author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

text:
    Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, peticionario, v. Hon. Lourdes M. Bobé Santiago, Registradora de la Propiedad, Sección de Humacao, recurrida.

      Número: RG-2015-0001

      Resuelto: 14 de octubre de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y María Astrid Hernández Martín, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida; Angel X. Viera Vargas, de Casillas Santiago & Torres, abogado de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) nos solicita que ordenemos a la Hon. Lourdes M. Bobé Santiago, Registradora de la Propiedad (Registradora), la calificación de una escritura pública. Debido a que no nos encontramos ante una calificación final, ni ante una verdadera negativa a calificar, procede desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

I

El CRIM argüye que Intel Puerto Rico, Inc. otorgó la Escritura número 6 de 11 de mayo de 1995 sobre Cancelación de Condiciones Restrictivas, Segregación, Permuta y Agrupación (Escritura núm. 6) ante el notario Esteban R. Bengoa Becerra, mediante la cual, entre otras cosas, agrupó las fincas 9,316, 9,318, 9,322, 9,323, 9,324, 9,325 y 9,625. Según alegado, la Escritura núm. 6 fue presentada en el Registro de la Propiedad el 1 de agosto de 2000. Aunque esta Escritura es el eje central de la controversia ante nos, no fue anejada como parte del Recurso Gubernativo.

Posteriormente, y como parte de una transacción con una de sus entidades afiliadas, Intel Puerto Rico, Inc., transfirió el dominio de las fincas agrupadas a Intel Puerto Rico, Ltd. Luego de esta transferencia de dominio, Intel Puerto Rico, Ltd. vendió las fincas a IATG Puerto Rico, LLC (IATG) mediante la Escritura de compraventa número 28 de 10 de octubre de 2003 ante la notaría Doira Díaz Rivera. Recurso Gubernativo, pág. 4. Para poder inscribir en el Registro de la Propiedad el título que se alega que IATG posee, el principio de tracto exige la inscripción previa de la Escritura núm. 6 presentada por Intel Puerto Rico, Inc.

El 22 de diciembre de 2011, el CRIM presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, una acción en cobro de contribuciones sobre la propiedad inmueble en contra de IATG, con relación a las fincas regístrales 9,316, 9,318, 9,322, 9,323, 9,324, 9,325, 9,327, 9,625, 9,987-A, 10-210 y 11-409. Posteriormente, las partes suscribieron una Solicitud de Sentencia por Estipulación en la que IATG consintió a la venta en pública subasta de las fincas para satisfacer el pago de la deuda en concepto de impuestos sobre la propiedad inmueble. Apéndice, págs. 57-60. El tribunal acogió la solicitud de estipulación que presentaron las partes, e impartió una sentencia que es final y firme. Apéndice, págs. 61-62.

El CRIM plantea que se reunió con la Registradora, a través de uno de sus representantes legales, para inquirir sobre el estatus de la calificación de la Escritura núm. 6. El CRIM le dio seguimiento a esa reunión a través de una carta con fecha de 2 de octubre de 2014. Apéndice, págs. 70-71. En esa carta, el CRIM esbozó que “[n]uestro asesor legal externo nos informa haber tenido una productiva reunión con usted el pasado 26 de agosto [de 2014], donde le expresó que calificaría la escritura de epígrafe a la brevedad posible”. Apéndice, pág. 71. Posteriormente, el CRIM envió una segunda misiva en la que expuso esencialmente lo mismo. Apéndice, pág. 72. En respuesta a esa segunda misiva, la Registradora se comunicó telefónicamente con el Director Ejecutivo del CRIM. Según lo alegado, en ese intercambio, la Registradora informó sobre su “negativa a calificar” la Escritura núm. 6. Apéndice, págs. 73-74. No obstante, y sin especificar el momento, el CRIM alega igualmente que la Registradora le informó a su Subdirector Ejecutivo que la Escritura núm. 6 podría adolecer de “defectos subsanables”, tales como la falta de documentos complementarios. Recurso Gubernativo, pág. 5 esc. 15.

En vista de los obstáculos para inscribir la Escritura núm. 6, la Registradora le recomendó al Director Ejecutivo del CRIM que ejecutara la hipoteca legal tácita que grava las fincas. Finalmente, el 6 de febrero de 2015, el CRIM presentó un Recurso Gubernativo ante este Tribunal.

II

A. El Art. 76 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria) dispone que “[t]odo interesado podrá recurrir ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra la calificación final del documento hecha por el Registrador denegando el asiento solicitado”. (Enfasis suplido). 30 LPRA sec. 2279. En su escrutinio, este Tribunal examinará “la existencia o no de las faltas aducidas”. (Cita omitida). Acosta v. Registrador, 159 DPR 626, 631 (2003).

El ámbito de calificación del Registrador se encuentra delimitado por el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2267. Ese artículo dispone que la calificación comprenderá “las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. Los registradores fundamentarán su calificación de los actos y contratos a registrarse en los documentos que se presenten, los asientos regístrales vigentes y las leyes”. Véase, además, Rigores v. Registrador, 165 DPR 710, 720 (2005). En el desempeño de su función calificadora, el Registrador dispone de un plazo para calificar que se encontraba dispuesto originalmente en el Art. 52 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2255.

El término impuesto por la Ley Hipotecaria constaba de sesenta días contados a partir de la presentación del instrumento público ante el Registro de la Propiedad. El Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Reglamento Núm. 2674 de 9 de julio de 1980, según enmendado, Departamento de Justicia, (Reglamento Hipotecario Núm. 2674), disponía que en el caso de incumplimiento con dicho plazo para calificar, se podía presentar una queja contra el Registrador y, en caso de ser necesario, ante el Director Administrativo del Registro de la Propiedad (Director Administrativo). Véase L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, págs. 276-277. Ese procedimiento permitía que el Director Administrativo investigara y decidiera la acción pertinente relacionada con una tardanza del Registrador que se considere injustificada; como por ejemplo, ordenarle al Registrador que tome la acción correspondiente. Véase Art. 66.3 del Reglamento Hipotecario Núm. 2674, supra, pág. 29. Por analogía, en cuanto al plazo para recalificar, hemos señalado el mismo remedio reglamentario. SLG Pérez- Rivera v. Registradora, 189 DPR 729, 740-741 (2013). Véase, además, Algarín v. Registrador, 110 DPR 603, 609 esc. 2 (1981).

Ahora bien, el 27 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley Núm. 216-2010 (30 LPRA see. 1821 et seq.) para alivianar el atraso en la inscripción de títulos en el Registro de la Propiedad. Se deduce de su Exposición de Motivos que se tomó la determinación extraordinaria de inscribir por fíat legislativo ciertos títulos que pendían en el Registro de la Propiedad, para brindar certeza al tráfico jurídico. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 216-2010, supra. Cónsono con el ánimo de agilizar el procedimiento de inscripción en el Registro de la Propiedad, la Ley Núm. 216-2010 estableció en su Art. 5 (30 LPRA see. 1824), un “plazo improrrogable” de dos años contados a partir de su vigencia para calificar los documentos que no quedaron inscritos mediante su operación, tales como aquellos que contenían segregaciones y agrupaciones. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 216-2010, supra, 30 LPRA see. 1821. Además, dispuso de un “plazo improrrogable” de noventa días para calificar los documentos presentados a partir del 1 de mayo de 2010. Como remedio ante el incumplimiento del Registrador con los términos anteriormente expuestos, el legislador solo dispuso un remedio reglamentario.

El Reglamento para la Ejecución de la Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de 2010, Reglamento Núm. 7988 de 4 de febrero de 2011, Departamento de Justicia, dispone de un mecanismo de fiscalización que emula sustancialmente al dispuesto por el antiguo Reglamento Hipotecario Núm. 2674. Así, ante el incumplimiento del Registrador con el término para calificar dispuesto en la Ley Núm. 216-2010, el único remedio para la parte interesada en la inscripción es requerir por escrito al Registrador que cumpla con el plazo para calificar. Véase Art. 10 del Reglamento Núm. 7988, supra, págs. 6-7. El Registrador tendrá treinta días, a partir del recibo del requerimiento, para cumplir con el término aplicable. Si el Registrador no ha cumplido luego de haber sido requerido por escrito, el Reglamento Núm. 7988 provee también para que el Director Administrativo o la parte interesada en la inscripción presente una querella ante un funcionario designado para ello. Id., pág. 7. Nada se dispuso en cuanto los efectos que ese incumplimiento y las posibles sanciones disciplinarias tendrían sobre el documento presentado para calificación. Véase Rivera Rivera, op. cit., pág. 277. Del historial legislativo tampoco surge que la intención del legislador fuera que la tardanza en calificar tuviera algún efecto sobre el documento presentado. Al contrario, el historial refleja que el legislador presumió que el plazo concedido por el Art. 5 de la Ley Núm. 216-2010, supra, era suficiente para poner al día el Registro de la Propiedad. Informe de la Comisión de Asuntos de lo Jurídico y de Etica de la Cámara de Representantes, pág. 19. Por eso, no podemos, por fíat judicial, decretar que el documento quedó inscrito automáticamente por el mero transcurso del término improrrogable que estableció el legislador. Es decir, ante el incumplimiento con el plazo para calificar, corresponde al Director Administrativo tomar la acción correspondiente.

B. De hecho, siempre hemos expuesto que el mero paso del tiempo tampoco faculta a una parte interesada en la inscripción a presentar un recurso gubernativo. Véanse: SLG-Pérez Rivera v. Registradora, supra; Algarín v. Registrador, supra. Sin embargo, en las instancias donde el Registrador se ha negado a calificar expresamente, hemos utilizado el recurso gubernativo para ordenarle que cumpla con su deber. Indicamos, entonces, que “[l]a negativa del Registrador a calificar es materia típica de la jurisdicción gubernativa, porque esa negativa, bien o mal fundada, en efecto cierra el Registro a la parte interesada en la inscripción, el mismo desenlace de la denegatoria y la suspensión”. Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 DPR 490, 500 (1980).

En esas instancias notamos la actuación peculiar del Registrador de, por ejemplo, enviar una nota en la cual se niega expresamente a calificar y a suspender la calificación hasta la subsanación de un defecto en un documento independiente. Véanse: Housing Inv. Corp. v. Registrador, supra, págs. 498-499 (mediante una nota emitida, se suspendió la calificación de una escritura de venta judicial hasta tanto se subsanara un defecto en la anotación preventiva de demanda que culminó en la venta judicial descrita en la escritura); Castro Lund v. Registrador, 102 DPR 295, 301-303 (1974) (discute los casos en los que el Registrador emitió notas en las cuales se negó como cuestión de hecho a inscribir); Rivera v. Registrador, 74 DPR 127, 132 (1952) (se devolvieron los documentos presentados junto a una nota en la cual se negó a realizar operación alguna en el Registro); Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 71 DPR 847, 849 (1950) (se devolvieron los documentos presentados junto a una nota en la cual se negó a realizar operación alguna en el Registro). El denominador común en los casos citados es la abdicación manifiesta del Registrador de su razón de ser: la calificación de documentos. Esto contrasta con los casos en los que rechazamos intervenir porque no existía una verdadera negación a practicar una operación registral, sino un incumplimiento con el plazo para llevar a cabo la función en cuestión. Véanse: SLG-Pérez Rivera v. Registradora, supra; Senior Las Marías Corp. v. Registrador, 113 DPR 675, 683 esc. 5 (1982); Algarín v. Registrador, supra.

Los dictámenes que ordenan a los registradores a calificar instrumentos públicos tienen como fin que estos cumplan con su deber de calificar los documentos que se presentan ante el Registro de la Propiedad. Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2267. No obstante, debemos resaltar que este Tribunal no supervisa el funcionamiento interno del Registro de la Propiedad; esa competencia recae sobre el Secretario de Justicia. Art. 2 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2001. Véase, además, E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Ed. Butterworth Legal Publishers, 1992, Vol. XV, pág. 344. Consecuentemente, ante un caso en donde se alegue una negativa a calificar, se deberá dirimir si, en efecto, el Registrador se ha negado a calificar o si en realidad se trata de una demora en el proceso de calificación, pues no podemos inmiscuirnos indebidamente en el funcionamiento interno del Registro de la Propiedad.

III

En este caso, del propio alegato del CRIM se deduce que no existe una calificación final, expresa o implícita que podamos revisar. Aunque el CRIM nos describió una alegada negativa de la Registradora a calificar, también nos señaló que esta le informó que la Escritura núm. 6 podría adolecer de documentos complementarios, falta que impide su inscripción. Art. 68 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA see. 2271. A dicha alegación debemos añadir que la Registradora mostró disposición a reunirse con la representación legal del CRIM para discutir la calificación de la escritura en cuestión.

En otras palabras, no estamos ante una negativa a calificar con carácter de calificación final y que para todos los efectos prácticos cierre el Registro a la parte interesada. Regla 27(a) de nuestro Reglamento, 4 LPRAAp. XXI-B. Más bien, el cuadro fáctico nos lleva a concluir que en realidad estamos ante una tardanza en el proceso de calificación. Dicho de otra forma, el proceso de calificación del instrumento público en cuestión, la Escritura núm. 6, luego de quince años aún no ha concluido. En contraste con la jurisprudencia pertinente, en este caso no surge del expediente que la Registradora haya devuelto el instrumento público que debe calificar ni tampoco que haya emitido una nota que en algún modo sugiera la negación del asiento solicitado en la Escritura núm. 6. Todo lo contrario. Se infiere de las propias alegaciones de la peticionaria que la Registradora se reunió y se comunicó en varias instancias con el CRIM durante el proceso de calificación. Además, debemos recordar que las cartas enviadas por el CRIM hacen alusión expresa a que la Registradora informó durante la reunión que sostuvo con la representación legal del CRIM que “calificaría la escritura de epígrafe a la brevedad posible”. Apéndice, pág. 71. Por lo tanto, no podemos concluir que nos encontramos ante una calificación final, expresa o implícita, que habilite nuestra jurisdicción gubernativa.

No podemos inferir de forma alguna que el mero paso del tiempo creó un derecho a recurrir ante este Tribunal. De hecho, presumir que el mero paso del tiempo, o la violación del plazo improrrogable para calificar de la Ley Núm. 216-2010, supra, configuran una denegación tácita de un asiento registral plantea más problemas que soluciones. Primeramente, nos subrogaríamos en la posición de supervisores de un componente de la Rama Ejecutiva, facultad que no tenemos. Véase Vázquez Bote, op. cit., pág. 344. Además, tendríamos la tarea de definir cuánto tiempo es suficiente para calificar un instrumento público en el Registro de la Propiedad. Es precisamente para atender eso que nuestra jurisprudencia ha requerido un acto manifiesto para suponer una denegatoria implícita de un asiento registral.

Somos conscientes de las implicaciones que tiene en el tráfico jurídico y comercial el que un instrumento público permanezca años en el Registro de la Propiedad sin calificar. No obstante, nada en nuestro ordenamiento nos permite interferir con la labor de la Registradora cuando no ha habido actuación alguna que nos permita concluir que esta ha abdicado a su deber personalísimo: la calificación de instrumentos públicos. Como vimos, existe un mecanismo para evitar que un instrumento público permanezca inmóvil en el Registro de la Propiedad. Ahora bien, corresponde a las otras dos ramas constitucionales determinar la efectividad de ese remedio a base de la experiencia y modificarlo de entenderlo necesario.

Según discutido en la sección anterior, el marco jurídico únicamente le permite al CRIM requerir por escrito a la Registradora que cumpla con el término estatutario para calificar la Escritura núm. 6. En caso de inacción por parte de la Registradora luego del requerimiento escrito, el CRIM tendrá a su disposición la posibilidad de presentar una querella ante el funcionario designado a esos efectos por el Secretario de Justicia. Esa fue la voluntad legislativa al diseñar el Registro de la Propiedad, la cual hasta hoy no ha cambiado. La propia Ley Hipotecaria establece en su Art. 65 (30 LPRA see. 2268) que, salvo los casos en donde proceda el recurso gubernativo contra una calificación, los tribunales no podemos en distinta forma obligar o impedir a los registradores a practicar operación registral alguna. Así, por ejemplo, hace más de un siglo establecimos que no procede un recurso de mandamus para obligar a un Registrador a inscribir un documento en el registro. Cividanes v. El Registrador de la Propiedad, 11 DPR 271 (1906). Por consiguiente, y en vista de lo anteriormente discutido, la intervención de este Tribunal, de acuerdo con los hechos de este caso, estaría a destiempo.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente Recurso Gubernativo por falta de jurisdicción.

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

Cuando transcurren quince años y la Registradora de la Propiedad no califica un documento, no se trata de una mera demora, sino —de facto— de una denegatoria a calificar. En tales circunstancias, este Tribunal tiene jurisdicción para intervenir y ordenarle a la Registradora que califique el documento. Como una mayoría de este Tribunal resuelve de otra forma, disiento.

I

Mediante este Recurso Gubernativo, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) nos solicita que le ordenemos a la Registradora de la Propiedad de la Sección de Humacao, la Hon. Lourdes M. Bobé Santiago (Registradora), calificar la Escritura núm. 6 de 11 de mayo de 1995 sobre Cancelación de Condiciones Restrictivas, Segregación, Permuta y Agrupación (Escritura núm. 6). Esta fue otorgada por Intel Puerto Rico, Inc. ante el notario Esteban R. Bengoa Becerra y se presentó al Asiento 127 del Diario de Operaciones 736 del Registro de la Propiedad (Registro), Sección de Humacao, el 1 de agosto de 2000.

Una mayoría de este Tribunal desestima el Recurso Gubernativo por falta de jurisdicción al concluir que “no estamos ante una negativa a calificar con carácter de calificación final y que para todos los efectos prácticos cierre el Registro a la parte interesada”. Aun reconociendo que después de quince años todavía la Registradora no ha calificado la Escritura núm. 6, la mayoría remite al CRIM para un procedimiento administrativo en el que ventile su reclamo.

Según el Reglamento Núm. 7988, dicho procedimiento conlleva que el CRIM le requiera por escrito a la Registradora que cumpla con el término aplicable para calificar en un plazo no mayor de treinta días. Reglamento Núm. 7988, supra, págs. 6-7. En caso de que ésta no actúe, el CRIM podrá presentar una querella ante un funcionario designado por el Secretario de Justicia. Id., pág. 7. Según la Ley Núm. 216-2010, denominada Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad (Ley Núm. 216), el Registrador será sancionado disciplinariamente sólo cuando el incumplimiento con los plazos se deba a razones atribuibles únicamente a su conducta. 30 LPRA sec. 1824. Es evidente que dicho procedimiento es uno disciplinario; que no tiene ningún efecto sobre el documento presentado para calificación. L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, pág. 277.

La Opinión mayoritaria cita varios casos para demostrar que este Tribunal se ha negado a intervenir con el Registrador cuando éste meramente se demora en el proceso de calificación. En cuanto a dichos casos, entiendo pertinente señalar que el tiempo que transcurrió en el proceso de calificación no se compara con el que tenemos ante nuestra consideración. A saber, en SLG-Pérez Rivera v. Re gistradora, 189 DPR 729 (2013), la Registradora se demoró más de cinco meses en atender el escrito de recalificación; en Senior Las Marías Corp. v. Registrador, 113 DPR 675 (1982), el Registrador se tardó ochenta y ocho días en atender dicho escrito, y en Algarín v. Registrador, 110 DPR 603 (1981), el Registrador notificó un defecto, la parte lo objetó el 3 de julio de 1980 y, al no tener respuesta del Registrador, interpuso un Recurso Gubernativo el 4 de octubre de 1980, es decir cuando habían transcurrido tres meses. Ninguno se compara al término transcurrido en este caso.

A diferencia de lo expuesto por la Opinión mayoritaria, considero que nos encontramos ante una denegatoria de la Registradora a calificar el documento presentado. Me parece improcedente catalogar un término de quince años como una tardanza o demora en calificar. Máxime cuando la Ley Núm. 216 estableció un plazo improrrogable de dos años para calificar los documentos que no quedaran inscritos automáticamente en virtud de dicha ley. Ese término se estableció, entre otras cosas, para evitar que se notifiquen faltas diez o quince años después de la presentación del documento, las cuales no se puedan resolver sin que el notario o la parte interesada incurran en gastos adicionales por el tiempo que ha transcurrido. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 216-2010.

El recurso gubernativo presentado por el CRIM es el mecanismo correcto para defender su interés. Hemos expresado que procede un recurso gubernativo cuando el Registrador se niega a calificar el documento presentado, ya que ésta “es la más radical y absoluta forma de denegar o suspender la inscripción y [...] esa negativa, bien o mal fundada, en efecto cierra el Registro a la parte interesada en la inscripción [...]”. Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 DPR 490, 500 (1980). Véanse: Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 71 DPR 847, 850 (1950); Sucesión Franceschi v. Registrador, 39 DPR 736, 743 (1950). Asimismo, resolvimos que procede el recurso ante una nota del Registrador que como cuestión de hecho deniegue la inscripción, aunque no surja expresamente de la misma. Housing Inv. Corp. v. Registrador, supra, pág. 500. Ante dichas expresiones, se puede concluir que no hace falta necesariamente una expresión manifiesta por parte del Registrador denegando la calificación del documento para que este Tribunal intervenga. Tal y como reconoce el profesor Luis Rafael Rivera Rivera, lo anterior conlleva ciertas dificultades ya que cuando no se esté ante un caso en el cual el Registrador expresamente se haya negado a calificar pudiera ser difícil precisar si éste se ha negado o si estamos ante una demora. Rivera Rivera, op. cit., pág. 277. Sin embargo, el hecho de que haya alguna dificultad no puede ser impedimento para actuar y ofrecer un remedio a la parte que espera porque se califique su documento. Debemos, pues, verlo caso a caso.

Reconozco que en este caso no hay un documento del cual suija expresamente que el Registrador se negó a ejercer su deber. No obstante, entiendo que cuando han transcurrido quince años desde la presentación de un documento para su inscripción sin que el Registrador lo haya calificado, ello constituye una abdicación manifiesta de su deber y dicha actuación implica una denegatoria a calificar. Siendo, pues, una denegatoria, se permite la presentación de un recurso gubernativo y la intervención de este Tribunal.

La negativa del Registrador a calificar crea incertidumbre e inestabilidad en el tráfico jurídico de bienes inmuebles, lesiona derechos de ciudadanos, afecta las transacciones comerciales y tiene un impacto real en el desarrollo económico del País. En el caso particular ante nos, la denegatoria de la Registradora a calificar la Escritura núm. 6 le impide al CRIM subastar las fincas para cobrar su acreencia. Además, y según se alega, como consecuencia de la negativa a calificar —y ante la imposibilidad de venderlas en pública subasta— las fincas se han ido deteriorando debido al abandono en el que se encuentran, para detrimento de la agencia y del municipio de Las Piedras. Asimismo, debido a que estamos ante un mandato del legislador que requiere que se califiquen los documentos en dos años, el incumplimiento con dicho término contraviene la política pública que se quiso adelantar.

Puesto que “la calificación registral constituye la piedra angular del principio de legalidad”, así como un acto necesario que los Registradores están obligados a realizar, ordenaría a la Registradora que cumpla con su deber y califique la Escritura núm. 6. Véanse: Bechara Fagundo v. Registradora, 183 DPR 610, 619 (2011); R & G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241, 246 (2002); Rivera Rivera, op. cit., pág. 277. No debemos realizar una interpretación inflexible de la situación ante nosotros, con el efecto de negarle un remedio a una parte que claramente tiene derecho al mismo.

       Contrario a lo expuesto por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), de ese instrumento público no surge en forma diáfana que se haya transferido el título de la finca 9,327 a IATG. Apéndice, págs. 24-27.

       Un examen del historial legislativo de la Ley Núm. 216-2010 revela que la versión original del P. de la C. 2683 presentada en la Asamblea Legislativa no con tenía el término “improrrogable” al referirse al plazo no mayor de dos años que tendrían los Registradores para calificar los documentos que no quedaron inscritos automáticamente. Según consta en el informe de la Comisión de Asuntos de lo Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes, ese término fue añadido como parte del proceso legislativo como sugerencia de la Asociación de Notarios. Informe de la Comisión de Asuntos de lo Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes, pág. 7. Ante esa sugerencia, el Departamento de Justicia no tuvo objeción, pero sugirió que se incluyera en el mismo Art. 5 que los Registradores solo podrían ser sancionados cuando incumplieran con los referidos términos por razones únicamente atribuibles a ellos. Esas dos sugerencias fueron acogidas por la Asamblea Legislativa.

       Opinión mayoritaria, pág. 952.

       Reglamento para la Ejecución de la Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de 2010, conocida como Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad, Reglamento Núm. 7988, Departamento de Justicia, 4 de febrero de 2011, págs. 6-7.

       En este caso, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) le envió dos cartas a la Registradora —el 2 de octubre de 2014 y el 10 de noviembre de 2014— para indagar sobre el estatus de la calificación de la Escritura núm. 6 y señalar la importancia de dicha gestión.

       Por otro lado, el Art. 66.3 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad disponía que si el Registrador incumplía con los términos para calificar, el interesado podía presentar una queja contra éste y de ser necesario ante el Director Administrativo. El Director Administrativo haría una investigación y ordenaría al Registrador que tomara la acción que correspondiera, de no existir causa justificada para la tardanza. Si el Registrador no realizaba lo ordenado, el Director Administrativo se lo informaría al Secretario de Justicia, el cual impondría las medidas correctivas pertinentes mediante el procedimiento de jurisdicción disciplinaria establecido. Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Reglamento Núm. 2674, Departamento de Justicia, 9 de julio de 1980, según enmendado.

       Sin embargo, el CRIM expone en su Recurso Gubernativo que, luego de enviar la segunda carta, la Registradora llamó al Director Ejecutivo del CRIM y le informó de su negativa a calificar la Escritura núm. 6. Asimismo, le invitó a ejecutar la hipoteca legal tácita que grava las fincas. Recurso Gubernativo, pág. 7. A pesar de entender que en este caso el Registrador se negó a calificar al no realizar acto alguno en quince años, la llamada de la Registradora demuestra de forma aún más tajante la situación de incertidumbre en la cual se encuentra el CRIM. Además, el CRIM indica que la solución que provee la Registradora no es viable en derecho porque la hipoteca legal tácita que se constituye en virtud de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad es por el importe de las contribuciones correspondientes sólo a los últimos cinco años y el corriente, lo cual no alcanza la totalidad de la deuda que reclama el CRIM. íd., págs. 7-8; 30 LPRA see. 2651. Por otro lado, dicha solución tampoco atendería el problema de titularidad registral de las fincas en cuestión. Recurso Gubernativo, pág. 8.

       Es necesario mencionar que para agosto de este año, el Registro de la Propiedad, Sección de Humacao, tenía pendientes para calificar 31,910 documentos. Véase Informes Estadísticos del Registro de la Propiedad, agosto 2015, http:// www.justicia.pr.gov/home/informes-estadisticos/ (última visita 1 de octubre de 2015).

       Recurso Gubernativo, pág. 6. Aunque el CRIM señala que está imposibilitado de subastar las fincas, en realidad no se trata de una imposibilidad en el sentido de que no puede venderlas, sino que pocos compradores van a arriesgar su dinero sobre unas fincas con posibles defectos sobre sus títulos.

       íd., pág. 8.

       “El principio de legalidad es uno de los principios axiales del derecho hipotecario. Exige que los títulos que pretenden acceder al Registro de la Propiedad sean sometidos a un examen previo, verificación o calificación, de suerte que sólo puedan tener acceso a los libros hipotecarios los títulos válidos y perfectos”. BL Investment v. Registrador, 173 DPR 833, 839 (2008).

       Huelga mencionar que la calificación de documentos es la función principalísima de un Registrador.

       En este caso, la denegatoria de la Registradora a calificar, en efecto, le cierra el Registro al CRIM, por lo que constituye una denegatoria y procede que este Tribunal le ordene, no a inscribirlo, sino a calificar el documento.


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license: Public Domain

text:
    Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Javier Torres Cruz, recurrido.

      Número: CC-2015-0836

      Resuelto: 15 de octubre de 2015

      Margarita Echegaray, procuradora general, y Yazmet Y. Ramírez Díaz, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Evaluada la Urgente Solicitud de Reconsideración, presentada por el Pueblo de Puerto Rico, se provee “no ha lugar”.

Notifíquese inmediatamente vía facsímil, teléfono, correo electrónico y correo ordinario.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco hace constar la expresión siguiente:

Disiento y, en consecuencia, declararía “ha lugar” la Urgente Solicitud de Reconsideración presentada por la Procuradora General. El Pueblo de Puerto Rico cuenta con las herramientas estatutarias para mantener la custodia del Sr. Javier Torres Cruz mientras las partes se expresan dentro del término de quince (15) días y se evalúan los méritos de la petición de “certiorari” con la urgencia que ameritan las circunstancias de este caso.
Además, discrepo de una mayoría de este Tribunal que hoy sostiene la excarcelación irrestricta del señor Torres Cruz, atentando así contra el interés público, sin que se le ordene al Tribunal de Primera Instancia la imposición de restricciones o garantías necesarias para que el Estado pueda hacer efectiva su jurisdicción y que el recurrido comparezca ante el tribunal.

El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García, al que se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

Principios elementales de orden procesal me obligan a disentir respetuosamente de la determinación de este Tribunal que hoy declara “sin lugar” una Urgente Solicitud de Reconsideración presentada por la Procuradora General. En su moción de reconsideración, la Procuradora General nos solicita que reconsideremos una Resolución emitida en este caso el pasado 9 de octubre de 2015, mediante la cual se ordenó la excarcelación del Sr. Javier Torres Cruz, parte recurrida ante este Foro, sin que todavía se haya atendido en los méritos la petición de certiorari que pende ante nuestra consideración.

Como dice el refrán popular, “hemos puesto la carreta delante de los bueyes”; es decir, hemos otorgado un remedio legal drástico que prácticamente adjudica la controversia de este caso —la excarcelación de un reo contra quien pesa una sentencia condenatoria final y firme— cuando todavía siquiera ha transcurrido el término de 15 días que otorgamos a las partes para que se expresen sobre los méritos del auto de certiorari que expedimos. Me preocupa profundamente que, en términos procesales, esta Curia conceda livianamente y sin mayor rigor analítico una or-den de excarcelación sin que todas las partes hayan comparecido a presentar su postura y sin el beneficio de un debate colegiado. Por los fundamentos que explico a continuación, declararía “con lugar” la solicitud de la Procuradora General.

I

El 28 de septiembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en este caso, en la cual concluyó que procedía la aplicación del principio de favorabilidad que regula el Art. 4 del Código Penal de 2012 (33 LPRA see. 5004), en cuanto a las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-2014 a ese cuerpo normativo. En particular, concluyó el foro apelativo intermedio que procedía modificar la Sentencia condenatoria que pesa contra el recurrido, ya que la Ley Núm. 246-2014 redujo la pena de reclusión del delito de escalamiento —Art. 194 del Código Penal, 33 LPRA see. 5264— de cuatro años a seis meses. Cónsono con lo anterior, se ordenó al Pueblo de Puerto Rico que certificara al Foro Primario en cinco días el tiempo de reclusión cumplido por el recurrido al 28 de septiembre de 2015. De esa forma, si excedía de seis meses, procedía la excarcelación del recurrido.

En desacuerdo, el 5 de octubre de 2015, la Procuradora General acudió ante este Tribunal mediante una Petición de Certiorari y una Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la que adujo que procedía revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones ya que, a su modo de ver las cosas, no aplica a este caso el principio de favorabilidad. El 6 de octubre de 2015 este Foro emitió una Resolución en que concedió un término simultáneo de 15 días a las partes para que se expresaran sobre los méritos de la Petición de Certiorari. Este término vence el 21 de octubre de 2015. Además, en la aludida Resolución declaramos “sin lugar” la moción en auxilio de jurisdicción y ordenamos a la Oficina de la Procuradora General que presentara una certificación del tiempo en reclusión cumplido por el señor Torres Cruz.

El 9 de octubre de 2015, la Procuradora General nos certificó que el recurrido ha cumplido dos años, siete meses y veintidós días de reclusión. En la tarde de ese mismo día, este Tribunal expidió el auto de certiorari y ordenó incondicionalmente la excarcelación del recurrido.

El 13 de octubre de 2015, la Procuradora General presentó una Urgente Solicitud de Reconsideración. En ella nos solicita que reconsideremos nuestro dictamen de 9 de octubre de 2015 con relación a la orden de excarcelación. En esencia, presenta los fundamentos siguientes: (1) la sentencia condenatoria que pesa sobre el recurrido es final y firme, por lo que vincula hasta que no se disponga lo contrario mediante un dictamen final y firme; (2) tras la excarcelación no existen garantías de que el recurrido comparezca a este Tribunal a cumplir con la Resolución notificada el 6 de octubre de 2015; (3) existe la posibilidad de que el recurrido se evada, ya que el auto de excarcelación fue incondicionado (no se impuso fianza o supervisión electrónica), y (4) se obliga al Estado a litigar un asunto importante de derecho penal sustantivo sin garantías efectivas de que un dictamen favorable de este Tribunal logre que el recurrido extinga la sentencia condenatoria.

II

Sin lugar a dudas en este caso existe una sentencia que impuso al recurrido una pena de cuatro años de prisión. Dicha sentencia, producto de una alegación preacordada, es final y firme, y al día de hoy no ha sido modificada expresamente por este Tribunal. Es decir, no hemos dilucidado específicamente si procede aplicar en este caso el principio de favorabilidad. No obstante, a pesar de que no hemos resuelto de forma expresa en los méritos el planteamiento del principio de favorabilidad, ya para todos los efectos prácticos determinamos que al recurrido le asiste la razón. Entonces, si ya una mayoría de este Tribunal está convencida de que procede aplicar el principio de favorabilidad, para qué concedimos un término de quince días a las partes para que se expresen sobre los méritos del recurso. ¿Por qué no resolvimos el caso prescindiendo de los términos reglamentarios, según lo permite la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B? Tal como sostiene la Procuradora General, ¿por qué razón el Estado debe embarcarse en la redacción de una alegato para presentarlo ante esta Curia si ya ordenamos la excarcelación del recurrido al concluir tácitamente que pro-cede aplicar el principio de favorabilidad?

Por otro lado, el error en conceder la excarcelación se agrava ante el hecho de que se otorgó sin condiciones. Ello significa que, luego de emitida la orden de excarcelación, existe la posibilidad latente de que el recurrido abandone la jurisdicción de Puerto Rico y no cumpla con nuestra Resolución de 6 de octubre de 2015. Como mínimo, este Tribunal debe reconsiderar y condicionar la excarcelación del recurrido a que el Tribunal de Primera Instancia implemente medidas efectivas de seguridad que garanticen la comparecencia del recurrido, como puede ser la imposición de una fianza o el grillete electrónico como sugiere la Procuradora General.

Bajo ningún concepto debe entenderse que este servidor está prejuzgando los méritos de la Petición de Certiorari de epígrafe. Ciertamente, nuestro ordenamiento jurídico provee herramientas a una persona convicta mediante una alegación de culpabilidad para que impugne su convicción colateralmente, por medio de procedimientos posteriores a la sentencia tales como la moción según la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, o el recurso de hábeas corpus. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). Dicho de otro modo, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, permite que cualquier persona que se halle detenida luego de recaída una sentencia condenatoria, presente en cualquier momento una moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia que dictó el fallo condenatorio para que su convicción se anule, se deje sin efecto o se corrija. Esto en circunstancias en que se alegue el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los fundamentos siguientes:

(1) La sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados Unidos; o

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o

(3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o

(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo [...] 34 LPRAAp. II, R. 191.2(a).

Sin embargo, es mi criterio que la expedición de la orden de excarcelación procedería luego de que las partes se ex-presen conforme con lo ordenado en la Resolución de 6 de octubre de 2015 y que esta Curia resuelva en los méritos que el principio de favorabilidad aplica en este caso. Reitero que es un precedente peligroso conceder un remedio que prácticamente adjudica la controversia del caso sin que las partes se hayan expresado y sin que la controversia se haya adjudicado en los méritos en este Tribunal colegiado.

De acuerdo con las consideraciones expresadas, disiento de la Resolución que emite la mayoría de este Tribunal, en la que se niega a reconsiderar la Resolución emitida en autos el 9 de octubre de 2015 en lo que respecta a la excarcelación del recurrido. Por ello, reconsideraría y dejaría sin efecto la orden de excarcelación o, a lo sumo, la condicionaría a que el foro primario implemente medidas efectivas de seguridad que garanticen la comparecencia del recurrido.

       La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino y el Juez Asociado suscribiente hubiese declarado “sin lugar” la excarcelación incondicional del recurrido.

       Incluso, el Estado trae a nuestra consideración que la Secretaría de este Tribunal ni siquiera cuenta con una dirección para enviarle las notificaciones al individuo que se representa por derecho propio.


author: per curiam:

text:
      In re Elba N. Villalba Ojeda, querellada.

      Número: CP-2014-01

      Resuelto: 15 de octubre de 2015

      Minnie H. Rodríguez López, Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradoras generales auxiliares, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, y Tanaira Padilla Rodríguez,
      subprocuradora general interina; Marta Feliciano Rodriguez, querellante; Carmen I. Navas y Gregorio Lima Quiñones, abogados de la querellada; Elba N. Villalba Ojeda, pro se; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a una abogada del ejercicio de la abogacía por incumplir con sus deberes hacia una dienta y por desatender reiteradamente nuestras órdenes.

I

La Leda. Elba N. Villalba Ojeda fue admitida al ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1990 y a la práctica de la notaría el 1 de febrero de 1991. En el 2004, la Sra. Marta Feliciano Rodríguez contrató los servicios de la licenciada Villalba Ojeda para que la representara en un caso de co-bro de dinero en contra de la Sra. Irma Nieves, a quien le había hecho un préstamo garantizado por un pagaré personal. Luego de la entrevista inicial, la letrada le informó a la señora Feliciano Rodríguez que iba a retener el pagaré y que debía pagarle doscientos cincuenta dólares para los gastos iniciales del pleito. En diciembre de 2004, la licenciada Villalba Ojeda presentó la demanda sobre co-bro de dinero en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Toa Alta, acción que notificó posteriormente mediante carta a la señora Feliciano Rodríguez. También le hizo llegar una factura por los gastos en que había incurrido hasta el momento, la cual fue debidamente pagada. En febrero de 2005, la letrada presentó una moción ante el foro primario en la que solicitó que se le anotara la rebeldía a la parte demandada, debido a que se le había diligenciado el emplazamiento y no había contestado la demanda. En respuesta a esa moción, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en la que solicitó una declaración jurada, prueba documental y un proyecto de sentencia. Así, en marzo de 2005 la licenciada Villalba Ojeda le envió una segunda carta a la señora Feliciano Rodríguez en la que le indicó que debían reunirse porque el tribunal le había solicitado el pagaré original y una declaración jurada en la que se hiciera constar el monto de la cantidad reclamada. En ese momento, según recoge el informe de la Comisionada Especial, la letrada le informó a su dienta su preocupación por unas notas al dorso del pagaré que se referían a un pago hecho por la deudora, pues eso levantaba un cuestionamiento sobre el verdadero monto de la reclamación.

A pesar de esto, la licenciada Villalba Ojeda no tomó acción alguna ni cumplió con la orden del Tribunal de Primera Instancia, por lo que en julio de 2005 ese foro emitió una segunda orden en la que instruyó a la letrada a informarle el estado del caso en un término de diez días. La licenciada Villalba Ojeda tampoco cumplió con esa orden, por lo que a finales de agosto de 2005, el foro primario emitió una sentencia en la que ordenó el archivo y desestimación sin perjuicio del caso. Según determinó la Comisionada Especial, la comunicación entre la quejosa y la letrada fue a través de la secretaria de esta. En las pocas ocasiones en las que pudo hablar directamente con la abogada, esta le indicaba que el caso se estaba moviendo. Incluso, cuando acordaban reunirse para discutir los pormenores del caso, las citas se cancelaban por diferentes razones atribuibles a la abogada.

En febrero de 2011, la señora Feliciano Rodríguez le notificó a la letrada que interesaba que le devolviera el expediente de su caso debido a que no se le había informado en qué etapa se encontraba la reclamación. A pesar de que hizo varios esfuerzos para que se le devolviera el expediente y de que, además, encomendó a otras personas para que la representaran en la gestión, la licenciada Villalba Ojeda no le entregó el expediente.

En mayo de 2011, aunque la señora Feliciano Rodríguez le había solicitado la devolución del expediente del caso, sin consultarle a esta la licenciada Villalba Ojeda presentó una segunda demanda sobre el mismo asunto para el cual fue contratada en el 2004, pero esta vez ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. También presentó un proyecto de orden, una expedición de emplazamiento y solicitó el señalamiento de una vista. En el ínterin, el 26 de mayo de 2011 la señora Feliciano Rodríguez presentó una queja en contra de la licenciada Villalba Ojeda ante este Tribunal. El 14 de junio de 2011, el foro primario rechazó el proyecto de orden e instruyó a la letrada a que emplazara a la demandada en este segundo caso presentado.

Mientras tanto, el 20 de junio de 2011 la Leda. Larissa Ortiz Modestti, en ese entonces Subsecretaría del Tribunal Supremo, ordenó a la letrada que se expresara respecto a la referida queja. Debido a que esta no contestó, el 21 de octubre de 2011 se le concedió un término adicional de diez días para que se expresara. Ante la incomparecencia —una vez más— de la letrada, el 15 de noviembre de 2011 emitimos una Resolución en la que le ordenamos que compareciera y contestara la queja dentro de un término final de diez días. La licenciada Villalba Ojeda finalmente contestó la queja el 30 de noviembre de 2011, fuera del término que le fue concedido. El 19 de enero de 2012, la Procuradora General presentó su informe en el que, luego de la investigación de rigor, recomendó que se iniciara un procedimiento disciplinario formal en contra de la licenciada Villalba Ojeda. Así, el 27 de abril de 2012 brindamos a las partes un término de veinte días para que se expresaran respecto al informe de la Procuradora General.

Entretanto, en el caso ante el Tribunal de Primera Instancia, luego de transcurrido casi un año de la primera orden de ese foro y debido a que la licenciada Villalba Ojeda no realizó gestión alguna, en mayo de 2012 se emitió una orden para que se mostrara causa por la cual no debía desestimarse la reclamación por falta de actividad durante más de seis meses. Finalmente, ante la inacción total de la letrada, el foro primario emitió una Sentencia en la que desestimó el caso al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V).

Posteriormente continuó el procedimiento disciplinario ante este Tribunal y, luego de evaluar la contestación de la señora Feliciano Rodríguez, el 30 de noviembre de 2012 autorizamos a la Procuradora General a presentar la correspondiente querella, gestión que llevó a cabo el 22 de enero de 2014. A la licenciada Villalba Ojeda se le imputó violar los Cánones 12, 18, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. La letrada nunca se expresó respecto a la querella, a pesar de que le concedimos tres mociones de prórrogas y le apercibimos que su incumplimiento podría conllevar su suspensión indefinida de la profesión.

El 13 de agosto de 2014 nombramos a la Hon. Crisanta González Seda como Comisionada Especial para que recibiera la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hecho y recomendaciones que estimara pertinente. Ese mismo día emitimos una Resolución en la que le ordenamos a la licenciada Villalba Ojeda que entregara el expediente del caso a la señora Feliciano Rodríguez en un término de cinco días y acreditara el cumplimiento de esa orden. También le apercibimos que el incumplimiento con esta orden podría acarrear su suspensión indefinida de la profesión. Esa orden no fue cumplida en el término provisto.

Luego de varios incidentes procesales, la Procuradora General presentó el informe preliminar de conferencia con antelación a la vista, en el que incluyó un nuevo cargo por violación del Canon 9, supra, en contra de la licenciada Villalba Ojeda. Justificó su proceder en que esa violación surgía de los mismos hechos imputados desde el comienzo del procedimiento disciplinario. Además, expresó que la letrada había incumplido con múltiples órdenes de este Tribunal durante la tramitación del procedimiento, en particular con nuestras órdenes para que entregara el expediente a la quejosa y para que contestara la querella. La licenciada Villalba Ojeda se opuso oportunamente a que se añadiera la violación del Canon 9, supra, a los cargos ya imputados sin que mediara una autorización de este Tribunal. El 10 de octubre de 2014, luego de que se celebrara la vista con antelación a la vista, la licenciada Villalba Ojeda nos informó que finalmente había enviado el expediente a la señora Feliciano Rodríguez a través del Ledo. Erio Quiñones Villahermosa. Tras otros trámites, el 18 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la vista final. Posteriormente, las partes sometieron por escrito sus respectivos argumentos finales en torno a los cargos imputados.

El 31 de marzo de 2015, la Comisionada rindió su informe final, en el que expresó que existía evidencia clara, robusta y convincente de que la licenciada Villalba Ojeda cometió las violaciones imputadas, incluso la violación al Canon 9, supra. La letrada presentó sus comentarios al informe de la Comisionada Especial el 28 de abril de 2015. Finalmente, el caso quedó sometido en los méritos para nuestra adjudicación el 9 de julio de 2015.

II

A. El Código de Ética Profesional recoge las normas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en Puerto Rico para beneficio de la ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015).

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que los abogados deben “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Como corolario de ese deber, se exige que los abogados cumplan pronta y diligentemente las órdenes de to-dos los tribunales. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011). Por esa razón, “[a]sumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes, denota falta de respeto hacia nuestra autoridad, por lo que viola dicho canon”. In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015). Esa violación es completamente independiente de los méritos que pueda tener la queja presentada en contra del abogado. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 493 (2015).

Por otro lado, el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, establece que los abogados tienen el deber de ser puntuales en su asistencia y concisos y exactos en el trámite y presentación de las causas de sus clientes. Esa obligación exige desplegar todas las diligencias necesarias para que no se causen dilaciones indebidas en la tramitación y solución de los casos. Hemos indicado que este canon también comprende el deber de cumplir rigurosamente con las órdenes judiciales. In re Rivera Ramos, 178 DPR 651 (2010). Esta norma exige que los abogados respondan con premura todos los requerimientos relacionados con quejas por conducta profesional. In re Hernández Vázquez, 180 DPR 527, 540 (2010).

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, exige que los abogados defiendan los intereses de sus clientes “diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad [...]”. Además, este canon dis-pone que es impropio que un abogado asuma la representación legal de un cliente cuando es consciente que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse sin que ello conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. En ese sentido, “un abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza las gestiones que se le encomendaron en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin retrasos”. In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014). Por eso, la desidia, despreocupación y la displicencia en el trámite de un caso son totalmente incompatibles con el deber de diligencia establecido en el Canon 18, supra. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 751 (2014). Hemos establecido que “cualquier tipo de actuación negligente que pueda conllevar o, en efecto, resulte en la desestimación o el archivo [de un] caso” claramente contraviene los principios del Canon 18, supra. In re Plaud González, 181 DPR 874, 887 (2011).

Por su parte, el Canon 20 del Código de Etica Profesional, supra, establece el procedimiento que deben seguir los abogados al renunciar a la representación legal de un cliente. Específicamente, este canon dispone que una vez los abogados han comparecido ante un tribunal en representación de un cliente, deben obtener permiso del tribunal para renunciar a la representación. Esa renuncia solo deberá solicitarse cuando exista una razón justificada o imprevista. Además, el Canon 20, supra, requiere que antes de renunciar a la representación legal de los clientes, los abogados tomen todas las medidas razonables necesarias para evitar perjuicio a los derechos de estos. Asimismo, tan pronto la renuncia se materializa, los abogados están obligados a entregar a su cliente el expediente y todo documento relacionado con el caso. In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152, 161—162 (2014).

Finalmente, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, requiere, entre otras cosas, que los abogados se esfuercen al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y dignidad de la profesión, aunque al así hacerlo conlleve sacrificios personales. Además, como funcionarios del tribunal, deben interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia.

En el pasado dejamos claro que “no se puede concluir que un abogado violó el Canon 38 por el simple hecho de violar otros cánones de ética profesional, sino por aquella conducta que es contraria a los valores principales de la profesión: la dignidad y el honor”. In re Reyes Coreano, supra, pág. 758.

Por eso, al momento de determinar si un abogado transgredió el Canon 38, supra, debemos evaluar si su conducta demuestra que realmente no exaltó, al máximo de su capacidad, el honor y la dignidad de la profesión legal o si transgredió de otra forma los deberes contenidos en ese canon. Ahora bien, en múltiples ocasiones hemos disciplinado a abogados por contravenir lo dispuesto en el Canon 38, supra, incluso cuando también los hemos sancionado por violaciones a otros cánones, pues encontramos conducta que, de por sí, transgredía las obligaciones del mencionado canon. Véanse: In re Pestaña Segovia, supra; In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015); In re Suárez Jiménez, supra; In re Sierra Arce, 192 DPR 140 (2014). Por eso, aprovechamos la ocasión para reafirmar que los abogados pueden ser sancionados por infringir el deber de esforzarse, al máximo de su capacidad, en exaltar el honor y la dignidad de la profesión, según dispuesto en el Canon 38, supra, aun cuando son disciplinados por violar otros cánones.

B. En nuestro ordenamiento, los abogados tienen un derecho propietario sobre su licencia una vez son admitidos a la práctica de la profesión. In re Ríos Ríos, 175 DPR 57 (2008). Por esa razón, tenemos que garantizarles el debido proceso de ley, en su vertiente procesal, durante los procedimientos disciplinarios en donde pueda estar enjuego su licencia. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 821 (2011). Entre las exigencias mínimas que el debido proceso de ley garantiza se encuentran el “ser notificado [s] adecuadamente de los cargos [imputados], la oportunidad de ser oído[s] y el derecho a contrainterrogar y a examinar la prueba documental y material presentada por la parte contraria”. Id.

Con esos principios en mente, expresamos anteriormente que “añadir cargos que no se incluyeron en la querella original a base de la prueba que se presenta durante el procedimiento viola el debido proceso de ley del abogado querellado”. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 688 (2012). En esos casos, como norma general, procede que instruyamos al “Procurador General investigar la nueva conducta para que determine si debe presentarse una nueva queja que inicie un nuevo procedimiento disciplinario, separado y distinto al procedimiento en donde la conducta adicional impropia fue identificada”. In re Martínez Almodóvar, supra, pág. 825. Sin embargo, esa norma no es absoluta, puesto que, a modo de excepción,

[...] cuando del expediente bajo estudio surja que —en cuanto a la conducta impropia identificada luego de iniciado el procedimiento disciplinario— al abogado querellado se le ha: (1) notificado adecuadamente de la conducta impropia adicional; (2) brindado la oportunidad de presentar prueba a su favor; (3) permitido examinar la prueba presentada en su contra, y (4) contrainterrogar los testigos presentados por la parte contraria, el Tribunal podrá, si lo estima apropiado, evaluar y atender esas alegaciones adicionales. S[o]lo así protegeremos efectivamente las garantías constitucionales del abogadoquerellado y no se menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su defensa ni se le impedirá velar por su sustento. Id.

III

Como cuestión de umbral, debemos determinar si pro-cede que consideremos la violación del Canon 9, supra, a pesar de que en la querella original presentada por la Procuradora General no se le imputó a la letrada transgredir ese canon. Surge del expediente que la Oficina de la Procuradora General le imputó por primera vez esa violación a la licenciada Villalba Ojeda el 14 de octubre de 2014 en el informe preliminar de la conferencia con antelación a la vista. En ese informe, que fue debidamente notificado a la letrada, se explicó que las violaciones al Canon 9, supra, surgían de los mismos hechos incluidos en la queja, en el informe sobre la queja y en la propia querella. Además, se identificó el incumplimiento de la letrada con nuestra or-den para que le entregara el expediente del caso a su dienta y con nuestras órdenes para que contestara la querelia como conductas que transgredían el Canon 9, supra. El 20 de octubre de 2014, la licenciada Villalba Ojeda presentó su parte del informe con antelación a la vista y objetó que se añadiera ese cargo a los ya imputados. Posteriormente, se llevó a cabo la conferencia con antelación a la vista ante la Comisionada Especial. Allí la letrada reiteró su objeción a que se incluyera la violación a un nuevo canon entre los cargos imputados. Aparte de esa objeción, la licenciada Villalba Ojeda no solicitó tiempo adicional para prepararse para refutar la nueva imputación. Por el contrario, la letrada solicitó revisar los expedientes de los casos ante el Tribunal de Primera Instancia, de los cuales precisamente surgen violaciones a órdenes de ese foro. Esos expedientes fueron estipulados por las partes, al igual que el expediente de la queja que inicia este procedimiento disciplinario. Entre ese momento y la celebración de la vista final ante la Comisionada Especial transcurrieron casi dos meses, periodo durante el cual la licenciada Villalba Ojeda no hizo planteamientos adicionales sobre el asunto. El día de la vista la letrada contrainterrogó a la única testigo de la Oficina de la Procuradora General, la señora Feliciano Rodríguez. A pesar de que tuvo oportunidad, no presentó testigos y se limitó a presentar prueba documental, la cual la Comisionada Especial evaluó y tomó en consideración.

Coincidimos con la Procuradora General en cuanto a que parte de la conducta de la letrada que viola el Canon 9, supra, surge de la queja, del informe en reacción a la misma, de la propia querella y de los expedientes del Tribunal de Primera Instancia estipulados. La conducta adicional que transgrede ese canon —la desatención a múltiples órdenes de este Tribunal para que contestara la querella y para que entregara el expediente a la señora Feliciano Rodríguez— surgió luego de presentada la querella. Por eso es que no podía imputarse en esta última. No obstante, en el informe con antelación a la vista preparado por la Procuradora General sí se. especificaron las violaciones del referido canon. Sin lugar a dudas, la licenciada Villalba Ojeda fue notificada adecuada y oportunamente del cargo adicional y de la conducta que daba origen a la transgresión, tuvo acceso a toda la prueba presentada en su contra y se le brindó la oportunidad de contrainterrogar a la única testigo de la Oficina de la Procuradora General y, también, de presentar prueba para defenderse de los señalamientos.

En vista de lo anterior, concluimos que no se le violó el debido proceso de ley cuando se le imputó, posterior a la presentación de la querella, la violación del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Superado este asunto, pasamos a evaluar todas las violaciones imputadas.

Surge del informe de la Comisionada Especial que el primer caso presentado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Toa Alta, fue desestimado debido a que la licenciada Villalba Ojeda no cumplió con una orden de ese tribunal para que se presentara una declaración jurada, cierta prueba documental y un proyecto de sentencia, ni con una segunda orden para que se le informara al tribunal el estado del caso. El segundo caso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, también fue desestimado debido a que la licenciada Villalba Ojeda desatendió una orden de ese tribunal para que se emplazara a la parte demandada y una segunda orden para que se mostrara causa por la cual no se debía desestimar el caso debido a inactividad por más de seis meses. La conducta desplegada por la licenciada Villalba Ojeda en la tramitación de esos dos casos es claramente contraria a los preceptos de los Cánones 9, 12, 18 y 38, supra.

La desatención de la letrada a las órdenes de los foros primarios demuestra una clara falta de respeto a los tribunales, en violación del Canon 9, supra. Además, la conducta de la licenciada Villalba Ojeda demuestra que esta no actuó con la diligencia que requiere el Canon 12, supra, para evitar dilaciones innecesarias en la tramitación y solución de los procedimientos judiciales. Igualmente, la letrada incurrió en una violación del Canon 18, supra, pues no desplegó la diligencia necesaria para defender los derechos e intereses de su dienta. La licenciada Villalba Ojeda fue contratada para llevar un pleito de cobro de dinero, gestión que evidentemente no llevó a cabo de forma oportuna, adecuada y sin retrasos como lo requiere el mencionado canon. La desidia, despreocupación y displicencia de la letrada fue lo que causó que ambos casos fueran desestimados. Del mismo modo, la licenciada Villalba Ojeda incurrió en conducta impropia al transgredir el mandato del Canon 38, supra, que requiere que todos los abogados se esfuercen al máximo para exaltar el honor y la dignidad de la profesión, y además, como funcionarios del tribunal, se interesen en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Desatender varias órdenes de los tribunales, con el efecto directo de que se desestimaran dos casos, es contrario a esos deberes.

No nos persuaden los planteamientos de la licenciada Villalba Ojeda a los efectos de que su incumplimiento con las órdenes del Tribunal de Primera Instancia en el primer caso se debió a que surgieron diferencias con su dienta sobre el verdadero monto de la deuda reclamada, en vista de unas anotaciones al dorso del pagaré, que le impedían presentar ante el foro primario los documentos solicitados en las órdenes. En ese escenario, lo que tenía que hacer la letrada era simple y sencillamente informarle al tribunal las diferencias que tenía con su cliente y que le autorizara a renunciar formalmente, y de acuerdo con el Canon 20, supra, a la representación legal de la señora Feliciano Rodríguez. No es aceptable que, ante esas diferencias (y preocupaciones legítimas), la abogada, por su cuenta, diera el caso “por terminado”, sin más.

Tampoco nos convence su excusa de que las órdenes del Tribunal de Primera Instancia en el segundo caso fueron desatendidas porque en ese momento la señora Feliciano Rodríguez ya había presentado la queja que origina este procedimiento disciplinario. Una vez más, de acuerdo con el Canon 20, supra, el deber de la licenciada Villalba Ojeda en ese momento era informarle al tribunal de la queja presentada por su dienta y que le autorizara a renunciar formalmente a la representación legal de esta. Utilizar la queja como excusa para cruzarse de brazos, desatender órdenes del foro primario y permitir que el caso fuera desestimado por falta de actividad es totalmente incompatible con nuestros cánones de ética.

Por otro lado, la licenciada Villalba Ojeda violó el Canon 20, supra, al no entregarle el expediente a su dienta tan pronto se le requirió. El que la señora Feliciano Rodríguez le solicitara verbalmente el expediente o que la letrada mudara su oficina a otra instalación, no justifica el retraso en su entrega por más de tres años. La quejosa le requirió a la licenciada Villalba Ojeda el expediente de su caso el 4 de febrero de 2011 y no fue hasta octubre de 2014, luego de nuestra intervención, que finalmente la quejosa recibió el expediente en cuestión. Vale destacar que en ese expediente se encontraba el pagaré original, por lo que durante ese período la quejosa no pudo contratar a otro abogado para que la representara en su acción de cobro. Igualmente, el hecho de que la licenciada Villalba Ojeda renunciara tácitamente a la representación de su dienta en los dos casos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, sin seguir el procedimiento establecido por el Canon 20, supra, constituye una violación adicional de ese canon.

Finalmente, al evaluar el comportamiento de la licenciada Villalba Ojeda durante el transcurso de este procedimiento disciplinario, notamos que su conducta infringió el Canon 9, supra. La letrada desatendió nuestra orden para que contestara la querella presentada en su contra por la Procuradora General, a pesar de que le concedimos las tres prórrogas que solicitó y que le apercibimos de que su incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias. Además, la licenciada Villalba Ojeda no cumplió con nuestra orden para que le entregara el expediente a su dienta y acreditara el cumplimiento en el término provisto. Esa conducta es contraria al Canon 9, supra.

Por otro lado, al determinar la sanción que habremos de imponer a los abogados que han transgredido los cánones del Código de Ética Profesional, tradicionalmente no solo hemos tomado en consideración la gravedad de la violación, sino también otros factores, tales como:

(1) la buena reputación del abogado en la comunidad, (2) su historial previo, (3) si constituye su primera falta y si ninguna parte ha sido peijudicada, (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, (5) si se trata de una conducta aislada, (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación, (7) el resarcimiento al cliente y (8) cualquier otra consideración, ya sea atenuante o agravante, que sea pertinente en conformidad con los hechos. In re Planas Merced, 180 DPR 179, 192 (2010).

Además, las sanciones que hemos impuesto a otros abogados en casos similares nos deben servir como guía. “Casos similares ameritan sanciones similares”. In re González Acevedo, 165 DPR 81, 104 (2005). De esa forma evitamos la arbitrariedad y logramos una reglamentación ética coherente y uniforme. In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015). Por supuesto, “no podemos ignorar la realidad de que cada caso es único, por lo que, en última instancia, las circunstancias particulares de cada uno son determinantes al momento de imponer la sanción”. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 396-397 (2014). Lo importante es que cuando nos apartemos de los precedentes similares, brindemos una explicación satisfactoria que justifique nuestro proceder.

La licenciada Villalba Ojeda tiene a su favor que: (1) en aproximadamente 25 años de carrera como abogada no ha sido sancionada por violaciones a los cánones del Código de Etica Profesional; (2) aceptó que no actuó conforme a sus deberes éticos (salvo en lo referente al Canon 9, supra, cuya imputación objetó), y (3) no cobró honorarios, pues el contrato que pactó con la quejosa establecía honorarios contingentes (la quejosa solo pagó gastos iniciales por concepto de aranceles y fotocopias). En cambio, pesa contra la letrada que sus actuaciones en los dos casos ante el Tribunal de Primera Instancia y en múltiples ocasiones ante este Tribunal demuestran un claro patrón de desidia y desatención a las órdenes de los tribunales. Esa conducta no va a ser tolerada por este Tribunal.

En cuanto a casos similares recientes, observamos que hemos censurado enérgicamente a abogados que desatienden órdenes de los foros primarios, con la consecuencia de que se archiven los casos. Véanse: In re Santos Cruz, 193 DPR 224 (2015); In re Hernández González, 188 DPR 721 (2013). Sin embargo, esos abogados presentaron numerosa prueba sobre su buena reputación y no incumplieron con las órdenes de este Tribunal durante el procedimiento disciplinario. En el contexto de una agencia administrativa, ante hechos similares, también aplicamos la misma sanción. In re Rivera Nazario, supra.

En In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189 (2012), suspendimos a un letrado por dos meses por incumplir las órdenes del Tribunal de Apelaciones y no perfeccionar un recurso de apelación ante ese foro, lo que provocó que se desestimara el recurso. Al igual que en el caso que hoy atendemos, ese abogado también incumplió con las órdenes de este Tribunal durante el procedimiento disciplinario en su contra. En In re Zapata Torres, 176 DPR 545 (2009), también suspendimos a un abogado por un término de dos meses por su falta de diligencia en la tramitación de un caso, lo que incluso causó que se desestimara sin perjuicio.

A diferencia de esos casos, en el que hoy nos ocupa la licenciada Villalba Ojeda transgredió en múltiples instancias los cánones del Código de Ética Profesional. Primero, su falta de respeto, de diligencia y de atención a las órdenes del Tribunal de Primera Instancia en los dos casos ante ese foro causaron que ambos se desestimaran, aunque sin perjuicio. Segundo, la letrada no siguió el procedimiento establecido para renunciar formalmente a la representación legal de su dienta y tampoco le entregó el expediente a esta a pesar de que se le requirió en múltiples ocasiones. Tercero, la licenciada Villalba Ojeda incumplió con los requerimientos de la Subsecretaría de este Tribunal para que contestara la queja y con tres órdenes de este Tribunal para que contestara la querella (que, dicho sea de paso, nunca contestó, por lo que muy bien pudimos haberla suspendido inmediata e indefinidamente en ese momento). Cuarto, también cumplió tardíamente con nuestra orden para que le entregara a la quejosa su expediente. Por lo tanto, estamos obligados a aplicarle a la letrada una sanción más severa que a la que le aplicamos a los abogados en los casos recientes similares.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que la licenciada Villalba Ojeda violó los Cánones 9, 12, 18, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. En vista de las reiteradas violaciones a los cánones del Código de Ética Profesional y por la totalidad de los factores presentes, la suspendemos del ejercicio de la abogacía y la notaría por un término de tres meses. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir re presentándolos y de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a incautarse de la obra notarial y del sello notarial de la señora Villalba Ojeda y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Aunque al leer los hechos que originan este procedimiento disciplinario pudieran surgir dudas sobre si la letrada cumplió cabalmente con los postulados del Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, no pasamos juicio sobre ello, pues no se le imputó transgredir ese canon.

       Adviértase que la licenciada Villalba Ojeda tampoco cumplió con los requerimientos que le hizo la Subsecretaría de este Tribunal para que contestara la queja presentada en su contra en cierto término provisto. No fue hasta que este Tribunal intervino, y luego de dos requerimientos de la Subsecretaría, que finalmente la letrada compareció y reaccionó a la queja. Esa desatención a los requerimientos de los funcionarios de este Tribunal es inaceptable.


text:
      In re Luis F. Mangual Acevedo.

      Número: TS-17,908

      Resuelto: 16 de octubre de 2015

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Luis F. Mangual Acevedo, pro se.

   RESOLUCIÓN

Evaluada la Urgente Moción en Cumplimiento de Or-den y Solicitando Término para Cumplimiento, presentada por el licenciado Mangual Acevedo, y el Informe Especial, presentado por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), acogemos la solicitud de este último. Es innegable que el licenciado Mangual Acevedo incumplió palmariamente con los deberes inherentes a la práctica de la notaría y, además, contravino los cánones de ética profesional al desatender los múltiples requerimientos que le hizo ODIN.

En consecuencia, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría y se ordena a los alguaciles de este Tribunal que procedan a incautar su obra notarial. Asimismo, se concede al licenciado Mangual Acevedo un término improrrogable de treinta días para que presente los índices e informes correspondientes y acredite haber efectuado los pagos para así mantener vigente su fianza notarial durante los años 2011 a 2015. Se le apercibe, además, de que incumplir con los requerimientos de este Tribunal podría acarrear sanciones ulteriores. Por último, se le impone una sanción económica de $500 por haber desatendido reiteradamente los requerimientos de ODIN, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2095.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera García hace constar que, ante la desidia de este letrado a los múltiples requerimientos hechos por ODIN, hubiera emitido una or-den para que muestre causa por la cual no deba ser suspendido del ejercicio de la abogacía por incumplir los cánones de ética profesional.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo