author: El Juez Asociado-Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ruiz, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente, de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa por delito' de infracción de la ley proveyendo para la organización de la junta de médicos examinadores.
    No. 1132.
    Resuelto en julio 17, 1917.
    Infracción Ley Junta Médicos Examinadores — Junta de Médicos Examinado-res — Prescripción de Drogas o Medicinas. — Para que se entienda cometido el delito prescrito y castigado en la sección 7 d‘e la ley proveyendo para la organización de una Junta de Médicos Examinadores, de 1903, tal como quedó enmendada en 1915 por la ley No. 6, no es necesario en todos los casos que su autor haya agregado a su nombre las letras M. D. (Doctor en Medicina).
    Id. — Id.—Intención.-—-No basta que una persona haya prescrito a otra el uso de determinadas drogas, sino que es necesario que lo haya hecho “a sabiendas y con intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados,” para que pueda ser declarada culpable del delito a que se refiere la ley antes citada.
    Abogados del apelante: Sres. Luis Montalvo Guenárd y Manuel Rodrigues Serra.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en lá opinión.

El Juez Asociado-Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La' denuncia en lo pertinente dice así:

“Yo, Pablo Bodríguez, * * *, formulo denuncia contra Carlos Buiz, por delito ‘Ley proveyendo para la organización de una Junta de Médicos Examinadores,’ cometido de la manera siguiente: Que en 3 de septiembre de 1916, y en Aguada, P. B., del Distrito Judicial Municipal de Aguadilla, P. B., el referido acusado a sa-biendas y con intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados, prescribió, formuló u ordenó para mi uso medicinas consistentes en unas papeletas para la cura de unas calenturas que sentía y un líquido para curar, aliviar o mitigar un dolor en el brazo derecho, pagándole por todo la suma de CINCUENTA Centavos.”

El acusado alegó que los hechos consignados en la denuncia no constituían delito público. Se basó en que, según la ley, para que se entendiera cometido el delito, no era suficiente que se prescribiera una fórmula, sino que era necesario que esa prescripción lá hiciera una persona que hubiera añadido a sus nombres las letras D. M. y que públicamente se anunciara como médico o cirujano.

La ley vigente sobre la materia es la sección 7 de la ley proveyendo para la organización de una junta de médicos examinadores, de 1903, tal como quedó enmendada en 1915, (Yéase la ley No. 6 de 1915). Dice así:

“Sección 7. — Toda persona que ejerciere la medicina o cirugía o cualesquiera otros ramos de éstas, o la obstetricia en la isla, contra-riamente a las disposiciones de esta Ley, por cada infracción de las mismas incurrirá en misdemeanor y convicta que fuere de ello, será castigada con una multa que no excederá de quinientos dó-lares ni bajará de cincuenta dólares o prisión en la cárcel por un término de treinta a noventa días o ambas penas a discreción del tribunal. Para los efectos de esta Ley se considerará que ejerce la profesión toda persona que a sus nombres añadiere las letras D. M. (Doctor en Medicina), que públicamente se anunciare como médico o cirujano y que a sabiendas y con intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados, prescribiere, formulare u ordenare, para el uso de cualquier persona, alguna droga, medi-cina, agua, menjurje, brebaje, mecanismo, aparato u otro medio fuero o nó material, para la cura, alivio o mitigación de cualquiera do-lencia o enfermedad moral o física o para, la cura o alivio de cual-quiera herida, fractura o daño corporal u otra enfermedad, o que directa o indirectamente reciba remuneración por tales servicios.”

Si se examina el estatuto en inglés se verá que en vez de decir: “Para los efectos de esta Ley se considerará que ejerce la profesión toda persona que a sus nombres añadiere las letras D. M. (Doctor en Medicina), que públicamente se anun-ciare como médico o cirujano y que a sabiendas * * expresa: “Any person shall he regarded as practicing within the meaning of this Act who shall append the letters M. D. (Medical Doctor) to his or her name, who shall profess publicly to he a physician or surgeon, or who knowingly * *

El original castellano de la sección siete antes de ser en-mendado en vez de la y usaba la o, y si se estudia, como Iq haremos en adelante, en qué consistió la enmienda, y se pene-tra en.el pensamiento de la totalidad de la sección, se con-cluirá sin esfuerzo alguno que la versión inglesa es la correcta y que por tanto una persona que a sabiendas y con intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados, pres-cribiere para uso de cualquiera otra persona alguna medicina, etc., comete el delito aunque no baya añadido a su nombre las letras M. D., ni se baya anunciado públicamente como médico o cirujano.

Declarada sin lugar la excepción, se celebró la vista y el acusado fué finalmente condenado a sesenta pesos de multa y a sesenta días de cárcel. No conforme con la sentencia, interpuso el presente recurso de apelación.

En el acto de la vista, el Fiscal presentó la siguiente prueba:

“Pablo Rodríguez, al Fiscal: ‘Me llamo Pablo Rodríguez, vivía en Rincón en septiembre de 1916, y vine a Aguada a que me vie-ran un brazo que tenía malo; el día 3 de septiembre por la mañana mandé a Román Pérez y me trajo una cataplasma de semilla de lino; por la tarde mandé a Juan Rosado y me trajo una cajita de papeletas para tomar cada media hora y un frasquito chiquito con un líquido, cuyas medicinas principié a tomar y las dejé; mandé a Rosado que fuera donde Carlos Ruiz; no estuve a ver ■ a Carlos Ruiz; tomé las medicinas para las calenturas y pagué 50 centavos por ellas que mandé anotar a la cuenta mía del mismo Carlos Ruiz, y. después yo mismo se los pagué a él.’
“Al defensor: ‘Juan Rosado me trajo una cajita de papeletas y un líquido en un frasquito; él mismo me trajo ambos medicamen-tos, estoy seguro, por la tarde; por la mañana mandé a Román Pérez y me trajo un paquete de semilla de lino; yo no le vi la cara a Carlos Ruiz porque me encontraba grave.’
“Al Fiseal: ‘Pagué cincuenta centavos a Carlos Ruiz y le dije de qué era lo que le pagaba; yo le debía otros centavos más y le pagué 50 centavos por las dos medicinas a Carlos Ruiz; eran se-tenta y dos .centavos con la 'cataplasma, y le quedé a deber 22 centavos ; Román Pérez me llevó una cataplasma el 3 de septiembre • por la mañana.’
“Al defensor: ‘Carlos Ruiz recibió el dinero personalmente, y no le pagué nada por recetarme.’ '
“Juan Rosado, al Fiscal: ‘Me llamo Juan Rosado, vivo en el barrio de Río Grande, de Rincón; conozco a Carlos Ruiz y a Pablo Rodríguez; le dije cómo se encontraba Pablo Rodríguez y'me dio una cajita de papeletas para tomar cada media bora y un líquido, y le mandó decir conmigo que el líquido era para friccionarse el brazo y las papeletas para las calenturas basta refrescar; le pre-gunté cuanto costaba y me dijo que 50 centavos y yo le dije que se lo apuntura a Rodríguez, por dos ocasiones; esta misma cajita que me muestra fué la que llevé a Rodríguez.’
“Al defensor: ‘Ese día fué el 3 de septiembre, a las tres y media de la tarde o cuatro; yo no ordené que anotara algo a la cuenta de Pablo Rodríguez por recetarle porque él no quitaba nada por la receta; yo fui solo.’
“Al Fiscal: ‘Yo le comuniqué cómo estaba Pablo Rodríguez y entonces me recetó eso y lo despachó.’
“Eulalia Aviles, al Fiscal: ‘Me llamo Eulalia Avilés, vivo en Rincón y soy la señora de Pablo Rodríguez; lo único que sé es que mi marido cayó enfermo el día primero de julio y el día 2 mandó sacar la primera receta con Juan de Dios, y la otra la mandó sacar con Juan Rosado, y la otra la mandó sacar con Jesús Rosado a donde Carlos Ruiz, y la otra con Román Pérez a donde Carlos Ruiz; mi marido ha tomado algunas papeletas; conozco esas medicinas y ese frasquito que me muestra.’ ” ’

El Fiscal ofreció además como prueba el frasquito y las papeletas a que se referían los testigos.

Esa fué la prueba de cargo practicada. El apelante sos-tiene que no es bastante para demostrar que actuó a sabien-das y con intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados, como exige la ley.

La sección 7 en su forma original consignaba como delito el mero hecho de prescribir, etc. La enmienda de 1915 agregó las palabras ‘ ‘ a sabiendas y con intención de usurpar las fun-ciones de los médicos autorizados.” Ese fué sin duda el principal motivo de la enmienda y siendo ello así quedó perfec-tamente claro el propósito del legislador. Este tuvo en cuenta que podrían existir casos en que el simple hecho de prescri-bir una fórmula, no debiera ser considerado como delictivo, y exigió que la prescripción se hiciera a sabiendas y con la intención de usurpar las funciones de los- médicos autorizados.

¿Demuestra la prueba.practicada que el acusado actuó con la intención de nsnrpar las funciones de los médicos auto-rizados? Dudamos de ello. Se trataba de un farmacéutico. No consta que se cobrara nada por la llamada receta. Sólo se cargó el valor corriente de las medicinas despachadas. Más parece la actuación del acusado la de una ayuda corriente .y natural en tales casos, que seguramente se repite a diario en Puerto Rico muchas veces, que la invasión deliberada de las atribuciones de los médicos. Las drogas indicadas y vendidas eran simples: semillas de lino para una cataplasma, papeletas de quinino para cortar la fiebre.

Dada la historia del estatuto, la prueba de la intención del acusado en un caso de esta naturaleza debe ser algo más que la mera realización de un hecho aislado, a menos que ese hecho sea ,tan completo en sí que cumpla con todas las .exigencias de la ley.

.Por .virtud de todo lo expuesto, en ausencia de una de-Tnostración cumplida de la intención exigida por la ley, opi-namos que debe revocarse la sentencia apelada y absolverse bX acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto' el ' acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

¡ El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Borque, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito de infracción de la Ley de Automóviles.
    No. 1186.
    Resuelto en julio 17, 1917.
    Infracciones Let de Automóviles — Automóviles—Requisitos de la Denun-cia. — En una denuncia formulada de acuerdo con la sección 12 de la ley No. ■.. ■ 75, sobre automóviles, no basta que se exprese en general que el chauffeur
      no tomó las debidas precauciones en el manejo del auto para garantizar vidas y propiedades, sino que es necesario especificar además que realizó algún lieelio en violación de alguna o algunas de las varias disposiciones con-cretas contenidas en dicha sección.
    Ahogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso dice así:

“Yo, Pablo Cancel, P. I., * * formulo denuncia contra Clemente Borque — chauffeur—LICENCIA espeoial — por delito infrac-ción al artículo 12 (a) de la Ley de Autos de abril 13, 1916, come-tido de la manera siguiente: Que en septiembre 5, 1916, y hora 12 a. m., y en la parada '16%, carretera de Santurce, del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., el referido acusado que guiaba como conductor el auto No. 519 de su propiedad, maliciosa y volun-tariamente no tomó las debidas precauciones en el manejo de dicho auto para garantizar vidas y propiedades, dando lugar a que el re-ferido auto chocase con el niño Joaquín Sola, el cual recibió con-tusiones de las que fué asistido en la Sala de Socorro de Santurce. Hecho1 contrario a la.ley para tal caso prevista.”

Bajo tal denuncia Borque fué juzgado y condenado por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, como autor de una “infracción a la Ley de Automóviles,” a sufrir un mes de cárcel, y no conforme con la sentencia interpuso el pre-sente recurso de apelación, señalando como error que la de-nuncia no le imputó delito alguno y por tanto que no pudo ser válidamente condenado.

El Fiscal sostiene qu.e la denuncia es suficiente porque sigue las palabras del estatuto.

Hemos estudiado el caso y a nuestro juicio tiene razón el apelante. La denuncia no imputó al acusado infracción con-creta alguna. Tampoco siguió las palabras del estatuto. La sección 12 de la ley No. 75 de 1916 que se alega como infrin-gida, contiene ocho apartados. El primero es general, los otros se refieren a casos específicos.' En una denuncia hecha dé acuerdo con esa sección, para concluir que se han seguido los palabras del estatuto no basta que se exprese en general que el chauffeur “no tomó las debidas precauciones en el manejo de dicbo auto para garantizar vidas y.propiedades,” sino que es necesario especificar además que realizó algún becbo en violación de alguna o algunas de las varias dispo-siciones concretas contenidas en dicba sección.

Debe declararse con lugar el recurso y absolverse al acusado. .

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado. .

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Valdejuly, Demandante y Apelada, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1646.
    Resuelto en julio 17, 1917.
    Daños y Perjuicios — Examen de la Prueba — Preponderancia de la Prueba— Impedimento o Estoppel — Negligencia Oontributoria. — En este caso hubo prueba tendente a demostrar que el carro de la demandada arraneó impro-piamente j que la demandante fué lanzada de él sufriendo varias lesiones en su caída. La prueba de la demandada tendió a demostrar que la demandante había sufrido un desvanecimiento y que a ello se debía la causa próxima del accidente, habiéndolo así admitido ante varios testigos. Se resolvió: que la preponderancia de la prufeba estaba a favor de la demandante; j que ésta no estaba impedida (estopped) por su propia conducta, ni por sus ad-misiones hechas a raíz del accidente, ni ellas tienden a demostrar la negli-gencia contributoria.
    Abogado de la apelante: Sr. J. H. Brown.

    Abogado de la apelada: Sr. Manuel Benítes Flores.

   Los becbos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción por daños y perjuicios fundada en el negligente arranque de mareta de un carro eléctrico, del que bajaba la demandante. La defensa consistía de una nega-ción general de los techos alegados por la demandante y de una afirmación positiva de que la caída de la demandante y daños consiguientes a la misma fueron debidos a su estado de debilidad y desmayo, según ella misma lo admitiera ante los empleados de la demandada. En la vista del caso ante este tribunal se atacó además la credibilidad de los testigos de la querellante.

En el juicio uno de los mayores esfuerzos desplegados por la demandada consistió en demostrar que la caída de la demandante acaeció antes de que el carro se parase por com-pleto en la parada 15, en la carretera principal de San Juan. Sobre este punto, de habérsenos sometido a nosotros este caso en primera instancia, no hubiéramos vacilado en estimar inmediatamente que una fuerte preponderancia de prueba es-taba de parte de la demandante. En la vista celebrada en esta corte y en el alegato del apelante uno de los testigos oculares de la actora fué impugnado principalmente porque dijo que había montado en el carro en la parada 26 en la ca-rretera, donde vivía, siendo así que es un hecho incontrover-tido el de que la demandante venía en un carro del Parque, que es el que torna hacia la carretera en la parada 23. Cuando un testigo que varios meses después de un suceso, y que tiene la costumbre de tomar un carro en determinado lugar, se equivoca en una ocasión especial, tal equivocación podría afectar el peso de su declaración respecto a otros de-talles, pero no podría afectar su credibilidad, y sil equivo-cación, para nosotros, no le llevaría muy lejos para que pu-diera destruir su manifestación de que salió del carro inme-diatamente delante de la demandante, la que le siguió. Con mucha frecuencia, en cualquier’ ciudad, uno se dirige; hacia donde una vía ramal 'torna hacia lá vía principál con el fin de tener más' oportunidad de coger rápidamente nn carro. El testigo fné repreguntado respecto a otros detalles de su declaración, pero nada se hizo para llamar su atención especial respecto a esta equivocación. No fue ésta sola la razón por la que se impugnara al testigo, pero sí el punto sobre el que se insistió más. Hubo contradicción entre sus manifes-taciones y las de otro de los testigos de la parte actora, y declaró respecto a la venta de periódicos negada por todos los testigos de la demandada. Estas y otras materias seme-jantes corresponden a la corte que celebró el juicio, y nada existe en la prueba que nos convenza de que la corte- inferior cometiera un manifiesto error. El juez, sin embargo,- como demuestra su opinión, descansó más particularmente sobre la declaración de Adelaida Tomás, que estaba de pie esperando tomar el carro en la parada. Nos vamos a ocupar especial-mente de la cuestión de si el accidente ocurrió por razón del arranque del carro o no. Un análisis semejante debe apli-carse a cualquier otro juicio o peso de las declaraciones con-tradictorias de los testigos, o a la consideración de toda la prueba por parte de la corte inferior. No encontramos razón alguna para dudar de1 la conclusión dada en su opinión por la corte inferior de que la causa del accidente fue el arranque del carro.

Sobre la cuestión del mareo o desmayo de la demandante hay más fuerza en la teoría de la demandada. ■ Creemos po-sible que en algún instante antes del momento de caer en tierra la demandante se desvaneció; que la forma en que cayó ha podido atribuirse parcialmente al mareo. N° es increíble, tampoco, que al hablar con los empleados de la demandada se inculpó a sí misma por su caída. Los empleados de la compañía, con tales manifestaciones, naturalmente se pon-drían escépticos por completo con relación a los testigos de la demandante. Por esto no es necesario dudar de cuales-quier manifestaciones de los testigos de más responsabilidad de la demandada. En cuánto á la aparente dificultad física, declarada por el Dr. Grliiies, para que haya ocurrido la caída en la forma descrita por los testigos, tal incongruencia es muy frecuente en casos de accidentes. Esta especie de con-fusión, disparidad y conflicto le corresponde decidir al juz-gador.

Tenemos otra teoría posible del caso que difiere un poco de las enunciadas en los autos o vista del caso. En la prueba se encuentran indicios de que la demandante se levantó para apearse del carro mucho antes de llegar a la parada 15 y se paró detrás del motorista. Como quiera que ella no hiciera indicación alguna al pasar por algunas paradas, y como quiera que ella permitió a algunas personas pasar antes que ella en la parada 15, el motorista ha podido creer que ella no pensaba bajarse allí y quizás, distraído por los muchachos vendedo-res de periódicos o por alguna otra causa, prontamente' dió marcha a su carro al dar el conductor la señal de partida en el momento en que el último pasajero había pasado. Su de-terminación en salir ha podido ser repentina, pero la pre-ponderancia de la prueba demuestra que ella salía inmedia-tamente detrás de los otros pasajeros que bajaban. Cual-quier teoría independiente de la evidencia sólo demuestra que importa poco si la corte, en su opinión, según insinúa la de-mandante, adoptó una teoría del caso algo inconsistente con ios hechos. Nuestra propia teoría independiente tiene de-recho a menos peso que la del juez que vió el caso y que estuvo en mejores condiciones para acercarse o alcanzar la verdad. En un juicio es casi imposible la veracidad absoluta, y es-pecialmente en un caso de accidente. Una cosa es notable-mente cierta, a juicio de la corte, y ella es que la causa pró-xima del accidente fué debida, no al desvanecimiento de la demandante, sino a la forma impropia del arranque del carro. En la fecha en que tuvo lugar el accidente se les exigía a los pasajeros por una ordenanza municipal salir por la parte de-lantera del carro, y esto elevó el deber impuéstole al moto-rista de no poner en marcha su carro hasta que la última persona que descendiera hubiera bajado por completo. Cual-quiera está sujeto a una súbita determinación de seguir á¡ otros pasajeros. La demandante no estaba impedida (estop-ped) por su. propia conducta, ni por' sus admisiones hechas a raíz del accidente, especialmente sufriendo como estaba, ni sus admisiones tienden a demostrar negligencia contributoria alguna.

■ No encontramos error alguno en la sentencia apelada y la misma debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    De la Pila et al., Peticionarios, v. Siaca, Secretario Ejecutivo, Demandado.
    Solicitud para que se expida auto de mandamus al Secre-tario Ejecutivo de Puerto Eico para que inscriba la aso-ciación "Casa del Médico, Inc.”
    No. 163.
    Resuelto en julio 17, 1917.
    Mandamus — Jurisdicción Original — Punciones de las Cortes de Apelación.— El mero hecho de que el Tribunal Supremo va a entrar en su período regular de vacaciones y que una apelación no podría ser oída antes del nuevo término, no es razón suficiente para que una solicitud de mandamus para que se ordene al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico inscriba ciertas cláusulas de incor-poración, sea presentada en primera instancia al tribunal. Ordinariamente, el caso debe iniciarse en una corte inferior y los puntos a debatir allí definidos, para que así pueda tener el tribunal todo el beneficio de una verdadera fun-ción de corte de apelación, sin que en el presente se haya presentado razón para variar la regla.
    Abogado de los peticionarios: Sr. José A. Poventud.

   Los' hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la- opinión del tribunal.

• " Los peticionarios, todos médicos-cirujanos, solicitaron del demandado un certificado de incorporación, a ló qué él se negó. Los'peticionarios han presentado una solicitud a esta corte para que expida nn auto de mandamus, y de acuerdo con el artículo 69 de nuestro reglamento, han expresado las ra-zones que tienen para hacer la solicitud originalmente ante esta corte. Después de haber expresado que el demandado es uno de los principales funcionários del Gobierno, y la im-portancia que tiene para los peticionarios el ser prontamente incorporados para llevar a cabo los -fines de su proyectada incorporación, alegan que esta corte está próxima a entrar en su período de vacaciones, y que una apelación de una corte de distrito no podría ser oída antes de noviembre. Tenemos suficiente confianza en la habilidad del abogado de los peti-cionarios para creer que él sabría, por ejemplo, cómo pro-teger a los pretendidos incorporad'ores en su deseo de adqui-rir. terrenos a los fines que se proponen. Fuera de .eso no hay nada en las razones dadas para acudir a esta corte que no sería igualmente cierto de cualquiera otra organización .semejante que se proyectara. La Corte de Distrito de San Juan, donde reside el demandado, es hábil a este fin. Si la cuestión legal envuelta es de importancia, no es una que esta corte desearía resolver en los diez días que quedan de sesión, suponiendo que una vista no se llevara parte de ese tiempo. El caso debe ser. iniciado en una corte inferior y los puntos a debatir allí definidos, para que así podamos tener todo el beneficio de nuestra verdadera función de corte de apelación. No hay ningún caso que: envuelva prima facie la violación de un deber público que no tenga importancia para la persona que se cree perjudicada. No vemos razón alguna para ejer-citar nuestra jurisdicción original en este caso, y el auto debe ser denegado.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes : Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison. • . . - ■ ■

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.■ '


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Beauchamps, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilia en cansa por infracción de la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1171.
    Resuelto en julio 17, 1917.
    Infracción Ley Pesas y Medidas — -Pesas y Medidas — Transacciones Indus-triales y Comerciales — Recolección de Brutos — Trabajos Agrícolas.— La Ley de Pesas y Medidas de agosto 18, 1913, (Leyes 1914, No. 135, p. 103), promulgada para establecer sistemas modelos de pesas y medidas en las transacciones industriales y comerciales, no es aplicable a las medidas que se usen en la recolección de frutos de una finca agrícola, pues no se trata de una operación o transacción industrial, sino simplemente de un trabajo agrícola.
    ID. — Id.—Industria.—No bay excepciones ni palabra alguna en la Ley de Pesas y Medidas, ni existe otra ley relacionada con ella, acerca de que la intención de la legislatura fué la de que la palabra “industria” se aplicara en el sen-tido más lato y no en el que tiene en la ciencia económica.
    Id. — Id.—Almud—Reglamentos Ejecutivos. — -No siendo una industria la mera recolección de frutos pendientes, el becbo de usarse un envase con capacidad de un almud para pagar a los cogedores de café en uva, medida que es dis-tinta de las ordenadas por la ley para transacciones industriales y comerciales, no cae bajo las disposiciones de la Le3r No. 135 de 1913, aunque el Reglamento No. 14 del Secretario de Puerto Rico de 20 de octubre de 1914 haya dispuesto que en la recolección y traspaso del café en uva se usen las medidas ordenadas por la ley, pues ésta nada dispone para la recolección de frutos.
    Abogado del apelante: Sr. José D. Rodríguez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los lxeclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué condenado porque siendo mayordomo de la hacienda de café de Baltasar Márquez usaba una medida ilegal para medir café en uva a los cogedores, consistiendo dicba medida en una lata de gas con' capacidad supuesta de un almud, sin que esta hubiese sido autorizada oficialmente.

En la corte inferior alegó la excepción previa de que no se le imputan hechos constitutivos de delito porque la ley de pesas y medidas y su reglamento se refieren a transacciones industriales y comerciales y no se le acusa de que realizara alguna de estas transacciones toda vez que el medir café en uva a los cogedores de la hacienda indica que la medida se usaba en servicios o trabajos agrícolas, los que no están com-prendidos en la ley. También se fundó en que habiendo rea-lizado los becbos que se le imputan como empleado o mayor-domo del Sr. Márquez, es a éste a quien debe perseguirse y no a su empleado. Las cuestiones propuestas en la excepción las ha reproducido ante nosotros en este recurso.

La ley de pesas y medidas de 18 de agosto de 1913, que se encuentra en el tomo de leyes de 1914, se promulgó para establecer sistemas modelos de pesas y medidas en las tran-sacciones industriales y comerciales, y convenimos con el ape-lante en que la recolección del fruto de una finca agrícola no es una operación o transacción industrial sino simplemente un trabajo agrícola.

En el caso de El Pueblo v. Gillies & Woodward, 20 D. P. R. 500 se consideró detenidamente el alcance y significado de la palabra “industria” pai'a determinar si una barbería era o nó un establecimiento industrial a los efectos de la ley que ordenaba el cierre de los establecimientos comerciales e in-dustriales en determinados días y horas. En él dijimos que a la palabra “industria” pueden darse las siguientes signifi-caciones :

“Industria es el conjunto de las operaciones mediante las cua-les el hombre modifica y apropia para su uso las materias de que no podría servirse en su estado natural, en cuyo sentido se opone la industria a la agricultura y al comercio * * ocupación o tra-bajo que se emplea en la agricultura, fábricas, comercio o artes me-cánicas.” Diccionario Salvat, Tomo V, página 770.
“La ciencia económica obra lógicamente al limitar el significado de la palabra ‘industria/ asignándola solamente al estudio del hombre como productor inmediato de riqueza y no al hombre como ser activo en general, al hombre en el ejercicio de todas sus facul-tadas * * * y no es raro por lo tanto que se emplee la palabra industria para designar la totalidad, el conjunto del trabajo hu-mano, sin distinción de especies en la infinita variedad de sus apli-caciones * * *. Se da también a la voz industria una acepción' que no admite la ciencia económica para evitar una confusión y un error. En efecto, con gran frecuencia se emplea esta palabra como siñ'óiiirha de ‘trabajo/ cuando en realidad tienen estos dos términos significaciones claramente distintas. Se entiende por trabajo el ejer-cicio pn.ro y simple de las fuerzas físicas o de las facultades intelec-tuales del hombre: así, pues, cuando basta el empleo de estas fuer-zas o facultades para producir riqueza, puede indistintamente de-cirse que el hombre trabaja o que ejerce una industria, mas esto pocas veces ocurre: casi siempre, para producir, es necesario no sólo el trabajo sino el concurso del capital y todos los agentes na-turales. La producción es, pues, la resultante de un conjunto de combinaciones de las cuales el trabajo no es sino uno de los elemen-tos. A este conjunto de combinaciones es al que se llama indus-tria.”, 'Diccionario Enciclopédico, Iíispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes. Montaner & Simón, Editores, Barcelona. Tomo 10, página 864.
“IndustRia.- — La ocupación o el trabajo que se emplea en la agricultura, artes, fábricas y comercio * * *. La ciencia, habi-lidad y destreza que tiene una persona en el ejercicio de la pro-fesión arte u oficio a que se dedica.” 3 Escriche, Diccionario de Legislación, 230.
“INDUSTRIA: — Trabajo productivo; específicamente, trabajo rea-lizado en la fabricación, industria o manufactura * * *.” Century Dictionary, Yol. IY, 3071.

En ese caso después de tener en cuenta esas definiciones, una sentencia que declaraba que un barbero es un mecánico, que dentro de la ciencia económica una barbería puede ser un establecimiento industrial si se acepta el sentido más lato que se da a la palabra industria, que el barbero ejerce una industria mecánica, que las excepciones contenidas en la ley demostraban la intención en la legislatura de no dar en ella a la palabra industria la sola acepción que tiene en la ciencia económica sino cualquiera otra más lata en armonía con los fines que perseguía y que en otra ley posterior inmediata se incluyeron las barberías a los efectos de pagar contribución por patentes industriales y de comercio, llegó esta Corte Su-prema a la conclusión de que las barberías eran estableci-mientos industriales a los efectos de la ley sobre cierre que entonces se consideraba. " '

El caso que resolvemos abora, no se baila en las condi-ciones del que acabamos de mencionar y por tanto no podemos llegar a la misma conclusion qne entonces alcanzamos. No hay excepciones ni palabra alguna en la ley de pesas y me-didas por la que pueda llegarse a la conclusión de que la in-tención de la legislatura fue la de' que la palabra industria se aplicara en su sentido más lato y no en el que tiene en la ciencia económica, ni existe otra ley relacionada con aquella que pueda darnos a conocer esa intención. Para que pueda decirse que se ejerce una industria es necesario que exista algo más que el simple ejercicio de la fuerza física que repre-senta el coger el fruto pendiente de un árbol, como el café en uva de los cafetos, por lo que no podemos declarar que la mera recolección de los frutos pendientes sea una industria aunque puede ser que ese acto reunido a otros posteriores de inteligencia para modificar o mejorar el producto recdgido pueda constituir en conjunto una industria, en cuyo sentido puede llamarse industria cafetera, por ejemplo, a la siembra, recolección y preparación para el comercio del café, pero la recolección del fruto solamente, repetimos, no es una industria sino un trabajo agrícola.

Por consiguiente, el hecho de usar el apelante para pagar a los cogedores de café en uva de la finca que administra una medida distinta de las ordenadas por la ley para transaccio-nes industriales y comerciales no cae bajo las disposiciones de la ley por cuya infracción se le castigó, aunque el Regla-mento de 20 de octubre de 1914 haya dispuesto que en la re-colección y traspaso del café en uva.se usen las medidas or-denadas por la ley para transacciones industriales o comer-ciales, ya que la ley nada dispuso para la recolección de frutos.'

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra ab-solutoria.

Revocada la sentencia apelada y absuelto él acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cisco, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por delito de infracción a la Ley de Pesas y Me-didas.
    No. 1175.
    Resuelto en julio 17, 1917.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1171, El Pueblo v. Beauchamps, p. 602. ‘
    Abogado del apelante: Sr. José D. Rodríguez.

    Abogado del apelado: Sr..Salvador Mestre, Fiscal.

   Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro Al-drey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asocíalo Sr. Audrey,

text:
    Turner, Demandante y Apelante, v. Concejo Municipal de San Juan, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de confiscación de fianza y daños y perjuicios.
    No. 1617.
    Resuelto en julio 17, 1917.
    Contrato — Interpretación de Contratos. — Las palabras consumo mensual apr.oxi- _ mado equivalen a las de “poco más o menos” que se interpretan permitiendo un pequeño exceso o deficiencia proporcionada a la cantidad total.
    Id. — Cumplimiento de Contrato — Suministro de Artículos — Confiscación de Fianza. — Cuando en un contrato para el suministro de algún artículo durante un año se consigna que el consumo mensual aproximado es de determinada can-tidad y durante los cuatro primeros meses se entrega un 8 por ciento más de la cantidad total correspondiente al año, calculada por el consumo aproximado de un mes, se declara que está cumplido el contrato por el rematista, que no tiene obligación de seguir suministrando el artículo por el resto del año, y que fué ilegal confiscarle la fianza que prestó en garantía del cumplimiento de su contrato,.
    Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    El apelado no compareció.
   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Asocíalo Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de San Juan verificó una subasta en 22 de junio de 1914 para el suministro de varios artículos para el ganado destinado a la limpieza pública durante el ejercicio de 1914 a 1915, haciendo constar que mensualmente el con-sumo aproximado del heno era de 3,880 kilos. El suministro del beno fué adjudicado al Sr. John M. Turner mediante cierto precio por los 46 kilos, quien depositó una fianza de $100 a favor del municipio para garantizar el cumplimiento de su obligación. Desde el día Io. de julio al 22 de octubre de 1914 dicho rematista entregó los pedidos de heno que se le hicieron, ascendentes a 50,408% kilos, y entonces escribió una carta al Alcalde manifestándole que había suministrado ya mayor can-tidad que la estipulada y se negó a facilitar más. En vista de esto el concejo municipal, teniendo en cuenta el informe de su abogado según el cual, negándose el contratista a proveer el artículo citado a precio de subasta procedía confiscarle la fianza con rescisión del contrato para una nueva subasta por lo que restaba del año, acordó la rescisión del contrato y la confiscación de la fianza que tenía prestada el Sr. Turner.

Después de esto, el Sr. Turner estableció este pleito para ■recobrar del municipio los $100 de su fianza más $2,000 que alegó haber sufrido de perjuicios por habérsele causado, se-gún dice la demanda, grave daño en su buena reputación co-mercial al consignar en un documento público que él se ne-gaba a cumplir su contrato. Dictada sentencia declarando sin lugar la demanda, interpuso.el presente recurso de ape-lación.

Entendemos que el demandante cumplió sn contrato. Si en éste Se Rubiera expresado únicamente que tenía que su-ministrar al municipio para su ganado el Reno que consu-miera durante el año económico de 1914-1915, entonces estaría obligado a entregar cualquier cantidad, poca o mucRa, que consumiera dicRo ganado durante todo el año; pero en el contrato se expresó que el consumo mensual aproximado de Reno era de 3,880 kilos, y en estas condiciones el contrato la obligación del contratista era la de suministrar esa cantidad multiplicada por los doce meses del año, o sea 46,560 kilos y algún tanto por ciento razonable mayor o menor en vista de que el cálculo mensual era aproximado. El contratista entregó durante los primeros cuatro 'meses no solamente los 46,560 kilos calculados para el año sino además un exceso de 3,848% kilos, exceso que equivale a poco más de un 8 por ciento de aquella cantidad. De continuar los pedidos en la propor-ción en que ’se Ricieron durante los cuatro primeros meses Rubiera tenido que entregar durante todo el año la cantidad de 150,'209 kilos o sea algo más de tres veces la cantidad cal-culada.

Las palabras usadas en el contrato, “consumo mensual aproximado” equivalen a las palabras “poco más a menos,” usadas frecuentemente en los contratos y para estos casos se Ra declarado que serán interpretados generalmente de modo ■que permitan un pequeño exceso o deficiencia proporcionada a la cantidad que en el mismo se menciona, y que un 5 por ciento de más o de menos es un límite razonable de deficiencia. Words and Phrases Judicially Defined, vol 5, p. 4583. Ha-biendo entregado el demandante durante cuatro meses más de un 8 por ciento entendemos que cumplió con su contrato y que no estaba obligado a seguir suministrando más Reno porque entonces Rubiera sido el tanto por ciento de exceso irrazonable, alrededor de un 200 por ciento. ■ Si el municipio se equivocó en sus cálculos del consumo mensual de Reno para su ganado no puede obligar al contratista que Rabia de faci-litarlo a sufrir las consecuencias de su equivocación j[ fue improcedente la confiscación de su fianza.

En cuanto a los daños reclamados no existe en los autos prueba alguna de que sufriera ningún perjuicio pecuniario.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra, condenando al Municipio de San Juan a devolver al deman-dante los $100 de la fianza que le confiscó, sin especial con-dena de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra ; condenando al demandado a devolver al de-mandante la fianza que le confiscó, sin espe- ■ cial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso: lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Gay, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de infracción de la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 189.
    Resuelto en julio 19, 1917.
    Oertiorari — Infracción de la Ley de Pesas y Medidas — Delito Menos Grave— Misdemeanor — Juicio por Jurado. — Guando un peticionario en recurso .do certiorari para que s$ anule uña orden que le negó el privilegio a un juicio por jurado en causa por el delito menos grave (misdemeanor) de infracción de la Ley de Pesas y Medidas, a que alega tener derecho de acuerdo con lá Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que rige en Puerto Kico por razón de la Ley Jones, no muestra claramente su derecho, en ausencia . de una convicción de que le abona un derecho diáfano (clear right), por existir indicios de consideración de qué el delito menos grave de que se le acusa será úna falta insignificante de las que en la ley común no dán al acusado' el derecho-a un juicio por jurado, el auto debe ser anulado, sin perjuicio desde luego del derecho que tiene de presentar la misma cuestión en apelación, caso de que sea juzgado y hallado convicto.
    Abogado del peticionario: Sr. Francisco González.

    Abogado del demandado: Sres. Howard L. Kern, Attorney General, Salvador Mestre, Fiscal, y George L. Brengle, Oficial Jiorídico del Departamento de Justicia.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario en el acto de la lectura de una acusación por un presunto delito contra las leyes de Puerto Rico en la Corte de Distrito de Humacao presentó una solicitud pidiendo un juicio por jurado y habiéndosele negado ese privilegio, acudió'a esta corte con una solicitud para que se expidiese un auto de certiorari. La teoría sobre la que descansa la solici-tud es que la Constitución de los Estados Unidos está en vigor en Puerto Rico y que, por lo tanto, el peticionario tiene derecho a un juicio por jurado por razón de la Sexta Enmienda, que reza como sigue::

. u“En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará dél de-recho a un juicio rápido y público, por un .jurado imparcial del Estado y distrito donde el delito fuere cometido, distrito que de-berá haberse designado previamente por la ley, y de ser informado Respecto a. la -naturaleza de la acusación; de carearse con los tes-tigos adversos; .de obtener testigos en su favor mediante procedi-mientos compulsorios, y gozar del beneficio de un abogado en su «defensa.”

x-. Puesto que hemos sostenido que, por razón de la Ley "¿Fortes la Constitución de los Estados Unidos es aplicable a Puerto Rico, surge la cuestión de si el delito de que se acusa .al. peticionario necesariamente le da derecho a un juicio por jurado. . En el'caso de Callan v. Wilson, 127 U. S. 554, et seq., "M'Corte Suprema de los Estados Unidos apunta la existencia 'fj,$ un. número dé delitos insignificantes o faltas que pueden ¡ser--juzgados sin la-concurrencia de un jurado. En el de Schick v. United States, 195 U. S. 65, la corte reconoce también qne pueden seguirse procesos por pequeñas infracciones* de ley sin la intervención del jurado. Véanse también 16 R. C. L. 201, nota 12; Pearson v. Wimbish, 52 S. E. 753; Natal v. Louisiana, 139 U. S. 621 y notas; 23 A. S. R. 581; 25 A. S. R. 887.

En el caso que ante nosotros pende, el peticionario fué acusado de infracción a la sección 15 de la Ley de Pesas .y Medidas, en relación con la sección 20 de la misma ley, las cuales dos secciones transcribimos:

“Sección 15. — Ninguna persona dará, o permitirá que se dé, nin-gún peso o medida falto o incompleto en la venta o traspaso de ar-tículos, efectos o mercancías y ninguna persona usará, o permitirá que se use, ninguna pesa o medida falsa en ninguna transacción industrial o comercial, como base para fijar el precio o pago en la venta, traspaso o transporte de cualesquiera artículos, efectos o mer-cancías.”
“Sección 20. — Toda persona que infrinja cualquiera de las pre-cedentes disposiciones de esta ley o de las reglas y reglamentos pres-critos en cumplimiento de la misma, y toda persona que,' como pa-trono, o como oficial, director, accionista, o agente de cualquier' corporación, o como miembro de una razón social o compañía, o de otro modo, disponga, ordene, permita o consienta cualquiera infrac-ción de las precedentes disposiciones de esta ley o de dichas reglas o reglamentos, será considerada culpable de un delito menos grave (misdemeanor), y convicta que fuere en una corte de jurisdicción competente, será castigada por la primera falta con una multa máxima de cincuenta dólares o con prisión que nq exceda de cincuenta días, y por la segunda falta, con una multa no .menor de cincuenta dó-lares, ni mayor de doscientos cincuenta dólares, o con prisión por un término no mayor de noventa días, y por las subsiguientes fal-tas, con una multa que no sea menor de doscientos dólares ni mayor de quinientos dólares, y con prisión por un término que no sea mayor de un año.’”-

- Abora, existen indicios de consideración de que el delito menos grave (misdemeanor) penado por estas secciones será una falta insignificante, de. las que en la ley común no dan al acusado el derecho a. un juicio por jurado. El caso, por rá-zón de la principalísima cuestión constitucional; que se acaba de resolver en el caso de Muratti v. Foote, no ba sido debida-mente argumentado ante esta corte, y le incumbía al peti-cionario mostrar claramente su derecho. En ausencia de una convicción de que al peticionario le abona un derecho diáfano (olear right) el auto debe ser anulado, sin perjuicio, por su-puesto, del derecho que tiene a presentar la misma cuestión en la apelación, en caso de que fuese juzgado y hallado con-victo.

El auto debe ser anulado.

Desestimada la solicitud y anulado el auto es-pedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente dé la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del artículo 93 del Código Penal.
    No. 1164.
    Resuelto en julio 19, 1917.
    Poder Ejecutivo — -Negligencia en el Cumplimiento de Obligaciones — Salida de Presos sin Custodia. — Un alcaide de cárcel que voluntaria o negligente-mente permite a un preso salir sin la custodia de un carcelero o policía, falta de este modo al cumplimiento de su deber y es culpable de'una infracción del artículo 93 del Código Penal.
    Abogado del apelante: Sr. Mánuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados ^en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se imputó al apelante que, siendo alcaide de la cárcel de Grürabo,' permitió a várias personas, que sé men-ció nan en la acusación, salir fuera de la cárcel a distintas horas del día y de la noche, sin la cnstodia de nn policía o car-celero ; faltando de este modo al cumplimiento de los deberes impnéstosle por la ley. El apelante no hizo alegato y por tanto de los antos no aparece nna exposición de ’errores. Sin embargo, en el acto de la vista, estnvo representado por abogado, qnien insistió en que no fné probado el caso contra el acusado, principalmente porque el apelante, al tiempo del supuesto de-lito, estaba enfermo e imposibilitado para atender a sus de-beres. Se alegó también que no hubo muy estricta disciplina y que como el alcaide en propiedad estaba preso temporal-mente el propósito fue tener un substituto nominal. Sin embargo, hubo amplia prueba de los actos imputados en la acu-sación, la cual tendía a establecer una infracción del artículo 93 del Código Penal que es como sigue:

“Toda persona que, ocupando un empleo público, obstinadamente rehusare o descuidare cumplir las obligaciones de dicho empleo, o que infringiere cualquiera disposición legal relativa a sus obligacio-nes o las de su cargo y para lo cual no se hubiese señalado otra pena, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5,000) dollars, o cárcel por el término máximo de un año, o> en ambas penas.”

Este precepto es muy amplio y quizás alguna violación literal del mismo no podría ser castigable, pero los actos deter-minados referidos han estado siempre sujetos a ser perse-guidos. Cuando un alcaide voluntaria o negligentemente permite a un preso salir sin custodia él es culpable de un abuso de su cargo. 29 Cyc. 1449, título Officers; 35 Cyc. 2006-07, nota 71, título Sheriffs and Constables; 16 Cyc. 540 et seq., tí-tulo Escape. Aun cuando hay fijados en el código castigos más severos por fuga voluntaria, una negligencia de esta clase puede ser propiamente considerada como comprendida en el artículo 93. La defensa de enfermedad, como aparece del récord, fué sometida a la corte inferior, que no la tomó en consideración sino que declaró culpable al acusado del delito, y lo sentenció a un año de cárcel. La prueba demuestra que la negligencia fué flagrante y que los presos estaban en notoria libertad.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado SR. Aldkey,

text:
    Santisteban, Chavarri & Co., Sucs., Demandantes, Apelantes y Apelados, v. Sucesión Godoy, Demandada y Apelada, y Gutiérrez, Interventor, Apelante y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1579.
    Resuelto en julio 19, 1917.
    Embargos — Anotación de Embargos — Preferencia.—El artículo 71 de . la Ley-Hipotecaria se refiere al caso en que anotado un embargo el dueño vendiese posteriormente la finca embargada. Su objeto es declarar que la anotación de uno o de varios embargos no priva al dueño de disponer de su derecho de propiedad o de gravarla, aunque el adquirente del dominio o del dere-cho real queda sujeto a las consecuencias de la adquisición bajo las condi-ciones mencionadas en dicho artículo. Pero ese precepto no tiene aplica-ción a un caso en que un segundo anotante trata de recobrar del primero las cantidades mencionadas en la anotación de su embargo, so pena de que se cancele la inscripción de dominio del primero, porque eso seria recono-cerle una preferencia que la anotación por sí misma no le da.
    Id. — Id.—Cuestiones no Suscitadas en la Corte Inferior. — Aun cuando el se-gundo embargante discute en esta apelación defectos que alega existen en el diligeneiamiento del embargo del primero, así como la preferencia que tiene sobre éste según el artículo 44 de la Ley Hipotecaria para cobrarse con la finca que ambos embargaron, se prescindirá de estas cuestiones porque no habiéndose levantado en la corte inferior no pueden variarse en apelación los términos del debate judicial.
    Costas y Desembolsos — Honorarios de Abosado — Discreción Judicial. — Como la imposición del pago de costas, desembolsos y honorarios de abogados es discrecional en la corte inferior, si no se demuestra que abusara de esa dis-creción, no se alterará su resolución' sobré el particular.
   Los becbos están expresados en la opinión.

Abogados de los demandantes: Sres. José y Manuel Tous Soto.

Abogado del interventor: Sr. Garlos Brunet del Valle.

La sncesión demandada no compareció.

El Juez Asociado SR. Aldkey,

emitió la opinión del. tribunal.

Pablo Gutiérrez siguió un pleito en cobro de pesos contra la .Sucesión de Rodrigo Godoy, • obtuvo orden de asegura-miento de la sentencia que en definitiva se dictase, anotó en el registro de la propiedad el embargo de una finca de los de-mandados y posteriormente se dictó sentencia a su favor por la cantidad que reclamaba.

En este estado las cosas Santisteban; Chavarri & Co., Sues., demandaron también a la Sucesión de Rodrigo Godoy en cobro de pesos, se decretó el embargo de bienes y lo anotó en el registro en la misma finca anotada a favor de Gutiérrez.

Rematada posteriormente la finca por Gutiérrez y habién-dosele adjudicado para el pago de su deuda presentó la mer-cantil Santisteban, Chavarri & Co., Sues., moción en su pleito pidiendo que puesto que iba a sacar a remáte la finca de los demandados para cobrarse la sentencia que había obtenido, de conformidad con el artículo 71 dé la Ley Hipotecaria, se no-tificase a Pablo Gutiérrez actualmente dueño de ésta que se va a proceder al anuncio de la venta de ella en subasta pública para que en el término de diez días pueda liberarla pagando las cantidades consignadas en la anotación de embargo dél peticionario, apercibido de cancelarse su inscripción de do-minio si no lo verifica.

Señalado día para oir a Pablo Gutiérrez sobre las razones que tuviera para que no se accediera a lo solicitado, compa-reció en ese pleito, se opuso a la moción y la corte resolvió desestimar la moción de Santisteban, Chavarri & Co., Sues., sin especial condena de costas.

Esta resolución ha sido apelada por dichas dos partes, li-mitándola Gutiérrez a la parte que no le concedió las costas, desembolsos y honorarios de su abogado.

w Aim cuando Santisteban, Chavarri & Co., Sues., discuten en esta apelación defectos que, según ellos, existen en el dí-ligenciamiento del embargo de Gutiérrez, como esta cuestión no fué planteada en la corte( inferior por su moción, prescin-diremos de ella porque no pueden variar en la apelación los términos del debate judicial, cambiando esencialmente los hechos determinantes de sú petición e invocando ahora mo-tivos que no invocaron en su moción (Sucesores de Orcasitas v. Sucesores Orcasitas, 21 D. P. R. 120).

La cuestión realmente suscitada por la moción de Santis-teban, Chavarri & Co., Sues., es si habiendo anotado su embargo en el registro con posterioridad al de Gutiérrez y a la sentencia de éste, tiene derecho de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Hipotecaria a que el que adquirió la finca después de aquella anotación le pague las cantidades en ella mencio-nadas, so pena de que se cancele su inscripción de dominio.-

El artículo en que se funda la moción en lo necesario, dice así:

"Artículo 71. — Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.
"Si los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventiva-mente, a tenor del artículo 42, números 2o. y 3°., fuesen adjudica-dos al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en público, se notificará la adjudi-cación o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos. ■
■. "Dicha notificación deberá .practicarse a instancia del actor, dic-tada que seá la sentencia firme de adjudicación o antes de verifi-carse el remate en el procedimiento de apremio, debiendo observarse lo que'prescriben los artículos 260 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en las Antillas, 244 al 253 de la que rige en Filipinas.
"Hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, po-drá, el notificado librar los bienes de que se trate, pagando la can-tidad consignada en la- anotación para principal y costas, sin que se. entienda obligado a satisfacer por este último concepto mayor sumá <jue la consignada en lá anotación. Si' no lo hiciere en el tér-mino'de-diez días se procederá a cancelar en el registro la inscrip-ción de su dominio, así como cualquiera otra que se hubiere ex'ten-dido después de’ la anotación, a cuyo efecto, y a instancias del rema-tante o del adjudicatario, se despachará el oportuno mandamiento al registrador de la propiedad.”

* * * * # , * *

Este artículo se refiere el caso en que anotado un embargo el dueño vendiese posteriormente la finca embargada. En los Comentarios que de él hacen los Sres. G-alindo y E seo sur a, tomo segundo, página 652, edición tercera de 1899 se dice: “Es consecuencia del carácter provisional dé las anotaciones, el que en general no impidan que la persona que ha inscrito a su- favor el inmueble o derecho anotado pueda ejercer los actos de dominio que tenga por conveniente; si bien aunque esos actos se inscriban en el registro, no perjudicarán el de-recho anotado.” Su objeto es.declarar que la anotación de uno o de varios embargos no priva al dueño de disponer de su derecho de propiedad o de gravarla, aunque el adquirente del dominio o del derecho real quedará sujeto a las consecuencias de una adquisición en tales condiciones, que son las menciona-das en tal artículo. Pero ese precepto no tiene aplicación a ca-sos como el presente en que el anotante trata de recobrar del anterior las cantidades mencionadas en la anotación de su embargo, porque sería reconocerle una preferencia que la anotación por sí misma no le da. El acreedor que obtenga anotación a su favor, dice el artículo 44 de la Ley Hipotecaria, entre otros casos para asegurar la efectividad de la senten-cia, será preferido en cuanto a los bienes anotados solamente, a los que tengan contra el mismo deudor otro crédito con-traído con posterioridad a dicha anotación. Por tanto si Santisteban, Chavarri & Co., Sues., a pesar de ser anotantes posteriores a Gutiérrez, han de tener preferencia a éste para cobrarse con la finca que ambos embargaron, es cuestión para ser resuelta discutiendo si el crédito del segundo anotante es preferente al del primero, cuestión que no surge de la pe-tición que hizo dicha mercantil, basada únicamente .en su ano-tación posterior, según los hechos que expuso y la cita legal que hizo del artículo 71 de la Ley Hipotecaria. . Lo que en verdad pretende dicha apelante es, que en la forma, en que hizo la moción, se resuelva nna cuestión de preferencia no planteada por la parte. Si el artículo 71 citado u otro pre-cepto legal dijera que la anotante de un embargo tiene dere-cho a que los anotantes anteriores le paguen las cantidades consignadas en su anotación de embargo, so pena de perder la finca que adquirieron como consecuencia de su anotación y compra posterior para satisfacer el crédito anotado, en-tonces tendría razón el apelante a que venimos refiriéndonos y debería revocarse la resolución apelada. Si dicha mercan-til cree que a pesar de haber anotado su embargo después de Gutiérrez tiene preferencia sobre éste para cobrarse con la finca embargada, tendrá que plantear claramente la cuestión en este terreno y no amparándose en el artículo 71 de la Ley Hipotecaria que no tiene aplicación a la que promovió por su moción.

En cuanto a la apelación de Pablo Gutiérrez, como la im-posición del pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado es discrecional en la corte inferior y no se nos ha demostrado que abusara de su discreción, no alteraremos su resolución en este particular.

La resolución apelada debe ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Mariani, Demandante y Apelante v. Porto Rico Express Company, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios por ' persecución maliciosa.
    No. 1640.
    Resuelto en julio 20, 1917.
    Persecución Maliciosa — Consejo de Abogado. — La ley protege a una persona contra una acción civil por persecución maliciosa si antes de denunciar a otra hace una relación completa y razonable de todos los hechos a un abo-gado que está en el ejercicio activo de su profesión y es de buena reputa-ción, y dicho abogado de buena fe informa al cliente que tiene motivos para hacer arrestar a la persona que lo ha ofendido.
    Ahogado del apelante: Sr. Carmelo Honoré.

    Abogados del apelado :• Sres. Texidor y Martínez Alvarez.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de daños y perjuicios por persecución ma-liciosa. El demandante era empleado de la demandada. De-sempeñaba el cargo de mensajero abordo del tren No. 3 de la American Railroad Company y tenía la misión de atender a la conducción de los efectos y mercancías encargados a la demandada. Cierta máquina de escribir que se dice entre-gada al acusado como tal empleado de la demandada, no llegó a su destino. Se practicaron investigaciones y no pudo en-contrarse, y entonces la demandada, actuando según el de-mandante, sin causa probable y con intención maliciosa, y según ella con causa suficiente y después de haber consultado a su abogado, denunció al demandante como autor de un de-lito de abuso de confianza. Por virtud de la denuncia se le arrestó; luego fué acusado por el Fiscal, y finalmente juz-gado por un jurado, que rindió un veredicto de nó culpable, y absuelto por la corte.

Celebrada la vista, la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, con las costas a cargo del demandante.

En su opinión, la corte sentenciadora se expresó así: una regla generalmente establecida que en acciones por persecución maliciosa el demandado puede establecer una defensa completa de causa probable demostrando que sometió a su abogado una relación de los hechos con respecto a la culpabilidad del acusado y que de buena fe recibió instrucciones para establecer la querella, la que formuló después de acuerdo con dichas instrucciones. 26 Cye. 31; Sandell, v. Sherman, 107 Cal. 391; Jones v. Jones, 71 Cal. 89; Levy v. Brannan, 39 Cal. 485; Johnson v. Miller, 69 Iowa 562.

“A juicio nuestro mediaron circunstancias en este caso que pu-dieron inducir a la corporación demandada a creer de buena fe en la culpabilidad del demandante. De la prueba practicada resulta que la corporación demandada, por medio de su representante y superintendente consultó el caso, exponiéndolo en su totalidad a su abogado Sr. Texidor, quien entendió que se trataba de un abuso de confianza del que era culpable Mariani' y que procedía hacer la denuncia. Esta denuncia se llevó a cabo y. el Fiscal formuló acu-sación y llevó el caso a juicio, saliendo absuelto el demandante. Es

“Piemos examinado detenidamente toda la prueba practicada y entendemos que en este caso no debe dictarse una sentencia en contra de la parte demandada, porque no se ha probado por el deman-dante la malicia y la falta de causa probable.”

Hemos examinado las alegaciones y las pruebas y encon-tramos justificadas las conclusiones del tribunal sentenciador. En tal virtpd y vista la jurisprudencia establecida por esta misma Corte Suprema en el caso de Torres v. Ramírez, 24 D. P. R. 876, debe declararse sin lugar el recurso.

La jurisprudencia sentada en el caso de Torres v. Ramírez, supra, y que abora se ratifica, es como sigue:

“La ley protege a una persona contra una acción por persecu-ción maliciosa si antes de denunciar a otra hace una relación com-pleta y razonable de todos los hechos a un abogado que está en el ejercicio activo de su profesión y es de buena reputación, y dicho abogado de buena fe informa al cliente que tiene motivos para hacer arrestar a la persona que le ha ofendido.”

Y la prueba con respecto a la consulta resulta de las decla-raciones de William J. Salvá, superintendente de la compañía demandada, y del mismo abogado Sr. Texidor, así:

WilUam J. Salvá. * * * “Q¡ue con los datos obtenidos por el inspector, Sr. Busquéis, y la policía, se presentó el caso al abo-gado de la compañía Sr. Texidor y éste creyó que podía denunciar al Sr. Mariani, y así lo hizo * * *. Que consultó con el abo-gado de la compañía Sr. Texidor después de resumir todos los da-tos, y se les expuso todos, y el abogado creyó que el caso era de de-nunciar a Mariani.”
Jacinto Texidor. “Que es abogado en ejercicio en Puerto Rico desde el año 1894, sin que jamás haya sido objeto de corrección alguna por las cortes; que es abogado de la Puerto Rico Express Company bace tres o cuatro años; que en este caso el Sr. Salvá por dicha compañía le consultó, y le expuso todos los anteceden-tes, y los documentos, manifiesto firmado por Mariani, cartas de éste, contestaciones del mismo, investigaciones y resultado de las mismas, y adquirió la creencia honrada y firme de que Mariani se ha-bía apropiado la maquinilla o había dejado que otro se la apropiara por él; 'que aconsejó la denuncia para que se castigara al culpable. * * *. Que en su conciencia creyó y sigue creyendo que Ramón Mariani actuó de una manera, no como era su' deber sino con mo-tivos bastantes para sospechar que él era el autor de la sustracción toda vez que ni siquiera notificaba la pérdida; que por su experien-cia sabe que los mensajeros del expréss cuando pierden un bulto y el manifiesto no concuerda con el número de bultos que entregan, notifican desde la estación próxima por teléfono la pérdida ocurrida. ’'

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


text:
    Hijos de J. Bird León, Demandantes y Apelados v. Luiña, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito .de Humacao en pleito sobre injunction.

    No. 1638.
    Resuelto en julio 20, 1917.
    Injunction — Demanda Suficiente — Servidumbre de Paso — Inscripción en el Begistro. — No es necesario que se alegue en una demanda de injunction para que se respete una servidumbre de paso sobre la finca que en arrendamiento posee el demandado, que el derecho del demandante consta inscrito en el registro, si se consignan en ella otros hechos demostrativos de su existencia.
    Servidumbre de Paso — Otra Salida del Predio Dominante. — El hecho de que el predio dominante tenga otra salida para la conducción de sus productos sin necesidad de pasar por el predio sirviente, no es obstáculo para que el dueño del predio dominante continúe pasando por el predio sirviente, si tal dere-cho le fué debidamente concedido por el dueño del último.
    Arrendamiento — Carga o Gravámenes — Tercero—Servidumbre de Paso.. — La circunstancia de que en un contrato de arrendamiento de finca rústica se consigne que sobre la finca arrendada no pesa carga ni gravamen alguno, no hace del arrendatario un tercero a los efeetos del reconocimiento de.una ser-vidumbre de paso impuesta a dieha Anea por el dueño de ella, tanto más cuando como en este caso consta claramente del registro la existencia de la servidumbre.
    Abogado del apelado: Sr. Antonio R. Barceló.

    Abogado del apelante: Sr. Juan Gregory.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Hijos de J. Bird y León, una sociedad regular colectiva con domicilio en Fajardo, entabló una demanda de injunction contra Constantino Luiña, a los efectos de obligarle a respe-tar cierta servidumbre de paso existente a favor de una finca de la sociedad demandante sobre otra finca que tenía arren-dada Luiña. Luiña reconoció que había impedido el paso, pero alegó que si así había actuado, se debía a que en realidad no existía la servidumbre. Se celebró el juicio; ambas partes practicaron sus pruebas y la corte decidió el pleito en favor dé los demandantes. El demandado entonces interpuso el presente recurso de apelación.

El alegato de la parte apelante es largo y confuso. Puede deducirse de él que se señala la comisión de los siguientes errores:

1, Que no procede un injunction para pedir que se deje expedito un camino, cuando de la faz de la petición no aparece el derecho del predio dominante inscrito; 2, que no puede prosperar una petición de injunction en la cual no se especi-fican con absoluta claridad los daños y perjuicios; 3, que la prueba del título de la servidumbre fuá insuficiente ;• 4, que el injunction no procedía porque se demostró la existencia de otro camino; 5, que no se probó la identidad del predio,do-minante, y 6, que el demandado es tercero.

1. No es necesario que el derecho del demandante aparezca inscrito en el registro, si se alegan en la demanda hechos su-ficientes demostrativos de su existencia. Además, en este caso si bien no se inscribió la servidumbre de la manera pres-crita en la Ley Hipotecaria, es lo cierto que de los libros del registro consta de modo tan claro la realidad del gravamen, qne no obstante lo en contrario consignado por el registrador en uno de los asientos relativos a la finca, nadie puede llamarse a engaño.

El mismo demandado presentó como prueba una certifi-cación expedida por el Registrador de Humacao de la cual aparece que en 3 de julio de 1878 don Federico Guzmán ven-dió una finca de 28 cuerdas a don José Antonio Arrieta, con-signándose en la escritura de venta y en su inscripción- en el registro lo que sigue: “Verificada la venta de dicbo terreno con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, derechos y servidumbres entre los que reconoce el comprador Arrieta, con especialidad, la del camino que sobre el terreno comprado y lugar del matadero tiene su vendedor Guzmán para las en-tradas y salidas de su estancia, y que en todo tiempo se obliga a respetar. ’ ’

En seis de julio de 1898 Arrieta vendió la finca a Doña Diorata Cestary. En la escritura se expresó lo que sigue: “Cargas. Del título exhibido y manifestación expresa del vendedor la finca descrita se halla afecta a una servidumbre de paso o camino, por el sitio denominado matadero que el Sr. Guzmán se reservó al venderla, con objeto' de dar entrada y salida a otra finca contigua, * * La escritura se inscribió en el registro, en el que antes se había inscrito otra de hipoteca. Al hacerse la inscripción de la hipoteca, que fué la segunda relativa a la finca, no obstante referirse el registrador expresamente a la primera inscripción para decir que de ella constaban la descripción, linderos y demás cir-cunstancias, expresó lo que sigue: “No aparece afecta a carga alguna. ”

La finca de 23 cuerdas la tiene en la actualidad el deman-dado arrendada. La finca contigua de que se trata pertenece a los demandantes.'

2. Realmente la alegación de perjuicios irreparables de-bió hacerse con mayor claridad." Pero atendidas las circuns-tandas concurrentes, esto es, una servidumbre de paso de antiguo constituida, cerrada por el arrendatario del predio sirviente, obstaculizando así de modo inmediato los servicios del predio dominante, creemos que no debe por este motivo, dejarse sin efecto la obra ya realizada por la corte de distrito.

3. La prueba es suficiente a nuestro juicio. Además de lo consignado expresamente en la documentación relativa al predio sirviente y en las inscripciones de la misma en el re-gistro, se presentó una amplia prueba testifical para demos-trar que la servidumbre existía de muy antiguo. Entre los testigos que declararon está don Pedro Blanco, esposo de la dueña del predio sirviente, que reconoció sin vacilación de ninguna especie, la realidad de la servidumbre. Debe' acla-rarse bien que no es la dueña de la finca la que niega la ser-vidumbre. Es el arrendatario.

4. La prueba del demandado tendió a demostrar que la finca de los demandantes tenía otra salida para ir al pueblo. Parece que es así en efecto. Dando un rodeo y pasando por un camino vecinal podrían conducir los demandantes los pro-ductos de su finca al pueblo de Fajardo sin necesidad de pasar por la finca que tiene arrendada el demandado. Pero esto no empece para que los demandantes pidan el reconocimiento de su derecho que fué consignado en un documento público desde 1878 e inscrito en el registro de la propiedad. .

5. Hemos examinado la prueba y de toda ella en conjunto se puede concluir que la finca de que actualmente son dueños los demandantes, es la finca contigua a que se refería la es-critura de 1878.

6. El demandado no es tercero por el hecho de que en el contrato de arrendamiento se consignara que sobre la finca arrendada no pesaban cargas ni gravámenes. El es un simple arrendatario, apareciendo, además, clara del registro la exis-tencia de la servidumbre.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la. sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la resor lución de este caso. . ¡


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Casanovas y Compañía, Sucs., S. en C., Demandante y Apelante, v. Ramírez et al., Demandados y Apelados, e Irizarri et al., Interventores y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sohre desahucio.
    No. 1641.
    Resuelto en julio 20, 1917.
    Desahucio — Intervención—Prueba del. Carácter de Heredero — Declaratoria-de Herederos. — En un pleito de desahucio en que existe parte interventora que alega ser 'dueño de la finca de que se trata por haberla adquirido por herencia, es evidencia admisible para justificar el título de heredero de los interventores, certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción tenden-tes a dicho fin, sin que sea necesario presentar el auto de declaratoria de herederos para demostrar título a favor de los interventores.
    Id. — Conflicto de Títulos —■ Pleito Ordinario — Derechos de Propiedad. —¡- Cuando se trata de una verdadera cuestión de propiedad, de un conflicto de títulos, alegando el demandante que la finca le pertenece por haberla adqui-rido en subasta pública en un procedimiento judicial, y sosteniendo la parte interventora que le corresponde por título hereditario, no es un juicio .de ' desahucio, sino un pleito ordinario el procedimiento adecuado para discutir los derechos de propiedad de que las partes se crean asistidas.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Sábater:

    Abogados de los apelados: Sres. Horton é Arroyo.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre desahucio, procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. En la demanda alega la mer-cantil demandante Casanovas y Compañía, Suers., S. en C.i, con domicilio en la ciudad de Mayagüez, que es dueña de dos casas y cuatro ranchos de madera enclavados en un solar de la propiedad de Anais Cristy, radicado en dicha ciudad ; que los demandados Sandalio Bamírez y otros están detentando fa posesión * bitteriáí:: dé1 ;láS casáis- y ráfichóA éipresádós- sin título ni derecho para ello y sin pagar canon o merced alguna •á!>lá' démandáil'te^'y ’qué se niegan á desocuparlos a;pesar de haber sido requeridos para ello. ■ : ' ■

Los demandados contestaron la demanda negando en general los hechos de la misma; y después de esa contestación 4-ltagra.cia Irizarry y otros solicitaron, y obtuvieron permiso gle la corte, para presentar como presentaron, una demanda de intervención en la que ■ alegan en .sustancia que los interven-tores son dueños de las casas y ranchos de que se trata; que hubieron’ esos edificios por herencia de su anterior dueña Ma-ría de Jesús Irizarry quien los fabricó hace más de veinte años; que María de Jesús Irizarry falleció en septiembre 2, 19.07 en estado de soltería,-dejando por únicos herederos' a sus hermanas Altagracia e Isabel Irizarry y a’ cuatro sobrinos, hi-jos legítimos de Joaquina Irizarry, fallecida en 23 de noviem-bre de 1905; que Isabel Irizarry también falleció en 23 de diciembre de 1911, dejando por herederas a dos hijas legítimas; ¡que la interventora Altagracia Irizarry por sí y como manda-¡faria verbal de los demás interventores ha concertado con los -Remandados Sandalio Ramírez y otros un contrato de arren-damiento en virtud del cual éstos se encuentran en posesión de las casas y ranchos; y que la demandante jamás ha ad-quirido título alguno de dominio sobre las casas y ranchos ni ejercitado contra los interventores procedimiento alguno Judicial o extrajudicial para privarlos del dominio y pose-sión legítima en que se encuentran.

• ■' La mercantil demandante al contestar la demanda de in-tervención negó los hechos que la fundamentan y alegó ser la verdadera dueña- de las propiedades por haberlas adquirido, en pública subasta ante el márshal de la Corte Municipal de de Mayagüez en juicio seguido contra Inocencia Rivera sobre cobro de dinero.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 8 de enero de 1917 por la que, bajo el fundamento de que se introdujo suficiente prueba tendente a demostrar que existe realmente ain; verdadero., conflicto íde. títnl.0 entre, los litigantes,. decreta y /ordena, que se,desestime como desestima la demanda del actor .y .ordena: el sobreseimiento y. archivo; del .caso, con los. gastos, .•costas y desembolsos a cargo de la demandante.. .. .

Contra esa sentencia interpuso la representación de Casanovas & Compañía recurso de apelación para ante esta Corte .Suprema, y alega como motivos para sostener su recurso'los ■siguientes:

Xo; Que la corte inferior erró al admitir como prueba para .justificar el .título hereditario de los interventores,, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de los que aparecen interesados en- la' supuesta herencia, siendo como era necesa-rio. presentar un auto de declaratoria de herederos para que pudiera demostrarse título a favor de los interventores.

, ' ,2o. Que la corte inferior erró al no declarar que la deman-dante en virtud de su título que presentó de venta en pública subasta, era la dueña, de dichas casas hasta que su título no fuera anulado.

.Ciertamente que con. oposición de la parte demandante fueron admitidas como prueba a instancia de la parte inter-ventora una certificación del’ registro civil para demostrar que María de Jesús Irizarry falleció en Mayagüez el 2 de ■ septiembre de 1907 y otras certificaciones de nacimiento, de matrimonio y de defunción, todo con el fin de acreditar la ca-lidad de herederos de María de Jesús Irizarry por parte de los interventores, tomándose excepción por la parte deman-dante.

Opinamos que dicha evidencia era admisible, y para sos-tener esta opinión nos referimos a las decisiones recaídas en los casos de Morales v. Landrau, 15 D. P. R. 782, 796, Soriano v. Rexach, 23 D. P. R. 573, 583, y Fortis v. Fortis (pág. 69).

En cuanto al segundo fundamento del recurso, la parte demandante' presentó como prueba una escritura otorgada ante el notario licenciado José Sabater en 2 de noviembre de 1916, por la cual el márshal de la Corte Municipal de Maya-güez vendió a. la mercantil demandante los .edificios objeto del pleito a virtud de remate que hiciera dicha demandante ante esa corte municipal en 30 de noviembre de 1915, en caso seguido por la demandante contra Inocencio Rivera, sobre cobro de dinero.

Los interventores presentaron prueba documental y testi-fical tendente a demostrar que ellos son los legítimos here-deros de María de Jesús Irizarry; que ésta fabricó casas y ranchos allá por los años de 1890 a 1891 con recursos propios que estuvo en posesión de dichos, edificios hasta que falleció en septiembre 2, 1907, pagando hasta entonces las contribu-ciones al Tesoro Insular y a Anais Cristy los.arrendamientos de los solares en que radican; que al fallecimiento de la Ma-ría de Jesús Irizarry siguió encargado de la administración de dichas casas un tal Inocencio Rivera qúe había hecho vida común con ella; y que actualmente está en posesión’de los edificios la interventora Altagracia Irizarry.

Atendidos los méritos probatorios expuestos, no podemos llegar a la conclusión de que los-interventores posean én pre-cario, esto es, sin título ni derecho alguno, las casas y ranchos en cuestión. A la sociedad demandante solamente se le tras-pasó por la escritura de 2 de noviembre de 1916 todo título, derecho o interés que Inocencio Rivera tuviera en los bienes, rematados, y dicha sociedad no ha aportado prueba alguna para demostrar que el Rivera fuera el verdadero dueño. Los demandados, por el contrario, han suministrado prueba ten-dente a justificar que están poseyendo por título hereditario que trae su origen de María de Jesús Irizarry. El título de la sociedad demandante trae su origen de Inocencia Rivera. Se trata de una vérdadera cuestión de propiedad, de un con-flicto de títulos que ha de resolverse, no dentro de los sumarios trámites de un juicio de desahucio, sino dentro de las amplias oportunidades de un pleito ordinario en que ambas partes puedan discutir los derechos de propiedad de que se creen asistidos, según jurisprudencia ya establecida por varias de-cisiones de esta corte. Véanse los casos de Gonce v. Méndez, 7 D. P. R. 545; Pesquera v. Díaz, 8 D. P. R. 113; Landrón v. Saldaña, 8 D. P. R. 438; del Valle v. Andreu et al., 11 D. P. R. 415; Mehrhoff v. Rodríguez et al., 14 D. P. R. 59; Pesquera v. Fernández, 16 D. P. R. 235; Torres et al v. Pérez, 18 D. P. R. 573; Miranda v. Camerón et al., 19 D. P. R. 488; Delgado v. Pimentel et al., 20 D. P. R. 556; García v. Brignoni et al., 22 D. P. R. 356, y Gandía v. Cabán, 22 D. P. R. 833.

El caso de León v. Alvarado, 24 D. P. R. 700, que en su favor invoca la parte apelante, no-favorece su pretensión por ser dicho caso distinto del presente, como lo revela el estudio comparado de ambos. En el primer caso se trataba de ad-judicación de una finca becba a León en pleito contra Alvarado, siendo de éste dicba finca, mientras que en el caso actual fueron adjudicados los bienes a la sociedad demandante en juicio 'seguido contra Inocencio Rivera, sin que aparezca que éste sea dueño de ellos.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Colón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección Segunda, en causa por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 1185.
    Resuelto en julio 20, 1917.

      A cometimiento y Agresión oon Circunstancias Agravantes — Varón Adulto.— Las palabras "varón adulto” (adult male) contenidas en el No. 5 .de la sec-ción 6 de la ley de 10 de marzo de 1904, que hace con circunstancias agravantes un acometimiento o agresión cuando se cometiere en la persona de una mujer o niño, significan una persona mayor de veinte y un años; circunstancia que debe probarse en el juicio. Testigos — Prueba de Referencia Oontradiciéndolos. — El- Pueblo no debe pre-sentar. un testigo y sin demostrar sorpresa traer ante la eorte prueba, de referencia recriminándolo bajo pretexto de que existe contradicción.
    Abogado del apelante: Sr. Marcelino Romany.

    Abogado del apelado: iSr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los fiechos están expresados en.la opinión.'

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué denunciado por acometimiento y agresión con la circunstancia agravante expresada en el No. 5 de la sección 6 de la ley de 10 de marzo de 1904, la’ cual es como sigue: . . ■

. “Sección 6.- — Todo acometimiento o agresión será considerado con circunstancias agravantes en los siguientes casos:
# * # * . ■ # . . * *
“5. Cuando se cometiere por un varón adulto en la persona de una mujer o niño, o por una mujer adulta en la de un niño.”

Esta ley fué copiada de la de-Texas, Lange v. El Pueblo, 24 D. P. R. 854. En ese Estado las palabras “varón adulto” se lia' resuelto significan una persona mayor de veinte y un años. Shenault v. State, 10 Texas Ct. of App. 410; George v. State, 11 Tex. Ct. App. 95; Andrew v. State, 13 Tex. Ct.. App. 344; Davis v. State, 76 S. W. 466, y casos citados. La presunción ordinaria sería de que fiemos adoptado el esta-tuto con la interpretación que le. fian dado las cortes de Texas y, aun más, adult male (varón adulto) ordinariamente signi-fica en inglés una persona mayor de veinte y un años. La prueba-en este caso no demostró que el acusado era mayor de veinte "y uno. El hecho' de que un testigo en'los momentos de ocurrir la agresión protestara contra el que un fiombre le pegara a una mujer, no demuestra que. el acusado fuera mayor de .veinte y uno. Se hizo alguna referencia a niños que lloraban, pero la prueba no-demuestra que fueran, los hijos del apelante, aun si'el'tenerlos; fuera suficiente'paíá demos-trar que una persona es adulta.

El apelante también alega error por fiaberse permitido a un testigo declarar acerca de lo que la agredida manifestó al juez municipal. La agredida negó haber dicho al juez que el acusado le había pegado.' Sin haber intentado el. Gobierno demostrar que fuera sorprendido por la declaración de ella, ésta prueba de impugnación fué presentada. Hemos comen-tado inequívocamente esta clase de procedimiento en .el caso de El Pueblo v. Rojas, 16 D. P. R. 251, y, sin embargo, ni él juez de la corte inferior ni las partes en este caso parecen tener conocimiento de ello. E igual pronunciamiento se hizo en el caso de El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D. P. R. 263. El Gobierno no debe presentar un testigo, y sin demos-trar sorpresa, traer ante la corte prueba de referencia recri-minándolo bajo el pretexto de que existe contradicción.

Es innecesario hacer mención de los otros errores señala-dos. La sentencia debe ser revocada y el caso devuelto para la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison. .


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Bianchi, Demandante y Apelante, v. Pierazzi et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre tercería de mejor derecho.
    No. 1619.
    Resuélto en julio 20, 1917.
    Tercería de Mejor Derecho — Preferencia de Créditos — Cuestión AcadémicaPEn este caso el acreedor hipotecario poseía dos créditos contra el mismo deudpr y propiedad: el primero fué en su oportunidad inscrito en el registro, pero a pesar de estar vencido no lia sido ejecutado; y el otro, aunque otorgado eóh anterioridad a un embargo de un acreedor por sentencia contra el mismo deudor, fué presentado al registro tres horas después que la orden de embargo. Al anunciar el márshal la venta en ejecución de la sentencia, el acreedor hipotecario inició este pleito contra el acreedor por sentencia y el deudor qui'eÜ . ! está en posesión de la .propiedad, para que se declarara que sus hipotecas, la segunda de las cuales no está vencida aún, tienen preferencia sobre.el embargo. Se resolvió: que la cuestión sometida era académica.
    Id. — Obligación a Cumplir. — Es regla general que nadie puede estar sometido a un pleito con éxito, a menos que esté sujeto a alguna obligación para con el demandante, que haya dejado de cumplir.
    Ip. — Idea de la Misma. — La idea de una tercería de mejor derecho es la de que un derecho que actualmente se tiene y trata de ponerse en ejecución queda interrumpido por una persona que alega un mejor derecho.
    Tribunales — Cuestiones Especulativas o Abstractas — Controversias entre Partes. — Las cortes no están constituidas con el fin de resolver cuestiones de derecho especulativas y abstractas, o para' establecer reglas que sirvan de norma futura a las personas en sus negocios y relaciones sociales; sino que están limitadas en su acción judicial a las verdaderas controversias en que necesariamente están envueltos los derechos legales de las partes y que qiueden ser resueltos concluyentemente.
    Hipoteca — Venta—Recursos del Acreedor Hipotecario. — Bajo las llanas dis-posiciones de la -Ley Hipotecaria, muchas veces declaradas por las cortes, el comprador de una propiedad hipotecada, en cuanto a ésta se refiere, se coloca en la misma situación que el deudor; esto es, al vencimiento de la hipoteca, ■ los recursos del acreedor hipotecario contra el comprador serán exactamente los mismos que si ellos fueran contra el dendor.
    Abogado del apelante: Sr. Tomás Castillo.

    Abogados de los apelados: Sres. José y Manuel Tous Soto.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Femando Trnblard, al iniciarse este pleito, era el dneño' de una parcela de terreno en el Distrito Judicial de Ponce. La propiedad no estaba libre de gravámenes por cuanto Antonio Biancbi poseía una hipoteca contra ella por la suma de novecientos dólares, más o menos, que había vencido en 1911, y cuya hipoteca por razones silenciadas, posiblemente por pago de intereses y renovaciones, no había sido nunca ejecu-tada. Dicha hipoteca fué debidamente inscrita en el registro de', la propiedad. Pero Antonio Bianchi era dueño- de otro crédito hipotecario- contra dicha propiedad y deudor, por la suma de dos mil quinientos dólares, más o menos, a vencer el.26 de agosto de 1918, el cual aunque otorgado en 26 de hgosto de 1913, por olvido, sino por descuido, no fué inscrito liasta' el 7 de abril de. 1914. Tres horas antes de haber sido presentada-para su inscripción dicha hipoteca, fué presentada en el Registro de Ponee por el márshal de la corte de distrito una orden de dicha corte embargando dicha propiedad para responder de la efectividad de la sentencia en un pleito co-menzado contra dicho Trublard por Nereo Pierazzi, para re-cobrar la suma de dos mil ciento dos dólares, ochenta y siete centavos, intereses y' costas. Nereo Pierazzi obtuvo su sen-tencia, y el márshal había anunciado una venta en ejecución de dicha sentencia. De ahí este pleito.

Ahora bien, mientras Bianchi, Pierazzi, sus respectivos ahogados, y las decisiones de esta corte, por no decir nada de la Ley Hipotecaria ni de la ley en general, todos declaran que las hipotecas de Bianchi tienen preferencia sobre el embargo de Pierazzi, no obstante, Bianchi insiste' en que él tiene derecho a Una sentencia que declare tal preferencia. En otras palabras, él pidió que la Corte de Distrito de Ponce resolviera que el artículo 44 de la Ley Hipotecaria era ver-dadero y no falso.. La Corte de Distrito de Ponce resolvió que la cuestión era académica, y dictó sentencia sóbrenlas alegaciones en favor de Pierazzi.

La teoría del demandante, o al menqs una de las teorías, es que la corte al hacer la • declaración tan insistentemente solicitada evitará molestias a otros acreedores y al deman-dante asimismo. En el párrafo noveno de la demanda el demandante se encuentra asimismo bajo la imperiosa nece-sidad, con objeto de evitar ulteriores disputas judiciales, en defensa dé su derecho si la propiedad pudiera ir a manos de nna tercera persona, de solicitar un pronunciamiento conclu-sivo que las hipotecas del demandante tienen preferencia. Lo que él está realmente pretendiendo es una clase de injunction moral, para impedir a alguien de obstaculizar el presente status quo de Trublard en la posesión de la propiedad. Por !á obstinación de Pierazzi, inferimos de la demanda, que no está satisfecho con que las hipotecas de Bianchi excedan el valor de la propiedad, sino que insiste en la venta. Bianchi •dice que la propiedad no excede el valor y sostiene que la ejecución- de la sentencia contra- esta propiedad sería vana e inútil. Pero está perfectamente claro que si existe una venta y Pierazzi o cualquier otro desea- comprar el terreno, -sujeto como está a la ■ hipoteca, él tiene un perfecto derecho de' ha-cerlo así. Bajo las llanas, disposiciones de la Ley Hipoteca-ria, muchas veces declaradas por las cortes, el comprador, en cuanto se refiere a la propiedad, se coloca en la misma situación que el deudor. Cuando venzan las hipotecas, o cualquiera de ellas, los recursos' de Bianchi contra el com-prador son exactamente los mismos que si ellos fueran contra Trublard. ■ ■

. El apelante insiste en que bajo la Ley Hipotecaria anti-guamente un aviso hubiera sido dado al tiempo de la venta notificando al presunto comprador que la propiedad estaba sujeta a las hipotecas, pero tal aviso no existe hoy día. El dice que el márshal no sabe y no puede saber hoy en día del estado de la propiedad y no puede, dar aviso. Pero el único manifiesto .objeto de este pleito, frecuentemente repetido’ en la demanda, es que la corte declarase la preferencia. El márshal no fue hecho parte en el pleito, ni se utilizó ningún medio para asegurar que el márshal hiciera tal anuncio al verificarse la venta. i ' - : ■

El apelante alega que uno de los objetos del pleito es'el de llevar a informe de futuros compradores el conocimiento, de la condición de las cosas. Este conocimiento, altruista co-mo puedan ser las intenciones del demandante, se presume que lo.tienen los compradores por ministerio de ley. Esté no es en ningún sentido un pleito- contra ningún comprador conocido. Aun suponiendo que alguien comprara la propie-dad, a’pesar de la solemne declaración de la corte de distrito que las hipotecas de Bianchi tuvieran preferencia, tal com-prador tendría, sin embargo, si él reclamara una preferencia, derecho a su día en corte. . El no estaría impedido por la '.sen4 tencia en este caso. La sentencia podría sólo declarar la pre-ferencia en un pleito contra Pierazzi, quien directamente, úd-mite, como la sentencia lo implica, la verdad de cada expd-sicióu material de hechos en la demanda. La sentencia pré-tendida no podría servir el objeto de Biancbi. Ella no. daría noticia especial a posibles compradores.

' Si el apelante tuviera razón en este caso, entonces ciada vez que un acreedor por sentencia deseare ejecutarla sobre una parcela de terreno hipotecada, debidamente inscrita, un pleito podría presentarse contra él. Es importante que nos .colo-quemos en la posición del acreedor por sentencia. ¿Qué le importaría a él en este caso que el acreedor hipotecario de-jara de registrar su hipoteca? ¿Podría la negiigenciá del acreedor hipotecario dar a éste el derecho que de otro modo' no tendría de sujetar al acreedor por sentencia a las molestias y gastos' en defender un pleito ? Evidentemente que no. Así,' si el acreedor hipotecario tiene un derecho, éste debe arrancar de algo independientemente de su propia negligen-cia. La regia general es que nadie puede estar sometido a un pleito con éxito a menos que esté sujeto a alguna obligación para con.el demandante, que haya dejado de complir. ¿Qué obligación tiene Pierazzi para con Bianchi? ¿Existe alguna relación secreta entre ellos? Volvemos hacia las manifesta-ciones en que insiste el apelante en su alegato de que el valor de la propiedad es menor que el valor de las hipotecas. A los fines del pleito, aunque dudamos de su materialidad, la opinión'invocada sobre la evidencia puede ser admitida. Sin embargo, cualquier acreedor por sentencia podría ejecutarla sobre la propiedad, comprarla si no existe oposición, y gozar los frutos consiguientes, hasta que comenzara un procedi-miento hipotecario. La propiedad podría aumentar en valor; Pierazzi podría tener conocimiento de una mina de oro. El podría desear la propiedad en particular por saber que va a ser expropiada para un camino público. Bianchi podría asistir' a la -venta y comprarla para sí mismo. Si él prefiere su hipoteca,' él no está bajo'ninguna obligación de comprarla,} pero la oportunidad es de él. De cualquier modo el exceso de las hipotecas sobre el valor de la propiedad nunca crearía en un deudor por sentencia el deber de abstenerse de la 'eje-cución' sobre la propiedad. '

Puede ser que el principal fundamento para la decisión de la Corte de Distrito de Ponce es que el demandante no lia alegado que1 él tenga alguna reclamación actual inmediata contra Trublard. La segunda -hipoteca, la que causó el móvil por no haber sido inscrita, no está vencida aim. No existe ninguna alegación de que la otra hipoteca es pagadera. De cualquier modo, el acreedor hipotecario no está intentando ejecutar ninguna de las hipotecas. La idea que tenemos de una tercería de mejor derecho es la de que un derecho que actualmente se tiene y trata de ponerse en ejecución, queda interrumpido por una persona que alega un mejor derecho. En este caso no hay ningún derecho actual. Ni siquiera una reclamación adversa. Todo el derecho alegado es eventual y futuro. La frivolidad está aún más acentuada por el hecho de que otro acreedor por sentencia, que tratara de ejecutar, tendría que pasar por la misma prolijidad. Una causa de acción debe hacer referencia a una verdadera controversia. Las cortes no están constituidas con el fin de resolver cues-tiones dé derecho especulativas y abstractas, o para estable-cer reglas que sirvan de norma futura a las personas en sus negocios y .relaciones sociales; sino que están limitadas en su acción judicial a las verdaderas controversias en que nece-sariamente éstán envueltos los derechos legales de las partes y que pueden ser resueltos concluyentemente. 1 B. C. L. 317. En este caso nó podía surgir ninguna determinación conclu-yente.

Quizás, si Pierazzi intentara ejecutar la propiedad, sos-teniendo que su embargo tenía preferencia sobre la segunda hipoteca, o estuviera siquiera anunciando en venta la dicha propiedad sujeta solamente a la primera hipoteca, alguna clase de acción tendría Bianchi, porque hubiera sido el deber de Pierazzi conocer el estado de las hipotecas inscritas antes de seguir adelante la venta. Pero esto es enteramente espe-culativo, y no existen, hechos en la demanda que justifiquen esta posición. Por el contrario, en su moción para que se dicte sentencia sobre las alegaciones Pierazzi expresamente y sin distinciones admite la preferencia de Bianchi y él está obligado por ello.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison, habiendo firmado este último "conforme con la sentencia.”