author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

text:
    Arrieta v. Corujo.
    ApblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 84.
    Resuelto en abril 15, 1904.
    Costas. — -Pallado un juicio sin especial condenación de costas, los gastos sufra*, gados por ambos colitigantes son de cuenta de aquel en cuyo nombre se (*) practicaron, sin que sea lícito hacer reponsable de tales gastos a alguna persona que no haya sido parte en dicho juicio.
    Daííos y Perjuicios. — El hecho de que A recibiera indebidamente determinada cantidad de dinero de B, en concepto de tutor de C, y que éste demandara a B en cobro de esa misma cantidad, no puede servir de base a una redama-ción de B contra A para que le indemnice los gastos que le irrogara el pleito que le interpusiera C, porque para ello es necesario depurar primera-mente las responsabilidades de A, como tal tutor, y porque no es posible sostener que los daños que rufriera B fueran consecuencia directa de los actos ejecutados por A.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Vistos estos autos de juicio declarativo, en cobro de pesos, promovidos en la Corte de Distrito de Arecibo, entre partes, de la nna Don Miguel Arrieta y Dorregaray, representado y dirigido en esta superioridad por el Letrado Don Jacinto Texidor, y de la otra Don José Ignacio Corujo y Arráez, representado y dirigido por el Letrado Don Félix Santoni; autos pendientes ante nos en virtud de recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia pronunciada por la referida corte, en 18 de julio del año próximo pasado.

      Resultando: que el presente es un pleito promovido por el recurrente contra el recurrido para cobrar cuatrocientos cua-renta y nueve pesos con cinco centavos, alegando el apelante que el apelado fué tutor de la menor de edad Serafina Cnrbelo, y que en un pleito entre esa menor y el apelante se incurrió en gastos que en conjunto montan a la-cantidad mencionada.

      Resultando: que el Señor Jacinto Texidor, en representa-ción del recurrente, que fué el actor en el tribunal inferior, alegó en su demanda que sil cliente el Señor Arrieta adquirió en el año 1888 de la Sucesión de Don Pablo José Curbelo y González, por medio de compra, una casa de manipostería situada en el ’pueblo de Camuy, la cual se describe minuciosa-mente; alega, además, que Doña Serafina Curbelo formaba parte de dicha sucesión, y que Don José Ignacio Corujo fué (*) su tutor, quien en ese concepto recibió del Señor Arrieta la suma de doscientos cuarenta pesos, que con veinte pesos que se dejaban en poder del Señor Arrieta para cubrir gastos, for-maban el valor del condominio que en la referida casa tenía Doña Serafina Curbelo; que con fecba veinte y ocho de enero de mil ochocientos ochenta y ocho, Corujo firmó un recibo a favor de Arrieta por la cantidad referida, expresando en ese acto que lo hacía como tutor de Doña .Serafina Curbelo y por razón de la venta de la participación de esta señorita en la casa de que se trata.

      Resultando: que continuando la demanda, alega que el Señor Corujo no entregó nunca a su pupila, o a quién le repre-sentara después de cesar la tutela, la cantidad que percibió según el referido recibo, y que subsiguientemente Doña Sera-fina Curbelo presentó ante el Juzgado Municipal de Camuy una demanda en juicio verbal contra Arrieta, reclamando el condominio que en dicha propiedad creía tener; que él ofreció como prueba el recibo firmado por Corujo, y que en este juicio el Señor Corujo maliciosamente expresó que no podía reconocer como suya la firma de dicho documento, pues no recordaba haberlo firmado ni autorizado, por cuya razón lo calificaba desde luego de falso, y pidió al juzgado se iniciara procedimiento para- esclarecer tal hecho; y aparece, además, que la sentencia del juzgado fue dictada contra Arrieta y éste interpuso apelación para ante el tribunal de distrito, cuya corte decidió que el juzgado municipal no era competente para conocer de la causa y por este motivo revocó y anuló dicha sentencia.

      Resultando: que el abogado del actor alega además que a consecuencia del juicio celebrado en el juzgado municipal,y de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada, stí cliente se vió obligado a hacer gastos ascendentes a la referida suma; que la firma que se dijo era de Corujo declararon peri-tos ser la legítima de dicho señor, y que éste, por su negligencia inexcusable al no entregar a su pupila el dinero que (*) le co-rrespondía, así como al negar su firma al pie del mencionado recibo, causó los gastos que hizo Arrieta con motivo del juicio; y por estas razones Arrieta presenta demanda contra Corujo con suplica de que se le condene al pago de la suma de cuatro-cientos cuarenta y nueve dollars y cinco.centavos por indem-nización de daños y perjuicios con más las costas del juicio.

      Resultando: que el Tribunal de Distrito de Arecibo con-signó además como hechos los siguientes:

      “{a) Que conferido traslado de la demanda al demandado lo evacuó en su representación el Letrado Don Félix Santoni Kodrí-guez, quien rechazó en absoluto las legaciones del demandante, y además expuso: que el Sr. Corujo no había realizado acto alguno del cual se hubiese seguido daño o perjuicio al Sr. Arrieta; si el Sr. Arrieta ha pagado todos los gastos y costos a que se contrae su cuenta, dueño es de disponer como guste de sus bienes pagando tan excesivos como indebidos gastos y costos cuando no lo reclame a otra persona; y que Don Miguel Arrieta no solamente reclama daños no ocasionados por su patrocinado, sino que con una temeridad y mala fe sin ejemplo, ha atropellado al anciano Sr. Corujo con un embargo improcedente que pone de relieve toda la malicia con que se procede, por cuyo acto se propone reclamar daños y perjuicios, reservándole las acciones que procedan para en su oportunidad ejercitarlas.
    “(ó) Que como fundamento de derecho citó la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Eieo de 30 de diciembre de 1899, las dis-posiciones del Código Civil referentes a la culpa en los contratos y el modo de hacer efectivas las costas en un juicio, y terminó pidiendo se desestimara la demanda con las costas al demandante.

      “ (c) Que abierto el juicio a prueba, el demandante propuso, con-fesión judicial del demandado, documental consistente en certificación del juicio verbal seguido ante el Juzgado Municipal de Camuy por Doña Serafina Curbelo de Díaz contra Don Miguel Arrieta; certifi-catión del secretario del mismo juzgado, relativa a costas de varios exhortes; quince recibos autorizados por distintas personas sobre gastos irrogados al Sr. Arrieta en el expresado juicio verbal del Tribunal Municipal de Camuy; recibo desglosado del referido juicio y firmado por el demandado Corujo, haciendo constar que éste recibió del Sr. Arrieta 240 pesos moneda corriente, durante (*) la minoría de Doña Serafina Curbelo y a nombre de ésta, cuyo recibo declaró falso el Sr. Corujo en el juicio verbal que se falló por el Juzgado Municipal de Camuy; y cotejo de letra de los otros recibos, que fué propuesto con carácter subsidiario y no se llegó a practicar por innecesario.

      “ (d) Que a su vez el demandado propuso como prueba confesión del Sr. Arrieta, testifical de los Sres. Peruchet y Lamir, y documental consistente en certificación de la parte dispositiva de la sentencia dictada en la apelación del juicio verbal seguido en Camuy, y cer-tificación negativa de no haberse practicado tasación de cpstas en el tantas veces repetido juicio verbal, así como de que el Letrado Don Elpidio de los Santos no intervino como defensor del Sr. Arrieta en la tramitación de dicho juicio verbal.

      “ (e) Que practicado el juicio oral prevenido por- la Orden General No. 118 de 1899, con asistencia de los letrados representantes de las partes, practicóse la prueba propuesta, y el Sr. Corujo al absolver posiciones manifestó la imposibilidad física en que se encontraba dada su avanzada edad de 93 años, de ver el documento que a petición del letrado del demandante se le puso de manifiesto, y cuyo documento era el recibo en que aparecía haber recibido del Sr. Arrieta 240 pesos moneda corriente, cuando era menor Doña Serafina Curbelo y cuya autenticidad había negado el mismo Corujo en el juicio verbal seguido en Camuy por la Curbelo contra Arrieta, por cuyo motivo el letrado representante del Sr. Arrieta renunció a la prueba de confesión judicial : el Sr. Arrieta absolvió posiciones del representante del deman-dado, y también declaró el testigo Peruchet después de lo cual los respectivos letrados informaron de acuerdo con sus escritos de demanda ■y contestación, terminados los cuales el tribunal en audiencia pública votó esta sentencia por unanimidad de los Sres. Jueces, habiéndose observado en la tramitación del pleito las formalidades prevenidas. por la ley.”

      Resultando que contra la sentencia dictada por dicho tribunal de distrito, se interpuso, en debida forma, recurso de apelación para ante esta Suprema Corte y en 10 de febrero último tuvo lugar la vista de dicho recurso con asistencia de los letrados de ambas partes.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Santoni.(*)
   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando que en su sentencia el tribunal de distrito consignó los siguientes fundamentos de ley, a saber:

“(a) Que la cuestión planteada por las partes en este litigio se limita a determinar si los gastos sufragados por el demandante Arrieta en el juicio verbal seguido ante el Tribunal Municipal de Camuy en diciembre de 1902, cuyo juicio se falló en apelación sin especial con-denación de costas, por Doña Serafina Curbelo de Díaz contra el citado Arrieta, debe 'pagarlo en definitiva Don Ignacio Corujo que fué en un tiempo tutor de Doña Serafina Curbelo y hoy es demandado ante esta corte de distrito.
“(i) Que habiéndose fallado el juicio, de la Curbelo con Arrieta ;sin especial condenación de costas, las gastos sufragados por ambos colitigantes son de cuenta de aquél en cuyo nombre se practicaron sin que sea lícito afirmar que nadie que no sea el propio interesado está en el deber de responder de ellos.
“ (o) Que si el demandado Corujo no fué parte en el juicio verbal seguido ante el Juzgado Municipal de Camuy, ni se dirigió contra •él acción alguna, es improcedente sostener que pueda por ningún •concepto responder de gastos que hubieran podido irrogarse a ninguno de los colitigantes con motivo del ejercicio de sus respectivas acciones.
“ (d) Que el hecho de que Don José Ignacio Corujo hubiera reci-bido indebidamente de Don Miguel Arrieta determinada cantidad ■en el concepto de tutor de Doña Serafina Curbelo, cuyo hecho ha dado lugar a que ésta se haya visto obligada a demandar al citado Don Miguel Arrieta ante el Juez Municipal de Camuy, no arguye el ■que el citado Corujo tenga que pagar los gastos originados a Arrieta con la demanda que le instó la Curbelo, ni en concepto de costas, ni •en el de indemnización de daños y perjuicios; lo primero porque Corujo no fué parte en el juicio y porque éste se falló sin especial condenación de costas; y lo segundo, porque la obligación de indem-nizar daños y perjuicios es siempre subsidiaria y no se ha seguido ningún procedimiento judicial ante los tribunales de justicia para esclarecer la responsabilidad de Cornjo como tutor, máxime cuando éste tiene negada la autenticidad del documento en que aparece baber recibido dinero de Arrieta a nombre de Doña Serafina Curbelo. (*)

Considerando que además de las razones dadas por el Tribunal de Distrito de Areoibo, para este fallo, las que se aprue-ban, aparece claro que el primer fundamento en que se basa el pleito, o sea, que el Sr. Corujo no pagó el dinero a su pupila, no puede considerarse como base de una reclamación por daños, pues no hay nada que demuestre que esta fué la causa directa de los mismos, o en otros términos, los daños eran demasiado remotos, para fundarsé en tal causa, y el actor, la Curbelo, bien podría haber presentado demanda para la propiedad, aun en el caso de que el dinero se le hubiese pa-gado, y es posible que a sabiendas de que el dinero había sido pagado, y a pesar de tal- conocimiento, presentó la demanda. .

Considerando que el segundo fundamento • en que está ba-sada la demanda, o sea, que el Sr. Corujo negó la firma al pie del recibo, ha sido explicado ampliamente por él, al manifestar que en vista de su avanzada edad no podía leer el recibo, y que debido al mucho tiempo, desde la fecha en que se expidió, no podía recordar las circunstancias; cuyas excusas ambas son muy razonables, máxime tratándose dé un hombre que contaba noventa y tres años.

Considerando que aprobamos enteramente los preceptos de ley enunciados por la corte de distrito como reguladores de esta causa, y somos de la opinión que dicha corte no incurrió en error al dictar la sentencia pronunciada en 18 de julio último.

Fallamos que debemos confirmar, y confirmamos, la sen-tencia contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación, con las costas al recurrente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.(*)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidewte Se. QuiñoNes,

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text:
    Sucesión Bianchi v. Ayuntamiento de Añasco.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.,
    No. 155.
    Resuelto en abril 19, 1904.
    Ley Municipal — Caminos Vecinales — Facultades de los Ayuntamientos.— Con arreglo a la Ley Municipal de 1896, las obligaciones y facultades de los ayuntamientos se refieren a la construcción y conservación de los caminos vecinales, y a compeler a las personas interesadas en los caminos rurales, a conservar y reparar éstos, no teniendo facultades para definir la naturaleza de los mismos, ni acordar su apertura o reapertura.
    Id. — Es de la competencia de la administración municipal, la conservación del régimen existente en los caminos rurales, y la observancia de las reglas ge-nerales de policía rural, debiendo entender los tribunales ordinarios en lo que se refiera a la propiedad y posición de los referidos caminos, y a las servidumbres constituidas sobre los mismos.
    Costas. — Las costas deben imponerse a la parte cuyas- pretensiones sean total-, mente desestimadas.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Vistos estos autos del juicio declarativo seguido eu el Tribunal de Distrito de Mayagüez, entre partes, de la una, como demandante, Don Juan Biancbi y Pagan, boy su Sucesión com-puesta de la viuda Da. Bosario Bosafá y Estrada y sus bijos legítimos Don Francisco, Da. Estela, Don Juan y Da. Bosario, mayores de edad y vecinos, el primero, de Añasco, y los demás de Mayagüez, representados y dirigidos por su abogado de-fensor Don José de Diego y Martínez, y de la otra, como de-mandado, el Ayuntamiento de Añasco, representado y dirigido por su abogado defensor D. José de Guzmán Benitez, sobre nulidad de un acuerdo y otros extremos; autos pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia pronunciada por el referido-tribunal de distrito, la que copiada literalmente dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Mayagüez, 23 de junio de 1903. (*)
    “Visto en juicio oral y público este pleito declarativo, seguido entre partes: de la una, como demandante, Don Juan Biancbi y Pagán, boy su sucesión compuesta de su viuda Doña Eosario Eosafá y Estrada y sus hijos legítimos Don Francisco, Doña Estela, Don Juan y Doña Eosario, mayores de edad, y vecino, el primero, de Añasco, y los otros dos de esta ciudad, a quienes representa y dirige el Letrado Don José de Diego; y de otra parte, como demandado, ei Ayuntamiento de Añasco, representado y dirigido por el Letrado Don Fernando Vázquez, sobre nulidad de acuerdo y otros extremos.

      “Resultando: que el Letrado Don José de'Diego con la indicada representación presentó demanda ante esta corte, contra el Ayun-tamiento de Añasco, fundándola en que la hacienda ‘Central’ perte-neciente boy a la Sucesión de Don Juan Bianchi Pagán, que limita por el Norte con el camino de Añasco a San Sebastián y por el Oeste con el camino viejo de Añasco de esta ciudad, estando además cruzada al sur por el camino vecinal que conduce al barrio de Ovejas, siendo éstas las únicas vías que atraviesan o tocan el predio descrito en la demanda, sin que de algunos años a ésta parte baya existido ni exista ningún otro camino vecinal, rural o de servidumbre que penetre en los terrenos de la referida hacienda, ni que sean necesarios al tránsito público o al acarreo de frutos, porque las indicadas vías ofrecen todas las comodidades apetecibles a las comunicaciones en dicha comarca; que veinte y- cinco o treinta años atrás existían en determinados lu-gares del área superficial que hoy constituye el referido ingenio, dos sendas por donde se comunicaban varias de las numerosas fracciones en que el perímetro se dividía, sendas que en realidad no tuvieron otro carácter que el ■ de servidumbres privadas; que adquiridas las diversas fracciones de terrenos por el Sr. Bianchi, para constituir la finca ‘Central,’ destruidas y borradas las sendas por corrientes de río, por las aguas pluviales y por la vegetación exuberante, en un largo transcurso de tiempo quedaron extintas las servidumbres y cortadas las comunicaciones que anteriormente existían; que una de tales veredas, que solía denominarse ‘Boca de Casey,’ cruzada por terrenos de la antigua hacienda ‘Josefa,’ que hoy forma parte de la ‘ Central, ’ intransitable ya, fue cerrada por acuerdo del Ayuntamiento de Añasco, en uno de los años 1878 a 1880; y la otra senda llamada de la ‘ Ceiba, ’ que atravesaba por una finca integrante hoy del ingenio ‘Central’ y entonces propiedad de Don Manuel del Eío López y Marín, también fué hace muchos años abandonada, por cuya razón, y porque no servía para cosa buena, el mismo Ayuntamiento (*) de Añasco cerró definitivamente la citada vereda; que Don Ignacio Sein e Isasa, que posee un predio vecino a la hacienda ‘Central,’ aun cuando puede utilizar un camino próximo, abierto al tránsito público para el acarreo de cañas a su finca, quiere de todas maneras introdu-cirse por la propiedad del Sr. Bianebi, boy su sucesión, y penetrar por la hacienda ‘Central,’ uniendo el propio beneficio al malestar ajeno; y al efecto, bizo y suscribió con otros señores una instancia solicitando ' del Ayuntamiento de Añasco la apertura de los supuestos caminos rurales ‘Boca’de Casey’ y ‘La Ceiba,’ sendas ya destruidas y cerradas según se ba mencionado antes; que el ayuntamiento nombró entonces una comisión para que informase acerca del asunto, la cual después de un largo y detenido análisis presentó su dictamen contrario en absoluto a la instancia referida; pero rechazado el dictamen aludido y nombrada otra comisión, en la cual entraron el Sr. Alcalde y el peticionario, Sr. Sein, éste informó a favor de sí mismo así como los demás miembros de aquélla en favor de dicho Sein, acordándose por el ayuntamiento la apertura de los caminos, en sesión de 7 de abril del año próximo pasado; que no esperándose el transcurso del término que la ley concedía para recurrir y pedir la suspensión del acuerdo, fué ejecutado dos días después por la autoridad del alcalde con el auxilio de la fuerza pública, como si hubiera sido absolutamente indispensable que la parte lesionada sufriera cuanto antes los perjuicios de aquella resolución ilegal; y que al ejecutarse la apertura de los caminos, éstos fueron llevados por donde1 quiso el alcalde, puesto que apenas existían en determinados puntos las trazas o huellas de las antiguas sendas, ocultas y deshechas por la acción del tiempo; que entablado recurso de alzada por el Sr. Bianchi, con fecha 12 de abril del mismo año, para ante el Secretario de Puerto Rico, este honorable funcionario, después de recibir el informe del alcalde, y no obstante resolver que el conocimiento y decisión de la controversia correspondía a los tribunales ordinarios, suspendió el acuerdo recurrido, por tér-mino de dos meses, mientras el recurrente, Sr. Bianchi, presentaba la demanda del caso, disponiendo que entre tanto volvieran las cosas a su anterior estado; y termina suplicando que, previos los debidos trámites se dicte sentencia declarando con lugar la demanda, decre-tando la nulidad del acuerdo municipal y demás peticiones contenidas en dicha súplica, pidiendo por otrosí se suspendiera la ejecución de dicho acuerdo mientras se ventilara y decidiera la demanda inter! puesta, confirmándose así el decreto del Secretario de (*) Puerto Rico, según consta de los documentos acompañados, imponiéndose las costas a la corporación demandada.

      “Resultando: que admitida la demanda y decretada la suspensión del acuerdo solicitado en la misma y dado traslado de ella a la cor-poración demandada por medio de su alcalde municipal, y notificado de la suspensión del acuerdo referido, estableció su abogado repre-sentante excepción dilatoria por falta de' personalidad en su presen-tado para contestar dicha demanda, porque según la Ley Municipal vigente, las facultades de los municipios que son solamente legislativas están definidas en la sección 23 y en ellas no están comprendidas ningunas referentes a caminos rurales y vecinales, como lo estaban en' la Ley Municipal derogada en 31 de diciembre de 1896, exponiendo varios hechos relativos a la demanda y demás fundamentos; y contes-tando al fondo de las mismas, expuso como hechos que en el término municipal de Añasco existía un camino desde tiempo inmemorial deno-minado 'Boca de Casey’ que estaba destinado al servicio de los vecinos de los barrios de Casey Arriba, Casey Abajó y Ovejas; que existía también en la propia jurisdicción otro camino desde tiempo inmemo-rial, denominado de la Ceiba y que utilizaban asimismo los vecinos de los antedichos barrios Casey Arriba, Casey Abajo y Ovejas; que suscitada una cuestión sobre este último camino de la Ceiba, entre Don Juan Manuel del Río y Don Francisco López, se oyó una comisión que nombró el comandante' jefe del departamento, y con asistencia de ella, los árbitros que también se nombraron, de los interesados y de varios vecinos colindantes por acta levantada en 25 de febrero de 1847, ante el escribano real y público Don José María Padilla, y te-niendo en cuenta que el camino de que se trataba venía desde tiempo' inmemorial, quedó definitivamente trazado el camino dicho, que debía abrirse por Don Juan Manuel del Río y Don Francisco López, en cuya acta se leen estas palabras ‘bien entendido que este nuevo camino deberá quedar y quedará perpetuamente establecido para tránsito general, y que tendrán obligación los dueños que hoy son, y que en adelante fueren de los terrenos colindantes, de cerrar con mayas o según lo tuvieran por conveniente, para preservar, pasto y siembras, puesto que el camino no podrá ser obstaculizado, ni menos interceptado en (*) manera alguna’; que los dos referidos caminos son los que-reconocía Don Juan Bianchi Pagan en el hecho cuarto de la demanda,, no existiendo acuerdo ninguno del Ayuntamiento de Añasco en que se hayan mandado cerrar hace poco tiempo, habiéndolos cerrado el Sr. Bianchi por su propia autoridad; reproduciendo el hecho pri-mero, segundo y tercero, de la excepción, en el hecho quinto de la. contestación a la demanda, y termina suplicando se declare que su representado carece de personalidad para contestarla, declarándola sin lugar, imponiendo en uno u otro caso las costas al actor.

      “Resultando: que convocadas las partes para la comparecencia a prueba, por haberlo así solicitado ambas, propusieron en aquel acto la representación de la actora, la documental de cotejo de documentos, pericial y testifical; y la del demandado propuso asimismo la docu-mental de cotejo de documentos, testificial y pericial, y admitida toda la prueba propuesta, se señaló día y hora para la celebración del juicio oral.

      “Resultando: que al acto del juicio oral concurrieron los letrados de ambas partes, y como existiese una excepción promovida por el .demandado, la cual había de resolverse previamente, el tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Orden General No. 118, serie de 1899, por medio del presidente, concedió la palabra al letrado promovente de aquélla, quien en su informe oral alegó todo lo que creyó pertinente al derecho de su parte y propuso como prueba se diese lectura al documento de folio 88 de autos y oído el letrado de la parte contraria alegó en su informe todo lo que creyó pertinente al derecho de su defendido, y terminó soli-citando del tribunal se declarara sin lugar la excepción formulada, con las costas, proponiendo como prueba la misma que la del letrado adversario, y dándose lectura por el secretario a dicho documento, se suspendió el juicio para tomar acuerdo acerca de la cuestión incidental, por los instantes que fueron necesarios; y reanudada la sesión, fué resuelta por unanimidad por auto que se dictara en dicho acto, en el sentido de que la petición deducida por Don Juan Bianchi Pagán, hoy su sucesión, contra el Ayuntamiento de Añasco, comprende varios extremos; y que precisamente en la época en que se dedujo aquélla, si bien ya se había publicado la ley para dividir a Puerto Rico en ■distritos de caminos, y para,disponer la construcción (*) y demás, según consta de la comunicación del Comisionado del Interior, la junta de inspectores a que alude esa ley se constituyó el 12 de enei;o de 1903, por la cual deducíase que dieha demanda fué interpuesta contra persona que tenía el carácter y la representación con que se le demandaba, denegándose la excepción propuesta, con las costas al pro-movente, disponiéndose la continuación del juicio; protestando de' ese acuerdo el letrado de dicha parte, protesta' que fué consignada en acta de orden del tribunal. Continuada la sesión se procedió a la práctica de la prueba del actor, comenzándose por la pericial, en la que el perito Don Ricardo Skerret, a preguntas del letrado de1 la parte actora, contestó que constituido en el barrio Carreras del municipio de Añasco, en unión de Don Agustín Pesante, alcalde de dicho pueblo, Don Ignacio Sein, Don José Reyes Alvarez, y Don José Leocadio García, procedió a reconocer el terreno objeto del litigio, resultando de su examen, que no encontró huellas que indicaran que los caminos ‘Boca de Casey’ y ‘La Ceiba,’ que se dice cruzaban dichos terrenos, hayan sido abiertos al servicio público estos 2 últimos años, creyendo a su juicio dicho perito, que esos caminos han estado abandonados desde hace1 10 años, no existiendo prueba alguna de que se haya tra-bajado en ellos, exponiendo, además de varias consideraciones, no encontrar los caminos denominados ‘Boca de Casey y ‘La Ceiba’ en cuestión; solicitando el letrado de1 la parte actora se uniera a los autos el informe escrito y el croquis del terreno que el perito infor-mante presentó en aquel acto, oponiéndose a esa pretensión el letrado de la parte contraria, porque lo creyó improcedente según las razones que adujo, resolviendo el tribunal, después de ponerse de acuerdo, sin lugar la oposición, agregándose dichos documentos, protestando dicho letrado y consignándose en acta; y a preguntas de este letrado mani-festó el perito que no existen los caminos denominados ‘Boca de Casey’ y ‘La Ceiba,’ antes mencionados, no encontrando huellas que se lo indicaran, extendiéndose en otras varias consideraciones objeto del reconocimiento. Practicada la prueba testifical del actor, el testigo Don Ernesto Esteves expuso: que conoce y es colindante de los terrenos de la ‘Central Bianchi,’ hace 20 o 25 años; que por dichos terrenos atravesaban antiguamente dos caminos de servidumbre deno-minados ‘Boca de Casey’ y ‘La Cieba’; que el primero hace 27 o 28 años que no está abierto al tránsito público y que jamás el declarante ha utilizado dicho camino; que últimamente el Ayuntamiento de Añasco ha pretendido abrir (*) ese camino por un punto donde jamás existió; que el camino de “La Ceiba,’ desde hace 8 o 10 años, no está abierto al tránsito público, exponiendo el testigo otras varias consi-deraciones a preguntas del letrado de la parte contraria y del tribunal, relativas a los caminos en cuestión; los demás testigos decla-raron igualmente que el anterior; diferenciándose los dos últimos en decir que sólo conocieron, un callejón llamado de los Ríos, el uno, y el otro, un camino llamado de ‘La Ceiba,’ los cuales están cerrados hace 8 y 10 años, respetivamente.
    “Practicada asimismo la prueba testifical del demandado, el tes-tigo Felipe Vélez declaró, que conoció un camino llamado ‘Boca de Casey, ’ el cual era público, y todo el mundo pasaba por él, constándole estar cerrado; declarando de igual modo los demás testigos, y aña-diendo, uno de ellos, que pasaba por dicbo camino, otro que baee seis o siete meses que también pasaba y que lo ba visto cerrado, ignorando por orden de quién, y el último, que estuvo abierto durante la cosecha de este año; que es camino público desde el año 56, estando cerrado actualmente, ignorando por qué causa; y terminada toda la prueba, los letrados de ambas partes expusieron en sus informes orales todo lo que estimaron conveniente al derecho de sus defendidos.

      “Resultando: que en el día y hora designados fué votada esta sen-tencia en público, por unanimidad.

      “Resultando: que en la tramitación de este juicio se han guardado las formalidades legales. Vistos, siendo Ponente el Sr. Juez Asociado Don Enrique González Darder.

      “Considerando: que de la prueba pericial y testifical, presentada y practicada a instancia de la parte actora, y aun de la prueba docu-mental, como lo es la certificación obrante a los folios 59 y 60 de autos, y que contiene el dictamen de la comisión nombrada primera-mente por el Ayuntamiento de Añasco, para informar sobre la aper-tura de los caminos litigiosos, aparece que éstos si alguna vez tuvieron el carácter de caminos abiertos al tránsito público y no el de (*) servi-dumbre privada entre predios colindantes, fueron cerrados y aban-donados por un transcurso de tiempo que excedé de veinte años en cuanto al llamado ‘Boca de Casey,’ y de 8 años, respecto al denomi-nado ‘La Ceiba.’

      “Considerando: que aparte de la naturaleza jurídica de aquellos caminos o sendas y los efectos del lapso de tiempo durante el cual estuvieron abandonados y cerrados, resulta del conjunto de la prueba claro y evidente que el ayuntamiento demandado decretó el acuerdo cuya nulidad pide la parte demandante, y el alcalde de Añasco prac-ticó la apertura de dichos caminos que se encontraban cerrados al tránsito público, durante el indicado período de tiempo, abrogándose aquella corporación facultades que no le competen, conforme a las leyes que regían su constitución y funcionamiento a la fecha del acuerdo impugnado.

      “Considerando: que.las obligaciones y consiguientes facultades conferidas a los ayuntamientos por el artículo 77 de la Ley Municipal, promulgada en 31 de diciembre de 1896 y vigente en 7 de abril de 1902, fecha del referido acuerdo, se limitan y refieren a la construcción y conservación de los caminos vecinales, y a compeler a las personas interesadas en los caminos rurales a conservar y reparar éstos, par-tiendo de la existencia de dichos caminos en uno y otro caso, según está en la letra y espíritu de dicho artículo 77, no dando atribuciones a los ayuntamientos que sólo corresponden a los tribunales de justicia, para definir acerca de la naturaleza de supuestos caminos rurales, de antiguos cerrados al tránsito, ni para- decretar su apertura, ni re-apertura.

      ‘‘Considerando: que en los expuestos principios estuvo inspirada también la Real Orden de 4 de febrero de 1887 por ambas partes citada en apoyo dé su pretensión, declarando aquella disposición que es de la competencia de la administración limitadamente lo que se refiere a que en los caminos rurales no se altere el régimen existente y las reglas generales de policía rural, siendo atribución de los tribu-nales ordinarios entender en la propiedad y posición de los referidos caminos, y de todo lo que conviene -a las servidumbres particulares que en nada afecta al interés público, y siendo en el caso presente de autos abandono y cierre de los caminos litigiosos, por un largo espacio de tiempo, lo que constituía el régimen existente, no podía ser éste alterado por la corporación demandada.

      “Considerando: que el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Añasco, con infracción del artículo 77 de la citada Ley Municipal y(*) de los preceptos sustantivos civiles que regulan el derecho de propie-dad y posesión, es nulo conforme al artículo 4 del Código Civil.
    . “Considerando: que la validez o nulidad del mencionado acuerdo ha sido la materia esencial del debate-, siendo un hecho establecido entre las partes, antes de la controversia judicial, que la propiedad y posesión de los caminos correspondía a Don Juan Bianchi, iniciador de la demanda, como resulta de las certificaciones de acuerdos y cons-tancias relativas al Ayuntamiento de Añasco, y las comisiones por el mismo nombradas para informar, sobre la apertura de los caminos y del expediente administrativo que precedió a la cuestión judicial.
    ‘ ‘ Considerando: que asimismo el hecho de la propiedad y posesión de las tierras ocupadas y atravesadas por los caminos no fué negado •y, antes bien, fué reconocido por la parte demandada, según aparece del hecho primero del escrito de contestación de la demanda en lo referente a la excepción dilatoria propuesta y cuyo hecho primero se reproduce en el 5 de la contestación al fondo de la demanda, opoyán-dose también en este hecho reconocido por las partes, el 9o. fundamento del mencionado escrito, y derivándose del propio hecho concerniente a la propiedad y posesión de las referidas tierras, toda la prueba peri-cial y testifical practicada a instancia de una y otra parte.

      “Considerando: que ejerciendo y aun sin ejercer el tribunal la facultad que le concede el artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta patente el hecho a que se refiere el fundamento anterior.
    ! £ Considerando: que es nulo el acuerdo debatido y deben volver las cosas a su anterior estado, y que no resolviéndose en este fallo nada que pueda afectar a las servidumbres u otro género de derechos que puedan corresponder a las personas a quienes interese la declaración relativa a la apertura de los supuestos caminos o sendas, deben reser-varse a los interesados los derechos de que se crean asistidos, conforme se solicita por el actor en el pedimento 4 de la demanda.
    ‘ ‘ Considerando: que las costas en todo juicio debe pagarlas el liti-gante cuyas pretensiones hayan sido desestimadas en aquél.
    “Vistas las disposiciones de ley citadas y las demás de aplicación del caso.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos esta demanda con lugar y en su virtud la nulidad del acuerdo a que se refiere, así como que la propiedad y posesión de las tierras ocupadas y atrevesadas por los supuestos mencionados caminos corresponden a los herederos o (*) eausahabientes de Don Juan Bianchi Pagán, volviendo las cosas a su anterior estado, quedando cerrados dichos caminos al tránsito público, y cuya apertura decretó el Ayuntamiento de Añasco; reservándose a los interesados en la declaración judicial relativa a servidumbres u otros derechos análogos ■ las acciones que puedan corresponderles y condenando a la corporación demandada al pago de las costas de este juicio.
    “Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-nunciamos, mandamos y firmamos. Arturo Aponte. J. A. Erwin. Enrique González Darder.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del Ayuntamiento de Añasco, la que le fué admitido libremente y en ambos efectos, y que elevados los autos a esta superioridad con citación y emplazamiento de las partes, y personadas éstas, se dió al recurso la tramitación correspondiente, señalándose día para la vista, cnyo acto se celebró con asistencia de los abogados defensores de las partes.
    Abogado del apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogado de los apelados: Sr. José de Diego.

   El Juez Peesidewte Se. QuiñoNes,

despnés de exponer los be'cbos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de becbo y los de derecho a excepción del 6°., 7o., 8o. y 10°. Considerando de la sentencia apelada.

Considerando: qne si bien la prneba qne obra en antos es bastante para acreditar que Don Juan Biancbi Pagán y sn sucesión ban estado en la posesión de los terrenos ocupados por los caminos que se ventilan en estos antos, no así para declarar qne a dicba sucesión corresponda la propiedad de los expresados terrenos, toda vez qne sobre este particular no se ba propuesto por la sucesión demandante, concreta y deter-minadamente, prueba alguna.

Considerando: que con arreglo a la sección 63 de la Orden General Número 118, serie de 1899, las costas deben imponerse al litigante cuyas pretensiones hubiesen sido totalmente (*) desestimadas y que en los demás casos debe el tribunal resolver sobre ellas con arreglo a equidad.

Vistas las disposiciones legales que se citan en la referida sentencia aplicables al caso. Fallamos: que debemos confir-mar y confirmamos la sentencia apelada, excepto en cuanto por ella se declaran de la propiedad de la sucesión deman-dante los terrenos ocupados y atravesados por los caminos a que se refieren estos autos, sobre cuyo extremo se desestima la demanda, y declarándose sin especial condenación las costas de ambas instancias.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras, Sulz-bacber y MacLeary.


author: El Juez PeesideNte Sb. QuiñONes,

text:
    Caso v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso Gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo.
    No. 6.
    Resuelto en abril 20, 1904.
    Asientos de las Antiguas Anotadurías de Hipotecas — Tercero.—Aunque los asientos de los derechos reales existentes en los libros de las Antiguas Ano-tadurías que no hubieren sido trasladados a los modernos libros del registro dentro del plazo legal no podrán perjudicar a tercero, en lo sucesivo quedan, sin embargo, vigentes entre las partes contratantes, y surten entre ellas los efeetos legales correspondientes.
    Id. — Terminado el plazo señalado para solicitar las traslaciones de los asientos de los antiguos a los modernos libros, los asientos no trasladados no se mencio-narán en las nuevas inscripciones que se hagan en diehos libros modernos.
    Id. — Cancelación.—Los asientos de las antiguas anotadurías de hipotecas, aun-que no hayan sido trasladados a los libros modernos del registro de la pro-piedad dentro del plazo fijado para que perjudicaran a terceros, no pueden ser cancelados de oficio por los registradores, sino en los casos en que pro-ceda con arreglo a las disposiciones de la Ley y del Reglamento sobre la materia, y en ese sentido deben entenderse los artículos 453 y siguientes del Reglamento Hipotecario, al tratar de las cancelaciones de dichos asientos y de la forma en que deben hacerse constar en los libros del antiguo y del moderno registro de la propiedad.
    Id.- — Sólo son eaneelables de oficio las menciones que, también de oficio, sé hubie-ren hecho, en los libros modernos, de asientos de derechos reales existentes (*) en los libros de las antiguas Anotadurías, simpre que su traslación no haya sido expresamente solicitada por los interesados dentro del plazo legal.
    EXPOSICION DEL CASO.

      Visto: el presente recurso gubernativo interpuesto por el Abogado Don Juan R. Ramos, a nombre de Don Hilario Caso, contra resolución del registrador de la propiedad de Arecibo, denegatoria de la cancelación de una hipoteca.

      Resultando: que presentado escrito al registrador de la propiedad de Arecibo, en veinte y dos de septiembre de 1894, por el Presbítero Dr. Juan López y Aguas, para que en cum-plimiento de lo ordenado en el artículo 397 de la Ley Hipote-caria de esta Isla, trasladara a los libros modernos del regis-tro de la propiedad una hipoteca constituida a favor del soli-citante, por Doña Ricarda Vélez de Ramos, sobre bienes de su propiedad, radicados en el partido de Manatí, y de la que aparecía tomada razón al folio 35, libro 14, tomo 1 de la anti-gua anotaduría de hipotecas, declaró el registrador, en 25 de abril del año siguiente, suspendida la traslación que se intere-saba, por no aparecer inscrito en los libros del registro el dominio de las fincas gravadas; y habiendo acudido nueva-mente con escrito al mismo registrador, en 15 de marzo último, el Abogado Don Juan Ramón Ramos, a nombre de Don Hilario Caso, como tercer poseedor que dice ser de una de las fincas gravadas con la hipoteca, para que se cancelara de oficio'el referido asiento, por no haber sido trasladado a los nuevos libros del registro dentro del año que fijó el artículo 397 de la Ley Hipotecaria, y prorrogó, por otro año más, la Real Orden de 28 de noviembre de 1894, para que pudieran ser trasla-dados los gravámenes existentes en los libros de las antiguas anotadurías, en perjuicio de tercero, denegó también el regis-trador dicha solicitud, por los fundamentos de la nota que puso a continuación de la misma y que copiada a la letra dice así:
    “Denegadas las operaciones que se interesan en la precedente (*) instancia, por existir en este registro una solicitud de traslado del asiento antiguo a los modernos libros, presentada dentro del término concedido para ello, cuyo traslado se suspendió por no hallarse inscrito en dichos libros el dominio de las fincas gravadas, y por no estar facul-tado el que suscribe para practicarlas. — Arecibo, marzo 16 de 1904. Entrelineas. Dentro, Yale. José Marcial López, registrador.”

      Resultando: que contra esta nota ha interpuesto en tiempo el Abogado Don Juan Ramón Ramos, a nombre de Don Hilario Caso, el presente recurso gubernativo para que se revoque la resolución del registrador de Arecibo y se le ordene que can-cele todas las inscripciones, anotaciones o simples menciones de cargas, que existan en libros de la antigua anotaduría de hipotecas de aquel partido y que no hayan sido trasladados a los libros del registro moderno sobre la finca denominada la “Bomba” de la propiedad de sn representado y que tiene ésta inscrita a sn favor en el moderno registro.
    Abogado del recurrente: Sr. Juan B. Bamos.

   El Juez PeesideNte Sb. QuiñONes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que ni en la Ley Hipotecaria, ni en el regla-mento y demás disposiciones posteriores que se dictaron para su ejecución, se encuentra disposición alguna que autorice a los registradores de la propiedad para cancelar de oficio los asientos de las antiguas anotadurías de hipotecas que no hu-biesen sido trasladados a los nuevos libros del registro, dentro del plazo que se fijó al efecto para que pudieran serlo con per-juicio de tercero; pues antes al contrario, lo que por la Ley Hipotecaria y demás disposiciones citadas, se prescribe, es, que si bien los asientos de los derechos reales existentes en los libros de las antiguas anotadurías, que no fueren trasladados a los modernos dentro del plazo legal, no podrían perjudicar a tercero en lo sucesivo, quedarían, sin embargo, vigentes entre las partes contratantes, surtiendo entre ellas los efectos legales correspondientes, como así lo (*) establece terminante-mente en su último párrafo el artículo 449 del reglamento de la Ley Hipotecaria en relación con lo dispuesto en su último apartado por el artículo 397 de la misma ley y lo reproduce en su 2°'. considerando la Real Orden de 8 de mayo de 1894, la que en orden a las cancelaciones se limita a disponer: “que terminado el plazo señalado para solicitar las traslaciones, los asientos de derechos reales de los libros antiguos no trasla-dados, no se mencionarán en las inscripciones nuevas que se hagan, cancelándose de oficio, terminado dicho plazo, las men-ciones que también de oficio, se hubieran hecho en los libros modernos de asiento de los expresados derechos reales con-signados en los antiguos, siempre que su traslación no haya sido expresamente solicitada por los interesados dentro del plazo legal; ’ ’ precepto que con más claridad consignó también, en su parte dispositiva, la otra Eeal Orden de 18 de junio de 1895, al disponer que “sólo son cancelables las menciones de oficio que se hubiesen tomado directamente de los libros anti-guos;” de todo lo que se infiere, con la mayor claridad, que dichos asientos antiguos aunque no hayan sido trasladados a los libros modernos del registro, no pueden ser cancelados de oficio por los registradores, sino en los casos en que proceda con arreglo a las disposiciones de la ley y del reglamento sobre la materia, y que en ese sentido deben entenderse los. artículos 453 y siguientes del reglamento, al hablar de las can-celaciones de esos asientos antiguos, y de la forma en que deben hacerse constar en los libros del antiguo y del moderno registro de la propiedad.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Se confirma la nota denegatoria del registrador de la pro-piedad de Arecibo en cuanto por ella se deniega la cancelación solicitada por el abogado del recurrente en su escrito de 15 de marzo último; y con devolución de los documentos presen-tados, remítase al expresado registrador copia certificada .(*) de la presente resolución para su conocimiento y demás efectos que procedan.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, .Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez Asociado Se.. HerNÁNdez,

text:
    El Pueblo v. Parson.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 57.
    Resuelto en abril 20, 1904.
    PRUEBAS — Cuestiones de 1-Ieoho y de Derecho. — Al jurado compete la resolu-ción de las cuestiones de hechos, y al tribunal, las de derecho, siendo el pri-mero el único que puede declarar si hay prueba suficiente para declarar culpable al acusado.

      Id. — -Nuevo Juicio — Pliego de Excepciones. — En los casos en que el veredicto sea contrario a derecho o a las pruebas, deberá concederse un nuevo juicio; mas en este caso es necesario probar, mediante un pliego de excepciones, que la declaratoria de culpabilidad es manifiestamente injusta, no siendo sufi-ciente probar que el jurado cometió error al dar mayor valor a unos elementos probatorios que a otros.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan R. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se.. HerNÁNdez,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El caso sometido a la decisión de esta Corte Suprema, es • un recurso de apelación interpuesto por Felipe Parson contra sentencia del Tribunal de Distrito de San Juan que le condena a siete años de presidio con trabajos forzados y las costas. El apelante fué acusado en seis de agosto del año próximo pasado por el Fiscal del Distrito de San Juan, como autor del delito de homicidio, comprendido en el número 1 del artículo 203 del Código Penal, cometido en la siguiente forma:

“En la tarde del día 17 de junio de 1903 y en la casa de Agus-tina ('*) García, sita en el barrio de Guzmán Abajo de Río Grande correspondiente a este distrito judicial, se encontraban reunidos Ve-nancio Gutiérrez, Eustaquio Nieves y Felipe Parson, promoviéndose al cabo de un rato una disputa entre Nieves y Parson y prefiriéndose recíprocamente palabras injuriosas. . Como consecuencia de esta dis-puta se acometieron con las armas que portaron, resultando ambos contendientes gravemente heridos, y falleciendo Eustaquio Nieves a los ocho días como consecuencia de las heridas que recibiera. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad ■de El Pueblo de Puerto Rico.”

El reo Felipe Parson negó la acusación y pidió juicio por jurado, el cual tuvo lugar en 26 de octubre último, practicán-dose las pruebas propuestas por ambas partes, en vista de las ■cuales pronunció el jurado veredicto de culpabilidad. Pregun-tado el acusado si tenía algún motivo que alegar para que no ,se dictara sentencia con arreglo al veredicto, su letrado de-fensor presentó escrito interesando la celebración de nn nnevo juicio, ante otro jurado, a lo que le autorizaba el número 6 del artículo 301 del Código de Enjuiciamiento Criminal, a cuyo fin alegó como razones las que se transcriben a continuación:

“Io. Porque el veredicto es contrario a derecho, desde luego que sin haber un solo testigo de evidencia, en los momentos de empezar la lucha entre el acusado y el interfecto, se ha aceptado que' la agre-sión partió del acusado.
“2°. Porque habiéndose demostrado que el interfecto llamó al acu-sado al pasar por frente a la casa de Agustina García, en los momentos en que ésta le servía la comida a Eustaquio Nieves Cruz, que oyó cuando llamó al acusado, que se detuvo a la llamada.
“3o. Porque el machete del acusado, que examinó el jurado, pre-senta seis cortes en sus filos, producidos por otra arma igual lo que demuestra que hubo lucha y el acusado se defendió, amparándose con su machete después de estar herido sobre la clavícula del brazo izquierdo.
1 ‘ 4o. Porque una vez en tierra el interfecto por efecto de las heri-das, el acusado lo abandonó y. corrió tras de llamar en su auxilio (*) a su compadre Antonio Caraballo, que corrió hacia él acompañado de otro, que fué el que lo declaró en el juicio y cuyo nombre no recuerdo.
“5o. Porque la declaración facultativa dice que las heridas que el acusado produjo al interfecto no eran mortales por necesidad y todas fueron causadas de frente y estando ambos de pie; ocurriendo la muerte del lesionado a los ocho días, por complicaciones atmosféricas con la herida de la cabeza. Cuyas pruebas fueron apreciadas por el jurado erróneamente, incurriendo en el error de derecho de no haber apreciado la exención de responsabilidad de haber obrado en defensa propia el acusado, que debió inducirlo a. pronunciar un veredicto 'de inocencia, siquiera sea por las dudas robustas que surgieron en su ánimo, por lo que se infringieron los artículos 52, 54, 207, No. 2, 209, No. 3, 211 del Código Penal, y 236 del de Enjuiciamiento Criminal.”

El juez de derecho denegó la moción del acusado por ba-sarse en materia que era propia de la consideración del jurado,, el cual la había tenido ya en cuenta al pronunciar el veredicto, sin que existiera en aquella moción motivo bastante para de-sestimar tal veredicto, a cuya resolución opuso excepción el abogado del Felipe Parson; y el tribunal, estimando probado que el acusado y Eustaquio Nieves, tuvieron una lucba con machete, de la que resultó el segundo con una herida en la cabeza y seis heridas más, muriendo ocho días después, a con-secuencia de la primera herida, por complicación resultante de inflamación en la masa encefálica, habiendo declarado Parson que el difunto le atacó y él siguió defendiéndose legítima-mente sin que explicara el motivo de tal ataque, condenó á dicho Parson a siete años de presidio con trabajos forzados y costas, por sentencia dictada en 29 de octubre ya citado. Contra la denegatoria de la celebración de nuevo juicio, y contra la sentencia pronunciada, interpuso el acusado recurso de ape-lación, que le fue admitido, y elevadas a esta Corte Suprema las copias prevenidas por la ley, se tramitó el recurso comía sola intervención del Ministerio Fiscal, por no haberse pre-sentado declaración (*) jurada de su insolvencia, según ordenó este tribunal en providencia de 12 de febrero último, habiendo solicitado dicho Ministerio Fiscal se declarase sin lugar el recurso, con las costas al apelante.

El Tribunal de San Juan procedió con arreglo a derecho, denegando la celebración de un nuevo juicio, pues conforme al artículo 265 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en todo' juicio por cualquier delito, fuera de libelo infamatorio, las cuestiones de derecho se resolverán por el tribunal, y las de hecho, por el jurado, y éste, por tanto, es él único que puede determinar si hay prueba suficiente para declarar culpable al acusado, lo cual no impide que pueda concederse un nuevo' juicio cuando el veredicto fuere contrario a derecho o a las. pruebas; pero para ello sería necesario que se alegara y pro-bara, mediante el correspondiente pliego de excepciones, que-la declaratoria de culpabilidad era abiertamente injusta, y nunca sería bastante alegar y aun probar cuando hay dife-rentes elementos probatorios, que el jurado se había equivo-cado por dar mayor valor a unos elementos que a otros. En-el presente juicio, el jurado no procedió contra derecho ni 'Contra las pruebas practicadas al dar su veredicto de culpa-bilidad, pues el acusado confesó que por haberle atacado el interfecto, tuvo que defenderse legítimamente, pero no explicó el motivo del ataque ni hubo testigo alguno que expresamente declarara en apoyo de su exculpación, no resultando, por tanto, justificable o excusable el homicidio. No procediendo, como no procede, la celebración de un nuevo juicio, el tribunal de derecho se ajustó a ley imponiendo a Felipe Parson, decla-rado culpable por el jurado, la pena de siete años de presidio, dentro del término máximo de diez años, con que e'l Código Penal, en su artículo 204, castiga el delito de homicidio. Por las razones expuestas, procede denegar la celebración de un nuevo juicio, y confirmar la sentencia apelada con las costas al apelante.

Confirmada. (*)

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.


author: El Juez Asociado Se. HebnLndez,

text:
    Huertas v. El Juez Municipal.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 80.
    Resuelto en abril 21, 1904.
    Apelación. — El recurso de apelación sólo procede contra las resoluciones de carácter definitivo, y una resolución de la corte de distrito, desestimando una queja formulada por una parte contra procedimientos de un juez municipal, no es definitiva a los efectos de tal recurso.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el recurso de queja interpuesto ante el Tribunal de Dis-trito de San Juan por Doña Damiana Huertas y Pulido contra el Juez Municipal de Eío Piedras con motivo de actuaciones practicadas para la ejecución de la sentencia pronunciada por la referida corte de San Juan en inicio de desalincio seguido por Don Pedro Elzaburu contra Don Juan Mollfulleda; cuyo recurso de queja pende ante nos a virtud de recurso de apela-ción admitido a la Doña Damiana a la que ha representado y dirigido en esta Corte Suprema el Letrado Don Eafael López Landrón.

      Resultandos, que con fecha trece de abril del año prósimo pasado, acudió Doña Damiana Huertas, sin dirección de le-trado, al Tribunal de Distrito de San Juan con escrito en que suplicaba se declarara la nulidad del requerimiento hecho por el Juzgado Municipal de Eío Piedras a varios colonos de una finca, que dice ser de su propiedad, para que reconocieran a Don Pedro Elzaburu como dueño de ella, requerimiento prac-ticado con ocasión de una carta-orden del mencionado Tribunal de San Juan, ordenando fuese desalojado Don Juan Moll-fulleda de la finca objeto del juicio de desahucio seguido (*) contra Mollfulleda por Elzaburu y terminado por sentencia.

      Resultando: que previo informe del Juez Municipal de Eío Piedras, la Corte de Distrito de San Juan dictó auto en 8 de julio último, desestimando la queja interpuesta por el funda-mento de que el requerimiento no tenía más alcance que el de poner en conocimiento de los agregados que Elzaburu ocupaba legalmente la finca, en igual concepto que si fuera dueño de ella, mientras no fuera vencido en el juicio plenario de propie-dad, para el cual tenía la parte completamente expedito su derecho.

      Resultando: que contra ese auto dedujo Doña Damiana Huertas recurso de apelación que le fué admitido, y elevadas las actuaciones a esta Corte Suprema, sin más parte que la recurrente, se dió al recurso la tramitación correspondiente, señalándose día para la vista, que tuvo lugar con asistencia del letrado representante de dicha parte.
    Abogado del apelante: Sr. López Landrón.

   El Juez Asociado Se. HebnLndez,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando que contra el auto que dictó el Tribunal de Distrito de San Juan en 8 de julio del año próximo pasado, resolviendo una queja interpuesta por Doña Damiana Huertas contra procedimientos del Juez Municipal de Río Piedras, no cabe recurso de apelación, pues aquel auto nada resuelve acerca del derecho de propiedad que pueda tener la recurrente sobre la finca de que se trata y por tanto no puede calificarse de definitivo para los efectos del expresado recurso.

Se declara no haber lugar,,a resolver el presente recurso de apelación, con las costas a la parte recurrenté; y con cer-tificación del presente, devuélvanse los autos al Tribunal de Distrito de San Juan, a los fines procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Pigueras, Sulzbacher y Mae-Leary;

El Juez Presidente Sr. Quiñones no formó tribunal en la. vista de este caso.(*)


author: El Juez Asociado Se. MaoLeaey,

text:
    Roca v. El Banco Territorial y Agrícola et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 14.
    Resuelto en abril 22, 1904.
    Ley Hipotecaria. — Los principios cardinales de la legislación hipotecaria son la seguridad del crédito territorial y la publicación de las operaciones del regis-tro, a fin de que pueda conocerse el verdadero estado de la propiedad, y el que de buena le contrate sobre ella, no pueda sufrir perjuicio alguno por haber confiado en la seguridad que había de prestarle la garantía del inmueble objeto de la obligación.
    Id. — Dueño del Inmueble. — A los efectos de la Ley Hipotecaria es dueño del inmueble el que del registro aparezca con derecho sobre el mismo.
    Id. — Tercero—Bienes Gananciales. — Inscrita una finca a favor del cónyuge-viudo, con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal, sin expre-sarse en la inscripción que tal finca tuviera el carácter de ganancial, la persona que contrate sobre ella, no puede sufrir las consecuencias de hechos, que no consten claros, manifiestos y explícitos del mismo registro y por consi-guiente, tal persona, si contrató con la que, según el registro, aparecía con derecho para ello, tiene el carácter de tercero con respecto a cualquier otra, que pueda alegar algún derecho sobre el mismo inmueble.

      Id. — Liquidación de la Sociedad Conyugal. — La circunstancia de que una finca perteneciera en su origen a la sociedad conyugal, no es suficiente por sí sola para estimarla como ganancial, y por tanto, divisible de por mitad entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto, si no constare que al disolverse la sociedad se practicara la liquidación del haber común y la división del sobrante líquido entre todos los interesados.
    Nulidad o Cancelación de Inscripciones. — La declaración de nulidad, o la can-celación, de las inscripciones verificadas en el registro, sólo procede en los casos especificados en los artículos 30, 79 y 80 de la Ley Hipotecaria.
    Acción de Nulidad. — Acción Resolutoria — Error—Bolo o Ealsedad de la Causa. — La acción de nulidad de acto sujeto a registro, equivale al ejer-cicio de una acción resolutoria y ésta sólo dura cuatro años contados, en los casos de error, dolo o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.
    Id. — Tercero.—Las acciones rescisorias y resolutorias no se dan contra tercero que haya inscrito su título en el registro a excepción de los casos determina-dos en el artículo 37 de la Ley Hipotecaria.
    Costas. — Las costas deben imponerse a la parte cuyas pretensiones sean total-mente desestimadas. (*)
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los antos sobre reivindicación de bienes y nnlidad de inscripción hipotecaria, entre partes, de la nna, Doña Cristina Roca de Vélez, como demandante, representada y dirigida por sn abogado defensor Don Eduardo Acnña, y de la otra, como demandados, el Banco Territorial y Agrícola representado y dirigido por sn abogado defensor Don Juan de Gruzmán Beni-tez y Doña Lucía Gregory, qne no ha comparecido ante este Tribunal Supremo, no obstante haber sido oportnnamente citada y emplazada; antos pendientes ante nos a virtnd del recnrso de casación, interpuesto por la representación de la demandante Doña Cristina Roca de Vélez, contra la sentencia dictada por dicha Corte de Distrito de Mayagüez, a diez de enero de mil novecientos dos, qne transcrita a la letra dice así:

      “Sentencia: en la ciudad de Mayagüez a 10 de enero de 1902. “Vistos en juicio oral y público los autos declarativos seguidos ante este tribunal entre -partes, de la una, como demandante Doña Cristina Roca, vecina de San. Germán, mayor de edad, casada con Don Miguel Vélez, representada y defendida, en un principio, por el Licenciado Don. Ignacio Hidalgo y últimamente, por el Letrado Don Alfredo Arnaldo; y de la otra, como demandados, el Banco Territorial y Agrí-cola de Puerto Rico, representado y defendido por los Letrados Don Juan de Guzmán Benitez y Don Ramón Roura; y Doña Lucía Gregory, viuda, mayor de edad, defendida por el Licenciado Don Juan Quintero; sobre cancelación de una inscripción hipotecaria.
    ‘ ‘ Io. Resultando: que la parte actora solicita se cancele la inscrip-ción hipotecaria contenida al folio 224 vuelto, del tomo 15 del Ayun-tamiento de San Germán y dejar expedito a la libre disposición de la demandante el condominio que, consistente en 40/100 partes, le corresponde, y que se condene en costas a los demandados, fundándose en que Doña Lucía Gregory, asistida de su esposo Don Tomás Roca, por escritura en San Germán, a 24 de noviembre de 1860, ante el escri-bano entonces Don José Demetrio Quiñones y Ramos, adquirió por título oneroso una finca rústica nombrada ‘La Lucía’ sita en el barrio Sabana Eneas (hoy nombrada Marosúa) del término municipal de San Germán, compuesta de 110 cuerdas de (*) terreno, más o menos, en café, plátanos, cacao, varios árboles frutales, monte y pasto con casa habitación de madera y tejas, terrera, con su cocina de lo mismo y azotea; cuyo título de compra se inscribió en el registro; que el propio día 24 de noviembre de 1860, los esposos Roca y Gregory ante el propio escribano, otorgaron mancomunadamente disposición testa-mentaria y en la cláusula quinta instituyeron por su única y universal heredera a su hija Doña Cristina, la demandante, en el remanente de sus bienes, derechos y acciones, declarando por la cláusula sexta, por sus bienes, la estancia antes referida; que Don Tomás Roca falleció bajo esa disposición testamentaria en 7 de diciembre de 1886; que en el 26 de febrero de 1896 Doña Lucía Gregory, de estado viuda y el Banco Territorial y Agrícola, concertaron un préstamo hipotecario sobre la indicada finca, estimándose erróneamente de la exclusiva per-tenencia de la Sra. Gregory, no obstante constar por el título de pro-piedad que la 'hubo en unión de su esposo Don Tomás Roca, y a pesar de ello se inscribió ese préstamo en el registro; y que la demandante ha ostentado por espacio de algunos años la cualidad de poseedora material del dominio que le corresponde en dicha finca y actualmente se halla despropiada de tal posesión interesando la material pérdida e inscribir la real, o sea su. título de herencia, libre de gravamen cual corresponde.
    “2o. Resultando: que por la parte actora se acompaña, la escritura' de adquisición de la finca, copia simple del testamento otorgado por Don Tomás Roca y Doña Lucía Gregory, y certificación de la inscrip-ción de defunción de Don Tomás Roca.
    "3o. Resultando: que conferido traslado de la demanda a los de-mandados, lo evacuó el Banco Territorial y Agrícola solicitando que> se declare sin lugar la demanda, absolviéndosele de ella por ser impro-cedente la cancelación de la inscripción hipotecaria solicitada, sin la previa de nulidad del contrato; y en su defecto, por no tener la de-mandante acción contra el Banco Territorial y Agrícola, tanto por su condición de tercero cuanto por no haber presentado título inscrito en el registro y por haber transcurrido el término para ejercitar la acción de nulidad con las costas a la parte aetora; fundándose en que Doña Lucía Gregory como dueña en plena propiedad y dominio de la finca y mediante poder especial conferido a Don Manuel F. Rossy y en 6 de febrero de 1896 ante el Notario Don José R. Nazario de Figueroa, reconoció por escritura de 26 del mismo mes ante el Notario Don Mauricio Guerra, deber al Banco Territorial 5,000 pesos que recibió' en calidad de préstamo, que garantizó en hipoteca (*) sobre la misma finca, inscribiéndose el gravamen en.el registro; que Doña Cristina Roca, que dice ser dueña de un condominio en esa finca, conocía per-fectamente esa operación, toda vez que hasta su esposo Don Miguel Vélez intervino en ella sin que protestase del gravamen que sobre la finca se imponía y sin que se cuidase de hacer constar en el registro de la propiedad sus pretendidos derechos, a pesar de hab'er trans-currido muchos años desde la muerte de su padre Don Tomás Roca y de haber cumplido su mayor edad; que ahora que el Banco Territorial y Agrícola se ha visto obligado a ejecutar la finca hipotecada es que surgen las reclamaciones de Doña Cristina contra.los actos de su señora, madre; que Doña Cristina ha estado y está viviendo con su madre*, cooperó en unión de su esposo para que la Sra. Gregory obtuviese el préstamo del banco, disfrutó de los beneficios del préstamo y jamás reclamó los derechos de dueña ni pagó contribuciones de la finca ni, dió conocimiento oportunamente al banco de sq derecho, ocultándolo en la sombra mientras disfrutaba de los beneficios de ese mismo con-trato, cuya nulidad reclama ahora que el banco cobra lo que se le debe;' que según el registro de la propiedad y declaraciones de Doña Lucía Gregory al recibir el préstamo del banco, ella era la única dueña de la finca hipotecada, sin que resulte clara y explícitamente el de-recho de Doña Cristina Roca, lo cual ha dejado transcurrir mucho más de cuatro años, teniendo conocimiento de la hipoteca del banco y sin reclamar contra ella, y que, a pesar, de que Don Tomás Roca falleció en 7 de diciembre de 1886, Doña Cristina no se ha cuidado de recla-mar la determinación de sus pretendidos derechos y su inscripción en el registro, a pesar de que sabía perfectamente que su Sra. madre Doña Lucía Gregory, con la cual vivía, hipotecó la finca al banco en garantía de cantidades que éste le entregara. Y la demandada Doña Lucía Gregory se allanó a los hechos de la demanda.
    “4o. Resultando: que convocadas las partes a comparecencia para proponer prueba, sólo concurrieron la demandante y el Banco Territorial y Agrícola, formulando por escrito la que creyeron conveniente que fué admitida y practicada. (*)
    “5o. Resultando de la prueba de la parte actora, que se trajo copia auténtica del testamento otorgado por los esposos Don Tomás Roca y Doña Lucía Gregory en 24 de noviembre de 1860.
    “6o. Resultando de la prueba del Banco Territorial y Agrícola, que se acompañó una instancia suscrita por Don Miguel Vélez, diri-gida al Registrador de la Propiedad de San Germán, sobre el estado de cargas o libertad de gravamen de la finca Lucía, inscrita al folio 123 del tomo 15 de San Germán y la certificación librada por el regis-trador a continuación; varios recibos de la contribución territorial a favor de Doña Lucía Gregory expedidos en 12 de junio último; se trajo certificación comprensiva de la escritura de constitución del prés-tamo, otorgada por Doña Lucía Gregory a favor del banco, cuya escri-tura aparece en el juicio ejecutivo seguido por el último contra la primera ante este tribunal para hacer efectivo dicho préstamo; cer-tificación del Registrador de la Propiedad de San Germán, que con-tiene la inscripción literal de la estancia nombrada ‘Lucía,’ a favor ■de Don Salvador Gregory y definitivamente la finca de su hija Doña Lucía Gregory de Roca, que la adquiere por título de compra; inscrip-ción literal de la hipoteca constituida sobre esa finca por Doña Lucía Gregory a favor del Banco Territorial y Agrícola, haciendo constar él registrador que sobre esa finca no se ha hecho ni solicitado inscrip-ción alguna a favor de Doña Cristina Roca, como heredera de Don Tomás Roca, ni existía presentado ningún documento que a ello se refiriera, y sólo aparece la anotación preventiva de la presente de-manda; se trajo certificación de la alcaldía municipal de San Germán creditiva de que en los repartos de la riqueza agrícola desde el año 1895 a 96, hasta el de-'1900 a 1901, aparece Doña Lucía Gregory de Roca, contribuyente al Tesoro y municipio por una finca rústica en el ^barrio de Marosúa, de. 100 cuerdas, sin que aparezca en ninguno de dichos años contribuyendo por el expresado ■ concepto Doña Cristina Roca de Vélez; y por último en el acto del juicio orla, declararon Doña Cristina Roca, que ignoraba la hipoteca, haciendo 15 años que falleció su padre entablando la presente demanda el año pasado; y su esposo Don Miguel Vélez reconoció como suya a de su puño y letra, la firma y rúbrica que autoriza el escrito dirigido al registrador de la pro-piedad, folio 56.
    “7o. Resultando: que en el día y hora señalado se votó en público la sentencia.
    “8o. Resultando: que en la sustanciación de estos autos se han observado las prescripciones legales. (*)
    ‘ ‘ Visto, siendo instructor para la redacción de esta sentencia el Sr. Juez Presidente Don Arturo Aponte Rodríguez por imposibilidad del Sr. Erwin.
    “1. Considerando: que el punto objeto de debate en este pleito estriba en si es procedente la cancelación de la inscripción de un prés-tamo hipotecario otorgado a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico por Doña Lucía Gregory y Lugo, ya de estado viuda el 26 de febrero de 1896, ante el notario de San Juan, Don Mauricio Guerra Mondragón, cuando adquirió la finca objeto de la hipoteca durante su matrimonio con Don Tomás Roca por compra a su legítimo padre Don Salvador Gregory, por lo cual debe reputarse como ganancial, y en consecuencia, que sin liquidación del caudal del marido y sin auto-rización de todas las personas llamadas a suceder al Roca, no ha podido celebrarse la obligación que es nula en una 40/100 partes del valor de la finca que corresponden a Doña Cristina Roca.
    “2. Considerando: que los principios cardinales en que descansa la legislación hipotecaria de Puerto Rico son el de la seguridad del crédito territorial y el de la publicación de las operaciones del registro para que de esta suerte, el que tenga un interés legítimo en conocer el estado de la propiedad y el que contrate después de haberlo exami-nado, no puedan sufrir un perjuicio cuando de buena fe no tuvo otro objeto al celebrar la obligación que la fijeza que le prestaba la garantía del inmueble, motivo del acto realizado.
    “3. Considerando: que para los efectos de la ley hipotecaria es dueño del inmueble la persona que en el registro aparezca con derecho sobre ella; y claro es que si la finca hipotecada al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico por Doña Lucía Gregory y Lugo aparece registrada a su nombre desde el 21 de marzo de 1893' próximamente siete años después de la muerte de su esposo, si eñ esa inscripción nada se alude a la naturaleza de bienes gananciales del derecho que se inscribe y si por la inversa se presenta el título de adquisición que da origen al dominio, sin otra limitación que una hipoteca anterior que constaba del registro, el prestamista, que es el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, no puede sufrir las consecuencias de hechos que no constaban claros, manifiestos y explícitos del registro, a tenor de lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
    “4. Considerando: que no puede alegarse por la demandante que el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico no es tercero, fun-dada (*) en que lo que se pretende es la nulidad o cancelación de la inscripción de un contrato en que es aquél parte, porque a esa obje-ción puede contestarse diciendo que el banco es tercero con respecto a Don Tomás y a su hija, Doña Cristina, que trae causa de éste, y además que dicho Banco Territorial contrató con la persona a quien, según el registro, le pertenecía en propiedad la finca para poder hipotecarla, requisito, este último, que es uno de los esenciales de toda obligación, según el artículo 1857 del Código Civil y 138 de la Legislación Hipo-tecaria.
    “5. Considerando: que partiendo de esta base ya aceptada por el Tribunal Supremo de Justicia, en casación de 10 de mayo de 1879, no puede Doña Cristina Roca llamarse dueña de 40/100 partes de la finca hipotecada, por cuanto no ha acreditado el derecho que reclama con título debidamente inscrito a su nombre en el -registro de la propiedad.

      “6. Considerando: que aun en la hipótesis de que a la demandante asistiese algún derecho, no se ha justificado que la inscripción hipote-caria adolece de la falta de circunstancias previstas en el artículo 30 de la Ley Hipotecaria ni que concurre ninguno de los motivos especi-ficados en los artículos 79 y 80 del mismo cuerpo legal.
    “7. Considerando: que la petición de nulidad de un acto sujeto a registro, equivale al ejercicio de una acción resolutoria y sabido es que las acciones de este orden, según el artículo 1301 del Código Civil, sólo duran cuatro años contados en los casos de error, dolo o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato, término que en el caso presente ha transcurrido con exceso.
    “8. Considerando: que las acciones rescisorias y resolutorias no se dan contra tercero que haya inscrito su título en el registro, sino en los casos prefijados en el artículo 37 de la Ley Hipotecaria y en nin-guno de ellos se encuentra el alegado por Doña Cristina Roca, pues del registro no aparece causa alguna que impidiera la inscripción de la hipoteca constituida.
    “9. Considerando: que no obstante lo expuesto, si algún derecho pudiera asistir a Doña Cristina Roca, será, o contra Doña Lucía Gregory o, si acaso, contra el registrador, si fué mal calificado el título inscrito, según viere convenirle, pero no contra el que contrató con-sultando con el registro el estado del inmueble. (*)
    “10. Considerando: que las costas deben imponerse a la parte cuando sean totalmente desestimadas sus pretensiones.

      “Vistas las disposiciones citadas y los artículos 18, 27, 36, 105 y 139 de la Ley Hipotecaria y el 63 de la Orden General 118, serie de 1899.
    “Pallamos que debemos declarar y declaramos sin lugar la pre-sente demanda absolviendo de ella al Banco Territorial y Agrícola con las costas a la demandante a quien se reserva su derecho para que lo ejercite ante, contra y quien pueda convenirle.
    “Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-nunciamos, mandamos y firmamos.”

      jResultando que contra esta sentencia interpuso la repre-sentación de Doña Cristina Boca recurso de casación por in-fracción de ley, que le fué admitido, y que elevados los autos a esta superioridad con citación y emplazamiento de las partes y personadas éstas, a excepción de la demandada Doña Lucía Gregory, e interpuesto el recurso por la representación de la parte recurrente, se dió a estos autos la tramitación marcada por la ley de la Asamblea Legislativa de'esta Isla de 12 de marzo de 1903, convirtiendo esta Corte Suprema en tribunal de apelación, y citadas las partes para sentencia, con señala-miento de día para la vista, se verificó ésta con asistencia de los abogados defensores de las partes.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo Acuña.

    Abogado del apelado: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    La otra parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. MaoLeaey,

después de exponer los hedió s anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada, y además.

Considerando: que si bien atendido al título de adquisición de la finca rústica de que se trata en estos autos, perteneció en su origen a la sociedad conyugal constituida por los esposos Don Tomás Roca y Doña Lucía Gregory, esta circunstancia sí sola no basta par estimar como ganancial la finca de que se trata, y por lo mismo divisible de por mitad entre el cón-yuge (*) sobreviviente y los herederos del difunto, toda vez que no consta que al disolverse la sociedad conyugal, por el fallecimiento del esposo, se hubiera practicado la liquidación del haber común y la división del sobrante líquido que resul-tara, entre los interesados, y que se le hubiera adjudicado a la demandante, como heredera de su difunto padre, la partici-pación que reclama en la finca de que se trata, faltándole por consiguiente, acreditar el título de dominio indispensable para ejercitar la acción deducida en la demanda.

Vistas las disposiciones legales citadas en dicha sentencia.

Fallamos que debemos confirmar y confirmamos la senten-cia apelada con las costas a la parte apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Sulzbacheb,

text:
    López v. Valdespino.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 34.
    Resuelto en abril 22, 1904.
    Matrimonio. — Los contrayentes de matrimonio tienen el derecho de elegir el juez que ha de autorizar el contrato matrimonial, sin que sea necesario que actúe en tales casos el Juez del domicilio de cualquiera de ellos.
    Id. — El Código Civil de 1889 no prohíbe a los católicos contraer matrimonio civil, habiendo establecido simplemente dos formas de unión matrimonial: la canó-nica para los católicos, y la civil, regulada por el mismo código, para todos los que quisieran contraerlo, fueran católicos, o prosélitos de otros cultos.
    Id. — Coacción.—El hecho de que una parte se vea obligada a contraer matrimonio para evadir determinadas responsabilidades criminales que pudieran exigír-sele si no lo hiciere, no constituye la coacción que como causa de nulidad del matrimonio establece el Código Civil de 1889.

      Id. — Error.—El error que como causa de nulidad del matrimonio señala el Código Civil de 1889, se refiere a error en la persona, que vicie el consentimiento, (*) mas no a un estado puramente accidental de la persona del otro contrayente.
    Costas. — Las costas deben imponerse a la parte cuyas pretensiones sean desesti-madas en absoluto.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio seguido en el Tribunal de Distrito de San Jnan sobre nulidad de matrimonio, entre partes, de la una, Adriano T. López Nussa, como demandante, al que ba repre-sentado ante esta Corte Suprema el Letrado Don Jacinto Texidor, y de la otra Doña María Luisa Valdespino, como demandada, no habiéndose mostrado parte en este tribunal, y el honorable Assistant Attorney G-eneral representando a El Pueblo de Puerto Eico como es usual en asuntos de esta índole, por el interés público; cuyo juicio pende ante nos a virtud de recurso de apelación interpuesto por Adriano T. López Nussa contra la sentencia dictada por el referido tribunal, que copiada literalmente dice así:

      “Sentencia: en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, a los 14 días del mes de marzo de 1903.
    “Visto en juicio oral y público en esta corte de distrito el pleito seguido entre D. Adriano T. López Nussa, mayor de edad, domiciliado en San Juan y de profesión editor, como demandante, representado y defendido por el Letrado Don Rafael López Landrón, y Doña María Luisa Valdespino y Agostini, menor de edad, domiciliada en Mayagiiez y profesión doméstica, como demandada, en rebeldía pri-meramente, y representada después por el Letrado Don Tomás Bryan, sobre nulidad de matrimonio civil.
    “1. Resultando: que en 7 de julio de 1899 presentó Don Adriano T. López Nussa demanda en juicio declarativo de mayor cuantía ante el extinguido juzgado del distrito de San Francisco de esta ciudad contra su consorte Doña María Luisa Valdespino solicitando la decla-ración de nulidad del matrimonio civil contraído por ambos en 28 de de marzo de 1899, ante el juez municipal de Catedral, alegando como fundamentos de su pretensión que ambos consortes profesaban la' reli-gión Católica y por tanto no podían contraer válidamente matrimonio civil, sino el canónico, conforme al sistema fundamental consignado en el artículo 42 del Código Civil, no derogado por la Orden General de 17 de marzo de 1899, y a la interpretación auténtica establecida a este (*) respecto por el Gobierno Español en la Real Orden de 27 de febrero de 1875 y en la resolución de la Dirección General de Registros de 19 de junio de 1880; que el juez de Catedral no era competente para celebrar el matrimonio por no ser el del domicilio del esposo, que residía-en la calle de San Francisco No. 95, dentro de la demarca-ción del juez de San Francisco, ni el de la esposa, residente en Maya-güez; siendo, por tanto, nulo el matrimonio celebrado por juez incom-petente, a tenor de los artículos 88, 89 y 101, No. 4, del Código Civil, no derogado por la sección 15 de la Orden General citada; que el Sr. López Nussa contrajo el matrimonio bajo la presión de amenazas que le biciera el Comandante en Jefe del Departamento, Guy V. Henry, investido de autoridad absoluta y suprema, de reducirle a prisión y perjudicarle en sus intereses, constituyendo la intimidación producida en el ánimo del actor, por las amenazas aludidas, un nuevo motivo de nulidad a tenor del artículo 101, No. 2, del Código Civil; y finalmente, que el matrimonio fué contraído por la creencia del esposo de que la Srta. Valdespino se encontraba herida de súbito por un mal incurable sujeta a una muerte próxima, sin posible remedio, creencia errónea a que le indujo una certificación médica que le pre-sentó la demandada, en la cual el Dr. Don Eliseo Font y Guillot afir-maba que dicha joven pedecía de un esteno-eardia, idiopátiea, con accesiones intercurrentes, hallándose en la fecha de dicha certificación (27 de marzo) víspera del matrimonio, bajo la influencia paraxística de aquellos accesos, siendo tal error un nuevo motivo que, viciando el consentimiento otorgado por el esposo para la celebración del acto matrimonial, debe producir la nulidad del mismo, conforme al citado artículo y número.
    “2. Resultando: que dado traslado de la demanda a la demandada y al Ministerio Fiscal con emplazamiento para personarse y contes-tarla, fué acusada la rebeldía a dicha demandada, dándose por con-testada dicha demanda; y el Ministerio Fiscal evacuó el traslado sin oponerse ni allanarse a la demanda; pero reservándose el derecho de intervenir en las diligencias y actos sucesivos del pleito.
    “3. Resultando: que el actor propuso prueba documental de testi-gos y pericial, sin que la demandada propusiera prueba alguna.
    “4. Resultando: que se unieron a los autos como prueba documen-tal (*) del actor, dos certificaciones del alcalde de San Juan, de que en 16 ele agosto de 1900 Don Adriano T. López Nussa se encontraba empadronado en la calle de la Luna No. 29 de esta ciudad, no figu-rando como contribuyente; informe del alcalde de Mayagüez acerca de que la demandada, en 21 de agosto, residía en el 'barrio de Bateyes de Mayagüez, sin poseer bienes de fortuna, siendo su religión la Católica; informe del Tesorero de Puerto Rico de no figurar el actor en la lista de los contribuyentes por territorial o industria y comercio del distrito municipal de San Juan; certificación del Vicario de Mayagüez de que la demandada profesa la religión Católica sin constar en los archivos parroquiales que hubiera abjurado de su religión; análoga certificación a la precedente referente al actor, espedida por el cura Párroco de la Iglesia de San Francisco, de San Juan; un informe de Don Manuel Romero Haxthausen relativo a haber asistido como intérprete a una conferencia habida entre el actor, demandada, Gobernador Militar Mr. Henry y Don Emilio Gómez de Mayagüez, acerca de reparación por el actor de la honra ofendida de la deman-dada, pero sin recordar los términos de tal conferencia; el expediente formado con motivo del matrimonio efectuado por el juez de Catedral de actor y demandada, en el cual consta la certificación expedida por el facultativo Sr. Font y Guillot a que alude la demanda, cuya certi-ficación fué acompañada a la solicitud que presentó el juez municipal, el ,Sr. López Nussa interesando que el matrimonio se celebrara en la morada de la entonces Srta. Valdespino, por no poderse trasladar al juzgado por su delicado estado de salud, haciendo constar además en la referida solicitud, el actor, que residía en la calle de San Francisco No. 95; un acta notarial otorgada por el actor ante el Notario Don Santiago R. Palmer en San Juan el 29 de marzo de 1899 bajo el No. 150, en la cual Don Saturnino Ramírez, Don José Casuela, Don Luis Villalón y Don José Hardoy Tizol relatan hechos tendentes a demos-trar que después de efectuado el matrimonio del actor y la demandada, se separaron sin reunirse durante la noche, ausentándose al siguiente día la Srta. Valdespino para Mayagüez; y finalmente un documento en que el Presidente y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Don José S. Quiñones y Don José C. Hernández y el Letrado Don Manuel F. Rossy, que han reconocido sus firmas, dictaminaron eva-cuando una consulta del General en Jefe del Departamento, Hon. Guy V. Henry, que si bien existía el deber moral de parte del Sr. López Nussa de cumplir la promesa de matrimonio hecha a la Srta. Valdes-pino, según indicación del General, no existía medio legal de (*) obli-gar a dicho señor a cumplir su promesa, pudiendo únicamente la 260 perjudicada querellarse criminalmente contra el actor, dictamen que aparece aprobado por el Comandante en Jefe del Departamento, orde-nando se comunique al demandante. -
    “5. Resultando: que celebrado el juicio oral de ésta, declararon los testigos Don Santiago R. Palmer, manifestando haber asistido al otor-gamiento del acta de que se ha hecho referencia, Don Francisco Goe-naga manifestando que la esteno-cardia, o sea la angina de pecho idiopática, no es mortal, deduciéndose de la certificación del Dr. Font, aludida, que la Srta. Valdespino, la noche de su matrimonio, no se hallaba en peligro de muerte, y Don José Casuela deponiendo acerca de los extremos objeto del acta ameritada y respecto a constarle, por referencia del actor, la coacción a que hace mérito la demanda, ejer-cida por el General Henry sobre el Sr. López Nussa.
    “6. Resultando: que terminada la prueba, el Letrado Don Jacinto Texidor,' en defensa del actor, alegó lo que a su derecho convino, dán-dose por terminado el juicio para sentencia, que fué votada en público, con citación de las partes.
    “7. Resultando: que en la tramitación de este juicio se han obser-vado las formalidades legales.
    “Siendo Ponente el Sr. Juez Asociado Don José Tous Soto.
    ‘ ‘ 1. Considerando: en cuanto al motivo de nulidad fundado en la incompetencia del juez del distrito de Catedral que no está demos-trado que el Sr. López Nussa residiera en la demarcación del juez municipal de San Francisco, pues la certificación del alcalde de San Juan de residir el actor en la calle de la Luna No. 29, se refiere a la fecha 16 de agosto de 1900 en que fué expedida y no a la fecha 27 de marzo de 1899 en que se efectuó el matrimonio, la manifestación que en la solicitud para contraer matrimonio hace el actor de residir en la calle de San Francisco No. 95, no está corroborada por ninguna prueba; y por otra parte, la sección 15 de la Orden General de 17 de marzo concede a los contrayentes el derecho de elegir el juez que ha de unirlos en matrimonio, sin exigir como los artículos 86 y 88 del Código Civil de 1899, que autorice el contrato matrimonial el juez (*) del domicilio de cualquiera de los cónyuges, bajo pena de nulidad, según el No. 4, del artículo 101 de dicho Código Civil.
    “2. Considerando: en cuanto al motivo de nulidad fundado en profesar la religión Católica los contrayentes y haber contraído, sin embargo, matrimonio civil reservado para los nó Católicos, que el Có-digo Civil de 1899 no prohibe a los Católicos contraer matrimonio civil, sino que, pura y simplemente estableció dos formas de unión matrimonial: la canónica para los Católicos, y la civil regulada por las dis-posiciones del código para'todos los quisieran contraerlos, Católicos o prosélitos de otros cultos, sin que sean pertinentes las citas que hace-el actor a este respecto de la Real Orden de 27 de febrero de 1875 ir-resolución de la Dirección General de los Registros de 19 de junio de^ 1880, por no referirse al estado de derecho reconocido por el código'-, en materia de matrimonio; y por otra parte, si existiere alguna duda de que los Católicos pueden contraer matrimonio civil, por la forma, empleada por el artículo 42 del Código. Civil al establecer que el-.ma-trimonio canónico deberán contraerlo los que, profesen la religión Cató-lica, tal duda desaparecería ante las prescripciones de los artículos .1, y 15 de la Orden General citada, el primero,, al determinar que ser-án,-válidos y eficaces así los matrimonios civiles como, los religiosos una vez inscritos, sin relacionar la validez del matrimonio.civil con la religión de los contrayentes, y el segundo, al establecer el matrimonio civil par^, quienes quieran eontraerlo; prescripciones en un todo de acuerdo con los preceptos constitucionales en materia de libertad religiosa.
    “3. Considerando: en cuanto al motivo-,de nulidad basado en la. coacción ejercida por el Comandante en Jefe..del.Departamento sobre, el actor para compelerle contra su voluntad a unirse en matrimonio con la demandada, que la prueba documental .aducida en demonstra-ción de tal coacción, o sea la carta de los. Honorables Presidente-y Magistrado del Tribunal Supremo, Don José S. Quiñones y Don José C. Hernández y Abogado Don Manuel F. Rossy endosada por el General Henry, prueba más bien que el Sr. López Nussa quedó en libertad para contraer matrimonio o nó con la demandada, sujeto no obstante-a las responsabilidades criminales que pudieren exigírsele mediante' querella; y la demás prueba aducida, o sea el informe del intérprete Sr. Romero, nada demuestra que haga relación a la coacción alegada, y la declaración del Sr. Casuela en cuanto a este extremo, es sola-mente (*) por referencia del actor Sr. López Nussa, sin que le conste de propio conocimiento al testigo que el Sr. López Nussa fuere amena-zado por el Gobernador Militar.
    “4. Considerando: en cuanto al error en que se dice incurrió el Sr. López Nussa de creer a su consorte en peligro de muerte, error a. que le indujo la certificación de la enfermedad que padecía ésta, expedida por el Dr. Don Eliseo Pont y Guillot y bajo la influencia de cuyo error contrajo matrimonio con la demandada, que dicha cer-tificación no podía en modo alguno inducir al demandante al men-cionado error, pues en ella nada se dice de peligro de muerte, sino de imposibilidad de eompárecer al juzgado, y por otra parte, aun cuando tal error hubiera existido, no constituiría error que pudiera viciar el consentimiento y producir la nulidad del contrato matrimonial, de acuerdo con el artículo 101, No. 2 del Código Civil de 1899, por no referirse al error en la persona que exige dicho artículo y número y sí a un estado puramente accidental en la persona del otro cónyuge.

      “5, Considerando: que la parte, cuyas pretensiones fueran deses-timadas en absoluto, debe ser condenada en costas.

      “Vistos los artículos 101, Nos. 2 y 4, 102, 103, Nos. 4, 42, 86, 88 del Código Civil, secciones 1 y 15 de la Orden General de 17 de marzo de 1899, artículos 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 63 y 65 de la Orden General 118, serie de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la de-manda de nulidad de matrimonio civil promovida por Don Adriano T. López Nussa contra Doña María Luisa Valdespino, con las costas al actor.
    “Así, por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-nunciamos, mandamos y firmamos. Juan Morera Martínez, Prank H. .Richmond, José Tous Soto.”

      Resultando: que notificada dicha sentencia al demandante, interpuso contra ella recurso de apelación que fué admitido, ordenándose que se remitieran los autos a este tribunal, previa citación y emplazamiento de las partes por el término legal, y personados el apelante y el honorable Assistant Attorney General, se dió al recurso la tramitación correspondiente, ha-biéndose señalado día para la vista, en la que las partes (*) personadas, por medio de sus representantes, alegaron lo con-ducente a sus respectivas pretensiones.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Sulzbacheb,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Vistas las disposiciones legales que en la misma se citan.

Fallamos que debemos confirmar y confirmamos la senten-cia que en 14 de marzo de 1903 dictó la Corte de Distrito de San Jnan; y devuélvanse los autos con la certificación corres-pondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figneras y MacLeary.