author: El Juez Presidente Señob Del Tobo

text:
    Nicolás García, demandante y apelado, v. Pablo Suárez, demandado y apelante.
    Núm. 7785.

    Sometido: Enero 16, 1940.

      Resuelto: Marzo 30, 1940.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; Arturo Aponte y F. B. Aponte, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es un injunction posesorio, procedimiento prescrito para que cuestiones que requieren una pronta solución pue-dan obtenerla que lleva tramitándose en las cortes de justicia alrededor de siete años.

La demanda original se presentó en septiembre 27, 1933,. y unos días antes de vencerse el año, en septiembre, 1934,. se dictó sentencia favorable al demandante. Apeló el deman-dado y como el taquígrafo falleciera sin baber transcrito sus notas, el demandado solicitó la celebración de un nuevo juicio-Se abanó el demandante y se accedió por la corte.

El juez propietario Sr, Arjona se inhibió por su propio acuerdo basándose en que su criterio estaba ya formado y el nuevo juicio se celebró ante el Sr. González Fagundo, juez sustituto, quien resolvió el caso por sentencia también favorable al demandante, el 1 de mayo de 1937. Contra ella apeló el demandado diez días después.

Así las cosas, en marzo 31, 1938, el demandado presentó una moción a la corte de distrito pidiéndole que declarara nuias todas las actuaciones del juez sustituto inclusa la sen-tencia y señalara día para que las partes estipularan la corte a la cual debía ser trasladado el pleito o decretara el tras-lado si las partes no se pusieren de acuerdo. El dos de junio la corte declaró la moción sin lugar y el demandado apeló seis días después.

En junio 24, 1938, se radicó en la Secretaría de esta corte la transcripción de los autos y la de la evidencia. La pri-mera comprende los procedimientos referentes a las dos ape-laciones. El caso quedó radicado bajo el número 7785.

En agosto 26, 1938, el apelante presentó su alegato. Con-tiene un señalamiento de ocho errores, el último de los cuales se refiere a la moción de nulidad.

El 10 de noviembre siguiente el demandante apelado pidió la desestimación del recurso por no haber un récord com-pleto. Se opuso el apelado por escrito en diciembre 9, 1938, y tres días después se celebró la vista de la moción que fué resuelta en marzo 7, 1939, declarando el tribunal que no había lugar a la desestimación solicitada porque en los docu-mentos elevados existía lo suficiente para juzgar el caso en sus méritos “y de faltar algo en los autos, éstos podrían ser subsanados por el mismo apelante.” (54 D.P.R. 982.)

Señalada la vista del caso para diciembre 8, 1939, se sus-pendió por estipulación de las partes y señalada nuevamente fué celebrada en enero 16, 1940.

Como de ser nula la sentencia, no sería necesaria la con-sideración y resolución de los siete primeros errores señala-dos, comenzaremos por el octavo nuestro estudio.

En su moción alegó, en resumen, el demandado que dictada por el juez propietario de Humacao su orden de marzo 25, 1936, inhibiéndose del conocimiento del asunto, se nombró al juez propietario de Guayama para que continuara tramitán-dolo. Dictó cierta orden de suspensión;

Que en enero 7, 1937, a virtud de las muchas ocupaciones del juez propietario de Humacao, el Gobernador nombró juez sustituto del mismo por término de treinta días para actuar en casos criminales al abogado en ejercicio Sr. González Fagundo, quien sin autoridad dictó órdenes de suspensión en el pleito;

Que en marzo 2, 1937, el propio Sr. González Fagundo fué nombrado para sustituir al juez propietario durante su ausencia de la isla a virtud de licencia que se le concediera y que disfrutó basta abril 30, 1937; y

Que el pleito se vió ante el juez sustituto en marzo 31, 1937, y se resolvió por sentencia dictada en mayo 1, 1937, aprobando luego el propio juez sustituto la transcripción, todo sin autoridad por haber expirado el término de su nombramiento.

Dos cuestiones previas suscita el demandante ape-lado en relación con el error, a saber, que tratándose de una apelación de una orden dictada después de sentencia, debió tramitarse por separado, y que habiéndose practicado prueba para resolver la moción, dicha prueba debió elevarse a esta corte por medio de una exposición del caso o pliego de excepciones.

La primera cuestión carece de importancia porque aun-que se o trata de apelaciones distintas pudieron tramitarse conjuntamente ya que se interpusieron en el mismo pleito.

La segunda la tiene porque en verdad el medio de elevar a la corte de apelación la evidencia que en la corte sentenciadora se introduce es el indicado por el apelante. Conviene recordar que la misma cuestión fué suscitada por medio de una moción de desestimación presentada por el propio apelado y que esta corte la resolvió diciendo que en los documentos elevados existía lo suficiente para juzgar el caso en sus méritos agregando sin embargo que de faltar algo en los autos éstos podrían ser subsanados por el mismo ape-lante. Al exponer y considerar abora en definitiva los indi-cados méritos veremos lo que sobre los mismos resulta de los autos que se encuentran en el mismo estado, en cuanto al apelante se refiere, en que se encontraban cuando la moción de desestimación fué resuelta.

Dos casos invoca el apelante en apoyo de su contención, el de Saavedra v. Corte, 43 D.P.R. 288 y el de. Annoni v. Blas Nadal’s Heirs, 94 F. (2d), 513.

En el primero, en el que el juez de distrito se inhibió en el conocimiento de un caso concreto como sucedió en el pre-sente, dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf:

“El artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil provee:
“ ‘Si un pleito o procedimiento se iniciare o estuviere pendiente ante una corte, y el juez de ésta estuviere incapacitado para actuar, o si por cualquier motivo la corte ordenare un cambio en el lugar de la vista, deberá aquél trasladarse a un tribunal convenido por las partes mediante estipulación por escrito o celebrada ante la corte y consignada en su libro de actas; y si no llegasen a ponerse de acuerdo, entonces se trasladará el asunto a la corte más cercana en que no exista el mismo inconveniente o la causa que originó el traslado, verificándose éste a otra corte de distrito.’
“Empero, existe otra ley en vigor en Puerto Rico que autoriza al Gobernador a designar jueces en ciertos casos. Esta lee así:
“ ‘. . . Disponiéndose, que el Gobernador, a propuesta del Attorney General, podrá, si el servicio público lo exigiere, ordenar a cualquier otro Juez de Distrito que ocupe el puesto de cualquiera de los jueces nombrados regularmente y que se bailen temporalmente impedidos ya por enfermedad o por cualquier otra causa; . . .’ (Leyes de 1904, pág. 94).
“Es bastante curioso que ambas leyes fueran aprobadas en 10 de marzo de 1904. Por tanto las cortes están obligadas a tratar de permitir que subsistan ambas leyes.
“La jurisprudencia de California es clara al efecto de que de acuerdo con el artículo 398 del Código de Enjuiciamiento Civil, que corresponde al 84 de nuestro Código, el juez en propiedad está obligado a oír a las partes y finalmente a trasladar el caso. Krumdick v. Crump, 98 Cal. 117; Livermore v. Brundage, 64 Cal. 299.
“En el caso de El Fuello v. Juliá, 25 D.P.R. 284, un juez en propiedad se bailaba ausente en vacaciones y se presentó la objeción de que la ley especial de marzo 10, 1904, no era aplicable a dicho caso. Esta corte resolvió que no solamente casos de enfermedad estaban incluidos sino también ausencias y casos similares. Leyendo cuidadosamente ambas leyes somos del criterio que la ley especial de marzo 10, 1904, cubre incapacidades en general así como los casos en que por tal incapacidad un juez no puede actuar en caso alguno, mientras que el artículo 84 específicamente comprende el caso de un juez incapacitado en determinado recurso como el pre-sente. Por tanto, era el deber del Juez Mestre oír a las partes de conformidad con dicho artículo 84.”

Y en el segundo, en el que también se trataba de un juez que se inhibió del conocimiento de determinado pleito, la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito por medio del Juez Sr. Wilson, después de referirse a las leyes citadas en Saavedra v. Corte, supra, se expresó así:

“Resulta evidente que estos artículos autorizan al Gobernador para actuar, solamente en aquellos casos que por razón de incapa-cidad o ausencia del juez de distrito regular, no es posible realizar la labor judicial. En tal caso, el juez sustituto es nombrado para 'presidir la sala del Tribunal’, y no para conocer de un caso en particular. Saavedra v. Mestre, supra. El Juez Foote no estaba inca-pacitado para presidir su corte y llevar a cabo toda otra labor judicial que no fuera este caso.
“Es claro asimismo, que el artículo 84 del Código de Enjuicia-miento Civil de 1911, Rev. St. & Codes 1913, sec. 5068, es el artículo aplicable a una situación como la presente, el cual dispone que siempre que un procedimiento se halle pendiente de trámite en una corte de distrito y el juez regular se halle incapacitado por cualquier motivo para conocer del mismo, se deberá trasladar tal caso a otro distrito. Es obvio que el Juez Foote pudo y debió haber actuado en armonía con lo que dispone este artículo.
“¿Era entonces Pérez un juez defacto por el hecho de que las. partes no formulasen objeción alguna a su actuación como juez en este caso'? No creemos que lo fuera. Para que pueda haber un juez defacto tiene que haber un cargo de jure que pueda ser desempe-ñado. (Citas.) En el caso de Norton v. Shelby County, 118 U. S. 425, 441, 30 L. ed. 178, dijo la Corte: ‘Pero se alega que si la ley creando la junta era nula y los comisionados no eran funcionarios de jure, ellos eran sin embargo funcionarios defacto y que las ac-tuaciones de la junta como un tribunal defacto tenían fuerza de ley en el condado. Esta alegación resulta controvertida por el becbo de que no puede existir un funcionario, ya de jure o defacto si no existe un cargo vacante que pueda ser desempeñado.’
“De acuerdo con los estatutos de Puerto Rico, no surge un cargo de jure vacante, por el beeho de que un juez regular se baile inca-pacitado para conocer de determinado caso pendiente. El caso debe ser trasladado a otro distrito, de acuerdo con las disposiciones del artículo 84. El único cargo vacante que .puede ser llenado por el Gobernador mediante nombramiento de un sustituto, es aquél para el cual puede nombrarse un sustituto, siempre que concurran las con-diciones expresadas en el artículo 2 de la ley reorganizando la judicatura de Puerto Rico, o en el artículo 21 del Código de Enjui-ciamiento Civil, 1911, Rev. St. & Codes 1913, sec. 5005, para llevar a efecto toda la labor judicial que pueda ser sometida a su conside-ración en el curso ordinario de los acontecimientos. No existiendo un cargo de jure vacante, Pérez no era juez ni de jure ni defacto. Él no se convirtió en un juez defacto mediante el consentimiento de las partes al juzgar este caso. Siendo sus actuaciones nulas, el caso debe ser devuelto a la Corte de Distrito de Mayagüez para ul-teriores procedimientos que estén en armonía con el artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil.” Annoni v. Blas Nadal’s Heirs, 94 F. (2d) 513, 514.

En tal virtud, no hay duda alguna de que el procedimiento que debió seguir el juez de Humacao al inhibirse del cono-cimiento de este pleito fué el marcado por el artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil y que el nombramiento del juez de distrito de Guayama para intervenir en el mismo no estuvo autorizado por la ley. Tampoco la hay de que la intervención del juez sustituto Sr. González Fagundo en el pleito cuando fué nombrado exclusivamente para conocer de los asuntos criminales de la corte lo fué sin autoridad de ley.

Sin embargo, como dichos jueces sustitutos se limitaron a dictar órdenes que no envolvían en manera alguna la deci-sión del pleito en sus méritos, no creemos que estos funda-mentos de la moción de nulidad revistan importancia decisiva.

Cuando el juez sustituto Sr. G-onzález Fagund'o inter-vino en la celebración del juicio y resolvió el pleito por sentencia, no lo fué a virtud de su primer nombramiento si que en el ejercicio del poder que le confiriera el segundo, hecho según la propia moción del apelante en los siguientes términos:

“ ‘Whekeas, Iíon. Rafael Arjona Siaca, Judge of the District Court of Humacao, has been granted a leave of absence of 60 days, beginning March 1st, 1937.
“ ‘WHEREAS, it is necessary that a Judge be designated to handle the cases of the Court during the absence of the regular Judge.
“ ‘THEREFORE, I, Blanton Winship, Governor of Puerto Rico, by virtue of the authority in me vested by law, do hereby designate and appoint Attorney at Law, Francisco González Fagundo, to act as Judge of the District Court of Humacao, during the absence of the regular Judge, or until otherwise ordered by me.
“ ‘Witness my hand at the City of San Juan, Puerto Rico, this the 2nd day of March A. D. 1937.
“ ‘(Sgd.) Blanton Winship, Governor.’
“Véase Libro de Minutas de esta Corte, de 5 de marzo de 1937, tomo 122, folio 229.”

El nombramiento en sí mismo habiéndolo sido para sus-tituir a un juez ausente lo fué de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Saavedra v. Corte, supra, Annoni v. Blas Nadal’s Heirs, supra, y leyes citadas en los mismos, y Balbaño v. Cintrón, 53 D.P.R. 844, 847.

Siendo ello así, y encontrándose aún en la corte este caso, ¿pudo el juez sustituto considerarlo al igual que todos los otros pendientes e intervenir en él prescindiendo del procedimiento marcado en el artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil, que no fué invocado por ninguna de las partes? Bajo las circunstancias concurrentes, nos inclinamos a contestar la pregunta en la afirmativa.

Ahora bien, el apelante sostiene que cuando el juez sustituto dictó su sentencia en mayo 1, 1937, y cuando luego intervino en la tramitación de los antos de la apelación, ya había cesado de serlo. Por el contrario, el juez de distrito propietario en su resolución denegatoria de la moción de nulidad afirma que en mayo 1, 1937, cuando se dictó la sen-tencia, no se había hecho cargo todavía de la corte, en los siguientes términos:

“El fallo del Sr. González Pagundo fué también adverso al demandado y lleva fecha de 1 de mayo de 1937, cuando todavía no había tomado nuevamente posesión de su cargo el juez en pro-piedad, por no haber expirado todavía la licencia coneedídale. ’ ’

¿Hay datos en el récord para resolver el conflicto? Deja-mos transcrito el nombramiento. Fué hecho por el Goberna-dor para actuar durante la ausencia del juez propietario, agregándose “or until otherwise ordered by me.” La licen-cia concedida lo fué por sesenta días para empezar el primero de marzo, pero el nombramiento está extendido el 2 de dicho mes y al pie del mismo al transcribirlo, transcribimos también la referencia a las minutas de la corte del día 5 de marzo, 1937, lo que parece indicar que el documento se registró en ellas en la última fecha, a partir de la cual comenzó a tener efecto. Hablando por sí mismo el nombramiento y la refe-rencia a las minutas hacen dudosa la resolución.

Es en otro documento en que más énfasis pone el apelante, a saber, la carta dirigida por el Procurador General Sr. B. Fernández García al abogado del apelante Sr. Angel A. Vázquez en contestación a otra que del dicho abogado reci-biera. En la carta se dice: “En marzo 2, 1937, el Gober-nador designó al Lie. Francisco González Fagundo para actuar como juez de dicha corte durante una licencia de-sesenta días concedida al juez -en propiedad y que disfrutó de marzo 5 a abril 30 de ese año. ’ ’ La fecha marzo 5 robus-tece lo que indica la referencia a las minutas. La fecha abril 30 está en contradicción con lo afirmado por -el juez, o sea, que en mayo 1 siguiente aún no había vuelto a hacerse cargo de la dirección de la corte.

El documento es una carta, no una certificación de docu-mentos. No explica la base que tuvo el Procurador General para expresar que el disfrute de la licencia se extendió sólo basta el 30 de abril. La licencia lo fuá por sesenta días. Del 5 de marzo al 30 de abril no habían transcurrido sesenta días. Y mayo 1, comenzada la licencia en marzo 5, estaba cubierto por los sesenta días.

En tal virtud, no destruyendo de modo terminante la evi-dencia aportada por el demandado apelante la afirmación que contiene la resolución apelada, queda la afirmación en pie y en su consecuencia la conclusión de que el juez sustituto actuó al dictar su sentencia de mayo 1, 1937, dentro del tér-mino de su nombramiento.

En cuanto a la actuación de dicho juez interviniendo después de vencido su nombramiento en la tramitación del récord de la apelación, bastará decir’ que la ley — artículo 219 del Código de Enjuiciamiento Civil — dispone que “Un juez o funcionario judicial podrá aprobar y firmar un pliego de excepciones aún después que dejare de ser tal juez o funcionario judicial” y por tanto que carece en absoluto de razón el apelante al sostener que dicha actuación lo fué sin autoridad de ley.

Despejada de tal modo la situación, procederemos al estudio de los otros errores señalados. Son siete y por ellos se sostiene que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar las mociones del apelante sobre eliminación de ciertos particulares de la demanda, sobre eliminación de la demanda complementaria y sobre archivo del pleito, errando también al desestimar la excepción previa a la demanda complementaria, al dictar sentencia en contra de la ley y sin base en la evidencia, al decretar el recobro del terreno y la demolición de lo edificado y al imponer el pago de honorarios de abogado a la parte demandada.

El primero de dichos señalamientos, o sea el que se refiere a la eliminación de varios particulares de la demanda, carece por completo de importancia.

■No habiéndose demostrado que la permanencia de dichos particulares en la alegación perjudicara al demandado, aun-que éste quizá técnicamente pudiera tener razón al sostener que estaban de más, habría que concluir que no se trataba de un error capaz de producir la revocación de la sentencia y por tanto sin importancia decisiva. “La negativa a eli-minar alegaciones de una demanda o de particulares con-tenidos en ellas que en nada perjudican a la parte demandada, no es error”, se resolvió en López v. American Railroad Co. of P. R., 50 D.P.R. 1, 6.

Para el estudio y resolución de los otros señalamientos de error, precisa conocer los hechos envueltos en el litigio.

La demanda se tituló sobre injunction para retener la posesión y fué presentada en septiembre 27, 1933.

íln ella alegó el demandante que había estado y estaba en la posesión de una finca urbana ubicada en Luquillo, sitio conocido por Pueblo Viejo, compuesta de un solar de qui-nientos setenta y ocho metros cuadrados en lindes por la derecha entrando que es el Norte con casa de Coca Hermanos boy de la Sucesión de Aurelio Carambó, en una extensión de treinta y cuatro metros; por el Sur con casa tienda de Coca Hermanos boy del demandado Pablo Suárez, en una exten-sión igual; por el frente con la calle, en una extensión de diez y siete metros, y por el fondo en extensión igual, con tierras de la finca “Paloma” de doña Francisca Bas;

Que el demandado personalmente y por medio de sus her-manos y empleados se internó en el solar a principios de septiembre, 1933, y está realizando obras y excavaciones on una parte del mismo como de quince metros de largo por dos de ancho que se describe debidamente; y

Que los actos realizados por el demandado lo han sido de manera violenta, contra la voluntad del demandante y con el propósito de incautarse de la porción descrita para construir un anexo a la casa de su propiedad.

En septiembre 29, 1933, la corte señaló el diez de octu-bre siguiente para la comparecencia de las partes. Cinco días antes del señalamiento el demandado archivó una moción eliminatoria, y en abril de 1935 o sea un año y medio después, su contestación.

En ella negó haber realizado lo que se le imputaba en la demanda y en oposición alegó que está en posesión desde 1929 en que el Municipio de Luquillo se lo entregó a virtud de ordenanza, de un solar que describe, dentro de cuyo perí-metro pero dejando un callejón de entrada hacia la parte norte para el paso de sus trabajadores y del dueño del solar contiguo, construyó hacia fines de 1929 una casa terrera dedicada a panadería con su horno de concreto y una acera de un metro cuarenta y cinco centímetros de ancho y veinte y cuatro de largo, siendo la colindancia del terreno ocupado por la acera por el norte la casa del demandante, por el sur el edificio de la panadería del demandado, por el este terre-nos del municipio poseídos por el demandado y por el oeste “La Paloma”;

Que en agosto 23, 1933, cambió hacia el lado norte las dos bocas de su panadería que estaban al oeste, situando la leña en la acera y colocando un alero adherido a la parte alta, lado norte, del edificio de la panadería sostenido por pilares que penetran en el terreno ocupado por la acera, cambios que fueron realizados sin oposición del demandante y se terminaron antes de que se le notificara la demanda;

Que el terreno envuelto en el pleito es el ocupado por la acera y no ha sido poseído por el demandante en momento alguno a contar del año 1929, habiendo por tanto prescrito la acción que sobre el mismo pudiera tener el demandante.

En abril 25, 1935, el demandante archivó una demanda complementaria alegando que después de radicada la demanda oxiginal el demandado realizó y terminó el tinglado de madera y zinc que ocupa en toda su extensión la porción de su solar que describió en su demanda y que con esa terminación el demandado lia privado por completo al demandante de la posesión de la indicada porción de terreno.

Terminó pidiendo a la corte qne tuviera en cuenta dichos hechos acaecidos después de la presentación de la demanda y ordenara por su sentencia la eliminación de lo construido dejando el terreno ocupado libre y expedito en toda su exten-sión.

El demandado pidió en mayo 2, 1935, la eliminación de la demanda complementaria y el archivo del pleito por acadé-mico. Además excepcionó y contestó la demanda comple-mentaria alegando que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, negando que realizara la construcción' de que se trata después de notificado de la demanda, insistiendo en que la empezó y terminó antes.

En marzo 9 de 1936 o sea diez meses después de radica-dos los últimos documentos, la corte declaró sin lugar la moción eliminatoria y la excepción previa, y señaló la vista ’ del pleito para el diez y seis de dicho mes.

Celebrada la vista, se dictó la sentencia apelada fundada en la siguiente opinión:

“El 31 de marzo de 1937, señalado para la vista de este caso, comparecieron las partes, el demandante en persona y representado .por su abogado Artur.o Aponte, y el demandado personalmente y asistido del suyo, Angel A. Vázquez, y anunciaron estar listas para entrar en juicio.
“Practicada la prueba de ambas partes, el tribunal fijó el día 9 de abril de 1937, para llevar a efecto una inspección ocular de la parcela de terreno en litigio, la cual tuvo lugar en dicha fecha con la asistencia de los litigantes y sus abogados.
“Examinadas detenidamente las alegaciones de las partes, y con-siderada toda la evidencia ofrecida por ambas partes en apoyo de las mismas, el tribunal llega a la conclusión que el demandado ha realizado los actos de despojo en la parcela de terreno del deman-dante y que es objeto de litigio tal como se alega en la demanda original y complementaria radicadas en este caso, por cuyo motivo declara con lugar dichas demandas en todas sus partes. Se condena, además, al demandado en costas, incluyendo la suma de $150.00 para honorarios de abogado.”

Como sabemos el apelante sostiene que la corte erró al negar la eliminación de la demanda enmendada, el archivo del pleito y la excepción previa a la dicha demanda enmendada, cuestiones todas que guardan relación entre sí.

No hay duda alguna que el pleito en su origen lo fué para retener la posesión y que a virtud de los hechos alegados en la demanda complementaria lo es para retenerla.

¿Pudo permitirse la radicación de tal demanda comple-mentaria? Creemos que dadas las circunstancias concurren-tes la pregunta debe contestarse en la afirmativa y por tanto que no fué cometido el segundo de los errores señalados, ni tampoco el tercero porque si la demanda complementaria quedaba en los autos, no procedía desestimar el pleito por académico.

Es cierto que los nuevos hechos debieron alegarse inme-diatamente después de tenerse conocimiento de ellos, pero no vemos que la dilación pudiera causar perjuicio alguno al demandado que conocía perfectamente la situación.

Tampoco que pueda alegarse con éxito la prescripción de la acción. El injunction se había entablado. La acción estaba en pie. La fecha de la alegación formal de que los actos intentados realizar se habían realizado, no debe tomarse como punto de partida, si que la de la iniciación del injunction. Se trata de un procedimiento en equidad que pudo resolverse y que en verdad parece que se resolvió por el primer juez que intervino en el mismo, sin la formulación de la demanda complementaria, tomando en consideración los hechos tales como resultaron comprobados por la evidencia aportada en el juicio.

Conviene que citemos del caso de Collins v. Sargent, 89 Cal. App. 107, 112, ratificado años más tarde en el de Union Oil Co. v. Reconstruction Oil Co., 20 C. A. (2d) 170, 184, lo que sigue:

“El objeto de una demanda complementaria es traer a la con-sideración de la corte y de la parte contraria hechos que ocurrieron después de haberse comenzado la acción, y que afectan, o pueden afectar, los derechos alegados y la resolución solicitada en la acción instituida. (Citas.) Generalmente, los derechos deben determinarse tal como se encontraban al comenzarse una acción, a menos que subsiguientemente ocurra algún acontecimiento que afecte la cues-tión en controversia; por ejemplo, un traspaso del título de la pro-piedad envuelta en el litigio, ocurrido después de haberse entablado los procedimientos, y la corte no puede pasar a considerar tales he-chos, sucedidos posteriormente, a menos que se le presenten a través de una alegación complementaria. (Metropolis etc. Sav. Bank v. Barnet, 165 Cal. 449, 132 P. 833.) Tales hechos, que cambian las responsabilidades de los demandados y la naturaleza del remedio solicitado, no pueden ser presentados por medio de una enmienda a la demanda. (Van Maren v. Johnson, 15 Cal. 308, 311, 312.)
“La regla general, sujeta a determinadas excepciones, es al efecto de que en acciones en ley, el derecho a una sentencia depende de los hechos como éstos existen al comienzo de la acción, pero no es ésa la regla en equidad. El remedio concedido en equidad es tal como la naturaleza del caso y los hechos, como éstos se encuentren al final del litigio, lo demanden; y en acciones en equidad, no se requieren demandas complementarias para poder traer ante la corte aquellos hechos y circunstancias ocurridos desde la radicación de la demanda original, que resultan evidencia pertinente sobre los hechos en litigio en la causa original. Kesultarían materia redundante (surplusage) si fueren alegados en una demanda complementaria, y la equidad no requiere cosas inútiles. (Penn. Co. v. Bond, 99 Ill. App. 535, 544, confirmado, véase 202 Ill. 95, 66 N. E. 941).”

Tampoco erró la corte al declarar sin lugar la excepción previa del demandado a la demanda complementaria, excep-ción que está predicada a la tesis sostenida por el apelante en los señalamientos segundo y tercero o sea que aquí se trata únicamente de un injunction para retener la posesión y no de uno para recobrarla.

El quinto error se refiere a la insuficiencia de la prueba. A nuestro juicio no existe.

Se insiste principalmente en que no se identificó debida-mente la finca. La mejor contestación es la propia senten-cia apelada que contiene una descripción completa de la porción ocupada que se ordenó que quedara “libre y expedita bajo la posesión del demandante sin perturbación alguna por parte del demandado,” y de la finca del demandante de la que diclia porción forma parte, cuya descripción encuentra apoyo en las alegaciones y en la evidencia.

Y en cnanto a la resolución del conflicto entre los testigos de ambas partes en favor de los de la demandante, sólo hay que decir que no se lia demostrado pasión, prejuicio o parcialidad, ni error manifiesto. Dos jueces en dos distintas ocasiones la apreciaron de igual modo.

Tampoco se cometieron por la corte los errores sexto y séptimo. El pronunciamiento sobre eliminación • del anexo o tinglado construido por el demandado sobre la porción de terreno que sin derecho ocupara y que se le mandó dejar libre y expedita bajo la posesión del demandante, está autorizado por los hechos y la ley. También la imposición de las costas incluyendo ciento cincuenta dólares para honorarios del abogado del demandante.

La sentencia dehe confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Wole

license: Public Domain

text:
    Andrés y Luciana Aybar Muñoz, demandantes y apelantes, v. Natalia Vara Smith, Pilar Moreno Smith y Concepción y María de la Gloria Sala Smith, demandadas y apelantes.
    Núm. 8129.

    Sometido: Febrero 5, 1940.

      Resuelto: Marzo 30. 1940.

      Los apelantes comparecieron en su propia representación; M. Rivera de la Vega, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión del tribunal.

Las apeladas lian presentado una moción para desestimar el recurso. Es menester hacer una relación detallada de los hechos para entender este caso.

Desde el año 1918 ha habido litigios entre las partes aquí envueltas o sus causantes.

Guillermo Smith del Junco, natural de Nueva Orleans, vino a Puerto Rico hace más de cien años. Aquí contrajo matrimonio con Natalia Aybar de la Cruz, y tuvieron tres hijas. Ellos se mudaron a Cádiz, España, donde Smith y su esposa fallecieron. Sus hijas y nietas han vivido allí toda su vida. Mientras se hallaba en Puerto Rico, Smith adquirió dos casas en la ciudad de San Juan. Una de ellas más tarde salió de la posesión de la familia. La otra sirve de objeto a este litigio.

Los demandantes son los nietos de Jacinto Aybar, quien según sostienen ellos era hermano de Natalia.

Las tres hermanas Smith Aybar se llamaban Carmen, Manuela y María Carolina. A esta última se le conocía con el nombre de Carolina.

Manuela falleció siendo soltera y sin dejar descendientes, y sus dos hermanas le sucedieron. En lo que a este litigio se refiere, ella no desempeña papel alguno. María Carolina se casó con Felipe Vara Báez.

Según los demandantes ni Carmen ni Carolina tuvieron hijos.

En 1918 Natalia Vara Smith radicó un pleito en el cual alegaba que ella y su finada hermana Carolina Vara eran hijas de Carolina Smith, quien también había muerto. Que su hermana murió y su padre fué heredero de ésta; que ella era heredera de su padre; y que los derechos de Carolina Smith pasaron a ella. Carmen Smith Aybar también com-pareció como demandante. Este pleito, núm. 10,605, iba dirigido contra otras personas de apellido Smith que habían obtenido a su nombre la inscripción de las fincas de Guillermo Smith. Los apelantes intervinieron y alegaron título como herederos, mas la corte resolvió el caso a favor de Carmen Smith y Natalia Yara.

Aparece que en 1921 los aquí apelantes solicitaron la administración judicial de los bienes, mas de los autos no se desprende qué se resolvió.

En 1923 Natalia Yara Smith inició varios procedimientos ex parte bajo los números 3690, 3691, 3692 y 3693, por los cuales se le declaró heredera de su madre María Carolina Smith, conocida por Carolina.

En 1927 Andrés y Luciana Aybar demandaron a Natalia Yara solicitando la nulidad de la declaración y alegando ser los herederos legales de Carolina Smith. Sostuvieron que Carolina nunca tuvo descendientes y que Natalia Yara Smith no era hija suya. Este caso fué resuelto contra los Aybar. Ellos apelaron y su recurso fué desestimado. Véase 48 D.P.R. 745.

En el ínterin murió Carmen Smith Aybar. Ella dejó tes-tamento e instituyó como únicas herederas a sus tres hijas Pilar Moreno Smith, Concepción Salas Smith y María de la Gloria Salas Smith. Estas presentaron el testamento en el registro y el título de Carmen Smith fué transferido a ellas.

En junio 30, 1932, Andrés y Luciana Aybar radicaron otra demanda en un pleito para anular las inscripciones de una propiedad en el registro. Trataban de anular los asientos mediante los cuales Natalia Vara Smith, Pilar Moreno Smith, Concepción Salas Smith y María de la Gloria Salas Smith fueron reconocidas como dueñas de una casa en San Juan. La alegación de ellos es que Natalia Aybar, esposa de Guillermo Smith, tenía un hermano, Jacinto Aybar, que era abuelo de ellos; que ni Carmen ni Carolina Smith tuvieron hijos; y que ellos son los herederos legales de las hermanas Smith Aybar. Ellos han alegado indistintamente qne las enatro demandadas no existen o qne existen, pero qne no son hijas de Carolina y Carmen Smith. Este tercer caso, núm. 16,986, está ahora por tercera vez en apelación ante este tribunal.

En la demanda los demandantes sostienen qne todos los documentos presentados en varias ocasiones por las deman-dadas para probar su status de hijas de Carolina Smith y Carmen Smith son espúreos. Les imputan fraude al tratar de hacerse pasar como hijas de Carmen y Carolina Smith, e insisten en qne las referidas hermanas Smith Aybar nunca tuvieron descendientes.

La alegación específica lee:

“13. — Que posteriormente, las ahora demandas (sie), Pilar Moreno Smith, Concepción Sala Smith y María de la Gloria Sala Smith, valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones y haciéndose pasar como hijas y herederas de doña Carmen Smith Aybar, cuando hacía escasamente cuatro años que dicha’Carmen Smith Aybar había comparecido en dicha demanda aprovechando las circunstancias de tener el mismo apellido, sorprendieron al Registrador de la Propie-dad de San Juan, Sección Segunda, y presentándole un testamento apócrifo hicieron inscribir a su nombre una parte de la finca descrita en el hecho 5o. de esta demanda, que es de la exclusiva propiedad de los demandantes, por el derecho de nuseción de herencia alegado anteriormente. ’ ’

Las demandadas excepcionaron la demanda fundadas en que el pleito era res judicata entre las partes. El juez de distrito Hon. A. B. de Jesús, sostuvo la excepción y dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Los demandan-tes apelaron y la sentencia fue revocada y devuelto el caso. 51 D.P.R. 186.

Luego de un juicio la corte de distrito dictó sentencia en favor de las demandadas por entender que la cuestión en controversia entre las partes ya había sido resuelta en pro-cedimientos anteriores y que los demandantes no habían probado que las sentencias en ellos dictadas hubieran sido obtenidas fraudulentamente.

Por segunda vez los demandantes apelaron. Las apela-das solicitaron la desestimación y esta corte, por voz del Jnez Asociado Sr. Hutchison, declaró sin lugar la moción. 52 D.P.R. 972.

La apelación fue vista y la sentencia revocada por el solo motivo de que a los apelantes se les había privado de su derecho a examinar a un testigo. El caso fué devuelto para nuevo juicio. 54 D.P.R. 153.

Se celebró un nuevo juicio y la corte de distrito una vez más dictó sentencia en favor de las demandadas. Los deman-dantes apelan nuevamente. La base de su demanda es:

“1. — ’Que los demandantes Andrés y Luciana Aybar Muñoz son las únicas personas con derecho a la herencia dejada por sus pri-mas hermanas Carmen, Manuela y Carolina Smith Aybar, por ha-ber éstas fallecido sin dejar ascendientes ni descendientes legítimos ni naturales, ni otros herederos por la vía colateral, que estos deman-dantes.
“2. — Que la finca descrita en esta demanda pertenece y es de la exclusiva propiedad de los demandantes a título de herencia de sus primas hermanas Carmen, Manuela y Carolina Smith Aybar.
“3. — Que es nula, ineficaz y de ningún valor la sentencia obte-nida a su favor por Carmen Smith Aybar y Natalia Vara Smith en el caso civil 10,605 de esta misma corte, y nula e ineficaz la ins-cripción a favor de ellas en el Registro de la Propiedad de la finca en litigio.
“4. — Que es nula, ineficaz y sin ningún valor la inscripción efec-tuada por las demandadas Natalia Vara Smith, Pilar Moreno Smith, Concepción y María de la Gloria Sala Smith, a sus nombres, en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera de la finca de referencia.
“5. Que se ordene en consecuencia la cancelación de dichas ins-cripciones en el Registro de la Propiedad y en su lugar se inscriba la citada finca a nombre de estos demandantes, Andrés y Luciana Aybar Muñoz, a título de herencia de las susodichas Carmen, Manuela y Carolina Smith Aybar, en cualquier otro pronunciamiento perti-nente y en imposición de las costas y gastos a los demandados.”

La corte de distrito dijo:

“No habiendo probado los demandantes que ellos sean herederos de Carmen, Manuela y Carolina Smith Aybar, por haber dejado éstas herederos forzosos, no tendríamos necesidad de entrar a con-siderar los fraudes y nulidades que alegan en sus demandas, pero examinada la prueba de los demandantes debemos hacer constar que tampoco han presentado lá prueba que se requiere para dejar esta-blecido un fraude. Para probar una alegación de fraude, la eviden-cia tiene que ser clara, sólida, robusta y convincente, sin dejar nada a conjeturas y sospechas. Calzado v. Carrero, 15 D.P.R. 370; Sabalier v. Iglesias, 34 D.P.R. 352; Ortiz v. Clausells, 34 D.P.R. 536. Muy serias son las imputaciones que hacen los demandantes a varios abogados, de reconocida probidad en el ejercicio de su profesión, que han intervenido en estos casos para que pueda una corte acep-tarlas como ciertas sin tener ante sí una prueba legal fuerte y robusta que no sólo sirva para darle la razón a los demandantes en su acción, sino aun para imponer el correctivo a quienes han hecho mal uso de su toga y quebrantado el juramento que prestaron al ser investidos en ella. Por el contrario, la prueba de los demanda-dos, consistente en documentos auténticos, debidamente legalizados en España, ante las autoridades competentes, demuestran sin dejar lugar a dudas en la mente del juzgador, que no ha habido tal fraude.
“Estos casos tienen la condición de cosa juzgada ya que las mis-mas cuestiones fueron planteadas y resueltas entre las mismas par-tes en el caso núm. 5502, supra. Y aun cuando dicho caso fué resuelto por el fundamento principal de que la demanda no aducía una causa de acción, aunque se vió la prueba, aun cuando lo hubiera sido por excepción previa, siempre sería aplicable la defensa de cosa juzgada. (Véase Aguilera v. Pérez, 51 D.P.R. 1.) En aquel caso los demandantes pedían la nulidad de la declaratoria de herederos de la demandada Natalia Yara Smith, al igual que la piden en estos casos, junto con la nulidad de la declaratoria de herederos de las demás demandadas Moreno Smith y Sala Smith y, como consecuen-cia la nulidad de las inscripciones en el Registro de la Propiedad de las fincas heredadas por dichas demandadas. Existe, por tanto la identidad de causas, cosas y personas que requiere el Artículo 1204 del Código Civil (ed. 1930) para que pueda prevalecer la presun-ción de cosa juzgada y el hecho de que en los casos de autos hayan otros demandados que no lo fueron en el caso núm. 5502, supra, no impide que prevalezca, ya que dichos demandados están unidos a la demandada Natalia Yara Smith, del caso núm. 5502, por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las pres-taciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de sa-tisfacerlas, según dispone dicho artículo 1204. González v. Méndez, 15 D.P.R. 701; Martinez v. Sánchez Extremera, 38 D.P.R. 120.
“Es cierto que la Corte Suprema en este mismo caso, Aybar v. Vara, 51 D.P.R. 186, resolvió que no procedía la excepción previa de cosa juzgada ya que a los efectos de dicha excepción había que aceptar como ciertos los hechos alegados en la demanda, pero ahora estamos resolviendo los casos en sus méritos, después de conocer toda la prueba sin que ésta haya demostrado en'forma alguna la vera-cidad de los hechos alegados en las demandas.”

Después de la sentencia dictada por la corte de distrito en el primer caso, núm. 10,605, las sentencias posteriores lian resuelto no sólo que el caso de los apelantes no tiene méri-tos, sino también que es res judicata. Específicamente la sentencia dictada en el caso núm. 5502, confirmada por nos-otros en 48 D.P.R. 745, resolvió que los apelantes no habían probado su parentesco con Natalia Aybar, y que Natalia Yara Smith era heredera legal de Carolina Smith Aybar.

Después de esa sentencia los apelantes han tenido dos juicios en la corte de distrito y dejado de probar su caso.

En respuesta a la moción para desestimar, conforme les entendemos, los apelantes han dicho que el caso se halla nue-vamente en las mismas condiciones en que lo estaba cuando en la decisión per curiam de marzo 29, 1938, rehusamos, por voz del Juez Asociado Sr. Hutchison, desestimar la apelación en la siguiente forma:

“. . . y existiendo la posibilidad de que tal alegato, una vez presentado, pueda arrojar alguna luz sobre las cuestiones ahora sus-citadas por la moción para desestimar; atendidas las circunstancias especiales del caso y especialmente el hecho de que los apelantes son legos, sin representación legal y en tal virtud el caso exige una con-sideración más detenida que de otro modo sería necesario para evitar la posibilidad de alguna injusticia inadvertida; no ha lugar por ahora a la desestimación solicitada.” Aybar v. Vara, 52 D.P.R. 972, 973.

Los autos completos están ante nos. La sugestión sobre la radicación de un alegato no había sido cumplida cuando oímos la moción para desestimar el 5 de febrero de 1940. Tan sólo ha sido recientemente, es decir en 20 de marzo de 1940, que los apelantes han radicado su alegato.

No creemos que los apelantes, en sn alegato o en alguna otra forma, hayan ilustrado a este tribunal en torno a los méritos de su caso, conforme se sugirió en la opinión arriba copiada; y es evidente que las demandadas tienen derecho a solicitar que este litigio termine. Interest reipublicae ut sit finis litimn.

Este tribunal ha prestado cuidadosa atención al presente caso, especialmente por haber notado el hecho de que los apelantes no están representados por letrado y se defienden a sí mismos. Hemos leído las muchas mociones presentadas ante este tribunal y ante la corte inferior, a pesar de que por lo general éstas son defectuosas. No hemos podido hallar razón alguna para denegar la moción de las apeladas. Los apelantes han sostenido en todo momento que un pro-minente letrado de San Juan se inventó a las demandadas para que les defraudaran, o hizo que estas cuatro personas reclamaran una herencia que legalmente pertenece a los demandantes. También sostienen que todos los testamentos, poderes y certificaciones de sentencias de los tribunales espa-ñoles en varios procedimientos de testamentaría, que en dis-tintas ocasiones se han presentado por el agente de las demandadas, son falsificados.

Los apelantes han tenido amplias oportunidades para probar las imputaciones de fraude y nunca han tenido éxito. Continuamente han planteado las mismas cuestiones que siempre han sido resueltas en su contra. No vemos razón válida alguna por la cual no deba desestimarse la apelación.

Bebe declararse con lugar la moción y desestimarse por frívolo el recurso.


author: El Juez Asociado Señoe Hutohison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José María Vega, acusado y apelante.
    Núm. 7967.

    Sometido: Marzo 26, 1940.

      Resuelto: Marzo 30, 1940.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; R. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutohison

emitió la opinión del tribunal.

José María Vega fué convicto de portar una pistola. Su primera contención es que la corte de distrito cometió error al admitir como' prueba una pistola sin habérsele iden-tificado suficientemente.

Todos los testigos oculares de El Pueblo describieron la pistola que se decía haber sido sacada por el acusado. El jefe de la policía, que no fué un testigo ocular del supuesto delito, identificó plenamente una pistola hallada por él en la casa del acusado el día siguiente al de la'comisión del delito. Esta pistola era de tamaño y color similares al tamaño y color de la pistola descrita pgr los testigos oculares como sacada a relucir por el acusado. Dos de estos testigos dijeron que se trataba de la misma arma.

Cuando al terminar la prueba de cargo el fiscal de dis-trito ofreció la pistola como prueba, los letrados del acusado manifestaron que éste no se oponía a que se admitiera la pistola en evidencia como el arma hallada por el jefe de distrito de la policía; pero dijeron que si se presentaba como la pistola a que se habían referido los otros testigos, ellos se oponían a su admisión porque la misma no había sido debi-damente identificada por esos testigos. El arma fué entonces admitida en evidencia “como la pistola identificada en este proceso”. El acusado excepcionó esta resolución fundado en que si bien el arma era admisible en tanto en cuanto se ofre-cía como la pistola que fué ocupada por el jefe de la policía en el hogar del acusado el 12 de julio de 1936, ella no era admisible en cnanto a que fuera la pistola a que se refirieron los otros testigos, quienes no pudieron identificarla como la pistola portada por el acusado en julio 11, 1936.

El apelante no cita autoridad alguna en apoyo de su pri-mera contención. El argumento contenido en el alegato deja de liacer una distinción entre la cuestión de la admisibilidad del arma como evidencia y la cuestión de valor probatorio. No podemos asumir con el apelante que fuera necesario iden-tificar la pistola más allá de toda duda razonable como el arma que se decía haber sido portada por el acusado, como condición previa a su admisión en evidencia. Sea ello como fuere, el juez de distrito al momento de dictar sentencia hizo constar con bastante claridad que él daba poca o ninguna importancia a la suficiencia o insuficiencia de la identifica-ción por parte de los testigos oculares que declararon que la pistola mostrádales por el fiscal era la pistola que ellos habían visto en manos del acusado. Si el juez de distrito hubiera manifestado que la pistola sería admitida en eviden-cia tan sólo como el arma identificada por el jefe de la poli-cía y no como el arma a que hacían referencia los testigos oculares de El Pueblo, el resultado habría sido el mismo. En su consecuencia, de haberse cometido algún error, el mismo no fue perjudicial.

La segunda contención del apelante es que la sentencia es contraria a derecho y a la prueba. Hemos examinado la prueba y no hallamos en la apreciación de la misma un error tan manifiesto que exija la revocación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Alfredo Rondón, por conducto de su padre con patria potestad, José María Rondón, demandante y apelante, v. The Aetna Casualty & Surety Co., demandada y apelada.
    Núm. 7950.

    Sometido: Enero 4, 1940.

      Resuelto: Marzo 30, 1940.

      Miguel Olmedo Tosté, abogado del apelante; Hartzell, Kelly & Ilartzéll y Rafael O. Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Este caso, iniciado ante la Corte de Distrito de San Juan en el año 1926, después de numerosas controversias que die-ron lugar a dos apelaciones ante esta Corte Suprema (41 D.P.R. 101 y 46 D.P.R. 613), fue a juicio en abril de 1937.

Se trata de cobrar 'a la compañía de seguros demandada el importe de una sentencia dictada en contra de un por-teador público por ella asegurado. Los becbos alegados en la demanda son como sigue:

Juan Basabe, dueño de una guagua, se dedicaba al nego-cio de transportar pasajeros mediante paga en San Juan, para lo cual estaba autorizado por la Comisión de Servicio Público. En cumplimiento de la regla III del Reglamento de dicba Comisión, Basabe radicó una fianza o póliza, para responder de la indemnización que se adjudicare a cualquier persona lesionada como resultado de un accidente causado por negligencia del porteador o de sus empleados, basta la suma de $3,000.

El aquí demandante y apelante demandó a Basabe ante la Corte de Distrito de San Juan, en reclamación de daños y perjuicios por lesiones sufridas en febrero 13, 1926, en un accidente motivado por la negligencia de un empleado del demandado, y obtuvo sentencia por la que Basabe fué con-denado a pagar una indemnización de $3,000, más costas y honorarios que se fijaron en $602.75. El mandamiento expe-dido para la ejecución de dicba sentencia fué devuelto por ■el mársbal sin cumplimentar, por ser Basabe insolvente y carecer de bienes embargables.

Se alega en la demanda que Basabe cumplió las condicio-nes contenidas en la póliza en relación con el accidente y con la acción contra él entablada; y que la compañía deman-dada no obstante baber tenido conocimiento de la iniciación de dicbo pleito, lo abandonó y no intervino ni se bizo parte en la acción.

Contestó la compañía demandada, negando todos y cada uno de los becbos esenciales de la demanda, y especialmente que ella abandonara la acción entablada por el demandante contra Basabe, alegando en contrario que Basabe se negó a cooperar y no cooperó con la demandada en la defensa de dicba acción, violando así las condiciones de la póliza, por lo que la demandada quedó libre de responsabilidad. Alegó además que Basabe violó las condiciones de la póliza porque en el momento del accidente el vehículo era manejado por una persona que no tenía ni la edad ni la licencia requeridas por la ley, quedando por ello la demandada libre de respon-sabilidad bajo la póliza.

Visto el caso, la corte inferior dictó sentencia desesti-mando la demanda, con costas al demandante, sin incluir honorarios de abogado.

La corte sentenciadora declaró como hechos concluyente-mente probados que las lesiones sufridas por el demandante fueron causadas por la negligencia de un empleado de Basabe; que Basabe fué condenado a pagar al demandante una indem-nización por los daños causádosle; y que la sentencia no se pudo hacer efectiva por ser Basabe insolvente. T definió el issue fundamental entre las partes así:

“A nuestro juicio, la única cuestión a resolver es ... si en efecto en el momento del accidente el vehículo asegurado era guiado por persona que no tenía la edad ni la licencia requeridas por la ley.”

El resumen de la prueba aducida por una y otra parte con referencia a dicha cuestión, hecho por la corte sentenciadora, es el siguiente:

“Presentó en evidencia el demandante una certificación negativa del Registrador Demográfico de San Juan creditiva de que en sus libros no aparece el acta de nacimiento de Julio Basabe, persona que manejaba el vehículo en el momento del accidente.
“Presentó la demandada una certificación del mismo Registro Demográfico, en la que aparece que Julián Basabe Fernández, hijo legítimo de Juan Basabe y de Ana Fernández, nació el 10 de no-viembre de 1910.
“De la prueba testifical resulta concluyentemente probado que Juan Basabe, el asegurado por la póliza objeto de este pleito, es ó era casado con Ana Fernández y que en su matrimonio no tuvo otro hijo además de Julio que fuera conocido con el nombre de Julián, demostrándose así que la certificación de nacimiento de Julián Ba-sabe no corresponde a otro hijo que además de Julio tuviera Juan Basabe en su matrimonio con Ana Fernández.
“Es de conocimiento general la costumbre de nuestro pueblo de usar indistintamente los nombres de Julio y Julián como si fuera el mismo, y conocemos también la tendencia en la gente del pueblo a abreviar los nombres suprimiendo sílabas unas veces al principio y otras al final del mismo.
“Trató de probar el demandante que el Julián Basabe que según el acta de nacimiento nació en el año 1910 es un hijo natural de Juan Basabe y Saturnina Dávila, que Basabe inscribió como hijo de su matrimonio con Ana Fernández; pero aparte de que no hay prueba alguna que sostenga esta teoría, sino una mera conjetura del demandante, resulta además que de acuerdo con la declaración de Severiano Ortiz, testigo del demandante y compadre e íntimo amigo de Juan Basabe y su familia, el Julián hijo de Saturnina es hombre de bastante edad, mayor que el hijo mayor de Ana Fernández, lla-mado Juan, calculándose por el testigo que el Julián hijo 'de Sa-turnina tiene como 40 años de edad.
En demostración de la imposibilidad de que el acta de nacimiento de Julián Basabe Fernández presentada en evidencia por la deman-dada sea el Julián hijo de Saturnina Dávila, vamos a transcribir los siguientes párrafos de la declaración del testigo Severiano Ortiz:
“ ‘P. — ¿Ud. conoce a alguna persona conocida por Julián Basabe?
“ ‘B. — Sí, señor. Él está ahí afuera. Lo conozco.
“ 'P. — ¿Además de Julio está ése?
“ ‘B. — Sí, señor, hijastro de Juan Basabe.
“ ‘P. — Que usted sepa, ¿Julio alguna vez se ha conocido por Ju-lián?
“ ‘B. — No, señor, Julio o Julio Basabe.
“ ‘P. — Dígale a la Corte qué intimidad ha tenido con esta fami-lia desde el nacimiento de este muchacho.
“ ‘B. — Le voy a explicar: Juan Basabe era pintor en la Esta-ción Naval, y yo era albañil de la Estación Naval, y Julián Basabe, de pequeñito llevaba el almuerzo y la comida allí.
“ ‘P. — ¿Julián, el hijastro?
“ ‘E. — Sí, señor, el hijastro es Julián, que llevaba la comida todos los días, y Juan vivía con la madre de Julián y tenía a Julián y a tres más; después se casó con la mamá de Juan y de Julio, y otros más que están vivos. Cuando nació Juan, me puso de compadre y bauticé a Juan Basabe, que está un hombre. Fui el padrino, y so-mos compadres.
“ ‘P. — Con esta familia, ¿qué relaciones tiene Ud. desde enton-ces?
“ ‘R. — Somos amigos desde muchachos, y además trabajando, y compadres. Estamos relacionados como familia nada más.’
“Si antes de casarse Juan Basabe y Ana Fernández ya había tenido aquél tres hijos con Saturnina Dávila, y el hijastro, Julián, que naturalmente era mayor que estos tres, hijos de Saturnina, y tenía edad suficiente para llevar comida a su padrastro a su trabajo en la Estación Naval, lo que requiere una edad no menos de 7 años, es lógico inferir que debe ser no menos de 10 años mayor que el Julio Basabe hijo de Ana Fernández, que como resulta de la prueba no es el hijo mayor del matrimonio. Siendo ello así, la gran dife-rencia de edad impide que se confunda el uno con el otro. Ade-más, el propio demandante, en su demanda contra Juan Basabe en el pleito núm. 1253 que motivó la sentencia que ha dado base a esta acción, no parece ignorar esta circunstancia, cuando en el párrafo tercero'de su última demanda enmendada, radicada el 28 de jimio de 1926, alegó lo siguiente:
“ ‘3. Que la guagua que causó las tales lesiones al demandante es la núm. 49, la Palmira, de la propiedad de dicho demandado, Juan Basabe, e iba guiada en el momento del accidente por un hijo de dicho demandado, Julio Basabe, que hacía de chófer, pero que no estaba autorizado para manejar tal vehículo.’
“No tenemos duda alguna, en virtud de las circunstancias ex-puestas, que la certificación de nacimiento presentada en evidencia por la parte demandada corresponde al Julio Basabe que guiaba el vehículo asegurado el día del accidente, y siendo ello así, y habiendo nacido éste según dicha certificación el 10 de noviembre de 1910, y ocurrido el accidente el 13 de febrero de 1926, en dicha fecha tenía el mencionado chófer la edad de 15 años, tres meses, tres días.”

El apelante ha señalado como error de la corte inferior el haber considerado concluyentemente probada la edad del chófer Julio Basabe, con la certificación del Registro Demo-gráfico correspondiente a Julián Basabe, y al sostener que el nombre Julio es un derivado o diminutivo de Julián.

Hemos hecho un cuidadoso estudio de la evidencia adu-cida por una y otra parte. No cabe duda alguna de que la persona que manejaba la guagua en el momento del acci-dente era Julio Basabe, hijo de Juan Basabe y de Ana Fernández. El certificado del Registro Demográfico, ofre-cido en evidencia para demostrar que Julio Basabe Fernández no tenía en la fecha del accidente la edad requerida por la ley para poder obtener una licencia de chófer, demuestra que Julián Basabe Fernández, hijo legítimo de Juan Basabe y de Ana Fernández, nació el 10 de noviembre de 1910. Si Julio y Julián son la misma persona, entonces el certificado establece el hecho de que la persona que guiaba el vehículo en febrero 13, 1926, tenía en esa fecha 15 años, tres meses y tres días de edad. La conclusión a que- llegó la corte sen-tenciadora, o sea que Julio Basabe Fernández y Julián Basabe Fernández son la misma persona, está ampliamente justificada por la evidencia. La contención del apelante, de que el Julián Basabe Fernández a que se refiere el certificado no es el Julio Basabe Fernández que guiaba el vehículo y sí un hijo ilegítimo de Juan Basabe y Saturnina Bávila, no está sostenida por la evidencia. El propio Julián Basabe, al declarar en mayo 8, 1937, dijo que tenía 38 años de edad; que nació en 1898; y que cuando llegaron los americanos él ¡enía dos años de edad.

Aceptado, pues, que Julio Basabe Fernández, conductor del vehículo en el momento del accidente, no tenía la edad requerida por la ley para poder obtener licencia de chófer y que no tenía tal licencia, ¿cuál es el efecto legal de ese hecho sobre las obligaciones contraídas por la compañía demandada a virtud de la póliza por ella expedida?

La póliza en el caso de autos provee:

“Exclusiones. — La Compañía no será responsable por pérdida o daño . . . .; ni por ninguna pérdida o daño que ocurriere mientras el automóvil que en la presente queda descrito (a) estuviere parti-cipando en cualquier carrera de velocidad, o fuese guiado por cual-quier persona menor de la edad, según se fija por la ley, cuando puede obtenerse una licencia de conductor, o en todo caso menor de 16 años de edad; ...”

Entre las declaraciones del asegurado contenidas en la póliza se hace constar que el negocio u ocupación del ase-gurado es “Porteador Público”; y que el automóvil asegurado es una guagua de 22 pasajeros, dedicada al transporte de pasajeros de San Juan por calle Condado, calle Loíza a calle Calma y viceversa.

La Regla III del Reglamento de la Comisión de Servicio Público, aprobado en junio 3, 1924, y a virtud de la cual Juan Basabe radicó la póliza en cuestión, dispone:

“Regla III. — La Comisión antes de autorizar la expedición del certificado de necesidad y conveniencia exigirá del peticionario la prestación de una fianza hipotecaria o por una compañía de seguros legalmente autorizada para hacer esta clase de negocios en Puerto Rico, por una cantidad que fijará la Comisión y que en ningún caso será menor de $3,000.00, por cada vehículo, y que responderá de la indemnización que se adjudique por el Tribunal correspondiente a cualquier persona que sufra lesión, daño o perjuicio en su persona o intereses, o a sus herederos en caso de muerte por virtud de cualquier accidente ocurrido y debido al uso descuidado, negligente o defectuoso del vehículo de motor utilizado como porteador público, ya sea éste operado directamente por el concesionario o por cual-quiera de sus agentes, empleados o subalternos. . . . Tal fianza será aprobada por la Comisión de Servicio Público, después de examinada en cuanto a su forma y ejecución por el Attorney General de Puerto Rico; y archivada en la oficina del Secretario de la Comisión antes de que el vehículo a que se contraiga dicha fianza se ponga en el servicio. ’ ’

En el caso anterior entre las mismas partes, 46 D'.P.R. 613, 626, se resolvió:

“La regla tercera del reglamento de 1924 tuvo el claro propósito de garantizar al público en general exigiendo al porteador como re-quisito previo la prestación de una fianza hipotecaria o por una com-pañía de seguros para responder de la indemnización que pudiera adjudicarse por un tribunal a cualquier persona que sufriera a vir-tud del uso descuidado, negligente o defectuoso del vehículo.”

Y se resolvió además que dicha regla tercera estaba en vigor en la fecha del accidente en que fue lesionado el deman-dante.

Arguye el apelante en su cuarto señalamiento de error que la corte inferior erró al considerar la póliza expedida y radicada a virtud de la Regla III, supra, simplemente como una póliza de seguro ordinaria, cuando debió considerarla como una fianza o “surety bond”; que siendo el vehículo asegurado un porteador público, que se usará únicamente como guagua u ómnibus, la póliza archivada en este caso debe ser interpretada como “surety bond” o “jitney bios bond”; y que de acuerdo con esa interpretación ni la falta de coope-ración del asegurado para la defensa del pleito, ni la negligencia del asegurado al permitir que la guagua fuese conducida por un menor sin licencia, pueden ser alegadas como defensas válidas en una acción para cobrar al asegu-rador el importe de la sentencia contra el asegurado.

La compañía demandada sostiene que el apelante está impedido de levantar de nuevo esa cuestión,, por haber sido ésta discutida y resuelta en su contra en la apelación anterior (46 D.P.R. 613). En efecto, al resolver la cuestión sobre la suficiencia de la demanda, planteada mediante excepción previa, esta corte se expresó así:

“Creemos sí que debe interpretarse partiendo de la base de la vigencia de la regla y por tanto que debe resolverse que la compa-ñía contrajo la directa obligación de pagar, basta el límite fijado en la póliza, la indemnización que se pudiera adjudicar a cualquier persona que sufriera lesión por el tribunal correspondiente, pero creemos también que esa obligación está condicionada a las estipu-laciones contenidas en la póliza. La compañía quedó obligada para con el público pero en la forma que aparece de la póliza, visada por el Procurador General y aceptada por la comisión. Existe nexo ju-rídico entre el demandante y la demandada, pero ese nexo está re-gulado por los términos de la póliza.
“La conclusión a que hemos llegado acerca de que existe un nexo jurídico entre las partes en este caso, está sostenida además por la propia cláusula de insolvencia de la póliza por virtud de la cual se autoriza el mantenimiento de una acción por el lesionado contra la compañía después de haber obtenido sentencia contra el asegurado y de haberse devuelto sin satisfacerse la orden de ejecución de dicha sentencia a causa de la insolvencia del asegurado. Pero también en tal caso el mantenimiento de dicha acción está predicado a las esti-pulaciones del contrato.’'

La autoridad en que se basó esta corte al hacer las pre-cedentes declaraciones fné el caso de Coleman v. New Amsterdam Casualty Co., 247 N. Y. 271. El caso es en realidad distinto al de autos, en cnanto a dos puntos fundamentales. En primer lugar, la acción en el caso de Coleman fue insti-tuida de acuerdo con la sección 109 de la Ley de Seguros (Cons. Laws, ch. 28) de New York que dispone que la insol-vencia o la quiebra del asegurado “no librará al asegurador del pago de daños y perjuicios,” y “en caso de que la eje-cución . . . sea devuelta sin satisfacer . . . por causa de tal insolvencia o quiebra, entonces la acción puede ser entablada por la persona perjudicada . ° . contra tal corporación bajo los términos de. la póliza.” El segundo punto ele distinción es que en el caso de Coleman la asegurada, Endicott Drugstore, Inc., no estaba obligada por estatuto alguno a obtener una póliza de seguro para beneficio de sus clientes. Se tra-taba, pues, no de un seguro compulsorio y sí de una póliza obtenida voluntariamente por el asegurado, con sujeción a los requisitos de la póliza modelo, “standard policy,” de New York, que da derecho al beneficiario a demandar al asegu-rador, pero “bajo los términos de la póliza.” El caso de Coleman es idéntico al del dueño de un automóvil privado, que no estando obligado por ley alguna a asegurarse, toma una póliza para protegerse en caso de alguna reclamación por daños causados por negligencia propia o de sus emplea-dos. En esos casos, el lesionado está sujeto a las mismas defensas que el asegurador podría interponer contra el asegurado, por incumplimiento de alguna de las condiciones del contrato de seguro. Así lo sostienen los casos de Rohlf v. Great American Mutual Indemnity Co., 27 Oh. App. 208, 161 N. E. 232; Bauman v. Western & S. Indemnity Co., 77 S. W. (2d) 496; McDanels v. General Insurance Co. of America, 35 P. (2d) 394, citados por la parte apelada. Igual decisión dictó la Corte de California en Hynding v. Home Accident Ins. Co., 214 Cal. 743, 7 P. (2d) 999. Y así lo sostuvo esta Corte Suprema en González v. U. S. Casualty Co., 55 D.P.R. 668, decidido en noviembre 27, 1939, en el qne se tra-taba de nna póliza voluntariamente obtenida por el dueño de un autocamión.

En González v. U. S. Casualty Co., supra, citando como autoridad la monografía que aparece publicada en 106 A.L.R. 516, 532, sostuvimos que la doctrina sentada por la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos es al efecto de que la persona perjudicada por el accidente ocupa la misma posición legal que el asegurado, en lo que respecta a defensas basadas en incumplimiento de condiciones subsiguientes al accidente. Y de acuerdo con dicha doctrina resolvimos que González, el lesionado, no tenía derecho a cobrar a la com-pañía de seguros el importe de la sentencia dictada contra el dueño del autocamión, porque éste había infringido una de las condiciones de la póliza al dejar de notificar al asegu-rador inmediatamente después de tener conocimiento del pleito, enviándole la citación y copia de la demanda, según lo estipulado en la póliza.

La doctrina que correctamente aplicamos al caso de González v. U. S. Casualty Co., supra, es aplicable solamente a casos en que la póliza ha sido tomada voluntariamente, y. no a casos en que el seguro es compulsorio por disposición estatutaria. El título de la citada Monografía de American Law Reports, lee así:

“Validez, interpretación, y efecto de disposiciones estatutarias o de la póliza que conceden a la persona lesionada un derecho de ac-ción contra el asegurador con respecto a seguro de indemnización o de responsabilidad voluntariamente tomado (voluntarily carried).”

Dicha Monografía comienza diciendo:

“1. Alcance (scope). Esta anotación suplementa la anterior en 85 A.L.R. 20 y se limita en su alcance al ya definido en aquélla. Se-gún se hizo constar allí, estas anotaciones no tienen que ver con el seguro compulsorio; . . . .”

En efecto, todos los casos citados en dicha monografía se refieren a seguros voluntarios, y sostienen la doctrina que aplicamos en el caso de González. Así, por ejemplo, en el caso de Neilson v. American Mut. Liability Ins. Co., 111 N. J. Law 345, 168 A. 436, la corte sostuvo qne está Men sentado (pie en casos contra el asegurador, la persona lesionada no tiene mayores derechos bajo la póliza qne los que tiene el asegurado, el cual está obligado por los términos del con-trato, y no puede recobrar daños y perjuicios a menos que el asegurado pudiese recobrarlos si hubiera pagado la sen-tencia.

Como se ve, la decisión en Coleman v. New Amsterdam Casualty Co., supra, se basó en un estatuto que llevó a la póliza “standard” del Estado de New York la doctrina apli-cable a casos de seguro voluntario.

La cuestión que se nos plantea en el caso de autos es nueva en esta jurisdicción. Para resolverla, debemos guiarnos por los precedentes establecidos en otras jurisdicciones en casos similares de seguros compulsorios, rectificando si necesario fuere la opinión emitida en este mismo caso en el recurso anterior, 46 D.P.R. 613, en el que se trató solamente de la suficiencia de los hechos alegados, sin entrar a considerar el caso en su fondo.

En Gillard v. Manufacturers’ Casualty Ins. Co. (N. J.), 104 A. 707, el demandante, lesionado en un accidente, demandó a la compañía de seguros para obtener el pago de una sen-tencia contra el asegurado, dueño de un “autobus”. Este había radicado una póliza de seguro en la ciudad de Newark, en cumplimiento de un estatuto que requería la radicación de dicha póliza para poder obtener una licencia autorizándole a dedicarse al transporte de pasajeros' dentro de dicha cindad. La Corte Suprema de New Jersey al con-firmar la sentencia a favor del demandante, dijo:

“El primer fundamento de ataque es: los derechos del deman-dante son derivados y no pueden ser más extensivos que los del ase-gurado. Esta es una asunción falsa; su contestación es, por el con-trario, los derechos del demandante son originales y primarios, concedidos por el estatuto, que dispone: (Signen aquí las disposi-ciones del estatuto de New Jersey, similares a las de la Regla III del Reglamento de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico). Por virtud de esta disposición del estatuto, sólo el lesionado puede demandar bajo la póliza cuya radicación se requiere. Ésta es una característica esencial que distingue este caso de aquella clase de casos en que no existe ese derecho de acción, porque las partes en la acción no son partes en el contrato en que se basa la acción, como en (citas). El dueño del autobus no puede demandar sobre la póliza de seguro estatutaria. . . .
“La póliza de seguro no puede contener disposición alguna que no esté autorizada por el estatuto, de manera que pueda afectar a cualquier persona que sufra daño, de acuerdo con lo que en ella se dispone. Cualesquiera otras disposiciones contenidas en la póliza ra-dicada pueden ser válidas entre el asegurador y el dueño del auto-bus, el asegurado, y pueden imponer a este último ciertos deberes y obligaciones, por el incumplimiento de los cuales el asegurador puede entablar una acción; pero esas disposiciones no pueden pri-var a una persona lesionada del remedio provisto por el estatuto, ni pueden en modo alguno restringir los derechos concedidos por el es-tatuto a esa persona lesionada. La póliza de seguro es radicada sola-mente para beneficio de las personas que puedan ser lesionadas. No se radica para beneficio de la ciudad. La ciudad no tiene respon-sabilidad alguna contra la cual sea protegida por la póliza. El estatuto fué aprobado solamente para beneficio del perjudicado. El único beneficiario del estatuto es la persona lesionada. Ésta es la única que puede demandar sobre la póliza y citar el estatuto como fundamento de su acción. Los derechos de la persona lesionada, en la póliza de seguro, son originales y primarios, no derivados y se-cundarios. El primer fundamento de ataque, por consiguiente, no puede tener éxito, porque la premisa en que el mismo se basa es de hecho falsa.”

Apelado el caso para la Corte de Errores y Apelaciones de New Jersey, ésta confirmó la sentencia de la Corte Suprema, diciendo:

“Se insiste en que el derecho del demandante a instituir esta ac-ción es de carácter derivativo, y depende enteramente de los dere-chos del asegurado bajo los términos de la póliza. La aplicación de este argumento va dirigida hacia el hecho de que habiendo dejado el asegurado de dar aviso del accidente y de la pendencia del pleito, al asegurador, según éste lo requería por las disposiciones de la póliza, el derecho del demandante en este caso a recobrar debe ser determinado por la posición legal en que se ha colocado el asegu-rado, la que en efecto constituye una violación del contrato.
“Es obvio que al hacer esta contención no se tuvo en cuenta la disposición expresa de la póliza, ya citada, que evidentemente tenía por objeto hacer frente a la situación que se nos presenta, pues dis-pone ‘que no obstante cualquiera otra disposición en contrario aquí contenida, esta Compañía pagará cualquier sentencia final dentro de los límites de esta póliza, obtenida por ,cualquier persona o perso-nas por razón de la posesión, sostenimiento o uso del automóvil aquí descrito’ etc., y la disposición adicional de que ‘este contrato será para beneficio de toda persona que sufra pérdida, daño o lesión etc. Gillard v. Manufacturers’ Ins. Co., 107 A. 446.

En Boyle v. Manufacturers’ Liability Ins. Co., 115 A. 383, se interpuso como defensa en la acción del lesionado para cobrar la sentencia dictada contra el dueño de una guagua, que el motor original de la guagua había sido cambiado des-pués del otorgamiento de la póliza y substituido por otro motor de diferente tipo. Al confirmar la sentencia a favor del lesionado demandante, la Corte Suprema de New Jersey dijo:

“Esa adjudicación demuestra que la póliza de seguro de autobus es una póliza de indemnización bajo el estatuto, para beneficio del público que viaja, y que cualesquiera derechos legales o equidades, que puedan subsistir entre el asegurado y el asegurador por razón de cualquier violación de los términos de la póliza no pueden afec-tar los derechos del público que reclama de acuerdo con sus dispo-siciones, después que esa reclamación ha sido substanciada por una sentencia legal. . . .
“El efecto legal que tales cambios puedan causar entre el ase-gurado y el asegurador no puede tener relación legal alguna con la obligación que el asegurador tiene contraída con el público que-viaja y que puede ser perjudicado por la negligencia del vehículo’ mientras está dedicado a su acostumbrado uso público.” (Confir-mada por la Corte de Errores y Apelaciones de New Jersey, 117 A. 295.)

El propósito evidente del estatuto que regula el servicio’ público de transportación de pasajeros por medio de auto-buses o “guaguas” es no permitir al dueño del vehículo uti-¡izarlo en dicho servicio si antes no presta una fianza, qne puede ser hipotecaria o suscrita por una compañía de segu-ros, para responder del pago de la sentencia que se dicte a favor de cualquier persona que sea lesionada “por virtud de cualquier accidente ocurrido y debido al uso descuidado, negligente o defectuoso del vehículo de motor utilizado como porteador público.” La intención del legislador ha sido dar a los que viajan en autobuses públicos y a los viandantes la garantía absoluta de una fianza, en cualquiera de las dos for-mas autorizadas, para protegerles contra los daños y per-juicios que pueda causarles la negligencia del porteador público o de las personas a quienes él confía la conducción y manejo de sus vehículos.

Las obligaciones que el fiador o asegurador contrae para con el público aL otorgar la fianza o la póliza de seguro son y a nuestro juicio no pueden ser utras que las fijadas por el estatuto. El lesionado no es parte en el contrato de fianza o de seguro; es simplemente un tercero para cuyo beneficio se ha contraído una obligación estatutaria. La protección y garantía que para él ha provisto el estatuto no puede ni debe ser menoscabada o afectada en manera alguna por las esti-pulaciones que el fiador o asegurador y el fiado o asegurado hayan tenido a bien insertar en el contrato de fianza o de seguro para regular las relaciones entre las partes contra-tantes.

La aprobación de la fianza o póliza por la Comisión de Servicio Público “después de examinada en cuanto a su forma y ejecución por el Attorney General de Puerto Rico,” no puede tener el efecto de disminuir o limitar la garantía estatutaria, haciendo responsable al lesionado de los actos y omisiones del porteador público. Ni la Comisión ni el Attorney General están facultados para alterar o enmendar las disposiciones del estatuto. Si la fianza o póliza ofrecida por el porteador público contiene todos los requisitos del estatuto y es suficiente en cuanto a su forma y ejecución, es deber de la Comisión y del Attorney General aprobarla. Ni la una ni el otro están facultados para aprobar o desaprobar las •estipulaciones adicionales entre el asegurador y el asegurado.

Existe a nuestro juicio una razón fundamental para que la doctrina aplicable al caso de seguro voluntario no lo sea al de seguro compulsorio. En el seguro voluntario el ase-gurador se obliga con el asegurado a pagar el importe de la indemnización que se adjudique a cualquier persona lesio-nada como consecuencia de la negligencia del asegurado en el manejo de su automóvil, sin tener en cuenta la insolvencia o quiebra del asegurado. Cuando el accidente ha sido cau-sado por negligencia del asegurado y éste ha cumplido cou ios términos y condiciones de su contrato con el asegurador, éste está obligado a pagar la indemnización aun cuando el asegurado tenga medios para hacerlo; y no puede el ase-gurador recurrir contra el asegurado para resarcirse de lo que por su culpa se vió obligado a pagar. Por esas razones, y por estar él obligado por los términos de la póliza, es que el estatuto (Ley de Seguro, 1921, sec. 175) permite al lesionado dirigir su acción de daños y perjuicios contra el asegurador y el asegurado conjuntamente. El estatuto reco-noce que entre el lesionado y las partes en el contrato de seguro existe el nexo jurídico de tercero para cuyo beneficio se ha celebrado el contrato de seguro.

Cuando como en el presente caso el seguro es compulsorio la situación legal es distinta. La obligación del fiador o asegurador con el público es que si el porteador público causa daños a alguna persona, como consecuencia de su negligencia en la conducción o funcionamiento del vehículo y es conde-nado a pagar una indemnización y no puede pagarla por ser insolvente o estar en quiebra, el fiador o asegurador hará efectivo el importe de la sentencia a favor del lesionado. Es por esa razón que el lesionado por un autobus dedicado al servicio público está obligado primeramente a dirigir su acción y obtener sentencia contra el porteador público; y su derecho de acción contra la compañía aseguradora no nace hasta que la orden de ejecución de sentencia ha sido devuelta sin haberse podido hacer efectiva por razón de la insolvencia o quiebra del deudor de la sentencia. Véanse: Regla III (E) del Reglamento de la Comisión de Servicio Público y Rondón v. The Aetna Casualty & Surety Co., 41 D.P.R. 101, en el que esta Corte Suprema sostuvo la validez de dicbo Reglamento y resolvió que el lesionado no tenía derecho alguno de acción contra la compañía aseguradora, ni el dere-cho a embargar sus bienes, mientras no obtuviese una sen-tencia en contra del porteador. Como se ve, la obligación de la compañía aseguradora es, como la de todo fiador, de carácter subsidiario. Si el porteador asegurado no paga por-que no tiene con qué pagar, entonces el asegurador paga por él. En realidad de lo único que responde la compañía ase-guradora en esta clase de seguros es de la solvencia del asegu-rado para el pago de las sentencias que contra él puedan recaer. El fiador, asegurador o garantizador del porteador puede protegerse mediante los convenios o estipulaciones que crea conveniente insertar en el contrato de seguro, pero esos convenios o estipulaciones no pueden en modo alguno afec-tar los derechos estatutarios del lesionado.

Se dirá que lo que acabamos de exponer deja al asegu-rador huérfano de protección contra la falta de cumplimiento por parte del porteador de los términos y condiciones de la póliza, pues siendo el asegurado insolvente o quebrado el asegurador no podría recurrir contra él para resarcirse de la cantidad pagada al tercero lesionado. A eso puede res-ponderse que la compañía aseguradora, como parte intere-sada en el negocio de seguros, está en mejores condiciones y tiene mejores oportunidades y medios para protegerse que los que pueda tener el viandante que sin culpa o negligencia por su parte se ve arrollado por una guagua guiada por una persona, que aun cuando no estuviera autorizada por la ley para guiarla, sí lo estaba por el porteador fiado o asegurado por la compañía aseguradora. Esta puede protegerse fácil-mente, investigando la situación económica del solicitante de una póliza, negándose a expedirla si el solicitante no tiene responsabilidad económica o exigiendo al solicitante garantía colateral: El ciudadano que transita por las calles y vías públicas tiene derecho a esperar que la ley aprobada para su protección y beneficio sea cumplida y que si por desgracia y sin culpa o negligencia por su parte es lesionado, la indem-nización que le otorguen las cortes de justicia le será pagada de acuerdo con la ley por el porteador público o en su defecto por su fiador o asegurador. Sostener lo contrario equivaldría a nulificar el estatuto.

No nos convence la contención de la parte apelada de ■que la cuestión envuelta en este recurso fue ya prejuzgada y resuelta en contra del apelante. No nos creemos investidos del don de la infalibilidad. Y si por una errónea interpretación del alcance de la decisión en el caso de Coléman v. New Amsterdam Casualty Co., supra, al sostener la excepción previa a la demanda resolvimos que el demandante en el caso de autos debía alegar en su demanda el cumplimiento por parte del porteador asegurado de los términos y condiciones de la póliza, abora, al estudiar y resolver el caso en su fondo, después de un estudio más detenido de la jurisprudencia aplicable a esta cuestión, que es nueva en esta jurisdicción, no debemos dudar en rectificar y dejar sin efecto en cuanto a este extremo nuestra opinión en el recurso anterior, publicada en 46 D.P.R. 613.

Por las razones expuestas, opinamos que el derecho del demandante a cobrar a la demandada el importe de la sen-tencia dictada a su favor no puede ser afectado por los actos realizados por el asegurado al negarse a cooperar en la defensa del pleito y al entregar el manejo de la guagua a una persona no autorizada para guiar automóviles.

Debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dic-tarse otra condenando a la demandada a pagar al deman-dante la suma de $3,000 por indemmsacióm, más la suma de $602.75 por concepto de costas y honorarios de abogado, o sea un total de $3,602.75, más intereses legales al 6% sobre dicha suma, desde diciembre 6, 1926, fecha en que se dictó la sen-tencia a su favor, hasta su pago total.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf

text:
    Juan Canals González, demandante y apelado, v. Epifanio Vidal, Silverio V. Laguerra y Great American Indemnity Company, demandados y apelante la última.
    Núm. 7927.

    Sometido: Diciembre 7, 1939.

      Resuelto: Abril 3, 1940.

      J. Valldejuly Rodríguez, abogado de la apelante; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wolf

emitió la opinión, del tribunal,

En pleito de daños y perjuicios entablado por Juan Canals González contra Epifanio Vidal, Silverio V. Laguerra y The Great American Indemnity Company, la Corte de Distrito de Aguadilla, con fecha 30 de agosto de 1935, dictó sentencia en favor del demandante y condenó a Silverio V. Laguerra y a The Great American Indemnity Company a pagar soli-¿ariamente la suma de $625.82; condenó también a Laguerra a pagar $95 al demandante; e impuso las costas, incluyendo-honorarios de abogado, a ambos demandados. El tercer demandado, Vidal, fué exonerado de responsabilidad, sin costas.

La compañía fiadora apeló y este tribunal confirmó la sentencia de la corte inferior. Canals v. Vidal, 53 D.P.R. 210. (Por error de imprenta aparece en el epígrafe de la opinión publicada que la sentencia de la corte inferior no incluía costas. De la opinión del Juez Presidente Sr. Del Toro, sin embargo, se puede ver que la sentencia se dictó “con más las costas, gastos y honorarios de abogado”. Canals v. Vidal, supra, pág. 214.)

En mayo 31, 1938, se declaró sin lugar una moción de reconsideración.

El 4 de junio del referido año el Secretario de la corte de distrito recibió el mandato.

El 9 de junio el demandante radicó su memorándum de costas, que incluía $32.61 por Yarios gastos y $1,250 por concepto de honorarios de abogado. Según un certificado presentado por los letrados del demandante, en dicho día ellos remitieron copia del mismo a los demandados. El día señalado para la vista se presentó a ese efecto en evidencia un recibo del correo.

The Great American Indemnity Company radicó una opo-sición al memorándum de costas el 21 del referido mes. La corte señaló la vista para el 1 de julio.

The Great American Indemnity Company sometió por escrito su oposición.

Durante la vista el demandante solicitó se eliminara la oposición por haberse radicado fuera de tiempo. La corte se reservó su fallo y el demandante ofreció prueba en apoyo del memorándum.

El día 15 de julio la corte inferior dictó una orden elimi-nando la oposición por haberse radicado a destiempo; mas no obstante consideró el memorándum y redujo una de las partidas a la mitad — el demandante había solicitado $2.44 por gastos de viaje de nn testigo y la corte le concedió $1.22. Todas las demás partidas fneron consideradas, bailadas razonables y aprobadas.

En lo relativo a la snma reclamada por concepto de-hono-rarios de abogado, la corte dijo qne tomaría en consideración varias cnestiones qne disentiremos ahora.

Concedió $500 por concepto de honorarios de abogado: o sea la snma total de $531.39 a ser pagada mancomnnada y solidariamente por Lagnerra y The G-reat American Indemnity Company.

La compañía fiadora apeló. Según el escrito, la apelación se interpone contra la orden de la corte aprobando el memo-rándum de costas. Suponiendo qne la orden incluyera la desestimación de la oposición de la demandada, en dicho escrito no se apelaba de ese extremo. . Y aunque la deman-dada apelante dice en su alegato qne la copia del memo-rándum fué recibida el 12 de junio, sosteniendo así qne la oposición fué radicada en tiempo, no se insiste en qne la corte inferior erró al desestimar la oposición. El único error señalado es:

“Abuso de discreción al aprobar las partidas del memorándum y ñjar la cuantía de $500 para honorarios de abogado.”

Sin embargo, en la disensión los argumentos de la deman-dada se dirigen exclusivamente a los honorarios de abogado.

La apelante insiste en qne la corte no debió haber tomado en consideración la habilidad de los letrados del demandante. Bepite lo mismo más tarde. Creemos que tal habilidad puede desempeñar algún papel en la determinación que haga la corte.

El hecho de que los letrados del demandante sean hombres muy hábiles que se especializan en casos de seguro, tam-bién puede desempeñar algún papel. Véase el caso de Sucn. Franceschi v. Mario Mercado e hijos, 41 D.P.R. 386.

También el crédito, la reputación y el prestigio (standing) de los letrados pueden ser tomados en consideración al fijar los honorarios de abogado.

La apelante contesta el razonamiento número dos de la ■corte — que durante el juicio la prueba presentada lo fué por •el demandante y no por los demandados — alegando que los ■demandados ofrecieron prueba.

La transcripción de evidencia contiene 169 páginas. La prueba del demandante comprende 161 páginas. La de los demandados, que figura en las últimas ocho páginas, •consiste de un certificado expedido por el Departamento del Interior, acreditativo de que el demandado Epifanio Yidal •era dueño del automóvil al momento del accidente, y en la ■declaración de Julio Vidal, hermano del referido Epifanio. Toda esta prueba fue al efecto de que el automóvil no estaba siendo usado por Vidal en una empresa o negocio, sino pri-vadamente. Esa prueba dió por resultado que se le absol-viera y eximiera de responsabilidad. Mas no se presentó prueba en favor de los otros demandados Laguerra y The Great American Indemnity Company. Y cuando la corte inferior sentenció a esta última al pago de costas, probable-mente tomó en consideración, no la evidencia presentada en favor de su codemandado Vidal, sino la ausencia de prueba para sostener su caso.

La apelante arguye que el hecho de que su moción para eliminar fuera frívola no debe ser tomado en consideración — en caso de que lo fuera, cosa que niega — porque de serlo, la parte contraria no tuvo dificultad alguna en conseguir que la misma se declarara sin lugar.

Una moción de eliminación frívola, en unión al hecho de quo los demandados radicaron una larga contestación y luego dejaron de presentar prueba, puede todo tender a inducir al juez de la corte inferior a llegar a la conclusión de que los demandados deliberadamente obstruyeron la reclamación ■del demandante y actuaron temerariamente. En la impo-sición de costas la culpabilidad de una parte al obstaculizar y demorar mi pleito debe ser tomada en consideración. Las mociones de la demandada, que demoran el procedimiento, toman el tiempo de los letrados del demandante y éstos tienen que trabajar.

En lo que al cuarto motivo se refiere, la apelante sostiene que los letrados no tuvieron dificultad alguna en preparar sus alegatos ante la corte inferior; que el caso era uno simple de daños y perjuicios en que se reclamaron $905 y se concedieron $625.

En la transcripción de evidencia elevada a este tribunaL en el incidente de costas, aparece que durante la vista sobre el memorándum se presentaron alegatos como prueba. El alegato de la demandada contiene 44 páginas. El del deman-dante en réplica cubre 17 páginas. Estos alegatos indujeron al juez de distrito a emitir una opinión escrita que comprende más de once páginas de los autos. La sentencia fué confir-mada en todas sus partes por este tribunal (53 D.P.R. 210) y el Juez Presidente Sr. Del Toro, que emitió la opinión, copia en parte lo dicho por la corte de distrito. Es evidente que las cuestiones en controversia fueron cuidadosamente estudiadas por los letrados del demandante.

También es propio decir que en su alegato la apelante se refiere un número de veces a la sentencia e insiste en que ésta fué por la suma de $625. La sentencia fué dictada por $720.82 — o sea $185 menos que el importe de la reclamación.

En lo que al sexto fundamento de la corte se refiere, al efecto de que en este caso los honorarios son eventuales, la apelante dice que no entiende lo que quiso decir con ello la corte, y creemos innecesario discutir este punto.

La apelante también plantea la cuestión de que el ape-lado no probó que hubiera pagado la suma de $500 a sus letrados. En realidad, conforme hemos resuelto, los hono-rarios de abogado pertenecen al cliente. Casals v. Rosario, 34 D.P.R. 77.

Bebe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arsenio Reyes y Ramón Rivera, acusados y apelantes.
    Núm. 8003.

    Sometido: Abril 1, 1940.

      Resuelto: Abril 3, 1940.

      Reyes Delgado & Santos Borges, abogados de los apelantes; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Arseni o Reyes y Ramón Rivera fueron sentenciados a pagar una multa de $25 y las costas, o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar de multa que dejaren de satisfacer, por el delito de adulteración de leche, consistente, según la acusación, en que allá por el 16 de noviembre de 1938, en Jayuya, Puerto Rico, ilegal y voluntariamente trans-portaban y tenían para la venta, con el fin de dedicarla al consumo humano, leche de vaca adulterada con agua.

En el recurso de apelación que interpusieron para ante este tribunal alegan que la corte sentenciadora cometió error al no declarar con lugar su moción de absolución perentoria, al sentenciarlos sin haberse demostrado en el acto del juicio que la corte tenía jurisdicción, y que la sentencia es con-traria a derecho y a la prueba.

Las cuestiones a resolver en este recurso son: (a) ¿Probó •el fiscal el sitio donde tuvo lugar el acto delictivo?, y (b) .¿está la sentencia sostenida por la prueba?

Ninguno de los dos testigos que declararon en el juicio mencionó siquiera el sitio donde se realizaron los actos •a que se referían en sus testimonios. Si ninguna otra prueba •se hubiera presentado, tendríamos que convenir con los apelantes en que no se había probado la jurisdicción de la corte. Pero la prueba documental apreciada en relación con el testimonio del Inspector de Sanidad, Francisco Hernández Negrón, demuestra que el sitio donde se cometió el delito •es el pueblo de Jayuya conforme se alega en la acusación.

De la declaración del Inspector Hernández Negrón apa-rece que las muestras de leche fueron tomadas a uno de los acusados en la oficina de aquél. Hasta ese momento no surge de la prueba el sitio donde los acusados transportaban y tenían para la venta la leche de vaca, aunque se infiere lógi-camente que el sitio es el mismo donde el inspector tenía su oficina, pues no se concibe que dicho funcionario sor-prendiese a los acusados transportando y ofreciendo en venta dicho artículo y que se trasladasen a un pueblo distinto para tomarle entonces la muestra. Demostrado que el sitio donde se tomó la muestra es el mismo donde prestaba servicios el Inspector de Sanidad, el exhibit núm. 1 del Pueblo nos sumi-nistra la necesaria información para determinar cuál era ese sitio. El Exhibit 1 del Pueblo dice así:

“ — Gobierno de Puerto Rico — Departamento de Sanidad. — Divi-sión de Abasto de Leche. — Núm. 3126. — San Juan, P. R., noviembre 22, 1938.—
“Sres. Arsenio Reyes y Ramón Rivera, — P/c. del Inspector Francisco Hernández Negrón, Jayuya, Puerto Pico.
“Señor: La muestra de leche de vaca Núm. P.H.N. 492 resultó adulterada. Si Ud. ha analizado la muestra duplicada que le en-tregó el Inspector, y existe disparidad entre sus datos analíticos y los nuestros, sírvase comunicarlo al Comisionado inmediatamente, para analizar la muestra triplicada en presencia de los peritos de ambas partes, si Ud. así lo desea. — Se le advierte que debe ejercer este derecho con toda diligencia, porque transcurridos quince días (desde la fecha que tomó la muestra el Inspector) la composición de la leche tiende a variar y sus análisis entonces no le presta uti-lidad alguna.- — -Atentamente, Por orden del Comisionado — Por el Jefe del Negociado (Fdo.) Dr. F. García de la Torre, Inspector Médico General. — 2396.
- — Nov. 24/38 — 8:00 A.M., Ramón Rivera (su marca)
Testigo marca (Fdo.) Alino Rivera.
—Nov. 24/38 — 12:45 P.M. (Fdo.) Arsenio Reyes.—
Notificado por F. Hernández Negrón.”

El delito, de acuerdo con la acusación y con la prueba (T. de E., pág. 1), se cometió el 16 de noviembre de 1938 y con-forme resulta del exhibit 1 del Pueblo, el 22 del mismo mes el Inspector Hernández Negrón prestaba servicios en Jayuya y en Jayuya también residían los acusados, pues no es lógico suponer que existiendo en cada población un inspector de sanidad, tal comunicación se dirija a los acusados por con-ducto de un inspector residente en una población distinta de aquélla en que ellos residen. Refiriéndose a la notificación del resultado del análisis, declaró el Inspector Hernández Negrón:

“P. ¿ Después notificó a alguno, a alguna persona sobre el re-sultado del examen? — Guando vino el resultado del examen mandé razón a Arsenio Reyes y vino al pueblo y también a Ramón Rivera y Ramón Rivera mareó con una cruz en el papel, la notificación, cuando le dije lo que significaba, le leí y le dije que aquella mues-tra había salido con agua y avisé a Arsenio Reyes y estuvo en el pueblo, en casa y en casa le notifiqué eso.
“P. Mire a ver si ésta es la notificación. — Ésta misma es.
“P. 4Son las personas esas? — Firmaron delante de mí.” (T. , de E., págs. 2-3.)

Consideradas las circunstancias concomitantes, fuerza es concluir que la evidencia suficientemente demuestra que el sitio donde se cometió el delito es el mismo que se expone en la acusación, no siendo imprescindible que ese becbo se .pruebe por evidencia directa. A ese efecto dijimos en el caso del Pueblo v. Andino, 55 D.P.R. 71, 75:

“Es regla bien establecida que el sitio donde se cometió el delito puede establecerse por evidencia circunstancial. Abbot’s Criminal Trial Brief, tercera edición, pág. 1020, y casos citados.
“La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. En el caso de El Pueblo v. Llabrés, 29 D.P.R. 749, en que la evidencia sólo demos-traba que el delito se había cometido en el Banco Colonial Americano, sin que apareciera dónde estaba establecido el mismo, esta Corte sostuvo la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan. To-mamos del syllabus:
“ ‘La jurisdicción no es necesario demostrarla con prueba directa y positiva. Será bastante con que pueda razonablemente inferirse de los hechos y circunstancias que se hayan probado y estén envuel-tos en la transacción criminal, o que pueda inferirse de las circuns-tancias que el delito fué cometido en el sitio alegado.’
“Véase además Underhill on Criminal Evidence, cuarta edición, sección 96, pág. 116, citado con aprobación en el caso de Pueblo v. Llabrés, supra.

Considerando ahora la segunda de las cuestiones planteadas, la declaración del Inspector Hernández Negrón, corroborada por la del testigo Avino Rivera, prueba los elementos constitutivos delc delito. De uno y otro testimonio resulta que el 16 de noviembre de 1938 dicho Inspector de Sanidad encontró a Ramón Rivera conduciendo un porrón con capacidad de ocho litros de leche y le requirió que fuese a su oficina para tomarle una muestra. En el balcón de la oficina vació el contenido, que era un litro, y tomó las muestras según el procedimiento prescrito en los reglamentos de Sanidad. Arsenio Reyes no estuvo presente, pero el porrón, aunque no estaba precintado, tenía una inscripción en rojo que decía: “Ordeñadero de Arsenio Reyes.” El 24 de noviembre de 1938, Arsenio Reyes, que según la prueba era dueño de una vaquería, firmó sin protesta alguna el recibo de la notificación, sin que de los autos resulte que se hubiera controvertido en' forma alguna la evidencia del fiscal. Parece pertinente repetir aquí lo dicho en el caso del Pueblo v. Acosta Padilla, ante, pág. 138:

“La corte inferior interpretó la ley correctamente. El delito que define la Ley de 12 de agosto de 1925 queda consumado al trans-portar, tener y ofrecer en venta, con el ñn de dedicarla al consumo humano, leche adulterada. La realización de una venta no es un elemento esencial del delito. Basta que el acusado transporte la leche adulterada y que la ofrezca en venta para ser consumida por seres humanos. Siendo esto así, no erró la corte al advertir a la defensa que el Fiscal no estaba obligado a probar la consumación de una venta.”

Véanse además los casos de Pueblo v. Morales, 47 D.P.R. 762, y Pueblo v. Rubio, 53 D.P.R. 562, citados por el fiscal.

Resueltas así las cuestiones planteadas y no apareciendo de los autos que se baya cometido error alguno, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.