author: Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Heriberto Padín Rodríguez, peticionario.

      Número: CC-2006-302

      Resuelto: 10 de noviembre de 2006

      Félix A. Cifredo Cancel, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogado de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, abogado de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

A la Segunda Moción de Reconsideración, se dicta “no ha lugar”. Aténgase a lo resuelto por este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri reconsideraría. La Juez Asociada Señora Fiol Matta emitió un voto disidente en reconsideración.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto disidente en reconsideración emitido por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Una vez más la mayoría de este Tribunal decide no ex-pedir un auto de certiorari sobre el principio de favorabilidad, negándose a revisar al foro apelativo y avalando de esa forma una interpretación de lo que resolvimos en Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675 (2005), que es, a mi entender, errada y contraria a nuestra política constitucional de propender a la rehabilitación de los confinados en Puerto Rico. A continuación, explico las razones que me llevan a diferir del resultado al que se llega de denegar el recurso presentado.

I

Antes que todo, debe tenerse claramente en cuenta la controversia presentada ante este Tribunal. El peticionario Heriberto Rodríguez Padín fue acusado del delito de tentativa de apropiación ilegal agravada, según prescribía el Art. 166 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Código Penal de 1974), 33 L.P.R.A. see. 4272, al intentar apropiarse de bienes muebles ajenos por un valor de $232 el 25 de febrero de 2005. Hizo alegación de culpabilidad el 31 de mayo de 2005, luego de lo cual el Tribunal de Primera Instancia le condenó a cumplir una pena de reclusión de 90 días, aplicando retroactivamente la pena más benigna que ofrece el Código Penal de 2004.

Inconforme con dicha sentencia, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el tribunal de instancia había errado al aplicar retroactivamente las disposiciones del nuevo Código Penal, en contravención a la cláusula de reserva de dicho Código y a los resuelto por este Tribunal en Pueblo v. González, supra. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia recurrida y ordenó al Tribunal de Primera Instancia a sentenciar de nuevo al peticionario bajo las disposiciones pertinentes al Código Penal de 1974, esto es, una pena de reclusión mínima de tres años, fija de cinco, o máxima de seis años. Aplicando restrictivamente nuestra opinión en Pueblo v. González, supra, resolvió que como el delito fue cometido durante la vigencia del Código anterior, debía ser juzgado en conformidad con ese cuerpo legal.

El señor Padín Rodríguez acudió entonces ante este Tribunal para solicitar la revocación del dictamen del tribunal apelativo. El 26 de mayo de 2006, una mayoría de este Tribunal denegó su petición de certiorari y posteriormente declaró “no ha lugar” una moción de reconsideración del peticionario. De igual modo, ha denegado la segunda moción de reconsideración. En las ocasiones anteriores me había limitado a hacer constar que expediría el certiorari solicitado. Sin embargo, siento la obligación y necesidad de expresar las razones que me llevan a diferir de la actuación de la Mayoría del Tribunal en éste y en aquellos casos similares.

Desde que resolvimos Pueblo v. González, supra, el 16 de septiembre de 2005, este Tribunal ha denegado autos de certiorari presentados por personas convictas bajo las mismas circunstancias del peticionario. Este grupo de personas se caracteriza por haber sido convictas bajo el Código Penal de 1974, pero sentenciadas cuando el nuevo Código Penal de 2004 ya estaba vigente, de manera que al momento de ser sentenciadas el Código Penal vigente expresaba una valoración diferente a la anterior recogida en la pena correspondiente. Al no expedir el auto en estos casos, se sostiene la aplicación de forma rigurosa y absoluta de nuestros pronunciamientos en Pueblo v. González, supra, por el Tribunal de Apelaciones. Entiendo, por lo tanto, que debemos precisar el alcance de lo resuelto en aquel caso.

II

En Pueblo v. González, supra, resolvimos que, salvo en el caso de la supresión de un delito, todos los delitos perpetrados durante la vigencia del Código Penal de 1974 serán juzgados bajo las disposiciones de ese Código, según la intención legislativa evidenciada en el Art. 308 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Código Penal de 2004), 33 L.P.R.A. see. 4933, que constituye una cláusula de reserva. Indicamos que dicha cláusula dispone para que estos actos delictivos se rijan por la ley vigente a su comisión.

Ahora bien, aunque nos expresamos en términos amplios sobre la intención legislativa contraria a la aplicación retroactiva del nuevo Código, salvo la supresión de algún delito, la realidad es que los hechos de ese caso no nos requirieron analizar detalladamente el contenido de las cláusulas de reserva en Puerto Rico ni sus límites. La controversia en Pueblo v. González, supra, giraba en torno a la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable (el nuevo Código Penal) que determina los elementos constitutivos del delito, es decir, la tipicidad. El recurso que hoy este Tribunal decide no atender, en cambio, se refiere a la posible aplicación retroactiva de la ley penal más favorable en cuanto a la pena que ha de aplicarse a cada delito.

En este sentido, entiendo que la cláusula de reserva del Código Penal de 2004 no niega la posibilidad de que pueda aplicarse en este caso la pena más favorable. Ello es así en la medida en que la pena puede considerarse como un hecho institucional, que no necesariamente es correlativa al tipo delictivo que castiga. No debemos olvidar que el tipo delictivo funciona como una norma prohibitiva de conducta, mientras que la pena equivale a una norma de sanción.

La doctrina dogmática penal suele dividir en dos elementos las normas jurídicas que conforman el derecho penal. Por un lado, se encuentra el “supuesto de hecho” que prescribe la conducta delictiva que se busca prohibir y prevenir. Por otro lado, tenemos la “consecuencia jurídica”, que es el deber de imponer una pena o medida de seguridad como resultado de la comisión de un supuesto de hecho delictivo. F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: Parte General, 4ta ed., Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2000, págs. 34-36; Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 5ta ed., Barcelona, Reppertor S.L., 1998, págs. 28-32. Es también por esta razón que ordinariamente el hecho delictivo y la pena se encuentran distribuidos en diferentes artículos de un código penal. Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 37. Comparto esta visión. El tipo delictivo como norma de conducta es un elemento del derecho penal que antecede conceptualmente y se puede distinguir de la pena como norma de sanción. Esta última constituye una consecuencia jurídica de la consecución de un supuesto de hecho bajo un tipo delictivo.

Esta dicotomía se basa en la consideración de estos elementos —hechos delictivos y pena— que requieren el estudio de diferentes factores al ser considerados. Las normas de conducta, o sea, los hechos delictivos, se estudian de acuerdo con las teorías jurídicas de la antijuricidad, tipicidad, punibilidad, actividad, participación, imputabilidad y culpabilidad. En cambio, las normas de sanción requieren que se consideren factores como la naturaleza del delito cometido, los medios empleados, la extensión del daño y peligro causado, las circunstancias personales y conducta del trasgresor, y la conducta de la víctima. Art. 60 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3284). Por lo tanto, la pena como consecuencia del delito requiere un análisis multidimensional jurídico y sociológico, sustentado en las diferentes teorías de la función de la pena, que combinan concepciones retribucionistas, de prevención, de realización de la justicia y de rehabilitación y resocialización. Mir Puig, op. cit., págs. 46-66; R. Maurach, Tratado de Derecho Penal, Barcelona, Eds. Ariel, 1962, T. I, págs. 62-83.

A base de esta distinción, entiendo que la cláusula de reserva del Código Penal de 2004 sólo ordena que la ley vigente al momento de la comisión de un delito sea la que determine la norma de conducta y el supuesto delictivo. Sin embargo, esta cláusula no impide la aplicación retroactiva de la pena más favorable a un acusado. De esta forma, en la transición entre los dos códigos penales, puede castigarse por el tipo delictivo del código derogado vigente al momento de la comisión de los hechos, pero aplicarse una pena más favorable del nuevo código, sin contrariar las cláusulas de reserva, en cuanto la aprobación de una nueva pena refleja también la intención legislativa respecto a la valorización de la conducta delictiva. Examine-mos brevemente los fundamentos que dan lugar a esta conclusión.

III

Las cláusulas de reserva no deben interpretarse mecánicamente ni de manera abstracta y formal, desatendiendo otros factores que contribuyen a descubrir la intención legislativa y lograr la más manifiesta justicia. Cuando la Asamblea Legislativa aprobó el nuevo Código Penal tuvo la necesidad de formular una valoración social de la conducta que buscaba sancionar. Al fijar las penas, se tomaron en consideración, entre otros, los factores de prevención y de rehabilitación. En este contexto, no procede aplicar penas por razones formales, ignorando el hecho de que éstas han quedado obsoletas.

Cuando una nueva ley refleja que la Asamblea Legislativa ha desvalorizado un hecho delictivo, sería un sinsentido aplicar a ese supuesto las consecuencias jurídicas que han dejado de considerarse como adecuadas. Muñoz Conde y García Arán, op. cit., pág. 154. Imponer, pues, una pena que el legislador considera inadecuada por su severidad implicaría un exceso por parte del Estado, contrario a la garantía constitucional contra castigos crueles e inusitados y el principio de proporcionalidad inmanente en nuestro sistema penal. Desde Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985), hemos indicado que estos preceptos “requiere [n] penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, penas no arbitrarias, la imposición, en fin, de la pena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone”.

En casos como el de autos, aplicar la pena más favorable no es contrario a nuestras expresiones en Pueblo v. González, supra, ni a la cláusula de reserva del Código Penal. La cláusula de reserva contenida en el Art. 308 del Código Penal de 2004 es de carácter general, y se refiere escuetamente a los términos de conducta, delito y tipo delictivo. Dispone específicamente que “[Z]a conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este Código en violación a las disposiciones del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al momento del hecho”. (Enfasis suplido.) Art. 308 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. see. 4935).

Nada dice esta cláusula sobre las penas. Por el contrario, cuando en otras jurisdicciones se ha querido incluir las penas en sus cláusulas de reserva se ha hecho específicamente. En el estado de Connecticut, por ejemplo, la cláusula de reserva dispone expresamente lo siguiente: “The repeal of any statute defining or prescribing the punishment for any crime shall not affect any pending prosecution or any existing liability to prosecution and punishment therefore, unless expressly provided in the repealing statute that such repeal shall have that effect.” (Enfasis suplido). Conn. Gen. Stat. Sec. 54-194. Otras jurisdicciones con cláusulas similares incluyen a la República Federal de Alemania, el estado de Missouri, el estado de Nevada; el estado de Texas, el estado de Washington. Véanse: Strafgesetzbuch see. 2; Mo. Ann. Stat. sec. 1.160; Nev. Rev. Stat. see. 169.235; Tex. Penal Code sec. 1.03; Wash. Rev. Code Ann. sec. 10.01.040. Incluso, antes de 2004 las cláusulas de reservas de los códigos penales de Puerto Rico reconocían expresamente estas particularidades. El Código Penal de 1937 disponía en su Art. 558: “[t]odo acto u omisión que empezare antes de la promulgación de este Código, podrá investigarse, perseguirse y castigarse como si no se hubiere aprobado dicho Código.” (Énfasis suplido.) A su vez, el Art. 280 del Código Penal de 1974 expresaba: “[l]a promulgación de este Código no constituye impedimento para acusar o perseguir y castigar un hecho ya cometido en violación a las disposiciones del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal.” (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 4625. Es decir, las cláusulas de reserva de los códigos anteriores sí prohibían de forma expresa la aplicación retroactiva de los “castigos”, o sea, las penas y medidas de seguridad, dispuestos en las leyes posteriores.

Si comparamos las cláusulas de reserva de los códigos de 1974 y 2004 notamos que la intención de la Asamblea Legislativa no era la de aplicar una pena revocada a casos que fueran resueltos después de la vigencia del nuevo Código. De lo contrario, se hubiese hecho una referencia expresa a las penas o al castigo de un delito, como se hizo en 1974. Una lectura razonable del Art. 308 del Código Penal de 2004, supra, indica que la intención de los legisladores era la de evitar que crímenes cometidos bajo el código anterior fuesen juzgados por los nuevos tipos penales establecidos. Sin embargo, es cuestionable asumir que la Asamblea Legislativa tuvo la intención de castigar más severamente por conductas y hechos delictivos que ya no tienen la misma valorización social en cuanto a las penas y medidas de seguridad necesarias para su prevención general y para la rehabilitación del delincuente.

Al aprobar un nuevo Código Penal con penas disminuidas para determinados delitos, la Asamblea Legislativa hizo una determinación expresa de que la pena anterior era muy severa o innecesaria como castigo. Consideró en ese momento que la nueva pena es suficiente castigo para hacer valer los principios generales de la sanción criminal. Entiendo que aplicar una pena más severa después de semejante pronunciamiento legislativo nos llevaría a concluir que el fin de ésta es meramente retributivo, contrario a los postulados modernos del derecho penal y de las disposiciones de nuestra Constitución que protegen la dignidad del ser humano y promueven la rehabilitación de los trasgresores. Sería un sin sentido concluir lo contrario, cuando incluso la Asamblea Legislativa amplió el alcance del principio de favorabilidad que dispone el nuevo Código Penal.

Las disposiciones sobre la “aplicación de la ley más favorable” contenidas tanto en el Código Penal de 1974 como en el de 2004, hacen mención específica a la aplicación de “una ley más benigna en cuando a la pena”. Incluso en el nuevo Código Penal se permite expresamente aplicar la ley penal más favorable en el momento de “procesar al imputado o imponerle la sentencia”. Esto hace más patente la intención legislativa al aprobar el Art. 308 del Código Penal de 2004, supra, de no limitar el principio de favorabilidad en cuanto a las penas durante el proceso de sentencia. La interpretación contraria infringe los principios de utilidad de la intervención penal, de humanidad de las penas, de proporcionalidad y de rehabilitación que limitan el ius puniendi del Estado. Estos principios impiden que “una sentencia judicial discrepe abiertamente de la valoración legislativa vigente al momento de dictarla, cuando el hecho aparece como menos necesitado de pena o no necesitado del todo”. (Énfasis suplido.) A. Bascuñán Rodríguez, La aplicación de la ley penal más favorable, 69 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 29, 41 (2000).

Por último, cabe destacar que las normas internacionales sobre derechos humanos han elevado a nivel de máxima la aplicación retroactiva de la pena más favorable. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, establecen que a los convictos por delito se les debe aplicar la pena más favorable si una ley posterior dispone para ello. No debemos ignorar que los sistemas judiciales nacionales estamos obligados a respetar estas normas aceptadas por la comunidad internacional como garantías mínimas de la libertad del individuo, que no admiten acuerdo en contrario y limitan el poder policial estatal. Los derechos fundamentales limitan la autoridad punitiva del Estado y le obligan a crear las condiciones necesarias para su mayor protección. E. Bacigalupo, Principios Constitucionales de Derecho Penal, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1999, pág. 13. De esta forma, nos encontramos atados al principio pro homine que se refleja en estos instrumentos internacionales que tienen como norte la máxima protección de la libertad humana.

IV

En el caso de autos, las particularidades que hemos discutido alcanzan su mayor expresión. El delito que cometió el acusado —el de apropiación ilegal— fue reconfigurado en cuanto a las cuantías, para atender el valor presente de la moneda. En el Código Penal de 1974 la apropiación ilegal de bienes valorados en más de $200 implicaba la comisión de un delito grave con una pena de reclusión mínima de 6 años, que podría ser aumentada a 12 años. Sin embargo, el nuevo Código Penal dispone que la apropiación ilegal de bienes con un valor de hasta $500 será un delito menos grave con una pena de reclusión no mayor de 90 días.

Aunque la modificación de estas cuantías sea para atender los efectos de la inflación, no debemos pasar por alto que ello, a su vez, implica una revalorización social del delito de apropiación ilegal. El disminuir drásticamente la pena de la apropiación ilegal de bienes con valor de $232, de 6 años a 90 días, denota que la Asamblea Legislativa entendió que este delito debía ser castigado de forma me-nos severa. El hecho de establecer una pena proporcionada al delito, de por sí, retrata la importancia y la valoración social del daño que el legislador atribuyó a dicha conducta.

En el presente caso, el Código Penal de 2004 entró en vigor antes de que el señor Padín Rodríguez fuese sentenciado. La cláusula de reserva del Código Penal de 2004 no excluye que pueda aplicarse la pena más favorable a los acusados que fueran sentenciados después de que entrara en vigencia el nuevo código. Por eso, no veo impedimento para aplicar la pena más favorable al acusado bajo las circunstancias antes descritas.

Por las razones antes expuestas reconsideraría, expediría el auto de certiorari solicitado y revocaría la sentencia recurrida.

       El Art. 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece que:
      “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” (Énfasis suplido.)


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Iris Nilda Moreno Martínez, apelada, v. Carmen Martínez Ventura, Rafael A. Moreno Vélez et al., apelantes.

      Número: AC-2005-8

      Resuelto: 10 de noviembre de 2006

      Fernando J. Nieves Camacho, abogado de la parte apelante; Héctor A. Sosa González y Fredy Rivera Avilés, abogados de la parte apelada.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción de Reconsideración presentada por la parte apelada, se provee “no ha lugar”.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente en etapa de reconsideración. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Resulta verdaderamente lamentable y desconcertante que, mientras distinguidos tribunales de otras jurisdicciones hacen esfuerzos extraordinarios por mejorar la práctica de la notaría para garantizar al máximo los derechos de las partes otorgantes de los distintos instrumentos que se otorgan ante los notarios, el más alto foro judicial de este país haga todo lo contrario, al emitir decisiones cuyo efecto es abaratar y desequilibrar la referida práctica en nuestra jurisdicción. La opinión que se emitió en el presente caso es un claro y lastimoso ejemplo de ello. Veamos.

I

Los hechos del presente caso, en apretada síntesis, son los siguientes:

El 27 de marzo de 1997 el Sr. Rafael Moreno Visbal otorgó un testamento abierto ante el notario Juan Alberto Méndez Miranda. En la comparecencia del referido documento, el notario Méndez Miranda indicó lo siguiente:

“—DE UNA SOLA PARTE: DON RAFAEL MORENO VIS-BAL, mayor de edad, casado con doña Carmen Martínez Ventura, propietario, vecino y residente de Rincón, Puerto Rico, seguro social número cinco ocho dos guión tres dos guión cinco cuatro tres nueve ([ XXX-XX-XXXX ]), identificado con licencia número (268391).-----DOY FE de haberme asegurado de la identidad del compareciente por los medios establecidos en el Artículo (diecisiete(c) [sic] (17(c) [sic] de la Ley Notarial, y por sus dichos de su edad, estado civil, profesión y vecindad. Me asegura tener y a mi juicio tiene la capacidad legal necesaria para este otorgamiento y en tal virtud libre y voluntariamente:-------------------------EXPONE-------------------------------” (Énfasis nuestro.) Apéndice de la Apelación, pág. 104.

Posteriormente y en la dación de fe general que el notario Méndez Miranda incluyó al final del testamento, éste indicó lo siguiente:

“—Del conocimiento, profesión y vecindad de el [sic] otorgante, de haberse practicado en un solo acto sin interrupción de clase alguno [sic] todas las formalidades legales, de todo lo contenido en este Instrumento Público. DOY FE.-----------------------”

El 18 de junio de 1998 Moreno Visbal falleció, y en marzo de 1999 su hija Iris N. Moreno Martínez (la recurrida) presentó una demanda sobre división de bienes hereditarios ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, contra Carmen Martínez Ventura y Rafael Moreno Vélez (los peticionarios). En una posterior enmienda a la demanda, Moreno Martínez adujo que el testamento antes mencionado era nulo, ya que en éste el notario no dio fe de conocer personalmente al testador ni lo identificó a través de testigos de conocimiento ni por los medios supletorios establecidos por ley.

Tras varios trámites procesales, Moreno Martínez presentó una solicitud de sentencia sumaria en la que alegó que no existía controversia de hechos sustanciales y que el tribunal sólo debía dirimir si el aludido testamento era nulo ab initio por no haberse observado las solemnidades exigidas por el Código Civil de Puerto Rico (Código Civil) para identificar al testador.

Luego de evaluar las posiciones de ambas partes, el foro primario emitió una sentencia sumaria parcial en la que determinó que el notario Méndez Miranda omitió la formalidad de acreditar el conocimiento del testador y decretó la nulidad del testamento.

Insatisfechos con la determinación del foro primario, Martínez Ventura y Moreno Vélez acudieron —mediante recurso de apelación— ante el Tribunal de Apelaciones. Adujeron, en síntesis, que el foro de instancia erró al decretar la nulidad del testamento abierto otorgado por Moreno Visbal, ya que el notario sí dio fe de conocer personalmente al testador y, además, ratificó dicho conocimiento mediante la utilización de los métodos supletorios establecidos en la ley notarial.

Tras analizar las posiciones de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario. En su sentencia, el referido foro apelativo determinó que aunque el notario desconocía la identidad del testador y se aseguró de ésta a través de los medios establecidos en el Art. 17(c) de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2035, éste no hizo constar expresamente que le fue imposible identificar al testador mediante el método directo o a través de los testigos de conocimiento.

Aún inconformes, los demandados acudieron —mediante un recurso de apelación— ante este Tribunal. Alegan que procede revocar la sentencia emitida por el foro apelativo intermedio debido a que dicho foro incidió

... al confirmar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que concluyó que el Testamento abierto otorgado por el causante Rafael Moreno Visbal es nulo “AbInitio”, por no haberse supuestamente observado en él, las formalidades relacionadas con la identificación del Testador. Apelación, pág. 3.

Expedimos el recurso. El pasado 28 de junio de 2006 una mayoría de los integrantes del Tribunal tuvo a bien —equivocadamente, a nuestro juicio— revocar las sentencias emitidas tanto por el Tribunal de Apelaciones como por el Tribunal de Primera Instancia. En dicha ocasión disentimos mediante una expresión a esos efectos. Hoy —y en etapa de reconsideración— fundamentamos dicho disenso.

II

Actuando como portadora de su propia, única y exclusiva verdad, la Mayoría concluye —de manera peligrosamente especulativa— que, aun cuando en el testamento que nos ocupa el notario autorizante “aparentemente” identificó al testador mediante medios supletorios bajo la premisa de que “para que falte, mejor que sobre”, bajo ningún concepto puede entenderse que el notario autorizante recurrió a este medio de identificación porque no conocía personalmente al testador.

Amparado en tales argumentos, y en la bola de cristal que utiliza para predecir lo ocurrido, la mayoría del Tribunal establece una nueva normativa en materia testamentaria, al señalar que cuando el notario autorizante combina un medio supletorio de identificación con una dación de fe en torno al conocimiento del testador, los tribunales deberán “cerciorarse”, a posteriori, de si en efecto el notario conocía personalmente al testador, antes de resolver si el testamento es nulo o no. Añade que “[p]ara llevar a cabo dicho análisis los tribunales podrán considerar cualquier evidencia admisible y pertinente, sin tener que limitarse al texto del testamento en cuestión ...”. Moreno Martínez v. Martínez Ventura, 168 D.P.R. 283, 299 esc. 7 (2006).

De esta forma, el Tribunal recurre a la peligrosa práctica —rechazada de plano en Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003), en Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 752 (1954), y en Pacheco v. Sucn. Pacheco, 66 D.P.R. 796, 802 (1947)— de subsanar la omisión de una formalidad de fondo mediante la presentación, a posteriori, de evidencia que “alegadamente” demuestre que el notario autorizante cumplió con aquélla. Asimismo, burla la solemnidad de la norma establecida en el Art. 635 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2151, al permitir que el notario autorizante identifique al testador, mediante prueba documental, sin consignar expresamente en el testamento que le era imposible identificarlo mediante el método directo o por medio de testigos de conocimiento.

III

Es norma altamente reiterada por este Tribunal que en materia testamentaria, la forma es algo tan solemne que si no se observan las formalidades delineadas por el estatuto no existe testamento. Así, hemos señalado que la forma exigida por ley es tan fundamental para la validez del testamento que “su defecto acarrea su inexistencia, por muy convincentes y firmes que sean las pruebas, conseguidas por otros medios, de la voluntad del testador ...”. (Énfasis suprimido.) Deliz et ais. v. Igartúa et ais., ante, pág. 414. Del mismo modo, hemos indicado que estas “formalidades no deben ser consideradas como meras cuestiones de evidencia, sino como requisitos sustantivos de los cuales depende su validez”. íd., pág. 425. Véase, además, In re Padilla Santiago, 158 D.P.R. 787 (2003).

Ahora bien, es importante enfatizar que la solemnidad testamentaria a la que hacemos referencia no se refiere a insignificantes requisitos de forma, sino a aquellos que sean esenciales e imprescindibles para garantizar su autenticidad y la veracidad de la declaración de voluntad del testador. A esos efectos, hemos resuelto que no todas las omisiones en que pueda incurrir un notario necesariamente vician de nulidad el testamento. Las únicas que acarrean la nulidad absoluta del acto testamentario son las que la ley exige que aparezcan expresamente consignadas en la escritura de testamento y cuyo cumplimiento debe surgir expresamente de la faz del documento.

De particular pertinencia a la controversia ante nos es que este Tribunal ha resuelto que la identificación de la persona del testador constituye una de las solemnidades más fundamentales del acto testamentario. Véase Beliz et ais. v. Igartúa et ais., ante. En ese sentido, hemos sido enfáticos al señalar que el requisito de conocimiento per-mite la existencia de una correspondencia real y legítima entre la persona y la firma, lo que evita la suplantación de las partes en el otorgamiento. Véase In re Maldonado Rivera I, 159 D.P.R. 73 (2003).

El Código Civil establece, de manera clara y expresa, los mecanismos para que los notarios autorizantes identifiquen al testador y el orden de prelación de éstos. Así, pues, el Código Civil establece tres métodos de identificación: conocimiento del notario y de los testigos, identificación por testigos de conocimiento, e identificación por reseña de documentos y señas personales. El primero de éstos, denominado conocimiento directo y considerado el más idóneo y normalmente utilizado, consiste en el conocimiento personal que del testador tengan el notario y dos de los testigos que autoricen el testamento; el segundo consiste en identificar la persona del testador con dos testigos que le conozcan y que, a su vez, sean conocidos del notario y de los testigos instrumentales.

Según señaláramos en Deliz et als. v. Igartúa et als., ante, pág. 418, “[e]n el supuesto de que se identifique al testador a través de uno de estos dos métodos, entonces tendrá que cumplirse con lo dispuesto en el Art. 649 del Código Civil, ante”. Éste ordena al notario que dé fe al final del testamento de conocer al testador o a los testigos de conocimiento, en caso de que éstos sean utilizados. Este artículo señala, además, que “[se] dará fe, al final del testamento de haberse cumplido todas las dichas formalidades”.

Por su parte, el Art. 635 del Código Civil, ante, establece y ordena que “ [s]i no pudiere identificarse la persona del testador en la forma prevenida en la sección que precede, se declarará esta circunstancia por el notario, o por los testigos en su caso, reseñando lo [s] documentos que el testador presente con dicho objeto y las señas personales del mismo”. Como vemos, “en el supuesto de que el notario o los testigos instrumentales no conozcan al testador, y no sea posible la identificación a través de dos testigos de conocimiento, entonces, y sólo entonces, es que se activa el mandato estatutario al efecto de recurrir a la identificación por prueba documental”. Deliz et ais. v. Igartúa et ais., ante, pág. 420.

Por otra parte, el notario que recurra a este tercer medio de identificación tendrá la obligación de consignar expresamente en el testamento que le es imposible identificar al testador mediante el método directo o por medio de testigos de conocimiento. Según dejáramos claramente establecido en Deliz et ais. v. Igartúa et ais., ante, pág. 422, “[e]stos requisitos constituyen formalidades de fondo por ser de los esenciales que el Código Civil exige que sean consignados expresamente en el testamento”.

Según hemos resuelto, estos tres métodos de identificación han sido prescritos por el Código Civil como numerus clausus, los cuales están “ ‘presididos por el principio de subsidiariedad, de tal forma que sólo se puede utilizar uno de ellos en defecto de los anteriores’ ”. (Enfasis suplido y en el original.) Deliz et ais. v. Igartúa et ais., ante, pág. 418. Así expresamente lo reiteró este Tribunal en In re Maídonado Rivera, ante, pág. 79, al señalar que no procede “mezclar” el método directo de conocimiento personal con la identificación por medio de documentos. En esa ocasión este Tribunal fue enfático al expresar que:

• [s]i el notario conoce a los testadores qne comparecen ante sí, procede identificarlos directamente, y según lo dispuesto en el Art. 634 del Código Civil, supra. Si el notario no conoce personalmente a los testadores, procede acudir al segundo método de identificación, el cual dispone que se les identificará por medio de testigos de conocimiento. Sólo en casos en que el notario esté imposibilitado de identificar a los testadores por alguno de estos dos métodos, es que procede identificarlos por medio de documentos. En tales circunstancias, el notario tiene la obligación de consignar la imposibilidad de acreditar el conocimiento directo o por testigos de conocimiento, y reseñar los documentos que utilizó bajo dicho supuesto. (Enfasis en el original.)

IV

La opinión emitida por la mayoría de los integrantes de este Tribunal en el presente caso constituye el ejemplo más patente de lo que hemos denominado en el pasado como “legislación judicial”. La peligrosa e irresponsable normativa establecida en el presente caso por el Tribunal da al traste con los estatutos que por años han regido en nuestra jurisdicción en materia de testamentos e invalida un sólido desarrollo jurisprudencial que data de muchos años.

En primer lugar, la Mayoría revoca sub-silentio la norma firmemente establecida por este Tribunal —y sostenida por los más destacados tratadistas españoles— a los efectos de que cuando el Código Civil ordena que se haga constar expresamente algún requisito en el testamento mismo, la dación de fe tendrá que ser específica y determinada, “sin que bajo ningún concepto puedan considerarse comprendidas en la formula general incluida al final del documento”. Deliz et ais. v. Igartúa et ais., ante, págs. 419-420. Véase, además, Pacheco v. Sucn. Pacheco, ante, pág. 802.

Ya hemos señalado que el Art. 649 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2186, ordena a todo notario que dé fe al final del testamento de conocer al testador o a los testigos de conocimiento, siempre que haya utilizado uno de estos dos métodos para identificar al otorgante. Según lo expresado anteriormente, en este caso el notario está obligado a incluir en el testamento una dación de fe específica sobre el conocimiento personal del testador, sin que ésta pueda incluirse en la expresión general manifestada al final del documento.

En el caso que hoy ocupa nuestra atención este requisito fue crasamente violentado, ya que el notario autorizante no sólo se limitó a consignar un alegado “conocimiento” en una dación de fe ordinaria y general, sino que, además, se trata de una aseveración que contrasta marcadamente con la verdadera identificación utilizada y consignada en el propio texto del testamento.

No existe controversia alguna en torno al hecho de que en el testamento aquí bajo análisis el notario autorizante expresó haber identificado al testador por medio de su licencia de conducir y dio fe —esta vez de forma específica y determinada— de haberse asegurado de la identidad del compareciente por los medios establecidos en el Art. 17(c) de la Ley Notarial de Puerto Rico, ante. Según lo dispuesto expresamente en el Art. 635 del Código Civil, ante, en un caso como este —en que se recurrió a la identificación por medio de prueba documental— el notario estaba obligado, so pena de nulidad, a consignar expresamente en el cuerpo del testamento que le era imposible identificar al testador mediante uno de los métodos de identificación principales. El incumplimiento con esta formalidad testamentaria fue, precisamente, lo que llevó a ambos foros inferiores a decretar la nulidad del testamento aquí en controversia.

Ahora bien, con el expreso propósito de burlar esta directriz estatutaria, la mayoría del Tribunal recurre a la dación de fe genérica incluida al final del testamento, ignorando por completo el hecho de que ésta no cumple con el requisito de especificidad que se exige en este tipo de formalidad testamentaria. Peor aún, en su afán por lograr el resultado deseado la Mayoría pretende hacernos creer que la identificación por medios supletorios realizada por el notario autorizante se hizo bajo la premisa de que “para que falte mejor que sobre” y que el verdadero método de identificación utilizado en el presente caso fue el conocimiento personal del testador. Ello a pesar de que la única mención de conocimiento realizada por el notario se hizo de forma genérica al final del testamento, mientras que la reseña de documentos sí fue específica y determinada detallándose el documento utilizado y su número de identificación.

Vemos, pues, que estamos ante un caso extremo donde ninguno de los métodos de identificación utilizado por el notario autorizante cumple con los requisitos exigidos por el Código Civil. Es evidente que no estamos —como pretende hacernos creer la Mayoría— ante un caso en que se ha dado fe, de forma específica y determinada, del conocimiento del testador y que, además de esto, se ha empleado “de manera innecesaria” uno de los medios supletorios de identificación. Todo lo contrario, estamos ante un caso en que no se dio fe del conocimiento personal del testador, pero se incluyó una expresión general al final del testamento donde se hace una somera mención a este conocimiento. Por ser la identificación del testador una de las solemnidades más fundamentales del acto testamentario, nos resulta totalmente inaceptable avalar la validez de un testamento donde el notario autorizante no cumplió cabalmente con ninguno de los medios de identificación utilizados.

Por otra parte, y como corolario de la errónea opinión emitida por la Mayoría, el Tribunal deja sin efecto la prohibición específica establecida en Deliz et ais. v. Igartúa et ais., ante, de presentar prueba extrínseca para subsanar una identificación defectuosa. Asimismo, se burla el carácter supletorio de los métodos de identificación al avalar la utilización, en un mismo testamento, de dos métodos de identificación distintos. De esta forma, promueve la incertidumbre jurídica que inevitablemente se desata al enfrentamos a un documento donde el notario autorizante, a pesar de sostener que conoce al testador, entiende imperioso identificarlo a través de un documento que efectivamente le confirme su identidad.

Otro dato interesante que evidencia el empeño incomprensible de una Mayoría de salvar el defectuoso testamento que hoy nos ocupa, lo encontramos al final de la opinión emitida, donde se asegura que “el notario Juan A. Méndez Miranda había autorizado anteriormente varias escrituras sobre segregación y donación en las que comparecieron el señor Moreno Visbal y su esposa la señora Martínez Ventura”. Moreno Martínez v. Martínez Ventura, ante, págs. 299-300. Enumera el Tribunal la Escritura Núm. 96 de 1995, la Escritura Núm. 169 de 1996 y la Escritura Núm. 8 de 1997. Lo que omite mencionar, muy convenientemente, el Tribunal es que en las últimas dos escrituras el notario autorizante identificó al señor Moreno Visbal mediante su licencia de conducir y no hizo mención alguna al hecho de que lo conociera personalmente.

Como vemos, si a los únicos fines de la argumentación ignoráramos la prohibición de recurrir a prueba extrínseca para probar el conocimiento personal del testador, estaríamos en la misma incertidumbre, ya que en unos casos el notario aseguró conocer a Don Rafael Moreno Visbal y en otros, curiosamente en las escrituras otorgadas más recientemente, tuvo que recurrir a prueba documental para poder identificarlo. Un análisis del testamento que hoy ocupa nuestra atención y de las otras escrituras otorgadas por el notario Juan A. Méndez Rivera revela que éste estaba más confundido —si es que ello es posible— que la mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso.

Definitivamente, y por la imperiosa importancia que reviste la identificación de la persona del testador, entendemos que este Tribunal estaba impedido de avalar un estado de incertidumbre tan patente y peligroso.

V

No hay duda de que, como afirma la Mayoría en el caso, “la principal razón de ser de las formalidades testamentarias es proteger la voluntad del testador ...”. (Enfasis en el original.) Moreno Martínez v. Martínez Ventura, ante, pág. 293. Si ello es así, preguntamos nosotros: ¿no debe existir certeza absoluta sobre la identidad del testador cuya voluntad debemos proteger? Es por esto que los estatutos contenidos en el Código Civil, en materia de identificación testamentaria y su jurisprudencia interpretativa, han sido cuidadosamente elaborados a través de los años con el propósito de salvaguardar la autenticidad del documento. Cada uno de estos criterios tiene el propósito de evitar la usurpación de la personalidad de otro e imprimirle legitimidad presuntiva al instrumento. In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441, 463 (1982). No es a este Tribunal a quien le corresponde cuestionar la sabiduría de estos estatutos, sino aplicarlos en conformidad a como fueron aprobados por el legislador.

En cuanto a este particular, nos sorprende sobremanera el hecho de que la Mayoría admita, abiertamente y sin reparo alguno, que se propone “atemperar” las formalidades testamentarias expresamente establecidas en el Código Civil para “ajustarlas a las cambiantes realidades de nuestra sociedad”. Moreno Martínez v. Martínez Ventura, ante, pág. 291. Asimismo, resulta en extremo preocupante el hecho de que este Tribunal sostenga que al exigir el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Código Civil los tribunales inferiores deben tener en cuenta que éstas “ ‘responden, en gran medida, a las realidades sociales de la España de fines del siglo XDC ”. (Énfasis suprimido.) íd.

¿Olvida acaso este Tribunal que nuestra responsabilidad ministerial consiste en interpretar las leyes según fueron aprobadas y no "atemperarlas” cuando a nuestro juicio éstas requieran ser enmendadas? ¿Confunde la Mayoría el deber de interpretación de este Tribunal con el de legislación de la Rama Legislativa?

Con gran preocupación observamos como, en materia testamentaria, este Tribunal encamina su rumbo a la ruta de la flexibilidad, dejando atrás las salvaguardas que históricamente hemos defendido. Hoy se declara la validez de un testamento en que se han combinado dos medios de identificación, ambos defectuosos, violándose todas las medidas cautelares que rigen esta materia. No sabemos, a ciencia cierta, las consecuencias que tenga en la comunidad jurídica una opinión de este tipo, la cual abarata y desequilibra la práctica de la notaría en materia testamentaria. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que la decisión de la Mayoría ha puesto en jaque la certeza jurídica de las escrituras testamentarias que se otorgan en nuestra jurisdicción, razón por la cual no podemos avalar tan nefasto curso de acción.

       En dicho documento Moreno Visbal designó herederos en cuanto al tercio de legítima estricta a sus hijos Iris Nilda e Israel, ambos de apellidos Moreno Martínez, y en cuanto a los tercios de mejora y libre disposición designó a su nieto Rafael Ángel Moreno Vélez y a su esposa Carmen Martínez Ventura.

        Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003); Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 752-753 (1954); Pacheco v. Sucn. Pacheco, 66 D.P.R. 796, 801-802 (1947); Morales v. Registrador, 35 D.P.R. 905, 907-008 (1926).

       Con relación a estas formalidades, hemos resuelto que su omisión no puede ser subsanada mediante la presentación de prueba extrínseca o por la dación de fe general de que se han cumplido todas las formalidades exigidas por la ley. De esta forma hemos enfatizado que “en este caso, y tratándose de requisitos esenciales, su inobservancia produce ab initio la nulidad del testamento”. Pacheco v. Sucn. Pacheco, ante, pág. 802.
      Como regla general, para identificar si estamos ante una formalidad de las que acarrea la nulidad absoluta del testamento, es necesario evaluar si nuestro ordenamiento exige o no que se consigne expresamente el cumplimiento de la formalidad en cuestión. Así, hemos hecho claro que “cuando el Código ordena que se haga constar expresamente algún requisito en el testamento mismo, la omisión de ese requisito es fatal para la validez del acto y no puede ser subsanada por la certificación general de haberse observado todas las prescripciones legales”. Pacheco v. Sucn. Pacheco, ante, pág. 802.

       Debe recordarse, sin embargo, que en el testamento abierto, como en cualquier escritura, la ley notarial y su reglamento rigen supletoriamente, complementando y asegurando el cumplimiento de las disposiciones del Código Civil. In re Irlanda Pérez, 162 D.P.R. 358 (2004).

      Art. 634 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2150.

       íd.

       Art. 635 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2151.

        In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441, 461 (1982).

       En Cintrón v. Cintrón, 70 D.P.R. 770, 781 (1950), aclaramos que todo notario debe consignar esa cláusula general al final del testamento para evitar “el menor motivo de impugnación”. En esa ocasión expresamos que esta disposición no exige el uso de una fórmula sacramental y que si del testamento se desprende que se ha cumplido con cada una de las formalidades que prescribe la ley, el hecho de no consignar una dación de fe general no justifica la anulación del testamento. Esta normativa fue objeto de aclaración en Deliz et ais. v. Igartúa et ais., ante, donde señalamos que no es posible sostener la validez de un testamento donde no se'haya incluido una dación de fe específica —aunque del testamento claramente se desprenda su cumplimiento— cuando se trata de una de las formalidades que el Código Civil exige que de su cumplimiento se dé fe expresamente.

       Una segunda obligación que surge del Art. 635 del Código Civil, ante, es la de reseñar en la escritura de testamento los documentos presentados por el testador para acreditar su identidad y sus señas personales.

       Debemos recordar que es con relación a éstos que el Art. 636 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2152, dispone que “[s]erá nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas en este Cap[í]tulo”.


text:
    Mobile Universe Corporation, peticionaria y recurrente, v. Departamento de Educación, Junta de Revisión Administrativa et als., recurridas; Spacenet, Inc., recurrente, v. Junta de Subastas del Departamento de Educación, recurrida; Centennial of Puerto Rico, Operation Corporation, peticionaria, v. Departamento de Educación, recurrido, y Puerto Rico Telephone Company, Inc., licitadora agraciada.

      Número: CC-2006-759

      Resuelto: 13 de noviembre de 2006

      Harry Anduze Montano y José A. Morales Boscio, abogados de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Atendida la petición de certiorari presentada por parte peticionaria, Mobile Universe Corporation, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López expediría. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez expediría y emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente de la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Una mayoría de los miembros de este Tribunal rehúsa expedir el auto solicitado en este caso, dejando en pleno vigor una sentencia patentemente errónea dictada por el Tribunal de Apelaciones, en la cual se desatienden nuestros claros precedentes sobre los procesos de adjudicación de subastas. Debo, en consecuencia, disentir del errado curso de acción de la Mayoría.

Veamos someramente sólo algunos de los elementos sobresalientes del procedimiento seguido por el Departamento de Educación en este caso, para la adjudicación de los servicios de interconexión de Internet, así como del dictamen del tribunal apelativo intermedio.

I

Trata este caso de una controversia sobre el proceso para la adjudicación de los servicios de interconexión de Internet para las escuelas públicas de Puerto Rico, según el programa conocido de “E-Rate 2006-2007”.

En noviembre de 2005, el Departamento de Educación (Departamento) comenzó el proceso de adjudicación de los servicios interconexión a través del procedimiento de petición de propuestas (Request for Proposal, RFP). Poco después, en diciembre, se celebró el acto de apertura de los pliegos de licitación. En este proceso, las siete compañías que habían licitado tuvieron la oportunidad de discutir sus detalles, conocer los costos que cada una cotizó, así como los equipos que habrían de utilizarse.

El RFP original requería que se utilizara tecnología satelital. Sin embargo, el Departamento decidió enmendar sus requerimientos para permitir también el uso de líneas terrestres, además de la alternativa satelital. A esos efectos, el 11 de enero de 2006 el Departamento publicó un nuevo RFP.

El 17 de enero se celebró la reunión de apertura de los pliegos de licitación. En la reunión se le informó a los lidiadores que no se abrirían los pliegos de licitación, ya que éstos serían evaluados por un comité evaluador de propuestas (Comité). Este Comité lo integraron personas nombradas por el Secretario de Educación, a tenor con el “Procedimiento Especial” aprobado por el Secretario, conforme lo contempla el Reglamento para la adquisición, ventas y subastas de bienes, obras y servicios no personales del Departamento de Educación, Reglamento Núm. 7040 del Departamento de Estado de 5 de octubre de 2005. El Departamento informó que en o antes del 8 de febrero de 2006 el Comité notificaría su decisión.

El Comité seleccionó la propuesta de la Puerto Rico Telephone Company, Inc. (PRTC) por ser la más “costoefectiva”. El Comité notificó su selección a través de un correo electrónico a los licitadores el 16 de febrero de 2006. Dicho correo indicaba:

Thank you for the submittal of your proposal to the Puerto Rico Department of Educations (PRDE) in response to RFP seeking Internet Access and other eligible services funded through the Universal Service Administrative program commonly known as E-Rate.
The PRDE Evaluation Committee was required, pursuant to Federal Communications Commission (FCC) Rules and Regulations and E-Rate Program guidelines to select the most cost-effective proposal presented for evaluation using cost as the primary factor, among other factors.
After careful review and evaluation of our proposal and strict adherence to E-Rate Program rules and regulations and all applicable Commonwealth laws and regulations, PRDE did not select your proposal ... as the winning proposal because it was not the most cost effective, among other factors. Apéndice, pág. 875.

Esta “notificación” de la adjudicación no contenía ninguna otra información, como por ejemplo, el nombre de la compañía agraciada o las razones mínimas para el rechazo.

El 21 de febrero, mediante comunicación general dirigida a todos los “licitadores”, el Departamento anunció que el “licitador” agraciado había sido la PRTC y mencionó quiénes eran los otros licitadores. En esa misma fecha el Departamento anunció, a través de un nuevo correo electrónico, que tendría “disponible para lectura el original de la propuesta sometida por el licitador agraciado de los fondos de e-rate en la sala de reuniones del Centro de Cómputos”. Apéndice, pág. 878. Anunció, además, que la propuesta estaría disponible para revisar ese día de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., y al día siguiente, de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Finalmente, indicó que cualquier información adicional se tramitaría a través del director legal del Departamento.

Oportunamente, varios de los licitadores impugnaron administrativamente la determinación del Comité ante la Junta de Revisión Administrativa del Departamento. En vista de que dicha Junta no tomó acción alguna dentro del término provisto por ley, las licitadoras acudieron ante el Tribunal de Apelaciones. En los recursos presentados se adujeron varios errores; específicamente, se cuestionó la adjudicación en los méritos a PRTC, así como la validez del proceso seguido para la adjudicación y notificación de la buena pro.

El foro apelativo consolidó los recursos presentados por los licitadores y emitió una resolución el 24 de marzo de 2006, en la que declaró “con lugar” las mociones en auxilio de jurisdicción presentadas por las partes, ordenando así la paralización de los procedimientos ante la Junta de Subastas. Se le concedió un término al Procurador General para que se expresara.

Luego de varios incidentes interlocutorios ante el foro apelativo que no son necesarios reseñar, el Procurador General compareció y, entre otras cosas, indicó que el Departamento y la PRTC habían suscrito el 16 de febrero de 2006 el contrato para llevar a cabo el proyecto subastado. Es decir, el contrato fue suscrito el mismo día en que se les notificó a las licitadoras que sus propuestas no habían sido seleccionadas.

El 12 de junio de 2006, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia en la que confirmó la adjudicación de la subasta a PRTC. Insatisfechos aún, Mobile Universe Corporation y Centennial of Puerto Rico comparecieron ante este Tribunal y señalaron esencialmente los mismos errores que adujeron ante el tribunal apelativo. Por las razones que paso a discutir, disiento de la decisión de la Mayoría de negarse a expedir el auto solicitado.

II

Como indiqué, se cuestiona ante nosotros la determinación del Tribunal de Apelaciones de validar el proceso de subasta llevado a cabo por el Departamento en este caso. El foro a quo esgrimió varios fundamentos para su determinación, a mi juicio todos errados. Me explico.

Primero, sobre el asunto de falta de notificación adecuada de la adjudicación de la buena pro, la decisión del foro apelativo es, como poco, sorprendente. Por un lado se indica, correctamente, que aun cuando el proceso seguido no fue el de subasta formal, hay “cierta información básica que los proponentes deben conocer, tales como el nombre del licitador seleccionado, la razón por la cual fue rechazada la propuesta sometida por el licitador rechazado y el nombre de los demás licitadores”. Sentencia, Apéndice, pág. 28. Se reconoce, además, que “cada una de ... [las] comunicaciones aisladamente no habrá satisfecho los requerimientos de información básica y esencial”, pero entonces se concluye que “vistas ellas conjuntamente logran ese objetivo mínimamente”. íd., pág. 31. Aceptar el razonamiento del foro revisor implica avalar una notificación a todas luces inadecuada. Baste con señalar que en RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 853-855 (1999), nos expresamos, como correctamente nos señalan los peticionarios, sobre el curso de acción que se ha de seguir cuando se da una notificación defectuosa. Véase, también, L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869 (1999).

De otra parte, el trato del foro apelativo al requisito de advertir a los licitadores sobre el derecho que les asiste para solicitar una reconsideración y una revisión de la adjudicación de la buena pro es por demás insostenible. El foro apelativo intermedio reconoció que, en efecto, el Comité, al notificar la adjudicación de la subasta, omitió hacer tales advertencias a los licitadores perdidosos. Señaló, sin embargo, que ello no tenía mayores consecuencias, pues “[e]n el presente caso, en la medida que la parte recurrente ejercitó oportunamente su derecho a agotar los remedios disponibles contra el dictamen emitido, la omisión de la agencia, gracias a la diligencia de dicha parte no tuvo consecuencias graves sobre su derecho al debido proceso de ley”. (Énfasis nuestro.) íd., pág. 33.

No es mucho lo que debamos decir al descartar el errado curso de acción del Tribunal de Apelaciones. Es una proposición de autogarantía del debido proceso de ley. Es decir, si una parte privada en su relación con el Gobierno es diligente en el reclamo de sus derechos, renuncia a invocar violación a alguna exigencia de debido proceso de ley, pues con su actuación diligente suplió las deficiencias del Gobierno y se garantizó el debido proceso de ley. Parece evidente el porqué no podemos suscribir este razonamiento. Más grave aún, “[e]l no haber advertido del derecho a procurar revisión judicial impide que comience a transcurrir el término para instar la correspondiente acción de revisión judicial”. (Enfasis nuestro.) Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 D.P.R. 733, 738 (2001). Véase, además, IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 D.P.R. 30 (2000). A todas luces, el tribunal apelativo actuó sin jurisdicción.

Finalmente, en los recursos presentados se han planteado serios argumentos sobre el proceso informal autorizado por el Secretario del Departamento de Educación y si éste era verdaderamente el procedimiento que se habría de utilizar para la adjudicación del proyecto subastado. Estas interrogantes han quedado sobre el tapete. El razonamiento del foro apelativo para descartar esta alegación se revela poco feliz. Entre otras razones nos apunta que, habiendo participado los peticionarios en el procedimiento de licitación no pueden ahora impugnarlo, pues “[evidentemente, al así proceder se allanaron a ese proceso y consintieron acogerse al mismo. Así las cosas y en virtud de la doctrina de los actos propios, están impedidos ahora de cuestionar este procedimiento”. Sentencia, Apéndice, pág. 24. Si el proceso utilizado por el Departamento no estaba autorizado en ley, éste es ineficaz. La participación de los licitadores en un proceso viciado de nulidad no lo torna inmune a todo cuestionamiento.

Las desviaciones de los requerimientos de debido proceso de ley en el proceso de notificación de la buena pro en esta subasta obligaba a este Tribunal, a mi juicio, a expedir el auto solicitado. Las exigencias del debido proceso no son meros requisitos técnicos, inconsecuentes o superfluos, como tampoco son meros preciosismos de los cuales podemos dispensar cuando nos resulten engorrosos.

Como señalamos en RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 856:

Los tribunales tenemos el deber de asegurar que al efectuar sus gestiones de compra y contratación, las instrumentalidades públicas cumplen con la ley, con sus propios procedimientos y que tratan de forma justa a los licitadores. En fin, que los dineros del pueblo se gastan en beneficio del interés público. No debemos perder de perspectiva que el Gobierno es el comprador y contratante más grande del país. La adecuada fiscalización de la utilización de los dineros del erario resulta de vital importancia para mantener la confianza del ciudadano en el Gobierno y una democracia saludable.

Por las razones antes indicadas, disiento del curso de acción de la Mayoría.

       A tenor con la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Telecommunications Act of1996 (47 U.S.C.A. sec. 251), el programa de fondos E-Rate provee descuentos hasta de 90% en los costos de acceso y conexión a la Internet para las escuelas. Estos fondos se nutren del “Fondo de Servicio Universal” a través de impuesto a los usuarios de servicios de comunicaciones. La Compañía Administrativa del Fondo de Servicio Universal (USAC, por sus siglas en inglés) administra dicho fondo y opera bajo la supervisión de la Comisión Federal de Comunicaciones.

       El Request for Proposal (RFP) disponía que el factor del precio se le otorgaría un 30% del peso. Es decir, era un factor de importancia, como era de esperarse, pero no el único.

       La comunicación electrónica enviada exponía:
      “Informamos por este medio que la compañía Puerto Rico Telephone (PRT) fue la compañía que se le adjudicó la subasta de los fondos e-rate en la cual ustedes estaban participando. El total de participantes fue de 7 compañías a saber: Achieve, [AT & TI, Centennial de Puerto Rico, Mobile Universe, PRT, Spacenet y TData/LTD.” Apéndice, pág. 879.


text:
      In re Juan Guillermo Soto Fonalledas.

      Número: TS-13651

      Resuelto: 17 de noviembre de 2006

      Miriam Soto Contreras, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción en Contestación a Resolución, de 29 de octubre de 2006, presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, y la Moción Informando Estado del Caso, de 27 de octubre de 2006, presentada por el Procurador General, se concede la reactivación a la profesión de la abogacía del Ledo. Juan G. Soto Fonalledas.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo