text:
    Tomás Martí, demandante y apelado, v. Pascual Hernández Díaz y Maryland Casualty Company, demandados y apelantes.
    Núm. 8269.

    Sometido: Diciembre 2, 1940.

      Resuelto: Diciembre 20, 1940.

      Dubón & Ochoteco y Otero Suro & Otero Suro, abogados de los apelantes;

      G. Iriwrte, F. Fernández Guyar y II. González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso fué interpuesto contra sentencia de 3a Corte de Distrito de San Juan, por la, cual se condena a los demandados apelantes a pagar al demandante Martí la suma de $817 por concepto de daños y perjuicios ocasionados por un embargo, más las costas y $100 para honorarios de abogado.

El demandante y apelado solicita se desestime el recurso por el motivo de ser éste frívolo y haber sido interpuesto para dilatar la ejecución de la sentencia. Hagamos primero una exposición concisa de los hechos que el tribunal inferior de-claró probados: En septiembre de 1934 Pascual Hernández, el apelante, demandó a Tomás Martí, el apelado, reclamán-dole $2,000 como indemnización por los daños causados a su reputación por denuncia que contra él hiciera Martí, impu-tándole un delito de falsa representación. Previa prestación de fianza de $1,000, Hernández embargó un establecimiento de Martí, la cuenta de ahorros que éste tenía en eí banco y un automóvil. Un mes y doce días después de trabado, el embargo fué levantado por estipulación de las partes, pres-tando en su lugar Martí una fianza.

En febrero 17 de 1936, la demanda de Hernández contra Martí fué declarada sin lugar, después de verse el caso en sus méritos. Apeló Hernández para ante esta Corte Su-.prema en 19 de marzo de 1936. En 26 de octubre del mismo año y estando aún pendiente la apelación, la Corte de Dis-trito de San Juan, a moción del propio Hernández, decretó el levantamiento del embargo y ordenó 3a cancelación de 3a fianza a virtud de la cual se había decretado el asegura-miento. Martí no fué notificado de dichos procedimientos. Posteriormente, en noviembre 5, 1938, esta Corte Suprema, a moción de Hernández, dió a éste por desistido de su ape-lación, con lo cual quedó firme la sentencia que desestimó su demanda contra Martí.

Siete meses más tarde, en 26 de junio de 1939, Martí ra-dicó demanda contra Hernández y contra la Maryland Casualty Company, como fiadora, para recobrar los daños que alegó haberle sido causados por el embargo de sus bienes. En su contestación los demandados niegan específicamente los hechos esenciales de la demanda e interponen como de-fensas especiales: (a) que la acción está prescrita de confor-midad con el artículo 1868 del Código Civil en relación con las disposiciones del artículo 1802 del mismo Código, y (6) que el demandado Hernández actuó sin malicia y siguiendo los consejos de su abogado respecto a la suficiencia de su causa de acción.

La corte inferior desestimó ambas defensas. El deman-dante apelado sostiene que la frivolidad de una y otra defen-sas es tan evidente, que procede la desestimación del recurso.

El artículo 1802 del Código Civil (1930) provee que “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” El artículo 1868 del mismo Código concede un término de un año para la prescripción de las acciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1802; y el artículo 1869 prescribe que: ‘ ‘el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.”

¿Pudo Martí ejercitar legalmente la acción de daños y perjuicios con anterioridad al 5 de noviembre de 1938, fecha en que se dió por desistido a Hernández de la apelación interpuesta por él en el caso principal, en el cuajl se, practicó el embargo causante de los daños? Es evidente que no. Desde el momento en que fué interpuesta y hasta que se dió por desistido de ella al apelante, dicha apelación sus-pendió los efectos de la sentencia a favor de Martí; y la cuestión sobre la legalidad o ilegalidad del embargo quedó en suspenso hasta que se resolviera la apelación pendiente. La causa de acción a favor de Martí, para recobrar los daños causádosle por el embargo, no podía estar completa mientras no se confirmase la sentencia desestimando la demanda de .Hernández contra él. La revocación de dicha sentencia hu-biese dejado' establecida la legalidad del embargo y privado a Martí del derecho a reclamar daños y perjuicios. Al que-dar confirmada la sentencia a favor de Martí, por haber de-sistido Hernández del recurso por él entablado, en ese mo-mento y no antes nació la causa de acción a favor de Martí. Es por lo tanto el día 5 de noviembre de 1938 la fecha en que debe empezar a contarse el término prescriptivo de un año para el ejercicio de la acción. Y habiéndose interpuesto la demanda el 26 de junio de 1939, la corte inferior no erró al declarar que la acción no estaba prescrita. Véanse: 5 Am. Jur. 193, sec. 988; 7 C.J.S. 352, sec. 172; Serrallés v. Saurí, 44 D.P.R. 402; Rivera v. Merced, 17 D.P.R. 241; Goodyear Tire Co. v. Brugueras, 44 D.P.R. 622, 627; Maxwell v. Griffith, 54 P. 938, y Hahn v. Seifert, 31 N.W. 564.

No era ni podía ser el 26 de octubre de 1936, fecha en que a petición de Hernández se levantó el embargo, la fecha en que empezó a correr el término de un año para el ejer-cicio de la acción a favor de Martí. El levantamiento del embargo dos años después de trabado, a petición del embargante, no podía tener el efecto de exonerar a éste de la responsabilidad en que hubiere incurrido como consecuen-cia del aseguramiento. El embargado no podía, sin embargo, entablar acción para recobrar daños y perjuicios mientras la sentencia dictada a su favor en el caso en que se prac-ticó el embargo estuviera pendiente de ser revisada en apelación.

La defensa de prescripción es evidentemente frívola. Igualmente lo es la interpuesta por Hernández al efecto de que al practicar el embargo él actuó sin malicia y siguiendo el consejo de su abogado en cuanto a la suficiencia de su alegada causa de acción. La malicia no es un elemento necesario en la acción estatutaria que tiene la persona cuyos bienes son embargados indebidamente para recobrar los daños y perjuicios que se le causen como consecuencia del embargo. Todo lo que tiene que alegar y probar el demandante en una acción de esa naturaleza es que sus bienes fueron embargados; que la acción que contra él se entabló y en la cual se decretó el embargo terminó por sentencia firme a su favor; y los daños sufridos. Véanse: artículo 4 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, de marzo 1, 1902 (Compilación 1911, Sees. 5233-5250, Cód. Enj. Civil, ed. 1933, págs. 97-102); 5 Am. Jur. 200, see. 998; 7 C. J. S. 673, see. 540, sub. (e).

Por las razones expuestas debe desestimarse por frívolo el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: Él Juez PresideNte Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Martín Cruz Carrillo, acusado y apelante.
    Núm. 8458.

    Sometido: Diciembre 16, 1940.

      Resuelto: Diciembre 23, 1940.

      Martín Cruz Carrillo, por su propio derecho;

      Pon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo J Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   Él Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión, del tribunal.

Martín Cruz Carrillo fue denunciado por dos delitos de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y otro de portar un arma prohibida por la ley, perpetrados los tres el 26 de enero de este año en la calle Nueva Palma de Tras Talleres, Santurce, San Juan, Puerto Rico.

Por estipulación de las partes los casos se vieron conjun-tamente en la corte de distrito y en todos dictó sentencias condenatorias dicha corte imponiendo al acusado seis meses y un año de cárcel por los delitos de acometimiento y agre-sión y dos meses por el de portar armas prohibidas.

No conforme el acusado, apeló para ante este tribunal, elevándose los autos referentes a los tres recursos en un. solo récord que fue radicado en la secretaría de esta corte en septiembre 16, 1940. Luego, personalmente, el apelante radicó tres documentos manuscritos, el último titulado “mo-ción de alegato”, señalándose la vista para diciembre diez y seis en curso.

El día de la vista sólo compareció el fiscal quien, al dar cuenta el secretario, se limitó a solicitar verbalmente la deses-timación de los recursos por falta de jurisdicción, por no a,parecer que los escritos interponiéndolos le hubieran sido notificados. Dicho funcionario no había presentado con anterioridad informe alguno por escrito sobre los méritos de las apelaciones.

Al examinar los autos a fin de decidir de acuerdo con los mismos la solicitud de desestimación, encontramos en efecto que al pie de los escritos interponiendo los recursos no hay notas de su notificación al fiscal, pero encontramos también que la transcripción de evidencia elevada se certifica así: “Certifico: Que la anterior es una transcripción fiel de la evidencia presentada por las partes en la vista de estos casos; habiendo servido copia de la misma al Hon. Fiscal del Dis-trito, Sr. Franco, y al abogado del acusado y apelante, Ledo. L. Fernández Méndez, de acuerdo con la Ley. — San Juan, P. B., julio 12 de 1940. — (Pdo.) J. Morales Díaz, Taquígrafo-Repórter. ”, y que al pie de dicha certificación aparece de puño y letra de ambas partes lo que sigue: “No hay objeción. (Fdo.) H. Franco, Fiscal. — 9/5/40.—Conforme: (Fdo.) Lionel Fernández Méndez. — Sept. 9/1940.”

Siendo ésos los hechos, el caso cae dentro de la regla del de El Pueblo v. Loubriel, 54 D.P.R. 1010, resuelto per cwriam en mayo 31, 1939, como puede verse de los siguientes por cuan-tos en que fundó esta corte su resolución declarando sin lugar la desestimación solicitada por el fiscal también por falta de jurisdicción por no habérsele notificado el escrito inter-poniendo el recurso:

■ “Por CUANTO una copia certificada de la transcripción de la evidencia fué servida por el taquígrafo al fiscal de distrito en sep-tiembre 6, 1938, y dicho fiscal en diciembre 1, 1938, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la sentencia apelada, firmó el original de tal transcripción con la manifestación por escrito de no tener objeción alguna a la misma.
“Por CUANTO la transcripción de autos fué radicada en la se-cretaría de este Tribunal en marzo 14, 1939, y la moción sobre de-sestimación no fué radicada hasta mayo 25, después de haber sido notificado el fiscal de este Tribunal con copia del alegato del apelante el mismo día en que fué radicado dicho alegato, algunos seis meses después de haber el fiscal de distrito expresado su conformidad por escrito con la transcripción de la evidencia, y algunos ocho meses después de haber sido notificado con copia de dicha transcripción.”

Examinada la jurisprudencia anterior, encontramos que si bien consagra el principio de la necesidad de la notifica-ción para que está corte adquiera jurisdicción, tiende a que se tomen en cuenta actos demostrativos del conocimiento por parte del fiscal de la existencia del recurso, de su interven-ción en la tramitación del mismo y de su habilidad para defender a tiempo dentro de él los intereses que le están enco-mendados, a los fines de concluir si hubo o no un cumplimiento substancial de la ley y en caso afirmativo que hay jurisdicción para conocer del recurso. El Pueblo v. Varela, 41 D.P.R. 889, El Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889, El Pueblo v. Mer-cado, 45 D.P.R. 750.

Creamos que aquí hubo en efecto un cumplimiento subs-tancial y por tanto que la jurisdicción existe. Como el fiscal no ha presentado aún informe alguno por escrito sobre los méritos de los recursos, parece conveniente que se señale una nueva vista para la fecha más próxima que sea posible. Nuestra resolución debe, pues, limitarse a declarar no haber lugar a la desestimación solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rosario Cruz, acusado y apelante.
    Núm. 8402.

    Sometido: Diciembre 17, 1940.

      Resuelto: Diciembre 23, 1940.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante;

      Ilon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rosario Cruz fué acusado de un delito de asesinato cometido en la persona de Natividad González, en el pueblo de Villalba del Distrito Judicial de Ponce. Convicto de ase-sinato en segundo grado y condenado a la .pena de diez años de presidio, apeló de dicha sentencia, alegando como funda-mentos de su recurso:

1. Que se cometió grave error al no absolverse al acusado por baber actuado en legítima defensa.
2. Que se cometió grave y perjudicial error al declararlo culpable de asesinato en segundo grado.

Ambos señalamientos se refieren a la suficiencia de la evidencia y a la apreciación de la misma por la corte inferior. Los consideraremos, pues, conjuntamente.

De la evidencia aducida por el fiscal en apoyo de su teoría, aparece que el acusado era un peón que trabajaba en la Central Herminia, en Yillalba, y el interfecto uno de los capataces a cargo de las brigadas de trabajadores; que el sábado 19 de junio de 1937, día de pago de jornales, el interfecto y el acusado tuvieron una discusión con motivo de haber insistido el acusado en que se le pagase a razón de sesenta centavos diarios, insistiendo por el contrario el interfecto en que lo convenido eran cincuenta centavos; que con ese motivo se cruzaron palabras ofensivas entre uno y otro; que el incidente terminó al intervenir el dueño de la central, pero el acusado se retiró molesto, provocando y desafiando al interfecto; que entre seis y siete de la mañana del lunes 21 de junio de 1937, el acusado esperó a González frente a la tienda de Martín Torres, sitio por donde aquél tenía necesariamente que pasar para atender a su trabajo; que al pasar González a caballo por aquel sitio, el acusado lo llamó, dejó en la tienda el machete que hasta ese momento había tenido en sus manos, se acercó a González, le dijo algunas palabras que motivaron el que González se apease del caballo y se agarraron a pelear los dos; y que en ese momento el acusado, sacando un puñal que llevaba escondido en el seno, le asestó a su adversario diez y nueve puñaladas que le ocasionaron la muerte instantánea. La prueba de cargo estableció además, que en el momento del encuentro González llevaba en el bolsillo trasero del pantalón el revólver que estaba autorizado a portar; que el acusado sabía que González acostumbraba andar armado; y que González no hizo uso del revólver para defenderse de la agresión por parte del acusado.

El testigo José Semidey, condueño de la Central Herminia, relató así el incidente del día 19:

“5Qué ocurrió ese día entre Natividad González y el acusado?
“Pues ese día, estando yo en mi oficina, que está contigua a la oficina de pago, oí yo una discusión entre el joven éste y el ma-yordomo; y entonces yo salí hacia afuera, y cuando yo llegué a la oficina de pago, el joven éste le decía que él le pagaba a los peones por amistad. Entonces él le dijo que le pagaba por el trabajo que prestaba cada uno, y entonces empezó una discusión, y entonces él le dijo que si quería ganar igual que los demás, que fuese el lunes y que si hacía el trabajo igual que los otros, le pagaría esa can-tidad; y entonces éste le dijo que no iría el lunes a trabajar por-que no trabajaba con pillos; y entonces él le dijo que era tan hon-rado como él o más que su familia. Entonces yo me paré y le dije que dejara esa discusión y siguiera el pago. Entonces este joven se salió para afuera y siguió hablando. Lo que habló no lo oí yo por-que había una distancia ...”

La prueba de la defensa tendió a sostener que fué el inter-fecto Natividad González quien después de negarle al acu-sado parte de su salario le apostrofó, le despidió del trabajo y le dijo “el lunes me la pagarás, el lunes te cobraré esto caro”; que el lunes por la mañana, al pasar Natividad Gon-zález por frente a la tienda donde estaba el acusado, fué González el que llamó al acusado; que cuando el acusado se acercó al caballo de González, éste le agredió con la vara que portaba, se apeó del caballo y le atacó con los puños; que después de pelear a los puños durante cinco o seis minutos, Natividad González trató de sacar el revólver; que lucharon durante otros cinco minutos, Natividad tratando de sacar el revólver y el acusado impidiéndole que lo sacara; y, por último, que el acusado, al ver que su vida estaba en inminente peligro, sacó el puñal que portaba para sus faenas agrícolas y se defendió, evitando así que su adversario le matara.

El conflicto entre la teoría del Pueblo y la de la defensa es evidente. También lo es el que existe entre la evidencia introducida por una y otra parte para sostener sns respec-tivas teorías. El jurado dirimió el conflicto dando crédito a la prueba de cargo y repudiando la teoría y la prueba de la defensa.

Hemos -flecho un cuidadoso estudio de toda la prueba. Es la de cargo, creída por el jurado, ampliamente suficiente para establecer la concurrencia al acto delictivo que se imputó al acusado de todos los elementos esenciales para que dicho acto pueda ser calificado como asesinato en cualquiera de sus grados.

No creemos necesario discutir la jurisprudencia citada por el apelante, referente al derecho de defensa propia que la ley reconoce a todo ser humano. El jurado, facultado por la ley para dirimir como único juez los conflictos resultantes de la evidencia y para juzgar sobre la credibilidad de los testigos, llegó sin duda alguna a la conclusión de que el acu-sado había sido el que premeditadamente provocó la riña, con la intención de dar muerte en ella a su adversario. La prueba, examinada en conjunto, justifica esa conclusión. El que el acusado, después de llamar a su víctima y antes de acercarse a su caballo, dejase el machete en la tienda, hecho que la defensa interpreta como evidencia fehaciente de las intenciones pacíficas del acusado, seguramente y muy jus-tificadamente a nuestro juicio fué interpretado por el jurado como prueba de la intención deliberada qué tuvo el acusado de hacer creer a su víctima que el hombre con quien iba a encontrarse estaba desarmado, cuando en realidad llevaba en su seno el puñal con que habría de privarle de su vida pocos minutos más tarde.

No encontramos en el récord,razón alguna que pueda jus-tificar nuestra intervención para anular el veredicto del jurado o revocar la sentencia recurrida, la cual debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Eduardo y Juan Danis Navarro, peticionarios, v. Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., Sección Segunda, Hon. Francisco del Valle, Jr., Juez, recurrida y apelada; y Comunidad Religiosa Católica de Reverendas Madres Carmelitas, interventora y apelada.
    Núm. 8123.

    Sometido: Diciembre 4, 1940.

      Resuelto: Diciembre 23, 1940.

      Bubón & Ochoteco, abogados de los apelantes;

      José Benet, abogado de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Municipal ele San Juan, Sección Segunda, dictó sentencia en rebeldía contra los aquí peticionarios en una acción personal en cobro de réditos de un censo. Después de notificada la sentencia por medio de edictos, los peticionarios *en un escrito de comparecencia especial solicitaron de dicha corte municipal, sin someterse a su jurisdicción, que se anu-lase la sentencia contra ellos dictada por el fundamento de que el affidavit que presentaron las demandantes para obtener la orden de publicación de edictos era insuficiente y porque el embargo trabado, necesario para conferir jurisdicción a dicha corte, era también nulo toda vez que la demanda original no aducía hechos constitutivos de causa de acción.

Desestimada la moción de los demandados, ahora peticio-narios, recurrieron éstos a la Corte de Distrito de San Juan en solicitud de un auto de certiorari que luego de expedido fué anulado. Contra la resolución de la corte de distrito anulando el auto de certiorari, se estableció el presente recurso.

El artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil en lo pertinente prescribe:

“ Artículo 94. — Cuando la persona que deba ser citada resida fuera de la Isla, o se hubiese ausentado de ella, o si después de la debida diligencia no pudiere ser encontrada en la Isla, o se ocul-tare para que no pueda hacérsele la citación, cuando se ignorare su domicilio.y así resultare comprobado a satisfacción de la corte o del juez de la misma por medio de declaración jurada y apareciese también de dicha declaración o de la demanda jurada presentada, que existe motivo de acción contra el demandado que ha de ser citado, o que dicho demandado es parte necesaria o legítima en el pleito, la corte o el juez puede dictar una orden disponiendo que la citación se haga por la publicación de edictos.” (Bastar-dillas nuestras.)

El citado artículo ha sido interpretado por este tribunal, en los casos de Goldsmith v. Villari, 27 D.P.R. 794, y Vázquez v. Corte Municipal, 52 D.P.R. 257, citados por los peti-cionarios. En el primero de ellos se sostuvo que el affidavit a que se refiere el artículo 94 debe contener hechos y no con-clusiones, y en el segundo volvió a sostenerse que para que pueda ordenarse la citación por edictos es preciso que se cumpla estrictamente con las prescripciones del citado ar-tículo y que la declaración jurada que a ese efecto se pre-sente debe exponer los hechos que satisfagan a la corte de su jurisdicción para ordenar la citación por edictos, no bas-tando una expresión general de información o creencia de que tales hechos existen.

¿Contiene la declaración jurada que presentaron los demandantes al juez de la corte municipal los requisitos jurisdiccionales para que éste pudiese dictar la orden de citación por edictos? La declaración es breve y para la mejor inteligencia de las cuestiones a discutir, la transcribimos a continuación:

‘Isla de Puerto Rico
“Ciudad de San Juan, P. R.
■ ss.
“Yo, José Benet, bajo juramento expongo:
‘ ‘ Que soy el abogado de la demandante en este caso y la demanda fué radicada en esta corte el día 29 de diciembre del año 1938.
“Que librado el emplazamiento éste ha sido devuelto por el Márshal de este Distrito sin haberse podido emplazar personalmente a los demandados por las razones expuestas en su diligenciamiento, o sea que no ha podido encontrarlos.
“Que los demandados, según información, y creencia del decla-rante, tenían su residencia en Santander, España, en años anteriores y mediante investigaciones practicadas por el declarante en la ciudad de San Juan nos consta que dichos demandados no tienen parientes en esta Isla, y se desconoce su paradero actual.
“Que esta moción la jura el abogado de la demandante por el motivo de que esta demandante es una Comunidad Religiosa enclaus-trada cuyas reglas canónicas no les permite salir del recinto de su convento y no han podido enterarse de los pormenores alegados, y por el motivo además de que al declarante le constan todos estos hechos mejor que a la demandante; que el declarante cree de buena fe y afirma que la' demandante tiene una buena y meritoria causa de acción en contra de dichos demandados y porque dichos deman-dados son una parte propia y necesaria en esta acción. (Fdo.) José Benet, Abogado de la demandante.
“Suscrito y jurado ante mí por el Ledo. José Benet, mayor de edad, casado, de profesión abogado y vecino del Municipio de San Juan, a quien personalmente conozco en San Juan, P. R., boy día 14 de marzo de 1939. (Fdo.) T. Rovira, Secretario.” (Bastardi-llas nuestras.)

El hedió de que según información y creencia del declarante los demandados en años anteriores hubieren te-nido su residencia en Santander, España, no tiende a demostrar que en la fecha en que se juró la declaración no residiesen ellos en Puerto Rico. Tampoco arroja luz alguna el hecho de que los demandados no tengan parientes en esta Isla, a no ser para justificar por qué no se hicieron investigacionescerca de dichos parientes para averiguar el paradero de: aquéllos.

No basta, asimismo, • exponer que se desconoce el paradero actual de los demandados, pues la ley, como hemos visto, exige que se hagan las diligencias correspondientes para que como resultado de ellas quede satisfecho el juez de la existencia de los hechos justificativos de la orden de citación por edictos. En el caso de Goldsmith v. Villari, supra, el affidavit que se presentó para la expedición de la orden de citación por edictos, al referirse al paradero del demandado decía, “que la demandada no está dentro de Ioslímites de la jurisdicción de la corte y según la mejor información del demandante, ha salido de Puerto Rico”. Como podrá verse, esa manifestación es sustancialmente igual a la que se hace en el affidavit en el caso de autos, y en el referido caso de Goldsmith este tribunal anuló la sentencia en rebeldía fundándose en que el affidavit no exponía hechos sina meras conclusiones, lo cual estimó contrario a la ley y a la jurisprudencia. Es verdad que en el caso de Goldsmith la demanda no había sido jurada como en el presente caso, pero esa circunstancia podrá suplir el defecto del affidavit en cuanto no expone los hechos necesarios para que -el juez llegue por sí mismo al convencimiento de que los demandantes tienen una buena causa de acción; pero en manera alguna subsana el defecto de la declaración en lo que respecta al paradero de los demandados pues nada se dice en la demanda sobre ese particular.

En el caso de autos el deponente debió haber expresado -en qué consistían las investigaciones que dijo haber hecho para determinar el paradero de los demandados. De los autos resulta que los demandados tenían un apoderado en la ciudad de San Juan, circunstancia ésta que no ignoraban las demandantes ya que trataron de emplazar a los demandados .a través de dicho apoderado, a pesar de que su abogado mani-festó que él sabía que tal citación no tenía efecto legal alguno. .¿Por qué no trató de investigar con ese apoderado el para-dero de los demandados? Probablemente nadie hubiera ■■estado en mejores condiciones que aquél para conocer el para-dero de sus mandantes. Si los demandados no tenían parien-tes en Puerto Eico como se asegura en la declaración jurada, ¿por qué no trató de investigarse con sus amigos o relacio-nados? Hechos de esta índole son los que deben aparecer on el affidavit para que el juez pueda por sí mismo llegar a la conclusión de que en realidad se han hecho las diligen-cias necesarias para determinar el paradero del demandado, pues no es a satisfacción de la parte demandante si que a la del juez que ha de expedir la orden, que deben probarse los hechos jurisdiccionales para dictarla.

Si la demandante en su affidavit hubiera expresado de manera positiva que los demandados residían en determi-nado sitio fuera de Puerto Rico, en tal caso, no hubiera sido necesario expresar las diligencias practicadas para encon-trarlos en Puerto Rico, pues la ley, descansando como des-cansa en sanos principios de lógica, no requiere cosas inútiles, ya que inútil hubiera sido hacer diligencias para encontrarlos en Puerto Rico cuando se sabía positivamente que se hallaban fuera de esta jurisdicción. En el caso de autos, como hemos- visto, la declaración jurada no expresa de manera positiva que los demandados residieran fuera de esta isla en la fecha en que se juró la declaración.

Para un estudio más amplio de esta materia, véanse la monografía en 37 L. R. A. (N. S.) 206, y casos citados; Jacob v. Roberts, 223 U. S. 261, interpretativo de un esta-tuto de California igual al nuestro; y 21 R. C. L. 1294, 1295.

Dada la conclusión a que llegamos respecto a la insufi-ciencia del affidavit para conferir jurisdicción al juez municipal para dictar la orden de citación por edictos, no es preciso que entremos a considerar la validez del embargo.

Por lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso, revocar la resolución apelada ¿le la corte de distrito, y en s%b consecu>emcia dictar la resolución que debió haber dictado la corte de distrito, anulando, por falta de jurisdicción sobre los demandados, la que en rebeldía y con fecha 29 de juMÍO'. de 1939 dictó la Corte Mimicipal de San, Juan, Sección Segunda, en él caso seguido por la Comunidad Religiosa Cató-lica de Reverendas Madres Carmelitas Calzadas, Inc., de San Juaot, Puerto Rico, contra Eduardo y Juan Darns Navarro¿ Civil núm. 3239 de dicha corte, sobre cobro de réditos de Gens,o.


text:
    María Turiana, conocida por María Flumiana Busquets, demandante y apelante, v. Sixto Nieto, demandado y apelado.
    Núm. 8121.

    Sometido: Diciembre 4, 1940.

      Resuelto: Enero 15, 1941.

      Garlos D. Vázquez, abogado de la apelante;

      M. Figueroa del Rosario y G. López de Victoria, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales de este caso, cronológicamente expuestos, son como sigue:

En junio 5 de 1927, el Municipio de Añasco cedió a Ramón González el usufructo de un solar de 270.55 metros cuadra-dos, radicado en la esquina de las calles “Barceló” y “Cari-dad” de dicho pueblo. En la escritura de cesión, el cesionario González hizo constar que en dicho solar había construida una casa de concreto, terrera y techada de zinc; y por virtud de tal declaración, la edificación fue inscrita a su nombre en el Registro de Mayagüez, en agosto 7 de 1928, al folio 170 del Tomo 38 de Añasco, finca núm. 1636, inscripción Ia. En junio 11 de 1927, González vendió la referida casa a Gabriel Palerm por $3,500 valor recibido. En febrero 20, 1931, los esposos Palerm la vendieron a Juan Liado y éste y su esposa la trasmitieron en diciembre 17, 1931, a Sixto Nieto González, por precio de $800, de los cuales pagó el comprador $200 de contado, aplazando el pago de los $600 restantes, los que garantizó con hipoteca sobre la misma casa. La hipoteca así constituida por Sixto Nieto a favor de Liado fué cedida por éste y su esposa, en la misma fecha de su constitución, a Damián Bnsqnets Pastor. A la muerte de éste, el crédito hipotecario pasó a ser propiedad de su hija, la demandante y apelante en el pre-sente recurso. Sixto Nieto, el demandado, pagó a la deman-dante los dos primeros plazos del crédito hipotecario, de $100 cada uno, y se negó a pagar los plazos restantes, ascendentes a $400, más $70 de intereses vencidos. Para recobrar dichas sumas, más la de $100 convenida para costas, gastos y hono-rarios, María Turiana Busquéis radicó demanda ante la Corte de Distrito de Mayagüez.

En enero 7 de 1928, el Municipio de Añasco cedió al mismo Ramón González el usufructo de un solar de 3,763 pies cua-drados, situado en la calle “Barceló,” de Añasco. En la escritura de cesión González declaró haber construido en dicho solar una casa de concreto, cubierta de zinc, dedicada a almacén, con un valor de $1,500, inscribiéndose dicha escri-tura en el Registro de Mayagüez el 15 de febrero de 1928, al folio 244, Tomo 37 de Añasco, finca núm. 1621, inscripción Ia. El 20 del mismo mes y año, González hipotecó la casa así inscrita a José B. Pérez González, inscribiéndose dicha hipoteca el día 23 de febrero de 1928, al folio 244, del Tomo 37 de Añasco, finca núm. 1621, inscripción 2a. En octubre 12, 1929, Pérez y su esposa cedieron el crédito hipotecario a Miguel Angel García Méndez. Éste ejecutó la hipoteca, y celebrada la subasta, la finca hipotecada fué adjudicada al acreedor ejecutante e inscrita a su favor, pasando más tarde a ser propiedad de José N. Nieto, hermano y apoderado del demandado y actual poseedor del inmueble.

Contestó el demandado negando en general los hechos esenciales de la demanda; y posteriormente, sin permiso de la corte, radicó una contestación enmendada en la que alegó que al ser requerido por García Méndez, cuando éste ejecutó la hipoteca, el demandado notificó a la demandante que él no estaba dispuesto a continuar pagando los plazos pendien-tes, por haber resultado que la casa que le vendió LMdó es la misma que fué ejecutada por García Méndez, motivo por el cual el demandado se vió obligado a entregar la casa a García Méndez, qnien posteriormente la vendió y entregó a José M. Nieto; y, además, qne el demandado requirió a la demandante para que le devolviese los $200 que por error le había pagado. Y por vía de reconvención el demandado pidió que se condenase a la demandante al pago de la suma de $200, intereses y costas.

Visto el caso ante la Corte de Distrito de Mayagüez, dictó ésta sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial condena de costas, y la demandante apeló, basando su recurso en siete señalamientos de error, los cuales discutiremos brevemente.

El primer señalamiento se refiere a la negativa de la corte inferior a eliminar de los autos la contestación enmendada y la evidencia ofrecida por el demandado para sostener las alegadas defensas especiales.

La contestación original fue radicada en mayo 8, 1938, y contenía una negación general de los hechos esenciales. En octubre 11, 1938, ocho días antes del señalado para la vista del caso, el demandado radicó, sin previo permiso de la corte, una contestación enmendada interponiendo las defensas espe-ciales a las que ya hemos hecho referencia. La demandante fué notificada con copia en la misma fecha. En el acto del juicio, después de haber sido practicada la prueba testifical y documental de la demandante, el abogado de ésta solicitó la eliminación de la contestación enmendada, siendo dene-gada la moción. Y posteriormente se opuso a la admisión de toda la evidencia ofrecida por el demandado para sostener las defensas especiales, tomando las correspondientes excep-ciones.

A nuestro juicio la corte inferior erró al denegar la eli-minación de la contestación enmendada, radicada sin su con-sentimiento.

El artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil, en cuanto es pertinente, dispone:

“Artículo 139. — Cualquier alegación podrá enmendarse una vez por la parte que la haya presentado sin costas, en cualquier tiempo antes de presentarse la contestación o excepciones previas, o después de éstas y antes de juzgarse la cuestión de derecho planteada por la alegación que ha de enmendarse, lo cual se hará presentando la enmendada y entregando copia de la misma a la parte contraria, quien tendrá diez días contados desde la entrega para contestar o formular excepción previa contra la alegación enmendada ...”

Interpretando el artículo 472 del Códig-p de Enjuicia-miento Civil de California, equivalente al 139 del nuestro, supra, la Corte Suprema de dicho estado resolvió, en cir-cunstancias idénticas a las del caso de autos, que el deman-dado no tiene un derecho absoluto a radicar una contestación enmendada después de la expiración del término que el mismo código concede al demandante para excepcionar la contesta-ción.

El primer caso en que se planteó esta misma cuestión fué el de Tingley v. Times Mirror Co., 151 Cal. 1. La contesta-ción original en dicho caso fué radicada en marzo 29, 1902. El demandante no radicó excepción previa contra dicha con-testación. El caso fué señalado para ser visto el día 16 de diciembre de 1902. El día antes de la vista el demandado, sin permiso de la corte, radicó una contestación enmendada con notificación al demandante. En el acto de la vista el demandante solicitó la eliminación de la contestación enmen-dada por haber sido radicada sin el permiso de la corte o autorización legal y porque alteraba los “issues” ya esta-blecidos, introduciendo nuevas defensas. La corte ordenó la eliminación solicitada, el demandado tomó excepción, y en su apelación contra la sentencia que le fué adversa señaló como error de la corte inferior el haber eliminado la contestación enmendada. Al confirmar la sentencia la Corte Suprema so expresó así:

“El punto preciso levantado por el apelante no ha sido resuelto anteriormente por esta corte, y en nada nos ha ayudado la conside-ración de las autoridades citadas por el apelante de otras jurisdic-ciones, porque, según hemos visto por su lectura, dichas autoridades tratan de disposiciones estatutarias referentes a enmiendas, las cuales conceden un derecho absoluto a enmendar, por lenguaje ex-preso, en cualquier tiempo, o disponen que una enmienda puede hacerse en cualquier momento antes del juicio. Empero, de acuerdo con la más liberal interpretación de nuestra disposición estatutaria tal derecho no ha sido conferido. Se ha insistido por parte del apelado en que de acuerdo con la sección (472 C.C.P.) el único de-recho conferido es el de enmendar la demanda antes de que contra ella se radique una contestación o excepción previa, o mientras la cuestión levantada por la excepción previa no haya sido resuelta. El propósito obvio de la sección, sin embargo, se opone a una inter-pretación tan estricta, aun cuando el lenguaje usado pudiera jus-tificarla. La disposición tiene por objeto ayudar y proteger el derecho de las partes litigantes a enmendar todas las alegaciones con el fin de presentar en el acto de la vista los verdaderos méritos de la controversia, tanto de la reclamación como de la defensa, y para ese propósito debería ser liberalmente interpretada. Sería emi-nentemente injusto, excepto en el caso de que ninguna otra conclu-sión estuviere justificada, sostener que el propósito de la sección fué el de conferir al demandante el derecho a enmendar sus alegaciones y negarle ese derecho al demandado. Pero, aun cuando la sección debe ser interpretada liberalmente en el sentido de que confiere por igual a ambas partes litigantes el derecho a enmendar todas sus alegaciones, sus términos no deben ser ensanchados por tal interpretación para conferir mayores derechos a una parte, sobre ese particular, que los que son conferidos a la otra, o para imponer un gravamen a una u otra parte, o para obstaculizar el progreso del juicio después de haberse establecido las cuestiones de hecho. Este derecho a enmendar, aun cuando se refiere a las alegaciones de ambas partes, tiene sus limi-taciones en cuanto al tiempo dentro del cual cada una de ellas debe ejercitarlo de acuerdo con la sección, y ese término no se extiende a favor del demandado más allá del momento en que queden tra-badas las cuestiones de hecho en el caso.
“Alega el apelante que él tenía el derecho de enmendar en cual-quier momento antes del juicio, porque el demandante no exeepcionó la contestación. Su posición es que los términos de la sección que disponen que ‘cualquier alegación’ puede enmendarse en cualquier tiempo ‘antes de presentarse la contestación o excepciones previas,’ deben ser interpretados en el sentido de prorrogar el término para la presentación de una contestación enmendada hasta el momento de la vista, a menos que el demandante excepcione la contestación original y dicha excepción haya sido resuelta. Bajo esta teoría del apelante el derecho del demandado para enmendar es limitado, o extendido, según el demandante resuelva excepcionar o no excepcionar; y no obstante ser la contestación inatacable, el demandante estaría obligado a presentar una excepción previa frívola y conseguir que la misma fuese resuelta, para impedir que el demandado la enmendase: Cier-tamente, la asamblea legislativa nunca tuvo en mente tal acto in-necesario. Al disponer que una alegación puede ser enmendada ‘antes de presentarse excepciones previas,’ se tuvo la intención de conceder el derecho a enmendar, dentro del término legal que la parte adversa tenía para presentar excepciones previas, sin esperar a que el defecto existente en la alegación le fuese señalado mediante excepción previa, o sin correr el riesgo de que su adversario no ex-eepcionase y le impidiese así enmendar como cuestión de derecho absoluto, de acuerdo con la sección. No fué la intención conferir un derecho especial al demandado para enmendar porque el deman-dante no había realizado la inútil ceremonia de excepcionar una contestación aparentemente buena y suficiente. La interpretación que, a nuestro juicio, debe darse a la sección y que se recomienda a sí misma como razonable y consistente, es que el derecho del de-mandante a enmendar su demanda sin permiso de la corte se extiende solamente hasta el momento en que se presente la contestación del demandado, o si el demandado presentase una excepción previa, entonces solamente mientras la cuestión legal presentada por dicha excepción esté pendiente de resolución. Si el demandado contesta sin excepcionar, o si su excepción previa a la demanda es desestimada, el derecho del demandante para enmendar de acuerdo con la sección y sin permiso de la corte deja de existir. El derecho del demandado para enmendar puede ejercitarse solamente durante el tiempo que una excepción previa a la contestación, si fuese interpuesta por el demandante, esté sin resolver, o en el caso de que el demandante no presentase excepciones previas, entonces el demandado queda im-pedido para enmendar sin permiso de la corte por haber expirado el término dentro del cual dicha excepción previa pudo ser pre-sentada. Cuando la excepción previa del demandante a la contes-tación es desestimada, o el término dentro del cual el demandante pudo excepcionar la contestación ha expirado, las cuestiones de hecho quedan plenamente trabadas y el derecho que la sección concede al demandado para enmendar sin permiso de la corte deja de existir.
“Creemos que ésta es la interpretación razonable que debe darse a la sección. De acuerdo con esta interpretación, se conceden iguales derechos para enmendar a ambas partes; cada una de ellas tiene derecho a enmendar mientras la cuestión de derecho levantada por la excepción previa a su alegación esté pendiente de resolución. Cuando no se ha interpuesto una excepción previa, el derecho del demandante para enmendar termina con la presentación de la con-testación del demandado, y el derecho del demandado termina al expirar el plazo dentro del cual el demandante pudo haber formulado excepción previa contra la contestación . . .
“Esta interpretación es por igual justa y razonable para todas las partes y no causa ni el perjuicio ni la desventaja que de otro modo podrían resultar si se sostuviese la contención del apelante de que él tenía un derecho absoluto a enmendar su contestación en cualquier momento antes del juicio. Si esto fuese cierto, entonces con la presentación de su contestación enmendada en la mañana del juicio, después de haber estado el caso listo durante meses, y cuando el demandante estaba listo para entrar a juicio y dis-puesto a presentar sus testigos, el demandado podría obligar al demandante a entrar a juicio con nuevas cuestiones para las cua-les no estaba preparado o a solicitar la suspensión de la vista, posiblemente a un gran costo. No se podría conceder remedio alguno al demandante por los gastos incurridos por él bajo tales circuns-tancias; no podría imponerse condición alguna al demandado, aun cuando la presentación de su contestación enmendada diese lugar a la suspensión de la vista, porque si, como alega el apelante, él tenía el derecho absoluto de presentar su contestación enmendada en ese momento, él tenía derecho a hacerlo así, no importa lo duro que pudiera resultar para su adversario; y siendo su derecho ab-soluto, la corte no podría imponer términos o condiciones para su ejercicio. Nunca hubo la intención de que el derecho del demandado a enmendar fuese extendido hasta el punto de hacer posible tales resultados . . . Esta es no solamente una interpretación justa y razonable, sino también una que no resulta dura para nadie, porque, aun después de quedar trabada la contienda, la corte ante la cual ha de verse el caso está autorizada por la sección 473 del Código de Procedimiento Civil para permitir enmiendas a las alegaciones en bien de la justicia.”

La regia sentada en Tingley v. Times Mirror, Co., supra, fuá nuevamente confirmada y aplicada en el caso de Manha v. Union Fertilizer Co., 151 Cal. 581, en el cual la contesta-ción enmendada fue radicada diez días antes de la vista del caso, sin permiso de la corte, y eliminada de los antos a moción del demandante formulada en el acto del juicio. Véanse también Segerstrom v. Scott, 16 Cal. App. 259, 116 P. 690; Farmer’s & Mechanics’ Bank v. Gallaher Inv. Co., 43 Idaho 496, 253 P. 383, y Meredith v. Bitter Root Valley Irr. Co., 141 P. 643.

El artículo 116 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil concede al demandante un término igual al concedido al demandado para contestar, para interponer excepciones pre-vias a la contestación del demandado. La contestación original del demandado en el caso de autos fué radicada el día 2 de mayo de 1938. El término durante el cual el demandante pudo formular y no formuló excepciones previas a la contestación original expiró el día 22 de mayo de 1938; y, de acuerdo con la jurisprudencia que hemos citado, en esa misma fecha expiró el derecho que el artículo 139 del Código de Enjuicia-miento Civil concedió al demandado para enmendar su con-testación una vez sin tener que solicitar para ello el permiso de la corte.

La contestación enmendada, radicada en octubre 11 de 1938, fuera de término y sin obtener permiso de la corte, carece de existencia legal como alegación y procede decretar su eliminación de los autos. Martínez v. Sucn. Arocena, 23 D.P.R. 371; Puerto Rico Railway, Light & Power Co. v. Campillo, 28 D.P.R. 987; Staton v. Virginian Ry. Co., 195 S. E. 601; Paramount Publix Corporation v. Boucher, 93 Mont. 340, 19 P. (2d) 223; Reinhardt v. Security Ins. Co., 4 N. E. (2d) 883.

El demandado en este caso, ni solicitó permiso para enmendar su contestación antes de radicaría, como estaba obligado a hacerlo, ni apeló en el acto del juicio a la discreción que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil concede a la corte, para que en bien de la justicia y en los términos que considere adecuados, permita a una de las partes enmendar cualquier alegación o procedimiento. Insistió el demandado en su supuesto derecho absoluto a enmendar su contestación en cualquier momento antes de la vista del caso, indujo a la corte a aceptar su errónea inter-pretación del estatuto, y no puede ahora quejarse de las con-secuencias de su propio acto.

No nos convence la argumentación del apelado para tra-tar de destruir el peso de la jurisprudencia de California que hemos citado. El hecho de que las decisiones en Tingley v. Times Mirror y Manha v. Fertilizer Co., supra, fuesen dic-tadas hace aproximadamente cuarenta años no debilita en modo alguno las razones y fundamentos que les sirvieron de base. Prueba de ello es el que a pesar del tiempo transcu-rrido esas decisiones continúan en pie, marcando las normas a seguir en la tramitación de los litigios. La buena juris-prudencia,. como el buen vino, es tanto mejor mientras más añeja, y su aroma y su espíritu mejoran con los años.

Si, como hemos resuelto, fué error de la corte inferior el negarse a eliminar de los autos la contestación enmendada, también lo fué necesariamente la admisión de toda la evidencia ofrecida con el propósito de sostener las defensas especiales interpuestas por el demandado. Eliminada, como debió serlo, la contestación enmendada, el caso debió haberse visto con la demanda y la contestación original como únicas alegaciones. Y la única evidencia admisible era aquella que tendía a establecer o a negar los hechos esenciales alegados en la . demanda.

La demanda en este caso alegó la constitución de la hipoteca a favor de Liado; la cesión del crédito hipotecario hecha por Liado al causante de la demandante; la adquisición de dicho crédito por la demandante al óbito de su padre; la falta de pago de los últimos tres plazos y de sus intereses; y la negativa del demandado a hacerlos efectivos. La contestación original negó todos dichos hechos. La contestación enmendada también los negó, pero los admitió al interponer las defensas especiales. La prueba de la demandante es ampliamente suficiente para sostener todos los hechos esenciales de su demanda. La del demandado, erró-neamente admitida por la corte inferior, no controvierte en manera alguna dichos hechos, por el contrario los admite, y trata de evitar su efecto estableciendo defensas especiales que no fueron alegadas oportunamente. Véanse: Piercy v. Sabin, 10 Cal. 22; Hawkings v. Borland, 14 Cal. 413; Coles v. Soulsby, 21 Cal. 47; Michalitschke v. Wells, Fargo & Co., 118 Cal. 683, 50 P. 847.

Siendo todos los demás alegados errores consecuencia de la comisión del primero, creemos innecesario considerarlos.

Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dictarse otra condenando al deman-dado Sixto Nieto a pagar a la demandante María Turiana, conocida por María Flumiana Busquets, la suma de $570 reclamada en la demanda, con intereses sobre la suma de $400, importe de los plazos no satisfechos, al tipo estipulado de 10 por ciento anual, desde el 31 de enero de 1938, fecha de la interposición de la demanda, hasta su pago definitivo.


text:
    Méndez & Compañía, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Marcelino Romany, Juez, Demandada.
    Núm. 1225.

    Sometido: Diciembre 23, 1940.

      Resuelto: Enero 15, 1941.

      Dubón <& Ochoteco y Otero Suro <& Otero Suro, abogados de la pe-ticionaria;

      Víctor M. Rivera Colón, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de enero de 1940 la Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, dictó sentencia a favor del demandante en pleito de desahucio seguido por Fructuoso Vázquez v. Vicente L. Jiménez. Apeló Jiménez para ante la Corte de Distrito de San Juan y con fecha 18 de abril siguiente fué desesti-mado el recurso por no haberlo perfeccionado el apelante pres-tando la correspondiente fianza. Firme así la sentencia de la corte municipal, fué sustituido Vázquez por la aquí peti-cionaria Méndez & Cía. Interpuso entonces el demandado Jiménez recurso de certiorari en la Corte de Distrito de San Juan, solicitando la nulidad de la sentencia de desahucio, y el Juez La Costa, de dicho tribunal, expidió el auto, anulán-dolo después de oír a las partes. Apeló Jiménez para ante este tribunal de la resolución de la corte de distrito que anuló el auto de certiorari. Hallándose pendiente el recurso de apelación, el márshal de la corte municipal ejecutó la senten-cia lanzando a Jiménez de la finca objeto de la acción de desahucio. Radicó Jiménez dos mociones en la corte de dis-trito : en la primera, solicitó que el márshal de la Corte Municipal de San Juan fuese castigado por desacato por haber ejecutado la sentencia no obstante hallarse pendiente la ape-lación interpuesta contra la resolución que anuló el auto de certiorari; en la segunda, solicitó que se ordenase por la corte de distrito que el demandado en el caso de desahucio fuese restituido en la posesión del inmueble por el mismo motivo de hallarse pendiente el indicado recurso de apelación. La Corte de Distrito de San Juan, por su Juez Hon. Marcelino Romany, desestimó la primera de las dos mociones, o sea aquélla en que se solicitaba que el marshal fuese cas-tigado por desacato, y declaró con lugar la segunda, dictando una resolución el 25 de noviembre último que en lo pertinente dice así:

“Por los fundamentos de su opinión unida a los autos de este caso, la corte dicta resolución . . . Declara con lugar la moción presentada por el querellante Vicente L. Jiménez y dicta una orden dirigida al Márshal de la Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, y a la interventora Méndez & Cía., para que se abstengan, apercibidos de desacato, de intervenir, interrumpir o impedir la po-sesión del peticionario Vicente L. Jiménez, sobre la casa objeto del pleito principal de desahucio, hasta tanto no se resuelva por la Corte Suprema la apelación establecida por aquél de la sentencia dictada por esta corte el día 3 de julio de 1940, anulando el auto de certiorari expedido en este caso.”

Para que revisemos la orden transcrita, interpuso el peti-cionario el presente recurso de certiorari.

La cuestión a resolver en este caso es la de si el recurso de apelación interpuesto contra una resolución de la corte de distrito anulando un auto de certiorari expedido por dicha corte para revisar procedimientos en un caso de desahucio seguido en la corte municipal, suspende la ejecución de la sentencia en el caso de desahucio.

La corte inferior basó la resolución recurrida principal-mente en el caso de Todd v. Asamblea Municipal, 40 D.P.R. 835, 839, donde se dijo:

“Según el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil se puede establecer apelación contra sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial; y como el de certiorari tiene el carácter de procedimiento especial, la sentencia definitiva dictada en él puede ser apelada, American R. R. Co. v. Corte Municipal, 16 D.P.R. 242. Aunque sobre esto no existe discusión en este caso, es conveniente dejarlo consignado porque es base para considerar otra cuestión.
“También dispone el artículo 297 que formalizada una apelación producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior con respecto a la sentencia u orden apelada o a las cuestiones comprendidas en ella, aunque la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo no comprendido en la apelación. Por su parte el artículo 298 del mismo Código después de hacer referencia a la regla precedente exceptúa de ella tres casos, ninguno de los cuales es la apelación contra sentencia en auto de certiorari.
“De acuerdo, pues, con esos preceptos legales la apelación en este caso suspendió ex proprio vigore el cumplimiento de la sentencia apelada (Pescay v. Texidor, Juez de Distrito, 26 D.P.R. 171) y, por consiguiente, atacada la validez de la orden o acuerdo de la asam-blea municipal disponiendo que se tramitasen los procedimientos de impugnación del alcalde, librado por la corte de distrito el auto de certiorari y decretada la suspensión de dicho acuerdo, la apelación contra la sentencia que no anuló dicho acuerdo produjo el efecto de que continuase el status quo creado por el libramiento del auto de certiorari, y, por tanto, mientras se resolviese esa apelación no podía cumplirse el expresado acuerdo, pues la apelación trajo ante este Tribunal Supremo la cuestión a decidir si tal acuerdo es nulo o no; y, mientras se resolviese, el alcalde tiene derecho a no verse sometido a dicho procedimiento de destitución.”

Nada induce más a error en la interpretación de las leyes que tratar de aplicarlas como si de fórmulas matemáticas se tratase. El Derecho no es una ciencia exacta como las mate-máticas. Es una ciencia social y por consiguiente al inter-pretar preceptos legales es preciso determinar previamente cuál fué el propósito perseguido por el legislador al aprobar la ley en cuestión. En la obra “An Introduction to the Philosophy of Law”, pág. 100, el Dean Pound señala los pasos necesarios para adjudicar una controversia de acuerdo con la ley. Dice así:

“Tres pasos están envueltos en la adjudicación de toda contro-versia legal: (1) determinar la ley asegurándose cuál de las muchas reglas en el sistema legal es la aplicable, y si ninguna es aplicable, crear una regla para el caso (que puede servir o no para casos pos-teriores), sirviéndose de principios legales conocidos; (2) interpre-tar la regla así seleccionada o escogida, esto es, determinar su significado según fué redactada, con respecto al propósito que la inspiró; (3) aplicar al caso en controversia la regla así encontrada e interpretada.”

Sigamos la pauta indicada en la obra citada. Los pre-ceptos legales aplicables a la causa en controversia son los artículos 297 y 298 del Código de Enjuiciamiento Civil. Dichos artículos literalmente dicen así:

“Art. 297. Formalizada una apelación, producirá, el efecto de. suspender todo procedimiento en la corte inferior, respecto a la. sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella,, pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta; a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación. j
“Art. 298. La formalización de un recurso de apelación sus-pende los procedimientos en la corte inferior en cuanto a la sentencia u orden apelada, salvo cuando dispusiere la venta de cosas suscep-tibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso la corte inferior podrá ordenar que se vendan dichas cosas, depositándose su importe hasta que dicte su sentencia la corte de apelación. Y salvo, también, cuando la sentencia declare al demandado culpable de usurpación, intromisión o ilegal desempeño de un cargo público, civil o militar, en esta Isla. Y salvo, asimismo, cuando la orden conceda o rehúse conceder, un cambio de lugar para la celebración del juicio.”

Determinada la ley aplicable, pasemos ahora a la segunda etapa, es decir, interpretemos dichos preceptos teniendo en cuenta el propósito perseguido por el legislador.

¿Qué fin persiguió el legislador al prescribir que el recurso de apelación suspende los procedimientos en la corte inferior? Sencillamente evitar que mientras se tramita el recurso la parte apelada continúe en la corte inferior los procedimientos conducentes a la ejecución de la sentencia u orden dictada a su favor. En otras palabras, el propósito de suspender los procedimientos no es otro que mantener el status quo prevaleciente cuando se dictó la sentencia u orden apelada, de forma que el recurso incoado no pueda resultar puramente académico o ilusorio. De ahí que la jurisprudencia uniformemente haya'establecido a estos efectos la dife-rencia entre aquellas órdenes o sentencias que no requieren ulteriores procedimientos para hacerlas efectivas (self-executing) y aquéllas que precisan posteriores trámites para su ejecución o cumplimiento. Las primeras, las que ningún pro-cedimiento ulterior requieren para hacerlas efectivas, no alteran el status quo existente en la fecha en que fueron dic-tadas y por lo tanto no puede decirse propiamente que quedan suspendidas al establecerse recurso de apelación. Por el contrario, las otras, las que requieren ulteriores procedimien-tos, sí se suspenden, pues de otro modo la parte apelada podría llevar adelante el caso y hacer ilusorio o académico el recurso interpuesto. Un ejemplo hará evidente nuestra .proposición: En pleito seguido por A contra B en cobro de dinero, la corte desestima la demanda. A interpone recurso de apelación. B nada tiene que hacer para hacer efectiva su sentencia. El status quo que existía antes de dictarse aquélla, prevalece después de dictada, ya que B ningún pro-cedimiento posterior tiene que establecer para hacer efectiva una sentencia que declara sin lugar la demanda contra él interpuesta. Por el contrario, si en el ejemplo anterior la corte declara con lugar la demanda de 4 y condena a B a pagarle determinada suma de dinero, al apelar B suspende los procedimientos, pues de lo contrario, mientras se sustan-cia la apelación, A puede solicitar orden de ejecución y cobrar su sentencia antes de que la corte de apelación resuelva el recurso.

En el caso de De Garmo v. Shenberg, 102 P. (2) 522 (Cal.1940), por vía de ilustración se cita el caso de Walls v. Palmer, 64 Ind. 493, 496, en el cual se dictó sentencia suspen-diendo al peticionario del ejercicio de la abogacía. Apeló el peticionario y alegaba entonces que la apelación por él inter-puesta le restituía el derecho de ejercer su profesión mien-tras se sustanciaba el recurso. Resolvió la corte, sin embargo, que conceder tal efecto a la apelación equivaldría a revocar la sentencia de suspensión antes de que la apela-ción fuese judicialmente resuelta, agregando:

“El efecto de la apelación y del supersedeas es dejar en status quo la sentencia tal como ha sido dictada y evitar ulteriores pro-cedimientos contra el peticionario. La mera interposición del re-curso no revoca, suspende o sustituye la sentencia. Ésta perma-nece intacta. No requiere ulteriores procedimientos para su ejecu-ción. Se ejecuta por sí misma excepto en lo que respecta al cobro de las costas, que queda en suspenso en virtud de la apelación y supersedeas. El único efecto de una apelación mientras se perfec-ciona y sustancia es detener la ejecución de la sentencia apelada.” (Pág. 525.)

El auto de certiorari que expidió el Juez La Costa para revisar los procedimientos en el caso de desahucio en la corte municipal, fué anulado más tarde, como hemos visto, después de oír a las partes. La resolución así dictada en el caso de certiorari era self-executing — nada tenía que hacer Méndez & Cía., para hacerla efectiva. Por consiguiente, la apelación que contra dicha resolución interpuso el aquí interventor no suspendió los efectos de dicha resolución, pues el status quo existente al anularse el certiorari era el mismo que preva-lecía al solicitarse de dicho juez la expedición de dicho auto. De otro modo se incurriría en el absurdo que se señala en el caso de Walls v. Palmer, supra, esto es, equivaldría a revo-car la resolución que anuló el certiorari por la mera inter-posición del recurso de apelación.

El juez inferior sin duda conoce los principios anterior-mente enunciados, pero sufre un lamentable error al apli-carlos a los hechos de este caso, como lo demuestra el siguiente párrafo de su opinión:

“Es distinguible Roosevelt v. Corte, 42 D.P.R. 833. En ese caso la orden de aseguramiento a ser revisada en el certiorari era una prohibiendo al Gobernador hacer ciertos nombramientos, y cuando tal es el caso, nada hay que suspender, pues la orden recurrida es self-executing por naturaleza, lo que no sucede en el caso que nos ocupa en que para ejecutar la sentencia de desahucio es necesario él process de la corte municipal y la actuación afirmativa del marshal.” (Bastardillas nuestras.)

El juez inferior pierde de vista que el recurso de apela-ción no se interpuso contra la sentencia en el caso de desahu-cio sino contra la resolución que anuló el auto de certiorari. Al dictarse la resolución últimamente indicada, el status quo en el pleito de desahucio quedó exactamente igual que antes de interponerse el recurso de certiorari, pues al negarse la corte a anular la sentencia de desahucio, ésta quedó en toda su fuerza y vigor como si ningún recurso se hubiese inter-puesto contra ella. Por el contrario, si la resolución de la corte de distrito en el certiorari hubiese sido en el sentido de anular la sentencia de desahucio y Méndez & Cía. hubiese apelado de dicha resolución, entonces sí que los procedimien-tos en el pleito de desahucio se hubieran suspendido, conser-vándose así el status quo prevaleciente al tiempo de declarar con lugar el certiorari y anular la sentencia de desahucio.

El caso de Sucesión Padró v. Lloreda, 24 D.P.R. 766, ratificado en Viñas v. Lloreda, Juez de Distrito, 25 D.P.R. 35, 36, ilustra perfectamente la cuestión que discutimos. En el primero de dichos casos se dijo lo siguiente:

“El presente es un caso de certiorari. La sucesión peticionarla alega que presentó una demanda de tercería en cierto pleito seguido por Yirgilio Ramos y otros contra José Dolores Molina y otros, en co-bro de dinero, en la Corte de Distrito de Arecibo, y acto seguido soli-citó el libramiento de un auto de injunction a fin de que se paralizara la venta de ciertos bienes embargados en dicho pleito pertenecientes a la sucesión peticionaria. La corte puso en entredicho a las partes, las oyó en la fecha señalada para ello, y luego disolvió el entredicho y desestimó totalmente la solicitud de injunction. La sucesión peticionaria apeló de la resolución de la corte.
“Así las cosas, el demandante en el pleito sobre cobro de dinero pidió que continuara adelante la ejecución de la sentencia y por consiguiente que se vendieran los bienes embargados y la corte así lo acordó. La sucesión peticionaria alega que no se le notificó la moción del demandante, que no se lé oyó por lá corte en relación con la misma y que la corte en tal virtud y hallándose pendiente una apelación contra su resolución denegatoria del injunction, actuó sin jurisdicción.
“En cuanto a si la apelación interpuesta por la sucesión peticio-naria despojó o no a la corte de distrito de jurisdicción para ordenar la ejecución de la sentencia dictada en el pleito sobre cobro de pesos, en vez de argumentar por nosotros mismos, transcribiremos las pala-bras de Stephen J. Field por tantos años Juez de la Corte Suprema de los Estados "Unidos y entonces Juez- Presidente de la Corte Su-prema de California, al emitir la opinión de este último tribunal en el caso de Hicks v. Michael, 15 Cal. 107. El Juez Field se expresó así:
“ ‘La, orden restrictiva expiró por baber prescrito. Fué expe-dida de acuerdo con las disposiciones del artículo 116 de la Ley sobre Práctica, y su intención era sólo restringir a los demandados en tanto se determinaba, previa audiencia de las partes, si procedía la con-cesión del remedio provisional de injunction■ preliminar. Las palabras finales de la orden no tienen el efecto de convertirla en un injunction efectivo durante la pendencia del pleito. Sólo se refieren a la totalidad de la cuestión levantada por la moción, y no a la tota-lidad del asunto en controversia. La interpretación en que e] abogado insiste es inconsistente con el objeto mismo del requeri-miento para mostrar causa. El pronunciamiento hecho por el juez de distrito al efecto de que la orden restrictiva debía anularse, era innecesario, y • probablemente fué incluido debido a exceso de pre-caución.
“ 'Se deduce que no fué concedido en el caso injunction alguno, sino expresamente denegado. Por consiguiente, la apelación que el demandante ha establecido o se propone establecer, es sólo contra la orden denegando el injunction, y la cuestión que se presenta es sencillamente si una apelación contra una orden de esa naturaleza puede tener el efecto de crear un injunction, o de prolongar una orden restrictiva, mientras la decisión del juez es revisada por la corte de apelación. Es claro que no puede darse tal efecto a una apelación por más amplia fianza de indemnización que se preste. Cuando un injunction ha sido denegado, nada efectivo existe. Sólo puede gestionarse la suspensión de algo que tiene existencia y cuya vigencia se supone ha de causar perjuicio al apelante. Por tanto, dada la naturaleza del caso, sólo puede obtenerse una suspensión de procedimientos en cuanto a órdenes o sentencias que mandan o permiten hacer ciertos actos. (Merced Mining Co. v. Fremont, 7 Cal. 132.)’ ”

En el procedimiento de certiorari existen dos etapas: la primera consiste en la expedición del auto dirigido a la corte inferior para que remita los procedimientos a fin de ser revi-sados. Esta orden no prejuzga en absoluto la cuestión en controversia. Su único objeto es conseguir que se envíe a la corte superior el récord del caso para ser revisado. Claro es que mientras se resuelve en definitiva si procede o no el auto de certiorari, los procedimientos en la corte inferior quedan suspendidos, pues de otro modo podría resultar académico o ilusorio el recurso. Una vez resuelto el certio-rari, ya sea anulando o sosteniendo el auto expedido, la pri-mera resolución se esfuma y queda solamente la segunda, que es la que resuelve en definitiva el asunto. Es una situa-ción similar a la que ocurre en los casos de injunction con el restraining order, que equivale a la expedición del auto de certiorari para el envío de los procedimientos, y la reso-lución anulando o sosteniendo el auto de certiorari, que equi-vale a la sentencia decretando o denegando el injunction. Como en el certiorari, el restraining order se esfuma y deja de producir efectos legales desde el momento en que se dicta la resolución decretando o denegando el injunction. Por consiguiente, no tiene razón alguna el abogado de la inter-ventora al pretender que al anularse el auto de certiorari e interponerse recurso contra dicba resolución, queda subsis-tente la suspensión de los procedimientos a que dió lugar la expedición del auto en su primera etapa, es decir, para con-seguir la remisión del récord a la corte de distrito.

En la opinión que sirvió de base a la resolución recurrida, el juez de la corte inferior dice:

"Está firmemente establecido que la expedición de un auto de certiorari en ausencia de alguna disposición estatutaria en contrario, tiene el efecto legal de sacar el récord fuera de la custodia del tribunal inferior, dejando allí nada que pueda servir de base a una ejecución, y opera como una suspensión de la ejecución de la orden o sentencia apelada. 14 C.J.S. 245, sec. 108.”

Concedemos que al remitir la corte inferior el récord a la corte superior para su revisión, se suspenden los proce-dimientos en la primera, pero no es porque los autos física-mente se hallen en la corte superior, sino porque de continuar los procedimientos en la corte inferior el recurso de certiorari resultaría académico e ilusorio. En las cortes federales, en California y en las demás jurisdicciones donde se exige una fianza de supersedeas para poder apelar, si se establece un recurso de apelación y no se presta la fianza de supersedeas, la sentencia se ejecuta en la corte inferior a pesar de la apelación interpuesta y de bailarse los autos en la corte superior. Además, en Puerto Pico, de acuerdo con nuestra ley de certiorari (artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933), no es necesario que se remita al tribunal superior el récord original del caso, pudiendo remitirse copia certificada del mismo. En el supuesto de que se hubiesen enviado los autos originales y fueren éstos necesarios en cualquier momento en la corte inferior, pueden solicitarse, sustituyéndolos con copia certificada de los mis-mos.

El caso de Todd v. Asamblea Municipal, supra, en tanto en cuanto sostiene que un recurso de apelación interpuesto contra una resolución anulando un auto de certiorari sus-pende los procedimientos en el caso que dió motivo al cer-tiorari, debe entenderse revocado.

Por los fundamentos expuestos, procede en este caso amjtr lar la orden recurrida dictada por la Corte de Distrito de San Juan el 25 de noviembre de 1940 en tanto en cuanto prohíbe a Méndez & Cía., demandante en el caso de desahu-cio, continuar los procedimientos en la corte municipal para hacer efectiva su sentencia, y devolver los autos originales a la corte de su procedencia para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez PrbsideNte Señor Del Toro

text:
    José Monserrate Deliz, peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. Enrique S. Mestre, Juez, demandada.
    Núm. 1222.

    Sometido: Diciembre 2, 1940.

      Resuelto: Enero 16, 1941.

      José M. Valentín Esteves, abogado del peticionario;

      José Vefay, Jr., abogado del demandado en el pleito principal.
   El Juez PrbsideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un recurso de certiorari en el que está envuelta la cuestión de si para que una moción presentada en una corte de distrito solicitando la desestimación de una apela-ción interpuesta en un pleito de desahucio pueda incluirse en calendario especial para verse un lunes, debe llevar adhe-rido un sello de rentas internas de cinco dólares.

La cuestión surgió en la corte de distrito como sigue: Presentada demanda en la Corte Municipal de Aguadilla por José Monserrate Deliz contra Eduardo Muñoz, sobre desahu-cio de cierta finca rústica, se tramitó el caso y se resolvió por sentencia declarando la demanda con lugar, esto es, decre-tando el desahucio.

No conforme el demandado, apeló para ante la corte del distrito el ocho de enero de 1940. El 27 del mismo mes pidió a la corte que le prorrogase el término para radicar la trans-cripción, adhiriendo a su moción un sello de cinco dólares. Los autos quedaron radicados el 11 de marzo de 1940 y el 28 de junio siguiente el demandante apelado presentó una moción solicitando la desestimación del recurso.

Así las cosas, el 22 de julio de 1940 el dicho demandante apelado pidió a la corte que su moción de desestimación fuera “incluida en el calendario especial de mociones y excep-ciones del próximo lunes 29 de los corrientes para ser vista y resuelta por esta Hon. Corte”, agregando:

“4- — Que el demandante apelado no adhiere ni cancela con esta solicitud de señalamiento sello alguno de rentas internas por cuanto de acuerdo con la última jurisprudencia del Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico está exento del pago de derechos de calendario en casos de esta naturaleza.” Cita el caso de Falto v. Corte, 56 D.P.R. 302.

Y la corte resolvió:

“En el caso de Falto v. Corte, supra, se resuelve que conforme lo dispone la sección 2 de la Ley número 38 de 1931, aprobada sin modificación alguna de las disposiciones ya interpretadas por el Tribunal Supremo, el demandante en un procedimiento no viene obligado a cancelar el sello de rentas internas de cinco dólares que exige el párrafo ‘C’ de la sección 2 de la Ley número 17 de 1915 (pág. 45) para poder obtener el registro e inclusión de su caso en el calendario para la vista. Por la referida Ley número 38 de 1931 (pág. 357) se crean dos calendarios especiales para la vista de mo-ciones y excepciones previas en los lunes de cada semana; y para la vista de expedientes exparte, procedimientos legales especiales, contenciosos sumarios y juicios en rebeldía para los viernes de cada semana.
“En los casos comprendidos en la sección 2 de la Ley número 38 de 1931, o sea los que se incluyen en el calendario de los viernes, la ley no ha dispuesto que se adhiera sello de rentas internas para la inclusión del caso en el calendario y estimando el Tribunal Supremo que la vista preliminar en un procedimiento de desahucio cae dentro de esta clase de calendario, es claro que el demandante no viene obligado a pagar los derechos de calendario; pero como lo que trata el demandante de obtener es la vista y discusión de la moción por él presentada solicitando la desestimación del recurso de apelación, su solicitud cae dentro de la sección primera de la Ley número 38 de 1931 que prescribe clara y concretamente que la solicitud para la inclusión en calendario especial de mociones o excepciones se ad-herirá por el solicitante tin sello de rentas internas de acnerdo con el arancel, siendo claridad, por tanto, que el demandante no se encuentra en su caso exento del pago de derechos, debiendo, por tanto, adherir a su solicitud un sello de rentas internas de cinco dó-lares de acuerdo con lo que exige el vigente arancel.”

Fué entonces que el demandante apelado acudió en cer-tiorari a esta Corte Suprema. El auto fué expedido. Seña-lada la vista para diciembre 2, 1940, se celebró sin asistencia de las partes.

Lo resuelto en el caso de Hamburger Bros. & Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 393, fué que para “ entrar una causa en el calendario especial de los viernes de cada semana creado por la Ley núm. 94 de 1917 (1919, pág. 19) y señalarla para juicio no bay necesidad de pagar derecho alguno.” Y aquí como hemos visto no se trata del calendario del viernes si que del del lunes.

Cerca de seis años después del caso de Hamburger, supra, esta corte en el de Badillo v. Hidalgo, 46 D.P.R. 346, 348, dijo:

“La Ley núm. 38, aprobada en 1931, a que se refiere el apelante, es idéntica a la Ley núm. 94 aprobada en 1917, que fué declarada nula, entre otras, por la Corte de Circuito de Boston. Esta ley fué interpretada por este tribunal en el caso de Hamburger Bros. & Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 393, y lo que dijimos entonces puede aplicarse a la ley actualmente en vigor.
Con anterioridad a la aprobación de esta ley sobre calendarios especiales no existía otro calendario que el general. Hoy hay dos calendarios adicionales ambos de carácter especial: uno para la au-diencia de mociones y excepciones previas en los lunes de cada semana a solicitud de cualquiera de las partes de un pleito pendiente, y otro para la audiencia en asuntos exparte, procedimientos legales especiales, contenciosos sumarios, y juicios en rebeldía para los vier-nes de cada semana. Para la inclusión en el calendario del lunes de mociones y excepciones previas en un pleito pendiente es nece-sario cancelar un sello de rentas internas de acuerdo con el arancel; para los asuntos que han de verse el viernes de cada semana no se exige derecho alguno.”

Cerca de otros seis años transcurrieron y de nuevo se pre-sentó a esta corte la cuestión — con motivo de un desahucio— en el caso de Falto v. Corte, 56 D.P.R. 302, y esta corte resol-vió, copiando del resumen:

“El desahucio no cae claramente dentro de las disposiciones de la Ley núm. 94 de 1917, según fué promulgada en 1919 (Leyes de 1917 (2), Apéndice, pág. 19) y aprobada de nuevo en 1931 (Ley núm. 38 de 1931, pág. 357) sin modificación alguna de las disposiciones ya interpretadas por este tribunal. Por tanto, el demandante en dicho procedimiento no viene obligado a cancelar el sello de rentas internas de cinco dólares que provee el párrafo C, sección 2 de la Ley núm. 17 de 1915 (pág. 45), para poder obtener el registro e inclusión de su caso en calendario para vista.”

Tampoco se trataba en el caso de Falto, supra, del calen-dario del lunes. Considerado el desahucio como un asunto comprendido dentro de los que la ley — sección segunda de la Ley núm. 38 de 1931 — disponía que deberían verse los vier-nes, se resolvió que la inclusión en el calendario de ese día de la vista del desahucio, no requería el pago de derecho alguno. De suerte que nada en concreto ha resuelto hasta ahora esta corte en un caso igual o semejante al que en estos momentos estamos considerando.

Parece en verdad injusto que para incluirse en calendario un desahucio para verse en su fondo nada haya que satisfa-cer y que para incluirse en calendario una moción de deses-timación en el mismo caso para su vista haya que pagar. Sin embargo, tras un estudio detenido de la ley y la jurispru-dencia, no vemos que pueda llegarse a otra conclusión.

Se trataba de un pleito pendiente ante la corte de distrito fuera o no de desahucio. La ley no distingue. En él se presentó por una de las partes — la demandante — una moción. Y esa parte pidió que la moción se incluyera para verse en el calendario de un lunes.

Siendo ése el caso, precisa resolver que está cubierto por entero por la sección primera de la ley — Ley núm. 38 de 1931, pág. 357 — que expresamente exige el pago del derecho aran-celario correspondiente. Ésa parece ser, además, la inter-pretación uniforme de las cortes de distrito de la Isla sobre el particular. Por lo menos lo es la de la Corte de Distrito de San Juan, además de la de Aguadilla.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, debe anu-larse el auto expedido y devolverse el caso a la corte de dis-trito de su origen para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Ruperto González, demandante y apelante, v. Elías Pérez, demandado y apelado.
    Núm. 8279.

    Sometido: Diciembre 16, 1940.

      Resuelto: Enero 16, 1941.

      J. E. Soltero, abogado del apelante;

      Ildefonso Freyre, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso por no ser apelable la orden recurrida y porque aunque lo fuere, la apelación ea frívola.

La demanda original está fechada en enero 18,1940. Emplazado el demandado, adujo por vía de excepción previa:

“Que la acción de daños y perjuicios que trata de alegar la demanda está prescrita a virtud del artículo 1868 del Código Civil de Puerto Eico, edición de 1930, que prescribe que las acciones de daños y perjuicios prescriben al año de sucedido el accidente o desde que lo supo el agraviado.
“Como se puede ver de la demanda se alega que los hechos ocurrieron en 17 de julio de 1938, y la demanda aparece radicada en enero de 1940.”

Y la corte por resolución razonada de mayo 9, 1940, declaró:

“.:. con lugar la excepción de prescripción de la acción que se ejercita en la demanda y, no siendo susceptible de enmienda, se declara sin lugar dicha demanda en todas sus partes, condenando al demandante al pago de costas, sin incluir honorarios de abogado.”

Cuatro días después el demandante pidió a la corte “que en bien de la justicia declare con lugar esta moción y en-miende su resolución de mayo nueve del novecientos cuarenta concediendo una oportunidad al demandante para enmendar la demanda.” La demanda enmendada se acompañó a la petición. Se opuso a la reconsideración el demandado y la corte en septiembre diez siguiente por medio de otra resolu-ción razonada la declaró sin lugar.

El demandante, en octubre 9, 1940, presentó el siguiente escrito de apelación:

“Por la presente, el demandante, no conforme con la resolución y sentencia dictada por esta corte en este caso .con fecha 10 de septiembre de 1940, ratificando la resolución y sentencia de mayo 9 de 1940, notifica a ustedes que apela de ella para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por la razón de que en virtud de dicha resolución se declara sin lugar la reclamación de daños y perjuicios interpuesta por el demandante a base de que el demandante no interpuso la acción dentro del año o período prescriptive». — Mayagüez, Puerto Rico, a 9 de octubre de 1940.”

Habiéndose presentado la moción de reconsideración dentro del término de quince días que señala el artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmen-dado por la Ley núm. 67 de 1937 (pág. 199) y habiendo la corte oído a las partes sobre la misma, el escrito, en la forma en que aparece redactado, trae la totalidad del caso a la con-sideración de esta Corte de acuerdo con lo que se prescribe al final de dicho artículo enmendado.

El caso de Talavera v. City Delivery Express Co., 57 D.P.R. 464, que se cita por la parte apelada para sostener el primer fundamento de su moción, no es aplicable, porque si bien se trataba en él de una negativa a conceder permiso para presentar una demanda enmendada, tal negativa lo fue bajo circunstancias diferentes a las que en éste concurren.

En el caso de Talavera se dictó sentencia y dos meses después de dictada, esto es, cuando la sentencia era ya firme, la parte perdidosa pidió a la corte que le permitiera radicar una demanda enmendada. Aquí la moción de reconsidera-ción se presentó dentro del término de quince días que fija el artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, quedando subsistente el término para apelar de la sentencia ya que la corte oyó a las partes sobre la moción y la resolución de ésta se considera como la definitiva que en el caso se dictara.

No cabe, pues, la desestimación por el primer fundamento. Examinemos el segundo.

No hay discrepancia sobre la naturaleza de la acción. Se trata de daños y perjuicios sufridos por una persona, el demandante, como consecuencia de la negligencia de otra, el demandado, consistente en haber dejado de poner andamios o aparatos de protección a cierta obra que construía al lado del sitio en que trabajaba el demandante.

Tampoco hay discrepancia sobre la ley de prescripción aplicable. Lo es el artículo 1868 del Código Civil, ed. 1930, que dice:

“Artículo 1868. — Prescriben por el transcurso de un año:
“1. La acción para recobrar o retener la posesión.
“2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de ]a culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1802 desde que lo supo el agraviado.”

Acepta el demandante y apelante que entre la fecha en que ocurrió el accidente origen de su reclamación y la en que se presentó la demanda transcurrió más de un año, pero sostiene que no transcurrió ese año entre el día en que tuvo “conocimiento eficaz y seguro de su causa de acción” y el en que la ejercitó, estando en su consecuencia viva su acción de acuerdo con los propios términos de la ley. Se basa en las siguientes alegaciones de su demanda enmendada:

“2. Que el día 17 de julio de 1938 se ocupaba como de costumbre en sacar plátanos del depósito de Juan Pellieier con quien trabajaba para venderlos, estando situado dicho depósito en la Calle Libertad en los bajos de una casa propiedad de la viuda de Eamírez frente a la plaza del mercado.
“3. Que en la casa del lado del depósito y en los altos, estaban levantando una obra de concreto y en uno de los varios instantes en que el demandante entraba al depósito de plátanos, le cayeron encima cinco balaustres de cemento... .habiendo recibido dolorosos golpes especialmente en la pierna derecha rompiéndole el hueso....
“5. Que al ocurrir el accidente el demandante fué llevado al Hospital Municipal....
“6. Que.. .fué conducido luego a su casa en estado de gravedad.
“7. Que al día siguiente dos hermanos del demandado llevaron de nuevo al Hospital Municipal al demandante donde estuvo hospi-talizado 18 días y donde le fué enyesada la pierna derecha.
“8. Que a los treinta y dos días de enyesada la pierna volvió al Hospital Municipal donde le quitaron el yeso habiendo quedado inútil de la pierna.
“13. Que a pesar de haber ocurrido el accidente el día 17 de julio de 1938, esta acción no pudo ser radicada inmediatamente por el demandante, no solamente por los días en que se vió imposibilitado de hacer sus gestiones por las curaciones y el enyesamiento, y la penuria, sino además por las irregularidades que ocurrieron en el Hospital Municipal en relación con su caso, eliminándose o no haciéndose debidamente los records oficiales de hospitales, impidiendo la investigación del caso por el abogado del demandante, todas estas dificultades en parte creadas por manipulaciones del demandado con el propósito premeditado de dificultar la acción del demandante, y en adición por informaciones de los médicos del Hospital Municipal en el sentido de que la incapacidad de la pierna era causada por enfermedades contagiosas ajenas al accidénte, que impedían al de-mandante tener conocimiento pleno de su causa dé acción hasta tanto no eliminase dichas posibilidades.
“14. Que para eliminar las posibilidades de causas distintas al accidente en lo que respecta a la incapacidad, el demandante por su situación económica, miserable, le fué imposible conseguir mas a tiempo exámenes de carácter científico los cuales exámenes incluyendo análisis de sangre, exámenes generales, radiografías, y estudio de las radiografías, fueron conseguidos mediante gestiones del abogado del demandante cerca de amigos y de funcionarios de instituciones fede-rales a fin de descartar o confirmar las dudas en cuanto a las causas de la incapacidad.
“15. Que las dudas en cuanto a la incapacidad de la pierna no fueron eliminadas de la mente del demandante hasta a fines de julio del 1939 y que entonces fué que el demandante y su abogado tuvieron conocimiento eficaz y seguro de su causa de acción, y que habiéndose radicado la demanda en este caso en enero 9 del 1940 no transcurrió el año de prescripción desde que el demandante tuvo conocimiento de su acción.”

La mera lectura de las anteriores alegaciones pone de ■manifiesto el esfuerzo extraordinario hecho por el ciernan-, dante para librarse de la prescripción.

La ley, sin embargo, es terminante. Dice que por el trans-curso de un año prescribe la acción que se deriva de la culpa, o negligencia “desde que lo supo el agraviado.”

Aquí el agraviado alega que en julio 17, 1938, le cayeron encima cinco balaustres de la obra del demandado y le oca-sionaron la ruptura de una pierna. Del hecho de esa lesión es que emana la acción para reclamar los daños y perjuicios-que como consecuencia de la misma sufriera el demandantey ese hecho tuvo que conocerlo el agraviado en el momento-mismo o desde que recobró el uso de la razón si es que ésta, fue afectada de tal modo que no pudo darse cuenta de lo ocurrido, extremo sobre el cual nada en concreto se alega en la demanda.

La corte sentenciadora al fijar el alcance de las alega-ciones transcritas, fue más allá de lo que debía y podía de acuerdo con la ley, y aun así se vió obligada a resolver que la acción había prescrito. Dijo:

“Si el demandante sufrió un accidente personal del cual tuvo conocimiento inmediatamente, el día 17 de julio de 1938, ¿qué tér-mino tenía para reclamar los daños sufridos en el mismo? La respuesta es terminante: Hasta el día 17 de julio de 1939, o sea dentro del año prescrito por el artículo 1868.
“Si el día 17 de julio de 1938 el demandante no tenía conoci-miento del daño por él sufrido en el accidente de los balaustres que le cayeron encima y tuvo necesidad de recluirse en el Hospital Municipal por 34 días, al final de los cuales conoció que su pierna derecha había quedado inútil y que tenía una causa de acción para reclamar indemnización por el daño sufrido ¿cuándo expiró el término que él tenía para reclamar dicho? Indudablemente que sólo tenía a contar de la fecha en que él conoció la inutilidad de su pierna y el término de un año expiraba entonces el 19 de agosto de 1939, y estableciendo su acción en enero 19 de 1940 es claro que la acción ejercitada está prescrita, por haberse establecido la reclamación 5 meses después de haber expirado el término legal para radicar dicha acción en contra del demandado.”

La cita de Manresa qne hace el apelante — 12 Manresa, Comentarios al Código Civil, 786 — no le favorece. El qne el Tribunal Supremo de España resolviera en la sentencia de octubre 9, 1906, que la apreciación de las fechas corres-ponde al tribunal sentenciador, no quiere decir que dicho tribunal pueda fijarlas arbitrariamente. Debe para ello seguir las normas razonables establecidas por los precedentes y la jurisprudencia. El propio Manresa refiriéndose a la indicada sentencia, dice:

"... En la misma.. .se determina qne a este efecto (apreciación de las fechas) la demanda de pobreza, cuando se conoce su finalidad, interrumpe la prescripción, si se interpone antes de transcurrir el lapso asignado por la ley a aquélla; pero la mera pretensión de nombramiento de abogado y procurador de oficio no reviste verdadero icarácter de interpelación judicial ni extrajudicial.”

T luego comentando el artículo siguiente del Código Civil, - 1969, igual al 1869 del nuestro, que el demandante apelante invoca como complementario del anterior, se expresa como sigue:

"No obstante la claridad de dicho precepto, el Tribunal Supremo ha tenido necesidad de fijar en diversos casos su recta y exacta inte-ligencia, resolviendo las dudas que el interés particular, más que ninguna razón jurídica, pudo motivar en distintas ocasiones. Con dicho objeto, declaró en sentencia de 8 de mayo de 1903 que la frase empleada por el legislador en el expresado artículo 1969 de que el tiempo para la prescripción se contará desde el día en que las acciones pudieron ejercitarse, hace referencia notoria a la posibilidad legal, por lo que sólo deben ser tenidas en cuenta las condiciones del individuo u otras circunstancias, cuando la ley así lo determine y prefije como excepción, lo cual está conforme con el alcance y fines de la prescripción.’ En su virtud, con arreglo a la doctrina establecida por dicha sentencia en los términos indicados, no deben tenerse en cuenta para la determinación del momento en que debe empezar a correr el término de la prescripción para la computación del mismo, ninguna razón ni circunstancia que no afecte a la posi-bilidad legal del ejercicio de la acción que ha de ser prescrita.
"Conforme con esta doctrina se estableció en dicha sentencia, como regla de jurisprudencia, que ‘desde el instante en que se realiza tm acto o se celebra un contrato cualquiera que lesiona derechos de alguien que pueden ser inmediatamente reivindicables, nace la acción correspondiente para conseguirlo, y que a este momento bay que atenerse para empezar a contar en su caso el término de la prescripción, cuando la ley especialmente no dispone otra cosa’: regla que si bien íué consignada con relación a la acción rescisoria, es aplicable a los demás casos que puedan ocurrir.
“Otras varias sentencias podríamos citar; pero en todas ellas el criterio seguido ba sido el mismo, inspirándose siempre en la doctrina-citada para evitar demoras, suspensiones y retrasos en la computa-ción de los términos en beneficio de la prescripción. Y la razón jurídica de ese criterio consignada se baila en la sentencia de 8 de mayo de 1903, que bemos citado antes, en la que se dice, como funda-mento de ello, que 'dado el concepto y fundamento de la prescrip-ción, encaminada principalmente a dar fijeza y certidumbre a la propiedad y a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, y aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta justicia, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una instabi-lidad indefinida, es evidente que por el transcurso- de determinado tiempo se entienden borrados los defectos que en los títulos de aquéllos puedan.existir, y que, al efecto es preciso señalar, por regla general, un término fijo y claro desde el que empiece a contarse dicho término, cual es el que se consigna en el artículo 1969 del Código.’
“Es decir, que esa restricción, que la jurisprudencia viene po-niendo en la interpretación de las reglas de computación de los términos para la prescripción, se halla en un todo conforme con los fines de la misma y con los principios en que se funda y que le sirven de justificación.”

Tampoco es favorable al demandante apelante la juris-prudencia americana que invoca extensamente en su alegato presentado' después de la moción de desestimación y que bemos estudiado conjuntamente con la moción. Se observa que la tuvo en cuenta al redactar su demanda en verdad y que trató de ajustarse a ella, pero aun así precisa concluir que de los hechos alegados no surge una causa de acción.

Hace énfasis en la excepción de fraude, citando el caso de Brookshire v. Burkhart, de la Corte Suprema de Oklahoma, 283 P. 571, anotado en 67 A.L.R. 1059 a 1075, especialmente lo qne sigue:

“La ocultación fraudulenta (fraudulent concealment) constituye una excepción implícita al estatuto de limitaciones (prescripción), y una parte que ilegalmente oculta hechos materiales, impidiendo así que se descubra su acto ilegal, o que una causa de acción ha surgido en su contra, no puede beneficiarse de su propia maldad amparán-dose en el estatuto, cuyo propósito es impedir la ilegalidad y el fraude. ’ ’
“Si el fraude en sí es de naturaleza secreta o tal que su existencia no pueda ser fácilmente notada, o si existen relaciones fiduciarias entre las partes, no se requiere otra evidencia de una ocultación fraudulenta que aquélla implícita en la propia transacción.”

También cita en extenso parte del texto de Ruling Case Law sobre la materia, 17 R.C.L. 861 a 865.

Examinadas las alegaciones de la demanda a la luz de la propia jurisprudencia citada, no surge de ellas la excepción. Lo dicho sobre eliminación de records en el hospital municipal no es suficiente. Tampoco la precaria situación econó-mica del demandante.

Y esa conclusión a que llegamos se reafirma al examinar en su totalidad la jurisprudencia de las cortes americanas— conforme en lo substancial con la de la Corte Suprema de España — . Citaremos parte de ella, tomándola de la misma obra, Ruling Case Law, que invoca el apelante, a saber:

“Como regla general, cuando se sufren perjuicios aunque leves, como consecuencia del acto ilegal o negligente de otro, y la ley ofrece un remedio para ello, el estatuto de limitaciones (prescripción) comienza a correr inmediatamente. No se requiere que todos los daños resultantes del acto hayan sido sufridos al tiempo de ocurrir éste, y la aplicación del estatuto no queda pospuesta por el hecho de que los daños sustanciales y verdaderos no surjan hasta una fecha posterior. El acto en sí se considera la base de la acción y no puede ser legalmente dividido de sus consecuencias. El estatuto comienza a correr entonces, y no desde el tiempo cuando surgen los daños o se descubren los perjuicios.” 17 E.C.L. 764.
“Como regla general, las cortes no tienen facultad para insertar en estos estatutos excepciones que no fueron incluidas en los mismos, no importa cuán razonables parezcan. No compete a las cortes extender la ley a todos los Casos susceptibles de ser incluidos en su razonamiento, mientras éstos no caigan dentro de la letra del estatuto. No se permitirá que prevalezcan (control) consideraciones de apá-rente inconveniencia o injusticia. La promulgación por el poder legislativo dentro de su legítimo radio de acción no debe ser obs-truida, por la administración judicial. Tal poder tiene discreción, si así lo cree conveniente, para abolir cualquier derecho exigible mediante una acción, si los remedios judiciales previstos para hacer efectivo ese derecho no son invocados dentro del tiempo razonable que crea conveniente fijar. El poseedor de ese derecho puede hallarse personalmente incapacitado para exigir el cumplimiento del mismo dentro del período prescrito, por razón de menor edad, demencia, prisión u otra causa, y sin embargo el estatuto, en términos gene- , rales, de no contener ninguna excepción que salvaguarde el derecho, lo extinguirá. La legislatura es el juez — el único juez respecto a tales materias — y no está sujeta a revisión judicial alguna mientras actúe dentro de los límites de la razón. Es preferible que ocasional-mente alguien sufra severamente, a consecuencia de la aplicación de la ley tal como la interprete la corte, a que se intente sacar la ley de su manifiesta esfera de acción con el fin de evitar tal resultado.... Se ha sostenido al aplicar la ley, que en ausencia de un estatuto que establezca la ocultación (concealment) como una excepción al estatuto de prescripción, las cortes no pueden crear tal excepción, no importa cuán rigurosa y poco equitativa resulte la aplicación del estatuto. Y las cortes no pueden crear una excepción cuando la acción no fué entablada dentro del tiempo por razón del acto de una persona que adrede impidió que se le emplazara.” 17 E.C.L. 828.
"El hecho de que una persona con derecho a entablar una acción no tenga conocimiento de su derecho a demandar, o de los hechos de los cuales surge su derecho, no impide como regla general que corra el estatuto, ni pospone el comienzo del período de prescripción hasta que él descubra los hechos o llegue a conocer su derecho al amparo de éstos. Ni tampoco el mero silencio de la persona sujeta a la acción impide que corra el período prescriptivo. Para que pueda tener tal efecto, algo debe hacerse que impida el descubrimiento— algo que pueda decirse que equivale a una ocultación. Aun cuando puede ser que una persona no descubra los perjuicios por ella su-fridos hasta cuando ya sea muy tarde para poder- beneficiarse del remedio apropiado, se dice sin embargo que es ésta una de las molestias ocasionales, necesariamente incidentales a una ley que arbitrariamente sujeta remedios legales a la eventualidad del mero lapso de tiempo. En consecuencia, aun cuando el daño total resul-tante de la negligencia de otro no baya sido conocido basta cuando ya el derecho a recobrar babía prescrito, sin embargo el tiempo durante el cual puede incoarse la acción no se prolonga por este motivo.” 17 R.C.L. 831.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, se impone la desestimación del recurso por el segundo de los funda-mentos alegados en la moción del demandado, o sea, por causa de frivolidad, y así debe decretarse.