source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

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text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Lanausse, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de C-nayama en causa por homicidio voluntario.
    No. 1818.
    Resuelto en junio 2, 1922.
    Juicio — Formación del Jurado. — La ley no requiere la presencia de un panel completo de veinticuatro jurados para que pueda seleccionarse de entre ellos los doce que han de juzgar al acusado.
    Id. — Id.—Recusación del Jurado en Totalidad. — Agotado el panel ordinario y citados panels especiales no procede una impugnación general atacando la formación del jurado fundada en que todas las personas sorteadas no fueron citadas; y el hecho de que la defensa hubiera agotado o no las recusaciones perentorias no altera la regla, si bien en algunos casos tal circunstancia po-dría ser importante para hacer que la corte sea más liberal en la considera-ción de recusaciones generales.
    Td. — Id.—Abuso de Discreción. — Para que exista abuso de discreción, o debe apa-recer terminantemente de los autos que se ha cometido alguna injusticia con el aeusado, o ser ésta una inferencia necesaria de los autos.
    Id. — Homicidio—Instrucción sobre Homicidio Justificable. — En un caso de ho-micidio una vez demostrado que el aeusado hizo el disparo mortal el acusado tiene por lo menos el deber de mostrar a la corte que hay alguna prueba real tendente a establecer que el homicidio que de otro modo sería un homicidio involuntario era justificable. Y el hecho de que la prueba revele meramente la posibilidad de que el aeusado disparó justificadamente no da derecho a una instrucción sobre homicidio justificable.
    Id. — Homicidio—Evidencia—Reputación del Interfecto. — Cuando no hay prueba de defensa propia o de que el homicidio era justificable, no procede admitir prueba de la reputación del interfecto como hombre peligroso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Eres. L. Tormes y B. Martínez Nadal.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es otro de los muchos casos en el cual el apelante lia dejado de presentar im señalamiento de errores por se-parado como lo exigen las reglas 42 y 43 del Reglamento de esta corte. Ni en ellos se hacían tampoco una exposición concisa de los hechos. No existe tentativa para resumir la prneba.

Se trata de un apelante a quien se imputó un delito de asesinato y fué declarado culpable de homicidio voluntario. Al comienzo del juicio presentó una moción de traslado fun-dada al parecer en que existía un fuerte prejuicio en Glua-yama contra el acusado debido a la contienda política que fué causa de varias muertes violentas según revelan los autos. Esta moción de traslado fué denegada por la corte y su negativa no ha sido materia de un señalamiento de error. La fuerte presunción de que los ciudadanos de su misma lo-calidad harán justicia a un acusado persistiría, después de la desestimación de una moción de traslado, pero no hay nada en ninguna parte de los autos como no sean las manifesta-ciones hechas por un jurado suplente que justifique la teoría de que había tal prejuicio en G-uayama contra el apelante. El mero hecho de que los ánimos estaban exilados en época de elecciones no justifica al abogado en suponer que en el momento decisivo de un juicio los ciudadanos no cumplirán con sus deberes como jurados. Además, no hay nada que demuestre la naturaleza particular del jurado que juzgó al acusado, ni tampoco los abogados en su moción de nuevo jui-cio, o en otra forma probaron que alguno de los jurados ele-gidos tenía prejuicios, o siquiera %que algún jurado tenía en realidad distinta filiación política a la del apelante. Deci-mos esto por vía de introducción porque en el argumento del primer señalamiento de error da por sentado el abogado sin justificación alguna que en cierto modo o en alguna parte realmente existió cierto prejuicio.

El primer señalamiento trata de la desestimación por la corte de una moción presentada por el acusado a manera de una recusación atacando la formación del jurado y más especialmente la forma en que fueron llamadas dos listas ex-traordinarias de jurados en totalidad (panels), después de agotados los primeros panels regulares. Este agotamiento tuvo lugar en la mañana de cierto día y se ordenó al marshal tener listos dos nuevos panels para las dos de la tarde, ci-tando, de ser necesario, a los jurados suplentes de los dis-tritos distantes por el teléfono y el telégrafo. A las dos de la tarde, no obstante, sólo comparecieron siete jurados su-plentes, de los cuales cuatro eran del primer panel 'especial y tres del segundo panel especial. Estos siete nombres fue-ron colocados en la urna por el secretario y entonces se hizo contestar a cada uno de los jurados en el examen preliminar para determinar su competencia (voir dire), sin objeción al-guna inmediata por parte del acusado de que la lista era incompleta. Fué solo después que el jurado estaba al pa-recer completo que se hizo la recusación a todo el jurado. Alegando el apelante que los jurados suplentes de Aibonito, Barranquitas y Cidra no fueron citados se queja de que el sorteo hecho y la constitución del jurado en esta forma era completamente irregular y nulo. Examinado el marshal de-claró que era imposible para él dentro del tiempo indicado tener reunidos a los otros jurados suplentes ante la corte oportunamente.

Los artículos 201, 202 y 212 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescriben lo siguiente:

“Artículo 201. — Tan pronto como haya recibido la lista de los jurados designados por la suerte, el oficial del tribunal citará a los respectivos individuos para que comparezcan ante el tribunal en el día y hora fijados en la providencia, dejando copia de la notificación a dicho efecto en el domicilio de los jurados o haciéndola personal-mente a cada uno de ellos; luego devolverá la lista al tribunal ex-presando los nombres de los que han sido citados y la forma en que se ha hecho la citación. ’
“Artículo 202. — Si no concurriese un número suficiente dé jura-dos debidamente sorteados y notificados, o no se pudieren obtener, en opinión de los jueces, sin gran dilación o gastos para la forma-ción del jurado, el tribunal si lo estima procedente, puede ordenar al secretario que a presencia del propio tribunal extraiga de la urna los nombres de tantas personas como dicho tribunal crea suficientes para aquel objeto.”
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“Artículo 212. — Sólo puede fundarse la recusación de todo el jurado en que los procedimientos se hayan desviado considerable-mente de las prácticas prescritas para el sorteo y formación de la lista de jurados, o en que se haya omitido citar inteneionalmente a uno o más de los jurados sorteados.”

La interpretación de estos artículos ha estado ante la corte en varios casos, a saber, el de El Pueblo v. Morales, 14 D. P. R. 234; El Pueblo v. Vázquez, 20 D. P. R. 365; El Pueblo v. Pillot, 20 D. P. R. 376, y El Pueblo v. Juliá, 25 D. P. R. 258. En el primero de estos casos resolvimos des-pués de detenida consideración, siendo ponente el Juez Sr. McLeary,' que la ley no da al acusado el derecho a solicitar que un panel completo de veinte j cuatro jurados pudiera obtenerse antes de procederse a sortear los doce jurados que debían juzgar la cansa, y que la citación depende necesaria-mente de las exigencias del caso, de la residencia de las per-sonas y habilidad del marshal para encontrarlas a tiempo sin demorar los asuntos de la corte; que para que un juicio pueda terminarse la corte no debe estar sujeta a las demoras de tener que citar todo el panel. En otras palabras que la formación del panel, es cuestión que descansa grandemente en la sana discreción de la corte sentenciadora como se ex-puso en los casos de Vázquez, Pillot y Juliá, supra. Llama la atención el abogado hacia el hecho de que en el caso de Morales y en otros, la defensa no agotó sus recusaciones pe-rentorias y que esta omisión desempeñaba y desempeña un papel en la decisión de las cortes. El fundamento de la de-cisión (ratio decidendi) del caso de Morales no dependía del agotamiento de las recusaciones, si bien en algunos casos po-demos ver cómo ese hecho podría ser importante para hacer que la corte sea más liberal en la consideración de recusa-ciones generales.

El abogado admite que la jurisprudencia muestra que la aceptación de estos ■ jurados suplentes estaba dentro de la sana discreción de la corte sentenciadora, pero alega un abuso de discreción que depende en su esencia de la supuesta exis-tencia de prejuicio en Gruayama y particularmente en las re-giones del llano a diferencia de las montañas, como por ejem-plo, Aibonito, Barranquitas y Cidra. Hemos' liecbo mención de que el único beclio de los autos al cual lian llamado la atención los abogados como que tiende a demostrar un pre-juicio existente fué la declaración de un jurado suplente. Dijo que no tenía conocimiento personal del caso y se le pre-sentó entonces una petición a la cual él se había unido para pedir un traslado basado en que no podía obtenerse un ju-rado en el distrito que estuviera libre de prejuicios. Dijo bajo juramento que firmó la petición sin verla. La corte lo excusó. Era evidente que él no fué un jurado apropiado. Pero también se deja ver que en la petición se alegó que no podía encontrarse en el distrito un jurado que estuviera libre de prejuicios. ■ De ahí que el citar personas de Aibo-nito, Barranquitas y Cidra, que también forman parte del distrito, de poco serviría al acusado. No encontramos, ade-más, en los autos ninguna tentativa por recusar específica-mente a los jurados del llano debido a algún alegado pre-juicio. No se intentó hacer recusación motivada a algún ju-rado por residir en la ciudad de Gruayama u otra cosa seme-jante. Para que exista abuso de discreción, o debe aparecer terminantemente de los autos que se ha cometido alguna in-justicia con el acusado, o ser ésta una inferencia necesaria de los autos. No encontramos ni una ni otra cosa.

Este fué un caso en que dos bandos, uno compuesto de socialistas y republicanos al cual pertenecía el acusado y otro compuesto de unionistas tuvieron un encuentro en la carretera. Alvarado, supuesto lider de los unionistas fué muerto y hubo prueba de testigos oculares tendentes a-acre-ditar que el apelante disparó a Alvarado y que de la herida resultante falleció éste. Cada uno de los grupos acusa al. otro de haber promovido la perturbación. Existía alguna prueba de que el grupo unionista trataba de interceptar el paso. Hubo otra prueba de que ambos grupos viajaban en automóviles y de que ninguno se sometería al otro, si bien al principio se trató de llegar a cierto entendimiento. Al-guien empezó a disparar y luego se hicieron varios disparos» Era al parecer más o menos una batalla campal. Hubo prueba que no fué refutada de que Alvarado disparó y mató a otro hombre, pero la prueba del gobierno tiende a establecer que él sacó su revolver y sólo disparó después de haber sido he-rido ; que disparó en retirada. La prueba de la defensa era que Lanausse no disparó el tiro que causó la muerte a Ai-varado; que el acusado no portaba ningún arma y si bien algunos de los testigos del acusado dicen que el acusado es-taba cerca del sitio de los sucesos, que no se encontraba pre-sente en el lugar inmediato en que tuvo lugar el disparo. La teoría de la defensa fué que Lanausse no disparó el tiro que mató a Alvarado. Los testigos del gobierno dicen que el acusado disparó el primer tiro. La defensa presentó cierta prueba, tendente a probar que fué Alvarado quien disparó primero. Un testigo del gobierno, un policía, declaró que el acusado había dicho o admitido que había disparado al grupo unionista porque ese grupo había disparado al grupo donde estaba el acusado.

El acusado pidió a la corte que diera al jurado la ins-trucción que sigue, la cual fué negada por la corte:

“Si los señores del jurado entienden que Luis Alvarado fué muerto o recibió el balazo que le produjo la muerte en momentos en que pretendía asesinar o inferir grave daño corporal a alguna persona o de cometer algún delito grave, el,balazo que él recibió allí j entonces estaba justificado por la persona que lo produjera.”

El apelante alega como error la negativa de la corte a dar esta instrucción.

Convenimos con el apelante en qne no importa cual fuera la teoría inicial de la defensa si aparecieran hechos en el juicio tendentes a probar un homicidio justificable, un acu-sado tiene derecho a que se dé una instrucción que permita .al jurado, de dar crédito a los hechos, absolverlo legalmente. En un caso de homicidio una vez demostrado que el acusado hizo el disparo el acusado tiene por lo menos el deber de mostrar a la corte que hay alguna prueba real tendente a ■establecer que el homicidio que de otro modo sería un homi-cidio involuntario era justificable. Decimos “prueba real” y con ello queremos decir que no es bastante con que la prueba revele meramente la posibilidad de que el acusado disparó justificadamente. Sostiene el apelante que hubo prueba ten-dente a mostrar que Alvarado estaba disparando al grupo contrario y hubo prueba de que .el acusado disparó en con-testación, e invoca el artículo 209 del Código Penal el cual prescribe lo siguiente:

“Artículo 209.' — Podrá también justificarse el homicidio cuando lo cometiere alguna persona en cualquiera de los casos siguientes:
“1. En el acto de resistir o impedir la tentativa de asesinar o de inferir grave daño corporal a alguna persona, o de cometer al-gún delito grave (felony).
“2. Cuando se comete al defender una morada, propiedad o persona contra alguno que manifiestamente intente o procure, por me-dio de violencia o sorpresa, cometer cualquier delito grave (felony) o que violenta, desordenada y tumultuosamente intente o procure pe-netrar én la morada de otro con el propósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella.
“3. Cuando se comete en legítima defensa de dicha persona, o de la esposa o esposo, padre o madre, hijo, amo o sirviente de tal persona, siempre que hubiere motivos fundados para sospechar que existe el propósito de cometer un delito grave (felony) o de inferir grave daño corporal, o inminente riesgo de que tal propósito se rea-lice; pero dicha persona, o la persona cuya defensa se intentare, si fuere el agresor o estuviere empeñada en lucha mortal, deberá tratar de desistir de ella, antes de cometerse el homicidio.
“4. Cuando hubiere necesidad de cometerlo, al intentar por me-dios legítimos, la prisión de algún reo de delito grave (felony) o al procurar legalmente mantener el orden público.”

Pero no hay prueba en los autos que acredite que el acu-sado disparó para impedir la comisión de un delito grave (felony) o en defensa de otra persona. Yendo aún más'lejos podemos decir que en los autos no Pay circunstancias de las cuales deba razonablemente inferirse tal conclusión. No hay la más leve prueba que indique que el acusado disparó a Ai-varado o a alguna otra persona en el grupo unionista para impedir que se siguiera disparando. Su propia alegada ad-misión indica que él disparó en contestación, pero no que nadie se encontraba en peligro. Si un hombre dispara contra otro el acusado legalmente no tiene derecho a disparar contra el primero a menos que el disparo que se contesta sea para impedir un acto prohibido por la ley. No solo no hubo prueba de tal disparo justificado, sino que la misma ins-trucción solicitada es defectuosa por omitirse en ella elemen-tos que son necesarios. El mero hecho de que un hombre esté cometiendo un asesinato u homicidio no justifica que se le de muerte a menos que se matara para impedir la comi-sión de un delito grave (felony) o algún acto por el estilo. No puede matarse a una persona porque esté para cometer un delito grave (felony), sino para impedir su comisión. Con frecuencia, por ejemplo, un policía dispara a una persona para impedir la comisión de íxu felony y que tal era su pro-pósito aparecerá generalmente. TJn hombre no puede justi-ficadamente contestar un disparo por venganza. La manifes-tación de Lanausse de que él contestó el disparo no muestra ningún fin, por no decir ninguna excusa. Non constat que él disparó a personas no combatientes del grupo unionista.

Desde luego que de haber habido alguna prueba tendente a mostrar que Lanausse disparó en defensa propia, una si-tuación diferente hubiera surgido. En el caso de El Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R. 345, examinamos el alcance del artículo 209, y entre otras cosas aprobamos la declaración hecha en el caso de People v. Glover, 141 Cal. 233, de que una persona puede repeler fuerza a la fuerza en defensa de su persona, propiedad o vida, contra uno que claramente intenta o pre-tende por la violencia o sorpresa cometer un conocido delito menos grave (misdemeanor) o delito grave (felony), o can-sar grave daño corporal a su persona, y el daño que justi-ficaría al acusado a ejecutar el acto del cual se le acusa, puede ser real o aparente, y el jurado no ha de considerar si el acusado estaba en verdadero peligro de su vida o pro-piedad, sino solo si las indicaciones eran tales que inducen a una persona razonable a creer que había tal peligro para su persona o propiedad.

El error restante que se discute se refiere a la exclusión de cierta prueba. Se preguntó a un testigo sobre la repu-tación de Alvarado como persona peligrosa y fué excluida la prueba en efecto porque no hubo prueba de defensa pro-pia. Yéanse los casos de El Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R. 345; El Pueblo v. Barrios, 23 D. P. R. 831. Como no en-contramos ninguna prueba de defensa propia o de un homi-cidio justificable no vemos que se haya cometido error.

La-sentencia apelada debe confirmarse.

Confirmada la, sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino 'en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en cansa por incendio malicioso.
    No. 1762.
    Resuelto” en junio 2, 1922.
    Incendio Malicioso — Acusación—Bill of Particulars. — Una objeción a la acusa-ción que equivale a una solicitud para especificación de particulares (hill of particulars) es tardía cuando se formula en el momento del juicio.
    Incendio Malicioso de Plantación “Creciente o por Cosechar” — Acusación Suficiente.- — Expresando -la acusación en este caso que los acusados incen-diaron una plantación de cañas de azúcar de determinada persona, ‘1 logrando. quemar, como quemaron, cierta cantidad de dicha plantación,” es preciso con-cluir que alega suficientemente el incendio malicioso de la “plantación cre-ciente o por cosechar ” a que se refiere el artículo 407 del Código Penal. Incendio Malicioso — Grado del Delito — Veredicto.—El delito de incendio (misdemeanor'') a que se refiere el artículo 339 del Código Penal no está necesaria-mente comprendido en el delito de incendio malicioso (felony) a que se re-fiere el artículo 407 de dicho código.
    Id. — Prueba de Incendio Malicioso. — Se resolvió en este caso: que la prueba sometida, la cual se analiza en la opinión, aunque circunstancial, es suficiente para justificar un veredicto de culpabilidad.
    Id. — Grado del Delito. — El artículo 407 del Código Penal no establece distintos grados para el delito de incendio malicioso que define y castiga.
    Id. — Evidencia Admisible. — En el presente caso algunos testigos vieron a algunas personas cometiendo el delito de incendio malicioso. Objetada la declaración de otro testigo quien dijo haber visto a los acusados cerca de la plantación antes del incendio, sb resolvió: que tal declaración entre otras cosas era parte de la cadena de evidencia circunstancial propia para ser sometida al jurado.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: 8res. J. Soto Rivera y P. Santana, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una cansa en la cnal los acusados esperaron basta que el jurado fuera citado y juramentado para for-mular objeciones a la acusación, práctica que invariablemente liemos desaprobado. La objeción formulada a la acusación era de la naturaleza de una solicitud para un pliego de par-ticulares y tal petición viene demasiado tarde cuando se bace en el momento del juicio. El Pueblo v. Parkhurst, 29 D. P. R. 920. Desde luego que la corte tiene discreción para con-siderar tal moción y según parece la ejercitó puesto que negó la moción para que se hiciera más específica la acusación en una razonada decisión. También formuló la defensa una ex-cepción perentoria en el juicio” que fué oída por la corte.

La corte declaró sin lugar la excepción perentoria. Los señalamientos de error sobre la suficiencia de la acusación pueden ser considerados conjuntamente. Así han sido pre-sentados por los apelantes. El artículo 407 del Código Penal prescribe lo siguiente:

“Artículo 407. — Toda persona que voluntaria y maliciosamente quemare algún puente de valor de más de cincuenta dollars, o cual-quier edificio o embarcación que no fuere materia de incendio mali-cioso o .tabaco, o ranchón de tabaco, o cualquiera plantación creciente o por cosechar, pasto o árbol o cualquiera cerca, no perteneciente a dicha persona, incurrirá en pena de presidio por uno a diez años.”

La acusación después de una debida introducción alega que los acusados “dieron fuego a una plantación de caña de azúcar” de cierta persona que se menciona, “logrando que-mar, como quemaron, cierta cantidad de dicha plantación.” Tratamos de la interpretación de las palabras “o cualquiera plantación creciente o por cosechar,” y si el incendio de tal cosecha ha sido debidamente alegado en la acusación. Los apelantes en su alegato se limitan a decir que la acusación no expresa que fuera quemada una plantación creciente o por cosechar, y a citar el caso de El Pueblo v. Wys, 25 D. P. R. 510. Todo lo que en ese caso se resuelve para nuestro actual objeto es que en muchos casos no es bastante con que se sigan las palabras del estatuto. La queja de los apelantes es, si los entendemos, que' la acusación no seguía las pala-bras del estatuto y no describía una plantación creciente o por cosechar. Encontramos qne sí lo hacía. Al expresar la acusación que los acusados dieron fuego y quemaron una plantación de cañas, creemos que la interpretación general de estas palabras sería que se referían a una plantación cre-ciente o por cosechar; que la plantación tenía cañas.

En la vista los apelantes sugirieron que pudo haber sido un campo sin cultivar. La regla muy general es que un campo sin cultivar no es una plantación de cañas. La idea de que la propiedad quemada era una plantación de cañas está ro-bustecida por las palabras de la acusación “logrando que-mar los acusados, como quemaron cierta cantidad de las plan-taciones de caña de azúcar.” Siendo el objeto de una acu-sación por incendio malicioso u otro delito semejante infor-mar a los acusados de la clase de propiedad y propiedad en particular incendiada, los acusados en este caso no fueron a juicio bajo ninguna idea errónea de que serían juzgados por incendiar, por ejemplo, un campo sin cultivar. De acuerdo con la acusación, según la entendemos, el incendio de una plantación sin cañas hubiera establecido una clara variante.

Eafael B. Díaz fué examinado por el fiscal y parte de su declaración fué materia de objeción. Qué era esta declara-ción o su parte sustancial, no se expresa en el alegato y el apelante ni siquiera hace referencia a la página de los autos donde se encuentra su declaración. Evidentemente que el abogado .descansó en que esta corte no sólo examinaría los autos sino que leería y volvería a leerlos a fin de encontrar los hechos determinantes del error alegado. Este fué un caso en que algunos testigos vieron a personas dar fuego a las cañas e identificaron a una o más de ellas. Otros testigos refieren que los acusados se encontraban cerca de la misma plantación antes o después del delito. El testigo Eafael B. Díaz prestó declaración en este sentido. Era parte de la cadena de evidencia circunstancial propia para ser sometida al jurado. En ciertos casos tal declaración podría ser de-masiado remota, pero los abogados no nos han demostrado tal cosa en este caso.

Se quejan los apelantes de la negativa de la corte a ins-truir al jurado de que podían traer un veredicto por un misdemeanor dentro de la acusación presentada y de con-formidad con el artículo 339 del Código Penal, el cual es como sigue:

“Artículo 339. — Todo el que voluntariamente o por descuido, in-cendiare, o fuere la causa de que se incendie, algún bosque, .pasto, césped, plantío de arbustos u otra propiedad en alguna finca, incu-rrirá en misdemeanor.”

El incendio de un árbol-o tal vez de un campo sin cul-tivar pudo haber sido el delito imputado en el artículo 339. De acuerdo con el artículo 407 el incendio deberá ser de la propiedad que en dicho artículo se describe, o de lo contra-rio no se imputa ningún delito. No encontramos nada en el capítulo relativo a incendio malicioso que demuestre que los dos delitos son diferentes grados del mismo delito, o que' el delito menos grave (misdemeanor) podía considerarse como incluido en el más grave (felony).

El quinto señalamiento de error se refiere a las instruc-ciones, pero gira sobre la misma cuestión envuelta en el ata-que que se hace a la acusación.

El sesto señalamiento trata de la suficiencia de la prueba. En un caso de prueba circunstancial por un delito de incen-dio malicioso generalmente es imposible decir cua-1 de los acusados ocasionó el incendio, pero hubo prueba tendente a acreditar que todos los cuatro acusados se pusieron de acuerdo en un propósito común y se les vió juntos en un automóvil Ford con anterioridad y después del incendio, el cual se des-cribía específicamente en unión de otras circunstancias. Ee-sulta que cada uno de los acusados fué identificado y varios identificaron a Marrero sobre cuya complicidad o presencia los apelantes sostienen que no hubo prueba. Parte del razo-namiento de los apelantes hace referencia a la misma cues-tión de si hubo prueba o instrucciones- relativas ‘ ‘ a cualquier plantación creciente o por cosechar.” Por lo menos un tes-tigo declaró que la caña en cuestión estaba creciendo e iba a cortarse, y al solicitar la defensa que se hiciera una ins-pección ocular hubo la solemne admisión de que habían sido quemadas cepas de cañas. Oreemos que hubo prueba sufi-ciente para someter al jurado y que no había razón alguna para sospechar que ellos tuvieran prejuicios.

El jurado declaró a los acusados culpables de un delito de incendio malicioso y no especificó el grado y de eso se quejan los apelantes. El artículo 407 del Código Penal está comprendido en el capítulo relativo a “Incendio Malicioso.” A los acusados se imputó una forma específica de incendio malicioso. Asimismo sostenemos que el artículo 407 descri-bía especialmente una forma definida de incendio malicioso pero que la división en grados estaba comprendida en la de-finición más general y corriente de incendio malicioso con referencia a edificios. El artículo 407 prescribía un castigo distinto y no se revela la intención de dividir ese delito en particular en grados.

Estos son todos los errores alegados que requieren con-sideración y debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. FraNoo Soto,

text:
    Batle et al., Recurrentes, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una es-critura de anotación de embargo.
    No. 520.
    Resuelto en junio 6, 1922.
    Anotación Preventiva — Mandamiento para Anotar tin Embargo — OoKte Com-petente. — En el presente caso se resolvió: que el párrafo 2o. del artíeulo 97 del Reglamento de la Ley Hipotecaria quedó derogado por la orden general No. 100 del gobierno militar, fechada abril 12, 1900; por lo que, una orden de la Corte de Distrito de Ponce despachada por el subsecretario a nombre del secretario de dicha corte para que se anote por el Registrador de Arecibo un embargo sobre cierta finca radicada en el término municipal de Arecibo es válida, debiendo ser anotado el embargo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado.de los recurrentes: Sr. J. Tous Soto.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. FraNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito civil en curso ante la Corte de Distrito de Ponce seguido por Joaquina Batle y Campos viuda de Vilaró et al. v. J. B. Lichetestein and Co., se expidió por el sub-secretario de la Corte de Distrito de Ponce un mandamiento dirigido directamente por dicho funcionario al Registrador de la Propiedad de Arecibo para la cancelación de un embargo que había sido trabado sobre cierta propiedad inmue-ble y disponiéndose al mismo tiempo que en su lugar fuera embargada determinada finca rústica radicada en el distrito de Arecibo.

El registrador denegó la inscripción poniendo al pie del documento la siguiente nota:

“deNegada la anotación de embargo que se ordena en el prece-dente mandamiento porque autoriza éste el subsecretario a nombre del secretario de la Corte de Distrito de Ponce, en vez de expedirlo el marshal de Arecibo, a que pertenece este registro y en donde radica la finca embargada, como determinan el artículo 97 del Re-glamento Hipotecario, el 245 del Código de Enjuiciamiento Civil y las resoluciones de la Corte Suprema en los casos Luce v. El Registrador, tomo 28, página 968, y Benet v. Hernández, tomo 22, página 348, y tomada en su lugar la preventiva por 120 días al folio 249 vuelto, tomo 54 de Arecibo, finca número 897 triplicado, ano-tación D, con los defectos subsanables de no expresarse el domicilio de la sociedad demandada, las circunstancias personales de los de-mandados Antonio J. Herrera y J. B. Lichetestein ni el origen de la deuda.”

No conforme con la calificación del registrador, el inte-resado estableció el presente recurso contra la nota denega-toria, y tanto el recurrente como el registrador presentaron alegatos.

Según los términos en qne está redactada la nota del re-gistrador niega la. anotación qne se decretó por la Corte de Distrito de Ponce porqne fné el subsecretario de dicha corte quien autorizó el mandamiento para la anotación en vez de expedirlo el marshal del distrito de Arecibo por radicar en este distrito las fincas a qne se refiere. En otras palabras, entiende el registrador qne para poder practicar las anota-ciones ordenadas por la Corte de Distrito de Ponce el man-damiento qne se le presente debe ser expedido por el marshal del distrito de Arecibo, en virtud de orden qne le dé el juez de su distrito cumpliendo exhorto del Juez de Dis-trito de Ponce, pues cita el artículo 97 del Reglamento de la Ley Hipotecaria según el cual tal exhorto y orden del juez de distrito en que están las fincas es necesario; artículo que según su alegato no está derogado por la orden general No. 100 del año 1900, porque en el caso de Ochoa v. Hernández, 230 U. S. 139, se declaró que el gobernador militar de Puerto Rico no podía derogar la Ley Hipotecaria, y nos cita los casos de Luce y de Benet.

El texto literal del artículo 97 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria dice:

“Toda anotación preventiva que no pueda hacerse sino por pro-videncia judicial, se verificará en virtud de la presentación en el registro de mandamiento del juez o tribunal, en el que se insertará literalmente el particular de la providencia en que se haya dictado, su lecha y el documento o documentos que hayan motivado dicha anotación.
“El mandamiento será siempre expedido por el juez o tribunal en cuyo término jurisdiccional radique el registro donde haya de tomarse la anotación preventiva, al que exhortarán los demás jueces o tribunales para que libre los mandamientos cuando el registro no esté situado en sus respectivas demarcaciones.”

La segunda parte de esa disposición legal es la que vamos a analizar por ser la que tiene relación con el recurso. No hay que dudar que dada hoy la tendencia de las leyes adje-tivas a facilitar la tramitación de los asuntos y quedos pro-cedimientos sean rápidos y adecuados, como así resulta de nuestras vigentes leyes procesales, el artículo 97 citado re-presenta una dilación en el despacho de los negocios y algo así como un trámite innecesario en los mismos, y esto fue lo que había de tener en cuenta la junta judicial que existía en abril de 1900 para recomendar la derogación de dicho ar-tículo 97 como una rueda innecesaria y dilatoria en la tra-mitación de los asuntos del registro. Tal recomendación se llevó a efecto y en 12 de abril de 1900 se decretó por el go-bierno militar la Orden G-eneral No. 100, que textualmente dice:

“Por recomendación de la Junta Judicial se dispone lo siguiente: I. Los tribunales se comunicarán directa e indistintamente entre sí sin sujetarse a la antigua subordinación de tribunales inferiores y superiores que establece el artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. II. También podrán los tribunales dirigirse directamente a cualquiera oficina del registro de la propiedad o de otra clase para el cumplimiento de las resoluciones judiciales que dictaren.”

Según la anterior orden general la Corte de Distrito de Ponce podía dirigirse directamente a cualquier oficina del registro de la propiedad en la isla. No obstante, el regis-trador alega que el Tribunal Supremo 'de los Estados Uni-dos en el caso de Ochoa v. Hernández, 230 U. S. 139, declaró que el comandante militar de esta isla no estaba facultado para modificar la Ley Hipotecaria.

Examinaremos el caso citado por el registrador de Are-cibo. Se refiere a una orden judicial de fecha 4 de abril de 1899. Véase volumen 2, pág. 71, de las Ordenes Militares. Por esta orden se enmiendan los artículos 391, 393, 394 y 395 de la Ley Hipotecaria y por la cláusula final se declara que dicha orden tendrá efecto retroactivo. En la página 160, tomo 230, de las citadas Decisiones de los Estados Unidos, se dice lo siguiente:

“En vista de todas las circunstancias creemos que resulta claro que el gobernador carecía de autorización del Presidente para dictar ninguna orden que fuera judicial por su naturaleza y que tuviera el efecto de privar a alguna persona de su propiedad sin el debido proceso de ley.
“Se ha dicho que la sección octava del Acta Poraher (31 Esta-tutos 79, Cap. 191) tuvo el efecto de revocar la orden judicial del general Henry. Esa sección declaraba lo siguiente: ‘Que las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vi-gentes, excepto en los casos en que sean alteradas, enmendadas o modificadas por la presente; o hayan sido alteradas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley entre a regir, y en todo aquello en cuanto las mismas no resulten incompatibles, o en conflicto con las leyes estatutorias de los Estados Uni-dos no aplicables localmente, o con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legal legislativa creada por la presente para Puerto Rico o por una ley del Congreso de los Estados Unidos,’ con disponiéndoses que no son ahora pertinentes. No podemos encontrar en esta ninguna inten-ción legislativa de dar validez a alguna orden del gobierno militar que fuera en exceso de la autoridad conferídale por el Presidente.”

Esta Corte Suprema, por voz del Juez Asociado Sr. Hutchison, en el caso Sucesión Rodríguez v. Sucesión Torres, 24 D. P. R. 787, comentando la opinión en el caso de Ochoa v. Hernández, supra, se expresó en estos términos:

“En el caso de Ochoa v. Hernández, la Corte Suprema sin resolver si la autoridad del comandante militar en Puerto Rico que-daba o no sujeta a las mismas limitaciones constitucionales como lo está la del Congreso, sostuvo el criterio de que de acuerdo con las instrucciones comunicadas por el Presidente McKinley al Secre-tario de la Guerra en 13 de julio de 1898 con referencia a Cuba, Ordenes Generales del Departamento de la Guerra, No. 101, hechas obligatorias para el Gobernador de Puerto Rico por virtud de la comunicación remitiendo instrucciones de .fecha julio 29, publicada por orden del General Miles para información y guía de todos los interesados y que de tal modo continuaron en vigor como recono-cida declaración de principios por los cuales estaba limitado el go-bierno militar, el gobernador militar carecía de autorización del Pre-sidente para dictar ninguna orden, judicial por su naturaleza, que tuviera el efecto de privar a ninguna persona de su propiedad sin el debido procedimiento de ley.”

Tanto de la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos como de la de esta corte, se desprende que no es exacta la conclusión a que lia llegado el registrador de Are-cibo cuando alega escuetamente que en aquella decisión del.. más alto tribunal de la Unión se declaró que el gobierno militar en Puerto Eico no estaba facultado para modificar la Ley Plipotecaria. La Corte Suprema de los Estados Uni-dos cita en su opinión la. sección octava del Acta Foraker. Esta disposición admite de un modo general la facultad que tenía el gobierno militar para enmendar las leyes existentes en aquel entonces y de una manera expresa y clara dispuso que continuarían vigentes las leyes y ordenanzas que estaban en vigor, haciendo excepciones en los casos en que resultaban alteradas, enmendadas o modificadas por la misma acta, o que hubieran sido alteradas, enmendadas o modificadas por órdenes militares * * *.

No hay que decir que en el principio general de enmendar o modificar una ley, nunca puede estar comprendido el de hacerlo en forma alguna que pueda afectar de algún modo o destruir derechos sustanciales de las partes. El mismo Congreso no podía tener ese poder. En ninguna parte de la nación puede decretarse ley alguna que pueda privar a una persona de la vida o propiedad sin el debido procedi-miento de-ley. Y este principio, en cuanto a la propiedad, fué el que se discutió 'en el caso de Ochoa v. Hernández, supra, y su quebrantamiento tenía que llevar el sello de ex-ceso de facultades por cualquiera que fuera el poder que lo Mciere, ya fuere tal poder civil o militar.

Nosotros creemos que tenemos una situación bien distinta con la enmienda o derogación del artículo 97 del Eeglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria. La disposición de diclio artículo es de puro carácter adjetivo, no infringe o le-siona ningún derecho sustancial de partes interesadas; su de-rogación era más bien en beneficio de la rapidez de los pro-cedimientos y por tales razones' estaba dentro de las facul-tades del gobierno militar la enmienda o derogación del ar-tículo 97 arriba citado.

Es cierto que en el caso de Luce se declaró que el artículo 97 estaba en vigor pero ni las partes en ese asunto hicieron referencia a dicha orden general ni este tribunal la tuvo pre-sente al resolver el caso. En cuanto al caso de Benet, se trataba de un mandamiento librado por un marshal de un distrito al registrador de otro distrito y dijimos que como las facultades del marshal están limitadas a su demarcación territorial no estaba autorizado para dirigirse directamente al registrador de la propiedad de otro distrito. Pero en el caso presente no fué el marshal de Ponce el que se dirigió al registrador de Arecibo sino el subsecretario de la corte y pudo hacerlo de acuerdo con la Orden General No. 100. Es verdad que el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil del año 1904 dispone que la orden de ejecución podrá librarse al marshál de cualquier distrito de la isla pero creemos que este artículo no ha enmendado la Orden General No. 100.

A virtud de las razones expuestas, la nota del registrador debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    F. Carrera & Hermano, Demandante y Apelada v. Muñiz, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre desabncio.
    No. 2713.
    Resuelto en junio 6, 1922.
    Desahucio — Apreciación de Pruebas. — No demostrándose que la eorte cometiera el error único que se le imputa de apreciar la prueba del presente caso en el sentido de que el demandante era el dueño de la finca objeto del desahucio y no el demandado, procede la confirmación de la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Alemañy Sosa.

    Abogados de la apelada: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso de desahucio en apelación que se originó en la Corte de Distrito de Mayagüez.

Se alegó por la demandante que es dueña en pleno do-minio de ciertas fincas rústicas que se describen en la de-manda; que el demandado ocupa dichas fincas y detenta su posesión material sin pagar canon ni merced alguno y en contra de la voluntad de la demandante, y que ha sido re-querido para desalojarlas y se ha negado sin justa causa ni derecho alguno.

La corte inferior, después de celebrado el juicio, decretó el desahucio, y de la sentencia, el demandado recurrió en apelación ante esta corte.

Solamente un error se señala por el apelante y es que la corte inferior apreció equivocadamente la prueba decla-rando con lugar la demanda.

Partiendo de las alegaciones de las partes, parece haber un conflicto de títulos, ya que demandante y demandado ale-gan ser dueños de las fincas descritas en la demanda. Pero la prueba documental que fué practicada en el juicio nada indica en ese sentido. Por escritura otorgada en enero 7r 1915, ante el notario Juan Quintero, el demandado Juan Lorenzo Muñiz, asistido de su esposa, vendió con pacto de re-tracto a Augusto Ortiz, las fincas que son objeto de la de-manda, pudiendo el demandado redimir las fincas en el tér-mino de cinco años a contar de la fecha de la escritura. Se convino, además, que mientras subsistiera el derecho de re-dención, el demandado quedaría en posesión de las fincas en concepto de arrendatario, pagando $240 anuales y las con-tribuciones.

En febrero 27 de 1915 Augusto Ortiz a su vez vendió las-mismas fincas al demandante, mediante escritura otorgada, ante el notario José Sabater, llevando consigo esta venta el pacto de retracto con que fueron adquiridas por el citado Ortiz. Después una y otra venta se consumaron por no ha-berse redimido las fincas ni por el demandado ni por Ortiz al vencimiento de la condición resolutoria impuesta por el pacto de retracto.

La venta que verificó el demandado a Augusto Ortiz y consumada por no haberse redimido las fincas, desprendió al primero de todo derecho, título o interés sobre dichas fin-cas, y siendo a.sí, carece de todo fundamento la alegación de que estaba en su posesión como dueño de las mismas. Apa-rece, sin embargo, que el demandado trató de atacar la vali-dez de su contrato de compraventa con Ortiz, declarando que lo que había convenido con el último había sido un préstamo con hipoteca de sus fincas y no una venta, pero en relación con esto solamente tenemos su propio testimonio y la corte inferior no le prestó credibilidad alguna, pues más bien fue perjudicial ál demandado cuando admitió que también con-vino en un contrato de arrendamiento.

Asimismo el apelante intenta sostener en su alegato que el segundo traspaso de Ortiz a la demandante es más bien un préstamo con hipoteca que un contrato de venta y que no le daba a dicha demandante el carácter de dueña. Pero el citado Ortiz no es parte en el presente caso, no es él el demandado, y es a él a quien únicamente había de incumbir su propia defensa y discutir el carácter, naturaleza o nombre del traspaso que hizo a la demandante, y por tanto, no le es lícito al demandado subrogarse en cualquier defensa que asis-tiera a la persona a quien él había transmitido sus derechos dominicales en las fincas.

Veamos ahora en qué condición legal el demandado que-daba- en las fincas. El contrato de arrendamiento que cele-bró con Ortiz y que subsistía durante el pacto de retracto, y con el cual se verificó el segundo traspaso a la demandante, feneció con la expiración del plazo que se había dado para redimir las fincas objeto del contrato, es decir, no por la consumación misma sino porque su término .se había esti-pulado por el que durara el pacto de retracto. Pero del mismo modo, cualquiera que hubiera sido el término del con-trato de arrendamiento y salvo que se alegara que fuera un contrato inscrito, dicho contrato terminaba con la segunda venta de Ortiz a la demandante, quedando el demandado en las fincas como un simple poseedor y a voluntad de la primera.

La excepción tomada por el demandante a la resolución de la corte inferior por no admitir los recibos de contribu-ciones ofrecidos como prueba, no tiene la importancia que se le quiere dar en este caso. En el contrato de arrenda-miento aparece el demandado con la obligación de pagarlas, y aparte que tal forma de evidencia por sí sola no es per-tinente para probar el título de dueño, tampoco es admisible en la forma presentada.

Por las consideraciones precedentes, debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Just, Demandante y Apelado, v. Just et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de matrimonio.
    No. 2503.-
    Resuelto en junio 8, 1922.
    Matrimonio — Nulidad de Matrimonio — Impotencia del Cónyuge — Causa de Acción. — JOn el presente caso el Tribunal Supremo interpretó el artículo 179 del Código Civil revisado en el sentido de que confiere únicamente a la esposa cuando vive y está en plena capacidad legal (sui juris) el derecho a pedir la nulidad del matrimonio a causa de impotencia del esposo.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan de G%bzmán Benitez.

    Abogado del apelado: Sr. J. B. Soto.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso suplicaba que se declarara nulo el matrimonio de un hombre de setenta y cinco años, por el fundamento de impotencia física y enajenación mental. La corte inferior llegó a la conclusión en su opinión en cuanto a la alegada impotencia, de que ésta existía, pero no tomó en consideración la cuestión de la incapacidad mental. Hubo prueba en el juicio de un perito tendente en cierto modo a probar la incapacidad mental. Este perito, sin embargo, al ser interrogado primero, no expresó una opinión concluyente sobre la alegada incapacidad mental y su declaración en al-gunos particulares es susceptible de ser interpretada como que expresa su idea de la incoherencia u otra cosa que nor-malmente debe esperarse de un hombre que padece de hemi-plejía, o sea, la clase de parálisis aludida en los autos. En-contramos insuficiente esta prueba para establecer la incapa-cidad mental por primera vez en apelación. La otra prueba es tan poco satisfactoria que no podríamos declarar como cuestión de hecho que dicho alegado esposo era incapaz para contraer un matrimonio válido por razón de la incapacidad mental.

El apelante sostuvo que era solamente la esposa quien podía solicitar la nulidad por cansa de impotencia. El ape-lado llamó la atención a las prescripciones específicas con-tenidas en los artículos 130, 131 y 179 del Código Civil, que disponen lo siguiente:

“Artículo 130. — Lós requisitos necesarios para contraer matrimo-nio son:
“1. Capacidad legal de los contratantes.
“2. Consentimiento de las partes contratantes.
“3. Autorización y celebración de un contrato matrimonial me-diante las formas y solemnidades prescritas por la ley.
“Artículo 131. — Son incapaces para contraer matrimonio:
“1. Los casados legalmente.
“2. Los que no tuvieren el pleno ejercicio de su razón.
“3. Los varones menores de diez y ocho años y las mujeres me-nores de diez y seis años. Se tendrá, no obstante, por revalidado ipso facto y sin necesidad de declaración expresa, el matrimonio con-traído por menores - de dicha edad, si un día después de haber lle-gado a la pubertad legal, hubiesen vivido juntos sin haber recla-mado en juicio contra su validez las personas que legalmente los representen, o si la mujer hubiese concedido antes de la pubertad legal o de haberse entablado la reclamación.”
“Artículo 179. — La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al fiscal y a cualesquiera otras personas que tengan interés en dicha nulidad.
“En los casos de violencia o intimidación sólo podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge inocente.”

Si tiene razón el apelado, entonces, por supuesto, un hombre que padece de impotencia física nunca puede contraer un matrimonio válido aún con el conocimiento y consentimiento de la mujer con quien desea casarse. Además, si dos per-sonas resuelven casarse para mutua compañía bajo estas cir-cunstancias, entonces los herederos de cualquiera de ellas pueden atacar el matrimonio.

Cuando un hombre está impotente la verdadera persona interesada en anular el matrimonio es la mujer. En ciertos casos, quizá cuando ella es menor de edad, o sufre alguna incapacidad, nn padre, tntor o guardián, podría establecer una acción a su nombre. Pero entendemos el artículo 179 del Código Civil en el sentido de que confiere únicamente a la esposa un derecho a anular un matrimonio por cansa de impotencia si vive y está en el pleno goce de sus derechos (sui juris).

El caso de Delpit v. Young, La. Ann. 923, fné uno en el cual nn padre procuraba anular el matrimonio de su hijo menor de edad, pero que pasaba de la edad de poder prestar consentimiento. La decisión fué que no había causa de ac-ción por parte del padre. La corte citó' jurisprudencia fran-cesa al efecto de que al prescribir un código “que cuando ha habido una equivocación en la persona la parte que sufre el error solamente puede impugnar el matrimonio” un caso de importancia quedaría comprendido dentro de sus pres-cripciones-, indicando, por tanto, que en la ley francesa puede continuar un matrimonio cuando una de las partes está im-potente. Hasta que estemos claramente convencidos de lo contrario, sostendremos que estando viva la esposa y en el pleno ejercicio de sus derechos (s%á juris) nadie más tiene causa de acción para anular el matrimonio. No hemos pres-tado ninguna consideración particular a la cuestión de si un matrimonio como este ya disuelto por la muerte puede ser anulado.

La apelante también atacó la prueba de la inscripción del nacimiento del demandante en la cual su supuesto padre lo reconoció como hijo natural. Sostiene la apelante, si la en-tendemos, que una partida de nacimiento en que se usa el nombre del padre sólo podía ser hecha por dicho padre, pero es precisamente el padre quien pretende hacer esta partida. Convenimos con el apelado en que el error en la descripción de los nombres del padre era nn mero error clerical y que quedó establecida la identidad.

Hemos discutido los errores señalados y encontramos que la corte inferior cometió error al anular el matrimonio por el fundamento de impotencia. Tenemos dudas sobre el punto relativo a la incapacidad mental y la sentencia por tanto debe revocarse, devolviéndose el caso a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la vista de este-caso.


author: El Juez Presidente Se. del Toro,

text:
    Solá, Demandante y Apelada, v. Solá, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre declaración de incapacidad.
    No. 2764.
    Resuelto en junio 8, 1922.
    Apelación — Incapacidad—Eesoluoión Inapelable. — Contra una resolución po-niendo término a un expediente de incapacidad, no cabe recurso de apela-ción. Contra ella la ley otorga a los interesados el derecho de deducir de-manda ordinaria, existiendo en tal easo el recurso de apelación contra la sentencia que ponga término al litigio.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. F. González y J. Vendrell.

    Abogado de la apelada: Sr. L. Muñoz Morales.

   El Juez Presidente Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso, basándose en que la resolución de que se trata es inapelable.

Examinemos los hechos. María Solá y Grillo solicitó de la Corte de Distrito de Humacao la declaración de incapa-cidad de su abuelo Celestino Solá Rodríguez, de ochenta y cinco años de edad. El supuesto incapaz estuvo represen-tado por el fiscal y, además, por medio de su abogado. Se practicó prueba, oyendo la corte el dictamen de cuatro facul-tativos. Finalmente se declaró la incapacidad solicitada, a cansa de demencia.

El procedimiento seguido se ajustó, según la relación del caso y opinión de la corte de distrito, a las siguientes dis-posiciones del Código Civil Revisado:

“Artículo 250. — No se puede nombrar tutor a los locos, dementes y sordomudos mayores de edad, sin que preceda la declaración hucha por la corte de distrito de su domicilio, de que son incapaces para administrar sus bienes.
“Artículo 251. — Pueden solicitar esta declaración el cónyuge y los parientes del presunto incapaz que tengan derecho a sucedería;, abintestato.
“Artículo 252. — El fiscal deberá pedirla.
“ ‘1. Cuando se trate de dementes furiosos.
“ ‘2. Cuando no exista ninguna de las personas mencionadas en el artículo precedente o cuando no hicieren uso de la facultad que les concede.
“ ‘3. Cuando el cónyuge y los herederos del presunto incapaz sean menores o carezcan de la personalidad necesaria para comparecer en juicio.
“ ‘En todos estos casos, la corte de distrito correspondiente nom-brará defensor al presunto incapaz que no quiera o no pueda de-fenderse. En los demás, será defensor el fiscal.’
“Artículo 253. — Antes de declarar la incapacidad, la corte de distrito oirá’ el dictamen de facultativos y las demás pruebas que considere necesarias.
“Artículo 254. — La declaración de incapacidad deberá hacerse su-mariamente y mediante comparecencia verbal ante la corte de dis-trito. La que se refiere a sordomudos fijará la extensión y límites de la tutela según el grado de incapacidad de aquéllos.
“Artículo 255. — Contra los autos que pongan término al expe-diente de incapacidad podrán los interesados deducir demanda ordi-naria por el procedimiento del juicio oral y público.”

¿Excluye lo dispuesto en el último de los artículos trans-critos, el recurso de apelación? ¿Se trata de una sentencia definitiva?

El recurso de apelación es de naturaleza estatutoria y. al fijar el código los casos en que procede, los clasifica 'en tres grupos. Véase el artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil. El primer grupo se refiere a sentencias defi-nitivas en pleitos o procedimientos comenzados en las pro-pias cortes de distrito; el segundo, a sentencias dictadas por dictas cortes en grado de apelación, y el tercero, a ciertas resoluciones que expresamente se designan.

No cabe comprender el auto de que se trata en el segundo, ni en el tercer grupo. ¿Cabe comprenderlo en el primero? La ley tabla en él de sentencias definitivas y aquí el mismo legislador calificó la resolución de auto. T si bien expresa que el auto “pone término al expediente de incapacidad,” inmediatamente dice qtie “los interesados podrán deducir de-manda ordinaria por el procedimiento del juicio oral y pú-blico.” Esto es, que a menos que el auto se consienta, el procedimiento continúa en la misma corte de distrito con las garantías de un juicio más amplio. Siendo ello así, no es posible reconocer al auto el carácter de sentencia definitiva a que se refiere el primer grupo.

Interpretado, pues, el artículo 295 en su corriente signi-ficado, es necesario concluir que no autoriza el recurso de apelación que se ta interpuesto, pero el apelante alega que debe darse una interpretación liberal a dicbo artículo y reco-nocerse el derecho de apelar en este caso de acuerdo con la opinión de los tratadistas Manresa y Scaevola y con la juris-prudencia de este mismo Tribunal Supremo.

. Eliminando la referencia que se hace al consejo de familia y a que en vez de decirse “juicio oral y público” se dice “juicio ordinario,” el artículo 219 del Antiguo Código Civil, es igual al 255 del ReAÚsado. Y refiriéndose al dicho artículo 219, los comentaristas españoles citados, se expresan así:

“El artículo 287 del proyecto de 1851 permitía la apelación de la sentencia de incapacidad. ¿Procederá este recurso contra el auto de primera instancia que ponga término al expediente? Entendemos que sí, pues aunque dice el presente artículo que contra ese auto podrán los interesados deducir demanda en juicio ordinario, no pro-híbe la apelación, y debe seguirse la regla general, procediendo el juicio ordinario luego que sea firme dicho auto. Gomo ese expediente tiene el carácter de acto de jurisdicción voluntaria, habrán de apli-carse a este caso los artículos 1819 y 1820 de la Ley de Enjuicia-miento Civil, mientras no se haga en ella la reforma necesaria para ponerla en armonía con el código.” 2 Manresa. Código Civil Es-pañol, 212.
“Recurso contra la declaración de incapacidad. — Llamárnosle re-curso porque en puridad no hay otra palabra que signifique con más claridad la idea. Dice el artículo 219 del Código Civil que contra los autos que pongan término al expediente de incapacidad podrán los interesados deducir demanda en juicio ordinario.- ¿Excluye esta-facultad que el código concede al incapacitado el derecho de ejer-citar los recursos ordinarios que concede la Ley de Enjuiciamiento Civil, tales como, v. gr., el de apelación del auto recaído? Según nuestro criterio, no. El código, al conceder el derecho de promover el juicio ordinario, desprovee de la autoridad de lo juzgado al auto que declare la incapacidad. No es que le reconozca un carácter in-terino, no; 4 dicha resolución causa estado en tanto se consienta, es decir, mientras no se deduzca la demanda de juicio ordinario. Ahora bien: creemos que el recurso de casación es improcedente para el caso, puesto que pudiéndose alterar el auto del juzgado por la sen-tencia que recaiga en el pleito que se ventile, carece la primera de las resoluciones enunciadas del carácter definitivo que requiere el artículo 1689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.” 4 Scaevola. Có-digo Civil, 231.

Pero la apelación que tenían en mente Scaevola y Manresa era la en un sólo efecto que autorizaba la Ley de Enjuicia-miento Civil antigua, o sea aquella que no paralizaba la eje-cución de la resolución apelada. -Y si abora se admitiera el recurso de apelación que se ba interpuesto, paralizada que-daría inmediatamente la ejecución del auto, por no estar com-prendido este caso en las excepciones que a la regla general formulada en el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente establece el 298 del propio cuerpo legal.

Para que se vea cuál era el concepto que Manresa tenía de una resolución verdaderamente definitiva, citaremos su opinión al comentar el artículo 1690 de la Ley de Enjuicia-miento Civil antigua. Es así:

“Nótese bien que para que tenga el concepto de definitiva la sen-tencia recaída en un incidente o artículo, a los efectos de la casa-ción, ha de poner término, no al incidente, sino al pleito principal en que aquél se hubiere promovido, haciendo imposible la continua-ción de éste. Por los efectos que en cada caso produzca la sentencia del incidente, se apreciará si concurre o no dicha circunstancia. Así, por ejemplo, si se declara no haber lugar a la admisión de una de-manda por carecer el demandante de personalidad o derecho para promover el juicio contra este fallo de segunda instancia procederá el recurso de casación, porque le cierra la puerta al pleito; pero si ese fallo se funda en que la demanda carece de los requisitos le-gales para su admisión, de suerte que, subsanadas las faltas,' pueda promoverse de nuevo el juicio, entonces no tiene cabida dicho re-curso. Lo mismo en las sentencias de los incidentes de pobreza, según lo hemos expuesto ya en el comentario al artículo 30 (pág. 112 del tomo 1°.), y en otros casos, como puede verse consultando la multitud de sentencias que sobre este punto ha dictado el Tribunal Supremo, el cual ha declarado también que es admisible el recurso de casación contra las ejecutorias sobre cuestiones que, aun-que incidentes de otras, una vez falladas, no pueden volverse a agi-tar si el incidente hubiere versado sobre alguna de las faltas de-terminadas en el artículo 1693, contra la sentencia firme que se dicte en el pleito principal procederá el recurso de casación por quebran-tamiento de forma. Y téngase también presente, que cuando el in-cidente se promueva en la segunda instancia, si no se utiliza opor-tunamente el recurso ordinario de súplica, no cabe el extraordinario de casación, según la jurisprudencia constante del mismo Tribunal Supremo.” 6 Manresa. 'Ley de Enjuiciamiento Civil, 196.

La jurisprudencia de esta Corte Suprema invocada, o sea la establecida en los casos de Alsina y Morales v. Matos, 15 D. P. R. 186; American Railroad Company of Porto Rico v. La Corte Municipal, 16 D. P. R. 242; Pérez v. Sucesión Collado, 19 D. P. R. 423; García v. Humacao Fruit Company, 23 D. P. R. 249; Sucesores de Abarca & Co. v. Central Vannina, 23 D. P. R. 567-570; Labarthe v. Neuman, 23 D. P. R. 690-693, no favorece al apelante.

En el caso de Alsina, supra, la corte, por medio del Juez Figueras, dijo: “Es indudable que la resolución de la Corte de Distrito '* * * es apelable para ante esta Corte Su-prema porque ella por su naturaleza tiene el carácter de de-finitiva toda vez que, rechazada de plano la apelación que ante la Corte Municipal de Ponce se había interpuesto, pone término al pleito promovido. Cae, pues, de lleno dentro del número 1, del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil * * 15 D. P. R. 186.

En el de la American Railroad Company, supra, la corte, por medio del Juez del Toro, decidió que: “El auto de cer-tiorari es un procedimiento especial y, cuando se origina y decide en una corte de distrito, es bien claro que de la reso-lución o sentencia final de dicha corte de distrito, cabe ape-lación para ante esta Corte Suprema.” 16 D. P. R. 242.

En el de Pérez, supra, la corte estableció, por medio del Juez Presidente Hernández, que el concepto genérico “reso-lución,” comprende el específico de “sentencia” y que el No. 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, no fue derogado por la ley de 11 de marzo de 1908. relativa a las apelaciones procedentes de cortes municipales. 19 D. P. R. 422.

En el de García, supra, la corte por medio del Juez Hutchison expuso la doctrina de que “los estatutos que auto-rizan y regulan el derecho de apelación son reconocidos como reparadores por su naturaleza y deben ser interpretados li-beralmente en beneficio del derecho de apelación,” pero el caso concreto decidido fué que “la resolución dictada por una corte municipal declarando sin lugar una moción para que se deje sin efecto una orden de ejecución y venta en pública subasta es apelable para ante la corte de distrito respectiva por ser una sentencia final claramente compren-dida dentro de la letra y espíritu de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11, 1908. ’ ’ Dos jueces en dicho caso disintieron de la jurisprudencia establecida. 23 D. P. E. 249.

En el caso de Abarca, supra, la corte por medio del Juez Presidente Hernández, dijo: “La resolución * * está comprendida en la definición que de la sentencia da el ar-tículo 188, pues por aquélla decidió la corte los derechos de Eafael García Soriano y de la Central Vanilina en el proce-dimiento especial que una y otra parte aceptaron para dirimir sus diferencias sobre el valor de las plantaciones de ca-ñas * # '* . Dicha resolución es por tanto apelable- con arreglo al número 1, del artículo 295.”

Y, por último, en el caso de Labarthe, supra, la corte, por medio del Juez Wolf, dijo: “Teníamos alguna duda en cuanto al derecho de las partes para hacer que sea revisada en apelación la resolución de la corte de distrito. En la Ley de Procedimientos Legales Especiales no existe ningún pre-cepto legal que de modo directo autorice la apelación en un caso de esta clase. Los apelantes alegan en este caso que ésta no era una cuestión directamente comprendida en la Ley de Procedimientos Legales Especiales como se determina en las leyes de la sesión de 1905, sino un procedimiento especial ante la Corte de Distrito de Ponce para resolver los derechos de las partes. En otras palabras, las partes, como hemos visto, tenían derecho a un remedio de acuerdo con el artículo 1026 del Código Civil, el cual ha,ce referencia a la Ley de Procedimientos Legales Especiales meramente como auxiliar. El procedimiento según el artículo 1026 es por sí un procedimiento especial. La resolución en este caso era en forma definitiva y dejó resuelto un derecho terminante y, por tanto, creemos que era apelable de conformidad con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.” 23 D. P. E. 692.

Es cierto que dada la transcendencia de una declaratoria de incapacidad, parece que debería reconocerse sin demora el derecho de acudir a la Corte Suprema por la vía ordinaria de apelación, pero es cierto también qne el legislador no per-dió de vista esa trascendencia y en la misma ley no obstante' prescribir qne para dictar la resolución el juez debería oir “el dictamen de facultativos y las demás pruebas que esti-mare necesarias,” dispuso que la resolución no sería defini-tiva si los interesados deducían demanda ordinaria, debiendo, ventilarse entonces el asunto en el juicio oral y público co-rrespondiente y existiendo en tal caso contra la sentencia que ponga término al pleito claramente reconocido en la ley el derecho de apelación.

La presunción es que los jueces de distrito actuarán en justicia. Además los recursos extraordinarios con que cuenta nuestro actual sistema procesal, siempre permitirían corre-gir cualquier injusticia notoria o verdadera desviación que pudiera cometerse. Por último, no debe perderse de vista que en muchos casos de la naturaleza del presente se re-quiere una pronta y efectiva resolución del problema para beneficio de todas las partes interesadas y de la misma so-ciedad.

Debe desestimarse la apelación establecida.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Ex parte Chabert, Peticionario y Aplelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en recurso de habeas corpus.

    No. 2729.
    Resuelto en junio 9, 1922.

      Habeas Corpus — Devolución para Ulteriores Procedimientos — Hechos Decla-rados Probados por la Corte Suprema. — Cuando a virtud de una cuestión de hecho esta corte devuelve un caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos, en ausencia de prueba ulterior los heehos declarados probados por esta corte son concluyentes para las partes.

      Id. — Patria Potestad — Capacidad del Padre. — Pueda o no ser materia de con--sideración en habeas corpus la cuestión relativa a la capacidad del padre, cuando la prueba no indica incapacidad sino que tiende a demostrar lo con-trario, no podrá existir duda alguna respecto al derecho que tiene un padre a la custodia de su hijo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Acosta Velarde.

    Abogado del recurrido, Felipe Sánchez Osorio: Sr. E. Acima Aybar.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es la segunda vista de este caso. La corte en la vista anterior resolvió unánimemente que la paternidad de la niña Nancy había sido probada y por voto de la mayoría devolvió el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no incompatibles con la opinión. Chabert v. Sánchez, 29 D. P. R. 241. La idea del tribunal fué evidente-mente como lo demuestra la opinión, el permitir a las partes someter a prueba la cuestión de qué era lo que requería el bienestar de la niña, pero no que se levantase ninguna cues-tión sobre su paternidad. El caso fué devuelto a la corte inferior. El apelado no hizo enmiendas a sus alegaciones. El peticionario quizás necesariamente no presentó ninguna cuestión sobre esto y no promovió ninguna otra respecto al derecho de la corte a resolver sobre la custodia de la niña según su bienestar mismo pudiera exigirlo. En estas con-diciones las partes fueron a la corte con la ley del caso esta-blecida para ellos y la cuestión litigiosa que entonces se pre-sentaba era la de los mejores intereses de la niña. Exami-nemos, pues, el caso como ha sido desarrollado.

Originalmente el padre de Nancy pasó la custodia a otra persona y nada hizo por recuperarla por varios años. Era el caso de un joven matrimonio avergonzado de un alum-bramiento que ocurre poco tiempo después del matrimonio que trató de ocultar el hecho ante el mundo. Pero ellos han sido castigados, han sufrido y están arrepentidos. Han he-cho más. Han hecho franca confesión ante el mundo y la madre de la niña vino a la corte y fué a la silla de testigos haciendo así sentir' su situación y natural reclamación. La niña tiene siete años de edad y este procedimiento fué ini-ciado hace dos o tres años. Hasta la fecha del juicio y por algunos años antes el padre y su esposa, de excelentes rela-ciones sociales habían llevado una vida ejemplar. El padre está enteramente- capacitado para sostener a la niña y la prueba muestra que es persona de condiciones normales con todas las presunciones a su favor, con excepción de su primer acto al dejar a la niña fuera de su hogar natural. Esta es una debilidad que ocurrirá a veces cuando nace un niño fuera de matrimonio o tan pronto después del matrimonio. La madre declaró que había temido a la actitud de su misma madre y de su padrasto, pero los autos parecen revelar que era más bien el acto del joven padre para proteger a su esposa, que no el acto de la segunda. La madre estuvo en-ferma y achacosa durante los primeros años de esta niña. Fué al hospital a sufrir una operación, creía que iba a mo-rirse y anhelaba ver a su primer hijo. Mientras tanto este joven matrimonio había tenido otro hijo y probado su capa-cidad para cuidar a los hijos.

Cuando se trata de la posesión de un niño de corta edad las pasiones se enardecen furiosamente y los hombres y las mujeres serán capaces de hacer y procurarán hacer cosas contra las cuales ordinariamente se sublevarían sus mejores instintos. De ningún otro modo nos explicamos las actua-ciones del demandado en este caso. El y su esposa sienten un profundo afecto por Nancy y probablemente por ella sa-crificarían su vida. Le han dedicado años de atenciones y la cuidarían bien según su modo de ver. Pero el deman-dado no ha mostrado una disposición muy generosa hacia el peticionario y su esposa. Los autos nos convencen que el apelado creyó o tuvo motivo para creer que Augusto de Chabert era el padre de Nancy. En verdad que el apelado toleró las visitas del joven matrimonio liasta poco antes de iniciarse este pleito. Después de haber esta corte declarado unánimemente que el peticionario era el padre de la niña y de ser devuelto el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión, existía poca razón para dudar de la paternidad si en realidad de verdad el apelado dudó alguna vez de ella. Llevada la niña al juicio su declaración mostraba. que había sido sugestionada. Interrogada sobre sus relaciones con su hermanito, a quien al parecer había visto antes, negó tal hecho y entonces y de repente, mani-festó voluntariamente que deseaba quedarse con sus padres de crianza.

Todos convenimos en que la presunción natural en la sociedad es que se atiende mejor al bienestar de un niño poniéndolo o dejándolo con sus propios padres. El que sus-cribe ha sido de opinión de que no se levantó debidamente la cuestión referente al bienestar de la niña. Dos de los miembros de esta corte son de opinión de que en un proce-dimiento de habeas corpus no puede investigarse sobre el bienestar de un niño y el que suscribe tiene ciertas dudas, pero somos todos de opinión de que no existen ahora ver-daderas razones que pudieran militar en contra de la expe-dición del auto. En la hipótesis de que la conducta del padre pudo haber desempeñado un papel para privarle de la patria potestad esa razón no existe hoy. Asumiendo que puede investigarse sobre la custodia de un niño a virtud de un auto de habeas corpus, existen ahora motivos para devolver la custodia de Nancy a sus padres. En relación con esto último podemos agregar que es mejor, que al crecer, no tenga que extrañarse por qué es que se encuentra ella en situación distinta a la de cualesquiera otros niños en la so ciedad. En oposición a estas consideraciones no debe per mitirse que prevalezcan la mejor condición económica de un extraño y la alegada preferencia de la niña.

Debe revocarse la sentencia y devolverse la niña al pe-ticionario.

Revocada la resolución apelada y ordenada la entrega de la niña al peticionario, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Alclrey, HutcMson y Franco Soto.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pietrantoni, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en causa por acometimiento y agresión, grave.
    No. 1876.
    Resuelto en junio 9, 1922.
    Juez de Jure. — Cuando se alega que una ley es anticonstitucional por pretender asignar a jueces que ya están en funciones para nuevas cortes que han sido' creadas, si se levanta debidamente la cuestión y a una persona se le juzga . ante uno de dichos jueces, dicho juez es todavía un juez de jure por virtud de leyes anteriores.
    Juez de Facto. — Si una legislatura crea nuevas cortes y se juzga a una persona ante un juez que ha sido asignado por la legislatura pero no nombrado por el Gobernador para una de las nuevas cortes la legislatura confiere un su-puesto derecho y a falta de objeción en la corte inferior el juez asignado es un juez de facto.

    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. R. Quiñones.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué juzgado y declarado culpable en la Corte Municipal de San Juan por un delito de acometimiento y agresión. En apelación fué juzgado ante la corte de distrito para el primer distrito de San Juan. No existe exposición del caso o pliego de excepciones en los autos, y con excep-ción de una alegación de no culpable, ninguna moción oral o en otra forma consta en los autos. El apelante impugnó. la jurisdicción de la corte inferior para conocer del caso, pero admitió que ninguna cuestión semejante Rabia sido pre-sentada ante la corte inferior. t

La cuestión que ahora se plantea es en sustancia que la Corte de Distrito de San Juan carecía de jurisdicción para juzgar la causa del apelante toda vez que la Ley No. 41 de 1921 era anticonstitucional.

.Sostiene en efecto, el apelante, que no existía tal corte. El apelante admite que la mayor parte de las cuestiones pro-movidas o errores alegados han sido resueltos por la opi-nión de esta corte en el caso de certiorari de Toro y Lippitt v. La Corte de Distrito de San Juan, de mayo 22, 1922, (pág. 542). El apelante insiste ahora solamente en un punto, o sea, que si se crearon dos nuevas cortes la Le-gislatura en la Ley No. 41 ha usurpado el poder de nom-bramiento del Gobernador al asignar o nombrar jueces para las nuevas cortes. Podemos decir de paso que si la ley que pretende crear dos nuevas cortes era anticonstitucional en-tonces el juez ante quien fué juzgado el apelante era toda-vía un juez de jure de la antigua Corte de Distrito de San Juan y el apelante fué debidamente declarado culpable.

Estas dos nuevas cortes fueron formadas del antiguo dis-trito judicial y los actuales jueces ya nombrados fueron asig-nados por la Legislatura al servicio dentro de los mismos límites territoriales. Con la posible excepción del poder de nombramiento mismo la Legislatura está perfectamente au-torizada por la Ley Orgánica para establecer nuevos dis-tritos y definir su jurisdicción. Lo que hizo entonces la Le-gislatura no fué ejercitar ningún poder de nombramiento, sino meramente cambiar la jurisdicción actual de dos jueces asignándolos para actuar dentro del mismo territorio para el cual fueron nombrados. La siguiente cita del caso de Lamar v. United States, 241 U. S. 118, opinión del Juez Pre-sidente Sr. White, es pertinente:

'‘5. Pasamos finalmente a considerar una cuestión que no fué le-vantada en la corte inferior ni sugerida allí mientras el caso estaba en ella pendiente y antes de que se registrara la orden de desesti-mación que hemos revisado, y a la cual ni siquiera se ha hecho refe-rencia indirectamente en esta corte cuando el caso estaba pendiente a virtud del recurso de error directo, el cual auto, como hemos visto, fué desestimado por no presentar para su consideración cuestión al-guna de jurisdicción y ninguna que surja de acuerdo con la Cons-titución. En verdad que la alegación en que ahora se confía fué alegada por primera vez en un alegato suplementario radicado en la vista presente. La proposición es que la corte sentenciadora no tenía ninguna jurisdicción, en realidad que no existía tal corte toda vez que el juicio había sido conducido por el juez de distrito del Distrito Occidental de Michigan designado para el Distrito del Sur de New York de acuerdo con el estatuto (Oet. 3, 1913, c. 18, 38 Stat. 203), y que el efecto de tal designación bajo el estatuto era anular virtualmente el Distrito del Sur de New York creando un nuevo dis-trito cuyas demarcaciones eran indefinidas, violándose así los dere-chos garantidos al acusado por la enmienda sexta puesto que se le sometió a juicio en un distrito que no había sido establecido cuando fué cometido el delito que se le imputaba. De hecho se hace ade-más la alegación de que el asignar a un juez de un distrito y de un circuito para ejercer funciones en otro distrito de otro circuito era en sustancia usurpar el poder de nombramiento y confirmación investido por la Constitución en el Presidente y Senado. En cuanto a la primera de estas alegaciones creemos que basta con decir que descansa en la interpretación de las palabras del estatuto que auto-riza la designación de un juez de un distrito y circuito para ejercer funciones en otro distrito y circuito la cual carece enteramente de fundamento y descansa en una premisa que es incompatible con la práctica del gobierno bajo la constitución sustancialmente desde el principio. En cuanto a la segunda alegación, creemos que basta con sólo enunciarla para demostrar su absoluta incorrección.”

En otras palabras, es evidente que no"Se ha intervenido con ningún poder de nombramiento.

Alegó también el apelante que puede considerarse como nuevo el nombramiento de los jueces puesto que sus sueldos fueron aumentados, cosa prohibida por la Ley Orgánica. Tal conclusión podría afectar al aumento de los sueldos pero no a la jurisdicción. Pero de todos modos el apelante fué juz-gado en una corte que tenía jurisdicción, y aún suponiendo que la persona que presidía esa corte no había sido debida-mente noínbrada para actuar en esa corte nuevamente creada, era, sin embargo, un juez de facto. El apelante sostiene que no lo era y que jueces de facto sólo pueden llamarse las per-sonas debidamente nombradas, quienes en cierto modo no tomaran posesión del cargo, pero no nos cita el apelante ninguna autoridad. Creemos que la supuesta autoridad bajo la cual actúa un funcionario podía proceder de la Legisla-tura lo mismo que del poder nominador. Estas considera-ciones están robustecidas por el hecho de que no se hizo im-pugnación en forma alguna a la jurisdicción de la corte. '

No encontrando que se haya cometido error, debe con-firmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “Conforme con la sentencia.”


author: El Juez Presideote Sr. del Toro,

text:
    Körber & Cía., Inc., Demandante y Apelada, v. Colón et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de pagarés (tras-lado de causa).
    No. 2732.
    Resuelto en junio 9, 1922.
    jurisdicción — Sumisión du las Partes. — Cuando el deudor se ha sometido ex-presamente a la jurisdicción de las cortes del domicilio del acreedor, no puede pedir el traslado a su propio domicilio. El pacto de sumisión es lícito y como tal obligatorio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. González Fagundo & González, Jr.

    Abogado de la apelada: Sr. H. G. Molina.

   El Juez Presideote Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes radicaron su demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito. Los demandados al formular excepciones solicitaron en debida forma el traslado a la corte de distrito de su domicilio, Plumacao. En el pleito se cobran varios pagarés en todos los cuales los demandados se sometieron expresamente a las cortes de San Juan. La moción de traslado fué negada y los demandados estable-cieron el presente recurso de apelación.

En su alegato los apelantes admiten que si se aplica la doctrina establecida por esta Corte Suprema en el caso de Gómez v. Toro, 23 D. P. R. 642, entonces la resolución ape-lada estaría bien fundada, pero sostienen que la doctrina del caso de Gómez v. Toro, supra, es errónea y debe revo-carse.

Para hacer tal petición los apelantes radicaron un ale-' gato que apenas tiene dos páginas de argumentación, con algunas citas de casos sin razonamiento alguno demostra-tivo de un estudio serio de la cuestión envuelta.

El caso de Gómez v. Toro, supra, ha sido citado con apro-bación en varias ocasiones por este mismo tribunal. Véase especialmente el caso de Mitjans v. Mitjans, hoy su Sucesión, 26 D. P. R. 803. En el curso de la. opinión se dijo:

“Esta Corte Suprema ha-resuelto varias veces que la renuncia del fuero del domicilio es una condición licita en los contratos tanto como una de las costumbres locales bien establecidas, sancionada por el orden público y sostenida por la uniforme corriente de la juris-prudencia. 5 5

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la re-solución apelada.

Confirmada la resolución recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


text:
    Körber & Cía., Inc., Demandante y Apelada, v. Colón et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de pagaré (tras-lado del caso).
    No. 2733.
    Resuelto, en junio 9, 1922,
    por los fundamentos del caso No. 2732, Körber & Cía., Inc., v. Colón et al., de junio 9, 1922.
    Abogados del apelante: Sres. González Fagundo y Gon-zález Jr.

    Abogado del apelado: Sr. H. G. Molina.

   Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Se. FraNoo Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por infracción a la sección 61 de la Ley de Ar-bitrios.
    No. 1939.
    Resuelto en junio 9, 1922.
    Cortes de Distrito — Señalamiento de Apelaciones Criminales Procedentes de Cortes Municipales.- — -Aunque el señalamiento de una apelación en causa criminal procedente de la corte municipal después de transcurridos los diez días de haberse recibido la causa en la corte de distrito constituye una in-fracción del apartado 5 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal enmendado en marzo 12, 1908, no es motivo de revocación cuando no se de-muestra que tal error ha lastimado algún dereeho del acusado.
    Alambiques — Denuncia 'Suficiente. — En el presente caso se alegó como error de la corte el haber denegado la eliminación del siguiente párrafo en una de-nuncia por infracción a la sección 61 de la Ley de Arbitrios: “ * * * fueron ocupadas cuatro botellas conteniendo alcohol y una damesana pequeña conteniendo alcohol; haciendo un conjunto de dos litros y medios de alcohol; y un galón vacío.” Se resolvió: que aunque se considerase' materia redundante dicho párrafo, esto no significaría confusión alguna en la acusa-ción, porque el hecho delictivo de la acusación resulta claro y en nada afec-taba a los requisitos esenciales de la misma.

      Id. — Moción de Nonsuit. — Cuando un acusado ha presentado su prueba se entiende que ha renunciado al derecho de presentar una moción de nonsuit.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Martínez Avilés.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. FraNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso sobre infracción de la sección 61 de la Ley de Arbitrios. Se originó en la Corte Municipal de Lares y la acusación formulada es como sigue:

“Que en 13 de noviembre de 1921, como a las 3 p. m. y en el barrio Lares, y en su casa morada, dentro del Distrito Judicial Municipal de Lares, que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, P. R., allí y entonces el referido acusado, voluntaria, maliciosa y criminalmente, tenía en su poder y custodia y bajo su control, un alambique o aparato para destilar ron sin haberlo inscrito en la Ofi-cina del Tesorero de Puerto Rico, firmando y archivando con dicho Tesorero de Puerto Rico una declaración por escrito, haciendo cons-tar el sitio particular donde dicho aparato o alambique está situado o almacenado, la clase de alambique y su capacidad cúbica, el nombre del dueño del mismo, sitio de su residencia y los fines para los cuales dicho alambique o aparato se ha usado, se estaba usando o s.e pro ponía usar, infringiendo así las disposiciones de la sección 61 de Ley No. 55, aprobada en junio 15 de 1919. El alambique en cues-tión tiene una capacidad de ochenta litros más o menos, no pudiendo ocuparle el cabezote y la serpentina, por haberla ocultado en 'mo-mentos de ser sorprendido, también le fueron ocupadas cuatro bote-llas conteniendo alcohol y una demesana pequeña conteniendo alcohol, haciendo un conjunto de dos litros y medio de alcohol;, y un galón vacío. ’ ’

La Corte de Distrito de Aguadilla vió el caso en apela-ción y declaró culpable al acusado, y le impuso la pena de cien dólares de multa, o un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, no excediendo la prisión subsidiaria de noventa días y además al pago de las costas. Contra esta sentencia es que se ha interpuesto el presente recurso some-tido ahora a nuestra consideración.

El apelante alega que se lian cometido cuatro errores por la corte inferior.

El primer error se refiere al no ordenar la corte el so-breseimiento y archivo de la cansa por infracción del apar-tado 5 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En cuanto a esto, tenemos ya un precedente sentado por esta corte en el caso de El Pueblo v. Ribas, 16 D. P. R. 616. El lenguaje de la corte, en parte, es el siguiente:

“Es, pues, evidente que dentro de los diez días de haberse reci-bido la causa en la corte de distrito, ésta debió hacer el señalamiento de día para el juicio, y al no hacerlo así, infringió el apartado quinto del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según ha quedado enmendado por dicha ley de 12 de marzo de 1908; pero estimamos que aún cuando tal error fue debidamente excepcionado, por lo que ha merecido nuestra consideración, no ha lastimado nin-guno de los derechos del acusado; y, en su virtud, es de aplicación el artículo Io. de la ley de mayo 30 de 1904, relativa a la revocación de sentencias en causas criminales, según la cual, siempre que apa-reciere que el tribunal sentenciador hubiere desatendido cualquier requisito legal, no se anulará la sentencia, a menos que el error que de los autos resultare, tendiere a perjudicar los derechos de cual-quiera de las partes.”

T no resulta de la transcripción del récord que se hayan lesionado los derechos del acusado, porque el único supuesto perjuicio que expuso con su propia declaración fué el temor de que uno de los fiadores le retirara la fianza, pero esto no se realizó y el acusado continuó en libertad.

El segundo error consiste en haber denegado la corte la eliminación del párrafo que en la acusación dice:

“ * * '* fueron ocupadas cuatro botellas conteniendo alcohol y una damesana pequeña conteniendo alcohol, haciendo un conjunto de dos litros y medio de alcohol; y un galón vacío.”

Este error carece de toda importancia. El delito que se persigue es haberse ocupado en poder del acusado un alam-toque sin tenerlo inscrito en la Tesorería de Pnérto Rico. El objeto único de tal aparato es la destilación de alcohol y este es nn producto qne necesita envases, y el párrafo in-serto se refiere a la ocupación de efectos qne habían de tener una relación necesaria, de causa o efecto, entre el aparato principal y sus accesorios, que son los que mencionan en dicho párrafo para darle una forma completa a la acusación como resultado de la realidad de los hechos. Además, aun-que se considerase materia redundante dicho párrafo, esto no significaría confusión alguna en la acusación, porque el hecho delictivo de la acusación resuelta claro y en nada afec-taba a los requisitos esenciales de la misma.

El tercer error que se atribuye a la corte es porque declaró sin lugar la moción de nonsuit presentada por el acusado. El acusado no presentó esta moción después de practicada la prueba de cargo, sino .que esperó a que se practicara su prueba de defensa. Esta circunstancia implica que el acu-sado renunció al derecho que tuvo por no haberla presen-tado en el tiempo oportuno y la corte inferior no cometió error alguno al declarar sin lugar dicha moción. Véanse los casos de El Pueblo v. Alvarado, 19 D. P. R. 870, y El Pueblo v. Ojeda, 26 D. P. R. 438.

El cuarto y último error que alega el apelante es que la' corte inferior erró al apreciar la prueba.

La evidencia presentada por el fiscal consistió en dos policías que fueron los que presenciaron los hechos y ocu-paron el cuerpo del delito, y contra esta prueba el acusado opuso la declaración de un testigo y su propio testimonio. Así aparece la prueba en conflicto pero la corte inferior lo ha resuelto en contra del acusado, y como no resulta de la misma que se haya cometido error grave o manifiesto ni haberse actuado con pasión, prejuicio o parcialidad al apre-ciarse dicha evidencia, no estamos en el caso de intervenir en la apreciación que de la misma hizo la corte inferior, y por esta razón y las que más arriba se dejan expuestas de-bemos confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Woli, Aldrey y Hutcbison.