author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Ex parte Alers et al., Peticionarios y Apelantes, y El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un recurso sobre habeas, corpus.

    No. 822.
    Resuelto en abril 9, 1915.
    Habeas Corpus — Corroboración del Cómplice. — Si la declaración del cómplice está o nó suficientemente corroborada, es cuestión para decidir en el juicio y no en una solicitud de habeas corpus, mediante cuyo auto no debe ponerse en libertad .a una persona, sino cuando haya carencia absoluta de evidencia para justificar su detención.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Los apelantes no comparecieron.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Felipe Alers, Faustino Morales y Remigio 'Esteves se ha-llan detenidos en la cárcel de distrito de Aguadilla por el delito de incendio malicioso, y en tal situación acudieron en 27 de febrero último al Tribunal de Distrito de Agua-dilla solicitando la expedición de un auto de habeas corpus, y que por virtud de él se les excarcelara porque no bay causa razonable o probable para su detención. Expedido el auto por el juez tuvo lugar su vista el mismo día, compareciendo los peticionarios en persona y por su abogado, y el Fiscal de aquel distrito en representación de El Pueblo de Puerto Rico, presentando éste como prueba de que babía causa para la detención, a más de su propia declaración cuyos extremos no constan en la transcripción que bemos recibido, la de los testigos Ramón Ramírez y Juan Gronzález Avílés y, ha-biendo el juez del tribunal inferior desestimado la solicitud de habeas corpus, los peticionarios apelaron de ella, habién-dose recibido las diligencias en este tribunal el 11 de marzo pasado, celebrándose la vista el día 23 del mismo mes, sin que los apelantes presentaran en este tribunal alegaciones escritas ni orales.

Del examen de las diligencias que tenemos presente re-sulta, según la declaración de Ramón Ramírez, que él y tres peticionarios prendieron fuego a las cañas de la “ Hacienda Casualidad,” cerca de la “Central Corsica”; que lo verifi-caron por la noche en distintos sitios de la plantación; que Remigio Esteves (a) Paño compró unas velas antes del incen-dio y las prendió en los cañaverales. La declaración de Juan Gronzález es referente a que en el sitio indicado hubieron la misma noche incendios de caña en distintos sitios de la “Hacienda Casualidad” y que vió a un hombre, a quien no pudo conocer pero cuya manera de vestir describió, que estaba en-cendiendo unos cabos de vela en los cañaverales.

Aunque se concediera que la declaración de Ramón Ramí-rez, por ser la de un cómplice, no es por sí sola bastante para decidir que exista causa probable para la detención de una persona como co-autor del mismo delito, entendemos que, corroborada en algunos extremos por Juan Gronzález Avilés, según aparece de los particulares por él declarados, no puede sostenerse qne los peticionarios estén detenidos sin cansa al-guna probable de la comisión del delito qne se les impnta. Si la declaración del cómplice está o nó suficientemente corro-borada para con ella poder declarar culpable a los peticiona-rios es cuestión para decidir en el juicio y no en una solicitud .de habeas corpus mediante cuyo auto' no debe ponerse en libertad a una persona sino cuando baya carencia absoluta de evidencia para justificar su detención.

En vista de lo expuesto y sin considerar más esta cues-tión ya que los mismos peticionarios ban abandonado su de-recho de exponernos por qué la evidencia presentada por el. Fiscal no era bastante para justificar la resolución de la corte inferior, podemos sostener ésta y declarar sin lugar el re-curso.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


source: Caselaw Access Project

author: El" Juez Asociado Sr. Wole, SR. DEL TORO.

license: Public Domain

text:
    Fajardo Sugar Company, Demandante y Apelada, v. Richardson, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan* Sección Ia., en causa sobre devolución de contribuciones.
    No. 1165.
    Resuelto en abril 10, 1915.
    Devolución de Contribuciones — 'Incongruencia Entre la Demanda y la Prueba — Lev Orgánica — Relación de la Junta de Revisión e Igualamiento' con el Tesorero. — Alegado que hubo incongruencia entre la demanda y la prueba, porque la demanda se refiere a la tasación hecha por el Tesorero de Puerto Rico cuando’ ésta se hizo finalmente por la Junta de Revisión e Iguala-miento, se resolvió que la acción de la junta es necesariamente la acción del Tesorero de Puerto Rico.
    Créditos — Contribuciones.—Los créditos están exentos del pago de contribuciones en Puerto Rico, de acuerdo con la enmienda hecha al artículo 290 del Código Politico de 1904, y así ha sido antes resuelto en el caso de The Union Central Life Insurance Company v. Gromer, Tesorero de Puerto Pico, 19 D. P. R., 900.

      Id. — Propiedad—Intención de Tasar. — El mero hecho de que la Legislatura radi-que la intención de tasar toda la propiedad, no hace que toda forma o muta-ción de propiedad esté sujeta a tasación.
    Id. — Constitución de los Estados Unidos — Propiedad.—Los créditos no son nece-sariamente propiedad, de acuerdo con el precepto que exige que sea tasada toda la propiedad.
    Id. — Bienes Muebles — Intención del Legislador. — Si bien generalmente la pro-piedad mueble comprende los créditos, al excluirlos específicamente el artículo 290 del Código Político según la enmienda hecha en 1904, debe tenerse por cierto que ésa fué la intención del legislador.
    CONTRIBUCIONES' — EXENCIONES—EXCEPCIONES-INTENCIÓN DEL LEGISLADOR.-Es una regla establecida que el soberano está en la obligación de expresar su intención de fijar una contribución en lenguaje claro e inequívoco, y que deberá darse una interpretación liberal a las palabras que establecen la excep-ción, las cuales limitan la aplicación del deber, aun cuando las palabras rela-tivas a exenciones de las leyes generales que fijan contribuciones puedan ser diferentes.
    Créditos — Bienes Muebles — Exclusión Contenida en el Artículo 290 del ■ Código Político — Intención del Legislador. — Ya se considere la exclusión de los créditos contenida en el artículo 290 .del Código Político, según fué enmen-dado por la ley de 1904 como una exención o excepción a la tasación, 1¡i inten-ción del legislador es clara y se manifiesta asimismo en las demás enmiendas hechas en ese año a los artículos 317 y 319 del mismo código, en las que, al exi-girse a las corporaciones que presenten una relación de sus bienes muebles, omite también de ellos la palabra ‘ ‘ créditos. ”

    Id. — Préstamos o Adelantos.- — Los adelantos o préstamos hechos por la deman-dante a compañías azucareras, ferrocarrileras y cultivadoras de cañas, sin que conste que estuvieran garantizados ni aparezca la naturaleza de los contratos celebrados entre ellas, o son créditos o son una clase de cosa que la Legisla-, tura no ha indicado su intención de incluir en la definición de propiedad.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Wolcott H. Pitkin, Jr., Attorney General de Puerto Rico, y Charles E. Foote, Fiscal del Supremo.

    Abogado de la apelada: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El" Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.-

Esta es una acción sobre devolución de contribuciones pa-gadas bajo protesta establecida de acuerdó con la Ley No. 35, aprobada en marzo 9, 1911. La demandante es una cor-poración organizada con arreglo a las leyes del Estado de Nueva York. Según la demanda original y la complemen-taria el demandado entre otras cosas amillaró propiedad de la demandante tasándola en la suma de $1,015,530.55.. La de-mandante se opuso a dicha tasación; pero, sin embargo, pagó bajo protesta al referido Tesorero la suma de $12,186.37, por todo el año, basada en la anterior tasación.

Se alega además en la demanda y demanda complemen-taria que la suma de $1,015,530.55, tasada al demandante con-sistía enteramente en créditos, o sea, (a) anticipos, préstamos y cuenta corriente con The Fajardo Sugar Growers’ Association, ascendentes a $743,383.79; (b) cuenta corriente con The Fajardo Development Company, que es una compañía de fe-rrocariles, ascendente a $200,146.76, y (c) pagarés y docu-mentos a cobrar, ascendentes a $72,000. La demandante alegó que toda la suma expresada estaba exenta de dicha tasación por virtud del artículo 290 del Código Político de Puerto Rico, fundándose principalmente en la decisión de este tribunal en el caso de Union Central Life Insurance Company v. Gromer, 19 D. P. R., 900.

Aparece de la estipulación hecha por las partes que el Tesorero, para los fines de la tasación expresados en los ar-tículos 290, 317 y 320 del Código Político, tasó la propiedad de la demandante en la suma de $3,357,194. Estos artículos según han sido enmendados son los siguientes:

“Artículo 290.. — Que toda propiedad no exenta expresamente del pago de contribuciones será tasada como imponible. Para los efec-_ tos de la tasación de contribuciones la frase ‘propiedad real’ se considerará sinónima de ‘inmueble,’ según la definición hecha en los artículos 333, 334 y 335 del Código Civil; disponiéndose, sin embargo, que las maquinarias, vasijas, e instrumentos o implementos no adheridos al edificio o suelo no se considerarán como inmuebles. Los bienes muebles comprenderán dichas maquinarias, vasijas, ins-trumentos o implementos no adheridos al edificio o suelo, el ganado en pie, bien en poder del mismo dueño o de otra persona, o deposi-tado en alguna institución, los bonos, las acciones, certificados de créditos en sindicatos o sociedades no incorporadas, derechos de pri-vilegio, marcas de fábrica, franquicias, concesiones y todas las demás materias y cosas susceptibles de ser propiedad privada, no compren-didas en la significación'de la frase ‘propiedad real,’ pero no com-prenderán los créditos en cuentas corrientes, pagarés, ni otros cré-ditos personales.”
“Artículo 317. — La propiedad mueble de instituciones, corpora-ciones y compañías incorporadas con arreglo a las leyes de Puerto-Rico fuera de las instituciones bancarias con capital en acciones, deberá tasarse como perteneciendo a tales instituciones, corporacio-nes y compañías por el Tesorero de Puerto Rico, en la forma que-este artículo prevee. El valor efectivo actual del capital de las cita-das corporaciones, se fijará por el Tesorero de Puerto Rico de con-formidad con la declaración jurada de los presidentes, directores, n otros funcionarios al frente de tales corporaciones, como se requiere por el artículo 319, o basándolo en cualquier otro informe fidedigno-que el Tesorero tenga o adquiera, y el valor efectivo actual no será en ningún caso menos que el valor del capital y bonos, más el sobrante y ganancias no divididas de dichas instituciones, corporaciones y com-pañías ; ni será menor que el valor en el mercado de los bienes inmue-bles y muebles de dichas instituciones, corporaciones y compañías, incluyendo en los bienes muebles' todos los derechos, franquicias y concesiones. De la tasación obtenida en ’esta forma se deducirá el valor total de la propiedad inmueble de dichas corporaciones, que: resulte de la tasación verificada de acuerdo con las disposiciones del artículo 316; y el resto será considerado como que representa la pro piedad mueble de dichas corporaciones que ha de someterse a con-tribución.”
“Artículo 320. — La tasación de toda corporación, compañía anó-nima por acciones, y compañía limitada, que no haya sido incor-.porada en Puerto Rico, pero que se dedique a la transacción de nego-cios en la isla, fuera de los bancos e instituciones bancarias con capital en acciones, se hará en la forma que dispone este título para la-tasación de la propiedad de instituciones, corporaciones y compa-ñías incorporadas con arreglo a las leyes de Puerto Rico; disponién-dose, no obstante, que para determinar el valor real y efectivo, a la sazón, del capital de tales corporaciones, sólo se tendrá en cuenta y valuará aquella parte del capital que tengan ellas empleado en la transacción de negocios en Puerto Rico; pero la cantidad de dicho capital no será, en ningún caso, menor que el valor de la propiedad: inmueble y mueble ubicada en Puerto Rico perteneciente a tal cor-poración o compañía, incluyendo en la propiedad mueble todas las; franquicias o concesiones otorgadas a dicha corporación o compa-ñía con arreglo a las leyes de Puerto Rico. , Todas las obligaciones, impuestas a las instituciones, corporaciones y compañías, incorpora-das -con arreglo a las leyes de Puerto Rico, o señaladas a sus oficiales., respecto a llenar y devolver planillas, bajo declaración jurada o en otra forma, deberán igualmente comprender a las corporaciones, com-pañías anónimas por acciones y compañías limitadas que no hayan sido incorporadas en Puerto Rico, y a sus oficiales. Todas las accio-nes en el capital de bancos e instituciones bancarias, ya fueren O’ nó de emisión, organizados por autoridad de los Estados Unidos, o de cualquier Estado de la Unión, o de Puerto Rico, o de otro modo, situados y dedicados a negocios en Puerto Rico, serán tasadas para el reparto de contribuciones por el Tesorero de Puerto Rico a nom-bre de los dueños de las mismas en los distritos municipales en que los bancos estén situados, y en ninguna otra parte. Al efectuarse el reparto de todas las contribuciones insulares, y municipales que se hubieren impuesto o que en adelante se impusieren de acuerdo con la ley, en dicho municipio, .ya fueren los dueños residentes o nó del mismo, todas las citadas acciones serán tasadas en su justo- valor en plaza, el día quince de enero, deducida la parte proporcional del valor de los bienes inmuebles pertenecientes al banco, y las personas o corporaciones que aparecieren en los libros del banco como dueños de acciones al cerrarse las operaciones en la víspera del día quince de enero de cada año, serán considerados como tales dueños para los efectos de este artículo. Cada uno de dichos bancos pagará al Teso-rero de Puerto Rico, en la época del año en que vencen las demás contribuciones repartidas en el municipio, el importe de la contribu-ción impuesta sobre sus acciones en tal año. Si dicha contribución no fuere satisfecha responderá el banco de la misma, y esa contri-bución más las penas prescritas en el artículo 330 de este título, podrá el Tesorero de Puerto Rico hacerlas efectivas, de igual modo que en los casos de contribuciones atrasadas. Las acciones de diciios bancos estarán sujetas a la contribución pagada sobre ellas por el banco, o por los oficiales del mismo, los cuales tendrán un derecho de reten-ción sobre todas las acciones de dicho banco y sobre todos los dere-chos y pertenencias de los accionistas en la propiedad común, para el pago de dichas contribuciones. El cajero de cada uno de dichos bancos preparará y entregará al Tesorero de Puerto Rico, a más tar-dar el quince de enero de cada año, un estado demostrativo, certifi-cado bajo juramento por el mismo cajero, en que conste el nombre de cada accionista, su residencia y número de acciones que le perte-necían al cerrarse las operaciones en la víspera del día quince de enero, según los libros del banco. Todas las obligaciones impuestas a instituciones, corporaciones y compañías, fuera de los bancos incor-porados con arreglo a las leyes de Puerto Rico, o a sus oficiales, en cuanto a llenar y devolver planillas, presentar estados bajo .jura-mentó o en otra forma, serán aplicables igualmente a los bancos des-critos en este artículo y a los oficiales de los mismos.”

Alega o admite el Tesorero al liacer su tasación original, sea como fuere el caso, que solamente tuvo en cuenta la pro-piedad material de la Fajardo Sugar Company, la cual se compone de terreno, edificios de maquinaria, mejoras, hipo-tecas, arrendamientos, puentes, efectivo y otras cosas inclu-yendo los créditos alegados objeto de este pleito. No estando conforme la demandante con la tasación hecha originalmente por el Tesorero, apeló para ante la Junta de Revisión e Iguala-miento siendo los fundamentos de la apelación que la valo-ración hecha sobre la maquinaria había sido aumentada por el Tesorero en la suma de $427,627, sin tomar en considera-ción su valor actual, y que el Tesorero de igual modo había tasado los anticipos, préstamos y otros créditos en la suma de $1,500,785, habiendo tasado también las acciones de capital no situadas en Puerto Rico en la suma de $586,500.

La Junta de Revisión e Igualamiento valoró en conjunto la propiedad de la Fajardo Sugar Company en la suma de $3,000,000. La forma en que precisamente dicha junta llegó a la referida suma de $3,000,000, no aparece claro en abso-luto de los autos, lO' que ha sido así admitido por el Tesorero. Alega el apelante y funda su principal argumento en la ale-gación de que la Junta de Revisión e Igualamiento tasó la pro-piedad con arreglo al capital en acciones, descontando el im-porte del capital empleado en negocios fuera ele Puerto Rico. Sostiene que para este fin fué' tomado el capital en acciones de la compañía por un valor de $2,569,818 los bonos en' $400,000, las'ganancias a repartir en $587,101, y el superávit y fondo de seguro calculado en 50,000, formando un total de $3,606,919, de cuya suma dedujo la junta la cantidad de $606,919, como capital empleado en otras partes, quedando en números redondos para ser tasada, la suma de $3,000,000.'

La compañía en su apelación solicitó una rebaja de los $427,627 en que se aumentó la maquinaria y en la cantidad de $1,500,785 de los créditos. La junta rebajó $357,194 de la suma calculada por el Tesorero. Ahora pide la compañía que la contribución impuesta sobre los .$1,015,530.55 por cada semestre le sea devuelta. La suma de $1,015,530.55 es una reclamación de menos de la diferencia que resulta entre el $1,500,785, que fué reclamada originalmente por créditos y la rebaja de $357,194,. hecha por el Tesorero.

De uno de los comprobantes (exhibits) certificados por el Tesorero, o sea el “Exhibit X para acompañar a F,” apa-rece que la Junta de Revisión e Igualamiento trató de hacer la tasación tomando por base el valor del capital en acciones, etc., y no sobre el valor real de la propiedad material.

Sin embargo, en otro documento certificado por el Tesorero consta simplemente que la junta rebajó-la valoración hecha por el Tesorero de $3,357,194, a la suma total de $3,000,000.

Resolveremos primeramente una cuestión de procedi-miento promovida por el apelante y luego consideraremos las facultades de la junta y lo que debe considerarse que ella hizo.

Alega el apelante en su alegato que hubo una discrepan-cia entre la demanda y la prueba. Expresa que la demanda se refiere a la tasación hecha por el Tesorero de Puerto Rico cuando en realidad de verdad la tasación la hizo finalmente la Junta de Revisión e Igualamiento. Opinamos que la acción de la junta es necesariamente la acción del Tesorero, primero, fundándonos en la Ley Orgánica según la cual el Tesorero es la persona designada para cobrar sumas de dinero en Puerto Rico; segundo, por haber adoptado el Tesorero 'los •informes de la Junta de Revisión e Igualamiento procediendo a verificar el cobro por virtud de dicha tasación, y tercero, por razón de la ley que regula la acción de la junta la que ordena al Tesorero que corrija los libros de tasaciones para ajustarlos a la resolución dé la junta la cual entregará todos los documentos y libros al Tesorero quien tendrá el deber de proporcionar un libro en el que hará constar las decisiones de la junta. Artículos 309, 310, 311 y 313 del Código Polí-tico. El Tesorero es además miembro de oficio de esta junta. Existe también cierta analogía entre la acción de esta Jnnta de Revisión y la de nna corte de revisión. La acción que en definitiva adopta la corte de revisión viene a ser la senten-cia de la corte inferior; la acción final de la Jnnta de Revi-sión e Igualamiento es también la acción del Tesorero. Cree-mos, además, que el Tesorero prescindió de-esta cuestión de-bido a la teoría de la corte sentenciadora donde esta cuestión particular referente a la discrepancia jamás fué promovida debido a la aceptación de las alegaciones y a la estipulación y proceder general de las partes en' la corte inferior. Es evidente que tanto las partes como el juez de la corte inferior estaban considerando o creyeron que se encontraban considerando Ja cuestión relativa a si Rabian sido tasados indebidamente estos supuestos créditos.

La tasación beclia originalmente por el Tesorero fué sobre la propiedad material de la demandante. Es verdad, como alega el apelante, que en el certificado original de la deman-dante se dice que su capital en acciones ascendía a $3,000,000, pero en ese certificado no se calculaba en forma alguna el valor de ese capital en acciones, ni bizo ninguna petición el Tesorero o algún otro funcionario de que dicho capital en acciones debía ser calculado. La Junta de Revisión e Iguala-miento sin dato aparente alguno fijó el valor de este capital en acciones en la suma de $2,569,818. Cómo llegaron ellos a esta suma es un misterio para todas las partes en este pleito. El apelante sostiene que se llegó a esa suma sin tomar en consideración la forma en que está empleado en Puerto Rico el capital de la compañía. Creemos firmemente que la' Junta de Revisión e Igualamiento formó su idea del capital en acciones tomando realmente en consideración el valor que en realidad tenía la propiedad material de la compañía en Puerto Rico, consideración que se fundó en parte en la idea del capital en acciones de la compañía ascendente a $3,000,000. Ella no tenía ningún otro dato ante sí que no fuera el valor ' de dicha propiedad material en Puerto Rico, pues la tasación que bizo el Tesorero contra la cual se interpuso la alzada y en la que había fundado la junta su decisión, solamente contenía el valor de la propiedad material, y tomando por basa la valoración becba por el Tesorero fué que las partes hicieron sus alegaciones ante la' junta. Además, convenimos con la compañía apelada en su contención de que aun cuando ésta es una tasación basada en el valor del capital en accio-nes de la propiedad en Puerto Pico, como el valor de dicha propiedad" debe estar compuesto necesariamente del valor de la propiedad material o franquicias de la corporación y puesto que la junta no hizo la debida concesión por la pro-piedad que se alegó que estaba exenta, que si dicha propie-dad realmente está exenta, entonces la compañía tiene dere-cho a que se rebaje la tasación en la suma de los créditos que alega fueron incluidos indebidamente en la tasación original del Tesorero y que no fueron considerados al parecer por la Junta de Revisión e Igualamiento. Creemos que exis-*ten bastantes constancias en los autos que indican que la acción de la junta fué meramente hacer un descuento en la cantidad fijada originalmente, por el Tesorero. Estas con-sideraciones de este párrafo están sostenidas por el artículo 320 del Código Político citado anteriormente al expresar éste que solamente será tasada aquella parte del capital de una corporación extranjera empleado en la transacción cié nego-cios en Puerto Rico.

A pesar del caso de Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, arriba citado, el apelante insiste en que los créditos no están exentos por la ley. Alega que el Fiscal General de Puerto Rico, Sr. Brown, como también este tribunal ai .adoptar su opinión, estuvieron equivocados. El argumento es que el artículo 290 meramente expresa que los créditos estarán exentos de ser clasificados bajo el título de bienes muebles, pero que pueden, sin embargó, ser tasados los cré-ditos, puesto que el artículo 290 dispone que sea tasada tocia la propiedad. El apelante llama la atención hacia el hecho de que en la ley de 1902 también se disponía que serían tasa-dos los créditos y que la única revisión hecha en la ley de 1904 fue para excluirlos de su clasificación como bienes mue-bles.

Es muy general y conveniente la división de la propiedad en inmueble y mueble. A veces los créditos o derechos de acción no eran considerados como comprendidos en la propiedad mueble y la ejecución o procedimiento judicial seguido contra la propiedad mueble no comprendía a los cré-ditos. El mero hecho de que la legislatura indique la inten-ción de tasar toda la propiedad no hace que toda forma o mutación de propiedad esté sujeta a tasación y con frecuen-cia no se consideran como propiedad algunas cosas o derecho que representan valor hasta que no sean declarados así por la Legislatura. Talley, County Treasurer, v. Brown, 125 N. W., 248; State of Washington, ex rel J. G. Wolfe v. Parmenter, 19 L. R. A. (N. S.), 707, donde se cita el caso de People v. Hibernia Sav. & L. Soc., 51 Cal., 243, en el que se resolvió que los créditos no eran necesariamente propiedad' de acuerdo con el precepto constitucional que exige que sea tasada toda la propiedad. Yéase también él caso de Oleas on v. Them, sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos de fecha febrero 23, 1915. Sin embargo, generalmente la propiedad mueble comprende los créditos, y así ha sido declarado por las cortes; y al excluir específicamente el ar-tículo 290 a dichos créditos debemos tener por cierto que la intención de la Legislatura fué la expresada por ella. La Legislatura teniendo presente que toda la propiedad material es tasada puede que haya querido evitar una tasación sobre los derechos a la propiedad con el fin de impedir la doble tasación que tan frecuentemente recae sobre el mismo comodatario en vez de sobre la persona que tiene el crédito. El caso de la Union Central Life Insurance Company v. Gromer, jamás ha sido revocado y no se funda únicamente en la opinión del Fiscal General, sino en una consideración dete-nida del estatuto. Siguiendo estos mismos razonamientos el apelante insiste en el hecho de que las exenciones deben ser interpretadas estrictamente si bien los casos en que se esta-blece este principio son más generalmente casos de privile-gios, como por ejemplo, de ciertos individuos, corporaciones,, juntas o instituciones de caridad, o propiedad de personas que ha quedado exceptuada. Wicksbury, etc., R. R. Co. v. Dennis, 116 U. S., 665; Providence Bank v. Billings, 4 Pet., 514; 37 Cyc., 908 et seq.

Hablando estrictamente, la exclusión en este caso, es una excepción u omisión a que pueda hacerse la tasación según la diferencia indicada en el caso de Eidman v. Martínez, 184 U. S., 583.

“Es una regla antigua y familiar de las cortes inglesas aplicable, a toda clase de contribuciones particularmente a las contribuciones especiales, que el soberano está en la obligación de expresar su inten-ción de fijar una contribución, en lenguaje claro e inequívoco, y que deberá darse una interpretación liberal a las palabras que establer cen la excepción, las cuales limitan la aplicación del deber, Warrington v. Furbor, 8 East, 242, 247; Williams v. Sangar, 10 East, 66, 69; Denn v. Diamond, 4 B. & C., 243, 245; Tomkins v. Ashby, 6 B. & C., 541; Doe v. Snaith, 8 Bing., 146, 152; Wroughton v. Turtle, 11 M. & W., 561, 567; Gurr v. Scudds, 11 Exchq., 190, aunque las palabras relativas a exenciones de las leyes generales que fijan contri-buciones puedan ser diferentes. Cooley sobre Tasación, 146; In Matter of Enston, 113 N. Y., 174, 177.”

Véase también el caso de Hall Co. v. Commonwealth, 215 Mass., 326, y el de Hale v. County Commissioners, 137 Mass., 111, y a Brown’s Legal Maxims, página 4.

Pero ya que se considere la exclusión de los créditos con-tenida en el artículo 290 como una exención o excepción a la tasación, la intención de la Legislatura, según aparece de. dicho artículo, no da lugar a equivocación alguna. La inten-ción de hacer dicha exclusión se manifiesta además en los cambios hechos en el año 1904 en otras partes del Código Político. En los artículos 317 y 319 del referido código que exigen que las corporaciones deberán presentar una relación de sus bienes muebles fué incluida la palabra lícré'áits”' en 1902 y omitida en 1904, fecha en que fué enmendado' dicho, articuló 290. Y el mismo ártícúlo 290 expresa'qúe para’los fines de la tasación la propiedad inmueble comprenderá cier-tas cosas y la mueble otras (excluyendo los créditos) indi-cando así una completa división de la propiedad que lia de ser tasada.

El apelante formula además otra alegación en este caso. Alega que estas supuestas exenciones en realidad no eran cré-ditos sino otra cierta clase de propiedad. El fundamento de alegación es el de que estos adelantos o préstamos a las com-pañías azucareras, ferrocarriles y cultivadores de cañas eran •en su totalidad sumas de dinero empleadas en el negocio de la Fajardo Sugar Company, la que según su misma admisión se dedica al negocio del cultivo de caña. No aparece de las alegaciones o de la prueba cuál sea la verdadera naturaleza •de estos supuestos créditos. Se fia admitido que son prés-tamos o adelantos pero no están garantizados ni consta específicamente la naturaleza de los contratos celebrados entre la Fajardo Sugar Company y' los diferentes deudores. Si estos alegados créditos eran meramente adelantos fiecfios por la corporación, o en otras palabras, propiedad o dinero que fiabía salido de la custodia de la Fajardo Sugar Company, entonces muy bien podría discutirse si tales préstamos o adelantos son propiedades en poder de la corporación. Por tanto, lo que la corporación posee es un derecfio a algo futuro, ya sea esto la entrega del azúcar o derecfio a una indemni-zación en caso de que no se verifique dicfia entrega.

La intención, pues, por parte de la Legislatura de tasar estos adelantos o préstamos no fia sido expresada de modo alguno en el estatuto. Hemos visto en el caso de Eidmcm v. Martínez y las demás autoridades que fian sido citadas, que la Legislatura debe indicar claramente la intención de fijar una contribución. Si pareciera poco científico indicar que estos adelantos por virtud de los cuales las personas están en la obligación de entregar efectos o dinero a la corporación no son tasados, entonces es evidente que la medida de ese deber o los daños y perjuicios constituye un derecfio debidamente clasificado por la compañía en su certificado como crédito. Cualquier otra interpretación que no sea la de que estos prés-tamos o adelantos son créditos, daría derecho a la compañía a que pudiera alegar en el fntn.ro que ellos negociaban o nó con propiedad que podía ser tasada, sino con derechos que en lo sucesivo podrían surgir y que la fecha adecuada para tasar estas cosas sería al convertirse ellas en propiedad en poder de la corporación debido a la entrega de-las cosas men-cionadas en los supuestos contratos. Si se considerara pro-cedente la Legislatura tendrá una base sencilla para que pue-, dan ser tasados estos créditos. En verdad que el artículo 290 ha estado en vigor desde el año 1904 y el hecho de que la Legislatura no haya tratado de modificarlo para hacer específica la tasación de los créditos milita en contra de la teoría sustentada por el apelante.

Hemos tenido alguna duda con respecto a si la deman-dante debe recobrar toda la suma reclamada puesto que se hizo otra rebaja en cierta propiedad material en las contribu-ciones por tasación fijadas por la Junta de Revisión e Iguala-miento. Sin embargo, como la rebaja que se pidió fuera hecha era mucho mayor que la que hizo finalmente la junta, y como ésta evidentemente no tuvo en cuenta la reclamación relativa a los créditos alegados y como la cuestión entre las partes era según los autos la devolución de estos créditos vel non, opinamos que debe. confirmarse enteramente la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte dei tribunal en la vista de este caso.

El Juez Asociado Sr. del Toro disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ ÁSOOIADO

SR. DEL TORO.

Después dé un detenido estudio-de todas las. cuestiones envueltas en este caso, he concluido que debo disentir de la opinión de la mayoría que sirve de ba.se a la sentencia de esta; Corte Suprema confirmatoria de la apelada, expresando por escrito las razones en que fnndo mi disentimiento.

Ambas partes están conformes con respecto a la narración de los hecbos ocurridos. Es la manera de apreciar esos he-chos y de aplicar la ley y la jurisprudencia, la que motiva el conflicto sometido a la decisión de las cortes.

En vez de exponer por mí mismo tales hechos, los trans-cribiré en la forma en que aparecen en la exposición del caso, por virtud del convenio celebrado al efecto por ambas par-tes interesadas.

“1. Que allá por el 12 de abril de 1905 la demandante arriba mencionada, Fajardo Sugar Company, una corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de New York, archivó en la Ofi-cina del Secretario de Puerto Rico una copia debidamente certificada de sus cláusulas 'de incorporación, incluyéndose el consentimiento para demandar y ser demandada, y fué debidamente inscrita en la Oficina del Secretario de Puerto Rico como una corporación extran-jera autorizada a hacer negocios en esta isla.
“2. Que desde aquella fecha la demandante ha sido permitida, y autorizada por el Tesoréro de Puerto Rico, de" año en año, para ocu-parse en Puerto Rico del cultivo de la Caña de azúcar y para la ela-boración de azúcar, melao y ron, y efectivamente se ha ocupado de este- negocio, teniendo su oficina principal de negocios en el pueblo de Fajardo, en esta isla.
“3. La Fajardo Sugar Company, en abril- 1 de 1912, presentó-ai Departamento de Tesorería de Puerto Rico una planilla de cor-poración, jurada, para el año económico de 1912-13, en cuya planilla se trata de dar una completa y verdadera lista, de toda la propiedad perteneciente a dicha compañía en la Isla de Puerto Rico en enero 15 de 1912, y amplias y verdaderas contestaciones a todo el interro-gatorio que se relaciona con dicha propiedad. Una copia de dicha planilla de corporación con seis exhibits que la acompañan, marca-dos respectivamente Exhibits 1, 2, 3, 4, 5 y 9, mencionados en ella, se adhiere a la presente, marcándose ‘Exhibit A.’
“Esta planilla comprende, primero, un estado demostrativo del capital de la'corporación como sigue:
‘ ‘ Capital en acciones, cantidad pagada_$3, 000, 000. 0O:
Bonos, valor a la par- 400, 000‘. -00
Superávit y fondo de amortización (Fondo de Seguro) _ $50, 000. 00
Ganancias a repartir_ 587,101. 24
“Esta parte de la planilla contenía una nota en el sentido de que el valor en el mercado del capital social y bonos no se podía determinar.
“La planilla entonces trataba de exponer el valor del capital de la corporación empleado en negocios en la forma siguiente:
“Valor total del capital empleado en Puerto Rico-$2, 413, 360. 33
“Valor total del capital empleado en otra parte- 606, 919.10
Total (no se hace constar en la planilla)-$3, 020, 279. 43
“La planilla además contenía una cuenta de la propiedad de la corporación en Puerto Rico como sigue:
“Bienes inmuebles consistentes de te-rrenos (Exhibit No. 1)_ $24,300.00
Ferrocarril (Exhibit No. 2)_ 61,100.00
Maquinaria para la elaboración de azú-car (Exhibit No. 5)_ 474,400.00
Otras maquinarias (Exhibit No. —), edificios _ 168, 400'. 00
Total (no se hace constar en la planilla)- $728, 200. 00
Hipotecas (Exhibit No. 9)__
Efectivo en caja o en depósito- $25,133. 30
Notas cobrables u otros créditos poseí-dos (Exhibit No. 9)_ 1,077,777.30
Valor del capital, bonos y otras garan-tías de otras compañías que se poseen (Exhibit-No. 9)_1_ 2,500.00
Valor de los bienes personales que se poseen (Exhibit No. 3)_ 80,530.00
Material rodante (Exhibit No. 4)_ 100. 00
Total de los bienes personales. 1,186, 040. 60
Total general-(sic) __ $2, 413, 360. 33
“La partida en cuanto al capital empleado en otra parte, está formada por acciones de la Fajardo Development Company, que se poseen en New York, en la cantidad de $586,500 y efectivo en depósito en New York en la cantidad de $20,419.
"4. Subsiguientemente el Tesorero de Puerto Rico tasó a la Fa-jardo Sugar Company, para fines de contribución para el año eco-nómico de 1912-13, y en julio 13 de 1912 envió a dicha corporación un aviso de dicha tasación, copia de cuyo aviso se hace parte de la pre-sente, marcándose 'Exhibit B.’ Dicha tasación, según aparece de dicho aviso, es como sigue:
"Terreno, 122 acres — ^ $11,800.00
Maquinaria para la elabo-ración de azúcar y casa para la maquinaria_ 982, 427. 00
Edificios_ 88, 000. 00
Otras mejoras __ 12, 500. 00
Total de terreno y m'ejoras_$1, 094, 727. 00
Hipotecas, arrendamiento y acciones- 2, 093, 894. 00
Total terreno, mejoras, hipotecas, arrendamien-tos y acciones_$3,188, 621. 00
Vía, puentes, túneles, etc_:- $62, 710. 00
Material rodante_ 200. 00
Total, ferrocarril, (no se hace constar en la planilla)_ 62, 910. 00
Efectivo _ $25,133. 00
Otros bienes personales_ 80, 530. 00
Total_ 105, 663. 00
Total general-$3, 357,194. üü
"La partida anteriormente descrita como ‘Hipotecas, arrenda-mientos y acciones, $2,093,894’ fue calculada como sigue:
"Hipotecas-$499,119.00
Acciones,- Porio Pico Progress, una corporación organi-zada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico_ 2, 500. 00
Acciones, Fajardo Development Company, una corpora-ción organizada de acuerdo con las leyes del Estado de New York_ 586, 500. 00
Notas cobrables y otros créditos:
Préstamos sobre las cosechas_ 449, 506. 55
Préstamos, Fajardo Sugar Growers’ Association_ 168,-723. 00
Cuentas corrientes_ 197,155. 00
Cuenta corriente con la Fajardo Development Company-:- 200,146. 00
“5. Subsiguientemente dicba Fajardo Sugar Company tomó ape-lación a la Junta de Revisión e Igualamiento, y se acompaña a la pre-sente copia de dicha apelación, -marcándose ‘Exhibit C.’ (Al reci-birse dicha apelación en la Oficina del Tesorero, fué anotada como ‘Apelación No. 821, Caso No. 322.’) Los fundamentos de esta ape-lación eran los siguientes.-
‘1. Que la valoración sobre “Maquinarias y casas para maqui-narias” fué arbitrariamente elevada a la suma de $427,627, sin tener en cuenta su valor actual.
“ ‘2. Que la valoración sobre “Hipotecas, arrendamientos y ac-ciones,” incluye las siguientes partidas, que están expresamente exen-tas de acuerdo con la ley (Créditos). Las partidas son:
“Anticipo sobre cosechas_$439,751.00
Préstamos a la Fajardo Sugar Growers’ Association_ 168, 723. 00
Cuentas corrientes_ 197,155. 00
Cuenta con la Fajardo Development Company_ 200,146. 00
Valor ación sobre acciones no situadas en Puerto Rico, ascendentes a_ 586, 500. 00
“Dicha apelación fué debidamente presentada ante la Junta de Revisión e Igualamiento, junta con las planillas de contribución y valoración, según lo demuestra el certificado del Tesorero que se acom-paña a la presente y se marca ‘Exhibit D.’
“6. Después la Fajardo Sugar Company compareció, por medio de su abogado, y argumentó su caso ante la Junta de Revisión e Igualamiento, y luego la Junta de Revisión e Igualamiento redujo la valoración total de la propiedad real y personal tasada para el año económico de 1912-13 a la Fajardo Sugar Company de la suma de $3,357,194 a la de $3,000,000. Un aviso de esta resolución de la Junta de Revisión e Igualamiento fué debidamente enviado por el Tesorero de Puerto Rico a dicha corporación el día 30 de agosto de 1912.' Copia de "dicho aviso se acompaña a la presente, marcándose ‘Exhibit E.’
“7. La Junta de Revisión e Igualamiento, al resolver el caso en cuestión, tuvo en cuenta que la tasación total hecha por ei Tesorero de Puerto Rico en contra de la Fajardo Sugar Company para los fines de contribución durante el año 1912-13 era demasiado alta, y deci-dió reducir este montante según se indica anteriormente. En la discusión ante la junta se sugirió que la corporación estaba debida-mente sujeta a la contribución sobre el montante del capital empleado en negocio en Puerto Rico, y que el montante del capital así empleado en Puerto Rico podría propiamente obtenerse totalizando, a un valor razonable, su capital en acciones, bonos, superávits y ganancias a repartir (fondo de seguro), y deduciendo de ello la cantidad de $606,919, que la compañía alega que es el capital empleado en nego-cios fuera de Puerto Pico.. Para estos fines, el capital en acciones de la corporación fue calculado en la suma de .$2,569,818.
“Que la junta finalmente resolvió este caso sencillamente redu-ciendo el montante de la valoración de $3,357,194 a $3,000,000; y que se resolvió fijar dicha tasación valorando los bonos, superávits y ganancias a repartir, de la Fajardo Sugar Company, descontando el importe del capital empleado en negocios en otras partes fuera de Puerto Rico. Para este fin los bonos fueron tomados por un valor a la par de $400,000 y las ganancias a repartir fueron calcula-das en $587,101, y el superávit y fondos de amortización (fondo de seguro) fué calculado en $50,000 y se dió un valor de $2,569,818 al capital de dicha corporación y de este total se dedujo la cantidad de $606,919, cuya suma es el capital que la corporación dice tiene empleado en otras partes, quedando en número redondos la suma de $3,000,000.
• “8. El día 2 de septiembre de 1912, dicha Fajardo Sugar Company pagó la suma de $18,000.01 como contribuciones tasadas sobre la base de $3,000,000, siendo aquella suma el primer plazo de las contri-buciones para el año económico de 1912-13, de cuya cantidad se paga-ron por la Compañía, — bajo protesta, — $6,093.19. El día 28 de le-brero de 1913, dicha Fajardo Sugar Company pagó una cantidad de dinero igual, estableciendo análoga protesta, siendo dicho pago el segundo plazo de las contribuciones para el año económico de 1912-13, basándose dichas protestas en el hecho de que la propiedad tasada consistía de créditos en cuentas corrientes, pagarés, y otros créditos personales legalmente exentos de contribución, como sigue:
“‘(1) Anticipos, préstamos y cuenta corriente ■ con la Fajardo Sugar Growers’ Association, ascendentes a setecientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y tres dólares, setenta y nueve centavos ($743,383.79).
“ ‘(2) Cuenta corriente con la Fajardo Development Company, ascendente a doscientos mil, ciento cuarenta y seis dólares, setenta y seis centavos ($200,146.76).
“ '(3) Pagarés y documentos a cobrar, ascendentes a setenta y dos mil dólares ($72,000).’
“Copias de las dos protestas a. que nos referimos se acompañan a la presente, y se marcan, respectivamente, 'Exhibit G’ y 'Exhibit H.’
“9. El día 15 de enero de 1912, la Fajardo Sugar Company poseía la siguiente propiedad:
“ ‘(1) Anticipos, préstamos y cuenta corriente con la Fajardo Sugar Growers’ Association, ascendentes a setecientos cuarenta y •tres mil, trescientos ochenta y tres dollars, setenta y nueve centavos ($743,383.79).’
“Esta suma estaba formada de dinero de refacción adelantado anteriormente a la Fajardo Sugar Growers’ Association, una asocia-ción por acciones, no incorporada, organizada de acuerdo con las leyes ■del Estado de New York, y que se ocupaba en el cultivo de la caña ■de azúcar en Puerto Rico.
“ ‘ (2) Cuenta corriente con la Fajardo Development Company, ascendente a doscientos mil, ciento cuarenta y seis dólares, setenta y seis centavos ($200,146.76).’ '
“Esta cantidad consistía de dinero adelantado anteriormence a la Fajardo Development Company, una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Connecticut, y que se ocupaba en la explo-tación de un ferrocarril en Puerto Rico como portador público de •cargas y pasajeros, cuyo ferrocarril se extiende desde el Municipio de Naguabo, vía Fajardo, hasta el Barrio de Mameyes. Dichos anti-cipos consistían de un sobrante de préstamos sin pagar, hechos de tiempo en tiempo, desde la organización de la Fajardo Development •Company hasta el 15 de enero de 1912 para la construcción y mante-nimiento del ferrocarril.
“‘(3) Pagarés y documentos a cobrar, ascendentes a setenta y •dos mil dólares (‡72,000).’
“Estos pagarés son créditos varios contra residentes de Puerto Rico, adquiridos por la Fajardo Sugar Company en el curso de su negocio. La Fajardo Sugar Company, el día 15 de enero de 1912, no poseía garantía de ninguna clase para ninguno de los créditos men-cionados en este párrafo.”

Conocidos los hechos, veamos si, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, la cantidad de $12,186.37 ha sido o nó co-brada ilegalmente a la demandante por concepto de contri-buciones.

A. La primera cuestión que debe considerarse es la de si los “créditos” en general están o nó exentos del pago de contribuciones en Puerto Eico. Esta Corte Suprema en el caso de The Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, 19 D. P. R., 900, resolvió que lo estaban. Intervine en la decisión de dicho caso y disentí de la opinión de la mayoría, pero no expresé las razones de mi disentimiento. Lo haré ahora.

Desde 1900 en que se aprobó nuestra ley de remas, cono-cida generalmente con el nombre de bill Hollander, hasta 1904, no hubo cuestión alguna con respecto' a que los crédi-tos personales o hipotecarios, estuvieran exentos del pago de contribuciones. . Dichos créditos eran tasados y sus due-ños pagaban la contribución correspondiente. Fué con motivo-de ciertas enmiendas hechas a la ley en 1904, que surgió el conflicto. Dichas enmiendas consistieron en haberse excluido los créditos en cuentas corrientes, pagarés, -y otros crédi-tos personales, de la clasificación de “bienes muebles” con-tenida en el artículo 290 del Código Político y otras que guar-' dan estrecha relación con la indicada.

Estoy convencido de la fuerza y de la lógica de los razo-namientos consignados por el Juez MacLeary al emitir la opinión de la corte en el caso citado de The Union Central Life v. Gromer. Si fuera posible por inferencias llegar a la conclusión de si están o nó exentos los créditos del pago de contribuciones por virtud de las enmiendas de 1904, con-testaría que lo estaban; pero a mi juicio a tal conclusión no puede llegarse por inferencias, sino que es necesario que el legislador declare la exención expresamente. En ninguna parte de la Ley de Rentas se consigna expresamente que los créditos están exentos del pago de contribuciones, y tanto en 1900, como en 1904, como hoy, la dicha Ley de Rentas con-tenía y contiene el precepto que sigue: “Que toda propiedad no exenta expresara enté del pago de, contribuciones será ta-sada como imponible.” Yéase el citado "artículo 290 del Código Político. Si la Legislatura de Puerto Rico quiso eximir del pago de contribuciones a. los créditos que antes consideró como imponibles, debió haberlo hecho expresamente de acuerdo con la regla sentada y seguida por ella misma. Ar-tículo 291 del Código Político.

En el caso de Vicksburg & Pacific R. Co. v. Dennis, 116 U. S., 665, 667, 668, la Corte Suprema de los Estados Unidos, se expresó así:

¿‘En el muy importante caso de Providence Bank v. Billings, 4 Pet., 514, el Juez Presidente Marshall, al tratar de la renuncia parcial de imponer contribuciones becha por el Estado en la carta constitutiva de una corporación, se expresó como sigue: ! Que el poder de fijar contribuciones es de importancia vital y esencial a la exis-tencia del gobierno, es una verdad acerca de la cual no es necesario insistir.’ ‘Como toda la comunidad está interesada en conservarlo íntegro, tiene ésta derecho a persistir en el hecho de que no debe presumirse que ha sido abandonado cuando no se revela el propósito deliberado del Estado de renunciarlo.’ ‘Debemos buscar la exen-ción en el lenguaje del instrumento y de no encontrarla en él sería una extralimitación de nuestra parte incluirla mediante interpreta-ción.’ 4 Pet., 561-563.
“En el caso de Philadelphia & Wilmington Railroad v. Maryland, 10 How., 376, el Juez Presidente Sr. Taney, dijo lo siguiente: ‘Esta corte ha declarado en varias ocasiones que la facultad del Estado para fijar contribuciones nunca deberá presumirse que ha sido renun-ciada, a menos que aparezca expresamente en términos claros e ine-quívocos la intención de renunciarla.’ 10 How., 393.
“En las decisiones subsiguientes ha sido mantenido estricta-mente igual principió en el que constantemente se ha insistido en distintas formas de lenguaje. Se ha dicho que ‘ni el derecho a impo-ner contribuciones, ni ninguna 'otra facultad de la soberanía enten-derá esta corte que han sido renunciados, a no ser que tal renuncia resulte expresada en términos que sean demasiado claros para ser equivocados;’ que ‘no puede privarse de nada al Estado por presun-ción o inferencia’; cuando se alega la renuncia deberá ésta quedar establecida en lenguaje claro y que no admita dudas, que no sea sucep-tible de ninguna interpretación razonable compatible con la reten-ción de dicha facultad; si surgiere duda respecto a la intención de la Legislatura, deberá resolverse a favor del Estado ’; que un Estado no puede ser privado de este atributo tan grande de la soberanía tomándose en consideración en lenguaje ambiguo; que cualquier con-trato de exención ‘debe ser estrictamente considerado, sin que jamás se permita que se extralimite en su alcance o duración de los requi-sitos claramente exigidos en la concesión’; y que tales exenciones se consideran ‘en desdoro de la autoridad soberana y el derecho común y por tanto, que no' han de ir más allá dé los requisitos exactos y precisos de las concesiones interpretadas .strictissimi juris.’ * *

Y en el de Davenport Nat. Bank v. Mittelbuscher, 15 Fed., 225, 228, la Corte de Circuito de Iowa, S. D., dijo:

“Está ahora bien establecido que generalmente las acciones de capital de las corporaciones en Iowa están sujetas a la imposición de contribuciones. Coolí v. Burlington, supra. Si el capital de los bancos de economías está exento en absoluto, debe ser por virtud de las prescripciones arriba citadas. Como hemos visto no resulta de modo claro que tal sea el efecto de esa sección. Es una regla sana y bien establecida en la interpretación de leyes de rentas, que ‘si la propiedad que está sujeta a tasación con arreglo a un estatuto anterior y general ha de quedar exenta de conformidad con una ley posterior de su parte proporcional de contribución en el sostenimiento de los gastos públicos, deberá basarse dicha exención en alguna dis-posición clara e inequívoca del estatuto.’ ”

Pero aun aceptando como enteramente correcta la inter-pretación que la mayoría de los jueces de esta Corte ¡Suprema lia dado a la Ley de Rentas, a los efectos de concluir que los créditos a partir del año ele 1904 quedaron exentos del pago de contribuciones en Puerto Rico, aun así, debe revocarse, o al menos modificarse, a mi juicio la sentencia recurrida.

B. Este caso no es enteramente igual al de The Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, supra. Aceptando que poda-mos entrar a clasificar las partidas componentes de la suma ele tres millones de pesos sobre la cual se impuso y cobró finalmente la contribución, encontraremos entre ellas, por ejemplo, la de “anticipo sobre cosechas” ascendente, según la misma demandante, a $439,751, y que, de acuerdo con el criterio sustentado por la mayoría de los jueces de esta corte, debe considerarse exenta del pago de contribuciones.

Si se adopta la teoría de penetrar en la intención del legis-lador a los efectos de concluir que por virtud de sus enmien-das de 1904 eximió a los créditos del pago de contribuciones, •ese mismo criterio debe seguirse para fijar la naturaleza de los créditos exentos.

Para establecer la intención del legislador, se lia sos-tenido que no quiso tasar dos veces una misma propiedad, esto es, que no quiso imponer una doble -contribución. Así, antes de 1904, al tasarse una finca hipotecada, se descornaba el valor de la hipoteca. El propietario de la finca pagaba contribuciones por la diferencia entre el valor real de la finca y el de la hipoteca y el dueño de ésta por el valor de su cré-dito. A partir de 1904, a virtud de las enmiendas a la Ley de Rentas, cuando se tasa una finca hipotecada a los efec-tos de la imposición y cobranza de contribuciones, no se des-cuenta el valor de la hipoteca y el dueño viene obligado a pagar contribuciones calculadas sobre el valor total de la finca sin descuento alguno. De ahí que se deduzca, lógica-mente en verdad, que para evitar lo que pudiera resultar en la práctica una doble tasación, no deba continuarse a par-tir de 1904 cobrando contribuciones al dueño del crédito hipo-tecario.

Pero el caso de los anticipos para cosechas es completa-mente distinto. Tanto antes de 1904 como después de esa fecha “estarán exentos de tributación * * * los frutos por cosechar y productos de la tierra que sean precisamente propiedad del productor y mientras estén en poder de éste.” Artículo .291 del Código Político, enmendado en 1904. . De suerte que, de acuerdo con el anterior precepto y con la inter-pretación que a la Ley de Rentas según fué enmendada en 1904, ha dado la mayoría do los jueces de esta Corte Suprema, la suma de $439,751 perteneciente a la Fajardo Sugar Company y por ella prestada a la Fajardo Sugar G-rowers’ Association en concepto de “anticipos sobre cosechas,” ni paga contribución invertida eú la cosecha de cañas dulces por la corporación deudora, ni tampoco considerada como capital de la corporación acreedora. Dicha suma escapa, pues, en abso-luto, al pago de contribuciones, y ésta no. pudo ser, a mi jui-cio, la intención de la Legislatura.

C. Pero hay más. Si bien es cierto que la tasación hecha por el Tesorero tuvo por base la expresada en el hecho 4, también lo es que se apeló ele esa tasación para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, que ésta oyó la apelación y que en la discusión del recurso “se sugirió que la corporación estaba debidamente sujeta a la contribución sobre el mon-tante del capital empleado en negocios en Puerto Rico, y que el montante del capital así empleado en Puerto Rico podría propiamente obtenerse totalizando a un valor razonable, su capital en acciones, bonos, superávits y ganancias a repartir {fondo de seguro), y deduciendo de ello la cantidad de $606,919, que la compañía alega que es el capital empleado en negocios fuera de Puerto Rico. Para estos fines el capital en acciones de la corporación filé calculado en la suma de $2,569,818.”

El procedimiento seguido por la junta fué distinto del adoptado por el Tesorero, y esto no obstante, el adoptado por el Tesorero es el que en realidad de verdad lia venido sir-viendo de base a las conclusiones establecidas al discutirse y resolverse el recurso.

No puede negarse que a partir del 9 de marzo de 1911, por virtud de las prescripciones de la ley No. 35, disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta, se puede recurrir a los tribunales en el caso del cobro de una contribución ilegal aun cuando diclia contribución Rubiera sido sancionada por la Junta de Revisión e Igualamiento, pero para ello es necesario que se determine con toda claridad en qué consiste la contribución ilegal cobrada, distinguiéndola y fijando con toda exactitud el montante de la misma. Y esto no se lia lieclio, a mi juicio, en el presente caso.

D. Por último, aun cuando debiera concluirse que todas las cantidades especificadas en la demanda, ascendentes a más de un millón de pesos, estaban exentas del pago de contri-buciones, la justicia y la equidad requerirían de consuno que de ella se dedujera la suma de $357,194 que rebajó la Junta de Revisión e Igualamiento a virtud de la apelación interpuesta por la corporación demandante, pues atendidas todas las circunstancias concurrentes, no encuentro ninguna que justifique la teoría de que la iuteución de la junta fuera la de rebajar dicha suma del valor en que se tasaron por el Tesorero las “maquinarias y casas para maquinarias” de la Fajardo Sugar Company.

Tales son, expuestos a grandes rasgos, los motivos en que fundo mi disentimiento.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Deliz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la' Corte de Distrito de Aguadilla en causa contra el derecho electoral.
    No. 779.
    Resuelto en abril 13, 1915.
    Menores de Edad — Comparecencia y Confesión de Culpabilidad por un Menor de Edad. — En los procesos criminales no es necesario que los acusados menores de edad estén asistidos de su representante legal, porque ese requisito no lo exige la Ley Penal, por ser la pena de carácter personal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Al conocer el Tribunal de Distrito de Aguadilla en 11 de diciembre de 1914 en grado de apelación de una denuncia hecha en el tribunal municipal contra Santos Deliz González éste se declaró culpable de un delito contra el derecho electoral, o sea, por haberse inscrito voluntariamente como elector en las inscripciones de julio de 1914, en Isabela del Dis-trito Judicial Municipal de Aguadilla, sabiendo que no tenía derecho a tal inscripción por no tener la edad y, sentenciado a pagar cincuenta dollars de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dollar que dejare de satisfacer y también al pago de las costas,, interpuso el presente recurso de apelación.

La única cuestión que sn abogado plantea ante nosotros es la de que siendo el acusado menor de edad no podía pres-tar su consentimiento para declararse culpable por lo que sostiene que el fallo basado en tal consentimiento es anulable y que debe ser revocado en apelación y a ese efecto argu-menta que no pudiendo, según nuestras leyes, dar su con-sentimiento un menor de edad en ningún contrato que afecte a sus bienes, ba de deducirse que tampoco podrá prestarlo para afectar a su derecho a la libertad, que es más sagrado que el de la propiedad.

Es cierto que según el Código Civil los menores de edad no pueden celebrar contratos sino por ellos la persona que los tenga bajo su guarda legal y también que el Código de Enjuiciamiento Civil exige que cuando un menor de edad es demandado deberá hacer su comparecencia en el pleito por medio de su representante legal; pero estas disposiciones, aplicables a todos los que tienen menos de veinte y un años, no han sido consignadas en la Ley Penal la que por el con-trario hace responsables de sus actos criminales a todos los mayores de catorce y aun a los menores de esta edad y mayo-res de siete si no existe prueba plena de que al tiempo ele come-ter el acto criminal tenían conciencia de su maldad. Si bien el legislador estimó que los menores de veinte y un años eran incapaces de consentir en los contratos, no quiso eximir de responsabilidad sino a los menores de siete y desde el mo-mento en que desde esa edad los hace responsables de de-lito no tienen necesidad de estar asistidos de su represen-tante legal como se exige que lo estén para los actos civiles, ya que la pena de los delitos es de carácter personal.

En semejante sentido ha sido también resuelta esta misma cuestión en el caso de Ledrick v. United States, 42 Appeal Cases, Dist. of Columbia, 386, y casos en él citados, que fué decidido en noviembre 3, 1914.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernandez y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison. .


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Deliz, Acusado y Apelante.
    Apelaoiou procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un delito contra el derecho electoral.
    No. 780.
    Resuelto en abril 13, 1915.
    Besuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 779, El Pueblo v. Belie, pág. 335.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Salvador Mesire, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

   Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. del Tobo,

text:
    Laborde, Demandante y Apelante, v. Ríos, Vda. de Toro, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un caso sobre indemnización.
    Moción de la parte apelante, sometiendo este caso por la argu-mentación contenida en el alegato del caso No. 1295, por ser ambos de naturaleza análoga.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación por falta de alegato.
    No. 1292.
    Resuelto en abril 14, 1915.
    Alegato del Apelante — -Prórroga para Presentarlo Después de -Vencido el, Término — Derecho de las Partes. — Cuando se solicita una prórroga para, presentar alegato después de vencido el término, la práctica establecida es la de denegar la pretensión, sin perjuicio de 'los derechos que puedan asistir a las partes. .

      Desestimación de Apelación — Alegato del Apelante — Discreción Judicial.— En este easo después de vencido el término, pero antes de pedirse por el ape-lado la desestimación del recurso, la parte apelante demostró su intención de presentar su alegato y lo presentó en efecto después de archivada la moción de desestimación, pero antes de celebrarse la vista de la misma. Se resolvió: que siendo esas las circunstancias concurrentes, la corte debía ejercitar su poder discrecional para declarar sin lugar la moción de desestimación, a fin de «considerar y resolver el recurso en su fondo.
    'ios hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: \Sr. Eugenio Benitez Gastado.

    Abogado de la apelada: Sr. Arturo Aponte, Jr.

   El Juez Asociado Su. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La transcripción se radicó en este caso el 8 de marzo de 1915. El 18 del mismo mes la parte apelante solicitó nna prórroga de diez días, que le fue concedida, para presentar su alegato. El 29 de marzo la dicha parte apelante solicitó •otra prórroga de diez días con el mismo propósito, y como la solicitud se hiciera después de vencido el término, la corte, siguiendo la práctica establecida en repetidos casos, la negó, “sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a las par-les.”

Así las cosas, el apelante, el 31 de marzo último, presentó -rima moción manifestando que este recurso es de naturaleza análoga al No. 1295 en el cual había presentado un alegato •escrito, y haciendo constar que, por tal motivo, refería este •caso ál indicado No. 1295. Al día siguiente el apelado archivó •una moción pidiendo la desestimación del recurso por falta de alegato, invocando la regla 42 del reglamento de este tri- • bunal y el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Civil. La corte acordó posponer la resolución de la moción del ape-lante de 31 de marzo para cuando se resolviera la moción de desestimación del apelado cuya vista se señaló para el día 12 de abril actual. ■

El día 12 Se celebró la vista y, en la misma fecha, la parte apelante presentó su alegato escrito en apoyo del recurso, abandonando así implícitamente sus pretensiones contenidas en su moción de 31 de marzo.

Siendo esas las circunstancias concurrentes, creemos que debemos ejercitar nuestro poder discrecional declarando no baber lugar a la desestimación del recurso, a fin de que éste pueda ser considerado y resnelto en su fondo.

Desestimada la moción del apelante y decla-rada sin lugar la moción del apelado, de-biendo continuar la tramitación del recurso . en la forma procedente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Su. Wole,

text:
    Ortiz, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una escri-tura de venta judicial.
    No. 216.
    Resuelto en abril 14, 1915.
    Venta Judicial — Acreedores Garantizados por la Misma Hipoteca — Ejecu-ción por uno Solo de Ellos — Inscripción de la Escritura,en el Regis-tro. — Cuando del registro aparece que la finca enajenada en ejecución hipote-caria responde además del crédito que se ejecuta de otros créditos más cons-tituidos todos .en el mismo acto, a favor de distintas .personas, eon iguales vencimientos, y sin que en la ejecución hayan intervenido los otros acreedores, ni distribuido a prorrateo el precio- del remate, de acuerdo con la doctrina ■ establecida en el caso American Trading Company v. Monserrat, 19 D. 1?. R., 979, y la ley No. 31, de 1912, debe denegarse la inscripción, porque no puede ser válida en cuanto a los demás acreedores, ni tampoco podía el comprador adquirir un buen título.
    Id. — Requisitos de la Escritura — Jurisdicción.—Como la validez del título de un comprador en una venta judicial depende que se haya seguido el debido procedimiento de ley, en la escritura debe aparecer que la corte adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado, insertándose la resolución final dictada que dió motivo a la venta hecha, por el márshal. •
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. F. V. Rodrigues Qrtis.

      El Registrador recurrido Sr. Felipe Cuchí Arnau com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Su. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La nota del registrador contra la cual se ha interpuesto este recurso es la siguiente:

“Denegada la inscripción de este documento por aparecer del registro que la finca enajenada responde además del crédito que se eje-cuta de otros dos créditos hipotecarios constituidos todos en el mismo acto, a favor de distintas personas con iguales vencimientos que el que se ejecuta; no aparecer la intervención de los otros acreedores en esa ejecución, ni la distribución en prorrateo del precio del remate con-forme al artículo 1515 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni inser-tarse tampoco en la escritura la sentencia de la corte de distrito que ordenó la ejecución, tomándose anotación preventiva de la dene-gación de acuerdo con la ley de 1 de marzo 1902.”

Alega el recurrente que los demás acreedores garantiza-dos por la misma hipoteca en nada se perjudicarían con la inscripción que se pretendió hacer puesto que la hipoteca no sería, cancelada. Sostiene además que la nulidad de cual-quier procedimiento debe aparecer del documento mismo. El registrador, én cambio, llama la atención de este tribunal hacia el hecho de aparecer de los libros del registro que el recurrente es uno de los varios acreedores cuya obligación vencía en la misma fecha garantizados todos por la misma hipoteca sin que se hubiera dado aviso a los otros acreedores hipotecarios de haberse iniciado el procedimiento por el recu-rrente y sin que.se tratara de prorratear el precio obtenido en el remate. En vista de estas consideraciones y como la inscripción no podía ser válida para los demás acreedores y no podía el comprador obtener un buen título, creemos que de acuerdo con la decisión de este tribunal en el caso de American Trading Co. v. Monserrat, 19 D. P. R., 979, y con la ley No. 31, de 1912, el registrador estaba en el deber de denegar la inscripción.

El'Otro -fundamento de la negativa tal vez ■esLalgd-más dudoso. Expresa el registrador en sn informe qne la sen-tencia dictada en el caso fné en rebeldía, pero esta manifes-tación del registrador no aparece acreditada en los autos, sin embargo, no nos consta por los antos la naturaleza del nleito seguido ni cómo adquirió jurisdicción la corte sobre los llamados sucesores o causababientes ” de José Collazo Vázquez que era el deudor primitivo en la obligación. Como la validez del título del comprador depende de qne se liaya seguido' el debido procedimiento de ley, opinamos que en la escritura cuya inscripción ba sido denegada, debió probarse al menos que la corte adquirió jurisdicción sobre la persona . de los demandados e insertarse en -todo caso la resolución final dictada qne dió motivo a la venta becba por el marshal. Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Cabrero, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa sobre cumplimiento de contrato.
    No. 1184.
    Resuelto en abril 16, 1915.
    Sociedades — Sociedad Civil — Sociedad Mercantil — Deberes de los Socios.— Tanto en la sociedad civil como en la mercantil cada socio está en el deber de aportar a la sociedad o a, la masa común de ella, el capital o porción del mismo a que se hubiere obligado.
    Id. — Acción Entre Socios — Demanda Establecida por uno de los Socios— Alegaciones de la Demanda. — Aun cuando en una acción entablada para exigir a un socio comanditario la aportación del capital convenido, el deman-dante no comparezca a nombro de la sociedad industrial y agrícola de que es socio gestor, si en las alegaciones de la demanda afirma .ser tal socio gestor y en la súplica solicita que el demandado sea condenado á entregarle el expresado capital para poder dar comienzo al negocio de la compañía, la acción ejercitada por el demandante es en beneficio de la sociedad y no en provecho particular suyo.

      ApelacióN — Cuestiones no Suscitadas en la Corte Inferior.' — No cabe dis-cutir en- grado de apelación cuestiones que no han sido suscitadas en la corte inferior.
    Id. — Derecho del Apelante — Errores Alegados por el Apelado. — Es una regla bien establecida que las cortes de apelación examinarán solamente los erro-res señalados por el apelante, y que no se tomarán en consideración aquellos errores que el apelado alegue haberse cometido por la corte inferior.
    Exposición del CAsa — Demanda y Contestación' — Deber del Juez Sentencia-dor. — No deben insertarse íntegros los escritos de demanda y contestación en el de exposición del caso, siendo así que forman parte del legajo de la sentencia según el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmen-dado por la Ley No. 70 de 1911, y el juez está en el deber de velar por el cumplimiento de dicha ley eliminando al impartirle su aprobación toda ma-teria innecesaria.
    Transcripción de Autos — Opinión.—Aun cuando la relación breve que del caso -hace el juez de conformidad con el artículo 227 del Código de Enjuicia-miento Civil, enmendado en 1911, no forma parte del legajo de la senten-cia, es buena práctica el incluirla en la transcripción de autos para mayor ilustración de la corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Carlos Franco Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Mercader.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en el pueblo de San Sebas-tián a 8 de diciembre 1913 por ante el Notario Don Juan B. Soto, celebraron contrato de sociedad industrial y agrícola el demandante Leopoldo González y el demandado Manuel Cabrero Eomán, estableciendo entre otras estipulaciones de que no es necesario hacer mención, las siguientes: (a) La razón social de dicha sociedad sería “Leopoldo González Ba-dillo, Sociedad en Comandita,” con domicilio en dicho pueblo; (b) su duración, cinco años a contar desde Io. de enero de 1914, término prorrogable a cinco años más, previa con-formidad de los socios; (c) su objeto, la siembra y elabora-ción de tabaco y el cultivo de cualesquiera otros frutos, para lo cual podrían establecerse las factorías y sucursales que fueran necesarias; (d) el capital social, la suma de $1,000 que se comprometía a imponer el demandado Cabrero Román en concepto de comanditario con el interés del 12 por ciento anual que sería liquidado al vencimiento de cada año; (e) sería socio gestor Leopoldo González Badillo, quien como tal tendría a su cargo la administración de la sociedad con el uso de la firma social y la dirección de la fábrica y cultivos que hubieran de hacerse, aunque en la elección de empleados y trabajadores habría de ponerse de acuerdo con el otro socio Cabrero Román.

. Alegando Leopoldo González la celebración con Cabrero Román del contrato de que se deja hecho mérito y su falta de' cumplimiento por Cabrero Román, por no haber entregado--los $1,000 que debía aportar como socio comanditario, nece-sarios para comenzar las negociaciones de la compañía, a. pesar dé los varios requerimientos que se le habían hecho,, presentó demanda ante la Corte de Distrito de Aguadilla en 25 de febrero de 1914 contra Manuel Cabrero Roman, com súplica de que éste sea condenado a entregar al demandante-la expresada suma de $1,000 para dar comienzo en sus fun-ciones de gestor al negocio de la compañía, y se condene asi-mismo al demandado a cumplir las demás condiciones del contrato celebrado entre ambas partes, con las costas del jui-cio a su cargo, incluso los honorarios del abogado del deman-dante.

El demandado Manuel Cabrero Román al contestar la de-manda admitió haber concurrido con Leopoldo González al otorgamiento de la escritura de sociedad industrial y agrí-cola, obligándose a aportar a ella en concepto de socio coman-ditario la suma de $1,000, pero niega que dicha suma debiera imponerse inmediatamente para dar principio a las opera-ciones del. contrato, pues tal imposición había de verificarse-a medida que lo exigieran las necesidades del negocio, estando.-además sujeta a que se encontraran el local y finca rústica indispensables para el funcionamiento de la sociedad, lo que todavía no se había conseguido.

Celebrado el juicio la Corte de Distrito de A guadilla dictó sentencia en 30 de abril de 1914 por la que declara que el de-mandado está obligado a cumplir con todas las cláusulas y condiciones del contrato de sociedad industrial y agrícola cele-brado con el demandante, consignadas en la escritura pública otorgada en San Sebastián con fecha 8 de diciembre de 1913 pór ante el Notario Don Juan B. Soto, y especialmente con la obligación contraída por dicho demandado de aportar a la referida sociedad la suma de $1,000 como capital social, y termina con el pronunciamiento que textualmente dice así: “En su consecuencia se decreta y ordena que dicho deman-dado Manuel Cabrero Román aporte a la expresada socie-dad industrial y agrícola denominada ‘Leopoldo Gronzález y Badillo, Sociedad en Comandita,’ la referida suma de $1,000 y al efecto se dispone que dicho demandado retenga y conserve por ahora dicha suma a la disposición tan solo del de-mandante Leopoldo Gronzález en su carácter de socio gestor hasta que la sociedad esté definitivamente constituida y dé principio a sirs operaciones sociales, en cuyo caso la parte restante de dicho capital social, después de cubrirse los gas-tos de instalación de la sociedad, deberá ingresar en la caja, de ésta; y entendiéndose que dicho socio gestor no podrá disponer del todo o parte del capital relacionado sino para invertirlo en beneficio de la sociedad y para atender a los fines y al objeto principal para los cuales se constituyó. Se ordena además que el demandado Manuel Cabrero Román pague las costas y honorarios de abogado.”

Contra la anterior sentencia interpuso la representación del demandado recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema, y para obtener sú revocación invoca el apelante como motivos legales del recurso los siguientes:

Primero. Falta de causa de acción por parte del 'deman-dante en cuanto la aportación de la suma de $1,000 a ia socie-dad debe ser exigida al demandado por la sociedad como entidad jurídica y no por el demandante como individuo particular, con sujeción a los artículos 1583 y 1584 del Código Civil Revisado y 170 del Código de Comercio.

Segundo. Infracción de los artículos 221 y 225 del Código de Comercio y 1609 del Código Civil Revisado, pues ia falta de determinados elementos para el funcionamiento de la socie-dad, cuales eran el local donde liabía de elaborarse el tabaco y la finca o fincas donde babía de sembrarse, es lo mismo que si hubiera concluido el objeto de la sociedad, o en todo caso esa falta constituiría un justo motivo para su disolución, asis-tiendo además al socio en todo caso, el derecho de separarse por su propia voluntad de la sociedad con sujeción a ciertas condiciones.

Tercero. Error en la apreciación de la prueba, puesto que ésta demostró que el demandante como socio gestor había buscado el local y la finca que habían de servir para los fines de la sociedad, sin que el arrendamiento se llevara a efecto por culpa del propio demandante quien no ha demostrado haber hecho diligencias para encontrar local y finca, requi-sito indispensable para que el demandado tuviera la obliga-ción de aportar la cantidad que se le reclama.

Examinemos los anteriores motivos expuestos.

En cuanto al primero, los mismos textos legales que cita •el recurrente demuestran que así en la sociedad civil como en la mercantil cada socio está en el deber de aportar a la sociedad o a la masa común de ella el capital o porción de capital a que se hubiere obligado,, y consecuencia de ello es que el demandado Manuel Cabrero Román está en el deber de aportar a la sociedad Leopoldo González Badillo, Socie-dad en Comandita, la súma de $1,000 que ofreció aportar a ella por escritura pública de 8 de diciembre de 1913.

Aunque el demandante Leopoldo González por modo ex-preso no haya comparecido en el juicio a nombre de la socie-dad expresada y con el carácter de socio gestor de la misma, las alegaciones de la demanda en que afirma ser socio gestor de la sociedad industrial y agrícola constituida por dicha escritura, y la misma súplica de la demanda en que el deman-dante solicita sea condenado el demandado a entregar al demandante la suma de $1,000 para dar comienzo en sus fun-ciones de gestor al negocio de la compañía no dejan la menor ¡dnda de que la acción para el cobro de la expresada suma ha sido ejercitada por el demandante en beneficio de la sociedad y no en provecho particular suyo. Así lo entendió el deman-dado Manuel Cabrero Román al no excepcionar la demanda por el fundamento de que no se hubiera obligado con el de-mandante Leopoldo G-onzález sino con la sociedad constituida por ambos. Hoy es tardío su reparo de que el demandante carece de acción, con tanta mayor razón cuanto que por la sentencia se ordena que el demandado aporte a la sociedad la suma de $1,000 y la retenga a la disposición del deman-dante no como particular sino como socio gastor de Leopoldo González Bádillo, Sociedad en Comandita.

Por lo que atañe al segundo motivo del recurso, no son atinentes al caso los preceptos legales en que se funda, pues ninguna de las partes ha solicitado la disolución de la socie-dad Leopoldo González Badillo, Sociedad en Comandita, ni ha px-etendido separarse de ella.

Unicamente se trata de si el demandado está obligado a aportar a dicha sociedad la suma de $1,000 que por escritura pública se obligó a imponer en ella. No cabe discutir en grado-de apelación cuestiones quo no han sido suscitadas en la cor+e inferior.

Respecto del tercer motivo del recurso, examinada la escritura de constitución de la sociedad de que se trata con. los demás elementos de prueba aportados al juicio, no encon-tramos que la aportación de la suma de $1,000 por parte del. demandado se hiciera depender del cumplimiento del requi-sito o condición que supone el apelante.

La parte apelada en su alegato escrito pide la confirma-ción de la sentencia apelada, modificándola a ser posible, en el sentido de que la aportación del capital se haga por el demandado totalmente de una sola vez, sin reclamación alguna; pero como no apeló de dicha sentencia no puede-beneficiarse del recurso interpuesto por el demandado, y care-cemos por tanto de jurisdicción para considerar y decidir si procede o no la modificación pedida.

1 ‘ Bn una regla bien establecida que las cortes de apelación exami-narán solamente los errores señalados por el apelante (Jackson v. F. R. W. Co., 14 Cal., 22) y que no se tomarán en consideración aque-llos errores que el apelado alegue haberse cometido por la corte inferior. (Poppe v. Athearn, 42 Cal., 606.)” Puig et al v. Sucesión Polanco, 16 D. P. R., 741.

No terminaremos sin hacer constar que en el escrito de exposición del caso se insertan íntegros los escritos de de-manda y contestación, cuya copia viene también formando parte del legajo de la sentencia. Esa duplicidad de copias es innecesaria. En el escrito de exposición del caso sólo debe hacerse referencia a la demanda, contestación y demás ale-gaciones que forman parte del legajo de la sentencia, según el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley No. 70 de 9 de marzo, 1911, y el juez está en el deber de velar por el cumplimiento de dicha ley, eliminando al impartir su aprobación toda materia inne-cesaria.

Tampoco ha venido en la transcripción de autos la rela-ción breve del caso que ha debido hacer el juez según el ar-tículo 227 del código citado comprendido en la Ley No. 70' de 9 de marzo de 1911, cuya relación, aunque no forme parte necesaria del legajo de la sentencia, conviene venga a esta-' corte, como ya hemos resuelto en otras ocasiones.

Por las razones expuestas procede la confirmación de la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de'Agua-dilla en 30 de abril de 1914.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Benet, Demandante y Apelado, v. Hernández, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre indemnización, incidente sobre embargo.
    No. 1200.
    Resuelto en abril 17, 1915.
    MArshal — Embargo para Asegurar la Efectividad de la Sentencia — Bienes Radicados Fuera del Distrito — Facultades del Mírshal. — Un márshal, por virtud de una orden de embargo para asegurar la efectividad de la sen-tencia, no tiene derecho alguno para embargar bienes que se encuentren radi-cados fuera de su propio distrito, porque sus facultades están limitadas por la ley relativa a su nombramiento al distrito judicial para el cual fué nom-brado.
    Id. — Distrito Judicial — Jurisdicción.—Habiendo un márshal para cada distrito judicial, no existe conflicto alguno en lo que respecta a la jurisdicción de cada uno de ellos.
    Id. — Nulidad de Embargo — Distrito Judicial. — Es nula la acción de un már-shal embargando bienes del demandado en un distrito que no es el suyo.
    Id. — Notificaciones o Diligencias — Su Nulidad — Renuncias.—Una diligencia o notificación que es nula por haber sido hecha por un márshal sin juris-dicción para ello puede ser impugnada en cualquier fecha, y el mero silen-cio o inacción por parte del demandado no implica que haya renunciado a sus derechos.
    Anotación de Embargo — Embargo Hecho por un Marshal sin Jurisdicción— Deber del Registrador. — Aun. cuando la orden por virtud de la cual se decreta un embargo sea válida, si la acción del márshal es nula por haber actuado sin jurisdicción, la anotación de ese embargo en el registro de la propiedad debe ser denegada porque sería igualmente nula.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció por escrito en nombre propio.
    El apelado compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

El demandante radicó una demanda ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez en contra del demandado y mediante moción solicitó a la vez que se dictara una orden para ase-gurar la efectividad de la sentencia. La corte accedió a la moción previa prestación por el demandante de la debida fianza y ordenó que el márshal embargara bienes suficientes del demandado para asegurar la efectividad de Ja sentencia, expidiendo al efecto el secretario el correspondiente manda-miento de embargo al márshal. Entonces el demandante pre-sentó nn escrito al márshal informándole que el embargo de-bía trabarse sobre los siguientes bienes del demandado, radi-cados en el distrito municipal de Manatí, a saber:

“Rústica, denominada Sabana Seca, sita en el barrio de Coto del municipio de Manatí, compuesta de 179 cuerdas, según se describe en la transcripción del récord.
“Rústica sin nombre situada en el barrio Coto del municipio de Manatí, compuesta de 100 cuerdas según se describe en la transcrip-ción del récord.”

El márshal trabó embargo sobre dichas fincas y lo noti-ficó personalmente al demandado que reside en la ciudad de Mayagüez dentro de la jurisdicción de la corte de distrito, que dictó la orden de aseguramiento, habiendo también en-tregado el márshal al abogado del demandante los manda-mientos necesarios para ser anotados en el registro de la propiedad correspondiente. El demandante presentó dichos documentos en el Registro de la Propiedad de Arecibo con el objeto de que fuera anotado el referido embargo. El regis-trador así lo hizo, pero notando que existía un simple error de descripción en la finca; y toda vez que el márshal había devuelto el mandamiento debidamente diligenciado con la, constancia -de haberse verificado el embargo, el demandante pidió a la Corte de Distrito de Mayagüez que autorizara al márshal para corregir el error. En 27 de marzo de 1913, la corte declaró con lugar la moción y dictó una orden auto-rizando al márshal para que librara al Registrador de la Propiedad de Arecibo el mandamiento en forma 'que fuere necesario, a fin de corregir el error que aparecía en la des-cripción de la finca embargada. El márshal así lo hizo con los datos qúe le diera el demandante, subsanando este último él error .'en los libros del registró, quedando anotado, el em-bargó' sin defecto alguno. ■ •

- En-7-de agosto, 1914, o sea diez y' siete-meses después de haberse anotado el embargo y de ser notificada debida-mente al demandado la orden dictada por la corte, el deman-dado registró una moción ante la corte de distrito solicitando que dicha corte dejara sin efecto el embargo trabado, fundán-dose en que el márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez no tenia jurisdicción para embargar bienes radicados en otro distrito ni expedir mandamiento al Registrador de la Propie-dad de Arecibo para anotar dicho embargo. La moción fué desestimada por la corte dictándose la consiguiente orden. Después el demandado pidió a la corte que reconsiderase dicha orden, citando cierta jurisprudencia, y habiendo la corte desestimado también la moción de reconsideración, el deman-dado interpuso apelación contra la orden original desesti-mando la moción en que se solicitó que se dejara sin efecto el embargo trabado, y contra la orden denegando la moción de reconsideración, las cuales penden ahora ante este tribunal.

Convenimos con el apelado en que la corte procedió correc-tamente al dictar la orden embargando bienes del demandado para asegurar la efectividad de la sentencia. Indiscutible-mente que la orden era válida y tenía el márshal el deber de proceder de acuerdo con la misma, pero esto no quiere decir que tuviera el márshal por virtud de dicha orden dere-cho alguno para embargar bienes que se encontraban radi-cados fuera de su propio distrito. Claramente qué no lo tenía. Sus facultades están limitadas por la ley relativa a su nom-bramiento, al distrito judicial para el cual es nombrado. Hay un márshal para cada uno de los distritos judiciales y no existe conflicto alguno en lo que respecta a la jurisdicción de cada uno. La facultad que le ha sido conferida por la Legis-latura no se extiende a más allá de los límites geográficos del distrito. El suponer que un márshal puede invadir la jurisdicción de otro para diligenciar mandamientos judiciales de cualquier clase que sean produciría una gran confusión. El ■ es responsable del diligenciamiento de. las órdenes jiidi-cíales de su distrito. La ley estatutona aun es mas espe-cífica.

El artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo. siguiente:

“Cuando' la orden de ejecución fuere contra la propiedad del deudor declarado tal por la sentencia, podrá librarse al marshal de cualquier distrito de la isla. Cuando ordenare la entrega de pro-piedad real o personal, deberá librarse al márshal del distrito en que radicare la propiedad, o parte de ella. Las órdenes de ejecución podrán ser libradas al mismo tiempo para diferentes distritos.' ’

T el artículo 4 de la Ley de 10 de marzo, 1904, (Leyes de 1904, página 100), dice lo siguiente:

“Artículo 4. — Notificaciones y ejecución de diligencias, — Cuando una diligencia o notificación deba ser devuelta diligenciada a otro distrito, el márshal podrá enviar dicha diligencia o notificación en un sobre dirigida al funcionario de quien la misma ha emanado, depo-sitándola en el correo y pagando su franqueo. ’ ’

Expressio unius est exclusio alterius. La ley fia prescrito un amplio mecanismo para la ejecución de diligencias en otro distrito e igual razonamiento es de aplicación cuando se trata de una orden para asegurar la efectividad de una sentencia, que de cualquier otra clase de diligencias. No existe dis-tinción alguna en la ley. Esta consideración que hacemos resulta más clara si tenemos en cuenta que la última diligen-cia que se practica en un embargo es la venta de la propie-dad embargada. El márshal tiene que hacer la venta.

Como opinamos que la acción del márshal notificando per-sonalmente un mandamiento en otro distrito era nula, no importa que el demandado se tardara diez y siete meses en pe-dir que se dejara sin efecto el embargo hecho por el márshal. Una diligencia que es enteramente nula puede ser impugnada en cualquier fecha y el mero silencio o inacción por parte del demandado no implica que ha renunciado a sus derechos. Ni han sido afectados estos derechos por el hecho de que el término dentro del cuál fué dictada la orden original hacía mucho tiempo, que había vencido. La orden original de la Corte de Distrito de Mayagiiez prevalece pero siendo nula la acción del marshal embargando bienes situados fuera de su distrito, naturalmente que la anotación de los mismos en el Eegistro de la Propiedad de Arecibo era igualmente nula y el registrador debió haberse negado a verificar la anota-ción, siendo a la vez nula la subsanación del error que había en la descripción.

De acuerdo con los anteriores razonamientos debe revo-carse la orden de la Corte de Distrito de Mayagüez negán-dose a dejar sin efecto el embargo trabado por el marshal, anularse el embargo y la orden dictada por'la corte en marzo 27, 1913, modificando la descripción hecha en el Eegistro de Arecibo, sin perjuicio de que la parte interesada pueda acu-dir donde corresponda para obtener la cancelación de la ano-tación de embargo.

Revocada la orden apelada, anulado el embargo y la orden dictada modificando la des-cripción hecha en el registro de la propiedad de la finca embargada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez PbesideNte Sb. HebNÁndez,

text:
    Lugo, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Eeoueso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de ITumacao denegando en parte la inscripción de un expediente posesorio.
    No. 225.
    Resuelto en abril 17, 1915.
    Expediente Posesorio — Asiento Contradictorio no Cancelado — Anotación Preventiva. — Cuando, según el artículo 393 de la Ley Hipotecaria, el regis-trador, antes de inscribir alguna finca o derecho en virtud de información posesoria, encontrare algún asiento de. adquisición de dominio o posesión no cancelado que esté en contradicción eon el hecho de la posesión justificada por dicha información, suspenderá la inscripción, hará anotación preven-tiva si se solicita y remitirá copia de dicho asiento al jrlez que haya aprff-bado la información para que confirme o revoque el auto de aprobación,, notificándólo al registrador para los efectos legales.
    Recursos Gubernativos — Artículo 393 de la Ley Hipotecaria — Conflicto Est-ire Ambas Disposiciones. — El artículo 393 de la Ley Hipotecaria no está en oposición con las secciones Ia. y 2a. de la ley de marzo 1, 1902, sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad.
    Expediente Posesorio — Asiento Contradictorio 'no Cancelado — Notificación al Interesado. — Aun cuando el registrador no remita copia del asiento con-tradictorio al juez que aprobó la información, si notifica su nota al inte-resado con devolución de los documentos y entrega de dicha copia, aquella, omisión no causa a éste perjuicio alguno, pues él o su representante pueden acudir al juez con los documentos para el cumplimiento de lo que prescribe el artículo 393 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El reenrrente compareció en nombre propio.
    El Registrador Sr. Mignel Plánellas compareció en nom-bre propio.
   El Juez PbesideNte Sb. HebNÁndez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Fajardo promovió José Lugo y Calzada en 11 de enero dél corriente año información para justificar la posesión de 32 cuerdas de terreno radicadas en el barrio de Sabana del término municipal de Luquillo, de las cuales había adquirido 26 de los consortes Juan de M’atta Rosado y Guadalupe Corcino Narváez por título de compra-venta, y las 6 cuerdas restantes de Simplicia Cruz por igual título.

El Juez Municipal aprobó el informativo practicado por resolución de 2 de febrero siguiente y ordenó su inscripción en el Registro de la Propiedad de Humacao sin perjuicio de-tercero de mejor derecho, a cuyo fin se entregaría el expe-diente original al interesado. ' .

El registrador verificó la inscripción en cuanto a las 6: cuerdas y la suspendió en cuanto a las otras 26, por medio-de nota que copiada a la letra dice así:

“Inscrito este expediente, pero sólo en cuanto a las 6 cuerdas de-la finca que el promovente compró a Simplicia Cruz, en el tomo 7 de Luquillo, al folio 168 vuelto, finca No. 345, inscripción 2a.'; y sus-pendida la inscripción en cuanto a las 26 cuerdas compradas a Juan •de Matta Rosado y esposa, que aparecen inscritas a favor de éste, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 393 de la Ley Hipotecaria, basta que la Corte Municipal de Fajardo, con vista de la copia que se acompaña de la inscripción que aparece a favor del citado Juan de Matta Rosado, y con citación y audiencia de las personas en él interesadas, Juan de Matta Rosado y esposa, confirme o revoque según proceda, el auto de aprobación de dicho espediente, tomándose entretanto anotación preventiva en el mismo tomo y folio al principio citados anotación a. Humacao, febrero 23 de 1915. El Registrador, Miguel Plan ellas.”

La notificación de dicha nota se hizo a José Lugo Calzada por medio de carta que en 25 de febrero citado le dirigió por correo el mencionado registrador acompañándole el expe-diente original con copia del asiento que motivaba la suspen-sión de inscripción para que acudiera a la Corte Municipal de Fajardo a los fines expresados en la nota. Lugo Calzada presentó dichos documentos en la secretaría de esta Corte Suprema en 15 de marzo próximo pasado con alegato escrito •en que pide se dicte resolución aprobando o revocando la opinión del registrador de la propiedad, alegando en defensa de su derecho la falta de cumplimiento por el registrador •de las secciones Ia. y 2a. de la Ley sobre Recursos contra las resolución de los Registradores de la Propiedad.

La nota recurrida se ajusta al artículo 393 de la Ley Hipo-tecaria preceptivo entre otros particulares de que si los regis-tradores antes de inscribir alguna finca o derecho en virtud de información posesoria encontraren algún asiento de adqui-sición de dominio o posesión no cancelado que esté en con-tradicción con el hecho de la posesión justificada por dicha información, suspenderán la inscripción, harán anotación pre-ventiva si la solicita el interesado y remitirán copia de aquel asiento al juez que haya aprobado la información para que en su vista -y con citación y audiencia de las personas que en virtud de dicho asiento puedan tener algún derecho sobre pl inmueble, confirme o revoque el auto de aprobación dando conocimiento en todo caso de la providencia recayente al registrador, para que lleve a efecto la inscripción o cancele la anotación preventiva.

El asiento de posesión de las 26 cuerdas de terreno a favor de Juan de Matta Rosado hecho en el Registro- de la Propie-dad de Humacao en 23 de abril de 1897 no había sido can-celado en el registro y hubiera quedado cancelado si se hu-biera llevado a efecto la inscripción de posesión de ese mismo terreno a favor de José Lugo Calzada. No se ha levantado cuestión alguna sobre la identidad del terreno.

El artículo 393 de la Ley Hipotecaria no está en oposición con las secciones Ia. y 2a. de la Ley de marzo 1°., 1902, sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, como lo demuestra su simple lectura; y si bien el Registrador de Humacao remitió a José Lugo Calzada los documentos de que se deja hecho mérito en lugar de notificar su nota al interesado para que éste los recogiera o en caso nega-tivo hacer el registrador por si propio lá 'remisión de ellos a este tribunal a los fines de la interposición del recurso, Lugo Calzada no ha sufrido con ello perjuicio alguno y antes por el contrario, dándose por notificado con el recibo de los docu-mentos, interpuso oportunamente el recurso que la ley le otorga contra la nota del registrador.

Es cierto que el registrador no remitió copia del asiento contradictorio al Juez Municipal de Fajardo que aprobó la información, según preceptúa el artículo 393, pero, esa omi-sión tampoco causa perjuicio alguno' al recurrente, pues éste puede acudir a dicho juez municipal con los documentos que le fueron remitidos para el debido cumplimiento de lo que dicho artículo prescribe.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota recu-rrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-»drey y Hutchison.