author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Rufina Acosta Vda. de Marrero, como Administradora Judicial de la Sucn. de Máximo Marrero, demandante y apelada, v. Aurora Rosado, demandada y apelante.
    Núm. 7504.

    Sometido: Diciembre 13, 1938.

      Resuelto: Marzo 9, 1939.

      i?. Ladró Pares, abogado de la apelante; José G. Jvsino, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Enfina Acosta fné nombrada administradora judicial de los bienes relictos por su esposo Máximo Marrero. En el expresado carácter instituyó este pleito contra su suegra Aurora Eosado y los esposos Sergio Bávila y Eita Agrait. Alegó como causa de acción: Que ella y su esposo Máximo Marrero eran dueños de una casa radicada en un solar que Rabian comprado a plazos a José L. Pesquera y que antes de terminar de pagar el precio del solar la demandante y su esposo hipotecaron la finca en garantía de $700 a'favor de José Eamos Pérez por escritura de 8 de febrero de 1928. Que al terminar de pagar el precio del solar el Sr. Pesquera se dispuso a otorgarles el correspondiente título, pero a reque-rimiento de Máximo, en prevención de cualquier crisis eco-nómica en sus negocios, como él decía, se otorgó la escritura de. compraventa del solar a favor de su hermano Faustino Marrero, siendo los verdaderos dueños del mismo la deman-dante y su esposo. Que a principios de 1929, Máximo Marrero convino con Sebastiana Amador la permuta de la referida casa y solar por una finca rústica perteneciente a sus menores hijos; que al formalizarse la transacción, por indicación de Máximo, compareció Faustino en la 'escritura aparentando ser dueño de la casa y solar, y al adquirir la finca rústica, siguiendo instrucciones de Máximo, en la misma escritura la transmitió a Aurora Rosado, madre de ambos, sin causa ni consideración alguna, y por las mismas razones que antes lo habían inducido a ordenar que se transmitiera a Faustino el título del solar adquirido del Sr. Pesquera. Que al fallecimiento de Máximo, la demandada y demás fami-liares reconocieron como de aquél la finca rústica en cuestión y no dispusieron de la misma sin el previo consentimiento de la demandante, consintiendo ésta en que dicha finca fuese vendida a Sergio Dávila y su esposa Rita Agrait por escri-tura número 54 ele 22 de diciembre de 1932 ante el notario Rafael Muñoz Ramos, con el fin de pagar ciertas obligaciones de la herencia. Que en pago de parte del precio, Sergio Dávila entregó a la vendedora Aurora Rosado, a cuyo nom-bre aparecía la finca, un cheque por la cantidad de $1,211 contra el Banco Comercial de Puerto Rico, Sucursal de Baya-món, cheque que al ser presentado al cobro no pudo hacerse efectivo porque el citado banco había sido para esa fecha declarado en administración judicial. Convinieron entonces las partes en que Dávila constituiría hipoteca a favor de la vendedora sobre la finca rústica objeto de la transacción. Se constituyó la hipoteca, la cual no pudo inscribirse porque antes de su presentación en el Registro de la Propiedad Sergio Dávila y su esposa la vendieron a Daría Agrait viuda de Carbonell, y ésta a su vez la vendió a un tercero que des-conocía el gravamen a favor de Aurora Rosado. El 30 de marzo de .1933 la demandante instó en la Corte de Distrito de Ba3mmón la administración judicial de los bienes relictos por su esposo Máximo Marrero, y habiendo negado Aurora Rosado que el citado crédito de $1,211 perteneciese a la suce-sión de Máximo Marrero, la demandante no pudo llevar dicho crédito al inventario de los bienes dejados 'por Máximo Marrero. Que no obstante saber Sergio Dávila que el cré-dito hipotecario de $1,211 correspondía a la .sucesión de Máximo Marrero, y no a su madre Aurora Rosado, se dis-ponía a pagarlo a esta última por haberse constituido a favor de ella la hipoteca en cuestión.

Terminó la demanda con súplica de una sentencia que declare que la sucesión de Máximo Marrero es dueña del expresado crédito, que se ordene su pago a la demandante en su carácter de administradora judicial, autorizándosele para que en el indicado carácter otorgue la correspondiente escri-tura de cancelación de hipoteca; que en el caso de que dicho crédito, hubiere sido pagado total o parcialmente a Aurora Rosado, sea ésta condenada a devolver lo que hubiere cobrado, con sus intereses estipulados en la escritura de hipoteca, y que se condene a los demandados que se opusieren a la demanda al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Compareció la demandada Aurora Rosado, radicando una moción en la que solicitó la eliminación de ciertos particu-lares de la demanda; pero antes de someterse la cuestión de derecho suscitada por la moción eliminatoria, la demandante, con fecha 5 de abril de 1934, enmendó su demanda en la siguiente forma: eliminó de la misma a los demandados Sergio Dávila y Rita Agrait; alegó que su esposo Máximo Marrero falleció el 5 de agosto de 1929 sin otorgar disposi-ción testamentaria y sin dejar descendientes, siendo por con-siguiente sus únicas y universales herederas su madre la demandada Aurora Rosado y su viuda la demandante. Re-produjo los hechos anteriormente alegados en la demanda original, expresando en la alegación séptima que el 15 de junio de 1933, o sea, dos días antes de la radicación de la demanda original,- Aurora Rosado recibió de Sergio Dávila la totalidad del crédito de $1,211, cantidad que se negaba a entregar a la administración judicial de los bienes de Máximo Marrero, y que de igual manera se negaba a rendir cuenta a la demandante de la parte proporcional que como ganan-ciales le corresponde en dicha suma.

Varió la súplica de la demanda en la siguiente forma: Que se condene a la demandada a pagar a la administración judicial de Máximo Marrero la cantidad de $1,211 con los intereses legales correspondientes, o a pagar a la deman-dante la sama de $605.50 qae le corresponde por sa mitad de gananciales en dicho crédito, con intereses, costas, gastos y honorarios de abogado.

La demandada radicó el 16 de abril de 1934 ana moción en la qae solicitó la eliminación de la demanda enmendada por no haberse obtenido permiso para radicaría y por ser, segán la demandada, ana nneva demanda (seguramente quiso decir ana nueva causa de acción) contra partes distintas de las qae aparecen en la demanda original. La corte deses-timó la moción para eliminar la demanda enmendada el 21 de noviembre de 1935 y concedió a la demandada un plazo de diez días para radicar alegaciones. El 27 de diciembre siguiente radicó la demandada ana “Moción sobre Inspec-ción”, en la qae solicitó qae se ordenase a la demandante poner a disposición de la demandada o de sa abogado, por conducto de la secretaría, las escrituras a virtud de las cua-les adquirió la demandada el título o derecho qae alegaba tener al crédito en controversia y qae le permitiese sacar copia de dichos documentos. El 2 de enero de 1936 dictó la corte resolución desestimando la “Moción sobre Inspección”, y con fecha 11 del mismo mes radicó la demandada ana moción eliminatoria de ciertos particulares de la demanda enmendada,J moción qae también faé desestimada el 20 de marzo de 1936, concediéndosele en la misma resolución diez días “para radicar sa contestación.”

No contestó, sino qae excepcionó la demanda el 30 de marzo de 1936, por el fundamento de no aducir hechos consti-tutivos de causa de acción. Se desestimó la excepción previa el 7 de abril de 1936, y se le concedió de nuevo un plazo de diez días para contestar la demanda, lo que hizo el 28 de abril de 1936.

En su. contestación admitió la demandada el hecho de ser la demandante la administradora judicial de los bienes relic-tos por Máximo Marrero, pero negó por falta de suficiente información que fueran la demandante y la demandada las únicas y universales herederas de Máximo Marrero, por no estar en condiciones la demandada de asegurar que Máximo Marrero no tuviese hijos naturales con derecho a heredarle. Negó las demás alegaciones de la demanda jurada, y como defensas especiales reprodujo la excepción previa anterior-mente desestimada por la corte, y aleg’ó que la demandada, al quedar viuda, se dedicó al comercio, lo que le produjo bene-ficios que le permitieron hacer transacciones sobre inmuebles, aunque por su falta de experiencia siempre se asesoraba con alguno de sus hijos, y que las propiedades que adquirió, a que se refiere la demanda, las compró la demandada con su pro-pio peculio, para beneficio suyo, y sin que su hijo Máximo Marrero tuviera interés alguno en las mismas.

Se celebró el juicio oral el 14 de octubre de 1936, con asis-tencia de ambas partes, y el 11 de enero de 1937 se dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a .la demandada Aurora Rosado a pagar a la demandante Rufina Acosta, en su carácter de administradora judicial de los bienes relictos por Máximo Marrero, la cantidad de $1,211 con intereses legales a partir de la fecha en que la demanda fué radicada, o sea el 17 de junio de 1933, hasta su pago total, condenándosele también a pagar las costas y honorarios de abogado, que se fijaron en la misma sentencia en la suma de $200.

Apeló la demandada para ante este tribunal y en el ale-gato que presentó el 29 de noviembre del año pasado, imputó a la corte sentenciadora la comisión de seis errores, renun-ciando al último de ellos al final de su alegato, por entender que se halla comprendido en los cinco anteriores.

Los seis errores imputados a la corte sentenciadora son:

1. "La Corte de Distrito de Bayamón, P. R., erró al declarar sin lugar la moción de eliminación de la demanda enmendada.
2. "La Corte inferior cometió error al declarar sin lugar la ex-cepción previa interpuesta a la demanda.
3. "La Corte inferior erró al admitir en evidencia una escritura de hipoteca otorgada por Máximo Marrero a favor de José Ramos sobre una casa y solar, para probar título de Máximo Marrero. Y asimismo erró al admitir la deelaraeión de José Ramos sobre los propios particulares de la tal escritura.
4. “La Corte erró al apreciar la declaración de José L. Pesquera como terminante y definitiva de que él había tenido una sola opera-ción de compraventa de solar con Máximo Marrero, y que el solar sea el descrito en la demanda.
5. “La Corte, inferior erró en la apreciación de la prueba, esti-mándola lo suficientemente clara, robusta y concluyente para des-truir la presunción de ser cierto lo contenido en el documento público en que basa su título la demandada.
6. “La Corte de Distrito erró al dictar la sentencia de este caso por ser contraria a derecho y no estar sostenida por la prueba que exige la ley y jurisprudencia.”

La corte procedió correctamente al desestimar la. moción que solicitó la eliminación de la demanda enmendada. Al radicar la demanda original la demandante parece que’ ignoraba qne los esposos Sergio Dávila y Rita Agrait habían: pagado a la demandada Aurora Rosado el crédito de $1,211. Actuando bajo esa creencia, los esposos Dávila Agrait eran partes necesarias para que pudiesen ser obligados por la. sentencia a pagar el crédito a la demandante y no a su codemandada Aurora Rosado. Antes de quedar sometida la moción eliminatoria que radicó la demandada contra la demanda original, la demandante hizo uso del* derecho que le concede el artículo .139 del Código de Enjuiciamiento Civil, radicando la demanda enmendada sin previo permiso de la corte. No necesitaba tal autorización para radicar la nueva demanda. El hecho de eliminar en la demanda enmendada a los demandados Sergio Dávila y Rita Agrait no varía la causa de acción original incoada contra ellos y Aurora Rosado. No es éste el caso de sustituir un demandado por otro. Melón Hnos. & Co., S. en C., v. Muñiz de León, 47 D.P.R. 91. El objeto de la acción fué, en la demanda original, y siguió siéndolo en la enmendada, recobrar para la administración judicial de los bienes relictos por Máximo Marrero, el crédito que originalmente creyó la demandante adeudaban los esposos Sergio Dávila y Rita Agrait, pero que luego' resultó haber sido pagado a Aurora Rosado con anterioridad a la fecha en que se radicó la demanda original.

Sostiene la apelante que la demanda enmendada mo aduce hechos constitutivos de causa de acción, por ser dicha demandada “lo que en derecho se denomina un tercero”, y porque en ninguna parte de la demanda se alega que ella adquirió la finca de catorce cuerdas “en forma simulada y sin que mediara causa, consideración o precio, ni consentimiento de su trasmátente Faustino Marrero.”

De los párrafos 3 y 4 de la demanda enmendada se infiere razonablemente la alegación de que Aurora Rosado no es otra cosa que el instrumento de que se valió Máximo Marrero para ocultar su derecho de propiedad sobre la finca que adquiría a virtud de la permuta. Dichos párrafos dicen así:

“3. Que en el acto de otorgarse la escritura de permuta, compa-reció Faustino Marrero, hermano de Máximo Marrero, a nombre de quien tenía escriturada la propiedad que dicho Máximo Marrero había de transferir en permuta a la señora Amador, y en su sustitución, el citado Máximo Marrero hizo comparecer• a su señora madre doña Aurora Rosado, para que en el mismo otorgamiento, Faustino Ma-rrero, que como antes se ha dicho, no tenía interés en tal negocio, .transfiriera el título de la finca que en permuta se recibía de la se-ñora Amador a nombre de su señora madre doña Aurora Rosado, como efectivamente se hizo.
“4. Que la forma en que Máximo Marrero llevó a efecto y se hizo sustituir sin causa ni consideración alguna en el precitado negocio de permuta, fué uno de los tantos hechos por él, según alegaba, en pre-vención de una posible crisis en sus negocios, y con el fin de que sus familiares que eran y son insolventes, tuvieran representación eco-nómica y social en auxilio de sus negociaciones, todo lo cual hacía dicho Máximo Marrero muy a menudo, con la oposición de su esposa, ahora demandante.”

Así parece haberlo entendido la propia demandada, al ale-gar en su contestación que adquirió la finca rústica con su propio peculio, sin que Máximo Marrero tuviera interés al-guno en la misma. (Párrafo c de las defensas especiales.) Pero asumiendo que en la demanda enmendada no se alegase que la demandada adquirió sin causa o consideración, el defecto de la demanda quedó subsanado por la prueba, como veremos más adelante. D’Azizi v. Alcaraz, 40 D.P.R. 489; Dávila v. P. R. Ry., Light & Power Co., 44 D.P.R. 950; Guijarro v. Lluberas, 50 D.P.R. 718.

Como tercer error se alega por la apelante que la corte admitió en evidencia la escritura de bipoteca que Máximo Marrero y su esposa, la abora demandante, otorgaron a favor de José Bamos Pérez en garantía de la cantidad de $700, sobre la casa y el solar que alega la demandante baber adquirido su esposo por compra a José L. Pesquera, solar y casa que por sucesivas transacciones originaron el crédito de $1,211 objeto de este pleito. Convenimos con la apelante en que el becbo de que una persona constituya una bipoteca sobre un inmueble no es evidencia concluyente de que en efecto sea dueña de dieba propiedad, pues puede darse el caso de que se vendan o se hipotequen bienes ajenos, pero una transacción de esa índole es evidencia de actos de dominio, que en unión del resto de la prueba en este caso presentada por la demandante, tiende a demostrar que Máximo Marrero y su esposa, y no Faustino Marrero, eran los dueños de la propiedad en cuestión.

En evitación de innecesarias repeticiones discutiremos conjuntamente los errores cuatro y cinco por estar íntimamente relacionados.

De la evidencia resulta que siendo novios la demandante y Máximo Marrero, éste construyó una casa en Bayamón, y que durante su construcción en distintas ocasiones la llevó a ver la obra, teniendo oportunidad la demandante de cono-cer los operarios que trabajaban en la misma. Que más tarde contrajeron matrimonio y la casa fué alquilada por Máximo. Que Máximo y la demandante constituyeron una bipoteca sobre la casa y el solar a favor de José Bamos Pérez, bipo-teca que no pudo inscribirse, porque el título del solar, que había sido comprado a plazos, no se había transmitido toda-vía a Máximo Marrero. Que éste tenía la costumbre de poner sns propiedades a nombre de sus familiares, alegando que lo bacía así en prevención de cualquier dificultad que pudiera tener en sus negocios. Que terminó de pagar el solar al Sr. José L. Pesquera y cuando la esposa esperaba que trajese la escritura del solar a su nombre, le informó que había dis-puesto que se otorgase el título a favor de su hermano Faustino, siguiendo su costumbre antes aludida. A este respecto declaró José L. Pesquera que compró una finca a Mrs. Park-hurst, siendo ésta viuda, que el Sr. Parkhurst había vendido a plazos ciertos solares de dicha finca y que al comprarla Pesquera adquirió también los derechos que en dichos con-tratos tenía la Sra. Parkhurst. Que entre los solares vendi-dos a plazos se hallaba uno a favor de Juan María Rosado, marcado con el número 1055 del plano de urbanización. Que al terminar de pagar dicho solar Juan María Rosado y Máximo Marrero vinieron a su oficina, indicándole el primero que otorgase la escritura del solar a favor de Máximo, pero que cuando se fué a extender el título, a requerimientos de Máximo se transmitió el solar a su hermano Faustino Marrero.

A preguntas de la demandante manifestó el Sr. Pesquera que no recordaba haber tenido negocios de solares con Faustino Marrero; que le parecía que no había tenido tal negocio, aunque no se atrevía a asegurarlo sin consultar sus records. La demandante solicitó entonces de la corte que se permitiese al Sr. Pesquera consultar sus records, a lo que se opuso tenaz-mente la demandada. La corte accedió a la petición de la demandante, dictando la siguiente orden:

“La Corte va a acceder a la solicitud y suplica al testigo el mayor esfuerzo por ver dentro del término más breve posible, que pueda estar en condiciones de responder al interrogatorio de las partes en cuanto a su declaración.”

Tomó excepción la parte demandada y se retiró el testigo. Continuó el desfile de la prueba de una y otra parte. Ambas cerraron su caso y el testigo Pesquera no regresó a la corte.

Hallándose el solar a nombre de Faustino Marrero, Má-ximo concertó con Sebastiana Amador la permuta de la casa y el solar por mía finca rústica perteneciente a los menores hijos de dicha señora, declarando ésta qne en ningún momento trató nada con Faustino ni con Aurora Eosado, y sí única-mente con Máximo Marrero. Obtuvo Sebastiana Amador la correspondiente autorización judicial y al llevarse a cabo la permuta, por instrucciones de Máximo, Faustino transmitió en la misma escritura, a su madre Aurora Eosado, el título de la finca rústica que adquirió en aquel acto.

A pesar de bailarse el título de la finca a favor de Aurora Eosado, Máximo la administraba y dejó al frente de la misma al testigo Domingo Andino Eodríguez, quien ja ocupaba desde que pertenecía a los hijos de Sebastiana Amador. Máximo y Andino celebraron un contrato para la siembra de caña y durante los dos últimos años que vivió Máximo, Andino se entendía directamente con él como único dueño en relación con los asuntos de la finca. La caña, que fué sem-brada por Andino, al cortarse y entregarse a la Central, fué liquidada y pagada a Eufina Acosta la parte correspondiente a Máximo, declarando además el testigo Andino que nunca recibió órdenes de Aurora Eosado ni de ninguna otra persona.

Después de muerto Máximo Marrero y con el consenti-miento de su viuda Eufina Acosta, a fin de pagar ciertas deu-das del causante, Aurora Eosado, la demandada, vendió la finca rústica a Sergio Dávila y a su esposa Eita Agrait. La finca se hallaba afecta a cierta hipoteca a favor del Federal Land Bank of Baltimore, la cual asumió el comprador y luego de deducirse contribuciones y gastos de notario, el precio líquido a recibir por la vendedora quedó reducido a $1,211, por cuya suma Sergio Dávila entregó a la deman-dada un cheque contra el Banco Comercial de Puerto Eico, Sucursal de Bayamón. Al tratarse de cobrar -el cheque, resultó que el Banco había sido puesto en administración judicial y no pudo hacerse efectivo, por lo que Sergio Dávila con-vino en constituir una hipoteca sobre la finca por la cantidad indicada, y es éste el crédito que ha motivado este litigio.

Mientras estas transacciones se llevaban a efecto, Rufina Acosta, la demandante, se hallaba en buenas relaciones con la familia de su esposo, lo que impidió que surgiera dificultad alguna entre ellos por motivos de intereses. Luego se distan-ciaron, fué nombrada Rufina Acosta administradora judicial de los bienes relictos por Máximo, y al tratar de incluir en el inventario de bienes el crédito de referencia, la deman-dada Aurora Rosado alegó que era ella la única dueña del mismo. Hallándose Sergio Dávila dispuesto a pagar a Aurora Rosado dicho crédito por estar la documentación exten-dida a nombre de ella, se radicó la demanda original de este caso, cuyas alegaciones conocemos, presentándose más tarde la demanda enmendada al tener conocimiento la demandante de que el crédito había sido pagado a la demandada.

De la declaración de Rufina Acosta resulta que fué ella en compañía de su esposo Máximo Marrero a pagar ciertos plazos de la hipoteca al Federal Land Bank of Baltimore en San Juan.

Se presentaron en evidencia las escrituras a que hemos venido haciendo referencia, terminando así la prueba de la demandante.

La prueba de la demandada consistió en la declaración de Aurora Rosado, quien manifestó que después de quedar viuda tuvo negocios de ventorrillo, cafetín y otros similares y que con el producto de esos negocios pudo comprar la finca rústica; que vendía huevos, aves, y hasta llegó a traer reses para vender en San Juan, pero que sus hijos le habían botado dinero y que ella tenía a su cargo el sostenimiento de seis hijos, “yernas” y nietos, todos los cuales vivían de su pe-queño negocio. No aparece, sin embargo, que Máximo viviera de ella, pero sí que Faustino vivía con ella y ella le ayudaba a mantener sus hijos, y la “yerna” a quien se refiere la demandada tampoco lo es Rufina Acosta, quien según apa-rece de la prueba, desde que se casó vivió con su esposo Máximo Marrero. En relación con la 'compra y pago del pre-cio de la finca rústica a Faustino, se desarrolló entre el abo-gado de la demandante y la demandada el siguiente diálogo:

“P. ¿Cuánto ¿lió usted por la finca?
“R. A Faustino, ¿los mil quinientos.
“P. ¿En qué sitio usted entregó los $2,500 a su hijo?
“R. Pude haber pagado parte en efectivo y parte en crédito hi-potecario.
“P. ¿En qué sitio hizo usted el pago de $2.500?
“T. ¿A Faustino?
“R. ¿En qué sitio, en qué lugar, en qué edificio?
“R. Tiene que ser en mi hogar, por que Faustino Marrero . . . ha caído enfermo y yo he hecho los gastos de Faustino, del médico, medicinas y muchísimas cosas más; además que él me debe entre unas cosas y otras el pago de la casa.
“P. ¿El pago ése fue en su casa?
“R. Sí, señor.
“P. Ahora dígame, ¿cuántos pagos, si fueron varios pagos?
“R. ¿No le digo yo? Faustino cayó enfermo; yo lo curé, lle-vándole médico, medicinas por mi cuenta y entre unas cosas y otras, y el dinero que le había dado se cubrió la cuenta y algo más que me debe.
“P. En otras palabras, ¿usted le pagó a él el dinero en distintos servicios que usted le hizo, en distintos pagos que hizo en médico y medicinas?
‘‘R. Sí, señor.”

Como puede verse por la parte de la declaración de Aurora Bosado que liemos transcrito, al principio declara que pagó a Faustino $2,500 por la finca, parte en efectivo, y parte en crédito hipotecario. Sin embargo, más adelante (récord, pág. 117), al preguntársele cuantos pagos hizo a Fustino, declaró que éste cayó enfermo y que le pagó el precio de la finca con los honorarios médicos y medicinas, y dinero que le había facilitado.

Es verdaderamente raro y debilita considerablemente el caso de la demandada, el hecho de que hallándose Faustino viviendo con la demandada no hubiese venido éste a declarar, seguramente con más conocimiento y exactitud que lo que podía hacer su madre por sus años y por su ignorancia. También es raro que Guadalupe Marrero, hija de la deman-dada, quien de la prueba resulta ser una mujer inteligente, puesto que. le llevaba cuentas a la madre y la representaba en sus negocios, tampoco haya sido traída a declarar.

El artículo 102 de la Ley de Evidencia en lo pertinente dice así:

“Todas las demás presunciones serán satisfactorias, si no fueren contradichas. Se denominan presunciones disputables y pueden con-trovertirse mediante otra evidencia. Corresponden a esta clase las siguientes :
“5. Que toda evidencia voluntariamente suprimida resultará ad-versa si se ofreciere.
í! # * * # * * # >>

Este tribunal, en el caso de Méndez v. González, 47 D.P.R. 135, 138, por voz de su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo lo siguiente:

’ ‘ ‘ Igualmente es muy significativo en el caso el hecho de que aun-que Cecilio Méndez se hallaba presente durante el juicio no ocupara la silla testifical y Aldarondo nunca fué llamado como testigo. Esta es la supresión de prueba a que el inciso 5 del artículo 102 de la Ley de Evidencia se refiere.”

La corte sentenciadora, que vió y oyó declarar los testigos, dió crédito a la prueba de la demandante y parece que no le mereció alguno la declaración de la demandada, no obstante los documentos notariales en que aparecían Faustino Marrero y Aurora Rosado como dueños de las fincas antes menciona-das. La corte entendió que estos dos últimos, Faustino y Aurora, no eran los dueños verdaderos de las respectivas fin-cas y que el verdadero dueño de las mismas fué Máximo Marrero, con lo que estamos conformes.

El hedió de que el Sr. Pesquera pudiera haber vendido algún otro solar a Faustino Marrero en nada altera la reso-lución del caso. El declaró positivamente y sin vacilaciones que el título del solar en cuestión, radicado en la calle Ferrer y Guardia,, lo transmitió a Faustino a requerimientos de Máximo, y ese solar, perfectamente conocido por Rufina Acosta desde antes de casarse, el mismo en que se construyó la casa que ella vió fabricar, fué el que se dió en permuta por la finca rústica de los menores hijos de Sebastiana Ama-dor. De manera, pues, que no debe existir controversia en cuanto a la identidad del solar. Si fué errónea la declara-ción del testigo Pesquera, ¿por qué no la impugnó la deman-dada? Si como insinúa la demandada sin intentar probarlo, Faustino Marrero hubiese comprado otro solar al Sr. Pes-quera, ¿quién hubiera podido estar en mejores condiciones que el propio Faustino para demostrarlo! Sin embargo, no lo intentó siquiera, a pesar de tratarse de un pleito contra su madre y vivir él en su compañía.

Entendemos que el juez sentenciador no .cometió error alguno en la apreciación de la prueba, y a pesar de la juris-prudencia de este tribunal en los casos de Ríos v. Amorós, 27 D.P.R. 804; Cruz v. López, 17 D.P.R. 42; Cortijo v. Orta, 46 D.P.R. 925; Sucn. Delgado v. Sucn. Villamil, 41 D.P.R. 569, y Hernández v. Fernández, 17 D.P.R. 112, en que se sos-tiene que en caso de duda la declaración contenida en escri-tura pública debe prevalecer, sostenemos que el juez senten-ciador dirimió correctamente el conflicto de la prueba y que la preponderancia de la misma está fuertemente a favor de la demandante.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Brown & Williamson, (P.R.) Inc., demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7604.

    Sometido: Junio 10, 1938.

    Resuelto: Marzo 10, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y Luis Janer, Sub-procurador, abogados del apelante; James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico con oficina principal en San Juan, declaró para el año contributivo 1935-36, poseer los siguientes bienes:

“Efectivo en caja_ $3,268.34
“Bienes muebles_ 17,632.58
“Notas a cobrar_ 38,827.28
“Gastos pagados por anticipado_ 940. 59
“Total_$60,668.79.”

Conjuntamente con su declaración, radicó el siguiente detalle de sus bienes muebles:

“Propiedades en San Juan:
“Mercancías_$2,407.40
“Mobiliario_ 894. 67
“Autos_ 2,146.34
“Mat. (prop.)_'_ 32.00
“Sellos R. I. en mercancías por vender_ 4,046.04
“Total_$9,526.45
“PROPIEDADES EN PONCE :
“Mercancías_$2, 407. 39
“Mobiliario_ 236.80
“Autos _ 1,415.90
“Sellos de K>. I. en. mercancías por vender_ 4,046.04
“Total-$8,106.13.”

El Tesorero de Puerto Rico a los efectos del pago de la contribución sobre la propiedad fijó el valor de la propiedad personal fungible de la demandante en $17,630, esto es, con-sideró como tal propiedad los $8,092.(38 empleados por la demandante en sellos de rentas internas para adherirlos como los adhirió a sus mercancías por vender.

No conforme la demandante apeló para ante la Junta de Revisión e Igualamiento. La junta sostuvo la tasación del Tesorero. Entonces pagó la suma de $525.92 importe de la contribución, haciéndolo bajo protesta en cuanto a $201.90 a que ascendía la contribución por el valor de los sellos, y entabló este pleito reclamando la devolución de lo pagado bajo protesta con más sus intereses y las costas, gastos y hono-rarios de abogado.

Emplazado el demandado, excepcionó la demanda. Su excepción fue declarada sin lugar. Luego estipuló con la demandante una narración de hechos, cuya substancia deja-mos expuesta, quedando sometida a la corte de tal modo la resolución de la cuestión de derecho envuelta, a saber: ¿Puede considerarse como propiedad tributable el valor de los sellos de rentas internas adheridos a las mercancías en cumplimiento de la ley a los efectos de que dichas mercan-cías puedan venderse? La corte decidió la cuestión en la negativa y el demandado apeló para ante este tribunal.

Que los sellos de rentas internas en sí mismos no son propiedad tributable ha sido claramente resuelto. En 23 R.C.L. 953, citado por el propio apelante, se dice:

“Los sellos de lentas internas de los Estados Unidos son instru-mentos del gobierno general para el cumplimiento de sus funciones legítimas. Representan de por sí la contribución que ese gobierno impone a los negocios de la comunidad, para su propio sostenimiento. Son los giros mediante los cuales se recibe esa contribución anticipa-damente, y los comprobantes a virtud de los cuales su pago se hace manifiesto. Su capacidad para responder a esos fines es lo que les da valor como propiedad. De otro modo carecen de valor y en su consecuencia, como propiedad, están exentos de toda contribución estadual y local.”

Pero el apelante sostiene que la situación varía cuando los sellos se adhieren a la mercancía en cuyo caso forman parte del valor de la misma y constituyen propiedad tributable, invocando en apoyo de su contención lo decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Jones v. Van Benthuysen, 103 U.S. 87, a saber:

“Los hechos de este caso, tal cual fueron presentados al jurado, figuran en un corto pliego de excepciones, del cual se desprende que el demandante era un comerciante comisionista que se dedicaba a vender tabaco manufacturado a terceras personas; que según los li-bros del tasador de aquel distrito había efectuado ventas de tabaco ascendentes a $1,256,000, cantidad sobre la cual se impuso una contribución del 2 por ciento, que pagó al colector bajo protesta.
“El fundamento de esta protesta es que las ventas así efectua-das por él, conforme revela el pliego de excepciones, ‘fueron efec-tuadas mientras el tabaco estaba en depósito (in bond) dentro del almacén de depósito; que dicha contribución fué impuesta y cobrada sobre el valor del tabaco y sobre el importe de las estampillas que por ministerio de ley debía adherirse al mismo antes de salir del almacén de depósito, que el valor del tabaco así vendido era $787,855.67 y el de las estampillas fijadas al mismo $468,144.33; y que el demandante, como comerciante comisionista que era, cobraba comisiones a sus principales, tanto sobre el valor del tabaco en de-pósito como sobre la suma' invertida en las estampillas; que la contribución especial fué impuesta y cobrada tanto sobre el valor del tabaco como sobre el importe de las estampillas.’
“La corte se negó a instruir al jurado que la contribución sobre las ventas efectuadas por el demandante había sido debidamente impuesta por el demandado sobre el importe bruto de ellas, o sea, $1,256,000, y por el contrario le instruyó que la contribución especial del 2 por ciento sobre el importe de las ventas de traficantes en tabaco no podía propiamente ser cobrada sobre las estampillas que debían adherirse al tabaco en depósito, y que en lo que concernía a. la contribución pagada por el demandante sobre las estampillas, éste tenía derecho a obtener una sentencia por su importe.
" “La ley de julio 20, 1868, c. 186, bajo.la cual se impusieron esas contribuciones, provee que ‘los traficantes en tabaco cuyas ven-tas anuales pasen de cien dólares y no excedan de mil, pagarán cinco dólares cada uno, y cuando sus ventas anuales excedan de mil dó-lares, pagarán dos dólares adicionales por cada mil dólares en exceso ele los primeros mil dólares. Toda persona- que se dedique a vender a ofrecer en venta tabaco manufacturado, picadura, o cigarros será •considerada como traficante en tabaco.’ 15 Stat. 125, 152.
“Es indudable que el legislador al aprobar este estatuto sola-mente tuvo la intención de fijar una contribución a las ventas de tabaco, y si el traficante también era dueño de las estampillas que iban a utilizarse en el pago de los impuestos sobre el tabaco, él po-sdía venderlas separadamente hasta cualquier suma, sin estar sujeto a una contribución sobre tales ventas. Antes de adherírsele al tabaco esas estampillas no forman parte del valor del mismo y pueden ser compradas y vendidas por el valor que representan como objeto independiente a ser utilizado a voluntad de los adquirentes. Sobre tales ventas no se fija contribución alguna ni al vendedor ni al comprador.
“Por otra parte somos de opinión que una vez que estas estam-pillas son adheridas al tabaco y canceladas y cuando ya jamás puede •volvérseles a, usar, ellas dejan de tener un valor separado e indepen-diente, y el que antes habían tenido se confunde o incorpora en el del tabaco. Toda venta posterior se efectúa sobre la base del valor aumentado que el tábaco ha adquirido a virtud del pago del im-puesto representado por la estampilla, y nunca puede ser calculado independientemente de ésta.”

La regia fué confirmada por la propia Corte Suprema en Jones, Executrix, y. Van Benthuysen, 115 U.S. 464, en los siguientes términos:

“Este recurso fué iniciado por Yan Benthuysen, demandado en el recurso de error, que era un comerciante comisionista que se dedi-caba a la venta de tabaco manufacturado, con el objeto de recobrar de Stockdale, colector de rentas internas, ciertas contribuciones pa-gadas por él bajo protesta sobre el importe de las ventas de un tabaco que se hallaba en un almacén de depósito. La única con-troversia gira en torno a si el comerciante debe pagar contribuciones sobre el valor total de las estampillas adheridas al tabaco al tiempo de ser sacado del almacén. El caso se vió ante este tribunal durante el término de octubre de 1880, y aparece publicado en 103 U. S. 87. Resolvimos allí que ‘al comerciante no podía imponérsele una contribución por los sellos de rentas internas que debían adherirse al tabaco antes de ser sacado del almacén de depósito, a menos que al tiempo de efectuarse tales ventas ya las estampillas hubieren sido adheridas, entrando así a formar parte del valor del tabaco y del precio del mismo.’ De acuerdo con esta resolución la sentencia de la corte inferior fué revocada, y el caso devuelto para nuevo juicio. El presente recurso de error fué instruido con el propósito de revi-sar la sentencia dictada en el segundo juicio. El pliego de excep-ciones demuestra que la instrucción transmitida al jurado siguió casi textualmente las palabras de la opinión de este tribunal al in-terpretar la ley de que dependen los derechos de las partes, y cubría el caso en su totalidad.”

No liay duda de que el caso que estamos considerando no es exactamente igual al resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos que dejamos citado porque aquí se trata de una contribución sobre la propiedad y allí se trataba de un impuesto sobre ventas, pero tampoco da hay de que en ambos la cuestión envuelta era la del valor de la mercancía a los efectos del pago de la contribución o el impuesto calculado tomando en consideración dicho valor. ■

El Tesorero por mandato de la ley — artículo 295 del Código Político — viene obligado a tasar la propiedad “en su valor real y efectivo” y el valor de las mercancías en este caso dado por su mismo dueño era el de $17,632.58, formando parte de él el de los sellos a ellas adheridos. El valor en venta, real y efectivo, de dichos bienes en el mercado fué, pues, el que sirvió de base a la tasación.

No impugna la demandante la tasación de su efectivo. ¿Y qué otra cosa eran los sellos sino efectivd empleado en algo que la demandante necesitaba para vender su mercan-cía? Ella cobraba al consumidor el precio total, reembolsán-dose de lo invertido tanto en las mercancías en sí como en los sellos, más la ganancia propia del negocio.

No nos encontramos, pues, frente a nn caso de úna con-tribución de propiedad sobre un valor que no existe, ni al de una doble contribución, ni puede aceptarse que las estampi-llas de rentas internas fijadas a los cigarrillos no le añadie-ran valor, ni que éstas sólo constituyan más que recibos demostrativos de haberse satisfecho el impuesto, como sos-tiene la parte apelada.

Aceptamos que el dinero pagado por las estampillas es propiedad del Gobierno como también sostiene la apelada, pero no creemos que ese hecho impida el cobro de la contri-bución a la inversión de su dinero por parte del contribu-yente a los fines de su negocio. También el dinero que pagó por la mercancía es propiedad de su vendedor y eso no obs-tante la mercancía producto de la inversión es propiedad tributable.

Siendo ésa la opinión que del caso hemos formado, claro es que procede que revoquemos la sentencia apelada y en vez de ella dictemos otra declarando la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Puesidente Señoe Del Toko

text:
    Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico, Diócesis de San Juan, demandante y apelada, v. José Puig Morales y Augusto Veve, Márshal de la Corte de Distrito de Humacao, demandados y apelantes.
    Núm. 7526.

    Sometido: Mayo 25, 1938.

    Resuelto: Marzo 10, 1939.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante Sr. Puig Morales; Arturo Aponte, abogado de la apelada.
   El Juez Puesidente Señoe Del Toko

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito sobre injunction fallado en contra del demandado. En diciembre 21,1932, la Iglesia Católica, Apos-tólica y Romana de Puerto Rico, Diócesis de San Juan, radicó en la Corte de Distrito de Humacao una demanda sobre injunction contra José Puig Morales y Augusto Veve, Már-shal de dicha Corte.

En ella en resumen alegó:

1, que la demandante es una institución de carácter universal, reconocida por las leyes de Puerto Rico, con facultad para demandar y ser demandada;

2, que desde febrero 12, 1930, se encuentra en posesión y es dueña del usufruct,o perpetuo de una faja de terreno que describe debidamente;

3, que en febrero de 1930 el demandado Puig inició un pleito de injunction para recobrar la posesión de una faja de terreno cuya posesión alegaba que tenía don Antonio Lor-den, describiéndola en la forma que copia, radicándose el pleito bajo el número 14880;

4, que en dicho pleito Puig alegaba que sobre la faja des-crita existía un piso de concreto y una servidumbre de paso de agua hacia la calle procedente del techo de una casa suya y puertas y ventanas;

5, que la faja de terreno cuyo usufructo perpetuo la demandante alega que le pertenece está incluida en la des-crita y reclamada por Puig en el pleito número 14880;

6, que en el referido pleito la corte dictó sentencia, que es firme, contra Lorden, y Puig solicitó y obtuvo una ordeu de restitución de posesión, y el otro demandado el Mársbal Yeve estaba por medio de trabajadores socavando tierras, tumbando muros, destruyendo verjas y ejecutando otros actos en la faja de la demandante, y

7, que los dichos actos perjudican de modo irreparable a la demandante que carece de un recurso rápido, adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.

Suplicó que, previa la prestación de la fianza que la corte fijara, se expidiera el auto de injunction correspondiente, pro-hibiendo a los demandados continuar en la realización de los indicados actos.

En abril 7, 1933, la demandante radicó una demanda en-mendada. Sus hechos primero, segundo y cuarto son simi-lares a los primero, segundo y séptimo de la original. Se eliminan las alegaciones referentes al pleito 14880 y al marshal como demandado y se agrega a los actos de perturbación que se imputan directamente al demandado Puig el siguiente t “arrojando grandes cantidades de tierra, y otros materiales extraídos de dicha faja de terreno, sobre el atrio de la igle-sia católica que pertenece a la demandante en plena propie-dad desde hace muchos años”.

En mayo 18, 1933, la corte declaró sin lugar la oposición del demandado a la admisión de la demanda enmendada, concediéndole término para contestar.

Excepcionó el demandado la demanda por falta de hechos y ambigüedad. Sus excepciones no prosperaron y contestó reproduciendo las excepciones, negando los hechos segundo, tercero y cuarto de la demanda enmendada y alegando que estaba en posesión de la faja descrita en el hecho segundo desde mucho antes de febrero de 1930, posesión que sus cau-santes y él tuvieron por más de treinta años hasta que Antonio Lorden lo despojó de ella, iniciando entonces para recobrarla el pleito número 14880 que se falló a su favor por la corte de distrito en junio 10, 1930, y por la Suprema en julio 22, 1932, en virtud de cuyas sentencias le fué restituida, disfrutando de ella en la actualidad.

Fué el pleito a juicio y la corte lo decidió en los siguientes términos:

“En el día de lioy y por los fundamentos que se expresan en la ‘Relación del Oaso y Opinión’ que se une a los autos, se dicta sen-tencia ordenando que se expida un auto de Injunction dirigido al demandado, José Puig Morales, para que se abstenga de realizar acto alguno tendiente a echar en lo sucesivo tierra o material al-guno sobre el atrio de la Iglesia Católica de Caguas, y a la par que proceda a extraer todo lo que ha echado sobre dicho atrio, proce-dente de la parcela de terreno colindante con el mencionado atrio y cuya posesión le fuera concedida por sentencia de esta Corte de Distrito; ordenándose además, que en el caso de que se negare a extraer todo ese material dentro del quinto día de ser firme esta sen-tencia, se procederá a su extracción por su cuenta, y se le condena además, al pago de las costas en este caso.”

No conforme el demandado apeló para ante este tribunal señalando en su alegato cuatro errores cometidos a su jui-cio por la corte sentenciadora al admitir la demanda enmen-dada, al declarar sin lugar las excepciones previas, al dictar sentencia declarando la demanda con lugar, por ser ello con-trario a la ley y a la evidencia y al imponerle las costas.

Argumentando el primer señalamiento dice el apelante :

“Nuestra contención es que de acuerdo con el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil, vigente en Puerto Rico, no cabía enmendar la demanda porque en la original se trataba de un injunction clásico comprendido dentro de la Ley de 1906 y en la enmen-dada de un interdicto o injunction para recobrar la posesión, que son diametralmente opuestos, porque en uno se discute el derecho y en el otro el hecho de la posesión material.”

En su opinión el juez sentenciador se expresó, en lo per-tinente, así;

“Entendemos que en el presente caso se trata de un injunction de los comprendidos en la Ley aprobada en el año 1906.
“Sólo tenemos que resolver si el demandado José Puig Morales al llevar a cabo la ejecución de cierta sentencia que fué dictada por esta Corte de Distrito en otro pleito seguido por él contra Antonio Lorden podía llevar a cabo los actos que se refieren sola y exclusivamente de arrojar sobre el atrio de la Iglesia Católica de Caguas la tierra y escombros que sacaran de la faja de terreno o solar que le fué entregada en posesión por una sentencia de esta Corte de Distrito y confirmada por el Tribunal Supremo. 43 D.P.R. 874. Aquella sentencia ordenaba que el citado Antonio Lorden de-jara en el libre goce de la posesión y disfrute de esa porción de terreno al ahora demandado.
“Ya antes hemos resuelto no considerar una de las modalidades de la demanda o sea aquélla que se refiere a la posesión de la par-cela de terreno descrita en la demanda. Es un asunto que ha sido resuelto ya. Sólo nos limitamos en esta opinión a_ la obstrucción en la forma ya dicha.”

El hecho predominante en ambas demandas es el de la perturbación y la acción ejercitada en las dos emana de la misma fuente, el artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, que dispone:

“Artículo 277. — Todo lo que fuere perjudicial a la salud, in-decente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicha .perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla así como decretar el resarcimiento de los perjui-cios. ’ ’

Se alegó en ambas demandas algo que no procedía por-que había sido ya juzgado y ese algo considerado por la corte sentenciadora como una modalidad, fué por ella dejado a un lado e implícitamente desestimado. Se limitó a consi-derar las alegaciones y la evidencia pertinentes a la causa de acción que resultó finalmente a su juicio bien fundada.

No se varió el procedimiento. Ningún perjuicio sufrió el demandado. Tuvo oportunidad de defenderse en forma. Los casos de González Reyes v. González, 43 D.P.R. 826, 829 y Echevarría viuda de Subirá v. Saurí, 38 D.P.R. 737 invoca-dos por el apelante presentan situaciones distintas. No so®, aplicables.

A nuestro juicio no se cometió el primer error. Tampoco el segundo. Por él se sostiene que la corte erró al declarar sin lugar las excepciones previas y para discutirlo se insiste en la misma cuestión de injunction clásico y de injunction, posesorio que se levantó en relación con el primer señala-miento.

Veamos el tercero. Se sostiene por él que la sentencia dictada es contraria a la ley y a la evidencia.

Expresando en qué consistió ésta dice el juez de distrito en su ya citada opinión:

“La prueba testifical de la demandante consistió en la decla-ración de varios testigos, en el sentido de que conocían por su larga estadía en la ciudad de Caguas de lo que se conoce como el atrio de-la Iglesia Católica y las condiciones en que el mismo se encontraba así como que la existencia de la tierra y escombros que ban sido arrojados sobre el referido atrio desde la parcela de terreno que se describe en la demanda. También se declaró sobre la existencia en dicho atrio de grama o cierta clase de yerba de adorno y que-la tierra que se encuentra sobre el atrio ha sido arrojada del calle-jón que es la faja de terreno que se describe en la demanda. Se presentaron varias fotografías que fueron admitidas con el fin de demostrar la forma en que se hallaba el atrio de la Iglesia antes de que el demandado procediera en la forma en que se alega en la-demanda. ’ ’

Se refiere luego a la inspección ocular por él practicada y a la sentencia que considera constitutiva de cosa juzgada con respecto a la posesión de la faja de terreno en la que el demandado verificó laS excavaciones y de la cual el deman-dante alegó y tendió a probar que le correspondía el usufructo-perpetuo, y pesando entonces la prueba, concluye:

“. . . que de los términos de la sentencia de esta Corte de Dis-trito en el pleito a que ya nos hemos referido no autorizaron ni pueden' entenderse que autorizan al referido José Puig Morales una;-invasión en el terreno que ocupa el atrio de la Iglesia Católica de Caguas en la forma en que la ba llevado a cabo. Los actos de in-vasión llevados a cabo por el demandado impiden clara y termi-nantemente el libre uso y disfrute que tiene la demandante para sí, para sus feligreses, sus sacerdotes y para el público en general que con derecho a ello han de discurrir por el referido atrio de la Iglesia Católica de Caguas en la forma y manera libre como antes de estos actos lo llevaban a cabo. No hay duda alguna que legal-mente y por derecho natural toda persona tiene el uso libre de su propiedad y todo entorpecimiento a ese derecho debe ser impedido por los tribunales.
* # * # # #
... El demandado ha tenido oportunidad de llevar a cabo las. obras que deseaba ejecutar sin causar la intromisión que ha ejecu-tado porque de la sentencia dictada en el pleito resolviendo la pose-sión a su favor del solar descrito en la demanda no lo autoriza a realizar acto alguno que tienda a perturbar o menoscabar el libre uso y posesión por parte de la demandante' del atrio de la Iglesia' Católica en el sentido de haber arrojado innumerables escombros conteniendo tierra, ladrillos rotos y otras materias que han oca-sionado daños a dicho atrio y lo que constituye una obstrucción del libre uso que tiene la demandante de su atrio.”

Hemos examinado la evidencia y sostiene las conclusiones que anteceden, estando el criterio del juez sobre los hechos ajustado a la ley y a la equidad.

En cuanto ál último señalamiento de error o sea el que se refiere a las costas, bastará decir que la ley y las circunstancias concurrentes justifican la imposición. El que una parte de la demanda no prosperara no impide la condena. El error no existe.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús,no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Mayo 3, 1939

La parte demandada y apelante solicita la reconsidera-ción de la sentencia de esta corte por virtud de la cual se confirmó la de la corte de distrito sólo en cuanto a su pro-nunciamiento de costas.

“El que una parte de la demanda no prosperara, no impide la condena” en costas, dijimos en nuestra opinión de marzo diez último. El apelante alega que el principio correcto es que “cuando una sentencia concede a un deman-dado, como en su caso, parte o partes de lo que se reclama en la demanda, no se le debe condenar en costas” y como fundamento de su alegación invoca la jurisprudencia de esta propia corte en los siguientes casos: Largé & Acevedo v. Fernández, 38 D.P.R. 508; Porto Rico Fertilizer Co. v. Roig, 39 D.P.R. 260; Morales v. Peña, 40 D.P.R. 186; García v. Ratera, 40 D.P.R. 595; Santos v. Fajardo Development Co., 44 D.P.R. 695; Reguero v. Jiménez, 44 D.P.R. 780; Otero & Núñez v. Sucrs. de M. Pérez, 46 D.P.R. 4; Cruz v. White Star Bus Line, Inc., 46 D.P.R. 435, y The Shell Co. (P.R.) Ltd. v. González, 46 D.P.R. 683.

Los casos invocados no sostienen la contención del ape-lante. En el primero de ellos o sea en el de Largé & Acevedo v. Fernández, supra, la demandante reclamó $691.50 y la corte le concedió $286.50, con las costas. La demandada apelante alegó que no había sido temeraria y esta corte al confirmar la condena en costas, por medio de su Juez Aso-ciado Sr. Aldrey, se expresó así:

“La apelante no hizo proposición alguna al contestar la demanda de pagar cantidad determinada a la apelada y hubo que celebrar juicio, por lo que no podemos declarar que el solo hecho de haber rebajado la corte en uso de su discreción algunas de las partidas que integran la reclamación, demuestre falta de temeridad en la deman-dada para la imposición de las costas.” 38 D.P.R. 510.

Como puede verse, el caso en vez de favorecer es con-trario al apelante. En el segundo caso invocado, o sea en el de P. R. Fertilizer Co. v. Roig, supra, la corte sentencia-dora ejercitó su discreción en el sentido de la no imposi-ción de las costas al demandado j al confirmar su actuación esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison, dijo:

“En el presente caso el demandado logró reducir el importe de la reclamación de la demandante aproximadamente a la mitad, y fué sin duda en reconocimiento de este hecbo que la sentencia dictada a favor de la demandante no contenía pronunciamiento alguno relativo a costas. De todos modos, no bubo abuso de discreción y no estamos dispuestos a alterar el resultado.” 39 D.P.R. 269.

Si la corte de distrito hubiera actuado aquí de igual modo, seguramente no hubiéramos alterado su actuación. El caso invocado no se encuentra, pues, en las mismas condiciones que éste.

En el tercer caso o sea el de Morales v. Peña, supra, lo que movió a esta corte a la conclusión de que no hubo teme-ridad, revocando en su consecuencia la condena en costas, fué el mantenimiento de teorías opuestas discutibles, circunstan-cia que aquí no existe. La corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Texidor, se expresó así:

“En lo que toca a la imposición de costas, el juez inferior estimó, sin duda, que el demandante había actuado con temeridad al inter-poner su demanda-. Nos decidimos por lá creencia de que la senten-cia es errónea en este punto. Las teorías de la retención del pago del precio, y la de absoluta exigibilidad de tal pago, contrarias y opuestas, eran discutibles, sin que el sostenerse una u otra pueda tenerse por acto de temeridad.” 40 D.P.R. 191.

Tampoco favorece el cuarto caso — García v. Ratera, supra —al apelante. En él se confirmó la condena en costas. En la opinión de la corte, emitida por el Juez Asociado Sr. Hut-chison, se dice:

“Si la demandada hubiese notificado oportunamente al deman-dante su conformidad en aceptar una sentencia por la cantidad re-clamada en la primera cansa de acción que ya se había llegado a la conclusión de que el demandante había devengado, no hubiera ha-bido necesidad de celebrar un juicio y no hubiese surgido ninguna cuestión de costas a menos que se le impusieran al demandante en caso de que éste hiciera una tentativa infructuosa de recobrar por concepto de dos o más de las tres causas de acción. La demandada no creyó conveniente aprovecharse de esa oportunidad.” 40 D.P.R. 602.

El quinto caso—Santos v. Fajardo, supra—es igual al segundo—Porto Pico Fertilizer v. Roig, supra. En el sexto —Reguero v. Jiménez, supra — esta corte resolvió que “Recla-mada por servicios médicos prestados una suma a todas luces exagerada, la negativa del demandado a satisfacerla no puede constituir temeridad a los efectos de la imposición de cos-tas.” 44 D.P.R. 780.

En la opinión, emitida por el Juez Asociado Sr. Córdova Dávila para basar una sentencia por la suma de cuatrocien-tos dólares, se dijo:

“En cuanto al pronunciamiento sobre costas, el demandante de-clara que pasó una cuenta al demandado fijando la cuantía de sus honorarios en $5,000. El demandado en la contestación alega que los servicios no valen más de $150 y que además entregó al deman-dante bienes que tienen un valor superior a $500. La suma recla-mada por el Dr. Reguero es a todas luces exagerada. Si el deman-dante hubiese exigido desde el primer momento el pago de una .suma razonable, no tendría justificación ni excusa la negativa del deman-dado a satisfacer la cantidad reclamada. No puede decirse que el Sr. Jiménez incurriera en temeridad al negarse a satisfacer una suma que excede los límites de lo ordinario.” 44 D.P.R. 786.

Las circunstancias concurrentes, son, pues, distintas.

Los últimos tres casos invocados siguen la línea de los anteriores. Bastará que nos refiramos al primero de ellos o sea al de Otero & Núñez v. Sucrs. de M. Pérez, supra. De la opinión de la corte transcribimos:

“Alega tambjén la apelante que habiéndose reducido por la corte la cuantía de la indemnización, no procedía la condena en costas.
“Tampoco estamos conformes. Es una circunstancia que puedé tomarse en consideración para el ejercicio de la discreción de la corte tanto para imponer las costas como para graduar la cuantía de las mismas, pero no podemos aceptar que por el solo becho de que no se conceda toda la indemnización reclamada, tenga necesa-riamente que dejarse de condenar en costas.
“Es verdad que una parte a quien se reclama una cantidad ex-cesiva está justificada en defenderse, pero si ésa es su sola defensa debe limitarse a alegarla, aceptando la responsabilidad que le corres-ponda. Si así lo hiciere y la corte le diera la razón, claro está que no podría imponerle el pago de las costas.” 46 D.P.R. 11.

Se trata, pues, de una cuestión discrecional — a partir de la enmienda de la ley sólo en lo que se refiere a los honora-rios de abogado. Leyes Núms. 69 de 1936 (Leyes de 1936 (1) pág. 353) y 94 de 1937 (Leyes de 1936-1937, pág. 239), por virtud de las cuales quedó enmendado el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil. Hance v. R. Méndez y Hermano, resuelto en abril 28, 1939.

La actitud de esta corte depende en mucho de la asumida por la corte sentenciadora y en este caso concreto no creimos al dictar nuestra sentencia ni creemos ahora que la corte de distrito abusara de su discreción al imponer las costas sin excluir los honorarios de abogado, lo que equivalía en aquel entonces a incluirlos, ya que el pleito fué fallado en junio 4, 1934, o sea antes de la enmienda de la ley. Al fijarlos en pesos y centavos puede aún tomar en consideración la corte sentenciadora la circunstancia alegada. Pero tal circunstan-cia no obliga una vez demostrada su existencia, como cues-tión de derecho, a la no imposición, excepción hecha del caso del artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.

Debe declararse no haber lugar a la reconsideración soli-citada. ' ■ ' - ' ,


text:
    Salvador Vieta Puig, demandante y apelante, v. Isidoro Alvarez González, demandado y apelado. El Mismo, demandante y apelado, v. El Mismo, demandado y apelante.
    Núms. 7541 y 7548.

    Sometidos: Junio 8, 1938.

      Resueltos: Marzo 10, 1939.

      González Fagundo & González, Jr., abogados del demandante, ape-lante y apelado; A. L. López, abogado del demandado, apelado y apelante.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Dos apelaciones se ban interpuesto en este pleito. Una por el demandante contra la sentencia que declaró sin lugar su demanda y otra por el demandado contra la resolución de la corte por virtud de la cual quedó aprobado el pliego de excepciones preparado por el demandante a los efectos de perfeccionar su apelación sin incluirse tres documentos qne el demandado presentó en evidencia y qu.e la corte no admi-tió.

Se trata de un pleito sobre reivindicación. Alegó el demandante ser dueño de un solar marcado con el número 1 de la calle de Ruiz Belvis de Caguas, P. R., de diez y seis varas de frente por treinta y dos de fondo en lindes por el Norte con la indicada calle, por el Oeste con Carmen Plores de Bonilla, por el Este con terrenos de Leonarda Rodríguez, antes, boy con la calle de Rafael Cordero.y por el sur “sus fondos con los fondos de un bobío de Ramón Mejías”, bailándose la finca inscrita al folio 180 del tomo 62 de Caguas, con el número 837 triplicado, inscripción novena.

Alegó además que el demandado se encuentra detentando una porción de la indicada finca que describe así: “par-cela que mide 16 varas por el Norte, 16 por el Sur, 14 por el Este, y 14 por el Oeste, colindando por el Este con la calle Rafael Cordero, antes terrenos de Doña Leonarda Ro-dríguez, por el Oeste con fondos de la casa de Carmen Plo-res de Bonilla, por el Norte con la finca descrita en el becbo anterior de la cual forma parte integrante y por el Sur boy con Tomasa Lebrón.”

Y alegó por último que la porción detentada vale más de quinientos dólares, habiéndose negado el demandado a devol-vérsela no obstante los requerimientos que le ba becbo.

Por la contestación se plantean diferentes cuestiones. En primer lugar niega el demandado que el demandante sea dueño del solar número uno de la calle de Ruiz Belvis que describe en su demanda y afirma que dicbo solar pertenece al Municipio de Caguas como parte integrante de la finca de ochenta y una cuerdas, que describe y que está inscrita a su favor desde 1890 al folio 92 del tomo 11 de Caguas, finca 562, inscripción primera.

Sigue alegando que si bien el solar consta inscrito en el registro por su inscripción novena a favor del demandante, és lo cierto que la inscripción primera lo fné de casa y solar a favor de Agustín Ramírez en 1900 a virtud de información posesoria en la que Ramírez no presentó certificación del pago de contribuciones sobre la casa ni' sobre el solar, ni noti-ficó al -municipio como colindante ni de la incoación del expe-diente, sin que Ramírez ni sus sucesores incluso el deman-dante hayan estado en ningún tiempo en la posesión ni hayan declarado jamás como propio dicho solar en las planillas para la imposición de las contribuciones, habiendo por el contrario manifestado que el solar es propiedad del municipio; ale-gando además que ni Ramírez ni sus sucesores han poseído desde 1902 la parte del solar que se sostiene que el deman-dado detenta, habiéndola poseído en concepto de usufructua-rio de su dueño el municipio, Ruperto Aponte Díaz desde 1902 hasta 1919 y desde 1919 hasta el presente el demandado.

Todas esas alegaciones se hacen en contestación al párrafo primero de la demanda. Contestando el segundo el deman-dado niega que detente la porción que en la demanda se describe y por el contrario alega que dentro de las colindan-cias indicadas radica la siguiente finca: “Urbana. — Casa .terrera de maderas y techo de zinc, marcada con el número 28 de la calle de Rafael Cordero de Caguas de nueve metros de frente por ocho metros quince centímetros de fondo, encla-vada en solar del Municipio de dicha Ciudad de diez metros setenta centímetros de fondo, lindante por el Norte con solar yermo del Municipio de Caguas, por el Sur con casa de Tomasa Lebrón, por el Este con la calle de Rafael Cordero y por el Oeste con casa de Paula Maldonado^, cuya casa fue edificada por Aponte en 1902 en solar del Municipio cedídole en usufructo a tal fin”, inscrita a su favor con vista de lá escritura pública de edificación de junio 3, 1916 y de la cer-tificación de igual fecha expedida por el Secretario Municipal de Caguas, finca 2295, inscripción primera extendida en junio 15, 1916, habiéndose trasmitido su propiedad por Aponte y su esposa al demandado por escritura pública de julio 22, 1919, inscrita desde junio 15, 1922, en el registró, al folio 28 vuelto del tomo 49 de Oaguas y habiéndola poseído •como dueño el demandado desde la fecha de su adquisición.

En otro párrafo de la contestación numerado como el ter-cero se niega que el valor de la parcela reclamada sea superior a quinientos dólares y en contrario se afirma que en ningún caso valdría más de ciento cuarenta dólares.

En el siguiente párrafo sostiene el demandado que la acción ejercitada está prescrita de acuerdo con el artículo 1863 del Código Civil, ed. 1930, por haber transcurrido más de treinta años desde que el demandante y sus causantes per-dieron la posesión material de la porción que reclaman.

Y en el quinto y el sexto que ha adquirido por prescrip-ción extraordinaria el dominio de la casa y el usufructo del solar por haberlos poseído sin interrupción, quieta y pública-mente a título de dueño por sí y su causante por’ más de treinta años con anterioridad a la interposición de la demanda (artículo 1859 del Código Civil, ed. 1930 y artículos 35 y 394 de la Ley Hipotecaria) y por prescripción ordinaria porque adquirió por justo título y han transcurrido más de diez .años entre presentes desde la fecha de la adquisición. Artículo 1857 del Código Civil, ed. 1930 y artículo 35 de la Ley Hipotecaria.

Fué el pleito a juicio. Una y otra parte practicaron prueba y el Io. de septiembre ele 1936 la corte lo falló, como dijimos, en contra del demandante. Dijo en su opinión:

"Sustanciados los trámites preliminares, visto el juicio durante el cual presentaron las partes copiosa evidencia documental y tes-tifical; realizada por la Corte una inspección ocular sobre el terreno litigioso y presentados por los interesados informes escritos en soste-nimiento de sus repeetivas contenciones, ha hecho la Corte un minu-cioso estadio de la prueba practicada, a la luz de las alegaciones, lie--ganseen ese estadio a la conclusión de que jamás el demandante, ni sus. antecesores en título han poseído ni en mera tenencia ni en dominio la parcela objeto de la demanda, la cual pertenece a jui-, ció de la Corte, a persona distinta de aquéllas que litigan en este .caso y sobre la cual hay una casa que pertenece al demandado.” - '

Dos errores señala el demandante apelante en sn alegato y los disente conjuntamente, a saber: cometió la corte error de derecho por infracción de los artículos 356 y 1849 del Código Civil y el 34 de la Ley Hipotecaria y erró al apreciar la prueba.

Los artículos del Código Civil que se alegan infringidos corresponden a los 283 y 1848 de su edición de 1930. Prescriben:

“Artículo 283. — La propiedad de una cosa reside siempre en el que tiene sobre ella el inmediato dominio y no en cualquiera otra persona, no obstante que use y disfrute de alguna manera de la cosa ajena.”
“Artículo 1848. — Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe asimismo la posesión. ’ ’

Y el 34 de la Ley Hipotecaria es como sigue:

“No obstante lo declarado en el artículo anterior, los -actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a ter-cero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el dere-cho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo Registro.
“Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse, en perjuicio de tercero; otro título posterior también inscrito, salvo lo dispuesto en el artículo 389.
“Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en ningún tiempo al título inscrito con arreglo ■ a lo prevenido en el artículo 390, a menos que la prescripción haya convalidado y asegurado el derecho*, a que se refiera dicho título.”

Tras un estudio detenido de este caso, que es en verdad confuso, creemos que no puede concluirse que la corte, ai apreciar la evidencia en la forma en que lo hizo errara, ni infringiera los preceptos' de ley que señala el demandante.

Examinemos la evidencia de una y otra parte. Consistió la del demandante en su propia declaración, en la del testigo Juan Ramón Yelázquez y en varios documentos.

Dijo el demandante qne era dueño de la finca descrita en la demanda y que no estaba en posesión de toda ella; que la parte que posee el demandado vale seiscientos dólares; que en esa parte lo que liabía era un bobío sin importancia donde vivía Niño Fuertes o Euperto Aponte; que conoció a Aponte “hace unos cuantos años, bace cuatro o cinco años poseyendo esa finca y que le salió a vender en distintas ocasiones la casa, el bobío nada más”; que el declarante es hombre de nego-cios y “no puede precisar nada de ese asunto, tan variado que no puede precisar; que él no se preocupaba del solar; que no vió al demandado por allí; que pag’a contribuciones; que la señora a quien compró “pagaba por todo”; que la casa se quemó en “vida de esa señora y él siguió con el solar”; que él no pagaba contribuciones; que no paga por el solar porque está yermo; que él “compró la casa quemada y a la señora parece que le hicieron una concesión de no pagar contribuciones porque era una casa pobre y él siguió así y ha seguido así”; “que el solar al principio valía mil doscien-tos dólares; que ‘La Democracia’ se los ofreció, pero por estar en las condiciones en que está, que se creyeron que salían 16 varas de frente por catorce varas de fondo y resulta que no quedan nada más que ocho por diez”; que su apo-derado era Eafael Arce, abogado, quien se entendía con todo, que él le dijo que podía comprar y compró “y que no sabe ni las condiciones en que está.”

El otro testigo dijo que vivía en Caguas desde 1905 y conoció a Euperto Aponte allá por el año 1918 ó 1919'; que en aquella época Aponte tenía “una casa en la calle Eafael Cordero, de madera y zinc, y en cierta época fué a ofrecér-sela en venta y no se la compró; que después de Euperto entró en posesión de la casa el G-alleguito, no sabiendo des-pués de éste quién la poseyó; “que ha vivido allí casi en aquella calle toda la vida y conoce eso desde esa época, desde el año 1905 al 1906; que en ese solar existía una casa que fué la que Niño Aponte le fué a vender”; que la casa “no era igual en su construcción a la que encontró fabricada ahí don Isidoro (el demandado) sino nna casita''”; “que. sabe quién es Juanito, que lo conoció viviendo en la casa de Niño Aponte cuando era muy niño ... y lo ba visto viviendo allí como veinte o veinte y cinco años, siendo la casa de Nino Aponte. ’ ’

Tal, en resumen, la evidencia testifical del demandante. La documental fué como sigue:

Certificación expedida por el Begistrador de la Propiedad de Caguas. Acredita que en agosto 13, 1900, se inscribió "por primera vez la finca núm. 837, así: Urbana. — Gasa de maderas techada de tejas de barro radicada en la calle del Comercio de esta Ciudad, fabricada en un solar que mide diez y seis varas de frente por treinta y dos de fondo . . . .” Sigue la descripción que coincide con el solar descrito en la demanda. La inscripción se hizo sin perjuicio de tercero de mejor derecho a su propiedad a favor de Agustín Bamírez a virtud de expediente posesorio tramitado en el Juzgado Municipal de Caguas, en el que Bamírez acreditó haber adqui-rido la finca por compra a Sandalio de Jesús desde hacía cuatro años, sin tener de dicha adquisición título inscribible;

Copia de la escritura pública otorgada en noviembre 17, 1918, por Elvira, Providencia e Isidoro Vieta Grillo a favor de Salvador Vieta Puig, por virtud de la cual los primeros venden al segundo una "Casa, terrera . . . radicada en la calle de Buiz Belvis . . . antes del Comercio . . . conteniendo el solar en que se halla enclavada . . . treinta y dos varas de frente por treinta y dos de fondo ...” El documento se inscribió sólo en cuanto a diez y seis varas de frente por treinta y dos de fondo, inscripción séptima, finca 837;

Copia escritura pública otorgada por Vieta Puig y Manuela Bodríguez el 4 de marzo de 1919 por virtud de la cual el primero vende a la segunda la "Casa, terrera, . . . calle Buiz Belvis . . . conteniendo el solar en que se halla encla-vada . . . cuya casa anteriormente descrita, la adquirió por' compra que hizo a doña Elvira . .

Certificación del Secretario de la Corte Municipal de Cagnas de la resolución final de dicha corte de noviembre 19, 1923, declarando convertida en inscripción de dominio la posesoria de la “Finca compuesta de solar y casa . . . calle Ruiz Belvis . .

Copia de la escritura pública otorgada por Manuela Rodrí-guez en noviembre 20, 1923, en la que se transcribe la anterior resolución final y se hace constar lo que sigue: “Que después de tramitado el espediente judicial de que se deja becbo mérito, se ba enterado la compareciente de la publica-ción de la ley de nuestra Asamblea Legislativa, fecha siete de julio de mil novecientos veintitrés, estableciendo una nueva enmienda al artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Regla-mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico; enmienda que excluye la tramitación de expedientes judiciales sobre conversión de inscripción de posesión en ins-cripción de dominio para aquellos poseedores, como la otor-gante, cuando la inscripción de posesión date de más de veinte años y no exista en el registro nota que indique que la pres-cripción ba sido interrumpida durante dicho término. Y atemperándose la compareciente a los efectos más favorables de la nueva ley enmendatoria del citado artículo cuatrocien-tos cuarenta y uno, formaliza ahora la presente escritura., inte-resando del señor registrador de la propiedad de este distrito se sirva hacer la conversión de inscripción de posesión de la finca precedentemente reseñada, en inscripción de dominio, por medio de la correspondiente nota marginal.” La copia contiene la de la nota del registrador que dice: “Hecha la conversión . . . por nota al margen de la inscripción 8* de la finca núm. 837 . . . ”;

Copia escritura pública otorgada en julio 3, 1926, por Manuela Rodríguez y Salvador Yieta por virtud de la cual la' primera, vende al segundo la “Finca compuesta de solar y casa . . . calle Ruiz Belvis” cuya inscripción posesoria fué convertida en dominio. El documento causó la inscrip-ción 9a. de la finca 837 a favor de Yieta, el demandante.

Antes de entrar en el estudio de esa evidencia parece conveniente resumir la del demandado. Entonces nos encon-traremos en mejores condiciones para el examen combinado de ambas.

Fué también dicha evidencia testifical y documental. Como testigo declaró el propio demandado. Dijo, en resu-men, que Ruperto Aponte, que se dedicaba a la siembra de tabaco, allá por el año de 1916 para garantizar un préstamo hipotecó a su hermano Ricardo Alvarez tres casitas que tenía, entre ellas la número 28 de la calle de Rafael Cordero y en esa transacción figuró el declarante como apoderado de su hermano. “Encontré una casa bien hecha, tres puertas a la calle, dos inodoros, cubierta de tejas de barro”; que la familia Yieta tenía la casa colindante con frente a la calle Ruiz Belvis, ambas situadas en solares contiguos pero dis-tintos ; que reside en Caguas desde hace treinta y cinco años y “la primera palabra que se ha dicho siempre es que los solares de Caguas son del Municipio”; esta última manifes-tación fué eliminada a moción del demandante.

Siguió declarando que Aponte no pudo pagar y tuvo que vender la casa comprándosela el testigo en el año 1917 o en el 1918, poseyéndola desde entonces; que siempre ha reco-nocido como dueño del solar al municipio; que le pagó el tributo de usufructo; que nadie le reclamó el solar como dueño hasta principios de 1934 o diciembre de 1933 en que por vir-tud de los desperfectos que ocasionara^a la casa' el ciclón tuvo que repararla y estando en ello se presentó Manuelito Jiménez y dijo a la Sanidad que quería que mandara a parar la obra porque el solar era de otra persona, a lo que Sanidad se negó, siendo ése el primer día que tuvo conocimiento, des-pués de treinta años, que el solar era de Vieta.

Los documentos presentados fueron:

Copia de escritura pública otorgada en Caguas el 3 de junio de 1916 por Ruperto Aponte y su esposa e Isidoro Alvarez como apoderado de Ricardo Alvarez por virtud de la cual los primeros hipotecaron a favor del segundo dos casas, una de las cuales se describió así: “Urbana. — Casa terrera, de maderas del país y techo de zinc, situada en la calle de Rafael Cordero, número 28, de esta ciudad, de nueve metros ■de frente por ocho metros ,quince centímetros de fondo, ■enclava en un solar, propiedad del Municipio de Caguas que disfruta el esposo manifestante en concepto de usufructo por concesión que le hizo dicho municipio desde hace unos catorce años y colinda por el Norte con don Isidoro Vieta . . Luego en la cláusula segunda aparece lo que sigue: “Que los solares en que enclavan las dos referidas casas fueron -segregados, para los efectos de la concesión de usufructo en favor del esposo otorgante, de una finca propiedad del muni-cipio, que se describe así: Urbanía: Terreno destinado al fomento de esta población, de ochenta y una cuerdas, . . . inscrito en el Registro de la Propiedad al folio 92, tomo once de Caguas, finca número 562, inscripción primera”;

Copia de escritura pública otorgada en junio 22, 1919, por Ruperto Aponte y su esposa e Isidoro Alvarez, por vir-tud de la cual los primeros vendieron al último la casa de maderas número 28 de la calle de Rafael Cordero de Caguas, ubicada en solar del Municipio;

Certificación del Registrador de la Propiedad de Caguas que comprende (a) copia literal de la primera inscripción de la finca 837 a virtud del posesorio a favor de Ramírez, (6) copias de los siguientes documentos archivados en el Archivo de Documentos Públicos del Registro: certificación del Secre-tario del Ayuntamiento'de Caguas, de mayo 21, 1900, de que Ramírez posee a título de dueño una casa de maderas situada en la calle del Comercio y que dicha finca no figura en el reparto de contribuciones por encontrarse comprendida en la regla tercera del reglamento de impuesto de la contribución por urbana, y escrito dirigido por Ramírez al Juez Municipal iniciado el expediente posesorio y diligencias de su tra-mitación hasta el auto definitivo; (o) copia literal de la ins-cripción primera de la posesión de la casa en solar núm. 28, calle de Rafael Cordero, del Municipio de Caguas, colin-dante al Norte con Vieta hedía a favor de Ruperto Aponte1 y su esposa Bibiana Ramos en junio 16, 1916, haciéndose-constar que el solar es parte de la finca número 562 inscrita, a favor del municipio; y (d) copia de la inscripción de la-venta de la casa núm. 28, calle Rafael Cordero, Caguas, a. favor del demandado, practicada el 15 de junio de 1922;

Certificación del Tesorero de Puerto Rico de una planilla para 1917-18 a los efectos de la contribución sobre la pro-piedad presentada bajo juramento por Josefa Grillo de Vieta con referencia a la finca cuyas colindancias se dan como sigue: Norte, Ruiz Belvis esq. Rafael Cordero, Sur, Ruperto Aponte, Este, Rafael Cordero, haciéndose constar que el solar perte-nece al municipio y fijándose el valor de’la casa en quinientos-dólares ;

Certificación del Tesorero de Puerto Rico referente al informe jurado presentado por Isidro Vieta a los efectos de la contribución sobre propiedad, año 1910-11 en el que valora la casa en trescientos dólares y dice que el solar es del muni-cipio ;

Certificación del Tesorero de Puerto Rico del informe jurado presentado por Isidoro Alvarez a los efectos de la con-tribución sobre propiedad de la casa núm. 28, calle Rafael Cordero de Caguas, solar colindando por el Norte con Isidro-Vieta, en el que da a la casa un valor de trescientos dólares y dice que el solar es del municipio. Año económico 1920-21;.

Certificación del Tesorero de Puerto Rico con respecto al informe de Ruperto Aponte de la casa núm. 28, Rafael Cor-dero, Caguas, en solar del municipio. Año económico 1909-1910;

Certificación del Secretario del Municipio de Caguas sobre autorización a A. Ramírez en 1896 para fabricar una casaen la calle de Ubarri y sobre acuerdo de 1900 variando el nombre de las calles de la ciudad.

Por último se practicó una inspección ocular haciéndose constar en el acta de la misma lo que sigue:

“En la esquina de las calles Rafael Cordero y Ruiz Belvis lia.y un solar vacío con restos del cimiento de ima construcción que existió sobre el mismo. El cimiento es de material y una parte del suelo está cubierto de pavimento en mal estado. El material demuestra que está en ese sitio colocado desde antiguamente. La medida del solar por su frente a la calle Ruiz Belvis da exactamente. 16 varas y bacía atrás, es decir, hacia el frente que da a la calle Rafael Cor-dero, mide 35 pies. El fondo de ese solar considerando el frente como el que da a la calle Ruiz Belvis, da a la casa del demandado que se dice ocupa terrenos del solar del demandante. Por el frente a la calle Rafael Cordero mide 37 pies 5 pulgadas, tomando como base un sardinel que aparece por el frente de la calle Ruiz Belvis. Desde este sardinel, contándose 32 en esa distancia se encuentra, no. sólo el solar propiedad del demandante, sino la totalidad del que se alega propiedad del demandado y parte del que por el Sur colinda con la propiedad del demandado. Tanto desde afuera como exa-minada desde el interior la casa propiedad del demandado revela una construcción también muy antigua, las tablas son anchas y al parecer, por su consistencia, de maderas del país en gran parte, te-niendo esquineros antiguos también de la misma madera, caracte-rística que también revela la parte suya construida de material como cimientos, zócalos, etc."

Basta la mera exposición de la evidencia en su totalidad para concluir como ya adelantamos que la corte sentenciadora no erró al apreciarla ni infringió en su sentencia los precep-tos de la ley que se señalan.

De las propias declaraciones del demandante y de Velazquez, su testigo, confusas, vacilantes y contradictorias, se deduce que el demandante jamás tuvo de hecho sobre la casa que reclama el “inmediato dominio” de que habla el artículo 283 del Código Civil, ed. 1930.

Por otra parte la evidencia del demandado en relación con la declaración del testigo del demandante Velazquez demues-tra que el demandado y sus antecesores poseyeron desde 1902 como dueños la casa enclavada en el solar que se reclama y ■el solar con el consentimiento de su dueño el Municipio de Caguas.

Es cierto que el solar está comprendido dentro de los lími-tes de aquél en que se dijo que estaba fabricada la casa de Ramírez en el expediente posesorio resuelto en 1900 e ins-crito en el registro, pero si se examinan cuidadosamente el expediente y la inscripción que causara a la luz de lo mani-festado por antecesores en título del demandante en las pla-nillas presentadas a los efectos del pago de la contribución, expresamente consignando que el solar pertenecía al muni-cipio, valorando sólo la casa y fijando la colindancia Sur con Aponte, se verá que la propiedad de Ramírez y de sus suce-sores, el último de los cuales es boy el demandante, estaba limitada a la casa, perteneciendo la del solar al municipio.

Llama la atención el hecho de que es la “Casa” la que predoínina en la primera inscripción, en la escritura de venta a Vieta de 1918 y en la de venta a la Señora Rodríguez de 1919. Es cuando se acude a la conversión que se habla de “finca compuesta de solar y casa” y eso se hace en 1923 cuando ya estaba inscrita desde 1916 en el propio registro la posesión de la casa que hoy pertenece al demandado a favor de su antecesor Ruperto Aponte en concepto de dueño, edificada sobre la porción que se reclama que se hizo cons-tar que le había sido cedida en usufructo por su propietario el municipio, describiéndose la finca mayor de donde procedía.

No hemos encontrado en la evidencia comprobado lo ale-gado en la contestación con respecto a que la inscripción de la finca 562 de la cual se segregó el solar que ocupa la casa del demandado se hiciera a favor del municipio en el año de 1890, en cuanto a la fecha exacta, pero sí consta de ella sin duda alguna que se hizo con anterioridad porque la finca del municipio lleva el indicado número 562 y la de Ramírez el 837. De suerte que aunque se diera al posesorio de 1900 un alcance que en verdad no tiene, o por lo menos es muy dudoso que tenga, habría que concluir que cuando se inscri-bió, ya estaba inscrita en el registro la base en que descansa el derecho de usufructo del demandado inscrito concretamente a favor de su antecesor en 1916 y luego a favor suyo en 1922.

La sentencia recurrida se ajusta, pues, perfectamente a la Ley Hipotecaria. Ni el señalado por el demandante ape-lante ni ninguno de sus otros artículos fué infringido.

Examinado en sí mismo el título de dominio alegado por el demandante sobre la porción de terreno poseída por. el demandado, es dudoso de acuerdo con el propio Registro que es lo que más le favorece. Y resultaría siempre ineficaz aun-que del registro apareciera claro porque, por un período mayor de treinta años con anterioridad a la fecha de la interposi-ción de. la demanda — diciembre 2, 1933 — dejó de ejercitarlo. Es más, admitió — planillas—que no lo tenía y reconoció la posesión adversa en otra persona — planillas, declaración de su testigo Velázquez, evidencia del demandado.

Por el contrario el derecho del demandado — dominio de la casa y usufructo del solar — ha quedado tan clara y firme-mente demostrado de acuerdo con el registro y con la prueba documental y testifical, que no es posible dejar de reconocerlo.

Insiste el demandante apelante en que el demandado no puede alegar la prescripción a su favor en concepto de usufructuario del Municipio de Caguas.

La posición del demandado es ésta: Se le demanda como detentador de una porción de terreno sobre la cual tiene una casa, el que lo demanda alega un título inscrito en el regis-tro que aparentemente cubre, dicha porción. Él a su vez se considera no un detentador, sino un poseedor legal. Compró y tiene inscrito su derecho en el registro. La casa la edificó su vendedor sobre un solar del municipio que le concediera éste, su legítimo dueño, desde hacía más de treinta años. Por la concesión y si ésta no fuera bastante por la posesión en concepto de dueño durante treinta años no interrumpida, pública y pacífica aquél su derecho real de'usufructo quedó en él consolidado ¿cómo no va a poder alegarlo en su de-fensa1? No se trata de posesión por mera tolerancia, se trata de una posesión adversa al demandante. No se trata de un derecha personal, sino de uno real.

El usufructo se constituye por la ley, por la voluntad dé-las partes manifestada por actos inter vivos o en última volun-tad y por prescripción, expresamente dispone el Código Civil, ed. 1930, en su artículo 307. Y comentando Manresa el artículo correspondiente del Código Civil Español — -el 468— dice:

“Usufructos mixtos (Prescripción). — El artículo 468 no hace en este punto más que reconocer una verdad. Se adquieren por la prescripción el dominio y los derechos reales, y siendo derecho real el usufructo, indudablemente resulta comprendido en el artículo 1940. Para ello se necesita poseer o ejercitar el derecho de usu-fructo durante cierto tiempo, careciendo de modo de adquirir, sea con título o sin él, de buena o de mala fe. El tiempo será de tres o seis años en los bienes muebles, y de diez o treinta en los inmue-bles, como veremos en su lugar.
“Juzgándose D propietario do ciertos bienes de un ausente, dis-pone que joara después de su muerte pasen en usufructo a su viuda y en nuda propiedad a su hermano. Posee la usufructuaria con buena fe por tres o diez años esos bienes según su clase, y por lo mismo que D no era el legítimo propietario, queda constituido por prescripción lo mismo el usufructo que la nuda propiedad.” 4 Comentarios al Código Civil Español, 5a. ed., pág. 331.

Nos referiremos añora a la apelación del demandado. Examinados los documentos que presentara y que la corte se negó a admitir a virtud de la oposición del demandante, se concluye que su caso hubiera sido aun más fuerte si dichos documentos se hubieran admitido.

Pero como la sentencia dictada finalmente a su favor se-sostiene con la evidencia admitida y la apelación del deman-dante será en tal virtud declarada sin lugar, nada más hay-que hacer, resultando académico el recurso, motivo por el cual' deberá ser desestimado.

Procede, pues, la confirmación de la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Crédito y Ahorro Ponceño, demandante y apelado, v. Juan Bautista Arguinzonis, demandado y apelante.
    Núm. 7524.

    Sometido: Diciembre 2, 1938.

      Resuelto: Marzo 10, 1939.

      M. Ouzmán Texiclor, abogado del apelante ■ M. Marcos Morales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso contiene dos causas de acción para la ejecución de dos hipotecas por la vía ordinaria. En la primera se alega la constitución por el demandado de una hipoteca a favor del Banco demandante por $4,567.30 de capital, $200 para intereses hasta el pago total al tipo de 10 por ciento anual, y $200 de crédito adicional, siendo la fecha del vencimiento el 30 de junio de 1934; que dicha hipoteca está debidamente inscrita; que el demandado adeuda a cuenta de esa hipoteca $1,500 de capital, $533.65 por intereses al tipo convenido desde febrero 28, 1931, a septiembre 18, 1934, o sea un .total de $2,033.75; que el demandado al ser requerido de pago ha reconocido la deuda, pero no la ha satisfecho ni en todo ni en parte; que la hipoteca está en toda su fuerza y vigor; y que el demandante ha contratado los servicios de su abogado por $200 con cargo al crédito para honorarios y costas.

La segunda causa de acción contiene idénticas alegaciones en cuanto a mía segunda hipoteca sobre la misma finca. Se reclama $1,183.75 de capital, $522.76 por intereses al 12 por ciento ’anual desde marzo 26, 1931, a septiembre 18, 1934, más $300 para honorarios, o sea un total de $2,006.51. Se alega específicamente que el tipo de interés estipulado fué el de 12 por ciento anual ‘‘hasta el reembolso total.”

El demandado formuló excepción previa en la que alegaba que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción. Señalada la vista de dicha excepción, el demandado no compareció a sostenerla, pero solicitó un tér-mino de 5 días para radicar alegato. El demandante solicitó la desestimación de la excepción previa por ser ésta frívola y que se dictara sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda. La corte concedió al demandado cinco días para radicar su alegato. Este no fué nunca radicado. Y en 15 de febrero de 1937 la corte desestimó la excepción previa, por considerarla enteramente frívola, declaró con lugar la de-manda y dictó sentencia a favor del demandante. Solicitada y denegada la reconsideración, el demandado apeló. Discu-tiremos los cuatro señalamientos de error en el mismo orden en que aparecen en el alegato del apelante.

Que la corte erró al dictar sentencia sin resolver la cuestión de derecho planteada por la excepción previa; y al dictarla por el mero hecho de no haber presentado el demandado su alegato.

Es un hecho aceptado que el demandado no compareció a sostener su excepción el día de la vista y que no obstante habérsele concedido un término para presentar alegato dejó pasar el término y no lo presentó. En la excepción previa no se llamó la atención de la corte hacia ningún punto espe-cífico que demostrara la insuficiencia de la demanda.

No es cierto que la corte inferior dejara sin resolver la cuestión de derecho — la suficiencia de los hechos alegados en la demanda — levantada por la excepción previa. De la sen-tencia recurrida copiamos lo que sigue:

“La excepción previa formulada de que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una buena causa de acción es enteramente frívola. Todos los hechos esenciales en una acción de la naturaleza presente aparecen de la demanda. Se trata de una ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. La demanda está ju-rada. Se alega en la misma la obligación contraída por el deman-dado y se dice que no obstante haber sido requerido de pago no lia satisfecho la obligación contraída en todo ni en parte.
“Cuando se interpone una excepción de esta naturaleza es decir, enteramente frívola, procede cuando se pide que se dicte sentencia. Morales v. Iglesias, 49 D.P.R. 235.”

Debemos desechar como frívola e' infundada la alegación del apelante de que él compareció a sostener su excepción previa por medio de un telegrama en el que solicitaba un término para radicar un alegato. Esa alegación tendría algún fundamento si el demandado apelante hubiese radicado un alegato para ayudar a la corte en la resolución de la cues-tión por él planteada. Al no presentar el alegato, el deman-dado apelante quedó en la misma situación de un demandado que deja de comparecer al acto de la vista, revelando con tal conducta un propósito deliberado de obstaculizar y dila-tar los procedimientos para el cobro de sus obligaciones.

Que la corte inferior erró al condenar al demandado a pagar intereses al 10 por ciento anual después de vencida la obligación sin que se probara convenio entre las partes para el pago de intereses a ese tipo después del vencimiento.

El demandante no estaba obligado a probar nada. Alegó en su demanda que en las escrituras de hipoteca se había con-venido el tipo de interés al 10 por ciento y al 12 por ciento anual hasta él pago total y hasta el reembolso'total, respec-tivamente. Al interponer una excepción previa de falta de hechos suficientes, el demandado admitió como ciertas todas las alegaciones de la demanda. Gómez v. Soto Nussa, 13 D.P.R. 305, y Santiago v. Clemente, 31 D.P.R. 587. No ha-biendo comparecido el demandado a sostener su excepción, estaba en orden y era deber de la corte inferior declarar con lugar la moción del demandante para que se dictara senten-cia a su favor, al cumplirse como se cumplen en este caso los requisitos de ley, o sea la evidente frivolidad de la excep-ción previa y la indiscutible suficiencia de la demanda. Mora v. Rivera, 25 D.P.R. 493; Muñiz v. El Zenit, 27 D.P.R. 29; Morales v. Iglesias Silva, 49 D.P.R. 235; y Zaragoza v. Santiago, 51 D.P.R. 532, 535. Véase Goico v. Rodríguez et al., 28 D.P.R. 530.

Debe desestimarse el tercer señalamiento.

El cuarto señalamiento se refiere a la suficiencia de los hechos alegados en la segunda causa de acción y se señala como punto específico de insuficiencia el de que en la demanda se alega que las cantidades adeudadas por el demandado están representadas por ciertos pagarés, pero no se dice por quién están suscritos ni a favor de quién están expedidos1 dichos documentos. Este alegado error debe ser desestimado por carecer en absoluto de méritos. El demandante no estaba obligado a hacer tal alegación sobre la existencia de los pagarés. El pagaré no es otra cosa sino la evidencia de una obligación. La alegación de que se queja el apelante podría ser eliminada por innecesaria (surplusage), y aún quedarían hechos más que suficientes .para sostener la segunda causa de .acción.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia .recurrida.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.