author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    P. R. Railway, Light & Power Co., peticionaria, v. Benjamín Ortiz, Juez, Corte de Distrito de Humacao, demandado.
    Núm. 79.

    Sometido: Diciembre 22, 1941.

      Resuelto: Febrero 18, 1942.

      Broiun, González & Newsom y E. Górdova Díaz, abogados de la peti-cionaria; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, Pablo Defendini 'j B. García Gintrón, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

lili Pueblo de Puerto Bico, representado por su Goberna-dor, Comisionado del Interior y Procurador General, Sres. Bexford G. Tugwell, Sergio Cuevas Bustamante y George A. Malcolm, respectivamente, instituyó en la corte inferior un procedimiento de expropiación forzosa contra la peticionaria en este caso, P. B. Bailway, Light & Power Co. Expuso en su demanda dos causas de acción. En la primera, alegó que Ja demandada, con fecha 4 de enero de 1928, obtuvo la fran-quicia número 591, titulada “An Ordinance granting to the Porto Bieo Bailway, Light & Power Company authority to utilize the waters and waterfalls of the Hicaco, Cubuy, Prieto and Sabana Bivers, and their tributaries, which form the so-called ‘Blanco’ Biver, in Naguabo, Puerto Bico, and the so-called Bio Blanco Development, and to construct, maintain and operate a hydroelectric plant and the necessary transmission lines to develop and transmit electric curr.ent;” que de acuerdo con las disposiciones de la sección 9 de dicha franquicia, la concesionaria se obligó a traspasar a El Pueblo de Puerto Bico la planta antes mencionada, con todas sus pertenencias, excluyendo las líneas de transmisión, por un precio equivalente al costo original de dicha planta y per-tenencias, más el costo de las mejoras efectuadas, menos depreciación, todo ello a la terminación de mi plazo de diez años contados desde la fecha en que la planta y líneas de transmisión autorizadas por la franquicia estuvieren cons-truidas y funcionando, debiendo el Comisionado del Interior notificar a la concesionaria la intención de El Pueblo de Puerto Pico de verificar dicha compra con un año de anti-cipación a la espiración del plazo de diez años antes men-cionado; que dentro del término especificado en la franqui-cia, allá por el 8 de agosto de 1938, el Comisionado del Interior notificó a la concesionaria el propósito de El Pueblo de Puerto Rico de adquirir, el 12 de septiembre de 1939, la mencionada planta conocida por “Planta Hidroeléctrica de Río Blanco,” sus pertenencias y accesorios, excluyendo las líneas de transmisión, por el precio convenido en la fran-quicia, que en opinión del demandante representa el valor justo y razonable de dichas propiedades; que a ese efecto ofreció a la concesionaria el precio de la planta hidroeléc-trica y sus. pertenencias, excluyendo las líneas de transmi-sión, montante dicho precio a la cantidad de $871,066.35, y no habiendo sido aceptado por la demandada, peticionaria en este caso, estableció, por conducto del entonces Comisio-nado del Interior, Sr. José Enrique Colom, un procedimiento de expropiación forzosa, habiéndose desestimado la demanda dí dicho procedimiento el 20 de septiembre de 1941; que el 4 de octubre siguiente el demandante requirió una vez más a la concesionaria para que le transmitiese el dominio de dichas propiedades e inició este, procedimiento en la corte inferior, alegando además de los hechos antes expuestos, que era la creencia del Comisionado del Interior que la refe-rida planta con sus pertenencias es necesaria para el des-arrollo y funcionamiento adecuado del sistema hidroeléctrico que El Pueblo de Puerto Rico tiene establecido y explota a través del Negociado de las Puentes Pluviales de Puerto Rico, y que a los fines de lograr su adquisición, el indicado funcionario había solicitado del Procurador General de Puerto Rico la institución de estos procedimientos. Como segunda causa de acción el demandante reprodujo las alega-ciones pertinentes de la primera y continuó exponiendo que para el adecuado desarrollo y funcionamiento del referido sistema eléctrico, era imprescindible la adquisición de las líneas de transmisión que la demandada ha construido y mantiene bajo los términos de la franquicia número 591 que se mencionan en la primera causa de acción, las cuales se extienden desde la planta hidroeléctrica de Eío Blanco hasta un punto cerca de la Central Vanilina, en el Municipio de Río Piedras, describiéndose dichas líneas de transmisión en el exhibit O que acompañó e hizo parte de la demanda, ale-gando también que el 4 de octphre de 1941 requirió a la demandada para que le vendiera dichas líneas, ofreciéndole en pago de las mismas la cantidad de $60,845 que según el demandante es el valor razonable de las mismas, a lo que se negó la demandada. Terminó la demanda con súplica de sentencia decretando la expropiación de la planta hidro-eléctrica de Río Blanco con todas sus pertenencias, inclu-yendo las líneas de transmisión según se describen una y otras en los exhibits A y C, por una cantidad que no exceda de $871,066.35, como compensación por la planta y sus per-tenencias y la de $60,845, como compensación por las líneas de transmisión, con los demás pronunciamientos que sean pertinentes.

El mismo día 8 de octubre de 1941 El Pueblo de Puerto Rico, representado por los funcionarios antes mencionados, radicó en la corte inferior un escrito que tituló “Declaración de Adquisición”, en el que expresó que se proponía adqui-rir para los fines públicos antes mencionados, el. título de dominio sobre las propiedades a que se contrae la demanda en sus dos causas de acción, acompañando planos de dichas propiedades, y consignó dos cheques certificados por “The National City Bank of New York, San Juan Branch”, a la orden de la demandada, uno de ellos por $871,066.35 repre-sentativo de la compensación correspondiente a las propie-dades a que se refiere la primera causa de acción, y el otro por $60,845 correspondiente a la compensación de la propie-dad que es objeto de la segunda cansa de acción. En dicho escrito se expresó además que las referidas sumas se con-signaban para que fuesen depositadas en la secretaría de la corte o en cualquier otra forma que la corte ordenara, a dis-posición y para beneficio de la demandada, y se tizo constar también lo siguiente:

“Es la opinión del demandante, así como la de los declarantes, individual y colectivamente, que las sumas que en última instancia hayan de proveerse o determinarse en este litigio como compensación por las referidas propiedades estarán dentro de cualquier límite que en ley puede y debe pagarse como valor justo y razonable por el concepto indicado.”

También radicó el demandante una moción solicitando que se ordenase la entrega material de las propiedades antes men-cionadas dentro de un plazo no mayor de quince días a par-tir de la fecha en que .fuese notificada a la demandada la orden de entrega, y la corte, el mismo día 8 de octubre de 1941, dictó una resolución en la, qure luego de hacer una reseña de los procedimientos habidos ante ella terminó así:

“Por tanto, la corte por la presente declara, resuelve, ordena y decreta:
“(1) Que el título de dominio absoluto en las propiedades que aparecen descritas en los exhibits ‘A’, ‘B’ y ‘C’ que se acompañan a esta resolución y se hacen formar parte integrante de la misma, quedó investido en El Pueblo de Puerto Rico desde el momento en que éste radicó la referida Declaración de Adquisición y depositó en la Secretaría de esta corte las sumas de ochocientos setenta y un mil sesenta y seis dólares y treinta y cinco centavos ($871,066.35) y sesenta mil ochocientos cuarenta y cinco dólares ($60,845.00), según se ha expresado anteriormente en esta resolución;
“(2) Que las referidas propiedades quedan expropiadas y adqui-ridas para uso de El Pueblo de Puerto Rico, y que el derecho a una justa compensación por las propiedades adquiridas y expropiadas queda investido en la demandada en este caso, Porto Rico Railway, Light .& Power Co., y el importe de dicha compensación queda sujeto a determinarse en este procedimiento mediante sentencia dictada de acuerdo con la ley;
“(3) Que El Pueblo de Puerto Eico tiene ahora derecho a la posesión de las propiedades antes descritas, las que la demandada debe entregar materialmente y a todos los fines y propósitos legales a El Pueblo de Puerto Eico, por conducto de sus representantes autorizados, el Gobernador de Puerto Eico, el Comisionado del Interior de Puerto Eico y el Procurador General de Puerto Eico, o a cualquiera de ellos, dentro de un período no mayor de quince días, a contar desde la fecha de la notificación de una copia de esta reso-lución a la demandada;
“(4) Que esta causa quedará abierta para cualquier orden, sen-tencia o decreto adicional que pudiere ser necesario en relación con la misma;
“(5) Y se ordena, además, que por el secretario de esta corte se dirija el correspondiente mandamiento al Márshal de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan para que notifique y en-tregue inmediatamente una copia de esta resolución a la demandada, y que, una vez efectuado el correspondiente diligenciamiento, se haga constar en los autos de este caso.”

La demandada, quo no había sido notificada del procedi-miento de expropiación ni tampoco de la orden de entrega hasta el 10 de octubre, el 16 de dicho mes radicó una extensa moción en la corte inferior solicitando que se dejase sin efecto, la antes mencionada resolución de 8 de octubre de 1941 por la que se le ordenaba la entrega material de las propiedades objeto de la expropiación y que, mientras se resolvía su indicada moción, se dejase en suspenso el plazo para la entrega. No vamos a exponer los fundamentos ale-gados en dicha moción de la demandada, ya que nos pro-ponemos expresarlos y discutirlos más adelante al considerar y resolver la petición del auto inhibitorio radicada por la demandada, que es motivo de esta opinión, y en la cual se levantan idénticas cuestiones.

La moción de la demandada fue denegada por resolución de 20 de octubre de 1941. Opinó la corte inferior que las cuestiones suscitadas en dicha moción debían ser resueltas al decidirse el caso en sus méritos; que la sección 5-A adi-cionada a la Ley sobre Expropiación Forzosa por la ley rním. 2 de 1941 (Leyes de ese año, pág. 285) impone a la corte el deber ministerial de decretar la entrega una vez que la parte demandante cumple con los requisitos legales y que si luego, al resolverse el caso en sus méritos, resultase que el demandante no tenía derecho a la entrega de los bienes, podría entonces reclamar los perjuicios que por tal motivo se le hubieran causado. Sin embargo, le asaltó la duda de que pudiera decretarse la entrega si la sección 5-A fuese inconstitucional, y declaró entonces que si la ley fuese clara-mente inconstitucional a pesar de los términos imperativos en que está concebida la sección 5-A, la demandante no tendría derecho a la entrega de los bienes, pero inmediata-mente declaró que la ley no es claramente inconstitucional. Sin embargo, al terminar su indicada resolución, se expresó así:

“Por estos fundamentos, la corte ahora declara sin lugar la moción para que se anulase la orden de entrega y deja en pie su anterior orden de entrega a menos que no haya alguna petición adicional.” (Bastardillas nuestras.)

Sin esperar la “petición adicional”, la corte, de su propia iniciativa, enmendó su resolución el 21 de octubre de 1941, expresándose entonces en los siguientes términos:

“La corte ratifica su criterio de que casi todas las objeciones levantadas por la demandada a la orden de entrega pueden resolverse posteriormente dentro del pleito principal, sin que su determinación sea un obstáculo o una condición previa a la orden de entrega. Tales objeciones se refieren a la suficiencia de la demanda y pueden inter-ponerse mediante una excepción previa a la demanda. Sin embargo, se ha levantado una objeción que, posiblemente, no se podría someter posteriormente, ya que no surge de las alegaciones de la demanda. Esta objeción se refiere a la constitucionalidad de la sección 5-A de la ley núm. 2 de 1941, o sea, a la constitucionalidad del procedimiento de entrega inmediata. Tal cuestión no podría ser comprendida en una excepción previa o contestación a la demanda en sí, y, por lo tanto, esta corte entiende ahora que la parte demandada tiene derecho a solicitar la nulidad de la entrega como cuestión preliminar, por un fundamento de inconstitucionalidad. Sin embargo, llegamos ahora a la conclusión definitiva de que la referida sección 5-A es consti-tucional y válida, ya que la parte demandada tiene derecho a una audiencia y a una oportunidad de ser oída en una etapa posterior del procedimiento y la entrega puede verificarse constitucionalmente antes de esa audiencia (véase la jurisprudencia sentada en el caso de U. S. v. 72 Acres of Land, 37 F. Supp. 297). En cuanto a la cuestión constitucional que se ba levantado relacionada con el título de la ley núm. 2 de 1941, esta corte llega ahora a la conclusión defi-nitiva de que dicho título es suficiente, y también llega a la conclu-sión de que de la referida ley núm. 2 y de las alegaciones en este caso surge adecuadamente la obligación de El Pueblo de Puerto Rico de pagarle a la demandada por la compensación que esta corte finalmente determinare.
“Por lo tanto, esta corte ratifica su criterio en el sentido de que la moción para que se deje sin efecto la orden de entrega debe ser declarada sin'lugar. Notifíquese. ”

Tal era el estado de los procedimientos en la corte inferior cuando la peticionaria recurrió a este tribunal en solici-tud del auto inhibitorio que nos ocupa. En dicha petición hace la historia de los procedimientos habidos en la corte inferior, reseñados anteriormente, y expone los fundamentos que alegó para que se anulase la orden de entrega de bienes, fundamentos que podemos resumir así: (a) falta de capa-cidad legal en el Gobernador, el Comisionado del Interior y el Procurador General de Puerto Rico, para instituir a nombre de El Pueblo de Puerto Rico el procedimiento de expropiación forzosa; (6) ser falsa la alegación del deman-dante al efecto de que las líneas de transmisión objeto de la segunda causa de'acción alegada en la demanda fueron construidas y mantenidas bajo las disposiciones de la fran-quicia número 591, a virtud de la cual la planta hidroeléctrica de Río Blanco fué construida y operada; y (c) inconstitu-cionalidad de la sección 5-A adicionada a la Ley sobre expro-piación forzosa por la ley número 2 de 1941. Alegó además la peticionaria que a menos que este tribunal revise la deci-sión de la Corte de Distrito de Humacao por medio de un auto inhibitorio o un auto de certiorari, aún cuando la peti-cionaria tuviese derecho a apelar, sería privada de su pro-piedad sin el debido proceso de ley y se vería obligada a continuar litigando la causa principal en la Corte de Dis-trito de Humacao con los consiguientes .grandes desembolsos de dinero y pérdida de tiempo, antes de que su apelación pudiera ser resuelta por este tribunal. La peticionaria soli-citó la expedición de un auto inhibitorio o en la alternativa de un auto de certiorari, y este tribunal, luego de oír amplia-mente a las partes por escrito y oralmente sobre la proce-dencia de uno y otro recurso, decidió expedir el auto inhibi-torio, habiendo decretado antes la suspensión de la orden de entrega en tanto se resolvía en definitiva este recurso, todo ello previa prestación de fianza, que, por las circunstancias especiales del caso, fijó en $3,000, para responder a El Pueblo de Puerto Rico de los daños y perjuicios que pudieran irrogárseles con dicha suspensión si no hubiera derecho a ella, sin perjuicio de que en su oportunidad pueda el Pueblo de Puerto Rico solicitar que se aumente dicha fianza si así fuese procedente.

•Expuestos estos antecedentes, procede ahora entrar a considerar y resolver el auto inhibitorio.

La primera cuestión a resolver se refiere a la capacidad del Gobernador, del Comisionado del Interior y dél Procurador General de Puerto Rico para instar este procedimiento a nombre de El Pueblo de Puerto Rico.

Antes de entrar a considerar las leyes locales relativas al ejercicio del poder de expropiación forzosa, parece conve-niente dejar establecidos ciertos principios generales sobre la materia, que no deben perderse de vista al interpretar dichas leyes. Uno de estos principios generales es el que sostiene que el poder de expropiar la propiedad privada para usos públicos reside en el Estado como un atributo de su soberanía, y que esa facultad sólo puede ejercitarse a través de una ley que lo autorice y designe el funcionario o fun-cionarios que en su nombre puedan instar el procedimiento. A este efecto se dijo en Matter of Poughkeepsie Bridge Co., 108 N.Y. 483, 490, citado por la peticionaria:

“El dominio eminente que reside en el Estado como nn atributo de su soberanía permanece latente, sin embargo, basta que se ejercita por medio de una ley de la legislatura. Mientras una ley no lo auto-rice, permanecerá latente y meramente potencial, y no activo y efi-ciente, y el estado no puede ejercitar la prerrogativa ni delegar su poder de ejercitarla, excepto por medio de legislación. Por consi-guiente, cuando se intenta ejercitar esa facultad para tomar la pro-piedad privada bajo el poder del dominio eminente, por los funciona-rios del Estado o por una corporación organizada para fines de utilidad pública, los funcionarios o entidad que reclamen el derecho deberán poder indicar el estatuto que les confiera la autoridad para ello.”

A ese mismo efecto se dice en 29 C.J.S., “Eminent Domain”, sección 22:

“Autoridad Legal. — El derecho a ejercitar el poder de dominio eminente deberá ser conferido por el estatuto, bien en términos expresos o por necesaria implicación; y las leyes que lo confieran deberán ser estrictamente interpretadas.”

Aparte de lo que diremos más adelante con respecto a la facultad del Gobernador como miembro de la Autoridad de Fuentes Fluviales, no conocemos ninguna otra ley que autorice a dicho funcionario para instar procedimiento de expropiación forzosa. Y en cuanto al Procurador General, tampoco existe ley alguna que lo autorice para instar tal procedimiento, a no ser en su carácter de abogado de los funcionarios que puedan estar legalmente autorizados para instar el procedimiento. Por consiguiente, sólo nos resta determinar si esa facultad ha sido conferida al Comisionado del Interior.

La representación legal de El Pueblo de Puerto Pico invoca la Eesolución Conjunta número 36, aprobada el 29 de abril de 1927 (Leyes de ese año, pág. 34.5), como la fuente de donde emana la facultad del Comisionado del Interior para instituir el procedimiento de expropiación forzosa a nombre de El Pueblo de Puerto Rico. Admite dicha repre-sentaeión legal qne la citada Resolución Conjunta fué anu-lada a virtud de nuestra decisión en el caso de Valiente & Co. v. Sancho Bonet, Tes., 50 D.P.R. 586, confirmado en 93 P. (2d) 327, habiéndose denegado el certiorari que se inter-puso en la Corte Suprema de los Estados Unidos en 303 US. 662, y denegado también la reconsideración a la nega-tiva a expedir el auto de certiorari en 304 U.S. 588. La representación legal de El Pueblo de Puerto Rico alega que no obstante haber sido anulada la Resolución Conjunta núm. 30, posteriormente fué convalidada por la ley núm. 93 de 6 de mayo de 1938 (Leyes de ese año, pág*. 211), y por la ley del Congreso de los Estados Unidos aprobada en 16 de junio de 3938 (52 Stat. pág. 708).

Vamos a asumir, a los efectos de la discusión, que la citada Resolución Conjunta fué convalidada por la ley núm. 93 de 6 de mayo de 3938, y si se quiere, vamos a asumir que también fué convalidada por la del Congreso de los Estados Unidos aprobada el 16 de junio ele 1938. Aun así, nos encon-raríamos con que dicha resolución fué sustituida y por con-siguiente derogada por la Ley de la Autoridad de las Puentes Pluviales de Puerto Rico, aprobada el 2 de mayo de 1941 (pág. 685), que empezó a regir el 31 de julio de dicho año, y por lo tanto estaba ya en vigor cuando se instó el pro-cedimiento de expropiación forzosa en la corte inferior el 8 de octubre de 1941. TJn ligero estudio comparativo de ambas leyes, es decir, de la Resolución Conjunta denomi-nada “Ley para el Desarrollo de las Puentes Pluviales” y de la Ley de Autoridad de las Puentes Pluviales de Puerto Rico, nos convencerá de que la última derogó a la primera. Una y otra persiguen el mismo propósito, claramente expre-sados en sus títulos respectivos, a saber:

“Resolución Conjunta Níun. 36.
“Declarando de necesidad y conveniencia pública como medida de protección y conservación de los recursos naturales de Puerto Rico, el desarrollo y explotación por el Pueblo de Puerto Rico de las Fuentes Fluviales aprovechables; imponiendo sobre el valor tasado de toda la propiedad 'mueble e inmueble de Puerto Rico, no exenta de tasación, una contribución anual y especial de un décimo de uno por ciento (1/10 de 1 por ciento) a partir del primero de julio de 1925 y durante los años fiscales 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929 y 1929-1930, adicional a todas las demás con-tribuciones impuestas por virtud de otras leyes vigentes, para crear un fondo que se dedicará a la construcción y en parte a la explota-ción de obras para desarrollar dichas fuentes fluviales; derogando la Ley núm. 60, aprobada en 28 de julio' de 1925, y transfiriendo el balance acumulado de la contribución impuesta en el fondo especial creado por dicha ley Núm. 60 aprobada en julio 28 de 1925, al fondo especial creado por esta ley, y para otros fines.”
“Ley Núm. 83. '
“Creando la autoridad para las fuentes fluviales de Puerto Rico; proveyendo para sus facultades y deberes; traspasando a dicha auto-ridad todas las propiedades, derechos, deberes y obligaciones de utilización de las fuentes fluviales; autorizándola para adquirir, construir, conservar, operar, mejorar y extender empresas produc-toras de rentas para continuar el desarrollo de las fuentes fluviales de la Isla; proveyendo para la fijación y cobro de tarifas, derechos y otros impuestos por los servicios de tales empresas, y para separar o combinar, empeñar, gravar y de otro modo comprometer las rentas de las mismas, autorizándola a aceptar donaciones y préstamos de los Estados Unidos o de cualquiera agencia o dependencia de los mismos, a tomar dinero a préstamo y emitir bonos negociables, pro-veyendo para el pago de dichos bonos y para la fijación de los derechos de los tenedores de los mismos; autorizando a El Pueblo de Puerto Rico a adquirir bienes raíces para la Autoridad; autori-zando a los municipios y subdivisiones a ceder y traspasar propiédad inmueble a la Autoridad; declarando de utilidad pública cuales-quiera obras, proyectos e imnuebles necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta ley; prohibiendo la expedición de interdictos que impidan la ejecución de esta ley, y para otros fines.”

Si del título pasamos al texto de ambas leyes, fácilmente comprenderemos que el propósito de la segunda es sustituir a la vez que revisar y ampliar la primera, sin que exista indicio alguno de que fuera la intención de la Asamblea Legislativa dejar en vigor la Ley para el Des or roll o de las Fuentes Fluviales. Por el contrario, se dispone en la de la Autoridad de Fuentes Fluviales que todas las propiedades, derechos, deberes y obligaciones de “Utilización de las Fuentes Fluviales” sean traspasados a la Autoridad de Fuentes Fluviales. Parece conveniente aclarar aquí que la frase “utilización de las fuentes fluviales” significa, de acuerdo con la sección 12 de la Ley para el Desarrollo de las Fuentes Fluviales, el conjunto de actividades que bajo dicha ley se crea.

Siendo ello así, habiendo sido la.ley anterior (la Resolu-ción Conjunta núm. 36) sustituida por la posterior (la ley núm. 83 de 1941), claro es que la primera dejó de existir y con ella también dejó de existir cualquier facultad concedida al Comisionado del Interior a virtud de la misma. véase el caso de Méndez v. Comisión de Servicio Civil, 45 D.P.R. 112, donde se discute una cuestión similar en relación con la Ley de Servicio Civil de 1931 (pág. 535).

. Así, pues, debemos recurrir a la Ley de Autoridad de Fuentes Fluviales para determinar entonces si por virtud de sus disposiciones se concede al G-obernador y al Comisio-nado del Interior (ya que la representación del Procurador General es meramente la de abogado) la autoridad suficiente para establecer procedimientos de expropiación forzosa.

La Ley de la Autoridad de Fuentes Fluviales en su sec-ción 4 (a) prescribe que los poderes de la Autoridad se ejer-cerán por un cuerpo de gobierno compuesto de los miembros de la Autoridad actuando como Junta, y que esta última estará compuesta por el Gobernador ■ como Presidente y el Comisionado del Interior como Vicepresidente; y en su sección 6, al definir los poderes de la Autoridad, o sea de la junta, en su apartado (h) le concede la facultad de “adquirir por compra, arrendamiento, legado, donación, o por el ejercicio del poder de expropiación forzosa en la forma que proveen las leyes de Puerto Rico, y retener, conservar y explotar cualquier empresa o partes de ésta.” Dicho in-ciso (h) se halla relacionado con la sección 23 de la propia ley, que bajo el título de “Declaración de Utilidad Pública”, dice:

“Sección 23.- — Para los propósitos del inciso (h) de la sección 6, y de esta ley en general, toda obra, proyecto, inmueble, con sus accesorios, que la Autoridad estime necesario y conveniente para llevar a cabo los propósitos expresados en esta Ley, queda por la presente declarado de utilidad pública.”

Bajo la sección 6, el Gobernador y el Comisionado del Interior, actuando como miembros de la junta, tienen la facultad de establecer en ese carácter procedimientos de ex-propiación forzosa a nombre y en representación de dicba Autoridad,- pero en la expropiación instada en la corte inferior dichos funcionarios no comparecen como tales miem-bros de la Autoridad ni a nombre de ésta, y por consiguiente no pueden derivar facultad alguna de la sección 6, supra. Aquí el procedimiento se instó a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, actuando ellos como funcionarios de El Pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos que buscar su auto-ridad en la sección 13 de la misma ley, que bajo el título de “Adquisición de Terrenos por El Pueblo de Puerto Rico para la Autoridad,” prescribe:

“Sección 13.' — A solicitud de la Autoridad, el Gobierno Insular tendrá facultad para adquirir, a nombre de la Autoridad, por compra o por expropiación forzosa, en la forma que proveen las leyes insulares sobre expropiación forzosa, título de cualquier pro-piedad inmueble o interés sobre la misma que fuere necesario o conveniente para los fines de la Autoridad, y ésta 'pagará por toda la referida propiedad inmueble. La facultad que por la presente se confiere no limitará ni restringirá la facultad de la propia Auto-ridad para adquirir propiedades inmuebles por compra o expropia-ción forzosa.”

La transcrita sección no indica qué funcionario puede establecer el procedimcnto a nombre y en representación del Gobierno Insular, requisito éste indispensable, como hemos visto, para que un funcionario o entidad pueda ejercitar la facultad de expropiar a nombro del estado. Véase, además do las autoridades antes citadas, el caso de U. S. v. 458.95 Acres of Land, 22 F. Supp. 1017, 1019. Siendo ello así, la sección 13 no les confiere tal facultad, y como tampoco se la confiere ningún otro precepto legal, tenemos que llegar a la conclusión de qne ni el Gobernador ni el Comisionado del Interior tienen la capacidad legal necesaria para instar, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, el referido procedi-miento. '

Resuelta lá primera cuestión suscitada en la petición de auto inhibitorio a favor de la peticionaria, podríamos terminar aquí esta opinión y declarar con lugar el auto solicitado, 'pero la mayoría de las otras cuestiones suscitadas en este caso son de tal interés público que creemos nuestro deber considerarlas, para disipar dudas y evitar litigios.

La segunda cuestión a determinar, o sea si la corte inferior debió recibir evidencia pertinente a la cuestión de si las líneas de transmisión objetó de la segunda causa de acción alegada en la demanda fueron o no construidas y mantenidas bajo las disposiciones de la franquicia número 591, no merece seria consideración. A los efectos de la peti-ción de auto inhibitorio, entendemos que,debemos asumir que los hechos alegados en la demanda de expropiación forzosa son ciertos, pues de lo contrario desnaturalizaríamos el pro-cedimiento, ya que con igual derecho podría la peticionaria exigir que como cuestión previa a la orden de entrega se resolviese por la corte inferior cualquiera o todas las demás alegaciones de la demanda que fueren controvertidas por la demandada. Gomo muy bien resolvió la corte inferior, esa cuestión debe ser considerada y resuólta en la sentencia final que se dicte.

Precederemos a considerar ahora la tercera de las cues-tiones suscitadas por la peticionaria, es decir, la que se refiere a la eonstitucionalidad de la sección 5-A de la Ley Estableciendo la Expropiación Forzosa, etc., que literal-mente dice así:

“En cualquier procedimiento entablado o que se entable por y a nombre y bajo la autoridad de El Pueblo de Puerto Rico para la adquisición de cualquier propiedad para uso. público, el peticionario o demandante podrá radicar dentro do la misma causa, al tiempo de radicar la demanda o en cualquier momento antes de recaer sen-tencia, una declaración para la adquisición y entrega material de la propiedad objeto de expropiación, firmada dieba declaración por la persona o entidad autorizada por Ley para la expropiación correspondiente, declarando que se pretende adquirir dieba propiedad para uso de El Pueblo de Puerto Rico. Dieba declaración sobre adquisición y entrega material deberá contener y estar acompañada de (1) una relación-de la autoridad bajo la cual se pretende adquirir la propiedad y el uso público para el cual se pretende adquirirla; (2) una descripción de la propiedad que sea suficiente para identi-ficarla; (3) una relación del título o interés que se pretende adquirir de la propiedad para fines públicos; (4) un plano en caso de pro-piedad que pueda ser así representada; (5) una fijación de la suma de dinero estimada por la autoridad adquiriente como justa compen-sación de la propiedad que se pretende adquirir.
“Tan pronto se radique tal declaración de adquisición y entrega y se haga el depósito en la corte, para beneficio y uso de la persona o personas naturales o jurídicas que tengan derecho al mismo, de la cantidad estimada como compensación y especificada en la declara-ción, el título absoluto de dominio de dicha propiedad, o cualquier derecho o interés menor en la misma según quede especificado en la declaración, quedará investido en El Pueblo de Puerto Rico, y tal propiedad deberá considerarse como expropiada y adquirida para el uso de El Pueblo de Puerto Rico, "y el derecho a justa compensa-ción por la misma quedará investido en la persona o personas a quienes corresponda; y dicha compensación deberá determinarse y adjudicarse en dicho procedimiento y decretarse por la sentencia que recaiga en el mismo, debiendo la sentencia incluir, como parte de la justa compensación concedida, intereses al tipo anual de seis (6) por ciento sobre la cantidad finalmente concedida como valor de la propiedad a contar desde la fecha de la adquisición, y desde dicha fecha hasta la fecha del pago; pero los intereses no deberán conce-derse sobre aquella parte de dicha cantidad que haya sido depositada y pagada en la corte. Ninguna cantidad así depositada y pagada estará sujeta a cargo alguno por concepto de comisión, depósito, o custodia.
“A solicitud de las partes interesadas, la corte podrá ordenar que el dinero depositado en la corte, o cualquier parte del mismo, sea pagado inmediatamente como la justa compensación, o parte de ésta, que se concediere en dicho procedimiento. Si la compensación que finalmente se concediere en relación con dicha propiedad, o parte de ésta, excediere de la cantidad de dinero así recibida por cualquier persona que tenga derecho a la misma, la corte dictará sentencia contra El Pueblo de Puerto Eico por la cantidad de la deficiencia.
"Una vez radicada la petición de adquisición, la corte tendrá facultad para fijar el término dentro del cual y las condiciones bajo las cuales las personas naturales o jurídicas que están en posesión de las propiedades objeto del procedimiento deberán entregar la posesión material al peticionario. La corte tendrá facultad para dictar las órdenes que fueren justas y equitativas en relación con los gravámenes y otras cargas, que pesen sobre las propiedades, si algunos hubieren.
“Disponiéndose, que ningún recurso de apelación en una causa de esta naturaleza, ni ninguna fianza o garantía que pudiere pres-tarse en la misma, podrá tener-el efecto de evitar o demorar la adquisición o investidura del título de las propiedades por y en El Pueblo de Puerto Rico, y su entrega material al mismo.” (Leyes de 1941, pág. 285.)

Conviene consignar aquí que la sección 5-A antes trans-crita, fué enmendada por la ley núm. 22 aprobada el 21 de noviembre de 1941 (Legislatura Extraordinaria, 69), pero que dicha enmienda no afecta en nada la resolución de este caso, puesto que solamente se contrae a hacer extensivo a la Autoridad de Hogares de Puerto Pico, o a cualquier Auto-ridad de Hogares municipal, el procedimiento prescrito por dicha sección 5-A.

La constitucional'idad del transcrito precepto legal es ata-cada desde dos ángulos distintos, a saber: (a).porque auto-riza la entrega de la propiedad que se intente expropiar por ol Pueblo de Puerto Rico, sin exigir que antes se pague la totalidad de la compensación razonable que determine la corte; y (6) porque en el supuesto de que tal facultad pueda tener la legislatura, la ley adolece del defecto de no exigir que se provea previamente un fondo que suficientemente garantice al propietario que habrá dinero con qué pagar la compensación si la corte en definitiva resuelve que ésta deba exceder de la cantidad depositada por El Pueblo de Puerto Rico a tenor de las disposiciones de la sección 5-A.

El precepto de la Ley Orgánica invocado por la peticio-naria es aquella parte del artículo 2 que dice así:

‘'Private property shall not be taken or damaged for public use except upon payment of just compensation ascertained in the manner provided by law.” (Bastardillas nuestras.)

En la edición española de la Ley Orgánica, el mismo pre-cepto se traduce en la siguiente forma:

“La propiedad particular no será tomada ni perjudicada para uso público, a no ser mediante el pago de una justa compensación fijada en la forma provista por ley.” (Bastardillas nuestras.)

La indicada cláusula de nuestra Ley Orgánica tiene su precedente en. aquella parte de la Enmienda Quinta de' la Constitución Federal que dice:

“Nor shall private property be taken for public use without just compensation. ’ ’

La Sección 5-A de nuestra Ley de Expropiación Forzosa es casi una copia literal de una ley del Congreso (40 USCA, sección 258-a) que ña sido impugnada por los mismos fun-damentos que lo es añora la nuestra, y su constitucionalidad ha sido sostenida, entre otros, en los casos de U. S. v. 80 Acres of Land, 26 F. Supp. 315, y Hessel v. A. Smith & Co., 15 F. Supp. 953, citados por la representación legal de El Pueblo de Puerto Rico.

Sosteniendo la constitucionalidad de la sección 258-a de la ley del Congreso, se ña dicho que la Enmienda Quinta no provee o requiere que la compensación sea pagada con ante-rioridad a la ocupación de las tierras que han de expropiarse, pero el dñeño tiene derecho a una razonable, cierta y ade-cuada, provisión de fondos antes de que se le prive de la misma. Cherokee Nation v. Southern Kansas R. Co., 135 U.S. 641, 659; Bragg v. Weaver, 251 U.S. 57, 62, y Hurley v. Kincaid, 285 U.S. 95.

En el caso de Williams v. Parker, 188 U.S. 491, 502, 503, se dijo por la Corte Suprema de Estados Unidos:

“En lo que a la constitucionalidad concierne, se ha resuelto reiteradamente que un estado puede autorizar que se tome posesión con anterioridad a cualquier pago o antes de que se determine en definitiva el importe total de la compensación. (Citas.)
“No cabe duda que si se hace una adecuada provisión de fondos para pagar la compensación, puede concederse autoridad para que se tome posesión de la propiedad mientras se determine 'en definitiva la cantidad que deba ser pagada por ella.”

Sostiene, sin embargo, la peticionaria que la jurispruden-cia federal no es de aplicación a este caso, porque el precepto de la Ley Orgánica no es igual al de la Enmienda Quinta de la Constitución Federal, y que la frase “except upon payment of just compensation” significa que el pago de la tota-lidad de la compensación debe hacerse previamente a, o por lo menos simultáneamente con, la transmisión del título y entrega de la propiedad.

Antes de determinar si existe o no diferencia sustancial entre el párrafo en cuestión del artículo 2 de la Ley Orgá-nica y el correspondiente de la Enmienda Quinta, parece oportuno consignar aquí la regia general prevaleciente en ios Estados Unidos respecto' a la toma de posesión antes de pagarse la compensación.

Tomamos de 29 C.J.S. “Eminent Domainsección 187:

“Sec. 187. Toma ele Posesión por los Estados Unidos, un Estado o Corporación Municipal. — Generalmente no se requiere el pago previo cuando el que adquiere la posesión es los Estados Unidos, un estado, o una subdivisión municipal del estado, a menos que. exista un pre-cepto constitucional o estatutario que así lo exija. Esta regla apa-rentemente no se aplica en toda su extensión en algunas jurisdic-ciones, donde por disposiciones constitucionales o estatutarias se requiere el pago previo o depósito, o que se asegure el pago.
“Aunque hay alguna autoridad aparentemente en contrario, la regla es que en defecto de algún precepto constitucional que lo exija, generalmente no es necesario que un estado o subdivisión municipal del mismo pague la compensación antes de la entrega de la propiedad tomada para uso público, si se hace la debida provisión para el pago y para los medios o métodos por los cuales el propietario puede establecer su reclamación y recibir el importe de la compensación o de los daños correspondientes; y de acuerdo con la opinión general, una disposición ■ constitucional al efecto de que la propiedad particular no será tomada para uso público sin justa o razonable com-pensación, no requiere que ésta sea pagada con anterioridad a su ocupación. ’ ’

Hemos hecho un estudio de las distintas constituciones estatales, habiendo podido observar que existe una división entre los estados en la redacción de la cláusula constitucional que prohíbe que se tome o perjudique la propiedad particular para uso público sin justa o razonable compensación. La inmensa mayoría sigue a la Constitución Federal, que, como hemos visto, no requiere en forma alguna el pago pre-vio de la compensación. Los estados que requieren el previo pago son Louisiana, Minnesota, Mississippi, Montana, Ohio, Oregon, Georgia, Indiana y California, cuya constitución de 1849 seguía a la Constitución Federal, pero que en la de 1879 se alineó con los estados que requieren el previo pago.

Si se examinan las indicadas constituciones se verá que en todas, ellas sin excepción alguna, se usan las palabras “first paid” o ‘‘first made” al referirse a la compensación. De suerte que se ha tenido el buen cuidado de usar un len-guaje inequívoco y preciso que no deja lugar a-dudas sobre el significado del precepto constitucional, lo que demuestra que la frase ‘‘upon just compensation” no fué más que otra forma de expresar la misma idea contenida en la'cláusula correspondiente de la Constitución Federal, pues de otro modo, como se hizo en las constituciones de los estados antes indicados, se hubiera usado un lenguaje tan explícito y pre-ciso como el allí usado.

En la Ley Orgánica de Filipinas de 1916, el Congreso de los Estados Unidos usó exactamente el lenguaje de la En-mienda Quinta de la Constitución Federal, y no se concibe que, en el año 1917, al aprobar nuestra Ley Orgánica, el mismo Congreso tuviese el propósito de establecer una dife-rencia entre la facultad concedida a la Legislatura de Filipi-lias y la concedida a la nuestra, sobre todo si se tiene en cuenta que no existía razón alguna para ello, y especialmente cuando, como se lia diclio por la Corte Suprema de los Esta-dos Unidos en el caso de Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S. 253, 261:

“La concesión de poder legislativo con respecto a asuntos locales contenidá en la sección 32 de la Ley Foraker y continuada en vigor por la sección 37 de la Ley Orgánica de 1917 es tan amplia y abareadora como pudo expresarlo el lenguaje. '
“El propósito de la Ley Foraker y de la Ley Orgánica es dar a Puerto Rico completos poderes para resolver sus asuntos locales con una autonomía similar a la de los estados y territorios incorpo-rados. ’ ’

¿Acaso el poder de expropiar la propiedad privada para uso público no es un asunto de carácter puramente local que afecta considerablemente el deber del Estado de velar por la protección y bienestar de sus ciudadanos? No armoniza con ese poder tan amplio concedido a nuestra Asamblea Legislativa para legislar sobre asuntos locales, esa limita-ción que según la peticionaria, impuso el Congreso de los Estados Unidos en relación con los poderes legislativos con-cernientes a la expropiación de la propiedad particular para uso público.

Repetimos que si la intención del Congreso Rubiera sido conceder a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico una facultad más restringida que la que concedió a Filipinas, siguiendo el ejemplo de las - constituciones estatales que requieren el pago previo, habría usado, como en aquéllas, un lenguaje claro, terminante e inequívoco, y no uno que puede estar sujeto a distintas interpretaciones.

Siguiendo la regia enunciada en 29 C.J.S. “Eminent Domain”, sección 187, supra, en defecto de un claro precepto en nuestra Ley Orgánica u otra ley del Congreso que así limite el poder de nuestra Asamblea Legislativa, debemos resolver que Puerto Rico tiene, como la mayoría de los esta-dos, la facultad de expropiar siu necesidad del previo pago de la compensación para poder adquirir la propiedad expro-piada, cuínpli'endo, desde luego, con el requisito de proveer o asegurar la existencia de fondos para pagar la compensa-ción cuando sea finalmente determinada, dista conclusión está en armonía con la tendencia moderna del derecho de supeditar la propiedad privada al bienestar público siem-pre que pueda hacerse sin perjuicio sustancial para la pri-mera, doctrina que está inspirada en la antigua máxima que dice salus populi suprema lex est.

Consideraremos ahora la última de las cuestiones plan-teadas, es decir, la que imputa a la Ley de Expropiación forzosa el defecto de no exigir que previamente se provea un fondo que suficientemente garantice al propietario que habrá dinero con qué pagar la compensación si la corte en definitiva resuelve que aquélla debe exceder de la cantidad depositada por El Pueblo de Puerto Rico a tenor de las disposiciones de la Sección 5-A.

En 29 C.J.S. “Eminent Domain”, sección 187, pág. 1079, so establece la regla en Tos siguientes términos:

“Suficiencia de, seguridad o provisión de fondos para el pago.— Cuando no se requiero el pago previo, es suficiente con que se haya provisto un fondo adecuado y seguro, del cual se hará el pago, como por ejemplo, disponiendo que el pago debe hacerse de los fondos del tesoro público, ya sea del estado o de alguna subdivisión municipal del mismo, lo cual se considera equivalente a la compensación... ”

En el caso de State v. McCook, (1929, Conn.), 64 A.L.R. 1453, la legislatura de Connecticut pasó una ley aprobando la cantidad de $35,000, o cualquier parte de la misma que fuere necesaria con el objeto de adquirir por expropiación forzosa o de otro modo cierta parcela de terreno para edi-ficar un sanatorio para tuberculosos. La ley fué atacada por inconstitucional, alegándose que no se hacía una ade-cuada provisión de fondos para el caso de que la corte resol-viese que el valor de los bienes entregados era mayor que la cantidad asignada por la legislatura, y resolviendo la cuestión, después de enunciar el principio fundamental de que el estatuto que autorice la adquisición debe proveer los medios de asignar justa compensación, bien sea en el mismo estatuto o en otro cualquiera, se dijo por el tribunal:

“En la ley al amparo de la cual se instó este procedimiento, se aprobó la suma de $35,000, o aquella parte de la misma que fuere necesaria. Si la justa compensación por la tierra tomada excede de la cantidad asignada, ningún medio de pagar el exceso se proveo en la ley especial ni en la general. Esto no cumple con el requisito indispensable de que el estatuto se ajuste al requisito constitucional. El apelar a las conocidas fuentes.del estado no equivale a propor-cionar la justa compensación que la ley debe proveer. Las dispo-siciones constitucionales deben cumplirse; no pueden ser ignoradas.
“En Connecticut River R. R. Co. v. Franklin County, 127 Mass. 50, a la página 55, 34 Am. Rep. 338, dijo la corte: ‘Es suficiente con que el estatuto que autoriza la ocupación de la propiedad dis-ponga la imposición y determinación de daños en la forma ordinaria, a ser pagados con cargo al tesoro del estado, y que autorice al gober-nador para que expida libramientos para su pago... ’ Pero en el estatuto ante nos no se empeña la fe y crédito del estado, no se liaee apropiación alguna de los fondos generales en el tesoro, ni se auto-riza al Gobernador a expedir libramiento para que de ese fondo se paguen los daños. Por el contrario, los términos del estatuto impiden que se infiera tal obligación por parte del estado o que se infiera tal asignación o autorización por el hecho de que disponga que la tierra tomada para la estación de pasajeros sea pagada de los ingresos de la Troy & Greenfield Railroad and Hoosac Tunnel, y por el hecho de apropiar, para llevar a cabo los propósitos de la ley, una suma que no exceda de $9,000 para ser pagada de esos ingresos. Stat. 1878, capítulo 277, párrafos 6, 8. El hecho admitido por las partes al efecto de que tales ingresos probablemente bastarán para hacer frente a y extinguir todas las reclamaciones de daños por las tierras tomadas, no satisface los requisitos de la Constitución al efecto de que el dueño de las tierras tomadas para uso público deberá recibir una pronta y segura compensación sin exponerse a riesgos o a dila-ción irrazonable.

Para asegurar adecuadamente al dueño de la propiedad que habrá fondos para pagar el precio que finalmente señale la corte, el Congreso prescribió en la sección 258-6-, USCA, lo siguiente:

“No se tomará acción bajo la sección 258-a de este Título, irre-vocablemente comprometiendo a los Estados Unidos al pago de la compensación que en definitiva sea fijada, a menos que el jefe del departamento ejecutivo o agencia o negocio del gobierno facultado para adquirir el terreno, sea de opinión que la compensación que en definitiva se fije estará comprendida dentro de cualesquiera límites prescritos por el Congreso en relación con el precio a ser pagado.”

Asumiendo que esta disposición garantice adecuadamente el pago de la compensación, aun esa disposición fué omitida en nuestra ley local, y claro es que el hecho de que en la demanda de expropiación se diga que en opinión de los repre-sentantes de El Pueblo de Puerto Rico habrá fondos sufi-cientes con qué pagar la compensación que en definitiva se fije, no puede tener efecto legal alguno, pues dicha certifica-ción o manifestación no está sancionada por la ley.

¿Qué seguridad ofrece nuestra ley de expropiación for-zosa o cualquier otra ley del país al efecto de que la com-pensación que finalmente determine la corte será inmediata-mente pagada al dueño de la propiedad tomada? Ninguna en absoluto, pues de acuerdo con la Ley de Autoridad de Fuentes Fluviales, la Autoridad está autorizada para tomar dinero a préstamo y para emitir bonos de la Autoridad para cualquiera de sus fines corporativos y para garantizar el pago de sus bonos y “de todas y cualesquiera otras obliga-ciones mediante gravamen o pignoración de todos o cuales-quiera de sus contratos, rentas o ingresos solamente.” (Bastardillas nuestras.) Pero clara y terminantemente ha declarado el legislador en la citada Ley de Autoridad de Fuentes Fluviales que El Pueblo de Puerto Rico ni ninguna de sus subdivisiones políticas será responsable de cuales-quiera bonos emitidos por la Autoridad ni de los intereses sobre los mismos. Sección 6 (d).’

Tampoco suple el defecto de la ley el hecho de que por la número 94 de 1938 (Leyes de ese año, pág. 219) se provea la forma o manera de levantar fondos para pagar el precio de la planta hidroeléctrica de Río Blanco, pues dicha ley sólo autoriza la compra, no la expropiación, y por consi-guiente, aun asumiendo que los fondos a que se refiere dicha Ley núm. 94 fuesen suficientes para cubrir la compensación, éstos no podrían aplicarse a la adquisición por expropiación forzosa, puesto que como ya hemos dicho esa ley sólo auto-riza la compra y no la expropiación. State v. King County Superior Court, (Wash.) 124 P. 127; Littleton v. Berlin Mills Co., (N.H.), 58 A. 877; Paris Mt. Water Co. v. Greenville, (S.C.), 89 S.E. 669.

En tales circunstancias, preciso es concluir que la ley no cumple con el requisito constitucional de proveer adecua-damente el fondo necesario que asegure el pago del valor de la propiedad, según sea en definitiva determinado por los tribunales.

Por consiguiente, carece la corte de jurisdicción para dictar la orden de entrega en el presente caso, pues aparte de que, como hemos visto, el Comisionado del Interior no tiene facultad para expropiar la propiedad en cuestión, la ley tampoco hace la necesaria provisión de fondos, y siendo ello así, de sostener la orden de entrega, estaríamos infringiendo la cláusula constitucional que prohibe privar a una persona de sus bienes sin el debido proceso de ley y aun la misma cláusula que autoriza la expropiación forzosa de la propiedad particular para fines públicos, puesto que no se cumpliría con el requisito de la adecuada compensación.

Por lo expuesto, procede declarar con lugar la petición de auto inhibitorio.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Abril 10, 1942

Los demandados han presentado una moción en la que solicitan que reconsideremos nuestra sentencia de 18 de febrero último en cuanto a los siguientes extremos:

(1) Autoridad del Gobernador de Puerto Rico para esta-blecer procedimiento de expropiación forzosa en aquellos casos en que la ley no designe específicamente el funcionario que deba representar a El Pueblo de Puerto Rico en dichos procedimientos.

(2) Efecto derogatorio de la Ley núm. 83 de mayo 2, 1941, que crea la Autoridad de Puentes Pluviales; y

(3) Alcance y significado de la autorización establecida en la ley núm. 94, aprobada el 6 de mayo de 1938 y a virtud de la cual se autoriza y ordena al Comisionado del Interior de Puerto Rico para que adquiera por compra las propieda-des de la planta hidroeléctrica de Río Blanco de acuerdo con los términos de la franquicia bajo la cual se han construido y se mantienen dichas propiedades.

Asumiendo que la citada Ley de la Autoridad de Puentes Pluviales de 2 de mayo de 1941 no hubiese derogado total-mente la núm. 94 de 6 de mayo de 1938; asumiendo además eme tanto el Gobernador como el Comisionado del -Interior, este último a virtud de la citada ley núm. 94 de 1938, tuviesen facultad para establecer el procedimiento de expropiación fofzosa en este caso y que la autoridad para adquirir por compra conlleve la de adquirir por expropiación, el resultado a que se llegó en nuestra sentencia antes citada no podría ser alterado porque según, expusimos en la opinión que sirvió de base a dicha sentencia, ni la ley de expropiación forzosa ni ninguna otra ofrecen seguridad alguna de que la compensa-ción que finalmente determine la corte será inmediatamente pagada al dueño de la propiedad expropiada. No podría argüirse que la cantidad apropiada por la Ley núm. 94 de 1938 para adquirir por compra la franquicia podría utilizarse para adquirir por expropiación, porque dicha cantidad fué apropiada, conforme dispone la sección primera de la citada ley de 1938, para adquirir por compra la planta hidroeléctrica de Río Blanco de acuerdo con los términos de la franquicia que fué concedida a la Porto Rico Railway Light & Power Co. por la Comisión de Servicio Público en diciembre 27 de 1927, y aprobada por el Gobernador on enero 4 de 1928. Siendo ello así, dicho funcionario fue autorizado para adqui-rir por compra de acuerdo con los términos y condiciones de la franquicia, y por consiguiente en ninguna forma podría aplicarse dicha cantidad para adquirir por expropiación for-zosa, puesto que en este último caso la cantidad a pagar por la propiedad no sería el precio estipulado en la franquicia sino el precio en el mercado que en definitiva habría de deter-minar la corte.

Por las razones expuestas, entendemos que sería acadé-mico entrar a considerar las cuestiones suscitadas por los demandados, cuestiones que quedan abiertas para ser con-sideradas en cualquier obro caso que pueda presentarse en el futuro.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael C. Irizarry, acusado y apelante.
    Núm. 9040.

    Sometido: Diciembre 16, 1941.

      Resuelto: Febrero 19, 1942.

      Enrique Igaravídez, abogado del apelante; Ron. Prociorador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Gloria Antommattei, vecina de Humacao, en agosto 26, 1940, denunció ante la corte municipal a su esposo Rafael C. Irizarry por liaber abandonado a sus tres menores bijas habidas en su matrimonio, dejando maliciosamente y sin excusa legal de proveerles del indispensable alimento, ves-tuario y asistencia médica desde hacía más de seis meses.

Fue la causa en apelación a la corte del distrito y el primer documento que se encuentra en los autos después de la denuncia es una moción de sobreseimiento y archivo presen-tada por el acusado en marzo 28, 1941, día señalado para la vista.

En ella se alega que los autos se radicaron en la corte en octubre 15, 1940; que la vista se señaló en marzo 13 para verse en marzo 28, 1941'; que el acusado no había solicitado ni consentido suspensión alguna y que en su consecuencia, habiendo transcurrido más de,, 120 días entre la radicación y la fecha señalada para el juicio, se había violado el derecho constitucional del acusado a un juicio rápido y procedía el sobreseimiento de la causa de acuerdo con el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Al comenzar el juicio se discutió la moción y fue decla-rada sin lugar, por tardía. Manifestó el acusado entonces que no se encontraba en condiciones para someterse a juicio por habérsele citado con sólo dos días de antelación y “la corte no estando el acusado preparado para juicio,” trans-firió la vista para el 12 de abril próximo, quedando citadas las partes.

Sigue otra moción de sobreseimiento y archivo fechada en San Juan para Humacao el 15 de abril y radicada el 17, en la que se reproducen los hechos consignados en la pri-mera, se hace referencia a lo ocurrido en marzo 28, 1941 y se agrega que el 11 de abril por la noche el acusado reci-bió el siguiente telegrama del márshal de la corte: “Sírvase no comparecer corte día 12 y sí 18 del corriente.” Consta radicada el 18 de abril una oposición escrita del fiscal. De ella transcribiremos el párrafo que sigue:

“De lo expuesto, que aparece ele los autos los cuales hacemos for-mar parte de esta moción aparece que el acusado en 28 de marzo de 1941 pidió la suspensión de su juicio. Al pedir esta suspensión el acusado renunció retrospectivamente a cualquier derecho a juicio rá-pido que hasta ese momento tuviera (Garces v. Corte, 55 D.P.R. 336, que explica el alcance de Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.R. 489) y se colocó fuera de los términos del párrafo 2 del artículo 448 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal (Morales v. Corte, 55 D.P.R. 886, párrafo segundo de la página 888). Y no habiendo transcurrido desde entonces sólo 21 días, su derecho constitucional a'un juicio rápido no ha sido afectado.”

Llamada nuevamente la causa para juicio el 18 de abril de 1941, comparecieron las partes y fueron oídas sobre la moción que se declaró sin lugar. Presentó el Pueblo su evidencia y el acusado una moción de nonsuit que fué deses-timada. Introdujo entonces su prueba y la corte lo declaró culpable de un delito de abandono de menores y lo condenó a pagar $100 de multa y en defecto de pago a cumplir noventa días de cárcel, dejando en suspenso su sentencia siempre que el acusado solucionara dentro del plazo de una semana la cuestión de la pensión alimenticia no satisfecha y conti-nuara pasando a sus legítimas hijas Ivette, Wanda y Carmen Gloria, para alimentos, $10 mensuales a cada una.

No conforme el acusado, interpuso el presente recurso de apelación, señalando cuatro errores como cometidos por la corte sentenciadora al negarse a sobreseer la causa, al recha-zar cierta prueba, al condenarlo basado en una sola decla-ración contradictoria e increíble y al desestimar su moción de nonsuit.

Examinemos el primer error. Como sabemos, la primera moción de sobreseimiento fué declarada sin lugar, por tardía. La regla de la corte está sostenida por lo menos por tres decisiones de este tribunal.

En el caso de Pueblo v. Ortiz, 46 D.P.R. 1, 2, se dijo: “La moción se presentó no antes sino en el acto del juicio y por lo tanto tardíamente.”

Poco después, en el de Pueblo v. Díaz, 48 D.P.R. 455, 457, la corte se expresó así: “El apelante solicitó que la denun-cia fuera sobreseída y archivada por no haberse celebrado el juicio dentro de los 120 días siguientes a la radicación de la misma y la negativa de la corte se alega como error. Esa solicitud fué presentada el día del juicio y ya hemos resuelto en varias ocasiones que debe ser hecha antes del juicio.”

La tercera decisión lo fué en el caso de Pueblo v. Cardona, 58 D.P.R. 627, 630, y en ella se dijo: “Como del estu-dio que hemos hecho de los autos nos parece que el primer error no existe, ya que la moción presentada el día antes y discutida al comenzarse el juicio era tardía, . .”

Conviene advertir con respecto a esta última decisión que lo dicho sólo debe aplicarse cuando la moción presen-tada el día anterior lo fuere tan tarde o bajo tales circuns-tancias que equivalgan a la presentación en el día del juicio, y parece oportuno agregar que la jurisprudencia de esta corte encuentra apoyo en la de las cortes del continente de Estados cuya ley sobre la materia es igual o semejante va la nuestra. Véase 16 C. J. 444, pár. 802, nota 63.

En cuanto a la segunda moción, la jurisprudencia igualmente sostiene la actitud asumida por la corte sentenciadora al negarse a sobreseer la causa. Sabemos que decidida la primera moción en contra del apelante, éste manifestó que no estaba listo para juicio y la corte fijó otro día para celebrarlo. Aunque nada se hizo constar expresamente en los autos, no hay duda que ellos revelan que la posposición del juicio se hizo si no a ruego, para beneficio del apelante y éste la aceptó, y bajo esas circunstancias cabe concluir que renunció su derecho y se sometió para en lo sucesivo a la discreción de la corte. En el ejercicio de esa discreción no aparece que la corte cometiera abuso alguno.

Como se resolvió en Morales v. Corte, 55 D.P.R. 886, “pospuesto el juicio de una causa a petición del acusado, la cuestión de sobreseimiento por demoras posteriores, cae dentro de la discreción de la corte inferior.”

El segundo error se formula como sigue: “Erró el juez de la corte inferior al rechazar prueba del acusado sobre estado de procedimientos en que la. corte de distrito en acción civil estaba interviniendo sobre fijación de pensión alimenticia.” La evidencia presentada y rechazada por inmaterial consistió en copia certificada de una moción jurada de la denunciante Gloria Antommattei archivada en el pleito sobre divorcio seguido contra ella por su esposo en la Corte de Distrito de San Juan. La moción se titula “Sobre litis expensa, fijación de domicilio y cuidado provisional de los hijos,” y se juró en septiembre 14, 1939. De ella aparece que sólo la más pequeña de las cuatro hijas del matrimonio vivía entonces con la madre. A la fecha en que se expidió la certificación — octubre 11, 1940 — la moción no había sido vista ni resuelta por la Corte de Distrito de San Juan.

La certificación, según la defensa, tenía el propósito de contribuir a demostrar que la denunciante abandonó el camino legal a seguir y sé apoderó por sí misma de las otras bijas con el propósito de iniciar esta causa contra su marido.

Creemos que la corte no cometió el error que se le atri-buye, porque, como ella misma expresó, aceptando que el acusado pudiera demostrar que era cierto lo que indicaba, esto es, que la madre se apoderó por sí misma'de las bijas sin esperar la resolución de la corte en el caso de divorcio, ello no constituía justificación de su conducta al abandonar a sus bijas, dejando de proveerles el indispensable alimento, vestuario, educación y asistencia médica por varios meses.

Los errores tercero y cuarto pueden y deben estudiarse y resolverse conjuntamente por referirse ambos al peso de la prueba.

,Es cierto que sólo se presentó como evidencia de cargo la declaración de la denunciante, pero ya esta corte ba resuelto — Pueblo v. De Jesús, 57 D.P.R. 708 — que en casos de abandono de menores la ley no exige que la declaración de la madre denunciante sea corroborada, bastando su,sola declaración, de ser creída, para condenar.

Hemos leído cuidadosamente dicba- declaración y la encontramos suficiente y merecedora de crédito. Pone de manifiesto un temperamento nervioso. Pueden observarse en ella ciertas contradicciones, que se explican luego satisfactoriamente, y bay en ella momentos de pasión y de encono. Pero todo eso es conforme a la naturaleza del pleito y no daña la credibilidad del testimonio.

La evidencia que aportó el acusado revela que atendió a sus bijas en otro tiempo, pero no a las tres que estaban con la madre en la época a que se refiere la denuncia y no expresa satisfactoriamente que estuviera realmente im-posibilitado de cumplir su obligación.

Pone de manifiesto esa evidencia más que el interés del padre por sus bijas, el de sus hermanas que parecen ser personas inteligentes y responsables que ban tratado de bacer cuanto ban podido en beneficio de sus sobrinas.

Éste es uno dé tantos casos desgraciados en' qne los padres, ambos, no se dan cuenta del mal que hacen a sus Lijos con sus antagonismos. Los Lijos crecen nerviosos, entristecidos quizá para el resto de sus vidas, porque cada uno de los padres cree que el otro es el culpable, cuando en verdad lo son los dos y ninguno tiene la grandeza de alma suficiente para ceder en beneficio de los Lijos.

No está en nuestro poder evitar que eso suceda. Sólo nos toca decidir si la corte sentenciadora estuvo o no jus-tificada al declarar probado que el padre dejó de proveer voluntariamente y sin excusa legal durante seis meses a sus tres Lijas que vivían con la madre, del indispensable ali-mento, vestuario y asistencia médica — artículo 263 del Có-digo Penal, ed. 1937 — y el examen de los autos, por las razones que dejamos expuestas, nos lleva a concluir que lo estuvo, sin que cometiera ninguno de los errores que el ape-lante le atribuye. Debe, en su consecuencia, declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

'El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    Calixto Borges Massas, peticionario y apelante, v. Hon. Luis Janer Landrón, Juez de la Corte de Distrito de Humacao, demandado y apelado.
    Núm. 8455.

    Sometido: Febrero 11, 1942.

      Resuelto: Febrero 19, 1942.

      Antonio L. Lopes, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernándes, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario y apelante radicó ante "la Corte de Dis-trito de Humacao una demanda de desahucio en precario contra Fabriciana Dávila. Decretado el desahucio y librado el mandamiento para la ejecución de la sentencia, el márshal lanzó a la demandada de la casa objeto del desahucio. Poco después de haber sido entregada la posesión material al demandante, la demandada penetró de nuevo en la casa. El demandante radicó entonces una moción solicitando se pro-cesara a la demandada por desacato. La corte inferior, des-pués de oír a las partes en cuanto a la procedencia del remedio solicitado, resolvió:

‘ ‘ El artículo 7 en su inciso 4 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil, no es aplicable a este caso, puesto que no se trata de una desobediencia al cumplimiento de una sentencia u orden por cumplir, y sí a un acto realizado después de ejecutada la orden de lanzamiento librada al efecto, cuyo acto lo hace punible como misdemeanor el art. 159 del vigente Código Penal, sin que exista en la Ley de Desahu-cio disposición alguna que faculte a esta corte a castigar por desacato un acto de esta naturaleza, y es un principio aceptado por las autori-dades, que a falta de una disposición expresa del estatuto, un acto semejante no es procesable como desacato. (9 R.C.L. pág. 936, sec-ción 105; see. 107 pág. 937, además, la opinión de Manresa en su obra Comentarios al Código de Enjuiciamiento Civil, en el tomo y capítulo correspondientes a desahucio.
"Por las razones antes expuestas la corte declara sin lugar la moción del demandante, por carecer esta corte, dentro de las circuns-tancias del presente caso, de facultad inherente ni estatutaria para castigar por desacato a la demandada. Notifíquese. Humacao, P. R„ julio 21, 1941. (Fdo.) Luis J'aner Landrón — Juez de Distrito.”

En septiembre 30, 1941, el peticionario apelante radicó ante el Juez Asociado de esta Corte Suprema, Sr. Todd, Jr., quien en aquella fecha actuaba como juez de turno, una solicitud de mandamus en la que pedía se decretase la nuli-dad de la resolución dictada por el juez recurrido, y además, que "se decrete que la demandada al ocupar de nuevo la pro-piedad de la cual se desahució, incurrió en desacato”.

Expedido el auto alternativo de mandamus, compareció el juez recurrido y contestó la petición admitiendo los hechos en ella expuestos y alegando como defensa especial que dichos hechos son insuficientes para justificar la expedición del auto solicitado. En apoyo de la resolución por él dictada, el juez recurrido alegó:

“En materia de desacato rigen en Puerto Rico en la actualidad los siguientes preceptos estatutarios:
“(a) Artículos 28 y 29 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil.
“(5) La ley especial referente a desacato, artículos 45 y 145 del Código Penal, y el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
“El primero de estos artículos sostiene el principio de que un acto criminal no deja de ser penable como crimen por ser también pe-nable como desacato. En otras palabras, el acto que aquí se pretende castigar por desacato, no dejaría de ser punible como tal, no obstante existir el artículo 159 del vigente Código Penal que también lo castiga como misdemeanor.
“ (c) El artículo 145 del Código Penal el que de una manera clara y terminante en su inciso 2do., considera como desacato la obstinada desobediencia, oposición intentada o realizada contra cualquier de-creto, mandamiento u orden legal, expedido o dictado por algún tribunal en un pleito o proceso de que estuviere conociendo.
“El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza a las cortes para castigar por desacato, la desobediencia de sus órdenes legales, según se dispone en dicho código. Este precepto está ínti-mamente relacionado con el inciso 4 del artículo 7 de nuestro vigente Código de Enjuiciamiento Civil, equivalente al 128 del Código de California, que sostiene la autoridad o poder de toda corte para cum-plir sus sentencias, órdenes o providencias, y las que dicte un juez fuera de estrado en una acción o procedimiento pendiente ante la 'corte.
“ (d) Artículo 61 del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a los jueces de paz, y también a los municipales para castigar los desacatos que de su autoridad se hagan en el ejercicio de sus funciones judiciales proveyendo a su vez el castigo correspon-diente. Este artículo no es aplicable en nada al presente caso.
“No cabe la menor duda, y ello se desprende de la propia conten-ción del peticionario que los únicos preceptos legales envueltos en esta controversia lo son los artículos 7, 28 y 29 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil y el 145 del Código Penal.
“Es indudable que si esta corte tiene autoridad o poder en ley para castigar por desacato una situación como la que presenta este caso, su obligación era y es asumir jurisdicción en el mismo, y citar a los demandados y oírlos, resolviendo en definitiva el caso por sus méritos, pero si por el contrario como sostenemos, muy a pesar nues-tro, que esta corte carece de autoridad para castigar por desacato una situación como la del presente caso, entonces no puede ni debe asumir jurisdicción en el mismo, si de los hechos invocados como constitutivos de desacato, surge a la luz de nuestra legislación que tales hechos dán-dose como probados, no pueden constituir materia desacatable, por tratarse de una sentencia y orden ya ejecutadas.
“En el caso de Loring v. Illsley, 1 California Reports, pág. 24, se resolvió lo siguiente:
“ ‘Where a process of a court, as an execution, commanding the sheriff to deliver possession of a chattel, has been finally and completely executed, the power of the sheriff under it, aiid the authority of the court to enforce it, cease: and a wrongdoer, afterwards trespassing upon the person thus put in possession, cannot be deemed'' guilty of contempt for disobedience to the process of the court.’
“Esta decisión, aunque rendida en una situación no exactamente igual a la del presente caso, en cuanto a la naturaleza de los bienes envueltos en la misma, a nuestro juicio es de aplieabilidad al pre-sente. Como se fijará esta corte, este caso se resolvió en febrero de 1850, y fácilmente puede verse que la desobediencia alegada como fun-damento para el desacato que se.pretendía alegar, es el mismo com-prendido en el inciso 4 del artículo 7 de nuestro Código de Enjuicia-miento Civil correspondiente al 128 de California.
“Posteriormente en el año 1862 se enactó una ley para castigar como desacato específicamente actos realizados de la misma natura-leza de los que están envueltos en este litigio, y fué a partir de esta fecha en que el remedio de desacato se ha usado y se usa conjunta-mente^ con la- disposición correlativa del Código Penal que hace un misdemeanor actos similares, todo en virtud del estatuto antes men-cionado.
“La Ley de 1862, declarando que es culpable de desacato el que vuelve a penetrar en una finca de la cual ha sido despojado por sen-tencia y mandato de una corte, fué promulgada ‘no sólo con el pro-pósito de proteger a la corte de un desacato a su autoridad, sino también para darle a la parte perjudicada un remedio adicional que la ayude a recobrar aquello a que tenía derecho de acuerdo con la sentencia.’ (People v. Dwinelle, 29 Cal. 633. Véase, además, Batchelder v. Moore, 42 Cal. 412.)
“Existe también en California la sección 1210 del Código de Procedimiento Civil, inexistente en Puerto Rico, que de una manera específica y terminante castiga también como desacato, independiente-mente del castigo al efecto establecido en el artículo 419 del Código Penal de dicho estado, equivalente al 159 del nuestro, que también castiga como misdemeanor los actos envueltos en este caso. (Temple v. Superior Court, 70 Cal. 211.)
“Del resumen histórico que hemos hecho sobre la legislación y jurisprudencia pertinente a este caso, resulta claro, que no fué .hasta el año 1862, en que en virtud de disposición expresa del estatuto en California, las cortes de dicho estado adquirieron autoridad y poder, por lo tanto, jurisdicción, para castigar por desacato en casos de la naturaleza del que es objeto de este recurso.
“No hemqs querido ignorar la jurisprudencia y legislación espa-ñolas, porque como ya ha dicho este tribunal en distintas ocasiones, nuestra ley de desahucio tiene más de española que de americana, y al efecto Manresa en su obra Comentarios al Código de Enjuicia-miento Civil, pág. 52, expresa de una manera clara su criterio de que cuando el dueño de un inmueble, después de lanzada la persona desahuciada es perturbado en su posesión, el remedio que tiene es el de acudir a la corte haciendo uso del interdicto o juicio correspon-diente.
“Nuestra ley de desahucio no autoriza en ninguna de sus secciones castigar por desacato a un demandado que realiza lo que aquí se ha realizado. En cambio en los casos de recobrar la posesión de pro-piedad inmueble, mediante el procedimiento de injunction la ley ex-presamente dispone que el predicho injunction ordenará que el de-mandante sea restablecido en la posesión, y requerirá al perturbador para que en lo sucesivo se abstenga de cometer tales actos u obras que manifiesten el mismo propósito bajo apercibimiento de desacato a la corte por desobediencia al predicho injunction. (Art. 695, Có-digo Enj. Civil.) Véase, además, art. 9, Ley Aseguramiento Senten-cias, Código Enj. Civil, pág. 100.”

En noviembre 1, 1941, el Juez Asociado de "Turno dictó sentencia declarando sin lugar la petición y anulando el auto expedido. No estando conforme, el peticionario apeló para ante el tribunal en pleno.

Opinamos que procede confirmar la sentencia dictada por el juez de turno y en consecuencia sostener como ajustada a la ley y a la jurisprudencia la resolución del juez de la corte inferior negándose a castigar pór desacato a la demandada en el pleito de desahucio.

Además de las citas que hace el juez de distrito en su alegato, las que hemos transcrito por considerarlas como una correcta exposición de la ley y de la jurisprudencia aplica-bles, creemos conveniente incorporar a esta opinión los párra-fos siguientes que copiamos de la opinión que sirvió de base a la .sentencia del Sr. Juez de Turno:

“En 28 American Jurisprudence 11.4, se expone la doctrina así:
“ ‘Un mandamiento de lanzamiento ni ordena ni puede ordenar al funcionario que lo cumplimentó, que mantenga al litigante victorioso en posesión de la finca, o que impida la ocupación de dicha propiedad por transgresores, después de haberse puesto a dicho litigante en po-sesión ele la finca; y, en caso que el demandado ocupe de nuevo la finca, el demandante tiene que recurrir al remedio adecuado para recobrar la posesión.’
“Y a la página 116 se dice lo siguiente:
“ ‘Como un segundo mandamiento de lanzamiento no puede ser expedido después que el primero haya sido debidamente cumplimen-tado, si después que .el demandante ha sido puesto en posesión de la finca el demandado vuelve a ocuparla, el demandante no puede soli-citar que se expida un nuevo mandamiento; su remedio tiene que ser otra acción de desahucio o una acción para recobrar la posesión o cualquier otro procedimiento que haya sido creado por las leyes del Estado.’
“Que el remedio para una situación como la que surge del caso de autos es la acción legislativa, según se hizo en California en el año 1862 después del fallo en el caso de Loving v. Illsley, supra, se reconoce en 18 Am. Jur. 117 cuando dice:
“ ‘En algunas jurisdicciones, la efectividad de un mandamiento de lanzamiento ha sido ampliada por disposiciones estatutarias al efecto de que cualquier persona que haya sido despojada de una propiedad inmueble por sentencia o mandamiento de una corte de jurisdicción competente y que, sin derecho alguno, penetre en u ocupe de nuevo dicha propiedad, o induzca a alguna persona, sin derecho a ello, a baeer tal cosa, o la ayude en la comisión de tal acto, es culpable de desacato a la corte que dictó tal sentencia o expidió tal man-damiento. ’
“Así vemos que en el Estado de Montana existe un estatuto similar al de California pues en el caso de Baker v. Butte Water Co., 107 P. 819 se regolvió lo siguiente:
“ 'Cuando se ha expedido un mandamiento de lanzamiento para ejecutar una sentencia concediendo la posesión de una finca a deter-minada parte, y la parte victoriosa ha sido puesta otra vez en po-sesión, no se podrá expedir nuevo mandamiento después de que dicha parte haya sido despojada de la posesión, sino que ella tendrá que recurrir al procedimiento de desacato autorizado por la sección 7310 de los Códigos Revisados (Rev. Codes.)’ ”

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Núms. 8173 y 8174.
    Mattei, dmdte. v. Pueblo, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 7, 1941.
   Por los fundamentos de la' opinión emitida en el caso núm. 8172,

Román Ortiz Toro v. El Pueblo de Puerto Rico, resuelto en el día de hoy (ante, pág. 441), se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el día 12 de enero de 1938.

El Juez Asociado Si'. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 1.
    Pueblo, querellante, v. The Fajardo Sugar Co., et als., querellados.
    Original.
    Noviembre 14, 1941.
   Yista la moción enmendada sobre cancelación parcial de ano-tación de “lis pendens” radicada por El Pueblo de Puerto Rico, la corte la declara con lugar y en su consecuencia ordena la can-celación de la anotación de “lis pendens” practicada a instan-cias de dicha parte con fecha 10 de febrero de 1936 al margen de la vigésima inscripción de la finca número 419, al folio 89 vuelto del tomo 19 de Loíza, por lo que respecta a una parcela de terreno segregada del predio designado Quinto cuerpo en la agrupación de dicha finca principal. La parcela que se libera de la referida ano-tación de “lis pendens” se describe como sigue:

“Rural: Parcel of land situated in the Ward of Torrecillas, Municipality of Loíza, P. R.; composed of 0.996 acres of land, equal to 1.025 cuerdas, equivalent to 40 ares and 28 eentiares; bounded on the' North by a Municipal road; and on the East, South, and West, by The .Fajardo Sugar Co.”
Inscrita al folio 217 del tomo 32 de Loíza, finca núm. 1515, inscripción pri-mera.

Se ordena asimismo al Secretario de este tribunal que espida el correspondiente mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad de San Juan, Puerto Rico, Sección Segunda, requiriéndole para que practique dicha cancelación.


text:
    Núm. 2.
    Pueblo, querellante, v. Rubert Hermanos, Inc., querellados.
    Original.
    Noviembre 14, 1941.
   Vista la moción del Pueblo de Puerto Rico sobre cancelación par-cial de anotación de “lis pendens” y de gravamen por sentencia, en la cual se alega que en el presente caso se trabó por el querellante la acción a que se refiere el epígrafe y se obtuvo por dicha parte la anotación de un aviso de la demanda de este caso sobre la finca ins-crita en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, con el número 185 del tomo 12 de Vega Alta, Puerto Rico, perte-neciente a la querellada Rubert Hermanos, Inc.; que asimismo el .querellante obtuvo la inscripción en el Libro de Sentencias de dicho . registro, de la sentencia dictada en este mismo caso el 30 de julio de 1938; habiéndose practicado la referida anotación de “lis pendens” el 10 de febrero de 1936 a virtud de una certificación expedida por el Secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico, haciéndose cons-tar la institución por El Pueblo de Puerto Rico, a instancias de su Procurador General, del procedimiento de quo warranto• en la Oortc Suprema de Puerto Rico, radicado con el número dos contra Rubert Hermanos, Ine., en el cual se solicita se anulen las correspondientes franquicias de dicha corporación, se ordene su disolución inmediata, se le prohiba continuar haciendo negocios en Puerto Rico, y se le imponga la multa correspondiente; que la mencionada sentencia dic-tada por este tribunal el 30 de julio de 1938, se inscribió al folio 32 del tomo primero del Libro de Sentencias del Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, haciéndose constar que dicha senten-cia declaró y resolvió que la corporación Rubert Hermanos, Inc., es culpable de poseer como dueña y controlar 12,188 aeres de tierra en violación de la Resolución Conjunta número 23 del Congreso de los Estados Hnidos y de la sección 39 de la Ley Orgánica de Puerto Rico, y de sus propias cláusulas de incorporación, por todas las cuales disposiciones dicha corporación demandada está expresamente limi-tada y restringida a la posesión y control de tierra que no exceda de 500 aeres; que en dicha sentencia se ordenó y decretó la cancelación de la licencia de la corporación referida‘y la disolución, liquidación inmediata de sus negocios, y la imposición de una malta de $3,000, así como el pago de las costas y desembolsos incluyendo $2,000 de hono-rarios de abogado; que la finca inscrita en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Segunda, al folio 243 vuelto del tomo 12 de Vega Alta, con el número 185 sujeta a los mencionados gravá-menes se describe así:

“Rústica: Predio denominado Sabana y Cerro Gordo, sito en la jurisdicción de Vega Alta, barrio de Sabana, compuesto de quinientas sesentidós cuerdas, equi-valentes a doscientas veinte hectáreas, oehentioeho áreas y ochenta y cuatro een-tiáreas, en eolindaneias por el Norte, con el Mar; por el Este, con la Sucesión de don Pablo TJbarri; por el Sur, con la Hacienda San Vicente y por el Oeste, con Armando López Landrón, hoy don Osear Español.”;

que Estados Unidos de América en ejercicio de su poder de dominio eminente, y con posterioridad a dicha anotación de “lis pendens” y de la inscripción de la referida sentencia, adquirió para fines de de-fensa nacional, mediante procedimiento de expropiación forzosa in-coado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, una parcela de terreno segregada de la descrita finca y que se describe así:

“Rusal: Parcel of land situated in the ward of Sabana, Municipality of Vega Alta, composed of 0.999 acres of land, equal to 1 cuerda and twenty-eight thousandths of another (1.028) equivalent to 40 ares and 40 centiares; bounded on all sides by the principal estate from which it is segregated, property of Gon-zález Hnos., Martinez & Co., S. en C.”
Esta parcela se halla inscrita al folio 54 del tomo 16 de Yega Alta, finca número 800, inscripción primera;

y visto que en dieba moción se solicita por El Pueblo de Puerto Rico la cancelación parcial de la aludida anotación de “lis pendens” y del mencionado gravamen por sentencia referida por lo, que respecta a la mencionada parcela adquirida por Estados Unidos de América, a la cual solicitud ha impartido su conformidad, según resulta de la mencionada moción, la corporación demandada Rubert Hermanos, Inc. por sus abogados Ledos. J.- Sifre, Jr. y Henri Brown; por tanto esta Corte-declara con lugar-la referida moción y de acuerdo con lo solicitado en la misma resuelve liberar y por la presente libera la mencionada parcela de 0.999 acres radicada en el barrio Sabana de Yega Alta, Puerto Rico e inscrita al folio 54 del tomo 16 de Yega Alta, con él número 800, inscripción primera, ele dicho “lis pendens” y del gravamen’por sentencia mencionados, y én consecuencia ordena que por el Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Se-gunda, se cancele en cuánto a dicha parcela la mencionada anotación de aviso de demandá o “lis pendens”,y de gravamen por sentencia mencionado, debiendo expedirse por el secretario de este tribunal el mandamiento correspondiente dirigido al referido registrador de la propiedad requiriéndole para que dé cumplimiento a lo expuesto en la presente orden. - ■


text:
    Núm. 2.
    Pueblo, querellante, v. Rubert Hermanos, Inc., querellados.
    Original.
    Noviembre 17, 1941.
   Yista la moción del querellante, El Pueblo de Puerto Rico, sobre cancelación parcial de anotación del “lis pendens” y gravamen por sentencia, que más adelante se relacionan, la corte la declara con lugar y de acuerdo con lo solicitado en dicha moción libera los in-muebles que a continuación se designan Parcela Núm. 1 y Parcela Núm. 2 inclusive lá faja de terreno comprendida en esta última, de dicho “lis pendens” y de dicho gravamen por sentencia que según el Registro de la Propiedad de Arecibo son, a saber.-

1. 'Aviso de demanda anotada en relación con la finca número 7869, -inscrita al ;folio 54 del tomo 162 de- Arecibo y el cual “lis pendens” copiado literalmente dice así:

' ‘ ‘ Según' comunicación oficial suscrita en San Juan, el 7 de febrero de 1936, por el Hon. B. Fernández García, Procurador General de Puerto Rico, se ha presentado en coi-te abierta, con fecha ,28 de enero de. 1936, "ante el Tribunal Supremo de''Puerto 'Rico-'('Querelláhíé ' versus 'Rubert" Hermanos, Incorporada), la querella de Quo Warranto núm. 2, de El Pueblo de Puerto Rico, Querellante versus Rubert Hermanos, Incorporada, en la cual El Pueblo de Puerto Rico, por su Pro-curador General mencionado, suplica de dicho tribunal dicte sentencia de pérdida de franquicia contra dicha corporación doméstica Rubert Hermanos, Incorporada, ordenando su disolución inmediata, prohibiéndole seguir haciendo negocios eu Puerto Rico, e imponiéndole la multa correspondiente, con los demás' pronuncia-mientos que en equidad y justicia sean pertinentes, y se solicita se anote dicha querella en cuanto a los bienes de dicha corporación demandada de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. Así resulta dé la comunicación referida, de copia del exhibit número 2, que es certificación expedida por este Registro el 31 de diciembre de 1935, en que se describen los' bienes de 'Rubert Hermanos, Incorporada', de copia de la Querella presentada y de certificación expedida en San Juan, el 7 de febrero de 1936, por B. Marrero Ríos, Secretario Repórter Interino, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con la cual se acompa-ñan el exhibit y la demanda relacionada, documentos presentados en esta oficina a las 10 y 30 de la mañana del 8 del actual, al asiento 92 del tomo 184 del Diario, quedando la comunicación del Hon. Procurador General referida, archivada con el número 18 en el legajo 132' de documentos públicos. — Areeibo, a 17 de febrero de 1936. — (Eirmado)—Santos.—Sin derechos."

2. Gravamen por sentencia anotado al folio 40 del tomo 1ro. del Registro de Sentencia, la cual anotación copiada literalmente dice así:

Núm. de la demanda: — 2—Quo-Warranto; Eecha de la presentación y Re-gistro: — Agosto 9, 1938, 9 A. M.; Demandante: — El Pueblo de Puerto Rico; Demandado: — Rubert Hermanos, Inc.; Eecha de la sentencia: — Julio 30 de 1938; De qué Tribunal: — Corte Suprema de Puerto Rico; Cuantía de la sentencia:— $3,000. — Yo, Borinquen Marrero Ríos, Secretario Interino del Tribunal Supremo de Puerto Rico, certifico: — Que la anterior es copia fiel y exacta de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con fecha 30 de julio de 1938 en el recurso de epígrafe, en cuya sentencia se deelara y resuelve que la corpo-ración demandada es culpable de poseer como dueña y controlar 12,188 aeres de tierra en violación de las disposiciones de la Resolución Conjunta Núm. 23 del Congreso de los Estados Unidos (31 Statutes at Large 716, U. S. C. A., Título 48, Seo. 752), de la Sección 39 de la Ley Orgánica de Puerto Rico y de sus propias cláusulas de incorporación, por todas las cuales disposiciones dicha corporación demandada está expresamente limitada y restringida a la posesión y control de tierras que no excedan de 500 acres; se ordena y decreta la cancelación de la licencia de la corporación y disolución y liquidación inmediata de sus negocios y se impone una multa de $3,000, así como el pago de las costas y desembolsos, incluyendo $2,000 de honorarios de abogado. Y a petición del Hon. Procurador General de Puerto Rico y para fines oficiales, expido esta copia certificada, que firmo y sello en San Juan de Puerto Rico, hoy día 8 de agosto de 1938. — (Edo.)— B. Marrero Ríos, Secretario Interino. — Sin derechos. — Se archiva dicha certifica-ción con el Núm. 13 en el legajo 134 de documentos públicos."

Las parcelas que por la presente se liberan de la referida anota-ción de “lis pendens” y de dicbo gravamen por sentencia, se descri-ben así:

Pakcela Núm. 1
“Bural: Parcel of land consisting of eight hundred four thousandths of an acre or eight hundred twenty-seven thousandths of a mierda, equivalent to thirty-two ares and eighty-nine centiares, situated in the ward of Santana, Municipality of Arecibo; bounded on the South, East and West by lands of the principal estate from which it is segregated, property of González Hermanos, Martínez & Co., S. en C., recorded in the name of Bubert Hermanos, Inc., and on the North by the railroad tracks of the American Bailroad Company of Porto Bieo.’’
Parcela Núm. 2
“A perpetual easement and right-of-way for the construction, maintenance and operation of a pipe line over, across and upon a strip of land twenty feet wide, being ten feet on each side of a center line described as follows:
“Beginning at Point A, on the Northerly bounding line of the Arecibo Airdrome Tract; a distance of eight hundred seventy-eight and eighty-five hundredths (878.85) feet West along said line from Corner number forty-seven of the Airdrome Tract:
“Thence, North, one degree, fifty-seven minutes East (N Io 57' E), a distance of one thousand five hundred seventy and five hundredths (1,570.05) feet, to Point No. 57, situated on the South bounding line of the Bailroad Siding Tract, a distance of. three hundred thirty-seven and sixty-eight hundredths (337.68) feet from the South East Corner of said Tract.
“Said strip of land being in the Municipality of Arecibo, ’barrio Santana, Puerto Bieo, being bounded on the North, East and West by lands of González Hermanos, Martínez & Co., S. en C. and on the South by lahds of the United States of America, and being in the vicinity of Kilometer 79 — H. 0 of the American Bailroad of Puerto Bieo.”

La corte ordena en consecuencia de lo expuesto que por el Regis-trador de la1 Propiedad de Arecibo se cancele en cuanto a dichas parcelas número uno y número dos, inclusive en cuanto a la faja de terreno comprendida en esta última, las anotaciones del referido aviso de demanda o “lis pendens” y del gravamen por sentencia mencionado, debiendo expedirse por el secretario de este tribunal el mandamiento correspondiente dirigido al Registrador de la Propie-dad de Arecibo, Puerto Rico, requiriéndole para que dé cumplimiento a lo* dispuesto en la presente orden.


author: Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

text:
    Núm. 365.
    Peláez, peticionario, v. Navarro Ortiz, Juez, dmdado.
    —Original.
    Noviembre 24, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Vista la petición y la copia certificada de la minuta de la corte inferior del día 15 de marzo de 1941, que se acompaña, de la que aparece que los abogados del acusado aceptaron que los casos misdemeanor quedarían pendientes para ser resueltos cuando se decidiera el caso de asesinato que había pendiente contra el acusado, no ha lugar a expedir el auto de mandamus solicitado.


text:
    Núm. 8443.
    Lorenzano, aplte. v. Saldaña, Etc., apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 25, 1941.
   Pob Cuanto, el apelante ba radicado una moción, sin notificación a la parte contraria, solicitando señalamiento del recurso arriba titu-lado sobre la base de haber radicado ya el alegato reglamentario.

PoR CUANTO, examinados los autos aparece que en vez de haber radicado el apelante un pliego de excepciones o- la transcripción de evidencia o en su caso el legajo de sentencia se limitó a acompañar con su moción solicitando nombramiento de abogado de oficio copias simples de la opinión y sentencia apelada, así como la cédula de notificación de sentencia que le fuera servida.

PoR CUANto, los documentos reseñados en el párrafo anterior no constituyen en modo alguno el récord de la apelación que de acuerdo con la ley debe tener ante sí el Tribunal Supremo para que pueda celebrarse la vista del recurso.

Por tanto, no habiendo sido perfeccionada la apelación, no ha lugar al señalamiento solicitado.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 8386.
    Sucn. Ortiz, aplte. v. Sucn. Váquer, aplda.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 15, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, de la faz de la demanda en esto caso presentada resulta que Pablo Vázquez Ortiz, causante de los demandados, ins-cribió a su favor en 1893 la posesión de la finca objeto de la acción reivindicatoría en este caso ejercitada y que continuó en posesión de la misma en concepto de dueño pública y pacíficamente y sin in-terrupción hasta que la vendió en 9 de septiembre de 1903 a Jaime Váquer ante el notario José Mariano Capó, quien continuó pose-yéndola en igual forma, pasando luego a sus herederos, los cuales la vendieron a los actuales dueños, los demandados y apelados Lili Blondet Delannoy y Manuel Haddock;

Por cuanto, los demandados y apelados interpusieron entre otras la excepción previa de prescripción, que fué declarada con lugar, dic-tándose sentencia contra' los demandantes por entender la corte inferior que la demanda no es susceptible de enmienda;

Por cuanto, desde 1893 en que se inició la posesión del causante de los demandados hasta el 1939 en que se radicó la demanda de este pleito han transcurrido 46 años, período que excede de los treinta años que fija la ley para la prescripción extraordinaria.

Por Cuanto, no vemos cómo en las condiciones expuestas pueden los demandantes enmendar con éxito la demanda, pues prescindiendo de la prescripción extraordinaria, resulta también que la acción está prescrita desde el año 1913 puesto que habiendo inscrito Vázquez la posesión, al vender a Jaime Váquer en 1903 adquirió éste de buena fe (ya que la mala fe no se presume) y con justo título, cual es el de comprayenta, siendo de aplicación la prescripción de diez 'años que señala el artículo 1857 del Código Civil y la cual se completó en septiembre de 1913;

PoR cuanto, también están prescritas las acciones de nulidad ale-gadas en la demanda, para el ejercicio de las cuales fija la ley un término de cuatro años;

PoR TANTO, vistos los artículos 1857 antes citado y los 1859 y 1860 del mismo cuerpo legal, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Guayama el día 24 de abril de 1941.


text:
    Núm. 22.
    Pueblo, promovente, v. Central Cambalache, dmdada.
    —Original.
    Diciembre 23, 1941.
   Por cuanto, Luis Barrio Barina compareció en estos autos me-diante moción jurada radicada en noviembre 18, 1941, solicitando que se dicte una orden exceptuando de la orden de entredicho dic-tada en este caso el día 7 de septiembre de 1940 una parcela de terreno perteneciente a la demandada Central Cambalache, la cual parcela se describirá en la parte dispositiva de esta resolución, bajo la alegación de que Central Cambalache y el peticionario convinieron anteriormente la compraventa de la misma, no habiendo podido con-sumar el contrato por impedírselo la referida orden de entredicho de septiembre 7, 1940.

Por Cuanto, Central Cambalache y El Pueblo de Puerto Pico, demandada y promovente respectivamente en este caso, han radicado sendos escritos, la primera con fecha noviembre 27 de 1941 y el segundo el día 13 del corriente, allanándose a la solicitud del peti-cionario.

Por tanto, se declara con lugar la petición de Luis Barrio Barina, quien es mayor de edad, casado, agricultor y vecino de Arecibo, y en su consecuencia se exceptúa por la presente -de la orden de entredicho de septiembre 7, 1940, que se convirtió en orden final de injunction por resolución de junio 27 de 1941, y al objeto de que Central Cam-balache pueda vender sin traba alguna al peticionario por el precio y condiciones que convengan las partes, la siguiente parcela de te-rreno perteneciente a dicha Central Cambalache, a saber:

“Rústica: Sita en el barrio Santana, de Areeibo, compuesta de ocho cuer-das de terreno, iguales a tres hectáreas, catorce áreas, cuarenta y tres eentiáreas. Linda al Norte, camino público de Arecibo a Manatí; Oeste, Antonio Balseiro y Julián Otero; - Sur, Cándido Varela; y al Este, Salvador Alvarez, Inocencio Cruz y Antonio Balseiro.”

Notifíquese y espídase el correspondiente mandamiento.


text:
    Núm. 40.
    In re Miranda.
    Original.
    Enero 3, 1942.
   A la anterior moción sobre condonación de parte dé la sentencia dictada en este caso en julio 29 de 1941; no ba lugar.


text:
    Núm. 8447.
    Barreto, aplte, v. Corte, aplda.
    Enero 14, 1942.
   El tribunal por su propio acuerdo resuelve dejar sin efecto su resolución de esta fecha dictada en el recurso • de injunction núm. 8434, por la cual declaró no haber lugar -a la moción para que se instruya procedimiento de desacato, y acuerda adelantar para el día 21 del corriente mes, a las 2 p. m., la vista en su fondo del recurso de certiorari núm. 8447, así como la moción de desacato radicada dentro del presente recurso de certiorari con fecha 13 del actual; y asimismo se ordena a Manuel A. Barreto, peticionario-apelante, que se abstenga de continuar el procedimiento seguido contra Fernando R. Colón y José A. Zapata, miembros de la Autoridad de Hogares de la ciudad de Mayagüez, hasta nueva orden de este tribunal.