author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Henry G. Molina y José B. Rodríguez Viera, demandantes y apelados, v. Francisca Rodríguez y Poncio Busó Pérez, demandados y apelantes.
    Núm. 8794.

    — Sometido: Enero 24, 1944.

      Resuelto: Abril 26, 1944.

      Francisca Rodríguez y Pondo Buso Pérez, por su propio derecho; Henry G. Molina, pro se, y Luis E. JDubón, Félix Ochoteco, Jr. y Otero Suro c6 Otero Buró, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se inició por demanda que solo contenía a Henry G. Molina, como demandante, y a Francisca Rodrí-guez como- demandada, habiéndose anotado la rebeldía de la demandada por no haber contestado la demanda dentro del término que le fue concedido. El caso se vió en su fondo habiendo presentado el demandante su prueba y la corte dictó sentencia en rebeldía de acuerdo con la súplica de la demanda. Esta sentencia fué notificada a la demandada quien solicitó se dejara sin efecto y se abriera la rebeldía. Esto no obstante, y sin que la corte inferior hubiera tomado acción alguna sobre dicha moción, la demandada apeló de la sentencia en rebeldía para ante esta Corte.

Estando pendiente dicho recurso, la corte inferior oyó a las partes sobre la moción de apertura de rebeldía y más tarde dejó sin efecto la sentencia y rebeldía anotada y con-cedió al demandante diez días para enmendar su demanda.

Así lo hizo el demandante dos veces y en su última de-manda enmendada incluyó a José B. Rodríguez Viera como codemandante y a Poncio Buso Pérez conm codemandado. De la sentencia dictada por la corte inferior declarando con lugar la demanda enmendada ambos demandados apelaron separadamente.

Nos limitaremos a considerar el error planteado por los demandados apelantes al efecto de que “la corte carecía de jurisdicción para actuar en el caso después de notificado el escrito de apelación” contra la sentencia en rebeldía origi-nalmente dictada contra la codemandada.

El artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:

"Artículo 297. — Formalizada una apelación, producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior, respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella, pei'O la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación.”

De acuerdo con este precepto la corte inferior tan sólo conserva autoridad para “proseguir el pleito en lo que res-pecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación. ’ ’

En el caso de Díaz v. Cuevas Zequeira, 27 D.P.R. 130, este tribunal consideró la cuestión específica que presenta el caso de autos y'la resolvió a base de jurisprudencia que pa-samos a revisar. En e.l año 1906 se levantó por primera vez la cuestión de si tenía o no jurisdicción una corte inferior para oír una moción de nuevo juicio después de apelada la sentencia. En los casos de Altuna v. Ortiz, 11 D.P.R. 25, 30; Horton v. Robert, 11 D.P.R. 176, 196; Aguayo v. García, 11 D.P.R. 274, 285, siguiendo la jurisprudencia sentada en California en los casos de Naglee v. Spencer, 60 Cal. 10; Carpenter v. Wilson, 25 Cal. 154, 168 y Rayner v. Jones, 90 Cal. 78, se decidió la cuestión en la afirmativa, ratificándose más tarde la doctrina en Martines v. Independence Indemnity Company, 56 D.P.R. 860.

En Díaz v. Cuevas Zegueira, supra, citándose los casos del Tomo 11 como autoridades, se decidió que siendo una moción para dejar sin efecto una sentencia en rebeldía aná-loga a una de nuevo juicio, la corte inferior conservó su ju-risdicción para oír y resolver dicha moción. En este caso el demandante había obtenido sentencia en rebeldía a su favor, pero como en ella no se incluyó el pago de desembolsos y honorarios de abogado, interpuso apelación para ante esta corte. Luego de apelado el caso el demandado solicitó se dejara sin efecto la anotación de su rebeldía y la sentencia dictada. El demandante entonces solicitó de esta Corte ex-pidiera un auto inhibitorio y al denegarlo se dijo lo si-guiente :

“La moción del demandado en este caso es análoga a una moción de un nuevo juicio porque por distintos fundamentos trata de conse-guir el mismo resultado de anular y dejar sin efecto la sentencia, y pudiendo el juez resolver una moción de nuevo juicio aun después de establecida una apelación, según ha declarado este Tribunal Supremo en los casos de Altuna v. Ortiz, Horton et al. v. Robert, y Aguayo v. García, 11 D.P.R. 30, 196 y 274 respectivamente, al aplicar el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil ... no vemos razón alguna para que de acuerdo con este precepto legal no pueda el juez resolver la moción para anular la sentencia, aun estando pen-diente una apelación contra ella, pues parafraseando la opinión en el caso de Horton v. Robert podemos decir que esta práctica inciden-talmente evita la necesidad de corregir sentencias que puedan ser anuladas y disminuye la labor de los tribunales de justicia, pues en el caso de que la moción prospere la apelación cae por su base.”

Los tres casos de California citados en las decisiones de esta corte en los de Altuna v. Ortiz, Horton v. Robert y Aguayo v. García, supra, aparecen en una nota a la sección 181 de 2 Cal. Jur. 419. Al comentarse en dicha sección el artículo 946 del Código de Enjuiciamiento Civil de dicho Estado, del cual fué tomado el artículo 297 del nuestro, se refiere al poder de una corte inferior para conocer de una moción de nuevo juicio después de apelada la sentencia y se dice expresamente que los “procedimientos sobre una mo-ción de nuevo juicio no son un ataque directo a la sentencia sino independiente y colateral a la misma. Por tanto, una apelación de la sentencia no despoja a la corte sentencia-dora de jurisdicción para oír y resolver una moción de nuevo juicio. ’ ’

Empero, en la- sección 179 de la misma obra, págs. 416,, se 'distingue claramente la diferencia existente entre conocer-de una moción de nuevo juicio y dejar sin efecto, enmendar o vacar una sentencia, después de apelada, diciéndose que la corte sentenciadora no tiene poder para hacer esto último “ni aun con el consentimiento de las partes.”

La jurisprudencia de California, citada en los casos antes mencionados, no son autoridad para sostener que una mo-ción de nuevo juicio es análoga a una sobre apertura- de re-beldía pues en dicho estado la jurisprudencia claramente sos-tiene todo lo contrario.

En el caso de Kinard v. Jordan, et al., 175 Cal. 13, 164 P. 894 (1917) se había dictado una sentencia en contra do todos los demandados, incluyendo a uno llamado Huntington que estaba en rebeldía. Todos los demandados apelaron, ha-ciéndolo Huntington separadamente. No obstante estar pen-dientes las apelaciones, la corte inferior, con el consenti-miento del demandante y de los demandados, excepto Huntington, dictó una orden dejando sin efecto la sentencia que había dictado. Algún tiempo después la misma corte deses-timó la demanda por no haber el demandante tramitado su caso con diligencia. Al apelarse esta última sentencia la Corte Suprema de California al referirse a la orden anterior de la corte dejando sin efecto sn primera sentencia con el consentimiento de las partes, se expresó así:

“Se arguye que esta orden dejó sin efecto la sentencia objeto de la apelación anterior, abrió el caso de nuevo, e impuso al demandante el deber de proseguir con la debida diligencia su caso basta juicio La apelación interpuesta por estos demandados arrancó el caso de la jurisdicción de la corte superior. No estaba por más tiempo pen-diente allí con el ñn de enmendar la sentencia o dejarla sin efecto por errores que aparecieran de la faz del récord. El consentimiento de las partes no podía investir de nuevo a la corte con jurisdicción sobre la materia. La corte inferior, por tanto, no tenía poder para dictar la orden y la. misma debe considerarse una nulidad. (Citas). Por consiguiente, la sentencia no fué dejada sin efecto, la apelación está aun pendiente ...”

La doctrina seritada en este caso ha sido ratificada pos-teriormente en los casos de California Real Estate Exchange v. Sequoyah Hills Co., 243 Pac. 54 (1925) y Field v. Hughes, 25 P. (2d) 241 (1933). Y en el de Rosenberg v. Bullard, 37 P. (2d) 521 (1934), en el cual se apeló de una orden dejando sin-efecto una sentencia en rebeldía y mientras estaba pen-diente la apelación se celebró el juicio dictándose sentencia a favor del demandante, al apelarse de ésta se resolvió que “al apelarse de la orden dejando sin efecto la sentencia en rebeldía ... la corte no tenía jurisdicción para proceder hasta que dicha apelación hubiera sido terminada. Código de Enjuiciamiento Civil, artículo 946, 2 Cal. Jur. 415. Es inmaterial, aunque desafortunado, que la causa se trajera a juicio estando pendiente la apelación, a petición del deman-dado. Es una cuestión de jurisdicción y no de estoppel (Bastardillas nuestras.) Y más adelante se sostiene que “una sentencia en rebeldía es una sentencia sobre los méri-tos”, citándose el caso de Brown v. Brown, 170 Cal. 1, 147 Pac. 1168 en el cual se resolvió que cuando a un demandado se le notifica un emplazamiento y una demanda y se deja dictar sentencia en rebeldía “se presume que ha admitido todos los hechos bien alegados en la demanda. La senten-cia que se dicte ... es una completa adjudicación de los derechos de las partes . . . ”.

Tenemos, por lo tanto, que en California se ha sostenido siempre que la corte sentenciadora tiene jurisdicción para considerar una moción de nuevo juicio, no obstante haberse apelado de la sentencia, pero que no la tiene cuando lo que se solicita es que se deje sin efecto la sentencia aun cuando ésta haya sido dictada en rebeldía. Al adoptar el artículo 297 de nuestro Código de Enjuieiameinto Civil del artículo 946 de California seguimos correctamente la jurisprudencia de' dicho Estado interpretándolo en cuanto a las mociones de nuevo juicio se refiere pero, erróneamente, hicimos extensiva dicha jurisprudencia a las mociones para que se deje sin efecto una sentencia dictada en rebeldía.. La afirmación de que son mociones análogas, expresada en el caso de Días v. Cuevas Zegueira, supra, a base de los casos de California citados en los de Altuna v. Ortiz, Horton el al. v. Robert y Aguayo v. García, supra, es errónea y dicho caso debe con-considerarse expresamente revocado. No estamos justifica-dos en continuar sosteniendo, en una cuestión jurisdiccional, este errror.

La corte inferior actuó sin jurisdicción al dejar sin efecto la sentencia anterior apelada, no empece que la propia code-mandada fuera quien solicitó la apertura de la rebeldía, pues como se dijo en el caso de Rosenberg, supra, “es una cues-tión de jurisdicción y no de estoppel.” Asimismo, siendo la cuestión una de jurisdicción, puede ser suscitada por el co-demandado Buxó, aun cuando él no fuera parte demandada cuando se dejó sin efecto la sentencia. Él vino a ser parte demanda precisamente por haber actuado sin jurisdicción la corte al dejar sin efecto la sentencia que estaba apelada.

Por lo expuesto, procede revocar la sentencia dictada en este vaso el día 12 de mayo de 1913.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

license: Public Domain

text:
    Leo Báiz, demandante y apelante, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico y Auditor de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 8805.

    — Sometido: Marzo 7, 1944.

      Resuelto: Abril 26, 1944.

      Rafael Cuevas Zequeira, abogado del apelante; Diego O. Marrero, abogado de la Comisión Hípica, apelada; Eon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y Carmen B. Hernández, Procurador Auxiliar y J. Rivera Barreras, Procurador Auxiliar, abogados del Auditor, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

emitió la opinión del tri-

bunal.

La única cuestión a resolver en este recurso es si el artículo 177 del Código Político y el párrafo 13 de la sección 34 de la Ley Orgánica prohíben que el demandante pueda recibir compensación por servicios prestados como veterinario de la Comisión Hípica Insular durante el período en que dicho demandante era un empleado del Departamento de Sanidad de Puerto Rico. En una acción sobre sentencia declaratoria la corte inferior resolvió que el demandante no tenía derecho a percibir dicha compensación y se baso (a) en la doctrina del caso de López v. Martorell, 59 F. (2d) 176, y (b) en que la Comisión Hípica Insular es nno de los organismos a qne se refiere el citado artículo 177 del Código Político, según quedó enmendado por la Ley núm. 124 de 2 de agosto de 1913 (Leyes de 1913-14, pág. 41)

El argumento principal del apelante de que la Comisión Hípica Insular no es un organismo que depende del gobierno porque sus fondos provienen de las jugadas que.se hacen en los hipódromos, carece de méritos. La frase “qne dependa del gobierno”, 'según se usa en el artículo 177 del Código Político, no significa necesariamente que la junta, comisión u organismo dependa económicamente del gobierno insular para su funcionamiento. El verdadero alcance y significado de dicha frase lo encontramos en el texto inglés del estatuto que se limita a decir “dependency thereof”. Es decir la prohibición incluye a cualquier funcionario o empleado regular del gobierno insular cuyo haber esté fijado por ley — como en el caso del apelante que desempeñaba el cargo de Inspector de Sanidad — que pretenda percibir paga o compensación adicional por servicio personal n oficial de cualquier género de cualquier junta, comisión u organismo que sea a su vez una dependencia del gobierno insular. [2] Que la Comisión Hípica Insular es una dependencia del Go-bierno Insular no tenemos duda, pues debe su existencia a una ley de la Legislatura a virtud de la cual sus miembros son nombrados por el Gobernador con el consejo y consen-timiento del Senado de Puerto Eico; debe adoptar y usar un sello oficial del cual toman conocimiento judicial los tribunales, sus ingresos' son depositados en el Tesoro Insular y se mantienen en un fondo especial, y todo su funciona-miento está regulado por dicha ley.

Los fondos de la Comisión Hípica lo constituyen el 5 por ciento de los descuentos del 30 por ciento que se hagan en los hipódromos del total bruto apostado “en los ‘subscription funds’, ‘pools’, ‘mutuels’ y en cualquier otro sistema de apuestas que por reglamento autorice y regule la Comisión Hípica Insular.”. (Artículo 29 Ley de 1941). Los ingresos así obtenidos son invertidos o gastados, no como desee y determine la Comisión Hípica, sino en la forma en que la Legislatura expresamente ha provisto en el artículo 31 dé la Ley. IJna mera lectura de este artículo demuestra que si bien los fondos de la Comisión Hípica provienen de las apuestas hechas en los hipódromos dicho organismo, como dependencia del gobierno, sólo pnede invertirlos para los fines expresamente especificados por la Legislatura y ann en determinados casos necesita obtener la aprobación del Gober-nador de Puerto Rico. Siendo esto así, no pueden conside-rarse dichos fondos, como pretende el apelante, fondos pri-vados de la Comisión Hípica y a cuya inversión no pueda aplicarse la prohibición contenida en el artículo 177 del Có-digo Político, supra, y la disposición del párrafo 13 del ar-tículo 34 de la Carta Orgánica al efecto de que ninguna ley “permitirá a ningún funcionario o empleado percibir com-pensación por más de un cargo o empleo.” En el caso de López v. Mariorell, supra, se resolvió que esta prohibición del Acta Orgánica era aplicable aun en aquellos casos en que los cargos sean compatibles — como sostiene el apelante que lo son los que él desempeñó.

El hecho de que la Legislatura en el año 1943 aprobara una ley enmendando el artículo 15 de la Ley Hípica, al efecto de que el pago de los honorarios de un veterinario nombrado por la Comisión Hípica Insular, cuando dicho veterinario presta además servicios al Gobierno de Puerto Rico, no estará sujeto a la prohibición contenida en el artículo 177 del' Código Político, tiende a demostrar que la Legislatura consideró que dicha enmienda era necesaria para excluir un caso como el del apelante de los efectos de dicha prohibición. Asumiendo, sin resolverlo, que dicha enmienda sea válida, no obstante la prohibición contenida en la sección 34 de la Carta Orgánica, es obvio qne a la misma no puede dársele efecto retroactivo para cubrir el caso del apelante, ya que la Legislatura expresamente no lo dispuso así. Artículo 3 Código Civil.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

        (1)“ Articule 177. — Ningún funcionario o empleado que esté regularmente empleado en el servicio del Gobierno Insular, o de cualquier municipio, u orga-nismo que dependa del Gobierno, cuyo salario, haber o estipendio sea fijado de acuerdo con la ley, recibirá paga adicional, o compensación extraordinaria de ninguna especie, del Gobierno Insular a de eualqwier municipio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ningwna forma, por servicio personal u oficial de cualquier género, aunque sea prestado en adición a las funciones ordina-rias de dicho funcionario o empleado, a menos que la referida paga adicional o compensación extraordinaria esté expresamente autorizada por la ley, y conste expresamente en la correspondiente asignación que ésta se destina a dicha paga adicional o compensación extraordinaria; Disponiéndose, sin emba/rgo, que nada de lo aquí provisto tendrá aplicación a los médicos y practicantes que presten sus servicios en las cárceles de distrito y establecimientos sanitarios y benéficos a cargo de El Pueblo de Puerto Kieo, los cuales podrán percibir, en lo que respecta a médicos, una remuneración adicional por este concepto que no exceda del cin-cuenta (50) por ciento del sueldo principal que disfrutaren como empleados de El Pueblo de Puerto Kieo o de cualquier municipalidad de la Isla; Y disponién-dose además, que nada de lo contenido en este Artículo se interpretará en el sentido de que afecte o modifique cualesquiera disposiciones de leyes vigentes en que se ordene la suspensión, total o parcial, de los preceptos de dicho Artículo 177.” (Bastardillas nuestras.)

      (2)Ley núm. 11 de 18 de abril de 1932 (Leyes de 1931-32, pág. 195), subsi-guientemente enmendada varias veces, siendo la última por la Ley núm. 184 de 14 de mayo de 1941 ((1) pág. 1387).

        (3)‘ 'Artículo 31. — La Comisión Hípica Insular dispondrá de no más del ochenta (80) por ciento de dichos ingresos para el pago de sus dietas o sueldos, así como los de sus funcionarios y empleados y los gastos corrientes, y para con-tribuir a aumentar los premios de las carreras en que se otorguen copas o trofeos y para asignar premios a los ‘jooheys’ y ‘trainers’ y dueños de caballos y a los dueños de potreros en la forma y cuando dicha Comisión lo creyere conveniente a los intereses del deporte hípico y para el mejoramiento de la raza caballar en Puerto Eico. No menosdel veinte (20) por ciento restante será repartido en la forma siguiente: el setenta (70) por ciento para ser repartido proporcionalmente entre los municipios para ser invertido en el sostenimiento de comedores escolares en la zona urbana y el balance del treinta (30) por ciento para ser repartido entre las instituciones benéficas que no e3tén sostenidas por el estado y en las cantidades quo determinare dicha Comisión con la aprobación del Gobernador de Puerto Bico. Disponiéndose, que el por ciento anteriormente designado para los comedores escolares, por la presente se asigna a los fondos de la Comisión Hípica Insular, por el término de un año, a partir de julio 1ro. 1941, para solventar el déficit de dicha Comisión según figure en la indicada fecha; V entendiéndose, que al vencimiento de dicho año, o sea, a partir de julio 1ro. 1942, dicho por ciento asignado a los comedores escolares, se distribuirá a los mismos, en la forma an-teriormente dispuesta por esta Ley. Disponiéndose, además, que la Comisión Hí-pica Insular de sus otros ingresos consignará en el presupuesto que ha de regir para el año fiscal 1941-42 la cantidad necesaria adicional para solventar dicho déficit. Y disponiéndose, además, que la Comisión Hípica Insular asignará anual-mente en su presupuesto una cantidad no menor de $1,000 para crear un fondo de reserva, hasta la suma de $15,000, y contra el cual fondo, solamente podrá girar con la aprobación del Gobernador de Puerto Bico. ”

      (4)Ley núm. 85 de 12 de mayo de 1943 (pág. 199).


author: El Juez Asociado Señor Snydee

text:
    Reyes Picón y su esposo Claudio Torres, demandantes y apelados, v. Merciader, Demetria, Joaquina, Gregoria, Agueda y Donaciano, todos de apellidos Mercado Martínez; Juan Mercado y Pablo Torres, demandados y apelantes.
    Núm. 8772.

    — Sometido: Enero 19, 1944.

      Resuelto: Abril 26, 1944.

      Pedro E. Anglade, abogado de los apelantes; Diego E. Ramos, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Snydee

emitió la opinión del tribunal.

Beyes Picón y su esposo radicaron un pleito en la corte de distrito contra Merciader Mercado Martínez y otros para recobrar la posesión de cierta finca de 40 cuerdas, solici-tando se les prohibiera a los demandados que los molesta-ran en la posesión de la misma. Se alegó que la finca en cuestión había sido adquirida por los demandantes en una subasta. En un procedimiento anterior de desahucio en pre-cario radicado ante la misma corte, los demandantes obtu-vieron nn auto de lanzamiento contra los demandados. Con-trario a lo resuelto por esta Corte en Borges v. Janer, Juez, 59 D.P.R. 953, se dictó un nuevo auto de lanzamiento al vol-ver a ocupar los demandados ciertas casas radicadas en la finca. Después de notificárseles el segundo auto de lanza-miento, los demandados, sin embargo, volvieron a ocupar otra vez las mismas casas, que incidentalmente, admiten los demandantes pertenecen a los demandados. Entonces los demandantes radicaron el presente recurso de injunction. El caso se encuentra ante esta Corte en apelación contra sentencia de la corte de distrito a favor de los demandantes.

Ambas partes levantan un número de cuestiones, pero es suficiente resolver un punto fundamental para disponer de esta apelación. La alegación esencial de que los apelados estaban en posesión de la finca aquí envuelta dentro del año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda, está predicada en la alegada posesión qite los demandantes obtu-vieron del márshal al ejecutarse el último auto de lanza-miento. Sin embargo, la declaración del márshal, cuyas par-tes pertinentes se copian al margen claramente demuestra que hubo bastante confusión en cuanto a las colindancias de la finca en controversia, que ésta nunca se identificó debida-mente y que el márshal, por tanto, de hecho nunca le dió a los demandantes la posesión material de la finca.

Esto .surge aun más claro al indicarse que la corte de distrito sugirió se nombrara a un agrimensor para que loca-lizara el terreno. Si era imprescindible antes de decidir este injunction localizar el terreno mediante una mensura, es obvio que el márshal no había puesto a los demandantes en posesión efectiva de la finca de acuerdo con el último auto de lanzamiento. Toda vez que el recurso de los deman-dantes estaba predicado en la alegada posesión obtenida del márshal, no podemos permitir que subsista una sentencia favorable a los demandantes.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dictará una nueva a favor de los demandados.

        (1)e‘P. Con vista de los autos del caso de referencia, que muestro al señor márshal — mostrándole al márshal la orden dada por este honorable tribunal bajo fecha 23 de septiembre de 1941, en el caso civil 3310 de referencia — ¿usted recuerda de qué finca lanzó a esas personas? — Beeuerdo el sitio. Las colindancias las des-conozco porque él que iba representando a la parte del demandante, LLeríberto Serrano, me dijo que estaba en la parte céntrica y me dijo que las casas radicar ban en la parte céntrica de la finca.

        “L. La contestación está bien. Hablando de la situación de las personas y, segundo, de la cabida, ¿de cuántas cuerdas?. Si la pregunta no es clara, me avisa. No estamos hablando de que identifique la finca. Estamos hablando de la finca de la cual lanzó a estas personas que mencionó. Le pregunto en cuanto a la cabida, en cuanto.a la situación, y en cuanto a las colindancias por las ins-trucciones que tenía, ¿podría el Márshal decir de qué finca lanzó a esas personas? —No podría decir.

      ¿Se identificó bien por el dicho de las personas de que la finca de la cual iban a lanzar la gente era la finca descrita en el mandamiento? — No, no me cercioré bien. íí

        “P. Situado usted allí en ese sitio, según instrucción del mandamiento, ¿le señalaron el terreno esas personas? — El terreno, no, las casas.

      “P. ¿Y la- finca? — Las casas.

        “P. ¿Usted dice que usted no se cercioró de cuál era la finca? — No, señor.

      “P. ¿Usted no sabe si eso era de cuarenta cuerdas o de otra finca de los demandados? — No, señor. No lo sé.

      “P. ¿De manera que usted cuando hizo el lanzamiento, usted no sabía las colindancias de la finca de cuarenta cuerdas? — No, señor.
      “P. ¿No sabe si las casas están en la finca de cuarenta cuerdas o en la de cien cuerdas que es de ellos? — No, señor.
      “P. ¿Usted de manera que no sabe si fué a la de cuarenta? — No, señor.
      “P. ¿Usted sabe qué distancia hay, cuántas cuerdas hay entre las casas de la finca de cuarenta cuerdas? — Hay un alambre que divide la residencia de esta señora.
      Í(P. ¿En cuanto a la finca de cien y la de cuarenta cuerdas no sabe la división? — No, señor.” (Bastardillas nuestras).

      (2)La manifestación de la corte de distrito es como sigue:
      “La corte va a hacer constar en récord, para las dos partes, que debido a las circunstancias de este caso y a las alegaciones que aquí se han presentado, la Corte propone a las partes, por creerlo necesario para dar un fallo completamente justo, que la Corte designe un agrimensor que localice las cuarenta cuerdas, de-biendo cada una de las partes, por su representante, decir dónde están las cuarenta cuerdas objeto del desahucio.”


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Francisco Rodríguez Rovira, peticionario y apelante, v. Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8837.

    — Sometido: Abril 14, 1944.

      Resuelto: Abril 26, 1944.

      Celestino Iriarie, F. Fernández Cuyar y II. González Flanes, abogados del apelante; IIon. Procurador General Interino Jesús A. Gon-zález y A. E. Franco Cabrero, Procurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La opinión de la corte de distrito en este caso dice como sigue:

“El peticionario, siendo Jefe Auxiliar del Negociado de Hacienda Municipal del Departamento de Hacienda, fué separado de su puesto por el demandado el 18 de febrero de 1942, sin que se le formularan cargos, sin mediar justa causa, y sin ser oído.
“Instó este recurso de mandamus interesando su reposición en el cargo del cual fué separado. Sostiene ser un funcionario compren-dido en el Servicio Civil Clasificado, y que por tal razón carece el demandado de facultad para separarlo sin formulación de cargos y audiencia. El demandado sostiene que el demandante no pertenece al Servicio Civil Clasificado, y por lo tanto actuó dentro de sus facul-tades el demandado al separarlo de su puesto sin formularle cargos ni oírle.
“No existe controversia en cuanto a los hechos esenciales.
“El demandante ocupó, en calidad de empleado temporero, los. puestos de Agente de Rentas Internas y de Inspector de la Lotería, desde el primero de octubre de 1936 hasta el primero de agosto de 1938. En esta última fecha, fué nombrado permanente Inspector de Lotería, pero no mediante examen de libre oposición, sino mediante exención concedida por el Gobernador al amparo del apartado (7c) de la sección 4 de la Ley de Servicio Civil.
“Continuó el demandante como Inspector de la Lotería hasta que, en mayo 8 de 1940 fué ascendido al puesto de Jefe Auxiliar del Negociado de Hacienda Municipal. Si bien para esa fecha había el demandante aprobado un examen que le había calificado como ele-gible para esa plaza, haciendo el número 6 en la lista de elegibles al aprobar dicho examen el 30 de junio de 1938, el nombramiento no fué hecho a base de una terna de los tres primeros elegibles, sino que fué hecho a base de ascenso sin examen de libre oposición.
“Es evidente que el demandante no estaba comprendido dentro del Servicio Civil Clasificado mientras ocupó, en calidad de tempo-rero, las plazas de Agente de .Rentas Internas e Inspector de Lotería. Tampoco ingresó en el servicio clasificado al ser nombrado definiti-vamente Inspector de Lotería sin mediar examen de libre oposición, en virtud de exención concedida por el Gobernador. Sárraga v. Sánchez Bonet, 56 D.P.R. 892.
“Nos resta considerar si el nombramiento del demandante como Jefe Auxiliar del Negociado de Hacienda Municipal le colocó dentro del servicio clasificado. Como hemos visto, no se verificó el nombra-miento a base de examen de libre oposición. Si bien el demandante había sufrido el examen correspondiente, y lo había aprobado, no aparece que fuese uno de los tres elegibles que resultaran victoriosos en el examen y por el contrario la prueba indica que ocupaba el sexto puesto entre los que se sometieron al examen. No aparece que tu-viera derecho, de acuerdo con lá ley, a ser nombrado. El mero hecho de haberse aprobado el examen no autorizaba el nombramiento. Es evidente que lo.s fines que persigue la Ley de Servicio Civil sólo se cumplirían a medias si pudiese ingresar en el servicio clasificado cualquier persona que aprobase el examen correspondiente, sin tener en cuenta para nada el puesto que ocupa entre los que se sometieron al examen. No se limita la ley a exigir un examen.' Exige un examen de libre oposición. Y en su sección 22 prescribe la ley que los nom-bramientos se harán de entre las tres personas que hayan obtenido la más alta clasificación como resultado del examen.
“Podría arguirse que, estando el demandante ocupando un cargo comprendido dentro del servicio clasificado, como lo es el de Inspector de la Lotería, podía ser ascendido a otro, y que ese ascenso en alguna forma tuvo el efecto de colocar al demandante dentro del servicio elasiñeado. Es cierto que el nombramiento de Jefe Auxiliar del Ne-gociado de Hacienda Municipal se hizo figurar oficialmente como ascenso. Dudamos que, aunque así se le llame, sea válido el nombra-miento, en ausencia de una nueva decisión del Gobernador eximiendo al demandante del examen de libre oposición en cuanto al nuevo cargo. Pero aunque se entendiese que la exención originalmente concedida por el Gobernador es extensiva a cualquier otro cargo de clasificación parecida a aquel para el cual se obtuvo la exención, siempre tendría-mos que el demandante ocupaba el cargo de Jefe Auxiliar en virtud de dicha exención, y no en virtud de nombramiento hecho de acuerdo con la sección 22 de la ley, y según la teoría del caso de Sárraga v. Sancho Bond, supra, sólo están protegidos contra la separación caprichosa del funcionario nominador aquellos empleados “que ocupan regularmente, y no por vía de privilegio o concesión especial, los cargos comprendidos en el Servicio Civil Clasificado”.
“Por los motivos expuestos, entendemos que el demandante no está incluido en el Servicio Civil Clasificado, y que por tal razón su cargo estaba a merced del demandado, sin que fuese menester para su separación la formulación de cargos, y sin que sean pertinentes las motivaciones, justas o injustas, de la separación.

“Arguye el demandante que, habiendo él establecido prima facie su título a un cargo en el servicio civil clasificado, no puede el demandado impugnar ese título en este procedimiento, sino que. el demandante debe ser repuesto, quedando el demandado entonces en libertad de tomar los pasos necesarios para anular el título prima facie del demandante.

“Pero es que no existe un caso prima facie que indique que el peticionario pertenezca al servicio civil clasificado. Sil título, o sea, las constancias oficiales de la Comisión de Servicio Civil, sólo indica que fué nombrado Inspector en virtud de exención de examen conce-dida por el Gobernador, y que luego fué ‘ascendido’ a otro puesto, no en virtud de terna sometida por la Comisión de Servicio Civil al Tesorero, sino a propuesta del Tesorero y con la aprobación de la Comisión (véanse exhibits 1 y 2 del demandante). En otras pala-bras, del alegado título del demandante surge que no ingresó en el servicio clasificado, en ningún momento, a base de examen de libre oposición. No se trata, pues de un título que prima facie indique que el demandante pertenece al servicio clasificado, sino de un título que indica precisamente lo contrario. No es de aplicación, por lo tanto, la regla que invoca el demandante.
“Debe dictarse sentencia declarando sin lugar la petición, con las costas.”

Después de un minucioso examen del récord y de los errores señalados por el apelante, convenimos enteramente con el razonamiento de la corte de distrito. Cf. García, v. Cordero, 62 D.P.R. 315.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Comunidad Religiosa Católica de Reverendas Madres Carmelitas Calzadas, Inc. de San Juan, Puerto Rico, demandante y apelante, v. Neftalí Reyes Arroyo, demandado y apelado.
    Núm. 8859.

    — Sometido: Enero 19, 1944.

      Resuelto: Abril 26, 1944.

      José Bonet, abogado de la apelante; R. Castro Fernández y Enrique Segarra, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso (a) para que se declare nula la cancelación hecha por el registrador de la propiedad de un censo que gravaba cierta finca urbana, (b) para que se vuelva a anotar el referido censo y (c) para cobrar los ré-ditos dejados de pagar desde la cancelación del censo. La demandante ha apelado de una sentencia de la corte de dis-trito declarando con lugar la excepción previa interpuesta contra la demanda por el fundamento de que los hechos ale-gados no constituían una causa de acción.

Los hechos en este caso son como sigue: en el 1814 se constituyeron varios censos sobre una casa sita en San Juan. Uno de ellos era de 300 pesos a favor de Las Madres Carmelitas. Este censo se inscribió en los libros de las antiguas anotadurías, y cada vez que se enagenaba el inmueble los distintos compradores reconocían la existencia de este censo y rebajaban su valor del precio de venta. En dicha forma Josefa María Borges, en 1891, adquirió la propiedad, quien a su vez en 1894 la traspasó bajo las mismas circunstancias a Manuela Fernández Noell. Al inscribirse estos dos últimos documentos de compraventa en los moder-nos libros del registro se mencionó el censo en cuestión pero no bubo constitución expresa del gravamen. De la misma manera, cuando Manuela Fernández Noell hipotecó la finca en 1915, la existencia de este censo sólo se mencionó en la escritura de hipoteca y en su inscripción.

Manuela Fernández Noell pagó hasta el 1929 el 5 por ciento anual sobre el capital del censo según éste disponía. En dicho año solicitó y obtuvo que el Registrador cancelara la referida mención del censo de conformidad con la Ley nú-mero 12, Leyes de Puerto Rico de 1923 (Sesión Extraordi-naria) y la Ley número 12, Leyes de Puerto Rico de 1924, (Sesión Extraordinaria). En 1934 Manuela Fernández Noell ■ vendió la propiedad a Neftalí Reyes Arroyo. La escritura de compraventa no hizo relación alguna de la existencia de este censo y fue inscrita libre de gravámenes.

La nueva Ley Plipotecaria y su Reglamento entraron en vigor en 1893. Su artículo 397 dice en parte como sigue:

"Los asientos contenidos en los libros del Registro existentes en las Contadurías, Anotadurías o Receptorías de hipotecas, producirán los efectos que les correspondan, según la legislación anterior a la fecha en que se planteó la ley Hipotecaria en las respectivas islas de Ultramar, si los referidos asientos se hubiesen trasladado o se trasla-dasen a los libros modernos del Registro.
"Los asientos de censos, hipotecas, gravámenes y cualquiera otra clase de derechos reales, contenidos en los indicados libros existentes en las Contadurías, Anotadurías o Receptorías de hipotecas, deberán ser trasladados a los del moderno Registro dentro del término de un áño, a contar desde la promulgación de la presente ley. Dicha tras-lación deberá verificarse a instancia de parte.
"Si la traslación se solicitase por instancia dirigida al" Registrador dentro de dicho plazo, los efectos de la traslación se retrotraerán a la fecha de la toma de razón en l'os antiguos libros, haciéndolo constar así en los nuevos. Si la solicitad de la traslación se verificase en fecha posterior, no podrá perjudicar a tercero. ...”

El artículo correspondiente del Reglamento establece en parte como signe:

“ Art. 449. Para que los asientos de dominio contenidos en los libros aiítiguos de registro, a que se refiere el párrafo primero del art. 397 de la Ley, produzcan en cuanto a tercero los efectos señalados en la legislación vigente cuando se hicieron los citados asientos, es indispensable que se trasladen a los libros modernos. Esta traslación de-berá solicitarse por escrito, sujetándose a los trámites que marcan los artículos siguientes y podrá pedirse en cualquier tiempo. Si la tras-lación no se verificase, seguirán surtiendo sus efectos, aunque no contra tercero, dado lo dispuesto en el mencionado párrafo primero del art. 397, sino solamente entre los interesados y aunque carezcan de alguno de los requisitos que bajo pena de nulidad exigen los ar-tículos 9o. al 13 de la ley, conforme dispone el párrafo último del mismo art. 397.
“Los asientos que no sean de dominio a que se refiere el párrafo segundo del art. 397 de la ley, tendrán que ser trasladados para que perjudiquen a tercero en el plazo de un año, contado desde la promul-gación de la ley; esta traslación se solicitará por escrito dentro del referido término, con sujeción a los artículos siguientes, surtiendo todos sus efectos desde la fecha de la toma de razón en los antiguos libros, aunque la traslación se verifique con posterioridad, siempre que la instancia se haya presentado dentro del año referido. ...”

De conformidad con dichos artículos la protección prove-niente de la inscripción en los antiguos libros podía conser-varse siempre-y cuando que dichos asientos fueran traslada-dos a los modernos libros de Registro. Y estando pendiente la consumación de dichos traslados, cualquier mención en los libros modernos, al inscribirse transacciones nuevas, sólo obligaba a las partes que reconocieran expresamente en sus contratos la existencia del gravamen envuelto. Hasta que fueren debidamente inscritos en el registro moderno estos contratos por tanto creaban sólo una obligación personal. Y de no efectuarse el traslado, la mención del gravamen no podía obligar a aquellos quienes, después de la vigencia de la Ley, adquirieron la propiedad envuelta sin reconocer la existencia de tal gravamen. Esto, desde lnego, no tenía efecto en la existencia continna de una obligación personal por parte de aquellos que expresamente la habían reconocido.

Morell, comentando estos artícnlos de la Ley Hipotecaria y sn Reglamento, describe como tercero a aquel qne adquiere bienes inmuebles bajo las circunstancias antes ex-puestas. Hace el siguiente comentario sobre el artículo 397, párrafo 3:

"Según este párrafo, los asientos antiguos cuya traslación no se solicita en el término de un año, no perjudican a tercero mientras no se trasladen; pero no se borran, no desaparecen, porque la traslación puede después verificarse a instancia de parte en cualquier tiempo; lo único que ocurre, es que si se trasladan después del año, no perju-dican al tercero, dice el artículo, sólo perjudican a tercero desde la fecha de la traslación, debe decir. En otro caso la traslación sería inútil.
"Parecía deducirse del proyecto de reforma de donde se fian to-mado estas disposiciones, que el dueño actual del inmueble no se podía considerar tercero. En el silencio de la ley debe entenderse tercero el que no hubiese sido parte en el acto o contrato inscrito. Si el dueño continúa siendo el mismo que en la época en que se constituyó, reco-noció, modificó o inscribió el gravamen, podrá no ser tercero; pero si es ya una persona distinta debe considerársele como tal.” (Bastar-dillas nuestras).

También, comenta el artículo 449 del Reglamento, como sigue:

"Los asientos de dominio extendidos en el antiguo Registro pue-den trasladarse al Registro moderno en cualquier tiempo. Mientras no se trasladen no perjudican a tercero. Una vez trasladados, ¿per-judican a tercero solamente desde la traslación, o se retrotraen sus efectos a la fecha del asiento antiguo? Como no se sabe si ban de llegar a ser trasladados, y si la traslación no se verifica, sólo producen esos asientos efecto entre.los interesados, es probable y debe suponerse que no podrán ser perjudicados los terceros que hayan adquirido algún derecho sobre la finca desde la 'publicación de la ley hasta que la traslación tenga efecto.” (Bastardillas nuestras).

Por tanto la situación era que el traslado podía efec-tuarse aun después de expirado el año, pero que sólo afec-taría compradores posteriores, que no hubieran reconocido la existencia del gravamen desde la fecha en que se verificó el traslado. Sin embargo, la falta de un período fijo pres-criptivo para el traslado a los libros modernos vino a crear un estado de incertidumbre en el Registro. Por tanto la Le-gislatura aprobó las Leyes número 12 de 1923 y 1924, las partes pertinentes de las cuales se copian en el margen. Los términos de estas leyes reflejan el propósito de la Le-gislatura para disponer la cancelación de aquellas menciones que aparecían, bien en los antiguos o nuevos libros luego de haber transcurrido 20 años,'de no dar las partes interesa-das los pasos necesarios para hacer efectivos sus derechos.

Como hemos visto, la Legislatura, al aprobar los artícu-los 397 y 449, no estableció un término fijo para la trasla-ción definitiva de los asientos de los antiguos a los nuevos libros, transcurrido el cual no pudiera efectuarse tal trasla-ción. En su consecuencia, de acuerdo con dichos artículos, se podía efectuar la traslación aun después de expirado el año. Esta era una situación desgraciada, en vista del hecho de que bienes inmuebles que aparentemente de los nuevos libros estaban libres de gravámenes, podían estar gravados y con ello afectar futuros compradores, o perjudicar de esta suerte el crédito territorial. Examinadas a la luz de estas circunstancias, es claro que las nuevas leyes, adicionadas a la Ley Hipotecaria como los artículos 388 a, 388 b y 388 c, no fueron simplemente una nueva promulgación de lo que ya se había dispuesto en los artículos 397 y 449. Esto hu-biera sido innecesario, ya que como hemos visto dichos ar-tículos no establecieron fecha fija de prescripción dentro de la cual debiera efectuarse la traslación. Por tanto es obvio que uno de los propósitos de las Leyes de 1923 y 1924 fué fijar un' término definitivo dentro del cual efectuar la tras-lación. Si dentro de dicho término no se hace tal solicitud, se renunciaba a la garantía que la inscripción en el registro conlleva, aun cuando la obligación personal entre las primi-tivas partes contratantes continúa subsistiendo. Expirado el término provisto en las Leyes de 1923 y 1924, cualquier parte interesada podía solicitar del Registrador, de conformidad con las mismas, la cancelación de las menciones qne afecta-ban sn propiedad. Esto es exactamente lo qne ocnrrió en este caso. Y el demandado, habiendo adquirido la propie-dad después de efectuarse la cancelación de la mención en el registro y sin haber reconocido su existencia, era un ter-cero.

La sentencia de- la Corte de Distrito declarando con lu-gar la excepción previa a la demanda será confirmada.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Julio 28, 1944.

El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Fundamentando su moción de reconsideración presentada en este caso, la apelante suscita dos cuestiones: (1) que es errónea aquella parte de nuestra opinión que se refiere a la obligación personal del dueño de la finca acensuada; y (2) que en el presente caso la mención del censo a favor de la apelante no podía ser cancelada en los modernos libros por-que se trata de una mención expresa reconocida por todos los que fueron dueños de la finca acensuada con anterioridad a Neftalí Reyes.

En cuanto a la primera cuestión tiene razón la apelante. Como dice Manresa, el censo es un derecho real inseparable de la cosa sobre la cual se constituye. En nada afecta a la persona. Es por esa razón que, si se enajena la finca a un tercero, el eedente queda libre del censo, y la carga pasa al cesionario como dueño o poseedor del inmueble gravado. La única obligación personal que la ley impone al dueño de la finca es el pago de las pensiones que se devenguen mientras haya sido dueño, aunque se interponga la reclamación' después de haber cesado como tal.

No estamos conformes con la segunda Contención de la apelante expuesta en su moción de reconsideración. La Ley Núm. 12 de 29 de agosto de 1923 ((2) pág. 37) tiene por objeto, según indica su título, proveer un “procedimiento para cancelación de gravámenes y menciones de derechos y la extinción de ciertas inscripciones y anotaciones, por lapso de tiempo . . . ”. La Ley Núm. 12 del 25 de junio de 1924 (pág. 109), que enmendó el inciso (a) de la sección Ia. de la Ley de 1923, persigue el mismo propósito. En ninguna de ellas se-establece distinción entre menciones expresas y menciones de oficio.

El inciso (a) de la sección I., según fué enmendado el 25 de junio de 1924, refiriéndose a las menciones de censos, prescribe que no se cancelarán de los antiguos o modernos libros del registro, cuando la parte interesada solicite la tras-lación del asiento o mención del derecho mencionado a los modernos libros del registro, dentro del plazo de dos años a contar desde el día en que empiece a regir dicha ley del 25 de junio de 1924, o dentro del mismo período radique de-manda en reclamación de su derecho, anotándola en el regis-tro. En Cuba, donde existe una Ley Hipotecaria igual a la nuestra, salvo ligeras variaciones con motivo de las enmien-das de que dicha ley ha sido objeto en uno y otro país, al tratar de cancelación de menciones, expresamente se excep-tuaron aquellas que aparecían reconocidas en los títulos por los interesados — es decir, en Cuba se exceptuaron las men-ciones expresas de una disposición sobre cancelación similar a la que aquí existe. Pero en nuestras Leyes no encontra-mos tal exención. Bajo la Ley Núm. 12 de 1923 la apelante tenía un año desde el día en que empezara a regir dicha ley para solicitar la anotación del derecho mencionado o para instituir demanda reclamando su derecho junto a la anota-ción de la misma en el registro. Por la Ley Núm. 12 de 1924 este período fué aumentado a dos años. Sin embargo, la apelante no hizo uso de este derecho, y la mención, como he-mos visto, fue cancelada.

Toda vez que el primer error señalado en la moción de reconsideración no afecta el resultado a que llegamos en este caso, y no existiendo el segundo error alegado, la moción de reconsideración será declarada sin lugar.

      (1) De acuerdo con el articulo 456 del Reglamento para los efectos de la ley Hipotecaria y su Reglamento son libros o registros antiguos los anteriores al día 1 de mayo de 1880 y modernos los posteriores a esa fecha.

      (2)Legislaeióa Hipotecaria de Ultramar, anotada por José Morell, Madrid, 1893, pág. 112.

      (3) Legislación Hipotecaria de Ultramar, anotada por José Morell, Madrid, 1893, pág. 260.

      (4)La Ley número 12 de 1923 ((2) pág. 37) provee en parte como signe:
      "Ley regulando el procedimiento para la cancelación de gravámenes y men-ciones de derechos y la extinción de ciertas inscripciones y anotaciones, por lapso de tiempo, en el Registro de la Propiedad.
      "Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
      "Sección 1. — Los registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar en el res-pectivo registro:
      " (a) Las menciones de hipotecas, de censos y de otros derechos para el pago de dinero o precio aplazado de la compraventa de inmuebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no solicitare la inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día en que empiece a regir esta Ley, o promoviere, dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro."
      Esta Ley fue enmendada por la número 12 de 1924 (pág. 109) para que lea como sigue:
      " (a) Las menciones de hipotecas o de precio aplazado de la compraventa de inmuebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no hubiere solicitado la inscripción del derecho men, cionado dentro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, o hubiere promovido, dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro. Las menciones de censo no se cancelarán en los anti-guos o modernos libros del registro cuando la parte interesada solicita la trasla-ción del asiento o mención del derecho mencionado a los modernos libros del registro dentro del plazo de dos año? a contar desde el día en que empiece a regir esta Ley o promueva dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro; Disponiéndose, además, que dichos registradores de la propiedad a instancia eserita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar también en el respectivo registro cualesquiera otras menciones de derechos para pago de dinero, que no se refieran al precio aplazado de la compraventa de inmuebles, cuando no se fije plazo, o no se indique en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el inmueble, si hubieren transcurrido más de cinco años.”

      (5)Los 20 años empiezan a contarse desde la fecha de la primera mención. (Hernáiz, Torga Co. v. Registrador, 49 D.P.R. 660.)

      (6) El oaso de Comunidad Religiosa etc. v. Fernández, 61 D.P.R. 133 es dis-tinguible, porque en dielio caso el censo estaba debidamente inscrito, y no mera-mente mencionado.


text:
    Manuel Mario Marcano, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada.
    Núm. 304.

    — Sometido: Abril 10, 1944.

      Resuelto: Abril 26, 1944.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Manes, abogados del recurrente; Angel de Jesús Matos, J. Correa Suárez y A. Bandín del Manzano, abogados del Fondo del Estado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es nna solicitud de revisión contra nna resolución de la Comisión Industrial resolviendo que el peticionario no tenía derecho a compensación toda vez que el accidente en cuestión ocurrió únicamente debido a la imprudencia del pe-ticionario (Artículo 4 Ley núm. 45, Leyes de Puerto Rico 1935 (1) pág. 251).

El peticionario fue lesionado al tratar de abordar una guagua. El fundamento de la decisión de la Comisión consistió en que el peticionario fue imprudente en el sentido estatutario al tratar de abordar una guagua en marcha. Recientemente decidimos un caso algo similar. En dicho caso el Administrador resolvió que el obrero “abandonó el estribo del carro en que venía y mientras abordaba el truck en que iban los otros obreros, el cual había ya emprendido la marcha, resbaló cayéndose al suelo, y dando motivo a que las ruedas traseras del truck'le pasaran por encima.” (Cordero, Ackninistrador v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 873; bastardillas nuestras). Por tanto el Administrador concluyó que (pág. 874) “la muerte de este obrero ocurrió como consecuencia de haber asumido un riesgo adicional a los inherentes, a su trabajo al intentar abordar el truck una vez éste había iniciado su marcha”, y que en su consecuencia el accidente no era compensable.

La Comisión revocó la decisión del Administrador y re-solvió que el accidente era compensable. Revisamos la re-solución de la Comisión y la confirmamos. Cierto es que el punto que mereció la principal atención de esta corte en el caso de Cordero fué si el hecho de que el obrero hubiera abordado un truck suministrádole al obrero fuera de los do-minios (premises) del patrono, tenía efecto legal alguno en dicho caso. Pero allí también estaba envuelto expresamente y esta corte lo decidió, el punto de que abordar un vehículo destinado al transporte de obreros, mientras el mismo está en marcha, no es ipso facto nn riesgo adicional asumido por el obrero — en otras palabras, no es nn accidente cansado únicamente por la imprudencia del obrero — impidiéndole re-cibir compensación por nn accidente proveniente de esto.

Esta corte no puede y no intervendrá con las conclusio-nes de hecho de la Comisión. Pero aun aceptando los he-chos tal como la Comisión los halló probados, como cuestión de derecho estamos obligados a resolver que el caso de Cor-dero es de aplicación al presente, y que el accidente del pe-ticionario era compensable.

Se admite que el peticionario era un Inspector del De-partamento de Sanidad y que fue lesionado en el curso de su empleo al tratar de abordar una guagua de la White Star Bus Line cuando' regresaba de un viaje oficial. El peticio-nario esperaba la guagua, junto a muchas otras personas, a la hora del “rush” en una de las paradas regulares de la compañía. Al acercarse a la parada, la guagua redujo la velocidad a 5 ó 10 millas por hora. El peticionario no es-peró k que estuviera totalmente parada, sino que intentó abordarla mientras todavía estaba en marcha. Resbaló y cayó bajo la guagua, pasándole las ruedas por encima, lesio-nándolo. Si al peticionario se le pudiera denegar compen-sación por negligencia contribuyente, vacilaríamos en inter-venir con el criterio de la Comisión en este caso. Pero para poder la Comisión haber llegado al resultado a que llegó, era necesario que resolviera que el accidente fue ocasionado exclusivamente por la imprudencia del peticionario.

En el caso de Cordero resolvimos como cuestión de dereeho sobre hechos similáres, que no se había estaVecido la imprudencia exigida. Es difícil, si no imposible, forjar una regla general que rija tales casos. Los tomos están re-pletos de casos en los cuales las cortes lian tratado de for-mular nna regia que guíe a las comisiones industriales bajo tales circunstancias. En análisis final, cada caso depende de sus propios hechos. Basta decir aquí que el presente está controlado obviamente por el de Cordero más bien que por el de Vargas v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 629 en el que descansó la Comisión.

La resolución de la Comisión será revocada y se devol-verá el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

      (1) ... Creemos que- el accidente ocurrió al intentar Mareano abordar la guaga mientras ésta venía en marcha con el impulso que traía de la pendiente que hay en la calle Morell Campos, por cuya ruta venía dicha guagua. Mareano no tenía necesidad de correr o saltar a coger la guagua. Asumiendo que no se le hiciera señal alguna, él debió haber esperado que ésta parase para montarse. Si él lo hubiera hecho, no ocurre el accidente. Es obvio que es peligroso montar a una guagua mientras está en marcha. Si allí había una parada oficial, la guagua tenía que detenerse y ése era el momento oportuno para abordarla. Mareano se anticipó porque era la hora del "rush” y allí había otras personas esperando. El optó por abordar la guagua corriendo para coger un asiento antes que otro lo hiciera, e incurrió así en imprudencia temeraria, siendo ésta la causa verda-dera del accidente. Véase Vargas v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 629.”

      (2) Enfatizamos que no estamos revisando las conclusiones de hecho de la Comisión Industrial. Pero es nuestro deber determinar si la Comisión ha aplicado correctamente la ley a los hechos tal como los halló probados. A ese respecto, por lo menos, nuestra función es similar a aquella ejercida por nosotros al revisar sentencias de las cortes de distrito. (Pérez Mercado v. Picó, resuelto el 12 de abril de 1944, ante, pág. 401).

      (3)Véanse casos en 45 Words and Phrases. Permanent Edition pág. 302 y siguientes. ’

        (4) Cf. Umpierre v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 765; Cardona v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 847.


author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justino García Alvira, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 10369, 10370.

    — Sometidos: Abril 19, 1944.

      Resueltos: Abril 28, 1944.

      Juan Nevares Santiago, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante fué convicto del delito de tener en su posesión y dominio un revólver, sin declararlo por escrito al Jefe de la Policía del distrito de su residencia. En la misma fecha fué convicto por la portación ilegal de dicha arma. Sentenciado a la pena de dos meses de cárcel por el primero y a tres meses por el segundo de dichos delitos, el acusado apeló de ambas sentencias, viéndose ambos recursos conjuntamente.

Sostiene el apelante que la corte inferior erró al decla-rarle culpable:, (a) porque de la prueba resulta que el acu-sado portaba el revólver en su propia casa, donde residía y podía portarla legalmente; y (b) porque el arma estaba ins-crita a nombre del padre del acusado, viviendo ambos en la misma y siendo innecesario que el revólver estuviese inscrito a nombre del acusado.

Hemos examinado cuidadosamente la transcripción de evidencia. La prueba de cargo, a la que dió crédito la corte sentenciadora, demuestr'a que el día de autos el acusado llegó a su casa como a las cinco de la tarde, se cambió de ropa y salió de nuevo a la calle del Triunfo, en Fajardo; que cómo cinco minutos después el acusado regresó por la misma calle, acompañado del joven Jorge Eomero; que cuando llegaron ambos frente a la casa del acusado, éste entró primero por el callejón al lado de la casa, siguiendo Jorge detrás del acusado; que apenas entraron al callejón, el acusado se'volvió y le hizo tres disparos de revólver a Jorge, hiriéndole dos veces en los pies. La prueba de la defensa tendió a probar que cuando los dos jóvenes penetraron en el callejón, el acusado entró a la casa, sacó el revólver del padre que estaba en un botiquín y desde la casa hizo tres disparos a un perro que estaba echando baba por la boca y se encontraba cerca de un niño que el acusado tenía en la casa. La corte no dió crédito a la declaración del único testigo de defensa, que fúé el padre del acusado, y resolvió el conflicto dando crédito a las declaraciones del joven herido y de la vecina Benita Vé-lez, quien fué testigo presencial de lo ocurrido. Siendo la prueba de cargo suficiente para sostener la acusación por portación ilegal del revólver, debemos resolver que no hubo error en la apreciación de la evidencia.

La segunda cuestión levantada por el apelante fué resuelta en su contra en El Pueblo v. Encarnación Rodrigues García, 61 D.P.R. 899. Establecido el hecho de que el acusado tenía en su poder y bajo su dominio el arma que portaba ilegalmente y con la cual disparó e hirió a Jorge Romero, no constituye una defensa válida, en contra de la acusación por no haber inscrito el revólver a su nombre, el hecho de que el revólver estuviese inscrito a nombre de su padre.

Las dos sentencias recurridas deben ser confirmadas.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Bonocio Román Cancel y Francisco Román Miranda, peticionarios, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agraít Aldea, Juez, demandada.
    Núm. 398.

    — Sometido: Abril 10, 1944.

      Resuelto: Abril 28, 1944.

      Diego E. Ramos, abogado de los peticionarios; Lvás Alegrón Fernán-dez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogado de la deman-dada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios en este caso han solicitado la expedi-ción de un auto de mandamus dirigido a la Corte de Distrito de Arecibo, ordenándole que sobresea y archive la causa criminal núm. 6934, pendiente ante dicha corte contra los pe-ticionarios. He aquí los hechos esenciales del caso:

En 5 de junio de 1940 se radicó ante la corte inferior una acusación contra los dos peticionarios, en la que se les im-putaba la comisión, en 12 de mayo del mismo año, de un de-lito de ataque para cometer homicidio. El caso fué señalado para ser visto el día 26 de noviembre de 1943. El 24 del mismo mes, el Licenciado P. Santos Borges, abogado del acusado, radicó.una moción solicitando la suspensión de la vista hasta nuevo señalamiento y renunciando el término de prescripción fijado por el artículo 448 del Código de Enjui-ciamiento Criminal. El fundamento de dicha moción fué que ni el abogado de los acusados ni el márshal de la corte ha-bían podido - localizar a los acusados para avisarles del se-ñalamiento del caso, no obstante haber hecho gestiones para encontrarles; y se pedía la suspensión para evitar la cita-ción de los fiadores y que se declarase a los acusados prófu-gos de la justicia. La corte inferior ordenó la suspensión solicitada y señaló el 8 de marzo de 1944 para la celebración del juicio.

El día 6 de marzo de 1944, los acusados, representados por el abogado Licenciado Diego E. Ramos, radicaron una “moción de sobreseimiento y archivo” de la acusación, por haber transcurrido con exceso el término de 120 días desde su radicación hasta la fecha de la moción, sin que el caso hubiera sido llevado a juicio. Se alegó que los acusados no fueron notificados ni tuvieron conocimiento del señalamiento para el 26 de noviembre de 1943, no obstante ser ellos ve-cinos del Barrio Florida, donde son muy conocidos; que si se hubiera intentado notificarles se les hubiese encontrado con facilidad; y que ellos nunca autorizaron al Lie. Santos Borges para pedir la suspensión del juicio y menos para re-nunciar el derecho de los acusados a un juicio. rápido.

Bel récord taquigráfico que tenemos a la vista aparece que el 8 de marzo de 1944, al ser llamado el caso para jui-cio, los acusados comparecieron acompañados por el Lie. Diego E. Ramos; y que también compareció en dicho acto el Lie.'Pedro Santos Borges, quien hasta ese momento era el abogado de record de los dos acusados. Al presentarse la moción de sobreseimiento y archivo, el fiscal solicitó su eliminación por estar dicha moción suscrita por un abogado que no es el abogado de récord de los acusados y no haberse presentado una solicitud de los acusados para la sustitución de abogados. La corte, después de hacer constar que la cuestión planteada es una de ética profesional, practicó la siguiente prueba:

Declaró el Subsecretario de la corte, que del Libro de Minutas que tenía en sus manos aparece que al acto de la lectura de la acusación los acusados comparecieron asistidos de su abogado Licenciado Santos Borges; que en las Minutas no aparece constancia alguna de que los acusados hayan soli-citado en momento alguno la sustitución del abogado Santos Borges por otro abogado; y que lo único que aparece es una moción del abogado Santos Borges pidiendo la suspensión del juicio.

El Lie. Santos Borges declaró que fue el Sr. Saro Po-lanco quien en 15 de mayo de 1940 le encargó la defensa de los acusados; que ese mismo día fue a la cárcel a visitar a los acusados e hizo las gestiones necesarias para conseguir que fuesen puestos en libertad bajo fianza; que el día seña-lado para la lectura de la acusación los acusados fueron a buscarle y él fué con ellos a la corte y les representó en dicho acto, haciendo una alegación de inocencia y pidiendo juicio por jurado; que el señalamiento para 24 de noviem-bre de 1943 le fué notificado a tiempo; que le escribió al fia-dor Saro Polanco y no recibió contestación y al ver que los acusados no venían radicó la moción de suspensión, en la que por error se hizo constar que era abogado de oficio; que solicitó la suspensión para evitar que sus representados y los fiadores se perjudicaran; que los acusados no le han pe-dido en momento alguno que se retire del caso, ni tampoco que permita que otro abogado se asocie a él para la defensa ; y que los acusados no le han pagado sus honorarios por ser-vicios prestados hasta la fecha.

El Lie. Ramos declaró que el 6 de marzo de 1944 los acu-sados fueron a su oficina y le informaron que el Lie. Santos Borges no los iba a defender y que fue por ese motivo que él radicó la moción de archivo y sobreseimiento; que nunca habló con Santos Borges sobre el asunto; que examinó el expediente del caso y vió que Santos Borges aparecía como abogado de los acusados; y que en el récord no aparece mo-ción alguna sobre sustitución de abogado.

Terminada la práctica de la prueba, la corte resolvió que hasta ese momento el abogado de los acusados era el Lie. Santos Borges; que la moción de archivo radicada por el Lie. Ramos debía ser desglosada para ser presentada des-pués que los acusados pidiesen a la corte el cambio de abo-gados. Momentos después el Lie. Ramos presentó una moción por escrito, pidiendo la eliminación de Santos como abogado de récord y su sustitución por el Lie. Ramos. La corte or-denó la sustitución de abogado y la suspensión de la vista para que los acusados tuviesen una nueva oportunidad para radicar la moción de archivo. El Lie. Ramos rehusó radi-car de nuevo la moción de archivo y optó por la radicación ante esta Corte de la petición de mandamus que estamos considerando.

No encontramos en todas las actuaciones de la corte inferior nada que pueda ser considerado como lesivo a los intereses de los acusados. Siendo el Lie. Santos Borges el abogado de récord de los acusados y no habiendo .éstos soli-citado que se le sustituyese por el Lie. Ramos, la corte inferior procedió correctamente al no permitir la intervención de este último hasta que los acusados pidiesen a la corte que aprobara la sustitución. Es indispensable al decoro de la corte y para la ordenada tramitación de los asuntos, que el abogado de récord tenga la dirección y defensa de la causa, y que sus actuaciones no puedan ser discutidas o interveni-das, excepto por la parte a quien representa. Cuando un cliente no estuviere satisfecho con los servicios de su abo-gado, su remedio legal es bien sencillo. Todo lo que tiene que hacer es presentar a la corte una moción para que le permita cambiar de abogado. Mientras esto no se haga, la corte debe presumir que la parte ha autorizado al abogado para que la represente y defienda durante el curso de los procedimientos. Gill v. Southern Pacific Co., 174 Cal. 84, 161 Pac. 1153; Garter v. Holt, 28 Cal. App. 796, 154 Pac. 37; McMunn v. Lehrke, 29 Cal. App. 298, 155 Pac. 473; 2 R.C.L. 987; Canon 7 de los Cánones de Etica Profesional, 48 D.P.R. X y XI.

No erró la corte inferior al sostener como sostuvo que mientras el abogado de récord no fuese sustituido por el Lie. Diego E. Ramos, éste no estaba legalmente autorizado para intervenir en el caso.

Del récord ante nos aparece que la corte inferior concedió a los aquí peticionarios amplia oportunidad para radicar de nuevo su moción para el archivo y sobreseimiento de la causa. Y a ese efecto, ordenó la suspensión de. la vista que había sido señalada para el 8 de marzo de 1944. Los acusados rechazaron esa oportunidad que les ofreció la corte inferior y acudieron innecesaria e inoportunamente ante esta Corte en solicitud de un auto de mandamus para el sobre-seimiento y archivo de la causa.

El auto de mandamus procede cuando no existiendo justa causa para que un acusado no haya sido sometido a juicio en el término de 120 días, el tribunal inferior se niega a de-cretar el archivo y sobreseimiento del proceso. En el caso de autos el tribunal inferior no ha tenido una oportunidad para considerar-y resolver si procede o no el sobreseimiento de la causa contra los peticionarios. [4] Estos, teniendo un remedio legal adecuado para conseguir el sobreseimiento, si es que a ello tienen derecho, han recurrido a un remedio extraordinario, el mandamus, que sólo puede ser concedido cuando no existe un remedio legal adecuado,. Además, el récord ante nos no contiene datos suficientes para que poda-mos resolver si existió o no justa causa para la dilación en llevar el caso a juicio.

El auto expedido debe ser anulado y la petición decla-rada sin lugar.


author: El Juez Asocíalo Señor De Jesús

text:
    José Pérez Barros, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada.
    Núm. 291.

    — Sometido: Febrero 7, 1944.

      Resuelto: Abril 28, 1944.

      Garlos D. Vázquez, abogado del recurrente; Angel de Jesús Matos, abogado de la demandada.
   El Juez Asocíalo Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente fué un patrono asegurado bajo la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo aprobada el primero de septiembre de 1925, Leyes de Puerto Rico, 1925, pág. 905. De conformidad con el artículo 13 de la citada ley, era deber de todo patrono con derecho a recibir los be-neficios de la misma, presentar a la Comisión de Indemni-zaciones a Obreros, en o ante's del día 15 de julio de cada año, un estado por duplicado, bajo juramento, expresando el número de obreros por él empleados, la clase de ocupación, de dichos obreros y la cantidad total de jornales pagados a los mismos durante el año económico anterior. A base de la suma total de los jornales declarados en la referida pla-nilla, se computaba la cuota que por concepto de prima de-bía pagar el patrono. También disponía el referido artículo que el seguro de cada patrono comenzaba inmediatamente después que hubiere archivado en las oficinas de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros el referido estado por dupli-cado acompañado del importe de la cuota correspondiente.

El 14 de mayo de 1928 se aprobó la Ley de Indemnizacio-nes por Accidentes del Trabajo, Leyes de Puerto Rico, 1928, pág. 631, la cual empezó a regir el trece de agosto del mismo año. En cumplimiento de lo dispuesto en la ley de 1925 antes mencionada, el recurrente rindió su informe por dupli-cado y pagó su cuota para el año económico 1928-1929, en o antes del 15 de julio de 1928.

El 27 de octubre de 1928 ocurrió un accidente del.trabajo al obrero Juan Paláu, quien trabajaba con el recurrente. Se informó el caso oportunamente, y estimando el Superinten-dente de Seguros que el recurrente era patrono asegurado, se adjudicó al obrero una compensación de cuatrocientos cuarenta dólares en adición a los jornales perdidos por la incapacidad con qne quedó afecto. Posteriormente, al cur-sarse la cuenta por hospitalización y servicios médicos el Negociado de Compensaciones a Obreros del Departamento de Hacienda la rechazó, declarando el 8 de agosto de 1929 que el recurrente no era patrono asegurado al ocurrir el ac-cidente. Basó su conclusión el Negociado en que según ellos el recurrente no dió su conformidad de seguir asegurado en el Fondo del Seguro del Estado al comenzar a regir la Ley núm. 85 de 1928 antes aludida; sino después de nueve días de haber ocurrido el accidente en cuestión.

Celebrada una vista en la Comisión Industrial, ésta dictó resolución sosteniendo la contención del Negociado, y dene-gada la reconsideración que solicitó el patrono, interpuso éste entonces el presente recurso.

La Comisión Industrial basó su resolución en que el re-currente no notificó oportunamente al Negociado su deseo de continuar asegurado en el Fondo del Seguro del Estado hasta el 5 de noviembre de 1928, o sea unos nueve días des-pués de haber ocurrido el accidente en cuestión. La ley de 1928 nada decía sobre el exigir al patrono que indicase si quería o no continuar asegurado en el Fondo del Seguro del Estado, ni imponía como condición precedente a la continua-ción del seguro ya expedido y pagado, que el patrono antes de determinada fecha enviase tal aviso. Pero, es más, no-existe evidencia alguna tendente a determinar la fecha en que se requirió al recurrente para que expresase su confor-midad de seguir asegurado con el Fondo, y el único testigo que declaró sobre ese extremo no puede precisar si el aviso que él dice se envió a todos los patronos, fué enviado tam-bién al recurrente antes o después de ocurrir el accidente al obrero Juan Paláu. No vemos cómo pueda considerarse al recurrente patrono no asegurado en relación con un accidente ocurrido el 27 de octubre de 1928, cuando con anterioridad al 15 de julio del mismo año el recurrente había pagado la prima que lo aseguraba desde el- primero de julio de 1928 hasta el 30 de junio de 1929.

A nuestro juicio la resolución recurrida dictada por la Comisión Industrial el 22 de octubre de 1942 es errónea. Procede su revocación y devolverse el caso para que la Co-misión Industrial dicte otra resolución declarando al recu-rrente patrono asegurado en el Fondo del Segitro del Estado durante el año económico 1928^-29.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Gelpí, acusado y apelante.
    Núm. 10279.

    — Sometido: Marzo 16, 1944.

      Resuelto: Abril 28, 1944.

      A. D. Marchand Paz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, juntamente con Armando Matta y Fernando Eeecio Cruz, fueron acusados de un delito de asesinato co-metido el 15 de febrero de 1942 en la persona de Walter Rochet Gregory en el barrio Pueblo Viejo de Guaynabo. El apelante obtuvo juicio por separado y la prueba demostró que él era dueño de un bar y cabaret denominado “Palo Seco Country Club”; que Walter Rochet Gregory y un amigo de éste llegaron la noche de autos al cabaret y con motivo de ciertas palabras que dichos dos individuos tuvieron con un mozo que los provocó y agredió, el dicho mozo, un compañero de éste y el acusado atacaron a las referidas dos personas con sillas y palos, falleciendo al día siguiente Walter Rochet Gregory a consecuencia de las contusiones recibidas. Al ter-minar la prueba el apelante solicitó de la corte instruyera al jurado que emitiese un veredicto declarando no culpable al acusado. Denegada dicha moción y sometido el caso al jurado, trajo éste un veredicto declarando al acusado culpable de homicidio voluntario, siendo sentenciado a nueve años de presidio con trabajos forzados.

Alega el apelante como único error que 'de acuerdo con el testimonio del médico que practicó la autopsia, el ca-dáver presentó un sinnúmero de lesiones producidas por un instrumento no cortante, algunas de las cuales le ocasiona-ron un shock traumático que, agravado por el alcohol inhe-rido, determinó la muerte; que como no hubo evidencia ten-dente a demostrar que al inferir tales golpes el acusado apelante actuara movido de un designio común con los otros dos coacusados, ni pudo inferirse que fueran los golpes pro-pinados por el apelante y no los inferidos por los otros co-acusados los que produjeron la muerte a Walter Rochet Gregory, la evidencia es insuficiente para declarar al acusado responsable de la muerte.

La defensa admite en su alegato que el testimonio de seis testigos presenciales estableció que el apelante y los otros dos coacusados propinaron golpes con sillas y palos al in-terfecto. Siendo ello así, es de perfecta aplicación el artículo 36 del Código Penal, que prescribe:

“Todas las personas complicadas en la comisión de un crimen, ya fuere ‘felony’ o ‘misdemeanor,’ y que directamente cometieren el acto constitutivo del delito, . . . son principales o autores en el crimen co-metido.”

El designio común puede ser expreso o tácito. En el presente caso la participación activa del acusado en la co-misión del delito, la cual admite el propio apelante, consti-tuye la prueba del designio común con los otros coacusados para la realización del delito. Véase la monografía en 12 A.L.R. 275.

No cabe duda, pues, de que la evidencia que ante sí tuvo el jurado basta para sostener el veredicto.

Proceder por lo expuesto la confirmación de la sentencia.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.


text:
    Oscar A. Gandía, demandante y apelante, v. Heriberto Marín, en su carácter de Presidente del Circuito de Baseball Aficionado de Puerto Rico, Inc., demandado y apelado.
    Núm. 8866.

    — Sometido: Abril 18, 1944.

      Resuelto: Mayo 1, 1944.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cityar y H. González Blanes, aboga-dos del apelante; José M. Valentín Esteres, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del • tribunal.

El día 6 de septiembre de 1943, Oscar A. Gandía, apode-rado del equipo de baseball “Piratas”, radicó ante la Corte de Distrito de San Juan una demanda de injunction, en la que alegó en síntesis lo siguiente:

Que el equipo “Piratas” es miembro y fundador del Cir-cuito de Baseball Aficionado de Puerto Rico, Inc., corporación organizada para fines no pecuniarios, de la cual es Presidente el demandado Heriberto Marín; que en 31 de agosto de 1943, el demandado Marín envió al demandante una comunicación suspendiéndole por un período de cuatro semanas — septiem-bre 6 a 26 de 1943 — y prohibiéndole estar en o visitar la caseta de los jugadores del equipo “Piratas” durante los días de juegos o en forma alguna dirigir dicho equipo.

Alegó el demandante que la suspensión y castigo impués-tosle por el demandado constituían una infracción del proce-dimiento mandatoriamente dispuesto en la Constitución del Circuito de Baseball Aficionado de Puerto Rico, Inc., por ra-zón de que el demandante nunca fué notificado de querella alguna en su contra, ni se le dió oportunidad para ser oído y defenderse; y, además, que el Presidente de la Asociación carece de jurisdicción, autoridad o facultad para imponer por su cuenta tales castigos, salvo que medien los requisitos exi-gidos por la Constitución de dicha Asociación, los cuales no se han cumplido en el presente caso.

Después de alegar los daños que había de causarle la orden de suspensión, el demandante solicitó la expedición de un auto de injunction permanente contra el demandado, prohibiéndole poner en vigor la orden de suspensión. El mismo día en que se radicó la demanda, la corte inferior expidió una orden de entredicho y para mostrar causa por las cuales no debiera decretarse un injunction pendente lite. El demandante prestó una fianza por $300.

El día 7 de septiembre de 1943, el demandante radicó una mocion solicitando se citase al demandado y se le condenase por desacato. En dicha moción alegó que la orden de entre-dicho fue notificada al demandado Marín el 6 de septiembre a la 1:00 p. m. por el marshal de la corte; que dicha orden se hizo expresamente extensiva a dicho demandado y a sns agentes, sirvientes, empleados, abogados n oficiales subalter-nos ; que el 6 de septiembre, a las 2:00 p.m. comenzó un juego de baseball en el que tomaba parte el equipo “Piratas”, em-pezando a actuar como “umpire” el Sr. Adolfo Salazar, de-signado por el demandado, con instrucciones escritas del demandado para impedir que el demandante actuase como director de su equipo, y para obligarle a retirarse del terreno del juego, y en caso de que el demandante se negara a obe-decer dichas órdenes, para que confiscase los juegos a cele-brarse, a favor del equipo contrario al del demandante; que el referido Salazar, no obstante haber sido notificado por Marín para que no cumpliera las instrucciones escritas y ha-berle sido mostrada una copia certificada de la orden de entre-dicho, se negó a cumplir dicha orden y procedió a confiscar los dos juegos que habían de celebrarse aquella tarde, a favor del equipo contrario. Alegó, además, el demandante, que Marín violó también la orden de entredicho al no dejar sin efecto las instrucciones escritas dadas a Salazar, de una ma-nera efectiva, pues se limitó a telefonear a un presidiario para que se entrevistara con el sargento de guardia y le pi-diese a éste que dijera a Salazar que las instrucciones que le había dado quedaban sin efecto.

Citados Salazar y Marín para mostrar causa por las cua-les no debían ser condenados por desacato, comparecieron ante la corte inferior el 13 de septiembre de 1943. Oída la prueba ofrecida por ambas partes, la corte dictó una resolu-ción exonerando a ambos demandados, porque “está conven-cida que los querellados en forma alguna desacataron la orden de la corte”. No estando conforme con dicha resolución, el demandante interpuso el presente recurso.

Sostiene el apelante que la corte inferior erró al exonerar a los querellados, porque a su juicio la evidencia practicada demostró la comisión del desacato. Esto nos obliga a hacer un detenido examen de la prueba.

El hecho de la notificación de la orden de entredicho a Marín qnedó establecido por la declaración del marshal y por la admisión de Marín de haber recibido copias de la petición y del mandamiento.

Declaró el demandante Gandía: El 6 de septiembre de 1943 el equipo “Piratas”, del cnal él es manager, tenía qne celebrar dos juegos de baseball. En ese día no pudo actuar como manager de dicho equipo porque se lo impidió el Sr. Salazar, quien actuaba como “umpire”. Al comenzar el juego, cuando él se acercó al ‘-‘coaching plate”, para desde allí dirigir el equipo, Salazar le dijo que tenía que retirarse porque tenía instrucciones escritas del Presidente Marín para que no se le permitiese en el terreno. Entonces él le mostró a Salazar una copia certificada de la orden de entredicho dictada dos horas antes por el Juez Romany; y Salazar, des-pués de leer la orden de entredicho, le dijo que él tenía una orden escrita del Presidente del Circuito, “que era la que él iba a cumplir”. Gandía le informó a Salazar que si no cum-plía la orden de la corte podría incurrir en responsabilidad y Salazar le contestó “que él se acogía a lo que viniera y que la orden que él cumplía era la del Sr. Heriberto Marín”. Cuando estaban esperando a Salazar para empezar el juego en el campo contiguo al Presidio Insular, llegó un confinado con un papel que decía que Marín había llamado por teléfono para que le avisara a Salazar que podía permitir a Gandía dirigir su equipo ese día; y Salazar, después de leer el men-saje dijo que él no cumplía tampoco esa indicación porque teniendo una orden escrita no la iba a sustituir por una orden telefónica. Gandía no pudo seguir actuando como manager, y al insistir en su derecho, Salazar, cumpliendo las instruc-ciones de Marín, confiscó los dos juegos, causando a Gandía la pérdida de $60 que había gastado. Marín no estuvo en todo ese día en la Liga del Presidio. Cuando Salazar hubo terminado de leer la orden de entredicho, le dijo a Gandía, “esto es contra este señor nada más”, o sea contra Marín. Gandía le contestó que la orden era extensiva a los agentes, empleados y sirvientes, a lo que Salazar replicó que él no era “sirviente” de Marín. Gandía le respondió que él, Salazar, era un “empleado” del Circuito porque estaba co-brando por arbitrar los juegos.

Declaró el Sr. Pedro Vázquez, comentarista de la Radio, que en la ya indicada fecha él habló con el Sr. Salazar sobre el asunto de la suspensión de Gandía. Salazar le informó que había recibido una comunicación telefónica pero no directa de Marín, que se la había entregado el telefonista del Presidio, y que Marín le daba instrucciones para que permi-tiera a Gandía dirigir su equipo. Salazar dijo que él no podía dar crédito a esa orden telefónica porque no la había recibido directamente de Marín. Cuando después de comenzado el juego Salazar le dijo a Gandía que no podía permitirle estar allí en la Liga, Gandía sacó del bolsillo la copia de la orden del Juez Romany y se la enseñó a Salazar y éste dijo que él no podía acatar esa orden porque no era contra él y sí contra el Presidente del Circuito y que para él lo único oficial era el documento escrito por el Presidente.

El querellado Heriberto Marín, declarando en su propia defensa, dijo: Como a la 1:15 p.m. recibió la orden de entre-dicho, la leyó e inmediatámente salió en busca de un teléfono por no tener uno en su casa. Fue al colmado, desde donde acostumbra hacer sus llamadas y lo encontró cerrado. Por fin pudo usar el teléfono en una botica en la parada 22. Llamó primeramente a una compañía de taxis y no tenían un taxi disponible para llevarlo a la Liga del Presidio. En-tonces llamó al Presidio y habló con el encargado del cuadro telefónico y le dió instrucciones para que dijese a Salazar que permitiera a Gandía dirigir su equipo desde el terreno. El juego debía comenzar a la 1:30 p.m. • Como a las dos me-nos diez volvió a llamar al Presidio para ver si su orden ha-bía sido cumplida, habló con la misma persona de lá primera vez y esa persona le dijo que su orden había sido entregada. Terminadas esas gestiones se fué al juego en el Parque Sixto Escobar, que comenzó a las tres de la tarde. Después supo que la orden de la corte no liabía sido cumplida.

El otro querellado, Salazar, declaró: Él iba a actuar como árbitro principal en los juegos de ese día. Un día antes el Presidente del Circuito le dió instrucciones por escrito en relación con el señor G-andía. Cuando él llegó al sitio del juego ya Gandía estaba allí, pero no le dijo nada. Cuando iba a comenzar el juego llegaron dos confinados y le entre-garon una nota firmada por P. Castro y Jim Correa, dos' confinados. En la nota Marín le decía que permitiese a G-an-día dirigir su equipo. Recibió la nota antes de hablar con Gandía. Cuando él dió la orden para empezar el juego, vió que G-andía estaba allí y como él tenía las instrucciones de Marín mandó parar el juego y fe dijo a Gandía que no podía dejarlo allí. Entonces Gandía le mostró unos papeles que sacó del bolsillo. Examinó los papeles y no vió en ellos el sello de la corte ni nada que justificara que el documento era de la corte. Entonces le informó a Gandía que no podía par-ticipar en los juegos porque estaba castigado por cuatro semanas por el Circuito. Que no hizo caso de la nota de los confinados porque él conoce esos “bochinches” de llamar por teléfono, y se dijo “esto me huele a malo”. Entonces fué ai Presidio para hablar por teléfono y tratar de localizar a Ma-rín, pero no pudo conseguirlo después de tratar durante media hora. Ignora si el papel que le enseñó Gandía estaba certificado por el secretario de la corte. No es cierto que él le dijera a Gandía que se acogía a lo que viniera. Que es cierto que él le dijo a Gandía que la orden era contra Marín y no contra él. Que la verdad es que él dudó de que el papel que le enseñó Gandía fuese legal y por eso prefirió seguir las instrucciones de Marín. Que si hubiese visto el sello de la corte, él no es quien para desacatar a la corte. Que él tuvo sus dudas en cuanto a las firmas en el papel. Que nadie puede dar crédito a una nota telefónica firmada por dos cri-minales empedernidos a quienes conoce.

Asumiendo, sin resolverlo, que el querellante, en un caso como el de autos, tenga derecho a apelar de una sentencia absolviendo a los querellados, hemos estudiado el caso en sus méritos. Considerada la evidencia en conjunto y las circuns-tancias especiales del caso, creemos posible que la corte sen-tenciadora, que tuvo ante sí y oyó declarar a los testigos de ambas partes, tuviera una duda razonable en cuanto a.si los querellados tuvieron la intención de desacatar la orden de la corte. Por esos motivos, y por haber aceptado la corte inferior como suficientes las excusas ofrecidas por los que-rellados, creemos que no estaría justificada nuestra interven-ción. Debemos hacer constar, sin embargo, que tampoco hubiéramos intervenido si el fallo de la corte inferior hu-biese declarado a los querellados culpables del desacato que les fué imputado.

Creemos oportuno hacer constar aquí que no hay nada que conduzca más fácilmente al descrédito y a la falta de respeto a las órdenes judiciales, que la benignidad con que muchos tribunales tratan a los acusados de violar o desacatar sus órdenes. Las órdenes judiciales deben ser acatadas sin discusión y sin excusas por aquéllos contra quienes van dirigidas, y éstos deben hacer todas las gestiones humanamente posibles para cumplir el mandato del tribunal. Éste, después de haber expedido una orden, debe insistir en hacer que sea respetada y no debe aceptar razones o motivos baladíes para excusar o perdonar un manifiesto desacato.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    Silvia Simonet, demandante y apelada, v. Otilio Sandoval, demandado y apelante.
    Núm. 8806.

    — Sometido: Abril 13, 1944.

      Resuelto: Mayo 1, 1944.

      Eduardo Pérez Casalduc, abogado del apelante; Francisco M. Ca-dilla, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Silvia Simonet y Otilio Sandoval contrajeron matrimonio en la ciudad de Nueva York el día 13 de febrero de 1934 y el 24 del mismo mes y año establecieron su domicilio en Puerto Pico.

En noviembre 20 de 1942, la señora Simonet radicó demanda de divorcio contra su esposo, alegando “que el de-mandado allá para fines del mes de abril del año 1937, aban-dono a la demandante y desde esa fecha los cónyuges han vivido separados sin interrupción o sea por un período de más de tres años”. (Bastardillas nuestras).

Contestó el demandado con una negativa general de los hechos alegados en la demanda, y como defensa especial alegó que la causa de acción que se ejercita fue ya juzgada y re-suelta en un pleito anterior seguido por la demandante contra el demandado y resuelto a favor de este último. (60 D.P.R. 686).

Al iniciarse la vista del caso, el abogado de la deman-dante solicitó y obtuvo de la corte permiso para enmendar el párrafo sexto de la demanda, eliminando las palabras “abandonó a la” e insertando en su lugar las palabras “se separó de la”. Hizo constar dicho abogado que la acción que se ejercita se basa en la separación por más de tres años y no en el abandono. Al conceder el permiso, la corte hizo constar que a su juicio la enmienda no envolvía sorpresa alguna para el demandado, toda vez que del conjunto de la demanda original se ve claramente que la acción se basa en la separación; que el objeto de la enmienda no es cambiar la causa de acción y sí aclarar para evitar dudas; y que si el demandado así lo deseaba, la corte podría concederle unos días para contestar la demanda enmendada. Habiéndosele concedido cinco días para contestar, el 23 de febrero de 1943 el demandado contestó negando los hechos de la demanda,, interponiendo la defensa de cosa juzgada y alegando que con la eliminación de la palabra “abandonó” del párrafo sexto de la demanda, quedó como única causa de acción la separa-ción de los cónyuges por más de tres años, que es una causa de acción distinta a la de abandono por más de un año; que-dicha enmienda era improcedente; y que la demanda enmen-dada debería ser desestimada por contener una causa de ac-ción distinta.

Celebrada la vista del caso, en abril 7 de 1943, la Corte de-Distrito de Arecibo dictó sentencia a favor de la demandante, condenando al demandado al pago de las costas y honorarios.. El demandado interpuso el presente recurso y para soste-nerlo alega que el tribunal inferior erró al permitir que la demandante enmendara sn demanda variando la cansa de acción; y al dictar una sentencia basada en la Ley núm. 62 de 29 de abril de 1942 ((1) pág. 583), que a su juicio es nula por cuanto no concede al demandado un debido proceso de ley antes de privarle por sentencia de divorcio de derechos adquiridos por virtud del matrimonio, en violación de la en-mienda 14 de la Constitución Federal y de nuestra Carta Orgánica.

El primer señalamiento carece de méritos. En la demanda original se alegó que para fines del mes de abril de 1937 el demandado abandonó a la demandante y que “desde esa fecha los cónyuges han vivido separados sin interrupción o sea por un período de más de tres años”. En la enmendada se dice que en la indicada fecha el demandado se separó de la demandante y que desde esa fecha han vivido separados el uno del otro por másrde tres años, sin interrupción. La causa de acción es en ambos casos la misma. Si el demandado realmente abandonó a la demandante en 1937 y continuó viviendo separado de ella por más de tres años, la demandante sin duda alguna tiene’ derecho a solicitar el divorcio por la causal de separación por más de tres años sin interrupción. Si el demandado se separó de la demandante en 1937 y esa separación ha continuado sin interrupción durante más de tres años, la demandante tiene igual derecho al divorcio. El hecho de si la separación de los cónyuges comenzó por el abandono de la mujer por el marido o por mutuo convenio entre ambos carece de importancia en este caso. El hecho esencial es si los cónyuges han vivido separados el uno del otro por el término estatutario y sin interrupción. Ese hecho fue suficientemente alegado y sostenido por la prueba de la demandante, sin que el demandado presentara prueba en contrario.

Para sostener su contención de que la ley que establece el divorcio por separación por más de tres años es anticonstitucional el apelante alega, en síntesis: (a) que dicta ley es nula porque no concede al demandado un debido proceso de ley antes de privarle, como se le ba privado de derechos adquiridos como resultado del matrimonio, tales como el derecho a administrar los bienes gananciales y el de-recho a participar en los bienes de la esposa a la muerte de ésta; (b) que la disposición de dicha ley al efecto de que “siempre se considerará como cónyuge inocente a la mujer con todos los derechos inherentes a tal condición como con-secuencia del divorcio” y la sentencia dictada en virtud dé dicha disposición privan al demandado de los mencionados derechos.

No tiene razón el apelante al decir que se le condenó sin un debido proceso de ley. Él fue debidamente emplazado, contestó la demanda, compareció a juicio y tuvo la oportu-nidad de confrontarse con los ^testigos de la demandante.

La demandante alegó y probó satisfactoriamente que ella y su esposo habían vividb separados por más de tres años, sin interrupción. 'Eso es todo lo que ella estaba obligada a probar, de acuerdo con nuestras decisiones en Pérez Valdivieso v. León, 52 D.P.R. 512 y Núñez v. López, 62 D.P.R. 567. Y habiendo probado su caso a satisfacción de la corte inferior y obtenido sentencia a su favor, tiene derecho, sin necesidad de la aplicación "de la presunción legal impugnada, a que se le considere como parte inocente, .con todos los derechos inherentes a esa condición.

El demandado no nos ha colocado en condiciones de que podamos considerar y resolver si la disposición legal por él impugnada infringe alguno de sus derechos constitucionales. Es cierto que en Núñez v. López, supra, resolvimos que en casos de divorcio basados en la separación de los cónyuges durante el período estatutario, no era admisible la defensa de recriminación, como lo es en los casos basados en las otras causales reconocidas por el estatuto. En ninguno de los casos citados se levantó la cuestión constitucional. Si el demandado en el presente caso quería plan-tearla, debió liaeerlo ante la corte inferior, empezando por ofrecer ante ella y para ese solo fin la evidencia, si es que alguna tenía, de que él y no la demandante era en realidad la parte inocente de la separación. El demandado no ofreció prueba alguna tendiente a establecer su inocencia y se limitó a ofrecer prueba documental para sostener la insostenible defensa de cosa juzgada. Debemos, pues, reservar nuestra decisión sobre la cuestión constitucional para cuando ésta sea debidamente planteada.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.