author: El Juez Asociado Senos Cókdova Dávila,

text:
    Russell & Co., Sucrs., S. en C., demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7028.

    Sometido: Abril 3, 1936.

      Resuelto: Mayo 27, 1936.

      R. Castro Fernández y J. López Baralt, abogados de la apelante; Son. Procurador General B. Fernández García y R. Cordones Arana, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Senos Cókdova Dávila,

emitió la opinión de'J tribunal.

Allá por el mes de febrero de 1932, la demandante importó en esta Isla cierto aparato conocido con el nombre de “Gyro-tiller”,- pagando al Tesoro de Puerto Rico una contribución del 2 por ciento sobre el precio o valor de dicho aparato de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Arbitrios de Puerto Rico (Ley núm. 85 de 1925, pág. 585), enmendada por la Ley núm. 17 de 1927 (pág. 459). Posteriormente el deman-dado clasificó el referido aparato como un tractor e impuso a la demandante una contribución adicional de un 13 por ciento sobre la cantidad de $22,462.84, precio de venta en Puerto Rico del aparato en cuestión. En resumen, unidas ambas contribuciones, la demandante satisfizo el 15 por ciento sobre el precio de venta que provee el inciso octavo del artículo 16 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, enmendada por la Ley núm. 83 de 1931 (pág. 505). La contribución, que ascendió a $3,562.69, incluyendo recargos e intereses, fué pagada bajo protesta por la demandante en 14 de julio de 1933.

En los meses de julio y agosto del mismo año, la deman-dante importó dos aparatos más, idénticos al . primero, por . . . los cuales satisfizo la contribución prescrita en la disposición legal qne acabamos de citar.

A base de estos hechos y alegando además qne los apara-tos importados habían sido ilegal, injusta y arbitrariamente clasificados por el demandado como tractores, inició Russell & Co., Sucrs., S. en C., la presente acción, solicitando la de-volución de las sumas pagadas bajo protesta, que ascienden a la cantidad de $7,625.34, más intereses legales desde la ra-dicación de la demanda.

A esta demanda formuló el demandado excepción previa sobre la base de que la misma no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción alguna. El tribunal inferior declaró con lugar dicha excepción, y concedió a la demandante un término de diez días, que no utilizó, para enmendar sus alegaciones. La corte inferior, a petición del demandado, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, e imponiendo las costas a la parte perdidosa.

Se alega que la corte erró al decidir que el “Gyrotiller” es un vehículo de motor y al dictar sentencia definitiva de-clarando sin lugar la demanda, con imposición de costas a la demandante.

La cuestión planteada por la parte apelante se reduce a determinar si los aparatos descritos en la demanda están sujetos solamente al impuesto del 2 por ciento prescrito por el artículo 62 de la Ley de Arbitrios, según fue enmendado por la Ley núm. 17 de 1927, o si por el contrario están sujetos al impuesto prescrito por el inciso octavo del artículo 16 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, según fue enmendada por la Ley núm. 83 de 1931.

Alega la parte demandante que uno de los aparatos im-portados es un arado mecánico automático completo, que de una sola pasada rompe, remueve y pulveriza la tierra, pre-para los bancos y los surcos y deja listo el terreno para la siembra; que tiene dos discos cilindricos, atornillados a cada uno de los cuales giran seis cuchillas o lengüetas, rompiendo y removiendo la tierra a medida que se mueve el aparato hacia adelante; qne contiene además dos arados de tipo corriente para abrir los snrcos; qne dicho aparato lleva ins-talado nn motor “Diesel” qne imparte fuerza a los referidos discos y genera asimismo el movimiento; qne tiene dos jue-gos de ruedas puentes a los lados y uno de acero en el cen-tro de la parte delantera; qne no tiene barras de tracción, ganchos o aparatos de remolque o volante de donde se pueda conectar una polea para trasmitir fuerza a otro cuerpo; que nunca ha sido usado o anunciado como tractor; que tiene un peso mayor al tractor más pesado y que marcha a una velocidad menor que los tractores; que los “embragues” (clutches) que gobiernan las ruedas son inadecuados para trasmitir toda la fuerza del motor a las ruedas, y que para los efectos de la aduana de los Estados Unidos este aparato está clasificado como un utensilio de labranza (agricultural implement).

Se importaron además otros dos aparatos de la misma clase, aunque con la diferencia de ser de un estilo mucho más liviano y de menor costo que el descrito.

La corte inferior, en una cuidadosa y razonada opinión, resolvió que aunque el aparato que se describe en la demanda no es estrictamente un tractor, por más que se parece mucho, puede considerarse como un vehículo de motor, sujeto al im-puesto cobrado por el Tesorero, de acuerdo con el inciso octavo del artículo 16 de la ley antes citada, que literalmente dice así:

“Yehículos de motor y lanchas y botes de motor: Sobre todo ve-hículo de motor, incluyendo automóviles, autowagones, camiones, trac-tores, autos de arrastre, motocicletas (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), chassis, motores, cajas, baterías, tubos interiores y neumáticos para los mismos, lanchas, tengan o no puestos los mo-tores, motores para las mismas, incluyendo motores • usados para la parte exterior, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico.; Disponiéndose, que sobre la venta, traspaso, fabricación, uso o introducción en Puerto Rico de vehículos de motor o lanchas y botes de motor descritos en esta sección, cuyo precio de venta en Puerto Rico exceda de mil quinientos (1,500) dólares y no exceda de dos mil (2,000) dólares el impuesto será de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de venta, y sobre la venta, traspaso, fabricación, uso o introducción en Puerto Rico de vehículos de motor, automóviles y camiones descritos en esta sección, cuyo precio de venta en Puerto Rico excederá de dos mil (2,000) dólares, y sobre gomas sólidas para camiones y otros vehículos de motor que se vendan, usen, traspasen, fabriquen o introdúzcan en Puerto Rico, el impuesto sera de quince (15) por ciento sobre el precio de venta; Disponiéndose, además, que las personas no residentes en Puerto Rico que usen auto-móviles de su propiedad para fines exclusivamente personales, estarán exentas del pago del impuesto prescrito por esta Ley por el período que usen licencia especial del Comisionado del Interior. Al expirar este período y adquirir la licencia ordinaria de dicho Comisionado, o antes, si el automóvil es destinado a otros usos que los que aquí se consignan, pagarán los impuestos de rentas internas.”

De la opinión del tribunal inferior copiamos lo siguiente:

“Se entiende por tractor, una máquina que produce tracción. Esta definición, sin embargo, resulta muy lata, ya que así podría lla-marse a un sinnúmero de aparatos enteramente distintos a los que generalmente conocemos por tractores. Un mecanismo cualquiera que tira de un objeto moviéndolo o arrastrándolo, sería, dentro de esa definición, un tractor. Y sabemos que no es así. El estudio que nos ofrece la Enciclopedia Universal Ilustrada, editada por Espassa-Calpe, tomo 63, páginas 232 y 233, en el referente ‘atracción’, con-tiene, a juicio nuestro, disquisiciones interesantes alrededor del as-pecto que deseamos considerar, las que esclarecen en cierto modo las dificultades que surgen al prestar nuestra atención a este asunto.
“Entre ellas juzgamos de importancia las que a continuación transcribimos :
“ ‘Unas veces los viajeros y las mercancías son transportados en el mismo carruaje en que va el motor, es decir, que aquél constituye una unidad que por sí sola basta a sus propias necesidades pues lleva en sí el elemento activo, constituido por el motor; el pasivo, for-mado por la carga y todos los elementos intermedios, como transmisio-nes, y los accesorios, como refrigeración, frenado, etc. A este grupo pertenecen los innumerables camiones. . . .
“ ‘Otras veces el motor va en carruaje separado para él solo y las mercancías y pasajeros son transportados en carruaje aparte arrastrados, o remolcados por aquél. Este modo de efectuar los trans-portes ha dado lugar a la creación de unos carruajes automotores es-peciales que reciben el nombre de tractores, en cuya, construcción se atiende principalmente a disponer de un motor robusto y de velo-cidad apropiado al desarrollo 'de grandes esfuerzos. . .
‘En el caso primeramente considerado, cuando el motor y la carga van en el mismo carruaje, no existe en realidad, esfuerzo de tracción propiamente dicho para poner la carga en movimiento, sino que el esfuerzo motor es empleado en comunicar a las ruedas del carruaje un movimiento de rotación que determina el avance de las mismas gracias al engrane recíproco entre desigualdades de la llanta y las de la vía o del propio terreno, es decir, que la marcha se efectúa por adherencia. El avance de las ruedas se trasmite a todo el ca-rruaje al que están invariablemente unidas. Si la adherencia es insu-ficiente, las ruedas no avanzan; sólo giran alrededor de su eje, y, como vulgarmente se dice, patinan y el carruaje no se mueve. No existe, pues, en este caso un esfuerzo de tracción que sea trasmitido mediante algún órgano rígido o flexible a la carga para ponerla en movimiento; la locomoción o cambio de posición obedece a una combinación de esfuerzos de diferente naturaleza. Sin embargo, como estos carruajes automotores también suelen emplearse para el arras-tre o remolque de otros carruajes, en cuyo caso ya interviene un es-fuerzo peculiar de tracción, estudiaremos en este lugar su aplicación a los transportes, indicando al mismo tiempo la evolución sufrida, por el sistema general, hasta llegar a los tipos más corrientes en la actualidad. ’
“Hemos creído oportuno insertar estos párrafos porque el deman-dante hace hincapié en el hecho de que el aparato en este caso no tiene barras de tracción, ganchos o piéza de remolque, indicando ’on ello que los arados que éste transporta forman juntamente con el mismo una unidad, llevando a un tiempo y en sí el elemento aetN >, constituido por el motor; el pasivo, formado por la carga y todos los elementos intermedios como' transmisión y accesorios. No cabe duda que dicha razón ofrece fundados motivos para observar una diferencia entre esta clase de aparatos y aquellos que reciben el nom-bre de tractores. Empero, si bien es verdad que los arados y demás artefactos están adheridos al cuerpo principal, el esfuerzo del motor no es empleado, únicamente, como en los casos de los camiones y de-más automotores que juntamente con la carga formen una unidad, en comunicar a las ruedas del carruaje un movimiento de rotación que determine el avance de las mismas gracias al engrane recíproco entre las desigualdades de la llanta y las del terreno, si que al con-trario se ejerce también por el motor un esfuerzo de tracción pare-cido al del automotor llamado tractor, esto es, aunque formando parte del cuerpo principal, se arrastran por dicho aparato dos arados de tipo corriente y un mecanismo que la demandante llama ‘discos cilin-dricos.’ El avance, pues, del carruaje, al igual que en los casos de tractores, no depende únicamente de la adherencia de la rueda al terreno por razón del peso del cuerpo o la masa del aparato, sino que! existe además, y a pesar de ser toda una unidad, el esfuerzo de arrastre o de tracción, que necesariamente aumenta la adherencia tanto como si los arados estuvieran conectados al aparato por una barra de enganche. En otras palabras, éste es un aparato muy parecido al tractor, que como cuerpo separado arrastra el arado, sólo que aquí el objeto que se arrastra no va enganchado al auto-motor. En cuanto a lo que dice la demandante sobre el peso enorme del aparato, en la misma obra y página que citamos anteriormente se dice:
“ ‘que las condiciones primordiales a que deberá satisfacer un carruaje tractor son: gran peso y motor muy potente.’
“Como se ve, el gran peso no es un hecho que diferencia el apa-rato de que conocemos, del que corrientemente se llama un tractor.
“Tampoco es razón para diferenciar dicho aparato de los trac-tores el que se le llame implemento de labranza (agricultural implement), porque si bien eso es así, entendemos que un tractor es, por las mismas razones, un agricultural implement.
“Sin embargo, como se entiende por tractores aquellos automoto-res que tan sólo cargan el motor, y que remolcan o tiran de objetos que están separados y que se conectan al mismo por una barra de tracción o de remolque, y toda.vez que del conjunto de los hechos alegados por el demandante se desprende que un tractor es algo dis-tinto al aparato objeto de esta reclamación, aunque se parezca mu-cho, creemos estar justificados en resolver este aspecto de la contro-versia en favor de la demandante.
“La corte cree oportuno no obstante expresar que, atendido el inciso 8 del artículo 16 de la Ley de Arbitrios, según enmendada por la ley número 83 de 1931, el aparato descrito, de no ser un tractor, como hemos resuelto que no lo es en atención a las alegaciones de la demanda, es de todos modos un ‘vehículo de motor’ y cae, necesa-riamente, dentro de los artículos abarcados por la ley; siendo este punto por consiguiente, el de mayor importancia. Verdad es que si en lo que se refiere a las consideraciones que dejamos expuestas hemos sostenido que el aparato objeto de este litigio se diferencia de aquellos conocidos corrientemente con el nombre de tractores, no cabe afirmar ahora, que dicho aparato está entre aquellos expresamente enume-rados y específicamente mencionados en la ley. Pero también es cierto que dicho aparato se diferencia poco ele lo que se entiende por ‘tractor’, y estando éste incluido en la ley de arbitrios como ‘un vehículo de motor” hay que llegar a la conclusión de que dicho apa-rato es asimismo un ‘vehículo de motor’, a menos que se pretenda mantener que lo que le da el carácter de vehículo de motor a un tractor es el hecho de no tener éste adheridos los arados u objetos que arrastra, formando una unidad, y que las circunstancias de que el aparato de motor que está bajo nuestra consideración camine más o menos despacio que los tractores, o tenga un mayor peso, o lleve ‘discos cilindricos’ consigo y arados como parte de su cuerpo principal, le resten las cualidades que debe reunir para estar comprendido dentro de la significación que tiene y del concepto que envuelve la expresión ‘vehículos de motor’, según ésta se usa en las disposiciones contenidas en el inciso 8 de la sección 16 de la Ley antes citada.
‘‘Por consiguiente, somos de opinión que en la demanda se describe un aparato sobre el cual la Ley de Arbitrios impone una con-tribución. ’ ’

En la opinión que antecede se dice que el aparato que se describe en la demanda no es un tractor, porque carece de barras de tracción, ganchos o piezas de remolque, estando los discos cilindricos y arados que arrastra adheridos al cuerpo principal del aparato. La corte inferior sutiliza para diferenciar entre este aparáto y un tractor, haciendo constar, sin embargo, que “si bien es verdad que los arados y demás artefactos están adheridos al cuerpo principal, el esfuerzo del motor no es empleado únicamente, como en los casos de los camiones y demás automotores que juntamente con la carga forman una unidad, en comunicar a las ruedas del carruaje un movimiento de rotación que determine el avance de las mismas gracias al engrane recíproco entre las desigualdades de la llanta y las del terreno, si que al contra-rio se ejerce también por el motor un esfuerzo de tracción parecido al del automotor llamado tractor, esto es, aunque, formando parte del cuerpo principal, se arrastran por dicho aparato dos arados de tipo corriente y un mecanismo que la demandante llama ‘discos cilindricos’.”

Continúa diciendo el tribunal qne “el avance del carruaje, al igual que en los casos de tractores, no depende únicamente de la adherencia de la rueda al terreno por razón del peso del cuerpo o la masa del aparato, sino que existen además, y a pesar de ser todo una unidad, el esfuerzo de arrastre o de tracción, que necesariamente aumenta la adherencia tanto como si los arados estuvieran conectados al aparato por una barra de enganche. Este aparato es muy parecido al tractor que como cuerpo separado arrastra el arado, por lo que aquí el objeto que se arrastra no va enganchado al au-tomotor.”

Claramente se ve que a juicio del tribunal inferior la única diferencia existente entre este aparato que ambas par-tes llaman “Gyrotillers” y un tractor, es que en el primero los cuerpos que se arrastran, o sean los discos cilindricos y los dos arados corrientes están adheridos en lugar de ir engan-chados al aparato.

Alega la parte apelada que de acuerdo con los hechos alegados en la demanda el aparato mencionado no es otra cosa que un tractor muy grande, sistema “Caterpillar”, marca Gyrotiller, diferenciándose del tractor corriente en que incluye en su estructura el equipo completo de arados para la preparación del terreno destinado a la siembra de caña de azúcar. Arguye que desprendiéndosele este equipo queda un tractor corriente o auto de arrastre y que es natural que no tenga barra de tracción, ganchos o aparatos de remolque, porque el equipo para arar, o sean los discos ci-lindricos o los arados van atornillados al aparato, sin que esto quiera decir que no se le puedan adherir otros objetos o co-sas, como ocurre en Inglaterra, donde se usa el “Gyrotiller” para preparar el terreno que se dedica a la siembra de trigo que exige un sistema de discos que tiene que ser y es distinto.

Esta es una cuestión que ha sido laboriosamente argu-mentada por los abogados de las partes y por la juiciosa opi-nión de la corte sentenciadora. Nos inclinamos a creer qne el aparato qne se describe en la demanda pnede considerarse como nn tractor, comprendido dentro de las disposiciones de la Ley de Rentas Internas aplicada por el Tesorero de Puerto Rico para el cobro del impuesto. El Diccionario de la Real Academia Española nos dice qne “tractor” es nna máquina qne prodnce tracción; y “tracción”, según el mismo diccionario, es la acción y efecto de tirar de algnna cosa para moverla o arrastrarla. De aenerdo con la Enciclopedia Británica, traction (del latín traJiere, to draw) es el acto de tirar o arrastrar (is the act of drawing or hauling).

Nos parece qne el “Gyrotiller” o aparato qne sirve de base a este pleito pnede mny bien estar comprendido dentro de las anteriores definiciones.

De acnerdo con las alegaciones de la demanda, este “Gyrotiller” se ha fabricado para ser nsado en la prepara-ción y arado de la tierra. Así lo admite la parte apelada, arguyendo qne esta circunstancia no le quita su naturaleza de tractor, ya que el mismo arrastra los dos juegos de cuchi-llas giratorias qne se usan para trillar el terreno y los ape-ros suplementarios. Las cuchillas giratorias, los arados corrientes n otros aperos de índole distinta qne se necesitan para efectuar el trabajo de preparación del terreno, son arrastrados por la máquina, para lo cual ésta tiene qne des-arrollar nn esfuerzo de tracción a fin de poner en movi-miento dichos aperos, utilizándose parte de la fuerza que desarrolla el motor.

Alega la parte apelante que para los efectos de la aduana de los Estados Unidos el aparato en cuestión está clasificado como un utensilio de labranza. Así lo sostiene el caso de Richardson Co. v. U. S. (1917), 8 Ct. Cust. App. 179, de cuyo “syllabus” extractamos lo siguiente:

“La corte puede tomar conocimiento judicial del progreso en los medios usados en las faenas agrícolas. Sabe judicialmente que los tractores pesados, de transportación lenta, están suplantando en gran parte al caballo como medio de propulsión en las fincas, y que estos artefactos están construidos en tal forma que caminan con demasiada lentitud y que son demasiado pesados para transportar por las ca-rreteras públicas modernas, siendo su construcción apropiada tan sólo para la transportación lenta y para trabajar en el campo en te-rreno más blando.
“El hecho de que los tractores agrícolas sean usados incidental o excepcionalmente para otros fines que los agrícolas, no basta para re-futar su clasificación como implementos de labranza.
“El uso general conocido de los tractores agrícolas demuestra que son comercial y prácticamente necesarios para la agricultura; y siendo así, al usárseles principalmente para fines de labranza, debe, en razón, clasificárseles de implementos agrícolas.”

Es de notarse qne en el caso qne antecede se llama tractores a ciertos aparatos utilizados para propósitos agrí-colas y se dice qne estos aparatos constituyen instrumentos de labranza, de acuerdo con las leyes de aduana. Sin embargo, el hecho de que los referidos aparatos, llamados, trac-tores, hayan sido clasificados como utensilios agrícolas no los eximiría, si se introdujeran en Puerto Eico, de la con-tribución impuesta por el inciso octavo del artículo 16 de la Ley de Eentas Internas de Puerto Eico, según fue enmen-dado por la Ley No. 83 de 1931.

En el caso de Colón v. Domenech, 48 D.P.R. 852, se alegó que la agricultura debe ser protegida y que la ley se refiere a los tractores industriales y no a los dedicados a trabajos agrícolas que sirven para arrastrar los pesados arados mo-dernos y otros aparatos agrícolas. En presencia de esta alegación dijo este tribunal:

“Esto no obstante, la ley ha impuesto contribución sobre los trac-tores sin distinguir entre industriales y agrícolas, como hace el ape-lante. Por disposición de la ley todos los tractores tienen que pagar contribuciones y nosotros no estamos autorizados para agregar a la ley palabras y excepciones que ella no contiene. Ésa es función de la Legislatura, la que puede excluir del impuesto los tractores que el apelante llama agrícolas, si lo cree conveniente.”

Dadas las conclusiones a que hemos llegado en este caso, considerando como tractores los aparatos objeto de este liti-gio, huelga discutir el error que se atribuye a la corte inferior al concluir que los referidos aparatos son vehículos de motor. De acuerdo con la Ley de Rentas Internas la expre-sión “vehículos de motor” incluye también tractores.

En cuanto al pronunciamiento sobre costas, nos inclina-mos a respetar el criterio de la corte inferior en el uso de sus facultades discrecionales.

Debe confirmarse .la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cosme Quintana, acusado y apelante.
    Núm. 5859.

    Sometido: Febrero 11, 1936.

      Resuelto: Mayo 27, 1936.

      B. Martínez Nadal, F. Navarro' Ortiz y F. González Fagundo, abo-gados del apelante; B. A. Gómez, 'Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Humacao formuló acusación contra Cosme Quintana, imputándole la comisión de un delito de asesinato en primer grado, como sigue:

“El referido Cosme Quintana el día 18 de abril de 1934, en la municipalidad de Juncos, dentro del distrito judicial de Huma-cao, P. R., ilegal y voluntariamente, con malicia premeditada y pro-pósito deliberado y firme de darle muerte ilegal al ser humano Eloy Juncos, hizo varios disparos de revólver contra éste, con uno de los cuales le ocasionó una herida en el lado izquierdo del pecho, a con-secuencia de la cual falleció el referido Eloy Juncos allí y entonces.”

Hizo el acusado alegación de no culpable y solicitó juicio por jurado. El 4 de febrero, 1935, comenzó la vista que con-tinuó el 5 y terminó el 6, rindiendo el Jurado veredicto de culpable de homicidio voluntario.

En abril 5, 1935, presentó el acusado una moción de nuevo juicio que fue declarada sin lugar el 9 de mayo si-guiente. Apeló. Y dictada finalmente sentencia en mayo 24, 1935, imponiéndosele diez años de presidio con trabajos for-zados, también apeló para ante este tribunal. Ambos recur-sos se han tramitado y serán resueltos conjuntamente.

En su alegato señala el apelante tres errores. Los dos primeros se atribuyen a la corte como cometidos al denegar la moción de nuevo juicio y al imponer al acusado la pena de diez años. Por el tercero se sostiene que el veredicto es contrario a la evidencia.

Antes de comenzar el estudio del caso parece conveniente referirnos a la teoría del fiscal y a la de la defensa, al pre-sentarlo al jurado.

Dijo el primero:

“El Fiscal para probar su caso, someterá a la consideración de los Sres. jurados, prueba pericial, o sea la declaración del doctor Agustín Mújica, quien atendió en el Hospital Municipal de Juncos,, al herido Eloy Juncos y quien una vez fallecido Eloy Juncos', prac-ticó la autopsia, encontrando que la muerte había sido producida por una intensa hemorragia, a consecuencia de un disparo de revólver.. Prueba testifical de personas, que en el momento en que ocurría el suceso, vieron cuando el acusado disparó contra Eloy Juncos, quien, cayó de la acera al suelo, y prueba objetiva, consistente en el arma, ocupada en poder de Cosme Quintana en los segundos seguidos a los disparos por él realizados. El Fiscal tenderá a probar que este-día 18 de abril de 1934, el interfecto Eloy Juncos salió del pueblo' de Caguas, acompañado de sus familiares con dirección- al pueblo de Juncos; que en llegando frente a la plaza del pueblo de Juncos el interfecto se bajó del carro, conduciendo a los familiares de éste hacia la casa de don Francisco Franqui, donde vivía una hija de éste, la señorita Luz Virginia Franqui, quien era prometida del señor Eloy Juncos. El señor Juncos se detuvo un rato en la plaza de dicho pueblo, hablando con varios amigos, entre ellos el Jefe de la Policía, Sr. Torres, y otros amigos. De allí cogió rumbo a la derecha, cogió por la calle Martínez, creo que se llama, y se dirigía a tomar la calle, la carretera que sale para G-urabo, y como siete u ocho metros antes, de llegar a la esquina, para doblar a la izquierda, se le enfrentó el acusado Cosme Quintana, quien lo detuvo, y en el acto sacó un re-vólver marca Smith & Wesson y se lo pegó sobre el costado izquierdo, y le disparó a quemarropa un tiro, y cuando Eloy Juncos caía de la. acera de la calle le hizo un segundo disparo, en cuyo momento se pre-sentó el guardia Ayala, quien intervino en el acto, arrestando a Cosme Quintana y conduciéndole al cuartel de la policía. Proba-remos también que el acusado Cosme Quintana en la mañana de ese día, y en la tarde de ese día, había estado buscando a Eloy Juncos, en la casa de don Francisco Franqui, la última de estas visitas fué allá alrededor de las cinco o cinco y media, preguntando a doña Rosa Franqui, suegra del acusado Cosme Quintana, y tía de Virginia Franqui, la prometida de Eloy Juncos, .preguntando por Eloy Juncos, y contestando ella que Eloy Juncos no vivía en aquella casa. De allí salió ■ el acusado y como a la hora o a la' hora y media de estas diligencias por él realizadas, efectivamente se topó con Eloy Juncos, haciéndole dos disparos, uno de los cuales le produjo la muerte.”

Terminó El Pueblo de practicar su prueba y antes de in-troducir la suya el acusado, por medio de su abogado defensor, .se expresó así:

“Sr. Juez y caballeros del jurado, nuestra teoría- es la misma del juicio pasado. Nuestra teoría es que Eloy Juncos era una persona ■que estaba en una mala posición económica, hasta el extremo de haber sido desahuciado del establecimiento que tenía; y persona que acos-tumbraba a usar armás de fuego; que había sido ya denunciado una vez, y aparte de contar como treinta y cinco años de edad, se fijó en los encantos de una niña de diez y seis años, Luz Virginia Franquis, hija de don Francisco Franquis, persona estimada y respetada en la comunidad de Juncos, acaudalado, siendo esta niña, hija única de él, y por tanto la heredera de todos sus bienes. Que al principio el señor Franquis se opuso a estas relaciones amorosas, cosa que con-trarió al señor Juncos intensamente; que naturalmente lo que pasa en esos casos, la niña entró en relaciones amorosas con el señor Juncos, y que después el señor Franquis accedió a no oponerse más a virtud de la intervención de ciertos amigos; que el señor Juncos tenía mucha prisa por casarse. El Sr. Franquis había estado gravemente enfermo en esos días, había tenido que estar asilado en el Auxilio Mutuo, y que mientras estuvo el señor Franquis en el Auxilio Mutuo, el señor Eloy Juncos tratando do precipitar esa boda amenazó .a la hija para que contrajera matrimonio con la oposición del padre, tuvo unas palabras con ella en la ciudad de Caguas, en que le disparó un tiro con el propósito de atemorizarla que le causó un leve rasguño en la pierna a la Srta. Luz Virginia Franqui; que enterado el padre del suceso estando enfermo en el Auxilio Mutuo entonces ordenó que se le prohibiera la entrada al Sr. Juncos en su casa, basta que él es-tuviera bueno y regresara a su hogar para disponer lo que fuera conveniente disponer; que esta medida encolerizo. al Sr. Juncos, y que atribuyéndola posiblemente a una intervención del acusado Cosme Quintana, profirió varias amenazas ¿le muerte contra el Sr. Cosme Quintana, el acusado, amenazas de muerte que le fueron comunicadas al Sr. Cosme Quintana, y que ya sabía que tenía en el Sr. Eloy Juncos un enemigo mortal, dispuesto según sus propias palabras, a quitarle la vida. Que el día de los sucesos el Sr. Juncos vino de Caguas a Juncos con el propósito de ultimar el asunto del matri-monio y casarse de cualquier modo con la Srta. Luz Virginia Fran-quis, propósito que anunció a viva voz en una de las calles .de Juncos diciendo que había venido a resolver el asunto, que tenía que resol-verlo esa noche así tuviera que matar o que lo mataran. Que mo-mentos después ele esas últimas palabras del Sr. Juncos, se cruzaron en el sitio en que dicen los testigos de cargo, en la calle Martínez que hace esquina a la calle Muñoz Rivera. El Sr. Cosme Quintana iba por la acera como con dirección a coger la calle para su casa, y el Sr. Eloy Juncos venía de la plaza por la otra acera, que al ver al Sr. Cosme Quintana cruzó la calle y se vino a la acera donde iba Cosme Quintana, que allí hubo una discusión breve, acalorada y breve que partió del Sr. Juncos, durante la cual inmediatamente el Sr. Eloy Juncos le dió un revés al Sr. Cosme Quintana, y llevándose inmediatamente la mano al bolsillo del pantalón a sacar un arma para usarla, y que en ese instante Cosme Quintana hizo uso de un revólver que portaba, a su vez lo sacó y le disparó inmediatamente; y que al recibir el disparo de Cosme Quintana, Eloy Juncos cayó de la acera a la calle, se le esmongaron las piernas y cayó.”

El primer señalamiento de error, o sea el atribuido a la Corte al negar la concesión de un nuevo juicio, se subdivide en doce.

Las cuatro primeras subdivisiones guardan relación con la declaración de la testigo Rosa Franquis. Se sostiene que la Corte erró al permitir al fiscal interrogarla sobre su parentesco con Francisco Franquis, al permitir que le hiciera las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo estuvo llevando relaciones (Eloy Juncos) con la Srta. Luz Virginia Franquis?” y “¿En visitas que él iba a hacerle a su casa, recuerda si en alguna ocasión habló usted con Cosme Quin-tana sobre Eloy Juncos?”, y al negarse a eliminar totalmente sn declaración.

La defensa objetó las preguntas sobre parentesco y las otras específicas que dejamos transcritas por inmateriales e impertinentes. Con respecto a la eliminación, muestra el récord lo que sigue:

“Lodo. MartÍNEz Nadad. — Voy a solicitar la eliminación total de la declaración de la testigo y especialmente la que tiende a demostrar la conversación entre Cosme Quintana. Esta testigo, V. H., se re-cuerda muy bien, se la lia preguntado sobre conversaciones sobre Cosme Quintana, etc. Pero voy a hacer una salvedad, yo pido la eliminación total de la declaración de la testigo menos aquella parte que se refiere a que Cosme Quintana a medio día le preguntó por Eloy Juncos. Eso es lo único que yo creo que debe quedar en récord de esta conversación; porque de que entró por la mañana y habló con su esposa y que tenían coraje, de eso no ha dicho nada de qué ha-blaron y por qué era ese coraje, y después por la tarde dice que Cosme Quintana vino solo, entró hasta la antesala y lo único que oyó que dijo fué 'de hombre a hombre’, pero sin decir amenazas o nada contra Eloy Juncos, sino simplemente esas palabras; por tanto, Sr. Juez ¿cómo va a quedar eso en el récord? Yo admito que eso que dije antes debe quedar en el récord pero lo demás no establece ninguna clase de conexión con el Sr. Juncos; por tanto pedimos la eliminación total de la declaración de la testigo excepto de esas pa-labras que Cosme Quintana le dijo cuando le preguntó por Eloy.
“IÍON. Fiscal. — Para sostener que debe prevalecer en el récord en su totalidad la declaración de la testigo porque ahora es que está conectada perfectamente y como complemento de la declaración dada por la señora Juncos de García y Eduardo F. Torres, por la circunstancia de haber mediado ya el hecho de haber procurado a Eloy Juncos a estas horas de la tarde y haber venido después, como consecuencia, el hecho sangriento en que perdió la vida el referido Eloy Juncos. . . .
“II'ON. Juez. — La Corte entiende que es eliminable todo lo refe-rente a Cosme Quintana, excepto la frase de Cosme Quintana por la mañana cuando dijo: ‘de hombre a hombrey a la pregunta de Cosme Quintana por Eloy Juncos en la casa de la testigo, a pesar da que dijo que hablaban en alta voz, etc. En este sentido se declara sin lugar la moción eliminatoria, o sea excepto las partes que antes dije respecto a las palabras de Cosme Quintana, ‘de hombre a hombre* a la pregunta que hizo Cosme por Eloy.
“Lcdo. Martínez Nadad. — Tomamos excepción de la resolución de la corte por no eliminar las palabras ‘de HOMBRE a hombre’, por lo que nosotros, a fin de estar descansando en nuestra moción, no queremos preguntarle a la testigo.”

• Si se examina la declaración de la testigo en relación con la acusación y la teoría del caso expuesta por el fiscal al jurado, se concluye que el testimonio de Bosa Franqnis no era inmaterial y que las frases “de hombre a hombre’'’pu-dieron y debieron quedar en récord. La declaración tendía a mostrar antecedentes explicativos de la actuación delibe-rada del acusado. No hubo error, y de haberlo, no resulta-ría perjudicial, ya que el veredicto no fue de asesinato sino de homicidio.

Las cuatro subdivisiones siguientes se refieren a la declaración de Juanita Juncos de García. Se alega que erró la corte de distrito al permitir que se hicieran a la tes-tigo las siguientes preguntas: “:¿Cuando usted visitó en el hospital y vió a Eloy Juncos muerto según usted ha dicho, usted vió la ropa de él?” y “¿Ese gabán tenía alguna seña particular que usted recuerde?”; al admitir en evidencia el traje que vestía Eloy Juncos la noche del suceso y al negar-la eliminación total de la declaración de la testigo.

La posición asumida por la defensa se basó y se basa en que habiéndose ya probado el hecho de la muerte de Eloy Juncos a consecuencia de un disparo de bala, la evidencia era innecesaria y se presentaba con el solo propósito de impre-sionar indebidamente al jurado en contra del acusado. Cita del caso de McKay v. State de la Corte Suprema de Nebraska reportado en American Annotated Cases 1913-B, 1934, p. 1039 (135 N. W. 1024, 39 L.R.A. (N. S.) 714) lo que sigue:

‘‘Puesto que el caso tendrá que ser visto de nuevo, nos absten-dremos de emitir opinión respecto al peso de la prueba y considera-remos tan sólo uno de los errores planteados en relación con la misma. Se sostiene que la Corte cometió error al admitir como prueba los exhibits 6, 7, 18, 19 y 22. Los exhibits 6 y 7 consistían, de dos camisas manchadas de sangre, el 18 era, la chaqueta, el 19 el chaleco y el 22 la gorra del interfecto. La declaración del médico forense, que era un médico cirujano en ejercicio, demostraba de ma-nera concluyente que el occiso había recibido tres golpes en la parte lateral de su cabeza, cada uno de los cuales le fracturó el cráneo, y dos de los cuales le penetraron el cerebro, y cualquiera de los que, según el doctor, hubiera bastado para producir la muerte. De ma-nera que quedó claramente establecido que el interfecto había sido asesinado. No había lugar a argumentar que las heridas habían sido inferidas por sí mismo, y la única cuestión ante el jurado fué: ¿Cometió el acusado el asesinato? El admitir estas prendas de ves-tir manchadas de sangre y el mostrarlas al jurado en forma alguna identifican, o aun tiende a identificar, al acusado como el asesino. No podemos concebir ningún otro fin para el cual pudieran servir estos exhibits que el de excitar las pasiones e impresionar la mente del jurado. Un acusado que está siendo juzgado de cualquier de-lito, y en particular de uno que posiblemente conlleve la pena capital, tiene derecho a ser juzgado a base de prueba admisible, de prueba que tienda a demostrar su culpabilidad o inocencia, y no a base de prueba que no tenga esa tendencia, sino que sirve simplemente para desviar la mente del jurado de la verdadera contienda hacia exhibits horripilantes que fácilmente pueden inducirle a una conclusión errónea. ’ ’

Sanos son los principios en que se inspira la Corte Su-prema de Nebraska. La sentencia apelada ante ella debía revocarse por otros motivos que constan de su opinión y una vez que los expuso agregó el párrafo transcrito para que sir-viera de guía a la corte a quo en los ulteriores procedimien-tos.

Aquí la situación es distinta, ya que no surge de los autos que la intención del Pueblo al aportar la prueba fuera la de influenciar indebidamente al jurado.

“La ropa de la víctima en un caso de homicidio”, dice Underhill, Criminal Evidence, 2nd ed., pág. 79, sec. 48, “si es debidamente identificada, puede exhibirse dentro del prin-cipio de que forma parte del res gestae, para ilustrar al ju-rado sobre el carácter y naturaleza de las heridas, móviles del crimen, manera y medios en que se ocasionó la muerte, o para demostrar la proximidad del acusado a la víctima al ocurrir la muerte.”

Siguió el fiscal esa regla. No introdujo toda la ropa manchada de sangre que vestía el interfecto. Presentó el gabán perforado de bala por el sitio por donde cogió fuego, demostrativo de un disparo hecho “a boca de jarro”, para completar y explicar las declaraciones de los testigos en rela-ción con la diferente intensidad de las dos detonaciones que oyeron.

No erró, pues, la corte al admitir la prueba, ni al negarse a eliminar totalmente la declaración de la testigo, hermana del interfecto. Su declaración sirvió para indicar al jurado lo que hizo Juncos el 18 de abril de 1934, desde que salió de Caguas por ella acompañado hasta momentos antes de reci-bir: las heridas, sin que pueda la defensa alegar lo improce-dente del testimonio cuando ella misma al exponer la teoría de su caso alegó que el propósito del viaje de Juncos fué ultimar su matrimonio con Luz Virginia Pranquis.

En las subdivisiones novena y décima se insiste en que la corte erró al declarar sin lugar la oposición de la defensa al examen que se estaba haciendo al testigo Luis Ortiz, sobre si el chaquetón de Juncos echaba humo y si el testigo lo conocía, y al permitir que se preguntara al testigo Arturo Meaux si vió el gabán del herido que tenía como una brasa de candela.

Luis Ortiz fue un policía que recogió a Juncos ya herido. El fiscal le preguntó “¿En qué sitio fué que usted buscó a ver si había armas?” Y el testigo contestó: “En el sitio en que estaba el herido, y entonces se volteó y por este lado de aquí, por el izquierdo, pues tenía el chaquetón que botaba humo. ...” No objetó la defensa. La objeción la hizo al insistir el Fiscal.

Arturo Meaux sintió las detonaciones y vió a dos hombres. Se escondió y al salir de su escondite vió al policía Ayala con uno de los hombres que tenía un revólver en la mano. Se acercó al otro que estaba en el suelo, lo movió y comprendió que estaba vivo y “le notó una braza de candela hacia el lado izquierdo del gabán.”

Basta exponer lo ocurrido para concluir que no hubo error. Ambos testigos declararon sobre hechos que vieron, que directamente apreciaron y que están estrechamente rela-cionados con el acto que acababa de realizar el acusado impu-tádole por el Fiscal como constitutivo de un delito de asesi-nato.

Por la subdivisión once se sostiene que la Corte erró al no permitir que el testigo Manuel Jiménez declarase sobre el carácter del interfecto probando actos específicos por él cometidos.

El incidente que da origen al señalamiento ocupa varias páginas del récord. Finalmente se resolvió como sigue:

“Juez. — La cuestión es la siguiente: la Corte no tiene la menor duda de que actos específicos del acusado, digo, del fenecido, que in-diquen el carácter violento y agresivo por parte del fenecido, son ad-misibles cuando se establece la defensa propia, pero cumpliéndose el requisito de que ban debido de ser estos actos conocidos por el acu-sado al tiempo en que dice que ejercitó el derecho de defensa pro-pia; y ése hasta ahora no se ha probado aquí, con relación al acto específico que se intenta probar.
“DEFENSOR. — Pero un testigo declaró aquí ante la Corte que las amenazas que Eloy Juncos hizo referente a Cosme Quintana, este testigo se las comunicó a Cosme Quintana.
.“Juez. — Se declara con lugar la oposición, aún cuando la decla-ración sobre este extremo puede ser admisible después que se cum-plan los requisitos legales antes expuestos.”

No hubo error. Véase el caso de El Pueblo v. Rivera, 49 D.P.R. 622, 625.

La subdivisión doce, que es la última, se refiere a la admisión en evidencia de las medias que usaba Luz Virginia Franquis cuando según la prueba de la Defensa su novio el interfecto le disparó en Caguas hiriéndola en una pierna para lograr que no asistiera a cierto acto que iba a celebrarse en San Juan, en el Ateneo.

La testigo Rosa Franquis, abuela de Virginia, llamada en rebuttal, identificó las medias. La defensa hizo una serie de repreguntas y se opuso a la admisión de las medias porque la testigo había dicho eran color marrón y las presentadas no lo eran.

Realmente la testigo demostró qué podía equivaearse al ser sometida a prueba por el abogado defensor sobre el color de su corbata y quizá la corte no debió haber admitido en evidencia las medias. Sin embargo, si hubo error, no fué perjudicial a nuestro juicio. El incidente del disparo ten-dente a demostrar el carácter violento del interfecto, quedó ante el Jurado con lujo de detalles. La presentación de las medias que estaban sanas se dirigía a demostrar que no hubo herida en la pierna, pero no que no se hizo el disparo, cuyo motivo en verdad fué el de amedrentar a la novia y lo-grar como se logró en efecto que no asistiera a la fiesta. Si la novia recibió un rasguño o no, no era de importancia de-cisiva.

¡Analizadas todas las subdivisiones del primer señala-miento, quedamos convencidos de que la corte estuvo jus-tificada al negar el nuevo juicio, convencimiento que se for-talece al estudiar en su totalidad el caso.

Veamos ahora si el veredicto es contrario a la prueba y si la pena impuesta es excesiva, como sostiene el apelante.

El acusado admite que fué el causante de la muerte, pero alega que actuó en legítima defensa.

Su testigo Gregorio Montañez dijo que oyó a Eloy Juncos manifestar en Caguas refiriéndose al acusado: “Este individuo es el que tiene la culpa de lo que a mi me sucede y tengo que ventilar con él este asunto”, sacando en ese mo-mento un revólver y replicando a los consejos de Montañez que estaba decidido, que “el mundo es del valiente”, habiendo comunicado el testigo esas amenazas al acusado.

Francisco Franquis declaró con respecto a la comisión que diera al acusado tendiente a poner término a los amores de su hija con el interfecto y los testigos Mariano Villaronga, Yieta de Miranda, Engracia Ramos, Ramiro Vázquez y Fernando Hernández se refieren al incidente del disparo hecho en Caguas por el interfecto a su novia para lograr que no asistiera a cierta fiesta en San Juan. Manuel Giménez re-fiere que desahució por falta de pago a Eloy Juncos quien le dijo que pensaba casarse con la hija de Franquis.

Juan Corsino manifestó que fue comisionado por Franquis para sacar a Luz Virginia de la escuela y decir a la dueña de la casa que habitaba en Caguas que suspendiera las visi-tas de Juncos a su hija. Arturo Meaux llamado por la de-fensa dijo que Juncos llegó una vez donde él muy nervioso y le contó que el acusado lo había echado de la casa de su novia, y le pidió un revólver para arreglar cuentas con el acusado, desistiendo a virtud de los consejos del testigo, y el Dr. Barreras declaró que el acusado “es un hombre que no habla con nadie, muy callado, nunca he sabido que haya tenido cuestión ni disgustos con ningún vecino . . . tiene una conducta moral intachable, buen padre y buen esposo.” José Rubio refirió que la noche del suceso oyó que desde uh carro decían a Juncos,- “Eloy, vámonos para Caguas”, a lo que contestó, “no, yo he venido con una hermanita mía y he venido a resolver un problema, y lo resuelvo, o me mata o mato.”

Eso en cuanto a antecedentes. Como testigos presencia-les del hecho, presentó la defensa a Tiburcio Castro y a Miguel Delgado.

Declaró el primero: “Vi al Sr. Eloy Juncos que venía por el medio de la calle y al ver a Cosme Quintana viró y subió a la acera y siguieron hablando. Eloy Juncos le tiró con la mano izquierda una bofetada y acto seguido metió la mano atrás y sacó un aparato, no puedo precisar qué era lo que sacó.” Y respondiendo a la pregunta “¿Y qué hizo Cosme Quintana?”, contestó': “Yo no vi, sentí los dos tiros, no vi a él lo que hizo, sentí los dos tiros.”

Y declaró Delgado; “Vi al Sr. Eloy Juncos que venía de la plaza ... lo alcanzó a ver (a Quintana), dobló, y estaban allí como hablando . . . Juncos le dió nna bofetada y sacó como nna cosa del bolsillo de atrás, y cnando fné a hacer así ocurrieron los dos disparos . . . Juncos cayó al suelo.”

Conocemos ya algo de la evidencia aportada por El Pueblo en relación con los antecedentes. Bastará agregar que doña Rosa Pranquis declaró que poco antes de ocurrir el su-ceso, estuvo en su casa el acusado procurando a Eloy Juncos.

No presentó El Pueblo en verdad un solo testigo presen-cial, pero el propio acusado, momentos después del hecho, manifestó al jefe de policía que tuvo unas palabras con Juncos y le disparó, sin que hiciera referencia alguna a que Juncos lo agrediera.

Varias personas, entre ellos dos policías, oyeron los dis-paros. Arturo Meaux dijo: “Sentí una detonación y me paré y miré hacia adelante, y vi dos hombres, entonces sentí otra detonación, avancé, vi correr al guardia Ayala y acer-carse a los dos hombres y coger a uno que tenía un revólver en la mano, me acerqué al que estaba en el suelo, estaba boca abajo y lo viré boca arriba y meneaba una pierna y com-prendí que estaba vivo. Yo solo no podía levantarlo y llamé' y me ayudaron a conducirlo al hospital. Noté en el gabán del herido como una brasa de candela.”

Otro policía, Ortiz, que como Ayala oyó las detonacio-nes corrió al lugar del suceso. Buscó a ver si había armas y no las encontró. Sólo se ocupó el revólver que tenía en sus manos el acusado.

El Doctor Mujica que reconoció al interfecto encontró en su cuerpo una herida de bala con orificio de entrada por el sexto espacio intercostal interesando el pulmón izquierdo, la aorta descendente, la vena cava inferior, el estómago, el lado derecho del diafragma, encontrándose el proyectil en la base del pulmón derecho, y otra herida en el tercio inferior del brazo izquierdo. La muerte se debió a la hemorragia in-terna que produjo la prünera herida cuyo orificio de entrada presentaba gran cantidad de pólvora y quemaduras en los bordes de la piel en forma de tatuaje y debió causarse es-tando el arma casi pegada al cuerpo.

No estaba el jurado obligado a creer — y su veredicto in-dica que no creyó — a los testigos de la defensa que dijeron que al encontrarse los dos hombres, Juncos agredió a Quin-tana. Creyó la prueba del fiscal que tiende más bien a de-mostrar la comisión de un asesinato que la de un homicidio, pero en ausencia de testigos presenciales prefirió inclinar la balanza de su juicio en favor del acusado y lo declaró culpable de homicidio.

Nada sobre agresión indicó en los primeros momentos el propio acusado. Habló por sí misma la herida mortal, y el gabán que cubría el cuerpo de la víctima teniendo como una brasa de candela en los bordes de la perforación que con la herida mortal coincidía, humeaba, denunciando lo cerca que estuvo el brazo .homicida. Todo fue rápido. Y ni sobre la persona caída, ni en los alrededores, se encontró arma al-guna. No obstante el carácter pendenciero y el uso cons-tante de armas de fuego que se atribuyen al interfecto y el estar dispuesto según el dicho de un testigo de la defensa a que lo mataran o a matar ese día, es lo cierto que en el mo-mento crítico se encontraba desarmado. Y en cuanto a los móviles, no es posible dejar de tomar en consideración que en la lucha por la mano de Luz Virginia Franquis, Juncos triunfaba. La derrota se sentía en el campo de la oposición que ocupaba el acusado.

Bajo esas circunstancias no cabe concluir que el veredicto sea contrario a la prueba, ni tampoco que la corte al dictar su sentencia impusiera al acusado'en el ejercicio de su dis-creción el máximo de la pena fijada por la ley.

En tal virtud, no habiéndose tampoco cometido por la corte de distrito los errores segundo y tercero que se le im-putan, procede declarar sin lugar los recursos y confirmar la resolución y la sentencia apeladas.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.

Los Jueces Asociados Señores Córdova I)avila y Travieso no intervinieron.

      Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Ramos Tellado, acusado y apelante.
    Núm. 6053.

    Sometido: Abril 22, 1936.

      Resuelto: Mayo 29, 1936.

      Amador Ramírez Silva, abogado del apelante; R. A. Gómez, 'Fiscal, y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Mayagiiez, en septiembre 1, 1935, formuló acusación contra Domingo Ramos Tellado por infracción a la sección 4 de la Ley núm. 63 de abril 28, 1931 (pág. 415), como sigue:

“El referido acusado Domingo Ramos Tellado, allá por el día 16 de agosto de 1935, en Mayagüez, P. R., que forma parte del Dis-trito Judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, fabricaba, almacenaba y tenía para la venta, cierto alimento, a saber, vinagre de mesa, con el ñn de dedicarlo al consumo Rumano, y el que allí y entonces estaba adulterado con agua, conteniendo menos de 4 gramos de acidez por cada cien gramos de vinagre.”

El 7 de octubre siguiente se leyó la acusación al acusado, alegando éste que no era culpable y el 28 del propio mes se celebró el juicio. Terminada la prueba de cargo, solicitó el acusado su absolución. La corte negó su solicitud y prac-ticada la prueba de descargo dictó sentencia declarándolo culpable del delito que se le imputara. El 1 de noviembre siguiente dictó sentencia imponiéndole veinte y cinco dólares de multa y en caso de falta de pago un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer.

No conforme, apeló el acusado para ante este tribunal. Señaló tres errores cometidos a su juicio por la Corte sen-tenciadora al tomar conocimiento judicial del artículo 10 del reglamento núm. 2 del Departamento de Sanidad aprobado en abril 28, 1931; al admitir la declaración del perito quí-mico Gradea para probar el resultado del análisis químico del vinagre, y al apreciar la prueba.

Argumentando su primer señalamiento sostiene el apelante que habiéndosele informado por la acusación que se le imputaba solamente una infracción a la sección 4 de la Ley núm. 63 de 1931, no fué preparado para defenderse del reglamento de sanidad núm. 2 de abril 28,1931, y no pudo condenársele de acuerdo con el mismo.

En efecto el apelante fué acusado en la forma que cono-cemos de la infracción que especifica- o sea do la sección 4 de la Ley núm. 63 de 1931, decretada a los efectos de prohibir “la venta, almacenaje o transporte de alimentos y drogas o medicinas adulterados o falsamente rotulados o que sean venenosos o perjudiciales a la salud, y para otros fines” que hace reo de misdemeanor a toda persona que fabrique, venda, ofrezca o tenga en venta, o qne transporte o almacene ali-mentos adulterados, siendo ello suficiente para informarle que la corte no sólo podría si que debería acudir a los re-glamentos de sanidad como la mejor fuente para determinar si el vinagre de mesa de que se trataba estaba o no adulte-rado, ya que la sección 5 de la propia ley ordena al Comi-sionado de Sanidad que promulgue reglamentos adecuados para poner en vigor las disposiciones de la misma fijando entre otras cosas las normas o standards de los alimentos, requiriendo de las cortes de justicia una ley anterior de sa-nidad, la núm. 81 de 1912 — que en ese extremo continúa vi-gente — -que tomen conocimiento judicial de los reglamentos sanitarios.

Véanse a este respecto las decisiones de esta Corte en los casos de El Pueblo v. Massari, 32 D.P.R. 18 y El Pueblo v. Rivera, 31 D.P.R. 646.

Argumentando su segundo señalamiento, dice el apelante :

“Cuando fué ofrecida por el fiscal la declaración del químico Carlos R. Gadea la defensa se opuso a que él declarara sobre el re-sultado del examen del vinagre toda vez que las botellas fueron lle-vadas por el acosado voluntariamente para que fueran examinadas en cuanto a su rotulación (T. B. página 5). Entendemos que el De-partamento de Sanidad estaba impedido de proceder al examen del contenido de las botellas ya que para determinar si un alimento está o no adulterado, el oficial de Sanidad debe tomar las muestras ha-ciendo constar el fin para que las toma, dando de esta manera opor-tunidad a la persona a quien se le tomen dichas muestras, para que a su vez examine o pueda examinar por medio de peritos competentes la muestra en su poder y estar preparado para en el juicio corres-pondiente oponer el testimonio de su perito al testimonio del pe-rito del Departamento de Sanidad.”

Cuando el perito fué llamado a declarar muestran los autos que había ya declarado el inspector de alimentos y drogas del distrito de Mayagüez, Pelayo de Lúea, como si-gue: “El 16 de agosto de 1935 el acusado llegó a mi oficina con tres botellas de vinagre para ver si yo quería enviarle esas muestras al Laboratorio Químico Insular a ver si esta-ban rotuladas de acuerdo. . . . Las cogí, las lacré y las ro-tulé y le entregué una muestra al acusado y envié las otras al Laboratorio.”

Para contestar si las botellas estaban bien rotuladas, el químico del laboratorio tenía que examinar su contenido. ¿Y cómo puede quejarse de indefensión el acusado cuando él mismo llevó las tres botellas que fueron lacradas y rotu-ladas devolviéndosele una que pudo hacer examinar por su propio perito una vez que fué acusado?

Por el tercero y último de los errores señalados se sostiene que la evidencia aportada por el Pueblo fué insuficiente para declarar culpable al acusado.

El primer testigo que declaró fué de Lucca que dijo ade-más que el acusado era un comerciante que tenía una fábrica de vinagre con licencia para vender dicho artículo.

Luego fué llamado el químico del Laboratorio Químico Insular, Carlos lí. Gradea. Dijo en resumen que recibió las muestras de que se trata, las analizó y resultó que el vinagre tenía 3.29 por ciento de acidez; que por vinagre se entiende el producto de la fermentación natural especial de la man-zana, de la cidra, del vino, de la piña . . . .; que el de ácido acético no es vinagre, es un sustituto; que el natural después de la fermentación tiene 4 por ciento o más, pudiendo reba-jarse hasta el 4 por ciento, y que si baja de cuatro se consi-dera adulterado.

El fiscal ofreció en evidencia el Beglamento de Sanidad núm. 2, aprobado en abril 28, 1931; se opuso el acusado por tratarse de una copia simple y la corte resolvió que teniendo conocimiento judicial era suficiente. En lo pertinente, el ar-tículo 10 de dicho reglamento, dice :

‘ ‘ Artículo 10. — Adición de agua. — Cuando un vinagre natural he-cho de cidra, vino o de jugo de otras frutas haya sido diluido con agua, el rótulo deberá indicar claramente este hecho, por ejemplo: ‘diluido hasta-por ciento de acidez’; Disponiéndose, sin embargo, que esta dilución minea rebasará un mínimum de 4 por ciento de acidez. .
Ésa fue substancialmente la evidencia del Pueblo. Mues-tra que el acusado, fabricante y vendedor de vinagre, llevó tres botellas de dicho producto al inspector de sanidad para que le dijera si estaban bien rotuladas. Examinado el con-tenido de una de ellas, resultó adulterado. Que el acusado fabricó el vinagre, parece claro. Que tenía más en su alma-cén, puede fácilmente deducirse. Lógico es que lo fabricó y lo tenía para venderlo. Una clara infracción de la ley puede entreverse. Lo que nos hace vacilar es la actuación del acu-sado cerca del inspector de sanidad, que tiende más bien a indicar una conducta prospectiva, dependiente del resultado de la consulta, con respecto a la disposición del producto, que una determinación actual. Sin embargo, la duda se re-suelve en contra del acusado cuando se considera la insisten-cia con que sostiene que su consulta se refería únicamente a„ la forma del rótulo, no debiendo haberse examinado el pro-ducto en sí mismo. Y como fue el producto que fabricara y envasara y preparara para la venta el que resultó adulte-rado, parece que no puedé eludir la responsabilidad de la, adulteración.

Así lo estimó la corte sentenciadora y actuó fundadamente» a nuestro juicio.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Tomás Brito Vizcarrondo, demandante y apelante, v. Florentino López Pérez, demandado y apelado.
    Núm. 7132.

    Sometido: Febrero 6, 1936.

      Resuelto: Mayo 29, 1936.

      Ángel A. Vázquez, abogado del apelante; Damián Monserrat, Jr, y J. M. Calderón, Jr., abogados del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de homestead fallado en contra del demandante. Alegó éste en su demanda que teniendo en noviembre 29, 1926, establecido su hogar en cierta casa de su propiedad situada en Santurce, la hipotecó al demandado, y no habiendo pagado su deuda, el demandado se la cobró por la vía sumarísima, adjudicándosele la casa en mayo de 1934, siendo el demandante lanzado de ella con su familia por orden de la corte. Se reclaman quinientos dólares por con-cepto de hogar seguro.

Contestó el demandado negando que el demandante fuera jefe de familia y con ésta viviera en la casa en cuestión al hipotecarla y al ser lanzado de ella. Como defensas espe-ciales alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción; que a la fecha de la consti-tución del gravamen ejecutado, el demandante no residía en la finca gravada; que al adjudicársele, la finca estaba de-biendo $71.25 por contribuciones, suma que debe deducirse proporcionalmente del importe de la reclamación, y que la casa que se hipotecó fué destruida por el ciclón del 1932, ha-biendo entrado el demandado solamente en posesión del solar.

Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió en enero 31, 1935, en favor del demandado según consignó en sn relación del caso y opinión, porque:

“Existe conflicto en 3a evidencia, conflicto que a nuestro juicio es irreconciliable, pero estudiada la evidencia en conjunto y dada la circunstancia de que la casa objeto de la hipoteca descansa en-parte sobre el solar de la que dice el demandante pertenecía a su hermana, nos parece más digna de crédito la evidencia del demandado, y siendo ello así, tendríamos que llegar a la conclusión de que al tiempo de constituirse el gravamen hipotecario no existía ol derecho de homestead siendo inmaterial que con posterioridad a la constitución de la hipoteca el demandante trasladase su residencia a la Anca, hipotecada.”

Apeló el demandante. Su único señalamiento de error es el que sigue:

“La corte se excedió en el uso de su poder discrecional al dirimir en contra del demandante el pequeño conflicto existente entre la- evi-dencia por éste aportada y la aducida por el demandado, y dictó, como consecuencia, una sentencia- que infringe el quinto párrafo del artículo 162 de la Ley de Evidencia.”

La evidencia documental no es contradictoria. Lo es en el extremo apuntado por la Corte sentenciadora, la testifical.

Declararon por el demandante, él mismo y Frank Laboróla y Agustín Rivera.

Dijo el demandante:

“Soy jefe de familia y tengo familia que vive de mí; soy maestro constructor de obras, con más de 40 años de práctica y en el año 190S, en que era dueño del solar que se describe en la demanda de este pleito, construí dentro del mismo, personalmente y expresa-mente para yo vivirla con mi familia, la casa de dos plantas que con dicho solar hipotequé en el 1926 a don Florentino López Pérez: cuando constituí esa hipoteca yo vivía en esa casa: eso queda en Santurce, Calle Solá y una vez que terminé en el 1906 la construc-ción de esa casa, me instalé en seguida en ella a vivir con mi familia, en la planta alta, y dediqué los bajos a alquiler para comercio, ren-tándome esos bajos la suma de $40.00 mensuales: cuando me instalé con mi familia en la planta alta de esa casa, mi familia se componía de mi esposa Luisa Ritz, mi hija Rafaela Brito, mi suegra Constancia Santel, mi hija de crianza Antonia Ritz, mi ahijado Narciso Beltrán, mi ahijada Ignacia Remigio, mi sobrina Lidia Figueroa y mi nieta Carmen María Valladares, todos los cuales eran mantenidos y sos-ienidos por mí y vivían y dependían de mí: después de trasladado a esa casa con mi familia en 1906, no me mudé para ninguna otra parte hasta que en 1932 tuve que abandonarla por algún tiempo y refugiarme en la casa de al lado, de mi hermana, que yo administraba y que ésta tenía a nombíe mío, porque el ciclón de San Ciprián me la tumbó y la echó hacia un lado y yo la halé a su sitio cuanto pude y me metí dentro de ella con mi familia y la compuse quedando entonces de una sola planta y con tres habitaciones habitables, ser-vicio sanitario, agua y se usaba el comedor como cocina, y queda-mos viviendo todos allí conmigo y manteniéndolos yo, hasta que fui lanzado de allí con mi familia por el Marshal de esta Corte en julio de 1934: actualmente la casa como está de una sola planta y su solar valen como $1,500.00: cuando en el 1926 constituí esa hipo-teca la casa valía $4,000, 'yo no tenía- otra finca. . .”

Declaró Labor da:

“Soy maestro constructor de obras, con 10 años más o menos de práctica: .
“La casa y solar objeto de este pleito están en Santurce, Calle Solá y tienen actualmente un valor de $1,000 ó $1,500: conozco a To-más Brito el demandante hace 30 años, quien es también maestro constructor de obras y en el año 1906 construyó para él vivirla con su familia la casa aludida y una vez que la terminó se trasladó allí con su familia: la casa fue construida de dos plantas, en la alta se ins-taló Brito con su familia y la baja la alquiló para comercio: yo viví muy cerca de Tomás Brito en el año 1916, en que todavía continuaba viviendo la planta alta de la casa con su familia y aun cuando des-pués me mudé para otro sitio de Santurce, siempre pasaba muy a menudo por la casa de Brito y lo vi viviendo constantemente allí hasta que en el 1932, con motivo del ciclón de San Ciprián que le tumbó la casa, entonces yo le dije que la levantara que podía arre-glarla porque estaba en buenas condiciones y llevamos dicha casa a su sitio, arrastrándola y Brito se trasladó a una casa de al lado mientras componía la suya: la casa de Brito entonces quedó de una sola planta con' las mismas dimensiones anteriores y tan pronto como terminó de componerla se trasladó a ella otra vez con su familia pues el no ha vivido otra casa y han estado viviendo allí constantemente Rasta que fué lanzado con su familia de la casa por el marshal en julio de 1934: en el año 1926 Tomás Brito vivía, con su familia en la planta alta de esa casa, pues yo lo vi personalmente: Brito con-tinúa siendo el jefe de su familia y los mantiene a todos: la casa como quedó después del ciclón no estaba en condiciones habitables.”

Y manifestó Bivera:

“Soy maestro constructor de obras con unos 14 años de práctica y la última obra que he construido es el edificio de concreto que queda detrás de la Clínica Miramar que costó más de $7,000: . . . .co-nozco a Tomás Brito el demandante, que es también maestro constructor y quien construyó en Santurce, Calle Solá, la casa objeto de este pleito en el año 1906 para vivirla él y su familia: actualmente y cuando lo lanzaron, esa casa con su solar valdrán como $1,200 a $1,300 : cuando en el año 1906 Brito terminó la construcción de esa casa, ésta era de dos plantas y él se mudó en seguida con su familia para la planta alta: la familia con quien Brito se trasladó a vivir la planta alta de su casa era su esposa e hijos: Brito era el jefe de esa familia y a todos ellos sostenía: Brito estuvo viviendo con su familia la planta alta de esa casa hasta el año 1932: el ciclón des-truyó la planta baja y sacó fuera de su sitio la planta alta: yo ayudó a Brito a halar la casa para su sitio, porque cayó un poco más allá de su sitio cuando el ciclón: . . . entonces quedó de una sola planta y vivía allí mismo con su familia: en el año 1926 Brito vivía con su familia en la planta alta de la casa y eso lo sé porque yo iba a menudo a la. casa: Brito no se mudó nunca de su casa desde el 1906 hasta el 1932 cuando el ciclón: en el año 1926 yo vivía en San-turce, en familia, en la casa del señor Brito de quien soy pariente y del cual dependía para, mi sostenimiento.”

Por el demandado declararon él mismo, Francisco Berga, José Lázaro Costa y el Márslial Molina.

Dijo el demandado:

“Conozco al demandante con quien hice un contrato de hipoteca de la finca objeto de este pleito allá por noviembre del año 1926, por la suma de $2,000: algún tiempo antes de hacer el negocio de.la hi-poteca fui a ver la casa acompañado de Francisco Berga, para ver si respondía a la cantidad que Brito quería en hipoteca, y era de dos plantas, la alta para vivienda y los bajos para comercio, que estaban alquilados a varios inquilinos y el piso alto tenía inquilinos también y Brito me manifestó que rentaba alrededor de $40 mensuales: . . . cuando hice la hipoteca Brito no vivía en esa casa sino en una que era propiedad de él, contigua a esa: cuando yo hice la hipoteca la casa era de dos plantas, en buen estado de conservación y ahora son unos restos de una planta, que no están en condiciones habitables: entré en posesión de esa finca a mediados de julio de este año y estaba en las mismas condiciones en que está hoy o sea unos restos que ha-bría que hacerlo todo y volver a construir allí porque las bases que tenía la finca construida están construidas sobre el solar colindante que era del señor Brito y hay que destruirlas: esos restos de casa cuando me los entregaron en julio no tenían instalación sanitaria ni de agua corriente: una de las plantas de la casa, la de altos, toda des-vencijada, desnivelada y colocada sobre la base de la casa cuando era de dos plantas; le faltaban algunas puertas y ventanas, tenía otras sin embargo, cerradas con alfagías, sobre todo las de la parte de la calle.”

Declaró Berga:

"Soy administrador de fincas urbanas, conozco a don Florentino López Pérez hace alrededor de once años y lo conocía allá para el 1926: conozco de vista a Tomás Brito y recuerdo que allá para los primeros días del mes de septiembre el señor López me llamó que pensaba hacer una hipoteca con Brito y quería que yo le acompañase para que viera la propiedad como persona que conozco el negocio ese ... y me llevó a la calle Solá en Tras Talleres núm. 6 y la vimos, estaba ocupada por inquilinos. Y me dijo ‘yo voy a hacer una hipoteca y quiero que me des tu opinión’ y yo vi la casa y vi que respondía con bastante garantía y más con los inquilinos que vivían allí y le dije: ‘Mi opinión es que puedes dárselo’. Y más tarde lo encontré en la calle y le preguntó si hizo la operación y me dijo: ‘ Sí, se hizo ’: la casa que vi fué la de la Calle Solá, núm. 6, de ma-dera, de una planta y tenía otra á la parte de atrás y yo no vi a Briío viviendo allí, yo vi inquilinos en toda la casa: yo creía que Brito vivía al lado en una casita de concreto que existe todavía allí: ahora recientemente, en el mes de julio de este año el señor López me mandó allá para ver en las condiciones en que estaba la casa para ver si se podía reconstruir y yo fui y la vi en las condiciones que estaba porque está en unas condiciones que no se puede vivir, porque está en ruinas: estuve presente cuando el-Márshal le entregó al señor López la finca: y la casa que entregó el Márshal no era la misma que vi en el 26 cuando se fué a hacer la hipoteca, pues estaba inhabitable, destrozada, sin puertas, que en las condiciones en que estaba no se puede vivir allí, porque está amenazando ruinas: allí no vivía gente, ni había nadie; yo no vi a Brito viviendo en esa casa cuando fui allí por primera vez, yo dije que vivían allí inquilinos y que creía que vivía en la casa de al lado.”

El juez preguntó al testigo: “¿Pero Ud. no estaba seguro que él viviera allí? Y el testigo respondió: “Vi familia de él allí y supongo que viviera allí y lo vi salir de aquella casa: cuando fui con el Márshal no vivía nadie allí. ’ ’

Manifestó Lázaro Costa:

“Soy ingeniero civil desde hace 35 años; fui requerido por don Florentino López Pérez para hacer una tasación de una finca de Santurce, en la Calle Sola y la tasación la hice hace cinco días; en-contré una casa de madera que estaba arrancada de su base; hay una base de concreto y sobre esa base montada está una casa de madera que tiene una parte del techo; hay dos planchas de zinc arrancadas completamente; no tiene balcón; la casa tiene el seto donde estaba el balcón, pero no tiene balcón; parte del plafón del balcón arran-cado también; en el interior, los tabiques interiores están fuera de su sitio, las puertas interiores están en el suelo; el piso cuando se pisa fuerte se mueve y los tabiques se mueven también. No tiene instalación sanitaria servible; hay un inodoro; no tiene caja ni tiene ventilación; los tubos están rotos. Hay restos de alumbrado o luz eléctrica y unos cuantos switches; esos switches están conec-tados en la pared: la casa no tiene agua: si fuera a reconstruirse la casa no está dentro de las leyes vigentes en Puerto Rico para las construcciones de casas y además la cuartonería tiene también car-coma, de manera que está en malas condiciones, así es que yo he ta-sado los materiales aprovechables que hay en esa casa como en ciento cincuenta pesos, eso aparte de lo que pueda valer el solar.”

Y el submárshal expresó:

“Fui el funcionario que diligenció este mandamiento; estuve dos o tres veces a ver al señor Brito y a notificarle que esa finca había sido ejecutada y él se debía mudar: le di un término y volví por allí y él me dijo que no se mudaba; en eso se vencieron los treinta días que yo tenía en el mandamiento original: la parte consiguió un nuevo mandamiento, volví a notificarlo y le dije: ‘Bueno, se venció el término y no se ha mudado, pues lo mudaré yo,’ y él me dijo: ‘Ud. me tiene que matar Márshal porque yo no me mudo,’: allí no podía vivir gente, la casa es una que está en completo deterioro: allí había como algo de cocina, cama y eso no había: es una casa de dos plantas que se cayó, por la parte atrás no tenía ni puertas: realmente no era habitable: en condiciones de completo deterioro: el día que estuve allí para entregarle la finca al demandante estaba lo mismo, no se había hecho ninguna reparación ni se había hecho nada. ’ ’

Llamado nuevamente el demandante, declaró:

“La parte de esa casa que rentaba $40.00 era la planta baja, yo vivía en la planta alta: en la planta baja había negocio, comercio e inquilinos y nunca tuve inquilinos en la planta alta: cuando yo cons-tituí la hipoteca no me había mudado en ningún momento de esa casa. ’7

Repetidamente esta corte ha resuelto que cuando el con-flicto de la evidencia ha sido decidido por la corte sentencia-dora, su decisión prevalecerá a no ser que se .demuestre que actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que co-metió error manifiesto.

Aquí no se alega pasión, prejuicio o parcialidad. Se sos-tiene, sin embargo, que existió error manifiesto y se invoca el artículo 524 del Código de Enjuiciamiento Civil, 162 de la Ley de Evidencia, en la parte del mismo que dice:

“En los casos civiles la afirmativa en una cuestión deberá pro-barse, y cuando la evidencia fuere contradictoria, la decisión deberá pronunciarse de acuerdo con la preponderancia de pruebas.”

y el 227 del propio código, tal como quedó enmendado en 1925, que expresa:

“En el juicio definitivo de cualquier caso en una corte de dis-trito, el juez de la misma, deberá hacer y archivar al mismo tiempo qué dicte su sentencia una opinión escrita, que se unirá a aquélla, en la que expondrá separadamente y de una manera breve, los he-chos que considere probados y las razones jurídicas en que funde su decisión. Cuando las resultancias de hecho se basaren en un conflicto de la evidencia, el juez expondrá los motivos que haya tenido para dirimir el conflicto en la forma en que lo hiciere; y en caso de ape-lación, el Tribunal Supremo deberá analizar dicha evidencia y deter-minar si las resultancias estuvieren justificadas o no.”

El punto esencial a resolver es el de si el demandante habitaba o no con su familia su casa cuando la hipotecó al ■demandado. Si la habitaba, su reclamación de hogar seguro es procedente. Si no la habitaba, carece, de base.

La evidencia practicada se elevó a esta corte por medio de una exposición del caso tramitada de acuerdo con la ley. Casi íntegra la hemos transcrito. Sólo hemos omitido las repeticiones y algunas manifestaciones de los testigos que hemos considerado sin importancia. Tras un estudio con-cienzudo de la misma, nos vemos obligados a concluir que la corte cometió al apreciarla, el error manifiesto que señala el apelante.

De parte del demandante encontramos su propia decla-ración y las de los maestros de obras Laborda y Eivera, cla-ras, completas, persuasivas. Frente a ellas sobre el extremo en controversia, las declaraciones del demandado y el testigo Berga. El demandado afirma que cuando hizo la hipoteca, “Brito no vivía en esa casa sino en una que era propiedad de él, contigua a ésa.” Berga se limita a decir que cuando fué con el demandante a inspeccionar la casa para cerciorarse de si valía lo suficiente para garantizar el préstamo que se estaba negociando, vió inquilinos en toda ella y que creía que Brito vivía al lado en una casita de concreto que existe allí todavía. Y cuando el juez insiste y al terminar su decla-ración le pregunta si estaba seguro, vuelve a contestar: “Vi familia de él allí y supongo que viviera allí y lo vi salir de aquella casa.” Nada afirma con certeza, quedando sólo un testimonio, el del propio demandado que contiene una afir-mación escueta, hecha por una persona que seguramente no conocía la familia del demandante, que sólo le preocupaba que la casa fuera realmente de él y rentara lo suficiente. El hecho de si vivía o no el demandante con su familia los altos de la casa, no era algo que tuviera que llamar necesariamente su atención en aquella época, tratándose de persona que no se demuestra que estuviese versada en los tecnicismos de la ley. ;

A nuestro juicio es demasiado débil en verdad la evidencia del demandado para poder destruir la del demandante que ya dejamos calificada de clara, completa y persuasiva. La preponderancia de la prueba está en su favor y en tal virtud el conflicto debe resolverse y se resuelve en contra d.el de-mandado.

Bien poco tenemos que agregar. Todo jefe de familia que tenga familia tendrá derecho a una finca (an <estate) de homestead hasta el valor de quinientos dólares en una es-tancia, plantación o predio de terreno y en los edificios con-tenidos en el mismo que le pertenezcan, dice la ley especial sobre la materia aprobada el 12 de marzo de 1903, (Comp. 1000). Y aquí el demandante dueño de un solar, construyó sobre él una casa de dos plantas y ocupó con la larga familia que de él dependía los altos y alquiló los bajos. Necesitando dinero, lo tomó a préstamo del demandado con la garantía de la casa y el solar. Luego el huracán de 1932 destrozó la casa y se refugió con su familia en la de su hermana que es-taba al lado. Con la ayuda de sus amigos reparó lo mejor que pudo su antiguo hogar que quedó reducido a una planta y a él volvió con su familia tan pronto estuvo en condiciones de habitarse. No pagó la deuda que contrajo. Ejecutó la garantía el acreedor y en pago parcial de su crédito casa y solar se le adjudicaron y el demandante fué lanzado judi-cialmente de la finca en que tenía su hogar seguro.

A grandes rasgos son ésos los hechos que resultan de las alegaciones y las pruebas. El solar y la casa valían según la prueba del demandante al tiempo de la ejecución de mil a mil quinientos pesos. El perito del demandado se limitó a decir que los materiales aprovechables de la casa valían ciento cincuenta pesos, “eso aparte de lo que pueda valer el solar.”

Hasta la suma de quinientos dólares, de acuerdo con la ley que hemos citado, estaba el hogar seguro del demandante “exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución.” Fué de él lanzado a gestión del acreedor y puesto éste en pose-sión. Tiene, en tal virtud, de acuerdo con los hechos y la ley, derecho a que el demandado le pague los quinientos dó-lares que reclama.

Debe declararse el recurso con lugar, revocarse la senten-cia apelada y dictarse otra condenando al demandado a pagar al demandante quinientos dólares sin especial imposición de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    La Sucesión de Amador Trías Silva, compuesta de su Viuda Adela Duffrent y de sus hijos Arturo, Miguel Angel, Estela, José A. y Josefa Matilde Trías Duffrent, demandante y apelante, v. Porto Rico Leaf Tobacco Company; La Sucesión de Modesto Munitiz, compuesta de su Viuda Josefa Muñoz y de sus hijos José, Lucila y Dolores Munitiz Muñoz; Saturnina Pabón, Manuel González Martínez, Manuel Pérez Díaz, Baltazar Mendoza, Fernando Mendoza y Rafael Osuna, demandados y apelados.
    Núm. 6639.

    Sometido: Mayo 28, 1935.

      Resuelto: Mayo 29, 1936.

      A. J. Amadeo, abogado de la apelante; J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. F. González y G. Benitez Gautier, abogados de la ape-lada Porto Rico Leaf Tobacco Co.; M. Marcos Morales, abogado de la Sucn. Munitiz; Félix Ochoteco, Jr., abogado de los ape-lados Sres. Mendoza y Osuna.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en una acción reivindicatoría, apelan de una sentencia que declaró sin lugar la demanda luego de celebrado el juicio en los méritos. En 1896 Amador Trías Silva otorgó hipoteca a favor de Modesto Munitiz. Más tarde, Munitiz traspasó la hipoteca a la Porto Rico Leaf Tobacco Company.' Trías falleció en 1900. Los demandan-tes son sus herederos. En 1907 la Porto Rico Leaf Tobacco Co. inició procedimiento ejecutivo sumario en la Corte de Dis-trito de Guayama contra Trías. El Juez de la Corte de Distrito de Guayama creyéndose estar incapacitado remitió el caso a la Corte de Distrito de San Juan. La finca hipotecada estaba situada en el distrito judicial de Guayama. La Corte de Distrito de San Juan ordenó la expedición de un requerimiento de pago dirigido a Trías. En una estipula-ción celebrada por los demandantes y la Porto Rico Leaf Tobacco Co. se convino en que de conformidad con la úl-tima orden mencionada se había librado un auto decretando la notificación del requerimiento de pago a Trías y que el submárshal de la Corte de Distrito de San Juan había de-vuelto dicho mandamiento con un certificado al efecto de que había notificado el requerimiento de pago a Trías en deter-minado sitio en San Juan, mencionado como la residencia de Trías.

La teoría de la demanda fué que siendo el procedimiento ejecutivo sumario enteramente nulo y apareciendo este hecho claramente del Registro de la Propiedad, ni el título de Trías a la finca hipotecada ni el título de los demandantes a la misma habían sido afectados en forma alguna por dicho procedimiento o por los traspasos subsiguientes de la finca. Se solicitaba sentencia: declarando absolutamente nulo e inexistente el procedimiento ejecutivo sumario; declarando nula, inexistente e ineficaz la subasta realizada por el márshal a favor de Modesto Munitiz, así como también las sucesivas transferencias hasta sus actuales poseedores; or-denando sean canceladas las inscripciones de dichos tras-pasos en el Registro de la Propiedad de G-uayama; decla-rando que la finca descrita en el párrafo cuarto de la demanda era de la propiedad de los demandantes a los que correspondían los frutos y utilidades y condenando a sus actuales poseedores a devolverles dicha finca con los frutos producidos desde las fechas de sus respectivas adquisiciones.

El juez de distrito (basándose en Sucn. Mandés v. Sucn. Agüeros, 43 D.P.R. 296; Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 15; Menéndez v. Cobb, 28 D.P.R. 779 y Gutierrez Viuda de Crosas v. Longpré, 44 D.P.R. 679) resolvió: Que debe preceder a la acción reivindicatoria la acción sobre nulidad del pro-cedimiento ejecutivo hipotecario; que la acción de nulidad no habiendo sido instada dentro de los quince años después de la fecha en que el márshal otorgó escritura a favor de Munitiz, había prescrito a virtud del artículo 1864 del Código Civil (edición de 1930); que no habiendo sido presentada en evidencia una copia certificada de las constancias del registro de la propiedad ni habiendo sido ofrecida otra evidencia para demostrar que los supuestos defectos jurisdiccionales apare-cían claramente del registro de la propiedad, todos los de-mandados, con excepción de la Porto Rico Leaf Tobacco Co., eran terceros y como tales tenían derecho a acogerse a la protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

De una opinión emitida por el Juez Asociado Sr. del Toro, hace nn cuarto de siglo, con-la cual concurrió el Juez Asociado Sr. Wolf (Sucn. Nieves v. Sucn. Sánchez, 17 D.P.R. 876, 879) tomamos el siguiente extracto:

“La acción ejercitada por la demandante es la de reivindicación, independiente de la de nulidad del título de la demandada.
“ ‘La doctrina legal de que cuando se ejercita la acción reivin-dicatoría contra personas que están en posesión de la cosa objeto del pleito en virtud de un título que se tenía por legítimo, es pre-ciso que antes se pida la nulidad de éste, sólo tiene aplicación cuando la nulidad produce la acción, pero no cuando el derecho de reivindi-car es independiente de ella. (Sent, del T. S. de E. de 16 de oc-tubre de 1873.)
“ ‘Fundándose la acción reivindicatoría en un derecho recono-cido como preexistente al del título que ostenta el demandado, es innecesario pedir previa y separadamente la nulidad de dicho título, porque no nacía de ella la acción del demandante, sino que es con-secuencia de la que ha deducido. (Sent, del T. S. de E. de 17 de enero de 1889.)
“ ‘Es inaceptable el principio de que no puede entablarse la ac-ción reivindicatoría contra poseedor que tiene título más o menos firme inscrito en el registro de la propiedad sin que proceda otra acción que, conforme a derecho sea adecuada para destruirlo, cuando la entablada no tiene otro objeto que el de perseguir el inmueble que el demandante reclama como dueño, pero no en el concepto de que el título del demandado sea más o menos eficaz. (Sent, del T. S. de E. de 6 de abril de 1889.)
“ ‘El que funda la acción reivindicatoría en un título indepen-diente del de los poseedores, no está obligado a pedir y obtener la nu-lidad de éste para que prevalezca su acción. (Sent, del T. S. de E. de 13 de febrero de 1892.)’ ”

Cuatro años más tarde esta corte expresó una opinión unánime en el sentido de que un caso como el de autos cla-ramente cae dentro de la excepción a la regla general y no dentro de la regla misma. Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181 et seq. Se llegó a esta conclusión con la ayuda de compe-tentes letrados a ambos lados de la cuestión después de am-plia discusión y profunda deliberación.

Véanse también: Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061; Arvelo v. Banco Territorial, 25 D.P.R. 728; Pueblo v. Sucn. Valdés, 31 D.P.R. 223; Amy v. Sucn. Verges, 33 D.P.R. 372; González et al. v. Fumero et al., 38 D.P.R. 556, 570; Monrozeau v. Amador, 40 D.P.R. 132, 138; Cintrón Parra v. Yabucoa Sugar Co., 42 D.P.R. 692; García León v. Sucn. Dávila, 45 D.P.R. 165; Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, 811; Doucet v. Fenelón, 120 La. 18; Beland v. Gebelin, 46 La. Ann. 326; Mays v. Witkowsky, 46 La. Ann. 1475; Bledsoe v. Erwin, 33 La. Ann. 615.

Una acción encaminada a establecer la nulidad absoluta de un procedimiento ejecutivo" sumario no prescribe por el transcurso de 15 años por las mismas razones que justifican la conclusión de que tal acción no prescribe por el transcurso de cuatro años. Véanse Sucn. Suro v. Sucn. Prado, 21 D.P.R. 241; Cruz v. Sucn. Kuinlan, 29 D.P.R. 877; Oliver v. Oliver, Arvelo v. Banco Territorial, Solá v. Castro, González Rodríguez v. Fumero, Amy v. Sucn. Verges, y Monrozeau v. Amador, supra.

El procedimiento ejecutivo en el caso de autos era absolutamente nulo. Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. Ereño, 16 D.P.R. 100; Cortés v. Díaz, 31 D.P.R. 454; Anaud v. Martínez, 40 D.P.R. 669; Blondet v. Benítez, 33 D.P.R. 409; Monrozeau v. Amador, García León v. Dávila, supra, y otros casos.

La alegación décima de la demanda dice en parte lo siguiente:

“Décimo: Que del asiento de inscripción practicado en el Regis-tro de la Propiedad de Guayama, como resultado de la escritura de venta judicial a que se ha hecho mención, aparece que la finca des-crita en el párrafo cuarto de esta primera causa de acción fué ven-dida en subasta pública por el Marshal de la Corte de Distrito de Guayama, en procedimiento ejecutivo hipotecario, seguido ante la Corte de Distrito de San Juan por la Porto Rican Leaf Tobacco Co. . .

La contestación de la Porto Eico Leaf Tobacco Company contiene las siguientes admisiones:

“10. — Contestando el hecho 10 de dicha primera causa de ac-ción, admite la demandada que del asiento de inscripción practicado en el Registro de la Propiedad de Guayama, como resultado de la escritura de venta judicial antes referida, aparece que la finca des-crita en el párrafo cuarto de la primera causa de acción, fué vendida en pública subasta por el Márshal de la Corte de Distrito de Gua-yama, en procedimiento ejecutivo hipotecario, promovido ante la Corte de Distrito de San Juan por la Porto Rican Leaf Tobacco Company. ...”

La contestación de los demandados Baltazar Mendoza, Fernando Mendoza, Eafael Osuna y Sucn. de Manuel Pérez y Díaz, contiene la misma admisión.

Los herederos de Modesto Munitiz negaron “por falta de suficiente información y creencia.”

“que de haberse practicado algún asiento.en el Registro de la Pro-piedad de Guayama de la finca en litigio, del mismo resulte que fuera vendida dicha finca por el márshal de Distrito de Guayama, en procedimiento ejecutivo seguido ante la Corte de Distrito de San Juan. ’ ’

Los demandantes presentaron como prueba copia de la escritura otorgada por el márshal a favor de Modesto Mu-nitiz, adquirente en la subasta. Esta escritura informaba, ampliamente al comprador que la finca hipotecada estaba dentro del distrito judicial de Guayama y que había sido ven-dida en procedimiento ejecutivo sumario por orden de la Corte de Distrito de San Juan. El márshal no era “una persona que en el registro aparezca” con derecho o poder alguno para transferir la finca hipotecada. Modesto Munitiz no era un tercero. Sus herederos no están en mejor posición. Es lógico agregar que estos herederos, si entendemos la con-testación, no invocan para sí la protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Por lo tanto, la corte de distrito también cometió error al resolver que todos los demandados, con excepción de la Porto Rico Leaf Tobacco Co., eran terceros, y, como tales, no estaban sujetos a las pretensiones de los demandantes.

Únicamente dos de los tres jueces que integraron la ma-yoría en el caso de Sucesión Mandés v. Sucesión Agüero, 43 D.P.R. 292, forman parte de la corte según está constituida ahora. Estos dos, el Juez Presidente Sr. Del Toro y el Juez Asociado Sr. Wolf que emitió la opinión en reconsi-deración en el caso de Mandes, están contestes en que no fue la intención de la mayoría revocar o modificar la doctrina del caso de Anaud v. Martinez y de los otros casos citados más arriba. El caso de El Pueblo v. Riera, y los en él citados, son fácilmente distinguibles del de Anaud o pueden considerarse como revocados por el de Anaud en tanto en cuanto pueden estar en conflicto con el mismo. Una lectura de las opiniones emitidas en los dos casos de Gutiérrez Viuda de Crosas v. Longpré, bastará para distinguirlos del de Anaud v. Martinez y del presente. Ninguno de los apelados, a ex-cepción de la Porto Rico Leaf Tobacco Company, ha radi-cado alegato en el presente recurso. El penúltimo párrafo, de la relación del caso y opinión emitida por el juez de distrito., lee así:

“Resueltas las anteriores cuestiones que por sí solas son suficien-tes para declarar sin lugar la' demanda presentada, se hace en un todo innecesario el entrar a considerar las demás defensas propues-tas por los demandados, así como la contención establecida por los demandantes en cuanto a la nulidad e ineficacia del título ostentado por los demandados; siendo también improcedente el considerar la reconvención propuesta por la Porto Rico Leaf Tobacco Co. y las defensas especiales propuestas por la representación de Modesto. Munitiz de defectos en el juramento de la demanda y defectos de-partes demandadas.”

Por éste y por otros motivos parece preferible que la. corte de distrito considere primeramente las cuestiones es-pecificadas en el extracto que acabamos de citar así como otras cuestiones no decididas por la corte de distrito ni dis-cutidas adecuadamente aún en el alegato de la parte ape-lante.

La Porto Rico Leaf Tobacco Co. sostiene: que ella no era una parte necesaria ni apropiada; qne en cnanto a ella la demanda no adnce hechos suficientes para determinar una causa de acción y no solitica sentencia en su contra. Podría admitirse que la compañía tabacalera no era una parte ne-cesaria. Que no era una parte apropiada o que la demanda deja de aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción en lo que a ella se refiere, en forma alguna es tan claro. Sin embargo, aparentemente la única razón para hacer figurar a la compañía tabacalera como demandada lo fue darle la oportunidad de ser oída y de alegar cualquier derecho o reclamación que pudiera tener para evitar cualquier cues-tión relativa a defectos de partes y a fin de que los intereses de todas las partes interesadas pudieran ser resueltos en un solo pleito. Las cuestiones aquí envueltas no han sido de-bidamente desarrolladas en los dos alegatos que tenemos a la vista. Si se desea una oportunidad para desarrollar más los mismos, será considerada una moción de reconsideración.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Antonia Flit de Vázquez, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc. demandada y apelada.
    Núm. 7085.

    Sometido: Diciembre 23, 1935.

      Resuelto: Mayo 29, 1936.

      Juan B. Soto y Juan F. Soto abogados de la apelante; F. Fernández Guyar, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Éste es nn caso en que creimos que nuestra opinión, ba-sada en el becho de que una mujer casada no tenía causa de acción separada por los daños ocasionados a su persona, re-solvía todas las cuestiones suscitadas en el mismo.

La apelante ahora insiste en que el defecto es uno de falta de capacidad y no de falta de causa de acción. Ella quizá tendría razón en ciertos casos al decir que la falta de capacidad debe plantearse en la contestación o en una ex-cepción previa y no mediante moción de nonsuit, pero la pauta seguida por la jurisprudencia, incluyendo este Tribunal, ha sido que dicho defecto constituye una falta de causa de acción. Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467; Paganini v. Polostrini, 26 Cal. App. 342; Ezell v. Dodson, 60 Tex. 331.

En el presente litigio el hecho de que la demandante era una mujer casada no se desprendía claramente del cuerpo de la demanda, pero sí de la declaración jurada en apoyo de la misma, y tal hecho fue probado en el curso del juicio.

En Puerto Eico los únicos casos en que una mujer casada puede representar la sociedad de gananciales son especificados en el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Civil, que lee así:

“Artículo 54.- — Cuando una mujer casada es parte en un litigio, necesita del concurso de su marido, excepto:
“1. — Cuando la acción ejercitada concierna a sus bienes propios, o a su derecho o pretensión a la propiedad de homestead, podrá de-mandar o ser demandada por sí sola.
“2. — Cuando la acción sea entre ella y su marido podrá deman-dar o ser demandada sola.
“3. Cuando esté viviendo separada o alejada de su marido, a causa de haber sido abandonada por éste, podrá demandar o ser demandada sola.”

La posibilidad adacida en el tercer párrafo es tan remota que im demandante tendría que demostrar qne caía dentro de ella. Ad ea quae frecjuentius accidunt jura adaptantur.

Debe declararse sin lugar la moción.

Los Jaeces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.