author: El Juez Peesidente Señob del Tobo,

text:
    Clotilde Santos, peticionario, v. Hon. Domingo Sepúlveda, Juez de Distrito, Ponce, P. R., demandado.
    No. 286.

    Sometido: Octubre 20, 1933.

      Resuelto: Octubre 26, 1933.

      Agustín E. Font, abogado del peticionario; E. Pérez Marehcmd, Fiscal del Distrito de Ponce, por el demandado; E. A. Gómez, Fiscal del Supi’emo, como amicus curiae.

   El Juez Peesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este caso la interpretación de la Ley No. 51 de 1933 (pág. 315) en el sentido de si él Municipio de Santa Isabel fné simplemente segregado por ella del distrito judicial municipal de Salinas, anexado al distrito judicial municipal de Juana Díaz e incorporado al distrito judicial de Ponce a los solos efectos de las apelaciones procedentes de la Corte Municipal de Juana Díaz, o si dicho Municipio de Santa Isabel quedó además separado por completo del distrito judicial de Gruayama e incorporado al distrito judicial de Ponce. El peticionario sostiene la incorporación ab-soluta; la Corte de Distrito de Ponce, la limitada.

La Ley No. 51 copiada íntegramente es como sigue:

“Ley para separar el municipio de Santa Isabel del Distrito Judicial Municipal de Salinas, para anexar el mismo al Distrito Judicial Municipal de Juana Díaz, y a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, y para otros fines.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Artículo 1. — El municipio de Santa Isabel por la presente es separado del distrito judicial municipa] de Salinas, y en lo sucesivo formará parte del distrito judicial-municipal de Juana Díaz, el que en adelante se compondrá de los municipios de Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba.
“Artículo 2. — La corte municipal para el distrito judicial municipal de Juana Díaz, tendrá la misma jurisdicción y poderes que la de Salinas sobre los casos que se presenten dentro de los límites del municipio de Santa Isabel, incluyendo aquellos pendientes en la actualidad ante la corte municipal de Salinas, los cuales serán tras-pasados a la corte municipal de Juana Díaz, mediante moción de cualquiera de las partes interesadas.
“Artículo 3. — Los casos en apelación de la Corte Municipal de Juana Díaz, procedentes de Santa Isabel serán recibidos, vistos y resueltos por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, y los casos pendientes de vista en apelación a la fecha de la vigencia de esta Ley serán trasladados a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce.
“Artículo 4. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la pre-sente queda por ésta derogada.
‘•‘Artículo 5. — -Esta Ley empezará a regir a los noventa días después de su aprobación.
“Aprobada en mayo 11 de 1933.”

A juzgar por su título, puede concluirse que la ley de-cretó la incorporación completa del Municipio de Santa Isabel al Distrito Judicial de Ponce. Son sus 'disposiciones las que parecen, circunscribir la incorporación al conocimiento do las apelaciones de las sentencias dictadas por la Corte Municipal de Juana Díaz en casos procedentes de Santa Isabel.

. Para la debida resolución del problema, examinaremos la organización judicial de Puerto Rico a partir de la Orden General No. 118 de 1899 creadora de las cortes de distrito. Dicha Orden se dictó por el Brigadier General Davis a vir-tud de recomendación de la Junta Judicial y por ella quedó ía Isla dividida en cinco distritos judiciales con expresión de las municipalidades que componían cada distrito, fiján-dose sus capitales en San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo y Humacao.

IGn cada distrito se creó una corte de distrito compuesta de tres jueces con jurisdicción general civil y criminal, y en cada municipio una corte municipal compuesta también de tres jueces con jurisdicción limitada civil y criminal. Los cinco distritos judiciales se componían, pues, de municipios y de cortes municipales de cuyas sentencias se apelaba para ante la corte de distrio de su distrito judicial.

Al estatuir el Congreso de los Estados Unidos el gobierno civil de Puerto Rico por ley de abril 12, 1900, dispuso que el poder judicial puertorriqueño residiría en las cortes y tribunales establecidos ya y en ejercicio, incluyendo los juzga-dos municipales creados por la dicha Orden General No. 118 de 1899, y así continuó impartiéndose justicia en esta Isla hasta que su Legislatura reorganizó el sistema por ley de marzo 10, 1904 (Leyes de 1904, p. 93).

“Por la presente el territorio de Puerto Pico,” dice la sección primera de dicha ley, “queda dividido en siete dis-tritos judiciales, a saber: el distrito de San Juan con su capital en la ciudad de San Juan; el distrito de Arecibo con su capital en la ciudad de Arecibo; el distrito de Mayagüez con su capital en la ciudad de Mayagüez; el distrito de Ponce con su capital en la ciudad de Ponce; el distrito de Huma-cao con su capital en la ciudad de Humacao; el distrito de Guayama con su capital en la ciudad de Guayama y el dis-trito de Aguadilla con su capital en la ciudad de Aguadilla; Disponiéndose, que dichos distritos judiciales comprenderán en lo sucesivo los siguientes términos municipales:” Los es-pecifica y al referirse a Guayama dice: “El distrito de Gua-yama comprenderá la ciudad de su nombre y los municipios de Santa Isabel, Patillas, Cayey y Aibonito.”

Continúa la ley refiriéndose a los cargos de jueces de dis-trito, jueces de paz, jueces municipales, y en su sección oc-tava prescribe: “Habrá un juez municipal para cada dis-trito judicial municipal ... y dichos distritos municipa-les serán constituidos como sigue: . . . Distrito Judicial de Aguadilla. Distrito No. 8: Aguadilla e Isabela, capital en A.guadilla. Distrito No. 9: Las Marías y Lares, capital en Lares. Distrito No. 10: Añasco, Aguada y San Sebastián, capital en Añasco. Distrito Judicial de Mayagüez. Distrito No. 31: Mayagüez y Maricao, capital en Mayagüez. Distrito No. 12: San Germán y Sabana Grande, capital en San Ger-mán. Distrito No. 13: Oabo Rojo y Lajas, capital en Cabo Rojo. Distrito Judicial de Ponce. Distrito No. 14: Ponce y Adjuntas, capital en Ponce. Distrito No. 15: Yauco. Dis-trito No. 16: Juana Díaz y Coamo, capital en Coamo. Dis-trito No. 17: Barros. Distrito Judicial de Guayama. Dis-trito No. 18: Guayama, Santa Isabel y Patillas, capital en Guayama. Distrito No. 19: Cayey y Aibonito, capital en Cayey. ’ ’

Al año siguiente la Legislatura decretó una ley para in-cluir a ciertos municipios reconstituidos, en los distritos ju-diciales de Puerto Rico (Leyes de 1905, p. 179) enmendando al efecto las secciones 1 y 8 de su ley sobre reorganización judicial de 1904. Por lo que respecta a Aguadilla, Maya-güez, Ponce y Guayama, la sección 8 tal como quedó enmen-dada, dispuso:

“Sección 8. Habrá un Juez Municipal para cada Distrito Judicial Municipal; ... y dichos Distritos Municipales serán constitui-dos como sigue: . . . Distrito. Judicial de Aguadilla. Distrito No. 8: Aguadilla, Aguada, Rincón, Moca e Isabela, capital en Aguadilla. Distrito No. 9: Las Marías y Lares, capital en Lares. Distrito No. 10: Añasco y San Sebastián, capital en Añasco. Distrito Judicial de Mayagüez. Distrito No. 11 : Mayagüez y Maricao, capital en Mayagüez. Distrito No. 12: San Germán y Sabana Grande, capital en San Germán. Distrito No. 13: Cabo Rojo y Lajas, capital en Cabo Rojo.- Distrito Judicial de Ponce. Distrito No. 14: Ponee, Guayanilla, Peñuelas y Adjuntas, capital en Ponce. Distrito No. lo: Yauco. Distrito No. 16: Juana Díaz y Coamo, capital en Coamo. Distrito No. 17: Barros. Distrito Judicial de Guayama. Distrito No. 18: Guayama, Santa Isabel, Patillas, Salinas y Arroyo, capital en Guayama. Distrito No. 39: Cayey, Barranquitas, Cidra y Aibonito, capital en Cayey.”

Ithi 1908 volvió la Legislatura a enmendar la sección 8 de su ley para reorganizar el sistema judicial en Puerto Rico extendiendo ios distritos judiciales municipales de 24 a 28, y en cuanto se refiere a los distritos judiciales de Aguadilla, Mayagüez, Ponce y Guayama la sección enmendada quedó redactada así:

“Sección 8. Habrá un Juez Municipal para cada Distrito Judicial Municipal, ... Y dichos Distritos Municipales serán consti-tuidos como sigue:
*#*#*##
“Distrito Judicial de Aguadilla. Distrito No. 8. Aguadilla, Aguada, Moca e Isabela; capital en Aguadilla. Distrito No. 9. Las Marías y Lares; capital en Lares. Distrito No. 10. San Se-bastián; capital en San Sebastián. Distrito No. 11. Añasco y Rin-cón; capital en Añasco.
“Distrito Judicial de Mayagüez. Distrito No. 12. Mayagüez y Maricao; capital en Mayagüez. Distrito No. 13. San Germán, Sa-bana Grande y Lajas; capital en San Germán. Distrito No. 14. Cabo Rojo; capital en Cabo Rojo.
“Distrito judicial de Ponce. Distrito No. 15. Ponce,. Guaya-nilla y Peñuelas; capital en Ponce. Distrito No. 16. Yauco. Dis-trito No. 17. Coamo y Juana Díaz; capital en Coamo. Distrito No. 18. B-arros. Distrito No. 19. Adjuntas.
“Distrito Judicial de Guayama. Distrito No. 20. Guayama, Pa-tillas y Arroyo; capital en Guayama. Distrito No. 21. Santa Isabel y Salinas; capital en Santa Isabel. Distrito No. 22. Cayey, Barranquitas, Cidra y Aibonito; capital en Cayey.”

La Isla fué, pues, dividida desde 1904 en distritos judi-ciales compuestos de varios municipios con una corte de dis-trito en cada uno, y en distritos judiciales municipales com-puestos de uno o varios municipios con una corte municipal en cada uno, y con la sola excepción del caso de Añasco y Rincón, cada distrito judicial comprende íntegros varios dis-tritos judiciales municipales. Y se deduce que comprender-los íntegramente fué el propósito del legislador no sólo por el resultado de su propia actuación, si que por la forma en que redactó la sección octava de la ley, forma que conservó en las enmiendas de 1905 y 1908. No se limitó a dividir la Isla en distritos judiciales municipales numerándolos, sino que liizo la división citando primero el distrito judicial y luego los distritos judiciales municipales en él comprendidos.

Desde el 1908 al 1933 se pasaron varias leyes creando nuevas cortes municipales, entre ellas la de Juana Díaz en 1911 (Leyes de 1911, p. 196), reorganizando las de distrito de San Juan y Ponce y creando el nuevo distrito judicial de Bayamón con su corte de distrito, y siempre quedaron los distritos judiciales municipales comprendidos íntegramente en los distritos judiciales.

Una de las consideraciones que lleva al juez de distrito de Ponce a concluir que Santa Isabel se ña. incorporado so-lamente a Ponce en cuanto a las apelaciones, es el precedente de Añasco y Rincón. De ahí que al referirnos a las leyes de 1904, 1905 y 1908 hayamos transcrito lo referente rio sólo a los distritos judiciales de Guayama y Ponce si que también a los distritos judiciales de Aguadilla y Mayagüez.

Después de una cuidadosa consideración creemos que el caso de Rincón y Añasco se distingue del presente.

Al reorganizarse ios tribunales en 1904 se asignó al dis-trito judicial de Aguadilla el Municipio de Añasco al que se había anexado el Municipio de Rincón por ley de primero de marzo de 1902 (Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico de 1902, p. 207). En el año de 1905 fué derogada la ley de marzo primero, 1902, (Leyes de 1905, p. 197), y Rin-cón quedó de nuevo constituido en municipio independiente. Como hemos visto, se le asignó al distrito judicial municipal de Aguadilla quedando así formando parte del distrito judicial de Aguadilla. En ese mismo año de 1905 al enmendarse la sección primera de la ley sobre reorganización judicial de 1904 (Leyes de 1905, pág. 180) Rincón quedó formando parte de! distrito judicial de Aguadilla y Añasco se llevó al de Ma-yagüez.

Como también hemos visto, en 1908, al enmendarse la sección 8 de la ley para reorganizar el sistema judicial de 1904 (Leyes de 1908, p. 121), se formó el distrito judicial municipal No. 11 con los municipios de Añasco y Rincón, con capital en Añasco. Como la sección primera de la dicha ley sobre reorganización judicial de 1904 no fué enmendada, de acuerdo con ella quedó formando parte Añasco del dis-trito judicial de Mayagüez y Rincón del de Aguadilla, y la interpretación que desde entonces se ha dado ha sido la de que no obstante formar Añasco y Rincón un solo distrito judicial municipal, Añasco para.todos los fines judiciales per-tenece al distrito judicial de Mayagüez y Rincón para todos los fines judiciales pertenece al distinto judicial de Aguadilla, y así de todos los casos por delitos graves (felonies) cometidos en la municipalidad de Añasco conoce la Corte de Distrito de Mayagüez y de todos los casos por delitos graves (felonies) cometidos en Rincón conoce la Corte de Distrito de Aguadilla, conociendo la Corte de Distrito de Mayagüez de todas las apelaciones de las sentenciks de la Corte Municipal de Añasco en casos de delitos menos graves cometidos en la munici-palidad de Añasco, y la Corte de Distrito de Aguadilla de todas las apelaciones de la Corte Municipal de Añasco in-terpuestas contra sus sentencias dictadas en casos por deli-tos menos graves cometidos en la municipalidad de Rincón, aplicándose igual regla en lo civil.

Aunque no puede negarse que hay algo anómalo en la si-tuación, la regia es clara y todo lo del Municipio de Añasco que corresponde a una corte de distrito va a Mayagüez y todo lo del Municipio de Rincón que corresponde a una corte de distrito va a Aguadilla.

En el caso de Santa Isabel la confusión sería extraordi-naria porque sobre los asuntos judiciales del propio muni-cipio tendrían jurisdicción dos cortes de distrito diferentes, y esto nos lleva a interpretar la ley de acuerdo con lo que consideramos que fué el verdadero propósito de la legisla-tura, a saber, separar por completo el Municipio de Santa Isabel del distrito judicial de G-uayama incorporándolo no sólo al distrito judicial municipal de Juana Díaz si que a virtud de tal incorporación llevándolo a formar parte inte-grante del distrito judicial de Ponce.

Habiendo llegado a esa conclusión, es claro que debe fi-gurar entre los comisionados de jurados del distrito judicial de Ponce un comisionado que proceda de y represente al Mu-nicipio de Santa Isabel.

La ley es terminante en este respecto y en su consecuen-cia debe expedirse el auto de “mandamus” que se solicita a fin de que se le dé el debido cumplimiento.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cókdova Davila,

license: Public Domain

text:
    José María y Juan Franceschi, Domingo, Salvador y Estrella Leandri y Angel y Blanca Massari, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, y López de Tord & Zayas Pizarro, demandados.
    No. 898.

    Sometido: Mayo 6, 1933.

      Resuelto: Noviembre 7, 1933.

      Henry G. Molina y M. León Parra, abogados de los peticionarios; Ló-pez de Lord & Zayas Pizarro, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

En 18 de junio de 1928 los albaceas testamentarios de Francisco María Francesehi solicitaron de la Corte de Dis-trito de Ponce la administración de todo el caudal de dicho cansante. En virtud de esta petición se nombraron por la corte administradores judiciales interinos, y en 12 de diciem-bre de 1928, declarada con lugar la solicitud de administra-ción judicial, se nombraron los administradores judiciales permanentes.

Alegan los peticionarios que la corte de distrito motu proprio, en mayo 17 de 1932, ordenó a los interesados que mostraran causa del porqué no debería terminarse la admi-nistración judicial y que en la vista celebrada en mayo 19 del mismo año se resolvió por la corte que se procediera lo antes posible a hacer la partición de los bienes y que los se-ñores López de Tord y Zayas Pizarro presentaran su cuenta a la sucesión lo antes posible, así como el Sr. Parra Capó, que fué abogado también. En agosto 17 de 1932 los peticio-narios radicaron una moción ante la corte inferior solicitando la terminación de la administración judicial. La vista de esta moción tuvo lugar el 24 del mencionado mes, y en 2 de marzo de 1933 la Corte de Distrito de Ponce declaró sin lugar la referida moción. Alegan además los peticionarios que los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro están reclamando dentro del procedimiento de administración judicial honorarios en una suma total de $125,000 por sus servicios profesionales por un período de más de cuatro años, prestados ño tan sólo en dicha administración judicial, sino en numerosos pleitos y que como consecuencia de esa reclamación dichos ahogados se han opuesto a que se les entregue a los peticionarios su caudal hereditario consistente en bienes cuyo valor actual no baja de $400,000.

En la resolución de la corte declarando sin lugar en todas sus partes la moción de los herederos sobre terminación de la administración judicial y entrega de bienes se dice, entre otras cosas, lo siguiente:

• “En efecto, lo que interesan los herederos en su moción es que la Corte dé por terminada la administración judicial y ordene la entrega de los bienes a los herederos; es decir, lo que solicitan, en sustancia, es que la Corte dicte el auto definitivo a que se refiere el artículo 59, y lo ponga en ejecución.
“Pero, para que la Corte pudiera dictar ese a.uto definitivo y or-denar la entrega de los bienes a los herederos, sería necesario que se hubiesen cumplido todos los siguientes requisitos:
“1ro. Que el Administrador Judicial hubiera terminado la liqui-dación de los bienes (Artículo 55 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales);
“2clo. Que el administrador judicial hubiera presentado la cuenta final (Artículo 55 L. P. L. E.); y
3ro. Que se hubiesen satisfecho las deudas del finado y se hubiesen cubierto los gastos de la administración. (Art. 59, supra.)
“Sin haberse alegado y probado todos los requisitos antes espe-cificados no puede la Corte declarar con lugar la moción de los he-rederos.
“En la misma moción de los herederos aparecen alegados, y son hechos probados, los siguientes:
“Que existen, pendientes, una reclamación del Doctor Alejandro Montalvo, por servicios profesionales (deudas del finado) y otra re-clamación de los señores López de Tord y Zayas Pizarro, por sus servicios como abogados de los administradores judiciales, de los alba-ceas testamentarios y de los herederos peticionarios (gastos de la ad-ministración.)
“No se ha alegado ni se ha probado que el Administrador Judicial haya presentado su cuenta final. ”

Alegan los peticionarios qne la corte inferior cometió error al resolver la existencia de nn lien a favor de los abo-gados en el candal de la herencia. Entienden los abogados opositores López de Tord y Zayas Pizarro qne la resolnción de la corte inferior tiene el alcance de reconocerle nn lien sobre los bienes del candal hereditario. Agregan qne los jueces de la Corte de Distrito de Ponee han resuelto que dichos abogados tienen derecho a retener todos los docu-mentos y valores de la Sucesión Francesehi. No tiene e! alcance qne se le atribuye la resolnción de la corte inferior sobre esta moción, que se limita a considerar como gastos de administración los servicios profesionales prestados por los abogados.

Tampoco se trata en este caso de nn derecho de retención, porque los bienes de la herencia no están en posesión de los abogados y sí bajo el control judicial. Cualquiera que sea el criterio que en definitiva pueda mantener esta corte acerca del derecho de retención (retaining lien) o del derecho que en la jurisprudencia angloamericana se conoce con el nombre de charging lien, la verdad es que esta cuestión no fue deci-dida por la corte inferior al resolver la moción sobre termi-nación de administración judicial y que no es necesario resol-verla, si llegamos a la conclusión de que los honorarios de abogado constituyen gastos de administración. No queremos, sin embargo, pasar por alto lo que dice el Juez Brannon, ha-blando a nombre de la eorte, en el caso de Fowler v. Lewis’ Admr., 14 S. E. 457, sobre los bienes de la herencia cuando están en administración judicial. De la opinión de la corte en este caso copiamos lo siguiente:

“No puedo estar conforme con que se establezca la doctrina de que cuando un fondo pertenece a una herencia, simplemente porque ésta se halle en poder y bajo la autoridad de la corte, deban pagarse de ella los honorarios de todos los abogados — los de la parte deman-dante y los de la demandada— relacionados con el caso. Si los bienes de un causante están bajo la jurisdicción del tribunal, ¿se permitirá a los abogados que hayan defendido a la sucesión contra algunas reclamaciones, que cobren crecidos honorarios como un gravamen so-bre el activo 1 No sé que exista ley autorizando eso. Estableced la práctica y se abrirán de par en par las puertas a la demanda de honorarios exorbitantes, a la ruina de las herencias — privando a las viudas y a los niños de dineros que debieran sostenerlos y eonfor-taiios. Algunos testigos fijarían el valor de los servicios en números elevados; otros en menos. La corte concede una compensación fuerte. Raras veces podría una corte de apelación remediarlo. Si, simple-mente porque un fondo esté en poder de la corte, se pueden hacer esas concesiones ai'bitrarias contra los bienes relictos por un causante, ¿por qué en todo caso de ejecución de sentencias o de gravámenes hi-potecarios no puede declararse un gravamen a favor de los abogados que impugnan aquellas cargas ? ¿ Ha prevalecido esa práctica alguna v'ez en Virginia? No puedo estar de acuerdo con que se introduzca la innovación por mera actuación judicial. El abogado es compe-tente para velar por sus intereses. Si no cree segura su compensación puede negarse a prestar sus servicios. Si los presta, que haga su contrato y se proteja a sí mismo. Si la ley en su estado actual no es suficiente, a la legislatura que haga las reglas adecuadas, según su-cede en Inglaterra y en muchos de nuestros estados. Ciertamente que yo estoy dispuesto a ser razonablemente liberal con mi propia profesión, pero no en sacrificio de los intereses de los demás. No creo que ello sería beneficioso para esa honorable profesión, en que figuran los hombres más brillantes y prominentes de la sociedad, a quienes el público confía sus más vitales, sagrados y caros intereses, privados y públicos; sino que al fin y al cabo llevaría al foro a la pérdida de su reputación y a la impopularidad, merced al uso im-propio y veraz que frecuentemente harían de la regla los miembros menos meritorios. Señemos que se ha convertido en un abuso donde-quiera que ha imperado. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Trustees v. Greenough, 105 U.S. 527, condena la prác-tica, ahora prevalente, de conceder crecidos honorarios a ser pagados de fondos en fideicomiso, y el Juez Asociado Sr. Miller disintió en el mismo caso y la calificó de ‘un craso abuso judicial de hogaño, cual es la absorción de una propiedad o de un fondo que viene a poder de la corte, mediante concesiones de honorarios de abogado y de otros gastos. ’ ’

Los abogados de los herederos alegan que la corte inferior incurrió en error al resolver “que la reclamación de honorarios por servicios a los herederos independientes al juicio de testamentaría” era un gasto de administración. Los peticionarios establecen una distinción entre los servicios profesionales rendidos al administrador y los prestados a los herederos, y dicen que los primeros pueden ser cargados como gastos de administración y deben ser comprendidos en la reclamación del administrador, mientras que los honorarios por servicios a los herederos no pueden ser fijados dentro del procedimiento de administración judicial, o ser obstáculo a que esta administración termine. No hay duda alguna de que la corte de distrito tiene jurisdicción para decretar los hono-rarios que deben pagarse a los abogados por servicios pres-tados a la administración. De acuerdo con el título I, capí-tulo 7, de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, los gastos de reparación y cultivo, de contribuciones, de pleito, y demás atenciones ordinarias de la administración, corren a cuenta de la misma. El artículo 41 de la Ley citada dis-pone que para dichos gastos, los de pleito y demás atenciones ordinarias de administración, podrá el juez disponer que re-tenga el administrador ima cantidad suficiente o mandarla pagar del depósito, si no pudiera cubrirlos con los ingresos ordinarios. Entre los gastos de pleito, que expresamente se mencionan por la ley como gastos de administración, con-sideramos incluidos los servicios de abogados legalmente utili-zados por la administración judicial. El artículo 53 de la ley referida autoriza a la corte para disponer que se abonen al administrador o albaeea los gastos indispensables que ocasione la administración, incluso el costo de los anuncios y publicaciones que la ley prescribe, la conservación y guarda de los bienes, consulta de abogado y gastos de viaje. De manera que no hay duda, a nuestro juicio, de que la corte tiene facultades concedidas expresamente por la ley para cubrir los servicios profesionales de un abogado prestados a la administración judicial.

En el caso de Carpenter v. Hazel, 194 S. W. 225, la Corte Suprema de Arkansas dijo:

“Una cantidad pagada a un abogado encargado de litigación para el beneficio de una herencia, es una parte de los gastos de administra-_ ción y el pago de dicha cantidad es una distribución de una parte de los bienes de la herencia. Es necesariamente una parte de la juris-dicción de la corte que entiende en la administración (probate court), la cual es exclusiva sobre dicho objeto sin que otra corte pueda in-vadir tal jurisdicción.”

En el caso de Nichols v. Reyburn, 55 Mo. A. 4, la Corte de Apelaciones de St. Louis y Kansas City se expresó así:

“En principio la contestación adecuada a la primera pregunta debe depender de la naturaleza del contrato que el abogado hace en estos casos. El administrador es un mero agente de la sucesión. La regla general es que, cuando un agente contrata para un principal conocido, y actúa dentro de las atribuciones de su cargo, el principal, y no el agente, es responsable de lo pactado. Sin embargo, esta regla tiene sus excepciones, una de las cuales es reconocida en el caso de Hovey v. Pitcher, 13 Mo. 192, en el sentido de que cuando se extiende crédito al agente, éste puede ser demandado personalmente. La sec-ción 92 de los Estatutos Revisados de 1899, declara que será deber del administrador defender todos los pleitos que contra él se entablen siempre que sea necesario en el curso de la administración. La sec-ción 222 dispone que la corte concederá al administrador, en la liqui-dación, una cantidad razonable para consultas y servicios de abo-gado. Desde la época del caso de Gamble v. Gibson, 59 Mo. 585, se ha resuelto que un albacea podía obligar a la sucesión por el valor de servicios legales necesarios, prestados por otro a la herencia, a su requerimiento. Esas partidas son gastos de administración, y de ser razonables, deben ser concedidas por la corte contra la herencia y deducidas def activo de ésta en poder del síndico estatutorio.
“Siendo tal la ley, resolvemos que al contratar un abogado sus servicios profesionales con un administrador, contrata prima facie a base del crédito de tanto el agente como el principal. El agente le es responsable hasta el límite del contrato que hace, independien-temente de si es razonable o no, o si es para beneficio de la herencia o no; la sucesión le es responsable del -valor razonable de sus servi-cios, prestados en beneficio de ella.”

Arguyen los peticionarios qne si hemos de seguir la juris-prudencia americana, la herencia no es directamente respon-sable por los honorarios de abogado del administrador. El caso de Missouri que acabamos de citar sienta, a nuestro juicio, la doctrina que debemos seguir en Puerto Eico. Tam-poco opinamos que la reclamación por honorarios de abogado deba estar necesariamente incluida en las cuentas del admi-nistrador.

En el caso de U. S. Fidelity & Guaranty Co. v. People, 98 Pac. 833, la Corte Suprema de Colorado' en una laboriosa opinión sostiene la doctrina que parece más razonable y justa sobre esta misma cuestión. De la opinión emitida por la corte en dicho caso copiamos lo siguiente:

“Al decidir esta parte del caso, nosotros simplemente sostenemos que bajo los estatutos de Colorado anteriormente referidos, que toda-vía existen sustancialmente en la misma forma, la sucesión es prima-riamente responsable de los gastos razonables legalmente incurridos en la administración y arreglo definitivo de la herencia y que la corte del condado tiene jurisdicción para permitir directamente al recla-mante su demanda y ordenar al administrador el pago de la misma, observando desde luego la clasificación y requisitos del estatuto al hacerlo así. Nuestro punto de vista es que al contratar tales gastos el administrador actúa a nombre de la sucesión y en su capacidad oficial, y no individual o privadamente, y ello es así ya comparezca dicho funcionario ante la corte para obtener su autorización antes de incurrir en responsabilidad o tome el riesgo de su subsiguiente aprobación. No sostenemos nosotros que tales gastos no puedan ser liquidados mediante pagos al administrador. Cuando él realmente anticipe la cantidad, este curso es necesario, y cuando el administra-dor y el reclamante, por contrato o de otra manera, convienen el mon-tante, y el último está conforme, no hay razón para que no se incluya en el informe del primero una cantidad para el reclamante. La práctica de sufragar estos gastos al administrador es amenudo conve-niente y deseable. Ha sido seguida frecuentemente en este estado, y lo que no,sotros decimos no debe interpretarse en el sentido de desa-lentar sti continuación cuando resulta adecuada y practicable.”

Conviene aclarar que en el caso anteriormente citado se alegó específicamente cine los honorarios de abogado sola-mente podían ser cobrados a través del administrador, es decir, que se trataba de nna reclamación contra dicho admi-nistrador y no contra la herencia, y qne el abogado ha de-bido dirigirse al oficial mencionado a fin de que éste procu-rara el reembolso de los honorarios que le fueran satisfechos.

A juicio dé los peticionarios los honorarios devenga-dos por servicios profesionales prestados a los herederos constituyen una obligación de dichos herederos y no de la herencia y no pueden ser reclamados por el procedimiento sumario mediante una moción dentro del juicio de testamen-taría. Opinamos que los gastos de administración, entre los cuales están incluidos los honorarios de abogado, pueden ser resueltos sumariamente mediante moción en el mismo pro-cedimiento de administración. La Corte Suprema de Apela-ciones de West Virginia en el caso de Jacobs v. Jacobs, 131 S. E. 455, sostiene que los honorarios de abogado por ser-vicios prestados a la administración judicial son por lo regular reclamados informalmente mediante solicitud o moción, según ha sido establecido por numerosas decisiones de dicho tribunal.

En cuanto a la distinción que tratan de establecer los peticionarios sobre servicios prestados a los herederos y servicios prestados al administrador, debemos hacer constar que en nuestro sentir, los servicios prestados por los abogados en pleitos que los herederos o el administrador hayan tenido que promover contra otras personas en reclamación de bienes o derechos que pertenezcan a la testamentaría, constituyen servicios prestados a la herencia y a la administración judicial. Lo mismo decimos con respecto a servicios prestados en de-fensa del caudal hereditario.

El abogado de los peticionarios basa su contención en que, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por este tribunal en el caso de Pérez, Administrador Judicial, v. Seda, 35 D.P.R. 329, en los abintestatos la continuación de la personalidad del causante por el administrador está limitada únicamente al período que medie desde el fallecimiento Rasta la declara-ción de herederos. Toda vez que las acciones deben enta-blarse a nombre de los herederos, se arguye por los peticio-narios que son ellos y no la herencia los responsables por los servicios profesionales de los abogados. No creemos acertado este criterio. Los pleitos que versan sobre derechos y bienes pertenecientes a la herencia deben considerarse como pleitos de la administración judicial. Tampoco creemos que deba extremarse demasiado la distinción que se establece entre las atribuciones del administrador y los herederos en lo que respecta a la representación de la herencia. La opinión emi-tida por este tribunal no es óbice para que se aclare y amplíe el aspecto legal de esta cuestión, si se tiene en cuenta que el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales no es idéntico al artículo 1008 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, comentado por Manresa, que se refiere exclu-sivamente a la sucesión intestada y que expresamente deter-mina que el administrador tendrá la representación del abin-testato hasta que se haga la declaración de herederos por sentencia firme. Este artículo no se aplica a la testamentaría, puesto que en ellas consta quiénes son los herederos. Estas limitaciones no aparecen en el artículo 51 de nuestra Ley de Procedimientos Legales Especiales, aplicable, lo mismo al abintestato que al juicio de testamentaría. Dicho artículo dice así:

"Será deber de los administradores y mientras éstos se nombren, ■ de los albaceas, representar al finado en todos los procedimientos co-menzados por o contra el mismo antes de su muerte, y los que se pro-movieran después por o contra el caudal de la herencia. Las accio-nes o procedimientos instituidos por o contra el finado se suspende-rán a su muerte ínterin se haga cargo el albacea o se nombre un ad-ministrador y el albacea o administrador quedará subrogado como parte en la acción.”

Hemos dicho que el administrador judicial representará al finado en todos los pleitos que se promuevan en pro o en contra de la herencia, ínterin recaiga la declaración de here ■ deros, los cuales tendrán desde entonces dicha representa-ción, y aclaramos y ampliamos el alcance de nuestra decisión, haciendo constar que los herederos no adquieren una repre-sentación exclusiva y que el administrador judicial, en virtud de la representación que expresamente le confiere la ley, y los herederos como partes realmente interesadas, deben actuar conjuntamente en todos los litigios que se promuevan en favor o en contra del caudal hereditario.

Si entre los servicios prestados por los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro hay algunos que no corresponden a la administración judicial, es cosa que debe ser resuelta en primera instancia por la corte inferior, donde deben señalarse los pleitos o servicios que se consideren extraños a dicha ad-ministración.

El primer fundamento aducido por la corte inferior para negar la terminación de la administración judicial es que no se ha cumplido con el requisito de que el adminis-trador judicial haya terminado la liquidación de los bienes de acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales. El artículo referido, dice, en lo perti-nente, como sigue:

“Cuando cl aibacea o administrador baya terminado la liquidación do los bienes, renuncie o sea separado, o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo, deberá presentar a la corte una cuenta íinal jurada, y acompañada de los recibos y resguardos correspondien-tes, la cual también se pondrá de manifiesto para su inspección.”

A nuestro juicio, cuando se han pagado los legados y las deudas reconocidas, o han sido afianzados los acreedores reco-nocidos como tales que estableciesen oposición a la termina-ción de la administración judicial, los herederos, como dueños legítimos del caudal hereditario, podrán solicitar y obtener a través de la corte que el administrador rinda su cuenta final. La corte puede actuar sumariamente y obligar a dicho funcionario a que proceda sin dilaciones a cumplir con este deber.

No bay duda alguna de que los legados ban sido satis-fechos y que las deudas reconocidas ban sido cubiertas. Así lo admiten las partes, salvo la alegación de los abogados de que aun no se han pagado sus honorarios. Así debemos asu-mirlo también, teniendo en cuenta que allá por el mes de junio de 1928 se solicitó y se decretó por la corte inferior el nom-bramiento de un contador partidor para proceder a la distri-bución de los bienes de la herencia, ills de suponerse que la corte nombró este contador, ajustándose al artículo 67 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, según el cual cuando un albacea o administrador estuviere en posesión de todo el caudal, y hubiese satisfecho o tuviese en su poder bienes bastantes para satisfacer las deudas y gastos de la administración, deberá pedir a la corte de distrito el nom-bramiento de un contador para practicar la división de la herencia. Si no hay problema alguno pendiente con respecto a los legados y las deudas reconocidas, y los herederos no quieren proceder a la partición del caudal hereditario, ¿que queda entonces por hacer? A nuestro juicio la rendición de la cuenta final del administrador, que no debe ser obstáculo para que los herederos entren en la posesión de sus bienes, ya que la corte puede adoptar medidas para acelerar el pro-cedimiento y dejar cubiertos los referidos gastos, entre los cuales consideramos incluidos los honorarios de abogado. El artículo 71 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales dispone, entre otras cosas, que cuando los herederos, siendo todos mayores de edad, hubiesen manifestado a la corte que están acordes respecto a la partición o división de la herencia, se les hará entrega inmediata de los bienes hereditarios por el albacea o administrador en cuyo poder se hallen. Así debe hacerse cuando' los ‘herederos están de acuerdo con respecto a la partición y división de la herencia, y así debe hacerse también cuando no hay desacuerdo entre ellos y desean ob-tener la posesión proindivisa del caudal hereditario sin pro-ceder a su inmediata distribución, ya que la corte en estas condiciones no puede negarse a que la propiedad pase a poder de sus legítimos dueños.

El artículo 59 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales citado por la corte inferior en apoyo de su contención dice que el auto definitivo dispondrá la adjudicación del so-brante después de satisfacerse las deudas del finado y cu-biertos los gastos de la administración. Es claro, a juicio nuestro, que la ley se refiere a deudas reconocidas, y no a todas las reclamaciones que puedan establecerse contra el caudal común. Si así fuera, cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, por caprichosa que resultase, bastaría para impedir indefinidamente la terminación de una administración judicial. No puede ser éste el propósito de la ley. De acuer-do con el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, los acreedores con derecho a solicitar la adminis-tración judicial de los bienes de un finado son aquéllos con título escrito no asegurado que tuvieren algún crédito contra la persona finada. Aplicando el mismo principio, parece natural que no tengan derecho a impedir que termine la admi-nistración judicial aquellos acreedores que tampoco pudieran solicitarla.

El artículo 973 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española dice, en su inciso tercero, que podrá prevenirse el juicio de abintestato a instancia de los acreedores que presenten un título escrito que justifique cumplidamente su crédito y no lo tengan asegurado con hipoteca u otra garantía. Comentando este artículo dice el comentarista señor Manresa:

“Para que éstos puedan ser considerados como parte legítima para promover el abintestato, es indispensable, según el Núm. 3o. del art. 973, que concurran conjuntamente dos requisitos: 1ro., que presenten un título escrito que justifique cumplidamente su crédito; y 2do. que no tengan asegurado el crédito con hipoteca u otra garantía. El de-recho de los acreedores es preferente al de los herederos sobre los bienes de la herencia, y por el interés que tienen en que éstos no desa-parezcan, es justo concederles en el abintestado la misma intervención que se concede a los presuntos herederos, ya sea de oficio o forzosa ]a prevención, ya voluntaria o a instancia de parte, por las mismas razones expuestas anteriormente. Mas la ley no concede ese derecho-a todos los acreedores, sino tan sólo a los que reúnan los dos requi-sitos antes indicados, porque no sería justo permitir que a título de acreedor, y sin justificarlo, se entremetiese un extraño a gestionar en el abintestado, perturbando la paz de las familias y causando gastos y vejaciones en perjuicio de los herederos legítimos.
"En cuanto al primer requisito, nótese que la ley exige que el tí-tulo sea escrito y que con él se justifique cumplidamente el crédito. Que se hallan en este caso las sentencias firmes, lo convenido en acto de conciliación y todos los documentos que, según el artículo 1429, tienen aparejada ejecución, es indudable. También es escrito un pagaré u otro documento privado; mas, como no sirve para justificar cumplidamente el crédito si no ha sido reconocido judicialmente, y. este reconocimiento ya no puede hacerlo el deudor por haber fallecido, no podrá ser admitido ese acreedor a ser parte legítima en el abin-testato, aunque ofrezca justificar la certeza de la deuda, porque, se-gún el art. 974, esta justificación ha de hacerse conforme al 973, el cual exige que se haga presentando un título escrito que justifique cumplidamente el crédito. (Véase la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1891.) ’ ’

El artículo 1035 del Código Civil (edición 1930), equiva-lente al artículo 1082 del Código Civil español, dice qué los acreedores reconocidos como tales podrán oponerse a./pie se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pa-gue o afiance el importe de su crédito. Interpretando este-artículo en armonía con la disposición de- que únicamente el acreedor con título escrito no asegurado- podrá solicitar la administración judicial, bien puede llegarse a la conclusión de que sólo pueden oponerse-a la terminación de la misma los acreedores reconocidos como-tales hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. Comentando Scaevola el artículo 1082 del Código Civil español dice así:

"Serán, pues, según dicho artículo, acreedores reconocidos como tales y en condición de oponerse a lá práctica de la partición, si no se cumple la condicional última que prevé el art. 1082, los qu.e tengan sus créditos consignados: en escritura pública, con tal que sea primera copia, o, si es segunda, que esté dada en virtud de manda-miento judicial, y con citación de la persona a quien deba perjudicar o su causante (en nuestro caso, basta de los herederos del difunto); en documento privado; siempre que haya sido reconocido bajo- jura-mento ante Juez competente para despachar la ejecución por el cau-sante de la herencia o por sus sucesores; en confesión hecha ante el Juez competente; en letras de cambio, y sin necesidad de reconoci-miento judicial, respecto al aceptante, que no hubiere puesto tacha de falsedad a su aceptación, al tiempo de protestar la letra por falta de pago; en cualesquiera títulos al portador, o nominativos, legítima-mente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y en los cu-pones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talona-rios; y por último, en las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de agente de Bolsa o corredor público, que estén fir-madas por los contratantes y por el mismo agente o corredor que in-tervino en el contrato, con tal de que se comprueben, en virtud de mandamiento judicial y con citación contraria, con su registro, y éste se halle arreglado a las prescripciones de la ley.
“Por analogía a lo que determina la sentencia de 2 de diciembre de 1885, y según la cual no están facultados para promover el juicio de testamentaría los acreedores cuyo crédito sea condicional y no pueda desde luego reclamarse, tampoco tendrán derecho a ejercitar el recurso que regula el art, 1082; porque se dan en ambos casos las propias razones, que deben llevar, por tanto, a idéntica solución legal.”

La corte inferior en su resolución cita dos reclamaciones contra el caudal hereditario, una del Dr. Montalvo y otra de los abogados López de Tord y Zayas Pizarro. En cuanto a la primera, no consta que figure entre las deudas reconocidas ni que se baya establecido oposición alguna a la terminación de la administración judicial, y en cuanto a la segunda, ya Iremos declarado que los servicios profesionales prestados a la administración constituyen gastos de la misma.

En este caso, en que se ban pagado los legados y las deu-das reconocidas ban quedado satisfechas, los herederos, a quie-nes ampara el dominio sobre los bienes hereditarios, tienen derecho a su posesión y disfrute y es deber de la corte recono-cerles este derecho. Las partes realmente interesadas están conformes en dar fin a esta prolongada administración judicial. Unicamente existe la oposición de los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro, quienes entienden que deben pagarse sus honorarios antes que la propiedad pase a poder de sus legítimos dueños. Hasta la fecha se ha pagado a los abo-gados la suma de $28,000 por sus servicios profesionales, amén de $10,000 aproximadamente por desembolsos que los herederos incluyen como honorarios y que los abogados des-cartan al valorar sus servicios, porque, según alegan, se to-maron, por convenio con dichos herederos, para el pago de trabajos taquigráficos en todos los escritos que hubiera nece-sidad de preparar en sus oficinas, a razón del 20 por ciento por cada folio original, y para sellos, viajes y otros gastos de administración. Habida cuenta de la suma facilitada, no puede saberse si existe o no un crédito a favor de los abogados, hasta tanto no se haya fijado por la corte de distrito el valor de los servicios profesionales.

Si para llegar a una conclusión definitiva la corte inferior necesitase algún tiempo, entonces, haciendo uso de su poder discrecional, puede adoptar medidas para asegurar el pago de dichos servicios profesionales. Los herederos, en la mo-ción que presentaron en 17 de agosto de 1932, ante la corte inferior, reclamaron los bienes de la herencia “bajo la con-dición de satisfacer las cantidades que la corte pudiera con-denarles a pagar por los honorarios de los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro.” Afirman dichos herederos que en audiencia pública hicieron constar que si la corte creía que no debía aecederse a lo solicitado sino mediante prestación de fianza, los peticionarios estaban dispuestos a radicar una buena y suficiente fianza por la suma que la corte creyera necesaria para garantizar el pago de todas cuantas reclama-ciones quedaban pendientes contra el caudal hereditario, contra el administrador judicial o contra los peticionarios o cualquiera de ellos.

.Claramente se ve que los herederos ofrecen a la corte las garantías razonables que ésta pueda exigir. La corte, a nuestro juicio, tiene facultad para adoptar cualquier resolu-ción equitativa y justa que garantice y proteja los derechos de las partes. El canda! hereditario está bajo su control y el administrador, que es nn funcionario de la corte, tiene el deber de obedecer sus órdenes y decretos.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Bosworth y. Terminal R’D Ass’n., 174 U. S. 189, se expresó así:

“Es una práctica común en las cortes de equidad, ansiosas como están de ser relevadas del cuidado de la propiedad, entregarla a las partes que tienen, derecho a ella, aun antes de la solución final de todas las reclamaciones, y al mismo tiempo dejar al síndico la de-fensa ulterior de la misma, compremetiéndose la parte que recibe la propiedad a ceptar cualquier decreto que pueda finalmente ser dic-tado contra el caudal.”

El artículo 59 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales dice que el auto definitivo dispondrá la adjudicación del sobrante entre las personas con derecho a ello, después de satisfechas las deudas del finado y cubiertos los gastos de la administración. “Satisfacer”, según el Diccionario de la Real Academia, significa “pagar enteramente lo que se debe.” “Cubrir”, significa “pagar o satisfacer una deuda o alcance, gastos, etc. — Cautelarse de cualquiera responsabilidad, riesgo o perjuicio.” Entendemos que los propósitos del estatuto quedan cumplidos si la corte, en caso de que tenga que to-marse algún tiempo para fijar la cuantía de los honorarios, exige, mientras resuelve si se debe pagar o no una suma adi - cional, la garantía que considere suficiente y razonable bajo la condición de que los herederos aceptarán y obedecerán la sentencia que finalmente se dicte, y harán efectiva inmediata-mente cualquier cantidad que se les condene a pagar. Una vez prestadas las debidas garantías, la corte debe requerir perentoriamente al administrador judicial para que rinda su cuenta final y dictar el auto correspondiente.

Por las razones expuestas debe anularse la orden, dictada por la Corte de Distrito de Ponce en 2 de marzo de 1933, y devolverse el caso a dicha corte para procedimientos ulte-riores de acuerdo con los términos de esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávtla,

text:
    José María y Juan Franceschi, Domingo, Salvador y Estrella Leandri y Angel y Blanca Massari, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, y López de Tord & Zayas Pizarro, demandados.
    No. 896.

    Sometido: Mayo 6, 1933.

      Resuelto: Noviembre 7, 1933.

      Henry Q. Molina y M. León Parra, abogados de los peticionarios; López de Tord & Zayas Pizarro, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávtla,

emitió la opinión del tribunal. • -

Los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro, abogados del administrador judicial en el juicio de testamentaría promo-vido por los herederos de Francisco María Franceschi, pre-sentaron detalladamente una relación de los servicios profe-sionales que, según alegan, prestaron a la administración judicial. Valoran dichos servicios en la cantidad de $125,000 y exponen que debido a la naturaleza de los bienes de la Slice-sión Franceschi, sn cuantía, la diversidad de litigios presen-tados en pro y en contra de la sucesión, el carácter de los servicios prestados, y otras circunstancias que constan de autos, la herencia íntegra ha estado en cierto modo bajo su control, no existiendo parte alguna de la misma sobre la cual no hayan tenido que discutir, defender o intervenir en alguna forma. Alegan que sus gestiones en cuanto a los herederos de José María Franceschi han sido de carácter universal, así como en cuanto a las relaciones y diferencias que han existido entre los propios herederos, las cuales han sido reajustadas y liquidadas con su intervención y consejo. Basados en la diversidad de las gestiones realizadas y en la íntima conexión de unas con otras entienden los abogados mencionados que “se hace imposible determinar o señalar la valoración sepa-rada a cada partida, ni a ningún grupo de trabajo consignado en detalle, ya que un servicio o una gestión ha estado íntima-mente relacionado con otro.” Es por esta razón que se tija a los servicios prestados un valor o precio alzado de $125,000.

Los herederos no estuvieron conformes con la cantidad que reclaman los abogados por sus servicios profesionales y éstos solicitaron que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 205 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil, se nom-braran árbitros para determinar las cuestiones en contro-versia. Entienden los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro que la liquidación y determinación de sus honorarios exigen el examen de una larga cuenta y opinan que procede el nombra-. miento de árbitros de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Niegan los herederos que la liquidación y determinación de la referida reclamación exija el examen de una larga cuenta o de cuenta alguna, y que sean aplicables al presente-caso los artículos 205 y siguientes de la Ley Procesal Civil. También alegan que en caso de no prevalecer esta defensa la corte, en uso de su discreción, no debería dictar la orden solicitada y encomendar la decisión del caso a los distinguidos abogados propuestos por los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro como candidatos aceptables para el arbitraje, o cualesquiera otros abogados dé Ponce, porque todos son amigos o vecinos de los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro, y como tales no podrían actuar desinteresadamente, ya qne se inclinarían a favor de sus amigos y compañeros, o procurarían en lo posible no ene-mistarse con ellos mediante un fallo en su contra.

Aceptan los herederos que los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro fueron contratados como abogados y que prestaron servicios a la administración judicial, pero consi-deran excesiva la cantidad reclamada y dicen que debe fijarse en la reclamación de servicios el valor de cada asunto o pleito. Así lo manifestó en audiencia pública el Sr. Pablo Veechini, apoderado de uno de los herederos, cuando refiriéndose al Sr. Zayas Pizarro, dijo: “. . . y presentó una cuenta a la corte, más o menos, sin fijar precio ninguno, porque si el Sr. Zayas Pizarro pusiera a cada asunto, a cada caso, un precio, yo quiero saber cómo él se haría para llegar a $125,000. Por eso quisiera que él pusiera un precio a cada caso.” Estas mani-festaciones aparecen prácticamente incorporadas en la moción que presentaron los herederos con motivo de la orden de 9 de agosto de 1932, acordando una vista sobre la petición de hono-rarios. Alegaron los herederos en esta ocasión que la corte no debería considerar la referida petición en cuanto a los honorarios ‘ ‘ sin que en la misma o en una relación detallada que la acompañe se fije por los abogados la suma que reclaman por cada uno de los distintos asuntos, no por cada trabajo aislado, sino por cada asunto, como por ejemplo, el caso de ejecución de hipoteca establecido contra ‘Knights of Columbus’ y asimismo por cada uno de los diferentes asuntos que han llevado los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro en re-presentación del administrador o de los administradores judi-ciales. ” Los abogados arguyen que se hace imposible valorar separadamente cada partida o cualquier grupo de trabajo consignado en detalle, y sostienen la relación que han presen-tado de sus servicios, la cual, a nuestro juicio, no constituye una larga cuenta. Se fija una suma alzada, abarcando todos los servicios que se dice lian sido prestados a la administra-ción judicial, y se alega que estos servicios constituyen una larga cuenta. No estamos de acuerdo. Los servicios pro-fesionales pueden, en ciertos casos en que concurren circuns-tancias especiales, envolver una larga cuenta, pero sostenemos que ese caso no se ha presentado en esta ocasión, y que no hay base para resolver favorablemente la solicitud de los abogados. Consideramos muy acertadas las siguientes mani-festaciones del Juez Todd que aparecen en el récord:

“El Sr. Zayas Pizarro ha hablado de la cuenta, pero en realidad de verdad la firma López de Tord & Zayas Pizarro no ha presentado cuenta alguna; ha presentado un detalle de trabajos, pero no lo han valuado. A los efectos de la sucesión y de los herederos, me parece que eso les ha servido de muy poco porque ellos no pueden hacer un cálculo de cuánto v'ale ese trabajo, porque hay algunos abogados que ese mismo .trabajo lo tasarían en un precio y otros en otro; el señor Zayas Pizarro debió haberlo comprendido y debió 'irle poniendo su precio, y hasta esa fecha la sucesión hubiera sabido más o menos cuánto valía ese trabajo, porque lo que hajr es un detalle: En el pleito tal se ha hedío y esto, y así; un detalle de todo el trabajo y cartas y consultas, ¡ero pi\¡ píamente dicho no es una cuenta porque no se le ha dado valor, la parte interesada no le dió valor. ’ ’

En el caso de Russell v. McDonald, 125 App. Div. 845, la corte se expresó así.:

“Si bien es cierto que un abogado no está impedido de demandar un arbitraje compulsorio basándose en que el juicio de su reclamación para recaudar el valor de los servicios envolvería el examen de una larga cuenta (Feeter v. Arkenburgh, 147 N. Y. 237), sin embargo la tendencia de los tribunales es rechazar tal arbitraje (citas), excepto en casos extremos cuando es razonablemente aparente que las parti-das son tan numerosas que un jurado no pueda retenerlas en la mente y formar la debida conclusion. (Se citan varios casos.)”

El argumento de que en ciertos casos las partidas son tan numerosas que el jurado no puede retenerlas en su mente, que se tiene muy en cuenta por los tribunales americanos, no tiene valor alguno entre nosotros, donde no existe el juicio per-jurado en casos civiles. No quiere decir esto que los servicios profesionales de nn abogado no pnedan ser objeto de arbitraje en casos realmente excepcionales y que las cortes insulares no tengan facultad para decretarlo, pero es evidente que una de las razones fundamentales utilizadas por los tribunales ame-ricanos no puede tenerse en cuenta en Puerto Rico.

Copiamos a continuación la opinión emitida por el Juez Laughlin en el caso de Pace v. Amend, 164 App. Div. 206, en. que los abogados Francis P. Pace y Henry C. S. Stimpson reclamaron una suma alzada por sus servicios profesionales:

“Esta acción fué entablada por una firma de abogados a fin de cobrar $100,000 por servicios profesionales prestados a base de un quantum meruit. Las alegaciones de la demanda son breves y mera-mente al efecto de que los servicios fueron rendidos entre el 12 de octubre de 1912 y la fecba de la iniciación del pleito, en el cual el emplazamiento lleva fecba 7 de agosto de 1913, y fueron realizados ‘en tomo a la adquisición, desarrollo y explotación de ciertas patentes y de materias relacionadas con ellas, así como en cuanto a la organi-zación y funcionamiento de la demandada Wolfram Wire Company.’ Las contestaciones de los apelantes son en forma de negociaciones ge-nerales. Los demandantes ban presentado un pliego de particulares respecto a los servicios que alegaron haber prestado, que contiene un gran número de partidas y se extiende por más de cuarenta y cinco páginas del récord impreso. No se alega en la demanda, ni aparece del pliego de particulares que los demandantes sostengan que bubo un contrato separado para cada partida de honorarios incluida en el pliego de particulares; y del mismo es manifiesto que la totalidad de los servicios envuelve comparativamente pocos asuntos, y todos se re-lacionan directa o indirectamente con las dos materias especificadas en la demanda, a saber, las patentes o la organización o funcionamiento de la compañía demandada.
“A mi juicio una interpretación lógica de las alegaciones de la demanda lleva a concluir que únicamente hubo un solo contrato de servicios en el presente caso, y el v'alor de los mismos se cacula en $100,000. Los abogados de la parte apelada tratan de sostener la orden de arbitraje sobre el fundamento de que todas las partidas de servicios y el valor de los mismos han sido controvertidos. Como los demandantes han presentado la cuestión, no será necesario determinar separadamente el valor de las varias partidas de servicios. Ellos calculan su reclamación a base del valor razonable de todos los ser-vicios prestados, tomados conjuntamente. La cnestión a resolver se limitará a si los demandantes fueron empleados y al valor de los ser-vicios que prestaron, determinado como una sola partida, o averi-guando el v'alor de los servicios relacionados con los asuntos especí-ficos que atendieron en el curso de su empleo. No es aparente que esto envolverá el examen de una larga cuenta dentro del significado del artículo 1013 del Código de Enjuiciamiento Civil. El hecho de que será necesario considerar varias partidas de honorarios al deter-minar el valor de todos los servicios prestados al amparo de un con-trato general no lleva consigo el examen de una larga cuenta ni hace que la acción deba someterse a arbitraje. (Prentice v. Hoff, 98 App. Div. 111; Russell v. McDonal, 125 id. 844; Feeter v. Arkenburgh, 147 N. Y. 237; Randall v. Sherman, 131 id. 669.) Una parte no puede ser privada de un juicio ante la corte o el jurado a menos que el caso caiga claramente dentro de las disposiciones de dicho artículo 1013 del Código de Enjuiciamiento Civil (Steck v. C. F. & I. Co., 142 N. Y. 236; Spence v. Simis, 137 id. 616); y se ha resuelto que sobre la parte que solicita el arbitraje recae el peso de probar afirma-tivamente con certeza razonable que el juicio envolverá el examen de una larga cuenta. (Smith v. London Assurance Corporation, 144 App. Div. 868.)
“Estos requisitos se cumplen con rigidez especial cuando los abo-gados solicitan que se sometan a arbitraje cuestiones relativas a sus reclamaciones de servicios profesionales. (Russell v. McDonald, supra.) Los apelados se fundan en el caso de Lewis v. Snook, 88 App. Div. 343; confirmado, 179 N.Y. 519; pero allí fue necesario deter-minar separadamente el valor de cuarenta y cinco diferentes partidas de servicios, y aun en ese caso, el arbitraje fué sostenido por una escasa mayoría en la División de Apelaciones. La Corte de Apelacio-nes no expresó criterio alguno en cuanto a si era propia o no la orden de arbitraje en aquel caso, sino que meramente resolvió que el artículo 1013 del Código de Enjuiciamiento Civil confería autoridad para dictar la orden. Nuestro criterio es que los demandantes deja-ron de demostrar que tuvieran derecho a un arbitraje.”

Si como dicen los Sres López de Tord y Zayas Pizarro en su. alegato “la corte inferior llegó a la conclusión de que los servicios prestados en este caso por los abogados formaban parte de un solo retainer”, tampoco resultan favorecidos en su contención.

En el caso de Hedges v. Meth. Church of Williamsburgh, 21 Misc. Rep. (N.Y.) 174, el Juez Russell se expresó así:

!<Es claro que en una acción por honorarios que han ele estable-cerse a base de un quantum meruit, no puede ordenarse un arbitraje compulsorio por la sencilla razón de que el- demandante divide su re-clamación surgida de un solo contrato (retainer), en numerosas par-tidas c]ue pueden englobarse duran,te el juicio para hacer un solo cálculo de su valor. Randall v. Sherman, 131 N.Y. 669; Untermeyer v. Beinhauer, 105 id. 521; Feeter v. Arkenburgh, 147 id. 237.
“Es practicable para el jurado al oír los detalles de la cuenta por los servicios prestados en el litigio, agrupar el trabajo realizado y formar un estimado del valor del mismo en su totalidad, aunque se hubiesen dado pasos muy distintos al prestar los servicios. Mas el espíritu del código al diponer que se puede someter a arbitraje la cuestión relativa al examen de una larga cuenta es llevar el juicio ante un tribunal que puede leer de nuevo el testimonio relativo a las varias partidas y actuar en parte como contador y en, parte como juez, para llegar a la suma que debe concederse finalmente como el total de las cuantías de cada servicio distinto. Se cometería una in-justicia con un litigante si se solicitara que un memorándum de costas y honorarios, compuesto de muchas partidas que no pueden ser agru-padas en una sola, sea considerado por un jurado, ninguno de cuyos miembros está en posición de tomar nota de las varias partidas o refrescar su memoria mediante un examen del testimonio prestado antes de llegar a una conclusión, aun si el jurado estuviere tan bien capacitado como un síndico para juzgar el valor de tales servicios. Este criterio ha sido adoptado en un caso de gran importancia por las cortes de este estado y su valor hasta ahora no ha sido discutido. Ruger v. Belden, 27, Hun., 405; confirmado, 91 N. Y. 646.”

En la opinión de la corte, escrita por el Juez Hatch, en el caso de Prentice v. Huff, 98 App. Div. 115, se cita nn número de decisiones que ponen de relieve la cautela con que proceden los tribunales cuando se quieren someter a arbitraje los ser-vicios prestados por un abogado sobre la base de que los mismos constituyen una larga cuenta, y se dice que “no puede encontrarse ningún caso donde se haya sostenido que los servicios de un abogado prestados en una acción o acciones, bajo uno o diferentes retamers, que simplemente envuelven partidas en conexión con las diversas gestiones practicadas en el litigio, constituyan una larga cuenta. Por el contrario, la partida en cada acción, aunque el servicio sea susceptible de numerosas partidas, constituye esencialmente una sola partida con respecto a cada acción, y circunstancias especiales deben aparecer para excluir el caso de los efectos de esta regla.” En el último párrafo de su opinión dice el Juez Hatch:

i ‘ ‘ También aparece que los servicios prestados por los demandantes no serán objeto de una contienda durante el juicio, aunque existe una negativa general que la autorizaría. La contención principal en el presente caso se refiere no al servicio en particular prestado, sino •al v'alor del servicio. La controversia gira sobre esa cuestión y sobre la fiabilidad y diligencia desplegada por los abogados en su cum-plimiento. La contrademanda presentada por la demandada Eunice E. Huff no presenta en forma alguna una larga cuenta. La cuestión que ella envuelve es simple. ¿Ejercitaron los demandantes en el cumplimiento del servicio la diligencia y fiabilidad que la ley exige? Si se contesta esta pregunta en la afirmativa, los demandantes tienen derecho a recobrar el valor razonable del servicio prestado. Si se contesta en la negativa, los daños y perjuicios que surgen de determi-nados actos de negligencia o ineptitud constituyen esencialmente una cuestión para el jurado. Para tal cuestión por sí sola no se permi-tiría un arbitraje, a no ser en circunstancias excepcionales. (Hoffman v. Sparling, 12 Hun., 83; Abbott v. Corbin, supra.) En los casos en que se permite un arbitraje de esta naturaleza deben estar en-vueltas circunstancias especiales. (Rowland v. Rowland, 141 N. Y. 485; Boisnot v. Wilson, 95 App. Div. 489.) Este caso no presenta tales cuestiones. Sobre la cuestión de diligencia y fiabilidad los de-mandados tienen derecho a un juicio por jurado a menos que existan circunstancias especiales, y a fin de conceder un arbitraje obligatorio en la teoría de que se halla envuelta una larga cuenta, ésta debe ha-cerse aparecer afirmativa y claramente. Tal cosa no se demuestra en este caso.”

El Código de Enjuiciamiento Civil de Nueva York dispone, como el nuestro, que puede ordenarse un arbitraje cuando la cuestión en controversia envuelve el examen de una larga cuenta. La jurisprudencia que hemos citado interpreta la disposición mencionada que aparece en el artículo 1013 de dicho cuerpo legal.

Reconocemos que en Puerto Rico, donde no hay derecho a juicio por jurado en casos civiles, hay más holgura para actuar sobre la procedencia o improcedencia de nn arbitraje que en el continente, donde los tribunales sienten el natural escrú-pulo de no privar a una parte contra su voluntad del derecho a ser juzgada por un jurado, pero sostenemos que cuando se reclaman honorarios de abogado y se aduce la existencia de una larga cuenta, únicamente debe decretarse el arbitraje en casos excepcionales, ya que como dice la Corte de Nueva York en Russell v. McDonald, supra, una parte no puede ser pri-vada de un juicio ante la corte o el jurado a menos que el caso caiga claramente dentro de las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil.

. No surge de los autos base alguna para decretar el arbi-traje. Se reclama una suma alzada por todos los servicios profesionales que se dice han sido prestados, y ni siquiera se fija el valor de cada pleito, como apuntan los herederos y como debe hacerse por los abogados que solicitan el cobro de sus honorarios. “Que el abogado tiene el deber de presentar, en tanto en cuanto sea practicable, una cuenta detallada (bill of particulars) de sus servicios y reclamaciones en una acción contra su cliente, es una cuestión decidida (well settled); aunque parece necesario que se repita de vez en cuando.” Pace v. Amend, 164 App. Div. 211. En el caso citado se dice que deben detallarse los servicios prestados, así .como el valor de cada servicio, y que no se requiere la valoración de cada detalle, sino la de los servicios rendidos, lo cual puede hacerse mediante 'una suma alzada por cada pleito o procedimiento.

Para terminar vamos a copiar el siguiente párrafo de la opinión emitida.en el caso de Abbott v. Corbin, 22 App. Div. 584:

“Adoptamos y aprobamos lo que dijo la corte en el caso de Martin v. Windsor Hotel Company (10 Hun., 304), como sigue: 'No hay regla fija que impida el arbitraje de la cuenta por honorarios presen-tada por un abogado a otro, mas las cortes deben tratar de evitar someter tales casos al arbitraje de miembros de la misma profesión cuando de la faz de la reclamación surge una buena razón para su-poner que la oposición del cliente, basada en que ésta es exorbitante y opresiva, puede resultar bien fundada. No es debido a que tales árbitros no liarán amplia justicia y por igual a las partes, sino más bien debido a la impresión, general de que sobre cuestiones de remu-neración por servicios legales los letrados pueden tener prejuicios, y a veces Jos tienen, al determinar el valor de los mismos. No se elige a un médico para que sirva de árbitro en las cuentas de otros médi-cos, ni tampoco a un clérigo cuando un pastor demanda en cobro de los servicios por él prestados, y así sucesivamente en lo que a otros oficios y profesiones respecta, y ante los ojos del pueblo se considera altamente desagradable, y no sin alguna razón, que se elijan sola-mente abogados para determinar las reclamaciones ele otros abogados. Es mejor para la profesión y para las cortes que esto no sea así, y el honor y el bienestar de la profesión exigen que no se crea que los abogados eluden someterse a un examen de sus cuentas por parte de un jurado que lia sido ilustrado con las opiniones de otros abogados que han servido como testigos y por las instrucciones de la corte.”

Los herederos arguyen que el arbitraje representaría otro gasto considerable para ellos, y que “estos gastos podían ser evitados si se tramita la reclamación ante la propia corte en igual forma y manera como se han venido tramitando en Puerto Eico todas las demás reclamaciones por honorarios de ahogado.”

Nos parece razonable todo esfuerzo que tienda a evitar mayores gastos a la administración judicial. La cuestión fundamental que aparece planteada en este caso es la cuantía fijada por los abogados a los honorarios, que los herederos consideran excesiva. Aparte de qne, como ya hemos dicho, no procede en este caso el arbitraje, opinamos que la Corte de Distrito de Ponce puede resolver la cuestión controvertida sin grandes dificultades.

Por las razones expuestas, debe anularse la orden dictada por la Corte de. Distrito de Ponce en 27 de enero de 1933, y devolverse el caso a dicha corte para procedimientos ulteriores de acioerdo con los términos de esta opmión.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

NOVIEMBRE 22, 1933

Los abogados López de Tord y Zayas Pizarro solicitan I¿t reconsideración de la sentencia dictada por este tribunal el día 7 de noviembre de 1933, anulando la orden de la Corte de Distrito de Ponee de 27 de enero de 1933 sobre arbitraje judicial. No se alegan, a nuestro juicio, fundamentos bas-tantes para decretar dicha reconsideración. Por lo tanto declaramos sin lugar la moción de los referidos abogados.

Se nos llama la atención, sin embargo, a que hemos citado erróneamente ciertas manifestaciones del Juez Todd con res-pecto a una relación detallada de servicios prestados por los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro. Las palabras del Juez Todd a que se refieren los mencionados abogados son las si-guientes :

“El Sr. Zayas Pizarro ha hablado de la cuenta, pero en realidad de verdad la firma López de Tord & Zayas Pizarro no ha presentado cuenta alguna; ha presentado un detalle de trabajos, pero no lo han valuado. A los efectos de la sucesión y de los herederos, me parece que eso les lia servido de muy poco porque ellos no pueden hacer un cálculo de 'cuánto vale ese trabajo, porque hay algunos abogados que ese mismo trabajo lo tasarían en un precio y otros en, otro; el señor Zayas Pizarro debió haberlo comprendido y debió irle poniendo su precio, y hasta esa fecha la sucesión hubiera sabido más o menos cuánto valía ese trabajo, porque lo que hay es un detalle: En el pleito tal se ha hecho esto y esto, y así; un detalle de todo el trabajo y cartas y consultas, pero propiamente dicho no es una cuenta porque no se le ha dado valor, la parte interesada no le dió valor. ’ ’

Las manifestaciones qne anteceden, vertidas en 19 de mayo de 1932, se refieren a nna relación detallada, sin valoración, qne de sns trabajos profesionales, rendidos desde mayo 18 de 1928 al 30 de jnnio de 1931, presentaron los Sres López de Tord y Zayas Pizarro en 25 de agosto de 1931. Esta rela-ción detallada de servicios, sin valoración, se presentó con motivo de haber solicitado los Sres. José María Praneeschi y Pablo Yecchini de los abogados qne rindiesen sn cnenta. La rendición de esta cnenta se pidió por primera vez en mayo de 1930 según José María Praneeschi y según los abogados en marzo de 1931. A esta relación detallada de servicios, sin valorar, qne los abogados han calificado de cnenta, hizo refe-rencia, según dijimos antes, el Jnez Todd en sns manifesta-ciones. Posteriormente los referidos abogados presentaron una relación detallada de todos sus servicios qne valoraron en el precio alzado de $125,000. Los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro sostuvieron en su alegato que el Juez Todd no manifestó que la relación de servicios de agosto 25 de 1931 no fuera una cuenta de honorarios. Las palabras del Juez Todd se explican por sí mismas. Manifestó además dicho Juez que a la relación mencionada únicamente le faltaban los últimos diez meses transcurridos desde su presentación, siendo una cuestión a determinar por los abogados si la valoración debía hacerse en detalle o en total.

Hecha esta aclaración, hacemos constar nuevamente que a nuestro juicio no hay base para la concesión de un arbitraje compulsorio, que la relación detallada de los servicios profe-sionales valorada en el precio alzado de $125,000 no consti-tuye una larga cuenta, y que no concurren en este caso cir-cunstancias excepcionales que justifiquen dicho arbitraje, de acuerdo con el criterio emitido en nuestra opinión y la juris-prudencia allí citada.


text:
    José María y Juan Franceschi, Domingo, Salvador y Estrella Leandri y Angel y Blanca Massari, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, y López de Tord & Zayas Pizarro, demandados.
    No. 6288.

    Sometido: Abril 3, 1933.

      Resuelto: Noviembre 7, 1933.

      Henry G. Molina- y M. León Parra, abogados de los apelantes; López de Tord (& Zayas Pizarro, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Los herederos testamentarios de José María Franceschi solicitan de los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro, abo-gados de la administración judicial de los bienes relictos a la muerte de dicho Sr. Franceschi, la entrega de todos los documentos originales o copias que tengan relacionados con los bienes, valores, obligaciones y reclamaciones del caudal hereditario dejado por Francisco María Franceschi, inclu-yendo copias de alegatos, cartas, recibos, memorándums y cuanto hayan recibido o hayan preparado en su carácter de abogados.

Los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro alegan que única-mente conservan en su poder algunas cartas y copias de alega-ciones, cartas y otros documentos, de su exclusiva pertenencia, a cuyos originales, que se encuentran en los archivos de las cortes, tienen acceso los herederos. Impugnan la petición por insuficiente, en tanto en cuanto se solicitan copias de alega-ciones y cartas y se añade que los abogados tienen un derecho de retención (lien) sobre todos los documentos y valores que puedan estar en su posesión con motivo de su empleo.

La corte inferior, basándose en las alegaciones y alegatos de las partes, declaró sin lugar la moción por entender que en Puerto Pico existe un lien en virtud del cual un abogado tiene el derecho de retener todos los documentos y papeles, incluyendo valores de su cliente que hayan sido recibidos por el abogado en el curso ordinario de sus gestiones, basta tanto dichos honorarios hayan sido liquidados y satisfechos.

La parte apelada alega en primer término que la resolución de la Corte de Distrito de Ponce no es apelable y que es frí-volo el recurso entablado contra la mencionada resolución. La vista de la moción de desestimación tuvo lugar el mismo día en que se discutió el recurso en sus méritos para ser re-suelto en caso de que no prosperase la desestimación.

Opinamos que se trata de una resolución apelable. La resolución de la corte inferior resuelve definitivamente los derechos de las partes con respecto a los documentos que se reclaman y tiene a nuestro juicio el carácter de una sentencia.

El recurso interpuesto nos parece claramente frí-volo. La frivolidad surge, en nuestro sentir, de la misma moción solicitando la entrega de los documentos. Según se alega en la solicitud, los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro recibieron de los herederos una carta que copiada literalmente dice así:

“Sres. López de Tord y Zayas Pizarro, — Ponce, P. R. — Muy seño-res nuestros: — Por cuanto ustedes han cesado como abogados de la Sucn. Franceschi y del Administrador Judicial y es necesario que nuestro nuevo abogado, Sr. Henry G-. Molina, examine todos los récords de los distintos casos que ustedes han llevado le rogamos a XJds. se sirvan entregarnos todos dichos récords, así como cualesquiera documentos que ustedes tengan en su poder con relación a los bienes de la Sucn. Franceschi y que recibieron en su referido carácter de abogados. Si Ucls. en cualquier momento necesitan dichos récords para reclamación de honorarios los tendremos a su disposición. — Muy atentamente, (fdos.) Marcos Yecchini — Pablo Vecchini — J. M. Fran-ceschi. ’ ’

En esta carta los herederos admiten que los abogados pueden necesitar los récords cuya entrega solicitan para la reclamación de sus honorarios, y ofrecen tenerlos a su dispo-sición.

Independientemente del criterio que pueda sustentar esta corte con respecto a este alegado derecho de retención de do-cumentos y valores (retaining lien), entendemos que la soli-citud de los herederos no puede prosperar, porque no cono-cemos ninguna ley que obligue a los abogados a desprenderse de copias de alegaciones que tienen en su poder y que pueden necesitar para su propia protección. Los Sres'. López de Tord y Zayas Pizarro pudieron allanarse al requerimiento de los herederos y desprenderse voluntariamente de los docu-mentos ; pero desde el momento en que han puesto de mani-fiesto su oposición, no es posible obligarlos a realizar la en-trega. en virtud de una orden judicial. De la misma solicitud se deduce que la mayor parte de los documentos reclamados se compone de escritos y alegaciones presentados en los tribunales de justicia, a los cuales tienen acceso los herederos.

Además, en la moción de los herederos se solicitan todos los documentos que hayan venido a posesión de los abogados relacionados con el caudal hereditario, sin especificar cuáles son los documentos que se reclaman, a fin de que en caso de que hubiese que ordenar la entrega por mandato judicial, supiese el funcionario encargado de ejecutar la orden los docu-mentos que tenía que ocupar. Tal y como aparece redactada la moción, el cumplimiento del requerimiento de los herederos queda a merced de los abogados, ya que no se sabe cuáles son los documentos que se reclaman y que se deben entregar. La alegación de que los apelados entreguen todos los documentos relacionados con el caudal hereditario que hayan venido a posesión de los abogados adolece de vaguedad y falta de pre-cisión y cualquier orden que la corte dictase para hacerla efec-tiva resultaría de difícil ejecución.

Por las razones expuestas entendemos que el recurso in-terpuesto es frivolo y que debe ser desestimado.