author: El -Juez Asociado Señor HtjtchisoN

text:
    R. Muñiz de León & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Melón Hnos. & Cía., S. en C., demandada y apelante.
    Núm. 7723.

    Sometido: Abril 25, 1939.

      Resuelto: Marzo 14, 1940.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; V. Polanco de Jesús, abo-gado de la apelada.
   El -Juez Asociado Señor HtjtchisoN

emitió la opinión del tribunal.

La demandada apela de una sentencia adversa en nn pleito para recobrar daños provenientes de nn embargo ile-gal. La historia del caso del cnal surgió la presente acción puede verse en Melón Hnos. & Co., S. en C., v. R. Muñíz de León, 47 D.P.R. 91, y en Melón Hnos. & Co. v. R. Muñíz, etc., y Villamil, interventor, 49 D.P.R. 703. La corte de distrito declaró sin lugar una excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Se señala esto como error. En su alegato la apelante dice que:

Bu ninguna de las tres causas de acción alegó la demandante ma-licia, falta de causa probable, mala fe, dolo, fraude o negligencia al trabar la demandada el embargo ilegal. En la primera causa de ac-ción la demandante no alegó que ella se hubiera opuesto al embargo de su propiedad. En la segunda causa de acción la demandante no alegó que ella se hubiera opuesto al cierre de su negocio o que el mismo se hubiera llevado a cabo ilegalmente por la demandada. En la ter-cera causa de acción la demandante no alegó que ella hubiera pedido permiso para examinar los libros embargados y para sacar o para que se le entregase una lista de los deudores o las cantidades adeu-dadas a la demandante; o que la demandante hubiera tratado de cobrar esas deudas sin éxito. Verdejo v. Sucrs. de Oliva & Co., 18 D.P.R. 103, 106.

Como primera causa de acción la demandante alegó que:

El día 13 de diciembre de 1932 la demandante, traficante de mer-cería, era dueña de un establecimiento mercantil situado en la calle Palmer núm. 26, en Ciales, P. R. Ese día Melón Hnos. & Co., S. en C., acompañada del marshal de la Corte de Distrito de Areeibo — valién-dose de un mandamiento de embargo que había obtenido de la Corte de Distrito de San Juan el día anterior en el caso de Melón Hnos. & Co., S. en C., v. R. Muñiz de León, núm. 17,891 — penetraron en el establecimiento mercantil expresado y embargaron todas las mercan-cías que la demandante tenía en dicho establecimiento, cerraron el mismo e impidieron que la demandante continuara su negocio, lle-vándose las llaves del establecimiento y anulando por completo el ne-gocio de la demandante.- Como resultado de ello se vió obligada la demandante entonces a recurrir a la Corte de Distrito de San Juan en el indicado caso en que se libró el mandamiento de embargo para ■obtener la disolución de éste — lo que se consiguió por sentencia de la Corte Suprema de Puerto Rico dictada en 26 de junio de 1934. Al amparo de dicho mandamiento de embargo, Melón Hnos. & Co. vendió en pública subasta y se apropió todos los bienes de la demandante sin pagar su importe a ésta. Dichos bienes y mercancías tenían un valor razonable de $3,400.50. Para obtener la nulidad de la orden de embargo la demandante tuvo que contratar los servicios de aboga-dos a quienes pagó $600, además de $150 gastados en derechos ju-diciales y en viajes de testigos. La demandada no ha pagado estas sumas a la demandante.

Como segunda causa de acción, la demandante alegó, ade-más de los hechos arriba expuestos, que:

La demandante desde hacía varios años tenía su negocio estable-cido en Ciales y el volumen del mismo alcanzaba anualmente la canti-dad de $12,000, con crédito estable y firme y con beneficios líquidos de no menos de $2,000 anuales. La demandante se ha visto privada de dichos beneficios desde el día 13 de diciembre de 1932 hasta el día en que se radicó la demanda. Esta pérdida ascendía a $4,000. La demandada no le ha pagado esta cantidad.

Como tercera causa de acción la demandante alegó, ade-más de los hechos arriba expresados, que:

En dicho día 13 de diciembre de 1932 la demandada Melón Hnos. & Co., S. en O., al penetrar con el márshal en el establecimiento mer-cantil de la demandante, se apoderó sin el consentimiento de ésta del sistema de libros de contabilidad que la demandante tenía en su esta-blecimiento para registrar todas las transacciones y especialmente para anotar los nombres de todos sus deudores y la cantidad que cada persona le debía. Como la demandada cerró el establecimiento y dejó en él encerrados los libros de contabilidad y se apoderó y dispuso de ellos, impidió así que la demandante los utilizara para cobrar sus cuentas oportunamente, teniendo por resultado que con el transcurso del tiempo los deudores se han ausentado unos, y otros han venido a estado de insolvencia, y por este motivo la demandante ha sufrido daños ascendentes a la cantidad de $1,500.

Los hechos así alegados eran suficientes para demostrar que los daños habían sido causados por la culpa o negligen-cia de la demandada. No era necesario usar las palabras culpa o negligencia. Societé Anonyme, etc. v. Vallés, 46 D.P.R. 652. La acción se basaba en el artículo 1802 del Código Civil (edición de 1930). Ese artículo provee: Í£E1 que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño cau-sado.” No era necesario alegar malicia, falta de causa probable, mala fe o dolo.

La opinión en el caso de Verdejo v. Sucrs. de Oliva & Co., supra, habla por sí misma. A falta de argumento alguno o de otra cita de autoridades no liaremos ahora una inves-tigación independiente de otras cuestiones relativas a la suficiencia de la demanda pero que no han sido desarrolla-das adecuadamente en el alegato de la apelante.

Alega la apelante que la corte de distrito erró al dictar sentencia a favor de la demandante, quien no tenía capacidad legal para demandar.

La demandada alegó, por información y creencia, que desde antes de la presentación de la demanda la deman-dante cesó en sus obligaciones comerciales por vencimiento del término social. Luego la demandada admitió que la demandante en diciembre 13, 1932, era- una sociedad mercan-til en comandita, pero alegó como defensa que el término social de la demandante había expirado y como consecuencia la demandante había dejado de existir y había perdido su capacidad para demandar.

Asumiendo con la apelante que el término social de la demandante había expirado después del día del embargo ile-gal y antes de radicarse esta demanda, estamos de acuerdo con la apelada que para los fines de ejercitar una demanda para recobrar daños causados por un acto torticero come-tido tintes de expirar el término debe considerarse que la sociedad demandante sigue existiendo aunque haya expirado su término. Sin perjuicio de volver a considerar esta cues-tión en casos futuros así lo resolvemos. Véase artículo 147 del Código de Comercio (ed. de 1932); 2 Gay de Montellá, Código de Comercio 494, y casos citados; Sucrs. de L. Villamil & Co., S. en C. v. Quintana, 45 D.P.R. 929.

Otra contención es que la sentencia es contraria a la ley y que no está sostenida por la evidencia.

Los testigos de la demandante en lugar de declarar que se habían pagado |600 a los abogados como se había ale-gado en la demanda, declararon que dichos abogados le habían pasado una cuenta por $600 que no había sido pagada. Esa cuenta fué por servicios profesionales prestados en el caso -en que se ordenó el embargo. No especificaba la cantidad que se debía por obtener la disolución del embargo. El juez de distrito tenía ante sí treinta y cuatro documentos del récord en el caso de Melón Hnos. & Co., S. en C. v. R. Muñiz de León. La sentencia recaída a favor de la demandante incluía una partida de $200 como honorarios por obtener la disolución del embargo. Había suficiente prueba para sos-tener esta parte de la sentencia. El hecho de que el juez de distrito teniendo los datos ante él estuviere en posición de fraccionar los servicios prestados, es suficiente para distin-guir el presente, del caso de Muriente v. Terrasa, 22 D.P.R. 738, citado por el apelante.

Descansa también la apelante en el caso de Sierra v. Santiago, 48 D.P.R. 687 y en las autoridades allí citadas para sostener la regla general de que el demandante en una acción ex delicto no puede recobrar como un elemento de daños hono-rarios de abogado por servicios prestados en otro pleito. Conforme se dijo en el caso de Sierra, hay algunas excep-ciones a la regia general.

En Díaz v. García, 47 D.P.R. 474, 480, esta corte dijo:

“El tercer señalamiento es que la corte ele distrito cometió error al justipreciar la cuantía de los daños y perjuicios. Una de las parti-das alegadas en la demanda, establecida por la prueba y concedida por la corte, fué la suma de $100 pagados por el demandante como honorarios de abogado y gastos incurridos en sus gestiones como in-terventor ante la corte municipal y en apelación para ante la corte de distrito en el pleito iniciado por Francisco García contra Reyes García. Se sostiene que no se concedieron honorarios de abogado como costas en dicho pleito y que los mismos no pudieron ser con-cedidos de acuerdo con el estatuto que rige la materia de costas, toda vez que la suma en controversia era menor de $500. La conclusión es que una parte a quien no se le han concedido las costas, incluyendo honorarios de abogado y que no ha presentado memorándum de costas en un pleito, no puede recobrar honorarios de abogado en una acción independiente. La respuesta a esta argumentación es que el aquí demandante no trataba de obtener honorarios de abogado como parte de las costas que pudieron concederse o no como tales en otro pleito, sino como daños y perjuicios causados por el proceder del demandado-ai ocultar o disponer de bienes embargados por el aquí demandanteen el pleito iniciado por él contra Reyes García y puestos por el marshal bajo la custodia del demandado como depositario.”

En 5 Am. Jur. 212, sección 1014, leemos:

“El peso de las autoridades es que los gastos incurridos al defender un embargo ilegal o malicioso o un secuestro de bienes en poder de un tercero, a distinción del pleito en sus méritos, incluyendo una cantidad razonable para honorarios de abogado, constituye una par-tida propia de daños en una acción basada en un embargo ilegal o en un secuestro de bienes en poder de un tercero. La regla es aplicable' ya esté la acción basada en una fianza o en un acto torticero por el embargo ilegal o secuestro. Los honorarios de abogado que se pueden recobrar están limitados a aquéllos que se han pagado o que se ha convenido pagar, y que son razonables. A veces un estatuto permite que se recobren estos gastos. El derecho a ello puede existir aunque la causa de acción del demandante sea justa, pues el embargo puede-no obstante ser ilegal. Dentro del significado de las palabras ‘costas’' y ‘gastos’ están incluidos desembolsos hechos para obtener la nulidad del embargo y la devolución de la propiedad, y para conseguir testigos en la acción principal, y las costas técnicas de esa acción en apelación así como en la corte inferior.
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“En algunos casos los honorarios de abogado surgidos de un embargo ilegal no se conceden, siguiendo las cortes la regla general por la cual un litigante victorioso por lo regular no tiene derecho a reco-brar tales honorarios, en ausencia' de un estatuto especial o de una. estipulación. Por lo menos se sigue la doctrina de que ésta es la regla cuando no hay prueba de que el embargo se llevó a cabo con malicia y sin causa probable.
“Existe diversidad de opinión en cuanto a si se puede recobrar-por servicios prestados en la corte de apelaciones. Sin embargo, si es necesario defenderse del embargo en la corte de apelaciones no pa-rece que haya razón alguna para que honorarios de abogado por ser-vicios rendidos en conexión con un embargo en esa corte lo mismo-que en la corte inferior no deban incluirse como una partida de daños-causados por el embargo ilegal, y las autoridades así lo han resuelto.”

Véanse también la monografía al caso de St. Joseph Stockyards Co. v. Love (Utah), 25 A.L.R. 569, 579, 580; Stumpf v. Pederson (Okla.) 70 P. (2d) 101; Taylor v. Wilbur (Wash.); 16 P. 757.

No hallamos que se cometiera error alguno en aquella parte de la sentencia que concedió como daños y perjuicios la partida de $200 para cubrir la cantidad adeudada a los abogados de la demandante por sus servicios al obtener la disolución del embargo ilegal.

La corte de distrito incluyó en su sentencia una partida de $1,000, en vez de los $4,000 reclamados en la segunda causa de acción, como los beneficios netos que la demandante hubiera recibido al continuar en sus negocios de no habérsele ello impedido por el embargo ilegal. A nuestro juicio hubo suficiente prueba para establecer una pérdida de por lo menos $1,000.

En Lowande v. Otero & Co., 15 D.P.R. 194, este Tribunal dijo:

“Los daños reales que se pueden exigir con motivo de una orden ilegal de embargo, son aquéllos que son el resultado o consecuencia natural, inmediata y legal del acto ilegal.”

En Muriente v. Terrasa et al., 22 D.P.R. 738, 746, dijimos:

“El artículo 1073 del Código Civil prescribe que la indemniza-ción de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que baya sufrido, sino también él de la ganancia que haya dejado de obtener él acreedor.
“¿No es lógico concluir que si no Rubiera sido por el embargo, el demandante Rubiera continuado explotando su negocio y ganando ló mismo que ganaba? A nuestro juicio lo es, y, por tanto, estimamos que puede y debe tomarse como base para calcular la ganancia dejada de obtener por el demandante, la obtenida anteriormente en un pe-ríodo de tiempo igual, bajo idénticas circunstancias.”

Véase también Avilés v. Hijos de Rafael Toro, S. en C., 27 D.P.R. 671.

Indica la apelante que una semana más tarde un acreedor distinto trabó otro embargo. Se arguye que la corte de distrito debió haber tomado este hecho en cohsideración para mitigar los daños. La pérdida de. beneficios .por la deman-dante hubiera sido sostenida como resultado del embargo ile-gal aun si no hubiera habido un embargo posterior.

En 7 C. J. S. 661, sección 507, hallamos lo siguiente: (Bastardillas nuestras.)

“Se ha resuelto que cuando se embargan bienes a virtud de un mandamiento ilegal, la incautación posterior de los mismos en un pro-cedimiento válido, ya sea mediante un segundo mandamiento de embargo o en un mandamiento de ejecución, y el aplicar los bienes así obtenidos al pago de la deuda del dueño sin su consentimiento, no puede alegarse como defensa o para mitigar los daños y perjuicios por el embargo ilegal; y esta regla no es alterada por el becho de que se ofreciera devolver los bienes al averiguarse que el primer embargo era nulo; aunque de acuerdo con algunas autoridades, la regla no es tan estricta y el hecho de que el demandante hiciera que se prac-ticara un embargo válido puede alegarse para mitigar los daños. Cuando por razón del acto ilegal de una persona se toman determina-dos bienes, su incautación posterior en un procedimiento expedido a favor de otra persona y en contra del dueño, y a virtud del cual dichos bienes se aplican al pago de la deuda, es una circunstancia que puede ser recibida para mitigar La responsabilidad de la persona que causó los daños. Si los bienes han sido devueltos y están siendo rete-nidos por el dueño, ello es algo que puede demostrarse también para mitigar los daños, mas no para impedir la acción por el mal causado. ’ ’

En Wehle v. Butler, 61 N. Y. 245, encontramos el siguiente dictum:

“Las cortes han considerado hasta qué punto bienes ilegalmente tomados y posteriormente embargados y vendidos en un recurso ins-tado por un tercero, que era acreedor del dueño, podrían ser utiliza-dos como defensa en un pleito para reclamar daños y perjuicios. Se ha decidido que si la persona que causó los daños no estaba en con-nivencia con el tercero, el hecho de la incautación por parte de esta tercera persona podría ser utilizado para mitigar los daños. (Autori-dades.) Mas cuando la persona que se incauta de los bienes ilegal-mente hace que éstos sean nuevamente embargados y vendidos en un procedimiento instruido a su favor, ello no le protege en absoluto y en este caso .esa cuestión surgió con suficiente claridad. ’ ’

En Wehle v. Spelman, 25 Hun. (N.Y.) 99, la corte dijo;

“ .Cuando pór íazón del acto ilegal de uña persona determinados bienes -son confiscados, Id incautación posterior de éstos en un re-curso iniciado por otro contra el dueño y en el cual dichos bienes son vendidos para pagar la deuda, es una circunstancia que de ordinario puede ser considerada para mitigar la responsabilidad de la persona que causó tales daños. Pero para que se le dé ese efecto es requisito esencial que la persona a cuyo nombre se haga la incautación no esté confabulada con la que causó los daños o haya participado con ella en la comisión del daño original.
“En el presente caso las otras firmas actuaron en confabulación con los demandados al incautarse y apropiarse indebidamente de los bienes de la demandante. Ellas eran tan culpables como las partes contra quienes se ha presentado la demanda para recobrar el valor de la propiedad. Por ese motivo los embargos posteriormente obtenidos por ellas bajo los cuales los bienes fueron nuevamente confiscados, no pueden legalmente tener efecto alguno sobre la responsabilidad de los demandados. (Autoridades.) Estos no se hallaban en situación que pudieran mitigar el límite de su responsabilidad, demostrando que había habido una incautación o apropiación posterior de los bienes de la demandante. Nunca fueron devueltos a poder d.e ésta una vez que los mismos salieron de su posesión por el acto ilegal de aquéllos que actuaban de común acuerdo. Una vez ocurrido esto esas personas respondían de su valor, y la demandante podía optar por demandar a parte de ellos o a todos, conforme deseare, y nada de lo que ellos pudieran más tarde realizar podría eximirles de la responsabilidad proveniente de su actuación original. ’ ’

En una nota puesta al caso de Tisdale v. Major, (Iowa) 68 Am. St. Rep. 263, 276, leemos:

“. . . pero si a virtud de un mandamiento ilegal determinados bienes son confiscados, puede demostrarse en el correspondiente pleito —instado después de haberse anulado el embargo — para recobrar los daños y perjuicios causados con dicho embargo, que los mismos bienes fueron posteriormente confiscados en un procedimiento válido expedido a favor de otro acreedor del dueño y aplicados al pag’o de su deuda. Wehle v. Spelman, 25 Hun. 99; Beyersdorf v. Sump, 39 Minn. 495.”

En esos casos más -antiguos la acción entablada eía gene-ralmente para recobrar daños y perjuicios por la apropiación ilegal de propiedad mueble {conversion). El presente recurso ha sido iniciado a tenor del articuló 1862 del Código Civil. Esto sugiere la regla que prevalece en los case's de causa® concurrentes. Véase Bohlen & Harper on Torts 253, sección 109; 2 Restatement of the Law of Torts 1161, sección 432 un luminoso artículo por el Juez Peaslee de N. H. titulada “Multiple Causation and Damage”, 47 Harvard Law Review 1127. Mencionamos este aspecto del caso tan sólo para indi-car que el mismo no ha sido pasado por alto y que mayor luz sobre la materia en casos futuros será bien recibida por este tribunal.

No es éste un caso de torticeros comunes. Tampoco es el caso de un acreedor que demanda a su deudor y embarga los bienes de un tercero. En el caso de autos el dueño de los bienes ilegalmente embargados era el verdadero deudor. El acreedor, por inadvertencia o equivocación, en vez de designar al demandado como verdadero deudor — sociedad en comandita — nombró a uno de los socios, obtuvo un manda-miento de embargo y embargó bienes de la sociedad coma pertenecientes al socio erróneamente designado como deman-dado. No hubo colusión entre el acreedor y otra persona que embargó los mismos bienes una semana más tarde. En realidad el acreedor últimamente mencionado estaba repre-sentado por uno de los letrados que representaban al dueña do los bienes ilegalmente embargados al obtener la disolu-ción del primer embargo, y ese abogado aún representa al dueño como demandante en este recurso. Nuestra conclu-sión es que el juez de distrito debió haber considerado el segundo embargo para mitigar los daños sufridos por razón de la pérdida de beneficios netos; y la partida de $1,000 con-cedida en concepto de tales daños será reducida a $500'.

En apoyo de la contención de que la demandante, al expo-ner la segunda causa de acción, supra, debió haber alegada —y probado durante el juicio — malicia, falta de causa probable, dolo y mala fe, la apelante cita: Acevedo v. Orr, 100 Cal. 293; Lacey v. Baudry, 53 Cal. 693; 3 Bancroft’s Code Pleading 2575; 4 Bancroft’s Code Practice and Remedies. 4687; 2 R. C. L. 896, secciones 111, 113, 117 y 121; 6 C. J. 493 et seq; Hoffman v. Cuadrado, 14 D.P.R. 597 y Paniagua v. Sobrinos de Esquiaga, 14 D.P.R. 820.

La corte en los dos casos de California y Bancroft en las dos secciones citadas por la apelante disentían la,necesidad de alegar y probar malicia en acciones para recobrar daños y perjuicios producidos por injunctions erróneamente expe-didos. En su sección 2465 Bancroft’s Code Pleading* dice lo siguiente sobre embargos ilegales:

“De acuerdo con muchas autcr'daclcs, en ausencia de un estatuto que lo permita, no puede entablarse una acción por un embargo ilegal a no ser contra la fianza, a menos que se aleguen y prueben malicia y falta de causa probable. En este últ'mo caso la acción es en efecto una por persecución maliciosa y se rige por las mismas reglas. Em-pero, algunas cortes reconocen el derecho a demandar por el embargo •ilegal independientemente de la fianza o de la malicia y falta de causa probable. Doquiera prevalece esa regla no es menester alegar ma-licia ni falta de causa probable ni la terminación de la acción principal, a fin de recobrar los daños efectivamente sufridos. Pero si han de recobrarse daños punitivos, debe alegarse tanto malicia como falta de causa probable.”

Las secciones de Corpus Juris y de Ruling Case Law citadas por la apelante se pronuncian más o menos en el mismo sentido.

Ninguna de las autoridades citadas resuelven que la ale-gación y prueba de malicia, falta de causa probable, mala fe o dolo es requerida en una acción entablada de confor-midad con un estatuto similar al artículo 1802 del Código "Civil para recobrar los daños materiales causados por el embargo ilegal. Rivera v. D. E. Cintrón, S. en C., 24 D.P.R. 334; González Clemente & Cía. v. López et al., 32 D.P.R. 397.

La sentencia incluía una partida de $600 en vez de los $1,500 reclamados en la tercera causa de acción.

. Los libros mismos nunca fueron embargados como tales. Estos se bailaban guardados en una caja de seguridad que fué embargada y tasada en la suma de $25 en el inventario del marshal. Esta caja de seguridad, en unión a otros bie-nes embargados, permaneció en Ciales durante muchos meses. Cuando la Corte de Distrito de San Juan como un año más tarde ordenó que se trasladaran a San Jnan los bienes embar-gados que quedaron en Oíales, el depositario de los mismos informó que seg*ún la información suministrádale por uno de los socios los libros se bailaban en la caja de seguridad; pero este socio, que tenía la combinación de la caja, se negó a abrirla y nadie más la sabía. La demandante nunca trató de readquirir la posesión de los libros ni solicitó el privile-gio de examinarlos. Los testigos de la demandante no tuvie-ron dificultad en designar los deudores por sus nombres y la cantidad aproximada debida por cada uno de ellos. Sin embargo, la demandante no hizo esfuerzo alguno por cobrar ninguna de esas deudas. Asumiendo la suficiencia de los becbos expuestos en la tercera causa de acción — sobre lo cual véase 2 Joyce on Damages, 1254, sección 1095 y Goodbar v. Lindsley, (Ark.) 11 S. W. 577 — convenimos con la apelante en que la prueba fué insuficiente para sostener la concesión de $600 en concepto de daños y per juicios • provenientes de la imposibilidad en que se hallaba la demandante para cobrar las cuentas en descubierto.

Otra contención es que ’la corte de distrito cometió error al conceder daños y perjuicios no obstante el hecho de que la demandada alegó y probó que el embargo en cuestión había sido admitido, confirmado y convalidado por los actos posteriores de la demandante y que por ello la demandante estaba impedida de reclamar daños y perjuicios con motivo de tal embargo.

La única autoridad citada en apoyo de esta contención es 6 O. J. 433, sección 1004. El alegato de la apelante asume, mas deja de demostrar, que los actos posteriores de la deman-dante equivalían a una renuncia. Fuera de cualquier cues-tión de res judiaata el argumento de la apelante — suponiendo que una pregunta y su respuesta puedan ser consideradas como argumentación — deja de convencernos de que hubiera una renuncia.

Convenimos con la apelante ©n que no debieron conce-derse costas y honorarios de abogado a la demandante.

La contención final de la apelante es que la corte de dis-trito cometió error al declarar sin lugar la moción de recon-sideración de la demandada y la moción de nuevo juicio. La consideración ulterior de las cuestiones envueltas no sería de ningún provecho.

La sentencia apelada debe ser modificada, eliminando de ella la concesión de costas y honorarios de abogado y redu-ciendo la cuantía de la misma de $1,800 a $700, y, asi modi-ficada, confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El -Juez Asociado Señok Wolf

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, y en su representación Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Russell & Co., S. en C., demandada y apelada.
    Núm. 7466.

    Sometido: Noviembre 22, 1939.

      Resuelto: Marzo 15, 1940.

      Son. Procurador General George A. Malcolm (B. Fernández García, Ex-Procurador General, en el alegato) y E. Ccumpos del Toro, Pro- ! curador General Auxiliar, abogados del apelante; R. Castro Fer-nández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El -Juez Asociado Señok Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En 1926 Russell & Co. radicó una solicitud de injunction para impedir que el Tesorero de Puerto Rico cobrara ciertas contribuciones. En marzo 4, 1927, el Congreso decretó que:

“Sección 48. — El Tribunal Supremo y las Cortes de Distrito de Puerto Rico y los respectivos Jueces de los mismos podrán conceder autos de hábeas corpus en todos los casos en que dichos autos puedan concederse por los Jueces de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, y las Cortes de Distrito podrán conceder autos de mandamus ■en todos los casos oportunos.
’. “No podrá sostenerse en la Corte de Distrito de los Estados Uni-dos para Puerto Rico pleito alguno con el fin de restringir la tasa-ción o cobro de contribución alguna impuesta por las leyes de Puerto Rico.” 44 Stat. 1418, 1421.

Por una ley posterior decretó además que cualquier con-tribución ' que permaneciera insoluta debido a un procedi-miento de injunction podría ser cobrada, no en la forma •ordinaria administrativa, sino mediante un pleito. El Teso-rero radicó demanda contra Russell & Co. en 24 de junio de 1930 para cobrar la contribución, ante la Corte de Dis-trito de San Juan. La demandada solicitó el traslado y la causa fué trasladada a la Corte de Distrito de los Estados Unidos a base de diversidad de ciudadanía. El caso fué visto allí y se dictó sentencia en favor de la demandada. El Pueblo de Puerto Rico apeló para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, la que confirmó la sen-tencia de la Corte de Distrito Federal. People v. Havemeyer et al., 60 F. (2d) 10. El Pueblo acudió ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con nn recurso de certiorari y esa corte revocó a la de Circuito de Apelaciones y a la Federal de Distrito fundada en que no existía diversidad de ciudada-nía. People of Puerto Rico v. Russell & Co., 288 U.S. 476, 77 L. Ed. 903.

El caso fué devuelto a la Corte de Distrito Territorial. Luego de celebrado el juicio, esa corte decidió el caso siguiendo el curso trazado por la Corte de Circuito de Ape-laciones al confirmar a la Corte de Distrito Federal. El Pueblo apeló en diciembre de 1935, mas no fué basta el 8 de febrero de 1937 que se radicó la transcripción de autos. Las partes presentaron sus alegatos el 3 de agosto de 1937 y el 2 de mayo de 1938. El 4 de mayo de 1938 se celebró una vista y el 22 de noviembre de 1939 una segunda vista.

Los becbos del caso son como sigue:

Russell & Co. es dueña o arrendataria de seis grandes plantaciones de caña de azúcar ubicadas en la parte sur de la Isla. Cada una de estas plantaciones o fincas disfruta de ciertos derechos de agua a virtud de concesiones de la Corona de España, el soberano anterior. Estas concesiones consisten en el derecho a tomar ciertas cantidades de agua del Río Jacaguas para fines de regadío. .

En 18 de septiembre de 1908 la Asamblea Legislativa aprobó una ley que se encuentra en las Leyes de 1909, pág. 153 (Compilación 1911, Sees. 1042-1082), para crear un dis-trito de riego al sur de la Isla, y esa ley estableció un sistema completo de regadío para aquel distrito. De con-formidad con dicha ley los terratenientes dentro del distrito pagarían cierta contribución por cada cuerda de terreno. También se proveía la adquisición de los derechos de agua por expropiación forzosa, compra o permuta de los mismos por crédito contra la contribución, de los terratenientes de tales propiedades. Por la Ley núm. 128 de agosto 8, 1913, Sesión Extraordinaria, pág. 53, se autorizó al Comisionado del Interior, entre otras cosas, para negociar con el dueño ele concesiones de agua que no las hubiera cedido, vendido-o transferido en alguna otra- forma al distrito de regadío. El 26 de agosto de 1914 Eussell & Co. y los dueños de las-fincas que aquéllos poseían en calidad de arrendatarios cele-braron contratos con el Comisionado del Interior, a virtud dé-los cuales las concesiones o derechos de agua fueron suspen-didos y convinieron- éstos en recibir del sistema de riego-cierta cantidad de agua a cambio de los mismos. El 8 dejulio de 1921 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley núm. 49 (Leyes de 1921, pág. 367), por la cual se gravaron cua-lesquiera terrenos dentro del distrito de regadío que no-habían sido objeto de la contribución. Es ésta precisamente-la contribución que el demandante está tratando de cobrar.

También debe hacerse constar que Eussell & Co., con. motivo de sus contratos de arrendamiento, viene obligada a pagar las contribuciones impuestas a las tierras que posee a tenor de-tales arrendamientos, y, de declararse que la con-tribución es constitucional, tiene que pagarla sobre cada una de las seis fincas.

Debe darse cuid'adosa atención al razonamiento de la Corte de Circuito de Apelaciones, supra, aunque bajo las cir-cunstancias el mismo no es obligatorio.

La demandada sostenía que la Ley núm. 49 de 1921 era nula e inconstitucional y que la acción había prescrito. La corte inferior declaró que la ley era inconstitucional, si-guiendo el razonamiento de la Corte de Circuito de Apela-ciones, no dictó resolución alguna en cuanto a la prescripción,, y dijo, a manera de dictim:

. . No obstante,, diremos que-de ser válida y constitucional la Ley Núm. 49 de la- Asamblea Legislativa de Puerto- Rico de 8 de-julio de 1921, la Ley Núm. 302 citada sería aplicable solamente a las contribuciones cuya recaudación se había impedido mediante injunction pendiente en 4 de marzo de 1927; cuando fué aprobada la Ley enmendatoria del Art. 48': del- Acta Orgánica, pero no a las im-puestas después, comprendiendo la demanda enmendada del¡ presente-caso el cobro de contribuciones desde los años 1922-1923 al 1933-1934, ambos inclusive.”

El apelante señala tres errores, a saber:

“1. — La Corte de Distrito de San Juan erró al declarar nula y anticonstitucional la Ley Núm. 49 de fecba 8 de julio de 1921, por los fundamentos de la sentencia dictada por la Corte de Circuito de Ape-laciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos (People of Puerto Rico v. Havemeyer et al., 60 F. (2d) pág. 10), a saber:
“A. — Porque dicha ley delega poderes legislativos en el Comisio-nado del Interior en lo referente a la imposición de la contribución especial que fija el estatuto a los terrenos que reciben los beneficios del sistema de riego.
‘ ‘ B. — Porque menoscaba el valor de las obligaciones nacidas de los contratos celebrados en 26 de agosto de 1914 entre El Pueblo de Puerto Rico y la demandada o sus antecesores en título.
. “2. — La Corte de Distrito de San Juan erró al declarar que no está justificada la imposición de la cuota o contribución especial mien-tras los contratos consignados en la escritura Núm. 20 de fecha 8 de junio de 1916, otorgada ante el Notario Frank Antonsanti estén vi-gentes y no se renuncien, abandonen, rindan o expropien los derechos de agua otorgados por la Corona de España a la demandada, o sus predecesores en título.
“3. — La Corte de Distrito de San Juan erró al no condenar a la demandada a pagar el importe de la contribución especial que se cobra en l'a demanda.”

Los tres errores serán considerados abora.

A nuestro juicio no existe una indebida delegación de poderes. El Comisionado del Interior fija los cargos por agua cada año haciendo un cálculo definitivo. Aun si el estatuto no determinara específicamente la computación de los cargos no decidiríamos que ello equivalía a una indebida debgación de poderes.

“Las cortes han sostenido la validez de estatutos que-autorizan a distritos de regadío y a otros distritos organizados para el mismo fin a imponer eontribucines y cuotas (assessments) y tales estatutos no caen dentro de las disposiciones constitucionales que regulan la impo-sición y cobro de contribuciones para fines generales del estado.” 67 C. J. 1337, párr. 925.

El texto está sostenido por los casos de Fallbrook Irr. Dist. v. Bradley, 17 Sup. Ct. 56, 164 U. S. 112, 41 L. Ed. 369; Turlock Irr. Dist. v. Williams, 76 Cal. 360, 18 P. 379.

El Título 43 del Código de Leyes de los Estados Unidos lee “Terrenos Públicos”. El capítulo 12 de ese título lleva el epígrafe “Reclamación y Regadío de Terrenos por el Gobierno Federal” y es conocido con el nombre de “Ley de Reclamación de Terrenos”. Contiene disposiciones como las siguientes:

“See. 373.' — El Secretario del Interior queda por la presente au-torizado para realizar y ejecutar cuantos actos fuere menester y para preparar las reglas y reglamentos que sean necesarios y propios para poner en toda su fuerza y vigor las disposiciones de este capítulo.
“Seo. 374. — Cuando en opinión del .Secretario del Interior cua-lesquiera terrenos ... no sean necesarios . . . dicho Secretario del Interior puede hacer que esos terrenos . . . sean tasados y . . . vender los mismos ....
“. . . el Secretario del Interior queda autorizado . . . para tras-pasar todo derecho e interés que tengan los Estados Unidos en tales terrenos . . . sujetos sin embargo a aquellas reservas, limitaciones o condiciones que el referido Secretario crea convenientes ...”

Al Secretario del Interior se le da plena facultad para determinar si los dueños de tierras situadas dentro de un distrito de regadío pueden retenerlas o si ban de venderlas.

La sección 418 provee:

“Antes de otorgarse cualquier contrato o de iniciarse el trabajo para la construcción de cualquier proyecto de reclamación de terrenos, adoptado con posterioridad al 13 de agosto, 1914, el Secretario del Interior exigirá que los dueños de terrenos privados sirjetos al mismo, convengan en vender todos aquellos terrenos en exceso del área que él considere suficiente para el sostenimiento de una familia en los terrenos en cuestión, bajo las condiciones fijadas por él y a un precio que no excederá aquél que el Secretario del Interior fije; y si cualquier terrateniente se negare a allanarse a los requisitos fijádosle por el Secretario del Interior, sus terrenos no serán incluidos dentro del proyecto al ser éste adoptado para su construcción.”

También se da pleno poder al Secretario del Interior para que determine “el cargo que se bará por acre ... en terre-nos pertenecientes a particulares, que puedan ser regados por las aguas de dicho proyecto de regadío, y el número de plazos anuales en que el referido cargo será pagado, así como el día en que comenzarán tales pagos.” See. 419.

La sección 462 también dispone el pago de los gastos de sostenimiento.

En un gran número de casos la ley sobre reclamación de terrenos ha sido llevada a las cortes y sus disposiciones ban sido sostenidas. En ningún caso ba sido atacada porque delega indebidamente poderes legislativos al Secretario del Interior; y los' actos del Secretario lian sido repetidamente confirmados por dichas cortes por estar dentro del límite de las atribuciones conferídasle.

En el caso de Swigart v. Baker, 229 U. S. 187, se resolvió que el Secretario del Interior de los Estados Unidos estaba autorizado por la Ley de Reclamación de Terrenos (32 Stat. 388, 1093) para imponer el costo de sostenimiento, así como el de la construcción, a pesar de que la ley sólo dice que el Secretario puede imponer (assess) ‘‘el costo de la cons-trucción del proyecto”. La corte dijo:

“. . . La frase no está expresamente definida y siendo general en" sus términos, no está necesariamente limitada a la construcción, sino que puede incluir la conservación y sostenimiento de lo construido.”

Los casos resueltos por la Corte Suprema de Puerto Rico en torno a la cuestión de delegación de poderes han sido muy pocos. Pueblo v. Neagle, 21 D.P.R. 356; Pueblo v. Ramírez, 42 D.P.R. 80; Feliciano v. López, 44 D.P.R. 937; Pueblo v. White Star Bus Line, Inc., 45 D.P.R. 148; M. Taboada & Cía. v. Rivera Martínez, Comisionado del Trabajo, 51 D.P.R. 253 y Sifre v. Pellón, 54 D.P.R. 587. De éstos, sólo el primero tiene importancia en el presente caso.

El caso de Neagle envolvía la constitucionalidad de un estatuto (Ley de agosto 12, 1913, Sesión Extraordinaria de 1933, pág. 93, Ley núm. 134) que autorizaba al Tesorero de Puerto Rico a clasificar los distintos negocios en clases.

Copiamos de la opinión:

“ ... El demandado admite que las legislaturas pueden adoptar tipos básicos y dejar a los funcionarios administrativos el deber de ejecutar los detalles para que la ley sea efectiva. Alega él, sin embargo, que la Legislatura de Puerto Rico no lia fijado ese tipo básico dentro de la significación de la jurisprudencia que el gobierno en su alegato cita. Daremos un resumen de estas decisiones.”

Después de examinar las autoridades la corte dijo:

“. . . Tampoco podemos apreciar qué importa el que el Tesorero esté investido de amplias facultades discrecionales siempre y cuando que tales facultades sean administrativas y no legislativas. El eje de la cuestión siempre es si de acuerdo con las palabras de la ley y la historia legislativa del país las facultades delegadas han sido administrativas y no legislativas. Hemos citado un caso específico, o sea el de Ould & Garrington (v. City of Richmond, 23 Gratt. (Va.) 464, 14 Am. Rep. 139). El demandado no trata de establecer distin-ción entre ese caso y el de autos, sino que ataca sus razonamientos. Tal vez el razonamiento no sea enteramente satisfactorio, pero la sen-tencia es un hecho y una corte de los Estados Unidos ha resuelto que facultades semejantes a las concedidas por la Ley Núm. 134 al Teso-rero de Puerto Rico son administrativas y no legislativas.”

En el caso ele autos hallamos que las cortes de otras juris-dicciones han declarado válidos estatutos de la misma índole que el presente. Los amplios poderes del Secretario del Interior de los Estados Unidos han sido ampliados aun más por interpretación judicial. Swigart v. Baker, supra.

En la opinión emitida en el caso de Neágle, supra, se citan varios casos y se copia en parte él caso de Chicago & Northwestern Railway Co. v. Day, 35 F. 874. Todos estos casos tienden a sostener la contención de que en -el presente al igual que en el de Neágle, la delegación f-ué-de poderes administra-tivos más Men que de poderes legislativos-.

Conforme veremos más ‘tarde por la misma ley, lo -que él Comisionado -hace es llenan -detalles. 'Copiamos -de la -opi-nión de la Corte de -Circuito de Apelaciones-:

‘'‘Al determinarse la suma que se ha de recaudar, se ordena ál'Te-sorero de 'Puerto Rico que tome 'la cantidad estimada -por el Cómi-isionaclo del Interior para sufragar el costo ele explotación y sosteni-miento del sistema de regadío para el año fiscal siguiente (estimado ■del Comisionado que será preparado y certificado en la forma provista por la sección 11 de la Ley Núm. 128 de agosto 8, 1913), y agregar •o rebajar a este estimado, según sea el caso, cualquier déficit o su-perávit que resulte de la explotación y sostenimiento del sistema -du-rante el año anterior. El Tesorero entonces dividirá la suma así de-terminada por el número total de acres (determinado en la forma prescrita por la ley) a fin de conocer la contribución por acre que de-berá imponerse durante el año económico seguiente a los terrenos fuera del distrito que no están sujetos al pago de una contribueióu para sufragar el costo del sistema.
“El precepto impugnado de la sección 2 de la Ley núm 49, por ■delegar poderes legislativos, es aquel que requiere del Tesorero al determinar el tipo para fijar la contribución que tome ‘la cantidad est’mada o certificada como estimada por el Comisionado del Interior para sufragar el costo de explotación y sostenimiento del sistema de regadío para el año fiscal siguiente. ’ Se sostiene que la Asamblea Legislativa podía imponer y autorizar la contribución en cualquiera ■de las dos formas. Que ella misma podía 'imponer un tipo fijo que tendría que ser pagado por acre-pie por las personas que recibieran el agua, o que ella misma podía determinar la cantidad de dinero •a ser recaudada para el año siguiente para sufragar los gastos de sos-tenimiento y explotación, pero que ella no podía delegar la determina-ción de esa suma, y en su consecuencia, el tipo a fijarse, a la discre-ción del Comisnnado del Interior; que la determinación de la canti-dad a recaudarse o el tipo de contribución es cuestión legislativa que ■envuelve discreción que el -poder legislativo no puede delegar a fun-•eionarios administrativos.
“Los letrados de la parte demandante, sin embargo, sostienen que la determinación de la suma a recaudarse -para un año sucesivo es •cuestión -.puramente de computación, y que la ley -fia indicado cómo se hará esa computación.” People v. Havemeyer, supra.

Si el cálculo es demasiado -alto -o demasiado bajo, habrá ■por resultado un sobrante o un déficit. El sobrante será acreditado ál presupuesto del -siguiente áño, reduciéndose -así la contribución: cualquier déficit será cargado al cálcuilo del siguiente año. A-sí, pues, todo error cometido por el Comi-sionado -será -automáticamente corregido al prepararse -el próximo presupuesto. :Se verá que la discreción del 'Gomi-sionado no juega un papel importante en la computación de la cuota. En verdad, el papel del Comisionado podría ser eliminado y el costo de sostenimiento calculado en alguna otra forma. Por ejemplo, el presupuesto de un año anterior sería tomado como tentativo para el siguiente. Tal proce-dimiento es seguido al calcularse los tipos de primas para el Fondo del Seguro del Estado.

El terrateniente paga la cuota en cuya 'computación se usa el informe del Comisionado. Pero toda vez que cual-quier diferencia resultante entre ese cálculo y el verdadero costo de sostenimiento es ajustado, el terrateniente paga en realidad por el costo exacto de sostenimiento.

Además, no se lia alegado, ni siquiera sugerido, que los cálculos del Comisionado son injustos o confiscatorios.

Resolvemos, en su consecuencia, que la ley no contiene una indebida delegación de poderes.

En lo que concierne a la otra contención, o sea que se menoscaban los contratos, creemos igualmente que ésta carece de méritos.

Los contratos no dicen que El Pueblo de Puerto Rico se obligue a no imponer contribuciones. En realidad aun si se hubiera insertado semejante cláusula, entendemos que eda hubiera sido nula.

Otro punto suscitado por el apelante es que la ape-lada dejó de probar sus concesiones en la corte inferior. Si bien es cierto, conforme alega la apelada, que el apelante aceptó y admitió la existencia de tales concesiones, nada se ha traído ante este tribunal o ante cualquiera de los otros que han intervenido en el caso, que demuestre que las mis-mas disfrutaban una exención contributiva. Conforme reve-lan los autos, éstas son concesiones ordinarias de aguas,, similares a un número de concesiones hechas a terratenientes en esta Isla y en España. La única disposición de que tene-mos conocimiento en lo que a contribuciones se refiere, es-una sección en la primitiva ley de aguas mediante la cual la Corona se obligaba a no aumentar las contribuciones a las-tierras que disfrutaban de la concesión durante el término de diez años.

El caso de la apelada podría ser fortalecido si la contri-bución impuesta — cargos para el sostenimiento del sistema— fuera considerada como un pago por el agua recibida pol-los terratenientes del sistema de regadío. Podría decirse entonces que la apelada no tiene que comprar agua y que en-su consecuencia no debe pagar por la misma. Mas la teoría es distinta. Copiamos de Corpus Juris:

“Si bien se ha dicho en términos generales que el beneficio que el terreno recibe no es la fuente de la facultad de aforarlo para fines de regadío, hablando generalmente, la justificación y autoridad para el avalúo o para la imposición de contribuciones por parte de un dis-trito de regadío o similar, surge de los beneficios que el gasto de la contribución o avalúo otorga a los terratenientes dentro del distrito, y una contribución o aválúo sin el consiguiente beneficio o enteramente' fuera de proporción con los beneficios conferidos, como cuando el avalúo se basa en un área en exceso de la poseída, no puede sostenerse aunque el hecho de que no haya un beneficio suficiente para sostener todo el avalúo no relevará al terrateniente del deber de pagar aquella parte del avalúo que esté sostenida por un beneficio.” 67 C. J. 1341, párr. 932.

El texto está sostenido por In Re Bonds of Madera Irr. Dist., 92 Cal. 296, 28 P. 272, 275, 14 L.R.A. 755; American Falls Reservoir Dist. v. Thrall, 39 Idaho 105, 228 P. 236; Cosman v. Chestnut Valley Irr. Dist., 74 Mont. 111, 238 P. 879, 40 A.L.R. 1344.

“Hablando en términos generales la palabra ‘beneficio’ tal cual la misma se usa en una disposición estatutaria que exige que los avalúos (assessments) estén en proporción con los beneficios recibidos, será in-terpretada como que significa aquellos beneficios que tiendan a pro-mover la prosperidad del distrito y a aumentar los valores de la pro-piedad. Hablando generalmente, la teoría de avalúos para beneficios, es que el terrateniente ha recibido por razón del sistema de riego un aumento en el valor del mercado de su propiedad y que ese aumento fija el alcance del beneficio, aunque existe autoridad al efecto de que el valor en el mercado de terrenos situados dentro de un distrito de regadío no es concluyente sobre la cuestión de que los beneficios son iguales al cargo, y que puede haber un beneficio material sin que haya prueba de un aumento correspondiente del valor en el mercado.” 67 C. J. 1347, párr. 945.

El texto está sostenido por Colburn v. Wilson, 24 Idaho 94, 132 P. 579; Union Trust Co. v. Carnhope Irr. Dist., 132 Wash. 538, 232 P. 341; In re Goshen Irr. Dist., 42 Wyo. 229, 293 P. 373.

Se ha decidido repetidamente qne las contribuciones no tienen que equivaler al valor del agua utilizada por el terra-teniente.

. . el dueño de terrenos regables dentro de un distrito debe responder de la contribución anual fijada para la explotación y soste-nimiento del s’stema, cuando el agua se le suministre para ese fin aunque no la utilice.” Otis Orchards Co. v. Otis Orchards Irr. Dist., No. 1, 124 Wash. 210, 215 P. 24, 25.

1 En el caso de Nampa & Meridian Irr. Dist. v. Petrie, 28 Idaho 227, 153 P. 425, 429, la Corte Suprema de Idaho declaró válido un precepto que otorgaba derechos de agua a terra-tenientes para sólo 160 acres, a pesar de que imponía con-tribuciones sobre toda el área de su finca, de acuerdo con los beneficios. Este caso fué seguido en el de Saylor v. Gray, 41 Ariz. 558, 20 P. (2d) 441.

Igualmente :

“Un terrateniente no tiene derecho a que sus fincas sean excluidas de un distrito de regadío, fundado únicamente en que tales fincas dis-frutan de mm. concesión individual de aguas. Semejantes fincas se beneficiarían de la habilidad del distrito de regadío de suministrarles agua en épocas de emergencias, de suministrarles servicio mejor o más barato y de. ofrecerles energía eléctrica o agua doméstica. ’’ Bleakley v. Priest Rapids Irr. Dist., 168 Wash. 267, 11 P. (2d) 597.

De todos los casos examinados el que más se asemeja al d'e; autos es el de Knowles v. New Sweden Irrigation District, 16, Idaho 217, 101 P. 81. Los hechos de ese caso son los siguientes': un tal Scott compró por la suma de $1,800 un derecho de' agua a la. Great Western Canal Company (insti-tución privada) a virtud- del cual él recibía 250 pulgadas de agua por segundo y por el cual él pagaba determinado canon de arrendamiento anualmente. Más tarde la New Sweden Irrigation District fué organizada bajo las disposi-ciones de una ley de la Asamblea Legislativa del estado. El distrito de regadío adquirió la Great Western Canal Construction Company. Scott vendió su finca a Knowles. La Junta Directiva del distrito de regadío impuso una contri-bución a todos aquellos terrenos que estuvieran dentro del distrito, incluyendo la finca de Knowles, con el propósito de pagar los intereses y reducir el principal de ciertos bonos expedidos en pago de la Great Western Canal Company. Knowles pagó bajo protesta e instó demanda para recobrar dicha suma y para impedir mediante injunction que el dis-trito impusiera nuevas contribuciones sobre su finca. El Tribunal Supremo de Idaho dijo:

“Nos parece claro que para la compra de este sistema la querellada no podía legalmente imponer contribuciones sobre la finca del ape-lante basta el momento que ella hubiera comprado o adquirido sus derechos y privilegios de agua y la hubiera puesto en el mismo nivel y estado que otros terratenientes y consumidores de agua en el dis-trito. ’ ’

La corte dictó sentencia en favor del demandante. Sin embargo, en reconsideración, la corte se revocó a sí misma y dijo:

“Bajo nuestra ley de regadío, tal cual la misma existía al tiempo en que se organizó este distrito, y al imponerse las contribuciones de referencia, si las tierras del demandante fueron debidamente incluidas en dicho distrito de regadío, ellas estaban sujetas a un impuesto por los beneficios, siempre que recibiera algunos, ora el dueño de dichas tierras poseyera un derecho de agua en relación con las mismas o no, toda vez que una persona en un distrito de riego puede recibir ciertos beneficios independientemente de si tiene un derecho de agua en co-nexión con las mismas o no.”

Y luego dice:

‘ ‘ En el caso de Fallbrook Irr. Dist. v. Bradley, 164 U. S. 112, 17 Sup. Ct. 56, 41 L. Ed. 369, la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo bajo su consideración algunas de las cuestiones envueltas en este caso, y en él resolvió qne terrenos qne pueden ser utilizados con cier-tos beneficios sin el uso de regadío, pueden ser mejorados en tal forma por éste, que los mismos puedan ser propiamente incluidos en un distrito de riego y aforados para beneficio del regadío artificial como mejora pública; y que bajo la ley de regadío Wright, de California, la Junta estaba obligada a oír la solicitud para la organización del distrito al ser notificada de ella y no tenía el deber de incluir terrenos que no recibieran beneficio alguno; que se desprende necesariamente que una persona interesada tiene derecho a comparecer ante la Junta y a oponerse a los hechos en que se basa la petición, así como a con-trovertir los beneficios que recibirá determinada finca ubicada dentro del supuesto distrito. Al referirse a la facultad de la Asamblea Le-gislativa para constituir distritos contributivos la corte dijo: ‘Este tribunal ha resuelto que la Asamblea Legislativa tiene facultad para crear tal distrito sin celebración de vista sobre los beneficios, a fin de imponer a los terrenos dentro del distrito el costo de la mejora pú-blica local. Cuando la Asamblea Legislativa fija el distrito ella se supone haber investigado debidamente y haber resuelto de manera definitiva y concluyente la cuestión de los beneficios que habrán de recibir los terrenos situados dentro del distrito, y el ciudadano no tiene derecho constitucional alguno a una vista ulterior sobre la cuestión. ’’

Luego la corte dijo:

‘ ‘ En el caso de Pioneer Irrigation District v. Bradley, 8 Idaho 310, 68 P. 295, 101 Am. St. Rep. 201, este tribunal resolvió que la ley de regadío que ahora está bajo nuestra consideración era constitu-cional. Este caso en manera alguna envuelve la toma de propiedad privada sin el debido proceso de ley ni el menoscabo de la obligación de un contrato. La única cuestión envuelta en dicho caso lo fué la validez de ciertas contribuciones impuestas sobre las tierras del de-mandante. ’ ’

En dicho caso la corte de Idaho resolvió que el beneficia recibido por un terrateniente que poseía una concesión de agua era suficiente para que él estuviera sujeto al pago de-contribuciones al igual que los otros terratenientes.

En Puerto Rico la Asamblea Legislativa aparentemente en sus decretos considera que los beneficios recibidos por terratenientes que no disfrutan de concesiones de agua o que jas disfrutaban y las han entregado, son mayores que los beneficios recibidos por terratenientes que se encuentran en la posición de la apelada.

Por consiguiente, los primeros tienen que pagar gastos de construcción al igual que de sostenimiento. El estatuto provee:

“Sección 11. — La cantidad que habrá de cargarse e imponerse a un determinado predio de terreno incluido en el distrito permanente de regadío se determinará del modo siguiente:
“El Tesorero de Puerto Rico calculará el importe de los intereses y del capital o fondo de amortización que se adeudare sobre bonos de riego no amortizados correspondientes al entrante año económico y sumará a este importe la cantidad total que se adeudare a cuenta de créditos para el entrante año por razón de derechos o concesiones de agua, y sumará además a esto la cantidad que se calculare y le hubiere sido certificada como calculada por el Comisionado del Interior para el costo de explotación y conservación del sistema del riego para el entrante año eonómico antedicho. Entonces se sumará o restará de la cantidad de ese modo obtenida la suma de cualquier déficit o su-perávit que se calcule, según sea el caso, que existiere en conexión con el fondo del riego, resultante de las operaciones del corriente año eco-nómico. De esta suma deducirá él la cantidad que se calcule y le fuere certificada como calculada por el Comisionado del Interior como ingresos para el entrante año económico, procedente de cualquier planta de fuerza hidráulica que se desarrolle en conexión con el sis-tema de riego (hasta el tiempo en que la deuda total representada por bonos e incurrida con motivo del sistema del riego se hubiere pa-gado en su totalidad) ; y la cantidad calculada y certificádale como calculada por el Comisionado del Interior como ingresos para el sub-siguiente año económico procedente de cualesquiera fuentes excepto de la emisión de bonos y de las cuotas especiales que por la presente se disponen para imponerse al terreno en el distrito permanente de regadío. A la cantidad que de ese modo resulte el Tesorero sumará otra cantidad equivalente al dos por ciento del total como margen de seguridad contra morosidad en los cobros; y la cantidad que de este modo se fije por el Tesorero de Puerto Rico, con sujeción a las limitaciones y disposiciones que más adelante constan, será y consti-tuirá la cantidad total del reparto para dicho año económico, la cual se impondrá a los terrenos que estuvieren a la sazón incluidos en el 'distrito permanente de regadío (incluyendo cualesquiera terrenos per-tenecientes a El Pueblo de Puerto Rico que formen parte del mencio-nado distrito, los cuales terrenos serán responsables por y pagarán-las cuotas que se impusieren en virtud de esta Ley en la misma forma que los demás terrenos comprendidos en el precitado distrito de re-gadío) . . . (Sesión Extraordinaria de 1913, Ley Núm. 128, pág. 68.)

Los terrenos de la apelada están incluidos en el inciso-4 de la sección 2 de la Ley núm. 49 de 1921, Leyes de ese año, pág. 368. Éste lee así:

‘ ‘ Sección 2. — La contribución que ba de ser impuesta a cada predio que recibe agua del Sistema de Riego, pero que bajo la ley vigente no contribuye a sufragar el costo de dicbo sistema, se clasificará como sigue: el Tesorero de Puerto Rico será el encargado de fijar el nú-mero total de acres que reciben agua del Sistema de Riego, lo que incluye: . . . (4) predios de terreno regados por agua suministrada, mediante derechos adquiridos o concesiones que no -han sido cedidas, la cual agua, de acuerdo con los términos de los contratos celebrados, con el Comisionado del Interior, o en virtud de decisiones de la Co-misión del Riego, se toma y se mide en los ríos en los puntos de tomas indicados en dichas concesiones; y tales predios serán determinados, dividiendo por cinco el valor de dichas concesiones en acres-pies por año, según se fija o haya sido fijado por el Comisionado del Interior, por la Comisión del Riego o por las decisiones de las cortes, en caso-.de apelación. El Tesorero de Puerto Rico tomará entonces la canti-dad estimada o certificada como estimada por el Comisionado del Interior, para sufragar el costo de explotación y conservación del Sis-tema del Riego, durante el año fiscal siguiente (según lo dispone la sección 11 de la Ley Núm. 128, aprobada en agosto 8, 1913, la cual enmienda la Ley del Riego aprobada en septiembre 18, 1908), y le-adicionará o le sustraerá, según sea el caso, cualquier déficit o supe-rávit que resulte entre la cantidad invertida y certificada como in-vertida por el Comisionado del Interior, en los gastos de explotación y conservación del Sistema del Riego, durante el año fiscal anterior, y la cantidad estimada o certificada como estimada por el Comisionado del Interior para sufragar el costo de explotación y conservación del Sistema del Riego durante el mencionado año fiscal anterior. El Te-sorero dividirá entonces la cantidad en tal forma determinada, por el número total de acres computados según lo previsto anteriormente, y el resultado deberá ser y constituirá la contribución por acre que se impondrá durante dicho año fiscal subsiguiente a todos los predios. que se proveen ele agua del Sistema del Riego Público de la costa Sur, y que en ninguna otra forma están sujetos al pago de contribución para atender al costo de dicho Sistema del Riego . .. . ”

Finalmente, para sostener la constitucionalidad de la ley citaremos de la opinión emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Fallbrook Irr. Dist. v. Bradley, 164 U. S. 112, 176:

‘ ‘. . . Asumamos que la única teoría en que pueden subsistir estos cargos para mejoras locales es que los mismos son impuestos por razón de los beneficios recibidos y que ningunos terrenos en justicia deben ser gravados por una suma mayor que los beneficios por éstos recibidos, sin embargo, es claro que el importe de los beneficios no es susceptible de ser determinado con certeza geométrica. Hay que utilizar algún método para determinar esa suma, y ese mé-todo puede ser más o menos exacto en distintos casos que envuelven distintos hechos. Hay que hacer una elección, y cuando se ha re-suelto legalmente que todos los terrenos reciben algfin beneficio, ¿po-dría decidirse que la adopuón de un sistema ad valorem de imponer contribuciones a las fincas infringe la Constitución federal? Nos pa-rece claro que no es así. El determinar la suma justa y razonable y la proporción que debe ser impuesta a los terrenos con relación a los beneficios recibidos, es una cuestión de detalle que está abierta á la discreción de la legislatura estatal y con la cual esta Corte no debe tener intervención. El modo de llegar a esta suma puede ser en al-gunos casos inequitativo y desigual, pero está lejos de llegar al nivel de un problema constitucional y muy lejos del caso de privación de propiedad sin el debido proceso de ley.”
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En la página 174:

“En la ley que está bajo nuestra consideración, sin.embargo, el establecimiento de sus líneas divisorias y los fines para los cuales se crea el distrito, de ser finalmente organizado por el voto del pueblo, serán necesariamente seguidos por, y tendrán por resultado, la impor sición de contribuciones sobre todas las tierras incluidas dentro de los límites del distrito. Así, pues, la Asamblea Legislativa disppne subs-tancialmente no sólo la creación de una corporación pública, sino de un distrito contributivo cuyos límites son fijados, no por la Asamblea Legislativa núsnia, sino, luego de una vista, por la Junta de Super-visores, sujeto a la aprobación final del pueblo en unas elecciones convocadas para ese fin. Este tribunal ha resuelto que la Asamblea Legislativa tiene facultad para crear tal distrito sin celebración de vista sobre los beneficios, a fin de imponer a los terrenos dentro del distrito el costo de la mejora pública local. Cuando la Asamblea Le-gislativa fija el distrito, ella se supone haber investigado debidamente y haber resuelto de manera definitiva y concluyente la cuestión de los beneficios que habrán de recibir los terrenos situados dentro del dis-trito, y el ciudadano no tiene derecho constitucional a una vista ulterior sobre la cuestión. El derecho que el ciudadano tiene luego es a que se celebre una vista sobre la cuestión relativa a la distribución de la contribución, es decir, sobre el importe de la contribución que él tiene que pagar. Paulsen v. Portland, 149 U. S. 30, 41. Pero cuando, como ocurre en este caso, la determinación de la cuestión de qué terrenos estarán incluidos dentro del distrito sólo ha de resolverse después que se decida cuáles de los terrenos descritos en la petición resultarán beneficiados, y la decisión de esa cuestión es sometida a algún tribunal (Junta de Superintendentes en este caso), las partes cuyas tierras son así incluidas en la petición tienen derecho a que se celebre una vista sobre la cuestión de beneficios y a que los terrenos sean excluidos si a juicio de la junta esos terrenos no reciben bene-ficio alguno. A menos que la Asamblea Legislativa decida de por sí la cuestión de beneficios, el terrateniente tiene derecho a ser oído sobre esa cuestión antes de que puedan tomarse sus terrenos. Esto fué, en síntesis, resuelto por las decisiones de este tribunal en Spencer v. Merchant, 125 U. S. 345, 356, y Walston v. Nevin, 128 U. S. 578. La ley provee en debida forma la celebración de tal vista y el opor-tuno aviso. ’ ’
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En la página 177:

“En el caso de Davidson v. New Orleans, supra, (96 U. S. 97), la imposición de contribuciones con que este tribunal se negó a inter-venir fué hecha para una mejora local (reclamación de terrenos pan-tanosos) y por el artículo 8 de esa ley de la Asamblea Legislativa de Louisiana, aprobada en 1858, Leyes de Louisiana, 1858, 114, se im-puso tal contribución uniforme a cada ‘pie cuadrado superficial de t'érreno situado dentro de la sección o distrito de desagüe de tal junta’, necesaria para cubrir el costo de construcción. El efecto dé esta disposición fué que cada pie cuadrado de terreno en todo el distrito pagó la misma suma que cualquier otro pie cuadrado, aun-que los cargos se basaban en la teoría de una imposición de contri-buciones por beneficios. Se adujo que los cargos impuestos a los te-Trenos del demandante eran excesivos y que parte de esos. terrenos ■no recibían beneficio alguno. A ello se replicó que era cuestión de •detalle en lo que a esta corte concernía, es decir, que no se trataba ■de una cuestión constitucional y por ende que no era revisable por ■este tribunal. 96 U. S. pág. 106.
“En Walston v. Nevin, 128 U. S. 578, se impuso una contribución sobre terrenos por los beneficios recibidos en la construcción de una mejora local, a base del número de pies cuadrados pertenecientes al dueño. Se alegó que no era una imposición que se regía por la can-tidad de beneficios recibidos sino un cargo enteramente arbitrario e Ilegal. Este tribunal resolvió que la objeción carecía de fundamento y que la cuestión era una a ser resuelta por el poder judicial, cuerpo que tenía discreción para disponer la forma en que se debía efectuar el pago de la mejora.
“Nos referimos al caso de Cleveland v. Tripp, 13 R I. 59, resuelto en 1880, como que trata de la materia con mucha habilidad. La ley disponía la construcción de un alcantarillado en la ciudad de Providence y ordenaba la imposición de una contribución sobre los terrenos adyacentes, ascendente a determinada suma por cada pie de frente y de otra suma por cada pie cuadrado hasta una distancia de 150 pies. Se sostuvo que esa forma de fijar el impuesto no aplicaba la contribución en proporción a los beneficios recibidos, que era desi-gual e irrazonable, y, en su consecuencia, inconstitucional. Aunque la corte admitió que la cuestión de desigualdad estaba bien fundada, .resolvió, sin embargo, que la ley estaba dentro de los poderes legis-lativos.
“Existen algunos estados donde las contribuciones impuestas bajo 'circunstancias similares a las aquí existentes y sobre una base ad valorem han sido declaradas nulas por infringir algún precepto de la constitución estatal o por violar la ley bajo la cual fueron impues-tas. Los letrados han citado varias de esas decisiones en los alegatos radicados. No hallamos, ni se ha llamado nuestra atención a él, nin-gún caso de este tribunal en que se haya resuelto que semejante im-posición de contribuciones viole algún precepto de la Constitución federal. Si no lo viola, esta corte no puede conceder remedio al-guno.
“El método de imponer la contribución provisto por la ley que ■está bajo nuestra consideración tal vez no sea el mejor que pudo ser adoptado para realizar la justicia más igual y exacta que la natura-leza del caso permite. Pero no obstante no nos es posible decir que es contrario a algún precepto de la Constitución federal, y por ello, debemos resolver que la objeción aquí levantada es insostenible.
“Se levanta también la objeción ele que se está delegando a otros un derecho legislativo tal como es la constitución de corporaciones, públicas, por cuanto la ley crea en los supervisores y terratenientes el derecho a decidir si tal corporación debe ser creada, y se dice tam-bién que la legislatura no puede delegar sus poderes en esa forma y que cualquier acto realizado por tal corporación por el cual se prive de su propiedad a un ciudadano a través del derecho de dominio-eminente o a través de tasac:ón resulta en una privación de tal pro-piedad sin el debido proceso de ley.
“No creemos que haya validez alguna en el argumento. La legis-latura no delega poder alguno. Ella fija condiciones que, al ser cum-plidas, tienen el efecto de que la corporación se entenderá consti-tuida con los poderes mencionados y estatuidos en la ley.
“Después de un cuidadoso estudio de las objeciones levantadas a esta ley nos vemos obligados a concluir que ninguna de dichas obje-ciones tiene fundamento. Por lo tanto, se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso a la Corte de Circuito de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de California para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.”

La alegación de prescripción levantada por la demandada debe ser cuidadosamente estudiada. Excepto en los términos antes mencionados, la corte de distrito no pasó sobre la misma.

El Tesorero trató de cobrar la contribución. Russell & Co. radicó una petición de injunction ante la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos para Puerto Rico. El caso había sido apelado a la Corte de Circuito de Apelaciones cuando el Congreso, en marzo 4 de 1927, enmendó el artículo 48 del Acta Orgánica y prohibió la expedición de autos de injunction para impedir el cobro de contribuciones. El procedi-miento pendiente en la Corte de Circuito de Apelaciones fue desestimado—Gallardo v. Havemeyer, 21 F. (2d) 1012—en noviembre 3, 1927.

En abril 23 de 1928 el Congreso aprobó la Ley núm. 302, oue proveía -que todas las contribuciones que habían sido «bjeto de procedimientos de injunction debían ser cobijadas ‘'mediante juicio en derecho en vez de mediante embargo, secuestro, apremio o cualquier otra forma de procedimiento administrativo sumario. No obstante las disposiciones de cualquier ley de prescripción en vigor, todo pleito de esa índole puede entablarse en cualquier tiempo dentro del año-siguiente a la aprobación de esta ley”.

Esta última oración no significa, como sostiene la apelada,, que las demandas debían ser entabladas antes de abril 23, 1929. El efecto de este estatuto fué otorgar un término adi-cional de un año al Tesorero para recaudar a través de juicioen derecho contribuciones que habían prescrito bajo las leyes, corrientes por razón de los procedimientos de injunction.

La ley que establece esta contribución especial no contiene una disposición similar a la ley de contribución sobre ingre-sos y otras que proveen que el Tesorero deberá cobrarlas-dentro de cierto término. Si el Congreso no hubiera otor-gado ese año de gracia al Tesorero, tal vez se habría visto-impedido de cobrar algunas otras contribuciones, pero no-ésta.

Sostenemos, por tanto, que - la acción no está prescrita.

La sentencia de la Corte de Distrito de S^an Juan debe ser revocada y en su lugar se dictará otra ordenando 'que Russell & Co. deberá pagar al demandante las sumas especificadas en la demanda.

El Juez Asociado Sr. Le Jesús no intervino en la decisión de este caso por haber resuelto como Juez de Distrito una excepción previa sosteniendo la suficiencia de la demanda.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Juan de Dios Santini, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Hons. M. León Parra, F. Paz Granela y Juan M. Herrero, y Hon. Ramón Motaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, demandados, y José Rivera Rivera, obrero lesionado.
    Núm. 183.

    Sometido: Enero 8, 1940.

      Resuelto: Marzo 15, 1940.

      R. Rivera Zayas j Joaquin Velilla, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la Comisión Industrial, demandada; Víctor J. Vidal González, Asesor legal del Administrador del Fondo del Se-guro del Estado, demandado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Juan de Dios Santini ha interpuesto el presente recurso en contra de la resolución dictada por la Comisión Industrial el 16 de octubre de 1939.

En mayo 11 de 1939, el obrero José Rivera Rivera radicó una petición para compensación en la que alegó que el día 9 de mayo de 193— había, sufrido un accidente mientras tra-bajaba para su patrono, el aquí recurrente, en la construc-ción de una casa en Barranquitas; que el accidente ocurrió al romperse un andamio, cayendo el peticionario desde una .altura de 17 pies y recibiendo lesiones en varias partes de su cuerpo; que además del peticionario trabajaban para dicho patrono cuatro obreros más y algunas veces un número mayor, según las necesidades; y que según sus informes, el Sr. Santini no era nn patrono asegurado con el Fondo del Seguro del Estado.

En su resolución la Comisión Industrial declaró probados los hechos siguientes:

Que Santini, siendo casado y apoderado de su esposa, simuló la venta de una cuerda de terreno para dársela a su concubina y a sus siete hijos; que construyó una casa para ellos, primero en su propia finca, pasándola luego a la cuerda que simuló vender a su concubina Josefa Burgos; que Francisca Rodríguez Burgos, a cuyo nombre se obtuvo el permiso para la construcción de la casa, es la misma Josefa Burgos, concubina de Santini; que éste contrató y pagó los obreros que construyeron la casa, y que en dicha construcción empleó cuatro obreros, aunque el día del accidente de Rivera sólo trabajaban dos porque la casa estaba terminada y sólo fa1-taba instalar las canales.

Basándose en las anteriores conclusiones de hecho, la Comisión resolvió que Santini es el patrono; que como tal empleaba cuatro obreros en la construcción de la casa; que por lo tanto estaba obligado a asegurarse contra accidentes del trabajo; y que el lesionado Rivera está protegido por la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251).

Alega el recurrente que la Comisión erró al declarar sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción; que actuó sin jurisdicción al celebrar la vista y dictar la reso-lución recurrida; que erró al resolver que el recurrente venía obligado a tener asegurado al obrero lesionado y al resolver que el recurrente está incurso en las disposiciones del artículo 15 de la Ley núm. 45 de 1935.

La alegada insuficiencia de la petición se basó en que en ella se decía “que el aquí peticionario el día 9 de mayo de 193__ sufrió un accidente, etc.,” sin precisar el año en que -el peticionario fué lesionado. La excepción fué formulada en el acto de la- vista del caso. • El comisionado que presidía -la- declaró sin lugar y procedió, a oír la prueba adu-■cicla por el peticionario. De ella resulta claramente estable-cido que el accidente ocurrió el día 9 de mayo de 1939, y que el lesionado ingresó en la Clínica Industrial el día 11 del mismo mes y año. La omisión del año en que ocurrió el accidente quedó subsanada por la prueba. No erró la Comi-sión al negarse a desestimar la petición por un mero tec-nicismo.

La alegada falta de jurisdicción de la Comisión para dictar la resolución recurrida se basa en que la vista del caso se celebró ante el Presidente de la Comisión, “sin que del expediente del presente caso, o de ningún documento obrante en los archivos aparezca resolución alguna de la Comisión Industrial, delegando en su Presidente la facultad de celebrar esta vista, recibir la evidencia y someter un informe a la Comisión.” Del récord aparece que la excepción de falta de jurisdicción fue declarada sin lugar por los motivos siguientes: (a) porque el artículo 10 de la Ley núm. 45 de 1935 dispone que después de haberse radicado una reclamación, “cualquiera de las partes podrá notificar a la Comisión Industrial, la que señalará el caso para ser oído por la Comisión ó por un Comisionado” y, además, que “si el caso fuere señalado para ser oído por un Comisionado, . ... la decisión del Comisionado, junto con una exposición de la evidencia, y sus conclusiones sobre los hechos y el derecho, y otras materias pertinentes a la cuestión planteada ante él, será radicada en la Comisión Industrial para su decisión”; (b) porque la Comisión desde el año 1935 ha seguido la pauta de que las vistas se celebren ante uno de los Comisionados, por no haber tiempo suficiente para celebrarlas ante la Comb sió'n en pleno, debiendo el Comisionado que oye el caso informar por escrito a la Comisión y someter a ésta un proyecto de resolución para su aprobación.

Vistas las disposiciones dé las' secciones 6(b) y 10 de la Ley núm. 45 de 1935, y apareciendo de la faz de la resolu-ción recurrida que ésta fué aprobada por el voto del Pre-sidente actuando cómo ponente y por el concurrente del ■Comisionado F. Paz Gránela, opinamos que no hubo error •en la desestimación de la excepción.

Die la evidencia practicada resalta claramente probado qne el trabajo de construcción dé la casa duró entre •cuatro y cinco semanas y que el recurrente empleaba en ese trabajo a Frank Zayas y Florentino Negrón como carpinteros y a Pablo Matos y José Bivera, el lesionado, como peones. Esa prueba sostiene las conclusiones de hecho a que llegó la Comisión Industrial y es nuestro deber respetarlas.

De acuerdo con los hechos probados, el patrono estaba obligado a tener asegurado al obrero que resultó lesionado. El artículo 2 de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 dis-pone que “esta ley será aplicable a todo patrono que emplee cuatro (4) o más obreros o empleados comprendidos en esta Ley, cualquiera que sea su salario.” El hecho de que en el momento en que ocurrió el accidente no hubiese más que dos obreros trabajando en la obra, no exime al patrono de la obligación de asegurar que por ministerio de la ley con-trajo desde el instante en que dió comienzo a la obra empleando en ella cuatro o más obreros.

Debe confirmarse la resolución recurrida.