text:
      In re Héctor H. Santos Rivera.

      Número: CP-2006-2

      Resuelto: 12 de diciembre de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, Carmen A. Riera Cintrón, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial; Eli B. Arroyo Santiago, de Chaves Caraballo Law Offices, abogado del querellado; Héctor H. Santos Rivera, pro se.

   per curiam:

Nuevamente este Tribunal tiene el deber in-eludible de invocar su poder disciplinario para sancionar a un abogado que no fue diligente en la representación de un caso de un cliente, retuvo indebidamente el expediente de dicho litigio después de haber presentado su renuncia al tribunal correspondiente y que, además, incumplió con el deber de todo abogado de brindar su dirección actualizada a la Secretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Luego de examinar las determinaciones de hecho del In-forme de la Comisionada Especial nombrada por este Tribunal para dilucidar la querella presentada por el Procu-rador General contra el Lie. Héctor Santos Rivera, procede suspender por un (1) mes a dicho letrado por violar los Cánones 18 y 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX, así como la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

I

Se desprende del Informe de la Comisionada Especial nombrada por este Tribunal, Leda. Eliadís Orsini Zayas, que el señor Julio C. Rodríguez Cruz (querellante) contrató los servicios del Ledo. Héctor Santos Rivera (Santos Rivera) para que lo representara en una acción civil contra la empresa The March Management, Inc. ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Al mo-mento de la contratación, el Ledo. Francisco Cuyar Fer-nández (Cuyar Fernández) había estado representando al querellante en el referido caso y era el abogado de récord, por cuanto no había renunciado a tal representación. Santos Rivera se unió a la representación legal del querellante en junio de 2000, luego que el tribunal dictara sentencia contra su cliente en septiembre de 1999.

Por tal motivo, la primera gestión de Santos Rivera en el pleito tenía el propósito de que se relevara al querellante de la sentencia emitida mediante una moción presentada para ello el 20 de julio de 2000. Evidentemente, dicha soli-citud se presentó fuera del término provisto por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Posteriormente, a causa de alegados conflictos de inte-rés con el cliente, Santos Rivera presentó una moción de renuncia el 13 de octubre de 2000, la cual fue aceptada por el foro de instancia el 1 de noviembre de 2000. Sin embargo, Santos Rivera no entregó oportunamente el expe-diente del caso al cliente, a pesar de que este último le hizo diversos requerimientos a tales efectos.

Así las cosas, el querellante presentó la queja de epí-grafe el 7 de diciembre de 2000, aduciendo que, tras haber renunciado, Santos Rivera se negó a devolverle el expe-diente del caso para el cual lo había contratado. Ya para esa fecha el querellante había gestionado los servicios pro-fesionales de otro abogado, el Ledo. Iván C. Reichard-McKenzie, quien presentó un recurso ante el foro de ins-tancia solicitando el auxilio del tribunal para que Santos Rivera le entregara el expediente del referido caso a su cliente. En atención a lo anterior, el tribunal emitió una Resolución el 14 de febrero de 2001, en la cual autorizó la nueva representación legal y requirió a Santos Rivera la entrega del expediente al querellante. A pesar de que mediaron varias órdenes judiciales para su entrega —in-cluso una resolución para tales propósitos emitida por este Tribunal el 30 de abril de 2001— el expediente del caso no fue entregado al querellante hasta el 23 de mayo de 2001, transcurridos seis meses después de que se hizo efectiva su renuncia.

En atención a este trasfondo fáctico, el Procurador General sometió ante nuestra consideración el Informe rela-tivo a la querella de autos, concluyendo que la conducta de Santos Rivera ameritaba el inicio de un procedimiento dis-ciplinario por violar los Cánones 18, 20 y 27 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, así como la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra. A tenor con ello, presentó cuatro cargos contra Santos Rivera por infringir los referidos cánones de ética profesional.

Sometido el caso y examinado el informe de la Comisio-nada Especial, estamos en posición de resolver.

II

A. Todo abogado tiene la obligación de defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Por ello, los deberes éticos de la profesión exigen que todo abogado actúe con el más alto grado de diligencia y competencia posible. In re Vilches López, 170 D.P.R. 793 (2007); In re Ortiz López, 169 D.P.R. 763 (2006).

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, prohíbe asumir la representación legal de un cliente cuando el abogado entiende que no tiene la capacidad para rendir una labor idónea y competente. La desidia, el desinterés, la inacción y la displicencia como patrón de conducta en la representación del cliente violentan las disposiciones del Código de Ética Profesional. In re Vilches López, supra; In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770 (1994).

Por lo tanto, hemos expresado que aquella actuación ne-gligente que pueda conllevar o, en efecto, conlleve la des-estimación o archivo de un caso, infringe el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007); In re Hoffman Mouriño, 171 D.P.R. 567 (2007). Permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción, así como desatender o aban-donar el caso, son ejemplos de conductas que contravienen los principios del Código de Ética Profesional. In re Vilches López, supra. Como norma general, hemos sancionado y suspendido del ejercicio de la profesión a todo abogado que, con su desatención o desidia, ha provocado la desestima-ción o archivo del caso de su cliente. In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985).

B. Por su parte, el Canon 27 del Código de Ética Profesional, supra, establece que cuando dos o más aboga-dos encargados conjuntamente de una causa no puedan llegar a un acuerdo en cuanto a cualquier asunto de vital importancia para su cliente, este último debe ser infor-mado francamente de dicha diversidad de criterio para que adopte la decisión que estime más conveniente. La decisión del cliente debe ser aceptada, a no ser que la naturaleza de la diversidad de criterios le impida al abogado cuya opinión ha sido rechazada su cooperación efectiva en los trámites posteriores del caso. Ante tal situación, este abogado tiene el deber de solicitar del cliente que le exima de continuar en el asunto. Canon 27 del Código de Ética Profesional, supra.

El criterio general que precede este canon estipula que la preservación del honor y la dignidad de la profesión, así como la buena relación entre compañeros del foro, es responsabilidad intrínseca de todo miembro de la profesión legal. Todo abogado debe observar con sus compañeros una actitud digna, respetuosa, sincera, cordial y de cooperación profesional, velando siempre por el ejercicio diligente y competente de la profesión legal. In re Roldán González, 105 D.P.R. 498 (1976); In re Anca y Marín Báez, 104 D.P.R. 550 (1976). Del mismo modo, el Canon 27 del Código de Ética Profesional, supra, también dispone que todo esfuerzo, directo o indirecto, encaminado a inmiscuirse de cualquier forma en la gestión profesional de otro abogado, es indigno de aquellos que deben ser hermanos en el foro. No obstante lo anterior, el referido canon le concede a todo abogado el derecho a aconsejar debidamente, sin temores ni favores, a aquellas personas que acuden a él para solicitar sus servicios en busca de algún remedio, especialmente cuando la deslealtad o negligencia de otro abogado está involucrada. Ante este supuesto, el abogado debe primero intentar comunicarse con el abogado contra el que se formule la queja, siempre que sea posible. Canon 27 del Código de Ética Profesional, supra.

C. Cónsono con los deberes éticos que hemos mencionado, reiteramos que si un abogado llega a la con-clusión de que la demanda que ha presentado no tiene mé-ritos, luego de haberla incoado, la manera correcta y ética de proceder es informar oportunamente su criterio al cliente y renunciar formalmente a su representación legal. In re Flores Ayffán I, 170 D.P.R. 126 (2007).

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, es-tablece el procedimiento que deben seguir los abogados al renunciar a la representación legal de un cliente. En lo pertinente, este canon dispone que al ser efectiva tal re-nuncia, el abogado debe hacerle entrega del expediente y de todo documento relacionado con el caso a su cliente, ade-más de reembolsarle inmediatamente cualquier cantidad adelantada que se le haya pagado en honorarios por los servicios que no se han prestado. Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra. Ello se exige con el fin de evitar que se ocasionen daños y perjuicios a los derechos del cliente, y a la vez abonar la tramitación continua de los casos.

En vista de ello, una vez el abogado concluye las gestio-nes para las cuales fue contratado, la entrega del expe-diente al cliente debe hacerse inmediatamente y sin dila-ción alguna. In re Franco Rivera, 169 D.P.R. 237 (2006). A su vez, la devolución del expediente no puede estar sujeta a ninguna condición, pues los abogados no tienen un gravamen ni derecho de retención sobre los documentos del cliente. In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005); In re Irrizary, González, 151 D.P.R. 916 (2000); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360, 368 (1989); In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975).

III

Hemos expresado en más de una ocasión que este Tribunal “no habrá de alterar las determinaciones de hechos del Comisionado Especial, salvo en aquellos casos donde se demuestre parcialidad, prejuicio o error manifiesto”. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661, 680 (2006). Véase In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993). En el presente caso, tras un examen riguroso del informe rendido por la Comisionada Especial y la prueba que obra en el expediente, no encontramos razón por la cual debamos intervenir con sus determinaciones fácticas.

A. En el primer cargo, el Procurador General le im-puta a Santos Rivera incurrir en conducta profesional en violación al Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, “al no ejercer el cuidado y diligencia necesarios en la protección de los derechos e intereses de su cliente al pre-sentar fuera de término una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2[de] Procedimiento Civil, ... 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 49.2”. Querella, pág. 3. Además, el Pro-curador General también sostiene en dicho cargo que Santos Rivera no presentó una réplica a una Moción de Sen-tencia Sumaria presentada por la parte demandada, y en su lugar presentó una Moción de Renuncia a la represen-tación legal del querellante.

No obstante lo anterior, surge de las determinaciones de hechos contenidas en el informe presentado por la Comi-sionada Especial que dicha Moción de Sentencia Sumaria fue presentada, notificada y resuelta por el tribunal de ins-tancia cuando Santos Rivera aún no había asumido la re-presentación legal en el caso del querellante. De hecho, la sentencia final del referido caso se emitió nueve meses antes de que el querellante contratara a Santos Rivera para que asumiera la representación legal durante la etapa de ejecución de sentencia.

Por otro lado, se desprende del expediente de autos que la única gestión que realizó Santos Rivera en el pleito del querellante fue la presentación de una moción de relevo de sentencia el 20 de julio de 2000, diez meses después del archivo de la notificación de la sentencia que impuso el pago de honorarios y costas al querellante. Para justificar su presentación tardía, el letrado invoca en dicho recurso la facultad de los tribunales para relevar a una parte de una sentencia por las razones de error, inadvertencia, sor-presa o negligencia excusable al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, a base de que la condición de salud de Cuyar Fernández (el abogado original del que-rellante en el pleito) había impedido su desempeño efectivo en el caso de autos. En defensa de tal actuación, Santos Rivera expone en su contestación a la querella que su com-parecencia para solicitar el relevo de sentencia se refería al relevo del cobro de las costas y los honorarios de abogados, para la cual la ley no fija un término prescriptivo. No le asiste la razón. Santos Rivera hace caso omiso a que la referida regla —la que él mismo citó en su comparecencia ante el foro de instancia para solicitar el relevo de senten-cia— dispone específicamente que tal moción se debe pre-sentar dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis meses de haberse regis-trado la sentencia u orden o de haberse llevado a cabo el procedimiento. Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.

Por lo tanto, la única gestión realizada por Santos Rivera en el caso del querellante fue solicitar el relevo de sentencia mediante la presentación de una moción fuera del término provisto para ello, pero aún durante la etapa procesal de ejecución de sentencia. A pesar de que dicha moción era improcedente en derecho, por lo que la única gestión del letrado en el mencionado caso fue totalmente infructuosa e inconsecuente, coincidimos con la Comisio-nada Especial en su determinación de que la prueba pre-sentada por el Procurador General en apoyo al cargo de violación del referido Canon 18 del Código de Ética Profe-sional no sostiene las aseveraciones específicas de éste.

Como ya mencionamos, aquella actuación negligente por parte del abogado que pueda conllevar, o en efecto con-lleve, la desestimación o el archivo de un caso infringe el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Aunque la actuación de Santos Rivera en la representación legal del querellante no fue efectiva ni idónea, el caso no se des-estimó por causa de su desidia o negligencia. Como ya sa-bemos, el querellante contrató a Santos Rivera en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que no se le puede respon-sabilizar por la desatención y negligencia del abogado que originalmente presentó y tramitó la demanda del quere-llante, y que nunca contestó la moción de sentencia sumaria.

No obstante lo anterior, resulta evidente que Santos Rivera erró al haber aceptado el caso en la etapa procesal en que se encontraba con el único propósito de presentar una moción de relevo de sentencia improcedente en derecho. El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, prohíbe asumir la representación legal de un cliente cuando el abo-gado entiende que no tiene la capacidad para rendir una labor idónea y competente en el caso ante su consideración. En vista de ello, sostenemos que el abogado incurrió en una violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, por no desplegar el grado de diligencia y competen-cia que se espera de todo abogado en el ejercicio de la pro-fesión y por asumir la representación legal en un caso donde no le era posible rendir sus servicios de manera idó-nea, efectiva y competente.

B. Por otro lado, el Procurador General le imputa a Santos Rivera violar el Canon 27 del Código de Ética Pro-fesional, supra. Conforme a lo discutido en relación con el referido canon, cuando un abogado asume la representa-ción de un cliente en unión a otro abogado, debe mante-nerse una representación conjunta y consecuente entre ambos letrados. Si surge cualquier discrepancia o desave-nencia entre los abogados, se debe consultar al cliente para que éste tome la decisión que estime conveniente. Para sustentar este cargo, el Procurador General señala el he-cho de que la representación legal que asumió Santos Rivera fue compartida con Cuyar Fernández, e indica que “[a]nte esta situación, el [licenciado Santos no podía pro-mover, como lo hizo al solicitar el relevo de la sentencia emitida en el caso, una defensa basada en la falta ade-cuada de representación del abogado con quien decidió compartir sus funciones de abogado”. Querella, pág. 4.

En el presente caso, Santos Rivera asumió la represen-tación legal del querellante con la anuencia y el consenti-miento de Cuyar Fernández, quien convalecía en aquel mo-mento por motivos de una condición de salud. No surge de los documentos que obran en autos ni de las comparecen-cias del querellante que hubiese diversidad de criterios o discrepancia alguna entre Santos Rivera y Cuyar Fernández. El Procurador General aduce que la violación al Canon 27, supra, se configuró a base de la defensa plan-teada por Santos Rivera en la moción de relevo de senten-cia en cuanto a la condición de salud de Cuyar Fernández.

Aunque los problemas de salud de Cuyar Fernández evidentemente resultaron en problemas de comunicación y de idoneidad en la representación legal del querellante, no se le puede imputar a Santos Rivera haber infringido el referido Canon 27 del Código de Ética Profesional por me-ramente hacer referencia a éstos en su comparecencia ante el tribunal. Estos problemas tampoco constituyen un asunto de discrepancias ni de diversidad de criterio entre ambos abogados. En vista de ello, somos del criterio, al igual que la Comisionada Especial, que estos incidentes no se pueden enmarcar dentro de los postulados de dicho canon.

Finalmente, cabe añadir que el Procurador General alegó en este cargo que Santos Rivera condicionó el asumir la representación legal del querellante a que este último desistiera de la querella que había incoado contra Cuyar Fernández. Si bien es cierto que el querellante desistió pos-teriormente de la querella presentada contra Cuyar Fer-nández, de las determinaciones de hechos realizadas por la Comisionada Especial se desprende que no se presentó prueba alguna para sostener estas aseveraciones contra Santos Rivera.

C. En el tercer cargo, el Procurador General señala que Santos Rivera infringió el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, por no entregar el expediente al cliente inmediatamente y sin dilación alguna. Surge del expediente que el tribunal de instancia aceptó la renuncia de Santos Rivera el 1 de noviembre de 2000. Como discu-timos anteriormente, está claramente establecido por el re-ferido canon y por los pronunciamientos anteriores de este Tribunal que el expediente debió haber sido remitido al cliente en la misma fecha que se hizo efectiva la renuncia o inmediatamente después de ella. No obstante lo anterior, Santos Rivera no devolvió el expediente al querellante hasta el 23 de mayo de 2001, seis meses después de que se hizo efectiva su renuncia.

Esta conducta se agrava por el hecho de que Santos Rivera no entregó oportunamente el expediente a su cliente, a pesar de que mediaron varias órdenes judiciales para su entrega, incluyendo una orden para tales efectos emitida por este Tribunal el 30 de abril de 2001. En dicha resolu-ción ordenamos la entrega del expediente no más tarde de los siguientes tres días de notificada y le advertimos a Santos Rivera que su incumplimiento con la Resolución podía conllevar su suspensión del ejercicio de la abogacía.

Por su parte, Santos Rivera compareció ante nosotros para aducir que la orden emitida por este Tribunal era “académica”, dado que ya se había verificado la entrega del expediente al momento en que se diligenció la Resolución. Con posterioridad a ello, el querellado intentó justificar su conducta, alegando que él no era el único abogado de ré-cord cuando se suscitó su renuncia y la solicitud de entrega del expediente, por lo que no podía devolverlo automática-mente al cliente sin contar con la autorización expresa del otro abogado, quien aún no había sido relevado de sus fun-ciones como abogado principal de récord en el referido caso. Santos Rivera expresó, además, que en el expediente obraba prueba documental que alegó confidencial y de cierta naturaleza sensitiva en relación con un menor y a Cuyar Fernández; por ello no podía entregar el expediente al cliente sin la autorización expresa de este último.

Tales planteamientos son inmeritorios e improcedentes en derecho. El abogado renunciante no tiene interés propietario alguno sobre el expediente del caso. Dicho ex-pediente, al igual que la causa de acción, le pertenece ex-clusivamente al cliente y su entrega no puede estar sujeta a condición alguna, ya sea el desembolso de honorarios o a la previa autorización de otra persona. De lo contrario, se estaría atentando contra el derecho del cliente de defender cabalmente su causa de acción. El hecho de que dos abogados compartan la representación legal de un cliente no opera como excusa válida para no entregar el expediente al momento de presentar su renuncia. No son razones justificadas para no entregar el expediente que el abogado renunciante no tiene la tenencia física de éste ni que uno de los abogados ostenta derechos personales sobre la propiedad de ciertos documentos. Además, las funciones de los abogados, como oficiales del Tribunal y funcionarios de la justicia, están revestidas de gran interés público. Dichas funciones generan deberes y responsabilidades duales para con sus clientes y para con el tribunal en la administración de la justicia.

Atales propósitos, la conducta en que incurre un letrado al no entregar el expediente oportunamente a su cliente tiene el efecto de dilatar indebidamente el transcurso pro-cesal de los procedimientos judiciales. Por lo tanto, soste-nemos que la referida actuación de Santos Rivera infringió el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra.

IV

Por último, el Procurador General aduce que Santos Rivera incurrió en una violación a la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, la cual establece el deber de todo abogado de brindar su dirección actualizada a la Secretaria del Tribunal Supremo. Hemos sido enfáticos en que los abogados tienen el deber de cumplir rigurosamente con esta obligación, por lo que deben notificar inmediatamente a la Secretaria del Tribunal Supremo cualquier cambio de dirección postal o física, tanto de su residencia como de su oficina. En varias instancias hemos señalado que el incumplimiento con este deber obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y es, por sí sólo, razón suficiente para decretar la suspensión indefinida del ejercicio profesional del abogado que incumple. In re González Cardona, 167 D.P.R. 106 (2006); In re Torres Sepúlveda, 160 D.P.R. Ap. (2003); In re Santiago Méndez, 141 D.P.R. 75 (1996); In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494 (1987).

La querella de epígrafe surgió por motivo de una moción en auxilio de jurisdicción presentada ante este Tribunal por el querellante, solicitando la entrega del expediente del caso que estaba aún pendiente ante el tribunal de instancia. Como ya mencionamos, este Tribunal expidió una orden para tales efectos el 30 de abril de 2001. Sin embargo, la orden emitida por este Tribunal no pudo ser diligenciada por los alguaciles del Tribunal Supremo hasta el 13 de diciembre de 2001, más de seis meses después de su expedición. Tomamos conocimiento judicial de las varias gestiones de diligenciamientos negativos efectuadas por los alguaciles de este Tribunal desde el inicio de los procedi-mientos disciplinarios en relación con Santos Rivera. Surge de los autos que la tardanza en el diligenciamiento de la notificación se debió a que Santos Rivera no informó a la Secretaria de este Tribunal su dirección actualizada y tampoco fue posible conseguirlo en la dirección brindada por el querellante. En tal ocasión, Santos Rivera informó a este Tribunal que el expediente ya se había entregado por la vía postal el 23 de mayo de 2001 a la nueva representa-ción legal del querellante.

La Comisionada Especial determinó en su informe que Santos Rivera ha estado en cuatro direcciones diferentes durante momentos distintos, por lapsos de tiempo que po-drían fluctuar en períodos de hasta dos años. Dichas direc-ciones no fueron notificadas en ningún momento a este Tribunal ni a la Oficina del Procurador General. De hecho, los procedimientos disciplinarios en el caso de autos se dilata-ron injustificadamente por el incumplimiento de Santos Rivera con el deber impuesto por la referida regla, obstru-yendo así el ejercicio efectivo de nuestra jurisdicción.

V

En conclusión, resolvemos que Santos Rivera actuó en contravención a los principios medulares de la profesión jurídica consagrados en los Cánones 18 y 20 del Código de Etica Profesional, supra, y en violación a la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, supra. Santos Rivera no de-bió haber aceptado el caso del querellante en la etapa pro-cesal en que se encontraban los trámites judiciales del mencionado pleito. A su vez, incumplió con las obligaciones de todo abogado para con su cliente y para con los tribuna-les al no entregar el expediente de su cliente a tiempo y al no notificar oportunamente a este Tribunal sus varios cam-bios de direcciones. Cabe señalar que las determinaciones de hechos de la Comisionada Especial también revelan que Santos Rivera no fue honesto para con este Tribunal ni para con el tribunal de instancia al manejar los incidentes relacionados a la devolución del expediente y a la actuali-zación de las direcciones ante la Secretaria del Tribunal Supremo, a pesar de que la comisión de ambas faltas re-sulta evidente.

En atención a todo lo anterior, procede que se le im-ponga a Santos Rivera una sanción disciplinaria por haber violado los Cánones 18 y 20 del Código de Etica Profesio-nal, supra, así como la Regla 9(j) de este Tribunal. No obs-tante, en vista de su buen historial profesional, se limita la sanción a una suspensión inmediata del ejercicio de la abo-gacía por el término de un (1) mes. Se le apercibe que su incumplimiento con los deberes éticos en el futuro puede conllevar una sanción más severa.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir representándolos, les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informe oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Ade-más, deberá certificarnos en treinta días del cumplimiento de estos deberes.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez coincidió y estuvo conforme con el Tribunal cuando determina que el Ledo. Héctor Santos Rivera incurrió en una violación al Canon 20 del Código de Etica Profesional, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo y con la sanción impuesta. Disintió, sin embargo, de la determinación del Tribunal de encontrar probado una violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional.

       El querellante alegó en cierta comunicación ante este Tribunal que el 29 de marzo de 2001 se presentó en la casa de Santos Rivera, acompañado de tres agentes del orden público, con copia de la orden del foro de instancia para solicitar la entrega del expediente de su caso. Santos Rivera rehusó entregar los documentos solicitados una vez más y alega que lo trató de forma amenazante e irrespetuosa, refiriéndose a su persona como “loco y de psiquiatra”. El querellante también indica en esta carta que estaba pendiente una acción civil de impericia profesional contra Santos Rivera, la cual —según determinó la Comisionada Especial— nunca existió ni se presentó en los tribunales.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Norma Denise Alejandro Ramos, recurrente, v. Registradores de la Propiedad de la Sección Quinta de San Juan, recurridos.

      Número: RG-2006-3

      Resuelto: 12 de diciembre de 2007

      Héctor L. Banchs Pascualli, abogado de la parte recurrente; Vanessa M. Bayonet Tartak, registradora de la propiedad, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Norma Denise Alejandro Ramos y Anthony Correa pre-sentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una petición de divorcio por consentí-miento mutuo. El 27 de septiembre de 2004 se emitió una resolución decretando disuelto el matrimonio y liquidando la Sociedad de Bienes Gananciales habida entre las partes. De la resolución emitida por el tribunal de instancia surge que Anthony Correa se comprometió a ceder su participa-ción en un determinado bien inmueble ganancial a favor de su ex cónyuge, Norma Denise Alejandro Ramos.

El 26 de abril de 2006 Norma Alejandro y Anthony Co-rrea otorgaron una escritura sobre liquidación de bienes gananciales ante el notario Héctor Luis Banchs Pascualli, en la cual Anthony Correa cedió a Norma Alejandro su par-ticipación en el bien inmueble antes mencionado. Específi-camente, se dispuso que Anthony Correa cedía, traspasaba y entregaba a Norma Alejandro su 50% de participación en el bien inmueble por $20,000.

Posteriormente, Norma Alejandro presentó ante el Re-gistro de la Propiedad, Sección Quinta de San Juan, la es-critura sobre liquidación de bienes gananciales para su inscripción. Para ello, canceló los sellos y comprobantes, tomando como base $20,000 pactados en la escritura.

El 3 de octubre de 2006 la Registradora de la Propiedad emitió una notificación de falta, en la cual dispuso, en lo pertinente, que

[e]n cumplimiento del Artículo 69 de la Ley Hipotecaria núm. 198 del 8 de agosto de 1979 [según] enmendada, comu-nico a usted que el documento a que alude el epígrafe y que fuera presentado el 29/08/06, al Asiento 19 del Libro 875 del Diario de Operaciones, Entrada Número 6607 de esta Sección del Registro, adolece de las faltas que se detallan a continua-ción, que impiden la registration del mismo [:]
FALTA $894.00 EN COMPROBANTES PARA COMPLE-TAR DERECHOS DE INSCRIPCIÓN YA QUE LOS GRAVA-MENES SON MAYORES AL PRECIO DE CESIÓN. Apéndice, pág. 8.

De igual forma, surge de dicha notificación la siguiente advertencia:

[e]l presentante o interesado que no esté conforme con la calificación del Registrador podrá, dentro del término impro-rrogable de veinte días siguientes a la notificación, radicar un escrito de recalificación exponiendo sus objeciones a la califi-cación, los fundamentos en que apoya su recurso y una súplica específica de lo que interesa.
Transcurridos los veinte días se entenderán consentidas las faltas señaladas. (Artículo 70, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979). (Énfasis suplido y en el original.) Apéndice, pág. 8.

El 23 de octubre de 2006, último día hábil para la pre-sentación del escrito de recalificación, Norma Alejandro, por conducto del Ledo. Héctor L. Banchs Pascualli, pre-sentó un escrito de recalificación mediante correo electró-nico dirigido al Ledo. Wilfredo Colón Rosa, director admi-nistrativo del Registro de la Propiedad, y a María Reyes, secretaria del Director Administrativo del Registro de la Propiedad. De los documentos anejados al expediente, surge que el correo electrónico en cuestión fue enviado el 23 de octubre de 2006 a las 4:28 p.m. En esa misma fecha, Norma Alejandro también envió su escrito de recalificación por correo certificado con acuse de recibo al Registro de la Propiedad, Sección Quinta de San Juan, el cual fue reci-bido en el apartado postal de dicha Sección el 25 de octubre de 2006.

Tras no recibir respuesta alguna del Registrador de la Propiedad con respecto al escrito de recalificación presen-tado, Alejandro Ramos acudió ante este Tribunal mediante recurso gubernativo. Posteriormente, la Hon. Vanessa M. Bayonet Tartak, Registradora de la Propiedad para la Sec-ción Quinta de San Juan, presentó ante este Tribunal una moción de desestimación por falta de jurisdicción. En ésta, nos señala que el escrito de recalificación de Norma Alejandro no fue presentado dentro del término improrrogable de 20 días, por lo cual se entiende que consintió a las faltas señaladas, al tiempo que procede la desestimación del re-curso gubernativo.

Por su parte, Norma Alejandro aduce que presentó su escrito de recalificación el último día hábil mediante correo electrónico, según lo permite el Art. 70 de la Ley Hipoteca-ria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2273. En réplica a dicho argumento, la Registradora de la Pro-piedad nos indica que al haberse enviado el escrito de re-calificación, mediante correo electrónico, al Director Admi-nistrativo del Registro de la Propiedad y a la Secretaria de este último y no al Registrador de la Propiedad que notificó los defectos, no se cumplió con lo requerido en el Art. 70 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, ante; razón por la cual, el escrito de recalificación se entendió presentado el 25 de octubre de 2006, fecha en que llegó físicamente el escrito a las oficinas del Registro de la Pro-piedad, Sección Quinta de San Juan, y para la cual ya ha-bía transcurrido el término jurisdiccional de 20 días.

Trabada así la controversia, el 2 de marzo de 2007 emi-timos una resolución dando por sometido el caso para su resolución. Contando con la comparecencia de las partes y estando en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

I

El Art. 70 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, ante, dispone, en lo pertinente, que

... el presentante o interesado que no esté conforme con la calificación del registrador podrá, dentro del término impro-rrogable de [ios] veinte (20) días siguientes a la fecha de la notificación, radicar personalmente, o por la vía electrónica, con el registrador o remitir por correo certificado, un escrito solicitando recalificación, exponiendo sus objeciones a la cali-ficación, los fundamentos en que apoya su recurso y una sú-plica específica de lo que interesa. Transcurridos los veinte (20) días se entenderán consentidos los defectos señalados por el registrador. (Énfasis suplido.)

El proceso de recalificación consignado en el artículo de ley antes citado “se instituye como un paso previo a la presentación del recurso gubernativo, y brinda al Registrador la oportunidad de reconsiderar su calificación original”. H.F., Inc. v. Registrador, 116 D.P.R. 433, 436 (1985). Debido a que el proceso de recalificación es de na-turaleza rogada, la parte inconforme con la calificación del Registrador de la Propiedad deberá presentar su escrito de recalificación personalmente, por correo electrónico o me-diante correo certificado dentro del término de 20 días con-tados a partir de la notificación de faltas.

El método de presentación que la parte interesada utilice es de suma importancia, pues “la presentación no se perfecciona hasta el momento de su arribo ante el Registrador”. (Énfasis suplido.) H.F., Inc. v. Registrador, ante, pág. 439. Esto es, independientemente del método de presentación utilizado, el escrito de recalificación tiene que arribar, ante el “Registrador” dentro de los 20 días dispuestos para ello. Si la parte interesada no presenta su escrito de recalificación dentro del término improrrogable de 20 días, se entiende consentida la calificación original y debe desestimarse el recurso gubernativo. Bidot v. Registrador, 115 D.P.R. 276 (1984). Esto se debe a que la presentación del escrito de recalificación, dentro del término dispuesto en la ley, es requisito jurisdiccional para que proceda, posteriormente, un recurso gubernativo, pues “[n]o es hasta que el Registrador pasa juicio sobre la recalificación solicitada que se puede recurrir a este tribunal”. Íd., pág. 277.

Por otro lado, en cuanto a la presentación mediante correo certificado del escrito de recalificación, he-mos resuelto que el uso de dicho método es a riesgo de la parte y que éste se encuentra disponible siempre y cuando el escrito sea entregado por el correo al Registrador de la Propiedad dentro de los veinte días requeridos. H.F., Inc. v. Registrador, ante.

Ahora bien, en B.L. Invest., Inc., v. Registradora, 158 D.P.R. 220 (2002), resolvimos que se perfecciona la presen-tación de un escrito de recalificación por correo certificado mediante la entrega del escrito en la dirección postal co-rrecta de la sección del Registro de la Propiedad dentro del plazo de 20 días. Esto es así aun cuando el escrito arribe físicamente a la sección del registro pasado dicho término debido a atrasos en el trámite interno interagencial dise-ñado para el envío de correspondencia entre el Departa-mento de Justicia y la sección del Registro allí involucrada.

II

¿Se perfecciona la presentación de un escrito de recali-ficación mediante el envío del escrito al correo electrónico del Director Administrativo del Registro de la Propiedad? Al respecto, la Registradora de la Propiedad recurrida ar-gumenta que el Art. 70 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, ante, requiere que el escrito de recalifica-ción sea enviado al correo electrónico del Registrador de la Propiedad que notificó los defectos y que de éste no tener correo electrónico, la parte interesada debe presentar su escrito mediante las otras formas permitidas, a saber, per-sonalmente o mediante correo certificado.

Aun cuando en el pasado no hemos tenido la oportunidad de expresarnos sobre la presentación de un escrito de recalificación mediante correo electrónico, el citado Art. 70 es claro al establecer que la presentación por la vía electrónica se hará “con el registrador”, el cual, indudablemente, no es otro que aquel que notificó los defectos en el documento. Esto es, de recurrirse a la vía electrónica para presentar un escrito de recalificación, la parte interesada deberá enviarlo al correo electrónico del Registrador de la Propiedad que notificó los defectos en el documento o, cuando menos, al correo electrónico de la sección del Registro de la Propiedad a la cual se encuentra adscrito dicho Registrador.

El propósito mismo de la recalificación —entiéndase brindarle al Registrador de la Propiedad la oportunidad de reconsiderar su calificación original— requiere que la pre-sentación se efectúe ante el Registrador que notificó los de-fectos en el documento. No puede ser de otra manera. De hecho, el propio Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Regla-mento Núm. 2674 del Departamento de Justicia de 8 de agosto de 1980, dispone en su Art. 8.2 que el Registrador de la Propiedad que notifique alguna falta en un título re-solverá el escrito de recalificación que se presented.

Incluso, lo antes dispuesto en nada contradice lo que hoy es norma respecto a los otros medios de presentación, pues la presentación personal requiere que la parte se dirija a la sección del Registro de la Propiedad a la cual se encuentra adscrito el Registrador que notificó los defectos, y la presentación por correo certificado requiere que se dirija la correspondencia a la dirección postal de la sección del Registro de la Propiedad correspondiente. Esto, a su vez, coincide con nuestras expresiones en cuanto a que la presentación no se perfecciona hasta el momento de su arribo ante el Registrador. H.F., Inc. v. Registrador, ante.

Debe mantenerse presente que en aquellos casos en que la sección correspondiente del Registro de la Propiedad y su Registrador carezcan de un correo electrónico, la parte interesada no tendrá a su disposición la presentación por la vía electrónica y deberá acudir a los otros medios disponibles para la presentación de su escrito de recalificación.

Resolvemos que el Art. 70 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, ante, requiere que el escrito de recalificación sea enviado al correo electrónico del Registra-dor de la Propiedad que notificó los defectos en el documento o, al menos, al correo electrónico de la sección del Registro de la Propiedad a la cual se encuentra adscrito dicho Registrador. En los casos en que el Registrador y la sección del Registro de la Propiedad no tengan a su disposición co-rreo electrónico, la parte interesada deberá presentar su es-crito de recalificación mediante los otros medios dispuestos en el Art. 70 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Pro-piedad, ante, a saber, personalmente o mediante correo certificado. Todo esto, claro está, dentro del término impro-rrogable de 20 días a partir de la notificación de faltas.

III

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, resulta forzosa la conclusión de que en el caso ante nuestra consi-deración la presentación del escrito de recalificación no se perfeccionó conforme a derecho. Aun cuando la sección del Registro de la Propiedad aquí en controversia y la Registra-dora de la Propiedad que notificó los defectos carecen de un correo electrónico, lo correcto —conforme a lo antes resuel-to— era acudir a los otros medios de presentación y no en-viar el escrito de recalificación al correo electrónico del Director Administrativo del Registro de la Propiedad o al de su secretaria. A diferencia de lo ocurrido en B.L. Invest, Inc., v. Registradora, ante, caso en el cual la Sección Tercera de San Juan tenía asignada como dirección postal el apartado general del Departamento de Justicia, aquí no se le ha asignado a la Sección Quinta de San Juan el correo elec-trónico del Director Administrativo del Registro de la Pro-piedad o el de su secretaria. Tampoco existe trámite in-terno entre la oficina del Director Administrativo del Registro de la Propiedad y la referida sección del Registro para la distribución de los escritos de recalificación envia-dos mediante correo electrónico al Director Administrativo.

Es cierto que Norma Alejandro también presentó su es-crito mediante correo certificado. No obstante, dicha pre-sentación tampoco se perfeccionó debido a que el escrito fue recibido en la dirección postal de la Sección Quinta de San Juan fuera del término jurisdiccional de 20 días.

Resulta pertinente señalar, además, que aun cuando hubiésemos aceptado como efectivo el envío del escrito de recalificación al correo electrónico del Director Administra-tivo del Registro de la Propiedad, la presentación no se habría perfeccionado debido a que el escrito fue enviado por correo electrónico el último día hábil a las 4:28 de la tarde, fuera del horario de presentación del Registro de la Propiedad. Es norma conocida que, independientemente del método, la presentación de documentos ante el Registro de la Propiedad tiene que efectuarse dentro del horario es-tablecido para ello, entiéndase, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 3:00 de la tarde; razón por la cual, a partir de las 3:00 de la tarde del 23 de octubre de 2006, ultimo día hábil para que Norma Alejandro presen-tara su escrito de recalificación, venció el término dis-puesto por ley y se entendió consentida la falta señalada.

Siendo así, resulta forzoso concluir que en el presente caso no se presentó el escrito de recalificación dentro del término improrrogable de 20 días, por lo cual se entiende consentida la falta señalada por la Registradora de la Pro-piedad y procede la desestimación del presente recurso gu-bernativo; ello en vista de que, según antes expuesto, la pre-sentación del escrito de recalificación dentro del término dispuesto en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propie-dad es requisito jurisdiccional para que proceda un recurso gubernativo ante este Tribunal.

IV

En mérito de lo antes expuesto, se desestima por falta de jurisdicción el presente recurso gubernativo.

Se dictará sentencia de conformidad.

       En B.L. Invest., Inc., v. Registradora, 158 D.P.R. 220, 228 (2002), hicimos alusión a que “[l]a práctica es que las cinco secciones del Registro de San Juan reciben su correspondencia en el apartado postal general del Departamento de Jus-ticia, de donde se distribuye para el envío a la sección correspondiente”.

       El Art. 8.2 del reglamento dispone: “[e]l Registrador en funciones que notifi-care alguna falta en un título resolverá sobre el escrito de recalificación que se pre-sente y contestará el recurso gubernativo en su caso, salvo en ocasiones de enferme-dad prolongada en cuyo evento el Registrador que lo sustituya notificará al Director Administrativo, para que éste designe un Registrador que entienda en el asunto.” Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Reglamento Núm. 2674 del Departamento de Justica de 8 de agosto de 1980, según enmendado por el Reglamento Núm. 4783 de 16 de septiembre de 1992, pág. 4.

       Es cierto que en el 2000, como parte del proceso de transformación tecnológica de las operaciones del Registro de la Propiedad, se enmendó el Art. 70 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2273, para añadir el correo electrónico entre los métodos disponibles para presentar un escrito de recalificación. No obstante, debido a que dicha transformación conlleva tiempo y esfuerzo, lo razonable es reconocer que la presenta-ción por la vía electrónica está disponible en la medida en que las distintas secciones del Registro de la Propiedad o sus Registradores tengan a su disposición un correo electrónico.

       Véase Art. 31. 2 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, ante, pág. 13, el cual dispone, en lo pertinente, que: “[l]a presentación de documentos se efectuará de 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía y de 1:00 de la tarde hasta las 3:00. Los Registradores no admitirán docu-mento alguno para su presentación ... fuera de [este horario].”