Fernández, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de ins-cripción de nna escritura de hipoteca.
    No. 517.
    Resuelto en marzo 20, 1922.
    RECURSO GUBERNATIVO — INTERÉS DEL RECURRENTE — DESESTIMACIÓN DEL RECURSO Gubernativo. — Procede la desestimación de un re'eurso gubernativo cuando la nota del registrador no perjudica al recurrente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog'ado del recurrente: Sr. G. Ardín.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el registro de la propiedad se presentó una escritura pública en la cual Elvira Matos manifestó ser dueña de un solar y de una casa en él edificada y que por no estar ins-crita la casa hipotecaba el solar únicamente a favor de Manuel Fernández para garantirle una deuda. El registrador inscribió ese documento y negó la inscripción de la hipoteca en cuanto a la casa por no aparecer inscrita a favor de la deudora. Por haber consignado la negativa de inscripción en cuanto a la casa, el hipotecario Fernández.interpuso este recurso gubernativo en el que exponiendo que la casa no le fue hipotecada solicita que revoquemos “la calificación ex-presada en la parte que ha sido negada.”

Puesto que la casa no ha sido hipotecada .a favor del re-currente no vemos qué perjuicios puede sufrir por no haber inscrito el registrador la hipoteca en cuanto a ella, y por tanto carece de interés para tramitar .este recurso y debe ser desestimado.

Desestimado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    Betancourt, Peticionario y Apelado, v. La Junta de Subastas del Municipio de Río Grande, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en procedimiento de mandamus; (con-dena de costas).
    No. 2542.
    Resuelto en marzo 20, 1922.

      Mandamus — Costas^—Temeridad de la Demandada. — Apeló de la condena de cos-tas en el presente caso una junta municipal de subastas que después de pre-sentada la prueba de las partes se allanó a cumplir un auto condicional de mandamus expedido a petición de un licitador que bajo la alegación de haber venido tomando parte habitualmente en las subastas hasta que la deman-dada le negó el derecho de hacer proposiciones, demandaba el amparo de tal derecho. Se resolvió: que la temeridad de la demandada justifica la con-dena de costas y que en tales condiciones no era necesario alegar que la junta había sido previamente requerida para que admitiera las proposiciones del demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del peticionario: Sr. L. S. Vahamonde.

    Ahogado de la apelante: Sr. J. Soto Rivera.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Betancourt acudió a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, alegando que la Junta de Subastas del Municipio de Río G-rande, compuesta por Ramón M. Figueroa, Luis Pimentel y Eugenio Andrade, lo rechazaban sin razón alguna como licitador en las subastas de carnes fres-cas y le pidió que librara un auto de mandamus para que lo admitieran en las subastas. Pué librado un auto condicional de mandamus en el que se señaló día para que los deman-dados comparecieran a exponer las razones que tuvieran para no cumplir lo que se les ordenaba y en ese día, después de haber presentado sus pruebas ambas partes, los deman-dados presentaron moción allanándose a lo solicitado por el demandante y pidiendo que se les relevara del pago de las costas. Después, la corte dictó sentencia decretando el auto perentorio de mandamus e imponiendo las costas a la parte demandada. Por la condena de costas es qne la parte demandada lia establecido este recurso de apelación.

En vista del allanamiento de. la demandada la única cues-tión qne consideró la corte inferior en su opinión fue la rela-tiva a las costas y las impuso a la demandada por estimar qne de las alegaciones y de la prueba practicada se desprende que con su conducta temeraria puso al demandante en el caso forzoso de acudir a este procedimiento para amparar sus derechos y porque tratándose de un procedimiento especial es imperativa su concesión a la parte victoriosa.

Es cierto como sostiene la apelante en el primer motivo de su recurso qne la concesión de costas en los procedimien-tos especiales no es imperativa para las cortes después de publicada la Ley No. 38 de doce de abril de 1917, según he-mos resuelto en el caso de Candal v. Vargas, 29 D. P. R. 648 y en otro qne en él se cita, pero la corte inferior se fundó también en la temeridad de la parte demandada para impo-nerle las costas.

No creemos que al estimar la corte inferior que hubo temeridad en la parte demandada cometiera error, como aleg’a la apelante, por el hecho de que en la demanda no se alegara que la demandada había sido requerida para que admitiera al demandante a tomar parte en la subasta. Tal requeri-miento no era necesario en un caso como el presente en el que el peticionario alega que había venido tomando parte en las subastas hasta que la demandada no se lo permitió no obstante las proposiciones presentadas por el peticiona-rio. Por otra parte la conducta de la demandada no cum-pliendo el mandato de la corte y dando lugar a que se pre-sentaran las pruebas de ambas partes para después allanarse a la petición demuestran una conducta temeraria, pues si por el resultado de los consejos de sus abogados hubiera cum-plido la orden de mandamus o por no haber subastas en aquel momento hubiera contestado qne estaba dispuesta a cum-plirla, hubiera ahorrado molestias a la corte y al peticio-nario y también a éste el tener que asistir a la vista y pre-sentar su prueba.

La sentencia en el particular de costas que ha sido ape-lada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. AldRey,

text:
    Bonilla, Demandante y Apelado, v. Santiago, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2479.
    Resuelto en marzo 20, 1922.
    Aseguramiento de Sentencia sin Fianza — Documentos Auténticos — Affidavits. — En el presente caso el notario consignó al pie de un pagaré: ‘ ‘ Affidavit No. 852. Certifico que en el día de hoy, julio 21 de 1919, Angel Santiago, vecino de San Juan, industrial, viudo, y por mí conocido personalmente, declaró que adeuda a don Juan Bonilla, la cantidad de quinientos dólares ($500.00) y sus intereses que consignó en este pagaré el 26 de junio próximo pasado y Manuel Ledesma declaró ante mí y el testigo Eleuterio Vázquez que él hizo este documento por orden de Angel Santiago. Doy fe en San Juan a 21 de julio de 1919. (Firmado) Carlos V. Urrutia, Notario Público,” Se resolvió: que tal declaración del deudor no es la declaración a que se refiere el artículo 3 de la Ley de 12 de marzo de 1903 sobre declaraciones ju-radas sino el reconocimiento que convierte la obligación en auténtica y da derecho al acreedor para obtener el aseguramiento de la sentencia sin nece-sidad de prestar fianza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. A. Lastra.

    Abogado del apelante: Sr. J. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Sr. AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Bonilla demandó a Angel Santiago en cobro de diaero y solicitó embargo de sus bienes para asegurar la efec-tividad de la sentencia, el cual fue decretado por la corte sin exigir fianza al demandante.

El documento qne sirve de base a la demanda y a la pe-tición de embargo dice así:

“Debo y pagaré a Don Juan Bonilla, la cantidad de quinientos dollars moneda corriente que dicha cantidad será satisfecha en el plazo de un año empezando desde el mes de junio 26 de 1919 hasta junio del año 1920 y dicho documento es garantido con un docu-mento de la misma procedencia a este de una finca que vendí en el barrio de Toa Alta. Y para que conste extiendo este en San Juan, 26 de junio de 1919, ‘dicha cantidad gana el uno por ciento. A ruego de Angel Santiago Manuel Ledesma.7 Hay un sigo de cruz. Tes-tigo — Enrique Alvarez. Testigo — Manuel Ledesma.77
“Affidavit No. 852. Certifico que en el día de hoy, julio 21 de 1919, Angel Santiago, vecino de San Juan, industrial, viudo, y por mí conocido personalmente, declaró que adeuda a don Juan Bonilla, la cantidad de quinientos dólares ($500.00) y sus intereses que con-signó en este pagaré el 26 de junio próximo pasado y Manuel Le-desma declaró ante mí y el testigo Eleuterio Vázquez que él hizo este documento por orden de Angel Santiago. Doy fe en San Juan a 21 de julio de 1919. (Firmado) Carlos V. Urrutia, notario pú-blico. Hay dos sellos, el del notario y otro de rentas internas de veinticinco centavos, inutilizados.77 .

Trabado el embargo el demandado pidió a la corte que lo dejara sin efecto y habiendo sido negada esa petición es-tableció este recurso de apelación.

Para sostenerla no hace el apelante la designación de errores que exige la regla 42 de nuestro Reglamento y se limita a exponer como cuestión de derecho, que un notario no puede autenticar un documento haciendo constar las de-claraciones que le han dado las personas que han interve-nido en él en una fecha anterior, a no ser que se formalicen de acuerdo con la ley por medio de declaraciones firmadas por las personas que las hacen.

Según la ley para asegurar la efectividad de las senten-cias que puedan dictarse en los pleitos se decretará el embargo de bienes del demandado sin qne el demandante tenga qne prestar fianza, entre otros casos, cuando los documentos privados en que se funden las demandas ban sido reconocidos ante un juez o notario por la persona que resulte obligada por ellos, o sus herederos; y según la sección 15 de la Com-pilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico “llámase affidavit o declaración de autenticidad el acto y el documento, mediante los cuales, un notario u otro de los funcionarios designados en esta ley certifica o da fe de la verdad o reconocimiento de una firma, de un juramento o de otro hecho o contrato que afectase a propiedad mueble o inmueble no formalizados en escritura pública.”

Como el obligado en el pagaré reconoció ante un notario el hecho de adeudar a Bonilla la cantidad en él consignada, esto es suficiente para dar al pagaré el carácter de autén-tico de suerte que pudiera librarse la orden de embargo sin exigir fianza al demandante.

El artículo 3 de la Ley sobre declaraciones juradas (affidavits), juramentos y afirmaciones, que es la sección 26 de la Compilación antes citada, según el cual “las declaraciones juradas conforme a esta ley, se harán constar por escrito y serán firmadas por las personas que las hicieren” no tiene aplicación a este caso en que no se hace una declaración sino el reconocimiento del hecho de adeudar la cantidad expre-sada en el pagaré a que se refiere.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de: la Corte de Distrito de Mayagiiez en cansa por hurto mayor.
    No. 1767.
    Resuelto en marzo 20, 1922.
    Confesión — Instrucción sobre Espontaneidad de una Confesión. — Cuando existe un conflicto sustancial en la prueba, si bien la naturaleza voluntaria de una confesión debe ser resuelta primeramente por la corte, la cuestión de si tal confesión fué o no voluntaria debe dejarse a la consideración del ju-rado, especialmente si se solicita una instrucción sobre el particular. Sin una petición la corte puede tácitamente dejar la cuestión de voluntariedad a la consideración del jurado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. F. Otero Bivera.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Como el apelante no ha hecho la asignación de errores exigida por las reglas 42 y 43 de esta corte, no nos sentimos obligados a considerar ningún error que no estimemos fundamental. En los autos, sin embargo, aparece que fué pre-sentada como prueba una confesión'y la corte resolvió que se hizo voluntariamente. Subsiguientemente el acusado fué a la silla de testigos y declaró en efecto que hizo la confe-sión por haber sido atropellado por la policía y porque se le dijo que si no decía la verdad lo mataban. Esta mani-festación, sea o no creíble, estableció un conflicto en la prueba. La corte instruyó al jurado en la siguiente forma:

“El hurto es el acto de sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semovientes, pertenecientes a otra persona.
“Sustraer con intención criminal, quiere decir con intención de lucrarse, y el hurto es de mayor cuantía cuando la propiedad es sustraída de la persona.
“Aquí se acusa al acusado de haber hurtado una cantidad de dinero del bolsillo del perjudicado Luis Vargas. Si es verdad que el acusado metió la mano en el bolsillo de Luis Vargas y le sustrajo cincuenta pesos o una cantidad cualquiera de dinero, en esa forma, entonces cometió el delito de hurto de mayor cuantía.
“El acusado es un testigo competente para declarar en su propio beneficio. Ustedes consideran su declaración como otra declaración de cualquier otro testigo.
“El acusado se considera inocente mientras no se pruebe su cul-pabilidad fuera de duda razonable y en caso de existir duda razo-nable de su culpabilidad, es el deber del jurado darle el beneficio de la duda y absolverlo.
“Aquí se ha planteado una cuestión, señores del jurado, por las partes, que no es de la incumbencia de ustedes resolver. Eso es, la forma en que confesó el hecho, si lo confesó el acusado en el cuartel de la policía.
“Toda confesión por parte de un acusado tiene que ser volun-taria y espontáneamente, o no es admisible en evidencia, pero es la corte que resuelve si esa confesión es voluntaria y espontánea o no, y una vez que la corte admite la confesión resolviendo que la confesión fué hecha espontáneamente, voluntariamente, entonces esa cuestión está resuelta definitivamente para los efectos de este juicio.
“Los señores del jurado no pueden entrar en ese terreno, ellos tienen esa evidencia que la corte ha resuelto, es evidencia legal, está ante ustedes y ustedes no han de resolver si está bien admitida o no, ustedes solamente consideran esa evidencia. Ustedes resuelven si ustedes creen que efectivamente el acusado hizo tal manifestación, tal confesión, declarada por el policía Torres y el Juez de Paz de Hormigueros, eso sí ustedes pueden resolverlo. Pueden creer lo que han declarado los testigos o no creerlo si tienen motivos justificados de dudar de la veracidad de los testigos, pero que esa confesión fué hecha voluntaria o espontáneamente, no es de la incumbencia de ustedes.”

Aunque es cierto que en el caso de El Pueblo v. Kent, 10 D. P. R. 343, esta corte en la opinión de la mayoría mani-festó, o dijo en sustancia, que nada había que someter al jurado por haberse demostrado que la confesión era volun-taria, y así había sido resuelto por la corte inferior, el hecho fué, sin embargo, que en ese caso la cuestión de voluntarie-dad vel non se sometió al jurado por el juez sentenciador. Que esta era la debida práctica, y tal vez la necesaria, cuando existe conflicto en la prueba, quedó establecido por la Corte Suprema de los Estados Unidos al revisar el caso de Kent. Véase el caso de Kent v. Porto Rico, 207 U. S. 117, 118, donde se cita el de Wilson v. United States, 162 U. S. 613. La Corte Suprema de los Estados Unidos dejó sin resolver la cues-tión de si la naturaleza voluntaria de una confesión no po-dría ser siempre investigada por un jurado. También la opinión de la mayoría de esta corte en el caso de Kent, sufra, se expresa en los siguientes términos:

“Se ha dicho que en casos de esta naturaleza, procede que el juez sentenciador, al dar instrucciones al jurado, someta a éste, la confesión, acompañada de la prueba practicada con respecto a las circunstancias, bajo las cuales fué hecha, y deje que el jurado de-cida si dicha confesión fué voluntaria, o si fué hecha bajo la in-fluencia de miedo, amenazas o promesas de impunidad o protección, u otros motivos ilegítimos. Esta es la práctica en algunos Estados, y si existe alguna duda de que la confesión sea un acto voluntario del acusado, y de que haya sido hecha por él, libremente y sin nin-guna influencia indebida, procede seguir aquel, camino. Esta prác-tica fué aprobada por el Juez Sr. Shepard (ahora Juez Presidente), en la causa de Hardy v. The United States, fallada por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en 11 de diciembre de 1893 (3 Dist. Col. App., 35). El Juez Presidente Puller, al emitir en 27 de abril de 1896, el dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la causa de Wilson — que se ha citado en la presente con motivo de otro punto — en cuyo dictamen citó la causa de Hardy, usó el mismo fundamento, declarando que:
“ ‘Cuando exista contradicción de pruebas sobre si una confesión es o no voluntaria, y si el tribunal resuelve que es admisible dicha confesión, podrá dejarse la decisión de la cuestión al jurado, ins-truyéndole a éste, que debe rechazar la confesión si, en vista de to-das las pruebas, está convencido de que no ha sido un acto volun-tario del acusado.’ (162 U. S., 624.)
“El tribunal sentenciador está siempre a salvo al adoptar este curso, y debe tener el cuidado de seguirlo en casos dudosos. Y en la causa de que se trata, el proceder del tribunal, al examinar nue-vamente y a presencia del jurado, los testigos Dix, Harry, Dexter y Kent, con respecto a las circunstancias, bajo las cuales se hizo la confesión; al comentar las declaraciones hechas por los mismos; y al usar otras expresiones (encaminadas al mismo fin) en las instruc-ciones que dió al jurado, equivale a tales instrucciones. Pero, aún cuando el juez hubiese simplemente admitido la confesión como prueba ante el jurado, sin dar a éste instrucciones explicativas de la misma, esto no hubiese sido un error esencial, según el criterio que tenemos con respecto a aquel documento.
“Examinada la confesión de que se trata en el presente caso a la luz de la ley y de los hechos expresados en las numerosas autori-dades que hemos citado y transcrito, se ve que ha sido hecha sin coacción o promesa impropia o aliciente alguno, y que es completa-mente voluntaria.”

La consideración juiciosa y la tendencia general de las autoridades nos convence de que cuando existe un conflicto sustancial en la prueba, si bien la naturaleza voluntaria de una confesión debe ser resuelta primeramente por la corte, la cuestión de si tal confesión fué o no voluntaria debe de-jarse a la consideración del jurado. T esto es especialmente así si se solicita una instrucción sobre el particular. Véanse los casos de Wilson v. United States, supra; State v. Wells, 100 P. 681; People v. Maxfield, 146 Mich. 105; Llorenz v. United States, 24 App. D. C. 385; Roesel v. State, 41 Atl. 416; 1 R. C. L. 578; Lindsay v. State, 50 L. R. A. (N. S.) 1078 y nota detallada.

Sin una petición la corte puede tácitamente dejar la cues-tión de voluntariedad a la consideración del jurado. Las au-toridades y la consideración general nos convencen, sin embargo, de que la.corte nunca tiene derecho a excluir entera-mente del jurado la cuestión de si fué o no voluntaria la confesión. ¿Fué o no coaccionado el acusado? ¿Se le hizo alguna promesa indebida? estas cuestiones encarnan hechos que un jurado tiene derecho a considerar. Aún cuando no haya conflicto, el jurado tiene derecho a no dar crédito a un testigo que dice que la confesión fué voluntaria, y en ese caso El Pueblo tendría derecho a una instrucción en la que se diga que a menos que el jurado no dé crédito a un testigo dichos jurados están obligados a declarar que la confesión fné voluntariamente hecha. La corte siempre tiene el de-recho a decir al jurado como cuestión legal, que diciendo la verdad los testigos la confesión debe ser considerada como voluntaria. En el caso ante nos el acusado fué a declarar y declaró sobre amenazas y coacciones, y nos sentimos obli-gados a resolver que la corte cometió error al decir al ju-rado que no tenía derecho a considerar el punto de si la con-fesión fué o no voluntaria.

La sentencia apelada debe revocarse y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado wn nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Sr. del Toro,

text:
    Pitre, Demandante y Apelante, v. Estrella, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de documento.
    No. 2489.
    Resuelto en marzo 21, 1922.
    Compraventa — Doble Venta de Finca no Inscrita. — Probado que la veuta por doeumento privado de uua casa no inserita fué anterior a la venta de la misma a persona distinta por escritura pública, y que la primer adquirente entró de buena fe en posesión de la finca antes del segundo traspaso, es ne-cesario concluir que la propiedad pertenece a quien fué primero en la pose-sión, según dispone el artículo 1376 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. P. González.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Martínez Dávila.

   El Juez Peesidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Balbino Pitre demandó a Margarita Estrella solicitando que se declarara nulo cierto documento por virtud del cual Pitre aparecía vendiendo a Margarita una casa y se conde-nara a Margarita a dejar a la libre disposición de Pitre la casa en cuestión.

En la demanda se alega qne Pitre era dueño de la casa de que se trata y la vendió a Antonio Matos por escritura pública de 13 de junio de 1919, habiéndola adquirido nueva-mente de Matos por compra hecha constar en escritura pú-blica el 18 de enero de 1920. Que la casa está edificada en terrenos de la sociedad “Peña y Balbás” situados en San-turce, P. R., teniendo que pagar el propietario de la casa al dueño del ten’eno un canon mensual, y debiendo notificarle cualquier transferencia que realice de la propiedad. Que al notificar Pitre la transferencia que hizo a Matos por indica-ción de éste se pidió a “Peña y Balbás” que transmitiera el arriendo del suelo a favor de Margarita Estrella y por un error en vez de transmitir solamente el arriendo del suelo se consignó en el documento privado otorgado al efecto que Pitre vendía la casa a Margarita.

Contestó la demandada sosteniendo que se encontraba en posesión de la casa porque era suya, por habérsela transmi-tido Antonio Matos en pago de ciertos servicios.

Fué el pleito a juicio. Declaró el demandante. Sostuvo que nunca transmitió la propiedad de la casa a la deman-dada. Que el documento privado de 2 de julio de 1919 se otorgó por error. Que sólo pidió a Peña que traspasara el solar a nombre de la demandada. Que la casa la vendió a Matos. Que el motivo de traspasar el solar a Margarita se debió a que Matos vivía en Río Piedras y le era imposible venir a Santurce. Que entregó el documento a Margarita pero no conocía su contenido. Que el documento está fir-mado por su esposa, pero ésta no lo leyó. El testigo no sabe leer. Que Matos le vendió nuevamente la finca por escritura pública. Se refiere también el testigo a la entrega de treinta dólares a la demandada por cuenta de Matos para que deso-cupara la casa.

Declaró Matos corroborando la declaración de Pitre. Tam-bién testificó Peña, de la sociedad de “Balbás y Peña,” que fué quien escribió el documento. Dijo que Matos al pedirle que el documento se extendiera a nombre de Margarita, se expresó así: “mi idea no es vender la casa a ella sino que esté a favor del que paga los solares y para que me cuide un bijo que tengo ahí,” y que hizo saber a Pitre que era necesaria en el documento privado de venta a favor de Margarita la firma de la esposa de Pitre, leyendo a éste el docu-mento. El testigo Lebrón del Departamento del Trabajo declaró con respecto a cierta queja dirigida al departamento por la demandada en relación con este asunto. Su declara-ción tiende a corroborar las declaraciones de Pitre y Matos en relación con la entrega a la demandada de la suma de treinta dólares para que desocupara la casa. Por último declaró la demandada así:

“Estando yo viviendo en Río Piedras con mis bijos dió a luz una señora y al dar a luz esa señora s'e formó un revoló en el matri-monio; al formarse ese revoló en el matrimonio dijo el padre que sacaran el niño de la casa; la señora llamó a una bija mía que si ella lo quería coger; ella vino donde mí y le dije que no que no me podía bacer cargo de ese niño porque éramos mujeres pobres y yo no me podía bacer cargo de cuidar ese niño y ella viviendo fuera menos podía hacerse cargo; entonces ella fué otra vez y entonces el esposo le dijo que lo cogiera unos días a ver en lo que paraban. Yino y dijo: Cójalo unos días a ver en lo que para el matrimonio y lo tuve nueve días y a los nueve días vino un señor y dijo que por qué aquel niño estaba fuera de los padres y le dije que no sabía el motivo, que me lo habían dado a cuidar unos días a ver en lo que paraba ese matrimonio, y dijo: ‘Hoy mismo mande ese niño para su casa’ y lo entregué y me olvidé del niño, y a los ocho o nueve ■días dijeron que el niño se había desaparecido y no se sabía si era muerto o vivo. Antonio Matos vino a casa y me dijo: ‘Qué le pa-rece, Margarita, el niño se ha desaparecido y no se sabe el rumbo que ha cogido; el pueblo dice que es muerto; usted quiere ir a esa casa a ver si usted puede hablar con ella y saber dónde está el niño? y le dije: No voy a esa casa porque yo voy a sufrir una de-cepción, y dijo: Margarita yo le suplico que vaya a saber el para-dero de ese niño porque es un peligro y no se sabe si es vivo o muerto, y entonces fui yo donde la señora y yo llegué y la saludé y cuando llegué se sorprendió y le dije que venía a saber el para-dero del niño porque me dijeron que era muerto y quería saberlo, y ella vaciló un rato y luego dijo: No, Margarita, el niño no es muerto; lo di a un matrimonio de Caguas. Yo me fui en seguida y él estaba en casa aguardándome y dijo: ‘Margarita qué pasa? Ella dice que el niño no es muerto, que lo ha dado a un matrimonio de Caguas, y entonces dice: Margarita si nosotros conseguimos el niño, que no sea muerto, yo le ofrezco comprarle una casa en el pueblo o donde usted la quiera * '* *. ’
“(Dte.) A. — 5Quién dijo eso?
“T. — Antonio Matos. Entonces le dije que no, que yo tenía mu-chos chiquitos y era pobre y no podía hacerme cargo de ese niño porque mi trabajo era mucho, y dijo: Margarita después que usted no tenga que pagar casa puede usted criar el niño, puede atenderlo, y yo salí unas cuantas veces y nunca encontré el niño, y un día venía para San Juan y dijo que cuando fuera de aquí para allá iba a coger un carro a ver si lo hallábamos, y yo le dije: Ir noso-tros en carro no vamos a hacer nada; lo mejor es que yo me levante temprano y vaya por ahí a ver si lo hallo. Muy de mañana me le-vanté y estuve andando hasta las dos de la tarde, y un día iba con él y me hallé una señora y me dijo: Margarita tú por aquí? — Sí. No sabes de un niño que han traído por aquí? y dice: Yo no sé dónde está, y le dije: Me haces el favor de llevarme allá? y cogi-mos por la vía del ferrocarril para abajo y en una casita que hay por allí estaba un niño acostado; yo no lo conocí y dije: este no es el niño que hace unos días trajeron aquí? y dice: es ese mismo, nie lo trajo fulano de tal * * *.
“(Dte.) A. — Usted recogió el niño en esa ocasión?
“T. — Yo lo dejé allí y vine donde Antonio y le dije: Antonio el niño está en tal parte, y dijo: Margarita vamos para que me enseñe dónde está, y fui y le enseñé y le dije: Ahora Antonio usted sabe del niño; usted le puede dar la casa a” quien quiera, y dijo que no, que él como su padre quería que yo le criara el niño. Em tonces me dijo allí: Margarita yo le compro una casa, y el día que yo no pueda darle un pote de leche usted se lo da y el día que yo no tenga usted se lo da, y le dije: Antonio yo soy una infeliz y no puedo hacerme cargo del niño, y dijo: Yo le daré una casa y cuando llegue el día de darle una educación yo se la daré y el niño es suyo y mío. El compró la casa, me llevó la llave y los papeles de la casa a Río Piedras y me dió para que tomara el carro y viniera a la casa y me entregó la llave de la casa y dijo: Aquí tiene su casa y vaya a buscar el niño; él fué conmigo al campo a buscar el niño y desde que entró el niño a mi casa más nunca me dió una peseta para un pote de leche. Después como a los tres o cuatro meses trajo la madre del niño a casa # #

Terminada la prueba del demandante, declaró la deman-dada otra vez y dijo que el niño de Matos estaba aún en su. poder y que ella lo vestía y alimentaba.

La prueba documental consistió en una copia de la escri-tura de 18 de enero' de 1920 por virtud de la cual Matos apa-rece vendiendo s a Pitre la casa de que se trata, y el docu-mento privado de 2 de julio de 1919 según el cual Pitre ven-dió a Margarita la misma casa por la suma de setecientos cincuenta dólares.

La corte de distrito estimó que la prueba demostraba que la casa pertenecía a Margarita y dictó sentencia declarando la demanda sin lugar. Y contra esa sentencia interpuso Pi-tre el presente recurso de apelación.

Señaló el apelante la comisión de tres errores a saber: 1, el cometido al dejar de resolver la cuestión planteada so-bre nulidad del documento; 2, al no declarar nulo el docu-mento, y 3, al aplicar indebidamente el artículo 1376 del Có-digo Civil.

Los tres errores pueden estudiarse conjuntamente. Todo depende de si debemos creer 'al demandante o a la deman-dada. El conflicto fué resuelto por la corte sentenciadora en contra del demandante, con razón a nuestro juicio.

Siendo esto así, no importa que en el documento de 2 de 'julio de 1919 no se consignara toda la verdad de la transac-ción. Prescindiendo del documento, resulta claro que adqui-rida que hubo la propiedad de la casa, Matos convino con. Marg-arita en traspasársela en consideración al cuidado de un niño. Bajo tal contrato de palabra, Margarita aceptó el niño y tomó posesión de la casa como dueña de ella, y siguió y ha seguido en la posesión y cumpliendo debidamente lo pactado, esto es, hecha cargo de cuidar al niño que le entre-gara Matos.

Hubo, pues, consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación establecida, y Matos no pudo volver por sí solo sobre lo pactado.

Introduce alguna duda la entrega de los treinta dólares. Pero la duda se desvanece cuando se penetra bien en el fondo del asunto y se estudia la condición de las personas que en él intervinieron. Parece que Matos por alguna cir-cunstancia después de meses de celebrada la transacción, quiso desposeer a Margarita de lo que le había entregado y le dió por medio de Pitre cierta suma de dinero para que saliera de la casa. Margarita era una mujer sin instrucción. No se daba cuenta exacta de la extensión de su derecho. Acu-dió al Departamento del Trabajo en queja. No.sólo Matos, sino Pitre insistían en que no tenía derecho y a no ser por-que fué a consultar un abogado, seguramente Matos y Pitre hubieran logrado al fin hacerla salir de su casa mediante el pago de la pequeña suma de treinta dólares o alguna otra semejante adicional.

Aún en el caso de que. Pitre hubiera adquirido con entera buena fe de Matos en 18 de enero de 1920, resulta probado que Matos vendió la casa antes a. Margarita Estrella y ésta, también con anterioridad al traspaso a Pitre, entró en pose-sión de ella. El artículo 1376 del Código Civil no se aplicó, pues, erróneamente. No se trata en este caso de títulos'ins-critos.

Creemos que la sentencia apelada es justa y se dictó de acuerdo con la' ley y en tal virtud el recurso establecido contra ella debe ser declarado sin lugar y confirmada la sen-tencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces' concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    El Pueblo, por Querella de Ramón Salgado, Demandante y Apelado, v. López, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en procedimiento de Quo Warranto (me-morándum de costas.)
    No. 2568.
    Resuelto en marzo 24, 1922.

      Quo Warranto — Honorarios de Abosado — Discreción Judicial.' — De acuerdo con la enmienda introducida en abril 12, 1917 al artículo 327 del Código de En-juiciamiento Civil, las cortes de distrito tienen facultad discrecional para con-ceder costas y honorarios a cualquiera de las partes que resulte vencedora en un procedimiento de quo warranto.

    Id. — Honorarios Excesivos Prima Faoie — -Discreción Judicial. — Cuando los autos del memorándum muestran que los honorarios concedidos son excesivos el Tribunal Supremo revisará la discreción de la corte inferior aun cuando la prueba no haya sido incluida en la transcripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. A. Lastra.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación contra una resolución apro-bando un memorándum de costas. Las objeciones que por escrito se hicieron al memorándum solamente lo impugnaron por el fundamento de ser excesivo, pero la exposición del caso muestra que el apelante negó el derecho del peticionario en un procedimiento de quo warranto a obtener honorarios de abogado y la cuestión puede considerarse que es juris-diccional. El apelante tuvo derecho al alegar que la Ley de Quo Warranto considerada en sí sólo concedía honorarios de abogado a un demandado en favor de.quien se dicte sen-tencia. Sin embargo, en abril 12, 1917, la Legislatura en-mendó el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil de modo que quedara redactado como sigue:

“Sección 327. — Las partes en acciones o procedimientos, inclu-yendo El Pueblo de Puerto Rico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben.
“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los ser-vicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta Sección, se entenderá que concede honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se im-pusieren a un demandado que no hubiere radicado su comparecencia en una acción o procedimiento; Y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta tam-bién el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia. ’ ’

Nos sentimos obligados a declarar que esta era una ley de aplicación general y que la intención de la Legislatura fué incluir todos los casos en los cuales no aparecía clara-mente una intención diferente. No encontramos tal inten-ción diferente en la legislación de la Isla. Llegamos a una conclusión semejante en el caso de Candal v. Vargas, 29 D. P. R. 648. El apelante, sin embargo, insiste en que los hono-rarios concedidos eran excesivos y nos cita el caso de Ber- trán v. Carrasquillo, 29 D. P. R. 559. Generalmente para revisar la discreción de la corte inferior al conceder hono-rarios de ahogado debemos estar en condiciones de ver qne claramente se ha abnsado de la discreción. En el caso de Lassalle v. Hilla, 29 D. P. R. 503, resolvimos qne este tri-. bnnal no intervendría con la discreción de la corte al ne-garse a conceder honorarios de ahogado, a menos qne tu-viéramos la prueba ante nos. Cuando en cambio los autos revelan que los honorarios son excesivos, sea cual fuere la naturaleza de la prueba, no tenemos necesidad de tener que estar precisamente en la misma situación en que estaba la corte inferior. En el caso de Carrasquillo, supra, si bien la prueba no fué transcrita estábamos en condiciones de poder ver claramente que un solo día de juicio con otras comparecencias no justificaba una concesión de $1,000. En el presente caso el apelante ha traído una exposición del caso de donde aparecen numerosas comparecencias del abogado del peticionario, pero sin traer toda la prueba. Esta, sin embargo, fué sencilla por su naturaleza como lo muestran las alegaciones. Considerado todo el caso estamos conven-cidos que si bien el trabajo del peticionario fué arduo por razón de la naturaleza de la cuestión legal envuelta y de las varias mociones del apelante, sin embargo que $1,500 por honorarios de abogado haría pensar en una cantidad de tra-bajo mucho mayor a la. realizada en este caso.

. La suma concedida debe rebajarse a $1,000, y modificada así la resolución apelada deberá confirmarse.

Confirmada la resolución apelada pero modifi-cándola en el sentido de rebajar a mil dóla-res los honorarios de ahogado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro,- y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Se. del Toro,

text:
    Gandía, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Fertilizer Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dividendos y prevención de traspaso de acciones. Resolución anulando un embargo decretado para aseguramiento de sentencia.
    No. 2499.
    Resuelto en marzo 24, 1922.
    Apelación — Aseguramiento de la Sentencia Después de Apelada — Jurisdic-ción. — Una corte de distrito tiene facultad para decretar el aseguramiento de la sentencia después que la misma lia sido apelada.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Gusmán Benitez.

    Abogados de la apelada: Sres. C. Coll Cuchi y G. Cru-zado Silva.

   El Juez Presidente Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de octubre de 1920 la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, dictó sentencia en el pleito seguido por Pedro Grandía contra Porto Rico Fertilizer Company, sobre cobro de dividendos, en favor del demandante. La sen-tencia fué apelada el 24 de noviembre siguiente y el 5 de mayo de 1921 el demandante solicitó que la corte decretara el aseguramiento de la dicba sentencia mediante embargo de bienes de la demandada. Accedió la corte, decretando el embargo solicitado sin fianza. La demandada entonces solicitó la nulidad de la orden por entender “que la corte carece de jurisdicción para decretar dicbo embargo sin fianza, por cuanto la sentencia ba sido apelada con anterioridad al embargo.” La corte tomó bajo su consideración el caso y el 4 de junio de 1921 lo resolvió anulando el embargo decre-tado por entender que una vez que la sentencia fué apelada, la corte perdió enteramente su jurisdicción no ya para acor-dar el aseguramiento sin fianza, sí que también con fianza. Y contra la dicha resolución de 4 de junio es que se ha in-terpuesto el recurso que estamos considerando.

En marzo 1, 1902, la Asamblea Legislativa decretó una ley para asegurar la efectividad de sentencias, que ha sido varias veces interpretada por esta Corte Suprema. De acuerdo con la sección 3 de dicha ley, “la solicitud de ase-guramiento podrá presentarse con la demanda o luego de in-terpuesta, en cualquier período del juicio, antes de sentencia firme.” Las palabras “antes de sentencia'firme” dieron lu-gar a dudas y el legislador el 13 de abril de 1916 enmendó la ley disponiendo,entre otras cosas que: “La solicitud de aseguramiento podrá presentarse con la demanda o luego de interpuesta, en cualquier período del juicio, antes o después de la sentencia. Si el aseguramiento se solicitare después de pronunciada sentencia no se exigirá fianza.”

No hay duda alguna con respecto a que después de pro-nunciada .una sentencia cabe decretar el aseguramiento de la misma y a que si se decreta, debe serlo sin fianza. La cuestión a resolver es si por el hecho de la apelación para ante esta Corte Suprema, pierde su jurisdicción la de distrito para acordar el aseguramiento.

Decidió la corte sentenciadora la cuestión en sentido afir-mativo basándose en el artículo 297 del Código de Enjuicia-miento Civil y en la sección 14 de la propia ley de asegura-miento. El apelado invoca en apoyo del criterio sustentado por la corte inferior, las resoluciones de esta Corte Suprema en los casos de Bolívar v. Aldrey, 12 D. P. R. 273; Pescay v. Texidor, 26 D. P. R. 170, y The Specialty Shop v. Benítez Flores, 29 D. P. R. 265, 268.

El caso de Bolívar, supra, no es aplicable. Interpretó la ley tal como estaba redactada antes de su modificación. El de Pescay, supra, se refiere a una situación legal distinta. Es el de la Specialty Shop, supra, el único que contiene un párrafo que es susceptible tal vez de interpretarse en el sen-tido que sostiene el apelado, pero en el mismo párrafo se dice que no es en sus razonamientos en los que se basa la resolución de la corte, sino en que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia no babía sentencia alguna ante la corte de distrito que pudiera servir de base al aseguramiento sin prestación de fianza. Se trataba de un pleito procedente de una corte municipal.

Examinemos los preceptos de ley en que descansó la corte de distrito. El artículo 297 dispone que “Formalizada una apelación, producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior, respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella,-pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación.” T la sección 14 de la ley sobre aseguramiento prescribe, en resu-men, que todas las cuestiones que se promuevan se venti-larán separadamente del pleito principal y que todas las reso-luciones que se dicten serán ejecutorias desde luego.

¿Está comprendido en la sentencia su aseguramiento por medio de embargo? A nuestro juicio no lo está y la sec-ción 14 de la ley especial invocada por el juez de distrito en vez de apoyar su criterio demuestra que el aseguramiento es un procedimiento independiente que se tramita sin inte-rrumpir en modo alguno y sin intervenir en nada con el pleito principal.

A virtud de una apelación interpuesta contra una sen-tencia pronunciada por una corte de distrito, la sentencia queda desde luego sujeta a ser revocada, modificada o con-firmada por la Corte Suprema, pero no destruida como su-cede en el caso de las apelaciones interpuestas para ante las cortes de distrito contra las sentencias pronunciadas por las cortes municipales. Es más, la presunción de justa, acompaña a la sentencia basta que sea revocada por la Corte Suprema.

Siendo esto así, no comprendemos por qué una parte que ha obtenido una sentencia a sn favor qne se presnme justa no obstante la apelación, no pneda hacer nso del privilegio que le concede nna ley qne le permite asegurar la efectivi-dad de esa' sentencia mediante embargo de bienes de la parte contra la cual se dictara.

Al decretar la ley de 1916 que el aseguramiento podría solicitarse lo mismo antes que después de la sentencia, no hace distinción alguna. Si se interpretara la ley como pre-tende la parte apelada podría .quedar anulada a voluntad de la parte contra quien se pronuncia la sentencia. Basta-ría que dicha parte archivara un simple escrito de apelación inmediatamente-después de dictada la sentencia para impe-dir que la parte victoriosa obtuviera el aseguramiento de la misma.

En una reciente decisión de la Corte Suprema de los Es-tados Unidos encontramos el párrafo que sigue que ilustra la cuestión envuelta en este caso. Dice así:

“El decreto enmendatario de febrero fue obtenido mucbo después de concedidas las apelaciones contra el decreto de Agosto y cuando la corte tenía muy limitadas facultades sobre el litigio. ‘Una regla general en todos los casos (sujeta, sinembargo, a algunas condicio-nes) es que una apelación suspende la facultad de la corte inferior de seguir actuando en el caso.’ Indudablemente, después de la apelación la corte sentenciadora puede, si los fines de justicia lo exigen, preservar el status quo hasta que la corte de apelación dicte su decisión. Hovey v. McDonald, 109 U. S. 150, 157. Pero no puede finalmente adjudicar sobre derechos sustanciales directamente en-vueltos en la apelación. Merrimack River Savings Bank v. Clay Center, 219 U. S. 527, 534. Véase First National Bank v. State Bank, 131 Fed. 430. El resultado exacto del decreto de febrero es algo dudoso, pero podemos considerarlo como una tentativa para preservar el status quo de modo que esta corte pueda final y com-pletamente disponer del asunto en ■ su totalidad. Así interpretado el decreto (No. 288) estaba dentro de la discreción de la corte y como no hubo abuso de esa discreción debe ser confirmado.” Newton v. Consolidated Gas Company of New York, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en marzo 6, 1922.

Esta idea de la preservación del status quo se expresa en nna decisión de la Corte Suprema de Pennsylvania, del siguiente modo:

“Una apelación debidamente establecida contra un decreto final en equidad, bajo fianza aprobada, de acuerdo con la orden de la corte, en relación con la remoción de los autos a la Corte Suprema, surte el efecto de suspender los procedimientos para ejecutar el de-creto (supersedeas); pero la corte inferior conserva, sin embargo, el derecho (concurrentemente con la Corte Suprema) de gobernar los actos de las partes respectivas, en tanto sea necesario para preser-var el status in quo de cada una tal como existía al tiempo de dic-tarse el decreto; y a ese fin, si necesario fuere, el de expedir una orden de embargo.” New Brighton, &c., R. R. Co. v. The Pittsburgh, &c., R. R. Co., 105 Pa. 13.

Asegurar una sentencia no es ejecutarla y en cierto modo es preservar el status quo que existía en el momento de dic-tarla. Generalmente las leyes de procedimientos exigen la prestación de una fianza por los apelantes que garantice el derecho reconocido a la parte a cuyo favor se dictó la sen-tencia y es cuando tal fianza se presta que se suspende la ejecución de la sentencia. En Puerto Rico basta la simple presentación del escrito de apelación para suspender la eje-cución. Probablemente fué este el motivo o uno de los mo-tivos que tuvo el legislador para enmendar la ley sobre ase-guramiento en la forma en que lo bizo en 1916.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe decla-rarse con lugar el recurso y revocarse la orden apelada que-dando subsistente la que se anuló por ella, todo sin especial condenación de costas.

Revocada la resolución apelada dejando sub-sistente la orden de mayo 6, 1921, por la cual se decretó el aseguramiento de la sen-tencia.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


text:
    In Re Tormes, Querellado.
    PbocedimieNto de disbarment. — Moción sobre eliminación y excepción previa. .
    No. 14.
    Resuelto en marzo 24, 1922.

      Abogado — Disbarment—Coete Suprema: sus Facultades en Relación con la Separación de Abogados. — Generalmente las legislaturas decretan leyes ex-presivas del procedimiento que debe seguirse y de las causas que dan lugar a la separación de los abogados del ejercicio de su profesión, pero tales leyes no restringen el poder general de las cortes sobre los abogados, que son sus oficiales, pudiendo ser removidos dichos abogados por otros motivos que los fijados en la ley.
    Id. — Ley Creando la Comisión de Reputación dh 1909 — Causas para la Se-paración. — En la opinión se estudia y se fija el alcance de dicha ley y se coneluye que es tan amplia que incluye cuantos motivos justos puedan ima-ginarse.
    Id. — Delitos no Conectados con el Ejercicio de la Profesión. — La regla general es que la Corte Suprema no intervendrá, a los efectos de juzgar la con-ducta de los abogados, en la investigación original de actos delictivos come-tidos por ellos que no tengan relación con el ejercicio de su profesión. Pero si a ella se acude en forma y el delito cometido envuelve depravación moral, la Corte Suprema, si estima que la justicia así lo exige, puede actuar in-dependientemente, sin demora.
    Id. — Intención Criminal. — No resultando claros los dos cargos de la querella impugnados en cuanto a la intención del querellado, se declaró con lugar la impugnación y se concedió al querellante un término para enmendarlos.
    Los hechbs están expresados en la opinión.
    Ahogado del querellado: Sr. J. H. Brown,
    Abogado del querellante: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de febrero último, el fiscal de esta corte, por dele-gación del Fiscal General de Puerto Pico, archivó una que-rella en solicitud de que el abogado Leopoldo Tormes sea separado del ejercicio de su profesión, basándose para ello en tres cargos distintos.

El tribunal señaló la audiencia del 24 de febrero para la consideración de la querella y habiendo el querellado alegado varias cuestiones de derecho previas, dicha audiencia' se li-mitó a oir a los abogados de ambas partes sobre las indica-das cuestiones que quedaron definitivamente sometidas a la consideración y resolución de la corte. Examinaremos con-juntamente la moción eliminatoria y las excepciones formu-ladas, porque en el fondo envuelven las mismas cuestiones.

Se sostiene que habiéndose presentado la querella basada en la ley creando la “Comisión de Reputación” de marzo 9, 1909, tal como quedó enmendada en 1910, las causas que se aleguen para solicitar la separación, no pueden ser otras que las expresamente fijadas en dicha ley. Es más, se in-siste en que a tal conclusión debería llegarse aunque no se hubiera hecho mención en la querella de la ley, y se invoca la jurisprudencia de California, Oklahoma, Indiana y la Carolina del Norte, pero los mismos abogados del querellado reconocen que “en algunos otros Estados, las cortes decla-ran que no están limitadas a los casos expresados en los es-tatutos.”

La cuestión suscitada es interesante y a no ser por el exceso de trabajo que pesa sobre esta Corte Suprema, la consideraríamos por escrito con la extensión debida. El caso de Oklahoma invocado, Re Saddler, 44 L. R. A. (N. S.) 1195, es digno de estudio e ilustra bien la posición asumida por el querellado.

Las legislaturas han adoptado leyes fijando el procedi-miento y las causas para separar a los abogados del ejer-cicio de su profesión y generalmente las cortes han aplicado dichas leyes, pero creemos que las cortes conservan el poder inherente que a través de los siglos han tenido para separar del ejercicio de su profesión a aquellos abogados que a virtud de sus actuaciones hayan demostrado que son indignos de la confianza que en ellos se depositó, y es motivo de legítimo orgullo el observar cómo las cortes han sido sostenidas en su actitud por los líderes de la profesión.

“Aunque está bien establecido,” dice Corpus Juris, “que la legislatura puede proveer que ciertos actos o conducta sean motivo de una separación, (disbarment), la doctrina aceptada es que los estatutos y reglas solamente regulan el poder para eliminar en lugar de crear dicho poder, y que tales estatutos no restringen el poder general de las cortes sobre los abogados, que son sus oficiales, y que dichos abo-gados pueden ser removidos por otros motivos que los esta-blecidos en el estatuto.” 6 G. J. 584.

La ley de Puerto Eico no enumera todas las ■ causas de separación y es tan amplia que cubre cuantos motivos justos puedan imaginarse. Su sección 9 dice:

“Sección 9. — El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (mal-praetiee), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por la Corte Su-prema de Puerto Eico. La persona que siendo abogado fuere con-victo de un delito grave (felony) cometido en conexión con la prác-tica de su profesión o que implique depravación moral, cesará, con-victo que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada por la Corte Suprema, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden de la corte, del registro de abo-gados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Eico, la Corte Suprema estará facultada para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión (disbarment).”

Como es natural, se habla primero ele aquellos actos direc-tamente relacionados con la profesión y se expresa que el abogado que fuere culpable 1, de engaño, 2, de conducta in-moral (malpractice), 3, de delito grave y 4, de delito menos grave,- todo en conexión con el ejercicio de su profesión, po-drá ser suspendido o destituido por la Corte Suprema de Puerto Eico. El campo es bien extenso. No se habla sólo de hechos que ya previamente han sido calificados de delitos, sino de conducta inmoral (malpractice) y de engaño que la corte, de acuerdo con los precedentes y los reconocidos prin-cipios de verdad, de honor y de moral en que la profesión se basa, apreciará en cada caso concreto a ella sometido.

Pero dice más el legislador. Expresa que podrá ser tam-bién suspendido o destituido de su profesión el abogado que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral. Ya no se trata de un acto directamente relacionado con la profesión. El legislador, considerando que cualquier depravación moral incapacita a una persona para el ejer-cicio de la abogacía, sanciona el principio de que tal depra-vación sea base para la separación aunque se baya cometido fuera de la esfera de acción del abogado.

Después de haber prescrito lo que antecede, completo en sí mismo, el legislador se refiere al caso de “la persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral” y ordena que “cesará, convicto que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión,” fijando el procedimiento que debe seguirse para ello.

Son casos y procedimientos distintos. Primero se habla del abogado que fuere culpable y después de la persona que siendo abogado fuere convicta. El primer caso se extiende a cualquier delito; el segundo está circunscrito a los delitos graves. En el primer caso es la misma corte la que inves-tiga los actos del abogado. En el segundo basta una copia certificada de la sentencia, para actuar en definitiva. El pro-cedimiento para el primer caso está fijado en la sección doce de la ley. Para el segundo está contenido en la propia sec-ción nueve.

Habiendo en consideración lo expuesto, procederemos al examen de los cargos.

Con respecto al tercero no se ha levantado cuestión al-guna. Parece que el querellado admite que debe investigarse su conducta en relación con el mismo a fin de que la corte decida de acuerdo con la evidencia que se practique.

Con respecto al primero, estudiaremos tres cuestiones a saber: si debe eliminarse, por no constituir en los momentos actuales base apropiada para este procedimiento; si en el caso que imputara el delito de falsa representación, tal de-lito envuelve depravación moral, y si contiene todos los ele-mentos necesarios para concluir que el querellado realizó el acto con intención criminal.

Veamos la primera cuestión. Se pide la eliminación del cargo porque los becbos imputados no se relacionan con el ejercicio de la profesión y no se alega que el querellado baya sido juzgado y convicto de acuerdo con la ley. Los becbos; en resumen, son así: Tormes, a virtud de falsas y fraudu-lentas simulaciones, bizo creer a Miguel Almodóvar que tenía depositada en el Crédito y .Ahorro Ponceño la suma de tres mil dólares y logró que Almodóvar le entregara dicba suma dándole Tormes un cheque por la misma. Cuando el cheque fué a ser cobrado, se encontró que Tormes sólo tenía en el banco alrededor de doscientos dólares. Tormes en ninguna ocasión tuvo en el banco más de trescientos dólares.

El hecho no está, pues, relacionado -directamente con la práctica de la profesión y convenimos con el querellado en que la regla general es que la Corte Suprema no intervendrá con los delitos que pueda haber cometido una persona que sea abogado que no estén relacionados.con la práctica de su profesión. Debe dejarse que la persona sea perseguida al igual que cualquier otro ciudadano, y si es convicta, entonces se procederá en la forma casi automática que señala la 'sec-ción 9 de la ley.

Pero esto no quiere decir que si cualquier ciudadano pri-vado o funcionario público o .asociación en general y espe-cialmente asociación de abogados, sabe que una persona que ejerce la profesión de abogado ha cometido un delito rela-cionado o no con el ejercicio de su profesión pero que en-vuelve depravación moral, no pueda presentar queja contra tal persona y que en tal caso esté la Corte Suprema impe-dida de investigar la conducta del abogado a los efectos úni-camente de decidir si debe o no ser suspendido o separado en el ejercicio de su profesión.

La resolución de la cuestión primera depende, pues, de la segunda, y ésta, a nuestro juicio, es clara. No podemos concebir que un hombre se apropie de lo que pertenece a otro valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, sin poner de manifiesto que su conducta moral se ha depravado.

“La depravación moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. El delito de extorsión envuelve una depravación moral, al efecto de justificar la separación de un ahogado que ha cometido una extorsión.” In re Disbarment of Cóffey, 56 Pac. 448, 449, 123 Cal. 522.

“Todo lo que se hace contrario a la justicia, la honradez, la mo-destia o la moral es hecho con depravación, de modo que un des-falco envuelve depravación moral que justifica la separación de un abogado.” In re Kirby, 73 N. W. 92, 94, 10 S. D. 322, 39 L. R. A. 856. 5 Words and Phrases Jnd. Defined, 4581.

Repetimos que la regla general es que los delitos inde-pendientes que pueda cometer una persona que sea abogado, envuelvan o no depravación moral, serán juzgados al igual que los que cometa cualquier otro ciudadano reservándose la Corte Suprema decidir sobre la separación del abogado del ejercicio de su profesión cuando la causa termine. Pero re-petimos también que la Corte Suprema en los casos que el delito independiente cometido envuelva depravación moral, no está obligada a esperar que la causa criminal se instruya y decida en definitiva, ni a seguir como única verdad la sen-tencia que se pronuncie.

Hemos dicho que la corte no está obligada, porque la corte en el ejercicio de una sana discreción podría por sí misma negarse a intervenir dejando que el asunto fuera investigado y decidido de acuerdo con la ley criminal, pero en este caso creemos que nuestra discreción debe ejercitarse en el sentido de proceder sin demora principalmente porque en la misma querella se formulan dos cargos más directamente relacio-nados con el ejercicio de la profesión.

Resta considerar la tercera cuestión. Basta leer el cargo para concluir que su tendencia es imputar al querellado un verdadero delito de falsa representación, pero el elemento intencional no se expresa con la claridad debida. Si bien se alega que el querellado actuó valiéndose de falsas y fraudu-lentas simulaciones, al final pierde fuerza la imputación cuando se deja sin calificar la última intención del querellado. Quizá podría deducirse que fue el apropiarse el dinero de Almodóvar, pero si esto es así, debe expresarse con firmeza. El debate debe ser abierto, franco.

A igual resolución es necesario llegar en cuanto al se-gundo cargo. El acto que se imputa está tal vez directamente relacionado con el ejercicio de la profesión. Se trata de una. cantidad depositada en una corte de distrito perteneciente a un menor. Tormes intervino como abogado y obtuvo una orden mandando invertir la cantidad en beneficio del menor. Luego sin autorización especial de su cliente, Tormes firmó a su nombre un cheque y cobró la suma. Finalmente se dice que el dinero que recibió el querellado “lo entregó a don Angel Lomo, vecino de Ponce, como parte del precio en la cancelación de una hipoteca, en la cual éste era acreedor, siendo deudor don Antonio Franceschi Rodríguez. ’ ’ El fiscal se limita a narrar esos hechos en una forma larga y vaga. Nada expresa con respecto al elemento mental del querellado. No puede concluirse con certeza cuál fué su verdadera in-tención.

En el caso de que se concluyera que el cheque no había sido firmado por Tormes como abogado y que el hecho im-putado no se había realizado en conexión con el ejercicio de la abogacía, siempre resultaría que el cargo estaba com-prendido dentro de los principios aplicados al primer cargo y por tanto que la corte no está obligada a aguardar la con-dena del querellado.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe decla-rarse sin lugar la moción de eliminación y con lugar la ex-cepción previa en cuanto a los dos primeros cargos, pero esti-mando que si dichos dos cargos se enmendaran en el sentido de narrar los hechos con más precisión y claridad y en el de explicar la intención del querellado al cometerlos, podrían tal vez servir de base para una separación en el caso de pro-barse, creemos que debe concederse al fiscal un término razo-nable para enmendar su querella.

'Sin lugar la moción de eliminación y con lur-gar la excepción previa, concediendo al fiscal siete días para enmendar la querella.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.