text:
    Porto Rico Fertilizer Company, peticionaria, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, Gonzalo Diago, Eduardo Capó Cintrón, Benigno Pacheco Tizol, F. D. A. Carpenter, Domingo Antonmatei y Sabino Valdés, como miembros componentes de la Junta de Revisión e Igualamiento de Puerto Rico, demandados.
    Núm. 317.

    Sometido: Enero 24, 1939.

      Resuelto: Abril 26, 1939.

      Brown, González & Newsom, abogados de la peticionaria; Hon. Pro-curador General B. Fernández García y Emilio de Aldrey, Pro-curador General Auxiliar, abogados de los demandados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La Porto Rico Fertilizer Company, una corporación or-ganizada bajo las leyes de esta Isla, compareció ante esta Corte Suprema en noviembre 23, 1938, y le pidió que librara un auto de mamdanms perentorio dirigido a los demandados como miembros componentes de la Junta de Revisión e Igua-lamiento, ordenándoles que procedieran a considerar y a resolver cierta apelación por ella interpuesta para ante la dicha junta en agosto 26, 1938, que la junta había desestimado.

Se ordenó a los demandados que comparecieran a mos-trar causa, si alguna tuvieren, para la no expedición del auto. El 9 de enero de 1939 comparecieron en efecto ambas partes e informaron oralmente, presentando luego memorándums en apoyo de sus respectivas contenciones.

Veamos los hechos. Se alega en la petición que en octu-bre 2, 1933, la peticionaria, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1925, según en-mendada, solicitó del Tesorero de Puerto Rico la devolución de $6,683.45, $8,059.83 y $5,489.93 que le pagara voluntaria-mente como agente retenedora de la Virginia-Carolina Chemical Corporation, de Richmond, Virginia, por contribución de ingresos sobre intereses pagados por la peticionaria a la Virginia-Carolina Chemical Corporation, durante los años 1929, 1930 y 1931; que como fundamento de la petición de reinte-gro adujo que el ingreso sobre el cual se había impuesto, la contribución no tenía situs tributable en Puerto Rico y que la contribución pagada no se debía, todo ello de acuerdo con la doctrina del caso de Gallardo v. United Porto Rican Sugar Co., 42 D.P.R. 646, confirmado por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en United Porto Rican Sugar Co. v. Gallardo, 62 F. (2d) 552; que en octubre 30, 1933, el Tesorero denegó el reintegro y la peticionaria basán-dose en lo dispuesto en el artículo 355 del reglamento pro-mulgado por el propio Tesorero para la ejecución de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, radicó demanda en no-viembre 3, 1933, en la Corte de Distrito de San Juan, contra el repetido Tesorero, solicitando se le ordenara la devolución ; que en marzo 1, 1934, la corte de distrito dictó sentencia de-clarando la demanda sin lugar y la peticionaria apeló para ante esta Corte Suprema que confirmó la sentencia en no-viembre 13, 1935 (49 D.P.R. 45), reiterando su confirmación al resolver dos mociones de reconsideración en julio 23, 1936, y febrero 26, 1937 (50 D.P.R. 405 y 51 D.P.R. 67), sin que se sostuviera en ninguna de las opiniones la necesidad de apelar para ante la Junta de Revisión e Igualamiento y que en abril 13, 1937, la peticionaria apeló para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito que al con-firmar la sentencia recurrida (98 F. (2d) 398), definió en su opinión por primera vez el procedimiento a seguir por el contribuyente para obtener la devolución de contribuciones sobre ingresos pagadas voluntariamente, con el efecto de anular lo dispuesto en el artículo 355 del Reglamento del Te-sorero, y distinguió también por primera vez entre el proce-dimiento a seguir para obtener el reintegro en casos de pa-gos voluntarios y el ya fijado por esta corte para obtenerlo cuando se paga bajo protesta.

Sentadas esas bases, signe alegando la peticionaria en su solicitud que ni la ley ni el reglamento fijan término alguno para apelar para ante la Junta de Revisión e Igualamiento contra la resolución del Tesorero denegando el reintegro de las contribuciones sobre ingresos pagadas voluntariamente, a que se refiere el apartado (b) de la sección 76 de la ley, y que en agosto 26, 1938, apeló para ante la junta de la reso-lución del Tesorero de octubre 30, 1933, negándose la junta a considerar en sus méritos el recurso por estimar que se había interpuesto fuera de término.

Sostiene entonces la peticionaria que la actuación de la junta es ilegal y pide el auxilio de esta corte mediante la ex-pedición del mandamus a que hicimos referencia.

El 27 de marzo último la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso de Sancho Bonet, Tesorero v. Yabucoa Sugar Company, por medio de su Juez Sr. Black, se expresó como sigue:

“La Yabueoa Sugar Company demandó al Tesorero de Puerto Rico ante una corte de distrito local en recobro de contribuciones de ingresos del año 1927 pagadas bajo las leyes insulares. Interpre-tando los estatutos locales de Puerto Rico autorizando pleitos sobre reembolso de contribuciones, la corte de distrito declaró que las leyes no daban derecho a demandar por contribuciones pagadas voluntaria-mente. La demanda fué desestimada por falta de jurisdicción, ya que de ella se desprendía que la contribución objeto de litigio había sido pagada voluntariamente, sin protesta. La Corte Suprema de Puerto Rico confirmó la sentencia, pero ésta fué revocada por la Corte de Circuito de Apelaciones.
“Según acepta la propia Yabueoa Sugar Company, este caso no puede ser sostenido sin autorización de una ley de Puerto Rico, ya que Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento. También se acepta que la Legislatura de Puerto Rico no viene obli-gada a proveer un remedio judicial para el reembolso de contri-buciones.
“Son contenciones de la Yabueoa Sugar Company que las leyes insulares sobre la materia autorizan el presente pleito ‘bien por el lenguaje expreso o por necesaria inferencia’, j que las cortes de Puerto Rico interpretaron erróneamente los estatutos locales.
“La sección 75 de la vigente Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico, aprobada en 6 de agosto de 1925 (Leyes de Puerto Rico de 1925, páginas 400, 536) autoriza al Tesorero a ‘remitir’, rein-tegrar, y devolver todas las contribuciones errónea o ilegalmente co-bradas ... y toda contribución que aparezca injustamente impuesta o en cantidad excesiva o de cualquier manera erróneamente cobrada’, y le ordena rendir ‘un informe a la Legislatura de Puerto Rico, al empezar cada sesión ordinaria, de todas las transacciones que en esta sección se autorizan’.
“Las cortes de Puerto Rico interpretaron la sección 75 de modo que la negativa del Tesorero o reintegrar contribuciones pagadas sin protesta es definitiva; que los estatutos locales no dan a las cortes jurisdicción para revisar esta negativa, y que después del informe del Tesorero a la Legislatura, las demandas de un contribuyente volun-tario deben ser dirigidas a la propia Legislatura. Disintiendo de esta interpretación dada al estatuto por las cortes de Puerto Rico, la Corte de Circuito de Apelaciones (con la opinión disidente de uno de sus jueces) resolvió que la ley de 1925 claramente proveía el remedio de recurrir a las cortes, aún en pleitos para recobrar contribuciones pa-gadas voluntariamente sin protesta.
“Es necesario que examinemos algunas de las razones que lle-varon a las cortes de Puerto Rico a su interpretación de la sección 75 de la ley de 1925. Por ejemplo, la sección 66 de la Ley de Con-tribución de Ingresos de Puerto Rico de 1919 (leyes de 1919, páginas 612, 666), imponía al Tesorero la obligación de hacer los reintegros contributivos (como en la sección 75 de la ley de 1925), pero la sección 66 contenía una disposición expresa para ‘recurrir a los tribunales de justicia’ si la reclamación del contribuyente fuera dene-gada por el Tesorero. La supresión de esta expresa disposición de la sección 75 y otras secciones de la ley de 1925, fué lógicamente con-siderada por las cortes de Puerto Rico como de gran importancia en la interpretación de dicha ley. El derecho de apelación a las cortes contenido en la sección 66 de la ley de 1919 fué por primera vez suprimido en la de Puerto Rico de 1921 (Leyes de Puerto Rico de 1921, página 312) y esto llevó a la Corte Suprema de Puerto Rico a resolver en el presente caso que ‘Desde 1921 ... el derecho a instruir litigios sobre devolución de contribuciones, a no ser aquellas pagadas bajo protesta, ha sido abrogado.’
“Además, cuatro distintas secciones de la ley de 1925 (57, 60, 62 y 76A) constituyen un procedimiento estatutario bajo el cual un con-tribuyente que pague bajo protesta tiene derecho a demandar en corte el reintegro. Tal contribuyente puede demandar al amparo de la ley bajo estas secciones únicamente si su reintegro ha sido dene-gado por ambos el Tesorero y la Junta de Revisión e Igualamiento-de la isla. Pero en ninguna parte de estas secciones expresamente se autoriza una apelación de la decisión del Tesorero para ante la. junta por uno que haya pagado las contribuciones sin protesta. Y la sección 76B, que de acuerdo con la interpretación de la Corte de Circuito de Apelaciones autoriza el pleito por un contribuyente que haya pagado voluntariamente, expresamente prohibe el pleito ‘hasta que debidamente se haya presentado al Tesorero y en apelación ante-la Junta de Revisión e Igualamiento una reclamación de reintegro o crédito, según lo establecido por la ley en ese sentido y por los reglamentos dictados de acuerdo con dicha ley.’ (Itálicas nuestras.) Como a un contribuyente voluntario no le ha sido concedido derecho expreso alguno de apelación del Tesorero a la Junta ‘según lo esta-blecido por la ley’ en relación con dichas apelaciones, no tiene auto-rización expresa para cumplir con la condición previa al derecho al pleito bajo la sección 76B. Los derechos negados por ley no pueden-ser concedidos por un reglamento.
“Además, la sección 76B de la ley de 1925 es prácticamente idén-tica en lenguaje a la sección 3226 de los Estatutos Revisados de Ios-Estados Unidos sobre pleitos para reintegro de contribuciones de los Estados Unidos. Pero la Legislatura de Puerto Rico, que aparente-mente tomó como modelo la sección 3226, omitió en la 76B la cláu-sula de la sección 3226 que dispone que un ‘pleito o procedimiento-para reintegro de contribuciones será declarado con lugar, haya sido-tai contribución pagada o no bajo protesta o compulsión.’ Esta adopción sustancial de la sección 3223, omitiendo la cláusula que au-toriza el pleito sin protesta (así como la misma omisión en la ley de-1921) difícilmente podría ser considerada como inadvertencia, y por el contrario indica un deliberado propósito legislativo.
“El Congreso por primera vez concedió autoridad local al Go-bierno de Puerto Rico en 1900 (ley de 12 de abril de 1900, 31 Stat. 77) y razonablemente enmendó el plan original en 1917 (ley' de-marzo 2, 1917, 39 Stat. 951). Ambas leyes manifiestan la intención congresional de conservar — en armonía con nuestro sistema de go-bierno — las entonces existentes prácticas gubernativas. Las leyes y ordenanzas entonces efectivas y no contrarias a nuestras leyes o cons-titución fueron mantenidas en completa vigencia, sujetas a altera-ción por la Legislatura de Puerto Rico o el Congreso. Los tribunales de jurisdicción original y de apelación, su jurisdicción y sus pro-cedimientos, fueron preservados por el Congreso y los funcionarios locales dejados en sus cargos. Y este tribunal se ha mostrado con-trario a revocar a los tribunales de Puerto Rico en materias de ca-rácter puramente local, o a resolver contra la interpretación local de un asunto local que este tribunal no estimare claramente errónea; y se ha inclinado a aceptar la interpretación dada por una corte local a un estatuto local y a sostener tal interpretación en ausencia de claro o manifiesto error.
“Las leyes contributivas de Puerto Rico constituyen materia pu-ramente local y la tradicional repugnancia de este tribunal a revocar la interpretación de tales estatutos locales por las cortes locales tiene especial aplicación a la interpretación de las leyes de Puerto Rico por tribunales puertorriqueños. Al desarrollo ordenado del sistema de gobierno de Puerto Rico como parte integrante de nuestro sistema de gobierno, se contribuye debidamente por medio de una cuidadosa y consistente adhesión a la política legislativa y judicial de defe-rencia al procedimiento local y a los tribunales de la Isla.
“Las sentencias de las cortes de Puerto Rico en este caso no están faltas de lógica o fundamento. • Ellas encarnan un reconocimiento de nuestra separación constitucional de poderes entre la rama le-gislativa y la judicial de gobierno. Creyendo que la Legislatura había rehusado conceder a un contribuyente que hubiera calculado su propia contribución de sus propios archivos y pagado la misma voluntariamente y sin protesta el derecho a demandar, las cortes de Puerto Rico correctamente rehusaron hallar en el estatuto inferen-cias que claramente no estaban allí. Al considerar la previa inter-pretación de un estatuto puertorriqueño por la Corte Suprema de Puerto Rico, esta corte dijo, ‘Por lo menos, la interpretación adop-tada en Puerto Rico -no violenta las palabras del estatuto; dicha interpretación se refiere a casos locales bajo un sistema en el que la coi’te insular está llamada a entender constantemente, y no estamos preparados, en contrario al peso justamente atribuido a la decisión local, para decir que es errónea.’ Así, no podemos decir en este caso que las cortes de Puerto Rico cometieron error. Al dejar de sos-tener su interpretación de los estatutos locales, la Corte de Circuito de Apelaciones actuó erróneamente.
“Se revoca la sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones y se resuelve que la demanda ante la Corte de Distrito de Puerto Rico debe quedar desestimada, según fuera resuelto por dicha corte y confirmado por la Corte Suprema de Puerto Rico.
“Así se ordena.”

Hemos transcrito íntegra la opinión tanto porqne enten-demos qne resuelve de modo terminante el punto aquí en controversia, cnanto porque constituyendo como constituye la última y más autorizada interpretación de preceptos de ley que se aplican constantemente, debe ser conocida en toda su extensión.

Yendo al fondo de la cuestión fundamental allí envuelta, que era la de la condición precedente del pago bajo protesta para poder recurrir a las cortes, incidentalmente pero de una manera clara la Corte Suprema nacional resolvió que cuando el pago es voluntario no sólo no cabe recurrir para ante las cortes, si que tampoco para ante la Junta de Revisión e Igualamiento. Repitamos lo que concretamente dijo a ese efecto. Es así:

“Además, cuatro distintas secciones de la ley de 1925 (57, 60, 62 y 76A) constituyen un procedimiento estatutario bajo el cual un contribuyente que pague bajo protesta tiene derecho a demandar en corte el reintegro. Tal contribuyente puede demandar al amparo de la ley bajo estas secciones únicamente si su reintegro ha sido de-negado por ambos el Tesorero y la Junta de Revisión e Igualamiento de la Isla. Pero en ninguna parte de estas secciones expresamente se autoriza una apelación de la decisión del Tesorero- para ante la Junta por uno que haya pagado las contribuciones sin protesta. Y la sección 76B, que de acuerdo con la interpretación de la Corte de Circuito de Apelaciones autoriza el pleito por un contribuyente que haya pagado voluntariamente, expresamente prohibe el pleito ‘hasta que debidamente se haya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento una reclamación de reintegro o crédito, según lo- establecido por la ley en ese sentido y por los reglamentos dictados de acuerdo con dicha ley.’ (Itálicas nuestras.) Como a un contribuyente voluntario no le ha sido concedido derecho-expreso alguno de apelación del Tesorero a la Junta ‘según lo esta-blecido por la ley’ en relación con dichas apelaciones, no tiene auto-rización expresa para cumplir con la condición previa al derecho al pleito bajo la sección 76B. Los derechos negados por ley no pue-den ser concedidos por un reglamento.”

No es pues que la ley no fije la extensión del término para apelar ante la junta de la resolución del Tesorero, cuando -éste se niega a devolver una contribución sobre ingresos pa-gada. voluntariamente; es que no concede tal apelación. Y siendo como es ello así, cae por su base la contención de la peticionaria, debiendo, en sn consecuencia, declararse no ha-ber lugar a exp&dir el mamdamus qive solicita.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Mercedes de la Torre, Francisco de la Torre y Arturo O’Neill, demandados y apelante el segundo.
    Núm. 7608.

    Resuelto: Abril 26, 1939.

      Francisco de la Torre, pro se y Luis Lloréns Torres, abogado del apelante; Fiddlenr, Córdova •& McConnell, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

No estando satisfeclio el demandado Francisco de la Torre con nuestra sentencia de 8 de febrero último (ante, pág. 233), el 21 del mes pasado radicó una moción en la que solicita que la reconsideremos y dejemos sin efecto el embargo trabado por el banco demandante sobre bienes inmuebles de la sociedad de gananciales constituida por él y su esposa.

En. su moción de reconsideración el- demandado repite más o menos los mismos argumentos que expuso en el alegato que consideramos al emitir la aludida opinión. Alega que con motivo de las enmiendas que sufriera la institución de gananciales en el Código Civil revisado al prohibir al marido enajenar o gravar bienes inmuebles de la sociedad conyugal sin el consentimiento expreso de la esposa, de tal manera varió dicha institución, que las citas que hacemos de Manresa, Scaevola y los autores franceses que han escrito sobre la materia no son aplicables a la actual legislación puertorriqueña.

Cita jurisprudencia. del estado de Washington, donde existe una restricción similar en cuanto a la facultad del marido para enajenar o gravar bienes de la sociedad con-yugal y donde se ha resuelto que los bienes inmuebles de dicha sociedad no pueden aplicarse al pago de las deudas particulares del marido. Así se ha resuelto, entre otros ca-sos del estado de Washington, en el de Brotton v. Langert, 23 P. 688. Pero no es menos cierto que en el mismo caso aparece una fuerte opinión disidente del Juez Stiles, de la que tomamos el siguiente párrafo:

“No puedo creer que fuera la intención de la legislatura de 1881 proteger todos estos bienes inmuebles de la sociedad conyugal de responsabilidades por endosos de giros o pagarés de favor (accommodation paper), garantías, y especialmente fianzas para garantizar cargos públicos, al igual que ciertos compromisos que los hombres casados contraen diariamente, que no tienen relación alguna con los intereses de la sociedad de gananciales y que no puede decirse que la beneficien. Se arguye que estas obligacions pueden hacerse efec-tivas consiguiendo la firma de la esposa, pero yo h» niego. Si la firma de un esposo en la fianza de un tesorero de condado no hace que la obligación pueda hacerse efectiva en los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales porque la deuda no ha sido contraída en beneficio de dicha sociedad, es ocioso decir que por agregar la firma de la esposa la naturaleza de la deuda varía, es cobrable de la so-ciedad, etc. Las combinaciones y confusiones a que daría lugar la aceptación de esta doctrina serían interminables.”

■ En la opinión de la mayoría en el referido caso se ase-gura que el estatuto qne regula la sociedad de gananciales es una creación original del estado de Washington, que par-ticipa de la índole de la sociedad (partnership) y de la cor-poración, difiriendo de ambas en algunos puntos esenciales (op., pág. 688). Siendo ello así, parece que la jurispruden-cia de Washington no debe ser la más apropiada para guiar-nos en la interpretación de nuestra propia ley que, como es sabido, es una copia fiel y exacta de la ley española, con ex-cepción de las enmiendas que sufrió en el año 1902, antes aludidas.

Decimos que la jurisprudencia del estado de Washington no es la más apropiada, porque aunque no dudamos que el estatuto de Washington ha sido tomado, o por lo menos ins-pirado, en la ley mejicana, que a su vez se deriva de la es-pañola, al afirmar el tribunal más alto de dicho estado que el estatuto es una creación original de su asamblea legislativa, seguramente no ha tenido en cuenta en su interpretación los precedentes de la ley española, que deben ser tomados en consideración en relación con dicha institución jurídica.

Por el contrario, en el artículo del Profesor Alvin E. Evans, de la Universidad de Idaho, publicado en noviembre ■de 1921 en 35 Harvard Law Review 47, titulado “The Ownership of Community Property,” se mencionan los ocho es-tados de la Unión donde impera la sociedad de gananciales, a saber: Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas y Washington, y citando con aprobación al conocido autor Tiffany, dice que la teoría de California es la que más se asemeja a la del Derecho Español, aunque con-tiene ciertos principios tomados de la Ley Común.

Veamos, pues, cuál es la jurisprudencia de California, donde el marido, como en nuestra ley, no puede enajenar ni gravar bienes inmuebles de la sociedad conyugal sin el con-sentimiento expreso de su esposa. Artículo 172(a) del Có-digo Civil de California.

En el caso de Stewart v. Stewart, 199 Cal. 318, en una opinión de veinticinco páginas, se hace nn estudio completo de la institución de la sociedad de gananciales desde que se inició en el estado de California, en el año 1850, hasta la fecha. Se dice que al principio el marido, igual que en Es-paña, podía disponer libremente, excepto por testamento, de toda la propiedad conyugal sin restricción alguna. Que más tarde, en 1891, se enmendó el artículo 172 del Código Civil, adicionándole un “disponiéndose” que prescribía que el ma-rido no puede hacer donación de bienes gananciales o ena-jenar los mismos sin causa, sin el consentimiento por escrito de la esposa. Que así eontinó la institución hasta que en 1917 se agregó el artículo 172 (a) al Código Civil, el cual en-tre otras disposiciones restringe la facultad del marido en el sentido de no poder arrendar bienes inmuebles de la sociedad conyugal o cualquier interés en los mismos por un plazo mayor de un año ni venderlos, enajenarlos o gravarlos sin el concurso de la esposa o de su agente debidamente autorizado.

En el referido caso de Stewart, supra, después de hacer un resumen de toda la jurisprudencia del estado hasta la fe-cha, se resuelve que la enmienda de 1917 a que antes hemos hecho referencia, sólo tuvo por objeto proporcionar medidas de protección y seguridad contra los actos fraudulentos o irreflexivos del marido en el ejercicio de su control y domi-nio sobre los bienes de la sociedad conyugal, y no obstante dichas enmiendas se ratifica la constante jurisprudencia del estado 'que sostiene que las deudas particulares del marido pueden hacerse efectivas sobre cualesquiera bienes de la so-ciedad de gananciales. Termina la opinión modificando la aseveración que en casos anteriores se había hecho de que el interés de la esposa en la sociedad conyugal es una„mera es-peranza que sólo se realiza al disolverse aquélla. Se dice en este caso que si bien la esposa no tiene derecho adquirido alguno en los bienes de la sociedad conyugal mientras ésta no se haya disuelto, su interés en la misma es mayor que el de un presunto heredero. Dados los cambios que ha sufrido la institución en Puerto Bieo, semejantes a los de California, no dudamos que en realidad el interés de la esposa es algo más que una mera esperanza y que puede decirse que aquí, como en California, su interés en los bienes de la sociedad de gananciales es mayor que el de un presunto heredero.

En su moción de reconsideración el demandado reconoce que nuestra opinión contiene “una fiel y concienzuda exposición de los hechos fundamentales del caso”, pero a. pesar de esa admisión estima que es preciso aclarar o rectificar ciertas cuestiones de hecho que en su opinión no han sido correctamente expuestas y que juzga de importancia para decidir su aspecto legal. A este respecto sostiene el demandado:

“En primer lugar debe aclararse que la obligación contraída por el demandado Francisco de la Torre lo fue en adición o ampliación de las garantías prestadas por la Sra. Mercedes de la Torre y no en sustitución de las mismas (f. 1, línea 6, opinión).”

Lo que decimos en la opinión es lo siguiente:

“Mercedes de la Torre Berrios solicitó un préstamo de The Amei’-ican Colonial Bank of Porto Rico por la cantidad de $10,398.38. Para asegurarlo exigió el Banco ciertas garantías colaterales en adición a la hipotecaria que le ofrecía la solicitante. En substitución de las-garantías colaterales, convino el peticionario Francisco de la Torre-Garrido en obligarse también a pagar la cantidad prestada. ...”

Lo transcrito, que es todo lo que se dice sobre el particular, claramente demuestra que en adición a la garantía hipotecaria dada por Mercedes de la Torre se obligó también Francisco de la Torre y que su firma sustituye, no la garantía hipotecaria que dió la señora de la Torre, sino la colateral, que en adición a la hipotecaria le exigía el Banco.

En otra parte de la opinión decimos que algún tiempo. después de celebrada la transacción entre los señores de la Torre y el banco, The National City Bank of New York se hizo cargo de todo el activo y pasivo del American Colonial Bank of Porto Bieo, y que fué así como el crédito de refe-rencia pasó a poder del banco demandante.

Sostiene el demandado que lo que consta de los autos so-bre el particular es que el pagaré fue transmitido por en-doso. Quizá por el conocimiento que el juez que^ suscribe ba adquirido de los hechos de este caso por haber actuado en otros incidentes del mismo en la Corte de Distrito de San Juan, inadvertidamente consignó un hecho que no consta de los autos de este caso. Es lo cierto que como consecuencia de la indicada transacción se transmitió el pagaré por medio de un endoso y así lo consignamos a petición del demandado.

Lo expuesto dispone, a nuestro juicio, de las cuestiones esenciales levantadas en la moción de reconsideración, la qwe procede dmegar.


author: El Juez Asociado Señob Wole

text:
    José Hernández Usera, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.

      Núm. 1036.

    Sometido: Noviembre 22, 1938.

      Resuelto: Abril 27, 1939.

      H. Torres Sola, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión del tribunal.

José Hernández Usera, de San Juan, solicitó del registra-dor de esa ciudad la cancelación de ciertas servidumbres mi-litares que habían pesado sobre determinada finca situada en Puerta de Tierra y que aparentemente estaba junto a la an-tigua ciudad amurallada de San Juan. El registrador se negó a cancelar la mención porque según el registro la misma aparecía como una condición del contrato de compraventa a que se refería la primera inscripción de la propiedad y por-que la Ley Núm. 12 de 1923 (Primera Sesión Extraordinaria de 1923, pág. 37) con sus enmiendas no autoriza el que se cancele tal condición. El registrador procedió a tomar la correspondiente anotación preventiva de la solicitud. José Hernández Usera apeló.

En el escrito que se ha presentado ante este tribunal se alega, primero, la descripción de la finca; segundo, que la primera inscripción de la finca núm. 861, que es la que está aquí envuelta, especificaba que dicha finca quedaba sujeta a ciertas servidumbres militares y que al hacerse referencia a los gravámenes se hizo constar lo siguiente:

“Esta finca bajo los antecedentes de descripción y poseedores . . . no se halla afecta a carga alguna.”

De los autos se desprende que en 1873 se inscribió una escritura de la propiedad sin hacerse referencia alguna a las servidumbres militares. Sin embargo, subsiguientemente, y bajo el mismo epígrafe, se dice que se inscribe sujeto a las servidumbres militares a que se refiere la primera inscrip-ción. El recurrente sostiene que las servidumbres militares en cuestión nunca fueron claramente inscritas como cargas. Tercero, que dichas alegadas servidumbres militares constan relacionadas en el registro, por primera vez, en fecha 12 de agosto de 1885, y en varios asientos posteriores se hizo re-ferencia a ellas. Cuarto, que el recurrente, en 28 de septiem-bre de 1938, otorgó una declaración jurada en una petición dirigida al registro de la propiedad solicitando la cancela-ción. Quinto, que el registrador de la propiedad denegó la cancelación solicitada.

Sexto. — Bajo este párrafo el recurrente suplica que la negativa sea revocada y se ordene la cancelación solicitada, por los siguientes fundamentos:

“■Que tales limitaciones no constituyen dentro del tecnicismo del derecho civil que nos rige, un real y verdadero derecho de servidum-bre, por cuanto para la existencia de una servidumbre se requiere una finca sirviente y también una dominante, no existiendo en este caso la finca dominante. (Art. 536 del Código Civil.)”

A esto podemos contestar que en los autos que tenemos ante nos la cuestión bajo discusión ha sido mencionada como servidumbre, como condición y como mención. Sea ello como fuere, no hay duda alguna de que hubo una constancia debi-damente inscrita en el registro de la propiedad que describe unos derechos militares, ya fueren éstos servidumbres o no. Entonces podríamos preguntarnos si los usos militares del gobierno de España no eran una especie de tenencia domi-nante sobre algunas de las otras propiedades de la Corona de España o de sus súbditos.

“B. — Que el estado de derecho creado por aquellas órdenes gubernamentales, impuestas solamente por el poder militar de aquella época, solamente surtió el efecto de limitar la disposición de la propiedad en cuanto respecta a la altura y construcción en ciertas condiciones de los edificios, de acuerdo con los planes y reglamentos militares, y no engendró derecho alguno a favor del Estado o Gobierno español, como si, por ejemplo se hubiese tratado de la posesión, o de algún otro derecho de naturaleza real,”

Parafraseando la jurisprudencia americana, podemos de-cir que ésta era una condición inherente al terreno (u. condition that ram, with the land), o similar a ella, y hasta cierto punto era un derecho existente a favor de la Corona de Es-paña o de su rama militar.

Luego bajo los párrafos “C”, “D”, “E”, “F” y “G” el recurrente continúa argumentando su caso. No podemos convenir con él en que esta supuesta servidumbre, de haberla, era meramente personal por existir aparentemente una res-tricción por parte del poder soberano sobre los dueños de las fincas que se especificaban.

El recurrente sigue su argumento en la teoría de que si ésta era una cuestión personal, no existía la tradición de ella al poder que sucedió a la Corona de España, o sea a Estados Unidos. Nuevamente da énfasis a esto, sugiriendo que el poder militar anterior había desaparecido completamente por razón del cambio de soberanía; que los Estados Unidos, que a virtud del Tratado de Paz, sucedió en todos los derechos a la Corona de España, no tiene un sistema o arreglo a virtud del cual podía ejercer un poder similar, y algo más en el mismo sentido.

No estamos preparados para decir que no podría conce-birse que los poderes militares de los Estados Unidos no pu-dieran hacer el mismo uso de las alegadas servidumbres que la Corona de España. No importa que los Estados Unidos haya construido en terreno contiguo el correo y otros edifi-cios. La falta de ratificación u otras supuestas inconsisten-cias, no haría diferencia alguna para los fines de este recurso gubernativo, según veremos muy pronto. No podemos con-venir en que el derecho quedó necesariamente extinguido y sugerimos ahora que tal cuestión podría difícilmente ser resuelta en el registro de la propiedad y sí más adecuada-mente en un pleito ordinario. Dudamos que podamos conve-nir fácilmente con el recurrente en que si el derecho se hu-biera extinguido, el registrador, de propia iniciativa, podría efectuar en el registro la cancelación deseada.

No hemos transcrito todos los argumentos del recurrente por la muy fundamental razón de qne estamos de acuerdo con el registrador en que nada hay en la ley de 1923 o sus enmiendas que autorice al registrador a hacer la cancelación, ya fuere ex proprio vigore o a instancia de algún dueño. Convenimos con el recurrente en que los estatutos que auto-rizan cancelaciones deben ser interpretados liberalmente en el sentido de eliminar del registro cualquier asiento que cla-ramente participa de la naturaleza de las cancelaciones men-cionadas en la ley de 1923 o sus enmiendas. Sin embargo, estas alegadas servidumbres militares no se asemejan a nada de lo mencionado en la ley de 1923 y en su consecuencia no pueden ser canceladas' mediante razonamientos análogos.

Conforme hemos dicho, no podemos estar absolutamente seguros de que las autoridades militares de los Estados Uni-dos no quieran tal vez impedir que los edificios pasen de cierta altura en determinados sitios. De todos modos, abrigando esta duda, el registrador no es la persona llamada a decidir la cuestión administrativamente, sino que debe acudirse, de existir algún derecho, a una corte de distrito. Podría suce-der que fuera necesaria alguna acción legislativa o adminis-trativa por parte de los Estados Unidos.

Debe confirmarse la nota del registrador.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Regino Ortiz, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 161.

    Sometido: Enero 20, 1939.

      Resuelto: Abril 28, 1939.

      Virgilio'Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del recurrente; Hon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Pro-curador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moreu, abogados los dos últimos del Fondo del Estado, abogados del Administrador del Fondo recurrido.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Regino Ortiz, un obrero que alega haber sufrido un acci-dente mientras trabajaba para la Central Monserrate, fue notificado en noviembre 4, 1937, de la resolución del Admi-nistrador del Pondo del Seguro del Estado, declarando su accidente no compensable.

De esa resolución recurrió el obrero para ante la Comi-sión Industrial, en abril 26, 1938. Al llamarse para vista el recurso, el Administrador del Pondo del Estado alegó que se había interpuesto fuera de término. Oyó la comisión a las partes y resolvió la cuestión suscitada en contra del obrero,, de acuerdo con los hechos y su regla dictada en mayo 23,, 1936, fijando en treinta días el término para apelar.

Pidió reconsideración el obrero y la comisión reafirmó su criterio por resolución de diciembre 20, 1938. Acudió enton-ces por medio de su abogado a este tribunal pidiéndole que revisara las órdenes de la comisión por los siguientes mo-tivos :

“(a) Porque la Comisión Industrial carece de facultad para dictar dicha regla.
(b) Porque en el supuesto de que la Comisión Industrial tu-viera esa facultad, dicha regla no fué adoptada en la forma que re-, quiere la ley.
“(o) Porque aun en el supuesto de que la Comisión Industrial tuviera facultad para dictar esa regla y suponiendo que hubiera aprobado la misma en la forma que determina la ley, esa regla es nula y no tiene validez alguna porque el recurso establecido ... no es el de apelación, el cual procedimiento no existe de acuerdo con la Ley Núm. 45 de 1935, Art. 9-10.”

Tras un estudio detenido de la ley y la jurisprudencia aplicable a los hechos del caso, creemos que los motivos pri-mero y tercero no están bien fundados, pero sí el segundo.

Prescribe el artículo 6 de la Ley Núm. 45 de 1935, en uno de sus párrafos (leyes de 1935, (1) pág. 283) que:

“La Comisión Industrial estará facultada para aprobar reglas para llevar a cabo aquellas disposiciones, facultades y deberes que le ■señale esta Ley, y para hacer que los procedimientos ante ella sean ■sencillos y sumarios; y tales reglas y reglamentos, después de apro-bados por el Gobernador y de publicados y promulgados .debidamente, tendrán fuerza de ley.”

Y a nuestro juicio es perfectamente claro que en uso del poder conferídole por el legislador y siendo como es un or-ganismo de naturaleza cuasi judicial, pudo la comisión fijar el término razonable dentro del cual debía ejercitarse el de-recho de apelar, recurrir o irse en alzada que de las resolu-ciones del Administrador para ante la comisión concede el estatuto. Ley Núm. 45 de 1935, artículos 6, 7 y 10, leyes de 1935, págs. 281, 285 y 289; 15 C. J. 901 y siguientes; 4 C. J. S. 884 y siguientes, y 3 Am. Jur., Appeal and Error, sección 417 y siguientes.

Pero si bien ello es así, para que la regla de la comisión sea válida y tenga fuerza de ley, debe cumplirse en un todo con la disposición legislativa, y aquí se admite por la propia comisión que no se cumplió con el requisito de la aprobación por el Gobernador.

No existiendo regla válida que fije el plazo, estaba en término el obrero cuando ejercitó su derecho. Cruz et al. v. Sucesión Jiménez, 32 D.P.R. 833 y 836. De la opinión con-currente que aparece a la página 840, se transcribe lo que signe: “El principio de una limitación al derecho de apelar se interpreta estrictamente en favor de un apelante. 3 C. J. pág. 1059 y siguientes donde se citan entre otros casos de California y de Louisiana.”

En tal virtiud nos vemos competidos a revisar la actua-ción de la comisión revocando sus órdenes de 7 y 20 de diciembre de 1938, devolviendo el oaso para ulteriores proce-dimientos en armonía con lo que aquí s-e decide.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    Venancio Ríos, demandante y apelante, v. Eusebio Díaz, demandado y apelado.
    Núm. 7966.

    Sometido: Abril 24, 1939.

      Resuelto: Abril 28, 1939.

      Y. Polanco de Jesús, abogado del apelante; Angel Rivera Colón, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación del recurso de apelación inter-puesto en este caso por haberse establecido fuera de término.

De los autos resulta que la sentencia apelada se dictó en mayo 3, 1938, notificándose y archivándose con los autos el mismo día copia de la notificación a la parte perdidosa. La apelación se interpuso el 3 de junio siguiente.

La parte apelante impugna la desestimación porque soli-citó que se le declarara pobre y no fué hasta junio 3 que la corte resolvió su petición y porque residiendo en Ciales que está a veinte y seis millas de Arecibo y habiéndosele notifi-cado por correo tenía derecho a un día adicional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Enjuicia-miento Civil.

No tiene razón a nuestro juicio. Se trata de un término jurisdiccional. Un mes fija el estatuto — artículo 295, núm. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, pág. 138 — y se ha resuelto que cuando la ley habla de meses se entienden meses de treinta días. Artículo 8 Código Civil, ed. 1930; Luce & Co., S. en C. v. Cintrón, 42 D.P.R. 610; Noriega v. Sucn. Colón, 40 D.P.R. 450, Wolkers v. American R. R. Co. of P. R., 20 D.P.R. 403.

El hecho de que estuviera pendiente la concesión del beneficio de pobreza, no interrumpe el término, ni tampoco es aplicable la disposición del artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed.' 1933, pág. 152, porque en este caso por mandato expreso de la ley el término “ empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos” y no a partir de la fecha de la notificación.

Debe desestimarse >el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Rita Santos Señeriz, demandante y apelante, v. Dominga González o Dominga de Jesús y Juan de Jesús García, demandados y apelados.
    Núm. 7704.

    Sometido: Noviembre 16, 1938.

      Resuelto: Abril 28, 1939.

      Antonio L. López, abogado de la apelante; González Fagundo & Gon-zález, Jr., abogados de la apelada Sra. González.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito de desahucio en precario iniciado ante la Corte de Distrito de Huinacao. La demandante alegó ser dueña de cierta finca que describe, que los demandados de-tentaban la posesión de la misma sin pagarle canon o mer-ced de clase alguna y contra la expresa voluntad de la de-mandante, y que se había solicitado de éstos que desocuparan la finca. La contestación negó los hechos esenciales de la demanda y adujo como defensa especial que la demandada en unión a su esposo tenía derecho a una casa enclavada den-tro de los límites de los terrenos que trataba de recobrar la demandante. En la contestación también se alegó que la de-mandada Dominga González estaba casada con Elias Benitez y que en su consecuencia ella tenía un derecho de hogar se-guro sobre la casa donde vivía.

Sucede que en 1932 Ramón Santos León vendió a Mías Benitez, quien estaba casado con Dominga González, un trozo de terreno en Caguas; que el comprador quedó a deber parte del precio de la compraventa al vendedor; que este último obtuvo sentencia por dicho saldo contra el referido comprador y por sentencia adquirió no sólo el título del terreno en cuestión sino también la casa que se había construido en el mismo, según parece. Se desprende que la casa fue construida en dicho terreno después de efectuarse la venta a Benitez pero antes de iniciarse el pleito anterior en cobro del precio aplazado. Es contra la esposa de Elias Benitez, o sea contra Dominga González, que se ha iniciado el presente recurso de desahucio en precario.

La corte inferior no estuvo de acuerdo con lo alegado en la contestación al efecto de que la demandada era dueña ab-soluta de la casa, mas sí convino con Dominga González, la demandada, en que ella tenía derecho al hogar seguro, de acuerdo con el casó de García v. Trilla, 47 D.P.R. 922. Ése fue un caso en que los demandantes reconocieron el dominio o una especie de dominio en una casa que se había construido en el terreno, así como que dicha casa estaba sujeta a la re-clamación de homestead. El pleito iniciado contra Trilla fue para recobrar los cánones de arrendamiento adeudados, se dictó sentencia por determinada suma de dinero y fue al tra-tar de ejecutarse la sentencia sobre la casa que la parte de-mandada suscitó la cuestión de hogar seguro.

En el presente caso la apelante demuestra que su prede-cesor en título, conforme se dice más arriba, obtuvo senten-cia contra el demandado en el pleito anterior, o sea contra Elias Benitez; que el pleito fue apelado y desestimado por la corte de distrito; que, en ejecución de dicha sentencia, el solar perteneciente a Benitez fue vendido y que en la referida venta se incluyó también la casa en cuestión. Para aquel en-tonees no se suscitó cuestión alguna de liogar seguro por el marido ni por ninguna otra persona, y la apelante sostiene que el derecho de hogar seguro había prescrito. La. sección 6 de la ley de 1936 (Ley Núm. 87 de ese año, págs. 461, 465) dispone:

“En caso ele no formularse reclamación alguna ante el oficial en-cargado de verificar la subasta, la persona con derecho a la reclamación de homestead podrá dentro del término de sesenta (60) días, contados desde la fecha en que la subasta se celebró, entablar acción ordinaria correspondiente. ’ ’

No se entabló acción alguna dentro del término de sesenta días.

La escritura de venta judicial fué inscrita en el registro de la propiedad en 9 de octubre de 1935. La propiedad fué más tarde vendida por Bamón Santos León a Bita Santos Señeriz, demandante en el presente recurso de desahucio. La apelante sostiene que al efectuarse la venta del terreno y de la casa no quedaba ningún derecho de propiedad al de-mandado, y por consiguiente, tampoco, a su esposa.

En el -caso de Schuck v. Verdejo, 43 D.P.R. 965, resolvi-mos mediante una corte dividida que la reclamación del tí-tulo de toda una propiedad era inconsistente con la reclama-ción de hogar seguro.

La apelante también sostiene que la regla general o la' presunción es que todo aquello que se construye sobre el te-rreno forma parte integrante del mismo. En otras palabras, que lo accesorio sigue lo principal. Ni el legajo de sentencia ni la transcripción de la evidencia demuestran que la casa estuviera inscrita. La apelante no da énfasis al hecho de haberse dejado de inscribir el dominio de la casa. Insiste sí, no obstante, en que el derecho de hogar seguro nunca fué suscitado hasta que se presentó este recurso de desahucio y que para esa época ella había adquirido el pleno dominio de la casa y del solar. Así lo sostuvo la corte, mas resolvió el caso en favor del derecho de hogar seguro.

No podremos ver tal derecho de hogar seguro en este caso y la sentencia debe ser revocada.

El .Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

El Juez Asociado Sr. HntcMson disintió.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Rivera Torres y Luis Santana Pabón, acusados y apelantes.
    Núm. 7370.

    Sometido: Abril 13, 1939.

      Resuelto: Abril 28, 1939.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado de los apelantes; R-, A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humaeao bailó a los acusados Jesús Rivera Torres y Luis Santana Pabón culpables de in-fringir las disposiciones de la Ley núm. 25, aprobada en 17 de julio de 1935 (Leyes de 1935, (2) pág. 153), y les sentenció a cumplir sesenta (60) días de cárcel a cada uno.

La denuncia, que originalmente fné radicada en la Corte Municipal de San Lorenzo, dice en lo pertinente como sigue:

“Yo, José L. Díaz, P. I. Núm. 84...., vecino de Juncos, Puerto Pico, ...., calle de Martínez...., número...., mayor de edad.... años, formulo denuncia contra Benigno Rosado Hernández, Jesús Rivera Torres y Luis Santana Pabón por delito Inf. See. 3 y 4 de la Ley Núm. 25 aprobada en julio 17, 1935, sobre Bolita, Boli-pool, etc., para declarar dichos juegos estorbo público y para otros fines, come-tido de la manera siguiente: Que en 29 de Sept, a 4:30 P. M. de 1937, y en sitio Caracol de Juncos, Puerto Rico, del Distrito Judicial Municipal de San Lorenzo’, que forma parte del Distrito judicial de Humacao, P. R.
“Los mencionados acusados Benigno Rosado Hernández, Jesús Rivera Torres y Luis Santana Pabón, allí y entonces de manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, y obrando de común acuerdo, el primero alquilando una habitación de su casa al Sr. Rivera Torres por $1.50 semanal a sabiendas que se dedicaba al juego de Bolita; el segundo como dueño y director de una Banca de Bolita llamada “Amparo” y el tercero como ayudante de Jesús Torres Rivera, esta-blecieron una oficina que dedicaron al juego de Bolita; usando otras personas que vendían los números al público, o sea tickets de bolita; y tenían allí libretas, lápices, recibían, el dinero de los vendedores de números; y entre 4 y 5 de la tarde de cada día, con tres candungos con 10 bolos cada uno, sacaban un bolo de cada candungo formando con los tres números la cifra que conponía el número premiado. Todo a sabiendas de que estos objetos los utilizaban para el juego ilegal de la Bolita. Mediante orden de allanamiento se ocupó en registro efectuado, una bolsa conteniendo 55 libretas de las usadas en venta de números. Y al Sr. Jesús Rivera Torres le fueron ocupados una bolsa conteniendo $10.49; $7.00 más en billetes; 1 pluma fuente Parker y 2 lápices; 1 copia de citación por juego de Bolita contra Lorenzo Aponte y copia de moción sobre sobreseimiento de un caso por juego Bolita. Al Sr. Luis Santana Pabón se le ocuparon $3.00 y 1 libretita verde con apuntes por entradas de dinero; además se ocuparon 32 centavos regados. Todo esto se pone ante la corte como evidencia, así como declaración jurada de Benigno Rosado Hernán-dez y la orden allanamiento.”

Los acusados señalan en el alegato cuatro errores que, aunque frívolos, pasamos a estudiar. El primero consiste en haber declarado la corte sentenciadora sin lugar una excep-ción perentoria de falta de hechos basada en que en la de-nuncia no se alega que los acusados fueran sorprendidos por-tando, conduciendo 'o vendiendo papeletas, billetes, tickets, libretas, listas de números o implementos de los que se utili-zan en el juego de la bolita, o que fueran dueños, apodera-dos, agentes, encargados, directores o administradores de los juegos prohibidos por la Ley núm. 25 de 1935.

Nada más desprovisto de fundamento. En la denuncia se alega claramente que “los acusados Benigno Rosado Hernán-dez, Jesús Rivera Torres y Luis Santana Pabón allí y enton-ces de manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, y obrando de común acuerdo, el primero alquilando una habitación de su casa al Sr. Rivera Torres por $1.50 semanal a sabiendas que se dedicaba al juego de bolita; el segundo como dueño y director de una banca de bolita llamada Amparo y el tercero como ayudante de Jesús Torres Rivera establecieron u/m o fiema que dedicaron al juego de bolita . . . . ”, etc. (véase supra). O sea, en la denuncia, se alegan con bastante preci-sión hechos constitutivos del delito provisto en la sección 4 de la ley que lee en lo pertinente del modo que sigue:

“. . . y todo dueño, apoderado, agente, encargado, director o ad-ministrador de los juegos prohibidos por esta Ley, convicto que fuere, podrá ser castigado a pagar una multa no menor de cien (100) dó-lares ni mayor de doscientos (200) dólares, o a sufrir cárcel por un término no menor de sesenta (60) días ni mayor de cuatro (4) meses; . . . .” etc.

El primer señalamiento debe ser desestimado.

El segundo imputa a la corte sentenciadora grave error en la apreciación de la evidencia. El policía insular José L. Díaz declaró que, provisto de una orden de allanamiento, entró con otros compañeros y por la fuerza a una casa en la salida del Caracol, de Juncos, donde los acusados tenían alquilada una habitación en que se dedicaban a jugar la bolita; que dentro, encontró a los dos acusados, a Benigno Rosado y a muchos vendedores de papeletas reunidos; que todos trataron de huir lográndolo los acusados por una ven-tana y llevándose con ellos las libretas y el dinero que había sobre la mesa, y que les fueron .ocupados por Torres, otro policía que estaba en el patio, adonde fueron a dar los acu-sados. A preguntas del abogado Pinero, uno de los defenso-res, declaró que también halló candungos y bolas desparra-mados por el piso-.

Es cierto que el policía Díaz fué el único, testigo ofrecido por el fiscal, pero también lo es que su declaración fué co-rroborada por los de la defensa. El policía Vidal E. Torres, testigo de defensa, dijo que se había quedado fuera de la casa, y que arrestó a los acusados cuando se tiraron por la ventana, ocupándoles allí las libretas y el dinero que tenían en su poder. El error apuntado no existe.

En el tercero se le imputa al juez sentenciador pasión, prejuicio y parcialidad al dictar sentencia, y ello, porque al hacerlo, se expresó así:

y sentencia a cada uno de dichos acusados a cumplir se-senta días de cárcel manifestando la corte que impone cárcel en este-caso y no multa porque entiende que de alguna manera es necesario-terminar con una situación altamente perjudicial a la sociedad. ’ ’

El hecho de que la corte inferior para “terminar con una situación altamente perjudicial a la sociedad” sentenciara a los acusados a sufrir 60 días de cárcel y no a pagar una multa, no demuestra que actuara con pasión, prejuicio y par-cialidad. Hemos leído la transcripción de la evidencia y no-hay en toda ella indicio alguno de tal actitud. Si para ter-minar con la tal situación la corte hubiera declarado a los acusados culpables, sin serlo de-acuerdo con la prueba, en-tonces sí habría algún fundamento para declarar que actuó en la forma que se le imputa en este señalamiento. Conven-cida la corte de la culpabilidad de los acusados y justificada por la prueba la convicción de los mismos, el hecho de que la corte, haciendo uso de su discreción, haya juzgado conve-niente imponer pena de prisión en vez de multa, para corre-gir el mal existente, no es por sí solo suficiente para sostener ■el error señalado, que debe ser desestimado.

Por el cuarto señalamiento se afirma que la corte sentenciadora contravino el espíritu y la letra de la Ley núm. 25 de 1935 al imponerle a los acusados pena de cárcel. Todo el argumento de los apelantes en apoyo de este señalamiento se reduce a que como la ley habla de multa primero y de cárcel después (véase supra), ellos dicen que . . . donde aparezca primeramente como pena la imposición de una multa no puede (el juzgador) saltar por encima de este precepto e .imponer cárcel a menos que el estatuto expresamente dé esa facultad al magistrado.”

Una lectura superficial de aquella parte de la ley que se relaciona con este señalamiento (véase ante) demuestra in-mediatamente que el razonamiento carece en absoluto de jus-tificación en derecho. Debe confirmarse la sentencia recu-rrida.


text:
    Hermenegildo Hance, demandante y apelante, v. R. Méndez & Hno., demandada y apelada.
    Núm. 7684.

    Sometido: Marzo 23, 1939.

      Resuelto: Abril 28, 1939.

      Luis Apellániz Storer, abogado del apelante; E. H. F. Dottin, abo- ■ gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de noviembre de 1937, al revocar este tribunal la sentencia que con fecha 6 de abril de 1935 había dictado la corte inferior, declaró con lugar la demanda y condenó a la demandada al pago de nna indemnización de $3,000 y las costas (52 D.P.ít. 336). Gruardó silencio con respecto a ho-norarios de abogado.

Dentro del término de ley el demandante archivó en la corte de distrito sn memorándum de costas, entre cuyas par-tidas incluía una por $1,000 por concepto de honorarios de abogado. Lo impugnó la demandada en cuanto a varias par-tidas, entre ellas la de honorarios, y sometida la cuestión, la corte dictó resolución modificando nna de las partidas impug-nadas y desaprobando otras. La partida de honorarios de abogado fue desaprobada en sn totalidad por estimar la corte que no habían sido concedidos por la sentencia que dictó este tribunal.

Apeló el demandante y por estipulación de las partes limitó el recurso a la partida de honorarios de abogado.

La única cuestión a resolver en este recurso es la de si la condena de costas que se pronunció en la sentencia de este tribunal incluye o no honorarios de abogado.

Arguye el apelante que la sentencia que dictó este tribunal en grado de apelación el 24 de noviembre de 1937 es la que debió haber dictado la corte de distrito el 6 de abril de 1935 y como en esta última fecha, de acuerdo con la ley que entonces imperaba, según había sido interpretada repe-tidamente por este tribunal, la palabra “costas” en un pro-nunciamiento incluía honorarios de abogado, a menos que expresamente se excluyeran por el tribunal sentenciador, el pronunciamiento de costas que se hizo por este tribunal sin haberlos excluido los incluye, y que por consiguiente tiene derecho el apelante a que le sean tasados en su memorándum de costas.

Sostiene la apelada que la ley aplicable no es la que re-gía al tiempo de dictarse la sentencia de la corte inferior, sino la que imperaba el 24 de noviembre de 1937, cuando se dictó la de este tribunal, y que siendo así como de acuerdo con el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, lo mismo según fue enmendado por la Ley número 69 de 11 de mayo de 1936 (leyes de ese año, pág. 353) como por la nú-mero 94 de 11 de mayo de 1937 (leyes de ese año, pág. 239), la condena de costas no incluye honorarios de ahogado a me-nos que expresamente se haga tal pronunciamiento, claro es, según la apelada, que la condena de costas en la sentencia de 24 de noviembre de 1937 no incluye tales honorarios.

Tanto bajo el imperio de la ley que existía el 6 de abril de 1935 como bajo el de la que regía el 24 de noviembre de 1937, la condena de honorarios de abogado es cuestión que descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, ha-bida cuenta de la temeridad y grado de culpa de la parte contra quien se dicte la sentencia. La única diferencia en-tre una y otra ley en cuanto a este punto es que de acuerdo con la primera la condena de costas .incluye honorarios de abogado a menos que expresamente se excluyan, mientras que bajo la segunda los honorarios de abogados no están compren-didos en el pronunciamiento de costas a menos que expre-samente se incluyan, debiendo en este último caso determi-narse en la sentencia el montante de los mismos. De ma-nera, pues, que la parte a cuyo favor se dicta la sentencia no tiene, bajo ninguna de dichas leyes, un derecho adquirido (-vested right) a una condena de honorarios de abogado a su favor. Todo depende de la forma en que ejercite su discre-ción la corte sentenciadora. No sucede como con las costas, propiamente dichas, que por disposición expresa de la ley en vigor deben en todo caso concederse a la parte victoriosa.

A nuestro juicio la manera de resolver la controversia es determinando cuál fué la intención de este tribunal al hacer el pronunciamiento de costas en su sentencia de 24 de no-viembre de 1937.

Considerando que este tribunal, al dictar la sentencia de 24 de noviembre de 1937 conocía la ley y el significado que entonces tenía la palabra “costas”, y que si deseaba ejerci-tar su discreción a favor del demandante concediéndole ho-norarios de abogado debía expresarlo así en sn sentencia, de-terminando a la vez el montante de los mismos, pues para esa fecha la condena de costas no incluía honorarios de abo-gado, fácil es comprender que al no incluirlos en sn senten-cia, fné sn intención no concederlos.

No habiendo hecho este tribunal pronunciamiento alguno con respecto a honorarios de abogado y no estando éstos in-cluidos en la condena de costas cuando se dictó dicha senten-cia, no cabe otra conclusión que no sea la de que no fueron concedidos.

Siendo ello así, procede confirmar la resolución ■apelada.


text:
    Jorge Frau y Gabriel Borras, peticionarios, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Luis Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    Núm. 1156.

    Sometido: Febrero 6, 1939.

      Resuelto: Abril 28, 1939.

      G. Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de los peticionarios; Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogado <M recurrido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Bayamón se radicaron dos acusaciones por delitos de adulteración de café contra Jorge Frau y Gabriel Borrás, haciendo negocios bajo la firma “Industrial Fran Hermanos & Compañía.” En cada cansa se exigió a cada nno de los acusados una fianza que prestaron por la cantidad de $300 para permanecer en libertad provisional. Se señaló la lectura de acusación en ambos casos para el día 18 de abril de 1938. Los fiadores fueron notifi-cados del señalamiento. En dicho- día compareció el acusado Gabriel Borrás. El otro acusado, Jorge Frau, no compareció. La corte ordenó consignar ese hecho en el acta del juicio y dispuso que se notificase a los fiadores para que comparecie-sen el 25 del mismo mes a exponer las razones por las cuales no debieran ser confiscadas las fianzas prestadas a favor del acusado Frau. Comparecieron los fiadores el día señalado a ese efecto y estando presente el. acusado Frau, informó éste por conducto de sus fiadores y de su abogado que no pudo comparecer el día señalado para la lectura de acusación por-que vivía en un barrio muy apartado del pueblo de Jayuya y no le fué posible conseguir inmediatamente medios de trans-porte para trasladarse a Bayamón; pero que el día siguiente estuvo en la corte y explicó lo sucedido al fiscal. El juez no estimó suficiente la excusa expuesta por el acusado y con-fiscó la fianza. Continuó el caso contra los acusados y el 12 de mayo de 1938 se dictó sentencia contra ellos condenándoles a sufrir un mes de cárcel y a pagar $75 de multa. Un día después la corte reconsideró la sentencia, eliminando de la misma la condena de cárcel y dejándola subsistente en cuanto a la multa impuesta. Así las cosas, el 31 de mayo de 1938 los fiadores solicitaron la reconsideración de la orden confis-catoria de la fianza. La corte la denegó.

El 30 de junio último solicitaron los acusados la reconsi-deración de la sentencia que les había sido impuesta,, acce-diéndose a ello por haberse convencido el tribunal sentencia-dor que las declaraciones de los testigos de cargo que sirvie-ron de base a la sentencia eran completamente falsas. De la resolución reconsiderando y dejando sin efecto la sentencia tomamos los siguientes párrafos:

“Méritos más que suficientes aparecen para que la corte adopte, como señala el fiscal, una medida adecuada mantenedora en estos casos de la pura justicia.
“Reprochable en grado sumo la conducta del ciudadano que sor-prende a un tribunal de justicia deslustrando y desdorando ésta, toma mayor relieve el hecho cuando es agente del mismo un empleado pú-blico en quien el Gobierno depositó su confianza fiado en los atributos de integridad y honestidad que se presumen en todo ciudadano. Ma-culada así la justicia resultaría indigno que se mantuviera tal estado de cosas un solo minuto más al tiempo mismo en que el engaño y la trampa han quedado de manifiesto.
“Las sentencias dictadas el día 12 de mayo de 1938 son por la presente reconsideradas; y se absuelve a los acusados. Las fianzas prestadas por ellos para permanecer en libertad provisional quedan canceladas. ’ ’

Solicitó de nuevo el acusado la reconsideración de la or-den confiseatoria de la fianza y estimando la corte errónea-mente, a nuestro juicio, que el acusado no tenía personalidad para solicitarla, la volvió a denegar. Estableció entonces re-curso de certiorari para ante este tribunal y cancelamos la expedición del auto por estimar que el acusado había solici-tado la reconsideración después de haber expirado el término legal. Frau v. Corte, 53 D.P.R. 936.

Los acusados han pedido la reconsideración de nuestra re-solución últimamente mencionada. Estimando nosotros que la moción de reconsideración no estaba desprovista de funda-mento, señalamos fecha para oír a las partes, celebrándose aquélla con la sola asistencia de la representación de los acu-, sados.

Alegan éstos que aunque su petición de certiorari no fue todo lo clara y específica que debió serlo, fundaron su recurso' no en la facultad de la corte inferior para dejar sin efecto la resolución confiseatoria de la fianza cuando se demostrase que la misma es errónea, sino en el poder inherente que tie-nen los tribunales para perdonar (remit) la confiscación de una fianza cuando los fines de la justicia lo demanden, siem-pre que la solicitud y la orden de perdón (remission) se die-ten antes de qne el montante de la fianza Raya sido ingresado en las arcas del Tesoro.

Hemos examinado de nuevo los autos del caso, así como la excusa presentada por el acusado por su incomparecencia a la lectura de acusación. Teniendo en cuenta la distancia y la población donde se bailaba el acusado, separada de las ca-rreteras de mayor tránsito público, es posible que su excusa sea cierta. De todos modos, resulta evidente de las circuns-tancias concurrentes en este caso que no fue la intención del acusado evadir los fines de la justicia. Claro también es que ningún perjuicio sufrió el G-obierno por la incomparecencia del acusado Prau el día señalado para la lectura de acusa-ción, pues en su oportunidad se celebró el juicio sin entorpe-cimiento o dificultad alguna. Pero lo que más resalta en todo .este proceso es la enorme injusticia que se cometería obligando a un hombre que es falsa y perversamente acusado por funcionarios del Gobierno, a sufrir el castigo de pagar la respetable suma de $600 luego que la corte, convencida de la injusticia contra él tramada, le absuelve libremente.

Refiriéndose al poder de las cortes para perdonar (remit) confiscaciones de fianza, se dice en 6 American Jurisprudence, pág. 118:

“Las cortes, de acuerdo con la regla general, tienen el poder inhe-rente para perdonar la confiscación de una fianza.”

Dicha obra, tratando sobre la misma facultad de la corte después de dictada sentencia en el juicio criminal, dice: .

“Cuando la incomparecencia del acusado no ha sido intencional y cuando posteriormente se ha celebrado un juicio y el acusado ha sido convicto o absuelto, los fines de la fianza han sido cumplidos, presen-tándose entonces un caso adecuado para el ejercicio de la discreción de la corte, y la confiscación debe ser dejada sin efecto. Consiguien-temente, si durante la pendencia de una apelación contra una confis-cación de fianza, el acusado es entregado por su fiador el último día del término dentro del cual debió comparecer, y es después convicto y sentenciado, el fiador en la fianza tiene derecho a ser exonerado. En caso de que el acusado pruebe su inocencia, sería irrazonable e injusto imponer a una persona inocente una penalidad que sólo tuvo por objeto asegurar la celebración de un juicio, porque el juicio baya sido suspendido por motivos que justifiquen su incomparecencia el día señalado para ello. Si es declarado culpable él debe sufrir la pena impuesta por la ley para su delito y sería irrazonable agregar a dicha pena el pago de una obligación que tuvo por objeto solamente asegurar la celebración del juicio. La razonabilidad entonces de la excusa por no comparecer en el día mencionado en la orden de cita-ción debe ser examinada en alguna forma y ningún tribunal puede ser más competente para ello que aquél que está familiarizado con todas las circunstancias del delito original, así como de la incompa-recencia del acusado.” Obra citada, pág. 120. (Bastardillas nues-tras.)

A nuestro juicio, erró la corte inferior al estimar que ca-recía de jurisdicción para conocer de la moción de reconside-ración solicitada por los acusados.

Procede, por lo expuesto, reconsiderar y dejar sin efecto nuestra sentencia de 9 de diciembre de 1938, y en su conse-cuencia <amolar las órdenes recurridas de la Corte de Distrito de Bayamón de 17 de ■octubre y 3 de noviembre de. 1938, y devolver el caso para tdteriores procedimientos no mconsis-tentes con esta opinión.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    José Arroyo Rivera, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, recurrida.
    Núm. 171.

    Sometido: Mayo 1, 1939.

      Resuelto: Mayo 3, 1939.

      Edélmiro Soldevila, abogado del recurrente; la recurrida no com- . ' pareció.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de noviembre de 1936 murió el obrero Juan Rodrí-guez Adorno a consecuencia de un accidente que el Admi-nistrador del Pondo del Seguro del Estado consideró no compensable.

Llevado el caso a la Comisión Industrial por los benefi-ciarios Ramona Díaz y José Arroyo, dicho organismo declaró compensable el accidente y devuelto al Administrador éste fijó la compensación en $1,292.50 para ser distribuida en un sesenta por ciento a Ramona Díaz y en un cuarenta a José Arroyo.

No conforme Arroyo con el montante de la indemniza-ción ni con la distribución de la misma, volvió a recurrir para ante la comisión. En marzo 31, 1939, pendiente de verse el recurso, los beneficiarios suscribieron una estipulación en el sentido de que el Administrador pagara inmediatamente a cada uno el cuarenta por ciénto de la suma fijada, quedando pendiente el recurso en cuanto al montante definitivo y a la distribución del resto de lo no satisfecho.

Aprobó la estipulación la comisión y al notificarle su reso-lución, el Administrador le pidió que la reconsiderara entre otros motivos por los que siguen:

“De dejarse en vigor la referida orden, se obligaría al Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado a hacer un ajuste en las cuentas correspondientes a este caso con la perspectiva segura de tener que hacer un nuevo ajuste en fecha cercana, duplicándose de este modo el expediente administrativo. Por otro lado, a nuestro modo de ver, se sienta un precedente que, de seguirse en lo futuro, fomentaría la litigiosidad y recargaría de trabajo innecesariamente a esta Administración. ’ ’

Y la comisión dijo y resolvió en abril 13 último:

“Nos damos perfecta cuenta de las razones que aduce el Adminis-trador para solicitar que se le releve de la obligación de cumplir nuestra orden y claro está, si nuestra resolución en este caso ha de sentar un precedente que pudiera ocasionar trabajos innecesarios a la Administración del Fondo del Seguro del Estado, consideramos que procede, dejar sin efecto nuestra orden de abril 3, 1939, e instruimos al Secretario de este Organismo para que dé cumplimiento a la reso-lución de la Comisión Industrial de marzo 10, 1939, citando a las partes para ser oídas en relación con la cuestión que está planteada ante la Comisión Industrial, referente a la distribución que debe hacerse entre los beneficiarios de la compensación otorgada por el Administrador. ’ ’

Pide ahora Arroyo a esta corte que intervenga en el asunto y revise la orden de la comisión de trece de abril, acogiéndose a la Ley núm. 45 de 1935 (Leyes de 1935 (1) pág. 251).

Esa ley en efecto otorga»a cualquier parte interesada el derecho a acudir a esta corte en solicitud de revisión pero por su artículo 11 dispone “que dicha revisión solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho.”

Aparte de tratarse aquí de una resolución interlócutoria, hallándose el caso llevado a la comisión en trámites de resol-verse, creemos que tanto la orden de la comisión aprobando la estipulación como aquella por virtud de la cual recon-sideró su resolución .fueron dictadas discrecionalmente, en ayuda de los intereses de los beneficiarios la primera, des-pués de considerar todos los intereses envueltos la segunda, y sería necesario que se demostrara un abuso de discreción para que surgiera una cuestión fie derecho á ser revisada de acuerdo con el estatuto.

Examinadas las circunstancias concurrentes no creemos que tal abuso exista, debiendo en su consecuencia declararse no haber lugar a la revisión solicitada.


author: En Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Manuel A. Frías, demandante y apelado, v. José y Faustino Berríos Sánchez, demandados y apelantes.
    Núm. 7961.

    Sometido: Abril 24, 1939.

      Resuelto: Mayo 4, 1939.

      F. González Fagundo, abogado de los apelantes; Rafael Palacios Rodríguez, abogado del apelado.
   En Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso de apelación inter-puesto en este caso por falta de notificación al apelado del escrito interponiéndolo; por haberse dejado transcurrir más de seis meses desde la fecha de su interposición sin practicar diligencia en el mismo, y por carecer de fundamento.

El apelante se opuso. Alega que notificó el escrito inter-poniendo el recurso a uno de los abogados del apelado; que viene tramitándolo diligentemente, y que no es frívolo ni hay-base en los autos para decidir tal cuestión.

A nuestro juicio es claro que no procede la desestimación por causa de frivolidad porque el apelado se ha limitado a alegar que la apelación carece de fundamento pero no ha puesto a esta corte en condiciones de decidir la cuestión que suscita.

Tampoco procede la desestimación por negligencia. El apelante ha venido solicitando prórrogas de la corte de distrito que le fueron concedidas para preparar el récord estando en vig-or la última y prometió pagar y finalmente pagó sus honorarios al taquígrafo, funcionario que ha explicado bajo juramento por qué no había transcrito aún sus notas, prometiendo terminar su trabajo a principios de este mes.

Veamos el otro fundamento. En la moción se. alega que el único abogado del apelado lo es R. Palacios Rodríguez y que el abogado Pablo Andino a quien según certificación de los abogados de los apelantes que consta en autos se notificó el escrito de apelación, no lo era, habiéndose limitado a comparecer al juicio en sustitución de Palacios Rodríguez.

A su oposición acompañó el apelante la copia del memo-rándum de costas que le fuera notificado que aparece jurado por Andino como uno de los abogados del apelado. Esa-copia si bien es igual al original archivado con los autos en cuanto a la suma reclamada no lo es en cuanto al juramento pues éste en el original aparece hecho por Palacios Rodrí-guez. Llama la atención, eso no obstante, en su oposición el apelante a la circunstancia de que Palacios al jurar dijo que era “uno de los abogados del demandante”, lo que implicaba que había otro.

Bajo esas circunstancias creemos que estuvo justificado el apelante al escoger a Andino como a uno de los abogados del apelado para notificarle el escrito interponiendo el recurso y por tanto que tampoco procede la desestimación por la falta de notificación alegada.

Se declara sin lugar la moción.


text:
    Concepción Polo Taforó, demandante y apelada, v. Avito Chapero y Lorenzo Esteves, demandados y apelantes.
    Núm. 7817.

    Sometido: Mayo 3, 1939.

      Resuelto: Mayo 9, 1939.

      Antonio L. López, abogado de los apelantes; Concepción Polo Taforó, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 21 de julio de 1937, la deman-dante, dueña de una finca de 72 cuerdas, segregó de la misma un predio de “treinta cuerdas sembrables’ más o menos,” y lo dió en arrendamiento al demandado Avito Cbapero, por un término de dos años y por un canon de $1.50 mensual por cuerda, pagadero por trimestres anticipados, o sea $135 cada trimestre. Las partes contratantes estipularon entre otras cosas lo que sigue:

“Séptimo. — Si al hacer la mensura de dicho predio resultare que el arrendatario estuviere en posesión de más de treinta cuerdas sem-brables, tendrá que satisfacer el exceso de cuerdas a razón de un dólar cincuenta centavos; así como si estuviera en menos terreno de-ducirá del canon sucesivo el importe de las cuerdas de menos; retro-trayendo los efectos de dicha mensura al primero de agosto de mil novecientos treinta y siete.”

En su primera causa de acción alega la demandante que dentro del año precedente a la interposición’de la demanda ella se encontraba en la posesión material de una parcela de seis cuerdas, que forma parte de la finca de 72 cuerdas de su propiedad y colinda con los terrenos dados por ella en arrendamiento al demandado Cbapero; que ba sido total-mente despojada de dicba posesión por el demandado Cba-pero, por el mayordomo de éste, el otro demandado Esteves, y por los empleados de ambos; que los demandados ban tomado posesión de dicba parcela en contra de la voluntad de la demandante y la ban cercado, arado y sembrado como si fuera parte integrante de la finca que les fué dada en arrendamiento, no obstante haberse convenido que dicha par-cela de seis cuerdas, al igual que todos los terrenos situados a una distancia no menor de 100 metros de la casa de la demandante, quedaba excluida del arrendamiento; y que los demandados han prohibido a la demandante y a sus emplea-dos la entrada a dicha parcela.

En la segunda causa de acción se alega que la deman-dante ha estado y está aún en posesión material de otra par-cela de 35.02 cuerdas, la que forma también parte de la finca principal de 72 cuerdas y colinda con la de 30 arrendada a los demandados; que desde agosto de 1937 los demandados han penetrado frecuentemente en dicha parcela de 35.02 cuer-das y han realizado allí actos perturbadores de la posesión de la demandante, tales como haber puesto una cerca que le impide el paso hacia el río, que es el abrevadero natural y lógico del ganado de la demandante y que ésta ha utilizado desde tiempo inmemorial; haber penetrado en la finca de la demandante para transportar los frutos de la finca arren-dada a los demandados; y haber insultado y agredido con piedras y con las manos a la demandante, etc.

Pidió la demandante ser restablecida- en la posesión de la parcela de 6 cuerdas; que se ordene a los demandados se abstengan de perturbarla en su posesión de la otra parcela, bajo pena de desacato; y que se condene a los demandados al pago de las costas.

En su contestación negaron los demandados los hechos esenciales de la demanda y como defensa alegaron que el demandado Chapero posee la parcela de seis cuerdas a título de arrendatario; que dicha parcela forma parte de la de 30 cuerdas, segregada de la finca de 72 cuerdas y arrendada a dicho demandado por la demandante; y que los demanda-dos no están obligados a contestar las alegaciones de los párrafos “d” a “m” de la demanda, referentes a la per-turbación de la posesión de la demandante y a las agresiones de que dice ella haber sido víctima.

Por el presente recurso los demandados y apelantes soli-citan la revocación de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao a favor de la demandante, señalando como errores imputables a la corte sentenciadora: (1) haber estimado que los hechos alegados en la demanda son sufi-cientes para determinar una causa de acción; (2) haber resuelto que la demandante probó satisfactoriamente las ale-gaciones de la demanda; y (3) haber condenado “al deman-dado,” sin especificar cuál de los dos, al pago de costas y honorarios.

El primer señalamiento es claramente frívolo y como tal debe ser desestimado. La demanda, en cada una de sus dos causas de acción, se ajusta estrictamente a lo dispuesto en los artículos 690 a 697 del Código de Enjuiciamiento Civil. No erró la corte a quo al sostener la suficiencia de sus alegaciones.

El segundo señalamiento, por referirse a la suficiencia de la prueba de la demandante, nos obliga a hacer un breve resumen de la evidencia.

Declaró la demandante que ella es dueña de una finca de 72 cuerdas, dividida en cuatro parcelas de 6, 10.98, 20 y 35.02 cuerdas, respectivamente; que el demandado Chapero posee desde agosto de 1937 las parcelas de 10.98 y 20 cuerdas, a virtud de arrendamiento que le hizo la demandante; que al tiempo de tomar posesión de las dos parcelas arrendadas, el demandado Chapero tomó también posesión de la parcela de 6 cuerdas sin el consentimiento y en contra de la volun-tad de la demandante, prohibiendo a ésta y a sus peones el paso por dicha parcela; que antes de hacer el arrenda-miento ella le dijo al demandado “que yo no se las arren-daba esas seis cuerdas, que estaban muy cerca de mi casa y yo no quería arrendárselas sino la parte baja que estuviera independiente de lo mío ’ ’; que la cerca que el demandado ha puesto a la parcela de seis cuerdas llega como a seis metros-de la casa de la demandante; y terminó su declaración reía-lando las palabras injuriosas pronunciadas y las agresiones personales cometidas contra ella por el demandado Ghapero.

La declaración de la demandante fué corroborada por las de los testigos Hernán Polo, Eladio Noble y Domingo G. Llamas. Este último, miembro de la Policía Insular, declaró que la demandante había ido varias veces al cuartel de la policía a quejarse de los abusos de Chapero y sus emplea-dos ; que él fué a hacer una investigación cuando ella se quejó de que los demandados le habían apedreado su casa y vió los impactos de las piedras en las paredes, cristales y una lámpara rotos y piedras por el suelo dentro de la casa.

El demandado Chapero ofreció como prueba su propia declaración negando lo declarado por la demandante y sus testigos y alegando que él estaba en posesión a virtud del contrato de arrendamiento.

La corte inferior practicó una inspección ocular de. las-distintas parcelas que integran la finca de la demandante y llegó a la conclusión de. que la parcela de 6 cuerdas en con-troversia es una parcela distinta y separada de las parcelas arrendadas al demandado.

Los conflictos que surgen de la evidencia fueron resuel-tos a favor de la demandante. Y siendo la prueba ofrecida por ésta suficiente para sostener la sentencia recurrida y no-imputándose a la corte sentenciadora pasión, prejuicio, par-cialidad o error manifiesto en la apreciación de la evidencia, es nuestro deber respetar y sostener dicha sentencia.

El tercer señalamiento carece de importancia. La prueba practicada demuestra que el demandado Lorenzo Esteves era un simple empleado que actuaba bajo las órdenes del otro demandado, Chapero. Fué a Avito Chapero a quien la corte inferior ordenó que se abstuviera de continuar realizando actos de- posesión en la parcela de seis cuerdas y de penetrar en forma alguna en la parcela de 35 cuerdas. Y es a él también a quien la corte sentenciadora debió condenar y condenó a pagar costas y honorarios.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.