text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Náter, acusado y apelante.
    No. 4270.

    Sometido: Febrero 10, 1931.

      Resuelto: Marzo 3, 1931.

      Celestino Iriarte, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de seducción visto ante un jurado. El acusado fué condenado a tres años de presidio y, no conforme, apeló, señalando en su alegato la comisión de tres errores, a saber: 1, falta de jurisdicción en la corte sentenciadora por no haberse probado que el delito se cometiera en su distrito; 2, falta de prueba de haberse realizado acto carnal alguno, y 3, falta de prueba de que la mujer se entregara a virtud de la promesa de matrimonio que le hiciera el acusado.

La prueba es tan clara sobre el hecho de haberse cometido el delito dentro del término municipal de Manatí, que corres-ponde al distrito judicial de Arecibo, y con respecto a la rea-lización del acto carnal, que no nos detendremos en los dos primeros errores. Bastará decir que no existen.

Es por el tercer error que se levanta la única cuestión dudosa en el recurso. El apelante la argumenta así, en su alegato:

“La declaración de la supuesta ofendida (páginas 3, 4, 5, y 6 del récord) demuestra que el acto carnal realizado por ella con ei acusado, si es que tal acto existió, fué contra su voluntad y ven-eiendo la resistencia que ella opusiera, como aparece claramente de las siguientes manifestaciones:
“ . y al llegar a un sitio oculto apagó el carro y me tomó por un brazo, a la mala y me bizo bajar.
“ ‘P. ¿Y cuando llegó a la casa de su cuñado? — Me quejé a él en seguida, porque no había sido con gusto mío.
“ ‘P. ¿Entonces Ud. no lo hizo voluntariamente ? — No, señor.
“ ‘P. ¿Fué contra su voluntad?' — Sí, señor; contra mi voluntad. Me obligó a hacerlo.
“ ‘P. ¿Ejerció violencia contra usted? — Violencia.
“ ‘P. ¿Qué violencia? — Me violó, porque me obligó.
“ ‘P. ¿Ud. no accedió a eso? — No, señor.
“ ‘P. ¿Dijo que lo había hecho tres veces? — Sí, señor.
“ ‘P. ¿Siempre contra su voluntad? — Sí, señor.
“ ‘P. ¿Y Ud. se opuso? — Me opuse que no, y no me atendió.
“ ‘P. ¿Aun cuando él le ofrecía matrimonio, casarse, no quería?
“ ‘El decía que tenía ,'que humillarme a él para luego casarse y yo no quería; que mejor se retirara y me dejara como antes.
“ ‘P. ¿No se entregó a él porque él le ofreciera casarse con Ud.?
“ ‘No me entregué.’
“El delito de seducción consiste en inducir a una mujer a aban-donar la senda de la virtud y obtener su consentimiento para el acto carnal ilícito en virtud de las promesas hechas en el momento. La promesa y, en consecuencia de la misma, el rendimiento de su virtud es el quid (gist) del delito. Putnam v. State, 16 S. W. 97. Spenrath v. State, 48 S. W. 192.
“Si la ofendida G-regoria Rodríguez, no se entregó al acusado vo-luntariamente, descansando en la promesa de matrimonio que exige la ley, sino que realizó el acto contra su voluntad vencida por la fuerza y la violencia del acusado, entonces se trataría de una viola-ción y no de una seducción.”

No hay duda alguna que, de acuerdo con la historia de la ley penal, con los términos en que está redactado nuestro es-tatuto, a saber: “Toda persona que bajo promesa de matri-monio sedujere a una mujer soltera. . . ,” (artículo 261 del Código Penal), y con la jurisprudencia, el consentimiento de la mujer obtenido tras la promesa de matrimonio es necesa-rio. Si la mujer jamás cedió y el acto se realizó a virtud de la fuerza o bajo las otras circunstancias especificadas en el .artículo 255 del Código Penal, la ofensa será constitutiva de violación, no de seducción.

Ruling Case Law, resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, dice:

“Un elemento esencial del delito de seducción es el consentimiento •de la mujer al acto del coito, y debe presumirse que ella es capaz de prestar su consentimiento si tiene la edad necesaria para contraer matrimonio, aunque puede ser de tan corta edad que su consen-timiento no sirva de protección al acusado, si se tratara de un pro-ceso por el delito de violación. Una acusación por el delito de se-ducción no puede sostenerse con prueba de que el acusado realizó su •objeto valiéndose de fuerza, y él tiene derecho a tal instrucción si hay prueba de fuerza. La ofensa puede constituir algún otro delito, cual violación o fornicación, pero no puede constituir seducción.” 24 R.C.L. 763.

T Cyc. se expresa así:.

“En un proceso criminal por seducción, prueba del uso de fuerza, ■que hace que el delito sea de violación, echará abajo la acusación. . . ” •35 Cyc. 1296.
“No puede sostenerse una acusación por el delito de seducción •cuando la prueba demuestra que la mujer no consintió y que se hizo uso de fuerza, de suerte que el delito cometido fué el de violación. Pero si en realidad se obtuvo el consentimiento, el hecho de que tam-bién se hiciera uso de fuerza, como cuando se trata de ligera oposi-ción o renuencia, es impertinente, toda vez que una mujer no puede ser violada con su consentimiento. . .” 35 Cyc. 1337.

Los casos de Texas que cita el apelante exponen la juris-prudencia sobre la materia en forma extensa y completa pero la conclusión a que llegan a virtud de los hechos y circuns-tancias envueltos, no favorece al apelante. Sus resúmenes son así:

“El Código Penal de Tejas, en su artículo 814 lo define como un delito, y prescribe su castigo, si cualquier persona, ‘bajo promesa de matrimonio’ seduce a una mujer soltera y tiene comercio carnal con ella; y el artículo 815 declara que la palabra ‘seducción’ se usa en -el sentido en que se entiende ordinariamente. Se resolvió que para •cometer el delito de seducción, el hombre debe, en adición a la pro-mesa de matrimonio, valerse de algún otro medio fuera' de una apela-ción a la lujuria o pasión de la mujer.” 16 S.W. 97.
“La perjudicada declaró que el acusado la sedujo bajo promesa de matrimonio inmediato si algo le ocurría, pero que de lo contrario se casaría con ella ‘algún tiempo después de las Navidades’. Ella de-claró que había tenido comercio carnal con él en tres ocasiones adi-cionales, la primera de las cuales tuvo lugar más de un año antes, habiéndole hecho el acusado en cada una de esas tres ocasiones una promesa general de matrimonio. Se resolvió que ello no constituía seducción.” 48 S.W. 192.

En el estudio que hemos hecho de la jurisprudencia, es un caso de California el que nos marca el camino a seguir en éste que está sometido a nuestra decisión. Nos referimos a.1 caso de People v. Wallace, 109 Cal. 611. En lo pertinente, la opinión de la Corte Suprema es como sigue:

“La alegación de que no se probó la seducción, por no haber dado la perjudicada su consentimiento al acto, y que el delito cometido fué el de violación, carece de mérito. Cierto es que la ofendida dice paladinamente que ella no prestó su consentimiento, pero su testimo-nio, tomado en conjunto, demuestra que sí lo prestó, y el jurado es-tuvo justificado al llegar a esa conclusión. Es obvio que lo que la perjudicada quiso significar con su testimonio fué que ella no prestó su consentimiento en términos expresos, porque no creía que eso es-tuviera bien hecho, pero que sus objeciones fueron vencidas por los requiebros del acusado al extremo de que ella se rindió al acto con cierta renuencia. Muy acertadamente, el jurado subordinó las pala-bras literales que usó la testigo a la substancia y efecto de su prueba.”

Examinemos ahora la declaración de la perjudicada, a la. luz de esa doctrina. Si se tomaran en consideración sola-mente los pasajes que cita el apelante, quizá tendría éste ra-zón, pero ella declaró además así:

“P. ¿Ud. conoce a este acusado? — Sí, señor.
“P. ¿Tuvo alguna relación con él? — Año y medio de relaciones.
“P. ¿De qué clase? — Amorosas.
“P. ¿Quiere decir que era novio suyo? — Novio mío.
“P. <■ El le hizo algún ofrecimiento? — Promesa para casarse con-migo.
“P. ¿Se la hizo a usted únicamente? — A mí y a mi padre tam-bién.
“P. ¿Qué le ocurrió a Ud., si le ocurrió algo con este acusado, el día 15 de octubre del año pasado ? — El martes quince de octubre me encontraba en casa de Antonio Guiordo cuando llegó Rafael Náter en su automóvil y me dijo que si iba a la Granja, que iba a llevar a otra señorita y que me llevaría a mí de una vez; y al salir del pueblo le preguntaba, que dónde estaba la gente que decía que iba, y me decía, que más adelante; y al llegar al empalme de la carretera de Morovís. y Yega Baja dobló su automóvil en la carretera que conduce a Ma-natí.
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“P. ¿A dónde la llevó? — A la playa de Manatí.
“P. Diga todo lo que bizo con Ud. ese día. — Me llevó, y al llegar-ai barrio de Campo Alegre de Manatí siguió con su automóvil, pero yo no conozco bien aquellos sitios y pasó por un palmar, y al llegar a un sitio oculto apagó el carro y me tomó por un brazo, a la mala y me bizo bajar, y se internó conmigo en una maleza; limpió el sitio, puso la gorra en el suelo, me agarró a mí, me subió la ropa y se bajó' la de él e bizo comercio carnal tres veces.
“P. ¿Antes de realizar el acto le ofreció algo a Ud.? — Casarse-' conmigo.
"P. ¿Cómo? — Cuando iba, en el camino, le dije que a qué párte-se dirigía, y me dijo que a la playa de Manatí, porque su familia no-era gustante a la amistad y humillándome se podría casar; y por mucho que hice él siguió en su automóvil a toda velocidad y no me-atendió.
“P. ¿A dónde la llevó?- — A la casa de mi cuñado.
“P. ¿Y cuando llegó a la casa de su cuñado? — Me quejé a él en seguida, porque no había sido con gusto mío.
“P. ¿Nunca había tenido contacto carnal con ningún otro hombre? — Con ningún otro hombre.
“A preguntas del abogado Sr. Reyes Delgado, declaró:
“P. ¿Entonces Ud. no lo hizo voluntariamente? — No, señor.
“P. ¿Fué contra su voluntad? — Sí, señor; contra mi voluntad. Me obligó a hacerlo.
“P. ¿Ejerció violencia contra Ud.? — Violencia.
“P. ¿Qué violencia?' — Me violó, porque me obligó.
“P. ¿Ud. no accedió a eso? — No, señor.
“P. ¿Dice, que al llegar al empalme de la carretera Morovis-Manatí siguió hacia Manatí? — Sí, señor.
“P. ¿Ud. no conocía esos parajes? — Ninguno.
“P. ¿Y protestó cuando siguió hacia Manatí? — Sí, señor; le ro-gaba por la mamá de él, que no.
“P. ¿Le suplicaba? — Cuando iba a velocidad me decía que tenía que humillarme a él, porque su familia no era gustante. Le supli-caba y no me atendía. , \
“P. ¿La amenazaba? — No me amenazaba. ' ■ .
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“P. ¿No sabe dónde ocurrieron los hechos? — En la playa de Manatí.
“P. ¿Al llegar allí se desmontó dónde? — Frente a la maleza, en la playa de Manatí.
“P. ¿Allí se internó con Ud.? — Sí, señor.
“P. ¿Se bajó sus ropas y las suyas? — El me bajó la mía y la de él también, en el suelo.
“P. ¿Y usted se opuso? — Me opuse que no, y no me atendió.
“P. ¿Aun cuando él le ofrecía matrimonio, casarse, no quería.? —El decía que me tenía que humillarme a él para luego casarse y yo no quería; que mejor se retirara y me dejara como antes.
“P. ¿No se entregó a él poifque él le ofreciera casarse con Ud.? —No me entregué.”

Tal vez el fiscal con algunas nuevas preguntas después del largo y hábil contrainterrogatorio de la defensa pudo ha-ber puesto de manifiesto el alma de la testigo. Sin embargo, de su declaración tal como está se deduce que no fué a testi-ficar en forma amañada ante la corte y que aun cuando dice y repite que no consintió, es la de ella la negación natural de toda conciencia de mujer honrada que no obstante tratarse del hombre que le ha prometido matrimonio, sabe que el acto que le propone es malo y se va entregando, cediendo, protes-tando siempre, cada vez más débilmente, hasta rendirse ne-gándose como para satisfacer su último escrúpulo. De no ser así, de no haberse tratado del hombre que desde hacía un año y medio llevaba con ella relaciones amorosas conocidas, con el consentimiento del padre y de sus familiares, no se explica que lo acompañara desde el auto al sitio en que el acto fué realizado, ni que allí dejara que el acusado hiciera lo que quiso de ella, sin una protesta más fuerte, sin una negativa más enérgica. Tratándose- de otro hombre, no de tal modo se hubiera conducido. En su declaración dice que él no la amenazó, que su argumento insistente era que su familia — la del acusado — se oponía a su matrimonio con ella y era ne-cesario que ella se le humillara para luego casarse, y así en ese estado indefinible' de consciencia e inconsciencia, persis-tiendo en una oposición que termina por no ser tal ante la in-sistencia fuerte, decidida y sugestiva del acusado, realiza la más completa de las humillaciones.

Por virtud de todo lo expuesto entendemos que tampoco se cometió el tercero y último de los errores señalados, y en su consecuencia que debe declararse el recurso- sin lugar y con-firmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Texidor,

license: Public Domain

text:
    Gregorio Dimas y su esposa Monserrate G. de Dimas, demandantes y apelados, v. Alfredo López, demandado y apelante.
    No. 4967.

    Sometido: Mayo 8, 1930.

      Resuelto: Marzo 3, 1931.

      Dubón <& Ochoteco y Ramón S. Pesquera, abogados del apelante; R. Cuevas Zequeira, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda en este caso, aparecen las siguientes alegaciones:

“2. Los demandantes alegan que allá para uno de los últimos días del mes de enero de 1924, a requerimientos del demandado pres-taron a éste la suma de cuatro mil dólares, moneda legal de los Es-tados Unidos de América, sin intereses, habiéndose obligado el de-mandado a devolver a los demandantes la expresada cantidad dentro de un plazo de seis meses, a contar desde el primero de febrero de 1924.
“3. Los demandantes alegan que ni el demandado, ni persona al-guna a su nombre, ha satisfecho a los demandantes la cantidad de cuatro mil dólares, importe del préstamo a que se refiere esta de-manda, ni parte alguna a cuenta de la expresada suma.”

En la contestación las que siguen:

“II. El demandado niega de una manera general y específica la alegación segunda de la propia demanda; y en su lugar alega: que ni en los últimos días del mes de enero de 1924 ni en ninguna otra fecha ha recibido en calidad de préstamo de los demandantes la suma de cuatro mil dollars ni ninguna otra suma, no habiéndose obligado a pagarla dentro de un plazo de seis meses ni en ningún otro plazo, por no adeudar nada a tales demandantes.
“III. Por falta de información y creencia, el demandado niega la alegación tercera de la demanda.”

Tanto la demanda como la contestación son juradas.

Llamado el caso para juicio, la parte demandante solicitó sentencia por las alegaciones. La corte dictó tal sentencia, en favor de los demandantes; y en la relación de hechos y opinión, después de copiar las alegaciones que hemos trans-crito, dice:

“Tal negación constituye un’caso típico de negación que envuelve una admisión condenada por el estatuto y la jurisprudencia.”

En el ale'gato del apelante se señala como un primer error el de abuso de discreción de la corte al conceder la petición de sentencia por los méritos de las alegaciones.

El apelante tiene razón. En la contestación, aun habiendo algo tan extraño como la negación “de una manera general y específica”, hay una negación de hechos, que difícilmente podría hacerse de otra forma que aquélla en que se presenta. Y negadoshechos esenciales de la demanda, nace contienda judicial y específica en el caso.

La decisión en Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398, no es de aplicación a este caso. Basta leer el párrafo que se refiere a la forma en que se hizo la contestación, para notar la dife-rencia.

“En la contestación se niega tal alegación ‘en cuanto a que este demandado baya privado violentamente, ni en ninguna otra forma, a la demandante y a su mencionado arrendatario de la posesión material de ninguna parcela de terreno perteneciente a la finca de la demandante, ni en la extensión ni dentro de las colindancias especi-ficadas en el hecho cuarto mencionado. ’ (La bastardilla es nuestra.) Igualmente negó el demandado que él hubiera ‘arrancado cerca al-guna gue pertenezca a la demandante, que haya arrancado o cortado hierba malojillo de la finca de la demandante,’ o que ‘se haya valido de medios violentos para privar de la posesión material de la finca, o parte de la misma que pertenezca a la demandante, y mucho menos, de amenazar de muerte ni en ninguna otra forma a los peones del arrendatario de la finca de la demandante.’ ” Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398.

Bu cuanto a la contestación a la alegación tercera, el demandado no puede utilizarla falta de información y creencia con respecto a los hechos que necesariamente son de su conocimiento personal. La contestación, en ese punto, es deficiente; pero es susceptible de enmienda. Y en el sentido de permitir la enmienda pudo actuar, o puede actuar, la corte.

No es necesario resolver sobre otros extremos.

La sentencia apelada debe ser revocada, y el caso de-vuelto para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señoe, Hutchison,

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, haciendo negocios bajo el nombre de Schlüter & Co., Sucr., demandante y apelante, v. La Sucn. de Benigno Díaz, demandada y apelada.
    No. 5270.

    Sometido: Enero 28, 1931.

      Resuelto: Marzo 3, 1931.

      Hugh P. Francis y M. Cruz Horta, abogados del apelante; A. L. López, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe, Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en una .acción contra la Sucesión de Be-nigno Díaz apela de una resolución ordenando el levanta-miento de un embargo trabado sobre dos pólizas de seguro de vida. Una de estas pólizas estaba a favor de Benigno Díaz, sus cesionarios y representantes legales. La otra es-taba a favor de sus albaceas, administradores o cesionarios.

Podría admitirse que la corte de distrito cometió error, según alega el demandante, al resolver que el artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado en 1928, (Leyes de ese año, página 224) “es claro y libre de am-bigüedad”.

Con anterioridad a la enmienda ese artículo leía en parte como sigue:

“Además del ‘Homestead’ declarado exento por la Ley del 4Homestead’, las siguientes propiedades pertenecientes a una persona que en realidad resida en esta Isla, estarán asimismo exentas de ejecución, excepto en los casos en que, por la presente, se dispone especialmente lo contrario:
“9. Todo el dinero, beneficios, privilegios o inmunidades que acre-cieren o de cualquier modo provengan de cualquier seguro de vida sobre la del deudor, basta una suma representada por un premio anual que no exceda de $50.00, cincuenta dollars.”

El inciso 9 ahora lee así:

“9. Todo el dinero, beneficios, privilegios o inmunidades que acre-cieren o de cualquier modo provengan de cualquier seguro de vida sobre la del deudor, cuando el beneficiario fueren el cónyuge o el re-presentante legal del asegurado, si el producto de la póliza ba de co-rresponder al cónyuge o heredero forzoso de tal deudor fallecido, y cuando no lo fueren, basta una suma representada por un premio anual que no exceda de cincuenta (50) dólares.”

Los demás motivos del recurso ,se reducen, por su argu-mentación, a la contención de que el título a una póliza de seguro pagadera a la orden del asegurado, o de sus albaceas y administradores, si no es transferido por el asegurado pasa al tiempo de su muerte a sus albaceas o administradores para beneficio de los acreedores. Interpretar en esa forma tal póliza destruiría por lo menos uno de los fines de la ley.

En esta Isla, a la muerte de un asegurado, el producto de una póliza de seguro de vida pagadera a sus albaceas, admi-nistradores o representantes legales (a falta de cualquier cuestión de traspaso, cesión o de cualquiera otra expresión de intención específica) pertenece, bien a sus herederos, o al cónyuge supérstite y los herederos, mas no a los albaceas, ad-ministradores o representantes legales del finado, ni a sus acreedores.

Al tiempo de la enmienda, el caso de una póliza pagadera a los herederos había sido plenamente cubierto por el artículo 428 del Código de Comercio. Véase Del Val v. Del Val, 29 Jurisprudencia Filipina 564.

A no ser por la exención estatutoria, el producido de una póliza pagadera a los albaceas, administradores o represen-tantes legales del asegurado, respondería de las deudas del difunto y estaría sujeto a embargo por sus acreedores. El propósito de la enmienda fue eximir de ejecución cualquier derecho, título o interés' que pudieran tener el cónyuge supérs-tite o los herederos forzosos en el producto de una póliza pa-gadera al cónyuge o al representante legal del asegurado.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lorenz Feijó, Jr., acusado y apelante.
    No. 4122.

    Sometido: Diciembre 10, 1930.

      Resuelto: Marzo 3, 1931.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; B. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue convicto en la Corte de Distrito de San Juan de abuso de confianza.. Las mercancías en cuestión fueron confiadas al acusado, un agente vendedor, por un comerciante en Bayamón (en aquel entonces dentro del distrito judicial de San Juan) para venderlas en otras partes de la Isla. No se ha suscitado cuestión alguna respecto a la venta de cualquier parte de la mercancía ni en cuanto a la apropiación ilícita del producto de tal venta. En tanto tiende a demostrar la evidencia que el acusado fraudulentamente se apropió de los efectos que le fueron confiados, señala hacia una apropiación indebida realizada en Aguada o en San Se-bastión y Aguada, ambos dentro del distrito judicial de Agua-dilla.

El artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal reza así:

“La jurisdicción correspondiente a los delitos, radica en la Corte de Distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se come-tieren.”

Abuso de confianza, según lo define el artículo 445 del Có-digo Penal, es “la fraudulenta sustracción o malversación de bienes, por una persona a quien habían sido confiados.”

Un acusado debe ser perseguido y juzgado en el distrito en que se malversó la. propiedad. Véase 16 C. J. pág. 189, sección 272; ídem, pág. 165, sección 206.

La teoría de una apropiación indebida dentro del distrito judicial de San Juan no puede establecerse por el hecho de que se recibieran las mercancías en Bayamón y que el acu-sado debiera rendir cuentas al comerciante en Bayamón. El acusado no rindió ningún informe falso por correo ni en otra forma. La doctrina del caso de State v. Bailey, 50 Ohio St. 636, en que se apoya el fiscal, es, hasta ese grado, inaplicable.

En el caso de autos no hubo una remoción fraudulenta de los efectos del distrito de San Juan. No hay evidencia de una intención criminal fraguada mientras el acusado estaba en posesión de los bienes dentro del distrito de San Juan. No hay cuestión de una operación que se extendiera por más de un distrito. Toda la transacción constitutiva del supuesto abuso de confianza ocurrió en el distrito de Aguadilla. No hay base satisfactoria para la conclusión de que el delito, de haberse cometido, se perpetró, bien de hecho o dentro del es-píritu de la ley, en el distrito de San Juan.

Debe revocarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Vicente Varela, acusado y apelante.
    No. 4296.

    Sometido: Noviembre 24, 1930.

      Resuelto: Marzo 3, 1931.

      A. García Ducós, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal solicita que desestimemos el presente re-curso por falta de notificación del mismo al fiscal de distrito.

El artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal dis-pone la interposición de nna apelación “presentando al se-cretario del tribunal en qne estuviere archivada la sentencia o providencia apelada, el escrito de apelación, con entrega de las copias correspondientes al abogado de la parte contraria.”

Dentro del término prescrito por el anterior artículo, se radicó en secretaría nn escrito de apelación y el acusado fué puesto en libertad bajo fianza. Dentro de ese término el fiscal de distrito manifestó, en conversación, que el acusado ha-bía apelado de la sentencia dictada en este caso. Dentro de ese término el apelante notificó una moción solicitando la-transcripción taquigráfica de la evidencia, y radicó la moción.. En el párrafo inicial de esa moción, el apelante manifestaba que había apelado para ante la Corte Suprema de la senten-cia dictada en este caso. Posteriormente, el fiscal de distrito,, junto con el abogado del apelante, firmó una estipulación so-metiendo la transcripción de la evidencia al juez de distrito para su aprobación.

El apelante es un hombre de sesenta y cinco años, anal-fabeto e indigente. Mientras estaba confinado en el presidio,, su escrito de apelación le fué preparado por un compañero de prisión. Cuando había puesto en el escrito su marca, el al-caide lo mandó por correo al secretario de la corte de distrito. Al ser puesto en libertad, el apelante asumió que su apelación había sido propiamente perfeccionada.

El propósito del requisito estatutorio respecto a la en-trega, de copia del escrito de apelación al fiscal de distrito es para informarle del primer paso dado por el apelante en la tramitación de su recurso. Aquí, el fiscal de distrito tenía conocimiento efectivo y escrito de la apelación. El aviso con-tenido en el primer párrafo de la moción solicitando la trans-cripción de la evidencia era un cumplimiento substancial del estatuto. Al firmar la estipulación para que se aprobara esa transcripción, el fiscal de distrito renunció cualquier defecto formal en el aviso así dado.

Debe denegarse la moción para desestimar.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con la sen-tencia.


author: El Juez Asociado Señor "Wolf, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Luciano Fuertes, acusado y apelado.
    No. 4289.

    Sometido: Diciembre 23, 1930.

      Resuelto: Marzo 5, 1931.

      R: A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelante; Arturo AponteT abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación por El Pueblo de Puerto Rico envuelve la-jurisdicción de las cortes municipales para conocer de un de-lito bajo la “Ley de Prohibición Nacional”. La Corte de Distrito de Humacao fué de opinión que basta el 2 de marzo-de 1929, la venta de licores por la cual fué perseguido el acu-sado podía ser juzgada en una corte municipal, pero que la ley del Congreso de esa fecha convirtió en delitos graves-{felonies) el delito imputado y otros similares. Esa fué tam-bién la opinión de'la Corte de Distrito de San Juan en otro-caso. La Corte de Distrito de Arecibo adoptó un criterio-distinto en otro caso más.

En realidad, la sentencia apelada podría confirmarse siguiendo el caso de El Pueblo v. Zayas, opinión deeste tribunal de diciembre 19, 1930, con su reconsideración de-enero 30, 1931, resolviendo qne, bajo la Ley de Prohibición Nacional, no era El Pueblo de Puerto Rico el que debía per-seguir los delitos sino los Estados Unidos. Como la senten-cia en aquel caso fué dictada por una corte dividida, y toda vez que un criterio distinto había sido adoptado por la mayo-ría del tribunal en un caso anterior (El Pueblo v. Rodrígues, 33 D.P.R. 393), y debido a la urgente solicitud del Procurador General, hemos decidido considerar primeramente el caso más o menos desde el punto de vista que la Corte de Distrito de Humacao tuvo al fallarlo.

Esa corte emitió una opinión. El juez aceptó el hecho de que la Ley del Congreso de septiembre 21, 1922 era una pieza de legislación local, en el sentido definido por el caso de (El Pueblo v. Rodríguez, supra. La corte resolvió, según hemos indicado, que hasta el 2 de marzo de 1929 la infracción de ley imputada al acusado podía haber sido juzgada en una corte municipal. La corte indicó que la Ley del Congreso de marzo 4, 1909, 35 Statutes-at-large 1152, Barnes ’ Federal Code 2401, edición de 1919, leía como sigue:

“Delitos graves y menos graves. — Todos aquellos delitos que pue-dan ser castigados con pena de muerte, o con prisión por un término mayor de un año, serán considerados graves (felonies). Todos los demás delitos serán considerados menos graves (misdemeanors).”

Para lo futuro, la cuestión se rige por la siguiente Ley del Congreso:

“Ley para enmendar el artículo 335 del Código Penal. — Decré-tase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso: Que el artículo 335 del Código Penal, Cap. 321, pár. 335, 35 Estatutos, pág. 1152, (see. 541, tít. 18, U.S.C.) sea enmendado de manera que lea como sigue:
“Todos aquellos delitos que puedan ser castigados con pena de muerte, o con prisión por un término mayor de un año, serán con-siderados graves (felonies). Todos los demás'delitos se considerarán menos graves (misdemeanors) : Disponiéndose, que todos aquellos de-litos cuya pena no exceda de reclusión en una cárcel común, sin tra-bajos forzados, por un período de seis meses, o una multa no exce-dente de quinientos dólares, o ambas penas, serán considerados como menos graves; y tales delitos menos graves podrán perseguirse me-diante acusación o denuncia.” Aprobada, diciembre 16, 1930.

Bajo el Código de Puerto Bico, sección 1173 de los Esta-tutos Revisados, las cortes municipales de Puerto Bico, a virtud de una ley de la legislatura local, “tendrán jurisdic-ción para conocer de todas las causas criminales excepto las denominadas felony. . La Ley de septiembre 21, 1922, que confirió jurisdicción concurrente a las cortes locales, lee como sigue:

“Ley confiriendo a las cortes territoriales de Puerto Rico juris-dicción concurrente con las cortes de los Estados Unidos en aquel distrito en los casos de infracción de la Ley de Prohibición Nacional y de cualquier ley enmendatoria o supletoria de la misma.
“Decrétase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados TJnidos de América, en Congreso reunidos: Que se confiera como por la presente se confiere, a los jueces y cortes territoriales de Puerto Rico, jurisdicción concurrente con los comisionados y cortes de los Estados Unidos en aquel territorio, sobre toda infracción de la Ley de octubre 28 de 1919, conocida con el nombre de Ley de Pro-hibición Nacional, y de cualquier ley enmendatoria y supletoria de la misma, siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes te-rritoriales en los casos de dichas infracciones la misma que en la ac-tualidad tienen sobre otros delitos de su jurisdicción.”

Debe notarse que dicha ley disponía que cualquier ley en-mendatoria o supletoria de la Ley de Prohibición Nacional, sería aplicable. Entonces la corte citó la Ley de 1929, así:

“Siempre que se haya prescrito en la Ley de Prohibición Nacio-nal, según fué enmendada y suplementada por este título, una o más penas en una persecución criminal por la fabricación, venta, trans-portación, importación o exportación ilegales de bebidas embriagan-tes, según se han definido por la sección Ia. del título II de la Ley de Prohibición Nacional, la pena a imponerse para cada una de dichas infracciones será: Multa no mayor de $10,000, o prisión que no exceda de cinco años, o ambas penas. . .” 45 Statutes-at-large, Ia. parte, cap. 473, pág. 1446.

La corte entonces resolvió, con esta clasificación, que el delito era felony, que las cortes municipales no podían cono-cer de él, y que la definición de un felony dada por el Con-greso de los Estados Unidos privó de jurisdicción a las cor-tes municipales.

No es posible otra conclusión. El Congreso, mediante le-gislación directa, fia dicho que ciertos delitos bajo la Ley de Prohibición serán felonies, y cualquier definición local de un felony en sentido contrario por la Legislatura de Puerto Rico no puede variar el resultado. In praesentia majoris cessal potentia minoris.

La Corte de Distrito de San Juan consideró, y estamos conformes, que el Congreso no pudo tener la intención de que el mismo delito fuera castigado como un felony en la Corte ■de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, y como un misdemeanor en las demás cortes territoriales.

El G-obierno arguye, sin embargo, que hay una ley local ■que define los felonies con arreglo al sitio a que ha de ser en-viado un reo para ponérsele preso; en otras palabras, que la prisión en una cárcel es un misdemeanor y la prisión en la penitenciaría es un felony. El argumento principal es, se-gún entendemos, que las leyes locales de Puerto Rico tienen danto efecto como una Ley del Congreso hasta tanto sean de-rogadas o declaradas nulas por el Congreso de los Estados Unidos; en otras palabras, que una ley local es equivalente a una Ley del Congreso hasta que sea así anulada o derogada. La contestación a esa clase de razonamiento es que la ley local ha sido desestimada o derogada por la Ley del Congreso. Al administrar la Ley de Prohibición Nacional, el Congreso ha demostrado que la venta de licores como en el presente caso es un felony. El propósito del Congreso fué hacerla así, y no descubrimos propósito alguno de conferir jurisdic-ción para conocer de delitos graves a las cortes municipales de Puerto Rico. La idea de la Legislatura nacional fué ha-cer el cumplimiento de la ley más riguroso, y'castigar más severamente a los infractores, dejando, sin embargo, una am-plia discreción en el juez sentenciador respecto a la pena que impondría. Creemos que estas consideraciones, y tal vez otras qne pneden hallarse en la opinión de la corte inferior y en la de la Corte de Distrito de San Jnan, copiadas en el alegato del apelante en el No. 4252, resuelto en el día de hoy, disponen del caso.

El fiscal de distrito señala un gran número de inconve-nientes que resultarían de semejante interpretación: La si-tuación de las cortes de distrito sobrecargadas de trabajo, la dificultad de obtener jurados, y otras consideraciones. El sostiene que esta interpretación de la ley conduciría a mu-chos absurdos. Cuando la intención de la ley es clara, estos posibles absurdos tendrían que ceder ante la voluntad del Congreso, y la situación local no podría retrotraerse para afectar la supuesta intención del Congreso. Es claro que la intención del Congreso fué que este delito en particular fuera un felony en todo el dominio a que se extendió la Ley de Pro-hibición Nacional.

Hasta aquí, ésta es la opinión de la mayoría del tribunal, pero el Juez Asociado Sr. Texidor y el que suscribe desean someter las siguientes consideraciones ulteriores: .

El fiscal de distrito, para sostener la contención de que la legislación local debía prevalecer, citó los casos de Hawaii v. Mankichi, 47 Law. ed. 1023, 190 U. S. 197; Clinton v. Englebrecht, 13 Wall. 434; Summers v. United States, 231 U. S. 92; Reynolds v. United States, 98 U. S. 145; Chicago & N. W. R. Co., v. Lindell, 281 U. S. 14. La cuestión de la cons-titución de un gran jurado, o de insacular un pequeño jurado, y la forma de las alegaciones, son todas disposiciones adjeti-vas, y podría ser que la clase de jurado o de procedimiento a seguir en la corte de distrito deba regirse enteramente por los códigos de Puerto Pico.

En el caso de Summers v. United States, supra, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo: “El resultado de la conclusión (en aquel caso) será la existencia de un procedi-miento dual en la persecución de distintos delitos cometidos dentro de la misma jurisdicción territorial. El resultado po-dría tener ejemplos, pero ciertamente es indeseable, y la na-turaleza sistemática del código de Alaska indica una intención, contraria.” Sin embargo, en Puerto Rico tendríamos nece-sariamente un sistema dual de cortes. La Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico es una que tiene cierto procedimiento definido, y las cortes de distrito locales de Puerto Rico tienen un procedimiento distinto, cada cual conociendo de diferentes delitos. Si bien en Alaska bay un código local, no obstante, fué aprobado directamente para el territorio por el Congreso de los Estados Unidos. A menos que estemos grandemente equivocados, sólo hay una corte de distrito que aplica tanto las leyes locales como las territoria-les aprobadas por el Congreso y las leyes de los Estados Unidos. El distrito de Columbia y la provincia de Alaska son territorios incorporados, mas no organizados. Si nuestros in-formes son correctos, en la Zona del Canal de Panamá pre-valece una situación similar a la de Alaska. Por tanto, debe tenerse gran cautela al tratar de aplicar las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos sin investigar las con-diciones de cada territorio separadamente. Hemos exami-nado suficientemente la decisión de la Corte de Distrito de la Zona del Canal de Panamá, citada por el fiscal de distrito, y estamos muy convencidos de que las condiciones allí reinan-tes son distintas y que, aun si no lo fueran, este delito en particular no podría ser considerado como un misdemeanor. El caso de Puerto Rico es, en muchos respectos, único.

Dijimos al comenzar que este caso podría regirse por el de El Pueblo v. Zayas, supra. El estudio que hemos hecho del presente caso ha traído a la luz algunas cosas, lo que ha inducido al que suscribe a entrar en algunas consideraciones adicionales, con las que está conforme el Juez Asociado Sr. Texidor.

Tenemos la idea de que cuando el Congreso, en la Ley de septiembre de 1922, habló de las cortes de Puerto Rico, tuvo en mente cortes de récord. Por ejemplo, ni en la Ley Fora-ker, ni en la Ley Jones, se define la jurisdicción de la Corte Suprema de Puerto Rico. El artículo 40 de nuestra Carta Orgánica reza así: ¡

“El poder judicial residirá en las Cortes y Tribunales de Puerto Rico ya establecidos y en ejercicio de acuerdo y por -virtud de las le-yes vigentes. La jurisdicción de dichos Tribunales y los trámites se-guidos en ellos, así como los distintos funcionarios y empleados de los mismos, continuarán como al presente basta que otra cosa se disponga por ley; Disponiéndose, sin embargo, que el Presidente y los Jueces asociados del Tribunal Supremo serán nombrados por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado de los Estados Unidos, y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendrá autoridad, que no esté en contradicción con esta Ley, para, de tiempo en tiempo según lo crea conveniente, organizar, modificar o hacer un nuevo arreglo de los Tribunales y su jurisdicción y procedimientos, con excepción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. ’ ’

Creemos que es altamente probable, si no seguro, que en septiembre de 1922 el Congreso sólo tuvo en mente cortes de récord en las cortes territoriales según habían sido previa-mente reconocidas por él. El Congreso pudo haber tenido en mente la jurisdicción de las cortes locales, bien original o de apelación, tal cual estaba definida por la Legislatura.

La Ley de Prohibición Nacional fué la continuación de una medida prohibicionista de guerra puesta en vigor por los funcionarios de los Estados Unidos. Conforme dijimos en el caso de Zayas, hasta el 1922 la Corte de Distrito de los Estados Unidos era la única que podía conocer de los delitos cometidos bajo la Ley Nacional de Prohibición. La Ley de 1929, supra, que convierte en felonies delitos que hasta en-tonces eran misdemeanors, siendo enteramente nacional, tiende nuevamente a demostrar que nunca fué la intención del Congreso que ninguna corte que no fuera de récord en la Isla tuviera jurisdicción de los delitos cometidos contra la Ley Nacional de Prohibición; que sólo cortes con jurisdic-ción similar a la de Distrito de los Estados Unidos pudieran conocer de las infracciones cometidas bajo dicha ley.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO,

OON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY

La denuncia origen de esta cansa se presentó en la Corte Municipal de Fajardo, imputando al acusado Luciano Fuer-tes una infracción a la sección 3, título 2, de la Ley Nacional de Prohibición, consistente en haber vendido a Carlos García por la suma de diez dólares y cincuenta centavos, tres bote-llas de whiskey, bebida embriagante con más de medio del uno por ciento de alcohol absoluto por volumen y propia para ser usada como tal.

Juzgado el caso, la corte municipal declaró culpable al acu-sado. No conforme éste, apeló para ante la corte de distrito y formuló en ella la siguiente excepción:

“Que esta corte de distrito no tiene jurisdicción para conocer de los hechos denunciados, careciendo también de jurisdicción por razón de la materia envuelta en la acusación, toda vez que se trata de la violación de un Estatuto del Congreso de los Estados Unidos, de fe-cha 28 de octubre de 1919, violación que fué declarada delito grave (felony) por otra ley del Congreso de los Estados Unidos de fecha posterior, y la presente causa se halla ahora ante esta Hon. Corte en grado de apelación de la Corte Municipal de Fajardo, la cual nunca tuvo jurisdicción en el asunto por las razones antes apuntadas, no teniéndola tampoco ahora esta corte de distrito.
“Además, tratándose de un estatuto federal, la acusación debe ser interpuesta a nombre de los Estados Unidos y no a nombre de El Pueblo de Puerto Kico, y originalmente tendría que ser presentada ante una corte de distrito cuya jurisdicción se equipare a la de las cortes de los Estados Unidos.”

Discutidas ampliamente las cuestiones planteadas, la corte de distrito resolvió que a virtud de la Ley del Congreso de 21 de septiembre de 1921, dando jurisdicción concurrente a las cortes insulares para conocer de las violaciones a la Ley Na-cional de Prohibición, la corte tenía jurisdicción sobre la ma-teria, pero que constituyendo la violación imputada un felony, de conformidad con la Ley del Congreso de 2 de marzo de 1929, enmendando la Ley Nacional de Prohibición, carecía de jurisdicción original la corte municipal de Fajardo para juz-gar la causa, y, por tanto, ella de jurisdicción apelativa. En tal virtud, tras una larga y cuidadosa opinión, decretó el ar-chivo del caso y absolvió al acusado.

No conforme el fiscal, apeló para ante esta Corte Suprema y otra vez la cuestión fué debatida ampliamente.

El Juez Asociado Sr. Aldrey y el que suscribe estamos conformes en que debe confirmarse la sentencia apelada por sus propios fundamentos, esto es, porque tratándose de un felony no tuvo jurisdicción la Corte Municipal de Fajardo para conocer originalmente del proceso, pero no porque las cortes insulares dejaran de tener jurisdicción dada la forma en que el proceso se iniciara, que fué así:

“Corte Municipal de Fajardo, P. R. — Estados Unidos de Amé-rica, El Presidente de los Estados Unidos, SS. — El Pueblo de Puerto Rico v. Luciano Fuertes.”

Nuestro criterio sobre el último extremo fué y sigue siendo el del caso de El Pueblo v. Rodríguez, 33 D.P.R. 393, a saber, copiando del resumen:

“Ley NACIONAL de PeohibiCión — Jurisdioción.—Al conceder el Congreso jurisdicción concurrente a las cortes insulares para conocer de las violaciones a la Ley Federal sobre prohibición, actuó con ca-rácter de legislatura local a la 'que ciertas limitaciones constitucio-nales no son aplicables; por lo que tal jurisdicción debe ejercitarse con arreglo al procedimiento insular de enjuiciar.
‘ ‘ Id. — Id.—DenuNoia Sueioiente. — Una denuncia por infracción a la Ley Federal de Prohibición presentada ante la corte municipal, en la cual se establece la acción a nombre de los Estados Unidos inclu-yendo además El Pueblo de Puerto Rico, cumple con los requisitos exigidos por la sección 10 del Acta Jones.”

De ahí que disintiéramos en el caso de El Pueblo v. Zayas, decidido el 19 de diciembre de 1930 por virtud del cual quedó revocada la jurisprudencia establecida en el de Bodríguez, supra. En ambos casos, en el de Rodríguez y en el de Za-yas, la decisión de la Corte fué por mayoría, tres contra dos.

En cuanto al primer extremo parece tan clara la cuestión que no necesita de largos argumentos. Nadie duda que el he-cho imputado a Fuertes de acuerdo con la Ley Nacional de Prohibición enmendada, y con las leyes federales en materia penal, es un felony. Nadie ha expresado tampoco la más leve duda sobre el hecho de que las cortes municipales no tienen jurisdicción original en casos de felony. Siendo ello así, cualquier ley del territorio que pudiera invocarse para soste-ner que interpretados a la luz de sus preceptos los términos de la Ley del Congreso, el delito podría calificarse de misdemeanor, y no de felony, es manifiestamente inaplicable. La Ley del Congreso debe interpretarse a la luz de sus propias leyes que en este caso concreto son claras y terminantes. El Congreso declaró la infracción constitutiva de felony y como felony tiene que ser considerada por las cortes del territorio al conocer de ella en el ejercicio de la jurisdicción concurrente que el propio Congreso les confiriera. Argumentos de la mayor o menor conveniencia para la administración de la jus-ticia en las cortes insulares, no tienen peso alguno ante la clara determinación de la ley.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.

Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás López, acusado y apelante.
    No. 4254.

    Sometido: Febrero 18, 1931.

      Resuelto: Marzo 6, 1931.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Domingo Massari, Fiscal en comisión, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En la prueba presentada ante la Corte de Distrito de Ponce en el juicio en este caso declararon varios testigos, que Jorge Armstrong tenía una finca rústica en el barrio de Vi-llalba Abajo, y que en ella construyó un tanque de concreto, para recoger aguas de un chorro en la misma finca y desti-narla a su ganado y sus tierras; que uno de los dueños de una finca colindante, el acusado Tomás López, con un pico, rompió y destruyó, o inutilizó aquel tanque, cuyo coste fue de unos cuarenta dollars, y que tal destrucción fué voluntaria y maliciosa y causó daño al demandante Armstrong. En la prueba del acusado no aparece negarse que éste destruyera •el tanque, pero sí se afirma que el chorro de agua y el tanque estaban en la finca del acusado y su familia.

La corte, apreciando la prueba, declaró al acusado culpable de daños maliciosos, de acuerdo con la denuncia original, ■y le condenó a cien dollars de multa, y costas, o un día de cárcel por cada dollar que deje de pagar. Y contra tal sen-tencia se estableció la presente apelación, que se fundamenta señalando dos errores: el primero, porque los hechos ocurri-dos no constituyen delito público, y el segundo de “aprecia-ción errónea de la prueba y de la ley aplicable a este caso.”

Argumentando el primer error, la parte apelante nos dice que en la denuncia no se expresa que el acusado realizara el hecho con malicia, y que tal expresión es indispensable, de acuerdo con el estatuto y con la jurisprudencia en el caso El Pueblo v. Maldonado, 15 D.P.R. 777.

La denuncia está redactada así:

“Yo, Jorge Armstrong, vecino de Ponce, Puerto Rico, calle de urbanización La Alhambra, número-, mayor de edad, formulo denuncia contra Tomás López, por delito de Daños Maliciosos, come-tido de la manera siguiente: Que en 16 de noviembre a 3 P. M. de 1929, y en el barrio de Villalba Abajo, sitio Jagüeyes de Villalba, del Distrito Judicial Municipal de Juana Díaz que forma parte del Dis-trito Judicial de Ponce, Puerto Rico, el mencionado acusado allí y entonces ilegal, voluntaria y criminalmente, con el deliberado propó-sito de perjudicarme en mis intereses como así lo hizo, procedió a .destruir un tanque de agua el cual se encontraba dentro de los lí-mites de mi propiedad en el referido barrio, que dicho tanque tenía un valor aproximadamente de cuarenta dollars, privándome de esta manera del libre uso de mi propiedad y perjudicándome de esta ma-nera en mis intereses.”

En verdad que no aparece la palabra “maliciosamente”. Pero del texto de la denuncia aparecen estas otras: “ilegal, voluntaria y criminalmente”, que son más que bastantes para dar el concepto de malicia. La denuncia es suficiente.

En cuanto a la apreciación de la prueba, si en ella bay verdadero conflicto, la corte decidió, a nuestro juicio con acierto, en favor de El Pueblo. No bubo en tal determina-ción pasión, prejuicio o parcialidad, ni error manifiesto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Antonio Reyes Delgado, peticionario y apelado, v. La Corte Municipal de Manatí, Hon. Tomás Acosta Ramis, Juez, demandada y apelante.
    No. 5222.

    Sometido: Diciembre 2, 1930.

      Resuelto: Marzo 9, 1930.

      R. A. Gómez, abogado de El Ruello, por la demandada apelante; . Puro Giraud y A. Reyes Delgado, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Manatí se siguió un proceso sobre infracción de la ley de automóviles, siendo el acusado Domingo Ramón González. Defendía a este acusado el abo-gado Sr. Antonio Reyes Delgado. En la vista del caso, uno de los testigos dijo que antes de ocurrir el accidente por el que se originó el proceso, había visto pasar un automóvil, cuyo chauffeur iba embriagado, con la cabeza despeinada y la gorra echada sobre la frente; y como se le preguntara si podía asegurar que el acusado fuera el mismo que él había visto, el testigo dijo que sólo poniéndose el acusado en las con-diciones en que él había visto al chauffeur de que habló, po-dría reconocerlo. Entonces el juez Sr. Acosta Ramis ordenó al acusado que se despeinara, se echara el pelo a la cara, y se pusiera la gorra echada hacia la frente. El abogado de-fensor se opuso y aconsejó al acusado no hiciera lo que se le ordenaba por el juez; la orden de éste fué repetida, y el con-sejo del abogado lo fué igualmente; el acusado se negó a obedecer la orden. El juez entonces condenó por desacato al abogado y al acusado. La orden que a tal fin dictó la corte es como sigue:

11 ORden de la Corte. — Por cuanto en el día de hoy en la vista del caso de El Pueblo de Puerto Rico vs. Domingo Ramón Gonzá-lez, por inf. a la Ley de Automóviles de Puerto Rico, compareció el citado acusado en persona y representado por su abogado Antonio Reyes Delgado.
“Por cuanto en el curso del juicio declaró como testigo de cargo Arturo Rivera, quien manifestó que vió al acusado en la tarde del día que ocurrió la supuesta infracción de la Ley de Automóviles consistente en baber estropeado al individuo Pascual Bruno y al niño Justo Armando Bruno y asimismo identificó al acusado como a la persona que manejaba el supuesto automóvil cuando ocurrieron los Fechos.
“Por cuanto después de haber sido presentada la prueba de El Pueblo, el abogado de la defensa presentó una moción verbal de nonsuit alegando que el acusado no había sido suficientemente iden-tificado, y habiendo sido esta moción denegada por la Corte, nueva-mente insistió en ella y solicitó que ocupara la silla de testigos Arturo Rivera, a lo cual accedió la Corte haciéndole entonces varias preguntas .en cuanto a la identidad del acusado y tratando de con-fundirle con la declaración original que diera el acusado.
“Por CUANTO el testigo Arturo Rivera en su declaración original manifestó que cuando ocurrió el suceso que motiva esta denuncia vió al acusado González con la gorra puesta y el cabello despeinado ca-yéndole sobre la frente como en aparente estado de embriaguez.
“Poe Cuanto la Corte para mayor esclarecimiento de los hechos ordenó al acusado que se pusiese la gorra en la forma en que Arturo Rivera manifestó que lo había visto esa tarde, para hacer más espe-cífica su declaración en cuanto a la identidad del acusado.
“Por Cuanto el Ledo. Antonio Reyes Delgado ordenó al acusado en calidad de abogado que le representaba que se abstuviera de obe-decer la orden de la corte.
“Por Cuanto la Corte reiteró su orden de que el acusado se pu-siese la gorra para ser identificado y el Ledo. Reyes Delgado nue-vamente le ordenó y aconsejó que no acatase la orden de la Corte.
“Por cuanto es de todo punto necesario a los fines de una perfecta, honrada y seria administración de justicia quedas órdenes de los jueces dadas en corte abierta sean debidamente acatadas tanto por los acusados y testigos como por los abogados y demás funcio-narios que comparecen ante ellas.
“Por cuanto la actitud de abierta rebeldia.de parte del Ledo. Reyes Delgado es atentatoria al prestigio y respeto que se debe a los Tribunales, y muy especialmente por parte de los abogados que son considerados como oficiales de la misma y que están en el deber de dar un saludable ejemplo al pueblo.
“Por Cuanto el art. 61 del Código de Enj. Criminal determina el procedimiento a seguir y la pena que puede imponerse en caso de ■desacato a la corto.
“Por tanto, visto el art. 61 del Código de Enj. Criminal de Puerto Rico y considerados los hechos que se sucedieron en la ma-ñana de hoy. ante esta Corte, entiende la Corte que la actitud asu-mida por el Ledo. Antonio Reyes Delgado, como abogado de Domingo Ramón González, al ordenar a su representado que no acatase'la or-den de la Corte de que se pusiese la gorra cuando ésta lo ordenó, constituye un delito de desacato en corte abierta, tal y como lo define el art. 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal antes citado y en su consecuencia le declara culpable del delito de desacato en corte abierta y le impone dos dólares cincuenta centavos de multa o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer.”

La Corte de Distrito de Areeibo, en un procedimiento de Mbeas corpus, decretó la excarcelación del abogado Beyes Delgado por ser nulo el mandamiento de arresto por virtud del que se le detuvo. El abogado Beyes Delgado acudió a la misma Corte de Distrito de Areeibo en petición de certiorari, alegando los hechos que antes se exponen, y además que no habiéndose resuelto en el caso de habeas corpus sobre los mé-ritos del caso, esto es, en cuanto a la resolución por desacato, ésta subsiste, con carácter de ejecutoria, y se puede detener de nuevo al peticionario, y sigue la resolución siendo un gravamen sobre los bienes del mismo peticionario; mantuvo que la resolución es ilegal y nula, y no debe subsistir, y que ca-recía de remedio en ley.

La corte de distrito ordenó se librara el auto; oyó el caso, y dictó sentencia por la que se declara con lugar la petición de certiorari, y nula e ilegal la sentencia de la Corte Municipal de Manatí por la que se condenó a Antonio Beyes Delgado por desacato. Contra esa sentencia se interpuso ape-lación por el demandado Tomás Acosta Bamis, Juez municipal de Manatí.

En este tribunal ha comparecido a sostener la apelación el fiscal del tribunal, en nombre del referido juez.

La cuestión principal en este caso es si un tribunal tiene derecho para hacer que un acusado, por cualquier medio, se convierta en testigo de cargo en un proceso. Esta cuestión se encuentra tratada con gran acierto en la relación de he-chos y opinión del juez Samalea, de la Corte de Distrito de Areeibo.

El principio de que a nadie puede obligarse a testimoniar contra sí mismo, es casi universal. La Consti-tución de los Estados Unidos de América, lo tiene consagrado como lina de las más firmes salvaguardias de la libertad y la seguridad personal de los ciudadanos.

Naturalmente, en manos de los juristas el principio ha te-nido que sufrir una depuración y un estudio casi constante. T la posibilidad de sus modalidades y sus limitaciones ha sido-algo que ha ocasionado preocupación a los estudiantes y ex-positores de la ley, y motivo de frecuentes decisiones judicia-les. El juez de distrito cita los casos Counselman v. Hitchock, 342 U. S. 547, el caso Emery, 107 Mass. 172, Galaher v. State, 12 S. W. 1095, Turnman v. State, 95 S. W. 536, Ex parte Miskimins, 49 L. R. A. 831, y los de esta jurisdicción Ex parte Le Hardy, 17 D.P.R. 1024, Muñiz v. Juez de Distrito, 14 D.P.R. 199, y Coll v. Leake, 17 D.P.R. 357.

El fiscal de este tribunal, cita gran número de casos, en-tre ellos People v. Carey, 125 Mich. 535, State v. Graham, 74 N. C. 648, U. S. v. Gross, 20 D. C. 365, State v. AhChuey, 33 Am. Rep. 530, Holt v. United States, 218 U. S. 245, State v. Neville, 95 S. E. 55, y otros, y la opinión del comentarista Wigmore. Y algunos de ellos (Emery’s case, Counselman v. Hitchock) aparecen citados por el apelado, que también cita los casos de Cooper v. Alabama, 4 L.R.A. 766; Ex parte Miskimins, 49 L. R. A. 831, y el mismo tratadista Wigmore.

No tienen aplicación a este proceso todos aquellos casos en que el acusado se prestó, sin objeción, a realizar el acto de identificación.que se exigía de él; porque su asentimiento en-traña la'renuncia de su privilegio. Ni la tienen tampoco los casos en que se ordenó al acusado, simplemente, que se pu-siera de pie, posición corriente y natural.

El acto por el que el acusado ha de revelar necesariamente dato o indicio claro de su participación en la comisión de un delito, no puede ser exigido a ningún acusado, porque ello es aun más arriesgado que exigirle que declare contra sí mismo, ya que el declarar tiene siquiera la oportunidad de defen-derse y explicar sus actuaciones.

De la jurisprudencia que por una y otra parte se nos-cita, deducimos:

Primero: que el derecho de no testificar contra sí mismo, puede ser renunciado, y que el acusado que se somete a de-clarar, o a realizar actos equivalentes a una declaración o confesión, no puede luego invocar el derecho renunciado.

Segundo: que hay actos que por ser diarios y corrientes, y no envolver necesariamente confesión o declaración, pueden ser requeridos de un acusado, aunque dudamos que su deso-bediencia a tal requerimiento sea en todos los casos un desa-cato.

Tercero: que el consejo del abogado a su cliente para que no obedezca una orden que se dicta en violación de los de-rechos garantizados por la Constitución, no constituye desa-cato.

En el caso El Pueblo v. Miranda, 39 D.P.R. 271, se tra-taba de que el juez sentenciador, en un proceso por acometi-miento y agresión, dijo que él mismo podía ver que el acu-sado era un hombre de más de treinta años; no se había exi-gido que el acusado se pusiera de pie, u ocupara la silla tes-tifical. Se citaron por este tribunal otros casos, como el de El Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 501, y El Pueblo v. Hernández, 34 D.P.R. 324, sosteniendo que la corte, por mera inspección, no tenía derecho a condenar. Basta leer la opinión para en-contrar la diferencia entre el presente y aquel caso.

La lectura de la orden de la Corte Municipal de Manatí, es suficiente por sí sola, para afirmar que ella era ilegal y contra los derechos consagrados por la Constitución, y que se incluyeron en nuestra Acta Orgánica. Ni el acusado tenía que obedecerla, ni su abogado por qué aconsejarle que lo hi-ciera.

La orden no ha sido anulada, ya que no aparece así, ni las partes discuten la afirmación de que ella está aún en vigor. T la sentencia que la anula era necesaria; y por estar de acuerdo con la ley fundamental y la' jurisprudencia, dehe ser tal sentencia confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

text:
    Rafael García Soriano, demandante y apelante, v. La Sucn. de Harry A. McCormick y los albaceas de la herencia Dolores Alcaide y Baiz, Simón A. Alcaide y Baiz, Carlos J. Torres y William A. McKinley, demandados y apelados.
    No. 5288.

    Sometido: Febrero 13, 1931.

      Resuelto: Marzo 11, 1931.

      B. II. Blondet, abogado del apelante; Garlos J. Torres y T. Bernar-dini de la Huerta, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este fue un pleito presentado por Rafael García Soriano contra la sucesión de Harry A. McCormick, designándose en la demanda las personas que componían dicha sucesión, y también contra los albaceas de dicho Harry A. McCormick. Después del juicio se resolvió-que la causa de acción no era buena y el demandante apeló. Los apelados, albaceas de McCormick, solicitan la desestimación por dos fundamentos: El primero es que el alegato deja de cumplir con el regla-mento de esta corte, y los extremos en particular en que se basa son la falta de presentar una relación concisa del caso y la insuficiencia del señalamiento de errores.

Un examen del alegato revela que éste no contiene una relación concisa del caso sino que empieza con el señalamiento de errores. Uno de los fines de tal relación del caso' es que la corte de apelación al llegar al señalamiento de errores sepa sobre qué becbos o bases se señalan los errores. Frecuentemente bemos dicbo que para este fin el copiar las alegaciones o el exponerlas nuevamente no es la forma de bacer una relación del caso, pero ni siquiera se trató de hacer esto en el presente recurso.

Cuando llegamos a los señalamientos de error bailamos que ellos son igualmente inadecuados. El primer señala-miento dice meramente que la corte cometió error al resolver el caso en contra del demandante. El segundo señalamiento de error trata de ser un poco más específico pero finalmente sólo dice que la corte cometió error al declarar sin lugar la demanda, toda vez que todos los legados habían sido pagados y la pendencia de una acción de filiación no podía afectar al demandante-apelante en este caso. Posiblemente si hubiera habido una relación del caso este vago señalamiento de erro-res quizá hubiese podido entenderse, pero ninguna corte de apelación después de leer los señalamientos de error tendría idea alguna de los extremos realmente envueltos. Asimismo el hecho de que todos los legados hubiesen sido pagados no demostraría necesariamente que la corte hubiera cometido error al rehusar ordenar el pago de este supuesto legado en particular. El alegato deja de cumplir con los artículos 42 y 43 del reglamento de esta corte.

Durante la vista el apelante dijo que enmendaría su alegato si la corte así lo deseaba, o palabras a ese efecto. Em-pero, el deber de la corte no es hacer una elección en el asunto, sino que incumbe al demandante y apelante mismo elegir el curso que debe seguir. Bajo la situación, tal como se nos ha' presentado, la apelación tiene que ser desestimada por el primer fundamento solamente.

Abrigamos algunas dudas pero creemos que la apelación debe también ser desestimada por no haberse notificado el escrito a las partes necesarias. En su demanda el demandante dice que los herederos tenían conocimiento de la presentación de la demanda y que el demandante podía fundarse en la aprobación de todos los herederos, excepto de Dolores Alcaide y Baiz, quien era tanto heredera como albacea. En su alegato el apelante dice ahora que ésta era una alegación innecesaria, que la aprobación de los herederos no era menester y que los albaceas podían pagar el legado sin tal aprobación.

Gran parte del juicio en este caso fué dirigido en la teoría de que la aprobación de los herederos era necesaria y la opi-nión de la corte discute con bastante extensión este extremo. El artículo 876 del Código Civil parecería tener alguna apli-cación. Deberíamos tener alguna duda respecto a si esto no equivale a alterar ahora la teoría de la corte inferior, toda vez que las partes habían suscitado la controversia sobre la cuestión de tal aprobación. Sin embargo, no estaríamos de-masiado fuertemente inclinados a insistir en esto si por el contrario estuviésemos convencidos de los méritos de la ape-lación.

Los herederos, o algunos de ellos, fueron hechos partes. Los autos no revelan que ninguno de ellos fuera jamás citado. No obstante, hasta que se nos convenza de lo contrario cree-remos que los herederos tienen un verdadero interés al opo-nerse a la revocación de una sentencia que rehúsa ordenar el pago de un legado, especialmente cuando en realidad a ellos se les hizo partes en el juicio. De momento, por lo menos, los bienes dejados por McCormick no han sufrido disminu-ción por cualquier orden de pago al demandante. Además, según el caso fue presentado por la demanda, haciendo a los herederos partes en el litigio, y su desarrollo posterior por la negativa a sostener la reclamación, nos sentimos obligados a resolver que el escrito de apelación debió haberse notificado también a los otros demandados en el caso, y que la moción de desestimación debe también prevalecer por este funda-mento.

Debe desestimarse la apelación.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

Mi disentimiento no se basa en que opine que el alegato del apelante se ajusta a las reglas de esta corte y en que la parte ■dejada de notificar no es una parte necesaria. Al contrario. Estoy enteramente conforme en que los defectos del alegato existen y en que quizá se haya dejado de notificar a una parte realmente necesaria, pero, eso no obstante, entiendo que no debe desestimarse por ahora el recurso. Como en otras oca- . siones se ha hecho, debe darse en ésta la oportunidad al ape-lante de corregir los defectos de su alegato y debe posponerse la resolución de la cuestión de la falta de notificación hasta que el recurso sea estudiado en su fondo porque entonces po-drá decidirse con mayor seguridad de acierto si tiene razón la apelada que sostiene que se dejó de notificar la apelación a una parte necesaria o el apelante que alega que la parte dejada de notificar no es una verdadera parte necesaria en el pleito.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Emilia Mollá Viuda de Fuster, Pedro y Cesarina Fuster Mollá y Buenaventura Fuster Segura, demandantes y apelantes, v. Walter McK. Jones, demandado y apelado.
    No. 4654.

    Sometido: Junio 19, 1930.

      Resuelto: Marzo 11, 1931.

      Manuel F. Rossy, abogado de los apelantes; M. A. Martínez Dávila y Rincón & Arroyo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal,

Este es nn caso de reivindicación. La demanda deja de adncir nna causa de acción, toda vez que si bien se dice que el demandado está en posesión ilegal de tres fincas que se describen, pertenecientes a la parte demandante, la de-manda no demuestra que ninguno de esos predios se halle dentro de la descripción de la finca principal.

Cuando en nna demanda se describe suficientemente una finca, y se alega que el demandado está en posesión de la to-talidad de la misma, no es necesaria ninguna otra identifica-ción. Cuando, sin embargo, se alega que el demandado está en posesión de tres predios de terreno, que se describen, per-tenecientes al demandante, es necesaria alguna identificación adicional para demostrar que dichos tres predios se encuen-tran dentro de la finca principal descrita. Pérez Chanza v. Gerena, 41 D.P.R. 105. No hallamos que el demandado en forma alguna renunciara su derecho de insistir en este defecto. El letrado que argumentó el caso en este tribunal no compa-reció originalmente ante la corte inferior.

Igualmente, la parte demandante reclama su título mediatamente por una cesión de derechos y causa de acción de Fuster Hermanos, pero nada se dice o demuestra en la demanda que revele justo título en dicho Fuster Hermanos o el origen del título de los ameritados Fuster Hermanos.

La parte apelante no nos convence con su prueba de que el demandado esté detentando ningunos terrenos que se hallen dentro de los límites de la finca principal descrita en la demanda. El análisis cuidadoso hecho por el apelado tiendo a demostrar lo contrario, especialmente el hecho de que no se demuestra que el demandado esté en posesión de ningunos terrenos al sur del Camino Ortiga, que es la eolindancia natural de la finca de los demandantes.

Todos los terrenos de que está en posesión el demandado fueron objeto de otro pleito entre las mismas partes, según lo declaró la corte inferior. La parte apelante no nos con-vence de lo contrario.

Nos inclinamos al criterio de que el demandado tenía derecho a la defensa de prescripción ordinaria, y que la corte erró al no llegar a esa conclusión. Si bien el demandado no poseyó por más de diez años, la prueba tiende a demostrar que las personas de quienes derivó su título, sí poseyeron.

No prestaremos más atención detallada a este caso, ya que los apelantes han dejado de cumplir con el reglamento de este tribunal. Se dedican 41 páginas del alegato a una ex-posición de las alegaciones, documentos y prueba oral, pero no se hace una relación concisa de los hechos del caso o de las cuestiones a ser disentidas por el señalamiento de errores. No se liace nn señalamiento por separado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor se inhibió.


text:
    Ochoa Fertilizer Corporation, demandante-contrademandada-apelada, v. J. Octavio Seix, actuando como J. Octavio Seix & Co., Inc., demandado-contrademandante-apelante.

      No. 5077.

    Sometido: Junio 5, 1930.

      Resuelto: Marzo 11, 1931.

      B. Rivera Zayas, abogado del apelante; /. Henry Broten, C. Buiz Na-zario y O. E. González, abogados de la apelada
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda en este caso se alega que a instancias del demandado la demandante entregó a varias personas cierta cantidad de abono y que el demandado pagaría por el mismo, bien en pagarés suscritos por las personas a quienes entre-gaba la mercancía o con dinero recibido de tales personas por el demandado. No se hicieron pagos por cierta cantidad del abono y la demandante, después de deducir las comisiones, demandó en cobro de $6,508.93. Se radicó una contrade-manda.

La contrademanda fue declarada sin lugar y aunque la cuestión lia sido discutida hasta cierto grado, en tanto en cuanto la discusión no es meramente defensiva no existe señalamiento de error con respecto a la misma. Por tanto, la actuación de la corte de distrito al declarar sin lugar la contrademanda no necesita ser considerada.

El apelante no está enteramente equivocado al decir que la causa de acción en este caso no es una compraventa. Naturalmente, si el demandado hubiese ordenado mercancía de la demandante para ser entregada a otras personas, suponiendo la entrega, surgiría una causa de acción. La acción en este caso es algo distinta. El demandado tenía que entregar el dinero según lo iba cobrando, conforme se deduce de la demanda misma. • Esto dió lugar a la teoría, especialmente en apelación, de que el demandado era un mero agente de la demandante. No obstante, la corte inferior, y sus consideraciones están apoyadas o aumentadas por el alegato del apelado, resolvió o llegó a la conclusión por las alegaciones y la prueba que el demandado ordenó el abono y se hizo responsable del mismo. El demandado prácticamente admitió su responsabilidad. El tenía que entregar el dinero del abono vendido directamente de contado; tenía que entregar los pagarés buenos recibidos y si no eran aceptados, pagarlos. La teoría de la corte de que el título de la demanda importa poco si de las alegaciones y la prueba aparece una causa de acción, es correcta.

No hallamos error alguno en la apreciación de la prueba, la corte estuvo justificada al imponer las costas, y la senten-cia debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Perfecto Quiles, acusado y apelante.
    No. 4083.

    Sometido: Mayo 7, 1930.

      Resuelto: Marzo 11, 1931.

      R. Cuevas Zequeira y F. Rodríguez Alverio, abogados del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, el fiscal de este tribunal sugirió la revocación fundándose, quizá entre otros motivos, en que la corte, a la cual se le sometió el caso sin la intervención de jurado, cometió manifiesto error rechazando la prueba tendente a demostrar la defensa propia presentada por el acusado, y al dar crédito a la sola declaración del lesionado. El delito imputado es el de atentado a la vida, y el letrado que argumentó joralmente el caso ante esta corte no fné el mismo que en la corte inferior. El fiscal de este tribunal hace nn resumen de la prueba del Gobierno, más o menos en la siguiente forma: Que Antonio Flores, el hombre contra quien Quiles (el acusado) disparó, se hallaba en la tienda de Ensebio Miranda en compañía de Juan Maldonado, Francisco Ruiz, Federico Luna y Etanislao Rodríguez, además del dueño, Euse-Tbio Miranda; que Victor Cabrera, mayordomo de Quiles, llegó al establecimiento de Miranda para pedir a Flores que fuese a casa de Quiles para que le llevara una carta; que Cabrera y Flores salieron del establecimiento de Miranda, mien-tras que los otros permanecieron allí; que la casa de Quiles quedaba como a media cuerda de distancia; que las personas •que permanecieron en la tienda oyeron dos o tres disparos, fueron a casa de Quiles y bailaron a Flores en el suelo con heridas en los muslos. El fiscal expuso otros extremos que es innecesario relatar, y entonces expresó que la prueba ten-dió a demostrar que Flores estaba algo picado, es decir, me-tido en licor; que de acuerdo con la declaración del médico, Flores recibió dos heridas en los muslos, de carácter leve, que curaron rápidamente. Con el testimonio del Jefe Soldevila se demostró que cuando Perfecto Quiles se entregó dijo que venía a hacerlo porque había hecho ciertos disparos contra un tal Flores, y que cuando el jefe le preguntó a Quiles si había matado a Flores, el acusado le contestó que no sabía; que Quiles no supo decir dónde estaba la pistola con que ha-bía disparado; que el perjudicado Flores declaró en el sen-tido de que en la tarde del Viernes Santo, 29 de marzo de 1929, se hallaba en la tienda de Eusebio Miranda con las personas arriba mencionadas; que Víctor Cabrera vino a buscarlo para que fuera a casa de Quiles; que él salió con 'Cabrera para la casa del acusado, y a su llegada allí el acu-sado Perfecto Quiles, quien tenía una pistola, sin que media-ran palabras o sin que hubiera discusión entre ellos y sin de-cir nada, se le vino encima (a Flores), haciéndole tres dispa-ros, ocasionándole una herida en el muslo de cada pierna, que •se cayó al suelo y de allí fué levantado por Francisco Buiz y ■otros amigos y llevado a la tienda de Miranda y luego al hospital. Tal es más o menos la síntesis de la prueba de El Pueblo hecha por el fiscal. Debemos agregar, sin embargo, los siguientes hechos que no fueron controvertidos: que el médico declaró no sólo que las heridas fueron recibidas en los muslos, sino en la parte superior de los mismos; que Quiles, sin investigación alguna respecto al estado del caído, montó en su caballo y se fué. Además, considerando la natu-raleza desinteresada de los testigos, fué un becbo establecido que Flores fué al establecimiento o casa de Quiles a instan-cias de éste. La prueba de descargo, consistente en la decla-ración de Víctor Cabrera, Bamón Nazario, y el propio acu-sado, resumida por el fiscal, tendió a demostrar que la tarde del día referido el acusado Quiles volteaba su finca atendiendo a sus quehaceres y portando una pistola; que al regresar a su casa, más o menos como a las tres de la tarde, bailó que su empleado Pablo Cabrera, hijo de Víctor Cabrera, no estaba en la casa, y que, deseándolo para un trabajo, envió a Víctor Cabrera para que lo buscara en la tienda de Eusebio Miranda ; que Víctor Cabrera, para cumplir con ese encargo, fué al es-tablecimiento de Miranda y le dió el recado a Pablo Cabrera; que al salir para la casa de Quiles, Antonio Flores le dijo: “Don Víctor, voy a ir con usted”, y que los tres salieron para la casa de Quiles; que antes de llegar a la casa de Qui-les, Flores le dijo a Víctor Cabrera: “vengo acá con usted, porque yo me bailo ser machito, y soy un hombre completo”; que al llegar allí, y al encontrarse con Quiles, Flores pronun-ció ciertas palabras que no es necesario transcribir, pero no es posible usar palabras más insultantes en el idioma caste-llano; que Quiles le dijo que se detuviera, y no se le acer-cara; que entonces Flores baló por una navaja de cabo negro que tenía en el bolsillo de atrás, y vino hacia adelante, aunque Quiles le decía que se detuviera y no se le acercara, pero que, no obstante, volvió contra él y lo atacó; que Qui-les retrocedió y tropezó con la pared de la tienda, y que, como no pudo seguir retrocediendo, entonces disparó; que Flores estaba ebrio; que en la mañana de ese mismo día Flores había estado en casa de Quiles, hallándose presentes algunos de los testigos, así como algunas jóvenes y la esposa de Quiles, todos jugando lotería; que Flores subió, pasó por la sala, y dijo que iba a picar la lotería y a romperla; que cuando eso ocurría por la mañana Perfecto Quiles no estaba en su casa; que Flores babía usado aquella mañana un len-guaje insultante similar al de por la tarde, y que es un indi-viduo pervertido que desde niño le ña gustado pelear; que también declaró Don Modesto Cobián sobre" la reputación del acusado, expresando que tenía al acusado por honrado, re-ligioso, trabajador y cumplidor de sus deberes.

A este resumen debe agregarse que, a juzgar por toda la prueba, no puede haber duda de que Flores era un hombre pendenciero, y aun provocativo; que el acusado admitió que no se encontró la navaja; que declaró que sólo disparó cuando Flores estaba a una distancia como de un escritorio; que, más particularmente, y esto es muy importante, Quiles, Víctor Cabrera y Ramón Nazario negaron el hecho establecido de que Flores vino a casa de Quiles a instancias de éste. Igualmente, Quiles negó enfáticamente que él tuviera conoci-miento alguno del incidente ocurrido en su «jasa en la mañana de aquel día, aunque tanto Cabrera como Nazario lo sabían. De esta reseña hecha por nuestra lectura de un árido récord, es evidente que el juez de la corte de distrito, por quien fue juzgado el caso sin la intervención de un jurado, no creyó el testimonio de los testigos del acusado, y no podemos llegar a la conclusión de que se equivocó. Además, cuando se admite que la corte tuvo la oportunidad de observar a todos los tes-tigos — que nosotros no hemos tenido — no nos sentimos en si-tuación de dudar que la corte tuviera el derecho de no creer a dichos testigos. El apelante y el fiscal hacen algún hin-capié en el hecho de que ninguno de los testigos de El Pueblo excepto el mismo Flores se hallaba presente en el momento de los disparos, mientras que todos los testigos del acusado sí lo estaban. Aunque Flores negó haber estado en casa de Quiles durante la mañana, no obstante, la corte tenía derecho a creer el resto de su declaración, y ello, a pesar de que 61 tenía la famá de ser pendenciero y borrachón. La negativa de los testigos del acusado de la invitación de Flores es un hecho resultante en el caso, que casi por sí solo hubiera jus-tificado el que la corte no creyere las declaraciones del acu-sado y sus testigos; de igual modo, la negativa de haber te-nido conocimiento alguno de lo sucedido durante la mañana. Podemos inferir de las preguntas hechas por la corte, que ella creyó que el móvil de los disparos fué la conducta de Flores en la mañana del mismo día. El fiscal tampoco señaló el hecho de que Quiles dijo que había disparado a los pies de Flores, aunque, según demuestra la prueba, los disparos sur-tieron efecto en la parte superior de cada uno de los muslos de Flores, y, por tanto, muy cerca de partes vitales del or-ganismo. Evidentemente, la -corte no creyó que Quiles dis-parara hacia los pies de Flores. Bajo las circunstancias ex-puestas, la corte tenía derecho a creer de la declaración de Flores y de la demás prueba directa y circunstancial que Quiles le disparó directamente a Flores, o que, quizás, dis-paró tan imprudentemente que muy fácilmente pudo haberlo muerto; de igual'manera, que Quiles no disparó en defensa propia, sino por sentirse molesto por la conducta de Flores. Descartando la prueba de defensa propia, la corte aparente-mente llegó a la conclusión de que Quiles, de todo punto en-furecido por el comportamiento de Flores en la mañana, mandó por él y le disparó con la intención de matarlo. Tal fué probablemente la idea del juez sentenciador, pero quizá pudo tener una teoría ligeramente distinta, y a pesar de ello no nos sentiríamos en condición de revocar por el fundamento de que la sentencia es contraria a la prueba, según se alega.

El apelante cita del caso de People v. Grenshaw, 298 Ill. 412, 15 A. L. R. 671, pero lo que de la opinión se transcribe en el alegato revela que la intención deliberada de matar puede demostrarse por los hechos establecidos por la prueba. No puede haber duda en este caso de que, si existió la inten-ción de matar, fué deliberada. Una inferencia semejante puede hacerse del caso de State v. Sips, 202 Iowa 173, 47 A. L. R. 407, también citado por el apelante. En People v. Grandi, 33 Cal. App. 637, el acusado admitió en la silla tes-tifical haber becbo dos disparos, en el momento del supuesto ataque, pero declaró enfáticamente que no disparó contra Tognola. La corte dijo, después de resolver los errores se-ñalados: “Hemos considerado ya todos los puntos por los cuales se solicita la revocación, y habiendo examinado y con-siderado íntegramente los autos, no hemos hallado razón legal alguna para alterar el resultado a que se llegó en la corte inferior.” Si bien es posible que pueda hacerse una distin-ción de ese caso, tiende a demostrar que cuando la prueba directa y circunstancial es tal como la del presente, una corte de apelaciones no variará las conclusiones del juzgador de los hechos.

Si un hombre dispara contra otro y lo mata, la intención deliberada puede inferirse de la muerte. Artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, todas las autoridades demuestran que cuando el delito imputado es el de ataque para cometer asesinato, no se puede inferir inten-ción alguna ni siquiera del uso de un arma mortífera, sino que El Pueblo está obligado a establecer la intención delibe-rada. El caso de People v. Mize, 80 Cal. 41, también citado por el apelante, en gran modo demuestra este estado de la ley. Según hemos apuntado, El Pueblo presentó un caso tal que la corte inferior tenía derecho a llegar a la conclusión, fuera de toda duda razonable, de que el acusado era culpable. Esto resuelve los señalamientos tercero y cuarto.

El primer señalamiento de error, al efecto de que no se le celebró al acusado un juicio rápido, merece poca consideración. Aparece que no se suscitó cuestión alguna de esta naturaleza en la corte inferior, y nada tenemos ante nosotros que pudiera servirnos para revocar por este fundamento.

No estamos de acuerdo con el apelante, según su segundo señalamiento de error, en que la corte se excedió en su autoridad al sugerir al fiscal de distrito, como lo hizo, que había dejado de llamar al médico en el caso. La corte tiene-amplia discreción para impedir nn fracaso de la justicia, y no bailamos abuso alguno.

El acusado también radicó una moción de nuevo juicio. La corte no cometió error al sostener que la evidencia presentada por las declaraciones juradas no era suficiente para variar su apreciación de la prueba. La corte tenía un perfecto derecho, si la prueba era acumulativa o si estaba convencida de la falsedad de la misma, de negarse a conceder un nuevo juicio.

Además, la corte resolvió no sólo que la prueba no bastaba para alterar la convicción de culpabilidad, sino que el acu-sado no había, como cuestión de derecho, satisfecho a la corte de que las materias a que se referían las declaraciones juradas no pudieron ser descubiertas mediante la debida diligencia por parte del acusado antes del juicio. Tomemos por ejemplo la cuestión del supuesto hallazgo de la navaja. El acusado estaba obligado, al tiempo del juicio, a saber que se le preguntaría sobre la existencia de la navaja; y si en rea-lidad se encontró, pudo haber sido localizada antes. Con mu-cha facilidad, y sin ninguna connivencia de parte del acusado, sino por medio de la intervención de cualquiera de sus amigos, tal navaja pudo ser descubierta.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Miguel García Irizarry, demandante y apelante, v. Ricardo Pérez Irizarry, demandado y apelado.
    No. 5610.

    Sometido: Marzo 9, 1931.

      Resuelto: Marzo 12, 1931.

      E. Báez García, abogado del apelante; José Sabater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado nos. pide que desestimemos la apelación, fun-dándose en que el apelante optó por la exposición del caso, para su apelación, y pidió para tal trámite varias prórrogas, presentándola al fin, en 22 de mayo de 1930, y señalada la comparecencia para aprobación para el 26 del mismo mes de mayo, se concedió en ella al apelante, para presentar la ex-posieión enmendada, basta el 30 de agosto, de 1930; que radi-cada tal exposición, se fijó la comparecencia para el día 1 de octubre, y luego para el 14 del propio mes, en cuyo día se ordenó de nuevo se enmendara la exposición y se concedió al demandante basta el 17 del mismo mes para que presentara la transcripción enmendada, lo que no ba becbo, ni realizado ninguna otra gestión sobre tal exposición del caso; que en este estado de cosas, la corte de distrito ya no tiene jurisdic-ción para aprobar la exposición del caso, que de ser presen-tada lo sería fuera del término; que el apelante ba sido negligente y no ba presentado la transcripción del récord en este tribunal y acompaña certificación del secretario de la corte de distrito en la que aparece el becbo de las distintas prórrogas, y radicación de la exposición del caso; que para comparecencia sobre la exposición se señaló el 26 de mayo de 1930, y entonces la corte concedió al demandante basta el 30 de agosto del mismo año para presentar la exposición en-mendada, la que fue radicada; y se señaló para vista sobre aprobación el 14 de octubre, en cuyo día se ordenó que se volviera a enmendar la exposición, concediéndose para ello hasta el 17 de octubre; que ni en esa fecha ni después, se ha presentado exposición enmendada, ni se ha pedido pró-rroga para ello, ni se ha hecho gestión alguna sobre la ex-posición.

La parte apelante, en oposición a la solicitud para que desestimemos la apelación, alega que de las varias prórrogas que se le concedieron para la exposición del caso, cuatro fueron pedidas con la conformidad del apelado, y una por estipulación de ambas partes; que en la vista para aproba-ción celebrada el 14 de octubre de 1930, el demandado, ahora apelado, propuso verbalmente ciertas enmiendas, y la corte dictó orden concediendo al demandado hasta el 17 de octubre • para presentar sus enmiendas por escrito, lo que no ha hecho en esa fecha, ni después; que no se ha presentado la trans-cripción del récord, porque de ella ha de formar parte la exposición del caso, que aun no se ha aprobado porque el apelado no presentó sus enmiendas por escrito. Y une dos certificaciones del secretario de la corte de distrito de las que. aparece la copia de la orden de la corte el 14 de octubre de 1930, así:

“La corte concede al demandado basta el viernes, 17 del actual, para presentar sus enmiendas por escrito.”

Y asimismo que el demandado no ha presentado tales en-miendas. I)e la otra certificación aparece que se concedieron al apelante varias prórrogas para la exposición del caso, y de ellas cuatro fueron pedidas con la conformidad del ape-lado, y una por estipulación entre las partes.

En situación como ésta, y debiendo el apelado conocer por sí mismo las circunstancias, es difícil entender cómo ha pedido esta desestimación, que sólo puede justificarse' por no haber recordado, al hacerlo, las condiciones en que se hallaba el caso.

Se declara sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Genaro Cautiño Insúa, demandante y apelante, v. Pizá Hermanos, S. en C., demandada, y Catalina Canals Rodón y Sucesión de Francisco Pizá y Más, interventoras y apeladas.
    No. 5208.

    Sometido: Junio 25, 1930.

      Resuelto: Marzo 12, 1931.

      T. Bernardini de la Huerta, abogado del apelante; L. Mimos Mora-les como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada- sentencia en rebeldía del demandado en este pleito establecido por Genaro Gantiño Insúa contra la mercantil Pizá Hermanos, S. en C-, en cobro de dinero garantizado con pri-mera hipoteca de dos fincas rústicas y con prenda de ganado, se personó en este pleito, después de la sentencia-, la sucesión de don Francisco Pizá, compuesta por su viuda y por dos hijos, alegando ser acreedora de la mercantil Pizá Hnos., S. en C., por cierta cantidad de dinero que le garantizó con segunda hipoteca sobre las dos fincas antes mencionadas, vencedera en 3.1 de diciembre de 1931, y solicitó fuera anulada la expresada sentencia por los motivos de nulidad que expuso y que se abriera la rebeldía de la demandada Pizá Hermanos, S. en C.; petición que fundó en que según el contrato celebrado entre el demandante y la sociedad demandada aquél debe estar satisfecho de los intereses reclamados y de parte del capital con el producto del ganado dado en prenda. Con esa solicitud acompañó una demanda de intervención en ese pleito para que declarada nula la sentencia y abierta la rebeldía se le permitiese intervenir, fundándose substancialmente en el mismo motivo que tuvo para solicitar la nulidad de la sen-tencia y la apertura de rebeldía en el pleito mencionado.

La corte inferior declaró nula la expresada sentencia y abrió la rebeldía, declarando también subsiguientemente con lugar la demanda de intervención presentada, contra cuya resolución fué interpuesta esta apelación por la parte deman-dante.

Es regia general, casi absoluta, que solamente las partes en el pleito tienen derecho a solicitar su nulidad, y que sean cualesquiera los defectos de que adolezca, no pueden las personas extrañas solicitar que sea anulado, aunque! es excepción que pueden hacer esa solicitud los extraños afectados o perjudicados por la sentencia. 34 O. J. 344, see. 558. Pero por ser esto excepción a la regia general, de dicha petición debe aparecer clara y positivamente que la persona extraña al procedimiento ha sido en realidad afectada o perjudicada por la sentencia cuya nulidad y consiguiente apertura de rebeldía interesa. Tal cosa no aparece en este caso, pues la sucesión peticionaria no afirma en su solicitud que el demandante ha cobrado los intereses y parte de su crédito hipotecario para que así resultara que siendo menor el crédito del demandante la sucesión sería perjudicada en su segunda hipoteca por tener que ser pagada la sentencia, con los bienes que también están afectos a la segunda hipoteca. Con alegación tan vaga e indefinida como la consignada en la petición de nulidad y de apertura de rebeldía no es posible que lo sucesión de don Francisco Pizá tenga derecho a perturbar la sentencia consentida por las partes, por lo que la reso-lución apelada debe ser revocada en todos, sus extremos, ya qne la intervención permitida era consecuencia de la nulidad •decretada y de la apertura de rebeldía. Lo que parece de-mostrar la actuación de la sucesión Pizá es que trató de •evitar el precepto del artículo 72 del Código de Enjuicia-miento Civil según el cual la intervención tiene que hacerse .antes de la celebración del juicio, y la consiguiente doctrina expuesta en el caso Pillot v. Pillot, 21 D.P.R. 202.

Aquí deberíamos terminar esta opinión pero creemos conveniente hacer constar que después de interpuesto este recurso el apelante Cautiño compró a la sucesión apelada el crédito hipotecario que le sirvió para sus peticiones en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Gustavo Quiñones Rieder, tercerista y apelante, v. Angel Cuadra Martínez y José J. González, demandados y apelados.
    No. 5315.

    Sometido: Marzo 6, 1931.

      Resuelto: Marzo 12, 1931.

      Amgel M. Villamil, abogado del apelante; González Fagundo & Gon-zález, Jr., abogados del apelado Cuadra Martínez.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido por Angel Cuadra Martínez contra José J. González en cobro de dinero fueron embargadas al ■demandado varias vacas, las que Gustavo Quiñones Rieder ■ reclamó como suyas ante el márshal que hizo el embargo, estableciendo después la correspondiente demanda de terce-ría para que se declarase que son de su propiedad y queden libre del embargo. Celebrado el juicio correspondiente re-cayó sentencia declarando que una de las vacas embargadas, que está mareada con las letras G. Q,, es de la propiedad del tercerista y que éste no babía probado la identidad de las otras vacas reclamadas.

Contra esa sentencia interpuso esta apelación el tercerista alegando como único motivo para que la revoquemos que la corte inferior cometió error craso en la apreciación de la prueba.

El embargo fué practicado el 26 de noviembre de 1927 y las seis vacas objeto del mismo fueron descritas por el mársbal por sus colores, haciendo constar que una de ellas está marcada con las letras G. Q.

Para probar el tercerista su título a las vacas embargadas presentó en el juicio una escritura pública otorgada tres años antes, el 23 de julio de 1924, por la que compró 29 vacas y 10 novillas a José J. González Nieves y 23 vacas y 12 novillas a Ramón González Nieves, que suman 52 vacas y 22 novillas, estando marcados esos animales con letras, con excepción de tres vacas y de tres novillas, sin que la des-cripción de los seis últimos animales concuerde con la que tienen las vacas embargadas. El tercerista declaró en el juicio que de acuerdo con la escritura compró varias vacas a los señores González, 23 a uno y 10 al otro, cuando de ese documento aparece que fueron 29 y 10. También declaró ■que las vacas embargadas son de su propiedad y que eran novillas cuando las compró pero que cuando crecieron ban cambiado de color alguas de ellas; que esas vacas las com-pró con las letras que aparecen en la escritura, que las marcó con sus iniciales y que llamó la atención al mársbal sobre las marcas suyas nuevas que tenían las vacas embargadas. Sobre este extremo no fué interrogado el mársbal cuando declaró en el juicio ni sobre si todas las vacas que embargó tenían marcas de letras. La prueba del demandante tendió a demostrar que esa escritura de compraventa de ganado fué otorgada cuando la obligación reclamada en el pleito estaba vencida y que el comprador y los vendedores son cuñados.

Entendemos que la corte no ha cometido el error qne se le atribuye, porque es prueba de gran peso en esta clase de reclamaciones las marcas que tenga el ganado, pues los colores pueden cambiar, como reconoció el tercerista, o ser erróneamente apreciados, y estando marcadas las vacas y novillas que, según la escritura compró el tercerista, quien según declaró le puso nuevas su marca, es muy significativo1 que sólo una de las vacas embargadas tuviera las iniciales Gr. Q. y que las demás no tuvieran marca alguna, según la descrip-ción que hizo el márshal, quien según hizo constar que una vaca tenía marca lo hubiera hecho constar para las otras? y si fué un olvido de dicho funcionario, según alega el ape-lante, tal extremo debió aclararlo en el juicio y no lo hizo. Creemos con la corte inferior que el tercerista no justificó la identidad de las vacas que reclama como suyas, con excep-ción de una cuya propiedad le reconoce la sentencia apelada, la que debe ser confirmada.