text:
    José María Aponte y Silva, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 610.

    Visto: Abril 19, 1928.

      Resuelto: Julio 24, 1928.

      Juan Alemañy Sosa, abogado del peticionario; Oscar Sowffront, abo-gado de la parte demandada en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José María Aponte y Silva presentó en la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda contra Félix Ramos Jurado en reclamación de daños y perjuicios que el demandado le cau-sara a virtud de su negligencia en el manejo de un automóvil. La demanda contiene dos causas de acción. En la primera se niega que el demandante a consecuencia del accidente sufrió ¿contusiones en el cráneo, en la región renal, en la espina dorsal <eon hemorragia dentro de la cavidad espinal y otras más leves. T en la segunda se sostiene que al ser conducido el 'demandante herido a su casa, su esposa doña Isabel Lenoir, que se encontraba en el' sexto mes de embarazo, sufrió tan glande excitación nerviosa que comenzó a sentir escalofríos, contracciones uterinas y señales de hemorragia., teniendo que ser sometida inmediatamente a tratamiento médico, no obs-tante lo cual siguió agravándose hasta que tuvo que ser con-ducida a un hospital donde se le sometió a una operación y se le extrajo el feto que había muerto y se encontraba en estado de descomposición. Los anteriores hechos, son un simple ex-tracto de los alegados en la demanda.

Emplazado el demandado, excepcionó la demanda y pidió-la eliminación de ciertos particulares de la misma. Sin ha-berse resuelto las cuestiones levantadas, el dicho demandado presentó una moción a la corte diciendo que estaba dispuesto a contestar la demanda tan pronto como se resolviera la mo-ción eliminatoria y tuviera la oportunidad de obtener el exa-men físico del demandante y de su esposa por dos peritos por él designados a fin de determinar la naturaleza de las lesiones sufridas, a cuyo efecto solicitaba de la corte que dictara la correspondiente orden. Se opuso el demandante, y la corte decidió:

“Vista la moción radicada en. el presente pleito por el demandado en la que solicita que se requiera al demandante José María Aponte y Silva y su esposa doña Isabel Lenoir para que se sometan ambos a un examen físico facultativo por el Clínico y Cirujano Dr. Pedro Perea Fajardo y por el Radiólogo y Clínico Dr. Manuel Guzmán Rodríguez Jr., con el fin de que el demandado pueda al contestar la demanda determinar el verdadero alcance de las lesiones sufridas por el demandante y su diclia esposa con motivo del accidente alegado en la demanda, y vista la oposición de la parte demandante, repre-sentada por su abogado Ledo. Juan Alemañy Sosa, y discutida dicha moción en Corte abierta, esta corte, atendiendo al hecho de que en la demanda se alegan daños permanentes sufridos por el demandante y su dicha esposa, así como lesiones que solamente pueden ser deter-minadas por1 peritos médicos, la corte por la presente declara con lugar la moción del demandado y ordena que el demandante en este caso, José María Aponte y Silva y su esposa Isabel Lenoir se some-tan a examen físico facultativo en esta Ciudad de Mayagüez en la Clínica del Dr. Pedfo Perea Fajardo el día veinticuatro del co-rriente mes de marzo a las nueve de la mañana, el cual examen deberá ser efectuado por el Dr. Pedro Perea Fajardo y el Di. Manuel Guz-mán Rodríguez Jr., teniendo derecho dicho demandante y su dicha esposa a tener presente durante dicho examen a su abogado y a uno o dos médicos que designen, pero sin que su dicho abogado ni su médico o médicos tengan' derecho a intervención alguna en dicho examen.
“Los procedimientos en este pleito quedan paralizados hasta que el demandante y su dicha esposa sean sometidos a dicho examen físico facultativo y el demandado tendrá veinte días a partir desde la fecha en que se verifique dicho examen para contestar la demanda en el presente pleito.”

Entonces el demandante solicitó de esta Corte Suprema, que expidiera un auto de certiorari y, revisando' los procedi-mientos, anulara la orden de la corte de distrito.

El auto fué expedido y así esta cuestión que ha dado origen a cientos de opiniones, quedó sometida a nuestro es-tudio y resolución.

Desde 1891 la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio de mía amplia opinión emitida por el Juez Gray, ex-puso su criterio así:

“La única cuestión levantada en este caso es si en una acción civil por daños causados a una persona, la corte, a solicitud del de-mandado, y con anterioridad a la celebración del juicio, puede or-denar a la parte demandante, sin su consentimiento, que se someta a un examen quirúrgico para determinar la cuantía de los daños reclamados. Estamos de acuerdo con la Corte de Circuito al resolver que no tenía derecho o autoridad legal para dictar o hacer cum-plir tal orden.
“Ningún derecho se considera más sagrado ni se protege más cuidadosamente por la ley común que el que tiene todo individuo a la posesión y al dominio de su propia persona, libre de toda limita-ción o intervención por parte de otra, a menos que la ley así lo au-torice clara e incuestionablemente. Como muy bien dijo el Juez Sr. Cooley, ‘El derecho a la propia persona podría decirse que es uno de inmunidad absoluta: a que no se le perturbe.’ Cooley on Torts, 29.
“Por ejemplo, no solamente las prendas de vestir sino también un reloj o una joya, mientras están siendo usados por una persona, están exentos de ser tomados paha satisfacer un arrendamiento, un embargo en un procedimiento colateral o en ejecución de una deuda,' o en una acción reivindicatoría. 3 Bl. Com. 8; Sunbolf vs. Alford, 3 M. & W. 248, 253, 254; Mack vs. Parks, 8 Gray, 517; Maxham vs. Day, 16 Gray, 213.
“Tanto se invade la inviolabilidad de una persona cuando se le obliga a despojarse de sus vestidos como cuando se le propina un golpe. Obligar a una persona, especialmente si es mujer, a desnu-darse o a que se someta a ser tocada por un extraño, sin autoridad legal, es un acto indigno, un acometimiento y una transgresión; y en el derecho común, en lo relativo a la administración de justicia entre las partes, no se conocía ninguna orden o procedimiento que obligara a una persona a despojarse de sus ropas o a someterse a examen, excepto en un ínfimo número de casos, basados en razones especiales y en una antigua práctica heredada de épocas mucho más rudas, que ahora están en desuso en Inglaterra, y que nunca,- que sepamos, fueron introducidas en este país. En anteriores épocas, las cortes de derecho común inglesas po'díáh, de creerse prudentes, resolver, mediante inspección o examen y sin la ayuda del jurado, la cuestión de minoridad o la'identidad, de una de las partes.; o, en ape-lación interpuesta en un caso de mutilación, resolver la cuestión de si bubo o no tal mutilación; y, en una acción basada en mutilación o una agresión atroz, las cortes, haciendo uso de su discreción, po-dían, después que el jurado hubiera rendido un veredicto a favor del demandante, y a moción de éste, hacer por sí misma un examen de la lesión, super visum vulneris, y aumentar el montante de la indem-nización. En todos esos casos excepcionales, según dice Blaekstone, ‘no se ha creído necesario constituir un jurado para que resuelva la cuestión,’ porque ‘el hecho, por su propia naturaleza, debe serle evi-dente a la corte, ya practicando una inspección ocular o mediante prueba irrefutable,’ y, por tanto, ‘la ley se desvía de su curso ordi-nario, es decir, del veredicto de doce hombres, y sólo descansa en el criterio de la corte misma.’ La inspección no se hace con el fin de someter el resultado al jurado, ya que se cree que la cuestión es demasiado sencilla para ser resuelta sin necesidad de la intervención del jurado. 3 Bl. Com. 331-333.
“La autoridad de las cortes de divorcio, al determinar la cuestión de impotencia en lo que afecta la validez de un matrimonio, para or-denar un examen quirúrgico de la persona de cualquiera de los cón-yuges, descansa en el interés que el público, así como las partes, tengan en la conservación ó disolución de los lazos matrimoniales, y en la necesidad de tal prueba para poner a la corte en condiciones de ejercer su jurisdicción; y esa autoridad proviene del derecho civil y canónico, según es interpretado por los tribunales espirituales y eclesiásticos que no se rigen para nada por el derecho común. Briggs vs. Morgan, 2 Hagg. Con 324; S. C. 3 Phillimore, 325; Devanbagh, vs. Devanbagh, 5 Paige, 554; Le Barron vs. Le Barron, 35 Vermont, 365.
“El recurso ele venire inspicienclo, para averiguar si una mujer sentenciada a la pena capital estaba embarazada, era permitido por el derecho común con el fin de impedir' que se privara de la vida a una criatura por nacer en virtud de un delito cometido por la madre.
“El único motivo por' el cual un auto similar era permitido por el derecho común en asuntos civiles fué para proteger los derechos de sucesión a la propiedad de un finado contra reclamaciones fraudu-lentas, cuando se sospechaba que la viuda fingía estar en cinta, ani-mada por el propósito de presentar un heredero ficticio, caso en el cual el heredero o legatario podía valerse de este recurso para deter-minar si la viuda realmente estaba o no embarazada, y si lo estaba tenerla bajo custodia hasta que diera a luz. 1 Bl. Com. 456; Bac. Ab. Bastard, A. En casos de esa naturaleza, en Inglaterra se ha espedido muy recientemente esta clase de autos. In re Blakemore, 14 Law Journal (N.S.) Oh. 336. Pero ni la erudición ni el estudio de los letrados de la demandante en el recurso de error han podido pre-sentarnos un solo caso en que se haya considerado que este procedi-miento se adapta a las costumbres y condiciones del pueblo. ’ ’ Union Pacific Railway Co. vs. Bosford, 141 U. S. 250.

Para las cortes federales la fijada anteriormente fia conti-nuado siendo la regla a seguir con .excepción de aquéllas que funcionan en estados en donde la ley local autoriza el examen.

En los diferentes estados de la Unión el criterio de las cortes está muy dividido. El punto de vista favorable al examen, fia sido expuesto por la Corte Suprema de California en el caso de Johnston v. Southern Pacific Co., 150 Cal. 535, de la siguiente manera:

“La demandante ofreció prueba sobre la naturaleza de sus heri-das, que había sido necesario extraer parte del cráneo. Se llamaron médicos para declarar a su favor sobre este y otros extremos sobre daños personales relacionados con él. El caso presentado fué uno de una demandante que se quejaba de y trataba de obtener indem-nización por lesiones físicas. , La demandada requirió de la deman-dante una oportunidad para hacer un examen físico- de su persona el cual sería realizado por dos médicos, permitiendo que los médicos de la demandante estuvieran presentes y que ella seleccionara un sitio adecuado para el examen. Esta solicitud se hizo primeramente en forma de requerimiento a la demandante, y fué negada por sus abogados. Entonces se dirigió a la discreción de la corte, y a ese efecto se solicitó una orden. No se hizo ninguna objeción de que la petición no fuera hecha a su debido tiempo; de que los médicos escogidos no fueran de reputación; ni de que las circunstancias no fueran en modo alguno o por cualquier motivo ordinarias y propias. Realmente, la corte, al resolver la cuestión y según aparece del récord, declaró que si las autoridades sostenían la contención de la deman-dada, ella expediría la orden. Por tanto, al negarse a dictar la misma, la corte se fundó en que creía no tener poder para así hacerlo. Esta es la primera vez que la cuestión viene ante nos para que la resolvamos, y debe entenderse que lo que aquí digamos es aplicable estrictamente a acciones civiles. Es un principio de derecho penal que el acusado no puede ser obligado a suministrar prueba contra sí mismo. En pleitos civiles, cuando un demandante solicita un reme-dio afirmativo, la parte contraria puede obligarle a traer tal eviden-cia, aun hacerle testigo. En relación con el poder de la corte para ordenar tal examen físico en casos apropiados, el peso de las auto-ridades se inclina a favor de su existencia. La Corte Suprema de los Estados Unidos es casi la única corte que ha negado esa facultad al resolver el caso de Railroad Co. vs. Botsford, 141 U. S. 250, (11 Sup. Ct. 1000). El caso de Botsford se revisa en Brown vs. Chicago etc. Ry. Co., 12 N. Dak. 61, (102 Am. St. Rep. 564, 95 N. W. 153). Allí se dice que el caso no es una' autoridad para una corte del estado, y que la razón de la regla en cuanto a las cortes federales surge del hecho que todas las cortes de los Estados Unidos, menos la Corte Su-prema, deben, a falta de estatuto, seguir el procedimiento de prueba según existió en el derecho común. Otra modificación de la regla según fué expuesta en el caso de Botsford se encuentra en Camden etc. Ry Co. vs. Stetson, 177 U. S. 172, (20 Sup. Ct. 617), resolvién-dose que la práctica en cada estado particular 'será la norma del pro-cedimiento federal. Bajo esta doctrina se confirmó una orden de la corte de circuito que decretó un examen físico del demandante. Sin embargo, las cortes de los estados han resuelto, con excepcional una-nimidad, que las cortes tienen facultad para ordenar tales exámenes y que deben ejercitarla con una sana discreción. En algunos estados, como en Nueva York, la cuestión está regulada por medio de esta-tuto, perh cuando ello no es materia estatutoria las cortes se declaran con singular uniformidad en favor de la existencia de la facultad. Ese poder se rechaza en sólo cuatro estados, a saber: Illinois, Massachusetts, Texas, y Montana. La facultad se rechazó en Nueva York, pero ha sido concedida en virtud de disposición estatutoiúa. Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil prescribe (see. 128, subd. 5) que ‘Toda corte tendrá poder: . . . Para controlar en bien de la justicia, la conducta de sus funcionarios ministeriales, y de toda otra persona que en modo alguno esté relacionada con un procedimiento judicial ante ella, en todo asunto de su competencia.’ Bajo un esta-tuto idéntico en sus términos a éste, se resolvió por la Corte Suprema de Georgia que si se requería autoridad estatutoria para dictar tal orden esa autoridad se encuentra bajo este estatuto. (Richmond etc. R. R. Co., vs. Childress, 82 Ga. 719, (14 Am. St. Rep. 189, 9 S.E. 602). La corte suprema de Minnesota dice: ‘El permitir en tales casos que el demandante llame tantos médicos amigos como él desee, para que examinen su persona y luego presentarlos en el juicio como peritos, y el negar al demandado al mismo tiempo en cualquier caso el derecho a realizar un examen físico de la persona del demandante dejándole enteramente a merced de tantos testigos de esa clase com© el demandante tenga a bien traer al juicio, constituye una negación de justicia a nuestro entender muy grave para ser tolerada por un momento.’ (Wanek vs. City of Winona, 78 Minn. 98, (79 Am. St. Rep. 354, 80 N. W. 851) ). La corte suprema de Indiana dice lo siguiente en City of South Bend vs. Turner, 156 Ind. 418, (83 Am. St. Rep. 200, 60 N.E. 275): ‘Cuando el demandante alega lesiones graves y permanentes, y élo ella se lia sometido a un examen por un mé-dico o cirujano que comparece como testigo del demandante, y la naturaleza, magnitud y efecto de la lesión ban de ser deducidas de condiciones objetivas, y no de otra manera, ningún grado de senti-miento justificará una negativa de la moción. Cuando la cuestión se convierte por un lado en una probable violencia a los sentimientos refinados y delicados del demandante, y por otro lado en una probable injusticia para el demandado, la ley no vacilará; la corte to-mando en consideración en cada caso, al dictar tales órdenes y al designar el día, lugar y persona, los sentimientos del demandante y las conveniencias del caso según lo permitan los fines de la justicia.’ A ese mismo efecto pueden citarse los siguientes casos: (Se citan varios). En el presente caso, según se ba dicho, la corte negó la solicitud por falta de facultad. No nos ba quedado duda de cuál hubiera sido su actuación si ella se hubiera creído con facultad, pues el récord demuestra que la corte entendía que era un caso apropiado para su ejercicio. Tal error' que afecta tan claramente los derechos substanciales de la demandada exige la revocación de la sentencia. " 150 Cal. 540-543.

Corpus Juris resume la jurisprudencia así:

“De acuerdo con el parecer adoptado por lo que es quizá el mayor número de jurisdicciones, en una acción de daños y perjuicios por lesiones personales está dentro de la facultad de la corte el exigir que la persona lesionada se someta a un examen físico para deter-minar la magnitud de la lesión. Sin embargo, en otras jurisdicciones se resuelve que la facultad no existe a menos que el demandante con-sienta a ello. Aun cuando hay alguna autoridad al efecto de que un examen debe ser concedido como cuestión de derecho, la regla sostenida por el peso de las autoridades es que, a falta de estatuto, la cuestión descansa en la sana discreción de la corte que entiende en el asunto y que debe ser ejercitada en bien de la justicia, rigién-dose cada caso principalmente por sus propios hechos. En algunas jurisdicciones la cuestión del examen físico del demandante”en una acción de daños y perjuicios es objeto de disposiciones estatutorias específicas. Se ha resuelto que tales estatutos caen dentro de la au-toridad constitucional de la legislatura. El examen deberá ser prac-ticado en tal forma, que el demandante no sea sometido a molestias o exposición innecesarias, y una orden decretando un examen debe demostrar afirmativamente que los derechos del demandante fueron protegidos debidamente. La solicitud deberá fundarse en un affidavit demostrativo de que el conocimiento de hechos materiales y necesarios con respecto a las lesiones o condición del demandante puede ser obtenido únicamente en virtud de tal examen. Por tanto, no se decretará un examen cuando hay prueba abundante sobre la) magnitud de la lesión, o cuando su naturaleza no se discute seria-mente, o cuando el examen solicitado pueda perjudicar o poner en peligro la salud' del demandante, o causarle fuerte dolor. Un examen que requiere la administración de anestesia generalmente será negado •cuando hay objeción por parte del demandante. Se ha resuelto que cuando una lesión no es aparente y de hecho se niega su existencia es un abuso de discreción el permitir que el demandante declare en relación con la lesión y su carácter de permanente sin permitirse que otros testigos competentes y especialmente expertos hagan un examen y demuestren, si pueden, que en realidad no hay lesión.” 17 C. J. 1052-1055, See. 357.

La cuestión es en verdad de gran trascendencia y envuelve •derechos encontrados. No hay duda alguna que una'ruayoría de las cortes supremas de los estados se ha decidido por la afirmativa, poro que el peso de las autoridades esté en favor del derecho a decretar el reconocimiento contra la voluntad de la persona que va a ser reconocida, es cuestionable.

En Puerto Rico no hay ley que autorice expresamente el reconocimiento. No se ha citado por las partes ninguna deci-sión de esta corte que lo sostenga. Es éste, pues, el momento •en que el camino a seguir en esta jurisdicción debe marcarse y, después de un cuidadoso estudio, nos parece que debe pre-valecer la regla que consagra el derecho a que la persona no ■sea examinada en contra de su voluntad, expuesta de modo admirable y convincente en la decisión de la Corte Suprema nacional que dejamos citada. Dicha regla está más en armo-nía con la dignidad personal cuyo nivel debe tratar de elevarse ■constantemente.

Es cierto que pueden existir casos en que seres degenerados hipócritamente invoquen el sentimiento de la dignidad personal para sostener una mala causa. Sin embargo, en tales casos sería muy difícil engañar a la corte. El verdadero ser moral del litigante, inspirador de crédito o generador de des-confianza, surge generalmente de la -prueba. El riesgo que se corre abriendo las puertas a la investigación es mayor, pues así como puede haber litigantes y peritos indignos capaces de combinarse para explotar a otra persona aparentando lesiones y sufrimientos que en realidad de verdad no existan, los hay de tal manera honestos que preferirían perder cualquier de-recho si para ejercitarlos se les obligara a entregar su persona al examen de peritos extraños designados por la corte a sugestión de la parte contraria.

La orden de que se queja el peticionario debe, pues, amu-larse, y el pleito devolverse a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Edardo Valladares, demandante y apelante, v. José B. Berríos, Auditor del Municipio de Yabucoa, demandado y apelado.
    No. 4305.

    Visto: Febrero 10, 1928.

      Resuelto: Julio 24, 1928.

      González, Fagundo <& González Jr., abogados del apelante; el apelado compareció por su própio derecho, y en la vista por el abogado L. Toro Cabañas.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El 16 julio de 1926, Edardo Valladares y Juan Matos Laboy hicieron un contrato mediante el cual el último con-cedió al primero todo el derecho que tenía a recibir del muni-cipio de Yabueoa el pago por la construcción de una escuela. El contrato le fué presentado al Auditor Municipal de Yabu-coa, quien lo endosó con su aprobación. Posteriormente, Va-lladares recobró varias sumas de dinero, pero el auditor municipal se negó a aprobar una certificación por la cantidad de $1,644.03 o a entregar un cheque por la misma, y entonces se inició este recurso de mandamus.

La Corte de Distrito de Humaeao resolvió que el deber del auditor municipal no era ministerial y que, por tanto, no procedía el mandamus; que en el presente caso, como el auditor municipal tenía derecho a consultar al Auditor de Puerto Eico en casos en que era dudosa la legalidad de un pago, y toda vez que el .auditor municipal estaba haciendo tal consulta, actuaba dentro de su discreción.

La sección 17, inciso (e), del reglamento promulgado por el Auditor de Puerto Rico para los auditores municipales dispone como sigue:

“Los Auditores Municipales no podrán extender libramientos a ‘favor de personas que no sean acreedores directos del municipio, o herederos de éstos en caso de muerte de aquéllos; ni reconocerán traspasos de haberes de ninguna clase de un individuo a otro, exten-diendo siempre todo libramiento a favor de la persona, o herederos de ésta, que prestó el servicio o suministró los materiales, a menos que por mutuo acuerdo, dichos traspasos sean hechos por documento auténtico o escritura ante notario, debiendo en este caso el auditor municipal conservar como justificante del traspaso copia de la ex-presada escritura o documento. ’ ’

Convenimos con el apelante, por lo tanto, en que el auditor municipal tenía el deber de expedir un cheque a favor del demandante si se probaba debidamente el' contrato, y de ser así, el deber del auditor municipal era ministerial y no discrecional. Si bien la sección 18 le concede al auditor municipal el derecho de hacer una consulta cuando es dudosa la legalidad del pago, él no puede consultar arbitrariamente o demorar el pago si el contrato está en debida forma. Creemos que era obligación de la corte investigar la legalidad de la reclamación, y si estaba en debida forma, ordenar al auditor municipal a pagarla. Estamos algo inclinados a creer que el contrato, por su propia faz, estaba hecho en forma debida, aunque podrían desarrollarse otros hechos.

También insiste el apelante en que tenía derecho a un auto perentorio de mandamus, porque el demandado dejó de contestar. Sin embargo, la corte lo oyó oralmente y formó la noción de que el auditor municipal tenía discreción. Indudablemente la corte le hubiera dado al auditor la opor-tunidad de defenderse si ella hubiese creído que el deber era ministerial.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Pedro Gandía Córdova, demandante y apelante, v. The Porto Rico Fertilizer Co., demandado y apelado.
    No. 4226.

    Visto: Marzo 13, 1928.

      Resuelto: Julio 24, 1928.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; F. Ochoteco Jr. j H. Brown, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante en este caso solicitó de la corte que nombrara un árbitro para determinar la cantidad de dividendos que el demandante debía, recibir de acuerdo con una sentencia anterior de la corte. Al principio el demandado se opuso, pero finalmente accedió. Se nombró un árbitro, quien, después de la correspondiente orden de la corte, radicó un informe. Al recibir el informe, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor del demandante. Se radicó una moción para dejar sin efecto la sentencia, que fue concedida, y se ba apelado de la resolución en ese sentido.

En su primer señalamiento de error el apelante in-siste en que la ley y la práctica en Puerto Pico en un caso como el presente exigen una moción de nuevo juicio, y no una moción para dejar sin efecto una- sentencia. Como resol-vemos que no era necesario presentar una moción de nuevo juicio, no consideraremos la cuestión- de si la moción radicada equivalía a una moción de nuevo juicio, o si el proponente cumplió con el procedimiento de costumbre o necesario cuando se trata de una moción de nuevo juicio.

El apelante dice que ésta fué una sentencia dictada por virtud del informe de un árbitro, y que tal cuestión de becbos requiere una moción de nuevo juicio, con arreglo al artículo 220 del Código de Enjuiciamiento Civil. Si la moción para dejar sin efecto 1a. sentencia hubiese de por sí tratado de examinar solamente los becbos considerados por el árbitro, podría baber algún peso en la situación del apelante. Sin embargo, la moción se hizo principalmente con el designio de anular el registro de una sentencia prematura, por no decir ilegal, practicado después que el árbitro babía rendido su informe. Según la definición contenida en el artículo 220, no procede un nuevo juicio cuando la corte ba dictado una sentencia ilegal o errónea. Un caso sencillo aclarará la idea. La corte, después de un juicio, concede a las partes un tér-mino para radicar alegatos, y antes de expirar el mismo, debido a un error, dicta sentencia. Aunque al fin y al cabo hay becbos envueltos, una moción de nuevo juicio es impro-pia. Uno basta puede decir que en uno u otro caso la moción para dejar sin efecto la sentencia se basa no en una apre-ciación errónea de los hechos, sino en que no había llegado el momento de dictar sentencia. No está necesariamente en-vuelta cuestión de hecho alguna.

No hay duda de que una moción para dejar sin efecto la sentencia hubiera sido adecuada si tal sentencia se hubiera dictado prematura o ilegalmente. Estamos tan convencidos de que esto es así que nos conformaremos con las citas to-madas del alegato del apelado. Según 15 E.C.L. 604, la sen-tencia debe estar de acuerdo con las alegaciones y la prueba. 34 C. J. 253-255. “Freeman on Judgments,” sección 194,. expone la proposición familiar de que el dominio de las cortes sobre sus sentencias es inherente, que puede ejercerse sin autoridad especial, y que los estatutos que regulan o limitan las mociones de nuevo juicio no son aplicables. En una u otra forma, esté Tribunal ba dicho lo mismo. Aguayo v. García, 34 D.P.R. 516; Goldsmith v. Villari, 27 D.P.R. 794; Marvin & Jones v. Torres et al., 19 D.P.R. 48; González v. Santini & Co., 26 D.P.R. 553.

Si de acuerdo coii el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil la corte puede dejar sin efecto una sentencia para corregir un error u omisión de una parte, sería absurdo suponer que no tenía, un poder directo similar sobre sus pro-pios errores u omisiones.

Bajo el segundo señalamiento, las partes discuten las razones por las cuales la corte cometió equivocación, si alguna hubo. De haberse equivocado, los motivos carecen de importancia. La corte creyó que estaba actuando de conformidad con el artículo 210 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone:

“La decisión arbitral sobre toda la controversia deberá prevalecer como decisión de la corte, y presentada que fuere al secretario de la misma, se procederá a dictar la sentencia de igual modo que si el pleito hubiere sido juzgado por la corte.”

Sin embargo, el artículo 211 expresa que:

“Las decisiones arbitrales pueden ser objeto de excepciones y de revisión, de igual modo que las hubiese pronunciado la corte. Cuando el arbitraje fuere para resolver acerca de los hechos, la decisión presentada surtirá el mismo efecto que un veredicto especial.”

Considerados conjuntamente, estos dos artículos demues-tran que, por lo general, debe dársele a una parte la opor-tunidad de tomar excepción contra las conclusiones de un árbitro. Tal oportunidad no se dió en este caso.

La corte no se equivocó al decir que el árbitro en este caso hizo su informe sin dar a las partes la ocasión de inter-venir. El mero hecho de que el árbitro llamó ciertos testigos a la oficina del demandado o practicó sus investigaciones allí, o cuestiones similares, no equivale a una notificación y vista. Tal vez en ciertos casos no es necesario que el árbitro notifique a las partes y celebre una vista, pero de todos modos no se hizo en este caso. La cita de casos en que los abogados están, impedidos de negar que tenían conocimiento del hedí© de que se iban a tomar declaraciones, no puede afectar bb caso en que no se demuestre que el árbitro en ocasión alguna tuvo la intención de celebrar tal vista. Véase el caso de Carrasquillo v. Bertrán, 29 D.P.R. 961.

El apelante insiste en que en todo caso, debió dejarse que el informe quedara en pie'por el valor que pudiera tener. Hemos examinado el informe y bailamos que el árbitro no sólo entró a considerar los dividendos ya declarados, sin© también los que pudieron o debieron haberse declarado. El dejar sin efecto el informe, después de abierto el caso, ca;ía dentro de la sana discreción de la corte inferior, una vez que se convenciera de que el informe o se basó en una premisa falsa o no merecía confianza.

Gomo el informe fué anulado, no creemos necesario inves-tigar basta qué extremo se excedió de las cuestiones en con-troversia. La corte queda en libertad de tomar las medidas necesarias para determinar la verdad de dichas controver-sias, la resolución apelada debe ser confirmada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señob, Wole,

text:
    Luis F. Zapata, demandante y apelante, v. The Caribbean Casualty Co., demandada y apelada.

      No. 4038.

    Visto: Nov. 17, 1927.

      Resuelto en reconsideración: Julio 24, 1928.

      José D. Rodríguez, abogado del apelante; Jaime Sifre Jr., Horacio Fr ornees chi y Diego O’Marrero, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

EXPOSICIÓN DEL OASO

Con fecha 25 de junio de 1927, esta corte dictó una opi-nión y sentencia en la que se dijo lo siguiente:

La demandada y apelada es una compañía de seguros que expidió una póliza para asegurar nn camió'n del demandante contra colisión. Ocurrió el choque. El camión asegurado no fné destruido totalmente y la corte resolvió que la dife-rencia en el valor del camión antes y después del accidente ascendía a $200. Dicho camión había sido reparado por la compañía demandada, a la que se le ordenó lo entregara al demandante. Este apeló.

Durante el curso del juicio y después que el resto de la prueba había sido presentada, ocurrió el siguiente incidente.: la demandada solicitó se nombrara un perito para determi-nar el valor del camión antes y después del accidente. El demandante dijo “No tenemos inconveniente ninguno.” El perito fné nombrado de conformidad y rindió un. extenso informe a la corte. Fundada en gran parte en, este informe, la corte dictó su sentencia.

El apelante dice que el informe del perito no estaba jurado; que el incidente a que nos hemos referido no equivalía a una estipulación; que al demandante no se le dió copia del informe, el cual fué enviado directamente al juez y que en efecto no tuvo oportunidad de examinar al perito.

No se desprende que se levantara cuestión alguna en la corte inferior respecto a la necesidad del perito de prestar juramento, y esta omisión, en caso de que haya sido una omisión, debe considerarse como que fué renunciada. Si el juramento era en alguna forma necesario, el apelante debió haber tomado alguna medida para que se eliminara de los autos el informe del perito.

•Nos inclinamos a creer que este informe del perito, al igual que el de un árbitro, no tenía que estar jurado al tiempo de presentarse. Frecuentemente es aconsejable tomarle jura-mento a tal perito antes de empezar sus investigaciones.

Este tribunal entonces resolvió que el incidente ocurrido durante el juicio tenía todos les efectos de una .estipulación. Luego, la corte consideró el caso sobre sus méritos y dictó sentencia confirmando la de la corte inferior. Posterior-mente el demandante-apelante] radicó una moción de reconsi-deración, que fué declarada con lugar. El caso fué señalado para ser visto en noviembre de 1927, y después se dictó la siguiente opinión:

EET RECONSIDERACIÓN

Él Juez Asociado Señor Wolf, emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que algunos de sus antecedentes pueden obtenerse de nuestra opinión y sentencia de junio 25, 1927. Se radicó y concedió una moción de reconsideración, y el caso se vió nuevamente el 17 de noviembre de 1927. En la vista original tuvimos la idea errónea de que había una estipulación en los autos que permitía la determinación por un perito del valor de un autocamión “Clydesdale” tanto antes como después de un accidente' contra el cual la compañía demandada había asegurado al demandante. En otras palabras, nuestra idea era, al igual que la de la corte inferior, que las partes habían acordado que un perito rindiera un informe para que se hiciera formar parte de los autos en unión de la otra evidencia en el caso. Lo que en realidad sucedió fué que la. demandada propuso que se nombrara un perito para que rindiera un informe sobre el verdadero estado del automóvil y si funcionaba bien o no. El demandante contestó que no tenía objeción alguna,, Por tanto, es muy evidente que al perito no se le dió autoridad para determinar valores de ninguna especie, como trató de hacerlo.

Además, el demandante-apelante se queja de que no tuvo oportunidad para examinar el informe o para presentar objeciones y formular excepciones contra el mismo. Los autos demuestran que la corte impuso las costas a la deman-dada. Esta radicó una moción de reconsideración, que la corte declaró con lugar, relevando entonces a la demandada del pago de las costas. Mientras estaba pendiente esta mo-ción el demandante pudo también haber solicitado una recon-sideración basada en algunos de los errores ahora alegados. Tal práctica hubiera sido aconsejable, pero el que se dejara de hacerlo así no puede variar el hecho de que la corte fijó la cuantía de los daños y limitó a $200, en virtud del in-forme del perito, la cantidad que el demandante tenía de-recho a cobrar, haciendo esto sin dar a las partes oportu-nidad de ser oídas en relación con dicho informe. El in-forme tiene fecha de marzo 9, 1926. La sentencia de la corte está fechada marzo 15, 1926. La corte puede haber creído que dió un término a las partes o que ellas conocían el informe. Examinado éste, hace constar que la corte dió al perito algunas instrucciones orales. De todos modos, el perito se excedió de lo estipulado y las partes no tuvieron oportunidad de ser oídas. En este respecto el caso tiene’ aspectos similares al de Gandía v. Porto Rico Fertilizer Co., resuelto en el día de hoy, ante p. 684. La opinión de la corte inferior y la de este tribunal se basaron en un concepta erróneo sobre el alcance del informe, y generalmente a las partes debe dárseles una oportunidad de ser oídas con res-pecto a si el informe se ciñó a la estipulación, especialmente cuando el informe va más allá de lo estipulado y el perito no está sujeto a un interrogatorio.

Tal vez la corte inferior y este tribunal estaban equivo-cados al decir que el demandante estaba dispuesto a aceptar $600 en adición a las reparaciones ya hechas. Según sostiene el demandante, los autos no contienen prueba directa alguna sobre ese extremo. Ninguna hemos encontrado y no haremos hincapié sobre la prueba, indirecta. Algo así aparece de la moción de reconsideración pero desde luego eso no estaba ante el tribunal cuando se dictó sentencia.

El apelante, según aparece de su memorándum final, es-taba dispuesto a aceptar “el informe del señor Ramírez en cuanto al examen que hizo del carro, pero no puede aceptar que se le dé crédito en cuanto a la valoración, pues no fue para eso propuesto por la parte adversaria y aceptado por ésta.” Por virtud de toda la prueba y de la actuación de la corte no estamos dispuestos a intervenir con la decisión de que el camión debe ser restituido a la demandada. La cuestión a determinar es la suma adicional que el demandante debe recibir.

Generalmente, al revocar, y de acuerdo con el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, esta corte es la que dicta sentencia definitiva. En justicia para las partes, tal proce-dimiento es impracticable, si no imposible, en este caso. La opinión de la corte y su actitud hacia toda la prueba se originó por el informe del perito. No hemos tenido el bene-ficio de la opinión de la corte después de oír y ver la prueba, que no fuera descansando en la valoración fijada por el pe-rito. Aparentemente, parece que la corte no quedó satisfecha de. la apreciación hecha por los testigos del demandante en cuanto al valor del camión.

Abrigamos serias dudas respecto a si de. la prueba se des-prende que, con exclusión del informe del perito, el camión valía $3,000 al tiempo del accidente, según alegó el deman-dante. Iiabía estado en nso por muchísimo tiempo. En nuestra opinión original nos pareció que el demandante no alegaba que el valor fuera mayor de $1,500. Sin embargo, eliminando el informe, no estamos preparados para decir cuál era su verdadero valor, y el demandante tendrá otra oportunidad para probar sus daños.

La idea que ahora tenemos al revocar el caso es dejar que la corte inferior determine la diferencia entre el valor del camión antes del accidente y después’ de las reparaciones que le hizo la demandada. A pesar de lo que disponen las cláusulas de la póliza, todo se reduce ahora a la cuestión de los daños. Hemos examinado la decisión de esta corte en el caso de Martínez v. Independence Indemnity Co., 36 D.P.R. 864. Naturalmente que si un automóvil asegurado sufre un accidente y no se repara de tal manera que resulte servible, el dueño no está obligado a recibirlo, pero tal hecho se resol-vió en contra del demandante y no estamos dispuestos a alterar esa conclusión.

Belie revocarse la sentencia y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatiblés' con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Medina Rivera, alias El Brujo, acusado y apelante.
    No. 2993.

    Visto: Noviembre 8, 1927.

      Resuelto: Julio 24, 1928.

      G. Cruzado Silva, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Para sostener que no se le acusaba de un delito público, el apelante insiste en que la acusación presentada por el delito de perjurio no aduce que las manifestaciones becbas por él fueran pertinentes a la causa que anteriormente se babía estado investigando.

La acusación alega, entre otras cosas, que el apelante hizo una declaración falsa en una investigación practicada por el fiscal del distrito, “siendo un becho esencial a la cuestión objeto de la investigación que se .practicaba.” En la acusación no se trataba de exponer los becbos de los cuales podía deducirse la pertinencia de tal manifestación.

Desde tiempo inmemorial ban existido dos formas de alegar la pertinencia de una supuesta declaración falsa. Una de ellas es exponiendo los becbos de los cuales puede infe-rirse tal pertinencia o alegando la pertinencia en términos generales, como se bizo en este caso. Cualquiera de estas formas es suficiente. People v. Ah Bien, 77 Cal. 12; El Pueblo v. Ayala, 13 D.P.R. 200; El Pueblo v. Ortiz, 11 D.P.R. 405; 21 R.C.L. 268; 124 A.S.R. 666; 20 Cal. Jur. 1019. En el caso de El Pueblo v. Colón, 10 D.P.R. 207, citado por el apelante, los supuestos becbos fueron alegados, y no apa-reció que fueran pertinentes, a pesar de que así se alegaba expresamente, y, por consiguiente, tal caso no es una auto-ridad para sostener la contención del apelante.

El acusado también hace alusión a la supuesta diferencia existente entre los artículos 117 y 122 del Código Penal. De acuerdo con el primer artículo citado se comete el delito de perjurio haciendo a sabiendas una declaración falsa; y según el último artículo, haciendo la declaración categórica de nn hecho cuya certeza no conste al declarante. Sin embargo, al leerse la acusación se ve con entera claridad que el fiscal procedió directamente de conformidad con el artículo 117 e imputó al acusado haber hecho una declaración a sabiendas de que era falsa. En el caso de El Pueblo v. Trujillo, 24 D.P.R. 129, meramente sugerimos que si el fiscal tenía dudas podía presentar dos narraciones, pero estuvimos muy lejos de indicar que generalmente debe seguirse esa practica.

Es conveniente repasar los hechos de este caso. En la acusación se alegaba, en síntesis, que José Medina Rivera, el acusado, compareció ante el fiscal de Arecibo, funcionario que está autorizado para tomar juramentos, y en ocasión en que se practicaba una investigación en el caso de El Pueblo v. Julio M. Izquierdo por el delito de hurto de mayor cuantía, después de haber prestado juramento dicho acusado, a sa-biendas de que sus manifestaciones eran falsas, y siendo tales manifestaciones esenciales a la cuestión que se investi-gaba, declaró bajo juramento que Julio M. Izquierdo le había dicho, el domingo 28 de febrero último, lo que sigue: “Que él (Julio M. Izquierdo) tenía la cartera que había sido hur-tada a Sebastián Astor; que la tenía guardada; que aquello era la lotería de Madrid; que eran diez mil quinientos; que no se apurara, que asi viniese la plana mayor él (José Medina Rivera) no tenía más que negar y negar; que él (Izquierdo) le pondría abogado,” siendo enteramente falso que Julio M. Izquierdo hiciera al acusado Medina las referidas manifesta-ciones, etc.

Durante el juicio, Eduardo Pérez Casalduc, fiscal de dis-trito declaró, substancialmente, que en dicha investigación José Medina Rivera compareció ante él, que mientras Medina estaba sentado en la oficina del testigo, éste mandó a buscar a la madre del acusado, quien también era testigo, y que en-tonces entro ella y este acusado medió una conversación, diciéndole la madre que Julio M. Izquierdo había declarado y los inculpaba a ellos del delito que el testigo investigaba. Después de decir ía madre que ella había declarado, el acusado Medina dijo que iba a decir la verdad. Entonces el fiscal ex-pone más detalladamente las supuestas manifestaciones que en la acusación se alega habían sido hechas por Medina. Luego el fiscal dijo que durante el juicio contra Izquierdo, Medina negó que hubiera hecho esas manifestaciones, o, mejor dicho, que él, Medina, las hizo porque el fiscal lo había amenazado con veinte años de presidio. El fiscal entonces agregó que Medina declaró bajo juramento que las manifes-taciones hechas anteriormente eran falsas.

En la repregunta se descubrió que se hizo que la madre declarara por medio de lo que posteriormente fué caracteri-zado por un policía secreto como una artimaña. Esta treta consistió en que un policía secreto llamó por teléfono desde un sitio distante, y, fingiendo ser el Jefe Izquierdo, le dijo a la madre del entonces testigo, el acusado en este caso, que él, Izquierdo, ya había declarado y que ella debía decir la verdad. Más tarde en la repregunta el fiscal dijo que la declaración de la madre había sido enteramente espontánea.

El taquígrafo del fiscal fué llamado a declarar y repro-dujo la declaración de Medina prestada durante la investi-gación. El testigo declaró que la declaración de Medina fué enteramente voluntaria. El policía secreto Monteserín ocupó la silla testifical y declaró respecto a algunos de los hechos anteriormente relatados y al ardid de que él se valió. Entre otras cosas, él le dijo a la madre del acusado que Izquierdo ya había declarado. Entonces se leyó la declaración de este ácusadó prestada en el juicio contra Izquierdo. En ese jiiicio, él negó que la declaración que hizo al fiscal fuera cierta.

Julio M. Izquierdo ocupó entonces la silla de los testigos, y negó categóricamente que él alguna vez hubiese hecho la declaración imputádale por Medina cuando éste fue exami-nado originalmente por el fiscal.

Por tanto, es evidente que la teoría de El Pueblo en el presente caso es que Medina declaró falsamente ante el fiscal en la investigación practicada por este funcionario y que el acusado no tenía dereclio a que la corte ordenara su absolu-ción, según se alega en el primer señalamiento de error.

En el segundo señalamiento de error se alega que la prueba demuestra que la declaración prestada por Medina ante el fiscal no fue espontánea.

Si bien comprendemos que el acusado tal vez pudo creer que había sido engañado por la policía secreta, sin embargo, la declaración prestada por él ante el fiscal no dejó de ser voluntaria por ese motivo. El ardid se jugó con la madre del acusado, y es remoto suponer que la declaración de éste no fuera voluntaria, una vez que se admita que su declara-ción hubiera tenido el carácter de espontánea si la madre no hubiese sido inducida a declarar por medio de la treta. No se usó violencia, ni se hizo promesa alguna al acusado, ni se hizo nada que ordinariamente pueda destruir el carácter espontáneo de una manifestación. Asimismo, la declaración no era una confesión, sino una acusación contra otra persona. No se trata de una acusación contra Medina con motivo de una confesión hecha por él. El tercer señalamiento de error abarca la misma cuestión, y no hallamos motivo alguno para revocar la sentencia debido a tal supuesta falta de esponta-neidad.

Inducir a un testigo por medio de un ardid a hacer una declaración que de lo contrario no haría, si bien no es la forma ideal de obtener la verdad, no está prohibido por la ley en las investigaciones de casos criminales. Además, creemos que la corte en sus instrucciones concedió al acusado un poco más de lo que él tenía derecho a esperar, cuando dijo que las manifestaciones falsas no debían ser el resultado de un engaño. Aun el engaño no justificaría que un ciudadano acuse a otro falsamente ante el fiscal.

El cuarto señalamiento de error provoca nuestra mayor duda. Dice así:

“La Corte erró al condenar al acusado a pesar de ser insuficiente la prueba para ello.”

Desde luego que el' señalamiento debió baber sido que el veredicto es contrario a la prueba. Hemos tenido en nuestras mentes serias dudas respecto a si las manifestaciones becbas por el acusado ante el fiscal no eran las verídicas. Es muy improbable que Medina hiciera tales manifestaciones, de no baber sido ciertas. ¿Qué motivo pudo baber tenido Medina para acusar a Izquierdo a instancias de éste, a menos que fuera cierto que Izquierdo era culpable? Sin embargo, el caso fué sometido a un jurado que oyó a los testigos declarar, y que también oyó a Izquierdo. No nos sentimos justificados para decir que el jurado no tenía derecho a creer que Izquier-do nunca hizo a Medina lás manifestaciones que éste comu-nicó al fiscal.

Leyendo los autos de este caso, tenemos la idea de que si el acusado hubiese insistido durante la vista en que su primera declaración era cierta y su segunda declaración falsa, tal vez hubiese logrado que el jurado estuviera de acuerdo con él. Pero tal como se vió el caso, no podemos decir que el jurado no estuviera justificado al hallar que el acusado había hecho una declaración falsa contra Julio M. Izquierdo.

En su quinto señalamiento, el apelante dice que la pena de-siete años iimpuéstale es excesiva. Acusar a un hombre falsamente como en este caso, justifica que una corte imponga una pena severa, y no vemos razón alguna para intervenir con la discreción de la corte inferior, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con la sen-tencia y opinión menos con el antepenúltimo párrafo de ésta; el Juez Asociado Sr. Hutchison disintió y el Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Ex-rel, Julio Zayas, peticionario y apelante, v. Hermenegildo Santiago, querellado y apelado; El Pueblo de Puerto Rico, Ex-rel, José Inocencio Colón, peticionario y apelante, v. Juan Díaz Robledo, querellado y apelado; El Pueblo de Puerto Rico, Ex-rel, José Santiago Rivera, peticionario y apelante, v. Manuel Valle, querellado y apelado.
    Nos. 4635, 4636, 4637.

    Vistos: Julio 9, 1928.

      Resueltos: Julio 24, 1928.

      Leopoldo Tomes y B. Martínez Nadal, abogados del apelante; Agus-tín F. Font, Attorney General J. B. Beverly, y J. A. López Acosta, y B. A. Gómez, Sub-Procuraclores, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Julio Zayas, José Inocencio Colóny José Santiago Rivera, miembros de la Asamblea Municipal de Santa Isabel, electos por el Pueblo en las elecciones generales de 1924, acudieron al Fiscal de la Corte de Distrito de Guayama y alegando que Hermenegildo Santiago, José Díaz Robledo y Manuel Valle se encontraban, respectivamente, usurpando los cargos de los peticionarios, obtuvieron que dicho funcionario solicitara de la corte del distrito que permitiera y ordenara tres infor-maciones de la naturaleza de quo warranto a fin de resolver en definitiva el derecho de los peticionarios a sus expresados cargos públicos.

A la solicitud del fiscal se acompañó en cada caso la co-rrespondiente querella firmada por el fiscal y por el abogado del relator y jurada por el relator. La corte ordenó la cita-ción de los querellados fijando el 4 de mayo de 1928 para la práctica de la información. Los querellados fueron citados en debida forma.

Así las cosas, el fiscal presentó a la corte tres mociones de desistimiento esencialmente iguales. Se transcribe una de ellas. Dice así:

“Hon. Corte: — Comparece el Fiscal del Distrito de Guayama, P. R., para desistir de- la solicitul radicada en esta Corte con fecha 20 de abril de 1928, en que -solicitaba se permitiera y ordenara una información de la naturaleza del Quo Warranto en el caso del epí-grafe, a fin de poder resolver en definitiva el derecho del querellante al cargo de miembro de la Asamblea Municipal de Santa Isabel, P. R., y para que Hermenegildo Santiago fuer'a desposeído del mismo. Este desistimiento tiene como fundamento lo siguiente: Con fecha anterior a la radicación de esta solicitud en esta Corte, el querellante acompañado de su abogado Ledo. Leopoldo Tonnes García, compa-reció en la oficina del Hon. Procurador General de Puerto Rico, so-licitando que dicho funcionario autorizara la misma y otras de idén-tica naturaleza, habiendo sido denegada su petición. Como de acuerdo con la ley que provee para esta clase de recursos o sea, la ‘ley estableciendo los procedimientos del Quo Warranto,’ aprobada en 1 de marzo de 1902, en su sección, segunda, al Fiscal General, o a cualquier Fiscal de la respectiva Corte de Distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancia de otra persona, se confieren fa-cultades para autorizar estos procedimientos, y siendo el Fiscal que suscribe un delegado del Procurador General en este distrito, ha-biendo aquél denegado tal autorización.
“A la Hon. Corte Respetuosamente Suplioa se le dé por desis-tido, ordenando la suspensión de todos los procedimientos en el pre-sente caso.
“Guayama, P. R., a 23 de abril de 1928. (f) Fiscal del Distrito, Tulio Rodríguez.”

T la corte inmediatamente resolvió de conformidad en los tres casos. A continuación se copia una de las resoluciones que dice:

“Vista la Moción del Hon. Fiscal del Distrito, solicitando que se le tenga por desistido de la continuación de este caso, toda vez que cuando autorizó la querella ignoraba que esta misma, cuestión babía sido sometida al Hon. Attorney General quien se negó a auto-rizarla y que siendo él un delegado de dicho funcionario no desea continuar en la tramitación de este caso y por el contrario solicita que se le tenga por desistido de su petición, y vista la sección 2 ‘de la ley estableciendo los procedimientos de Quo Warranto’, aprobada en marzo 1 de 1902, y el artículo 192 del Código de Enjuieimiento Civil, la Corte declara con lugar la moción del Fiscal y deja sin efecto la citación que se hizo al querellado para que compareciera el día 4 de máyo próximo y ordena el sobreseimiento y archivo de este caso, sin. especial condenación de costas. ’ ’

No conformes los querellantes apelaron para ante esta Corte Suprema señalando en sus alegatos dos errores, a saber: que la corte de distrito erró al resolver las mociones del fiscal sin notificarse al querellante o relator y al decretar el sobreseimiento y archivo de los asuntos como definitiva-mente terminados.

Además de los querellantes presentaron alegatos los que-rellados A' el Pueblo de Puerto Rico por su Procurador General. Ninguna jurisprudencia que re’suelva directamente la cuestión envuelta ha sido aportada.

Los querellantes citaron de una nota al caso de People ex rel Rasten v. Healy, 35 L.R.A. (N. S.) 604, al efecto de que una vez que la querella ha sido archivada y haii comenzado los procedimientos, los mismos no podrán desistirse o suspenderse sin el consentimiento del relator, pero examinando la nota encontramos que ésa es una disposición de la propia ley en el estado de Missouri, no una conclusión a que lleg'aran las cortes a virtud de un estudio de la naturaleza del auto de quo tvarranto aunque el precepto expreso no existiera, como sucede en Puerto Rico.

En el caso de Santiago v. Feuille, 10 D.P.R. 432, se estableció la siguiente jurisprudencia:

“En los casos de) quo warranto, cuando el procedimiento tiene por objeto la reclamación' de nn empleo o cargo, el promovente es la ver-dadera parte interesada, pero cuando el pleito versa sobre usurpación de una franquicia por alguna corporación, El Pueblo de Puerto Eico es la única parte interesada y debe ser representado por el Attorney General o alguno de los fiscales de distrito.
“Las informaciones de quo warranto están consideradas como ac-ciones civiles . . . .”
“En los casos de quo warranto una vez que el Attorney General haya consentido en firmar la solicitud, o que la corte haya autori-zado que se promueva la información, bien a instancias del Attorney General o de alguno de los fiscales de distrito, el promovente puede continuar el procedimiento, bajo la dirección de su propio abogado, hasta obtener su resolución final; y una vez que el Attorney General haya firmado la solicitud, no es necesario que firme ningún otro documento o que intervenga en ningún otro procedimiento rela-tivo al caso, aunque desde luego tiene perfecto derecho para ha-cerlo.”

Como aquí está envuelto el derecho a cargos públicos, la verdadera parte interesada es el relator, y en tal virtud, tratándose como se trata de una acción civil, la buena prác-tica hubiera sido por lo menos notificar la moción de sobre-seimiento al relator.

En su alegato El Pueblo de Puerto Eico trata de demos-trar que las querellas carecen de mérito y dice que con ante-rioridad a la presentación de las mismas por parte del fiscal del distrito de Guayarna, el abogado de los querellantes, a nombre de Bamón Bodríguez, estuvo en la oficina del Procu-rador General pretendiendo que se le autorizara una querella en la que estaba envuelta la misma cuestión de la constitución ilegal de la Asamblea de Santa Isabel y en el ejercicio de su discreción el Procurador rehusó prestar su consentimiento. Y continúa diciendo:

“Expuestos estos hechos, la única cuestión envuelta en este caso a considerar entonces, toda vez que el derecho de la Asamblea a declarar vacante los cargos por la falta de cumplimiento de los que-rellantes, no ha sido impugnado, es si el Fiscal del Distrito o el Procurador General, como cuestión general, están autorizados por nuestra ley para desistir de una petición de quo -warranto autori-zada por dichos funcionarios y para beneficio de una tercer'a persona, si llegan al convencimiento 'de que dicha autorización fué obtenida por engaño, mala fe, sorpresa o insuficiencia de hechos, de acuerdo con investigaciones posteriores. Si se llega a la conclusión de que la concesión de una petición de quo warranto es discrecional en el Attorney General o en el Fiscal del Distrito y éste principio ha sido sostenido por esta Hon. Corte en el caso de Santiago vs. Feuille, 10 D.P.R. 432, y en el caso reciente de mandamus de Ramón Rodríguez vs. López Acosta, Acting Attorney General, donde se resuelve que si no existe abuso de discreción, la corte no intervendrá por medio del mandamus, entonces no hay duda que el Fiscal del Distrito, o el Attorney Gener'al pueden retirar dicha autorización, si se demuestra y se justifica en su discreción causa suficiente para demostrar que la autorización fué improvidentemente concedida.
“También sostenemos, Honorables Señores, que la Corte tenía perfecta autoridad de ley para desestimar la petición de quo warranto una vez notificada de haber el Fiscal del Distrito, que fué el funcio-nario que autorizó la petición, retirado su autorización para la con-tinuación de dicho procedimiento especial.
“ ‘Proceedings by quo warranto may be abated by the court when it appears that the public interest is not involved, whether the fact is disclosed by the pleading or in any other manner.’ 32 Oyc. 1140.
“Este principio es general y reconoce la autoridad de la Corte para desestimar la solicitud del procedimiento de quo warranto, y a este conocimiento puede llegarse no,solamente de las alegaciones ante la misma, sino en cualquier otra forma. Es un hecho que nuestra ley requiere que estas peticiones sean autorizadas por el Attorney General o por el Fiscal del Distrito. En este momento, queremos hacer constar1 que no estamos conformes con la teoría del Fiscal del {Distrito de que él actúa por delegación del Attorney General. Cree-mos que él tiene autoridad amplia e independiente para conceder un quo warranto, y por la misma razón tiene autoridad para desis-tir de él cuando se convenza de que dicha autorización no está jus-tificada. Por consiguiente, si el Fiscal del Distrito viene en cono-oimiento de que ha sido sorprendido en la concesión de una autori-zación de quo warranto, y en cualquier1 otra forma o manera se con-vence de que es de bienestar público e interés general que dicho procedimiento no se sustancie, entendemos que el Fiscal del Distrito •está capacitado por la ley para retirar su autorización.
“ ‘It is ground for abatement that the officer-filing the information was without authority to do so, but an objection based thereon must be made seasonably or it will be deemed to be waived.’ State vs. McSpaden, 39 S. W. 81; 32 Cyc. 1140.
“Bn el presente caso, tan pronto fue radicada la petición y tan pronto como el Fiscal del Distrito tuvo conocimiento de la ley y de los hechos, y antes de que se efectuara vista alguna en dichos casos, el Fiscal solicitó de la corte retirar su autorización, fundándose en la improcedencia del procedimiento. No puede alegarse que hubiese el Fiscal renunciado su derecho, ni que fuese tardío en sus actuaciones. Por consiguiente, entendemos que actuó con toda la diligencia posi-ble. Es incuestionable (pie si el Ledo. Tonnes, a nombre y en repre-sentación de los querellantes, y al tiempo de presentar los papeles para la firma del Fiscal en Guayama, le hubiese informado de la existencia de una petición igual al Departamento de Justicia y la negativa del Departamento a autorizar estos procedimientos de quo warranto, estamos plenamente seguros y justificados por las propias actuaciones del Fiscal que él nunca hubiera autorizado dichas peti-ciones de quo warranto, al menos sin obtener informes de este De-partamento, de las causas que tuvo el Attorney General para no con-ceder. la petición de Rodríguez, en la cual estaban envueltas las mis-mas cuestiones de interés piíblico que estaban envueltas en las peti-ciones presentadas al Fiscal del Distrito y cuya autorización' se ob-tuvo sin que el Fiscal tuviera ante sí completa información de los hechos y de la situación de Santa Isabel.”

Algunos ele los hechos a que se refiere el Procurador General, no constan do los autos.

Creemos que si se demostrara que el funcionario que autorizó la querella había sido engañado por el relator, dicho funcionario no sólo tendría facultad para retirar su consen-timiento, si que también sería su deber hacerlo así, debiendo la corte a su vez dictar la resolución que fuere procedente, pero dando siempre lina oportunidad de explicar su conducta al relator. Una vez que el Fiscal General o el de distrito ejercitan su discreción y los procedimientos se comienzan en la corte, el relator adquiere el derecho a seguir por sí mismo y por lo tanto no debe ser perturbado en el ejercicio de ese ■derecho a menos que.existan razones poderosas para ello y en cualquier caso debe notificársele antes de que puedan dichos procedimientos archivarse. Los más rudimentarios principios de lógica, justicia y práctica legal así lo exigen.

Juzgando la moción del fiscal del distrito por sus propios términos, es necesario concluir que no se alega en ella el en-gaño o razón bá'sica alguna, ni siquiera el ejercicio del propio juicio sobre los méritos del caso, sino simplemente el hecho de la negativa de un caso igual por parte del Procurador General y el de ser él un delegado del Procurador en el dis-trito.

Conocemos lo dicho por el propio Procurador General en su alegato. El fiscal del distrito no actúa en estos asuntos, por delegación, sino por su propia autoridad. La causa que-alegó para desistir aparentemente no es bastante. Supon-gamos que un fiscal de distrito tras un examen completo' de los antecedentes se convence de la justicia de la causa del querellante y autoriza la presentación de la querella, ¿podría luego, guardando en su conciencia el mismo convencimiento, por el solo hecho de que el Procurador General había adop-tado en otro caso una actitud contraria, desistir? ¿Es nece-sario que su discreción ceda a la discreción del Procurador General? En manera alguna, a nuestro juicio.

Siendo esto así, las resoluciones apeladas deben revocar's'e> devolviéndose los casos a la corte de distrito de su origen para que continúen tramitándose de acuerdo con la ley.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Hipólito Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3238.

    Visto: Junio 19, 1928.

      Resuelto: Julio 26, 1928.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

La acusación formulada por el fiscal, en lo pertinente, dice:'

“El referido acusado, Hipólito Rodríguez, el día 6 de enero de 1927 y en la carretera que conduce de Arecibo a San Juan, barrio Santana, de Arecibo, Puerto Rico, ilegal y voluntariamente y en ocasión en que guiaba - como chauffeur un automóvil o vehículo de motor, lo hizo con tal descuido y negligencia y sin guardar la debida prudencia y circunspección, que arrolló a Francisco Padilla (ser humano) ocasionándole lesiones de gravedad que le produjeron la muerte casi instantáneamente.”

Alegó el acusado su inocencia, fué la cansa a juicio y el jurado rindió un veredicto de culpable de homicidio involun-tario. La corte dictó sentencia imponiendo tres años de pre-sidio al acusado que, no conforme, interpuso el presente recurso de apelación señalando en sn alegato siete errores.

Los tres primeros y el sexto pueden estudiarse conjuntamente. Al declarar varios testigos presenciales y describir el sitio en que ocurrió el choque productor de la muerte de Padilla, se les presentó una fotografía y se les pidió que manifestaran si representaba fielmente dicho sitio y se les hicieron varias preguntas en relación con detalles que apa-recían en la misma. La defensa se opuso. Y la corte per-mitió a los testigos declarar. A estos incidentes se refieren los tres primeros errores. Cuando los dichos testigos pre-senciales declaraban, no se había aún introducido como prueba la fotografía. Se introdujo después que declaró el fotógrafo que la tomó. La defensa también se opuso y por el sexto error presenta la cuestión a la consideración de esta Corte Suprema.

A nuestro juicio ninguno de los dichos errores existe. El hecho de que la fotografía se tomara horas después de ocurrido el choque, no era un obstáculo para su admisión. No se quiso- hacer aparecer que se había tomado en el acto. Se dijo la verdad y las declaraciones de los testigos presen-ciales al describir ellos mismos el sitio, los destrozos que causó el automóvil y cómo quedó éste después del choque y al expresar que la fotografía representaba todo fielmente, unidas a la declaración del fotógrafo que la tomó, constitu-yeron una base suficiente para la admisión.

En Corpus Juris encontramos lo que sigue:

“Una fotografía que se ha demostrado es una fiel representación de la persona, sitio, o cosa que ella trata de representar es prueba competente de todo aquello sobre lo cual es propio y pertinente que un testigo haga una descripción oral. Aún cuando antes de que una fotografía sea admisible en evidencia debe probarse que es una re-presentación fiel y correcta de lo que ella trata de representar, no es necesario que se identifique con el juramento del fotógrafo que la, tomó; la base para su admisión puede ser sentada por cualquier persona que declare en cuanto a su corrección como una representación o parecido de la cosa.” 16 C. J. 744, See. 1528.

En su tratado sobre Evidencia, Wigmore dice:

“El testigo que así apadrine la fotografía debe cualificarse con la observación de que- hable de lo que está representado en la misma. Debe dejarse a la corte sentenciadora al determinar si se ha cum-plido debidamente con este requisito.
“No se necesita que el testigo que usa el mapa o la fotografía como representativo de su conocimiento sea el autor del mismo. Él afirma que representa lo que él observó; y éste es el elemento esen-cial.” Wigmore on Evidence, Yol. 1, página 900.

Y la Corte Suprema de California en el caso de Berkovitz v. American River Gravel Co., 191 Cal. 195, resolvió:

“Surgió alguna cuestión en cuanto a la base sentada para la admisión en evidencia de las fotografías del automóvil averiado. La regla es enteramente simple. La declaración de que una fotografía es una representación correcta del objecto que se intenta demostrar es base suficiente para su admisión. No es necesario que tal decla-ración sea beeha¡ por el fotógrafo que tomó o preparó la fografía sino que puede ser becha por cualquier testigo que conozca el objeto lo suficiente para decir que la fotografía es una representación fiel del mismo. (People vs. Ah Lee, 164 Cal. 350, 352; 128 Pac. 1035; People vs. Durrant, 116 Cal. 179, 212, 48 Pac. 75.)”

El cuarto error se formula así:

“La Corte inferior erró al permitir que el Fiscal hiciera al perito médico, la pregunta que aparece al final de la página 19 del Récord.”

La referencia al récord lee como sigue:

“P. — Mi pregunta es que cómo pudieron ser ocasionadas las lesio-nes. Qué agente pudo ocasionar esas lesiones? Por cualquier golpe que recibiera el cuerpo produciendo las fracturas de los huesos que ocasionaron las hemorragias. — P.—Cree que un choque . . . Abogado Sr. Reyes: Me opongo ahora a la sugerencia que hace el Sr. Fiscal.— Hon. Juez: Habla de un golpe. Hay que hacer preguntas al testigo, al perito, como si fueran hipotéticas. — -P.—En la hipótesis de que Francisco Padilla fuera en una bicicleta y viniera un automóvil . . . Abogado Sr. Reyes: Me opongo a que se le pregunte en esa condi-ción. — Hon. Juez. — Deje que termine la pregunta el Fiscal. — P.—Su-poniendo que Francisco Padilla hubiera estado caminando en una bicicleta y un automóvil lo hubiera chocado en la bicicleta, cree que ese choque hubiera podido causar esas lesiones? — Abogado Sr. Reyes: Nos oponemos, por ser ilegal la pregunta. Dentro de la hipótesis de que Padilla fuera en una bicicleta no necesariamente cabe que cho-cara con el carro del supuesto acusado, sino que ha podido tener otro accidente que pudo ocasionar esa lesión. — Hon. Juez: Sin lugar la oposición. — Abogado Sr. Reyes: Tomo excepción. — P.—Conteste.— Testigo: Esos golpes han podido ser producidos por un choque en esa forma. ”

Basta la simple lectura de lo ocurrido para concluir que el error no existe. El perito a quien se preguntaba era el propioi facultativo que había practicado la autopsia de Padilla y acababa de declarar sobre el resultado de la misma, y la pregunta bipotética se basaba en beclios ya establecidos por la prueba.

Corpus Juris resumiendo la jurisprudencia sobre la ma-teria, dice:

“A un médico debidamente cualificado que personalmente ba exa-minado el cuerpo del muerto, o en contestación a una pregunta hipo-tética fundada en los hechos según han sido descritos por otros tes-tigos, puede permitírsele que exprese su opinión sobre la causa de la muerte de la víctima, o puede decir de cuántas diferentes maneras pudo causarse la muerte, o que no se descubrió ninguna causa natural de muerte, o que la muerte no fué consecuencia de una causa particular, y prueba parecida puede ser obtenida del médico que atendió a la víctima desde el día que sufrió las lesiones hasta su muerte, o de otros peritos cualificados, tales como químicos.” 30 G. J. 219.

Sin embarg'o, a menos que sea en verdad necesario, no debe reeurrirse a las preguntas hipotéticas. A veces todo un edificio que se ha levantado a virtud de grandes esfuerzos viene al suelo a causa de una prueba indebidamente ofrecida y admitida y en muchas ocasiones innecesaria.

Aquí, por ejemplo, donde existen testigos que vieron a Padilla montado en su bicicleta chocar con el automóvil que guiaba el acusado y saltar por encima de la cerca del colegio de Santana, encontrándolo muerto al instante, ¿qué más se necesitaba que declarara el doctor que acerca del resultado de la autopsia?

El quinto error carece de mérito alguno. Se funda en que la corte permitió la declaración de un testigo que se encontraba en el salón y que por tanto había tenido ocasión de oír la prueba practicada. Nada se había advertido, ninguna regia se había adoptado' y el testigo que lo era el .fotógrafo declaró esencialmente sobre el hecho de la toma de la fotografía sobre el cual ninguno otro había declarado.

Resta sólo considerar el último cLq; los errores. Por él se sostiene que la corte erró al no ordenar al jurado que rindiera un veredicto de no culpable por no haberse identificado al acusado y por no haberse probado que el acusado manejara imprudente y negligentemente el automóvil.

Dos de los testigos reconocieron sin vacilaciones al acu-sado como la persona que guiaba el automóvil que ocasionó el choque. La negligencia, la imprudencia, la falta de cir-cunspección del acusado consistió en guiar su auto a gran velocidad por una carretera concurrida, frente a un colegio y donde existía otro auto parado, viniendo otra persona en una bicicleta en dirección contraria.

Es cierto que no se probó a cuantas millas por hora corría el acusado, pero uno de los testigos, Ezequiel Rodríguez, declaró:

“Pasó por el lado mío y llevaba una velocidad muy fuerte, que la velocidad esa casi me llevó el sombrero y me atrapé el sombrero; y estaba Ramón- Rivera y Federico Díaz al lado mío y dije: Ave María Purísima! que velocidad más fuerte lleva el carro ese; y a distancia de cincuenta metros venía un señor en una bicicleta, al lado derecho, como de Manatí para Areeibo y en esa misma dis-tancia quedaba un carro que iba a su derecho, como bien arriba parado.
# * # * * » *
“A este lado, a la derecha, y ahí mismo pasó el carro con esa velocidad y cuando llegó en ese mismo extremo ahí que parece ser que fué a dar una vuelta, y allí mismo con la velocidad que llevaba no pudo aguantar el carro, y ahí mismo dió el choque y cogió al señor ese que venía de arriba en la bicicleta en su mano derecha y. lo mandó a la parte adentro del colegio.”

T en parecidos términos se expresaron los testigos José Rodríguez, Federico Díaz, Ramón Rivera y Ana Ortiz, que no fueron contradichos'. El acusado no presentó prueba alguna.

La violencia del choque fué tal que no sólo lanzó a Padilla en la forma que conocemos produciéndole laceraciones en la cara, pecho, ambos brazos, cadera y pierna izquierda y fractura de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta costillas del lado derecho, del frente y del pecho, de la claví-cula, del húmero izquierdo, de la cuarta, y quinta costillas del lado izquierdo, y otras más, si que también' le hizo salir uno de sus zapatos, destrozando además la cerca y volcáhdose finalmente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Inés Díaz, acusado y apelante.
    No. 3542.

    Visto: Junio 14, 1928.

      Resuelto: Julio 26, 1928.

      F. Gervoni Ge'ly, abogado del apelante; José E. 'Figueras,. abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Según los autos, Inés Díaz fué acusado ante la Corte Municipal de Caguas como autor de un delito de acometimiento y agresión grave, Celebrado el. juicio de nuevo en la Corte de Distrito de Iíumacao, fué condenado a seis meses de cárcel. Apeló para ante esta Corte Suprema y el récord de la apela-ción, que no contiene pliego de excepciones ni relación de pruebas, fué archivado el 19 de abril último. Pasó el tiempo reglamentario sin que se presentara alegato y el 15 de mayo se señaló la vista del recurso para el 14 de junio.

Tres días antes de la vista el acusado por medio de su abogado presentó una moción acompañando una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito y pidiendo que se le permitiera unirla a los autos. También acompañó su alegato.

En el día señalado sólo compareció el fiscal. Alegó que no podía discutir los errores alegados porque se basaban en una certificación que no constituía una exposición del caso tramitada de acuerdo con la ley.

Como se ve, todo es informal en este recurso.

El alegato se presentó fuera de tiempo. Si usando de nuestra discreción entramos a considerarlo, encontramos que, como sostiene el fiscal, los errores que en él se señalan se basan en una certificación que no constituye una exposición del caso.

Los autos de una apelación pueden corregirse adicionando a ellos por medio de copia certificada expedida por el Secretario de la corte inferior algo que forme parte del legajo de la sentencia, pero si se trata de documentos que no forman parte del legajo, para traerlos a esta corte es necesario seguir el procedimiento- que marca la ley para tramitar las exposiciones del caso, esto es, con la intervención de la parte contraria y del juez sentenciador.

Aquí los documentos incluidos son una moción de sobre-seimiento presentada en la corte municipal de Oagmas basán-dose en que antes se había procesado al acusado por asesi-nato y no podía después imputársele el delito de acometi-miento ; en otra moción de sobreseimiento presentada en la corte de distrito basada en que el juicio fué suspendido des-pues que el acusado alegó su inocencia, a petición, del fiscal y con la oposición del acusado; en una certificación de las minutas de la corte de la que aparece que el juicio se suspen-dió el 12 de julio para el 14 del propio mes por incompare-ceneia de los testig’os, y en un mandamiento de arresto contra el acusado para responder del carg’o de asesinato.

Basta la simple enumeración de los documentos y de su contenido para concluir que tiene razón el fiscal. En primer lugar la moción de sobreseimiento presentada en la Corte Municipal de Caguas no se conecta con decisión alguna de la Corte de Distrito de Iíumaeao. Tampoco está completo el incidente sobre suspensión del juicio. Los hechos no deben surgir de lo que diga el abogado del acusado en el curso de una moción, sino de las constancias de autos. Si el acusado quiso traer al examen de la corte de apelación las dos cuestiones a que se refiere en su alegato, debió haber preparado al efecto un pliego de excepciones.

Examinado el récord auténtico, se encuentra que la denuncia es suficiente y la sentencia se ajusta a la ley.

Debe, en tal virtud, declararse sin lugar él recurso y con-firmarse la sentencia apelada.


author: Ed Juez Asociado Señor, Aldrey,

text:
    Ramón González, demandante y apelante, v. Sociedad Civil Peña y Balbás, demandada y apelada.
    No. 4166.

    Visto: Junio 7, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1928.

      Enrique Campillo, abogado del apelante; A. Marín Marien, abogado de la apelada.
   Ed Juez Asociado Señor, Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón González tenía tres pequeñas casas de madera en un solar por el que pagaba arrendamiento a la sociedad civil Peña & Baibas y como consecuencia de un juicio de desahucio por falta de pago fue lanzado del solar y de las casas. En-tonces estableció este pleito contra dicha sociedad para que le pague $688.49 como indemnización por el valor de esas casas y la demandada contestó y formuló contrademanda para que González retirase o demoliese las casas y que si no lo hacía dentro del término que la corte fijase se hiciera así por el marshal, de suerte que el solar del contrademandante quede completamente desocupado de las casas y a su libre disposición. La sentencia recaida en este pleito declaró sin lugar la demanda y con lugar la con.trademan.da condenando en consecuencia al contrademandado a desalojar enteramente el solar, bien trans-portando las casas a. otro sitio o destruyéndolas, sin derecho alguno a indemnización, y que si así no lo hiciera dentro del término de diez días de ser firme la sentencia quedaba auto-rizada la contrademandante para hacerlo a costa de la otra parte. Contra esa sentencia interpuso el demandante este recurso de apelación.

Al confirmar nosotros la negativa de la Corte de Distrito de San Juan a expedir un auto de mandamus contra' el márshal de una corte municipal porque después de lanzar a Ramón González de dicho solar y casas se negó a destruir y remover las casas enclavadas en el solar, dijimos qne el procedimiento de mandamus no era el apropiado en ese caso; y resolviendo tina moción de reconsideración qne se nos pre-sentó sostuvimos nuestra decisión e lucimos referencia a los artículos 487 y 1476 del Código Civil referentes a mejoras útiles o voluntarias Recitas por los arrendatarios en las fincas arrendadas.

Esos preceptos son aplicables a la presente contienda. Dicen así:

“Art. 1476. — El arrendatario tendrá, respecto de las mejoras útiles y voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufructuario.
“Art. 487. — El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conve-niente, con tal que no altere su forma o sustancia, pero no tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá no obstante, retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes.”

Esos preceptos son claros y de acuerdo con ellos el arren-datario, apelante abora, no tiene derecho a ser indemnizado por las tres casas que tenía en el solar por-el que pagaba arrendamiento a Peña ■& Balbás, ya que esas construcciones tienen el carácter de mejoras útiles no indemnizables, como lo resolvió el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 20 de abril de 1901 respecto de la construcción de tres ranchos hecha por un arrendatario en una finca arrendada.

Dice, sin embargo, el apelante que no funda su reclamación en esos artículos sino en el 370 del mismo código, y que de acuerdo con él el demandado está obligado a indemnizarle el valor de las casas. Ese artículo se halla en el capítulo que trata; de la accesión y dice así:

“El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, (previa la indemnización establecida en los artículos 455 y 456 del Capítulo III, Título Y, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.”

Esc precepto no es aplicable a casos de arrendamientos, equiparados por la ley a los usufructos, y en comprobación de lo dicho citaremos algunas palabras del Sr. Manresa co-mentando el artículo 361 del Código Civil español, igual al al 370 citado, en las que dice:

“La segunda cuestión ai que nos referimos es si el art. 361 es apli-cable a aquellos casos en los que el que edifica, planta o siembra sea arrendatario, enfiteuta o usufructuario del terreno de que se trata. Indudablemente que no. El mismo autor citado (refiriéndose a Laurent) entiende, de acuerdo con nuestra opinión, que deberán tales ca-sos ‘resolverse con arreglo a los principios generales aplicables a tal supuesto en el arrendamiento, enfiteusis y usufructo’; y así, por lo que respecta al primero de dichos contratos resulta confirmado en la sentencia de 28 de febrero de 1906.” Manresa, tomo 3, pág. 210.

El mismo autor en el tomo 4, página 431, comentando el artículo 487 que corresponde a igual número ya citado de nuestro código, dice:

“Al usufructuario no se le pueden aplicar las reglas relativas a la accesión, ni considerársele poseedor de buena ni de mala fe.”

Por lo: expuesto el demandante no tiene derecho a ser in-demnizado por las tres casas que tenía en el solar de Peña & Balbás.

Al terminar el usufructo, y lo mismo en cuanto al arrendamiento, pueden el usufructuario o el arrendatario retirar las mejoras útiles y de recreo que hubieren hecho, si fuere posible hacerlo sin detrimento de la cosa; pero al usufructuario y al arrendatario no se les puede obligar a que retiren las mejoras, aunque puedan hacerlo sin detrimento de la cosa; y como la sentencia apelada no condena al contrademandado a retirar las casas sino que le concede el derecho de retirarlas dentro de un plazo, no la modificaremos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texiclor no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Texidoe,

text:
    Angela A. Olivo, demandante y apelada, v. Francisco Arriví, demandado y apelante.
    No. 4424.

    Visto: Junio 1, 1928.

      Resuelto: Julio 26, 1928.

      E. González Mena, abogado del apelante; R. Rivera Zayas, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, la demanda fue presentada a nombre de Angela A. Olivo contra Francisco Arriví, y en las alegaciones se expresa que Angela Olivo y el demandado tuvieron rela-ciones amorosas por espacio de dos años allá por el 1913, y que como resultado de dichas relaciones nació, el 24 de junio de 1915, un niño que fué inscrito con el nombre de Francisco y como hijo natural de la demandante; que el demandado siempre tuvo a dicho menor como su hijo, atendiendo a la demandante en su embarazo,' pagándole los servicios de una comadrona, para asistirla en el parto, y que luego ha tenido al niño en la posesión continua del estado de hijo natural, llamándole “hijo,” teniéndole como tal públicamente y pa-sándole treinta dólares mensuales para sus necesidades. Y se pide que se declare que el dicho menor es hijo natural reconocido del demandado y con derecho a llevar su nombre.

El demandado presentó excepciones previas por defecto de parte demandante en el caso y por falta de hechos sufi-cientes para determinar causas de acción, y luego en la con-testación a la demanda negó los hechos esenciales de la misma, como las relaciones amorosas con la demandante, la procrea-ción del niño a que la misma se refiere, y los actos de reco-nocimiento que se le atribuyen.

La corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda y declarando que el niño Francisco es hijo natural recono-cido del demandado Francisco Arriví. Contra esta senten-cia se ha interpuesto el presente recurso.

Examinando las alegaciones en este caso, se ve, desde luego, que la demanda ha sido interpuesta a nombre de Angela A. Olivo por sí misma, y no en representación de su hijo. La sentencia recaída declara un derecho en. favor del niño Francisco, que no es demandante en este caso, ni parte en el mismo en ningún concepto. Le acuerdo con el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente en Puerto Eico, toda acción debe seguirse en nombre de la parte realmente interesada, excepto en aquellos casos expresamente previstos por el código.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 188 del mismo Código de Enjuiciamiento Civil, una sentencia es la decisión defini-tiva sobre los derechos de las partes en un pleito o proce-dimiento.

Cuando se trata del ejercicio de una acción que favorece a un menor que por sí no puede presentarse en corte y dedu-cir acción alguna, es indudable que, con arreglo al artículo 223 del Código Civil, el padre o la madre con patria potestad sobre dicho menor debe representarlo en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.

En este caso sólo se ha citado al menor en la demanda, desde el punto de vista de ser el resultado de las alegadas relaciones entre la demandante y el demandado; pero la acción no se ejercita en su nombre.

Indudablemente, la demanda no aduce becbos suficientes para determinar una causa de acción de filiación, en la forma que esa demanda está redactada, porque la que ejercita la acción no tiene derecho alguno a la filiación.

Existe además el defecto de parte demandante, ya que para nada comparece el menor ni nadie a su nombre.

Las excepciones previas opuestas en este caso debieron ser declaradas con lugar, y dictarse sentencia que, ajustándose a la ley, hubiera decidido los derechos entre las partes, que como tales aparecían ante la corte, y no los de una tercera persona que no estaba ante la corte en ningún concepto.

Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Víctor P. Martínez González, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de San Sebastián, representada por el Hon. Víctor Igartúa, Juez, y Juan B. Pérez Soto, demandados y apelados.
    No. 4449.

    Visto: Marzo 28, 1928.

      Resuelto: Julio 26, 1928.

      Viator P. Martines González, abogado del apelante; Buenaventura Esteves, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Víctor P. Martínez entabló una acción en la Corte Municipal de San Sebastián contra Clotilde Jiménez, obteniendo sentencia favorable por la suma de $228.80 con sus intereses,, y por una suma adicional de cien dólares para cubrir las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Juan B. Pérez Soto intervino, alegando ser dueño de una parcela de terreno que había sido embargada como de la pro-piedad de Jiménez y que iba a ser vendida en ejecución de la sentencia.

Dos días antes de la fecha fijada para la venta, la corte municipal expidió un auto preliminar de injunction, basando su actuación en una declaración jurada acompañada de una fianza por la suma de $700.

Martínez entonces acudió a la corte de distrito solicitando un auto de certiorari.

El presente recurso se ha interpuesto contra una resolu-ción anulando el auto preliminar de certiorari expedido pri-meramente por la corte de distrito y declarando sin lugar la petición.

El apelante alega que la corte de distrito erró aí resolver que la corte municipal tenía jurisdicción para conocer del procedimiento de injunction.

Las secciones 5276, 5277 y 5278 de la Compilación de los: Estatutos Revisados de 1911 leen así:

“(5276) Sección 16. — La tercería respecto a bienes inmuebles se-iniciará por demanda que formalizará el reclamante contra todas las personas que tengan interés en el asunto y el juicio se sustanciará por los trámites del Código de Enjuiciamiento Civil. Disponiéndose, que en las tercerías de esta clase sólo podrá suspender el tercerista una orden de ejecución para el trámite de subasta mediante inter-dicto prohibitorio (injunction) de acuerdo con la ley definiendo los injunctions aprobada en marzo 8 de 1906; y disponiéndose, además, que para conocer del interdicto tendrá jurisdicción la misma corte ante la cual se sustancie la tercería.
"(5277) Sección 17. — La corte que dictare la orden tendrá com-petencia para conocer del procedimiento en los casos de tercería, de acuerdo con las disposiciones de esta ley; Disponiéndose, sin embargo, que si el pleito original en el cual se librare la orden de eje-cución o embargo estuviere pendiente ante una corte municipal, y el valor de la propiedad embargada excediere de quinientos dollars, en ese caso la competencia para conocer del procedimiento de tercería entablado, corresponderá a la corte de distrito para ante la cual se apelare de las sentencias de la corte municipal que estuviere cono-ciendo del pleito original.
"(5278) Sección 18. — Será competente para conocer de los jui-cios de tercería, la corte que tenga jurisdicción en el asunto en que se baya decretado la orden a que se refiere la tercería.”

La teoría del apelante es que la finca en controversia vale más de quinientos dólares. El tercerista alegó en su de-manda que el valor era quinientos dólares. La contestación radicada por Martínez contenía una negativa general, pero fue radicada después de haberse expedido el auto preliminar. En una moción para anular el injunction preliminar también se alegaba bajo juramento que la finca en cuestión valía aproximadamente dos mil dólares. Tal alegación posterior no podía afectar cualquier autoridad que la corte municipal pudo haber tenido para actuar, en vista de lo que la demanda de tercería demostraba prima facie, y por haber prestado el tercerista una fianza válida y suficiente.

Sin embargo, una cuestión más grave es que la corte de distrito erró al resolver que la corte municipal podía considerar y resolver la petición de injunction, sin notificar ni oú previamente a Martínez sobre tal petición.

Esta proposición se basa en las secciones 1359 y 5367 de los Estatutos Revisados, en relación con el dicho de que la petición de injunction fué radicada el 5 de octubre, y que el demandado Martínez había contestado la demanda de tercería el 27 de septiembre. La contestación está fechada el 27 de septiembre, y la declaración jurada sobre notificación indica que fué notificada el mismo día. Sin embargo, esa declaración está suscrita y jurada ante el Juez Municipal de .San Sebastián con fecha 6 de octubre, y la contestación fué radicada en la secretaría ese mismo día. Se supone que el ■.injunction preliminar fue expedido el 5 de octubre. La motion para anular el injunction así expedido tiene fecha '6 de octubre.

El artículo 1359, supra, corresponde a la sección 6 de la ley local sobre injunctions. Esta sección dibe así:

“No podrá concederse un injunction después de haber el deman-dado contestado- una demanda, sin que medie una notificación, o una orden requiriendo a dicho demandado para que exponga sus razones en contra de la concesión; pero en tal caso podrá entredieharse al demandado, hasta recaer la decisión del tribunal o juez que hubiere de conceder o denegar el injunction.’’

La sección 5367 corresponde al artículo 323 del Código de Enjuiciamiento Civil.. Lee como sigue:

“Un demandado comparece en un pleito cuando contesta, opone excepción previa, o notifica por escrito su comparecencia al deman-dante ; o cuando un abogado hace constar su comparecencia por dicho demandado. Después de la comparecencia, el demandado o su abo-gado, tendrá derecho a que se le notifiquen todos los procedimientos subsiguientes cuando corresponda. Pero si el demandado no ha com-parecido, no habrá necesidad de que se le hagan las notificaciones o entrega de documentos a menos que se hallare en prisión con mo-tivo del pleito, por falta de fianza.”

Evidentemente el entregar copia de la contestación a la parte contraria, sin más, no equivale ordinariamente a una comparecencia ante la corte. No obstante, un demandado puede comparecer no solamente, radicando su contestación, sino también archivando nn escrito haciendo constar sn com-parecencia.

El fin primordial del artículo 323 es exigir que se le notifique al demandado desde el momento que el nombre de su abog’ado es conocido por la parte demandante. El entre-gar copia de la contestación al abogado del demandante, suministra toda la información requerida, si el demandante desea dar cualquier paso posterior antes de que transcurra el término para radicar la contestación.

Interpretando conjuntamente las dos secciones que ahora tenemos bajo nuestra consideración, nos sentimos obligados a resolver que Martínez, (el demandado en el procedimiento de tercería, contestó dentro del significado de la sección 6 de la ley para reglamentar la expedición de injunctions, y que compareció de conformidad con el artículo 323 del Código de Enjuiciamiento. Civil, al hacer entrega al abogado del demandante de una copia de la contestación, la que fué radi-cada posteriormente dentro del término prescrito por la ley. Cooper v. Gordon, 125 Cal. 296; Roth v. Superior Court, 147 Cal. 604; California Pine Box and Lumber Company v. Superior Court, 13 Cal. App. 65.

La sentencia apelada debe ser revocada.