author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Jerónimo Fonalledas, demandante y apelante, v. Las Monjas Dairy Corporation, y Jacinto A. Palacios, demandados y apelados.
    Núm. 8568.

    — Sometido: Junio 3, 1943.

      Resuelto: Febrero 10, 1944.

      Hugh R. Francis, abogado del apelante; Cayetano Goll Cuchí, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación fue interpuesta contra la sentencia que anuló un auto preliminar de injunction y denegó la expedición del que con carácter de perpetuo solicitó el demandante en protección de la marca de fábrica que describiremos en el curso de esta opinión.

Conforme resulta de la prueba, el demandante, Jerónimo Fonalledas, es dueño de cierta finca rústica segregada de otra conocida por “Finca Las Monjas”. Como las demás que fian sido segregadas de dicha finca principal, la del demandante también es conocida por “Finca Las Monjas”. En ella, y desde el año 1919, tiene establecida una lechería. Allá para el año 1924, el demandante empezó a nsar, y continuó usando'en los vehículos que transportan la leche y en las bote-llas en que la envasa, un dibujo que consiste en la represen-tación de los bustos de tres monjas encerradas en un círculo. Debajo de las monjas existe una inscripción que dice: “Leche Jersey — Girado A”, y alrededor del círculo, escrito con letras blancas sobre un fondo amarillo, esta otra: “Vaquería Las Tres Monjitas — Tel. 155 Hato Rey — Lie. No. 8, Río Piedras, P. R.” Ese emblema fue registrado por el demandante como marca de fábrica en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico el 10 de mayo de 1935.

De otro lado, el demandado Jacinto A. Palacios desde el año 1931 viene dedicándose a la compraventa de leche. Em-pezó ese negocio con un contrato que celebró con Ramón Nevá-rez, dueño de otra finca segregada también de la misma finca principal de donde se derivó la del demandante y que como la de éste es conocida por “Finca Las Monjas”. Fué con motivo de ese contrato para vender la leche que producía la lechería de Nevárez que el demandado, a los lados del carrito de caballo que usaba al principio en'su negocio para trans-portar la leche, empezó a usar una inscripción que decía: “Las Monjas, de J. A. Palacios”. Cuando hubo progresado algo más su negocio, sustituyó el carro de’ caballo por un vehículo de motor, usando siempre la misma inscripción a los lados del mismo. Posteriormente se organizó una corpo-ración doméstica, la otra demandada, con el nombre “Las Monjas Dairy Inc.”, para dedicarse al mismo negocio, y de la cual es presidente J. A. Palacios. Tanto Palacios como su codemandada la mencionada corporación, han venido usando en los lados de los vehículos destinados por ellos al trans-porte de leche, un dibujo que representa en el centro una vaca y dos monjas de pie a uno y otro lado del animal. La monja a la derecha de la vaca tiene en cada mano un canasto con botellas de leche. La otra tiene en su mano un balde. Sobre la vaca aparece la siguiente inscripción: “Las Monjas Dairy Corp.”, y en la parte inferior del dibujo, entre la vaca y las monjas, otra que dice: “Grade A Milk — Pasteurized”.

El dibujo que usa el demandado Palacios en sus vehículos lleva una inscripción que dice: “Lechería Las Monjas”, y en parte sobre y en parte debajo de la vaca, otra inscripción que dice: “Leche fresca y pura de vaca”, y debajo: “J. A. Palacios”. Las monjas que aparecen en las marcas del de-mandante y en las del demandado visten hábitos similares.

Debemos hacer claro que los vehículos de transportación de leche del demandante están pintados de crema y de verde los de los demandados, de suerte que el dibujo de las marcas de fábrica respectivas está pintado sobre fondos de colores marcadamente diferentes. Es de mayor importancia todavía, como acertadamente apunta el juez inferior, el hecho de que mientras las botellas en que se vende la leche de la vaquería del demandante contienen el círculo con las tres monjas, etc., las que usan los demandados no contienen dibujo alguno,, y sólo en sus tapas llevan esta inscripción: “Las Monjas Dairy Corp — Pasteurized Milk- — Santa Ana 12 — Tel 133.” Es en los vehículos, repetimos, donde los demandados exhiben el dibujo de que se queja el demandante.

En primero de julio de 1937 y 21 de julio de 1939, el de-mandado Palacios solicitó la inscripción de la marca de fá-brica usada por él y en una y otra ocasión se le denegó el registro por entender el Secretario Ejecutivo que dicha marca es tan parecida a la de Fonalledas que podría confundir al público consumidor.

Alegó el demandante en su solicitud de injunction que la actuación de los demandados a que acabamos de referirnos constituye una competencia desleal que perjudica la venta de leche producida por la vaquería Las Tres Monjitas, que cons-tituye también una infracción a la marca de fábrica del de-mandante y que tiende a confundir o engañar al consumidor en cuanto a la verdadera procedencia del producto; que de continuar los demandados realizando los actos descritos, se causarían daños irreparables al demandante, y por último que-el demandante carece de otro remedio en el curso ordinario' de la ley.

La cuestión a determinar es si no obstante existir en las dos marcas ciertos detalles parecidos, de un examen superficial del conjunto de una y otra aparecen tan esencialmente-diferentes que una persona de ordinaria inteligencia que no-sea distraída, que desee comprar uno de los dos productos no-sería inducida al error de comprar el otro. No tiene impor-tancia el becbo de que en casos aislados un comprador sea tan descuidado que no advierta la diferencia, pues como dijera el Juez Brewer en el caso de P. Lorillard Co. v. Peper (C.C.A.) 86 F. 956, 960, “esas cosas suceden en el curso ordinario dé-los negocios, no importa cuán grandes puedan ser las dife-rencias; y el hecho de que ocurran si bien no debe ser total-mente descartado, no debe pesar más que la evidencia deri-vada de una inspección personal de los paquetes y las etique-tas.”

En el presente caso el demandante no interesa que se pro-híba a los demandados el uso de los nombres “Las Monjas” o “Las Monjas Dairy Inc.” Su objeción va dirigida, corno-dice el juez inferior, a que se use en relación con su negocio-la representación gráfica de dos monjas o de monja alguna.. Así pues, limitaremos nuestra atención a los dibujos de una. y otra marca. Descartadas dichas palabras, la dueña de casa que desea comprar una botella de leche de la vaquería del demandante y la recibe, notará inmediatamente el dibujo de Las Tres Monjitas en la botella. En cambio, si al pedir una botella de leche de Las Tres Monjitas le sirven una de las. que venden los demandados, sin el más mínimo esfuerzo no-tará que la botella no contiene dibujo alguno y advertirá inmediatamente que el que le han servido no es el producto que ella ha ordenado* Es de tenerse en cuenta que no se trata de un artículo como la goma de mascar, por ejemplo, que es-comprada de prisa en pequeños paquetes y consumida antes de deseubrise la decepción, como se dice en American Auto Asso. v. American Auto Owners’ Asso. (Cal., 1932) 83 A.L.R. 699, 705. La leche no es un producto que se consume tan-aprisa. Generalmente se recibe una vez al día en la casa del consumidor y es guardada en neveras para conservarla. De-suerte que hay amplia oportunidad para que una persona de-ordinaria inteligencia y que no sea peeuliarmente distraída, pueda advertir la decepción. Eliminada la posibilidad de error por lo que a las botellas respecta, consideraremos ahora-si los dibujos que aparecen en los costados de los vehículos dé-los demandados son capaces de causarlo.

Ya hemos dicho que los vehículos que transportan la leche-de Las Tres Monjitas están pintados de crema, mientras que-los de la demandada están pintados de verde. Y como se dice en la cuidadosa opinión de la corte inferior, el consumidor que compra leche no presta gran atención al vehículo que la. transporta, vehículo que por lo general no tiene oportunidad de ver, y si a eso se agrega que las botellas usadas por los demandados no ofrecen oportunidad alguna de decepción, no-vemos cómo pueda surgir la competencia desleal de que se-queja el demandante. Pero prescindiendo, a los efectos de-la discusión, de esa circunstancia señalada por la corte inferior, y concretándonos ahora a los dos dibujos en cuestión, no-vemos cómo una persona ordinariamente inteligente, que no sea distraída, pueda ser inducida a confusión. La posición dé-las monjas es distinta: las de la marea del demandante apa-recen de busto, encerradas en un círculo; en las de los deman-dados no aparece tal círculo, las monjas están de pie, de cuerpo entero, y llevan las canastas para las botellas y el balde a que hemos hecho referencia, mientras que las del demandante nada tienen en sus manos; y por último entre las dos monjas de la marca de los demandados aparece una vaca que no está en la del demandante. Podría decirse que lo único que tienen en común es que en una y otra aparecen figuras de monjas. Pero como’ se dijo en American Auto Asso. v. American Auto Owners’ Asso., supra, a las páginas 708, 709:

"Muchos otros casos podrían citarse al efecto de que no es bas-tante para*dar derecho a un remedio, el hecho de que algunos com-pradores pudieran aceptar como el producto del demandante, otro de un competidor que lleva fijadas en el envase a algunas figuras o palabras en común con la marca del demandante, si las diferencias en otros respectos son tales que inmediatamente pueden distinguirse dichos productos por un comprador que sea un razonable observador; ni da lugar a una causa de acción el que la decepción se debiese a parecido en detalles sobre los cuales el demandante no tuviese nin-gún derecho exclusivo. Wunderlich v. Cash (C.C.A.) 33 F. (2d) 118.”

El caso de Eneglotaria Medicine Co. v. Sosa López, 38 D.P.R. 604, y el de Jackson Brewing Co. v. José B. López, Sucrs., 51 D.P.R. 719, invocados por el demandante, son fácil-mente distinguibles. En el primero de ellos la semejanza en-tre el producto de la demandante y el del demandado era tan marcada que colocando las botellas de dichos productos una al lado de la otra, había que fijarse con detenimiento para po-der notar la diferencia entre uno y otro, pues el envase usado por el demandado era sustancialmente del mismo tamaño y .forma que el usado por el demandante; las botellas eran ta-padas casi exactamente en la misma forma con una sustancia plástica amarilla que se podía desprender o rasgar fácilmente, y existían además otros puntos de semejanza entre dichos pro-ductos, por lo cual este tribunal, al resolver el caso a favor . de la demandante, se expresó en los siguientes términos:

"Como una infeirencia adicional de hecho, aunque corriendo el riesgo de que incurramos en repeticiones, estamos convencidos de que el producto del demandado con su envase y rótulo, si bien podría distinguirse al ser colocado junto al rótulo usado por la deman-dante, no es lo suficientemente distinto para impedir que el público consumidor fuera engañado y creyera que lo que compraba era el producto de la demandante, cuando en realidad lo que adquiría era el producto del demandado. Desde luego que una persona que cono-ciera muy bien una u otra marca no sería engañada.”

Y en el de Jackson Brewing Co. v. José B. Lopez, Sucrs., supra, la controversia estuvo limitada al uso por parte de la demandada de la palabra “Jax” en la frase “Jax Brewing Co.”, en violación de la marca de fábrica “Jax” registrada por la Jackson Brewing Co., de Louisiana. Se resolvió que la palabra “Jax” era un mote y en su consecuencia no estaba excluida de ser objeto de una marca de fábrica válida, y como tal tenía derecho a protección.

Que el demandante no ha sufrido daño en su negocio por la alegada competencia desleal y violación de su marca de fábrica,, lo demuestra su propia declaración al efecto de que su vaquería produce unos dos mil litros de leche diariamente \ que los estaba vendiendo todos y que si más produjese más leche podría vender. (T. de E., págs. 16 y 17.)

El hecho de que el Secretario Ejecutivo en dos distintas ocasiones rechazase la solicitud de registro de la marca de los demandados por ser a su juicio tan parecida a la del demandante que podría inducir a confusión o error, no obliga a los tribunales de justicia a adoptar el mismo criterio.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada.


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license: Public Domain

text:
    Lorenza Rosario, representada por su apoderado Alfredo Cortés, demandante y apelada, v. Santiago Ruiz López y su esposa Victoria Laabes Acevedo, demandados; Valentín Polanco de Jesús, apelante.
    Núm. 8869.

    — Sometido: Enero 17, 1944.

      Resuelto: Febrero 10, 1944.

      V. Polanco de Jesús, pro se; Angel Rivera Colón, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido por Lorenza Rosario contra Santiago Ruiz y su esposa en ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, se condenó a los demandados a pagar determinadas cantidades con sus intereses respectivos y al pago de las costas que se devengaren para la ejecución de la sentencia. Sacadas a su-basta las fincas hipotecadas, fueron adjudicadas a la deman-dante, y se le otorgó la correspondiente escritura de venta judicial. Pero al presentar dicha escritura en el Registro de la Propiedad resultó que una de las fincas así adjudicadas a la demandante había sido adquirida pendente lite por Valen-tín Polanco, quien la había inscrito a su nombre. La deman-dante instó entonces los procedimientos necesarios a fin de que en el plazo de diez días el comprador pendénte lite pagase aquella parte del importe de la sentencia dictada contra los .anteriores dueños Santiago Kuiz y su esposa, que garantizaba la finca por él comprada, o de lo contrario' se ordenaría la ■cancelación de la inscripción que se -había practicado a favor ■de dicho comprador pendente lite. Se opuso el comprador pendente lite y la corte finalmente declaró con lugar la moción •de la demandante. Apeló el comprador pendente lite para .ante este tribunal, dictándose aquí la siguiente sentencia:

“Por los'motivos consignados en la opinión que antecede, se modi-fica la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo con fecha 10 de diciembre de 1942, en el sentido de ordenar al ape-lante Valentín Polanco de Jesús que, con el fin de conservar a su nombre la inscripción de la finca A aquí envuelta, pague a la cleman-•dante Lorenza Rosario las siguientes cantidades: (1) $4,000, más intereses al 12 por ciento desde el 1 de septiembre de 1937 hasta el 26 de mayo de 1942, fecha de la sentencia de la Corte de Distrito de. Arecibo; (2) $138.12, cantidad pagada por la demandante por con-'tribuciones adeudadas e intereses, más intereses al 12 por ciento desde el 16 de diciembre de 1941, fecha en que se pagó dicha suma, hasta el 26 de. mayo de 3942; (3) intereses legales al 6 por ciento sobre .$4,138.12 desde la referida fecha de la sentencia, 26 de mayo de 1942, hasta la fecha de su pago; y (4) las costas.” Rosario v. Ruiz, 62 D.P.R. 326, 331-2.

Se remitió el mandato el 2 de agosto de 1943, pero antes de dicha fecha, es decir, el 28 de julio de 1943, el comprador pendente lite, en satisfacción de la sentencia, consignó en la secretaría de la corté inferior las siguientes cantidades:

Capital_$4, 000. 00
Intereses de. este capital según ,1a sentencia_ 2, 280. 00
Contribuciones _ 138.12
Intereses_ 7.60
Intereses de $4,138.12 por un año- 248. 28
Intereses por. dos meses-^- 41. 40
Total_$6, 715. 40

La demandante apelada se opuso a la consignación por los siguientes motivos:

(1) Porque la sentencia de este Tribunal modificando la de la corte inferior impuso el pago de las costas, y no ha-biéndose entonces radicado el correspondiente memorándum de costas, el comprador pendente lite no las había incluido ni podía incluirlas en la consignación; y

(2) Porque la consignación fue hecha el 30 de julio de 1943, y los intereses sobre la suma principal se habían ealeu- • lado por el comprador pendente lite hasta el 26 de dicho mes, faltando por consiguiente el importe de cuatro días de inte-reses.

Pocos días después el comprador pendente lite consignó la cantidad de $2.76, importe de los intereses que faltaban.

En el mes de agosto de 1943 (el día aparece en blanco), la demandante radicó su memorándum de costas por la canti-dad de $59.35. El día 10 de agosto de 1943 lo impugnó el comprador pendentp lite porque según alegaba se había ra-' dicado fuera de término; y para el caso de que no prosperase su contención, impugnó por improcedente todas las partidas con excepción de la marcada con el número 5.

Sometidos la moción de consignación y el memorándum de costas, la corte inferior, el 2 de diciembre de 1943, aprobó cinco partidas del memorándum de costas, las que dada la con-clusión a que llegaremos no es necesario especificar.

En lo que a la consignación respecta, especificó las partidas que según ella el comprador pendente lite debería consignar y le concedió cinco días a partir de la notificación de la reso-lución para que completase las que faltaban.

El día 6 de diciembre de 1943 el comprador pendente lite apeló, expresando en su escrito de apelación que apelaba de aquella parte de la resolución que le condenaba a pagar las cinco partidas antes dichas y de la que le ordenaba consignar intereses a razón de 6 por ciento anual sobre $4,138.13 desde la fecha de la consignación hasta aquella en que se dictó la resolución apelada, o sea el 2 de diciembre de 1943.

La sentencia en el caso seguido por Lorenza Rosario contra Santiago Rniz y sn esposa fué dictada el 26 de mayo de 1942 y en. lo que respecta a costas sólo imponíanlas costas que se devenguen para la ejecución de la sentencia.” Para aquella fecha ya había sido enmendado el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil por las leyes números 69 y 94, de 11 de mayo de 1936 y 11 de mayo de 1937, respectivamente. Dicho artículo, según quedó enmendado, impone a la corte sentenciadora el deber ministerial de conceder las costas a la parte a cuyo favor se dicte cualquier sentencia o resolución. En ninguna parte de la ley se autoriza la imposición parcial de costas. Consecuentemente, el pronunciamiento de costas en la forma en que se hizo en la citada sentencia de 26 de mayo de 1942 fué erróneo, pero como la parte perjudicada por el error, Lorenza Rosario, no apeló de dicho pronunciamiento, el mismo quedó firme, y tenemos que aceptarlo a todos los efectos legales según fué dictado.

Para la fecha en que se dictó dicha sentencia por la corte inferior, también había sido ya enmendado el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, por la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936. Con arreglo a este último artículo, según fué enmendado, el memorándum de costas debe ser presentado dentro de los diez días después de notificada la sentencia. Como el memorándum de costas no fué presentado hasta el mes de agosto de 1943, y la sentencia se dictó el 26 de mayo de 1942, es evidente que fué presentado fuera del término concedido por la ley. Siendo ello así, la demandante perdió su derecho a recobrar “las costas que se devenguen para la ejecución de la sentencia,” impuestas en la de 26 de mayo de 1942.

La demandante apelada y la corte inferior interpretan la sentencia de este tribunal, según quedó enmendada el 21 de julio de 1943, antes transcrita, en el sentido de que se confirmaba el pronunciamiento de costas hecho por la corte inferior y se concedían además costas por primera vez en apelación.

Interpretando así nuestra citada sentencia, la demandante apelada invoca el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispositivo entre otras cosas de que siempre que una corte de apelación concediere costas a una parte, será deber de dieba parte presentar su memorándum de costas dentro de los treinta días siguientes a la devolución del mandato. Pero esa interpretación de nuestra sentencia es errónea. Como dijéramos antes, la demandante Lorenza Rosario no apeló del pronunciamiento por el cual se le concedieron menos cos-tas de las que con arreglo a la ley le correspondían, ni pre-sentó su memorándum de costas dentro de los diez días si-guientes a la notificación de la sentencia conforme requiere el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil. Si la de-mandante había presentado o no dicho memorándum de cos-tas en la corte inferior era una cuestión que no constaba a este tribunal al dictar su sentencia el 7 de julio de 1943, mo-dificada en 21 de julio del mismo año. Por el contrario, de-bíamos suponer que la demandante había sido diligente en la protección de sus derechos y por consiguiente que se había presentado el memorándum de costas en tiempo y forma. Como el efecto de nuestra citada sentencia era determinar lo que el comprador pendente lite debía pagar por concepto de la dictada contra sus causantes Santiago Ruiz y su es-posa, y como en dicha sentencia de la corte interior se im-ponían las costas, aunque en la forma limitada en que hemos dicho, el pronunciamiento de costas en la sentencia de este tribunal no podía ir más lejos de lo que fué el de la corte inferior y por consiguiente las costas impuestas por nosotros no fueron otras que “las costas que se devenguen para la ejecución de la sentencia” impuestas por la corte inferior y consentidas por la demandante, que no apeló de dicho pro-nunciamiento. Parece claro que si el derecho a recobrar esas costas limitadas lo había perdido la demandante por no presentar el memorándum de costas dentro del término pres-crito por la ley, nuestra sentencia no podía revivir ese de-recho y por consiguiente nuestro pronunciamiento de costas resultó académico por la inactividad de la propia deman-dante .

Pasemos ahora a la consignación en satisfacción de la sentencia.

La sentencia de este tribunal, modificada, como hemos dicho, en 21 de julio de 1943, específicamente determinó lo que debía satisfacer el comprador pendente lite para que la propiedad por él comprada quedase liberada de la sentencia obtenida contra sus causahabientes Santiago Ruiz y esposa. El comprador pendente lite se ajustó estrictamente a la sen-tencia de este tribunal al hacer la consignación, completada después por la cantidad de $2.76 que faltaba de intereses.

Siendo ello así, procede revocar la resolución apelada y dictar otra declarando bien hecha la consignación y total-mente satisfecha la parte de la sentencia que debía pagar el comprador pendiente lite, con todos sus efectos legales.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Rafael Román Quijano, peticionario, v. José González Lebrón, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Arecibo, demandado.
    Núm. 423.

    — Sometido: Diciembre 17, 1943.

      Resuelto: Diciembre 17, 1943.

      F. Hernández Vargas, abogado del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, abogados del demandado.

       Nota: La solicitud se declaró con lugar en diciembre 17, 1943, a reserva de archivar la corte oportunamente su opinión en el caso, lo que hizo en febrero 10, 1944.-

   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La presente es nna solicitnd para qne se expida nn acto de Mbeas corpus radicada originalmente ante esta corte. Expedimos el auto preliminar debido a que una petición similar había sido denegada por la corte de distrito y la ape-lación contra la misma sería académica para la fecha en que se celebrara la vista ante esta corte siguiendo el trámite or-dinario.

El peticionario fué convicto ante la corte de distrito de los delitos de portar armas y alterar la paz. Se le sentenció a sesenta días de cárcel por cada delito, pero la corte inferior dispuso que estas sentencias serían cumplidas concu-rrentemente.

El peticionario fué convicto originalmente de estos deli-tos en la corte municipal. Mientras estaban pendientes sus recursos de apelación ante la corte de distrito, estuvo en la cárcel en sumaria durante treinta y cinco días debido a que no pudo prestar fianza. Bajo tales circunstancias, se admite que, de conformidad con la sección 1 de la ley del 14 de marzo de 1907 (Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935, pág. 235), tenía derecho a que se le acreditaran los treinta y cinco días que había estado en sumaria.

Sin embargo, el alcaide asumió la posición de que tenía derecho a que se le hiciera el abono en una sola de las sen-tencias. Esta posición es insostenible. La sección 2 de la Ley núm. 108, Leyes de Puerto Bico 1943, dispone que “el juez podrá determinar, al pronunciar la sentencia, si el tér-mino de prisión impuesto en la misma deberá cumplirse con-secutivamente o si, por el contrario, dicho término de prisión deberá cumplirse concurrentemente con cualquiera o cuales-quiera otros términos de prisión.” La corte de distrito, de conformidad con esta sección, expresamente dispuso que las dos sentencias de sesenta días aquí envueltas se cumplirían concurrentemente. El efecto práctico de tal disposición es que el acusado de beeho solamente cumpla sesenta días de cárcel. Pero si se le permite al.alcaide, como en el presente caso, que abone los treinta y cinco días que estuvo el acusado en sumaria a una sola de las sentencias, estaría el alcaide obligando al peticionario a cumplir sesenta días más treinta y cinco días. Esto obviamente sería contrario a la sentencia de la corte inferior y a las leyes envueltas.

Para la fecba en que se celebró la vista ante esta Corte, el peticionario babía ya cumplido sesenta días, de dársele crédito por los treinta y cinco días que cumplió en sumaria mientras estuvo pendiente su apelación de la corte municipal a la de distrito. Por tanto se declaró con lugar la petición solicitando ton auto de habeas corpus y se ordenó se pusiera en libertad al peticionario.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique López, acusado y apelante.
    Núm. 10287.

    — Sometido: Febrero 2, 1944.

      Resuelto: Febrero 10, 1944.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado' de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique López fué declarado culpable por la Corte de Distrito de San Juan de una infracción a la sección 3 de la Ley núm. 11 de 1933 (Ia. Legislatura Extraordinaria, pág. 71), por tener en su posesión una máquina automática (slot ma-chme) para juego de azar, de las llamadas “Ludí Smokes”, y sentenciado a cumplir treinta días de cárcel.

En este recurso alega que la corte inferior erró al apre-ciar la prueba por no ser ésta suficiente para sostener las alegaciones de la denuncia, al declararle culpable a pesar de haberse demostrado que el acusado era un mero encargado del establecimiento donde fué ocupada la máquina, toda vez que él fué acusado de tener la misma en su poder en concepto de dueño, resultando por tanto una incongruencia fatal entre las alegaciones de la denuncia y la prueba practicada, y al resolver que un mero encargado de un establecimiento, en calidad de empleado del mismo, es culpable como poseedor de un “slot machine” en vez de serlo el dueño conocido de dicho aparato. Los tres señalamientos deben resolverse conjunta-mente.

La prueba de cargo demuestra que el 5 de mayo de 1942 un detective se personó en el establecimiento comercial llamado “La Borincana” en Santurce; que en aquel momento el encargado del negocio lo era el acusado Enrique López; que en dicho establecimiento había una máquina (slot machine) en la cual al jugarse un centavo se podía obtener premios en cajetillas de cigarrillos; que dicho establecimiento y otros pertenecían a una sociedad, “González Hermanos”, pero que el día mencionado al igual que otros en que había ido el detective el acusado era el encargado de regentear el restaurante; que cuando otros empleados querían salir del establecimiento solicitaban permiso del acusado.

La prueba de descargo tendió a demostrar que la máquina estaba en el establecimiento pero que el acusado no era el dueño de dicho negocio sino Julio González que también era dueño del Colmado Asturias; que cuando González estaba en el Colmado Asturias dejaba a uno de los empleados de la Bo-rineana encargado del mismo y que el día de autos le corres-pondió quedarse como tal encargado al acusado.

La sección 3 de la Ley núm. 11 de 1933, supra, dispone que:

“A partir ele la fecha en que esta Ley empiece a regir, la intro-ducción, manufactura, posesión, uso o funcionamiento de máquinas vendedoiras que pudieren usarse para fines de juego de. azar o lotería y de las conocidas con el nombre de traganíqueles (slot machines), y de cualquier o'tra .clase, que pudiera usarse con fines de juego de azar o lotería, en cualquier forma en que fueren manipuladas, o cualquier sustituto de las mismas, o partes y accesorios, será con-siderado ilegal y su introducción, manufactura, uso, posesión o fun-cionamiento queda prohibido.” (Bastardillas nuestras.)

La ley no exige que se denuncie al dueño de la máquina prohibida. Sólo menciona la posesión como suficiente para constituir el delito. En la denuncia se alegó que el acusado “tenía en su poder y administraba como dueño” la máquina que se describe. Las palabras “como dueño” eran innecesa-rias (surplusage) a la imputación del delito. La intención legislativa fue hacer responsable a cualquier persona que tu-viera en su posesión una de las máquinas prohibidas por la ley, independientemente del título a la misma como dueño, arrendador, etc., y esta conclusión a que llegamos está robus-tecida por la sección 4 de la ley que en parte dispone que “Toda persona . . . que ayudare a otra persona a vio!ar esta Ley” incurrirá también en delito. Esto no implica, desde luego, que el dueño de una de estas máquinas no sea tainbién responsable criminalmente del delito. Lo que resolvemos es que tanto el dueño como el que sólo tenía la posesión son res-ponsables. Si el acusado aceptó hacerse cargo o administrar un negocio en ausencia de su dueño y en dicho negocio se utilizaba una de dichas máquinas, estaba en posesión de la misma y es responsable del delito imputado. Como bien dice el fiscal en su alegato, en ausencia del dueño el llamado a vigilar el funcionamiento de la máquina, pagar los premios al que en ella jugara, era el acusado. Si éste obtenía un be-neficio de dicha máquina o sólo recibía un sueldo por su tra-bajo, es inmaterial. Parte de su sueldo era obtenido del be-neficio que dicho juego de azar prohibido producía.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Sítyder

text:
    Sucn. de Joaquina Gómez, etc., demandantes y apelantes, v. Arturo Colón Gómez, Manuela Gómez y Petra Gómez, demandados y apelantes.
    Núm. 8641.

    — Sometido: Noviembre 17, 1943.

      Resuelto: Febrero 10, 1944.

      Diego E. Ramos, abogado de los apelantes; Luis Mercader, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Sítyder

emitió la opinión del tribunal.

Se instituyó este pleito solicitando se declararan nulos y sin ningún valor un pagaré de $2,500, una hipoteca otorgada para garantizar el mismo y los procedimientos ejecutivos sumarios de la hipoteca. El pagaré y la hipoteca se otorgaron en 1940 por Joaquina Gómez, once meses antes de su muerte, cuando contaba más de 80 años de edad,- a favor de su sobrino, Arturo Colón Gómez, el demandado principal en este caso. Me-diante testamento otorgado en 1930 y modificado en 1931, la señora Gómez instituyó como sus únicos y universales here-deros a sus tres hijos naturales Luis, Manuela y Petra. Luis premurió a su madre.' Sus hijos han entablado el presente pleito como la Sucesión de Joaquina Gómez. Los otros dos hijos de Joaquina Gómez, Manuela y Petra, se incluyen como demandados, toda vez que rehusaron comparecer como de-mandantes. La sucesión ha apelado de la sentencia de la corte de distrito a favor de los demandados.

Los apelantes señalan como su primer error el que la corte inferior no resolviera que como cuestión de hecho la señora Gómez estaba mentalmente incapacitada para otorgar el pagaré y la hipoteca aquí envueltos. Los apelantes asumen la posición de que la corte de distrito cometió error al resolver, según se alega, que era necesaria prueba pericial a ese efecto con el fin de probar la alegación- de los apelantes. Los apelantes tienen razón al sostener que es admisible prueba no pericial sobre la cuestión de capacidad mental (VII Wig-more on Evidence, Sec. 1938, pág. 36). Pero la corte inferior no asumió la posición que las apelantes le atribuyen. Si bien mencionó el hecho de que no se ofreció prueba pericial para establecer la incapacidad mental de la señora Gómez para la época en que otorgó los documentos en cuestión, la sentencia de la corte de distrito no se basó exclusivamente sobre este hecho. La corte inferior llegó a la conclusión, basada en toda la prueba, de que los apelantes no afrontaron con éxito el peso de la prueba sobre la cuestión de incapacidad. El hecho de que la señora Gómez fuera una anciana, analfabeto y sorda, no era desde luego concluyente por sí sólo en cuanto a esta cuestión. La corte resolvió el conflicto de la prueba a favor de los apelados, indicando, entre otras cosas, que estos documentos, otorgados ante un notario que dió fe de su ca-pacidad mental, eran algunos de los varios documentos que efla había, firmado durante los últimos años. No podemos en-contrar base alguna por la cual podamos intervenir con la sentencia de la corte de distrito en cuanto a esta cuestión (Suárez et al. v. El Banco Territorial y Agrícola, 16 D.P.R. 630).

Los apelantes también alegan que la corte inferior debió haber resuelto que el otorgamiento del pagaré y de la hipoteca se obtuvo mediante fraude y engaño. En cuanto a este punto, los apelantes citan la prueba antes referida en cuanto a la incapacidad mental; el hecho de que la señora Gómez, de acuerdo con la prueba de los apelantes, nunca le mencionó este asunto a sus nietos, en los cuales ella tenía por costumbre confiar; que el demandado no era un hombre de negocios y carecía de recursos suficientes para una inversión de esta índole, toda vez que percibía un sueldo pequeño como empleado y nunca poseyó dinero en el banco.

Por otro lado, el demandado, quien se admite era el arren-datario de la finca hipotecada en la época en que se otorga-ron el pagaré y la hipoteca, ofreció una explicación de por qué se otorgaron, la cual, de ser creída, era suficiente, como veremos más adelante, para constituir una adecuada causa (consideration) para el contrato aquí envuelto. Ciertamente, este estado de hechos no justificaría, como cuestión de de-recho, que revoquemos la conclusión de hecho de la corte de distrito de que no se probó el fraude en cuanto a Colón me-diante la necesaria prueba clara y convincente (Texas Co. (P.R.) Inc. v. Estrada, 50 D.P.E. 743; Arenas v. Batalla, 48 D.P.E. 31; Martinez v. Rodriguez, 26 D.P.R. 6).

El otro error alegado es que-no hubo suficiente cansa (.consideration) para el contrato de hipoteca. Colón declaró qne vivía con la señora Gómez; qne la venía atendiendo durante muchos años; qne realizó varias transacciones con ella, incluyendo el arrendamiento qne le hizo de la finca en cuestión; y que la señora Gómez lo quería mucho. Declaró que la señora Gómez le debía una suma de dinero — aproximadar mente $900 — que se admitió era menos que el valor original del pagaré. Declaró, sin embargo, que a la fecha del otorgamiento del pagaré la señora Gómez insistió en que éste y la hipoteca se otorgaran por la cantidad mayor de $2,500 debido al efecto y a la gratitud que ella le profesaba por haberle cuidado. De ser creída esta prueba por la corte inferior, bajo las circunstancias de este caso ésta era suficiente causa o consideración bajo el artículo 1226 de nuestro Código Civil (Cabanillas v. Cabanillas et al., 33 D.P.R. 777; Cruz v. López et al., 17 D.P.R. 42).

Los apelantes imputan pasión, prejuicio y parcialidad a la corte inferior, pero no señalan un incidente específico en el récord para sostener tan grave acusación (Colón v. Gobierno de la Capital, 62 D.P.R. 25).

En vista del resultado a que hemos llegado, las cuestiones restantes suscitadas por ambas partes no requieren nuestra consideración.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      (1) El artículo 1226 lee como sigue:
      “En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parto contra-tante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los do pura benefi-cencia, la mera liberalidad del bienhechor. ’ ’


text:
    Manuel Torres Ozores, demandante y apelante, v. José Luiña Alvarez, demandado y apelado.
    Núm. 8708.

    — Sometido: Diciembre 24, 1943.

      Resuelto: Febrero 14, 1944.

      Alvarez Linares & Marrero Ledesma, abogados del apelante; Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba j Rafael Baragaño, Jr., abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Torres Ozores, siendo viudo, constituyó una hipo-teca en garantía de un préstamo por $500 a favor de José Luiña Alvarez por escritura de 17 de agosto de 1928 ante el notario Damián Monserrat Simó. La finca hipotecada con-sistía de un solar radicado en el barrio de Puerta de Tierra, de esta ciudad, con una casa de madera, techada de zinc, de quince metros de frente por ocho y medio de fondo. Sobre la misma propiedad y a favor del mismo acreedor constituyó una segunda hipoteca por $600, por escritura de 17 de no-viembre del mismo año. Dos años después el acreedor hipo-tecario instituyó un procedimiento ejecutivo en cobro de am-bos créditos y le fué adjudicada la finca hipotecada.

En el solar existía otra casa de madera, techada de zinc, de siete y medio metros de frente por ocho metros de fondo que no se mencionó en ninguna de las dos escrituras de hipo-teca. Al adjudicarse al acreedor la propiedad hipotecada, Manuel Torres Ozores vivía, y continuó viviendo, en la casa últimamente mencionada, hasta que a virtud de procedimiento de desahucio fué lanzado de ella por el acreedor. Algún tiempo después éste destruyó las dos casas de madera que había en el solar y levantó allí una nueva edificación.

En diciembre de 1941 Torres Ozores instituyó este pleito contra su antiguo acreedor José Luiña Alvarez, alegando que la casa de siete y medio metros de frente por ocho de fondo no estaba afecta a ninguna de las dos hipotecas antes men-cionadas y que por lo tanto Luiña, al destruirla sin su con-sentimiento, le causó daños por la cantidad de $1,500 que se-gún alegó era el importe de los materiales invertidos en dicha casa. Eeelama además las rentas de la misma, a razón de $32 mensuales desde que fué lanzado de ella, pero de los autos no aparece en qué fecha tuvo lugar el lanzamiento ni si-quiera cuándo se radicó el pleito de desahucio.

De los autos no consta cuál era el estado civil de Torres Ozores en la fecha en que compró el solar ni cuál era dicho estado cuando compró la casa de madera de quince metros de frente por ocho y medio de fondo; pero el demandante ad-mite en su alegato que eran bienes privativos suyos y así de-bemos presumirlo puesto que de otro modo no hubieran po-dido, inscribirse las dos hipotecas.

En lo que a la casa de siete y medio metros de frente por ocho de fondo respecta, de la escritura de su adquisición que fué presentada en evidencia resulta que la adquirió Torres Ozores siendo casado con María Dolores Coto, en el año 1910, ante el notario Pedro González García, por compra a Petrona Buxó, Marcelina Príncipe y Ana Príncipe.

La corte inferior desestimó la demanda de daños y per-juicios por el fundamento de que estando edificada la casa en cuestión en el solar hipotecado al tiempo de constituirse la hipoteca y perteneciendo al deudor en la fecha en que se constituyeron ambos gravámenes, dicha casa, aunque no fué mencionada en las escrituras de hipoteca, se entendía hipote-cada a virtud de las disposiciones de los artículos 110 y 111 de la Ley Hipotecaria y de lo resuelto por el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 20 de febrero de 1889, 65 Jurisprudencia Civil, 266.

La contención del demandante al efecto de que la casa en cuestión no está afecta a la hipoteca la basa exclusivamente en el hecho de que al otorgarse las dos escrituras aludidas no se hizo mención alguna de dicho caso; pero en su alegato ante este Tribunal arguye que dicha casa fue adquirida siendo casado, que por consiguiente era un bien ganancial que no podía hipotecar sin el consentimiento de la esposa o sus herederos, y que esa circunstancia demuestra que no pudo ser la intención del demandante incluirla en el contrato de hipoteca.

No hay duda alguna de que habiendo sido adquirida la casa en cuestión mientras el deudor era casado con María Dolores Coto, dicha propiedad tiene la presunción de bien ganancial y por consiguiente para poderla hipotecar sería preciso el consentimiento de los herederos de María Dolores Coto, la que para la fecha en que se constituyeron las dos hipotecas había fallecido.

De conformidad con el artículo 111 de la Ley Hipotecaria, para que la casa en cuestión se entendiese hipotecada juntamente con el solar y la otra casa perteneciente privativamente a Torres Ozores, era preciso que la casa en controversia perteneciese al mismo dueño de los demás bienes hipotecados, lo que no sucede en este caso, toda vez que unos pertenecían privativamente a Manuel Torres Ozores y la otra, la casa de siete y medio metros de frente por ocho de fondo, pertenecía a la sociedad de gananciales constituida por dicho Manuel Torres Ozores con su esposa María Dolores Coto, y por muerte de ésta su participación pasó a sus herederos.

El fundamento que sirvió de base a la sentencia es erróneo, puesto que la casa en cuestión no estuvo en ningún momento sujeta a ninguna de las dos hipotecas ejecutadas. La sentencia, sin embargo, es correcta, pnesto que la de-manda se presentó exclusivamente por y a nombre de Manuel Torres Ozores, y como la propiedad destruida pertenecía en común a Manuel Torres Ozores y a los herederos de su es-posa, siendo la acción de daños y perjuicios por destrucción de dicha casa de naturaleza indivisible, para que pueda ejer-citarse con éxito es preciso que se unan como demandantes todos los partícipes' en la propiedad, y si alguno de ellos se negare a unirse como demandante, debería entonces ser de-mandado, consignándose el motivo en la demanda. Artículo 66, Código de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, procede confirmar la sentencia apelada.


text:
    Gudnara Cabrera, en su carácter de madre con patria potestad sobre el menor José Fernando Pérez Cabrera, peticionario, v. A. R. Barceló, Juez de la Corte de Distrito de Guayama, demandado.
    Núm. 1546.

    — Sometido: Diciembre 10, 1943.

      Resuelto: Febrero 14, 1944.

      Víctor M. Marchan, abogado de la peticionaria; G. Domínguez Rubio, pro se, comó abogado a quien se le concedieron los honorarios en el caso.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinion del tribunal.

Expedimos el anto de certiorari solicitado en este caso con el fin de resolver si la corte inferior actuó sin jurisdic-ción al fijar, dentro de un procedimiento de administración judicial, el montante de los honorarios de un abogado que ha estado representando a unos herederos en dicho procedi-miento. Los hechos son los siguientes:

En la Corte de Distrito de Guayama se inició en el año 1932 la administración judicial de los bienes dejados por José Pérez Llera a su fallecimiento. Se nombró administrador judicial al Sr. Genaro Cautiño Insúa quien en todo momento ha estado representado por el letrado Tomás Bernardini de la Huerta. Pocos días después de promovida la referida admi-nistración compareció en dicho expediente la Sra. Isabel Llera Yda. de Encabado, madre de José Pérez Llera, repre-sentada por el Lie. C. Domínguez Eubio, y solicitó término para deliberar, que le fué concedido, y luego aceptó la he-rencia a beneficio de inventario. Continuó ella interviniendoen todos los trámites de la administración judicial hasta su fallecimiento en el año 1934, cuando fué sustituida por su sucesión compuesta de sus hijos Isabel y Fernando Pé-rez Llera y Carmen Luisa Encabado Llera, quienes tam-bién fueron representados por el letrado C. Domínguez Eu-bio, hasta el 14 de julio de 1942 en que falleció uno de los herederos de doña Isabel, Fernando Pérez Llera, y desde dicha fecha el abogado Domínguez Eubio sólo asumió la re-presentación de uno de los hijos de Fernando Pérez Llera,, además de la de los otros herederos de doña Isabel. Los de-más herederos de Fernando Pérez Llera están representados por el Lie. Víctor M. Marchán.

Los autos de esta larga y aun sin terminar administración judicial constan de doce legajos. Aun cuando ya se ha rele-vado al administrador de toda responsabilidad sobre su fianza al aprobarse su cuenta final en 13 de diciembre de 1940, la corte inferior ordenó que, mientras se procedía por el conta-dor partidor (nombrado en el año 1937 a virtud de nuestra decisión en Gautiño, ex parte, Sucn. Llera, etc., opositores, 51 D.P.E. 475) a la partición y división de los bienes de la herencia y a la adjudicación de los mismos entre los herede-ros, “el Administrador Judicial continuará en la posesión de los bienes, a menos que otra cosa se disponga por el tribunal a solicitud de parte interesada”.

El examen minucioso' que hemos hecho de los autos de este caso demuestra que desde que se decretó la administración judicial en el año 1932 hasta el presente, el Lie. C. Domín-guez Eubio ha intervenido activamente en todos los inciden-tes promovidos por los numerosos herederos, representados por distintos abogados, así como en aquellos promovidos por él, en representación de la Sra. Isabel Llera Yda. de Euca-bado (heredera en una mitad de los bienes pues los demás herederos son hijos naturales), y luego representando a su sucesión. Puede afirmarse que no se ha limitado a actuar como abogado de dichos herederos, sino que en muchas oca-siones ha sido él quien ha representado y defendido los de-rechos que correspondían defender al propio abogado del ad-ministrador. Un ejemplo de esto lo fué el incidente sobre nombramiento de Contador Partidor que hubo de ser apelado a esta corte y al cual hizo tenaz y persistente oposición — in-justificada según resolvió esta corte — el Administrador, y en el éxito del cual tomó parte principalísima el Lie. Domínguez Eubio. Sus actuaciones han sido siempre en beneficio de la administración y de su pronta terminación. Hay que admitir que a pesar de esto la administración continúa, aun cuando se haya cancelado la fianza al administrador.

La cuestión envuelta en este recurso surgió a virtud de una moción del Lie. Domínguez Eubio solicitando que la corte inferior fijara en $2,000 como valor razonable de su labor profesional prestada a doña Isabel Llera Vda. de Eucabado y a don Fernando Pérez Llera, a ser pagada por el caudal de este último y de lo que le corresponda a sus herederos, en la herencia de sn señora madre, y qne se ordenara, no que se le pagaran por el administrador judicial dichos honorarios, sino al contador partidor, “para que, al determinar los ha-beres del citado Fernando Pérez Llera en la partición, se sirva incluir a dicho abogado como acreedor de dicho partí-cipe y asegurarle bienes para cobrar tal cantidad.”

Esta moción fué notificada tanto al abogado de los here-deros de Fernando Pérez Llera, Lie. Víctor Marchán, como a las demás partes interesadas y ninguno de ellos hizo opo-sición alguna a lo solicitado. Señalada para vista dicha mo-ción para el día 26 de marzo de 1943, la corte la suspendió por no haber sido notificados todos los abogados y la señaló de nuevo para el 2 de abril en la cual fecha se celebró la au-diencia con la sola comparecencia del Lie. Domínguez Rubio. El 30 de julio de 1943 la corte dictó una orden aprobando la minuta de honorarios d.el Lie. Domínguez Rubio. El 13 de agosto el Lie. Víctor Marchán radicó una moción, sin jurar, solicitando se dejara sin efecto la orden de la corte, en la cual admitió que no había hecho oposición a la moción del Lie. Domínguez Rubio ni comparecido a la audiencia cele-brada, alegando para ello que había actuado “guardando la deferencia que le merece el compañero Domínguez Rubio optó por dejar a discreción” de la corte “sin objeción formal por escrito ... la fijación del importe de los honorarios.” El Lie. Domínguez Rubio se opuso a esta moción y celebrada una vista la corte inferior dictó una resolución declarándola sin lugar, por entender que si la moción se consideraba como una solicitando la reconsideración de la orden se radicó des-pués de haber expirado los cinco días que provee el artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmen-dado por la Ley núm. 67 ele mayo 8 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 199), y si se consideraba como una dirigida a la discreción de la corte bajo los términos del artículo 140 de dicho Código, no existía error excusable que lo justificara. Para revisar esta resolución fue que se solicitó el auto de certiorari, alegándose que la corte inferior había incurrido en errores de procedimiento al resolver la moción del recu-rrente.

Como dijimos al comienzo de esta opinión, expedimos el auto solicitado no por los alegados errores de procedimiento, los cuales consideramos no han sido cometidos, sino para determinar si la corte inferior actuó sin jurisdicción.

Como hemos dicho, la orden de la corte no está dirigida al Administrador Judicial para que pague con cargo a los fondos de la herencia los honorarios del abogado de uno de los herederos sino que está dirigida al Contador Partidor para que, con cargo a la participación de uno de los herederos a quien representó el Lie. Domínguez Rubio, 'se separen bienes suficientes para garantizar el pago de dicho acreedor.

Cae por lo tanto el caso bajo el artículo 1036 del Código Civil (Ed. 1930) que dispone que “Los acreedores de uno o más de los coherederos podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.”

Comentando el artículo 1083 del Código Civil de España, que es idéntico al 1036 del nuestro, dice Manresa lo siguiente:

“Entre los acreedores la ley no establece excepción alguna siendo indiferente que su crédito se halle o no vencido, esté o no debida-mente aseguírado, y sea puro o condicional. Como el objeto es tratar de prevenir o evitar los perjuicios que pueden ocasionarse al acree-dor por la partición, no importa que el crédito se halle afecto al cumplimiento de determinada condición. . . .
“Poco importa, por lo demás, que el derecho del actreedor, arran-que de una é.poea anterior a la muerte del causante o del período de indivisión.
. • ¿Quién puede dudar del interés de los acreedores para intervenir en la partición y hacer que se cumplan los preceptos lega-les ? Es cierto que la partición puede ser impugnada siempre por los acreedores si se hace en fraude de sus derechos, o si les resulta per-juicio por actos de carácter gratuito realizados por el deudor; pero, aparte ele que no siempre bastará el perjuicio por ser discutible la naturaleza gratuita del acto, la ley trata de evitar la perturbación que originaría la impugnación y 'rescisión intentada por los acree-dores, facultando a éstos para intervenir en la partición. El art. 1083 contiene, por tanto, un medio preventivo concedido a cuanto tiene interés en el resultado de la partición, para evitar después innecesarias perturbaciones o medios represivos.” 7 Manresa Co-mentarios al Código Civil Español (5a Ed.) 859, 60, 61.

La-partición en el caso de autos está en trámites de rea-lizarse como un incidente dentro de la administración judicial. No se trata de un acreedor del causante, reconocido como tal, que se esté oponiendo a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se le pague o afiance el importe de su crédito de acuerdo con el artículo 1035 del Código Civil, sino de un acreedor de uno de los herederos a quien el artículo 1036, supra, autoriza a intervenir en la par-tición para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.

Nada encontramos en la Ley de Procedimientos Legales Especiales que impida que un abogado que ha representado a unos herederos durante una administración judicial solicite que la corte, con audiencia de dichos herederos, le fije el im-porte de sus honorarios para ser pagados, no con cargo a los fondos generales de la administración, sino cuando se realice la partición por el contador partidor con cargo al haber de dichos herederos.

Es cierto que el artículo 1473 del Código Civil, en lo per-tinente, dispone que “ ... En cuanto a los servicios profe-sionales, se estará, para la remuneración de los mismos, a lo convenido entre las partes; cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el importe razo-ble de dichos servicios.” (Bastardillas nuestras). Empero, no es mandatorio que la parte con derecho a la remunera-ción, en ausencia de un contrato, tenga que iniciar un pleito para obtener el importe de sus servicios. El precepto sólo dice que “podrá” hacerlo. No vemos impedimento a que también pueda reclamarlos, en nn caso como el de autos, como un incidente dentro del procedimiento de administración judicial cuando se cumple con todas las garantías de un debido procedimiento de ley. Cf. Correa v. Corte, 40 D.P.R. 421, y Del Moral, ex parte, 43 D.P.R. 725.

En el presente caso se le dió a los herederos la oportu-nidad de oponerse a la petición del Lie. Domínguez Rubio y nada alegaron; se les notificó la fecha en que se celebraría la audiencia y no comparecieron. Fue con posterioridad al vencimiento del término legal para solicitar la reconsidera-ción que por primera vez acudieron a la corte. Y aun cuando su moción se considere como una dirigida a la discreción de la corte al amparo del artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil, consideramos que la corte no abusó de su dis-creción al desestimar la moción de acuerdo con las alegacio-nes en ella contenidas y las actuaciones obrantes en autos, una de las cuales demuestra que el propio abogado de la pe-ticionaria, Lie. Marchán, obtuvo, previa audiencia, una or-den de la corte inferior, de 3 de febrero de 1943, autorizando al Administrador Judicial a pagar a la peticionaria $250 y luego $50 mensuales para su hijo menor de edad, y además $50 al Lie. Marchán “por concepto de honorarios de abogado en relación con sus gestiones a beneficio del menor José Fernando Pérez Cabrera.”

Debe anularse el auto expedido.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Epifanio Anza Aguirre, acusado y apelante.
    Núm. 10317.

    — Sometido: Febrero 4, 1944.

      Resuelto: Febrero 17, 1944.

      José L. Márquez, Jr., abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

El apelante fné acusado del delito de poseer un revólver sin registrar y del de portar esa misma arma ilegalmente. Ene condenado a un mes de cárcel por el primero y a $50 de multa por el segundo, y no estando conforme con la sen-tencia, interpuso el presente recurso. Se basa éste en diez señalamientos de error, de los cuales consideraremos sola-mente el séptimo y el octavo por ser ellos suficientes para justificar la revocación de las dos sentencias.

Alega el apelante que la corte inferior erró al declararle culpable “teniendo duda en cuanto al alcance de la prueba y.la veracidad de los testigos”; y al declararle culpable por el hecho de que él se abstuviera de declarar en el acto del juicio.

De la transcripción de evidencia que tenemos a la vista aparece que después de presentada toda la prueba y termi-nados los informes orales del fiscal y de la defensa, tuvo lugar el incidente que transcribimos a continuación:

“Hon. Juez. — Esta Corte en el caso número 8,866, por portar armas, ele El Pueblo de Puerto Rico versus Epifanio Anza Aguirre, y en el caso número 8,861 por no registro de arma, Visto conjunta-mente con el anterior, ha habido (sic) detalladamente las pruebas presentadas por las partes y encuentra la Corte que en las mismas hay dudas en cuanto al alcance de cada prueba y posiblemente en cuanto a la veracidad, pero aun así encuentra esta Corte que las pruebas son suficientes en ambos casos para declarar culpable al acusado y así lo declara culpable en el caso por el delito de portar armas y lo condena a un mes de cárcel, y en el otro caso por el delito de no inscripción de arma también lo declara culpable y lo condena a pagar cincuenta dólares de multa o un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer.
“Defensa. — En este caso queremos oír la sentencia otra vez para fundar una reconsideración. (El taquígrafo lee la sentencia dictada por la Corte.)
“Defensa. — Señor Juez: nosotros entendemos que en un caso como éste donde, no solamente hay duda a nuestro entender sino que hay duda en cuando al entender de Su Señoría, que así lo manifiesta, habiendo sido el acusado convicto cotí una prueba en la que Su Señoría entiende, que hay duda razonable. . .
“Hon. Juez. — Que hay duda en cuanto al cómputo de la prueba pero no-en cuanto a la culpabilidad del acusado; si el acusado hu-biera declarado quizá hubiera convencido a la Corte y la corte lo hubiera absuelto, pero la corte cree que con la prueba que ha habido en este caso no puede absolver al acusado y por tanto ha dictado las sentencias que ha dictado.”

Entre los deberes elementales que la ley impone al ma-gistrado que preside una corte ante la cual se celebra la vista de una causa criminal, sin la intervención de un ju-rado, figuran el de apreciar la evidencia ofrecida por una y otra-parte para determinar su peso y alcance; el de juzgar sobre el crédito que le merezcan los testigos que han decla-rado en el juicio, a quienes ha visto y oído declarar; el de resolver los conflictos que pudieran resultar de las declara-ciones contradictorias prestadas por esos mismos testigos; y el de dar al acusado el beneficio de cualquier duda razo-nable que pueda surgir en su mente, después de oír y pesar toda la prueba.

Es también elemental el principio de que todo acusado tiene a su favor la presunción de inocencia y que esa presunción le acompaña hasta que el fiscal haya probado su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y no menos conocida es la regla de que el acusado tiene el derecho a abstenerse de declarar en su propia defensa,’ no pudiendo considerarse como evidencia en su contra el hecho de que guardó silencio cuando pudo haber hablado.

El error imputado a la corte sentenciadora fué cometido y es a nuestro juicio altamente perjudicial a los derechos del acusado.

No es función de esta Corte Suprema, como tribunal de apelación, la de examinar la evidencia para determinar si ella es suficiente para justificar las sentencias. Tendríamos ese deber si la corte inferior hubiese dictado un fallo basado en su opinión, de que la prueba era suficiente para justificarla. Tampoco estamos obligados a determinar a cuáles testigos debió dar crédito el juez sentenciador. Si al dictar las dos sentencias recurridas, se hubiese limitado a declarar al acusado culpable de ambos delitos, nosotros estaríamos obligados a presumir que el juez sentenciador dió crédito a los testigos cuyas declaraciones tendieron a incriminar al acusado y que al pesar’ la prueba consideró que ésta era suficiente para establecer la culpabilidad del acusado; y en ese caso, nos abstendríamos de intervenir con el fallo, a no ser que de un examen detenido de toda la evidencia resultase que ésta era claramente insuficiente para justificar la convicción del acusado.

Bn el caso de autos nos encontramos ante una situación enteramente distinta. Nos dice el juez sentenciador que des-pués de estudiar detalladamente las pruebas presentadas por ambas partes, la Corte tiene dudas en cuanto al alcance de cada prueba y posiblemente en cuanto a la veracidad. No nos dice en qué consisten esas dudas, ni señala tampoco los testigos de cuya veracidad ña dudado. Más adelante, hace constar que las dudas que tiene son en cuanto al “cómputo” de la prueba, aunque suponemos que quiso decir en cuanto a la apreciación de la prueba.

Vemos, pues, que la corte inferior, encontrándose en un estado mental de duda e incertidumbre en cuanto a la apre-ciación del peso y suficiencia de la prueba y en cuanto a la credibilidad de los testigos, pero creyendo no obstante en la culpabilidad del acusado, se negó a dar a éste el beneficio de la duda y le condenó porque pudiendo haber declarado y disipado con su declaración las dudas existentes en la mente del juzgador, se abstuvo de declarar. Lo condenó porque creyó en la culpabilidad del acusado, no obstante su estado mental de duda e incertidumbre en cuanto a la suficiencia de la prueba y la veracidad de los testigos.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    Compañía Popular de Transporte, peticionaria, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Emilio S. Belaval, Juez, y Corte Municipal de Bayamón, Hon. José N. Quiñones, Juez, demandadas.
    Núm. 1526.

    — Sometido: Junio 22, 1943.

      Resuelto: Febrero 17, 1944.

      Artemio P. Rodríguez, abogado de la peticionaria; Bubón & Ocho-ieco, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Acogiéndose al procedimiento provisto en la Ley núm. 10 de 1917, José Camba radicó ana querella contra la Compañía Popnlar de Transporte en la Corte Manicipal de Bayamón sobre reclamación de salarios. Alegó como cansa de acción qne celebró nn contrato verbal de arrendamiento de servicios con la querellada, a virtud del cual el querellante desempe-ñaría el cargo de capitán de las embarcaciones que utiliza dicha compañía en su negocio de porteador público de pasa-jeros entre San Juan y Cataño; qne el salario convenido fué de $19.25 semanales por siete días de trabajo a la semana, a razón de $2.75 por día de faena de nueve boras; qne el querellante estnvo en el desempeño de sn empleo desde el 21 de julio de 1937 hasta el 21 de jnlio de 1940, y durante todo ese tiempo la querellada no le concedió el día de des-canso por cada seis días de trabajo que prescribe la ley, y que los días de descanso de que no disfrutó suman 156, que a razón de $2.75 cada uno montan a la cantidad de $429, can-tidad que no le ha sido satisfecha por la querellada ni en todo ni en parte a pesar de sus gestiones con ese fin. Ter-*mina la querella con súplica de sentencia que condene a la querellada a pagarle la cantidad de $429 con los demás pro-nunciamientos de ley.

A base de excepciones previas interpuestas por la que-rellada, la corte municipal desestimó la querella, recurriendo entonces el querellante para ante la Corte de Distrito de Bayamón, Reprodujo allí la querellada las mismas cuestio-nes de derecho que había interpuesto en la corte municipal, es decir, una “Moción sobre Nulidad de Citación y sobre Eliminación y Desestimación y Archivo de Querella,” una “Moción sobre Especificación de Detalles” y por último un escrito de “Excepciones Previas y Contestación.” La corte inferior, pasando sobre las cuestiones de derecho levantadas por la querellada, las declaró todas sin lugar declarando: (a) que la corte municipal tenía jurisdicción para conocer del caso, porque la querella está predicada en la reclamación de jornales devengados en días de descanso, siendo utilizado el procedimiento rápido que para la reclamación de salarios devengados establece la Ley núm. 10 de 1917, según ha sido enmendada; (b) que la querella aduce hechos constitutivos de causa de acción; y (c) que la querella no es ambigua ni ininteligible ni dudosa, y por el contrario ofrece a la quere-llada toda la información necesaria para preparar su contes-tación. Refiriéndose a la diferencia que trató de establecer la querellada entre empleados de una casa de comercio o industria y empleados de una empresa de utilidad pública, la rechazó la corte inferior declarando que el remedio que ofrece el estatuto se aplica a todos los empleados de casas de comercio o de industria, ya se dediquen a negocios priva-dos o a empresas públicas. La parte dispositiva de la reso-lución de la corte inferior ordenó que se devolviese el caso a la Corte Municipal de Bayamón para ulteriores procedi-mientos de conformidad con los trámites establecidos en la Ley núm. 10 de 1917, según ha sido enmendada.

Para revisar la citada resolución de la Corte de Distrito de Bayamón, radicó en este tribunal la Compañía Popular, de Transporte la petición de certiorari que ahora nos ocupa. Teniendo en cuenta el interés público envuelto en las cues-tiones suscitadas en este caso, - expedimos el auto de acuerdo con la Ley núm. 32 de 3 dé mayo de 1943, que nos concede discreción para dentro del recurso de certiorari considerar y revisar cualquier alegado error, tanto de procedimiento como de derecho sustantivo, sea o no revisable mediante apelación la resolución de que se trate.

Las cuestiones levantadas por la peticionaria giran todas alrededor de la interpretación que a la luz de la Ley núm. 110 de 13 de mayo de 1937 debe darse al contrato de arrendamiento de servicios celebrado entre José Cumba y la Compañía Popular de Transporte. Ya conocemos los términos del contrato. Examinemos ahora la ley a que acabamos de referirnos. En lo pertiente dice así:

“Sección 1. — Que la Ley No. 54, aprobada el 28 de abril de 1930, ‘Para enmendar el artículo 553 del Código Penal y para otros fines,' queda enmendada, y reenaetada en su parte dispositiva del modo siguiente:
“ ‘Sección 1. — Que el artículo 553 del Código Penal tal como ha sido enmendado en agosto 9, 1931, marzo 28, 1914, noviembre 23, 1917 y mayo 20, 1925, quede enmendado de la manera siguiente:
“ ‘Artículo 553. — Los domingos, durante todo el día excepto cuando fueren domingos los días 24 de diciembre, y primero y 5 de enero; el primer lunes de septiembre (Labor Day), y el día 4 de julio; los días de fiesta legal desde las 12 a. m.; todos los sábados desde las 9 p. m.; todos los días laborables desde, las 6 p. m. y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m., permanecerán cerrados al público; y una bora después de cerrados, no se permitirá ninguna clase de trabajo para los emplea-dos en los establecimientos comerciales e industriales, con excepción de los designados a continuación:
“ ‘6. Las empresas de utilidad pública y cuasi públicas, y los trabajos urgentes y necesarios para evitar peligro y considerables pérdidas de dinero.
“ 'Sección 2. — Los empleados y dependientes de las empresas y establecimientos exceptuado^ por la ley, que presten sus servicios a base de un salario anual, mensual, semanal o en cualquier forma, que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado, tendrán derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo, con salario íntegro.’ ”

Siendo como es la querellada, aquí peticionaria, una em-presa de utilidad pública, su empleado José Cunaba, quien conforme aparece de la querella prestaba servicios a base de un salario semanal, tenía derecho por mandato expreso de la ley a que su patrono le diese un día de descanso por cada seis días de trabajo con salario íntegro por dichos siete días. En otras palabras, el patrono venía obligado a pagarle el salario correspondiente al día de descanso sin que pudiese exigirle a cambio de dicho salario, por prohibírselo la ley, el trabajo del empleado durante dicho día de descanso. Pero se arguye' que como el patrono y el empleado, conforme apa-rece de la faz de la demanda, trataron un salario de $19.25 por una semana de siete (no seis) días de trabajo, el salario correspondiente al día de descanso fue pagado por el pa-trono, y que no siendo la Ley núm. 110, supra, una ley de salario, es de aplicación lo dicho por este tribunal en el caso de Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, 98:

“Es decir, si las partes en realidad convinieron en que el obrero recibiría $1.68 por doce horas, resultando que el tipo por hora es 14 centavos, e] obreiro ya ha sido totalmente compensado al tipo ordinario por todas las doce horas, aunque él tendrá, desde luego, derecho a la compensación extra por la nov'ena hora que el estatuto ■específicamente dispone deberá recibir.”

No requiere gran esfuerzo el distinguir el presente del ■caso de Cardona, supra. En aquél la ley aplicada no obliga al patrono a pagar ninguna hora sin recibir a cambio del salario el correspondiente trabajo del obrero. De ahí que se dijera en dicho caso que si las partes en realidad habían convenido que el obrero habría de recibir $1.68 por doce horas, o sea a razón de catorce centavos la hora, al recibir la cantidad de $1.68 diarios había sido totalmente compen-sando por todas'las doce horas, aunque desde luego tenía derecho a la compensación extra que se prescribe por la ley para la novena hora. Pero la Ley núm. 110 dispone que el obrero o empleado, como lo era Cumba, de una empresa de utilidad pública y cuasi pública tiene derecho a recibir el salario correspondiente al día de descanso sin trabajarlo. De manera, pues, que cuando el supuesto patrono en el caso de Cardona, supra, conviene con su empleado u obrero un salario de $1.68 por cada día de doce horas de trabajo, se celebra un contrato con causa porque el obrero o empleado está recibiendo a cambio de las cuatro horas extras que tra-baja un salario que no tenía derecho a recibir si no prestaba el servicio. Empero, en el caso de autos el obrero, al con-venir con el patrono trabajar durante el día de descanso a cambio de un salario de $19.25 por siete días de trabajo, no está recibiendo compensación alguna por el trabajo de ese día, porque sin trabajarlo tiene derecho a recibir su salario íntegro por mandato de la ley. En otras palabras, el obrero está dando al patrono su labor del día de descanso a cambio de nada, y por consiguiente en lo que al trabajo de dicho día respecta no existe causa, y si asumiéramos a los efectos del argumento que la causa existe, sería ilícita en lo que res-pecta al patrono.

Establecida la anterior conclusión, es enteramente apli-cable lo prescrito en el artículo 1227 del Código Civil (ed. 1930), que dice:

“Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral. ’ ’

No podrá argtiirse que el empleado podía renunciar al día de descanso con salario que le concede la ley. A ello se opone el artículo 4 del Código Civil, que en lo pertinente prescribe:

“Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero.” (Itálicas nuestras.)

Que el precepto legal que concede un día de descanso a los obreros o empleados que se hallan en el caso de Cumba es uno de orden público, es una proposición que se prueba por sí misma (self-evident). Como ha dicho un eminente jurista español, “sólo es digno de respeto lo que se hace de conformidad con la ley.” Por consiguiente aquella parte del contrato de servicios en que Cumba se obligó a trabajar para su patrono el día de descanso que con salario íntegro le concede la ley, debe entenderse por no puesta y limitado el contrato a los términos claros y precisos de. la ley, es de-cir, el obrero o empleado a trabajar seis días y por esos seis días el patrono a pagarle el salario correspondiente a siete días.

¿Tiene derecho el interventor Cumba a ser compensado por el trabajo que realizó para su patrono durante los días de descanso a pesar de ser inexistente el contrato celebrado en lo que a dichos días respecta? A nuestro juicio, puede cobrarlo con el mismo derecho que si el día de descanso lo hubiese trabajado para cualquiera otra persona que no fuese su patrono regular. Decir que el obrero no tiene derecho a cobrar el precio razonable del trabajo que en beneficio de su patrono realizó durante los días de des-canso, equivale a ignorar el principio de justicia eterna a virtud del cual a nadie le es permitido enriquecerse injusta-mente a costa de otro. Tratando de este principio de de-recho, dice la Enciclopedia Jurídica Española, tomo 14, pág. 261:

“Enriquecimiento Torticero. Modo de enriquecerse injusto, que no se arregla a las leyes o a la razón. Es locución anticuada, pero que todavía se usa en lo forense, con alusión al principio de derecho consignado en la regla 17, tit. XXXIY, Part. 7a, según el cual nadie debe enriquecerse torticeiramente en perjuicio de otro-, que tiene su antecedente y origen en la ley 206 del Digesto. De regul. jur., a cuyo tenor ‘es conforme al Derecho natural que ninguno aumente su patrimonio con daño e injuria de otro.’ El texto Alfonsino es como sigue: ‘E aun dixeron (los sabios antiguos), que ninguno non deue enriquescep.’ tortizeramente. con daño de otro.’
“Según reiteradamente lia declarado la jurisprudencia, no se enriquece torticeramente, es decir, no aumenta su patrimonio con daño e injuria de otro, el que usa de su derecho, ni quien recibe lo que le corr'esponde con arreglo a las leyes y <por justo título (Itálicas nuestras.)

Ya hemos demostrado que el enriquecimiento que tendría el patrono carece de causa. Sobre la institución del enri-quecimiento injusto y su aplicación en el derecho civil espa-ñol, el tratadista Valverde, en una nota al calce de la pág. 642 del tomo 3 de su Tratado de Derecho Civil Español,, dice:

“La institución del enriquecimiento sin causa, es susceptible de aplicación en múltiples casos que es imposible prever, pues no sólo se ve su aplicación en el pago indebido, sino v. gr., en determina-das accesiones o incorporaciones a la propiedad, y en suma, siempre que baya existido un enriquecimiento, un aumento de la propiedad o en los derechos de. uno, de modo indebido o sin causa. Nuestro código, siguiendo al francés, no ha folrmulado respecto de ella prin-cipios generales, no así otros códigos como el alemán, que la regulan, y con razón, como fuente importantísima de obligaciones, pues ya hemos dicho que el principio jurídico del enriquecimiento sin causa, es ruia regla superior de equidad que domina, y cada día dominará más, muchas relaciones de derecho privado, naciendo de tal prin-eip'io la importante consecuencia de la restitución. Del enriqueci-miento sin causa, nace la acción m rein verso, para repetir el enri-quecimiento indebido, y como tal acción deriva ele un principio de equidad, en realidad no puede estar sometida en su ejercicio a ninguna regla determinada. Lo que sí importa decir es, que allí donde existe un enriquecimiento sin causa dependiente de otro, nace la obligación de restituir por parte de la persona enriquecida, sea cualquiera su condición y capacidad jurídica.
“Esta institución está basada en un principio de derecho que nadie discute, que admite la jurisprudencia de todos los países, y es que ‘nadie debe enriquecerse a costa de otro,’ y en dos funda-mentales condiciones: 1% que haya un enriquecimiento en el patri-monio de un individuo, y 2%- que este enriquecimiento no tenga causa jurídica. Se han expuesto varias teorías para explicar esta institución. ’ ’

Es verdad que nuestro Código Civil, como el español, no ha formulado principios generales respecto a la institución del enriquecimiento injusto. Pero como dice Valverde (véase la cita) no es necesario que el código regule esta institución, pues el principio jurídico de enriquecimiento sin causa es una regla superior de equidad que se aplica siempre que haya existido un injusto enriquecimiento. Esta institución no está basada en la existencia de un contrato. Si así fuera, no ha-bría necesidad de recurrir a ella, ya que las partes tendrían que atenerse al contrato, que es ley entre los contratantes. Ya hemos dicho que en el presente caso no sólo no existió causa por parte del patrono si que de haber existido, sería ilícita, porque constituye delito por parte del patrono no conceder a su obrero o empleado un día libre con salario íntegro por cada seis días de trabajo. No habiendo existido causa, el contrato es inexistente. Como dice Manresa, “Nulo en absoluto, sin producir efecto alguno, como celebrado sin explicación suficiente, sin razón de ser, es el contrato sin causa.” 8 Manresa, Código Civil (ed. 1907) 683. Y tra-tando de los contratos con causa ilícita, el mismo autor, ob. y t. citados a la página 788, dice: “Entendemos, en efecto, que los contratos con causa u objeto ilícitos, se deben repu-tar ante el derecho inexistentes.”

Por esta razón no es necesario disentir aquí los casos de García v. Cañada, 11 D.P.R. 421; Agosto v. Woods, 13 D.P.R. 369; Ledesma v. Araújo, 15 D.P.E. 249, y Ex parte Capó y Rivera, 59 D.P.E. 899, mencionados en el caso de Cardona, snpra, porqne en dichos casos existió cansa lícita y fneron resueltos a base del contrato de servicios, mientras que en el presente no existió contrato en lo que respecta al trabajo realizado durante el día de descanso, y el derecho a compensación surge, como hemos visto, a base de la doc-trina de enriquecimiento injusto, que no se aviene con la existencia de un contrato. Véanse los artículos 1434 y 1473 del Código Civil.

De la amplia discusión que de este caso hemos hecho, fá-cilmente se concluye que' la querella presentada por Cumba aduce hechos constitutivos de causa de acción a base de la doctrina de injusto enriquecimiento. Concedemos que la querella pudo ser mejor redactada, pero como dijéramos en Cardona v. Corte, supra (pág. 95), “Y si se levanta la cues-tión de perfección en las alegaciones, deberá recordarse que estos casos se originaron en la Corte Municipal a virtud de querellas suscritas por los obreros solamente, y que la sec-ción 6 de la Ley núm. 10, Leyes de Puerto Eico, 1917 (II, pág. 217), impone a las cortes el deber de no tomar en con-sideración defectos de forma en pleitos que en reclamación de salarios se traigan de acuerdo con ella.”

Como en el caso de Cardona, tantas veces citado, la que-rella en éste fué presentada en la corte municipal y suscrita por el empleado solamente.

Que en el presente caso se trata de una reclamación de salarios, es cuestión fuera de duda. Lo que se reclama no es, como hábilmente arguye el patrono, una indemnización por no haberse concedido al empleado su día de descanso. El empleado reclama el salario correspondiente al trabajo que realizó durante los días de descanso, para los cuales días la ley le concedió el derecho de recibir el salario sin traba-jar y el patrono, pasando por sobre el mandato expreso de la ley, pretendió y logró que trabajase sin retribución al-guna, puesto que la que le dió era la que la ley le ordenaba a darle sin que el obrero tuviese obligación de trabajar.

La cuestión que corresponde determinar abora es- si erró o no la corte de distrito al remitir el caso a la corte municipal para que se continuase allí su tramitación.

El artículo tres de la Ley para Reglamentar las Apela-ciones contra Sentencias de las Cortes Municipales en Plei-tos Civiles (Leyes de 1908, pág. 124), según fue enmendado por la Ley núm. 31 de 11 de mayo de 1934 (pág. 293), re-suelve sin lugar a dudas la cuestión planteada. Dicho ar-tículo en lo pertinente prescribe:

“Al anunciarse la vista de la apelación, el tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideración cualquiera provi-dencia, resolución, auto u orden por los cuales se creyere éste per-judicado. Resueltas estas cuestiones se procederá a la vista de la catisa tal como resulta de las alegaciones, a no ser que en virtud de excepción previa, permitiese el juez que fueren enmendadas la demanda O la contestación. Dispuesto así el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio, rigiendo paira el mismo todas las dis-posiciones y reglamentos judiciales aplicables a la vista de pleitos originalmente 'iniciados en la corte de distrito.” (Itálicas nuestras.)

Como muy bien dicen en su alegato los abogados del que-rellante, aquí interventor, en consonancia con el precepto legal transcrito, el juez de la corte de distrito no debió de-volver el caso a la corte municipal sino celebrar el juicio ante su propio tribunal.

Finalmente, debemos consignar que no estamos de acuerdo ni podemos aceptar como bueno el razonamiento del Tribunal Supremo de España expuesto en su' sentencia de 8 de enero de 1940, invocado por el abogado del patrono, aquí peticionaria, a saber:

“El derecho a las vacaciones no admite compensación en metálico porque ello se opondría a su finalidad de reportar un descanso bene-ficioso para la naturaleza del trabajador.”

A ese argumento podríamos replicar que el remedio su-gerido por 'dicho tribunal, lejos de curar, agravaría el mal que se trata de evitar, premiando al patrono al enriquecerlo a costa del trabajo del obrero. Impónganse fuertes penas al patrono que no concedió al obrero ese “beneficioso des-canso,” y lo que ba demostrado la experiencia ser más efec-tivo, obligúesele a pagar doble o triple compensación por el trabajo realizado durante el día que la ley concede al obrero para reponer sus fuerzas, pero no se castigue al que las más de las veces, ya por ignorancia, ya obligado por la miseria, se ve en la necesidad de renunciar con perjuicio de su salud ese beneficioso descanso que una ley humanitaria le concede, no sólo en beneficio propio, si que de la comunidad en general.

Las conclusiones a que llegó la corte inferior son correc-tas con excepción de aquella que dispone la devolución del caso a la corte municipal. Este pronunciamiento debe ser modificado en el sentido de ordenar que el caso continúe en la corte de distrito para su tramitación de conformidad con los principios expuestos en esta opinión. Así modificada la resolución, se confirma.


text:
    Valentín Polanco de Jesús, demandante y apelante, v. A. Ruiz & Co., S. en C., demandada y apelada, Lorenza Rosario, Interventora.
    Núm. 8864.

    — Sometido: Enero 12, 1944.

      Resuelto: Febrero 17, 1944.

      V. Folanco de Jesús, pro se; Angel Rivera Colón, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso está estrechamente relacionado con an-teriores recursos tramitados ante esta corte. Nos referimos a los casos de Rosario v. Ruiz, Polanco de Jesús, opositor, 62 D.P.R. 326, y Rosario v. Ruis y Polanco de Jesús, resuelto en febrero 10, 1944, pág. 93, ante. Consideramos innecesa-rio repetir de nuevo los hechos envueltos en dichos litigios. Basta decir que, como consecuencia del primero de ellos, Polanco de Jesús presentó demanda de desahucio contra A. Ruiz & Co. en la que alegó ser dueño y poseedor de la casa que ocupa la demandada sin pagar canon o merced alguna y que se había negado a desocuparla. La demandada negó estos hechos y en contrario alegó que ocupa la casa a virtud de contrato verbal de arrendamiento por canon de $30 men-suales, celebrado primero con Santiago Ruiz López (uno de los demandados en los dos pleitos mencionados) anterior dueño de la propiedad, y luego con Alfredo Cortés como apoderado de doña Lorenza Rosario (la demandante en los pleitos anteriores) actual dueña de la casa. Como materia de oposición y defensa la demandada expuso los hechos que fueron objeto del recurso de apelación en Rosario v. Ruiz, 62 D.P.R. 326 y alegó que dicho recurso estaba pendiente de resolución ante esta corte y que, por tanto, la dueña del in-mueble lo era doña Lorenza Rosario.

Previo permiso concedido intervino en el pleito Lorenza Rosario y en su contestación alegó sustancialmente los mis-mos hechos que la demandada.

Por los motivos que expondremos más adelante, es im-portante hacer constar que no obstante haberse celebrado la primera comparecencia en este caso el día 3 de febrero de 1943, por convenio de las partes se pospuso la celebración de la segunda comparecencia hasta una fecha posterior a aquella en que esta corte resolviera la apelación pendiente en el caso anterior de Rosario v. Ruiz, supra. Así vemos que nuestra decisión tiene fecha de julio 7 de 1943 y la segunda comparecencia se celebró el 16 de agosto de 1943.

En dicha vista se probó por el demandante que al adquirir la finca en subasta pública se otorgó la correspon-diente escritura que fue inscrita en el registro de la propie-dad, y además que el marshal de la corte le dió posesión de la finca haciendo constar en el diligenciamiento de la orden que se expidió, lo siguiente:

‘ ‘ CeRtifioo : Que recibí la o'rden de posesión en este caso él día 8 de enero de 1943 y que en cumplimiento de la misma me trasladé al pueblo de Oiales el día 12 de enero de 1943, y que a las cuatro y inedia de la tarde de dicho día, olí posesión judicial al Lie. Valen-tín Polanco de Jesús de la finca descrita en el mandamiento de posesión, luego de haber identificado la misma, poniendo en conoci-miento de los inquilinos de los señores Alfredo Ruiz López, en representación de A. Ruiz & Co., como gestor, y Dr. Antonio Fer-nández Valdés; y de los colindantes Joaquín Torre Noriega y l)r. Luis Torre Piñtueles en representación de la Sucesión de Elias Torre Noriega y al señor Santiago Ruiz López por sí y en su carácter de Alcalde de Cíales, P. R. A todos advertí que desde hoy en ade-lante día 12 de enero de 1943 el señor Valentín Polanco de Jesús es el dueño legal de la propiedad.”

Se probó además por la declaración no contradicha del demandante que él requirió a la demandada el día que fué con el márshal para que desalojara la casa y que además le escribió una carta al socio gestor al mismo efecto y que en-tonces presentó la demanda de desahucio. Se probó además por el demandante que había hecho la consignación cum-pliendo con los términos de la sentencia de esta corte de julio 7, 1943, pero que dicha consignación no incluía las costas que reclamaba doña Lorenza Rosario, por considerar que ella había renunciado a su cobro.

De acuerdo con nuestra sentencia de febrero 10, 1944, en la segunda apelación del caso de Rosario v. Ruis y Polanco de Jesús, supra, esta última contención del aquí demandante era correcta. Al finalizar la opinión en dicho caso dijimos:

“Pasemos ahora a la consignación en satisfacción de la senten-cia.
“La sentencia de este tribunal, modificada, como hemos dicho, en 21 de julio de 1943, específicamente determinó lo que debía satis-facer el comprador pendente lite para que la propiedad por él comprada quedase liberada de la sentencia obtenida contra sus cau-santes Santiago Ruiz y esposa. El comprador pendente lite se ajustó estrictamente a la sentencia de este Tribunal al hacer la consignation, completada después por la cantidad de $2.76 que faltaba de intereses.
“Siendo ello así, procede revocar la resolución apelada y dictar otra declarando bien hecha la consignación y totalmente satisfecha la parte de la sentencia qice debía pagan el comprador pendente lite, con todos sus efectos legales.” (Bastardillas nuestras.)

Tenemos, por lo tanto, que habiéndose probado que el demandante tomó posesión de la finca y notificó a la deman-dada que debía desalojar, y que además ya había consignado todo lo que tenía que pagar como comprador pendente lite, erró la corte inferior al sostener que la posesión que obtuvo el demandante fué “simbólica”, y que la posesión de la demandada debía prevalecer porque tenía un contrato verbal de arrendamiento con Lorenza Rosario. Erró asimismo al resolver que la demandada no tenía que entregarle al deman-dante porque al hacerlo “Lorenza Rosario dejaba de percibir el interés o renta a que tenía derecho por el importe de la hipoteca mientras no se hiciera una consignación en corte que dejara a salvo su defecho.” (Bartardillas nuestras.) Si la consignación estuvo bien hecha y quedó satisfecho todo lo que el demandante tenía que pagar, ¿ qué derecho tenía la in-terventora Lorenza Rosario a percibir “interés o renta por el importe de la hipoteca” en perjuicio de los derechos reco-nocidos del demandante?

No obstante haberse pospuesto la segunda comparecencia para una fecha posterior a nuestra sentencia en la primera apelación antes mencionada, y de haberse efectuado por el demandante la consignación de acuerdo con dicha sentencia, y la corte inferior admitir que estos hechos son ciertos, en su opinión hace constar que tiene que “resolver este asunto a base de la situación existente cuando se presentó la de-mandada, sin perjuicio de que Valentín Polanco de Jesús, presente una nueva demanda de desahucio cuando acabe de consignar y liquidar con Lorenza Rosario lo que debe satis-facerle ...” (Bastardillas nuestras.)

Asumiendo, sin resolverlo, que Polanco no pudiera desahu-ciar a la demandada sin antes haber hecho la consignación a favor de Lorenza Rosario, habiéndose probado que él hizo dicha consignación erró la corte inferior al querer obligar al demandante a iniciar una nueva acción de desahucio. La finalidad perseguida por las partes al posponer la vista de la segunda comparecencia en este caso fué precisamente que la corte inferior tuviera el beneficio de conocer los térmi-nos de nuestra sentencia de julio 7, 1943 en el caso anterior fijando la cuantía de la consignación que tenía que hacer Polanco. Habiéndose probado que él hizo la consignación de acuerdo con nuestra sentencia, nada más tenía que liqui-dar con Lorenza Rosario.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra decla-rando con lugar la demanda.


author: El Juez Asociado Seño®, Todd, Je.,

text:
    José Demetrio de Jesús, et al., demandantes, apelados y apelantes, v. Salomón Assad Hawayeck, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 8525.

    — Sometido: Diciembre 1, 1943.

      Resuelto: Febrero 17, 1944.

      Pedro E. Anglade, abogado de los apelados apelantes; B. Sancho Bonet y TJlpiano Crespo, Jr., abogados del apelante apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Todd, Je.,

emitió la opinion del tribunal.

La Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia en este caso declarando nulo nn procedimiento ejecutivo sumario seguido por el demandado en contra de los demandantes y le condenó además a satisfacer a los demandantes $2,000 como-daños y perjuicios, más los intereses que se devenguen al 6 por ciento anual. En la misma sentencia declaró con lugar la contrademanda interpuesta por el demandado y condenó a los demandantes a satisfacer al demandado $3,450.79 (im-porte de la deuda con interses), más intereses al 6 por ciento anual. Condicionó la entrega de la finca por el demandado a los demandantes cuando “los demandantes consignen en la secretaría de esta corte la diferencia entre las sumas adju-dicadas por esta sentencia, incluyendo costas, o sea, el balance a favor del demandado.” Ambas partes apelaron.

Consideraremos en primer término el recurso del deman-dado en el cual sostiene que la corte inferior erró al resolver que el ejecutivo sumario es nulo, al no resolver que los de-mandantes estaban impedidos {estopped) de ejercitar la acción de nulidad y al declarar con lugar la contrademanda no conceder el importe justo y equitativo a que tiene derecho el contrademandante.

Las cláusulas primera y tercera de la escritura en que se constituyó la hipoteca que fué objeto del ejecutivo sumario disponen lo siguiente:

“Primera: Don José Demetrio -de Jesús Borrás por sn propio derecho y como apoderado de su citada esposa, de Jesús Enrique y su esposa Braulia Martínez y de Rafael, Miguel y Alejandrina de Jesús Borrás, confiesa haber tomado a préstamo a don Salomón Assad Hawayech la suma de un mil dólares que se obliga a devol-verle en el término de un año que. vencerá el día cinco de diciem-bre de mil novecientos veinte y cinco. Esta deuda no devengará intereses hasta su vencimiento; pero después de su vencimiento los devengará a razón del uno por ciento mensual, pagaderos por men-sualidades vencidas.
“Tercera: En garantía de los un mil ol61ares.de capital y tres-cientos dólares para gastos, costas y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, don José Demetrio de Jesús Borras por su propio derecho y como apoderado de su citada esposa Rafaela Padró y de sus hermanos Jesús Enrique y su respectiva esposa y Rafael, Miguel y Alejandrina de Jesús Borras, constituye hipoteca volun-taria sobre la finca descrita, aceptando don Salomón Assad Iiawayeck tal derecho real que a su favor se constituye.”

Al ejecutarse por la vía sumaria esta hipoteca se incluyó en el requerimiento de pago y se ejecutó la finca, no sólo por el capital vencido sino también por la suma de $190 en con-cepto de intereses vencidos.

Repetidas veces hemos resuelto que el procedimiento eje-cutivo sumario es de cumplimiento estricto y que el cobro de intereses que no están hipotecariamente garantizados con-vierte en nulo dicho procedimiento. Santos v. Crédito & Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946; Martorell v. Crédito & Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655; Vázquez Vda. de McCormick v. Gutiérrez, 52 D.P.R. 170, y Figueroa v. Boneta, 58 D.P.R. 811.

Una mera lectura de la cláusula tercera, supra, demuestra que no se hizo extensivo el gravamen hipotecario como garan-tía de los intereses de mora que se habían convenido en la cláusula primera y siendo esto así, no erró la corte senten-ciadora al declarar nulo el procedimiento ejecutivo.

El segundo señalamiento se basa en el hecho de que los demandantes al ser desahuciados de la finca que había sido ejecutada po.r el demandado reclamaron y obtuvieron que se Ies reconociera su derecho de hogar seguro sobre ciertas casas enclavadas en la finca. Sostiene el apelante que por este hecho estaban impedidos (estopped) de ejercitar la acción de nulidad del ejecutivo. No tiene razón a nuestro juicio.

Al reclamar el hogar seguro los demandantes hicieron uso de un derecho que les estaba reconocido por ley y del cual no podía privarles el demandado. El hecho de que reclamaran y obtuvieran el reconocimiento de su derecho de hogar seguro no era un impedimento para que ellos alegaran la nulidad del ejecutivo, y, como consecuencia, que se restableciese el status que existía anteriormente. El ejercitar dicho dere-cho no tuvo el efecto ele convalidar lo que desde su inicio era nulo. Ellos no estaban admitiendo, como sostiene el apelante, la validez del ejecutivo sumario por el hecho de reclamar su derecho de hogar seguro. Además, si el ejecu-tivo sumario era nulo, la reclamación del hogar seguro en el pleito posterior sobre desahucio, en el cual el título sobre la propiedad no podía plantearse ni resolverse, no pudo tener el efecto de convalidar en forma alguna dicho procedi-miento. Una actuación nula en absoluto — la venta en este caso — no puede ser convalidada por actos subsiguientes— Mestre, et al. v. Michelena, et al., 30 D.P.R. 148 — y menos aun cuando éstos se refieren a un derecho reconocido por ley como lo es el homestead.

No se cometió el segundo error y en cuanto al tercero el apelante se limita en su alegato a exponerlo sin discutirlo ni tratar de demostrar en qué lo fundamenta. Debe, por tanto desestimarse el recurso del demandado.

Pasamos a considerar el de los demandantes en el que alegan que la sentencia es contraria a la prueba presentada en cuanto a los daños y perjuicios concedidos; que la corte inferior actuó movida por prejuicio al determinar dichos daños y perjuicios, y que la sentencia es contraria a derecho en aquella parte que dispone que el demandado retendrá el título y la posesión de la finca hasta tanto se consigne en la corte el importe del balance de la sentencia a disposición del demandado.

Los dos primeros errores pueden resolverse conjunta-mente. La corte sentenciadora, después de hacer constar que los demandantes al serles reconocido su derecho de homestead, habían obtenido 26 cuerdas “que era el mejor terreno de la finca”, dijo que sólo consideraría los daños y perjuicios por frutos dejados de percibir por el terreno del cual tomó posesión el demandado, y refiriéndose a la eviden-cia presentada sobre el particular, se expresó así:

“La prueba aducida demuestra que la finca produjo poco al demandado, y la evidencia testifical de los demandantes, en gran parte, es poco precisa y se refiere 'mayormente a pequeños arren-damientos que ha hecho el demandado con terceros, que a juzgar por el canon de los mismos, el terreno no es productivo. Además, hay que tener en cuenta los gastos que haya tenido el demandado. Entendemos que una suma de $2,000 es suficiente compensación como daños y perjuicios.”

Hemos examinado cuidadosamente la prueba presentada por las partes, según aparece de la transcripción de eviden-cia, y creemos que la suma concedida por la corte sentencia-dora es razonable. La prueba fué contradictoria en cuanto al verdadero valor de lo que la finca produjo o pudo producir en concepto de frutos. En cuanto al valor de los arrenda-mientos que hizo el demandado de ciertas parcelas que en total ascendían a 45 cuerdas, los demandantes se limitaron a probar lo que dichos arrendamientos efectivamente produ-jeron, es decir, $125 anuales, pero no presentaron prueba de que el resto de la finca, hasta sus doscientas dos cuerdas, pudo haberse arrendado y haber producido proporcional-mente lo mismo que las otras parcelas arrendadas y menos aun que podía obtenrse un canon de arrendamiento más alto. Por el contrario, la prueba del demandado demostró que aun de aquellas parcelas que fueron arrendadas tuvo que desahu-ciar a los arrendatarios porque no podían pagar el canon de arrendamiento. La corte dirimió el conflicto y dió crédito a la prueba del demandado, y nada encontramos en los autos que justifique la imputación de que al hacerlo actuara movida por pasión o prejuicio. No se cometieron los dos errores que hemos discutido y tampoco el tercero, pues la sentencia dictada por la corte inferior es similar a las que merecieron la aprobación de esta corte en los casos de Román Benítez v. Rivera, 43 D.P.R. 535 y Oller v. Cadierno, 62 D.P.R. 421.

Debe confirmarse la sentencia apelada.