author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Rafael Rivera Rochig, demandante y apelante, v. The Manufacturers Life Insurance Company, demandada y apelada.
    No. 3403.

    Visto: Febrero 3, 1925.

      Resuelto: Mayo 8, 1925.
    1. Contratos — Requisitos y Validez — Validez del Consentimiento — Intimida-ción. — Para que exista intimidación es esential que se amenace con un mal y que éste sea injusto.
    2. Seguros — Cancelación, Entrega, Abandono y Rescisión de la Póliza — Ra-tificación de Renuncia. — El hecho de cobrarse un cheque, precio de la cancelación de una póliza por renuncia hecha de los derechos a la misma, (después de haberse consultado un abogado), constituye una ratificación de dicha renuncia {dictum). .

      SENTENCIA de B. Días Cvntrón, J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Eduardo Flores Colón, abogado del apelante; Daniel F. Kelley y Alberto 8. Poventud, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Julio P. (Rivera Rochig solicitó el 9 de junio de 1923 de The Manufacturers Life Insurance Co. un seguro sobre su vida y el 9 de julio del mismo año le fue expedida la póliza correspondiente por $18,000. El 30 de octubre del mismo año murió el asegurado habiendo dispuesto antes que fuera pagada la póliza a su hermano Rafael Rivera Rochig, quien el 12 del mes siguiente relevó bajo su firma a la compañía aseguradora de toda responsabilidad' por dicha póliza y se la entregó en consideración a la devolución por dicha com-pañía de los $560.60 de la prima pagada por ella, haciendo constar que hacía tal transacción de su propia y libre vo-luntad por la razón de creer que su hermano Julio P. Rivera no se hallaba en buen estado de salud cuando hizo la solicitud para el seguro y que la compañía aseguradora es-taría justificada al rehusar el pago del importe de la póliza. Los $560.60 fueron entregados a Rafael Rivera Rochig en un cheque (pie cobró dos días después.

A los pocos días de esto Rafael Rivera Rochig demandó a The Manufacturers Life Insurance Co. para que le pa-gase la cantidad del seguro de su hermano alegando que el traspaso que de ella hizo a la compañía aseguradora fué obtenido por un agente de la misma valiéndose de enga-ños y de falsas acusaciones, amenazándolo con persecusio-nes criminales y alegando que tal póliza era nula, por lo que ante esas amenazas y ante la pena de que desenterra-ran el cadáver de su hermano se vió forzado a entregar la póliza.

Habiéndose opuesto la demandada a esa reclamación, se celebró el juicio y recayó sentencia declarando sin lugar la demanda, fallo que ha sido apelado por el demandante.

Aunque en el juicio se presentó evidencia sobre si cuando Julio F. Rivera Rocbig solicitó la póliza estaba en buena salud o padeciendo de tuberculosis pulmonar, apareciendo también de ella que poco tiempo antes ganaba el asegurado un jornal de siete dólares semanales y'de que un mes antes tomó otra póliza de seguro por $15,000, podemos prescindir de diclxa prueba porque la cuestión fundamental en este pleito es si la renuncia que el apelante hizo de sus derechos a dicha póliza fué obtenida por intimidación de los agentes de la compañía aseguradora.

Con respecto a ese particular la prueba del demandante consistió en su declaración, en la de su hermano Ramón Rivera y en la de la esposa de éste Hipólita Bigas. El de-mandante, que es de 27 años y tiene una relojería, declaró que el día 11 de noviembre de 1923 se presentó en su casa don Angel M. Mayoral, cuñado de la esposa de su hermano Ramón y agente de la demandada, y estando presente su dicho hermano y la madre de ambos le pidió que le entregara la expresada póliza diciéndole que había que cancelarla por-que si no iban a ir todos ellos a la cárcel y desenterrarían el cadáver de su hermano Julio: que al día siguiente vol-vió a su casa Mayoral acompañado de un americano y del Sr. Font y le repitieron lo que le había dicho antes Mayoral, que aquello no era legal, y le hicieron firmar renun-ciando su derecho a la póliza pero no se ocupó de leer lo que firmó: que ese mismo día fué a la hora de almuerzo al hotel “Meliá”-y pidió que le dejaran leer lo que había fir-mado y se lo dieron a leer y le entregaron el cheque devol-viéndole la prima pagada del seguro: que al día siguiente, 13, habló con el abogado que le defiende en este pleito: que el 14 fué cobrado el cheque y que él no tenía que tener miedo a nada. Ramona Rivera e Hipólita Bigas dijeron que es-taban levantándose de la cama el domingo por la mañana cuando llegó Mayoral con el Sr. Font y el americano Mr. Young y oyeron desde su cuarto una discusión acalorada exigiendo a su hermano la entrega de la póliza diciendo que su hermano Julio estaba enfermo cuando se aseguró, que iban a desenterrar su cadáver y a meterlos a todos en la cárcel por lo que su hermano Rafael entregó la póliza y firmó un documento sin saber lo que decía.

Por la parte demandada declaró don Angel M. Mayoral, quien manifestó que con motivo de la póliza en cuestión es-tuvo un domingo por la tarde en la casa de Rafael Rivera y después de hacerle varias explicaciones en cuanto al con-cepto que la compañía tenía del riesgo de dicha póliza, por-que había averiguado o tenía dudas en cuanto a que la vida del difunto Julio no era de primera clase y que se habían hecho ciertas ocultaciones en cuanto al verdadero estado de salud de él que daban lugar a que la compañía tuviera de-recho a cancelar la póliza, por esas reflexiones Rafael Rivera le entregó la póliza para su cancelación ofreciéndole el declarante devolverle la prima del seguro al día siguiente: que esa tarde nadie lo acompañó a esa entrevista: que por la noche llevó la póliza a Mr. Young, que es representante de la compañía, y con él fué al día siguiente por la mañana a la casa de Rafael Rivera, después de haber sido escrita en maquinilla la cancelación de la póliza al dorso de ella, se leyó lo escrito a Rafael Rivera y le dijo que él le respon-día del pago de la prima y que a la hora del almuerzo fuera a buscar el cheque por la misma al hotel Meliá: que don Eliseo Font, gerente de la compañía, nunca fué con el de-clarante a la casa de Rafael Rivera: que el declarante nunca amenazó al demandante: que mencionó lo de desenterrar el cadáver de Julio como una de las cosas posibles que podía hacer la compañía para probar el mal estado de la salud de Julio: que cuando fué con Mr. Young se limitaron so-lamente a leer a Rivera lo que se había escrito en la póliza y a decirle que fuera al hotel Meliá a buscar el cheque. Mr. ¥m. Edwin Young es agente de la demandada y dijo que fué con Mayoral a la casa de Rafael Rivera: que allí no hubo discusión, intimidación ni amenazas pues lo que pasó fué que él o Mayoral mostró la póliza que había es-tado en su posesión desde la noche anterior y Mayoral le hizo ciertas explicaciones a Rivera en pocas palabras que parecían tener su completa aceptación, y sin discusión firmó el documento después de haberle sido leído por Mayoral: que el Sr. Font no estaba allí y por eso no pudieron entre-garle el cheque a Rivera pero le fué dado después en el hotel “Melló,” habiendo leído antes Rafael Rivera la renun-cia de la póliza y habiendo dicho que estaba conforme con ella. Don Eliseo Font declaró que nunca ha estado en la casa de Rafael Rivera.

Aunque en vista de que la evidencia que presentaron las partes es contradictoria en muchos extremos, entre ellos en si el Sr, Font estaba en la entrevista en que fué firmada la cancelación de la póliza: si la cancelación fué leída antes de ser firmada: si en esa ocasión fueron dichas -al demandante las palabras que él alega: respecto a cuáles fueron esas palabras; y en vista también de que dada la sentencia recaída en el pleito podríamos concluir que la corte inferior dió crédito a la prueba de la demandada y por tanto que el Sr. Mayoral nada dijo al apelante que revistiese los caracteres de intimidación para conseguir que la póliza le fuera entregada para su cancelación y que por todo ello la sentencia apelada debería ser confirmada sin más argumentación, sin embargo, preferimos fundar nuestra decisión resolviendo si las xoalabras que el demandante atribuye al agente.de la demandada Sr. Mayoral son de intimidación y vician de nulidad el consentimiento prestado por el demandante.

Dispone el artículo 1232 del Código Civil que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo; y el 1234 declara que hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes .el temor racional y fun-dado de sufrir un mal inminente en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o as-cendientes; y que para calificarse la intimidación debe aten-derse a la edad, al sexo y a la condición de la persona. Comentando esos preceptos el Sr. Manresa en sns Comen-tarios al Código Civil (Vol. 8, p. 618, ed. 1901), dice lo si-guiente: “Esencial es también qne se amenace con nn mal, y en esta sola palabra nos detenemos, sin pasar a los ad-jetivos qne la signen, porque no entendiendo el legislador como mal aquello que el mismo derecho ampara o impone, deducimos de ahí la consecuencia importante de que el mal ha de ser injusto y de que no intimida quien se limita a invocar su derecho, sin abusar del mismo.”

Estamos conformes con esa interpretación de la ley y de acuerdo con ella y teniendo en cuenta el sexo, edad y capacidad del demandante, tenemos que concluir que aun-que el Sr. Mayoral hubiera dicho al demandante, como éste declaró, que había que cancelar la póliza porque si no to-dos iban a ir a la cárcel y desenterrarían el cadáver de su hermano porque aquello no era legal, tales palabras no son constitutivas de intimidación porque eran la expresión de lo que podría hacer la demandada en el ejercicio de su derecho para demostrar que la póliza no era legal, y por tanto no constituyen un mal injusto. Además el haber sido cobrado el cheque, precio de la cancelación, dos días des-pués y cuando ya el demandado había consultado un abo-gado constituye una ratificación de su renuncia.

Por los motivos expuestos lá sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PbesideNte Señob del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Carmen Nadal, Viuda de Del Moral, demandante y apelada, v. José Muratti, demandado y apelante.
    No. 3440.

    Visto: Febrero 5, 1925.

      Resuelto: Mayo 9, 1925.
    1. Injunction — Demanda de Injunction — Incongruencia Entre lo Alegado y Probado.- — Habiéndose alegado, como nn extremo de una demanda de injunction, que el demandado obstaculizó una servidumbre de paso y apare-ciendo de la prueba de la demandante que el derecho al paso no se impidió sino que simplemente se regularizó, procede declarar sin lugar la demanda en cuanto a ese extremo.
    2. Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación — Servidumbre de Paso —Prescripción de Tiempo Inmemorial. — No cabe reconocerse una servidum-bre cíe paso por prescripción de tiempo inmemorial, cuando lo que se prueba es que un camino fué abierto del 1893 al 1894 y que el qiaso P01' el mismo fué meramente tolerado.
    3. Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación — Servidumbre de Paso Modo de Adquirir — Título.—A partir del año 1890, fecha en que empezó a regir el Código Civil, las servidumbres de qjaso sólo qraeden adquirirse a virtud de título.
    SENTENCIA de Angel Acosla, J. (Mayagüez), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada, desestimándose la demanda, sin costas.

      Alfredo Amoldo Sevilla, abogado del apelante; José Sabater, abo-gado de la apelada.
   El Juez PbesideNte Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Alegando que el demandado le había impedido el uso de dos caminos, solicitó la demandante la expedición de un auto de injunction. Se expidió un auto preliminar y juzgando luego definitivamente el caso, la corte lo resolvió en contra del demandado. La sentencia 'dictada reconoce la existencia de dos servidumbres de paso impuestas sobre la finca del demandado a favor de dos fincas de la demandante. El de-mandado apeló señalando en su alegato la comisión de seis errores, que estudiaremos una vez que dejemos expuesto cómo fué planteado el debate y cómo apreciadas las pruebas y aplicada la ley por la corte sentenciadora.

Alegó la demandante que es dueña de dos fincas, una de cinco cuerdas, donde está enclavada la plaza de la hacienda “Plora,” colindante por todos sus lados con terrenos de Muratti, y otra de cincuenta y cinco cuerdas que linda por el Norte con un -camino vecinal, por el Sur con el río y por el Este y Oeste con tierras de Muratti. Alegó además la demandante que su finca de cinco cuerdas se comunica con la carretera de Mayagüez a San Germán'por un ca-mino que pasa por dentro de los terrenos de Muratti en una extensión de cien metros y que “existe desde tiempo inmemorial” y que su otra finca de cincuenta y cinco cuer-das se comunica con la de cinco por otro camino de unos doscientos metros qne también pasa por dentro de tierras de Mnrattti y qne viene nsando “por tiempo tan inmemo-rial, qne rebasa los límites de la memoria de las personas más ancianas del lngar.” Y alegó por último la deman-dante qne el demandado le impidió el nso de ambos cami-nos construyendo un portón de madera frente a la carre-tera qne cerró sin permitir el paso a persona alguna y le-vantando una cerca donde empieza el camino qne de la finca de cinco cuerdas conduce a la de cincuenta y cinco, todo ello sin derecho alguno y maliciosamente.

Contestó el demandado negando que hubiera actuado sin derecho y maliciosamente. Explicó los hechos así: En cuanto al camino que comunica la finca de cinco cuerdas con la carretera, alegó que fué abierto en 1870 al ser instalados los establecimientos de la hacienda Flora y que frente a la carretera existió un portón hasta 1900 que se cerraba con llave, teniendo Muratti, padre del demandado, una llave. y los dueños de los establecimientos otra, y que lo que él ahora ha hecho es reconstruir el portón habiendo entregado su llave al mayordomo de la demandante. Y en cuanto al otro camino negó su existencia desde tiempo inmemorial y que el demandado tuviera derecho al mismo, alegando que el paso fué meramente tolerado desde la zafra de 1893 a 1894. La demanda se interpuso en 1922.

Celebrada la vista, la corte; como hemos dicho, dictó sen-tencia favorable a la demandante basándose en una opinión que, copiada en lo pertinente, dice:

“La Corte estima probado, por la apreciación de la evidencia, en el acto de la vista, que el camino que va desde la finca de cinco cuerdas a la carretera de Mayagüez a San Germán, data o se abrió en el año 1870, al ser instalados los Establecimientos de la hacienda ‘Flora’ sitos en dicha porción de cinco cuerdas; e igualmente la Corte estima probado y por virtud de la misma apreciación, que el camino que va de la finca de cinco cuerdas a la de la de cincuenta y cinco cuerdas, fué abierto, data, desde la zafra de 1893 a 1894, por tolerancia de don Francisco Muratti, causante del demandado Don José Muratti.
“Como se ve, y por las alegaciones del demandado, no se niega el derecho o servidumbre de paso, pues se reconoce y alega que si bien se colocaron cercas, empalizadas, portones y se cerraron con candados, una de las llaves de dicho camino se entregó al Mayor-domo de la demandante para que pudiera Usarlo libremente y cuya llave se dice fue entregada a Don Santos López, mayordomo que tenía en la finca la demandante doña Carmen Nadal viuda de Del Moral.
“La Corte estima probado, que dichos caminos han venido utili-zándose de buena fe y por un período de tiempo, que la memoria de los testigos que han declarado y que algunos de ellos tienen más de 70 años, lo hacen de un uso' inmemorial y por lo que, visto el caso de Nido y Cía. v. Albir Alicea, reportado en el tomo 27 pág. .34 D.P.R. y rigiéndose este caso, como el citado, por la legislación anterior al Código Civil, el demandante ha podido invocar e invoca a su favor el uso inmemorial de dichos caminos, para demostrar su derecho a pasar por ellos y probar, como ha probado, por' tal tes-timonio de dichos testigos, tal uso inmemorial.
“Alega el demandado, que esta servidumbre de paso, como com-prendida en el art. 546 del Código Civil Revisado, equivalente al art. 539 del Código Civil de España, sólo puede adquirirse en virtud de título y no por prescripción como alega la demandante, pero la Corte es de opinión que este caso se rige y la legislación aplicable, es la anterior a la promulgación y publicidad del actual Código Civil y que la legislación aplicable es la ley de Partidas y muy espe-cialmente la ley 14 del título 31 de la Partida Tercera, y la ley 15 de dicho título y Partida, que autorizan la adquisición de dichas servidumbres por el uso de tiempo inmemorial:
‘ ‘ ‘ ante dezimos, que quien las quisiere auer por esta razón, ha menester, que haya vsado dolías, ellos, o aquellos de quien las ouieron, tanto tiempo de que non se puedan acordar los ornes, quanto ha que lo comentaron a vsar.’
“Varios testigos declararon que conocían esos caminos, esa ser-vidumbre de paso, desde la época de la libeRtad de eos esolavos, cuyo hecho ocurrió en el año de 1873, es decir, hace más de cin-cuenta años y algunos testigos que así declararon, tienen 84, 75 y 62 años de edad.”

Señala en su. alegato la parte apelante la. comisión de seis errores. Prescindiremos del estudio del sexto que se refiere a la inspección ocular que debió practicarse a juicio del demandado, y del quinto que trata de una cuestión téc-nica sobre disolución del injunction preliminar, y estudia-remos conjuntamente los cuatro restantes que 'versan so-bre los lieclios probados y la ley aplicable.

Examinada la opinión de la corte sentenciadora- obser-vase en seguida que existe incongruencia entre las conclu-siones contenidas en el párrafo primero de los que dejamos transcritos y el tercero, cuarto y quinto. Esa misma con-fusión se advierte en muchas de las declaraciones de los testigos; pero un estudio detenido de ellas nos lleva a con-cluir que la verdad está contenida en el párrafo primero. Se trata de dos casos, enteramente distintos.

Con respecto a la existencia de la servidumbre de paso de la finca de cinco cuerdas a la carretera, no hay cuestión. La reconoce el propio demandado. En el año de 1870 se resolvió establecer una fábrica de azúcar en aquel sitio que pertenece a la jurisdicción de Hormigueros, muy cerca de las de Cabo Eojo y San Germán, y para ello se separaron cinco cuerdas que quedaban enclavadas dentro de la finca, de un señor Dávila, antecesor de Muratti. Era absolutamente necesario darle salida y se le dió basta comunicarse con la carretera de Mayagüez a San Germán por dentro de las tierras de Dávila, hoy de Muratti. Sólo es necesario dilucidar lo relativo al portón. ¿Se obstaculizó con él el derecho al paso? A nuestro juicio la prueba es terminante en el sentido de que simplemente se regularizó. Sólo fué reconstruido. Un testigo de la demandante, su hijo y apoderado Francisco del Moral, reconoció que se entregó una llave del portón al mayordomo de la hacienda y que no se impidió el paso.

Siendo ello así, no habiéndose probado los hechos en que se basó la petición* de injunction, claro es que no debió haber sido declarado con lugar en cuanto a ese extremo.

Veamos ahora lo que existe con respecto a la servidumbre de paso desde la finca de cinco cuerdas a la de cincuenta y cinco. De la misma prueba de la parte deman-dante aparece que el camino o callejón por donde se fia venido pasando fué abierto después de 1889 en que según la propia demandante adquirió la finca de cincuenta y cinco cuerdas la sociedad Moral, González y Cía. de quien trae causa. La prueba del demandado fija con exactitud la fe-cha de la zafra- del 1893 a 1894 en que a virtud de haberse quemado unas cañas, el padre del demandado permitió al mayordomo de Moral, González y Cía. que se condujeran para molerse en seguida por aquel sitio permitiéndose el paso desde entonces por mera tolerancia.

• Puede encontrarse en la prueba de la demandante cierta vaga referencia a que en 1893 lo que se hizo fué cambiar el sitio del paso, pero en manera alguna esa referencia es bastante para basar en ella el reconocimiento de una servi-dumbre.

El año de 1890 es de importancia decisiva porque con él comenzó a regir el Código Civil y desde su vigencia la servidumbre de que se trata sólo pudo adquirirse a virtud de título y aquí ni siquiera se ha invocado ese medio de ad-quisición.

El caso de Nido & Cía v. Alicea, 27 D.P.R. 34, que cita en su opinión el juez sentenciador, no es igual al presente. Allí la misma parte a quien podía perjudicarle, admitió que era aplicable la legislación anterior al Código Civil y ade-más de la prueba de testigos ancianos que declararon sobre el uso inmemorial, presentáronse las admisiones de uno de los antiguos dueños del predio sirviente. Aquí la misma corte de distrito declaró probado que el camino fué abierto, data, de la zafra de 1893 a 1894, no hubo admisiones y las propias declaraciones de los testigos de la demandante ana-lizadas cuidadosamente no sostienen su contención, esto es, el uso inmemorial.

Parece conveniente decir que la finca de cincuenta y cinco cuerdas, según consta de la demanda misma, colinda con un camino vecinal que va al barrio de Duey, pudiendo, aun-que dando un rodeo que alarga la distancia, transportarse por dicho camino los frutos a la carretera y entrar por ella a los establecimientos de la hacienda situados en las cinco cuerdas.

Claro es que el callejón que se venía usando resultaba más fácil. El hecho del paso por mera tolerancia se repite constantemente en las fincas de Puerto Rico. Las crecien-tes de ríos y quebradas, el mal estado de ciertos caminos vecinales, los atrechos, las amistades, el establecimiento de escuelas y comercios en determinados sitios, el temor de provocar conflictos o disgustos, el deseo de favorecer a los convecinos acortando distancias y facilitando el tráfico, y ¿tras muchas circunstancias podrían señalarse como causan para ello. Seguramente fué una situación semejante y la-, idea de dar fijeza y certidumbre a un derecho para uno y a-,, un gravamen para otro de tal importancia, la que obligó ah legislador español a variar la ley y al legislador puertorri-queño a no alterar la variación. Así el paso que mera-mente se permite subsiste generalmente mientras de él no se abusa, como las pruebas demuestran que se abusó en este caso. Y así cuando se desea obtener un derecho absoluto y para siempre, se sabe que hay que ir al contrato, a la ad-quisición del derecho mediante la compensación apropiada, garantizando la ley hipotecaria por medio de la inscripción el derecho que se adquiera en cuanto a terceros. A partir del 1890 las situaciones vagas, indefinidas en esta clase de servidumbres, desaparecieron en Puerto Rico.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia apelada y dictarse otra desestimando la demanda sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Bernabé Sabalier, demandante, v. Santiago Iglesias y El Banco de San Juan, demandados. In re. José Morales Díaz, peticionario y apelado y El Banco de San Juan, opositor y apelante.
    No. 3416.

    Visto: Enero 21, 1925.

      Resuelto: Mayo 19, 1925.
    Apelación t Error — Autos t Procedimientos que no Están en Récord — Necesidad de un Pliego de Excepciones, Exposición del Oaso o Relación de Hechos — Pagos por Síndico. — El Tribunal Supremo no puede decir que una corte de equidad nunca debe autorizar el pago por un síndico de hono-rarios por trabajos hechos a un demandante en la aeeión principal, cuando faltan tanto los autos de dicha acción como el de los procedimientos de sin-dicatura y una exposición del caso que demuestren las circunstancias que rodearon la transacción.
    Resolución de O liarles E. Eoote, J. (Primer Distrito, San Juan), autorizando un Síndico a pagar al taquígrafo cierta 'suma por honorarios.

      Confirmada.

      F. II. Dexter j B. Rivera Zayas, abogados del demandante; Leopoldo Feliú., abogado de los demandados; M. Figueroa del Rosario , abogado del Síndico, y Llorens Torres & Arroyo, abogados del opositor y apelante.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior ordenó a un síndico pagar al taquí-grafo de la corte una suma que se reclamaba como compen-sación por trabajo ¿.echo para el demandante por dicho ta-quígrafo, en el curso de un litigio en el cual había sido nom-brado el síndico.

Los abogados del demandante y del síndico estuvieron conformes con dicho pago y el abogado del banco se opuso k ía moción presentada por el taquígrafo en la cual se fundó la orden del tribunal.

Los señalamientos de error y argumentación de la parte apelante son los siguientes:

“1. La corte inferior erró al asumir jurisdicción para decretar la orden apelada contra la oposición del Banco de San Juan.
“2. La corte inferior erró al declarar con lugar la moción del peticionario, la cual no aduce hechos suficientes para determinar una causa de pedir contra la Sindicatura.
“3. La orden apelada ha sido dictada en perjuicio del apelante.
“Argumentación. — Los tres errores señalados pueden resumirse en uno, a saber, que la orden apelada es nula at> initio porque 'si la moción de Morales no aduce hechos determinantes de una causa de pedir en Equidad porque el crédito que se pretende cobrar no es de cargo del Síndico, sino que es una deuda privada de Bernabé Saba-lier, la corte no tenía jurisdicción en Equidad para perjudicar al Banco de San Juan decretando y ordenando al Síndico que pague una deuda de cualquiera de las partes en perjuicio de los fondos de la Sindicatura.
“El mero hecho de que en la misma orden 'se disponga de que el Síndico pueda cargar esos $500.00 al demandante, en vez de justifi-car la actitud de la corte la hace más arbitraria, pues ni el deman-dante tiene crédito alguno contra la Sindicatura, ni hasta que se termine la Sindicatura no puede determinarse qué interés tenga el demandante Sabalier en el remanente de los fondos de la Sindicatura. Si el demandante pierde, como esperamos que perderá, el pleito principal, entonces no tiene interés alguno en dicho remanente, y la 'suma así pagada para cancelar una deuda privada del demandante será un verdadero contrasentido. Además, aún después de que termine la Sindicatura, Sabalier tiene otras deudas que tienen indudable-mente preferencia como son el pago de contribuciones, honorarios de sus abogados, etc.
“La deuda de Morale's no sería más que una deuda común, al igual que la de su cocinera o de su médico y boticario.”

Los autos ante nuestra consideración están constituidos por una moción, una orden y un escrito de apelación. No consta si el demandante tenía o no fondos a su 'favor en poder del síndico. Ni aparece tampoco cuál era el objeto, ni la naturaleza de las circumstancias por las cuales se en-tregó la transcripción de autos hecha para el demandante por el taquígrafo.'

No sabemos de ninguna presunción en cuanto a mora en el pago de las costas; ni estamos informados sobre lo que podría o no ser el efecto de una revocación por la preferen-cia invocada por el abogado del banco a nombre del abo-gado del demandante, pero ya renunciada por el segundo.

La corte inferior tuvo ante sí los autos, tanto en el caso principal como en el de los procedimientos de Sindicatura; y a falta de estos autos, y de una exposición del caso, o de alguna cita de autoridades, no estamos en condiciones de poder decir que una corte de equidad nunca debe auto-rizar el pago de honorarios de taquígrafos por un síndico por una transcripción entregada al demandante, sin tener en cuenta las circunstancias que rodean la transacción.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael López o Gómez, alias “Búlico”, acusado y apelante.
    No. 2343.

    Visto: Enero 27, 1925.

      Resuelto: Mayo 19, 1925.
    1. Derecho Penal — Evidencia—Testimonio de Cómplices y Coacusados — Co-rroboración del Testimonio. — La declaración de un cómplice queda corro-borada cuando, eliminada la evidencia del cómplice, existe prueba tendente a conectar al acusado con el delito imputado.
    2. Apelación y Error — Revisión—Error, no Perjudicial — Hecho de no Darse Crisdito a los Testigos del Acusado ni Analizarse la Prueba de De-fensa. — El error, si alguno existe, porque un juez no dé crédito a los tes-tigos del acusado ni analice la prueba de defensa al proclamar la culpabi-lidad de éste, no es perjudicial cuando nada existe que demuestre que la defensa del acusado requería seria consideración.
    SENTENCIA de ¿Pablo Berga, J. (Humaeao), condenando al acusado por delito de Incendio Malicioso.

      Confirmada.

      Rafael Cuevas Zequeira, abogado del apelante; José E. Figueras,o abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante por su propio deseo fue juzgado por el tribunal de derecho, declarado culpable de un delito de incen-dio malicioso, y alega ahora que:

“1. La Corte de Distrito de Humaeao cometió error al declarar sin lugar la. moción de absolución perentoria presentada por el acu-sado, en la que se sostenía que la prueba del Pueblo era insuficiente, toda vez que ella consistía de la declaración de un cómplice, que no estaba debidamente corroborada.
“2. La Corte de Distrito cometió error al declarar culpable al acusado sin considerar la prueba, de la defensa que fué ignorada por el tribunal, como si tal prueba no se hubiera presentado.”

Hubo prueba tendente a demostrar que uno o dos días antes del incendio el acusado anunció el hecho de que iba a manejar como $500, y su deseo de invertirlos en un cafetín; que llegó a su casa la noche del suceso a las 3 de la mañana, luego que el fuego había tomado bastante incremento; que después de tratar de vender un ropero y negarse a comprar otro mueble que se le ofreció, el acusado dijo que la gente no debía alarmarse al oir detonaciones en la calle Muñoz Rivera, donde luego ocurrió el fuego; que fué hallada en el sitio indicado por dicho cómplice una lata de gasolina que parece haber sido abierta en la forma relatada por el cómplice; que el acusado fué visto entrar en la cocina de su casa a eso de las 10 de la noche con gasolina y se le oyó decir a su compañero: “Vente por aquí, que avanzamos más;” y que el fuego empezó en la parte de atrás de la casa como a la media hora después.

Esto, creemos, coloca el caso dentro de la regla invocada por el apelante, como fué enunciada en el caso de People v. Morton, 139 Cal. 719 (73 Pac. 378), donde la corte de California cita con aprobación de un caso de Texas lo siguiente:

“Sugerimos e'sta forma como una prueba adecuada: eliminad del caso la evidencia del cómplice y entonces examinad la evidencia del otro testigo o testigos, con el objeto de determinar si hay prueba inculpatoria — prueba tendente a conectar al acusado con el delito Si existe, el cómplice está corroborado; si no existe ninguna prueba inculpatoria, no hay corroboración aunque el cómplice pueda ser co-rroborado en cuanto a cualquier número de hechos por él jurados.”

La corte inferior en el curso de una opinión de diez páginas hace mención de la coartada (alibi) que se cita como defensa y discute ampliamente las demás cuestiones levantadas. Claramente que el juez sentenciador no estuvo impresionado por la tentativa en probar una coartada (alibi), ni estaba tampoco obligado a dar crédito a los testigos del acusado, o analizar sus declaraciones al proclamar la con-clusión a que llegó en vista de la prueba en conjunto. Aparte de la opinión que expresa el abogado en cuanto a la fuerza persuasiva de estas declaraciones para sostener la defensa de coartada, nada existe siquiera en el alegato del apelante, que demuestre que la referida defensa requería seria con-sideración ; y dentro de las circunstancias el error, si existió, debe considerarse como no perjudicial.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    Amelio E. Blondet, tercerista, demandante y apelante, v. Sucrs. de Tomás Cano & Co., S. en C., y Eugenio Dalmau, demandados y apelados.
    No. 3322.

    Visto: Noviembre 18, 1924.

      Resuelto: Mayo 20, 1925.
    1. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Tercerías—Pruebas— Carácter Balso io Simulado del Título del Tercerista. — Un demandado en tercería que alega especialmente como defensa en la contestación la simulación y falsedad del título del tercerista puede presentar prueba ten-dente a demostrar el carácter de falso, fraudulento y simulado de tal título. {Alvares v. Suers, de N. Vilaró, S. en O., seguido.) '
    2. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Tercerías—Pruebas— Palta de Título del Tercerista. — El demandado en tercería tiene dere-cho a probar la falta de título en el tercerista demostrando que la persona de quien él trae causa, aún no siendo ésta parte en la tercería, carecía de título para transmitirlo.
    3. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Tercerías—Pruebas— Palta de Título del Tercerista. — Examinada la prueba en este caso se resolvió que ella es suficiente para sostener la simulación del título del ter-cerista y el conocimiento que tenia ésto do la simulación del título de la persona de quien 6) traía causa.
    SENTENCIA ele Gabriel Castejón, J. (G-uayama), declarando 'sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada-.

      José J. Aponte, abogado del apelante; Manuel A. Martínez DávHa, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil Sucrs. de Tomás Cano & Co., S. en C., si-guió un pleito en cobro de pesos contra Eugenio Dalmau y el 16 de marzo de 1920 le embargó ana casa, que no está inscrita en el registro de la propiedad.

Cnando esa casa iba a ser vendida para el cumplimiento de la sentencia en ese pleito, don Amelio E. Blondet esta-bleció juicio de tercería contra las partes en aquel pleito para que el embargo fuese levantado por ser la casa de su propiedad, alegando que con anterioridad al embargo per-tenecía a doña Elisa Dalmau, la que en mayo de 1921 la vendió al Dr. José María Muñoz pero luego esa venta fué rescindida y el 19 de diciembre de 1921 doña Elisa Dalmau se la vendió al tercerista Blondet, todo lo que consta en es-crituras públicas.

Eugenio Dalmau fué declarado rebelde en la tercería pero la mercantil demandada 'se opuso a esa reclamación ale-gando como defensas: primera,'que el 8 de julio de 1919 Eugenio Dalmau traspasó en venta simuladamente la pro-piedad de la casa a favor de su hermana doña Elisa Dal-mau sin mediar precio alguno o consideración, hecho cono-cido por el tercerista Blondet quien era entonces acreedor de Eugenio Dalmau por la cantidad de $550 y quien consi-guió que doña Elisa le reconociera ese crédito sin que ella le debiera cantidad alguna sino su hermano Eugenio, con quien se entendió Blondet para que doña Elisa le recono-ciera el crédito: segunda, que la mercantil embargó la casa antes de que doña Elisa la traspasara a Blondet, hecho que a éste constaba porque en diciembre de 1921 demandó a doña Elisa y solicitó el embargo de la casa' pero desistió de él por haber sido embargada antes por la mercantil y sabía que ésta alegaba que la casa era de Eugenio Dalmau porque a instancia de la mercantil y por esa alegación fué suspendida una ejecución de Blondet contra la casa: ter-cera, que al tener conocimiento Amelio E. Blondet de que la casa se hallaba embargada' y porque su crédito no era preferente, hizo que doña Elisa Dalmau le traspasara en venta dicha casa para pagarle su crédito de $550 que don Eugenio le debía y no doña Elisa como simuladamente se hizo constar en la escritura de reconocimiento de crédito de hipoteca: y cuarta, que la casa siempre ha sido de Eugenio' "JDalmáu, aunque algunas veces estuvo a nombre de su her-mana doña Elisa, otra del Dr. José María Muñoz y última-mente del tercerista, todos cuyos hechos eran conocidos de Amelio E. Blondet a quien constaba que durante la vigen-cia del embargo de la mercantil la casa siempre estuvo en posesión de Eugenio Dalmau.

Después del juicio la corte inferior dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda de tercería y se interpuso esta apelación por la parte a quien perjudica.

Hemos transcrito en lo substancial las defensas alegadas por la mercantil apelada porque el tercerista solicitó en la corte inferior que fueran eliminadas y sostiene ahora que fué error de la corte no haber decretado la eliminapión de esas defensas porque no siendo partes en la tercería doña Elisa Dalmau y el Dr. José María Muñoz no pueden ser atacados como inexistentes contratos en que ellos intervinieron.

En el caso de Pillot v. Domínguez, 24 D.P.R. 642, hemos declarado que en los juicios de tercería debe resolverse la cuestión fundamental envuelta, cual es, a quién pertenecen los bienes embargados; y en el de Alvarez v. Sucrs. de Narciso Vilaró, S. en C., 27 D.P.R. 791, hemos resuelto que en un pleito de tercería en que el demandante alega ser dueño de ' cierta propiedad embargada por el demandado y pre-senta aquél un título para probar sus alegaciones, puede el demandado, bajo una negación general en su contestación, presentar prueba tendente a demostrar el carácter de falso, simulado y fraudulento de tal título, y en apoyo de esa doc-trina hicimos la cita de 6 C. J. 395 y 396, sección 87. Por consiguiente, siendo tal evidencia permisible a un deman-dado en tercería con una contestación general, con mayor razón ha de serlo cuando la simulación o falsedad del título del tercerista se alega especialmente como defensa en la contestación, como se hizo en este caso.

En cuanto a qne las defensas son improcedentes por atacarse títulos en qne intervinieron el Dr. Muñoz y doña Elisa Dalmau sin que sean partes en esta tercería, nos bastará decir en lo que respecta al primero de ellos que puesto que él rescindió el título que le fué otorgado por doña Elisa nada importa para este procedimiento que su título fuera simulado o no, y en cuanto a doña Elisa Dalmau puede atacarse su título de compra a.-su hermano sin ser parte en esta tercería, porque la mercantil demandada tiene derecho a probar la falta de título en el tercerista demostrando que la persona de quien él trae causa carecía de título para transmitirlo.

En la resolución del primer motivo del recurso está com-prendida la del tercero, pues se funda en que la corte erró al declarar que la mercantil estaba autorizada para alegar el origen fraudulento del título del tercerista y para pro-bar ese extremo.

El segundo motivo de error también está implícitamente resuelto en el primero, pues se funda en que no debió per-mitirse que declarara Eugenio Dalmau sobre la inexisten-cia del contrato de venta a su hermana y del de hipoteca que ella reconoció a favor del tercerista porque doña Elisa Dalmau no es parte en este juicio.

El cuarto motivo de error tampoco es procedente, pues si como hemos dicho Eugenio Dalmau podía declarar sobre la inexistencia de la escritura de venta que otorgó a su her-mana, por los méritos de su declaración podía ser declarado simulado ese contrato.

Los otros motivos del recurso pueden considerarse conjuntamente, porque se refieren a la prueba,

Resulta de la evidencia que Eugenio Dalmau fabricó la casa en cuestión quedando a deber dinero a la mercantil apelada por maderas que le suministró para ella: que en 1919 traspasó la casa a su hermana doña Elisa para que no fuese embargada y evitarse las continuas reclamaciones que le estaban haciendo, sin que fuera la venta real y verda-dera y que siempre poseyó la casa a pesar de ella: que el 16 de marzo de 19'20 la mercantil embargó la casa como de Eugenio Dalmau: que al exigir don Amelio E. Blondet a don Eugenio Dalmau garantía por su crédito le dijo su deudor que le daría la única casa que tenía, que figuraba a nombre de su hermana, pero que estaba en pleito; que des-pués del embargo de la casa por la mercantil doña Elisa reconoció deber en hipoteca a Amelio E. Blondet la canti-dad de $550 sin que ella tuviera tal deuda sino su hermano por cuya orden hizo la hipoteca: y que posteriormente la vendió a Blondet.

Esos hechos son suficientes para sostener la simulación de la venta de Eugenio a su hermana, la de la hipoteca re-conocida por ella a favor de Blondet y la de venta a él en pago, de ese gravamen hipotecario, así como que Blondet te-nía conocimiento de la simulación de la venta a doña Elisa por su hermano, sin que sea obstáculo para ello que sobre dichos hechos declarara Eugenio Dalmau, pues es aplicable Ja doctrina expuesta eu el caso de Rosado v. Rosado, 17 D.P.R. 471, según la cual los elementos esenciales de todo contrato pueden ser objeto de investigación y prueba en el juicio a fin de determinar su validez y que la doctrina de estoppel no es aplicalfie a la admisión del vendedor con res-pecto al recibo del precio de la venta en un contrato otor-gado por documento público, al efecto de impedirle volver sobre su admisión e impugnar la existencia de la causa.-

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrev,

text:
    Carlos Armstrong e Hijos, Sucesores, recurrente, v. Registrador de la Propieded de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 598.

    Sometido: Noviembre 5, 1924.

      Resuelto: Mayo 20, 1925.
    1. Embargos — Mandamientos de Embargo — Inserción de da Orden de Embargo en el Mandamiento. — No es necesario que en el mandamiento librado por el marshal al registrador a los efectos de la anotación de un embargo, se inserte la orden de embargo o que se acompañe copia certificada de la misma.
    2. Embargos — Anotación de Embargo — Finca Embargada no Inscrita. — Si una finca embargada no está inscrita, debe anotarse el embargo, haciéndose cons-tar ese hecho como un defecto subsanable. (Sobrinos de Villamil v. El Registrador, 32: 545, ratificado y modificado.)
    Nota de Tirado Terrier, R. (Sección Primera, San Juan), denegando anotación de embargo.

      Revocada, ordenándose la anotación.

      Heriberto Torres Sola, abogado del recurrente; el registrador com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrev,

omitió la opinión del tribunal.

Esto recurso gubernativo lia sido interpuesto por ha-berse negado el registrador de la propiedad a anotar el embargo de una finca fundándose en que en el mandamiento que el marshal expidió para que hiciera la anotación no se inserta la orden del juez decretando el embargo ni se acom-paña con él copia certificada de dicha orden, y en que la-finca embargada no consta inscrita en sus libros a favor de persona alguna, por lo que tomó anotación preventiva por 120 días.

En el mandamiento librado por el Márshal para la ano-tación del embargo se inserta el mandamiento que a él le libró el secretario de la corte para que practicara el embargo, en el que se hace constar que en el pleito seguido en la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, por Carlos Armstrong e Hijos, Sucesores, contra Juan Santiago Sauz, en cobro de pesos, el demandante solicitó el asegura-miento de la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer, que la Corte resolvió favorablemente esa pe-tición previa fianza, y que ésta fné prestada y aprobada por lo qne le ordenaba de orden del Hon. M. Rodríguez Serra, juez de dicba corte, que procediera al embargo de bie-nes del demandado en las cantidades que en el mandamiento se dicen.

No es necesario que en el mandamiento librado al registrador para la anotación de un embargo se inserte la orden del juez que lo decretó o que se* acompañe con él copia certificada de dicha orden porque el artículo 73 de la Ley Hipotecaria sólo exige en los mandamientos judiciales disponiendo hacer anotación preventiva que se expresen las circunstancias que la anotación debe contener, según lo prevenido en el artículo anterior; y el artículo 72 dispone que las anotaciones preventivas que deban su origen a providencias de embargo o secuestro expresen la causa que haya dado lugar a ellas y el importe de la obligación que la hubiere originado, circunstancias necesarias para hacer la anotación que constan en el .mandamiento que motiva- éste recurso por lo que no debió ser negada la anotación del embargo por el primer motivo expuesto por el registrador. Los casos de Franco v. El Registrador, 12 D.P.R. 215, de Velázquez v. El Registrador, 27 D.P.R. 268, de Zayas v. El Registrador, 28 D.P.R. 116, de Machuca e Hijos v. El Registrador, 22 D.P.R. 755, y de Ortiz v. El Registrador, 22 D.P.R. 339, citados por el recurrido en apoyo de ese motivo de su negativa no tienen relación con el presente caso,- porque se refieren a inscripciones de ventas judiciales y no a anotación de embargo de bienes.

Con respecto al otro motivo que tuvo el registrador para negar la anotación del embargo hemos resuelto en el caso de Sobrinos de Villamil v. El Registrador, 32 D.P.R. 545 que cuando la finca embargada no está inscrita a favor de persona alguna debe verificarse la anotación del embargo en la forma prescrita en el párrafo segundo del artículo 92 del Reglamento Hipotecario exponiendo como fundamento de esa resolución que dicho artículo está vigente y que de acuerdo con él el demandante tiene derecho a cierta espe-cie de anotación, que no se alcanza por medio de una ano-tación preventiva por 120 días, toda vez qne no sólo cual-quier litigio podría sobrepasar dicho término sino que sería discutible si la prohibición de enajenar había de ser eficaz sin tal anotación.

A pesar de que el registrador conoce esa decisión insiste en que dicho artículo no está vigente por haber quedado derogado tácitamente por virtud de enmiendas hechas a la Ley Hipotecaria sobre el modo de anotar y de inscribir; en que en dicho caso dispusimos que debería practicarse al-guna anotación sin fijar si era definitiva o temporal, y en que la única anotación que puede hacer de acuerdo con las reformas de la Ley Hipotecaria en casos de denegación por defecto insubsanable es por 120 días.

El artículo 92 del Reglamento Hipotecario estableciendo las reglas que deben seguirse para la anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles o derechos reales decre-tado en juicio civil o criminal dispone en la segunda de ellas que si la propiedad de los bienes embargados no cons-tare inscrita se suspenderá la anotación del embargo, y en su lugar se tomará anotación preventiva de la suspensión del mismo por ser subsanable aquel defecto; y el artículo 96 de la Ley Hipotecaria declara que la anotación exigida a consecuencia de no poder verificarse la inscripción por defecto subsanable del título presentado caducará a los 60 días de su fecha, plazo que es prorrogable a 180 días, a no ser que el título presentado emane de autoridad judicial, en cuyo caso sólo podrá prorrogarse por otro de igual clase. De acuerdo pues con esos preceptos el embargo no se ano-taba sino que se suspendía la anotación y se tomaba ano-tación preventiva de la suspensión por 60 días prorroga-bles.

En el año 1902 (p. 313) se aprobó una ley sobre recur-sos contra resoluciones de los registradores de la propiedad en cuya sección cuarta (Comp. 2183) se ordena a los regis-tradores que no suspendan por defectos subsanables la ins-cripción, anotación o cancelación de ningún título y que ha-gan constar en la inscripción los defectos que contenga el título, así como que en cualquier tiempo en que se presente la documentación para' subsanarlos harán constar la subsa-nación por nota marginal: y la sección 7a. (Comp. 2186) dispone que cuando nieguen la inscripción, anotación o can-celación extiendan anotación preventiva por 120 días. Como consecuencia de esta ley los mandamientos de embargo que antes no se anotaban cuando la finca no estaba inscrita en el registro a nombre de persona alguna sino que se suspen-día la anotación y se tomaba anotación preventiva por ser subsanable ese defecto hay que anotarlos ahora haciendo constar dicho defecto, porque según la'ley citada de 1902 no puede negarse la anotación por defectos subsanables y por tanto no procede suspender ni negar la anotación to-mando anotación preventiva de la suspensión por 120 días porque esta anotación sólo es procedente ahora cuando existe defecto insubsanable. En el caso de Duperón v. El Registrador, 15 D.P.R. 63, único que hemos encontrado en nues-tras decisiones con respecto a la regla segunda del artículo 92 del Reglamento Hipotecario, aunque este tribunal con-firmó la negativa del Registrador negando la anotación de un embargo por no estar inscrita la finca embargada, ha-biéndose tomado anotación preventiva por 120 días, la cues-tión que ahora consideramos no fué tratada sino únicamente que dicho artículo y regla no estaba en contradicción con la ley para asegurar la efectividad de las sentencias por lo que no estaba derogado por ella, que parece fué la única cuestión suscitada por el recurrente.

Por consiguiente, la doctrina expuesta en el caso de Sobrinos de Villamil contra El Registrador, supra, ha de en-tenderse modificada • en el sentido de que la regla segunda del artículo 92 del Reglamento Plipotecario no está vigente en cuanto dispone que si la finca embargada no está ins-crita se suspenda la anotación y se tome anotación preven-tiva de la suspensión puesto qué esto no puede hacerse des-pués de la ley de 1902 citada sino que liay que verificar la anotación del embargo haciendo constar ese defecto subsa-nable.

La nota recurrida debe revocarse y ordenarse la anota-ción del embargo con ese solo defecto subsanable.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eugenio del Toro, acusado y apelante.
    No. 2368.

    Visto: Enero 22, 1925.

      Resuelto: Mayo 21, 1925.
    Derecho Penal— Apelación y Error, y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Revocación . de Sentencia — Sorpresa.—Procede revocar la sentencia cuando, contra la protesta del acusado, la corte admite la decla-ración de un testigo cuyo nombre no figuraba en la acusación y cuya com-parecencia fué una completa sorpresa para la defensa que no tuvo oportu-nidad para contrarrestar la imprevista discusión con que se confrontó en abierta violación de un convenio expreso de las partes con respecto a la ' prueba.
    SENTENCIA de Pablo Berga, -I. (ITumaeao), condenando al acusado por delito de adulteración ele leche.

      Revocada.

      González Fagundo & González, Jr., abogados del apelante; José. E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Una acusación formulada por el fiscal del distrito impu-taba al apelante 'el hecho de tener en venta leche adulterada.

Un químico llamado Gradea, testigo del gobierno, declaró que la leche estaba bajo el standard de ley. Otro químico de la. defensa manifestó que su análisis demostró que la muestra examinada por él estaba- dentro de la ley.

El fiscal interrumpió el interrogatorio de este testigo ha-ciendo a la corte la petición de que se dictara una orden para que fuera analizada una tercera muestra que estaba en poder del oficial local de sanidad. El abogado del acusado se allanó a esta petición a condición de que se permitiera al químico que había declarado como testigo del acusado ob-servar la prueba cuando se hiciera.

Entonces el fiscal solicitó permiso para volver a llamar a su testigo y seguir examinándolo, a lo que el acusado se opuso y la corte entonces manifestó “que el fiscal da por retirada la solicitud de que se examine la otra muestra.”

A este más bien,inesperado aviso siguió un recordatorio del abogado del acusado de que el fiscal lo había “pro-puesto,” una resolución declarando sin lugar la “moción,” y una discusión más o menos extensa y desagradable entre el abogado del acusado y la corte, al concluir la cual se per-mitió al acusado seguir adelante con el interrogatorio de su testigo.

El acusado al dar por terminado su caso, pidió que se dictara una orden para que fuera analizada la tercera mues-tra por los dos químicos que habían declarado en el juicio, en el sitio que la corte pudiera designar. El fiscal estuvo conforme con esta indicación y la corte se reservó la reso-lución.

Después se dice en los autos:

“Antes de ser 'sometido el caso a la consideración de la Corte, ésta resuelve la moción del acusado acerca del análisis de la tercera muestra que ha sido traída a la corte por el médico de sanidad del distrito, y que dicha muestra sea enviada al Laboratorio Insular y allí examinada de nuevo por el perito del Pueblo señor G-adea y el perito del acu'sado señor Pesquera, con. la condición de que dicha muestra sea abierta en presencia de todos, tanto del perito del fiscal como del de la defensa, y la corte resolverá de acuerdo con el nuevo informe escrito que habrán de rendirle dichos peritos.
“A petición del abogado defensor el caso quedó cerrado, sin que se pudiera admitir ninguna otra evidencia que no fuera la declara-ción de los peritos que verificaron el examen de la tercera muestra.”

En la vista subsiguiente después del análisis de la ter-cera muestra hecho por los dos químicos anteriormente re-feridos, un informe conjunto firmado por ambos fué ofrecido como prueba, en el cual estaban ellos de acuerdo en' que el resultado mostraba aproximadamente una mitad del uno por ciento menos de la proporción de grasa prescrita por la ley, pero que la muestra analizada contenía cierta cantidad de sólidos que no podían ser disueltos y por' tanto no fué in-cluida en el presente análisis hecho.

Entonces ambos químicos volvieron a declarar haciendo conclusiones diametralmente opuestas con referencia a la in-fluencia e importancia de los sólidos aglutinados como factor en el resultado.

Tal como estaba entonces el asunto, de habérsele dado al acusado el beneficio de la regla sobre duda razonable tenía derecho a una absolución a falta de algo que llevara al juez a inclinarse a que el perito del gobierno era más digno de crédito que el químico que declaró como testigo del acusado.

En este estado del procedimiento el fiscal presentó al director del laboratorio químico del Departamento de Sani-dad Insular, químico de larga experiencia, de reputación es-tablecida y reconocida competencia, que no había examinado ninguna de las muestras analizadas, cuyo nombre no cons-taba en la acusación y cuya comparecencia fué una completa, sorpresa para la defensa pero que había estado presente en el salón de la corte y sin haberlo visto el acusado había oído las declaraciones de los dos peritos que acababan pre-cisamente de levantarse de la silla de testigos,

A este testigo, a pesar de la fuerte protesta del acusado, se le permitió entonces examinar las manifestaciones contra-dictorias de los dos testigos que le precedieron, para soste-ner la teoría del perito del gobierno, y atacar las conclusio-nes a que llegó el testigo del acusado, con argumentos, ex-posición sabia de teorías científicas y citas amplias de tex-tos por diferentes autores, citados como autoridad sobre la cuestión en debate.

Al terminar este incidente extraordinario y aparatoso, el abogado del acusado rehusó repreguntar a este testigo y el acusado fué declarado culpable del delito imputado.

La pena impuesta fué de dos días de cárcel y las costas, lo que parece indicar que la corte inferior consideró la cues-tión a lo sumo como una técnica más que una violación in-tencional de- la ley; pero el acusado se opone aun a esta leve sentencia y estamos obligados a convenir que dentro de las circunstancias debió haber tenido él una oportunidad de buscar y presentar, si podía, otros peritos de prestigio semejante, si no igual para contrarrestar en cierto modo o por lo menos impugnar la imprevista pero completamente preparada discusión científica con la cual se confrontó al terminarse la segunda vista arriba indicada, en flagrante desatención y en abierta violación del convenio expreso de todas las partes interesadas de que tal vista sería limitada al informe escrito y prueba testifical si hubiera necesidad de los dos peritos que habían sido previamente llamados como testigos.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Pedro Gandía, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado.
    No. 483.

    Visto: Abril 27, 1925.

      Resuelto: Mayo 22, 1925.
    Embargo — Práctica de Embargo, Gravamen (Lien), Custodia y Disposición de dos Bienes — Derecho del Demandado a Obtener su Depósito Mediante • Fianza. — La disposición del artículo 10 de la ley sobre efectividad de sen- ■ toneias (Comp. 1911, Seo. 5242), en euanto a fianza del demandado, sólo . tiene aplicación cuando los bienes muebles se embargan en la posesión del demandado, póro no cuando se embargan en la posesión de tereeras personas.
    CertjorARI para revisar oedeN de Charles E. Foote, J. (Primer Dis-trito, San Juan), declarando sin lugar moción sobre entrega de bienes embargados mediante fianza.

      Anulado el auto.

      Juan B. Soto, abogado del peticionario; Cayetano Coll y Cuchí, a nombre de la parte contraria John D. Stubbe.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito de Johann D. Stubbe contra Pedro Gandía se ordenó el embargo de bienes del demandado para asegu-rar la efectividad de la sentencia que en él pueda dictarse a favor del demandante y el marshal embargó en poder del American Colonial Bank 60. acciones de la Porto Rico Fertilizer Co. como de la propiedad de Gandía y $7,800 en po-der de la Porto Rico Fertilizer Co. como dividendos de dichas acciones, habiendo depositado el marshal las expresadas acciones en el American Colonial Bank y quedando el dinero en poder del tribunal.

Después del embargo don Pedro Gandía acudió a la corte de distrito solicitando que los bienes embargados sean de-positados en su poder con cuyo objeto acompañó una fianza por $15,000 para responder al demandante del valor de esos bienes, petición que fué negada por la corte y entonces a instancia de Gandía libramos el auto de certiorari que mo-tiva esta opinión.

Las partes aceptaron al discutir este auto que la pro-piedad de las 60 acciones y de los dividendos ha sido reco-nocida a favor de Gandía en sentencia dictada por nosotros en un pleito de Gandía contra Porto Rico Fertilizer Co. que ha sido apelada para ante la Corte de Circuito de Boston, y el demandado dice que las acciones están en depósito en el banco {escroto).

Dispone el artículo 10 de la ley sobre efectividad de sentencias (Comp. 5242) que el embargo de bienes mue-bles se practicará depositándolos en poder del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la responsabilidad del demandante, y que si el demandado diera fianza bastante a discreción del tribunal para responder del valor de dichos bienes se depositarán en su poder; precepto que entendemos no es aplicable a este caso en que los bienes fueron embar-gados en poder de tercera persona, pues si se aplicara se cambiaría la posesión de los bienes que por algún motivo tenía esa tercera persona y se daría al demandado que no la disfrutaba por alguna razón. Creemos que esa disposi-ción sólo es aplicable cuando los bienes muebles se embargan en la posesión del demandado pero no cnando están en la de terceras personas, pues de lo contrario podría darse el caso de qne nn demandado pudiera por ese procedimiento obtener la posesión de bienes y sacarlos de la persona a quien pudieran estar dados en prenda o en depósito, con una fianza que sólo garantizaría el valor de ellos al* deman-dante, persona distinta de la que tiene la posesión, y no opinamos que ese fuera el propósito del legislador.

Por la razón indicada el auto de certiorari debe ser anu-lado.

El Juez Asociado Señor Franco Soto se abstuvo de votar.


author: El Juez PeesideNte Señoe del Tono,

text:
    The Manufacturers Life Insurance Company of Toronto, Canada, demandante y apelante, v. Lorenzo Irizarry y su esposa Doña Juana Rosenda Quiñones; Buenaventura Domenech González y Luis Maldonado Santiago, demandados y apelados.
    No. 3465.

    Visto. Marzo 6, 1925.

      Resuelto: Mayo 25, 1925.
    1. Seguros — Impedimento (Bstoppel), Abandono (Waiver), o Convenios que Afectan el Derecho a Anular o Confiscar la Póliza — Aotos de los Agentes de la Compañía. — Una compañía de seguros no está impedida (estopped) de impugnar la condición de salud de un asegurado que, al soli-citar la póliza, manifestó falsamente que gozaba de perfecta salud, a pesar de que la idea del seguro partió del agente solicitador de la compañía y que dicha condición fué certificada como buena por el médico de ésta. (Mutual Life Ins. Go. v. Silton-Green, 241 U.S. 613, 60 L. ed. 1202, seguido.)
    2. Seguros' — Cancelación, Renuncia, Abandono, o Rescisión de la Póliza— “Laches” en Pedir la Cancelación de una Póliza. — No constituye “laches” de parte de una compañía aseguradora el pedir el 30 de noviembre la nulidad de una póliza solicitada en abril 19 del propio año y expedida en marzo, máxime cuando se trata de una situación general anormal y la póliza establecía que “después que esta póliza haya estado en vigor dos años completos, será incontestable, (excepto en caso de fraude).”
    3. Seguros — Anulación de Póliza por Engaño, Fraude o Quebrantamiento de Garantía (Warranty) o Condición — Personas Afectadas por la Anu-lación. — Si una póliza de seguro de vida se expidió tomando come cierta la falsa afirmación do un hecho esencial, probada la falsedad, cae por su base con todas sus consecuencias el contrato, incluso los derechos de terceras personas en el mismo.

      ¡1. Seguros — Acciones sobre Pólizas — Pruebas — ’Peso y Suficiencia de la Misma. — Apreciada la prueba en este caso, se resolvió que el juez de distrito había cometido error manifiesto en su apreciación, revocándose la sentencia con costas a los demandados.
    SeNtenoia de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Revocada, declarándose con lugar la de-manda, con costas.

      Daniel F. Kelley y Alberto S. Poventud, abogado's de la apelante; José Rosario Gelpí y Sergio G. Gelpí, abogados de los apelados.
   El Juez PeesideNte Señoe del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, una compañía de seguros, inició este pleito para cancelar una póliza que expidiera a favor del demandado Irizarry, basándose en que Irizarry aseguró que se encontraba en perfecta salud al solicitar el seguro cuando lo cierto era que se encontraba enfermo. Contestaron los demandados sosteniendo la verdad de lo diebo en la solici-tud de seguro y alegando varias defensas especiales. Fué el pleito a juicio y la corte dictó sentencia favorable a los demandados. La demandante interpuso entonces el presente recurso de apelación. Estudiaremos primero las “defen-sas” de los demandados.

Es la primera que la compañía demandante está impedida de impugnar la condición de salud del demandadoIrizarry por el Lecho de que dicha condición fué certificada como buena por médicos elegidos libremente por dicha compañía, luego de haber sido hecha la solicitud a petición y requerimiento de la propia compañía actuando por su agente.

Hemos examinado los casos citados por la parte ape-lada en apoyo de su contención. No son exactamente apli-cables. A nuestro juicio la luz que debe guiarnos surge clara del caso de Mutual Life Insurance Co. v. Hilton-Green, 241 U.S. 613, 60 L. ed. 1202, citado por la parte apelante.

Después de exponer con precisión los hechos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por medio del Juez Mc-Reynolds, se expresó así:

“Consideradas lo más favorablemente posible, las arriba citadas manifestaciones inexactas contenidas en la 'solicitud, constituyen re-presentaciones materiales; y, de no aparecer otra cosa, si el asegu-rado sabía que eran inciertas cuando las hizo, anulan la póliza sin necesidad de ulterior prueba de un verdadero propósito consciente de defraudar. Moulor v. Am. Life Ins. Co., 111 U.S. 335, 345; Phoenix Life Ins. Co. v. Raddin, 120 U. S. 183, 189; Aetna Life Ins. Co. v. Moore, 231 U.S. 543, 556-557; May on Insurance, 4th ed., see. 181.
“La regla genera] que imputa al mandante el conocimiento del mandatario está bien establecida. La razón fundamental de ésa re-gla es que un tercero inocente puede muy bien presumir que el man-datario cumplirá con su deber e informará sobre todos los hecho's que afecten los intereses de su mandante. Pero esta regla general no es aplicable cuando el tercero sabe que no existe fundamento al-guno para la presunción ordinaria — cuando tiene conocimiento de circunstancias que claramente indican que el mandatario no habrá de informar a ‘su mandante. El propósito de la regla es proteger a los que aetíian de buena fe pero no servir de escudo a transac-ciones leoninas. The Distilled Spirits, 11 Wall. 356, 367; American Surety Co. v. Pauly, 170 U.S. 133, 156; American National Bank v. Miller, 229 U.S. 517, 521, 522; Mechem on Agency, 2d ed., sec. 1815.
“El artículo 2765 de los estatutos de Florida, arriba citado, tiene por objeto designar como agentes a ciertas persona's que de hecho actúan en alguna forma a nombre de una compañía de seguros; pero no fija el alcance de su autoridad a los efectos de las relaciones entre la compañía y terceras personas y, ciertamente, no convierte agentes e'speeiales con facultades limitadas en agentes generales con facultades ilimitadas. Asumimos que Hogue, .Torrey y los médicos examinadores fueron de hecho designados agentes de la compañía con poder para obligarla dentro de sus facultades aparente's; y en esas circunstancias el estatuto no afecta su verdadera relación hacia las partes. Véanse Continental Ins. Co. v. Chamberlain, 132 U.S. 304, 310; New York Life Ins. Co. v. Russell, 77 Fed. Rep. 94, 103; Wood v. Firemen’s Insurance Co., 126 Massachusetts, 316, 319; John R. Davis Lumber Co. v. Hartford Fire Ins. Co., 95 Wisconsin, 226, 234-235.
“El asegurado, cuando menos, permitió conscientemente que una solicitud conteniendo falsas representaciones materiales fuera pre-sentada por agentes subordinados a oficiales de la compañía de se-guros en circunstancias que él sabía excluían cualquier probabilidad, de que los verdaderos hechos fueran revelados; y má's tarde aceptó pólizas que él tenía que comprender habían sido expedidas confiando en manifestaciones a la vez falsas y materiales. Nada podía recla-mar por razón de aquellos informes que tuvieran los 'subordinados desleales. Además, las falsas representaciones acompañaban y for-maban parte esencial de las pólizas finalmente aceptadas. El no repudió, y por consiguiente aceptó y aprobó, las representaciones en que estaban basadas. Fuera de toda duda el que solicita un seguro debe ejercitar hacia la compañía la misma buena fe que de ésta puede buenamente exigirse. La naturaleza de las relaciones requiere que ambas partes jueguen limpio. New York Life Ins. Co. v. Fletcher, 117 U.S. 519, 529, 533, 534; Assurance Co. v. Building Association, 383 U.S. 308, 361; U. S. Life Ins. Co. v. Smith, 92 Fed. Rep. 503.
“Considerada la prueba a la luz de una correcta apreciación de la ley, no es bastante para fundar un veredicto contra la peticiona-ria y la corte sentenciadora debió haber instruido que se rindiera uno en su favor.
“La sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones es revo-cada y el caso devuelto a la Corte de Distrito de lo's Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida, para ulteriores procedimientos de conformidad con la presente opinión.”

En este caso concretp sometido a nuestra consideración se alegó en la demanda y se probó en el juicio que en su so-licitud, que forma parte de la póliza, el demandado Irizarry expresó: “Que por la presente declaro y convengo que me hallo actual y generalmente gozando de perfecta salud.” Si el demandado sabía que esto no era así, no importa que la idea del seguro-no partiera en principio de él, sino de un agente solicitador de la compañía, ni que el médico de ésta certificara sobre su buen estado de salud. Bien se combi-nara el demandado con el agente y el médico de la compa-ñía de modo expreso para defraudar a ésta, ya actuara por su propio acuerdo, necesariamente sabía que estaba indu-ciendo a error a la oficina central de la compañía puesto que su condición de buena salud era un requisito sine qua non para que la póliza fuera finalmente expedida y por la actitud del agente al solicitar el seguro y del médico al certificar favorablemente, dado su manifiesto estado de mala salud que a nadie podía engañar, necesariamente tenía que dedu-cir que nada contrario a su falsa afirmación de buena sa-lud sería comunicado a los oficiales de la compañía.

La segunda defensa alegada es la de laches. Se sostiene que desde el día en que el demandado Irizarry presentó su solicitud hasta que se le expidió la póliza, la demandante tuvo tiempo de investigar las condiciones de salud del asegurado y al no hacerlo así voluntariamente abandonó su derecho.

Las pruebas indican una situación anormal -en el dis-trito en que se tomó la póliza de que aquí se trata. Inves-tigando otros casos, la compañía recibió aviso de las cir-cunstancias que concurrieron en éste. Inmediatamente lo in-vestigó. Ofreció devolver la única prima pagada. No se avinieron los demandados y se inició el pleito. La solici-tud fué firmada el 19 de abril de 1923. .La póliza expedida el 4 de mayo siguiente. Y el pleito iniciado el 30 de no-viembre del propio año. Hay una cláusula en la póliza que dice: “Después que esta póliza haya estado en vigor dos años completos, será incontestable, (excepto en caso de fraude), . . . .” Tales circunstancias no revelan abandono. Las • compañías de seguro actúan en radios extensos. Acep-tan generalmente los informes de sus agentes, esparcidos a veces por varias naciones, como verdaderos, y por regla general también por ellos quedan obligados, pero cuando des-cubren la base falsa del contrato dentro del período mar-cado en el mismo, tienen derecho a su cancelación.

La última de las defensas especiales la presentan los demandados Domenech y Maldonado, alegando su condición de terceros por no haber intervenido en la solicitud.

No podemos percibir que tal condición exista en un caso de esta naturaleza. Si la póliza se expidió tomando como cierta la falsa afirmación de un hecho esencial, probada la falsedad cae por su base, con todas sus consecuencias, el contrato.

Despejada la situación en cnanto a las defensas especiales alegadas, pasaremos al examen de la prueba. En la opinión emitida para fundar su sentencia, dice el juez de distrito:

“Pero como dejamos dicho, el punto culminante, esencial es el hecho de que el demandado sabía que estaba enfermo, que a sabien-das de ello lo oculto con el propósito de sorprender la buena fe de la demandante, que de haberlo sabido la compañía aseguradora no hubiera concertado el contrato de seguro de vida ni expedido la póliza a que en el pleito se hace referencia, pero este hecho no apa-rece probado,, según se puede ver por el análisis que se ha hecho de la prueba testifical y documental practicada por la demandante, razón por la cual la Corte estima que no se ha probado satisfactoria-mente este hecho de la. demanda y por lo cual la declara sin lugar 'sin especial condenación de costas.”

Veamos si está o no justificado el juez en su criterio.

José B. G-otay, de profesión médico, declaró que conocía a Irizarry desde bacía cinco o seis años. Alrededor de la fecha de la solicitud en un encuentro que tuvo con él ob-servó que estaba delgado, color seroso y que tosía a me-nudo, con expectoración bastante grande. No lo examinó clínicamente y no puede asegurar cuál era su enfermedad pero asegura que “de algo pulmonar estaba padeciendo.” Su aspecto era enfermizo, sus hombros estaban inclinados hacia adentro, sus orejas pálidas. Volvió a verlo luego. Al-gunos días antes del juicio lo encontró en su casa acostado en una hamaca, lé dijo que estaba enfermo, que no podía salir. En su opinión, en la actualidad — fecha del juicio, mayo, 1924 — , estaba tuberculoso.

Ramón Pérez Brun, dijo que conocía a Irizarry desde ha-cía veinticinco años, que cuando lo vió en 1922 lo encontró “al lado de su casa: yo fui a un negocio de gandules y es-' tuvimos hablando, y yo le dije: tú estás muy mal, muy en-fermo, te debes ir a un hospital; y dice: no puedo irme a un hospital ahora; lo encontré con un pañuelo amarrado en la frente: estaba completamente mal de salud.” Desde el 1922 las veces en que lo vió lo encontraba cada vez más decaído.

Antonio Parcel, amigo y pariente de Irizarry, dijo que éste había sido siempre nn hombre achacoso, nn hombre en-fermizo. “Casi siempre se veía conmigo y le preguntaba, ¿cómo está de salud? y decía: siempre enfermo; voy para Ponce a buscar medicinas.”

Manuel Yélez Gotay, declaró que Irizarry en abril de 1923 era un hombre raquítico, delgado, pálido.

El otro testigo de la demandante, Bernardino Pérez,’ lla-mado a declarar sobre el estado de salud de Irizarry, dijo que éste era delgado y pálido, pero que no podía precisar que padeciera de enfermedad alguna.

La deposición tomada al demandado Irizarry es larga y difícil de resumir. Es de mucha importancia especialmente para penetrar no sólo en su estado de salud, sino en su con-dición económica y en los motivos que tuvo para tomar la póliza.

La prueba de los demandados tiende a presentar a Iri-zarry como un hombre que siempre, fué delgado y pálido pero fuerte y saludable. Reconoce el mal estado de su sa-lud en el momento del juicio, pero trata de explicarlo como debido a cierta caída que sufriera después de hecha la so-licitud para el seguro.

La impresión que en nuestra conciencia de juzgadores ha producido el examen de la prueba, es distinta a la del juez sentenciador. A nuestro juicio puede asegurarse que el mal estado de salud del demandado Irizarry al tiempo de firmar la solicitud y de pagar la prima del seguro, era evidente y conocido por él. No cabe engaño posible.

Y esa convicción se robustece cuando se examinan las demás circunstanciáis que surgen de la prueba. Irizarry era un pobre campesino que vivía en una casita de una pequeña finca dedicada a frutos menores y tenía que comprar fuera la leche que necesitaba para alimentarse. Aceptando lo más favorable, lo más que ganó cuando estuvo colocado con los hermanos Gelpí fné quince pesos semanales. Una impresión de sorpresa inexplicable es la que produce el conectar a una persona en las condiciones de Irizarry con una póliza de se-guro por la suma de diez y ocho mil dólares que requería el pago de una prima anual de cerca de ochocientos dólares. La explicación que da Irizarry de su encuentro con Telle-chea, el agente de la compañía, con quien habló para com-prar una finquita para asegurar el pan de sus hijos, desis-tiendo a yirtud de las sugestiones del agente para tomar una póliza de $18,000, en vez de favorecer el caso de los demandados, hace más fuerte' el de la demandante.

Toda la explicación lógica de esta transacción se encuen-tra en verdad cuando aparecen en escena los demandados Maldonado y Domenech. Dispuso Irizarry que de los'$18,000 sólo $500 fueran para su esposa; $12,000 destináronse a Domenech; $5,500 a Maldonado. La explicación que da para ello no resiste al análisis, especialmente después de juzgar las declaraciones de los propios Maldonado y Domenech, en relación con las del doctor Font y Guillot, Gerente de la compañía demandante en Puerto Rico, y William E. Young, Gerente del Departamento Extranjero de la propia compa-ñía que vino a esta Isla con motivo de la situación anormal a que nos referimos en otra parte de esta opinión.

Como se desprende de las palabras del propio juez sen-tenciador, no se trata aquí de un caso de evidencia contra-dictoria en que el juez decidiera el conflicto, sino de uno en que el juzgador original estimó que aún dando crédito a la prueba de la demandante, no era suficiente, pero deseamos consignar que no sólo estimamos la prueba suficiente sino que aun cuando se hubiera resuelto el conflicto por el juez sentenciador, llegaríamos a la conclusión de que procedía la revocación de la sentencia por haberse cometido error ma-nifiesto en la apreciación de las pruebas. Estas revelan una situación tal, tan clara y evidente, en el sentido del engaño, que no es posible que un tribunal de justicia deje subsis-tente el contrato celebrado de ese modo.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando la demanda con lugar, con las costas a los deman-dados.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Generoso Montero, acusado y apelante.
    No. 2453.

    Visto: Abril 3, 1925.

      Resuelto: Mayo 26, 1925.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Conclusiones ml Jurado sobrio Prueba Contradictoria. — La conclusión a que llegue el jurado al decidir el conflicto existente cuando la prueba es contradictoria no será modificada en apelación a menos que la misma sea manifiestamente errónea.
    2. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Corroboración de la Declara-ción de la Perjudicada. — Son admisibles en evidencia y suficientes eomo corroboración de la declaración de la ofendida, las declaraciones de personas' a quienes ella se quejó del agravio inferido por el aeusado prontamente después de la comisión del delito.
    SentenCXa de Enrique Lloreda, J. (Arecibo), declarando al acusado culpable de un delito de violación.

      Confirmada.

      José R. Aponte y José A. Vargas, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación imputó al apelante en este caso que el 12 de julio de 1924 tuvo actos carnales con la joven María Josefa Rodríguez, que no es su esposa, a la fuerza y contra su voluntad y habiendo sido declarado culpable por un ju-rado del delito de violación interpuso esta apelación en la que alega como único motivo para la revocación de la sentencia condenatoria que ésta es contraria a las pruebas y a dere-cho porque no se probó la comisión del delito y porque la declaración de dicha joven no fue corroborada.

La declaración de esa joven en el juicio acusa al apelante de haber tenido actos carnales con ella en la noche de ese día por la fuerza y produciéndole golpes, y aunque ella había declarado anteriormente ante el gran jurado en el sentido de que voluntariamente había tenido esos actos con el acusado, manifestó sin embargo qne eso no era la verdad y qne lo había dicho por instigación de nn pariente del acu-sado. El pequeño jurado qne conoció del juicio tenía que decidir si a pesar de esa declaración anterior daba crédito a lo declarado ante él por dicha joven, y lo hizo dando crédito a su última declaración y como estaba en mejores condicio-nes que nosotros para decidir ese conflicto, pues oyó su de-claración, no podemos declarar qne cometiera nn error ma-nifiesto en tal decisión. En igual situación nos encontramos en cnanto al conflicto entre lo declarado por dicha joven y por el acusado, quien manifestó que esos actos los había tenido con la joven en varias ocasiones anteriores pero no esa noche, y siempre con su consentimiento.

La cuestión más importante en este caso es si la declaración de la perjudicada ha sido corroborada, como exige el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal en esta clase de delitos.

Desde luego que no hubo ningún testigo presencial, pero un médico declaró que .reconoció a la joven la que tenía gol-pes en su cuerpo, y estaba desflorada aunque no reciente-mente, habiendo declarado otras personas que el acusado es-taba en otra casa en un velorio y salió de allí sintiéndose al poco rato un grito, como si fuera en la casa de dicha joven, y que pocos momentos después se dirigieron a dicha casa en la que encontraron a la expresada joven llorando y les manifestó que el acusado había abusado de ella. La decla-ración del médico corrobora la declaración de la perjudicada en cuanto a los golpes que recibió esa noche, pero ¿está co-rroborada por otra evidencia en cuanto a relacionar al acu-sado con el delito? La única evidencia sobre este particular son las manifestaciones que según algunos testigos ella les hizo con respecto al acusado pocos momentos después de realizado el hecho, evidencia que es suficiente corrobora-ción de la declaración de la mujer en cuanto a la comisión del delito por el acusado, según hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Ruiz, 18 D.P.R. 606. En 22 R.C.L. 1212, No. 47, se dice que si bien es regia general que la declara-ción de nn testigo no pnede ser corroborada o confirmada por prueba de que el testigo expuso los mismos becbos tes-tificados en la corte en alguna ocasión sin estar bajo juía-mento, sin embargo, existe una excepción para los delitos de violación y de ataque para cometer ese delito, siendo uná-nime las cortes en sostener que puede ser demostrado -por la declaración de la perjudicada o de otros testigos que ella se quejó del agravio prontamente después de su comisión, siendo tal prueba generalmente admisible solamente en co-rroboración de su declaración y no como prueba indepen-diente del delito imputado. Véase también 33 Cyc. 1463.

Incidentalmente alega el apelante que no es suficiente la instrucción de la corte al jurado sobre corroboración de la declaración de la ofendida, pero la hemos examinado y a nuestro juicio es suficiente.

Confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Feliciano Soto Coyet, acusado y apelante.
    No. 2497.

    Visto: Mayo 7, 1925.

      Resuelto: Mayo 26, 1925.
    Abmas — Postar Armas Prohibidas' — Cortaplumas Plegadizos de Bolsillo— Prueba Insuficiente para Sostener Convicción.- — El acusado, un. vendedor de cocos, fué condenado por portar. un cortaplumas plegadizo de bolsillo. Examinada la prueba, se resolvió: que no obstante ser contradictoria en cuanto al uso que se daba al arma, la del acusado era tan lógica y convin-cente de que se usaba en su negoeio, que no podía ser ignorada por el juzga-dor, y al ignorarla eometió error manifiesto que lleva consigo la revocación de la sentencia.
    Sentencia de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), condenando al acu-sado por delito de portar armas prohibidas.

      Bevocadco y absuelto él acusado.

      Antonio Reyes Delgado, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al acusado la comisión de un delito de portar armas prohibidas consistente en llevar sobre sn persona el 8 de diciembre de 1924 una cuchilla plegadiza de 3% pulga-das de largo por tres cuartos de pulgada de ancho. La acu-sación dice además: ‘ ‘ Que al conducir dicha arma el acu-sado, no era con motivo y en ocasión de utilizar la misma en el ejercicio de su profesión, oficio, ocupación o deporte.”

Celebrado el juicio, la corte condenó al acusado a sufrir treinta días de cárcel. No conforme el condenado apeló para ante, esta Corte Suprema, sosteniendo en su alegato que la corte de distrito erró al apreciar las pruebas.

Sólo declaró por parte del Pueblo el policía Andrés Her-nández. Dijo que estando de servicio vió al acusado pa-rado con un arma en el bolsillo; se la pidió y le fué entre-gada. El acusado salía de la Plaza del Mercado de Are-cibo y se paró al lado de un carro de cocos que tenía para vender. En el carro había un machete. “Que para vender los cocos usaba el machete, y la cuchilla la tenía encima. Que mientras vendía los cocos lo vió que los cortaba con el machete, y la cuchilla no la usaba.”

Por parte de la defensa declararon Aurelio Cortés, Cle-mente Zeno y el propio acusado.

El primero, industrial y comerciante, expresó que cono-cía al acusado como vendedor de cocos y frutas. “Que en el desempeño de su misión ha visto que el acusado con una daga monda los cocos, y con una cuchilla, que por lo regular lleva en el bolsillo, le hace la boca al coco.”

El segundo, de oficio bracero, dijo que conocía al acusado y que el 8 de diciembre — día en que se le imputa la comi-sión del delito — , estuvo con él “tumbando cocos en casa de don Manuel Viñas; que una vez que se sube a la palma se necesita un hierro para cortar el racimo, amarrarlo luego y soltarlo al suelo.” Que el acusado “para cortar el racimo de la palma usó una cuchilla de cabo de palo.”

El acusado manifestó que estuvo el 8 de diciembre tum-bando cocos en casa de Viñas. “Que para echarlos abajo se sube con una soga y una cuchilla, se sube arriba y ama-rra el racimo y después se asegura bien, y con la cuchilla cortaba y después los arriaba para abajo. Que tumba cocos hace tiempo y ese día tumbó muchos cocos. Que después si-guió para el pueblo. Que después que llegaba aquí, como el coco lo llevaba con la corteza gorda, y le piden un coco, y el mocho que tiene está siempre sucio, lleno de manchas, llegaba, y después que cortaba el coco con él, lo más duro, con' la cuchilla lo abría: que para eso usaba una cuchilla con el cabo de palo, plegadiza, y que es esa que le presentan. Que ese día 8 de diciembre, después de venir al pueblo le pasó, que estaba vendiendo cocos de agua y el guardia le notó la cuchilla en el bolsillo. Que la tenía en el bolsillo, porque fué a vender un recado a la plaza y dejó la carretilla afuera de la parte de la plaza, y por no dejar la cuchilla allí se la echó en el bolsillo, en lo que venía, y entonces pron-tamente marchó otra vez para la carretilla, y en la carretilla le entregó la cuchilla al guardia. Que nunca ha sido con-denado por portar armas prohibidas, que es la primera vez que se encuentra en esto, en esta vez.”

Tal fué, en resumen, la prueba practicada. A nuestro juicio no es suficiente para castigar al acusado. La contra-dicción que se advierte entre la declaración del policía al afirmar que el acusado no usaba de la cuchilla, para la venta de los cocos y lo dicho por el testigo Cortés y el propio acu-sado, coloca el caso dentro de la regla de lá evidencia con-tradictoria apreciada por el juez sentenciador, ya que se trata de un hecho esencial. Aún así, creemos que procede la revocación de la sentencia apelada. Las declaraciones del testigo Zeno y del acusado con respecto a la tumba de cocos y la explicación que sé da de cómo se usa en ella la cu-chilla, son tan lógicas y convincentes, que no pueden ser ig-noradas por el juzgador. Lo mismo sucede con el método seguido para la venta del coco servido de manera que pueda tomarse en seguida. Y si se considera que el Policía admite que el acusado salía de la Plaza del Mercado y se paró en la calle al lado de su carro de cocos y al verle la cuchilla la pidió, pudiendo desprenderse qne todo ocurrió simultá-neamente, es necesario concluir que existe el error mani-fiesto que la jurisprudencia exige, y que debe, por tanto, re-vocarse la sentencia recurrida y absolverse al acusado.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, Por la Corte:

text:
    Yabucoa Sugar Co., demandante y apelante, v. El Municipio de Yabucoa, demandado y apelado.

      No. 3530.

    Visto: Abril 30, 1925.

      Resuelto: Mayo 26, 1925.
    1. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho — Incidentes del Pleito Principal — Temeridad.—Aunque se reconozca finalmente que la justicia está de parte de un litigante, si ese litigante en un incidente del pleito procede indebida y temerariamente, puede ser condenado a pagar las costas que cause con su actuación.
    2. Apelación y Error — Responsabilidad sobre Fianzas y Garantías (Under-talcings) — Fianza de “Supersedeas”. — Impuestas las costas al demandado, en un injunction preliminar solicitado dentro de un pleito, y confirmada la. imposición por la Corte Suprema en un procedimiento separado, la fianza-, de “supersedeas” prestada para paralizar la ejecución de la sentencia dic-tada en el pleito y apelada para ante la Corte de Circuito, no impide ck cobro de las costas impuestas en el injunction preliminar.
    3. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Honora-rios de Abogados. — Se resolvió: que no hubo abuso de disdreeión al justi-preciar la corte inferior los honorarios de abogados en $300.
    RESOLUCIÓN de Pablo Berga, J. (Humacao), en incidente sobre me-morándum de costas.

      Confirmada.

      Frandisco González Fagundo, abogado de la apelante; José Soto Bi- . vera, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió ,1a opinión del - tribunal.

La Yabncoa Sugar Co. inició nn pleito en la Corte do Distrito de Humacao contra el Municipio de Yabucoa en so-licitud de que se declarara nula cierta ordenanza que le im-ponía una contribución de cinco centavos por cada quintal de azúcar qne manufacturara. Al propio tiempo presentó una. solicitud de injunction para qne se impidiera al muni-cipio cobrar la contribución mientras el pleito se resolvía. Tramitado el injunction fué declarado sin lugar y apelada la sentencia fué confirmada por esta Corte Suprema. De-vuelto el caso se presentó por la parte victoriosa un memo-rándum cobrando como costas $8 por honorarios del Secre-tario y $3,000 por honorarios de abogado. Oyó la corte a ambas partes y reduciendo los honorarios del Secretario a $2 y los del abogado a $300, ordenó su pago.

No conforme la demandante interpuso el presente recurso de apelación señalando la comisión de tres errores, así: 1, al ordenar el pago de costas tratándose de un incidente; 2, al ordenar el pago de las costas concedidas hallándose sus-pendida a virtud de apelación a la Corte de Circuito la eje-cución de la sentencia en el pleito principal, y 3, al graduar la cuantía de los honorarios de abogado.

No existe el primer error. Como sostiene el apelado aunque se reconozca finalmente que la justicia está de parte de un litigante, si ese litigante en un incidente' del pleito procede indebida y temerariamente, puede ser condenado a pagar las costas que cause con su actuación. El injunction se tramitó independientemente en este caso aunque por supuesto estaba conectado con el pleito principal. No debe perderse de vista que la sentencia de la corte de distrito en el injunction que impuso las costas que ahora se cobran, fué apelada y confirmada, y es hoy firme.

La segunda cuestión guarda íntima relación con la primera. También dictó sentencia en contra de la demandante la corte de distrito en el pleito sobre nulidad de la ordenanza de que se trata. Apelada la sentencia, fué confirmada por esta Corte Suprema. No conforme la demandante recurrió para ante la Corte de Circuito de Apelaciones, prestando fianza de supersedeas ,j el recurso no ha sido aún decidido. La orden de supersedeas no se extendió a la sentencia dictada en el injunction. Se limitó a la sentencia pronunciada en el pleito. Siendo ello así y pudiéndose imponer costas separadamente en un incidente cualquiera que sea el resultado final del pleito, no erró la corte de distrito al declarar sin lugar esta objeción de la demandante.

Apelación y Error— Vista y.Nueva Vista — Reconsideración de Senten-cia. — Levantada en una apelación en procedimiento sobre memorándum de costas la cuestión de la facultad de una corte para imponer costas en inci-dentes, no lia lugar a reconsiderar la sentencia dictada en dielia apelación cuando el tribunal no queda convencido que se trata de una cuestión juris-diccional ni que su opinión fuera errónea.

La parte apelante no cita precepto de ley alguno, ni ju-risprudencia en apoyo de su contención.

Tampoco existe el tercero de los errores señalados. Hemos examinado los autos y no podemos concluir que la corte de distrito abusara de su discreción al justipreciar el trabajo del abogado del Municipio en trescientos dólares.

Bebe confirmarse la resolución apelada.

RECONSIDERACIÓN

No. S530. — Resuelto en Junio 26, 1925.

RESOLUCIÓN.

San Juan, Puerto Rico, junio 26, 1925.

Por la Corte:

Se lia solicitado por la parte demandada la reconsidera-ción de la sentencia dictada por este tribunal el 26 de mayo último, insistiéndose en que nó procede la condena de costas en incidentes de un pleito.

En el presente caso se trata- de un injunction preliminar que fué, después de haberse oído a ambas partes, declarado sin lugar con costas, en abril 18, 1923. Se apeló la resolu-ción y fué confirmada por esta corte en junio 16, 1924. En-tonces se presentó el memorándum de costas por la parte victoriosa, limitándose la Yabucoa Sugar Co. a impugnar la partid'a de honorarios por excesiva. La corte en cierto modo accedió a su solicitud. Se reclamaban tres mil dólares por honorarios. La Yabucoa Sugar Co. dijo que el trabajo sólo valía ciento cincuenta. La corte lo fijó en trescientos.

No conforme la parte vencida apeló y fué en su alegato que por vez primera suscitó la cuestión de la facultad de la corte para imponer costas en incidentes, cuestión que debió haber sido tratada y resuelta en la apelación de la resolu-ción que decidió el incidente mismo.

Bajo tales circunstancias, no habiendo quedado conven-cida la corte de que se trate de una verdadera cuestión ju-risdiccional, ni de que su opinión de mayo 26 sea errónea, no ha lugar a la reconsideración que se solicita.


author: El Juez Asociado Señor Fraudo Soto,

text:
    Oscar Portocarrero, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 616.

    Sometido: Abril 28, 1925.

      Resuelto: Mayo 26, 1925.
    1. INSCRIPCIÓN — Denegación de Inscripción de Segregaciones — Finca Principal Agotada en el Registro — Error en los Cálculos. — Apareciendo del registro agotada la 3.45 cuerdas de la finca principal por segregaciones a terceros, procede la negativa de una escritura en la que se segregan dos porciones adicionales so pretexto de existir error en el cálculo de la equiva-lencia de cuerdas al sistema métrico decimal.
    2. Inscripción — Aumento en la Cabida de una Finca Registrada. — La cabida de una finca que aparece inscrita en el registro, no puede ser aumentada, mediante acta aclaratoria que solamente dice que según una mensura resulta de mayor cabida, sin especificar el sobrante, mientras no se acredite la legí-tima adquisición de] exceso, a no ser que éste sea de escasa importancia en relación con la cabida total o se pruebe que en la primera medición sólo se sufrió un error involuntario.
    Nota de Twado- Terrier, R. (Sección Primera, San Juan), denegando inscripción de una escritura de compraventa.

      Confirmada.

      Pedro Amado Rivera, abogado del recurrente; el registrador com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Fraudo Soto,

emitió la opinión del • tribunal.

Este es un recurso contra la nota del registrador que deniega la inscripción de una escritura de compraventa de dos porciones de terreno, segregadas de cierta finca de mayor cabida. Junto con la escritura se acompañó un acta aclaratoria. El registrador fundó su negativa en los moti-vos siguientes:

“Que la cabida de 3 cuerdas 45 céntimos de la finca originaria se baila agotad?, en virtud de segregaciones que constan del registro y estando equivocada la equivalencia métrica no hay razón para computar las segregaciones en el sentido de deducirlas de dicha equivalencia, como se pretende en el acta aclaratoria, y no de la expresada en cuerdas, debiendo atenerse el registro a esta última denominación.
“Que no se acredita la mensura que se dice practicada de la finca principal; y que no han intervenido los dueños de los solare's vendidos en la declaración de dicho aumento de cabida.”

De' la finca principal se habían segregado a su vez otras parcelas transferidas a distintos dueños y en ql acta acla-ratoria se hace constar que según las notas marginales del Registro resultaría agotada la cabida si se considera ésta en*cuanto al número de cuerdas, pero no en caso de tomarse como base la equivalencia métrica que resulta del título y de la inscripción.

No hay discusión en cuanto al punto de que existe un error- en el cálculo al hacerse la equivalencia de cuerdas al sistema métrico' decimal.

Surge, pues, la cuestión de cuál de las dos medidas debe prevalecer o cuál de ellas debe tenerse por correcta.

La circunstancia de que ya se han hecho por la ven-, dedora segregaciones de la finca original a diversas personas, es dato de importancia que sirvió de base a la calificación. del registrador, que descansa más bien, en este caso, en la sana discreción, pues siendo como es á'u función esencial, la protección de terceros, debemos presumir, como hizo el registrador, mientras otra cosa no se demuestre en forma auténtica o fehaciente, que la medida en cuerdas es la correcta.

Se insiste, no obstante, por el recurrente, y así aparece consignado en el acta aclaratoria, que la finca principal después de mensurada resulta de mayor cabida dentro d'e los puntos que constan del registro. No se especifica, sin embargo, la cantidad sobrante.

"N® vemos que esto pueda ser favorable al recurrente, aun cuando asumiéramos que la venta se refiera al exceso o sobrante del terreno.

La regia general es que cuando hay una diferencia de la finca según aparece del registro y la que se alega en la escritura, tal diferencia, si resulta en exceso, no es inscri-bible mientras no se acredite la legítima adquisición de la misma, con arreglo al artículo 20 de la Ley Hipotecaria y demás disposiciones legales. La excepción a la regla es cuando el exceso es de escasa importancia en relación a la cabida total'de la finca, o salvo si se prueba, a juicio del re-gistrador, que en la primera medición de la finca sólo se sufrió un error involuntario. Resoluciones de 14 de marzo de 1876, 1 D. de R. 262; 9 de noviembre de 1878, 1 D. de R. 469; 7 de septiembre de 1880, 2 D. de R. 465; 22 de noviembre de 1893, 5 D. de R. 413; y 27 de octubre de 1894, 5 I). de R. 583. Odriozola, Diccionario de Jurisprudencia. Hipotecarte,, 4a ed., págs. 773, 774, 775 y 776.

Por lo expuesto, la nota recurrida debe confirmarse.