author: El Juez Asocíalo Señor Aldrey,

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, peticionario y apelado, v. La Corte Municipal de Juana Díaz, Hon. Herminia Tormes, Juez, recurrida; Roque Santi Galleti, María y Julia García Reyes, Interventores y apelantes.
    No. 6469.
    Sometido: Junio 22, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      López de Tord <& Zayas Pizarro y Carlos J. Teissonniere, abogados de los apelantes; Frank Martínez y F. Campos del Toro, aboga-dos del banco apelado.
   El Juez Asocíalo Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Mientras se tramitaba en la Corte de Distrito de Ponce nn procedimiento sumario promovido por Tbe Federal Land Banli of Baltimore contra Julia Gí-arcía Beyes y también contra Boque Santi Galleti y su esposa María García Beyes para el cobro de una cantidad de dinero garantizada con hipoteca de dos fincas rústicas, una de las cuales es de cuatro cuerdas ochenta céntimos con casa, los demandados en ese procedi-miento presentaron demanda en la Corte Municipal de Juana Díaz contra el banco ejecutante y contra Abraham Sepulveda, éste en su carácter de márshal de la Corte de Distrito de Ponce, para que se declarase por la corte que Boque Santi y su esposa tienen su hogar seguro en la finca de cuatro cuer-das ochenta céntimos con casa, que con otra es objeto del pro-cedimiento sumario en la Corte de Distrito de Ponce, y para que prohíba al banco ejecutante y al márshal de la Corte de Distrito de Ponce que vendan esa parcela de terreno.

Vendidas en subasta en el procedimiento ejecutivo las dos fincas y adjudicadas al acreedor, cuando el márshal de la Corte de Distrito de Ponce trataba de dar posesión de la finca de cuatro cuerdas ochenta céntimos al banco, los de-mandantes en la Corte Municipal de Juana Díaz solicitaron de ese tribunal que para asegurar la efectividad de la sen-tencia que se dictase en ese pleito prohibiese al banco y al márshal demandado que lancen a los demandantes de la ex-presada finca y casa apercibidos de ser castigados por desa-cato. En esos términos decretó la corte municipal el asegu-ramiento de la sentencia.

En procedimiento de certiorari establecido por el banco ante la Corte de Distrito de Ponce contra esa resolución fue-ron oídas las partes y recayó sentencia anulando la expre-sada resolución de la corte municipal y se interpuso esta ape-lación.

Cuando se solicitó y se obtuvo el aseguramiento de sentencia en la forma que fué decretada estaba en tramita-eión en la Corte de Distrito de Ponce el procedimiento insti-tuido por el banco para la ejecución de la hipoteca, pues el márshal de dicha corte no había dado posesión al acreedor de la finca de cuatro cnerdas ochenta céntimos que_ le fué ad-judicada. Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269.

Si bien la prohibición que decretó la Corte Municipal de Juana Díaz lo fué de acuerdo con la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, su orden prohibitoria por sus términos y por sus efectos equivale a una orden de injunction, cuyo propósito y efecto en este caso fué el suspender la ejecución de una orden decretada por una corte de jurisdicción superior, para lo cual no tenía facultad. En el caso de Quan Wo Chung Co. v. Laumeister, 38 Cal. 384, 17 Am. St. Rep. 261, una corte dictó un auto de injunction que impedía el cumplimiento de una orden de una corte superior a aquélla y la corte superior anuló el injunction y declaró que no podía prevalecer contra la orden del tribunal superior.

En vista de los hechos de este caso opinamos que la or-den de la corte municipal fué propiamente anulada por la Corte de Distrito de Ponce.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señot Aldrey,

license: Public Domain

text:
    José Esprívalo y Tomasa Guzmán Ruperto, demandantes y apelados, v. Ramón Cerezo Martínez, demandado y apelante.
    No. 5924.
    Sometido: Abril 26, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      E. Martines Nadal j F. Navarro Ortís, abogados del apelante; A. García Ducós, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señot Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se inició en una corte municipal en cobro de $306.80. La Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia condenatoria en él en grado de apelación y ese fallo fue apelado para ante este Tribunal Supremo. Revocamos la sentencia y ordenamos otro juicio por haberse cometido un error de procedimiento. Esprívalo v. Cerezo, 41 D.P.R. 744. De la nueva sentencia condenatoria de la corte de distrito apeló otra vez el demandado quien alega como primer motivo para su recurso que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción previa que adujo contra la demanda por no contener hechos determinantes de causa de acción. Ese mismo error fue alegado en la anterior apelación que resolvimos, en la que declaramos que la demanda aduce suficientemente una causa de acción. Como es cuestión ya resuelta por nosotros entre las partes no la trataremos nuevamente.

El segundo motivo de error, último que discute el apelante, se refiere a la apreciación que la corte inferior hizo de la evidencia y a la forma en que resolvió el conflicto de la prueba.

De la evidencia resulta que Martina Cerezo debía $306.80 a Sandalio G-arcía Ducós con la garantía de los demandantes: que el día 5 de abril de 1927 ella y un hermano, el deman-dado, fueron donde el demandante Esprívalo, a quien mani-festó el demandado que Martina embarcaría al día siguiente para la ciudad de Nueva York, que ella no tenía dinero para pagar a García Ducós lo que le debía pero que los deman-dantes pagasen esa deuda y que ella les endosaría un pagaré que tenía de José Gregorio Cortés por $300 de capital y $15 de intereses, pero Esprívalo no quiso papel sino dinero: que entonces convinieron los tres en qne Martina endosara el pa-garé al demandado; qne los ahora demandantes pagaran la denda de Martina con García Ducós y qne cuando el deman-dado cobrase el pagaré de José Gregorio Cortés le pagaría a los ahora demandantes los $306.80 qne ellos pagarían por Martina a García Ducós. Esa misma tarde se cercioró Es-prívalo de que Martina endosó el mencionado pagaré al de-mandado, por lo qne los demandantes pagaron la denda de Martina con García Dncós; y qne después supo Esprívalo por varias manifestaciones, entre ellas del propio demandado, qne éste cobró de José Gregorio Cortés los $300 y le condonó los $15 de intereses, cuyo dinero aplicó a satisfacer otro pa-garé de $252 qne Martina tenía en nn banco con la garantía del demandado, habiendo manifestado el demandado a varias personas qne él no iba a ser tan hobo de pagar a Esprívalo cuando él era garantizador de su hermana en el banco. Esos hechos están corroborados por muchos testigos y justifican los alegados en la demanda.

La evidencia del apelante consistió en su declaración, qne no niega lo manifestado por Esprívalo pero dice qne después de endosado a él el pagaré qne tenía su hermana contra Cor-tés, ella le dijo qne con lo qne cobrara de ese pagaré satisfi-ciera otro que ella tenía en el banco con la firma del deman-dado; y la declaración por deposición de Martina que testi-ficó en los mismos términos qne su hermano, el demandado. La corte inferior no dió crédito a ese particular de sus de-claraciones y el examen que hemos hecho de toda la prueba nos convence de qne la corte inferior estuvo correcta en esa conclusión, pues hasta qne este pleito comenzó no -dijo el de-mandado a las varias personas con quienes habló respecto al asunto de Esprívalo qne había recibido tal instrucción de su hermana sino qne, como antes hemos consignado, él no iba a ser bobo no satisfaciendo el pagaré qne su hermana tenía con él en nn banco.

No cometió error la corte inferior al apreciar la prueba en la manera que lo hizo y al condenar al apelante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Porto Rican & American Insurance Co., peticionaria, v. La Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Luis Samalea, Juez, demandada.
    No. 978.
    Sometido: Julio 2, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      J. Henri Brown, G. Ruiz Nazario y G. E. González y S. Benitez Gautier, abogados de la peticionaria; Félix Ochoteco, Jr., y Ricardo La Costa, Jr., abogados del interventor Sr. Ochoa, licitador en la • subasta de que se trata.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una venta en pública subasta celebrada en procedi-miento ejecutivo sumario en la Corte de Distrito de Baya-món, se adjudicó a Manuel Oclioa, por ser el mejor postor, una finca que se describe en el registro y en la hipoteca como compuesta de 55.54 cuerdas. A un postor anterior que había ofrecido í§2,000 se le dijo que tenía que presentar el dinero en efectivo y salió a buscarlo. La subasta había sido anun-ciada para las dos de la tarde. Los letrados de la acreedora hipotecaria llegaron con el affidavit de publicación unos mi-untos después de las dos — a las 2.05 según la conclusión del juez de distrito, y a las 2.12 de acuerdo con la declaración del márshal. Otra prueba tendió a demostrar que la finca fue ofrecida a la venta a las dos de la tarde, según el reloj municipal de Bayamón. Evidentemente si la conclusión del juez de distrito y los relojes de los testigos en cuyo testimonio se basó tal conclusión estaban bien, entonces el márshal y el reloj municipal estaban equivocados, y la propiedad debió de haberse puesto a la venta antes de las dos de la tarde. Sea ello como fuere, los letrados de la acreedora llegaron inme-diatamente después de la subasta, mientras se contaba el dinero y antes de haberse determinado la cuestión de costas y otros detalles. Si el márshal hubiese pospuesto la subasta por cinco minutos, en vez de proceder sin el affidavit de pu-blicación, o si hubiese esperado el regreso del primer postor, conforme lo había prometido, la acreedora no hubiera sido privada de la oportunidad de ofrecer, de ser necesario, $9,000 a fin de impedir que la finca fuese vendida por menos de dicha suma. A causa de dificultades imprevistas, a los letrados de la acreedora no les fue posible obtener el affidavit de publica-ción hasta unos veinte minutos antes de las dos de la tarde del día en que se efectuó la venta. La negligencia excusable de no haber anticipado la posibilidad de tales dificultades quedó explicada debidamente. No obstante esta demora ines-perada en salir de San Juan, los letrados hubiesen llegado a tiempo para la subasta de no haberse encontrado en la carre-tera de Bayamón con una manada de ganado.

Después de realizar un esfuerzo infructuoso con el propó-sito de persuadir al márshal para que abriera nuevamente la subasta, los letrados de la acreedora radicaron una moción para que se anulara la venta. Luego los letrados de Ochoa solicitaron se eliminaran los siguientes párrafos de una mo-ción enmendada:

“13. — La demandante alega además que Manuel Oeboa, quien compareció como licitador en la subasta señalada, compareció en dicha subasta como un mero representante y en el sitio y lugar de la per-sola realmente interesada en dicha subasta que lo es el Sr. Joaquín Agusty.
“14. — Que dicho Joaquín Agusty antes de celebrarse la subasta en este caso estaba negociando con esta demandante para la compra ya bien del crédito hipotecario objeto de esta ejecución o de la finca hipotecada una vez que la parte demandante adquiriese título a la misma y que había ofrecido pagar como precio en dicha compra hasta la suma de $9,000.00, parte de contado y el resto mediante la cesión y venta de créditos hipotecarios y fincas urbanas. ’
“15. — Que antes de celebrarse la subasta en este caso, el deman-dado Laureano Cantero ofreció a la parte demandante ceder y tras-pasar la propiedad hipotecada a la parte demandante como dación en pago de la deuda reclamada en este caso, pero por haber informado a la parte demandante que aunque la finca hipotecada se describe en el documento de hipoteca y en el Registro de la Propiedad con una cabida de 55.54 cuerdas, lo cierto era que dicha finca sólo tenía una cabida de 28 cuerdas, hecho que fué informado por la demandante al Sr. Agusty pocos días antes de celebrarse la subasta, y entonces la demandante convino con dicho Sr. Agusty en que comparecería a la subasta que se verificaría en este caso, y que en caso de que la de-mandante adquiriese la finca hipotecada por adjudicación, entonces la demandante haría las gestiones necesarias para aclarar o limpiar el título de la propiedad hipotecada para que quedase determinada la superficie real de dicha propiedad y que luego que se realizaran dichas gestiones se entendería en primer término con dicho Sr. Agusty para la venta de dicha propiedad.
“16. — La demandante alega por información y creencia que la festinación y prisa con que se llevó a efecto esta subasta se debió a la insistencia del Sr. Agusty y su representantante Sr. Ochoa que tenían conocimiento que la demandante comparecería a la misma, y que dicho Sr. Agusty y dicho Sr. Ochoa sabían que la propiedad hi-potecada valía una suma mayor de $9,000, y con el único fin y objeto de perjudicar a la demandante y de beneficiarse insistieron en la celebración de dicha subasta y después de tener conocimiento de las actuaciones de la parte demandante en este caso solicitando la anula-ción de la misma, trataron por todos los medios de obtener título inscribible a la propiedad hipotecada antes de que esta parte deman-dante tuviese una oportunidad de ser oída por esta corte, para así hacer inefectivo cualquier remedio que esta parte demandante obtu-viese de dicha corte, y que aunque todas dichas gestiones y todos dichos actos fueron las gestiones y actos del Sr. Joaquín Agusty, dicho Joaquín Agusty nunca compareció ante esta corte sino que llevó a efecto dichos actos e hizo todas dichas gestiones por medio de su empleado y representante Manuel Ochoa y que dicho empleado y re-presentante, Manuel Ochoa, según la información y erencia de la parte demandante, es una persona que carece de toda clase de bienes.”

El juez de distrito declaró sin lugar la moción en parte, y la sostuvo en parte. El testimonio aducido durante la vista de la moción para anular la venta demostró, sin embargo, que (fuera de cualquier cuestión de irregularidad en efectuar la venta sin el affidavit de publicación) el verdadero adquirente, Joaquín Agusty, obtuvo una ventaja indebida sobre la acree-dora y que el resultado, de permitirse que subsista, sería una gran injusticia para esta última.

El juez de distrito resolvió que el precio pagado por Ocho a no era inadecuado. Sin embargo, esta conclusión se basó en la determinación de que la parcela de terreno contenía solamente 28.07 cuerdas en vez de 55.54 cuerdas. No bailamos base satisfactoria para esta conclusión. Hubo prueba ten-diente a demostrar que el deudor bipotecario, bien antes o después de la ejecución de la hipoteca, babía segregado y vendido parte de las 55.54 cuerdas. Probablemente al tiempo de la subasta éste no estaba en posesión de más de 28.07 cuer-das. Nada había que demostrara que la acreedora tuviera co-nocimiento de estas ventas. La finca figuraba en el registro de la propiedad como una parcela de 55.54 cuerdas. Fué hi-potecada como compuesta de 55.54 cuerdas. Se describió en el procedimiento ejecutivo y se anunció para la venta como compuesta de 55.54 cuerdas. Evidentemente debió haberse vendido como compuesta de 55.54 cuerdas. Difícilmente pudo haberse vendido con otra cabida por el márshal, aunque por lo que de los autos se desprende no se ha expedido certificado de venta ni se ha otorgado la escritura de enajenación. En la teoría de que el área de la finca fuera solamente 28.07 cuer-das, el juez de distrito calculó que valía $7,610. Sobre tal base su conclusión fué bastante correcta; pero la prueba en su totalidad, a nuestro juicio, no admite otra conclusión lógica que no sea que la finca valía más del doble de la suma en que fue tasada por el juez de distrito. De todos modos, la acreedora estaba dispuesta a ofrecer basta $9,000 al tiempo en que se celebró la subasta, y abora está dispuesta a pagar basta $10,000, en adición a las contribuciones en descubierto, que ascienden a más de $1,000. La acreedora también in-formó al juez de distrito que estaba dispuesta a obedecer cualquier condición justa y razonable que se le impusiera. Tomando todo en consideración, estamos convencidos de que el precio fue inadecuado y en vista de este becbo, suplemen-tadp, como lo está, por las circunstancias arriba reseñadas, el juez de distrito debió baber anulado la subasta. Véáse el caso de García v. Humacao Fruit Co., 25 D.P.R. 682.

Debe anularse la resolución, dejarse sin efecto la subasta y devolverse el caso para ulteriores procedimientos, inclu-yendo otra subasta.

El Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con el resul-tado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v Isidoro Lebrón, acusado y apelante.
    No. 5385.
    Sometido: Junio 8, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Juan Lastra, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Isidoro Lebrón fué convicto del delito de asesinato en se gundo grado. Su moción de nuevo juicio, basada en los in-cisos 4 y 6 del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal, fué declarada sin lugar.

El inciso 4 de diebo Artículo dispone la concesión de un nuevo juicio ‘ ‘ cuando el veredicto se hubiere obtenido por suerte o cualquier otro medio que no fuere una expresión verdadera de la opinión de todos los miembros del jurado.” Unida a la moción de nuevo juicio estaba un affidavit de uno de los miembros del jurado al efecto de que en su creencia, opinión y criterio el acusado era culpable de homicidio voluntario, no de asesinato en segundo grado, pero que, contrario a su creencia, opinión y criterio, por falta de experiencia, se sumó a los otros jurados para rendir veredicto de asesinato en segundo grado. No fué la intención de la Legislatura mediante el inciso 4 permitir que un miembro del jurado, con un affidavit de esa índole, impugnara el propio veredicto a que había llegado en forma ordinaria por consentimiento unánime, sin coerción o influencia extraña. Tal veredicto es “expresión verdadera de la opinión de todos los miembros del jurado”, dentro del significado de ese inciso.

El apartado 6 del artículo 303 autoriza la concesión de un nuevo juicio “si el veredicto fuere contrario a derecho o a las pruebas”. Mas no hallamos error por parte del juez de distrito al negarse a declarar con lugar la moción de nuevo juicio por este fundamento.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error al denegar la solicitud del acusado para que se instruyera sobre el delito de homicidio voluntario. El alegato del apelante deja de demostrar que se hiciera en realidad tal solicitud o que la misma fuese denegada, pero, sea ello como fuere, no parece haber habido prueba en qué basar tal instrucción.

La sentencia y resolución apeladas deten ser confirmadas.


text:
    Ramón Carlo Quiñones, demandante y apelante, v. E. K. Junghams, demandado y apelado.
    No. 6097.
    Sometido: Enero 16, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      M. Cruz Doria, abogado del apelante; Wilson P. CoTberg, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una casa y solar fueron vendidos en procedimiento eje-cativo sumario y el acreedor hipotecario obtuvo un auto de posesión. El dueño de la casa y solar inició pleito ante la corte municipal por el importe del bogar seguro y acudió a la corte de distrito en solicitud de un injunction para que se prohibiera al acreedor hipotecario que continuara el proce-dimiento sin depositar primeramente la suma de $500. Se libró un auto de injimction preliminar que luego fue disuelto al prestar una fianza el acreedor hipotecario. Posteriormente la corte de distrito se negó a expedir un injunction permanente y el peticionario apeló. Éste alega:

“1. — La Corte de Distrito cometió error al revocar el injunction preliminar dictado en este caso, impartiendo su aprobación a la fianza ofrecida por el demandado apelado.
“2. — La Corte de Distrito cometió error al estimar que la finca envuelta en este litigio fue vendida al demandante apelante y a su esposa 1 sujeta también al pago del gravamen que ya pesaba sobre la finca, incluyendo todas las obligaciones del contrato constituidas.’
"3. — La Corte de Distrito cometió error al resolver que la doc-trina establecida por el caso de Lassalle vs. Yaleneia, 39 D.P.R. 612, no es aplicable al caso de autos.
“4. — La Corte de Distrito cometió error al decidir que al resolver en el procedimiento de injunction solicitado la existencia o no existen-cia de un derecho real (derecho de Hogar Seguro) es una cosa ajena al procedimiento de injimction, y que este alto tribunal ya ha resuelto que el derecho de Hogar Seguro debe reclamarse en las cortes mu-nicipales.
“5. — La Corte de Distrito cometió error al resolver que de con-cederse el injunction solicitado se estaría paralizando el procedimiento ejecutivo hipotecario por un fundamento que no está expresamente consignado ni en la ley ni en el artículo 175 del reglamento de la ley hipotecaria. Que el procedimiento ejecutivo hipotecario termina con la posesión material de la finca ejecutada y que todas las recla-maciones que se entablen deberán ventilarse en el juicio plenario correspondiente, que en este caso sería el procedimiento especial que señala la ley para la reclamación del derecho de Hogar Seguro en las cortes municipales.
‘ ‘ 6. — La Corte de Distrito cometió error al decidir que en un pro-cedimiento de injunction como el solicitado en este caso, la Corte no podría determinar si el derecho de Hogar Seguro puede perjudicar a un gravamen hipotecario constituido con anterioridad a la fecha en que adquirió la finca el demandante.
“7. — La Corte de Distrito cometió error al declarar sin lugar la petición de injunction en su fondo.”

La hipoteca había sido otorgada por un dueño anterior de la finca. Nada hay que demuestre que la propiedad por aquella época participara de la naturaleza de un hogar seguro. Por el contrario, aparece que el dueño tomó dinero a préstamo para terminar la construcción de la casa. El hogar seguro no está exento de ejecución de una hipoteca otorgada para garantizar el pago de dinero tomado a préstamo para tal fin. Vigo v. Ojeda, 45 D.P.R. 84.

El dueño anterior lo era J. Hernández Hnos. No apa-rece afirmativamente si J. Hernández Hnos. era una razón social. Nada hay que demuestre que J. Hernández Hnos. o alguna otra persona, con anterioridad a la fecha en que el pe-ticionario adquirió la finca, jamás la ocupara como un hogar seguro.

El peticionario compró la propiedad sujeta a la hipoteca. Si la adquirió como un hogar seguro ya establecido, su posi-ción no era mejor que la de la persona de quien compró. Tam-poco podría vencer una hipoteca ya existente, estableciendo posteriormente un hogar seguro, si el mismo no existía al tiempo en que se constituyó la hipoteca. Si la subasta efec-tuada en ejecución de hipoteca no era “una venta hecha para obligar al pago de .... la deuda o gravamen incurrido para lo compra de” la finca dentro del significado de la sección cuarta de la ley (Estatutos Revisados de 1911, sección 1003,) ella fué “una venta hecha para obligar al pago de .... la deuda o gravamen incurrido .... para las mejoras que en ella se hicieron.” Sea ello como fuere, la corte de distrito no cometió error al negarse a expedir un injunction permanente, y las otras cuestiones suscitadas por el apelante resultan académicas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutohison,

text:
    Dolores Calderón Rivera Vda. de Suárez, demandante y apelante, v. Jesús Berríos Ortiz, demandado y apelado; y El Municipio de Carolina, interventor y apelado.
    No. 6248.
    Sometido: Abril 20, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      J. J. Ortiz AWbrán, abogado de la apelante; Félix C. Más, abogado del demandado apelado; Son. Procurador General Benjamin J. Horton (Charles E. Winter en el alegato) y Emilio de Aldrey, Subprocurador, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Hutohison,

emitió la opinión del tribunal.

Dolores Calderón Rivera vda. de Suárez, demandante en una acción reivindicatoria, solicitó se dictara una sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos: que la deman-dante es la única dueña del solar descrito en la demanda; que el demandado Berríos sin derecho ni título para ello posee ilegalmente dicho solar, con perjuicio de los derechos de propiedad de la demandante; que el demandado Berríos deje dicho solar a la libre disposición de la demandante; que el demandado Berrios, actuando de mala fe, ha edificado en dicho solar la casa que se describe en la demanda; que se de-crete qne el demandado Berrios pierda sns derechos de pro-piedad sobre dicha casa, sin derecho a indemnización, y que se autorice a la demandante para proceder a la demolición de la misma; y que se concedan las costas a la demandante, así como cualquier otro remedio que sea procedente.

Al iniciarse el juicio la demandante solicitó verbalmente se dictara sentencia sobre las alegaciones. La demanda estaba jurada y el fundamento principal de la moción fué la supuesta insuficiencia de una declaración jurada que se acompañó a la contestación, archivada por Berrios. En el ínterin el municipio de Carolina había intervenido alegando ser dueño del solar, y la demandante radicó una contrademanda contra el municipio. El juez de distrito preguntó a los letrados de la demandante si la moción no debió haberse presentado antes de iniciarse el pleito, pero ellos insistieron en que no era demasiado tarde. El abogado de Berrios sostuvo que la declaración jurada estaba en orden y que en todo caso tenía derecho a enmendarla y solicitó permiso para hacerlo así en el .caso de que la corte adoptara un criterio distinto respecto a la suficiencia de la declaración jurada. El juez de distrito dijo que no había duda de que la declaración jurada podía ser enmendada. El letrado de Berrios entonces reanudó su súplica de que se le permitiera enmendar la declaración jurada a fin de subsanar cualquier defecto técnico. Los letrados de la demandante se opusieron sin aducir los fundamentos de su objeción, y el juez entonces se dirigió al letrado del municipio, quien impugnó la declaración jurada unida a la demanda, y dijo que si la demanda no estaba debidamente jurada no era necesario que la contestación lo estuviera. Los letrados de la demandante insistieron en que la demanda estaba suficientemente jurada. Después de un ■pequeño coloquio entre el juez y el abogado del municipio, el juez dictó resolución en favor de la demandante sobre la cuestión suscitada por el letrado del municipio y preguntó al abogado de éste si tenía algo más que decir, y él contestó insistiendo en su posición. Los letrados de la demandante hicieron hincapié en un punto previamente suscitado al efecto de que la contestación, independientemente de cualquier cues-tión relativa a la suficiencia de la declaración jurada, admi-tía todos los hechos aducidos en la demanda. El juez en-tonces dijo:

“La. corte declara con lugar la moción del compañero y dicta sen-tencia por las alegaciones contra el demandado Jesús Berrios Ortiz, declarando con lugar la demanda en cuanto a este demandado.”

El demandado Berrios tomó excepción a esto. Ninguna sentencia sobre las alegaciones parece haberse hecho constar por escrito, ni registrado en el libro de sentencias, ni firmado por el juez de distrito, excepto conforme se indica más ade-lante. A Berrios no parece habérsele notificado ninguna sen-tencia sobre las alegaciones, ni se radicó copia de tal notifi-cación. Su derecho a apelar de la supuesta sentencia sobre las alegaciones no se ha perdido. En tal apelación Berrios tendría derecho a la revocación por haber dejado la corte de distrito de darle una oportunidad de enmendar su decla-ración jurada, y de ser necesario, su contestación, a menos que se considere que él ha renunciado tal derecho. Por tanto, no es necesario que nos detengamos a considerar los méritos de la contestación fuera de la cuestión relativa al juramento, aunque no hallamos en ella las supuestas admisiones a que se refieren los letrados de la demandante sin exponerlas de-talladamente, o sin aducir claramente la teoría en que ba-saron su contención en la corte de distrito. Lo anterior ad-mite, únicamente para los fines de la argumentación, la exis-tencia de una sentencia sobre las alegaciones. En realidad, tal sentencia, de existir, se confundió en la sentencia posterior dictada sobre los méritos, según más ampliamente se verá en su oportunidad.

El juicio prosiguió prácticamente sin límite alguno ba-sado en la evidencia, y el juez de distrito dictó sentencia en favor de la demandante y contra Berríos y el municipio. La •demandante apela de la sentencia dictada contra el municipio tan sólo en lo que se refiere al hecho de haberse dejado de incluir las costas. La parte dispositiva de la sentencia entre la demandante y Berríos lee como signe :

“La demandante presentó una moción solicitando sentencia sobre las alegaciones contra el demandado Jesús Berríos Ortiz, por insufi-ciencia de la contestación por éste presentada a la demanda.
“Y oídas las partes sobre dicha moción, entiende la corte que tal como está redactada dicha contestación no cumple ésta los requi-sitos exigidos por el art. 110 del Código de Enjuiciamiento Civil ni controvierte las alegaciones de la demanda, por lo que declara con lugar la referida moción de sentencia sobre las alegaciones, y, en consecuencia, dicta sentencia declarando con lugar la demanda contra el demandado Jesús Berríos Ortiz, con los siguientes pronunciamien-tos, después de apreciar toda la prueba aportada al caso:
“A. — Declarando como declara que la demandante Dolores Cal-derón Rivera viuda de Suárez es la única dueña del solar que más adelante se describe.
“B. — Declarando también que el demandado Jesús Berríos Ortiz ha estado poseyendo y posee ilegalmente dicho solar, sin derecho ni título para ello.
“C.' — Declarando, como declara, que el demandado ha edificado el edificio que actualmente existe en dicho solar, o sea, una casa de concreto, zinc y madera, terrera, de 8 metros 7 centímetros de frente por 15 metros de fondo, pero que no habiendo sido hecha dicha edi-ficación de mala fe, no procede condenar al derribo de la obra eje-cutada.
“D. — Declarando que a tenor del anterior pronunciamiento, están las partes obligadas a lo que se establece en el artículo 297 del Código Civil; esto es, o hacer suya la demandante la obra ejecutada, previa la indemnización establecida en los artículos 328 y 383 del mismo cuerpo legal, o a obligar al edificante a pagarle el precio del terreno, previa la tasación.correspondiente; y
“E. — -Declarando que no ha habido temeridad o contumacia ma-nifiesta por dicho demandado, por lo que se le exime del pago de costas. ’ ’

La demandante apeló también de aquellas partes de la sentencia contenidas en los párrafos C, D y E. El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al tomar en consideración, después de dictar sentencia sobre las ale-gaciones contra Berrios, cuestiones resultantes de la prueba aportada en el juicio para sostener la demanda del interventor y la eontrademanda de la demandante, para pronunciar después por escrito una sentencia por las alegaciones contra Berrios que varía en absoluto la que ya había dictado y des-naturaliza el concepto de la sentencia por las alegaciones. Técnicamente quizá esta contención de la apelante no está del todo carente de mérito, si se considera la sentencia final como una mera sentencia sobre las alegaciones. Sin embargo, no es una mera sentencia sobre las alegaciones, no obstante la referencia a una moción para que se dicte tal sentencia y los pronunciamientos preliminares atinentes a tal moción y a la suficiencia de la contestación. Ella es sustancialmente y de hecho una sentencia sobre los méritos después de apre-ciarse la prueba. En otras palabras, es una sentencia ba-sada en los hechos establecidos por esa prueba, tal cual ha sido apreciada por el juez sentenciador, a pesar de exponer de nuevo formalmente su resolución oral anterior a la mo-ción verbal solicitando sentencia sobre las alegaciones. Ella no es inconsistente con la supuesta sentencia anterior sobre las alegaciones toda vez que esa sentencia no contenía pro-nunciamientos específicos contrarios a los comprendidos por los párrafos C, D y E, supra. Sea ello como fuere, la de-mandante no fué inducida a error en forma alguna en per-juicio propio, el resultado fué correcto, y la sentencia final dictada a favor de la demandante conteniendo todos los pro-nunciamientos solicitados en su demanda, no embargante los hechos establecidos durante el juicio, hubieran sido una ma-nifiesta injusticia. Toda la cuestión permaneció aún bajo la férula del juez sentenciador y éste no erró al negarse a cerrar los ojos ante los hechos y ante las obvias súplicas de que se hiciera justicia substancial, y al dictar sentencia final de conformidad con los mismos.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito erró al denegar la moción solicitando que los pronunciamientos de las sentencias fueran enmendados y se hicieran en una sola sentencia. Esta cuestión, tal cual ha sido presentada a la corte inferior y conforme se desarrolla en el alegato de la apelante, no necesita discusión separada.

No hallamos que se cometiera abuso de discreción al negarse el juez de distrito a condenar al municipio y al demandado Berrios al pago de las costas. Esto resuelve el tercer señalamiento.

Las sentencias y resoluciones apeladas deben ser con-firmadas.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.


author: El Juez Asociado Senos. Hutchisoet,

text:
    Pelegrín Rosa Sánchez, demandante y apelante, v. Jaime y Federico Calaf, demandados y apelados.
    No. 6270.
    Sometido: Noviembre 14, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Luis Mercader, abogado del apelante; B. Bivera Zayas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Senos. Hutchisoet,

emitió la opinión del tribunal.

Mientras viajaba por una vía publica, Pelegrín Rosa Sánchez fué arrollado por un tren explotado sobre un ferro-carril privado instalado a través de una carretera. Inició demanda de injunction para impedir a los demandados que continuaran explotando su ferrocarril privado, o para abatir un supuesto estorbo público, así como para recobrar daños y perjuicios provenientes del mantenimiento de tal estorbo o por la negligente administración y explotación del tren de los demandados, o por ambas cosas. El juez de distrito, luego de sostener una excepción previa, declaró sin lugar la de-manda en lo que se refería a la primera causa de acción, re-lativa al abatimiento del estorbo.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que el demandante no tenía capacidad para pedir el abatimiento del estorbo público, toda vez que no había sufrido ningún daño especial. Entre las autoridades citadas por el apelante, la que más aplicación tiene a la cuestión en controversia es el caso de Swain v. Chicago R. Co., 252 Ill., 622, 626, 97 N. E. 247, 38 L.R.A. (N.S,) 763. El apelante en el presente caso se funda en un extracto de la opinión emitida por la corte de Illinois y que aparece citado en la nota 78 (a) en la página 735 del tomo 46 de Corpus Juris que lee en parte como sigue:

“. . . . Si se cava una trinchera a través de una calle pública, todo aquel que en la comunidad tenga ocasión de usar la calle será demorado y sufrirá molestias. La pérdida de tiempo en que se in-curra al caminar alrededor de tal obstrucción será común a cuantos usen la calle. Una persona podría ser demorada sólo varios segun-dos, mientras due otra que utilizara un medio de transporte distinto lo sería mucho más tiempo, y la naturaleza de los negocios a realizar quizá sería tal, que en un caso los daños podrían ser nominales, mien-tras que en el otro tal vez serían considerables, mas en todos ellos los daños diferirían tan sólo en grado, mas no en especies; sin embargo, si otra persona al tratar de usar dicha vía pública, ejerciendo el debido cuidado, cae en la trinchera y sufre lesiones personales, o si su caballo cae en la zanja y recibe algún daño, es claro que proce-dería una acción por los daños especiales causados a su persona o a. su propiedad. En los ejemplos que hemos dado se verá que en el caso en que los daños consistían en pérdida de tiempo, de compro-misos mercantiles, y similares, tan sólo existe un mero daño al de-recho que el público tiene a usar la calle, mientras que en el segundo caso los daños ocasionados a la persona y a la propiedad constitu-yen una transgresión directa al individuo e invade tanto sus dere-chos personales como particulares. Un examen cuidadoso de los casos que sostienen el derecho de un individuo a entablar una acción por daños sufridos a consecuencia de un estorbo público demuestra que existen algunos daños especiales y específicos, bien a su propiedad personal o a su negocio ya establecido, y que el derecho a recobrar se hace en el fundamento, de que sus derechos personales e individuales, a distinción de su derecho a usar la calle, han sido invadidos.”

El dictum no llega al extremo que el apelante desea va-yamos en el presente caso. Conforme demuestran el ex-tracto y su contexto, la corte de Illinois hablaba de los daños especiales necesarios para sostener una acción por daños y perjuicios provenientes de un estorbo, más bien que de los daños especiales necesarios para sostener un litigio con el objeto de abatir el estorbo. Sea ello como fuere, los ejem-plos dados no nos convencen de que daños personales ya pa-sados, sufridos en una sola ocasión por la explotación, negli-gente o en otra foma, de un tren privado, sin licencia ni auto-rización, a través de una vía pública, sea un daño de la na-turaleza especial que tuvo por miras la regla que permite que una persona inicie un pleito para abatir un estorbo público cuando ha sufrido daños especiales de clase y especie distin-tos a los ocasionados al público en general.

Nada hay que demuestre que los daños especiales sufri-dos por el demandante sean irreparables. Nada hay que de-muestre que son o serán continuos o periódicos. Nada hay que demuestre que el demandante jamás hubiera viajado por la carretera en cuestión con anterioridad a la fecha del acci-dente. Nada hay que demuestre que desde entonces ha via-jado por dicha carretera, o que jamás viajará por la misma otra vez. Por el contrario alega que ha quedado totalmente incapacitado como resultado del accidente. Por tanto, nada hay que revele que aun participe ligeramente con los viandan-tes del riesgo continuo o periódico a que éstos están expues-tos. Por ende, la corte de distrito no cometió el error ale-gado en el tercer señalamiento.

En vista de la conclusión a que ya hemos llegado no es necesario que discutamos los otros fundamentos del recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: En Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Rosa, Juana, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras Freyre, demandantes y apeladas, v. Josefa Dolores Brunet y Guayta, demandada y apelante. Rosa, Juana, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras Freyre, demandantes y apeladas, v. Abraham E. Copeland, demandado y apelante.
    Nos. 6290 y 6291.
    Sometidos: Noviembre 21, 1933.

      Resueltos: Septiembre 29, 1934.

      Gabriel de la liaba y B. Castro Fernández, abogados, respectivamente, de los apelantes; A. Marín Marión, abogado de las apeladas.
   En Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es una acción reivindicatoría. La corte de distrito dictó sentencia en favor de las demandantes después de ce-lebrado un juicio sobre los méritos. Las demandantes y ape-ladas son los herederos de Juan Carreras y Carreras. Los demandados son los causahabientes de los herederos de Brí-gido Candelario y Concepción. Ambas cadenas de título se dirigen hacia una fuente común. Esa fuente es el punto natural de partida para una reseña de los hechos salientes del caso.

En 1880 Juana Concepción Delgado, casada con Plácido Isaac Candelario y Cortijo, adquirió una estrecha faja de terreno en Santurce, que contenía 8 cuerdas y 33 varas, e inscribió su título en 1894.' Esta parcela lindaba por el sur con Juan 'Miranda y Antonio Moreno; por el norte con Olegario Núñez y Gertrudis Reyes; por el este con María Hipólita Kercadó y Clara Llanos, y por el oeste con Pedro Vidal y Juan Villarán. Su largo era aproximadamente ocho veces su ancho. Para ser más específicos, tenía tres hectáreas, treinta y cuatro áreas y cinco centiáreas de largo por treinta y nueve áreas y treinta centiáreas de ancho. Después de muerto Plácido Isaac Candelario una mitad indivisa de la finca fué inscrita a nombre de la viuda, Juana Concepción Delgado, y la otra mitad a nombre de sus hijos, Brígido, Juana Carolina, José Pilar y Lorenzo Candelario Concepción. En 1901 se dividió la finca ■ entre los condueños. La mitad al lado sur fué adjudicada a la viuda y se describió como compuesta de 4 cuerdas y 17 varas, en lindes por el sur con Isabel French; por el norte con Brígido Candelario y Concepción; por el este con Juan Aseneio, y por el oeste con Pedro Vidal. Brígido Candelario recibió una cuerda y 4 varas, lindando al norte con Juana Carolina Candelario Concepción; al sur con Juana Concepción Delgado, al este con Mariano Pesquera G-oenaga, y al oeste con Cirila Rosario. Juana Carolina Can-delario Concepción recibió una cuerda y 4 varas, que lindaba por el norte con José Pilar Candelario Concepción; por el sur con Brígido Candelario Concepción; por el este con Bruno Viñas, y por el oeste con Cirila Rosario. José Pilar Cande-lario Concepción recibió una cuerda y 4 varas, que lindaban por el norte con Lorenzo Candelario Concepción; por el este con Isabel Sostre, y por el oeste con Paulino Cruz. Lorenzo Candelario Concepción recibió una cuerda y 4 varas, que lin-daban por el norte con Javiera Andino; por el sur con José Pilar Candelario Concepción; por el este con Isabel Sostre, y por el oeste con Juan Villarán.

En 1912 Juan Carreras y Carreras hizo constar en una escritura notarial que catorce solares previamente inscritos a su nombre eran parcelas contiguas, las agrupó como una sola finca y la inscribió con un área de 8,050 metros y 43 centíme-tros cuadrados, en lindes, por el norte con Joaquín Villamil y la sucesión de José Pons; por el sur con Jaime Fort, Mar-tín Candelario, María Isaac Candelario, Modesta Mandry y Martina Benitez; por el este con terrenos pertenecientes al municipio de San Juan, Carlos Remus, Frank Antonsanti y Enrique Iglesias, y por el oeste con José Conrado Hernández. El hubo el título de siete de estos solares de Juana Concep-ción Delgado. Respecto a cinco de ellos, su título parece haber emanado originalmente de Lorenzo Candelario. Dos de ellos, uno compuesto de ■% cuerda, o sea, 1,965 metros y 20 centímetros, y otro de % de cuerda, o sea, 982 metros y 60 centímetros cuadrados, fueron adquiridos por él del dueño o dueños de una parcela o parcelas mayores de terreno que se hallaban enteramente fuera de la faja original de 8 cuer-das, al este y contiguas a las 4 cuerdas pertenecientes a Juana Concepción Delgado. La finca que ahora se halla en contro-versia no pudo haberse incluido en ninguna de estas dos par-celas, que en conjunto (puede decirse de paso) constituyen más de la mitad de los 8,050 metros inscritos a nombre de Juan Carreras.

Seis de los siete solares adquiridos directa o indirecta-' mente de Juana Concepción Delgado fueron bailados en el terreno por un agrimensor competente dentro de las cuatro cuerdas de que habían sido segregados. De toda la prueba, incluyendo el testimonio de este agrimensor y la descripción de los distintos solares en el registro de la propiedad, parece razonablemente claro que la propiedad en cuestión no puede bailarse en ninguno de los siete solares. En realidad nada bay que demuestre que la misma estuviese incluida en-las cuatro cuerdas adjudicadas a Juana Concepción Delgado. La prueba en su totalidad tiende a una conclusión en sentido contrario.

Se bace referencia a los cinco solares en uno de los certi-ficados del registrador como marcados con las letras g, h, l, ll, y m. El solar g se describe como compuesto de 10 varas de frente por 37% de fondo y en lindes por el norte con Enrique Delgado; por el sur con Lorenzo Candelario; por el este con Gabriela Allende, y por el oeste con los menores Juan y Miguel Allende Llanos. Se dice que el mismo fue segregado por Lorenzo Candelario de la parcela de una cuerda y cuatro varas arriba mencionada, y vendido por él a Juana Allende Llanos en diciembre, de 1903, quien lo vendió a Gabriela Allende Llanos en marzo de 1904 y ésta a su vez lo vendió a Juan Carreras y Carreras en julio de 1905. El solar letra h tam-bién se describe como de 10 varas de frente por 37% de fondo, y en lindes por el norte con Enrique Delgado; por el sur con Lorenzo Candelario; por el este con Dámaso Allende y por el oeste con Juana Emilia Allende. Se dice que fue vendido por Lorenzo Candelario a Gabriela Allende Llanos en diciembre de 1903, por Gabriela Allende a Josefa Tinajero en abril de 1904, y por escritura de partición adjudicada en enero de 1905 a María Asunción Eusebia Yiader y Tinajero, quien lo vendió a Juan Carreras y Carreras en julio de 1905. El solar letra l tiene 10 varas de ancbo por 37% de fondo, y linda por el norte con Enrique Delgado; por el sur con Lorenzo Candelario; por el este con Juana Allende, y por el oeste con Higinio Allende. Se dice que fué segregado por Lorenzo Candelario, como dueño de la parcela de una cuerda y cuatro varas, supra, y vendido en diciembre de 1903 a Miguel y Juan Allende Llanos, quienes lo vendieron a Juan Carreras y Carreras en enero de 1908. El solar letra U se describe como de 12 varas de ancho por 37% de fondo, lin-dando por el este con Mariano Pesquera; por el oeste con Dámaso Allende; por el norte con Enrique Delgado, y por el sur con Lorenzo Candelario. Se dice haber sido segre-gado por Lorenzo Candelario en diciembre de 1903 y ven-dido a Isabel Caraballo y Romero, quien lo vendió en marzo de 1904 a Dámaso Allende, quien en septiembre de 1904 lo vendió a Antonio Sevillano, y éste en abril de 1906 lo vendió a Juan Carreras y Carreras. El solar letra m se describe cómo de 10 varas de ancho por 37% de fondo, en lindes por el norte con Enrique Delgado; por el sur con Lorenzo Can-delario ; por el este con Isabel Caraballo, y por el oeste con G-abriela Allende, y se dice haber sido segregado por Lorenzo Candelario en diciembre de 1903 y vendido a Dámaso Allende Llanos, quien en marzo de 1904 lo vendió a Isabel Caraballo Romero y éste a su vez en 1906 lo vendió a Juan Carreras y Carreras. Es significativo que estos cinco solares con el mismo fondo y con un lindero común por el norte, lindaran todos por el sur con Lorenzo Candelario y que éste los se-gregara de la parcela de una cuerda y cuatro varas adjudi-cádale de la faja original de 8 cuerdas en la parte norte de la misma. Por tanto, ninguno de ellos pudo estar contiguo a alguno de los solares adquiridos por Carreras de Juana Concepción de las cuatro cuerdas adjudicádasle a ella al otro lado de la faja de ocho cuerdas, que de por sí sólo tenía una cuerda de ancho. Tampoco podían éstos lindar con la media cuerda o con el cuarto de cuerda que se hallaba al este y contiguo a las cuatro cuerdas adjudicadas a Juana Concep-ción. Sea ello como fuere, el terreno en cuestión estaba se-parado de estos cinco solares por la parcela de mía cuerda y cuatro varas adjudicada a Juana Carolina y por la de una cuerda y cuatro varas adjudicada a José Pilar, así como por la porción no vendida de una cuerda y cuatro varas adjudi-cada a Lorenzo. Esto se liará más evidente a medida que localicemos el terreno en controversia con relación a otras porciones de la faja de ocho cuerdas a que ya nos hemos referido.

Conforme hemos visto, la parcela de una cuerda y cuatro varas adjudicada a Brígido Candelario lindaba por el sur con las cuatro cuerdas adjudicadas a Juana Concepción, por el norte con una cuerda y cuatro varas adjudicadas a Juana Carolina Candelario, por el oeste con Cirila Rosario, y por el este con Mariano Pesquera G-oenaga. En el terreno per-teneciente a Pesqura se construyó luego un hospital municipal. Más tarde una vía pública conocida con el nombre de Avenida de Diego fue trazada al oeste, en parte sobre y atra-vesando longitudinalmente más de la mitad de la faja de ocho cuerdas, cerca de su lindero oeste. El municipio agrandó su hospital extendiéndolo a través de la faja de ocho cuerdas hasta la Avenida de Diego.

En 1925, después de una declaratoria judicial de herede-ros, la parcela de Brígido Candelario fué inscrita a nombre de María y Severo Candelario y Becerril. En enero de 1926 estos nuevos dueños, con título inscrito, segregaron y ven-dieron a José E. Pérez un solar compuesto de 660 metros y 6 centímetros cuadrados, en lindes por el este, en una distan-cia de 12 metros, con terrenos del Hospital Municipal, antes de Mariano Pesquera Goenaga; por el norte, en una distan-cia de 29 metros 50 centímetros, con otra parcela de Brígido Candelario, que ahora forma parte de los terrenos pertene-cientes al Hospital Municipal; por el sur, en una distancia de 25 metros 8 centímetros, con Josefina Rivera y con la pro-longación de la Avenida Antonsanti; y por el oeste, en una distancia de 28 metros 90 centímetros, con otra parte de la parcela original, hoy Avenida de Diego. En marzo del mismo año Pérez segregó y vendió a J. Hernández & Hno. nn solar de 275 metros cuadrados, con frente por el oeste a la Avenida de Diego, y en lindes por el snr y este con José E. Pérez, y por el norte con el Hospital Municipal. El resto del solar de Pérez se describía entonces como que estaba compuesto de 385 metros y 6 centímetros cuadrados, con 17 metros 90 centímetros de frente y en lindes por el sur, en una distancia de 28 metros y 8 centímetros, con la Avenida Antonsanti, y con un solar perteneciente a Josefina Bivera; por el fondo, en su parte este, en una distancia de 12 metros, con terrenos pertenecientes al Hospital Municipal, y por el norte con án-gulo de 25 metros en el lado de intersección en el frente del solar y 11 metros en dirección de sur a norte linda con solar de la sociedad J. Hernández Hermanos y en línea recta de cuatro metros cincuenta centímetros de dirección oeste-este, con solar ocupado por los hospitales municipales.

El solar en posesión de la demandada Josefa Dolores-Brunet y Guayta se describe en la demanda como que linda por el oeste con la Avenida de Diego; por el sur y este con José E. Pérez, y por el norte con el Hospital Municipal, mi-diendo 11 metros de ancho por 25 de fondo y con un área, de 275 metros cuadrados. El otro en poder del demandad© Copeland se describe en la demanda como de 339 metros con 89 centímetros cuadrados, en lindes por el norte, en una dis-tancia de 25 metros, con Hernández & Hermanos, y en una distancia de 4 metros 15 centímetros con el Hospital Municipal ; por el este, en una distancia de 12 metros, con el Hospital Municipal; por el sur, en una distancia de 25 metros 8 centímetros, con Josefina Bivera; por el suroeste (sic), en una distancia de 12 metros 40 centímetros, con la prolonga-ción de la calle Antonsanti; y por el oeste, que es su frente, con la Avenida de Diego.

El registrador habla de segregaciones anteriores hechas en la parcela adjudicada a Brígido Candelario, mas no tene-mos la descripción de los solares previamente segregados. Incumbía, desde luego, a las demandantes establecer mediante preponderancia, de prueba su reclamación de que eran due-ñas de los solares en controversia. Señaladamente ban de-jado de hacer esto. Ante los hechos que preceden, la mera circunstancia de que el solar en cuestión puede decirse que cae dentro del perímetro de los 8,050 metros descritos por Ca-rreras como el total de 14 parcelas pequeñas agrupadas por 41 en un documento notarial ex parte, no cumple con los re-quisitos contenidos en la regla de que las demandantes en •acción reivindicatoría deben recobrar, en caso de que reco-bren, basados en la fuerza probatoria de su propio título y que no pueden fundarse en la debilidad del título de los de-mandados.

A los demandados en el presente caso no se les hizo parte en un procedimiento similar iniciado por esas mismas demandantes contra Pérez y otros, 42 D.P.R. 359. Por consiguiente, ellos no están obligados en forma alguna por el resultado de dicho caso. Un ligero examen de la opinión emitida en el caso de Pérez bastará para distinguir el mismo del presente.

La sentencia apelada debe ser revocada.


text:
    María Puig Vda. de José P. Chandri, por sí y a nombre de sus menores hijos José y María Chandri Puig, demandantes, apelados y apelantes, v. Ramón Sotomayor y su esposa Concepción Flores Solá y Juan Solá González y su esposa Manuela Flores Solá, demandados, apelantes y apelados los dos últimos.
    No. 6366.
    Sometido: Abril 11, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Antonio L. López, abogado de los apelantes apelados; González J?a-gundo ds González Jr., y José Puig Morales, abogados de los ape-lados y apelantes.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito ordinario en ejecución de hipoteca. Los demandados, Sotomayor y su esposa Concepción Flores Solá, eran los deudores hipotecarios. Los demandados, Solá Gon-zález y su esposa Manuela Flores Solá, eran los dueños de la finca al tiempo de la ejecución. Solá presentó moción para que se eliminaran las alegaciones segunda, cuarta, quinta y sexta de la demanda, así eomo la declaración jurada que la misma contenía. Se señala como error el haberse declarado sin lugar esta moción.

Las alegaciones en cuestión leían substancialmente así: que Sotomayor se comprometió a mantener la propiedad asegurada contra incendio; que Solá había otorgado una segunda hipoteca a favor de Claudina Valdés Ramírez; que la propiedad fué destruida por un incendio; y que Solá había cobrado el seguro. Los apelantes se conforman con decir que esas alegaciones eran redundantes toda vez que se trata de un pleito en ejecución de una primera hipoteca solamente, y la segunda acreedora hipotecaria no fué hecha parte en el procedimiento. De ordinario el producto de una póliza de seguro contra incendio está sujeto a la hipoteca. Véanse los artículos 110 y 111 de la Ley Hipotecaria. La mera alegación de que la segunda acreedora hipotecaria no fué- hecha parte en el procedimiento para ejecutar la primera hipoteca deja de convencernos de que las alegaciones en cuestión no eran o no podían ser pertinentes. Los autos no contienen pliego de excepciones y el error, de haberse cometido, no parece haber sido perjudicial. La cuestión relativa a la suficiencia de la declaración jurada fué resuelta en el caso de Loíza Sugar Company v. Hernaiz et al., 32 D.P.R. 903.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar la excepción previa presentada por Solá basada en falta de hechos suficientes para determinar 'una causa de acción. La contención es: (a) que la viuda María Puig aparece como única demandante mientras que la demanda demuestra que ella y sus hijos son los herederos del acreedor hipotecario original; y, (b) que ella no alega que la hipoteca ha sido inscrita a su nombre.

El primer párrafo de la demanda hace referencia a “la demandante antes nombrada.” “La demandante antes nom-brada” es “María Puig Vda. de José P. Chandri, por sí y a nombre de sus menores hijos José y María Chandri Puig.” La quinta alegación se refiere a Chandri como causante de ‘ ‘ esta demandante y sus hijos. ’ ’ La octava alegación contiene la aseveración de que “la demandante y sus hijos son los únicos y universales herederos del difunto José P. Chandri.” En la súplica “la demandante” solicita se efectúe el pago a “esta demandante.” Una declaración jurada explica qne “la demandante” reside en la ciudad de Nneva York, por lo que no hace este juramento personalmente.

El artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone: “Cuando un menor, ... es parte en un litigio, deberá com-parecer, bien por medio de su tutor general, o de un defen-sor nombrado por la corte.” El artículo 153 del Código Civil (Edición de 1930) impone a los padres el deber de re-presentar a sus hijos “en el ejercicio de todas las acciones qne puedan redundar en su provecho.” Los hechos arriba reseñados bastan para distinguir el presente caso de los de J. Ochoa & Hermano v. J. González Clemente, 29 D.P.R. 1015; Nadal v. Registrador de la Propiedad de San Germán, 32 D.P.R. 115; y Olivo v. Arriví, 38 D.P.R. 717.

Debe admitirse que la demanda no es un modelo de una buena alegación. No obstante, es razonablemente aparente, a nuestro juicio, que los verdaderos demandantes, así como las verdaderas partes interesadas, lo son la viuda y los hijos mencionados en el título y en el párrafo octavo de la de-manda. El juez de distrito no fue inducido a error por nin-guna ambigüedad o duda a este respecto sino que dictó sen-tencia a favor de “la demandante María Puig viuda de Chan-dri, por sí y a nombre de sus menores hijos José y María Chandri Puig.” La demanda es una relación defectuosa de una buena causa de acción. Véase el caso de Celestina Abarca Sanfeliz viuda de Gumersindo Suárez v. Bank of Nova Scotia, 5848, resuelto el 19 de junio de 1934 (46 D.P.R. 931).

La objeción al efecto de que María Puig no alegó que la hipoteca había sido inscrita a su nombre, en tanto en cuanto no ha sido resuelta por el párrafo anterior, no exige seria consideración.

La tercera contención de los apelantes (en tanto requiera ser discutida separadamente), es que la corte de distrito no debió haber dictado sentencia sobre las alegaciones en cnanto a Sosa y sn esposa toda vez qne en sn contestación ellos negaron por falta de información qne “la demandante y sus hijos” eran los únicos y universales herederos de sn cansante José P. Chandri. La demanda estaba jurada. En un affidavit unido a la contestación el letrado de los demandados Sosa y sn esposa explicaba qne si bien Sosa residía dentro del distrito, éstos no podían jurar la alegación porque Sosa se hallaba enfermo y sn esposa lo estaba asistiendo. Los de-mandantes en su moción solicitando sentencia sobre las ale-gaciones atacaron este affidavit como fatalmente defectuoso. Los demandados Sosa y su esposa también dejaron de en-mendar su contestación dentro del término concedido luego de declarada con lugar nna moción para eliminar ciertas par-tes de la misma. Los demandantes alegaron en su demanda jurada no sólo que eran los únicos y universales herederos de José P. Chandri sino también que habían sido declarados tales herederos mediante decreto de una corte competente. Admitiendo, para los fines de la argumentación solamente, que la mejor práctica hubiese sido exigir prueba de esta ale-gación, no hallamos que se cometiera error que dé lugar a la revocación al declararse con lugar la moción de sentencia sobre las alegaciones.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Jxjez Asociado Señor Hutchison,

text:
    María Puig Viuda de Chandri, por sí y a nombre de sus menores hijos José y María Chandri Puig, demandantes, apelantes y apelados v. Ramón Sotomayor y su esposa Concepción Flores Solá y Juan Solá González y su esposa Manuela Flores Solá, demandados y apelados los dos primeros.
    No. 6329.
    Sometido: Abril 11, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      González Fagundo & González, Jr. y José Puig Morales, abogados de los apelantes apelados; Arturo Aponte y B. García Cintrón, abo-gados de los esposos Sotomayor-Flor es, demandados y apelados.
   El Jxjez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Este es otro aspecto del caso No. 6366, Puig v. Solá et als., ante, pág. 450. Doña María Puig y sus hijos menores de edad iniciaron pleito en ejecución de hipoteca contra So-tomayor y su esposa y las personas que de ellos adquirieron,, los actuales dueños de la finca hipotecada. Se solicitaba la venta de la finca hipotecada y una sentencia por la diferen-cia-contra los deudores hipotecarios Sotomayor y .su esposa. Sotomayor presentó excepción previa fundado en .la inde-bida acumulación de causas de acción y de partes. El juez de distrito sostuvo la excepción y los demandantes apelan de una sentencia desestimatoria en lo que a Sotomayor respecta.

Los apelados admiten que los demandantes podían ini-ciar una acción contra Sotomayor en cobro de cualquier diferencia existente después de la ejecución y venta de la finca hipotecada, pero se fundan en el caso de Malgor & Co. v. Clivillés, 42 D.P.R. 457, como autoridad para la contención de que un acreedor hipotecario no puede obtener de un déudor hipo-tecario una sentencia por la diferencia en un pleito ordinario en cobro de una hipoteca otorgada sobre bienes que se ha-llen en poder de dueños posteriores. La doctrina del caso de Malgor, en tanto en cuanto tiende a sostener esta conten-ción, fué abandonada en el de Fernández v. Luyando, 46 D.P.R. 687. Por otra parte, el caso de Fernández sirve de autori-dad para el criterio de que un acreedor hipotecario puede obtener la venta de la finca hipotecada en manos de los actua-les dueños adquirentes del deudor, así como una sentencia por la diferencia contra el deudor en un solo pleito. Véanse también 19 R.C.L. 667, sección 482, y Moore v. Román, Borges, 46 D.P.R. 838.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Aldrey disintió.

       Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisou, JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORDOVA DAVILA

text:
    Dolores Pérez Vda. de Portela, Olimpia Adelaida Consuelo, Amparo y José Manuel Diógenes Portela y Pérez, demandantes y apelados, v. Francisco J. Marrero, demandado y apelante.
    No. 6375.
    Sometido: Mayo 3, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      R. Rivera Zayas y José E. Dias, abogados del apelante; V. M. Fer-nández, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchisou,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco J. Marrero ejecutó una hipoteca existente sobre una casa de una sola planta, con azotea, que se describe como que se extiende desde una calle a otra, en el Municipio de Vega Baja. Cuando el márshal fue a diligenciar un auto de posesión, se halló un mirador de madera techado de zinc, construido en el patio o sobre el patio de la casa que se describe en el auto, y dentro de los linderos de la finca hipotecada. Este mirador estaba ocupado por un inquilino, por cuyo conducto los demandantes ejercían posesión material y dominio del mismo. Éstos se negaron a desalojar el mirador y el márshal los dejó en la posesión material del mismo, pero puso al acreedor hipotecario en posesión del resto de la finca. Luego, el acreedor obtuvo la posesión material del mirador y los demandantes iniciaron este procedimiento sumario para restablecer el status quo. Los hechos, tal cual fueron determinados por la corte de distrito, y la ley aplicable a los mismos, están claramente expuestos en una relación del caso y opinión que lee así:

“Se trata de un caso de injunction para recobrar la posesión. Los demandantes alegan que dentro del año precedente a la presen-tación de la demanda estaban en la posesión real y material de una finca compuesta de solar y casa que describen, ubicada en Yega Baja, y que el demandado les ha despojado de dicho inmueble expresando los hechos en que consistió el despojo. El demandado, en su escrito de contestación, niega los hechos; y como materia de defensa alega que está en posesión del inmueble referido porque el Márshal de esta Corte le dió tal posesión al adquirirlos en una subasta pública.
“Trabada así la contienda el caso fué a juicio. Éste se celebró el día 21 de febrero de 1933. Las partes comparecieron, asistidas de sus abogados y practicaron prueba testifical.
“La prueba de los demandantes consistió en las declaraciones de:
“a. — Consuelo Pórtela quien declaró ser una de las demandantes; y luego de describir la finca, que los actores poseyeron la misma desde 1925 hasta fines de noviembre de 1932; que en octubre de 1932 el Márshal de esta Corte fué a dar posesión al demandado de unos bienes ejecutados que eran de Dolores Pérez viuda de Pórtela y que al señalar el demandado entre esos bienes e] inmueble de que ahora se trata la testigo le llamó la atención al Márshal que éste último no formaba parte de aquéllos y pertenecía a la Sucesión Pórtela y no a la señora Pérez viuda de Pórtela, por lo que el Márshal se negú a entregarla y no la entregó; que la casa en cuestión estaba habi-tada por Alejandro Torres como inquilino de la sucesión Pórtela y contra quien la sucesión seguía un procedimiento de desahucio, en el día que se procedió al desalojo judicial de Torres, llegó el de-mandado conduciendo en su propio carro muebles de Enrique Pu-marejo y los introdujo en la casa y dejó allí como su inquilino a dicho Pumarejo; que la demandante le llamó la atención a Pumarejo y éste le manifestó que si estaba allí, ocupando la casa, era por orden del demandado; que pocos días después el demandado pintó la casa, destruyó una verja e hizo otras reparaciones; y que todo eso ocurrió contra la voluntad y la oposición de los demandantes.
“b. — José J. Santiago quien declaró que es Submárshal de esta Corte y que, a fin de dar posesión al demandado de ciertos bienes obtenidos en subasta pública en un caso seguido contra Dolores Pérez viuda de Pórtela se trasladó a. Yega, Baja y allí al darle po-sesión de un edificio la señorita Consuelo Pórtela objetó, en presencia del demandado Marrero-, que la posesión de dicha propiedad no in-cluía cierta parte de la casa; que hay una parte dentro de la casa que tiene una planta alta, especie de mirador; que el testigo advir-tió a las partes que él único y exclusivamente se dedicaría a dar po-sesión de los bienes que se describían en el mandamiento4; que en el mandamiento no estaba incluida la parte anterior (refiriéndose a lo que llama ‘mirador’) ; y al efecto dió al demandado posesión de un edificio de mampostería, o casa terrera, techada, de azotea, situada en la calle Ramón E. Betanees, pueblo de Vega Baja, en lindes por la derecha, entrando, con la casa de Pedro Lluberas; por la izquierda con la Calle del Chorro, conteniendo algunas divisiones dicha casa y una pieza con igual frente hacia la calle de la Pahua; que de eso fué de lo que dió posesión al demandado Marrero; y,
“c.- — Dr. C. M. García, Liborio A. Matos y José M. Pórtela, quie-nes declararon, en síntesis, corroborando las manifestaciones de la testigo Consuelo Pórtela.
“La prueba del demandado consistió en las declaraciones de José J. Rodríguez, Emilio Martínez, y el propio demandado cuyos testi-monios tienden esencialmente a demostrar que el demandado tiene la posesión de todo el edificio ubicado en la calle de Betanees de Vega Baja a virtud de la entrega material que del mismo le hizo el Marshal de esta Corte en octubre de 1932 al darle posesión al deman-dado de los bienes adquiridos en pública subasta en el- caso contra la señora Pérez viuda de Pórtela; y que sobre la azotea del edificio ya descrito hay un mirador, y de este cuerpo del edificio también le dió posesión el referido funcionario, pues toda la propiedad es una sola.
“La prueba, como se observa, es contradictoria. Pero la declara-ción del Marshal es explícita. Durante su interrogatorio él sentó varias veces, como un hecho, que no dió posesión al demandado de la construcción o edificación en disputa. Tomamos de su declaración:
“ ‘P: ¿No estaba incluida esa propiedad?
“ ‘R: En el mandamiento no estaba incluida la parte anterior.
“ ‘P: ¿Y usted no le dió posesión de esa propiedad?
“ R.: No. Yo solamente le di la posesión de la propiedad, que se describe en el mandamiento.
“ ‘P: ¿De modo que es claro, testigo, que de esta parte, que es una casa de dos plantas, que usted llama mirador, usted no dió posesión a Francisco J. Marrero?
“ ‘R: No. Solamente le hice la observación de que le daba po-sesión de la finca que acabo de describir aquí ahora, es decir, ajus-tado estrictamente al mandamiento.
“‘La Corte: Testigo, ¿la casa cubre todo el solar? R.: No, señor. En imitad de la calle. . . Con permiso de la corte. . . (Va a la pizarra). En medio de la calle del Chorro, en esta parte de lá calle del Chorro, que es esta calle que atraviesa aquí, al llegar casi a esta situación, tenemos un portón que dá acceso a un pequeño patio de algunas dimensiones, de mas o menos dos metros, que divide la pared, es decir, que parte de la pared que va de una calle a otra. Es una entrada para dar acceso a un pequeño patio. En el extremo de entrar, el otro extremo, bay como dos metros, que es entrada, y de ahí parte entonces una pared corrida, de concreto, basta la otra calle. Está dividida por un portón.
“ ‘P.: ¿Y qué bay en ese patio
“ ‘R.: En la extensión del patio no bay nada.
“ ‘ P.: i No bay nada ?
‘ ‘ ! R.: No hay nada, absolutamente.
“ ‘P.: ¿Y encima del patio?
“ R.Encima del patio, o sea en la pared, que continúa, después de partirse la pared para dar acceso, entrada, parte para arriba la muralla, donde está el mirador.
“ ‘P.: ¿De modo que no tiene planta baja?
“ ‘ R.: No, en la entrada, en el patio, no hay nada, absolutamente nada. Eso es un pequeño patio de. . .
‘P.: ¿Y de eso que usted encontró allí le dió posesión al de-mandado ?
“ ‘R.: Diciendo que se ajustaba la propiedad a la descrita en el mandamiento.
“ ‘P.: No contesta mi pregunta el Mársbal. Que si de eso, de esa especie de mirador que no tiene planta baja, ¿de eso, no le dió posesión al demandado?
“‘R.: No, en absoluto. Yo le di posesión solamente, posesión de la casa que se describe en el mandamiento, y que no menciona esa parte alta.’
“Si los demandantes tenían la posesión del inmueble en disputa y si el Mársbal, como aparece de su testimonio, no dió posesión del mismo al demandado, es innegable que éste se posesionó violentamente del inmueble, contra la voluntad de los actores ya que los otros he-chos o actos en sí del despojo descritos en la alegación quinta de la demanda y que surgen de la prueba de los demandantes no fueron eontradiebos o refutados.
“Lo que ha. intentado el demandado es discutir el título a la po-sesión afirmando que el Márshal le hizo entrega del inmueble; y dis-cutir el dominio de la cosa al afirmar que ella forma parte integrante de cierto inmueble que adquirió en subasta pública. Pero, la cues-tión en estos interdictos o injunctions, no es una de título, y de de-ducciones legales: es una de hecho y como tal debe ser tratada en este procedimiento. Nuestra ley concede el remedio al que ha sido perturbado en la posesión o tenencia y para recobrar no el título o el derecho, sino la posesión material.
“En Fajardo v. Pasto Viejo, 41 D.P.R. 825, 826, se dice:
“ ‘Lo que se intenta, y se logra, por medio de ese procedimiento sumario, en el que ni se discute ni se decide el título, es lo que los autores llaman la protección posesoria. Todo poseedor tiene derecho a que se le respete en su posesión; tal es el concepto legal contenido en el artículo 448 del Código Civil de Puerto Rico. En el poseedor hay un presunto dueño; y en la posesión hay un estado de hecho a respetar por todos'y a ser mantenido por la ley.
“ ‘. . . . en los injunctions para retener y recobrar la posesión, lo que se dilucida es simplemente una cuestión de hecho, y no de dere-cho, y su esfera de acción está bien limitada.'
“En Vicente v. Ortiz, 38 D.P.R. 106, 110, se dice que en procedi-miento de injunction para recobrar posesión la única cuestión es, si el demandante tenía la posesión o tenencia de la cosa de que ha sido perturbada o despojada en el año precedente a la presentación de la demanda, y si teniéndola, tal despojo existió.
“En Pérez v. Pérez, 38 D.P.R. 753 se dijo que en los injunctions conocidos por interdictos, la cuestión a resolver siempre es si el de-mandante estaba en posesión en determinada fecha dentro del año estatutario y si se le privó de tal posesión.
“En Vázquez v. Rivera, 37 D.P.R. 804 se estableció que en proce-dimientos de injunction para recobrar posesión, la posesión del de-mandante, y no su título a la propiedad de que se trata, es la cues-tión a probar y resolver.
“En Oliver v. González, 37 D.P.R. 936, 942, se lee:
“ ‘. . . . en un caso de interdicto o injunction para retener, ya que en este sumario procedimiento lo único a discutir es la posesión, no el dominio, y aún ni el- título a. la posesión. ’
“Y, entre otros casos más que abundan en las decisiones del Tribunal Supremo, en Solis v. Ga-stro, 36 D.P.R. 105, se dijo que dentro del procedimiento sumario de una demanda de injunction para reco-brar la posesión material de propiedad inmueble, sólo la posesión, como cuestión puramente de hecho, es el verdadero issue a decidir.
“En 4 Manresa 209, 210, se expresa como sigue el insigne tra-tadista :
“ 'Los interdictos, siguiendo la definición que de ellos dan ios autores de procedimientos, son unos juicios sumarísimos, que tienen por objeto el decidir interinamente sobre el hecho de la posesión sin perjuicio del derecho de los interesados, o suspender o evitar un hecho que nos perjudica. Reciben también ese nombre las acciones concedidas al poseedor para obtener ese mismo resultado.
“ 'Por su propio carácter, las resoluciones en ellas recaídas no deciden nada en definitiva, y son siempre sin perjuicio de tercero, de igual o mejor derecho. Después de los interdictos puede siem-pre seguirse un juicio1 más amplio*, en el que se aleguen, examinen, discutan y resuelvan las cuestiones relativas al derecho. Ni podía ser de otro modo, toda vez que, en lo que a nuestro estudio interesa, la posesión de hecho puede tener a su favor la presunción del dere-cho a poseer; mas tal presunción cede forzosamente ante una prueba en contrario; prueba que, como referente al derecho y no al hecho, no cabe ni prospera dentro de la naturaleza del interdicto.’
“En 8 Scaevola 373, 375, este otro insigne comentarista del Có-digo Civil, se manifiesta así:
“ 'En el interdicto sólo se permite discutir sobre el hecho de la posesión, no sobre el derecho a la misma, que es lo que implica el fondo de las decisiones del Tribunal Supremo expuestas. Si se tole-rase contender respecto del título de la posesión, tocante al derecho con que el tenedor posee la finca, perdería su naturaleza el interdicto y estaría demás en la ley éste, o el juicio ordinario para discutir am-pliamente la posesión y la propiedad, debiendo fundirse en un solo juicio. ’
“En Figueroa v. Lugo, 43 D.P.R., 865, 869, leemos:
“ ‘Lo que estaba en disputa no era el título a la propiedad, sino el hecho de la posesión material del terreno por un año. A puede tener perfecto derecho al dominio y por consiguiente a la posesión de una finca y sin embargo si la finca fué ocupada durante un año con anterioridad a la demanda por B, A no puede ejercitar contra B el interdicto posesorio. Para hacer valer su derecho debe recurrir a los otros medios que la ley le concede.
“ ‘Esto ha sido resuelto por este tribunal en repetidos casos.’
“No es, pues, materia propia de estos procedimientos sino de los juicios plenarios de propiedad la cuestión del derecho con que se posee.
“La cuestión relativa a que el Marshal dió posesión al deman-dado del inmueble objeto de este interdicto, quedó decidida adversa-mente por la prueba de los demandantes. La cuestión de si ese in-mueble forma o no parte o está o no comprendida en la finca de que el Márshal dió posesión al demandado, es algo que no puede venti-larse en este procedimiento.
“Del caso Rivera y. Vargas, 43 D.P.R. 151, 154, son estas palabras:
“ ‘Si es cierto que la porción ele que se trata está comprendida en la finca traspasada, el demandante podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales en el juicio correspondiente, pero no en éste de injunction cuya naturaleza ha sido perfectamente fijada por la ley y la jurisprudencia. La prueba de que el demandante estuviere de hecho en la. posesión material de la porción que reclama y la de que el demandado penetrara violentamente en ella y la ocupara en contra de la voluntad del demandante fué contradictoria, siendo el con-flicto resuelto en contra del demandante.
“ ‘No hemos perdido de vista lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1365 del Código Civil, a saber, que cuando se haga la venta mediante escritura, como, se hizo en este caso, el otorgamiento de la escritura equivaldrá a la entrega. Si realmente la porción ocu-pada pertenece a la finca, la compra y ese artículo confieren un per-fecto derecho al demandante a reclamarla.
“ ‘Pero la reclamación, repetimos, no cabe hacerla dentro de este procedimiento de injunction, limitado a recobrar o retener la pose-sión material de propiedad inmueble, debiendo alegarse y probarse de acuerdo con la ley: (1) que el demandante, dentro del año prece-dente a la presentación de la demanda, estaba en la posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe, si se trata de re-cobrarla, y estaba y está, si de retenerla.’
“Además, una de las demandantes, la señorita Pórtela, declaró que la casa objeto de este pleito está construida en un solar perte-neciente al municipio; y así se alegó en- la demanda. Ese solar, al que testigos del demandado llaman patio, es un espacio abierto en el solar y edificio de que se le dió posesión al demandado, y tiene su frente a la Calle de Hostos. ¿ Se trata, como se dice, del patio de la casa adquirida por el demandado, o de un solar del municipio, cuya posesión tienen los demandantes, so color de algún derecho para tal posesión y actos de dominio? Tal punto no puede ser abarcado en procedimientos de la naturaleza presente. Pero sí se ha dicho, sin embargo, como en Puig v. Lorden, 43 D.P.R. 874, que la persona que haya estado en la posesión material y ejercitado actos de dominio sobre una faja de terreno so color de algún derecho para tal posesión y actos de dominio, puede, al ser perturbado en la. posesión instar procedimiento para recobrar aquello de que ha sido despojado.
“Al finalizar la vista de este caso, el demandado solicitó de la Corte una inspección ocular fundándose en que el Juez al llegar allí ‘verá que no existe la casa que se describe en la demanda.’ Esta inspPoción se hizo el 18 de marzo de 1933, y del acta levantada apa-rece lo siguiente:
“ ‘El inmueble objeto de esta acción está ubicado en la Calle Eugenio María de Hostos, de Vega Baja. Es una estructura que ocupa dos plantas. La baja está construida de material o ladrillo en un solo cuerpo, con un anexo o martillo de maderas para cocina; y ocu-pada dicha planta con comedor y sala, y una escalera de maderas que conduce a la planta alta. Esta segunda planta es toda de ma-deras, techada de zinc, y dividida en tres apartamentos o alcobas-dormitorios, con un balcón pequeño en su frente a la calle de Hostos.
“La demanda debe ser declarada con lugar. Y, condenarse al demandado al pago de las costas. Figueroa, vs. Lugo, 43 D.P.R. 865; Hernández v. Sánchez, 41 D.P.R. 72; Solis v. Castro, 36 D.P.R. 314; Ortiz v. Silva,, 28 D.P.R. 417; Pueblo v. Oms, 35 D.P.R., 757.”

La primera contención del apelante es que la corte de. distrito cometió error al apreciar la prueba. El nervio del argumento es que el demandado tenía la posesión legal del mirador, toda vez que el mismo formaba parte de la finca hipotecada y como tal le había sido adjudicado en la subasta. La respuesta a este argumento, conforme indicó el juez de distrito, es que el punto primordial era el hecho de la pose-sión material por parte de los demandantes al tiempo de desalojar la finca y que la cuestión relativa al derecho de] demandado a la posesión expresa o implícita como resultado de la subasta, era cuestión de poca o ninguna importancia. El márshal no puso al acreedor hipotecario en la posesión material del mirador y el juez de distrito no cometió error en su apreciación de la prueba sobre este aspecto saliente de i caso.

La revocación de la sentencia por el motivo de que el juez de distrito cometió error al apreciar la prueba nos obligaría a resolver que después de una venta en ejecución de hipo teca la entrega de parte de la finca hipotecada, no habiendo entrega material de toda la propiedad, es una imposibilidad física. No estamos preparados para ir tan lejos.

Hasta ahora, adoptando el criterio más favorable al apelante, hemos asumido que la estructura en cuestión era tan sólo nn “mirador”. De la inspección ocnlar que el juez de distrito hizo de la propiedad, cuyo resultado se hace cons-tar en su opinión, supra, se desprende claramente, sin embargo, que la estructura en sí no era un mirador sino una construcción de dos plantas que participaba de la naturaleza de un nuevo edificio “donde antes no los hubiere”, no la “elevación” de un edificio, dentro del significado del artícuJo 111 de la Ley Hipotecaria. En verdad, no puede haber una seria cuestión acerca de la practicabilidad de dejar al actual ocupante de tal estructura en la posesión real y material de la misma, no embargante la entrega de la finca hipotecada a un adquirente en una subasta en ejecución de sentencia.

El segundo señalamiento de error se dirige a la ex-clusión de cierta prueba, según indican los siguientes extractos hechos por el apelante de distintas partes de la transcripción taquigráfica:

“P. — Dígame . . . ¿Usted ha conocido alguna casa de altos J bajos que sea de la pertenencia de los hermanos Pórtela?
“Sr. Fernández: Para oponernos, señor Juez. . .
“La Corte: Sostenida la objeción.
“Sr. Díaz: Señor Juez, nosotros alegamos en nuestra contesta-ción que Francisco J. Marrero es dueño de una casa, y que dentro de esa casa está la de. . .
“La Corte: En estos procedimientos no puede admitirse ninguna clase de prueba que tienda a demostrar el título, o el título de la posesión de una cosa. . .
“Sr. Díaz: ¿Usted sabe si don Francisco J. Marrero está en po-sesión de alguna finca, que corresponda a doña Consuelo Pórtela y a sus hermanos?
“Sr. Fernández: Para oponernos, señor Juez. . .
. “La Corte:. Sostenida la objeción.
“Sr. Díaz: Entonces nosotros no podemos presentar ninguna clase de prueba. . . .
“La Corte: Sí, como no. . . El abogado puede hacerle la si-guiente pregunta: ‘ ¿ Usted sabe si Francisco J.' Marrero está en pose-sión de algún inmueble ubicado en la calle Betances de Vega Baja?
“P. — ¿De José Julián Acosta? De manera, testigo, . . . ¿Esa es una construcción independiente, o es una construcción que forma parte de esa casa que usted ha descrito?
‘' Sr. Fernández: Para solicitar la eliminación de la pregunta.
“La Corte: Sí, con lugar.”

Cuanto hemos dicho hasta ahora resuelve prácticamente la cuestión que aquí se trata de plantear. De todos modos, no se tomó excepción alguna y el error, de haberlo, no fué perjudicial.

No encontramos que se cometiera abuso de discreción al concederse las costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORDOVA DAVILA

Los demandantes en este caso alegan que obtuvieron del municipio de Vega Baja la concesión de uso de un solar radi-cado en la calle Eugenio María de Hostos que mide 45 po pies de frente por 14 de fondo y que colinda por el norte, sur y oeste con la sucesión de Ramón B. Pórtela, y por el este con la calle en que radica. Se aduce que sobre este solar tienen los demandantes una construcción que se describe así:

“tjrbaNA: Casa de dos plantas, de manipostería los bajos y los altos de maderas del país y extranjera, techada de zinc, con un balcón pequeño en la planta alta y un martillo en la planta baja, que mide (8.21) ocho metros veintiún centímetros de frente, por (4.51) cuatro metros cincuenta y un centímetros de fondo. Linda por la derecha entrando, izquierda y fondo con propiedades pertenecientes a la suce-sión Pórtela, y al frente, con la calle Eugenio María de Hostos, donde radica.”

Según los demandantes, el demandado, al tomar posesión de ciertos inmuebles que le fueron adjudicados en subasta y en el curso de un procedimiento incoado contra Dolores Pérez viuda de Pórtela, designó la propiedad anteriormente descrita como si formase parte de dichos inmuebles, pose-sionándose fraudulentamente de la misma contra la voluntad de los demandantes quienes solicitan que se les restituya en la posesión del referido inmueble.

El demandado en su contestación alega que en ejecución de sentencia dictada en un caso seguido contra Dolores Pérez viuda de Pórtela, sobre cobro de un crédito hipotecario, obtuvo en pública subasta una finca que se describe así:

“URBANA: Casa situada en el pueblo de Yega Baja, calle de £E1 Rosario’, boy Ramón E. Betanees, de manipostería, techada de azo-tea, de 13 varas de frente por 40 varas de fondo, con algunas divisio-nes y una pieza igual frente a la calle de la Palma. Linda por el Sur con la calle Ramón E. Betanees; por la derecha, entrando, con Pedro Lluberas; por la izquierda, con la calle de El Chorro, hoy Eugenio María de Hostos, y por el Norte, con la calle La Palma.”

Niega el demandado las alegaciones fundamentales de la demanda y solicita que la misma sea declarada sin lugar.

No obra en autos prueba documental alguna donde apa-rezca descrito el inmueble hipotecado y vendido en ejecución de sentencia al acredor hipotecario, Francisco J. Marrero. Cuando se le pregunta al márshal por las dimensiones de la casa de que dió posesión al demandado contesta que dicha casa tiene 11 metros de frente por 17 de fondo. Estas dimen-siones no concuerdan con la casa de 13 varas de frente por 40 de fondo que se describe por el propio demandado en la contestación.

Es verdad que el márshal declara que hay una parte dentro de la casa que tiene una planta alta, especie de un mirador, y que Consuelo Pórtela, una de las demandantes, objetó que eso no estaba incluido en la propiedad cuando e] referido funcionario daba posesión al Sr. Marrero del inmue-ble por el mismo adquirido; pero esta prueba no basta para demostrar que se trata de una elevación del edificio hipote-cado, cuando se examina en conjunto toda la evidencia apor-tada.

La señorita Pórtela declara que en 1923 era ése un solar yermo donde no había edificación alguna. “Nosotros,” dice, “edificamos esa casa en 1925.” Los demandantes ofrecieron prueba documental para demostrar que la Asamblea Municipal de Vega Baja concedió a la sucesión de Ramón B. Pórtela el usufructo de un solar del municipio, que es el mismo que se describe en la demanda. Se ofreció además como prueba una escritura otorgada ante notario en 7 de marzo de 1932, para demostrar la edificación de la casa que se describe en las alegaciones de la demanda. El demandado se opuso a la admisión de esta prueba por entender que en estos recursos extraordinarios para recobrar la posesión sola-mente debe traerse prueba al tribunal tendiente a justificar la posesión dentro del año precedente a la presentación de la acción. La corte denegó la admisión de los documentos ofrecidos.

La prueba aportada resulta confusa y deficiente. No sabemos si se trata de una elevación de edificios o de nuevas edificaciones donde no las había ni si se edificó antes o des-pués de la hipoteca, porque de los autos no surge la fecha en que tuvo lugar el préstamo hipotecario. Tampoco sabe-mos las dimensiones del solar hipotecado ni estamos en con-diciones de asegurar que el inmueble que se reclama esté comprendido dentro del referido solar.

La corte inferior termina su opinión con estas palabras:

“Al finalizar la vista de este caso, el demandado solicitó de la corte una inspección ocular fundándose en que el juez al llegar allí 'verá que no existe la casa que se describe en la demanda..’ Esta inspección se hizo el 18 de marzo de 1933, y del acta levantada apa-rece lo siguiente:
“ ‘El inmueble objeto de esta acción está ubicado en la calle Eugenio María de Iíostos, de Vega Baja. Es una estructura que ocupa dos plantas. La baja está construida de material o ladrillo en un solo cuerpo, con un anexo o martillo de maderas para cocina; y ocu-pada dicha planta con comedor y sala, y una escalera de maderas que conduce a la planta alta. Esta segunda planta es toda de maderas, techada de zinc, y dividida en tres apartamentos o alcobas-dormito-rios, con un balcón pequeño en su frente a la calle de Hostos.’
“La demanda debe ser declarada con lugar. Y condenarse al demandado al pago de las costas. Figueroa v. Lugo, 43 D.P.R. 865; Hernández v. Sánchez, 41 D.P.R. 72; Solis v. Castro, 36 D.P.R. 314; Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 417; Pueblo v. Oms, 35 D.P.R., 757.”

La finca que se describe en el acta de la inspección ocnlar es la misma que reclaman los demandantes y que aparece descrita en la demanda. Nada dice la corte con respecto a. la finca hipotecada y vendida al demandado. No expresa que la finca que se reclama esté incluida en el inmueble adquirido en pública subasta por Francisco J. Marrero.

Acreditada por los demandantes la posesión del inmueble que reclaman y habiendo declarado el márshal que se ajustó estrictamente al mandamiento judicial y que no le dió pose-sión al demandado de cierta propiedad reclamada por la Srta. Pórtela como perteneciente a dichos demandantes, incumbía al referido demandado probar que la casa de dos plantas, objeto de este litigio, estaba incluida dentro de la finca hipo-tecada, y que obtuvo posesión judicial de la planta baja, incautándose por lo tanto de todo el edificio. Si no cono-cemos el inmueble hipotecado, si ignoramos sus colindancias y sus dimensiones, mal podemos asegurar que se trata de una elevación del edificio hipotecado o de una nueva construc-ción donde antes no la había. De acuerdo con el artículo 111 de la Ley Hipotecaria se entenderán hipotecadas junta-mente con la finca, aunque no se mencionen en el contrato, siempre que correspondan al propietario, entre otras mejoras, las que consistan en adorno o elevación de los edificios. El mismo artículo dispone en su inciso segundo que no se con-siderarán hipotecadas juntamente con la finca las mejoras que consistan en nueva construcción de edificios donde antes no los hubiere.

La corte inferior, en el párrafo que precede a la relación de la inspección ocular, dice:

“Además, una de las demandantes, la señorita Pórtela, declaró que la. casa objeto de este pleito está construida en un solar pertene-ciiente al municipio; y así se alegó en la demanda. Ese solar, al que testigos del demandado llaman patio, es un espacio abierto en el solar y edificio de que se le dió posesión al demandado, y tiene su frente a la calle de Hostos. ¿Se trata, como se dice, del patio de la casa adquirida por el demandado, o de un solar del municipio, cuya posesión tienen los demandantes, so color de algún derecho para tal po-sesión y actos de dominio? Tal punto no puede ser abarcado en procedimientos de la naturaleza presente, pero sí se lia dicho, sin embargo, como en Puig v. Lorden, 43 D.P.R,. 874, que la persona que haya estado en la posesión material y ejercitado actos de dominio sobre una faja de terreno so color de algún derecho para tal pose-sión y actos de dominio, puede, al ser perturbado en la posesión instar procedimiento para recobrar aquello de que ha sido despojado.”

Es evidente, a nuestro juicio, que el demandado no ha demostrado con la claridad qne fuera de desear que tomó posesión judicial de una finca comprendida dentro de la hipo-teca y descrita en el mandamiento judicial. Los demandantes en cambio han demostrado que estaban en posesión de la finca que reclaman y que de ella se incautó el demandado. El que adquiere en subasta pública una finca hipotecada, al tomar posesión judicialmente de la misma, no puede ir más allá de los límites de la finca adquirida y de los bienes realmente hipotecados. Si se incauta de algo que está fuera de la hipo-teca, tiene el deber de devolverlo, previa reclamación, a su poseedor. Como hemos dicho, la prueba en este caso no es clara. El demandado no ha probado que la finca que re-claman los demandantes estuviese incluida en la hipoteca, y en estas condiciones entendemos que las cosas deben resti-tuirse a su antiguo estado, sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a Francisco J. Marrero para tomar legalmente posesión de la propiedad por medio del procedimiento ade-cuado. Es por estas razones que estamos conformes en que se confirme la sentencia apelada.

      Nota: Véase el prefacio.


text:
    Sucn. de Francisco María Franceschi, compuesta de José María y Juan Franceschi y Cervoni; Domingo, Salvador y Estrella Margarita Leandri Agostini; Angel y Blanca Massari y Franceschi y el Administrador Judicial de dicha Sucesión, Don Pablo Vecchini, demandante y apelante, v. Hon. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6636.
    Sometido: Mayo 24, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Henry G. Molina y M. León Parra, abogados de los apelantes; Hon. Procurador General Benjamín J. Horton y B. Gordovés Arana, Subprocwador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un colector de rentas internas anunció la venta en pública subasta de cierta finca. Los tenedores de una primera hipoteca ofrecieron pagar parte de las contribuciones y el colector exigió el pago de toda la suma en descubierto. El gravamen por concepto de contribuciones correspondientes a los últimos años era superior al gravamen hipotecario. El gravamen contributivo para los años anteriores estaba subordinado a la hipoteca. Los acreedores hipotecarios pagaron entonces toda la sama, pero lo Meier on bajo protesta respecto a la parte de las mismas que comprendía el período anterior. Entonces iniciaron el presente litigio para recolmar la snma pagada bajo protesta. La corte de distrito declaró con lugar una excepción previa a la demanda y los acreedores hipote-carios apelan de una sentencia desestimatoria.

Hemos dicho que el gravamen hipotecario era superior al gravamen contributivo en lo que a las contribuciones pa-gadas bajo protesta se refería. Podemos agregar, de paso, que tal gravamen, desde luego, debe ser protegido por el Tesorero y en su caso por la corte. El acreedor hipotecario debe tener algún remedio cuando quiera que sus derechos sean invadidos o quizá cuando se amenace con invadir tales derechos. Él quizá tenga varios remedios. De ello no se des-prende que un litigio para recobrar parte de las contribu-ciones del deudor, pagadas bajo protesta por el acreedor hipotecario, sea uno de estos remedios.

La demanda en el presente caso no pone en tela de juicio la validez de la reclamación del gobierno contra el deudor hipotecario. La demandante ni siquiera alega que el colector se negó rotundamente a aceptar el pago de parte de las con-tribuciones solamente, aunque la tentativa de negarse a aceptar dicho pago puede haber estado envuelta al exigir que se le pagara en su totalidad. La demandante no alega ninguna amenaza por parte del colector de rentas internas al efecto de que trataría de vender los bienes libres de gra-vámenes, no obstante el pago parcial, si se efectuaba el mismo. Sí alega que los artículos 315 del Código Político; el inciso 5 del artículo 168 y el artículo 218 de la Ley Hipotecaria; y el artículo 1824, inciso primero, del Código Civil (edición de 1902), estaban vigentes en el momento en que se efectuó el pago bajo protesta, y aun lo están. La teoría de la demanda parece ser que si las contribuciones no se hubiesen pagado en su totalidad, el resultado inevitable hubiera sido la venta de los bienes libres de gravámenes. El letrado del apelado no está de acuerdo con este criterio, ni lo estamos nosotros, si el acredor hipotecario ejercita sns derechos a debido tiempo.

El artículo 333 del Código Político dispone: “Cual-quiera persona que tuviere un gravamen sobre la propiedad de otra, podrá pagar las contribuciones y recargos impuestos sobre dicha propiedad en cualquier tiempo después que éstos hubieren llegado a ser vencidos y no satisfechos, y dichas contribuciones y recargos se acumularán al gravamen y serán reembolsados al tipo de interés especificado en el documento constitutivo del gravamen.”

Los artículos 1 y 3 de la “Ley disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta; estableciendo un procedimiento para autorizar el cobro y devolución de las mismas.” (Leyes de 1927, pág. 123) leen (el último en parte) como sigue:

“Sección 1. — Cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, estará no obstante obli-gado a pagarla en su totalidad, a requerimiento del colector de ren-tas internas de su distrito, o del funcionario encargado de la recau-dación, y si desea establecer alguna reclamación, al efectuar el pago, pedirá a dicho colector, o funcionario recaudador, que consigne sa protesta al dorso del recibo indicando específicamente si ésta se re-fiere al todo o parte de la contribución que ha sido pagada bajo pro-testa, y precisando el montante de lo impugnado. Dicha nota será firmada por el contribuyente y por el colector o funcionario encargado de la recaudación.
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“Sección 3.- — El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución, bajo protesta, podrá, dentro del plazo de un año, a partir de la fecha del pago, demandar al Tesorero de Puerto Rico en una corte insular de jurisdicción competente, o en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, para obtener la devolución de la cantidad protestada.

El contexto de la Sección 1 tiene por miras una creencia anterior al momento de efectuarse el pago, una creencia formada por el “contribuyente” in esse, no una creencia sos-tenida por un “contribuyente” futuro o en perspectiva, que puede convertirse en tal en nn sentido literal y limitado al pagar las contribuciones de nn “contribuyente” estatutario que lia incurrido en mora. La creencia de un contribuyente de “que no debe pagar cualquier contribución” equivale a la creencia de que no debe obligársele a pagar una- reclamación injusta o infundada que suscita alguna duda sobre la cuestión de responsabilidad. La disposición de que el contribuyente “estará no obstante obligado a pagar” la contribución “en su totalidad, a requerimiento del colector de rentas iilternas de su distrito,” presupone un contribuyente sobre cuya pro-piedad la contribución ha sido impuesta y no un contribuyente vicario. De lo contrario no habría base para el requerimiento del colector. Por tanto el acreedor hipotecario que paga las contribuciones en descubierto impuestas sobre una finca hipo-tecada, sin tener tal obligación, no es el contribuyente a que se hace referencia en los artículos 1 y 3, supra.

• En resumen, la acción estatutaria para recobrar contribu-ciones pagadas bajo protesta no puede ser utilizada por un acreedor hipotecario como un remedio para, proteger su gravamen superior de los resultados de una posible, ame-nazada o inminente venta de los bienes hipotecados en cobro de contribuciones, en caso de que tal venta no se efectúe sujeta al gravamen hipotecario.

Las anteriores consideraciones y los hechos arriba rese-ñados bastarán para distinguir el caso de White v. Hopkins, 51 F. (2d) 159, en que los apelantes principalmente descansan.

La sentencia apelada debe ser confirmada.