text:
    Pablo Castro, demandante y apelante, v. Nicolás Quiñones Jiménez, demandado y apelado.
    No. 3123.

    Visto: Enero 13, 1925.

      Resuelto: Diciembre 23, 1925.
    1. Negligencia — Acciones—Evidea-cia—Suficiencia de la Misma. — Atendida toda la prueba presentada en el caso de autos, se resolvió: que la misma no revela un error tan manifiesto en su apreciación que requiera la revoca-ción de la sentencia apelada.
    2. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Conclusiones de la Corte Inferios, Sobre la 'Prueba. — Fundada una resolución en -la no existencia do negligencia por parte del demandado, y no existiendo conclusión de heclios respecto a negligencia contributoria por parte de la víctima que tienda a exonerar al demandado de cualquier responsabilidad que, de no ser por tai negligencia contributoria, recaería sobre él, y sí una imputación incidental de imprudencia por parte de la víctima, el error, si alguno hubo, en tal imputación, so resolvió no era perjudicial.

      3. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior be los Fundamentos de Revisión — Issues y Cuestiones en la Corte Inferior.— Teniendo el juez sentenciador derecho a una oportunidad para resolver las cuestiones que se pretendan alegar en apelación, las cuestiones en las cuales se ha de fundar el apelante para solicitar la revocación de la sentencia deben ser levantadas clara y francamente en la corte inferior.
    4. Apelación y Error — Señalamientos de Error — Cuestiones Levantadas en Ellos — Investigación por el Supremo. — El apelante debe establecer las proposiciones todas cuya solidez no resulte inmediatamente evidente, ya que el Tribunal Supremo generalmente no asumirá la obligación de investigar independientemente cuestiones más o menos dudosas y que no han sido debi-damente desarrolladas en el alegato.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando "sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Eduardo López Tizol, abogado del apelante; José Martínez Dcivila, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior, después de celebrado un juicio sobre los méritos, declaró sin lugar la demanda de indemnización de daños y perjuicios fundada en los siguientes hechos que fueron declarados probados, a saber:

“El demandado venía con su familia por la carretera Central,, desde Río Piedras a San Juan, en el automóvil No. 3390, guiado porr José Merced Aponte, a quien había sido expedida licencia de apren-dizaje, y actuaba como empleado del demandado. Al llegar a la pa-rada 21, en Santurce, el niño Neftalí Castro, hijo del demandante, salió corriendo desde el lado Norte de la Carretera hacia el opuesto, en momentos en que se aproximaba al misino sitio el automóvil, cho-cando el niño con el vehículo por la parte lateral derecha del mismo. La lesión sufrida por Neftalí Castro a consecuencia del choque re-cibióla en la parte superior anterior de la pierna derecha; no pre-sentó su cuerpo, al ser más tarde examinado, otro golpe ni herida; lo cual indica que hubo aquél de ser producido necesariamente mien-tras el niño corría y levantaba dicha pierna. No fué pisado bajo las ruedas, ni le pasó el carro sobre su cuerpo. La violencia de la colisión le hizo caer hacia un lado y le produjo un “shock” del cual no pudo sobrevivir. Este “shock” se comprobó por la ausencia de sangre en la herida.
“Estamos convencidos de que el accidente fué inevitable, dadas las circunstancias, y de que no hubo prueba alguna de negligencia por parte del chauffeur del demandado. Se trata de un hecho casual, desgraciado, cuyo cansante principal fué el propio niño que trató, imprudentemente, de atravesar corriendo la carretera en los momentos en que transitaba el automóvil, por su derecha y a velo-cidad regular. El niño fallecido trató de cruzar la carretera si-guiendo a un campanero que momentos antes la había cruzado con gran riesgo de ser atropellado.
“No encontramos pues motivo alguno que justifique una senten-cia contra el demandado a quien creemos exento de responsabilidad por el desgraciado suceso.”

Los señalamientos de error contienen las siguientes ale-gaciones :

“1. Que la corte cometió error dictando una sentencia contraria a la prueba practicada.
“2. La corte cometió error al no dar debida aplicación al pre-cepto de ley que establece que toda prueba voluntariamente omitida .se presume que habría de serle adversa a la parte que la omite.
“3. La corte cometió error al no dar debida aplicación al pre-cepto que le obliga a dictar una sentencia de acuerdo con la pre-ponderancia de la prueba.
“4. La corte cometió error al no permitir que se tomara una de-posición al testigo Vicente Rivera.
“5. La corte cometió error al permitir que se presentara en evi-dencia una carta dirigida por el Fiscal Díaz Collazo al Comisionado del Interior para que le fuera devuelta una placa de chauffeur a un tal José Martínez.
“6. La corte cometió error al admitir que se presentaran cuatro tarjetas de aprendizaje sin la firma del Comisionado del Interior y sí simplemente con un sello que decía “Guillermo Esteves”, por lo cual no estaba debidamente identificada.
“7. La corte cometió error al permitir que el testigo Nicolás Qui-ñones Jiménez probara que era un chauffeur sin haberse establecido tal defensa, como materia nueva.
“8. Que cometió error al no permitir que el demandante llamara .a declarar como prueba de robuttal al testigo Jesús Martínez.
“9. La corte cometió error dando por probada la muerte del niño Neftali Castro de ‘shock’ cuando la muerte se ha probado que fué ■de ‘shock traumático.’
“10. Que ha cometido error al considerar que no ha habido prueba alguna de negligencia contra el que guiaba el automóvil y encontrándola en el niño Neftalí Castro qne sólo tenía de 7 a 8 años de edad.”

La prueba testifical del demandante no tiende a sostener las conclusiones qne son necesariamente consecnencia de la versión qne respecto al incidente fia hecbo el demandado y otro testigo ocnlar. Tal vez bnbiera sido más fácil dictar nna sentencia a favor del demandante, pero nn estndio cuidadoso de toda la prueba no revela nn error tan manifiesto qne requiera la revocación. El entrar en nna disensión detallada acerca del primer y tercer fundamentos del recurso y de la primera mitad del décimo no produciría ningún resultado que estuviera en proporción con el tiempo y trabajo empleado.

La corte inferior fundó su resolución en la teoría de no existir ninguna negligencia por parte del demandado, o, en otras palabras, en que lo ocurrido fue un accidente inevitable en tanto se trataba de cualquier relación por parte del demandado con el mismo. No bay ninguna conclusión de becbos respecto a la negligencia contributoria por parte de la víctima en tal accidente que pueda tender a exonerar al demandado de cualquier responsabilidad que de no ser por tal negligencia contributoria recaería sobre él. Tal vez hubiera 'sido mejor decir que el acto del niño en correr bacia la calle sin otra calificación de tal actuación, fué la causa próxima del accidente. Pero sea como fuere, el error, si alguno bubo en la imputación incidental de imprudencia por parte del niño, no era perjudicial.

De igual modo, refiriéndonos abora a la alegación novena del apelante, el juez sentenciador no declaró probado que la muerte fuera originada por una conmoción debida a un susto u otra causa diferente de la indicada en- la certifica-ción de defunción. El alegato del apelante asume, sin tra-tar de demostrar, cierta especie de distinción entre el “shock traumático” mencionado en la certificación de defunción y el “shock” que resulta de la violencia de la colisión como declaró probado la corte inferior. No existiendo en abso-luto ninguna demostración en contrario esta distinción pa-rece ser una distinción sin diferencia.

De las restantes proposiciones la quinta es tal vez la más meritoria, pero aun en ésta el apelante no cita ninguna autoridad en apoyo de su contención, ya sea en teoría o con motivo del fundamento que se trató de establecer para la misma en la corte inferior.

Mientras declaraba el testigo Díaz Collazo, ocurrió el si-guiente incidente:

“Demandado. — Presenta al testigo un documento, y el testigo dice una carta autorizada por mí en mi carácter de ñscal del distrito, haciéndole saber al comisionado del interior. El demandante dice que la carta hablará por sí misma cuando sea admitida por la corte. Demandado. — Que esa carta se la dió al acusado con motivo de que se le había retirado su placa. Dicha carta se propone como prueba por el demandado una carta dirigida al Comisionado del Interior por el Sr. Díaz Collazo, en su carácter de Fiscal del Dis-trito, y entregada a José Martínez, para que le fuera devuelta su placa que le había sido cancelada.
“Demandante. — Nos oponemos porque no se sabe si fué entre-gada al Sr. Martínez, y segundo que los hechos que constan en la carta, en manera alguna pueden servir para resolverse la cuestión en una acción civil.

De la prueba testifical del demandado hacemos la siguiente cita:

“Que ese José Martínez es el mismo que guiaba el automóvil y que es el mismo a que se refiere la carta del fiscal.
“Demandado. — Presentamos como prueba esa carta. Admitida. Demandante, toma excepción.”

Debió haber sido claro para el abogado el hecho de que el Juez de Distrito consideró la esencia de la objeción en el sentido de que se refería a la falta en identificar como chauffeur del carro de Quiñones a José Martínez a quien se refería la carta del fiscal. Sin embargo, al ser ofrecida de nuevo la carta como prueba después de tal identificación del individuo en ella nombrado, no se hizo ninguna objeción a su propuesta admisión ni ninguna manifestación se hizo a la corte en cuanto a la naturaleza del fundamento de la excep-ción tomada.

El juez sentenciador tiene derecho a una oportunidad para resolver las cuestiones que se pretendan alegar en ape-lación y las cuestiones en las cuales se ha de fundar el ape-lante para solicitar la revocación de la sentencia deben ser levantadas clara y francamente en la corte inferior.

Los demás alegados errores, según han sido discutidos y sometidos en el alegato, no requieren seria consideración. Como hasta ahora se ha dicho repetidas veces, es el deber del apelante establecer de algún modo, por lo menos, todas las proposiciones cuya solidez no resulte inmediatamente evi-dente y esta corte generalmente no asumirá la obligación de hacer una investigación independiente de cuestiones que son más o menos dudosas y que no han sido debidamente des-arrolladas en el alegato.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presideítte Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Cortés, acusado y apelante.
    No. 2558.

    Visto: Julio 20, 1925.

      Resuelto: Diciembre 23, 1925.
    1. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Pruebas. — No constituye error fundamental el admitir como prueba una certificación de la inscripción del nacimiento de una ofendida que en la acusación y en la certificación figura con el nombre de Carmen aunque la madre de dicha ofendida declarara que se llamaba Carmen María y así fuera nombrada en otra acusación presentada anteriormente en la misma causa.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Impugnación de la Declaración de un Testigo. — Cuando no se demuestra en apelación que el acusado dejara de obtener todo lo que se proponía al impugnar la declaración de un testigo, al ser interrumpido erróneamente por el juez, el error cometido no lleva consigo la revocación de la sentencia apelada.

      3. Derecho Penal — Hechos en Controversia y Pertinentes a las Cuestiones Litigiosas y Bes Gestae — Manifestaciones de la Ofendida — Violación.— Las manifestaciones hechas a la madre por ana hija al momento de llegar a su casa después de haber estado toda una noche con el acusado, en circuns-tancias que demuestran que se hicieron mientras la excitación nerviosa de la hija todavía la dominaba y sus facultades reflejas estaban aún en suspenso, son admisibles en evidencia.
    4. Derecho Penal — Evidencia—Confesiones—Declaración Jurada del Acusado en la Investigación Preliminar. — La confesión de un acusado en el cuartel de policía hecha constar en una declaración jurada, firmada por él ante el fiscal y en la cual aparece que se hicieron al mismo todas las advertencias de ley, en ausencia de indicio alguno de coacción, es admisible en evidencia.
    5. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Suficiencia de la Misma. — Para sostener una sentencia condenatoria en un caso de violación perpetrado con una niña menor de catorce años, basta la prueba de que el acusado realizó con la menor actos carnales. No es necesario que se pruebe que medió en-gaño, fuerza o violencia.
    SENTENCIA de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), condenando ai acu-sado por delito de violación.

      Confirmada.

      Luis Mercader, abogado del apelante.; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presideítte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Carmelo Cortés, mediante información del G-ran Jnrado, fné acusado de baber, el 25 de agosto de 1924, en Arecibo, realizado actos carnales con Carmen Guzmán, menor de ca-torce años, en contra de su voluntad, venciendo por la fuerza la resistencia que la niña opuso. El 28 de marzo, de acuerdo con un veredicto de culpable rendido por el jurado el 25, la corte de distrito lo condenó a cinco años de presidio. Nó conforme Cortés, apeló, señalando en su alegato la comisión de cinco errores.

El primero se refiere a la admisión como prueba de cierta partida de nacimiento. En el acto del juicio fue llamada a declarar Margarita Martínez. Dijo que conocía a Carmen María Guzmán; que era bija suya y de Lorenzo Guzmán y que cumpliría catorce años en el año que se celebraba el juicio. La partida de nacimiento expresa que se inscribió el de una niña de nombre Carmen, bija legítima de Lorenzo Guzmán y Margarita Martínez, nacida el once de octubre de 1910. La oposición del acusado se formuló por su abogado así: “porque en ella (en la partida) aparece el nombre de Carmen Guzmán Martínez, y en la acusación, la primera vez aparece con el nombre de María, y de acuerdo con una solicitud que bizo el Fiscal dice que se llama Carmen, y se ve que no es la misma.”

En los autos se bace referencia a la celebración de otro juicio en esta causa como veremos luego, pero nada consta con respecto a lo que exactamente ocurriera en relación con el nombre de la ofendida. Quizá en efecto la primera acu-sación consignaba que el nombre era María; quizá a virtud de lo que revelaron los libros del Registro Civil, se enmendó, pero lo único que demuestran los autos tales como ban sido certificados es que la acusación dice Carmen y la partida Carmen. La declaración de la madre explica todo al pare-cer correctamente, al decir que su bija se llama Carmen María. El nombre de María, se agrega muy comúnmente en esta Isla a otro nombre no sólo cuando se trata de una mujer, sino en el caso de varones. La situación es, pues, distinta a la que surgió en El Pueblo v. Torres, 34 D.P.R. 300. Además allí lo que se resolvió fué. que: ‘ ‘ En un pro-•ceso por asesinato, la enmienda en el apellido del interfecto es una de fondo no permisible en el juicio, y no puede ha-cerse sin la intervención del Gran Jurado.” Y aquí si se enmendó la acusación no fué en el juicio, debiendo presu-mirse que se actuó de acuerdo con la ley.

Sostiene el apelante que la corte erró al negarle el derecho a impugnar la declaración de la ofendida por medio de manifestaciones hechas por ella misma en otro juicio. Cuando el Fiscal terminó su interrogatorio, la defensa comenzó el suyo así:

“A preguntas del abogado Sr. Mercader, declaró:
“A la pregunta: ¿Recuerda la testigo si en el otro juicio, que por primera vez se celebró ante este Tribunal, Ud. declaró en esa silla misma que Ud. era novia del acusado, y que se fué con él vo-luntariamente, y que estuvo toda la noche en casa de una querida que tenía él, y que al día siguiente la querida la había echado de la casa? — Contestó: Yo lo declaré así, pero no fueron esas palabras. Que la señora de él no la botó de la casa y no durmió en casa de la señora.
“Y a la pregunta: La otra vez que estuvo en esa silla, y ante el Jurado, en el juicio que por primera vez se celebró dijo, que se había ido del baile ese a las once de la noche, • voluntariamente con éste, que era su novio, y que había pasado toda la noche en casa de una querida de él; diga si es cierto que declaró eso aquí? — Con-testó: No lo he declarado así.
“Que no dijo que ese muchacho era novio suyo; que tampoco dijo que era voluntariamente qu.e se fué con él; que se fué inocente-mente con él. Que dijo que era por su gusto, que fué con él.”

En este estado intervino el juez expresando que la ma-nera de impugnar el testimonio era leyendo a la testigo su anterior declaración. Solicitó entonces la defensa que el ta-quígrafo compareciera con el récord del juicio. La corte no accedió porque en" su opinión ello interrumpiría la vista. T la defensa tomó excepción. En su alegato el apelante no demuestra que no hubiera conseguido todo lo que intentaba cuando el juez intervino innecesariamente. Por dos veces recordó a la testigo sus manifestaciones en el juicio anterior y la testigo contestó explicándolas.

Al practicar su prueba la defensa intentó introducir la de-claración del taquígrafo para contradecir el testimonio de la ofendida y la corte no accedió. A nuestro juicio la ne-gativa de la corte fué errónea, pero el acusado no discute esta segunda situación en su alegato. Siendo ello así, ha-biendo en consideración lo dicho anteriormente, esto es, que no se ha demostrado que el acusado usando el método esco-gido por él mismo no hubiera conseguido todo lo que de-seaba cuando intervino el juez, estimamos que el error come-tido por sí solo no lleva consigo 'la revocación de la sen-tencia.

El tercer error se refiere a haber permitido la corte a la madre de la ofendida que declarara sobre lo que la hija le dijo al llegar a su casa a la mañana siguiente de la no eñe en qne se cometió el delito.

La madre declaró que al llegar la hija por la mañana a sn casa “la miró a ella y le hizo una pregunta y se eeñó a llorar.” Entonces la contó lo ocurrido. Dijo también que vió la ropa maneñada de sangre y “después dió cuenta al Fiscal, en los momentos.” Cuando se llamó a declarar a la madre ya lo había hecho la hija diciendo que había estado en un baile y luego el resto de la noche con el acusado.

Bajo esas circunstancias no cometió error la corte al ad-mitir la declaración de la madre. Véase el caso de El Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390 que contiene una amplia cita de la obra del profesor Wigmore, sobre Evidencia, y tam-bién el de El Pueblo v. Ruiz, 18 D.P.R. 606.

El cuarto error trata de la llamada confesión del acusado. Declarando Margarita Martínez dijo que el acusado había hecho manifestaciones, “que se dió culpable en seguida.” Se opuso la defensa. Eso no obstante el Fiscal siguió preguntando y la testigo contestó que en el cuartel de la policía el acusado “dijo que había sido el culpable, que había hecho el daño.” No obstante la larga lucha entre la defensa y el Fiscal, los autos no demuestran que la defensa tomara excepción.

Fué llamado entonces a declarar Ramón Muñoz, Sargento de la Policía Insular. Expresó que había oído ciertas mani-festaciones del acusado. Y respondiendo al juez, dijo:

“Que esas preguntas frieron hechas por el Fiscal: que en ese momento el Fiscal estaba investigando con la niña el asunto que le había sucedido con el acusado, y el acusado espontáneamente mani-festó, que sí, que él había tenido contacto con ella. Que llamó al acusado para si quería declarar o nó y había dicho que sí que estaba dispuesto a declarar y entonces le hizo esa manifestación. Que no recuerda si esa manifestación fué precedida de alguna manifestación, y que no recuerda si el Fiscal le advirtió que tenía derecho a decla-rar o no. Que no recuerda si antes de prestar la declaración el fiscal le manifestó que tenía derecho a declarar o no. Que no re-cuerda si le dijo y advirtió que esa manifestación que iba a prestar en aquel momento podía perjudicarle'. Que el testigo llegó en ese momento de esas palabras y si otras habían transcurrido no sabe; y que no presenció si eran bajo juramento.”

El juez manifestó que no admitía la declaración. El fiscal preguntó de nuevo al testigo y éste contestó: “Que el acusado hizo la manifestación: quiero declarar, y la oyó desde fuera.” La corte insistió en no admitir la declara-ción y el Fiscal dió por terminado su caso.

Comenzó la defensa su prueba y ocurrió lo que sigue:

“El Hon. Fiscal dijo: que antes que nada iba a pedir permiso a la corte, porque había anunciado que había terminado su prueba, pero que se había encontrado que existía la declaración del acusado, escrita, e iba a introducirla como prueba, y que estaba con todos los requisitos.
“El Hon. Juez concedió el permiso; y el abogado Sr. Mercader manifestó, que después de haber renunciado el Fiscal al resto de su prueba volvía otra vez para que la corte le conceda ese permiso especial.
“El Hon. Juez preguntó: si esa declaración estaba firmada por el acusado; y el Hon. Fiscal manifestó que sí, y entonces el Hon. Juez dijo, que podía presentarla.
“El abogado Sr. Mercader manifestó: que se oponía a que la corte admitiera ese escrito o confesión del acusado Carmelo Cortés, porque no había demostrado el Fiscal en ninguna forma los prepa-rativos necesarios para admitir una confesión de acuerdo con la ley; y que del mismo escrito no aparecía que se hubiera advertido al acusado que tenía derecho a utilizar a un abogado, a guardar silencio o no declarar, y además notificarle claramente,, que si declaraba la declaración podía ser utilizada en su contra; y porque apareciendo que es un menor de diez y nueve años, y en este caso no se había demostrado que tuviera suficiente capacidad para conocer el acu-sado la situación en que se hallaba, y porque la declaración que aparece traerse aquí en el documento está jurada, y que esto en-vuelve además un estado embarazoso ■ o situación' penosa del acusado, y el temor de poder sufrir una condena por perjurio, lo que lo ha-cía rechazable de acuerdo con la jurisprudencia en materia de con-fesiones.
“El Hon. Fiscal dijo: que era admisible, porque constaba que se hicieron por el Fiscal iSr. Palmer las advertencias y el derecho a declarar o nó.
“El Hon. Juez dijo: que la corte admitía la declaración esa y que podía leerla.
“El abogado Sr. Mercader tomó excepción.
“El Fiscal dió lectura a la declaración y es la siguiente: ‘Yo, Carmelo Cortés, vecino de Arecibo, con residencia en el barrio de la Trocha, de 19 años de edad, de estado soltero, y de ocupación jornalero, ante el Hon. Fiscal del Distrito Judicial de Arecibo, de-bidamente juramentado, después de instruido del derecho' que le concede la ley, o sea si quería declarar o nó, y que si lo hacía, su decla-ración podría ser utilizada en su contra dice: — ’Que lo único que desea es decir lo que ya había manifestado; que llevaba amores con María Guzmán y que sí gozó de ella, pero esto lo hizo con el consen-timiento de dicha María Guzmán y sin ninguna violencia, pues ella misma le dijo que su madre le pegaba y que quería irse con él. Que es todo lo que tiene que manifestar. Se ratifica y firma.— (Fir-mado) Carmelo Cortés. — Suscrito y jurado ante mí, hoy día 28 de agosto de 1924.— (Firmado) S. B. Palmer, Fiscal del Distrito.”

Tres momentos distintos hay, pues, que considerar para decidir si existe o nó el error señalado. En el primero surge la admisión de su culpabilidad por parte del acusado a virtud de la declaración de Margarita Martínez. Aunque la defensa se opone, no toma finalmente excepción y la ad-misión queda en pie. En el segundo el juez es exigente y se niega a permitir que el jurado que ya había escuchado de labios de Margarita Martínez las manifestaciones del acusado, las oiga por medio del testigo Muñoz. Y en el ter-cero la declaración jurada y firmada del acusado se admite como prueba.

Analizadas esas tres situaciones separadamente primero y luego en relación creemos que puede y debe concluirse que no se violaron los derechos substanciales del acusado.

Se comprende la espontaneidad de la actitud del acusado. Su firma aparece al pie de su declaración y en ella consta que se le hicieron las advertencias de ley. El acusado no acepta que realizó acto alguno de fuerza o violencia en su declaración. Reconoce simplemente que yació con una mu-jer con quien llevaba amores y qne qniso irse con él. No paró mientes en la edad de la mujer. De ahí la facilidad con que habló. No hay indicio alguno de coacción. El do-cumento es completo y habla por sí mismo.

El quinto y último error se refiere a la apreciación de la prueba. No existe, a nuestro juicio. Resulta de la evidencia con absoluta claridad que el acusado bien fuera por engaño, ya por violencia más o menos fuerte, ya sin vencer resistencia alguna por la fuerza, lo cierto es que yació con una niña menor de catorce años. Y ello, por sí solo, es bastante. Art. 255, No. 1, del Código Penal. No importa que el acusado desconociera la ley. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Candelario López Fagundo, demandante y apelante v. El Municipio de Patillas, demandado y apelado.
    No. 3547.

    Visto: Mayo 29, 1925.

      Resuelto: Diciembre 23, 1925.
    Contratos — Interpretación y "Operation” — Intención de las Partes Con-tratantes. — Una persona qne, a virtud do un contrato, se compromete a tra-mitar un empréstito hasta su terminación, exceptuando la venta de bonos, viene obligada a hacer todas las gestiones y diligencias necesarias, ante el organismo correspondiente del gobierno, conducentes a la aprobación del mismo, y no puede alegar que sus servicios empezaban después de la apro-bación cuando la venta de los bonos quedó excluida del contrato por la or-denanza en que se basó el mismo.
    Sentenoia de Gabriel Castejón, J. (Guayama), declarando sin lu-gar la demanda y desestimando reconvención, sin costas.

      Con-firmada.

      González Fagundo & González, Jr., abogados del apelante; Manuel A. Martínez Favila, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en una acción de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato por servicios que se alega fue-ron prestados por él, establece apelación de la sentencia dic-tada contra él y dice:

"La Corte de Distrito de Guayama cometió error al interpretar el contrato celebrado entre el demandante y el demandado, y las obligaciones que se impuso por dicho contrato al referido demandante.
"La Corte de Distrito de Guayama cometió error al apreciar la prueba. ’ ’

Las conclusiones de hecho y de derecho basadas en las mismas y emitidas por el juez de la corte inferior son como sigue:

"Los hechos del presente caso según aparecen de las pruebas aportadas son los siguientes: — El Municipio de Patillas a virtud de una ordenanza de 19 de febrero de 1923 autorizó la contratación de un empréstito por la suma de $80,000.00 para llevar a cabo varias obras de utilidad pública y entre las cláusulas de dicha ordenanza figura la contenida en la Sección 14 de la misma cuya copia es como sigue: — ‘Sección 14.- — El Comisionado Municipal de Servicio Público, Policía y Prisiones de Patillas, Puerto Rico, por la presente queda autorizado para designar, si lo creyere conveniente, una persona que se haga cargo de la tramitación y documentación de este empréstito hasta su realización exceptuando la venta de los bonos, la cual se hará, por medio de subasta, que se publicará en Puerto Rico y en Washington y New York.’ — Por virtud de la citada cláusula se llevó a cabo el contrato celebrado entre demandante y demandado, ya transcrito, y para dar cumplimiento al mismo se presentó tal orde-nanza por el demandante al Consejo Ejecutivo para su ejecución, digo, para su aprobación siendo desaprobada por defecto de que adolecía la misma en 2o de mayo de 1923. — Posteriormente o sea en julio 26 de 1923 se aprobó por el Municipio dé Patillas otra or-denanza sobre el mismo empréstito corrigiendo los defectos anota-dos en la primera la cual llegó al Consejo Ejecutivo pues obra en autos copia certificada de la misma expedida por el Secretario de dicho Centro sin que aparezca se tomara acción alguna sobre tal ordenanza. Más tarde o sea para el 10 de septiembre de 1923 se aprobó por el citado Municipio otra ordenanza con el mismo propó-sito y fin que las anteriores, la cual fué aprobada por el Consejo Ejecutivo en dos de noviembre de 1923.
"Las gestiones para la aprobación por el Consejo Ejecutivo de la primera ordenanza o sea la de 19 de febrero de 1923 estuvieron a cargo del demandante y fracasaron pues fué»desaprobado. — En cuanto a la segunda de julio 26 de 1923 estuvo extraviada en los distintos Centros del Gobierno basta el punto de tener que acudir los repre-sentantes del Municipio personalmente a San Juan y encargar al Sr. Gorbea, Jefe de Asuntos Municipales en Auditoría, para la re-dacción de otra nueva, la que fué acordada por el Municipio en septiembre 23 (?) de 1923 y aprobada en noviembre 2 de 1923 por el Consejo Ejecutivo. — Por los términos del contrato celebrado entre las partes la obligación del demandante era encargarse de la trami-tación del empréstito haciendo por su cuenta todos los gastos que se originaran.
“¿Cumplió el demandante su gestión con la diligencia e interés que el asunto requería? La primera ordenanza fue aprobada en fe-brero de 1923 y en septiembre, siete meses después, cuando la Co-misión del Municipio fué a San Juan la ordenanza no se encontraba y hubo que hacerla de nuevo y someterla otra vez a la consideración de la Asamblea y a su vez del Consejo Ejecutivo para su aproba-ción.' — Cuyos hechos no demuestran que el demandante actuara con la diligencia a que estaba obligado por el contrato dado el interés y la importancia del asunto cuya tramitación se le confiara.
“Siendo muy dudoso si el contrato que se celebrara entre las partes a virtud de la ordenanza de 19 de febrero de .1923 sería obli-gatorio para las partes el quedar dicha ordenanza sin efecto a vir-tud de haberse aprobado las dos posteriores de julio 26 j septiem-bre 10 de 1923 a que hemos hecho mención. — En conclusión, la Corte entiende que el demandante no ha probado haber cumplido debida-mente con las obligaciones que le imponía el referido contrato, de-mostrando la prueba por el contrario que fué negligente en el cum-plimiento de las mismas. — En cuanto a la reconvención no existe prueba a nuestro juicio que sostenga la misma y procede su desesti-mación. — Somos pues de opinión que procede declarar sin lugar tanto la demanda cuanto la reconvención, sin especial condena de costas. ’ ’

Los hechos 2 al 5 inclusive del contrato de referencia dicen lo siguiente:

“29 Que de acuerdo con la sección 14 de la ordenanza aprobada por la referida Asamblea Municipal de Patillas, P. R., para la con-tratación de un empréstito de $80,000.00 para dedicarse su producto a la construcción de obras de utilidad pública y para otros gastos autorizados por la ley, se faculta al Comisionado de Servicio Pú-blico, Policía y Prisiones, para que si lo creyere conveniente designe una, persona que se baga cargo de la tramitación y documentación de este empréstito basta su realización, exceptuando la venta de los bonos.
“39 Que de acuerdo con lo dispuesto o expresado en el párrafo anterior el Sr. Méndez en su carácter de tal Comisionado de Servi-cio Público, Policía y Prisiones de Patillas, P. R, designa al Sr. Candelario López Fagundo para que como tal agente se baga cargo de la tramitación y documentación de este empréstito asignándole en pago de sus servicios una prima de un cuarto por ciento del mon-tante total del empréstito, o sea la cantidad de tres mil DOSCIENTOS DOLLARS que percibirá el Sr. López tan pronto el importe del em-préstito baya ingresado en estos fondos municipales.
“4? El Sr. Candelario López Fagundo estará obligado a practi-car todas las diligencias basta la terminación de la documentación del empréstito debiendo sufragar todos los gastos que se originen en tal tramitación.
“5Q El Sr. López Fagundo acepta y se compromete a cumplir lo estipulado y pactado en las cláusulas precedentes en la forma más solemne de derecho.”

El contrato fné interpretado por la conducta de las par-tes en relación con el mismo, y especialmente por la activi-dad del demandante hasta la fecha en que se presentó la se-gunda ordenanza al Consejo Ejecutivo. En realidad estas actividades fueron los únicos servicios ciertamente presta-dos. Después de tal presentación de la ordenanza el deman-dante, de acuerdo con su propia declaración, no hizo nada sino que esperó la resolución del Consejo Ejecutivo. Ahora insiste en que de acuerdo con el contrato sus servicios ha-bían de empezar después de la aprobación de la ordenanza por el Consejo Ejecutivo. Pero después de tal aprobación nada había que hacer sino proceder a solicitar postores y a verificar la venta de los bonos, habiendo quedado dicha venta necesariamente excluida del pensamiento de las partes por los términos expresos de la ordenanza en la cual se basaba el contrato.

Hubo cierto conflicto en la prueba, pero de los autos no aparece ningún error que requiera la revocación de la sen-tencia basado en la apreciación de la prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldbet,

text:
    Viejo y Rodríguez, sociedad civil en liquidación, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandado.
    No. 502.

    Visto: Diciembre 21, 1925.

      Resuelto: Enero 12, 1926.

      Certiorari — Naturaleza y Fundamentos del Remedio — Existencia de Otro Recurso Ordinario en Ley. — Mientras existe el remedio de apelación no procede el extraordinario de oertíorañ a menos que circunstancias especia-les exijan una resolución rápida para evitar verdaderos perjuicios. {Muñoz v. Corte, 31: 820, y Aeha v. Corte, 31: 153, seguidos.)
    CbrtioRARI para revisar resolución, de Pablo Berga, J. (San Juan), negándose a ordenar la posesión de fincas adjudicadas en proce-dimiento hipotecario.

      A.nulado el auto expedido.

      Jacinto Texidor, abogado de la peticionaria; Luis Muñoz Morales y Antonio Suliveres, abogados de la parte demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Aldbet,

emitió la opinión del tribunal.

Por virtud de un auto de certiorari que libramos a ins-tancia de los demandantes en un procedimiento ejecutivo hi-potecario seguido en la Corte de Distrito de San Juan tene-mos ante nosotros dicho procedimiento original.

En la solicitud para que expidiéramos el auto se alegó que las dos fincas hipotecadas, una urbana y otra rústica, fueron adjudicadas al acreedor en subasta celebrada el 24 de agosto de 1925; que el 2 de septiembre el márshal dió al adjudicatario posesión parcial de las fincas, siendo parcial porque en la finca rústica había una casa pequeña ocupada y una parte de la finca cercada; que la corte inferior se ha negado después a ordenar que al adjudicatario se le dé po-sesión de las fincas y que aunque esa resolución es apelable tal remedio no es rápido y adecuado porque no impide que los demandados continúen en el disfrute y uso de las fincas y que cansen daños en ellas.

En la vista del auto comparecieron los demandados por su abogado y solicitaron que anulásemos el auto expedido.

Resulta de los autos que la resolución de la corte inferior negándose a ordenar la posesión de las fincas adjudi-cadas en la subasta fue apelada por la parte ejecutante y adjudicataria de ellas el 18 de noviembre de 1925, antes de que nos presentara la petición de certiorari para que la re-visemos, y aunque expedimos el auto, sin embargo, creemos preferible resolver en la apelación las cuestiones que en-* vuelve la negativa de la corte inferior porque tendremos la ayuda de alegatos escritos de las partes y porque, como re-gla general, mientras exista el remedio de apelación no pro-cede el extraordinario de certiorari, a menos que circuns-tancias especiales exijan una resolución rápida para evitar verdaderos perjuicios (Muñoz v. Corte de Distrito de Ponce, 31 D.P.R. 820, y Acha v. Corte de Distrito de Ponce, 31 D.P.R. 153), y los que se alegan en este caso no nos parecen suficientes teniendo en cuenta la ambigüedad de la petición y lo que resulta de los autos en cuanto a la posesión de las fincas, porque si bien solicita el peticionario que se le dé po-sesión de la finca urbana y de la rústica dice que el marshal le dió posesión de ellas pero sólo parcial en cuanto a la finca rústica por tener una pequeña casa ocupada y una parte de la finca cercada, por lo que si los perjuicios se refieren a la pequeña casa y a la parte cercada de la finca nos parece que no resultan de tal importancia que hagan que nos des-viemos, de la. regla general a que nos hemos referido, por.lo que el' auto expedido debe ser anulado.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    María del Carmen Morales, demandante y apelante, v. Esperanza Cruz Vélez, demandada y apelada.
    No. 3548.

    Visto: Junio, 9, 1925.

      Resuelto: Enero 14, 1926.
    1. Concubinato — Bienes Adquiridos Durante la Relación y Derecho a los Mismos — Acción para Reclamar— Demanda— Su Suficiencia. — Una de-' manda para recobrar la mitad de unos bienes adquiridos por la demandante y su concubino es insuficiente cuando el supuesto derecho de la demandante a los mismos se hace depender de las relaciones ilícitas que sostenían, y la alegación en la demanda de que ella contribuyó para adquirirlos con su tra-bajo, su economía, su cooperación y sus rceursosi no es de importancia.
    2. Equidad — Jurisdicción, Principios y Máximas — Principios y Máximas de Equidad — Aplicación de los Principios de Equidad — Existencia de Pre-cepto Legal. — Existiendo un preeeiito legal claro y terminante, -la aplicación de los principios de equidad es materia subsidiaria.
    3. Apelación y Error — Señalamiento de Errores —■ Señalamiento sin Argu-mentación. — Guando un alegado error — por no haberse permitido a los tes-tigos contestar a determinadas preguntas — sólo se enuncia en el alegato sin más discusión y no se refieren dichas preguntas ni los testigos a quienes se hicieron, no hay base para discutirlo.
    4. Concubinato — Bienes Adquiridos Durante la Relación y Derecho a los Mismos — Acción para Reclamar — Derecho de Acción y Defensas. — Cuando en acción para recobrar la mitad de unos bienes adquiridos durante el concubinato, se prueba que ese estado fué pre-existente al desarrollo e incremento de los negocios y bienes dei causante y que la cooperación y tra bajos de la mujer demandante sólo fué incidental a sus funciones de con-cubina, ésta no tiene derecho alguno a la mitad en los mismos.
    •5. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Oorte Inferior de dos Fundamentos de Revisión — “Issues” y Cuestiones en la Corte Inferior —Cuestiones nio Alegadas ni Pedidas en el Tribunal Inferior. — No co-mete error una corte inferior al no considerar un punto que ni fué alegado mi pedido ante la misma.
    SENTENCIA de Angel Acosta-, J. (Mayagüez), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Alfredo Arnaldo, J. H. Brown y C. Ruiz Nazario, abogados de la apelante; José Sabaier, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En esta apelación se discuten ciertos derechos qiie se originan, según se alega, dentro de una relación ilícita que se conoce con el nombre de concubinato.

Carmen Morales inició este pleito para que se declare que es dueña en pro indiviso de una mitad de los bienes que describe en la demanda y solicita asimismo que se le ponga en posesión de los mismos con devolución de sus rentas, productos y utilidades.

La demandante alegó originalmente que desde 1879 ella y Avelino Cruz Toro habían convenido poner en común to-dos los bienes y el trabajo de ambos para partir entre ellos de por mitad las ganancias que pudieran obtener. Se re-fiere el objeto para el cual fuá constituida la sociedad, las funciones de uno y otro socio, los bienes que aportaron y finalmente se hace una descripción de los bienes que adqui-rieron para ambos, aun cuando figuraban a nombre de Ave-lino Cruz. Este último falleció en noviembre 15, 1921, sin haber otorgado testamento, y dejó una hija natural recono-cida, nombrada Esperanza Cruz y Yélez, la que fué decla-rada heredera abintestato del causante por resolución de noviembre 18, 1921, siendo ella la persona contra quien se dirige esta acción.

Después de oirse prácticamente toda la prueba, pues so-lamente faltaba unir a los autos, a iniciativa de la deman-dante, una certificación del registro de la propiedad, la de-mandante enmendó su demanda para conformarla con la prueba practicada, sin oposición de la otra parte, y las en-miendas que consideramos esenciales pues ellas varían la teoría de la demanda original, dicen como sigue:

“I. Avelino, conocido por Lino Cruz y Toro, y la demandante estuvieron viviendo unidos y haciendo vida común en una misma casa y hogar desde el año 1880 hasta el 15 de noviembre de 1921, en que falleció Avelino, conocido por Lino Cruz y Toro.
“II. Con los recursos, el trabajo, la cooperación y las economías de ambos, en un período de más de cuarenta años, Avelino Cruz y Toro y la demandante levantaron un capital, compuesto de bienes, derechos, acciones y metálico, que se relacionó en el hecho sexto de la demanda, que por esta demanda enmendada se enmienda y la, descripción de- las cuales se da por reproducida ahora en esta ale-gación.
“III. Los bienes y derechos a los que el hecho anterior se refiere están a nombre de Avelino, conocido por Lino, Cruz y Toro; pero la demandante'alega qué ella es dueña de-una mitad'de cáda Tiño' de dichos bienes, por haber sido adquiridos mientras vivió haciendo vida común con Avelino Cruz y Toro, habiendo contribuido para adquirirlos, con su trabajo, su economía, su cooperación y sus re-cursos. ’ ’

Los errores señalados por la apelante como consecuen-cia de haber declarado la corte inferior sin lugar la de-manda, se enumeran en el orden siguiente:

. “1. El juez sentenciador erró al declarar que la demanda no adujo hechos suficientes para constituir una causa de acción.
“2. Incurrió en error el juez sentenciador al declarar que los servicios (trabajo) de la demandante, que produjeron ganancias, fueron incidentales á la relación de concubinato.
“3. La corte erró al declarar que no hubo prueba demostrativa de que la demandante contribuyera en forma alguna' a la adquisi-ción de las propiedades del causante de la demandada.
“í. La corte erró al declarar que siendo la causa y el motivo de vivir juntos la demandante y Avelino Cruz, no pudo existir so-ciedad o comunidad de bienes legal entre ellos.
“5. Incurrió igualmente la corte sentenciadora en error al de-clarar que no se había probado la existencia de un contrato de socie-dad entre la demandante y Avelino Cruz.
“6. Aun en el supuesto de que no hubiera prueba suficiente de sociedad, la corte erró al no declarar que la demandante tenía dere-cho a la devolución del valor de los bienes aportados por ella que utilizó y apropió Avelino Cruz con sus ganancias.
“7. La corte inferior erró al no permitir que los testigos de la demandante declarasen sobre transacciones entre ella y Avelino Cruz y sobre las declaraciones de éste.
“8. La sentencia apelada está en contra del peso y la preponde-rancia de la prueba.”

En realidad la prueba no sostenía la constitución de una sociedad universal entre la demandante y su causante Avelino Cruz. De ahí fué que surgió la nueva teoría de la demanda enmendada haciéndose depender la causa de acción de la unión ilícita del concubinato, alegándose específicamente que la demandante es dueña de una mitad de cada uno de Iros bienes descritos “por haber sido adquiridos mientras vivió haciendo vida común con Avelino Cruz y Toro, habiendo contribuido para adquirirlos, con su trabajo, su economía, su cooperación y sus recursos.”

Cabe preguntar, pues, si tal alegación es suficiente para determinar una causa de acción, siendo éste el primer error que discute la apelante.

Aunque no bay ningún precedente en las decisiones de esta corte que directamente resuelva las cuestiones envuel-tas en este caso, la verdadera doctrina fué, sin embargo, es-bozada ligeramente en el caso de Correa v. Quiñones, 29 D.P.R. 54, donde por primera vez, se dijo:

"Ciertamente el concubinato no puede ser por sí solo generador de derechos de clase alguna en.cnanto a los que viven en tal estado y condición y desde luego el concubinato no puede originar una so-ciedad legal de gananciales; * * * ”.

Esta doctrina así enunciada 'és la exposición clara de preceptos positivos del Código Civil que bajo el epígrafe /‘De la sociedad de gananciales” que se contiene en el tí-tulo III, capítulo IY, libro cuarto del mismo, no reconoce otros efectos civiles que los que se derivan del matrimonio a menos que se pacten capitulaciones matrimoniales. Arts. 1282 y 1310-11. La ley no hace declaración alguna en cuanto al concubinato pero por esclusión, expressio unius est exclu-sio alterius, quedó eliminado de nuestras leyes el reconoci-miento de tal unión ni menos que por sí "solo pueda equipa-rar sus efectos al consorcio legal del matrimonio. El legis-lador se ve a veces en la imposibilidad de suprimir de raíz en el seno de la sociedad ciertas costumbres ilícitas por ser materia más bien de educación que de legislación, pero no reconociéndole efectos civiles es el medio indirecto de no alentarlas en su desarrollo y de que traten de subsistir en la vida social. Aquí tal vez podríamos detenernos en la con-sideración de este asunto para decir que la demanda ha-ciéndose depender solamente del concubinato, teñido del se-llo inmoral que lleva en sí mismo, no es suficiente para sos-tener lo que en ella se pide. Pero se alega además por el apelante que éste es un caso en equidad y se trata para ello de hacer valer ciertos principios en que se basan las deci-siones de otros estados en relación con circunstancias que en ocasiones giran alrededor del concubinato. Aparte de que en nuestro sistema, existiendo un precepto legal claro y terminante, la aplicación de los principios de equidad es materia subsidiaria, el consensus general de las autoridades se pronuncia en sentido de considerar sin efecto legal todo contrato entre partes cuyo motivo, causa o consideración se basa en la relación ilícita del concubinato.

El caso de Mitchell v. Fish (97 Ark. 444, 134 S. W. 940), 36 L.R.A. (N.S.) 838, de la Corte Suprema de Arkansas, y que citan una y otra parte en sus alegatos, sostiene la doc-trina general expuesta. La apelante se apoya sin duda en este caso porque habiendo declarado en él la corte inferior que el contrato de sociedad estaba contaminado con la in-moralidad y no sostuvo la reclamación, la Corte Suprema revocó la sentencia ordenando que se repartiera el producto de la venta de la propiedad que fué adquirida durante el concubinato. Sin embargo, las circunstancias peculiares- del caso parecen hacer de él una excepción y la regla general a que nos hemos referido se mantiene en su esencia. El juez Hart, que emitió la opinión del tribunal, entre otras cosas, dice:

"La resolución de hecho de la corte inferior de que existía una sociedad entre las partes, no es contraria al peso de la evidencia y por lo tanto su resolución en este particular se sostiene. Pero erró al desestimar la demanda por falta de equidad, porque la demanda rio la presentó'ella para hacer cumplir el contrato de sociedad, o 'cualquiera de sus estipulaciones. La sociedad se terminó cuando la propiedad se vendió. * * * La cuestión de si el contrato de so-ciedad era .nulo entonces por ser en contra del orden público, no - es la; cuestión que predomina en el caso, sino que la cuestión es que si un socio ha recibido los productos de una sociedad y ha convenido voluntariamente con su consocio en una división de las mismas, es .responsable, al consocio de la participación del producto de la venta.
.. “Al discutir los principios de ley aplicables a un estado de he-chos semejantes a aquellos que aparecen de los autos, la corte en el caso de Morgan v. Morgan, 1 Tex. Civ. App. en la página 319, 21 S.W. pág. 156, dijo lo siguiente: ‘Aplicando estos principios al caso presente, si se admite que las relaciones de John E. Morgan y la apelante eran ilegales, y que el contrato celebrado entre ellos de vivir juntos y dividir la propiedad que pudieran acumular no sostendría una acción a nombre de cualquiera de los mismos, de ser establecida fundada en dicha propiedad, creemos, sin embargo, que no puede decirse que después de haber sido celebrado voluntaria-mente el contrato por ambos, y de ser adquirida la propiedad, las cortes rehusarán reconocer sus respectivos intereses en ella.
“No es necesario decidir si la relación de concubinato entre las partes en este caso fué incidental y no fué el motivo y causa de vi-vir ellos juntos como marido y mujer y formar la sociedad; porque sostenemos que aunque la sociedad pueda ser ilegal por la conside-ración de vivir las partes ilegalmente, como marido y mujer, sin embargo, cuando el contrato ha sido terminado, sin ayuda de la corte, por los actos voluntarios de las partes, y una división de los productos ha sido convenida, tal división de productos forma un nuevo contrato, que es colateral y no está contaminado por el con-trato original; y el socio que tiene derecho a la participación puede hacer valer su derecho ante las cortes.”

Las notas que se contienen en la misma página del caso> de Mitchell, supra, con las palabras “Del derecho a invocar la ayuda de las cortes para determinar los derechos a- la pro-piedad acumulada en común por las partes viviendo en rela-ciones ilícitas,” no alteran en nada el principio sustancial» El cuarto párrafo de la nota dice:

“Los casos soportan la regla de que un convenio para llevar a cabo un negocio o acumular propiedad es válido y ejecutorio, aun-que las partes estaban sosteniendo relaciones sexuales ilícitas éntre ellos durante el período cubierto por el contrato, a menos que el eon- ' trato fuera hecho en contemplación de tal relación ilícita y fuera, ■ésta la consideración del contrato.”

- Siguen a este párrafo los casos de Viens v. Brickle, 8 Mart. (La.) 11; Delamour v. Roger, 7 La. Ann. 153. Estos casos, así como el de Emmerson v. Botkin, (26 Okl. 218, 109 P. 531), 29 L.R.A. (N. S.) 787, y Pereuilhet, on opposition of Doria Hautho, 23 La. Ann. 294, sostienen en general igual conclusión. Parece, no obstante, que el hecho de ha-berse accedido a la reclamación en dichos casos ha sido tal vez el motivo de ofrecerlos la apelante para sostener su con-tención. No importa esto. A poco que se examinen se verá en todos ellos que el concubinato no aparece siendo la causa de la acción.

En el caso de Emmerson, supra, la demandante había te-nido relaciones ilícitas con el causante y optó por reclamar una compensación en dinero por servicios prestados como ama de llaves, produciendo evidencia de que existió el con-venio expreso de pagar dichos servicios, sin tener en cuenta el concubinato, y la corte se expresó así:

“Un contrato expreso por servicios que han de ser prestados por una mujer a un hombre como ama de llaves y sirviente, es válido y ejecutorio, aunque las partes que lo celebren vivan en un estado de concubinato durante el tiempo en que los servicios se prestaron, a menos que el contrato se haya hecho en contemplación de tal re-lación ilícita; y en un caso en que la reclamación por compensa-ción está basada en un contrato y surge de los servicios legales po-sitivamente prestados y ninguna parte de los mismos tiene referen-cia a las relaciones meretricias existentes entre las partes, es eje-cutorio. ’ ’

Y en el de Pereuilhet, parte del sumario dice:

“El hecho, si se- probara1, de que la enfermera o ama de llaves vivía con el hombre que ella atendía y cuidaba como su concubino, no perjudica o rebaja su reclamación por salarios, a no ser que alegue y demuestre que el concubinato fué el motivo y la causa de vivir ellos juntos primero, y los servicios suministrados eran meramente incidentales a ese modo de vivir.”

En el caso de Stringer v. Mathis, 41 La. Ann. 987, se niega una reclamación como las anteriores, diciendo la Corte Suprema de Louisiana:

“Siendo satisfactoria para nosotros la prueba en este caso de que los servicios por los cuales se reclama el pago no tenían ningún otro motivo sino el concubinato preexistente de las partes y que fueron meramente incidentales a tal relación, la demandante no puede re-clamar remuneración por ellos;”

-o cuando la reclamación por servicios como ama de llaves ■está ligada y unida con la remuneración como concubina que no sea distinguible. Simpson v. Normand, 51 La. Ann. 1355, 36 So. 266.

Este caso se basa en la autoridad del de Stringer, y co-mentándose en este xíltimo el de Yiens, la corte expone:

“En el caso de Viens v. Brickle, 8 Martin 11, la corte declaró sin lugar una defensa de concubinato pero en la opinión se decía, después de admitir el hecho del concubinato, lo siguiente:
“ ‘Este, sin embargo, no parece haber sido el motivo de estar ellos juntos sino más bien la consecuencia de la familiaridad que una unión íntima de intereses puede crear entre personas de dife-rentes sexos. Nosotros, por tanto, no podemos considerar esta cir-■cunstaneia como que impide o anula cualquier derecho que pueda ■ella, tener sobre el demandado para una remuneración, etc.’
“Implicando claramente que si el concubinato hubiera sido pre-existente y el motivo de vivir ellos juntos, la defensa hubiera sido •suficiente. ’ ’

El caso de Lawson v. Lawson, 30 Tex. Civ. App. 47, 69 S.W. 246, así como otros de igual clase que contiene la nota del de Mitchell v. Fish, supra, entran en un campo distinto .a los ya analizados. Se trata de matrimonios putativos en -que habiendo buena fe en las relaciones sexuales por ung de las partes, sus derechos quedan protegidos en aquellos «estados en que no rige la ley común.

En el último caso de Malady v. Malady, 25 La. Ann. 448, «que queda por examinar, de los citados por la apelante, la que reclama es la esposa legítima y no vemos la relación que puede tener en esta acción.

Si asumiéramos que el presente caso fuera uno al que pudieran ser aplicables los principios en equidad que se des-envuelven en los casos examinados, no aparece, sin embargo, de- los términos de la demanda enmendada alegación alguna que reñera la existencia de algún convenio o sociedad universal de gananciales celebrado entre la demandante y su causante, independiente de la vida común o relación sexual que mantuvieron durante el período de años que se indica. El derecho de la demandante en los bienes, si es que lo tu-viera, se hace depender de las relaciones ilícitas que soste-nían, pues esencialmente se alega que dicha demandante es dueña de la mitad de cada uno de ellos, “por haber sido ad-quiridos mientras vivió haciendo vida común con Avelino Cruz y Toro.” No es importante que se añada, “habiendo contribuido (ella) para adquirirlos, con su trabajo, su eco-nomía, su cooperación y sus recursos,” toda vez que el mero hecho de que la propiedad fue adquirida por el trabajo y gastos mutuos de las partes mientras vivían juntos no creará una sociedad o comunidad de. intereses en la propiedad, a falta de un convenio de que las partes tengan participación en el dominio de la propiedad. Harris v. Hobbs, 22 Tex. Civ. App. 367, 54 S. W. 1085.

Hemos llegado, por consiguiente, a la conclusión de que la demanda no es bastante para determinar una causa de acción.

El error séptimo solamente se enuncia en el alegato sin más discusión. No se refieren las preguntas que no fueren permitidas contestar, a los testigos, ni el nombre de los testigos. No hay base para estudiarlo.

Los restantes errores, a excepción' del sexto que consideramos más adelante, tratan de los méritos de la prueba. Los testigos de la demandante fueron numerosos, de avanzada edad, y muchos de ellos jornaleros y agricultores, quie'ñes por su trabajo o profesión estuvieron en contacto con las partes durante muchos años y, sin embargo, esta prueba 'en conjunto no sostiene la demanda en cuanto a la alegación de que los bienes acumulados 'durante las relaciones •ilícitas se adquirieron con los trabajos, economías y recuí-sos de la demandante. Algunos de esos testigos, por el con-trario, más bien apoyan la contención de la demandada. Lnis Ramírez, por ejemplo, de 74 años, agricultor, dice en-tre otras cosas, que conoció a Avelino Cruz y Toro cuando tenía una tienda a partir con Nestor y Pancho Quiñones y de ahí sacó parte de sus bienes, no viviendo entonces con Carmen Morales; que ésta cuando vivía con su causante se ocupaba en los trabajos domésticos como otras señoras en su casa; que no sabe que Carmen Morales tuviera tienda ni sociedad con Avelino Cruz. “Lo único estar en unión en su casa.”

Felipe Ramírez, de 82 años de edad, tenedor de libros, confirma la declaración anterior, diciendo, en resumen: que conoció a Avelino Cruz y Carmen Morales viviendo juntos; que ella bacía los trabajos regulares de una señora; que no sabe que entre ellos existiera un contrato para poner bie-nes en común y todo su trabajo para repartir las ganancias y que únicamente le consta que entre ellos existía nada más , que relaciones de concubinato.

Estas declaraciones que reflejan la verdadera situación de este pleito, están corroboradas en sus extremos esencia-les por otros de los demás testigos de la demandante. Mary Quiñones no puede afirmar que Avelino Cruz y Carmen Morales de común acuerdo convinieran poner en común todos sus bienes y trabajo para partir entre ellos las ganancias. Pedro Ramírez, de 66 años de edad, era sabanero de Ave-lino Cruz antes ele éste vivir con Carmen Morales y quien ya tenía su ventorrillo al empezar la vida común con él. Carmen Quiñones dice que Avelino Cruz tenía terrenos- an-des de vivir con Carmen Morales. Juan B. Capriles no ■ sabe que hubiera sociedad entre ellos y lo único que sabe és que Avelino Cruz y Carmen Morales vivían en concubinato. Manuel Cruz Ramírez, de 65 años de edad, dice que Avelino Cruz tenía una tienda antes de unirse con Carmen Mótales; ■y José Flores; de 35 años de edad, carpintero, veía a Carmen Morales ocuparse de los quehaceres de su casa y no le constaba que tuviera negocios fuera.

Hubo asimismo manifestaciones en algunos de estos tes-tigos de la demandante y otros más, tendentes a demostrar que ella era el factotum que dirigía la vida interior, así. como la exterior de los negocios, en el irregular hogar que habían formado. . Para esto se insiste que Avelino ■ Cruz era un analfabeto y nada podía hacer sin la intervención de su concubina. Pero dentro de una condición ilícita, viviendo juntos, unidos ellos como marido y mujer, no era extraño que ella asumiera, sin añadir nada a su pretendido derecho, el papel que generalmente .representa una legítima esposa cuidando a su causante, interviniendo ocasionalmente en sus negocios, contando dinero en ciertas operaciones, leyendo cartas, papeles y demás documentos que se otorgaran en re-lación con los mismos, y así prestara su ayuda o concurso en otros detalles. Estos eran incidentes a la vida común que de un modo permanente mantenían. Aquellas o pareci-das circunstancias se sucedieron en el caso de Harris v. Hobbs et al., supra, y se consideraron como incidentales a la relación ilícita que sostuvieron sus causantes. Louvenia - Harris, a semejanza de Carmen Morales, instituyó un pleito contra los herederos de Hobbs para recobrar la mitad de los bienes personales y reales pertenecientes al último. Ella alegó en forma más suficiente que era dueña de una mitad pro indiviso de los bienes porque habían sido adquiridos por la unión y el trabajo y gastos de la sociedad de ella y de Hobbs. Se reclamaba además cierta propiedad personal que ella alegaba pertenecerle exclusivamente. En- el presente caso se desprende de la prueba que Carmen Morales tenía bienes no sólo personales sino raíces por separado y que ella hacía operaciones independientes a las que hacía su concu-bino. Durante el período en que Hobbs adquirió toda la propiedad, Louvenia Harris vivía con él, le servía de coci-nera, ama de llaves, y concubina, y algunas veces trabajaba en el campo. Ella tenía dos hijos cuando se fué a vivir con Hobbs y él los trataba como suyos y tuvo luego tres hi-jos con él. (Carmen Morales ya tenía un hijo, de otras re-laciones, cuando se unió a su causante.) Louvenia declaró que ella ni sus hijos trabajaron por un salario ni por nin-guna porción de las cosechas. La corte finalmente dijo: “El verdadero análisis de la evidencia es que Louvenia Harris era la concubina de Hobbs durante el período en que la propiedad fué adquirida,, y los otros oficios y trabajos hechos por ella eran incidentales a esta relación ilícita. Difícilmente puede decirse que esta relación no creara una so-ciedad o interés común en la propiedad adquirida.”

La prueba de la demandada, por otra parte, tendió a es-tablecer claramente que el causante poseía algunos bienes personales y raíces antes de empezar su consorcio ilegal con la demandante; que este estado' era preexistente al desarro-llo e incremento de los negocios y bienes del causante y que la cooperación y trabajos de la demandante a que alude la demanda, sólo fué incidental a sus funciones de concubina.

Por el sexto y último error que queda por examinar se plantea la proposición que la corte inferior al establecer ía conclusión que las partes tuvieron sus bienes separados, contratando con ellos independientemente, debió ser consistente y cometió error al no obligar la devolución del producto de las rentas de las fincas inscritas a nombre de la demandante y del dinero retirado de su cuenta en el banco por. Avelino Cruz y su apoderado.

Parece suficiente contestación que el debate no fué plan-teado en esa forma y la corte inferior para ser congruente tenía que limitarse a conceder o negar, según las circuns-tancias del pleito, lo que se pedía específicamente en la de-manda y no cometió error al no considerar un punto que ni fué alegado ni pedido.

La sentencia apelada debe confirmarse.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Faustino Pérez, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Angel Acosta Quintero, Juez, demandado.

      No. 501.

    Visto: Noviembre 30, 1925.

      Resuelto: Enero 18, 1926.
    Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — Exposición del Caso — Aprobación—Juez que nio Intervino en la Celebración del Juicio. — Un juez que no intervino en la celebración del juicio carece de autoridad para aprobar la exposición del- , caso con motivo de una apelación entablada.
    Ceetiorari para revisar resolución de Angel Acosta Quintero, A (Ponce), aprobando exposición del caso.

      Anulada la orden apro-batoria.

      Felipe Colón Diaz y Leopoldo Formes, abogados del peticionario ) José E. Figueras, abogado del demandado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Faustino Pérez presentó una solicitud de certiorari ale- • gando que no obstante haber sido impugnada la capacidad del Juez Acosta Quintero para aprobar la exposición del caso con motivo de la apelación establecida por el peticiona--rio en una causa criminal en la que no había intervenido, el Juez Acosta la había aprobado. El peticionario citó en apoyo de su contención las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de El Pueblo v. Collado, 33 D.P.R. 118, y El Pueblo v. Coll, 18 D.P.R. 361.

El auto fue expedido. Nada alegó por escrito el deman-dado. Un examen de la causa original remitida comprueba la certeza de lo alegado por el peticionario en cuanto a la no intervención en el juicio del juez que ■ aprobó la expo-sición.

En la decisión del caso de Collado, supra, se reafirmó la del caso de Coll, supra, y se hizo un estudio más amplio so-bre la materia, quedando claramente establecido que un juez que no interviene en la celebración del juicio carece de autoridad para aprobar la exposición.

Siendo ello así, debe anularse la orden aprobatoria, de-volviéndose los autos a la corte de su origen para ulterio-res procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Arrocho, acusado y apelante.
    No. 2615.

    Visto: Enero 14, 1926.

      Resuelto: Enero 18, 1926.
    1. .Derecho Penal — Pecha del Juicio y Suspensión — Coacusados—Enfermedad del Abosado'de Unos de los Acusados. — Cuando dos reos son acusados jun-tos y tienen abogados distintos y por enfermedad de uno de éstos se pide la suspensión del juicio, no abusa de la discreción que le otorga el artículo 238 del Código de Enjuiciamiento Criminal el tribunal que ordene que con-tinúe, por separado, la celebración del juicio en cuanto al acusado que tiene su abogado presente.
    2. Derecho 'Penal — Evidencia—Confesiones—Su Efecto en el Jurado. — La-regla de que una confesión debe considerarse en toda su integridad no obliga al jurado a dar el mismo crédito a cada parte de ella, pues éste puede creer la parte que estime digna de crédito y rechazar cualquier porción que no le merezca confianza (Pueblo v. Flores, 17: 178, confirmado).
    3. Derecho Penal — Juicio—• Veredicto — Expresión de Circunstancias Ate-nuantes en el Mismo — En General. — Un jurado no está obligado a con-signar en su veredicto que existen circunstancias atenuantes a menos que las pruebas demuestren su existencia y la ley las reconozca como tales.
    4. Estatutos — Materias y Títulos -de las Leyes — Su Validez — Leyes Afecta-das por los Títulos. — Siendo la sección 6 de la Ley 36 de 1917 (1917 (2), p. 325) afín al asunto principal expresado en el título y necesaria para lle-var a cabo el propósito de la ley, es válida aunque no conste expresamente en el título.
    5. Estatutos — Derogación, Suspensión, Expiración del Término y Restable-cimiento (Revival)— Suspensión Temporal de Leyes —■ Su Efecto. —Ha-biendo sido la intención de la Legislatura al aprobar la Ley 36 de 1917 (1917 (2), p. 325) suspender temporalmente la pena de muerte, la enmienda del artículo 202 del Código Penal hecha para cumplir el propósito de la ley no es do tal naturaleza que exija que dicho artículo sea decretado nuevamente y publicado en totalidad para que entre a regir de nuevo a'l fenecer el plazo de la suspensión temporal fijado por la misma ley.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serra, J. ('Segundo Distrito, San Juan), condenando al acusado a la pena capital por delito de asesinato en primer grado.

      Confirmada.

      Luis Muñoz Morales, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Condenado a muerte Carlos Arrocbo, apeló para ante este tribunal. En su alegato su abogado señala tres errores co-metidos a su juicio por la corte de distrito, 1, al negar la suspensión de la vista y ordenar la separación de los juicios, sixi la expresa petición del acusado; 2, al declarar sin lu-gar la moción de nuevo juicio, y 3, al resolver en su contra la moción de suspensión de la sentencia que tuvo por fun-damento la no vigencia de la pena de muerte en Puerto Rico-

Examinemos el primer error. Los autos demues-tran en relación con el mismo que el 9 de diciembre de-1924 se llamó la causa para la vista compareciendo El Pueblo por su Fiscal y el acusado Arrocho en persona y por su abogado. Acto seguido el abogado de Arrocho pre-sentó una moción por escrito solicitando la suspensión del juicio por encontrarse enfermo el abogado del otro acusado Clemente. La acusación imputa el delito de asesinato a dos personas, Jacinto Clemente y Carlos Arrocho.

El Fiscal, alegando que ambos acusados tenían abogados distintos, no se opuso a la suspensión en cuanto al acusado Clemente pero insistió en que se celebrara en cuanto al acu-sado Arrocho. Entonces la corte, dirigiéndose al abogado de Arrocho, le preguntó: “¿Hay alguna circunstancia que le impida entrar en juicio a Carlos Arrocho?” Y el abo-gado contestó: “En representación del compañero Tizol, insistiría en la suspensión de los dos casos; pero en el caso que la corte crea que no, yo estoy a disposición de la corte, tomando excepción en nombre del licenciado Tizol, de la resolución de su señoría.”

La resolución de la corte fué como sigue:

“La corte va a acceder a la moción de suspensión del juicio en cuanto al juicio contra Jacinto Clemente. En Vista de que este caso puede ser juzgado separado o conjuntamente, y ya en el anterior juicio lo fueron separadamente, la corte cree que aun cuando puede suspenderse para otra fecha la celebración del juicio contra Jacinto Clemente, no hay razón alguna para que en el. día de hoy, presentes los jurados y la prueba del Fiscal y estando el acusado presente, deje de celebrarse el caso contra Carlos Arrocho; por tanto, se or-dena la constitución del jurado y la celebración del juicio contra Carlos Arrocho. Se deniega la moción de suspensión- de los dos jui-cios; se ordena la separación de los mismos, y la celebración del juicio de Carlos Arrocho.” '

Y la excepción tomada así:

“Bn representación del compañero Tizol, y de acuerdo con el ar-tículo 238, tomo excepción de la resolución de la corte. Abora, como abogado defensor de Carlos Arrocho, estoy a disposición de la corte.”

Basta la simple lectura de lo ocurrido y la del artículo 238 del Código de Enjuiciamiento Criminal que dice: “Cuando dos o más reos hayan sido acusados juntos de haber come-metido un delito grave (‘felony’), cualquiera de ellos que' así lo exija, podrá ser juzgado separadamente. En los de-más casos, los reos podrán ser juzgados separadamente o juntos, a arbitrio del tribunal,” para concluir que no se ha cometido el primero de los errores señalados. La corte te-nía discreción y nada demuestra que ejercitara su poder en perjuicio del acusado.

Para' considerar el segundo error, es necesario penetrar en los méritos del caso.

Se- imputó a Arrocho el hecho de haber, en unión de otro acusado, el día 20 de febrero de 1924 y en la municipalidad de Río Piedras, dado muerte. con malicia premeditada a la niña menor de catorce años Guillermina Rodríguez, con mo-tivo de cometer con ella el delito de violación.

Hemos examinado la prueba y surge clara, evidente, la culpabilidad del acusado. La niña salió de su casa para la escuela el 20 de febrero y no volvió. Se le buscó sin des-canso y al día siguiente fue encontrado su cadáver en un cañaveral, con un lazo al cuello fuertemente atado. Prac-ticada la autopsia, el facultativo declaró que la muerte se debió a extrangulación por asfixia. El examen del cuerpe-cito de la niña demostró también que había sido violada.

La muerte violenta quedó establecida. ¿Quién fué el autor? Varios testigos vieron al acusado cerca de la niña cuando caminaba de su casa hacia la escuela. La casa está en el campo y ella iba por el camino llamado de Cepero. Un testigo presenció cuando el acusado y otra persona se apo-doraron de la niña y la internaron en el cañaveral donde se encontró su. cadáver. El propio- acusado declaró ante el Fiscal que por miedo a Clemente, el otro acusado, le ayudó a internar la niña y por miedo también yació con ella, pero dice que se separó cuando la niña estaba arm viva en com-pañía de Clemente. Y el testigo Arturo Bodríguez declaró que se encontraba preso en las galeras del presidio y trabó amistad con Arroclio y Clemente quienes le preguntaron que por qué estaba allí. Contestó. Siguió la conversación y, copiando sus propias palabras, “me dijeron a mí que ellos estaban velando la niña en una curva que lia y en un camino que le dicen Cepero y cuando pasaba la niña le echa-ron mano y cuando ella fué a gritar le quitaron un cinturón que llevaba en el vestido y se lo.ataron del cuello, y se lo apretaron; entonces la pasaron al otro lado y que ella les decía no me maten, que yo me caso con uno de ustedes.” Entonces le dijeron ‘no, porque nos descubre, nosotros te vamos a gozar y por la noche enterrarla’ que pensaban en-terrarla por la noche.” Las manifestaciones “me las ha-cía Carlos Arrocho y Jacinto Clemente. El primero que habló fué Caídos Arrocho .... después de hablar le pregunté a Jacinto Clemente si había sido verdad y me dijo que sí, que entre los dos la habían cogido y la habían .gozado cada uno dos veces.” Le dijeron que no la habían enterrado “porque no les dió tiempo, porque estaban en busca de ellos, había mucho movimiento.”

Ese es, a grandes rasgos, el resultado de la prueba. Sostiene el apelante que no es suficiente para castigarlo por asesinato.

(a) Alega en primer término, que el jurado no pudo admitir una parte de su confesión y desechar otra, invo-cando el caso de El Pueblo v. Flores, 17 D.P.R. 178.

El caso de Flores es adverso al acusado. En él, citando 12 Cyc 484, se dijo: “la regla de que una confesión debe considerarse en toda su integridad, no obliga al jurado a dar el mismo crédito a cada parte de ella. El jurado puede creer la parte que estime digna de crédito y rechazar cual-quier porción que no le merezca confianza. Toda la confe-sión debe ser cuidadosamente examinada y, tomando en con-sideración todas las circunstancias del caso, el jurado debe decidir cuál parte de ella acepta y cuál rechaza.”

Aquí la confesión del acusado hecha al declarar ante el Fiscal, se sometió íntegra, tal como se hizo al jurado. Tam-bién se sometieron al jurado, las admisiones del acusado he-chas en su conversación con el testigo Rodríguez, por me-dio de la declaración de Rodríguez. Y el jurado segura-mente completó la primera con las segundas y enlazando ambas con el resto de la prueba quedó convencido de la cul-pabilidad del acusado y así lo expresó en su veredicto.

Pretender que el jurado esté obligado a aceptar que los hechos ocurrieron en la exacta forma expresada en la con-fesión, sería dejar al arbitrio del acusado el establecimiento de la verdad, y así aceptando la responsabilidad de una muerte, por ejemplo, podría convertirla de asesinato en homicidio. El jurado examina, juzga, pesa y aquilata toda la prueba. La confesión en este caso fué parte de la prueba y el jurado la apreció a la luz y en relación con el resto de la misma, y al actuar así no cometió error alguno.

Insiste el apelante en que, en todo caso, de la prueba resultan dos circunstancias atenuantes que dejaron de ser .apreciadas por el jurado, a saber: la edad del acusado y .su retardo mental.

Al instruir el juez al jurado, se expresó, en parte, así:

“Vuestro veredicto puede ser en ese sentido de dos maneras. ■Simplemente de culpable del delito de asesinato en primer grado, o si vosotros creeis, según os dije antes, lo que él dijo en su declara-ción al Fiscal, que bubo alguna circunstancia que atenuara su res-ponsabilidad, su culpabilidad en la realización del becbo, si creeis •eso, entonces podríais estampar en el veredicto de culpabilidad, la frase ‘ con circunstancias atenuantes. ’ Si vosotros creeis que no bubo tales circunstancias atenuantes, omitiréis esa frase, y lo decla-raréis culpable del delito de asesinato en primer grado. Si vosotros ■’creeis que no es responsable del delito, que lo que ban dicbo esos testigos no es verdad, qne este hombre no estuvo por allí, ni tuvo participación alguna en los hechos que se le imputan, que es ino-cente o tenéis dudas razonables de su culpabilidad, entonces vuestro deber es traer un veredicto de inocente o no culpable.”

El jurado rindió un veredicto de culpable de asesinato en primer grado. No apreció circunstancia atenuante al-guna y nada demuestra en los autos que tuviera el deber de apreciarla.

(b) En relación con la edad, nuestra vigente ley penal se refiere a ella únicamente para establecer la incapacidad de delinquir. Hasta los siete años se considera a un niño incapaz para cometer conscientemente un crimen y desde los siete hasta los catorce también se le considera incapaz a menos que exista prueba plena de que al 'cometer el acto de que se le acusa, tenía conciencia de su maldad. Art. 39 del Código Penal.

Nuestra antigua ley penal,- — el Código de 1879 — , no sólo fijaba las circunstancias eximientes si que también las ate-nuantes, y se consideraba atenuante la de ser el culpable menor de diez y ocho años. Art. 9 del Código Penal de 1879.'

Arrocho había cumplido diez y nueve años de edad cuando, perpetró el delito. Nada obligaba al jurado a considerar que no tenía la edad suficiente para exigirle la plena res-ponsabilidad de-sus actos.

(c) Para demostrar el llamado retardo mental del acu-sado, se presentó la declaración de Gaspar Encarnación, pro-fesor de instrucción primaria que ejercía en el presidio en que estaba recluido el acusado.

Dijo que conocía desde hacía cuatro meses a Arrocho, que cuando comenzó a enseñarlo se encontraba en “un grado-de instrucción rudimentario,” que siguió “los estudios que-se siguen en el grado primario,” y que “ha pasado del grado, primario.” T luego aseguró que Arrocho “tiene lo que po^ dríamos llamar la afacia sensorial y consiste en que él pa-dece una sordera mental, que aun cuando el individuo sea un adulto o un hombre, puede oir cualquier manifestación, y esa manifestación ni la entiende perfectamente, no la puede interpretar, no la puede entender; se encuentra en un estado de un niño de un año de edad, que puede oir cual-quier cosa que se converse en su presencia y no entiende lo que se dice.”

La. verdad es que los hechos establecidos por el mismo profesor, no parecen justificar su conclusión. Arrocho tenía un estado de educación rudimentario, que según el mismo profesor declaró, es “una enseñanza que se da más o me-nos en primer grado, ligeramente.” Miles de hombres en esta Isla por desgracia no tienen ni ese. estado. Arrocho al recibir las enseñanzas del profesor durante cuatro meses, “pasó de grado.” Su mente no parece, pues, tan retardada.-La conclusión del profesor es en sí misma tan exagerada, que se comprende que no hiciera impresión favorable al-guna en el jurado.

¿Existe la pena de muerte en Puerto Rico? El apelante sostiene que no. Estudiemos el caso.

El artículo 202 del Código Penal vigente en esta Isla, dice, en lo pertinente:

“Art. 202. — Toda persona culpable de asesinato en primer grado incurrirá en pena de muerte, ó si hubiere circunstancias atenuantes se le impondrá la pena de reclusión perpetua. ...”

En 1917 se aprobó la Ley No. 36, cuyos títulos y seccio-nes 1, 2, 4, 5, 6 y 7, expresan:

“Ley para abolir temporalmente la pena de muerte en Puerto Rico; ' enmendar los artículos 202 y 219 del Código ■ Penal, el 327 del Código de Enjuiciamiento Criminal y derogar los 331 al 334, am-bos inclusive, de este cuerpo legal; para la formación de estadís- ' ticas especiales, y para otros fines.
“Sección 1. — La pena de muerte es abolida en Puerto Rico du-rante el tiempo señalado en la Sección 6 de la presente Ley.
“Sección 2. — El artículo 202 del Código Penal queda enmendado de la manera siguiente:
“ ‘Artículo 202. — Toda persona culpable de asesinato en primer grado será castigada con reclusión perpetua en el presidio, y toda persona culpable de asesinato en segundo 'grado será castigada con prisión en el presidio por no menos de diez años, ni más de treinta años. Toda persona castigada con reclusión perpetua permanecerá constantemente en el penal.’
“Sección 4. — El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Criminal queda enmendado del modo siguiente:
“ ‘Artículo 327. — Cuando se baya dictado sentencia se entregará inmediatamente una copia certificada del original al oficial que tenga la obligación de ejecutarla, y no será necesaria ninguna otra orden ni' autorización para justificar o pedir la ejecución.’
“Sección 5. — Los artículos 331 a 334, ambos inclusive, del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal y el inciso 69 del artículo 227' del ■mismo Código, y cualquiera otra ley que se oponga a la presente quedan derogados. .
“Sección 6. — Esta Ley regirá noventa días después de su aproba-ción y estará en vigor basta el 30 de abril de 1921 y, si para tal fe-cha la Asamblea Legislativa no hubiere- resuelto otra cosa, esta Ley quedará derogada, y los artículos enmendados por ella vigentes en su forma anterior.
“La presente Ley tendrá efecto retroactivo aplicable a los reos condenados a muerte y cuya pena no hubiere sido ejecutada.
“'Sección 7. — A partir de la fecha de la aprobación de esta Ley, el Departamento de Justicia hará practicar estadísticas especiales de los delitos de asesinato, homicidio, atentado contra la vida y ataque con intención de homicidio, debiendo dichas estadísticas comprender los elementos esenciales para determinar el curso de la criminalidad en tales delitos, y ser enviadas por el Departamento de Justicia a la Asamblea Legislativa en cada período, al comenzar sus sesiones ordinarias. ’ ’

No obstante haber pasado el 30 de abril de 1921 sin que llegara a aprobarse ley alguna sobre el particular, alega el apelante que la abolición de la pena de muerte subsiste por-que la ley era nula en aquella parte, — sección 6 — , de la misma no expresada en el título y por que no fué restable-cido el artículo 202 del Código Penal en debida forma.

(a) Para basar su alegación en cuanto al primer punto invoca el apelante el párrafo de la ■ sección 34 de nuestra Acta Orgánica qne dice:

"No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, qne. contenga más de un asunto, el cual de-berá ser claramente expresado en el título; pero si. algún asunto que tío esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expresada en el título.”

No estamos conformes. La ley claramente expresa en su título que es para abolir temporalmente la pena de muerte y es la sección sexta la que fija el período. Se trata del mismo asunto. En todo caso de asuntos germanos.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, dice Ruling Case Law:

"Una lejr no es anticonstitucional porque contenga más de una materia cuando las distintas materias son afines al asunto principal, o se relacionan directa o indirectamente con el asunto principal, y tienen una relación mutua con el asunto de la ley, sin ser extrañas a la misma, o cuando las disposiciones de la ley son de igual natu-raleza y legítimamente caen bajo el mismo tópico.” 25 R.C.L. 844.
‘ ‘ Puesto que un estatuto puede comprender todas las materias afines al asunto principal, puede incluir todos los medios que puedan ser justamente considerados como accesorios y necesarios o apropia-dos para llevar a cabo los fines que están propiamente comprendi-dos dentro del asunto general. Una ley puede contener muchas dis-posiciones y detalles para llevar a cabo el fin legislativo, y si los mismos tienden de una manera legítima a efectuar ese fin la ley no es contraria a la disposición constitucional.” Id. 846.
"Las disposiciones constitucionales quedan cumplidas si el título expresa en términos generales el asunto, o, bajo algunas disposicio-nes, el objeto de la ley, y no es necesario que mencione los detalles de la legislación, ni contenga un extracto, sinopsis o índice del con-tenido de la ley, pues las disposiciones constitucionales no pueden ser tan estrechamente interpretadas que exijan que el título de una, ley contenga en sí mismo toda la ley. Esto haría la legislación muy difícil y la pondría en constante peligro de ser declarada nula.” Id. 855-6.

(&) Y en apoyo de su contención sobre el no restablecí-miento del artículo 202 del. Código Penal, cita el apelante otro párrafo de la dicha sección 34 de nuestra Acta Orgá-nica, que expresa:

“Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se conferirán las facultades en ella contenidas, haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, extendida o con-ferida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.”

Tampoco estamos conformes. No se trata aquí de res-tablecer una ley enmendada o derogada. La ley No. 36 con-tiene en sí misma todo lo que es necesario. Suspende tem-poralmente, como un experimento, la pena de muerte, y en-mienda, como era natural, también temporalmente, el ar-tículo del Código que impone dicha pena. La enmienda se hace condicionalmente y p'or un tiempo fijo transcurrido el cual queda automáticamente en pie el precepto como si ja-más hubiera sido enmendado.

En uno de los primeros casos decididos por la Corte Su-prema de los Estados Unidos en el cual el Chief Justice Ellsworth escribió la opinión, se dijo:

“La suspensión de una ley por tiempo limitado no constituye una derogación de la misma. * * * El fin manifiesto de la ley que se suspendió era que la ley derogada por la ley derogatoria con-tinuara en vigor hasta una fecha entonces futura, o sea, el Io de oc-tubre de 1793. No podía haber tenido otro fin. Y la intención de la legislatura, después que se descubre, debe prevalecer, sin que im-porte regla alguna contraria de interpretación contenida en leyes anteriores.”- Brown v. Barry, 3 U.S. 367, (1 L. Ed. 638).

Y que se trata de una mera suspensión y no de una en-mienda definitiva que requiera el restablecimiento del pre-cepto en la forma ordenada por la Ley Orgánica, lo ha ex-presado con su actitud de modo inequívoco la propia Asam-blea Legislativa.

En 1921 la Asamblea pasó el proyecto de ley No. 9 del Senado aboliendo definitivamente la pena de muerte. Fué remitido al Gobernador y no habiendo sido firmado por él dentro de los treinta días siguientes, no quedó convertido en ley.

Volvió la Asamblea en 1923 a pasar otro proyecto abo-liendo definitivamente la peña de muerte en Puerto Rico y enviado que fue al Gobernador, este funcionario, en julio 21, lo devolvió sin su aprobación, así:

“San JuaN, P. R., julio 21, 1923.
■“Presidente ded Senado,
“San Juan, P. R.
"“Señor:
“Tengo el bonor de devolver adjunto, sin aprobar, el proyecto del Senado No. 26, titulado:
“ ‘Ley para abolir la pena de muerte en Puerto Rico; en-mendar los artículos 202 y 219 del Código Penal, artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y para dero-gar los artículos 331 a 334, ambos inclusive, de este cuerpo legal.’
por las siguientes razones:
“Este proyecto que concierne quizá al más importante y grande cambio afectante a las leyes penales de Puerto Rico que pueda pre-sentarse para consideración, necesita la más cuidadosa investigación y consideración de mi parte, antes de que yo pueda sentirme justi-ficado en dar mi aprobación.
“Durante el largo período de dominación española y durante cerca de veinticinco años de administración americana, la presente ley ha permanecido en vigor, con la sola excepción de su suspensión temporal desde noviembre, 1917, hasta abril, 1921, según se proveyó por la Ley No. 36, Leyes de 1917. Una aprobación a cambio tan drástico en la ley vigente con una ligera oportunidad para conside-rarlo, difícilmente estaría justificada.
‘ ‘ Respetuosamente,
“H. M. Towner, Gobernador.”

Por último, en 1925, se presentó en el Senado otro pro-yecto de ley, el No. 14, para abolir la pena de muerte. El Senado lo aprobó, pero la Cámara nada resolvió en defini-tiva.

* (c) En cuanto a la derogación de los artículos 331 al 334 del Código de Enjuiciamiento Criminal no mencionados en la sección sexta de la ley No. 36 de 1917, bien puede ad-mitirse que derogados permanecen sin que ello influya en la resolución de la cuestión principal envuelta. Los artículos 342 y 343 del propio Código que establecen cómo y dónde se ejecutarán las sentencias de muerte, y otros preceptos que contienen todo lo que es absolutamente necesario, nunca fue-ron alterados.

■Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la .sen-tencia recurrida.