author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Evarista Diez y González Viuda de Fernández, José A., Manuel E. y Benigno C. Fernández Diez y José Moreda Cifuentes, demandados y apelantes.
    No. 4445.

    Sometido: Abril 20, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1929.

      M. Tous Soto, abogado de los apelantes; Oscar Sovsffront, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinion del tribunal.

El demandante trata de recobrar el importe adeudádole por concepto de dos pagarés que se describen en la demanda. Uno de éstos fué expedido a la orden de José Moreda Ci-fuentes, y fué endosado por éste a favor del banco. Los otorgantes' son Evarista Diez y González Viuda de Fernán-dez, José Antonio, Benigno Claudio, y Manuel Evaristo Fer-nández Diez. El otro es un pagaré mancomunado y solida-rio pagadero directamente al banco y suscrito por Benigno C. Fernández, Manuel E. Fernández, José Moreda, Evarista Diez Viuda de Fernández, y José A. Fernández.

En el primero de estos pagarés se expresa que se había otorgado una hipoteca de igual fecha sobre un predio de terreno radicado en Maricao y sobre una finca urbana sita en Mayagüez, con el fin de garantizar el pago del mismo- y de otras obligaciones. El actor también alega que esta hi-poteca contenía un convenio para pagar $500 como honora-rios de abogado en caso de que se entablara litigio por con-cepto del pagaré. Empero, el.caso que tenemos a la vista no es un procedimiento ejecutivo hipotecario. Es una ac-ción puramente personal.

El 5 de octubre, José A. Fernández Diez y Evarista Diez, residentes en San Juan, y Manuel E. Fernández, quien vive en Nueva York, solicitaron el traslado del pleito. La moción iba acompañada de un affidavit de méritos suscrito por José Fernández, y hacía alusión a una declaración jurada suscrita por Benigno O. Fernández y José Moreda Cifuentes, ya radicada en apoyo de una moción anterior presentada en septiembre. En esta declaración se alega el consentimiento formal de los declarantes al traslado propuesto.

En octubre 23, José A. Fernández Diez prestó otra decla-ración jurada al efecto de que la primera de las dos causas de acción alegadas en la demanda era en cobro de un pa-garé garantizado con hipoteca sobre una finca urbana sita en la ciudad de Mayagüez; que con el objeto de efectuar la proyectada partición de las fincas poseídas en común pro indiviso, Benigno Claudio Fernández Diez había convenido con Evarista Diez y González, con Manuel Evaristo Fer-nández Diez y con el declarante aceptar como su participa-ción un condominio en la finca rústica radicada en el muni-cipio de Maricao, dejando que la finca urbana ubicada en Mayagüez fuera adjudicada a los otros condominos ;• y- que como resultado de esta estipulación, Benigno C. Fernández Diez no tenía interés en dicha primera causa de acción. Una declaración jurada suscrita por Benigno O. Fernández Diez y fechada el 22 de octubre, es al mismo efecto.

El demandante alega' el otorgamiento de una hipoteca sobre dos fincas. En el pagaré, que se copia verbatim en la demanda como base para la primera causa de acción, se habla de una hipoteca sobre ambas fincas, una de las cuales se describe como una hacienda conocida con el nombre de “Esperanza,” sita en el municipio de Maricao, y la otra como una casa y solar formando esquin.a en la ciudad de Mayagüez. En la moción pidiendo el traslado del pleito no se hace mención alguna de ningún convenio relativo a la proyectada división de la finca hipotecada, y ninguna de las declaraciones juradas adicionales indica la fecha del conve-venio alegado, ni asevera definitivamente que la finca de Maricao no estuviera hipotecada para garantizar el pago del pagaré en cuestión.

Bajo las circunstancias, y dejando a un lado la cuestión relativa al efecto de tal convenio (de haberse efectuado antes de que se entablara el procedimiento) sobre la cuestión de partes demandadas necesarias o propias, esta idea posterior de los apelantes no exige seria consideración. Y de todos modos, el nombre de Benigno C. Fernández encabeza la lista de las personas que suscribieron el segundo pagaré que no estaba garantizado con hipoteca alguna.

Benigno 0. Fernández residía en Maricao, y José Mo-reda y Cifuentes, en Mayagüez. La moción de traslado se basaba en el consentimiento dado por estos demandados al traslado propuesto del litigio, pero en el alegato de los ape-lantes no se hace hincapié sobre este aspecto del caso., La acción fue debidamente entablada en el Distrito de Maya-güez, y el consentimiento de los demandados residentes en ese distrito no colocó a los demandados no residentes den-tro de la letra de la ley que autoriza el traslado de pleitos, y, de acuerdo con la regla, tal como ha sido establecida en' California, la corte inferior no_ erró al declarar no haber lugar a la moción. 25 Cal. Jur. 879, párrafo 21, y los ca-sos citados en la nota No. 3.

Si en lo sucesivo nos regiremos por esta regla o no, es cuestión que podrá resolverse al ser definitivamente levan-tada y debidamente desarrollada en algún caso futuro.

En el alegato de los apelantes, los letrados alegan extensamente que Moreda Cifuentes, como endosante de un pagaré garantizado con hipoteca, no es personalmente responsable del primero de los dos pagarés. Como medida preliminar a la posición así asumida, los apelantes tratan de eliminar la segunda causa de acción en lo concerniente a Moreda, alegando que él había depositado una cantidad suficiente para cubrir la reclamación mantenida por el demandante en la segunda causa de acción. No se especifica ni la fecha ni el importe del depósito así efectuado. Como hemos indicado ya, el segundo de los dos pagarés era solidario y mancomunado, y los autos que tenemos a la vista nada contienen que demuestre que se hiciera depósito alguno antes o después de que el juez de distrito resolviera, la moción de traslado. La cuestión de si la corte cometió o no error al denegar la moción debe resolverse a virtud del estado de las ¿legaciones al tiempo de hacerse y resolverse la moción. 25 Cal. Jur. 90f, párrafo 41.

De liaber algún mérito en las abstractas cuestiones de derecho discutidas en el alegato de los apelantes, ello no decide la presente apelación.

Debe confirmarse la resolución denegando el traslado.


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license: Public Domain

text:
    Francisco Rodríguez Cintrón (hoy su Sucesión), demandante y apelante, v. Plazuela Sugar Co. demandada y apelada.
    No. 4517.

    Sometido: Diciembre 12, 1928.

      Resuelto: Junio 7, 1929.

      Luis Mercader, abogado de la apelante; J. Sifre Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Rodríguez Cintrón y su consorte Ana de León, entablaron este pleito para establecer la alegada inexisten-cia de una servidumbre de paso ferroviario sobre un pre-dio de diez cuerdas de terreno pertenecientes a los deman-dantes. Rodríguez Cintrón falleció antes del juicio, y sus herederos fueron substituidos como demandantes. La corte de distrito desestimó la acción después de celebrar un juicio sobre los méritos del caso.

La primera contención de los apelantes es que la corte inferior erró al admitir dos documentos notariales, (a) por-que eran incompletos, (b) porque son inconsistentes con las alegaciones de la contestación, y eran como una sorpresa para los demandantes, y (c) porque no constituían contrato alguno de servidumbre sobre los terrenos en ellos descritos.

Cuando el primero de estos dos documentos fué ofrecido en evidencia, el abogado de los demandantes se opuso por el fundamento de que el mismo carecía de valor probatorio a menos que estuviera acompañado de un plano levantado a tenor de lo dispuesto en la escritura. La segunda obje-ción fué que la demandada había alegado un contrato entre Celestina Cintrón (madre de Rodríguez Cintrón) y la Pla-zuela Sugar Company (aquí el récord dice que el abogado leyó *de la demanda), mientras que la escritura ofrecida en evidencia demuestra que doña Celestina constituyó una ser-vidumbre sobre la faja de terreno allí descrita, cuyas co-lindancias eran enteramente distintas a las de los terrenos descritos en la demanda.

En la escritura otorgada por Celestina Cintrón, madre de Rodríguez Cintrón y causahabiente de los demandantes, se dice que ella era dueña de diez cuerdas de terreno que allí se describían; que la Plazuela Sugar Co. era dueña de un ferrocarril en explotación que cruzaba parte de la finca de Cintrón, con el consentimiento del dueño; que las partes habían acordado el establecimiento de una servidumbre a perpetuidad en esa porción de la finca así ocupada, la cual se describiría más adelante; y que a fin de precisar con exactitud la posición del ferrocarril supradicho y de la ser-vidumbre de paso, los otorgantes habían comisionado a un, agrimensor para que levantara un plano, con arreglo al cual debería redactarse la escritura. El plano debía ser proto-colizado junto con la escritura, como parte de ella.

Se segregó entonces del predio de diez cuerdas una faja de terreno de seis metros de ancho, lindando al norte y al sur con otros terrenos de Celestina Cintrón, y por el este y oeste con terrenos de otros propietarios, faja que fué dada, cedida y traspasada a la Plazuela Sugar Co., “con derecho por dicha corporación al uso de la misma a perpe-tuidad para establecer, fijar y explotar una línea férrea,’* etc. Se convino expresamente que mientras permaneciera la vía férrea sobre el terreno así segregado, la primera com-pareciente no podría en modo alguno entorpecer o impedir la libre circulación de los trenes, o cualquier acto de domi-nio incidental al disfrute de la servidumbre concedida por dicha escritura.

En el caso de Román v. Agosto, 27 D.P.R. 574, este tribunal resolvió que en un caso adecuado un notario puede expedir copia certificada de una cláusula o de la parte per-tinente de un instrumento notarial sin necesidad de trans-cribir todo el documento. Véase también Garish v. Hyman, 29 La. Ann. 28. En el presente caso no se suscitó cuestión alguna respecto a la posición exacta de la servidumbre de paso sobre el terreno. La única controversia fué en lo to-cante a la existencia o inexistencia de una servidumbre. La escritura fué ofrecida como prueba de título en la deman-dada, y no con el fin de identificar la faja de terreno que la demandada en realidad ocupa.

Por tanto, la corte no erró al admitir el documento. De todos modos, la única objeción que se planteó durante el juicio con relación a la falta del plano, levantó una cues-tión respecto al valor probatorio solamente, y no puede ale-garse con éxito por primera vez en apelación ningún otra motivo para excluir el documento.

La teoría de una sorpresa ocasionada por urna incongruen-cia entre las alegaciones de la contestación y la evidencia adu-cida por la demandada, según se desarrolla en el alegato de los apelantes, parece ser la de que la demandada alegó una servidumbre, mientras que la prueba revela una escritura de enajenación. La única variación sugerida en el momento de ofrecerse la prueba, fué que la escritura presentada por la demandada establecía una servidumbre sobre una estre-cha faja de terreno allí descrita, y no, según se alega en lá contestación, sobre la parcela de diez cnerdas qne se describe en la demanda. La variación carecía de pertinencia. No había motivo de sorpresa. También estamos de acnerdo con el criterio qne sobre el docnmento expresaron los letra-dos en el momento del juicio, a saber, qne no era una es-critura de enajenación, sino la concesión de una servidum-bre sobre los terrenos.

Las objeciones presentadas contra la admisión en evi-dencia de la escritura otorgada por Rodríguez Cintrón y su esposa, carecen de mérito.

Las otras cuestiones discutidas en el alegato de los ape-lantes se dirigen al peso y la suficiencia de la prueba. He-mos examinado .la transcripción taquigráfica, y no hallamos en ella motivo alguno para alterar las conclusiones de hecho.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la senten-cia y opinión excepto en la aplicación del caso de Roman v. Agosto 27 D.P.R. 574.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Barquet Hermanos, demandante y apelada, v. El Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 4358.

    Sometido: Noviembre 27, 1928.

      Resuelto: Junio 7, 1929.

      Ron. Attorney General George C. Butte, G. Llauger j Arturo Ortiz Toro, Sub-Procurador es, abogados del apelante; López de Tord &' Z ayas Bizarro, abogado de-la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

■ La mercantil Barquet Hermanos entabló un pleito para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta, y obtuvo sentencia a su favor. La teoría de la demanda era que la demandante tenía derecho a deducir de sus ingresos sujetos a tributación las cuentas que eran totalmente incobrables o que carecían de valor. Puede decirse que uno de los prin-cipales fundamentos en que se basó el Gobierno para opo-nerse a la rebaja, fué que las deducciones alegadas debían eliminarse dentro del año contributivo, a tenor de lo que exigía la ley en. vigor al tiempo en que se trataba de cobrar la contribución, a saber, para el año 1921-1922. La ley de 1921, página 323, dice lo siguiente con respecto a las partidas que pueden deducirse:

“(5) Débito's cuya nulidad se haya determinado y cuyo importe se haya acreditado y eliminado de los libros durante el año contri-butivo.

. El texto inglés lee como' sigue:

"Debts ascertained to be worthless the amount of which has been' charged off, credited and taken off the books during the taxable year. ’ ’

El apelante llama la atención hacia el hecho de que la ley de contribuciones cobre ingresos de Puerto Rico es una rami-ficación del estatuto federal, y de que la interpretación dúdale es la misma o similar a la impartida a ella por las autoridades federales, incluyendo los funcionarios de la Teso-rería de los Estados Unidos. El Procurador General hace varias citas que hallamos innecesario repetir. Creemos que es perfectamente claro que las deducciones deben acreditarse dentro del año contributivo, y deducirse en los libros del contribuyente, si los lleva. La demandante era una mer-cantil, y estaba obligada a llevar libros de contabilidad, y en realidad los llevaba, aunque se admite o concede que de modo imperfecto. En otras palabras, una de las principales cuestiones dilucidadas en este caso fué que las cuentas a cobrar nunca ingresaron en el libro mayor de la demandante, sino que se llevaban en un libro auxiliar. La teoría de la corte y de la apelada es que al finalizar cada año la deman-dante revisaba sus libros y efectuaba una liquidación, en la que se deducíanlas cuentas incobrables de su activo o de su oalance general. Sin embargo, no fiemos podido fiallar en los autos ningún paso específico mediante el cual la mercantil demandante eliminara o dedujera tales débitos incobrables. La evidencia revela que todas las cuentas a cobrar de la demandante constaban en el libro auxiliar arriba mencionado como obligaciones pendientes durante el año 1921-1922, no haciéndose en él distinción alguna entre las cuentas consi-deradas como cobrables y las estimadas como incobrables por la demandante. No fiabía registro especial alguno para cuentas incobrables o dudosas, y en realidad no se efectuó ningún asiento para demostrar su condición de tales. Nos sentimos obligados a resolver que si bien la. demandante podía rebajar partidas deducibles en un año posterior, no podía deducirlas para el año fiscal 1921-1922, porque no se hicieron las eliminaciones que la ley exige; en otras palabras, la demandante no dedujo específicamente las partidas inco-brables. Esta es la médula del caso, y es innecesario que consideremos algunos de los errores señalados por el apelante. No importa que el perito de la demandante, Sr. Díaz Brink, dijera que el sistema de contabilidad usado permitiría a la mercantil determinar su activo y pasivo. No nos fia sido posible fiallar que aún en su libro subsidiario' la demandante hiciera deducciones de las cantidades que equivalieran a las deducciones exigidas específicamente por el estatuto.

Por otra parte, el demandado ofreció evidencia de tres o cuatro personas,’ de entre un vasto número, que tenían cuentas, quienes prestaron declaración tendente a demostrar que sus cuentas habían sido pagadas a la demandante en una u otra forma, o que no eran insolventes. La teoría del Go-bierno fué que la demandante fiabía dejado de establecer con éxito un caso de cuentas incobrables. Aparte de este argu-mento la apelada contesta que aun si las cuentas se hubieran satisfecho, todavía podrían ser deducidas de los libros, habiendo dejado de ser cuentas por cobrar. Parécenos que este argumento envuelve una falacia. Todo era cuestión de contabilidad, y si los débitos fueron pagados en cualquier forma, en mercancía directa o indirectamente, debieron efectuarse los abonos apropiados. Si las cuentas habían sido pagadas, constituían beneficios recibidos por la mercantil, y, por ende, bajo ningún conceptos eran dedueibles. Los objetos lecibidos en pago eran ingresos.

Con todos estos hechos a la vista, no hemos quedado satisfechos de que la demandante estableciera un caso de cuentas dedueibles.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lugar la demanda.


author: El Juez Asociado Sbñob Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. South Porto Rico Sugar Co., acusada y apelante.
    No. 3517.

    Sometido: Noviembre 21, 1928.

      Resuelto: Junio 10, 1929.

      F. Manuel Toro y O. B. Frazer, abogados de la apelante; José E. Figueras, abogado de El Puel)lo, apelado.
   El Juez Asociado Sbñob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Mediante acusación se imputaba a la South Porto Bico Sugar Co. baber infringido la Ley No. 102 de 1925, ya que dicba corporación no babía presentado a la Comisión de In-demnizaciones a Obreros dentro del tiempo concedido, un estado demostrativo del número de obreros que empleaba, la clase de ocupación de dichos obreros y la cantidad total de jornales pagádosles durante el año fiscal 1926-27.

La corte inferior bailó que las alegaciones de la a< usación habían sido probadas y procedió a considerar la defensa especial levantada por la acusada, a saber: que a virtud de un decreto pro confes'so de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, dictado en 1924, se impidió a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros que requiriera informe alguno de dicha South Porto Rico Sugar Co. a virtud de la ley antes mencionada. El objeto del procedimiento de injunction instituido ante la Corte Federal fue que dicha Ley No. 102 de 1925 debía declararse nula e inconstitucional por varias razones.

La acusación en este caso fué instituida de conformidad con las disposiciones del artículo 13 de la ley en cuestión. El injunction obtenido de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en marzo 28, 1924, fué para impedir, entre otras cosas, que la Comisión de Indemnizaciones a Obreros exi-giera informes parecidos en aquel entonces y bajo un artículo 13 similar. Se admite prácticamente por todos que la ley que estamos considerando es solamente la continuación de ley anterior contra la cual el injunction fué dirigido. En oiras palabras, que la teoría y el fin de la ley son los mismos ahora que en 1924, y no puede sostenerse que haya dife-rencia alguna en cuanto al asunto envuelto.

Sin embargo, lo qne la Corte de Distrito de Ponoe resolvió íu.é qne el personal de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros había cambiado totalmente; qne los miembros qne constituyen la actual comisión son un cuerpo de hombres diferentes y fueron nombrados o elegidos de distinta manera. La teoría de la decisión evidentemente es que un injunction obtenido en 1924 no puede afectar a los actuales miembros de la comisión. Según hemos dicho, el decreto fue obtenido pro confesso y tanto la corte inferior como el fiscal de esta corte adoptan la posición de que un decreto obtenido de' este modo no puede favorecer a la acusada.

La apelante insiste en que un decreto pro confés'so puede utilizarse al igual que un decreto dictado sobre los méritos. En lo que se refiere al cambio habido entre los miembros de la comisión, la apelante sostiene, citando por escrito muchas autoridades, que como entonces se dictó un injunction contra la Comisión de Indemnizaciones a Obreros como un cuerpo, la restricción debe continuar en vigor contra los actuales miembros de dicha Comisión de Indemnizaciones a Obreros. Si éste fuera en realidad un pleito civil en que la Comisión de Indemnizaciones a Obreros compareciera ante la corte alegando que tenía el derecho a entablar el procedimiento, quizá dudaríamos, al igual que la apelante, que sus sucesores tuvieran derecho a hacer cualquiera de las cosas que la Comi-sión de Indemnizaciones a Obreros anterior fué ordenada mediante injunction que se abstuviera de ejecutar. Empero, éste no es un pleito civil, sino que es una acusación entablada por El Pueblo de Puerto Eico, según se alega, por haber dejado la acusada y apelante de cumplir ciertos deberes específicos impuéstosle por la ley de 1925.

La Corte de Distrito de Ponce tenía la idea de que el decreto pro confés'so dictado en 1924 no podía afectar la acusación presentada en este caso. No estamos en manera alguna seguros de que la corte no estuviera en lo cierto al decir que el decreto pro confesso obtenido en 1924 no podía afectar a personas contra las cuales no se dictó directamente el injunction. La corte no fné lo suficientemente lejos. Podía agregarse qne la prueba a que lia de someterse el efecto del • decreto pro confesso dependería de toda la situación creada, o sea, a una prueba pragmática.

Sin embargo, la soberanía o quasi soberanía de El Pueblo de Puerto Rico no podría ser en forma alguna restringida por el decreto pro confesso de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, especialmente en vista de que El' Pueblo de Puerto Rico no se mencionó en tal decreto. En realidad una de las defensas que se trataron de levantar, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en otro caso fue que la Comisión de Indemnizaciones a Obreros era una rama de El Pueblo de Puerto Rico y que por tanto los proce-dimientos debieron haberse iniciado contra El Pueblo de Puerto Rico. Esta contención fue declarada sin lugar por la Corte de Distrito de los Estados Unidos, y en apelación la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito sostuvo la conclusión de la Corte Federal, o sea, que la Comi-sión de Indemnizaciones a Obreros no podía levantar .tal defensa. Camuñas v. N. Y. & P. R. S. S. Co., 260 Fed. 40. De suerte que está fuera de toda duda que El Pueblo de Puerto Rico no quedaba afectado u obligado por la decisión de la Corte Federal.

Generalmente no procede un injunction para impedir pro-secuciones criminales. 32 C. J. 279, y no vemos cómo podría hacerse indirectamente.

De conformidad con el artículo 13 de la ley de 1925 los deberes de un patrono de obreros son positivos. Se le exige que rinda ciertos informes y que haga otras cosas que se especifican en dicha ley. Los deberes así impuestos no dependen de actuación alguna por parte de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. El deber de rendir un informe está fijado por la ley y no por actuación alguna de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. Asumiendo la constitucio-«alidad de la ley, según debemos hacerlo cuando ésta no es atacada directamente, la acusada, de conformidad con la sen-tencia de la corte inferior, era culpable por haber dejado de cumplir con dicho deber. Esta consideración es realmente decisiva del caso.

Ya hemos resuelto que surgió un deber sin que existiera condición precedente alguna, o sea, sin que hubiera necesidad por parte de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de exigir un. informe. Los autos revelan que una acusación anterior contra la South Porto Rico Sugar Co. fué aban-donada en la época en que se ventilaban los procedimientos ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos. Sin embargo, supongamos que la actuación por parte de la Comi-sión de Indemnizaciones a Obreros sea una condición prece-dente y que un injunction debidamente obtenido sea un obs-táculo para que El Pueblo de Puerto Rico presentara una acusación. Entonces es de concebirse que la apelante podría; argüir que el injunction era obligatorio para los sucesores de los miembros de la Comisión de .Indemnizaciones a Obreros que fueron restringidos en 1924. Por consiguiente, exami-naremos la naturaleza de la supuesta inhibición.

El decreto pro confc-sso decía así:

‘‘En las Corte do Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.
“South Porto Rico Sugar Company, Demandante, vs. “L. Santiago Carmona et al., como Presidente, y miembros de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, y José E. Benedicto y Ramón Aboy, Jr., como Tesorero de Puerto Rico, demandados.
Caso en Equidad No. 1115
“Deobeto pro oonfesso.
“Apareciendo a, la corte que la demanda en el casi» arriba ti-tulado fué radicada en esta corte el 13 de ’marzo de 1922, que un subpoena fué debidamente expedido y notificado a los aquí deman-dados; que en junio 30, 1922, se dictó una orden declarando sin lugar la excepción previa a la demanda y concediendo a los de-mandados hasta el 31 de julio, 1922, para contestar; que dicho período fue posteriormente prorrogado hasta agosto 8, 1922; que ninguno de los aquí demandados jamás ha radicado contestación alguna y que una resolución en los términos solicitados en la de-manda fué debidamente registrada en el libro de resoluciones en febrero 21, 1924, por la oficina del secretario de esta corte, y que desde la fecha en que se dictó la citada resolución ninguno de los demandados ha dado paso alguno y han transcurrido más de treinta días desde que se registró la resolución pro professo, por la pre-sente
“Se ORDENA, Resuelve y Deceeta que los demandados que com-ponen la -Comisión de Indemnizaciones a Obreros ’sean perpetua-mente impedidos y restringidos de ’exigir a la demandante que ra-dique cualquiera de los estados o informes requeridos o exigido's de conformidad con los términos de la citada Ley de Indemnizaciones a Obreros de Puerto Rico, o de fijar cuota o prima alguna para ser pagada por la demandante a los fondo's de dicha Comisión creados por la citada ley, y
“Se ORdena y Decreta Además que la fianza otorgada por la Fidelity and Deposit Company of Maryland, radicada en el pre-sente caso por la demandante, sea, y por la presente es, cancelada.
“San Juan, Puerto Rico, marzo 28, 1924.
(fdo.) ARTHUR F. Odlin,
Juez de Distrito de los Estados Unidos.”

A la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de entonces y en aquella época se le ordenó que se abstuviera de hacer ciertas cosas. En ninguna parte de dicho decreto aparecía ene la Comisión de Indemnizaciones a Obreros no tuviera facultad para exigir informes, sino que el único' aviso en el caso era que por alguna razón que el decreto no revela, a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de entonces y los miembros que la constituían se les prohibió, mediante injunction, que exigieran informes, etc. Creemos que de una mera inspección es evidente, según resolvió la corte inferior, que tal decreto no podía ser obligatorio para ninguna otra futura Comisión de Indemnizaciones a Obreros.

La apelante sostiene que un decreto pro confesso es tan eficaz como un. decreto sobre los méritos. Sin embargo, la práctica es, y las autoridades así lo declaran, que un decreto pro confesso debe ser redactado tan cuidadosamente como un decreto sobre los méritos. Thomson et als. v. Wooster, 114 U. S. 104; Central Railroad v. Central Trust Co., 133 U. S. 83, 91; Knott v. Giles, 27 App. D. C. 581, 592; McArthur v. Hood Rubber Co., 221 Mass. 374; Perkins v. Tyrer, 24 App. D. C. 456; 21 C. J. 792 et seq.; 10 R.C.L. 539 y 540. El remedio particular y total que se trata de obtener debe mencionarse en el decreto.

Una resolución pro ■ oonfes'so admite solamente la vera-cidad de los hechos alegados en la demanda. Thomson v. Wooster, y otras autoridades, supra. No admite conclusiones de derecho. Diremos nuevamente que el decreto nunca in-formó a la actual Comisión de Indemnizaciones a Obreros de la supuesta nulidad o inconstitucionalidad de la ley. Mera-mente era una restricción para los comisionados de entonces.

¿Era el litigio por sí solo suficiente aviso como una especie de Us pe'ndensf Si se examina la demanda radicada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos se verá que en ella se alega un gran número de fundamentos para sostener la supuesta inconstitucionalidad o nulidad de la ley. Estamos convencidos, sin que se haga una cita especial de autoridades, de que un estatuto no puede ser declarado nulo o inconsti-tucional en esta forma, o sea, mediante un decreto pro con-fesso que no contiene ningún pronunciamiento de inconsti-tucionalidad o nulidad, o que no está acompañado por ninguna opinión que demuestra tal inconstitucionalidad o nulidad.

Además, ¿podría imaginarse por un momento que todos y cada uno de los fundamentos de inconstitucionalidad y nulidad debían prevalecer I Algunos de, ellos, por lo menos, han sido definitivamente declarados sin lugar por la decisión en el caso de Camuñas v. N. Y. & P. R. S. S. Co., supra. l’ara que un decreto sea efectivo debe declarar el fundamento en particular de la nulidad o inconstitucionalidad que posr teriormente impediría que la Comisión de Indemnizaciones a Obreros actuara bajo el estatuto así declarado nulo e in-constitucional.

Creemos que el decreto de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, de no ser enteramente nulo, era totalmente ineficaz, exceptuando quizá en tanto en cuanto obligaba exacta-mente a las mismas personas que estaban ante la corte.

Vamos más lejos y dudamos de la validez del decreto contra futuras actuaciones de la Comisión de entonces. El decreto carecía de tantas cosas que no obligaba ninguna futura actuación de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, especialmente después de haberse dictado la decisión en el oaso de Camuñas v. N. Y. & P. R. S. S. Co., supra.

La Corte de Distrito de los Estados Unidos libró un auto preliminar de injunction contra la Comisión de Indemniza-ciones a Obreros y sus miembros y se prestó una fianza. El auto preliminar de injunction necesariamente se confundió en el decreto final pro con-fesso y según el decreto mismo demostraba, la fianza prestada fue cancelada. Por tanto, podría dudarse si el decreto, deficiente como era, era eficaz para algún fin.

Si se alegara que no debía prevalecer una acusación bajo un estatuto inconstitucional, es evidente que en el presente caso criminal no se levantó cuestión alguna de inconstitu-cionalidad. Por el contrario, la acusada se basó en el injunction anteriormente obtenido en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico. Creemos que una corte no estaría justificada en declarar una ley inconstitucional de este modo informal. Es justo decir que las consideraciones que hacemos en este párrafo no se hacen en respuesta a nada de lo sugerido por la apelante, sino que son obra de nosotros mismos.

La Ley de Indemnizaciones a Obreros fue revisada en el caso de Camuñas v. N. Y. & P. R. S. S. Co., supra, y si bien quizá no fueron levantadas en dicho caso todas las cuestiones alegadas ante la Corte Federal por la South Porto Rico Sugar Co., sin embargo, algunas de las más importantes sí lo fueron y el examen del estatuto no sugirió a la Corte de Circuito de Apelaciones que en forma alguna fuera nulo o inconstitu-cional. Aparentemente el caso fué todo lo contrario.

En tanto en cuanto el injunction radicado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos pudiera considerarse como un obstáculo a una acusación por parte de El Pueblo de Puerto Rico, también deseamos manifestar que parece algo dudoso que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico tuviera jurisdicción para declarar dicho estatuto nulo o inconstitucional. Ha sido resuelto con ciertas limi-taciones que la Constitución de los Estados Unidos no es aplicable a Puerto Rico hasta tanto que el Congreso de los Estados Unidos lo determine claramente. Las actuaciones que se proponía tomar la Comisión de Indemnizaciones a Obreros en forma alguna atacaban directamente la validez de la Ley Orgánica o de cualquiera otra ley de los Estados Unidos. No toda inconstitucionalidad resultante daría juris-dicción a una corte federal, sino que el conflicto con la Cons-titución o con el estatuto debe ser directo. Lovell v. Newman, 227 U. S. 482; 25 C. J. 718.

Las cuestiones que hemos estado considerando fueron levantadas en el tercer señalamiento de error de la apelante.

El primer señalamiento era que la corte cometió error al dejar de declarar con lugar la moción solicitando un detalle de particulares. En la acusación se decía que la acusada había dejado de suministrar el informe antes del 15 de julio de 1927, o dentro de la prórroga concedida por la Comisión de Indem-nizaciones a Obreros.

La teoría de la apelante era que en la acusación se debía decir quién solicitó la prórroga, si la corporación misma o un agente de ella, a fin de levantar la defensa de prescripción. Sin embargo, si de la acusación no se desprendía que la causa babía prescrito, incumbía a la demandada alegar tal prescripción. Más bien parece que la acusación no babía pi escrito en manera alguna.

El segundo señalamiento de error es que la acusación era defectuosa, ya, que no describía el sitio en que se cometieron las supuestas infracciones. Convenimos con El Pueblo que no importa dónde fueron cometidos los actos, o dónde fué que se dejó de cumplir con el estatuto, toda vez que la acusada es una corporación doméstica domiciliada en Ensenada, Puerto Rico, dentro de la jurisdicción de Ponce, que fué donde se instituyó el .procedimiento.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Jijez Peesxden-te Señob del Tobo,

text:
    Enriqueta, Primitiva y Josefa Joglar Díaz; José, Rafael, Marcelino y Pilar Argüelles Joglar, herederos de José Joglar Díaz, demandantes y apelantes, v. Gregorio Mariñelarena y Rafael Bernabé, demandados y apelados.
    No. 4973.

    Sometido: Mayo 27, 1929.

      Resuelto: Junio 10, 1929.

      F. Soto Gras j B. Días Collazo, abogados de los apelantes; M. Be-nitez Flores, abogado del apelado Mariñelarena.
   El Jijez Peesxden-te Señob del Tobo,

emitió la apinión. del tribunal.

Se solicita''la desestimación de este recurso, 1, porque la transcripción del legajo de la sentencia archivada en esta corte lo fué fuera de tiempo y no es suficiente para resolverlo, y 2, porque la parte apelante solicitó en la corte inferior una prórroga “para elegir; entre la transcripción de la evidencia por el taquígrafo o la exposición del casio que no está autorizada por la ley, habiéndose vencido además el término concedido sin que la transcripción se presentara.

La parte apelante se opuso a la desestimación alegando que la moción se presentó después de archivado el legajo de la sentencia en esta corte cuyo legajo es completo y suficiente para resolver la apelación. Al referirse el apelante al se-gundo motivo alegado dice que la parte apelada no se opuso a la concesión de la prórroga solicitada para elegir el proce-dimiento. En cuanto a si el término para archivar la expo-sición del caso o la transcripción de la evidencia en la corte de distrito venció sin que ninguno de dichos documentos fuera presentado, nada, dice la apelante. De su afirmación de que la transcripción presentada es completa y suficiente y de.su omisión en negar la afirmación que contiene la moción de la parte apelada, creemos que puede deducirse que admite . la no existencia en la corte sentenciadora de documento alguno pendiente de aprobación.

Hubiera sido en verdad tan fácil a la parte apelada obtener y presentar con su moción una certificación del secretario creditiva del estado en que se encuentran los procedimientos de la apelación, que el no.haberlo hecho podría ser suficiente para declarar sin lugar su moción. Sin embargo, nos incli-namos a resolver en definitiva el asunto con los datos , que existen dada la opinión que del mismo hemos formado.

La sentencia apelada se diotó el 27 de febrero de 1929 y la apelación se interpuso el.4 de marzo siguiente o sea dentro del término de ley — se trata de un caso de desahucio. Siendo esto así, no existiendo pliego de excepciones, exposición del caso o transcripción de evidencia pendientes de aprobación, la transcripción debió archivarse' en la Secretaría de esta Corte Suprema dentro del término de treinta días a partir del en que se interpuso el recurso. Lo faé el Io. de mayo o sea vencido ya el término, pero como la moción de desestimación se presentó el 10 de mayo, la tardanza no es por sí sola bastante para desestimar la apelación.

¿Es completa y suficiente la transcripción? Se com-pone de copias de la demanda, de la contestación, de una moción pidiendo a la corte que declarara la demanda sin lugar en cuanto al demandado. Bernabé “porque de las propias. alegaciones. de la demanda y de la misma prueba practicada por los demandantes” así procedía, de la relación del caso y opinión, de la sentencia y del escrito de apelación.

La demanda de desahucio se declaró sin lugar en cuanto al demandado Bernabé y con lugar en cuanto al otro deman-dado Mariñelarena. La apelación la interpuso la parte . demandante. Conocemos los términos en que está redactada la moción pidiendo sentencia favorable a Bernabé. ,De la relación del caso y opinión se desprende que para declarar la demanda sin lugar en cuanto a Bemabe la corte se basó en la evidencia aportada por las partes en el juicio.

Siendo ello así ¿cómo es posible revocar como pretende la parte apelante esa sentencia sin que haya incluido en la transcripción la evidencia en que se basa? Una respuesta negativa se impone y a virtud de ella la desestimación del recurso.

Debe declararse con lugar la moción del apelado porque la transcripción de los autos archivada no es suficiente para considerar y resolver la apelación establecida y en su conse-cuencia desestimarse él recurso.


text:
    Elisa Guzmán Acevedo y Fernando Rivera Ufret, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, P. R., recurrido.
    No. 766.

    Sometido: Mayo 20, 1929.

      Resuelto: Junio 10, 1929.

      Juan J. Toro, abogado de los recurrentes; el registrador recurrid» compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de San Germán se negó a inscribir un arrendamiento por dos años porque la escritura no contenía un convenio expreso al efecto de que la misma debería ins-cribirse.

Las partes por mediación de su abogado, el que también fue el notario ante quien se liabía otorgado el contrato de arrendamiento habían presentado al registrador, al solicitar la inscripción, un informe escrito manifestando que debido^ a inadvertencia se había omitido la cláusula de que debería inscribirse el arrendamiento, pero que las partes deseaban inscribir el contrato. Este informe estaba suscrito y jurado por el abogado ante un notario público pero el registrador resolvió que era insuficiente.

El artículo 2 de la Ley Hipotecaria dispone que los arren-damientos a corto plazo serán inscritos cuando hubiere con-venio expreso de las partes a tál efecto. El artículo 3 estatuye-que para que puedan ser inscribibles los títulos mencionados en el artículo 2 deben constar en escritura pública.

La prueba del arrendamiento es el contrato de arrenda-miento. El convenio al efecto de que el documento sea inscrito no forma necesariamente parte de ese contrato. No es la estipulación respecto a la inscripción sino el contrato de arrendamiento lo que ba de inscribirse. Todo lo que la ley exige es el consentimiento de las partes. No dice que ese consentimiento debe quedar evidenciado por un instrumento uotarial o que un abogado debe presentar una escritura de poder como prueba de su autoridad para hablar a nombre de su oliente. La misma cuestión fue planteada por el Regis-trador de San Germán y fué resuelta hace un año en el caso de Cruz v. Registrador, 37 D.P.R. 909.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Antonio Vivaldi Pacheco, recurrente, v. El Registrador de La Propiedad de Aguadilla, P. R., recurrido.
    No. 769.

    Sometido: Mayo 29, 1929.

      Resuelto: Junio 10, 1929.

      Oscar Souffront, abogado del recurrente; el registrador recurrido' compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito No. 13900 seguido en la Corte de Distrito de Mayagüez por Antonio Vivaldi Pacheco contra Sebastián Colón Soto sobre cobro de dinero, se decretó el asegura-miento de la sentencia, ordenándose que se librara manda-miento al marshal de la Corte de Distrito de Aguadilla a fin de que embargara bienes del demandado suficientes para garantizar la suma de $3,948.06 de principal y $500 para intereses y costas, todo de acuerdo con la ley sobre asegura-miento! de sentencias de 1902.

El mandamiento fue expedido y del certificado de diligen-> ciamiento del mársbal del- distrito judicial de Aguadilla resulta que dicho funcionario cumplió la orden recibida em-bargando al efecto todo el interés que el demandado tuviera en una finca rústica que se describe situada en la jurisdicción de Lares que corresponde al distrito judicial de Aguadilla.

Después del certificado que aparece a la vuelta del manda-miento, el márshal consignó lo que sigue:

“Al RbgistbadoR de la Propiedad de Aguadilla, P. R. — Se ex-piden copias por duplicado del embargo practicado para su anota-ción en el Registro de la Propiedad de Aguadilla, Puerto Rico, de-biendo devolverme una copia diligenciada para constancia en los autos, ordenándose a usted tome nota del embargo practicado. — Agua-dilla, F’. R., a seis de mayo de 1929, (fdo.) Luis Cuevas Mas, Márshal, por (fdo.) Alfonso Galefiin, Márshal Auxiliar. — Hay un sello que dice: ‘District Court of Aguadilla, P. R., Marshal’s Offiee.’ ”

Luego consta la nota de presentación, así:

“Presentado a las 3:05 de la tarde. Asiento No. 117, folio 117 tomo 73. Aguadilla, P. R., 6 de mayo de 1929. — (f) Abella.”

Cuatro días después el registrador devolvió al márshal la documentación con una nota que, copiada en lo pertinente, dice:

“Denegada la anotación preventiva ordenada en el documento que antecede, por no constituir el mismo un mandamiento judicial en la forma que determina la Ley y tomada en su lugar anotación por ciento veinte días, a los efectos legales, al folio 79 del tomo 66 de Lares, finca No. 3407 dup. anotación letra ‘B’ . . . ”

No conforme el demandante en el pleito a cuyo favor se decretó el embargo, interpuso el presente recurso guberna-tivo.

Lo Cjue el mársbal de Aguadilla presentó al registrador fueron copias auténticas del mandamiento original que reci-biera, de su diligenciado trabando el embargo y de la nota de trasmisión para la anotación del mismo en el registro.

La ley especial sobre la materia, o sea la ley para asegurar Ja efectividad de sentencias, aprobada el 1°, de marzo de .1902, Comp. 1911, p. 884, en su sección 9, dice:

„“E1 embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectuarán anotándolos en el registro de la propiedad y notificándolos al deman-dado ...”

Y la sección 5 de la ley relativa a las sentencias y manera de satisfacerlas aprobada en marzo 9, 1905, Comp. 1911, p. 895, que puede aplicarse por analogía, expresa:

“Sección 5. Para trabar un embargo .sobre una propiedad in-mueble no será menester que el funcionario encargado de llevarlo a cabo se constituya en la finca, y siendo bastante que en el auto dis-poniendo la ejecución se baga constar por endoso el embargo, descri-biendo la finca, y remitirá una copia de dicho auto, con el endoso, al registrador de la propiedad del distrito en que radicare la finca, para la correspondiente inscripción.”

El mandamiento al mársbal contiene, todos los elementos externos que se exigen para la validez de tales documentos. N o se impugna la potestad de la corte para decretar el asegu-ramiento por medio de embargo. El mandamiento se dirigió al mársbal del distrito en que radica la finca embargada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil y la, jurisprudencia establecida en Benet v. Hernández, 22 D.P.R. 348. Parece que lo que el registrador sostiene que falta es un mandamiento expresa-mente dirigido a él para verificar la anotación.

A nuestro juicio no tiene razón el registrador. No se necesita un nuevo mandamiento. Basta con el dirigido al mársbal que es el funcionario que tiene facultad para cumplir como cumplió en este caso con la orden de la corte. Una vez trabado el embargo sobre determinada propiedad, el man-damiento y su diligenciado se llevan al registro del distrito en nne la finca está situada como cualquiera otra documentación i iiseribible y el registrador procede a verificar la anotación de acuerdo con el precepto legal que dejamos transcrito. Aunque no se trata de casos iguales, para una mayor ilustración sobre el punto que resolvemos parece oportuno referirnos a; la decisión de esta corte en Batle et al. v. Registrador, 30 D.P.R. 745.

En cnanto a la nota de trasmisión diremos que no es en verdad un modelo. Su redacción puede ser mejorada, pero dio no es fundamental. Lo que decidimos es que no se nece-sita un nuevo mandamiento para que el registrador actúe.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    María Francisca Herminia Torres, demandante y apelante, v. Sucesión de José Anacleto Caballero Flores, demandados y apelados.
    No. 4265.

    Sometido: Febrero 3, 1928.

      Resuelto: Junio 10, 1929.

      E. Márquez Huertas, abog’ado de la apelante; González Fagundo & González Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

José Anacleto Caballero Flores murió con testamento otorgado en junio de 1923 en el 'que después de manifestar que era soltero, sin descendientes legítimos ni naturales y sin ascendentes legó el remanente líquido de sus bienes, después de ser pagadas sus deudas, a dos hermanos suyos nombrados Juan y Josefa Caballero Flores. Posteriormente, María Francisca Herminia Torres, conocida por Herminia Torres, presentó demanda en la Corte de Distrito de Humacao para que la declarase hija natural reconocida de José Anacleto Caballero Flores y dirigió su acción contra todos los hermanos vivos y contra varios sobrinos-del testador, hijos de hermanos fallecidos, como componentes ■■ de su sucesión. Los hermanos y uno de'los sobrinos contestaron la demanda y se opusieron a ella pero los otros sobrinos no comparecieron en el pleito. Dictada sentencia declarando sin lugar la demanda fué interpuesta esta apelación, que fué notificada a los demandados que habían comparecido pero no a los- otros y por esto nos pidieron el día de la vista de esta apelación los demandados que han comparecido que la desestimemos, alegando que carecemos de jurisdicción para resolverla porque los demandados que no han sido notificados de la apelación son parte contraria en ella pues les afectaría una revocación de la sentencia apelada, ya que de subsistir la- sentencia apelada quedaría válido el testamento y ellos serían herederos en unión de los hermanos de sn tío por no tener ese testamento institución de herederos.

Sucesión es, según el artículo 664 (a) del Código Civil, la transmisión de los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos. De acuerdo con el artículo 668 del mismo Código, llámase heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título particular; y dispone el artículo 676 del mismo cuerpo legal que el testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado, y que en la duda, aunque el testador no haya usado material-mente la palabra heredero, si su voluntad está dara acerca de este concepto, valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia. En este caso el testador dispuso del remanente líquido de sus bienes a favor de dos hermanos suyos a título de herencia, porque aunque no usó material-mente la palabra heredero sino la de legado,- sin embargo, no .es dejó una cosa particular sino la universalidad de sus 1 iones líquidos, por lo que sus sobrinos no tienen derecho a ser declarados herederos suyos y por tanto no son partes contrarias en esta apelación ya que no puede afectarles una revocación de la sentencia apelada pues no han de derivar beneficio alguno de que la sentencia y el testamento subsistan y, en consecuencia, la apelación, no debe ser desestimada.

Resuelta la precedente cuestión pasemos a resolver los méritos de la apelación. .

Año y medio después de otorgado ese testamento murió José Anacleto Caballero Flores en 16 de diciembre de 1924 y antes de transcurrir un año de su defunción fue presentada la demanda en este caso en que la demandante alegó tener treinta años de edad, haber nacido en Aguas Buenas el 3 de diciembre de 1895 y ser fruto de las relaciones amorosas de su madre Eladia o Elodia Torres con José Anacleto Caballero Flores, siendo ambos solteros y sin impedimento para contraer matrimonio, y que desde entonces la demandante se halla en la posesión continua del estado de hija natural de José Anacleto Caballero Flores, justificada por actos de su padre y de su familia, según alegaciones de Fecho que a tal fin hizo. La demanda contiene otras dos cansas de acción cue dependen de que sea tal hija natural reconocida, y está basada en el artículo 135 No. 2o. del Código Civil Español vig’ente en la fecha del nacimiento de la demandante.

Celebrado el juicio la corte inferior declaró sin lugar la demanda y en apelación contra esa sentencia alega la deman-dante dos motivos para que sea revocada, a saber: que erró Ja corte sentenciadora al no apreciar debidamente la prueba presentada, por la demandante, toda vez que no tuvo en con-sideración la continua posesión de estado de hija natural que los hechos probados, demostraron, y el concepto en que como a tal hija la tuvieron siempre los propios familiares del padre; y al declarar sin lugar la demanda y negar el recono-cimiento de hija natural como se solicitaba, bajo' los funda-mentos en que lo hizo, así como al dejar de resolver las demás peticiones de la demanda.

Para justificar la apelante los actos de reconocimiento tendentes a demostrar la posesión continua que alega tener de hija natural reconocida de José Anacleto Caballero y Flores por actos de él y de su familia presentó en el juicio declaraciones de su madre, de ella y de cuatro testigos más. Según la declaración de su madre Elodia O' Eladia Torres, > iviendo ésta en casa de su padre en un barrio de Aguas Buenas, tuvo relaciones amorosas con José Anacleto Caba-ñero Flores de las que nació la demandante, yendo a vivir después a una casa que les puso el padre de su amante, cercana a la finca de esa familia, donde era visitada por José Anacleto Caballero Flores y allí permaneció durante un año, yendo después con su hija a vivir con sus hermanos en un barrio de Bayamón: dijo que los gastos del parto los pagó José Anacleto Caballero Flores, quien trataba a la niña como hija suya, que fué a Bayamón a buscarla a ella y a la niña para ser ésta bautizada en Aguas Buenas, en cuya ocasión, estuvieron en la casa, del padre de José Anacleto Caballero Flores, siendo tratada entonces la niña por su familia como bija de José Anacleto Caballero Flores, quien posteriormente mandó a buscar la niña a Bayamón para tenerla en su casa donde permaneció por dos o tres meses y que José Anacleto Caballero Flores siguió las relaciones con la madre y con la bija yendo en ocasiones a Bayamón basta que 1a, demandante tuvo doce o catorce años de edad, después de cuya fecba no volvió allá.

La demandante, que tiene 30- años de edad, recuerda a José Anacleto ■ Caballero Flores desde que ella tenía unos siete años de edad, cuando vivía con su madre en Bayamón: dice que aquél la trataba como bija, la bacía regalos y la mandaba a buscar para que se quedara con él en Aguas Buenas pero que ella a los dos o tres meses de estar en la casa de esa familia como hija de él se volvía a Bayamón donde su madre: que él iba algunas veces a la casa de la madre de la declarante y que uno o dos años antes de que él muriera estuvo a visitarlo.

Jacinto Torres dijo que José Anacleto Caballero Flores le habló para que fuera padrino de su bija a lo que accedió, y con tal motivo se trasladaron con la madre a Aguas Buenas donde tuvo lugar el bautismo y que en esa ocasión todos estuvieron en la casa de José Anacleto Caballero donde él y sus familiares trataron a la niña como bija. Este testigo declaró también que la niña fué bautizada como a los tres años de edad pero del acta de su bautismo aparece que tenía siete- meses de nacida.

La testigo Victoria Cedeño es viuda de un hermano de José Anacleto y declaró en términos similares a'Elodia Torres, pero hay que hacer constar que ella admitió estar disgustada con esa familia porque imputaron a un hijo suyo el robo de unas novillas, y por cuestión de dinero.

Gerardo Vergara conoció a Elodia y a José Anacleto viviendo juntos, naciendo entonces la demandante a quien <?] trataba como bija: que la última vez que la vió allá fué como 28 a 30 años antes, y que de la última vez que vió a Caballero hará como seis años.

El último testigo de la demandante, Telesforo Camacbo, poco sabe sobre el asunto pues manifestó que ignora si José Anacleto Caballero dejó o no bijos al morir, aunque de pú-blico se decía que tenía una bija, y que no sabe del trato que él daba a la bija de Elodia.

Varios fueron los testigos presentados por los deman-dados. Juan Caballero Torres que es uno de éstos y es hermano de José Anacleto, con quien vivía en unión de otros hermanos, dijo que conoce a la demandante porque fué a la casa como sirviente, y negó que en ocasión alguna baya estado allí como sobrina suya y como hija de su hermano José Ana-cí eto. Artemio Camacbo dijo que por veinte años tuvo relaciones de amistad íntima con José Anacleto Caballero, quien nunca le manifestó que tuviera bija alguna y que no supo que él tuviera mujer a su cargo; que vivió en la casa contigua a la de José Anacleto Caballero y no sabe que viviera con Elodia Torres; vivía como a tres o cuatro kilómetros de los Caballeros, pasaba a diario por allí y entraba en su finca: no conoce a la demandante. Carlos Díaz conoció a José Anacleto Caballero desde que éste tenía 18 años de edad y trabajó en la casa de ellos como siete años: no conoce a Herminia y no ha conocido bijos a José Anacleto. Etelvina Mesler dijo que hace 28 ó 29 años fué novia de José Anacleto Caballero durante dos años y no le conoció ninguna concu-bina: no conoce a la demandante. Antonia Velázquez conoció a José Anacleto Caballero desde que éste tenía 8 años de odad: vivía frente a la casa de él: no conoció a Elodia Torres viviendo en esa finca. Tal fué en resumen toda la prueba testifical.

Para analizar tal prueba hay que tener en cuenta algunas circunstancias concurrentes en casos como el presente. Desde luego, cuando se trata de obtener la declaración del status de hija natural de un padre que ha fallecido la prueba debe ser estudiada y considerada con mucho cuidado y hasta con cierto recelo, pues, la persona a quien se imputan determinados actos de reconocimiento no puede defenderse de ellos y son generalmente sus. parientes, desconocedores muchas veces de la vida íntima del difunto, los que han de defenderle de la imputación de tales actos, sin otra prueba, generalmente, que la negativa. Además, suele ser sospechoso que a pesar de haber transcurrido un gran número de años, en este caso unos diez y seis, años, sin que se atribuya al presunto padre actos de reconocimiento y más bien un abandono de ellos, sin embargo se esperó su muerte para entonces demandar a los que han de recibir sus bienes. Y en todo caso siempre hay que tener en cuenta que la prueba de los actos de reconoci-miento debe ser robusta y convincente, según hemos declarado en varias ocasiones, y que no debe ser de actos aislados sino en tal modo que demuestren la posesión continua del status de hijo natural del presunto padre o de su familia, sin que tengan que ser ininterrumpidos durante toda la vida del hijo reclamante.

Teniendo tales reglas por norma estimamos que la prueba en este caso no es robusta y convincente para demostrar el status de hija que la demandante interesa se declare a su favor, pues de las manifestaciones hechas por la madre de la demandante resulta que al año del nacimiento de su hija ambas fueron a vivir a un barrio de Bayamón y aunque también manifiesta, al igual que su hija, que allí iba José Anaclefco Caballero de vez en cuando, tales visitas y actos de tratar entonces a la demandante como hija suya eran actos aislados, insuficientes para demostrar un status de hija natural durante un período de tiempo razonable. Los actos de reconocimiento en la casa de José A. Caballero fueron negados por su hermano Juan Caballero, y los otros testigos de la demandante no aportan gran peso a las declaraciones de la demandante y de su madre, pues si bien Jacinto Torres fuá el padrino de bautismo de la demandante su afirmación de que el bautismo tuvo lugar cuando Herminia tenía tres años de edad, cuando documentalmente se lia demostrado que sólo tenía siete meses de nacida, quita mucho peso al valor de su declaración en cuanto a actos de reconocimiento del presunto padre y de su familia. . Gerardo Vergara y Telesforo Camacho no ayudan mucho a la demandante, especialmente el último; y en cuanto a Victoria Cedeño, sin duda alguna, la corte inferior no la creyó en vista de sus propias manifestaciones. Por consiguiente, la prueba de la demandante, aun descon-tando la negativa de la de los demandados, no la estimamos suficiente para demostrar una posesión continua del estado de hija natural de José Anacleto Caballero derivada de actos de reconocimiento del presunto padre ni de su familia, por lo que no existe el primer motivo de error alegado.

Tampoco existe el segundo porque la sentencia declarando sin lugar la demanda es consecuencia lógica de la falta de prueba de la demandante; ni al dejar de resolver las demás peticiones de la demanda porque su resolución sólo era nece-saria en el caso de que la demandante fuera declarada hija natural.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison disintieron en cuanto a la confirmación de la sen-tencia,


author: En Juez Asociado Señoh TexidoR,

text:
    A. Méndez y Hermano, demandante y apelante, v. Carlos R. Chavier, demandado, Rafael V. Pérez Marchand, interventor y apelado.
    No. 4729.

    Sometido: Mayo 1, 1929.

      Resuelto: Junio 18, 1929.

      Carlos del Toro Fernández, abogado del apelante; R. V. Pérez Maryland, abogado del apelado.
   En Juez Asociado Señoh TexidoR,

emitió la opinión del tribunal.

A Méndez y Hermano, de San Juan, presentó en la Corte de Distrito de San Juan, P. R., una demanda contra Carlos R. Chavier, en cobro de cantidad, alegando sustancialmente que el demandado, fingiendo tener fondos en la mercantil Cabrera y Compañía, de New York, había tomado a préstamo a la demandante $600 en efectivo, y la había dado cheques por $100 cada uno, contra la referida mercantil, y que al ser éstos presentados no fueron aceptados por Cabrera y Co,, porque Chavier no tenía fondos en dicha casa o firma; que notificado Chavier no ha pagado el todo ni parte alguna de dicha suma. La demanda fué jurada. La demandante, al mismo tiempo, presentó moción para aseguramiento de sen-tencia, que fué concedida, y el márshal de la Corte de Dis-trito de San Juan embargó, en poder del secretario de ia misma corte, mil dollars en efectivo, como parte de la suma de mil doscientos cincuenta dollar^ que había consignado Carlos Aguayo a la disposición de Carlos R. Chavier en pago de una sentencia en el caso civil No. 794, Chavier v. Aguayo, sobre indemnización.

El caso fué trasladado a la Corte de Distrito de Ponee. El demandado Chavier presentó contestación negativa de los Lechos sustanciales de la demanda, cuya contestación .aparece jurada.

Don Rafael V. Pérez Marckand radicó en este pleito una petición de intervención alegando tener interés en el caso y reclamar un derecho entre las mismas partes en el mismo comprendidas por tener un contrato de servicios profesio-nales montante a la mitad de la suma de mil dólares que fué depositada para el demandado en otro caso y embargada por el demandante en éste. La Corte de Distrito de Ponce de-claró con lugar la moción de intervención y admitió la de-manda del Sr. Pérez Marckand concediendo término para contestarla.

La demanda de intervención alegó sustancialmente que se había embargado en la Secretaría de la Corte de Distrito de San Juan la suma de mil dólares que estaba consignada a favor de Carlos R. Chavier en el caso No. 794; y que tales sentencia y suma de mil dólares son resultado de las gestiones profesionales del interventor como abogado de Chavier en aquel caso en el cual el demandado Chavier, había convenidoen pagar al interventor su abogado el cincuenta por ciento de cualquier cantidad que se obtuviera en el pleito; que el embargo hecho por A. Méndez & Hermano es nulo e ilegal porque de 1a, suma embargada quinientos dólares pertenecen al interventor Pérez Marchand.

A. Méndez & Hermanos había formulado una oposición a la moción de intervención fundándose en que ésta no aducía hechos suficientes determinantes del derecho a intervenir. Una vez admitida la intervención A. Méndez y Hermano exeepcionó la demanda por falta de hechos; y desestimada la excepción contestó alegando entre otras cosas que la suma i otal depositada en el caso civil No. 794 era de $1,250, de los que $250 eran exclusivamente para honorarios de abogado y que esa suma era la convenida en una transacción, que loá abogados de Chavier llevaron a efecto con Aguayo; negó los demás hechos esenciales de la demanda del interventor ale-gando de nuevo la transacción sobre honorarios por $250 y alegando que en todo caso cualquier contrato de' servicios profesionales en que A. Méndez & Hermano no había sido parte no podría perjudicar a esta sociedad. Seguido el caso por sus trámites y celebrado el juicio oral, la corte, después de oír la prueba de ambas partes dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando que A. Méndez & Hermano recobrara de Oarlos B>. Chavier la suma de $600 con intereses al seis por ciento anual desde el 30 de agosto de 1924 hasta el completo pago y que el interventor Sr. Pérez Marchand recobre la suma de $500 que le pertenecen, decretando también la nulidad y levantamiento del embargo trabado en el caso sobre la sentencia recaída en el pleito No. 794.

La parte demandante A. Méndez & Hermano interpuso apelación contra esa sentencia en la parte que declara con lugar la demanda de intervención notificando tal apelación al demandante interventor.

Señala la apelante dos errores. El primero relativo a la desestimación de la excepción previa contra la demanda de intervención fundada en falta de hechos suficientes para determinar causa de acción; y el segundo relativo a que la sentencia es contraria a derecho y a la prueba.

El artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil rige la materia de intervención. Dice textualmente, así:

“Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá in-tervenir en una acción o procedimiento si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o procedimiento seguido entre otras partes, ya asociándole al demandante para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pidiendo algo en sen-fido adverso a la’s reclamaciones de demandante y demandado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que no hubieren comparecido y a los aboga-dos de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una ex-cepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”

De este precepto legal deben tenerse muy en cuenta las primeras líneas que son las fundamentales en el derecho de intervención y sobre todo las palabras siguientes: “. X>odrá intervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas.”

Es condición precisa tener un interés en el asunto en litigio, para poder intervenir. La posible existencia de un crédito de cualquier clase contra el demandado, no es general-mente justificante para la intervención.

En el caso Mari v. Mari y Royal Bank of Canada, 26 D.P.R. 665, el Royal Bank of Canada intervino en el pleito entre Ernesto Mari y Juan Mari; pero el Royal Bank of Canada alegó que tenía hecho al demandado un préstamo agrí-cola con garantía de ciertos, productos agrícolas que fueron los mismos embargados en el pleito entre los Mari. Y en la opinión en el caso, este tribunal citó un texto. 20 R.C.L. 687, que dice:

“Las personas que tengan gravámenes sobre las propiedades afec-tadas por el pleito, o cuyo's derechos pueden ser afectados por la sentencia tienen derecho a intervenir.

En el caso Trueba v. Zalduondo y National City Bank, 34 D.P.R. 743, en la opinión de este tribunal se lee:

“.En el caso de Herederos de Garriga v. O’Meara y Cía., 28 D.P.R. 360, se resolvió que cabe la tercería de mejor dere-cho cuando surge un conflicto entre ciudadanos con respecto a su mejor derecho a hacer efectivos 'sus créditos en determinados bienes de un deudor común, doctrina que fué ratificada en el de Hernández Acosta v. La Corte de Distrito de San Juan, resuelto en agosto 1. 1925.”

Y en el caso Hernández Acosta v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 679, la doctrina es:

“Las tercerías se fundan o en el dominio de los ¡bienes embar-gados al deudor, o en el derecho del tercero a 'ser reintegrado de su crédito con preferencia al del acreedor en la acción principal.”

No podemos estar de acuerdo con la teoría de que el in-terventor Pérez Marchand tuviera un gravamen, o un derecho preferente sobre los mil dollars depositados en la secretaría de la corte en el citado pleito. Nada bay en nuestra ley que cree un gravamen a favor del abogado, sobre las costas con-cedidas, no a él, sino a la parte litigante. Este aserto se baila en armonía con la. doctrina declarada en el caso Ricardo Casals v. Angelina Rosario, 34 D.P.R. 77, en que se dijo:

“Las costas, incluyendo honorarios de abogado, corresponden realmente al cliente, y cualquier abogado puede actuar como agente para determinar las costas.

Besuelto así este extremo, no es preciso entrar en el < examen del otro señalamiento de error.

La sentencia apelada debe revocarse en cuanto se admitió la intervención y declara derechos del interventor y en lo que afecta a la nulidad y alzamiento del embargo, y confirmarse en cuanto condena al demandado Chavier al pago: a A. Mén-dez y Hermano de la suma reclamada, intereses y costas.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    La Sucesión de Francisco María Franceschi, Etc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 768.

    Sometido: Mayo 27, 1929.

      Resuelto: Junio 18, 1929.

      López de Tord & Zagas Pizarro, abogados de la recurrente; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Según resulta de los autos en este recurso Pedro Pérez Santiago hipotecó a favor del Federal Land Bank of Baltimore cinco fincas rústicas de su propiedad; y luego por escritura otorgada en 16 de Noviembre de 1928, constituyó una segunda hipoteca sobre las mismas a favor del portador, o portadores, de cinco vales u obligaciones suscritas por Pérez Santiago.' Esta hipoteca fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponce.

Ante la Corte de Distrito de Ponce se inició un pleito, por Ja Sucesión de Don Francisco María Francesehi contra Don Pedro Pérez Santiago, sobre cobro de pagarés; y en ese litigio la parte demandante solicitó aseguramiento de sen-' teneia, y el Marshal embargó diferentes bienes, entre ellos los cinco vales hipotecarios a que antes nos referimos, librán-dose el .mandamiento para notificación al demandado. Se ' presentó al registro un mandamiento para anotar el embargo, y el registrador practicó la anotación; y en cuanto a la hipoteca para garantizar los vales al portador, aclaró que la anotación se tomaba sin perjuicio de tercero.

Contra esta nota se ha establecido el presente recurso para la modificación de la anotación, y revocación en cuanto a que se hizo sin perjuicio de tercero en lo que afecta a los vales.

Las partes recurrente y recurrida han presentado sus alegatos.

La recurrente sostiene que la nota puesta, por' cuanto incluye la fórmula “sin perjuicio de tercero,” en este caso equivale a una denegación de inscripción; que en la fecha en que se hizo la anotación no existía tercero, porque ¡.a presunción es .la de que los vales se hallan en poder del propio deudor que otorgó la escritura de hipoteca y suscribió1 y otorgó los vales; y que el registrador no aplicó los artículos 142 y 143 de la Ley Hipotecaria, por virtud de los que, para que exista un tercero poseedor de los vales, la negociación o entrega de éstos debe hacerse constar en el registro por nota marginal.

El registrador sostiene que éste no es un caso propio de recurso gubernativo, porque no se refiere a la calificación, denegación, o declaración de defecto subsanable; que en este iaso no ha habido ni notificación de la nota, porque el mismo interesado redactó y firmó la notificación, sin intervención del registrador; que el mismo día de otorgamiento de la antes citada escritura de segunda hipoteca, se presentaron en el registro de la propiedad, para su inscripción, la copia de la escritura y los cinco vales, haciéndose la inscripción de éstos a favor de los portadores; que en seis de abril último y por medio de escritura otorgada el cinco del mismn mes ante el Notario Sr. Zapater se hizo constar que Don Mario Mercado era tenedor de los vales números dos, tres y cuatro, • y Don Heraclio Cirón de los números uno y cinco; y de esa escritura se tomó razón en el Registro; que el mandamiento de embargo en el caso presente se había expedido en 27 de Marzo de 1929, y se cumplimentó por el márshal el mismo día, fecha en que también se presentó en; el Registro, hacién-dose la anotación en cuanto a los vales sin perjuicio de tercero; que en 8 de Mayo de 1929' el abogado de los demandantes, Sucesión Franceschi, recogió el mandamiento de embargo, y por sí extendió una notificación, sin el asentimiento del Regis-trador, quien no la firmó. Discute la admisibilidad del recurso, y en contra de ella cita jurisprudencia de Puerto Rico, y de España; y discute los fundamentos del recurso.

La teoría en que se funda el recurrente; si la entendemos bien, es que en las hipotecas para garantizar obligaciones transmisibles por endoso y obligaciones al portador, no es una hipoteca real y verdadera hasta que llega el momento en que las obligaciones garantizadas son transmitidas, por el endoso o por la entrega, y sólo entonces se ha consumado el préstamo; que así considerada, esa hipoteca tiene la misma condición que la que garantiza una obligación futura, o sujeta a condi-ción suspensiva, y le son de aplicación los artículos 142 y .143 de la Ley Hipotecaria, que preceptúan que la hipoteca eu esos casos surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse o la condición llega a cumplirse, y en estos casos debe hacerse constar la circuns-tancia por nota marginal.

El apelante cita, a los tratadistas Aragonés, Morell y Galindo y Escosura. Pero hemos de declarar que en alguna de esas citas s© ha dejado por copiar un final importantísimo, que traeremos a esta opinión.

Podemos estar conformes con la doctrina de Aragonés, en cuanto a que la hipoteca para garantizar cuentas corrientes de crédito sea una que se refiere a obligaciones futuras, ya que la cuenta corriente, mientras lo es, mientras se halla en movimiento, no tiene en sí más que el germen de una obliga-ción, que se determinará y fijará en un futuro' más o menos remoto. Pero no convenimos en que tengan ese mismo carácter las que garantizan obligaciones endosables, o al por-tador; que en éstas la obligación existe desde un principio, la. cantidad se halla determinada., la exigibilidad resuelta, y sólo él nombre especial del acreedor es variable, pero está fijo el nombre genérico de tal acreedor, endosatario, o por-tador. La hipoteca ha nacido desde el momento del otor-gamiento de la escritura, y no ha de esperarse a que el nombre del acreedor se especifique y singularice, ya que en género está determinado.

Del mismo modo puede contestarse la teoría de Galindo y Escosura en lo que se crea aplicable a esta clase de hipo-tecas.

En cuanto a Morell, debemos decir que en la cita no se incluye un párrafo que es así:

“i Quiere esto decir, como también se afirma por algunos escri-tores, que en el intervalo que media desde que la hipoteca se inscribe, hasta que los títulos circulan y se adquieren por terceras per-sonas, exista una verdadera hipoteca a f.avor del mismo propietario, puesto que vive y aún no hay otros acreedores? No tal. La ley no exige nota que acredite la circulación, ni mucho menos, porque no sería posible, la que aún sería más e'sencial, acreditativa de la exis-tencia de terceros tenedores o adquirentes de todas la,s obligaciones emitidas, 'sino que desde luego y para cuando esos hechos se reali-cen, considera eficaz la hipoteca inscrita. Dispensa un requisito, pero nada más, atendiendo a la naturaleza de la .obligación asegu-rada, como prescinde de la aceptación, y de toda escritura e inscrip-ción en la transmisión de los títulos. En nuestro derecho, deudor y acreedor no pueden ser una misma persona, y el propietario de una finca no puede tener sobre ella hipoteca a su favor. Confundidos en una sola entidad los derechos y las obligaciones, la hipoteca exis-tirá inscrita, pero por nadie puede hacerse efectiva, hasta que me-diante la entrega del valor de pocos, muchos o todos lo's títulos, exis-tan terceros, y con ellos créditos exigibles y acreedor. Mientras los expresados título's sigan en poder del que aspira a ser deudor, como aún nada debe, nada puede exigírsele, ni nada puede exigirse por él, y la hipoteca a nadie puede beneficiar.” (Morell, Legislación Hipotecaria, tomo 4, pág. 260.)

Copiamos este párrafo, por lo que se refiere a la primera parte, que niega la existencia de la hipoteca a favor del mismo propietario, y en cuanto confirma que la ley no exige nota registral que acredite la circulación, extremos en en que convenimos. En el resto parece existir alguna contradicción; pero creemos que el autor tiene en mente las emisiones de obligaciones de algunas compañías industriales, en las que puede suceder que la compañía reserve las obligaciones para lanzarlas al mercado más tarde; y quizá bay alguna con-fusión entre la propia existencia de la hipoteca y la exigibi-lidad de la misma. El gravamen hipotecario quedó consti-tuido desde que se otorgó e inscribió la hipoteca, y desde ese momento existen: un deudor conocido y especificado; un' acreedor o acreedores genéricos, no importa el nombre y sí sólo el carácter de endosatarios o de tenedores; una obligación determinada, y una garantía de la misma clase.

La Ley Hipotecaria española de 1861, no admitía la hipoteca para obligaciones endosables, o al portador. Declá-rase en ese sentido el legislador en la Exposición de motivos de tal ley. Sería hacer muy larga la cita, hacer aquí la de todos los párrafos que de esta materia tratan. Baste uno de ellos, que dice:

“Desechado el sistema del endoso la Comisión sólo tenía que apli-car para la enajenación o ce'sión de los créditos hipotecarios las mis-mas reglas que dominan en todo el proyecto: que la transferencia del crédito hipotecario se haga por escritura pública para evitar los fraudes a que puedan dar lugar los documentos privados ...”

Pero en la reforma de 1869, ya la necesidad había impuesto un cambio d© sistema. La hipoteca para garantizar obliga-ciones al portador, y las transferibles por endoso se imponía en la vida práctica, y la ley tenía que cubrir ese pacto. En la Exposición a las Cortes encontramos el siguiente párrafo:

.“XT. Con el objeto también de facilitar el crédito territorial, se propone en la nueva ley la reforma del artículo 153 de la ley de 1861, en el que 'se establece que únicamente por escritura pública pueda enajenarse o cederse el crédito, hipotecario. Aunque son de mucha fuerza las razones que sirvieron de fundamento al citado ar-tículo, en la actualidad es indispensable su reforma, ya porque al-gunas Sociedades de crédito han hecho uso del hipotecario para emi-tir obligaciones trasmisibles por endoso, ya porque se ha autorizado a los concesionarios de los ferrocarriles para la emisión de títulos al portador garantizados con hipoteca, y ya, en fin, porque algunos grandes propietarios han principiado a utilizar el crédito territorial, emitiendo obligaciones hipotecarias endosable's y amortizables a largos plazos. Si para la circulación de las referidas obligaciones fuese precisa la escritura pública, como lo e's para constituir la hipoteca, el derecho hipotecario sería ilusorio en algunos casos porque no fuera posible otorgarse dicho documento, y en otros porque se negaran a cllo's los interesados por los gastos que había de ocasionarles. Para el objeto de la íey hipotecaria, para el .crédito territorial, lo esen-cial es que el Registro dé a conocer las fincas gravadas y el importe de los gravámenes, sin que sea absolutamente neee’sario que se desig-nen las personas que tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación garantizada, lo cual se acreditará en los Tribunales de justicia cuando sea oportuno. Pero la reforma del citado artículo exige la adopción de algunas medidas que se proponen en la nueva ley para que las 'hipotecas de que se trata no puedan cancelarse per-judicándose a los interesados en ellas, ya que no son conocidos por el Registro.” Alcubilla, tomo 5, pág. 652.

Por la legislación se aprecia el desarrollo de la práctica de otorgar garantías hipotecarias a favor de obligaciones endosables y transferibles por la tradición. Y así encon-tramos el Real Decreto de 24 de Julio de 1875 referente al Banco Hipotecario de España, y el Código de Comercio de 1885, que da a las compañías de crédito territorial la facultad de omitir obligaciones y cédulas hipotecarias (Artículo 199, 201, 206, 207 y 208, Código citado).

La Ley Hipotecaria de España, después de la reforma de 1869, contiene en su artículo 153 la siguiente adición:.

“Artículo 153.— * * *
“Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones transferibles por endoso o títulos al portador, el derecho hipoteca-rio se entenderá transferido con la obligación o con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse cons-tar la transferencia en el registro.”

Y en la Ley Hipotecaria para Cuba, Puerto Rico y Fili-pinas, el artículo 161, tiene un párrafo igual a'l antes trans-crito. Y esencialmente ese párrafo es el artículo 153' dé nuestra Ley Hipotecaria.

Aceptado' francamente el sistema de la garantía hipote-caria en cuanto a obligaciones al portador y obligaciones endosables, las consecuencias de la propia naturaleza de las así garantizadas se reflejan en el registro'. Sería inutilizar el carácter de movilidad del crédito, exigir la inscripción o anotación de las transferencias de tal garantía. Y a evitar ese mal responde el inciso de esos artículos que dice:

“ . . . 'sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la transferencia en el registro” (itálicas nues-tras).

La Ley No. 33 de 1912, de Puerto Rico, reproduce al mismo concepto.

No se trata, pues, de obligaciones en que intervenga con-dición, y a las que span aplicables los preceptos de ley que cita el apelante. Hay un tercero, el portador, y un tercero inscrito; y el registrador al anotar en la forma en qne jo hizo procedió correctamente.

Una decisión de este tribunal, la del caso Godreau v. Registrador, 37 D.P.R. 659, trata esta misma materia, y la doctrina, de la presente es conforme con aquélla.

El recurrido suscita la cuestión de improcedencia del recurso, por no tratarse de una nota denegatoria o de defecto subsanable. No podemos estar de acuerdo con la extremada-mente técnica interpretación que de la ley hace el registrador. Si la nota envuelve una práctica denegación de inscripción, cabe el recurso contra ella. La ley ba qü,erido orear un remedio, no una exclusión.

La nota objeto de este recurso debe ser confirmada.


text:
    José Agustín Vincenty Martínez, promovente y apelado; Carmen Vázquez Sánchez, opositora y apelante; María de los Angeles Oxios y Vincenty et al., opositores y apelantes.
    Nos. 4273 y 4282.

    Sometidos: Marzo 8, 1928.

      Resueltos: Junio 18, 1929.

      Luis Muñoz Morales y Ángel A. Vázquez, y Benet é Souffront, abo-gados de la opositora y los opositores apelantes, respectivamente; ■José Sábater, abogado del apelado. .
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Vincenty Ramos murió en la ciudad- de Mayagüez el 4 de noviembre de 1926 estando casado en únicas nupcias con Carmen Vázquez Sánchez, sin haber tenido hijos con ella, sin ascendientes y sin haber otorgado testamento. Pocos días después José Agustín Vincenty Martínez, conocido por Agudo o Augusto Vincenty Martínez, presentó en la Corto de Distrito de Mayagüez una solicitud ex parte para que la corte lo declarase heredero ab inféstalo de Juan Vincenty Ramos y a su viuda en la cuota usufructuaria que le señala la ley, alegando a tal fin que es hijo natural de Juan Vincenty Ramos reconocido por él en el acta de su bautismo y corro-borado por el permiso que le concedió para contraer matri-monio, así como por una escritura pública. Se opuso la viuda Carmen Vázquez Sánchez a que se hiciera esa declaración de herederos negando que el peticionario sea hijo natural reco-nocido de Juan Vincenty Ramos y alegando que su esposo no dejó a su muerte hijos legítimos ni naturales reconocidos, ascendientes, hermanos ni sobrinos legítimos- ni hijos de éstos, por lo que solicitó ser declarada única heredera de su difunto esposo. También comparecieron en ese expediente varias personas de apellido Oxios Vincenty, como hijos legítimos de Ana María Vincenty hermana difunta de Juan Vincenty Ramos, y otras de apellido Vincenty Semidey como hijos legí-timos de Marcelino Vincenty Ramos, hermano fallecido de Juan- Vincenty Ramos, habidos en el matrimonio de su padre con Antonia Semidey, quienes se opusieron a las peticiones de José Agustín Vincenty Martínez negando que sea hijo natural reconocido de Juan Vincenty Ramos y también a la petición de la viuda, de ser declarada ella única heredera, y solicitaron ser declarados ellos herederos de Juan Vincenty Bañaos y la vinda en la cuota usufructuaria que le señala la ley."

Celebrado el juicio correspondiente la corte de distrito dictó sentencia declarando herederos a José Agustín Vincenty Martínez como hijo natural reconocido de Juan Vincenty Bamos y también a la viuda Carmen Vázquez 'Sánchez en la cuota usufructuaria que le señala la ley, contra cuyo fallo interpusieron apelación la viuda y los sobrinos, las que han sido tramitadas separadamente pero cuya vista tuvo lugar en un solo acto y la resolvemos conjuntamente por la relación íntima que guardan entre sí ya que la cuestión fundamental en ambos es si José Agustín Vincenty Martínez ha probado ser hijo natural reconocido de Juan Vincenty Bamos, en cuyo caso ni los sobrinos ni la viuda tendrían derecho a esa herencia, excepto la última en cuanto a su cuota vidual fijada por la ley.

Como primer motivo de su recurso alega la viuda que la corte inferior erró en la apreciación de la prueba y que ésta es completamente insuficiente para declarar heredero del causante a José Agustín Vincenty Bamos, conocido por Augusto o Agudo Vincenty Martínez.

Hemos declarado en varias decisiones que el procedimiento para la declaración de herederos ab intestato de una persona fallecida que regulan los artículos 19 y 20 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales no es el adecuado para obtener la declaración de ser una persona hijo natural reconocido del fallecido y que ’para poder tener éxito en él es necesario que exista un documento público y fehaciente en que conste tal reconocimiento, por lo que la cuestión fundamental en este caso es si existe un documento de esa naturaleza en que conste que el apelado fué reconocido como hijo natural de Juan Vincenty Bamos.

El causante de la herencia de que se trata contrajo matrimonia con la apelante Carmen Vázquez Sánchez en el año 1898. Antes de esa fecha nació el apelado, y para probar one fné reconocido por Juan Vincenty Ramos como hijo natural suyo presentó en el juicio el acta de su bautismo que literalmente dice así:

“Parroquia do Nuestra Señora de Candelaria, Mayagüez, P. R-Inocente Colmenares Graña, Encargado del archivo Parroquial de Mayagüez, certifico: que en el libro 38 de bautismo al folio 188, be halla la partida siguiente: En la ciudad de Mayagüez a 4 de 'fe-brero de 1874, el presbítero don Clemente Seda, coadjutor de esta pa-rroquia, bautizó solemnemente a un niño que nació el día 13 de agosto del año próximo pasado, a quien dió por nombre José Agustín, hijo reconocido, según documento, de don Juan Vincenty y de doña Ma-ría Martínez; abuelos paternos Don Manuel Vincenty y Doña Ma-ría Cruz Ramo's, maternos don Simón Martínez y doña María Mi-caela Hernández. Fueron sus padrinos don Simón Rochet y doña María Matilde Charrón, a quienes advirtió el parentesco espiritual y obligaciones, de que certifico, (fdo.) Inocente Colmenares Grana, Escribiente. Vicario Pedro Gallardo, (fdo.) Luis J. Villinger, C. s.'s., vicario de Mayagüez. (Sello parroquial pagado.)”

No se niega por las partes que el expresado asiento en ios libros de esa parroquia sea auténtico y exacto en sus términos y toda la cuestión en la corte inferior y en esta apelación ha girado sobre si contiene el reconocimiento de José Agustín Vincenty Martínez como hijo natural de Juan Vincenty Ramos.

El vicario entonces de esa parroquia, Pedro Gallardo, que firmó el acta del bautismo, no solamente hizo constar en ella que el presbítero Clemente Seda, coadjutor de esa parroquia, administró el sacramento del bautismo al niño José Agustín, sino también que fué reconocido por Juan Vincenty Ramos como hijo natural suyo, según documento; y como todo eso consta en un documento que es auténtico porque así ha sido admitido por las partes y porque tiene tal carácter porque en' el año 1874 eran los libros parroquiales de la Iglesia Católica donde constaba el estado civil de las personas, o sea, el naci-miento que se hacía constar en el acta del bautismo, el matri-monio y la defunción, tenemos que llegar a la conclusión de que al hacer constar dicho vicario que el apelado fué reco~ nocido como hijo natural, según documento, es porque tuvo ante sí tal documento conteniendo' dicho reconocimiento. En consecuencia, dada la naturaleza de ese documento y su antigüedad de más de medio siglo tenemos que concluir que con el mismo probó el apelado su alegado' reconocimiento, pues éste no es un caso en que el acta se limita a decir que el niño ha sido reconocido comn hijo natural por determinada persona, sin expresar que el reconocimiento se ha hecho ante el sacerdote que autorizó el sacramento o sin que en él apa-rezca la firma del que hace el reconocimiento, como ha ocurrido en otros casos que hemos resuelto, pues el acta dice más, o sea, que fué reconocido según documento, y por tanto tenemos que aceptar bajo la fe del vicario' que tal documento existió y que contenía dicho reconocimiento. En el caso de Otero y Striker, 26 D.P.R. 85, haciendo referencia al de Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 474, dijimos lo siguiente:

“Con anterioridad al año 1885 los curas párraeos eran los encar-gados del registro civil y por ende funcionarios públicos, ante quie-nes se reconocían lo's hijos naturales, y bastaban sus certificaciones expedidas al efecto para acreditar el acto de reconocimiento. El clero constituyó un departamento del Estado hasta la fecha en que ocurrió el cambio de soberanía. Además, nuestras cortes de ju'sticia ‘se inclinan siempre a favor del hijo natural cuando el reconoci-miento resulta claro y públicamente, cualquiera que pueda ser la forma en que se verifique, siempre que quede de él con'staneia autén-tica y fehaciente.’ ”

A mayor abundamiento el apelado probó que en el mismo libro parroquial y en otros asientos contemporáneos se hicieron constar reconocimientos de hijos naturales “según documento” y que algunos de éstos han sido encontrados en el archivo parroquial firmados por el padre que reconoció y por uno o más testigos y que otros no han sido encontrados, estando entre éstos el del apelado; y por evidencia suple-toria de un testigo que mereció entero crédito a la corte inferior, sin que podamos decir que errara al hacer tal afir-mación, probó también que se hizo en la parroquia ese docu-mento reconociendo Juan Vineenty Ramos a José Agustín Vineenty Martínez como hijo natural suyo y que allí quedó ese documento.

En el caso de Otero y Striker, supra, en el que la partida de bautismo del peticionario decía que había sido reconocido como hijo natural por su padre “según documento que obra en el archivo” y en el que ese documento fué encontrado y presentado, revocamos la sentencia que le negó derecho a heredar como hijo natural reconocido.

El segundo motivo de la apelación es que la corte inferior erró al declarar que no fué impugnada en forma alguna la prueba del peticionario para demostrar su reconocimiento, pero carece de importancia que se impugnara o no, ya que aun habiendo sido impugnada siempre resulta que el apelado probó con documento público fehaciente ser hijo natural reco-nocido de Juan Vineenty Ramos.

Se alega por último que hubo error al aplicar a este caso la jurisprudencia establecida en el caso Ex parte de Otero, 27 D.P.R. 345.

Al fundar la corte inferior la sentencia apelada citó el caso mencionado pero no se fundó solamente en él como dice la apelante, pues hizo citas de otras decisiones; pero aunque hubiera sido citado erróneamente esto no sería motivo para revocar la sentencia en vista de que está sostenida por las constancias de los autos.

En vista de la conclusión a que hemos llegado no es sos-tenible tampoco la apelación de los hermanos Vineenty Semi-dey y Oxios Vineenty porque el apelado como hijo natural reconocido de Juan Vineenty Ramos tiene derecho preferente a su herencia con respecto a los sobrinos de aquél.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor. Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felipe Alvarez, acusado y apelante.
    No. 3447.

    Sometido: Abril 19, 1928.

      Resuelto: Junio 19, 1929.

      .Buenaventura Esteves, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Felipe Alvarez fué denunciado y condenado por el delito de Infracción a la Ley de .Prohibición Nacional por transportar bebida embriagante, y para sostener su re-curso alega como primer motivo que la corte inferior erró al apreciar la prueba y al declararlo culpable; pero hemos examinado la evidencia y encontramos que es suficiente para sostener la sentencia condenatoria.

Es el otro motivo de apelación que la sentencia es contraria a derecho porque la denuncia no imputa delito alguno ■ y •porque la corte nó tuvo jurisdicción sobre el apelante. Los particulares de este motivo de error se basan en que la de-nuncia está jurada el Io. de febrero de 1927 y en ella se dice (fue el hecho imputado fué realizado el 24 de febrero de 1927.

Indudablemente hay un error en la fecha de Io. de febrero de 1927 consignada por el secretario como la del día en que fué jurada la denuncia ante él que probablemente no hubiera sido difícil que probara el fiscal si eso se hubiera alegado en la corte inferior; pero de todos modos entendemos que el secretario se equivocó al consignar la fecha en que la denuncia fué jurada ante él, consignando Io. de febrero en vez de l8. de marzo por ser frecuente que al comenzar un mes se escriba algunas veces el nombre del mes anterior, que se ba escrito repetidamente; porque no parece razonable que en una deter-minada fecba se denuncien beebos que entonces no ban ocu-rrido ; porque celebrado el juicio en apelación en la Corte de Distrito de Aguadilla el 17 de marzo de 1927 declararon Telesforo Méndez y Facundo Ortega que eran policías insu-lares en Aguadilla el 24 de febrero de ese año, que es la fecba a que la denuncia se refiere, y que intervinieron con el denun-ciado el día a que se refiere la denuncia, que es el 24 de febrero de 1927, tanto más cuanto que el apelante no negó al declarar en la corte inferior que los beebos denunciados ocurrieron el 24 de febrero de 1927 limitándose a decir que mandó poner la lata con ron en su automóvil para transportarlo a,otra casa suya del pueblo pero que no llegó a transportarlo.

En vista de todo lo expuesto entendemos que no existe el error alegado en segundo lugar porque aunque el secretario consignó el día 1°. de febrero de 1927 como fecba. de la de-nuncia las circunstancias demuestran que fué una equivoca-ción suya y que la denuncia fué becba después de la comisión del beclio imputado en ella.

. La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Aboy, Vidal & Co., Inc., demandantes y apelada, v. Luis Garófalo y Mateo Albanese, demandados y apelantes.
    No. 4349.

    Sometido: Diciembre 14, 1928.

      Resuelto: Junio 19, 1929.

      PJduardo López Tizol, abogado de los apeantes; Juan Validejuli, abogado de la apelada.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Garófalo y Mateo Albanese suscribieron nn pagaré a favor de la corporación Lee, Vidal & Bolívar, Inc. La principal controversia en el presente caso versa sobre la in-suficiencia del endoso becbo por la dicha Lee, Vidal & Bolívar, Inc., a la corporación demandante. El pagaré presentado durante el juicio mostraba en el endoso la fecha del mismo y el nombre del endosante, tal como lo exige el Código de Comercio. La corte dictó sentencia a favor de la deman-dante.

El primer señalamiento de error es que la demanda, en lo que al endoso se refiere, es insuficiente. El cuarto pá-rrafo de la misma lee así:

“Que con fecha 24 de diciembre de 1925 y habiendo ‘sido noti-ficados los demandados, dicha Lee, Vidal & Bolívar, Inc., cedió, tras-pasó y entregó a la demandante en este caso el mencionado pagaré, con el endoso correspondiente que dice: ‘Páguese a la orden de Aboy, Vidal & Co., Inc., por valor entendido.’ ”

En el caso de Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262, se dice, para citar del sumario, lo siguiente:

“Alegada la falta de hechos 'suficientes en la demanda para cons-tituir una causa de acción, fundada en que el endoso del pagaré, sin expresión de fecha, únicamente puede entenderse ícomo una simple comisión de cobranza, no siendo los demandantes dueño's del pagaré, sino simples cesionarios subrogados en lugar del cedente, se resolvió: que ya se considere el endoso como una comisión de cobranza, ya como una cesión de derechos, existe verdadera cauSa de acción para el cobro.”

Tenemos la idea, como la tuvo la corte inferior, que aun si el endoso, tal como ha sido copiado, no fuera, suficiente para permitir que se pudiera - demandar a virtud del pagaré como tal, sin embargo, hubiera podido utilizarse como una cesión de derechos, etc., según se dice en la citada decisión. Em-pero, tenemos una duda, toda vez que la demanda se limita claramente al cobro del pagaré según fué endosado, y durante el juicio no se hizo1 alegación o tentativa alguna al efecto de considerar los derechos de la demandante en alguna otra forma que como procedentes de un endoso hecho debidamente.

Lo que la demandante en realidad debió haber hecho en este caso fué enmendar su demanda para ajustarla a la prueba. Los autos en su totalidad nos convencen de que pudo haberlo hecho así sin causar sorpresa alguna a los demandados y sin-demorar el juicio. La buena práctica, por lo menos,, exige que tal enmienda se haga. Sin embargo, en este caso en particular no se radicó excepción previa alguna contra la demanda, y creemos que los demandados fueron suficiente-mente notificados, según lo revela el juicio. Por tanto, como se trata de ana cuestión, de justicia para', la demandante, con-sideraremos la demanda como enmendada. El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223; Montalvo v. Teatro Caborrojeño, 35 D.P.R. 785; Dragoni v. U. S. Fire Insurance Co., 36 D.P.R. 469, 483; Diego Agüeros & Co. v. Navarrete, 37 D.P.R. 815; Ismert Hinke Milling Co. v. Muñoz, 37 D.P.R. 819; F. Gavilán & Cia. v. Vda. de Garriga e Hijos, 38 D.P.R. 416.

Igualmente creemos que el artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable. Lee así:

‘‘En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las parte's, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o .defecto-”

El primero y cuarto señalamiento de error ban sido cubiertos por las anteriores consideraciones.

Podríamos decir, de paso que el dejar la demanda do demostrar la autoridad que tenía el tesorero de la corporación a cuyo favor se expidió el pagaré de endosar éste fué un mero defecto, y, en ausencia de una excepción previa dirigida a este extremo, era subsanable durante el juicio, y fué subsanado.

Igualmente, de acuerdo con el inciso 21 del artículo 102 de la Ley de Evidencia se presume la causa (consideralion) y el uso de las palabras “por valor- entendido” no destruye la presunción así creada.

■ No podemos convenir con los apelantes en que una! certificación expedida por el Secretario Ejecutivo no sea prueba suficiente y primaria de la existencia de una corpora-ción. Dicho funcionario tiene a su cargo el registro de cor-poraciones, y puede certificar lo que en él aparezca. La: presentación de las cláusulas de incorporación es innecesaria. Esto cubre el segundo señalamiento de error.

El tercer señalamiento de error no requiere discusión particular.

Como el presente debe considerarse como nn pleito en cobro de nn pagaré debidamente endosado, las supuestas defensas de los otorgantes originales, aquí demandados, son .improcedentes. Tal era el objeto del quinto señalamiento de -error.

En respuesta al sexto señalamiento de error, es evi-dente que la corte tenía derecho a fijar intereses desde la fecha de la presentación de la demanda, aunque el pagaré mismo no hiciera mención de intereses.

Esto resuelve directa o indirectamente todos los señala-miento de error, y la sentencia apelada debe confirmarse.