text:
    María Nazaria González Rivera, et als., demandantes y apelantes, v. Sucesión de Francisco Roqué, et als., demandados y apelados.
    No. 6378.
    Sometido: Junio 17, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      C. Domíngtoeg Rubio, abogado de los apelantes; Monserrat & Mon-serrat, abogados del apelado Sr. Cruz.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso se radicó en la Corte de Distrito de Guayama el 22 de julio de 1930. Fué entablada por la viuda y los herederos de José María González contra los be-rederos de Francisco Boqué y contra Manuel Cruz. Ejercí-tanse en ella dos causas de acción: la reivindicatoría y la de daños y perjuicios.

Sus alegaciones, en resumen, son así: González casó con la demandante Nazaria en 1869 y procreó con ella nueve hi-jos. Durante el matrimonio adquirió por compra dos por-ciones de terreno, una de ochenta y otra de sesenta y cinco cuerdas, y por herencia otra de cincuenta. Murió en julio 16, 1893. En 1895 su viuda a nombre de la Sucesión tramitó en el Juzgado Municipal de Aibonito un expediente pose-sorio de dichas tres porciones que medidas resultaron con-tener ciento setenta y cinco cuerdas. El expediente fué aprobado y se inscribió en el Registro de la Provñedad de Guayama en noviembre de 1895. Algún tiempo de.jpués de muerto González, Francisco Boqué se apoderó de una por-ción de ochenta y tres cuerdas de dicha finca y en 1905 tra-mitó a su favor un expediente posesorio haciendo constar falsamente que había adquirido el terreno de la Sucesión González por adjudicación en pago en agosto de 1899. El expediente fué aprobado e iuscrito en el registro. En junio 9, 1906, Boqué vendió las tierras por escritura pública al de-mandado Cruz, que desde entonces las posee, falleciendo en 1912 y siendo sus actuales herederos sus hijos y nietos que en la demanda se nombran.

Alegan además los demandantes que la Sucesión Gonzá-lez no tramitó testamentaría ni expediente de necesidad y utilidad para verificar la adjudicación; que a la fecha de la supuesta adjudicación eran menores de edad siete de los hijos de González; que tal adjudicación-no se hizo, no te-niendo ni siquiera noticia de ella los demandantes, actuando Roqué de mala fe, y que el comprador Cruz sabía o pudo saber por el Registro que el título de Roqué era falso, cons-tándole además personalmente que había menores en la Su-cesión, siendo requerido luego varias veces para que devol-viera la finca.

Eso en cuanto a la primera causa de acción. En cuanto a la segunda se alega que el demandado Cruz ha recibido beneficios de la finca ascendentes a cinco mil dólares.

Los demandados herederos de Roqué fueron emplazados y no comparecieron. Se les declaró rebeldes. El deman-dado Cruz se defendió negando los hechos de la demanda que podían perjudicarle y alegando, en resumen, que compró de quien en el Registro aparecía como dueño y que no ha-bía percibido los beneficios reclamados. Como defensas es-peciales adujo: la falta de hechos suficientes para deter-minar las causas de acción ejercitadas; la prescripción or-dinaria que preceptúan los artículos 1931, 1841 y 1858 del Código Civil; la prescripción extraordinaria que autorizan los artículos 1831, 1860 y 1861 del propio cuerpo legal, y la prescripción de las acciones ejercitadas por los deman-dantes de acuerdo con los artículos 1268 y 1864 del referido Código Civil.

Fué el pleito a juicio practicándose una larga prueba tes-tifical y documental y la corte finalmente dictó sentencia de-clarando la demanda sin lugar con las costas a los deman-dantes. Apelaron éstos y han archivado un alegato muy ela-borado en el que discuten minuciosamente todas las cuestio-nes envueltas.

Hemos examinado las alegaciones, la evidencia y los ale-gatos, y estamos convencidos de la justicia del fallo recurrido. Varios fundamentos lo sostienen. Nos limitaremos a refe-rirnos por escrito a dos.

La corte sentenciadora apreció en favor del demandado Cruz la concurrencia de la prescripción ordina-ria, en los siguientes términos:

“El artículo 1831 del Código de 1911, equivalente al 1830 de! vigente, copiado a la letra es como signe:
“ ‘Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las con-diciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales.
“ ‘También se extinguen del propio modo por la'prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.’
“El artículo 1841 del código de 1911 equivalente al 1840 del de 1930, declara:
“ ‘Para la prescripción ordinaria de] dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley.’
“El artículo 1858 del código de 1911, igual al 1857 del de 1930, establece:
“ ‘El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión dimante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título.’
“Y finalmente el artículo 1841 del Código Civil vigente, establece que:
“ ‘La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida.’
“Son pues, requisitos esenciales para la adquisición del dominio por prescripción los siguientes: posesión en concepto de dueño, pú-blica, pacífica y no interrumpida, con buena fe y justo título, por el término de diez años entre presentes y veinte entre ausentes.
“Veamos si, de acuerdo con la prueba presentada, el demandado ha reunido en su posesión todos los requisitos exigidos por la ley, para que la misma pueda ser convertida en dominio. Según la prueba, el demandado Manuel Cruz adquirió la finca en cuestión, por título de compraventa, de Francisco Roque, por escritura pú-blica que lleva fecha 9 de junio de 1906, documento que fué ins-crito debidamente en el Registro de la Propiedad. Tenemos, pues, a favor del demandado un título de compraventa que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, es un título justo.
“En cuanto a la buena fe, ya hemos dicho que no sólo el ad-quirente de la sucesión González, Sr. Francisco Roqué, si que tam-bién el demandado Manuel Cruz, han actuado de buena fe en este caso, pues no se ha demostrado en modo alguno por la prueba pre-sentada que ellos actuaran de una manera falsa y maliciosa en este caso, mucho más aún tratándose del demandado que adquirió de persona que en el Registro de la Propiedad aparecía como dueña de la finca en cuestión.
“En cuanto a la posesión, toda la prueba demuestra que el de-mandado la tuvo en el concepto de dueño, pública y pacíficamente, ya que el hecho de existir algunas diferencias con respecto a las co-lindancias entredi y alguno de los componentes de la sucesión Gon-zález, no puede en modo alguno considerarse como una interrup-ción a la posesión.
“Y- habiendo transcurrido 24 años, un mes y 15 días a contar de la fecha en que el demandado Manuel Cruz entró en posesión de la finca y la fecha en que fué interpuesta la demanda, 24 de julio de 1930, es claro y evidente que ha transcurrido el término de diez años que exige la ley para adquirir por prescripción el do-minio entre presentes y aún para adquirirlo entre ausentes.
“Entendemos, pues, que aun en el caso de que no pudiéramos dar al demandado el concepto o la condición de tercero hipotecario, él ha adquirido la finca a que se refiere la presente acción, por la prescripción ordinaria de diez años.”

Pero aunque así no fuera, siempre habría que reconocer que el demandado Cruz es dueño de la finca por haberla ad-quirido a virtud de la prescripción extraordinaria que au-toriza el artículo 1859 del Código Civil, edición 1930.

Que el causante de los demandantes tuvo en vida tran-sacciones comerciales con Roque, se admite por los pro-pios demandantes, y que a consecuencia de ellas la sucesión quedó a deberle mil ciento doce pesos, es algo que la pro-pia viuda demandante declaró, ante el notario público Ca-simiro Morales en Cayey el 23 de octubre de 1893.

Pasó algún tiempo, la deuda no pudo ser satisfecha y vino la adjudicación, de parte de las tierras para solventarla, todo con más de treinta años de anterioridad a la fecha de la in-terposición de la demanda.

Así consta no sólo del expediente posesorio tramitado por Roque e inscrito a su favor en el registro desde 1905, si que de una abundante y convincente prueba de testigos que guarda relación estrecha con la evidencia documental aportada. Desde antes del ciclón de San Ciriaco estaba Ro-qué en posesión, en concepto de dueño, pública y pacífica-mente, de la porción adjudicada que fué mensurada 'desde entonces. Y cuando Noque tramitó su expediente posesorio, no lo fué a espaldas de los demandantes. Consta que la viuda fué notificada y mostró su conformidad.

Querer sostener que no hubo deuda, ni adjudicación de hecho, ni posesión también de hecho por parte de Roqué desde por lo menos el año 1899, ni expediente posesorio tra-mitado con conocimiento de la sucesión que vivió siempre y aún vive en parte al lado de los tórrenos en cuestión, es algo que resulta imposible en este caso.

Es sí un hecho cierto que para la adjudicación no se cum-plió con el requisito esencial de la autorización judicial, ya que existían menores, falta de cumplimiento que hacía la adjudicación ineficaz en derecho. Pero los demandantes tar-daron tanto en iniciar su pleito que.cuando lo hicieron no sólo su acción había prescrito por el transcurso de más de treinta años, si que los demandados estaban en condiciones de oponer como opusieron victoriosamente un título adqui-rido en todo caso por la posesión en concepto de dueño dis-frutada pública y pacíficamente primero por Roqué y luego por Cruz, también por más de treinta años, caso en el cual no es necesario detenerse a indagar siquiera si Roqué y Cruz actuaron de buena o de mala fe o con conocimiento o no del vicio de que adolecía la adjudicación.

“Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales”, dice el artículo 1830 del Código Civil, edi-ción 1930, y agrega el 1859 de la propia edición: “Se pres-criben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin dis-tinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción deter-minada en el artículo 546 de la segunda sección del Capítulo I,- Título VII del Libro Segundo de este Código.”

La excepción se refiere a que las servidumbres, continuas no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título, nuncá por prescripción.

Hubo por parte de los demandantes cierta prueba ten-dente a demostrar que la prescripción se había interrum pido por gestiones de los demandantes cerca del demandado Cruz a los efectos de que éste les devolviese la finca de que se trata, pero dicha prueba fue contradicha por Cruz, resol-viéndose el conflicto en favor de éste sin que se haya demos-trado que la corte actuara con pasión, prejuicio o parcialidad, o cometiera algún error manifiesto.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PüesideNte Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    La Respetable Logia “Caballeros de Agueynaba”, No. 9639, de la Gran Orden Unida de Oddfellows en América, representada por su Noble Grande (Presidente) Miguel Caro, demandante y apelada, v. La Respetable Logia “Caballeros de Phidias”, representada por su Comendador (Presidente) Elpidio Rivera, demandada y apelante.
    No. 6318.
    Sometido: Abril 17, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Enrique Báez Garcia, abogado de la apelante; Pascasio Fajardo Martínez, abogado de la apelada.
   El Juez PüesideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el año de 1916 y en la ciudad de Mayagüez se orga-nizó la logia demandante bajo los auspicios de la “Gran Or-den Unida de Oddfellows de América”. Se le did'el nombre de Respetable Logia “Caballeros de Agneynaba, número 9639.”

En agosto 5, 1922, la logia adquirió por compra a Antonio Touzón una casa de mampostería, terrera, situada en la calle Peral de Mayagüez, inscribiéndose la compra en el registro de la propiedad. La logia se instaló en su casa y como resultara pequeña para sus reuniones y trabajos, la agrandó, construyéndole un segundo piso.

El 9 de mayo de 1930 la demandante aperece vendiendo-por escritura pública su casa a la demandada y este pleito-fué por ella iniciado con el propósito de que la corte decla-rara nula la escritura, o mejor dicbo, el contrato hecbo cons-tar en la misma. i

Excepcionó y contestó la demandada. Fué el pleito a jui-cio y la corte dictó sentencia favorable a la demandante, con las costas a la demandada. La demandada interpuso en-tonces el presente recurso de apelación, señalando en su ale-gato los siguientes errores cometidos a su juicio por la corte de distrito: 1, al declarar sin lugar su excepción previa; 2, al resolver que el notario que autorizó la escritura estaba incapacitado; 3, al decidir que existió identidad de partes contratantes; 4, al concluir que no medió precio o conside-ración; 5, al declarar la demanda con lugar, y 6, al impo-nerle las costas.

En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora declaró probadas la existencia de la logia demandante desde 3916, la adquisición por ella de la. casa en cuestión y la am-pliación de la misma y su dedicación a templo.

También declaró probado que la venta de la casa de la demandante a la demandada no fue una venta real y efec-tiva sino hedía con el propósito de que la propiedad no pudiera ser hipotecada y a fin de que la logia demandada constituida por los mismos miembros que formaban la logia demandante pudiera dedicarse a otros trabajos que los re-glamentos de la logia demandante no les permitían realizar, y que una vez que la demandada obtuvo el otorgamiento de la escritura, se rebeló contra la Orden Unida de Oddfellows en América y abandonó por completo la logia demandante expulsando a los miembros de ésta que permanecieron fieles a la Orden, apropiándose para su solo uso y beneficio del tem-plo y constituyendo una orden nueva denominada Oddfellows Latinos de América.

T establecidos esos hechos, llegó la corte a las siguientes conclusiones:

“Que los socios que formaban la Logia demandante con anterio-ridad a autorizar la formación de la Logia demandada y autori-zar igualmente la venta de la descrita propiedad de su pertenencia a la demandada, eran los mismos socios o personas.y que todos y cada uno de ellos tenían conocimiento de que la escri-tura de venta en cuestión era una otorgada pro-fórmula, con el solo fin de evitar que la propiedad en litigio- fuera gravada y para per-petuar la vida y templo de sesiones de la demandante. “Que la rebeldía de gran parte de los socios de la demandante después que pasaron a formar la Logia demandada, se llevó a cabo con el preconcebido fin de privar a la demandante de su propie-dad .pues así se desprende claramente del hecho de que.se rebelaron y abandonaron a la demandante, ex-cluyendo por completo a ésta, y sus socios del derecho que tienen sobre dicha propiedad, a pesar del conocimiento que tenían de que la demandada solamente había sido fundada con el fin de ilus-trar y de enseñar a todos los miembros de la demandante, ya que los reglamentos y leyes de la misma no le permitían otras lecturas, cátedras o enseñanzas que las relacionadas con dicha orden deman-dante.
“Esta Corte igualmente estima.
“Que no existió consideración alguna en la venta pues esas obli-gaciones (las mil obligaciones al portador de $5.00) no aparecen otorgadas a favor de la vendedora.Al vender la en-ticlacL demandante la propiedad como tal era la única persona que debió baber recibido el precio o consideración de la venta, pero no sus socios, ni personas desconocidas. La venta con los pagarés a favor de personas desconocidas que pudieran a sus vencimientos ser tenedores y legales portadores de los mismos, • equivale al no pago de precio, lo que es contrario a la autoridad que ‘para vender’ confirió la demandante a sus oficiales.
“Concluye igualmente esta Corte que la escritura en cuestión es nula por el otro fundamento que las mismas personas que for-maron la Logia demandante originariamente pasaron a formar a la Logia demandada y habiendo sido la demandante la vendedora y la Logia demandada la compradora la situación de derecho es que existe una identidad de partes, ello es, que no existen las relaciones de dos partes, una que se llame vendedora y otra compradora. No puede concebirse en derecho que una misma persona sea vendedora y compradora al mismo tiempo.
“Concluye igualmente esta Corte que la relacionada escritura era nula por el otro fundamento de que el Notario ante el cual se otorgó estaba imposibilitado de actuar como tal Notario en el otor-gamiento de dicha escritura, por cuanto de la prueba se desprende claramente que era parte interesada.”

Para formar un concepto más claro de los hechos y de las circunstancias concurrentes, parece conveniente transcribir lo que sigue de la escritura de mayo 9, 1930, y de la declara-ción del testigo Altieri.

Dice la escritura:

“Por esta escritura, la Respetable Logia Caballeros de Águey-naba, número nueve mil seiscientos treinta y nueve de la Gran Or-den de Oddfellows en América, representada por su Digno Noble Grande, (Presidente) el dicho Don Juan Acevedo .Pérez vende la descrita finca, con todo lo que a ella corresponde, todo a favor de la representada Respetable Logia, Caballeros de Phydias, por CINCO MIL dollaes, que la dicha compradora, por su Comendador (Presi-dente) Don Elpidio Rivera le entrega en este acto en mil obligacio-nes al portador, cada una por el valor de ciNOO dollars, pagade-ras sin interés alguno el día diez de mayo del año mil novecientos cincuenta; y para responder del pago de todas las mil obligacio-nes al portador que le entrega, a la persona natura] o jurídica que en la dicha fecha del vencimiento sea legal tenedora de todas y cada una de las mencionadas obligaciones al portador, y de sus intereses al diez por ciento anual desde la fecba de vencidas hasta su total pago, la compradora Respetable Logia Caballeros de Phy-dias, representada por su Comendador Don Elpidio Rivera, cons-tituye hipoteca voluntaria sobre la misma propiedad urbana que lia comprado por este documento.”

Y declaró en parte el testigo:

“P. — Usted está relacionado en alguna forma con la Respetable Logia Caballeros de. Agueynaba No. 9639?
“R. — Sí, 'señor; fui su fundador en Mayagüez hace 16 años.
“P.' — Desde que esa Logia se fundó, para qué fines se fundó?
“R. — Se fundó para los fines que determina la Fraternidad en-tre los hermanos: el seguro mutuo, y visitarse en casos de enfer-medad; fundamos un seguro y cualesquiera otras disposiciones que emanen de la Gran Logia del Distrito, y del ‘Comité Bienal de Lon-dres. ’
“P. — Es decir que no tiene fines lucrativos?
“R. — No, señor.
“P. — Allá por el año 1930, tuvo usted alguna iterveneión con los miembros de esa Logia?
“R. — La tuve.
“P. — Tenga la bondad de explicarle al Honorable Juez en qué intervino usted.
“R. — El año 1930, en mi carácter de Patriarca de esa Orden, para velar porque no se violasen los principios de la misma. — las tenidas tienen que ser terminadas a las diez de la noche, nunca se puede pasar de esa hora — tuve conocimiento por el señor Secretario de esta Honorable Corte, que en mi carácter de Patriarca me llamó la atención de que las tenidas duraban hasta las doce y la una de la mañana.
“Ledo. Báez García: Me opongo a eso.
“Hon. Juez: Sí.
“Testigo: Bueno. Entonces me informaron los hermanos que no se podía trabajar y yo les manifesté que era falta de escuela, que iba a pensar si podía formar otra Institución dentro de la misma. Logia, para que el amigo Arnaldo y el señor Calor Motta fueran los domingos a darles instrucciones; entonces fui citado por ellos para recibir el consejo mío. Al llegar se me entregó el mallete para presidir, y entonces les dije que había que fundar una Logia, que llamaríamos ‘Caballeros de Phydias,’ para dedicar la Institución esa a la instrucción, ya que en la Orden no se puede hacer; y a varios hermanos que desconfiaban que la Logia se iba a vender les dije: ‘Bueno, entre ustedes mismos yo les bago una escritura pro-fórmula, que siendo ustedes mismos los Caballeros de P'hydias y los Caballeros de Agueynaba, pagarán en mil acciones de $5.00 cada una, y a cada hermano le corresponde la suya, y cada vez que se inicie un hermano, pagará los derechos de iniciación, y además pa-gará una obligación de esas para ser condueños del edificio.’ En-tonces se reunieron, así lo acordaron, y yo hice la escritura.
“P. — Es ésta la escritura que le pongo de manifiesto?
“R. — Sí, señor, esa misma es, que ellos se reunieron en tenida abierta, y yo concurrí a la Logia y allí le clí lectura a la escritura y les dije: ‘Esta es la escritura; ¿todos están conformes?’ y unos y otros estuvieron conformes, y delante de mí esa noche la firma-ron. ’ ’

De todos los errores señalados creemos que el único que se cometió fue el segundo. A nuestro juicio el notario Al-tieri no estaba incapacitado para actuar. El error no lleva consigo, sin embargo, la revocación de la sentencia, porque esta se sostiene por sus otros fundamentos.

Para impartir justicia en este caso es necesario abar-carlo en su totalidad. Estudiando aisladamente los diferen-tes señalamientos de error que contiene el alegato de la de-mandada apelante, algunas veces nos ña parecido que le asiste por completo la razón, pero al entrelazar todos los he-chos y circunstancias concurrentes, la impresión desaparece y se impone como definitiva la conclusión a que llegara la corte sentenciadora.

Se insiste mucho por la parte apelante en que éste es un caso en que las cortes deben dejar a las partes en la misma situación en que se encuentran por hallarse “in pari delicto,” citándose jurisprudencia sobre el particular. Y hay que re-conocer que algo de cierto existe en la contención.

Cuesta casi siempre caro apartarse de la verdad. Lo simulado trae por regla general como consecuencia dificul-tades y complicaciones. Y esto es lo que aquí ha sucedido. No fué sabio el consejo de Altieri ni actuaron bien los que lo si-guieron. Se apartaron de la verdad y se han visto envuel-tos en dificultades y complicaciones. Pero los fieclios mis-mos demuestran que no fné fraudulento su propósito. Qui-sieron abarcar más de lo que las regias de su orden les per-mitía y conservar para siempre libre su propiedad y lian estado a punto de perder ésta y la semilla de la violación de las reglas se extendió más allá de lo que se propusieron. Han sufrido las consecuencias de sus propios actos, pero esas consecuencias no deben extenderse a tanto como si se hubieran puesto de acuerdo pa.ra la realización de un delito. Siendo ello así, pudieron invocar, como invocaron y obtuvieron la protección de las cortes a los efectos de que la verdad se restableciera y las cosas volvieran a su propio ser y estado.

Creemos también que asiste la razón a la apelante al afir-mar que las mismas personas pueden constituir corporacio-nes distintas con facultades para contratar entre sí y al sostener que algún valor tienen o pueden tener los bonos al portador que se convino en satisfacer como precio, pero habidos en consideración todos los hechos, antecedentes y circunstancias puestos de manifiesto por la prueba apreciada en conjunto se impone de modo persuasivo al principio y firme después la conclusión de que no hubo en verdad un contrato de compraventa real y efectivo, otorgándose la es-critura, como dijo Altieri, “pro fórmula” a fin de que las mismas personas pudieran realizar dentro de su propio tem-plo ciertas actividades que deseaban y que las regias que estaban obligadas a obedecer no les permitían.

De otra suerte es inexplicable que se fijara el precio en la forma en que se hizo. Ningún dinero en efectivo fué en-tregado. Bonos a vencer a los veinte años sin devengar in-tereses durante ese período y con la sola garantía de la pro-pia casa vendida fué lo que se entregó.

Suponiendo que la demandante una vez recibidos los bo-nos los pusiera a la venta en el mercado, ¿qué podría obte-ner por ellos? No cabe pensar que cinco dólares, ni aun uno, ya que el comprador tendría que entregar el dinero para reintegrarse del mismo después de veinte años sin per-cibir entretanto beneficio alguno y con el riesgo de que la garantía desapareciera a virtud de incendio, huracán, ciclón o cualquier otra calamidad, o se depreciara por el transcurso del tiempo de tal modo que nada o muy poco llegara a valer cuando fuera a hacer efectiva la garantía. No debe per-derse de vista, además, que se dió a la casa el valor de cinco mil d,ólares y a esa misma suma asciende el montante total de los bonos.

Bajo esas circunstancias, si bien no podría afirmarse en absoluto que los bonos carezcan de algún valor, creemos que puede asegurarse que de hecho no lo tienen y que, por tanto, no medió precio en la transacción.

En cuanto a las costas sólo cabe concluir que son la con-secuencia lógica de los hechos probados.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Compañía Agrícola de Cayey, Ltd., demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6594.
    Sometido: Febrero 21, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      B. Soltero Peralta■, abogado de la apelante; Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y B. Cordovés Aroma, Subprocurador, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Bajo el título “Créditos y Reembolsos ”, la sección 64 de la Ley No. 74, aprobada por la Legislatura de Puerto Rico con fecha 6 de agosto de 1925 (leyes de ese año, págs. 401, 527), y conocida con el nombre de “Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924”, provee:

“Sección 64. — (a) Cuando cualquier contribución sobre ingresos o beneficios excesivos impuesta por esta Ley o por la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos número 59 de 1917, la Ley de Contribuciones sobre Ingresos número 80 de 1919, la Ley de Contribuciones sobre Ingresos número 43 de 1921, o por cualquiera de dichas leyes según han sido enmendadas, o por cualquier otra ley, se hubiere pagado en exceso, el montante de dicho exceso será acreditado a cualquier contribución sobre ingresos o beneficios excesivos o a cualquier plazo de las mismas que estuviere vencido, y cualquier remanente de dicho exceso será reintegrado inmediatamente al contribuyente.
“Cuando se haya hecho un pago de cualquier contribución sobre ingreso o por ganancias excesivas impuestas por la Ley de Contribu-ción sobre Ingresos número 43, de 1921, según fué enmendada, por el año natural de 1924, o por cualquier año fiscal que termine en 1925, el montante de tal pago deberá ser acreditado a favor de cual-quier contribución de ingresos o ganancias excesivas entonces adeu-dada por el contribuyente de acuerdo con las disposiciones de esta Ley o las leyes anteriormente - enmendadas en esta subdivisión o de cualquier enmienda a las mismas, y cualquier balance de tal exceso será inmediatamente reembolsado al contribuyente.
“ (b) A excepción de lo que dispone la subdivisión c de esta seo-ción, (1) no se concederá ningún crédito o reintegro después de cuatro años desde la fecha del pago de la contribución, a menos que antes de vencidos esos cuatro años el contribuyente radique una re-clamación, ni (2) deberá el montante del crédito o reintegro exceder de la parte de la contribución que fuere pagada durante los cuatro años inmediatamente precedentes a la reclamación, o, si no se radi-care una reclamación, entonces, dentro de los cuatro años inmedia-tamente precedentes a la concesión del crédito y reintegro.
i ( * 4* * * i'f * > >

La aquí apelante trató de recobrar contribuciones sobre ingresos indebidamente pagadas por ella para los años 1921, 1922 y 1923. El Tesorero concedió a la apelante parte de la suma reclamada, pero le negó el saldo ascendente a $352.57, y entonces la apelante inició pleito contra el Tesorero ante la Corte de Distrito de San Juan.

El demandado, Tesorero de Puerto Rico, radicó excepción previa a la demanda por distintos fundamentos. La corte sostuvo la excepción por un fundamento solamente, en la si-guiente forma:

“La excepción de falta de jurisdicción por razón de la cuantía no puede prosperar. Se resolvió por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Calof v. Gallardo, 36 D.P.R. 147, que las cortes de distrito y no las municipales tienen jurisdicción, cualquiera que sea' la cuantía, para conocer de acciones en cobro de contribuciones pagadas bajo protesta. No obstante la excepción de falta de jurisdicción por no haberse alegado el pago bajo protesta, debe prosperar. El Pueblo de Puerto Rico que de otro modo no hubiera podido ser demandado sin su expreso consentimiento, consintió ser demandado en acciones sobre devolución de contribuciones bajo determinadas condiciones. Tina de éstas fue que el pago de la contribución se hubiese hecho bajo protesta. No apareciendo tal condición de la faz de la demanda, no puede sostenerse que exista el consentimiento para ser demandado y no existiendo tal consentimiento carece de jurisdicción la corte para entender del pleito.”

Al dejar la demandante de enmendar, se dictó sentencia en su contra con fecha 23 de diciembre de 1932, y ella apeló.

Sería conveniente agregar que la solicitud para que se devolvieran las contribuciones fue hecha en 1928, y que la negativa del Tesorero a devolver el saldo estaba fechada mayo 21, 1930, fecha en que el Tesorero devolvió gran parte de dichas contribuciones. Se presentó moción de reconsideración al Tesorero que fué declarada sin lugar el 24 de enero de 1933. No aparece que ninguna parte de estas contribuciones fuera pagada bajo protesta ni que se apelara de la decisión del Tesorero para ante la Junta de Revisión e Igualamiento.

La apelante sostiene que si bien de conformidad con el artículo 76 de la ameritada ley de 1925 debe apelarse para ante la Junta de Revisión e Igualamiento antes de poderse iniciar un litigio, tales disposiciones de ley son aplicables so-lamente a aquellos casos en que las contribuciones son paga-das bajo protesta, y aparentemente el Tesorero de Puerto Rico, por conducto de su abogado, acepta esta proposición. Bajo las circunstancias, la apelante insiste en que tiene de-recho a entablar un litigio por la suma que alega fué indebi-damente retenida por el Tesorero.

El Fiscal General de Puerto Rico sostiene que la ley era más o menos copia de una ley federal; que en los Estados Unidos el remedio mediante litigio fué claramente otorgado por el estatuto, mientras que en Puerto Rico la ley de 1925, y quizá aún leyes posteriores, guardan silencio sobre la cues-tión litigiosa; a menos que los pagos sean efectuados bajo protesta.

El apelado aparentemente admite que de acuerdo con nuestras decisiones en los casos de Serrallés v. Tesorero, 30 D.P.R. 237, y McCormick v. Bonner, Tesorero, 44 D.P.R 432, no había necesidad, bajo la ley de 1919, de pagar bajo protesta o de apelar para ante la Junta de Revisión e Igualamiento. Sostiene sin embargo que la ley de 1919 fué derogada por la de 1921, que suprimió el derecho a hacer reclamaciones independientes ai Tesorero, pero que exigió que to-dos los pagos fuesen efectuados bajo protesta y concedió una apelación para ante la Junta de Revisión e Igualamiento. Con posterioridad a la ley de 1921, el derecho a acudir al Tesorero independientemente, quedó en suspenso, hasta que fué aprobada la Ley No. 74 de 1925, supra. El Tesorero acepta que en un caso como el presente debería baber, de acuerdo con la ley, algún remedio, pero alega que el remedio mediante litigio no lia sido concedido. Sostiene que acciones de esta naturaleza no van dirigidas en realidad contra el funcionario, Tesorero, sino que en su esencia son acciones contra El Pueblo de Puerto Eico.

Ahora bien, la ley de 1919 (No. 80, pág. 613) otorgó direc-tamente al contribuyente el derecho a entablar litigio al dejar el Tesorero de devolver las contribuciones, ora éstas hubiesen sido pagadas bajo protesta o no. La ley posterior de 1921 (No. 43, pág. 331) suprimió el derecho substantivo a acudir al Tesorero independientemente, mas surge la cuestión de si aquella parte de la ley que sometía al Tesorero a litigio fué igualmente derogada. En otras palabras, la Legislatura en 1919 dijo que el Tesorero podía ser demandado en .cobro de las contribuciones que hubiesen sido pagadas anteriormente por un contribuyente. La disposición final de la ley de 1921 derogó todas las leyes inconsistentes con la misma, pero la cuestión a resolver es si aquella parte de la ley que concedía el remedio, también fué derogada. Hemos llegado a la con-clusión de que lo fué.

Es enteramente claro que desde 1921 hasta 1925 el Tesorero no estaba directamente autorizado a devolver con-tribuciones sobre ingresos, como lo había estado bajo la ley de 1919. El remedio substantivo otorgado por la última ley Lié abrogado. Por tanto, puede decirse que el remedio me-diante litigio también desapareció. Desde 1921 en adelante el pago bajo protesta era expresamente una condición prece-dente a la iniciación de un litigio. Si bien la ley de 1921 por sus propios términos no suprimió el derecho a demandar, ella estableció la forma en que podía obtenerse la devolución de las contribuciones. Y éste era el entendido general. Tene-mos a la vista un cuadro demostrativo {chart) preparado por la Comisión Económica de la Legislatura que contiene las leyes que ahora están en vigor y en el mismo se omite la ley de 1919. En general, si bien el período transcurrido no es muy grande, considerada la interpretación contempo-ránea, la ley de 1919 ya no está en vigor. De suerte que aun-que la ley de 1925 concedió el derecho substantivo de apelar para ante el Tesorero, aun si las contribuciones no eran pa-gadas bajo protesta, ella no continuó en vigor ni revivió el remedio otorgado por la ley de 1919.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Juan José Méndez, menor representado por su padre con patria potestad, Demetrio Méndez, demandante y apelado, v. Antonio Casellas, demandado y apelante.
    No. 5878.
    Sometido: Enero 12, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Lens <& Snsoni, abogados del apelante; F. M. Cadillo,, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Arecibo resolvió que el menor Juan José Méndez tenía derecho a recobrar de Antonio Casellas la suma de $400 por lesiones recibidas por dicho menor. La cuestión principal en este caso es si el demandado era res-ponsable de los actos negligentes realizados por su hijo quien estaba claramente en posesión de un automóvil perteneciente al padre el día del accidente.

Hubo prueba durante el juicio tendente a demostrar que el demandado tenía un hijo de trece años de edad que fre-cuentemente tomaba un automóvil de su padre y lo guiaba por un camino vecinal de Utuado. Usté es un hecho incon-trovertido en el caso. Mientras el padre se hallaba en la silla testifical declaró que el niño había usado frecuentemente el automóvil pero no con su permiso, y que él constantemente le prohibía a su hijo que guiara dicho automóvil.

La prueba del demandado tendió a demostrar que el día del accidente el padre le había quitado el distribuidor al motor del automóvil y que éste no podía caminar por su propia máquina; que su hijo y un número de sus amiguitos sacaron el automóvil del garage y lo empujaron por el camino que conduce a Utuado; que el demandante, el menor en este caso, trató de ayudar a los otros niños a empujar el vehículo ; que entonces trató súbitamente de montarse en el estribo, o en otra parte del automóvil, y cayó al suelo.

La corte no creyó el testimonio del padre con respecto a la remoción del distribuidor. Tampoco creyó las manifestacio-nes de los testigos del demandado, quienes trataron de de-mostrar que el automóvil era empujado por los niños en vez de correr por su propia fuerza. Durante el juicio hubo am-plia prueba de que el automóvil era conducido por el hijo, bajo el impulso de la gasolina.

La corte al resolver el caso en favor del demandante- basó en parte su decisión en el hecho de que el hijo usaba el auto-móvil con conocimiento y consentimiento del padre. El ele-mento de consentimiento es negado por este último. No ha-llamos prueba positiva de que el padre en realidad prestara su consentimiento al uso del automóvil. Si el permiso para usar el. automóvil formaba parte esencial del caso, quizá debió aducirse prueba positiva a ese efecto. Por otra parte, hubo abundante prueba tendente a demostrar el conocimiento por parte del padre. El hijo no ocupó la silla de los testigos y este hecho hace surgir alguna presunción contra el demandado. Podría ser que bajo todas las circunstancias la corte estuviera justificada en llegar a la conclusión de que el hijo usaba el automóvil con permiso del padre.

Los artículos 1803 y 1804 del Código Civil disponen:

“Art. 1803. — El que por acción u omisión causa daño a otro, in-terviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño cau-sado.
“Art. 1804. — La obligación que impone el artículo anterior es exi-gible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aque-llas personas de quienes se debe responder.
“El padre y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son res-ponsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía.
“Los tutores lo son de los per juicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.
“Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuvieran empleados, o con oca-sión de sus funciones.
“El Pueblo de Puerto Rico es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corres-ponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
“Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o apren-dices, mientras permanezcan bajo su custodia.
“La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.”

Por tanto, en este caso surge la cuestión de si el padre em-pleó toda la diligencia de un buen padre de familia para evi-tar el daño. El padre dijo que el automóvil fue puesto en un garage perteneciente al Sr. Martínez, y que había auto-camiones en el mismo garage. Si el demandado en realidad le hubiese quitado el distribuidor al automóvil de tal suerte que éste no pudiera caminar, él hubiera ejercido la diligen-cia de un buen padre de familia, pero la corte no creyó, y tuvo razones para no creer, tal aseveración.

No estamos del todo preparados para decir exactamente qué delíe hacer un padre para impedir que un hijo menor de edad use su automóvil, pero es evidente que debe hacer algo. Hay varias formas en que un automóvil puede ser preparado a fin de impedir que éste camine por su propia fuerza. El encendedor automático o la batería pueden ser cerrados, puede ponerse una cadena a una rueda, y existen otras posibilida-des. Incumbe al demandado demostrar que usó la diligen-cia de un buen padre de familia para evitar el daño. Nadal v. Miranda, 27 D.P.R. 323. No creemos, después de la de-cisión de la corte de distrito, que se cumplió con ese requisito.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    Fulgencio Díaz Mulet, demandante y apelante, v. José G. López. Presidente de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6434.
    Sometido: Noviembre 16, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Edelmiro Martínez Rivera, abogado del apelante; J. Henri Broten, C. Ruiz Nazario, G. E. González, y G. Benitez Gautier, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Desde 1916 basta el 23 de agosto de 1932 el apelante fue ayo del Asilo de Niños. Allá para el año 1921 se hizo miem-bro de la Asociación de Empleados. En julio de 1932 pre-sentó su renuncia, para tener efecto el 23 de agosto de 1932. ,La presente causa de acción, según fue expuesta por él, se fundó en que se hallaba físicamente incapacitado, toda vez que tenía ambos ojos afectados por catarata y por razón de su avanzada edad. Tenía unos 73 años. Solicitó que se le pagara su póliza de seguro y alegó que había cumplido con todos los requisitos. Su solicitud fue denegada.

Todos los hechos relativos a su padecimiento de catarata fueron probados por él durante el juicio, el que tuvo por re-sultado una sentencia adversa. Creemos que de la opinión de la corte inferior se puede colegir lógicamente que una de las cuestiones a resolver lo era si catarata bilateral participa de una incapacidad permanente. No enteramente sin razón el apelante alega que de conformidad con la prueba, él no podía esperar curarse dentro de dos años, y esto equivaldría a una incapacidad real permanente.

Durante el juicio hubo conflicto en el testimonio de los pe-ritos, mas la mejor opinión fué que la operación de catarata era por lo general poco peligrosa y que se tenía probabilidad de éxito en el 80 por ciento de los casos.

Es cierto, según alega el apelante, que nadie puede obli-garle a someterse a una operación, pero la conclusión general a que hemos llegado es que hasta el momento en que una persona que padece de catarata se somete a tal operación, las cortes no están en condiciones de decir qne existe nna incapa-cidad permanente.

El primer señalamiento de error se dirigió a la contención de que bajo los hechos de este caso no debería haber en realidad cuestión alguna de incapacidad permanente; que el peticionario y apelante se hizo miembro de la Asociación de Empleados en 1921 cuando la ley no exigía tal incapacidad permanente para un empleado que se retirara del servicio. El apelado indica que el peticionario mismo en su solicitud y en alguna otra forma se acogió a los beneficios de la ley tal cual fuá posteriormente enmendada y solicitó el pago del seguro de la clase A, y bajo otros incisos que antes no existían. Somos igualmente de opinión de que si bien, hasta cierto punto la Asociación de Empleados es una entidad privada y no una totalmente gubernamental, sin embargo,, la Legislatura tiene el derecho de controlar la Asociación por ella creada y modificar razonablemente sus condiciones, sin menoscabar los derechos constitucionales de un empleado..

El segundo señalamiento se refiere a la cuestión de incapacidad permanente a que ya hemos hecho referencia. Para decisiones en pro y en contra, ambas partes nos han referido a casos ocurridos bajo la ley de Indemnizaciones a Obreros. De acuerdo con ésta un empleado debe someterse a una operación razonable o a una que de ordinario sea segura. Mahony v. Gamble Desmond Co., 90 Conn. 255, 96 Atl. 1025, L.R.A. 1916 E. 110; 28 R.C.L. 1815. Schneider, Workmen’s Compensation Law, Vol. II pars. 428 y 496.

También se presentaron casos de cataratas que se pronun-cian en sentido contrario. Una resolución específica contra el peticionario es el de Joliet Motor Co. v. Industrial Board, 117 M. E. 423, (Ill.). La corte resolvió que cuando la ce-guera era causada por catarata proveniente de lesiones y una operación no acarreaba peligro alguno, el empleado no tenía derecho a compensación de ninguna clase hasta tanto se prac-ticase tal operación. Un caso en sentido contrario puede hallarse en Feldman v. Braunstein, 87 N.J.L., 20, 93 Atl. 679. Resolvemos que el mejor criterio está de parte de aquellos casos que deciden que mientras el padecimiento pueda cu-rarse sin gran riesgo las cortes no están en condiciones de decir que existe una incapacidad permanente. Todas las leyes de Indemnizaciones a Obreros y todas las similares se inter-pretan liberalmente en un sentido o sea cuando la cuestión surge de los hechos o de la ley y cuando un caso específico es dudoso. Por otra parte, las cortes también han resuelto que carecen de facultad para extender los términos de un es-tatuto más allá de los límites fijados por la legislatura y que ■el caso debe caer dentro de los límites específicos del mismo.

Se ha resuelto umversalmente que cuando se puede lograr una mejoría usando cristales, el empleado está obligado a ha-cerlo así antes de poder obtener compensación. No existe fin principio distinto cuando está envuelta una operación re-lativamente fácil.

Tenemos alguna idea de que la corte inferior estuvo jus-tificada al resolver que el apelante no había seguido el pro-cedimiento provisto por la ley, pero si hubiese quedado per-manentemente incapacitado tal vez podría hallarse algún' modo en que pudiera presentar su reclamación; igualmente pode-mos decir en lo atinente a la cuestión de si la Junta Direc-tiva no renunció tal necesidad. Por tanto, los otros señala-mientos de error carecen de importancia o han sido ya tra-tados por nosotros en el curso de esta opinión. Convenimos con el apelado en que la vejez del peticionario no debe desem-peñar papel alguno en este caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Jubz Asociado Señor Wole,

text:
    Compañía Industrial de Aguadilla, Inc., demandante y apelante, v. El Municipio de Aguadilla, demandado y apelado.
    No. 5706.
    Sometido: Marzo 24, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Guerra Mondragón & Soldevila, abogados de la apelante; Jucm B. Soto y A. García Bucos, abogados del apelado.
   El Jubz Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda que tenemos ante nos aduce en efecto que un incendio destruyó todos los bienes muebles e inmuebles que la demandante tenía en una fábrica de muebles; que a vir-tud de una franquicia concedídale por el Consejo Ejecutivo y aprobada por el Gobernador, el municipio demandado cons-truyó un acueducto para suministrar, mediante pago, agua a sus habitantes; que la destrucción total de los bienes de la demandante se debió a la negligencia del municipio, sus funcionarios, empleados y agentes: (a) por haber cortado la noche del incendio la distribución de agua; (b) por no haber suministrado agua durante los primeros 45 minutos del si-niestro; (c) por falta de presión mientras corría agua; (d) porque el tanque de reserva para casos de incendio no fué em-pleado; (e) porque el encargado del acueducto no estaba en su puesto la noche del incendio; (/) porque no había escasez de agua en el acueducto; (g) porque la orden de cortar el agua la noche del incendio no estuvo justificada; (h) por falta de cooperación de parte de los empleados cuyo deber era ayudar a la extinción de los incendios.

Al presentarse excepción previa, la Corte de Distrito de Aguadilia resolvió el caso contra la demandante. Se dictó sentencia en favor del demandado, y se apeló.

La apelante sostiene que la corte de distrito dictó dicha sentencia sin considerar las disposiciones de mía de las leyes municipales y bajo la teoría de que el municipio no era responsable. Los tres señalamientos de error se redujeron a uno, a saber: que dadas las disposiciones de la Ley Municipal, el municipio era responsable de la culpa o negligen-cia de sus funcionarios y empleados.

La apelante da gran énfasis al párrafo (d) del artículo 83 de la Ley Municipal de 1928, leyes de ese año, pág. 399. Piste lee así:

“Artículo 83. — Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a ins-tancia de parte perjudicada:
“(el) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales por malicia, negligencia, o ignorancia inex-cusables.”

Por la forma del señalamiento aparece que la apelante, asumiendo la negligencia del municipio, se funda en dicho artículo, cuando en realidad de verdad en el derecho común y según otras leyes, se ha hecho a los municipios responsa-bles por ciertos actos bien reconocidos de sus agentes y em-pleados.

Pin verdad, puede decirse que el inciso (d) del artículo 88 es meramente declarativo de la ley general. La proposición enunciada por la apelante en una forma no puede ser dispu-tada, mas es cosa distinta decir que a virtud de dicha fraseo-logía general se creó una obligación que no existía antes. La Legislatura, desde luego, puede redactar leyes fijando toda es-jiecie de responsabilidades, pero debe hacerlo en términos expresos.

El caso de Pearce v. Hallum, 30 S. W. (2d) 399, sirve de ilustración. Una corporación es responsable de ciertos actos cometidos por sus agentes; de igual suerte lo es una corpo-ración municipal. Ésta no es inmune a pleitos. La respon-sabilidad contra una corporación municipal surge al igual que la responsabilidad contra otras corporaciones. Citamos lo si-guiente del caso arriba mencionado: “Resolvemos que las corporaciones municipales pueden ser demandadas y decla-radas responsables por las actuaciones y por los daños y perjuicios o lesiones que ocasionen la muerte a un semejante, debido a los actos torticeros, a la negligencia, descuido e impericia o incumplimiento de sus agentes y sirvientes, tal cual lo son las personas y otras corporaciones.”

La idea de muchos de los casos citados por la apelante es que puede hacerse responsable al municipio en igual forma que a otra corporación o individuo. Sin embargo, en general los casos presuponen una responsabilidad contra personas-naturales.

• Por ejemplo, de acuerdo con el derecho común, un muni-cipio es responsable por defectos en las calles que ocasionen daños a un semejante. Una corporación es responsable por administrar negligentemente sus plantas eléctricas, de agua u otros servicios públicos en que, como resultado de tal mala administración, se causan daños directamente a otros. Los casos demuestran más frecuentemente algún acto positivo a virtud del cual se ocasionan lesiones a los individuos.

La ley de 1928 no fija otra responsabilidad que la antes existente, sino que meramente aclara que una corporación puede ser demandada al igual que otros individuos. Quizá ésta fue la reacción desde que se dictó la opinión en el caso de El Pueblo v. Rosaly, 227 U. S. 270, citado en el alegato. La cuestión se reduce a si a virtud del derecho positivo una corporación municipal ha sido o debe ser responsable por haber dejado de operar propiamente su servicio de acueducto para la extinción de un. incendio. Ha habido algunas cortes y algunos estados que se han pronunciado en favor de una responsabilidad bajo las circunstancias de este caso, pero la regla general es en sentido contrario. La regla general es que al administrar un departamento de incendios un munici-pio actúa en su capacidad gubernamental y no en su carácter particular. Fisher v. Boston, 104 Mass. 87, 6 A. R. 196; Brown v. District of Columbia, 29 App. D. C. 273, 25 L.R.A. (N.S.) 94; Lynch v. City of North Yakima, 37 Wash. 657, 12 L.R.A. (N.S.) 261; 80 Pac. 79, 43 C. J. 967, párr. 1746, 19 R.C.L. 1116, párr. 397.

Es bastante curioso que una de las formas más salientes de llegar a la conclusión de este caso es citando una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que tiene tendencia a sostener lo contrario. Esta es la emitida en el caso de Guardian Trust Co. v. Fisher, 200 U. S. 57, donde la corte resolvió, citando del sumario:

“Si bien un ciudadano puede que no tenga una reclamación individual contra una compañía que se compromete a suministrar agua a una ciudad, por haber dejado de efectuar algo de conformidad con el contrato, sin embargo, puede que tenga una reclamación contra ella después de haber sido celebrado un contrato y de dedicarse a sumi-nistrar agua a la ciudad, por los daños resultantes de negligencia, y en tal caso la acción no es por incumplimiento de contrato sino en cobro de daños y perjuicios por un acto torticero (tort).”

La apelante se fundaba en parte en el caso de Lenzen v. City of New Braunfels, caso que fué resuelto por la Corte de Apelaciones Civiles de Texas en 22 de abril de 1896, 35 S. W. 341. La apelante cita copiosos extractos de dicho caso. Posteriormente esta cuestión fué ante una Corte de Apela-ciones Civiles de Texas en abril 3, 1909, y dicha corte resol-vió, citando nuevamente del sumario:

“Una compañía proveedora de agua que convenga con una ciu-dad en suministrar dicho líquido a ésta y a sus habitantes y en su-ministrarlo para extinguir incendios, etc., no contrae un deber público de tal suerte que sea responsable por ese motivo de la destrucción de bienes pertenecientes a un habitante por haberse dejado de suminis-trar agua para sofocar el incendio.” Greenville Water Co. v. Beckham, 118, S. W. 889.

La corte, al citar numerosos casos, dice: ‘ ‘ Tenemos conocimiento del caso de Guardian Trust Co. v. Fisher, 200 U. S. 57, 26 Sup. Ct. Rep. 186, y de los casos de Paducah Lumber Co. v. Paducah Water Supply Co., 89 Ky., 340, 12 S. W. 554; Gorrel v. Greensboro Water Supply Co., 124 N. C. 328, y Mugge v. Tampa Waterworks Co., 42 So. Rep., 81, y no es-tamos impresionados por el razonamiento de los mismos. Estas decisiones son contrarias al gran peso de las autorida-des de este país.” La corte no citó ni trató de distinguir el •caso de Lenzen v. City of New Braunfels, supra. Tampoco lo hizo el apelado en este caso. En Texas este caso aparentemente pasó inadvertido, a juzgar por el de Fling v. City of Houston, 62 8. W. (2d) 689.

Moch Co. v. Rensselaer Water Work Co., 247 N. Y. 160, 159 N. E. 896, 62 A.L.R. 1199, fué un caso en que el Juez Presi-dente Sr. Cardozo, que entonces estaba en la Corte de Ape-laciones de New York, emitió la opinión. La corte dijo: 200 U. S. 57 ((supra) 50 L. ed 367, 26 Sup. Ct. 186) bay una indi-cación de este criterio, pero el diotwn fué rechazado en un caso posterior resuelto por la misma corte, German Alliance Ins. Co. v. Home Water Supply Co., 226 U. S. 220, al presentarse la oportunidad para convertirlo en ley. Estamos convencidos de que la responsabilidad sería indebida y en realidad indefinidamente extendida mediante esta ampliación de la zona del deber. El traficante en carbón de piedra que ba de suministrar su producto a una fábrica, debe responder en-tonces a los parroquianos si falta combustible. El fabricante de ar-tículos que empieza a realizar su contrato, debe responder, de acuerdo con dicho criterio, no solamente al comprador sino también a aque-llos que a su juicio se dirijan al comprador como fuente proveedora. Todo aquél que hace una promesa que participa de la naturaleza de un contrato tendrá, a virtud de la misma, un deber para con la persona a quien se la hace, pero tendrá otro deber fuera del contrato para con un número indefinido de beneficiarios en embrión al iniciarse el cumplimiento. El asumir una relación significará la asunción in-voluntaria de una serie de nuevas relaciones que- están ineludible-mente entrelazadas. Una vez más podemos decir, citando a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ‘La protección otorgada por la ley no va tan lejos.’ Robins Dry Dock & Repair Co. v. Flint, 275 U. S. 303 (72 L. ed. 290, 48 Sup. Ct. Rep. 134), cf. Byrd v. English, 117 Ga. 191 (64 L.R.A. 94, 43 S. E. 419) ; Dale v. Grant, 34 N.J.L. 142; Connecticut Mut. L. Ins. Co. v. New York & N. H. R. Co., 25 Conn. 265, 6S Am. Dec. 571; Anthony v. Slaid, 11 Metc. 290. No es necesario que determinemos ahora qué remedio, de haberlo, po-dría existir si la demandada hubiese retenido el agua o reducido la presión maliciosamente con el propósito de lesionar al demandante o a alguna otra persona. Hemos echado a un lado también el problema que surgiría de haber existido una indiferencia crasa y abusiva de las consecuencias estimadas y previstas. Aún entonces existirían difi-cultades, mas no necesitan confundirnos por ahora. La cuestión ante nos es una mera omisión negligente, no acompañada de malicia ni de otros elementos agravantes. Bajo tales circunstancias, el dejar de proveer una cantidad suficiente de agua equivale a lo sumo a negar un beneficio. Ello no implica la comisión de un daño.”

“La demandante desea que resolvamos que la demandada, una vez que empezó a cumplir el contrato celebrado con la ciudad, se situó en tal relación para con todo aquel que potencialmente pudiera .bene-ficiarse con el abastecimiento de agua en las bocas de incendio, que hacía que el operar negligentemente tal abastecimiento, sin notificar oportunamente el deseo de descontinuarlo, participara del carácter de un acto torticero. En el caso de Guardian Trust & D. Co. v. Fisher;

En el caso de German Alliance Co. v. Home Water Supply Co., citado por el Juez Presidente Cardozo, se dijo: “Las cortes han resuelto casi uniformemente que los municipios no están obligados a suministrar agua para sofocar incendios.” En dicho caso, al igual que en otros, se adujo el principio de que un ciudadano no tiene tal interés que le permita de-mandar a una compañía que se había obligado a suministrar agua a la ciudad.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Luis Raúl Esteves, demandante y apelado, v. El Municipio de Aguadilla, demandado y apelante. Compañía Industrial de Aguadilla, Inc., demandante y apelada, v. El Municipio de Aguadilla, demandado y apelante.
    Nos. 5700 y 5701.
    Sometidos: Marzo 24, 1933.

      Resueltos: Septiembre 29, 1934.

      Juan B. Soto y A. García Bucos, abogados del apelante; Gucrra-Mondragón c§ Solclevila, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En cada uno de los casos anteriores, intitulados Luis Raúl Esteves v. El Municipio de Aguadilla, y Compañía Industrial de Aguadilla, Inc., v. El Municipio de Aguadilla, el demandado apela por haber dejado la corte de imponer las cos-tas. Un mero examen de nuestra opinión en el caso No. 5706, Compañía Industrial de Aguadilla, Inc. v. El Municipio de Aguadilla (ante, pág. 547) demostrará que la cuestión no era tan clara que los demandantes no hubieran tenido dere-cho a someter el caso a la córte. En otras, palabras, no ha-llamos ningún grado de culpa de la especie que nos induci-ría a intervenir con la discreción de la corte inferior al no imponer las costas.

Las sentencias apeladas deben ser confirmadas.


text:
    Félix Ochoteco, demandante y apelado, v. Ramón Córdova y Francisco López Sánchez, demandados y apelantes.
    No. 6186.
    Sometido: Enero 18, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Anionio P. Rodrigues, abogado de los apelantes; Bubón <& Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Félix Ochoteco, Jr., demandó a Ramón Córdova Díaz y Francisco López Sánchez para recobrar la suma de $450 como principal y $100 como costas y honorarios. Todo esto es-taba evidenciado por un pagaré.

Como resultado de las alegaciones y de la prueba adu-cida durante el juicio, no hay duda de que los dos deman-dados mencionados adeudaban al demandante la suma recia-mada. Sin embargo, los demandados radicaron nna contes-tación que contenía nna reconvención.

El demandante firmó nn documento escrito qne, con su endoso, lee como sigue:

‘ ‘ San Juan, P. R., noviembre 2, 1927. — He recibido de don Ramón Córdova en el día de boy, la suma de quinientos dollars ($500.00) en moneda legal y corriente de los Estados Unidos de América, en calidad de préstamo y para disponer de la misma conforme a sus instrucciones y en la feeba que él mejor crea conveniente. (Firmado) Félix Ochoteco, Jr. — Cedo y traspaso a don Francisco López Sánchez por valor recibido el crédito que según el documento arriba suscrito me adeuda don Félix Ochoteco, Jr., montante a quinientos dólares, y en su consecuencia queda subrogado en mi lugar el don Francisco López Sánchez para que lo cobre del deudor y ejercite cuantos dere-chos y acciones a mí corresponderían, y al efecto hago constar que no he cobrado ni cedido en modo alguno dicho crédito, como tampoco he dispuesto del mismo en ninguna otra forma. — Cataño, P. R., junio 1, 1931. — (Firmado) Ramón Córdova.”

Después que los demandados durante el juicio ofrecieron este documento en evidencia, se permitió al demandante que aportara prueba para demostrar que el documento por $500 en forma de recibo, era en realidad un depósito hecho por Ochoteco para determinado fin que oportunamente discuti-remos. La corte convino con todas las contenciones del de-mandante y dictó sentencia por la suma reclamada por él: Existen numerosos señalamientos de error, mas según las partes mismas convienen, la mayoría de éstos se dirigen a la negativa de la corte a excluir prueba para variar los tér-minos del documento escrito. Otros señalamientos de error se refieren a la supuesta insuficiencia de la prueba, la que a fin de dar una idea más clara de los hechos, consideraremos primeramente.

Sucede que Jorge Romero y su esposa tenían un proce-dimiento de quiebra y que ofrecieron un arreglo (composition) a sus acreedores. El demandado Córdova era uno de tales acreedores. La prueba del demandante tendió a de-mostrar que el Sr. Córdova entregó los $500 mencionados en el recibo, no en calidad de préstamo al Sr. Ochoteco, sino en calidad de depósito, para qne este último lo entregara a la Corte de Quiebras, a fin de ayudar a los deudores en la oferta de llegar a un arreglo. El testimonio del Sr. Ochoteco, a este respecto fué corroborado por el Sr. Francis, letrado de los quebrados, quien dijo que había recibido $450 en un che-que del Sr. Ochoteco. Respecto a los $50 restantes no hay cuestión alguna.

Ahora bien, los apelantes insisten en que la evidencia para variar los términos del documento escrito consistió principalmente en el testimonio del propio demandante Ochoteco. La declaración de un solo testigo es suficiente, si la corte le da crédito, y al igual que lo hizo la corte inferior no hallamos razón alguna para ponerla en tela de juicio. Además, la declaración del demandante fué corroborada por el Sr. Francis, y en otras formas; en realidad, por los términos del documento mismo.

Los apelantes igualmente insisten' en que la declaración del Sr. Francis era totalmente inadmisible, toda vez que ella no era pertinente o esencial al caso y porque la misma no servía necesariamente de corroboración. Cuando la cuestión en disputa es si se efectuó el pago con determinado fin o' si se entegó a la corte, el testimonio de otra persona al mismo efecto es pertinente j esencial, y desde luego, corro-borativo.

La supuesta objeción principal en este caso es la admisión de la prueba oral, o sea, que la admisión de esta evidencia infringía las disposiciones del artículo 25 de la Ley de Evidencia, que lee así:

“Artículo 25. — Cuando las condiciones de un convenio se hayan consignado por las partes en un documento, se considerará que con-tiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus representantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el docu-mento, excepto en los siguientes casos:
“1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegado en el litigio.
“2. Cuando la validez del convenio constituyere el becbo- contro-vertido.
“Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere heebo el convenio, o con las cuales se relacio-nare, según lo definido en el artículo veinte y ocbo, o para explicar tina ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La pala-bra ‘convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como contratos entre las partes.”

El Sr. Oclioteco declaró que al consignar en el recibo las palabras “en calidad de préstamo”, quiso decir “en ca-lidad de depósito.” Los apelantes llaman nuestra atención liada el Lecho de que no se radicó alegación alguna que pu-siera en controversia la supuesta equivocación o imperfec-ción del documento. El apelado sostiene acertadamente que al radicarse una reconvención, al igual que cualquiera otra contestación, sus términos están en controversia de conformi-dad con las disposiciones del artículo 132 del Código de En-juiciamiento Civil. d No era necesario que el demandante ra-dicara ninguna otra alegación a fin de demostrar el supuesto error. La cuestión relativa a si existía una equivocación o no, se confundió en las consideraciones principales de esta opinión.

La corte inferior basó su resolución en el derecho a ad-mitir prueba oral para variar los términos del recibo, ha-ciendo la siguiente; cita de Jones sobre Evidencia, Casos Civiles, tercera edición, sección 491:

“Prueba Oral para Explicar Recibos. Desde hace largo tiempo ha quedado bien establecido que un recibo por escrito relativo al pago de dinero no es concluyente, y que el mismo está sujeto a ser expli-cado mediante prueba oral. Los recibos, de ordinario, son generales en sus expresiones y muchas cuestiones, que no fueron consideradas al tiempo de su otorgamiento podrían estar cubiertas por expresiones generales contrarias al derecho y a la intención de las partes, de tal suerte que tales documentos son generalmente tratados como admi-siones sujetas a ser explicadas, y no como concluyentes. Así, pues, podría demostrarse que un recibo que se supone sea de dinero, fué en realidad dado como garantía. Recibos que son otorgados en forma de cartas de pago bajo sello y que se suponen haber sido expedidos por el importe total de los créditos, pueden ser explicados mediante prueba de que existió fraude o error. Cuando el recibo se supone ser en pago total o como transacción de una reclamación, las cortes fre-cuentemente se lian negado a admitir prueba oral de la omisión de otros términos o condiciones, considerándose el documento como un contrato. Mas, según el gran peso de las autoridades, el mero hecho de que un recibo exprese en su faz que el mismo se otorga ‘por la totalidad’ de cualesquiera reclamaciones, no impide que se presente prueba oral para hacer variar sus efectos.”

No dudamos que esta jurisprudencia fuera aplicable. Los apelantes dicen, en efecto, que el recibo era un contrato, pero la cita demuestra que importa poco que se considere o no como un contrato.

En apelación sucede que el apelado se funda parcialmente en el hecho de que la verdadera causa de un contrato puede ser probada con evidencia oral, citando a 22 C. J. p. 1157, sección 1555.

La siguiente cita de la Ley de Evidencia es de alguna aplicación:

“Artículo 101. — Las siguientes presunciones se estiman concluyen-tes, con -exclusión de todas las demás:
“1.— ..........
“2. — La verdad de los hechos relatados, en la relación contenida en un documento escrito, entre las partes interesadas en el mismo o sus sucesores en interés por título adquirido posteriormente; pero esta regla no será aplicable a la relación de una compensación.
1i Ht tií # * * ■ * * > >

El artículo 1241 del Código Civil dispone:

“En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio' que se re-munera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bien-hechor.”

Bajo este artículo, y generalmente, es evidente que la ver-dadera causa que pasó de Ochoteco a Córdova no fue que Ochoteco estuviera en la obligación de devolver el dinero, sino en la obligación de depositar el mismo en la Corte Federal.

Bin lo qne a nosotros concierne, creemos qne una excep-ción más fuerte a la regla sobre prueba oral puede bailarse en el contexto del propio artículo 25: “Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere becbo el convenio, o con las cuales se relacionare, según lo definido en el artículo veinte y ocbo, o para explicar una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude.”

Bin parte esta excepción está expresada en forma concordante en 22 C. J. 1259, párrafo 1679:

“Generalmente se considera que prueba oral es admisible cuando es ofrecida, no con el fin de variar los términos de un contrato es-crito, sino con el objeto de explicar y demostrar la verdadera natura-leza de la transacción evidenciada por el mismo, especialmente cuando es claro que el lenguaje usado, tomado en su sentido literal, no de-muestra la verdadera transacción envuelta, o cuando el documento es atacado por razón de fraude. Este principio puede bailarse apli-cado en aquellos casos en que se ha admitido prueba para demostrar que, aunque un escrito evidencie por su faz una enajenación absoluta de bienes o una promesa absoluta de pagar dinero, la verdadera tran-sacción consistió meramente en la prestación de una garantía o en el pago de una indemnización, o que el cesionario en un documento escrito, como por ejemplo una escritura, cesión, escritura de compra-venta, o algo similar, que por sus términos pasa el título de bienes, tomó el título sujeto a un fideicomiso. Igualmente podría demostrarse que una enajenación hecha por un padre a uno de sus hijos se hizo a manera de anticipo; que el endoso de un documento negociable se efectuó meramente con el fin de cobrarlo; o que una transacción legal, en tanto en cuanto se desprende del documento, era en realidad usu-raria.”

En las notas se bace referencia al caso de Brick v. Brick, 98 U. S. 514, en que la corte permitió prueba oral para de-mostrar que un certificado de acciones expedido al peticio-nario como dueño, le fué entregado en garantía de un prés-tamo de dinero. La corte citó el caso de Peugh v. Davis, 96 U. S. 336, donde se admitió prueba para demostrar que cuando un documento participaba de' la forma de una ena-j enación, el mismo era en realidad una garantía. Ambos casos fueron citados más tarde en el de Cabrera v. American Colonial Bank, 214 U. S. 224, que fué apelado de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico. El se-gundo sumario de este caso lee así:

“La faz de un documento no siempre es concluyente de su fin; y, en equidad, se admite prueba extrínseca para demostrar que una enajenación, absoluta en su forma, ba sido intentada como una ga-rantía; y en este caso prueba dirigida a i a causa (consideration) de un contrato de compraventa y demostrativa de que si bien de su faz se desprendía que el comprador convenía en ceder su deuda, la ver-dadera causa fué ayudar al vendedor y dar al comprador garantía adicional, sería admisible de acuerdo con nuestra ley, al igual que con la ley española; y quaere si la ley española no permite prueba oral respecto a todas las condiciones de un contrato, de igual forma que se hace con el mismo documento escrito, hasta un límite mayor que el permitido por nuestra propia ley.”

Al margen de esta opinión, a las páginas 232 y 233, se hizo un considerable número de extractos de la Ley de Evi-dencia de Puerto Eico, incluyendo los artículo 25, 28 y 101. La corte igualmente hace referencia, para sostener su opi-nión, al caso de Horton v. Roberts, 11 D.P.R. 176. La corte siempre mirará a la verdadera transacción realizada por las partes.

También hemos examinado la decisión original emitida por la Corte Federal que aparece publicada en III Puerto Eico Federal Eeports, pág. 14, que cita igualmente el caso de Peugh v. Davis, supra, y que dice que la corte penetra más allá de los términos del documento para determinar la verdadera transacción efectuada.

Los apelantes hallan algún alivio en el caso de Monagas v. Albertucci, 17 D.P.R. 712. Ahora bien, hubo un dictum en esa opinión que decía que prueba oral era inadmisible para demostrar que un contrato de compraventa, con pacto de retro, no podía justificarse que fuera una hipoteca. Sin embargo, si se lee con cuidado la opinión se verá que esta corte realmente resolvió que no había suficiente prueba para demostrar la existencia de una hipoteca.

Esto también se desprende cuando se considera el caso en apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, Monagas v. Albertucci, 235 U. S. 81, 87, donde la corte, por voz del Juez Asociado Sr. White, dijo lo siguiente:

“Mas cuando se considera la relación que del caso hemos hecho, la cuestión descansa en la más palpable errónea apreciación de la actitud de la corte inferior, toda vez que, conforme hemos visto, su conclusión de que la corte inferior cometió error al resolver que el contrato de venta era de hipoteca, no surgió de la resolución de que existía falta de autoridad para admitir cualquier prueba, con tal fin, sino del hecho de que el testimonio específico ofrecido y recibido con la objeción de una de las partes, se halló, después de considerarlo y apreciarlo, que no tenía relación legal con tal objetivo y que por ende no presentaba fuerza probatoria alguna tendente a sostener que se variara el contrato.”

Véase también Cuyugan v. Santos, 34 Jurisprudencia Filipina 104, con sus citas de Monagas v. Albertucci, supra.

Así, pues, llegamos a la conclusión de que bien se admi-tiera la prueba oral para demostrar la verdadera naturaleza, del recibo o para evidenciar que la causa del contrato fué' distinta a la expresada, o para demostrar cuál fué la verda-dera transacción entre las partes, toda la cuestión analizada tiende exactamente hacia la misma verdad, o sea, que para demostrar el verdadero contrato, nexo o relación entre las; partes, era admisible prueba oral.

Igualmente creemos, dada la naturaleza de la prueba, que el excluir esta evidencia hubiese equivalido a un fraude contra el demandante. En otras palabras, obligarle a pagar algo sin que existiera una verdadera causa (consideration) para ello. Las cortes no permitirán que la regla que prohibe la admisión de prueba oral (parol evidence rule) encubra un fraude.

Otro señalamiento de error fue que la Corte de Distrito' de San Juan carecía de jurisdicción por ser la reclamación menor de $500. El pagaré de sn faz demuestra que la recla-mación era por $450, más los $100 para costas y honorarios de abogado, que cae muy bien dentro de la suma que da ju-risdicción a la corte de distrito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wodp,

text:
    Juan R. Díaz, demandante y apelante, v. Distribuidores R. C. A. Victor, Inc., demandada y apelada
    No. 6386.
    Sometido: Mayo 23, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; M. Agosta Velarde, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wodp,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apeló de una sentencia dictada en su contra luego de declararse con lugar una excepción previa. Los hechos que han de aceptarse como ciertos son los siguien-. tes: que el demandante es casado con Margot Noya; que la demandada Distribuidores R. C. A. Yictor, Inc., efectuó nna venta condicional de una Victrola a Margot Noya, quien en aquella época era soltera; que se pagó un pronto de $90 y que el saldo de $70 debía pagarse en plazos mensuales de $10 cada uno; que la referida Margot Noya pagó todos los plazos y obtuvo los recibos correspondientes; que la deman-dada por mediación de su agente presentó una querella ante la Corte Munineipal de San Juan alegando que se habían dejado de pagar tres plazos y trataba de obtener la devolu-ción de la Victrola; que se dictó sentencia en favor de Mar-got Noya en la corte municipal, etc.

En la demanda que tenemos a la vista también se alega que la querella ante la corte municipal fué radicada de mala fe, maliciosamente y sin justa causa; que el pleito colocó a Margot Noya en una situación de humillación y le ocasionó sufrimientos y daños considerables.

La corte inferior fué de opinión de que siguiendo la doc-trina sentada en los casos de López de Tord v. Molina, 38 D.P.R. 823 y Serrallés v. Saurí, 44 D.P.R. 402 no existía una causa de acción.

El apelante trata de distinguir estos casos o nos pide que los revoquemos.

El caso de López de Tord v. Molina, supra, resuelve que no puede existir una acción basada en malicia únicamente. Nos inclinamos a convenir con este criterio. Sin embargo, no vemos razón alguna para variar la doctrina más reciente del caso de Serrallés v. Saurí, supra, al efecto de que el artículo 1803 del Código Civil cubre el campo suficientemente.

Por tanto, no estamos de acuerdo con la apelada respecto a que el artículo 1803 no incluiría un caso de malicia. Sí lo incluye. Lo que resolvemos es que cuando una persona maliciosamente inicia un pleito civil contra un demandado, este último tiene una acción sujeta a ciertas condiciones. El mero hecho de que el pleito fuera radicado maliciosamente, de por sí no hace surgir una causa de acción. El deman-dante debe alegar alguna cuestión substancial de daños y perjuicios. En otras palabras debe existir alguna alegación que saque el caso fuera del campo de la doctrina de damnum absque injuria. En un caso criminal la persecución mali-ciosa sin causa probable es de por sí suficiente para causar algunos daños.

Hemos considerado la jurisprudencia citada por ambas partes. Las cortes del continente están en un irremediable conflicto respecto a si surge una causa de persecución maliciosa con motivo de un pleito civil.

En Inglaterra originalmente existía una causa de acción, pero el estatuto de Marlbridge que concedía costas se supo-nía que otorgaba una compensación adecuada. Otras cortes como la nuestra en el caso de Serrallés v. Saurí, supra, re-suelven que costas o fianzas en procedimientos de embargo no cubren todo el campo de daños y perjuicios.

Abora bien, cuando se promueve un pleito civil y no se da ningún otro paso para perjudicar al demandado, por lo general no bay daños y perjuicios. En el caso que tenemos ante nos no se presentó embargo alguno ni se dió ningún otro paso para perjudicar a la demandada original.

No pretendemos excluir la posibilidad de que ciertos pleitos maliciosos por su naturaleza puedan quizás causar daños y perjuicios, mas la radicación de un pleito civil-por solo no tiende por naturaleza a causar daño. Algunas de las cortes que niegan la existencia de una causa de acción tenían esto en mente y también resolvieron que las cortes deben estar abiertas a los litigantes generalmente sin serias consecuencias.

Examinando la demanda no bailamos, ni podemos resolver, que se aleguen suficientes elementos de daños y perjui-cios. Tampoco podemos concebir que la demandada en aquel pleito fuera seriamente incomodada.

Es cierto que en una corte municipal no bay honorarios de abogado, mas en las cortes generalmente los bay. Las re-glas de derecho existen para casos que ocurren con frecuen-cia. Ad ea quae frequentius accidunt jura adaptantur. Además, naturalmente, pondríamos en tela de juicio si la querella equivalía a algo más que un error de parte de un agente cobrador. ¿Qué posible motivo puede una compañía tener para entablar un pleito tan inútil?

La apelada también llama nuestra atención Lacia el Lecho de que nada Lay en la presente demanda que demuestre que el pleito anterior fuera iniciado después que Margot Noy a había contraído matrimonio. Existe esta duda, pero no de-seamos basar nuestra opinión en esta posible omisión del de-mandante.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    Pedro S. Medina, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, demandada y apelada.
    No. 5840.
    Sometido: Enero 24, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Antonio Ayuso y Daniel Pellón, Jr., abogados del apelante,- J. Henri Brown, C. Buis Nazario, G. B. González y G. Benitez Gautier, a-bog'ados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro S. Medina, demandó a la corporación White Star Bus Line para que le pague indemnización por un accidente que sufrió. Celebrado el juicio recayó sentencia declarando sin lugar la demanda y Medina interpuso esta apelación.

El primer motivo de su recurso lo funda en haber permitido la corte inferior al comenzar el juicio que la demandada adicionara a las defensas que expuso en su contestación a la demanda la de que el demandante era en la fecha que se refiere este pleito un empleado con derecho a indemnización de acuerdo con la ley de accidentes a obreros y que tiene una reclamación de indemnización en la Comisión Industrial por el hecho que motiva la presente demanda.

La objeción del demandante a la admisión de tal defensa fué que no es pertinente en este pleito. La corte la admitió, pero aunque esa resolución haya sido errónea, no causó per-juicio alguno al apelante porque no fué tenida en cuenta por la corte para dictar la sentencia apelada como puede verse por la opinión que escribió para fundar su fallo. Es cierto que al final de ella dice la corte que su resolución del caso en nada prejuzga el derecho que el demandante pueda tener a recibir compensación por la ley de accidentes del trabajo. Pero esas palabras no pueden ser interpretadas en el sentido de que, como dice el apelante, moralmente tuvo en cuenta esa defensa para su sentencia, pues ellas significan lo que dicen, esto es, que el declarar sin lugar la demanda en este pleito no queda prejuzgada su reclamación de compensación por la ley de accidentes del trabajo.

Decidiremos ahora el décimo de los motivos del recurso, ya que en él se dice que la corte inferior cometió error perjudicial para el demandante al admitir como evidencia un asiento hecho en un libro llamado “de novedades,” del cuartel de la policía de Río Piedras. Esa evidencia fué tenida en cuenta por el tribunal inferior para su sentencia.

En el juicio se probó que los policías tienen el deber por razón de sn cargo de anotar en dicho libro las ocurrencias o accidentes de que tengan conocimiento; que tal libro con-tiene un asiento escrito por el policía insular Antonio Cruz Santiago; que este policía falleció antes del juicio; y que el asiento está fechado el día a que se refiere el accidente que motiva este pleito. Hubo evidencia de que un policía insular llamado Antonio iba en el ómnibus de motor, que aquí lla-man guagua y con cuyo nombre continuaremos designándolo, cuando el demandante sufrió la rotura de su pierna izquierda y de que ese policía ha muerto.

En el caso de El Pueblo v. Viana, 41 D.P.R. 413, esa cuestión no fue resuelta directamente, pero un asiento como ése de un policía fué tenido en cuenta con otras circunstancias para la revocación de la sentencia de la corte inferior.

La Ley de Evidencia dispone en su artículo 93 que los asientos y otros escritos de un finado, hechos en los momen-tos o poco antes de efectuarse la transacción, cuando se ha-llaba en aptitud de conocer los hechos consignados en ellos, podrán leerse como evidencia prima facie de los referidos hechos, entre otros casos, cuando se hubiere hecho en cum-plimiento de un deber impuesto por una ley, un contrato o un cargo. Respecto a tales clases de asientos dice Jones en sus comentarios sobre evidencia, segunda edición, tomo 3, pág. 2119, lo siguiente:

“Puede decirse, en general, que la regla sobre admisibilidad de asientos hechos por particulares en el curso ordinario de sus nego-cios exige ‘no meramente que sean contemporáneos con los hechos a que hacen relación, sino también por personas que tengan conoci-miento personal de los hechos y que sean corroborados por su tes-timonio, en caso de que vivan y puedan obtenerse, o mediante prueba de su manuscrito, si estuvieren muertos o dementes, o fuera del al-cance de la corte o de la comisión que ésta pueda expedir. El tes-timonio de personas que vivan, con conocimiento personal de los hechos de que hablan, prestado bajo la fe del juramento, en corte abierta, donde pueden estar sujetas a un examen de repreguntas, ofrece la mayor garantía de veracidad.La admisibili-dad de las declaraciones en tales casos está limitada por la necesi-dad en que se funda.’ Desde hace largo tiempo ha sido regia esta-blecida de derecho tanto en Inglaterra como en este país que una minuta o memorándum escritos, hechos por persona que ha muerto en el ínterin, al tiempo en que el hecho en controversia tuvo lugar, en el curso ordinario de sus negocios, corroborados por otras circuns-tancias que hacen probable la ocurrencia del hecho, son admisibles como prueba.”

Sobre esa cuestión puede verse también a 22 G. J. 803.

Por lo expuesto tenemos que concluir que no existe ese motivo de error.

El segundo se funda en que la corte apreció erróneamente la forma en que ocurrió el accidente origen de la causa de acción que se ejercita en este caso. Se refiere, pues, a la apreciación de la prueba.

El día a que se refiere este pleito, a eso de las 11:30 de la mañana, el demandante iba montado a caballo por el lado derecho de la carretera que de San Juan conduce a Pío Pie-dras, a cuya última población se dirigía. Al llegar al sitio llamado Hato Rey, entre las paradas 32 y 33 del tranvía eléctrico, cuya vía férrea estaba cerca de la carretera en su lado derecho en igual dirección, alcanzó al demandante una guagua de pasajeros de la demandada, que también iba para Río Piedras por la derecha de la carretera. Cuando la gua-gua estaba pasando al demandante llegaba en dirección con-traria un tranvía eléctrico y hubo un choque entre la guagua y el demandante, quien sufrió la rotura de los dos huesos de su pierna izquierda. En los anteriores hechos están con-formes los testigos de ambas partes. La contradicción entre ellos es solamente en la manera como el choque tuvo lugar, pues mientras los testigos del demandante declararon en el juicio que cuando la guagua estaba pasando al demandante, aquélla se desvió hacia su izquierda dando entonces con el lado derecho de la parte trasera un golpe al demandante y a su caballo, los testigos de la demandada dijeron que cuando la guagua estaba pasando al jinete llegó en dirección contra-ria un tranvía eléctrico que con sus frenos hizo ruido como de vapor y se asustó el caballo, que reculando chocó por su lado izquierdo con el lado derecho trasero de la guagua. En esta forma ocurrió el accidente según, también, el asiento del libro “de novedades” del cuartel de la policía de Río Piedras.

El conflicto de la evidencia lo resolvió la corte de distrito dando crédito a lo manifestado por los testigos de la de-mandada y expuso las razones que tuvo para tal decisión. Esta ha dado motivo a una fuerte impugnación del apelante en su alegato. Sin embargo, la lectura de los autos nos convence de que el conflicto de la evidencia fué propiamente decidido. Quizá algunas de las razones expuestas por' la corte para fundar su decisión de tal conflicto no sean ati-nentes, pero de todos modos no encontramos que sea errónea.

Estando sostenida por la evidencia la conclusión de la corte sentenciadora respecto a que el demandante recibió el golpe en su pierna izquierda porque al espantarse su caballo éste fué a chocar contra la guagua, es innecesario conside-rar los otros motivos del recurso que descansan en otro supuesto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Quintana Racing Park, Inc., y Las Monjas Racing Corporation, demandantes y apeladas, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, y sus miembros F. J. Richardson, Antonio Arroyo, Pedro J. Barbosa, Enrique Gatell y José Dávila Ricci, demandados y apelantes.
    No. 5718.
    Sometido: Abril 7, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      B. Martínez Nadal, E. Martínez Rivera j Diego O. Marrero, abogados de los apelantes; Leopoldo Feliú, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Comisión Hípica Insular suspendió temporalmente las licencias que las corporaciones Quintana Racing Park, Inc., y Las Monjas Racing Corporation tienen para celebrar ca-rreras de caballos en sus hipódromos, por el motivo de haber rebajado esas corporaciones los sueldos de ciertos empleados de los hipódromos que ellos pagan pero que son nombrados por la demandada, Comisión Hípica Insular. La Corte de Distrito de San Juan declaró que dichas corporaciones pueden fijar esos sueldos y en consecuencia anuló la orden de sus-pensión de las licencias y la demandada interpuso esta apelación.

Las corporaciones apeladas tienen como único negocio ce-lebrar carreras de caballos en sus respectivos hipódromos y los juegos de “pool” y banca mediante una licencia que les ha expedido la comisión apelante previo pago por cada una de ellas de la cantidad de $300 por un año. En ese ne-gocio tienen invertida cada una gran cantidad de dinero y te-nían en la fecha a que este litigio se refiere contratos para asegurar la concurrencia de caballos a las carreras que cele-braran cada domingo durante el año de su licencia.

Las citadas corporaciones notificaron en 31 de diciembre de 1930 a la Comisión Hípica Insular que habían acordado rebajar los sueldos de los empleados del hipódromo que los directores de ellos tienen que pagar por mandato de la ley pero que son nombrados por la Comisión Hípica Insular. Ésta había fijado esos sueldos y por la rebaja liecba por las corporaciones suspendió las licencias de las mismas para ce-lebrar carreras de caballos. La comisión no impugna esa re-baja porque haya sido excesiva o irrazonable sino porque entiende que ella es la que tiene autoridad para fijar los suel-dos que pagan las corporaciones. Durante un año y cinco meses las corporaciones habían pagado los sueldos fijados por la comisión para esos empleados.

La Ley No. 21 de 1925 (pág. 147) concedió a la Comisión Hípica Insular la facultad de nombrar todos los funcionarios y empleados de los hipódromos, de asignar sus sueldos y le impuso el deber de pagarlos. La Ley No. 40 de 1927 (pág. 207) autorizó a la Comisión para nombrar determinados empleados de los hipódromos cuyos sueldos asignaría y pagaría y dispuso que los directores de los hipódromos estaban obligados a nombrar determinados empleados cuyos sueldos serían pagados por ellos. Por la enmienda hecha a esa ley por la No. 44 de 1929 (pág. 239) la comisión nombrará ciertos empleados cuyos sueldos asignará y pagará y nombrará también a los empleados que antes designaban los directores de los hipódromos, quienes seguirán con la obligación de pagarlos. Dos de las enmiendas hechas en 1929 a la ley de 1927, vigente cuando en diciembre de 1930 ocurrieron los hechos origen de este procedimiento, leen como sigue:

“Art. 7. — La Comisión Hípica Insular nombrará para cada hi-pódromo en exploración, los siguientes funcionarios: tres jueces, quienes formarán el jurado, siendo el presidente elegido por el ju-rado, dentro de sus miembros, tres jurados suplentes, un secretario del jurado; dos jueces de pool y bancas; un instructor de jockeys; cuatro jueces de pista, un colector de multas y un time-keeper.
“ Además nombrará un secretario para la Comisión y todos aque-llos otros empleados que creyere necesario para su oficina, asignando a todos ellos el sueldo o dieta que creyere razonable; Disponiéndose, que ningún sueldo o dieta será mayor de doscientos (200) dólares mensuales, y todos estos sueldos o dietas se pagarán de los fondos de la Comisión Hípica que más adelante se crean por esta Ley.
“La Comisión Hípica Insular nombrará, asimismo, un starter y un assistant starter, un juez de peso, un assistant juez de peso, un juez de paddock y un ayudante del juez de paddock; un docker, un juez de inscripciones, dos ayudantes abanderados, un veterinario, un médico y un inspector de monturas. Los directores del hipó-dromo pagarán los sueldos de estos empleados. La Comisión Hípica tendrá poderes para nombrar aquellos empleados adicionales que con-sidere necesarios para llenar los fines de esta Ley y proteger los intereses del público en general.
“La Comisión Hípica Insular podrá remover a cualquier fun-cionario por ineficieneia, negligencia en el cumplimiento de su deber o mala conducta en el desempeño de sus funciones, dándole una co-pia de los cargos que existan contra él y una oportunidad de ser oído en persona o por medio de abogado en su propia defensa den-tro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación de los cargos.
“Art. 13. — En los hipódromos de Puerto Rico se descontará el veinticinco (25) por ciento de las cantidades apostadas en las ban-cas alemanas o pari-mutuel, después de deducir el importe apostado a los caballos ganadores en las bancas respectivas, y el veinticinco (25) por ciento del total bruto de las apuestas que se crucen en el pool. El total bruto que se derive por concepto de dichos descuen-tos deberá ser distribuido en la siguiente forma: ochenta y siete (87%) por ciento para la corporación explotadora del negocio y trece (13) por ciento para los fondos de la Comisión Hípica Insular; Disponiéndose, que los hipódromos donde el pool no exceda de cinco mil (5,000) dólares por día de carreras y donde el ingreso bruto por concepto de-bancas no exceda de dos mil (2,000) dólares, quedan exentos ele todo descuento para los fondos de la Comisión Hípica; debiendo las corporaciones explotadoras de dichos hipódro-mos satisfacer el importe de las dietas j sueldos de los jurádos y demás empleados.”

El último artículo lo copiamos solamente como ilustración de cómo se forma el fondo con que atiende a sus pagos la Co-misión Hípica, habiendo también otros preceptos con él rela-cionados, porque por él se conoce la distribución del dinero que producen los hipódromos y porque la apelante lo cita, pero no porque creamos que es necesario para resolver la cuestión en controversia para la que basta el artículo 7 citado.

Esa ley faculta expresamente a la Comisión Hípica' Insular para asignar los sueldos o dietas de los funcionarios y empleados que ella nombre y paga pero no le confiere la facultad de fijar o asignar los sueldos de los empleados que lian de pagar los directores de los hipódromos y que son nom-brados por la Comisión, por lo que tenemos que llegar a la conclusión de que los sueldos o dietas que pagan los direc-tores de los hipódromos pueden ser asignados por ellos ya que la ley no le dió esa facultad expresamente a la comisión como se la confirió cuando se trata de los empleados pagados por ella. Tal como está redactada la ley debe ser interpre-tada en ese sentido, pues si hubiera querido que esos suel-dos los fijase la comisión lo hubiera dicho expresamente como lo hizo para los sueldos de los otros empleados, pues gene-ralmente fija el sueldo la persona que ha de pagarlo. El único argumento de la apelante contra esa conclusión, de que los directores de los hipódromos podrían fijar los sueldos tan bajos para los empleados que paga que obstaculizaría a la comisión encontrar personas que los desempeñen para el fiel cumplimiento del propósito fiscalizador de la ley, no tiene razón de ser en este caso por no haberse alegado que las re-bajas hechas por los directores de los hipódromos en los suel-dos que tienen que pagar sean de la naturaleza a que se re-fiere la apelante.

La tardanza en ejercitar esta acción de injunction para impedir que la comisión cumpliera su resolución de suspensión temporal de las licencias de las apeladas para celebrar carreras de caballos no es obstáculo a la pretensión de las corporaciones demandantes, pues el hecho de haber pagado durante un año y cinco meses los sueldos que había fijado la Comisión Hípica Insular no causó a ésta perjuicio alguno. Martinez v. Porto Rico Railway, Light & Power Go., 18 D.P.R. 725. Aparte de esto, no aparece de los autos que la necesidad para las demandantes de rebajar los sueldos surgiera antes de su acuerdo en tal sentido, de diciembre de 1930.

La sentencia apelada dehe ser confirmada.